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Timestamp: 2018-12-13 04:24:10+00:00

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﻿ SENTENCIA T-954 DE NOVIEMBRE 17 DE 2006
SENTENCIA T-954 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:COMPETENCIA DE LAS OFICINAS JUDICIALES EN RELACIÓN CON LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIAR DE LA JUSTICIA, LISTA DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA, EXCLUSIÓN DE LA LISTA DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA, CARGO DE AUXILIAR DE LA JUSTICIA, SANCIONES AL AUXILIAR DE LA JUSTICIA, SECUESTRE
Sentencia T-954 de noviembre 17 de 2006
SALA CUARTA DECISIÓN
Sentencia T-954 de 2006
Ref.: expediente T-1409231
Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre dos mil seis
3. El 20 de junio de 2000, el juzgado quinto civil del circuito de Bucaramanga, negó el recurso de apelación que interpusiera el accionante en contra de la decisión proferida por el juzgado octavo civil municipal de esa misma ciudad. A partir de esta fecha (20 de junio de 2000), comenzó a contabilizarse el fenómeno de prescripción de la pena disciplinaria, la cual corresponde a dos (2) años, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.
7. El 14 de enero de 2004, luego de que el accionante le había solicitado a la juez octavo civil municipal de Bucaramanga, lo rehabilitara como auxiliar de la justicia, ésta, de manera “lánguida”, dio respuesta a su solicitud, mediante auto de cúmplase, en el cual resuelve dicha petición concluyendo que “ la determinación de este despacho (sic) es intemporal” (Oficio 0092 de enero 21 de 2004), oficiando a la oficina judicial de Bucaramanga. Con todo, advierte el accionante, que no hubo un pronunciamiento de fondo acerca de la solicitud de rehabilitación como auxiliar de la justicia.
9. El 3 de marzo de 2004, mediante Resolución 01, la oficina judicial de Bucaramanga, resuelve excluir al actor de la lista de auxiliares de la justicia, con base en la información allegada por la juez octavo civil municipal de Bucaramanga.
Como parte de la normatividad que regula los requisitos, deberes y obligaciones de los auxiliares de la justicia, el accionante hace referencia al Acuerdo 1518 de 2002, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, por medio del cual se estableció el régimen de funcionamiento y honorarios de los auxiliares de la justicia, régimen expedido de conformidad con las facultades conferidas al Consejo Superior de la Judicatura, por el artículo 257 de la Constitución Política, así como por el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 y por la Ley 446 de 1998. De esta manera, aclara el actor, que el término máximo de exclusión para cualquier auxiliar de la justicia es el de dos (2) años, si el hecho que la causó ya feneció al momento de la inscripción.
Adicionalmente, anota el actor, que a consecuencia de los mismos hechos por los que fue sancionado disciplinariamente, fue objeto de una investigación penal por el delito de peculado culposo y condenado a una pena principal de seis (6) meses de arresto y la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término. Debió pagar además, una indemnización de perjuicios por valor de noventa mil ($ 90.000) pesos.
Como se advierte, el accionante cumplió no solo con la sanción disciplinaria, sino con la sanción penal y el pago integral de la indemnización. De esta manera, no encuentra justificación válida para que su exclusión de la lista de auxiliares de la justicia sea superior a los términos señalados legalmente. Vista esta situación, el accionante elevó un derecho de petición ante la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y en respuesta al mismo, se le manifiesta que se comparte su apreciación sobre el particular.
En consecuencia, es claro que la juez octavo civil municipal de Bucaramanga, actuando de manera extemporánea y sin la debida competencia, se ensaña en contra del accionante convirtiendo una sanción disciplinaria temporal, en una de carácter permanente e “intemporal” como así lo afirmó, causándole graves perjuicios, pues la actuación adelantada por la oficina judicial de Bucaramanga, que concluyó con la exclusión del actor como auxiliar de la justicia, se cumplió sin el agotamiento de proceso judicial alguno. Además, los perjuicios, morales y materiales, así como el lucro cesante dejado de percibir por el accionante como consecuencia de dicha actuación, afecta gravemente sus derechos.
Frente al anterior recuento de hechos, el accionante se concreta ahora en señalar los hechos que justifican la interposición de la presente acción de tutela.
c) Arrimadas dichas certificaciones a la oficina judicial mencionada, el director de ésta, mediante oficio de enero 11 de 2005, señala que no es procedente tramitar la solicitud de rehabilitación como quiera que debe cumplir la orden judicial impartida por el juzgado octavo civil municipal de Bucaramanga, “en el sentido de que es intemporal”.
g) El 22 de febrero, es apelada la decisión, la cual es conocida en segunda instancia por el juzgado tercero civil del circuito de Bucaramanga, el cual rechazó de plano el recurso, argumentando la no competencia de los jueces de la República para solucionar este tipo de conflictos.
i) Creado el conflicto de competencia negativo por la denegación de justicia en punto a la solicitud de rehabilitación hecha por el accionante, este último considera que su situación es aún más compleja vista la posición que asumiera el juzgado octavo civil municipal de Bucaramanga en relación con la petición en comento.
j) En consecuencia, considera el actor que “el ‘quid’ del asunto es determinar si el proceso de rehabilitación es meramente administrativo o judicial. Si es administrativo, es prudente determinar quién es el competente para pronunciarse sobre ello, si la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, (o la oficina judicial) o la rama judicial mediante una actuación administrativa”.
m) Recibida la petición por la oficina judicial de Bucaramanga, esta fue repartida a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga.
n) El 22 de agosto de 2005, el magistrado encargado de decidir respecto de esta petición, resuelve devolver dicha petición a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, señalando que “se determina devolverle directa e inmediatamente la actuación en ciernes al señor presidente del consejo de que se viene haciendo memoria, para que ésta autoridad, defina lo pedido por el suscribiente en algún sentido, o declare su incompetencia y le remita el caso a la autoridad que deba resolverlo”.
o) Con todo, el 1º de septiembre de 2005, la Sala Disciplinaria del mencionado consejo seccional de la judicatura, mediante providencia del mismo magistrado que conoció dicha petición el 15 de julio de ese mismo año, interpreta la petición del actor en los siguientes términos:
“Por lo anterior, infórmesele al señor Ramírez Jaimes, por la secretaria (sic) de esta corporación que deberá dirigirse a dicha dependencia para los fines deseados”.
Por todo lo anterior, el accionante considera que le han sido violados sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, razón por la cual, interpone acción de tutela en contra de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, pidiendo la protección de sus derechos fundamentales. Para ello exige que se le ordene a dicha autoridad judicial, dejar sin efecto su providencia del 1º de septiembre del 2005, y que en el termino de las cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de la sentencia que se profiera en el trámite de esta acción de tutela, se pronuncie en derecho, dirimiendo el conflicto de competencia ante ella presentado.
— Folios 16 a 21, solicitud para dirimir conflicto negativo de competencia, hecha por el señor Ramírez Jaimes a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, sin fecha.
— Folios 22 a 27, solicitud de rehabilitación del señor Ramírez Jaimes como secuestre sancionado, dirigida a la presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander de fecha 20 de octubre de 2004.
— Folio 28, oficio que acusa recibo de la petición señalada en el inciso anterior, suscrita por la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, de fecha 18 de noviembre de 2004.
— Folios 30 y 31, respuesta de fecha 11 de enero de 2005, dada por el director de la oficina judicial de Bucaramanga a la remisión que hiciera la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, en la que niega su rehabilitación como auxiliar de la justicia, en razón al carácter intemporal de la sanción impuesta por la juez octava civil municipal de esa misma ciudad.
— Folios 32 a 34, escritos de solicitud de aclaración hecha por el apoderado del señor Ramírez Jaimes al director de la oficina judicial de Bucaramanga, en razón a su escrito de fecha 11 de enero de 2005, y respuesta a la solicitud de aclaración de fecha 19 de enero de 2005.
— Folios 35 a 39, pronunciamiento hecho el 15 de febrero de 2005, por la juez octavo civil municipal de Bucaramanga en la cual niega la petición de rehabilitación del señor Ramírez Jaimes como auxiliar de la justicia.
— Folios 40 a 51, recursos de apelación y súplica presentados el 22 de febrero y 4 de mayo de 2005, en contra de la decisión de la juez octava civil municipal de Bucaramanga, y presentado por el apoderado del señor Ramírez Jaimes.
— Folios 52 a 56, autos de fechas 17 y 26 de mayo de 2005 proferidos por el juzgado tercero civil del circuito de Bucaramanga, por los cuales se rechazan los recursos interpuestos por el apoderado del actor en contra de la decisión judicial de fecha 15 de febrero de 2005.
— Folio 56, oficio de fecha 15 de julio de 2005, suscrito por el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por el cual se remite a la oficina judicial de Bucaramanga oficio presentado por el señor Ramírez Jaimes.
— Folio 57, oficio de fecha 1º de septiembre de 2005, suscrito por el magistrado de la Sala Dual de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, por el cual informa al señor Ramírez Jaimes que:
— Folios 62 a 76, providencia judicial del 16 de noviembre de 2005, por la cual la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se abstiene de fallar una acción de tutela promovida por el señor Ramírez Jaimes en contra del Consejo Seccional de la judicatura, Sala Disciplinaria, por inaplicación del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. Ordenando en su lugar, remitir el expediente al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander para lo de su competencia.
— Folios 141 a 146, sentencia de tutela proferida el 13 de febrero de 2006, por la Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, cuyo actor es el señor Eliseo Ramírez Jaimes contra la sala Jurisdiccional Disciplinaria de ese mismo Consejo Seccional de la Judicatura.
— Folios 172 a 176, impugnación presentada el 17 de febrero de 2006, por el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander contra la providencia reseñada en el inciso anterior.
— Folios 191 a 194, impugnación presentada el 8 de mayo de 2006, por el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander contra la providencia dictada el 4 de mayo de 2006 por la Sala de Conjueces de ese mismo tribunal (es necesario advertir que mediante providencia del 23 de marzo de 2006, que obra a folios 4 a 11 del cuaderno (2) dos del expediente, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la acción de tutela objeto de revisión por esta Sala, el cual fue proferido el 1º de febrero del presente año).
— Folios 216 a 222, sentencia de fecha 19 de mayo de 2006, proferida por la Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.
— Folios 9 a 22 del cuaderno No. (4) cuatro del expediente, sentencia del 29 de junio de 2006, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Luego de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decretara mediante auto del 23 de marzo del presente año, la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, por no haberse notificado a la entidad accionada y a los terceros con interés legítimo en las resultas del proceso, la Sala Disciplinaria de Conjueces del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, luego de vincular al proceso a la entidad accionada (Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander), y a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, a la juez octavo civil municipal de esa misma ciudad, y a la oficina judicial de dicha ciudad, profirió sentencia el 19 de mayo del presente año, en la cual concedió la protección constitucional solicitada por violación del derecho al acceso a la administración de justicia.
“Pero, ante qué autoridad se presenta la solicitud de rehabilitación?
“Es bien conocido que todas las personas que trajinamos en el mundo jurídico, que no se puede denegar justicia pretextando inexistencia de norma aplicable al caso objeto de decisión, precisamente para evitar esto, el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, consagra lo siguiente: ‘Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho’.
“Ahora bien, aplicando la analogía tenemos que el artículo 114 # 5º de la Ley 270 de 1996 se ocupa de un tema semejante o parecido, veamos: ‘Corresponde a las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura:
“Como la analogía no se está aplicando para efectos sancionatorios sino al contrario para rehabilitar al sancionado, es procedente su aplicación al caso que nos ocupa, por ende, resolviendo de fondo la petición que se originó la tutela, es competente para conocer de la solicitud de rehabilitación del auxiliar de la justicia Eliseo Ramírez Jaimes, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander”.
2. Mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2006, el magistrado Carmelo Tadeo Mendoza Lozano, en su condición de presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, impugnó la decisión proferida por la Sala de Conjueces de ese mismo consejo seccional. Dicho magistrado luego de hacer un recuento de todas las actuaciones adelantadas por el accionante, concluye señalando que de las actuaciones surtidas ante dicha corporación , no se puede inferir violación alguna de los derechos fundamentales del accionante, y mucho menos se puede considerar que se violó el derecho al acceso a la administración de justicia.
“Si bien ha existido discusión sobre lo debatido, la presidencia de la Sala fue categórica, precisa y si se quiere escueta en expresar a través de sus providencias que lo pretendido por el actor, era su nueva inclusión en la lista de auxiliares de la justicia, para lo cual debía dirigirse a la oficina judicial como es de ley”.
Consideró el ad quem, que teniendo en cuenta lo pretendido por el accionante, como es que se deje sin efecto el auto del 1º de septiembre de 2005, por el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, había resuelto su petición al señalar que:
“Cumplido lo anterior, archívese en la secretaría de esta corporación”.
Que en efecto la decisión transcrita, decidió lo pertinente respecto de la petición tutelar, toda vez que dispuso que la autoridad competente para resolver la nueva inclusión del actor en la lista de auxiliares de la justicia, era la oficina judicial de Bucaramanga, “y ello obedeció a esa libertad y competencia que ostenta la Sala accionada para tomar sus decisiones, que por escueta en su apariencia, no significa una decisión contraria a los mandatos judiciales, por el contrario, la forma en que lo hizo resulta armónico con los principios de eficiencia de la administración de justicia, máxime que para poder decidir sobre un conflicto de competencia se necesita el pronunciamiento de la referida oficina judicial, sin perjuicio de que éste sea resuelto por la autoridad competente conforme a la ley, atendiendo las funciones que cumplan las autoridades incursas en el conflicto”.
Ha de advertirse que el Consejo Superior de la Judicatura, consideró necesario vincular al proceso a terceros interesados en las resultas del proceso, como lo es la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, la juez octavo civil municipal de Bucaramanga y la oficina judicial de dicha ciudad, por cuanto estas autoridades, intervinieron en las diferentes actuaciones adelantadas por el accionante, en procura de ser rehabilitado como auxiliar de la justicia.
Así mismo, desde el mismo preámbulo de la Carta Política, es claro que las autoridades estatales deben orientar sus actuaciones para lograr el debido respeto de uno de los valores constitucionales más importantes, cual es, la justicia. Pero además, es el entorno jurídico, en el que dicho valor se debe desarrollar para garantizar a todos los ciudadanos sus derechos, siendo este el medio apropiado por el cual se debe administrar justicia (1) , garantizando por esta vía, la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales (art. 2º).
Desde la perspectiva constitucional la adopción por parte del constituyente del modelo del Estado social de derecho implica que el acceso a la administración de justicia así como a los demás derechos reconocidos en la Constitución, exige que su garantía se haga de forma efectiva, pues su simple protección formal, es decir, la mera enunciación de los mismos en una Carta de derechos sería incoherente con el mandato de respeto de la dignidad humana. Es por ello, que el mismo artículo 5º superior reconoció, sin discriminación alguna, la supremacía de los derechos inalienables de las personas, incluido el de acceso a la administración de justicia, que como ya se anotó, debe garantizarse de forma material y efectiva (2) .
Con la expedición por parte del legislador de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, en cuyo artículo 1º dispuso que “La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”, se da cumplimiento al mandato constitucional impuesto al Estado de asegurar el respeto inmediato de las garantías al debido proceso y de acceso a la administración de justicia al cual se ha hecho alusión.
“el acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados (3) . Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa —que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política— como uno de los derechos fundamentales (4) , susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior” (5) .
b. Ahora bien, en el entendido de que el derecho al debido proceso, tiene un desarrollo judicial, el cual se refiere a la materialización del derecho al acceso a la administración de justicia, o derecho a la jurisdicción, contenido en el artículo 229 de la Carta Política, todas las personas pueden acudir al Estado, quien, como administrador de justicia, permite la resolución de los conflictos particulares o la defensa del ordenamiento jurídico. Dicha vinculación se explica por ser el proceso y, en particular, la sentencia que ordinariamente le pone fin, el medio para la concreción del derecho a la jurisdicción (6) .
i) El derecho al juez natural, es decir, al juez legalmente competente para adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva, con carácter definitivo; dicho juez debe ser funcionalmente independiente e imparcial y por ello sólo está sometido al imperio de la ley (C. Pol., arts. 228 y 230).
iv) El derecho a obtener decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los principios de legalidad de la función pública y de independencia funcional del juez, con prevalencia del derecho sustancial (C. Pol., arts. 6º, 121, 123, 228 y 230).
v) El derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas (7) (resaltado fuera del texto original).
De esta manera, el derecho al debido proceso, que se plantea como el límite material por naturaleza, que impide el posible abuso de las autoridades del Estado, comporta un conjunto de reglas mínimas de carácter sustantivo y procedimental que deben ser seguidas fielmente por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, garantizando así, los derechos e intereses de las personas vinculadas a los diferentes procesos (8) .
A nivel internacional el derecho al debido proceso está consagrado, entre otros instrumentos, en la Declaración universal de derechos humanos (arts. 10 y 11), el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (arts. 14 y 15), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención americana sobre derechos humanos (arts. 8º y 9º), aprobada mediante la Ley 16 de 1972 (9) .
c. De la misma manera, como parte fundamental del ejercicio del derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, resulta de vital importancia, que la administración de justicia, no se limite exclusivamente al cumplimiento fiel de los procedimientos previamente establecidos por la ley, para garantizar una adecuada administración de justicia, pues si bien con dicho comportamiento se es fiel al principio de celeridad, es imprescindible tener en cuenta otros elementos fundamentales en el proceso de impartir justicia, como es que las decisiones que se tomen en ejercicio de esta deber constitucional, debe ser igualmente eficaces, es decir, que las mismas deben contener una resolución clara, cierta, motivada y jurídica de los asuntos que generaron su expedición, teniendo claro, que la finalidad de toda la actuación es la de maximizar el valor justicia contenido en el preámbulo de la Constitución.
La Constitución Política en su artículo 257 señala las funciones del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad judicial que en desarrollo de tales funciones constitucionales y dentro del marco legal que se expida por parte del legislador será el máximo administrador de la rama judicial. Así, en cumplimiento de dicho mandato constitucional y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 21 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, y de la Ley 446 de 1998, tiene plena competencia para expedir acuerdos que reglamenten el eficaz funcionamiento de la administración de justicia. Fue así, como mediante el Acuerdo 1518 de 2002, estableció el régimen y los honorarios de los auxiliares de la justicia.
Recordemos igualmente que la Ley 270 de 1996 en su artículo 70 establece que “Al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la administración de la rama judicial y ejercer la función disciplinaria de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto en esta ley”.
En este contexto normativo, es claro, que mediante el mencionado Acuerdo 1518 de 2002, se establecieron los derechos y deberes de los auxiliares de la justicia (art. 29), la forma de su selección (arts. 5º a 11), la forma de elaboración de las listas (arts. 13 a 23), los aspectos sancionatorios (art. 24), sus incompatibilidades (art. 25) y sus honorarios (arts. 35 y siguientes).
Así mismo, se advierte de la lectura de dicho acuerdo, la oficina judicial, será la que asuma la competencia, no solo para adelantar el proceso de inscripción, la verificación de requisitos, la elaboración de las listas, la integración final de las mismas y su remisión a los correspondientes despachos, y a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura, sino que además, se les delega la función de verificar cuándo una persona natural o jurídica, puede o no ser incluida en una lista como auxiliar de la justicia (art. 12), y en el caso de que judicialmente sea sancionado, será dicha oficina judicial, la encargada de excluirlo de manera automática tan pronto dicha situación le sea informada (parágrafo del artículo 24 del Acuerdo 1518 de 2002).
Ciertamente, la oficina judicial referida actúa como una unidad de trabajo judicial destinada a dinamizar la efectiva, y oportuna administración de justicia, encargándose en consecuencia de la logística misma de la justicia, en los términos del Decreto 2287 de 1989. Dicho decreto en su artículo tercero señala que dentro de las funciones de las oficinas judiciales está la de “llevar y organizar los listados de auxiliares de la administración de justicia y suministrar la información y apoyo requerido por los jueces” (numeral sexto).
En el presente caso, el señor Eliseo Ramírez Jaimes considera que sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad han sido violados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, al considerar que dicha autoridad judicial no ha resuelto el conflicto negativo de competencia que se ha suscitado en relación con la solicitud que él hiciera respecto de su petición de rehabilitación como auxiliar de la justicia, por cuanto las autoridades que han conocido su caso, oficina judicial, juzgado octavo civil municipal y Sala Civil - Familia del Tribunal Superior, todos de la ciudad de Bucaramanga, así como ese mismo Consejo Seccional de la Judicatura, han considerado que no son las competentes.
Sin embargo, en diciembre del 2003, más de un año después de que se integrara de manera definitiva la lista en cuestión, la juez octavo civil municipal de Bucaramanga, entregó al director de la oficina judicial de esa misma ciudad, copia de la providencia que ella emitiera en 1999, en la que se sancionaba al señor Ramírez Jaimes, documento con el que permitió que el director procediera a retirar al accionante de la mencionada lista de auxiliares de la justicia, ratificando posteriormente su posición, con la expedición de la Resolución 01 de marzo 3 de 2004.
Sobre el particular, la Corte en Sentencia C-653 de 2001 (10) señaló lo siguiente:
“Con todo, teniendo en cuenta que desde un principio se puede apreciar que pudo haber algunos errores por cuenta del director de la oficina judicial de Bucaramanga, el accionante, con la clara intención de respetar las decisiones que se asumieron en su momento, inició un periplo judicial que asegurase que su aspiración a auxiliar de la justicia, así como su retiro, fuere consecuencia de una actuación judicial o administrativa respetuosa del debido proceso, dentro de la cual hubiere podido ejercitar su derecho fundamental de defensa”.
Con todo, en el presente caso, luego de que el juzgado octavo civil municipal de Bucaramanga, la oficina judicial de dicha ciudad, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga y la misma Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, tomaran parte en la reclamación del accionante, concluyen cada una en su momento, que no eran competentes para resolver la petición del actor en torno a su rehabilitación como auxiliar de justicia. Por ello, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, mediante Auto del 1º de septiembre de 2005, señaló que era la oficina judicial de Bucaramanga la competente para resolver la petición de rehabilitación del actor como auxiliar de la justicia.
Por ello, y en razón a que el accionante se encuentra en un limbo jurídico que no le ha permitido ejercer su función como auxiliar de la justicia desde el año 2002, con la consecuente afectación de derechos fundamentales como al trabajo, la libre escogencia de profesión u oficio, al mínimo vital entre otros, permite considerar, que en efecto la extensa faena judicial que ha adelantado, la cual se ha prolongado por más de tres (3) años, y que al parecer no ha finalizado aún, demuestra claramente la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y en especial al acceso a la administración de justicia de la cual ha sido objeto el actor. Pero además, esta violación no se ha consumado única y exclusivamente en cabeza de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, pues en esta actuación denegatoria de justicia también han participado el juzgado octavo civil municipal de Bucaramanga, la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de esa misma ciudad y hasta la propia oficina judicial.
Por ello, y aún cuando ya desde el 1º de septiembre de 2005, el Consejo Seccional de la Judicatura había definido en cabeza de la oficina judicial de Bucaramanga la competencia para resolver sobre la rehabilitación del actor como auxiliar de la justicia, y en tanto esta situación aún no se haya cumplido de manera diligente, esta Sala de Revisión considera que en efecto, se consumó una clara violación del derecho al acceso a la administración de justicia, concretada en la prolongada y reiterada denegación de las autoridades judiciales aquí mencionadas al abstenerse por espacio de más de tres años, en resolver la reclamación del actor.
Por tal motivo, esta Sala de Revisión, revocará la sentencia proferida por la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y en su lugar, tutelará el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del señor Eliseo Ramírez Jaimes. Para ello, se ordenará, en virtud de lo resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, y si aún no lo hubiera hecho, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, remita a la oficina judicial de Bucaramanga, la petición de rehabilitación del señor Eliseo Ramírez Jaimes como auxiliar de la justicia, tal y como dicho consejo seccional lo consideró en auto del 1º de septiembre de 2005. Recibida tal petición por parte de la oficina judicial de Bucaramanga, y si aún no lo hubiera hecho, esta deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto puesto a su consideración, en un término que no podrá exceder de un (1) mes, vistas las circunstancias especiales del caso.
1. REVOCAR la sentencia proferida el 29 de junio del presente año, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. En su lugar, TUTELAR el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del señor Eliseo Ramírez Jaimes.
2. ORDENAR, a la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, si aún no lo hubiera hecho, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, remita, a la oficina judicial de Bucaramanga, la petición de rehabilitación del señor Eliseo Ramírez Jaimes como auxiliar de la justicia, tal y como lo indicara ese mismo consejo seccional en auto proferido el 1º de septiembre de 2005. Recibida tal petición por parte de la oficina judicial de Bucaramanga, y si aún no lo hubiera hecho, esta deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto puesto a su consideración, en el término que no podrá exceder de un (1) mes, vistas las circunstancias especiales del caso.
(1) C.P., artículo 116.
(2) Sentencia C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(3) Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión 5. Sentencia T-173 del 4 de mayo de 1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
(4) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-006 de 1992, T-597 de 1992, T-348 de 1993, T-236 de 1993, T-275 de 1993 y T-004 de 1995, entre otras.
(5) Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(6) Sentencia C-1083 de 205. M.P. Jaime Araújo Rentería.
(7) Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(8) Sentencia T-416 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-383 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(9) Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(10) Magistrado Ponente Manuel José Cepeda Espinosa.

References: artículo 34
 Resolución 
 artículo 257
 artículo 85
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 114
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 229
 resolución 
 resolución 
 artículo 257
 artículo 85
 artículo 70
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 116