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Timestamp: 2019-03-20 03:15:58+00:00

Document:
as201411404b
AUTO SUPREMO Nº 404/2014-RRC
Sucre, 21 de agosto de 2014
Expediente : Chuquisaca 9/2014
Parte imputada : Santos Freddy Valencia López
Por memorial presentado el 7 de mayo de 2014, cursante de fs. 1774 a 1777, Santos Freddy Valencia López interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 148/014 de 14 de abril de 2014, de fs. 1715 a 1721 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del Código Penal (CP).
En mérito a la acusación pública (fs. 429 a 433) y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Padilla del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Sentencia 004/2013 de 10 de octubre (fs. 1568 a 1576 vta.), declaró al imputado Santos Freddy Valencia López, autor del delito de Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, con costas.
La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por el imputado (fs. 1613 a 1619 vta.), resuelta por Auto de Vista 148/014 de 14 de abril de 2014, que declaró procedentes los dos motivos de la apelación; consiguientemente, anuló totalmente la Sentencia apelada y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal, motivando la formulación de recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación de fs. 1774 a 1777, y del Auto Supremo 198/2014-RA de 22 de mayo, que lo admitió, se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución.
El recurrente denuncia que, si bien el Tribunal de alzada, acertadamente evidenció los defectos de juzgamiento en que incurrió el Tribunal de sentencia al valorar la prueba y fundamentar el fallo; empero, en la parte resolutiva del Auto de Vista impugnado, erróneamente dispuso que se realice un nuevo juicio, cuando los errores de juzgamiento no fueron de procedimiento, sino, respecto de la valoración de la prueba en Sentencia, por lo que, refiere, resulta innecesaria la realización de otro juicio oral; aspecto que -afirma- debió ser subsanado por el Tribunal de alzada conforme el art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y al no haberlo hecho así, incurrió en contradicción con los Autos Supremos 205 de 28 de marzo de 2007 y 518 de 17 de noviembre de 2006.
El recurrente solicita al Tribunal Supremo, luego de admitir su recurso, ordenar al Tribunal de apelación el pronunciamiento de nueva resolución subsanando los defectos advertidos en la sentencia o la remisión al Tribunal de Sentencia para que emita una nueva sentencia sin valorar las pruebas ilegalmente introducidas, manteniendo vigente el juicio oral.
Mediante Auto Supremo 198/2014-RA de 22 de mayo, cursante de fs. 1788 a 1789 vta., este Tribunal declara admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, en cuya razón se pronuncia la presente resolución.
Conforme consta en la enunciación del hecho en la Sentencia 004/2013 (fs. 1568 a 1576 vta.), el Ministerio Público imputó a Santos Freddy Valencia López, de la comisión del delito de Concusión, previsto en el art. 151 del CP, en razón a que Roberto Fernández Quispe, denunció que entregó al acusado la suma de Bs. 1000, quien lo amenazó al salir de la audiencia donde se le sentenció, con llevarlo a la localidad de Padilla para cumplir su condena si no pagaba dicha suma; el 9 de noviembre, Hernán Fernández Apaza junto a Francisco Salva Fernández se dirigieron al despacho de Valencia donde se le entregó los Bs. 1000, suma que fue devuelta por el imputado el 17 de abril de 2011 a Hernán Fernández, tío de Roberto Fernández Quispe; asimismo, el 2 de junio de 2010, Marcelino Díaz Montero puso en conocimiento del Fiscal de Distrito que fue testigo de la entrega de Bs. 1400.- al acusado como pago realizado por la madre de Juan Arancibia Vedia, recluso en la cárcel de Tarabuco, cuando se interrogó sobre la finalidad del dinero, el imputado señaló que era para reparar los daños ocasionados en la escuela de Ichupampa.
Sobre la base fáctica descrita y la prueba de cargo introducida a juicio, el Tribunal de Sentencia de la Localidad de Padilla, capital de la Provincia Tomina del Departamento de Chuquisaca, con el voto unánime de sus miembros, mediante Sentencia 004/2013 de 10 de octubre (fs. 1568 a 1576 vta.), declaró al imputado autor de la comisión del delito de Concusión, previsto y sancionado por el art. 151 del CP, imponiendo la pena de dos años de presidio a ser cumplida en la cárcel pública de Padilla, debiendo descontarse el tiempo que estuvo sometido a detención preventiva, con costas.
El imputado planteó apelación restringida (fs. 1613 a 1619 vta.), acusando defectos absolutos de la Sentencia que generan vulneración a los principios constitucionales de juicio previo, derecho a la defensa y derecho a la igualdad como componentes del debido proceso, por introducción ilegal de la prueba (MP 5 y MP8) acusando de que se trataban de simples entrevistas ante la policía y fiscalía, sin revestir la cualidad probatoria dentro del sistema oral en razón a que el acusado no podría ejercer su derecho de defensa al no poder interrogar o pedir aclaraciones sobre los mismos, vulnerándose el debido proceso. Por otra parte acusó violación de las reglas de la sana crítica, por basarse la Sentencia en medios probatorios incorporados ilegalmente por su lectura violando las normas respectivas, incorporación que no está prevista por el art. 333 del CPP, incurriendo en el defecto previsto por el art. 370 inc. 4) del CPP, además de aquello, los testigos directos Hernán Fernández Apaza y Francisco Salva Fernández, no declararon en el juicio, evidenciando la falta de prueba suficiente, lo que implica errónea aplicación de la ley sustantiva.
Radicado el recurso ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en cuanto al primer motivo de la apelación restringida referido a los defectos absolutos de la sentencia producidos por introducción ilegal de la prueba y valoración de entrevistas, el Tribunal de apelación resolvió declararlo procedente, en razón de haberse advertido inobservancia de la ley procesal penal debido a que las entrevistas policiales o fiscales no revisten cualidad probatoria en un sistema de naturaleza oral porque se violarían derechos y garantías constitucionales, dado que impiden ejercer el derecho a la defensa por la imposibilidad de interrogar al entrevistado o pedir aclaraciones, conculcándose el derecho al debido proceso. Con relación al segundo motivo acusado en apelación relativo a la violación al principio de la sana crítica, el Tribunal de alzada, fundamentó que en la valoración de la prueba el juez o tribunal de sentencia debe aplicar las reglas de la sana crítica conforme el art. 173 del CPP, correlacionado con el art. 167 del citado compilado legal, concluyendo que en el caso el Tribunal de Sentencia incurrió en inobservancia de la ley procesal penal, especialmente en lo que concierne a determinadas pruebas que no fueron valoradas siquiera prudentemente; bajo tales parámetros, resolvió anular totalmente la sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro tribunal llamado por ley.
En el presente caso la parte recurrente alega que el Tribunal de alzada pese a asumir acertadamente la existencia de defectos de juzgamiento en los que incurrió el Tribunal de sentencia al valorar la prueba y fundamentar el fallo, erróneamente dispuso el reenvío de la causa, cuando resulta innecesaria la realización de otro juicio oral, invocando dos precedentes que considera contradictorios, por lo que corresponde efectuar la labor de contraste que la ley le asigna a este Tribunal.
El recurrente invocó como primer precedente, el Auto Supremo 205 de 28 de marzo de 2007, que fue pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Ex Corte Suprema de Justicia, dentro de un proceso seguido por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, donde el Tribunal de alzada, además de exponer criterios totalmente contradictorios en lo que respecta a la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia, adoptó una solución procesal distinta, señalando que se hubiera incurrido en un defecto que ameritaría anular la sentencia; empero, realizó una nueva subsunción de los hechos en base a la revalorización de prueba de juicio, actividad que está prohibida a los Tribunales de apelación. En lo que respecta a la doctrina legal aplicable, el precedente estableció que: “Los Tribunales de alzada aplicando debidamente el principio de ‘economía procesal’ y sobre todo el de ‘legalidad’ deben observar estrictamente lo dispuesto por el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal en su párrafo último que señala ‘cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de alzada resolverá directamente’. Los casos que posibilitan esta disposición están traducidos en la función que actualmente cumplen los Tribunales de apelación que se expresa sobre todo en la identificación del ‘error in iudicando’, o los establecidos en el artículo 414 del mismo cuerpo adjetivo procesal penal, disponer lo contrario significaría que por una indebida aplicación de una norma sustantiva o indebida interpretación de la ley tenga que realizarse un nuevo juicio oral, aspecto que llevaría que los juicios orales tengan duraciones demasiado largas por los cuales se restringiría el derecho que tienen los sujetos procesales a un juicio sin dilaciones”. Con este entendimiento, el Tribunal de Casación, resolvió dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado.
El segundo precedente invocado es el Auto Supremo 518 de 17 de noviembre de 2006, emitido dentro de un proceso tramitado por el delito de Lesiones Gravísimas, en el cual el Tribunal de casación constató que el Tribunal de apelación pese a advertir la carencia de fundamentación en la sentencia apelada, incurrió en contradicción jurídica al no corregir ni complementar el argumento jurídico; no aplicó el art. 399 del CPP concediendo término para la subsanación del recurso de apelación restringida pese a advertir la existencia de omisión formal; y, que los puntos impugnados en el recurso de apelación concernientes a la defectuosa valoración de la prueba y la fijación de la pena sin fundamentar las atenuantes o agravantes, afecta el derecho a la defensa. En ese entendido, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Que si el Tribunal de Apelación advierte que existe falta o existe contradicción en la fundamentación de la sentencia apelada, es deber de dicha autoridad corregir o complementar el fundamento jurídico aludido, en caso de no hacerlo, dicho acto jurisdiccional se constituye en defecto absoluto y atenta contra los principios: derecho a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.
El Tribunal de Apelación advirtiendo la existencia de defectos formales o de procedimiento, en caso de que exista expresa solicitud de fundamentación complementaria o de ofrecimiento de prueba para demostrar la impugnación referido a defectos formales o de procedimiento, debe señalar día y hora de audiencia para recibir el fundamento complementario o las pruebas ofrecidas, cabe remarcar que las pruebas sólo se referirán a demostrar el defecto de forma o de procedimiento, no así a producir pruebas relacionadas al asunto de fondo, sólo existe una instancia de hecho, porque el Tribunal de Apelación es de puro derecho. En caso de que advierta defecto u omisión de forma en el recurso de apelación restringida, el Tribunal de Apelación se encuentra en el deber de hacer saber al recurrente, dándole el término de tres días computables de su notificación para que amplié y/o corrija, bajo apercibimiento de rechazo del recurso de apelación restringida. Finalmente, el Tribunal de Alzada se encuentra en el deber de circunscribir su resolución a los puntos impugnados, la omisión de uno de ellos vulnera el derecho a la defensa, razón por el que es de imperativo cumplimiento el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal”. El Tribunal de casación dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado.
Precisado el motivo alegado en el recurso de casación sujeto al presente análisis, así como los hechos resueltos y la doctrina contenida en los precedentes invocados por el recurrente, se evidencia que ante la denuncia formulada por el imputado en apelación restringida de existencia de defectos absolutos en la sentencia que vulneran el principio constitucional de juicio previo, derecho a la defensa y a la igualdad como componentes del debido proceso, por la introducción a juicio de prueba por su lectura careciendo la misma de valor, el Tribunal de alzada declaró procedente el motivo en razón de haber advertido inobservancia de la ley procesal penal, fundamentado que las entrevistas policiales o fiscales, no revisten cualidad probatoria en un sistema de naturaleza oral, debido a la imposibilidad de interrogar al entrevistado o pedir aclaraciones, impidiendo ejercer el derecho a la defensa, vulnerando los arts. 167 y 169 incs. 2) y 3) del CPP, vicios insalvables conforme determina el art. 169 inc. 3) concordante con el art. 370 inc. 5) ambos del CPP y, que tratándose de defectos de la sentencia por inobservancia de la ley procesal, determinó anular totalmente la sentencia. Por otra parte, en lo que respecta al segundo motivo acusado en apelación sobre violación al principio de la sana crítica, el Tribunal de apelación fundamentó que en la valoración de la prueba, el juez o tribunal de sentencia debe aplicar las reglas de la sana crítica conforme el art. 173 del CPP, correlacionado con el art. 167 del citado compilado legal, concluyendo que el Tribunal de Sentencia incurrió en inobservancia de la ley procesal penal, especialmente en lo que concierne a determinadas pruebas que “no han sido valoradas siquiera prudencialmente” (sic); determinando con estos argumentos, la anulación total de la sentencia, así como la reposición del juicio por otro tribunal.
Ahora bien, Santos Freddy Valencia López, en su recurso de casación argumenta que el Tribunal de alzada debió subsanar los errores advertidos en la Sentencia conforme la parte final del art. 413 del CPP, errores -que a decir del recurrente- serían de juzgamiento producidos a raíz de la valoración de la prueba en la redacción de la sentencia, afirmación que resulta incongruente con lo denunciado en el recurso de apelación, puesto que en su primer motivo acusó la existencia de defectos absolutos en la sentencia por la introducción ilegal a juicio de prueba por su lectura carente de valor, específicamente las pruebas signadas como MP-5 y MP-8 que resultarían ser entrevistas realizadas ante la policía y la fiscalía, conforme se constata del respectivo memorial en el cual el imputado a fs. 1614 vta., último párrafo manifestó: “…todas esas violaciones producidas en la sentencia constituyen DEFECTOS ABSOLUTOS previstos por los incisos 2 y 3 del art. 169 del CPP que prevé…” (sic); ante cuyo reclamo, el Tribunal de apelación acogió su motivo resolviendo anular totalmente la sentencia por existir defectos previstos en los arts. 370 incs. 1) y 6), 167 y 169 incs. 2) y 3) del CPP, por incumplir con la debida fundamentación y atentar al debido proceso.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el art. 169 del CPP, prevé que los defectos absolutos no serán susceptibles de convalidación, que por su naturaleza procesal constituyen motivo de nulidad expresa, así cuando existe violación al debido proceso emergente de la valoración de la prueba, el Tribunal de apelación deberá anular total o parcialmente la sentencia ordenando su reposición por otro juez o tribunal, por lo que resulta incoherente el reclamo del imputado, en sentido de que el defecto debió ser subsanado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pues como señala en su recurso de apelación, se incurrió en un defecto producido en la redacción de la sentencia y no durante la audiencia de juicio, evidenciándose que el recurrente, soslayó la diferenciación entre los errores in procedendo que están relacionados a cuestiones de forma o a la infracción de normas de procedimiento, que producen la nulidad del proceso y los errores in iudicando referidos a cuestiones de fondo o infracción de la ley sustantiva sea por errónea interpretación de la misma o por su aplicación indebida; de modo que no puede acusar defectos absolutos de la sentencia que vulnerarían el principio de juicio previo, los derechos a la defensa e igualdad, como componentes del debido proceso, originados por la introducción ilegal de prueba por su lectura y valoradas -según el recurrente- a momento de dictar sentencia, para luego contrariamente, observar que el Tribunal de alzada omitió subsanar el error como si se tratara de un error de juzgamiento (in iudicando).
Por otra parte, en lo concerniente al establecimiento de la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes invocados, el recurrente tenía la ineludible obligación de observar que los hechos fácticos, así como los motivos acusados, tengan similitud con los antecedentes y agravios que pretende se subsanen, esto en el entendido que los precedentes, si bien resuelven aplicando determinada normativa que se procura sea aplicada conforme sus pretensiones, los motivos y hechos pueden diferir; teniendo en cuenta que el tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar” (Las negrillas son propias).
De ello se tiene que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada), se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.
De manera similar, el Tribunal Constitucional Plurinacional en su SCP 476/2014 de 25 de febrero citando la SCP 0895/2012 de 22 de agosto, sostuvo: “…la cita del precedente corresponde a la parte procesal que en conocimiento de otro precedente que resuelve un caso con supuestos fácticos análogos al suyo, considera que el mismo es contrario a la interpretación o aplicación normativa realizada en su caso, requisito que coadyuva a su vez a la existencia de un filtro que impida el uso indiscriminado y hasta abusivo del recurso de casación, sólo con la intención de dilatar procesos judiciales o evadir la justicia”. Al respecto, la SCP 0758/2013 de 7 de junio, citando la SC 0277/2011-R de 29 de marzo, manifestó que: “Todo proceso responde a un doble objetivo, resolver el conflicto y su consecuencia natural restablecer el imperio de derecho, por lo que, éste debe ajustarse estrictamente a las normas de procedimiento preestablecidas para su tramitación, ya que son ellas las que contienen los presupuestos procesales habilitantes para que el proceso pueda lograr sus objetivos y pueda calificarse como debido”.
Ahora bien, considerando los precedentes invocados por el recurrente, se tiene que el Auto Supremo 205 de 28 de marzo de 2007, fue emitido dentro de un proceso tramitado por el delito de Transporte de Sustancias Controladas, donde el Tribunal de casación advirtió que el Auto de Vista, además de exponer criterios totalmente contradictorios en lo que respecta a la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de sentencia, adoptó una solución procesal distinta a la señalada por la doctrina legal establecida por este alto Tribunal, dando a entender que se trataría de errores que ameritan la nulidad de la sentencia; empero, realizó una nueva subsunción de los hechos en base a la revalorización de prueba de juicio, cambiando el tipo penal, razón por la cual se dejó sin efecto el Auto de Vista; es decir, que en el caso citado el Tribunal de alzada, amparado en la facultad prevista por el art. 413 del CPP, cambió el tipo penal revalorizando la prueba, dando una solución con fundamentos y procedimientos equivocados; siendo necesario destacar que la doctrina legal establecida por ese precedente, tuvo su génesis en el criterio asumido por el Tribunal de casación que no puede ser soslayado, en sentido de que los Tribunales de alzada aplicando el principio de "economía procesal" y sobre todo el de "legalidad" en los casos donde se hubiera validado la actuación de los Tribunales de mérito, respecto a la valoración de la prueba, deben observar estrictamente lo dispuesto por el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal en su párrafo último que señala: "cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de alzada resolverá directamente", empero tal actividad debe fundarse en una corrección de posibles defectos in iudicando y no así en actividad procesal defectuosa la que determinará la nulidad de la sentencia, al no existir la posibilidad de dictar una nueva sentencia sobre elementos de prueba que el propio Tribunal consideró emergentes de un acto defectuoso; resultando en el caso de autos, que el Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, de modo alguno validó la actuación del Tribunal de Sentencia de Padilla, respecto a la valoración de la prueba, por el contrario concluyó que determinadas pruebas no fueron valoradas siquiera de manera prudente, advirtiendo falta de fundamentación probatoria en la Sentencia.
En cuanto al Auto Supremo 518 de 17 de noviembre de 2006, se evidencia que los motivos acusados se enmarcaron en: a) Que el Tribunal de alzada advirtió falta de fundamento en la sentencia; sin embargo, no procedió a su corrección vulnerando los arts. 413 y 414 del CPP; b) Que ante la omisión formal en el recurso de apelación restringida, debió aplicar el art. 399 del CPP; y, c) Que el Auto de Vista no fundamentó de manera sólida la defectuosa valoración de la prueba en que incurrió la Sentencia; con estos antecedentes, el Tribunal de casación estableció que: i) El Tribunal de apelación advertido de la carencia de fundamentación en la sentencia apelada, no corrigió ni complementó el argumento jurídico; ii) Que pese a percatarse de la omisión formal del recurso de apelación restringida, no aplicó el art. 399 del CPP; y, iii) Se afectó el derecho a la defensa respecto a la defectuosa valoración de la prueba y la fijación de la pena sin fundamentar las atenuantes o agravantes.
De lo expuesto, resulta evidente que no existe situación de hecho similar o conexitud de supuestos fácticos, motivos denunciados y su resolución entre el Auto de Vista impugnado más su complementario, con los precedentes invocados, en cuyo mérito, no se constata la existencia de contradicción en los términos previstos por el parágrafo segundo del art. 419 del CPP, deviniendo el presente recurso en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Santos Freddy Valencia López cursante de fs. 1774 a 1777.

References: resolución 
 artículo 413
 artículo 414
 resolución 
 artículo 398
 resolución 
 artículo 413
 resolución