Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2014/se201400251.html
Timestamp: 2019-03-19 23:39:53+00:00

Document:
as201400251
SENTENCIA: 251/2014.
EXPEDIENTE: 78/2008.
PARTES: Editorial Canelas S.A. contra la Superintendencia Tributaria General.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa Editorial Canelas S.A. contra la Superintendencia Tributaria General actual AGIT.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativo de fs. 446 a 462, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0619/2007 de 29 de octubre, que resuelve revocar totalmente la Resolución STR-CBA/ 0101/2007 de 08 de junio, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, manteniendo firme y subsistentes las Resoluciones Sancionatorias No. 42/2007, 43/2007, 47/2007, 48/2007, 49/2007 y 50/2007, la respuesta de fs. 496 a 500, los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que, Edgar Ricardo Ruck Arzabe y Sergio Rodrigo Arce Jordán en representación de la Empresa Editorial Canelas S.A., mediante Testimonio de Poder No. 303/2007 de 15 de octubre, dentro el plazo previsto en el art. 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (C.Pdto.C.), por memorial de fs. 446 a 462 se apersona fundamentando su demanda que se sintetiza en lo siguiente:
1.- En fecha 31 de octubre de 2006, dejaron notificaciones de 28 Procesos de Ejecución Tributaria (en adelante P.E.T.), referidos a 22 resoluciones pertenecientes a un proceso contencioso tributario, tramitado en el Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Cbba. (Exp. 16/06), y 6 Procesos de Ejecución Tributaria sobre los impuestos al valor agregado IVA e impuestos a la transacción IT de mayo a julio de 2006, que ahora es objeto de este litigio.
2.- En fecha 2 de noviembre 2006, Editorial Canelas S.A. solicitó nulidad de esas 22 P.E.T., como también de los 6 nuevos P.E.T. con Nos. 255/2006, 256/2006, 260/2006, 261/2006, 262/2006 y 263/2006.
3.- En fecha 19 de diciembre 2006, ilegalmente GRACO Cbba. Deja en portería del edificio “LOS TIEMPOS” el acto administrativo No. GC/DTJC/UCC/C 639/2006 DE 20.11.06. el mismo que sin resolver las nulidades planteadas de los 6 P.E.T., confundiendo los 28 P.E.T. con la ejecución de los periodos IVA E IT 09/2004, 07/2005 a 12/2005 y 01/2006 a 07/2006. Olvidando que los impuestos IVA e IT 05/2006 a 07/2006 no son objeto de litigio.
4.- En fecha 05 de enero 2007, se presentó Recurso de Alzada contra el Acto Administrativo Definitivo No. 639/2006, solicitando la suspensión de todo acto contra los periodos IVA e IT. 05/2006, 06/2006 y 07/2006.
5.- Por decreto 18 de enero 2007, se admitió el recurso de alzada, corriéndose en traslado a la Gerencia Distrital GRACO Cbba, y el 14 de febrero se calificó el proceso como de puro derecho.
6.- En fecha 31 de octubre de 2006, entre las 12:40 y 13:50, la Gerencia Distrital del SIN-GRACO Cbba., dejó 6 notificaciones por cédula, de 6 Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales (en adelante A.I.S.C.), UTJ Nos. 217/2006, 218/2006222/2006, 223/2006, 224/2006 Y 225/2006 IVA e IT 05/2006 A07/2006.
7.- En fecha 17 de noviembre 2006, Editorial Canelas presentó memorial que fue recepcionado por el SIN en la misma fecha, sin darse por notificada, solicitó la nulidad de los 6 A.I.S.C. dictados por autoridad incompetente.
8.- También indica que las nulidades planteadas no fue ron respondidas por la Administración Tributaria demandada.
9.- Después de más 60 días GRACO Cbba. del S.I.N. notifica a la Editorial con 6 Resoluciones Sancionatorias, sin resolver las nulidades planteadas, determinando sancionar al contribuyente por los periodos 05/2006 a 07/2006 por el IVA e IT, los cuales fueron demandados de nulidad.
10.- El 02 de marzo de 2007, ante la Superintendencia Tributaria Regional Cbba. del S.I.N. se interpuso Recurso de Alzada contra las Resoluciones Sancionatorias: 42/2007,47/2007, 43/2007, 48/2007, 49/2007 y 50/2007, por los impuestos IVA e IT por los periodos: 05/2006, 06/2006, 06/2006 y 07/2006, así como de todo acto que contenga nulidades de forma y fondo.
11.- El 14 de marzo de 2007, se notificó a Editorial Canelas S.A. con el Recurso de Alzada, y Auto de Admisión de 9 de marzo de 2007.
12.- Con el Auto de Admisión de Recurso de Alzada de fecha 09 de marzo, Editorial Canelas S.A. fue notificado (fojas 0012).
13.- En fecha 4 de abril de 2007, la Dra. Silvia Paz a nombre de la Administración Tributaria, presenta memorial contestando a la demanda, remitiendo prueba a fs. 360 de antecedentes.
14.- El 18 de abril de 2007, el Dr. Adolfo Villarroel Gonzales de GRACO Cbba. del SIN ratifica prueba, y se pone en conocimiento de la Editorial.
15.- En fecha 31 de mayo de 2007, Rosmery Villacorta Guzmán Directora Técnica y el Dr. Eduardo M. Garces Cáceres Director Legal, emite informe No. RVG/EGC/CBA/INF. 018/2007, y remiten dicho informe al Dr. Aníbal E. Rodríguez Orias Intendente Tributario Regional Cbba. Del S.I.N., que concluye por recomendar anular obrados hasta los 6 A.I.S.C. inclusive.
16.- En fecha 8 de junio de 2007, el Superintendente Tributario Regional a.i. Cbba. Dr. Carlos Terán Álvarez, emite la Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/0101/2007, que anula obrados hasta los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales.
17.- En fecha 18 de junio de 2007, Editorial Canelas S.A. pide rectificación y aclaración de 6 puntos de la Resolución STR-CBA/0101/2007, que fue negada por Auto de 22/06/2007, la STR-Cbba.
18.- Por memorial de 26 de junio de 2007, la Editorial interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada STR-CBA/0101/2001, y por Auto de 10 de julio de 2007, se admite el mismo, notificándole al recurrente el 11 de julio de 2007.
19.- El 29 de octubre de 2007, el Dr. Rafael Sandoval – Superintendente Tributario General a.i. en forma ilegal dicta la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG-RJ/0619/2007, que revoca totalmente la Resolución de Recurso de Alzada y declara subsistente las 6 Resoluciones Sancionatorias.
20.- Por memorial de 20 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria, solicita desglose de la documentación y toda prueba, el Dr. Carlos Terán Álvarez, ordena remitir dicha solicitud a la STG de La Paz, por lo que, Editorial Canelas S.A. solicita con carácter de urgencia se ordene la suspensión de los actos impugnados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: Nulidad y anulabilidad del procedimiento del recurso jerárquico en la forma.
Refiere que los Recursos de Alzada y Jerárquico fueron tramitados en franca violación a lo establecido en el art. 218 y conexos del Nuevo Código Tributario, así como el art. 219 de la Ley 2492.
NULIDAD POR INCUMPLIMIENTO A PLAZOS PROCESALES
Expresa agravios por dictar la Resolución fuera de plazo en base a los arts. 198 y 218 del Código Tributario y normas conexas, Ley 2341 y art. 55 del Decreto Supremo reglamentario N° 27113.
a.1) Menciona que el Recurso de Alzada no fue admitido, rechazado u observado en el plazo fatal de 5 días, siendo que el Auto de Admisión fue emitido supuestamente el 9 de marzo de 2007, fuera del plazo.
a.2) Que según la diligencia de notificación, el 20 de marzo de 2007, se notificó a Editorial Canelas S.A. con el auto de admisión y las Resoluciones Sancionatorias, teniendo el plazo de 15 días improrrogables para responder al Recurso de Alzada, y que en fecha 04 de abril de 2007 a horas 17:40 es respondida por la Dra. Silvia Paz Mendoza quien no tiene legitimación activa para representar a la Administración Tributaria, pese a estas violaciones el 11 de abril de 2007, se notifica con el Auto de Calificación en fecha 9 de abril de 2007, fuera de las 24 horas dispuesta por ley, lo que prueba que estos actos procesales vulneran lo dispuesto en el art. 218 inciso d) de la Ley 2492, así como los arts. 35 y 36, inciso II de la Ley 2341 y su Decreto Supremo Reglamentario en sus arts. 74 inc. 1) y 201 de la Ley 2492.
a.3) El Recurso Jerárquico ha sido resuelto fuera del plazo legal, dispuesto por el art. 210 inc. III y 219 inc. f) de la Ley 2492, resultando nulo, de acuerdo al art. 31 de la Constitución Política del Estado (abrogada), art. 35 del Procedimiento Administrativo, y los arts. 5, 74 y 201 de la Ley 2492.
NULIDAD ANTE LA AUSENCIA DE INFORMES TECNICOS JURIDICOS.
El art. 211 inc. III del Código Tributario, señala la existencia obligatoria de informe jurídico y técnico previo a la emisión de la resolución, conforme a la estructura interna resultando una exigencia del debido proceso, en ese entendido el informe No. RVG/ECG/CBA/INF 18/2007 DE 31.05.07 de fs. 49 a 50, no registra la profesión de la firmante, y este es un informe de dirección y no se constituye un informe técnico y al estar dirigido al Intendente Tributario, quien no tiene competencia legal en razón de territorio, resultando claro que el Recurso de Alzada se ha tramitado sin los requisitos exigidos por ley, por lo que se vulneró el art. 35 de la Ley 2341 y art. 74 inc l) de la Ley 2492, cuyo desconocimiento afecta el derecho a la defensa, el debido proceso y el principio de imparcialidad.
NULIDAD DE FONDO DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA Y JERARQUICO.
1.- Ausencia de decisión expresa, positiva y precisa sobre cuestiones planteadas en la Resolución de recurso de alzada, como las nulidades de notificación, nulidad por actuación de autoridad sin competencia, falta de hecho generador, falta de aplicación del procedimiento sancionador permitido, que afectan a lo preceptuado en la Constitución Política del Estado (art. 14, 16 y conexos), máxime si se ha solicitado la aclaración y rectificación de estos aspectos, siendo evidente la intención de no dilucidar conforme a ley.
Por otro lado el Recurso Jerárquico de igual modo no se pronuncia sobre los siguientes aspectos: La ausencia del hecho generador, nulidad de actos ilícitos ye imposibles, no aplica el procedimiento sancionador debido, y viola lo establecido en la Constitución Política del Estado en sus art.14 y 16, al ser una resolución ultrapetita, por lo que es evidente la falta de pronunciamiento que causan la nulidad de las 6 resoluciones sancionatorias, de acuerdo al art. 4 y 35 de la Ley 2341 y el art. 202 inc. c) de la Ley 2492.
2.- Nulidad por falta de sustentación de hecho y de derecho aplicable, de acuerdo al art. 211 de la Ley Nº 2492, ya que de la transcripción del mismo, se evidencia que se ha lesionado el debido proceso, atentado el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, generando nulidad de acuerdo al art. 35 de la Ley Nº 2341 y los arts. 5 y 74 inc. I de la Ley Nº 2492.
3.- Falta de valoración de las normas tributarias adjetivas, ya que los procedimientos sancionadores aplicados no son los que corresponden, en función a la Ley Nº 2166, que solo su personal institucionalizado puede efectuar actos administrativos, efectivos y eficaces, por tanto los recursos jerárquico y de alzada han sido resueltos por sus gerentes sin la competencia debida, conteniendo vicios de nulidad, afectando el art. 211 de la Ley Nº 2492, en este mismo sentido los Informes son nulos por no estar dentro lo establecido del art. 18 de RND 10-0021-04.
Así concluye, solicitando se declare probada la demanda, y se anule o revoque totalmente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0619/2007, Resolución de Recurso de Alzada 0101/2007, Auto de fecha 22 de junio de 2007, que rechaza la resolución de rectificación y aclaración, así como las 6 resoluciones sancionatorias.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 19 de febrero de 2008, y corrida en traslado (fs.465), el Superintendente Tributario General Rafael Rubén Vergara Sandoval, se apersona y contesta la demanda (fs. 495 a 500), lo que se resume en síntesis en lo siguiente:
Que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0619/2007, está plenamente respaldada en los fundamentos técnico jurídicos que dieron lugar a la misma y que el vicio de anulabilidad invocado por el demandante por presunto incumplimiento de plazos procesales, corresponde precisar que el art. 198.II de Ley 3092 del CTB, expone que: dentro del plazo de cinco (5) días de presentado el recurso, la Superintendencia Tributaria Regional dictará el respectivo Auto de Admisión, disponiendo su notificación a la autoridad recurrida, además, en el mismo actuado dispondrá se notifique a la autoridad recurrida con la interposición del recurso y no así que el actuado sea notificado dentro del plazo de los cinco días.
Por otro lado sobre la nulidad de actos administrativos dictados por autoridad sin competencia, refiere específicamente al nombramiento del Gerente GRACO Cochabamba mediante Resolución Administrativa 03-0184-06, de 24 de mayo de 2006, con carácter interino por ser materia de control de constitucionalidad, como bien señala el demandante cuando invoca el art. 31 de la Constitución Política del Estado, su petición tenía que ser tramitada directamente ante el Tribunal Constitucional mediante Recurso Directo de Nulidad, en el plazo perentorio improrrogable de 30 días, Recurso que no fue oportunamente utilizado por el demandante, reconociendo plenamente la competencia de la autoridad.
Se arguye que la Resolución Jerárquica no tiene una decisión expresa, positiva y precisa sobre las cuestiones planteadas, hechos generadores y por contener actos sancionadores que violan la CPE, por lo que corresponde precisar que conforme establece el art. 94 de la Ley 2492 (CTB), la deuda tributaria puede ser determinada por el sujeto pasivo a través de la declaración jurada y de acuerdo con lo que precisa el art. 78-I del mismo cuerpo legal, son manifestaciones de hechos, en este sentido, el hecho generador es informado por el mismo contribuyente, en las respectivas declaraciones juradas presentadas voluntariamente, de la confusión de dos procedimientos sancionadores previstos en los arts. 165 y 168 de la Ley Nº 2492 (CTb), cabe aclarar que el núm. 6 del art.108-I del mismo cuerpo legal, dispone que dentro de los actuados administrativos que constituyen directamente Títulos de Ejecución Tributaría, se encuentran las Declaraciones Juradas, presentadas por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, por su parte, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), tipifica como contravención de Omisión de Pago, ya que si no paga, o paga parcialmente la deuda tributaria, conforme a las formalidades y plazos establecidos, se sancionará con una multa del 100% del monto calculado para la deuda tributaria, a la vez la nulidad del Recurso de Alzada por ausencia del Informe Técnico Jurídico, señalando que sólo cursa un borrador del informe de Dirección No. RVG/ECG/CBA/INF. 018/2007 de 31 de mayo de 2007, aspecto totalmente falso que puede ser comprobado en obrados el citado Informe del personal técnico que apoya la labor del Superintendente Regional (fs. 49-50 vta. del expediente), no correspondiendo la nulidad invocada, por no ajustarse a derecho ni a los antecedentes del expediente.
Que la Superintendencia Tributaria General dio estricto cumplimiento al art. 213-II de la Ley 2492 (CTB), la resolución contiene decisión expresa, positiva y precisa sobre los puntos planteados evidenciándose que el demandante no realizó una adecuada revisión de la Resolución Jerárquica STG-RJ/0619/2007 de 29 de octubre de 2007, además el demandante confunde apersonamiento con presentación del memorial, siendo el apersonamiento el acto por el cual la autoridad administrativa competente, se apersona o se presenta ante otra autoridad y necesariamente acompañe el documento que acredite la legitimación activa o pasiva y la presentación de memorial es el simple acto de entrega realizado no necesariamente por la autoridad, sino por el abogado patrocinante o un funcionario de la entidad impugnada, respecto a la observación de la intervención de servidores públicos de la Administración Tributaria sin competencia para suscribir proveídos de notificación por cédula, no se precisa exactamente a qué tipo de actuado se refiere el recurrente, o quizá se refiere a los Autos que disponen la notificación por cédula, actuados que en su totalidad están firmados por el Gerente GRACO Cochabamba a.i., y si el vicio de nulidad al que hace mención, se refiere a los Autos Iniciales de Sumario Contravencional o a las Resoluciones Sancionatorias, actuados que evidentemente llevan las firmas del Gerente GRACO Cochabamba y de la Jefa de Departamento Jurídico, firma adicional que no invalida la actuación ni vicia de nulidad, por lo que resulta que lo argumentado por el demandante es totalmente falso, quedando desvirtuadas las nulidades invocadas y objetivamente la Resolución Jerárquica contiene fundamentos técnico - jurídico - tributario.
Sobre la presunta falta de aplicación de las normas tributarias adjetivas procesales en su parte resolutiva de la Resolución Jerárquica, el demandante señala: “Que se ha violado todo adjetivo dispuesto por la Ley 2492, y no se aplicó a cabalidad las normas tributarias vigentes”, sin precisar cuáles serían los artículos vulnerados y cómo se habrían infringido, conforme a los datos del proceso en la Resolución Jerárquica se ha considerado todos los puntos expresados como agravio, valorando y compulsando cada uno de ellos, con lo que queda probado que la labor de la Superintendencia Tributaria se enmarcó plenamente en el art. 211 de la Ley 3092 (Título V CTB), y en consecuencia no existe agravio que reclamar.
Con lo que termina solicitando se declare improbada la demanda y se mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso Jerárquico.
Consta de obrados que la entidad demandante presentó su réplica que cursa a fs. 504 a 511, ratificando el contenido de la demanda; la entidad estatal demandada (Superintendente Tributaria General) su duplica, que corre de fs. 515 a 520, reiterando los fundamentos de la defensa; finalmente, por proveído de fs. 522, se pronunció el decreto de “Autos para Sentencia”.
CONSIDERANDO III: Que teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por mandato del artículo 10. I de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, siendo el objeto conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, por cuanto el trámite en la fase administrativa se agotó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en la fase administrativa y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General actual AGIT.
Por informe Cite: GDG/DRE/l/570/2006 de 4 de septiembre, la Administración Tributaria determinó que según los formularios 143-1 y 200-2, de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2006, presentado por Editorial Canelas S.A., estos impuestos no fueron pagados por el mencionado contribuyente, por lo que se realizó la liquidación correspondiente, procediéndose al cobro e iniciar el proceso sancionador, de igual forma por Informe Cite: GDG/DRE/l/589/2006, de los formularios 200-2 y 400-2 del periodo fiscal julio 2006, que también no fue pagado.
En fecha 31 de octubre de 2006, Editorial Canelas S.A. fue notificado con los Autos Contravencionales U.T.J. Nos. 217/2006, 218/2006222/2006, 223/2006,224/2006 y 225/2006, por las deudas tributarias no pagadas correspondientes al IVA e IT de los periodos fiscales mayo, junio y julio 2006, determinándose una deuda no pagada, calificada como contravención tributaria, sancionada con el 100% del tributo omitido calculado a la fecha de vencimiento, y se concede un plazo de veinte días para que presente pruebas y descargos.
Transcurrido el plazo para que el contribuyente presente pruebas de descargo, el 1 de febrero de 2007 se emiten las Resoluciones Sancionatorias Nos. 42/2007, 43/2007, 47/2007, 48/2007, 49/2007 y 50/2007, por cuanto el sujeto pasivo no presentó pruebas o descargos que desvirtúen la calificación realizada en su contra, sancionándole con las multas conforme a ley, disponiendo que ejecutoriada la misma se aplicará las medidas coactivas respectivas.
A fs. 2 a 80 del cuerpo 2 del anexo, cursan los Informes, que indican sobre las declaraciones juradas con omisión de pago de la Editorial Canelas S.A, concluyendo que se debe proceder a su cobro e iniciar el procedimiento sancionador por las mismas, Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales, así también consta las Resoluciones Sancionatorias que resuelven sancionar al contribuyente con multas por omisión de pago, como las correspondientes notificaciones.
A fs. 50 a 66 del cuerpo 3 del anexo, cursa los proveídos de ejecución tributaria, dando aviso que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título, como también cursa las respectivas notificaciones al contribuyente.
A fs. 2 a 10 del 1º cuerpo, cursa el memorial de recurso de alzada presentado en fecha 2 de marzo de 2007, por Editorial Canelas S.A. Así como a fs. 11 del mismo cuerpo, el auto de admisión del mencionado recurso de fecha 9 de marzo de 2007, emitido por el superintendente tributario regional.
A fs. 93 del 1º cuerpo, cursa auto que admite la personería y contestación de GRACO Cochabamba, y en aplicación del art. 218.d) se abre un término de prueba de 20 días.
A fs. 49 a 50 del 1º cuerpo, cursa el Informe Conclusivo de Recurso de Alzada Nº RVG/EGC/CBA/INF.018/2007 de 31 de mayo, que concluye recomendando anular obrados, hasta los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales inclusive.
A fs. 51 a 52 del 1º cuerpo, cursa la Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0101/2007 de 8 de junio, que anula obrados hasta los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales inclusive, por estar en trámite en sede administrativa el Recurso Jerárquico interpuesto ante la Superintendencia Tributaria General.
A fs. 54 del 1º cuerpo, cursa memorial de rectificación y aclaración de la Resolución de Alzada, el cual por auto de fs. 55 fue declarado no ha lugar a lo solicitado.
A fs. 56 a 60 del 1º cuerpo, cursa memorial de recurso Jerárquico presentado por GRACO Cochabamba del SIN contra la Resolución de Alzada, que por auto de 10 de julio de 2007, es admitido y se otorga 10 días para la presentación de pruebas de reciente obtención.
A fs. 65 a 72 del 1º cuerpo, cursa memorial de recurso Jerárquico presentado por Editorial Canelas S.A. contra la Resolución de Alzada, que por auto de 23 de julio de 2007, es admitido y se concede 10 días para la presentación de pruebas de reciente obtención.
A fs. 90 a 110 del 1º cuerpo, cursa el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0619/2007 de 26 de octubre, que recomienda revocar totalmente la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0101/2007 de 8 de junio.
A fs. 111 a 131 del 1º cuerpo, cursa la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0619/2007 de 29 de octubre, que revoca totalmente la Resolución de Alzada STR-CBA/RA 0101/2007 de 8 de junio, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, Resolución Jerárquica que ahora es impugnada mediante demanda contencioso administrativo, el cual pasamos a analizar.
De la normativa aplicable y de los antecedentes de la demanda se tiene: que al existir denuncia de vulneración de derechos y normas administrativas, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la presente controversia se circunscribe en determinar:
Si en la tramitación de los Recursos de Alzada y Jerárquico se respetaron los plazos procesales en cuanto a la admisión, apertura del término probatorio y emisión de su respectiva resolución, de lo contrario conllevaría a generar vicios de nulidad o revocar las resoluciones administrativas y recursivas.
Si la Resolución de Recurso Jerárquico contiene decisiones expresas, positivas y precisas sobre todas las cuestiones planteadas.
Establecida la controversia que emergen de la presente demanda, y al existir denuncia de supuestos actos que vician de nulidad en el mismo, antes de ingresar al análisis de fondo es necesario indicar lo siguiente:
El Tribunal Constitucional en la SC 0731/2010-R de 26 de julio, ha establecido los presupuestos para que opere la nulidad procesal referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de preceptos legales, por cuanto ella debe ser: “Expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos 'No hay nulidad, sin ley específica que la establezca (Eduardo Cuoture, 'Fundamentos de Derecho Procesal Civil', p. 386); “dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, si el acto no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada. Quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que sólo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir, demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; siempre que el interesado no hubiera consentido expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no la impugna por los medios idóneos, incidentes, recursos, etc., dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, 'Nulidades Procesales')”.
El art. 198.II de la Ley 3092, establece: “En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el recurso, el Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán su admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente Departamental respectivo y dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de impugnación en el recurso previo o al recurrente en el Recurso de Alzada, según corresponda. No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico”.
a) Con respecto al primer punto debemos indicar que el plazo de 5 días es para la admisión del recurso, en el cual también se dispondrá la respectiva notificación, y no así, para notificar con esa admisión como entiende erróneamente el recurrente.
En cuanto a la presentación extemporánea de la respuesta al recurso de alzada por parte de la Administración Tributaria, a fs. 12 del 1º cuerpo se evidencia que GRACO Cochabamba del SIN fue notificada con el recurso de alzada en fecha 20 de marzo de 2007, y que el memorial de apersonamiento y respuesta a dicho recurso fue el 4 de abril del mismo año, adjuntando Resolución Administrativa que demuestra su personería, consiguientemente se dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 218. c) de la Ley 3092, no existiendo motivo de nulidad alguna en este punto.
A fs. 88 del 1º cuerpo, cursa el auto de ampliación de plazo, para dictar resolución jerárquica hasta el 29 de octubre de 2007, fecha en la que fue emitida la resolución, consiguientemente no se advierte que se haya infringido lo establecido en el art. 219.f) de la Ley 2492, por lo que se tiene que la Resolución Jerárquica fue emitida dentro del plazo legal, en consecuencia no se advierte motivo de nulidad, máxime si esta no es causal expresa prevista por la Ley.
Respecto al hecho generador y a la nulidad de los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales denunciada por no haberse aplicado el procedimiento, la Ley 2492 prevé: art. 78. I (Declaración Jurada). “Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código”, así también el art. 94° de la misma Ley (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). I. “La determinación de la deuda tributaria por el sujeto pasivo o tercero responsable es un acto de declaración de éste a la Administración Tributaria”, y II. “La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial”; en el caso de autos, el hecho generador se produce de las Declaraciones Juradas presentadas voluntariamente por Editorial Canelas S.A., y consiguiente omisión de pago del tributo; sobre este importe se realiza el Inicio de los Autos Sumarios Contravencionales, lo cual no puede desconocerse ya que estas declaraciones reflejan la verdad presumible por el propio sujeto pasivo, siendo inexistente la nulidad acusada en este punto.
En lo referente a la indefensión por no haber sido notificados con los 6 Autos de Inicio de Sumarios Contravencionales, debe considerarse que el Tribunal Constitucional ha sentado bastante jurisprudencia, en el sentido de que esta indefensión solo es posible cuando la parte afectada no ha podido asumir defensa, así establecen los arts. 116 y 117 de la CPE; y en el presente caso hay evidencia de que el contribuyente tomó conocimiento de los actos de la Administración Tributaria, como consta a fs. 2 a 80 del cuerpo 2 del anexo, y que a fs. 2 a 10 del 1º cuerpo, cursa el memorial de Recurso de Alzada interpuesto por Editorial Canelas S.A. en el que solicita la nulidad de todos los actos hasta el vicio más antiguo, plantea el Recurso Jerárquico y demanda contencioso administrativa, en cuyas circunstancias el contribuyente ha asumido defensa sin restricción de sus derechos.
b) Ingresando al análisis del segundo punto de controversia, para determinar si la Resolución de Recurso Jerárquico contiene decisiones expresas, positivas y precisas sobre todas las cuestiones planteadas por el recurrente es preciso señalar que:
Los parágrafos I y II del artículo 36 de la Ley del Procedimiento Administrativo (Ley 2341) establece que: I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La anterior norma es complementada con el artículo 55 del Reglamento a la Ley del Procedimiento Administrativo que expresamente dispone: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas”. De tal forma, que la autoridad administrativa tributaria, puede disponer la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, siempre y cuando se haya ocasionado indefensión a los administrados o se lesione el interés público.
La Sentencia Constitucional Nº 0275/2012 de 4 de junio de 2012, ha establecido, que toda resolución sea jurisdiccional o administrativa a fin de garantizar el debido proceso, exige a la autoridad administrativa exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la Resolución Administrativa, para que la parte afectada por la Resolución Administrativa sepa exactamente cuáles son las razones que motivaron la decisión final y si quiere, para posteriormente impugnar esa resolución.
Por otro lado, se debe indicar que el derecho a la defensa conforme la Sentencia Constitucional Nº 0024/2005 de 11 de abril de 2005, en materia de procedimiento administrativo comprende el derecho a la motivación o justificación de la resolución administrativa, en ese sentido, la referida Sentencia Constitucional expresamente señala: “(…)Respecto al derecho de defensa en el procedimiento administrativo, la doctrina reconoce que al igual que la defensa en juicio, consagrada constitucionalmente, es también un derecho aplicable al procedimiento administrativo, comprendiendo los derechos: a) a ser oído; b) a ofrecer y producir prueba; c) a una decisión fundada; y d) a impugnar la decisión.
De la precedente jurisprudencia constitucional mencionada, se establece que el derecho a la defensa contiene entre otros, derecho a una Resolución Administrativa motivada o justificada, que implica exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la Resolución Administrativa, para que la parte afectada por la Resolución Administrativa sepa exactamente cuáles son las razones que motivaron la decisión final y posteriormente poder impugnar esa resolución. Sobre la falta de motivación de la resolución administrativa (sobre todo en materia de sanciones administrativas), la SC 0873/2013 de 20 de junio de 2013, ha fijado con claridad que esta falta implica la lesión al derecho a la defensa y por ello señala: “La insuficiente motivación y fundamentación de las resoluciones administrativas en sede administrativa implica lesión del derecho a la defensa, por cuanto se da lugar a incertidumbre al procesado respecto al porqué de la determinada sanción”.
Así también el art. 211. III de la Ley 3092, establece que: “Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del mismo”; en el presente caso a fs. 49 a 50 del 1º cuerpo, cursa el Informe extrañado, que si bien lleva el título de Informe Dirección, este tiene como referencia Informe Conclusivo de Recurso de Alzada; el contenido del mismo cumple con lo dispuesto por el art. 211. III de la Ley 3092, referente al informe técnico-jurídico, por lo que no corresponde la nulidad denunciada.
En el caso de autos, de la revisión de la Resolución Jerárquica impugnada, se establece que la misma cumple con los requisitos formales de la fecha y lugar de emisión, así como de la firma de la autoridad correspondiente, respecto a la motivación, la citada Resolución se encuentra justificada jurídicamente en los hechos y los antecedes y la normativa aplicable al caso concreto, habiendo; resuelto todas las cuestiones planteadas, no siendo evidente la violación del art. 211 del Código Tributario y por consiguiente no es nula al tenor del art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Del análisis precedente, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, concluye que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0619/2007 de 29 de octubre, contiene la valoración exacta de los antecedentes administrativos y fue emitida cumpliendo la normativa legal citada, y no ha encontrado infracción o vulneración de derechos en el procedimiento administrativo que constriña a posibles nulidades, particularmente en la resolución impugnada, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, correspondiendo conforme a los fundamentos expuestos, desestimar la pretensión del demandante Editorial Canelas S.A.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, impartiendo justicia y en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 10. I de la Ley 212 y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso - administrativa de fs. 446 a 462, interpuesta por Editorial Canelas S.A. y en su mérito, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0619/2007 de 29 de octubre, emitida por Superintendencia Tributaria General, actual Autoridad General de Impugnación Tributaria.
No suscriben las Magistradas Rita Susana Nava Durán y Norka Natalia Mercado Guzmán por emitir votos disidentes.

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