Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55799
Timestamp: 2019-09-16 15:19:08+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPR-12/55799
La suscrita, Dolores Padierna Luna, Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 32 Bis, 32 Ter de la Ley Federal del Trabajo, adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al tenor de la siguiente:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH) con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), señala que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad.
La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana.
También puede provenir de actos realizados por particulares, como ocurre cuando el Estado omite prevenir o impedir conductas de terceros que vulneren los referidos bienes jurídicos. En este orden de consideraciones, cuando se trata de competencias esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización de la prestación de servicios de interés público, como en el caso los medios de comunicación, sea por entidades públicas o privadas, la responsabilidad resulta por la omisión en el cumplimiento del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo.
No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la ?adopción de medidas positivas?, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.
Por ello, una parte importante de la labor del estado Mexicano en la salvaguarda de los derechos humanos es el incorporar a su marco normativo conceptos, expresiones y derechos en beneficio de su población.
La CoIDHha definido que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.
Asimismo, esta Corte ha señalado que el derecho a la libertad de expresión cuenta con dos dimensiones: una individual y una social. La dimensión individual corresponde al derecho a externar ideas e información, mientras que la dimensión social corresponde al derecho de difundir información e ideas por los medios de comunicación social. El derecho a recibir información también tiene una dimensión individual —el derecho de toda persona a buscar y obtener la información que le interesa—, y una dimensión social —el derecho del público a recibir información e ideas de las fuentes más diversas—.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) reconoce en su artículo 19, que:
En el mismo sentido, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de la ONU contiene una enunciación más detallada pero similar a la DUDH respecto a la libertad de expresión (también en su artículo 19), enmarcando tres aspectos principales de la libertad de expresión:
a) la libertad de opinión;
b) la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y;
c) las restricciones a la libertad de expresión.
Respecto al contenido de la libertad de expresión mencionado tanto por la DUDH como por el PIDCP, el Comité de Derechos Humanos (en adelante, “el Comité”) de la ONU, en la observación general 34° denominada “Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión”, ha señalado que la libertad de opinión y la libertad de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona.
Que son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Ambas libertades están estrechamente relacionadas entre sí, dado que la libertad de expresión constituye el medio para intercambiar y formular opiniones.
La labor del periodismo de investigación ha sido reconocido por la doctrina como el derecho de investigar y el de participar en la gestión de los asuntos públicos. Asimismo, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pone particular énfasis en la obligación de respetar y proteger a los periodistas que ejercen su derecho a buscar información y recopilar ideas para su eventual difusión en los medios de comunicación.
“En materia de libertad de expresión, no puede considerarse que las decisiones adoptadas por las empresas de comunicación respecto a la búsqueda, recopilación y difusión de información, no trascienden el ámbito privado, ya que determinan el ejercicio de este derecho a partir del uso de un bien público de interés general, como lo es la concesión de” un medio de radiodifusión.
“En este sentido se ignora que la labor final de quienes se abocan al periodismo es informar a la ciudadanía y su función social es el escrutinio de las acciones de quienes tienen el poder, utilizan concesiones públicas, o utilizan dinero del erario.” Todo esto, se traduce en un discurso especialmente protegido a la luz de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
“La libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Los medios de comunicación juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan, por lo tanto el Estado debe proteger que en éstos exista la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad y evitar la censura; de no hacerlo, se incurre en una omisión que vulnera derechos fundamentales.
La propia CoIDH ha establecido que la libertad de expresión es “un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros”.
Para la población en general tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia en la vertiente individual de la libertad de expresión.
El Estado Mexicano tiene la obligación de proteger a las personas respecto de la actuación irregular de los particulares; lo cual ha sido explícitamente indicado en el derecho internacional de los derechos humanos:
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al indicar el contenido de la obligación de proteger, ha señalado en su Observación General 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto: artículo 2 que:
8. […] sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino también contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre particulares o entidades privadas. Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado. […]
Igualmente, en forma específica, en su Observación General 34. Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión, el Comité subrayó el contenido de esta obligación que vincula a los particulares al respeto de los derechos humanos:
7. […] los Estados partes deben cerciorarse de que las personas estén protegidas de los actos de particulares o de entidades privadas que obsten al disfrute de las libertades de opinión y expresión en la medida en que esos derechos del Pacto sean susceptibles de aplicación entre particulares o entidades privadas
Esta obligación general de los Estados, ya reconocida en el artículo 1º constitucional tercer párrafo, también ha sido subrayada por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión quien dice:
25. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, como todos los derechos, impone obligaciones jurídicas a los Estados: […] b) de proteger, o de ejercer la diligencia debida a fin de prevenir, punir, investigar y compensar el daño causado por personas o entidades privadas; […]. (A/HRC/11/4)
Como puede observarse, los derechos humanos imprimen condiciones de validez a todo el orden jurídico mexicano y a toda actuación de las instituciones estatales, y por ello extienden su efectividad a las empresas a fin de que éstas respeten los derechos humanos en general, y el derecho a la libertad de expresión y de opinión, en particular.
En el caso donde una empresa privada que ejerce dominio de una porción del espectro radioeléctrico nacional, forzosamente tiene que acatar y respetar todas las obligaciones que en términos de derechos humanos ha adoptado el Estado Mexicano, pues al final, esa empresa concesionaria durante el tiempo en que dure su permiso de explotación tiene una obligación legal y constitucional de respeto a las normas que no puede omitir.
En su calidad de concesionario de un bien nacional, asume por ende, obligaciones no sólo directamente relacionadas con el objeto y fin de su propia concesión, sino adicionalmente, a partir del ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión y de opinión, esto es, a partir de la actividad periodística profesional.
La empresa al ser el medio por el cual se ejerce el periodismo profesional asume implícitamente obligaciones respecto de la libertad de expresión y de opinión.
La CoIDH, en su Opinión Consultiva OC-5/85 ha señalado la estrecha vinculación que existe entre el periodismo profesional y la actividad empresarial, lo cual tiene por efecto incrementar la fuerza vinculante de los derechos humanos para las entidades privadas que se dedican y obtienen lucro a partir del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión:
74. […] El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. […].
Para comprender los alcances de la protección debida, cabe subrayar que la CoIDH, en el caso Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, indicó el vínculo que puede existir entre una línea editorial y la relación de las empresas con periodistas que trabajan en ella; de forma que cuando una línea editorial legítima de los periodistas sea la que motiva las modificaciones unilaterales por parte de la empresa respecto de estos periodistas, se está ante una situación que constituye una restricción indebida de la libertad de expresión. En ese sentido, en el caso aludido señaló que:
161.La Corte ha constatado que, después de que los accionistas minoritarios de la Compañía asumieron la administración de ésta, se prohibió el ingreso al Canal 2 de periodistas que laboraban en el programa Contrapunto y se modificó la línea informativa de dicho programa.
163.Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática.
Este aspecto del derecho (recibir información), incluso, ha sido llamado a ser explícitamente protegido por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas (A/HRC/20/17):
107. No se debería imputar cargos a periodistas por recibir, guardar y difundir información secreta que hayan obtenido por medios que no sean ilícitos, como filtraciones o información recibida de fuentes no identificadas.
109. Los periodistas que trabajen en medios convencionales de información y en Internet deben tener libertad para utilizar diversas fuentes de información, incluida la procedente de quienes no quieran ser identificados. Jamás debe obligarse a los periodistas a revelar sus fuentes, salvo en casos excepcionales en que el interés de investigar un crimen grave o proteger la vida de otras personas predomine sobre el posible riesgo para la fuente de la información. Esas necesidades apremiantes deberán ser claramente demostradas y convalidadas por un tribunal independiente.
Para la CoIDH, dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo.
En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas.
El ejercicio profesional de la libertad de expresión y la cláusula de conciencia
Como ya se ha señalado, los medios de comunicación privados en especial, aquellos que explotan una concesión del Estado, tienen la obligación de cumplir y respetar el marco normativo nacional y los derechos humanos constitucionales e internacionales, incluso cuando se enfrentan a la imposición y aplicación de sus lineamientos internos, sus criterios editoriales o sus prácticas de selección de información que harán pública.
Es precisamente en esos momentos cuando las y los periodistas que laboran en los medios de comunicación pueden invocar lo que se reconoce como “la cláusula de conciencia”, misma que la “Organización Mundial (sic) del Trabajo (OIT) dio un impulso en su informe publicado desde el año 1928 sobre las condiciones de trabajo de los periodistas en el que puede leerse:”
El trabajo del periodista es “un trabajo de un carácter muypersonal que moviliza en su actividad sus propias opiniones”... Existe así en el periodismo, entre el individuo y su tarea, entre la personalidad del hombre y la producción profesional, relaciones tales que no se puede, en la mayor parte de los casos, modificar el carácter de esta producción sin atentar, al mismo tiempo, contra la conciencia íntima del productor.
El Informe ya recomienda la aplicación de la cláusula tanto cuando se modifique la orientación general del periódico, como cuando “un director mande a un periodistaprestar algún servicio contrario a la moral”. Como vemos, en los precedentes ya está presentelanecesidaddeloquemásadelantesedenominarácláusulaampliadao resistente.
“El citado informe de la OIT de 1928y el llamado Informe Brachard, también sobre las condiciones laborales de los informadores, sirvieron de base para la ley francesa de 1935…” legislación que se reconoce como la primera en integrar esta cláusula.
La cláusula de conciencia es la manifestación más aceptada en el derecho positivo de la incidencia de los derechos profesionalessobre la relación laboral. Tradicionalmente se ha entendido comola facultad del informador de rescindir unilateralmente su relación laboral -y ser indemnizado por ello- invocando un conflicto de conciencia motivado por el cambio editorial de la empresa. Recientemente va afirmándose una nueva tendencia a incluir dentro de la cláusula de conciencia la excepción a las órdenes del empresario cuando éstas conculquen la deontología o en general los límites extrínsecos o intrínsecos de los derechos humanos. Puede, así distinguirse entre dos modalidades de la cláusula de conciencia: la extintiva y la resistente.
Lo específico de la cláusula de conciencia de los informadores reside en que el conflictoseproduceporlaimposibilidaddeidentificacióndelprofesionalconla definición ideológica y/o profesional del órgano informativo y derivadamente por la resistencia a cumplir los encargos profesionales en los términos de esa línea editorial o de la práctica del medio.
Si su único fundamento fuera la conciencia del periodista el conflicto podría resolverse dejando sin eficacia aquellas órdenes más conflictivas por cuestión de ideología, o encomendandoalprofesionalla pura información de hechos que no requirieran ningún tipo de análisis. Pero una solución tal sería incompatible tanto con el normal funcionamiento del medio como con el ejercicio habitual y profesional que del derecho a la libertad de expresión e información hace el periodista.
El profesional de la información no ejerce de forma meramente esporádica estos derechoscomolegítimamentepuedenhacerelrestodelas personas en lo cotidiano, para él, como profesional, su derecho es al mismo tiempo deber. No es un derecho que seejerzademanera individual, sinocolectivamente. Los mensajes individuales se engarzan en un todo -la publicación o programación- en la que cobran un nuevo sentido. El mensaje no se pone en forma espontáneamente sino conforme a unas matrices dadas: los presupuestos ideológicos y profesionales del medio. Por todas estas razones, ni el periodista puede ejercer su derecho ni cumplir su deber en caso de una desadecuacióncon tales presupuestos, ni la libertad editorial del empresario puede desplegarse normalmente cuando el profesional no se identifica con el medio.
La cláusula de conciencia encuentra fundamento en el derecho a la información porque compone y armoniza las facultades que del mismo se derivan para periodistas y editores, permitiendo, por tanto, que ambos cumplan con su función pública:
El editor (o dueño) puede mantener la definición del medio;
El periodista puede rescindir ventajosamente su relación laboral cuando se le hace imposible cumplir con su deber de informar;
El periodista ve reforzada su independencia;
Elperiodistapuederesistirtodaslasórdenesilegítimasdeleditory excepcionalmente las legítimas que lesionen su conciencia.
Es en la modalidad resistente –de la cláusula de conciencia- en la que más claramente se manifiesta que la cláusula tiene su fundamento específico en el derecho a la información.
Cualquier periodista puede resistir las órdenes ilegítimas de los propios dueños de sus medios, esto es, aquellas que manden conductas delictivas o ilegales o bien conductas que contravengan disposiciones y obligaciones generales como lo pueden ser, el respeto a los derechos humanos.
No es extraño que finalmente las modalidades resistentes se remitan a las normas deontológicas, pues ellas precisan, según la conciencia colectiva de las y los periodistas, esos límites intrínsecos y extrínsecos. La deontología es, así, ámbito de autonomía para el informador (al delimitar sus obligaciones frente al editor), guía pedagógica para el deber de informar de los profesionales y garantía para el público que conoce por su medio cuáles son las conductas debidas por los informadores y a las que éstos se comprometen.
Por encontrar su fundamento específico en el derecho a la información (derecho a la libre expresión e información), la cláusula tiene una función institucional: supone un límite a un abuso de ese legítimo poder editorial y es, en ese sentido, una cierta garantía para el pluralismo interno de las redacciones. Al mismo tiempo permite al periodista salvaguardar su trayectoria profesional (por ejemplo, como garantía frente a traslados dentro del mismo grupo) y por tantoprotege la independencia y la dignidad profesional.
En definitiva, esta cláusula, sirve al derecho a la información del público componiendo y armonizando los derechos de las y los periodistas con los de los dueños de los medios de comunicación, en particular, con aquellos que poseen un medio de radiodifusión.
Se ha discutido si la lógica de la cláusula de conciencia autorizaría a que el editor (o dueño) rescindiera el contrato cuando fuera el periodista el que cambiara su adscripción o su definición ideológica, a esto se le ha denominado cláusula de conciencia a la inversa; la respuesta podría ser positiva si el periodista fuera un trabajador más pero justamente lo que pretende la cláusula es reforzasuindependencia, que quedaría amenazada si admitiéramos tal manifestación inversa. Otra cosa es que tal cambio del periodista redunde para él en un conflicto de conciencia que le lleve a desobedecer las órdenes lícitas del dueño del medio de comunicación, conflicto que se resolverá por el despido llevado a cabo por el dueño haciendo uso de sus poderes empresariales.
[Los t]itulares del derecho a la cláusula de conciencia (en cualquiera de sus modalidades) son en todas partes los profesionales de la información. No hay en ninguna duda de que el ciudadano que esporádicamente ejerce su libertad de expresión e información colaborando con un medio de comunicación no es titular de este derecho y ningún ordenamiento jurídico a nivel internacional en el derecho comparado, dispone lo contrario…
La cláusulanacióhistóricamente en el ámbito laboral y en él despliega normalmentelaplenituddesusefectos. Los periodistas vinculados mediante una relación civil con la empresa informativa pueden invocar sin mayores problemas la cláusula resistente, pues aunque la dependencia general no pueda equipararse a la del trabajador y su autonomía es mayor las órdenes concretas debe cumplirlas, y, por tanto si son ilícitas puede resistirlas invocando la cláusula...
La modificación debe ser sustancial, esto es, afectar de modo permanente a la concepción general y al funcionamiento del órgano informativo y suponer una variación de los elementos más importantesyquedefinenalmedio.
Como una referencia adicional a lo ya expuesto sobre la cláusula de conciencia periodística, es importante citar el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, aprobado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por unanimidad en Estrasburgo el 1 de Julio de 1993 que en su numeral 14 señala:
14. En función de estas exigencias es necesario reforzar las garantías de libertad de expresión de los periodistas a quienes corresponde en última instancia ser los emisores finales de la información. En este sentido es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar las figuras de la cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales, armonizando las disposiciones nacionales sobre estas materias para ejercerlas en el marco más amplio del espacio democrático europeo.
Este documento es una referencia importante ya que no se trata de un texto suscrito por los profesionales de la información, sino de un conjunto de principios que el Pleno de la Asamblea del Consejo de Europa “estima que deberán ser aplicados en Europa”; a la vez que insta al Comité de Ministros a que adopte “una declaración sobre la ética del periodismo de acuerdo con las líneas directrices de esta Declaración”.
Partiendo de estas referencias doctrinales e internacionales se desprende la necesidad de que en México se regule y se establezca claramente que las y los periodistas deben de tener reconocido su derecho a invocar la cláusula de conciencia, asegurando con ello, que el estado Mexicano avance en el desarrollo de normativas nacionales apegadas a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
La labor que actualmente desarrollan las y los periodistas –especialmente los periodistas críticos- permiten no sólo fortalecer el sistema democrático nacional, sino fortalecer también el ejercicio de los derechos ciudadanos, pues cuanto mejor informada este una sociedad, mejores decisiones podrá tomar.
Las cláusulas de conciencia periodística en Europa
La cláusula de conciencia de los periodistas tiene una tradición jurídica en Europa que se remonta a principios del siglo XX. El primer país en el que se reguló mediante una ley específica fue Francia, en 1935. La norma francesa ha servido de modelo a otros países y en ella se inspira parcialmente la legislación adoptada en España, primer país europeo que constitucionalizó este derecho.
Una característica diferencial del modelo francés es que la Ley de 1935 se incorporó al Código de Trabajo (…) Actualmente la cláusula de conciencia de los periodistas aparece recogida en el Art. 17.112-5 del Code du travail francés.
La aparición de la cláusula de conciencia está vinculada al proceso de profesionalización del periodismo que tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX y en la actualidad se encuentra regulada como derecho propio de los periodistas en algunos países europeos (Italia, Portugal, Austria) y latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Paraguay y Ecuador, que la tienen incorporada en su ordenamiento constitucional.
… En algunos casos, la oposición de medios, editores y periodistas puede estar vinculada a razones de índole política o ideológica, o al temor real de que el poder utilice la legislación para amordazar a los medios. Es la situación vivida en Ecuador durante la tramitación de la Ley de Comunicación aprobada en junio de 2013, que incluye entre sus contenidos el derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas y que era calificada por las empresas de medios como una “ley mordaza”. Una polémica similar se suscitó en Chile con la Ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, aprobada en mayo de 2001. Hay también razones de tipo cultural e histórico, que tienen que ver con la innovación que representa el derecho a la cláusula de conciencia, propio de una etapa universalista de la información en la que esta no es objeto de la potestad del Estado ni propiedad de las empresas informativas o los profesionales, sino que pertenece al público.
Desde sus inicios hasta la actualidad, los planteamientos originales de la cláusula de conciencia como mecanismo de protección de la vinculación ideológica del periodista con su medio han quedado superados por su concepción como herramienta de protección de la ética profesional. En la actualidad, es común la doctrina que considera la cláusula de conciencia como una garantía del derecho del público a recibir información y la vincula con la virtud de la Justicia, en la medida en que permite remover obstáculos para que el informador pueda cumplir con su deber de informar.
Desde el punto de vista de la relación laboral, algunos autores ven la cláusula de conciencia como una especificación de la objeción de conciencia laboral, mediante la cual se puede ofrecer al individuo mayor intensidad protectora debido precisamente a su carácter más específico. Otros autores, sin embargo, insisten en que cláusula de conciencia y objeción de conciencia deben ser tratadas como derechos separados, en la medida en que la primera tiene un doble componente –privado, como derecho subjetivo del profesional, y público, como garantía de una opinión pública libre y fundamento del derecho a la información–, mientras que la objeción de conciencia, por el contrario, solamente participa de la dimensión individual, personal y subjetiva de quien la invoca.
Para cubrir todas las dimensiones en las que las y los periodistas podrán invocar esta cláusula, se propone reformar tres legislaciones a saber: la Ley Federal del Trabajo, la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En primer término se propone adicionar un artículo 32 Bis a la Ley Federal del Trabajo para establecer que “los contratos y las relaciones de trabajo” entre los periodistas y los medios de comunicación deberán contener explícitamente el contenido y alcance de la cláusula de conciencia periodística, misma que podrá ser invocada por el o la trabajadora en cualquier momento en que considere se le pretende imponer una línea editorial o unos lineamientos editoriales que atenten contra sus principios deontológicos o contra su ética periodística.
Asimismo, se faculta al trabajador de la información a invocarla cuando se le pretenda forzar a emitir alguna información, firmar alguna publicación o posicionarse sobre un tema en particular que no asuma como propio o que no considere pertinente bajo su más estricta responsabilidad o bien porque haya sido modificado o alterado sin su consentimiento.
Consciente de que el ámbito laboral no es el único donde se puede presentar un conflicto en donde pueda invocarse la cláusula de conciencia periodística, se propone también adicionar un segundo párrafo al artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal para reconocer que en los casos donde se presente un conflicto de intereses entre una empresa de comunicación en su derecho de libertad de empresa y el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, libertad de información por los periodistas que colaboran en ella, deberá privilegiarse el ejercicio de los derechos que mayor beneficio impriman a la sociedad.
Finalmente se propone también adicionar un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en donde se incluirá que para proteger la integridad intelectual de los periodistas y su independencia editorial, la Federación promoverá que se reconozca la cláusula de conciencia periodística como un “una medida de prevención” efectiva que salvaguarde los derechos de las y los periodistas en el ejercicio de su labor profesional.
Decreto que adiciona los artículos 32 bis y 32 Ter de la Ley Federal del Trabajo; adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal; y adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas.
Artículo Primero: Se adicionan los artículos 32 Bis y 32 Ter de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 32 Bis.- Los contratos y las relaciones de trabajo entre las y los periodistas y los medios de comunicación deberán contener explícitamente la cláusula de conciencia, misma que podrá ser invocada por el o la periodista en cualquier momento.
La cláusula de conciencia podrá ser invocada para dar por terminada una relación contractual o laboral con el medio de comunicación en donde colabore cuando de acuerdo a su ética profesional y/o su experiencia se le pretenda imponer u obligar a actuar, acatar, publicar, firmar, difundir, suscribir, o emitir una posición, o información que no sea apropiada, o cuando la línea editorial del medio de comunicación pretenda imponerle criterios que resulten contrarios al derecho a la libre expresión y/o a la libre información.
Artículo 32 Ter.- Podrá invocarse la cláusula de conciencia por parte del o la periodista cuando no quiera dar por terminada la relación contractual o laboral, para solicitar al patrón que modifique, remueva o evite la práctica que haya suscitado el recurrir a dicha cláusula.
En ningún caso, la invocación de esta cláusula, podrá ser utilizada en contra del o la periodista y de su relación contractual o laboral o como justificación para la terminación de la relación o del contrato por parte del medio de comunicación, salvo que así sea expresado por el periodista.
Artículo Segundo: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal,para quedar como sigue:
En los casos donde se presente un conflicto de intereses entre un medio de comunicación y/o concesionario de radiodifusión en el ejercicio de su derecho de libertad editorial y de empresa frente al derecho a la libertad de expresión y/o de información, deberá privilegiarse el respeto a éstos últimos en beneficio de la sociedad.
Artículo Tercero: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para quedar como sigue:
De igual forma, se deberá promover que se reconozca en la legislación federal y de las Entidades Federativas el derecho a la cláusula de conciencia periodística como una medida de prevención efectiva que salvaguarde la integridad intelectual de las y los periodistas y como una medida que inhiba cualquier situación que pudiera agravar sus condiciones de riesgo o vulnerabilidad.
Dado en la Ciudad de México el día 30 de junio del 2015.
1 Sobre la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las autoridades mexicanas vale la pena ver el criterio jurisprudencial siguiente: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
2 Cfr. CoIDH. Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37
3 Cfr. CoIDH. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171
4 Cfr. CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205
5CIDH, OC 5/85, Serie A. No. 5, párr. 70.
6 CorIDH, Caso “Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros)vs. Chile,sentencia de 5 de febrero de 2001, serie C, núm. 73.
7La DUDH no es un tratado vinculante sino una resolución recomendatoria adoptada por la Asamblea General de la ONU. No obstante, con el transcurso del tiempo y la aceptación universal, gran parte de la DUDH ha alcanzado el rango de derecho internacional consuetudinario, incluyendo el Artículo 19, y es en consecuencia vinculante para todos los Estados. Véase en:http://www.article19.org/pages/es/international-guarantee.html
8ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de1976
9ONU, Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/GC/34.Observación General N° 34 “Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión”, 102° período de sesiones, Ginebra, 11 a 29 de julio de 2011. CCPR/C/GC/34.
10O´ Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, segunda edición, 2012, pág. 701.
11 Idem, pág. 731.
12Amparo Indirecto, https://endefensadearistegui.files.wordpress.com/2015/05/desahogo-prevencion-28-de-abril.docx, consultado el 12 de junio de 2015
14 Cfr. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107
15 Cfr. CoIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74
16 Díaz Arias, Rafael, “La Cláusula de Conciencia”, p. 3, http://eprints.ucm.es/8024/1/cl%C3%A1usula_de_conciencia.pdf, consultado el 12 de junio de 2015
17 Desantes Guanter, José María, “La cláusula de conciencia desde la perspectiva profesional” en Persona y Derecho, Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas, Universidad de Navarra, vol. IV (1977), citado por Idem
20Ibidem, p.1
21 Lo normal es que la definición ideológica y la definición profesional estén interrelacionadas: que se escoja un determinado formato en función de una opción ideológica, aunque ésta no sea más que la de dar prioridad a la obtención de beneficios sobre cualquier otra finalidad. La definición profesional cualifica o gradúa la definición ideológica. Ello explica los supuestos de cláusula de conciencia por traslado a otro medio del mismo grupo editorial: la definición ideológica será la misma, pero la definición profesional no. en Ibidem, p. 7
22Ibidem, p. 7
23Ibidem, pp. 7-8
24Ibidem, p. 9
25Ibidem, p. 9
28Ibidem, pp. 9-10
29Ibidem, p. 11
30Íbidem, p. 13
31 Consúltese en http://es.slideshare.net/julicap/cdigo-europeo-de-deontologa-del-periodismo
1Code du travail. Version consolidée du code au 22 janvier 2014. Recuperado de http://codes.droi.org/co/travail.pdf, citado por FUENTES-COBO, Carmen y GARCÍA-AVILÉS, José Alberto, “La aplicación de la cláusula de conciencia de los periodistas en España. Problemas y limitaciones de un modelo incompleto” en. Cuad.inf. [online]. 2014, n.35, pp. 189-207. ISSN 0719-367X.http://dx.doi.org/10.7764/cdi.35.548., consultado el 12 de junio de 2015

References: artículo 6
 artículo 5
 artículo 45
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 artículo 19
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 artículo 2
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