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﻿ Sentencia T-027 de febrero 16 de 1998
SENTENCIA T-27 DE 16 DE FEBRERO DE 1998
CONTENIDO:NO SÓLO LA VIOLACIÓN GROSERA DE LA LEY PROCESAL CONFIGURA EL QUEBRANTAMIENTO DEL DEBIDO PROCESO, SINO TAMBIÉN EL DESCONOCIMIENTO SUTIL, QUE SE DA CUANDO EL JUEZ CUMPLE CON MARCADO DESGANO CIERTAS ACTIVIDADES PROCESALES DILATANDO, POR EJEMPLO, LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS O RETARDANDO LA DISPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE ALGUNAS MEDIDAS DESTINADAS A CONCRETAR O PRESERVAR EL DERECHO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:EXCLUSIVO PARA DATALEGIS
Sentencia T-027 de febrero 16 de 1998
Ref.: Expediente T-135053
Hernán Gustavo Castro A.
Santafé de Bogotá D.C., febrero diez y seis de mil novecientos noventa y ocho.
1. El problema planteado
Se trata en este caso de establecer si la actuación cumplida por la Juez 26 Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso ejecutivo hipotecario de José Tolosa Gómez contra Beatriz Hernández Pérez vulneró o no el derecho constitucional fundamental del demandante al debido proceso, al desatender el pedimento del juzgado laboral en el sentido de que se tuviera en cuenta, para los fines del artículo 542 del CPC, su acreencia laboral y se le diera prioridad a su pago con el producto del remate de los bienes de la demandada dentro del ejecutivo civil.
2.1. Según los hechos establecidos en el proceso, el Juzgado Trece Laboral del Circuito embargó 7 oficinas en el edificio Banco de la Costa dentro del ejecutivo laboral promovido por Hernán Gustavo Castro contra la señora Beatriz Hernández, medida que dicho despacho comunicó, según oficio del 17 de mayo de 1996, al Juzgado Veintiséis Civil del Circuito, el cual fue recibido el 22 del mismo mes, con el fin de que procediera en la forma como lo indica el artículo 542 del CPC, que en lo pertinente expresa:
“Acumulación de embargos de procesos en diferentes jurisdicciones. Cuando en un proceso ejecutivo laboral o de jurisdicción coactiva se decrete el embargo de bienes embargados en uno civil. La medida se comunicará inmediatamente, sin necesidad de auto que lo ordene, al juez civil, por oficio en el que se indicarán el nombre de las partes y los bienes de que se trate”.
“El proceso civil se adelantará hasta el remate de dichos bienes, pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, se solicitará al juez laboral o fiscal la liquidación definitiva y en firme, debidamente especificada, del crédito que ante él se cobra y de las costas, y con base en ella, por medio de auto, se hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con la prelación establecida en la ley sustancial...”.
2.2. EL Juzgado 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá no dio el trámite que correspondía conforme a la ley procesal a la medida ejecutiva adoptada por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, que afectaba a los mismos bienes que se encontraban trabados en la ejecución con título hipotecario adelantada por la justicia civil.
2.3. El texto del oficio 1027, mediante el cual se comunicó la referida medida, es bastante confusa y puede explicar la dificultad inicial que debió significar establecer el proceso civil al cual estaba destinada la orden impartida por el juez laboral. Pero esa circunstancia no puede justificar la marcada desidia de la juez civil y su secretario en orden a esclarecer oficiosa y diligentemente la situación, con el fin de contribuir, como era su deber, a que la comunicación produjera los resultados procesales esperados. La actitud del despacho civil carece, por lo mismo, de toda justificación y más bien deja entrever una omisión voluntaria y con ello la desobediencia injustificada a la ley procesal civil.
En razón del silencio del juzgado civil, indagó el juez laboral sobre la suerte de su comunicación anterior con oficio 1353 del 11 de junio de 1996, y sólo recibe respuesta el 28 siguiente en el cual se manifiesta que el proceso había concluido y “que los bienes se encontraban adjudicados mediante providencia ejecutoriada”.
Lo que realmente es criticable de toda esta serie de omisiones contrarias a los deberes que su condición de juez le imponía a la funcionaria demandada, es que todo ello dio lugar a que se desconocieran los derechos laborales del ejecutante Hernán Gustavo Castro, porque de haberse esclarecido oportunamente el oficio recibido el 22 de mayo, se habría conseguido proteger su derecho evitando la adjudicación de los bienes al acreedor hipotecario, que se dispuso por auto de 28 de mayo, es decir, después del oficio del juez laboral, pero que de todas formas pudo ser neutralizado, porque dicha decisión fue recurrida por la demandada y sólo vino a resolverse sobre el recurso el 19 de junio siguiente, es decir, 8 días después de la comunicación 1253 de 11 del mismo mes.
2.4. El examen de los hechos y situaciones relacionados permiten a la Sala llegar a la convicción de que la conducta asumida en este caso, tanto por la Juez 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., como por su secretario, no fue consecuente con la diligencia y la eficacia que la ley exige de tales servidores con el fin de que se logre la efectividad de los derechos de quienes acuden a la justicia.
La Corte en sentencia C-404/9(sic)(1) expresó:
“Según el numeral 1º del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, uno de los deberes del juez es “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran”.
(1) M.P. Jorge Arango Mejía.
“De otra parte, el artículo 4º del mismo código ordena al juez “tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial””.
“Las dos normas citadas consagran dos de los principios reconocidos por el artículo 228 de la Constitución: el primero, el de la economía procesal, en lo que tiene que ver con el pronto diligenciamiento de los procesos: “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. El segundo, la primacía del derecho sustancial: “... y en ellas (en las actuaciones de la administración de justicia) prevalecerá el derecho sustancial””.
2.5. El proceso es el instrumento idóneo para lograr la satisfacción de pretensiones y, por lo tanto, atender las demandas concretas de justicia de quienes acceden a la administración de justicia. Cuando el juzgador no aplica rigurosamente las reglas procesales consignadas en la ley, diseñadas precisamente para la garantía y efectividad de los derechos sustanciales de las partes, el proceso pierde su función tutelar, es decir, su razón de ser.
Y no sólo la violación grosera de la ley procesal mediante su ignorancia o su aplicación maliciosa consagra el quebrantamiento del debido proceso, sino también con su desconocimiento sutil, que se da cuando el juez cumple con marcado desgano ciertas actividades procesales dilatando, por ejemplo, la práctica de diligencias o retardando la disposición y ejecución de algunas medidas destinadas a concretar o preservar el derecho de cualquiera de las partes o de un tercero con un interés legítimo, omisiones que entrañan un proceder contrario al deber del juez, cual es la de velar por la rápida solución de los procesos, adoptando oportunamente las medidas conducentes que impidan su paralización y procuren la mayor economía procesal (arts. 29, 209, 228 y 229 C.P., art. 37-1 CPC).
2.6. Esta Sala comparte los razonamientos de la Corte Suprema de Justicia - Sala Civil y Agraria, la cual en el proveído mencionado arribó a la conclusión de que la conducta asumida por la Juez 26 del Circuito de Bogotá y su secretario, al mostrarse renuentes en colaborar con la justicia laboral para hacer efectivo la acreencia laboral del demandante, mediante la observancia del trámite previsto en el artículo 542 del CPC, era configurativa de una vía de hecho. En tal virtud, se confirmará la sentencia de dicha corporación, pero en las condiciones que mas adelante se precisan.
2.7. Durante el trámite de la revisión se recibió un escrito del apoderado de José Antonio Tolosa Gómez, en el cual se plantea la existencia de un posible fraude procesal encaminado a desconocer sus derechos como acreedor hipotecario, que en la parte pertinente dice:
“3. El señor Tolosa Gómez dio en préstamo al señor Hernán Gustavo Castro Alcarcel, la suma de $ 30.000.000 y este prestatario ofreció y dio en garantía, hipoteca sobre las oficinas 701, 702, 703, 704, 705, 707 y 708, del edificio distinguido con los números 10-41/47/57/63 de la calle 13 de esta ciudad, cuya propietaria era a la sazón la señora Beatriz Hernández Pérez, suegra del señor Castro Alcárcel”.
“4. Como el señor Castro Alcárcel no dio cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas con el señor Tolosa Gómez, éste se vio precisado a iniciar proceso ejecutivo con título hipotecario en contra de la señora Beatriz Hernández Pérez. Dicho proceso correspondió en reparto y se ventiló en el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, proceso que concluyó con la adjudicación al demandante, señor Tolosa Gómez, de los bienes dados en garantía”.
“5. El señor Tolosa Gómez, previa, durante y posteriormente al citado proceso ha sido víctima de toda suerte de argucias, por no decir trampas, por parte del señor Castro Alcárcel y de su suegra señora Beatriz Hernández Pérez. Podríamos citar, tal como lo ha afirmado mi mandante ante esta corporación y ante la Corte Suprema de Justicia algunos ejemplos de tales artimañas: a) La desaparición de los folios de matrícula inmobiliaria de las oficinas dadas en garantía, por lo cual se abrió investigación penal en la que se ordenó la captura de los implicados en esos hechos delictivos, siendo detenidos, un funcionario de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta ciudad, como también, un cómplice externo. b) La relación laboral que dicen tener, la señora Beatriz Hernández Pérez, como patrona, con su yerno, señor Hernán Gustavo Castro Arcárcel, como trabajador. Esta relación laboral conduce a las partes a celebrar conciliación ante la inspección 17 de trabajo, por la suma de $ 29.000.000 (monto coincidencialmente cercano a la obligación hipotecaria citada). En base a la conciliación dicha, el señor Castro Alcárcel demandó ejecutivamente a la señora Beatriz Hernández Pérez, su suegra, ante el Juzgado 13 Laboral del Circuito de esta ciudad, despacho que ordenó el embargo de las oficinas hipotecadas al señor Tolosa Gómez, con el propósito firme de burlar los derechos de éste. c) La acción de tutela misma que se intentó contra la Juez 26 Civil del Circuito de Bogotá, es una tramoya más del señor Castro Alcárcel, para birlar los derechos legítimos de mi representado”.
“6. Como consecuencia de la sentencia de adjudicación de las oficinas hipotecadas, el Juzgado 26 Civil de Circuito de esta ciudad ordenó la entrega de dichos inmuebles al señor Tolosa Gómez, las que fueron entregadas y recibidas por mi mandante, en marzo pasado, sin embargo, hoy las oficinas citadas, son ocupadas, por vías de hecho, por mis contradictores, quienes han violado, con tal usurpación caros derechos de mi cliente”.
2.8. La competencia asignada a la Corte Constitucional para revisar los procesos de tutela se dirige a asegurar la vigencia y efectivo goce de los derechos constitucionales fundamentales que hayan sido violados o amenazados por una autoridad pública o por los particulares en ciertos casos, cuando no exista un mecanismo alternativo de defensa judicial que sea idóneo para garantizarlos.
No le corresponde, en consecuencia, a la Sala pronunciarse en relación con el alegado fraude procesal, pero ordenará que se oficie a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investiguen los hechos antes mencionados.
No obstante lo anterior, a la Sala le preocupa que se pueda utilizar la acción de tutela para una finalidad ilegítima, como sería la consumación del posible fraude procesal denunciado por el apoderado de José Antonio Tolosa Gómez. En tal virtud, se adicionará la sentencia adoptada por la Corte Suprema de Justicia al conceder la tutela, en el sentido de que su efectividad queda condicionada a la decisión que adopte la justicia penal en relación con el aludido fraude procesal, como se indica en la parte resolutiva.
En mérito de lo expuesto la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 23 de mayo de 1997 proferida por la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil y Agraria— mediante la cual se tuteló el derecho al debido proceso de Hernán Gustavo Castro Alcárcel y se dejaron sin efecto los autos de 28 de mayo, 19 de junio, 28 de junio, 25 de julio, 5 de agosto y 10 de septiembre de 1996 proferidos por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá en el proceso ejecutivo hipotecario de José Tolosa Gómez contra Beatriz Hernández Pérez, con la siguiente ADICIÓN:
La efectividad de los derechos del acreedor en el proceso laboral queda condicionada a la decisión que se adopte por la justicia penal en relación con el fraude procesal denunciado y al cual se hizo alusión en la parte motiva de esta providencia. Por consiguiente, de establecerse la existencia del delito de fraude procesal no podrán hacerse efectivos dichos derechos; pero se harán realidad, si dicha justicia decide que no existió delito.
SEGUNDO. ORDENAR que por la secretaría general se oficie a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se investigue el posible fraude procesal al cual se elude en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. Líbrese por la secretaría general de esta corporación, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

References: artículo 542
 artículo 542
 artículo 37
 artículo 4
 artículo 228
 artículo 542
 artículo 36