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Timestamp: 2018-10-19 05:13:50+00:00

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﻿ Sentencia 1995-11208 de 1º septiembre de 2009
SENTENCIA 1995-11208 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA PECUNIARIA. PROCEDENCIA DE LOS INTERESES LEGALES CIVILES MÁS LA CORRECCIÓN MONETARIA.
TEMAS GENÉRICOS:INTERÉS LEGAL CIVILCORRECCIÓN MONETARIAPENA PECUNIARIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:456 DE DICIEMBRE DE 2009, PG.2003
Sentencia 1995-11208 de 1º septiembre de 2009
Expediente 13001-3103-005-1995-11208-01
ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA PECUNIARIA
Procedencia de los intereses legales civiles más la corrección monetaria
EXTRACTOS: «2. El sentenciador de segundo grado confirmó en su integridad el fallo de primera instancia que le ordenó a Blas Guillermo García Daza devolver a Ángel María Mejía las citadas mercaderías, o en subsidio, la cantidad de dinero reclamada ($ 107.606.590); condenó al pago de intereses de esta suma desde el 23 de septiembre de 1988 hasta la fecha en que se produzca la cancelación de la misma, a la tasa anual del seis por ciento (6%) por tratarse de un contrato de naturaleza civil, como es el de mandato, absteniéndose implícitamente de imponer la indexación monetaria y negó el reconocimiento de perjuicios.
El fundamento central en el que se basó el fallador para desestimar la reclamación relativa a la actualización de la condena pecuniaria consistió en afirmar, aunque no de manera muy clara, que por ser la convención incumplida de índole “civil”, en los intereses moratorios allí reconocidos quedó involucrada la referida actualización.
3. La censura cuestiona la decisión del ad quem por violar de manera directa las normas sustanciales que denuncia porque, a pesar de haber admitido la viabilidad de acumular la condena a intereses y corrección monetaria como secuela del incumplimiento de un contrato de naturaleza civil, como admitió que era el de mandato celebrado entre las partes, se abstuviera sin alguna y sin explicación a efectuar su reconocimiento.
5. El tema de la actualización de las obligaciones pecuniarias, esto es, la necesaria protección frente al fenómeno de desvalorización o depreciación que padecen las monedas de los países, al que no es inmune Colombia, no ha sido ajeno ni al legislador ni a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
En la sentencia de casación Nº 133 de 21 de noviembre de 2007 se hicieron las precisiones que pasan a destacarse:
“Con el propósito de aquilatar tales imputaciones, resulta oportuno recordar que el proceso inflacionario, común en las economías modernas, consistente en el alza sostenida del nivel general de los precios de los bienes y servicios de la comunidad, tiene como efecto inmediato la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, por lo que surge la imperiosa necesidad de reconocer la corrección monetaria de ciertas obligaciones afectadas por el referido fenómeno, en aras de atenuar sus evidentes secuelas nocivas, particularmente, la abrogación del contenido conmutativo de las prestaciones. Justamente, como de restablecer el equilibrio se trata, esta institución no se justifica per se, sino en cuanto se aplique —rigiendo el nominalismo— a remediar situaciones manifiestamente injustas e inequitativas. Así lo ha reconocido la jurisprudencia, habida cuenta que en todos aquellos casos en los cuales ha inferido la necesidad de concederla “ha acudido (...), explícita o implícitamente, a fundamentar tal reconocimiento, en la equidad, entendida esta, en acatamiento de lo previsto por el artículo 230 de la Constitución Política Colombiana, como un instrumento auxiliar de la interpretación judicial que permite ahondar en las normas jurídicas en búsqueda de la ‘justicia del caso en concreto’, de modo que, en esos eventos, la equidad ha sido la herramienta que le ha permitido a esta corporación desentrañar el sentido de las distintas normas sustanciales, pero sin llegar a desdeñarlas pretextando aplicar sus propias apreciaciones (...) De ahí que, en las diversas hipótesis en las cuales ha tenido que condenar al pago de la corrección monetaria, la Corte, de la mano de la equidad, ha profundizado en el contenido de las normas que gobiernan algunos casos particulares, hasta advertir en ellos un sentido que, sin quebrantar los principios que gobiernan el ordenamiento colombiano en la materia, consulten con criterios de justicia y conveniencia y conduzcan a la solución de los graves problemas que en esas específicas ocasiones produce el fenómeno de la depreciación monetaria” (sent. nov. 29/99, exp. 5035). (...) Por supuesto que junto con la equidad concurren otros principios que igualmente justifican, en su caso, la corrección monetaria, tales como la buena fe, la indemnización plena, la teoría de la causa, la plenitud del pago, o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales. Por tanto, su fundamento no puede ubicarse exclusivamente en la necesidad de reparar un daño, punto en el cual hay que recordar que, como lo ha decantado la jurisprudencia “la pérdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino su cuantía” (sent. nov. 29/99, exp. 5035)”.
También la corporación en otra ocasión, en fallo Nº 216 de 19 de noviembre de 2001, expediente 6494, sostuvo sobre el particular:
“2. Como se sabe, para que el pago, concebido como arquetípico modo de extinguir las obligaciones, produzca efectos liberatorios, suficientes para diluir el débito preexistente, debe ser completo, lo que implica que corresponde al deudor hacerlo “bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación” (C.C., art. 1627), comprendiendo no solo el capital, sino también “los intereses e indemnizaciones que se deban” (art. 1649, inc. 2º, ib.).
Este principio: el de la integridad del pago, por regla, presupone que, tratándose de obligaciones dinerarias insolutas, debe existir equivalencia cualitativa —y no simplemente cuantitativa— entre las unidades monetarias entregadas por el acreedor y aquellas con las que el deudor pretende solventar su prestación, si se tiene en cuenta que, como efecto del inexorable, amén de implacable transcurso del tiempo, la moneda se ve afectada —las más de las veces y, particularmente en países con economías deficitarias o inestables— por procesos inflacionarios que erosionan y, por contera, desdibujan su poder adquisitivo.
Es por ello por lo que la Corte ha expresado, que el pago no será completo, “especialmente respecto de deudores morosos de obligaciones de dinero, cuando estos pagan con moneda desvalorizada, o sea, sin la consiguiente corrección monetaria, pues en tal evento se trata de un pago ilusorio e incompleto, como acertadamente lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no solo nacional sino foránea, la cual insiste en que si la obligación no es pagada oportunamente, se impone reajustarla, para representar el valor adeudado, porque esa es la única forma de cumplir con el requisito de la integridad del pago” (se resalta; cas. civ. de mar.30/84, CLXXVI, pág. 136. Vid: Sents. de abr.24/79, CLIX, pág. 107; de sep.15/83, CLXXII, pág. 198; de 19 de mar.19/86, CLXXXIV, pág. 24; de ago.12/88, CXCII, pág. 71 y de ene.24/90, CC, pág. 20).
Bajo este concreto entendimiento, reconocer, como lo hace el legislador, que “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe” (se destaca; C.C., art. 1626), implica aceptar, en línea de principio, que la solución de la deuda, cuando de obligaciones de dar se trata, solo se alcanza si se entrega —in toto— la cosa debida (art. 1605, ib.). Por tanto, en el caso de obligaciones dinerarias impagadas, no puede premiarse o favorecerse al deudor a través de la morigeración de la deuda —y correlativamente propiciar un empobrecimiento en cabeza del titular del derecho crediticio—, cuando el desembolso que realiza tan solo cobija el valor engastado físicamente en la unidad monetaria (valor nominal o facial), en veces envilecida, sin verificar si el poder de compra —o adquisitivo— que esta tiene, como en sana y justiciera lógica corresponde, es igual al que tenía cuando la obligación debió ser satisfecha (realismo jurídico—monetario), porque si ello no es así, si el dinero de hoy no es intrínsecamente el mismo de ayer, entonces el deudor estaría entregando menos de lo que debe, stricto sensu, lo que implica que su pago, por consiguiente, apenas sería parcial y, por ende, fragmentado, en tal virtud insuficiente para compeler al acreedor a recibir (art. 1649, ib.) e impotente para liberarlo de la obligación, en su cabal alcance y extensión cualitativa y cuantitativa.
Por el contrario, admitir que “el pago de obligaciones dinerarias, en época de depreciación monetaria, debe hacerlo el deudor de acuerdo con el correspondiente ajuste”, tiene el laudable propósito de procurar “que no se produzca el rompimiento del equilibrio de las relaciones contractuales”, así como evitar que “no se enriquezca de manera injusta una de las partes de la relación sustancial a costa de la otra” (cas. civ. de feb.21/84, CLXXVI, pág. 33), lo que pone de manifiesto, memorando diciente y lozana doctrina —de rectificación— de la Sala, que esta “recomposición económica lo único que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada corrección monetaria (G.J, tomos CLXXXIV, pág. 25, y CC pág. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta última, nada equiparable a una sanción o un resarcimiento (cas. civ. de jun.8/99; exp. 5127)“, lo que quiere significar que “el fundamento de la corrección monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un daño emergente, sino en obedecimiento, insístese, a principios más elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales”, ya que “la pérdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino su cuantía” (se subraya; cas. civ. de sep. 9/99; exp. 5005; Vid: cas. civ. de jun.28/2000; exp: 5348). Al fin y al cabo, como bien se ha corroborado por la doctrina especializada, “No estamos aquí frente a un problema de responsabilidad civil sino que, por el contrario, nos hallamos en la órbita del derecho monetario, en donde la indexación se produce en razón de haber perdido la moneda poder adquisitivo. ¡Solo eso, y nada más que eso!”.
Más adelante en el mismo proveído se explica por qué razón en los intereses moratorios comerciales que se ordena pagar al deudor que ha incumplido una obligación pecuniaria ha incluida el componente de actualización monetaria, motivo por el cual no es posible su acumulación porque se estaría propiciando un enriquecimiento indebido del acreedor y se autorizaría un doble pago por un idéntico concepto.
“Pero al lado de esas formas o mecanismos de ajuste de las obligaciones pecuniarias —conocidos como directos, se itera—, también corre pareja la apellidada indexación indirecta, modalidad que presupone que “la deuda dineraria —por regla— sigue aferrada al principio nominalístico, y los índices de corrección se aplican por vía refleja, en situaciones particulares”, una de cuyas principales expresiones es la tasa de interés que incluye la inflación (componente inflacionario) y que, por ende, “conlleva al reajuste indirecto de la prestación dineraria”, evento en el cual resulta innegable que ella, además de retribuir —y, en el caso de la moratoria, resarcir— al acreedor, cumple con la función de compensarlo por la erosión que, ex ante, haya experimentado la moneda (función típicamente dual) (...).
De allí que cuando el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda consideración especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, específicamente cuando los réditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente que sirve de base para su cuantificación (C. de Co., art. 884), ya comprende, per se, la aludida corrección (...).
Obsérvese que, en el fondo, las mismas razones que —inicialmente— conducen a ordenar que el pago retardado incluya el reajuste monetario de la suma adeudada: la equidad; la buena fe —en su dimensión objetiva—; la plenitud del mismo y la necesidad de preservar el equilibrio contractual y de evitar un enriquecimiento injustificado, determinan, a su turno, que el deudor de una obligación de estirpe comercial no pueda ser compelido, por regla, a pagar al acreedor, además del capital y de los intereses convencionales o legales a que hubiere lugar, la corrección monetaria, cuando esta se encuentra ínsita en la tasa que le sirve de medida a aquellos, pues si así se habilitase, el solvens, aún en el evento de la mora, estaría pagando más de lo debido, sin que exista motivo legal o contractual que justifique un doble reconocimiento de la indexación a favor del accipiens (plus), dado que ello equivaldría a cohonestar un enriquecimiento injusto en cabeza del acreedor, en claro y frontal desmedro del patrimonio del deudor”.
Igualmente, en la providencia aludida, al examinarse lo atinente a la corrección monetaria de las obligaciones de carácter civil se anotó lo que a continuación se reproduce:
“Por supuesto que en frente de obligaciones de linaje civil y, puntualmente, en aquellos casos en que tan solo se reconoce el denominado interés puro, como sucede con el interés legal civil (inc. 2º, num. 1º, art. 1617 e inc. 2º, art. 2232 C.C.), nada obsta para que se disponga que el pago se realice incluyendo, además de dichos réditos, la corrección monetaria, pues en este evento la tasa en cuestión únicamente refleja el precio adeudado por el uso del dinero, sin miramiento a su poder adquisitivo (unicidad funcional) (Cfme: cas. civ. de jun.15/95, CCXXXIV, pág. 873). Al fin y al cabo, la metodología materia de comentario, esto es, la indexación indirecta a través de los intereses referidos a la tasa bancaria, solo se aplica en los casos de responsabilidad contractual de origen mercantil”.
6. En el presente debate no se cuestiona la existencia del contrato civil de mandato, las partes que lo celebraron, la facultad de recibir concedida por el poderdante a su apoderado judicial, el recibo de las mercancías valoradas en la suma de dinero indicada ($ 107’606.590), la no devolución de estas o su equivalente en dinero a aquél o a una persona que lo representara o estuviera autorizado para ello, el incumplimiento de las obligaciones del abogado, la condena impuesta en las instancias, la negativa a conceder perjuicios y la orden de pagar intereses a la tasa anual del seis por ciento (6%) desde el 23 de septiembre de 1998 hasta la fecha en que se produzca la cancelación de lo debido.
La controversia se centra exclusivamente en el punto relativo a la corrección monetaria que fue denegada por el sentenciador, no obstante haber afirmado que en tratándose de acuerdos de voluntades de naturaleza civil no era incompatible su acumulación a los intereses legales regulados por el artículo 1617 del Código Civil, el que si bien aplicó en toda su extensión no hizo referencia a él de manera expresa.
El juzgador en concreto consignó el siguiente aserto en la providencia recurrida para desestimar por improcedente la reclamación de la corrección monetaria:
“Al respecto es conveniente recordar que la compatibilidad originaria de la corrección monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente de la naturaleza y tipología de estos, puesto que si ellos son los civiles, nada impide que se ordene el reajuste monetario de la suma debida”.
Empero el ad quem, de modo contradictorio, confirma la sentencia de primera instancia que no había aceptado la actualización pecuniaria pero sí condenado al pago de intereses moratorios civiles del cero punto cinco por ciento (0.5%) mensual, apartándose así del ordenamiento jurídico que le imponía el deber de disponer que la restitución del dinero recibido en 1988 y retenido indebidamente hasta ahora correspondiera a su valor real en la actualidad.
Es claro, entonces, siguiendo las claras pautas que ha fijado la jurisprudencia sobre la indexación de las obligaciones dinerarias, que en este caso el tribunal quebrantó la normatividad reguladora de la materia. En efecto, demostrado como está en los autos que el demandado no cumplió a plenitud el contrato de mandato y habiéndole ordenado que restituyera en dinero el equivalente a las mercancías recibidas por él y no entregadas a su mandante y condenándolo a pagar intereses moratorios legales, de conformidad con lo previsto en el ya citado artículo 1617 ibídem, se abstuvo de disponer, como era de rigor, la corrección monetaria.
En este evento la acumulación de ambos conceptos, los intereses moratorios legales de carácter civil y la actualización pecuniaria era procedente porque en el rubro reconocido no va incluido el componente de la depreciación o de la inflación que aparece incorporado, según el sistema financiero y reglas económicas establecidos para su fijación, en los casos en los que se impone la condena al reconocimiento y pago de los intereses legales comerciales.
7. El cargo está llamado a salir airoso.
A las anteriores motivaciones, solo resta agregar lo siguiente:
4. No hay duda que en los autos está plenamente demostrada la celebración del contrato de mandato, el recibo de las mercancías por el contradictor en la fecha de 23 de septiembre de 1998, la cuantía de estas de ciento siete millones seiscientos seis mil quinientos noventa pesos ($ 107.606.590), la no entrega de las mismas al actor o a un tercero que lo representara, en fin, el incumplimiento del acuerdo de voluntades.
5. La naturaleza civil del convenio perfeccionado entre los contendores no ofrece ninguna duda ni controversia. En consecuencia, la orden de pagar intereses de este tipo acompasa con lo que al respecto exige la normatividad aplicable.
Pero, de manera adicional y dada la compatibilidad que en esta situación se admite para acumular a estos réditos la corrección monetaria, tal como ha quedado analizado, es procedente, contrario a lo sostenido por el a quo, disponer que se actualice la condena pecuniaria, para lo cual no existe un metodología legal imperativa y se le permite al juzgador escogerla, como lo tiene establecido la Sala cuando manifiesta:
“(...) Dejando de lado esos supuestos que excepcionalmente consagra de manera explícita la ley, lo cierto es que en los demás casos, dada la ausencia de regulación normativa, incumbe a las partes, y en su caso a los juzgadores, establecer los criterios pertinentes enderezados a efectuar el reajuste monetario de las obligaciones que se ven afectadas por la depreciación de la moneda, punto en el cual es deseable que unos y otros acojan mecanismos que reflejen de un modo fiel tal fenómeno cual sucede, por ejemplo, con el que toma en consideración el IPC. No obstante, es dable buscar, cuando las exigencias del caso lo impongan y dependiendo de la naturaleza del asunto, la equivalencia de la obligación dineraria envilecida por el transcurso del tiempo fijando como referente un metal, un signo monetario extranjero fuerte, tasas de interés, entre otros, parámetros estos cuya adopción debe sujetarse a los principios generales del derecho, particularmente a la equidad, con miras a evitar enriquecimientos torticeros. En efecto, en todas las hipótesis en las cuales el ordenamiento no consagre explícita y expresamente la aplicación imperativa de un parámetro de corrección monetaria, el juzgador podrá aplicar el que mejor se ajuste a la naturaleza de la relación obligatoria, tipo negocial celebrado por las partes, el designio de éstas, la función práctica o económica social del acto dispositivo, la equidad y simetría prestacional, naturalmente dentro con un ponderado, razonable y prudente análisis, consultando el marco de circunstancias y los usos imperantes en el tráfico jurídico, los cuales al tenor del artículo 1621 inciso 2º del Código Civil, se entienden incluidos sin necesidad de estipulación a propósito (accidentalia negotia) e integran el contenido del contrato (naturalia negotia)”. (Sent. 133, nov. 21/2007, exp. 029976-01).
El mecanismo que se seleccionará, dentro de las prerrogativas propias del juzgador, ante la inexistencia de mandato legal que lo fije de modo especial y en ausencia de acuerdo entre los contendores, es el del Índice de Precios al Consumidor (IPC) producido, elaborado, certificado y difundido por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), entidad pública a cuyo cargo se encuentra dicha función, y publicado por el Banco de la República, al que se acude oficiosamente y se toma de la página web de esta entidad, dada la notoriedad que a los signos económicos le otorga el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil a partir de la reforma efectuada por el artículo 19 de la Ley 794 de 2003.
No se trata de imponer al deudor un doble pago por un mismo concepto, si se tiene en cuenta que los intereses legales civiles no involucran la depreciación del peso colombiano, según las pautas acogidas por la jurisprudencia y la doctrina referidas, lo que sí sucede cuando los réditos corresponden a los moratorios legales mercantiles.
La actualización pecuniaria con el IPC se hará teniendo en cuenta la suma de ciento siete millones seiscientos seis mil quinientos noventa pesos ($107.606.590), que corresponde al valor de las mercancías no devueltas por el abogado, para lo cual desarrollará la siguiente fórmula:
; en donde:
Vh es el valor histórico a indexar, que para este caso es $ 107”606.590.
If es el índice final, que se obtiene del monto índice del IPC a la fecha presente o más reciente para indexar, que según datos disponibles abril de 2009 que equivale a ciento dos punto veintiséis (102.26).
Ii es el índice inicial del IPC, desde la cual se va a indexar, que para el caso es de seis punto veinticuatro (6.24), para el veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988).
Hecha la operación se obtiene el resultado que sigue:
Asciende, entonces, la corrección monetaria al 30 de abril de 2009 a la cantidad de mil setecientos sesenta y tres millones cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con noventa y un centavos ($ 1.763.437.482,91).
5. En atención al resultado del recurso favorable al promotor del proceso y al fracaso de los pedimentos del accionado, de conformidad con lo reglado en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, este deberá reconocer las costas causadas a aquel.
6. No hay lugar a “costas” en casación, dada la prosperidad del recurso, artículo 375, inciso 3º, del Código de Procedimiento Civil.
En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 6 de noviembre de 2007, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Bolívar, dentro del proceso ordinario seguido por Ángel María Mejía, con la intervención adhesiva de Alfredo Velásquez Pérez y la del cesionario parcial Jairo López Morales, contra Blas Guillermo García Daza, y en su lugar
1. Modificar el fallo de primera instancia dictado, el 30 de octubre de 2000, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena por no haber ordenado la actualización de la suma de dinero a la que condenó de manera alternativa.
2. Reconocer corrección monetaria al capital de ciento siete millones seiscientos seis mil quinientos noventa pesos ($ 107.606.590), el que asciende al 30 de abril de 2009 un mil setecientos sesenta y tres millones cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con noventa y un centavos ($ 1.763.437.482,91).
PAR. —La actualización pecuniaria que se cause con posterioridad al “30 de abril de 2009” y hasta la fecha en que se haga la solución definitiva e integral, se liquidará aplicando el mismo procedimiento.
3. Confirmar la providencia recurrida en cuanto dispuso:
“1. Condenar al señor Blas Guillermo García Daza para que dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, entregue al demandante Ángel María Mejía y/o a su apoderado judicial doctor Jairo López Morales, las mercancías recibidas del Fondo Rotatorio de Aduanas de Cartagena, según acta de devolución de fecha septiembre 23 de 1988.
2. De no ser posible la devolución de dichas mercancías, por parte del demandado, pagará entonces su equivalente en pesos colombianos, o sea la suma de ciento siete millones seiscientos seis mil quinientos noventa pesos ($ 107.606.590), más intereses del 0.5% mensual, es decir, 6% anual aplicados desde el 23 de septiembre de 1988 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago del valor anterior.
3. No hay reconocimiento de perjuicios a favor del demandante por no haber sido probados en el proceso.
4. Condénase en costas a la parte demandada. Tásense y liquídense.
5. En su oportunidad procédase al archivo del expediente”.
4. Imponer las costas de segunda instancia al accionado.
5. Sin costas en casación

References: artículo 230
 artículo 1617
 artículo 1617
 artículo 1621
 artículo 191
 artículo 19
 artículo 392
 artículo 375