Source: https://derechoecuador.com/efectos-de-las-obligaciones-derecho-auxiliares-y-la-accion-pauliana
Timestamp: 2019-01-23 18:12:47+00:00

Document:
Derecho Ecuador - Efectos de las Obligaciones Derecho auxiliares y la Acción Pauliana
Efectos de las Obligaciones Derecho auxiliares y la Acción Pauliana
Derecho auxiliares y la Acción Pauliana
Vodanovic, citando a Alessandri y Somarriva, considera que los dos derechos principales del acreedor son la ejecución forzosa de la obligación y su consecuente indemnización en caso de incumplimiento total, parcial o tardío. A estos dos derechos principales, incorpora un grupo de derechos que se denominan auxiliares, mismos que se refieren al derecho de los acreedores de asegurar el cumplimiento de la obligación, como por ejemplo mediante medidas conservativas, que eviten un deterioro significativo, o bien en la cosa que le debe, o bien en el patrimonio del deudor, de tal forma que tenga un temor fundamentado en que llegado el día que pueda exigir su obligación, ésta se verá seriamente comprometida, y textualmente dice: ?Los derechos auxiliares son medidas de conservación y seguridad que el legislador da al acreedor a fin de mantener afecto el patrimonio del deudor al cumplimiento de sus obligaciones?[i].
Otra definición bastante clara de derechos auxiliares es la proporcionada por Aedo, al referirse a los mismos como ?situaciones generales dirigidas a evitar que la conducta del deudor haga ilusoria la prestación pactada. Corresponde a lo que en nuestro sistema conocemos como los derechos auxiliares del acreedor?[ii].
Los derechos auxiliares, según la doctrina, pueden ser de conservación, de sustitución y la denominada acción pauliana.
- Medidas conservativas
El artículo 2367 C.C., contempla lo que la doctrina denomina el derecho general de prenda[iii] que tienen los acreedores sobre los bienes del deudor, por el cual, toda obligación da derecho al acreedor a hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose los inembargables.
Partiendo de este derecho general, es interés del acreedor, que el deudor mantenga intacto su patrimonio, pues es sobre él, que caerá el cobro de la obligación en caso de incumplimiento.
Estas medidas conservativas pueden ser generales o específicas respecto a la cosa que se debe para el cumplimiento de la obligación, así, las medidas conservativas son aquellas que el acreedor puede exigir al deudor a fin de que la cosa que se entregará, se mantenga en buen estado y pueda cumplir el fin requerido por el acreedor (el artículo 1564 C.C., impone como una de las obligaciones del deudor la conservación de la cosa) o bien aquellas que lo obligan a conservar en buen estado su patrimonio, cuyo detrimento puede perjudicar a los acreedores.
La obligación de conservación de la cosa que se debe guarda relación con la teoría del riesgo. Esto es, que mientras pende la obligación, según el artículo 1566 C.C., el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, será siempre de cargo del acreedor; salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas, por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos, será de cargo del deudor el riesgo de la cosa, hasta su entrega, y en tal virtud, deberá tomar las medidas conservativas necesarias para evitar la destrucción de la cosa.
- Derecho de sustitución
Este derecho del acreedor, también se deriva del derecho general de prenda y está contenido en el artículo 2368 C.C., llamado por la doctrina el derecho de sustitución, según el cual sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores.
Podrán, asimismo, subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendatario, según lo dispuesto en el artículo 1906 y 1909 C.C. Sin embargo, no será embargable el usufructo legal, sea de la sociedad conyugal o de los padres sobre los bienes de los hijos, ni tampoco los derechos reales de uso o de habitación.
El escenario que nos pone el legislador consiste en aquel por el cual, el deudor tiene derechos y acciones que le benefician pero que omite efectuar alguna acción para beneficiarse de ella, bien por su simple desinterés, o bien porque al tener deudas no se verá beneficiado con las acciones que le asisten, sino que más bien esto beneficiará a sus acreedores.
Como sostiene Alessandri[iv], a diferencia del Código Civil francés, el chileno y el ecuatoriano, se inclinan por restringir el derecho de sustitución a los casos contemplados en la norma y que podemos resumir en:
· Derecho de subrogación en los derechos reales de usufructo, prenda, hipoteca y demás análogos.
· Derechos de retención.
· En los derechos del arrendador o arrendatario.
· La sustitución que opera según el artículo 1693 C.C., por la cual aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir el acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa.
· La sustitución contemplada en el artículo 1261 C.C., por la cual, los acreedores del que repudia en perjuicio de los derechos de ellos, podrán hacerse autorizar por el juez para aceptar por el deudor.
· La sustitución del artículo 1410 C.C., por la cual no dona el que repudia una herencia, legado o donación, o deja de cumplir la condición a que está subordinado un derecho eventual, aunque así lo haga por beneficiar a un tercero. Los acreedores, con todo, podrán ser autorizados por el juez para sustituir al deudor que así lo hace, hasta el valor de sus créditos; y del sobrante, si lo hubiere, se aprovechará el tercero.
La doctrina la define como la que tienen los acreedores para obtener la revocación de los actos realizados por el deudor en fraude de sus derechos. Se llama revocatoria porque mediante ella se obtiene la revocación o invalidación de los actos ejecutados por el deudor; y se llama pauliana porque fue el pretor Paulo el que la introdujo en el Derecho Romano[v].
Podemos decir que la acción pauliana es aquélla que el legislador concede al acreedor para revocar los actos ejecutados por el deudor en fraude a sus derechos. Aunque no está definida como tal en nuestro Código Civil, está contemplada en el artículo 2370 C.C., que a la letra dice:
1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas, anticresis o constitución de patrimonio familiar, que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero;
2. Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores; y,
3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año, contado desde la fecha del acto o contrato
Por su parte, la Corte ha dicho que:
La acción pauliana, es la que se determina en favor del acreedor, para demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos, y esencialmente tiene como principal objetivo, entre otros, la defensa que se otorga al acreedor contra los actos fraudulentos de su deudor, si son a título oneroso. Consecuentemente, si el fraude no existe, la acción no procede... Gaceta Judicial. Año LXXXII.
Serie XIII. No. 13. Pág. 3033. (Quito, 29 de julio de 1981). (Subrayado y negrilla fuera de texto)
La jurisprudencia ha recogido las condiciones o requisitos que deben darse para ejercer la acción pauliana, como veremos a continuación:
La acción establecida en el artículo 2394 del Código Civil (actual 2370 C.C.), es la llamada por la doctrina acción pauliana.
Para la procedencia de esta acción, por actos o contratos onerosos, prevista en el inciso primero del artículo citado, deben cumplirse las siguientes condiciones:
a) Que el deudor no haya pagado ni dimitido bienes equivalentes, notificado con el mandamiento de ejecución. De lo contrario, el actor no podría alegar perjuicio, pues los bienes de aquel alcanzarían para el pago de sus obligaciones, y;
b) Que entre el deudor y tercero adquiriente haya connivencia en el fraude, connivencia, que se presume si el tercero conocía el mal estado de los negocios del primero.
Esta es una exigencia derivada de la seguridad de las transacciones; si bastara la mala fe del enajenante, nadie pudiera estar seguro de los derechos que adquiera, por más que haya pagado el justo precio y haya actuado con total buena fe.- En cambio, para la procedencia de la acción pauliana, por actos o contratos a título gratuito, previsto en el inciso segundo del artículo 2394 del Código Civil, basta cumplirse la condición señalada en la letra a); la rescisión del acto o contrato a título gratuito, no supone la pérdida de derecho de propiedad a cambio de una prestación equivalente, sino simplemente la extinción de un beneficio, de allí que es lógico que la ley no sea tan severa como en el caso del traspaso oneroso de los bienes. Gaceta Judicial. Año CIII. Serie XVII. No. 8. Página 2288 (Quito, 11 de marzo de 2002). (Subrayado y negrilla fuera de texto) Junto con los requisitos mencionados en esta jurisprudencia, más los derivados de la norma, las condiciones para que opere la acción pauliana en los contratos o actos onerosos son:
a) Que el deudor no haya pagado ni dimitido bienes
b) Que el acreedor sufra un perjuicio con los actos o contratos onerosos en los que incurre el deudor
c) Que la obligación sea exigible, caso contrario solo tendría las medidas conservativas
d) Que entre el deudor y tercero adquirente haya acuerdo en el fraude, misma que se presume si el tercero conocía el mal estado de los negocios del primero.
e) Mala fe del deudor, pues sabiendo el mal estado de los negocios perjudica su patrimonio, en perjuicio a su vez de sus acreedores.
f) Que el acto fraudulento sea posterior al crédito
En cambio, dice la jurisprudencia y la lógica jurídica, para el caso de que la acción pauliana se efectúe en contra de actos a título gratuito, no es necesaria la mala fe en el adquirente.
La acción pauliana es una acción revocatoria y como tal su principal efecto es la de dejar sin efecto el acto o contrato que se está impugnando por esta vía, hasta el monto del crédito del acreedor accionante.
En cuanto a los efectos, la doctrina ha discutido mucho sobre la naturaleza jurídica de la acción pauliana, así, autores como Alessandri sostienen que la acción pauliana es una verdadera acción de nulidad, pues el legislador ha usado las expresiones rescindibles cuando se refiere a ellas, por lo tanto, para un tercero subadquirente73, se aplicarían las normas generales de las nulidades; para Somarriva en cambio, es una acción de inoponibilidad por fraude, figura contemplada en nuestra legislación; y, para Planiol se trata de una acción de indemnización por un hecho ilícito basado en la mala fe del deudor74.
El cuarto derecho auxiliar contemplado en la doctrina, hace referencia a la separación de patrimonios dentro del tema de sucesiones, que se menciona referencialmente, pero cuya institución debe ser analizada en esa sección.
[i] Vodanovic, Antonio, Ob. Cit., 258.
[ii] Aedo, Cristián, Las garantías del acreedor frente al incumplimiento especial referencia a la boleta bancaria de garantía, Revista Chilena de Derecho, Versión On-line ISSN 0718-3437, Vol. 35, No. 2,Santiago de Chile, Chile, páginas de la 293310,http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000200004, consultado el 8 de marzo del 2014.
[iii] Alessandri, Somarriva, Vodanovic en el Tratado de Derecho Civil, partes preliminar y general, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 1998, página 302, consideran que el término derecho general de prenda es una expresión perturbadora porque evoca la idea de derecho real de prenda, y no hay ningún derecho real, en tal virtud, algunos autores lo caracterizan como el estado de sujeción del deudor respecto a sus propios bienes. Con ellos quiere significarse que si el deudor no cumple, debe sufrir que los bienes que le pertenecen le sean expropiados a través de la justicia, por el acreedor mediante el procedimiento que la ley señala.
[iv] Alessandri, Arturo, Teoría? Ob. Cit., página 146.
[v] Alessandri, Arturo, Teoría?, Ob. Cit., página 149.

References: artículo 2367
 artículo 1564
 artículo 1566
 artículo 2368
 artículo 1906
 artículo 1693
 artículo 1261
 artículo 1410
 artículo 2370
 artículo 2394
 artículo 2394