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Timestamp: 2018-07-18 08:54:18+00:00

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Los Anexos – Justicia 2020
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Anexo A – Anteproyecto de ley del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y JURADO DE ENJUCIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION – MARZO 2009 –
1.1 El Consejo de la Magistratura es una institucioÏn de tradicioÏn europea introducida en nuestra ConstitucioÏn por la reforma de 1994.
1.2 La razoÏn fundamental de su introduccioÏn fue el fracaso del sistema de nombramiento y remocioÏn de jueces de nuestra ConstitucioÏn histoÏrica tomada de su modelo norteamericano.
1.3. El fracaso del sistema en nuestro paiÏs se debioÏ a que desde que comenzoÏ la inestabilidad poliÏtica con posterioridad a 1930, tanto el nombramiento (en manos del presidente con acuerdo del Senado) como la remocioÏn, (acusacioÏn de la CaÏmara de Diputados y decisioÏn del Senado mediante el Juicio PoliÏtico), se vieron influenciados por las motivaciones poliÏtico partidarias lo cual contribuyoÏ a la inestabilidad judicial y al desprestigio de este Poder.
1.4. Por lo tanto el objetivo predicado por el acuerdo de Olivos (pacto que dio origen al proceso constituyente) como por lo expuesto en la ConvencioÏn Constituyente, era despolitizar el nombramiento y remocioÏn de los jueces encargaÏndoselo en sus etapas fundamentales a un oÏrgano independiente y teÏcnico.
1.5. HabiÏa ademaÏs dos inquietudes que intentaron preverse en la reforma: a) Que la designacioÏn y remocioÏn de jueces no quede en manos exclusivas de la ìcorporacioÏn judicialî o de los ìabogadosî, para evitar que la existencia de un corporativismo cerrado en el Poder Judicial; b) Intentar que los Jueces se ocupen de sus tareas jurisdiccionales, substrayeÏndoles las de iÏndole administrativa o de gerenciamiento del sistema.
1.6. Sobre la base de eÏstas ideas se redactaron los artiÏculos 114 y 115 de la CN, donde se previoÏ: a) Una composicioÏn plural del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, estableciendo como principio para el primero el principio del equilibrio entre los tres estamentos que mayoritariamente lo compondriÏan: los representantes de los oÏrganos poliÏticos resultante de la eleccioÏn popular, de los jueces y de los abogados; b) la asignacioÏn de facultades de administracioÏn del Poder Judicial, aunque con una teÏcnica deficiente, al definirla se mezclan algunas que pueden considerarse de gobiernomás que de administracioÏn.
1.7. La Ley 24.937 que reglamentoÏ los arts 114 y 115 teniÏa defectos y no respetoÏ estrictamente el equilibrio predicado en la CN, otorgaÏndole una leve primaciÏa al sector poliÏtico. Tampoco fue clara en lo referente a la distincioÏn entre Gobierno y AdministracioÏn del Poder Judicial aunque, sin decirlo, al darle a la Corte Suprema de Justicia la Presidencia del Consejo optoÏ por reconocer que eÏsta es la cabeza del Poder Judicial y que ejerce su gobierno. La forma poco expliÏcita en que lo establecioÏ dio lugar a innumerables conflictos de Poder.
1.8. En el anﬁo 2005 habiÏa conciencia que el Consejo deberiÏa reformarse. En cuanto al Jurado de Enjuiciamiento se consideraba que habiÏa funcionado en forma aceptable aunque se escuchaban criÏticas respecto a su estructura y algunos sectores consideraban conveniente establecer un oÏrgano ad-hoc que se constituyera en cada caso.
1.9. La Ley 26.080 surgida por iniciativa de la Senadora Kirchner y sin una discusioÏn puÏblica profunda –como debioÏ ocurrir dada su trascendencia- en lugar de solucionar los problemas que ya teniÏa la 24.937 los agravoÏ, rompiendo el equilibrio prescripto en la norma Constitucional, mediante una participacioÏn mayoritaria del sector poliÏtico y una proporcioÏn que le permite, en los hechos, dominar el nombramiento y la remocioÏn de los Jueces. A su vez, desdibuja el papel de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn al quitar su participacioÏn en el Cuerpo y sacarle la presidencia del mismo.
1.10. En definitiva, el Consejo de la Magistratura, tal como estaÏ integrado se convierte en una amenaza a la independencia del Poder Judicial, entendida eÏsta en el sentido de nuestra ConstitucioÏn Nacional, tributaria de la de Estado Unidos de NorteameÏrica, donde la Justicia es un Poder del Estado con facultades para declarar la inconstitucionalidad de los actos de los otros dos poderes del Estado.
Principios baÏsicos de la reforma propuesta:
2.1. Restituir el equilibrio entre los tres estamentos destruido con la reforma, mediante:
2.1.1. Otorgar a cada estamento el nuÏmero de representantes que le permita una integracioÏn plural en funciones y tendencias poliÏticas, pero sin que pueda cada uno de ellos por siÏ solos: a) formar quoÏrum; b) tener mayoriÏa absoluta.
2.1.2. Evitar que dentro del estamento poliÏtico, los representantes del oficialismo (Poder Ejecutivo y mayoriÏa de los legisladores), en su conjunto, obtengan un virtual ìpoder de vetoî para las decisiones referidas a nombramiento y acusacioÏn de magistrados.
2.1.3. Afianzar la idea de que el Consejo de la Magistratura es un organismo teÏcnico, no poliÏtico. El componente poliÏtico en la designacioÏn de magistrados estaÏ dado por la seleccioÏn que hace el Poder Ejecutivo dentro de la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura y en el acuerdo del Senado.
2.2. Establecer la participacioÏn de la Corte Suprema de Justicia en el Consejo otorgaÏndole su presidencia y afianzando la idea de que a ella le corresponde el gobierno del Poder Judicial mientras que el Consejo, en lo que hace al funcionamiento del Poder Judicial es un oÏrgano de administracioÏn subordinado a nuestro maÏs Alto Tribunal. Por ello se establece un recurso de revisioÏn de sus decisiones salvo en el ejercicio de las funciones propias del Consejo seguÏn la prescripcioÏn constitucional: la seleccioÏn y la remocioÏn de magistrados
2.3. Regular la composicioÏn de las Comisiones internas del Consejo de la Magistratura de manera que en aquellas referidas a la formacioÏn y designacioÏn de jueces y a su remocioÏn tengan mayoriÏa en conjunto los dos estamentos teÏcnicos (abogados y jueces) pudiendo integrarse para formar mayoriÏa en la comisioÏn referida a la formacioÏn de jueces, el representante acadeÏmico.
2.4. Establecer los mismos principios de equilibrio en el jurado de enjuiciamiento. No obstante, en este cuerpo su composicioÏn debe asegurar que ninguÏn estamento, por siÏ solo pueda formar dos tercios de votos.
2.5. En cuanto a la opcioÏn por un cuerpo estable o constituido ad-hoc para cada caso, se opta por un sistema de tribunales formados para cada caso pero estableciendo una oficina permanente que reciba y tramite cada caso hasta la formacioÏn del Tribunal.
2.6. En materia de formacioÏn debe jerarquizarse la Escuela Judicial como principal meÏtodo para la primera seleccioÏn de jueces de primera instancia y como organismo de perfeccionamiento de los recursos humanos del sistema judicial. Se pretende formar un instituto de excelencia para la formacioÏn de aspirantes a jueces y compatibilizar su existencia y funciones con el sistema de concursos establecido en la ConstitucioÏn Nacional.
1.1. El Consejo de la Magistratura es una institucioÏn de tradicioÏn europea introducida en nuestra ConstitucioÏn por la reforma de 1994.
1.2. La razoÏn fundamental de su creacioÏn fue el fracaso del sistema de nombramiento y remocioÏn de jueces de nuestra ConstitucioÏn histoÏrica tomada de su modelo norteamericano.
1.3. El fracaso del sistema en nuestro paiÏs se debioÏ a que desde que comenzoÏ la inestabilidad poliÏtica con posterioridad a 1930, tanto el nombramiento (en manos del presidente con acuerdo del Senado) como la remocioÏn, (acusacioÏn de la CaÏmara de Diputados y decisioÏn del Senado mediante el Juicio PoliÏtico), se vieron influenciados por motivaciones poliÏtico partidarias, muchas veces producto de negociaciones que trajeron como consecuencia nombramientos poliÏticos que no teniÏan en cuenta las condiciones de los candidatos o remociones y rechazo de acusaciones tambieÏn producto de concesiones entre los distintos bloques partidarios. Todo ello contribuyoÏ a la inestabilidad y al desprestigio del Poder Judicial.
1.4. Frente a esta realidad el objetivo buscado en el acuerdo de Olivos (pacto que dio origen al proceso constituyente) seguÏn surge de las actas de la ConvencioÏn Constituyente, era despolitizar el nombramiento y remocioÏn de los jueces encargaÏndoselo en sus etapas fundamentales a un oÏrgano independiente y teÏcnico que buscara la seleccioÏn de magistrados idoÏneos y la remocioÏn por procedimientos que aseguren la objetividad y descarten motivaciones poliÏtico partidarias que pudieran afectar la independencia de la Justicia.
1.5. Esta idea ha sido expuesta con claridad por uno de los constitucionalistas que trabajoÏ directamente en la inclusioÏn del Consejo de la Magistratura en la reforma del Consejo de la Magistratura, Alberto M. GarciÏa Lema, quien textualmente dijo: ìLa idea del Consejo de la Magistratura fue asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestacioÏn del servicio de justicia, como lo expresa el artiÏculo 114 de la ConstitucioÏn reformada. Para ello se lo disenﬁoÏ con una integracioÏn equilibrada ìentre la representacioÏn de los oÏrganos poliÏticos resultantes de la eleccioÏn popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matriÏcula federalî y personalidades del aÏmbito acadeÏmico.
La palabra ìrepresentacioÏnî de los oÏrganos poliÏticos fue incluida con un sentido teÏcnico, compatible con un Consejo incorporado al Poder Judicial de la NacioÏn. Por aplicacioÏn de la doctrina de la divisioÏn de poderes, que inspira tanto a la ConstitucioÏn de 1853 como a su reforma de 1994, no se concibe que miembros en ejercicio de otro poder del estado puedan serlo, a su vez, del Poder Judicial.î (ìUn Propuesta Conciliatoriaî, La NacioÏn 6 de enero de 2006)
Esta autorizada opinioÏn, claramente define la naturaleza del organismo que nos ocupa. El Consejo de la Magistratura atento sus atribuciones, es un organismo teÏcnico que participa en la seleccioÏn de los magistrados (porque interviene solo en la elaboracioÏn de la terna a elevar al poder Ejecutivo quien tiene libertad en designar uno de los tres candidatos y el proceso se complementa con el acuerdo del Senado), en su destitucioÏn y en la administracioÏn del Poder Judicial. En definitiva NO ES UN ORGANO POLIÏTICO. Quienes lo integran por los tres estamentos deben tener claro que su funcioÏn es teÏcnica porque el control poliÏtico de los otros dos poderes sobre el Judicial – dentro del esquema de “frenos y contrapesos” de nuestra ConstitucioÏn- lo realizan el Poder Ejecutivo en la eleccioÏn dentro de la terna y el Senado al tratar el acuerdo.
HabiÏa ademaÏs dos inquietudes que intentaron preverse en la reforma: a) Que la designacioÏn y remocioÏn de jueces y abogados no estuviera exclusivamente en manos de la corporacioÏn profesional; b) Procurar que los Jueces se ocupen de sus tareas jurisdiccionales substrayeÏndoles las de iÏndole administrativa o de gerenciamiento del sistema que fueron delegadas al Consejo de la Magistratura.
Ello surge de lo expuesto por el miembro informante de esta reforma en la ConvencioÏn Constituyente Enrique Paixao quien resumioÏ la intencioÏn de la propuesta en estos teÏrminos ìse ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integracioÏn del oÏrgano pero que simultaÏneamente no convierta al Poder Judicial de la NacioÏn en un sistema autogestionario en el que los jueces -cuya misioÏn es la de decidir casos concretos- puedan llegar a transformarse en la fuente de provisioÏn de nuevos jueces. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en que los poderes democraÏticos retengan una importante injerencia en el proceso de designacioÏn de los jueces, pero en el que simultaÏneamente -por participacioÏn de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participacioÏn de estamentos vinculados con la actividad forense u otras personas– el sistema judicial esteÏ gobernado con pluralismo aunque sin transferir a quienes no tienen la representacioÏn popular la totalidad de los poderes propios distintos de los que le son especiÏficamente propios del sistema judicial, que son los de dictar sentencias, esto es, resolver casos contenciososî (Obra de la ConvencioÏn…, Tomo V, paÏg. 4888)
1.6. Sobre la base de eÏstas ideas se redactaron los artiÏculos 114 y 115 de la CN, donde se previoÏ: a) Una composicioÏn plural del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, estableciendo como principio para el primero el equilibrio entre los tres estamentos que mayoritariamente lo compondriÏan; representantes de los oÏrganos poliÏticos resultantes de la eleccioÏn popular, de los jueces y de los abogados; b) la asignacioÏn de facultades de administracioÏn del Poder Judicial, aunque con una teÏcnica deficiente ya que, al definirla se mezclan algunas que pueden considerarse de gobiernomás que de administracioÏn.
1.7. Es importante considerar el sentido de la palabra ìequilibrioî incluida en la ConstitucioÏn. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Espanﬁola, la palabra ìequilibrioî tiene las siguientes acepciones: 1. Estado de un cuerpo cuando encontradas fuerzas que obran en eÏl se compensan destruyeÏndose mutuamente. //2. Peso que es igual a otro peso y lo contrarresta. // 3. fig. Contrapeso, contrarresto, armoniÏa entre cosas diversas // 4. fig. Ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios. // 5. pl. fig. Actos de contemporizacioÏn, prudencia o astucia, encaminados a sostener una situacioÏn, actitud, opinioÏn, etceÏtera, insegura o dificultosa.
Descartadas la 4a y 5a acepcioÏn, las que claramente resultan inaplicables al supuesto que nos ocupa, advertimos que las otras tres hacen referencia a fuerzas contrapuestas cuyo impulso se anula mutuamente, de manera que ninguna de ellas puede prevalecer sobre la otra. Es una verdad de Perogrullo que entre una fuerza que se imponga sobre otra no existe equilibrio.
Lo dicho es plenamente aplicable al caso examinado, en donde el significado de las palabras no variÏa, ya que las mismas no estaÏn utilizadas en sentido teÏcnico alguno, que difiera del significado comuÏn que ellas tienen. Pero auÏn si se pretendiera afirmar lo contrario, debe tenerse en cuenta que la nocioÏn de equilibrio no es algo novedoso en nuestro sistema constitucional, toda vez que es la piedra angular sobre la que se basa la separacioÏn de poderes. El nuestro es un sistema de separacioÏn y equilibrio de los poderes y esa nocioÏn de equilibrio nos remonta a la conocida frase de Montesquieu de que le pouvoir arret le pouvoir (el poder detiene al poder), la que ilustra perfectamente el sentido constitucional de la nocioÏn de equilibrio: las fuerzas en pugna se contrarrestan mutuamente, logrando que ninguna pueda imponerse a la otra.
Este es el sentido claro de la norma constitucional que regula la integracioÏn del Consejo de la Magistratura. Cuando el artiÏculo 114 exige que se procure el equilibrio entre los representantes de los distintos sectores que menciona, pretende que se establezca una relacioÏn entre ellos en la cual ninguno pueda adoptar o bloquear decisiones por siÏ solo, sino que deba para ello contar con el respaldo de algunos de los otros sectores. AsiÏ lo entendieron tambieÏn los miembros de la ComisioÏn de RedaccioÏn de la ConvencioÏn Constituyente: ìla ConstitucioÏn ha prescripto que la configuracioÏn del oÏrgano esteÏ signada por el equilibrio. Con ello ha establecido que la composicioÏn numeÏrica debe garantizar que los poderes poliÏticos no tengan en eÏl una hegemoniÏa que menoscabe la transparencia en el cumplimiento de las funciones -muchas y muy importantes- que le asigna, y ha de asegurar el pluralismo en su integracioÏn. Esa composicioÏn, a su vez, no puede tener caracteriÏsticas tales que resulte generado un sistema de cooptacioÏn en el nombramiento de los jueces, o que quede transformado el sistema judicial en autogestionario, con olvido de que la funcioÏn de los jueces es, primordialmente, la de decidir casos contenciososî (La Reforma de la ConstitucioÏn explicada por los miembros de la ComisioÏn de RedaccioÏn, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, paÏg. 415).
Esta es la posicioÏn unaÏnime de la maÏs autorizada doctrina constitucional argentina. Bidart Campos sostuvo que ìla mencioÏn del equilibrio entre tales representaciones es muy importante, porque –por ejemplo- quedariÏa roto si por la cantidad de miembros de los oÏrganos poliÏticos de origen popular quedara a merced de ellos una predominancia que neutralizara la representacioÏn de los jueces y de los abogados que, de alguÏn modo, son pares del candidato por la iÏndole de sus funciones profesionalesî (Tratado de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, Buenos Aires, 1995, Tomo VI, paÏg. 493).
Algunos autores llegan incluso a sostener que los representantes de los jueces deberiÏan tener mayoriÏa en el Consejo y que los restantes sectores deberiÏan ejercer una suerte de control sobre esa mayoriÏa (Dromi y Menem, La ConstitucioÏn Reformada, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, paÏg. 375; Bielsa, citado por Bidart Campos, op. cit., paÏg. 493, nota 1).
RepaÏrese asimismo que la ConstitucioÏn engloba dentro de un mismo grupo (oÏrganos poliÏticos resultantes de la eleccioÏn popular) al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Resulta claro que la ConstitucioÏn pretende que el equilibrio exista entre los representantes de los oÏrganos poliÏticos (tomados en conjunto), los representes de los jueces y los representantes de los abogados. Esta cuestioÏn, que podriÏa parecer meramente semaÏntica, es de fundamental importancia para la correcta interpretacioÏn del mandato constitucional. Ninguno de los tres grupos mencionados puede ser desagregado o separado a los efectos de determinar si existe o no equilibrio en su representacioÏn ante el Consejo de la Magistratura. AsiÏ, por ejemplo, no seriÏa vaÏlido constitucionalmente establecer distintas representaciones para los jueces de diferentes instancias, como tampoco lo es que el equilibrio se pretenda establecer entre representantes de la CaÏmara de Diputados, del Senado y del Poder Ejecutivo, tomados separadamente, con los restantes sectores.
Debe tenerse en cuenta que el equilibrio entre los tres estamentos mencionados en el art. 114 de la ConstitucioÏn Nacional no tiene por objeto organizar el sistema de mutuo control entre los tres poderes claÏsicos de nuestra organizacioÏn institucional. Dicho mutuo control, propio del sistema denominado de ìfrenos y contrapesosî, estaÏ dado por la facultad del Poder Ejecutivo de designar los jueces, auÏn dentro de la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura. Por su parte, el Poder Legislativo ejerce su control mediante el acuerdo del Senado (art. 99, inc. 4o de la ConstitucioÏn Nacional).
Por lo tanto, el Consejo de la Magistratura es un oÏrgano con funciones teÏcnicas orientadas a la seleccioÏn de magistrados, a su remocioÏn y a la administracioÏn del Poder Judicial. El componente poliÏtico incluido en eÏl en manera alguna desvirtuÏa esa funcioÏn teÏcnica y esa es la razoÏn del equilibrio con los otros estamentos. Es por eso que cualquier alteracioÏn del mencionado equilibrio desvirtuÏa la funcioÏn del Consejo de la Magistratura y el sistema de seleccioÏn y remocioÏn de magistrados que, seguÏn hemos visto, la reforma de 1994 pretendioÏ extraerlo de la influencia de la poliÏtica partidaria y de esta manera corregir las anomaliÏas del sistema anterior.
En cuanto a la integracioÏn del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, si bien la ConstitucioÏn no indica que deba existir equilibrio, dicha diferencia con lo normado respecto del Consejo de la Magistratura no debe ser entendida como que el artiÏculo 115 autorice que los oÏrganos poliÏticos puedan tener preponderancia en eÏl. Ello implicariÏa sostener que la reforma nada ha modificado y que ha sido solamente una alteracioÏn cosmeÏtica, ya que en nada habriÏa influido en el anterior esquema en el cual los oÏrganos poliÏticos eran quienes decidiÏan acerca de la remocioÏn de un magistrado. Por el contrario, la falta de exigencia del equilibrio soÏlo puede ser interpretada en el sentido de que aquiÏ el constituyente no teniÏa los mismos reparos en cuanto a que la remocioÏn pudiera estar dominada por los mismos jueces, a diferencia de lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura. (paÏrrafos de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el CACBA).
1.8. La Ley 24.937 que reglamentoÏ los arts 114 y 115 teniÏa defectos y no respetoÏ estrictamente el equilibrio predicado en la CN otorgaÏndole una leve primaciÏa al sector poliÏtico. Tampoco fue clara en lo referente a la distincioÏn entre Gobierno y AdministracioÏn del Poder Judicial aunque, sin decirlo, al darle a la Corte Suprema de Justicia la Presidencia del Consejo optoÏ por reconocer que eÏsta es la cabeza del Poder Judicial y que ejerce su gobierno. La forma poco expliÏcita en que lo establecioÏ dio lugar a innumerables conflictos de Poder.
1.9. En el anﬁo 2005 habiÏa conciencia que el Consejo deberiÏa reformarse. En cuanto al Jurado de Enjuiciamiento se consideraba que habiÏa funcionado en forma aceptable aunque se escuchaban criÏticas respecto a su estructura y algunos sectores consideraban conveniente establecer un oÏrgano ad-hoc que se constituyera en cada caso.
1.10. La Ley 26.080 surgida por iniciativa de la Senadora Kichner y sin una discusioÏn puÏblica profunda –como debioÏ ocurrir dada su trascendencia- en lugar de solucionar los problemas que ya teniÏa la 24.937 los agravoÏ, rompiendo el equilibrio prescripto en la norma Constitucional, mediante una participacioÏn mayoritaria del sector poliÏtico y una proporcioÏn que le permite, en los hechos, dominar el nombramiento y la remocioÏn de los Jueces. A su vez dentro del estamento poliÏtico esta ley le otorga al oficialismo una representacioÏn que le permite ejercer un virtual poder de veto en las decisiones de designacioÏn o remocioÏn de Jueces. A su vez, desdibuja el papel de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn al quitar su participacioÏn en el Cuerpo y sacarle la presidencia del mismo.
1.11. En definitiva, el Consejo de la Magistratura, tal como estaÏ integrado se convierte en una amenaza a la independencia del Poder Judicial, entendida eÏsta en el sentido de nuestra ConstitucioÏn Nacional, tributaria de la de Estado Unidos de NorteameÏrica, donde la Justicia es un Poder del Estado con facultades para declarar la inconstitucionalidad de los actos de los otros dos poderes del Estado.
2.1. Restituir el equilibrio entre los tres estamentos (art.2), mediante:
2.1.2. Evitar que dentro del estamento poliÏtico, los representantes del oficialismo (Poder Ejecutivo y mayoriÏa de los legisladores), en su conjunto, obtengan un virtual “poder de veto” para las decisiones referidas a nombramiento y acusacioÏn de magistrados.
2.1.3. Conforme a los puntos expuestos se considera que no es necesario darle primaciÏa a la mayoriÏa en el Congreso dentro del Consejo de la Magistratura. Teniendo en cuenta que, por mandato constitucional, todos los oÏrganos emanados de la eleccioÏn popular deben estar representados, habraÏ un representante del Poder Ejecutivo que equilibraraÏ el origen partidario de la representacioÏn poliÏtica.
2.1.4.Tampoco se considera necesario que en el Plenario del Consejo de la Magistratura existan representantes de ambas CaÏmaras. En esta liÏnea se propone integrar el Plenario con integrantes de la CaÏmara de Diputados, reservando los representantes del Senado para el jurado de enjuiciamiento.
2.2. Reafirmar el principio que la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn ejerce el gobierno del Poder Judicial y que las atribuciones del Consejo de la Magistratura en relacioÏn a la gestioÏn son exclusivamente administrativas conforme asiÏ lo establece la ConstitucioÏn Nacional, mediante:
2.2.1. Establecer la participacioÏn de la Corte Suprema de Justicia en el Plenario del Consejo otorgaÏndole su presidencia (art.2 inc.1 y art. 11).
2.2.2. Regular recursos de revisioÏn de las decisiones del Consejo en materia de AdministracioÏn, estableciendo a la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn como Tribunal de revisioÏn excluyendo las decisiones que son propias del oÏrgano como son la formacioÏn de las ternas y la acusacioÏn (art. 10).
2.3. Constituir las Comisiones internas con un nuÏmero reducido de tres miembros para darle mayor agilidad a su trabajo, integraÏndolas con representantes de los estamentos seguÏn la materia de cada una:
2.3.1. En materia de SeleccioÏn de magistrados, la ComisioÏn quedariÏa integrada por un Juez, un abogado y el representante acadeÏmico atento que se da un papel especial al aspecto de la formacioÏn mediante el redisenﬁo de la Escuela Judicial y se busca que la elaboracioÏn de cursos, concursos de antecedentes y oposiciones cuente con una opinioÏn equilibrada entre los operadores de la Justicia (jueces y abogados)más orientada a la praÏctica y el punto de vista acadeÏmico y cientiÏfico (art 13, inc 1).
2.3.2. En materia de Disciplina y acusacioÏn la ComisioÏn estaraÏ integrada por un Juez, un abogado y un diputado, pretende llevar la opinioÏn preponderante de los operadores de la Justicia integrada por un miembro del estamento poliÏtico (art. 13 inc 2).
2.3.3. En materia de administracioÏn y financiera la ComisioÏn estaraÏ integrada por el Presidente del Consejo (un miembro de la Corte Suprema de Justicia), el representante del Poder Ejecutivo y el diputado que represente el sector o partido poliÏtico diverso al del Poder Ejecutivo busca que el asesoramiento presupuestario y las propuestas sobre utilizacioÏn de los recursos pueda ser tratado por los representantes de los tres poderes del Estado y que, a su vez, los miembros del estamento poliÏtico pertenezcan a distintos partidos. De esta forma los tres poderes involucrados en la elaboracioÏn y aprobacioÏn del presupuesto del Poder Judicial. Esta comisioÏn tendraÏ como misioÏn supervisar la Oficina de AdministracioÏn y financiera del Poder Judicial cuyo director seraÏ elegido por el Plenario que llevaraÏ adelante las funciones ejecutivas de administracioÏn del presupuesto del Poder Judicial (art. 13 inc. 3)
2.3.4. Finalmente, la ComisioÏn de reglamentacioÏn que se ocuparaÏ de Asesorar al Plenario en materia de reglamentos para la mejor administracioÏn del servicio de Justicia se la integra con representantes de los estamentos involucrados en la tarea judicial (Jueces y abogados) y un diputado (art. 13, inc 4).
2.4. Redisenﬁo de la Escuela Judicial:
2.4.1.Una de las novedades esenciales del proyecto es el redisenﬁo de la Escuela Judicial, prevista en las leyes anteriores pero que no pasoÏ de ser un organismo destinado a crear cursos cortos voluntarios.
2.4.2. En el proyecto se pretende crear un instituto de alta jerarquiÏa dotaÏndolo de recursos suficientes para ello, provenientes de la tasa de Justicia. La asignacioÏn de un porcentaje de la Tasa de Justicia responde al concepto tributario de este instituto cual es la retribucioÏn del servicio. De esta forma el litigante, mediante el pago de la tasa, contribuye a la formacioÏn de quienes lo juzgaraÏn (art. 31 y 38).
2.4.3. Se establece un curso inicial con una extensioÏn aproximada de dos anﬁos para poder aspirar al cargo de Juez de primera instancia el cual, si bien no es obligatorio, tiene una incidencia fundamental en la seleccioÏn al valorarse la nota obtenida en un tercio de los puntos totales compartiendo en partes iguales la valoracioÏn de los antecedentes y el puntaje obtenido en el concurso de oposicioÏn. Este curso estaÏ inspirado en experiencias extranjeras como la de Francia, Espanﬁa JapoÏn, etc. y tiene sus antecedentes nacionales en otras instituciones como las Fuerzas Armadas donde los oficiales que pretenden tener mayores meÏritos para sus ascensos realizan cursos en las Escuelas Superiores. Parecida solucioÏn rige en el Servicio DiplomaÏtico donde existe un instituto de concurrencia obligatoria para quienes aspiran a ingresar a la carrera (arts. 31, 32 y 33).
2.4.4.El funcionamiento del curso permitiraÏ tener una base de egresados calificados por sus notas que no soÏlo accederaÏn a los concursos sino que pueden ser candidatos a cubrir vacancias temporarias mediante un sistema de acuerdo senatorial especial a fin de cumplir con las prescripciones de la ConstitucioÏn y con los precedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn (art.34).
2.4.5.A su vez, la Escuela Judicial organizaraÏ cursos voluntarios de perfeccionamiento y de educacioÏn continuÏa, que seraÏn valorados como antecedentes para los candidatos a Jueces de CaÏmara. Se ocuparaÏ tambieÏn de la formacioÏn especializada de empleados (art. 32).
2.5. Establecer un reÏgimen de mayoriÏas en las decisiones del plenario que busca evitar el bloqueo que pueda originarse en exigencias especiales de quoÏrum pero que, a la vez, prescriba mayoriÏas especiales tomadas sobre la totalidad de los miembros del Consejo para la aprobacioÏn de ternas y la decisioÏn de impulsar la acusacioÏn de Jueces (arts.7, incs 7 y 10 y art. 9). Este sistema podriÏa mejorarse ideando mecanismos mixtos en donde se requiera mayoriÏa de estamentos, lo cual nos hemos abstenido de proponer dada su complejidad pero que podriÏan analizarse con maÏs detenimiento si se pretende mejorar este proyecto.
2.6. Establecer los mismos principios de equilibrio que rigen para el Consejo en el jurado de enjuiciamiento asegurando que ninguÏn estamento, por siÏ solo pueda formar dos tercios de votos.
2.6.1. La representacioÏn del estamento de los oÏrganos provenientes de la eleccioÏn popular se integra con Senadores, atento que eÏste representa a las provincias y, siguiendo el sistema de la solucioÏn de nuestra ConstitucioÏn histoÏrica (hoy aplicable en el juicio poliÏtico a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn) es el oÏrgano maÏs adecuado para juzgar la conducta de los Jueces Federales (art.41, inc 2).
2.6.2. En cuanto a la opcioÏn por un cuerpo estable o constituido ad-hoc para cada caso, si bien se opta por la constitucioÏn de un Tribunal ad-hoc para cada caso, se establece un sistema de seleccioÏn del panel del cual saldraÏ la constitucioÏn de cada ìjury de enjuiciamientoî y se preveÏ la creacioÏn de una secretariÏa permanente (arts 40, 41 y 44).
PROYECTO DE LEY DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y JURADO DE ENJUCIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION
Competencia y ComposicioÏn del Consejo.
ARTICULO 1o: Competencia: El Consejo de la Magistratura es un oÏrgano permanente del Poder Judicial de la NacioÏn subordinado jeraÏrquicamente a la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn, que ejerce la competencia prevista en el artiÏculo 114 de la ConstitucioÏn Nacional.
ARTICULO 2o: ComposicioÏn y oÏrganos auxiliares: El Consejo estaraÏ integrado por once consejeros, de acuerdo con la siguiente composicioÏn:
Un Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn, quien presidiraÏ el Consejo.-
Tres jueces del Poder Judicial de la NacioÏn, elegidos por el sistema D’Hont, debieÏndose garantizar la representacioÏn igualitaria de los jueces de caÏmara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la RepuÏblica.
Dos Diputados elegidos uno por la mayoriÏa y otro por la primera minoriÏa.
Tres representantes de los abogados de la matriÏcula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matriÏcula. Uno de los representantes deberaÏ tener domicilio real en cualquier punto del interior del paiÏs.
Un representante del aÏmbito acadeÏmico y cientiÏfico que deberaÏ ser
profesor regular titular de caÏtedra universitaria de facultades nacionales, privadas o estatales, y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual seraÏ elegido por los integrantes de un padroÏn constituido al efecto por profesores de Derecho regulares de las universidades privadas y estatales de todo el paiÏs.
Los miembros del Consejo prestaraÏn juramento en el acto de su incorporacioÏn de desempenﬁar debidamente el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn.
Por cada miembro titular se elegiraÏ un suplente, mediante igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, remocioÏn o fallecimiento.
ARTICULO 3o: DuracioÏn. Los miembros del Consejo de la Magistratura duraraÏn cuatro anﬁos en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por una vez en forma consecutiva. Los miembros del Consejo elegidos por su calidad institucional de jueces en actividad, legisladores o funcionarios del Poder Ejecutivo, cesaraÏn en sus cargos si se alterasen las calidades en funcioÏn de las cuales fueron seleccionados, debiendo ser reemplazados por sus suplentes o por los nuevos representantes que designen los cuerpos que los eligieron para completar el mandato respectivo.
ARTICULO 4o: Requisitos. Para ser miembro del Consejo de la Magistratura se requeriraÏn las condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn.
ARTICULO 5o: Incompatibilidades e inmunidades. Los miembros del Consejo de la Magistratura estaraÏn sujetos a las incompatibilidades e inmunidades que rigen para sus calidades funcionales. Los miembros elegidos en representacioÏn del Poder Ejecutivo, de los abogados y del aÏmbito cientiÏfico o acadeÏmico estaraÏn sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los jueces. Los miembros del Consejo de la Magistratura no podraÏn concursar para ser designados magistrados o ser promovidos si lo fueran, mientras dure su desempenﬁo en el Consejo y hasta despueÏs de transcurrido un anﬁo del plazo en que debieron ejercer sus funciones.
ARTICULO 6o: Modo de actuacioÏn. El Consejo de la Magistratura actuaraÏ en sesiones plenarias, por la actividad de sus comisiones y por medio de las siguientes oficinas auxiliares: a) una SecretariÏa del Consejo, b) una Oficina de AdministracioÏn Financiera y c) La Escuela Judicial. A su vez podraÏ crear otros organismos auxiliares para el mejor desempenﬁo de sus funciones.
Del Plenario del Consejo de la Magistratura.
Atribuciones y funcionamiento:
ARTICULO 7o: Atribuciones del Plenario. AdemaÏs de las atribuciones que se le otorgan en otros artiÏculos de la presente ley, el Consejo de la Magistratura reunido en sesioÏn plenaria, tendraÏ las siguientes atribuciones:
Dictar los reglamentos referidos a la organizacioÏn judicial y los reglamentos complementarios de las leyes procesales, asiÏ como las disposiciones necesarias para la debida ejecucioÏn de esas leyes y toda normativa que asegure la independencia de los jueces y la eficaz prestacioÏn de la administracioÏn de justicia.
Tomar conocimiento del anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial que le remita el presidente y realizar las observaciones que estime pertinentes para su consideracioÏn por la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn.
Designar entre sus miembros a su vicepresidente.
Designar los integrantes de cada comisioÏn por mayoriÏa absoluta de los miembros presentes.
Designar al administrador general del Poder Judicial de la NacioÏn, al secretario general del Consejo y al secretario del cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a propuesta de su presidente, asiÏ como a los titulares de los organismos auxiliares que se crearen, y disponer su remocioÏn por mayoriÏa absoluta de sus miembros.
Decidir la apertura del procedimiento de remocioÏn de magistrados -previo dictamen de la ComisioÏn de Disciplina y AcusacioÏn-, formular la acusacioÏn correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, y ordenar despueÏs, en su caso, la suspensioÏn del magistrado, siempre que la misma se ejerza en forma posterior a la acusacioÏn del imputado. A tales fines se requeriraÏ una mayoriÏa de dos tercios de los miembros del Consejo.
Esta decisioÏn no seraÏ susceptible de accioÏn o recurso judicial o administrativo alguno.
La decisioÏn de abrir un procedimiento de remocioÏn no podraÏ extenderse por un plazo mayor de tres anﬁos contados a partir del diÏa en que se presente la denuncia contra el magistrado.
Cumplido el plazo indicado sin haberse expedido la comisioÏn, el expediente pasaraÏ al plenario para su inmediata consideracioÏn.
Dictar las reglas de funcionamiento de la SecretariÏa General, de la Oficina de AdministracioÏn y Financiera, del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial y de los demaÏs organismos auxiliares cuya creacioÏn disponga el Consejo.
Reglamentar el procedimiento de los concursos puÏblicos de antecedentes y oposicioÏn en los teÏrminos de la presente ley.
Aprobar los concursos y remitir al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos a magistrados. A tal efecto se adoptaraÏ la resolucioÏn por el voto de la mayoriÏa simple de los miembros del Consejo.
Organizar, a propuesta de la ComisioÏn de SeleccioÏn de Magistrados y Escuela Judicial, el funcionamiento de la Escuela Judicial, dictar su reglamento, aprobar sus programas de estudio y establecer el valor de los cursos realizados, como antecedentes para los concursos previstos en el inciso anterior con excepcioÏn del curso baÏsico prescripto en el art 33 de la presente ley. Aprobar los cursos de capacitacioÏn para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial para la eficaz prestacioÏn de los servicios de justicia. Todo ello en coordinacioÏn con la ComisioÏn de SeleccioÏn y Escuela Judicial.
Aplicar las sanciones a los magistrados a propuesta de la ComisioÏn de Disciplina y AcusacioÏn.
Las decisiones deberaÏn adoptarse con el voto de la mayoriÏa absoluta de los miembros presentes.
La Corte Suprema y los tribunales inferiores mantienen la potestad disciplinaria sobre los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la NacioÏn, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.
La decisioÏn de abrir un proceso disciplinario no podraÏ extenderse por un plazo mayor de tres anﬁos contados a partir del diÏa en que se presente la denuncia contra el magistrado. Cumplido el plazo indicado sin haberse expedido la comisioÏn, el expediente pasaraÏ al plenario para su inmediata consideracioÏn. 13. Reponer en sus cargos a los magistrados suspendidos que, sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, no hubieran resultado removidos por decisioÏn del Tribunal o por falta de resolucioÏn dentro del plazo constitucional. Dicha reposicioÏn deberaÏ tener lugar dentro de los cinco diÏas siguientes de la fecha de finalizacioÏn del enjuiciamiento, o del teÏrmino del plazo previsto en el artiÏculo 115, tercer paÏrrafo de la ConstitucioÏn Nacional.
Remover a los miembros de sus cargos, por el voto de las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado, cuando incurrieran en mal desempenﬁo o en la comisioÏn de un delito, durante el ejercicio de sus funciones.
En ninguno de estos procedimientos, el acusado podraÏ votar.
Entender en los recursos jeraÏrquicos interpuestos contra las decisiones del Administrador del Poder Judicial
ARTICULO 8o: Reuniones del plenario. Publicidad de los expedientes. El Consejo de la Magistratura se reuniraÏ en sesiones plenarias ordinarias y puÏblicas, con la regularidad que establezca su reglamento interno o cuando decida convocarlo su presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a peticioÏn de seis de sus miembros.
Los expedientes que tramiten en el Consejo de la Magistratura seraÏn puÏblicos.
ARTICULO 9o: QuoÏrum y decisiones. El quoÏrum para sesionar seraÏ de seis miembros y adoptaraÏ sus decisiones por mayoriÏa absoluta de miembros presentes, salvo cuando por esta ley se requieran mayoriÏas especiales.
Del Recurso contra las decisiones del Plenario:
ARTICULO 10o: Las decisiones que el plenario tome en uso de las facultades establecidas en los incisos 12 a 15 del artiÏculo 7 podraÏn recurrirse a la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn, mediante un recurso directo que estaraÏ sometido a las siguientes reglas procesales:
El recurso deberaÏ interponerse ante la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn dentro del plazo de 10 diÏas de notificada la resolucioÏn del Plenario mediante la presentacioÏn de un escrito que reuÏna los requisitos impuestos por las leyes procesales y las Acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn para el recurso de Queja por denegacioÏn del Extraordinario.
EstaraÏ legitimado para interponer el recurso la persona fiÏsica o juriÏdica directamente afectada por la resolucioÏn del Consejo.
La Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn examinaraÏ la procedencia del recurso y podraÏ rechazarlo ìin liÏmineî en el supuesto que no corresponda por la materia o no reuÏna los requisitos formales.
La decisioÏn de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn tendraÏ los efectos de la cosa juzgada y haraÏ ejecutoria con el solo pronunciamiento.
CAPITULO III Autoridades:
ARTICULO 11o: Presidencia. El Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn que ejerceraÏ la Presidencia del Consejo de la Magistratura seraÏ designado por sus pares y ejerceraÏ las atribuciones que dispone esta ley y las demaÏs que establezcan los reglamentos que dicte el Consejo. El presidente tiene los mismos derechos y responsabilidades que los restantes miembros del Consejo y cuenta con voto simple.
ARTICULO 12o: Vicepresidencia. El Consejo de la Magistratura elegiraÏ entre sus miembros un vicepresidente que ejerceraÏ las funciones ejecutivas que establezcan los reglamentos internos y sustituiraÏ al presidente en caso de ausencia o impedimento.
IntegracioÏn y funcionamiento:
ARTICULO 13o: Comisiones. Autoridades. Reuniones. El Consejo de la Magistratura se dividiraÏ en cuatro comisiones, integradas de la siguiente manera:
De SeleccioÏn de Magistrados y Escuela Judicial: un juez, el representante del aÏmbito acadeÏmico y cientiÏfico y un abogado de la matriÏcula federal.
De Disciplina y AcusacioÏn: un representante de los abogados de la matriÏcula federal, un diputado, un juez.
De AdministracioÏn y Financiera: El presidente del Consejo de la Magistratura, el representante del Poder Ejecutivo, un diputado que represente al partido o sector poliÏtico diverso al del Poder Ejecutivo.
De ReglamentacioÏn: Un juez, un abogado y un diputado.
ARTICULO 14o: Funcionamiento: Las reuniones de comisioÏn seraÏn puÏblicas. Cada comisioÏn fijaraÏ sus diÏas de labor y elegiraÏ entre sus miembros un presidente que duraraÏ un anﬁo en sus funciones el que podraÏ ser reelegido en una oportunidad.
De la ComisioÏn de SeleccioÏn y Escuela Judicial y del procedimiento de seleccioÏn de magistrados:
ARTICULO 15o: Competencia: Es de su competencia llamar a concurso puÏblico de oposicioÏn y antecedentes para cubrir las vacantes de magistrados judiciales, sustanciar los concursos, designar jurados, evaluar antecedentes de aspirantes, confeccionar las propuestas de ternas elevaÏndolas al plenario del Consejo y ejercer las demaÏs funciones que le establecen esta ley y el reglamento que se dicte en consecuencia.
Asimismo, seraÏ la encargada de dirigir la Escuela Judicial a fin de atender a la formacioÏn y el perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la magistratura.
ARTICULO 16o: SeleccioÏn de Magistrados. La seleccioÏn de jueces de primera y segunda instancia para cubrir las vacantes que se produzcan se haraÏ de acuerdo con la reglamentacioÏn que apruebe el plenario del Consejo por mayoriÏa de sus miembros, de conformidad con las siguientes pautas:
Los postulantes seraÏn seleccionados mediante concurso puÏblico de oposicioÏn y antecedentes. Cuando se produzca una vacante la ComisioÏn convocaraÏ a concurso dando a publicidad las fechas de los exaÏmenes y la integracioÏn del jurado que evaluaraÏ y calificaraÏ las pruebas de oposicioÏn de los aspirantes, poniendo en conocimiento de los interesados que dicho concurso estaraÏ destinado a cubrir todas las vacancias que se produzcan durante la sustanciacioÏn del concurso y hasta la decisioÏn del plenario, siempre y cuando se trate de la misma competencia territorial, de materia y grado;
Previamente se determinaraÏn los criterios y mecanismos de calificacioÏn de los exaÏmenes y de evaluacioÏn de los antecedentes. Para los jueces de primera instancia la calificacioÏn en el curso baÏsico en la Escuela Judicial prescripto en el art. 33 incidiraÏ en un tercio del puntaje total tomado para la evaluacioÏn en conjunto con los antecedentes y la calificacioÏn del examen de oposicioÏn;
Las bases de la prueba de oposicioÏn seraÏn las mismas para todos los postulantes. La prueba de oposicioÏn escrita deberaÏ versar sobre temas directamente vinculados a la funcioÏn que se pretenda cubrir y evaluaraÏ tanto la formacioÏn teoÏrica como la praÏctica. Se aseguraraÏ el anonimato de los concursantes hasta la calificacioÏn realizada por el Jurado.
ARTICULO 17o: Requisitos. Para ser postulante se requeriraÏ ser argentino nativo o naturalizado, poseer tiÏtulo de abogado, con treinta y cinco anﬁos de edad y con siete anﬁos de ejercicio de la profesioÏn como miÏnimo, si se aspira a ser juez de caÏmara, o treinta anﬁos de edad y cinco anﬁos en el ejercicio de la profesioÏn como miÏnimo, si se aspira a ser juez de primera instancia. La noÏmina de aspirantes deberaÏ darse a publicidad para permitir las impugnaciones que correspondieran respecto a la idoneidad de los candidatos.
ARTICULO 18o: Procedimiento. El Plenario del Consejo -a propuesta de la ComisioÏn- elaboraraÏ perioÏdicamente listas de jurados para cada especialidad. Dichas listas deberaÏn estar integradas por jueces ,abogados de la matriÏcula federal y profesores titulares, asociados y adjuntos regulares, emeÏritos y consultos de derecho de las universidades nacionales, puÏblicas o privadas que hubieren sido designados por concurso, que cumplieren ademaÏs, con los requisitos exigidos para ser miembro del Consejo.
La ComisioÏn sortearaÏ cuatro miembros de las listas, a efectos de que cada jurado quede integrado por dos jueces y un profesor de derecho y un abogado.
Los miembros, funcionarios y empleados del Consejo no podraÏn ser jurados.
El jurado tomaraÏ el examen y calificaraÏ las pruebas de oposicioÏn de los postulantes, elevando las notas a la ComisioÏn, la que calificaraÏ los antecedentes obrantes en la sede del Consejo. De todo ello, se correraÏ vista a los postulantes, quienes podraÏn formular impugnaciones dentro de los cinco diÏas, debiendo la ComisioÏn expedirse en un plazo de treinta diÏas haÏbiles.
En base a los elementos reunidos y a la entrevista con los postulantes, la ComisioÏn determinaraÏ la terna y el orden de prelacioÏn que seraÏ elevado al plenario junto con la noÏmina de los postulantes que participaraÏn de la entrevista personal.
La entrevista con el plenario seraÏ puÏblica y tendraÏ por objeto evaluar su idoneidad, aptitud funcional y compromiso con la defensa de la divisioÏn e independencia de los Poderes instituidos en la ConstitucioÏn Nacional.
El plenario podraÏ revisar de oficio las calificaciones de los exaÏmenes escritos, de los antecedentes, impugnaciones y dictaÏmenes.
Toda modificacioÏn a las decisiones de la ComisioÏn deberaÏ ser suficientemente fundada y deberaÏ adoptarse por mayoriÏa de dos tercios de sus miembros y la misma seraÏ irrecurrible.
La duracioÏn total del procedimiento no podraÏ exceder de noventa diÏas haÏbiles contados a partir de la prueba de oposicioÏn. El plazo soÏlo podraÏ prorrogarse por treinta diÏas haÏbiles maÏs, mediante resolucioÏn fundada del plenario, en el caso de que existieren impugnaciones. En el supuesto que al vencimiento de dicho plazo ya se haya realizado la entrevista en el Plenario prescripta en este artiÏculo y eÏste no se haya pronunciada quedaraÏ consagrada la terna que surge del Concurso.
El rechazo por el Senado del pliego del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo obligaraÏ a eÏste a proponer sucesivamente a los restantes integrantes de la terna. En el supuesto que los tres pliegos sean rechazados, importaraÏ la convocatoria automaÏtica a un nuevo concurso para cubrir la vacante de que se trate.
ARTICULO 19o: Publicidad. Este requisito se entenderaÏ cumplido con la publicacioÏn por tres diÏas en el BoletiÏn Oficial y en un diario de circulacioÏn nacional donde se referenciaraÏn sucintamente los datos que se pretenden informar individualizando los sitios en donde pueda consultarse la informacioÏn in extenso, sin perjuicio de las comunicaciones a los colegios de abogados y a las asociaciones de magistrados. El Consejo deberaÏ mantener actualizada la informacioÏn referente a las convocatorias, y permitir el acceso a formularios para la inscripcioÏn de los postulantes en la paÏgina Web que deberaÏ tener a tal fin, de modo de posibilitar a todos los aspirantes de la RepuÏblica conocer y acceder a la informacioÏn con antelacioÏn suficiente.
De la ComisioÏn de Disciplina y acusacioÏn:
ARTICULO 20o: Competencia. Es de su competencia proponer al plenario del Consejo sanciones disciplinarias a los magistrados como asiÏ tambieÏn proponer la acusacioÏn de eÏstos a los efectos de su remocioÏn.
ARTICULO 21o: Sanciones disciplinarias. Las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones vinculadas a la eficaz prestacioÏn del servicio de justicia, podraÏn ser sancionadas con advertencia, apercibimiento y multa de hasta un treinta por ciento de sus haberes. Constituyen faltas disciplinarias:
La infraccioÏn a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la magistratura judicial; 2. Las faltas a la consideracioÏn y el respeto debidos a otros magistrados;
El trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes; 4. Los actos ofensivos al decoro de la funcioÏn judicial o que comprometan la dignidad del cargo;
El incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias;
La inasistencia reiterada a la sede del tribunal o el incumplimiento reiterado en su juzgado del horario de atencioÏn al puÏblico;
La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, asiÏ como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional.
ARTICULO 22o: Ejercicio de la potestad disciplinaria. La ComisioÏn podraÏ proceder de oficio o ante denuncia que le efectuÏen otros oÏrganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten un intereÏs legiÏtimo. Queda asegurada la garantiÏa de independencia de los jueces en materia del contenido de las sentencias. En los casos de denuncias efectuadas por otros oÏrganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares la ComisioÏn deberaÏ expedirse en un plazo maÏximo de noventa diÏas haÏbiles contados desde la fecha de radicacioÏn de la denuncia. Vencido dicho plazo quedaraÏ sin efecto la denuncia.
ARTICULO 23o: Recursos. Las sanciones disciplinarias que aplique la comisioÏn seraÏn recurribles ante el Plenario del Consejo de la Magistratura. El recurso se interpondraÏ y fundaraÏ por escrito ante el Consejo, dentro de los cinco diÏas siguientes al de la notificacioÏn de la resolucioÏn, debieÏndose ofrecer la prueba y acompanﬁar la documental de que intentare valerse el recurrente. El Consejo, tomando en cuenta los argumentos del recurrente, fundaraÏ su decisioÏn la cual seraÏ recurrible ante la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn en los teÏrminos del art 10.
ARTICULO 24o: AcusacioÏn. Cuando a juicio de la ComisioÏn, la falta encuadre en una de las causales constitucionales de remocioÏn de los magistrados, elevaraÏ un informe y remitiraÏ en forma inmediata la denuncia o una informacioÏn sumaria al Plenario del Consejo de la Magistratura, a los fines contemplados en el artiÏculo 114, inciso 5 de la ConstitucioÏn Nacional.
De la ComisioÏn de ReglamentacioÏn:
ARTICULO 25o: Competencia. Es de su competencia: a) Analizar y emitir dictamen sobre los proyectos de reglamentos que le sean remitidos por la presidencia del Consejo, el plenario, las otras comisiones o cualquier integrante del Consejo; b) Elaborar los proyectos de reglamentos que le sean encomendados por los oÏrganos enunciados por el inciso precedente; c) Propiciar ante el plenario, mediante dictamen y a traveÏs de la presidencia, las modificaciones que requieran las normas reglamentarias vigentes, para su perfeccionamiento, actualizacioÏn, refundicioÏn y reordenacioÏn; d) Emitir dictaÏmenes a requerimiento de la presidencia, del plenario, de las otras comisiones o de cualquiera de sus miembros, en los casos en que se planteen conflictos de interpretacioÏn derivados de la aplicacioÏn de reglamentos.
De la ComisioÏn de AdministracioÏn Financiera:
ARTICULO 26o: Competencia. Es de su competencia fiscalizar la Oficina de AdministracioÏn Financiera del Poder Judicial, realizar auditoriÏas y efectuar el control de legalidad, informando perioÏdicamente al plenario del Consejo.
De la Oficina de AdministracioÏn Financiera.
Administrador del Poder Judicial. Funciones:
ARTICULO 27o: Administrador general del Poder Judicial. La Oficina de AdministracioÏn y Financiera del Poder Judicial estaraÏ a cargo del administrador general del Poder Judicial quien designaraÏ a los funcionarios y empleados de dicha oficina.
ARTICULO 28o: Funciones. La Oficina de AdministracioÏn Financiera del Poder Judicial tendraÏ a su cargo las siguientes funciones:
a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial de conformidad con lo dispuesto en la Ley de AutarquiÏa Judicial y la Ley de AdministracioÏn Financiera y elevarlo a la consideracioÏn de su presidente;
c) Dirigir la oficina de habilitacioÏn y efectuar la liquidacioÏn y pago de haberes; d) Dirigir la oficina de arquitectura judicial;
f) Llevar el registro de estadiÏstica e informaÏtica judicial;
g) Proponer al plenario lo referente a la adquisicioÏn, construccioÏn y venta de bienes inmuebles y disponer lo necesario respecto de bienes muebles, aplicando normas de procedimiento que aseguren la libre e igualitaria concurrencia de los oferentes;
i) Realizar contrataciones para la administracioÏn del Poder Judicial coordinando con los diversos tribunales los requerimientos de insumos y necesidades de todo tipo aplicando normas de procedimiento que aseguren la libre e igualitaria concurrencia de los oferentes;
j) Proponer los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento, los reglamentos para la administracioÏn financiera del Poder Judicial y los demaÏs que sean convenientes para lograr la eficaz administracioÏn de los servicios de justicia, incluyendo la supresioÏn, modificacioÏn o unificacioÏn de las oficinas arriba enumeradas;
k) Ejercer las demaÏs funciones que establezcan los reglamentos internos.
Recursos contra las decisiones:
ARTICULO 29o: RevisioÏn. Respecto de las decisiones del administrador general del Poder Judicial procederaÏ el recurso jeraÏrquico ante el plenario del Consejo previo conocimiento e informe de la ComisioÏn de AdministracioÏn y Financiera. De la decisioÏn del Plenario del Consejo procederaÏ el recurso directo ante la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn previsto en el art. 10.
De la SecretariÏa General del Consejo de la Magistratura.
ARTICULO 30o: SecretariÏa General. La SecretariÏa General del Consejo prestaraÏ asistencia directa al presidente, al vicepresidente y al plenario del Consejo, dispondraÏ las citaciones a las sesiones del plenario, coordinaraÏ las comisiones del Consejo, prepararaÏ el orden del diÏa a tratar y llevaraÏ las actas. EjerceraÏ las demaÏs funciones que establezcan los reglamentos internos. Su titular no podraÏ ser miembro del Consejo.
ARTICULO 31o: LA ESCUELA JUDICIAL es el Instituto dirigido por la ComisioÏn de SeleccioÏn y Escuela Judicial que tiene por misioÏn organizar y ejecutar el curso baÏsico que podraÏn cursar todos los aspirantes a Jueces de Primera Instancia seguÏn lo establecido en el artiÏculo 32. A su vez deberaÏ organizar cursos de perfeccionamiento que seraÏn tenidos en cuenta a los efectos de evaluar los antecedentes para los concursos de Jueces de Segunda Instancia y cursos para empleados y funcionarios de la Justicia en general.
ARTICULO 32o: La comisioÏn de SeleccioÏn y Escuela Judicial organizaraÏ un curso de 560 horas/caÏtedra de duracioÏn destinado a magistrados de primera instancia.
ARTICULO 33o: Anualmente se confeccionaraÏ una lista de meÏrito con los egresados del curso mencionado en el artiÏculo precedente seguÏn el promedio general obtenido expresado por puntaje de 1 a 10 en base al sistema de calificacioÏn por curvas. La calificacioÏn obtenida en el curso incidiraÏ en un tercio del puntaje atribuido a los aspirantes a jueces de primera instancia en igualdad con el correspondiente a los antecedentes y la prueba de oposicioÏn. El curso no seraÏ obligatorio.
ARTICULO 34o: Los cursantes que obtengan maÏs de siete puntos integraraÏn una lista destinada a cubrir subrogancias en los distintos fueros. A esos efectos dicha lista seraÏ elevada al Poder Ejecutivo quien deberaÏ, a su vez, elevarlas al Senado a los efectos del otorgamiento de un acuerdo especial para cubrir provisoriamente vacancias hasta la designacioÏn de titulares.
ARTICULO 35o: Hasta tanto se graduÏe la primera promocioÏn, las vacancias se cubriraÏn exclusivamente con el concurso de antecedentes y oposicioÏn que preveÏ el art 16.
ARTICULO 36o: La ESCUELA JUDICIAL seraÏ dirigida por un Director seleccionado por concurso que reuÏna los requisitos para ser Juez de Primera Instancia, quien tendraÏ dedicacioÏn exclusiva y un sueldo equivalente al de Juez de Segunda Instancia con los mismos adicionales de esta categoriÏa. A los efectos de su seleccioÏn tendraÏ prioridad en el puntaje los antecedentes referidos a la actividad profesional de los candidatos.
ARTICULO 37o: La ComisioÏn de SeleccioÏn y Escuela Judicial funcionaraÏ como ComiteÏ Ejecutivo de la ESCUELA JUDICIAL y participaraÏ en la elaboracioÏn de los programas y cursos. A su vez se designaraÏ una ComisioÏn AcadeÏmica Honoraria de Cinco Miembros que estaraÏ presidida por un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn e integrada por dos jueces y un profesor titular de Facultades de Derecho de Universidades PuÏblicas o Privadas y un abogado con maÏs de quince anﬁos de ejercicio profesional. El presidente seraÏ designado por la Corte Suprema de Justicia y los restantes miembros por el Plenario del Consejo de la Magistratura.
ARTICULO 38o: El presupuesto de la ESCUELA JUDICIAL se integraraÏ con el 2% del monto de lo recaudado en concepto de Tasa de Justicia en todos los juicios que tramitan ante la Justicia Nacional de la Ciudad AutoÏnoma de Buenos Aires y de los Tribunales Federales de todo el paiÏs.
ARTICULO 39o: CorresponderaÏ a la ComisioÏn de SeleccioÏn y Escuela Judicial fijar las remuneraciones y categoriÏas de los profesores, a propuesta del Director y elaborar el presupuesto anual de la ESCUELA JUDICIAL.
Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados.
TITULO I OrganizacioÏn.
ARTICULO 40o: Competencia. El juzgamiento de los jueces inferiores de la NacioÏn estaraÏ a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados seguÏn lo prescripto por el artiÏculo 115 de la ConstitucioÏn Nacional que se constituiraÏ para cada caso respetando la integracioÏn establecida en el artiÏculo siguiente.
ARTICULO 41o: IntegracioÏn. Incompatibilidades e inmunidades. El Jurado de Enjuiciamiento estaraÏ integrado por nueve miembros de acuerdo a la siguiente composicioÏn:
Tres jueces que seraÏn: un Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn elegido por sus pares, en caraÏcter de Presidente; dos jueces de caÏmara elegidos por sorteo, no pudiendo integrar el Jurado cuando el asiento de su Juzgado se encuentre en la jurisdiccioÏn que corresponde al Juez acusado.
Tres Senadores dos por la mayoriÏa y uno por la primera minoriÏa. En todos los casos deberaÏn tener tiÏtulo de abogado y no podraÏn integrar el Jurado cuando su domicilio electoral se encuentre en la jurisdiccioÏn que corresponde al Juez acusado.
Tres abogados de la matriÏcula federal, debiendo confeccionarse una lista de cien abogados de todo el paiÏs que reuÏnan los requisitos para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn, que no tengan causas disciplinarias ni condenas penales.-Dicha lista se conformaraÏ con abogados elegidos por los Colegios de Abogados incorporados a la FederacioÏn Argentina de Colegios de Abogados.
Cada Colegio con menos de mil matriculados designaraÏ un abogado.-Los Colegios cuya matriÏcula exceda ese nuÏmero elegiraÏn unomás por cada mil con un maÏximo de cinco.
Los abogados integrantes de la lista conformada seraÏn elegidos por sorteo para cada causa, no pudiendo integrar el mismo Jurado dos abogados del mismo Colegio. Asimismo tendraÏn la misma incompatibilidad aquellos que tengan domicilio legal en la jurisdiccioÏn que corresponda al Juez acusado.
ARTICULO 42o: DuracioÏn. Los miembros que integraraÏn los distintos Jurados de Enjuiciamiento de Magistrados se designaraÏn cada cuatro anﬁos, al inicio del periÏodo de sesiones ordinarias del Congreso.
ARTICULO 43o: RemocioÏn. Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podraÏn ser removidos de sus cargos por el voto de las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo, mediante un procedimiento que asegure el derecho de defensa del acusado, cuando incurrieran en mal desempenﬁo o en la comisioÏn de un delito, durante el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 44o: SecretariÏa permanente. Se designaraÏ un secretario permanente del Jurado de Enjuiciamiento seleccionado por concurso por el Plenario del Consejo de la Magistratura quien deberaÏ cumplir las condiciones para ser Juez Nacional. El secretario permanente presidiraÏ la oficina de secretariÏa del Jurado de Enjuiciamiento y tendraÏ las siguientes atribuciones y deberes:
RecibiraÏ las acusaciones formuladas por el plenario. CorreraÏ traslado de las mismas a los imputados y cumpliraÏ las diligencias preliminares necesarias para constituir el Tribunal de Enjuiciamiento.
DirigiraÏ la produccioÏn de toda la prueba previa anterior a la audiencia de juicio y correraÏ traslado de la misma a la acusacioÏn y al imputado.
ConcurriraÏ a la audiencia de juicio y refrendaraÏ las actas de la misma.
ARTICULO 45o: Disposiciones generales. El procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados seraÏ oral y puÏblico y deberaÏ asegurar el derecho de defensa del acusado. El fallo que decida la destitucioÏn deberaÏ emitirse con mayoriÏa de dos tercios de sus miembros.
ARTICULO 46o: SustanciacioÏn. El procedimiento para la acusacioÏn y para el juicio seraÏ regulado por las siguientes disposiciones:
Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento deberaÏn excusarse y podraÏn ser recusados por las causales previstas en el artiÏculo 55 del CoÏdigo Procesal Penal. La recusacioÏn seraÏ resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento, por el voto de la mayoriÏa de sus miembros y seraÏ inapelable.
El procedimiento se iniciaraÏ con la presentacioÏn de la acusacioÏn formulada por el plenario del Consejo de la Magistratura de acuerdo al dictamen de la ComisioÏn de AcusacioÏn y Disciplina ante la SecretariÏa Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, de la que se le correraÏ traslado al magistrado acusado por el teÏrmino de diez diÏas.
Contestado el traslado se abriraÏ la causa a prueba por el teÏrmino de treinta diÏas, plazo que podraÏ ser prorrogado por disposicioÏn de la mayoriÏa del jurado, ante peticioÏn expresa y fundada.
Ambas partes podraÏn ofrecer todos los medios de prueba que contempla el CoÏdigo Procesal Penal de la NacioÏn, bajo las condiciones y liÏmites alliÏ establecidos, pudiendo ser desestimadas —por resoluciones fundadas— aquellas que se consideren inconducentes o meramente dilatorias.
La prueba de testigos y las explicaciones de peritos y partes se realizaraÏn en una audiencia oral puÏblica y continuada respetando el principio de concentracioÏn. SoÏlo podraÏn ser interrumpidas o suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieran necesario.
Concluida la produccioÏn de la prueba o vencido el plazo respectivo, el representante del Consejo de la Magistratura y el magistrado acusado o su representante, produciraÏn en forma oral el informe final en el plazo que al efecto se les fije, el que no podraÏ exceder de treinta diÏas. En primer lugar lo haraÏ el representante del Consejo de la Magistratura e inmediatamente despueÏs lo haraÏ el acusado o su representante.
Producidos ambos informes finales, el Jurado de Enjuiciamiento se reuniraÏ para deliberar debiendo resolver en un plazo no superior a veinte diÏas.
Se aplicaraÏn supletoriamente las disposiciones del CoÏdigo Procesal Penal de la NacioÏn, en tanto no contradigan las disposiciones de la presente o los reglamentos que se dicten.
ARTICULO 47o: Aclaratoria. Contra el fallo soÏlo procederaÏ el pedido de aclaratoria, el que deberaÏ interponerse ante el jurado dentro de los tres (3) diÏas de notificado.
ARTICULO 48o: Incompatibilidades. La calidad de miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento no seraÏ incompatible con el ejercicio del cargo en virtud del cual fueron electos los magistrados. Los abogados deberaÏn suspender su matriÏcula federal por el tiempo que dure el desempenﬁo de sus cargos. EstaraÏn sujetos a las incompatibilidades que rigen para los jueces, mientras dure su desempenﬁo en el Consejo o en el Jurado de Enjuiciamiento.
No podraÏn ejercerse simultaÏneamente los cargos de miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.
ARTICULO 49o: CaraÏcter de los servicios. El desempenﬁo de los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento seraÏ honorario, salvo para los miembros del Consejo de la Magistratura representantes de los abogados y del aÏmbito acadeÏmico o cientiÏfico, quienes percibiraÏn una compensacioÏn equivalente a la remuneracioÏn de un juez de caÏmara de casacioÏn penal. Los abogados que se desempenﬁen en el Jurado de Enjuiciamiento percibiraÏn una remuneracioÏn que fijara el plenario del Consejo mientras dure el juicio al que esteÏn afectados.
ARTICULO 50o: Vigencia de normas. Las disposiciones reglamentarias vinculadas con el Poder Judicial, continuaraÏn en vigencia mientras no sean modificadas por el Consejo de la Magistratura dentro del aÏmbito de su competencia. Las facultades concernientes a la superintendencia general sobre los distintos oÏrganos judiciales continuaraÏn siendo ejercidas por la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn y las caÏmaras nacionales de apelaciones, seguÏn lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias vigentes.
ARTICULO 51o: Previsiones presupuestarias. Los gastos que demanden el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberaÏn ser incluidos en el presupuesto del Poder Judicial de la NacioÏn.
ARTICULO 52o: Personal. Los empleados y funcionarios que actualmente se desempenﬁen en las oficinas y demaÏs dependencias administrativas de la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn con excepcioÏn de los que la Corte preserve para su propia administracioÏn, seraÏn transferidos funcionalmente a las oficinas y comisiones del Consejo de la Magistratura, manteniendo las categoriÏas alcanzadas y todos los derechos, beneficios y prerrogativas inherentes a su condicioÏn de integrantes del Poder Judicial de la NacioÏn.
ARTICULO 53o: Para la constitucioÏn del Jurado la Corte Suprema de Justicia de la NacioÏn, confeccionaraÏ el padroÏn correspondiente a los jueces; La FederacioÏn Argentina de Colegios de Abogados el de abogados de la matriÏcula federal, y las respectivas caÏmaras legislativas el de sus integrantes para proceder a los sorteos del caso.
ARTICULO 54o: ComuniÏquese al Poder Ejecutivo.
Anexo B – Metas Nacionais para 2014 aprovadas no VII Encontro Nacional do Judiciário
– No Superior Tribunal de Justiça, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2008 e 80% dos distribuídos em 2009;
– Na Justiça Militar da União, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no 1º grau, e 95% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no STM;
– Na Justiça Federal, 100% dos processos distribuídos até 31/12/2008 e 80% dos distribuídos em 2009, no 1º grau e no 2º grau, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2010, e 80% dos distribuídos em 2011, nos Juizados Especiais e Turmas Recursais Federais;
– Na Justiça do Trabalho, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011 e 80% dos processos distribuídos até 2012, nos 1º e 2º graus, e 80% dos processos distribuídos até 31/12/2011, no TST;
– Na Justiça Eleitoral, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2011;
– Nos Tribunais de Justiça Militar Estaduais, 95% dos processos distribuídos até 31/12/2012, no 1º grau, e até 31/12/2013, no 2º grau;
– Na Justiça Estadual, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2010, no 1º grau, e até 31/12/2011, no 2º grau, e 100% dos processos distribuídos até 31/12/2011, nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais Estaduais.
Identificar e julgar até 31/12/2014 as ações de improbidade administrativa e as ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, sendo que: na Justiça Estadual, na Justiça Militar da União e nos Tribunais de Justiça Militar Estaduais, as ações distribuídas até 31 de dezembro de 2012, e na Justiça Federal e no STJ, 100% das ações distribuídas até 31 de dezembro de 2011, e 50% das ações distribuídas em 2012.
Reduzir o congestionamento, em relação à taxa média de 2013 e 2012, na fase de cumprimento de sentença e de execução: em 10% quanto às execuções não fiscais e cumprimento de sentença na Justiça Federal; em qualquer percentual quanto às execuções fiscais e em 5% quanto às execuções não fiscais e cumprimento de sentença, na Justiça do Trabalho.
Mapear, pelo menos, 60% das competências do 1º Grau, até 31/12/2014, para subsidiar a implantação da gestão por competências.
Julgar, em até 120 dias, 90%, no 1º grau e 95%, no 2º grau, dos processos originários e recursos, ambos cíveis e criminais e os processos de natureza especial, na Justiça Militar Estadual, e 90% dos processos originários e recursos criminais, e de natureza especial, no 1º e 2º graus, na Justiça Militar da União.
Fuente: www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-2014
Anexo C – Anteproyecto De Ley General de Arbitraje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Las reglas destinadas a instrumentar el procedimiento de arbitraje son de naturaleza procesal de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, y por ello se encuentran incluidas en los códigos de procedimientos vigentes en cada provincia. Los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no cuentan con un reglamento procesal propio. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable interinamente (CPCCN) incluye en su Capítulo VI las normas correspondientes.
Las normas del CPCCN relativas a arbitraje han sido consideradas por los especialistas como obsoletas, y notoriamente insuficientes para la institución del arbitraje actual, en cuanto omiten reglamentar importantes fenómenos sociales, tales como el arbitraje internacional, que el Código no menciona.
Es por ello que en distintas oportunidades la Nación a través de su Ministerio de Justicia han propugnado una profunda reforma de su normativa en esta materia. El último proyecto de Ley Nacional de arbitraje general data de enero del año 2002, y pese a su excelente concepción no logró más que una sanción parcial. Actualmente existe en estado parlamentario un proyecto de ley nacional de arbitraje que abarca exclusivamente el arbitraje doméstico en el orden de la justicia nacional. El presente Proyecto de Ley encuentra su fundamento en aquel magnífico trabajo de la Comisión redactora del año 2002 cuyas disposiciones son transcriptas sin cambios, con pocas excepciones, y en el proyecto de ley nacional sobre arbitraje interno hoy en trámite.
Frente al vacío legal los fallos de los tribunales comerciales, y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han coincidido en subrayar la importancia del arbitraje, convalidando la legitimidad de este procedimiento.
En materia de comercio internacional, el arbitraje es considerado una herramienta indispensable. Nuestro país ha reconocido y promulgado entre otros, la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, que se encuentra hoy incorporada a nuestro derecho positivo (ley 23.619). Por otro lado, las Naciones Unidas a través de su comisión de derecho mercantil internacional (CNUDMI) ha redactado su ya famosa Ley Modelo bajo cuyos principios han sido dictadas leyes en múltiples países con los que Argentina mantiene estrechas relaciones comerciales incluyendo Brasil, Chile, China, España, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, y varios estados de los Estados Unidos de América, entre otros. En nuestro país, además de los numerosos proyectos de leyes nacionales, la Provincia de Río Negro ha logrado un extraordinario avance jurídico con su nuevo código procesal, que observa estos lineamientos adoptados en el mundo entero.
El presente Proyecto de Ley de Arbitraje (en adelante LA) contempla los principios de Naciones Unidas y el anteproyecto de la Comisión redactora del Ministerio de Justicia del año 2002 así como el Anteproyecto del año 2010.
Por lo demás, son numerosos los tratados y acuerdos de los que la Nación es parte que reconocen al arbitraje como modo eficaz de resolver los conflictos entre las personas domiciliadas en las distintas partes contratantes. Surge de allí la urgencia de adoptar normas de procedimientos acordes con el ordenamiento jurídico positivo que hoy nos rige.
Distintas ciudades del mundo compiten por atraer el arbitraje a su jurisdicción. Notoriamente Madrid, París, Londres, Miami, Montevideo, San Pablo y Santiago de Chile pretenden atraer los arbitrajes a su jurisdicción realizando activas políticas de promoción del arbitraje.
La CABA no puede permanecer por más tiempo ajena a esta alternativa que facilita el acceso a la justicia y brinda solución pacífica y eficaz a los crecientes conflictos entre partes que ejercen el comercio o la industria, ya sea que se encuentren domiciliadas en el país o en el exterior.
El Proyecto de LA no menciona expresamente el arbitraje cuando el conflicto de orden patrimonial tiene a la Ciudad, o a sus reparticiones autárquicas y autónomas como parte. Sin embargo, no prohíbe que pueda convenirse el arbitraje como medio de solucionar los conflictos emergentes de convenios financieros o contratos internacionales celebrados por el Gobierno de la Ciudad, en los que la única alternativa utilizada hasta el presente ha sido la delegación de jurisdicción a tribunales extranjeros.
El Congreso de la Nación tiene el obvio poder de modificar su propia legislación vigente (LNA, artículo 1.1.c). Toda ley del Congreso de la Nación continúa en vigencia hasta que sea derogada por otra ley del Congreso. La LNA dispone que, en caso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerciera en el futuro los poderes legislativos o jurisdiccionales en materia de arbitraje que pudiera tener según los artículos 30 y 129 de la Constitución Nacional, la LNA se considerará automáticamente adaptada a las circunstancias que resultaran de ese ejercicio.
a) a los arbitrajes con sede en la Ciudad.
a) a los arbitrajes internos o internacionales cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las disposiciones de los Artículos 8, 17 y 36 de esta Ley se aplicarán también cuando el lugar del arbitraje se encuentre en otras jurisdicciones o en el extranjero;
b) a las controversias cuyo juzgamiento, de no haber acuerdo arbitral, correspondería a un Juez con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
c) al reconocimiento y ejecución en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de laudos dictados en otras jurisdicciones o en territorio extranjero.
La aplicación de esta Ley corresponderá a los tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según que las cosas o las personas cayeren bajo su jurisdicción.
El arbitraje es internacional si:
a) las partes en el acuerdo arbitral tienen, al momento de su celebración, sus establecimientos o domicilios en Estados diferentes, o una de las partes estuviese controlada por personas domiciliadas fuera del territorio argentino, o
b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos o domicilios:
i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo arbitral o con arreglo al acuerdo arbitral;
ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones emergentes de la relación jurídica;
(iii) o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha; o
c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo
arbitral está relacionada con más de un Estado.
A los efectos del inciso 3) de este Artículo:
a) si alguna de las partes tiene más de un establecimiento o domicilio, el establecimiento o domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo arbitral;
b) si una parte no tiene establecimiento o domicilio, se tomará en cuenta su residencia habitual.
Esta ley no afectará a ninguna ley nacional o provincial por la cual determinadas
controversias no sean susceptibles de arbitraje, o puedan someterse a arbitraje
únicamente de conformidad con disposiciones de otra ley.
Artículo 2. Definiciones y reglas de interpretación de la Ley.
a) “Arbitraje” significa cualquier arbitraje e incluye a los administrados por una
institución arbitral permanente;
b) “Tribunal Arbitral” o “Tribunal” significa un tribunal integrado por uno o más
c) “Juez” significa un juez o tribunal del sistema judicial de cualquier jurisdicción;
d) “Juez Competente” significa el juez o tribunal judicial determinado por los incisos
3) y 4) del Artículo 5 de esta Ley.
e) cuando una disposición de esta Ley, excepto el apartado a) del Artículo 25 y el
apartado a) del inciso 2) del Artículo 32, se refiera a una acción, reclamo o demanda,
se aplicará también a una reconvención, y cuando se refiera a una contestación, se
aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención.
f) cuando una disposición de esta Ley, excepto el inciso 1 del Artículo 28, deje a las
partes la facultad de decidir sobre un asunto, esta facultad incluye la de autorizar a
un tercero, incluida una institución, a que tome esa decisión.
Artículo 3. Recepción de comunicaciones escritas.
a) Se considerará recibida toda comunicación escrita que haya sido entregada
personalmente al destinatario, o que haya sido entregada en su establecimiento,
residencia habitual o domicilio postal. Si después de una investigación razonable no
puede localizarse ninguno de esos lugares, se considerará recibida toda comunicación
que haya sido enviada al último establecimiento, residencia habitual o domicilio
postal conocido del destinatario por carta certificada o cualquier otro medio escrito
que deje constancia del intento de entrega.
b) La comunicación se considerará recibida el día en que se haya realizado tal
Las disposiciones de este Artículo no se aplican a las comunicaciones realizadas
Artículo 4. Renuncia del derecho a objetar.
Si una parte no objeta expresamente, con indicación de fundamentos y sin demora
justificada desde su conocimiento del hecho, o si existiera un plazo para hacerlo
dentro de ese plazo, alguna violación a una disposición de esta Ley u otra ley que
considere aplicable, o al acuerdo arbitral, o a alguno de los principios del Artículo 18
de esta Ley, se considerará que ha renunciado a su derecho a impugnar y que ha consentido el incumplimiento.
Artículo 5. Intervención del Juez y Juez Competente.
En los asuntos que se rijan por esta Ley no intervendrá ningún Juez, salvo cuando
esta Ley así lo disponga expresamente. El Juez resolverá los asuntos en los que intervenga en relación con esta Ley teniendo en cuenta que es política jurídica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promover el arbitraje como método de solución de controversias, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de arbitrajes nacionales e internacionales.
Siempre que fuese posible hacerlo, el Juez preservará el acuerdo arbitral.
La intervención del Juez no suspenderá el procedimiento arbitral, a menos que el
Juez así lo disponga por resolución fundada.
el Juez que corresponda según la ley aplicable en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para la asistencia judicial en el cumplimiento de medidas probatorias será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje, o de donde hubiere de prestarse la asistencia, que hubiese sido competente de no mediar acuerdo arbitral.
Para la asistencia judicial en la ejecución de medidas cautelares será competente el Juez del lugar en que la medida deba ser ejecutada, o el del lugar donde las medidas deban producir sus efectos a elección de la parte requirente de la medida.
Para la ejecución forzosa del laudo será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado, o habiéndose dictado éste fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el del lugar en que deba ser ejecutado.
Artículo 6. Intervención de Terceros.
Cualquiera de los accionados en su interposición de defensas, o cualquiera de los
actores en su contestación a la reconvención, podrá requerir la intervención de un
tercero como parte del arbitraje.
La intervención en el arbitraje solicitada por un tercero estará sujeta a la conformidad de todas las partes o, en su defecto, a la aprobación del Tribunal Arbitral.
Las controversias que se vinculen con la intervención de terceros serán resueltas
por el Tribunal Arbitral. La resolución del Tribunal que acepte la intervención de un
tercero tendrá la forma de un laudo; la resolución que la rechace no estará sujeta a
ninguna formalidad pero será incluida en el primer laudo que dicte el Tribunal, que
podrá imponer costas al tercero cuya intervención voluntaria no fue aceptada. La
resolución que rechace la intervención solicitada por un tercero no es recurrible. La
intervención de un tercero después de constituido el Tribunal Arbitral no tendrá
efectos respecto de la integración de ese Tribunal ni retrotraerá los procedimientos
Artículo 7. Definición, forma e interpretación del acuerdo arbitral.
El “acuerdo arbitral” es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas
respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo arbitral puede consistir en una cláusula arbitral incluida en un contrato o en
un acuerdo escrito independiente. La voluntad de una parte de someter a arbitraje
ciertas controversias puede resultar también de actos u omisiones que permitan
presumir que esa parte ha querido o consentido que esas controversias se resuelvan
por arbitraje.
Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté expresado en un documento
firmado por las partes o en un intercambio de cartas, correo electrónico, telegramas
u otros medios electrónicos o de intercambio de mensajes de datos que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de acciones y defensas u otros escritos en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por otra. La referencia en un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo arbitral siempre que la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
Cuando el intercambio de comunicaciones se realice por medios electrónicos u otros medios de intercambio de datos, el acuerdo arbitral se considerará formalizado si la información consignada por el mensaje de datos es accesible para su ulterior consulta y permite identificar al remitente.
Cuando el acuerdo de las partes remita a una institución arbitral o a un reglamento
arbitral, se entenderá que son parte de ese acuerdo todas las disposiciones del
reglamento y toda resolución de la institución de arbitraje elegida por las partes aplicables al caso.
El acuerdo arbitral puede probarse por cualquier medio, si hay principio de prueba
por escrito. El acuerdo arbitral no será interpretado restrictivamente y está sujeto a
las reglas de interpretación aplicables a los contratos en general, que resulten compatibles con la naturaleza del acuerdo arbitral tales como la buena fe, la autonomía negocial, y la ausencia de contradicción con los actos propios.
El acuerdo arbitral es independiente del contrato en el que se inserta o al que se
refiere y subsiste a la nulidad o extinción por cualquier motivo de ese contrato o
Las partes podrán acordar cualquier aspecto del arbitraje, antes o después de
comenzado éste. El acuerdo prevalecerá sobre las disposiciones de esta Ley siempre que sea compatible con el tratamiento igualitario de las partes, el derecho a presentar
su caso y el debido proceso. No son disponibles para las partes las disposiciones
que se refieren al ámbito de aplicación de esta Ley, su vigencia, las materias arbitrables, la jurisdicción y competencia de los Jueces salvo en lo que puedan hacerlo según el ordenamiento procesal aplicable, las garantías de igualdad de las partes y su derecho a presentar su caso y a un debido proceso, y los artículos 33, 34, 35 y 36.
Artículo 8. Acuerdo arbitral y acción judicial.
El Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo
arbitral remitirá a las partes al arbitraje a pedido de cualquiera de ellas, salvo que el
acuerdo sea manifiestamente nulo o inexistente. Esta pretensión se considerará renunciada si no es formulada a más tardar con el primer escrito que la parte presente ante el tribunal.
Aunque se haya entablado una acción a las que se refiere el inciso 1 precedente,
se podrán iniciar o proseguir los procedimientos arbitrales y laudar, antes de que la
cuestión sea definitivamente resuelta por el juez.
Articulo 9. Materias arbitrables.
Podrán someterse a arbitraje todas las cuestiones relativas a derechos disponibles, sean contractuales, comerciales o litigiosos, o no lo sean, y sean cuestiones existentes o futuras.
Se consideran incluidas, entre otras materias, las siguientes:
a) las controversias entre sociedades, asociaciones, fundaciones y demás personas
jurídicas y sus miembros, socios o asociados, y las de éstos entre sí;
b) las controversias entre condóminos, o entre copropietarios y el consorcio de propiedad horizontal, y las relativas a fideicomisos;
c) En los casos contenidos en a) y b) precedentes el acuerdo arbitral podrá estar contenido en los estatutos de sociedades, o en el contrato social, o el reglamento de copropiedad o en un contrato marco debidamente referenciado en los acuerdos especiales que se rijan por el mismo, o en formularios predispuestos.
d) controversias entre herederos, sucesores o legatarios, cuando el causante haya
dispuesto el arbitraje por cláusula testamentaria.
e) las controversias emergentes de normas disciplinarias o reglamentarias y otros regímenes voluntarios, inclusive cuando se pretenda sancionar faltas disciplinarias con penas pecuniarias, de suspensión o de restricción de la práctica o ejercicio de la actividad.
g) las consecuencias patrimoniales por la comisión de delitos o contravenciones.
Artículo 10. Número de árbitros.
Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. A falta de acuerdo, se designarán tres árbitros.
Artículo 11. Nombramiento de los árbitros.
La nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro.
Solo pueden ser árbitros las personas físicas que tengan plena capacidad civil.
Las partes podrán acordar el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los
a) en los arbitrajes por tres árbitros cada parte nombrará un árbitro, y los dos árbitros
así designados nombrarán al tercero. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los
30 (treinta) días corridos de haber recibido el requerimiento de la otra parte para que
lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro
dentro de los 30 (treinta) días corridos desde su nombramiento, la designación será
hecha por el Juez Competente a pedido de cualquiera de las partes;
b) en los arbitrajes por árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, éste será nombrado por el Juez Competente a
pedido de cualquiera de las partes;
Cuando las partes hubieran acordado un procedimiento de designación de árbitros
pero éste no pudiera completarse, cualquiera de las partes podrá requerir al Juez
Competente que designe los árbitros que no pudieran ser designados según ese
El Juez Competente designará a una persona independiente e imparcial que
reúna las demás condiciones para desempeñarse como árbitro contenidas en el
En los arbitrajes internacionales, el Juez Competente tendrá en cuenta la conveniencia de nombrar como árbitro único o tercer árbitro, una persona de nacionalidad distinta a la de las partes.
Todo acuerdo de honorarios con uno o más árbitros debe ser convenido entre
todas las partes respecto de todos los árbitros. Si las partes no llegaran a un acuerdo,
los honorarios de todos los árbitros serán fijados por el Juez Competente. Será
nulo y causal de remoción del árbitro todo acuerdo de honorarios salvo en las
condiciones de este inciso. El árbitro sustituto será designado por el Juez Competente.
Los árbitros son responsables por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento o mal desempeño de sus funciones.
Cuando las partes de un arbitraje sean más de dos y no llegaran a un acuerdo
sobre la designación de árbitros, cualquiera de ellas podrá pedir a la autoridad
nominadora o, si no la hubiera, al Juez Competente, que designe a todos los árbitros.
En estos casos quedará sin efecto la nominación de árbitros que una o más de
las partes hubieran realizado.
En arbitrajes vinculados ninguna persona podrá ser designada o actuar como
árbitro, a menos que todos los árbitros en esos arbitrajes sean los mismos o sean
todos distintos. A los fines de esta disposición, son arbitrajes vinculados aquellos en
los que los procedimientos, prueba, alegatos, resoluciones o laudos en uno pueda
influir en uno o más de los otros. Es causal de recusación el haber aceptado una
designación como árbitro, o continuar en su desempeño como tal en violación de
La unificación de arbitrajes requiere conformidad de todas las partes.
Artículo 12. Recusación.
La persona a quien se comunique su posible designación como árbitro deberá
revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas sobre su imparcialidad
o independencia o que impidan o dificulten su actuación. Después de su designación,
el árbitro comunicará sin demora tales circunstancias; su omisión será causal
de recusación.
El árbitro podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las condiciones convenidas por las partes o requeridas por esta Ley o por su reglamentación. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de la designación.
Artículo 13. Procedimiento de recusación.
Las partes podrán acordar el procedimiento de recusación de los árbitros. A falta
de tal acuerdo, la parte que recuse a un árbitro enviará al Tribunal Arbitral, dentro de
los 15 (quince) días corridos desde que tenga conocimiento de la constitución del
Tribunal Arbitral o de una causal de recusación, un escrito en el que exponga los
fundamentos de la recusación. Si el árbitro recusado no renuncia a su cargo o la otra
parte no acepta la recusación, esta será resuelta por el Tribunal Arbitral.
Si el Tribunal Arbitral rechaza la recusación el recusante podrá, dentro de los 15
(quince) días judiciales de notificado de la resolución del Tribunal, recurrir al Juez
Artículo 14. Imposibilidad de ejercicio o mal desempeño de las funciones.
Cuando un árbitro esté impedido de jure o de facto de ejercer sus funciones, no las
ejerza adecuadamente o las ejerza con demora injustificada, se aplicará el procedimiento previsto en el Artículo precedente. La renuncia del árbitro no implica aceptación de los fundamentos de la recusación o pedido de remoción.
Artículo 15. Designación de un árbitro sustituto.
Cuando fuese necesario reemplazar un árbitro se aplicarán las reglas utilizadas para
la designación del árbitro sustituido. Cuando un nuevo árbitro se incorpore al Tribunal Arbitral, éste decidirá por mayoría si corresponde retrotraer los procedimientos o parte de ellos.
JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Artículo 16. Facultad del Tribunal Arbitral para decidir acerca de su jurisdicción.
El Tribunal Arbitral podrá decidir acerca de su propia jurisdicción respecto de
materias o personas y cualquier objeción relativa a la existencia o validez del
Toda objeción a la jurisdicción del Tribunal Arbitral debe formularse en la primera
presentación de una parte sobre el fondo del asunto, o dentro de los 30 (treinta) días
corridos desde que la parte conoció o debió conocer la causal que motiva la objeción, si la causal fuese posterior a esa primera presentación. La designación de un
árbitro o la participación en su designación no constituirá por si misma renuncia al
derecho a objetar la jurisdicción del Tribunal Arbitral.
El Tribunal Arbitral podrá decidir las objeciones a su jurisdicción de manera
preliminar. Si resuelve que tiene jurisdicción, cualquiera de las partes podrá recurrir
esa resolución ante el Juez Competente en el plazo y con el procedimiento del
Artículo 34.4. Si no lo hace, la objeción se considerará renunciada.
A pedido de una de las partes, el Tribunal Arbitral podrá ordenar sin dar aviso a ninguna otra parte si el mismo entrañase el riesgo de ocasionar la frustración de la medida, las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar el objeto de la controversia, preservar bienes o pruebas, y exigir al solicitante que constituya garantías suficientes para responder por los daños que puedan resultar.
El Juez Competente ordenará la ejecución de las medidas cautelares ordenadas
por el Tribunal Arbitral de acuerdo con sus propias normas procesales, pero sin
analizar los méritos tenidos en cuenta para disponerlas, salvo que afecten el orden público.
No es incompatible con el acuerdo arbitral que una de las partes pida a un Juez,
antes de la iniciación o durante los procedimientos arbitrales, la adopción de medidas
cautelares, ni que el Juez las conceda.
Las medidas cautelares concedidas judicialmente caducarán si los procedimientos
arbitrales no se inician en el plazo de 30 (treinta) días corridos desde que se ordenaron.
El juez al que se solicite el reconocimiento o ejecución de la medida cautelar ordenada no podrá emprender, en el ejercicio de dicho cometido, una revisión del contenido de la medida cautelar.
Artículo 18. Debido proceso.
Los procedimientos arbitrales serán conducidos conforme los acuerdos de las partes
y las reglas que, en su defecto, el Tribunal Arbitral establezca. Deberá darse a las
partes un tratamiento igualitario, y a cada una de ellas la oportunidad de presentar
adecuadamente su caso y un debido proceso.
Artículo 19. Prueba.
El Tribunal Arbitral determinará la admisibilidad, pertinencia y el valor de las pruebas.
Artículo 20. Lugar del arbitraje.
Con el consentimiento de las partes, el Tribunal podrá disponer que las audiencias
se realicen en algún lugar distinto al lugar del arbitraje. El Tribunal podrá reunirse
para deliberar en un lugar distinto al del arbitraje. La realización de procedimientos
fuera del lugar del arbitraje no implica modificar el lugar de arbitraje designado.
Artículo 21. Comienzo de los procedimientos arbitrales.
Los procedimientos arbitrales se considerarán iniciados el día en que el requerimiento de arbitraje sea recibido por el accionado o la institución de arbitraje, lo que ocurra primero.
Artículo 22. Idioma del arbitraje.
Si no existe acuerdo de las partes, el Tribunal Arbitral determinará el idioma o los
idiomas que hayan de emplearse en los procedimientos y en los laudos.
El Tribunal Arbitral podrá ordenar que cualquier documento o exposición oral en
un idioma distinto al del arbitraje sea traducido a éste. El costo de la traducción
estará a cargo de la parte que presente el documento o la exposición oral.
Artículo 23. Acciones y defensas.
Dentro del plazo determinado por el Tribunal Arbitral, el accionante alegará los
hechos en que funda sus acciones, e indicará los puntos controvertidos y sus
peticiones. El accionado responderá a esas alegaciones y peticiones en el plazo que
fije el Tribunal.
Las partes pueden modificar o ampliar sus acciones o defensas en cualquier
momento de los procedimientos arbitrales, salvo que el Tribunal considere inadmisible tal modificación o ampliación por razón de la tardanza en formularla.
Artículo 24. Audiencias y procedimientos escritos.
El Tribunal Arbitral decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o debates orales o si los procedimientos se realizarán sobre la base de documentos y otros elementos. El Tribunal deberá realizar dichas audiencias a pedido de cualquiera de las partes.
Deberá notificarse a las partes con suficiente antelación la celebración de las audiencias y las reuniones del Tribunal Arbitral para examinar cosas, bienes, lugares o documentos.
Todas las manifestaciones o comunicaciones de una de las partes con uno o más de los árbitros y toda comunicación de uno o más de los árbitros con una de las partes, deberá ser puesta de inmediato en conocimiento de las demás partes y árbitros. El incumplimiento de esta obligación es causal de recusación del árbitro.
Artículo 25. Inacción de una parte.
Salvo que se invoque causa suficiente:
a) si el accionante no presenta su acción en el plazo fijado, el Tribunal Arbitral dará por terminados los procedimientos arbitrales;
b) si el accionado no presenta su defensa en el plazo fijado, el Tribunal Arbitral continuará los procedimientos sin considerar que esa omisión constituye por sí misma aceptación de las alegaciones del accionante;
c) si una de las partes no comparece a una de las audiencias o no presenta prueba, el Tribunal Arbitral podrá continuar los procedimientos y laudar basándose en la prueba que se le hubiera presentado.
Artículo 26. Prueba documental y de expertos.
A pedido de una de las partes, y después de escuchar a las otras, el Tribunal Arbitral podrá ordenar que una parte individualice los documentos bajo su control relacionados con alguna de las cuestiones controvertidas, los exhiba o los ponga a disposición de la otra parte o del experto o expertos que ésta designe. El Tribunal ejercerá esta facultad con prudencia y teniendo en cuenta las alegaciones de confidencialidad respecto de uno o más de esos documentos. En caso de injustificada renuencia o negativa a dar cumplimiento a la orden impartida, o de cumplimiento incompleto o selectivo, el Tribunal podrá inferir las conclusiones que estime adecuadas. Las mismas reglas son aplicables en lo pertinente a la exhibición o inspección de cosas, bienes, lugares o documentos.
Si después de recibir el testimonio de los expertos de las partes e interrogarlos, el Tribunal considera que aplicando las reglas de carga de la prueba y sus facultades para apreciarla no puede llegar, por excepcionales circunstancias del caso, a una decisión equitativa sin recibir antes el testimonio de otro experto:
a) lo hará saber a las partes,
b) indicará los puntos específicos sobre los que desea recibir esa opinión adicional,
c) establecerá un plazo razonable para que las partes propongan en común un nuevo perito y acuerden con él sus honorarios y el modo de pagarlos.
Si las partes no realizaran la propuesta en el plazo establecido, el experto podrá ser designado por el Tribunal previa consulta con las partes. El Tribunal podrá designar al experto, convenir con él sus honorarios y determinar el modo de soportarlos.
Artículo 27. Asistencia del Juez Competente en la producción de prueba.
El Tribunal Arbitral, o cualquiera de las partes con la aprobación de aquél, podrá pedir la asistencia del Juez Competente para obtener la producción de prueba. El Juez Competente dará cumplimiento al requerimiento, sin juzgar sobre sus méritos, de acuerdo con las reglas aplicables a la producción de prueba.
LAUDO Y TERMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Artículo 28. Derecho aplicable al fondo de la controversia.
El Tribunal Arbitral decidirá el fondo de la controversia de acuerdo con el derecho elegido por las partes.
Si las partes no lo hubieran elegido, el Tribunal Arbitral aplicará el derecho que estime aplicable.
El Tribunal Arbitral decidirá en equidad o ex aequo et bono sólo si las partes le han autorizado a hacerlo.
En todos los casos, el Tribunal decidirá de acuerdo con las disposiciones del contrato y tendrá en cuenta los usos aplicables.
Artículo 29. Decisiones de un Tribunal Arbitral plural.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, en un Tribunal Arbitral integrado por más de un árbitro, las decisiones requerirán la mayoría de votos de todos los miembros. Si no existiera mayoría, decidirá por sí mismo el árbitro tercero o, en su defecto, el que presida el Tribunal.
Artículo 30. Transacción.
Si durante los procedimientos arbitrales las partes llegan a una transacción que resuelva la controversia, el Tribunal Arbitral dará por terminados los procedimientos y, si lo piden ambas partes y el Tribunal no se opone, incorporará la transacción en un laudo arbitral.
Este laudo se emitirá conforme el Artículo 31 y se hará constar en él que se trata de un laudo final.
Artículo 31. Forma y contenido de los laudos.
Los laudos se dictarán por escrito y serán firmados por el o los árbitros. En los procedimientos arbitrales con más de un árbitro bastará la firma del presidente del Tribunal Arbitral, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas.
Los laudos deberán ser fundados y determinarán el modo de soportar el costo del arbitraje, a menos que las partes hayan convenido lo contrario o se trate de un laudo que incorpore una transacción.
Los laudos indicarán la fecha en que han sido dictados y el lugar del arbitraje, y se considerarán emitidos en esa fecha y lugar.
Después de emitido un laudo, se remitirá un original a cada una de las partes junto con las opiniones disidentes, si las hubiera.
Artículo 32. Terminación de los procedimientos arbitrales.
Los procedimientos arbitrales terminan con el laudo final del Tribunal Arbitral.
El Tribunal Arbitral dictará también un laudo final si:
a) El accionante retira sus acciones, salvo que el accionado se oponga y el Tribunal
Arbitral le reconozca interés en obtener una solución definitiva de la controversia;
b) Las partes acuerden dar por terminados los procedimientos; o
c) El Tribunal Arbitral determina que la continuación de los procedimientos es
innecesaria o imposible.
Después de emitido el laudo que dé por terminados los procedimientos, el Tribunal
Arbitral conservará jurisdicción a los fines del Artículo 33 de esta Ley.
Artículo 33. Corrección e interpretación del laudo y laudo adicional.
Dentro de los 10 (diez) días corridos desde la recepción del laudo, o en el plazo que las partes hayan acordado o que el Tribunal Arbitral haya establecido, cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al Tribunal que:
a) Rectifique un error de cálculo, copia, tipográfico o de naturaleza similar;
b) Interprete uno o más puntos o partes determinadas del laudo;
c) Resuelva acciones ejercidas en los procedimientos arbitrales pero omitidas en el laudo; o
d) Subsane cualquier defecto que, de ser probado, podría causar su nulidad.
El Tribunal Arbitral resolverá estas peticiones dentro de los 30 (treinta) días corridos desde la recepción del requerimiento, salvo que por resolución fundada establezca un plazo mayor.
Por su propia iniciativa el Tribunal Arbitral podrá dentro de los 10 (diez) días corridos desde la fecha del laudo y después de escuchar a las partes, resolver algunas de las cuestiones a que se refiere el inciso 1 precedente.
La resolución de estas cuestiones tendrá la forma de un laudo adicional.
Artículo 34. Recurso de nulidad.
Los laudos sólo son recurribles por nulidad. Es requisito de admisibilidad del recurso de nulidad que el recurrente haya planteado la cuestión al tribunal arbitral de conformidad con el Artículo 33.1.d.
Los errores en la determinación de los hechos o del derecho en que el Tribunal Arbitral pueda haber incurrido sólo están sujetos a revisión judicial cuando ellos constituyan una de las causales de nulidad del laudo establecidas en esta Ley.
Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el Juez Competente cuando la parte recurrente pruebe:
a) que era incapaz para celebrar el acuerdo arbitral, o que dicho acuerdo no es válido según la ley a que las partes lo han sometido o, si esta Ley no hubiese sido indicada, según la ley argentina; o
b) que no se le ha notificado debidamente la designación de un árbitro o los procedimientos arbitrales, o que el Tribunal Arbitral no ha respetado su igualdad con las otras partes, o que nose le ha dado la oportunidad de presentar adecuadamente su caso o no se ha seguido un debido proceso; o
c) que el laudo se refiere a una controversia no contemplada en el acuerdo arbitral o decide cuestiones no sometidas al Tribunal Arbitral. Si las resoluciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o
d) que la composición del Tribunal Arbitral o los procedimientos arbitrales no se ajustaron al acuerdo arbitral, salvo que dicho acuerdo contravenga una disposición de esta Ley de la que las partes no pudieran apartarse; o
e) que el objeto de la controversia no es arbitrable según la ley argentina; o
f) que el laudo es contrario al orden público argentino.
El recurso de nulidad deberá interponerse dentro de los 10 (diez) días judiciales desde la fecha de la recepción del laudo o, en el caso del Artículo 33, desde la recepción de la resolución o laudo adicional del Tribunal Arbitral. El recurso será fundado dentro de los 30 (treinta) días judiciales desde la recepción del laudo o, en el caso del Artículo 33, desde la recepción de la resolución o laudo adicional.
Artículo 35. Laudos emitidos en el territorio nacional.
Los laudos emitidos en el territorio nacional son ejecutables en la República Argentina según las disposiciones del ordenamiento procesal aplicable.
Artículo 36. Laudos emitidos en el extranjero.
Los laudos emitidos en el extranjero a los que fuese aplicable un tratado internacional del que la Nación es parte, serán reconocidos y ejecutados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las disposiciones de ese tratado.
Los laudos emitidos en el extranjero a los que no fuese aplicable un tratado internacional del que la Nación es parte, serán reconocidos y ejecutados en la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en términos de reciprocidad con el país o países del domicilio de la parte o partes a cuyo favor el laudo fue emitido. Salvo que de la falta de reciprocidad resulte una causal adicional, su reconocimiento y ejecución sólo será denegado:
(a) a pedido de la parte contra la que se invoca el laudo, si ésta prueba ante el Juez Competente que:
(i) era incapaz para celebrar el acuerdo arbitral, o que dicho acuerdo no es válido según la ley a que las partes lo han sometido o, si esta Ley no hubiese sido indicada, según la ley del lugar del arbitraje; o
(ii) que no se le ha notificado debidamente la designación de un árbitro o los procedimientos arbitrales, o que no se ha respetado su igualdad con las otras partes, no se le ha dado la oportunidad de presentar adecuadamente su caso o no se ha seguido un debido proceso;
(iii) que el laudo se refiere a una controversia no contemplada o incluida en el acuerdo arbitral o decide cuestiones no sometidas al Tribunal Arbitral. Siempre que las cuestiones sometidas arbitraje puedan ser separadas de las que no lo fueron, podrá reconocerse y ejecutarse la parte del laudo que decide cuestiones sometidas a ese Tribunal; o
(iv) que la composición del Tribunal Arbitral o los procedimientos arbitrales no se ajustaron al acuerdo arbitral o, si este nada dijera, a la ley del lugar de arbitraje; o
(v) que el laudo no es aún vinculante para las partes, o ha sido anulado o suspendido por un Juez del lugar de arbitraje; o
(b) si el Juez Competente determina que:
(i) la controversia no es arbitrable según la ley argentina; o
(ii) el reconocimiento o ejecución del laudo sería contrario al orden público internacional argentino.
El pedido de reconocimiento y, en su caso, ejecución, debe presentarse al Juez Competente. Si se ha pedido a un Juez del lugar de arbitraje la anulación o suspensión del laudo, el Juez Competente podrá postergar su decisión, si lo considera apropiado. A pedido de la parte que pide el reconocimiento y ejecución, podrá también ordenar que la accionada otorgue garantías adecuadas.
Quien solicita el reconocimiento debe acompañar original o copia auténtica del laudo y del acuerdo arbitral y, si alguno de estos documentos se encuentra en idioma extranjero, su traducción certificada al idioma nacional.
Artículo 37. Pericia arbitral.
En los casos en que una ley requiera una pericia arbitral comprendida en las disposiciones de esta Ley, se entenderá que la referencia es a un arbitraje de equidad o ex aequo et bono.
Artículo 38. Vigencia.
Esta ley entrará en vigencia a los 30 (treinta) días de su publicación y se aplicará a los arbitrajes que se inicien después de su entrada en vigencia.
En los arbitrajes iniciados después de la entrada en vigencia de esta Ley que se funden en acuerdos arbitrales anteriores a esa fecha, cualquiera de las partes puede optar en el primer escrito que presente por la aplicación de las reglas anteriores.
Artículo 39. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Salvo que medie expreso acuerdo entre las partes, el Libro VI y el art. 519 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no serán de aplicación a los arbitrajes regidos por la presente Ley.
Artículo 40. Adecuación.
Esta ley es aplicable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin perjuicio de los poderes que le competan de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las leyes dictadas en consecuencia. Cuando esos poderes sean ejercidos, esta Ley se considerará automáticamente adaptada a las circunstancias que resulten de tal ejercicio.
Artículo 41. De forma.
Comuníquese al Jefe de Gobierno de la Ciudad, publíquese, etc.
Anexo D – Anteproyectos de Creación de Tribunales De Vecindad De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires y de Reglas De Tramitación De Los Conflictos De Vecindad De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires[1]
TRIBUNALES DE VECINDAD
Artículo 1. Creación. Créanse los Tribunales de Vecindad de la CABA, que tienen las atribuciones y competencias que se establecen en la presente ley.
Artículo 2. Asiento y Jurisdicción de los Tribunales. Los Tribunales de Vecindad funcionan en cada una de las Comunas, en cuyo ámbito geográfico ejercen su competencia.
Artículo 3. Composición. Cada Tribunal de Vecindad está integrado por tres jueces y al menos seis jurados, no pudiendo ser todos del mismo sexo.
Los jueces de vecindad son cinco en total, cada uno con competencia enmás de una comuna, a tenor de la reglamentación que determine el Consejo de la Magistratura de la CABA. El Consejo de la Magistratura periódicamente asigna los jueces a los Tribunales de Vecindad y determina su dedicación a cada uno, en función de las necesidades del servicio de justicia.
El Consejo de la Magistratura fija la retribución que reciben los jueces de vecindad y los viáticos de los jurados en las ocasiones en que sean convocados.
Los casos sometidos al Tribunal son conocidos por los jueces de manera unipersonal. A pedido de alguna de las partes, realizado con una antelación no menor a diez (10) días a la audiencia de resolución, el Tribunal se integrará con dos jurados, además del Juez, quien lo presidirá.
Los Tribunales de Vecindad cuentan con una estructura administrativa con independencia jerárquico-funcional, conforme a la organización y funcionamiento interno que establece el Consejo de la Magistratura de la CABA, y adecuada a la demanda del servicio correspondiente a cada comuna.
Artículo 4. Designación, Remoción y Requisitos de los jueces y jurados de vecindad. Los jueces de vecindad son designados de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 118 de la Constitución de la CABA.
Son requisitos para ser juez/a de vecindad ser argentino/a, nativo/a, naturalizado/a o por opción, tener treinta (30) años de edad como mínimo, ser abogado/a con cinco (5) años de graduado, y haber nacido en la Ciudad de Buenos Aires o poseer una residencia inmediata y efectiva en ésta no inferior a diez (10) años.
Son requisitos para ser jurado ser argentino/a, nativo/a, naturalizado/a o por opción, tener treinta (30) años de edad como mínimo, poseer una residencia inmediata y efectiva en la comuna en la que sea designado no inferior a cinco (5) años. Los jurados son voluntarios, los designa el Consejo de la Magistratura según el procedimiento que establece, y duran cinco (5) años. Se conformará una lista de jurados por Comuna, que garantice su participación cuando sean requeridos, respetando los principios de representación de género y efectividad.
Artículo 5. Funcionamiento. Las modalidades y horarios de atención al público de los Tribunales de Vecindad son establecidos por el Consejo de la Magistratura de la CABA, debiendo garantizar un funcionamiento adecuado a las necesidades del servicio relevadas en cada Comuna, contemplando una carga horaria amplia, con excepción de los días domingos, feriados y asuetos locales. Los tribunales funcionarán durante todo el año y deberá extenderse el horario de funcionamiento hasta las 20 horas al menos dos veces por semana. Bajo ningún concepto tendrá vigencia la feria judicial. Los Tribunales de Vecindad contarán con el debido soporte tecnológico para sustanciar los procesos. Todos los registros, trámites y comunicaciones de los Tribunales de Vecindad serán en formato digital.
Artículo 6. Patrocinio Letrado. Las partes actúan sin patrocinio letrado.
Artículo 7. Prórroga de la Competencia. La competencia atribuida a los tribunales vecinales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales, por el artículo 12, inciso 4, de la Ley 48, y por el artículo 36 último párrafo de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, exceptúase la competencia territorial en los asuntos comprendidos en los siguientes artículos, que puede ser prorrogada de conformidad de partes.
La prórroga se opera si surge de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiestan explícitamente su decisión de someterse a la competencia de Tribunal de Vecindad al cual acuden. Asimismo, para el actor, por el hecho de deducir su acción; y respecto del demandado, cuando la conteste o deje de hacerlo sin cuestionar la competencia del Tribunal.
Artículo 8. Incompetencia. Las acciones motivadas en los conflictos descriptos en el artículo 10 deben interponerse ante el Tribunal de Vecindad competente. Siempre que de la exposición de los hechos resulten no ser de su competencia, sin perjuicio de escuchar a las partes, éste debe inhibirse de oficio y ordenar el archivo del caso.
No procede la declaración de incompetencia de oficio fundada en razón del ámbito geográfico del Tribunal de Vecindad.
Las resoluciones dictadas en materia de competencia son irrevisables.
Artículo 9. Competencia geográfica. Los Tribunales de Vecindad son competentes para entender en los conflictos descriptos en el artículo siguiente, con sujeción a las siguientes reglas:
Cuando se ejercen acciones reales sobre bienes inmuebles, entiende el Tribunal de Vecindad con asiento en la Comuna donde está situada la cosa litigiosa.
La regla prevista en el inciso anterior rige respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio.
Cuando se ejercen acciones reales sobre bienes muebles, entiende el Tribunal de Vecindad con asiento en la Comuna donde está situada la cosa litigiosa o el del domicilio del demandado, a elección del actor. En el caso de automotores entiende el Tribunal de vecindad del domicilio del demandado. Si la acción versa sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde están situados estos últimos.
Cuando se ejercen acciones personales, entiende el Tribunal de Vecindad con asiento en la Comuna del lugar en que debe cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar de celebración o de ejecución del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación. El que no tiene domicilio fijo puede ser demandado ante el Tribunal de Vecindad de la Comuna en que se encuentre o en el de su última residencia. En el caso de sociedades comerciales, la referida elección puede ejercerse tanto en el lugar del domicilio, de la sede social o del establecimiento o fondo de comercio, siempre que este se encuentre se halle vinculado al conflicto.
En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, entiende el Tribunal de Vecindad con asiento en la Comuna del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
En las acciones personales, cuando son varios los demandados y se trata de obligaciones indivisibles o solidarias, entiende el Tribunal de Vecindad con asiento en la comuna del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor.
Artículo 10. Competencia en razón de la Materia. Los Tribunales de Vecindad son competentes para entender en las siguientes materias:
Las relativas a la adquisición, utilización o disfrute de bienes y servicios, incluidas todas aquellas materias reguladas por leyes especiales, y en particular por la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor;
Las cuestiones vinculadas a medianería, mensura y deslinde;
Las cuestiones referidas al régimen de propiedad horizontal;
Las cuestiones derivadas de locaciones de inmuebles, muebles, semovientes, obras y servicios;
Las cuestiones derivadas del contrato de garaje o estacionamiento.
Las denuncias por daño temido, ejecución de reparaciones urgentes y obra nueva;
Los daños y perjuicios derivados de hechos ilícitos, excluidos los accidentes de tránsito;
Las acciones civiles fundadas en ruidos;
Las derivadas del contrato de corretaje;
La homologación de acuerdos celebrados en el ámbito de instancias oficiales de mediación o conciliación;
Las demás cuestiones de vecindad, civiles y comerciales hasta el monto previsto en el artículo11incisos b) y c) de la presente ley.
Artículo 11. Acciones excluidas. Quedan excluidas de la competencia de los Tribunales de Vecindad, aun cuando el reclamo comprenda algunas de las materias del artículo anterior:
a) Las acciones basadas en títulos que traen aparejada ejecución, a menos que al momento de iniciar el reclamo, el demandante manifieste expresamente que renuncia a tal prerrogativa, sometiéndose a las reglas de tramitación que rijan los conflictos de vecindad.
b) Las acciones de cobro de sumas de dinero que excedan el sueldo básico del Juez de Primera Instancia de la C.A.B.A. vigente al momento de interponerse el reclamo, incluyendo capital y accesorios estimados a la misma fecha. Dicho monto puede ser modificado anualmente por el Consejo de la Magistratura de la CABA.
c) Las acciones en las que, sin pretenderse el cobro de una suma de dinero, el valor del objeto litigioso exceda la suma indicada en el inciso anterior, según apreciación del propio demandante al iniciar el reclamo. En caso de duda, el Tribunal de Vecindad puede exigir al demandante la justificación de ese valor, y de corresponder, declararse incompetente de oficio.
d) Las acciones promovidas ante un mismo Tribunal de Vecindad por sociedades comerciales y sociedades cooperativas que superen doce (12) demandas o doce (12) vecinos demandados -lo que ocurra primero- en el año calendario, incluso en el caso de acumulación de acciones. El Tribunal de Vecindad se declarará incompetente de oficio cuando se deduzca una demanda que exceda cualquiera de esos límites, de acuerdo a sus registros.
Artículo 12. Competencia en razón de las personas. Los Tribunales de Vecindad entienden en los conflictos entre vecinos con domicilio en la CABA-ya se trate del domicilio real o del lugar en el cual ejerce sus actividades vinculado al conflicto. A tal efecto, se considera vecino a la persona de existencia visible y de existencia ideal de carácter privado, a los consorcios de propietarios y a las sucesiones indivisas.
Artículo 13. Reglamentación. El Consejo de la Magistratura de la CABA dicta los reglamentos que resultan necesarios a los fines de hacer operativa la presente ley.
Artículo 14. Financiamiento. La Legislatura de la CABA aprueba anualmente las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento de los Tribunales de Vecindad. Hasta tanto finalice la prueba piloto los gastos se afrontarán con las partidas presupuestarias vigentes del Poder Judicial.
Cláusula Transitoria Primera. El diseño y la implementación de los Tribunales de Vecindad, en todas sus etapas, está a cargo de la Dirección de Política Judicial del Consejo de la Magistratura de la CABA, con intervención de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Política Judicial. A este fin, cuenta con la asistencia técnica de una Comisión Mixta de Consulta e Implementación integrada por dos (2) representantes del Poder Ejecutivo, tres (3) del Poder Legislativo y uno (1) de cada rama del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Justicia, todos ellos de la CABA.
Cláusula Transitoria Segunda. La puesta en funcionamiento de los Tribunales de Vecindad se hará efectiva de manera progresiva. A tal fin, dentro de los ciento ochenta (180) días de sancionada la presente ley, se implementará una prueba piloto que tendrá una duración de un (1) año y que consistirá en la instalación de un Tribunal de Vecindad en al menos una (1) Comuna, la cual será seleccionada por la Comisión Mixta de Consulta e Implementación. A los seis (6) meses del inicio de esta prueba piloto, la Comisión Mixta de Consulta e Implementación realizará una evaluación y elevará a la Legislatura un informe con propuestas de adecuaciones a la presente ley y a las reglas de tramitación de los conflictos de vecindad.
Cláusula Transitoria Tercera. Para la prueba piloto, el Consejo de la Magistratura de la CABA establece un mecanismo de subrogación de jueces de primera instancia de la CABA de todos los fueros para cubrir las necesidades del servicio.
Finalizada la evaluación, se sustanciarán los concursos para cubrir los cargos de cinco jueces de vecindad.
El Consejo de la Magistratura de la CABA selecciona a los jurados para la prueba piloto de entre los voluntarios que se presenten. En este proceso se toma en cuenta su disponibilidad horaria, y se privilegia a jubilados, pensionados, docentes, abogados, jueces y otros profesionales.
Para llevar adelante la prueba piloto el personal deberá ser provisto por el Poder Judicial exclusivamente salvo los casos de los jurados que serán seleccionados conforme lo indicado ut-supra.
Cláusula Transitoria Cuarta. Para la prueba piloto, deberán usarse los locales propios tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial sumando los centros barriales, culturales, deportivos y cualquier otro espacio físico que permita satisfacer el objetivo del presente proyecto.
Para el caso de ser necesaria la mediación deberá utilizarse la capacidad instalada del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o de cualquier otra Institución Pública.
Cláusula Transitoria Quinta. Durante la prueba piloto, para la determinación de la competencia territorial se requiere, a diferencia de lo previsto en el artículo 9 de la presente ley, que al menos una de las partes tenga su domicilio real o el lugar en el cual ejerce sus actividades vinculado al conflicto, en la jurisdicción de este Tribunal de Vecindad.
Cláusula Transitoria Sexta. El Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA gestionará ante el Congreso de la Nación la normativa que evite eventuales cuestiones de competencia que puedan plantearse. El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la CABA colaborarán con el Poder Ejecutivo en esta tarea.
REGLAS DE TRAMITACION DE LOS CONFLICTOS DE VECINDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Artículo 1. Principios. El procedimiento para la tramitación de los conflictos de vecindad se basa en los principios de celeridad, oralidad, inmediatez, informalidad, publicidad, concentración, unidad de actuación, economía y sencillez. La dirección del proceso está confiada al Tribunal de Vecindad, el que la ejerce de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ingresado el reclamo, tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible. En todo momento se promoverá la composición de intereses entre las partes.
REGLAS GENERALES DEL PROCESO
Artículo 2. Presentación del Reclamo. El reclamo es presentado ante la Unidad de Recepción de Reclamos y Gestión de Audiencias del Tribunal de Vecindad, en un formulario provisto de manera gratuita. El formulario incluye los siguientes datos, los que deben ser completados por el reclamante, sin perjuicio de otros que pueda establecer la reglamentación:
Nombre, domicilio real y constituido, y teléfono del presentante;
Correo electrónico u otro medio de comunicación del presentante a los efectos de las notificaciones;
Nombre, domicilio denunciado del requerido y/o los datos que permitan su identificación;
La pretensión detallada claramente, con indicación del monto reclamado, si lo hay;
Una breve descripción de los hechos;
El ofrecimiento de la totalidad de la prueba disponible al momento del reclamo;
Fecha del reclamo;
Solicitud de integración del Tribunal con jurados jueces;
Firma del/los presentante/s.
Artículo 3. Inicio del caso. Si se hubiera realizado una instancia oficial de mediación o composición previa sin acuerdo y el presentante acompaña el acta de cierre del proceso, se fija directamente la audiencia de resolución del caso prevista en el artículo 11.
Sino se presenta el acta de cierre del proceso de mediación previa se asigna el caso a una instancia oficial de mediación o composición, y se fija en único acto la audiencia de mediación y la de resolución del caso.
Si se hubiera realizado una instancia oficial de mediación o composición previa en la que se hubiera alcanzado un acuerdo entre las partes, el presentante debe acompañar el acta y el convenio a efectos de solicitar su ejecución. En este caso. Igualmente procede fijar la audiencia de resolución.
El presentante queda notificado en el acto de las audiencias fijadas.
Con la fijación de las audiencias mencionadas se ordena el libramiento de los oficios solicitados por el presentante.
Artículo 4. Plazos. Todos los plazos son de días hábiles, salvo disposición en contrario.
El acto procesal no practicado dentro del horario judicial del día en que vence el plazo fijado sólo puede ser cumplido válidamente el día hábil inmediato posterior y dentro de las dos (2) primeras horas del horario de atención del Tribunal.
Artículo 5. Notificaciones. El Tribunal realiza las notificaciones que están a su cargo por medio fehaciente e idóneo.
La notificación del reclamo al requerido debe hacerse en su domicilio real o en el asiento de sus actividades vinculado al conflicto y debe contener:
Lugar, fecha y horario de la audiencia de mediación;
Copia del formulario de inicio y de los documentos en que se sustenta el reclamo, y el detalle de la totalidad de las pruebas que el reclamante presentará en la audiencia;
Lugar, fecha y horario de la audiencia de resolución, con expresa indicación de que la misma se desarrollará en caso de fracasar la instancia de mediación; y que en ese acto el requerido deberá:
Constituir domicilio y denunciar su correo electrónico u otro medio de comunicación a los efectos de las notificaciones y su teléfono;
Responder al reclamo;
Reconocer o desconocer la prueba documental acompañada por el presentante;
Presentar y producir la prueba que hace a su derecho.
La expresa indicación de que si no comparece a la audiencia de resolución, se presumirá la veracidad de dicho y de la prueba que aporte el presentante.
La indicación de que puede solicitar la integración del Tribunal con dos jurados jueces hasta diez (10) días antes de la fecha fijada para la audiencia de resolución.
La transcripción completa del artículo 7 de esta ley;
El Tribunal de Vecindad interviniente.
Artículo 6. Oralidad del procedimiento. No se admiten presentaciones escritas durante la tramitación de los casos, salvo las expresamente previstas en esta ley y en su reglamentación.
Artículo 7. Medios de prueba. Se admiten los siguientes medios de prueba:
Cada parte puede citar hasta dos (2) testigos que declararen sobre los hechos que se discuten; y puede citar un (1) testigo experto que dictamine sobre la materia de que se trate, debiendo acreditar su idoneidad. La citación a los testigos es carga de la parte que los propone. Si alguno de los testigos no concurre a la audiencia de resolución, la parte que lo propuso puede desistir de su declaración o requerir al Tribunal de Vecindad que declare el cuarto intermedio de la audiencia a efectos de lograr su citación para su continuación, por medio de la fuerza pública. Es condición que la parte haya instado en forma adecuada su notificación y que a criterio del Tribunal su producción sea relevante para la resolución del caso. A tal fin el Tribunal libra los oficios necesarios, quedando su elaboración y diligenciamiento a cargo de la parte interesada en la producción de la prueba. Si aun así el testigo no comparece, se tiene a la parte que lo ofreció por desistida de esta prueba;
Los oficios son elaborados y diligenciados por las partes, las que pueden requerir su certificación por el Tribunal de Vecindad. En los oficios constará que las oficinas públicas y las entidades privadas requeridas deben informar al Tribunal de Vecindad sobre el objeto solicitado con anterioridad a la fecha de la audiencia de resolución de caso, bajo el apercibimiento de imponerles una multa equivalente a cincuenta (50) Unidades Fijas previstas en el artículo 19 de la Ley 451, por cada día de retardo. Las partes pueden solicitar su reiteración antes de la audiencia de resolución de caso. Ante la falta de contestación del oficio en el tiempo indicado, la parte puede desistir de la prueba o insistir en la misma y requerir al Tribunal de Vecindad que declare el cuarto intermedio de la audiencia a efectos de lograr la respuesta, si la parte acredita haber instado en forma adecuada su producción y si a criterio del Tribunal es relevante para la resolución del caso;
Todo otro medio que resulte conducente para resolver el objeto del reclamo.
Artículo 8. Excusación. El Juez y los jurados jueces, en la primera oportunidad en que intervienen, deben excusarse cuando se hallen comprendidos en alguna de las siguientes causales:
Ser cónyuge o conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con alguna de las partes;
Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las partes;
Tener interés directo o indirecto en la cuestión;
Haber obtenido el Juez, su cónyuge, conviviente, sus padres, hijos u otras personas que vivan a su cargo, algún beneficio de alguna de las partes;
Cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el caso, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.
Artículo 9. Recusación sin causa. El Juez y los jurados jueces pueden ser recusados sin expresión de causa, por una sola vez por cada parte, debiendo ejercerse esta facultad al inicio de la audiencia prevista en el artículo 11.
Artículo 10. Efectos. Si procede alguno de los supuestos previstos en los artículos 8 y 9, el Tribunal de Vecindad reemplaza en forma inmediata al Juez, en su caso, a los jurados jueces que intervienen, continuando la audiencia en la forma prevista, salvo situaciones excepcionales que pueden ser contempladas por el Tribunal de Vecindad.
Artículo 11. Audiencia de resolución del caso. Las partes deben asistir a la audiencia en forma personal; solamente pueden hacerlo mediante representante las personas físicas domiciliadas a más de 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las personas jurídicas. Al inicio de la audiencia debe acreditarse la representación invocada. En este momento además deben plantearse y resolverse las cuestiones de competencia.
En caso de incomparecencia injustificada del requirente se tiene por desistido su reclamo, sin necesidad de notificarlo. En caso de incomparecencia injustificada del requerido, el Tribunal de vecindad debe dictar sentencia, previa producción, en su caso, de la prueba del requirente.
La audiencia de resolución del caso es registrada en audio y video en soporte digital y el archivo que la contiene es firmado electrónicamente por el juez que la dirige.
Artículo 12. Acuerdos.- El Tribunal de Vecindad insta a las partes a arribar a un acuerdo al inicio de la audiencia y, en cualquier momento en que lo considere oportuno, antes del dictado de la sentencia.
Los acuerdos celebrados son homologados por el Tribunal, revistiendo el carácter de cosa juzgada. Son de aplicación las normas relativas a la ejecución de sentencias establecidas en el Capítulo 4. Salvo acuerdo en contrario, las costas serán siempre establecidas por su orden.
Artículo 13. Desarrollo de la audiencia. Si las partes no arriban a un acuerdo, el Tribunal de Vecindad las insta a que formulen oralmente, de manera clara, precisa y circunstanciada sus peticiones, informando sobre lo que pretenden demostrar con las pruebas ofrecidas, comenzando por el reclamante.
Inmediatamente después de las intervenciones iniciales de las partes se produce la prueba ofrecida que el Tribunal de Vecindad considere pertinente y útil, comenzando por aquélla propuesta por el requirente. Se exhiben los documentos, otros instrumentos e informes recibidos los que son mostrados a los testigos, de corresponder.
Cuando lo considere necesario para la resolución del caso, de oficio o a pedido de parte, el Tribunal puede designar peritos o expertos de la nómina del Consejo de la Magistratura de la CABA. La notificación de esta designación a los peritos es a cargo del Tribunal.
Los testigos y peritos comparecientes declaran bajo juramento de decir verdad a tenor del interrogatorio verbal que formulan las partes y supletoriamente el Tribunal.
El Tribunal vela en todo momento por el orden de la audiencia, controla la pertinencia de los interrogatorios que en ningún caso podrán ser indicativos, y dispone lo que corresponde para el mejor cumplimiento de la actividad probatoria. Si se integra con jurados jueces, estas funciones corresponden al Juez que preside el Tribunal.
El Tribunal puede disponer un cuarto intermedio para permitir la producción de la prueba no acompañada que resulte a su criterio imprescindible o dar oportunidad al presentante de contestar una prueba presentada por el requerido, cuya producción desconociera.
Las partes presentan al Tribunal los comprobantes de los gastos realizados para su consideración en la audiencia de resolución del caso.
Artículo 14. Sentencia. El Tribunal de Vecindad dicta sentencia en forma verbal antes de la finalización de la audiencia de resolución del caso. Esta sentencia es definitiva e irrecurrible. En el supuesto de incumplimiento de lo aquí previsto se aplicarán las sanciones disciplinarias que correspondan.
En la sentencia no se expresan las eventuales discrepancias del Tribunal cuando esté integrado por un juez y dos jurados jueces, debiendo enunciarse solamente la decisión adoptada por mayoría.
Al dictar sentencia, el juez debe expresarse sobre:
Nombre y apellido de las partes, sus representantes y sus latrocinantes, en su caso;
Relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio;
Fundamentos y aplicación de la ley;
Decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el caso, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo del reclamo, en todo o en parte;
Plazo que se otorga para su cumplimiento;
Procedencia de los gastos del juicio;
Imposición de los gastos.
Artículo 15. Notificación. La sentencia se tiene por notificada a los presentes con su pronunciamiento. Se entrega una copia de la audiencia de resolución del caso en formato digital a cada una de las partes.
La notificación al requerido ausente se hará con transcripción de lo previsto en el artículo anterior.
Artículo 16. Gastos del juicio. Los gastos declarados procedentes son soportados por la parte vencida, en la proporción en que prospere el reclamo.
Artículo 17. Intervención de la unidad de ejecución. Una vez firme la sentencia y ante el incumplimiento de la obligada, la parte interesada puede requerir su ejecución al Tribunal de Vecindad interviniente. El Tribunal dicta las medidas ejecutorias correspondientes a la naturaleza de la obligación impuesta en la sentencia, incluyendo las sanciones conminatorias que entienda adecuadas. La ejecución de la sentencia tramita en la Unidad de Ejecución, sin intervención de los jurados jueces.
Artículo 18.- Ejecución de obligaciones de pago. Si la sentencia condena al pago de una suma de dinero, la Unidad de Ejecución practica la liquidación correspondiente, de acuerdo con las pautas fijadas en la sentencia. A fin de intimar el pago, cursa la notificación al obligado al domicilio constituido oportunamente, con indicación del plazo y de los datos de la cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires correspondiente a la causa en la que debe efectuar el pago. El requerido puede acreditar el cumplimiento de la obligación por cualquier otro medio fehaciente dentro del plazo fijado.
Si el requerido cumple con la obligación de pago mediante el depósito bancario indicado, la Unidad de Ejecución notifica al requirente la existencia delos fondos y libra a su favor la orden de pago correspondiente.
Si vencido el plazo fijado no se registra el pago, a pedido de la parte interesada la Unidad de Ejecución procede a la ejecución forzosa de la obligación, en la forma prevista por la reglamentación.
Artículo 19. Ejecución de obligaciones de hacer. Si la sentencia impone una obligación de hacer, la Unidad de Ejecución cursa la intimación al obligado al domicilio constituido o denunciado, oportunamente. En ella le hace saber el plazo impuesto en la orden de ejecución para que proceda a cumplir la obligación por sí y los astreintes fijados hasta el día del cumplimiento. Asimismo le notifica que, de no dar cumplimiento con la obligación en el plazo impuesto, se hará efectivo el apercibimiento de autorizar la realización de la obligación a su costa, por quien designe el requirente. El cobro del monto que importe la ejecución de la obligación por parte del tercero como el de los astreintes se hace por el procedimiento de ejecución de sentencia de obligaciones de pago.
Artículo 20. Ejecución de obligaciones de no hacer. Si la sentencia impone una obligación de no hacer, la Unidad de Ejecución cursa la intimación al obligado al domicilio constituido oportunamente. Le hace saber que debe cesar en la conducta prohibida y la imposición de astreintes hasta el cumplimiento de la obligación. El cobro de las astreintes se hace por el procedimiento de ejecución de sentencia de obligaciones de pago.
Artículo 21. Ejecución de obligaciones de entregar cosas. Cuando la condena sea de entregar alguna cosa, se dispone su secuestro y entrega al acreedor. Sino puede cumplirse con el secuestro, el obligado debe entregar el valor de adquisición de la cosa objeto de la condena, con más los astreintes que corresponden hasta el momento del cumplimiento efectivo. A fin de acreditar el valor de la cosa comprometida, se requiere al acreedor la información necesaria. El cobro de esta suma, así como los astreintes fijados, se realiza por el procedimiento de ejecución de sentencia de obligaciones de pago.
Artículo 22. Ejecución de gastos. Si el obligado al pago de los gastos del caso no abona los mismos en el plazo fijado en la resolución, el acreedor puede requerir del Tribunal la ejecución forzosa de los mismos, la cual tramita en la Unidad de Ejecución por el procedimiento de ejecución de sentencia de obligaciones de pago.
[1] Redactados por Germán C. Garavano y Héctor M. Chayer, sobre la base de dos proyectos similares preparados por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

References: artículo 1

Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 25
 Artículo 32
 Artículo 28

Artículo 3

Artículo 4
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Artículo 6
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Artículo 14
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Artículo 21

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