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Timestamp: 2018-01-21 00:37:10+00:00

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DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS REGLAS DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DEL D. LEY Nº 20530
Decreto Supremo Nº 017-2005-EF
Mediante esta norma se establecen algunas disposiciones para la aplicación de las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530 que fueron aprobadas por la Ley N° 28449 (30/12/2004). Asimismo, se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 053-2004-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley Nº 28046, que crea el Fondo y la Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional.
Esta norma establece algunas precisiones a la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28449 (en adelante, la Ley), referida a la adecuación de las pensiones al tope máximo de 2 UIT’s. En ese sentido, se regula el procedimiento para calcular la adecuación de las pensiones, tomando en consideración la identificación del pensionista afecto al tope (aquel que exceda la suma de 2 UIT’s) y la determinación del monto a reducir por cada mes (18% de reducción anual del monto total de pensiones, distribuida mensualmente hasta llegar al mencionado).
Igualmente, se dispone que los recursos obtenidos mensualmente por las reducciones de las pensiones serán transferidos directamente por las entidades encargadas del pago de las pensiones del régimen del D.L. Nº 20530 al Fondo para la Asistencia Previsional (FASP) hasta el último día hábil del mes al que corresponda la reducción.
Por otro lado, se dispone que los titulares de las pensiones de cesantía o invalidez que hubieren sido reajustadas en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 016-2005-EF y que no superen los S/. 800.00, recibirán los incrementos previstos en la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley. Asimismo, se establece que en caso de percibirse dos pensiones por los riesgos citados, el incremento deberá hacerse en ambas pensiones, conforme al artículo 10 del Decreto Ley Nº 20530.
Por otro lado, a efectos de transferir los recursos obtenidos mensualmente por la reducción de las pensiones al tope, se establece que las entidades que hubiesen pagado tales pensiones con recursos que no provienen del Tesoro Público podrán solicitar al FASP la devolución de los recursos transferidos para financiar el pago del incremento y hasta el límite de lo transferido. Si ello resultare insuficiente, la diferencia será cubierta con cargo a su presupuesto, sin que ello implique utilizar recursos del Tesoro Público.
Para el cumplimiento de la Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional creada por Ley Nº 28046 y reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 053-2004-EF, se dispone que debe tomarse como base la nueva pensión calculada de acuerdo a lo previsto para la reducción de pensiones al tope establecido.
Finalmente, esta norma requiere a las entidades crear un registro de todos los pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530 que se encuentren bajo su administración. Este registro deberá ser actualizado mensualmente a fin de ser remitido en medio físico y magnético a la Oficina de Normalización Previsional el último día hábil de cada mes. Para tales fines, esta norma adjunta como anexo un formato de la información mensual que deberá remitirse. Asimismo, se establece que las entidades que ya hubiesen pagado las pensiones correspondientes al año 2005, deberán regularizar el pago del incremento o la reducción de las pensiones, según las disposiciones de este Decreto Supremo.
Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 28245 – Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental que regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). Esta medida tiene por finalidad fortalecer la institucionalidad ambiental en el país, mejorando la coordinación entre las entidades públicas responsables de la gestión ambiental en los niveles de gobierno nacional, regional y local, así como propiciar la participación del sector privado y la sociedad civil. Para tales efectos se deroga el Decreto Nº 011-2003-CD/CONAM, que estableció el Marco Estructural de Gestión Ambiental.
(D.S. Nº 008-2005-PCM), El Peruano, pág. 285593.
Determinan jerarquía y uso de normas de carácter administrativo que aplicarán órganos y organismos del ministerio en lo relativo al otorgamiento de Pensión y Compensación a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 19846. Esta norma tiene por finalidad estandarizar los procedimientos en el Ministerio, en lo concerniente a acciones de personal, otorgando facultades para emitir las resoluciones respectivas al director de personal del Ejército, director general de personal de la Marina de Guerra del Perú y al comandante de personal de la Fuerza Aérea.
(D.S. Nº 002-2005-DE/SG), El Peruano, pág. 285608.
Aprueban la nueva Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones Previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 809 y modificada por el Decreto Legislativo Nº 951. Este dispositivo tiene por finalidad actualizar dicha tabla a la normativa vigente. Para tal efecto, se derogan los Decretos Supremos Nºs. 122-96-EF, 027-2000-EF, 050-2000-EF, 030-2001-EF y 076-2004-EF.
(D.S. Nº 013-2005-EF), El Peruano, pág. 285611.
Establecen disposiciones para la aplicación de nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Legislativo Nº 20530. En este sentido, precisan la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 28449 y modifican el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 053-2004-EF – Reglamento de la Ley Nº 28046, que creó el Fondo y la Contribución Solidaria para la Asistencia Previsional.
(D.S. Nº 017-2005-EF), El Peruano, pág. 285619.
Establecen monto y características adicionales de la primera colocación de bonos soberanos a ser realizada en el mes de enero de 2005, a través de 3 subastas. Esta disposición se da en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 28423 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2005 y el Decreto Supremo Nº 014-2005-EF que autorizó la emisión de dichos bonos.
(R.D. Nº 003-2005-EF/75.01), El Peruano, pág. 285622.
Aprueban la “Directiva para el Año Escolar 2005: Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión en las Instituciones de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva”, a fin de orientar y normar a nivel nacional la gestión pedagógica, institucional y administrativa del presente año escolar, en el marco de la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, y del Decreto Supremo Nº 021-2003-ED que declaró el Proceso de Descentralización y de la Emergencia del Sistema Educativo Nacional.
(R.M. Nº 0048-2005-ED), El Peruano – Separata Especial, pág. 285575.
Aprueban el Estatuto de la Sociedad Peruana de la Cruz Roja, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 00429-74-SA. Esta norma tiene por finalidad actualizar el anterior Estatuto de acuerdo con la normativa vigente. Para tales fines, se deroga la Resolución Suprema Nº 045-96-SA, que aprobó el anterior Estatuto.
(R.S. Nº 006-2005-SA), El Peruano, pág. 285633.
Dictan normas relativas a los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de cuarta categoría para el ejercicio 2005. Esta medida tiene por finalidad exceptuar a los contribuyentes perceptores de renta de cuarta categoría de la obligación de realizar los referidos pagos a cuenta cuando la proyección anual de sus ingresos mensuales no supere el monto no gravable establecido en el artículo 45 del Decreto Supremo Nº 179-2004-EF - Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.
(Res. Nº 024-2005/SUNAT), El Peruano, pág. 285655.
Modifican el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designan agentes de percepción, a efectos de facilitar el cumplimiento del régimen por parte de los sujetos obligados y las acciones de control de cargo de la Administración Tributaria. Para tales efectos, se modifican varios artículos de la Resolución Nº 189-2004/SUNAT–Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designación de agentes de percepción. Esta norma entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2004, salvo sus disposiciones derogatorias.
(Res. Nº 025-2005/SUNAT), El Peruano, pág. 285656.
Establecen beneficio especial y temporal de regularización de la situación de los conductores de puestos, quioscos, depósitos y tiendas del Mercado Municipal Nº 2, a fin de viabilizar el proceso de privatización de dicho mercado. El plazo para acogerse a este beneficio es hasta el 28 de febrero de 2005.
(Ordenanza Nº 221-MDB), El Peruano, pág. 285658.
Otorgan beneficios por pronto pago, a fin de dinamizar la recaudación tributaria, mediante el otorgamiento de un descuento especial para aquellos contribuyentes que paguen los tributos antes de su vencimiento. Este beneficio no será acumulable a los beneficios otorgados mediante Ordenanza Nº 158-MPL, que dispuso otorgar un premio a la puntualidad y estímulo a la puntualidad, consistentes en descuentos especiales para el ejercicio 2005.
(Ordenanza Nº 166-MPL), El Peruano, pág. 285659.
Amplían alcances de la Ordenanza Nº 140-MPL, que concedió beneficios administrativo y tributario con ocasión del programa de actualización catastral del distrito, comprendiendo infracciones cometidas entre los años 2000 a 2003. Esta disposición tiene por objeto hacer efectivos los beneficios administrativos y tributarios a las construcciones realizadas sin licencia municipal en el año 2004.
(Ordenanza Nº 167-MPL), El Peruano, pág. 285660.
Prorrogan, hasta el 31 de enero de 2005, el plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 101-MDR, que aprobó el beneficio tributario y administrativo denominado “beneficio especial navideño”. Asimismo, amplían el plazo referido a los beneficios tributarios y administrativos aprobados por Decreto de Alcaldía Nº 015-2004-MDR, hasta el 31 de enero de 2005.
(D.A. Nº 016-2004/MDR), El Peruano, pág. 285661.
Establecen beneficio para condóminos o copropietarios de predios ubicados en el distrito, respecto a la determinación de arbitrios municipales del 2005. Esta disposición tiene por finalidad evitar que los cobros a los copropietarios por concepto de arbitrios sean excesivos, ya que ocasionalmente el porcentaje de sus alícuotas es menor al monto mínimo vigente a pagar por arbitrios, establecido por la Ordenanza Nº 315-MSB.
(Ordenanza Nº 325-MSB), El Peruano, pág. 285661.
Aprueban el precio de venta de nichos, tumbas y servicios funerarios, en razón del incremento poblacional del distrito y de la necesidad de ampliar la infraestructura del Cementerio Municipal. Para tales fines, se deroga el Decreto de Alcaldía Nº 012-98-DA-MSS y la Resolución de Alcaldía Nº 571-2002-RASS.
(Res. Nº 045-2005-RASS), El Peruano, pág. 285667.
MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA – REYNOSO
Aprueban el Régimen Tributario de Arbitrios Municipales del ejercicio 2005, para lo cual se ha considerado conveniente mantener los importes a pagar por concepto de arbitrios fijados para el año 2004, a fin de no crear una mayor carga tributaria a los contribuyentes del distrito.
(Ordenanza Nº 001-2005-MDCLR), El Peruano, pág. 285668.
LEY 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
G.J. Tomo 127, 08/06/2004, £081
D.S. 008-2005-PCM Reglamento de la Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
G.J. Tomo 134, 28/01/2005, £214
El Peruano, 28/01/2005, pág. 285593
R. 010-2003-INRENA-IANP Aprueban Régimen Transitorio de Administración de Reservas Comunales Yanesha, El Sira, Amarakaeri, Asháninka y Machiguenga
G.J. Tomo 118, 25/09/2003, £206
R. 025-2004-INRENA-IANP (Art. 1) Amplían plazo de vigencia del Régimen Transitorio de Administración de Reservas Comunales Yanesha, El Sira, Amarakaeri, Asháninka y Machiguenga
El Peruano, 28/01/2005, pág. 285606
D.S. 122-96-EF Aprueban la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas
G.J. Tomo 37 24/12/96, £188
D.S. 013-2005-EF (Art. 2) Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo 809 y modificada por el Decreto Legislativo 951
G.J. Tomo 134, 28/01/2005, £216
El Peruano, 28/01/2005, pág. 285611
D.S. 027-2000-EF Modifican Tabla de Sanciones aplicables a infracciones previstas en la Ley General de Aduanas
G.J. Tomo 76, 27/03/2000, £136
D.S. 050-2000-EF Modifican la Tabla de Sanciones aplicable a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas
G.J. Tomo 78, 25/05/2000, £133
D.S. 030-2001-EF Modifican la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas
G.J. Tomo 87, 23/02/2001, £207
D.S. 076-2004-EF Modifican la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas
G.J. Tomo 127, 12/06/2004, £122
D.LEY 20530 Régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley 19990
El Peruano, 27/02/74
D.S. 017-2005-EF Establecen disposiciones para la aplicación de nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley 20530 y modifican el artículo 3 del Decreto Supremo 053-2004-EF
G.J. Tomo 134, 28/01/2005, £217
El Peruano, 28/01/2005, pág. 285619
LEY 28449 Ley que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley 20530
G.J. Tomo 133, 30/12/2004, £280
PRECISADA:
3ra. Disp. Trans.
D.S. 017-2005-EF (Art. 2) Establecen disposiciones para la aplicación de nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley 20530 y modifican el artículo 3 del Decreto Supremo 053-2004-EF
D.S. 053-2004-EF Reglamento de la Ley 28046 que crea el fondo y la contribución solidaria para la asistencia previsional
G.J. Tomo 125, 20/04/2004, £131
D.S. 017-2005-EF (Art. 6) Establecen disposiciones para la aplicación de nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley 20530 y modifican el artículo 3 del Decreto Supremo 053-2004-EF
R.S. 045-96-SA Estatutos de la Sociedad Peruana de la Cruz Roja
G.J. Tomo 33, 16/08/96, £092
R.S. 006-2005-SA (Art. 2) Estatuto de la Sociedad Peruana de la Cruz Roja
G.J. Tomo 134, 28/01/2005, £218
El Peruano, 28/01/2005, pág. 285633
R. 189-2004-SUNAT Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designación de agentes de percepción
G.J. Tomo 129, 22/08/2004, £197
Arts. 9 num. 9.3; 14 num. 14.2; 1ra. Disp. Trans. num. 2 inc. b); 1ra. Disp. Trans. num. 3 inc. b)
1ra. Disp. Trans. num. 2 inc. c)
1ra. Disp. Trans. num. 4
R. 025-2005-SUNAT (Arts. 1 al 4) Modifican Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designan agentes de percepción
G.J. Tomo 134, 28/01/2005, £220
El Peruano, 28/01/2005, pág. 285656
R. 001-2005-SUNAT Modifican la Resolución 189-2004/SUNAT que establece el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designación de agentes de percepción
G.J. Tomo 134, 05/01/2005, £023
R. 025-2005-SUNAT (Art. 4) Modifican Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designan agentes de percepción
ORD. 140-MPL-PUEBLO LIBRE Conceden beneficios administrativo y tributario con ocasión del programa de actualización catastral dispuesto por la Ordenanza 136-MPL
El Peruano, 16/06/2004
ORD. 167-MPL-PUEBLO LIBRE (Art. 1) Amplían alcances de la Ordenanza 140-MPL
El Peruano, 28/01/2005, pág. 285660
FORMULARIOS, PLAZOS Y MEDIOS PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO NACIONAL
Este proyecto se presenta, en el marco de lo establecido por el artículo 25 del Decreto Nº 054-2001-PCM – Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG, a fin de recibir opiniones y sugerencias de las instituciones y ciudadanos en general interesados en el tema de análisis.
El objeto de este proyecto es sistematizar el envío de la información de la Operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional remitida por COES-SINAC al OSINERG, para que se encuentre validada y en forma estandarizada, de acuerdo a lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM. De esta manera se facilitaría la remisión de dicha información, de manera que no involucre un mayor uso de recursos, disminuyendo los tiempos consumidos en su generación e incrementando la calidad de la misma.
El plazo para que los interesados puedan remitir sus comentarios sobre el presente proyecto por escrito, vía fax o correo electrónico a las oficinas de OSINERG, será hasta el día 14 de febrero de 2005.
(Res. Nº 004-2005-OS/CD), El Peruano – Separata Especial.
Comisiones bancarias versus pago de servicios públicos (*)
Erik Miranda Carnero (**)(***)
Hace unos meses, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso (CDCC) insistió en el proyecto de ley que prohíbe el cobro de comisiones bancarias por el pago de servicios públicos(1), considerando que dichas comisiones deben ser pagadas por quien terceriza el servicio. Se asume que no sería lógico pagar comisiones por cancelar los recibos, si se tiene en cuenta que son las empresas de servicios públicos las que no cuentan con suficiente infraestructura. Ilustra el argumento señalando que ni el Banco de la Nación ni los supermercados cobran comisiones, y si estos no lo hacen nadie debiera hacerlo. El mensaje se tradujo a que la empresa internalice (no importaría cómo) las comisiones que cobran los bancos a los usuarios por cancelar el recibo.
En ese escenario la respuesta no tardaría en llegar, las comisiones serían internalizadas por las empresas, pero inmediatamente trasladarían dicho costo a la estructura tarifaria del servicio público. Esta situación complicaría la labor del organismo regulador pues incluiría nuevos factores que incidirán en el aumento de costos o en el cambio de demanda del servicio (no previstos dentro del modelo regulatorio original). En el presente caso, “internalizar” significaría “redistribuir o licuar” entre el 100% de usuarios la cantidad de soles que un 30% estaba dispuesto a pagar voluntariamente(2).
Una “respuesta alternativa” sería resolver los convenios suscritos con los bancos, impidiendo que funjan de centros de recaudación. En este escenario las empresas evitarían tercerizar este servicio, obligando a los usuarios a que sigan pagando en sus propios centros de recaudación. Pero una solución así, cuando no existe una norma que imponga a las empresas una cantidad determinada de centros de recaudación propios (y ventanillas) ni horario de atención, sería inapropiada. En efecto, se logrará el propósito deseado, todos pagarán “gratuitamente” sus recibos, pero a costa de reducir o desaparecer los centros “alternativos” de recaudación.
Sin embargo, las empresas podrían tomar en cuenta que más eficiente es tercerizar el servicio de recaudación previa internalización de las comisiones en la estructura tarifaria, pues siendo indistinto donde se pague (porque todos pagan “gratis”), y considerando que existen más bancos que centros de recaudación propios, lo lógico es que estos últimos disminuyan, así como el número de empleados.
Es curiosa la solución que se pretende imponer, pues los usuarios no tienen negada la posibilidad de pagar gratuitamente sus recibos en las oficinas de las empresas involucradas ni en supermercados, más aún, también existen bancos que brindan este servicio a sus clientes. Un par de ejemplos nos ayudarían a comprender mejor esta cuestión.
El problema del tránsito y la infraestructura vial: Imaginemos que las carreteras alternas como la Ramiro Prialé fueran gratuitas, inmediatamente se congestionarían, impidiendo que las personas que más las valúan las utilicen. En efecto, los conductores que recorren la ruta La Molina-Lima continuamente se enfrentan al problema del tráfico, teniendo que elegir entre diferentes alternativas (lo cual lleva implícito un problema de costo de oportunidad). Para algunos la mejor alternativa será tomar la Vía de Evitamiento, a pesar del cobro del peaje.
Otro ejemplo. Consideremos un restaurante en el que esperaremos 30 minutos por una mesa al momento de almorzar. La cola impone un coste adicional en tiempo de espera a los clientes, aumentando el costo total de la comida. Supongamos que la espera es equivalente, desde el punto de vista de los comensales, a un incremento de 20 soles en el precio. Si el restaurante decidiera incorporar esta cantidad en el valor de consumo (platos) realizado, la cola disminuiría mucho o desaparecería. Los comensales no empeorarían su situación, pues estarían pagando el precio adicional “en dinero” en lugar de “en tiempo”, y el restaurante saldría beneficiado en 20 soles. Si no estuviéramos de acuerdo… Qué suerte tenemos de poder elegir otro restaurante.
Esto, que es la misma situación del cobro de comisiones bancarias, se denomina maximización de la riqueza(3). En efecto, hay un 30% de usuarios de servicios públicos que asignan valor a su tiempo, evitando las colas en los centros de recaudación de las empresas de servicios públicos, dispuestos a pagar una comisión bancaria, adicional al valor de su recibo. Pero, ahora, los congresistas pretenden que quienes pagamos gratuitamente nuestros recibos asumamos las comisiones que aquel 30% estaba dispuesto a asumir voluntariamente. ¿Tiene sentido el proyecto de ley?
La CDCC enfatiza en cómo evitar “el daño” que nos ocasionarían las empresas, pero como diría Coase, este razonamiento es incorrecto. “La pregunta real que tiene que ser resuelta es: ¿debe permitirse que A dañe a B o que B dañe a A? El problema es evitar el daño más serio”(4) (si es que realmente cobrar comisiones fuera un daño). Consideramos que el proyecto no maximiza riqueza, sino que incentiva lo inverso.
Más allá de las consideraciones contractuales involucradas, pues está latente el problema del dirigismo contractual en los convenios de recaudación suscritos (contratos a favor de terceros), debe considerarse que la actividad de recaudación no es un tema de interés público(5)(6), simplemente es el beneficio que obtiene un privado, del que antes no gozaba. Por ello, llama la atención que se considere beneficiarios únicamente a las empresas.
La regulación es popular entre los políticos, debiéndose en parte a un intento directo de “hacer algo” sobre un problema. La CDCC “puede saber muy bien que esta reacción apurada logrará poco o nada: se la toma solamente para responder a las demandas de acción causadas por la asimetría en la cobertura de la información (el predominio de las malas noticias)”(7).
(*) El presente artículo fue publicado en Legal Express, Nº 48, diciembre 2004, de Gaceta Jurídica, en donde podrá encontrar, además, otros artículos de interés.
(**) Abogado.
(**) “El más urgente de los problemas de nuestra época (ya denunciado con profética lucidez por el casi olvidado Spencer) es la gradual intromisión del Estado en los actos del individuo” (J. L. Borges).
(1) Por cuestiones de espacio no se analizan otros aspectos del proyecto, que bien lo merecen.
(2) La CDCC identificó que un bajo porcentaje de usuarios elige pagar a través de ventanillas. Imaginemos que es el 30% de usuarios de un servicio público. ¿Tiene algún sentido regular la recaudación cuando se trata de un grupo reducido, más aún cuando no es un tema de interés público?
(3) “Con ‘maximización de la riqueza’ quiero indicar la política de intentar maximizar el valor agregado de todos los bienes y servicios, ya sea que se comercien en mercados formales (los bienes y servicios ‘económicos’ usuales) o (en el caso de bienes y servicios ‘no-económicos’, como la vida, la recreación, la familia y la libertad de dolor y sufrimiento) que no se comercien en tales mercados. El ‘valor’ es determinado por lo que el dueño de los bienes o el servicio exigiría para separarse de él o por lo que un no-dueño estaría dispuesto a pagar para obtenerlo. La ‘riqueza’ es el valor total de todos los bienes y servicios ‘económicos’ y ‘no-económicos’ y esta es maximizada cuando todos los bienes y servicios, en la medida en que esto sea posible, sean asignados a sus usos más rentables”: POSNER, Richard. “Maximización de la riqueza y tort law: Una investigación filosófica”.
(4) “En ese sentido, Coase nos dice que toda elección nos impone un costo (un costo de oportunidad) … El problema al que nos vemos enfrentados en esta situación es uno de naturaleza recíproca. En palabras de Coase ‘se piensa comúnmente (que cuando) A inflige daño a B, lo que tiene que decidirse es: ¿cómo deberíamos restringir a A? Pero esto es incorrecto. (…) La pregunta real que tiene que ser resuelta es: ¿debe permitirse que A dañe a B o que B dañe a A? El problema es evitar el daño más serio’. En la medida en que los fallos o la ley no contemplen esta situación siempre será posible que las partes negocien y lleguen a acuerdos que involucren asignaciones de recursos (¡derechos!) distintas de las que establecen dichos fallos o leyes.” BEYER, Harald. “Ronald H. Coase y su contribución a la Teoría de la Economía y del Derecho”. En: Estudios Públicos N° 45. 1992. Pág. 9.
(5) Cuando Stephen Breyer se refería a la regulación de los servicios públicos realizaba ciertas advertencias, que muy bien pudieran trasladarse al presente caso de una manera análoga (es evidente que el servicio de recaudación no es ningún servicio de utilidad pública). Él sostenía: “La primera advertencia es que uno debe hacerse una pregunta que parece obvia, pero que es fundamental: ¿Pertenece la industria que queremos regular al tipo de industria que debería ser regulada? (…) Aunque esta última es la justificación clásica a favor de la regulación económica, muchas industrias que no tenían dichas características han sido reguladas.” BREYER, Stephen. “Cuándo y cómo regular los servicios de utilidad pública” (conferencia). En: Estudios Públicos N° 78. 2000. Pág. 29.
(6) “Tal sucederá, por ejemplo, y el botón de muestra me parece suficientemente ilustrativo, con la fabricación, distribución y venta del pan, por cuya provisión le pedimos a Dios cada día. Al margen de la acción de policía, para comprobar la sanidad y peso del producto, no parece que su fabricación y venta, en cuanto actividades puramente industriales y mercantiles, pudieran dar origen, hoy por hoy, a un auténtico servicio público que convirtiera a los fabricantes y panaderos en concesionarios públicos o, yendo aún más lejos, a los hornos y panaderías en genuinas empresas públicas.” DE LA MORENA, Luis. “Derecho administrativo e interés público: Correlaciones básicas”. En: Revista de Administración Pública. N° 110. Tomo. I. Pág. 867.
(7) BLUNDELL, John y ROBINSON, Colin. “Regulation without the state”. Institute of Economic Affairs. Londres, 1999.
Esta jurisprudencia fue reseñada el día miércoles 26 del presente. Sin embargo, por un lamentable error material, en dicha oportunidad se consignó en el título que “Las normas civiles para adquirir la posesión se aplican tácitamente a los regímenes especiales de propiedad”, cuando debió haberse señalado que “Las normas civiles para adquirir la posesión se aplican supletoriamente a los regímenes especiales de propiedad”. Dicho error se cometió igualmente en la sumilla de la jurisprudencia, por lo que pedimos las disculpas del caso por los inconvenientes que pudieran haberse ocasionado por este involuntario error. Por tal motivo, publicamos nuevamente esta reseña jurisprudencial con las correcciones pertinentes.
CAS. Nº 2511-2001-CHINCHA
30 de abril de 2004 (El Peruano, 03/01/2005)
LAS NORMAS CIVILES PARA ADQUIRIR LA POSESIÓN SE APLICAN SUPLETORIAMENTE A LOS REGÍMENES ESPECIALES DE PROPIEDAD
La Corte Suprema señala que si bien existen regímenes especiales para el registro de predios, a efectos de adquirirlos por prescripción adquisitiva, el ejercicio de la posesión se rige supletoriamente por las disposiciones del Código Civil.
El demandante interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista que, revocando la apelada, declaró infundada la oposición a la inscripción registral de la prescripción adquisitiva.
Fundamentó el recurso en la inaplicación del artículo 900 del Código Civil, porque alegó que a efectos de dicha inscripción es obligatorio que la adquisición de la propiedad se origine en la posesión y no como ocurrió en este caso, que se tomó por cierta una posesión que no se adquirió por medio de la tradición.
En ese sentido es materia de este recurso establecer si la instancia inferior no aplicó el citado artículo que señala que la posesión se adquiere por tradición, salvo los casos de adquisición originaria que establece la ley.
Al respecto, la Corte Suprema señala que los demandados solicitaron la inscripción registral del derecho de posesión respecto de un predio rústico, acto al cual el demandante se opuso, alegando que el predio en cuestión no tenía la extensión que los demandados citaban y que, en todo caso, el Programa Especial de Titulación de Tierras – PETT consignó a su favor un área menor de la reclamada.
Por otro lado, señala que en la sentencia de vista se desestimó la oposición a la inscripción porque tanto de la inspección judicial como del informe pericial actuados en el proceso, se había constatado que los demandados ejercían posesión sobre la totalidad del área solicitada para titulación.
Sobre el particular, la Corte Suprema concluye que no obstante que el Decreto Legislativo Nº 667 – Ley del Registro de Predios Rurales regula la adquisición de la posesión y la propiedad de los particulares mediante la prescripción administrativa, ello no impide que se aplique supletoriamente el artículo 900 del Código Civil, por cuanto este artículo permite adquirir la posesión conforme a las regulaciones especiales.
En este sentido, habiéndose acreditado debidamente la posesión del predio materia de litis mediante el informe pericial y la inspección judicial, de alguna manera se ha corroborado lo alegado por los demandados, esto es, que poseyeron el predio por más de 30 años y, por lo tanto, están facultados para inscribir la prescripción adquisitiva.
Por lo expuesto, la Corte Suprema declara infundado el recurso de casación.
La presente obra viene a cubrir un profundo vacío existente en la doctrina penal nacional. En ella el autor efectúa un exhaustivo tratamiento sistemático de los Delitos contra la Familia, regulados en los artículos 139 a 150 del Código Penal vigente, analizando el bien jurídico penal protegido en cada figura delictiva, el tipo de lo injusto, tanto objetivo sujetos y actos materiales como subjetivo, así como lo relativo a la consumación del delito y a la penalidad aplicable, cuidando de incluir referencias al Derecho y a la legislación comparada. En suma, se trata de un desarrollo integral de una de las figuras delictivas más arraigadas en nuestra sociedad.
Capítulo 1 Matrimonios ilegales
Capítulo 2 Delitos contra el estado civil
Capítulo 3 Atentados contra la patria potestad
Capítulo 4 Omisión de asistencia familiar
Capítulo 5 La violencia doméstica

References: artículo 3
 artículo 10
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 45
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 118
 artículo 900
 artículo 900