Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421387L.html
Timestamp: 2019-03-20 11:38:52+00:00

Document:
as201421387L
Auto Supremo: Nº 387
Expediente: C-58-11-S
VISTOS: El Recurso de Casación interpuesto por Alicia Soruco Vda. de Campero de fojas 158 a 165, contra el Auto de Vista N° 73 de fecha 24 de febrero de 2011, cursante a fojas 153 a 154 vuelta, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de REIVINDICACION Y OTROS seguido por Ángel Gonzalo Campero Marañón y Eve Norma Ferrufino de Campero contra la recurrente, los antecedentes procesales, la contestación al recurso de fojas 169 a 170 vuelta, el auto de concesión del recurso de fojas 171; y,
ANTECEDENTES DEL PROCESO: Que, durante la tramitación del proceso, el Juez de Partido 6º en lo Civil de Cochabamba, pronunció Sentencia Nº 18.2008, de fecha 7 de marzo de 2008, cursante a fojas 124 a 129 vuelta de obrados, declarando PROBADA la demanda principal formulada por Ángel Campero Marañon y Eve Norma Ferrufino de Campero, improbadas las excepciones perentorias de prescripción, falta de acción y derecho, falsedad, ilegalidad e improcedencia formuladas por Alicia Soruco Vda. de Campero. En consecuencia se declara la inexistencia de derechos de la demandada respecto al bien inmueble motivo de la litis, se dispuso que una vez ejecutoriada la presente Sentencia, en el plazo de 90 días desaloje el referido inmueble y entregue el mismo totalmente desocupado a favor de sus propietarios Ángel Campero Marañón y Eve Norma Ferrufino de Campero, bajo conminatoria de expedir mandamiento de desapoderamiento. Se condenó a la demandada al pago de daños y perjuicios, averiguables en ejecución de sentencia.
Contra la referida resolución la demandada interpuso recurso ordinario de apelación, mismo que radicó en la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, emitiéndose el Auto de Vista N° 73 de fecha 24 de febrero de 2011, cursante a fojas 153 a 154 vuelta, por el que se confirmó la Sentencia apelada, con costas.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION.- Contra la referida Resolución de Vista la demandada Alicia Soruco Vda. de Campero, interpuso el recurso de casación en la forma y en el fondo, con los argumentos que expone en el memorial de fojas 158 a 165, recurso que es resumido a continuación.
Casación en la forma.- La recurrente insiste en que se vulneró el debido proceso, en el tema de competencia, al existir situaciones referentes a bienes gananciales que pertenecen al ámbito familiar, debiendo anularse el proceso. Asegura que el presente proceso de acción reivindicatoria no debió tramitarse ante el Juzgado de Partido en lo Civil, sino en un juzgado de partido de familia que tiene competencia para conocer y decidir el aspecto ganancial del inmueble, frente a cualquier acción real o mixta, debido a la prioridad de las normas de derecho de familia, por lo que el Auto de Vista infringió los artículos 122 de la Constitución Política del Estado y 15 de la Ley de Organización Judicial. Otro cuestionamiento que se hace es la falta de citación con la demanda a las otras personas desconocidas contra quienes también se instauró la demanda, provocándoles indefensión.
Casación en el fondo.- Manifiesta no haberse considerado las pruebas dentro del marco de la licitud, pues las pruebas (fojas 39 a 43, 47 a 56), demuestran que los demandantes plantearon su demanda de mala fe, con dolo y temeridad, negando la existencia de la transferencia realizada a favor de su difunto esposo. Que por documento de fojas 64, se ha reconocido la autenticidad de los sellos y firmas en las fotocopias, motivo suficiente para declarar improbada la demanda y probadas las excepciones planteadas. Asimismo no se consideró que el juez no tenía competencia para conocer o definir sobre la ganancialidad del inmueble. No hubo un pronunciamiento legal sobre las pruebas aportada a fojas 39 a 43, (fotografías e inspecciones) que revelan que las construcciones fueron edificadas con dineros de ambos esposos, situación que la Sentencia y el Auto de Vista lo desconoce, otorgando la reivindicación del lote y las mejoras hechas. De lo referido, dice, ser evidente no haberse valorado correctamente las instituciones demandadas, cayendo en causales de casación del artículo 253 -1), 2) y 3) del Código de Procedimiento Civil, solicitando a este Tribunal se anule obrados o casar el Auto de Vista recurrido declarando improbada la demanda y probadas las excepciones.
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Que, con carácter previo a la resolución de la causa, conviene precisar que de acuerdo a la amplia doctrina y jurisprudencia de este Tribunal, "... la reivindicación es una acción real establecida en defensa de la propiedad y la posesión que emerge de ella o "jus possidendi" distinta del "jus posesionem" que informa a la de hecho. Por ello el artículo 1453 del Código Civil, discurre en sentido de que el "propietario" que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o detenta...". De esta afirmación se infiere que el objeto de la interposición de esta acción es el reconocimiento, protección y libre ejercicio de un derecho real inmobiliario. Así lo señala también el tratadista Dr. Raúl Romero Sandoval, en su libro "Derechos Reales", al enfatizar que la acción reivindicatoria es la acción ejercida por una persona que reclama la restitución de una cosa de la que se cree propietario. Se funda en la existencia del derecho de propiedad y tiene por finalidad la obtención de la posesión, o dicho de otra manera, la acción reivindicatoria es la acción concedida al propietario para permitirle que se le reconozca su derecho y sancionarlo, ya que se encamina al reconocimiento del fondo del derecho y no al simple hecho de la posesión.
El artículo 1453 del Sustantivo Civil, al establecer entre las acciones en defensa de la propiedad a la acción reivindicatoria, señala que ésta se halla reservada al "propietario que ha perdido la posesión de una cosa". Lo que significa que el primer requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda.
En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues en estas últimas sí es precisa la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero.
Por otro lado, conviene también precisar que en su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio con la finalidad de crear la convicción del juzgador, en el ejercicio de esta atribución, las pruebas producidas deben ser apreciadas por los jueces de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, esto es lo que en doctrina se denomina el sistema de apreciación legal de la prueba, puesto que el valor probatorio de un determinado elemento de juicio está consignado con anticipación en el texto de la ley; o, la apreciación de los medios probatorios deben efectuarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, que constituye una categoría intermedia entre la prueba legal y de libre convicción, entendiendo con Couture, que las reglas de la sana crítica son, ante todo las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. En consecuencia, el Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecional o arbitrariamente.
Con estos referentes doctrinales, ingresamos a resolver los recursos planteados.
En cuanto al recurso de casación en la Forma.- Que, es oportuno señalar que en materia de nulidades, rige el principio de especificidad como describe el artículo 251 inciso 1), en virtud del cual ningún trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere determinada previamente en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidades, debe hacer un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley. Se sustenta en el ánimo de contener los frecuentes impulsos de los litigantes, que son propensos a hallar motivos de nulidad en las actuaciones procesales; principio que es acompañado por el de trascendencia, por el cual no existe nulidad si la violación no tiene importancia, por aquello de que "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que para dar lugar a la nulidad es preciso que la infracción haya ocasionado algún gravamen. Demás está decir también, que en virtud del principio de convalidación, toda violación de forma, que no es reclamada oportunamente por quien se sienta perjudicado, se considera convalidada con el consentimiento tácito.
Respecto a la denuncia de incompetencia del Juez de Primera Instancia, debemos indicar que el “thema decidendum sustancial” del proceso es la acción reivindicatoria, como primera petición, seguido de acción negatoria, que se halla descrita y regulada para el conocimiento de estos procesos por el artículo 65 de la Ley del Órgano Judicial (artículos 128 y 134 de la abrogada Ley de Organización Judicial) cuya competencia plena corresponde al Juez de Partido en lo Civil, siendo irrelevante, para el presente caso, la ganancialidad o no del bien inmueble, pues es de recordar que la demandada no reconvino por ninguna acción, limitando su defensa a negar la demanda e interponer excepciones perentorias, no existiendo peticiones relacionadas al derecho de familia o sucesorio, resultando inconsistente su fallida acusación.
Con relación a la falta de citación a las otras personas desconocidas, así como refiere el Auto de Vista, la misma ya fue aclarada y resuelta por el auto de fojas 107 y vuelta de fecha 7 de diciembre de 2006, que ante su pronunciamiento no fue objetado ni apelado, es más la ahora recurrente tenía expedita las vías señaladas por ley para que en tiempo oportuno observe el supuesto incumplimiento de algún requisito del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, resultando que, tal como se observa durante la tramitación del proceso, la recurrente en ningún momento ha observado ante el Juez A quo los supuestos vicios que ahora extraña, así como tampoco ha demostrado que se le hubiere ocasionado algún perjuicio u ocasionado indefensión a su persona, de ahí que su inobservancia oportuna ante el inferior, convalida tácitamente cualquier omisión en la que se hubiere incurrido, máxime si conforme dispone el artículo 258 inciso 3) del Adjetivo Civil, no está permitido en el recurso de casación alegar nuevas causas de nulidad que no se hubieren hecho constar ante el inferior.
En cuanto al recurso de casación en el fondo.- Que, la demandada Alicia Soruco Vda. de Campero, plantea el recurso de casación en el fondo, quien confunde en su interposición a tiempo de acusar que se abrían cometido errores in procedendo (como la reiterada falta de competencia del juez) e in iudicando, denunciando erradamente la mala o falta de valoración de la prueba, sin llegar a denunciar, sin declarar si se cometieron errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, apenas señalando de manera general alguna normativa que se hubiera vulnerado o infringido; deficiencias argumentativas y carencia de técnica recursiva que serían más que suficientes para declarar la improcedencia del presente recurso de casación que nos ocupa, que pese a la irregular forma de plantear el recurso, en consideración a los lineamientos y principios de la nueva visión de la justicia boliviana, establecido en el nuevo orden constitucional y lo establecido en la SCP 2210/2012, se pasa a considerar, dicho recurso, como fue interpuesto el mismo, sólo con el fin de que a la recurrente no le queden dudas que las actuaciones de los de instancia fueron sujetas a derecho.
Que, de la revisión integral de los antecedentes de la causa, se concluye que no existe violaciones a la ley que den lugar a la casación de la causa como solicita la recurrente, habida cuenta que el Tribunal de apelación ha enmarcado sus actuaciones conforme a ley, toda vez que pronunció su resolución adecuadamente fundamentada y con el respectivo análisis sobre el instituto jurídico en tela de juicio y sobre los medios probatorios acumulados en el proceso, en base a los cuales asumió la decisión en su fallo; con relación a las acusaciones de fondo como la falta de consideración de las pruebas aportadas por la demandada, es necesario manifestar que la recurrente en función al artículo 375 inciso 2) del Código de Procedimiento Civil, tenía la obligación de producir las pruebas necesarias para negar lo peticionado por los demandantes, habiendo incumplido con esta normativa, provocando es su propia persona indefensión por su inoperatividad y omisión, adjuntando prueba como la de fojas 47 a 49 en fotocopias simples, documental que fue desconocida por los demandantes por memorial de fojas 61 de obrados, que incumple a todas luces lo exigido por el artículo 1311 del Código sustantivo civil, documento que no tiene la fuerza probatoria para ser considerada en juicio, que además no puede ser opuesta a terceros ni surtir efectos que el mismo contenga al no estar registrado en Derechos Reales o la prueba de fojas 64 que pese a reconocer su firma y sello el Juez de mínima cuantía, es él mismo quien pone en duda sobre el contenido literal de la fotocopia del documento de transferencia, no pudiendo dar fe de esa documentación al no encontrarse en archivos por extravió de los originales y otras pruebas que resultan ser impertinentes al caso. Al contrario los demandantes cumpliendo los artículos 375 inciso 1) y 376 del Código Adjetivo Civil, así como el 1283 del Código Civil, habiéndose acreditado el derecho propietario de la parte actora, que es el primer requisito que le confiere el derecho de accionar la reivindicación intentada conforme a lo prescrito por el artículo 105 parágrafo II, 1453 y 1454 del Código Civil.
Entonces, este Tribunal Supremo no encuentra evidencia alguna que demuestre que el Tribunal Ad quem o de primera instancia hubiere infringido los artículos 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que la demanda ha sido acogida por los de grado, en atención a las pruebas aportadas en obrados, apreciada conforme a la valoración que le otorga la ley, con la facultad incensurable en casación, tomando en cuenta que la apreciación de la prueba y su valoración corresponde a los jueces de instancia, dentro de las reglas de la sana crítica, las mismas que son las reglas del correcto entendimiento humano en las que intervienen las reglas de la lógica con las de la experiencia del juez, es decir, con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas, correspondiendo apreciar las pruebas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, como previenen los artículos 397 parágrafos I y II y 476 del Código de Procedimiento Civil, normas legales que concuerdan con el artículo 1286 del Código Civil, dispone que "las pruebas producidas serán apreciadas por el juez de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, pero si ésta no determina otra cosa, podrá hacerlo conforme a su prudente criterio.
Que, al haber demostrado los actores su derecho propietario sobre el terreno, así no haya estado en posesión física o corporal sobre el mismo, el artículo 1453 del sustantivo civil le faculta reivindicar éste de quien lo detente o posea.
De lo expuesto, al margen de que algunos de los argumentos vertidos por el recurrente son una repetición del recurso ordinario de apelación de fojas 134 a 137 vuelta y que ya fueron resueltos por los jueces de grado, se infiere con meridiana claridad que no existe la vulneración o infracciones acusadas en el Auto de Vista recurrido, al contrario, denota una correcta aplicación junto a la preceptiva legal que se cita en esta resolución. Por lo que corresponde pronunciarse conforme previene los artículos 271 inciso 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declarando infundado el recurso de casación tanto en el fondo como en la forma.
POR TANTO.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Alicia Soruco Vda. de Campero, contenidos en el memorial de fojas de fojas 158 a 165, con costas.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 253
 resolución 
 artículo 1453
 artículo 1453
 artículo 251
 artículo 65
 artículo 327
 artículo 258
 resolución 
 artículo 375
 artículo 1311
 artículo 105
 artículo 1286
 artículo 1453
 artículo 42
 artículo 8