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Timestamp: 2017-05-27 06:16:57+00:00

Document:
OBLIGATORIEDAD PARA CONCESIONARIAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA GARANTIZADA DE ACCESO A INTERNET PORCENTAJE MÍNIMO PARA EMISIÓN RADIAL DE MÚSICA NACIONAL Y DE RAÍZ FOLCLÓRICA Y TRADICIONAL ORAL
INTERCESIÓN PRESIDENCIAL ANTE CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO EN PROCESOS RELACIONADOS CON EXPRISIONEROS DE ISLA DAWSON Y ENVÍO DE INICIATIVA DE LEY REPARATORIA. PROYECTO DE ACUERDO
INCLUSIÓN DE SENAME Y SENAMA ENTRE PROPONENTES DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD DE POLÍTICA INTEGRAL PARA PROTECCIÓN A ADULTO MAYOR. PROYECTO DE ACUERDO
SUSPENSIÓN DE SUBASTAS PÚBLICAS, JUICIOS HIPOTECARIOS Y LANZAMIENTOS EN CIUDADES DEL NORTE AFECTADAS POR TERREMOTO. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD DE PROYECTO PENDIENTE SOBRE CREACIÓN DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD DE PROYECTO SOBRE PROTECCIÓN EFICAZ A GLACIARES EN CHILE. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN A VÍCTIMAS DE INCENDIOS DE VALPARAÍSO DE SERVICIO DE CRÉDITOS. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 11ª, en martes 22 de abril de 2014
(De 16:18 a 19:35)
Concurrió, además, la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González. Asimismo, se encontraba presente la Subsecretaria de ese mismo Ministerio, señora Patricia Silva Meléndez.
Las actas de las sesiones 8ª, especial, y 9ª, ordinaria, ambas en 15 de abril, y 10ª, ordinaria, en 16 de abril, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disponiendo funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional (boletín N° 9.294-06).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", respecto de los asuntos que se enuncian a continuación:
Proyecto de ley sobre comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín N° 7.765-07).
Proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja (boletines Nos. 7.873-07 y 7.011-07, refundidos).
Con el cuarto hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para el despacho del proyecto de reforma constitucional que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país (boletín Nº 9.069-07).
Con el último hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas (boletín Nº 8.132-26).
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica la aprobación, en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, del proyecto de ley que instituye el 29 de abril de cada año como el Día de los Sewellinos y Sewellinas (boletín N° 8.807-04). --Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia la Presidenta de la República.
Remite copia autorizada de las sentencias definitivas pronunciadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los siguientes preceptos legales:
Artículo 2331 del Código Civil.
Artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario.
Envía copia de la resolución pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
--Se toma conocimiento y se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. De la señora Superintendenta de Servicios Sanitarios:
Contesta consulta, enviada en nombre del Senador señor Prokurica, sobre materias relativas al proceso tarifario de los servicios que presta la empresa sanitaria Aguas Chañar en la Región de Atacama.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental: Responde solicitud de información, cursada en nombre del Senador señor De Urresti, respecto del proceso de reevaluación de la resolución de calificación ambiental del proyecto de instalación de la piscicultura en Lago Calcurrupe, comuna de Futrono, Región de Los Ríos.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que otorga reconocimiento al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública (boletín N° 8.805-07).
De la Comisión de Ética y Transparencia, con la que informa la elección, como su Presidente, del Senador señor Hernán Larraín Fernández.
Autorizar a la Comisión Especial destinada a abordar la catástrofe por el incendio en Valparaíso para sesionar simultáneamente con la Sala en el día de hoy, a partir de las 18 horas.
Tratar, en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana miércoles, el proyecto que modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, disponiendo funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional, siempre que se encuentre despachado el informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
Fijar nuevo plazo para formular indicaciones a las siguientes iniciativas:
a) Proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, hasta las 12 horas del lunes 5 de mayo de 2014, en la Secretaría de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
b) Proyecto de reforma constitucional que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, hasta las 12 horas del lunes 12 de mayo de 2014, en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
9069-07
Entrando en el Orden del día, corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de reforma constitucional, en tercer trámite constitucional, que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del país, con urgencia calificada de "suma".
En tercer trámite, sesión 10ª, en 16 de abril de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 60ª, en 8 de octubre de 2013.
Sesiones 55ª, en 10 de septiembre de 2013 (queda pendiente la discusión); 56ª, en 11 de septiembre de 2013 (se aprueba en general); 79, en 11 de diciembre de 2013 (se aprueba en particular).
Hay que pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
El proyecto inició su tramitación en el Senado y a su respecto la Cámara de Diputados efectuó cuatro enmiendas en el inciso tercero que se propone intercalar en el artículo 13 de la Constitución Política de la República.
Las enmiendas consisten en: 1) Incorporar, a continuación de la expresión "desde el extranjero" la oración "en las elecciones primarias presidenciales".
2) Suprimir la frase ", por el solo hecho de solicitarlo para cada elección o plebiscito". 3) Eliminar la oración "Dicha solicitud se dirigirá al Servicio Electoral, pudiendo realizarse en Chile o a través de los Consulados de Chile en el extranjero, indicando el Consulado donde se ejercerá este derecho". 4) Sustituir la oración "los requisitos formales que deberá contener la mencionada solicitud" por la siguiente: "el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral".
En caso de que la Sala acuerde aprobar las enmiendas, estas requieren el voto conforme de 22 señores Senadores.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios se transcribe el texto aprobado por el Senado, subrayado en las partes en que se le han introducido enmiendas, y las modificaciones efectuadas por la Cámara de Diputados.
Junto con saludar a la Ministra Secretaria General de la Presidencia, quiero pedir autorización a la Sala para el ingreso de la Subsecretaria que la acompaña, doña Patricia Silva.
Antes de entrar en la discusión de las modificaciones, quiero saludar a quienes nos acompañan esta tarde en las tribunas: la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI); el Club Adulto Mayor Los Jazmines de Pintué, de Paine; el Liceo Manuel Montt, de San Javier, y el Liceo Bicentenario de Peralillo. A todos ellos les damos la bienvenida a nuestro Congreso.
Señora Presidenta, antes de referirme a las modificaciones, quiero solicitar, a través de la Mesa, la anuencia de los señores Senadores para abrir la votación, ya que el colega Quintana, quien ha manifestado su deseo de participar en ella, debe viajar al sur por razones de salud de su hija.
Creo que todos entendemos la situación personal que afecta al Senador Quintana.
Por lo tanto, si no hay objeción, se abrirá la votación.
Además, quiero sugerir que hagamos una sola votación, pues, si bien las enmiendas son cuatro, las tres últimas están supeditadas a la primera. Todas están relacionadas. Hay una cuestión de coherencia en función de lo que cambia la primera.
En consecuencia, en votación las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Tuma.
Señora Presidenta, este es un debate y un proyecto largamente esperados, especialmente por los chilenos que residen en el exterior.
Este proyecto de ley ingresó el 14 de agosto de 2013, firmado por los Senadores señoras Isabel Allende y Soledad Alvear y señores Alberto Espina, Hernán Larraín y Patricio Walker.
La iniciativa está cumpliendo su tercer trámite constitucional en el Senado, donde corresponde efectuar una discusión única.
Su objetivo es regular el ejercicio del derecho a sufragio en las elecciones presidenciales y en los plebiscitos nacionales por parte de los ciudadanos chilenos que se encuentren en el extranjero.
El voto desde el extranjero se entiende "como la posibilidad que considera y regula expresamente la normativa electoral de un determinado país para que sus ciudadanos residentes o incluso en tránsito en el extranjero tengan la oportunidad y dispongan de facilidades para ejercer su derecho al sufragio fuera del territorio nacional para actos electorales que tienen validez y efectos dentro del país de origen o pertenencia".
En el mundo existen alrededor de 80 países que han regulado el voto en el extranjero. Los argumentos que se sostienen para legalizar el sufragio en el exterior son justificaciones en base a que los ciudadanos pertenecen a la comunidad política de un país y, por tanto, deben ejercer su deber cívico. En el caso de no ser así, se entiende como un atentado a los derechos políticos y, por ende, a los derechos humanos debido a que no se permite ejercer un derecho político a los ciudadanos que residen fuera de su territorio.
Con la modificación de la Constitución no hacemos otra cosa que ponernos al día respecto al camino que han recorrido otras democracias. Colombia, el 62; Brasil, el 89; Argentina, el 93; México, el 2006, son ejemplos de cómo los países amplían la frontera de la democracia y no la limitan.
No se debe prejuiciar un derecho esencial como es la participación de los ciudadanos en el extranjero, especialmente porque su movilidad está dada por condiciones laborales y económicas. Luego vienen las variables políticas.
La mayor cantidad de chilenos en el exterior está radicada en Argentina; luego, en Estados Unidos. Y no sería adecuado legislar pensando que esas comunidades tienen tal o cual preferencia. Lo fundamental es que garanticemos un derecho que fortalece nuestra ciudadanía y acrecienta y perfecciona la democracia.
No existe mayor compromiso que el deseo de los ciudadanos de seguir vinculados a la vida política del país. Exigir nuevos compromisos es poner obstáculos al ejercicio amplio de la democracia, que en las experiencias comparadas se caracteriza por reconocer, garantizar y facilitar el derecho a sufragio de los ciudadanos más allá de las fronteras de un país.
Frente al proceso de desgaste y desafección de nuestro electorado, expresado en una creciente abstención, el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero será un ejemplo de compromiso cívico; será un aire fresco que atraviese la cordillera de Los Andes para motivar la expresión soberana en nuestros compatriotas, dispersos en los diversos rincones del mundo, pero unidos en la preocupación por los asuntos públicos de la nación.
Espero, señora Presidenta, que el proyecto sea aprobado. Por mi parte, lo votaré favorablemente.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Navarro.
Señora Presidenta, a la hora de votar esta iniciativa me surgen sentimientos encontrados.
Cientos de miles de chilenos sufrieron el exilio durante la dictadura y muchos de ellos tomaron la opción de quedarse en el extranjero, ya sea por sus hijos, por motivos económicos, por razones profesionales. Y, una vez recuperada la democracia, pensaron que, instalado un Parlamento elegido por los chilenos, el voto, como derecho fundamental, les sería reconocido y devuelto.
Han debido pasar 21 años y cinco gobiernos para que aquello se hiciera efectivo. El del Presidente Sebastián Piñera prometió que este derecho se haría realidad. Sin embargo, no fue posible en los últimos cuatro años. Hoy existe la ocasión para que quienes afirmaron durante ese Gobierno que este era un derecho fundamental cumplan su palabra.
Es demasiado el tiempo en que hemos cercenado un derecho que muchos nacionales de otros países tienen. A quienes critican constantemente a Venezuela, les digo que más de 105 mil venezolanos votan en el mundo entero. Tal es la contradicción que veo en la UDI al oponerse a este proyecto de ley. Sus partidarios demandan democracia en otras naciones y no son capaces de darla en Chile para los compatriotas que se hallan en el extranjero.
Algunos creen que quienes se encuentran fuera de nuestro territorio son, por ese solo hecho, todos de izquierda, señora Presidenta. ¡Cuán equivocados están! Los chilenos radicados en el extranjero son gente diversa, con ideas propias, que reclaman un derecho constitucional que jamás debió habérseles vedado.
Esta Constitución nauseabunda -la Constitución de Pinochet con la firma de Lagos- es la que tenemos que terminar; es la que ha impedido un debate más amplio. Ella cercena no solo el derecho a la participación de los chilenos en el extranjero, sino el de todos los chilenos. ¡No hay plebiscito vinculante! ¡Los ciudadanos no deciden nada, ni a nivel nacional ni a nivel municipal! En la Constitución no existe ningún mecanismo que permita esa participación, a excepción del voto, que se ejerce una vez cada cuatro años.
Yo ya quisiera tener referéndum revocatorio como un elemento de contraloría ciudadana, para que los chilenos pudieran, no solo votar una vez cada cuatro años, sino también revertir el mandato otorgado a determinadas personas cuando estas no lo cumplieran. Es lo que existe en Venezuela y en muchos países de América Latina. Allí los ciudadanos siempre tienen la delegación de la soberanía y no al revés, como lo han sostenido algunos parlamentarios en este Hemiciclo: "Los Senadores delegan soberanía a la ciudadanía". ¡Es exactamente lo contrario! Las democracias funcionan cuando la soberanía del pueblo es delegada en los que aquí estamos. ¡Los que aquí estamos nos debemos al pueblo! ¡Somos elegidos por él y, por tanto, a él debemos responderle!
Durante los últimos 24 años (20 de la Concertación y 4 de un Gobierno de Derecha) no tuvimos la capacidad ni los cojones para poner este tema con mayor fuerza. Y muchos chilenos murieron en el extranjero esperando votar en las elecciones presidenciales.
Entonces, señora Presidenta, esta es una reivindicación añorada por miles y miles de compatriotas en el exterior.
Las dificultades se han subsanado. Me parece que lo acordado por la Cámara de Diputados es más adecuado. Si uno está inscrito en la Región del Biobío, en Concepción, y luego pasa a residir en La Serena, puede votar en esta ciudad si se cambia de domicilio electoral.
Considero conveniente lo propuesto. Si alguien vive en Bolonia y luego se traslada a Roma, puede cambiarse de domicilio electoral e inscribirse en el Consulado de Roma. Tengo entendido, señora Presidenta, que así fue lo acordado, y lo estimo adecuado, porque ese elemento también forma parte de la votación de los chilenos en el territorio.
Me voy a pronunciar a favor de este proyecto de ley.
Durante los años de la dictadura estuve en numerosas oportunidades fuera del país y esto era un reclamo permanente de los chilenos en el exterior. Muchos de ellos hoy día estarán contentos. Vamos a ver si se inscriben en los consulados, pues algunos dudan de que esta sea una verdadera democracia, debido a la Constitución nauseabunda de Pinochet que hoy día se mantiene.
¡Qué duda cabe de que hoy es un día histórico para el Senado, para el país!
La verdad es que junto a usted, señora Presidenta, los Senadores señora Alvear y señores Hernán Larraín, Espina y el que habla presentamos esta reforma constitucional, que no es una idea original de nosotros, sino del entonces Diputado Carlos Dupré y de diversos parlamentarios del pasado que enviaron iniciativas de reforma a la Carta Fundamental y a la ley, respecto a las cuales, desgraciadamente, en 24 años nunca hubo el consenso suficiente para avanzar.
La idea de este proyecto es permitir que los chilenos que viven en el extranjero puedan votar en las elecciones nacionales, es decir, en las de Presidente de la República, en las primarias y en los plebiscitos nacionales.
En el pasado no se alcanzaron los acuerdos requeridos básicamente por dos razones:
Primero, porque había una minoría que no accedía a que se dieran los quórums necesarios para efectuar una enmienda en esta materia. Eso me parecía un contrasentido, ya que, si en el pasado aprobamos el voto voluntario a fin de aumentar el universo electoral para enfrentar el problema de la falta de participación, ¿cómo habríamos de evitar que los chilenos que habitaban en el extranjero pudieran votar?
Y, segundo, porque no estuvimos dispuestos a aceptar exigencias o condiciones inaceptables para que a los chilenos que vivían en el extranjero les fuera posible votar. Así, durante el Gobierno anterior, algunos parlamentarios de Derecha plantearon en algún minuto que se exigiera a las personas venir a Chile durante cinco veces en los últimos ocho años para poder votar, con el objeto de que demostraran, según ellos, su interés por el país.
Sin embargo, eso implicaba establecer el voto censitario. Es decir, pensemos en los chilenos que viven en Australia: quienes tuvieran recursos para pagar su pasaje podrían votar, pero no los que carecieran de ellos. ¡Ese era un voto discriminatorio! ¡Ese era un voto censitario!
En consecuencia, me alegra que copiemos el ejemplo de otros países. Por ejemplo, al observar cómo votan los peruanos en los consulados de Perú en Chile cuando hay elecciones en su país (personas con recursos, personas modestas, con un interés cívico importante), uno no puede más que sentir envidia -¡sana envidia!-, al igual que respecto a Colombia, Brasil, Argentina.
Ochocientos mil chilenos esperan la aprobación de esta iniciativa: 400 mil se encuentran en Argentina. ¡Cuántas veces dijimos que no queríamos que la cordillera de Los Andes constituyera un muro que nos separara, sino un puente que nos uniera! Sin embargo, edificamos ese muro para que a ellos no les fuera posible votar. ¡Y ahora lo van a poder hacer! La mayoría de esas personas están en el exterior por razones económicas, por razones de trabajo, por razones de estudio. ¡Cuánto nos alegra que muchos estudiantes reciban becas del Estado para realizar sus posgrados, pero cuánto nos entristece que no puedan votar!
Luego, en junio, vamos a competir en un mundial de fútbol en Brasil. Y personas como Claudio Bravo (su capitán) o como Alexis Sánchez, que mojan la camiseta, que vienen a jugar todos los partidos de la selección chilena, no podrán votar por sus representantes cuando se celebren elecciones nacionales.
¡Eso es inaceptable y eso va a cambiar ahora! ¿Cómo? Al exigirse una sola inscripción -¡una sola inscripción!-, y después se tendrá que actualizar el domicilio, de modo tal que si se cambia de lugar de residencia se pueda participar.
Quiero recordar que, en el primer trámite constitucional, este proyecto fue aprobado en general con el voto favorable de 26 Senadores, y en particular, por el de 29, de un total de 38 Senadores en ejercicio.
Por su parte, en la Cámara de Diputados votaron a favor de la idea de legislar 84 Diputados, y en particular, 74.
Con esto, a los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentran fuera del país les será factible votar en el extranjero en las elecciones que señalé, y una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el Registro Electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, conforme a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 18 del Texto Fundamental.
¡Esto es un tremendo paso! ¡Un gran paso!
Felicito a los Senadores de la Nueva Mayoría, pero muy especialmente a los de Renovación Nacional, encabezados por el Senador Alberto Espina, quienes suscribieron un acuerdo de buena voluntad.
Y también formulo un reconocimiento al Senador Larraín, quien también es autor de esta reforma constitucional que nos permite hoy día pagar esta deuda histórica con los chilenos que viven en el extranjero.
Señora Presidenta, también me alegro de que estemos avanzando en reconocer un derecho, el cual ha sido difícil de instalar por diversas consideraciones -muchas de ellas muy legítimas-, pero que va a posibilitar que los chilenos que voten en el exterior puedan, realmente, cumplir un anhelo muy antiguo.
A mí me parece que es una respuesta justa a una demanda de bastante tiempo atrás, que merecía una solución adecuada.
Hay quienes están a favor de este proyecto, pues creen que les va a significar votos. Hay otros que lo rechazan, porque piensan que los van a perder.
La verdad es que no debemos establecer definiciones relativas a sistemas electorales o instituciones políticas solo en la medida que nos favorezcan sin tener en consideración lo que sea justo o bueno para el país.
Yo no sé a qué chilenos va a beneficiar esto. Lo que me interesa es que tengan este derecho y puedan ejercerlo.
Ahora, la fórmula a la que llegamos -de la cual también soy partícipe-, que fue producto de un acuerdo de la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución (a la que se unió la entonces Senadora y hoy Presidenta, quien había enviado una iniciativa en líneas similares) resolvió un problema que formaba parte de una discusión previa a la presentación de este proyecto: el del vínculo.
Muchos han planteado -no sin razón- que para que los chilenos que se encuentren en el exterior puedan justificar el ejercicio de este derecho deben tener alguna conexión con el país. Porque si alguien pasa 20, 30 años fuera de Chile y vota en elecciones cuyos resultados no le afectan (no le concierne el sistema de salud ya que se atiende afuera, ni el de educación pues paga impuestos con tal objetivo afuera), como tampoco las consecuencias de su decisión, entonces, debe poseer un vínculo.
Tal planteamiento es razonable, pero nunca llegamos a acuerdo acerca de ese concepto.
En la Comisión concordamos no en la existencia de un vínculo, pero sí en la manifestación de algún interés, en el sentido de que las personas debieran inscribirse para cada período electoral, sin establecerse limitación de especie alguna, salvo en la demostración del interés, como forma de establecer su compromiso.
Ello me pareció suficiente.
Con todo, ese punto fue cambiado por la Cámara de Diputados, y tenía todo el derecho a hacerlo, debido a que no formaba parte de ningún entendimiento previo. Pero, al volver acá, me enteré de que hoy día se ha firmado un protocolo, con alguno de los firmantes de ese acuerdo, del cual no fui partícipe, ni fui consultado, ni interiorizado de su alcance.
La verdad es que eso no me gusta. Debo confesarlo, porque concurrí con mi mayor entusiasmo a resolver un problema en algo que, a mi juicio, era un acuerdo. Hay personas que lo comprenden de otra manera, y se hallan en su legítimo derecho. Pero, desde mi punto de vista, hemos cambiado un entendimiento.
Por tal motivo, señora Presidenta, no voy a votar en contra, ya que constituiría una muy mala señal para quienes deseamos que se permita el voto de los chilenos en el extranjero. Pero tampoco lo voy a apoyar, pues me parece que altera algo respecto a lo cual yo entendí que había un acuerdo.
Eso sí, quiero instalar un tema de discusión: la inscripción permanente va a generar una dificultad si acaso alguien que vive en el extranjero quiere votar en Chile en las elecciones municipales, considerando que no va a estar inscrito en el país.
Ese problema se resolvía con el sistema original.
Lo advierto porque podría interpretarse que, por esta vía, le restaremos derechos a los chilenos residentes en el exterior que deseen venir a votar en las elecciones municipales.
Le corresponde intervenir a la Senadora señora Goic, pero en este momento no se encuentra en la Sala.
Señora Presidenta, como ya se ha dicho reiteradamente aquí, esta historia, esta lucha, ha sido larga. Y me alegra mucho que esté llegando a un final en que se reconoce el derecho de todo ciudadano chileno a participar al menos en las elecciones presidenciales o en las elecciones de nivel nacional.
Me parece muy bien también que se recuerde aquí al colega Carlos Dupré, quien dio comienzo a esta cruzada. Bromeando con la Senadora Carolina Goic decíamos que "¡En el siglo pasado se inició esta cruzada¿!". A algunos de los aquí presentes ello nos suena muy lejos, pero así es. En 1990 o 1991 Carlos Dupré fue insistente en esta materia. Después muchos otros fueron recogiendo estas banderas y, finalmente, el acuerdo de la Comisión de Constitución del año pasado, a que se refirieron los Senadores Larraín y Patricio Walker, posibilitó despejar varias de las diferencias existentes -algunas odiosas; otras de fondo; otras razonables-, que no permitían avanzar en esta materia.
Estimo que en un mundo globalizado en que son del orden de 800 mil los chilenos que se encuentran en distintos lugares del mundo -como decía Patricio Walker-, por razones económicas, sociales, políticas, culturales, lo que corresponde es darles la oportunidad de reafirmar su identidad.
Porque el voto, la voluntad de expresar su opinión, de marcar una preferencia por alguna candidatura en alguna elección de nivel nacional reafirma el lazo, la identidad, la nacionalidad de quien la ejerce.
Y es de la esencia de nuestra democracia que, si ahora existe la inscripción automática, ya que se cambió el sistema de inscripción voluntaria y de sufragio obligatorio, no queda ninguna razón para seguirse oponiendo al voto de los chilenos en el exterior.
Considero razonable que se haya planteado un "protocolo" -entiendo que así se llama-, según el cual, en la práctica, se obliga a dar los pasos siguientes a esta reforma a fin de permitir la implementación del voto en términos prácticos, que es donde se generan los problemas.
No creo que por el hecho de que se plantee una sola inscripción y de que se deba actualizar el domicilio cada vez que se produzca un cambio se vaya a generar una dificultad cuando los chilenos quieran volver e inscribirse en alguna comuna en específico, a diferencia de lo que planteaba el Senador Larraín.
Pienso que debe operar la misma condición que le permite hoy día a alguien ir cambiando de domicilio cuando se traslada de comuna, y así tiene que quedar establecido en la ley respectiva que habremos de dictar.
Señora Presidenta, me alegra enormemente encontrarme esta tarde acá, en el Senado. Varios de los aquí presentes estuvieron en el exilio y sufrieron por no poder opinar y ni siquiera participar en las decisiones en la patria¿
El Senador Andrés Zaldívar me dice que no era posible votar. Y es evidente: en ese tiempo no había una democracia. Pero lo más delicado es que miles de nuestros compatriotas siguieron en esa situación por años, pues mientras aquí estábamos tratando de fortalecer, de consolidar nuestro sistema democrático, no les permitíamos participar.
Finalmente, agradezco a la Comisión de Constitución: a los Senadores señores Larraín, Patricio Walker, Espina, a la señora Alvear y a usted, señora Presidenta, porque fueron capaces de sacar adelante, contra viento y marea o ante la incomprensión de bastantes, un proyecto que trae beneficios a nuestra democracia y a nuestros compatriotas.
Señora Presidenta, tengo la sensación de que tanto en el debate de esta iniciativa como en la de otras estamos viviendo el cierre de un ciclo en la historia de Chile, basado en la desconfianza y en la vigencia de una Constitución que nunca contempló el derecho a voto con la plena libertad y pluralidad que supone una democracia moderna.
Si hacemos un recuento histórico, veremos que el sistema electoral, que en el fondo imponía el dominio de la segunda mayoría; los altos quórums; los mecanismos que alteraban la voluntad ciudadana, como el de los Senadores designados u otros como el Consejo de Seguridad Nacional o el Tribunal Constitucional, que podía reinterpretar o declarar inadmisibles reformas en el Congreso Nacional por estar en contra del "espíritu" de la Constitución de 1980, en verdad terminó siendo un freno para el desarrollo político del país, y hoy vemos sus consecuencias.
El alejamiento de los jóvenes de las urnas tiene bastante que ver con la ineficacia en el ejercicio del derecho al voto, ya que sacar mayoría no tenía ninguna consecuencia y el ciudadano no encontraba mecanismos de participación propios de todas las democracias del mundo, como las consultas plebiscitarias, que existen en los países que admiramos.
Y como segunda agravante, se fue imponiendo, además, una visión restrictiva de la democracia. En efecto, en Chile incluso es necesario realizar una reforma para que se cumpla algo consagrado en la misma Constitución de 1980. Así, su artículo 13 dice claramente: "Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva". ¡En ninguna parte pone otras condiciones que no sean las establecidas en este principio!
Sin embargo, se ha discutido por décadas si hay que "condicionar el ejercicio". Y cuando esto se hace existen muchas condiciones posibles: desde el temor a que se manifiesten determinadas opciones políticas, o a que se viva en determinados países, o a cuál será el voto que se pueda emitir. En la mayoría de los casos, estos son prejuicios, puesto que los hijos no siempre votan como los padres.
Por consiguiente, habría bastado un reglamento para hacer efectivo el ejercicio del derecho a voto de los chilenos que se encuentran en el exterior. Cualquier otra interpretación sería restrictiva de la democracia.
Felizmente, se ha impuesto una visión más moderna, que pienso que también se relaciona con la evolución política del país, y eso permite que hoy estemos imponiendo el sentido común y no más que eso.
Por lo tanto, obviamente, felicito a quienes alcanzaron un acuerdo después de 24 años. La verdad es que cuesta explicarle al país que nos tomamos casi un cuarto de siglo para efectuar algo de sentido común. Pero a veces el sentido común es el menor y el más escaso de todos los sentidos.
Voto a favor. Me enorgullezco de ello, aunque me avergüenza que hagamos historia con algo que se podría haber resuelto de diversas maneras bastante antes.
Perdimos un cuarto de siglo en la democracia chilena.
Señora Presidenta, la verdad es que comparto lo que planteó quien me antecedió en el uso de la palabra, el Senador Guillier, porque estamos justamente en presencia de signos de los nuevos tiempos.
Efectivamente, durante la campaña de la Presidenta Bachelet planteamos con mucha fuerza que se iniciaba un nuevo ciclo político, social y económico, en donde, como clase política y como Estado, teníamos que hacernos cargo de nuevos desafíos de segunda, de tercera generación. Y uno de estos tiene que ver precisamente con profundizar nuestra democracia y fortalecer la participación ciudadana.
Por ejemplo, hoy día analizamos distintos temas en la Comisión de Salud, en circunstancias de que durante los cuatro años del Gobierno anterior prácticamente no se avanzó en salud pública, en infraestructura. De hecho, ahora se propone una fuerte recuperación de la infraestructura pública, así como una reforma muy profunda a la educación; una reforma tributaria que cambia la lógica de los impuestos, y tantas otras medidas que dan cuenta justamente de que se inicia un nuevo ciclo político. Estamos hablando de una nueva Constitución, en fin. Pero, sin duda alguna, debemos hacernos cargo del hecho de que pasaron demasiados años antes de remediar esta situación. Tenemos una deuda con muchos chilenos y chilenas que viven en el exterior y que no han podido ejercer un derecho consagrado en la Carta Fundamental, respecto del cual no se establece que la residencia en el país sea un requisito para poder votar.
Me llama mucho la atención que gran parte de los argumentos que hemos dado para lograr el apoyo de la Derecha guarde relación con la constancia de que, entre quienes hoy viven en el exterior, los exiliados durante el Gobierno militar son los menos. La mayoría de los que residen en el extranjero es gente que está estudiando o trabajando.
Y si se tratara solo de exiliados, ¿acaso no deberíamos, con mayor razón, intentar reparar el daño que el Estado chileno les causó y darles el derecho a voto, que de alguna manera los reivindicaría como ciudadanos de una patria que los marginó y expulsó durante la dictadura que sufrimos en nuestro país?
Por ello, creo que hoy es un día histórico, como lo dijo el Senador Patricio Walker: estamos reponiendo un derecho ciudadano y, también, entregando un derecho humano. Además, reviste un sentido político muy profundo el hecho de otorgarle la posibilidad de votar a un chileno o una chilena que reside en el exterior. Porque ellos muchas veces son nuestros mejores embajadores, por cuanto transmiten lo que somos: nuestra historia, nuestros valores, nuestra cultura, nuestra identidad. Por lo tanto, darles el derecho a voto fortalece ese vínculo, fortalece el apego. De hecho, Gabriela Mistral o Pablo Neruda, si hubiesen estado viviendo hoy día fuera del país, con todo lo que significan y representan, no habrían podido votar. ¡Qué contradicción! ¡Pablo Neruda y Gabriela Mistral no habrían podido votar!
Por lo tanto, estoy muy contento de que estemos dando este paso.
Asimismo, felicito a los Diputados y, hoy día, a los colegas de Renovación Nacional, a la representante de Amplitud (la Senadora Lily Pérez) y al Honorable señor Hernán Larraín por el apoyo a la iniciativa. A mi juicio, le da mucha más fuerza a esta reforma el hecho de que sea respaldada por una mayoría amplia y transversal en este Senado. He dicho.
Señora Presidenta, básicamente, lo que uno dice hoy día es: "¡Qué alegría poder ser partícipe de esta votación!". Esperamos que con ella, tal como se ha señalado, no solo se logre el anhelo sentido por muchos durante tantos años, sino que también se termine la presentación de una serie de propuestas y mociones sobre la materia, que originaron distintas iniciativas que han sido discutidas en el Congreso. Al igual que otros, deseo reiterar las felicitaciones a los autores de la moción: en especial, a Soledad Alvear -nos habría encantado que estuviera aquí votando con nosotros-, a los Senadores señores Espina, Hernán Larraín y Patricio Walker, y a usted misma, señora Presidenta.
Recordaba con mis colegas a los autores de otras mociones sobre el particular. Parece que el entonces Diputado Carlos Dupré fue uno de los primeros. En tono de broma, señalábamos acá que tal propuesta fue hecha a fines del siglo pasado; o sea, a principios de los noventa. Han debido pasar todos estos años, en debates que se volvieron bastante ásperos en algunos momentos, para poder otorgar a los chilenos que viven en el exterior algo tan propio: pronunciarse sobre quién va a ser el Presidente o la Presidenta de este país y participar en plebiscitos. ¡Ello es algo que parece muy lógico!
Algunos han señalado que miramos con envidia a muchos países vecinos que permiten a sus ciudadanos en otras naciones participar desde los consulados con su voto. Ante ello, uno se preguntaba: "¿Por qué los chilenos que viven afuera no pueden hacer lo mismo?".
Creo que es oportuno recordar que en la vecina República Argentina hay muchos compatriotas nuestros y que, además, tenemos harto intercambio en la Patagonia. El año pasado, la comunidad residente de chilenos en Río Grande me decía: "Ojalá en la próxima elección podamos votar desde acá". Ese el principal encargo que hacen. Lo mismo piden los connacionales en Río Turbio, en fin. Es parte de las conversaciones que sostenía habitualmente con ellos.
Para mí, es un agrado decir hoy día que se está cumpliendo una demanda legítima para muchos que tuvieron que partir exiliados, obligados a irse del país, dejando atrás la posibilidad de participar.
Por otra parte, como se ha señalado, son muchos los que, por motivos de estudios, familiares o de trabajo, ya no residen en territorio chileno, pero mantienen el interés por su patria y quieren ser parte de sus decisiones.
A mi juicio, lo que hacemos hoy día es fortalecer nuestra democracia: incluir a cientos de chilenos y darles participación.
Destaco, además, el respaldo transversal de un compromiso que se ha firmado hoy día, relativo al contenido de la ley orgánica respectiva, que se abordará luego de la presente reforma constitucional, instancia en que se garantizará que, para los residentes en el exterior, no habrá más requisito que los que se aplican a quienes habitamos en territorio nacional: dejar constancia de la dirección para saber dónde se vota, registro que se hará por única vez y que solo se actualizará si hay un cambio de país.
Con esta iniciativa damos un tremendo paso.
Por último, como sucede siempre, cuando uno avanza, quiere continuar en la discusión del asunto que sigue en términos de fortalecimiento de la democracia. Creo que en este ámbito hay reformas políticas pendientes, las cuales, si fueran abordadas, colaborarían mucho tanto a incentivar la participación en procesos electorales como a hacer de la participación ciudadana en espacios de representación pública y política algo que todos queremos y valoramos.
Señora Presidenta, en lo personal, pienso que con este proyecto estamos haciendo justicia para una cantidad importante de compatriotas, quienes, no viviendo en el país hoy día, quieren seguir vinculados a Chile a través de la elección de su principal autoridad (el Presidente de la República) y, como lo ha establecido la Cámara de Diputados, mediante la participación en primarias y plebiscitos.
Esta discusión, como indicó muy bien la Senadora Goic, ha durado bastante tiempo, casi 24 años. Partió con unos supuestos que, quizás, causaban duda o confusión: cuántos chilenos residían fuera del país en esa época y por qué razón habían partido.
Cabe recordar que, a principios de los noventa, la mayoría de los chilenos que se encontraban en el extranjero, o parte importante de ellos, eran exiliados.
En la actualidad, si uno mira las cifras que entrega con relativa frecuencia -si es que uno no las pide- la Policía de Investigaciones acerca de la salida de chilenos al exterior, nota que la gran mayoría viaja por motivos de trabajo, de estudio o familiares. Es decir, no hay un tinte político respecto de quienes se encuentran fuera de Chile.
Muchos de ellos -todos nosotros recibimos correos durante estos días de chilenos que se hallan laborando en otro país por 2 o 3 años o que han partido por razones de estudio- quieren participar en los procesos electorales, pero no han podido hacerlo debido a que nuestra Constitución no les permite ejercer el derecho a sufragio. A partir de esta reforma constitucional, esos chilenos sí podrán votar en el exterior.
Por otra parte, me asiste la misma duda que planteó el Senador señor Hernán Larraín: ¿qué ocurrirá en las elecciones municipales?
En mi opinión, será factible resolver adecuadamente ese asunto cuando se elabore la ley orgánica respectiva. Una opción para esos casos puntuales sería fijarles un domicilio en el país. Puede ser el último que registraron en Chile antes de salir. Así, de encontrarse aquí en el momento de la elección municipal, ellos podrían votar.
Esta iniciativa, sin duda, es un paso adelante para fortalecer nuestra democracia, porque obligará a quienes van a ser candidatos presidenciales a tener una mirada mucho más amplia respecto de lo que es el país.
Y esto siempre debió considerarse como una región más en el extranjero. Me refiero a esa cantidad importante de chilenos que están fuera del país, especialmente en Argentina. Ante ello, también debiéramos disponer políticas públicas relativas al aspecto migratorio.
Finalmente, cabe señalar que esperamos que este sea un paso más hacia la consolidación de la democracia y, por sobre todo, hacia el mejoramiento de la participación de nuestros compatriotas, especialmente de quienes, por distintas razones, se hallan fuera del país y no han podido votar en las elecciones.
Dicho esto, señora Presidenta, voto a favor.
Señora Presidenta, es legítimo en democracia expresar opiniones a favor o en contra de determinadas materias. También forma parte de este principio fundamental respetar dichas opiniones, aun cuando no sean compartidas por la mayoría.
He visto con preocupación que algunos sostienen que sería antidemocrático votar en contra o no votar a favor de este proyecto. ¿Por qué me inquieta? Porque creo que todas las opiniones aquí son válidas. Además, antiguas democracias, como lo demostraré posteriormente, han establecido que los ciudadanos que viven en el extranjero o no pueden votar o deben cumplir la exigencia -esta alternativa me habría gustado a mí- de tener ciertos vínculos con el país para poder sufragar.
En el mundo, solo un tercio de las naciones que realizan elecciones permiten el voto en el extranjero -hay casos, como Cuba, donde no es posible votar incluso en el mismo país; pero, bueno, esa es otra realidad-, y exigen como condición mantener un vínculo.
Tengo el convencimiento de que debe existir una relación entre el territorio y el elector que emite su voto en el exterior, tal como ocurre en las democracias más exitosas del mundo, como Alemania, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, países que fijan a sus connacionales requisitos de temporalidad. ¡Y no he escuchado a nadie decir, por lo menos en este debate, que en esas naciones no hay democracia!
En Alemania, se exige haber residido a lo menos tres meses en territorio alemán a los ciudadanos que viven en un país de la Unión Europea. Y si se habita en otra nación, se pide que no hayan transcurrido 25 años de estar fuera de Alemania.
En Canadá, se necesita inscripción en un registro especial y tener menos de 5 años de residencia en el extranjero.
En Australia, se precisa estar inscrito en un registro que se lleva en el país. El interesado en votar debe solicitar su inscripción, petición que debe ser entregada dentro de un año desde la salida al exterior.
En Nueva Zelandia, no se pueden registrar como electores los ciudadanos que han estado ausentes del país por más de 3 años.
En Estados Unidos, los ciudadanos americanos pueden efectuar su voto a distancia. Para ello, una vez al año deben llenar una solicitud dirigida a su representante electoral, quien deberá confirmar su elegibilidad e incorporarlos en la lista para recibir "boletas de voto a distancia" para cualquier elección que se realice en ese año.
Misma situación se repite en Brasil, en Ecuador, en Argentina. En este último caso, se exige ser mayor de 18 años y concurrir obligatoriamente al consulado respectivo a realizar el cambio de domicilio y a manifestar la voluntad de ser incluido en el Registro de Electores Residentes en el Exterior.
En Uruguay, que es un país que nombramos como modelo para muchas cosas, no se permite el voto en el extranjero. ¡Y no he escuchado a nadie decir que en dicha nación no hay democracia!
Señora Presidenta, aprobar este proyecto, lisa y llanamente, tal como lo propone el Ejecutivo, con la indicación introducida, significa firmar un cheque en blanco, porque el acuerdo político al que se refirió el Senador Hernán Larraín no se ha respetado. Y yo hace mucho tiempo que no firmo cheques en blanco. No lo hago en mi vida privada y tampoco en política.
En efecto, lo único que hace la propuesta es consagrar el derecho a sufragio de los ciudadanos chilenos que se encuentran en el extranjero, dejando en manos de una ley orgánica la inscripción y la forma en que se realizará el proceso eleccionario.
Sin embargo, no existe un ápice de acuerdo en cómo se materializará tal derecho, por lo que, a mi juicio, se corre el grave riesgo de despachar una normativa que no tendrá aplicación o de legislar contra el tiempo, como ha ocurrido en otros casos.
Ante esta situación, les pregunto lo siguiente: ¿Queremos un sistema perfeccionado, a la altura de países como Alemania, Nueva Zelandia, Australia o Canadá? Respecto de ello, yo votaría a favor. ¿O deseamos establecer un sistema como el que hubo en Guinea, que operó una sola vez y luego se suspendió por las irregularidades detectadas, o como el de Venezuela, donde no existen disposiciones legales específicas, quedando en manos del Consejo Nacional Electoral -todos saben de qué tinte político es- la determinación de los procedimientos y mecanismos para el registro y emisión de votos?
Para lo primero, señora Presidenta, estoy disponible. Esa opción ha funcionado en democracias antiguas que han dado prueba de su eficacia. Para lo segundo, no estoy disponible, razón por la cual me abstengo.
Señora Presidenta, voto a favor del proyecto.
Además, quiero recordar que, durante la campaña presidencial del 2009, en el programa de Gobierno presentado por el entonces candidato Sebastián Piñera -después, Presidente de la República-, en el acápite titulado "FORTALECEREMOS Y AMPLIAREMOS LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS" (página 110), se dedica un par de líneas al compromiso de legislar para permitir que los chilenos que residen en el exterior puedan votar.
Traigo a la memoria ese hecho, porque es parte de nuestra herencia. Nosotros, el movimiento Amplitud, vamos a defender fuertemente la visión de una Centroderecha moderna, liberal y social, muy comprometida no solamente con derechos, sino también con responsabilidades. ¡Y por supuesto que queremos avanzar en esta materia! Por eso los Diputados de Amplitud votaron, coherentemente la semana pasada, a favor de esta iniciativa. Por lo mismo, hoy día yo votaré que sí.
Yo no soy de los que creen que se debe descalificar a quienes piensan distinto, porque cada persona tiene derecho a emitir su propia opinión. Además, para algunos, este también es un tema de principios, y no solamente de técnica electoral. A mí me llena de orgullo poder cumplir la palabra empeñada.
A propósito de la conmemoración del Bicentenario, recuerdo que fui invitada a Buenos Aires por nuestro Gobierno como legisladora chilena y mujer cercana a la Administración del Presidente Piñera. Viajé junto con el entonces Subsecretario de Relaciones Exteriores, Fernando Schmidt. En esa ocasión sostuvimos una gran reunión con chilenos que viven en Argentina; de hecho, asistieron a ese encuentro personas de distintas localidades del vecino país. Y, efectivamente, como alguien señaló, cerca de la mitad de los compatriotas que residen en el exterior están en la referida nación trasandina. Según me acuerdo, en esa reunión participó gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del Subsecretario; el Embajador de Chile en ese país, en ese entonces el ex Senador Adolfo Zaldívar, y quien habla. Todos señalamos que apoyar el voto de los chilenos en el exterior era algo realmente muy importante y de principios.
Además, estimo que una de las cosas más nefastas que nos ocurren en nuestro país, que genera esta polarización entre buenos y malos y nos separa en bandos, es la desconfianza. En realidad, son la desconfianza, el miedo y el prejuicio a creer que todos los chilenos y las chilenas que residen en el exterior adscriben a cierta ideología política contraria, probablemente, a la que algunos representamos. Creo que ello es realmente un prejuicio. Es alta la cantidad de connacionales que habitan en el exterior por razones de trabajo y estudio. En la actualidad, después de que aprobamos la inscripción automática y el voto voluntario, lo único que nos separa de esos chilenos en cuanto al ejercicio de sufragar es una barrera económica. En efecto, si ellos dispusieran de recursos, podrían tomar un avión y venir a Chile a votar, pues ya están inscritos.
Por lo tanto, ¿por qué vamos a dejar que una barrera económica impida que los conciudadanos que viven fuera del país ejerzan su derecho a votar?
En consecuencia, señora Presidenta, pienso que es muy importante el proyecto que estamos votando hoy. Haciendo honor al compromiso adoptado por el Gobierno del Presidente Piñera, quienes defendemos gran parte de su legado, sobre todo, en materias de agenda social y política -me refiero a los representantes del movimiento Amplitud: sus Diputados la semana pasada y yo hoy día- concurrimos con nuestro voto favorable a esta iniciativa.
Señora Presidenta, esta es una votación importante, porque significa, básicamente, avanzar en tres principios que son fundamentales para el fortalecimiento de un sistema democrático.
El primero de ellos es la participación. Uno de los elementos más esenciales en un régimen democrático es lograr que la mayor cantidad de ciudadanos participen en la elección de sus principales autoridades. Y no cabe duda de que esta iniciativa abre las puertas para que los chilenos que viven en el extranjero puedan participar en una decisión tan relevante como es escoger al Presidente de la República.
En segundo lugar, es un principio de justicia. Y lo es porque la gran mayoría de los chilenos que viven en el extranjero -87 por ciento, según los antecedentes que recopilamos en la Comisión de Constitución; me lo recordó el Senador Patricio Walker- se encuentran allí de manera temporal: o están trabajando; o cursan estudios; o residen en el exterior por razones económicas, para abrirse nuevas fronteras, y tienen familiares en Chile. Por lo tanto, no existe ninguna razón para suponer que a ese conjunto de compatriotas no les asiste el derecho a resolver sobre una materia tan importante como la elección del Presidente de la República.
Ahora, quiero hacerme cargo del argumento aducido en cuanto a que solo deberían votar quienes se interesan en los problemas que se registran en nuestro país. Le encuentro razón a dicho planteamiento: obviamente, habrían de sufragar aquellos que tienen interés a aquel respecto. Sin embargo, todavía no he escuchado un argumento que me demuestre que alguien que reside en el extranjero irá a inscribirse en un consulado para votar y lo hará aun cuando no le interese para nada lo que sucede en Chile.
Si existe un problema de participación entre quienes viven en nuestro país, no veo por qué suponer que un compatriota que se encuentra en el exterior irá a votar para elegir al Presidente de la República de Chile aunque no tenga ningún interés en el destino del país de su nacionalidad.
A mi juicio, nos encontramos ante una cuestión de convicción en torno a cómo se perfecciona nuestra democracia.
Y me alegro de esta votación por un tercer elemento: porque tenemos tres desafíos muy relevantes hacia el futuro. Primero, la reforma educacional (en el caso de los Senadores de Renovación Nacional la lidera el colega Allamand). Segundo, la reforma tributaria (por nosotros, la encabeza el Senador García). Y tercero, los temas constitucionales. Ahora bien: la capacidad que se demostró para llegar a acuerdos en el proyecto que nos ocupa debiera ser siempre un principio guía, no para transar y adoptar posiciones contrarias a nuestras convicciones, sino porque el rol del Senado es intentar resolver los problemas pendientes y generar los acuerdos necesarios para darle estabilidad y progreso a nuestro país.
Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, este acuerdo se encuentra dentro de los tres principios mencionados, que nos parecen relevantes: permite más participación, es de justicia y demuestra que es posible llegar a entendimientos en una cuestión que sin lugar a dudas se debe materializar.
Señora Presidenta, también deseo destacar que nosotros, como partido político, hemos intentado desde los años 90 contribuir al perfeccionamiento de nuestra democracia.
Lo hicimos cuando, luego de muchos años, logramos poner término a la institución de los Senadores designados, modificar el Consejo de Seguridad Nacional, cambiar la composición del Tribunal Constitucional.
Y recuerdo que en aquel entonces se nos decía a quienes estábamos en Renovación Nacional que queríamos desmantelar la institucionalidad. Sin embargo, demostramos no solo que no se desmantelaba la institucionalidad, sino además que apostando por el perfeccionamiento del sistema democrático uno consigue cautivar la confianza de la gente en la democracia y en el debate de las ideas como factor para gobernar un país.
A propósito del proyecto que nos ocupa, quiero resaltar lo que hicieron los Diputados de mi Partido. Porque en un momento se quiso plantear como desavenencia el hecho de que hubiesen votado en contra de una indicación. A decir verdad, los parlametarios tuvieron razón, pues nos permitieron llegar a un protocolo que establece que los chilenos residentes en el extranjero deberán inscribirse en el consulado correspondiente al lugar donde quieran votar (trámite análogo al que se hace en Chile para los efectos de sufragar). Y obviamente si cambian de domicilio, habrán de inscribirse donde deseen votar, con todas las facilidades que otorga hoy la tecnología.
Finalmente, quiero hacerme cargo de algo que se señaló respecto al acuerdo que alcanzamos en la Comisión de Constitución. Y le pido, señora Presidenta, que me dé un minuto adicional, porque considero bien relevante el punto.
Como expresó el Senador Larraín, el proyecto -Su Señoría fue parte activa de él- establecía que los chilenos residentes en el extranjero debían inscribirse en el consulado correspondiente cada vez que quisieran votar. Pero, con posterioridad, la norma pertinente se modificó en el sentido de que no estarán obligados a inscribirse en cada elección presidencial, sino una sola vez (con eso es suficiente), salvo que deseen cambiar el lugar de votación, caso en el cual, al igual como ocurre en Chile, deberán inscribirse en la nueva ciudad donde sufragarán.
Yo no considero que ese cambio sea relevante ni trascendente, por la sencilla razón de que el principio de que los chilenos que quieran votar en determinado lugar tienen que inscribirse constituye una demostración suficiente de su interés por participar en un proceso electoral. Por consiguiente, no me parece que dicho perfeccionamiento, introducido legítimamente en el trámite respectivo, desvirtúe el sentido del proyecto, que es ampliar la participación en nuestro sistema democrático; hacer justicia con quienes viven en el extranjero, tienen interés por Chile y, debido a la distancia física, no pueden votar; y, finalmente, solucionar un problema que se arrastra por muchos años.
Por las consideraciones expuestas, votaremos a favor. Nos alegramos por nuestros compatriotas que residen en el extranjero y no han podido participar en un proceso electoral pese a querer hacerlo. Y sentimos que de esta manera construimos un país más inclusivo, más participativo, donde todos se sienten integrados a su progreso y su futuro.
Tiene la palabra la Senadora señora Allende para fundamentar su voto.
Señor Presidente, manifiesto hoy mi profunda satisfacción, porque este ha sido un largo camino: como aquí bien se ha recordado, desde 1991, cuando el Diputado Dupré presentó el primer proyecto sobre la materia.
El año 2005, mientra analizábamos reformas constitucionales importantes -al concretarse implicaron, entre otras cosas, el término de los Senadores designados; cambios en el Consejo de Seguridad Nacional; facultar al Presidente de la República para destituir, de ser necesario para el país, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas-, tuve quizás la ingenuidad de pensar que también lograríamos el derecho a voto para los chilenos residentes en el exterior. Pero no lo conseguimos. En 2007 presenté una moción. Creí que llegaríamos a acuerdo. Tampoco fue posible.
Por eso -reitero-, siento realmente una profunda satisfacción. Tiene razón el Senador Guillier cuando sostiene que nos demoramos demasiado tiempo: veintitantos años. Pero hoy finalmente estamos llegando a un punto muy significativo. Y espero que no haya marcha atrás.
A mi juicio, estamos haciendo un acto de reparación para con todos los compatriotas que se encuentran en otro país. En el censo efectuado cuando Soledad Alvear era Ministra de Relaciones Exteriores se calculó que alrededor de 850 mil connacionales vivían fuera de Chile. De ellos, solo el 12 por ciento eran exiliados. El resto residía en el exterior fundamentalmente por razones de estudio, económicas y, por supuesto, familiares.
Señor Presidente, en un mundo cada vez más globalizado y donde las comunicaciones son prácticamente instantáneas no existe impedimento alguno para que los chilenos radicados en el exterior (porque están estudiando, trabajando, o porque salieron al exilio) vean todos los días nuestra televisión, escuchen radios nacionales y sepan exactamente lo que ocurre en nuestro país. Más aún, me atrevería a apostar que muchos de ellos ven nuestra televisión y escuchan nuestra radios más que nosotros mismos en Chile. Y tratándose de sectores jóvenes, probablemente están bastante más identificados con lo que pasa en el día a día en nuestro país.
En consecuencia, pienso que, si hubiera una elección aquí, todos esos compatriotas ejercerían su derecho a voto.
Es cierto, aprobamos una reforma que estableció inscripción automática y voto voluntario. Creíamos que con ello se legitimarían más nuestros procesos electorales y concurriría más gente a votar. El camino recorrido ha demostrado que no es precisamente así.
Pero sí resulta importante el hecho de que estamos tratando de ampliar ese ejercicio soberano. La ciudadanía ha de entender que radicar el ejercicio del voto exclusivamente en la dimensión física del país no se justifica en un mundo globalizado. Las personas hoy trabajan desde cualquier punto. Un avión puede llevarlos a cualquier país. Y da lo mismo, porque a través de Internet se pueden comunicar instantáneamente y contar con lo que requieran para cumplir sus obligaciones laborales.
La pregunta que ha de formularse es qué sucede en nuestra región.
Aquí un Senador entregaba antecedentes sobre otros países. Pero yo pregunto por nuestra región.
Cuando ve a ciudadanos argentinos, brasileños, venezolanos, colombianos ejercer su derecho a voto, uno dice: "¡Tanto tiempo y no hemos sido capaces!".
Señor Presidente, hoy quiero reafirmar que después de mucho andar, de un largo camino, de muchas discusiones, lo estamos consiguiendo.
Se lo planteé al Presidente Piñera cuando llevaba menos de un mes de mandato y tuvimos la oportunidad de acompañarlo en un viaje a Estados Unidos. Se encontraba, entre otros, el Senador Espina. Su Señoría recordará la conversación de una noche en que le manifesté al Primer Mandatario: "Presidente, usted se comprometió con los chilenos. Ellos están esperando que cumpla su palabra".
No logramos acuerdo, pues había exigencias a mi juicio absolutamente desproporcionadas. Porque no todos pueden venir a nuestro país. Para personas que viven en Nueva Zelandia, por ejemplo, viajar a Chile implica un costo enorme.
Entonces, nos pareció que la obligación de venir a lo menos una vez cada cinco años era absolutamente desmedida.
Por cierto, algunas naciones podrán establecer dicha exigencia; pero para las de nuestra región resulta del todo desproporcionada.
Después de mucho andar, se logró el referido acuerdo en la Comisión de Constitución, donde participé activamente. Y agradezco a sus integrantes, quienes aceptaron que lo firmara pese a no ser miembro titular, pues se trataba de un tema que veníamos trabajando desde hacía muchos años.
No puedo dejar de mencionar a la entonces Senadora Soledad Alvear, con quien estuvimos permanentemente preocupadas de esta materia.
Aun más, le llevamos al a la sazón Ministro Chadwick el proyecto de ley orgánica constitucional que debía suceder a esta reforma, a fin de adelantar camino y evitar que hubiera razones para decir "Es muy complejo", pues veíamos que podía ser extraordinariamente sencillo.
El gran acuerdo sobre la reforma constitucional alcanzado en la Comisión fue precisamente la entrega del derecho a voto a los chilenos que viven en el exterior.
Señor Presidente, creo que la modificación introducida en la Cámara de Diputados es más bien un progreso, pues nunca me gustó que exigiéramos inscribirse en cada elección.
Porque de nuevo hay que plantearse lo mismo: por qué la persona debe trasladarse en algunos casos cientos y cientos de kilómetros si ya se inscribió una vez y con ello demostró su voluntad de votar y de hallarse verdaderamente interesada en elegir a las autoridades chilenas.
Por lo tanto, con profunda satisfacción, hoy día digo que el acuerdo logrado es importante.
Ahora, puedo entender al Senador Larraín, pero lamento que no apoye el acuerdo.
Su Señoría nos acompañó en la oportunidad anterior. Ello, incluso, le valió críticas. Pero, valientemente, hizo ver sus convicciones; aceptó que era importante avanzar en el derecho a voto para los chilenos residentes en el extranjero.
En mi concepto, es adecuado que nuestros compatriotas se inscriban una vez. Pero, obviamente, si cambian de ciudad deberán volver a inscribirse. Es exactamente lo que hacemos en Chile. O sea, si nos cambiamos de comuna, tenemos que concurrir al Servicio Electoral y efectuar la modificación pertinente.
Naturalmente, la ley orgánica constitucional que regulará la situación, que no es tan difícil. Porque, sin duda, el proceso estará a cargo de los cónsules. Es decir, lo llevarán a cabo profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por lo tanto, creo que estamos dando un tremendo paso.
Señor Presidente, yo le comentaba a un grupo de chilenos radicados afuera, organizados desde hace muchos años para pelear por esto¿
Terminó su tiempo, señora Senadora.
Su Señoría tiene un minuto adicional para que pueda concluir.
Señor Presidente, esos compatriotas estaban dudosos. Pero yo les decía: "Esta reforma constitucional es positiva, porque estamos elevando al máximo rango este derecho: al nivel constitucional. Esa es la importancia que le estamos dando".
Por supuesto, esta reforma será seguida por una ley orgánica constitucional que regulará el procedimiento respectivo. Pero -reitero- su importancia radica en el hecho de que la elevamos al máximo rango.
Incluso más, les decía a esos compatriotas que aquello significaba que el día de mañana otras mayorías no podrían terminar el derecho en cuestión, por hallarse en el rango constitucional.
Por eso, con profunda satisfacción, tras un recorrido tan largo, hoy puedo decir que hemos dado un tremendo paso; que por fin nos ponemos al día, después de esperar por muchos años, quienes tenemos la convicción de que mientras más participación haya, mientras más amplio sea nuestro concepto de ciudadano y mientras más oportunidades le demos a la gente para ejercer el derecho en comento, más fortaleceremos la democracia y más ganará nuestro país.
En consecuencia, con mucha alegría, como una de las autoras de esta reforma constitucional, expreso mi reconocimiento a Amplitud, que nos acompañó en la Cámara Baja, al Diputado y a los Senadores de Renovación Nacional que se sumaron a este acuerdo. De verdad, se lo agradezco, los felicito.
En definitiva, si bien con demora, logramos un importante acuerdo.
El paso de hoy será recordado porque por fin nos pusimos al día y fuimos capaces de otorgar un derecho que debíamos haber conferido hace mucho tiempo.
Tiene la palabra el Senador señor Horvath para fundamentar su voto.
Señor Presidente, en forma breve, quiero hacer mención de la realidad que viven muchos chilenos en el extranjero.
En el caso nuestro -lo sabe el Senador Bianchi-, tenemos 500 mil chilenos en la Patagonia argentina. Es decir, hay más compatriotas en el país vecino que en nuestro propio territorio. ¡Y quiénes más que ellos añoran que a Chile y a sus regiones les vaya bien!
Por otro lado, el rol objetivo que deberán desempeñar las embajadas y los consulados en esta materia será más que delicado. Desde luego, habrán de realizar una labor muy profesional, para no influir en los potenciales electores. Estamos hablando siempre de un voto voluntario.
Y, en tercer lugar, hay que mirar hacia el futuro.
Hoy en día en el extranjero están más informados que nosotros mismos de lo que pasa en Chile.
Vivimos en un país tan centralista -agobiado de centralismo- y tan concentrador que influyen incluso los medios de comunicación para entender lo que sucede en Chile. Hay que leer entre líneas y dar una segunda mirada a los debates y a las informaciones para saber lo que ocurre realmente.
Desde el extranjero, hoy en día, con las redes internacionales, con los sistemas de información, es perfectamente posible no solo estar al tanto sino también influir positivamente en el devenir de una nación.
En una mirada de futuro, esta reforma no solo hace justicia: además, genera un lazo más estrecho con los chilenos en el exterior.
Señor Presidente, esta es una de las reformas más trascendentales de nuestro sistema político y se transformará -no tengo la menor duda- en un hito en nuestra historia constitucional.
Su efecto inmediato será la profundización de la democracia al entregar herramientas que permitirán el ejercicio efectivo del derecho a sufragio que les asiste a todos nuestros ciudadanos.
En el texto aprobado en segundo trámite por la Cámara de Diputados se contempla la participación de los chilenos residentes en el exterior en tres actos eleccionarios: primarias presidenciales, elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales.
Soy del parecer de que la Carta Fundamental no debe contener esa enumeración, pues deja al margen los comicios territoriales, esto es, elecciones de parlamentarios, de alcaldes, de concejales y de consejeros regionales.
Es un principio constitucional el de que el Estado está al servicio de las personas.
De otra parte, los derechos garantizados constitucionalmente no pueden ser limitados en su esencia, de acuerdo al artículo 19, número 26°, de nuestra Carta Fundamental.
Por lo tanto, la restricción del derecho a sufragio a determinados actos eleccionarios, a mi entender, importa una violación de los principios señalados.
Desde el punto de vista técnico, estimo que esta materia, como todas las que regule nuestra Carta Política, ha de ser considerada de forma genérica, estableciendo el reconocimiento constitucional del derecho y entregando a la ley la regulación de la forma, oportunidad y condiciones para su ejercicio.
Más allá de las dudas acerca de la necesidad de una reforma constitucional antes que una legal, aprobar el artículo con el texto sugerido por la Cámara de Diputados nos pondrá a futuro en la necesidad de discutir una nueva reforma a la Carta, cuando se consolide la voluntad política de incluir en el ejercicio de estos derechos las elecciones territoriales.
Por lo tanto, aparece como contrario a un principio de economía de recursos del constituyente el verse en la necesidad de expresar una voluntad política contingente respecto a un acto eleccionario particular a través de una nueva reforma constitucional.
Esa dificultad, sin duda, se salva entregando a la ley -como dije- la regulación del ejercicio del derecho a sufragio de ciudadanos chilenos que viven en el extranjero.
Este proyecto, que se inició el año 2010, fue rechazado por esta misma Cámara en atención a la exigencia al chileno residente en el exterior de un vínculo con su país de origen, en el texto primitivo.
Se ha reconocido desde al principio la existencia de dicho vínculo.
La discusión, entonces, se ha centrado en la necesidad de contemplar y no descartar desde ya las elecciones territoriales. Ello obedece a la idea de reforzar el regionalismo y evitar que los chilenos residentes en el extranjero pierdan la vinculación con sus regiones, distritos o comunas, donde siempre van a conservar estrechas relaciones familiares y culturales. Hoy en día la región, el territorio, es un centro de reflexión sobre las políticas públicas.
Creemos que la participación de chilenos que habitan en el extranjero en la generación de sus representantes es una contribución decisiva al proceso de regionalización que vive nuestro país.
Es menester que las regiones tengan vinculaciones de orden internacional y que desde el exterior también se discuta la inserción de aquellas en los contextos nacional y mundial. Por lo tanto, soy del parecer de que el texto despachado por la Cámara de Diputados se apruebe asimismo en el Senado, con la mención de que las condiciones, modos y oportunidades para el ejercicio del derecho a sufragio se regulen únicamente por la respectiva ley orgánica constitucional.
Debo señalar, además, que he escuchado la opinión política de que hay respaldo mayoritario al sufragio en su integridad y de que su implementación total es cuestión de tiempo. Ello reafirma la tesis que sostengo en el sentido de que el constituyente establezca el derecho y el legislador solamente lo regule.
Sin perjuicio de las observaciones que acabo de formular, apoyo con mi voto la aprobación del proyecto con las modificaciones introducidas durante el segundo trámite constitucional, por exigirlo el interés general de la nación y porque importa un paso gigantesco en la profundización de la democracia.
Señor Presidente, ante todo, como otros colegas, felicito tanto a los autores de este proyecto (Senadoras Allende y Alvear -Sus Señorías anduvieron detrás de él durante mucho tiempo- y Senadores Espina, Hernán Larraín y Patricio Walker) cuanto a los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta, quienes han trabajado en la materia.
Sinceramente, sigo creyendo que esta reforma no era necesaria. En mi concepto, los chilenos, sobre todo los mencionados en el número 1° del artículo 10 de la Carta, tienen derecho a sufragio por sí mismos. Y habría bastado una ley orgánica constitucional para reglamentar el ejercicio de tal derecho en el caso de los residentes en el extranjero.
Bueno: hubo dudas a ese respecto y se concluyó en la necesidad de esta modificación del Texto Fundamental.
Pero, de todas maneras, deberemos dictar una ley orgánica constitucional para determinar cómo ejercerán el derecho a sufragio los chilenos que residen en otro país.
Como Senado y como parlamentarios, estábamos dejando de cumplir nuestra obligación al no legislar acerca de la materia, sobre todo después de la dictación de la ley que estableció la inscripción automática.
El artículo 13 de la Constitución del 80 dice quiénes son ciudadanos. Y la ciudadanía lleva implícito el derecho a sufragio.
Ese precepto dispone en su inciso primero: "Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.". Y pueden votar, salvo que caigan en alguna de las causales de suspensión del derecho a sufragio que prevé el artículo 16 de la Carta o por pérdida de la calidad de ciudadano, en los términos del artículo 17.
Repito: todos los chilenos con dieciocho años de edad cumplidos y que no hayan sido condenados a pena aflictiva son ciudadanos y tienen derecho a sufragio.
Por lo tanto, con esta reforma no estamos haciendo un reconocimiento ni otorgando un derecho adicional, sino dándole mérito a una disposición constitucional conforme a la cual, a mi entender, los chilenos residentes en el extranjero tienen derecho a votar.
Ahora bien, la ley orgánica constitucional prevista por el nuevo inciso tercero que se incorpora al artículo 13 de la Carta determinará la forma de ejercer el derecho en comento.
En la situación que planteó el Senador Larraín, la persona inscrita en el extranjero que regrese a Chile votará sin problema, pues va a figurar en el Registro Electoral, conforme a la inscripción automática. Y si no es así, habrá que aclararlo en la referida ley.
Señor Presidente, me parecen bien las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Porque, de acuerdo con el sistema que aprobamos en el Senado, para votar en el extranjero los chilenos deberían, a los efectos de manifestar su interés, inscribirse en cada elección.
Yo pregunto qué sucedería si estableciéramos el mismo mecanismo respecto a los chilenos que viven en nuestro país, o sea, si en cada elección tuviéramos que ir al Registro Electoral para decir: "Quiero votar en los próximos comicios". ¡Adónde llegaríamos por ese camino!
¿Por qué, entonces, les vamos a hacer una exigencia de tal índole a los chilenos que residen en el extranjero?
Lo lógico es lo que sostuvo la Cámara de Diputados: que se inscriban una sola vez; y, tal como los chilenos que viven en nuestro país, podrán hacerlo de nuevo al cambiarse de domicilio.
Por eso, me parece que lo obrado en el segundo trámite constitucional va en el sentido correcto. Señor Presidente, reitero que lo que estamos haciendo hoy no es sino cumplir -no reconocer- una norma fundamental y establecer en la ley orgánica constitucional pertinente cómo ejercerán el derecho a sufragio los ciudadanos chilenos que residen en otra nación; y eso lo conseguimos mediante una disposición equitativa.
Espero que en la ley orgánica constitucional no nos demoremos tanto -seis, ocho, diez años- como en esta reforma. Debemos actuar con prontitud, para dar cumplimiento al artículo 13 de la Constitución Política.
Señor Presidente, a mí no me cabe la menor duda -he escuchado con gran atención el debate habido esta tarde- de que quien se acerca a un consulado para votar en una elección de Presidente de la República tiene interés en participar. Pero, en mi concepto, el problema estriba en si la persona que manifiesta tal interés tiene alguna vinculación con nuestro país.
Ahora, yo soy una convencida de que las acciones siempre provocan consecuencias y de que las personas deben hacerse responsables de estas.
En tal sentido, pienso que el chileno residente en el extranjero que no tiene vinculaciones de ninguna índole con nuestro país (comerciales, en fin) y que no visitado el suelo patrio en muchísimos años no se responsabiliza de las consecuencias de ejercer el derecho a sufragio.
Cuando uno vota, sobre todo para elegir Presidente de la República, debe hacerse responsable del sufragio que emite, de las consecuencias de su participación en los comicios pertinentes.
Por ejemplo, vamos a tener reforma tributaria, reforma educacional, en fin, y sufriremos las consecuencias, buenas o malas, de las acciones que está emprendiendo un Gobierno elegido democráticamente quienes vivimos en este país.
Aquí no estamos hablando de estudiantes chilenos becados en el extranjero por dos o tres años; tampoco, de profesionales que van a trabajar durante un tiempo a otra nación; tampoco, de deportistas como Alexis Sánchez, quien nos representa y viste la camiseta nacional: estamos hablando de chilenos residentes en el extranjero que no tienen ningún vínculo con nuestro país y, por lo tanto, no van a sufrir las consecuencias derivadas del ejercicio del derecho ciudadano que les estamos otorgando.
Desde tal perspectiva, incluso existe incoherencia con las campañas que se hacen para fomentar el ejercicio del derecho a voto dentro de nuestro país. Porque cuando nosotros les pedimos a los ciudadanos que participen les decimos: "Si no lo hacen, posteriormente no tienen derecho a quejarse. Si no sufragan, después no pueden andar llorando o quejándose por las decisiones que toman los políticos elegidos sin su voto".
Por lo tanto, no se trata de que los chilenos residentes en el extranjero no voten, sino de que no corresponde que ejerzan el derecho pertinente aquellos que llevan treinta años en el exterior sin vínculo alguno con su patria y de ninguna manera serán afectados por las reformas que el gobierno elegido efectúe en salud, en educación, en seguridad ciudadana, etcétera. En mi concepto, el hecho de ir una vez a un consulado y decir "A mí me interesa" no garantiza un vínculo con Chile como el que deben tener las personas a las cuales se procura otorgarles el derecho en comento.
Así que, en este caso, yo voy a votar en contra.
Señor Presidente, con mucho gusto, voy a votar a favor de este proyecto de reforma constitucional. Creo que tiene razón el Senador Andrés Zaldívar cuando sostiene que, en estricto rigor, no era necesario un proyecto modificatorio de la Carta Fundamental.
De otro lado, sin embargo, esta iniciativa le da al derecho de los chilenos residentes en el exterior a participar en los procesos electorales una jerarquía muy grande: la más alta que se puede otorgar, desde el punto de vista de la supremacía constitucional. En consecuencia, tiene esta ventaja.
Por supuesto, yo también felicito a todos los parlamentarios que han participado en esta idea desde hace veintitrés años.
La primera moción fue del Diputado Carlos Dupré, en 1990, 1991.
Ciertamente, entre otros y otras, felicito a la Presidenta del Senado, Isabel Allende, y a Soledad Alvear, quienes hicieron una contribución muy importante para permitirnos en este día verdaderamente histórico votar esta reforma constitucional.
Quiero recordar que en 2005 -hace nueve años- el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un censo: había en el exterior 842 mil chilenos, un poco más de la mitad de ellos en Argentina. Debemos valorar -es bueno decirlo- la voluntad de acogida de Argentina con respecto a más de 400 mil chilenos que viven allí.
Además, el referido censo concluyó que sobre 75 por ciento de los chilenos que vivían en el exterior habían salido por razones económicas.
Por consiguiente, se derribó el mito existente en algunos sectores de Derecha -no en todos; y quiero valorar que esta tarde Senadores y Senadoras de Derecha vayan a votar a favor- en cuanto a que la permanencia de chilenos en el exterior se debía esencialmente a razones políticas, al exilio.
En efecto, cerca de 12 por ciento de los chilenos residentes en el extranjero habían salido por motivos políticos; más de 75 por ciento, por razones económicas.
Ahora bien, ¿qué es la ciudadanía?
Porque esta es una república democrática.
Así lo señalaba además el Ministro Carlos Cerda, quien recibió en el Senado una inmensa votación -porque las cosas están cambiando en Chile; lo comentábamos aquí con la Senadora Lily Pérez- para ser designado Ministro de la Corte Suprema: 32 votos favorables y solo 2 abstenciones.
¡Las cosas están cambiando!
Y ahora viene la discusión sobre el sistema binominal. ¡Qué bueno! ¡Qué auspicioso que finalmente estemos avanzando en materias como esas!
Decía que esta es una república democrática. Por lo tanto, el concepto básico es la ciudadanía.
¿Y qué es la ciudadanía? El derecho a elegir y ser elegido. Esa es la ciudadanía, desde los tiempos de la república romana y de la democracia de los griegos.
Y hay un padrón electoral.
Es cierto que en teoría, nominalmente, todo chileno puede votar si cumple ciertos requisitos, aunque se encuentre en el exterior. Pero en la práctica eso no pueden hacerlo ciento de miles de compatriotas que viven fuera de nuestro país, por la vieja cuestión de las condiciones materiales de existencia y, por supuesto, por la razón geográfica vinculada con la lejanía.
En consecuencia, aquí se trata de facilitar el ejercicio de la ciudadanía, que es propio de una república democrática y que consiste en el derecho a elegir y ser elegido.
No poder votar desde el exterior es una forma de exilio político, una forma de desarraigo. Como Ministro de Relaciones Exteriores, durante casi dos años me tocó recorrer más de cuarenta países, donde muchas veces me encontré con chilenos que soñaban -y todavía sueñan- con el acto de justicia que se está concretando hoy día: la consagración de su derecho a votar.
Es una forma tardía de hacer justicia en el caso de la comunidad de chilenos residentes en el exterior.
A mí me da envidia cuando hay una elección en Perú y uno ve en nuestro país largas filas de peruanos y peruanas que van a sufragar.
¡Más de 140 mil peruanos y peruanas en Chile!
¡Yo quisiera ver esa escena con los chilenos y chilenas que viven en el extranjero!
Esta es también la vieja cuestión del ius soli y el ius sanguinis, que cruza todo el Derecho. ¿Hasta qué punto el territorio? ¿Hasta qué punto la sangre? Pero, en el fondo, ¿qué es? Es el vínculo con la patria.
Yo citaba a Maurizio Viroli, teórico político italiano que definía la "república" en una triple dimensión: la libertad, la ley y la patria.
Este proyecto de reforma constitucional tiene un sentido republicano y patriótico: fortalecer, y no debilitar, el vínculo con los chilenos que residen en el exterior.
Parece razonable al menos comenzar con la elección de Presidente de la República, las primarias presidenciales y los plebiscitos nacionales.
El Presidente de la República es símbolo de unidad nacional. No es solo Jefe de Gobierno, sino además Jefe de Estado. Y el Jefe de Estado es símbolo de unidad nacional.
Por lo tanto, estamos fortaleciendo la unidad nacional, en un sentido republicano y patriótico.
Como Presidente de la Democracia Cristiana -no solo como Senador-, celebro este paso.
Por cierto, respeto a quienes van a votar en contra o se van a abstener.
¡Qué pena! ¿Dónde está la patria, dónde está la unidad nacional, dónde está el vínculo que queremos fortalecer -y no debilitar- con los chilenos y chilenas que viven en el exterior, cualquiera que sea el país de residencia?
Por lo expuesto, me sumo a la inmensa alegría, expresada por muchos, de poder consagrar esta reforma constitucional, que posibilita en la práctica el voto de los chilenos en el extranjero.
Señora Presidenta, en primer lugar, felicito a los autores de esta reforma -entre ellos, Su Señoría-, que no hace sino corregir una situación que envuelve una enorme injusticia.
Algunos tenemos en la materia una experiencia más personal. Algo similar debe de ocurrir con cientos de personas que viven en otro país y se conectan con su patria no solo desde el corazón, sino también tecnológicamente. Porque hoy día es muy fácil comunicarse. Por lo tanto, a diferencia de antes, se mantienen vínculos estrechos y permanentes.
A mí no me parecía adecuado -y concuerdo con lo que manifestaba sobre el particular la señora Presidenta del Senado- que un chileno residente en el extranjero viniera cada cierta cantidad de años a nuestro país para manifestar su interés.
Yo estoy seguro de que a muchas de las personas que se hallan en el exterior les gustaría estar acá cada año. Lo que pasa es que eso no es posible desde el punto de vista económico.
He hecho referencia a un caso personal, porque un hermano vivió durante muchos años en Alemania y otro ha hecho otro tanto en Buenos Aires, y cada vez que nos encontrábamos manifestaban exactamente lo mismo: sin poder venir, experimentaban el enorme deseo de poder participar en los actos democráticos de su país de origen.
Por eso, no solo me sumo hoy con alegría a quienes apoyan el proyecto y voto con un enorme entusiasmo, sino que también me parece que estamos haciendo cabal justicia a personas que, por una cuestión ideológica, por no encontrarnos políticamente nosotros mismos, enfrentaron el hecho de que no fue posible una aprobación durante más de 20 años. La interpretación de la época era que probablemente la mayoría de ellas eran exiliadas. Y si hubiera sido así, ¿qué?
Pero resulta que hoy día, en un mundo tan globalizado, muchísimos chilenos deambulan de un sitio a otro por motivos laborales, por posgrados y estudios, por salud, por asuntos personales, por exilio. Son tantas las razones. ¿Y dejan de ser tales por estar fuera de su país? Obviamente que no. Tienen tantos o iguales derechos como quienes estamos dentro.
Entonces, conforme a este prisma, me complace grandemente algo que muchos de ustedes han dicho y a lo cual me agrego: hoy día estamos ni más ni menos que robusteciendo nuestra democracia. Ese es el punto: cómo nos hemos puesto de acuerdo, después de tanto alegato, de tanta discusión, de tanto desencuentro, y somos capaces de fortalecerla y de permitir que chilenos en el exterior, tal vez sin un vínculo físico, pero sí en contacto permanente con familiares, con amigos, voten en adelante, una vez manifestada su intención, por un Presidente de la República, por una opción en un plebiscito, etcétera.
Al Senador que habla también le satisface la corrección introducida por la Cámara de Diputados.
En mi caso personal, puedo consignar que, por la cercanía con Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos, Río Turbio y otras tantas localidades de Argentina, son cientos y cientos los chilenos con un enorme deseo de poder llegar a votar cada cuatro años en las elecciones presidenciales, por ejemplo.
En este momento estamos cumpliendo ese anhelo con este acuerdo. Voto a favor y me uno al respaldo a la reforma constitucional. Estimo que el Senado, casi de manera unánime -no creo que se registren muchos pronunciamientos en contra, y se respetarán si los hay-, va a aprobar más que nunca un proyecto justo, que era necesario y que nos fortalece como país y como nación.
Señora Presidenta, me parece que hoy es un día importante, y, como Senador nuevo, no me gustaría centrarme en el pasado, como he escuchado mucho hacerlo, sino en el futuro. Porque creo que, para un chileno que se encuentra lejos. votar es supergenuino. Y, además, juzgo que ellos van a estar muy felices.
Mas pienso que es preciso ser transparentes ante la opinión pública. Este tipo de asunto no es un problema de principios, a diferencia de lo que se trata de demostrar: ha sido un problema matemático. Y muchas personas de Derecha -nosotros- se oponían por los exiliados y la Concertación quería aprobar por los exiliados. Pero considero que el voto chileno en el exterior, más que una cuestión de sectores, es de sentido común. Por eso, voy a pronunciarme a favor.
Lo que sí me suena raro -claramente no participé en la historia de la iniciativa, que es bastante antigua- es la participación en plebiscitos y no en elecciones parlamentarias. Esta última posibilidad me habría gustado más que la primera, que muchas veces dice relación con materias bastante más locales.
La Derecha verdadera -a la que el Senador que habla, por lo menos, quiere representar- no le tiene miedo a competir. Podemos hacerlo en sectores llamados "de Izquierda" o "de Derecha". Queremos trabajar por una democracia estable, pero participativa, mas que no esté preocupada de tantas pequeñeces y cálculos electorales, sino que busque el gran sentido de los problemas de Chile.
Y, por eso, deseo aprovechar el momento de reflexión que hemos tenido hoy día y destacar la conveniencia de que de alguna manera iniciemos un proceso, diría, de transparencia, de decirnos la verdad, de dejar con frecuencia de mentirnos. Pongo por ejemplo el binominal. A lo mejor, en un principio puede haber dado estabilidad, pero, con el correr de los años, unos exponían que querían cambiarlo, otros que no, y al final nunca era alterado, porque matemáticamente llegó un momento en que no le convenía a nadie.
Vamos a tener que ser generosos y enfrentar las dificultades. Se aproxima una reforma tributaria en la que será preciso estar abiertos a debatir. Viene una posible reforma educacional, respecto de la cual, si no somos amplios, si no somos capaces de exponernos las cosas como son, nunca vamos a eliminar la farsa de saber que tantos niños reciben una enseñanza de pésima calidad. Y en cuanto a la afirmación de muchos en el sentido de que estamos a punto de ser un país desarrollado, ¡es cosa de salir a la calle, de ver lo que pasó en los cerros de Valparaíso, donde apareció el verdadero Chile, que está a muchos años de serlo!
En lo personal, estoy muy contento. A mi juicio, este es un día muy especial, no solo porque no le tengo miedo a la democracia, sino también porque insisto en que podemos iniciar un proceso de decirnos la verdad, de dejar a veces de mentirnos, de no sacar cálculos pequeños y en el cual de alguna manera seamos capaces de enfrentar los problemas que todos conocemos y de cuya gravedad nos hayamos enterados. A veces, por defender demasiado fuerte nuestras "ideologías", nos olvidamos del verdadero fin, que es Chile.
Puede intervenir el Honorable señor Letelier.
Señora Presidenta, quiero partir por recordar al Diputado Carlos Dupré, quien fue el que en 1990 comenzó a plantear el asunto y presentó el primer proyecto, a partir de la recuperación de la democracia, para hacer posible el sufragio de nuestros compatriotas en el exterior.
Como bien lo ha dicho nuestro colega Ignacio Walker, el derecho a voto ya está consagrado en la Constitución. Y se eleva el nivel del debate en tanto se les reconocen ciertos derechos a todos los chilenos. El absurdo radica en que ha habido una opinión en nuestro país -porque muchas veces se ha discutido calculadora en mano- en orden a que el problema del sufragio en el exterior es que puede incidir en el resultado interno, y, por tanto, la evaluación de si esas personas participan o no y de si su votación es determinante o no tiene que ser el factor para que los apoyemos o no en su derecho a ser connacionales, no de segunda categoría, sino de primera, como todo el resto.
Ese es uno de los puntos de vista. No lo comparto. Creo que la discusión es más bien de otra naturaleza. Lo primero es si todos los chilenos tienen derecho a participar en lo que pasa en esta tierra en el mundo del siglo XXI, que no es el del siglo XIX ni el del siglo XX.
Si pensamos bien las cosas y en lo obrado por quienes han gobernado y dirigido los destinos de Chile en nuestros 200 años y un poco más de vida independiente, cabe recordar que durante tres cuartos de ese período se consideró a las mujeres incapaces de sufragar. Porque ¡cómo se iba a dejar que votaran! ¡Podían influir en los resultados acerca de cosas importantes para la nación!
Y hasta los años setenta se decía de los analfabetos: "¡Cómo vamos a dejar que voten si son muy ignorantes: ello puede repercutir en los destinos de la patria!". Y hubo una cultura dominante que compartía ese juicio.
Hay quienes sostienen ahora: "No es bueno que sufraguen los chilenos en el exterior, porque no son ciudadanos de la misma categoría y necesitan tener un vínculo con la patria".
¡El vínculo es ser chileno! ¡Eso es lo que importa en el mundo globalizado de hoy! El que quieran participar los transforma, además, en agentes tremendamente valiosos para los intereses de la patria. Si miles de ellos, de hecho, son embajadores de Chile en cada una de sus comunidades, en cada una de sus ciudades, en cada uno de los países donde viven, y se mantienen interesados en el quehacer de nuestra nación e intervienen, ¡qué más vínculo! ¿O el relevante es el de tipo económico? ¿O el de contar con ciertas propiedades? ¿O es de otra naturaleza?
Muchos empresarios viven más meses del año fuera de nuestra tierra que dentro de ella por la naturaleza de su trabajo. Eso no los hace menos chilenos ni determina que tengan menos derecho a votar y a expresarse.
A mi juicio, el derecho a votar y a participar en los asuntos del país no solo tiene que ver con la igualdad entre todos nuestros compatriotas, independientemente de dónde estén residiendo, sino que también potencia en forma tremenda, en el siglo XXI, el interés de Chile en este mundo globalizado, donde los intereses de la patria no se expresan únicamente por quienes viven en nuestra tierra, sino, además, por quienes la llevan en el corazón, por quienes son capaces de promoverla en una forma distinta.
No dispongo de la estadística correspondiente, pero puedo consignar que muchos de nuestros más destacados artistas han vivido más años fuera de Chile que dentro de su territorio. Y eso no significa que no le hayan hecho una gran contribución al país.
El que muchas personas en la misma situación se mantengan preocupadas de lo que aquí sucede es un tremendo aporte.
Por ende, más allá del ejercicio por todos los chilenos de la posibilidad de sufragar en un plebiscito, en una elección presidencial o en una primaria y de que ello se verifique en el consulado respectivo, estimo que la aprobación de la reforma fortalece el interés de un pequeño país en el fin del mundo y que se proyecta en todo el orbe. Y tener a compatriotas sufragando en todos los continentes no solo da igual si incide o no en los resultados: creo que la diferencia radica en que eso nos hace más grande como nación y es un interés colectivo en el cual deberíamos estar comprendidos todos.
Señora Presidenta, durante muchos años hemos sostenido esta discusión en el Senado y fuera del Congreso.
Lo que estamos haciendo hoy día, en castellano, es profundizar la democracia. Una mirada larga a la historia de Chile nos muestra que siempre ha habido fuerzas que tratan de forzar una situación para generar más derechos, entendiendo que eso apunta al bien común, y un sector tiende a ser más conservador y trata de frenar o de dar argumentos de por qué avanzar en cierta línea no es lo adecuado. Ello se ha dado desde siempre.
Hay un ejemplo que no me canso de repetir. Cuando se discutió en el país y el Congreso, a principios del siglo pasado, la necesidad de contar o no con instrucción básica obligatoria -se llamaba "instrucción primaria"-, un sector se opuso. A los ojos de hoy día ello resulta raro, a contrapelo. ¿Quién se va a oponer a la necesidad de que los niños vayan al colegio? Pero en esa época -1910 o 1915- había otra concepción. Algunos sostenían que era una labor del Estado exigirles a los padres el envío de sus hijos a la escuela para que estos no quedaran analfabetos, para darles instrucción, para conseguir un país mejor y más productivo, así como también gente más preparada y con mayores argumentos. Y otro sector consideraba que eso no era necesario, porque se trataba de personas que tenían que trabajar la tierra y, al final, no podíamos educarlos a todos.
Es cosa de revisar las actas de los debates.
Hoy día estamos discutiendo el voto de nuestros compatriotas en el exterior. Y ello tiene algo de eso.
Es cierto: me parece que alguna gente aborda el asunto calculadora en mano, como lo expresó el Senador señor Letelier. No lo dicen, pero es así. Porque hay quienes están convencidos de que los que se fueron al exilio, sus hijos y hasta la sexta generación votarán por la Centro Izquierda y no por la Derecha.
Creo que eso es una pequeñez, porque, con el tiempo, es algo que no ocurre, en la medida en que todos estamos bastante distribuidos al final del día. Y, sin existir el exilio, habrá connacionales que van a emprender afuera, y sus descendientes tendrán otra mirada, pero siguen siendo hijos de chilenos y les interesa el devenir de nuestro país.
Entonces, contemplando hacia atrás la historia larga, ¿qué tuvimos? Esas fuerzas más conservadoras que sostuvieron: "No, el voto es censitario". O la persona contaba con recursos económicos, o había ido al colegio, o sabía leer y escribir. Y pasamos a una discusión sobre el sufragio de la mujer. Lo que me parece es que hoy -y es lo bueno que va a ocurrir- se registrará una mayoría que comparte un diagnóstico. No se trata de que uno venció a otro. Los de la calculadora no van a aceptar nunca que les ganaron no obstante el implemento. Una mayoría significativa, a pesar de un sistema electoral que a mí no me gusta, permite comprobar que personas, parlamentarios, políticos, mentes, con valores que hace quince años, o diez, o cinco encontraban muy difícil dar el pase a la medida que nos ocupa, han llegado a la convicción de que es necesario hacerlo.
Algún cínico dirá: "Lo están haciendo por conveniencia". No creo. Puede haber de esos. Pero juzgo que el grueso ha adquirido la seguridad de que el país ha cambiado tanto que parece realmente contraproducente pensar que no podemos otorgarles derecho a voto a nuestros compatriotas que viven en el extranjero.
En consecuencia, la buena noticia es que hay un cambio -eso es lo que observo-, como tal vez también lo habrá cuando discutamos la reforma tributaria, para lo cual vamos a tener un buen espacio en el Senado. Algunos nos encargaremos de ello. Y se abre la misma posibilidad para el debate de la reforma del sistema electoral, en lo que considero que se van a sumar fuerzas.
Tal vez no sea el mismo proyecto el que salga del Congreso, pero opino que hay un diagnóstico compartido -repito- en cuanto a que es preciso efectuar ciertos cambios. Y la pregunta es si resulta mayoritario -no de consenso, porque eso no existe- en relación con el instrumental requerido.
Hoy día, entonces, se genera una amplia mayoría, representativa de un quórum muy alto, ¿para qué? Para expresar que es bueno y sano para Chile que nuestros compatriotas que viven afuera puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones presidenciales.
Señora Presidenta, Honorable Sala, tal como lo expuse en mi intervención durante el primer trámite del proyecto de reforma constitucional, todos los chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva -esto es, inferior a tres años y un día de privación de libertad- son actualmente ciudadanos y tal calidad les confiere el derecho a voto y el de optar a cargos de elección popular, como asimismo los demás que les otorgan la Constitución Política y las leyes.
De igual modo, el ejercicio del derecho a voto es absolutamente voluntario.
Se ha debatido si realmente era necesaria la enmienda de la Carta, ya que la ciudadanía se adquiere con el derecho a sufragio y el texto vigente no hace distingos en cuanto a la posibilidad de ejercerlo en el extranjero. Pero sabemos que esto último no se puede verificar en la práctica. Para contar con una mayor certeza jurídica, por lo tanto, y evitar interpretaciones disímiles, se ha considerado pertinente que el derecho a sufragio en el extranjero quede incorporado en nuestra Carta Magna. Estoy plenamente de acuerdo con ello y lo considero de suma importancia, ya que anteriormente se ingresaron otras iniciativas similares que lamentablemente no llegaron a buen término.
De hecho, recuerdo que el único proyecto de ley sobre la materia en tramitación durante la legislatura anterior era una moción presentada por un grupo de Diputados de Renovación Nacional, entre los cuales estaba yo. Establecía, sí, un adicional: reconocía el derecho a sufragio de los chilenos que viven en el extranjero, pero además determinaba un modo distinto para designar a los embajadores. Según esa iniciativa, tal nombramiento debía concretarse a través de una propuesta del Ejecutivo, ratificada por el Senado. La considerábamos una vía interesante, pues evitaba que los embajadores se transformaran en activistas de cierta causa, candidato o tendencia. Por desgracia, quedó embancada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y no siguió su tramitación.
Quiero destacar que el proyecto de reforma que nos convoca fue modificado en su segundo trámite, estableciéndose que el derecho a voto en el extranjero se podrá ejercer en las elecciones primarias de candidatos a la Presidencia de la República, en elecciones presidenciales y en plebiscitos nacionales, y se materializará mediante un trámite. Esperamos que este sea simple y que la ley orgánica que lo regule no obstaculice mayormente el procedimiento.
Deseo destacar también que hoy suscribimos un protocolo, firmado por la Ministra Ximena Rincón y las bancadas partidarias de posibilitar el voto de los chilenos en el exterior, que contiene algunos elementos a ser considerados en la discusión de la ley orgánica constitucional que regulará este derecho.
Es indudable que la implementación de la regulación del ejercicio del derecho en cuestión concitará un arduo debate, ya que, como es obvio, para que un acto electoral realizado en el extranjero produzca resultados en Chile debe presentar características especiales, razón por la cual la normativa tendrá que ser analizada exhaustivamente.
Por ejemplo, habrá que regular todo lo relativo a la implementación de las mesas de electores (urnas, útiles electorales, cámaras secretas de votación); quiénes las integrarán; si se permitirá la presencia de apoderados, y, en fin, una serie de aspectos de detalle para cautelar y resguardar al máximo el libre ejercicio del derecho a sufragio de los ciudadanos que viven en el exterior.
Cada cierto tiempo presenciamos -incluso, con sana envidia- cómo en Chile ciudadanos extranjeros, provenientes de diversos países, hacen uso, con mucho entusiasmo y en un clima absolutamente pacífico, del derecho a voto en elecciones que corresponden a las naciones de las que son oriundos, por lo que creemos que con buena voluntad podremos llegar al mismo nivel de práctica plenamente democrática en la elección de nuestra máxima autoridad.
Actualmente hay más de medio millón de chilenos en distintos países, ya sea por razones laborales, de estudio o porque lisa y llanamente se han radicado fuera de nuestro territorio. Algunos de ellos viajan cada cierto tiempo a Chile, o definitivamente vuelven para quedarse. Existen otros que han perdido todo vínculo con la tierra que los vio nacer, adquiriendo incluso otra nacionalidad y sin retornar nunca más a ella durante su vida.
Dado el carácter voluntario que ahora reviste el voto, quienes se encuentren en el extranjero y realmente se interesen en la marcha de los destinos de la patria ejercerán su derecho presentando la solicitud respectiva. Los que no deseen hacerlo, no efectuarán dicho trámite. Este es el elemento que establece la vinculación del chileno que se halla fuera con el interés por participar en los procesos que se desarrollan en nuestro país.
Indudablemente, una vez aprobado este proyecto de reforma constitucional -así lo espero-, deberemos introducir en la normativa las modificaciones necesarias para llevar a cabo el ejercicio de este derecho. Tendrá que llevarse a cabo, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Electoral, una adecuada difusión en todos los consulados de nuestro país en el extranjero, de modo que nuestros compatriotas conozcan cabalmente cómo se hará efectiva la innovación que hoy aprobaremos.
Creemos, con absoluta convicción, que la reforma sometida a nuestra consideración en tercer trámite fortalecerá la democracia y la participación ciudadana, para que todos los chilenos que por diversas razones se encuentren o deban encontrarse en el extranjero ejerzan libremente, en forma informada y con pleno resguardo a sus garantías, este derecho establecido en la Carta Fundamental.
De este modo, quedaremos a la altura de la mayoría de las naciones que ya cuentan con esta modalidad de sufragio, como es el caso de los países que integran la OCDE.
Yo no tengo temor a la votación de los chilenos que se hallan en el extranjero. Y quiero explicitar uno de los argumentos que nos llevaron a presentar, cuando éramos Diputados, la iniciativa que quedó en la Comisión de Constitución de la otra rama del Parlamento.
En esa moción sosteníamos que solo el 27 por ciento de los chilenos que están fuera de Chile se encuentra en tal situación por razones de carácter político, y que más del 70 por ciento se halla fuera por motivos económicos, de estudios de posgrado o, finalmente, por haber tomado la decisión voluntaria de radicarse en otro país. Pero, más allá de cuál fuera la razón, considerábamos que lo importante era que todos los chilenos se sintieran formando parte de un mismo proyecto de nación.
Por ello, estimamos indispensable aprobar la reforma y, en tal sentido, insto a mis colegas a dar su voto favorable a una modificación que, sin lugar a dudas, constituirá un hito en nuestra democracia: permitir a los chilenos que están fuera del país y tienen un vínculo con él ser parte de ese proceso.
Termino, señora Presidenta, pidiéndole a la Ministra Ximena Rincón que se incorporen algunas de las materias contempladas en el proyecto que presenté en la Cámara de Diputados, a fin de que los embajadores sean propuestos por el Ejecutivo, pero ratificados por el Senado, para los efectos de cautelar la imparcialidad de esos representantes de Chile en el extranjero.
Señora Presidenta, Honorable Senado, para mí el punto central del voto de los chilenos en el extranjero tiene que ver con el vínculo. Y esa es la razón que, a mí por lo menos, me lleva a abstenerme en esta votación.
Las autoridades se eligen y toman las decisiones en un territorio determinado. En lo personal, me repugnaría la conciencia que el día de mañana una elección presidencial, en que están en juego cosas importantes, terminara siendo definida por personas sin ningún vínculo con el país, absolutamente ninguno, y a las cuales no les van a afectar las decisiones.
Este no es un tema de principios. Tal como se ha recordado durante el transcurso de este debate, países como Estados Unidos, Uruguay y Alemania, donde nadie cuestiona el sistema democrático, exigen un vínculo respecto del derecho a sufragio en el extranjero.
Por lo tanto -recordando además que en la historia de nuestro país este es un derecho que no estaba reconocido y que se viene a reconocer recién ahora- es perfectamente lícito postular que el vínculo es un elemento muy importante a la hora de resolver el voto de los chilenos en el exterior.
Por otro lado, me gustaría despejar cualquier duda en cuanto a lo relativo a cálculos políticos.
Para mí, es tan relevante el vínculo a la hora de decidir en esta materia, que considero que las personas que voluntariamente abandonaron el país y perdieron el vínculo no deberían tener derecho a sufragio.
Distinto es el caso del exilio. Yo habría hecho la excepción con las personas exiliadas que, por haber salido del territorio nacional, no en forma voluntaria, sino en forma obligatoria, deberían mantener siempre el derecho a voto, independientemente de si conservan el vínculo o no, el cual sí se pierde cuando hay de por medio una decisión voluntaria.
No se pierde cuando, por razones de trabajo o estudio, las personas tienen que viajar fuera de Chile, pues ahí se sabe a ciencia cierta que la estadía en el extranjero será de carácter transitorio y que, por ende, ellas seguirán interesadas en lo que ocurra en el país.
Sin embargo, en la presente reforma el vínculo desaparece por completo.
Yo me pregunto, cuando las personas han abandonado el territorio en forma voluntaria y ha pasado una segunda generación, ¿qué interés tienen en lo que aquí sucede?
Una elección se puede ganar o perder por un voto de diferencia. Por consiguiente, el día de mañana nos podemos ver expuestos a que decidan los destinos del país personas sin ningún vínculo con Chile y a las cuales no les afectarán las consecuencias del proceso electoral, a diferencia de los compatriotas que sí habitan nuestra nación.
Por eso, señora Presidenta, el tema del vínculo está presente en el debate del voto de los chilenos en el extranjero, porque plantea dos opciones completamente legítimas.
Es legítimo argumentar que quienes participen en actos eleccionarios deben ser personas a las cuales les afecten las decisiones que adopten las autoridades que se elijan, y no personas que, ejerciendo el derecho a sufragio, queden absolutamente indemnes a las resoluciones que se tomen en el país en un momento determinado.
Por todo lo anterior, señora Presidenta, me voy a abstener en esta vocación. En la discusión que se realizó en el Senado postulé que quienes mantienen una estadía transitoria en el extranjero podían votar. Aquí, sin embargo, se está estableciendo un derecho con carácter universal, sin ningún tipo de vínculo, y por lo tanto, estando de acuerdo con el voto de los chilenos en el exterior cuando su estadía es de naturaleza transitoria, me abstengo.
Señora Presidenta, la verdad es que a estas alturas del debate la mayoría de los argumentos, tanto de quienes estamos a favor como de quienes están en contra de que los chilenos puedan votar desde el extranjero, ya se han señalado.
En mi caso, desde hace ya bastante tiempo vengo manifestando que soy favorable a esta reforma, pues tengo la convicción absoluta de que ella se relaciona con una manera de entender lo que podríamos llamar "extensión de la democracia". Y, desde ese punto de vista, no me cabe duda alguna de que el proyecto representa un avance democrático.
En segundo lugar, creo que, desde la perspectiva del mundo globalizado en el que nos encontramos, cabe preguntarse cuál es el verdadero interés de un país, en este caso de Chile. ¿Quiere que sus nacionales, aquellos que disfrutan de su nacionalidad, y están en el extranjero se sientan cercanos o lejanos a su patria?
Me parece que los argumentos son demasiado contundentes en términos de que resulta mejor que ese contingente de personas, numeroso o no tan numeroso -dependerá de cada caso-, sí se sienta cercano al país que le tributa su nacionalidad. En consecuencia, todo lo que signifique acercar a los chilenos que están en el extranjero es, por definición, un elemento positivo y no un elemento negativo.
En relación con el tema del vínculo, pienso que quien expresa su voluntad de querer participar en un proceso electoral realizando la inscripción correspondiente en el extranjero, demuestra el interés que tiene en los asuntos chilenos. Tengo la impresión de que intentar erigirse en una suerte de juez al empezar a distinguir si la permanencia en el exterior es transitoria o no transitoria, si ella posee o no un ánimo de perdurabilidad en el tiempo, es algo que escapa a lo que razonablemente puede exigirse de un orden constitucional.
Por último, en lo que respecta al mismo argumento del vínculo, quiero señalar que, en el caso del número 2° del artículo 10 en relación con el inciso final del artículo 13 de la Constitución -estoy hablando de los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero-, no se cambia el requisito de haber estado avecindados en el país por al menos un año. Por consiguiente, el vínculo que ese avecindamiento implica es lo suficientemente fuerte. Tienen que haber permanecido durante al menos un año de su vida en Chile.
En consecuencia, desde el punto de vista de las convicciones, de la extensión de la democracia, del interés del país en términos de qué quiere de sus nacionales en un mundo globalizado, y del interés expresado por esos propios compatriotas, creo que todo apunta a que esta reforma sea votada favorablemente.
Señora Presidenta, obviamente, estamos discutiendo una materia importante, que no es nueva. Yo invito a los parlamentarios a revisar las versiones de las sesiones de este Senado, donde podrán comprobar que este tema ya se ha discutido, y que, al revés de lo que indicó un colega que me antecedió en el uso de la palabra, no se trata de reivindicar un derecho perdido en la Constitución de 1980.
La norma constitucional que hoy existe, y que limita la participación eleccionaria exclusivamente a quienes viven en el país, es de 1925. Y en su discusión tomaron parte ex Presidentes de Chile. Voy a nombrar a dos -con todo respeto, señora Presidenta-: don Salvador Allende y don Eduardo Frei Moltalva. Ellos, al igual que la inmensa mayoría de los parlamentarios de la época, tenían convicciones, las cuales son superrelevantes. Había que ver si era necesario el ius soli, o sea, vivir en el lugar para efectos de tomar buenas decisiones, o el ius sanguini, es decir, el origen de la persona. Esta es una discusión europeísta versus una americana.
En Suiza, por ejemplo, solo votan las personas que tienen ancestros suizos por varias generaciones. ¡Vayan ustedes a pedir que un suizo que vive en Suiza pero que no tiene ancestros suizos pueda votar! ¡No lo van a permitir! Debe tener ancestros suizos. Es la lógica del ius sanguini.
El ius soli es completamente distinto. Tiene que ver con que quienes resuelven los problemas deben conocerlos cercanamente. Y esto no es peyorativo, señora Presidenta.
Aquí todos somos Senadores elegidos. ¿Qué discutimos en distintos lugares? Discutimos materias de la salud, de educación; el Transantiago, donde corresponde; asuntos de regionalización. Es obvio, por tanto, que los problemas del país tienen que ver con situaciones reales que les afectan a las personas que viven aquí. Y nuestros planteamientos -he compartido foros con muchos de ustedes- están enfocados, precisamente, a quién resuelve mejor esos problemas específicos. ¡No cualquier problema!
De ahí que yo crea y siga creyendo, como ha ocurrido en Chile por varias generaciones -los principios no tienen por qué pasar de moda con el tiempo-, que esa es la mejor forma de tomar una decisión: que quien la toma se haga cargo también de sus efectos; es decir, de acertar o de equivocarse.
Entonces, no se trata de tener buena o mala voluntad con los chilenos que viven en el extranjero. Todo lo contrario. Nosotros hemos sido extraordinariamente abiertos a que incluso gente que no es chilena pero que vive en el país y sufre el Transantiago, sufre los problemas de la educación, sufre los problemas de la pobreza, pueda tener derecho -mucho más que en otras naciones- a participar en la elección de las autoridades.
Aquí hay un problema conceptual muy de fondo que no tiene nada que ver con la Constitución del 80 ni con circunstancias que puedan haberse suscitado en 1973; viene del año 1925 y, si se sigue un poco más allá, del año 1833, en cuanto a cómo se toman mejor las decisiones.
Siento, señora Presidenta, que ese es un principio que hoy día parece desconocerse; parece que no existe tal realidad. Y miro con estupor cómo en otros países este es un tema muy relevante.
No sé si Sus Señorías saben que la elección presidencial de El Salvador se está definiendo, todavía, por la votación de salvadoreños que viven en el extranjero, los que, aparentemente, sufragaron en forma distinta de como lo hicieron sus compatriotas que viven al interior de ese país.
En la elección italiana de hace seis años, la más controvertida, se votó diferente afuera que adentro. Y la votación del exterior fue decisiva para un problema que ha sido bastante complicado. Estuve viendo en Internet la simulación de una votación de chilenos en el extranjero. Si hubiera existido esa posibilidad en la última elección, la segunda vuelta, según esos resultados, habría sido entre Bachelet y Claude.
Pues bien, permítanme decirles que eso refleja a veces un desconocimiento de lo que está pasando realmente en el Chile de verdad, en el Chile de carne y hueso.
Por eso, por la vía excepcional, yo personalmente estaba abierto a permitir que los chilenos votaran en el extranjero, siempre que hubiera de por medio un vínculo importante.
¿Qué significa "vínculo" para estos efectos? Que haya un conocimiento cercano, no remoto. No porque una persona sea nieta de un chileno que vivió en el país hace treinta años va a tener los mismos derechos de alguien que lleva toda una vida sufriendo los problemas de la población, de la empresa o del campo chileno.
Esta es una cuestión de convicción interna, conceptual.
Por eso, creo que la falta de vínculo y el desmoronamiento del acuerdo original por parte del actual Gobierno no aportan a la solución del problema.
Tengo muchos amigos y parientes que viven en el extranjero. Y he conversado esto con franqueza. Porque aquí debemos tratar de resolver mejor los problemas. Y este cambio, que es copernicano, no le hace bien a un concepto ciudadano.
Conozco personas que han recibido votos por ser nietas de españoles o alemanes. He ido a sus casas y he visto que les llegan unos sobres especiales. ¡Claro! Ellas sienten orgullo por España o Alemania, pero no tienen idea de los problemas que se viven en esos países, y sufragan al tuntún.
No digo que sea la regla general. Pero veo que las propuestas que con esfuerzo plantean numerosos candidatos, al final, son resueltas por gente que -no es su culpa- no tiene un acercamiento directo a ellas.
De ahí que este no sea un problema de modernidad ni de los buenos y los malos, sino de convicciones: adónde deberíamos dirigir nuestros mayores esfuerzos y cuáles son los asuntos que exigen la máxima atención.
Ese es el sentido de esta discusión. Ya se halla resuelta. Pero por más que no sea mayoría, yo por lo menos no siento que mi voz deba quedar en silencio. Y no estoy de acuerdo con la forma final que adquirió este proyecto.
Insisto: si hubiera existido un vínculo, como se establecía originalmente, mi posición sería distinta. Pienso que no es bueno el vértigo que de repente se da aquí- me detengo un momento, señora Presidenta-, pues mientras más cosas se cambian, parece que es mejor para Chile. Y, en lugar de ciudadanos con deberes, hoy tenemos clientes en materia electoral gracias al voto voluntario.
De igual forma, en vez de entender que la política hay que renovarla, no aumentar los parlamentarios, como es la tónica del Gobierno; en vez de entender que debemos preocuparnos de los problemas reales de las personas, mucho más que de andar haciendo cambios de toda naturaleza sin ver los resultados, en mi modesta opinión, y quiero ser muy respetuoso con quienes piensen distinto -también pido, obviamente, respeto hacia mí-, tenemos que hacer lo mejor para Chile.
Me puedo equivocar, pero creo que la línea de lo que planteo respecto del ius soli tiene sentido, fuerza, y es lo que, a mi juicio, al país más le conviene.
Señora Presidenta, en un momento pensé no hacer uso de la palabra, puesto que, como dijo el Senador Allamand, se han dado casi todos los argumentos. Sin embargo, una afirmación formulada en el debate -tengo que decirlo en forma transparente- me molestó profundamente.
Podemos tener opiniones distintas. Y esa es la gracia de estar acá, en el Senado. Pero atribuir motivaciones respecto a por qué alguien vota de una forma o de otra me parece poco serio. Es poco serio que se diga que acá hay un sector, un Partido que rechaza esta reforma por creer que los chilenos en el extranjero van a sufragar de una forma o de otra.
Eso realmente lo considero pequeño, señora Presidenta. No estoy atribuyendo ninguna motivación a los que votan a favor. Imagino, partiendo de la buena voluntad, que quienes toman esa decisión lo hacen porque creen que es mejor para Chile. Por lo tanto, tienen que entender que los que nos pronunciamos en contra lo hacemos porque estimamos que la iniciativa no es buena para nuestro país. Y ambas opciones son absolutamente válidas.
La verdad es que no tengo idea acerca de cómo van a votar los chilenos en el extranjero. Ese no es el punto. Y supongo que aquellos que respaldan esta normativa no lo hacen con el cálculo político pequeño de que eso los va a favorecer en el margen en las elecciones presidenciales. Imagino, señora Presidenta, que eso no es así.
Por ende, espero que no se diga que nosotros nos oponemos ya que suponemos lo contrario. Aquí no estamos decidiendo respecto a cómo pensamos que se va a sufragar en el extranjero. De hecho, predecir eso es bastante difícil.
Entonces, hacer alusiones al pasado y tratar de deducir cómo van a votar ahora los chilenos que viven en el exterior, me parece una locura. Pero, aparte de eso, creo que es realmente pequeño que se diga cuáles son las supuestas motivaciones de otros para pronunciarse en un sentido u otro.
Asimismo, acá se ha dicho que para profundizar la democracia hay que avanzar en el sufragio de los chilenos en el extranjero. Sin embargo, cuando nosotros miramos modelos de democracia en el mundo vemos que existen naciones que realizan votaciones en el extranjero y otras que no. Y no por eso son más o menos democráticas.
La democracia en el mundo se mide, especialmente, respecto a lo abiertas y transparentes que son las elecciones, respecto a la libertad de expresión existente en el país, respecto a la libertad que hay para poder informarse de los distintos proyectos que compiten en cada elección. Por lo tanto, no es correcto afirmar que hay países más o menos democráticos de acuerdo a si tienen o no votación en el extranjero.
Para advertirlo, basta mirar a aquellos que se dedican al estudio de la democracia. Y en eso sí tenemos que ser serios. Veamos algunos ejemplos de democracias consolidadas. En Australia se exige un vínculo, señora Presidenta, y un máximo de seis años de residencia en el exterior. En Canadá, el tope es de cinco años. En Nueva Zelandia, de tres. En el Reino Unido -supongo que estamos todos de acuerdo en que es una democracia consolidada- el sufragio en el extranjero no es para siempre: se exige un máximo de 15 años viviendo fuera. Y en Suecia, que tantas veces se usa aquí como ejemplo, el tope de residencia en el exterior es de diez años, con posibilidades de prórroga si así se solicita.
En consecuencia, señora Presidenta, decir que una nación es más o menos democrática si tiene uno u otro sistema de voto en el extranjero o si dispone o no de sufragio en el exterior no es correcto. Sí podemos discutir si nosotros, como país, lo queremos o no.
Esa es la discusión de fondo, y no atribuir oscuras intenciones a quienes consideramos que este no es un buen paso. Y quiero argumentar ahora por qué considero que no lo es.
Voy a citar de memoria una definición de "democracia" de Robert Dahl, uno de los cientistas políticos que se han dedicado al estudio de esta materia. Él dice: "La democracia es cuando las reglas que son obligatorias para todos son definidas por todos aquellos sobre los cuales esas reglas recaen". Y resulta que sobre aquellos que viven en el extranjero por bastante tiempo no recaen las reglas obligatorias elaboradas por el Congreso como colegislador junto con el Presidente de la República.
Por consiguiente, es sumamente legítimo discutir si aquellas personas sobre las cuales no recaen estas definiciones pueden votar o no. Es lo que decía recientemente el Senador Coloma: las personas que viven por un largo período en el extranjero no van a sufrir, ni tampoco a gozar, las decisiones que nosotros tomemos.
De ahí que podamos preguntarnos si está bien que ellas decidan. Pienso que no. Me parece mejor que lo hagan las personas sobre las cuales recaen esas decisiones obligatorias.
Entonces, señora Presidenta, esto se trata de convicciones, de una mirada distinta; no de oscuras intenciones o cálculos. Ambas perspectivas son válidas. Y, en mi opinión, esto debemos preservarlo en el Senado: todas las miradas respecto de nuestra democracia son válidas.
Señora Presidenta, voy a pronunciarme a favor de esta reforma constitucional, primero que nada, porque el voto de un ciudadano chileno, más allá de donde se encuentre, es un derecho. Entonces, ¿cómo negárselo? ¿Cómo pedirle que renuncie a él?
También me pronunciaré favorablemente porque Chile es un país pequeño, al igual que nuestra población, y la patria tiene que extender sus sentimientos, sus afectos. ¡Qué bueno saber que en distintas naciones del mundo hay chilenos! ¡Qué buena es la fama de trotamundos que tenemos!
Esos sentimientos sobre extensión de la patria más allá de sus límites debemos alimentarlos, estimularlos, construirlos día a día. Una manera concreta de hacerlo es permitir a los chilenos que quieren a su patria y que vibran con ella, que desean participar, que quieren ir a votar, que desean sentirse ligados a su país cuando se trata de elecciones presidenciales, sufragar en el extranjero. Ello nos permitiría sentirnos unidos más allá de nuestras fronteras.
Se ha discutido aquí reiteradamente lo relativo al vínculo con el país. Me parece que la suposición de que las personas, por el solo hecho de residir en el extranjero, no tienen vínculos puede ser muy muy equivocada. Lo normal es que esos chilenos tengan familiares acá. Resulta altamente probable que incluso posean una propiedad aquí, y a lo mejor hasta pagan impuesto territorial por ella.
Puede haber algunos de esos compatriotas -tal vez los menos- que no posean ningún vínculo, y lo más factible es que no manifiesten ningún interés por concurrir a votar. Pero creo que en su gran mayoría mantienen un vínculo; mantienen un sentimiento; mantienen relación con sus familiares, con sus amistades; y en el fondo de su alma, de su corazón, aunque se encuentren fuera de Chile, a lo mejor sienten mayor responsabilidad por participar en una elección presidencial que muchos chilenos que se encuentran en territorio nacional y que disponen de facilidades para ir a votar.
Señora Presidenta, estamos en presencia de una reforma constitucional. Ella debe contener la idea central, que no es otra que permitir sufragar a los chilenos que viven en el extranjero en elecciones primarias presidenciales, en elecciones de Presidente de la República y en plebiscitos nacionales. Esa es la idea medular. Otros aspectos relacionados con este asunto los podremos analizar en la ley orgánica constitucional respectiva, porque, a mi juicio, se trata de una materia propia de ese tipo de legislación y no de una reforma a la Carta. Esta debe contener básicamente la idea matriz que nos convoca: acceder a que Chile se extienda -como he dicho- más allá de sus fronteras, permitiéndoles a nuestros compatriotas que residen en el extranjero votar a fin de que puedan participar y sentir que un pedazo de su corazón sigue en suelo chileno.
--Se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados (28 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones), y el proyecto queda despachado en este trámite. Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Espina, García, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa las señoras Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro y Pérez Varela.
Se abstuvieron los señores Larraín, Orpis y Prokurica.
Tiene la palabra la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia. La señora RINCÓN (Ministra Secretaria General de la Presidencia).-
Señora Presidenta, Honorable Sala, la verdad es que han sido largos 24 años de discusión sobre este tema. No voy a repetir lo dicho acá, pero ello da cuenta de lo arduo y difícil que ha sido una reforma de la naturaleza planteada.
Ahora, más allá del análisis sobre la correspondencia o no de introducir la modificación propuesta a través de una norma constitucional, lo que queda claro al escuchar a cada uno de los Senadores es que hay miradas distintas sobre el particular. Hoy el Senado de la República cierra un largo debate, al permitir que nuestros compatriotas que se encuentran fuera del territorio nacional, por distintas razones, puedan hacer uso de un derecho que la misma Constitución les da. Y con esta reforma al Texto Fundamental se termina cualquier posibilidad de discusión respecto a su ejercicio.
Es un gran día para nuestro país. Por ello, quiero agradecer en nombre de la Primera Mandataria, Michelle Bachelet, a aquellos integrantes de la Cámara Alta, como la entonces Senadora Soledad Alvear; la actual Presidenta de la Corporación, Isabel Allende; los Senadores Patricio Walker, Alberto Espina y Hernán Larraín, que fueron capaces de ponerse de acuerdo y presentar esta moción. Y, a través de ellos, agradezco en particular a los Diputados y a las Diputadas que acogieron la indicación del Ejecutivo para que no existiera otra condición más que la que tienen los chilenos en el territorio nacional cuando cambian de domicilio. Eso se hizo en la Cámara Baja. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a la Nueva Mayoría; a Amplitud, con su Senadora y Diputados -como me indica el Honorable señor Montes-, y al Diputado de Renovación Nacional Gaspar Rivas, por los votos que nos dieron para materializar la referida indicación, que hoy recoge esta Corporación.
Uno debe reconocer la generosidad en estas discusiones, y lo hago hoy día en nombre de la Presidenta de la República. Nos demoramos, pero se hizo justicia, y todas las personas, independiente del lugar donde estén, podrán expresar su voluntad en las elecciones de nuestro país.
Obviamente, eso representa un tremendo avance, que espero sirva de antesala al debate de las reformas políticas que enfrentará el Parlamento este año 2014, donde supongo que podremos zanjar viejas discusiones, a lo que la historia nos obliga para ir terminando con las discriminaciones existentes en nuestro país, que no le hacen bien a la democracia. ¡Más democracia ayuda a la democracia! Gracias a cada uno de ustedes por este respaldo macizo y contundente, en nombre de la Primera Mandataria y de nuestros compatriotas que hoy día ven esta votación como una luz de esperanza. Muchas gracias.
8584-15
OBLIGATORIEDAD PARA CONCESIONARIAS DE SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE VELOCIDAD MÍNIMA GARANTIZADA DE ACCESO A INTERNET La señora ALLENDE (Presidenta).-
Proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Honorables señor Girardi, Chahuán, Letelier y Quintana y del entonces Senador señor Uriarte, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8584-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Girardi, Chahuán, Letelier, Quintana y del ex Senador señor Uriarte):
En primer trámite, sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2012.
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 2ª, en 18 de marzo de 2014.
El objetivo del proyecto es establecer la obligación para las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet a través de conectividad fija o móvil de cumplir una velocidad mínima garantizada de acceso, de acuerdo a lo ofrecido en sus distintos planes comerciales. La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió la iniciativa únicamente en general y deja constancia de que acordó proponer a la Sala que la debatiera también en esos términos, no obstante ser de artículo único, y de que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, Girardi, Letelier y Pizarro. El texto que se propone aprobar en general se consigna en la parte pertinente del primer informe de la Comisión y del boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición. La señora TUMA (Vicepresidente).-
En discusión general. Tiene la palabra el Honorable señor Girardi. El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, pido segunda discusión.
La señora TUMA (Vicepresidente).-
Continuamos con la siguiente iniciativa del Orden del Día.
PORCENTAJE MÍNIMO PARA EMISIÓN RADIAL DE MÚSICA NACIONAL Y DE RAÍZ FOLCLÓRICA Y TRADICIONAL ORAL
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija porcentaje mínimo de emisión de música nacional y de música de raíz folclórica y de tradición oral a la radiodifusión chilena, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5491-24) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El principal objetivo de esta iniciativa es promover la difusión de la música nacional, a fin de vigorizar esta expresión del arte nacional y la actividad laboral de sus creadores y expositores, para lo cual se pretende exigir a las radios la emisión diaria de un porcentaje mínimo de música nacional y de música de raíz folclórica y de tradición oral, que se fijó en 20 por ciento.
La Comisión discutió la iniciativa solo en general y rechazó la idea de legislar por tres votos contra dos. Se pronunciaron negativamente los Senadores señora Von Baer y señores Quintana y Cantero, y votaron a favor los Honorables señores Navarro y Walker (don Ignacio).
Señor Presidente, antes de entrar a analizar la idea de legislar de esta iniciativa -soy uno de los autores de la moción que le dio origen, la que suscribí siendo Diputado-, creo que sería muy importante que ella volviera a la Comisión, porque hay muchos temas que no fueron abordados; por ejemplo, el relativo a la fiscalización.
Un proyecto tan relevante como este no puede dejar de considerar la existencia de un ente fiscalizador. Y para incorporarlo se requiere una indicación del Ejecutivo, por cuanto esta materia no es de iniciativa parlamentaria. De ahí la conveniencia de que el proyecto sea visto nuevamente por el órgano técnico, al objeto de que se lo perfeccione, después de lograr acuerdo entre quienes lo apoyan y quienes se oponen a él.
Por lo tanto, solicito que esta iniciativa vuelva a Comisión.
Luego consultaré a la Sala sobre la petición del Honorable señor García-Huidobro.
Señora Presidenta, este proyecto de ley pone en discusión varios aspectos que me parecen sustantivos.
Desde luego, nos permite debatir sobre la necesidad de brindar mayor apoyo a la música nacional. Pero también cabe preguntarse por el respaldo a las otras expresiones artísticas, como el teatro, el cine, la literatura, entre otras.
En efecto, si vemos más allá, notaremos que la cultura del país y de sus regiones se halla constituida no solo por sus expresiones artísticas, sino también por el conjunto de manifestaciones y modos de vida y de costumbres; por la forma como se relacionan las personas entre sí y con su entorno, y por los valores que sustentan la cultura.
Todo eso requiere apoyo.
El periodismo, por ejemplo, a través de noticieros que están en la memoria histórica de los chilenos, también merece apoyo, así como los programas de conversación y de difusión, incluso de tipo cultural. Sin embargo, ellos no se encontrarían afectos al porcentaje mínimo de emisión que se propone, porque este apunta solo a la música nacional.
Tiene sentido la obligación que pesa sobre la televisión de transmitir programas de producción nacional. Y de la misma manera debería operar respecto de la radiodifusión, pero abarcando el conjunto de dicha producción nacional y no únicamente la música.
Desde luego, son legítimas las dudas en materia de libertades cívicas, por cuanto -según algunos- esas cuotas afectarían la libertad de expresión. Pero en ello prefiero un Estado que promueva la identidad y la cultura nacional y regional antes que uno pasivo que entregue la decisión de lo que vemos y escuchamos a los concesionarios, incluso extranjeros, como ocurre hoy día.
Son válidas también, señora Presidenta, las aprensiones acerca de la efectividad de estas medidas, máxime si no hay formas claras de control o de fiscalización. Por lo demás, en un mundo globalizado, con un desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, muchas personas se preguntarán: ¿Tiene sentido un proyecto de ley que fija cuotas de música nacional a las radioemisoras chilenas?
Los jóvenes y bastante gente mayor bajan música, preferentemente, desde Internet, quienes, obviamente, no se verán afectados por esta normativa.
Además, resulta difícil fijar reglas para la actividad radial, cuando hoy podemos escuchar emisoras por Internet que transmiten desde cualquier parte del mundo.
En definitiva, de manera general, respaldo la idea de fomentar la producción nacional, no solo de música y no solo en la radio, sino también en la televisión y en todos los medios de que se disponga.
Comparto también la idea de que debe regularse la emisión de producción nacional y regional. Pero, para ello, podría utilizarse la institucionalidad que se ha dado el país (el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Consejo Nacional de Televisión y otros organismos), la que ha de generar los espacios para que, con la participación de los distintos actores que intervienen en esta actividad (autores, artistas, productores, medios de comunicación), se regulen estas materias.
En cuanto al proyecto de ley en discusión, pienso que debiera reformularse, en lo posible con la participación de las mismas organizaciones representativas de autores y de radiodifusores. No veo intereses diametralmente opuestos. Y el Senado, a través de la Comisión respectiva, puede ser el espacio para alcanzar los acuerdos que tendrían que haberse logrado en otras instancias.
Apoyo la petición de que la iniciativa vuelva a su órgano técnico.
Señora Presidenta, primero, debo reconocer que siento simpatía con un proyecto que pretende promover la música nacional. Pero las propuestas legislativas hay que evaluarlas en su mérito, razón por la cual hay que asegurarse de que cumplan con el objetivo planteado.
De la lectura de la iniciativa que nos ocupa -no participé de su análisis en la Comisión especializada, por lo que estoy dispuesto a continuar discutiéndola-, no me queda claro si lo que en rigor se busca promover es la música nacional o la actividad laboral de los músicos chilenos, elementos que se complementan pero que conforman dos materias distintas.
Si es lo primero, me extraña que en el articulado no haya una definición apropiada de "música nacional". Por lo tanto, no se entiende hasta qué punto se trata de la identidad nacional a través de la música o simplemente de un campo laboral que estaría amenazado por los compositores y autores extranjeros.
Insisto en que eso no queda resuelto. Sería conveniente precisar, entonces, cuál es el bien que queremos proteger y promover.
En seguida, en el Derecho comparado se observan países que sí han definido políticas para establecer sistemas de franja.
En lo personal, me rebelo naturalmente a todo lo que suena a obligación o a prohibición. Quizás, es propio de los periodistas.
No me gustaría que me obligaran a escuchar el resto de mi vida a Los Huasos Quincheros, por ejemplo. ¡Pienso en ellos y me acuerdo ustedes saben de quién¿!
¡Del que Su Señoría está pensando¿!
Tampoco quisiera oír todos los días a grupos musicales que se van renovando o a otros que pasaron de moda. O sea, no puede existir, por distintos criterios, obligación en esta materia. Es normal que cambien los gustos y las afinidades.
Entonces, me parece que un proyecto de esta naturaleza no protegerá a los músicos nacionales si se obliga a escuchar a los de siempre. No veo cómo esto los beneficiaría. De hecho, se establecería una suerte de injusticia entre ellos. ¿Cuáles músicos serán difundidos? Los más conocidos. ¿Y qué pasará con aquellos que no lo son, quienes también reclaman falta de espacio?
Por lo tanto, se debe plantear cómo promover la música que tenga creatividad, con un mínimo estándar de calidad, con un mínimo acento de identidad. Pero, para ello, las obligaciones o el establecimiento de franjas son respuestas muy cómodas y excesivamente tradicionales.
A mi entender, lo que el país inició hace algunos años -o sea, generar fondos concursables, por ejemplo, para el desarrollo de medios de comunicación regionales, como pasó con la Ley de Prensa, o para la promoción de la música, del teatro, de las artes en general, como planteó el Senador señor Quinteros- avanza mucho más en una línea proactiva y moderna. Porque se pueden mejorar las glosas del Presupuesto para tales efectos, pero con un criterio de premio a la creatividad y a la calidad, tanto para los autores e intérpretes cuanto para los medios de comunicación que se comprometan en la difusión de esa música nacional, cuya definición -insisto- se halla pendiente.
Por consiguiente, estoy de acuerdo en legislar sobre esta materia. Pero enfocaría el proyecto más en la experiencia referida que en un campo al que no le veo mucha claridad para dónde apunta. Además, lo que se establece implicaría, eventualmente, una suerte de afectación a otras garantías y derechos constitucionales, como la libertad de expresión.
Esa es mi opinión sobre la iniciativa que nos ocupa.
Señora Presidenta, nadie podría cuestionar el hecho de estar debatiendo un marco regulatorio para incentivar el conocimiento y la difusión de la cultura nacional.
Cuando los artistas me invitaron a apoyar este proyecto, me entusiasmé con la idea, pero les hice una observación: en mi opinión, se debe promover y difundir no solamente la música chilena, sino la cultura nacional, que es un concepto bastante más amplio. En mi calidad de representante de la zona de La Araucanía, me preocupé de plantear un asunto -lo hago presente acá también- que tiene que ver con cómo nos encargamos de introducir determinadas condiciones en la iniciativa para que se considere también la expresión cultural de los pueblos originarios, aunque no sé cómo insertar eso en el articulado. Simpatizo con la idea de buscar una fórmula para poner de acuerdo a los medios de comunicación con todos los artistas y representantes de la expresión cultural nacional, a fin de que surja una modalidad que les permita acceder, con facilidad, a la difusión de su arte, dado que no todos pueden hacerlo. No es muy conocido el artista local que no tiene cabida en los medios, y no hay forma de conseguir su promoción. De hecho, no lo veo incluido en las normas del proyecto que ahora analizamos.
A mi juicio, a través de esta propuesta legislativa, estableciendo un acuerdo entre los radiodifusores y los artistas, podríamos no solo promover la música chilena, sino también incorporar programas de difusión y fomento de las tradiciones culturales, especialmente las asociadas a los pueblos originarios.
También debemos precisar los mecanismos que permitan hacer cumplir un precepto o una política de difusión de la cultura nacional, que garanticen la promoción de los nuevos creadores y no se imponga solo la lógica del rating y de la recaudación, la cual es legítima. Sin embargo, no basta este único elemento para generar un proyecto que asegure un incentivo al conocimiento de nuestra cultura.
En concreto, creo que no es adecuada la discusión que se ha producido, basada en una confrontación entre las radios y la música chilena; más aún, cuando varias radioemisoras locales y regionales ya cuentan con una programación que, en algunos casos, supera el 20 por ciento de música nacional. Por eso, propongo que se evalúe realizar un nuevo debate; que se exploren mecanismos de acuerdo -en mi opinión, no basta difundir solo la música nacional; deben incluirse otras expresiones culturales posibles de transmitir a través de un medio de comunicación como la radio-, y que mejoremos la iniciativa, la cual, en términos técnicos, presenta problemas de aplicación -sobre todo, al no precisar qué entidad va a fiscalizar el cumplimiento de la norma- y la falta de un adecuado mecanismo de investigación y reclamación frente a las multas y sanciones, entre las que se incluye caducar la licencia. Estoy por la difusión y el fomento de la música y de todas las expresiones culturales del país. Nuestras comunidades lo necesitan; los creadores jóvenes y emergentes lo reclaman; los exponentes de las tradiciones ancestrales lo requieren con urgencia. Pero no podemos limitar la discusión solo a una fórmula de mayores ingresos o a incentivar que los más escuchados, los más populares y legitimados en el mercado de masas, se consoliden. Tenemos que dar la oportunidad de promover mayor diversidad, mayor riqueza cultural.
Por eso miro con simpatía la idea de legislar. No obstante, veo que este proyecto no cumple con todos los requisitos, cosa que podríamos mejorar en el debate en particular. También comparto la petición de que la iniciativa vuelva a Comisión. En todo caso, señora Presidenta, me han advertido que mi participación en sociedades que poseen la propiedad de una radioemisora me impide pronunciarme en esta materia, razón por la cual me inhibiré al momento de la votación. Muchas gracias.
Señora Presidenta, el proyecto de ley en discusión, en el fondo, busca mejorar la recaudación que les corresponde a los artistas nacionales por concepto de derechos de autor. Esa mayor recaudación sería factible si la única entidad en Chile encargada de cobrar dichos recursos, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, repartiera un porcentaje mayor a los autores y ejecutores nacionales y uno menor a los extranjeros, al contrario de lo que existe hoy en día.
Sobre el tema de la defensa del artista nacional, creo que hay cuestiones bastante más de fondo -la presente iniciativa no las incluye- que lo afectan mucho más, en especial en lo relativo a los recursos a los que accede por sus creaciones.
El primer factor, sin duda, que aqueja a los artistas nacionales y, también, a los extranjeros radica en que en nuestro país existe por ley un sistema de cobro de derechos de autor entregado a una única entidad, denominada "Sociedad Chilena del Derecho de Autor".
Pues bien, dicha institución, con toda seguridad afirmada en su monopólica situación concedida por ley, cobra a todos los artistas que representa un 30 por ciento de lo recaudado, por concepto de administración -¡30 por ciento!-, porcentaje que, en la práctica, significa 7 y medio millones de dólares al año. Esta cifra me parece, a lo menos, exagerada.
Mi pregunta es: ¿qué pasaría con las utilidades de nuestros artistas si la SCD cobrara 10 por ciento por el mismo concepto? Reitero: son más de 7 y medio millones de dólares anuales los que recauda por el 30 por ciento. El 70 restante se distribuye: lo más, para los artistas internacionales y lo menos, para los nacionales. La segunda cuestión que afecta a nuestros artistas es que la forma como la Sociedad Chilena del Derecho de Autor decide repartir los dineros que recauda entre chilenos y extranjeros tiene nula transparencia. ¡Nula! Y pese a las insistencias de muchos afectados por clarificar la situación, ello no se ha podido lograr, lo que sin duda perjudica al mercado, en general, y a los artistas nacionales, en particular; sobre todo, porque de seguro la SCD privilegia el pago a extranjeros para cumplir sus obligaciones con sociedades de autor internacionales a las cuales se encuentra asociada.
Por tanto, más allá de la difusión de la cultura nacional y local, lo cual valoro, considero que e1 objetivo del proyecto de ley debiera ser mejorar la situación económica de los artistas chilenos. La iniciativa que nos ocupa, desgraciadamente, no cambia en nada esa situación. Señora Presidenta, junto con sumarme a la voluntad de perfeccionar mucho más el proyecto de ley, dejo constancia de que en esta materia tengo una inhabilidad. En efecto, uno de mis hijos es propietario de medios de comunicación. Y, según el artículo 5° B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional: "Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción".
No obstante tener esa inhabilidad para votar, debo decir que este proyecto es absolutamente necesario, pero necesario en el sentido de que en nuestras manos está la posibilidad de mejorar las condiciones de los artistas nacionales.
Lo que ingresa anualmente a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor es del orden de 25 millones de dólares. Esa es la cifra que administra esta empresa monopólica, única. Y solo por concepto de administración cobra el 30 por ciento -7 millones y medio de dólares-, en circunstancias de que esa plata perfectamente podría distribuirse mejor a artistas de regiones o a otros que están comenzando su carrera; porque no todos reciben aporte. Y cuando se ha querido transparentar esta situación, ello no ha sido posible.
Quiero que este proyecto, tal como se pidió, vuelva a Comisión, pero para ser mejorado. Y si no, señora Presidenta, pienso que existe la oportunidad única de llegar a un acuerdo nacional, el que no necesita una iniciativa de ley. Se trata de un acuerdo en que ambas Cámaras, junto con la gente ligada a los medios de comunicación y los propios artistas, logren una fórmula que no signifique una imposición, sino que sea un agrado al permitir mejorar las condiciones económicas de los artistas nacionales.
¿Es un asunto de Reglamento, señor Senador?
Señora Presidenta, entiendo que se solicitó que el proyecto volviera a Comisión. Si eso se va a producir, sería mejor no seguir con la discusión. Y de rechazarse la petición, entonces podríamos continuar con el debate. Por tanto, sugiero que se someta a votación la solicitud planteada.
Lo que pasa, señor Senador, es que se encuentra inscrito para intervenir el Honorable señor Quintana. Una vez que lo haga concluirá el Orden del Día. Iba a referirme justamente a aquello cuando terminara la exposición de Su Señoría. El Senador señor García-Huidobro pidió remitir la iniciativa a Comisión. Y el proyecto es de artículo único. Así que ese órgano técnico podría tratarlo en general y particular en el primer informe y, por supuesto, será posible presentar indicaciones. Posteriormente, cuando la iniciativa vuelva a la Sala habrá que ver si existe mayor consenso respecto de ella.
Pero eso tenemos que decidirlo ahora, en la Sala. Pienso hacer la consulta cuando termine de exponer el Honorable señor Quintana, a quien le doy de nuevo la palabra.
Señora Presidenta, en primer término, deseo destacar la disposición del Senador García-Huidobro, quien, siendo uno de los autores de esta iniciativa junto con el Diputado Enrique Estay y otros miembros de la Cámara Baja, planteó hoy que su texto puede perfeccionarse, mejorarse. ¡Y cómo no, si contenía otras disposiciones, las que fueron eliminadas!
Creo que faltó un poquito de cuidado cuando se presentó este proyecto. Por eso se suprimieron todas las normas relativas a fiscalización.
Sin embargo, el resultado de esta política pública -en definitiva es un proyecto de ley; sancionatorio, desde luego- se traduce en dejar en un tercero, en un ente privado, su regulación.
Eso a mí me genera mucho ruido. Por lo mismo, comparto las aprensiones que han manifestado en esta Sala los Senadores Guillier y Quinteros.
Acá, señora Presidenta, en ningún caso el problema es entre los músicos y quienes están en contra de la música (como algunos han tratado de presentarlo durante mucho tiempo). Esa posición implica, en verdad, bajar un poquito el nivel del debate. Lo digo porque en este Hemiciclo he escuchado a Senadores que han expresado solo aprensiones por los términos en que se encuentra esta iniciativa. Sin embargo, pienso que nadie está contra la música.
La cuestión radica en que no se define bien lo que se va a entender por "música nacional". Por ejemplo, mañana se presentará Paul McCartney en Chile. Yo podría interpretarlo.
¡Por favor, no¿!
¡Por favor¿!
¡No lo haga¿!
¡No¿!
Y eso se consideraría música chilena para los efectos indicados. ¡El reguetón, cantado por cualquiera de los Senadores de enfrente, también podría ser calificado como tal¿! ¡Además, sé que el Senador Espina interpreta muy bien la bachata¿! Y ello sería considerado música chilena.
Entonces, este no es un proyecto que permita incentivar la música nacional. Para eso está la normativa aprobada por el Congreso hace algunos años: la Ley sobre Fomento de la Música Chilena, que no funciona. Y por ello entiendo la motivación que tuvieron algunos parlamentarios cuando presentaron esta iniciativa, pues constataron que ese cuerpo legal no estaba funcionando.
Por lo tanto, aquí el asunto no es contra los músicos.
El Senador Bianchi planteó algo bastante cierto: la administración de los recursos la asumirá un tercero, un privado con características monopólicas. Yo sé que es incómodo señalarlo. Pero, bueno, ¡qué más da! ¡Después de lo de la "retroexcavadora" uno puede decir cualquier cosa, más aún en un debate como este¿!
Señora Presidenta, hoy existe un monopolio de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que recauda anualmente del orden de 25 millones de dólares.
¿Cómo recibe esos dineros?
Lo mencionaba alguien recién.
Provienen en parte de aporte de las radios. ¿Y cuánto le significa eso a una emisora modesta de la Región de Aysén? El 3 por ciento de su facturación. Y los recursos pertinentes, que no son menores, pasan directamente a la SCD.
¿De dónde más recibe ingresos la Sociedad Chilena del Derecho de Autor? ¿Cómo llega a esa "torta" de 25 millones de dólares al año?
La televisión le paga el 1 por ciento de su facturación anual; las radios, el 3 por ciento; los espectáculos abiertos, el 5 por ciento. Todos los espectáculos de este tipo que tienen lugar en Chile cancelan el 5 por ciento. El retail -cuando uno va a un centro comercial puede escuchar música ambiental- también contribuye, al igual que las fuentes de soda o cualquier restorán. El punto estriba en quién fiscaliza el mecanismo.
No todos pagan.
En efecto, como dice el Senador Letelier, no todos pagan.
Por cierto, como no existe manera de fiscalizar aquello -no la hubo antes, ni tampoco la contempla este proyecto-, finalmente el asunto se traduce -y todos lo sabemos- en un chequecito mensual. Lo que se les ha dicho a los artistas, especialmente a los emergentes, es que ahora sí recibirán lo que nunca les dieron. Pero no es así: no van a recaudar dinero. Porque en una parrilla de media hora, donde habrá que emitir 20 por ciento de música nacional y folclórica, habrá espacio para dos temas.
A mí me gustan Los Vásquez, y también Los Bunkers. A ellos les va a ir bien, ya que son artistas consagrados. Pero ninguna radioemisora arriesgará su popularidad, su rating. Porque finalmente de eso se trata.
Este proyecto tiene una lógica economicista: lo único que hace es generar mayor recaudación. Nada más. Nadie sabe cómo se distribuye el dinero. En efecto, la ley establece que el 30 por ciento de esos 25 millones de dólares son para la administración de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. ¡Caramba! ¡El 30 por ciento! ¿Y cómo se distribuye el 70 por ciento restante? Entre todos los músicos de Chile y del resto del mundo.
Entonces, si hay un debate que debe llevarse adelante hoy día es el relativo a la música, a cómo el Senado se compromete en tal sentido, pero no en este proyecto, porque no considera herramientas para fiscalizar (en educación tuvimos la misma discusión con respecto a la Superintendencia del ramo). ¿Hay sanciones? Sí. ¿Pero cuál es el marco regulatorio? ¿Qué norma se va a contravenir?
Señora Presidenta, se dice que nos queremos comparar con otros países. Sí. Venezuela -el Senador Navarro no está en este momento en la Sala- cuenta con una ley así. Con Argentina, son las dos naciones que en el último tiempo han generado una normativa como esta. Seamos claros: Australia, Francia, Nueva Zelandia cuentan con una legislación sobre la materia desde los años 60, 50, cuando la radio era el único canal para transmitir música. Hoy, debido a las tecnologías y al consumo musical masivo, ya no lo es.
Por lo tanto, estimo que aquel debate es tremendamente pertinente; hay que hacerlo.
Sé que no todos los músicos están dentro de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Muchos artistas emergentes no la integran. Y creo que la manera de ayudarlos -como lo dijo recién un Senador- es permitirles grabar en mejores condiciones, con sellos de calidad, en fin. Y todo eso lo podemos hacer.
En definitiva, señora Presidenta, considero que este proyecto no les cambiará la vida a nuestros músicos emergentes, a quienes debemos apoyar. Los que hoy día no están sonando en las radios no van a sonar por esta vía.
En virtud de lo anterior, pienso que el planteamiento mayoritario de los Senadores es volver la iniciativa a Comisión o, sencillamente, no aprobarla.
Señoras Senadoras y señores Senadores, terminó el Orden del Día. Por lo tanto, a pesar de que hay seis inscritos, la Mesa no seguirá otorgando la palabra. Me parece que lo prudente y lógico es que todos ellos ejerzan mañana su derecho a intervenir.
En consecuencia, seguiremos la discusión en la sesión ordinaria de mañana, respetando la lista de inscritos, quienes incluso se encuentran en este momento en la Sala.
Señora Presidenta, ¿la iniciativa quedaría para el primer lugar de la tabla?
No, Su Señoría: en el segundo lugar. Porque primero está el proyecto que establece funciones y atribuciones para el Presidente del Consejo Regional, que tiene "discusión inmediata".
s1644-12
En primer término, corresponde pronunciarse sobre un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Harboe, señora Goic y señores Araya, De Urresti, Guillier, Letelier, Montes y Pizarro.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1644-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitarle a Su Excelencia la Presidenta de la República, por una parte, que interceda ante el Consejo de Defensa del Estado con respecto a la posibilidad de poner término, por vía de equivalentes jurisdiccionales, a las causas en que sean actores exprisioneros de Isla Dawson y para que se abstenga de alegar la prescripción extintiva de las acciones civiles; y por otra, que envíe un proyecto de ley reparatorio acorde con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (12 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende y Muñoz y los señores Araya, Guillier, Harboe, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Tuma.
s1645-12
Proyecto de acuerdo presentado por la Senadora señora Lily Pérez.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1645-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío de una iniciativa que incorpore al Servicio Nacional de Menores y al Servicio Nacional del Adulto Mayor entre los órganos llamados a proponer al Gobierno las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de la ley sobre violencia intrafamiliar. El propósito es salvaguardar a todas las víctimas de ese flagelo.
Votaron las señoras Allende, Muñoz y Pérez (doña Lily) y los señores Araya, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Larraín (don Hernán), Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Tuma.
No quedó registrado mi voto a favor.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se dejará constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Letelier.
s1647-12
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Ossandón y Guillier.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1647-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 7ª, en 9 de abril de 2014.
El objetivo del proyecto de acuerdo es pedirle a Su Excelencia la Presidenta de la República que desarrolle las acciones conducentes a una política integral de protección a los adultos mayores. La idea es permitirles a esas personas tener una vida digna y apoyarlas en todos los aspectos que permitan su desenvolvimiento personal.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (17 votos afirmativos).
Votaron las señoras Muñoz y Pérez (doña Lily) y los señores Araya, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Tuma.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ruego a la Secretaría dejar constancia de mi intención de voto a favor.
s1649-12
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Araya y Guillier.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1649-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República y a las Cortes de Apelaciones de Arica y de Iquique (zonas afectadas por el terremoto reciente) que, en el ámbito de sus competencias, suspendan por el plazo de un año las subastas públicas y, asimismo, los juicios hipotecarios y los lanzamientos.
Señora Presidenta, quiero plantear lo siguiente.
Nosotros tenemos derecho a presentar todos los proyectos de acuerdo que queramos, pero no podemos pedirles -según entiendo, así lo hace el que ahora nos ocupa- a las Cortes de Apelaciones¿
Se le solicita a la Presidenta de la República.
Pero en la suma se dice "y a las Cortes de Apelaciones".
Yo entiendo el sentido del proyecto. Pero pedirle a una corte de apelaciones que suspenda juicios no me parece correcto.
Leo la suma: "Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señores Navarro, Araya y Guillier, con el que piden se solicite a S. E. la señora Presidenta de la República" -eso está bien, porque la Primera Mandataria puede enviar un proyecto de ley, cosa con la que concuerdo- "y a las Cortes de Apelaciones de Arica y de Iquique¿".
Sugiero que aprobemos el proyecto de acuerdo eliminando la frase en que se hace referencia "a las Cortes de Apelaciones de Arica y de Iquique", porque carecen de facultades para suspender los juicios, no existe una legislación que les permita hacerlo.
Por lo tanto, en el ánimo de contribuir a no salirnos de la esfera de nuestras legítimas competencias, propongo suprimir lo atinente a las referidas Cortes de Apelaciones y hacer llegar la solicitud solo a la Presidenta de la República.
La Mesa considera que el Senador señor Espina tiene toda la razón y, por consiguiente, acoge su propuesta.
Espero que los autores del proyecto de acuerdo también lo hagan, para que lo votemos omitiendo la referencia a ambas Cortes de Apelaciones.
Sí, conforme.
Por lo tanto, estando de acuerdo sus autores, en votación el proyecto de acuerdo sin la frase señalada.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (15 votos a favor), en los términos acordados.
Votaron las señoras Allende y Muñoz y los señores Araya, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Larraín (don Hernán), Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros y Tuma.
Señores Senadores, la materia del proyecto de acuerdo número 5, sobre restitución de condición de zonas de interés turístico a territorios y zonas que fueron privados de ella, ya fue resuelta. Por lo tanto, hay que retirarlo de la tabla.
--Así se resuelve.	Boletín N°
s1652-12
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores De Urresti, Araya, Harboe, Horvath, Montes y Navarro.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1652-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 10ª, en 16 de abril de 2014.
El propósito del proyecto de acuerdo es pedirle a Su Excelencia la Presidenta de la República que envíe un proyecto que establezca el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se encuentra comprometido en el artículo 8° transitorio de la ley N° 20.417. La idea es ampliar el cuidado de la biodiversidad.
Señora Presidenta, con relación a esta materia ya se logró un acuerdo con el Ministro respectivo.
Así es. Y puedo informar que el Ministro del Medio Ambiente anunció formalmente en la Comisión el envío de la iniciativa respectiva.
Lo señalo para que lo sepan los autores del proyecto de acuerdo.
Que lo retiren.
No sé si sus autores están dispuestos a hacerlo.
En consecuencia, como los autores están de acuerdo con su retiro, así procederemos.
--Queda retirado el proyecto de acuerdo.
s1653-12
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor De Urresti, señora Pérez San Martín y señores Araya, Bianchi, Horvath, Navarro, Quinteros, Rossi y Walker (don Patricio).
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1653-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitarle a Su Excelencia la Presidenta de la República que impulse la tramitación de una legislación de protección eficaz a los glaciares en Chile encaminada a preservar su condición de reservas estratégicas de agua.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Muñoz y Pérez (doña Lily) y los señores Araya, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quinteros y Tuma.
s1654-12
Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Chahuán, señora Pérez San Martín y señores Bianchi y Prokurica.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1654-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar al señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras que ejerza sus buenos oficios ante la Asociación de Bancos en pro de obtener la suspensión por un lapso prudencial del servicio de los créditos contratados por las personas víctimas de los incendios en Valparaíso. La idea es permitirles recuperar paulatinamente y sin obstáculos su forma normal de vida.
¿Le parece a la Sala aprobarlo por unanimidad?
Acordado. --Se aprueba unánimemente el proyecto de acuerdo.
Concluyó el Tiempo de Votaciones.
En consecuencia, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a tres solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
A la señora Ministra de Salud, solicitándole evaluar POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO ESTATAL A DOÑA OTILIA BARRÍA CÁRDENAS PARA TRATAMIENTO MÉDICO CONTRA MAL DE POMPE.
A los señores Ministro de Educación y Director de Presupuestos, pidiéndoles estudiar FACTIBILIDAD DE MAYORES CUPOS PARA BECA PATAGONIA AYSÉN.
Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole DATOS RELEVANTES PARA PREVENCIÓN DE SINIESTROS NATURALES DURANTE INVIERNO EN REGIÓN METROPOLITANA.
--Se levantó a las 19:35.

References: Artículo 2331

Artículo 53
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 8