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Timestamp: 2019-10-15 10:55:56+00:00

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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 20 de Febrero de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 31812138
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 20 de Febrero de 1998
Fecha de Resolución: 20 de Febrero de 1998
APELACIÓN INTERPUESTA POR M. V. RAYYAN, EX 'M. V. TRIDENT EPIC' CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 19 DE JUNIO DE 1997 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE RYAN WALSH GULF, INC
En el proceso especial de ejecución de crédito marítimo promovido por la sociedad RYAN WALSH GULF, INC., la parte demandada ha promovido recurso de apelación contra la decisión que culminó la primera instancia mediante resolución de 19 de junio de 1997. Habiéndose admitido el recurso y agotados los trámites intermedios, el recurso de apelación se encuentra en etapa de decisión, a lo que se procede, previas las consideraciones que se adelantan.
Como se ha señalado, el Tribunal Marítimo, mediante sentencia d 19 de junio de 1997, decidió el proceso en la primera instancia, decisión jurisdiccional que es del siguiente tenor:
"TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ. Panamá, diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Por lo tanto, el que suscribe, Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: CONDENA a la demandada M/N "AL RAYYAN" (ex TRIDENT EPIC), a pagar a la demandante R.W.G., INC., la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y UN DÓLARES CON 05/100 (US $135,071.05) en concepto de capital, por los servicios de estiba y desestiba prestados y demandados, más los intereses y gastos del proceso, que se liquidarán por Secretaría.
CONDENA igualmente a la demandada al pago de las costas en derecho, que se fijan en la suma CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS (B/.14,672.00).
Artículo 17, 164, 178, 218, 388, 557 y Títulos 28 y 46 U. S. C." (Foja 1279).
Contra la referida decisión, los procuradores judiciales de la motonave demandada en este proceso in rem de ejecución de crédito marítimo, la firma forense ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA, interpuso y sustentó en término, como ha quedado expresado, recurso de apelación contra la resolución antes indicada.
Estima la Sala que resulta conveniente exponer, de manera sucinta, los argumentos contenidos en el recurso de apelación, para determinar, entre otras cosas, si la Sala tiene competencia para decidir los puntos controvertidos en el recurso de apelación.
Como es sabido, la Sala tiene limitaciones al conocer y decidir los recursos de apelación en las causas marítimas. La Sala ha planteado, en múltiples ocasiones, tales limitaciones, las que resulta oportuno reiterar en este momento, para que la Sala se circunscriba, estrictamente, a los puntos sobre los que puede pronunciarse al decidir el recurso de apelación de este proceso especial de crédito marítimo privilegiado.
Como presupuesto de la actuación de la Sala, ésta debe determinar, en primer término, si es competente para conocer del recurso y, en segundo término, las limitaciones que tiene como tribunal de apelación, a la luz de lo que señala el artículo 483 del ordenamiento procesal marítimo.
Este tema ya ha sido abordado en reiteradas ocasiones, en el sentido de que la Sala sólo puede pronunciarse sobre aspectos netamente jurídicos de la apelación y no puede enjuiciar los elementos fácticos que tuvo en cuenta el Tribunal Marítimo.
A este respecto, se pronunció la Sala en sentencia de 30 de julio de 1996, en los términos que se permite transcribir:
"Debe la Sala, como cuestión previa, determinar la competencia y sus límites, para conocer y decidir el recurso interpuesto. Por ello, debe analizar la naturaleza de la competencia que, para conocer del recurso de apelación contra las sentencias del Tribunal Marítimo, le confiere el ordenamiento jurídico procesal en la materia.
Lo primero que debe reiterar la Sala, es que la competencia para conocer el recurso de apelación, viene limitada o restringida al tipo de ejercicio de la función jurisdiccional, le adscribe el ordenamiento".
Es decir, la jurisdicción marítima, en caso de apelaciones contra las sentencias, viene limitada o restringida, en cuanto a la decisión, a los aspectos meramente jurídicos de la decisión apelada, y carece, por lo tanto, de competencia para pronunciarse y analizar los aspectos probatorios que han sido tomados en cuenta por el Tribunal Marítimo.
En dos ocasiones, al menos, ha tenido oportunidad la Sala de pronunciarse sobre estos aspectos, mediante sentencia de 24 de febrero de 1994, y mediante sentencia de 28 de septiembre de 1995. En la primera de ellas, se expresó en los siguientes términos.
Cuando la ley procedimental marítima señala que en esta instancia solamente pueden discutirse asuntos de derecho, significa que le está vedado al sentenciador de segunda instancia entrar a realizar cualquier análisis del elemento probatorio obrante en autos, ya se trate de apreciación o de valoración. Es evidente que la apelación en materia marítima es mucho más restrictiva que la casación porque no contempla los errores probatorios, lo cual a todas luces resulta lógico debido a esa percepción directa que tiene el juez marítimo con la prueba que le permite formarse un mejor concepto sobre el poder demostrativo de la misma ...".
La segunda de las sentencias citadas expresó, en lo pertinente, lo que a continuación se transcribe:
La apelación, en materia marítima, es controladora no renovadora, todo ello, como consecuencia del mandato claro y expreso contenido en la ley procedimental marítima en el sentido de que el proceso marítimo ha de ser sustanciado y resuelto fundamentalmente en la primera instancia, lo cual guarda una estrecha relación con el principio de la oralidad. Dicho principio descansa en la concentración y en la inmediación.
Dentro de los principios que informan el proceso marítimo se encuentra el de que "Los juicios marítimos serán de única instancia, pero, admitirán el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente".
Al estudiar las normas que contemplan la apelación (Arts. 481 hasta el art. 492) nos encontramos ante una excerta legal que es la piedra angular en el ámbito de conocimiento de la Sala de lo Civil. Se trata del artículo 483, cuya letra es así:
"ARTÍCULO 483: En el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia sólo podrán discutirse asuntos de derecho. Los hechos no podrán ser objeto de discusión en la segunda instancia".
La norma legal en comento es diáfana y no deja dudas al respecto: en la apelación marítima, como regla general, no se contemplan los errores probatorios (de contratación o de valoración), dada la percepción directa que tiene el juzgador marítimo con la prueba.
El principio genérico al que hemos hecho alusión no es óbice para esta S., puesto que, si al momento de revisar las causas marítimas observa que se presentan errores en la labor de constatación de los hechos realizada por el tribunal a-quo, en donde los mismos (errores) tienen como consecuencia inmediata el desconocimiento de los derechos sustantivos que la norma de derecho establezca en beneficio de alguna de las partes, a dicho estudio se adentrará. La labor que realiza la Sala en estos casos marítimos es individual".
(Registro Judicial. Septiembre de 1995. P.. 172-173)".
La recurrente plantea, como motivos de su discrepancia, los siguientes:
Que la motonave demandada, al ser de propiedad de UNITED ARAB SHIPPPING, CO. (UASC), que es una sociedad de propiedad de varios Estados Soberanos, no puede ser objeto de la ejecución de créditos marítimos privilegiados y de la adopción de medidas cautelares, singularmente de secuestro, por cuanto, con arreglo al derecho aplicable, que es el de los Estados Unidos de América, tal tipo de causas no es susceptible de ser interpuestas cuando la nave es de propiedad de un Estado extranjero.
Que la sociedad que brindó el servicio del que surgió el crédito marítimo privilegiado no fue la sociedad demandante, sino una subsidiaria de ésta y que, en virtud de la independencia de las personas jurídicas, la demandante carecía de legitimación procesal para promover el proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado.
Que la condena en costas de que fue objeto, no está fundamentada, en atención a que la defensa de la parte demandada "se ajusta a los estándares de la lealtad procesal y del derecho de defensa y se debe considerar esta conducta para eximirla de sufragar las costas de la demandante".
Que, en base a las consideraciones expuestas, se revoque en todas sus partes la sentencia de 19 de junio de 1997, objeto del recurso de apelación que ocupa a la Sala.
Para la Sala es evidente que los puntos sobre los que recae la apelación son todos puntos de derecho y no está incursa la Sala en ninguna de las limitaciones que antes han quedado expuestas.
Estima la Sala que, en punto a la situación derivada del hecho de la naturaleza del propietario de la nave, varios Estados Soberanos, puede y debe desdoblarse en dos apartes, el primer punto de discrepancia de la recurrente, la posibilidad jurídica de promover contra naves de propiedad de Estados Soberanos procesos de ejecución de créditos marítimos, para lo que debe tomar en cuenta, naturalmente, la legislación norteamericana; y la posibilidad, dentro de un proceso marítimo de esta naturaleza, de promover una acción cautelar de secuestro de la motonave demandada, para lo que estima la Sala que ha debido aplicarse, como en efecto se aplicó, el derecho panameño, es decir, las normas que, sobre secuestro, tiene prevista la legislación procesal marítima contenida en la Ley 8ª de 1982, con sus reformas, que para comodidad, se hará referencia como "Código Procesal Marítimo".
Conviene señalar que, con arreglo al derecho marítimo norteamericano, sustantivo y procesal, una nave puede ser objeto de ejecución de créditos marítimos, cuando la misma, pese a pertenecer a Estados soberanos, se dedica a actividades comerciales o mercantiles, singularmente al tráfico marítimo internacional. Sobre el particular, esta Sala comparte los señalamientos del Tribunal Marítimo, que se permite transcribir y que se refieren a la materia:
Como podemos apreciar, la Ley sustantiva norteamericana, que es la Sección 31342 del 46 U. S. C. norteamericano, ha querido excluir a las "naves públicas", o sea aquellas de propiedad, arrendadas por entero u operadas por el gobierno de los Estados Unidos o por un gobierno extranjero, de la aplicación de la disposición contenida en la Sección 31342, que se refiere al modo de como, mediante suministro de necesidades al buque, bajo la orden del dueño o una persona autorizada por el dueño, tiene constituido en su favor un crédito marítimo privilegiado que afecta o grava a la misma nave; pudiendo dicho "maritime lien" ejercitarse sobre la misma nave mediante una "actio in rem", y que no está requerida a alegar o probar en la acción que el crédito marítimo fue dado a la nave. Es importante destacar, que el resto de las disposiciones substantivas vigentes relativas a créditos marítimos privilegiados, contenidas en el Título 46 U.S.C., y en cualquier otro "Statute" o normas no-estatutarias (incluyendo el "case law") sobre derecho marítimo y de almirantazgo norteamericano, se mantendrían vigentes y aplicables a una "nave pública". (Fs. 1239-1240).
Como es sabido, en esta materia existen dos tendencias, la inmunidad soberana absoluta, derivada del hecho de la propiedad pública de una nave: y una más matizada o relativa, que exceptúa de esta inmunidad a las naves de propiedad de Estados soberanos, cuando la misma está dedicada a actividades mercantiles, como es evidente que ocurre en la presente circunstancia, en que la nave demandada, si bien es de propiedad de la aludida UNITED ARAB SHIPPING, CO., no es menos cierto que fue objeto de un contrato de fletamento a casco desnudo y el fletante, a su vez, la fletó por tiempo determinado a otra empresa, durante cuya vigencia se generó el crédito marítimo. Es evidente que la celebración de contratos de fletamento, por una parte, y la dedicación de la nave a actividades de derecho marítimo, se encuentran en los supuestos previstos por la legislación norteamericana para la aplicabilidad, a una nave de esta naturaleza, de la legislación sustantiva en materia de créditos marítimos privilegiados.
El Profesor A. N. YIANNOPOULOS, citado por la sentencia recurrida como una autoridad en la materia, Profesor de la Universidad de Tulane, en los Estados Unidos de América, se ha pronunciado sobre este punto, que comparte la Sala, por lo que, en aras de la brevedad, parece oportuno transcribir la porción correspondiente en dicha decisión jurisdiccional:
"... Para abordar este tema de la inmunidad de las naves públicas en la legislación norteamericana, nos fundamentaremos en el artículo ya enunciado del Profesor A. N. YIANNOPOULOS, quien es una verdadera autoridad en el tema, y que como hemos dicho, ha escrito un exhaustivo artículo en materia de inmunidad en el derecho Marítimo y de Almirantazgo. El citado autor, en uno de los pasajes introductorios al tema de las "naves públicas" que nos ocupa, expresa lo siguiente:
"2 ..., El Estado posee una doble personalidad: es un soberano como también una persona de naturaleza privada. Más aún, cuando un estado actúa en capacidad de soberano, jure imperii, sus relaciones legales están reguladas por las normas de derecho público, y cuando actúa en la capacidad de una persona privada (como un individuo), jure gestionis, sus relaciones legales quedan reguladas por las normas de derecho privado.
El criterio para la distinción entre un acto jure imperii y jure gestionis carece de precisión. Sin embargo, la proposición amplia (o generalizada) de que los actos y operaciones comerciales son jure gestionis encuentra soporte en varios lugares (o posturas). Un estado que se compromete en actos comerciales (o de comercio) y operaciones de este tipo, no actúa en su capacidad de soberano; actúa como una persona de derecho privado y se sujeta en consecuencia a las reglas del derecho privado que regulan actos y operaciones similares conducidas por individuos o personas privadas. La distinción entre actos jure imperii y jure gestionis se manifiesta no solo en las leyes internas de los miembros de la comunidad internacional, sino también en el derecho internacional público, especialmente en el campo de la inmunidad soberana de un estado extrajero. Contrario a la doctrina anglo-estadounidense de la absoluta inmunidad soberana, ciertas naciones tradicionalmente han limitado la inmunidad soberana a actos jure imperii. Esta es la doctrina de la "inmunidad restrictiva".
"La ley de inmunidad del soberano extranjero (el F. S. I. A.) puesta en vigor en 1976, es un estatuto comprensivo en el que codifica la doctrina de la inmunidad restrictiva y determina los modos de procedimiento para la ejecución de ciertos reclamos contra Estados extranjeros en las cortes norteamericanas ..." (Pág. 1295), (Subrayado del Tribunal).
En lo que respecta al tema de las "naves públicas", que es el aspecto central de la defensa de imposibilidad de ejecución de los créditos marítimos privilegiados contra éstas, el autor YIANNOPOULOS nos expresa:
... La F. S. I. A. se refiere a la inmunidad de un Estado soberano extranjero más que a la inmunidad a la cual pueda tener derecho una nave de propiedad de un Estado extranjero ...
"... De acuerdo al derecho internacional público, existen distinciones entre "naves estatales" para los propósitos de inmunidad del soberano extranjero. Estas naves son: naves de guerra, yates estatales, buques gubernamentales afectos exclusivamente a propósitos públicos, y buques comerciales.
Los buques de guerra tienen derecho al más alto grado de inmunidad de conformidad con la Convención de Ginebra de 1958 sobre el altamar.
La última categoría de las naves comerciales, las cuales transportan bienes y personas por contrato. En algunos países, como en los Estados Socialistas, estas naves pertenecen a un monopolio estatal. En otros países, éstas pueden formar parte de empresas estatales que se administran en abierta competición con las empresas privadas. De acuerdo con el punto de vista prevaleciente en las naciones occidentales, estos buques no gozan de la inmunidad del estado soberano bajo las normas del Derecho Internacional Público". (Pág. 1303). (Subrayado del tribunal)". (Fs. 1242-1246).
La sentencia recurrida, sobre este mismo punto, hace unos señalamientos que comparte la Sala y por lo tanto se permite transcribir:
"La subsección 1605 (b) del F.S.I.A., 28 U.S.C. permite demandas para la ejecución de créditos marítimos privilegiados contra la nave o la carga de un estado extranjero, cuando el crédito privilegiado se funde en la actividad comercial de dicho estado extranjero, siempre y cuando se le notifique de conformidad con el procedimiento establecido en la subsección 1605 (b) (1) y (2). De conformidad con esta disposición, se obtiene jurisdicción contra el demandado, mediante la entrega de la demanda y el mandamiento de ejecución al capitán u otra persona en posesión de la nave o la carga contra la cual se está ejecutando el crédito ..." Como se puede apreciar, el F.S.I.A. excluye la inmunidad (norma sustantiva) y autoriza la ejecución de réditos marítimos privilegiados contra naves de propiedad, arrendada por entero u operada por un Estado soberano, cuando ésta se dedique a actividades comerciales, pero desde luego, somete dicha ejecución a ciertas limitaciones y procedimientos". (Fs. 1246-1247).
D.C.J., Profesor de la Universidad de Southampton, en su obra "Enforcement of Maritime Claims", al tratar sobre la inmunidad soberana con arreglo a la legislación inglesa de Derecho Marítimo, el State Inmunity Act. de 1978, legislación y doctrina inglesa que tanto influjo ha tenido en el Derecho Marítimo Internacional, señala:
"Los reclamos marítimos son tratados en una categoría distintiva por la Ley (Act) en el sentido de que ellos son objeto de una sección particular-sec. 10. El efecto es que la regla de la inmunidad general está concebida con respecto a reclamos marítimos para la subsiguiente remoción de inmunidad basadas en el uso comercial de la nave u otras propiedades. Así, con respecto a un reclamo marítimo, un Estado puede perder su inmunidad bien por una transacción comercial o debido al uso comercial de una nave.
La Sección 10 cubre todos los reclamos que son o pudieran ser objeto de procedimientos de Almirantazgo. Aplica la teoría restrictiva de la inmunidad en acciones in personam y en acciones in rem en relación con una nave o propiedad perteneciente a un Estado, que está en posesión o control o sobre el cual se reclama un interés. Con sujeción a una regla especial para la carga, un Estado no es, pues, inmune si la nave u otra propiedad era, cuando la acción emergió, destinada al uso o se pretendía su uso para propósitos comerciales". (Traducción oficiosa del ponenete).
Jackson, "Enforcement of Maritime Claims", LLP., Londres, 1996, Pág.
Corresponde admitir, por otra parte, que se estima que el secuestro de una motonave de propiedad de Estados soberanos no es admisible en el derecho norteamericano; pero, como ha quedado ya señalado, la medida cautelar de secuestro pertenece al ordenamiento procesal panameño, que se debe aplicar a la controversia, y que recoge, en este punto, la teoría matizada de la inmunidad soberana en causas marítimas en las cuales la nave pertenezca a un Estado soberano, en el sentido de permitir tales medidas cautelares, cuando la nave, de propiedad de un Estado extranjero, sea dedicada a actividades mercantiles.
Dispone, en efecto, el artículo 178, numeral 2º del Código de Procedimiento Marítimo, que caben medidas cautelares de secuestro contra motonaves públicas cuando éstas "efectúen actividades propias del comercio marítimo".
El otro aspecto que figura como los elementos constitutivos de la discrepancia con la sentencia objeto del recurso de apelación dice relación con la falta de legitimación activa en la causa por parte de la demandante, derivada de la circunstancia de que ésta no fue quien prestó el servicio y el que, por era misma razón, no tenía un derecho subjetivo susceptible de tutela judicial, sino la empresa que efectivamente prestó el servicio, la cual es subsidiaria en un 100% de la demandante. A este aspecto debe dedicarse la Sala, pues no está dentro de su competencia analizar si ha sido acreditado por la parte procesal correspondiente si se prestó efectivamente el servicio por la subsidiaria, R.W. INC. (ex RYAN WALSH STEVEDORING, CO. INC.). Como es sabido, la legitimación en la causa corresponde o pertenece al derecho sustantivo en el sentido de que sólo puede acceder a un proceso aquélla persona que tiene interés en el mismo, por ostentar un interés legítimo merecedor de la tutela judicial efectiva. De donde se desprende, entonces, que la legislación sustantiva aplicable es la legislación norteamericana y no la legislación panameña. Se expresa lo anterior, por cuanto que la recurrente, en lugar de analizar la censura desde el punto de vista de la legislación sustantiva aplicable para decidir la controversia, lo hizo en términos del principio muy propio del ordenamiento panameño de la independencia jurídica de la persona jurídica, que la ha aceptado en forma matizada al permitir, en circunstancias excepcionales, que se aplica el principio de la desestimación de la personalidad jurídica. No obstante, la Sala debe determinar si el Tribunal Marítimo, es este aspecto del reclamo, solventó la materia con arreglo a la legislación norteamericana; y debe concluir que así ha sido, por cuanto, la sentencia expresa conceptos que son compartidos por la Sala, razón por la cual los hace suyos transcribiéndolos:
"El Tribunal estima que no es necesaria una cesión del crédito reclamado, ya que ha existido una aceptación expresa del eventual cedente, en reconocer que ambas empresas responden a los mismos intereses por ser el demandante en este juicio, una subsidiaria de la compañía que físicamente suministro el servicio. Esto lo ha manifestado reiteradamente la jurisprudencia marítima norteamericana en casos de suministros de "necesidades que se prestan a una nave" por intermedio de subcontratistas, agentes y empresas filiales, que siendo éstos quienes efectivamente realizan el suministro, sin embargo el otro de los contratistas, con tal de haber recibido el requerimiento directamente del dueño de la nave o de una persona autorizada, tendrá un crédito marítimo privilegiado sobre la nave. A/S DAN BUNKERING LTD., v THE M/N "ZAMET", AMC (1996), 2417; EXXON, CORP. vs CENTRAL GULG LINES, INC. 1992, AMC, 1663, 780, F. Supp 191 (SNDY. 1991).; CERES MARINE v. HERNEN OLDENDORF, 1995 AMC, 2799 (D. Md. 1995)". (F. 1277).
El argumento esgrimido por la recurrente de que los precedentes invocados se refieren a sub-contratistas no es aplicable cuando se trate de subsidiarias, no los comparte la Sala, por cuanto si se trata de sub-contratistas su interés contractual sale fuera de la esfera de intereses de la propietaria de la sociedad que prestó los servicios, y si aún así se admite la posición adoptada por el Tribunal, con más razón ha de aplicarse en aquéllos casos en que el interés contractual se mantiene dentro de la estructura interna de la organización empresarial.
Finalmente, el recurrente censura la sentencia por cuanto no tomó en cuenta la condición de litigante de buena fe de la parte demandada, para derivar la conclusión de que debió condenar en costas como se hubiesen causado. La Sala estima, por una parte, que la problemática de la condena en costas le corresponde al Tribunal de instancia, a lo que debe añadir que, con arreglo a la imposición en costas, nuestro sistema se inspira fundamentalmente en el principio del vencimiento, si bien faculta a los tribunales de instancia a moderar las mismas, cuando a su juicio se ha desplegado un comportamiento comprensivo de buena fe y lealtad procesal, circunstancia que debe señalar en la sentencia (véase artículo 431, del Código de Procedimiento Marítimo).
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ de 19 de junio de 1997 en el proceso de ejecución de crédito marítimo privilegiado interpuesta por M.V.A.R. (ex. M.V. TRIDENT EPIC.) contra R.W.G., INC.
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 2010 (caso Casación de la Corte Suprema de Justicia - Sala Primera de lo Civil, de 25 de junio de 2010)

References: RESOLUCIÓN 
 resolución 

Artículo 17
 resolución 
 artículo 483
 artículo 483
 artículo 178
 artículo 431