Source: http://www.libertadidioma.com/2010/20100607.htm
Timestamp: 2020-04-09 14:27:46+00:00

Document:
Recortes de Prensa Lunes 7 Junio 2010
Roberto Centeno El Confidencial 7 Junio 2010
El poder no lo iba a cambiar
IGNACIO CAMACHO ABC 7 Junio 2010
SE mire como se mire, la turborreconversión de Zapatero a la doctrina del ajuste no viene a ser otra cosa que la confesión de un palmario fracaso en el que la apelación al patriotismo resulta la coartada de la permanencia en el cargo. Cuando un político fracasa en la aplicación de sus principios se retira por dignidad y por coherencia, como han hecho antes otros desde Salmerón a Suárez, salvo que tanto la dignidad como los principios estén supeditados a la ratio suprema del poder y el liderazgo. A Zapatero le han impuesto desde fuera una política en la que decía no creer con una reiteración terca e insoslayable, de modo que si se aviene a aplicarla se traiciona a sí mismo o traiciona a los que creyeron en él, o las dos cosas. Aceptar un giro tan radical de su discurso sin una mínima autocrítica de sus errores pasados no demuestra una actitud patriótica sino un apego pragmático al poder y una cínica sumisión a la razón de Estado.
En este precipitado cambio de roles forzado por la presión de los mercados financieros queda en evidencia el hundimiento del pacto neoperonista con que Gobierno y sindicatos han conducido al país al borde de la bancarrota. Ahora, después de unos recortes sociales provocados por dos años de irresponsabilidad derrochadora, el Ejecutivo prepara una reforma laboral cuya necesidad negaba hasta anteayer con tozudas proclamas, y las centrales sindicales se disponen a organizar una huelga general a regañadientes. Ambos renuncios constituyen una forma clamorosa de derrota que equivale para la izquierda a una purga de aceite de ricino; su estrategia de déficit y proteccionismo se ha derrumbado con un estrépito que no se puede silenciar con un simple cambio de rumbo. Los causantes del descalabro no tienen autoridad moral ni política para convertirse en su remedio.
En esta tensión esquizofrénica que ha convertido al paladín de la socialdemocracia en la mano de hierro del socialiberalismo queda por resolver una cuestión de credibilidad democrática y hasta de perfil psicológico. La pregunta que desnuda la contradicción crucial es qué diría el Zapatero que defendía con denuedo los llamados derechos sociales del Zapatero que se dispone a recortarlos a decretazo limpio. En apenas un mes, el presidente que prometió que el poder no lo iba a cambiar se ha convertido en el retrato político del gobernante que denostaba. El hombre que emerge de esta transformación de identidad es un dirigente aferrado a sus ambiciones, con principios tan elásticos como su conciencia, y aunque conserva el mando para tomar decisiones está incapacitado para hacerlas comprensibles. Esa transición tan radical no se puede efectuar sin costes, y el principal no es el desapego electoral de unos votantes descontentos sino la manifiesta desaparición de cualquier rasgo de lealtad consigo mismo.
Inma Castilla de Cortázar, Presidenta del Foro Ermua. El Mundo. 7 Junio 2010
El presidente Zapatero ganó las pasadas elecciones generales, tras una ignominiosa negociación con ETA y negando la crisis económica, con un audaz slogan: “Motivos para creer”. En estos momentos, amplios sectores de la opinión pública temen que Rodriguez Zapatero pretenda escenificar, como logro electoral, la derrota de ETA, pactada con ETA. Esta escaramuza electoralista del presidente Zapatero supondría destrozar el mayor logro de la democracia española (y el más unánime), que fue el resultado de la unidad social más sólida: el llamado espíritu de Ermua.
La revuelta ciudadana forzó entonces la necesaria unidad política, que hicieron posible los gobiernos del presidente Aznar, demostrando que al terrorismo se le puede derrotar sólo con la ley. Evidentemente, este ejemplar logro fue posible por el heroico comportamiento de las víctimas del terrorismo en España –del que no existe precedente en ninguna parte del mundo- que han delegado en el Estado de Derecho la aplicación de la justicia, sin tomársela por su mano, a pesar de tantos pesares.
Desde el Foro Ermua sostenemos que no es incompatible la negociación con la eficaz actividad policial (la espléndida operación de hace unas semanas, sin ir más lejos), las medidas legales aprobadas (el supuesto endurecimientos de la Ley de Partidos) y, mucho menos, con las declaraciones que niegan esta estrategia, incluso con la rotundidad característica del Ministro de Interior.
Es curioso que el Gobierno se queje de su falta de credibilidad, cuando no ha adoptado ninguna medida realmente incompatible con la negociación: es decir con un final de ETA, pactado con ETA. Nosotros también estamos hartos de ETA, como el Ministro Rubalcaba, y estaríamos encantados de podernos fiar de nuestros políticos y, particularmente, de nuestro Gobierno. Por eso, retamos al Gobierno a adoptar medidas convincentes, que demuestren (también y sobretodo a ETA) que el horizonte de la cesión por no matar (es decir, del diálogo) no existe. El Gobierno puede –si quiere- demostrar que no hay negociación:
1. Bastaría con eliminar el monopolio del Ministerio Fiscal y del Gobierno para promover la ilicitud de listas sucesoras de Batasuna y para promover la disolución de ayuntamientos gobernados por ETA. Deberían poder iniciar el procedimiento un número de diputados o la acción popular.
2. Sería convincente derogar la resolución del Congreso del 18 de mayo de 2005 e impulsar, al mismo tiempo, solemnes declaraciones en los parlamentos vasco y español y de los respectivos gobiernos en las que se descarte expresamente –sin ambigüedad- cualquier acercamiento, negociación con los terroristas, sus posibles siglas, o quienes los representantes.
3. Indiscutiblemente, persuadiría el cese de Jesús Eguiguren, como presidente del PSE, si de hecho está actuando como un “francotirador” contraviniendo la política antiterrorista que en realidad promueve el presidente Zapatero. Tras esta última petición del Foro Ermua, el gobierno vasco pide a Eguiguren (24 de mayo) que ponga fin a sus “escarceos con ETA”, que por cierto habían sido negados hasta ahora, a pesar de toda las evidencias del mejor periodismo de investigación.
La debilidad de ETA es real. El final de ETA es posible, pero es posible sólo si los terroristas comprenden que hay una absoluta imposibilidad de rentabilizar su desaparición, que sus asesinatos no quedarán en la impunidad, y que nunca encontrarán atenuantes. Sencillamente, escenificar una derrota de ETA pactada con ETA, como parece pretender el presidente Zapatero, imposibilita la derrota de ETA.
¿Por qué duplicamos el gasto?
Ramón Villota Coullaut Libertad Digital 7 Junio 2010
Nuestra Constitución recogió un régimen autonómico no igualitario, con diferentes grados de autonomía para cada comunidad, pero con unos máximos de poder autonómico a los que no es necesario que lleguen todas. Incluso en un primer momento hubo quien defendió que no era necesario que toda España se dividiese en comunidades autónomas. Ahora ese debate se da por finalizado, pero el problema de creación de entes administrativos con competencias que no se corresponden a sus necesidades se mantiene.
Ello implica un problema en el que los partidos políticos mayoritarios no desean entrar: el absurdo de que cada Comunidad Autónoma deba tener unas competencias de educación, sanidad, servicios sociales, etc., que no puede costearse, pero que podría hacerlo aunando esfuerzos con otras comunidades. Y aquí la vía del artículo 145 de la Constitución sí se ha utilizado cuando dice: "En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. Los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales".
En primer lugar, cuando el citado artículo recoge que no se admitirá la federación de comunidades autónomas, parece que evita que, sin reformas constitucionales, pueda modificarse el mapa autonómico. Así, la vía que queda es modificar la Constitución o que las diferentes comunidades autónomas lleguen a acuerdos para gestionar y prestar aquellos servicios que la propia eficiencia de la administración hace que deban ser compartidos, algo que puede conseguirse vía el citado artículo 145 de la norma suprema, previa autorización de las Cortes Generales en los casos en que fuera necesario.
En este punto es de destacar, por su claridad, y más en tiempos de crisis, el artículo 103 también de nuestra Constitución, cuando dice en su punto 1º: "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". Es decir, nuestra Constitución habla de eficacia y coordinación como principios que han de regir el funcionamiento de la administración, algo que ha de chocar irremediablemente con tener servicios públicos innecesarios por poderse compartir entre distintas comunidades autónomas.
Tribunal Constitucional: ahora toca renovar «como sea»
PÍO GARCÍA-ESCUDERO ABC 7 Junio 2010
Asistimos en estos días a una nueva entrega de ese largo culebrón sobre las tormentosas relaciones entre el Partido Socialista y el Tribunal Constitucional, una historia con dos tramas enmarañadas: la de sacar adelante, «como sea», un Estatuto de autonomía, el catalán, sobre el cual aún penden siete recursos de inconstitucionalidad; y la de maniobrar para que al Tribunal Constitucional le sea imposible decidir con independencia y serenidad.
Sin embargo, nada en esta historia es casualidad o excepción, sino que forma parte del personalísimo estilo de desgobierno puesto en práctica por Rodríguez Zapatero desde hace seis años. De la grave crisis institucional que hoy padecemos podemos decir lo mismo que de la crisis económica: que de aquellos barros vienen estos lodos.
Así, el desconcierto absoluto que hoy preside la política autonómica y la situación de parálisis del Tribunal Constitucional, son consecuencia de la estrategia política socialista de ruptura premeditada del consenso autonómico y de sus continuas injerencias políticas en el normal funcionamiento de los órganos judiciales.
Recordemos que el Partido Socialista empezó rompiendo el consenso sobre el procedimiento de elección de los cuatro magistrados del TC correspondientes al Senado. Nos dijeron que era para reforzar la sensibilidad territorial del Tribunal, pero después, cuando de acuerdo con el nuevo modelo los parlamentos autonómicos propusieron a sus respectivos candidatos, parece que al Partido Socialista se le agotó enseguida esa sensibilidad, porque vetó las propuestas de los grupos autonómicos populares tildándolas de «inasumibles» y dejó el procedimiento de renovación bloqueado «sine die».
Calculaba entonces el Partido Socialista que de este modo podría mantener el Tribunal Constitucional con una composición más inclinada hacia una sentencia benévola con el Estatuto de Cataluña. Pero ni siquiera un partido tan volcado con el control absoluto como el de Ferraz puede abarcarlo todo y, hasta la fecha, ni las reprimendas en público, ni las sobreactuaciones de victimismo anticatalanista han logrado que el TC se doblegara al papel aquiescente que se esperaba de él.
De ahí que ahora, en previsión de males mayores en vísperas electorales, lo que toque sea cambiar de árbitros en medio del partido. La orden perentoria llega de un gobierno tripartito de Cataluña en fase terminal y al Grupo Socialista en el Senado le toca su diligente ejecución: renovar el TC a toda costa, he ahí la cuestión. Da igual que el procedimiento lleve casi dos años suspendido. Da igual que incluso dos comunidades autónomas, Galicia y el País Vasco, hayan cambiado entretanto de mayorías parlamentarias, de gobiernos y, por tanto de voluntad política. Da igual que el Grupo Socialista empuje a la Mesa del Senado a decidir, aun sin una legitimación clara y en cuestión de minutos, qué candidatos de los propuestos por los parlamentos autonómicos merecen el «placet» y cuáles no.
Todo eso da igual, porque ya se sabe que cuando hay que elegir entre la seguridad jurídica o el oportunismo político, el perfecto socialista siempre optará por lo segundo. De sobra conocemos ya este vocabulario y este modo de hacer política: una sentencia favorable «como sea», cambiando el Tribunal Constitucional «en dos tardes» e intentando trasladar todas las responsabilidades y culpas al Partido Popular porque conviene «dramatizar». En su día fue todo un principio fundacional y un talante. Hoy ya suena a epitafio político.
¿Qué significa deslegitimar el terrorismo?
Mientras no se asuma el discurso público de que la democracia española no es más defectuosa que cualquier otra europea, no habrá manera de deslegitimar el terrorismo o su historia
J. M. RUIZ SOROA El Correo 7 Junio 2010
Deslegitimar el terrorismo es una cuestión eminentemente política, puesto que político ha sido el complejo discurso utilizado para su legitimación durante años, tanto por las fuerzas políticas nacionalistas como por parte de la autodenominada izquierda progresista. Y es precisamente deconstruyendo ese previo discurso de legitimación como se pueden identificar con claridad los puntos clave de la tarea de deslegitimación, a modo de negativo fotográfico.
Por el contrario, creo que no sirven para crear un discurso de deslegitimación del terrorismo una serie de ideas y conceptos, a caballo entre la ética y la sociología, que son machaconamente repetidos por bienintencionados organizaciones y planes. Por ejemplo, no sirve la idea de 'paz' como contraposición a la de 'violencia', pues ambos conceptos se han vuelto tan borrosos que confunden más que aclaran: desde Galtung, la violencia puede ser física, estructural, cultural, etcétera, y la paz puede ser negativa, positiva, inerte, creativa y así. Es un concepto arruinado y estéril.
Tampoco vale de nada la simple apelación a los derechos humanos, pues puede ser contrarrestada por una cómoda táctica de maximización sin fin ('todos los derechos para todos') que embota y frustra cualquier exigencia hecha en su nombre. Hasta 'Josu Ternera' estaba en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. ¿Y qué decir del sufrimiento de las víctimas? Pues que como realidad generadora de empatía humana es fácil de contrarrestar mediante su generalización: todos tienen víctimas, todos sufren, hay otras víctimas y otras violencias. La muerte o el dolor en bruto igualan a todos. El patetismo mueve sentimientos, pero los sentimientos son confusos si no hay una previa construcción racional y teleológica del relato en que se insertan.
Dejemos estos puntos ciegos, y reflexionemos por un momento sobre el pasado del nacioterrorismo en los últimos cincuenta años. Traigamos a la mente cuál era el discurso de 'explicación' y 'contextualización' de la violencia con el que, en definitiva, se dotaba de una legitimidad política mínima a unos actores cuyas acciones se rechazaban en el plano puramente ético o humano. ¿Cómo se ha explicado entre nosotros que algo tan abominable como la muerte violenta de un ser humano por otro pudiera seguir ocurriendo una y otra vez? Porque, no nos engañemos, esa 'explicación de lo inexplicable' era la que al final dotaba de sentido a su existencia; y aquello que es provisto de sentido es finalmente 'con-sentido'.
Pues bien, creo que la respuesta es que han existido tres ideas fuertes en ese discurso. La primera de ellas fue la necesidad de la violencia revolucionaria para crear contradicciones que llevaran a la superación de situaciones de dominación y explotación social. Esta idea típicamente izquierdista perdió fuerza hace ya años y hoy es un mero residuo ideológico, que reaparece en ocasiones en la retórica terrorista pero que nadie serio utiliza en su defensa. Centrémonos por ello en las otras dos.
Ha sido y es esencial para contextualizar el terrorismo, y para situarlo en un relato que lo transforme en un hecho comprensible, la repetición monótona de la historia y la realidad del pueblo vasco conforme a un canon invariable: el del conflicto primordial o existencial. El canon del conflicto eterno entre el pueblo vasco y todos los otros pueblos que han transitado en la historia por sus lares o cerca de ellos (fueran árabes, visigodos o romanos) pero, sobre todo, con España. Un conflicto que era el que creaba al sujeto trascendente de una tarea siempre pendiente: el pueblo vasco se manifiesta en su conflicto y se afirma precisamente porque existe ese conflicto. Esta idea del pueblo vasco como sujeto agonal de su conflicto (uno solo) es tan potente que inhabilita cualquier esfuerzo por pensar la sociedad vasca como una razonablemente moderna y atravesada por muchos conflictos diversos. Porque en esa idea el pueblo vasco es la víctima doliente y principal, antes de y por encima de todas las víctimas humanas, cuya realidad palidece ante un desgarro primordial absoluto.
Por ello, en tanto el nacionalismo y sus adláteres bienintencionados mantengan el canon explicativo del conflicto primordial, existirá una base de legitimación simbólica para el terrorismo. Aunque termine finalmente la violencia: quedará el relato de que ésta no fue sino otra manifestación (objetivamente inmoral pero personal y políticamente 'digna' como dice Patxi Zabaleta) de la lucha del pueblo vasco por llegar a ser libre.
El otro eje contextualizador (legitimador) del nacioterrorismo ha sido el discurso de la incorregible defectividad del sistema político español en su conjunto. Primero porque nos quitaron los fueros. Cuando existió el franquismo, por eso, porque era un autoritarismo centralista y represor. Y cuando dejó de existir, por lo mismo: porque la democracia española no era sino la heredera del franquismo, trufada de imposiciones, incapaz de reconocer el derecho a existir del pueblo vasco, repleta de instituciones represoras, practicante de la tortura y la guerra sucia, capaz de excluir del juego político a sectores enteros de la población, y así sucesivamente. El terrorismo se ha legitimado en la deslegitimación sistemática del poder democrático español, practicada incluso desde las instituciones integradas en ese poder, de manera que la legitimación/deslegitimación de uno y otro son como platillos de una balanza. Y mientras no se asuma el discurso público de que la democracia española no es más defectuosa que cualquier otra europea, y que su Constitución establece un buen sistema de convivencia para identidades y lealtades mezcladas como las de la sociedad vasca y española en general, no habrá manera de deslegitimar el terrorismo o su historia.
La escuela es importante, sin duda. Pero como decía Imanol Zubero hace días, los niños van a la escuela 'contados y cantados'. Y quien canta y cuenta las nanas es la sociedad, somos todos.
GABRIEL ALBIAC ABC 7 Junio 2010
EDITORIA Libertad Digital 7 Junio 2010
Es sin duda legítimo plantearse si el ejército israelí cometió un error táctico al asaltar una flotilla propagandística cuyo objetivo era precisamente ser asaltada para espolear el odio internacional contra Israel. Al fin y al cabo, las reacciones de la organización islamista que envió la Flotilla, la IHH, o de los activistas españoles pro-Hamas nada más regresaron a España, vinieron caracterizadas, no por la tristeza y la rabia de haber fracasado en su supuesto objetivo (la "ayuda humanitaria" a Gaza), sino por la satisfacción de haber cumplido con su misión. Si los filoterroristas celebran su éxito, es lógico preguntarse de quién ha sido el fracaso.
Dentro del propio Israel no son pocos quienes exigen la dimisión del ministro laborista de Defensa Ehud Barak. Es lo que sucede en las sociedades libres y democráticas como la israelí: hay disensión de opiniones y, desde luego, los ciudadanos no permanecen imperturbables ante las posibles responsabilidades políticas. Ya sucedió en 2007 con la comisión de investigación por la Segunda Guerra del Líbano que condenó la incorrecta gestión del entonces primer ministro Ehud Olmert y casi provoca la caída de su gobierno.
Cuestión muy distinta, claro, es que se pretenda convertir el caso del Mavi Marmara en la prueba final de la maldad intrínseca de Israel, en el argumento definitivo para aislar a un Estado democrático al que se llega a acusar de "pirata" y "genocida". Porque, en tal caso, no sólo se estaría camuflando el odio a Israel y, en general, a "lo judío" tras un falso discurso humanitario que no alcanza ni siquiera a los palestinos que se ven sometidos a Hamas (por no hablar de los israelíes que siguen siendo bombardeados diariamente desde Gaza o, yendo más allá, de todos los millones de musulmanes damnificados, torturados y asesinados por las autocracias y teocracias que circundan a Israel), sino que además se estaría cayendo precisamente en la trampa que Hamas quería tendernos a todos.
En concreto, negarle a Israel todo derecho de defensa frente a quienes quieren aniquilarlo supone no reconocerlo como una democracia capaz de detectar y castigar la eventual antijuridicidad de sus acciones defensivas o, aún peor, pedirle directamente que deje de defenderse y se suicide, algo que de nuevo los valientes gobiernos occidentales no se atreverían siquiera a sugerirle a ninguno de los regímenes más despóticos de la zona. Bien está, pues, que el Gobierno israelí se haya negado a someter su derecho soberano a la defensa a una comisión de investigación "independiente" dentro de esas Naciones Unidas tan prestas a aceptar a dictadores y asesinos como legítimos representantes de los pueblos a los que someten; las mismas Naciones Unidas, no lo olvidemos, que en un gesto de máxima infamia definieron en 1975 (en la resolución 3379) al sionismo como una "forma de racismo y de discriminación racial".
Lo preocupante, no obstante, es que la estrategia de Hamas para azuzar el antijudaísmo de Occidente y lograr así aislar a Israel está funcionando. Esperemos que ese aislamiento no logre, a su vez, romper el consenso que existe en el interior del país sobre la necesidad de no ceder ante el terrorismo a cambio de hipócritas gestos de aprobación de quienes desde hace décadas vienen insultando a Israel. La ONU es un claro ejemplo de esto último; la quintaesencia de la degeneración antiisraelí, antioccidental, antiliberal y antidemócrata del mundo desarrollado. De momento ella sigue a lo suyo: ser una correa de transmisión de la propaganda de Hamas. Nada bueno puede sacar Israel de ella.
“La ponencia de Casas sobre el Estatut es una misión imposible”
www.gaceta.es 7 Junio 2010
Alfonso Villagómez Cebrián, ex letrado del Tribunal Constitucional (TC) y magistrado en activo en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, conoce perfectamente la Administración de Justicia y el Alto Tribunal en el que estuvo varios años como letrado. Además, formó parte del gabinete técnico del Ministerio de Justicia y del Defensor del Pueblo. Asimismo, es doctor en Derecho Público y fue magistrado de lo contencioso en Sevilla. Está convencido de que el TC actuará sometido al principio de legalidad y no de oportunidad política, pese a que la nueva ponencia de la presidenta del tribunal constituye una misión imposible.
-¿Está legitimado este TC para dictar sentencia sobre el Estatuto de Cataluña?
-Desde un punto de vista formal, no hay duda. La legitimidad le viene impuesta por la Constitución y por su propia ley orgánica.
-¿Considera que, como dicen algunos políticos, hay que renovar al tribunal antes de resolver el Estatut?
-El TC hay que renovarlo cuando toca y así lo establece la Constitución: cada tres años y por tercios de sus integrantes. Y es obvio que hace mucho tiempo que debería haberse realizado en esos plazos. Se está incumpliendo la Carta Magna.
-Entonces, ¿por qué no se hizo en 2007, que es cuando correspondía?
-Sencillamente porque se necesita una mayoría cualificada de tres quintos en el Senado. Es evidente que no ha habido consenso entre el PP y el PSOE.
-¿Qué espera de la nueva ponencia sobre el Estatut que hará María Emilia Casas?
-Se le ha encomendado una misión imposible porque veo muy complicado, vistos los antecedentes de los borradores, que se pueda aprobar lo que no se ha hecho antes.
-La presidenta ha asegurado que habrá sentencia antes del verano. ¿Qué puede ocurrir?
-Posiblemente se acuda a otro tipo de votación sobre el proyecto, se limen algunas asperezas o se modulen determinados conceptos que lleven a conseguir la mayoría necesaria para aprobar el borrador de sentencia. La presidenta, en un ejercicio de responsabilidad, ha asumido esa ponencia consciente de su dificultad.
-¿Por qué se ha llegado a esta situación de misión imposible?
-Porque al TC se le ha trasladado un conflicto político que nunca debía haberse producido. Y ello porque el Estatut podría contradecir el modelo territorial que desde 1992, al menos, PSOE y PP cerraron con los pactos autonómicos.
-¿Cómo se podría haber evitado ese conflicto?
-Quizás manteniendo la misma línea que se había revelado útil para la integración de todas las sensibilidades autonómicas.
-Por la forma de actuar de algunos magistrados del TC se percibe que son terminales de los partidos políticos...
-La crisis institucional parece que viene producida porque un teórico magistrado adscrito ideológicamente a uno de los dos bloques no vota con arreglo a lo que se esperaba que hiciera desde el momento al que fue adscrito a ese bloque progresista.
-Para evitar enfrentamientos entre jueces progresistas y conservadores, ¿qué deben tener en cuenta los partidos políticos para elegir a los magistrados?
-Los partidos, en un ejercicio de responsabilidad, deben reflexionar y elegir para el TC a los mejores juristas del Derecho español. Para ello, hay que tener en cuenta los méritos y la capacidad profesional de los candidatos y no los criterios de su adscripción partidista y visión sectaria. Así será más fácil llegar a un acuerdo.
-¿Hay que esperar a que se celebren las elecciones catalanas para que el TC resuelva el Estatut?
-No. El Tribunal Constitucional actúa, o mejor dicho, no debería proceder con arreglo a criterios de oportunidad, sino conforme a los principios de legalidad y constitucionalidad.
-¿Cree que en las últimas deliberaciones los magistrados han sido perturbados en su independencia?
-Si se percibe que los magistrados del TC están siendo sometidos a una presión externa, es que algo está fallando en el sistema. Pero el problema no es tanto del que presiona, que dentro del juego político se puede entender. El problema está en si uno se deja presionar.
-¿Piensa que el TC es un órgano jurisdiccional que actúa con criterios políticos?
-Es el máximo intérprete de la Constitución española, que es una norma de contenido político. Por esta razón, tiene la difícil tarea de resolver asuntos concretos con una materia prima de trabajo que son normas de contenido exclusivamente político. Pero aplica criterios jurisdiccionales.
Séptimo asalto en busca de sentencia del Estatut
Ricardo Coarasa La Razón 7 Junio 2010
Casas someterá el jueves al Pleno del TC su borrador del fallo, que cuenta con escasas posibilidades de éxito. La alternativa, votar artículo por artículo.
Casi tres años y medio después, el Tribunal Constitucional (TC) sigue a vueltas con el Estatut. Dos ponentes no han sido capaces de conseguir el ansiado consenso y ahora le toca el turno a la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, que está dispuesta a echar el resto para que la sentencia se conozca antes de las vacaciones de verano.
Pero lo tendrá muy difícil, porque las posiciones de los diez magistrados que tienen en su mano la resolución están enquistadas desde hace meses. El próximo jueves, Casas someterá al criterio de sus compañeros su borrador de sentencia –el séptimo en total–, pero las fuentes consultadas no ocultan su pesimismo respecto al éxito de la iniciativa. La falta de consenso podría acarrear, incluso, que el texto ni siquiera llegase a votarse.
De hecho, el borrador de Casas es muy parecido al que defendió la magistrada Elisa Pérez Vera, que declaraba la inconstitucionalidad de 15 preceptos del Estatuto de Cataluña y que consiguió la mayoría necesaria para plasmarse en sentencia. El objetivo de la presidenta del TC es conseguir sumar al bloque progresista al magistrado Manuel Aragón, elegido a propuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero que no parece dispuesto a avalar la definición de Cataluña como nación del preámbulo del Estatut. Como tampoco el polémico artículo 8, que establece que Cataluña, «definida como nacionalidad en el artículo primero, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno».
Casas contará con el apoyo de los «progresistas» Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay, pero necesita sumar un apoyo más, pero parece imposible que lo encuentre entre los conservadores Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez Zapata. Le quedan, por tanto, el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y el propio Manuel Aragón. Esa precariedad podría hacer la votación innecesaria (Casas sólo podría desequilibrar la balanza con su voto de calidad en caso de empate a cinco). En ese caso, la presidenta del TC, empeñada en enmendar el desprestigio al que se enfrenta por este motivo la institución que preside, recurriría al plan B.
La intención de Casas es votar entonces uno a uno los artículos impugnados por el PP, para ir circunscribiendo los puntos de desencuentro que impiden el acuerdo. Previsiblemente, el Pleno continuará al menos el viernes a la espera de un acercamiento de posturas que se antoja complicado. Casas intenta así que la sentencia se notifique antes del verano para que no interfiera en las próximas elecciones catalanas, que se celebrarán en otoño. De otro modo, el fallo debería esperar hasta finales de año.
El plan B no convence
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo rechazó ayer la idea de que el Tribunal Constitucional acabe votando el Estatut «artículo por artículo», ya que, según él, esta opción acarrearía una sentencia sin ninguna coherencia. En declaraciones a la televisión autonómica TV3 recogidas por Efe, Pérez Royo alertó de que «esto no se ha hecho nunca» y de que los magistrados del TC «se están inventando una fórmula que realmente sería ad hoc», exclusivamente creada para juzgar el Estatut. Según él, si la presidenta del TC, María Emilia Casas, decide aplicar esta fórmula «inventada» «habrá 14 ó 17 ó 21 sentencias» dentro de un mismo fallo, ya que la votación artículo por artículo llevará a configurar un texto contradictorio entre sí.
Los 13 millones de euros que el Gobierno de Patxi López destina a promocionar el euskera crearían 3.250 puestos de trabajo en el País Vasco
EIG. Raúl González Zorrilla. Periodista Digital 7 Junio 2010
Desde sus inicios, el Gobierno socialista de Patxi López se encuentra incomprensiblemente acomplejado por "no ser demasiado nacionalista" y, consecuentemente, no pierde oportunidad para demostrar que, a pesar de apoyarse en el PP, sigue siendo más vasco que nadie.
En este sentido, décadas de manipulación histórica y años sucesivos de confundir obscenamente el mito, la ensoñación y el irracionalismo esencialista del PNV con la civilidad democrática y el respeto institucional, han llevado a que en el País Vasco se entienda como dogma algo que, simplemente, es una burda mentira: que el idioma de los vascos es el euskera. En Euskadi conviven dos idiomas oficiales, el español y el vascuence, y ambos dos son las lenguas de los vascos por mucho que esto indigne a los más mostrencos y reaccionarios del lugar. Pero, además, el único idioma que los ciudadanos vascos, como el resto de los ciudadanos españoles, estamos obligados a aprender y conocer, es el castellano, tal y como lo señala la Constitución en su artículo 3.1.
Uno de los grandes éxitos del nacionalismo vasco desde el inicio de la Transición, reforzado por la incapacidad del ordenamiento institucional español para imponer y hacer valer en el País Vasco los mas elementales principios democráticos, ha sido el de hacer creer a todo el mundo, no nacionalistas incluidos, que el único idioma con derechos en Euskadi es el euskera, mientras que el español, el segundo idioma más hablado del mundo, es algo así como una rémora de "los invasores" contra la que hay que luchar siempre que se pueda.
Así las cosas, durante casi cuarenta años de administraciones nacionalistas, los fondos económicos que se han destinado a implantar entre los ciudadanos vascos un idioma, el euskera, que resulta intelectualmente ajeno a la mayor parte de la población de esta comunidad y cuya importancia cultural en el mundo globalizado que vivimos es absolutamente nula, son difícilmente calculables. Todo ello, además, para alcanzar unos resultados lamentablemente patéticos desde un punto de vista estadístico y absolutamente aberrantes desde un punto de vista educativo: por un lado, tras cuatro décadas de totalitarismo idiomático nacionalista, menos del 20% de los ciudadanos vascos utiliza habitualmente el euskera, mientras que, por otra parte, todos los niños vascos que hoy por hoy deseen educarse en la escuela pública de esta autonomía han de hacerlo en este idioma, porque, actualmente, ningún estudiante en Euskadi puede llevar adelante sus cursos íntegra y exclusivamente en... castellano.
Lejos de acabar con esta utilización espuria del euskera llevada a cabo por el nacionalismo vasco, el Ejecutivo socialista insiste, sacando pecho, en el mismo comportamiento indecente y grotesco. Ahora, la Administración liderada por Patxi López acaba de presentar una partida presupuestaria de 12.690.000 euros destinada a promocionar y fomentar el uso del euskera en las empresas publicas y privadas, en las asociaciones y en las distintas instituciones municipales de Euskadi. Todo esto, claro está, independientemente de otras tantas y casi incontables partidas que se destinan a la promoción rastrera del euskera en los centros de enseñanza, en la televisión pública, en el funcionariado, en la Ertzaintza... Además, y como si esta dotación económica para revitalizar un idioma minoritario, innecesario y folclórico no fuera una infamia en los tiempos que corren, la viceconsejera de Política Lingüística, Lourdes Auzmendi, ha explicado que la situación de crisis económica apenas ha provocado una mínima reducción presupuestaria y ha destacado "el gran esfuerzo" realizado desde su departamento para mantener dichas ayudas.
Lo que no dice el Ejecutivo de Vitoria es que las instituciones calculan que un millón de euros de inversión pública destinada a impulsar el empleo se traduce, aproximadamente, en la creación de 250 puestos de trabajo. Pues bien, si el Gobierno de Patxi López en vez de destinar 13 millones de euros a promover y reforzar un idioma carente de valor como herramienta comunicativa y que únicamente sirve para reforzar las estrucuturas de poder creadas por el nacionalismo más radical, hubiera dirigido ese montante a la creación de nuevos puestos de trabajo, se hubieran podido poner en marcha en Euskadi la friolera de... 3.250 empleos.
No sabemos, en fin, cuánto nos ha costado a los ciudadanos, a lo largo de los últimos cuarenta años, esta querencia totalitaria para que la mayoría de los vascos abandonemos nuestra lengua materna y pasemos a farfullar un idioma cuyo único valor, el paleolingüístico, ha sido también dilapidado por la normalización lingüística nacionalista. Pero sí sabemos lo que nos va a costar a todos los vascos promover, impulsar y alentar la utilización del euskera en el año 2010, en medio de la peor crisis económica que vive Europa desde hace casi un siglo: 3.250 puestos de trabajo.
Manuel Nevot: "La Generalitat obra de manera arbitraria contra todo lo que huele a español"
Este empresario asegura que no pagará la multa lingüística
Álvaro Rubiowww.lavozlibre.com 7 Junio 2010
Madrid.- El empresario Manuel Nevot, multado por no tener un rótulo en catalán en su establecimiento, asegura que no piensa pagar la multa lingüística que le impuso la Generalitat.
Considera que el Gobierno de Cataluña obra de una manera "arbitraria y contra todo lo que sea y huela a español".
La administración catalana multó con 400 euros en 2006 al propietario de Finques Nevot por supuestamente no tener un cartel en catalán en la puerta de su negocio, situado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y con 400 euros más por no anunciar que en su establecimiento disponían de hojas de reclamación en ese idioma.
Nevot pagará la multa por no tener el rótulo que confirmara que en ese establecimiento existe libro de reclamaciones. "Haré efectivo el pago de esta segunda sanción de 400 euros, incrementada con el 5 por ciento", explicó Nevot, "pero en cuanto a la primera sanción por tener el letrero principal en español, me niego taxativamente a pagarla ya que tengo el letrero en catalán", añade el empresario.
Ahora Nevot está esperando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie ante el recurso interpuesto con la ayuda de la asociación Convivencia Cívica Catalana. Manuel cree que el Constitucional emitirá una sentencia "favorable para hacer que las sanciones por no rotular en catalán no sean efectivas".
Asegura que si el Constitucional no falla a su favor recurrirá a Estrasburgo según proceda y siempre con el asesoramiento de sus abogados.
Sorprendente artículo publicado en el diario del Grupo Godó
‘La Vanguardia’ publica un artículo con la hoja de ruta de los independentistas catalanes
lavozdebarcelona.com 7 Junio 2010
Cinco ‘cosas que establecer’ y cinco ‘cosas que evitar’. Esta es la receta que el profesor de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra recomienda para la independencia de Cataluña. La hoja de ruta se ha publicado este lunes en las páginas de La Vanguardia.
Sorprendentemente, el periódico del Grupo Godó, cuyo editor es Javier Godó, conde de Godó -es decir, grande de España-, ha publicado un artículo de opinión que bien podría ser un manifiesto que sirviera de hoja de ruta para la independencia de Cataluña. El texto, firmado por Ferran Requejo, profesor de Ciencia Política de la UPF, ‘indica un decálogo de factores que un movimiento independentista debe procurar o tratar de evitar’.
Requejo, uno de los firmantes del último manifiesto nacionalista publicado para presionar al Tribunal Constitucional en su deliberación sobre los siete recursos de inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, plantea la hoja de ruta que el ‘movimiento independentista’ debe seguir, después de asegurar que el Estado de las Autonomías ha sido ‘un flagrante fracaso’ y advertir que la independencia de Cataluña y el País Vasco no se pueden dejar ‘a la improvisación o a la frivolidad’. Por lo tanto, el profesor universitario se marca una decálogo u hoja de ruta para el independentismo catalán, en las páginas de Opinión de La Vanguardia.
Por su interés, a continuación, reproducimos el decálogo:
2) Un proyecto transversal basado en valores, datos empíricos y proyección de futuro. Razones de peso a favor de la independencia no faltan, más bien sobran. Las hay de carácter económico (déficit de infraestructuras; déficit fiscal catalán del 10% del PIB – un auténtico expolio en términos comparados que rebaja la competitividad en el mundo global-); razones de carácter social (los índices de bienestar de una Catalunya independiente podrían ser semejantes a los de Suecia o Canadá); razones políticas (aumento de poder de autogobierno y en la escena internacional); razones de carácter simbólico, lingüístico, cultural, deportivo…
3) Un pacto entre las fuerzas políticas catalanas y de la sociedad civil favorables a la independencia que recoja, no sólo el objetivo final, sino las principales “estaciones intermedias” del recorrido. Un pacto abierto a otras fuerzas y sectores sociales. (En tiempos de la revolución americana se decía “United we stand, divided we fall”).
9) El independentismo con adjetivos. La vinculación de la independencia a que esta vaya acompañada de adjetivos como de izquierdas, ecológico, de mercado, etcétera. Ello confunde el objetivo sustantivo, la independencia, con los aspectos que reivindicar una vez que se consiga esta.
Así, después de asegurar que hay que estar preparados porque ‘la legalidad española’ no permitirá un referendo independentista o que se utilicen argumentos que bien podrían servir para la independencia de Barcelona en relación a Cataluña, o del barrio de San Gervasio en relación a Barcelona, Requejo -en La Vanguardia- finaliza señalando que la independencia de Cataluña es ‘un tema de gran calado político’, ‘tejer alianzas internas e internacionales’ y requiere de ‘profesionalidad, optimismo, razonabilidad argumentativa y racionalidad estratégica’.
Una hoja de ruta independentista que cuesta creer que se hubiera publicado hace solo unos años, pocos, cuando el periódico del Grupo Godó se vendía en toda España.

References: resolución 
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 103
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 3