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Timestamp: 2019-09-17 04:43:15+00:00

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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 18 de Abril de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 31811568
Después de su corrección, la Sala mediante resolución de fecha 5 de octubre de 1999 admitió el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA, S. A. (BANAICO) en la excepción de cosa juzgada que presentó dentro del proceso ejecutivo que en su contra interpuso M.S.M..
Finalizada la etapa de alegatos, la cual fue aprovechada por ambas partes, procede la Sala a decidir el recurso, previa las siguientes consideraciones:
MANUEL SALVADOR MORALES RICO presentó ante el Juzgado Tercero de Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, proceso ejecutivo en contra del BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO), S.A., para que previo los trámites correspondientes, sea condenado a entregar al demandante los bienes muebles de su propiedad y que le fueron entregados en custodia al Banco para ser exhibidos en su local, cuya cuantía asciende a la suma de B/.16,538.06.
Mediante Auto N°74 fechado 9 de enero de 1998, el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil, libró mandamiento de pago a favor del demandante en contra del Banco y le ordenó, en la misma resolución, hacerle entrega dentro del término de cinco (5) días después de la notificación de la demanda, de los bienes de su propiedad, que se detallan a continuación:
-Escultura de mármol negro de C.M..
-Escultura en Onix de C.M..
-Escultura de Bronce de N.G..
-Escultura de Bronce de G.G..
-Cuatro pedestales de mármol.
El Banco demandado se notificó del auto N°74 de 9 de enero de 1998 el día 26 de enero de 1998, tal como consta en la "DILIGENCIA DE NOTIFICACION" que milita a fojas 14 del proceso ejecutivo, manifestando el Liquidador de dicho Banco que "Al llegar a tomar posesión como L. de BANAICO, los empleados me comunicaron que varias estatuillas y cuadros del Despacho del Sr. MORALES fueron retiradas por él, apoyado por una acción legal. Por tanto, estos bienes no se encuentran en mi administración".
Dentro del término legal, BANAICO interpuso Excepción de Cosa Juzgada en la que alega que los bienes solicitados entregar mediante proceso ejecutivo al señor M.S.M., fueron solicitados por el mismo al Juzgado Cuarto del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, dentro del proceso de Liquidación Forzosa de BANAICO, solicitud de devolución de bienes que fue negada mediante Auto N°2309 de 9 de septiembre de 1997.
Contra el auto N°2309 se interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por el Tribunal Superior de Justicia mediante Resolución de 11 de diciembre de 1997, confirmando el auto apelado.
La excepción de Cosa Juzgada fue tramitada de acuerdo al procedimiento establecido por ley, y resuelta mediante Sentencia N°31 de 15 de mayo de 1998 por el Juez Tercero de Circuito de lo Civil quién resolvió declarar NO PROBADA la Excepción de Cosa Juzgada propuesta por BANCO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA (BANAICO), ordenándose también continuar con la ejecución.
Contra esta sentencia, BANAICO interpone recurso de apelación que es decidido mediante fallo de fecha 1 de marzo de 1999, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de confirmar la Sentencia N°31 de 15 de mayo de 1998 dictada por el Juez Tercero de Circuito de lo Civil, razón por la cual es ahora impugnada mediante el recurso de casación que se examina.
Se trata de un recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto contra la sentencia de fecha 1 de marzo de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.
En atención a lo que dispone el artículo 1153 del Código Judicial, la Sala se dispone a analizar en primer lugar el recurso de casación en la forma, para luego, si hay lugar a ello, entrar a conocer el de fondo.
Se invoca como causal única, "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley."
Los motivos que le sirven de fundamento son los siguientes:
"PRIMERO: A pesar de la existencia de resoluciones contradictorias e incompatibles entre si, proferidas por juzgados diferentes, la sentencia objeto del presente recurso omitió aplicar las normas procesales correspondientes que impiden que dos pretensiones fundamentadas en la misma causa de pedir, cuyo objeto sea el mismo y en el cual las partes litigantes sean las mismas, se ventilen al mismo tiempo por dos juzgados distintos.
Consecuencia de lo anterior la sentencia objeto del presente recurso, ha convalidado las actuaciones en el presente proceso omitiendo la aplicación de normas de saneamiento y normas procesales aplicables al caso que impiden la existencia de resoluciones contradictorias (FOJAS 11) del proceso ejecutivo, y (7-14 del cuaderno de excepciones) y la aplicación de un trámite o vías inapropiadas al proceso, ya que en el presente por tratarse de controversia surgida de un "contrato de depósito" el procedimiento previsto por la ley es vía sumaria y no la vía del proceso ejecutivo.
A pesar que existe un pronunciamiento firme y ejecutoriado que niega tanto la propiedad, como el derecho de reclamar los bienes en litigio, el presente proceso ha desconocido tales resoluciones, y ha ordenado la entrega de los bienes al demandante en perjuicio de nuestra representada omitiendo, la aplicación de las normas de saneamiento que impiden que una resolución ejecutoriada sea desconocida al igual que impiden que una resolución ejecutoriada sea desconocida al igual que impiden que un proceso que debe ser adelantado por vía sumaria se adelante vía distinta no prevista en la ley.
A pesar que en sendas resoluciones, el Juzgado Cuarto le negó la entrega de los bienes objeto de este proceso, mismas que no han sido anuladas en proceso posterior por lo que continúan vigentes, la sentencia recurrida ha convalidado un auto que ordena la entrega de dichos bienes sin que se hayan aplicado las normas de saneamiento conducentes a fin de evitar la existencia de dos procesos semejantes en todos sus elementos, y que indebidamente se adelanta mediante procedimiento distinto al establecido por la ley y que ha producido resoluciones contradictorias." (Fs.91-92)
Como consecuencia de estos cargos, la recurrente considera que han sido violados los artículos 1018, 982, 685 y 1136, todos del Código Judicial.
El primer cargo que hace el recurrente, indica que la sentencia impugnada omitió aplicar las disposiciones legales que impiden que dos pretensiones fundamentadas en la misma causa de pedir, cuyo objeto sea el mismo, y en el cual las parte litigantes sean las mismas, se ventilen al mismo tiempo por dos juzgados distintos.
Es decir, lo que pretende el recurrente es que se reconozca la autoridad de cosa juzgada que según él se presenta en el caso bajo estudio, tesis ésta con la que la Sala se muestra en total desacuerdo.
Como bien lo sostiene la sentencia impugnada, entre lo decidido en el proceso de Liquidación de Banaico, en el que se presentó por parte de M.S.M. solicitud de devolución de bienes, y lo decidido en el Proceso Ejecutivo presentado por la persona antes mencionada contra Banaico, no se dan los requisitos que de acuerdo a la Ley deben existir para que se produzca esta figura jurídica.
Por ello, la Sala coincide con el Tribunal Superior cuando al interpretar el artículo 1014 del Código Judicial y aplicarlo al caso bajo estudio, expresa lo siguiente:
"Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1014 del Código Judicial:
"La sentencia ejecutoriada que en proceso contencioso decide la pretensión tiene fuerza de cosa juzgada en otro proceso cuando entre la nueva demanda y la anteriormente fallada hubiere:
-Identidad de las partes;
-Identidad de la cosa u objeto; y
-Identidad de la causa o razón de pedir.
Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean los causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o porque establece la indivisibilidad de las prestaciones, entre los que tienen derecho a exigirlas u obligaciones de satisfacerlas." (Lo resaltado pertenece al Tribunal).
La norma antes transcrita es clara al establecer, en primer lugar, que para que proceda la cosa juzgada deben existir dos procesos contenciosos; donde, el primero haya sido resuelto por una resolución judicial que tenga el carácter de sentencia, y que dicha sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada.
En segundo lugar, la norma transcrita exige que exista identidad de las partes, identidad de la cosa u objeto e identidad de la causa o razón de pedir, entre el primero y segundo proceso.
Del primer requisito exigido por la norma transcrita puede colegirse que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ni las providencias ni los autos hacen tránsito a cosa juzgada material, ya que esto sólo es posible a través de las sentencias.
Por consiguiente, dado que la excepción propuesta por la parte ejecutada se fundamenta en autos dictados por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial, dentro de un Proceso de Liquidación, mal pueden tales resoluciones encuadrar dentro de lo establecido por el artículo 1014 del Código Judicial.
Además de lo expuesto, los autos en que se fundamenta la excepción no han decidido un Proceso Contencioso, sino que sólo resuelven Incidentes o Solicitudes presentadas dentro de un Proceso de Liquidación, y dichos Incidentes o Solicitudes de modo alguno pueden considerarse procesos contenciosos." (Fs.59-60)
Es importante resaltar, sin lugar a equívocos, que estamos frente a dos procesos distintos: Un Proceso Universal de Liquidación de un Banco y el que accede la excepción que nos ocupa, que consiste en un proceso ejecutivo en el que lo perseguido consiste en la ejecución de una obligación de hacer, de donde se concluye que entre ambos procesos, el objeto y la causa o razón de pedir no guardan ninguna relación o identidad, requisito sin el cual no es posible la configuración de la cosa juzgada como excepción, ya que en el caso que nos ocupa, lo resuelto en el fondo, en el primer proceso, es decir la pretensión, no es lo que se discute en el segundo proceso, que como hemos indicado, trata de un proceso ejecutivo.
Por el contrario y como bien lo señala el fallo recurrido, lo resuelto sobre los bienes en disputa trata de una solicitud presentada dentro de un proceso de Liquidación de un Banco, solicitud que culminó con un auto, no sentencia, siendo estas últimas las resoluciones que causan cosa juzgada, tópico éste sobre el cual también hace reparos la sentencia de segunda instancia.
A manera de aclaración sobre lo antes dicho y además, porque ello también guarda relación con la distinción entre lo que la doctrina entiende como cosa juzgada formal o procesal, y substancial o material, consideramos oportuno transcribir algunos comentarios que sobre el tema nos expone el Profesor y P.D.J.F.:
"La cosa juzgada, en cambio, significa que se ha examinado y decidido sobre la pretensión (el fondo del proceso) y que dicha pretensión sobre la pretensión no puede ser objeto de discusión en un nuevo proceso, ni es lícito dictas sentencia en un nuevo proceso que desconozca lo resuelto en el primero.
La cosa juzgada se refiere a su contenido, toda vez que impide que en otro proceso se vuelva a debatir entre las partes la misma pretensión por la misma causa de pedir.
En sentencia, de 29 de mayo de 1958, expuso la Corte Suprema:
Para que se produzca la exceptio rei iudicati se requiere en primer término, la existencia de una decisión de fondo en el litigio, esto es, una decisión que conceda o niegue lo pedido en juicio. Son las sentencias que deciden definitivamente las que crean la cosa juzgada, y no los autos, como lo ha resuelto la Corte reiteradamente, y como se desprende de lo dispuesto en el art. 563 del C.J.
Y en sentencia dictada por la Corte Suprema el 21 de junio de 1961, esa Corporación expresó:
La sentencia ejecutoriada produce, entre otros, una serie de efectos, entre los que se encuentra la extinción de la pretensión, la inmutabilidad de la decisión, la cosa juzgada, en su doble carácter o sentido de material o sustancial y de formal o procesal, no hay duda que el fenómeno que ha dado lugar a la elaboración doctrinal más copiosa y complicada, es el de la cosa juzgada. Se trata, según los tratadistas de derecho procesal, de un valor casi omnipotente, que hace incontrovertible la resolución judicial en lo que la decisión afecta, inmutable dentro del ordenamiento jurídico, y que si en sí mismo no tiene un valor absoluto desde el punto de vista de la esencia del Derecho, aparece establecida por exigencia ineludible que impone que la decisión del Juez sea indiscutible, como homenaje al orden jurídico, a la certidumbre del Derecho, y a la misma paz social. La cosa juzgada se dirige a la exigencia ineludible de poner término a los procesos judiciales y a evitar fallos contradictorios. La doctrina la concibe en dos sentidos: formal o procesal, y substancial o material. El formal, consiste en la imposibilidad de impugnar la sentencia recaída, porque ha transcurrido el término para recurrir o porque no hay recurso; el substancial o material, en la indiscutibilidad de la sentencia, de la voluntad concreta de la ley, afirmada en la sentencia; su eficacia se extiende a nuevos juicios.
Resumiendo: la ejecutoria de la sentencia le inhibe al Juez en el ámbito alterar o modificar la resolución dentro del proceso; la cosa juzgada propiamente dicha (o lo que la doctrina denomina cosa juzgada material); genera, efectos extraprocesales; es ya el medio por el cual la sentencia, que ha adquirido los caracteres de final, firme y definitiva, constituye estado entre las partes y al propio tiempo vincula a cualquier J., de suerte que éste ni otro no puede volver a examinar en otro proceso la cuestión controvertida ni dictar una sentencia que en una forma u otra recaiga sobre la misma pretensión -salvo que se invalide mediante el denominado 'recurso de revisión'. La ejecutabilidad, o fuerza ejecutiva, en cambio tiene por efecto que el demandante puede, una vez la sentencia ha devenido firme o ejecutoriada, exigir a un órgano del Estado (entre nosotros, a los tribunales), la ejecución forzada de la orden de prestación.
El Código Judicial vigente delimita los conceptos de ejecutoria y de cosa juzgada. Lo hace en los arts. 982 y 1014." (J.F., "Instituciones de Derecho Procesal Civil". Ed. Jurídica Panameña, 1999, págs. 787-788).
De lo expuesto debemos colegir que en todo caso las resoluciones y lo resuelto en la solicitud de Devolución de bienes presentada por MANUEL SALVADOR MORALES dentro del proceso de Liquidación de Banaico (Fs.7-14 cuaderno de excepciones) constituye lo que en la doctrina se conoce como Cosa Juzgada Formal o Procesal cuyos efectos son distintos a los que causa la Cosa Juzgada Material o Substancial que es la que nuestra legislación contempla en el artículo 1014 del Código Judicial y la que el excepcionante pretende se le reconozca de acuerdo a lo que afirma en los hechos en que fundamenta su excepción.
Por lo anterior, considera la Sala que el cargo alegado no constituye la omisión de un trámite o diligencia considerado esencial en el proceso, ya que como se indicó anteriormente, no se ha producido el juzgamiento de la misma causa por juzgados distintos.
Los cargos contra la sentencia, contenidos en los motivos del SEGUNDO al CUARTO, como bien lo indica el recurrente, no son más que una consecuencia de lo alegado en el recurso de casación en el sentido de que se ha producido la excepción de cosa juzgada, pero como ello no ha ocurrido por las razones que dejamos anotadas y que estaría de más reproducir, los mismos tienen que ser desestimados.
Con respecto a lo alegado por el recurrente en los antes referidos motivos, en el sentido de que el demandante equivocó la vía para reclamar ya que de acuerdo a la Ley, el procedimiento previsto es por la vía sumaria y no a través del proceso ejecutivo, se le señala que este tipo de objeción no es pertinente en esta etapa, siendo tal señalamiento improcedente por cuanto que el momento de presentar este tipo de objeciones era en la primera instancia, momento en el cual debió alegar la falta de idoneidad del título para la vía ejecutiva, tal como lo permite el artículo 1709 del Código Judicial.
Consecuentemente, tenemos que concluir que los cargos de injuricidad que se le señalan a la sentencia no se han producido y por ende, no se ha dado la violación de las disposiciones legales citadas como infringidas, por no haberse omitido ningún trámite esencial en el proceso.
Por lo expuesto, se desestima la casación en la forma en virtud de que no se ha producido la causal invocada en esta oportunidad.
Como causal única de fondo el recurrente invoca "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa de la norma de derecho."
Los motivos en que se fundamento la causal son los que a continuación se transcriben:
"PRIMERO: El Banco agro industrial y Comercial de Panamá, S.A., (Banaico) fue intervenido por la Comisión Bancaria Nacional el 24 de enero de 1996, según consta en certificación expedida por el Registro Público visible a (foja 13), del proceso ejecutivo que M.S.M. sigue contra el Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá, S.A., (BANAICO).
El Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá, S.A., (Banaico) actualmente se encuentra en liquidación judicial decretada por el Juzgado Cuarto del Circuito mediante auto 1485 del 9 de julio de 1996 visible a (fojas 3-9) del cuaderno de incidente de rescisión de secuestro.
El señor M.S.M. interpuso proceso ejecutivo en contra del Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá, S.A., estando vigentes las restricciones contenidas en la Ley bancaria que impiden el ejercicio y tramitación de ejecuciones, secuestros y embargos o retención de bienes contra los bancos intervenidos, efectos que se mantienen durante el período de liquidación.
La sentencia convalidado (sic) las actuaciones adelantadas en el presente proceso consistente en tramitar el presente proceso ejecutivo, ordenar el secuestro de bienes propiedad del Banco en Liquidación y posteriormente ordenar una medida de sustitución de secuestro en perjuicio de nuestra mandante, manteniendo la retención de bienes del Banco, en manos de un tercero ajeno a la liquidación. (Fojas 15-20) del cuaderno de secuestro.
A pesar que lo anterior fue reclamado el Primer Tribunal Superior de Justicia consideró que únicamente se estaba sustituyendo el secuestro por una medida conservatoria, sin considerar que la posesión de los bienes en manos de un depositario designado por el demandante se constituye en una retención de bienes ilegal." (Fs. 94-95)
En cuanto a las normas de derecho infringidas, el impugnante cita el artículo 90 del Decreto de Gabinete N°238 de 2 de julio de 1970, y el numeral 1° del artículo 14 del Código Civil.
Los motivos PRIMERO y SEGUNDO, observa la Sala, no contienen ningún cargo contra la sentencia impugnada sino que consisten en una exposición de hechos relativos a la intervención y liquidación del Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá, S.A.
En los restantes motivos, la parte recurrente en su cargo de injuricidad se refiere a que estando el Banco intervenido judicialmente, y por tanto vigente algunas restricciones que como el artículo 90 del Decreto de Gabinete N°238 de 1970, "impiden el ejercicio y tramitación de ejecuciones, secuestros y embargos o retención de bienes contra los bancos intervenidos", se interpuso y tramitó proceso ejecutivo, se ordenó secuestro de bienes, se mantuvo retención de bienes del Banco en manos de un tercero, constituyendo este acto una retención de bienes ilegal y no obstante el Tribunal Superior convalidó las actuaciones adelantadas en este sentido.
Veamos lo que al respecto dispone al artículo 90 del Decreto de Gabinete N°238 de 2 de julio de 1970, que si bien fue derogado expresamente por el Decreto Ley N°9 de 1998, la primera de las disposiciones mencionadas es de aplicación al caso sub-júdice por ser esa la regulación vigente al momento de ordenarse la Liquidación de BANAICO.
La referida disposición reza textualmente así:
"ARTICULO 90: Ningún bien del Banco estará sujeto a secuestro, embargo o retención mientras se halle intervenido o en proceso de reorganización." (Subraya la Sala).
Tal cual lo expresa literalmente la norma transcrita, lo que no está sujeto a secuestro, embargo o retención cuando un Banco se encuentra intervenido o en proceso de reorganización, son sus bienes, es decir, los bienes que le pertenecen o el banco es su propietario o titular.
En el caso que nos ocupa, la excepción de cosa juzgada que fue declarada no probada por el a-quo y confirmada dicha negativa por la sentencia impugnada, fue presentada dentro de un proceso ejecutivo, en el que se solicita la ejecución de una obligación de hacer, cuyo título ejecutivo está respaldado en un derecho de propiedad que ostenta el demandante M.S.M., tal como lo demuestra la factura o comprobante de compra de los bienes reclamados, y que consiste en el documento de fecha 1 de noviembre de 1989 que consta a fojas 9 del expediente que contiene el proceso ejecutivo, documento este mediante el cual Banaico traspasa a M.S., los bienes muebles que trata de reivindicar.
En ningún momento el Banco objetó el título, ni el derecho que lo amparaba para exigir el cumplimiento de la obligación reclamada, entendemos que por haberse demostrado que la propiedad de los bienes muebles objeto de la controversia recaía en el demandante, señor S.M..
De acuerdo lo expuesto, no siendo el Banco el propietario de los bienes muebles sujeto a la ejecución, embargo o retención, no es aplicable el artículo 90 del Decreto de Gabinete N°238 de 2 de julio de 1970 y consecuentemente dicha disposición no ha podido ser violada de manera directa como erróneamente afirma el recurrente, así como tampoco pudo haber sido infringido directamente el ordinal 1° del artículo 14 del Código Civil por cuanto como dijéramos anteriormente, el Banco no es el propietario de los bienes muebles y por ende no había lugar a incompatibilidad sobre categorías de normas especiales o generales, que dado el caso, es cuando habría que preferir una u otra, tal como lo ordena la disposición legal acusada como violada pero como ello no se ha dado, la Sala concluye que no se ha producido tampoco la causal de fondo alegada en el recurso de casación presentado, razón por la cual no existen méritos para casar la sentencia atacada.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 1 de marzo de 1999, dentro de la Excepción de Cosa Juzgada presentada por BANCO AGRO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE PANAMA, S. A. (BANAICO) dentro del proceso ejecutivo incoado en su contra por el señor M.S.M..
Las obligantes costas a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).
C., N. y D..
(fdo.) P.M.R.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 15 de Diciembre de 1994 (caso Recurso de la Corte Suprema de Justicia - Sala Primera de lo Civil -, de 15 de Diciembre de 1994)

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 1153
 resolución 
 resolución 
 artículo 1014
 artículo 1014
 resolución 
 artículo 1014
 resolución 
 resolución 
 artículo 1014
 artículo 1709
 artículo 90
 artículo 14
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 14