Source: http://studylib.es/doc/8775032/pdf---congreso-de-los-diputados
Timestamp: 2018-08-21 22:11:42+00:00

Document:
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 89
celebrada el martes, 25 de marzo de 2003
— Proyecto de ley concursal. (Número de expediente 121/000101.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal. (Número de expediente 121/000102.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Proyecto de Ley Orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal. (Número de expediente 121/000102.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Proyecto de ley concursal. (Número de expediente 121/000101.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 DE MARZO DE 2003.—NÚM. 717
Se abre la sesión a las nueve y cincuenta minutos
— PROYECTO DE LEY CONCURSAL. (Número
de expediente 121/000101)
— PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA
REFORMA CONCURSAL, POR LA QUE SE
MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 6/1985,
DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, Y
LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE
NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000102.)
Vamos a comenzar el orden del día de esta sesión de
la Comisión de Justicia e Interior, procediendo en primer lugar a la ratificación de las ponencias designadas
para informar las dos iniciativas legislativas que hoy se
debaten y se dictaminan en esta Comisión. Entiendo
que procede la ratificación de las ponencias. (Asentimiento.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de los
textos legislativos. A solicitud de los portavoces, se
altera el orden del día para proceder al debate de la
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que será tramitada en esta Comisión primero, para continuar después con el proyecto de ley concursal.
En primer lugar, respecto al proyecto de ley orgánica
para la reforma concursal, por el cual se modifica la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para la defensa de las
enmiendas vivas tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Seré muy breve
en razón de que voy a retirar la única enmienda viva
que tiene mi grupo parlamentario para este trámite en
Comisión, la número 17, dirigida al artículo 2.5 del
proyecto —en el original remitido por el Gobierno
artículo 2.3—, y 2.5.2 del informe de la ponencia. Esta
enmienda se refiere a que también puedan acogerse los
juzgados de lo mercantil que tuvieran su sede fuera de
la capital y en las grandes poblaciones en que así se
determine reglamentariamente. En el texto de la ponencia se ha recogido nuestra enmienda en su forma y contenido. Se atiende a la población, a la existencia de
núcleos industriales o mercantiles y de actividad económica, como se da en muchas comunidades autónomas de España, concretamente en la de Canarias. Nosotros coincidíamos aquí también con una enmienda que
había presentado el Grupo Catalán (Convergència i
Unió) para los grandes núcleos, tanto poblacionales
como industriales. Mi grupo se da por satisfecho por
cómo está recogido en el informe de la ponencia y va a
votar favorablemente, tanto en la Comisión como en el
Pleno, el proyecto de ley orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica del
Poder Judicial y la Ley Orgánica del Código Penal en
lo que afecta fundamentalmente a estos dos grandes
Quiero terminar, señor presidente, reconociendo el
trabajo importante que se ha realizado en ponencia,
admitiendo estas enmiendas —motivo por el cual retiramos la enmienda número 17—, y también por los servicios de la Cámara, concretamente por el señor letrado
de esta Comisión por su labor de encaje perfeccionista.
Debe tomarse nota para que no se someta a votación la
enmienda número 17 por entender que está recogida
explícita e implícitamente en el texto remitido por la
El señor PRESIDENTE: Igualmente hay enmiendas vivas a este proyecto de ley que se está ahora debatiendo por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Las doy por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) conserva algunas
enmiendas a la ley orgánica de acompañamiento de la
ley concursal que procederé a defender, no sin antes
mostrar la satisfacción por las enmiendas que ya en el
trámite de ponencia han sido incorporadas al texto y
por lo tanto figuran en el correspondiente informe. Se
incorporaron al informe las enmiendas números 29 y 30,
respecto a que las medidas limitativas de derechos de
los administradores de las compañías concursadas fuesen una potestad y no una obligación por parte del juez
del concurso, quien debiera apreciar las circunstancias
y ver si en el ejercicio de facultades de administración
y disposición sobre el patrimonio del deudor la suspensión de facultades debiera ir acompañada de la privación, aunque sólo fuese cautelarmente, de determinados derechos. Se ha incorporado a través de las
enmiendas números 29 y 30 y por ello debo mostrar mi
satisfacción. De la misma manera muestro mi satisfacción por la incorporación de la materia arbitral a las
competencias del juez de lo mercantil. Únicamente los
supuestos que se resuelven a través de arbitraje son
también competencia del juez de lo mercantil. En cualquier caso, la aceptación de esta enmienda determinará
una mayor facilidad para unificar criterios en cuanto a
los aspectos procesales del arbitraje.
Igualmente quiero manifestar mi satisfacción por
otro conjunto de enmiendas, unas referentes a la competencia territorial de los juzgados de lo mercantil. Mi
grupo parlamentario pretendía que se concretase el
planteamiento de la ley. La ley entiende que el ámbito
normal del juzgado de lo mercantil es la provincia, si
bien establece también la posibilidad de que haya juzgados de lo mercantil cuya competencia se extienda a
más de una provincia, de la misma manera que puedan
existir este tipo de juzgados para un ámbito inferior a la
provincia. Mi grupo pretendía que se concretase más la
posibilidad del juzgado de lo mercantil con ámbito
inferior a la provincia. De ahí que debamos manifestar
la satisfacción por su incorporación y la vinculación de
los juzgados de lo mercantil de ámbito infraprovincial
a determinadas circunstancias como son la población,
la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la
actividad económica. Sin lugar a dudas, este es un precepto que permitirá a diversas ciudades de mi circunscripción —seguramente Sabadell, Tarrasa y posiblemente Mataró, Manresa y algunas otras— contar con
un juzgado de lo mercantil. Igualmente debemos mostrar satisfacción por la incorporación de una enmienda
de mi grupo parlamentario a las disposiciones transitorias que pretende que no se produzca una doble transitoriedad, es decir que la entrada en vigor de la ley concursal no determine el traslado de las competencias al
juzgado de lo mercantil de la capital de provincia para
que después, en función de la constitución de todos y
cada uno de los juzgados de lo mercantil —alguno de
los cuales, como ya he señalado, pueden tener ámbito
infraprovincial—, vuelva esa competencia a estos juzgados de ámbito infraprovincial.
A través de la aceptación de la enmienda de mi
grupo parlamentario, manifestamos la satisfacción por
la disposición transitoria única, en la que se establece
que las funciones atribuidas a los juzgados de lo mercantil serán asumidas por los actuales juzgados de Primera Instancia e Istrucción, de acuerdo con lo que se
determine en la Ley de Demarcación y Planta, entendiendo —y creemos que eso es muy conveniente— que
en el ámbito de un partido judicial la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia pueda encomendar
esta materia propia de los juzgados de lo mercantil a un
único Juzgado de Primera Instancia o juzgado de Primera Instancia e Instrucción; lo cual servirá para verificar cuál es el volumen de la materia mercantil y acreditar la necesidad o no de la constitución de un juzgado
de lo mercantil. También queremos mostrar nuestra
satisfacción porque, a diferencia del planteamiento del
proyecto, se renuncia ya a la supresión del delito de
quiebra fraudulento y por lo tanto no se deroga el
artículo 260 del Código Penal.
Después de manifestar la satisfacción, debo proceder a la defensa de nuestras enmiendas, que agruparé
en cuatro o cinco bloques. Sin embargo, debemos
manifestar nuestra insatisfacción por el tratamiento que
se efectúa de los juzgados de lo mercantil y de la marca
comunitaria, y no sólo eso. Si antes entendíamos que
no tenía especial sentido —incluso podría calificarse
de atropello autonómico— el hecho de atribuir la competencia, para entender de los litigios sobre marca
comunitaria, a los juzgados de lo mercantil de una
única circunscripción —los juzgados de lo mercantil
de Alicante—, hemos visto cómo este atropello autonómico se ha visto acentuado porque, además, se le
atribuye la competencia para entender de los dibujos y
diseños comunitarios. Esto es algo que mi grupo parlamentario no entiende. Sabemos que la normativa comunitaria —y así lo dicen las directivas— establece que el
número de órganos jurisdiccionales competentes para
conocer de los litigios sobre marca comunitaria debe
ser el menor posible. En este caso, el planteamiento del
ministerio ha llegado al extremo más absoluto, pues el
número de juzgados competentes para conocer de las
marcas comunitarias será de uno o, al menos, de los
que existan en la ciudad de Alicante. Mi grupo entiende
que la estructura política de España se asemeja más a la
de Alemania que a la del Reino Unido. Del mismo
modo que en el Reino Unido existe un tribunal de
marca comunitaria por lander, entendemos que en
nuestro sistema debería existir un juzgado de lo mercantil competente para entender de los litigios de marca
comunitaria por comunidad autónoma, por ámbito de
Tribunal Superior de Justicia, y que, en primera instancia, eso se trasladara también a los dibujos o diseños
industriales. Como hemos presentado una enmienda al
proyecto de ley de diseño industrial, ya tendré ocasión
de defenderla en ese ámbito. Quiero decir que si el
planteamiento final consiste en trasladar todos los pleitos sobre marcas comunitarias a Alicante, no vemos
mayor problema en que se acepte nuestra enmienda
presentada al proyecto de ley de diseño industrial y que
todos los asuntos referidos a esta materia a los juzgados de lo mercantil de Barcelona, que no deja de ser la
capital del diseño industrial de España. En cualquier
caso, queremos dejar constancia de que discrepamos
absolutamente de ese planteamiento. Entendemos que
no es un planteamiento razonable y que, además, tiene
un efecto expansivo, porque —como saben SS.SS—
los pleitos en materia de marcas nunca van solos. Normalmente, se ejercitan acciones de marca comunitaria
acumuladas a acciones de competencia desleal y a
acciones de otras características. Por lo tanto al final
supone el traslado de un numeroso conjunto de pleitos
a la provincia de Alicante, sin más motivo que la exis-
tencia en esa ciudad de la OAMI. En un momento de
apuesta por la utilización de medios telemáticos, la
existencia de la OAMI en Alicante no debería arrastrar
tantas competencias de cara a la jurisdicción.
Hay un segundo grupo de enmiendas que estamos
dispuestos a considerar conjuntamente con los otros
grupos, de cara al Pleno del próximo jueves, que hacen
referencia al procedimiento para la adopción de las
medidas provisionales, más que cautelares, limitativas
de derechos, contenidas en esta ley orgánica. Debo
decir que a lo largo de la ponencia se han producido
avances importantes, pero nos gustaría tener un poco
más de tiempo para considerar si esos avances nos dan
una plena satisfacción; y queremos oír también la opinión de los grupos parlamentarios. Por ello mantenemos las enmiendas números 31 y 32, que pretenden
establecer un procedimiento contradictorio, impulsado
por el ministerio fiscal, para la adopción de las medidas
limitativas de derecho, a las que he hecho referencia
Un tercer conjunto de enmiendas se refiere a la especialización. Mi grupo parlamentario entiende que
buena parte del éxito de la creación de los juzgados de
lo mercantil es que, realmente, estén en manos de especialistas; que podamos configurar a los jueces de lo
mercantil como auténticos especialistas, al igual que
los jueces de lo social o de lo contencioso-administrativo. Esa es la razón por la que mantenemos las enmiendas 39 y 40, que pretenden garantizar la existencia de
estos especialistas, tanto en los juzgados de lo mercantil como en las secciones de la Audiencia Provincial,
que después deberán resolver los recursos de apelación
que se interpongan contra las sentencias dictadas por
estos jueces.
No quiero dejar pasar la enmienda número 37, referida a la competencia de los juzgados de lo mercantil.
Si bien entendemos que estos juzgados deben conocer
de la materia de transporte —materia fundamentalmente mercantil—, nosotros pretendemos salvar la
competencia de la jurisdicción ordinaria e, incluso, de
la jurisdicción contencioso-administrativa en la medida que, en buena parte de los supuestos, el transporte
de personas no deja de ser una concesión administrativa. Por lo tanto queríamos salvar la competencia de
estas jurisdicciones para conocer de los litigios entre
el transportista y el consumidor. Una cosa es la relación que pueda producirse en el caso del transporte —
entre el que lo encarga y el que lo efectúa, fundamentalmente, en mercancías—, y otra cosa es la relación
entre el usuario del transporte y el transportista; relación que, en principio, es de naturaleza privada y que
está sumamente administrativizada, a través de las
concesiones de servicio público correspondientes. Por
lo tanto no tiene sentido que dichos litigios correspondan al juez de lo mercantil.
La enmienda número 38 pretende que se permita la
sustitución de secretarios judiciales. La enmienda
número 41, a diferencia de lo que se produce en el proyecto, pretende que no sólo haya una referencia a la
competencia para tramitar y decidir los procesos civiles de impugnación de acuerdos sociales, así como los
que se susciten de acuerdo con la ley de patentes, sino
también a la propiedad intelectual, competencia desleal, publicidad y propiedad industrial, de cara a atribuir
esta competencia a los jueces de los mercantil.
Finalmente, aunque hemos presentado a otros proyectos de ley enmiendas más específicas, quiero recordar que en el debate sobre el estado de la Nación del
año pasado se aprobó una propuesta de resolución, presentada por mi grupo parlamentario y transaccionada
con el Grupo Parlamentario Popular, que llamaba a la
modificación global de la Ley de Demarcación y Planta. En este caso, a través de la enmienda número 44,
pretendemos poner un plazo para que el Gobierno
remita a esta Cámara ese proyecto de ley de demarcación y planta, que podría tener lugar después de las
elecciones municipales —circunstancia que genera
cierta tensión—, y que no sería bueno dejar para otra
La posición del Grupo Parlamentario Catalán es de
una satisfacción importante por la incorporación de
ciertos criterios y consideraciones. En este caso, agradecemos la receptividad del Grupo Parlamentario
Popular y del Gobierno que éste apoya, aunque todavía
quedan cuestiones pendientes, que esperamos resolver
de aquí al Pleno de la próxima semana.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: En el Pleno de esta
Cámara mi grupo puso de manifiesto la importancia
que para nosotros tenía el cambio legislativo que significaba el proyecto de ley concursal, la necesidad del
mismo y la coherencia respecto a una correcta interpretación y ejecución del pacto de Estado por la Justicia;
necesidad que venía articulada por el mismo pacto.
Lo primero que quiero manifestar al inicio de este
debate (que compartiremos entre mi compañero Sánchez Garrido, para el tratamiento de la ley concursal, y
yo mismo para el proyecto de ley orgánica) es la satisfacción por haber hecho posible la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley de esta importancia. Al
ser importante, también tenemos que mostrar nuestra
satisfacción por el esfuerzo que todos los grupos hemos
hecho, y de manera especial el grupo mayoritario,
como no podía ser de otra manera toda vez que tiene
votos suficientes para satisfacer sus propias pretensiones en términos legislativos, y hayamos sido capaces
de llegar a acuerdos importantes tanto en este proyecto
como en el otro. El proyecto de ley tiene la importancia
suficiente como para obligarnos responsablemente a
seguir trabajando en el consenso de manera conjunta,
como hemos hecho hasta ahora, de forma tal que el
final del trabajo parlamentario, es decir la vuelta al
Congreso de los Diputados tras el debate en el Senado,
nos lleve a una satisfacción completa.
La satisfacción en este trámite también nos viene
dada porque habíamos hecho una causa casi bélica —
dicho sea, además, en una época en que esta palabra
tiene un especial significado— de la no eliminación,
como aparecía en el proyecto, del artículo 260 del
Código Penal, referente a la quiebra fraudulenta,
habiendo aceptado el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular su inclusión tras la aceptación de una
enmienda socialista en esa línea. Nosotros habíamos
manifestado nuestro apoyo a este proyecto en atención
a la asunción de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que pedía la eliminación de la correspondiente del Gobierno, por la cual se suprimía el artículo
260 del Código Penal. Al eliminarse esa posibilidad, es
decir mantener el artículo 260 del Código Penal, mostramos nuestra satisfacción por la comprensión que ha
tenido el Grupo Parlamentario Popular en un tema que
nos parecía especialmente delicado e importante.
Quedan algunas enmiendas, pocas ya, del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la ley orgánica, algunas
de las cuales deberían movernos a una cierta reflexión.
El artículo primero de esta ley orgánica recoge los efectos del concurso sobre los derechos fundamentales del
concursado y habla de la intervención de las comunicaciones, de la obligación de residir, incluso del domicilio del deudor, del arresto domiciliario en su caso. También habla el proyecto de la autorización judicial para
la ley del proyecto de entrada en los inmuebles, que
están sujetos a la actividad profesional o empresarial
del deudor. Frente a ese artículo el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda limitando la
autorización judicial a los supuestos de entrada en el
domicilio particular del deudor porque, como explicamos en su momento, en el derecho vigente en caso de
quiebra los síndicos prácticamente sustituyen al deudor
como saben SS.SS., ocupan los bienes —sin ninguna
necesidad de autorización judicial en este momento de
acuerdo con el derecho vigente— y entran en posesión
de los locales donde ejerce la actividad profesional el
deudor. Por tanto lo que estamos planteando es una
nueva autorización judicial que va a limitar la rapidez
en la promoción de esta legislación, en la necesidad de
salvar y sanear a la empresa, toda vez que hay que solicitar una autorización judicial para algo que en el derecho vigente no la tenía, como es la posibilidad de que
en quiebra los síndicos sustituyan al deudor, se hagan
cargo de los bienes de éste y entren en posesión de los
locales sin autorización judicial. Como también saben
SS.SS., en la suspensión de pagos hablábamos de la
quiebra —aunque nada dice la ley sobre este tema— y
no había inconveniente alguno, por la vía de hecho, en
que los interventores revisaran cuantos documentos y
elementos patrimoniales figuraban en los locales sobre
los que recaía esa actividad profesional. Por tanto nos
parece que va a tener un efecto dilatador. Además no
entendemos los beneficios que puede significar en la
práctica esta autorización judicial para entrar en el establecimiento profesional, no en el domicilio del deudor,
algo que sí invocamos y solicitamos —y es incluso lo
que solicita y pide el informe del Consejo General del
Poder Judicial—, sino en el local donde se realiza la
Por otra parte, hay una enmienda transaccional, creo
que a instancia del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), aunque no estoy muy seguro, llena de garantías
para este proceso, que aparece ya en el informe de la
ponencia y que dice mucho sin duda a favor de la sensibilidad jurídica de quien la patrocina, pero que nos
pone en una situación un poco absurda, como es el
supuesto de que la decisión sobre la declaración judicial de concurso pueda realizarse sin que haya habido
autorización judicial para entrar en el local, lo cual es
una situación al menos curiosa porque si estamos intentando que sea un proceso rápido y evitar la quiebra de
una empresa e intentamos buscar su saneamiento, mantener su actividad y evitar las dificultades por las que
puede pasar, el tiempo en estos supuestos significa
algo, sin duda.
Pues bien, podemos encontrarnos con un proceso
judicial de solicitud de entrada en el establecimiento
profesional más los recursos correspondientes, por
supuesto, que nos pueden llevar a una tramitación muy
lenta, a pesar de que en atención a estas dificultades
los propios grupos parlamentarios que han decidido
sobre esta enmienda han advertido que estos recursos
tienen una tramitación preferente; es decir, el propio
Grupo Parlamentario Popular, al asumir esta enmienda, es consciente de que esta tramitación o es rápida o
significa una enorme dificultad en la declaración judicial de concurso. Esta es una reflexión que les planteamos y que nos lleva a mantener nuestra enmienda.
Quizá sea posible en otro trámite parlamentario ponerse de acuerdo en la rapidez sobre la declaración judicial de concurso y en la sensibilidad para que las
garantías sobre la autorización judicial a entrar en el
domicilio profesional del deudor se lleven a cabo. Buscar una fórmula de equilibrio quizá fuera lo más atendible en este supuesto. No es ésta a mi entender, si
ustedes me lo permiten, una enmienda menor ni es un
problema menor el que estamos planteando en términos prácticos.
La enmiendas 22 ha sido asumida en parte como
consecuencia de los acuerdos a que se ha llegado, entre
otros en el artículo 63 de la ley concursal, por los cuales permitimos que la competencia de los jueces mercantiles lo sea para las modificaciones de carácter laboral. Sin embargo, nosotros vamos a mantener, al menos
hasta la tramitación en el Pleno, esta enmienda 22 porque no sólo planteábamos la posibilidad de que la competencia de los juzgados mercantiles se limitara a las
acciones laborales de suspensión o de extinción de contratos de alta dirección, que era uno de los temas importantes de esta medida, aunque debe diluirse como consecuencia de los acuerdos del artículo 63 de la ley
concursal. Planteábamos dos cuestiones más que seguimos manteniendo. Una es suprimir la competencia en
las condiciones generales de contratación que todavía
se da a los juzgados mercantiles. Y, sin embargo,
ampliábamos la competencia de estos juzgados mercantiles en algo que nos parece también importante y
que agilizaría en muchas ocasiones determinados procedimientos como son los temas relativos a medidas
cautelares, a diligencias preliminares y a las proposiciones de prueba anticipada que se pueden dar, por
cierto, en muchos supuestos. Estos son los temas menores que se mantienen como consecuencia de la aceptación de parte de esta enmienda y del espíritu de buena
parte de ella. Creemos que mantener la enmienda
número 22 es bueno para la reflexión, a la que invitamos en el trámite subsiguiente.
Quedan un par de enmiendas destinadas a evitar un
cierto fraude que se puede producir como consecuencia
de la especialización de determinados servidores públicos como jueces, en este caso magistrados, que están
durante un tiempo en el juzgado mercantil correspondiente llevando a cabo actuaciones complicadas de
estas características porque los concursos son muy
especializados, ya que además les obligamos a especializarse. Sin embargo, pueden solicitar la excedencia y
no tienen después ningún tipo de prohibición para asumir con todo desparpajo la actividad privada respecto a
asuntos sobre los cuales hubiera conocido como consecuencia de su trabajo de juez o de magistrado. Para
enfrentarnos a esa situación, que además de irregular
sería un poco grotesca, pedimos que durante los dos
años siguientes a la solicitud de excedencia voluntaria
no se puedan realizar actividades privadas relacionadas
directa o indirectamente con expedientes sobre los que
hayan dictado alguna resolución en el ejercicio de su
jurisdicción. Esta enmienda es profundamente saludable en términos de higiene en un sentido amplio, porque sería muy grueso que quien abandona hace un mes
un expediente concursal importante en su calidad de
magistrado se convierta en abogado de ese mismo
expediente en una actividad privada, ya que le resultaría no sólo satisfactorio en términos pecuniarios, sino a
todos los niveles porque cerraría sencillamente el expediente que él había abierto. Esta enmienda puede llamarse evidente, pero como decía alguien nada es más
difícil de demostrar que la evidencia. Como yo siempre
he apelado a la inteligencia del Grupo Popular, a
sabiendas de que es una apelación que va a ser contestada de manera muy positiva, estoy seguro que de aquí
al trámite parlamentario que pende todavía en este
Congreso, que es el plenario, sea asumida sin ninguna
La enmienda número 26 es consecuente de la anterior porque en el caso de que esta prohibición no se llevara acabo, como es lógico el que la haya incumplido
debe ser sancionado. Por tanto se advierte de ello en
dicha enmienda.
Existe alguna otra enmienda que nosotros consideramos que es de mejora técnica, de mayor corrección,
sobre la entrada en vigor de esta ley. Dejaremos que
ésta sea estudiada y reconocida por el Grupo Parlamentario Popular y en esa línea pueda ser también asumida
si no en este trámite en el siguiente.
Nosotros subrayaríamos las dos enmiendas que nos
parecen más importantes. La número 22 trata sobre el
tema de la autorización judicial. Este es un asunto de
especial interés, máxime si el espíritu de la ley es el de
sanear la empresa, es decir, permitir que perviva y no
permitir que se dilate ninguna actuación que tenga
como consecuencia ese saneamiento y esa superviviencia. Por tanto creemos que debe subrayarse esa enmienda y darle la importancia correspondiente. Asimismo,
es importante la enmienda a la que he hecho referencia
anteriormente sobre las prohibiciones dirigidas a ese
magistrado o juez que se va a la actividad privada sin
haber pasado por un par de años tranquilamente reflexionando sobre lo que ha venido haciendo en su calidad de juez o de magistrado.
El señor PRESIDENTE: Una vez concluida la
exposición por parte de los grupos parlamentarios que
tuvieran enmiendas vivas, procede dar el uso de la palabra a aquellos grupos presentes que deseen fijar posición.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene
la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: La formación
política a la que represento estuvo desde el primer
momento convencida de la bondad sustancial de los dos
proyectos de ley que hoy vamos a examinar y presentó
respecto de ellos un número escaso de enmiendas.
Comenzaré mi intervención saludando, como han
hecho los anteriores representantes de formaciones
políticas, el excelente clima habido en la ponencia de
estos textos legales, el apoyo técnico que nos ha sido
facilitado desde el propio ministerio y, por supuesto, el
talante de los portavoces de todas las formaciones políticas, agradeciéndoselo más al grupo mayoritario,
puesto que era él quien estaba en condiciones de poder
aceptar o rechazar las proposiciones que desde los grupos se le hacían. Lamento que se enfade el portavoz
socialista, pero quien está en condiciones de aceptar o
rechazar enmiendas es el grupo mayoritario, si bien ya
he manifestado que el talante de todos los portavoces
ha sido excelente y en tiempos en los que en otras
materias corren crispaciones de todos conocidas. Es
evidente que en un clima de este estilo se trabaja
mucho más a gusto e incluso se dignifican las labores
que proceden de esta Cámara.
La formación política a la que represento hizo especial hincapié en esta norma en algo que ha sido objeto
de referencia por parte del portavoz socialista. Estando
conformes en la articulación del sistema de los recursos y en la creación de los nuevos juzgados, nos parecía sorprendente la regulación tan escasamente garantista que se contenía en el artículo primero cuando se
hablaba de las posibles medidas a tomar sobre el concursado. Desde nuestra perspectiva esto tenía una incidencia tremenda en los derechos fundamentales —el
17.1 y el 18.3 eran objeto de cita en la justificación de
nuestra enmienda— porque se hablaba del secreto de
las comunicaciones y el propio derecho a la libertad.
Por eso pedíamos su supresión, si bien introducíamos
al razonarlo una serie de elementos o de criterios que,
tenidos en cuenta en el texto de la norma, nos podrían
hacer reconsiderar nuestra postura. Nos parecía que el
hecho de que alguien sea declarado en concurso y se
suspenda o intervenga las facultades de gestión de sus
bienes no justifica, en el marco de la proporcionalidad
que deben regir siempre las interdicciones sobre los
derechos fundamentales, la limitación de estos referidos derechos en la forma en la que la norma lo pretendía. Al contrario de lo que ha expresado el portavoz
socialista, a nosotros nos parece que ha quedado explicitado en el proyecto de forma correcta y adecuada.
Respecto a las necesidades de acelerar los procedimientos, no nos parece que el tiempo en sí mismo deba
ser objeto de especial consideración cuando de derechos fundamentales se está hablando. Creemos que el
carácter prioritario y preferente que se dan a los recursos que puedan establecerse frente a estas medidas cautelares hará que no tenga por qué coincidir o dilatarse
más el auto judicial de la declaración del concurso. El
estar todo residenciado en idénticas manos, ya que es
el juez de lo mercantil quien va a atender a todas estas
cuestiones referidas y también a la situación personal
del concursado, en lo que se refiere a su situación cautelar antes de esta declaración, nos parece que hará que
en escasísimos supuestos, por no decir nunca, se vaya a
producir esta diferencia de tiempo. Insistimos en que
es mejor ser sensibles y tutelar las garantías, puesto que
en la forma en que quedaba establecido en el proyecto
de ley inicial parecía que quedaba en peor condición
aquella persona a quien le van mal los negocios (respecto del cual todavía no existe ninguna sospecha que
haya cometido ningún acto que merezca ninguna calificación peyorativa ni muchísimo menos penal) que a
aquella otra frente a la cual se dirige un procedimiento
ya penal por considerarle autor de hechos incursos en
este código. Desde nuestra perspectiva nos hemos sentido satisfechos desde el primer momento con la redacción alternativa a nuestra enmienda de supresión que se
hacía por parte del grupo mayoritario, hecha desde los
servicios jurídicos del propio ministerio, por lo que cre-
emos que debe mantenerse en los propios términos en
los que consta en el informe de la ponencia.
Hay que hacer alguna observación, aunque tenemos
retiradas todas nuestras enmiendas, en relación con lo
que era el contenido de la número 19 al hablarse del
arresto domiciliario. Hago esto como llamada de atención, puesto que en el proyecto de ley que empezará a
tramitarse esta semana en la Cámara —si es que finalmente se introduce en el orden del día su debate de
totalidad— sí se habla de arresto domiciliario como
medida cautelar, pero se hace reducido a los estrictos
casos en los que se padezca enfermedad o por ancianidad y no sea posible la prisión. Como alternativa a la
prisión el arresto domiciliario nos parecería un despropósito dentro del texto de esta norma, pero habrá que
cuidad que no vaya a haber un arresto domiciliario, al
margen de lo que como medidas cautelares se prevea,
según vaya siendo modificada la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los artículos correspondientes. No debe
olvidarse en todo caso que el arresto domiciliario del
concursado debe ser excepcional, como privación de
libertad que es y como recuerdo lejano de aquella vieja
prisión por deudas. A medida que vayamos viendo
cómo avanza la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley iremos viendo, quizás en el Senado sea el
momento, como dejar en los justos términos la referencia que en este artículo primero se contiene a la prisión
Lo que pretendíamos con nuestra tercera enmienda,
que era fijar límite temporal, ha quedado ya debidamente plasmado en el texto de la norma y no haríamos
especial hincapié en ello. Sí nos gustan especialmente,
a pesar de no haber sido objeto de enmienda por nuestra parte, las referencias y las reflexiones que se hacen
en las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista
sobre el cuidado especial que ha de tenerse con quienes
sean jueces de lo Mercantil y con posterioridad decidan
dedicarse a una actividad privada. Nos parece que hay
un interés público atendible en primer lugar, el esfuerzo que se va a hacer para darles una formación que
todos queremos que sea la mejor posible, es decir, un
esfuerzo desde los poderes públicos para que tengan
esta especial cualificación que va a requerir el cometido judicial especializado que van a tener encomendado. Además existe esa otra posibilidad de que sean
objeto de especial captura por parte de determinados
despachos dedicados a este tipo de asuntos o que ellos
mismos decidan individualmente dedicarse a una actividad de este estilo, lo cual pondría en entredicho la
propia posibilidad o imparcialidad de la figura que se
pretende si muy poco tiempo después de haber sido
jueces de esta especialidad se dedicasen a la defensa de
asuntos respecto de los cuales han tenido con anterioridad capacidad decisoria en cuestiones, siempre lo son
todas las que puedan llegar a un órgano judicial, tan
enormemente sensibles como son los intereses econó-
micos y los intereses sociales con los que los jueces de
lo Mercantil van a tener especial relación.
Hay una última cuestión a la que me gustaría referirme y que quizá es error por mi parte, puesto que debo
confesar que no he acudido a todas las sesiones de la
ponencia ni tampoco he llegado a tiempo en el día de
hoy, con lo cual tal vez alguien ya lo haya hecho objeto
de exposición, pero puesto que finalmente no se modifica el Código Penal y se mantiene el delito del artículo
260, lo que tenemos que hacer es modificar la denominación de la ley, puesto que se llama proyecto de ley
orgánica para la reforma concursal por la que se modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Código Penal; es decir, esta referencia al Código Penal debe desaparecer del título y como es una
corrección meramente técnica, me permito sugerirla
por si se considera conveniente de cara al dictamen de
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora
Uría, por sus aportaciones.
Quiero señalar que se ha recibido un escrito dirigido
a esta presidencia por el Grupo Mixto solicitando que
se diesen por defendidas las enmiendas que había presentado el señor Aymerich, en todo caso para entender
que deben quedar mantenidas a efectos de la pertinente
votación con posterioridad.
Finalmente, para fijar posición acerca de este proyecto de ley, por parte del Grupo Popular tiene el uso
de la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias al
talante que se ha manifestado por los portavoces de
los distintos grupos parlamentarios en cuanto a la tramitación que hemos tratado de aportar en esta ley
orgánica. Como quiera que no tienen voz los representantes del ministerio, también quería agradecer en
su nombre la expresa referencia que se ha hecho a la
colaboración y a la labor de consenso que también he
de decir nos han facilitado a los representantes del
Grupo Popular. Por tanto deben ser recíprocos ese
agradecimiento y esa felicitación conjunta que los
distintos ponentes de esta ley hacemos en cuanto al
trámite y al tratamiento que se ha dado a las cuestiones delicadas y sesudas que en este caso concreto del
que estamos hablando se refieren al proyecto de ley
orgánica para la reforma concursal.
Mi grupo entiende que la redacción que queda de la
ponencia, con independencia de algún matiz que ahora
expondré, responde perfectamente a lo que trata la ley
orgánica, que es el complemento en la materia de esta
naturaleza que tiene que tener la ley concursal, la ley
gruesa que va a regular a partir de su sanción los hasta
ahora conocidos como suspensiones de pago, quiebras,
expedientes de quita y espera o concursos de acreedores. La ley orgánica hace de imprescindible complemento a esa ley en dos materias importantes que son
los derechos fundamentales de las personas y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a las competencias jurisdiccionales de los creados
Tengo que hacer alguna referencia en cuanto a las
manifestaciones que aquí se han hecho de las enmiendas que se mantienen vivas sobre la regulación que se
da de las limitaciones de los derechos fundamentales
del concursado. Mi grupo entiende que la redacción
que queda, coincidiendo en esto totalmente con las
manifestaciones de la representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sí mantiene una redacción
coherente con los principios, máxime después de la
supresión de la derogación del Código Penal en materia de quiebras que supone esta ley orgánica, habida
cuenta de que estamos ante una situación en la que no
hay presunción de actuaciones delictivas, que estarían
en otro ámbito de aplicación y que permitirían otro tipo
de actuaciones. La no autorización de entrada en los
domicilios y sí la autorización para la entrada en cualquier inmueble en el que pudiera haber documentación
que no se haya aportado y cuando se prevea su necesidad para adoptar otras medidas cautelares regula de
forma expresa y clara cuáles son las pretensiones de la
aplicación de estas medidas, de esta suspensión de ejercicio de deudor que lleva aparejada tanto la intervención de esas comunicaciones como el deber de residencia e incluso, en el caso de que el juez lo justificara
necesario, el arresto domiciliario. Quiero destacar aquí
que la redacción que se da al artículo 1 supone la aceptación o la transacción de enmiendas de los distintos
grupos. Tenemos la aceptación de las enmiendas 29 de
Convergència i Unió y de la 19 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), así como la 15 del Grupo Mixto,
y la transacción con las enmiendas 21 del PSOE, 13 del
Grupo Mixto, 31 de Convergència i Unió, 20 del Grupo
Vasco y la 4 del Grupo Mixto. Por tanto las demás
manifestaciones que se han hecho respecto a la redacción de este artículo por parte del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y su deseo de que la
intervención del ministerio fiscal y la regulación expresa sea de otra manera deberían encontrar plena satisfacción en la redacción que la ponencia da del apartado 3 del artículo 1 de esta ley orgánica. De la misma
manera, la redacción que finalmente se da a toda la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene la
correspondiente proporcionalidad con todas las modificaciones y con todas las enmiendas que también se han
metido en el cuerpo de la ley concursal y recogen fielmente la incidencia y la trascendencia de la sensibilidad que se ha mantenido por parte de la ponencia, evidentemente también por parte del ministerio, a la
regulación de las materias sociales que llevan consigo
una necesaria adaptación de la ley orgánica. La supresión de la derogación del artículo 260 del Código
Penal, que se debe tanto a la enmienda número 24 del
PSOE como a la 42 de Convergència i Unió, mejora de
forma clara el texto y deja de manifiesto la pretensión
de mi grupo de en ningún caso despenalizar actuaciones que son constitutivas de delito, por cuanto con la
ley concursal y con esta ley orgánica lo que mi grupo
pretende es dar una regulación más dinámica, moderna
y actualizada de las empresas que se encuentran en una
situación difícil y permitir en consecuencia la continuidad de las mismas, pero en ningún caso amparar actuaciones que se salen del marco estricto de lo que es el
comercio en momentos en que pueda haber una crisis;
en ningún caso, como digo, se trata de amparar actuaciones delictivas.
Quería hacer especial mención a la no admisión de
alguna enmienda, en concreto las números 23 y 26 del
Grupo Parlamentario Socialista, a las que ha hecho
especial referencia el señor Barrero y también el representante de algún otro grupo. El grupo parlamentario al
que represento no quiere entrar en este momento en la
bondad o no o en la adecuación o no de la pretendida
excedencia de los jueces de lo Mercantil. Mi grupo
entiende que en este texto de ley orgánica queda descontextualizada la regulación parcial sólo referida a los
jueces de lo Mercantil. En nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra judicatura existen muchos otros jueces
a los cuales hemos llamado especialistas y así están
denominados en distintas materias —me refiero en la
jurisdicción Contencioso-administrativa a la especialidad en temas fiscales, de absoluta trascendencia para
las empresas, o a la especialidad en temas urbanísticos
o, por qué no decirlo, también a la especialidad de los
jueces de lo Social— y hacer ahora una regulación
expresa en cuanto a la excedencia o al tiempo mínimo
en el que la salida de la carrera judicial debería de regularse antes del ejercicio privado estaría en claro perjuicio de los jueces de lo Mercantil. Por tanto entendemos
que este no es el marco adecuado para esta regulación.
Si fuera necesario, cuestión en la cual no entramos en
este momento, creemos que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial globalmente considerada sería
el marco adecuado para llevar allí los argumentos que
aquí se han esgrimido en referencia a la excedencia de
los jueces. Distinto es que mezclemos lo que sea la
excedencia para el ejercicio posterior, habida cuenta de
la especialización, a cargo de los fondos públicos de
los jueces, con la abstención o con otras cuestiones
relacionadas con los deberes que ya están impuestos a
cualquier funcionario público que hubiera intervenido
en el conocimiento de asuntos por razón del ejercicio
de dicha profesión o función pública.
Dicho esto, quiero significar que uniéndome a la
petición de modificación de la denominación del proyecto en cuanto a la necesaria desaparición de la alusión a la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, por
cuanto ya no se va a derogar ningún precepto de esta
ley, la exposición de motivos también debe de tener
alguna adaptación relativa a las modificaciones que en
la ponencia se han señalado. Si me lo permite el señor
presidente, con independencia de que luego le pase una
nota, pero a efectos de que conste en el «Diario de
Sesiones», entendemos que no hará falta modificar el
apartado primero de la exposición de motivos, a pesar
de las modificaciones que se han hecho en el artículo
primero, por cuanto las referencias genéricas que en el
mismo se hacen no van a hacer necesaria dicha modificación, habida cuenta de que la filosofía no ha cambiado. No ocurre así en lo relativo al punto II de la exposición de motivos, que entiendo que deberá de
incorporar, antes del último párrafo, una referencia
expresa a la posibilidad de establecer juzgados de lo
Mercantil en aquellas poblaciones que, sin ser capital
de provincia, por las condiciones objetivas, así lo aconsejaran, de la misma manera que entiendo que todo el
apartado IV de la exposición de motivos debería de
desaparecer, por cuanto, como he dicho, no se modifica
Vuelvo a manifestar la satisfacción de mi grupo por
haber alcanzado un texto que supone, yo creo que con
independencia de algún matiz, la aceptación generalizada por todos los grupos y agradezco, señor presidente, su generosidad en cuanto al uso del tiempo.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre
este proyecto de ley, se procede a anunciar que las votaciones no serán en ningún caso antes de la una y media.
(El señor Silva Sánchez pide la palabra.)
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señor presidente, simplemente era para comunicar a la Mesa y a la presidencia que habida cuenta de la intervención que ha hecho
la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y su satisfacción por el procedimiento a través del cual se regulan las medidas limitativas contempladas en la presente
ley orgánica que estamos debatiendo, mi grupo parlamentario procedería a retirar las dos enmiendas que
tiene presentadas a ese artículo, que son la 31 y 32.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, anunciando,
como acabo de manifestar, que el inicio de las votaciones no se realizará antes de las trece treinta, dada la
amplitud del debate a que previsiblemente va a dar
lugar el proyecto de ley concursal, dejamos para más
tarde, como digo, la votación de la misma.
de expediente 121/000101.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos ya el
siguiente punto del orden del día, que es precisamente
el dictamen del proyecto de ley concursal. Para la
defensa que mantiene vivas, el señor Mardones, por
El señor MARDONES SEVILLA: Del escrito que
ha presentado mi Grupo de Coalición Canaria para el
mantenimiento de enmiendas de las originariamente
presentadas y que no fueron aceptadas en el trámite de
ponencia, escrito que debe de obrar en poder de los servicios de la Cámara, anuncio, señor presidente, que
retiro las números 100, 102 y 105, por entender que han
quedado reflejadas, al menos en su fundamento enmendante, en el texto que viene de la ponencia. Por tanto
paso a defender las enmiendas que mantenemos vivas
para su votación en este trámite, números 101, 104,
106, 116, 117, 119, 120 y 121.
Comienzo por la enmienda 101 dirigida al artículo
2.2, donde proponemos que sobre el texto que nos
remite la ponencia, al final del apartado 2, donde dice:
Cumplir regular y puntualmente sus obligaciones, se
añada la palabra principales. Entendemos que esas
obligaciones por un principio de seguridad jurídica
deben calificarse y tiene que hacerse en un orden de
prioridades bien entendidas como obligaciones principales. No se puede admitir que cualquier clase de
incumplimiento, el que sea, porque no se califica un
grado de incumplimiento, pueda llevarnos al legislador
a una decisión tan grave como la declaración de concurso. La declaración de concurso con esta ley será un
acto jurídico y jurisdiccional muy grave para lo que es
la viabilidad de una empresa y también para las garantías de los acreedores. Con nuestra enmienda nosotros
pretendemos dar un sentido de acotamiento, que se
diga qué clase de obligaciones se están incumpliendo
para que al menos se puedan evaluar —y siempre según
las circunstancias del momento, laborales, financieras,
crediticias, etcétera— las obligaciones más importantes, porque la ley según se avanza en alguno de sus
artículos, sobre todo en la calificación de las deudas,
hace unas clasificaciones y unas calificaciones que
contribuyen muy acertadamente más adelante en este
proyecto de ley a calificar y dar garantía jurídica. Si se
habla solamente de obligaciones en este artículo 2 del
presupuesto objetivo, sin que estas obligaciones sean
merecedoras de una calificación de gradualidad —en
este caso hablamos de principales—, que el juez interprete de manera, objetiva, razonada y cuantitativa estas
obligaciones agrupadas, cuáles son principales y cuáles
son subordinadas o son secundarias. Esto se puede
La enmienda 104 está dirigida al artículo 5, apartado 2.
Proponemos un número 5 nuevo a los efectos de añadir
aquí en la solicitud del deudor, que es el epígrafe del
artículo 5 del proyecto de ley, que diga: Justificación
de la notificación extrajudicial a los acreedores a que
se refiere el apartado anterior, el número 4. El apartado
4 de este artículo 5, solicitud del deudor, habla de la
relación de acreedores por orden alfabético con expresión de la identidad de cada uno de ellos, así como de
la cuantía y el vencimiento de los respectivos créditos y
las garantías personales o reales constituidas. Entendemos que en la línea de seguridad jurídica, de clarificación que venimos proponiendo con las anteriores
enmiendas, incluso en muchas de las aceptadas en el
trámite de ponencia, es adecuado que se notifique la
lista de acreedores que ha de acompañarse a la solicitud de declaración de concurso, a los efectos de alegar
lo que estimen oportuno sobre si hay una situación de
insolvencia o no. Pensamos que este trámite de audiencia que se deriva de un listado que debe acompañar esta
notificación a los acreedores la ley ya lo impone, puesto que tiene que acompañar obligatoriamente a la solicitud de declaración de concurso y a estos efectos de
audiencia. Entendemos que esto contribuye a una seguridad jurídica y no se va a dejar a ninguna de las partes
afectadas sin esta cuestión. Eso hay que dejarlo bien
claro y nosotros proponemos en esta petición de creación de un nuevo apartado 5 que en esta solicitud del
deudor venga la justificación de la notificación extrajudicial a los acreedores a los que se refiere el apartado
anterior como una pieza que se adjunta para que el juez
de lo Mercantil, en su concepto de aplicación jurisdiccional, tenga todas las garantías correspondientes y
sepa que hay un justificante de esta notificación extrajudicial a los acreedores, porque entendemos que estos
son merecedores de esta garantía jurídica en todos los
La enmienda número 106, dirigida al artículo 7, propone un nuevo apartado 5, que viene también a dar una
competencia al juez para que pueda extenderse la
declaración de la responsabilidad indicada a los administradores que condujeron a la empresa a esta situación o a los auditores que no reflejaron la situación
veraz de la empresa. Con nuestra enmienda tratamos de
reforzar los derechos de los acreedores en los procesos
concursales. Vuelvo a decir que nuestra atención se
dirige a dar unas garantías jurídicas y no a encontrarse
en una situación de déficit, de protección jurídica al
amparo de la ley con estas ocurrencias que pueden
darse en todo proceso concursal. Añadimos este apartado 5 nuevo, que con respecto al texto que viene de la
ponencia sería apartado 6 nuevo, dado que la ponencia
ha introducido un apartado 5 nuevo, que dice: Las que
le atribuye la Ley 1 de 1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Dicho apartado 6 nuevo viene a
decir lo siguiente: Las acciones tendentes a exigir responsabilidad a los administradores sociales o a los
auditores por los perjuicios causados al concursado. En
los últimos tiempos hemos visto escándalos empresariales, financieros, en los que los tribunales de justicia
han evidenciado de forma clara y contundente la responsabilidad de administradores sociales o de los auditores, sobre todo en las auditorías. En escándalos como
Gescartera y otros anteriores o posteriores hemos visto
un grado de responsabilidad de los auditores, no sólo
dentro de España sino en empresas auditoras, fuertes
empresas multinacionales o no, norteamericanas, cuyas
crisis han llenado las páginas de los periódicos económicos y los juicios universitarios de facultades de derecho, de los órganos mercantiles, etcétera, lo que evi-
dencia la tremenda responsabilidad, repito, de los auditores que ha conducido a situaciones de indefensión, de
inseguridad, de ruina para accionistas y para acreedores, que se han visto oscurecidas en los informes que
pareciendo aportar una fiabilidad y una garantía de los
auditores han causado serios perjuicios al concursado,
y por tanto esto tiene que recogerse aquí como un derecho de los acreedores en todo proceso concursal.
Entendemos que la ley se perfeccionaría con nuestra
Paso a defender la enmienda número 116, dirigida al
artículo 54.4, ejecuciones y apremios, que propone la
supresión de este apartado del texto del proyecto, que
es idéntico al presentado en su día por el Gobierno y
que no ha sido corregido ni modificado en el trámite de
ponencia, que dice: Se exceptúa de las normas contenidas en los apartados anteriores lo establecido en esta
ley para los acreedores con garantía real. Ya entramos
en un tema de mucha discusión y de mucha polémica:
todo el alcance de la garantía real. ¿Por qué proponemos la supresión de este apartado 4? Porque después
de un régimen de prohibición extraña estricto, como
trae el proyecto de ley salido de la ponencia, no encontramos justificación a esta excepción. En este momento
en la ley hay un principio de jerarquización y de contundencia muy afortunado y muy positivo, y si estamos
haciendo una serie de excepciones, ya empezamos a
cuartear, a abrir en la línea de flotación de la ley un
punto de escape. Nosotros abogamos por un régimen
consecuente con los apartados anteriores de ejecuciones y apremios, los números 1, 2 y 3 del artículo 54, y
no encontramos desde luego ninguna justificación,
repito, a esta excepción. Si este régimen de prohibiciones es tan estricto —lo vuelvo a elogiar y lo vamos a
apoyar— se rompe esta situación excepcionalmente
con este apartado 4, por lo que entendemos que no
tiene que haber resquicio alguno. Las garantías reales
se van a interpretar como un verdadero túnel de penetración para desviar los efectos protectores que tiene
este elogiable proyecto de ley. No hagamos una puerta
de escape con las garantías reales a los acreedores con
la exceptuación de una norma, porque es hacerle un
flaco servicio a este principio de autoridad que trae la
ley en un tema que requiere una contundencia cuando
haya que producir los fallos mercantiles al respecto.
La enmienda número 117 está dirigida al punto 1 del
artículo 79. En este apartado 1 se habla de que los bienes de propiedad ajena que se encuentren en poder del
concursado y sobre los cuales este no tenga derecho de
uso, garantía o retención, serán entregados —se ha
introducido en trámite de ponencia la expresión por la
administración concursal, que nos parece afortunada—
a sus legítimos titulares a solicitud de estos. Curiosamente el segundo punto del artículo que venía en el
proyecto se ha suprimido en el trámite de ponencia.
Nosotros entendemos que cuando estamos hablando de
los bienes de propiedad ajena hay que extremar el texto
legal para que no haya dudas en su interpretación.
Nuestro texto es el siguiente: Los bienes de propiedad
ajena que se encuentren en poder del concursado sobre
lo que este no tenga derecho de retención, como los
adquiridos a plazos con pacto de reserva de dominio,
así como en régimen de arrendamiento financiero y
cuando estos contratos se encuentren inscritos en el
Registro de bienes muebles —estamos reforzando las
garantías—, no formarán parte de la masa activa —aquí
está el meollo de la cuestión— y se entregarán por la
Administración judicial a sus legítimos titulares a solicitud de éstos. Hay una cuestión, que sea a solicitud de
parte, pero que la Administración judicial se lo entregue a sus legítimos titulares porque hasta están inscritos en el Registro de bienes muebles. Hay una testificación certificada de legítimos titulares que pueden hacer
una reivindicación de los mismos. Y añadimos en nuestra enmienda: ello sin perjuicio del derecho del concursado a adquirir su propiedad mediante el pago del precio aplazado o ejercitando la opción de compra en el
plazo pactado y una vez satisfechos los vencimientos
pendientes de pago. Nuestra enmienda pretende, con
un fondo político y social, dar continuidad y garantía
también a toda actividad empresarial que no puede ser
condenada a una desaparición física, financiera y societaria en este entramado. Esto tiene la intencionalidad
de una adscripción política de qué estamos defendiendo aquí; estamos tratando de equilibrar, de estar en el
centro del núcleo de debate polémico de este proyecto
de ley; a favor de quién estamos, si del quebrado o de
los acreedores y si estamos a favor de las prioridades
que más adelante veremos en algunas enmiendas.
Nosotros entendemos que los bienes vendidos con
pacto de reserva de dominio o dados en arrendamiento
financiero —figura muy habitual— y especialmente
cuando han sido inscritos en el Registro de bienes muebles, no deben quedar dentro de la masa del concurso,
por mucho que el deudor ostente un derecho de uso
sobre el bien —aquí entramos también en otro tema
polémico del derecho de uso sobre el bien—, ya que la
propiedad no le pertenece hasta el completo pago de la
deuda. En este sentido, hemos recurrido al derecho
comparado y nos encontramos con que el Reglamento
de la Unión Europea de 29 de mayo del año 2000 sobre
procedimientos de insolvencia está recogiendo esta
situación. Es más, la Directiva de la Unión Europea
número 35/2000 sobre medidas de lucha contra la
morosidad en operaciones comerciales lo recoge. Si
nos vamos al derecho comparado, recojamos esto. Al
presentar nuestra enmienda nos damos cuenta de que
este proyecto, ni siquiera el que viene de la ponencia,
no cita los bienes vendidos con pacto de reserva de
dominio o en arrendamiento financiero debidamente
inscritos e igualmente del tenor del artículo 79 del proyecto, podría deducirse que tales bienes no podrían
salir de la masa, al tener el concursado derecho de uso
sobre los mismos. Aquí queremos también hacer una
aportación de garantía jurídica y la ley tiene que citarlo, porque no lo cita. Nos estamos encontrando con
unas figuras de bienes vendidos con pacto de reserva
de dominio o en arrendamiento financiero debidamente
inscrito. Eso está ahí, está en el uso mercantil y por
tanto entendemos que la ley tiene que hacer referencia
a los mismos. Eso no puede quedar en un vacío en la
ley, que por lo menos no los estuviera reconociendo en
un inventario de conceptos y de figuras que existen en
el mundo mercantil.
Paso a la enmienda 119 dirigida al artículo 89.1, epígrafe 7.º, señor presidente, que está referido a los créditos con privilegio especial. Entramos en el tema neurálgico de la sección 3.ª de la clasificación de los créditos
y las clases de créditos en lo que hay que poner todo el
énfasis porque es otro de los componentes polémicos
que son de doctrina de derecho mercantil, abierto siempre afortunadamente desde hace muchos años para
irnos adaptando a las situaciones que plantea toda suspensión de pagos y, sobre todo, toda quiebra empresarial. Esta enmienda 119 al artículo 89.1 propone la adición de un apartado 7.º que diga lo siguiente: Los
créditos de los aseguradores sobre los bienes asegurados por las primas del seguro en los dos últimos años.
Estamos hablando de créditos con privilegio especial y
el punto 1 viene a definir qué son créditos con privilegio especial. Entender hoy el mundo de la empresa, el
mundo económico, el mundo de las actividades industriales, empresariales y financieras sin tener en cuenta
en paralelo, igual que se ha hecho con las auditorías, a
las empresas de seguros, al mundo del seguro, es estar
fuera de una realidad. Hoy hay un imperativo legal que
obliga a las empresas aseguradoras, como pasa en el
mundo del automóvil con el seguro obligatorio; después habrá seguros voluntarios y seguros especiales,
los seguros a todo riesgo y los seguros a riesgo parcial.
Hoy muchas operaciones financieras y empresariales
están perfectamente introducidas en la correlación con
el mundo de las empresas del seguro. Con esta enmienda, señor presidente, tratamos de mantener el privilegio
especial que el actual artículo 1923, apartado 2, del
vigente Código Civil reconoce a favor de los créditos
de los aseguradores sobre determinados bienes inmuebles y derechos reales que vienen con póliza de seguro
y que son muy habituales hoy día en las operaciones.
Este es un privilegio legal que consideramos plenamente justificado, dado que las primas del seguro constituyen la contraprestación por el aseguramiento de los bienes afectados, que repercutirá también en beneficio de
todos los acreedores. Si extraemos la posibilidad de
que las empresas aseguradoras a través de sus pólizas
no estén actuando y participando como elementos activos de todo el proceso, flaco servicio le estamos
haciendo a los acreedores. Nosotros entendemos que
aquí tiene que involucrarse todo el mundo que hay en
los créditos de los aseguradores sobre los bienes asegurados por las primas del seguro de los dos últimos años.
Esto es fundamental, porque la empresa de seguros
también se tentará la ropa para extender y firmarles una
póliza de seguros teniendo en cuenta lo que ha ocurrido
en los dos últimos años —siniestralidad, avatares y
eventualidades que ocurren en todo ese mundo—, porque las empresas aseguradoras saben que con esta ley
se pueden encontrar ante un caso de responsabilidad
civil, financiera, de todo tipo. Tengamos en cuenta por
ejemplo lo que está ocurriendo con los seguros relativos al uso de vehículos de motor —motos y coches—
por jóvenes. En el caso, por ejemplo, de la motocicleta,
las empresas aseguradoras se niegan a asegurar a los
jóvenes entre 18 y 23 ó 25 años porque en ese tramo de
edad es donde está la mayoría de los partes de incidencias de los accidentes de tráfico. Las aseguradoras tienen esta postura que no entro a enjuiciar ahora. Desde
el punto de vista empresarial, cubrir riesgo donde está
la tasa más alta les llevará a esta situación, pero en el
mundo financiero está pasando tres cuartos de lo
mismo. Por tanto, es conveniente que los créditos de
los aseguradores sobre los bienes asegurados por las
primas del seguro entren a formar parte, al menos en
los dos últimos años, también de los créditos con privilegio especial, como se señala aquí. Vuelvo además a
reiterar el argumento de base referencial de derecho
que he empleado. El Código Civil actual, en su artículo
1923, en el apartado 2, lo reconoce a favor de los créditos de los aseguradores sobre determinados bienes
inmuebles inscritos en los registros y derechos reales,
privilegio que consideramos por tanto plenamente justificado.
La enmienda número 120, señor presidente, está
dirigida al artículo 90, aunque originalmente, según el
texto del proyecto del Gobierno, era una enmienda al
artículo 90.3 —lo señalo para que quede constancia a
los servicios de la Cámara cuando vayamos a Pleno con
esta enmienda—; sería una enmienda al apartado 4.º
nuevo, porque el apartado 2 que trae el informe de la
ponencia es nuevo y ha producido un desplazamiento de
los restantes apartados —originariamente del 1.º al 5.º
y ahora del 1.º al 6.º—, con este apartado nuevo de las
cantidades correspondientes a retenciones tributarias y
de Seguridad Social. Hemos mantenido esta enmienda
al artículo 90 apartado 4.º cuando nos estamos refiriendo a los créditos tributarios y demás de derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social. Nosotros proponemos que en la segunda frase de la mitad
del texto del apartado 4.º donde dice: Este privilegio
podrá ejercerse para el conjunto de los créditos de la
Hacienda pública y sigue, se sustituya por nuestra
enmienda, que dice lo siguiente: Este privilegio se
extenderá únicamente para el cúmulo de los créditos de
la Hacienda pública y para el de los de la Seguridad
Social, ambos conjuntamente, y hasta el 50 por ciento
de su importe. Nosotros entendemos que el proyecto
recoge y da una preferencia excesiva para la Hacienda
pública y la Seguridad Social, porque con el texto del
proyecto se puede alcanzar hasta el cien por cien.
Entonces ocupan el primer lugar y quedan frustradas
todas las posibilidades de recuperación financiera de
los restantes acreedores. Aunque empieza hablando del
50 por ciento de su importe acumulado, la realidad es
que se puede alcanzar hasta el cien por cien. Nosotros
entendemos que doctrinalmente tal posición es injustificada, porque incluso en cualquier comparación que
hagamos con otros textos legales, sobre todo en derecho comparado, puede mermar, como decimos en nuestra justificación, la efectividad de los créditos acreedores del concursado, por lo que en consecuencia basta, e
incluso continúa siendo excesivo, el límite conjunto del
50 por ciento para la totalidad de los créditos de la
Administración pública, porque incluso llevándose la
Administración pública —Hacienda y Seguridad
Social— el 50 por ciento, se quedarían en una situación muy difícil y en una auténtica incertidumbre y precariedad. Este es otro de los temas polémicos que contempla esta ley, el orden de prioridades, porque la
función de un Gobierno en un Estado democrático es
atender a la prestación de bienes sociales a través de su
presupuesto, con unos instrumentos como son la política fiscal, sencillamente con los impuestos, que son los
ingresos previstos en el presupuesto del Estado para
justificar los gastos, pero la justificación del Estado no
es la recaudatoria, no es la depredadora, sino la de sencillamente utilizar esos recursos para un bienestar
social y sanitario, lo que se llama bienestar social con
las distintas inversiones públicas que se reflejan en los
Presupuestos Generales del Estado y que se atienden a
través de la política fiscal comparada. La justificación
no es exterminar de una manera exhaustiva a través de
la prioridad a quien da vida al ser objetos verdaderamente de tributación, como sucede con todas las
empresas a través del impuesto de sociedades y de todo
lo que se deriva de los efectos, en plantillas laborales,
etcétera. Por tanto nosotros mantenemos esta enmienda
que es de talante ideológico, doctrinal y político y
forma parte de los pros y de los contras de lo que se
entiende por créditos con privilegio general que aquí se
ven doblemente reforzados por el nuevo apartado 2 que
trae el texto de la ponencia, con el texto que se mantiene en este apartado 4 del texto del proyecto.
Finalmente, señor presidente, termino con la
enmienda número 121, dirigida al artículo 90, en la que
proponemos la adición de un nuevo apartado, en este
caso sería el apartado 7 —lo señalo porque en el texto
originario se dirigía a un apartado 6 nuevo, pero que
por el corrimiento ocurrido en el apartado 2 se produce
un desplazamiento formal—, que establece: Los créditos a favor de los proveedores habituales del concursado que no tengan el carácter de créditos subordinados y
hasta la cuarta parte de su importe. Esto sería una adición a los créditos con privilegio general y entendemos
que esta definición es necesaria, porque parece lógico
que quienes tengan una relación económica habitual
con el concursado y que en consecuencia quedarán probablemente muy afectados por la situación puedan recibir una compensación mediante el carácter preferente
de sus créditos. Se sigue la misma consideración que
para el acreedor que insta la declaración del concurso
al considerarlo privilegiado en una determinada proporción, como es la cuarta parte del importe. En la
práctica empresarial, señor presidente, como en cualquier práctica de tipo profesional o social, está lo que
se llama el cliente habitual. Hay un cliente receptor,
acreedor o deudor. Esto está perfectamente tipificado
en el mundo empresarial y en cualquier actividad. Por
tanto, entendemos que los proveedores habituales de
una empresa que entra en una declaración de quiebra
tienen que merecer al menos un reconocimiento explícito en el texto literal del proyecto de ley. El proveedor
habitual no es el clásico proveedor eventual o accidental, que en un momento determinado provee de un
determinado bien o de un componente de fabricación a
una empresa. Hay una serie de proveedores con los que
las empresas trabajan habitualmente, que son los proveedores de la subcontratación, son los proveedores de
los sistemas de componentes en cuanto al producto que
se fabrica en cualquier industria un poco compleja. Por
ejemplo, una fábrica de automóviles o de bienes de
equipo tiene unos proveedores accidentalmente en un
momento determinado, por una innovación tecnológica
y otros que son los proveedores habituales. Los créditos de este proveedor habitual del concursado que no
tienen el carácter de crédito subordinado tienen que ser
reconocidos. Esta es la relación de enmiendas que mi
grupo mantiene vivas para este trámite.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señorías, la
visión favorable que tuvo la formación política a la que
represento del proyecto de ley que ahora analizamos se
tradujo ya desde el primer momento en la no presentación de enmiendas a la totalidad y en el no apoyo a las
presentadas por otras formaciones políticas, apostando
por la formulación de enmiendas parciales —tampoco
muchas, todo hay que decirlo—, porque el modelo que
se establecía nos parecía en líneas generales adecuado
a las finalidades que se pretendía. Que la presente ley
persigue satisfacer una profunda y largamente sentida
necesidad en el derecho patrimonial español es, además del inicio de la exposición de motivos, una certeza
y un lugar común si uno examina la numerosa literatura vertida sobre estas cuestiones o si se revisan los anteproyectos anteriores, muchos de ellos muy meritorios
pero que no llegaron a buen puerto. Esperamos que este
sí vea felizmente las páginas del boletín oficial. Que la
ley optase por los principios de unidad legal de disciplina y de sistema nos pareció desde el primer momento un acierto, de la misma forma que valoramos de
manera grata la flexibilidad del procedimiento, que se
percibe en que el régimen de los efectos que produce la
declaración del concurso se establece de una manera
mucho menos rígida que en la circunstancia anterior, y
se suprime —lo que desde nuestra perspectiva también
tiene un valor— todo lo que tiene carácter represivo de
lo que pueda ser la mera insolvencia, sin que tenga connotaciones que puedan llevar a la calificación delictiva
También nos gusta que la ley simplifique la estructura orgánica del concurso, sólo el juez y la administración concursal, a pesar de que esta nos haya dado
mucha guerra para dejarla definitivamente plasmada tal
como figura en el informe de la ponencia, si es que es
su definitiva redacción y no sufre más retoques en el
resto de la tramitación parlamentaria. La clasificación
de los créditos constituye otra de las innovaciones más
importantes que introduce la ley y también nos pareció
básicamente adecuada ya en el texto inicial; conocíamos y nos hacíamos eco en alguna de nuestras enmiendas de las ciertas suspicacias o de las sensibilidades
que se manifestaban sobre todo desde los sectores
sociales implicados en lo que pueda ser un proceso de
esta índole. Para ello, en este caso concreto, se evidenció como profundamente adecuada en la tramitación de
la norma haber tenido las audiencias previas a personalidades y haber podido oír de viva voz y en primera fila
las manifestaciones que los representantes de las organizaciones sindicales y por supuesto los expertos en
derecho mercantil nos hicieron en relación con esta
cuestión, que definitivamente puede decirse en lenguaje coloquial ha sido objeto de un pacto social que ha
quedado trasladado a los textos de la norma. No sé si
son la parte más feliz del proyecto en cuanto a la bondad técnica de lo que se articula, pero en este caso todavía habrá tiempo quizá de perfilar la corrección técnica
en el trámite en el Senado, y nos felicitamos por la
obtención de esta llamada paz social, porque quizás
este aspecto, referido a los derechos de los trabajadores, era uno de los más criticados respecto del proyecto
inicial presentado.
Las soluciones del concurso previstas en la ley de
convenio y de liquidación nos parecía que también
recogían la larga experiencia habida respecto de la
situación actualmente regulada y tampoco fueron objeto de especial enmienda por nuestra parte, de la misma
manera que nos gustaba especialmente el procedimiento que se articula, que mezcla las características de la
simplicidad con la necesaria rapidez de un proceso de
ese estilo y que la Ley de Enjuiciamiento Civil, tan
recientemente modificada, actúe como supletoria de la
ley concursal, en cuanto esta no prevea normas procesales especiales, de tal forma que exista una cierta unidad en todas las previsiones del ordenamiento.
Al intervenir en el debate de totalidad también hacíamos mención a que pretendíamos llegar a promulgar
una ley que contuviese un derecho concursal de insol-
vencia, que no de crisis económica de la empresa, es
decir, que aun pretendiendo la conservación de las
empresas siempre que ello sea posible, no tiene perfil
redentorista ni arbitrista. Bien está tener en cuenta las
pautas del Estado social, pero consideramos que va
siendo hora, ya que la economía en los tiempos actuales también lo exige, que el Estado, además de Estado
social y de bienestar, vaya convirtiéndose en Estado del
bien hacer y nos parecía que la filosofía que trasladaba
el precepto era especialmente adecuada para ello. En
aquel trámite concluíamos nuestra intervención haciendo votos a que la tramitación del proyecto fuese abierta, puesto que en algunos aspectos lo considerábamos
perfectible, y ya indicaba al intervenir en el proyecto
de ley anterior que la disposición tanto de los equipos
del ministerio como de los grupos de la Cámara ha sido
desde luego más que correcta, se podría calificar de
auténtica cordialidad, de tal manera que las pretensiones de casi todas las formaciones políticas creemos que
han tenido, en definitiva, entrada en el proyecto. (El
señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la
presidencia.)
Después de lo dicho quizá sorprenda el número de
enmiendas que todavía mantiene mi formación política, pero algunas de ellas serán retiradas en este trámite
puesto que las he mantenido al objeto de preguntar a
algunos de los otros ponentes dudas que me suscita la
desaparición de determinadas cuestiones respecto del
texto inicial, ya que en algunos casos no encuentro
enganche, si se me permite la expresión, en enmiendas
de ninguno de los otros grupos. Este es el caso de la
enmienda 124, cuyo tenor literal ha sido prácticamente
recogido en la edición actual del artículo 2, del que sin
embargo ha desaparecido lo que como apartado 4.3.º
constaba en el proyecto y no he encontrado enmienda
que así lo pidiese, y es que se considera que uno de los
motivos que pueden posibilitar que un acreedor solicite
el concurso, que figuraba como tal en el punto 3.º, es la
desaparición injustificada del deudor de su domicilio o
residencia por un tiempo determinado que se establecía. Nos parece que es un factor que, junto con otros,
puede llevar a la evidencia de que algo va mal o que
alguien está queriendo no responder de aquellas deudas
que tiene contraídas. No sabemos en qué momento
concreto desapareció y esa es la razón del mantenimiento de la enmienda, admitiendo que el resto de lo
que se pretendía con esta enmienda 124 está perfectamente incluido en el texto de la norma.
Nuestra enmienda número 125 la mantendremos
porque obedece a la fe por parte siempre de esta diputada —quienes me conocen de anteriores legislaturas
hacen en ocasiones bromas sobre ella—, en el Poder
Judicial. Frente a otras opciones totalmente legítimas
en las que pretenden el juez lo más amarrado posible al
derecho y las menores facultades de éste, a nosotros
nos parecía bien que se previese además la posibilidad
de declaración de oficio por el propio juez cuando se
diesen las circunstancias que pretendíamos en el
artículo. No tuvo aceptación nuestra pretensión, pero la
seguimos manteniendo porque nos parece importante
un margen de maniobra respecto del propio juez cuando conozca, por otros procedimientos que esté tramitando, determinadas situaciones que le puedan llevar a
la convicción de que ahí lo que procedería es declarar
un procedimiento concursal.
La enmienda número 126 la retiro en este trámite,
puesto que hacía referencia a la forma en alguna medida liosa o incompleta en la que quedaba establecido el
juego de los plazos en los que existe el deber de solicitar por el propio deudor el concurso. Examinados con
detenimiento los distintos preceptos que tienen relación con ello, en este momento, repito, retiramos la
enmienda por entender que ha quedado debidamente
aclarado en el texto de la norma.
Deseo hacer referencia, aunque no es una enmienda
que se sostenga porque está incorporada al texto del
informe de la ponencia, a lo que pretendíamos en la
enmienda número 127, que definitivamente ha quedado
bien recogido en el proyecto y que enlaza con la inquietud que el aspecto referido a los derechos de los trabajadores suscitaba en determinados sectores. Este temor
legítimo se traducía en esta enmienda en la pretensión
de que constase que aunque se aplicase por los jueces
de lo Mercantil, cuando se trataba de los derechos de
los trabajadores, los principios inspiradores habrían de
ser los propios del derecho laboral. Habiéndose llegado
a un acuerdo en esta cuestión, teniendo además la seguridad de que su espíritu está ya incorporado en el informe de la ponencia, esta enmienda no será objeto de sostenimiento a lo largo del procedimiento.
La enmienda número 128 la sostenemos y no por
cabezonería, sino porque creemos que es correcta, ya
que no se está hablando de extensión de la jurisdicción
sino de extensión de la competencia, que es distinto en
estrictos términos procesales. No nos ha sido aceptada,
pero, insistimos, creemos que de lo que se está hablando cuando se menciona la extensión para conocer cuestiones prejudiciales es de competencia del juez y no de
jurisdicción; en todo caso lo seguiremos manteniendo,
pero es una cuestión de puro apunte puntilloso de quien
es gourmet de asuntos procesales.
En el artículo 130 se contiene una pretensión que
volvemos a reproducir respecto del artículo 22 y más
adelante respecto del artículo 94, porque no nos parece
mal cómo ha quedado el sistema de publicidad en el
texto del informe. Sin embargo, como en fecha muy
reciente se ha procedido a la regulación de los boletines oficiales provinciales y de los asimilados, no sabemos por qué se evita mencionarlos en esta norma cuando existe una muy larga tradición de publicación de los
asuntos que se refieren a este tipo de procedimientos en
los boletines oficiales provinciales y asimilados, llamándose asimilados a aquellos casos en los que, como
en el vasco, son boletines de los territorios históricos, o
de los cabildos en los territorios insulares o cuando la
comunidad autónoma ha asumido el boletín oficial.
Repito, se ha modificado la regulación en fecha muy
reciente y no encontrábamos razón para no referirnos a
ella cuando existe un uso largamente asentado en que
las publicaciones respecto de las cuestiones que hacen
referencia a las situaciones de las empresas sí tengan
cabida en estos boletines oficiales, además del sistema
de publicidad que la ley prevé.
La siguiente enmienda que manteníamos viva es la
número 138. Sabemos que no ha tenido receptividad
alguna, pero nos sigue pareciendo interesante que en
alguna parte se haga constar exactamente cuáles son
las funciones que los administradores del concurso van
a tener que realizar cuando acepten su labor. Se me dirá
que son expertos técnicos y que evidentemente harán lo
que tienen que hacer. Bien, pero no nos parecería mal
que a modo de esquema o esbozo figurasen dichas funciones en alguno de los preceptos de la norma, y el propio portavoz del Grupo Popular en este mismo trámite
ha manifestado que a él no le parecería mal que así
fuera. Es sensato que figuren, aunque es evidente que
se pueden deducir del contenido general del texto legal.
La enmienda número 140 en alguna medida está
introducida en el texto pero no en su literalidad, sobre
todo con el matiz que nosotros pretendíamos. Se refiere
a la ejecución de determinados bienes en relación con
la garantía de la continuidad de la actividad empresarial. Para lograr la finalidad del mantenimiento de la
actividad empresarial creíamos importante que se preservasen de estas posibilidades de ejecución determinados bienes cuando están indisolublemente unidos a
la continuidad de la actividad a la que la empresa se
dedique. A esta lógica nos ha llevado el principio de
conservación de la empresa y que bajo esta rúbrica se
encontrase este precepto.
La enmienda número 147 es idéntica a la número 130 respecto del artículo 22, que ahora lo es respecto del artículo 94.1. La enmienda número 148 hace
referencia a publicidad, pero con un matiz distinto que
ya está previsto en un artículo posterior, por lo que la
retiro en este mismo momento.
La enmienda número 152 obedece a la filosofía que
sostenemos de suprimir en el precepto la posibilidad de
que si la subasta queda desierta, el juez pueda acordar
que se proceda a la enajenación directa. El mayor rigor
y el principio de transparencia que debe regir en las
actuaciones que se refieren a un concurso deben agotar
sus posibilidades en la subasta y deben exprimirse las
posibilidades de ésta. Nos parece que esta idea de la
venta directa cuando se está en trance de liquidación de
la empresa abre la puerta a posibilidades no deseadas y
la seguiremos manteniendo.
La enmienda número 154 tiene relación con aquellos casos en los que se trata de ejecutar créditos con
privilegios especiales sobre bienes afectos a la explotación económica del concursado. La finalidad de con-
servación de la empresa nos parecía que hacía necesario que en el artículo 155 apartado 2 quedase plasmada
una previsión con la finalidad que alentaba esta
Las enmiendas 155, 158 y 159 hacen referencia a
modificaciones normativas, una de ellas en relación
con el Estatuto de los Trabajadores y otra con la Ley
General de la Seguridad Social. Las enmiendas 158
y 159 siguen teniendo sentido, a pesar del tenor literal
del acuerdo alcanzado con los sindicatos y las sostendríamos por nuestra parte, si bien el acuerdo al que se
ha llegado con ellos hace que no consideren necesario
que se mantenga la referencia a la modificación del
artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores ni que
desaparezca esta previsión de la Ley General de la
Seguridad Social que tantas dificultades interpretativas
ha suscitado en la jurisprudencia. No tendríamos inconveniente de retirar nuestras enmiendas, no pretendiendo ser más papistas que los agentes sociales que han
negociado estas enmiendas. Repito por ello que mi
formación política retira en este momento las enmiendas 155, 158 y 159.
Hay una última cuestión respecto de la cual me gustaría formular preguntas a los portavoces de otros grupos. No sé si esto es muy ortodoxo, pero me ha quedado una duda y, aun no teniendo enmiendas sobre ese
aspecto, quisiera formularlas para saber si es querido o
es simplemente un olvido inadvertido al corregir el
artículo 5, fruto de las enmiendas de unos y de otros.
Cuando se dice qué documentación ha de presentar el
acreedor si es él quien solicita la declaración de concurso, no se hace referencia —o a desaparecido, porque sí que constaba en el proyecto inicial— a que tenga
que presentar una propuesta sobre la liquidación de la
empresa deudora desde este mismo momento. No
vemos por qué ha desaparecido esto del artículo 5.2.2,
cuando en el artículo 141.1 primero sí se prevé que el
deudor pueda pedir la liquidación en la solicitud del
concurso voluntario. Me gustaría obtener respuesta a
esta cuestión si alguno de los señores ponentes me sabe
explicar el motivo.
Con esta intervención, a salvo de la que pueda hacerse con posterioridad y en tono más pomposo en el
Pleno, pues es norma avocada a él, concluyo mi intervención, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García):
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías,
en primer lugar, ya que no lo pude hacer en la primera
intervención por premura de tiempo, sirva ésta para
reconocer el trabajo que ha realizado el resto de los
grupos parlamentarios y el buen hacer de los portavoces del grupo parlamentario que soporta al Gobierno,
que han dado un vuelco importante al primer texto, lo
que ha hecho que la inmensa mayoría de grupos parla-
mentarios nos sintamos a gusto con el texto final. Decía
antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
que son contradictorias estas alabanzas en el momento
en que vivimos; yo tendré que recurrir a la Sagradas
Escrituras y decir que mi mano izquierda no sepa lo
que hace la derecha. Es decir, haré la alabanza con la
mano izquierda y mantendré la derecha —como dice el
señor Arenas— para apedrear las sedes del PP. Así que
haré con la mano izquierda el reconocimiento del buen
Señor presidente, antes de entrar en cuestión, quiero
manifestar que retiro la enmienda número 9 al proyecto
de ley orgánica; al proyecto de ley concursal, retiro las
enmiendas número 50, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 72, 79, 80, 82 y 86.
Por otro lado, seguimos manteniendo ciertas
enmiendas. Pensamos que ha habido mejoras respecto
al artículo 63 en todo lo referente al tema competencial
de las comunidades autónomas, pero se ha dejado
entrever que cuestiones como la movilidad territorial
todavía pueden mejorarse en el trámite del Senado,
pero no estamos de acuerdo que con las redacciones
que se siguen manteniendo hasta ahora. En concreto,
planteábamos que desapareciera el párrafo 8 del apartado dos del artículo 83 —que aunque ustedes dicen
que a desaparecido, lo incluyen en el artículo 61—,
porque consideramos que en dicho artículo se hace
referencia a una norma especial frente a la general,
contemplada en el propio párrafo 6 del artículo 83 al
Además, consideramos que debe modificarse el
artículo 153, dejando claras las acciones dirigidas a la
declaración de la existencia de un crédito laboral, una
vez declarado el concurso. Se ejercerá ante el juez de lo
Social, y no ante el juez del concurso. Es cierto que se
ha mejorado la redacción, pero nos gustaría que fuera
todavía más explícita.
Respecto a los artículos 194 y 195, que se refieren al
procedimiento abreviado, seguimos planteando que
debería establecerse ese procedimiento abreviado para
la incidencia concursal en los supuestos previstos en el
artículo 63, al que antes me he referido.
Sobre el nuevo artículo 43, apartado cuatro, seguimos planteamos que no es necesaria la referencia que
se hace en el párrafo final al artículo 7.2.º Respecto al
artículo 147, pensamos que, aunque haya habido una
mejora, quedan por corregir algunas cuestiones. Desde
luego, estamos en desacuerdo con la redacción actual
del artículo 148.1 párrafo uno de la ponencia; respecto
de su apartado dos, entendemos que se ha producido
una mejora suficiente, que nos ha llevado a retirar las
enmiendas que hacían referencia al mismo.
Todavía seguimos considerando la existencia de
algunas faltas que, a pesar de la retirada numerosa de
enmiendas, nos hacen mantener algunas de ellas, no
solamente para sustentar una intervención en el Pleno
— que podría sustentarse mediante otra vía reglamen-
taria—, sino porque, a pesar del esfuerzo y de las mejoras que reconocemos, no es el modelo que nosotros
defenderíamos.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Debo iniciar mi exposición agradeciendo el talante del Grupo Parlamentario
Popular y del Gobierno, así como el apoyo de los cargos del Ministerio de Justicia en los trabajos anteriores
a la ponencia y en el seno de la misma, que esperamos
continuar teniendo, además del talante general de todos
los grupos —como antes indicaba la portavoz del
Grupo Parlamentario Vasco— que nos ha permitido
realizar una buena labor hasta el momento; no debemos renunciar a que continúe de aquí al Pleno del Congreso y, posteriormente, en el trámite del Senado.
Mi grupo parlamentario había presentado muchas
enmiendas al proyecto de ley concursal, concretamente, 184 a la ley ordinaria. En estos momentos, podemos
decir con satisfacción que se ha incorporado más de un
tercio de las mismas — 64 enmiendas—, y son más de
una decena las enmiendas que podemos considerar
incorporadas parcialmente. Al final de mi intervención
procederé a indicar una decena de enmiendas que, respecto de las ya anunciadas el viernes, procederíamos a
Paso a defender las enmiendas que todavía mantenemos y que no han sido incorporadas, confiando que
alguna de ellas pueda ser votada y aprobada en la
sesión de hoy en Comisión, y, en cualquier caso, que
tengamos la posibilidad de incorporar alguna de ellas
en el Pleno de la próxima semana. Solicitaría de la condescendencia de todos los grupos que asumamos el
compromiso de permitir enmiendas transaccionales en
el Pleno del próximo jueves. Como saben SS.SS, para
que las enmiendas transaccionales puedan debatirse en
Pleno, se requiere que no haya ningún grupo que se
oponga a las mismas. Considero que no deberíamos
limitarnos esa posibilidad, aunque esas enmiendas
pudieran ser luego incorporadas bien por unanimidad o
bien con el voto mayoritario de algunos grupos. De lo
expuesto cabe colegir que todavía tenemos vigentes
unas 100 enmiendas a la ley concursal, que intentaré
defender de la manera más rápidamente posible y lo
suficientemente inteligible.
En cuanto al título I, de la declaración de concurso,
debo manifestar nuestra satisfacción por las importantes incorporaciones que se han producido. A través de
las incorporaciones en el trámite de ponencia, se han
resuelto algunos problemas. Hemos exigido que la
insolvencia sea suficientemente acreditada, tanto en
aquellos supuestos en los que se presenta el deudor en
concurso voluntario como en los que el acreedor insta
el concurso necesario. Hemos concretado el supuesto
de la insolvencia inminente, es decir la imposibilidad
del deudor de cumplir las obligaciones en los vencimientos futuros. Hemos reducido el plazo para entender que se produce esa situación de insolvencia y por
tanto ya no se trata, como establecía el proyecto, del
incumplimiento durante un plazo de seis meses de
determinadas obligaciones sino que se da un plazo de
tres meses; no sólo lo hemos reducido, sino que lo
hemos puesto así porque había algunas obligaciones,
creo recordar concretamente que las tributarias y las
referentes a la Seguridad Social, en las que no se establecía ese plazo. En este apartado de declaración del
concurso hemos ido avanzando de una forma importante. Sin embargo mi grupo tiene todavía algunas
enmiendas pendientes.
El sentido de la enmienda número 415 es que, en
aquellos supuestos —que además constituyen uno de
los presupuestos del concurso— en que se intentan ejecuciones que son infructuosas contra los bienes y el
patrimonio del deudor, esta insuficiencia debiera hacerse constar en el registro correspondiente —el Registro
de la Propiedad, en algunos casos, en el Registro Civil
en otros—, con la idea de que la situación de solvencia
sea conocida por terceros y no sólo a través de sistemas
muy especializados de publicidad de la morosidad, por
lo demás restringidos, como puede ser el RAI y sea
únicamente un tipo muy concreto de acreedores los que
tienen conocimiento de esa situación de insolvencia.
Reconocemos que se ha avanzado en una línea que
planteábamos en nuestra enmienda número 416, la
declaración de oficio del concurso, pero se ha avanzado
insuficientemente. No es lo mismo que el ministerio
fiscal, persiguiendo delitos económicos, intente verificar si el querellado o el denunciado se encuentra en una
situación de concurso o incluso solicite del juez comunicación a los que están allí personados en su condición de víctimas, y por tanto de acreedores en algunos
supuestos, y les ponga en conocimiento la existencia de
un concurso por si pretenden comparecer. Entendemos
que hay supuestos en los que por el juez debiera declarar el concurso de oficio.
Las enmiendas 417 y 418 están íntimamente relacionadas. Tratan de determinar el plazo para la presentación en concurso voluntario. El planteamiento de mi
grupo parlamentario es por un lado, como se ha confirmado, reducir a tres meses el plazo para entender producida la situación de insolvencia (incumplimiento de
determinadas obligaciones durante un plazo de tres
meses) estableciendo sobre ese plazo de tres meses el
deber de solicitar la declaración de concurso en el plazo
de un mes; estábamos jugando con un plazo de cuatro
meses. En la situación en que se encuentra actualmente
el texto de la ponencia, salvo que algún otro ponente
me indique lo contrario, encontramos que junto al planteamiento de mi grupo hay uno alternativo del texto de
la ponencia que debiera conocerse la situación de insolvencia en la mitad de ese plazo de tres meses —algo
que no tiene ningún sentido, todo hay que decirlo— y
junto a esa mitad del plazo de tres meses añadir un
plazo de dos meses para la solicitud del concurso
voluntario. Sinceramente, creo que es mejor el planteamiento de Convergència i Unió de tres meses más uno.
Si lo que se ha producido es un error en el texto de la
ponencia, en la medida que no se haya tenido en cuenta
que se ha reducido el plazo de seis meses a tres, estaríamos en condiciones de aceptar el planteamiento de
que la solicitud de concurso debiera realizarse en el
plazo de dos meses a partir de los tres meses de incumplimiento. En ese caso, si se produjera la oportuna
corrección procederíamos a retirar las enmiendas 417
y 418. Diré, de paso, que no nos parece correcta la eliminación del incumplimiento por tres meses de otras
obligaciones que no sean las sociales, las de Seguridad
Social y las tributarias, como pueden ser las derivadas
del contrato de arrendamiento de leasing. No sabemos
por qué ha desaparecido del texto de la ponencia,
supongo que será a través de alguna enmienda que
habrá aceptado el Grupo Parlamentario Popular y por
tanto alguna responsabilidad ha de tener el señor Mantilla en todo esto. En cualquier caso, entendemos que
ese planteamiento no es correcto.
La enmienda número 419 pretende potenciar el contenido de la solicitud del deudor a través de la necesidad de que la memoria se prepare por un auditor. Quiero decir por anticipado, y eso me excusará de defender
alguna otra enmienda, que el sentido de esta enmienda
número 419 tiene mucho que ver con la 420 y con
la 493, que es el informe que debe efectuar la administración concursal y que se contempla en el artículo 74.
Todo lo que se avance antes de presentar la solicitud de
concurso, mejor que mejor porque más garantías de
que el concurso reciba el trámite, vía convenio o vía
liquidación, que mejor se corresponda con la situación
de la empresa y su posibilidad de supervivencia. De ahí
que el hecho de que la memoria venga preparada por
un auditor nos puede evitar la presentación de memorias que no sirvan absolutamente para nada y que sólo
determinen un mayor trabajo posteriormente de la
administración concursal. Algo parecido al sentido de
la enmienda número 420, que pretende que en los
supuestos en los cuales se produzca una oposición al
concurso voluntario, llamar al acreedor a la aportación
de dictámenes y además a la aplicación de las normas
previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todo lo
que se aporte por anticipado, vuelvo a decir, bien sea
por el deudor que se presenta a concurso voluntario,
bien por el acreedor que presenta la solicitud de concurso necesario, bien sea por la impugnación de un
concurso voluntario, ayudará a todos y a una correcta
tramitación del concurso. De la misma manera que en
el artículo 18 se hace referencia a pruebas testificales,
periciales, se alude a la Ley de Enjuiciamiento Civil,
no entendemos por qué no se puede hacer este planteamiento, no se acepta la enmienda número 420.
La enmienda número 422 pretende atribuir a la competencia del juez del concurso el conocimiento de las
acciones tendentes a exigir responsabilidad de administradores sociales y auditores; del mismo modo que
la enmienda número 425 pretende atribuir a los secretarios judiciales la competencia para registrar la solicitud, hacer el examen de trámite y la propuesta de auto.
Quiero decir por anticipado, y eso me ahorrará hacer
mención concreta a una decena de enmiendas referentes a los secretarios judiciales, que mi grupo ha presentado diversas enmiendas referentes a la capacidad de
los secretarios judiciales potenciando su intervención
en el proceso en la línea en la que ya intervinieron en la
Ley de lo contencioso-administrativo, sin ir más lejos,
y por tanto a través de diligencias de ordenación que
puedan efectuar los secretarios judiciales, o bien propuestas de autopropuestas de resolución. Ese es el sentido de nuestras enmiendas 425, 429, 430, 431, 449,
451, 523, 526, 555 y 565. Se nos ha admitido alguna
enmienda concreta respecto de secretarios judiciales,
como la 532 que tiene que ver con su función de fe
pública; pero el resto de enmiendas ha sido rechazado,
por lo que procedemos en este momento a su mantenimiento con carácter global.
La enmienda número 431 pretende especificar muy
claramente que la base del concurso no trata de la insolvencia patrimonial, esto es la insuficiencia de bienes
para cubrir las obligaciones —que también— sino fundamentalmente el sobreseimiento en el cumplimiento
de las obligaciones y por tanto el incumplimiento global de las obligaciones. Lo que pretendíamos a través
de esta enmienda es que no pudiese enervarse el concurso con la simple prueba del deudor de que tiene bienes para hacer frente a sus obligaciones. Si el deudor
tiene bienes para hacer frente a sus obligaciones y sin
embargo no hace frente a las mismas no tiene ningún
sentido darle un tratamiento que pudiéramos llamar
benéfico y levantar la solicitud de concurso. Si tiene
bienes, que pague y que pague a todo el mundo; si no
tiene bienes, está en una situación de insolvencia patrimonial que le puede determinar ese incumplimiento de
las obligaciones o incluso la insolvencia inmimente y
por tanto también nos encontraríamos en esa situación
de concurso. De la misma manera, nos parece una mala
práctica que se pueda archivar la solicitud de concurso
necesario por la pura y simple consignación por parte
del deudor del crédito del acreedor que le ha instado el
concurso, porque al final nos podemos encontrar ante
maniobras no nos atrevemos a decir que fraudulentas
pero sí retrasar concursos que son absolutamente necesarios, que un acreedor que pretenda que se le satisfaga
su crédito y se haga con prontitud, proceda a solicitar
el concurso necesario que posteriormente es enervado
con la consignación. Desde luego esto podría afectar a
la pars conditio creditorum. Si lo que se produce es una
situación en la que no se puede hacer frente a las obligaciones, no tiene ningún sentido que se enerve el con-
curso pagando a uno de los acreedores cuando se sabe
perfectamente que se va a dejar de pagar al resto. Eso
entendemos desde luego que no es una solución.
La enmienda número 433 pretende responsabilizar
también de daños y perjuicios a aquel acreedor que
insta un concurso necesario que posteriormente es
enervado. La enmienda 435, de la misma manera, pretende garantizar la comunicación o notificación personal a los acreedores que figuren en la lista de acreedores, igual que la enmienda 436.
No entendemos por qué no se nos admite la enmienda 437, sobre todo porque se nos ha admitido la
enmienda 426. La enmienda 437 pretende que se notifique la declaración de concurso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en aquellos casos en los
que se trate de concurso de compañías que hubiesen
emitido valores a cotización en un mercado oficial. No
entendemos por qué se nos admite la enmienda 426 que
pretendía —y nos parece muy bien— que se notificase
la admisión a trámite de la solicitud de concurso en el
caso de estas compañías que han emitido valores admitidos a cotización en un mercado oficial y, sin embargo,
algo más importante que la pura admisión a trámite de
la solicitud, que es la declaración de concurso, no se
nos admite la enmienda que pretende que se lo notifique. Esperamos que en el día de hoy se pueda producir
La enmienda número 439 pretende potenciar la
publicidad por medios telemáticos. Sabemos que se ha
producido un avance importante en el artículo 22, por
lo que posiblemente procedamos después a su retirada.
Por lo demás, en la enmienda 440 pretendíamos que
la publicación o la publicidad en el «Boletín Oficial del
Estado» sea gratuita en los casos que se determine
reglamentariamente. Además, esta enmienda coincide
con el texto del anteproyecto, por lo que no sabemos
por qué ha caído esta posibilidad de gratuidad en el
pase del anteproyecto al proyecto.
La enmienda 442 pretendía la creación de un registro nacional de concursos. Del mismo modo, la
enmienda 443 pretendía introducir el concepto de grupos o de sociedades previsto concretamente en el
artículo 42 del Código de Comercio. Por lo demás,
sobre este titulo I procederíamos a la retirada de las
enmiendas 423, 427, 428 y 438.
Pasando al Titulo II, de la administración judicial,
artículos 25 a 38, tengo que decir que es aquí donde mi
grupo parlamentario conserva las mayores objeciones
de fondo al contenido al proyecto de ley e incluso al
contenido del proyecto tal y como ha salido en el trámite de ponencia. No coincidimos con el planteamiento que se hace en el proyecto de la administración concursal, fundamentalmente porque entendemos,
primero, que la administración concursal debe garantizar la presencia en la misma, en aquellos casos en los
que esté compuesta por tres personas, de un abogado,
un auditor y un economista; no entendemos que deba
estar presente el acreedor. De ahí que propongamos a
través de un grupo de enmiendas la existencia de ese
abogado, ese auditor y economista y la existencia de un
comité concursal en el que se integrarían los acreedores y muy especialmente también los representantes de
los trabajadores. Además, el planteamiento sería que
tanto el abogado, como el auditor y el economista
tuviesen que justificar una experiencia en este ámbito
de 10 años, a diferencia del planteamiento que se contiene en el proyecto, que no les exige una experiencia
específica. La enmienda 445 pretende que la experiencia en este ámbito, bien sea por pura actividad o bien
sea a través del seguimiento de cursos de especialización, deba ser contrastada o comprobada por el registro
oficial de auditores o bien por los colegios profesionales correspondientes. En este tema tenemos una pega
importante, aunque sabemos que se ha producido una
aproximación. El hecho de establecer que, cuando el
administrador concursal acreedor no comparezca o no
sea miembro personal de esta administración concursal, la persona que designe tiene que ser auditor, economista o profesor mercantil, no deja de ser una aproximación a nuestro planteamiento pero desde luego, no
llega a lo que nosotros desearíamos, que sea requisito
imprescindible la existencia de un abogado, fundamentalmente de cara a la pieza de calificación y al ejercicio
de acciones por la administración concursal, que deba
existir un auditor que además es el que tiene capacidad
y competencia profesional, fundamentalmente en los
aspectos de inventario y contabilidad, y un economista
que en última instancia pueda elaborar, o en su caso
valorar, un plan de viabilidad y por lo tanto, las posibilidades de superviviencia de la empresa. Eso es algo
que se garantiza en nuestras enmiendas, pero es algo
que no se garantiza en la situación actual del texto del
proyecto. De ahí que mantengamos ese interés.
Tenemos alguna pequeña discrepancia todavía respecto del régimen de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones. Supongo que de aquí al Pleno procederemos a depurar en un sentido o en otro el texto y
acabaremos de consensuar algunos temas o bien procederemos a la retirada de nuestras enmiendas.
De la misma manera, discrepamos del régimen de
los auxiliares delegado. Nos extraña —y vuelvo a reiterarlo—, teniendo en cuenta la enorme generosidad que
ha manifestado el grupo mayoritario en otras numerosas enmiendas, la situación de cierre, por no utilizar el
aumentativo, que se produce respecto de nuestras
enmiendas 452 y 453. Señorías, decimos esto en un
doble sentido. No pretendemos una modificación radical del régimen de los auxiliares delegados, pero sí pretendíamos que constasen dos o tres cosas. En primer
lugar, existen auxiliares delegados de muy diferente
naturaleza, por tanto, hay auxiliares delegados que
debieran ser retribuidos con cargo a la administración
judicial y otros que debieran ser retribuidos al margen
de la administración judicial porque posiblemente
estén efectuando cosas distintas. No entendemos por
qué se impide esa posibilidad. Existe un segundo
aspecto que para nosotros tiene relevancia, distinguir la
figura del auxiliar delegado del auxilio que puedan
recibir los administradores judiciales de su propio personal. Hay que tener en cuenta que los administradores
concursales serán abogados, auditores, economistas,
profesores o titulares mercantiles que tienen su propio
despacho y su propia oficina, por lo que hay servicios
que deben recibir de su propio personal auxiliar de la
empresa y no de estos auxiliares delegados. Es obvio
que la administración concursal no supone un spoil
system de la empresa, que desaparezca absolutamente
el personal de la administración, sino que deben poder
recibir auxilio de ese personal de la propia empresa.
Esto es algo que nos gustaría que quedase de manifiesto en la regulación de los auxiliares delegados, y esto
no se produce. De ahí que mantengamos las enmiendas 452 y 453 sobre este régimen de los auxiliares
La enmienda 454 pretendía la constitución de un
fondo de garantía que pudiese subvenir a los gastos de
la administración concursal en aquellos concursos en
los que la masa de los mismos no permitiese la retribución de los administradores concursales, sobre todo a
efectos de evitar otros sistemas de compensación que
serán menos transparentes y que sin lugar a dudas, se
van a producir como que el juez que nombre un administrador concursal en un asunto de enjundia y luego lo
compense con su nombramiento en otro asunto en el
que posiblemente la masa no dé para que pueda ser
La enmienda 455 pretende ajustar la retribución a la
estructura del órgano. Es obvio que si no existe un
administrador concursal acreedor, sino que en nuestro
esquema ha de haber un abogado, un economista y un
auditor, los tres administradores concursales deben ser
igualmente retribuidos.
En cuanto a la enmienda 456 queremos, en primer
lugar, pedir disculpas porque en la misma se produce
un cierto error. Esta enmienda pretende —y tampoco
entendemos su rechazo— que la atribución de funciones específicas a uno de los administradores concursales se produzca no sólo a instancia de la administración
concursal, sino también de oficio por el juez. Sin
embargo, no se nos permite el planteamiento de esa
atribución específica de oficio por el juez. Supongo que
lo podremos solventar.
Finalmente, la enmienda 457 pretendía que las actas
de la administración concursal se consignasen en un
libro que estuviese diligenciado, bien sea por el secretario judicial o bien por el registrador mercantil.
Pasamos al título III, de los efectos de la declaración
del concurso —artículos 39 a 72— al que hemos presentado también un conjunto de enmiendas. En primer
lugar, debo señalar que la enmienda 463 pretende matizar el planteamiento de la ley que establece el principio
de intervención en aquellos supuestos en los que se
produce un concurso voluntario y el principio de sustitución en los supuestos de concurso necesario, sin perjuicio de que el propio texto del proyecto permite que,
en función de las circunstancias, esto pueda variar.
Nuestro planteamiento es que cabe primar el concurso
voluntario, pero ya que se prima, primemos el concurso voluntario con presentación anticipacipada de convenio, lo cual nos podría ayudar notablemente y además, sería un indicio de que no se va a producir una
liquidación. No tiene especial sentido primar con un
régimen de intervención al supuesto de concurso
voluntario abocado a la liquidación. Ese es el sentido
de las enmiendas 463 y 464.
La enmienda 467 pretende —y debiéramos ser cuidadosos en todo el texto del proyecto— especificar
cuál es la resolución judicial y qué forma de resolución
judicial deben adoptar determinadas decisiones judiciales. Está bien decir que determinadas enajenaciones,
que es a lo que va dirigida nuestra enmienda 467, deben
ser autorizadas por el juez antes de llegar a la fase de
liquidación. Es bueno decir que eso debe ser por auto y
no por diligencia, por ejemplo. Ese es el sentido de
nuestra enmienda 467.
Se ha producido un avance importante en materia de
alimentos, sin embargo, rogamos que nos excusen por
mantener las enmiendas 470 y 471 en materia de alimentos porque debemos intentar una aproximación
todavía mayor. También aquí exigíamos la existencia
de auto motivado para la aprobación de determinadas
actuaciones; en cualquier caso, si en los supuestos de
intervención es la administración concursal la que
aprueba los alimentos al concursado, eso debe ponerse
inmediatamente en conocimiento del juez porque no es
un arma menor y no deja de tener trascendencia.
La enmienda 475 pretende que en los supuestos en
los que se produce una sustitución de la administración
concursal, aquellos procedimientos que haya iniciado
la administración concursal se puedan paralizar durante cinco días para que pueda operar una asociación procesal en este caso con garantía. La enmienda 476 pretende reconocer en el artículo 50 lo que ya disponen los
artículos 18 y 21 de la Ley de Procedimiento Laboral
respecto de la representación, postulación y la dirección letrada correspondiente que, sin embargo, sí se ha
incorporado al proceso concursal en el artículo 184.6
también a través de otra enmienda de mi grupo parlamentario. Si se admite esa llamada a la Ley de Procedimiento Laboral, a los artículos 18 y 21 dentro del procedimiento concursal, entendemos que también debe
efectuarse respecto de acciones que establece el
La enmienda 477 pretendía la supresión de la legitimación de los acreedores para el ejercicio de la acción
subrogatoria. Es algo que queda incorporado de alguna
manera, pero entendemos también que hay que hacer
referencia a la posibilidad de que, una vez aprobado el
convenio, exista una comisión de acreedores que pueda
continuar con el ejercicio de esas acciones. En la regulación del convenio, se establece la posibilidad de que
la administración concursal continúe actuando a algunos efectos, pero no estaría de más que se permita que,
en aquellos supuestos en los cuales se aprueba el convenio y pudiera cesar la administración concursal, exista una comisión de acreedores que pueda ejercitar
Las enmiendas siguientes, la 478, la 479 y 482, tienen mucha relevancia, ya que hacen referencia fundamentalmente a la paralización de las acciones hipotecarias, a los intereses garantizados por la hipoteca. Quiero
pedir disculpas aquí por un error en la enmienda 478,
que mantenemos por lo siguiente. Nuestro planteamiento es que la paralización de las ejecuciones hipotecarias debe ser pura y simplemente por seis meses y no
debe establecerse una paralización de un año. Como
podrán comprobar, el texto de la enmienda 478 no se
corresponde con su propia justificación. En este caso
entendemos que la paralización debe ser pura y exclusivamente de seis meses para evitar males mayores. No
entiendan SS. SS. que pretendemos una especial protección del sector bancario y lo digo por lo que viene a
continuación. De la misma manera que entendemos
que la paralización por seis meses es suficiente, no
entendemos por qué no se paralizan aquellas ejecuciones hipotecarias desde el momento en que se ha publicado el anuncio de la subasta. Nuestra enmienda 479
pretende mantener la ejecución hipotecaria si se ha
publicado ya el anuncio de la subasta y la subasta tiene
lugar en los próximos días al anuncio. Creo recordar
que el planteamiento de nuestra enmienda 479 es en
aquellos supuestos en los que la subasta va a tener lugar
en los próximos diez días. Sin embargo, no tiene ningún sentido no paralizar una ejecución hipotecaria en
la que se ha anunciado una subasta que tendrá lugar
En nuestra enmienda 482 entendemos que hay que
establecer un límite a los intereses que garantiza la
hipoteca. Una tentación que tendrán las entidades bancarias, si ven que se puede paralizar la ejecución hipotecaria, es incrementar la cifra de intereses y eso es algo
que en nuestra función de legisladores no debiéramos
consentir. De ahí que el sentido de la enmienda 482 sea
entender que únicamente están garantizados con esa
ejecución hipotecaria unos intereses que no excedan de
una vez y media el interés legal. Entendemos que no
debe paralizarse en ningún caso, ni un año ni seis
meses, son las ejecuciones hipotecarias vinculadas a
las empresas que realizan funciones de promoción
inmobiliaria, porque las situaciones de concurso o de
insolvencia de aquellas compañías que tienen por objeto la promoción inmobiliaria únicamente pueden levantarse sobre la base de las ejecuciones de esas hipotecas
y la continuación de la promoción inmobiliaria por una
tercera compañía. Por tanto, el efecto que pudiera pro-
ducir en los supuestos de concurso la paralización de
las ejecuciones hipotecarias en los casos de empresas
de promoción inmobiliaria por el plazo de un año sería
algo dramático; aquí rogaríamos que se estudie con
más cuidado esta enmienda 480 que pretende facilitar
una salida razonable que beneficie además muy fundamentalmente a los consumidores en los supuestos de
concurso de empresas de promoción inmobiliaria.
Vinculadas a este tema de las hipotecas y a estas
enmiendas 478, 479, 480 y 482, están nuestras enmiendas 588 y 589 que pretenden salvaguardar el funcionamiento de las cédulas hipotecarias. No voy a insistir
más en este momento, pero querría hacer referencia a
tres enmiendas que tienen que ver en este caso con el
funcionamiento del crédito bancario, de la actuación
bancaria. En primer lugar, nuestra enmienda 509, que
sabemos se encuentra contenida en otro título de la ley,
pretende poner de manifiesto que los intereses de los
créditos bancarios no pueden ser créditos subordinados
porque el interés es la retribución del crédito, es la retribución del servicio; de la misma manera que no se considera crédito subordinado la retribución de una prestación que puede efectuar un tercero, no tiene ningún
sentido considerar, única y exclusivamente en este caso
concreto de que la prestación que efectúa el tercero es
dar crédito, que la retribución de esa prestación tenga
que ser un crédito subordinado. Tampoco tiene sentido
considerar como crédito subordinado en última instancia los créditos derivados de descuento bancario. Tiene
sentido considerar como crédito subordinado aquellos
supuestos en los cuales se han adquirido créditos vinculados al concurso. Ahora bien, considerar créditos
subordinados a aquellos créditos derivados de operaciones de descuento bancario va a perjudicar muy notablemente estas operaciones de descuento bancario.
Otra enmienda que puede tener que ver en este caso no
con operaciones activas, pero sí con operaciones pasivas de las entidades bancarias son los supuestos de
cuentas indistintas. Nuestra enmienda 496 pretende,
antes de resolver qué es lo que ocurre con estas cuentas
indistintas si su contenido se incorpora o no al concurso, dar obviamente audiencia a estos titulares.
Las enmiendas 484 y 485 pretenden establecer algunos límites a los supuestos de rehabilitación o los
supuestos en los cuales existen obligaciones recíprocas
y se ha producido incumplimiento por parte del concursado. No tenemos ningún problema en admitir una
rehabilitación de estas obligaciones recíprocas, pero
también queremos ser muy cuidadosos. No se puede
rehabilitar una obligación incumplida si no se paga y se
garantiza el pago futuro; si no, lo que se está produciendo es una vulneración o una limitación más de lo
debido e incluso nosotros lo consideraríamos contrario
a la equidad, al equilibrio de las condiciones e incluso
a la propia buena fe los derechos de aquellos que han
contratado con el concursado. Está bien poder rehabilitar incumplimientos anteriores, pero siempre sobre la
base del pago con cargo a la masa de la cantidad que se
debe y garantizar el cumplimiento, no digo garantizar
formalmente, sino que se vayan pagando las cantidades
que se continúen devengando en el cumplimiento de
esas obligaciones. En nuestra enmienda 486 establecemos incluso la posibilidad de sustituir el cumplimiento
por un aval ejecutable a un primer requerimiento, siempre que el aval se otorgue por una Administración
pública, pero queremos que eso quede perfectamente
Con eso pasamos a las acciones de reintegración
donde tenemos un par de enmiendas, la 490 y la 491.
Discrepamos de algunos supuestos que dan lugar al
ejercicio de acciones de reintegración. Son algunos
supuestos que tienen que ver con los usos bancarios
actuales que entendemos son legítimos y hay que
amparar, de la misma manera que creemos que hay que
atribuir legitimación para el ejercicio de acciones de
reintegración a la comisión de acreedores que se pueda
abrir una vez que estemos en fase de convenio o en su
caso en fase de liquidación, porque desde luego la
administración concursal en el plazo de tres meses no
va a poder llevar a su culmen el ejercicio de las acciones de reintegración. Por lo demás, queremos llamar la
atención —es un aspecto si se quiere más técnico que
de fondo— sobre que existen supuestos que, sin ser
idénticos, aparecen descritos con bastante similitud y, a
efectos de evitar malas interpretaciones debieran en la
medida de lo posible contener el mismo redactado. Son
los siguientes. Supuestos en los que el deudor no puede
presentar una propuesta anticipada de convenio;
supuestos que dan lugar al ejercicio de las acciones de
reintegración y supuestos de presunción de culpabilidad o de culpabilidad y dolo de cara a la pieza de calificación. Señorías, hay casos vinculados al cumplimiento o incumplimiento de deberes de contabilidad o de
depósito que tienen que ver con estos tres aspectos que
les he señalado, y en la ley aparecen redactados de
forma diferente. Eso puede dar lugar a interpretaciones
conflictivas, por lo que debiéramos armonizar esos
Pasando ya al título IV, informe de la administración
concursal y determinación de las masas activa y pasiva
del concurso, ya he señalado la importancia que atribuimos al informe de la administración concursal,
enmiendas 493 y 494, y la necesidad de que se precise
en los informes la viabilidad del negocio, y lo vinculo
precisamente a la existencia de un economista en esta
administración concursal. La enmienda 496, ya la he
Sí quiero decir que nuestra enmienda 497 todavía
tiene sentido. Un avance importante que se ha producido en los trabajos de la ponencia es el tratamiento de
las cantidades que debiera repercutir el concursado. Ya
nos hemos olvidado de las cantidades que debería de
repercutir y nos hemos limitado a las cantidades retenidas. Nuestra enmienda 497 todavía tiene sentido cuan-
do hace referencia a cantidades efectivamente retenidas, no cantidades que debieran haberse retenido. Por
tanto, mantenemos esa enmienda 497. También tenemos enmienda respecto al tratamiento de los créditos
sometidos a condición resolutoria, al tratamiento de la
fianza, enmienda 502. No tiene la administración concursal por qué hacer hipótesis de cual deba ser el tratamiento de la fianza o qué va a ocurrir. Por tanto, mantenemos la enmienda 502. De la misma manera que le he
oído antes al portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria mantener como crédito singularmente
privilegiado el crédito de las compañías aseguradoras
sobre los bienes asegurados por las primas del seguro
de los dos últimos años, porque esos bienes asegurados
y la existencia del seguro redundan sin lugar a dudas en
beneficio del concurso.
Entendemos que debe introducirse alguna limitación
y matización respecto al carácter singularmente privilegiado de la prenda de los créditos. Señorías, hay
supuestos en que la prenda de créditos puede inscribirse en un registro de bienes muebles y, por tanto, en
aquellos casos en los que se ha podido hacer no debe
atribuirse carácter privilegiado a la prenda de créditos,
sino simplemente que conste en un documento que da
garantía de la fehaciencia del mismo, de la fecha. Si
puede inscribirse la prenda en un registro, que se haga,
y si no, que no sea singularmente privilegiado. A través
de la enmienda número 506 lo que pretendíamos es la
referencia, dentro de la lista de créditos preferentes o
de la prelación que se atribuye a los créditos, de los créditos derivados de sociedades profesionales. Mantenemos de momento la enmienda 507, que también tiene
que ver con las cantidades retenidas, aunque posiblemente la retiremos de aquí al Pleno. En cuanto a la
enmienda 508, pretendemos que no sean créditos
subordinados aquellos que consten en algún procedimiento judicial y que así se haya puesto de manifiesto
por el acreedor a la administración concursal. En cuanto a la enmienda 509, ya hemos hecho referencia a los
intereses de los préstamos bancarios.
La enmienda 510 pretendía, por ser clarificadora,
concretar que el carácter de crédito subordinado de las
multas y sanciones pecuniarias hace referencia tanto a
las administrativas como a las judiciales. La enmienda
511 pretendía otorgar una cierta protección a la solidaridad familiar. No tiene por qué ser crédito subordinado
el que un familiar otorga a otro. Cuando una empresa
está en crisis, posiblemente a lo primero que se recurre,
además de al propio patrimonio no afectado, que pueda
afectarse a partir de ese momento, es al patrimonio
familiar. Por tanto, estos créditos existentes pueden ser
perfectamente lícitos. Los intereses que se pretenden
cubrir a través de esta calificación se salvan perfectamente a través, en su caso, del ejercicio de acciones de
renta. Le enmienda 512 hace referencia al descuento
bancario al que anteriormente aludía.
Voy rápidamente al título V, fases de convenio o de
liquidación, que intentaré también especificar las
enmiendas muy rápidamente, que son a los artículos 97
a 162. La enmienda 514 lo que pretende es que la propuesta venga legitimada por fedatario, bien sea judicial
o extrajudicial. Mucho más importante es la enmienda
515. La enmienda 515 tiene que ver con el contenido
del concurso. Como saben SS.SS. la ley establece que
no puede tener por contenido una quita superior al 50
por ciento y una espera superior a cinco años, salvo que
tratándose de empresas de interés para la economía
nacional o autonómica el juez autorice la elevación de
esos límites. Nosotros siempre hemos sostenido que la
administración económica la tiene la administración
económica y no S.S.. Por tanto, aquí debiera atribuirse
a la Administración del Estado o a la Administración
autonómica la posibilidad de considerar una empresa
de interés para la economía estatal o autonómica y elevar esos límites. Si se pretende mantener el control
definitivo del juez del concurso, una posible transacción sería que lo autorizase el juez del concurso a propuesta de la Administración del Estado o de la Administración autonómica. Yo creo que esa sería una buena
solución. A lo que sí nos oponemos radicalmente es a
que en estos casos no se abra la pieza de calificación,
porque no tiene nada que ver. Como saben SS.SS. la
pieza de calificación del concurso se abre en aquellos
casos en los que se produzca un aplazamiento superior
a tres años o una quita superior al 30 por ciento. Mi
grupo entiende que existen supuestos de interés para la
economía del Estado, para la economía de la comunidad autónoma, que nos lleven a establecer la posibilidad de acordar quitas superiores al 50 por ciento o
esperas superiores a los cinco años, pero que además el
empresario o el concursado que ha llegado a esa situación, porque entienda la Administración del Estado o la
autonómica que la empresa es de interés para la economía nacional, se vea dispensado de la pieza de calificación, nos parece sinceramente que no tiene nada que
ver. Sinceramente no sé lo que haremos en la votación
del dictamen respecto de lo que se ha incorporado al
artículo 99, pero quiero pedir a SS.SS. que de cara al
Pleno o de cara al Senado se produzca esa eliminación.
Una cosa es que la empresa sea de interés para la economía nacional y otra que el concursado tenga patente
de corso. Sería mejor no mezclar una cosa con otra.
La enmienda número 516 nos ha sido aceptada muy
sustancialmente. Sin embargo, todavía tenemos el planteamiento de que se puedan dar bienes en pago o para
pago siempre con los requisitos que se establecen de
cara a la liquidación. La enmienda 517 mantiene un
interés respecto de la financiación de los planes de viabilidad. De todas formas se ha incorporado ya una
enmienda al texto de la ponencia, pero nosotros tenemos algunas dudas. En el texto de la ponencia se viene
a establecer que los créditos que van dirigidos a financiar el plan de viabilidad serán subordinados o tendrán
el tratamiento que se les dé en el convenio. Lo que ocurre es que, dentro del propio texto de la ley, se establece que el convenio lo que no puede hacer es alterar la
clasificación o la graduación de los créditos, ni su cuantía; nos preocupa que al final tengamos dos preceptos
contradictorios y nos gustaría, y ese es el sentido de
nuestra enmienda, decirlo con mucha más claridad.
Esto es, si en el convenio se puede establecer que aquellos créditos dirigidos a financiar planes de viabilidad
se cobren después de los privilegiados especiales y
antes de los que gozan de un privilegio general, que se
diga; si no nos podemos encontrar con una contradicción que es que a través del convenio no se puede modificar la graduación y la cuantía de los créditos, y aquí
estamos diciendo que un crédito dirigido a financiar un
plan de viabilidad puede ser cobrado antes que los créditos que gozan de un privilegio general. Yo creo que es
algo que debiéramos resolver. No nos convence el que
no pueda presentar una propuesta anticipada de convenio, y este es el sentido de la enmienda 519, un acreedor cuando no hayan transcurrido tres años desde la
conclusión de un concurso anterior. La enmienda 521
pretende favorecer la subsanación de las propuestas
anticipadas de convenio concediendo un plazo de cinco
días en lugar de tres.
Tenemos un conjunto de enmiendas, señorías, las
números 522, 533, 538 y 539, que pretenden efectuar
una regulación más correcta en los supuestos de propuesta anticipada de convenio, de aprobación judicial,
de oposición y de denegación de oficio. Señorías, yo
creo que en el texto —se han producido algunos avances porque se nos han aceptado algunas otras enmiendas— no queda perfectamente clara la diferencia de
que existe posibilidad de oposición tanto en la propuesta anticipada de convenio como en el convenio ordinario y, por tanto, en los dos casos conviene que exista
una aprobación judicial, pero obviamente en los
supuestos de propuesta anticipada de convenio lo que
hay inicialmente es una verificación de que concurre el
número de adhesiones suficientes para entender que el
convenio merece, entre comillas, esa aprobación. A través de estas cuatro enmiendas debiéramos resolver si
lo que hace el juez en la propuesta anticipada de convenio, cuando comprueba que hay adhesiones suficientes,
es dictar una resolución de verificación, de que concurren, o una aprobación judicial; si lo que hace es dictar
una aprobación judicial y hay oposición, lo que no
regula en estos momentos el proyecto es qué ocurre
cuando el juez deniega la oposición porque ya se ha
producido una aprobación judicial. ¿Qué sería, una
segunda aprobación judicial? ¿Es que la primera aprobación judicial es provisional y la segunda definitiva?
Señorías, esto es algo que tenemos que regular con un
poco más de cuidado. De ahí que mantenga las enmiendas números 522, 533, 538 y 539, sobre todo con la
finalidad de dar coherencia a una serie de artículos, que
son los números 108, 127 y 129, que en estos momentos no la acaban de tener.
La enmienda 524 pretendía tener más plazo para la
celebración de la junta. La enmienda 525 pretende,
señorías, concretar y limitar más los supuestos en los
que se puede presentar una propuesta de convenio. No
tiene ningún sentido lo que dice el artículo 112 en su
apartado 2, no tiene ningún sentido convocar una junta
sin saber si ésta se va a celebrar, porque es posible que
no se presente una propuesta de convenio. Por tanto,
esto hay que regularlo de otra manera. Ese es el sentido
de nuestra enmienda 525.
La enmienda 528 pretende sancionar la inasistencia
del concursado a la junta. Si no va a la junta, que se
abra la fase de liquidación; sí se establecen sanciones
para los administradores concursales que no van, pero
no para el deudor que no asiste. Si no asiste el deudor
en principio no se podrá aprobar un convenio. De todas
formas tengo que decir que también mantenemos la
enmienda 529 porque, con el texto de la ley, da la
impresión de que se podría aprobar un convenio sin el
consentimiento del concursado, que es algo que tampoco entendemos, pues si el convenio tiene una base contractual, es una expresión de voluntad de dos partes,
que pueda existir convenio sin consentimiento del concursado no cabe entenderlo.
Las enmiendas 534, 536 y 537 pretenden excluir
como causa para la denegación de oficio del convenio
los supuestos de inviabilidad objetiva del mismo. Pretendemos que haya una buena información de cara a
los acreedores. De ahí la memoria de los auditores, de
ahí el informe sobre las posibilidades de supervivencia
de la empresa, evaluación correspondiente de la administración concursal, etcétera, pero si posteriormente
esos informes han sido puestos de manifiesto, habrá
que respetar la libre voluntad de las partes y eliminar
esa posibilidad de que un 5 por ciento de los acreedores
pueda instar la no aprobación del convenio sobre la
base de que tiene una inviabilidad objetiva respecto de
La enmienda 541 pretende que la inscripción en el
registro, la prohibición de disponer o limitaciones al
concursado se lleven a través de inscripción y no de una
anotación preventiva que caducaría, que es temporal y
que nos podría generar problemas. La enmienda 542
pretende que no haya declaración de incumplimiento
sin un previo requerimiento al concursado. La enmienda 543 se refiere a nuevos casos de apertura de oficio
de la liquidación. Nosotros preferimos una apertura de
oficio de la liquidación a la impugnación del convenio
porque es inviable objetivamente. Hay que centrar la
atención en estos supuestos y por eso no entendemos
que se haya dado una marcha atrás en admitir como
supuesto de apertura de oficio de la liquidación cuando
no se puede hacer frente a los gastos corrientes o cuando se produce una insolvencia definitiva.
Procederemos a retirar la enmienda 548, así como
también la enmienda 549. Mantenemos la enmienda
552, también las enmiendas números 550 y 551. En
cualquier caso, queremos que cuando se puedan pagar
créditos con privilegio especial sea porque exista algún
presupuesto que lo justifique, la necesidad de conservación de la empresa o la generación de los recursos
correspondientes. También mantenemos las enmiendas
cuya retirada no he indicado.
Quiero hacer especial mención a alguna de ellas.
Enmiendas 560 y 561. Nos gustaría que hubiese una
exoneración de deudas residuales del deudor persona
física, con algunas especialidades en el procedimiento.
Quiero hacer un especial hincapié en el planteamiento
que hacemos de la regulación de una ley extrajudicial
para la prevención de las insolvencias. Paso a defender
la enmienda 580. Señorías, mi grupo parlamentario ha
tenido interés en que aquello que quedó suspendido
cuando aprobamos la Ley de lo contencioso-administrativo, en el año 1998, que era trasladar determinadas
competencias de la jurisdicción de lo contencioso a la
jurisdicción social en materia de expedientes de regulación de empleo, pudiera activarse cuanto antes. Debo
decirles que con mayor motivo hay que hacerlo ahora,
porque uno de los elementos que se introducen en el
artículo 63 (al que todos hemos contribuido, y quiero
decir que mi grupo se encuentra muy satisfecho de su
aportación de la introducción en el procedimiento de la
administración laboral y de la aprobación del acuerdo,
siempre que se produzca en el ámbito de la administración laboral) es que, en materia de suspensión, extinción y modificación colectiva de los contratos de trabajo, el recurso contra las resoluciones del juez del
concurso va a la jurisdicción social, va a la Sala de lo
social del Tribunal Superior de Justicia, con lo cual nos
vamos a encontrar con que una misma materia, si va
por la vía concursal, la va a conocer la Sala de lo social
de un tribunal superior de justicia y, si no estamos en
vía concursal la va a conocer una sala de lo contencioso-administrativo. Por tanto, creo que este es el
momento oportuno para acabar de trasladar ya los
expedientes de regulación de empleo a la jurisdicción
social y que en cualquier caso los recursos en última
instancia acaben siendo conocidos por una Sala de lo
social de los tribunales superiores de justicia. De ahí
que la enmienda 580 procede a introducir la modificación oportuna en la Ley de procedimiento laboral para
que esto pueda efectuarse de esa manera.
Queremos salvar la competencia autonómica en
materia de conservación, modificación y desarrollo del
derecho civil propio de la comunidad autónoma. Ese es
el sentido de la enmienda 570, que mantenemos viva.
Hay que dar traslado al ámbito del impuesto sobre
sociedades y también al del impuesto sobre la renta de
las personas físicas de las especialidades que se producen en las quitas y esperas y en las enajenaciones derivadas de un procedimiento concursal. No tiene sentido
que la quita reciba el tratamiento de un incremento de
patrimonio; no tiene ningún sentido que, cuando se ha
producido enajenación a través de un procedimiento
concursal de determinados bienes, luego se entienda
que el valor de enajenación no es el valor de mercado y
se produzca un ajuste a través de la Inspección de
Manifestamos una gran satisfacción en la medida en
que se nos ha incorporado una enmienda que hemos
dirigido a la Ley General Tributaria para que, en aquellos supuestos en los que se produce una enajenación
total o parcial de una unidad productiva, para aquellos
casos en los que se vende una empresa en su totalidad,
no deba responder el adquirente de las deudas tributarias producidas con anterioridad.
No quiero que la extensión de mi intervención pueda
ser entendida en un sentido de manifestación de ingratitud por no haber sido aceptadas numerosas enmiendas, porque han sido aceptadas muchas. Entiéndanlo
como una manifestación fundamental de colaboración
y de deseo de seguir avanzando en esta línea a lo largo
de la tramitación del procedimiento. En cualquier caso,
les anuncio que en el título del dictamen referente a la
administración concursal nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
El señor SÁNCHEZ GARRIDO: En primer lugar,
quiero agradecer a todos los ponentes su buen talante,
su cooperación, su colaboración y fundamentalmente,
como no podía ser de otra forma, a los integrantes del
grupo mayoritario de la Cámara, porque sin su colaboración y sin la aceptación de nuestras enmiendas no
habría sido posible llegar a los acuerdos a los que
hemos llegado. También quiero que este agradecimiento por la colaboración se extienda a los asesores del
Ministerio de Justicia, a todos aquellos que decidieron
sobre la bondad de las jornadas que aquí se hicieron
para tratar un tema tan importante como es la ley concursal, porque gracias a esto ha sido posible llegar a un
acuerdo sustancial, al menos en lo que se refiere a nuestro grupo parlamentario, en la mayoría de los temas que
hemos tratado a lo largo de estos meses de trabajo.
Quiero también decir que nosotros en este acto procedemos a retirar las enmiendas número 317, 354 y 409,
esta última hacía referencia al párrafo primero de la
Paso ya a exponer una visión global de las enmiendas. Esta ley concursal que hoy estamos debatiendo en
Comisión satisface plenamente a nuestro grupo parlamentario y, si bien es cierto que algunas de las transacciones a las que hemos llegado no son las que nosotros
habríamos deseado, no es menos cierto también que se
acercan bastante; y por eso hemos tomado la decisión
aceptarlas. Para nosotros esta ley tiene una serie de
contenidos importantes; uno de ellos lo ha dejado ya
patente mi compañero Javier Barrero y era el mantenimiento del artículo 260 del Código Penal. Era importante porque si no se quebraba toda su concomitancia y
toda su concordancia con el artículo 165 de la ley concursal. También lo era todo lo que se refería a la cuestión social, que aparece en el artículo 763 y otros concordantes que hacen referencia a los créditos laborales
también en la ley ordinaria. Estos puntos han sido
resueltos y, si bien es cierto que hay algunas cuestiones
que no están resueltas totalmente, como es todo el tema
de la movilidad geográfica a que se refiere el artículo 63 —también determinados acuerdos a que se ha llegado en busca de esa paz social deseada por todos,
Gobierno y sindicatos—, no es menos cierto que nosotros también hubiéramos querido una redacción menos
farragosa, menos complicada y más simple, como la
que planteábamos al principio, sin que pretendiéramos
en ningún momento la ruptura de la concepción de la
universalidad del juez de lo mercantil. También creo
que hemos colaborado en una redacción más positiva
de lo que se refiere al convenio anticipado y al procedimiento abreviado. Y en el artículo 99, en cuanto a las
empresas de trascendencia nacional e internacional,
con la redacción que se le ha dado se ha quitado un
peso específico de responsabilidad importante al juez,
al establecer que será requisito imprescindible la emisión de un informe de viabilidad.
En cuanto al convenio anticipado y el procedimiento
abreviado, se ha mejorado su redacción. En el procedimiento abreviado se elevó la cuantía del pasivo, pensando fundamentalmente que las pequeñas y medianas
empresas pudieran acogerse a este procedimiento y
creo que se ha conseguido. Hay un tema importantísimo en el que nos sentimos satisfechos a medias y que
hemos puesto de manifiesto en todas nuestras reuniones, en todas las sesiones de ponencia, y que era la
determinación jurídica del presupuesto objetivo, a la
que se hace referencia en el artículo 2 de la ley concursal. Se ha recogido por primera vez lo que es una definición de la insolvencia inminente; también se hace
referencia a los plazos y sobre todo a la eliminación del
párrafo último de ese artículo y se menciona de forma
expresa los tres meses que nosotros hemos propugnado, pero ésta no es la redacción que nosotros deseábamos. Sí hemos logrado, a lo largo de todas las discusiones de ponencia, que exista lo que nosotros creíamos
que era esencial y que es la definición de la insolvencia, porque éste es el elemento principal sobre el que
gira esta ley.
Voy a pasar a referirme a las enmiendas que considero más importantes, aunque todas ellas lo son. Nosotros las mantenemos vivas hoy en esta Comisión y las
mantendremos vivas para el Pleno, salvo que exista
alguna transacción posterior. Acabo de decir que para
nosotros era muy importante la determinación jurídica
del presupuesto objetivo y también lo es la determinación jurídica del presupuesto subjetivo a que se refiere
el artículo 1, en sus apartados 1 y 2, de esta ley concursal. Nos parece que no se aclara suficientemente con la
definición que se hace en el párrafo primero y nosotros
añadimos que igualmente deberá procederse a la declaración del concurso respecto de las sociedades irregulares. Propugnamos la supresión de las referencias que
se hacen a la herencia en este artículo, porque consideramos que en el artículo primero de una ley no se debe
hacer una referencia colateral a un tema como es el de
la herencia y que debería ser regulado en un título propio, como proponemos nosotros mucho más adelante.
En lo que se refiere al sujeto pasivo del concurso, es
evidente que existen casos en que este sujeto pasivo del
concurso no es una persona, como sucede con el concurso de la herencia y, de otro lado, en algunos supuestos conflictivos podría discutirse si el deudor común
tiene o no la condición de persona jurídica. Sobre esto
existen distintas opiniones debido fundamentalmente a
que el carácter constitutivo de la inscripción registral
para las sociedades de capital se refleja en los artículos
7.1 de la Ley de sociedades anónimas y 11.1 de la Ley
de responsabilidad limitada. Como decía antes, en el
tema de la herencia proponemos que se regule la supresión del apartado 2 de este artículo y que se regule en
un título nuevo, que llamamos nosotros el 10 bis.
Las solicitudes conjuntas a las que se hace referencia en el artículo 6 bis nuevo que nosotros proponemos
como artículo de adición tienen como causa la oportunidad de admitir expresamente la posibilidad de que
varios deudores soliciten la declaración concursal conjunta. Entendemos que lo que dice el proyecto de ley
—admitiendo en algunos casos la acumulación de concursos ya declarados y aunque se valora esto muy positivamente— resulta insuficiente y debe regularse con
más precisión. El artículo 9 que contempla la ley es un
artículo largo, farragoso y bastante desordenado. Lo
que nosotros hemos pretendido al dividirle ha sido
completarlo; en primer lugar, se divide la parte relativa
al tratamiento de la competencia territorial y, en segundo lugar, se propone introducir normas que amplíen las
reglas de competencia cuando se trata de sociedades
unipersonales y de sociedades pertenecientes a un
mismo grupo; asimismo se quiere introducir algunas
especialidades para el caso de que hubiesen presentado
solicitudes conjuntas. También se introduce —y esto lo
vamos a poner de manifiesto en muchas enmiendas—
la obligatoriedad de dar vista al ministerio fiscal. Esto
en coherencia con el artículo 58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que cuando el juez tenga competencias de control de oficio de su propia competencia
se dé vista al ministerio fiscal. Dentro de este título, en
el artículo 11, apartado 1, pensamos que es necesario
establecer un dies a quo, porque da mucha mayor seguridad jurídica; nosotros decimos que en el plazo de 10
días, desde la publicación de la declaración de concurso, debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».
También hacemos referencia a que el ministerio fiscal
será parte en el incidente de declinatoria, debiendo
informar al juzgado en el plazo de cinco días. Esto lo
hacemos porque creemos que se contiene en la Ley
Orgánica del Poder Judicial y además porque se trata
de que el fiscal no se limite simplemente a poner el
visto, sino que además informe.
En el artículo 18, apartados 1, 2 y 4, nos parece que
no tiene sentido permitir que el período de prueba acerca de la solvencia o insolvencia del deudor pueda ser
dilatado y ello en base a algún deudor de mala fe que
trate de proponer algunos medios de prueba con el único
fin de dilatar el proceso y también pensando en que no
puedan practicarse de un modo rápido. Por eso hacemos
la redacción a la que he hecho antes referencia.
En el artículo 20.1 decimos, y nos parece importante,
que el primer pronunciamiento que debe tener el auto
de declaración del concurso es precisamente el de la
propia declaración, expresando perfectamente quién
abre el concurso, si es a solicitud del propio deudor o a
solicitud de alguno de los demás legitimados para ello.
En cuanto al punto tercero, se pide su supresión, ya que
la elaboración de los documentos a que se refiere el
artículo 5 debe correr a cargo siempre de la Administración judicial. El artículo 24, que es un tema importante
y sobre el que hemos mantenido diversas discusiones en
la ponencia, hace referencia fundamentalmente a los
grupos de hecho o de derecho. Nosotros mantenemos
nuestra enmienda, porque la consideramos más acertada y sobre todo más actual, ya que la definición de los
grupos que se hace por la Ley del Mercado de Valores
es más moderna y más actual, como he dicho antes, que
la que se adopta por el Código de Comercio. La Ley del
Mercado de Valores, en su artículo 4, hace referencia a
la unidad de decisión de la sociedad dominante, que es
importante, y nos parece que la definición que nosotros
damos es mucho más actual y mejor. El artículo 26, que
ha conllevado mucha polémica, se refiere a la composición de la Administración judicial. Por un acuerdo total
se incluyó, dentro de los miembros que integraban la
Administración concursal, al titulado mercantil y en
general a todos los demás miembros que la componen:
auditores, economistas, abogados, etcétera. Para nosotros, el problema fundamental que plantea este artículo
no es tanto lo que acabamos de decir, sino cuáles son las
condiciones legales para elegir a todas estas personas
que integran la Administración concursal. Nosotros
hemos optado por la transparencia, porque el tema de
las listas a que se hace referencia en la ley no nos parece
acertado, entre otras cosas porque en el derecho comparado se ha demostrado que todas estas cuestiones no han
salido bien. Nos acogemos simplemente al artículo 341
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece claramente que no se puede estar en dos listas a la vez. También estamos abiertos a que, a través de un registro en el
Consejo General del Poder Judicial, a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a través del
Consejo General de la Abogacía o a través de lo que se
considere más oportuno, se establezca un sistema en el
que lo que brille sea sobre todo la transparencia y que la
elección de estas personas que van a componer la Administración concursal no sea motivo de duda ni de sospecha, no solamente por parte del deudor, sino tampoco
del resto de los acreedores.
La enmienda número 268, que se refiere al artículo 39, es de modificación y pretende definir que no todo
el patrimonio del deudor integra la masa activa. Los
efectos de la declaración concursal se producen respecto de los bienes y derechos que integran la masa y no
respecto de la totalidad de los bienes del deudor. Esta
definición nos evita remisiones internas expresas, cuando no es imprescindible, y considero que es importante
tenerlo muy claro. La enmienda número 270, que es de
adición y se refiere también al artículo 39, consideramos que es necesaria. Por ello introducimos un nuevo
artículo en el que se ofrece una solución al problema
sobre si los pagos posteriores a la declaración tienen o
no un efecto liberatorio. Esto lo hemos tratado todos
los grupos y es importante aclararlo. La redacción que
nosotros proponemos unifica el tratamiento del problema, tanto si el pago se efectúa en territorio nacional, en
España, como si se efectúa en el extranjero y según que
el deudor tenga la residencia o el domicilio habitual en
territorio español o en territorio extranjero. Con la
enmienda número 283, que va referida al artículo 55 y
que en uno de sus párrafos concuerda con la enmienda
número 481 de Convergència i Unió, hemos pretendido
que una vez que ha tenido lugar la realización de los
bienes, carece de sentido que se suspenda la tramitación posterior. En esta enmienda coincidimos con unas
enmiendas remitidas en su momento por la EEB, sin
que queramos decir con esto que estamos de acuerdo
con la EEB en todo lo demás, pero en este caso consideramos que es correcta. Como decía antes, carece de
sentido que se suspenda la tramitación posterior, porque una vez que ha tenido lugar la realización de los
bienes, después tan sólo queda por efectuar el pago,
entregando a la masa activa el sobrante y entregando
también al mejor postor el bien adjudicado. Se produciría una profunda perturbación en el vigente sistema
de ejecuciones si una persona, a la que se ha adjudicado un bien en pública subasta, no puede entrar en posesión inmediata de dicho bien. Consideramos que no
tiene sentido y por eso le hemos dado esa redacción,
que aclara perfectamente esto.
Con la enmienda número 295, y en alguna otra que
veremos más adelante, se está discutiendo si las opciones en el concurso serán revocatorias o recisorias.
Nosotros nos acogemos al informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto
de la ley concursal para decir que se trata de acciones
revocatorias y no propiamente recisorias, en la medida
en que prescinden por completo del requisito subjetivo
de la intención fraudulenta. En este sentido se manifiesta también el Consejo de Estado en su dictamen, en
el que destaca que el concepto de rescisión del Código
Civil no se corresponde con los casos contemplados en
el artículo 70. Se esgrimieron en contra unos informes
del profesor Díez Picazo, que respetamos, pero que no
compartimos. La enmienda número 316 corresponde al
artículo 98 y se refiere a la propuesta de convenio.
Entendemos que el primer artículo que se dedica al
convenio debe tener como objeto la regulación de la
propuesta, comenzando por determinar el contenido
posible de la misma, para después abordar los requisitos formales; no al revés. En el proyecto se puede leer
que se ocupa primero de los requisitos formales y después del contenido de la propuesta y lo que se pretende
en la enmienda es la refundición de los dos artículos en
uno solo, simplificando su contenido y haciéndolo de
una forma más sistemática y ordenada, que permita
entenderlo perfectamente.
En la enmienda número 323, al artículo 104, y que
es una enmienda que todos los grupos parlamentarios
hemos tratado, nosotros proponemos la supresión de
dicho artículo, supresión que viene fundamentada por
considerar que el convenio anticipado no debe configurarse como un privilegio para cierta clase de deudores,
sino como una posibilidad abierta para todos ellos. Este
planteamiento se completa con la consideración de que
la larga tramitación del concurso de acreedores ordinario aconseja facilitar al máximo este particular atajo del
convenio anticipado mediante adhesiones de los acreedores. Uno de los temas que hemos echado en falta en
esta ley era precisamente la ausencia de un derecho
preventivo. Consideramos que en todos los convenios
deben primar fundamentalmente la voluntad de las partes, siempre que cumplan los requisitos que establece
esta ley, pero en cuanto a las quitas y a las esperas debe
primar fundamentalmente la voluntad de las partes y
también debe primar que no existan esas prohibiciones
para que los deudores puedan formular con sus acreedores, si están de acuerdo, todo tipo de convenios que
sean realizables, para lo que decimos que siempre y
cuando se adjunte un informe favorable y un estudio de
viabilidad por parte de la Administración concursal,
que será examinado por el juez; considerar aquí que
puede haber ciertos deudores privilegiados nos parece
que no tiene sentido. Por tanto, esas prohibiciones
La enmienda número 328 hace referencia al artículo
109 y entendemos que este artículo tiene dos normas
de muy distinto alcance. La primera se refiere a que, en
el caso de fracaso de la propuesta anticipada de convenio, el deudor sólo tiene una opción: o mantiene la propuesta para que sea considerada por la junta de acreedores, a convocar por el juez, o solicita la liquidación.
Interesa llamar la atención sobre la importante restricción que supone la solución recogida en el proyecto de
ley. La segunda norma, que es la que se incluye en este
artículo, es la relativa a la conservación del valor de las
adhesiones, las cuales valen en principio como votos
en la junta de acreedores que se convoque. Esta norma
también se incluye por nuestra parte en el artículo 114
y no en el 109, en el que se encuentra claramente desplazada. La enmienda 330, comprendida en el título V,
va referida al artículo 112. El apartado 1.1 se ha trasladado al artículo 110 y el resto debe suprimirse por
cuanto se ha excluido la posibilidad de que la propuesta de convenio provenga de los acreedores. En la
enmienda 345, artículo 130.1, volvemos a hacer referencia al ministerio fiscal. Atendiendo a criterios estrictamente prácticos no resulta adecuado admitir el rechazo judicial de oficio del convenio cuando ningún
acreedor se ha opuesto a la aprobación judicial, ya que
el juez ha tenido la oportunidad de visar el convenio
antes de su aprobación por la junta. En la enmienda
351, como decíamos antes al hablar de la revocación,
se propone sustituir el término rescisión por el de resolución. Es una mejora terminológica, y los convenios,
al igual que los contratos, no se rescinden en caso de
incumplimiento, sino que se resuelven.
La enmienda 370, que hace referencia al artículo
181.4, propone ampliar la duración de la inhabilitación,
tomando como referencia la misma duración de la posible inhabilitación del deudor en cuanto a los administradores concursales. Respecto al plazo de seis meses a
dos años, nosotros planteamos mantener al menos el
mismo tiempo que para el deudor, que es de dos a quince años. La enmienda 374 mantiene, en coherencia con
nuestra enmienda al artículo 3, la legitimación para
todo el proceso concursal para el ministerio fiscal. La
enmienda 379, que hace referencia al artículo 195, está
en coherencia con lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que, si de lo que se trata es de simplificar y de dar mayor agilidad al procedimiento, es razonable que el trámite que se establezca en este artículo
sea el del juicio verbal y no del ordinario. Como dije
antes, es absolutamente irrelevante y carece de sentido
que en el artículo primero se haga una referencia a la
herencia. Por esto, en nuestra enmienda 381 proponemos establecer un título nuevo, que se titularía, valga la
redundancia, título X bis, del concurso de la herencia,
y a través de distintos artículos regulábamos perfectamente lo que representa la herencia dentro del concurso, ya que el problema más difícil es determinar si, en
caso de aceptación de la herencia a beneficio de inventario antes de la declaración del concurso, el sujeto
pasivo del procedimiento es la herencia o el heredero.
Esto para nosotros es la clave. En este articulado, en
los casos de aceptación a beneficio de inventario, procede declarar en concurso de acreedores al heredero
aceptante, aunque incluyendo única y exclusivamente
en la masa activa los bienes y derechos procedentes del
patrimonio del causante y en la masa pasiva las deudas
de dicho causante. De esta manera este título quedaría
perfectamente regulado y ordenado y se desplazaría del
artículo 1 de la ley, que trata del presupuesto subjetivo
y en el que no tiene sentido que permanezca.
En la última fase de nuestras enmiendas, la número 388 va dirigida a la disposición derogatoria única,
no obstante el contenido fundamental del apartado
segundo en la derogación de los artículos 1912 a 1920
y 1922 a 1929, para que exista un único régimen de
concurrencia y prelación de créditos tanto en las ejecuciones individuales como en el concurso de acreedores.
En muchos de los informes emitidos sobre el anteproyecto de ley concursal se formula oposición a esta
norma, que se considera muy desafortunada. Como se
señala en el informe del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid, el futuro derecho español debe evitar la coexistencia de dos sistemas de prelación crediticia. En
armonía con esta supresión, en las correspondientes
enmiendas se da una nueva redacción a la disposición
final primera y se suprime la disposición final trigésima, que es objeto por nuestra parte de enmienda.
Pasando a la disposición final trigésima, sería importante —no en el trámite parlamentario del Congreso
porque no da tiempo ya que el próximo Pleno será la
semana que viene, pero sí en el Senado— que se hiciera el esfuerzo de incluir en esta ley todo lo referente al
sistema de prelación de créditos. Es importante para el
Gobierno, y para el grupo parlamentario que lo sustenta, que, para evitar todo tipo de presiones, se introduzca
en el texto de la ley la prelación de créditos; primero,
porque se garantiza una mayor cohesión de la ley y,
segundo, porque se evitaban todas estas cuestiones a
las que hemos hecho referencia. En la enmienda 398,
que se corresponde con la disposición final decimoquinta, pensamos que, al lado del ejercicio anticipado
de la acción de regreso en ciertos casos, es menester
atender al tema del ejercicio anticipado de la acción
directa contra el avalista del aceptante en caso de insolvencia de éste. Esta es la solución en la que la doctrina
más moderna de la Sala primera del Tribunal Supremo,
con fecha 8 de febrero de 2002, se ha pronunciado
sobre esta materia. Pensamos que debe reflejarse en la
Por último, hemos procurado, a lo largo de estos
meses que ha durado la ponencia y en todas las reuniones que hemos mantenido, llegar a acuerdos sustanciales en lo más relevante de esta ley. Somos conscientes
de que hay distintos aspectos, eminentemente de técnica jurídica, sobre los que no iba a ser posible un acuerdo, pero tampoco entendíamos que esa falta de acuerdo
en estos temas de técnica jurídica podía empañar un
acuerdo sustancial, que en este aspecto se ha logrado,
como he hecho referencia al principio en el mantenimiento del artículo 260 del Código Penal, los acuerdos
de los artículos 7 y 63 de la ley, el 103, el 190, etcétera.
En su día presentamos 178 enmiendas a este proyecto.
Hoy mantenemos vivas 65. Estamos satisfechos y tenemos la esperanza de que en el trámite del Senado,
incluso con alguna transaccional antes de que se celebre el Pleno, podamos mejorar todavía con nuestra
colaboración esta ley.
El señor Mantilla tiene la palabra.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Como no
podía ser menos, agradezco, en nombre de mi grupo
parlamentario, la colaboración y la buena disposición
que han tenido todos los portavoces de los grupos parlamentarios para llegar a un amplio consenso en esta
importante ley. Este consenso, en función de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra, está suficientemente avanzado. Por
parte del Grupo Parlamentario Popular, no le quepa la
menor duda al señor presidente y a SS.SS. que se ha
intentado por todos los medios flexibilizar la postura
inicial del anteproyecto para que todas las propuestas
válidas de los demás grupos tuvieran una buena acogida. Agradezco los servicios prestados por los letrados
de la Comisión, que han desempeñado un importantísimo trabajo en esta ley, ya que la han dedicado muchas
horas en ponencia, y también el trabajo y la dedicación
de los asesores del Ministerio de Justicia, en especial
los de don Alberto Palomar y doña Pilar López, que nos
acompañan hoy en la Comisión.
Respecto a las intervenciones de los portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra, quiero decir
al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que
estaríamos dispuestos a proponer una enmienda transaccional con el fin de evitar los problemas que ha
planteado su compañero portavoz en el debate de la ley
orgánica referentes a las posibles medidas cautelares
que podía adoptar el señor juez, y quedaría redactado
así el artículo 20.1.2.º: Los efectos sobre las facultades
de administración y disposición del deudor respecto de
su patrimonio, de acuerdo con lo establecido en el
artículo primero de la Ley Orgánica para la Reforma
Concursal. El artículo 20 tiene como título Auto de
declaración de concurso que contendrá los siguientes
pronunciamientos. Con ello se evitarían las dudas que
pudieran surgir a los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista respecto a si cualquier medida cautelar
que se pudiera o no adoptar necesitaría de otro auto distinto al de la declaración de concurso. Por tanto, las
dudas que pudieran surgir a este respecto —en concreto las del señor Barrero— quedarían subsanadas.
En cuanto a las quejas o planteamientos del portavoz
de Convergència i Unió referidas a la coletilla que se
añade al anteproyecto en el artículo 163.1.1.º, en el sentido de que no cabría la calificación de aquellos concursos en los cuales se pudiese exceder el 50 por ciento
de quita y los cinco años de espera, el Grupo Parlamentario Popular estaría dispuesto a ofrecer la retirada de
esa coletilla para que no estuviesen exentos de la posible calificación del concurso aquellas empresas que
superen el 50 por ciento de quita o la espera de los
Nos encontramos en los últimos pasos de una ley
que ha tenido un trámite parlamentario larguísimo,
cuyos anteproyectos provienen del año 1950. En estos
momentos nos encontramos con la posibilidad de ofrecer a todo el pueblo español una ley que está ampliamente consensuada por todos los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara. En la elaboración del
anteproyecto debemos agradecer la colaboración de la
Comisión de Codificación, presidida por el señor Olivencia, y antes por el señor Rojo, y en esta Cámara se
ha logrado introducir una serie de modificaciones que
sin duda mejoran esta ley. No quepa la menor duda a
SS.SS de que para su elaboración se han mantenido
contactos, conversaciones y reuniones con todos los
agentes, instituciones y organismos que pudieran estar
vinculados a la misma. Uno de los principales problemas con los que nos encontramos en el trámite de esta
ley fue la cuestión laboral. Hay que recordar que en su
primer trámite la ley tuvo tres enmiendas a la totalidad
— presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto e
Izquierda Unida— referidas fundamentalmente al tratamiento que pudieran tener los créditos laborales y las
condiciones de los trabajadores respecto a la situación
actual. Como saben SS.SS, este es un tema que tuvo
una amplia repercusión en los artículos 7, 63 y colaterales, que ha sido objeto de propuestas de modificación
y de enmiendas por todos los grupos parlamentarios y
se ha llegado a un amplio consenso con los representantes de las organizaciones sindicales. Por tanto podemos ofrecer una redacción que, aunque no colme totalmente las aspiraciones de los representantes de las
organizaciones sindicales y de los demás grupos, sirve
para mejorar considerablemente el anteproyecto.
Como decían los portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra, nos encontramos con 690
enmiendas de todos los grupos parlamentarios, debatidas y analizadas una por una, y desgranadas por cada
uno de los grupos aquellas que todavía quedaban vivas.
En principio, refiriéndome de mayor a menor, quiero
contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha tenido a bien hacer una exposición muy global de sus planteamientos, que su posición en este
asunto ha tenido una amplia acogida por parte del
Grupo Parlamentario Popular. Hemos analizado y discutido en ponencia, y fuera de ella, con los portavoces
y representantes del Grupo Parlamentario Socialista y
hemos llegado a amplios entendimientos. Recientemente hemos buscado una solución válida para todas
las partes respecto al artículo 2, referente a la famosa
declaración de insolvencia, que nos preocupaba considerablemente. Respecto al plazo de la disposición final
trigésima, en la que se dice que en un plazo máximo de
seis meses se remitirá por parte del Gobierno a las Cortes una relación de los privilegios y los créditos relacionados correlativamente, le puedo prometer y le prometo que, si no se realiza en el Pleno del próximo jueves,
antes de que finalice el trámite en el Congreso podremos tener esa relación privilegiada e incorporarla en el
texto de la ley para no tener que andar con añadidos.
No sólo está en el ánimo de su grupo, sino de todos,
contar con esa relación en el trámite de esta ley, lo cual
Sabemos que ha habido grandes problemas que no
se han podido solventar, pero no les quepa la menor
duda de que ha sido porque la ley no lo admitía. También saben SS.S.S. que hay planteamientos encontrados entre los grupos, aun dentro de la oposición, por lo
que conjuntamente hemos intentados adoptar y adaptar
aquellos que favorecieran o mejoraran la ley. El Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió ya nos ha anunciado su abstención en el tema de la administración
concursal y de los auxiliares delegados. En ocasiones
hemos podido coincidir con el Grupo Parlamentario
Socialista en algunos planteamientos, pero su resolución no es fácil de plasmar en una ley. La elección de
los administradores concursales no es un tema fácilmente consensuable. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sabe que se ha intentado buscar toda
clase de soluciones a estos temas y el Grupo Parlamentario Popular considera que la solución que aparece en
el proyecto es la mejor. Puede darse la circunstancia de
que el juez elija entre cuatro o cinco listas en los distintos juzgados. Posiblemente no sea una buena solución,
pero cualquiera de las otras podía ser peor. El mero sorteo o la correlación en los nombramientos podría dar
lugar a situaciones más perversas de la que nos podemos encontrar en estos momentos. Las limitaciones e
incompatibilidades que puede tener la administración
concursal permitirán que esa transparencia que pedía el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista pueda ser
aceptada o asumida por su grupo. Sabemos, porque nos
lo venían diciendo en sus intervenciones, en sus reuniones e incluso a nivel privado, que los temas de la
herencia eran tratados por su grupo. Le felicito por su
trabajo, y no le quepa la menor duda de que hemos asumido lo que buenamente cabía en la ley. Hay aspectos
que se han quedado en el tintero y que posiblemente en
otros momentos del trámite parlamentario hubieran
podido recogerse algunos matices que plantea algún
otro portavoz coincidente con su planteamiento. Las
prohibiciones al convenio anticipado son exhaustivas y
por parte del Grupo Parlamentario Popular también se
ha intentado suavizar lo máximo posible. Su postura de
que no se deben poner puertas al campo en el sentido
de que un concursado puede proponer un convenio
anticipado si tiene votos suficientes y los acreedores
están de acuerdo con ese concurso queda pendiente
para un análisis posterior y a lo mejor puede buscarse
algún tipo de satisfacción para usted y otros portavoces
coincidentes con su posición tal como lo han planteado
El portavoz de Convergència i Unió que me ha presentado sus excusas por no estar presente en estos
momentos, ha hecho un prodigio de exposición de
aquellas de sus enmiendas que quedaban vivas. También hay que agradecerle que haya retirado cerca de un
centenar de ellas porque se le han aceptado o se han
transaccionado con las de otros grupos. Las que mantiene vivas las ha agrupado en los conceptos que expongo a continuación. El plazo de presentación en el concurso necesario, las enmiendas 417 y 418, que ha
manifestado que quedan retiradas, el famoso artículo 2
de que antes hablábamos, ha sido objeto de modificaciones que lógicamente estamos asumiendo todos los
grupos parlamentarios y reducen el incumplimiento en
el pago de las obligaciones a tres meses fundamentalmente en Seguridad Social, fiscales y laborales; sin
embargo se han excluido los arrendamientos por razones lógicas. Asimismo se ha modificado el artículo 4.º,
apartado 2. Originalmente se reducía el plazo a la mitad
para la obligación del deudor de vetar el concurso. Esto
queda anulado y, por tanto, el deudor estará obligado a
solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes
o su insolvencia los tres primeros meses. En la organización de la administración concursal hace mucho hincapié Convergència i Unió porque no responde a lo que
considera su grupo que debiera ser. Es un tema que no
sólo se ha debatido por los distintos grupos parlamentarios sino que ha habido negociaciones y conversaciones con todos los organismos que pueden estar vinculados a esta cuestión. Yo creo sinceramente que la
redacción final, aun sin satisfacer —repito— las aspiraciones de Convergència i Unió, es lo suficientemente
válida como para hacer viable este importante órgano
Otro tema en el que hace mucho hincapié el portavoz de Convergència i Unió es la figura de los auxiliares delegados, que ha sido muy controvertida y ampliamente discutida en el seno de la ponencia, aunque de
momento se está manteniendo tal como venía en el
anteproyecto. No sé si en los trámites que quedan pendientes del Pleno del Congreso y el Senado pudiera ser
objeto de alguna modificación. De todas maneras,
como existe otra figura de que por parte del juez se
podrá nombrar a otros tipos de técnicos en el concurso
con cargo a la masa, porque hay que recordar que los
auxiliares delegados son nombrados por la administración concursal con cargo a los honorarios que puedan
percibir y entre ellos a los graduados sociales, que es
una petición que teníamos de ese colectivo, podemos
obviar un tanto la figura del auxiliar delegado, que
podía ser de alguna manera incrustada mejor dentro del
propio concurso que tal como está. En cuanto a la figura del secretario judicial, a que se refieren muchas de
las enmiendas de Convergència i Unió, simplemente
nos remitimos a la disposición final cuarta en donde se
contempla esta figura y cuáles son sus funciones. Por
tanto, esas enmiendas que se refieren a los secretarios
judiciales, repito, quedan recogidas en la disposición
final cuarta, tal como está en el informe de la ponencia.
Ha hecho hincapié en que cuanto más inconvenientes se pongan por parte de las entidades financieras a
los créditos hipotecarios, más costosos o más gravosos,
la oferta de mayores garantías habrá para que se puedan solicitar. Eso es obvio. Es decir, si los créditos
hipotecarios tienen un determinado privilegio que es
intocable, será más fácil obtener un crédito si el privilegio puede estar supeditado o no a un año de paralización, que los intereses tengan un tope máximo, etcétera.
Podemos hablar de otros colectivos, como por ejemplo
los trabajadores, los cuales con respecto a la situación
actual también ven mermados los derechos que tenían.
Por tanto, lo que venimos diciendo es que esta ley lo
que pretende es buscar una solución definitiva, que es
intentar por todos los medios la supervivencia de la
empresa, que supone que se puedan pagar los créditos
hipotecarios a su vencimiento y que se puedan mantener los puestos de trabajo. De ahí que existan y existirán colectivos que se encuentren perjudicados con la
situación actual. Lo que no se puede es intentar mejorar o dar privilegios a determinados colectivos en detrimento de otros, porque entonces no conseguiríamos
una ley válida y consensuada por todos los grupos parlamentarios. En cuanto a los graduados sociales, otro
de los temas planteados por Convergència i Unió, se ha
resuelto como ya he dicho con la facultad que tiene el
juez de nombrar todo tipo de técnicos con sus honorarios, lógicamente con cargo a la masa. Los graduados
sociales están en ello.
Tanto en lo que se refiere a la publicidad como a los
plazos, dejo el derecho y el honor a defenderlo en el
próximo Pleno a su autor, mi compañero don Andrés
Ayala. Con respecto al anteproyecto hemos tenido una
mejora importante porque los plazos se han reducido
enormemente. Ya decíamos que los plazos para nosotros era uno de los grandes problemas que tenía esta
ley. No podíamos tener un concurso con más de un año
de duración porque la viabilidad de la empresa quedaría en una situación muy delicada. En la forma de
publicidad de todos los autos y resoluciones del señor
juez, tal como venían también originalmente, se han
reducido considerablemente; sin embargo, no se han
reducido en cuanto a los medios en que hay que publicarlos sino en cuanto a su coste económico.
Los grupos que me han precedido proponen que los
planes de viabilidad o las memorias vayan redactadas
por un auditor de cuentas. Este es un tema que hemos
discutido y el Grupo Parlamentario Popular considera
que si en la administración concursal va a haber economistas, abogados, titulados mercantiles y auditores, sin
duda están capacitados para poder analizar un plan de
viabilidad y poder determinar si las cuentas anuales que
se presentan por parte del deudor están o no ajustadas a
las leyes contables. De ahí que no solamente consideremos que no es preciso que los planes de viabilidad o las
memorias estén redactadas por un auditor, sino que
—también a propuesta del Grupo Socialista— ni
siquiera es precisa la auditoría cuando la administración concursal esté ejerciendo sus funciones.
Señor presidente, señorías, hay una serie de enmiendas transaccionales, de las que ya tiene copia la Mesa,
que espero que obtengan el beneplácito de todos los
grupos y hay una serie de enmiendas técnicas que, si los
demás grupos les dan el visto bueno, sin duda supondrán una mejora del informe aprobado en ponencia.
Si me lo permiten, vamos a proponer una enmienda
transaccional en función de la intervención de la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, relativa a que en la
presentación del concurso se debe adjuntar un plan de
liquidación, que tendría la siguiente redacción: Al
artículo 5, apartado 4.º nuevo: En el supuesto previsto
en el artículo 141.1.1.º deberá acompañarse propuesta
del plan de liquidación. Si los demás grupos no tienen
inconveniente, solicitamos que se someta a votación.
Señor presidente, señorías, después de este largo trámite no me olvido de los portavoces de Izquierda Unida
y de Coalición Canaria que han intervenido y en el
Pleno les daremos respuesta, espero que satisfactoria, a
todos sus planteamientos.
Termino reiterando mi agradecimiento a los demás
grupos y a todos los que han ayudado a llegar de
momento hasta aquí, esperando y deseando que en el
resto del trámite que nos queda el proyecto todavía
pueda ser mejorado.
Señor Mantilla, con sus palabras damos por finalizado
el debate cinco minutos antes de la hora anunciada para
la votación. Por tanto, vamos a suspender la sesión
hasta ese momento, un tiempo que servirá para ordenar
las votaciones. (Pausa.— El señor presidente ocupa
la presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de los dos textos legislativos que se
han sometido hoy a consideración de esta Comisión.
Siguiendo el orden que hemos establecido para el debate, vamos a proceder, en primer lugar, a las votaciones
del proyecto de ley orgánica para la reforma concursal,
por la que se modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Código Penal.
En primer lugar, respecto de este proyecto de ley
vamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto.
votos en contra, 18; abstenciones, 12.
En segundo lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En tercer lugar, quiero recordar que las enmiendas
números 31 y 32, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), fueron retiradas por el señor
Silva, con lo cual procedemos a votar el resto de
las enmiendas presentadas por el citado grupo parlamentario.
votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 10.
A continuación, votación conjunta de todas las
votos a favor, nueve; en contra, 20; abstenciones,
A continuación, señorías, sometemos a votación las
correcciones técnicas que afectan al título, a la exposición de motivos y al artículo segundo del proyecto de
ley; correcciones técnicas que obran ya en poder de los
señores portavoces.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por
unanimidad. (El señor Barrero López pide la palabra.)
Como vamos a proceder a la votación del texto del
proyecto de ley, doy la palabra al señor Barrero, que
solicita votaciones separadas.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, del
artículo primero, apartados 1 y 2; del artículo segundo,
apartados 6 y 10; de la disposición transitoria única, y
de la disposición final segunda.
El señor PRESIDENTE: Anteriormente se había
solicitado votación separada del apartado 3 del artículo
segundo del proyecto, en lo que se refiere al tercer
párrafo del apartado 4 del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también del apartado 5 del
mismo artículo del proyecto de ley, en lo que se refiere
al apartado 4 del artículo 86 bis de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso es lo que se había comunicado a esta presidencia.
Por tanto, se va a proceder a la votación de esto que
acabo de anunciar —no deseo repetirlo— y luego procederemos también a la votación separada de lo solicitado por el señor Barrero. Votamos, por tanto, lo indicado por la presidencia.
votos a favor, 31; en contra, uno.
A continuación, procedemos a realizar la votación
separada de lo solicitado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, concretamente artículo primero,
apartados 1 y 2; artículo segundo, apartados 6 y 10; disposición transitoria única, y disposición final segunda.
votos a favor, 23; abstenciones, nueve.
Finalmente, resto del informe de la ponencia en una
votación conjunta.
A continuación, procedemos a la votación del proyecto de ley concursal, comenzando, en primer término, por las enmiendas del diputado señor Labordeta,
votos en contra, 20; abstenciones, 12.
A continuación, enmiendas del señor Puigcercós,
también del Grupo Mixto.
votos en contra, 21; abstenciones, 10.
Votamos las enmiendas del señor Núñez Castaín, del
votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 12.
Finalmente, en lo que se refiere al Grupo Mixto,
enmiendas presentadas por el señor Aymerich.
votos en contra, 20; abstenciones, 13.
A continuación, procedemos a votar las enmiendas
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Se han
retirado las enmiendas números 100, 102 y 105, y se
había pedido votación separada, en cuanto a las restantes, de la 116. Procedemos, en primer lugar, a votar la
enmienda número 116, del Grupo Parlamentario de
votos a favor, 12; en contra, 20; abstenciones, una.
Resto de enmiendas del citado grupo parlamentario.
votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, una.
votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 12.
Finalmente, resto de enmiendas del citado grupo
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. Quiero
recordar que se han retirado las enmiendas 124, 126,
148, 155, 158 y 159. De las restantes se había pedido
votación separada de dos de ellas, concretamente las
enmiendas 128 y 140. Por tanto, votamos estas dos
enmiendas, la 128 y 140.
votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 11.
Resto de enmiendas presentadas por el citado grupo
A continuación, enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. Quiero reseñar, en primer lugar, que sustentan enmiendas transaccionales la 234, la 322, la 352 y
la 408 y, por tanto, serán sometidas a votación con posterioridad. Las enmiendas 317, 354 y 409 han sido retiradas por su portavoz y, por tanto, se procede a votar el
resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista de forma conjunta.
votos a favor, 10; en contra, 21; abstenciones, tres.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Se había solicitado votación separada de las enmiendas 52, 54, 73, 74 y 89, que
votamos a continuación.
Había una serie de correcciones técnicas que obran
en poder de los portavoces y que entiendo, si nadie
manifiesta lo contrario, que se pueden someter a votación conjunta. Por tanto, vamos a proceder a la votación conjunta de las correcciones técnicas que, repito,
obran ya en poder de los portavoces.
votos a favor, 11; en contra, 21; abstenciones, dos.
votos en contra, 21; abstenciones, 13.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Quiero recordar que las enmiendas
números 417, 418, 423, 427, 438, 472, 503, 548, 549
y 552 han sido retiradas por su portavoz. Respecto de
las restantes enmiendas, la 577 sustenta una transaccional que, por tanto, será sometida a votación al final. En
cuanto a las votaciones separadas de las restantes
enmiendas, se va a proceder a la votación, en primer
lugar, de la 580.
votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, diez.
También se había pedido votación separada de las
enmiendas 425, 431, 432, 437, 435, 436, 519, 558, 578
y 586.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por
Por otro lado, también estaban pendientes de votación las enmiendas transaccionales si ningún portavoz
manifiesta lo contrario, se realizará una sola votación.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Pido la votación separada de la transaccional sobre la base de la enmienda
número 322, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Procedemos, por tanto, a
votar en primer lugar la enmienda transaccional a la
votos a favor, 32; en contra, uno.
Resto de las enmiendas transaccionales antes relacionadas.
Por último, resto del informe de la ponencia.
Finalmente, en lo que se refiere al texto del informe
de la ponencia, se había solicitado votación separada
únicamente de los artículos 26 y 31, que procedemos a
votar en primer lugar.
Nada más, señorías. Agradeciendo su colaboración,
votos a favor, 33; abstenciones, una.
Eran la una y cincuenta minutos de la tarde.
CAPÍTULO X Enmiendas y modificaciones Artículo 30
Carta a Jordi Vilajoana I Rovira (CIU)
Los Anexos, Apéndices, y las ... parte integrante del mismo. Capítulo 19

References: artículo 2

artículo 2

artículo 260
 artículo 260
 artículo
260
 artículo 260
 artículo 63
 artículo 63
 resolución 
 artículo
260
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 260
 artículo
2
 artículo 2
 artículo 5

artículo 5
 artículo 5
 artículo 7

artículo 54
 artículo 54

artículo 79
 artículo 79
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 1923
 artículo
1923
 artículo 90

artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 2
 artículo 130
 artículo 22
 artículo 94
 artículo 22
 artículo 94
 artículo 155

artículo 32

artículo 5
 artículo 5
 artículo 141
 artículo 63
 artículo 83
 artículo 61
 artículo 83

artículo 153

artículo 63
 artículo 43
 artículo 7

artículo 147
 artículo 148
 artículo 74
 artículo 18
 artículo 22

artículo 42
 resolución 
 resolución

 artículo 50
 artículo 184

artículo 99
 resolución 
 artículo 112

artículo 63
 artículo 260
 artículo 165
 artículo 763
 artículo 63
 artículo 99
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 58
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 20

artículo 5
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 26
 artículo 341
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 55
 artículo 70

artículo 98
 artículo 104
 artículo
109
 artículo 114
 artículo 112
 artículo 110
 artículo 130
 artículo
181
 artículo 3
 artículo 195

artículo 1
 artículo 260
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 163
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2
 artículo 4

artículo 5
 artículo 141
 artículo 82
 artículo 86
 Artículo 30