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Decreto 1500 07 Mataderos PDF | Extradición | Derecho penal
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Año CXLIII No. 46.618
Edición de 32 páginas •
Bogotá, D. C., viernes 4 de mayo de 2007
PODER PÚBLICO - RAMA EJECUTIVA
por la cual se organiza el concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Estado Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 266 de la Constitución Nacional.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto organizar el concurso de méritos para la elección del Registrador Nacional del Es- tado Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 266 de la Constitución Nacional. Artículo 2°. Del organizador del concurso de méritos. El concurso de méritos para la escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil será público y lo realizarán los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Artículo 3°. Funciones del organizador del concurso de méritos. En su condición de organizadores del presente concurso de méritos, los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado tendrán las siguientes funciones:
2. Convocar públicamente a los ciudadanos que reúnan las cali-
dades y los requisitos previstos en el artículo 266 de la Constitución
la Secretaría General de cualquiera de las tres corporaciones, según se indique en la convocatoria y dentro de los términos señalados en la misma. Artículo 4°. Contenido mínimo del reglamento del concurso. El re- glamento del concurso público de méritos, deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:
1. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo el proceso
de selección mediante concurso público de méritos.
2. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades seña-
ladas en la convocatoria, o que no acrediten el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos por la Constitución y la ley, se rechazarán mediante resolución motivada.
3. Los candidatos que cumplan las calidades y requisitos exigidos
por la Constitución y la ley y que no se encuentren incursos en ninguna
causal de inhabilidad o incompatibilidad, serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Experiencia en el desempeño de cargos en el sector público en el
nivel directivo o superior; en el ejercicio de la profesión de abogado y/o de
pública o en áreas relacionadas con el cargo de Registrador;
b) Formación profesional avanzada o de posgrado en derecho público
o en áreas relacionadas con el cargo;
c) Autoría de obras jurídicas, con preferencia en temas relacionados
con el cargo;
Parágrafo. En todo caso, la entrevista que se le haga a los candidatos tendrá un valor mínimo del 30% del puntaje total.
4. Evaluados los candidatos, los Presidentes de la Corte Constitucio-
nal, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, elaborarán una lista de elegibles, de los cuales escogerán por mayoría al Registrador Nacional del Estado Civil.
5. En el reglamento se establecerá el contenido, los procedimientos
de cada una de las etapas y el puntaje correspondiente a cada criterio de selección.
6. Las pruebas que se apliquen en el concurso y la documentación que
constituya el soporte técnico de aquellas, tienen carácter reservado. Artículo 5°. En caso de vacancia absoluta, temporal y/o terminación del período del titular, los Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, podrán encargar a un interino por un periodo no mayor a la duración del concurso de méritos.
Edición 46.618 Viernes 4 de mayo de 2007
Carrera 66 N o 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia Conmutador: PBX 4578000.
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. La Presidenta del honorable Senado de la República, Dilian Francisca Toro Torres. El Secretario General del honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajud. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Alfredo Ape Cuello Baute El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Angelino Lizcano Rivera. REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Publíquese y ejecútese. Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2007. El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario de funciones Presidenciales, conforme al Decreto número 1418 del 26 de abril de 2007,
DECRETO NUMERO 1494 DE 2007
(mayo 4) de 27 de diciembre de 2006. El Ministro del Interior y de Justicia de Colombia delegatario de funciones Presidenciales en virtud del Decreto 1418 de abril 26 de 2007, en uso de sus facultades constitucionales, especialmente la señalada en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 2° del Decreto 4652 de 2006, el cual quedará así:
“Artículo 2°. Gradualidad. El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes operará gradualmente, de conformidad con las siguientes fases:
1. Primera Fase. Distritos Judiciales de Bogotá y Cali. Iniciará su operación a más
tardar el día quince (15) de marzo de 2007.
2. Segunda Fase. Distritos Judiciales de Medellín, Armenia, Pereira, Manizales, Buga,
Bucaramanga, San Gil, Popayán, Tunja y Santa Rosa. Iniciará su operación a más tardar el
día primero (1°) de enero de 2008.
3. Tercera Fase. Distritos Judiciales de Cundinamarca,Antioquia, Ibagué, Neiva, Cúcuta,
y Pamplona. Iniciará su operación a más tardar el día primero (1°) de julio de 2008.
4. Cuarta Fase. Distritos Judiciales de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Riohacha,
Sincelejo, Montería, Valledupar y San Andrés. Iniciará su operación a más tardar el día primero (1°) de enero de 2009.
5. Quinta Fase. Distritos Judiciales de Villavicencio, Pasto, Quibdó, Yopal, Florencia y
Arauca. Iniciará su operación a más tardar el día primero (1°) de julio de 2009. Parágrafo. La implementación de las distintas fases que establece este artículo estará sujeta
a los recursos que para tal efecto se apropien en el presupuesto general de la Nación”.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación. Publíquese y cúmplase. Dado en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2007.
R ESOLUCIONES E JECUTIVAS
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 108 DE 2007
(mayo 4) por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 029 del 19 de febrero de 2007. El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Delegatario de fun- ciones presidenciales conforme al Decreto 1418 del 26 de abril de 2007, en ejercicio de las Contencioso Administrativo, y
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 029 del 19 de febrero de 2007, el Go-
bierno Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Mars Micolta Hurtado, por los siguientes cargos: Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína)); Cargo Dos (Concier- to para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína)); Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia controlada (cocaína), la cual se encontraba a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos), y Cargo Cuatro (Concierto para cometer el delito de lavado de dinero), referidos en la Acusación número 06-20139-CR-MIDDLEBROOKS (s), dictada el 5 de mayo de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso Admi-
requerido el 26 de febrero de 2007. Estando dentro del término legal, el apoderado del señor Mars Micolta Hurtado, mediante escrito radicado el 5 de marzo de 2007 en el Ministerio del Interior y de Justicia, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 029 del 19 de febrero de 2007, con el objeto de que se revoque la decisión y en consecuencia no se conceda la extradición de este ciudadano, al dar aplicación al principio de soberanía nacional y a las normas nacionales e internacionales que cita en la impugnación.
3. Que el recurrente fundamenta su recurso en los siguientes argumentos:
el 14 de febrero de 2007 en el Ministerio del Interior y de Justicia, en la que solicitaba que de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Constitución Política, previamente al desarrollo de la acción de cumplimiento, se diera aplicación de algunas normas nacionales
e internacionales que impedían la extradición del ciudadano Mars Micolta Hurtado. Advierte que en este trámite se debe respetar el derecho de defensa y el derecho de petición y que en este caso, previamente a la decisión del Gobierno Nacional, radicó un escrito en el que expresaba su inconformidad con la extradición de este ciudadano por lo que considera que su valoración debió hacerse con anterioridad a la decisión presidencial para evitar la entrega de este ciudadano. Reitera que la resolución impugnada que se produjo el 19 de febrero de 2007 no tuvo en cuenta su solicitud, pasando por alto las “exculpaciones defensivas” por lo que a su juicio se vulneraron los derechos fundamentales de defensa y petición.
del Interior y de Justicia, el 28 de febrero de 2007, resulta insatisfactoria en la medida en que fue producida luego de haberse concedido la extradición, señalando únicamente el interés de cumplir con el requisito de dar una respuesta “extemporánea e inadmisible” que se limita
a descartar la aplicación de las normas de carácter internacional. Asegura el defensor que
donde se establece la importancia y obligatoriedad de las normas internacionales que han
Después de citar algunas normas nacionales e internacionales de las cuales reclama el defensor su aplicación, insiste el recurrente en que antes de resolverse sobre la concesión de la extradición, debió resolverse sobre si le asistía o no razón en la aplicación de estas normas que se oponen al proceder del sistema de justicia de los Estados Unidos de América que recurren a prácticas arbitrarias de política estatal como se ha evidenciado en las cárceles de Guantánamo y Abu Grahib. Asegura que no pueden pasarse por alto estas normas y menos cuando a los colombianos - torio, que riñe con las estipulaciones internacionales que prohíben la práctica de tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes. Considera el defensor que Colombia debe cambiar la política de extradición hacia Esta- dos Unidos pues está permitiendo que funcionarios de ese país realicen prácticas tortuosas que desacreditan al gobierno estadounidense en lo relacionado con la protección de los derechos inherentes al ser humano. De otra parte, advierte el recurrente que antes de concederse la extradición, debe examinarse si los delitos que la motivan fueron cometidos en el territorio patrio total o parcialmente. Asegura que en virtud del principio de soberanía, debe darse la oportunidad
a la administración de justicia del Estado que concede para que realice la correspondiente
gestión jurídica tendiente a la aplicación de las disposiciones de carácter interno y con ma- interceptaciones telefónicas autorizadas por la Fiscalía General de la Nación. Precisa que
si la acción tuvo ocurrencia en Colombia, son las autoridades nacionales las competentes
para juzgar el hecho, en virtud del principio de territorialidad. Indica que de conformidad con lo señalado en los artículos 29 y 35 de la Carta Política, no es función discrecional para ninguna autoridad colombiana asumir que como el delito también se considera cometido en el exterior, entonces se puede aplicar la ley extranjera, pues tal interpretación atenta contra la soberanía jurisdiccional de nuestro Estado. Por su parte, el ciudadano requerido, en escrito radicado en el Ministerio del Interior y de Justicia el 24 de enero de 2007, por lo que considera que el fallo no es obligatorio ni tiene
alcance imperativo pues no está ejecutoriado, solicitando que se devuelva el expediente a la Corte Suprema de Justicia, so pena de incurrirse en una vía de hecho. 4. Que frente a lo manifestado en precedencia, se considera:
La oferta o concesión de la extradición es facultativa del Gobierno Nacional pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento que se fundamentó en la validez formal de la documentación, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación y la equivalencia de la providencia proferida en el exterior, emitió concepto favorable para la extradición del ciudadano colombiano Mars Micolta Hurtado, al encontrar acreditados los requisitos formales que exige la ley para que sea procedente la extradición. El Gobierno Nacional en uso de la discrecionalidad que le otorga la ley, y atendiendo el concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia, resolvió conceder la extradición de este ciudadano, requerido por delitos cometidos en el exterior.
Los argumentos que presenta el defensor como fundamento de su impugnación, no son de recibo para el Gobierno Nacional, como quiera que para la aplicación de este mecanis- mo existe un procedimiento establecido en la normatividad procesal interna al que debe sujetarse estrictamente la actuación de las autoridades que intervienen en el trámite. En este caso, como se advirtió en precedencia, la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido, encontró que los requisitos que exige la normatividad aplicable para la procedencia de la extradición, fueron acreditados en su totalidad por el Estado requirente, por lo cual emitió concepto favorable a la misma. Es importante precisar que el concepto de la Corte Suprema de Justicia en caso de ser favorable a la extradición, no es vinculante para el Gobierno Nacional ni tiene la naturaleza de un fallo judicial pues no es consecuencia de una labor de juzgamiento, y contrario a lo manifestado por el ciudadano requerido, puede constatarse en el expediente que esa hono- rable Corporación dispuso la comunicación del mismo a los interesados. Ahora bien, si bien es cierto que el defensor del requerido presentó un derecho de petición previamente al desarrollo de la acción de cumplimiento, como lo consagra la Ley 393 de del término legal que la misma norma contempla. Desde el inicio del trámite de extradición, esto es en la etapa judicial del trámite que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia, el ciudadano requerido, directamente o a través de apoderado judicial puede ejercer plenamente su derecho de defensa como en efecto sucedió en el presente caso. El procedimiento para la extradición no establece en con las normas del Código Contencioso Administrativo, el acto administrativo que expida el Gobierno Nacional puede ser controvertido acudiendo a los recursos consagrados para agotar la vía gubernativa, como sucede en este caso en que tanto el requerido como su defensor acuden al recurso de reposición para presentar su inconformidad con la decisión del Gobierno Nacional. Se puede observar entonces que no se presenta la vulneración a los derechos fundamentales
a la que alude el defensor, pues se reitera, la decisión del Gobierno Nacional cuando existe concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia es discrecional y se adopta obrando según las conveniencias nacionales, y es precisamente a través del recurso de reposición en donde pueden presentarse los razonamientos de hecho y de derecho que sustenten su desacuerdo con lo resuelto frente a la concesión de la extradición. Frente al cuestionamiento en el que insiste el recurrente con el que pretende que el Go- bierno Nacional se abstenga de conceder la extradición del señor Micolta Hurtado, y que se dé aplicación a normas constitucionales e internacionales para preservar el respeto a los derechos humanos de este ciudadano, debe señalarse que es por disposición constitucional que puede concederse la extradición atendiendo lo dispuesto en los tratados de extradición
o en su defecto en la normatividad interna, atendiendo las limitantes que la misma dispo-
sición constitucional consagra. El artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece:
“El Gobierno podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena.
Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corres- ponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas En el artículo 2° de la resolución impugnada se sujetó la entrega de este ciudadano al compromiso previo del país requirente, por vía diplomática, sobre el cumplimiento de los condicionamientos que deben exigirse como presupuesto a la entrega del requerido, esto es, que previo a la entrega del señor Mars Micolta Hurtado, el Gobierno de los Estados Unidos de América debe garantizar al Gobierno de Colombia que este ciudadano no será sometido
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni
artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política. De igual forma, en el artículo 3° de la resolución impugnada se advirtió en forma expresa al Estado requirente que el señor Micolta Hurtado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición. Puede advertirse que lo dispuesto en la parte resolutiva de la resolución ejecutiva satisface las exigencias de la normatividad aplicable en materia de condicionamientos, así como lo dispuesto en el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal actual. Es importante precisar que el compromiso que se exige al país requirente para que ofrezca las garantías sobre el cumplimiento de los condicionamientos impuestos como presupuesto en los términos del artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. También se considera relevante advertir que el ciudadano requerido tiene derecho a solicitar la asistencia consular en procura de hacer valer sus derechos y garantías funda-
mentales, que se reitera, no se pierden por su calidad de extraditado. En ese sentido puede elevar las solicitudes que considere pertinentes a los Consulados quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales que se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Queda claro entonces que en este caso, se acreditaron los requisitos formales exigidos en la normatividad aplicable como lo conceptuó la Corte Suprema de Justicia, y no existe impedimento constitucional pues la extradición se concede por delitos cometidos en el exterior y ocurridos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se permite la extradición de ciudadanos colombianos por nacimiento. Finalmente, en punto al cumplimiento de la exigencia constitucional para la proce- dencia de la extradición sobre la ocurrencia de delitos en el exterior, debe indicarse que como en este evento en particular que se concretan en unirse con otras personas para importar, poseer y distribuir cocaína ilícitamente a los Estados Unidos, son compor- tamientos que se entienden también ejecutados allí porque era en ese territorio donde surtirían sus efectos, aspecto que no va en contravía de lo dispuesto en el artículo 14 del Código Penal, pues precisamente esta es una de sus manifestaciones. Lo anterior evidencia la comisión de delito en el exterior, como en un caso similar lo precisó la Corte Suprema de Justicia:
“En el evento que ocupa la atención de la Sala, y como lo acepta el defensor, la or- acuerdo con la documentación allegada a través de la vía diplomática, operaba no solo en Colombia sino en los Estados Unidos de América. Por ello, el que se hubiese realizado las totalmente en nuestro territorio, pues el estupefaciente era llevado para ser comercializado 1 . En punto a ese mismo tema, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:
- realización puede ser total o parcialmente (Corte Suprema de Justicia. Sala de (se subraya). General de la Nación, conductas que dice tuvieron ocurrencia en Colombia y que son las autoridades nacionales las competentes para juzgarlas, en virtud del principio de territorialidad, debe recordarse lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1736/2000: “Es cierto que de acuerdo con la regulación del factor territorial en las normas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal colombianos, la esta- puedan haber delinquido en el país, o que la Fiscalía tenga que adelantar investigación (se subraya). por las que se requiere en extradición traspasaron las fronteras, constituyendo la comisión de un o unos delitos en el exterior. La Corte Suprema de Justicia sobre el particular ha manifestado:
doctrinariamente como instrumentos jurídicos para establecer el lugar de la ocurrencia del hecho , cual el hecho se entiende cometido en el lugar donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad; y la del resultado que entiende realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta; y la teoría de la ubicuidad o mixta que entiende co- metido el hecho donde se efectuó la acción de manera total o parcial, como el sitio donde se produjo o debió producirse el resultado, se tiene que las conductas atribuidas por las
), traspasaron las fronteras
colombianas, de lo cual surge que satisface la condicionante constitucional de que el hecho
2 . De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que con el presente recurso no se apor- taron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno Nacional a variar la decisión que 029 del 19 de febrero de 2007. Por lo expuesto,
por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Mars Micolta Hurtado, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución. Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderado, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno, quedando así agotada la vía gubernativa. - dica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias. Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2007.
autoridades judiciales de los Estados Unidos de América a (
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 5 de mayo de 2004. M.P. Dr. Jorge Luis Quintero Milanés. Extradición 21.925.
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 20 de septiembre de 2005. M.P. Dr. Mauro Solarte Portilla. Rad. 23.710.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 109 DE 2007
(mayo 4) por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Delegatario de funciones Presidenciales conforme al Decreto 1418 del 26 de abril de 2007 en ejercicio de CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 1158 del 15 de mayo de 2006, el Gobierno de
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la deten-
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 1° de agosto de 2006
con la cédula de ciudadanía número 3280058, la cual se hizo efectiva el 20 de septiembre de 2006, por miembros de la Fiscalía General de la Nación.
3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota
Verbal número 2998 del 17 de noviembre de 2006, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano César Gil Aristizábal.
diciembre de 1997, ni sometido a desaparición forzada a torturas, tratos o penas crueles, Adicional a lo anterior, corresponde al Gobierno Nacional exigir al país reclamante que en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo que César Gil Aristizábal ha permanecido privado de su libertad con ocasión de este trámite.
la Constitución Política, le compete al Gobierno, encabezado por el señor Presidente como
supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respec- tivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y
7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley 600 de 2000, el con-
cepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la hono- rable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la ciudadanía número 3280058, para que comparezca a juicio por el Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína). Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína), Cargo Tres (Ayuda y facilitamiento de la importación
a los Estados Unidos de cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía
una cantidad perceptible de cocaína), y por el Cargo Cuatro (Ayuda y facilitamiento del intento de posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla
y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína), referidos en la Acusación
número 04-20277 CR (Lenard), dictada el 30 de abril de 2004, en la Corte Distrital de los
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, pero únicamente por los hechos realizados con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se permite la extradición de ciudadanos colombianos.
8. Que el Gobierno Colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extra- dición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el inciso 1° del artículo 512 de la Ley 600 de 2000.
9. Que el inciso 2° del artículo 512 de la Ley 600 de 2000 establece que si según la
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena.
La honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000, al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad en contra de, entre otros, el artículo 550 del anterior Código de Procedimiento Penal (artículo 512 de la Ley 600 de 2000, actual artículo 494 de la Ley 906 de 2004), resolvió:
“Tercero: Declarar - dimiento Penal, así como el segundo inciso de la norma citada, pero este último bajo el entendido de que la entrega de una persona en extradición al Estado requirente, cuando en este exista la pena de muerte para el delito que la motiva, sólo se hará bajo la condición de
la conmutación de la pena, como allí se dispone,
“César Gil-Aristizábal es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, lo cual es en Título 21, Sección 963 y 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos; -- Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, lo cual es -- Cargo Tres: Ayuda y facilitamiento de la importación a los Estados Unidos de cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de -- Cargo Cuatro: Ayuda y facilitamiento del intento de posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad (…) Un auto de detención contra el señor Gil-Aristizábal por estos cargos fue dictado el permanece válido y ejecutable. (…) Aun cuando los delitos de concierto contenidos en la acusación se alega haber co- menzado en 1996, la culpabilidad de cada uno de los acusados de todos los cargos es este caso se encuentra independientemente sustentada por su conducta delictiva adelantada
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 514 de la Ley 600 de 2000, el
E. N° 2224 del 20 de noviembre de 2006, conceptuó:
“ que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad
diciembre de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano César Gil Aristizábal, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 517 de la Ley 600 de 2000.
Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones señaladas por la Corte Constitucional, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana. Finalmente, como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano César Gil Aristizábal, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situa- ción y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la Fiscalía General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos; Por lo expuesto,
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano César Gil Aristizábal por el Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína) Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína), Cargo Tres (Ayuda y facilitamiento de la importación a los Estados Unidos de cinco kilogramos o
más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína), y por
el Cargo Cuatro (Ayuda y facilitamiento del intento de posesión con la intención de
1997, ni diferentes a los que motivan la solicitud, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o
de enero de 1996, este no podrá ser juzgado por hechos anteriores al 17 de diciembre de
a que si bien la acusación contra el requerido hace mención a hechos ocurridos a partir
Resta señalar que como ha sido criterio reiterado de la Sala, corresponde al Gobierno Nacional condicionar la entrega del reclamado, en el evento de que acceda a la extradición,
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante
providencia del 18 de abril de 2007, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano César Gil Aristizábal.
lo indicado por el Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal emite a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano César Gil Aristizábal formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, en relación con los hechos consignados en los cargos uno, dos, tres y cuatro de la Distrital para el Distrito Sur de Florida. Por tal motivo el Gobierno Nacional está en la obligación de condicionar la entrega
a que el extraditado no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni juzgado por hechos
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni por sucesos anteriores al 17 de
distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad
Por lo expuesto, la , en acuerdo con perceptible de cocaína), referidos en la Acusación número 04-20277 CR (Lenard), dic-
tada el 30 de abril de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, pero únicamente por los hechos realizados con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se permite la extradición de ciudadanos colombianos. Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano César Gil Aristizábal, bajo el compro- miso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso 2° del artículo 512 de la Ley 600 de 2000, previa información al mismo de lo resuelto por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000.
(CF-2S 0000003786-07-9)
Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 512 de la Ley 600 de 2000. saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación para lo de sus competencias. Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2007.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 110 DE 2007
1. Que mediante Nota Verbal número 2028 del 11 de agosto de 2006, el Gobierno de
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 16 de agosto de 2006
de agosto de 2006, por miembros de la Policía Nacional.
Verbal número 2653 del 17 de octubre de 2006, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Héctor Jesús Espinel Cardozo.
“Héctor Jesús Espinel-Cardozo es requerido para comparecer a juicio por delitos
11 de mayo de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de
Nueva York, mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos,
controlada, a saber, cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de
12 millas de la costa de los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Secciones
Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos, y
-- Cargo Dos: Fabricación y distribución de una sustancia controlada, a saber, cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados (…) de detención contra Héctor Jesús Espinel-Cardozo había sido dictado el 11 de mayo de auto de detención fuera dictado, lo cual se hizo el 26 de septiembre de 2006. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable y se encuentra adjunto a los documentos que (…) Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el
E. N° 1996 del 18 de octubre de 2006 conceptuó:
por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad
de octubre de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Héctor Jesús Espinel Cardozo, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 499 de la Ley 906 de 2004.
providencia del 18 de abril de 2007, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Héctor Jesús Espinel Cardozo. Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
procederá a rendir concepto favorable a la solicitud de extradición, exigiendo al Gobierno Nacional como lo demanda el Ministerio Público y el defensor, que de acoger esta opinión condicione la entrega a que el requerido no sea juzgado por hechos cometidos antes del
17 de diciembre de 1997, o diferentes a los que sirvieron de base para la reclamación, no Superior, le corresponde al Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el seguimiento a los condicionamientos que imponga a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que derivarían de su eventual incumplimiento. Asimismo, advertir a su homólogo Estado requirente que el solicitado ha permanecido privado de la libertad en detención provisional por motivo de este trámite. 3. En razón a que la fuente formal aplicable es el Código de Procedimiento Penal ningún pronunciamiento hará la Sala en relación con las normas de los instrumentos internacio- nales por él aducidos, como tampoco en relación con los principios, usos y costumbres internacionales que por no hacer parte de los elementos del concepto no puede ocuparse la Sala, ya que regido el trámite de extradición como es obvio por el principio de legalidad, no puede incluir requisitos que no contemple el Código de Procedimiento Penal. Temas que con insistencia la Sala ha precisado competen al Presidente de la República Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa. Por estas razones no accede a pedir al Presidente de la República, de disponer la entrega, condicionarla al envío de una declaración de reciprocidad, ya que trascendiendo el objeto del concepto de la Sala y hacer parte del de los principios de derecho internacional es al Primer Mandatario de la Nación a quien incumbe decidir a qué otros condicionamientos sujeta la entrega, atendiendo a las conveniencias nacionales. Por no tener ninguna relación con el objeto del concepto la Sala tampoco se pronun- ciará acerca de las supuestas omisiones de la Fiscalía en investigar los hechos y aplicar el principio de oportunidad que aduce la defensa. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; a la extradición de Héctor Jesús Espinel Cardozo, de ano- taciones civiles conocidas en el curso de la actuación, por los cargos a él atribuidos en la 7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el con- cepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales. En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la hono- rable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá cédula de ciudadanía número 19348219, para que comparezca a juicio por el Cargo Uno leyes relacionadas con la fabricación y distribución de una sustancia controlada, a saber, cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad. perceptible de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos) y por el Cargo Dos (Fabricación y distribución de una sustancia controlada, a saber, cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustan- cia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos), referidos en la Acusación número S4 05 Cr.1262, dictada el 11 de mayo de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Teniendo en cuenta que la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, ha señalado en forma expresa que todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, información que puede
LICITACION PUBLICA NUMERO 1 DE 2007
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
OBJETO: PUBLICACION: o y en o LUGAR CONSULTA: o o
(BA-0342689-7)
constatarse en la resolución de acusación aportada por el país requirente, no se considera pertinente en este caso hacer alguna salvedad al respecto.
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extra- dición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
9. Que el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena. Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones señaladas por la Corte Constitucional, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana. Finalmente, como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano Héctor Jesús Espinel Cardozo, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situación y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la Fiscalía General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos; Por lo expuesto,
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Héctor Jesús Espinel juicio por el Cargo Uno (Concierto para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos, controlada, a saber, cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos), y por el Cargo Dos (Fabricación y distribución de una sustancia controlada, a saber, cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y en aguas dentro de una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos), referidos en la Acusación número S4 05 Cr.1262, dictada el 11 de mayo de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Héctor Jesús Espinel Cardozo, bajo el compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
LICITACION PUBLICA 007 DE 2007
OBJETO DE LA LICITACION: “LA ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO AREA DEPORTIVA BARRIO CUCUTA 75 – CIUDADELA JUAN ATALAYA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”
APERTURA DEL PLAZO DE LA LICITACION:
CIERRE DEL PLAZO DE LA LICITACION:
CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: o
AUDIENCIA DE ACLARACION:
Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1 ° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente Resolución, previa su ejecutoria, a la Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias. Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2007.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 111 DE 2007
(mayo 4) por la cual se decide sobre una solicitud de extradición. El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Delegatario de Funciones Presidenciales conforme al Decreto 1418 del 26 de abril de 2007 en ejercicio de CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 315 del 10 de febrero de 2004, el Gobierno de
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la deten- requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.
2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 30 de abril de 2004 decretó
la cédula de ciudadanía número 14957688, la cual se hizo efectiva el 9 de marzo de 2006, por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Verbal número 1080 del 5 de mayo de 2006, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Manuel Antonio Ortiz.
“Manuel Antonio Ortiz es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de de Nueva Jersey, mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos más de 100 gramos de de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos, y -- Cargo Dos: Concierto para distribuir y para poseer con la intención de distribuir más válido y ejecutable. ( ) Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
E. N° 0795 del 8 de mayo de 2006, conceptuó:
de mayo de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Manuel Antonio Ortiz, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 517 de la Ley 600 de 2000.
providencia del 18 de abril de 2007, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Manuel Antonio Ortiz. Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“5. CONCLUSIONES Los anteriores razonamientos permiten concluir a la Sala que están dadas las exigencias solicitud de extradición del ciudadano colombiano Manuel Antonio Ortiz. Finalmente, pese al sentido de la decisión que se anuncia, atendiendo lo dispuesto en el - no Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas, así como exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos anteriores, diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la eventual condena, ni sometido a penas de muerte, destierro, prisión Además, la Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo -
mo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento. Cabe subrayar que Manuel Antonio Ortiz se encuentra privado de la libertad para los efectos del trámite de extradición, desde el nueve (9) de marzo de dos mil seis (2006), cuando fue capturado por personal adscrito al Departamento Administrativo de Seguridad. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la extradición de Manuel Antonio Ortiz, de anotaciones co- nocidas en el curso del proceso, por los cargos atribuidos en la Resolución de Acusación
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la honorable
Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la extradición número 14957688, para que comparezca a juicio por el (Concierto para importar
a los Estados Unidos más de 100 gramos de heroína), y por el Cargo Dos (Concierto para
distribuir y para poseer con la intención de distribuir más de 100 gramos de heroína), referidos en la Resolución de Acusación Sustitutiva número 03-853 (WHW), dictada el 8 de enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena
de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena.
“Tercero: Declarar - dimiento Penal, así como el segundo inciso de la norma citada, pero éste último bajo el entendido de que la entrega de una persona en extradición al Estado requirente, cuando en este exista la pena de muerte para el delito que la motiva, sólo se hará bajo la condición de
Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones señaladas por la Corte Constitucional, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana. Finalmente, como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano Manuel Antonio Ortiz, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situa- ción y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la Fiscalía General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos;
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Manuel Antonio Ortiz por el Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos más de 100 gramos de heroína), y por el Cargo Dos (Concierto para distribuir y para poseer con la intención de distribuir más de 100 gramos de heroína), referidos en la Resolución de Acusación Susti- tutiva número 03-853 (WHW), dictada el 8 de enero de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano ManuelAntonio Ortiz, bajo el compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso 2° del artículo 512 de la Ley 600 de 2000, previa información al mismo de lo resuelto por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000. Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 512 de la Ley 600 de 2000. saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación para lo de sus competencias. Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2007.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 112 DE 2007
1. Que mediante Nota Verbal número 1855 del 2 de agosto de 2006, el Gobierno de los
2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 10 de agosto de 2006
con la cédula de ciudadanía número 85450575, la cual se hizo efectiva el 16 de agosto de 2006, por miembros de la Policía Nacional.
Verbal número 2592 del 13 de octubre de 2006, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Enrique Oyola Ropero.
“Enrique Oyola-Ropero es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de Columbia, mediante la cual se le acusa de:
fecha, para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito, lo cual es en contra del Título de los Estados Unidos.
) ( Un auto de detención contra el señor Oyola-Ropero por estos cargos fue dictado el permanece válido y ejecutable.
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con
E. N° 1960 del 17 de octubre de 2006 conceptuó:
de octubre de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Enrique Oyola Ropero, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 499 de la Ley 906 de 2004.
providencia del 11 de abril de 2007, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Enrique
Oyola Ropero.
LICITACION PUBLICA NUMERO LP-002-2007
de Salud “CEADS”
CONSULTA Y VENTA: o
VALOR TERMINOS DE REFERENCIA:
(IN-20702229-9)
“De conformidad con lo expuesto, coincidiendo con las consideraciones del Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal, la emite a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Enrique Oyola Ropero, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá para que responda por el cargo uno consignado en la
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión Teniendo en cuenta que el delito referido en la solicitud formal no está sancionado con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones señaladas en esta norma, en especial que no se le someta a la pena de prisión perpetua la
cual está prohibida en la legislación colombiana.
Ahora bien, corresponde al Gobierno Nacional, como lo acota el colaborador del
Ministerio Público, condicionar la entrega a que el extraditado no vaya a ser condenado
a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de
extradición, ni por sucesos anteriores a la fecha indicada, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a la sanción de Adicional a lo anterior, corresponde al Gobierno Nacional exigir al país reclamante que en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo que Enrique Oyola Ropero ha permanecido privado de su libertad con ocasión de este trámite. de la Constitución Política, le compete al Gobierno, encabezado por el señor Presidente
como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar
el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la
extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumpli-
7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el con-
cepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales. En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley para la procedencia de la extradición por el cargo imputado a este ciudadano, y ante la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la extradición número 85450575, para que comparezca a juicio por el Cargo Uno (Concierto, comenzando de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), referido en la Segunda Acusación Sustitutiva número 05-342 (RCL), dictada el 18 de abril de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igual- mente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas
Finalmente, como de la información allegada al expediente se puede constatar que el ciudadano Enrique Oyola Ropero, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General de la Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa situa- ción y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva a la Fiscalía General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos. Por lo expuesto,
Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Enrique Oyola Ropero,
por el Cargo Uno fecha, para distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y
conocimiento de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos,
ayuda y facilitamiento de dicho delito), referido en la Segunda Acusación Sustitutiva
número 05-342 (RCL), dictada el 18 de abril de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Enrique Oyola Ropero, bajo el compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente Resolución, previa su ejecutoria, a la Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias. Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2007.
RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 113 DE 2007
(mayo 4) por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 039 del 2 de marzo de 2007. El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Delegatario de funciones Presidenciales conforme al Decreto 1418 del 26 de abril de 2007, en ejercicio Código Contencioso Administrativo, y CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 039 del 2 de marzo de 2007, el Gobierno
Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Juan Diego Villamil Medina, por el Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de referido en la Segunda Acusación Sustitutiva número S2-05-Cr-965, dictada el 9 de marzo de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso
ciudadano requerido el 2 de marzo de 2007. Estando dentro del término legal el apoderado del señor Juan Diego Villamil Medina, mediante escrito presentado el 7 de marzo de 2007 en el Ministerio del Interior y de Justicia, interpuso recurso de reposición contra la Reso- lución Ejecutiva número 039 del 2 de marzo de 2007, con el objeto de que el Gobierno Nacional revoque la Resolución recurrida por ser contraria a la ley y buenas costumbres de la justicia colombiana, en consecuencia, negar la extradición de este ciudadano y proceder a su inmediata liberación. En caso de no revocar la decisión, el impugnante solicita se ordene la preclusión de la investigación que contra Villamil Medina cursa en la Fiscalía Primera Especializada de Popayán.
a) Violación del artículo 35 de la Constitución Política por mala interpretación de la ley. 600 de 2000 (artículo 500 de la Ley 906 de 2004) establece para que la persona requerida en extradición o su abogado soliciten o aporten pruebas dentro de la etapa del trámite de extradición surtida en la Corte Suprema de Justicia, él como apoderado del señor Juan Diego quien lo cometió y donde se cometió, las cuales fueron rechazadas por la Corte Suprema
de Justicia por improcedentes, lo que demuestra “
las mismas, violación de la ley por vía de hecho, ya que con estas pruebas se demostraba,
y no en el exterior como lo ordena la norma,
grandes rasgos la mala apreciación de
por tal razón el rechazó de las pruebas viola el artículo 35 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 29 ibídem, este delito tiene conexidad de tipo territorial en
LICITACION PUBLICA NUMERO 01/05-2007
(BA-037112-8)
Colombia y el artículo 11 de la Ley 600 de 2000, dice quien es el juez natural y para este
caso es el de Colombia, la Corte ha violado derechos fundamentales
Para esta Corporación, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el demandante, porque la Corte Suprema de Justicia en este caso no actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, como quiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico-pe- extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento. Por esto y no por otra razón-, es que la intervención de la Corte Suprema de Justicia en estos casos, se circunscribe a emitir un concepto en relación con el cumplimiento del Estado requirente de unos requisitos mínimos que ha de contener la solicitud, los cuales se señalan en el Código de Procedimiento Penal” 1 . Por ende, las pretensiones probatorias de la defensa deben estar encaminadas, única
y exclusivamente, a debatir el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para conducentes a demostrar la inexistencia de uno o varios de los requisitos exigidos y no a demostrar la inculpabilidad de la persona requerida, pues dicho aspecto no es materia de debate, ni ante la Corte Suprema de Justicia ni ante el Gobierno Nacional. Así las cosas, si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no encuentra que las pruebas aportadas o solicitadas por la defensa conduzcan a debatir el cumplimiento de los requisitos
b) Violación de debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política.
Señala el abogado defensor que teniendo en cuenta que la captura del señor Juan Diego febrero de 2007, se produjo en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, y que ese
ha sido siempre su domicilio, la norma aplicable al trámite de extradición es el establecido en la Ley 600 de 2000 y no el de la Ley 906 de 2004, aplicado por la Corte Suprema de Justicia, puesto que esta última “
porque el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, inciso 2° dice: “en
- , entra para el Distrito Judicial de Popayán el 1°
lo que hace “que exista una violación por vía de hecho
cuando se interpreta mal la norma, y con ello se violan los derechos fundamentales de mi mandante También viola el debido proceso la Corte Suprema de Justicia, según el recurrente, al equiparar la resolución de acusación de los Estados Unidos con la que se dicta en Colombia, toda vez que la de allá nace de un proceso verbal, lo que para él es igual a una investigación
corresponde a ese Distrito Judicial
previa en Colombia, y porque acá en nuestro país “la llamada telefónica que es la prueba reina
formales exigidos, debe rechazarlas, tal como en el presente caso, en el que señaló:
acusación, a ningún colombiano porque según nuestra ley, no existe delito alguno”;
“Impera precisar que como de tiempo atrás lo ha señalado esta Sala, el trámite especial
de la extradición no constituye un proceso judicial en el cual se juzgue la conducta de aquel
a quien se reclama en extradición, motivo por el cual resultan ajenos al thema probandum
aquellos medios probatorios que se oriente a censurar la validez o mérito de las pruebas recaudadas por las autoridades extranjeras sobre la materialidad del delito o la responsabilidad
del requerido, pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de los funcionarios del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia debe efectuarse al interior del respectivo proceso de conformidad con los cánones procedimentales dispuestos en la legislación del Estado que formula la solicitud de extradición.
los investigadores de la Dijín
dentro del proceso que por el delito de lavado de activos se adelantó en contra de Juan Diego Villamil Medina no guardan relación alguna con los anunciados temas objeto del concepto que corresponde emitir a la Sala, circunstancia que impone negar su aducción al
A su vez, tampoco la copia de la sentencia anticipada proferida por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Buga en contra de Yuri Edison Marín Quintero o la copia de la “petición de revisión de la extradición” de Juan Diego Villamil Medina, “por los canales diplomáticos dirigida al señor Fiscal General de la Nación, en idioma castellano
e inglés con sus pruebas anexas” tienen la virtud de ocuparse de alguno de los precisos
temas que por expresa disposición del legislador corresponde a la Sala pronunciarse en el concepto solicitado por el ejecutivo dentro de este trámite” 2 ;
c) De conformidad con el enunciado del artículo 533 de la Ley 906 de 2004 “por la cual
se expide el Código de Procedimiento Penal”, dicho código se aplica a los delitos cometidos
con posterioridad al 1° de enero de 2005. Así las cosas, y teniendo en cuenta que los delitos imputados por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a Juan Diego Villamil Medina, fueron cometidos, según la Nota Verbal 1354 de junio de 2006, entre julio de 2004 y enero de 2006, es claro que la normatividad aplicable al trámite de extradición es el contenido en los artículos 490 a 514 de la Ley 906 de 2004.
En el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, señalado por la defensa como desconocido o mal interpretado por la Corte Suprema de Justicia, se establece que “Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1° de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1° de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal” (negrilla fuera de texto).
El “sistema” a que hace referencia la norma es el denominado sistema penal acusato-
rio, y es este “sistema” el que aplicarán gradualmente los distritos judiciales del país en el
juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero de 2005. Aquellas disposiciones de la Ley 906 de 2004 referidas al trámite de extradición, por no comprender este un proceso acusatorio y por ser aplicadas por el máximo Tribunal penal con competencia nacional, escapan a dicha restricción y son de observación inmediata, siempre y cuando se
En tal virtud, y tal como lo menciona la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia “es claro que la normatividad aplicable a este procedimiento es la referida legislación procesal de 2004, pues en su artículo 533 señala: “El presente código regirá para los delitos come- , circunstancia que permite concluir que no asiste razón a la defensa en su planteamiento”;
d) En cuanto a la no existencia de equivalencia entre la providencia proferida por las
autoridades judiciales de los Estados Unidos y la acusación en Colombia, esgrimida por el defensor para fundamentar que la Corte Suprema de Justicia vulneró el derecho al debido proceso del señor Juan Diego Villamil Medina, para el Gobierno Nacional es totalmente claro, acertado e inequívoco el pronunciamiento que al efecto hizo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el concepto emitido el pasado 7 de febrero de 2007, en el cual se indica:
“Al respecto, compete a la Sala señalar en el concepto si el acto judicial por cuyo medio se acusa al reclamado en extradición en el Estado requirente es equivalente a la resolución de acusación propia del sistema procesal colombiano. Según se ha señalado en forma reiterada, no se trata de una identidad entre ambas de- cisiones judiciales, pues lo importante es establecer que con ellas se abre el paso al juicio donde se debatirá la acusación, que en tal pieza procesal aparezca un relato sucinto del
, rendidas ante la Fiscalía Cuarta Especializada de Cali
c) Violación de la igualdad jurídica, artículo 13 de la Constitución Política.
Para el recurrente la Corte Suprema de Justicia viola el derecho a la igualdad de su
apoderado en el momento que “rechaza las pruebas de mi mandante declarándolas improce- dentes, pero admite las pruebas presentadas por los Estados Unidos de Norteamérica, donde
solo esgrimen un (sic) prueba que corresponde a una llamada telefónica
tener igual de oportunidades en el trámite y no favorecer a uno, en perjuicio de la defensa
del otro, y menos en la parte probatoria, ya que cierra todos los espacios de defensa”;
d) Otros aspectos de lealtad y reciprocidad en la justicia por parte de los Estados invo-
lucrados en tratados internacionales.
Según el recurrente, no obstante que la prueba que llevó a la vinculación de su mandante
la investigación adelantada por los Estados Unidos, fue obtenida en forma conjunta por
DEA y la Dijín, hubo ocultamiento de la misma a la justicia colombiana, impidiéndole
señor Juan Diego Villamil Medina demostrar en nuestro país su inocencia. 4. Que frente a lo expuesto por el recurrente, se señala:
a) En primer lugar, debe precisarse que el recurso de reposición contra la resolución
del Gobierno Nacional que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores como un instrumento de impugnación contra el concepto emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, convirtiendo en esa forma al Gobierno Nacional en instancia de apelación contra las deci- siones de dicha Corporación Judicial. A excepción de la queja presentada por el abogado defensor de que la prueba contra su mandante le fue ocultada a la justicia colombiana por los miembros de la Policía Nacional- Dijín y por la DEA, el recurso de reposición presentado contra la Resolución 039 del 2 de marzo de 2007 es realmente un escrito de impugnación y de ataque a las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por rechazar por improcedentes las pruebas solicitadas y aportadas por el abogado defensor, aplicar la Ley 906 de 2004 al trámite de la solicitud de extradición, considerar cumplidos los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal en relación con la solicitud de extradición y conceptuar favorablemente a la ex- tradición del señor Juan Diego Villamil Medina.
El Gobierno Nacional no es una instancia superior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y no le es dable examinar las decisiones y conceptos del ente judicial al resolver los recursos de reposición que sí proceden contra las decisiones que adopte en relación con las solicitudes de extradición a él presentadas. Así las cosas, a continuación se precisarán y aclararán los aspectos debatidos por la Corte Suprema de Justicia en su concepto del 7 de febrero de 2007;
b) La extradición es un mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra la
impunidad, tendiente a impedir que una persona que ha cometido un delito en un deter- minado país, eluda la acción de las autoridades judiciales de dicho país, por encontrarse o refugiarse en otro distinto, que bien puede ser su país de origen. requisitos y condiciones, previamente establecidos en el ordenamiento procesal penal, que no conllevan en modo alguno enjuiciamiento de la persona requerida. A tal efecto la Corte Constitucional ha dicho:
“De conformidad con lo expuesto, y por su propio contenido, el acto mismo de la extra- dición no decide, ni en el concepto previo, ni en su concesión posterior sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales de agra- vación o diminuentes punitivas, ni sobre la dosimetría de la pena, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento, como quiera que no se ejerce función jurisdicente. Entrar en una controversia de orden jurídico como si se tratara de un acto jurisdiccional, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, como quiera que es en ese país y no en el requerido en donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones sobre Derecho Internacional Humanitario y con las normas penales internas del Estado extranjero. 4.3 Por otra parte, para el demandante, el concepto que emite la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, debe ser entendido como una providencia judicial que pone examen formal sobre la documentación aportada, por cuanto, ante todo, las actuaciones estatales deben propender por el respeto al debido proceso y la prevalencia del derecho sus- tancial sobre las formas. Siendo ello así, el concepto que emite la Corte Suprema de Justicia debe tener los mismos contenidos, exigencias y recursos de toda providencia judicial.
De conformidad con lo anterior se tiene que las declaraciones de
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1106 de 2000. M. P. Doctor Alfredo Beltrán Sierra.
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL. Auto de noviembre 30 de 2006. M. P. Doctora Marina Pulido de Barón.
Cr. 965, dictada por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York Juan Diego Villamil Medina, al igual que ocurre con la demanda acusatoria en el ordenamiento interno colombiano, marca el comienzo del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos por los cuales se le acusa. Además, según la documentación debidamente aportada por vía diplomática, au- tenticada y traducida, la acusación señala los cargos imputados y las disposiciones del país requirente que se estimaron violadas, también aparecen relacionados los lugares de ocurrencia de los comportamientos (Distrito Meridional de Nueva York y otros lugares), su época (“Comenzando en o alrededor de julio de 2004 a más tardar, hasta e inclusive
el 30 de enero de 2006 o alrededor de esa fecha”) y el nombre del acusado, Juan Diego
Villamil Medina. También se allegaron declaraciones juradas rendidas por Daniel L. Stein, Asistente Fiscal en la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Meridional de Nueva York y de Tjarod Forget, Agente Especial de la Administración Antinarcóticos (DEA) de los Es- tados Unidos, las cuales apoyan la actuación y señalan el compromiso de responsabilidad del requerido, luego es evidente la equivalencia entre la acusación del Gran Jurado y la establecida en nuestro sistema, obviamente, se trata de una equivalencia material y no de identidad de formas. que una y otra no son equivalentes.
Por tanto, estima la Sala que esta exigencia se encuentra acreditada, pues la acusación del Gran Jurado es equivalente a la acusación de que tratan los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004”;
e) En relación a la vulneración del derecho a la igualdad del ciudadano requerido por la
Corte Suprema de Justicia al rechazar las pruebas solicitadas y aportadas por la defensa y no rechazar los documentos aportados por el Gobierno de los Estados Unidos en la forma- lización de la solicitud de extradición, cabe sólo mencionar que las primeras son a criterio de la Corte, el cual es totalmente compartido por el Gobierno Nacional, impertinentes e inconducentes para el debate que debe darse dentro del trámite de extradición, cual es el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación procesal penal para las solicitudes presentadas a tal efecto.
Así las cosas, no puede existir vulneración al derecho a la igualdad de una persona por rechazarle unas pruebas que son, a todas luces, inapropiadas para el tema que se debate y aceptar las aportadas por otra persona o entidad que sí lo son; Villamil Medina, fue producto de la colaboración entre miembros de la DEA y la Dijín,
que la misma le fue ocultada, cabe señalar que dicha inconformidad debe ser planteada
interior del proceso que se le adelanta en los Estados Unidos, en donde contará con las
oportunidades procesales para rebatirla. 5. Que el 7 de marzo de 2007, a través de correo electrónico, el señor William Francisco Villamil Medina, hermano de la persona requerida en extradición, solicitó al señor Presidente de la República revocar la decisión de extradición invocando como argumentos:
a) Que la acusación se fundamenta en una llamada por celular;
b) Que su hermano es inocente de los cargos imputados;
c) Que es indebida la aplicación de la Ley 906 de 2004 en la solicitud de extradición
de su hermano, y
d) Que existe una acción de tutela en curso explicando lo anterior.
Al respecto, se reitera que en el trámite dado a las solicitudes de extradición ni la Corte
Suprema de Justicia ni el Gobierno Nacional juzgan a la persona requerida; que las pruebas sobre la existencia y autoría de los delitos imputados deben ser aportadas y estudiadas al interior del proceso judicial que se sigue en el país requirente; que la normatividad aplicable
a este trámite de extradición es la Ley 906 de 2004 por expresa disposición del artículo
533 de dicha ley y, por último, que revisado el trámite de extradición del señor Juan Diego Villamil Medina no se encontró evidencia alguna de interposición de una acción de tutela en su nombre, y que si así fuere, la sola interposición de la acción no es óbice para que el Gobierno Nacional prosiga con el normal desarrollo del trámite.
extradición, se ordene la preclusión de la investigación que contra Villamil Medina cursa en la Fiscalía Primera Especializada de Popayán, en aplicación del principio de oportunidad consagrado en los artículos 323 y 324 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), se debe señalar que el estudio y decisión en torno a dicha medida es de competencia
exclusiva de la Fiscalía General de la Nación, tal como lo señalan los artículos citados, por
lo que es a dicha Entidad a la cual se debe solicitar su aplicación.
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que lleven al Gobierno Nacional a variar la decisión que ini- 039 del 2 de marzo de 2007; Por lo expuesto,
medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Juan Diego Villamil Medina, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución. Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderado, haciéndole saber que contra esta no procede recurso alguno, quedando así agotada la vía gubernativa. - dica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias. Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 4 de mayo de 2007.
RESOLUCION NUMERO 014 DE 2007
(abril 30) por la cual se efectúa una aclaración de leyenda al Presupuesto General La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades Decreto 4579 de 2006, y
Que los artículos 23 de la Ley 1110 de 2006 y 24 del Decreto 4579 de 2006, facultan
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público
- raciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción
Que en el anexo del Decreto de Liquidación 4579 del 27 de diciembre de 2006 se incurrió en un error de transcripción de un proyecto de inversión del Fondo Nacional Ambiental
y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación conceptuó favorablemente en su
Comunicación DIFP-2720072620001046 del 30 de marzo de 2007; Que la leyenda del proyecto se aclara para que quede con el mismo nombre de registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional, BPIN; Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar oportunamente las acla- raciones necesarias, en concordancia con las normas antes citadas, RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar las siguientes aclaraciones al anexo del Decreto de Liquidación 4579 del 27 de diciembre de 2006:
SECCION 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL
UNIDAD 320401 GESTION GENERAL ADMINISTRACION, CONTROLYORGANIZACION INS-
SUBPROGRAMA 901
TITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. CONSERVACION Dice:
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIEN- TES DE LA TASA POR USO DE AGUA EN AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
MUNICIPIO DE ABEJORRAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Debe decir:
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIEN-
TES DE LA TASA POR USO DE AGUA EN AREAS DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. –REGION NACIONAL– Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2007. La Directora General del Presupuesto Público Nacional,
Carolina Soto Losada. (C. F.)
RESOLUCION NUMERO 966 DE 2007
(abril 30) Gastos Generales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 30 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005, mediante Resolución número 01 del 2 de enero de 2007, se efectuó la distribución y des- agregación del presupuesto asignado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las cuentas de Gastos de Personal y Gastos Generales de la Vigencia 2007; Que según lo establecido en el artículo 30 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de - ciones no requieren aprobación por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, se podrá hacer una vez al mes, y copia de estas se remitirá a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día siguiente de su expedición; Que mediante Memorando 08665 del 26 de abril de 2007, la Directora Administrativa Que la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito
$100.000.000.00,
se efectúa la distribución y desagregación del presupuesto de Gastos Generales asignado para la vigencia 2007, así:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO UNIDAD 1301-01 GESTION GENERAL RECURSO 10 – RECURSOS CORRIENTES
OBJETO DEL GASTO 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS
OBJETO DEL GASTO 4
Artículo 3°. Remítase copia a la Dirección General de Presupuesto Público y Subdirección Financiera de la Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá, D. C., a 30 de abril de 2007.
Oscar Iván Zuluaga Escobar. (C. F.)
DECRETO NUMERO 1500 DE 2007
(mayo 4) de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y De- rivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de - se, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, Delegatario de las funciones presidenciales conforme al Decreto 1418 de abril 26 de 2007, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de las Leyes 09 de 1979 y 170 de 1994, y
Que el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia establece la obligación a cargo del Estado de regular el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a
la comunidad, señalando que “(
la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la ;
y Fitosanitarias” y el “Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio” que reconocen
la importancia de que los Países Miembros adopten medidas necesarias para la protección
de la salud y vida de las personas, los animales, las plantas y la preservación del medio ambiente y para la protección de los intereses esenciales en materia de seguridad de todos los productos, comprendidos los industriales y agropecuarios, dentro de los cuales se en- cuentran, los reglamentos técnicos;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Decisión Andina 376 de 1995, los reglamentos técnicos se establecen para garantizar, entre otros, los siguientes objetivos legítimos: los imperativos de la seguridad nacional; la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o la salud animal o vegetal o del medio ambiente y la pre- vención de prácticas que puedan inducir a error a los consumidores; Que el artículo 12 de la Decisión Andina 515 de 2002 señala que “Los Países Miembros, estimen necesarias para proteger y mejorar la sanidad animal y vegetal de la subregión, y contribuir al mejoramiento de la salud y la vida humana, siempre que dichas normas estén - jurídico comunitario”; Que el artículo 30 de la Decisión Andina de que trata el considerando anterior, dispone establecidos en la norma comunitaria, siempre y cuando sean equivalentes con los requisitos
a la Secretaría General, adjuntando el sustento técnico pertinente para su inscripción en el
Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, y serán aplicados por los Países Miembros únicamente cuando obtengan el Registro Subregional correspondiente”; Que el artículo 8° de la Decisión Andina 562 de 2003, contempla “En el proceso de elaboración y adopción de Reglamentos Técnicos, los Países Miembros utilizarán como base las normas internacionales o sus elementos pertinentes o aquellas normas internacionales cuya aprobación sea inminente, salvo en el caso de que esas normas internacionales o esos En este último caso, los Reglamentos Técnicos nacionales tomarán como base las normas subregionales andinas, regionales y/o nacionales”; Que con base en lo establecido por el Decreto 2522 de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 03742 de 2001, señalando los criterios y con- diciones que deben cumplirse para la expedición de reglamentos técnicos, ya que según el artículo 7° del Decreto 2269 de 1993, los productos o servicios sometidos al cumplimiento de un reglamento técnico, deben cumplir con estos, independientemente de que se produzcan en Colombia o se importen; Que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 3466 de 1982, los productores de bienes y serán responsables porque las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios que ofrezcan, correspondan a las previstas en la norma o reglamento; Que según lo establecido en las normas sanitarias de alimentos, en especial, el Decreto 3075 de 1997, la carne, los productos cárnicos y sus preparados, se encuentran dentro de los alimentos considerados de mayor riesgo en salud pública; Que la normatividad sanitaria, en especial, los Decretos 2278 de 1982 y 1036 de 1991, deben ser actualizados bajo los principios de análisis de riesgo y cadena alimentaria, de manera que se garantice la inocuidad de la carne, de los productos cárnicos comestibles y de los derivados cárnicos destinados al consumo humano en el territorio nacional y en el exterior; Que el artículo 34 de la Ley 1122 de 2007 dispuso que es competencia exclusiva del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, la inspección, Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer un reglamento técni- Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en el proceso de producción - mercialización, expendio, importación o exportación en el país, como una medida necesaria humana y prevenir posibles daños a la misma; Que el desarrollo de esta nueva normativa permite al país armonizarse con las directri- acuerdo con los esquemas de los sistemas sanitarios en el mundo, para facilitar los procesos de equivalencia estipulados en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, OMC; G/TBT/N/COL/82 y G/SPS/N/COL/125 el 22 de diciembre de 2006 y 3 de enero de 2007 respectivamente;
TITULO I OBJETO Y CAMPO DE APLICACION Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer el reglamento técnico Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Hu- mano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria. El Sistema estará basado en el análisis de riesgos y tendrá puedan inducir a error, confusión o engaño a los consumidores. Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el reglamento técnico que se establece a través del presente decreto se aplicarán en todo el territorio nacional a:
1. Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en los eslabo-
Buenas Prácticas en la Alimentación Animal (BPAA): Son los modos de empleo
y prácticas recomendadas en alimentación animal, tendientes a asegurar la inocuidad de
nes de la cadena alimentaria de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, lo que comprende predios de producción
desposte o desprese y plantas de derivados cárnicos procesados, transporte, almacenamiento
y expendio de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados al consumo humano.
haya sido autorizada al país por el Gobierno Nacional, bovinos, porcinos, caprinos, ovi-
nos, aves de corral, conejos, equinos y otros, cuya carne, productos cárnicos comestibles
y derivados cárnicos sean destinados al consumo humano. Excepto, los productos de la pesca, moluscos y bivalvos.
autorizada por la autoridad ambiental competente. Parágrafo. Las especies señaladas en el numeral 3 del presente artículo, podrán ser autorizadas sanitariamente por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y declaradas aptas para el consumo humano por el Ministerio de la Protección Social, previo análisis del riesgo.
Para efectos del reglamento técnico que se establece a través
Acción correctiva: Cualquier tipo de acción que deba ser tomada cuando el resulta- do del monitoreo o vigilancia de un punto de control crítico esté por fuera de los límites establecidos. Adulterado: Se considera que la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos están adulterados, siempre que:
1. Lleven o contengan cualquier sustancia tóxica o nociva que haya sido intencional-
mente adicionada en cualquier etapa de la cadena alimentaria y que sea perjudicial para
Buenas Prácticas de Higiene (BPH): Todas las prácticas referentes a las condiciones
y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria.
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Son los principios básicos y prácticas ge- nerales de higiene en la manipulación, procesamiento, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Canal: quedando sólo la estructura ósea y la carne adherida a la misma sin extremidades. Carne: Es la parte muscular y tejidos blandos que rodean al esqueleto de los animales de las diferentes especies, incluyendo su cobertura de grasa, tendones, vasos, nervios, apo- neurosis y que ha sido declarada inocua y apta para el consumo humano. Carne fresca: La carne que no ha sido sometida a procesos de conservación distintos de la refrigeración, incluida la carne envasada al vacío o envasada en atmósferas controladas. Carne molida: Carne fresca sometida a proceso de molienda que contiene máximo un 30% de grasa. Carne picada: Carne deshuesada que ha sido reducida a fragmentos y que no contiene más del 1% de sal. Caza comercial: Contaminante:Agente biológico, químico o físico que no se haya agregado intencional- mente al alimento, que pueda poner en peligro la inocuidad y su aptitud para el consumo. Corral de observación: Es el corral destinado a mantener animales enfermos o sos- pechosos de portar enfermedades en un establecimiento de producción primaria o en la Corral de recepción: donde se realiza la separación de los mismos. Es el corral que tiene por objeto mantener los animales previo a Decomiso - condenado: Medida de incautación o aprehensión que se aplica a:
4. Estén compuestos en su totalidad o en parte, por cualquier sustancia poluta, pútrida
o descompuesta, o si por cualquier otra razón resulta poco saludable, malsano, insalubre o de cualquier otra manera no sea apto para el consumo humano.
sustancia tóxica o nociva que pueda contaminar su contenido, haciéndolo perjudicial para
8. De manera intencional hayan sido expuestos a radiación, a menos que el uso de dicha
radiación estuviera de acuerdo con la regulación nacional vigente.
o parcial; o si han sido reemplazados por cualquier sustancia de uso no permitido, de manera
total o parcial; o si el daño o la sustracción ha sido ocultada de cualquier manera. 10. Se les haya agregado cualquier sustancia de uso no permitido a los productos, o combinado o empacado con el mismo de manera que aumenten su volumen o peso, o se reduzca su calidad o fuerza, o para hacer que aparezca mejor o de mayor valor de lo que realmente es. Alterado: Aquella carne, producto cárnico comestible y derivado cárnico que sufre agentes físicos, químicos o biológicos, que le impiden ser apto para consumo humano. Análisis de peligros y puntos críticos de control: (APPCC-HACCP, por sus siglas en español e inglés). Es un procedimiento sistemático y preventivo de aseguramiento de ino- cuidad, aceptado internacionalmente, el cual enfoca la prevención y control de los peligros químicos, biológicos y físicos en la producción de alimentos.
Autoridad competente: -
o desprese, de derivados cárnicos, el transporte, el almacenamiento y el expendio de carne,
productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, de acuerdo con la asignación de competencias y responsabilidades de ley.
Autorización Sanitaria: Procedimiento administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente habilita a una persona natural o jurídica responsable de un predio,
desposte o desprese, procesamiento, almacenamiento, comercialización, expendio o trans- porte bajo unas condiciones sanitarias.
de animales para consumo humano. Bioseguridad: Son todas aquellas medidas sanitarias, procedimientos técnicos y normas
de manejo que se aplican de forma permanente, con el propósito de prevenir la entrada
y salida de agentes infectocontagiosos en la unidad producción primaria, en plantas de
Buenas Prácticas en el Uso de Medicamentos Veterinarios (BPMV): - mentos de uso veterinario, de conformidad con la información consignada en el rotulado de los productos aprobados, incluido el tiempo de retiro, cuando los mismos se utilizan bajo condiciones prácticas.
3. Los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, durante su procesamiento,
almacenamiento, transporte y comercialización. Todo lo anterior, como resultado de la inspección por parte de la autoridad sanitaria competente y declarado como no apto para el consumo humano o respecto del cual, la au- toridad competente ha determinado de algún otro modo que es peligroso para el consumo Decomiso parcial: no aptas para el consumo humano presentes en la canal o los productos cárnicos comes- tibles. Derivados cárnicos: Son los productos que utilizan en su preparación carne, sangre,
vísceras u otros productos comestibles de origen animal, que hayan sido autorizados para
el consumo humano, adicionando o no aditivos, especies aprobadas y otros ingredientes.
Estos productos se denominarán según su especie. Juicio respecto de la aptitud para el consumo de la carne, emitido por post mortem y de los resultados de los análisis que fuere necesario. Equivalencia: Capacidad de diferentes sistemas de higiene de la carne para cumplir los mismos objetivos de inocuidad y aptitud para el consumo humano. Establecimiento: Lugar donde personas naturales o jurídicas desarrollan una o algunas cárnicos, almacenamiento, empaque y venta de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano. Estándares de ejecución sanitaria: Condiciones generales de infraestructura y fun- cionamiento alrededor y dentro del establecimiento. Expendio: Establecimiento donde se efectúan actividades relacionadas con la comer- cialización de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, que ha sido registrado y autorizado por las entidades sanitarias Faenado: Procedimiento de separación progresiva del cuerpo de un animal en canal y otras partes comestibles y no comestibles.
Fase de la cadena alimentaria: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta
Higiene de la carne: Son todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y aptitud de la carne en todas las etapas de la cadena alimentaria. Inscripción: Procedimiento administrativo mediante el cual la persona natural o jurí- sanitaria competente. Función esencial asociada a la responsabilidad estatal para la pro- tección de la salud animal y humana, consistente en el proceso sistemático y constante de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de normas y procesos para asegurar una
adecuada situación sanitaria y de seguridad en todas las actividades que tienen relación con
la cadena alimentaria, que es ejercida por las autoridades sanitarias competentes. Inspección ante-mortem: Todo procedimiento o prueba efectuada por un inspector
Registro: Acto administrativo emitido por la autoridad sanitaria competente, en reco- Residuo químico: Son sustancias o sus metabolitos que se almacenan en los tejidos
Inspección organoléptica: - ción de enfermedades, defectos de los animales, alteraciones de los tejidos y órganos de los animales, a través de la utilización de los órganos de los sentidos. Inspección post mortem: Todo procedimiento o análisis efectuado por un inspector
animales, como consecuencia del uso de los medicamentos veterinarios, plaguicidas agrícolas
dictamen sobre su inocuidad, salubridad y destino. Médico veterinario designado, acreditado o reconocido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, para desempeñar actividades
Profesional, técnico o tecnólogo debidamente designado, acreditado o reconocido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimen- Límite crítico: El valor máximo o mínimo hasta donde un riesgo físico, biológico o químico tiene que ser controlado en un punto crítico de control para prevenir, eliminar o productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Límites máximos de residuos químicos: Concentración máxima resultante del uso de medicamentos veterinarios o de plaguicidas que se reconoce como legalmente permisible
y que no representa riesgo para la salud del consumidor. Material sanitario: Material impermeable, liso, no tóxico, no absorbente y resistente
a la acción de los químicos y abrasivos utilizados en procedimientos de limpieza y desin-
fección. Medida preventiva: Medida o actividad que se realiza con el propósito de evitar, eli- minar o reducir a un nivel aceptable, cualquier peligro para la inocuidad de los alimentos. Medida Sanitaria de Seguridad: Es una operación administrativa de ejecución inme- diata y transitoria que busca preservar el orden público en materia sanitaria.
Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos o propiedad de este, que puede provocar un efecto nocivo para la salud humana. Plaga: Animales vertebrados e invertebrados, tales como aves, roedores, cucarachas, moscas y otros que pueden estar presentes en el establecimiento o sus alrededores y causar contaminación directa o indirecta al alimento, transportar enfermedades y suciedad a los mismos. Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP-APPCC):
Conjunto de procesos y procedimientos debidamente documentados, de conformidad con los principios del Sistema HACCP, que aseguren el control de los peligros que resulten
las especies de animales que han sido declarados como aptas para el consumo humano y
Plan gradual de cumplimiento: Documento técnico presentado por los propietarios, - plimiento frente a las disposiciones de este decreto y sus reglamentaciones y los compro- misos para realizar acciones que permitan lograr el cumplimiento total de la normatividad sanitaria durante el período de transición. Este documento debe ser presentado siguiendo los lineamientos que establece el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos, Invima, según su competencia, el cual debe ser aprobado por estas y será utilizado como instrumento de seguimiento para vigilancia y control. Planta de derivados cárnicos: Establecimiento en el cual se realizan las operaciones de preparación, transformación, fabricación, envasado y almacenamiento de derivados cárnicos. Planta de desposte: Establecimiento en el cual se realiza el deshuese, la separación de
Planta de desprese: Establecimiento en el cual se efectúa el fraccionamiento mecánico de la canal. Predio de producción primaria: de abasto público en cualquiera de sus etapas de desarrollo. Incluye los zoocriaderos. Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES): Todo proce- dimiento que un establecimiento lleva a cabo diariamente, antes y durante las operaciones para prevenir la contaminación directa del alimento. Producción primaria: Producción, cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de animales domésticos de abasto público previos a su Productos para uso industrial: Aquellos de origen animal obtenidos en la planta de - cación de harina de carne. Producto cárnico comestible: Es cualquier parte del animal diferente de la carne y dictaminada como inocua y apta para el consumo humano. Producto cárnico no comestible: Son aquellas materias que se obtienen de los animales comestibles. Producto inocuo: Aquel que no presenta peligros físicos, químicos o biológicos que sean nocivos para la salud humana y que es apto para el consumo humano. Punto crítico de control: Fase en la que puede aplicarse un control que es esencial para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos.
o de la unidad de transporte para productos que requieren refrigeración o congelación. Unidad de transporte: Es el espacio destinado en un vehículo para la carga a trans-
Riesgo a la inocuidad de los alimentos: Es la probabilidad de que exista un peligro biológico, químico o físico que ocasione que el alimento no sea inocuo. Procedimiento que se realiza en un animal destinado para el consumo humano mediante la sección de los grandes vasos. Sala de desposte: canal y la limpieza de los diferentes cortes para su posterior empaque y comercialización. de ella. - cos Comestibles y Derivados Cárnicos: Sistema diseñado y ejecutado por las entidades estatales para el control y la inocuidad de las carnes y sus derivados, incluida la inspección y las pruebas químicas, físicas y microbiológicas de la misma, para cumplir con los requisitos establecidos en el mercado. Sistema HACCP: - Trazabilidad: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un alimento para los animales, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimento o un alimento para los animales o con probabilidad de serlo. Unidad de frío: Equipo que mantiene en forma controlada la temperatura de un contenedor
y pecuarios y otras sustancias empleadas en el tratamiento y control de las enfermedades, en el mejoramiento del desempeño productivo o aquellas provenientes de contaminación ambiental. Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro ocurra.
al remolque o al semirremolque.
Validación: Constatación de que los elementos del plan HACCP son efectivos. Vehículo isotermo: Vehículo en el que la unidad de transporte está construida con paredes aislantes, incluyendo puertas, piso y techo, que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior de la unidad de transporte. Vehículo refrigerado: Vehículo isotermo que posee una unidad de frío, la cual permite reducir la temperatura del interior de la unidad de transporte o contenedor hasta –20° C y de mantenerla inclusive, para una temperatura ambiental exterior media de 30° C. Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan HACCP. Zoocría: CAPITULO II Condiciones generales Artículo 4°. Predios y transporte de animales en pie. Todos los predios de producción primaria, transportadores y vehículos que movilizan animales en pie, serán responsables de cumplir con los requisitos sanitarios, que en desarrollo del presente decreto establezcan el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Ministerio de Transporte, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras autoridades y a quienes les corresponderá ejercer la vigilancia respectiva sobre el cumplimiento de los mismos. Parágrafo. El contenido del presente artículo, se aplicará sin perjuicio de lo establecido Artículo 5°. Responsabilidades de los establecimientos y del transporte de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Todo establecimiento que desarrolle carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, será responsable del cumplimiento de los requisitos sanitarios contenidos en el presente decreto, sus actos reglamentarios y de las disposiciones ambientales vigentes. Artículo 6°. Inscripción, autorización sanitaria y registro de establecimientos. Todo establecimiento para su funcionamiento, deberá inscribirse ante la autoridad sanitaria - ciones que para el efecto se expidan, con el propósito de que la autoridad sanitaria autorice sanitariamente el funcionamiento del establecimiento y lo registre. Artículo 7°. Administración del sistema de autorización sanitaria y registro. La au- toridad sanitaria competente para efectos de la administración del sistema de inscripción, autorización y registro deberá disponer, como mínimo, de una base de datos o sistema de vehículos autorizados y registrados. Artículo 8°. Cadena de frío cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, todo eslabón de la cadena alimentaria debe garantizar la temperatura de refrigeración o conge- empaque, procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, ex- pendio, importación y exportación, de tal forma que se asegure su adecuada conservación comestibles alcancen la temperatura de enfriamiento. A partir de aquí, los demás eslabones de la cadena, transporte y expendio, deberán conservar la temperatura del producto.
Parágrafo 2°. Los requisitos de temperatura de la carne, productos cárnicos comestibles
y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano, serán los establecidos en la normatividad sanitaria que para el efecto se expida.
Artículo 9°. Vida útil de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos.
Artículo 14. Obligaciones sanitarias. Todos los predios y sistemas productivos de ani-
males destinados al consumo humano deberán garantizar el cumplimiento de las siguientes
1. Implementar acciones para la prevención y el control de las enfermedades declaradas
útil del producto de acuerdo con las condiciones de conservación, con base en estudios de estabilidad, los cuales deberán estar disponibles para la aprobación de la autoridad sanitaria. Artículo 10. Situaciones que afectan la inocuidad. Se consideran situaciones que afectan
la inocuidad en los establecimientos y el transporte de los productos de que trata el regla-
mento técnico que se establece con el presente decreto, las siguientes:
2. Implementar programas para la prevención, control y vigilancia de los agentes zoo-
nóticos, endémicos y exóticos que afectan a las poblaciones de animales.
acuerdo con la normatividad vigente. Parágrafo. El cumplimiento de las obligaciones sanitarias se exigirá sin perjuicio de que los propietarios o tenedores de los predios de producción primaria y personas interesadas en
realizar la caza comercial deban contar con los permisos, concesiones, licencias y autorizacio-
nes que de acuerdo con la normatividad ambiental se requieran para desarrollar la actividad
y cumplir con los términos, obligaciones y condiciones establecidos en los mismos.
1. Cuente con buen estado de salud, para lo cual deberá garantizar la realización de un
Colombiano Agropecuario, ICA, para cada especie.
sanitario de los animales. Artículo 16. Sistema de Aseguramiento de la Inocuidad. En los predios de producción primaria de animales para consumo humano, se deben implementar las acciones estable- cidas, para cumplir con:
con la operación del proceso.
- DO” o “CONDENADO” en cualquier local, producto, equipo, utensilio u otros sin previa autorización.
8. Incumplimiento de los objetivos de desempeño en el control de patógenos y los límites
máximos de residuos químicos.
cárnicos comestibles y derivados cárnicos que no hubieren sido autorizados para el con-
que eviten la ocurrencia nuevamente de la falta, una vez reportadas las notas de incumpli-
miento en la inspección.
18. Reincidir en las conductas que afectan la inocuidad del producto, después de con-
minar al cumplimiento de la normatividad.
que demuestre que el desempeño del establecimiento no se ajusta a la normativa vigente.
Artículo 11. Todo predio de producción primaria debe inscribirse ante el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, de acuerdo con
la reglamentación vigente para tal efecto.
Dicho Instituto mantendrá una base de datos actualizada de los predios inscritos y
Artículo 12. Instalaciones y áreas de producción primaria. Sin perjuicio de las disposi- ciones reglamentarias especiales que al respecto establezca el Instituto ColombianoAgrope- cuario, ICA, todas las instalaciones y áreas de producción primaria son responsables de:
de producción primaria, que deberán garantizar el mínimo riesgo para la producción y
Agropecuario, ICA, para cada especie.
3. Contar con áreas independientes para el almacenamiento de medicamentos, alimentos,
4. Cumplir las demás disposiciones de acuerdo con los riesgos sanitarios en la produc-
ción primaria. Parágrafo. Todo predio de producción primaria deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente. Artículo 13. Plan de Saneamiento. Todo predio destinado a la producción de animales
para consumo humano, deberá minimizar y controlar los riesgos asociados a la producción,
a través de la implementación de los programas de saneamiento que incluyan como mínimo, los siguientes aspectos:
Parágrafo. La reglamentación de las acciones previstas en el presente artículo, será efectuada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Artículo 17. Transición para la producción primaria. El período de transición para la aplicación de las normas atinentes a la producción primaria de que trata el presente capítulo, será establecido en la reglamentación que expida el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
CAPITULO IV Artículo 18. Inscripción del transporte de animales. Todo transportador y su respectivo vehículo destinado al transporte de animales proveniente de predios de producción primaria quien mantendrá una base de datos actualizada de los transportadores y los vehículos auto-
rizados, para ser utilizada por la autoridad sanitaria competente. Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones que en esta materia establezcan el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
Parágrafo. El contenido del presente artículo, se aplicará sin perjuicio de lo establecido Artículo 19. Para el transporte de animales, los transportadores y sus respectivos vehículos deben cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:
1.1 Diseño adecuado para el transporte de la especie animal correspondiente y en con-
cordancia con las disposiciones sanitarias y propias del transporte.
1.2 Contar con mecanismos de separación física que impidan el hacinamiento, los
1.3 Condiciones adecuadas de bienestar animal, bioseguridad, biocontención y manejo
sanitario, de acuerdo con las disposiciones sanitarias. mismo vehículo, ni de otros implementos o insumos durante el transporte de animales.
1.5 Condiciones higiénicas adecuadas del vehículo que garanticen el desarrollo de opera-
ciones de limpieza y desinfección cada vez que se transporte un nuevo lote de animales.
1.6 El compartimiento de carga de los vehículos así como las jaulas y utensilios emplea-
dos para el transporte de los animales, deberán prevenir la contaminación e introducción
de peligros físicos, biológicos y químicos.
2. El personal transportador deberá cumplir las disposiciones contempladas en el artículo
15 del presente decreto.
3. El transportador está en la obligación, en el caso de animales destinados para consu-
movilización de animales, expedida y regulada por el Instituto Colombiano Agropecuario,
Parágrafo 1°. Los anteriores requisitos serán reglamentados por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y se cumplirán sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
2. Contar con un programa documentado de limpieza y desinfección de las instalaciones,
4. Contar con un programa de manejo integrado de plagas. Se deberán adoptar medi-
das que involucren el concepto de control integral, incluyendo la aplicación armónica de diferentes medidas preventivas y de control.
Parágrafo 2°. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, reglamentará los requisitos para el transporte de aves de corral y otras especies. CAPITULO V Artículo 20. desposte, desprese y derivados cárnicos. animales, desposte, desprese y procesamiento de derivados cárnicos deberán inscribirse ante
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima. La inscripción no
procedimientos, mecanismos y tarifas que establezca el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. Artículo 26. Sistema de Aseguramiento de la Inocuidad. El Sistema determinará las condiciones bajo las cuales se obtiene la carne, los productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos y estará conformado por los siguientes requisitos:
desprese y derivados cárnicos, que se encuentren en funcionamiento a la fecha de publica- ción del presente decreto, deberán presentar simultáneamente, la solicitud de inscripción de acuerdo con lo establecido en los artículos 6° y 20 del presente decreto acompañada de
1. Prerrequisitos HACCP: Los prerrequisitos HACCP, se encuentran conformados
desposte, desprese y derivados cárnicos que se creen con posterioridad a la promulgación del presente decreto deberán cumplir con todas las exigencias aquí establecidas y sus dis- posiciones reglamentarias. Parágrafo 1°. La solicitud de inscripción y el plan gradual de cumplimiento, para cada una de las especies y productos de que trata el presente decreto, deberán presentarse den- tro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del acto administrativo que adopta el reglamento correspondiente.
deberán evitar la contaminación de la carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos, facilitar las labores de limpieza y desinfección y permitir el desarrollo adecuado
para el cual están diseñados, así como la inspección. Igualmente, los equipos y utensilios, deberán ser diseñados, construidos, instalados y mantenidos, cumpliendo las condiciones sanitarias para su funcionamiento.
Parágrafo 2°. Los requisitos del plan gradual de cumplimiento para las plantas de be- presente decreto, serán establecidos mediante resolución que para el efecto expida el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, dentro de los treinta (30) días siguientes a la expedición del respectivo reglamento técnico. se inscriban ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima,
y no presenten el plan gradual de cumplimiento dentro del término señalado en el presente
Artículo 22. Plazo para la aprobación del Plan Gradual de Cumplimiento. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, tendrá un plazo de seis (6) meses, prorrogables hasta por el mismo término, contados a partir de la radicación del plan gradual de cumplimiento por parte del interesado para adelantar la visita correspondiente
1.1.9 Manejo de residuos líquidos y sólidos. Para el manejo de los residuos genera-
dos en los procesos internos, todos los establecimientos de que trata el presente capítulo,
deberán contar con instalaciones, elementos, áreas y procedimientos tanto escritos como
Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, deberá establecer si se asigna
o no autorización sanitaria condicionada que le permita funcionar durante el periodo de transición, mientras cumple la totalidad de dicho plan. Parágrafo 1°. Una vez vencido el plazo aprobado en el plan de cumplimiento para cada -
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, lo incluirá en
la lista de establecimientos registrados de acuerdo con lo establecido en los artículos 6° y
20 del presente decreto. Parágrafo 2°. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, destinarse al consumo internacional, nacional o local. Parágrafo 3°. A partir de la visita y autorización sanitaria condicionada de los esta- blecimientos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, decreto y sus actos reglamentarios. Parágrafo 4°. Si al momento de la visita el Instituto Nacional de Vigilancia de Medi- camentos y Alimentos, Invima, determina que existen condiciones que ponen en riesgo la inocuidad del producto, aplicará las medidas sanitarias de seguridad a que haya lugar. Parágrafo 5°. Aquellos establecimientos que a la fecha de expedición del reglamento técnico que se expide mediante el presente decreto tengan planes de ajustes derivados de actas de visita adelantadas por una autoridad sanitaria competente, deben incorporar dichos ajustes al plan de cumplimiento de que trata el presente decreto. Artículo 24. Desaprobación del Plan Gradual de Cumplimiento. Si el Plan Gradual de Cumplimiento no fuere aprobado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y - nistrativo para presentar las correcciones respectivas y lograr su aprobación. Vencido este plazo, si el plan no es presentado corregido, no podrán desarrollar actividad alguna, siendo objeto de medidas sanitarias de seguridad y de los respectivos procesos sancionatorios. En los eventos en que el plan gradual de cumplimiento sea presentado con correcciones, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, tendrá dos (2) meses para aprobarlo o no.
1.1.11.3 La calidad del agua para la elaboración de hielo debe ser de calidad potable y para
y proceder a la aprobación o no del mismo.
el refugio y la cría de plagas, con enfoque de control integral, soportado en un diagnóstico
rivados cárnicos deberá establecer e implementar un programa permanente para prevenir
artículo, no podrán desarrollar actividad alguna, siendo objeto de medidas sanitarias de seguridad y de los respectivos procesos sancionatorios.
de infraestructura y funcionamiento alrededor y dentro de la planta. Los estándares de
y derivados cárnicos destinados para el consumo humano, deberán cumplir las condiciones
tendrá ningún costo. Cuando una empresa tenga más de una sede, cada una de ellas deberá contar con inscripción, autorización sanitaria y registro.
Artículo 21. Plan Gradual de Cumplimiento.
inicial y medidas ejecutadas con seguimiento continuo, las cuales estarán documentadas y
- llará cumpliendo con los lineamientos establecidos en el presente decreto y la legislación
ambiental vigente. 1.1.10 Manejo de emisiones atmosféricas. Todos los establecimientos deberán contar con los elementos o equipos de control que aseguren el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. - nicos deberá diseñar e implementar un programa documentado de calidad de agua para
garantizar que esta sea de calidad potable y cumpla con la normatividad vigente sobre la parte del establecimiento respectivo, los cuales deberán estar documentados y contar con
ambientales en la materia. Para ello, se deberá:
Disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el proceso
la necesaria para efectuar una limpieza y desinfección efectiva.
1.1.11.2 Si el establecimiento obtiene el agua a partir de la explotación de aguas sub-
terráneas, debe evidenciar ante la autoridad sanitaria competente la potabilidad del agua empleada y contar con la concesión de la autoridad ambiental, de acuerdo con la normati- vidad sanitaria y ambiental vigente, respectivamente.
su almacenamiento debe cumplir con los estándares de ejecución sanitaria requeridos. cárnicos deberá realizar las operaciones sanitarias que comprenden la limpieza y desinfección establecimiento, que no tienen contacto con el alimento, para evitar la creación de condi- ciones insalubres y su contaminación. Estas operaciones deberán contar con procedimientos documentados, cronograma de ejecución y registros, los cuales estarán a disposición de la Las sustancias químicas empleadas en la limpieza y desinfección deberán cumplir la legislación que al respecto se expida sobre la materia.
Artículo 23. Autorización sanitaria. Como resultado de la visita de inspección para
- vados cárnicos deben garantizar que el personal manipulador cumpla con las condiciones de estado de salud, capacitación, dotación y prácticas higiénicas para evitar la contaminación del producto y creación de condiciones insalubres. Queda prohibida la permanencia de personal ajeno a las labores del establecimiento en el lugar donde se procese carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Los vi- sitantes autorizados deberán cumplir con las normas de higiene y seguridad establecidas. Todo establecimiento de que trata el presente capítulo debe garantizar cumplimiento de programas de salud ocupacional y seguridad industrial. 1.2 Programas Complementarios. Los programas complementarios están conformados
Parágrafo 1°. Si los establecimientos no presentan dentro de los dos (2) meses las co- rrecciones de que trata el presente artículo, o estas son presentadas y no son aprobadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos yAlimentos, Invima, los establecimientos no podrán desarrollar actividad alguna, hasta tanto su Plan Gradual de Cumplimiento sea aprobado, siendo objeto de medidas sanitarias de seguridad y de los respectivos procesos sancionatorios. Parágrafo 2°. Cuando el Plan Gradual de Cumplimiento no sea aprobado, el plazo es- de la primera propuesta del plan gradual de cumplimiento. Artículo 25. A partir de la autorización sanitaria y el registro expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
tado de mantenimiento de instalaciones y equipos. Este programa incluirá las actividades
desposte, desprese y derivados cárnicos debe diseñar e implementar un programa documen-
Vigilancia y Control, que se crea mediante el reglamento técnico que se establece a través
cárnicos diseñará e implementará un programa de proveedores para controlar los animales,
que se garantice la aprobación de la carne y los productos cárnicos comestibles como aptos
las condiciones adecuadas para la operación del mismo.
materias primas, insumos y material de empaque, el cual deberá incluir procedimientos de evaluación y seguimiento de los proveedores, de forma que cumplan con los requisitos
y rechazo para cada uno de los productos que ingresen al establecimiento. Este programa
Artículo 28. El Instituto Nacional de - ción basados en criterios de desempeño y adoptará las medidas sanitarias de cumplimiento, teniendo en cuenta:
al desprese, desposte y procesamiento de derivados cárnicos, debe contar con un sistema
adecuado que permita retirar el producto del mercado, cuando se compruebe que está siendo comercializado y no cumpla con las condiciones de etiquetado o rotulado, cuando presente
1. El cumplimiento de los requisitos, en cuanto a microorganismos patógenos estableci-
o error en el consumidor o que sean productos no aptos para el consumo humano. Para su retiro, se deberá:
Artículo 29. Plan Nacional de Residuos de Medicamentos Veterinarios y Contaminantes Químicos. La formulación del Plan de Residuos de Medicamentos Veterinarios y Conta- minantes para la carne y los derivados cárnicos, se soportará en la integración de todas las actividades en la cadena agroalimentaria para prevenir, controlar y vigilar la presencia de los residuos y contaminantes que ofrezcan riesgo a la inocuidad del producto. Para ello, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, articulará el diseño
e implementación de este plan, con las demás autoridades sanitarias, de acuerdo con sus competencias. El plan de residuos contendrá, entre otras:
dos en la reglamentación vigente y la inclusión de microorganismos emergentes soportado en la evaluación de riesgo.
alteración, adulteración, contaminación o cualquier otra causa que genere engaño, fraude
tomar medidas, en caso de incumplimiento.
1.2.3 Programa de retiro del producto del mercado. Todo establecimiento que se dedique
1.2.3.1 Establecer un sistema de alerta inmediata y garantizar que el producto sea reti-
1.2.3.2 En caso de peligros biológicos y químicos, la decisión del retiro del producto
1.2.3.3 La disposición o destrucción del producto que debe ser retirado del mercado,
1.2.3.4 Las demás disposiciones sobre retiro de producto, que sean reglamentadas por
1.2.4 Programa de trazabilidad. Todos los eslabones de la cadena alimentaria a los
que hace referencia el artículo 2° del presente decreto, deberán desarrollar, implementar y operar un programa de trazabilidad con el objetivo de hacer seguimiento al producto con el enfoque de la granja a la mesa de conformidad con la reglamentación que al respecto desarrollen las autoridades competentes.
1.2.5 Laboratorios. Todos los establecimientos a excepción de los expendios deberán
establecidos en la legislación vigente y la detección de la presencia de productos químicos no aprobados.
3. Actualización anual del plan, con base en la evaluación del riesgo, para determinar
su ámbito de aplicación y el desarrollo de medidas de gestión del riesgo.
contar con laboratorio propio o contratado que esté autorizado por la autoridad sanitaria
autorizado, condiciones de transporte en caso de requerirse, metodología analítica, sistema
de registro de resultados de las pruebas, criterios para la evaluación de los resultados de las -
Artículo 30. Disposición de productos con residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos.Al comprobarse la presencia de residuos y contaminantes químicos
en la carne y productos cárnicos comestibles que superen los límites máximos permitidos o se detecten productos químicos no aprobados, la disposición del producto será establecida por la autoridad sanitaria competente de conformidad con la reglamentación y estará bajo
la responsabilidad del predio o establecimiento. Artículo 31. Los requisitos
serán objeto de una inspección post-mortem de acuerdo con los términos señalados en el presente capítulo.
2. Inspección ante-mortem.
que tengan en cuenta el comportamiento, el porte y el aspecto, así como los síntomas de enfermedad del animal vivo y para ello se debe tener en cuenta:
2.1 Que todos los animales o lotes según la especie, cumplan con los siguientes requi-
sitos para su ingreso:
- gislación sanitaria vigente.
2.1.2 Contar con la guía sanitaria de movilización, según la reglamentación expedida por
objeto de medidas sanitarias de control. Las especies silvestres nativas o exóticas deberán provenir de zoocriaderos o caza comercial que cuenten con licencia ambiental y el respectivo salvoconducto para su movilización. Para las aves de corral y otras especies, se exigirán los requisitos expedidos y regulados por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
1.3 Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). Toda planta
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) para prevenir la con-
taminación directa del producto y deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1.3.1 Describir los procedimientos que se realizan diariamente, antes y durante las
1.3.4 Establecer medidas correctivas adecuadas. Cuando el establecimiento respectivo
o la autoridad sanitaria determine que la implementación y mantenimiento de los POES y producto.
1.3.5 Mantener un sistema de documentación y registros. Se mantendrá a disposición de
autoridad sanitaria competente los registros que evidencian la implementación, ejecución
supervisión de los POES y de toda medida correctiva que se realice. Los registros deberán
2. Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control HACCP. Todo esta-
deberá garantizar las condiciones de inocuidad y para ello, deberá implementar los programas de aseguramiento de la misma HACCP, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones.
escrito y lo implementará con base en los peligros físicos, químicos y biológicos, teniendo
en cuenta el nivel de riesgo de las operaciones del establecimiento y del producto, el cual del producto. El Plan HACCP, deberá incluir dentro del análisis de peligros la evaluación
y seguimiento de residuos de medicamentos veterinarios, contaminantes químicos y mi- croorganismos.
deberá mantener por escrito y a disposición de la autoridad sanitaria competente todos los El Plan HACCP, deberá estar implementado por los establecimientos dedicados al de los cinco (5) años siguientes, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de la Protección Social.
- blecimiento respectivo, tiene implementado y en funcionamiento el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP. Las demás reglamentaciones que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social. Parágrafo. En todo caso se deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente.
2.1.6 No deben ser sospechosos de padecer enfermedades zoonóticas, ni hacer parte de
un grupo de animales con restricción de cuarentena o que tengan diagnóstico de portadores de enfermedades.
2.2 Las actividades para el desarrollo de la inspección ante-mortem, deben cumplir los
Artículo 27. Control de patógenos. - pruebas establecidas para cada especie.
rivados cárnicos, deberá llevar a cabo un plan de muestreo de microorganismos, el cual se determinará con base en los riesgos microbiológicos para la salud pública y cumplirá con los siguientes requisitos:
humana o del propio patógeno en la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos.
muestra, técnicas de muestreo, frecuencia, personal autorizado, condiciones de transporte en caso de requerirse, metodología analítica, sistema de registro de resultados de las prue- bas, criterios para la evaluación de los resultados de la prueba y acciones correctivas. Este
2.2.4 El registro de los resultados de la inspección ante-mortem, deberá estar disponible
para el personal que realiza la inspección post-mortem.
2.2.5 El animal o lote de animales que en desarrollo de la inspección ante-mortem resulte
sospechoso de padecer cualquier enfermedad que pueda ser causa para su decomiso parcial deberá mantenerse hasta la conclusión de la inspección post mortem. autoridad sanitaria podrá disponer que un animal o lote de animales para consumo humano
dicho plan. Durante el tiempo de ejecución del plan de cumplimiento, el Instituto Nacional
de Vigilancia Medicamentos y Alimentos, Invima, realizará visitas de seguimiento en los
Parágrafo. En el evento que no se cumpla el plan de cumplimiento aprobado, el Instituto Nacional de Vigilancia Medicamentos y Alimentos, Invima, aplicará las medidas sanitarias de seguridad y se procederá a iniciar el respectivo proceso sancionatorio. CAPITULO VI Expendio y almacenamiento
Artículo 35. Inscripción sanitaria de expendios y almacenamiento. Todo establecimiento dedicado al almacenamiento o expendio de carne y productos cárnicos comestibles y deriva- dos cárnicos deberá inscribirse ante la entidad territorial de salud por medio de formulario único de inscripción expedido por el Ministerio de la Protección Social. Esta inscripción no tendrá ningún costo. Una vez inscrito el expendio, la autoridad sanitaria competente, realizará Artículo 36. Almacenamiento y expendio. Todo establecimiento que almacene o expenda productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos deberá:
como “APROBADO” por la autoridad sanitaria para consumo humano y que provengan de establecida en el reglamento respectivo.
2. Almacenar o vender derivados cárnicos que cumplan con las disposiciones de inocui-
dad establecidas por el Ministerio de la Protección Social y que garanticen la procedencia de los mismos.
que se encuentren autorizados y registrados ante la autoridad sanitaria competente y que hayan entregado el producto a la temperatura reglamentada, transportado en vehículos que garanticen el mantenimiento de la misma.
4. Contar con un sistema de refrigeración que garantice el mantenimiento de la tempe-
ratura reglamentada para los productos.
5. Cumplir los literales 1.1., 1.2.1., 1.2.2, 1.2.4. y 1.3. contemplados en el artículo 26
del Capítulo V del presente decreto.
de su inutilización, la cual sólo podrá ser removida por la autoridad sanitaria competente, quien controlará y supervisará las operaciones de destrucción, inutilización o desnaturali-
2.2.7 El animal o lotes de animales decomisados como consecuencia de la inspección
2.2.8 Los animales que incumplan los requisitos sanitarios, serán objeto de controles,
procedimientos u operaciones especiales reglamentadas de manera que cumplan con los objetivos en materia de salud pública y sanidad animal.
2.2.9 Los resultados de la inspección ante-mortem y las categorías de dictamen a que
todos no crueles, que garanticen que estos queden sin sentido o conocimiento antes de ser
innecesarios para el operador y sufrimiento del animal y el método deberá ser autorizado por
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de conformidad
con la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social. - Esta práctica deberá ser supervisada y aprobada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
4. Inspección post mortem. -
ponsables de realizar la inspección post mortem de la canal y otras partes del animal que deberán tener en cuenta:
partes del animal, el cual se deberá mantener a lo largo de todo el proceso, para garantizar en
e inequívoca. Cuando la sangre se destine para consumo humano o para elaboración de
que para el efecto expedirá el Ministerio de la Protección Social para cada especie.
4.1.2 Contar con instalaciones, equipos y los utensilios necesarios en los puntos de
de la Protección Social. Artículo 37. Expendios y el almacenamiento. Los expendios y el almacenamiento de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán cumplir las dispo- siciones establecidas en el presente decreto y sus disposiciones reglamentarias dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha de publicación de los mismos. Durante este período de transición, los expendios deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley
CAPITULO VII Transporte de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos Artículo 38. Autorización sanitaria y registro para el transporte de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Todo vehículo que transporte carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para el consumo humano deberá
contar con autorización sanitaria de transporte, emitida por la entidad territorial de salud,
mantendrá a lo largo de toda la cadena, incluido el expendio.
transportador empleado, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de
4.1.3 Disponer de un lugar exclusivo para manejo de canales retenidas y las partes del
animal que requieran una inspección más detallada, antes de realizar el dictamen sobre inocuidad y aptitud, de manera que se evite la contaminación cruzada de otras canales y otras partes del animal.
4.1.4 Los demás que se reglamenten por el Ministerio de la Protección Social para el
4.2.1 Los procedimientos y pruebas de inspección por especie, serán reglamentados
por el Ministerio de la Protección Social teniendo en cuenta los objetivos de salud pública,
inocuidad alimentaria y la sanidad animal.
4.2.2 Si las canales y las partes comestibles del animal son aptas para consumo humano,
comestibles del animal que después de la inspección post mortem se consideren como no aptas para el consumo humano y se dejará constancia de la causal del decomiso y su
4.2.4 Cuando se dictaminen enfermedades de declaración obligatoria durante la inspección
la normatividad que al respecto tenga el Ministerio de Transporte. Una vez autorizado el
transporte, la entidad territorial de salud realizará el registro respectivo.
se debe dar aviso inmediato a la autoridad competente nacional y enviar la información al
y la sanidad de los animales.
cada una de las especies animales de que trata el presente decreto. En todos los casos Alimentos, Invima. Artículo 32. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, podrá autorizar el funcionamiento de plantas de en aquellos municipios que cumplan los siguientes requisitos:
- blecidos para el transporte de la carne y productos cárnicos comestibles desde una planta autorizada.
especie por día. El Ministerio de la Protección Social establecerá los requisitos sanitarios para el funcionamiento de este tipo de plantas, las cuales deberán cumplir con la normatividad ambiental vigente. Artículo 33. Derivados cárnicos. Los establecimientos en los cuales se realizan las operaciones de preparación, transformación, fabricación, envasado, almacenamiento, distribución y comercialización de derivados cárnicos, deberán cumplir además de lo ya establecido en el presente decreto, con la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social. Sólo podrá emplearse carne declarada como “APROBADO” para la elaboración de por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. Artículo 34. Plazo para la implementación.
y de derivados cárnicos tendrán que ejecutar el plan de cumplimiento en su totalidad den- tro de un plazo máximo de tres años y medio (3.5) contados a partir de la aprobación de
Artículo 40. Transporte de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos. Los trasportadores y sus respectivos vehículos deberán cumplir las disposiciones estableci- fecha de entrada en vigencia de sus reglamentaciones. Durante este período de transición,
el transporte deberá cumplir con los requisitos previstos en la Ley 09 de 1979, el Decreto
3075 de 1997 y demás normas complementarias.
y derivados cárnicos Toda carne destinada al consumo humano y que
mantener el distintivo de “APROBADO”. Artículo 42. Requisitos de empaque y etiquetado. Para realizar las actividades de em- paque y etiquetado, se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1. Las actividades de empaque y etiquetado se realizarán bajo condiciones higiénicas
y el material de empaque debe ser inocuo. - tenedor o embalaje con el distintivo de “APROBADO” bajo la supervisión del inspector. empaque, fecha de vencimiento, nombre del corte.
6. Carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos que utilicen empaque
al vacío y otras tecnologías como atmósferas controladas deberán establecer la vida útil del producto y colocar las condiciones de conservación del mismo, para este propósito, cada establecimiento realizará las pruebas de estabilidad correspondientes para respaldar el tiempo de vida útil, las cuales deberán ser avaladas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
especias, conservantes, deben estar aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, cumplir la reglamentación establecida para este tipo de producto, además deberán ser declarados en el etiquetado sus concentraciones y advertencia de uso para poblaciones vulnerables a ciertos componentes.
9. Los materiales de envase, empaque y embalaje deberán ser de primer uso y fabrica-
dos sobre la base de productos que no alteren las características organolépticas de la carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, que no transmitan a los mismos sustancias nocivas para la salud de las personas y que sean resistentes a la manipulación,
al transporte y deberán manejarse y almacenarse en forma higiénica.
10. Las demás condiciones necesarias requeridas para el empaque y etiquetado serán reglamentadas por el Ministerio de la Protección Social. CAPITULO IX Importación
Artículo 43. Condiciones de importación. La carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, incluidos los provenientes de especies silvestres, podrán ser importa- dos si son aptos para el consumo humano y cumplen con todos los requisitos sanitarios, ambientales y demás normas legales vigentes. Artículo 44. Autorización de importación. El país interesado en exportar a Colombia los productos objeto de este decreto y sus normas complementarias, deberá, entre otras:
2. Presentar la solicitud de exportación al Instituto Nacional de Vigilancia de Medica-
mentos y Alimentos, Invima, entidad que, previo concepto zoosanitario favorable emitido por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, se pronunciará sobre la viabilidad o no de la misma.
con los requisitos contemplados en el presente decreto y sus normas reglamentarias. La auditoría, contemplará una revisión de todos los aspectos del sistema de inspección del país, incluidos, entre otros, los laboratorios, las inspecciones en planta, la administración, las políticas, el cumplimiento de las normas sanitarias y la supervisión gubernamental.
se establece en el presente decreto y sus normas complementarias, el Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, proferirá resolución que autoriza al país como apto para exportar carne, productos cárnicos comestibles o derivados cárnicos
5. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, procederá
a incluir al país y los establecimientos solicitados por este en la lista de autorizados para
importar productos aptos para el consumo humano. Parágrafo 1°. El país autorizado deberá ser objeto por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, de auditorías de seguimiento, durante las cuales se deberán evaluar las condiciones sanitarias encontradas en las plantas autorizadas en las listas autorizadas. Parágrafo 2°. Los costos de las auditorías internacionales serán sufragados por el país interesado en exportar carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos a Co- lombia. Artículo 45. Aviso de importaciones. Una vez que ingresen al territorio colombiano los productos a que hace referencia el presente decreto, las autoridades aduaneras deberán dar aviso a las autoridades sanitarias de inspección, vigilancia y control estatal, para que aduaneros. Artículo 46. Inspección de importaciones. Agropecuario, ICA, y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, deben, de acuerdo con sus competencias, realizar la inspección de las importaciones de los productos objeto del presente reglamento técnico, con el propósito de determinar su aptitud para permitir su ingreso al territorio nacional. Si durante la inspección, la auto- requeridas para garantizar la inocuidad del producto o se sospecha que el producto no es apto para el consumo humano, se realizarán las pruebas de soporte necesarias para emitir
Artículo 48. Todos los productos importa- “APROBADO”, y se les permitirá continuar con los trámites de nacionalización. Artículo 49. Rechazo de la importación. La carne, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos que no sean aprobados en la inspección sanitaria, de acuerdo con los dentro de cinco (5) días calendario deberán ser:
En caso de requerirse la destrucción de los productos este procedimiento deberá cumplir con la normatividad sanitaria y ambiental vigente. Parágrafo. Las medidas de reembarque y destrucción deberán ser adoptadas por la entidad competente de acuerdo con lo descrito en el parágrafo del artículo 47 del presente decreto. Artículo 50. Información sanitaria de importaciones. En los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de ingreso el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, compartirán la información para el manejo de los asuntos sanitarios de las importaciones y exportaciones. Artículo 51. Costos. En caso de presentarse eventos durante la inspección en los que entre otros, estos deberán ser asumidos por el importador. Artículo 52. Transición para la exportación de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos a Colombia. Los establecimientos que a la fecha de publicación del presente decreto, se encuentren aprobados para exportar a Colombia carne, productos cár-
nicos comestibles y derivados cárnicos, cuentan con un plazo de cinco (5) años a partir de
la fecha de su publicación para cumplir con lo previsto en el presente decreto, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 44 del presente reglamento técnico. Parágrafo. Los países que quieran estar en la lista de autorizados para exportar a Co- lombia carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, deberán demostrar equivalencias con las disposiciones del presente decreto. CAPITULO X Exportación Artículo 53. Establecimientos autorizados para exportar. Los productos que se vayan
a exportar deben provenir de un establecimiento autorizado por el Instituto Nacional de Artículo 54. Inspección de exportaciones. Para realizar exportaciones, todo cargamento deberá estar acompañado de la documentación sanitaria que expida la autoridad compe- tente. Parágrafo. Para el caso de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos
de especies silvestres deberán dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente sobre
Cuando el país de destino lo requiera, el
personal de inspección del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos,
Medicamentos y Alimentos, Invima.
cumplan los requisitos para exportación no se les permitirá su salida. Parágrafo 2°. En todos los casos, los productos deberán cumplir con los requisitos zoo- sanitarios para exportación establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. TITULO III DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS CAPITULO I
Artículo 56. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, será responsable de la operación del - tibles y Derivados Cárnicos, quien en función de esta responsabilidad se articulará con las otras autoridades sanitarias y ambientales para coordinar los mecanismos de integración de los diferentes programas y acciones del ámbito del sistema. Artículo 57. Organización y funcionamiento. Para la organización y funcionamiento del
- tibles y Derivados Cárnicos, se establecerá la estructura de operación en términos de:
rizados y estos estén conformes con las exigencias sanitarias, la autoridad competente
El costo de las pruebas requeridas por la autoridad sanitaria competente será asumido por
Parágrafo. Para efectos del control de que trata el presente artículo, si el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, encuentra que el producto objeto de importación no cumple con las exigencias zoosanitarias vigentes, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, no estará obligado a efectuar la inspección sanitaria de su competencia. Artículo 47. Todo lote o cargamento de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos objeto de importación, requiere del
el sitio de ingreso de los productos.
Artículo 58. Competencias. Las competencias de acuerdo con las disposiciones legales
establecido en el presente capítulo, serán:
1. Las actividades de inspección, vigilancia y control de sanidad animal en la producción
primaria, serán ejercidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cabeza del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
2. Las actividades de inspección, vigilancia y control que se realizan en las plantas de
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
3. Las actividades de inspección, vigilancia y control del transporte, almacenamiento y
expendio de carne y productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos destinados para
el consumo humano, será competencia de las entidades territoriales de salud.
4. Las funciones de inspección, vigilancia y control relacionadas con la gestión del medio
5. Las actividades de inspección, vigilancia y control de transporte de animales en pie,
envase, expendio, transporte y comercialización de los alimentos, para efectos de inspección, vigilancia y control sanitario. La acción y periodicidad de muestreo estará determinada por criterios tales como: riesgo para la salud pública, la sanidad animal y tipo de proceso. Artículo 68. Acta de toma de muestras. De toda toma de muestras, la autoridad sanita-
constar la forma de muestreo y la cantidad de muestras tomadas y dejará copia al interesado con una contramuestra. Para lo cual el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, establecerán un formulario único de aplicación nacional. Artículo 69. Registro de la información. La autoridad sanitaria competente llevará un registro sistematizado de la información de los resultados de las visitas practicadas a los establecimientos objeto del presente decreto, relacionado con la toma de muestras, resulta- dos de laboratorio, la cual deberá estar disponible para efectos de evaluación, seguimiento, control y vigilancia sanitarios.
ambiente y de los recursos naturales corresponden a la autoridad ambiental competente.
serán competencia del Ministerio de Transporte. Parágrafo. Para efectos de la vigilancia del cumplimiento de las normas y de la im- posición de medidas sanitarias y sanciones competencia del Instituto Colombiano Agro-
pecuario, ICA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, las entidades territoriales de salud y Ministerio de Transporte serán consideradas como de policía, de conformidad con lo establecido en el Decreto-ley 1355 de 1970 o la norma
la carne y la inocuidad de los productos.
ambientales a que haya lugar. Artículo 59. Sistema de información.
Artículo 70. Enfoque del control y vigilancia sanitaria. Las acciones de control y vigilancia sanitaria sobre los establecimientos regulados en el presente decreto, se enmarcarán en las acciones de vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo, estarán enfocadas a asegurar el cumplimiento de las condiciones sanitarias, las buenas prácticas de higiene de
Artículo 71. Medidas sanitarias de seguridad. Si en el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, la autoridad competente comprueba que las plantas de de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, para consumo humano no cumplen con los requisitos sanitarios y las condiciones generales y de funcionamiento seña- ladas en el reglamento técnico que se establece en el presente decreto, se procederá a aplicar las medidas sanitarias de seguridad previstas en el artículo 576 de la Ley 09 de 1979. Las medidas sanitarias de seguridad, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, tienen por objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una
- situación atente contra la salud de la comunidad. Dichas medidas son de ejecución inme-
diata, tienen carácter preventivo y transitorio y no son susceptibles de recurso alguno, se
2. En plantas de desposte, desprese y de derivados cárnicos, se deberán efectuar mínimo,
levantarán cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron para
y Control de Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, se diseñará e
implementará por parte de cada autoridad competente, un sistema de información, el cual debe permitir realizar un seguimiento con enfoque de riesgo, en cada uno de los eslabones de la cadena de que trata el presente decreto.
CAPITULO II Inspección, Vigilancia y Control Artículo 60. Competencias. De acuerdo con el tipo de establecimiento, la inspección vigilancia y control se realizará de la siguiente forma:
ponsabilidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
cuatro (4) visitas anuales, en las cuales se evaluará de forma integral el funcionamiento de
la planta basado en el desempeño de la misma y estará bajo la responsabilidad del Instituto
Artículo 72. Para efectos del presente decreto y de conformidad con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979 son medidas sanitarias de seguridad las siguientes:
cárnicos comestibles y derivados cárnicos se deberán efectuar mínimo, cuatro (4) visitas anuales, en las cuales se evaluará de forma integral las condiciones sanitarias y buenas prác- ticas de manufactura y estará bajo la responsabilidad de la entidad territorial de salud.
1. Clausura temporal total o parcial: Consiste en impedir temporalmente el fun-
cárnicos, expendio de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, o una de sus áreas cuando se considere que está causando un problema sanitario, medida que se
camentos y Alimentos, Invima, establecerá a nivel nacional, los instrumentos, protocolos y
adoptará a través de la respectiva imposición de sellos en los que se exprese la leyenda:
“CLAUSURADO TEMPORAL, TOTAL O PARCIALMENTE, HASTA NUEVA ORDEN
IMPARTIDA POR LA AUTORIDAD SANITARIA”.
2. Suspensión total o parcial de trabajos o servicios: Consiste en la orden del cese
de actividades, cuando con estas se estén violando las disposiciones sanitarias o impliquen riesgo a la salud. La suspensión podrá ordenarse sobre la totalidad o parte de los trabajos
o servicios que se adelanten.
3. Decomiso del producto: Consiste en la incautación o aprehensión de la carne, pro-
ductos cárnicos comestibles y derivados cárnicos para consumo humano que no cumplan con los requisitos de orden sanitario o que viole las normas sanitarias vigentes. El decomi- so se hará para evitar que estos productos estén contaminados, adulterados, con fecha de vencimiento expirada, alterada o adulterada, fraudulenta, que puedan ocasionar daños a la salud del consumidor o inducir a engaño o viole normas sanitarias vigentes. Los productos
3.1 Cuando se encuentren en el establecimiento o el vehículo de transporte, carne,
productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos sin el respectivo visto bueno de la
tario de los establecimientos no sea permanente se levantará acta de visita, la cual deberá propietario del establecimiento en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados
decreto y normas reglamentarias. Exceptuando la producción primaria que para el caso serán establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, sin perjuicio de las competencias ambientales. Artículo 62. Acta de visita. En los casos en que la inspección, vigilancia y control sani-
lo cual no se requiere formalidad especial.
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima.
3. En los establecimientos dedicados al almacenamiento o expendio de carne, productos
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medi-
a partir de la fecha de realización de la visita. Copia del acta se entregará al interesado. En caso de negativa del representante legal o propietario o encargado del establecimiento competentes, cuando como consecuencia de la visita proceda la aplicación de una medida sanitaria.
En la inspección que realice la autoridad
de los requisitos contenidos en el mismo y su reglamentación, de acuerdo con las listas de
Artículo 64. Sistema de Información Sanitaria de Establecimientos. El Instituto Na- cional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, y las entidades territoriales de salud llevarán un sistema de información que les permita establecer la tendencia que cada establecimiento tenga en el cumplimiento de los requisitos sanitarios, basados en los estándares de desempeño, para efectos sancionatorios. Artículo 65.

References: artículo 266

Artículo 1
 artículo 266
 Artículo 2
 Artículo 3
 artículo 266
 Artículo 4
 resolución 
 Artículo 5

Artículo 6
 artículo 189

Artículo 1
 artículo 2

Artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 44
 Resolución 
 artículo 87
 resolución 
 artículo 494
 artículo 2
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 494
 artículo 62
 artículo 14
 Artículo 2
 Artículo 4
 resolución 
 resolución 
 artículo 519
 artículo 512
 artículo 512
 artículo 550
 artículo 494
 artículo 514
 artículo 517

Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 512

Artículo 3
 artículo 512
 Artículo 5
 Artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 496
 artículo 499
 artículo 501
 resolución 
 artículo 494
 artículo 494

Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 494

Artículo 3
 artículo 494
 Artículo 5
 Artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 517
 Resolución 
 Resolución 

Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 2
 artículo 512
 Artículo 3
 artículo 512
 Artículo 5
 Artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 499
 artículo 501

Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 494

Artículo 3
 artículo 494
 Artículo 5
 Artículo 6
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 44
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 29
 artículo 11
 artículo 29
 artículo 530
 resolución 
 artículo 533
 artículo 530
 artículo 533
 resolución 
 artículo 13
 resolución

 Resolución 
 artículo
533
 Artículo 2
 Artículo 4
 resolución 

Artículo 1
 Artículo 2
 resolución 
 artículo 30
 Resolución 
 artículo 30

Artículo 3
 artículo 189
 artículo 78
 artículo 26
 artículo 12
 artículo 30
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 34
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8

Artículo 9

Artículo 14
 Artículo 10
 Artículo 16

Artículo 11

Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 artículo
15
 Artículo 20
 Artículo 26
 resolución 

Artículo 22
 Artículo 24

Artículo 21

Artículo 23
 Artículo 25

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 2

Artículo 30
 Artículo 31

Artículo 27

Artículo 35
 Artículo 36
 artículo 26
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34

Artículo 40
 Artículo 42

Artículo 43
 Artículo 44
 resolución 
 Artículo 45
 Artículo 46

Artículo 48
 Artículo 49
 artículo 47
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52
 artículo 44
 Artículo 53
 Artículo 54

Artículo 56
 Artículo 57
 Artículo 47

Artículo 58
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 59

Artículo 70

Artículo 71
 artículo 576
 Artículo 60

Artículo 72
 artículo 576
 Artículo 62

Artículo 64
 Artículo 65