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Timestamp: 2019-02-23 13:57:50+00:00

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Boletín de Novedades núm. 10/2012 del mes de octubre
1. Las recientes elecciones catalanas justifican de forma especial el que demos noticia de la reforma de la Ley Orgánica de financiación de los partidos políticos (LO 5/2012, que reforma parciamente la LO 8/2007).
La reforma se justifica en primer lugar, como no, por la crisis económica y la necesidad de reducir el gasto público. Los recortes deben llegar también a los partidos políticos por la vía imperativa de la ley. De este modo se dispone la reducción de un 20% en las cantidades asignadas directamente a los partidos políticos, así como de otro 20% en la cuantía de las convocatorias públicas de subvenciones a las asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos políticos.
Pero la ley también impone otras medidas relativas a la financiación de los partidos con las que se trata de garantizar la neutralidad de los fondos destinados a los mismos. Así, se proscribe que los partidos políticos puedan recibir donaciones de empresas privadas que presten servicios o realicen obras para la Administración. También se impide que fundaciones privadas, asociaciones o entidades que reciban fondos públicos puedan después aportar recursos a los partidos. Por último, se prohíbe a las entidades de crédito condonar a los partidos más de 100.000.-€ al año. Se refuerzan también las sanciones y los mecanismos de transparencia.
2. En ejercicio de su poder normativo de desarrollo en materia energética la CNE aprobó la Circular 6/2012 de 27 septiembre que regula la gestión del sistema de “garantía de origen” de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia.
El objeto de la Circular es permitir la aplicación de la Orden ITC/1522/2007 que estableció la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. Con este fin establece que la garantía en origen es una acreditación en formato electrónico expedida a solicitud del interesado que dará cuenta del número de megavatios-hora de energía eléctrica producidos en una central en un período de tiempo determinado. Se garantiza además de este modo que los megavatios han sido generados a partir de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. La garantía la expide la CNE.
La Circular regula también el procedimiento para obtener la garantía en origen, su posible cancelación y las causas de denegación.
3. Debemos llamar la atención sobre el inicio de la tramitación en el Congreso de los Diputados de dos importantes proyectos de ley, el de creación de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y el de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de 28 julio de Costas.
El mes de octubre se inició en Cataluña con la convocatoria de elecciones al Parlamento catalán (Decreto 104/2012 de uno de octubre). No obstante, la producción normativa a través de Decretos y Órdenes se ha mantenido bastante activa a lo largo de todo este mes, destacando por su importancia el Decreto 135/2012 de 23 octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2009 de 22 julio de mediación en el ámbito del derecho privado.
Otra norma relevante es el Acuerdo del Gobierno GOV/97/2012 de 9 octubre de aprobación del Plan de la energía y cambio climático de Cataluña 2012 -2020, con el que se da continuidad al Plan 2011 -2014. El nuevo plan se sometió al trámite de información pública (artículo 23 de la Ley 6/2009), y se acompañó de la Memoria ambiental.
También debe ser destacado el Decreto 129/2012 de 9 octubre por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, impuesto creado por la Ley 5/2012 de 20 marzo y con el que se grava la singular capacidad económica de las personas físicas que se pone de manifiesto con la estancia en establecimientos turísticos. El Decreto se dicta “vistos” los dictámenes del Consejo de trabajo, económico y social y el de la Comisión Jurídica Asesora, lo que nos lleva a pensar que no se tienen en cuenta todas sus recomendaciones.
El reglamento precisa diversos aspectos de interés para la correcta gestión del nuevo tributo (cuota, exenciones, devengo, facturación y autoliquidación por el sujeto pasivo sustituto).
Germán FERNÁNDEZ FARRERES. Sistema de derecho administrativo. Ed. Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 923 páginas.
La docencia universitaria requiere básicamente dos cosas: un amplio conocimiento de la materia que se explica y capacidad didáctica para transmitir a los alumnos este conocimiento. Además, el profesor debe estimular la curiosidad de sus alumnos para animarles al estudio, poniendo para ello de relieve la realidad del origen de las normas y su vinculación con los conflictos sociales que tratan de ordenar.
Esta tarea docente debe ir acompañada, en todo caso, de un buen Manual de apoyo, de un texto bien ordenado y preciso que de cuenta de todo lo que el alumno debe conocer, y que el profesor iluminará en sus clases.
Este cometido lo cumple perfectamente el Sistema de Derecho Administrativo del profesor Germán Fernández Farreres, libro que como nos dice su autor en el prólogo “trata de explicar, de manera sintética y condensada, el contenido estructural del actual derecho administrativo, de sus instituciones, conceptos, técnicas y elementos característicos, los cuales determinan la configuración de una rama del ordenamiento jurídico verdaderamente singular, claramente diferenciada de todas las demás”.
Un Manual que, por otro lado, responde a la realidad del derecho administrativo actual, cuyas instituciones básicas, nos recuerda Fernández Farreres, siguen muy vinculadas a su construcción original, y cuya utilización debería en buena medida recuperarse. Los cambios en los fines y funciones del Estado han llevado a buscar fórmulas alternativas de actuación, pero no siempre el resultado de esta búsqueda ha sido acertado.
El autor reclama la revalorización de lo jurídico, y la recuperación de la posición central del derecho administrativo, tanto en su vertiente orgánica como funcional, para regular la organización y el funcionamiento del Estado. Un Estado que en el mundo globalizado actual está ciertamente perdiendo importantes cuotas de poder, si bien sus fines sociales no han desaparecido. Y al mismo tiempo un derecho que debe ocuparse de una administración que también se ve sometida al creciente poder de la sociedad a la que regula y dirige, en la medida en que el conocimiento ha pasado en buena medida al poder de dicha sociedad. Pero si queremos seguir optando por vivir en un Estado social y democrático de derecho, las instituciones propias del derecho administrativo siguen siendo un elemento fundamental de nuestra vida colectiva.
El libro que comentamos es, pues, un excelente Manual de derecho administrativo, pero su lectura puede ser útil no sólo a los alumnos de las facultades sino aquellos que se interesan por el buen funcionamiento de nuestros órganos de gobierno.
Documentación administrativa. Número 288. Monográfico dedicado a los Tribunales Administrativos de Recursos Administrativos, Central y Autonómicos. Coordinador: Martín Bassols Coma.
Aunque el número 288 de la revista Documentación Administrativa lleve por fecha la de septiembre-diciembre 2010, lo cierto es que acaba de aparecer este interesante número monográfico dedicado a la nueva regulación de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, Central y Autonómicos.
La creación de estos nuevos órganos administrativos de control de la actividad administrativa en materia contractual, en virtud de lo dispuesto en la Ley 34/2010 de 5 agosto (en la actualidad artículos 40 a 49 del TRLCSP 3/2011), plantea notables problemas de interés. Por un lado los problemas relativos a su organización, cuestión en la que encontramos respuestas de diverso signo en aquellas Comunidades Autónomas que ya los han creado. Por otro lado, los problemas relativos al procedimiento a través del cual se sustancia este nuevo recurso.
El número monográfico de la Revista Documentación Administrativa del que damos noticia se ocupa preferentemente del primer tema, esto es, de las cuestiones organizativas, dando amplia información sobre los procesos de creación de los diversos Tribunales Administrativos de recursos contractuales, apuntando también algunas de las principales cuestiones que plantea su régimen de actuación. Por ello este número monográfico ofrece una interesantísima información sobre esta nueva realidad administrativa
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL MES DE OCTUBRE
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE núm. 240, de fecha 5 de octubre de 2012).
• Decreto 72/2012, de 7 de septiembre, de modificación del Decreto 110/2011, de 25 de noviembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2012, a efectos del cómputo de plazos administrativos (BOE núm. 241, de fecha 6 de octubre de 2012).
• Resolución de 25 de septiembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico (BOE núm. 243, de fecha 9 de octubre de 2012).
• Corrección de errores del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE núm. 251, de fecha 18 de octubre de 2012).
• Decreto-ley 2/2012, de 8 de octubre, para la implementación en la Comunidad Autónoma de Extremadura de las medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas aprobadas por el Estado (BOE núm. 253, de fecha 20 de octubre de 2012).
• Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos (BOE núm. 255, de fecha 23 de octubre de 2012).
• Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal (BOE núm. 261, de fecha 30 de octubre de 2012).
• Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (BOE núm. 261, de fecha 30 de octubre de 2012).
• Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero (BOE núm. 262, de fecha 31 de octubre de 2012).
• Circular 6/2012, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia (BOE núm. 262, de fecha 31 de octubre de 2012).
• Proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
• Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
• Proyecto de Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
• Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior.
• Proposición de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, con el fin de equiparar la pensión de orfandad al Régimen General de la Seguridad Social.
• Proposición de Ley de medidas contra el desahucio, el sobrendeudamiento y la insolvencia.
• DECRETO 104/2012, de 1 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución (DOGC núm. 6224, de 2 de octubre de 2012).
• ACUERDO GOV/97/2012, de 9 de octubre, de aprobación del Plan de la energía y cambio climático de Cataluña 2012-2020 (DOGC núm. 6231, de 11 de octubre de 2012).
• ORDEN AAM/299/2012, de 3 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la realización de proyectos piloto innovadores para el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos para hacer frente al cambio climático y apoyar las energías renovables, la gestión del agua y la biodiversidad, y se convocan las correspondientes al año 2012 (DOGC núm. 6231, de 11 de octubre de 2012).
• Resolución de 15 de octubre de 2012, de publicación del procedimiento de valoración de las causas de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña alegadas por los entes locales y del procedimiento de comunicación al Departamento Competente en materia de Administración local de dichos incumplimientos (DOGC núm. 6238, de fecha 23 de octubre de 2012).
• Decreto 129/2012, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (DOGC núm. 6238, de fecha 23 de octubre de 2012).
• Orden GRI/320/2012, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para seleccionar operaciones de los entes locales susceptibles de cofinanciación por el FEDER Cataluña 2007-2013, ejes 2 y 4, y se abre la convocatoria para presentar solicitudes (DOGC núm. 6239, de fecha 24 de octubre de 2012).
• Orden GRI/321/2012, de 18 de octubre, de modificación de la Orden GAP/188/2009, de 14 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para seleccionar proyectos de municipios con una población de derecho de hasta 2.000 habitantes susceptibles de cofinanciación por el FEDER Cataluña 2007-2012, eje 4, mediante el programa “Viure al poble”, y se convoca el plazo de presentación de solicitudes (DOGC núm. 6239, de fecha 24 de octubre de 2012).
• Acuerdo GOV/105/2012, de 23 de octubre, de formulación de la modificación del Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales y de establecimiento de una moratoria en la admisión a trámite de las solicitudes correspondientes a las infraestructuras de gestión de residuos relativas a depósitos controlados de clase II en el marco del Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales (DOGC núm. 6240, de fecha 25 de octubre de 2012).
• Decreto 135/2012, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado (DOGC núm. 6240, de fecha 25 de octubre de 2012).
• Resolución GRI/2242/2012, de 19 de octubre, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa (DOGC núm. 6244, de fecha 31 de octubre de 2012).
• Resolución GRI/2243/2012, de 19 de octubre, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012 (DOGC núm. 6244, de fecha 31 de octubre de 2012).
• Resolución GRI/2244/2012, de 19 de octubre, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (DOGC núm. 6244, de fecha 31 de octubre de 2012).
01/2013. Boletín de Novedades núm. 11/2012 del… 11/2012. Boletín de Novedades núms. 8 y 9/2012…

References: Resolución 
 Real Decreto 
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