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Timestamp: 2014-03-10 21:47:29+00:00

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.-TRIBUNA UCEVISTA - FCPJ - DERECHO-.: ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES EN VZLA.
ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES EN VZLA.
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Clasificación de los tribunales Según su composición
Lo esencial de esta clasificación no es el número de jueces que conforman los tribunales, sino el número de jueces que resuelven el asunto controvertido. Según su naturaleza Tribunales ordinarios: son aquellos a los cuales les corresponde el conocimiento de todos los asuntos que se promueven en el respectivo país, cualquiera que sea la naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervienen, salvo las excepciones legales.
Tribunales arbitrales: son aquellos constituidos por jueces árbitros, es decir, por miembros que no son funcionarios públicos y son remunerados y elegidos por las partes a quienes prestan sus servicios. Según la fase del procedimiento en que intervienen Tribunales de instrucción: son aquellos a los cuales les corresponde todas las actuaciones preparatorias del juicio, generalmente de investigación criminal. Sin embargo en la mayoría de Estados Occidentales, esta valiosa función la cumple la Fiscalía, la cual en carece de poderes jurisdiccionales llegando incluso a pertenecer a la Rama Ejecutiva del Poder Público.
Según su jerarquía Tribunales inferiores: son aquellos que, en la respectiva organización jerárquica y piramidal de los sistemas judiciales, ocupan el grado inferior. Esta clasificación se hace desde un punto de vista administrativo y no atendiendo al ejercicio de la función jurisdiccional. Generalmente son tribunales unipersonales.
Tribunales superiores: son aquellos que, en la respectiva organización judicial, ocupan el grado superior. Por lo general, son tribunales colegiados y sus integrantes son llamados magistrados.
En Venezuela, el Tribunal Mixto lo conforman dos (2) escabinos o jueces legos que son personas ajenas al Poder Judicial elegidas del pueblo por el Consejo de la Judicatura, a través de sorteo; y un Juez profesional, competente para conocer de las causas por delitos cuya pena sea mayor de 4 años en su límite superior hasta un máximo de 16 años, pero durante los primeros 2 años de vigencia del C.O.P.P., el Tribunal Mixto se encargaría de conocer de las causas por delitos cuya pena en su límite superior excediera de 16 años y fueran menor de 20. Por su parte, el tribunal de jurados está integrado por nueve (9) ciudadanos, al igual que los escabinos, ajenos a la rama judicial, e igualmente elegidos por sorteo.
Tribunales de jurados: son los encargados de conocer de las causas por delitos cuya pena en su límite superior exceda de 16 años, pero durante los primeros 2 años de vigencia del C.O.P.P., este Tribunal se encargaría de conocer de las causas por delitos cuya pena privativa de libertad, en su límite superior, excediera de 20 años.
Organización de los tribunales de jurisdicción ordinaria. Estos están conformados por:
La corte de apelaciones;
Los Tribunales superiores;
Los juzgados de primera instancia; y
Los juzgados de municipio.
En el ordenamiento jurídico venezolano se encuentra regulada la organización de los tribunales en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su Título IV y el capítulo III está dedicado a los tribunales de primera instancia donde dice como actuaran los jueces en lo penal en lo civil y además nos muestra los deberes y atribuciones de dichos jueces en razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones.
Los jueces de primera instancia actuaran en la forma y con la competencia establecida en la ley procesal penal y demás leyes; como:
Jueces unipersonales;
Presidentes de los tribunales mixtos; y
Presidentes de los tribunales de jurados
Organización de la primera instancia penal:
Está conformada por tribunales unipersonales y mixtos. Integrados por jueces profesionales que ejercerán las funciones de control, de juicio y de ejecución de sentencia, en la forma rotativa que se establezca. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura velará para que en cada Circuito Judicial, exista un sistema de turnos de manera que al menos un juez de control, se encuentre en disponibilidad inmediata, para el caso de ser requerido a los fines de atender asuntos de extrema necesidad y urgencia, que no puedan esperar el horario normal.
Composición y atribuciones. El control de la investigación y la fase intermedia estarán a cargo de un tribunal unipersonal que se denominará tribunal de control; la fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales de juicio que se integrarán con jueces profesionales que actuarán solos o con escabinos, según el caso, conforme a lo dispuesto en el COPP, y se rotarán anualmente.
Los jueces profesionales conocerán de las fases del proceso penal según lo establecido en el COPP.
Los jueces de primera instancia civil actuarán como;
Jueces unipersonales en la forma y con la competencia establecida en el Código de Procedimiento Civil y en las demás leyes; o
Presidentes de los tribunales integrados con participación ciudadana que se establecieren.
Deberes y atribuciones de los jueces de primera instancia, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones:
1. Presidir el tribunal en los casos de constituirse tribunales mixtos o de jurados.
2. Enviar a la Corte de Apelaciones correspondiente, en el mes de enero de cada año, un resumen de sus decisiones en el año anterior.
1. Conocer en la primera instancia de todas las causas civiles que les atribuya el Código de Procedimiento Civil.
El Código de Procedimiento Civil cuando trata de los órganos jurisdiccionales, presenta la Competencia del Juez por la Materia y por el Valor de la Demanda y por el territorio.
La competencia por la materia: ésta se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan. Ejemplo: Si es civil, mercantil, penal, laboral, etc.
La competencia por el valor de la demanda: ésta se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, y por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ejemplo: en los casos civiles y mercantiles cuyo interés calculado no exceda de 5 Bs Fuertes, operaran de primera instancia los jueces de municipio; o cómo también tendrán competencia estos juzgados en los casos de quiebra de menor cuantía. (artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; ordinales 1 y 3).
El valor de la causa, a los fines de la competencia: se determina en base a la demanda, según las reglas siguientes:
-Para determinar el valor de la demanda se sumarán al capital los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza y la estimación de los daños y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda.
-Si se demandare una cantidad que fuere parte, pero no saldo de una obligación más cuantiosa, el valor de la demanda lo determinará el valor de dicha obligación, si ésta estuviere discutida.
-Cuando una demanda contenga varios puntos, se sumará el valor de todos ellos para determinar el de la causa, si dependen del mismo título.
-Cuando varias personas demanden de una o más, en un mismo juicio, el pago de la parte que las demandantes tengan en un mismo crédito, el valor de la causa se determinará por la suma total de las partes reclamadas.
-Si se demandaren prestaciones alimentarias periódicas, el valor de la demanda se determinará por el monto de las prestaciones reclamadas; pero si la obligación estuviere discutida, su determinación se hará por la suma de dos anualidades.
-Cuando se demande el pago de una renta de cualquier denominación que sea, el valor se determinará acumulando las anualidades reclamadas, pero si el título estuviere discutido, el valor se determinará acumulando diez anualidades. Esta regla se aplica también para determinar el valor de las causas relativas a prestaciones enfitéuticas.
-En las demandas sobre validez o continuación de un arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo indeterminado, el valor se determinará acumulando las pensiones o cánones de un año.
-En los casos de los dos supuestos anteriores, o en otros semejantes, si la prestación debe hacerse en especie, su valor se estimará por los precios corrientes en el mercado.
-Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.
-El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo a la sentencia definitiva.
-Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia, la causa resulte por su cuantía de la competencia de un Tribunal distinto, será éste quien resolverá sobre el fondo de la demanda, y no será motivo de reposición la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso la demanda originalmente.
-A los efectos de lo expuesto anteriormente, se consideran apreciables en dinero todas las demandas, salvo las que tienen por objeto el estado y la capacidad de las personas.
De la Competencia por el Territorio:
- Las demandas relativas a derechos personales y las relativas a derechos reales sobre bienes muebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde el demandado tenga su domicilio, o en defecto de éste su residencia. Si el demandado no tuviere ni domicilio ni residencia conocidos, la demanda se propondrá en cualquier lugar donde él se encuentre.
Las demandas a que se refiere lo expuesto anteriormente se pueden proponer también ante la autoridad judicial del lugar donde se haya contraído o deba ejecutarse la obligación, o donde se encuentre la cosa mueble objeto de la demanda con tal de que en el primero y en el último caso, el demandado se encuentre en el mismo lugar.
Los títulos de competencia a que se hace referencia, son concurrentes con los anteriores, a elección del demandante.
-Las demandas relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde esté situado el inmueble, la del domicilio del demandado, o la del lugar donde se haya celebrado el contrato, caso de hallarse allí el demandado; todo a elección del demandante.
-Los Tribunales del lugar de la apertura de la sucesión son competentes para conocer:
1. De las demandas sobre partición y división de la herencia y de cualesquiera otras entre coherederos, hasta la división.
2. De las demandas sobre rescisión de la partición ya hecha, y sobre saneamiento de las cuotas asignadas, con tal de que se propongan dentro de un bienio, a contar de la partición.
3. De las demandas contra los albaceas, con tal de que se intenten antes de la división, y si ésta no es necesaria, dentro de un bienio, a contar de la apertura de la sucesión.
4. De las demandas de los legatarios y los acreedores de la herencia, si se proponen en los términos indicados en los números precedentes.
La competencia que establece aquí no excluye la del domicilio, pero, siendo más de uno los demandados, deberán todos tener un mismo domicilio para que pueda proponerse la demanda ante el Tribunal a que ese domicilio corresponda.
-La demanda entre socios se propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde se halle el domicilio de la sociedad. Se propondrán ante la misma autoridad judicial las demandas entre socios, aun después de disuelta y liquidada la sociedad, por la división y por las obligaciones que se deriven de ésta, con tal de que se propongan dentro de un bienio, a partir de la división. Esto sin perjuicio de que pueda intentarse la demanda ante el Tribunal del domicilio en los términos que expresa el aparte último del artículo 43 del C.P.C.
-La demanda de rendición de cuentas de una tutela o de una administración se propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde se hayan conferido o ejercido la tutela o la administración o ante el Tribunal del domicilio, a elección del demandante. Esto sin perjuicio de lo establecido en el último aparte del artículo 43 iusdem.
-Cuando el obligado haya renunciado su domicilio podrá demandársele en el lugar donde se le encuentre.
Derogación de la competencia por el territorio: ésta puede darse por convenio de las partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine.
De las Modificaciones de la Competencia por Razón de Conexión y Continencia.
-En materia de fiadores o garantía y en cualquier demanda accesoria, conocerá el Tribunal donde esté pendiente la causa principal.
-La demanda contra varias personas a quienes por su domicilio o residencia debería demandarse ante distintas autoridades judiciales, podrá proponerse ante la del domicilio o residencia de cualquiera de ellas, si hubiere conexión por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa, salvo disposiciones especiales.
-Cuando por virtud de las solas pretensiones del demandado, como en los casos de oponer compensación o de intentar reconvención, el Tribunal haya de decidir sobre una cosa que por su valor corresponda al conocimiento de un Tribunal Superior, será éste el competente para conocer de todo el asunto, aunque el Tribunal ante quien se la haya propuesto lo fuese para conocer de la demanda sola.
-Cuando una controversia tenga conexión con una causa ya pendiente ante otra autoridad judicial, la decisión competerá a la que haya prevenido.
-La citación determinará la prevención.
-En el caso de continencia de causas, conocerá de ambas controversias el Juez ante el cual estuviere pendiente la causa continente, a la cual se acumulará la causa contenida.
-Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los efectos de la primera parte del artículo 51 del CPC:
3. Cuando haya identidad de título y de objeto, aunque las personas sean diferentes.
4. Cuando las demandas provengan del mismo título, aunque sean diferentes las personas y el objeto.
Además de la competencia general ya mencionadas asignadas a los Tribunales venezolanos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en el territorio nacional, los Tribunales de la República tendrán competencia para conocer de las demandas intentadas contra personas no domiciliadas en la República, aunque no se encuentren en su territorio:
1. Si se tratare de demandas sobre bienes situados en el territorio de la República.
2. Si se tratare de obligaciones provenientes de contratos o hechos verificados en el territorio de la República o que deban ejecutarse en ella.
3. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a la jurisdicción de los Tribunales de la República.
Si quien no tuviere domicilio en la República se encontrare transitoriamente en su territorio, podrá ser demandado ante los Tribunales respectivos, no sólo en los casos expresados en el artículo precedente, sino también cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República y en cualquier caso de demandas relativas a derechos personales en que la ejecución pueda exigirse en cualquier lugar.
En los dos casos precedentes, regirán las reglas de la competencia establecidas, en cuanto sean aplicables, teniéndose como domicilio o residencia el lugar donde se encuentre el demandado.
Cuando el contrato no se haya celebrado en Venezuela, y la persona no tenga habitación, residencia o domicilio elegido en la República, ni haya un lugar establecido para la ejecución del contrato, la demanda relativa a derechos reales o personales sobre bienes muebles se propondrá ante la autoridad judicial del lugar donde el actor tenga su domicilio, residencia o habitación y si versare sobre inmuebles determinados, ante el Tribunal del lugar donde se encuentren éstos.
Los Tribunales venezolanos tendrán competencia para conocer de las demandas relativas al estado de las personas o las relaciones familiares:
1. Cuando el Derecho venezolano sea competente para regir el fondo del litigio.
Son competentes los Tribunales venezolanos para dictar medidas provisionalmente de protección de las personas que se encuentren en el territorio de la República, aunque carezca de jurisdicción para conocer del fondo del litigio.
2. Conocer de los juicios en que la República sea parte, cuyo conocimiento no esté atribuido a la Corte Suprema de Justicia.
( Ver artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia)
3. Conocer de los procesos fiscales relativos a impuestos nacionales, cuyo conocimiento no esté atribuido por la ley a otro tribunal.
4. Conocer en segunda y última instancia de las causas e incidencias civiles decididas en primera instancia por los juzgados de Municipio, así como también de los recursos de hecho.
El recurso de hecho es propiamente un recurso, porque impugna una resolución judicial cuya eficacia trata de eliminar, y debe ser decidido por un tribunal distinto de aquel que dictó la providencia recurrida, es la garantía procesal del recurso de apelación.
1. Conocer de las causas mercantiles que les atribuya el Código de Comercio
El Tribunal de Primera Instancia sustanciará las causas y ejecutará las sentencias de conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Civil y las especiales del Código de Comercio.
En lo que no estuviere especialmente determinado en el Título II del Código de Comercio, regirán las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
No pertenecen a la jurisdicción comercial las acciones contra los agricultores y criadores por la venta de los frutos de sus cosechas y ganados, ni las intentadas contra los comerciantes para el pago de lo que hubieran comprado para su uso o consumo particular o para el de sus familias.
-Si el acto es comercial aunque sea para una sola de las partes, las acciones que de él se deriven corresponderán a la jurisdicción comercial
-Se observarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para determinar el Tribunal competente en consideración a la cuantía del interés de la acción y para fijar la cuantía.
-Las acciones personales y las acciones reales sobre bienes, originadas de actos ejecutados por cuenta de una sociedad nacional o extranjera, por su gerente o representante fuera del sitio social, pueden ser propuestas por los terceros ante la autoridad judicial donde se ejerza el comercio o resida el gerente o representante.
-Las acciones que resulten del contrato de transporte pueden ser propuestas ante la autoridad judicial del lugar en que reside un representante del porteador, y si se trata de caminos de hierro, ante la autoridad judicial en que se encuentra la estación de salida o de llegada.
-Las acciones que resulten de abordaje de navíos pueden ser intentadas ante la autoridad judicial del lugar del suceso, o de la primera arribada o del destino, sin perjuicio del procedimiento que deba seguirse, según las ordenanzas de marina o de matrícula, u otras leyes especiales.
-Si se trata de controversias ocurridas en tiempos de ferias o mercados el que sea necesario proceder sin dilación, la autoridad más inmediata, aunque no sea competente, dictará las providencias provisionales que creyere oportunas, y remitirá inmediatamente lo actuado al Tribunal competente.
2. Conocer en segunda y última instancia de las causas e incidencias decididas en primera instancia por los Juzgados de Municipio en materia mercantil, así como también de los recursos de hecho.
3. Transmitir a los juzgados superiores las quejas que reciba contra los funcionarios inferiores por omisión, retardo o denegación de justicia o por falta de cumplimiento de sus deberes, cuando actúen en materia mercantil, a fin de que se siga el procedimiento legal y haga efectivas las responsabilidades del caso.
Concatenando con el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.”
Y conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia……… “Cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia, de oficio o instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conocimiento del asunto, o en su defecto lo asigna a otro tribunal.
Esta atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico, que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido.
La Sala requerida examinará las condiciones concurrentes de procedencia del avocamiento, en cuanto que el asunto curse ante algún Tribunal de la República, independiente de su jerarquía y de especialidad, que la materia vinculada sea de la competencia de la Sala, sin importar la etapa o fase procesal en que éste se encuentra, así como las irregularidades que se alegan hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los recursos ordinarios. Al admitir la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requiriendo el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacuerdo por el mandamiento de prohibición.
La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tiene pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente por la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para restablecer el orden jurídico infringido.”
1. Conocer en primera instancia de las causas en materia penal cuyo conocimiento no esté atribuido al tribunal.
Tribunales unipersonales: Estará constituido por un juez profesional. Es de la competencia del tribunal de juicio unipersonal el conocimiento de:
Corresponde al tribunal de control hacer respetar las garantías procesales, decretar las medidas de coerción que fueren pertinentes, realizar la audiencia preliminar, y la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos. También será competente para conocer la acción de amparo a la libertad y seguridad personal, salvo cuando el presunto agraviante sea un tribunal de la misma instancia, caso en el cual el tribunal competente será el superior jerárquico.
Tribunal mixto. Es de la competencia del tribunal mixto el conocimiento de las causas por delitos cuya pena sea mayor de cuatro años en su límite máximo.
Atribuciones del Juez presidente. El juez presidente del Circuito, sin interferir en la autonomía y jerarquía de los jueces, tendrá las atribuciones administrativas siguientes:
1. Supervisar la administración del Circuito y proponer el nombramiento del personal auxiliar;
2. Dirigirse a los jueces del Circuito sólo a fines administrativos;
3. Supervisar el funcionamiento del sistema de distribución de causas, a fin de asegurar su equidad;
4. Coordinar las relaciones del Circuito con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura;
5. Representar al Circuito ante las instituciones públicas y privadas;
6. Las demás que le sean asignadas en este Código, las leyes y el Reglamento Interno del Circuito Judicial Penal.
Consejo Judicial Penal. Los jueces presidentes de los Circuitos Judiciales Penales constituyen el Consejo Judicial Penal, dirigido por el juez presidente de mayor antigüedad judicial. Corresponde al Consejo::
1. Aprobar el Reglamento Interno de los Circuitos Judiciales Penales;
2. Evaluar el desempeño de los Circuitos Judiciales Penales;
3. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de los Circuitos Judiciales Penales. Este proyecto será remitido a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para su inclusión, en los términos presentados, en el proyecto de presupuesto del Consejo. El Ejecutivo Nacional lo incorporará sin modificaciones al respectivo Proyecto de Ley de Presupuesto, que se someterá a la consideración de la Asamblea Nacional.
2. Conocer de todas las causas o negocios de naturaleza penal, que se les atribuyan
Funciones jurisdiccionales: Los jueces en el ejercicio de las funciones de control, de juicio y de ejecución de sentencia, según sea el caso, actuarán conforme a las siguientes reglas:
Juez presidente del Circuito Judicial Penal. La dirección administrativa del Circuito Judicial Penal estará a cargo de un juez presidente designado por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. El juez presidente deberá ser juez titular de Corte de Apelaciones y tener formación en materia de administración. En la misma oportunidad del nombramiento del juez presidente se designará un juez vicepresidente, que deberá reunir iguales condiciones del juez presidente y suplirá sus ausencias temporales.
E.-EN MATERIA LABORAL
La jurisdicción laboral se ejerce por los Tribunales del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la LEY ORGANICA PROCESAL DEL TRABAJO
Los Tribunales del Trabajo que conocer en primera instancia serán unipersonales, constituidos por un Juez y un Secretario, ambos profesionales del derecho.
Todas aquellas causas en donde no se hubiese dado contestación al fondo de la demanda serán remitidas al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución; las mismas se tramitarán de conformidad con las normas de esta Ley;
Todas aquellas causas en donde se haya contestado al fondo de la demanda y esté vencido o por vencerse el término de promoción de pruebas, se procederá a evacuar las mismas conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo y el procedimiento continuará su curso, conforme lo estipula el numeral 3 de este artículo.
Cuando se encuentre en el lapso de evacuación de pruebas, vencido este según la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, se procederá a fijar el acto de informes orales, para el décimo quinto (15) día hábil siguiente; las conclusiones de estos informes deberán ser consignadas en forma escrita, en la misma oportunidad de su presentación oral, con una extensión máxima de tres (3) folios. E Juez de Juicio dictará su sentencia dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la presentación de los informes.
Cuando se encuentren en estado de sentencia, se pronunciará el fallo dentro de los treinta (30) dial siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley
Fases del proceso laboral
Los Tribunales Superiores del Trabajo serán colegiados o unipersonales Los primeros estarán constituidos por tres (3) Jueces y un Secretario, y los segundos, por un Juez y un Secretario, todos profesionales del derecho.
Los Tribunales del Trabajo tendrán un Secretario, que deberá ser venezolano, mayor de edad, abogado de la República y será nombradoo0 removido en la forma y condiciones que determine la ley.
Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social; y
Las demandas o solicitudes se propondrán por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente por el territorio que corresponda. Se consideran competentes, los Tribunales del lugar donde se prestó el servicio o donde se puso fin a la relación laboral o donde se celebró el contrato de trabajo o en el domicilio del demandado, a elección del demandante. En ningún caso podrá establecerse o convenirse un domicilio que excluya a los señalados anteriormente.
PROCEDIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO EN PRIMERA
También podrá presentarse la demanda en forma oral ante el Juez del Trabajo, quien personalmente la reducirá a escrito en forma de acta, que pondrá como cabeza del proceso.
Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.
La perención se verifica de pleno derecho y debe sin declarada de oficio por auto expreso del Tribunal.
La perención no impide que se vuelva a proponer la demanda y solamente extingue el proceso. En tal sentido, no corren los lapsos de prescripción lealmente establecidos y no se aplica la consecuencia jurídica establecida en el artículo 1.972 del Código Civil.
Gaceta Oficial N° 37.942 del 20 de mayo de 2004.
Artículo 21. En los juicios en que sea parte la República deberá agotarse previamente el procedimiento administrativo establecido en la Titulo Cuarto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y supletoriamente se aplicará lo contenido en las normas del procedimiento ordinario, salvo lo establecido en esta Ley.
Toda persona natural o jurídica, o el Fiscal General de la República o el Defensor del Pueblo podrá proponer ante el Tribunal Supremo de Justicia, demanda de nulidad, por ilegalidad o inconstitucionalidad, de contratos, convenios o acuerdos celebrados por los organismos públicos nacionales, estadales, municipales o del Distrito Capital, cuando afecten los intereses particulares o generales, legítimos, directos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.
La Procuraduría General de la República deberá intervenir en aquellos juicios en los que, si bien la República no es parte, son afectados directa o indirectamente los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la misma.
El demandante deberá consignar junto con la demanda y sus anexos, una copia simple de los mismos; con el objeto de que sean agregados a la boleta de citación del Procurador General de la República.
La admisión de la demanda, las pruebas y el acto de informes, se tramitará conforme al procedimiento establecido en el artículo 19 de la presente ley. En el auto de admisión se ordenará la citación del Procurador General de la República, en los términos previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Una vez que se practique la citación al Procurador General de la República, se entenderá que las partes están a derecho para los actos del proceso, salvo que exista alguna disposición del Código de Procedimiento Civil, que ordene lo contrario.
El Procurador General de la República podrá solicitar copia de los escritos o documentos presentados por la otra parte, que a su juicio, sean necesarios para la mejor defensa de los intereses de la República.
En caso de reconvención, el Tribunal Supremo de Justicia podrá, a solicitud del Procurador General de la República, fijar el acto de la contestación de la misma, dentro de los veintes días (20) hábiles siguientes, si aparece de los autos que la reconvención es independiente de la causa que sirve de fundamento a la acción intentada. El Tribunal Supremo de Justicia dictará sentencia dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, una vez concluido el acto de informes, el cual se podrá prorrogar por una sola vez, por el mismo período, cuando la complejidad y naturaleza del asunto exija mayor término.
Toda persona natural o jurídica, que sea afectada en sus derechos o intereses por una ley, reglamento, ordenanza u otro acto administrativo de efectos generales emanado de alguno de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, o que tengan interés personal, legítimo y directo en impugnar un acto administrativo de efectos particulares puede demandar la nulidad del mismo, ante el Tribunal Supremo de Justicia, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad. El Fiscal General de la República y demás funcionarios a quienes las leyes les atribuyan tal facultad, podrán también solicitar la nulidad del acto, cuando éste afecte un interés general.
En la demanda se indicará con toda precisión el acto impugnado, las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de derecho en que se funde la acción. Si la nulidad se concreta a determinados artículos, a ellos se hará mención expresa en la solicitud indicándose respecto de cada uno la motivación pertinente, o se refiere a un acto administrativo, se indicarán los aspectos formales del mismo; a la misma se acompañará un ejemplar o copia del acto impugnado, el instrumento que acredite el carácter con que actúe, si no lo hace en nombre propio, y cualesquiera otros documentos que considere necesarios hacer valer sus derechos.
En el auto de admisión se ordenará la citación del representante del organismo o del funcionario que haya dictado el acto, al Fiscal General de la República, si éste no hubiere iniciado el juicio, el cual deberá consignar un informe hasta el vencimiento del plazo para presentar los informes; al Procurador General de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República. Asimismo, cuando fuere procedente, en esa misma oportunidad, se podrá ordenar la citación de los interesados, por medio de carteles que se publicarán en un diario de circulación nacional, para que se den por citados, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. El recurrente deberá consignar un ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación; el incumplimiento de ésta obligación se entenderá que desiste del recurso, y se ordenará el archivo del expediente.
Una vez practicada la citación, cualquiera de las partes podrán solicitar la apertura de un lapso para promover y evacuar las pruebas que consideren convenientes para la mejor defensa de sus intereses, dicho lapso será de cinco (5) días hábiles para promover, y treinta (30) días continuos para evacuarlas, en caso de que fuere necesario, dicho plazo podrá extenderse por una sola vez, por un lapso de quince (15) días continuos, cuando sea necesario. En el período de promoción de pruebas, las partes indicarán los hechos sobre los cuales recaerán las mismas y producirá aquellas que no requieran evacuación.
El Tribunal Supremo de Justicia, en cualquier estado de la causa, podrá solicitar información o hacer evacuar de oficio las pruebas que considere pertinentes. Solo serán admisibles las pruebas contempladas en el artículo 19 de la presente Ley; sobre la admisión, regirá procedimiento contemplado en el Código de Procedimiento civil. Contra el auto que niegue la admisión de las pruebas, se oirá apelación en ambos efectos.
Vencido el período de pruebas, en caso de que fuere solicitado, o expirado el lapso previsto para promover, cuando no sea necesario evacuarlas, se designará un Magistrado o Magistrada ponente, conforme al procedimiento contemplado en el artículo 20 de la presente Ley.
Las excepciones o defensas opuestas en el curso de estos juicios serán decididas en la sentencia definitiva, a menos que el Juzgado de Sustanciación considere que debe resolverse alguna de ellas previamente, en cuyo caso, si fuere necesario, abrirá una articulación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil.
En su fallo definitivo el Tribunal Supremo de Justicia declarará, si procede o no, la nulidad del acto o de los artículos impugnados, y determinará, en su caso, los efectos de la decisión en el tiempo, igualmente, podrá, de acuerdo con los términos de la solicitud, condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, así como disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Cuando la acción hubiese sido temeraria o evidentemente infundada, impondrá al solicitante multa entre cincuenta (50) y cien (100) unidades tributarias.
El Tribunal Supremo de Justicia ordenará la publicación de la decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En caso de que fuese declarado con lugar el recurso, prescribirá que en el Sumario de ésta, se indique, con toda precisión, el acto o disposición anulada.
La infracción del artículo 137 de la Constitución de la República, no podrá invocarse como fundamento de la acción o del recurso a que se refieren a los procedimientos contenidos en las nulidades de los actos de efectos generales y particulares, sino cuando otra disposición de aquélla haya sido directamente infringida por el acto cuya nulidad se solicita.
Las acciones o recursos de nulidad contra los actos generales del Poder Público podrán intentarse en cualquier tiempo, pero los dirigidos a anular actos particulares de la Administración, caducarán en el término de seis (6) meses contados a partir de su publicación en el respectivo órgano oficial, o de su notificación al interesado, si fuere procedente y aquélla no se efectuare, o cuando la Administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo en el término de noventa (90) días continuos, contados a contar de la fecha de interposición del mismo. Sin embargo, aún en el segundo de los casos señalados, la ilegalidad del acto podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el recurso de nulidad caducará a los treinta días.
El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a solicitud de parte, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio.
Las controversias a que se refiere estos numerales 31 y 33 del articulo 5 de la presente ley, se iniciaran por la entidad que le interesen, mediante demanda escrita, donde expondrá en forma clara y detallada el asunto de que trate, e indicará la otra entidad contra quien obra la acción.
En la misma audiencia en que se dé cuenta de la demanda, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, deberá remitirla al Juzgado de Sustanciación, junto con los anexos que la acompañen.
Admitida la demanda, el Juzgado de Sustanciación emplazará a la entidad demandada, para comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia, en un plazo de veinte (20) días hábiles, mas el término de la distancia, en caso de que sea procedente, para que consignen el fundamento de sus pretensiones, en relación con la materia litigiosa y las razones de hecho y de derecho en que se funde.
El cartel de emplazamiento se hará por oficio, al que se acompañará una copia de la demanda.
Vencido el lapso para el cual fue emplazada la entidad demandada, y no compareciere, se le designará, de oficio, un defensor, para que lo represente en el proceso; al cual se le notificará, a fin de que comparezca, dentro de los cinco días hábiles siguientes, para la aceptación y juramento. Luego, comenzará a correr un lapso de veinte días hábiles, a fin de que consigne escrito en el cual haga valer los derechos de su representado. Las funciones del defensor cesarán al hacerse parte en el juicio el representante del ente, quien continuará en el estado en que se encuentre el juicio; los lapsos no se interrumpirán, ni habrá reposición de los mismos.
Vencidos los términos señalados anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia procurará la conciliación de las partes, en un lapso de cinco (5) días hábiles continuos. Si no se lograse la misma, se abrirá, de pleno derecho, el lapso probatorio. Los lapsos para promover y evacuar pruebas se realizarán conforme lo prevé el Código de Procedimiento Civil.
El Juzgado de Sustanciación podrá requerir de oficio, cualquier información que considere pertinente y solicitar de los representantes de las partes y de los expertos que intervengan en el juicio, las explicaciones que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Concluido el lapso probatorio o su prórroga, continuará el procedimiento por los trámites previstos en el artículo 19 de la presente ley.
Procedimientos penales en el tráfico ilícito de drogas en Venezuela
Autoridades de la policía de investigaciones penales, bajo la dirección del Ministerio Público, practicarán las diligencias conducentes a la determinación de los hechos punibles y a la identificación de sus autores y partícipes.
El Juez de Primera Instancia en lo Penal de la circunscripción judicial del lugar donde se cometió el hecho punible.
El proceso penal se inicia por "auto de proceder".
No procede el beneficio de libertad provisional.
Dentro de los 30 días consecutivos al decomiso y previa realización de la "experticia", el tribunal notificará a División de Drogas y Cosméticos del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para indagar si el Ministerio requiere de dichas sustancias.
Si éstas no tienen uso terapéutico, serán destruidas. En esta etapa se acumulan las pruebas: indicios, testigos, peritaje, inspecciones policiales o judiciales, documentos, pruebas de laboratorio y la declaración libre del imputado.
Dentro de los ocho días consecutivos del recibo del expediente y de haber puesto a su orden el detenido, el Juez de Primera Instancia en lo Penal deberá decidir si se inicia el juicio.
Luego de oída la declaración indagatoria rendida por el detenido, éste podrá apelar.
Si no apela, se declara cerrado el sumario.
El auto que decrete la libertad del detenido debe ser elevado en consulta al superior.
Después de dictado el auto de detención, el sumario no se prolongará por más de 30 días.
El Tribunal de Primera Instancia en lo Penal declarará concluido el sumario. El fiscal presenta los cargos y en ese mismo acto se señala fecha para la audiencia del procesado.
En la audiencia pública se pueden alegar las excepciones dilatorias y la inadmisibilidad. En ese mismo acto o en la audiencia siguiente se pueden contestar dichas excepciones.
El tribunal superior está en la obligación de mandar a evacuar las pruebas que hubieren dejado de evacuarse en el sumario o las que crea conduzcan a la verdad.
El fiscal y la defensa harán sus alegatos orales y presentarán sus conclusiones.
El Superior dicta sentencia dentro de las cinco audiencias siguientes. Los bienes muebles e inmuebles, capitales, vehículos, naves o aeronaves, aparatos, equipos, instrumentos y demás objetos que se empleasen para la comisión de los delitos, así como aquellos bienes sobre los que exista presunción grave de delitos o de los beneficios de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, serán, en todo caso, decomisados y se pondrán en la sentencia condenatoria definitivamente firme, sin necesidad de remate, a disposición del Ministerio de Hacienda.
Recurso de casación. Se declarará con lugar el recurso de casación en las infracciones de fondo cuando la sentencia sea violatoria de una norma cualquiera de derecho sustancial proveniente de un error de apreciación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o que ha aplicado falsamente una norma jurídica o de la apreciación de determinada prueba, o de una norma no vigente o se haya violado una máxima de la experiencia.
Gaceta Oficial Nº 5.262 (Extraordinaria) de fecha 11 de septiembre de 1998.
Gaceta Oficial Nº 475 de 21 de fecha diciembre de 1955.
Gaceta Oficial Nº 5.558 (Extraordinaria) de fecha 14 de noviembre del 2001.
Category: clasificacion de lo trib. en vzla.
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DERECHO PENAL 2. delito. accion. atipicidad. dolo ...
DERECHO MERCANTIL 1. CONCEPTOS BASICOS

References: artículo 43
 artículo 43
 artículo 51
 artículo 21
 resolución 
 artículo 257
 artículo 18
 artículo 1

Artículo 21
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 386
 artículo 137
 artículo 19