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Timestamp: 2014-03-12 05:04:06+00:00

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Observatorio procesal
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Blog Derecho Nuevas Tecnologías
El 21 de noviembre de 2012 se publicó en el BOE la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología
A través de esta ley, que entró en vigor el 22 de noviembre del mismo año, se incrementaron los importes de las tasas para el ejercicio de la postestad jurisdiccional, especialmente respecto los importes fijos. Texto de la Ley:
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recuperó en el ámbito de
la Administración de Justicia la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional. Este modelo ha sido objeto de alguna modificación reciente, en
particular por la Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España
de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, que extendió el pago de
la tasa a los procesos monitorios, ante las distorsiones que entonces se
detectaron. Poco después la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de
Agilización Procesal, también introdujo algún ajuste, matizando la reforma
A pesar de esas reformas parciales,
subsisten desajustes en este ámbito que justifican la adopción de una nueva
normativa que permita profundizar en determinados aspectos de las tasas
judiciales, en especial los que el Tribunal Constitucional declaró conformes a
nuestra norma fundamental en su sentencia 20/2012, de 16 de febrero de 2012.
no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos
realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución
encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está
reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la
Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite
«insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que
consagra la gratuidad de la justicia.
La Ley pone todo el cuidado en que la
regulación de la «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los
órdenes civil, contencioso-administrativo y social» no afecte al derecho a
acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución, de
acuerdo con la jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional.
La reciente sentencia del Tribunal
Constitucional no sólo ha venido a confirmar la constitucionalidad de las
tasas, sino que además expresamente reconoce la viabilidad de un modelo en el
que parte del coste de la Administración de Justicia sea soportado por quienes
más se benefician de ella.
Con esta asunción por los ciudadanos que
recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica se pretende
racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, al mismo tiempo que la
tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la
financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita,
dentro del régimen general establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria.
El recurso económico a la tasa en el
ámbito de la Administración de Justicia parte de su concepto en el Derecho
tributario, en el que su hecho imponible está constituido, entre otros
supuestos, por la prestación de servicios en régimen de Derecho público que
afecten o beneficien al obligado tributario. Asimismo, la determinación de la
carga tributaria no se hace a partir de la capacidad económica del
contribuyente, sino del coste del servicio prestado, que nunca puede superarse.
El nuevo régimen efectúa una ampliación
sustancial tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos, que
ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas
físicas. Al mismo tiempo, se prevé la exención subjetiva de aquellos a quienes
se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, al igual que se
prevé para el deudor que solicita su concurso, el Ministerio Fiscal, las
Administraciones Públicas y las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas
También esta Ley amplía su aplicación al
orden social, pero sólo en lo que a los recursos de suplicación y casación se
refiere y de una manera proporcionada a los intereses que se tutelan en el
mismo, en atención a los derechos e intereses en juego en este orden
jurisdiccional, lo que también lleva a prever una tasa de menor cuantía cuando
el demandante que presente aquellos recursos sea el trabajador tanto por cuenta
ajena como autónomo. Por sus características especiales de acceso a la justicia
La Ley mantiene diversos aspectos de la
regulación que se incorporó en el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre. Es el caso del mantenimiento del criterio de la cuantía de la tasa
con arreglo a dos factores: una cantidad variable, en atención a la cuantía del
proceso judicial, y otra fija, en función del tipo de proceso.
E incorpora novedades que facilitan su
aplicación. Tal es el caso de los extranjeros o residentes fuera de nuestro
país personados en un pleito en España, que hasta ahora para el pago de la tasa
debían aportar muchos documentos que ni siquiera son necesarios para el
proceso. Cuando sucedía en actos procesales como la contestación a la demanda y
la reconvención o la interposición de recursos ni siquiera daba tiempo a
legalizar todos los documentos precisos (estatutos, poderes, traducciones
juradas y apostillas o legalizaciones consulares). Ello explica la nueva
solución que permite que, con carácter general, sea el abogado o procurador del
sujeto pasivo el que pague la tasa que permita los actos procesales
La regulación de la tasa judicial no es
sólo, como ya se ha dicho, una cuestión meramente tributaria, sino también
procesal. El nuevo marco de la tasa parte, por un lado, de que su gestión
económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Pero, por otro, se tiene en cuenta la puesta en marcha de la Oficina Judicial y
las competencias del Secretario judicial, que comprobará en cada caso si
efectivamente se ha producido el pago de la tasa, previéndose para el caso de
que no se haya efectuado que no dé curso a la actuación procesal que se
La Ley desarrolla las diversas
cuestiones que puede suscitar la liquidación de la tasa y, en especial, las que
se refieren a la variación del pago de la tasa, la cual se verá afectada, por
ejemplo, por el paso de un proceso monitorio a otro ordinario. Con la finalidad
básica de incentivar la solución de los litigios por medios extrajudiciales, se
establece una devolución de la cuota de la tasa, en todos los procesos objeto
de la misma, cuando se alcance una terminación extrajudicial que ahorre parte
de los costes de la prestación de servicios. Se trata de una devolución de la
cuota de la tasa que se efectuará después de que el Secretario judicial
competente certifique que se ha terminado el proceso por dicha vía
extrajudicial. También la acumulación de procesos dará lugar a una devolución
de la tasa abonada por cada una de las demandas que originaron aquellos
procesos cuya tramitación unificada se acuerda.
La presente Ley deroga también el apartado
3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en cuanto que la excepción de postulación para los
funcionarios públicos en las cuestiones de personal que no impliquen su
separación carece ya de sentido. La práctica demuestra como esa falta de
representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimiento del
proceso más ágil y eficaz. En relación con los funcionarios públicos se ha de
destacar también la exención de la tasa en los procesos
contencioso-administrativos que inicien en defensa de sus derechos
estatutarios, equiparándose su posición a la de los trabajadores en general en
Asimismo, se recuerda que la Ley 37/2011,
de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, incorporó en el artículo
241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, un nuevo número 7
que incluye dentro de las costas la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional. De esta forma, el vencimiento en un proceso y la condena en
costas a la otra parte trasladarán el pago de la tasa a la parte demandada.
Por otra parte, la presente Ley regula la
tasa por el alta y la modificación de fichas toxicológicas en el registro de
productos químicos del Servicio de Información Toxicológica del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Este servicio dispone de la
información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas y
para proporcionar la respuesta sanitaria en caso de urgencia.
Desde el año 1971, el Servicio de
Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses actúa como centro antitóxico asumiendo las funciones de prevención y
asesoramiento de intoxicaciones y exposición a sustancias tóxicas, en
colaboración con el Centro de Emergencias de Protección Civil y con las
autoridades competentes en materia de sanidad para supuestos de alertas
sanitarias, y atendiendo vía telefónica consultas de particulares y de
profesionales sanitarios, procedentes de toda la geografía española.
Esta función de contribuir a la prevención
de intoxicaciones, expresamente recogida en el artículo 480 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en los artículos 1 y 2 del Real
Decreto 862/1998, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del
Instituto de Toxicología, ha obligado al Ministerio de Justicia a la adecuación
de los medios personales y materiales necesarios para garantizar la calidad del
servicio que se presta, asegurando que la respuesta sanitaria se ajusta a los
avances científicos y médicos.
Hasta el año 2010, la normativa nacional y
comunitaria obligaba únicamente a las empresas comercializadoras de
detergentes, productos de limpieza y lejías a facilitar al Instituto la
información necesaria sobre su composición para permitir la adecuada respuesta
No obstante lo anterior, en aras a
garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio
ambiente, la normativa comunitaria y, en concreto, el Reglamento (CE) núm.
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, establece
unos criterios armonizados de clasificación y etiquetado de las sustancias y
mezclas químicas. El citado Reglamento (CE) núm. 1272/2008, que se basa en el
principio de precaución, establece cometidos y obligaciones específicos para
los fabricantes, importadores y usuarios intermedios a quienes corresponde
garantizar una protección apropiada y ofrecer la información esencial a sus
destinatarios, por medio de las etiquetas y las fichas de datos de seguridad
establecidas en el Reglamento (CE) núm. 1907/2006, que permitirán al usuario
final su utilización en condiciones de seguridad.
Además, el artículo 45 del Reglamento (CE)
núm. 1272/2008 establece la obligación de los Estados miembros de designar un
organismo responsable de recibir, de las empresas que comercialicen mezclas
clasificadas como peligrosas debido a sus efectos para la salud humana o a sus
efectos físicos, la información necesaria para la formulación de la respuesta
sanitaria en caso de urgencia, así como la identidad química de las sustancias presentes en
mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas o los
Estados miembros hayan aceptado una denominación alternativa.
Asimismo, se establecen como obligaciones
de los Estados miembros no sólo que se fijen controles para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones impuestas a las empresas fabricantes y
comercializadoras de sustancias y mezclas químicas, sino también que regulen el
régimen sancionador aplicable por infracciones a lo dispuesto en el artículo
126 del Reglamento (CE) núm. 1907/2006 y el artículo 47 del Reglamento (CE)
núm. 1272/2008.
En cumplimiento de la citada normativa
comunitaria, se aprobó la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece
el régimen sancionador previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro,
a la evaluación, a la autorización y a la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado
de sustancias y mezclas (CLP).
Por ello, y en cumplimiento de esta
obligación, todas las empresas que comercialicen mezclas que puedan tener
efectos para la salud humana tendrán que facilitar al Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses la composición de los mismos, de manera que el
Instituto pueda proporcionar información sanitaria a la ciudadanía en caso de
intoxicación, así como detectar alertas toxicológicas cuando de las llamadas
recibidas se desprenda la existencia de algún producto químico que incida
negativamente en la salud pública. Además, las empresas a las que la Agencia
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas les haya aceptado la utilización de
una denominación química alternativa deben comunicar a este Organismo la
identidad química de la sustancia.
Esta obligación, que afecta a las empresas
que se benefician de la comercialización de las mezclas químicas clasificadas
como peligrosas debido a sus efectos para la salud humana o a sus efectos
físicos, impacta de forma directa en la asistencia que presta el Servicio de
Información Toxicológica, el cual tiene que adecuar sus medios tecnológicos y
personales para garantizar el debido cumplimiento de su función, en aras de la
Esta situación justifica que los sujetos
comercializadores de productos y que se benefician de la atención toxicológica
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, bien de forma
directa, al minorar los efectos de una posible intoxicación con los productos
comercializados, bien de forma indirecta, al proporcionar información sanitaria
de urgencia a sus usuarios finales, contribuyan a la financiación del servicio
de atención toxicológica, mediante la creación de la correspondiente tasa por
la solicitud de alta o modificación del producto en el registro de productos
químicos que tiene el Servicio de Información Toxicológica, necesario para
proporcionar información sobre la adecuada atención sanitaria.
último, se ha establecido una tasa de importe reducido aplicable a las
microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a efectos de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, y una exención
temporal con el fin de compensar a aquellas empresas que a través de sus
asociaciones han contribuido, incluso económicamente, a la gestión de la actual
base de datos del Servicio de Información Toxicológica. A estos efectos se
considerarán empresas exoneradas a todas aquellas que a 17 de febrero de 2012
estuvieran asociadas a la Asociación de Empresas de Detergentes y de Productos
de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), a la Federación Nacional de
Asociaciones de Fabricantes de Lejías y Derivados (FENALYD), a la Asociación
Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), y a la Asociación
Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), al ser esta
la fecha en la que las citadas asociaciones y federación cedieron al Ministerio
de Justicia de forma gratuita e indefinida el uso del aplicativo de transmisión
y carga de datos en la base de datos del Servicio de Información Toxicológica,
para que pudiera ser utilizado por todos los sectores de la industria.
El objetivo de la disposición final cuarta
es permitir la adaptación de la minoración de una paga extraordinaria
establecida en el Real Decreto-ley 20/2012 a la realidad de las carreras
judicial y fiscal y de los cuerpos de funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia, de tal forma que la disminución que experimenten
estos colectivos en sus retribuciones anuales sea equivalente a la que resulte
para los restantes funcionarios públicos.
Esto se debe a que, si bien en el Real
Decreto 8/2010 se determinó una disminución de las retribuciones similar para cada
Cuerpo de toda la Administración Pública, la forma de llevarla a cabo en la
Administración de Justicia, como consecuencia de lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, resultó distinta a otros ámbitos del sector
público estatal. Dado que la citada Ley Orgánica exigía que, en la
Administración de Justicia, las pagas extraordinarias por el concepto de sueldo
y trienios fuesen iguales a las de la mensualidad ordinaria, a pesar de que el
porcentaje total anual de la reducción fue similar en dicha Administración al
aplicado a la Administración General del Estado la disminución de la cuantía en
la paga mensual ordinaria, en el ámbito de la Justicia, fue igual que la que se
aplicó a las pagas extraordinarias por los citados conceptos de sueldo y trienios
o antigüedad, mientras que en la Administración General del Estado a los
funcionarios se les aplicó una mayor reducción en las pagas extraordinarias
pero una reducción inferior en las ordinarias.
Además, se clarifica el régimen aplicable
a las cuotas de las Mutualidades Generales de Funcionarios y de derechos
pasivos del mes de diciembre de 2012, establecido en el artículo 121, apartado
Cuatro de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
Tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social
Artículo 1. Ámbito de aplicación de la tasa por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil,
contencioso-administrativo y social.
La tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene
carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en
los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos
que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas
competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos
Constituye el hecho imponible de la tasa
el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los
siguientes actos procesales:
a) La interposición de la demanda en toda
clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos
extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de
reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso
b) La solicitud de concurso necesario y la
demanda incidental en procesos concursales.
c) La interposición de la demanda en el
d) La interposición del recurso
extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.
e) La interposición de recursos de
apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y
f) La interposición de recursos de
suplicación y de casación en el orden social.
1. Es sujeto pasivo de la tasa quien
promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho
imponible de la misma.
A los efectos previstos en el párrafo
anterior, se entenderá que se realiza un único hecho imponible cuando en la
demanda se acumulen varias acciones principales, que no provengan de un mismo
título. En este caso, para el cálculo del importe de la tasa se sumarán las
cuantías de cada una de las acciones objeto de acumulación.
2. El pago de la tasa podrá realizarse por
la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo,
en especial cuando éste no resida en España y sin que sea necesario que el
mismo se provea de un número de identificación fiscal con carácter previo a la
autoliquidación. El procurador o el abogado no tendrán responsabilidad
tributaria por razón de dicho pago.
1. Las exenciones objetivas de la tasa
a) La interposición de demanda y la
presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad,
filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen
exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos
reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
b) La interposición de demanda y la
presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos
especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y
libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración
c) La solicitud de concurso voluntario por
d) La interposición de recurso
contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos
e) La presentación de petición inicial del
procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de
cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se
aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada
se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo
extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley
f) La interposición de recursos
contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio
administrativo negativo o inactividad de la Administración.
2. Desde el punto de vista subjetivo,
están, en todo caso, exentos de esta tasa:
a) Las personas a las que se les haya
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que
cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.
c) La Administración General del Estado,
las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos
d) Las Cortes Generales y las Asambleas
3. En el orden social, los trabajadores,
sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la
cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de
suplicación y casación.
1. El devengo de la tasa se produce, en el
orden jurisdiccional civil, en los siguientes momentos procesales:
b) Formulación del escrito de
c) Presentación de la petición inicial del
procedimiento monitorio y del proceso monitorio europeo.
d) Presentación de la solicitud de
declaración del concurso por el acreedor y demás legitimados.
e) Presentación de demanda incidental en
g) Interposición del recurso
i) Interposición de la oposición a la
2. En el orden contencioso-administrativo,
el devengo de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales:
a) Interposición del recurso
contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.
3. En el orden social, el devengo de la
tasa se produce en el momento de la interposición del recurso de suplicación o
1. La base imponible de la tasa coincide
con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a
2. Los procedimientos de cuantía
indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de
acuerdo con las normas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de
establecer la base imponible de esta tasa.
3. En los supuestos de acumulación de
acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma
demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se
tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones
ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de
las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración
económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado anterior.
perjuicio de su modificación en la forma prevista en el artículo 8, será
exigible la cantidad fija que, en función de cada clase de proceso, se
determina en la siguiente tabla:
Cuando después de la oposición
del deudor en un monitorio se siga un proceso ordinario se descontará de la
tasa la cantidad ya abonada en el proceso monitorio.
1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta
tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con
arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas
reglamentarias de desarrollo de este artículo.
2. El justificante del pago de la tasa con
arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito
procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo.
En caso de que no se acompañase dicho
justificante, el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo
aporte, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. La
falta de presentación del justificante de autoliquidación no impedirá la
aplicación de los plazos establecidos en la legislación procesal, de manera que
la ausencia de subsanación de tal deficiencia, tras el requerimiento del
Secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclusión
del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del
3. Si a lo largo de cualquier
procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por
el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación
complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución
que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del
procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en
los casos de inadecuación del procedimiento.
Si, por el contrario, la cuantía fijada por
el órgano competente fuere inferior a la inicialmente determinada por el sujeto
pasivo, éste podrá solicitar que se rectifique la autoliquidación presentada y,
en su caso, que se devuelva la parte de la cuota tributaria presentada en
exceso, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de las
devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
4. El Secretario judicial, en el plazo de
cinco días desde la notificación de la resolución en la que se determine la
cuantía definitiva, comunicará por escrito la modificación de la cuantía a la
delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya
demarcación radique la sede del órgano judicial, a los efectos oportunos.
5. Se efectuará una devolución del 60 por
ciento del importe de la cuota de esta tasa, que en ningún caso dará lugar al
devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya
iniciación dé lugar al devengo de este tributo, se alcance una solución
extrajudicial del litigio. Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza
de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar esa forma de
6. Los sujetos pasivos tendrán derecho a
la devolución del 20 por ciento del importe de la cuota de la tasa cuando se
acuerde una acumulación de procesos, que en ningún caso dará lugar al devengo
1. La gestión de la tasa regulada en este
artículo corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2. Por Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de
Artículo 10. Bonificaciones derivadas de la utilización
Se establece una bonificación del 10 por
ciento sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se
utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la
exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y
tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.
La tasa judicial se considerará vinculada,
en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos
establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
Tasa por el alta y la modificación de
fichas toxicológicas en el registro de productos químicos
Artículo 12. Tasa por el alta y la modificación de
fichas toxicológicas en el registro de productos químicos comercializados con
la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y
curativas y para la respuesta sanitaria en caso de urgencia.
La tasa por el alta y la modificación de
fichas toxicológicas en el registro de productos químicos del Servicio de
Información Toxicológica, con la información pertinente para la formulación de
medidas preventivas y curativas y para proporcionar la respuesta sanitaria en
caso de urgencia se exigirá por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses en los términos previstos en esta Ley.
En los mismos términos se exigirá la tasa
por la notificación de la identidad química de las sustancias presentes en
mezclas para las que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas haya
aceptado una denominación química alternativa.
a) La solicitud de alta o de
modificación de fichas toxicológicas en el registro por parte de los sujetos comercializadores
de todo tipo de sustancias y mezclas químicas, independientemente de que la
solicitud se efectúe de forma voluntaria o en cumplimiento de la normativa
b) La notificación de la
identidad química de las sustancias con denominación química alternativa
admitida por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas que se
notifiquen al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Son sujetos pasivos de la tasa los sujetos
que comercializan sustancias o mezclas químicas que soliciten el alta o la
modificación en el registro del Servicio de Información Toxicológica del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para proporcionar
respuesta toxicológica y, en su caso, alertas sanitarias, así como los sujetos
a los que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas les haya aceptado
la utilización de una denominación química alternativa.
Cuando el solicitante de registro sea una
PYME (microempresa, pequeña o mediana empresa), se aplicará una tasa de importe
reducido con arreglo al cuadro 2 del artículo 17. Corresponderá al solicitante
acreditar su condición de PYME.
El devengo de la tasa se produce en el
momento de efectuar la solicitud de alta o la modificación del producto en la
base de datos del registro de fichas toxicológicas del Servicio de Información
Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Asimismo, el devengo de la tasa se produce
en el momento de efectuar la notificación al Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses de la identidad química de las sustancias presentes en
Será exigible la cantidad fija que, en función del
alta o la modificación del producto en el registro, se determina en la
Alta del producto en la base de datos . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 €
Modificación de un producto ya incluido
en la base de datos . . . . . 15 €
tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Justicia y
procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la
legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de
arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a toda solicitud
mediante la que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el
Servicio de Información Toxicológica no dará curso a la misma hasta que la
omisión fuere subsanada.
título corresponde al Ministerio de Justicia.
2. Por Orden del Ministro de Justicia se
regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa.
Disposición transitoria primera. Postulación de los
contencioso-administrativos que se refieran a cuestiones de personal que no
impliquen su separación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no
se exigirá la postulación de los funcionarios públicos.
Disposición transitoria segunda. Exención temporal de la
tasa de alta y modificación de fichas toxicológicas.
Hasta el 31 de mayo de 2015, incluido,
estarán exentas de la tasa de alta y modificación de fichas toxicológicas las
empresas que hubieran contribuido a través de sus asociaciones a la gestión de
la actual base de datos del Servicio de Información Toxicológica. A estos
efectos se considerarán exoneradas todas aquellas empresas que a 17 de febrero
de 2012 estuvieran asociadas a la Asociación de Empresas de Detergentes y de
Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines (ADELMA), a la Federación
Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Lejías y Derivados (FENALYD), a la Asociación
Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).
Se deroga el artículo 35 de la Ley
Se modifica el párrafo m) del artículo 13
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, que queda
«m) Por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Queda derogado el apartado 3
del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Disposición final tercera. Modificación de la Ley
El número 7.º del apartado 1 del artículo
241 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, pasa a tener la
«7.º La tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y
social, cuando sea preceptiva.»
Disposición final cuarta. Modificación del Real
Se modifica el artículo 3 y se añade un
nuevo artículo 5 bis al Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
competitividad, en los términos siguientes:
Uno. Se modifica el artículo 3, que queda
«1. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2 de este Real Decreto-ley, el personal funcionario y estatutario
incluido en los artículos 26, 28, 29, 30, 32 y 35 de la Ley 2/2012, de 29 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, no percibirá en
el mes de diciembre de 2012 ninguna cuantía ni en concepto de paga
extraordinaria ni, en su caso, en concepto de paga adicional de complemento
específico o equivalente.
2. Al personal laboral del sector público
estatal incluido en el artículo 27 de la Ley 2/2012 le será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 2, apartado 2.2, de este Real Decreto-ley.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 2 de este Real Decreto-ley, el personal a que se refiere el artículo
31, apartados Uno y Dos, de la Ley 2/2012 no percibirá, en el mes de diciembre
de 2012, ninguna cuantía en concepto de paga extraordinaria, incluida la que se
establece en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2011.
En todo caso, el porcentaje de minoración
en la cuantía total anual de sueldo y trienios o antigüedad será análogo al
previsto, para dichos conceptos, para el personal al que se refiere el apartado
1 de este mismo artículo. A tal efecto, a este personal se les reintegrará, en
su caso, la cuantía correspondiente a la diferencia entre el porcentaje que
supone la paga extraordinaria por dichos conceptos respecto de la paga
ordinaria para los miembros de las carreras judicial y fiscal y el que supone
para el personal del subgrupo A1 de la Administración General del Estado.
3 bis. Respecto al personal al que se
refiere el artículo 31, apartado Tres, de la Ley 2/2012, la aplicación de lo
previsto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se llevará a cabo, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de los
conceptos de sueldo y trienios, minorando la cuantía total anual por dichos
conceptos, incluida las de las pagas extraordinarias, en un porcentaje análogo
al que supone, respecto a idénticos conceptos, la reducción establecida para el
personal al que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo, con referencia
para cada Cuerpo al grupo o subgrupo de titulación asimilable, y prorrateando
dicha minoración entre las mensualidades ordinarias y extraordinarias
pendientes de percibir en el presente ejercicio. Tampoco percibirán, en el mes
de diciembre, por integrar las pagas extraordinarias, las cuantías que se
recogen en el Anexo XI de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2011, ni las correspondientes al citado mes de
diciembre a las que alude el apartado segundo del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 8 de mayo de 2009, publicado por Orden 1230/2009, de 18 de mayo,
3 ter. Al personal incluido en el artículo
31, apartado cuatro, le serán de aplicación las reducciones previstas en el
presente artículo de acuerdo a la normativa que les resulte de aplicación.
4. A los miembros del Poder Judicial y del
Ministerio Fiscal a que se refiere el apartado Cinco del artículo 31 de la Ley
2/2012, a excepción del Fiscal General del Estado, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 2 de este Real Decreto-ley se les reducirá una
catorceava parte de las retribuciones totales anuales en concepto de sueldo y
de antigüedad o trienios y la totalidad de la paga correspondiente al mes de
diciembre que figura en el Anexo X de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Al Fiscal General del Estado, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.5 de este Real Decreto-ley, se le
reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales que figuran
para dicho cargo en el apartado Cinco, puntos 2 y 3, del citado artículo 31.
La citada minoración se prorrateará entre
5. Lo dispuesto en los apartados
anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas
establecido en el Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre.»
Dos. Se adiciona un nuevo artículo 5 bis,
«Artículo 5 bis. Cuotas de derechos pasivos y de
las Mutualidades en el mes de diciembre de 2012.
Las cuantías mensuales en concepto de
cuotas de derechos pasivos de los funcionarios civiles del Estado, del personal
de las Fuerzas Armadas, de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y de
los Cuerpos de Secretarios Judiciales, así como las cuantías mensuales de
cotización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al
Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, se
abonarán doblemente en el mes de diciembre de 2012.»
La presente Ley se dicta al amparo de las
competencias del Estado en materia de Administración de Justicia, legislación
procesal y Hacienda Pública del artículo 149.1. 5.ª, 6.ª y 14.ª de la
El Gobierno, a propuesta conjunta de los
Ministros de Justicia y de Hacienda y Administraciones Públicas, dictará las
aplicación de las tasas reguladas en esta Ley.
La presente Ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante
lo anterior, el artículo 11 será de aplicación a partir del 1 de enero de 2013.
Mando a todos los españoles, particulares
y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Publicado el 02:00 p.m. en Novedades jurisprudenciales | Enlace permanente
En fecha 19 de julio de 2011, el Juez del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona elevó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que se pronunciase sobre la idoneidad de la legislación hipotecaria española con la normativa comunitaria, a raíz de un caso que llegó a su sala de lo mercantil. En respuesta, el pasado 8 de noviembre de 2012, la abogada general de la magistratura de Luxemburgo, Juliane Kott, dictaminó que el marco legal de la ley hipotecaria en España puede ser abusivo para los consumidores, porque no permite analizar el contenido de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario.
Ambas resoluciones se pueden encontrar en el siguiente enlace de la página web del CGPJ:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunales_Superiores_de_Justicia/TSJ_Cataluna/Noticias_Judiciales_TSJ_Cataluna/Conclusiones_de_la_Abogada_General_del_Tribunal_de_Justicia_Europeo_sobre_el_sistema_espanol_de_ejecucion_hipotecaria
Publicado el 01:08 p.m. en Novedades jurisprudenciales | Enlace permanente
Análisis del Reglamento de Mediación en el ámbito privado de la Generalitat de Catalunya. Con motivo de la entrada en vigor
del Reglamento de Mediación de Catalunya en el ámbito privado, desarrollado al
amparo de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado, resulta
conveniente examinar su objeto, características y el procedimiento previsto. En primer lugar, el Reglamento
entiende como mediación “el procedimiento no jurisdiccional de carácter
voluntario y confidencial que se dirige a facilitar la comunicación entre las
personas, para que gestionen por ellas mismas una solución a los conflictos que
las afectan, con asistencia de una persona mediadora que actúa de modo
imparcial y neutral”.
¿Qué asuntos pueden ser objeto de mediación?
Respecto de la mediación familiar:
a acordadar en convenio regulador en situación de nulidad matrimonial,
a alcanzar por las parejas estables al romperse la convivencia.
de los regímenes económicos matrimoniales.
de naturaleza dispositiva en materia de filiación, adopción y acogida,
situaciones que surjan entre el adoptado y su familia biológica o entre los
padres biológicos y los adoptantes, como consecuencia de haber ejercido el
derecho a conocer los datos biológicos.
derivados del ejercicio de la potestad parental y del régimen y forma de ejercicio
de la custodia de los hijos.
f) Conflictos
relativos a comunicación y relación entre progenitores, descendientes, abuelos,
nietos y demás personas del ámbito familiar.
g) Conflictos
relativos a la obligación de alimentos entre parientes.
h) Conflictos
sobre el cuidado de las personas mayores o dependientes con las que exista una
i) Materias objeto de acuerdo por los interesados
en situaciones de crisis familiares, si el supuesto presenta vínculos con más
de un ordenamiento jurídico.
j) Conflictos familiares entre personas de
nacionalidad española y personas de otras nacionalidades residentes en el
k) Conflictos
familiares entre personas de la misma nacionalidad pero diferente de la
española residentes en el Estado español.
l) Conflictos familiares entre personas de
diferentes nacionalidades distintas a la española residentes en el Estado
m) Requerimientos
de cooperación internacional en materia de derecho de familia.
n) Liquidación
de bienes en situación de comunidad entre los miembros de una familia.
o) Cuestiones
relacionales derivadas de la sucesión de una persona.
p) Conflictos
surgidos en las relaciones convivenciales de ayuda mutua.
q) Aspectos
convivenciales en las acogidas de ancianos, conflictos para la elección de
tutores, régimen de visitas de personas incapacitadas y cuestiones económicas
del ejercicio de la tutela o la guarda de hecho.
r) Conflictos
de relación entre personas surgidos en el seno de la empresa familiar.
s) Cualquier
otro conflicto en el ámbito del derecho de la persona y de la familia
susceptible de ser planteado judicialmente (cláusula en blanco respecto
Derecho de Familia). Respecto cualquier otra cuestión que pueda conocerse en
a) Conflictos
relacionales surgidos en el ámbito de asociaciones y fundaciones.
relacionales en el ámbito de la propiedad horizontal y en la organización de la
vida ordinaria en las urbanizaciones.
graves en el ámbito de la convivencia ciutadana o social, para evitar la
iniciación de litigios ante los juzgados.
d) Conflictos
derivados de una diferente interpretación de la realidad por coexistencia de
diferentes culturas presentes en España.
otro conflicto de carácter privado en que las partes deban mantener relaciones
personales en el futuro, si razonablemente, aún puede evitarse la iniciación de
un litigio ante los juzgados o puede favorecerse la transacción (cláusula en
blanco de remisión al resto del ordenamiento jurídico).
Principios de la mediación (arts. 5 a 9 L15/2009)
Las partes son libres de acogerse o no, así como de desistir en cualquier
y neutralidad de la persona mediadora.
de la información que se conozca a través de la mediación.
personalísimo: Las partes y el mediador deben asistir
personalmente a las reuniones, sin que puedan hacerlo representantes o
intermediarios. Excepcionalmente se pueden utilizar medios de comunicación
INICIO DE LA MEDIACIÓN (art. 12 L15/2009):
de iniciar un procedimiento judicial.
un procedimiento judicial, incluso en fase de ejecución.
SOLICITUD DE LA MEDIACIÓN (art. 27 R135/2012): Las
personas interesadas pueden presentar la solicitud de forma individual por una
de las partes en conflicto o de forma conjunta, por todas las partes.
solicitud se dirige a uno de estos organismos: - Centro de Mediación de Derecho Privado de
Cataluña (CMDPC).
- Colegios profesionales o asociaciones
profesionales acreditadas.
- Servicios de información y de orientación
- Técnicos de servicios sociales.
- Servicios de mediación ciudadana.
- Otros organismos o entidades de atención al
Éstas 6 últimas deben enviar la solicitud al CMDPC, a
quien corresponde la gestión.
- Datos identificativos y de contacto de las
- Motivos y causas de los conflictos objeto de
- Existencia, número, tipo y órgano judicial,
en su caso, de procedimiento judicial en trámite.
- Voluntad de solicitar el reconocimiento del
beneficio de justicia gratuita y, en su caso, inicio de trámites.
- Identificación de la persona mediadora que
las partes desean de común acuerdo.
- Firma de la persona o personas solicitantes y
caso de obtención de derecho a justicia gratuita o haber cursado la petición
ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita: necesario adjuntar a la
solicitud de mediación copia de la petición, y en su caso de la resolución de
caso de solicitud individual:
- La entidad receptora tiene que contactar con
la otra u otras partes para informarles de la posibilidad de mediación.
- Las demás partes tienen un plazo de 10 días
hábiles a partir de comunicación para aceptar de forma expresa .
- El silencio, que tiene la consideración de
negativo, y el rechazo se comunicarán a la solicitante. Si la otra parte
solicita el beneficio de gratuidad, sin tener lo reconocido, tienen que
tramitar al mismo tempo la solicitud formal para obtenerlo, sin perjuicios de
poderse a coger a los programas del art. 27.3 L15/2009.
DERIVACIONES JUDICIALES (art. 29 R135/2012): La
autoridad judicial, en cualquier fase del procedimiento, puede derivar a las
partes implicadas al CMDPC, indicando el objeto de la mediación y los datos de
las partes y sus representantes legales.
CMDPC o las entidades colaboradoras, tienen que contactar con las partes para
poner a su disposición la sesión informativa.
las partes no asisten a la sesión informativa o rechazan participar en la
mediación, el CMDPC tiene que notificar a la autoridad judicial, en 5 días
hábiles, que no ha sido posible iniciar procedimiento de mediación.
las partes aceptan se comunica a la autoridad judicial la fecha de inicio
fijada para la mediación y la persona mediadora.
el plazo de 5 días hábiles a contar desde la finalización de la mediación, el
mediador lo tiene que notificar a la autoridad judicial, además de establecer
si se han llegado o no a acuerdos. No le entregará en ningún caso el acta
partes pueden pedir la suspensión del procedimiento judicial durante la
mediación. El desistimiento de cualquiera de ellas o el acuerdo da lugar al
REUNIÓN INICIAL (art. 15 L15/2009): Informar
a las partes del objeto y alcance del procedimiento y de su derecho a dar por finalizada
la misma en cualquier momento.
las cuestiones a examinar.
a las partes de la conveniencia de recibir asesoramiento durante el proceso.
DURACIÓN Y ACTA FINAL (arts. 17 y 18 L15/2009): Duración.
Dependerá del caso concreto. Duración máxima: 60 días y 6 sesiones.
final: Debe contener de forma clara los acuerdos alcanzados.
La eficacia y ejecutabilidad de los acuerdos de mediación
queda condicionada a la disponibilidad del objeto de la mediación, a la
formalización jurídica de los mismos y a lo que prevea la Ley.
REQUISITOS (art. 3 L15/2009): Ser
un título universitario oficial.
una formación y una capacitación específicas en mediación, debidamente
colegiada en el colegio profesional correspondiente o asociación profesional
del ámbito de la mediación.
Prestar servicios como mediador/a para la Administración.
MÉTODO DE ACTUACIÓN (art. 13 L15/2009): Facilita
el diálogo, promueve la comprensión entre las partes y ayuda a buscar
soluciones Acta
eficacia y ejecutabilidad de los acuerdos de mediación queda condicionada a la
disponibilidad del objeto de la mediación, a la formalización jurídica de los
mismos y a lo que prevea la Ley. DEBERES (art. 25 D135/2012): Lealtad
hacia las partes y ejercicio de su función con pleno respeto a los principios
de mediación y al resto de normas deontológicas y de procedimiento.
evitar desequilibrios de poder entre las partes.
para que las partes, libre y voluntariamente, encuentren por sí mismas la
solución a la discrepancia.
que en los acuerdos se priorice el interés superior de los niños y adolescentes
o de las personas discapacitadas o aquéllas más necesitadas de atención o
recibir remuneración alguna relacionada con la derivación de clientes ni
requerir cantidad alguna a las partes que tengan reconocido derecho a la
asistencia jurídica gratuita o se hayan acogido a un programa de gratuidad de
las normas del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña.
de intervenir en procedimientos de mediación en los que concurra una situación
de conflicto de intereses según el art. 31. FORMACIÓN CONTINUA (art. 21 D135/2012): Deber
de actualizar su formación.
de acreditar una participación activa mínima de 40 horas bienales en
seminarios, jornadas y otras actividades de formación, docencia, supervisión,
investigación o publicaciones sobre mediación.
PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN (art. 21 D135/2012): Las
partes pueden designar, de común acuerdo, a la persona mediadora entre las
inscritas en el Registro general correspondiente al CMDPC.
defecto de acuerdo, el CMDPC tiene que designar a la que corresponda por turno
en función del partido judicial y del Registro General, garantizando el derecho
de las partes a comunicarse en cualquier lengua oficial.
el caso, motivadamente puede el CMDPC designar a una determinada persona.
la persona designada no se localiza en un plazo de 2 días, pierde la mediación
y el turno.
las siguientes 24 horas a la comunicación de la designación, el designado ha de
aceptar o rechazar el encargo. La declinación sólo puede fundarse en motivos
profesionales, causas de abstención o motivos personales justificados.
MOTIVOS DE ABSTENCIÓN (art. 31.2 D135/2012): Tener
interés personal en el asunto objeto de la mediación.
íntima o enemistad manifiesta con alguna parte.
por consanguinidad hasta el 4º grado o afinidad hasta el 2º con alguna de las
intervenido profesional en defensa de los intereses de una de las partes en
contra de la otra.
INFRACCIONES (art. 30 D135/2012): Incumplir
los deberes de imparcialidad y neutralidad y de confidencialidad.
el deber de denunciar en caso de amenaza contra la vida o la integridad física
o psíquica o por delito perseguible de oficio.
los deberes establecidos anteriormente.
la obligación de comunicación a la autoridad judicial del resultado de la
la obligación de iniciar la mediación en los plazos fijados.
la obligación de comunicar el resultado de la mediación al CMDPC.
el deber de facilitar previamente las tarifas o incrementar el importe fijado por
el departamento competente en derecho civil en las mediaciones gestionadas por el CMDPC.
TIPOS DE INFRACCIÓN(art. 31 D135/2012): Leves:
Hechos c, d y e que no comportan perjuicios a
Hechos a, b, g y h que no comportan
perjuicios graves a las partes.
Reiteración de infracción leve en el plazo de
Hechos c, d y e que comportan perjuicios
leves a las partes.
Hechos a, c y h que comportan perjuicios
graves a las partes.
Reiteración de una infracción grave en el
SANCIONES (art. 32 D135/2012): Infracción
Leve: Amonestación por escrito.
grave: Suspensión temporal de la capacidad de actuar como mediador
por un periodo de entre un mes y un año.
temporal de la capacidad para actuar como mediador por un periodo de 1 año y 1
día a 3 años.
Baja definitiva del Registro general del
CMDPC.
Publicado el 05:29 p.m. en Novedades jurisprudenciales | Enlace permanente
Reivindicaciones y Propuestas de los Jueces Decanos de España
Los pasados días 5, 6 y 7 de noviembre tuvo lugar la XXII Reunión
Nacional de Jueces Decanos de España, en la que los asistentes convinieron el
siguiente documento de reivindicaciones y propuestas para remodelar el sistema
de justicia en tiempos de crisis, a fin de mejorar su agilidad, favorecer la seguridad
jurídica y, por tanto, la reactivación económica y la inversión interna y
extrajera:
El descalabro económico que la sociedad española viene sufriendo en los últimos
cinco años ha terminado afectando seriamente a todos los ámbitos de la vida
política, social e institucional de nuestro país. También al servicio público
de Justicia y al Poder Judicial. El extraordinario incremento de la
litigiosidad como consecuencia de la crisis económica ha embestido como un tsunami
en un servicio público (el de Justicia) que, a causa de la tantas veces
denunciada dejación de los sucesivos gobiernos de la época democrática, no
había acometido todavía la necesaria modernización de sus estructuras,
organización, procedimientos y rutinas. En ese escenario, los recortes
económicos en los presupuestos de Justicia han producido un efecto devastador
en la capacidades del sistema para absorber las demandas ciudadanas de
Justicia. Por otro lado, las iniciativas
legislativas anunciadas y en trámite por parte del Ministerio de Justicia
suponen la mayor amenaza habida en época democrática para la independencia y el
autogobierno de los jueces y del Poder Judicial. Ante ambas situaciones, los
jueces decanos queremos trasladar a la ciudadanía, a los poderes públicos y a
la carrera judicial un listado de reivindicaciones y demandas que exigimos sean
respetadas como garantía del autogobierno del Poder Judicial y, por ende, de la
independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de su función
constitucional. Al mismo tiempo, queremos
hacer un nuevo llamado a todas las fuerzas políticas para que dejen de aplicar
medidas erráticas de corto alcance y simple remiendo, y se comprometan a
afrontar el proceso de planificación, inversión y modernización que exige el
servicio público de Justicia, como lo que es: uno de los pilares fundamentales
de nuestro modelo de convivencia. La falta de voluntad política de hacer de la Justicia una prioridad,
en un contexto de crisis, propicia un insoportable estado de opinión que
cuestiona, no sólo su efectividad, sino incluso su independencia. Sigue hoy
vigente la denuncia que hace treinta años hacía el que fuera Presidente del
Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, D. Federico Carlos
Sainz de Robles, de que con los actuales medios de los que dispone la Administración de
Justicia no se le puede dar al ciudadano la Justicia que la Constitución le
promete. De nada sirven leyes del primer mundo si los jueces disponen de medios
La crisis económica es sin
duda una buena ocasión para reflexionar sobre la eficacia, la eficiencia y la
sostenibilidad del modelo organizativo y de gestión de los recursos, así como
también sobre la adecuación de los procedimientos y trámites con los que actúa la Administración de
Justicia. La crisis es, incluso, una oportunidad perfecta para repensar el
sentido y los objetivos de nuestro cometido y analizar si es preciso algún tipo
de reorientación.
quedarnos exclusivamente en el análisis de los problemas que afectan al Poder
Judicial. También nos preocupa, y mucho, fuera del estricto marco de las
cuestiones relativas a la Administración de Justicia, el drama social que ha
supuesto la multiplicación exponencial de los desahucios en los últimos años
debido a la crisis económica, que debe llevarnos a reflexionar acerca de si
existe margen para humanizar el actual marco legal y procesal en relación con
las ejecuciones hipotecarias; y entendemos que sí lo hay y que sería bueno
trabajar en desarrollarlo como parece que así está sucediendo, afortunadamente.
También nos preocupa la eficacia en la lucha contra la corrupción y la
protección de los derechos de los consumidores, cuestiones a las que también se
alude en las conclusiones que contiene el presente documento.
Nuestras reivindicaciones de
mayor inversión y atención en Justicia se legitiman aun más si nos mostramos
capaces de identificar y reconocer nuestras propias ineficiencias. Si hay algo
que debiéramos tener vedado los servidores públicos es la indiferencia. Es
preciso ser actores proactivos del cambio y no meros espectadores pasivos y
vencidos de un estado insatisfactorio de cosas.
cercano de la realidad judicial que tenemos los jueces decanos, creemos estar
en las mejores condiciones para ofrecer una serie de propuestas y medidas, cuya
adopción en la actual coyuntura económica resulta posible por su limitado
coste, y cuyos efectos beneficiosos sobre la organización pueden contribuir a
soslayar algunas de las actuales dificultades. En ocasiones, ello podrá hacerse
desde la base de la propia organización judicial. En otras, será necesaria la
complicidad, la comprensión y el esfuerzo de actores externos a la Administración de
Justicia. Y en otras, la implicación y el compromiso de los Poderes e
Con estas reivindicaciones y
propuestas queremos hacer un nuevo llamado a todos los responsables y actores
de nuestro sistema de Justicia. Y recordarles que la Justicia no puede ser
vista solo como un problema. Antes bien, la Justicia está llamada a encabezar el discurso
público contra la crisis. Una Justicia centrada en las personas, en la tutela
efectiva de los derechos socioeconómicos del Estado. Una Justicia ágil,
favorecedora de la seguridad jurídica y, por tanto, de la reactivación
económica y la inversión interna y extranjera.
DE LEY DE REFORMA DE LA
LOPJ. Retirada inmediata del Proyecto de
Ley de Reforma de la LOPJ,
que perjudica la calidad de la justicia y no encuentra justificación en la
DE CARGOS JUDICIALES. Elección directa por los jueces y magistrados
de los doce vocales del CGPJ de procedencia judicial. Elección directa por los
jueces de los cargos gubernativos de los órganos internos del poder judicial,
como los Presidentes TSJ y AP. Por lo demás, el CGPJ debe mantener su actual
PRESUPUESTARIA. Autonomía presupuestaria del CGPJ para garantizar
la independencia y eficacia del Poder Judicial, especialmente en cuanto a los
apoyos y refuerzos. El Poder Judicial no puede seguir dependiendo
económicamente del Poder Ejecutivo.
DE JUECES. Incremento del número de jueces de carrera hasta
alcanzar la media europea de 19,8 jueces por cada 100.000 habitantes, frente al
10’3 actual. Procede convocar oposiciones con un mínimo de 250 plazas anuales hasta al alcanzar el
anterior porcentaje.
Justicia debe ser impartida exclusivamente por jueces
profesionales. La sobrecarga desmedida de los órganos judiciales exige la
creación de plazas necesarias de jueces de carrera para terminar de forma
progresiva y gradual con los cerca de 1000 jueces sustitutos que trabajan en
6. CARGA DE
TRABAJO. Determinación definitiva de la carga de trabajo por
el CGPJ y aplicación como límite de entrada máximo admisible y con efectos
inmediatos. Una vez alcanzada la carga máxima, deberán crearse las nuevas
plazas judiciales necesarias de forma automática.
JUDICIAL. Apuesta por la eficacia y optimización de recursos:
Nueva demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes
ciudades, creación de tribunales de instancia y nueva oficina judicial, cuyo
actual modelo es ineficaz sin la modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado.
8. INVERSIÓN. Adopción
de medidas para paliar el abandono y la lamentable situación en que se
encuentran los juzgados mixtos debido a la ausencia absoluta de medios
personales y materiales, con especial referencia a la penosidad de las
JUDICIAL. Regulación de un estatuto judicial acorde con la
especialidad de la función que desempeñan los jueces como Poder del Estado.
Retribución económica adecuada a la responsabilidad que conlleva el cargo.
DE ENTRADA. Solución de la indigna situación en que se
encuentran los jueces que han completado su formación en la Escuela Judicial,
que se pretende agravar con la nueva reforma de la LOPJ.
JUDICIALES. Tasas judiciales moderadas que no limiten el acceso
a la justicia, circunstancia que no se contempla en el actual proyecto de ley,
que las establece claramente desproporcionadas. El enfoque debe ser otro:
incrementar las tasas que se cobran a las grandes sociedades mercantiles,
principales usuarias del sistema judicial, que copan el 40% del trabajo de los
Propuestas para una justicia en tiempos de crisis
Y ENDEUDAMIENTO FAMILIAR. EL DRAMA SOCIAL DE LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS. Los jueces decanos compartimos en su totalidad el Informe elaborado
por el grupo de trabajo designado por el CGPJ, que propone soluciones frente al
endeudamiento familiar y las ejecuciones hipotecarias. Como señala el referido
informe, desde el año 2008 se han iniciado 350.000 ejecuciones hipotecarias en
España. Un drama que lleva a la exclusión social de familias que, tras haber
perdido trabajo o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, quedan en el
umbral de la pobreza. No existe prácticamente margen para la interpretación
legal, aun cuando ciertas resoluciones vanguardistas han llegado a loables
interpretaciones beneficiosas para el deudor, favorables a la extinción del
crédito mediante la dación en pago, pero tienen un difícil encaje en el actual
marco legal. Incluso se ha planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ahora bien, que los jueces no dispongamos de
margen para “humanizar” la aplicación de la ley, no significa que debamos
permanecer impasibles. Nos encontramos ante un problema social de enormes
dimensiones y es un clamor la necesidad de modificar la ley. Los jueces no
somos meros espectadores mudos y consideramos que el CGPJ es la sede adecuada
para aglutinar e impulsar iniciativas, reflexiones y propuestas de los jueces
para mejorar nuestro sistema judicial en beneficio del ciudadano, siempre
respetando la iniciativa legislativa que corresponde a otras instituciones. Sin
embargo, lamentablemente dicho interesante informe ha sido rechazado de plano
por el CGPJ, incluso en la parte relativa a otras propuestas de agilización de
los procesos civiles. Es cierto que es al legislador al que corresponde
arbitrar soluciones, pero los jueces, como juristas y como ciudadanos, podemos
-debemos- llamar la atención sobre la realidad que observamos, favoreciendo el
debate y realizando propuestas concretas, y más en este asunto tan sensible ya
que se trata de buscar una solución equilibrada que evite la exclusión social y
distribuya equitativamente las consecuencias de la crisis económica. Han sido mínimos hasta la fecha los avances
que ha supuesto la modificación de la LEC en materia de subastas e
inembargabilidad de sueldos y la aprobación del denominado “Código de Buenas
Prácticas”, que, a pesar de sus bienintencionados fines, ha resultado
escasamente útil ya que sólo un porcentaje pequeño de la población (en pobreza
absoluta) puede beneficiarse de ellas, y sobre todo, porque el sometimiento a
dicho Código es voluntario para las entidades de crédito. Los jueces decanos
coincidimos con el informe en que, en efecto, existe margen para
"suavizar" la regulación de la ejecución hipotecaria cuando concurran
como la ampliación del ámbito del Código de Buenas Prácticas, la elevación del
porcentaje por el que los bancos se adjudican los inmuebles tras la subasta
(hoy el 60% de su valor de tasación); la supresión del procedimiento especial
de ejecución hipotecaria como privilegio de los grandes acreedores y su
reconducción a las reglas de la ejecución ordinaria ampliando las posibilidades
de defensa del deudor; la tasación por profesionales independientes al banco;
la regulación de un régimen específico para la vivienda habitual y de los
locales de negocio; la concesión de moratorias o periodos de carencia por el
juez, ampliando sus facultades para valorar las circunstancias del caso (paro,
desgracias familiares, accidentes de trabajo, enfermedades); la limitación de
los intereses moratorios y gastos del proceso; la dación en pago en ciertos
casos; la autorización para que el deudor continúe en la vivienda pagando un
canon o alquiler, etc... Entendemos que
todas estas medidas son, como mínimo, dignas de estudio, algo que debe hacerse
con urgencia, y a ellas añadimos la supresión del proceso especial de ejecución
extrajudicial ante notario, de dudosa constitucionalidad. En suma, la reforma
legal del proceso de ejecución
hipotecaria, que en sus distintas modalidades regulan la LEC y la LH es
posible, y debe trabajarse en este campo. Así lo demanda la realidad social
ante las excepcionales circunstancias económicas que se dan hoy en España.
2. PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR FRENTE A
CLÁUSULAS ABUSIVAS. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 14 de junio de 2012, dictada como consecuencia de una cuestión prejudicial
planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona, permite al juez español
apreciar de oficio y en cualquier fase del procedimiento, la nulidad de una
cláusula incorporada a un contrato celebrado con un consumidor, cuando
considere que el interés de demora pactado es abusivo, sin que quepa su moderación
o integración. En consecuencia, esta innovadora sentencia pone en manos de los
jueces un instrumento muy poderoso para el control de las cláusulas abusivas en
los contratos celebrados con los consumidores, que los jueces debemos de tener
muy en cuenta en el actual contexto socioeconómico. Los jueces decanos instamos la convocatoria de
juntas sectoriales para que, en su caso, se establezcan criterios uniformes
3. ALGUNAS REFLEXIONES PARA ACERCAR LA JUSTICIA AL CIUDADANO
Y SUS PROBLEMAS.-
Debería llevarnos a reflexionar el hecho de que prácticamente el 40% del
trabajo de los juzgados civiles y mercantiles esté promovido por lo que
podríamos denominar “grandes acreedores” (bancos, entidades aseguradoras, etc),
lo que está convirtiendo a los juzgados en auténticas oficinas recaudatorias de
dichos acreedores, que además disponen de procedimientos y trámites
privilegiados. Sobre todo cuando esta circunstancia y la falta de juzgados
retrasa notablemente la tramitación de los demás asuntos que de verdad afectan
al ciudadano de a pie (reclamación de indemnizaciones, defectos constructivos,
accidentes de tráfico o laborales, incumplimientos contractuales, despidos,
accidentes, deudas, registro civil, divorcios, etc).
4. UNA NUEVA DEMARCACIÓN JUDICIAL PARA
UNA JUSTICIA MÁS EFICIENTE. Tenemos un mapa judicial obsoleto dividido en 420 partidos judiciales,
prácticamente los mismos que en el año 1870. La realidad en España ha cambiado
y los medios de comunicación permiten hoy grandes desplazamientos en cuestión
de minutos, que hace unos años requerían horas. La necesidad de superar el
modelo de distribución territorial y funcional de la Administración de
Justicia ha sido repetidamente diagnosticada y demandada. Instamos nuevamente a
los responsables políticos a que, sin más demora, lleven a efecto una nueva
demarcación judicial que concentre las plazas judiciales en los grandes núcleos
urbanos, mediante los llamados Tribunales de Instancia, instaurando tribunales de base en el resto de poblaciones para asuntos
5. SON POSIBLES OTRAS VÍAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS.
Asistimos a un fenómeno de generalizada y masiva
judicialización de toda la conflictividad social, económica e, incluso,
política. Existe consenso en señalar que este fenómeno es manifestación del
escaso grado de madurez de nuestras estructuras comunitarias, comerciales e
institucionales, incapaces de encauzar y resolver sus propios conflictos, y
acostumbradas a derivar la resolución de todas sus diferencias y tensiones al
Poder Judicial. Frente a ese panorama, el fomento de cauces e instrumentos alternativos
o complementarios -y de menos coste- a los que ofrece la justicia formal
(arbitraje, mediación, conciliación, dictamen experto, etc), se presenta como
medio adecuado para alcanzar un doble objetivo: profundizar en una cultura de
la paz que responsabilice a sus ciudadanos en la

References: artículo 24
 artículo 27
 artículo 35
 artículo 23
 artículo
241
 artículo 480
 artículo 45
 artículo
126
 artículo 47
 artículo 121

Artículo 1
 artículo 517
 artículo 8
 resolución

 resolución 
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Artículo 10

Artículo 12
 artículo 17
 artículo 35
 artículo 13
 artículo 23
 artículo
241
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 3

artículo 2
 artículo 27
 artículo 2

artículo 2
 artículo
31
 artículo 31
 artículo 2
 artículo
31
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 149
 artículo 11
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
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