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Timestamp: 2018-06-25 10:08:11+00:00

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Orden del Consejero de Trabajo y Formación de día 26 de julio de 2001, por la cual se dictan normas de desarrollo del Decreto 11/2000, de 4 de febrero, por el que se regulan los Programas de Formación Profesional Ocupacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con relación a los Servicios de Orientación y actuaciones complementarias - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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ORDEN DEL CONSEJERO DE TRABAJO Y FORMACIÓN DE DÍA 26 DE JULIO DE 2001, POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS DE DESARROLLO DEL DECRETO 11/2000, DE 4 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS, CON RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS (BOIB DE 3 DE AGOSTO)
Art. 2. Normas generales
Art. 3. Red de servicios de orientación
Art. 4. Tipos de servicios de orientación
Art. 5. Coordinación entre servicios
Art. 6. Objetivos de los servicios de orientación
Art. 7. Obligaciones de los servicios de orientación
Art. 8. Usuarios de los servicios de orientación
Art. 9. Derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de orientación
Art. 10. Comisión mixta
Capítulo II. Seguimiento (Arts. 11 a 17)
Art. 11. Publicidad de las actuaciones
Art. 12. Requisitos para el inicio o desarrollo de la acción
Art. 13. Modificaciones del proyecto
Art. 14. Visitas de seguimiento
Art. 15. Informe intermedio
Art. 16. Memoria de resultados
Art. 17. Memoria económica
Capítulo III. Financiamiento (Arts. 18 a 23)
Art. 18. Criterios de imputación para un servicio de orientación
Art. 19. Costes docentes
Art. 20. Costes directos
Art. 21. Costes indirectos
Art. 22. Criterios de imputación en una actuación complementaria
Art. 23. Criterios de imputación en los contratos programa
El Decreto 11/2000, de 4 de febrero, ha dado una nueva regulación a los programas de formación profesional ocupacional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Para la adecuada aplicación del Decreto 11/2000, se hace necesario desarrollar determinados aspectos de la nueva regulación, por lo cual esta orden se ha estructurado en tres capítulos: disposiciones generales, seguimiento y financiación.
Visto lo anterior vengo a dictar lo siguiente:
Artículo 1. Objeto.—1. Esta Orden tiene por objeto el desarrollo del título VI de seguimiento, evaluación y control, y del título VII de financiación del Decreto 11/2000, de 4 de febrero, por el que se regulan los programas de formación profesional ocupacional.
2. Esta Orden es de aplicación a los centros colaboradores que sean titulares de un Servicio de Orientación o que ejecuten una actuación complementaria (elaboración de material, elaboración de estudios y publicaciones o acciones de difusión), en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Artículo 2. Normas generales.—1. La forma de presentación y el contenido del proyecto se ha de adecuar a lo que establece la Orden de convocatoria.
2. El contenido del proyecto de la actuación aprobada en convocatoria se ha de adecuar a las exigencias de la Dirección General de Formación para su inicio y seguimiento. No se puede iniciar ninguna acción de divulgación hasta que no se haya comunicado la aprobación del proyecto, a excepción de aquellas acciones enmarcadas en un contrato programa y con la autorización previa de la Dirección General.
3. El centro se ha de adecuar a los diferentes formularios facilitados por la Dirección General de Formación para presentar, entre otros, proyectos, acciones de divulgación y de seguimiento.
4. Los servicios de orientación específicos aprobados en el marco del eje 2 y 7, han de disponer de movilidad, para poder atender en los servicios de orientación generales, a los usuarios que no puedan trasladarse a sus instalaciones.
5. Se entiende por acciones de difusión toda actuación que tenga por objetivo informar y sensibilizar en temas de trabajo y formación, mediante materiales divulgativos, campañas, exposiciones y forums, entre otros, a excepción de los seminarios y jornadas.
Artículo 3. Red de servicios de orientación.—1. Todos los servicios de orientación aprobados en el marco de esta convocatoria quedan integrados en una red pública de orientación.
2. Los centros que integran la red pública:
a) Han de cumplir obligatoriamente con aquellos requisitos y obligaciones que estén establecidos en la correspondiente orden de convocatoria, y excepcionalmente, con aquellos que pueden surgir por causas sobrevenidas, con el consenso de los miembros de la comisión mixta establecida en el artículo 10 de la presente orden.
b) Ha de participar activamente en las acciones que se desarrollen dentro del marco de la red.
c) Han de completar la base de datos proporcionada y gestionada por la Dirección General de Formación, o por el SOIB, en su caso.
Artículo 4. Tipos de servicios de orientación.—Los servicios de orientación con relación al colectivo al cual vayan dirigido y el ámbito geográfico de actuación, se clasifican en:
a) Servicios generales. Son los servicios que tienen un ámbito geográfico de actuación, dirigidos a todo tipo de colectivos, si bien los usuarios enmarcados dentro del eje 2 y 7 del Fondo Social Europeo, después de una primera entrevista, si se detecta su idoneidad podrán ser derivados a un servicio específico.
b) Servicios específicos. Son los servicios dirigidos al colectivo enmarcado dentro del eje 2 y 7 del Fondo Social Europeo, que como mínimo tendrán como ámbito de actuación la totalidad del territorio de una isla de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
Artículo 5. Coordinación entre servicios.—1. Los servicios de orientación generales o específicos tendrán que coordinarse cuando tengan que derivarse usuarios de acuerdo con las directrices de la Dirección General de Formación, o del SOIB, en su caso.
2. Los servicios de orientación generales han de:
a) Facilitar la información propia de su ámbito geográfico concreto de actuación, a los servicios específicos que trabajen con beneficiarios de su territorio (datos de ocupación y desempleo, pactos locales, tejido empresarial, iniciativas locales de ocupación, entre otros).
b) En el caso que el Servicio de Orientación General, considere necesaria y solicite la intervención de un Servicio de Orientación Específico, y siempre que el usuario no pueda desplazarse a este servicio, facilitará sus espacios, siguiendo las directrices de la Dirección General de Formación, a los servicios de orientación específicos, para que puedan realizar su tarea en el mismo ámbito geográfico del usuario.
Artículo 6. Objetivos de los servicios de orientación.—Los servicios de orientación con la idea de contribuir a la resolución de los problemas más significativos del mercado laboral balear (estacionamiento, precariedad laboral, tercialización de la economía ...), tienen como finalidad la consecución de los objetivos siguientes:
a) Posibilitar la inserción y/o reinserción laboral, favorecer la mejora profesional y fomentar formas alternativas de ocupación.
b) Mejorar el nivel de ocupación y adaptabilidad de los usuarios mediante una atención individualizada y de calidad.
c) Asesorar en el proceso de acreditación de las cualificaciones profesionales.
Artículo 7. Obligaciones de los servicios de orientación.—Los servicios de orientación tienen las siguientes obligaciones:
a) Realizar una entrevista ocupacional a todos sus beneficiarios y expedir una acreditación al usuario que quiera inscribirse en una acción formativa destinada a desempleados. El técnico del servicio ha de iniciar con el usuario un proceso de orientación, para marcar el itinerario formativo y/o de inserción más adecuado.
b) Tener actualizada la base de datos facilitada por la Dirección General de Formación.
c) Adecuarse a las exigencias de la Dirección General de Formación para su inicio y seguimiento.
d) Realizar el seguimiento de todos sus beneficiarios.
Artículo 8. Usuarios de los servicios de orientación.—1. Los servicios de orientación han de atender a la tipología de usuarios que se establecen en la Orden de convocatoria, de acuerdo con los ejes del Fondo Social Europeo, en los cuales estén enmarcados sus actuaciones.
2. Pueden ser beneficiarios del servicio de orientación, según corresponda:
— Las personas desempleadas entre 16 y 64 años.
— Colectivos de personas con discapacidad.
— Inmigrantes, independientemente de su situación legal.
— El colectivo con riesgo de exclusión (personas con problemas de drogodependencia, población penitenciaria, personas con desempleo de larga duración, beneficiarios de la RMI).
— Las personas empleadas entre 16 y 64 años.
3. No pueden ser beneficiarios de los servicios de orientación:
— Los funcionarios de carrera o interinos, y personal laboral de la Administración mientras estén en servicio activo.
— El personal laboral de empresas públicas.
— Los prejubilados
— Las personas mayores de 64 años.
Artículo 9. Derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de orientación.—1. Los usuarios de los servicios de orientación tienen los siguientes derechos:
a) Recibir del servicio que le corresponda la correspondiente acreditación para poder inscribirse en una acción formativa. El técnico de orientación del servicio general ha de iniciar con el usuario un proceso de orientación, para marcar el itinerario formativo y/o de inserción más adecuado.
b) Tener cubierto el riesgo de accidentes que se puedan producir a consecuencia de la asistencia a un Servicio de Orientación.
2. El usuario de un servicio de orientación, el día de la entrevista, ha de acreditar documentalmente las condiciones requeridas de acuerdo con lo siguiente:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, o cualquier otro documento que lo pueda identificar.
b) Tarjeta de demanda de servicios, si está en de-sempleo.
c) Certificado de minusvalía, en el supuesto de personas con discapacidad.
Artículo 10. Comisión mixta.—Para coordinar las actuaciones que se realicen, la Dirección General de Formación constituirá una comisión mixta con funciones de gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones derivadas de la resolución de concesión.
La comisión mixta ha de estar constituida por representantes de la Consejería de Trabajo y Formación, de los interlocutores sociales y económicos más representativos, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 11/2000, de 4 de febrero.
Artículo 11. Publicidad de las actuaciones.—1. Para dar a conocer la oferta de actuaciones cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares, la Dirección General de Formación ha de difundir las actuaciones, bien directamente o bien a través de la entidad.
2. En toda la publicidad, documentación escrita o gráfica, o sobre cualquier soporte, ha de figurar claramente el cofinanciamiento, si fuera necesario, del Fondo Social Europeo u órgano cofinanciador correspondiente.
3. En toda la publicidad de los Servicios de Orientación ha de constar que corresponde a la red pública de orientación.
4. Han de presentar a la Dirección General de Formación, con un mínimo de 2 días hábiles antes de su publicación, el texto y el diseño de la publicidad para realizar, juntamente con el nombre de los medios donde se hará la difusión, los días y horas. En caso de irregularidades, la Dirección General de Formación lo comunicará al centro colaborador para subsanarla.
Artículo 12. Requisitos para el inicio o desarrollo de la acción.—En el plazo máximo de 5 días anteriores al inicio de la actuación, la entidad ha de cumplir, según el tipo de actuación, los siguientes requisitos:
a) Presentar el currículumde cada uno de los profesionales implicados en el proyecto, en el supuesto que no se haya presentado en el proyecto aprobado o si ha habido modificación.
b) Presentar la planificación temporal definitiva de la actuación, si ha habido modificación respecto a la planificación presentada en el proyecto aprobado.
Artículo 13. Modificaciones del proyecto.—1. Cualquier modificación del proyecto aprobado ha de estar solicitada y justificada con suficiente antelación a la Dirección General de Formación para su aprobación.
2. Los proyectos presentados por el centro se consideran compromisos formales y se exigirá su cumplimiento.
Artículo 14. Visitas de seguimiento.—De acuerdo con los artículos 58 a 61 del Decreto 11/2000, de 4 de febrero, el seguimiento de las actuaciones se puede hacer efectivo a través de visitas para comprobar el desarrollo adecuado de las actuaciones con relación al proyecto aprobado. Se elaborará un informe de la visita realizada en el cual se hará constar el nivel de ejecución y adecuación con relación al proyecto aprobado.
Cuando se obtenga un resultado negativo, se ha de comunicar al centro para que haga las alegaciones que crea oportunas.
Artículo 15. Informe intermedio.—El centro que ejecute actuaciones complementarias, o sea titular de un servicio de orientación ha de presentar como mínimo un informe intermedio, o los que a requerimiento de la Dirección General de Formación se soliciten, sobre su desarrollo y el grado de cumplimiento de los objetivos.
Artículo 16. Memoria de resultados.—1. En el plazo máximo de 30 días naturales, a contar desde la finalización de la actuación, se ha de presentar una memoria de resultados, de acuerdo con la guía facilitada por la Dirección General de Formación.
2. Junto con la memoria de resultados de una acción complementaria, se han de presentar, según la cantidad establecida en el proyecto aprobado, copias del estudio, investigación y/o material elaborado.
3. La difusión de los estudios, investigaciones y materiales se hará a través del centro colaborador, o conjuntamente con la Dirección General de Formación, cuando lo considere oportuno.
4. La Dirección General de Formación se reserva el derecho a utilizar el estudio, investigación y/o material.
Artículo 17. Memoria económica.—En el plazo máximo de 30 días naturales, contados desde la finalización de la actuación, el centro colaborador ha de presentar una memoria económica que ha de tener, como mínimo, el siguiente contenido:
a) Relación detallada de los gastos, subdivididos en gastos de personal, directos e indirectos, de acuerdo con los criterios de imputación establecidos en el capítulo III de esta Orden.
b) Originales, o copias compulsadas de los documentos justificativos de los gastos: nóminas, seguridad social y facturas de servicios.
c) Informe explicativo de los criterios de imputación de los gastos firmados por el responsable del centro.
d) Explicación y justificación, si corresponde, de las desviaciones entre el presupuesto inicial presentado y el realizado realmente.
e) Certificado, expedido por las personas responsables, de la exactitud contable y la certeza de los hechos justificados.
f) Factura del último pago pendiente de la actuación. Las entidades locales han de presentar una solicitud de abono con el certificado de los gastos efectuados con detalle y mención expresa que se encuentran en su poder los justificantes económicos.
Artículo 18. Criterios de imputación para un servicio de orientación.—1. De acuerdo con el artículo 64.a) del Decreto 11/2000, de 4 de febrero, el presupuesto de una actuación formativa se subdivide en tres partidas que incluyen los siguientes conceptos:
a) Coste docente, que en el supuesto de un Servicio de Orientación, se entiende como coste de personal, e incluye sueldos, salarios, seguridad social, desplazamientos, manutención, transporte y otros que se puedan considerar.
b) Costes directos: seguros, arrendamientos, arrendamientos financieros (leasings), publicidad, material didáctico y fungible.
c) Costes indirectos: dirección, coordinación, administración (incluye asesoría fiscal y laboral), suministro de bienes y servicios (luz, agua electricidad, teléfono, seguridad, limpieza, mensajería, mailing ...) amortización de equipos e inmuebles, y similares.
2. En el supuesto que no se impute el importe total de una factura, se ha de explicar el cálculo de la parte imputada, y ha de figurar sobre el documento original el porcentaje o el importe imputado a la acción.
Artículo 19. Costes docentes.—Se ha de relacionar la categoría profesional del personal y el tiempo de dedicación imputado al proyecto aprobado.
Artículo 20. Costes directos.—1. El coste a imputar en concepto de arrendamiento de inmuebles se ha de justificar mediante la presentación de la correspondiente factura, cuando la finalidad del arrendamiento sea exclusivamente para ejecutar una actuación.
2. Se puede imputar un máximo del 5% del coste total de la acción en concepto de publicidad.
Artículo 21. Costes indirectos.—1. El concepto de dirección, coordinación y administración se puede imputar hasta a un máximo del 20% del coste total de la acción, se ha de justificar cada uno de los conceptos de forma separada, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:
— Contratación externa de personal: se justifica mediante factura.
— Personal propio del centro: se imputa la parte proporcional de las nóminas con relación a la duración del curso. Se calcula el coste hora de forma personalizada y se imputa la parte que corresponde al número de horas dedicadas a estos conceptos.
— Autónomos: se justifica con la presentación de un recibo firmado o factura.
2. En concepto de suministro de bienes y servicios, se ha de imputar un máximo del 7% del coste total de la acción. Se ha de calcular el coste por m2 de los espacios utilizados en la ejecución de la actuación.
3. Cuando la finalidad del arrendamiento de un inmueble no sea exclusivamente para realizar actuaciones, el coste para imputar en concepto de arrendamiento se obtiene calculando el coste por m2 de las aulas y espacios utilizados en la ejecución de la actuación.
4. Cuando la entidad sea propietaria del inmueble donde se ejecute la actuación, el coste para imputar en concepto de amortización de inmueble se ha de calcular de forma proporcional a la duración del curso, los m2 de los espacios utilizados, y de acuerdo con las tablas fiscales. Se ha de acompañar un certificado.
5. El coste para imputar un concepto de amortización de equipos se ha de calcular de forma proporcional a la duración de la actuación y de acuerdo con las mesas fiscales. Se ha de acompañar un certificado.
Artículo 22. Criterios de imputación en una actuación complementaria.—1. De acuerdo con el artículo 64.b) del Decreto 11/2000, de 4 de febrero, sobre el presupuesto de una actuación complementaria, el presupuesto se ha de subdividir en las siguientes partidas:
a) Gastos de personal, que incluye: sueldos, salarios, seguridad social, desplazamientos, manutención, transporte y otros que se puedan considerar.
b) Gastos de material, como coste directo que también incluye seguros, material didáctico, material fungible o similares, dirección y coordinación, amortización de equipos y otros que se puedan considerar.
c) Gastos indirectos que incluyen: gastos de dirección y coordinación, autorización de equipos y otros que se puedan considerar.
2. Con relación a los costes elegibles de cada partida se estará a lo que disponen los artículos 19, 20 y 21 de la presente orden.
3. En el supuesto que no se impute el importe total de una factura, se ha de aplicar el cálculo de la parte imputada, y ha de figurar sobre el documento original el porcentaje o el importe imputado a la acción.
Artículo 23. Criterios de imputación en los contratos programa.—Cuando las actuaciones estén englobadas dentro de un contrato programa, los criterios de imputación tendrán las variaciones establecidas en el artículo 32 de la Orden del Consejero de Trabajo y Formación de día 4 de mayo de 2001, por la cual se dictan normas de desarrollo del Decreto 11/2000, de 4 de febrero (BOIB núm. 66, de 2 de junio).
Estará orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 10

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 resolución 

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 resolución 
 artículo 14

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 64

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 64

Artículo 23
 artículo 32