Source: http://linkconsultores.com.uy/index.php/publicaciones/articulos-de-interes/itemlist/tag/Avances%20semanales
Timestamp: 2018-08-20 22:23:22+00:00

Document:
Domingo, 23 de Diciembre de 2012 10:21
Bps inspecciona: se prevén 11526 inspecciones para el año 2013
El Banco de Previsión Social prevé realizar 11.526 actuaciones inspectivas el año próximo. En su mayoría serán operativos masivos, pero se pretende elevar los casos seleccionados con sistemas informáticos. También hará foco en la construcción.
De acuerdo al Plan de Fiscalización 2013 al que accedió El País, el Banco de Previsión Social (BPS) resolvió efectuar un número similar de actuaciones a las 11.106 que se había fijado para 2012.
De las 11.526 que prevé hacer el año entrante, la amplia mayoría serán de tipo masivo (4.530), es decir operativos "rastrillo". Si bien son 39,3% del total, eso supone una reducción con respecto al peso que tuvieron en el Plan de 2012 (42,5% de las actuaciones).
En cambio, para el año que comienza el BPS aumentará el peso de las actuaciones que surgen en base a sistemas informáticos que permiten detectar mayor riesgo de evasión.
Esas actuaciones por análisis interno de selección de casos surgen a raíz de cruces de datos que revelan indicios de irregularidad que ameritan citar a las empresas para aclararlos. En 2013 se prevé efectuar 1.080, con lo que su peso en el total fue de 9,4% (mayor al 8,3% de este año).
El plan elaborado por la Asesoría Tributaria y Recaudación y aprobado por el directorio de BPS estableció que uno de los objetivos es "incrementar el porcentaje de irregularidades de selección ya sea en cantidad de acciones como en montos determinados y en personas regularizadas".
El representante de los trabajadores en el directorio de BPS, Ariel Ferrari, indicó que este cometido implica "afinar la puntería" en la selección de los casos a inspeccionar. El organismo trabaja con distintos modelos predictivos (confeccionados en base a 600 variables) que le permiten elaborar un ranking de riesgo del total de empresas del país.
"Si vemos que en el sector frigorífico hay un promedio de cantidad de jornales por mes y hay uno donde es menor, nos puede llamar la atención. Lo mismo si el salario promedio en una actividad es 10 y en una empresa es 6. Eso permite enfocar la fiscalización", explicó Ferrari.
Además, el organismo planificó 3.402 actuaciones en base a denuncias, mientras que para 2012 se habían proyectado 2.957. Así, su participación en el Plan subió de 26,6% a 29,5% entre un año y el otro. Por ejemplo, de las 420 inspecciones que está previsto hacer a grandes contribuyentes, 172 se harán en base a denuncias.
Otra parte de las actuaciones en 2013 serán las 2.481 de análisis de riesgo (21,5% del total). Son aquellas dirigidas a actividades con mayor probabilidad de evasión por no tener infraestructura, como los servicios, explicó Ferrari.
En cuanto a los controles a cargo de la gerencia inspectiva del interior, si bien se mantiene la cantidad de actuaciones de 2012, crecen las que se efectúan por selección (análisis interno).
El Plan estableció también un mayor número de operativos en las calles para fiscalizar al sector construcción que, si bien aumentó mucho sus trabajadores registrados los últimos años, aún es de los que tienen mayor porcentaje sin cobertura de la seguridad social.
Por eso, se definió que "no menos del 27%" de las acciones que harán las gerencias inspectivas de Montevideo se destinen al control de construcción. También se pretende dar desde allí apoyo a la cobertura de esa aportación en el interior, "considerando la evidencia empírica que indica un mayor porcentaje de irregularidades a la aportación en dicha jurisdicción".
Esas razones motivaron la decisión de ejecutar "alrededor del 70%" de los controles al sector mediante el procedimiento operativo, para lo que el personal de secciones especializadas de Montevideo se desplazará también al interior.
En tanto, en la categoría industria y comercio se estableció que solo un 36% del total de inspecciones previstas se ejecuten a través de operativos. No obstante, el porcentaje es significativo y busca "mantener la percepción de riesgo en el caso de la informalidad como consecuencia de la presencia masiva en las calles". Pero también se hará control por cruzamiento de datos (un 39% de las fiscalizaciones sector serán por selección) y un 25% será en base a denuncias.
"Cada vez estamos haciendo menos inspecciones por denuncias. No porque no le demos valor sino porque el aumento de la formalización y de la sindicalización hace que no haya tantas denuncias individuales como hace 15 años atrás", argumentó Ferrari.
Por otra parte, en el total de acciones a realizar en la categoría "grandes y especiales contribuyentes", el plan pretende "ampliar la cantidad a realizar en la aportación civil" (organismos públicos e instituciones educativas estatales).
El BPS se propuso además seguir con sus acciones de tipo "inductivo" (cartas y folletería) con el doble objetivo de "generar riesgo y a su vez informar sobre los derechos y obligaciones de las empresas, los trabajadores y los agentes de control", según consta en el Plan.
Agilitarán trámites por obras
El Banco de Previsión Social (BPS) se propuso en su plan inspectivo de 2013 "mejorar los tiempos en los cierres de obra", informó a El País el director Ariel Ferrari. Al terminar de construir, es necesario presentar un formulario para que el organismo fiscalice con un arquitecto que las horas declaradas de trabajo se corresponden con la obra realizada. "Buscamos hacer ese procedimiento más ejecutivo, más rápido", dijo Ferrari. Para ello, el BPS ya cuenta con un programa informático que permite realizar cierres en forma automática y su implementación se ampliará a todo el país en 2013.
Miércoles, 03 de Octubre de 2012 12:25
El ahorro en moneda nacional fue superior
AHORRAR EN PESOS HUBIESE DADO GANANCIA DE 200%
Calloia. Lo expresó tomando en cuenta los últimos 7 años
La mayoría de los uruguayos, incluidos los de mayor poder adquisitivo, ahorran dólares en colchones, macetas o el freezer, lo que en los últimos 7 años les impidió ganar un 200% si hubieran colocado esos activos en moneda nacional.
El dato fue aportado ayer por el presidente del Banco República, Fernando Calloia, durante la inauguración de un encuentro sobre educación financiera de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) celebrado en el hotel Conrad de Punta del Este.
"¿Dónde habitualmente guarda sus ahorros?", fue la pregunta formulada a los encuestados por una empresa consultora contratada por el BROU.
Las dos terceras partes de la población guardan sus ahorros en su propio domicilio en efectivo lo que deja en claro que la enorme mayoría de los uruguayos desconocen los beneficios de contar con una cuenta bancaria, según Calloia.
"En el nivel socioeconómico alto el 76% del ahorro se guarda en efectivo. Cuando les preguntamos dónde lo ahorran ahí empiezan a aparecer los freezers, debajo de la maceta, entre los platos, es decir, aparecen esos métodos de ahorro no tradicional que a uno desde el sistema bancario le parece llamativo de que existan", indicó.
"La educación financiera es un aspecto esencial no solo para que las familias administren sus ingresos, como poder tener una cuenta bancaria, sino como un instrumento de inclusión económica y social. Cuando las familias están incluidas financieramente, cuando tienen una caja de ahorro o pueden ahorrar o toman decisiones acertadas desde el punto de vista financiero, también se beneficia la sociedad. En términos de ahorros que las dos terceras partes del país utilicen el colchón como forma de ahorro y no el sistema bancario formal, ya de por sí está indicando que tenemos que trabajar bastante en términos de educación financiera", dijo Calloia. "Las tres cuartas partes de los ahorros de los uruguayos son en dólares. Solamente una tercera parte en moneda nacional o en unidades indexadas", agregó el presidente del Banco República.
Calloia atribuyó esta modalidad a un hecho cultural y resaltó que si esos activos hubieran sido colocados en el año 2005 en moneda nacional habrían alcanzado rendimientos del orden del 200%.
"Es muy atractivo el manejo en dólares a pesar que los rendimientos de las inversiones en pesos son muchísimos más altos que los rendimientos en dólares", enfatizó.
Martes, 11 de Septiembre de 2012 12:37
DGI: salones de fiestas y eventos
De acuerdo a las disposiciones de la Resolución DGI 890/012 de 22/05/12, la DGI implementó el Formulario 3910 (Declaración Jurada informativa ante DGI – Explotadores de salones de fiestas) que debe confeccionarse obligatoriamente a través del programa de ayuda Sigma.
La Resolución DGI 890/012 de 22 de mayo de 2012 implementó un régimen de suministro de información por parte de quienes exploten o arrienden salones o áreas superiores a 200 m2 destinados a fiestas, eventos o similares, en inmuebles propios o de terceros.
1. Información de los prestatarios a los salones de eventos
En forma previa a la realización de la fiesta, evento o similar, los prestatarios (clientes) de los obligados a informar (salones), deberán identificar a sus proveedores de servicios, alimentación y bebidas para el evento. Dicha información se confecciona en el Formulario 3104 de la DGI el que debe ser entregado al explotador del salón.
2. Información del explotador del salón de eventos a la DGI
Quienes exploten o arrienden, salones o áreas, superiores a 200 m² destinados al desarrollo de fiestas, eventos o similares, en inmuebles propios o de terceros; deberán presentar mensualmente ante la DGI la declaración jurada informativa Formulario 3910 acerca de su actividad.
VIGENCIA Y PLAZOS
La Resolución 890/012 es aplicable para las fiestas, eventos o similares, realizados a partir del 1º de junio de 2012, aún cuando las correspondientes enajenaciones de bienes o prestaciones de servicios hayan sido documentadas con anterioridad a dicha fecha.
Las declaraciones correspondientes a fiestas, eventos o similares desarrollados en los meses de junio a setiembre de 2012, vencerán en el mes de octubre de 2012, conforme a las fechas previstas en el Cuadro General de Vencimientos.
No se encuentran comprendidos en el régimen los salones o áreas que constituyan bienes afectados al uso común de copropietarios de conformidad al régimen jurídico aplicable.
RESOLUCIÓN DGI Nº 890/012 DE 22 DE MAYO DE 2012
VISTO: el artículo 68 literal E) del Código Tributario.
II) que en el caso de adquisición de ciertos bienes y prestación de servicios destinados al desarrollo de fiestas, eventos o similares, se han constatado situaciones que generan condiciones de competencia desleal respecto a los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones tributarias.
CONSIDERANDO: I) que los distintos regímenes de información establecidos por esta Dirección General Impositiva así como el desarrollo de una efectiva acción fiscalizadora, contribuyen a formalizar la economía mediante el control de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes y responsables;
II) que razones de buena administración tributaria aconsejan implementar un régimen de suministro de información por parte de aquellas personas físicas u otras entidades privadas, que exploten o arrienden, salones o áreas, superiores a 200 m² (doscientos metros cuadrados) destinados a fiestas, eventos o similares, en inmuebles propios o de terceros;
III) necesario disponer los requisitos, plazos y demás condiciones que deberán observar las mencionadas entidades.
ATENTO: a lo expuesto y a que se cuenta con la conformidad del Ministerio de Economía y Finanzas;
Lunes, 13 de Agosto de 2012 10:05
Paticipaciones Patrimoniales al Portador (PPP)
LEY Nº 18.930
CÓMO Y CUÁNDO INFORMAR
El 2 de agosto del corriente el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 247/2012 que reglamentó la Ley Nº 18.930 por la cual se creó un registro para la identificación de los titulares de participaciones patrimoniales al portador (PPP), estableciendo normas que complementan la disciplina del nuevo régimen de información y registro de esos titulares.
Cabe recordar que, de acuerdo al art. 1 de la Ley, los titulares de PPP emitidas por toda entidad residente en el país (incluyendo fideicomisos y fondos de inversión regulados por el BCU cuyas participaciones o cuotapartes estén representadas en PPP), por las entidades no residentes (1) que estén comprendidas en los lit. A) y B) del inc. 1 del art. 2 de la Ley (cualquiera cual sea su naturaleza jurídica), y los fideicomisos y fondos de inversión en el exterior, o entidades extranjeras análogas, cuyos fiduciarios o administradores sean personas físicas o jurídicas residentes en el país, deben suministrar a la entidad emisora la información que permita identificar al titular, la que estará contenida en una declaración jurada (DJ). Analizaremos el contenido y forma de esa DJ y de la comunicación que debe cursar la entidad emisora al BCU, así como los plazos para efectuarlas.
I. CONTENIDO DE LA DJ
a) Personas físicas: nombre del titular declarante, estado civil con identificación del cónyuge, naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos, domicilio real, y en su caso, fiscal y constituido ante la DGI, nacionalidad, aportando según corresponda, número de cédula de identidad, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE), o documento identificatorio expedido por otro Estado.
b) Sucesiones indivisas cuando no hubiese aún declaratoria judicial de herederos: la declaración podrá ser formulada a nombre de la sucesión indivisa por cualquiera de los herederos presuntos acreditando tal calidad mediante certificado notarial. Cuando sean declarados judicialmente los herederos, cada uno de ellos deberá efectuar su declaración por el porcentaje que le corresponda en el acervo sucesorio.
c) Personas jurídicas u otras entidades: razón social y nombre de fantasía de la persona jurídica o entidad declarante, lugar y fecha de constitución, domicilio, sede, domicilio fiscal y constituido ante el organismo fiscal, número de RUT o de Identificación Extranjero (NIE) expedidos por la DGI, en su caso, y nombre, domicilio y documento identificatorio del representante que firme la declaración. Quedan comprendidas las entidades en liquidación hasta que se cancele su personería jurídica.
d) Personas distintas del titular (mandatarios, tenedores, custodios, depositarios): se incluirán, además de los datos del titular ya mencionados, los mismos datos respecto a estas otras personas físicas o jurídicas.
e) Usufructuarios o titulares de otros derechos reales menores que pudiesen haberse constituido sobre los valores: ídem d).
En todos los casos deberá especificarse el valor nominal total de las PPP emitidas por la entidad, así como el lugar físico donde las mismas se encuentran depositadas o en custodia. Si se tratara de cupones, bonos, partes beneficiarias u otros instrumentos de naturaleza equivalente que no tuvieren valor nominal, se indicará el derecho que confiere el respectivo instrumento a su tenedor.
Se prevé que el BCU a través de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF), podrá establecer formatos de DJ así como exigir que se incorporen en esa DJ datos adicionales, y que la Auditoría Interna de la Nación determinará los criterios técnicos según los cuales deberán formularse las declaraciones juradas para su correcta registración.
Las personas que hemos mencionado deben asimismo informar a la entidad emisora, mediante DJ, toda modificación de los datos contenidos en la declaración, excepto cuando se produzca una variación del valor nominal de las PPP que no altere el porcentaje de participación del declarante en el capital integrado o su equivalente o en el patrimonio, según corresponda (2), y los cambios en la titularidad de las participaciones. En este último caso, el nuevo titular deberá incluir la identificación del enajenante y la fecha de la transferencia.
III. LA DJ DE LA ENTIDAD EMISORA ANTE EL BCU
La entidad (SA, fideicomiso, fondo de inversión, etc.), debe comunicar al BCU, también mediante una DJ, la información recibida del titular y el monto total del capital integrado o su equivalente, o del patrimonio, según el caso, a valores nominales, y la participación que en la entidad corresponda a cada uno de los titulares.
Si la información recibida fuera parcial porque algunos titulares de PPP no cumplen con su obligación, la entidad igualmente presentará la DJ con la información de los titulares que sí hayan remitido su DJ.
Lunes, 30 de Julio de 2012 10:21
Créditos fiscales por proyectos de inversión
CERTIFICADOS DE CRÉDITO POR PROYECTOS
Uno de los beneficios fiscales que se otorga habitualmente a las empresas cuyos proyectos de inversión han sido declarados promovidos, es la devolución del IVA incluido en las adquisiciones de materiales y servicios vinculados a la inversión en obra civil.
Dicha devolución es de suma importancia para empresas que no pueden recuperar parte del IVA incluido en sus compras, por contar con ingresos no gravados por este impuesto. Recordemos que en la liquidación general de este impuesto, se puede descontar del IVA facturado, el IVA incluido en las compras de bienes y servicios asociados directa o indirectamente a las operaciones gravadas y de exportación, pero no así el asociado a los ingresos no gravados.
Asimismo, es un beneficio financiero relevante para empresas que demorarían un tiempo considerable en recuperar este crédito, ya sea porque están iniciando sus actividades o porque la envergadura de la inversión hace que tengan un crédito por IVA mayor al IVA ventas generado.
El crédito otorgado por la Resolución que declara promovido el proyecto se hace efectivo mediante el mismo procedimiento que rige para los exportadores. La normativa establece que estos pueden solicitar la devolución del IVA mediante certificados de crédito, los que pueden ser endosables o no.
2. APLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS
En forma resumida, los certificados de crédito no endosables -es decir aquellos que solo pueden ser aplicados al pago de obligaciones tributarias propias del titular- pueden ser, tipo A: para cancelar obligaciones ante DGI, o tipo D: para el pago de obligaciones ante BPS.
Por su parte, aquellos que sean endosables a favor de proveedores pueden ser solicitados como tipo B: para el pago de obligaciones del proveedor ante DGI, o tipo E: para el pago de obligaciones del proveedor ante BPS.
Finalmente, existe la posibilidad de solicitar certificados endosables sin destinatario para el pago de obligaciones ante DGI: tipo C, pero solamente en caso de verificarse situaciones muy puntuales, y quedando a discreción de la DGI la facultad de otorgar los mismos, dependiendo de la situación tributaria de la empresa solicitante.
En los casos de los certificados endosables a proveedores, el monto solicitado estará limitado al IVA facturado por el proveedor en el ejercicio fiscal en el cual se genera el crédito.
Por otra parte, cuando el proveedor no pueda utilizar los certificados de crédito por encontrarse al día con sus obligaciones, puede solicitar un nuevo certificado a favor de sus propios proveedores y hasta el monto equivalente al IVA facturado en sus suministros del ejercicio en curso (trámite que se conoce como "cambio de endosatario").
3. FECHA DE EXIGIBILIDAD
En caso de certificados endosables los mismos serán exigibles desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se generó el crédito. Es decir, cuando los mismos se presenten ante el Organismo recaudador (DGI o BPS) para cancelar obligaciones, las mismas se considerarán canceladas en la fecha de exigibilidad del certificado.
Esto es así siempre y cuando dichos certificados se presenten ante los citados Organismos, en un plazo no mayor a un año contado desde la fecha de su emisión. Esta fecha también es válida en el caso de cambio de endosatario, donde debe tenerse en cuenta que el plazo del año se computa desde la fecha de emisión del certificado original y no del nuevo certificado emitido.
Si el certificado de crédito se presenta luego de un año desde la fecha de emisión original, la fecha de cancelación será la de su presentación ante el Organismo recaudador correspondiente.
Cuando los certificados de crédito se utilicen para cancelar obligaciones por aportes personales y aportes patronales por servicios bonificados, se tomará como fecha de cancelación la de entrega del correspondiente certificado de crédito al BPS, no rigiendo la exigibilidad antes comentada.
A modo de ejemplo, supongamos que un proveedor facturó en enero de 2012 materiales para una obra (incluyendo el IVA). En julio de 2012 recibió los certificados de crédito entregados por su cliente, cuyo proyecto fue declarado promovido. En agosto se presentará a la DGI a cancelar el IVA facturado en el mes de enero. Su pago será considerado hecho en fecha, dado que los tributos de enero vencen en febrero y la fecha valor del certificado que recibió es del 1º de febrero de 2012 y los presentó antes del año de emitido el certificado.
4. ¿CUÁNDO SE PUEDEN SOLICITAR?
Lunes, 30 de Julio de 2012 09:56
DGI inspecciona
DGI RELIQUIDÓ IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS POR US$ 60: EN SEIS MESES
En el primer semestre del año, la Dirección General Impositiva (DGI) realizó 5.698 inspecciones en las que reliquidó impuestos y cobró multas y recargos por un total de unos US$ 60 millones.
Los datos son de la División Fiscalización de la DGI y no contienen las actuaciones que realizó la División Grandes Contribuyentes. En el primer semestre del año, cada inspector de Fiscalización realizó en promedio 148 actuaciones (entre intensivas y extensivas) dijo a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.
De las 5.698 fiscalizaciones, el 65% se hizo en el interior y el 35% en Montevideo. "Esto se explica porque hay muchas actuaciones extensivas (solo se controla que el establecimiento esté inscripto como corresponde) en el Este durante la temporada turística", explicó Ferreri.
En total, la reliquidación de impuestos rondó los US$ 45 millones a los que se suman otros US$ 15 millones por multas y recargos.
De esos US$ 60 millones, "aproximadamente el 75% fueron pagados al contado o se realizaron convenios de facilidades de pago", apuntó Ferreri. En tanto, el restante 25% está "en discusión" entre la DGI y el contribuyente o "se presentaron recursos" administrativos por parte de estos, agregó.
Además de la fiscalización por la temporada turística, el organismo realizó operativos especiales en el sector transporte y en el sector de servicios para fiestas (ver nota aparte).
Ferreri destacó que aproximadamente el 47% de las 5.698 inspecciones que realizó la DGI en los primeros seis meses del año, fueron sobre empresas que "tienen más de US$ 300.000 de ingresos anuales". Al ser firmas que "manejan un volumen importante" de facturación, se "mejora la eficiencia" de las inspecciones ya que además de la "cantidad, importa la calidad" de las mismas, agregó.
EFICIENCIA. Unas 900 inspecciones de las 5.698 fueron intensivas -se controla a fondo la empresa- y en más del 90% "se obtuvieron reliquidaciones de tributos", aseguró el director de Rentas.
Según Ferreri, "en las actuaciones intensivas hemos mejorado la eficiencia producto de la utilización de tecnologías que nos han permitido afinar mucho la mira".
El uso de base de datos propias y externas, "nos permite identificar a los contribuyentes por riesgo potencial de evasión" con lo que "aumenta la tasa de éxito de reliquidación" de impuestos, afirmó el jerarca.
La DGI tiene calificados a los contribuyentes con un puntaje que va de 0 a 999 según el potencial de riesgo de evasión. A su vez, los ordena en tres segmentos de riesgo: bajo, medio y alto.
El organismo utiliza datos propios (como declaraciones de contribuyentes o resultados de auditorías) y otros de fuentes externas (por cruzamiento de datos) para crear mapas de riesgo fiscal. Se estudian las relaciones entre las 180 variables internas y 360 externas para ordenar a los contribuyentes de acuerdo al riesgo de subdeclaración. El proceso incluso detecta qué empresas presentan desvíos tributarios relevantes con respecto a la media de su rubro de actividad. Además de ese indicador, otros que pueden tomarse en cuenta son las pérdidas fiscales y contables o las rotaciones de sus inventarios, por ejemplo.
Los "niveles de productividad" por inspector junto con "la eficiencia en los promedios de reliquidación y los montos reliquidados, hablan a las claras de la calidad técnica y el compromiso de los funcionarios de la administración", aseguró Ferreri.
Un solo transportista pagó US$ 2 millones
Martes, 24 de Julio de 2012 11:53
El trabajador rural: se adecua la normativa
Se adecua la reglamentación para adaptarla a la nueva forma de trabajo en el sector rural
Los cambios en la jornada laboral para el trabajador rural, con la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas diarias, hicieron necesario adaptar la reglamentación existente hasta la fecha, para adecuarla a esta nueva forma de trabajo en el sector rural.
Recuérdese que, con anterioridad a la sanción de la Ley N° 18.441 de 23.01.2009, salvo excepciones, no existía para el trabajador rural, limitación de su jornada de trabajo. Por lo tanto, al no haber limitación, no se aplicaba al trabajador rural, la ley de horas extra.
La Ley N° 18.441 citada, introdujo, con carácter general para el sector rural, la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas. Si bien existían algunos sectores cuya jornada estaba limitada, esto no sucedía con carácter general para todo el sector rural.
Resumimos las principales características de este régimen:
1) La jornada de trabajo se fija en 8 horas diarias
2) El ciclo semanal se fija en . Las que excedan, generan horas extra.
3) El descanso entre jornadas se fija, como mínimo, en por cada 6 días de trabajo. 12 horas
4) En descanso semanal, en principio debe ser en día , salvo que el descanso intermedio sea igual o superior a 3 horas, en cuyo caso se admite que el descanso se reduzca a 9 horas. domingo , aunque se permite convenir que dicho descanso sea en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.
El reciente Decreto N° 216/012 de 29.06.2012, que comentamos, recoge los cambios en la legislación y reglamentación aplicable al trabajo rural ocurridos en los últimos años.
Comentaremos a continuación las principales disposiciones del decreto citado:
El decreto define al empleador rural como “toda persona física o jurídica que utilice los servicios de trabajadores subordinados, cualquiera sea el título en virtud del cual los ocupa” y al trabajador rural a aquel que “bajo la dirección de otra persona, empleadora, ejecuta habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de un salario y demás prestaciones”.
Publicado en Agropecuario
Sábado, 21 de Julio de 2012 23:40
IRPF: se modifican franjas
MODIFICACIONES AL SISTEMA TRIBUTARIO: IRPF
Desde el pasado 25 de Junio, se encuentra vigente la Ley 18.910 que introdujo modificaciones en el IRPF, entre otros cambios al sistema tributario. En esta oportunidad queremos darles a conocer las principales novedades respecto a los cambios introducidos en el IRPF.
Con la entrada en vigencia de la Ley 18.910 la nueva tasa máxima será del 30% y afectará a los ingresos anuales que superen las 1380 BPC (más de $278.000 mensuales aproximadamente).
Asimismo se redujo la escala del 22% pasando a estar comprendidos los ingresos anuales de más de 600 BPC hasta 900 BPC (hasta $181.275 mensuales), por lo que la alícuota del 25% gravará de ahora en adelante las rentas anuales de más de 900 BPC y hasta 1380 BPC (entre $181.275 y $277.955 mensuales).
Según la redacción por el artículo 37 del Título 7 del Texto Ordenado 1996, hasta la entrada en vigencia de la Ley 18.910, las rentas anuales computables derivadas del trabajo de más de 600 BPC y hasta 1200 BPC anuales (entre $120.850 y $241700 mensuales) estaban gravadas a una tasa del 22% y las que superaran las 1200 BPC al año quedaban alcanzadas con la alícuota máxima del 25%.
Por lo tanto, en la práctica solo se verán afectados con esta modificación aquellos contribuyentes que obtengan rentas comprendidas superiores a $ 2.175.000 anuales ($181.275 mensual).
Los cambios rigen con vigencia desde el 1° de enero de 2012, aunque se espera para los próximos días el decreto que reglamente la fecha a partir de la cual se aplicarán las nuevas escalas y tasas para los anticipos de los empleados dependientes.
A su vez la Ley 18.910 faculta al Poder Ejecutivo a incrementar los Mínimo No Imponibles (MNI), tanto para Persona Física como Núcleo Familiar hasta en 12 BPC anuales, también con vigencia desde el 1° de enero 2012.
Sábado, 21 de Julio de 2012 23:04
Registro de participaciones patrimoniales al portador
PROYECTO DE LEY: REGISTRO DE TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES AL PORTADOR
En el marco de los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, el pasado 17 de mayo, la Cámara de Representantes sancionó un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que establece la obligación de informar los datos identificatorios de los propietarios de títulos de participación patrimonial, aún debe ser aprobado por la Cámara de Senadores y luego ser promulgado.
¿Cuál es el objetivo que persigue el Proyecto?
Según surge de la exposición de motivos, lo que se busca es seguir avanzando hacia el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal internacional, de conformidad con los compromisos que nuestro país ha asumido en la materia.
El Proyecto establece que los propietarios de títulos al portador emitidos por toda entidad residente en el país (es decir, aquella constituida de acuerdo a las leyes nacionales), deberán informar sus datos identificatorios así como el valor nominal de los títulos de su propiedad a la entidad emisora. Una vez recibida la información, la entidad emisora cumplirá con ingresarla, mediante una declaración jurada, al registro que llevará el Banco Central a estos efectos.
Las entidades no residentes ¿quedan comprendidas en este régimen?
El Proyecto establece que los titulares de participaciones patrimoniales en entidades no residentes deberán cumplir con la obligación de informar siempre que estas entidades cumplan con alguna de las siguientes condiciones: (i) que actúen en territorio nacional a través de un establecimiento permanente; o (ii) que radiquen en territorio nacional su sede de dirección efectiva para el desarrollo de actividades empresariales en el país o en el exterior, entendiéndose por tales aquellas actividades lucrativas industriales y de servicios realizadas por empresas, es decir unidades productivas que combinen capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la prestación de servicios.
Con respecto a la primera hipótesis, se establece mediante remisión que estamos ante un establecimiento permanente cuando un no residente realice toda o parte de su actividad por medio de un lugar fijo de negocios en nuestro país.
En lo que refiere al segundo caso, se entiende que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en nuestro país cuando radique aquí la dirección y control del conjunto de sus actividades. Son actividades empresariales aquellas actividades lucrativas industriales y de servicios realizadas por empresas, es decir unidades productivas que combinen capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la prestación de servicios.
Debe tenerse presente que para el caso de entidades no residentes, la obligación de informar no se limita a los títulos al portador, por lo que deben considerarse comprendidos los títulos nominativos.
¿Cómo y dónde funcionará el registro?
Sábado, 21 de Julio de 2012 17:52
Consulta DGI N° 5457
abrir el vínculo para leer la consulta completa

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 68
 Resolución 
 artículo 37