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Timestamp: 2019-05-22 01:12:49+00:00

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﻿ SENTENCIA 361 DE AGOSTO 28 DE 1986
SENTENCIA 361 DE 28 DE AGOSTO DE 1986
CONTENIDO:TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL. NO SE APLICA A PROFESIONALES Y TÉCNICOS
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PROCESO LABORAL, TRABAJADOR DE OBRA
Sentencia 361 de agosto 28 de 1986
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN. RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL. NO SE APLICA A PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Ref.: Expediente Nº 361. Acta Nº 33
Bogotá, D.E., veintiocho de agosto de mil novecientos ochenta y seis.
En sentencia de 8 de febrero de 1986, el Tribunal Superior del Bogotá halló configurado contrato de trabajo entre el doctor Julio Velasco Villegas y la firma “Inversiones y Construcciones Colombo Alemanas Limitada, Invecal” y, por ello, la condenó, junto con dos de sus socios, a pagarle al demandante cesantía y sus intereses, prima de servicios y vacaciones compensadas en dinero, denegando los demás reclamos del doctor Velasco. Todo ello, luego de revocar el fallo integralmente absolutorio proferido por el juez.
No quedó satisfecho del todo con esa decisión el demandante por encontrar que los cálculos del tribunal no habían tenido en cuenta su salario verdadero y porque no se le había aplicado el régimen propio de los trabajadores de la construcción.
Por ello, impugna ante la Corte la sentencia del segundo grado, para pedir que se la infirme y que, luego de revocarse la del juez, se corrija el valor de las condenas mencionadas al principio, dentro de los parámetros que ya se indicaron.
Al sustentar su recurso (fls. 5 a 13 de este cuaderno) formula tres cargos contra lo decidido por el tribunal, que analizará la sala a continuación.
Dice: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de carácter nacional, en la modalidad de aplicación indebida de las siguientes normas: artículos 22, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 127, 186, 189, 249, 253 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 1º de la Ley 52 de 1975; artículos 1º, 2º y 5º del Decreto Reglamentario 116 de 1976; Decreto Reglamentario 1373 de 1966, artículo 8º.
Las normas anteriores fueron violadas por el tribunal indirectamente, por haber incurrido en error manifiesto de hecho consistente en:
1. No dar por demostrado, estándolo evidentemente, que los anticipos o avances hechos al trabajador a buena cuenta del salario fueron por valor de $ 3.660.000 en los cuales están comprendidos no sólo los $ 780.000 en un apartamento del edificio Plucentro I, sino también $ 2.880.000 en dinero efectivo según consta en los ochenta y seis (86) comprobantes de egreso firmados por Julio Velasco Villegas, y que aparece en cuaderno separado, bajo el número 4 del expediente.
2. Dar por demostrado, contra la evidencia, que los anticipos o abonos totales fueron sólo de $ 780.000 y no de $ 3.660.000.
Los errores de hecho anotados fueron, a su vez, la consecuencia de la falta de apreciación de las siguientes pruebas:
“a) Los ochenta y seis (86) comprobantes de egresos firmados por el demandante Julio Velasco Villegas y que corresponden a los anticipos recibidos en dinero en efectivo durante la ejecución del contrato y que aparecen en cuaderno separado bajo el número 4 en ochenta y seis (86) folios;
b) Las preguntas y respuestas cuatro, cinco, seis y siete del interrogatorio de parte absuelto por el demandante a folio 43 del cuaderno principal;
c) La confesión que aparece al contestar el hecho cuarto de la demanda que aparece al folio 19 del cuaderno principal;
d) La confesión que aparece en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada al responder la cuarta pregunta (véase fls. 33 y 34);
e) La respuesta del representante legal de la demandada en el interrogatorio libre que aparece a folio 212;
f) La constancia dejada por el juzgado en el sentido de que se agrega al expediente un fólder que contiene ochenta y seis (86) comprobantes de pago y que fueron presentados en la audiencia por el señor apoderado de la parte demandada y que fueron objeto de reconocimiento (véase fl. 44);
g) La certificación firmada por el representante legal de la demandada que obra en el expediente y que no fue tachada ni desconocida dentro del proceso y que aparece a folio 72 del cuaderno principal;
h) El documento o estado de cuenta en donde aparece “retiros a, b, c, hasta 31-12-78 (aprox.) y valor neto de un apartamento entregado por $ 780.000, que la parte demandada reconoce fue elaborado por la sociedad demandada (véase fls. 83 y 119), dentro de la diligencia de inspección judicial, e
i) Testimonio del contador de la sociedad demandada recepcionado por el juez dentro de la diligencia de inspección judicial relacionado con los anticipos mensuales que se le hacían al doctor Julio Velasco (véase fl. 121).
Sustentación del cargo
El fallador de segunda instancia “llega a la convicción de que los llamados anticipos a utilidades poseen el atributo o calidad de retribución de servicio en su verdadero carácter de salario a términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, a juicio del tribunal” (fl. 335). Pero frente a las diversas sumas señaladas en el material probatorio como recibidas por el actor totaliza únicamente la suma de $ 780.000, representados en un apartamento recibido por el doctor Velasco (fl. 43), dejando por fuera las sumas en dinero efectivo recibidas también como anticipos y que aparecen en los 86 comprobantes del cuaderno 4.
Los 86 comprobantes mencionados fueron aportados al expediente por la misma parte demandada y reconocidos por el actor (fls. 43 y 44), los cuales son documentos auténticos a la luz del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. Estos recibos, conjuntamente con las demás pruebas señaladas como dejadas de apreciar por el tribunal, indican que la suma total recibida por el actor como anticipos totalizan no sólo los $ 780.000 a que se refiere el pronunciamiento del tribunal sino $ 3.660.000, que al reducir a meses de acuerdo con el tiempo de la duración de la relación laboral aceptada por el con tribunal de 42 meses, corresponden mensualidades salariales de $ 87.142.80, que se debieron tener en cuenta para liquidar las prestaciones sociales de no haber existido el error de hecho señalado en este cargo” (las mayúsculas son del texto transcrito).
No se discute ante la Corte la existencia de contrato de trabajo entre las partes, su duración ni el método empleado por el tribunal para el cálculo de las prestaciones sociales del demandante. Se objeta solamente el valor del salario que tuvo en cuenta para hacer ese cálculo.
Ello debe recordarse al estudiar la presente acusación.
Y al estudiar las pruebas que por falta de apreciación juzga el cargo que llevaron al sentenciador ad quem a cometer los errores de hecho que denuncia, resulta lo siguiente:
1. En el cuaderno cuarto del expediente figuran 85 comprobantes de pagos hechos por “Invecal” al doctor Velasco por concepto de anticipos de utilidades. El restante documento se refiere a un préstamo hecho al actor que, por lo tanto, nada significa en cuanto a los yerros acusados.
Tales documentos los adujo la empresa como pruebas (fl. 44 cdno. principal) y los reconoció como auténticos el demandante al responder el cuestionario a que fue sometido por su contraparte (fls. 43 a 44 ibíd.).
En dicho cuaderno figuran 39 recibos de $ 30.000 cada uno, por concepto de anticipos de utilidades pagados por Invecal a Velasco, que valen un total de $ 1.170.000; 32 recibos de $ 20.000 cada uno, por el mismo concepto, que arrojan un total de $ 640.000; 6 recibos de $ 17.500 cada uno, por aquel concepto, que valen $ 105.000 en conjunto; 4 recibos de $ 12.500 cada uno, por igual concepto y un monto global de $ 50.000; y sendos recibos por $ 50.000, $ 40.000, $ 35.000 y $ 22.500 y el mismo concepto.
Ello da un gran total de $ 2.112.500 como el monto de los anticipos de utilidades que recibió el actor durante la vigencia de su contrato de trabajo hallada por el tribunal, o sean 42 meses.
O sea que, dentro del sistema de cálculo que usó el aludido tribunal, el promedio por mes que recibió Velasco como anticipo de utilidades fue de $ 50.297.61, guarismo que resulta al dividir $ 2.112.500 por 42 meses laborados.
Y al sumarle a esta cifra los $ 18.571.42 en que fijó el sentenciador ad quem la remuneración mensual del actor, derivada de la venta de un apartamento que le entregó “Invecal” a Velasco Villegas como parte del precio de sus servicios, resulta como salario verdadero del demandante por mes la cantidad de $ 68.869.03, manifiestamente mayor que la establecida en el fallo acusado.
Se comprueban, por lo tanto, los yerros fácticos denunciados en el cargo, aunque con menor magnitud matemática que la alegada por el recurrente.
2. De las demás pruebas que cita el cargo como fuentes de aquellos desatinos, algunas corroboran lo ya esclarecido, como el certificado del folio 72 del cuaderno principal y el estado de cuenta (fls. 83 y 119 ibíd.); otras, como los interrogatorios que contestó el representante de “Invecal” (fls. 33 a 34, 212 y 213, cdno. principal) y la respuesta al hecho 4º de la demanda (fl. 19 ibíd.) descartan la existencia de contrato de trabajo, tema que ahora no se examina; y otra, finalmente, el testimonio de José Gustavo Torres Triana (fls. 120 a 123 ibíd.), ninguna luz da sobre lo planteado en el ataque.
Las reflexiones anteriores indican que el cargo debe triunfar, dentro de los límites ya expresados y con las consecuencias que más adelante se detallarán.
Dice así: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva nacional, por violación directa, por falta de aplicación de los artículos 309, 310 y 312 del Código Sustantivo del Trabajo y por aplicación indebida de los artículos 249, 253, 186 y 189 del Código Sustantivo del Trabajo.
La violación anterior tuvo lugar por parte del tribunal, en forma directa, independientemente de cualquier factor probatorio, pues el fallador desde la presentación de la demanda y su contestación debió darse cuenta que las normas aplicables al caso controvertido para efectos de la liquidación del auxilio de cesantía y vacaciones eran las correspondientes a los trabajadores de la construcción o sea los artículos 309, 310 y 312 ya mencionados, disposiciones que ignoró el tribunal para dar aplicación a las de carácter general contenidas en los artículos 249 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por consiguiente, al proceder a las condenaciones que corresponden por concepto de cesantía debió hacerse las liquidaciones a razón de tres (3) días por cada mes completo de servicios y las vacaciones en forma proporcional a todo el tiempo servido”.
La lectura atenta de los preceptos contenidos en la parte 1ª, título IX, capítulo Vll del Código Sustantivo del Trabajo deja ver que su móvil es amparar con un régimen especial a quienes se dedican a la ejecución material de labores en la construcción de casas y edificios y a otras inherentes a esa actividad, pero no a las personas que en su calidad de arquitectos o ingenieros, proyectistas o interventores dirijan técnicamente, asesoren o controlen la dicha ejecución simplemente material de aquellas obras por trabajadores que apenas rinden un esfuerzo físico en el desarrollo del mencionado cometido.
Dicho régimen excepcional, y por lo mismo de alcance restringido, se justifica y explica por la duración efímera generalmente en las obras de quienes las ejecutan materialmente, por las transhumancia connatural a los obreros de la construcción y por el mediocre o bajo rendimiento de sus ingresos laborales, que perciben apenas cuando se encuentran ocupados por algún patrono o empresario.
Como ello sería inverosímil predicarlo de los profesionales con grado universitario o de los técnicos vinculados a las actividades de construcción de casas o edificios, la protección general concedida por las leyes del trabajo es suficiente para darles el amparo justo y razonable cuando trabajan sometidos a la subordinación de un patrono.
Las reflexiones anteriores despejan cualquier duda en cuanto a la no aplicabilidad de lo dispuesto en los artículos 309, 310 y 312 a los profesionales graduados y técnicos adscritos a la actividad constructora y descartan la infracción directa de tales normas alegadas en el cargo que, de consiguiente, no prospera.
Dice: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 249, 253, 186 y 189 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 1º de la Ley 52 de 1975; artículos 1º, 2º y 5º del Decreto Reglamentario 116 de 1976 y artículo 8º del Decreto Reglamentario 1373 de 1966. Y por falta de aplicación de los artículos 309, 310 y 312 del Código Sustantivo del Trabajo.
Las normas anteriores fueron violadas indirectamente por haber incurrido el tribunal en error manifiesto de hecho consistente en no dar por demostrado, estándolo evidentemente, que el actor fue un trabajador de la construcción y por lo tanto sometido a normas especiales para la liquidación de la cesantía y vacaciones (CST, arts. 309, 310 y 312).
El error de hecho anotado, a su vez, fue la consecuencia de la falta de apreciación de las siguientes pruebas:
“a) La confesión judicial que aparece al contestar la demanda, especialmente al hecho primero en donde dice textualmente “el demandante Julio Velasco Villegas ... se comprometió a realizar algunos trabajos tendientes a la construcción de dos edificios ubicados en la ciudad de Bogotá” (fl. 19 cdno. principal);
b) Las confesiones judiciales que aparecen en las respuestas al interrogatorio de parte, especialmente la respuesta a la primera pregunta en donde dice: “El doctor Julio Velasco fue vinculado a la empresa Inversiones y Construcciones Colombo Alemanas Limitada Invecal, como arquitecto y director de obra del edificio denominado Plucentro I ... posteriormente y en las mismas condiciones se le encargó del edificio denominado Plucentro II” (fl. 33);
c) La confesión judicial que aparece en la respuesta a la segunda pregunta del interrogatorio de parte cuando dice: “Que al doctor Julio Velasco se le contrató como arquitecto o profesional con responsabilidades específicas sobre la dirección de obra de los edificios Plucentro I y Plucentro II” (fl. 37 cdno. principal);
d) Los documentos auténticos consistentes en los planos que obran de folios 59 a 71 del cuaderno principal;
e) Certificación que no fue tachada de falsa, ni desconocida en el proceso y que obró en el expediente y que por lo tanto es documento auténtico que se encuentra a folio 72 del cuaderno principal;
f) Peritazgo rendido por el doctor Francisco José Lemos Irurita que aparece en cuaderno separado en 232 folios;
g) Testimonio del contador de la empresa (fl. 120), y
h) Testimonios de Pablo Perea (fl. 45); Guillermo Fonseca (fl. 50) y Guillermo Vélez (fl. 55).
“Como consecuencia de los errores de hecho manifiestos consistentes en la falta de apreciación de las pruebas arriba mencionadas, el tribunal dio aplicación a la norma general sobre auxilio de cesantía y vacaciones, en lugar de aplicar las normas especiales sobre cesantía y vacaciones para los trabajadores de la construcción y como consecuencia las normas referentes a los intereses sobre la cesantía.
Si el fallador de segunda instancia no hubiere cometido estos errores habría condenado al pago de la cesantía a razón de tres (3) días por cada mes completo de servicios y las vacaciones las habría liquidado en forma proporcional, aun por fracciones inferiores a seis (6) meses y consecuencialmente habría liquidado correctamente los intereses a la cesantía”.
Se demostró en el estudio del tercer cargo que los artículos 309, 310 y 312 del Código Sustantivo del Trabajo no son aplicables al demandante, arquitecto Velasco Villegas, porque su amparo sólo es para los ejecutores materiales de trabajos de construcción de casas y edificios.
Entonces, el reiterarlas ahora basta para concluir que tampoco puede tener éxito la presente acusación.
El triunfo del primer ataque conduce a casar el fallo recurrido en cuanto al valor de las condenas impuestas a la empresa demandada, luego de mantener la revocatoria del de la primera instancia, que dispuso absolverla.
Como en casación quedó esclarecido que el verdadero salario mensual del doctor Velasco fue de $ 68.869.03, sobre tal base deberán liquidarse de nuevo las condenas por cesantía y sus intereses, primas de servicios y vacaciones compensadas en dinero.
Hechos los cálculos correspondientes para un tiempo de servicios de 42 meses, no discutido, resultan las siguientes cifras:
Habrán de hacerse, en consecuencia, tales condenas en contra de los demandados, dentro de los parámetros establecidos en el fallo que se acusó.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA el ordinal a, numeral 1º, del fallo acusado y, para reemplazarlo en instancia dispone:
Condénase a la sociedad “Inversiones y Construcciones Colombo Alemanas Limitada, Invecal” y solidariamente con ella, hasta concurrencia de sus aportes al capital social conforme lo prevé el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, a los señores Franz Luepke Liebcher y Curt Peter Luepke Fischer a pagarle al doctor Julio Velasco Villegas la cantidad de seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos con diez centavos ($ 664.586.10) por concepto de cesantía y sus intereses, primas de servicios y vacaciones compensadas en dinero, según liquidación hecha en la parte motiva de este fallo.
No casa en los demás la sentencia del tribunal.
Rafael Baquero Herrera—Humberto de la Calle Lombana—Juan Hernández Sáenz.

References: artículo 1
 artículo 8
 artículo 127
 artículo 252
 artículo 145
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 36