Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A210-06.htm
Timestamp: 2017-11-23 20:11:34+00:00

Document:
A210-06
Auto 210/06
SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Integración según Ley 65 de 1993/INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-Organo descentralizado por servicios del orden nacional
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS POR SERVICIOS DEL ORDEN NACIONAL-Conocimiento por jueces de circuito o con categoría de tales en primera instancia/ACCION DE TUTELA CONTRA EL INPEC-Competencia del Juez de Familia
Referencia: expediente ICC-1010
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo (2º) de Familia de Tunja.
Bogotá, D.C., primero (1°) de agosto de dos mil seis (2006)
1. El 6 de marzo de 2006, Arnulfo de Jesús Vargas Ortiz interpuso acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, solicitando el amparo de derechos fundamentales a la igualdad, la honra, el buen nombre, el trabajo, la seguridad social y el debido proceso, por presunta vulneración de la entidad demandada.
2. El 9 de marzo de 2006 fue repartida la acción a la Sala de Decisión N° 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que se declaró incompetente para conocer del asunto por considerar que la entidad accionada, el INPEC, E.P.C.A.M.S de Cómbita es una entidad del orden nacional y un ente descentralizado por servicios. De esta manera, ajustado al numeral primero del artículo primero del Decreto 1382 de 2000, el cual designa como competentes a los Jueces del Circuito o con categoría de tales, para conocer y resolver este tipo de acciones, el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió remitir la acción instaurada por Arnulfo de Jesús Vargas Ortiz al Juzgado de Familia de Tunja (reparto).
3. Surtido el trámite descrito, recibió el Juzgado Segundo (2°) de Familia de Tunja, que mediante auto de marzo 22 de 2006, manifestó su discrepancia conforme a lo expresado por el Tribunal, por concluir que la presente acción de tutela no está dirigida contra INPEC E.P.C.A.M.S de Cómbita, sino contra la Dirección General del INPEC, entidad del orden nacional que expidió el acto administrativo 0071 de enero 12 de 1995, señalado por el peticionario como violatorio de sus derechos fundamentales. En atención a lo estipulado en el citado precepto del Decreto 1382 de 2000, se declaró incompetente ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, a quien envió las diligencias y constancias respectivas.
4. A continuación, el Tribunal Administrativo de Boyacá, dando alcance al numeral 6° del artículo 256 de la Constitución Nacional, ordenó remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para dirimir el conflicto negativo de competencias.
5. Mediante auto del 26 de abril de 2006, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió inhibirse de emitir pronunciamiento sobre el conflicto sometido a su decisión y, “conforme lo dispuesto por el artículo 243 (sic) de la Carta Política”, ordenó remitir el asunto a esta corporación para que lo resuelva.
6. Una vez allegada la actuación, mediante oficio de mayo 26 de 2006, la Secretaría General de la Corte Constitucional, en cumplimiento de lo repartido por la Sala Plena, sesión de mayo 24 del mismo año, remitió el expediente al despacho del Magistrado Jaime Araújo Rentería para decidir lo pertinente, quien propuso declarar incompetencia de esta corte para dirimir tal conflicto negativo de competencias, ponencia que no obtuvo la mayoría exigida por el reglamento interno de la Corte.
7. Por lo anterior, mediante auto del 28 de julio de 2006 se envió la actuación al siguiente Magistrado en lista.
1. La Sala Plena de esta Corte, en sesión de 12 de julio de 2006, no impartió aprobación al proyecto de auto presentado a su consideración en este asunto por el Magistrado Jaime Araújo Rentería, por lo cual se ordenó pasar el expediente al Magistrado que sigue en turno, como en efecto realizó la Secretaría el 28 de julio del año en curso.
2. Como quedó referido anteriormente, se ha entendido que esta acción va dirigida contra la Dirección General del INPEC, entidad del orden nacional que emitió el acto administrativo N° 0071 de enero 12 de 1995, acusado por el accionante como violatorio de sus derechos fundamentales.
3. Encuentra la Sala que el presente conflicto de competencia es el resultado de una discrepancia sobre la naturaleza jurídica de la entidad demandada, situación que lleva a definir si el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, INPEC, es o no una entidad descentralizada por servicios del orden nacional. Para resolver lo anterior, cabe observar el artículo 15 de la Ley 65 de 1993, el cual estipula:
“Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa…”
Además, observando el pronunciamiento de esta Corte en sentencia C - 889 del 22 de octubre de 2002, Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño, frente a la demanda contra el artículo 165 de la Ley 65 de 1993, se encuentra:
“Estima el accionante que el artículo 165 de la Ley 65 de 1993 vulnera el artículo 210 de la Constitución, el cual no permite que una entidad descentralizada dependa de un establecimiento público descentralizado por servicios, como es el caso del INPEC.
En respuesta a este argumento del accionante, encuentra la Corte que si bien las entidades descentralizadas están adscritas o vinculadas a un organismo del sector central, nada se opone para que el Congreso de la República, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa para la determinación de la estructura de la administración nacional, en ocasiones especiales considere pertinente la vinculación o adscripción de personas jurídicas a las entidades descentralizadas por servicios, en aras del cumplimiento eficaz del objeto misional que les corresponde atender. Ello es así en cuanto la adscripción o la vinculación de entidades descentralizadas a un órgano central o descentralizado, hace parte del ámbito de competencia legislativa, otorgada por el artículo 211 de la Carta para establecer el régimen jurídico de las entidades descentralizadas”
Como se observa, la Corte ha apreciado que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, es un órgano descentralizado por servicios del orden nacional.
4. Ahora, con las características ya descritas y a la luz del inciso 2° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que designa como competentes a los Jueces del Circuito o con categoría de tales para conocer en primera instancia de las acciones de tutela contra entidades del sector descentralizado por servicios del orden nacional, la Corte Constitucional ejercerá su función de guardián superior de la integridad y supremacía de la Constitución, para que la decisión no sufra mas retardos y el asunto sea remitido de inmediato al Juzgado Segundo de Familia de Tunja, a donde había sido repartido, para que sin más dilación cumpla con el deber que le corresponde y resuelva la acción planteada.[2]
5. Esta decisión debe ser comunicada, además, a la Sala de Decisión N° 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá.
Remitir, por intermedio de la Secretaría General, el expediente de la referencia al Juzgado Segundo (2°) de Familia de Tunja, para que ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, tramite y decida la acción de tutela instaurada por Arnulfo de Jesús Vargas Ortiz contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
Infórmese esta decisión a la Sala de Decisión N° 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá
Salvamento de voto al Auto 210/06
Peticionario: ARNULFO DE JESUS VARGAS ORTIZ

References: artículo 256
 artículo 243
 artículo 15
 artículo 165
 artículo 165
 artículo 210
 artículo 211
 artículo 1