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Timestamp: 2018-07-19 23:07:02+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/3SPR-13/81761
La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 85 y 178 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,, someto a consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 135 BIS, 136 BIS, 137 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL EN MATERIA DE RECTIFICACIÓN, MODIFICACION Y ACLARACIÓN DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, al tenor de la siguiente:
El ser humano tiene derecho a la identidad como un derecho fundamental que adquiere desde su nacimiento.
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su tercer párrafo que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” .
A partir de su nacimiento, todas las niñas y los niños tienen el derecho a que se reconozca su identidad, es decir, a tener un nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento e identidad de sus padres. Esto se formaliza a través del registro que se haga en las Oficialías del Registro Civil en todo el país.
Garantizar el interés superior de la niñez es un compromiso del Estado Mexicano, adquirido desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 21 de septiembre de 1990.
La citada Convención establece en su artículo 3°, numeral 1, que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 18, sobre el derecho al nombre, señala que:
El reconocimiento del Estado Mexicano respecto de la existencia de una niña o niño, para formalizar su nacimiento, reconocer su identidad, registrar su nombre, apellidos y preservar el origen de su nacimiento con el nombre de los padres, es parte primordial para garantizar su interés superior.
Los padres de las niñas y los niños recién nacidos tienen la obligación de registrar a sus hijos ante la Oficialía del Registro Civil, quien al efectuar el registro reconoce las garantías de identidad, género, ciudadanía entre otros, previstas por nuestro régimen constitucional que garantiza su interés superior.
Este reconocimiento jurídico es un requisito para que los padres pueden dar de alta a sus hijos ante los servicios de seguridad social a los que estén incorporados, para recibir todos los beneficios que estos brindan, tales como el derecho a atención médica, hospitalaria y de prestaciones sociales.
Por otra parte, la educación es otro derecho que les asiste y que les permite formarse, el nombre e identidad de las personas forma parte de su historia escolar y académica.
Sin embargo, en la actualidad puede haber personas que no figuran en ningún documento oficial, lo que las hace invisibles para el estado e incluso para la propia sociedad ya que no se tiene un registro o constancia legal de su existencia, razón por la que su vida deberán enfrentarla contra la discriminación y exclusión.
También existen personas que son abandonadas y de quienes se ignora su origen y no obstante que puedan ser registradas oficialmente, no se tendrá antecedente de su filiación y ascendencia, hecho por el que este tipo de personas enfrentan una situación de segregación.
La ausencia de reconocimiento representará en la vida de estas personas enfrentarse a marginación, a ser excluidos socialmente, a posible explotación y otras que por la naturaleza de su condición puede llegar a generar rechazo y coraje en contra de la sociedad que no les acepta.
Por otra parte, debemos considerar también a aquellas personas que son abandonadas por el padre o por la madre e incluso por ambos y, no obstante que cuenten con un nombre, apellidos y filiación, deberán cargar con el peso del abandono de su o sus progenitores por toda la vida.
Y así encontramos que el nombre de toda persona debe ser inmutable, de tal suerte que el nombre con el que aparece registrada una persona en el Registro Civil deberá permanecer sin alteración o cambio durante toda la vida de las personas.
En este sentido, una persona que haya sido abandonada por su padre o madre o por ambos, deberá cargar por el resto de su vida con el nombre y apellidos con el que fue registrado.
Existen otros casos, como lo son los hijos que, para el caso de divorcio de los padres, tienden a ser abandonados por uno de ellos y pierden toda convivencia por la falta de interés del padre o de la madre que no tiene la guarda custodia.
Es importante atraer el caso de aquellas personas que reinicien su vida familiar con otra pareja con la cual pueden incluso llegar a procrear otro u otros hijos, que serán registrados con el apellido de sus padres y crecerán en compañía de la hija o hijo previamente concebido por uno de ellos quien no llevará los mismos apellidos.
Estos casos suelen presentarse en toda sociedad y son una realidad, sin embargo, por la naturaleza jurídica del principio de inmutabilidad del nombre obliga a una persona llevar por siempre un nombre o un apellido que no es afín a su realidad social.
No obstante que una hija o hijo, haya tenido que enfrentar su vida con el desentendimiento del padre o de la madre que decidió no volver a verlo para tener convivencia durante su etapa de crecimiento, los hijos están obligados a llevar el apellido de quien desapareció de sus vidas.
Es en muchos de esos casos, que algunas personas adoptan para su realidad social el apellido de la figura con la que crecen y conviven diariamente y quienes ven por su desarrollo, por su sano crecimiento, por su esparcimiento, por su educación y por su integración al núcleo de la sociedad en que se desenvuelven siendo reconocidos por esta como un integrante más de la familia.
Sin embargo, continuarán con el nombre y apellidos con el que fueron registrados en el Registro Civil y que figura inscrito en su acta de nacimiento y por ser inmutable debe permanecer sin cambio a través de la vida de cada persona.
Cabe referir que esto no necesariamente debe ser permanente y puede ser modificado a través de autorización judicial en la que previamente se haya sustentado que para su realidad social es acorde ante el abandono de su o sus padres biológicos.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de conocer asuntos que le fueron turnados por razón de competencia, se ha pronunciado respecto al cambio de nombre desde el año 2012, derivado de los juicios que varios particulares han venido promoviendo ante las instancias judiciales para que se les reconozca el derecho de poder cambiar no solo el nombre sino el apellido.
En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió sobre el Derecho Humano al nombre, respecto de las disposiciones contenidas en el artículo 133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes en el año 2012, con el siguiente criterio jurisprudencial :
Época: Décima Época; Registro: 2000342; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. XXXIII/2012 (10a.); Página: 274
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PROHÍBE CAMBIAR EL NOMBRE DE UNA PERSONA, MODIFICANDO EL REGISTRO DE SU NACIMIENTO CUANDO HUBIERE SIDO CONOCIDO CON UNO DIFERENTE, ES VIOLATORIO DE AQUÉL.
El citado precepto establece la prohibición de modificar el registro de nacimiento para variar el nombre, incluso en la hipótesis de que la persona hubiera sido conocida con uno distinto al que aparece en dicho registro. La razón de esta prohibición es el respeto al principio de la inmutabilidad del nombre: que consiste en un cambio en el estado civil o la filiación, actuaciones de mala fe, contrarias a la moral o que busquen defraudar a terceros. Lo anterior no puede considerarse un fin legítimo ni mucho menos una medida necesaria, razonable ni proporcional, porque el derecho al nombre implica la prerrogativa de su modificación debidamente reglamentada en ley. El supuesto previsto en el artículo 133 del Código Civil del Estado de Aguascalientes consiste en que una persona haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el Estado un nombre diverso de aquel que está asentado en su acta de nacimiento, por lo que la solicitud de modificación de nombre encuentra su razón en adaptar la identificación jurídica a la realidad social de la persona. De lo anterior no deriva una modificación del estado civil ni de la filiación, pues la variación del apellido no implica una mutación en ésta cuando el resto de los datos que permiten establecerla -nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge- no se modifican. No puede considerarse que la modificación solicitada cause perjuicios a terceros, ya que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre dos o más personas, no se modifican ni se extinguen, sino por virtud de alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se encuentra el cambio en los asientos de las actas del Registro Civil. Máxime que, en todo caso, quedará constancia de dicha rectificación mediante la anotación marginal que se asiente en el registro principal de su nacimiento, pero no en la nueva acta que en su caso se expida. De ahí que tales derechos y obligaciones continúen vigentes con todos sus efectos. Por tanto, el citado artículo 133, al prever una prohibición que no encuentra una justificación constitucional ni constituye una medida necesaria, razonable o proporcional viola el derecho humano al nombre.
Amparo directo en revisión 2424/2011. Ma. Guadalupe Ruiz Dena. 18 de enero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
Posteriormente, la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en el juicio de Amparo Directo 772/2012 el 4 de julio del año 2012, inconstitucional la determinación de prohibir implícitamente el cambio de apellidos de una persona para rectificar o cambiar su acta de nacimiento, tal y como lo previene el Código Civil del Estado de México en su artículo 3.38, fracción II.
De esta resolución se emite el siguiente criterio jurisprudencial :
Época: Décima Época; Registro: 2001628; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. CXCVIII/2012 (10a.); Página: 503
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. EL ARTÍCULO 3.38, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, AL PROHIBIR IMPLÍCITAMENTE EL CAMBIO DE APELLIDOS DE UNA PERSONA PARA RECTIFICAR O CAMBIAR SU ACTA DE NACIMIENTO, ES INCONSTITUCIONAL.
De la fracción II del citado precepto, se advierte que la modificación o rectificación del registro de nacimiento en aquellos casos en que se demuestre que la persona ha usado invariable y constantemente otro diverso en su vida social y jurídica, sólo se encuentra prevista para modificar o cambiar el nombre propio; lo cual lleva implícita la prohibición de modificar los apellidos en el acta de nacimiento respectiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que el derecho humano al nombre implica la prerrogativa de modificar tanto el nombre propio como los apellidos, aspecto que puede estar regulado en la ley para evitar que conlleve un cambio en el estado civil o la filiación, implique un actuar de mala fe, se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros, y que el supuesto previsto en dicho numeral consiste en la posibilidad de que una persona que haya utilizado en sus relaciones sociales, familiares o con el Estado un nombre diverso al asentado en su acta de nacimiento, pueda cambiarlo, es claro que la razón que inspira a una solicitud de modificación de nombre radica en adaptar la identificación jurídica del solicitante a la realidad social; de donde se sigue que con el cambio de apellido no existe una modificación a su estado civil ni a su filiación, pues variarlo no implica una mutación en la filiación cuando permanecen incólumes el resto de los datos que permiten establecerla, como sería el nombre de la madre, el padre, hijo o cónyuge; además, no puede considerarse que la solicitud correspondiente cause perjuicios a terceros, ya que los derechos y obligaciones generados con motivo de las relaciones jurídicas creadas entre dos o más personas no se modifican ni extinguen sino por alguna de las causas previstas en el propio ordenamiento civil, dentro de las cuales no se encuentra el cambio en los asientos de las actas del Registro Civil; de ahí que tales derechos y obligaciones continúen vigentes con todos sus efectos. Por tanto, el artículo 3.38, fracción II, del Código Civil del Estado de México, al prever la prohibición implícita de modificar los apellidos de una persona, carece de justificación constitucional, pues no constituye una medida necesaria, razonable o proporcional y, por ende, viola el derecho humano al nombre.
Amparo directo en revisión 772/2012. Lidia Lizeth Rivera Moreno. 4 de julio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia.
Previo a estos criterios, la propia Primera Sala ya se había pronunciado en el mes de febrero del año 2012, respecto al sentido y alcance del DERECHO HUMANO al nombre a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la luz de los Tratados Internacionales, criterio que se cita a continuación :
Época: Décima Época; Registro: 2000213; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. XXV/2012 (10a.); Página: 653
DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
Como podrá observarse de los criterios antes mencionados, estos han sido el parteaguas para otros pronunciamientos por parte de Tribunales Colegiados en el mismo sentido como lo es el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, mismo que a continuación se señala :
Época: Décima Época; Registro: 2004216; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3; Materia(s): Constitucional, Civil; Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 13 C (10a.); Página: 1640
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el derecho humano al nombre implica la prerrogativa de modificar tanto el nombre propio como los apellidos, aspecto que puede estar regulado en la ley para evitar que conlleve un cambio en el estado civil o la filiación, implique un actuar de mala fe, se contraríe la moral o se busque defraudar a terceros. En concordancia con lo anterior, el artículo 102, fracción III, del Código Civil para el Estado de Chiapas, al establecer el derecho a rectificar el nombre, por enmienda "sin que esto implique el reconocimiento de algún derecho sobre parentesco", no establece más limitante que la afectación de la filiación de la persona. Así, tal dispositivo no prohíbe, en forma absoluta, la rectificación del nombre o los apellidos de una persona, sino que la condiciona a que no altere su filiación. De esta forma, si la petición de modificación de alguno de los apellidos asentados en el acta de nacimiento del interesado deja incólume el resto de los datos que permiten conocer su filiación, como serían el nombre del padre, la madre o los abuelos, no existe impedimento para la procedencia de la rectificación, máxime cuando ésta pretenda adecuar la identificación jurídica a la realidad social de la persona.
Amparo directo 105/2013 (expediente auxiliar 265/2013). 5 de abril de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ybraín Hernández Lima. Secretario: Santiago Ermilo Aguilar Pavón.
Para el 25 de noviembre del año 2013, el Poder Judicial Federal había reportado 122 juicios de amparo directo por el que se buscaba la autorización para la modificación de apellidos ante el Registro Civil .
A partir de los criterios pronunciados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito han venido resolviendo atendiendo los asuntos de su competencia en una misma línea de acción que da la razón a los promoventes interesados en modificar su nombre y/o apellidos.
Posterior a la resolución del juicio de amparo 259/2013 por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se concedió la protección de la justicia a dos hermanas que acudieron ante esa instancia, el desahogo de los 122 juicios que se tenían sin resolver ya están siendo atendidos conforme al criterio de la Primera Sala.
Tal y como la SCJN y Tribunales Colegiados de Circuito han venido resolviendo el tema de cambio de nombre o apellidos en razón que la identidad de una persona parte de su acta de nacimiento, y que acoge el desarrollo social de algunas personas que llegan a usar nombre o apellido distinto al que aparece en su acta de nacimiento, como es el caso de personas que han vivido como ya se ha señalado en el cuerpo de esta iniciativa, con padre o madre de apellido distinto al que fueron registrado, apellido que han adoptado para ajustarlo a su realidad social, es necesario que el Congreso Mexicano atienda esta demanda e incorpore la figura de cambio de apellidos en el Código Civil Federal, propósito central de esta iniciativa.
No debe pasarse por alto que el Código Vigente contempla en el capítulo XI, sobre la Rectificación, Modificación y Aclaración de las Actas del Registro Civil, sin embargo, no contiene en su articulado cuando y como debe solicitarse tal y como podrá apreciarse a continuación:
Artículo 134.- La rectificación o modificación de un acta de estado civil, no puede hacerse sino ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste, salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este Código.
Artículo 137.- El juicio de rectificación de acta se seguirá en la forma que establezca en el Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 138.- La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al Juez del Registro Civil y éste hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación.
Artículo 138 Bis.- La aclaración de las actas del estado civil, procede cuando en el Registro Civil existan errores mecanográficos, ortográficos o de otra índole que no afecten los datos esenciales de aquéllas, y deberán tramitarse ante la Oficina del Registro Civil.
Es en este sentido que al estar considerado en el capítulo XI, la modificación, más no estar previsto en su articulado, debemos incorporar lo relativo a la modificación de Actas tal y como se propone en esta iniciativa con el fin de garantizar el DERECHO HUMANO de las personas para adoptar el nombre de su realidad social y retirar la obligación de llevar por siempre un apellido o un nombre que no es afín a esa realidad.
Es así como la propuesta contenida en este documento tiene como objetivo incorporar en el Código Civil Federal la potestad para solicitar cambio de nombre o apellidos para ajustarlo a la realidad social de las personas.
CAPITULO XI De la Rectificación, Modificación y Aclaración de las Actas del Registro Civil
Artículo 135 Bis.- Sin correlativo
Artículo 135 Bis.- Ha lugar a pedir la modificación cuando pretenda cambiarse el nombre o los apellidos de una persona para ajustarlos a su realidad social por:
No ser el nombre con el que se desenvuelve en su entorno social.
Por adoptar el apellido de la persona que se ha encargado de su educación, vigilancia, apoyo, responsabilidad alimentaria, física, psicológica y procesos para su sano desarrollo.
Artículo 136 Bis.- Sin correlativo
Artículo 136 Bis.- Pueden pedir la modificación de un acta del estado civil:
Cuando la persona sea menor de edad, podrá ser solicitado por el padre o la madre que tenga la patria potestad.
En casos de adopción, podrá ser solicitado por los adoptantes.
Artículo 137 Bis.- Sin correlativo.
Artículo 137 Bis.- El juicio de modificación de acta se seguirá en la forma que establezca en el Código de Procedimientos Civiles.
Artículo 138.- La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al Juez del Registro Civil y éste hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación o modificación.
La modificación que se conceda se asentará en el acta de nacimiento sin alterar la filiación, y al margen del acta se hará referencia de la sentencia.
Artículo 138 Bis.-
ÚNICO.- Se adicionan los artículos 135 Bis, 136 Bis, 137 Bis y se reforma el artículo 138 del Código Civil Federal, para quedar en los siguientes términos:
Por adoptar el apellido de la persona que se ha encargado de su educación, vigilancia, apoyo, responsabilidad alimentaria, física, psicológica y procesos para su sano desarrollo
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 13 de junio del año dos mil dieciocho.
https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pdf
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References: ARTÍCULO 138
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 133
 ARTÍCULO 133
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 3
 resolución 
 ARTÍCULO 3
 artículo 3
 artículo 102
 resolución 

Artículo 134

Artículo 137

Artículo 138

Artículo 138

Artículo 135

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 136

Artículo 137

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Artículo 138

Artículo 138
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