Source: http://conflictuslegum.blogspot.com/2018/03/
Timestamp: 2019-06-17 22:39:35+00:00

Document:
Resolución del Parlamento Europeo sobre normas mínimas comunes del proceso civil
ANEXO a la Resolución: Recomendaciones para una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas mínimas comunes del Proceso Civil en la Unión.
Nota: Según el art. 1 de la propuesta de Directiva, esta norma tendría por objeto aproximar los sistemas de enjuiciamiento civil de modo que se garantice el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial reconocido en el art. 47 de la Carta y en el art. 6 del CEDH, mediante el establecimiento de normas mínimas relativas al inicio, el desarrollo y la conclusión de los procesos civiles ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.
Agradezco la referencia a Andrés Rodríguez Benot (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla).
Etiquetas: D.Persona, DPCI, Europarlamento
Jurisprudencia - La retirada del exequátur a un cónsul no es recurrible por la vía contencioso-administrativa
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Auto de 19 febrero 2018, Rec. 48/2017: El otorgamiento y la retirada del exequátur -es decir, del consentimiento o beneplácito- a los representantes consulares no es materia regulada por el Derecho Administrativo, sino por el Derecho Internacional, codificado en este extremo por el Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963. De acuerdo con el art. 12 del Convenio, otorgar o denegar el exequátur es un acto libérrimo del Estado receptor, que no está obligado a dar explicación alguna. Lo mismo vale para el momento de su terminación (véase el art. 23 del Convenio). No sólo la decisión de retirar el exequátur pertenece al puro ámbito del Derecho Internacional, sino que es absolutamente libre y no necesitada de justificación. Por tanto, no hay elementos reglados, ni expediente administrativo alguno, tratándose de una decisión que, con arreglo a las normas jurídico-internacionales que la regulan, se adopta sin ningún trámite. En relación con una posible lesión del derecho al honor, el destinatario de la nota verbal por la que se comunica la anulación del exequátur de un cónsul, no es éste, sino el Estado que lo envía, por lo que el otorgamiento y la retirada del exequátur no es algo que concierna personalmente al cónsul, siendo un acto de Estado a Estado. En caso de existir tal lesión, no sería imputable a la retirada del exequátur, ya que el mero hecho de adoptar una decisión jurídicamente libre y no necesitada de justificación no puede considerarse contraria al honor; y menos aún al honor de alguien que actúa como agente de un Estado, no como persona particular. Ahora bien, la reparación de la eventual vulneración de un derecho fundamental debe exigirse a la persona que haya efectivamente causado tal vulneración y mediante el proceso que corresponda, que no puede ser un recurso contenciosoadministrativo dirigido contra la Nota Verbal del MAEC.
Ponente: Diez-Picazo Giménez, Luis María.
Nº de Recurso: 48/2017
[Texto en CENDOJ: Roj: ATS 2075/2018 - ECLI: ES:TS:2018:2075A]
Etiquetas: D.Persona, DPCI, DPPI, Extranjería, Jurisprudencia
Protocolo de actuación en materia de asesoramiento y asistencia jurídica a las personas extranjeras en prisión
El Consejo General de la Abogacía Española ha elaborado un Protocolo sobre Presos Extranjeros que fue aprobado el pasado día 1 de marzo por el Pleno. El objetivo de este Protocolo es recoger en un documento las buenas prácticas en materia de asesoramiento y asistencia jurídica a las personas extranjeras que se encuentran en prisión, con la finalidad de que sirva de material de consulta y de referencia a los abogados que prestan sus servicios en el Turno de Oficio especializado en Derecho Penitenciario.
Texto del Protocolo [aquí]
Etiquetas: D.Penal, D.Persona, Extranjería
Jurisprudencia - La existencia de antecedentes penales como criterio determinante de la denegación de la solicitud de autorización de residencia de larga duración
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Auto de 19 enero 2018, Rec. 3700/2017: Presenta interés casacional determinar objetivo determinar si, conforme al régimen jurídico que resulta de aplicación, la sola existencia de algún antecedente penal determina sin más la denegación de la solicitud de autorización de larga duración o si, por el contrario, procede considerar y ponderar las circunstancias concurrentes en la persona del extranjero concernido, a los efectos de concluir en su caso que no constituye una amenaza suficientemente grave y de otorgar en su consecuencia la indicada autorización.
[Texto en CENDOJ: Roj: ATS 600/2018 - ECLI: ES:TS:2018:600A]
Jurisprudencia - No cabe aprovechar el trámite de solicitud del visado para reexaminar y reconsiderar lo ya examinado y acordado mediante resolución administrativa firme
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Sentencia de 22 diciembre 2017, Rec. 401/2017: Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, mantener una entrevista personal para comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del visado. La jurisprudencia ha permitido que la Embajada o Consulado a la vista de la documentación original aportada, no solo la contraste con el original sino que también indague sobre la autenticidad sobre los documentos presentados o, incluso, que se investigue si existen datos que permitan pensar que se trata de un matrimonio fraudulento o de complacencia. Si la documentación original coincide con la aportada antes mediante copia y no se ponen de manifiesto con ocasión de la tramitación del expediente de visado la existencia de datos novedosos, carece de justificación aprovechar el trámite de solicitud del visado para reexaminar y reconsiderar lo mismo que ya se ha examinado y acordado mediante resolución administrativa firme, y así cambiar el criterio sentado en esa primera resolución autorizatoria de la reagrupación.
Nº de Recurso: 401/2017
[Texto en CENDOJ: Roj: STSJ M 12989/2017 - ECLI: ES:TSJM:2017:12989]
Nota: Véase Véase el Real Decreto 58/2005, de 21 de enero.
[BOE n. 78, de 30.3.2018]
Bibliografía (Revista de revistas) - Arbitraje (2017, núm. 3)
Contenidos de la revista "Arbitraje - Revista de arbitraje comercial y de inversiones", volumen X, 2017, num. 3.
En torno a la nulidad del laudo por insuficiencia de motivación, pp. 657-659.
-Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO, Los Reglamentos Roma I y Roma II en el arbitraje comercial internacional, pp. 661-738.
-Ixusko ORDEÑANA GEZURAGA, Bienvenidos arbitraje comercial y de inversiones y resto de mecanismos extrajurisdiccionales al Derecho jurisdiccional diversificado, rama del Derecho que ordena la solución de los conflictos jurídicos, pp. 739-781.
-José Fernando MERINO MERCHÁN, Principio dispositivo y acción de anulación, pp. 783-798.
-Mª Inmaculada RODRÍGUEZ ROBLERO, Algunos “otros” métodos de prevención, resolución y solución adecuada de conflictos, pp. 799-847.
Jurisprudencia. Jurisprudencia española:
-Álvaro SORIANO HINOJOSA, p. 849.
-José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS, Crónica de las decisiones de los Tribunales españoles sobre arbitraje (I), p. 873.
·Jordi SELLARÉS SERRA, III Foro español de arbitraje ICC: Habla la empresa española sobre el arbitraje. CIAMEN–ICC (Madrid 26 y 27 septiembre 2017), p. 899.
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI):
·Actualización del Reglamento y de las Reglas del CIADI, p. 926.
·Empleo de semáforos durante las audiencias para implementar la transparencia en el arbitraje de inversión administrado por el CIADI, p. 926.
·Entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, p. 927.
·Bernardo M. Cremades académico numerario de la Real de Jurisprudencia y Legislación, p. 928.
International Council for Commercial Arbitration:
·Trinidad ALONSO, Third–Party Funding or A Tale of Two Siblings, p. 929.
·El Parlamento Europeo lamenta que solo tres Estados miembros hayan optado por transponer la Directiva de mediación en asuntos civiles y mercantiles, p. 932.
·Apertura de negociaciones por parte de la Unión Europea de un Convenio relativo al establecimiento de un tribunal multilateral para la solución de diferencias en materia de inversiones, p. 935.
Jurisprudencia - Delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual del art. 177 bis CP anterior a la reforma del año 2015
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Sentencia de 6 marzo 2018, Rec. 10279/2017: Inmigración ilegal. El art. 318 bis.1 CP, en la fecha de los hechos, sancionaba con la pena de cuatro a ocho años de prisión a quien directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, desde, en tránsito o con destino a España. Tras la reforma operada por la LO 1/2015, protege principalmente el interés del Estado en el control de los flujos migratorios y, en consecuencia, se sanciona con una pena muy inferior las conductas que consistan en ayudar intencionadamente a alguien que no sea nacional de un Estado miembro de la UE a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros. El precepto sigue estando encuadrado bajo la rúbrica relativa a los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, presididos por el derecho a la preservación de su dignidad, lo que impide prescindir de una suficiente consideración a este bien jurídico, por lo que será preciso que las circunstancias que rodean la conducta permitan apreciar la existencia de alguna clase de riesgo relevante para tales derechos como consecuencia de la conducta típica. En este mismo sentido, se prevé la no punibilidad cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria. Y en la misma línea la agravación de la pena cuando se ponga en peligro la vida de las personas que sean sujeto pasivo de la infracción o se hubiere creado el peligro de causación de lesiones graves. Trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual. El art. 177 bis, en la redacción vigente al tiempo de los hechos, castigaba con una pena comprendida entre cinco y ocho años de prisión al que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare, con cualquiera de varias finalidades, entre las que se encuentra la explotación sexual, incluida la pornografía. Como se desprende sin dificultad de la descripción típica, el delito puede cometerse en varios momentos, desde la captación hasta el alojamiento, pudiendo concurrir cualquiera de los elementos exigidos, es decir, la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de cualquiera de las situaciones mencionadas, en cualquiera de los citados momentos temporales, siempre que conste la finalidad típica.
Nº de Recurso: 10279/2017
[Texto en CENDOJ: Roj: STS 788/2018 - ECLI: ES:TS:2018:788]
-Asunto C-106/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 31 de enero de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Szczecinie — Polonia) — Paweł Hofsoe / LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster AG [Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 11, apartado 1, letra b), y artículo 13, apartado 2 — Competencia en materia de seguros — Ámbito de aplicación personal — Concepto de «persona perjudicada» — Profesional del sector de los seguros — Exclusión]
Nota: Véase la entrada de este blog del día 31.1.2018.
-Asunto C-625/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 3 de noviembre de 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG
Cuestión planteada: "¿Es contraria a la libre prestación de servicios consagrada en los artículos 56 TFUE y siguientes y/o a la libre circulación de capitales y pagos consagrada en el artículo 63 TFUE una normativa que establece un tributo sobre el balance de las entidades de crédito, cuando una entidad de crédito con sede en Austria debe pagar el tributo por sus operaciones bancarias con los clientes del resto de la Unión Europea, cosa que no sucede con una entidad de crédito con sede en Austria que efectúe tales operaciones como sociedad matriz de un grupo bancario por medio de una entidad de crédito del grupo con sede en otro Estado miembro de la Unión Europea y cuyo balance, debido a su pertenencia al grupo, se consolida con el balance de la entidad de crédito que actúa como sociedad matriz del grupo, debido a que el tributo grava el balance no consolidado (no incluido en los estados financieros consolidados)?"
-Asunto C-641/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht München (Alemania) el 17 de noviembre de 2017 — College Pension Plan of British Columbia / Finanzamt München III
"1) ¿Se opone la libre circulación de capitales consagrada en el artículo 63 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 65 TFUE, a la normativa de un Estado miembro por la cual un fondo de pensiones de empleo no residente —que, en su estructura esencial, es comparable a un fondo de pensiones alemán— no goza de desgravación alguna en el impuesto sobre los rendimientos del capital por los dividendos percibidos, mientras que los correspondientes repartos de dividendos en favor de fondos de pensiones residentes no generan incremento alguno, o sólo un incremento mínimo, de la cuota del impuesto sobre sociedades porque [los fondos de pensiones residentes] tienen la posibilidad, en el procedimiento tributario, de minorar su beneficio imponible deduciendo las provisiones para obligaciones de pago de pensiones y de neutralizar el impuesto abonado sobre los rendimientos del capital por la vía de la deducción o, en la medida en que la cuota del impuesto de sociedades que deba satisfacerse sea menor que la deducción, por la vía de la devolución?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es lícita con arreglo al artículo 63 TFUE, en relación con el artículo 64 TFUE, apartado 1, la restricción de la libre circulación de capitales que constituye el artículo 32, apartado 1, punto 2, de la KStG frente a terceros países, por estar relacionada con la prestación de servicios financieros?"
-Asunto C-649/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania) el 21 noviembre de 2017 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Amazon EU Sàrl
"Se plantean las siguientes cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.
1) ¿Pueden los Estados miembros adoptar una disposición —como el artículo 246a, parágrafo 1, apartado 1, primera frase, punto 2, de la Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Ley de introducción al Código Civil; en lo sucesivo,
«EGBGB»)— que, en los contratos celebrados a distancia, obliga siempre al comerciante [no sólo cuando proceda], a facilitar un número de teléfono al consumidor antes de que éste emita su declaración contractual?
2) ¿Significa la expresión «cuando proceda» (en la versión alemana, «gegebenenfalls») utilizada en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE que un comerciante sólo está obligado a informar de los medios de comunicación de que ya dispone efectivamente su empresa, de manera que no está obligado a instalar una conexión de teléfono o de fax ni contratar una cuenta de correo electrónico nueva, si decide celebrar en la empresa también contratos a distancia?
¿Significa la expresión «cuando proceda» (en la versión alemana, «gegebenenfalls») que utiliza el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE que en una empresa sólo se dispone de los medios de comunicación que el
comerciante efectivamente utilice para contactar con los consumidores en la celebración de contratos a distancia, o se consideran disponibles en la empresa también los medios de comunicación que el comerciante utilice hasta la fecha
exclusivamente para otros fines, como pueden ser la comunicación con profesionales o con las autoridades?
4) ¿Es exhaustiva la enumeración de los medios de comunicación, teléfono, fax y correo electrónico, que figura en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE o puede el comerciante emplear además otros medios de comunicación aparte de los mencionados en dicha disposición (como, por ejemplo, un chat de Internet o un sistema de rellamada telefónica), siempre que con ello se garantice una comunicación rápida y eficaz?
5) Para el cumplimiento del mandato de transparencia del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/83/UE, conforme al cual el comerciante debe informar al consumidor de forma clara y comprensible de los medios de comunicación mencionados en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE, ¿es lo decisivo que la información se facilite de forma rápida y eficaz?"
-Asunto C-25/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Okrazhen sad Blagoevgrad (Bulgaria) el 16 de enero de 2018 — Bryan Andrew Ker/Pavlo Postnov, Natalia Postnova
"1) Los acuerdos de comunidades de bienes sin personalidad jurídica, que nacen por ley debido a la titularidad particular de un derecho, adoptados por la mayoría de sus miembros, pero que vinculan a todos los miembros, incluidos aquellos que no hubieran votado, ¿constituyen la base de una «obligación contractual» en lo que respecta a la determinación de la competencia internacional conforme al artículo 7, número 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012?
2) Para el caso de que se responda negativamente a la primera cuestión, ¿deben aplicarse a tales acuerdos las disposiciones sobre la determinación del ordenamiento jurídico aplicable a las relaciones contractuales del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las relaciones contractuales (Roma I)?
3) Para el caso de que se responda negativamente a las cuestiones primera y segunda, ¿procede aplicar a tales acuerdos las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) y cuál de las bases resulta determinante para fundamentar el derecho?
4) Para el caso de que se responda afirmativamente a las cuestiones primera o segunda, ¿procede considerar que los acuerdos de comunidades sin personalidad jurídica relativos a los gastos para el mantenimiento de edificios deben calificarse de «contratos de servicios» en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las relaciones contractuales (Roma I) o de contratos sobre un «derecho real» o de «arrendamiento» en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento?"
[DOUE C112, de 26.3.2018]
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Jurisprudencia - Responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho europeo en el impuesto sobre sucesiones y donaciones
-Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, Sentencia 242/2018 de 19 Feb. 2018, Rec. 62/2017: Responsabilidad de las Administraciones públicas. Administración del Estado. Impuesto de sucesiones. Revocación del Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se denegó solicitud indemnizatoria formulada, en concepto de responsabilidad patrimonial derivada de la aplicación de la normativa estatal del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, contraria al Derecho de la Unión Europea, según STJUE, de 3 Sep. 2014. Incumplimiento del derecho europeo, al establecer diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España. Al conocer España el criterio del TJUE, plasmado con anterioridad al devengo del impuesto de sucesiones y de manera clara, España tenía que haber adaptado su normativa al derecho europeo. Relación de causalidad directa. La diferencia de trato, prohibida por el derecho europeo, es la causante directa del daño cuya indemnización se reclama.
Diario La Ley, Nº 9166, Sección Reseña de Sentencias, 26 de Marzo de 2018
Etiquetas: D.Público, D.Sucesiones, Fiscalidad, Jurisprudencia, UE
-Neue Juristische Wochenschrift - NJW: 2018, núm. 9; 2018, núm. 10; 2018, núm. 11.
-Revista de Derecho de la Unión Europea: núm. 32 (2017) [Dedicado a la Unión Europea en la encrucijada].
-Revista de Estudios Europeos: núm. 71 (2018).
Conflicts of interests of arbitrators in international law firms
Ana Fernández Pérez, Associate Professor of Private International Law at the University of Alcalá de Henares (Spain)
Arbitration International, 2018, 0, 1–24 [doi: 10.1093/arbint/aiy007]
Conflict of interest is one of the greatest challenges faced today by law firms with wide-reaching international scope which offer a special transcendence in arbitration. In recent years, arbitration laws and regulations and ethical codes have addressed this issue, although there are still many voids and questions left to be solved. The purpose of this article is to study international practice regarding conflicts of interest arising from arbitrators’ membership of large law firms and the appropriate solutions for resolving them.
-Pleno. Sentencia 17/2018, de 22 de febrero de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 7089-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra. Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: nulidad de la ley foral que extiende la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.
Nota: El objeto de este proceso es resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno contra la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra. El artículo único regula el derecho de asistencia sanitaria que corresponde a todas las personas con residencia en Navarra, en los términos previstos en el mismo. Por su parte, la disposición adicional regula el derecho a las prestaciones farmacéuticas, para lo cual se remite a la Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra.
En relación con la vulneración del orden constitucional de competencias que se imputa al artículo único de la Ley Foral 8/2013, el TC afirma que cobran especial relevancia las SSTC 134/2017, de 16 de noviembre, 145/2017, de 14 de diciembre y 2/2018, de 11 de enero, que resolvieron, respectivamente, el conflicto positivo de competencia núm. 4540-2012, interpuesto por el Gobierno, contra determinados preceptos del Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el recurso de inconstitucionalidad núm. 6022-2015 promovido por el Presidente del Gobierno contra el Decreto-ley del Consell de la Generalidad Valenciana 3/2015, de 24 de julio, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana y el recurso de inconstitucionalidad núm. 2002-2017, promovido por el Presidente del Gobierno contra determinadas disposiciones de la Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Atendiendo a dicha similitud, el TC se remite a la STC 134/2017, FJ 3, respecto al encuadramiento de la controversia en materia de sanidad, así como al fundamento jurídico 4 de la misma, en relación con la doctrina sobre el régimen de distribución de competencias en esta materia.
El artículo único de la Ley Foral 8/2013 determina que todas las personas con residencia en Navarra tienen derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada, prestada por el sistema sanitario público de la Comunidad Foral de Navarra, con cargo a los presupuestos generales de Navarra, cualquiera que sea su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa (apartado primero). Estas podrán o bien disponer de tarjeta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud o, en su defecto, si tienen la residencia en Navarra (en los términos recogidos en el apartado segundo), contar con un documento de identificación de acceso al régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en Navarra (apartado tercero). En ambos casos la asistencia sanitaria será la misma (apartado cuarto). Atendiendo a dicha regulación podemos apreciar la contradicción entre la normativa autonómica y la normativa estatal en la medida en que el reconocimiento de acceso a la asistencia sanitaria en la misma no se corresponde con el previsto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo.
La disposición adicional de la Ley Foral 8/2013 determina la aplicación de la Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra. Concretamente, la referida disposición establece que «las normas de la Ley Foral 18/2012, de 19 de octubre, sobre la complementación de las prestaciones farmacéuticas en la Comunidad Foral de Navarra, son de directa aplicación desde su entrada en vigor, y han de aplicarse por el Departamento de Salud y por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea con independencia de las normas reglamentarias que se precisen para el desarrollo de la Ley Foral. En consecuencia, las personas a las que se refiere el artículo 2 de esta Ley Foral tienen derecho efectivo e inmediato de acceso a la complementación de las prestaciones farmacéuticas desde el mismo día de la entrada en vigor de la Ley Foral, en los términos del artículo 5 de la misma».
La disposición adicional única de la Ley Foral 8/2013 reconoce el derecho efectivo e inmediato de acceso a la complementación de las prestaciones farmacéuticas en los términos de dos preceptos de la Ley 18/2012 que han sido declarados, parcialmente, inconstitucionales y nulos. La remisión a dichos preceptos para configurar el citado derecho incurre, de esta manera, en los mismos vicios de inconstitucionalidad que apreciamos en la citada STC 140/2017, lo que determina la inconstitucionalidad y nulidad de la misma. En definitiva, ha de estimarse la impugnación de la disposición adicional única de la Ley Foral 8/2013, puesto que configura el derecho de acceso a las prestaciones farmacéuticas remitiéndose a la Ley Foral 18/2012 y concretamente a lo dispuesto en sus artículos 2 y 5, que han sido declarados parcialmente inconstitucionales y nulos por la STC 140/2017.
Una vez resueltas las impugnaciones del artículo único y la disposición adicional, las restantes previsiones no pueden sino considerarse complementarias, por lo que no podemos sino llegar a la misma conclusión en cuanto a las mismas, dado que su impugnación no es autónoma.
Por todo lo anterior, el Tribunal estimar el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declara inconstitucional y nula la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.
-Pleno. Sentencia 18/2018, de 22 de febrero de 2018. Conflicto positivo de competencia 136-2013. Planteado por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, por el que se modifica el Decreto Foral 640/1996, de 18 de noviembre, que establece el procedimiento y las condiciones para el acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra. Competencias sobre extranjería, asistencia sanitaria y sanidad: pérdida parcial de objeto del conflicto y nulidad de los preceptos reglamentarios que extienden la cobertura sanitaria a sujetos no incluidos en el Sistema Nacional de Salud (STC 134/2017). Votos particulares.
ECLI:ES:TC:2018:18
Nota: En este caso, el objeto del recurso es resolver el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de la Nación, contra el Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre, por el que se modifica el Decreto Foral 640/1996, de 18 de noviembre, que establece el procedimiento y las condiciones para el acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra. El Abogado del Estado argumenta que las previsiones del decreto foral incurren en extralimitación competencial, que deviene en inconstitucionalidad mediata, por cuanto la norma autonómica vulnera la normativa básica que determina las condiciones subjetivas para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y que regula el reconocimiento del derecho a dichas prestaciones, normativa esta dictada de acuerdo con las competencias que le corresponden al Estado conforme al artículo 149.1, apartados 1, 2, 16 y 17 CE.
La STC 134/2017, FJ 3, encuadra la controversia en materia de sanidad, hecho lo cual, identifica como norma de contraste, es decir como norma material y formalmente básica —argumentando en torno a la concurrencia de tal naturaleza—, al artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la redacción introducida por el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 16/2012, que garantiza la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado.
Esta condición es reconocida a: (i) los ciudadanos de nacionalidad española o los extranjeros afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena o propia, en situación de alta o asimilada al alta; los pensionistas del Sistema de Seguridad Social; los perceptores de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social (incluyendo la prestación y el subsidio de desempleo) y los inscritos en las oficinas de trabajo, una vez que hayan agotado la prestación o el subsidio de desempleo; (ii) el apartado tercero del mismo artículo 3 de la Ley 16/2003 amplía el colectivo de personas que pueden acceder a la condición de asegurado, aunque no cumplan ninguno de los requisitos anteriores, a quienes tengan la nacionalidad española o de algún otro Estado de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, siempre y cuando no superen el límite de ingresos que se determine reglamentariamente; (iii) el apartado cuarto extiende la cobertura a personas que tampoco mantienen una vinculación personal directa con el Sistema de la Seguridad Social, como son los «beneficiarios», categoría que comprende a los cónyuges y a las personas con una relación asimilada jurídicamente; a los excónyuges a cargo del asegurado; a los descendientes y personas asimiladas que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad de grado igual o superior al 65 por 100; (iv) el apartado quinto prevé el acceso a las prestaciones sanitarias de todas las personas que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario mediante la correspondiente contraprestación o pago de una cuota derivada de la suscripción de un convenio especial (regulado por el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio) y en el apartado sexto se mantiene el régimen específico de gestión indirecta de la asistencia sanitaria para las personas titulares o beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por diversas mutualidades y (v) finalmente, la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 16/2012 prevé que las personas que tenían acceso a la asistencia sanitaria en España antes de la entrada en vigor de este mismo real decreto-ley la continuarán teniendo hasta el 31 de agosto de 2012, sin necesidad de acreditar la condición de asegurado o beneficiario. En conexión con este precepto, la disposición transitoria primera limitó temporalmente el disfrute del derecho de acceso a las prestaciones sanitarias en España hasta el día 31 de agosto de 2012, «sin necesidad de acreditar la condición de asegurado en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo».
El apartado primero del artículo único del Decreto Foral 117/2012, establece que podrán acogerse a la cobertura sanitaria que prevé el decreto los ciudadanos que, no teniendo la condición de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud, según lo establecido en la normativa estatal básica, acrediten su residencia habitual en un municipio de Navarra con una antigüedad mínima de un año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, y dejando a salvo las excepciones que prevé la disposición transitoria primera, y que además reúnan el resto de requisitos exigidos por el decreto foral. La contradicción no puede ser más clara, pues la previsión formulada hace beneficiarios del sistema sanitario público de la Comunidad Foral a quienes no tengan la cobertura del Servicio Nacional de Salud, esto es a quienes no cumplan con la previsión del artículo 3 bis de la Ley 16/2003, que determina que «una vez reconocida la condición de asegurado o de beneficiario del mismo, el derecho a la asistencia sanitaria se hará efectivo por las administraciones sanitarias competentes, que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual».
Una vez la jurisprudencia del TC determina que la condición de asegurado o beneficiario del Sistema Nacional de Salud, condición que tienen solo aquellos a los que se refiere al artículo 3 de la Ley 16/2003, es la que determina el acceso al sistema de salud, la norma autonómica que prevé un régimen excepcional para superar la falta de concurrencia de tal condición, no puede más que reputarse contradictoria con la normativa básica.
En lo relativo al artículo 4.1 e) del Decreto Foral 640/1996, y recordando que el mismo prevé la existencia de un documento de identificación de acceso al régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública, con validez únicamente en la Comunidad Foral de Navarra, o dicho en otros términos, la existencia de un documento sustitutivo de la tarjeta individual sanitaria en la Comunidad Foral de Navarra, debe concluirse que dicho precepto es complementario y absolutamente instrumental de la previsión que acaba de ser declarada inconstitucional. El documento de identificación sería emitido en favor de quienes, no siendo beneficiarios ni asegurados con arreglo a la previsión estatal contenida en el artículo 3 de la Ley 16/2003, fueran en cambio usuarios del sistema de asistencia sanitaria en la Comunidad Foral en virtud de la extensión de cobertura prevista en el artículo 2.1 del Decreto Foral 640/1996. Una vez se ha declarado que no es posible tal extensión, resulta evidente que el reconocimiento documental de la misma a través del documento de identificación que prevé el artículo 4.1 e) del Decreto Foral 640/1996, ha de correr la misma suerte que el precitado precepto, es decir, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por oposición con las previsiones de la ley básica estatal.
Por último, la disposición adicional primera, que establece que no se tramitará ni la tarjeta sanitaria individual del Servicio Nacional de Salud ni la tarjeta sanitaria europea para las personas beneficiarias del sistema de universalización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra; la disposición adicional segunda, que realiza diversas apreciaciones relativas a la interpretación de la dicción literal del decreto en términos de lenguaje inclusivo; la disposición transitoria segunda, que establece un período de vacatio normativa de dos meses; y la disposición derogatoria única, expresamente referida al Decreto Foral 71/1991, de 21 de febrero, sobre universalización de la asistencia sanitaria, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el decreto foral, son todas ellas disposiciones meramente complementarias de las que acaban de ser declaradas inconstitucionales y, por esa razón, han de correr la misma suerte que los apartados 1 y 2 del artículo único y la disposición transitoria primera del citado Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre.
En atención a todo lo anterior, el TC acuerda declarar inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo único, las disposiciones adicionales primera y segunda, las disposiciones transitorias primera y segunda, y la disposición derogatoria única del citado Decreto Foral 117/2012, de 31 de octubre.
[BOE n. 72, de 23.3.2018]
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