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Timestamp: 2018-01-20 02:55:30+00:00

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Lunes, 13 Octubre 2014 19:19
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es discriminatoria y violatoria de derechos fundamentales, señalan.
#LeyTelecom restringe la difusión de las lenguas indígenas.
Vaga e inadecuada la definición de producción nacional independiente.
México, D.F., a 13 de octubre de 2014.- Mediante 10 demandas de amparo interpuestas ante los Juzgados Primero y Segundo Administrativo Especializado en Telecomunicaciones, Radiodifusión y Competencia, distintas radios comunitarias e indígenas como “La Voladora Radio”, “Radio Xalli”, “Nandhía FM”, “Radio Tierra y Libertad” y “Neza Radio”, las comunidades indígenas de Tlacolula y de Teotitlán en Oaxaca, así como productores independientes de la Asociación Mexicana de Productores Independientes; pretenden se declaren inconstitucionales distintas disposiciones contenidas en la recientemente entrada en vigor Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En conferencia de prensa, Gisela Martínez de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Mardonio Carballo, escritor y productor indígena, Aleida Calleja y Luis Fernando García, abogado; expresaron sus preocupaciones por las implicaciones de esta ley sobre la comunicación en México y las motivaciones para llevar esta lucha al ámbito judicial.
Entre los artículos impugnados se encuentran:
Artículo 15, fracción XLI: permite al Instituto Federal de Telecomunicaciones ordenar la suspensión precautoria de transmisiones en radio y televisión lo cual constituye claramente una forma de censura previa prohibida por la Constitución y tratados internacionales.
Artículo 83: impone un régimen discriminatorio sobre las condiciones de la asignación de concesiones para comunitarios e indígenas frente a concesionarios con fines comerciales.
Artículo 85: que permite que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pueda establecer de manera discrecional las condiciones para el otorgamiento de concesiones de uso social violando el principio de legalidad.
Artículos 89: establece condiciones discriminatorias en las fuentes de financiamiento de los concesionarios en detrimento de los medios comunitarios e indígenas como la prohibición de acceso a patrocinios y venta de publicidad de manera libre y sin fines de lucro (bajo el principio de reinversión), incluso cuando esto resulta contrario a resoluciones previas de la SCJN.
Artículo 90: restringe la asignación de concesiones a comunitarios e indígenas a las “partes altas” de AM y FM , dándole margen al IFT de alegar no disponibilidad y limitando el desarrollo de estos medios.
- La ley de telecomunicaciones restringe las transmisiones en lengua indígena en su Artículo 230.
El artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) obliga a los concesionarios de radiodifusión a realizar sus transmisiones en el “idioma nacional”, restringiendo el uso de lenguas indígenas exclusivamente a aquéllos concesionarios de uso social indígena.
La anterior restricción resulta discriminatoria y contraria al derecho a la libertad de expresión, en tanto, por un lado, se impide a un sector de la población indígena que no habita en sus comunidades a acceder a información y contenidos en su lengua y por el otro, se impide a quienes hablan lenguas indígenas, a difundir su lengua en los medios de comunicación no indígenas.
Cabe señalar que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en su artículo 4º reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, no obstante, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión infiere que las lenguas indígenas no lo son, restringiendo su uso únicamente a los medios comunitarios indígenas e impidiendo su uso a los medios de uso social, público o comercial y restringiendo así, de manera arbitraria, la difusión de las lenguas indígenas en la mayoría del territorio nacional.
La restricción discriminatoria que se señala en el artículo 230 desconoce, a su vez, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que reconoce los derechos lingüísticos de las y los indígenas, incluso de aquellos que por diversas razones no residen en el territorio de la comunidad o pueblo indígena respectivo.
- La ley de telecomunicaciones establece con vaguedad la definición de productores independientes lo cual amenaza la pluralidad de contenidos en la radiodifusión.
La reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones, dispuso en su artículo tercero transitorio, fracción VI, la obligación de parte del Congreso de la Unión de adecuar el marco jurídico para “establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), si bien, contempla algunos incentivos para que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión para uso comercial programen producción nacional independiente y contempla, de manera genérica, que el Ejecutivo impulse medidas de financiamiento para estos sectores, incumple la obligación constitucional de asegurar la promoción de la producción nacional independiente al definir a los productores nacionales independientes de manera vaga e imprecisa.
El artículo 3, fracción XLVIII de la LFTR define al “productor nacional independiente de contenidos audiovisuales” como:
“Persona física o moral de nacionalidad mexicana que produce obras audiovisuales a nivel nacional, regional o local, que no cuenta con una concesión de telecomunicaciones o radiodifusión, ni es controlado por un concesionario en virtud de su poder de mando”
La anterior definición resulta ser vaga e insuficiente para asegurar que las personas físicas o morales sean auténticamente independientes de las concesionarias, transgrediendo así, los límites impuestos por el mandato constitucional de asegurar la promoción de la producción nacional independiente. Lo anterior es así en tanto pueden construirse entre una persona física o moral productora de contenidos audiovisuales y una concesionaria de telecomunicaciones o radiodifusión relaciones de dependencia económica y aun así ser considerados como productores nacionales independientes, lo cual pervierte cualquier mecanismo de apoyo a la producción nacional independiente.
Puedes ver la conferencia completa en: http://www.ustream.tv/recorded/53915052
AMARC-Mx:
5672 4961
Martes, 05 Agosto 2014 23:15
México, D.F. a 5 de agosto de 2014.- La Asociación Mundial de Radios Comunitarias capítulo México condena los hechos ocurridos la noche del viernes primero de agosto, cuando un grupo armado abrió fuego en contra de Indalecio Benítez, locutor y fundador de la radio Calentana 98.1 FM, ubicada en el poblado de Luvianos, Estado de México, emisora parte del Consejo Nacional de Comunicación Indígena.
Según información difundida, el defensor de derechos humanos y su familia iban a bordo de un automóvil particular cuando fueron interceptados por un grupo armado a las afueras de su domicilio donde también se localiza la emisora, resultando su hijo de 12 años de edad, Juan Diego Benítez, herido de muerte.
AMARC-Mx exige al Estado mexicano que investigue de manera clara, expedita y exhaustiva los hechos a fin de impedir que los perpetradores permanezcan en la impunidad, y así mismo es urgente que garantice la integridad física y la vida de Indalecio, de su familia y de las y los comunicadores comunitarios que conforman la radio comunitaria, otorgando para tal fin las medidas precautorias necesarias.
Recalcamos una vez más la importancia de la labor que realizan las radios comunitarias pues son espacios de recomposición del tejido social, que fortalecen la participación ciudadana a través del ejercicio de los derechos humanos; esta labor es indispensable en contextos de violencia como la que se vive en el Estado de México, donde se ubica Calentana 98.1 FM.
Irina Vásquez
Coordinadora Ejecutiva de la Oficina en México
Tel. 5672 4961
Martes, 08 Julio 2014 00:18
México, D.F., a 7 de julio de 2014.- El pasado sábado el pleno del Senado Mexicano aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cumplimiento a lo señalado por la Constitución Mexicana.
La reforma a la Constitución promulgada en junio de 2013 buscaba crear las bases para democratizar el sistema de medios que impera en el país, caracterizado por la alta concentración y el dominio de los monopolios así como la marginalidad hacia las comunidades para acceder a una frecuencia. Por tal motivo, la reforma fue calificada como un parteaguas en reconocimiento del derecho efectivo de la libre expresión de las comunidades y ciudadanía.
Así mismo, con la reforma en la materia se reconoció por primera vez en nuestro máximo ordenamiento a las radios comunitarias y la ley secundaria concretaría una reglamentación equitativa y justa para este tipo de medios.
Sin embargo, la ley aprobada por el senado mexicano no cumple con las expectativas democratizadoras de la reforma constitucional.
En relación a los medios sociales, el senado mexicano desperdició la oportunidad de saldar una deuda histórica con las voces marginadas, la legislación secundaria pudo ser el ariete para combatir la discriminación hacia las comunidades y pueblos indígenas, fomentar la pluralidad y diversidad de las expresiones; para que en el país no sólo sea la voz del duopolio televisivo la que siga resonando.
En ese sentido el dictamen aprobado por el Senado mantiene nuestras preocupaciones:
Sostenibilidad económica: A los medios comerciales se les permite incrementar el tiempo de comercialización, a los medios sociales se les prohíbe la posibilidad de transmitir publicidad y patrocinios, a pesar de que una resolución la SCJN había admitido esta posibilidad. Además de imponérseles la figura de donatarias autorizada para recibir donativos, la cual es difícil de acreditar por los requisitos excesivos a cumplir.
Se pretende zanjear esta prohibición dotándolas con el 1% de publicidad oficial del presupuesto total para comunicación social de las instancias federales. Porcentaje distribuido entre todas las emisoras, sin reglas claras para la asignación y la transparencia.
La ley contempla un procedimiento para la asignación de las concesiones sociales incierto, el artículo 85 señala que “…el interesado deberá presentar ante el Instituto solicitud que contenga al menos la siguiente información” es decir, la autoridad podrá pedir más requisitos que los que establece el propio artículo, violando el principio de certeza jurídica.
La ley confina a los medios sociales en las altas frecuencias para la banda de FM, restricción que violenta el principio de igualdad ante la ley y por tanto se considera como discriminatoria. A nivel técnico, debido a la orografía en donde están situadas estas emisoras, las altas frecuencias impiden la transmisión de señales con calidad y/o que los radioescuchas tengan problemas para sintonizarlas.
La ley somete de forma velada a las emisoras indígenas al tutelaje de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues le da a esa institución injerencia en el otorgamiento de las concesiones para ese tipo de medios, violentando la autonomía de los pueblos originarios y el artículo 2° de la Constitución Mexicana así como múltiples tratados internacionales que reconocen los derechos de las comunidades y pueblos indígenas para acceder a las frecuencias.
La Ley establece multas millonarias para quien abra una radio sin permiso, mantiene la confiscación de bienes y equipos en contravención del Artículo 7° Constitucional y, lo más grave, continúa la criminalización pues persiste la posibilidad de usar la vía penal para comunicadoras y comunicadores que sin posibilidades reales de acceder a una frecuencia deciden operar sin permiso, situación que violenta los altos estándares y recomendaciones de organismos internacionales sobre derechos humanos que han emitido al estado mexicano.
En estos momentos la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de revertir estas prohibiciones y contribuir a democratizar el sistema de medios del país, .en aras de la pluralidad y diversidad de la información a la que la ciudadanía tiene derecho.
Héctor Camero / Representante Nacional de la AMARC-Mx
Martes, 01 Julio 2014 21:16
Queremos una ley con una perspectiva transversal de derechos humanos que garantice la libertad de expresión, los derechos a la información y comunicación, de acuerdo a los estándares internacionales. La ley propuesta por el Estado mexicano olvida garantizar el servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión, permite la censura previa, viola el derecho a la privacidad y sólo garantiza los derechos de las empresas y no los de la ciudadanía.
La iniciativa gubernamental que actualmente se discute en el Congreso va en contra de lo establecido en la Constitución y representa un grave retroceso para el ejercicio de nuestras libertades que tanto trabajo nos han costado adquirir como sociedad. Las leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión deben de preservarlas y agregarles progresividad tal como lo plantea el artículo 1o de nuestra Carta Magna.
La ley en la materia que queremos debería al menos contemplar:
1.Queremos que Internet sea un espacio abierto, plural y equitativo. Aunque el principio de neutralidad de la red lo garantiza, el artículo 146 lo vulnera al establecer un régimen de discriminación del tráfico de Internet con criterios comerciales, en perjuicio de la innovación, el bolsillo de los consumidores y la libertad de expresión. Además queremos que cualquier persona decida a qué contenidos, aplicaciones y servicios en Internet desea acceder sin que autoridades o empresas interfieran con ese derecho.
2.Queremos que se respete el derecho a la privacidad de las y los ciudadanos. Rechazamos que alegando la colaboración con la justicia, se permita la recolección indiscriminada de datos de todas y todos los usuarios, incluyendo su geolocalización, se amplíen las facultades de vigilancia de las comunicaciones y que no se establezcan controles como el control judicial, la supervisión independiente y la transparencia para evitar el abuso.
3.Una ley en la cual el bloqueo de señales de telecomunicaciones aplicado a segmentos del público no puede estar justificado en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional.
4.La reforma constitucional señala que “El Estado garantizará a la población su integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento” para lo cual se requiere, además de una política de inclusión digital universal, que construya una agenda digital, que contemple alfabetización digital y mediática, educación para los medios y ciudadanía participativa que permita a todas y a todos, especialmente a niños y niñas, acceder realmente a la información que se encuentra en las redes.
5.Es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, la libre elección del software para atender sus necesidades de cómputo, por tanto es una obligación del Estado promover y garantizar la observancia de interoperabilidad tanto en los sistemas públicos, como en servicios de proveedores privados, a través de estándares abiertos y formatos libres de intercambio de información. Consideramos que la ley debe ser congruente con los avances en normatividad y política pública en el ámbito internacional para la adopción de software libre, y que éste es muy importante para el conjunto de los procesos educativos y el desarrollo de capacidades nacionales.
6.Queremos que los usuarios y las audiencias estén en el centro de la regulación. El Estado no puede claudicar en su obligación de proteger a las audiencias por lo que exigimos que se modifique el artículo 257 que deja estos derechos a criterio, desarrollo y cumplimiento opcional de los medios. El IFT debe de tener suficientes facultades para tutelar esos derechos.
7.Queremos que el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidades sea garantizado, recordando que el artículo 4 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad impone la obligación al Estado mexicano de tomar todas las medidas necesarias, incluyendo las legislativas, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. La legislación debe incluir las medidas para que las telecomunicaciones y la radiodifusión sean accesibles a todas y todos tales como subtitulado e intérprete en Lengua de Señas Mexicana en contenidos audiovisuales, servicio de relevo de comunicaciones, páginas de internet accesibles, acceso a servicios de emergencia a través de mensajes de texto y videoconferencia, y que la accesibilidad de los servicios se adapte a los cambios tecnológicos.
8.La perspectiva de género tiene que ser transversal. Es necesario promover que los contenidos no reproduzcan la objetivización de las mujeres ni conductas sociales que resulten discriminatorias. Es necesario un observatorio de medios dentro del IFT y que se establezcan políticas públicas que favorezcan la creación de infraestructura y de medios administrados por mujeres.
9.La ley que queremos debe asegurar que niñas, niños y adolescentes estén protegidos en sus derechos informativos; no aceptamos una ley que no garantice que los medios de comunicación cumplan con el artículo cuarto constitucional que plantea el interés superior de las y los niños. No aceptaremos una ley que no asuma la obligación de los medios públicos de producir contenidos de calidad, nacionales regionales, con productoras independientes, adecuados a los distintos sectores de población compuesta por niños y niñas, y con espacio para el ejercicio de su libertad de expresión. Tampoco aceptaremos una ley en donde el IFT no asuma su responsabilidad frente a los derechos de las y los niños; este Instituto debe vigilar la publicidad dirigida a niños y niñas, crear políticas públicas para generar contenidos de calidad y construya una agenda digital que permita a nuestros niños y niñas aprovechar las posibilidades del Internet en la sociedad de la información y el conocimiento.
10.La televisión digital es la oportunidad para que haya más canales, entren nuevos competidores y se fortalezca el desarrollo de medios de uso público y social, pero la iniciativa del gobierno le da la mayor parte de los nuevos permisos a los mismos dueños, y no estableció ningún límite a la concentración de medios.
11.Las reglas para limitar los abusos de las empresas son indispensables para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de contenidos y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. La iniciativa del gobierno no limita los abusos en los mercados de televisión abierta y en televisión restringida dejándonos a merced de los más poderosos.
12.Queremos un sistema de medios plural en el que quepan todas las voces en las distintas plataformas como televisión abierta, restringida, televisión móvil, internet. La iniciativa del gobierno no pone límites eficaces a la propiedad cruzada y permite que los monopolios sigan dominando varias plataformas y por lo tanto, al sistema de medios del país. Al determinar la preponderancia sólo por sector y no por mercados, permite que los monopolios de radiodifusión sigan creciendo.
13.Porque es necesario tener información y puntos de vista plurales que den cabida a todas las voces, exigimos una ley que fortalezca a la producción nacional independiente, obligando a que los medios les contraten y transmitan al menos un 20% de producción nacional independiente. La iniciativa del gobierno, tiene una definición engañosa que reconoce como independientes a muchos productores relacionados con los grandes medios como Televisa, además de que penaliza a la audiencia con más publicidad para aquellos medios que incluyan producción independiente.
14.Porque en toda sociedad democrática deben existir medios públicos, a cargo de instituciones del Estado, fuertes independientes y plurales, estos medios deben permitir participación ciudadana en sus barras programáticas y en sus consejos consultivos. Queremos que la ley dé a estos medios herramientas para no depender únicamente del presupuesto oficial sin ninguna independencia editorial, sino permitirles comercializar para que crezcan, produzcan, y apoyen a la producción independiente.
15.Los medios sociales son diferentes de los medios públicos, son medios operados por grupos sociales independientes de cualquier institución del Estado, incluida la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Queremos más medios diversos que respondan a las necesidades de la ciudadanía, por ello hay que reconocer en la legislación a los medios de tipo social, comunitarios e indígenas, estableciendo un procedimiento claro y viable para que las comunidades puedan acceder a las frecuencias.
16.Los medios sociales no tienen un techo presupuestal público, por lo tanto necesitan de la venta de publicidad para poder sobrevivir en condiciones dignas para los y las comunicadoras comunitarias. Comercializar no es lo mismo que lucrar.
17.Queremos una ley que no permita que nadie sea encarcelado por abrir una estación de radio; la ley únicamente debe contemplar sanciones administrativas pero sin que las multas sean desproporcionadas porque si lo son, se convierten en mordazas para acallar a las voces incómodas.
18. Queremos que los gobiernos dejen de gastar millones de pesos de nuestros impuestos en comprar ilegalmente propaganda para auto promocionarse en radio y televisión. Se utilizan recursos públicos para premiar o castigar a medios y periodistas. Los mensajes de los gobiernos deben ser informativos, no propagandísticos y deben difundirse sólo en los tiempos fiscales gratuitos que ya existen y que la iniciativa del Ejecutivo quiere retirar. El artículo 252 da “hasta” 30 minutos de tiempo gratuito por concesión. Eso no considera los tiempos fiscales de 18 minutos en Televisión y 35 minutos en radio, lo que junto a los 30 minutos que se dispone, suman hoy 65 minutos en radio y 48 en televisión privada. De prosperar la iniciativa quedarían sólo 30 minutos en cada emisora. Todo esto significa que el Estado tendrá menos tiempos gratuitos para difundir mensajes institucionales en emisoras de radio y televisión pero no menos gasto en publicidad gubernamental. Por ello también es urgente que el Congreso emita una ley que regule la publicidad oficial.
Nos encontramos en un momento determinante, por lo que como grupos y colectivos de la sociedad, los abajo firmantes exigimos al Congreso y a los partidos políticos a que legislen bajo su mandato de garantizar el bien común, la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación con el objetivo de privilegiar los derechos de la ciudadanía sobre cualquier otro interés particular.
La ley secundaria que se está debatiendo en el Congreso debe tomar en cuenta los 18 puntos enumerados en este documento para refrendar de manera clara el compromiso de nuestros gobernantes en limitar la concentración y los monopolios, garantizar la independencia del regulador, defender la neutralidad de la red y, de esta manera, fomentar más pluralidad, competencia, transparencia, calidad y diversidad en las telecomunicaciones y radiodifusión. De no ser así, esta reforma pondría en riesgo nuestros derechos y democracia.
…y las mujeres qué?; 1111mx; A favor de lo mejor; Adriana Solórzano (IMER); Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones; Ajusco Radio; AlConsumidor A.C.; Alianza Cívica; Alianza Internacional de Habitantes (Veracruz); Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (AlianzaMx); Amigos la revista; Arena Ciudadana; Ariadna Saavedra; Artículo 19; Asamblea Comunitaria Miravalle; Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI); Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (Amarc-Mx); Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC); Baltimore Beltrán (actor); Bárbara Anderson Font (periodista); Beatriz Solís de Radio Educación (Radio Educación); Bufete de Estudios interdisciplinarios A. C.; Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País; Católicas por el Derecho a Decidir A.C.; Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales, Babel Sur, A.C.; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Ciudadanos en Medios, Democracia e Información; Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA); Clóset de Sor Juana, A.C.; Coalición de Personas Sordas del Distrito Federal (CoPeSor); Coalición México por los derechos de las personas con discapacidad (COAMEX); Colectivas, A.C.; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE); Colectivo de Apoyo a Personas Migrantes - COAMI; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO DH); Colectivo por el Derecho a la Comunicación (CODEC); Colectivo Yehcoa (Estado de México); Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Comité Jurídico y de Derechos Humanos CoJuDH132; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Comunicación Comunitaria A.C; Comunicación e Información de la Mujer, A.C (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.; Contingente MX; Cooperativa Primero de Mayo Enlace Popular; Cuerpo Académico Sociedad y Región; Cultura Ecológica; Daniel Gershenson (defensor de derechos humanos); Daniel Giménez Cacho (actor); Discapacitados Visuales IAP; Educando en los Derechos y la Solidaridad, A.C. (EDUCADYS); El Colectivo por la Transparencia; El Grito Más Fuerte; El Poder del Consumidor: El Taller: Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C.; Equipo Pueblo; Feminicidios ¡Nunca Más!; Freedom House; Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate A.C.; Fundación Quinta Carmelita; Gabriel Sosa Plata (MVS); Gabriel Soto (defensor de derechos humanos); Gente Diversa; Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC); Grupo de Estudios Ambientales GEA, A.C.; Ilse Salas (actriz); Ímpetu Centro de Estudios, A.C.; Iniciativa Sinaloa; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. Katia D'Artigues Beauregard (periodista); La Banda No Discrimina; Laura Imperiale (productora de cine); Más de 131; Mojiganga Arte Escénico; Mozilla México; Natalia Beristain (actriz); Periodistas de a pie; Pobladores A.C. (Veracruz); Propuesta Cívica, A.C.; Red Cívica Veracruzana, A.C. (RECIVE); Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D); Red de Formación en Derechos y Posibilidades de la Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” [(Agenda LGBT (Estado de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C (Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C.; Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)]Revista Hashtag: Ririki Intervención Social, S.C.; Sandra Patargo (defensora de derechos humanos); Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ); SocialTic A.C.; Sonora Ciudadana; Sophie Alexander- Katz (actriz); Vía Orgánica, A.C.

References: Artículo 15

Artículo 83

Artículo 85
in fine

Artículo 90
 Artículo 230
 artículo 230
 artículo 4
 artículo 230
 artículo 3
 resolución 
 artículo 85
 artículo 2
 Artículo 7
 artículo 1
 artículo 146
 artículo 257
 artículo 4
 artículo 252
 Artículo 19