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Timestamp: 2017-03-23 05:08:40+00:00

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Resolución de 20 de septiembre de 2007, del Consejero, por la que se acuerda la publicación de la adaptación de los Estatutos del Colegio Provincial de Abogados de Badajoz a la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, de Colegios y de Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. TÍTULO TERCERO. DE LA COLEGIACIÓN.
TÍTULO TERCERODE LA COLEGIACIÓN
Admisión Tendrán derecho a ser admitidos en el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Badajoz quienes reúnan las condiciones exigida en este Estatuto y lo soliciten expresamente.
No podrá limitarse el número de componentes del Colegio, ni cerrarse, temporal o definitivamente, la admisión de nuevos aspirantes.
Condiciones de admisión de Letrados ejercientes 1. Para la incorporación al Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Badajoz en calidad de ejerciente, se exige que el candidato además de no estar sometido a ninguna circunstancia determinante de incapacidad para el ejercicio profesional, reúna las siguientes condiciones generales:
a) Solicitar la admisión mediante escrito dirigido al Decano, acompañando la documentación necesaria para acreditar los extremos exigidos.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, o de los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquellos.
d) Carecer de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio de la profesión.
e) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente y las demás que tenga establecida el Colegio.
f) Acreditar haber formalizado el ingreso en la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, o la afiliación en el Régimen que sea de aplicación según la legislación en materia de Seguridad Social.
g) Declarar no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.
h) Cumplimentar los requisitos establecidos por la legislación fiscal, cuando por norma el Colegio deba intervenir.
i) Acreditar la específica formación profesional para dicho ejercicio, mediante la superación de pruebas o cursos que pudieran establecerse legal o reglamentariamente, en su caso, salvo las excepciones contempladas en el Estatuto General de la Abogacía.
2. El Colegiado en situación de no ejerciente que pretenda su pase a colegiado con ejercicio deberá formular solicitud escrita dirigida al Decano, acompañando la documentación necesaria para acreditar los siguientes requisitos:
a) Carecer de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio de la profesión.
b) Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad.
c) Cumplimentar aquellos requisitos establecidos en la legislación fiscal, y en los que el Colegio por norma deba intervenir.
d) Acreditar haber formalizado el ingreso en la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía, o la afiliación en el Régimen que sea de aplicación en la Seguridad Social.
e) Acreditar la específica formación profesional para dicho ejercicio, mediante la superación de pruebas o cursos que pudieran establecerse legal o reglamentariamente, en su caso.
3. El abogado que vaya a ejercer en un territorio diferente al de su colegiación deberá cumplimentar los requisitos establecidos al efecto en el Estatuto General de la Abogacía.
Condiciones de admisión de no ejercientes Para la incorporación al Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz en calidad de no ejerciente, se exige que el candidato además de no estar sometido a ninguna circunstancia determinante de incapacidad para el ejercicio profesional, reúna las siguientes condiciones generales:
a) Solicitar la admisión mediante escrito dirigido al Decano, acompañando la documentación necesaria para acreditar los requisitos siguientes.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, o de los títulos extranjeros que, conforme a las normas vigentes, sean homologados a aquel.
d) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente y las demás que tenga establecidas el Colegio.
e) Cualquier colegiado no ejerciente que quiera pasar a la condición de ejerciente deberá reunir las condiciones generales contenidas en el artículo anterior.
CAPÍTULO SEGUNDOTRAMITACIÓN Y COMPETENCIA
Competencia y recursos 1. Corresponde a la Junta de Gobierno resolver sobre las solicitudes de incorporación al Colegio.
La Junta de Gobierno practicará las diligencias y recibirá los informes que considere oportunos, y tendrá que resolver todas las peticiones recibidas en un plazo máximo de tres meses desde su presentación, transcurrido el cual sin haberlo hecho se considerará aprobada la admisión.
2. Podrá denegarse la incorporación a este Colegio, cuando el solicitante hubiere incurrido en conducta que, de haber estado incorporado, constituyera falta disciplinaria que llevara aparejada la expulsión o suspensión en su ejercicio profesional, si así estuviera declarado por resolución administrativa o judicial firme.
En caso de tramitarse expediente en el sentido dicho, en el que no hubiera recaído resolución firme, podrá suspenderse la incorporación a este colegio a resultas de aquella.
Denegación de la Solicitud Cuando la resolución fuera denegatoria deberá ser notificada al interesado, pudiendo este interponer en su caso, recurso.
Juramento y promesa Los Abogados, antes de iniciar el ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, así como del fiel cumplimiento de las obligaciones estatutarias y normas deontológicas de la profesión de Abogado.
La prestación del referido juramento se realizará por el interesado una vez haya sido aprobada su admisión en el Colegio. Podrá hacerse por escrito como requisito para el ejercicio de la profesión, pudiendo ejercer desde ese momento y quedando supeditado a la posterior ratificación en los actos solemnes conjuntos de colegiación que establezca la Junta de Gobierno.
Defensa de asuntos propios No se necesitará incorporación al Colegio para la defensa de asuntos propios o de parientes cuando así venga determinado por norma o Acuerdo del Consejo General de la Abogacía. Los que se hallen en éste caso serán habilitados por el Decano para la intervención que solicite. Tal habilitación supone para el que la recibe, aunque sólo con relación al asunto o asuntos a que alcanza, el disfrute de todos los derechos concedidos en general a los Colegiados Ejercientes y la asunción de las correlativas obligaciones, incluidas las deontológicas, salvo el derecho profesional a percibir honorarios a cargo del defendido, y por consiguiente, sin que éste pueda cobrarlos a la parte contraria en caso de condena en costas.
Justificación de su condición La incorporación o habilitación, justificada mediante la certificación correspondiente del Colegio, acredita al Abogado como tal, sin que sea necesaria ninguna designación o nombramiento a tal efecto por el Poder Judicial o Administración Pública.
Información a los colegiados La Secretaría del Colegio remitirá al principio de cada año a todos los Juzgados, Tribunales y de su territorio, así como a los Directores de Prisión, Centros de Detención, Comandancias de la Guardia Civil, Comisarías de Policías y Jefaturas de Policías Locales de este territorio, una lista de los Abogados legalmente habilitados para el ejercicio de la profesión. Las listas serán actualizadas mensualmente con las modificaciones que de altas y bajas se produzcan.
A los Abogados que estuvieran incluidos en estas listas no pueden exigírseles otro comprobante para el ejercicio de la profesión.
A los Abogados que no figuren en tales listas, se les exigirá, por las Secretarías de los Juzgados o Tribunales, que exhiban la acreditación de hallarse incorporados a este Colegio y, cuando proceda, haber cursado la comunicación de su intervención. Si no los presentare se les impedirá el ejercicio profesional, comunicándose por el Juzgado o Tribunal ante el que hubiera pretendido actuar, rápidamente a este Colegio.
Los Colegiados identificarán su personalidad mediante un carnet o tarjeta de identidad, según modelo que en cada momento apruebe la Junta de Gobierno y que se entregará a cada uno de los Colegiados.
Pérdida de la Condición de colegiados 1. La condición de Colegiado se perderá:
a) Por baja voluntaria, solicitada por escrito al Decano con sujeción a lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
b) Por falta de pago durante más de seis meses (consecutivos o alternos) de cuotas ordinarias o extraordinarias, o por el incumplimiento o el impago de aquellas otras cargas colegiales a que se viniera obligado en la forma y en los plazos establecidos por la Junta de Gobierno, salvo que el letrado acredite la imposibilidad material de su abono o cumplimiento en los plazos fijados, en cuyo caso, la Junta de Gobierno podrá conceder una prórroga.
c) Por condena firme que lleve consigo la pena principal o accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
d) Por expulsión del Colegio acordada en expediente de régimen disciplinario.
e) Por el fallecimiento del colegiado.
2. La pérdida de condición de Colegiado por las causas b), c) y d) del número anterior, será acordada por la Junta de Gobierno en resolución motivada, que deberá ser notificada al interesado y al Consejo General de la Abogacía. En el supuesto de la causa b), deberá realizarse también con anterioridad un requerimiento expreso de pago de lo adeudado. La resolución deberá ser notificada al interesado, momento en el que surtirá efecto, así como al Consejo General correspondiente.
3. Cuando la baja se deba al motivo del apartado b) los colegiados podrán rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado, incrementado en el interés legal del dinero, y abonando las cantidades que correspondiera como nueva incorporación.
Pase a situación de no ejerciente La Junta de Gobierno acordará, previo expediente informativo, el pase a la situación de no ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurra, y mientras persista, alguna de las circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio profesional, y ello sin perjuicio de que si correspondiera, resuelva lo que proceda en vía disciplinaria.
Cuando se solicite el pase a la situación de ejerciente a no ejerciente por parte del Colegiado, está se formalizará con los requisitos el art. 20.1.ª de este Estatuto.
Reingreso Quienes a petición propia hayan sido dados de baja en este Colegio y después soliciten su reingreso, no perteneciendo a ningún otro Colegio, abonarán el pago de los derechos de incorporación si el tiempo de la baja excede de tres años; abonarán el 75 por ciento de esos derechos si la duración de la baja supera los dos años; abonarán el 50 por ciento de los derechos de incorporación si el tiempo de baja supera el año; abonarán el 25 por ciento de tales derechos si el tiempo de baja no supera el año.
Multicolegiación Todo Abogado del Ilustre Colegio Provincial de Badajoz podrá estar incorporado a cuantos Colegios desee, mediante el cumplimiento de los requisitos y el abono de las cuotas que aquellos tengan establecidos.
Del mismo modo, los Abogados incorporados a otros Colegios podrán hacerlo a este Ilustre Colegio Provincial uniendo a su petición la documentación establecida en el Estatuto General de la Abogacía Española y cumpliendo las demás formalidades fijadas por la Junta de Gobierno. Los colegiados provenientes de otros Colegios con los que exista Convenio de Intercolegiación suscrito con este Colegio cumplirán exclusivamente las formalidades y requisitos que en dichos Convenios se establezca.
CAPÍTULO TERCEROINCAPACIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES
Causa de Incapacidades Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la Abogacía:
a) Los impedimentos físicos o mentales que, por su naturaleza o intensidad, imposibiliten el cumplimiento de la misión de defensa de los intereses ajenos que a los Abogados se le encomiendan.
b) Las inhabilitaciones o suspensión expresa para el ejercicio de la Abogacía en virtud de sentencia o resolución firme.
c) Las sanciones disciplinarias que lleven consigo la suspensión del ejercicio profesional o la expulsión del Colegio por resolución corporativa.
Las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las han motivado o se haya extinguido la responsabilidad disciplinaria.
Incompatibilidades Todos los colegiados incorporados al Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Badajoz quedan sujetos al régimen de incompatibilidades establecidas en el Estatuto General de la Abogacía y de modo particular las siguientes:
a) El desempeño, en cualquier concepto, de aquellos cargos, funciones o empleos de las Administraciones Públicas en cuyas leyes reguladoras, o en el propio Estatuto General de la Abogacía, se establezca expresamente incompatibilidad.
b) Con el ejercicio de la profesión de Procurador, agente de negocio, gestor administrativo, o cualquier otra profesión que en sus estatutos u otras disposiciones legales establezcan dicha incompatibilidad.
c) Con los cargos judiciales o fiscales, cualesquiera que sea su denominación o grado, con los pertenecientes al secretariado de los juzgados o tribunales, y con los de oficiales, auxiliares, agentes y subalternos de los mismos.
d) Con los cargos de secretario del Consejo General del Poder Judicial y de los servicios de personal, gestión, inspección y gabinete técnico de dicho Consejo. Se asimilarán a estas incompatibilidades la de todo el personal del Consejo de Colegios de Abogados de Extremadura que, en su caso, tenga atribuida idéntica o similares funciones a la del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo General de la Abogacía Española.
e) El ejercicio profesional en asociación con cualquiera de los cargos, actividades o profesiones que, conforme a lo antes previsto, sean declaradas incompatibles.
Cese por incompatibilidad El abogado a quien afecte algunas de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior deberá comunicarlo, sin excusa, a la Junta de Gobierno del Colegio, cesando automáticamente en el ejercicio de la profesión.
La infracción de dicho deber de cese en el ejercicio profesional, así como la infracción de las incompatibilidades establecidas en el artículo anterior, directamente o por personas interpuestas, constituirá falta muy grave sancionable en la forma prevista en el artículo 105.1.b) de este Estatuto.
Prohibiciones y Restricciones Serán prácticas totalmente prohibidas a los Abogados, las consignadas como tales en el Estatuto General de la Abogacía, así como:
a) Prestar su firma a quienes, por cualquier causa, no puedan ejercer como Abogados.
b) Compartir locales con quienes ejerzan profesiones incompatibles con la abogacía, así como compartir con estos profesionales trabajadores o servicios que pudieran significar una merma en la independencia del Abogado, o a la salvaguarda del secreto profesional.
c) Ostentar vínculo asociativo para el ejercicio de la Abogacía con profesionales, funcionarios o cargos incompatibles con dicho ejercicio o prohibidos a los Abogados.
d) Las actuaciones en fraude de Ley, en relación con las anteriores prohibiciones.
e) Firmar escritos en asuntos confiados a Agencias de Negocios, Gestorías o Consultorios.
La infracción de las precedentes prohibiciones será perseguible disciplinariamente.
CAPÍTULO CUARTODEL EJERCICIO PROFESIONAL
Ejercicio individual de la abogacía 1. El ejercicio individual de la abogacía podrá desarrollarse por cuenta propia, como titular de un despacho, o por cuenta ajena, como colaborador o en régimen de relación laboral con un despacho individual o colectivo. No perderá la condición de Abogado quien ejerce como titular de su propio despacho individual cuando:
e) El abogado constituya una sociedad unipersonal, conforme al Estatuto General de la Abogacía.
2. El Abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o colaboradores, sin perjuicio de la facultad de repetir frente a los mismos si procediere. No obstante, los pasantes y colaboradores quedan sometidos a las obligaciones deontológicas y asumirán su propia responsabilidad disciplinaria. Los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del titular del despacho, aun en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros letrados por delegación o sustitución del mismo; y a su vez, dicho titular del despacho responderá personalmente de los honorarios debidos a los Letrados a los que encargue o delegue actuaciones, aun en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto escrito en contrario.
3. El ejercicio de la Abogacía por cuenta ajena en régimen especial de colaboración, habrá de pactarse expresamente por escrito, fijando las condiciones, duración, y alcance.
4. La abogacía también podrá ejercerse por cuenta ajena bajo régimen de derecho laboral, mediante contrato de trabajo formalizado por escrito y en el que habrá de respetarse la libertad e independencia básicas para el ejercicio de la profesión y expresarse si dicho ejercicio lo es en régimen de exclusividad.
5. El Colegio de Abogados podrá exigir la presentación de los contratos de colaboración y de trabajo a fin de verificar que se ajustan a lo establecido en esta norma. En las actuaciones que realice el colaborador en régimen especial o en régimen de derecho laboral, por sustitución o por delegación del despacho con el que colabore, deberá hacer constar en nombre y por cuenta de quien actúa.
Artículo. 29
Ejercicio de la abogacía en forma colectiva 1. Los Abogados podrán ejercer la Abogacía colectivamente, mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en Derecho, incluidas las sociedades mercantiles.
2. La agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar integrada exclusivamente por abogados en ejercicio. Su sede habrá de ser independiente de cualquier otra actividad y tanto el capital como los derechos políticos y económicos, habrán de estar atribuidos únicamente a los Abogados que integren el despacho colectivo.
3. La forma de agrupación deberá permitir en todo momento la identificación de sus integrantes, habrá de constituirse por escrito e inscribirse en el Registro Especial correspondiente al Colegio donde tuviese su domicilio, sin que pueda invocarse la condición de despacho colectivo hasta que quede inscrito. En dicho Registro se inscribirán su composición y las altas y bajas que se produzcan. Los Abogados que formen parte de un despacho colectivo estarán obligados personalmente a solicitar las inscripciones correspondientes.
4. Los Abogados agrupados en un despacho colectivo no podrán tener despacho independiente del colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen deberán dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo, así como en las minutas que se emitan. No obstante, las actuaciones correspondientes a los Turnos de Oficio y de Asistencia al Detenido tendrán carácter personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo.
5. Los Abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la defensa de los intereses que tengan encomendados. Las sustituciones que se produzcan se atendrán a las normas de funcionamiento del respectivo despacho, sin precisar la solicitud de venia, y los honorarios corresponderán al colectivo, sin perjuicio del régimen interno de distribución que establezcan las referidas normas que, en ningún caso, podrán reconocer participación alguna en tales honorarios a personas o entidades que no sean miembros del despacho colectivo, abogados colaboradores u otros profesionales con vínculo de colaboración autorizado conforme a la norma tercera o sus causahabientes en caso de fallecimiento.
6. La actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo estará sometida a la disciplina del Colegio en cuyo ámbito se efectúe, respondiendo personalmente el abogado incorporado o cuya comunicación de actuación profesional haya sido registrada en el mismo. No obstante, se extenderá a todos los miembros del despacho colectivo el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de sus integrantes y las situaciones de prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados, por cualquiera de ellos.
7. Sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiese tener el despacho colectivo conforme al régimen jurídico general que corresponda a la forma de agrupación utilizada o a los pactos internos entre sus integrantes, la responsabilidad civil frente al cliente derivada del ejercicio profesional se extenderá con carácter personal, solidario e ilimitado a todos los Abogados que hayan intervenido en el asunto.
8. Para la mejor salvaguardia del secreto profesional y de las relaciones de compañerismo, las normas reguladoras del despacho colectivo podrán someter a arbitraje colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus miembros a causa del funcionamiento, separación o liquidación de dicho despacho.
Artículo. 30
Ejercicio de la abogacía en colaboración con otros profesionales 1. Los Abogados de conformidad con el Estatuto General de la Abogacía, y sin que ello afecte a su plena capacidad para el ejercicio de su profesión ante cualquier jurisdicción y demás Tribunales, podrán establecer convenios de colaboración multiprofesional con otros profesionales no incompatibles con el ejercicio de la abogacía, para prestar servicios jurídicos específicos que complementen el de otras profesiones, siempre que se cumplan además las siguientes condiciones:
a) Que la actividad a desempeñar no afecte al correcto ejercicio de la Abogacía por los colaboradores Abogados.
b) Que los profesionales no abogados se comprometan por escrito a acatar, además de sus propias normas deontológicas, la deontología de la abogacía. Especialmente se extenderá a todos los profesionales firmantes del convenio, Abogados o no, el deber de secreto profesional, las incompatibilidades que afecten a cualquiera de ellos y la prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos.
c) Que se establezca como causa de extinción del convenio cualquier incumplimiento de las normas deontológicas de la abogacía, quedando obligados los Abogados a provocar dicha extinción en tal supuesto.
d) Que en las intervenciones profesionales realizadas en el marco del convenio se deje constancia de ello, sin que en ningún caso el convenio pueda extenderse a las actuaciones correspondientes a los Turnos de Oficio y de Asistencia al Detenido.
e) Que los Abogados tengan plena libertad para aceptar o rechazar cualquier cliente o asunto en el marco del convenio, así como plena independencia en su actuación profesional. Las sustituciones que se produzcan se atendrán a las normas de funcionamiento del respectivo convenio, sin precisar la solicitud de venia. Los honorarios se aplicarán conforme a lo convenido, sin que en ningún caso pueda reconocerse participación alguna en los mismos a personas o entidades que no sean firmantes del convenio, Abogados u otros profesionales con vínculo de colaboración autorizado.
f) Que el Abogado incorporado o cuya comunicación de actuación profesional haya sido registrada en el Colegio en cuyo ámbito se actúe, asuma personalmente la responsabilidad disciplinaria por la infracción de las normas deontológicas de la abogacía en que pueda incurrir el mismo o los profesionales no abogados.
g) Que, sin perjuicio de lo que pudiera establecer el propio convenio, la responsabilidad civil frente al cliente derivada del ejercicio profesional se extenderá con carácter personal, solidario e ilimitado a todos los profesionales, abogados o no, que hayan intervenido en el asunto.
h) Que el convenio se establezca por escrito, determinando las obligaciones y derechos de los diferentes profesionales y recogiendo, al menos, las condiciones, establecidas en esta norma, y se inscriba en el Registro Especial correspondiente al Colegio de Abogados donde tuviesen su domicilio los abogados firmantes del mismo, sin que pueda entrar en vigor hasta que quede inscrito. En tal Registro se inscribirán los firmantes del convenio y las altas y bajas que se produzcan en el mismo y los abogados que formen parte del convenio estarán obligados personalmente a solicitar las inscripciones correspondientes.
2. Para la mejor salvaguardia del secreto profesional y de las relaciones de compañerismo e interprofesionales, el convenio podrá someter a arbitraje Colegial las discrepancias que pudieran surgir entre sus firmantes a causa del funcionamiento, separación o liquidación del mismo.

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 105