Source: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=COMfinal&an_doc=2003&nu_doc=697
Timestamp: 2014-03-10 00:45:10+00:00

Document:
Informe de la Comisión - Informe anual del Fondo de Cohesión (2002)
2.3.3. Ejecución del presupuesto en el periodo anterior (1993-1999)
3.1.1.1 Medio ambiente
3.1.2. España (regiones ultraperiféricas incluidas)
3.1.2.1 Medio ambiente
3.2.1 Asistencia técnica por iniciativa de la Comisión
4.1.1.1 Comités de seguimiento
5.5. Armonización y simplificación
6.1. Presentación del informe anual de 2001
6.3. Medidas de la Comisión sobre publicidad e información
El presente informe anual hace un repaso de las actividades del Fondo de Cohesión correspondientes al año civil de 2002.
Contiene el informe anual de las actividades que se han llevado a cabo durante el tercer año del periodo de programación 2000-2006.
La presentación del informe, que se atiene a las exigencias del Reglamento por el que se crea el Fondo de Cohesión, se ha adaptado con el fin de tener en cuenta las observaciones del Parlamento Europeo, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones.
Los autores confían en que el presente documento constituya una referencia útil para todos aquellos que manifiesten interés en la promoción y el avance de la cohesión económica y social de la Unión.
El importe definitivo, tras indexación, de los recursos del Fondo de Cohesión del año 2002 es de 2.788 millones de euros.
Durante el ejercicio 2002, los créditos de compromiso se ejecutaron en un 99,9%, y sólo se anularon 845.000 euros al final de dicho ejercicio. Además, sólo se prorrogaron 3,3 millones de euros de créditos de compromiso del año 2001. No se ha prorrogado ningún crédito de compromiso o de pago de 2002 a 2003. Esta situación supone una mejora notable respecto de la de años anteriores.
En cuanto a los pagos, 548 millones de euros de créditos suplementarios se pusieron a disposición del Fondo de Cohesión para hacer frente a las solicitudes de pago de los Estados miembros. En el transcurso del año se ejecutó la totalidad de los créditos de pago, incluida la transferencia mencionada, lo cual representa una clara mejora respecto a 2001.
En 2002, España e Irlanda comprometieron créditos superiores a su asignación, compensando así una utilización de los créditos inferior a la asignación de Portugal y de Grecia.
A diferencia de 2001, año en el que los créditos se habían destinado principalmente a proyectos de medio ambiente (51,5% de los créditos de compromiso y 61,3% de los créditos de pago), se aprecia en 2002 un predominio de los proyectos de transporte (53,9% y 57,6% del total de los créditos respectivamente).
Por último, el esfuerzo de liquidación masiva del saldo pendiente de liquidación (RAL) de los proyectos del periodo anterior, que comenzó en 2000, continuó a buen ritmo en 2002, ya que alrededor del 36% de los créditos pendientes de liquidación a principios de año se abonaron o bien se liberaron en el transcurso del mismo. De este modo, al finalizar 2002, el RAL sólo representaba un poco más de la mitad del presupuesto anual del Fondo de Cohesión. Este esfuerzo de liquidación del RAL continúa lógicamente en 2003.
El Reglamento del Fondo de Cohesión nº 1164/94 (CE) revisado supedita la concesión de la ayuda del Fondo al respeto del criterio macroeconómico de déficit público, que no debe sobrepasar el límite del 3% del PIB.
En 2002, Grecia, España e Irlanda siguieron respetando este criterio. Únicamente Portugal se encontró en una situación diferente: el 25 de julio de 2002, las autoridades portuguesas anunciaron que el déficit público del año 2001 había alcanzado el 4,1% del PIB, es decir, un porcentaje más elevado que el valor de referencia del 3%. Tras ese anuncio, la Comisión decidió iniciar el procedimiento por déficit excesivo, tal como se prevé en el artículo 104 del Tratado y en la Resolución del Consejo sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
El 16 de octubre de 2002, la Comisión emitió un dictamen sobre la existencia de un déficit público excesivo en Portugal en 2001 y dos recomendaciones al Consejo. Dado que las autoridades portuguesas ya habían establecido un presupuesto rectificativo para reducir este déficit excesivo en junio de 2002, la Comisión no recomendó la suspensión de la financiación con cargo a los Fondos de Cohesión (artículo 6 del Reglamento 1164/94 revisado). El 5 de noviembre de 2002, el Consejo se pronunció oficialmente sobre el déficit excesivo de 2001 y pidió a Portugal que redujese el déficit público para que éste respetase los límites reglamentarios antes de que finalizase 2002. Las autoridades portuguesas han llevado a cabo tal reducción. Así, según datos oficiales publicados en marzo de 2003, el déficit público portugués se fijó en un 2,7% del PIB para 2002.
El sector de los transportes representó el 53,9% de los compromisos totales del Fondo de Cohesión en 2002 (es decir 1 504 millones de euros). Como en anteriores ocasiones, la Comisión insistió en que la actividad del Fondo se concentrase en proyectos ferroviarios.
El sector del medio ambiente representó el 46,1% de los compromisos totales del Fondo de Cohesión en 2002 (es decir, 1 287 millones de euros). Las prioridades siguen siendo el suministro de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y el tratamiento de residuos sólidos.
Se celebraron dos reuniones informativas en Bruselas con los 15 Estados miembros, el 27 de junio y el 21 de noviembre de 2002.
En la primera reunión, la Comisión presentó las "directrices relativas a la modificación de proyectos", el programa 2002-2003 sobre las inspecciones, las asignaciones de créditos en 2002 para cada Estado miembro, las previsiones de pago y el proyecto de Reglamento sobre las correcciones financieras (entrada en vigor: 1 de enero de 2003).
En la reunión informativa de noviembre, la Comisión presentó el informe anual del Fondo de Cohesión 2001, la situación relativa al instrumento financiero del Espacio Económico Europeo (EEE) y el estado de los compromisos para 2002.
El objetivo último de la política de cohesión es maximizar el desarrollo económico y reducir las disparidades regionales en cuanto a PIB per cápita y tasas de desempleo. Por ello, la cuestión más importante a la hora de realizar el análisis coste-beneficio de los proyectos es la falta de análisis económico o la mediocridad con la que a menudo se han llevado a cabo.
Estas carencias han motivado la suspensión de varias propuestas de proyectos que se centraban únicamente en el análisis financiero. No obstante, a este respecto, la contribución de la Comisión ha tenido también un componente pedagógico. Así, en los informes pertinentes se ha hecho hincapié en cómo ayudar a los promotores de proyectos a realizar evaluaciones adecuadas en los diferentes ámbitos del análisis económico que se han considerado insatisfactorios.
Asimismo, el análisis financiero de algunas inversiones en proyectos ha puesto de manifiesto que, tras revisar los análisis coste-beneficio, los promotores de los proyectos descubrieron que las inversiones no necesitaban, en realidad, contribuciones tan elevadas de la UE. Éste es un aspecto crucial para aumentar al máximo la eficacia de la asignación de los fondos públicos a las políticas estructurales comunitarias, ya que, de este modo, pueden financiarse más proyectos. Además, en muchos de los informes de proyectos presentados no se había realizado ningún análisis de riesgos. En este sentido, la Comisión ha aconsejado enérgicamente a los promotores de los proyectos que utilicen esta técnica, no sólo para incrementar las probabilidades de éxito del proyecto, sino también para mejorar su impacto en el desarrollo regional.
Irregularidades y suspensión de la ayuda
Entre noviembre y diciembre de 2002, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) realizó auditorías conjuntas con la DG REGIO en los cuatro Estados miembros beneficiarios sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1831/94 de la Comisión relativo a los sistemas y procedimientos de notificación y seguimiento de las irregularidades en este ámbito. Las conclusiones de las auditorías se comunicarán a los Estados miembros, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas Europeo.
Además, en virtud del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1831/94 [1] relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el marco de la financiación del Fondo de Cohesión, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito, los Estados miembros beneficiarios están obligados a comunicar a la Comisión las irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial.
[1] DO L 191 de 29.7.1994.
En 2002, dos Estados miembros (Grecia e Irlanda) comunicaron a la Comisión un caso de irregularidades respectivamente. El caso del que informaron las autoridades griegas implicaba un total de 973.444 euros de contribución comunitaria y la irregularidad radicaba en la infracción de la normativa sobre contratos públicos. Por el contrario, el caso referido por las autoridades irlandesas implicaba un total de 5.885 euros de contribución comunitaria y la irregularidad consistía en la presentación de gastos no subvencionables. El importe en cuestión se ha recuperado a nivel nacional.
En cumplimento del Reglamento arriba mencionado, los otros dos Estados miembros beneficiarios comunicaron a la Comisión que no habían detectado irregularidades durante el año.
En diciembre de 2002, Grecia presentó la segunda actualización de su programa de estabilidad y crecimiento, que abarca el periodo 2003-2006. Esta actualización prevé una tasa anual de crecimiento del PIB de alrededor de un 3,8% hasta 2006, con un pico del 4% en 2004 y una cierta desaceleración a partir de 2005. Las previsiones del programa se basan en las hipótesis macroeconómicas recogidas en el presupuesto de 2003, que fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2002.
Asimismo, en esta actualización se afirma que el Gobierno griego continuará ejecutando políticas macroeconómicas orientadas a la estabilidad y emprenderá las reformas estructurales necesarias para permitir el crecimiento del PIB.
En 2002, la situación presupuestaria se vio considerablemente afectada por la revisión de las finanzas públicas, que conllevó una reclasificación de varias operaciones hasta el momento excluidas del presupuesto. Como resultado de estas revisiones, el superávit público que se había calculado para 2000 y 2001 se convirtió en un déficit que alcanzó el 1,1% del PIB en 2002, en vez del superávit del 0,8% del PIB previsto en la actualización de 2001. Del mismo modo, en la actualización de 2002 se calcula un coeficiente de deuda pública del 105,3% del PIB, en comparación con el 97,3% del PIB que aparecía en la actualización anterior. La actualización de 2002 prevé que el equilibrio presupuestario se convierta en un superávit del 0,6% del PIB en 2006 y que el coeficiente de deuda pública descienda al 87,6% del PIB en el mismo año.
Los índices elevados o en aumento del superávit primario serán el instrumento necesario para proseguir con la consolidación fiscal. Sin embargo, el superávit primario medio anual, calculado en un 4,8% hasta 2006, es más bajo que el 6% del PIB previsto en la actualización anterior. Además, la eficacia de la estrategia presupuestaria, consistente en incrementar el superávit primario, está sumida en la incertidumbre, debido a la falta de medidas firmes destinadas a contener los gastos corrientes. En su dictamen, el Consejo considera que es necesario un ajuste presupuestario más riguroso a medio plazo para reducir de un modo concluyente el coeficiente de deuda pública, especialmente teniendo en cuenta los graves riesgos que se ciernen sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas provocados por los costes presupuestarios que acarrea el envejecimiento de la población.
En 2002, las principales directrices de política económica aplicadas a España se describieron en la actualización del programa de estabilidad correspondiente al periodo 2001-2005. El programa continúa la estrategia económica seguida en los últimos años, basada en la consolidación fiscal y las reformas estructurales. El Consejo estimó que dicho programa cumplía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento [2]. En un contexto marcado por la contracción económica a nivel internacional, el PIB registró un crecimiento del 2,0% en 2002, comparado con el 2,4% previsto en la actualización. A pesar de ello y del déficit del 0,1% del PIB registrado en 2001, el objetivo de un presupuesto público equilibrado sólo se desvió en 0,1 puntos porcentuales (p.p.), a la vez que el coeficiente deuda/PIB previsto en la actualización tuvo un rendimiento ligeramente mejor del esperado: un 54%. Por el contrario, los precios tuvieron un comportamiento peor del estimado, con una inflación de los precios al consumo que rondaba el 3,6%, debido tanto a factores coyunturales como al deterioro de la inflación básica.
[2] DO C 51/08 de 26.2.2002.
El 27 de diciembre de 2002 se presentó a la Comisión la cuarta actualización del programa de estabilidad, correspondiente al periodo 2002-2006, que fue evaluada por el Consejo el 18 de febrero de 2003 [3]. En su dictamen, el Consejo consideraba que la actualización se ajustaba al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a las orientaciones generales de política económica. En 2004 se mantendrá el presupuesto equilibrado de la administración pública logrado en 2003, mientras que en 2005 y 2006 se espera obtener un ligero superávit del 0,1% y del 0,2% del PIB respectivamente. La estrategia fiscal trazada en la actualización no varía de la seguida en anteriores programas. Se basa en una moderación del gasto primario acompañado de una disminución de los pagos de intereses, lo que permite aumentar la inversión pública. A su vez, el programa prevé una nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que debe entrar en vigor en 2003, en consonancia con el mantenimiento de la consolidación fiscal. Se espera que el coeficiente deuda/PIB vuelva a reducirse hasta situarse en el 53,1% en 2003 y por debajo del 47% al final del periodo de programación.
[3] DO C 51/4 de 5.3.2003.
En su evaluación del programa de estabilidad de Irlanda correspondiente al periodo 2002-2004, el Consejo estimó que el objetivo fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la situación próxima al equilibrio podrá ser ampliamente respetado a lo largo de todo el periodo de programación si no se emplean las denominadas provisiones para imprevistos (para contrarrestar evoluciones inesperadas) [4]. Las previsiones presupuestarias de los programas de estabilidad irlandeses para los dos últimos años del periodo abarcado suelen incorporar tales provisiones, que en la actualización 2002-2004 ascienden al 0,8% y al 1,1% del PIB en 2003 y 2004 respectivamente. Se estima que la ejecución de la Administración en 2002 ha resultado en un ligero déficit de tan sólo el 0,1% del PIB, alrededor de ½ punto porcentual por debajo de lo previsto. Esto se debió principalmente a que el objetivo fiscal se había quedado corto [5]. Gracias al elevado crecimiento nominal, el coeficiente deuda pública/PIB volvió a reducirse, hasta alcanzar el 34% en 2002.
[4] DO C 51 de 26.2.2002.
[5] Para esta evaluación, se ha adaptado el objetivo consignado en el presupuesto original (+0,7% del PIB) para (i) incluir los ingresos procedentes de las licencias UMTS, del 0,2% del PIB, y (ii) excluir una transferencia del Banco Central, del 0,5% del PIB, que hubo que reclasificar como de "por debajo de la línea".
La nueva actualización del programa de estabilidad correspondiente al periodo 2003-2005 se publicó en diciembre de 2002, junto con el presupuesto para 2003, que tiene un sesgo restrictivo. Las autoridades irlandesas prevén un déficit del 0,8% del PIB para 2003 [6], que pretenden ampliar al 1,2% en 2004 y 2005 (de nuevo con la inclusión de las provisiones para imprevistos, del 0,4% y el 0,8% del PIB respectivamente). En su evaluación del 18 de febrero de 2003, el Consejo observó que el déficit estructural alcanzará un nivel de "situación próxima al equilibrio o de superávit" en 2005, en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Consejo añadió que, si Irlanda recurre con moderación a las provisiones para imprevistos, se alcanzará el requisito de situación próxima al equilibrio ya en 2004 [7]. La actualización del programa de estabilidad prevé un leve aumento de la tasa de endeudamiento, que se situará justo por debajo del 35% antes de 2005. No obstante, sin la acumulación paulatina de activos en el National Pensions Reserve Fund (Fondo Nacional de Reserva de Pensiones) [8], la tasa de endeudamiento continuará descendiendo en 2005.
[6] Resultado previsto extraído de la notificación de los niveles de déficit y deuda públicos de marzo de 2003, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 3605/93 del Consejo, tal como ha sido modificado por el Reglamento (CE) nº 475/2000 del Consejo.
[7] DO C 51 de 5.3.2003
[8] El Fondo recibe anualmente el 1% del PIB procedente de los recursos públicos generales. A finales de 2002, el Fondo disponía de un importe que superaba el 7% del PIB.
La situación presupuestaria no evolucionó en 2002 de acuerdo con la actualización del programa de estabilidad (2002-2005), que fue evaluada por el Consejo el 12 de febrero de 2002 [9]. El objetivo de déficit público era del 1,8% del PIB, mientras que, según los datos que se transmitieron en marzo de 2003, el déficit ascendió al 2,7% del PIB en 2002. La ejecución del programa de estabilidad en 2002 se vio seriamente obstaculizada por el considerable deslizamiento presupuestario de 2001, que llevó al Consejo a decidir el 5 de noviembre que existía un déficit excesivo en Portugal. De hecho, este deslizamiento tuvo un efecto multiplicador preocupante en 2002, que no se reconoció sin tapujos hasta mediados de año, si bien las autoridades portuguesas adoptaron medidas correctivas en junio de 2002. Además, el crecimiento económico de 2002 resultó ser menor de lo previsto inicialmente.
[9] DO C 51/8 de 26.2.2002.
El 20 de diciembre, el gobierno adoptó la cuarta actualización del programa de estabilidad, correspondiente al periodo 2003-2006, que fue evaluada por el Consejo el 7 de marzo de 2003. Dada la magnitud del deslizamiento presupuestario registrado en 2001, los objetivos de déficit establecidos en los anteriores programas se habían quedado obsoletos. La nueva actualización del programa prevé una reducción gradual del coeficiente déficit/PIB durante el periodo 2003-2006, con lo que se alcanzará una situación próxima al equilibrio al final de dicho periodo (2,4% en 2003, 1,9% en 2004, 1,1% en 2005, y 0,5% en 2006). Concretamente, el objetivo presupuestario para 2003 exige un esfuerzo considerable de consolidación fiscal, que en gran parte ha sido provocado por la necesidad de compensar el elevado número de medidas excepcionales que se adoptaron en 2002 con vistas a corregir con prontitud el déficit excesivo. Además, el debilitamiento de las condiciones cíclicas podría impedir la ejecución del presupuesto tal como se ha previsto, lo cual requeriría la introducción de medidas de ahorro adicionales.
En 2002, los Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión ejecutaron sus programas de estabilidad con vistas a evitar un déficit excesivo.
El 25 de julio de 2002, las autoridades portuguesas anunciaron que el déficit público de 2001 ascendía al 4,1% del PIB, muy por encima del valor de referencia, fijado en el 3% del PIB. Esta cifra quedó confirmada en la notificación semestral de los niveles de déficit y deuda públicos presentada por Portugal antes del 1 de septiembre de 2002. A partir de esta información, la Comisión inició un procedimiento por déficit excesivo, tal como se prevé en el artículo 104 del Tratado, y emitió el 16 de octubre de 2002 un dictamen sobre la existencia de un déficit excesivo en 2001 y dos recomendaciones de decisiones del Consejo. Dado que las autoridades portuguesas ya habían adoptado rápidamente un presupuesto rectificativo por el que se ejecutaron medidas en junio de 2002 que afectaban tanto a los ingresos como a los gastos, la Comisión no recomendó la suspensión del Fondo de Cohesión en Portugal. El 5 de noviembre de 2002, el Consejo determinó la existencia de un déficit excesivo en 2001 y emitió una recomendación en la que instaba a las autoridades portuguesas a poner fin al déficit excesivo antes del 31 de diciembre de 2002.
El Gobierno portugués ha procedido con éxito a eliminar el déficit excesivo. Según los datos que se transmitieron en marzo de 2003, el déficit público fue del 2,7% del PIB en 2002.
La Comisión tiene especial cuidado en que la legislación comunitaria sobre contratos públicos se aplique al pie de la letra en lo referente al Fondo de Cohesión.
A partir de la presentación de la candidatura, el formulario de solicitud de ayuda prevé el envío de copias de las publicaciones de licitación y facilita otros datos relevantes para el óptimo desarrollo del proceso de adjudicación de contratos. Si los contratos todavía no se han celebrado en el momento de presentar la candidatura, el Estado beneficiario tendrá que dar parte del cumplimiento de la normativa relativa a la adjudicación de contratos públicos, bien con ocasión de los pagos intermedios o de la presentación del informe final.
Asimismo, la Comisión realiza inspecciones periódicamente para comprobar el cumplimiento de las directivas comunitarias sobre contratos públicos y la regularidad de los procedimientos de adjudicación.
La Comisión ha requerido al Gobierno portugués por la infracción de las directivas comunitarias sobre contratos públicos en la concesión de servicios sin licitación a empresas controladas por la empresa pública Águas de Portugal.
Las intervenciones del Fondo de Cohesión suelen dedicarse a infraestructuras de transporte o protección del medio ambiente (tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos), que, por lo general, no resultan incompatibles con el Derecho de competencia. En principio, excepto en caso de infracción de alguna de las normas de adjudicación de los contratos públicos y siempre que se garantice a todos los operadores que reúnan las condiciones técnicas y jurídicas necesarias el libre acceso a tales infraestructuras, estas intervenciones no conceden ninguna ventaja especial a empresas concretas.
Puesto que no puede excluirse a priori que determinadas intervenciones reciban ayudas estatales, han seguido realizándose los controles comunitarios durante 2002 mediante un examen previo de las solicitudes de financiación que evalúa esencialmente la compatibilidad de las acciones cofinanciadas por el Fondo con las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado.
El Fondo de Cohesión brinda su apoyo a los objetivos más generales de la política medioambiental relacionados con el desarrollo sostenible y en particular a la realización del eje prioritario del Sexto Programa de Acción, que concierne a la gestión de los recursos naturales y de los residuos.
En 2002, el Fondo de Cohesión prosiguió sus esfuerzos para aplicar la legislación medioambiental, no sólo mediante la financiación directa de infraestructuras de tratamiento de aguas residuales o de residuos y de suministro de agua potable, sino también mediante la obligación de aplicar correctamente determinadas directivas como condición previa a la concesión de financiación. Esto afecta tanto a las directivas temáticas de dimensión notablemente territorial (como las relativas a la conservación de la naturaleza, la gestión de residuos, el agua potable y las aguas residuales), como la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente.
La elaboración de listas comunitarias de zonas para la red Natura 2000 sigue siendo una prioridad para la Comisión. En 2002 se organizaron seminarios biogeográficos para las regiones Continental y Atlántica. Asimismo, ha concluido el proyecto de lista de las zonas de la región Alpina.
La iniciativa adoptada por la Comisión de condicionar la concesión de ayudas comunitarias a la presentación de las listas de zonas Natura 2000, pendientes desde 1995, ha acelerado considerablemente su envío.
En el marco de los Fondos de Cohesión, la Comisión evaluó, en los casos pertinentes, la conformidad de las solicitudes de cofinanciación con el artículo 6 de la Directiva 92/43/CE "Hábitats". En materia de tratamiento de residuos urbanos, la Comisión valoró las solicitudes de financiación teniendo en cuenta la política y la legislación aplicable en dicho sector.
En el caso de las aguas residuales urbanas [10], está previsto que los proyectos de tratamiento de aguas residuales urbanas se financien tan sólo al nivel adecuado (primario, secundario o terciario en función de la clasificación de las zonas en menos sensibles, normales o sensibles respectivamente) conforme a la Directiva 91/271/CEE.
A la hora de evaluar las solicitudes de financiación, la Comisión tuvo asimismo en cuenta la inclusión de los proyectos en sistemas funcionales integrados, así como su inserción en planes de cuencas hidrográficas.
Los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión han permitido aplicar el principio de "quien contamina paga" mediante la aplicación de diferentes niveles de ayuda [11]. La aplicación de este principio se verá reforzada en breve por la entrada en vigor de la Directiva marco del agua [12].
[11] Documento de trabajo nº 1, aplicación por parte de la DG REGIO del principio de "quien contamina paga".
En los Estados miembros, las autoridades competentes en materia de medio ambiente también están vinculadas a la tramitación de los proyectos mediante las solicitudes de dictámenes. Asimismo, el seguimiento de todos los proyectos por parte de los Estados miembros está garantizado por su participación en los comités de seguimiento.
Si bien los proyectos de transporte de las RTE de interés común están financiados por la línea presupuestaria de las RTE, el Fondo de Cohesión concede fondos específicamente para la infraestructura de transporte de las RTE.
La coordinación entre el presupuesto de las redes transeuropeas de transporte (RTE) y el Fondo de Cohesión es importante, ya que ambos instrumentos financieros tienen en cuenta la necesidad de comunicar las regiones centrales de la Comunidad con las regiones desfavorecidas desde el punto de vista estructural y debido a su condición de islas, a la falta de salida al mar o a su situación periférica.
Conforme al Reglamento sobre las RTE, no es posible que la misma fase de un único proyecto sea financiada a la vez por el presupuesto de las RTE y otras fuentes comunitarias. No obstante, en algunos casos, los estudios de viabilidad financiados por el presupuesto de las RTE pueden ir seguidos de una aportación del Fondo de Cohesión y/o del BEI para las obras de construcción.
El Reglamento Financiero de las RTE (Reglamento (CE) n° 2236/95) fue modificado por el Reglamento (CE) nº 1655/99 con el fin de instaurar la planificación a medio plazo a través de programas de inversión plurianuales indicativos, de fomentar la cooperación entre el sector público y el sector privado, así como de utilizar una pequeña parte (1-2%) de la línea presupuestaria para prestar apoyo a proyectos que requieren capital riesgo.
En la propuesta relativa a las RTE para el periodo 2001-2006, aprobada por la Comisión en septiembre de 2001, se destina un total aproximado de 2.800 millones de euros a 11 proyectos prioritarios (proyectos de Essen), al proyecto de sistema global de navegación por satélite ("Galileo") y a cuatro grupos de proyectos de "interés común".
En 2002 se concedió un total de 563,4 millones de euros en concepto de créditos de compromiso a proyectos RTE-T contemplados en el programa de inversión plurianual, al proyecto Galileo y a proyectos de interés común ajenos al programa de inversión plurianual. Además, se transfirieron 7,0 millones de euros al mecanismo de capital riesgo para contribuir a la financiación de los proyectos RTE-T con arreglo a la cooperación entre los sectores público y privado.
En lo que respecta a la distribución de la ayuda en 2002 por modo de transporte, cabe apuntar que la mayor parte de la inversión comunitaria en transportes contemplada en el presupuesto de las RTE-T se destina a proyectos ferroviarios (casi el 47%), seguidos por Galileo (30%) y las carreteras (4%), en segundo y tercer lugar.
El marco estratégico de referencia (MER) para el sector del medio ambiente figura como un capítulo independiente en el Programa Operativo para el Medio Ambiente del marco comunitario de apoyo griego correspondiente al periodo 2000-2006, aprobado por la Comisión el 24 de julio de 2001 (Decisión E(2001) 1357). El MER es un instrumento dentro de una intervención general con el que se pretende que el país mejore el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y contribuya al desarrollo sostenible.
La contribución económica del Fondo de Cohesión respecto a dicho plan medioambiental pretende hacer frente a las principales necesidades de Grecia en materia de infraestructuras de agua potable, aguas residuales y gestión de residuos sólidos. De hecho, se espera que sea un importante paso en la dirección correcta.
Por lo que respecta a la gestión de residuos sólidos, el plan de acción general se basa en el plan nacional de gestión de residuos sólidos, que ha sido elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, Planificación y Obras Públicas y remitido a la Unión Europea.
Tomando como base los planes de gestión acordados tanto a nivel nacional como regional y local, el objetivo principal consiste en lograr una gestión correcta de todas las categorías de residuos sólidos y, cuando sea necesario, recuperar el medio ambiente degradado y contaminado con residuos.
Asimismo, se ha creado un plan para la gestión de aguas residuales en todo el país conforme a lo establecido en la Directiva 91/271/CEE. El Fondo de Cohesión, junto con los fondos disponibles del FEDER, asistirá a las autoridades griegas en el cumplimiento de las disposiciones de la citada Directiva.
En 2002 se realizaron inversiones en los sectores de los residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales y el suministro de agua potable con el fin de aplicar el marco estratégico de referencia (MER) a proyectos de medio ambiente. La mayoría de los proyectos aprobados afecta principalmente a la gestión de residuos sólidos urbanos y, en segundo término, al suministro de agua y a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Las acciones que se emprenderán en un futuro, en cooperación con las autoridades nacionales, se concentrarán en la realización y en la conclusión de inversiones en el ámbito de los residuos sólidos y de las aguas residuales con el fin de cumplir los requisitos de la legislación comunitaria.
El Fondo de Cohesión financiará los siguientes sectores prioritarios de intervención durante el periodo de programación 2000 - 2006:
- Alcantarillado y depuración de aguas residuales
- Gestión de residuos municipales, industriales y peligrosos
Estas intervenciones se han seleccionado en función de un criterio estratégico coordinado, diseñado para cada uno de los sectores elegidos, e inscrito en programas que identifican las principales prioridades de intervención en los diferentes sectores. Asimismo, se han de coordinar con las intervenciones en los mismos sectores financiados por los Fondos Estructurales. El contenido de cada uno de los marcos estratégicos sectoriales ya se definió en el Informe Anual de 2000 del Fondo de Cohesión.
Las autoridades irlandesas presentaron en 2000 el marco estratégico de referencia para el sector del medio ambiente. Dicho marco de referencia se sigue tomando como base para considerar las ayudas a proyectos individuales en los subsectores de las aguas residuales y los residuos sólidos. La coherencia entre los programas de los Fondos Estructurales y las prioridades del Fondo de Cohesión está prácticamente garantizada, ya que la ayuda del Fondo de Cohesión se ha concentrado en un pequeño número de importantes proyectos de construcción. En 2002 no se aprobó la cofinanciación de ningún proyecto medioambiental.
El marco estratégico de medio ambiente de Portugal estableció las siguientes prioridades para el periodo 2000-2006:
- Seguir ampliando y completando la infraestructura medioambiental básica.
- Crear las condiciones favorables para el desarrollo sostenible, la protección medioambiental y la gestión de los recursos naturales.
Se ha destinado ayuda del Fondo de Cohesión a proyectos de ampliación del suministro de agua, de canalización y depuración de las aguas residuales urbanas y de infraestructuras de tratamiento de residuos sólidos urbanos. El FEDER también ha financiado proyectos complementarios y de menor envergadura al amparo de los programas regionales del marco portugués de apoyo.
En lo relativo tanto al suministro de agua como a la recogida y depuración de aguas residuales urbanas, suele optarse actualmente por un sistema integrado, en el que una única entidad gestiona un sistema intermunicipal "troncal" que cubre todo el "ciclo del agua". La ventaja de esta opción es que optimiza las fases de planificación e inversión de los proyectos y garantiza que el funcionamiento y el mantenimiento del sistema integrado corra a cargo de una empresa especializada de gran competencia profesional.
La citada entidad responsable de la gestión de dichos sistemas puede ser una empresa pública, en la que los municipios tienen una importante participación, o una asociación intermunicipal con un estatuto específico a efectos legales. En ambos casos, para la transferencia y el reparto de las responsabilidades de gestión para dichos sistemas integrados, se tienen que llevar a cabo complejas negociaciones, así como la redacción de acuerdos de servicio entre las partes.
La aprobación de algunos proyectos nuevos ha sufrido un retraso considerable debido a un procedimiento de infracción contra Portugal relacionado con la concesión de servicios a estas empresas públicas. Estas demoras tendrán repercusiones en la aplicación del marco estratégico de medio ambiente, si bien se espera que se produzca una recuperación significativa durante 2003.
El marco estratégico de referencia (MER) para el sector de los transportes en Grecia se aprobó mediante la adopción de los programas operativos "Ejes viarios, puertos y desarrollo urbano" y "Ferrocarriles, aeropuertos y transportes urbanos" en marzo y abril de 2001 respectivamente. El MER cofinancia con el FEDER intervenciones con los siguientes objetivos principales:
a) completar los ejes viales prioritarios de las RTE en Grecia, a saber: los ejes PATHE, EGNATIA y JÓNICO, así como la autopista Corinto, Trípolis, Kalamata/Esparta,
b) completar la modernización del eje ferroviario PATHE, incluidas su electrificación y señalización,
c) modernizar las infraestructura de los puertos de Igoumenitsa y Heraklion, y
d) modernizar el sistema de control de tráfico aéreo en Grecia.
Las prioridades para el sector de los transportes durante el periodo actual -conforme a la estrategia acordada- son las autopistas, el ferrocarril y los puertos. Su principal objetivo consiste en completar las redes transeuropeas mediante la construcción de las carreteras clave prioritarias de PATHE y EGNATIA.
En el caso del ferrocarril, es necesario continuar realizando esfuerzos de planificación para completar adecuadamente la modernización del eje ferroviario de PATHE.
A raíz del diálogo entre la Comisión y el Estado miembro, las autoridades españolas presentaron un documento relativo a las inversiones en las redes transeuropeas de transporte (RTE), en el que se define la estrategia general al respecto para el periodo de programación 2000-2006. Para complementar este documento, las autoridades españolas definieron una estrategia de utilización de los Fondos Estructurales y de Cohesión con el fin de garantizar una mayor coherencia y complementariedad entre ambos instrumentos.
Dicha estrategia de utilización de los Fondos para la financiación de inversiones en las redes transeuropeas de transporte se concentra principalmente en:
Las líneas de trenes de alta velocidad previstas en el marco estratégico (Madrid - Barcelona - frontera francesa, Madrid - Valladolid, Madrid - Valencia y Córdoba - Málaga) forman los grandes ejes que contribuirán a un mejor equilibrio intermodal, con vistas a lograr un reparto más racional que garantice un mayor respeto del medio ambiente. Los citados proyectos son de prioridad absoluta para el periodo 2000-2006. El carácter prioritario unido a la dimensión interregional (a excepción de la línea Córdoba - Málaga) del proyecto, hace del Fondo de Cohesión la principal fuente de financiación de tres de las cuatro líneas.
Las autoridades irlandesas presentaron en 2000 el marco estratégico de referencia para el sector de los transportes. Dicho marco de referencia sigue siendo la base sobre la que se decide prestar ayuda a proyectos individuales de los subsectores de carreteras y ferrocarriles. La coherencia entre los programas de los Fondos Estructurales pertinentes y las prioridades de asistencia del Fondo de Cohesión es relativamente fácil de alcanzar teniendo en cuenta que la ayuda del Fondo de Cohesión se concentra en un reducido número de proyectos de construcción principales. En 2002 no se aprobó la cofinanciación de ningún proyecto de transporte.
En 2002 sólo se aprobó un nuevo proyecto en el sector de los transportes, cuya finalidad es construir un acceso a la red transeuropea.
Por ello, en 2002 la intervención del Fondo de Cohesión se concentró en gran medida en el seguimiento de la ejecución de los proyectos aprobados en los años anteriores. En este sentido, no ha dejado de prestarse una atención especial a la coordinación de conjunto, principalmente en relación con las inversiones en las que han participado otras fuentes de financiación comunitarias, con el fin de obtener la máxima sinergia para completar la puesta en marcha de los sistemas de transportes funcionales para 2006.
Las grandes orientaciones estratégicas del marco de referencia no han sufrido modificaciones.
Conforme al artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1164/94 ("Reglamento del Fondo de Cohesión"), modificado por el Reglamento (CE) n° 1264/99, los recursos comprometidos por el Fondo de Cohesión para el año 2002 ascienden a 2.615 millones de euros a precios de 1999. El importe definitivo, tras indexación, contemplado en el presupuesto fue de 2.788 millones de euros, incluido cerca de 1 millón de euros en concepto de asistencia técnica.
A continuación se presenta la distribución indicativa de los créditos para 2002 definida en el Anexo I del Reglamento del Fondo de Cohesión (a precios de 1999) tomando como referencia la media entre los límites máximos y mínimos:
A continuación se presenta la ejecución presupuestaria de 2002, incluidos los créditos prorrogados:
Cuadro de síntesis de la ejecución de los créditos en 2002 (en euros)
Conforme a las disposiciones del artículo 7 del Reglamento Financiero, los créditos no ejecutados al final del ejercicio se anulan, salvo que la Comisión decida una prórroga específica. Los créditos de compromiso se ejecutaron en un 99,9%, y sólo se anularon 845.000 euros al final del ejercicio.
Además, sólo se han prorrogado 3,3 millones de euros de créditos de compromiso del año 2001. No se ha prorrogado ningún crédito de compromiso o de pago de 2002 a 2003.
En cuanto a los pagos, se transfirieron 548 millones de euros de créditos del objetivo 2 al Fondo de Cohesión para hacer frente a las solicitudes de pago de los Estados miembros. Se ejecutó la totalidad de los créditos de pago, incluida la transferencia mencionada.
A continuación figuran los cuadros de ejecución de los créditos por Estado miembro:
Ejecución presupuestaria de los créditos de 2002 por Estado miembro
Créditos de compromiso 2002
Créditos de pago 2002
Al igual que en el año 2000, España e Irlanda comprometieron créditos superiores a su asignación en 2002, compensando así una utilización de los créditos inferior a la asignación de Portugal y de Grecia.
Al contrario que en 2001, año en el que los créditos se habían destinado principalmente a proyectos de medio ambiente (51,5% de los créditos de compromiso y 61,3% de los créditos de pago), se aprecia en 2002 un predominio de los proyectos de transporte (53,9% y 57,6% del total de los créditos respectivamente).
El siguiente cuadro muestra la ejecución acumulada por Estado miembro en el periodo 2000-2002 (asistencia técnica excluida):
A continuación figura la evolución en 2002 del saldo pendiente de liquidación (RAL) del periodo 1993-1999:
Liquidación en 2002 de los compromisos del periodo 1993-1999
Los compromisos del Fondo de Cohesión se realizan a partir de créditos disociados. Si todos los proyectos se ejecutan de conformidad con las decisiones, se generará un RAL "automático" motivado por el desfase entre la fecha de la decisión y la del pago del saldo (por lo general, de 4 a 5 años).
El esfuerzo de liquidación masiva del RAL, que comenzó en 2000, continuó a buen ritmo en 2002, ya que alrededor del 36% de los créditos pendientes de liquidación a principios de año se abonaron o bien se liberaron en el transcurso del mismo. De este modo, al finalizar 2002, el RAL sólo representa un poco más de la mitad del presupuesto anual del Fondo de Cohesión. Este esfuerzo de liquidación del RAL continúa lógicamente en 2003.
En 2002, la Comisión aprobó las subvenciones del Fondo de Cohesión por un total de 238,7 millones de euros, de los que 129,6 millones se comprometieron en el presupuesto de ese año.
Si se tienen en cuenta los compromisos de decisiones tomadas en años anteriores (199 millones de euros), el importe total comprometido en 2002 ascendió a 335 millones de euros.
El siguiente cuadro muestra la ayuda del Fondo de Cohesión aprobada para 2002, así como el importe total comprometido ese año.
* compromisos derivados de decisiones tomadas en 2002 y años anteriores inclusive
En el ejercicio 2002, el Fondo de Cohesión concentró su asistencia económica en los siguientes sectores prioritarios: gestión de residuos sólidos, suministro de agua y depuración de aguas residuales. Con esto se perseguía completar el ciclo de asistencia y eliminar las carencias de los sistemas actuales, en aplicación del marco estratégico de referencia acordado.
En 2002, la Comisión aprobó subvenciones del Fondo de Cohesión para trece proyectos por un total de 232 millones de euros, de los cuales 129,6 millones se comprometieron en el presupuesto de ese año. Concretamente, las subvenciones aprobadas y los compromisos se desglosan de la siguiente manera:
Además, basándose en una decisión adoptada el año anterior, se comprometió un importe de 84,4 millones de euros en el presupuesto de dicho año.
Por último, la Comisión emitió tres corrigenda motivados por errores inmateriales, que no tuvieron repercusiones financieras.
En 2002, la Comisión no aprobó ninguna decisión de subvención relativa al sector del ferrocarril.
En agosto de 2002, la Comisión aprobó la solicitud de modificación de una decisión relativa al proyecto de Salónica-Alexandroupoli. La modificación mencionada atañe al plazo de finalización del proyecto, que no acarrea ningún aumento presupuestario.
En noviembre de 2001, la Comisión recibió una propuesta de proyecto relativa a la tercera fase de la construcción de la vía de ferrocarril Triasio-Elefsina-Corinto. Dicha propuesta no dio lugar a una decisión porque la Comisión estimó que necesitaba mucha más información al respecto.
A partir de decisiones adoptadas en años anteriores, se comprometió un importe de 44.498.531 euros en el presupuesto de 2002.
No se aprobó ninguna nueva decisión de subvención relativa a proyectos de carreteras en 2002.
No obstante, ese año se aprobó una solicitud de modificación de una decisión relativa al proyecto "Puerto de Igoumenitsa - fase A". En dicha modificación se aumentaba el importe subvencionable total de 41,7 a 50,2 millones de euros y la aportación del Fondo de Cohesión, de 35,4 a 42 millones de euros. A partir de esta decisión, se comprometió un importe de 6,6 millones de euros en el presupuesto de 2002.
A partir de las decisiones adoptadas en años anteriores, se comprometió un importe de 63.430.928 euros en el presupuesto de 2002.
La Comisión adoptó 88 nuevas decisiones por las que se concedía una ayuda del Fondo de Cohesión de 2.654 millones de euros, de los cuales 1.973 millones de euros se comprometieron en 2002. Estos compromisos superaron la asignación de 271 millones de euros concedida a España ese año, con el fin de evitar la pérdida de recursos presupuestarios disponibles no utilizados por otros Estados miembros.
Los citados compromisos, de los cuales el 47% está destinado al sector de medio ambiente y el 53% a infraestructuras de transporte, corresponden a nuevas decisiones adoptadas en 2002, así como a modificaciones de tramos anuales de decisiones aprobadas anteriormente. Se aprobó un total de 53 decisiones de modificación.
El siguiente cuadro indica el importe que corresponde a cada sector:
En 2002 se programaron 2.072 millones de euros en créditos de pago. Asimismo se dieron por concluidos y se liquidaron 61 expedientes.
El Fondo de Cohesión sigue concentrando su apoyo financiero en los tres sectores prioritarios, que son el suministro de agua, el saneamiento y la depuración de aguas residuales, y la gestión de residuos sólidos urbanos, industriales y peligrosos. Se financiaron estudios preparatorios necesarios para la realización de proyectos en el sector del agua. El objetivo principal de estos proyectos era ayudar a los municipios y regiones a mejorar sus redes de suministro de agua potable, el tratamiento y las redes de aguas residuales, así como la recogida y el tratamiento de residuos.
Si se observa la contribución del Fondo de Cohesión por sectores, puede verse que el saneamiento y la depuración de aguas residuales volvieron a recibir la mayor cantidad de recursos en el sector del medio ambiente, seguido por el de residuos:
En 2002, la ayuda comunitaria destinada al suministro de agua ascendió a 139 millones de euros, lo que representa el 11,5% del importe destinado al sector medioambiental.
Los proyectos financiados en este sector tienen como objetivo principal asegurar el suministro de agua potable en cantidades suficientes y garantizar la calidad del agua distribuida a los consumidores, conforme a las directivas comunitarias.
La ayuda concedida a este sector asciende a 671 millones de euros en 2002, esto es, el 55% de las ayudas destinadas al medio ambiente por el Fondo de Cohesión, que constituye el tramo más elevado de los recursos disponibles asignados a este sector. Los esfuerzos vuelven a concentrarse en el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y en la puesta en marcha del Plan Nacional de Saneamiento y Depuración.
Se adoptaron 28 decisiones relativas a proyectos y conjuntos de proyectos realizados en las conurbaciones situadas en las principales cuencas hidrográficas, así como cinco decisiones de modificación de proyectos ya aprobados. Los citados proyectos tienen como objetivo la mejora de las redes de depuración, de los colectores y la adaptación de las plantas de depuración existentes a tratamientos más rigurosos, como en el caso del proyecto de ampliación de la planta de depuración del Besós (Cataluña). Este proyecto aborda la ampliación de los tratamientos biológicos a las aguas residuales para adaptarse a las directivas medioambientales, y permitirá tratar un volumen de aguas residuales de aproximadamente 525.000 m3/día.
Con motivo de la puesta en marcha del Plan Nacional de Residuos aprobado en 2000 y de los planes regionales aprobados en cada Comunidad Autónoma, las autoridades españolas presentaron un gran número de proyectos en este sector.
Para el año 2002, se adoptaron 23 decisiones relativas a la gestión de residuos, así como dos decisiones de modificación de proyectos aprobados anteriormente. Se trata en su mayoría de proyectos municipales, bien a título individual o bien reagrupados según su localización por Comunidades Autónomas. El importe de la ayuda concedida a este sector asciende a 391 millones de euros, que representa el 32% de los recursos asignados a medio ambiente.
Se dio prioridad a los proyectos de residuos sólidos urbanos relativos a la recogida selectiva, a las plantas de compostaje y reciclaje y a la clausura de vertederos con vistas a adaptarse a la directiva pertinente.
Asistencia técnica - Estudios preliminares
En 2002 se aprobaron seis decisiones relativas a estudios preliminares y asistencia técnica, correspondientes a una ayuda de 8,8 millones de euros, de los cuales 7 millones se comprometieron ese año. En el primer caso se trata de estudios técnicos, económicos y medioambientales necesarios para la realización de proyectos. La asistencia técnica tiene por objeto ayudar a la elaboración de proyectos de construcción que podrían presentarse posteriormente para cofinanciación.
En 2002, la Comisión adoptó un total de 13 decisiones de financiación de proyectos en el sector de los transportes en concepto de inversiones totales por valor de 2.140 millones de euros y concedió una ayuda total del Fondo de Cohesión de 1.444 millones de euros. Los compromisos que se realizaron en 2002 alcanzaron los 1.046,2 millones de euros y corresponden a las nuevas decisiones adoptadas en ese año y a las modificaciones y tramos anuales de las decisiones adoptadas con anterioridad.
Del total de decisiones de ayuda que la Comisión aprobó en 2002, el sector de los transportes absorbió el 54,4%, así como un 53% de los compromisos ejecutados. El siguiente cuadro muestra la distribución de la ayuda por modo de transporte.
* Los compromisos de 2002 corresponden a tramos anuales de proyectos aprobados antes de 2002
En 2002 se observó un claro avance en la ejecución de los proyectos de carreteras aprobados en años anteriores, lo cual permitió comprometer importes presupuestarios correspondientes a tales niveles de ejecución. Sin embargo, en 2002 no se registró ninguna solicitud de ayuda por parte de las autoridades españolas.
En 2002, la Comisión realizó un gran esfuerzo para aumentar la inversión en el desarrollo de la red de líneas de alta velocidad en España. Durante ese año se aprobaron 8 nuevas decisiones. Entre ellas destacan las relativas a las diferentes secciones de la línea Madrid - Valladolid, que constituye, junto con la línea Madrid - Barcelona - frontera francesa, uno de los catorce proyectos declarados prioritarios por el Consejo Europeo de Essen (9 y 10 de diciembre de 1994). La línea de alta velocidad Madrid - Valladolid reducirá el tiempo de viaje entre ambas ciudades a aproximadamente 90 minutos y, según las estimaciones, conllevará un aumento del número de viajeros de alrededor de 9 millones para 2025. Por otra parte, la sección Madrid - Valladolid no sólo ofrecerá las ventajas asociadas a la conexión con el eje Vitoria - Dax (Francia), sino que también contribuirá de manera notable a la integración de las redes ferroviarias del norte y noroeste de España en el resto del territorio. La fecha prevista para el comienzo de la explotación de esta nueva línea se ha fijado en 2007.
Las obras de los demás proyectos aprobados o en curso de ejecución progresaron tal como se había previsto, de conformidad con la información que se intercambió en los diferentes comités de seguimiento.
En lo que respecta a los puertos marítimos, el Fondo de Cohesión contribuyó en 2002 a la financiación de cuatro nuevos proyectos, que se suman al proyecto de ampliación del Puerto de Barcelona, aprobado en 2001. La cofinanciación del Fondo de Cohesión afecta a las obras de ampliación o a la construcción de nuevos diques, cuyo objetivo es aumentar la seguridad y la capacidad de cabotaje.
Todos estos proyectos responden a las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (RTE). El caso del Puerto de la Estaca, situado en la isla canaria de Hierro, es particularmente representativo, ya que será un elemento de comunicación crucial para esta isla ultraperiférica.
Por lo que respecta al sector aeroportuario, la Comisión concedió en 2002 una ayuda a un proyecto de puesta en marcha de un sistema de transferencia automática de viajeros entre las distintas terminales del aeropuerto de Madrid - Barajas. Este proyecto se inscribe en la Sección 4 del Anexo II de la Decisión n° 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. El coste total calculado de este proyecto asciende a 119,3 millones de euros y la ayuda aprobada es de 41,1 millones de euros.
España - Regiones ultraperiféricas
Las ayudas siguen reflejando la importancia que se concede al desarrollo de regiones ultraperiféricas (Islas Canarias), reforzada por el Informe final de la Comisión COM(2000) 147 sobre las medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299 del Tratado. La ayuda comunitaria concedida en 2002 es de 49 millones de euros.
En el ámbito del medio ambiente, los esfuerzos se han concentrado en el sector de los residuos, ya que las Canarias experimentan grandes dificultades en el tratamiento de los mismos, debido a su condición de islas. Se prosiguen las medidas emprendidas anteriormente para la construcción de complejos medioambientales.
En el ámbito de las infraestructuras de transporte, el proyecto de Puerto de la Estaca, situado en la Isla de Hierro, por un importe total de 22,9 millones de euros, constituye una vía de comunicación importante para la isla, ya que permite a la población local superar los problemas que provoca el aislamiento y los obstáculos asociados a su condición periférica.
En 2002, la Comisión no aprobó ninguna ayuda nueva del Fondo de Cohesión para Irlanda. Sin embargo, se asignaron 85,8 millones de euros en total a tres proyectos ya existentes para cubrir los gastos adicionales de los mismos. Se realizaron otros cinco compromisos por un valor de 75 millones de euros correspondientes a los tramos siguientes de proyectos ya adoptados.
Esta amplia pauta de compromisos está influida por las dimensiones de la dotación de que dispone Irlanda y por la tendencia iniciada hace pocos años de financiar proyectos grandes con presupuestos plurianuales.
Por lo que respecta a los compromisos, con un grupo reducido de proyectos grandes es relativamente difícil garantizar el equilibrio sectorial todos los años. No obstante, la relación global entre los proyectos de transporte y los de medio ambiente es actualmente más equilibrada que en los primeros años del periodo 2000-2006, gracias a los compromisos suscritos en 2002. En 2000, el sector del transporte representaba el 19% y el del medio ambiente, el 81% de los proyectos. A finales de 2002, la proporción era del 46% frente al 54%. El objetivo sigue siendo garantizar un equilibrio del 50:50 durante el periodo de programación.
También se cerraron 12 proyectos del periodo 1994-1999 y se examinaron los informes definitivos de otros cinco proyectos en 2002. Asimismo se modificaron siete proyectos del periodo 1994-1999 mediante decisiones formales de modificación.
Las dos prioridades del sector del medio ambiente para el periodo actual son la recogida y el tratamiento de las aguas residuales y la gestión de los residuos sólidos urbanos.
En 2002 no se subvencionó ningún proyecto nuevo. Se modificó la fase de un proyecto ya existente (Red principal de evacuación de aguas de Limerick Fase III) para conceder una ayuda suplementaria de 30,6 millones de euros a la construcción de elementos adicionales del sistema de recogida de aguas residuales. Estas obras se describieron en la solicitud de ayuda inicial, pero no recibieron la ayuda en su momento.
En 2002 no se subvencionó ningún proyecto nuevo. Las autoridades irlandesas comunicaron a la Comisión en 2002 que no podrían absorber la totalidad de la asignación de la ayuda indicativa por valor de 33 millones de euros propuesta por la Comisión para el subsector de los residuos sólidos. La Comisión se mostró preocupada y decepcionada por la incertidumbre que se cierne sobre el desarrollo del ámbito de los residuos sólidos. Sin embargo, fue posible llegar a un acuerdo para mantener el equilibrio entre medio ambiente y transporte en los compromisos del periodo 2000-2006, que constituye la primera prioridad de gasto de la Comisión.
Al igual que en el sector del medio ambiente, sólo destacaron dos sectores prioritarios en este periodo: las carreteras y los transportes públicos.
En 2002 no se subvencionó ningún proyecto nuevo. Se modificó un proyecto existente (Autopista M1, tramo Cloghran-Lissenhall Fase II) para conceder una ayuda suplementaria de 28,8 millones de euros a la construcción de elementos adicionales de la autopista y al nuevo trazado de carreteras existentes. Estas obras se describieron en la solicitud de ayuda inicial, pero no recibieron la ayuda en su momento.
En 2002 no se financió ningún proyecto nuevo. Se modificó el proyecto de ferrocarril ya existente (estación de Heuston y desarrollo del corredor ferroviario del suroeste Fase I) para conceder una ayuda suplementaria de 26,4 millones de euros a la construcción de elementos adicionales en la estación de Heuston, que era necesaria para completar el desarrollo de dicha estación. La ayuda inicial asignada a la terminal se concentró principalmente en las vías y en los dispositivos de señalización. Estas obras adicionales no se describieron en la solicitud de ayuda inicial.
2002 fue un año particular en cuanto a la ejecución del Fondo de Cohesión. Por vez primera no fue posible comprometer la totalidad del importe indicativo asignado a Portugal.
En efecto, el procedimiento de infracción, por el que se rechazaba el modo en que Portugal había concedido la gestión de las aguas y residuos urbanos a empresas controladas por la empresa pública Águas de Portugal, impidió la aprobación de diversos proyectos en curso de tramitación, especialmente en el ámbito de las aguas residuales.
Por ello, la Comisión sólo aprobó 5 proyectos nuevos, financiados con 106,1 millones de euros, de los cuales 84,9 millones se comprometieron en el presupuesto de 2002.
Teniendo en cuenta dichos compromisos y los proyectos aprobados en años anteriores que han afectado al presupuesto de 2002, el total de los compromisos anuales se desglosa como sigue:
Al igual que en el periodo precedente, las principales prioridades de intervención del Fondo para el periodo 2000-2006 son el tratamiento de las aguas residuales, el suministro de agua potable y el tratamiento de los residuos urbanos. Se realizó un esfuerzo para presentar más proyectos de medio ambiente con objeto de reequilibrar los importes asignados a cada ámbito. Sin embargo, habida cuenta del procedimiento de infracción más arriba citado, las cantidades comprometidas se destinaron principalmente a la financiación de proyectos de transporte.
En 2002, la Comisión adoptó 4 nuevos proyectos medioambientales, de los que 2 corresponden al sector del agua y 2 al sector de residuos urbanos.
Los dos proyectos aprobados abordan cuestiones de saneamiento: el primero contempla la realización de estudios para determinar qué decisiones han de adoptarse en la gestión de las aguas residuales del Algarve. El segundo emprende obras de saneamiento en el municipio de Braga.
Al contrario que en años anteriores, Portugal presentó un número muy reducido de proyectos relativos a los residuos urbanos en 2002. Por ello, la Comisión sólo aprobó dos proyectos que retoman otros ya financiados en el pasado y que tienen por objeto completar los sistemas en los que se integran tales proyectos.
En el primer caso se trata de un proyecto de Lipor (servicio intermunicipal de gestión de residuos de Grande Porto) que prevé la construcción de una central de valorización orgánica. El segundo proyecto emprende la tercera fase del sistema gestionado por la Asociación de Municipios del Vale do Ave.
Como ya se ha precisado anteriormente, Portugal intentó en 2002 reequilibrar la utilización de créditos entre los dos ámbitos del Fondo de Cohesión, que hasta el momento había favorecido con diferencia al sector de los transportes. Por ello sólo se presentó un proyecto, que consiste en la construcción de un tramo del itinerario principal n° 6 (IP 6) entre Peniche y el itinerario complementario n° 1 (IC1), aprobado en tanto que acceso a la red transeuropea de transporte.
En 2002 no se emprendió ninguna acción de asistencia técnica por iniciativa de la Comisión.
En enero de 2002 se celebró en Atenas una reunión del comité de seguimiento del Fondo de Cohesión, cuyo trabajo queda recogido en las correspondientes actas.
Asimismo tuvieron lugar diversas reuniones técnicas en 2002. El 14 de marzo de 2002, los servicios de la Comisión y los representantes del Ministerio de Obras Públicas se reunieron en Atenas. La reunión tenía por objeto revisar el desarrollo de las obras públicas del sector ferroviario desde los años 90 mediante la evaluación de todos los programas operativos con el fin de determinar cuál era la situación actual y qué acciones debían emprenderse hasta el final del periodo de programación vigente.
El 26 de marzo de 2002, la Comisión y los Ministerios de Economía y de Transportes se reunieron en Atenas. El propósito de la reunión era hacer un repaso de los progresos que se habían logrado hasta la fecha en el ámbito del transporte y del medio ambiente, y examinar las conclusiones de la reunión del comité de seguimiento celebrada en enero de 2002. Durante la reunión se abordó también la necesidad de reforzar el papel de las autoridades gestoras en el seguimiento de los proyectos del Fondo de Cohesión.
La ejecución de la estrategia medioambiental de Grecia se sometió a un examen más exhaustivo en mayo de 2002. Con ello se pretendía señalar los ámbitos que requerían esfuerzos adicionales para completar las inversiones en materia de medio ambiente en Grecia y promover de este modo una ejecución armoniosa de la estrategia medioambiental del Fondo de Cohesión.
Se visitaron diversos proyectos en abril de 2002, concretamente la planta de reciclaje de Ano Liossia, la depuradora de Psyttalia y los proyectos de suministro de agua de EYDAP.
Por otra parte, la reunión que celebraron la DG Regio y las autoridades griegas en junio de 2002 permitió evaluar la ejecución de proyectos nacionales de envergadura, como los de las presas de Gadouras y Aposelemi. En septiembre de 2002, la celebración de otra reunión técnica propició la evaluación individualizada de diversas solicitudes de decisiones de modificación adoptadas en años anteriores.
La DG REGIO y las autoridades griegas celebraron otra reunión en Atenas en octubre de 2002. Los debates abarcaron cuestiones estratégicas del sector del medio ambiente y la revisión de los compromisos para 2003. Se evaluaron, entre otras cosas, los avances realizados en la ejecución de la estrategia en materia de residuos sólidos y se examinaron los objetivos de cara al futuro con el fin ejecutar plenamente la estrategia medioambiental acordada.
En 2002 se reunieron en Madrid dos comités de seguimiento.
El primero se reunió del 30 de enero al 1 de febrero y el segundo, del 23 al 25 de octubre. Se trató de las decimosexta y decimoséptima reuniones del comité de seguimiento del Fondo de Cohesión.
El comité se subdividió en varias sesiones específicas en función de los sectores afectados y de las autoridades gestoras implicadas para examinar la puesta en marcha de una serie de proyectos y grupos de proyectos (cada comité adoptó alrededor de 170 decisiones) cuya ejecución requería un debate específico con las autoridades responsables y que habían sido elegidos conjuntamente por los responsables del Ministerio de Hacienda y la Comisión. Los datos acerca del estado de los proyectos no seleccionados fueron igualmente remitidos, a título informativo, tanto al comité como a la Comisión.
Durante las dos reuniones, el comité abordó varios puntos de interés horizontal tales como:
- El control de calidad de las solicitudes de cofinanciación y de los informes finales;
- La aplicación de la liberación automática a los proyectos que no han comenzado transcurridos dos años a partir de la decisión de aprobación del mismo;
- Las exigencias reglamentarias relativas a la publicidad;
- Los resultados de las inspecciones de control, principalmente en cuanto al respeto del Derecho comunitario en materia de contratos públicos;
- La gestión de los proyectos en curso, en particular, dar por concluidas antiguas decisiones con más rapidez y reducir el número de modificaciones solicitadas;
- La fiabilidad de las previsiones de pagos futuros.
Las inspecciones realizadas tenían como objetivo evaluar y comprobar el grado de avance de las obras correspondientes a los proyectos en curso, así como detectar las dificultades surgidas al ejecutarlos.
Las inspecciones de seguimiento efectuadas figuran en el Anexo I.
En 2002 se celebraron dos reuniones del comité de seguimiento: el 19 de abril y el 31 de octubre. En general, la Comisión estuvo satisfecha con la calidad de la información que las autoridades irlandesas facilitaron acerca de la gestión de los proyectos y las cuestiones pendientes se resolvieron convenientemente.
En dichas reuniones, el comité examinó los informes escritos sobre el desarrollo de 30 proyectos abiertos del periodo 1993-1999 y de 7 proyectos del periodo 2000-2006.
También se avanzó en la realización de otros 12 proyectos en 2001. Los proyectos pendientes del periodo 1993-1999 que debían concluirse para finales de 2002 representan el 16% de los proyectos subvencionados en dicho periodo.
En 2001-2002, la Comisión examinó en detalle un proyecto en concreto. Se trata del proyecto de vía ferroviaria y dispositivos de señalización, que recibió ayuda en 1997 y que engloba un conjunto de cinco proyectos relacionados. Uno de los proyectos (proyecto de señalización denominado "mini-CTC") sufrió graves retrasos en su ejecución, gastos adicionales, la rescisión del contrato original y, en 2001-2002, fue objeto de una investigación pública de la gestión de la empresa ferroviaria por parte del parlamento nacional. A diferencia del parlamento, que nunca concluyó el informe de la investigación pública, la Comisión sí examinó minuciosamente las razones del retraso en la ejecución del proyecto y la estrategia propuesta para finalizar el proyecto mini-CTC. En 2002, la DG REGIO organizó una auditoría técnica para evaluar la eficacia de la estrategia de ejecución. Los principales elementos de la estrategia recibieron una valoración positiva en términos generales. A la luz de tales resultados y en vista de que era la primera vez que se deseaba cambiar la fecha límite de ejecución, la Comisión adoptó una decisión de modificación a finales de 2002 para seguir brindando apoyo al proyecto mini-CTC.
Respecto a la política general sobre modificación de proyectos y/o solicitudes de ampliación de 2002, la Comisión presentó a las autoridades irlandesas (así como a los demás países beneficiarios del Fondo de Cohesión) nuevas directrices sobre la modificación de proyectos para restringir la posibilidad de modificar decisiones que hayan sido objeto de varias enmiendas.
Los objetivos de las visitas a proyectos realizadas en 2002 fueron los siguientes:
- comprobar el progreso en la realización de los correspondientes proyectos, y
- aclarar las dificultades notificadas al comité de seguimiento con anterioridad y las solicitudes presentadas para modificar las decisiones relativas a los proyectos
La lista de las visitas realizadas a proyectos figura en el Anexo I.
Conforme con lo establecido en el Reglamento del Fondo, el comité de seguimiento ha de reunirse dos veces al año.
En 2002, estas reuniones se celebraron los días 27 y 28 de mayo, y 11 y 12 de diciembre. Dichas reuniones permitieron, además de analizar individualmente cada proyecto, discutir acerca de temas de carácter general, como la publicidad, el control, los contratos públicos o las normas de ejecución e intercambiar informaciones de distinta naturaleza.
El seguimiento del proyecto para la construcción de la central hidroeléctrica de Alqueva es responsabilidad, por una parte, del comité general y, por otra y en un marco más amplio, del comité de seguimiento de los Fondos Estructurales para el Programa específico de desarrollo integrado de la zona de Alqueva (PEDIZA).
En 2002, además de participar en las reuniones del comité de seguimiento y en determinadas inspecciones de control realizadas por la unidad G7, la unidad responsable de Portugal de la DG Política Regional llevó a cabo varias inspecciones de seguimiento para evaluar el avance de los proyectos, conocer in situ los problemas surgidos en la ejecución y buscar las soluciones más apropiadas para el normal desarrollo de los proyectos (véase el Anexo I).
En 2002, la DG Política Regional realizó 22 auditorías en los cuatro Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión. Se han detectado problemas en los cuatro Estados, principalmente respecto a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, si bien la situación de estos países no es homogénea. Asimismo, se ha observado una mejora de la situación en lo concerniente al cumplimiento de la Decisión 96/455/CE sobre la publicidad, pero todavía es necesario realizar esfuerzos adicionales.
Es preciso señalar que, tras la adopción en julio de 2002 del nuevo Reglamento (CE) nº 1386/2002 de la Comisión sobre los sistemas de gestión y control y el procedimiento para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo al Fondo de Cohesión, los cuatro Estados miembros han puesto todo su empeño en adaptar su organización a las exigencias del nuevo Reglamento.
Las irregularidades que se han observado en los cuatro Estados miembros están siendo objeto de procedimientos de aplicación de correcciones financieras.
En 2002 se realizaron cinco auditorías en Grecia, que permitieron examinar ocho decisiones relativas al Fondo de Cohesión.
Las principales conclusiones que pueden extraerse de estos controles se refieren a la aplicación de la normativa sobre contratos públicos y a la calidad de las estimaciones de los costes de las obras, en el contexto de los análisis de la relación coste-beneficio.
En España se realizaron nueve auditorías relativas al Fondo de Cohesión, que permitieron examinar 17 decisiones.
La situación de España no es homogénea debido a la descentralización administrativa. Sin embargo, pueden extraerse varias conclusiones a partir de los controles realizados por la DG Política Regional.
Las principales anomalías que se observan se refieren al cumplimiento de la normativa sobre contratos públicos (confusión entre los criterios de selección y de adjudicación de los contratos, aplicación de la baja temeraria) y la inclusión de gastos no subvencionables (IVA, compra de terrenos que pertenecen a las administraciones públicas).
En 2002 se realizaron en Irlanda cuatro auditorías, que consistieron en el examen de nueve decisiones. Las principales irregularidades que se han observado se refieren al incumplimiento de las normas de admisibilidad de los gastos (realización y pago de obras antes de la aprobación de las decisiones) y de la normativa sobre contratos públicos (ausencia de procedimiento de adjudicación para la asignación de determinados contratos de servicios).
En 2002 se realizaron en Portugal cuatro inspecciones de control, que permitieron examinar siete decisiones del Fondo de Cohesión.
Las principales conclusiones que se han obtenido de estas auditorías atañen a la aplicación de la normativa sobre contratos públicos (ausencia de procedimiento de adjudicación para los contratos de servicios) y a la presentación de solicitudes de pago que contienen gastos no subvencionables (construcción de aparcamientos o de oficinas).
Entre noviembre y diciembre de 2002, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) realizó auditorías conjuntas con la DG REGIO en los cuatro Estados miembros beneficiarios sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n° 1831/94 de la Comisión relativo a los sistemas y procedimientos de notificación y seguimiento de las irregularidades en el ámbito de los Fondos Cohesión. Hay que señalar que dichas auditorías se realizaron al mismo tiempo que las auditorías sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1681/94 en el ámbito de los Fondos Estructurales. Las conclusiones de las auditorías se comunicarán a los Estados miembros, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Tribunal de Cuentas Europeo.
Además, en virtud del artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1831/94 [13] relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el marco de la financiación del Fondo de Cohesión, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito, los Estados miembros beneficiarios están obligados a comunicar a la Comisión las irregularidades que hayan sido objeto de un primer acto de comprobación administrativa o judicial.
Para el año 2002, tres de los cuatro Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión, es decir: Grecia, Irlanda y Portugal, comunicaron a la Comisión un total de 4 casos de irregularidades en virtud del Reglamento 1831/94. Grecia e Irlanda comunicaron cada una un caso y Portugal dos.
El caso comunicado por las autoridades griegas implicaba en total 973.444 EUR de contribución comunitaria y la irregularidad se refería al incumplimiento de las normas en los contratos públicos. En cambio, el caso comunicado por las autoridades irlandesas implica en total 5.885 EUR de contribución comunitaria y la irregularidad consistía en la presentación de gastos no eligibles. El importe en cuestión se recuperó a nivel nacional. Los casos comunicados por Portugal implicaban en total 8.842.900 EUR de contribución comunitaria cuyo pago de 8.024.246 EUR se suspendió a nivel nacional. Las irregularidades detectadas se referían también a la presentación de los gastos no eligibles, a la presentación de justificantes incorrectos así como de problemas debidos a la gestión de la contabilidad. El importe de 818.654 EUR pagado a los beneficiarios fue objeto de una recuperación a nivel nacional.
Hay que indicar que España informó a la Comisión, en el marco del Reglamento previamente mencionado, que no había destacado irregularidades durante el año.
El objetivo último de las políticas comunitarias es maximizar el desarrollo económico y reducir las disparidades regionales en cuanto a PIB per cápita y tasas de desempleo. Por ello, el problema más grave a la hora de realizar análisis coste-beneficio de las inversiones en proyectos susceptibles de ser cofinanciados por el Fondo de Cohesión es la falta de análisis económico o la mediocridad con la que a menudo se han llevado a cabo.
Asimismo, el análisis financiero de algunas inversiones en proyectos ha puesto de manifiesto que, tras revisar los análisis coste-beneficio, los promotores de los proyectos descubrieron que las inversiones en proyectos no necesitaban, en realidad, contribuciones tan elevadas de la UE. Éste es un aspecto crucial para aumentar al máximo la eficacia de la asignación de los fondos públicos a las políticas estructurales comunitarias, ya que, de este modo, pueden financiarse más proyectos. Además, no se había realizado ningún análisis de riesgos en ninguno de los informes de proyectos presentados. En este sentido, la Comisión ha aconsejado enérgicamente a los promotores de los proyectos que utilicen esta técnica, no sólo para incrementar las probabilidades de éxito del proyecto al dotarlo de más robustez financiera, sino también para mejorar su impacto en el desarrollo regional, puesto que se señalarían las variables más críticas y se aplicarían nuevas especificaciones coherentes con el proyecto.
A raíz de la actualización de la Guía de análisis coste-beneficio de los proyectos de gran envergadura, la Comisión había efectuado en 2001 una importante labor interna para mejorar la coherencia del análisis financiero anterior de los diferentes proyectos. La reflexión se centró principalmente en el valor del índice de actualización utilizado, las modalidades de aplicación del principio de "quien contamina paga" en los proyectos de gestión del agua, la inclusión en el cálculo de rentabilidad económica de los costes históricos anteriores a la presentación del proyecto a la Comisión y la posible contabilización de los gastos financieros. Los resultados de esta reflexión se presentaron a los Estados miembros en el transcurso de 2002.
En virtud de un contrato marco firmado por las dos instituciones en 2000, con vigencia hasta finales de 2006, la Comisión puede solicitar al Banco Europeo de Inversiones su asistencia para evaluar los proyectos del Fondo de Cohesión, así como los proyectos de gran envergadura respaldados por el FEDER y los proyectos financiados por el ISPA. Además, la Comisión recibe sistemáticamente del BEI toda la información pertinente acerca de los proyectos sujetos a cualquiera de estos tres fondos y a los que el mismo Banco haya decidido prestar su ayuda.
El Reglamento por el que se crea el Fondo de Cohesión obliga a la Comisión a estudiar la repercusión de las intervenciones del Fondo en la cohesión económica y social, incluido el empleo, tanto para cada proyecto como para el total de la ayuda comunitaria.
La nueva versión de la Guía para el análisis coste-beneficio es más exhaustiva que su antecesora y desempeña con más eficacia su función pedagógica, ya que aborda las principales cuestiones relativas al análisis coste-beneficio mediante casos prácticos. La Guía actual estará disponible en inglés y, a partir de abril, también en otras lenguas, en la página web de la DG Regio. Se pretende así que los responsables geográficos y los promotores de los Estados miembros puedan utilizarla lo antes posible.
La Comisión ha tomado medidas para dotar de más coherencia a las prácticas de los Estados miembros. Concretamente se ha concedido especial prioridad a la armonización de elementos clave de evaluación, como son los tipos de descuento, los imprevistos, la amortización (que se ha eliminado), la adaptación a la fórmula del déficit de financiación (para estimular la aplicación del principio de "quien contamina paga") y el uso de costes históricos residuales. Estos logros son fruto de intensos debates bilaterales y multilaterales. Los debates multilaterales desembocaron en acuerdos con las autoridades competentes, en virtud de los cuales la mencionada armonización se aplicará plenamente a partir de 2003. Por otra parte, la DG Política Regional ha elaborado normas simplificadas de acuerdo con el principio de proporcionalidad, con vistas a aliviar la carga informativa del análisis coste-beneficio.
A partir de los informes presentados por el Sr. Turco ( informe 2000 del Fondo de Cohesión) y por la Sra. Scallon (informe 2001), el Parlamento abordó la cuestión de la utilización de la evaluación posterior de los proyectos ya concluidos en la nueva fase de programación, y las acciones de formación que podría emprender la Comisión, con el fin de definir los criterios relativos a la evaluación anterior que ofrezcan una verdadera homogeneidad entre los Estados miembros. Asimismo, el Parlamento Europeo invitó a la Comisión a ejercer un control riguroso de las normas de transparencia en materia de contratos públicos y lamentó la carencia de compromisos y de pagos, a pesar de la mejora de la ejecución presupuestaria registrada en 2001. El Parlamento también deploró que el informe no incluyese datos específicos y precisos sobre el "saldo pendiente de liquidación" del Fondo de Cohesión.
En su informe anual 2001, la Comisión presentó datos presupuestarios detallados, especialmente en lo relativo al "saldo pendiente de liquidación". Además, la Resolución del Parlamento Europeo ha animado a la Comisión a reforzar su cooperación entre las Direcciones Generales de Política Regional, de Trasportes y de Medio Ambiente.
La integración de las actividades del Fondo de Cohesión en el conjunto de iniciativas de la DG REGIO se ha consolidado desde 2000, por lo que la cobertura informativa de las mismas ha pasado a formar parte de las acciones de información y comunicación de la Dirección General.
En concreto, el programa de acciones ad hoc, a saber, publicaciones, reportajes fotográficos y eventos, ha dado cuenta de los proyectos del Fondo de Cohesión. Digno de especial mención es el reportaje fotográfico de Grecia, finalizado en diciembre de 2002. Este proyecto sirvió de preparación al último folleto por países de la serie actual que ilustra el ámbito y las características de la política de cohesión comunitaria.
Estas actividades continuarán en 2003, especialmente con vistas al posible aumento del número de países que podrán solicitar ayuda al Fondo de Cohesión después de la ampliación de la UE en 2004.
El seminario celebrado en marzo de 2002 fue un momento crucial del año. En él se compararon los avances realizados en el ámbito de los requisitos de información y publicidad (artículo 14 del Reglamento (CE) nº 1164/94, en la medida en que afecta al Fondo de Cohesión) en las diferentes regiones del objetivo 1, incluidos los cuatro países de la cohesión. Los Estados miembros tienen la responsabilidad de informar a sus ciudadanos sobre las intervenciones del Fondo Estructural y sobre los proyectos del Fondo de Cohesión de un modo eficaz y transparente. Por su parte, la Comisión ha establecido diversos mecanismos que facilitarán el cumplimiento de este requisito.
Lista de inspecciones de seguimiento y de calidad efectuadas en 2002
Enero: Reunión del comité de seguimiento del Fondo de Cohesión. Se revisaron el progreso realizado y las futuras prioridades de ejecución de la estrategia acordada en materia de medio ambiente y transporte.
14 de marzo: Reunión de altos funcionarios de la Comisión con representantes del Ministerio de Transportes para tratar las obras públicas en el sector ferroviario.
26 de marzo: Revisión de los progresos realizados en la ejecución de las prioridades acordadas en el ámbito del transporte y del medio ambiente.
Abril: Visitas a los proyectos de suministro de agua de EYDAP, a la planta depuradora de aguas residuales de Psyttalia y a la planta de reciclado de Ano Liossia para comprobar los progresos realizados.
Junio: Examen de proyectos nacionales de gran envergadura en el ámbito del medio ambiente.
Junio: Inspección de calidad en la sede de ERGOSE (organismo que gestiona los proyectos ferroviarios en Grecia).
Septiembre: Examen exhaustivo de solicitudes de decisiones de modificación.
Octubre: Se pusieron en perspectiva las prioridades en materia de medio ambiente y transporte para 2003.
Julio: Visita de los servicios de la Comisión al complejo medioambiental del Salto del Negro en Gran Canaria y al complejo de Arico en Tenerife (proyectos de gestión de residuos de la Comunidad Autónoma de Canarias). Se observaron dificultades para gestionar eficazmente los proyectos. A raíz de los comentarios realizados por los servicios de la Comisión, las diferentes entidades públicas firmaron un acuerdo con vistas a establecer un sistema estable de gestión.
Septiembre: Visitas a las zonas que abarcan los proyectos "Colectores y EDAR de Las Navas del Marqués (Ávila)" (FC n° 98.11.61.036) y "Ampliación del abastecimiento de Las Navas del Marqués (Ávila)" (CCI 2002.ES.16.C.PE.003), que proporcionaron toda la información necesaria para concluir la tramitación de la solicitud de modificación del objeto físico del primer proyecto, aprobada por la Decisión C(2002) 3512 de 6 de noviembre de 2002, y la solicitud de ayuda relativa al segundo proyecto, aprobada por la Decisión C(2002) 4270 de 16 de diciembre de 2002.
Visitas a las obras en curso de los proyectos "EDAR de la cuenca media-alta del Arroyo Culebro-Sección Fuenlabrada (Madrid)" (FC n° 98.11.61.004) y "EDAR de la Gavia (Madrid)" (FC n° 98.11.61.018), así como a zonas a las que afecta el proyecto "EDAR de la cuenca baja del Arroyo Culebro-sector Getafe (Madrid)" (CCI n° 2000.ES.16C.PE.032), que proporcionaron toda la información complementaria necesaria para concluir la tramitación de la solicitud de modificación del último proyecto aprobado por la Decisión C(2002) 4652 de18 de diciembre de 2002.
Julio: Limerick, Burren y North Clare
- Proyecto n° 99/07/61/002 - Instalación principal del drenaje del núcleo urbano y las cercanías de Limerick (fase III): La Comisión comprobó que se habían realizado progresos tangibles conforme a la planificación y dentro del plazo establecido por la actual decisión de subvención. Asimismo abordó los elementos del proyecto que podrían recibir apoyo si se dispusiera de una dotación económica adicional del Fondo de Cohesión.
- Proyecto n° 96/07/61/009 - Plan de abastecimiento de agua de Limerick (fase II): La Comisión comprobó que el proyecto estaba materialmente terminado y que las plantas depuradoras de aguas residuales y los sistemas de evacuación de aguas residuales estaban operativos. La Comisión abordó asimismo los requisitos de elaboración del informe final y del cierre del proyecto.
- Proyecto nº 95/07/61/002 - Plan de abastecimiento de agua de North Tipperary: la Comisión pudo comprobar el alcance de las mejoras de la planta de tratamiento de aguas residuales y de la reparación de las entradas de aguas residuales. La Comisión realizó un seguimiento del progreso en relación con la finalización del proyecto y pudo apreciar las actividades de información. Asimismo se abordó la documentación de cierre del proyecto.
- Proyecto nº 94/07/61/010 - Plan de abastecimiento de agua de Burren y North Clare: El propósito de la visita era comprobar la finalización del proyecto. La planta de depuración de aguas residuales y el sistema de evacuación de aguas residuales ya estaban operativos y la Comisión explicó cuál era la documentación necesaria para dar por concluido el proyecto. La Comisión pudo apreciar la campaña informativa y la escultura que se colocó en Lisdoonvarna en conmemoración del proyecto.
Abril: Visita a los proyectos nº 2001/PT/16/C/PT/001 y 2000/PT/16/C/PT/003, relativos a la modernización de la línea ferroviaria del Algarve, en la que se prestó una atención particular a los aspectos de la publicidad que deben estar presentes en los proyectos financiados.
Junio: Inspección de seguimiento de tres proyectos:
- Proyecto nº 1996/PT/16/C/PE/003 de saneamiento de Ría de Aveiro. Se analizaron varios aspectos técnicos con la colaboración de los responsables del proyecto, concretamente el tratamiento y el destino final de los lodos, la normativa relativa a los efluentes y el sistema tarifario.
- Proyecto nº 2000/PT/16/C/PE/007 relativo al sistema de suministro de agua del Zêzere Côa. Se evaluó la pertinencia de las modificaciones solicitadas del proyecto inicial.
- Proyecto nº 2000/PT/16/C/PE/015 relativo al sistema de tratamiento de residuos sólidos de Cova da Beira. Se discutieron las eventuales dificultades financieras de la empresa encargada de las obras y las posibilidades de transferir la responsabilidad de la puesta en marcha del proyecto a otra entidad.
Noviembre: Proyecto nº 2001/PT/16/C/PE/002 relativo a un conjunto de intervenciones destinadas a optimizar la gestión del agua en el archipiélago de Madeira. Se visitaron las obras en curso en Porto Santo para atraer la atención de los responsables sobre el respeto de la calidad de los residuos que se expulsan al mar.
Asimismo se realizaron durante el año otras inspecciones técnicas en el marco de la tramitación de determinadas candidaturas, principalmente en los sistemas multimunicipales integrados de agua cuyos responsables son empresas pertenecientes al grupo Águas de Portugal. Haut

References: artículo 104
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 104
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 299
 artículo 3
 Resolución