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Timestamp: 2018-05-25 16:42:30+00:00

Document:
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia para resolver las demandas que han dado origen a los procesos de la referencia, que fueron acumulados, instauradas por los ciudadanos
HILDA LORENA LEAL CASTAÑO y MARCO HERNANDO BAEZ GARZÓN en contra del acto administrativo denominado “APOYO A LA JUSTICIA PENAL MILITAR”, suscrito el 14 de junio de 2006, de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Fiscal General de la Nación, dirigido al Comando General de las Fuerzas Militares, Funcionarios de Justicia Penal Militar, Directores Nacionales y Seccionales de Fiscalía y Cuerpo Técnico de Investigación.
Folios 16 a 20 (Exp. 2008-00025) y 7 a 12 (Exp. 2009-00196).
señala que la Fiscalía carece de competencia para investigar los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, por lo que en virtud del
mismo, “…el CTI debe remitir los respectivos informes al Juez natural y constitucional, que para el caso de los miembros de la Fuerza Pública, está en la Justicia Penal Militar, y no a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía”, el acto demandado establece que “El Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata asumirá las diligencias en prevención”, lo que quiere decir que allí “se está definiendo la competencia en el conocimiento de los procesos que se tramitan en contra de los miembros de la Fuerza Pública, eludiendo nuevamente el principio del Juez natural que, para el caso de los miembros de la Fuerza Pública, son los Tribunales Militares y las Cortes Marciales”.
Agrega, en ese sentido, que en el numeral 5 acusado se indica que el
Fiscal de la URI asumirá las diligencias en prevención, “…pero no se hace distinción alguna en cuáles diligencias, si las que se adelantan por delitos cometidos en actos del servicio o no, dejando en forma genérica entrever que son todas las diligencias penales en las que investigue a miembros de la Fuerza Pública”.
Señala que los numerales demandados, en particular el numeral 6, establece que
“…de ser evidente la existencia de los factores subjetivos y funcionales que justifican el reconocimiento del fuero instituido en el artículo 221 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 250 de la Carta Fundamental, el fiscal de la justicia ordinaria decidirá con prontitud el traslado de la investigación a la Justicia Penal Militar, en cuyo caso mantendrá el apoyo técnico del CTI; si no se evidencian los factores subjetivos enunciados continuará conociendo la Fiscalía General de la Nación, informando de esta situación a la Justicia Penal Militar”, mientras que de acuerdo con el numeral 6 del artículo 256 Constitucional y con el numeral 2 del artículo 122 de la Ley 270 de 1996, corresponden, entre otras, al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso, y de acuerdo con la Ley, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre Consejos Seccionales o entre dos Salas de un mismo Consejo Seccional.
Por último, señala que
“… el acto administrativo que se demanda, está reformando por vía de hecho la Constitución Política de Colombia, es decir, por fuera de los parámetros constitucionales permitidos …(…)…ya que le están otorgando arbitrariamente la facultad al CTI y a la Fiscalía de la Justicia ordinaria, de trasladar las
También plantea el cargo de falsa motivación del acto acusado, toda vez que como primer fundamento para su expedición se señala que
“… con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares se presentan con frecuencia situaciones en las que se producen hechos que revisten las características de homicidio y lo contraen a lo preceptuado en el artículo 103 del Código Penal, es decir, que están previendo y prejuzgando que las operaciones y las actividades propias de la fuerza pública, son para matar premeditadamente a quienes se les presente […y] que estas operaciones también producen homicidio en persona protegida, es decir que en desarrollo de su deber constitucional las Fuerzas Militares matan y asesinan civiles, periodistas, miembros de sanidad, etc., lo cual es totalmente falso.”
Previa transcripción de algunos apartes de la sentencia T-932/00 de la Corte Constitucional y de otras cuya fuente no se indica, su apoderado observa que la doctrina constitucional señala que no toda actuación así sea en servicio activo o en relación con el mismo servicio por parte de los miembros de la Fuerza Pública da lugar a la aplicación del artículo 221 Constitucional, lo que se ha de tener en cuenta para el análisis de legalidad del acto censurado, pues lo que
en él se plantea es una “decantación” de la jurisdicción competente para investigar una conducta penal de vital importancia para el conglomerado social, como son las infracciones a los tipos penales consagrados en los artículos 103 y 135 del Código Penal.
Folios 58 a 63 Exp.2009-00196.
RAFAEL SAMUDIO MOLINA, en calidad de Presidente y representante legal del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares de Colombia, compareció oportunamente al proceso radicado bajo el núm. 2009-00196, para coadyuvar la demanda, y expresó, en resumen lo siguiente4:
El acto administrativo acusado no indica las normas en que se sustenta y vulnera el artículo 4° Constitucional, pues mediante unas
“directrices” pretende introducir reformas a la Constitución Política y a la ley, al tiempo que quebranta el artículo 29, ibídem, toda vez que por el hecho de que en las operaciones militares se presente la ocurrencia de delitos el Ministro de Defensa Nacional y el Fiscal General de la Nación carecen de competencia para hacer de una
Folios 185 a 196
Folios 111 a 119
Finalmente, previa referencia a una entrevista que a mediados del año 2010 el Fiscal General de la Nación (E) concedió a un medio escrito, el coadyuvante concluye
que: “1. El acto administrativo demandado es irregular por cuanto […] los autores del mismo […]
son incompetentes funcional, reglamentaria y constitucionalmente para adoptar decisiones conjuntas que violen la Constitución y la ley. 2. El fin perseguido por los servidores públicos
[con] el acto acusado, se deduce, no de la expresión “directrices”, sino del contenido dispositivo del mismo plasmado en los numerales 4, 5 y 6, que redundaron en la vulneración del debido proceso de los miembros de la Fuerza Pública, desconociendo el juez natural y modificando la Constitución Política. Esta forma de actuar tipifica la desviación de poder. 3. Lo atinente a la falsa motivación se establece al verificar que se acudió a afirmaciones ciertas que condujeron a la vulneración de nuestro ordenamiento constitucional y legal sin justificación real y verdadera; igualmente se planteó un supuesto de hecho que es eventual, para desviar la aplicación de la excepción que cubre a los miembros de la Fuerza Pública y así destruir lo dispuesto en el artículo 250 constitucional.”
Folios 252 a 263 Exp. 2009-00196.
Sostiene que no existe violación de los artículos 221 y 250 de la Carta Política
“… al establecer el acto acusado la expresión “con
no contestó la demanda.
En lo que se refiere específicamente al cargo de violación del artículo 29 de la Carta Política, el Ministerio Público considera que las normas demandadas se encuentran viciadas de nulidad, pues se trata de normas de carácter administrativo que pretenden establecer el procedimiento para adelantar parte de la investigación penal contra los miembros de la Fuerza Pública por hechos que se producen
“con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares”, así como para establecer quién es el competente para determinar si la investigación corresponde o no a la Justicia Penal Militar, cuando esto sobrepasa los alcances naturales y jurídicos de los actos administrativos y las competencias constitucionales y legales de los funcionarios y entidades que los profirieron, lo cual redunda en una violación al debido proceso de quienes, por virtud de la aplicación de
Folios 372 a 410.
En el mismo sentido, estima que establecer por vía de un acto administrativo cuál es el funcionario competente para investigar y, como consecuencia de ello, también para juzgar los actos de los
miembros de la Fuerza Pública por hechos que se presenten “con ocasión de las operaciones de las Fuerzas Militares”, contradice el principio-derecho al debido proceso.
Sobre el artículo 116 Constitucional, que invocan los demandantes, considera que supone un vicio de nulidad de los numerales demandados el hecho de que allí se pretenda establecerle unas
“directrices” a los “Funcionarios de Justicia Penal Militar”, con el fin de señalarles que serán los Fiscales de las URI quienes asuman
preventivamente la competencia por los hechos que se presenten
“con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares”, que revistan “las características de homicidio al que se refiere el artículo 103 del Código Penal, o de homicidio en persona protegida al que alude el artículo 135 ibídem”, y quienes , a su vez, decidan si estos hechos deben ser juzgados o no por la Justicia Penal Militar.
Igualmente, sostiene el Jefe del Ministerio Público que los numerales demandados contradicen diametralmente lo dispuesto en los artículos 221 y 250 Constitucionales, toda vez que los hechos que se
presentan “con ocasión de las operaciones de las Fuerzas Militares”, en donde presuntamente se cometieron delitos, necesariamente involucran a “miembros de la fuerza pública en servicio activo” y guardan “relación con el mismo servicio”, que es precisamente lo que determina la competencia de la Jurisdicción Penal Militar y la falta de competencia de la Fiscalía General de la Nación.
–y no de los fiscales “de la justicia ordinaria”- y que, sin perjuicio de que se haga una interpretación restrictiva del artículo 221 Superior, es claro que los delitos que lleguen a cometerse “con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares”, como es el supuesto de hecho contemplado en los numerales demandados, deben ser investigados y juzgados por la Justicia Penal Militar.
Reitera que los numerales demandados vulneran el fuero penal militar establecido en el artículo 221 Superior y contradice la limitación que la propia Carta impone a la Fiscalía General de la Nación, para investigar los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio,
aún sin perjuicio de que tenga por objeto “facilitar la investigación ”de “los hechos que revisten características del homicidio al cual se refiere el artículo 103 del Código Penal, o del homicidio en persona protegida al que alude el artículo 135 ibídem”, toda vez que no existe norma o fundamento constitucional que permita suponer que todo homicidio simple o todo crimen de guerra no guarda relación con el servicio y, por tanto, no es objeto de la Justicia Penal Militar.
Pretenden los demandantes en los dos procesos acumulados que se declare por parte de esta Corporación la nulidad de los numerales
4, 5 y 6 del acto administrativo denominado “Apoyo a la Justicia Penal Militar”, de fecha 14 de junio de 2006, expedido en forma conjunta por el señor Ministro de Defensa Nacional y el Fiscal General de la Nación.
2. Que mientras se hacen presentes en el lugar de los hechos los servidores del CTI, se realice por parte de los miembros de la Fuerza Pública su protección, atendiendo la obligación
legal prevista para el “Primer Respondiente”.
De ser evidente la existencia de los factores subjetivos y funcionales que justifican el reconocimiento del fuero instituido en el artículo 211 de la Constitución en
concordancia con el artículo 250 de la Carta Fundamental, el fiscal de la justicia ordinaria decidirá con prontitud el traslado de la investigación a la Justicia Penal Militar en cuyo caso se mantendrá el apoyo técnico científico del CTI; si no se evidencian los factores enunciados, continuará conociendo la Fiscalía General de la Nación, informando de esta situación a
la Justicia Penal Militar.”
(Los apartes subrayados fuera de texto, corresponden a los numerales objeto de demanda).
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y
de los particulares.”
La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad y las Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución, las leyes, y respetar y obedecer a las
(Se subraya fuera de texto)
El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que le imputa, ante juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.”
ARTÍCULO 221. Los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro.”
ARTÍCULO 228. La administración de justicia es función pública. Sus cesiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
ARTÍCULO 230. Los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.”
ARTÍCULO 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
“ARTÍCULO 256.
Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo con la ley, las siguientes atribuciones:
(Estatutaria de la Administración de Justicia)
ARTÍCULO 1. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con arreglo a las disposiciones de este Código. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio Activo o en retiro.”
ARTÍCULO 2° Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública derivados del ejercicio de la función militar o policial que le es propia. De conformidad con las pruebas allegadas, la autoridad judicial que conoce del proceso determinará la competencia, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la actividad de la Fuerza Pública.”
“El literal f) [del artículo 11 del proyecto de Ley]
establece que la jurisdicción penal militar hace parte de la rama judicial. Al respecto, baste manifestar que este es uno de los casos en que a pesar de que se administra justicia (Arts. 116 y 221 C.P.), los jueces penales militares no integran esta rama del poder público, pues -conviene repetirlo- no se encuentran incluidos dentro de los órganos previstos en el Título VIII superior. Por lo demás, no sobra advertir que en providencia de esta Corporación ya se han definido los alcances del artículo 221 superior -que se encuentra dentro del Capítulo sobre la fuerza pública- al establecer que la justicia penal militar únicamente juzga a “los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y sólo por delitos cometidos en relación con el mismo servicio”7.En esa misma providencia se concluyó: “Es verdad que la Justicia Penal Militar, según lo dice el artículo 116 de la
Corte Constitucional Sala de Revisión N° 1. Auto N° 12 de 1° de agosto de 1994. M.P.: doctor Jorge Arango Mejía.
El artículo 221 de la Constitución Política, fue adicionado por el Acto Legislativo 02 de 1995,
“de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar (...)”.
“Ha sido el propio Constituyente, entonces, tal como lo ha
reconocido la jurisprudencia de esta Corporación, sentencia C-358 de 1997, entre otras, el que limitó el alcance del fuero militar y la aplicación excepcional de la jurisdicción penal militar, al señalar los elementos estructurales de éste, pues expresamente señaló que sólo podrán ser juzgados por la jurisdicción penal militar, los miembros activos de la fuerza pública, entiéndase fuerza militar y policía nacional, cuando éstos cometan un delito relacionado con el servicio mismo. Así, se ha dicho que son dos los elementos que deben estar presentes para que opere la competencia de las Cortes
marciales o tribunales militares. El primero, de carácter subjetivo, pertenecer a la institución castrense y ser miembro activo de ella, el segundo, de carácter funcional, por cuanto el
delito cometido debe tener relación con el servicio”.8
“(...) existe un Código Penal Militar, que contiene una
regulación especial, y diferente, en atención a los sujetos, a los bienes jurídicos protegidos y a las condiciones especiales que se derivan de la función que conforme a la Constitución corresponde cumplir a las fuerzas armadas, tanto en cuanto al señalamiento de las conductas punibles y las sanciones, como del procedimiento aplicable.
“Dado que la propia Constitución contempla la existencia de
un código penal especial para el juzgamiento de los militares en servicio activo y en razón de los actos cometidos en relación con el mismo servicio, y que por la naturaleza misma de los códigos, estos buscan regular de manera completa una materia, el Código Penal Militar contiene un régimen completo, tanto sustantivo como procesal, que si bien debe respetar y desarrollar los principios y valores constitucionales, y responde por consiguiente a los mismos principios y valores que se aplican para el régimen penal ordinario, puede diferenciarse del mismo, cuando así lo exijan las especiales condiciones para las cuales está previsto, o cuando de tal diferencia no se derive detrimento de la Constitución. Sobre el particular la Corte ha expresado que „la Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal Militar deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se
sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas ordinarias, salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La Constitución ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no podrá basarse en la mera
disparidad de los textos normativos.‟9”10
Con el propósito de que la regulación del Código Penal Militar sea plena, el artículo 195 del mismo prevé que
cuando un miembro de la Fuerza Pública, en servicio activo y en relación con el mismo servicio, cometa delito previsto en el código penal ordinario o leyes complementarias, será investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar.
“3. La Carta señala que en principio corresponde a la Fiscalía
General la investigación e instrucción de los delitos, pero, como bien lo destacan los intervinientes y la Procuraduría, la Constitución establece también el fuero militar, en virtud del cual, los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio son conocidos por la justicia penal militar (CP art. 221). Una
Sentencia C-358 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia C-1068 de 2001
“Conforme a lo anterior, la propia Carta establece que
no corresponde a la Fiscalía General sino a la justicia militar investigar y acusar a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que hayan cometido delitos en relación con el servicio. Ese análisis es suficiente para concluir que el cargo del demandante carece de sustento, pues si no corresponde constitucionalmente a la Fiscalía la investigación de los delitos amparados por fuero militar, bien puede la ley atribuir la instrucción de los mismos a los jueces de instrucción penal militar. Nada pues en la Carta se opone a que el Código Penal Militar establezca que los jueces de instrucción penal militar son funcionarios de instrucción en la justicia penal militar y que tienen a su cargo la investigación de los delitos amparados por el fuero castrense. El cargo del actor será entonces desestimado.
“…es indudable que los jueces de instrucción penal
militar tienen una competencia excepcional, pues sólo pueden investigar los hechos punibles amparados por fuero militar. Por ello, para que estos jueces de instrucción penal militar tengan competencia es necesario no sólo que el presunto delincuente sea miembro activo de la Fuerza Pública (elemento subjetivo) sino que además el delito cometido tenga una relación directa con el servicio (elemento funcional). Igualmente, es obvio que esos funcionarios deben respetar la doctrina constitucional desarrollada por esta Corte, en numerosas sentencias, sobre el alcance del fuero militar. Precisamente por tal razón, la sentencia C-878 de 2000, MP Alfredo Beltrán Sierra, condicionó el alcance del artículo 2º de la Ley 522 de 1999, que
Ver entre otras, las sentencias C-358 de 1997 y C-870 de 2000
El interviniente acierta entonces en señalar que los jueces de instrucción penal militar tienen que respetar esa órbita limitada del fuero militar, pues carecen de competencia para investigar casos en donde no se presenten tanto el elemento subjetivo (miembro activo de la Fuerza Pública) como el funcional (delito directamente relacionado con las funciones propias de la Fuerza Pública). Estos jueces de instrucción se extralimitarían en sus funciones si investigan personas que no sean miembros activos de la Fuerza Pública, o delitos que no tengan un vínculo directo con las funciones de la Fuerza Pública. Sin embargo, no por ello es necesario condicionar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas en la presente demanda, pues éstas simplemente señalan que los jueces de instrucción penal militar son funcionarios de instrucción penal
militar y tienen competencia para investigar “todos los delitos de conocimiento de la Justicia Penal Militar” (subrayas no originales). Nótese pues que la propia norma señala que su competencia cubre únicamente los delitos que son de conocimiento de la justicia militar, por lo cual es claro que los jueces de instrucción militar sólo pueden investigar e instruir los delitos amparados por el fuero militar, en los términos señalados por la doctrina constitucional.
Como se observa de su tenor literal, la motivación del acto parcialmente acusado consiste en sostener que sus destinatarios
son conocedores de que “con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares”, se presentan “a menudo” situaciones que producen los hechos delictuales que allí se indican, que ameritan la inspección técnico científica de los lugares donde hayan ocurrido.
Conforme se advierte de la transcripción que se hizo del acto
parcialmente acusado, el mismo tiene por objeto “apoyar” a la Justicia Penal Militar y, específicamente, establecerle unas “directrices” al Comando General de las Fuerzas Militares, a los
funcionarios de la Justicia Penal Militar, a los Directores Nacionales y Seccionales de Fiscalías y a los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, acerca de determinadas actuaciones que deben surtirse en el lugar de los hechos por parte del último organismo indicado, como punto de partida para la investigación penal contra
miembros de las Fuerzas Militares por hechos “que se presentan con alguna frecuencia” con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares”, “que revisten las características del homicidio al que se refiere el artículo 103 del Código Penal o del homicidio en persona protegida al que alude el artículo 135 ibídem”, así como designar el funcionario judicial a quien deben remitirse dichas actuaciones y a cuyo cargo está decidir si el conocimiento de tales hechos corresponde a la Fiscalía General de la Nación o a la Justicia Penal Militar.
“De la confrontación directa entre el acto acusado y
las normas presuntamente violadas, la Sala observa lo siguiente:
Por lo tanto, no es necesario realizar un análisis profundo para advertir que el apoyo a la Justicia Penal Militar por parte del CTI, al que se refiere el acto acusado, se da frente a
situaciones producidas “con ocasión de operaciones propias de las Fuerzas Militares”.
realizada la búsqueda, fijación, recolección, embalaje y aseguramiento de las evidencias físicas halladas en el lugar de los hechos, los servidores del CTI
remitirán los respectivos informes a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, las cuales asumirán la competencia a prevención y establecerán si existen o no factores objetivos y funcionales que den lugar al reconocimiento del fuero previsto en el artículo 221 de la Constitución.
Según dichas pautas dadas por el acto acusado, para la Sala resulta claro que, en una primera fase, la investigación de los delitos de homicidio y homicidio en persona protegida
ocurridos “con ocasión de operaciones propias de las Fuerzas Militares”, a que alude la directriz demandada, será adelantada por los miembros de la Fiscalía General de la Nación en virtud de la remisión de las evidencias físicas recabadas por el CTI.
Del cuadro comparativo se evidencia que, mientras los artículos 121 y 250 de la Constitución Política y 264 del Código Penal Militar establecen que la competencia para investigar y
juzgar los delitos cometidos “por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio” le corresponde a la Justicia Penal Militar y no a la Fiscalía General de la Nación, señala que ésta última “asumirá las diligencias” que le sean remitidas por el CTI, “con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares” frente a los delitos de homicidio simple y homicidio en persona protegida.
Para la Sala no es necesario realizar análisis de fondo propios
de la sentencia, para concluir que la expresión “con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares” utilizada en el acto acusado, responde de manera sinónima a la expresión “en relación con el mismo servicio” de los artículo 221 y 250 de la Constitución Política, razón por la cual es evidente la contradicción entre el acto y las normas.
en las Unidades de Reacción inmediata de la Fiscalía General
En concordancia con lo anterior, para la Sala es claro que los
hechos que se presentan “con ocasión de las operaciones de las Fuerzas Militares”, en donde presuntamente se cometan delitos, necesariamente involucran la conducta de miembros de la fuerza pública en servicio activo y guardan relación con el mismo servicio, que es precisamente lo que determina la competencia de la Jurisdicción Penal Militar y excluye de su conocimiento a la Justicia ordinaria, en los términos de los artículos 221 y 250 de la Carta Política.
Sentencia C-358 de 1997
“ARTÍCULO 263 (Código Penal Militar). Quiénes son funcionarios de instrucción. Son funcionarios de Instrucción Penal Militar:
4. Los auditores de guerra, que en casos especiales sean designados por el respectivo
juez de instancia.”
De lo anterior resulta que mediante las directrices trazadas en el acto acusado se da curso a que los delitos en que incurran los
miembros de la Fuerza Pública “con ocasión de las operaciones propias de las Fuerzas Militares”, que por sí mismos guardarían relación con el servicio, sean en la fase investigativa del conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con claro desconocimiento del fuero militar de los miembros de la Fuerza Pública y del principio-derecho al debido proceso, que garantiza que la acción punitiva del Estado no resulte arbitraria e implica que el juez y los procedimientos sean establecidos por vía legislativa, amén de que constituye una incuestionable usurpación de la competencia asignada a los funcionarios de Instrucción Penal Militar, a quien les está atribuida la función de conocer de todos los delitos relacionados con el servicio, como se consignó en el párrafo anterior.
PRIMERO.- DECLÁRASE LA NULIDAD
de los numerales 4, 5 y 6 del acto administrativo denominado “APOYO A LA JUSTICIA PENAL MILITAR”, suscrito el 14 de junio de 2006 de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Fiscal General de la Nación, dirigido
Tiénese al doctor ALEX DE JESÚS SALGADO LOZANO como apoderado de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, en su calidad de Director de Asuntos Legales del mismo Ministerio, de conformidad con la certificación y documentos anexos obrantes a folios 363 a 37116.
Exp.2009-00196.
Publicado por JUVENTUDES CONSERVADORAS ALZATISTAS/ALZATISMO COLOMBIANO en 8:00

References: artículo 221
 artículo 250
 artículo 256
 artículo 122
 artículo 103
 artículo 221
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 250
 artículo 29
 artículo 116
 artículo 103
 artículo 135
 artículo 221
 artículo 221
 artículo 103
 artículo 135
 artículo 211
 artículo 250

ARTÍCULO 221

ARTÍCULO 228

ARTÍCULO 230

ARTÍCULO 250

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 artículo 221
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 artículo 195
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 artículo 103
 artículo 135
 artículo 221
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