Source: https://besosdegato.com/2020/05/06/medidas-judiciales-amparan-a-los-gatos-callejeros-en-espana-durante-la-emergencia-por-coronavirus-covid-19/
Timestamp: 2020-07-12 19:25:50+00:00

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Medidas judiciales amparan a los gatos callejeros en España durante la emergencia por coronavirus covid 19 - Gatos, etología felina, salud del gato, adoptar gato
En Sevilla, aunque la mayoría de las personas cuidadoras que alimentan a los gatos callejeros son simpatizantes voluntarios de los animales que de forma altruista gastan dinero de su propio bolsillo por el bienestar de los felinos silvestres, también hay personal del zoosanitario de Sevilla que visita las colonias de gatos ferales al menos tres veces en semana para labores de alimentación, depositando en recipientes adecuados pienso seco y húmedo apto para gatos, así como agua fresca, realiza tareas de desparasitación y anualmente campañas de esterilización para controlar la natalidad y evitar el drama de las camadas de gatitos que luchan por sobrevivir.
1 Colonias felinas de gatos callejeros en Sevilla
1.1 Colonias felinas de gatos callejeros en el cementerio de San Fernando, Sevilla
1.2 Salvoconductos del Juzgado Contencioso Administrativo para alimentar a los gatos callejeros en Sevilla
Las personas alimentadoras de los gatos callejeros mantienen las pautas sanitarias durante la emergencia por coronavirus covid-19 al utilizar guantes y mascarillas en su equipo de protección, así como dilatar el tiempo todo lo posible al abastecer de comida y agua de modo que los felinos silvestres tengan víveres para al menos tres días o más sin pasar hambre.
Operarios de parques y jardines cuidan de la fauna silvestre dentro de los parques cerrados de Sevilla como los patos del parque del Tamarguillo en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca de Sevilla, donde transcurren los cauces de los arroyos del Tamarguillo y de la Ranilla mientras el zoosanitario de la capital andaluza asume la alimentación y el control veterinario de las colonias de gatos del resto de la ciudad, incluida la colonia de felinos ferales existente en el cementerio municipal de San Fernando. Desde el pasado 30 de marzo hasta el 17 de abril de 2020, se habían realizado 534 visitas, de las cuales 89 correspondían al equipo veterinario. El zoosanitario de Sevilla dispone de pienso almacenado para los animales abandonados en las instalaciones municipales, pero se ha realizado una compra extraordinaria de 1500 kilos de pienso seco y 80 kilos de comida húmeda para los gatos callejeros.
Colonias felinas de gatos callejeros en Sevilla
Los operarios y cuidadores de animales del zoosanitario municipal de Sevilla realizan indagaciones sobre ubicaciones de otras posibles colonias de gatos ferales, para lo que se ha solicitado colaboración de las entidades animalistas y simpatizantes de los gatos con el objetivo de que ningún gato feral quede en la ciudad sin atención de comida y agua, se creó un correo electrónico específico, coloniasfelinas(arroba)sevilla.org. Los profesionales veterinarios realizan visitas aleatorias a las colonias felinas detectadas, donde se revisa el estado sanitario de los gatos callejeros en su hábitat, se comprueba si ha aparecido algún felino nuevo en el territorio, se identifica a los felinos esterilizados con el marcaje característico del corte en la oreja y quedan censados los ejemplares de cada colonia felina urbana.
El trabajo de protección de la fauna silvestre donde se incluye a los gatos callejeros se coordina con el área de parques y jardines para colonias existentes en los parques cerrados durante la emergencia sanitaria por coronavirus covid-19. Para las colonias felinas en el cementerio de San Fernando, el ayuntamiento de Sevilla dotará de credenciales a las personas simpatizantes de los gatos que han trasladado que quieren colaborar en las tareas de alimentación, siguiendo las indicaciones de la autoridad judicial que ha definido en un auto que en el Estado de Alarma se pueden conceder salvoconductos con una serie de condicionantes a una asociación animalista para colaborar en las tareas de alimentación de las colonias felinas como medida de excepción en las restricciones a la circulación de personas establecidas por el Gobierno en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la pandemia del coronavirus covid-19.
El auto judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla establece que, durante el vigente Estado de Alarma y las restricciones a la movilidad y circulación de las personas, las credenciales para la alimentación de gatos callejeros tan sólo podrán ser utilizadas por parte de los voluntarios para la alimentación de las colonias felinas, dicha actividad deberán realizarla de forma programada, en los lugares concretados previamente donde depositar recipientes de comida y agua, en horario especificado, en la franja horaria diaria que sea el tiempo exclusivamente necesario para abastecer a los gatos de las colonias felinas, y por el tiempo imprescindible, todo ello ha de ser comunicado al zoosanitario de Sevilla.
En todo momento las colonias de gatos han estado atendidas por parte de los profesionales del zoosanitario municipal y con recursos propios. «Bienvenida sea la colaboración de las entidades animalistas, de ahí que se arbitrarán las credenciales para los voluntarios según determina el auto contencioso administrativo, dado que la administración local no tiene competencias para autorizar excepciones al Real Decreto estatal vigente de Estado de Alarma», ha explicado el delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, quien ha recordado además el refuerzo que ha habido en el zoosanitario para afrontar las tareas encomendadas durante esta crisis sanitaria en el seno del comité municipal de seguimiento contra la pandemia del coronavirus covid-19.
Sin duda, el párrafo más chocante en el comunicado del ayuntamiento de Sevilla, cuando es sabido que si los gatos callejeros han tenido protección ha sido siempre por la simpatía de quienes los abastecen de comida, personas cuidadoras anónimas que compran los alimentos para los gatos silvestres de su propio bolsillo, sin ninguna ayuda institucional; la ciudadanía como brigada gatuna, frente a los operarios del zoosanitario. Pasaron décadas hasta que una concejalía de medioambiente se preocupara por cuidar de los gatos callejeros dejando que vivieran en paz dentro de sus grupos sociales, sin maltratarlos como si fueran plagas a erradicar.
Si se institucionalizaron los planes de control de natalidad en colonias felinas o las autorizaciones desde la administración local a las cuidadoras de gatos callejeros para alimentarlos sin ser multadas por policías en aplicación de ordenanzas municipales fue por motivos de proyección de buena imagen pública de los políticos aspirantes a gobernar o para mantenerse en la alcaldía, fingir por intereses electorales que los zoosanitarios habían pasado a ser modernos centros de protección animal con sacrificio cero pese a un oscuro pasado como campos de concentración y exterminio.
Colonias felinas de gatos callejeros en el cementerio de San Fernando, Sevilla
Las colonias de gatos del cementerio de Sevilla recibieron a partir del 24 de marzo de 2020 alimento por parte de operarios del zoosanitario del ayuntamiento de Sevilla. El consistorio sevillano reacciona así a las quejas ciudadanas que se habían lanzado desde las redes sociales a raíz de una campaña de firmas lanzada en change.org para alertar de la falta de comida para los gatos del cementerio de San Fernando, Sevilla desde que el camposanto está cerrado durante el Estado de Alarma por la emergencia sanitaria del coronavirus covid-19.
Ante las quejas ciudadanas, el ayuntamiento de Sevilla respondió que estaba planificado que el zoosanitario alimentara a los gatos del camposanto para evitar que la gente salga de su vivienda mientras dura el confinamiento obligado durante la cuarentena por el coronavirus covid-19, pero que “se haría desde finales de marzo porque hasta entonces había otras prioridades urgentes”. Según el texto de la petición en Change.org para recaudar 5000 firmas como protesta, decenas de gatos habían quedado confinados, aislados y olvidados en el cementerio de Sevilla, desde que se decretó el Estado de Alarma, a partir del 14 de marzo de 2020, se cerraron parques y espacios públicos.
Mientras el director de Parques y Jardines de Sevilla permite que “las cuidadoras de gatos puedan seguir asistiendo a las colonias felinas allí existentes sin que tengan impedimento alguno, el director del cementerio de San Fernando, Sevilla, ni quiere ni ha querido nunca que se cuide la colonia de gatos silvestres que vive allí como ángeles custodios”.
Desde hace más de dos años, distintas asociaciones, organizaciones y particulares simpatizantes de los animales están solicitando al director del cementerio autorización para cuidar y mantener dicha colonia de gatos silvestres, “obteniendo una y otra vez la callada por respuesta. Ni le interesa ahora ni le ha interesado nunca el bienestar de estos animales, tiene cero solidaridad y empatía hacia los gatos”.
En el texto, publicado por Carmen Bermúdez, se asegura que estos gatos han sido alimentados hasta que se decretara el Estado de Alarma pero “ante la situación extrema que padecemos y el cierre de estos espacios públicos, los gatos del cementerio de Sevilla llevan ya ocho días sin recibir alimento alguno”.
Concluye el texto de la campaña por los gatos del cementerio de Sevilla durante el confinamiento por la propagación del coronavirus covid-19: “vamos todos a denunciar esta inhumana actitud que incumple gravemente las leyes y decretos que protegen el derecho de los animales sobre todo ante algo tan básico como es la alimentación. Ayuda para estas criaturas”.
La asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal y el Movimiento Ciudadano para la Defensa de los Derechos de los Animales Abandonados argumentaron que la falta de alimentación para los sufridos gatos callejeros durante varias semanas llevaría a la muerte de los felinos silvestres, el brote de otras enfermedades por la descomposición de sus cuerpos y a otros riesgos para la salud pública como la aparición de animales carroñeros, ratas e insectos. Todo ello pone de manifiesto que mantener a los gatos callejeros alimentados y con controles sanitarios junto con el método de captura, esterilización y retorno va en beneficio de la salud pública y la higiene de los espacios de convivencia.
Salvoconductos del Juzgado Contencioso Administrativo para alimentar a los gatos callejeros en Sevilla
El ayuntamiento de Sevilla negó a las asociaciones protectoras de animales autorización para seguir alimentando a las colonias de gatos silvestres durante las primeras semanas tras decretarse el Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, pero el magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla, en un auto judicial de medidas cautelares indicó que los desplazamientos de estas personas deben incluirse entre los autorizados para “la alimentación, rescate y cuidado veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos urbanos”, según criterios jurídicos interpretativos de atención a animales durante la crisis del coronavirus covid-19 en la Instrucción del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo de 2020.
“Es evidente que el real Decreto 463/2020” de Estado de Alarma no hace mención a los gatos callejeros, recuerda el ínclito juez Rafael Tirado Márquez, pero añade que se han dictado a continuación numerosas resoluciones administrativas como el pionero auto 117/2020 del 14 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, dictado por el magistrado-juez Salvador Bellmont Lorente sobre el recurso procesal presentado por CES Gatos Villajoyosa, para perfilar los distintos sectores necesitados de protección, “indudablemente también referidos a la protección de los animales, que merecen atención y cuidado”.
El mediático juez Rafael Tirado Márquez destaca en su resolución que la Ordenanza Municipal de Protección y Tenencia Responsable de Animales autoriza bajo determinadas condiciones a las entidades sin ánimo de lucro a “prestar atención, vigilancia sanitaria y alimentación” a las colonias de gatos ferales. Apostilla el juez Rafael Tirado Márquez, en las medidas cautelares de su auto judicial contencioso-administrativo: “tampoco debe olvidarse la importancia del voluntariado en el marco del Estado de Alarma, no solo porque coopera y auxilia en distintos ámbitos públicos o cubriendo necesidades a las que no llegan las administraciones gubernamentales, sino porque aportan su capital humano y su capacidad logística”.
El juez Rafael Tirado Márquez accede a la medida cautelar y autoriza a los voluntarios a alimentar las colonias felinas “en horario especificado, por el tiempo imprescindible” y tras comunicarlo al ayuntamiento. El consistorio, por su parte, debe otorgar los salvoconductos al listado de voluntarios aportado por las asociaciones de protección animal para que puedan acreditarse ante los agentes cuando les sea requerido en su acceso a parques públicos cerrados, recintos públicos de cualquier naturaleza y cementerio municipal de San Fernando, Sevilla, para colaborar en la alimentación de la fauna silvestre como los gatos callejeros.
Ante la dejadez del ayuntamiento de Sevilla y las versiones contradictorias en los comunicados del consistorio y la dirección del cementerio de San Fernando, Sevilla, tras el auto judicial de medidas cautelares para autorizar la entrada de las cuidadoras que alimentan a los gatos callejeros, fueron emitidos autos ampliatorios el día 28 de abril de 2020 de las diligencias iniciales del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3.
Según fuentes fidedignas del diario de Sevilla, el juez Rafael Tirado Márquez requirió ya en mayo de 2020 al ayuntamiento para que “de forma inmediata y en todo caso dentro del plazo de 48 horas siguientes” a su comunicación, cumpla las medidas cautelares de su auto del 28 de abril de 2020, que ordenó dar credenciales durante la emergencia por coronavirus covid-19 para alimentar a los gatos silvestres a las 38 personas identificadas por el Movimiento Ciudadano para la Defensa de los Derechos de los Animales Abandonados y la asociación de Abogacía Andaluza por la Defensa Animal.
El magistrado titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla, en un nuevo auto judicial del 4 de mayo de 2020, advierte al consistorio de Sevilla que si no cumple lo ordenado en el plazo de 48 horas, adoptará las medidas coercitivas previstas por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El citado texto legal, en su artículo 112, prevé que si transcurrido el plazo señalado para el total cumplimiento del fallo sin obtener respuesta de la Administración, el juez o tribunal adoptarán “las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado”. Entre ellas, deducir testimonio para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder e imponer multas coercitivas de entre 150 y 1500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado, así como reiterar esas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, “sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales”.
El juez Rafael Tirado Márquez pide al Ayuntamiento de Sevilla que, antes del 7 de mayo de 2020 como fecha de vencimiento de plazo, informe al Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla cual es el servicio encargado de cumplir lo acordado en el auto judicial de medidas cautelares del 28 de abril, así como “funcionarios encargados de la ejecución de la resolución judicial dictada”, esto es, quien tiene la autorización reconocida de alimentar a los gatos callejeros hasta que no se alcance la fase de desescalada de la emergencia sanitaria tras la noventena por coronavirus covid-19.
Cualquier persona aficionada al Derecho y experimentada en noticias jurídicas habrá reconocido al infame magistrado Rafael Tirado Márquez, actual titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla, que fue titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla hasta el año 2008, objeto de la apertura de una investigación disciplinaria por Consejo General del Poder Judicial con motivo de “pasividad” y “dejación de funciones” dado que el juez Rafael Tirado Márquez no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al delincuente que al estar libre sin haber ingresado en prisión, posteriormente fue detenido por causar la muerte de la niña Mari Luz Cortés.
La comisión disciplinaria abrió un expediente al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, por una falta muy grave de desatención del artículo 417-9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que puede ser castigada con la suspensión temporal, el traslado forzoso o la separación definitiva de la carrera judicial. A pesar de la gravedad de las negligencias en hacer cumplir las condenas firmes y las consecuencias nefastas que tuvo la consciente demora y dilaciones indebidas, no hubo ninguna suspensión al juez.
“Dada la pasividad del magistrado-juez titular, la dejación de funciones y la ausencia de control de la actividad desarrollada por los funcionarios del Juzgado, puede concluirse que pudo incurrir en conducta susceptible de reproche disciplinario”, según el informe que elaboró entonces el jefe de la Inspección, José María Gil Sáez.
Un informe de la comisión disciplinaria contra Rafael Tirado Márquez que se convirtió en otra conjura corporativista del Consejo General del Poder Judicial para encubrir a un compadre, ya que proponía también archivar la investigación abierta al juez Javier González de la Audiencia de Sevilla, que tardó casi tres años -lapso temporal entre la deliberación de la causa y el dictado de la sentencia fue de dos años y siete meses- en confirmar la sentencia dictada por el juez Rafael Tirado Márquez, porque la falta muy grave de desatención en la que podría haber incurrido ha prescrito y queda extinta la responsabilidad penal en el año 2005, por lo que otro juez prevaricador quedó impune en connivencia y compadreo desde el Consejo General del Poder Judicial.
Santiago del Valle, autor de la muerte de la niña onubense Mari Luz Cortés en el año 2008, había sido ya condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor y en sus antecedentes penales de larga trayectoria delictiva contaba con otra condena de dos años de cárcel que dictó el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla en diciembre de 2004 por agredir sexualmente a otra menor. La primera sentencia fue confirmada por la Audiencia Provincial de Sevilla en diciembre de 2005, pero la ejecutoria con ingreso en un psiquiátrico penitenciario del pederasta Santiago del Valle no se aplicó entre los años 2006 y 2008 dado que el reo se negó a entrar en prisión, no compareció y permaneció fugado de la justicia. El 17 de enero y el 20 de marzo de 2006 intentaron desde el Juzgado Penal de Sevilla localizar al condenado para su ingreso en prisión. Durante los diecisiete meses posteriores ninguna diligencia judicial se realizó hasta que a través de la brigada de policía judicial intentan averiguar el domicilio de su mujer para apresarlo. El 27 de marzo de 2008 el juez Rafael Tirado Márquez emitió una orden de busca y captura contra Santiago del Valle, cuando ya había sido detenido justo antes por el secuestro y asesinato de la niña Mari Luz. Se descubrió entonces que había eludido ser encarcelado a pesar de tener condenas firmes.
La inspección de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial entendió que desde que se celebró el juicio y hasta la remisión de las actuaciones a la Audiencia de Sevilla para resolver los recursos interpuestos la tramitación del litigio fue suficientemente ágil, pero no ocurrió lo mismo una vez que fue devuelta la causa de la Audiencia de Sevilla al Juzgado de lo Penal número 1, que debió aplicar la firmeza de la sentencia condenatoria, con el ingreso en prisión del reo Santiago del Valle. La ejecutoria de la sentencia no se llegó a cumplir “como consecuencia de trámites dilatorios, errores y omisiones en la tramitación de la ejecutoria la demora ha sido de dos años, dos meses y nueve días”.
Santiago Del Valle abusó de su propia hija, delito de maltrato familiar, violencia infantil con atentado contra la libertad sexual que tanto provoca indignación, repulsa y alarma social, como hace muy difícil la reinserción del delincuente con trastornos psiquiátricos, con el permanente riesgo de que siga cometiendo más delitos de la misma tipicidad de forma reincidente. Por eso es necesaria incluso una mayor diligencia en la ejecución de sentencias contra este tipo de delincuentes.
Al inicio del proceso judicial contra el pederasta Santiago del Valle, la actividad del juez Rafael Tirado Márquez pareció correcta, ya que una vez recibida la sentencia firme dictó el auto adecuado para iniciar la ejecución de la misma, pero a continuación no existió “ninguna actividad -profesionalmente exigible- de supervisión y control de resto de los actos procesales necesarios para obtener la plasmación de lo por él decidido”.
Atendiendo al mandato constitucional del artículo 117.3 de la Constitución española de 1978 “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes” se produjo una falta muy grave por no dictar las resoluciones necesarias para ejecutar lo dictado, que es una obligación inaplazable e indelegable del juez.
A criterio del entonces jefe de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, José María Gil Sáez: “la ausencia de dación de cuenta por la secretaria judicial (…) -sin perjuicio de su valoración disciplinaria por quien corresponda- no exonera de la obligación profesional del juzgador del deber de supervisión y control del estado de la ejecución de la sentencia”. La inspección judicial del Consejo General del Poder Judicial propuso la remisión de las actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía “en orden a que valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria”.
El juez Rafael Tirado Márquez alegó una década atrás que había excesiva acumulación de procesos judiciales, saturación y falta de medios, así como que la funcionaria que llevaba el expediente del proceso judicial estuvo de baja, sin embargo ningún esfuerzo hizo el magistrado por lograr averiguar el paradero del peligroso delincuente y lograr la captura e ingreso en prisión del pederasta Santiago del Valle. Tras las divagaciones de los vocales de acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, finalmente todo quedó en la irrisoria sanción de dos años de suspensión de funciones a la secretaria del Juzgado Penal número 1 de Sevilla y con una bochornosa multa de 1500 euros al juez Rafael Tirado Márquez.
En otro informe separado, la Inspección del Consejo General del Poder Judicial propone el archivo de medidas disciplinarias por la misma razón de la investigación abierta a los Juzgados de instrucción de Gijón, que tramitaron diligencias contra Santiago del Valle por abusos a otra menor, comportamientos delictivos reincidentes tan graves como para que estuviera en prisión y vigilancia psiquiátrica.
El juez Rafael Tirado Márquez ya había sido investigado -y también escandalosamente encubierto- por el Consejo General del Poder Judicial en el año 1995 por su desidia en la tramitación de una denuncia de maltrato familiar cuando estaba destinado en el Juzgado de Lora del Río, Sevilla.
Se trataba de una denuncia de malos tratos a una niña de dos años por parte de su padre. El 15 de diciembre de 1993 se recibió en el Juzgado un parte médico que daba cuenta de que en la noche del 11 de diciembre la pequeña había recibido asistencia médica por los hematomas que presentaba en la espalda, glúteos y ambas partes del cuello. En el documento figuraba que las lesiones, calificadas de leves, se debían a una agresión paterna, según denuncia de la madre. El juez Rafael Tirado Márquez no abrió diligencias hasta el 21 de diciembre. No ordenó el reconocimiento inmediato de la menor por parte del médico forense del Juzgado, que la examinó por primera vez el 19 de enero de 1994, cuando ya no había rastro de los golpes, sin dar ninguna medida cautelar de protección. Se tomó otro mes más, hasta el 22 de febrero de 1994, para tomar declaración al padre. Acabó calificando los hechos como falta, lo que dio lugar a un recurso del fiscal, que estimaba que se había producido un delito.
El Consejo General del Poder Judicial consideró que Tirado había incurrido en una “manifiesta negligencia” en un proceso penal “que debió atender inmediatamente por tratarse de malos tratos sufridos por una niña de dos años, en total indefensión”. El Tribunal Supremo coincidió plenamente con el órgano de gobierno del Poder Judicial y confirmó la ridícula sanción impuesta al juez: 50 000 pesetas de multa -300 euros de calderilla- por una falta disciplinaria de carácter grave, cuando ya entonces debió ser inhabilitado por prevaricación judicial.
Para el Tribunal Supremo, las circunstancias del caso exigían “la inmediata actuación del juez para tutelar los derechos de la niña, determinar la naturaleza y gravedad de las lesiones con un examen completo por parte del médico forense e intentar averiguar, sin dejar transcurrir un importante lapso de tiempo, las circunstancias concurrentes y la persona del agresor”. Pese a la terminología jurídica rimbombante, no dejó de ser otro encubrimiento con caricia en la espalda al inepto magistrado con multas económicas que no son más que calderilla para el salario de un juez desde su primer destino en la judicatura como en su escalafón de la carrera judicial como magistrado.
En junio del pasado año 2019, la Audiencia Provincial de Huelva confirmó que el pederasta Santiago del Valle, asesino de la pequeña Mari Luz Cortés en enero de 2008 en Huelva, no obtendrá rebaja alguna de las condenas pendientes por todos sus delitos y permanecerá en prisión hasta cumplir 30 años, 38 meses y 37 días. La Audiencia Provincial de Huelva desestimó como solicitaba la Fiscalía la petición del representante procesal del pederasta del máximo de cumplimiento efectivo, lo que supondría la acumulación de penas de delitos conexos y una posible rebaja de varios años en prisión. Cuando ingresó en prisión en marzo de 2008 tras su detención por el asesinato de la niña onubense Mari Luz Cortés, el pederasta no había cumplido pena alguna de las seis condenas por abusos a menores, atentado contra la libertad sexual y asesinato.
Solamente quien desconozca el pasado del infame juez Rafael Tirado Márquez en su trayectoria dentro de la carrera judicial puede felicitarlo con tanto entusiasmo por sus recientes autos de medidas cautelares en derecho contencioso-administrativo para la alimentación de la fauna silvestre en Sevilla ante la inoperancia y lentitud en el ayuntamiento para facilitar las acreditaciones para las cuidadoras de los gatos callejeros y la colonia de felinos ferales del cementerio de San Fernando, Sevilla. Por mucho que toda persona merezca más de una oportunidad a pesar de que sus graves errores y omisiones tengan consecuencias nefastas, Rafael Tirado Márquez las agotó todas allá en el año 2006.
Y así estamos en #Sevilla
¡Qué vergüenza que tenga que llegar a los juzgados la aplicación de la norma ! #CER https://t.co/6TS6iNWYGL
— Agnes Dufau (@catadicta) April 18, 2020
Felicidades al juez #RafaelTirado y a la @AbogaciaADA #DerechoAnimal por esta resolución. 👏👏
Coronavirus: El juez ordena dar salvoconductos para alimentar a los gatos callejeros https://t.co/eo7IOxsYnV vía @diariosevilla
— Mª del Mar Carnero (@m_carnero) April 18, 2020
Es una triste casualidad que más de una década después sea el desmemoriado juez Rafael Tirado Márquez como titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla quien haya dictado las medidas cautelares para que el ayuntamiento de Sevilla autorice la alimentación de los gatos callejeros en espacios públicos cerrados durante la emergencia sanitaria por coronavirus covid-19, parques, jardines y especialmente el cementerio de San Fernando, Sevilla.
Pero no deja de sorprender la coincidencia de que el intervalo económico de multa coercitiva que el juez Rafael Tirado Márquez enarbola para amenazar a los funcionarios municipales del ayuntamiento de Sevilla por supuesta prevaricación administrativa con motivo de demora, dilaciones indebidas, negligencia, pasividad y dejadez de funciones correspondan en terminología y en cuantía a las irrisorias multas de calderilla hasta 1500 euros que el entonces titular del Juzgado Penal número 1 de Sevilla abonó en un escandaloso encubrimiento por su negligencia notoria en la ejecutoria de sentencias condenatorias en casos de violencia y abusos contra menores como el pederasta Santiago del Valle, sin que el amnésico magistrado Rafael Tirado Márquez fuera suspendido por prevaricación judicial en la judicatura por la connivencia del Consejo General del Poder Judicial.
Final del asunto: una cuestión tan sencilla y de sentido común para la salud pública como mantener abastecidos y cuidados a los gatos callejeros en la fauna silvestre de las ciudades nunca debió requerir medidas judiciales para hacer cumplir los criterios jurídicos de un Real Decreto del gobierno ni permisos autorizados desde el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Derechos de los Animales, por más que algunos ayuntamientos pretendieran invertir la jerarquía política y territorial al aplicar desfasadas ordenanzas medioambientales ante la psicosis por la propagación del coronavirus covid-19.
Jornadas Felinas Andaluzas 2020 | Parte 4
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References: artículo 7
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 artículo 112
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 artículo 417
 artículo 117
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