Source: https://es.scribd.com/doc/73356396/servidumbre-de-transito
Timestamp: 2016-05-30 06:22:06+00:00

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reconoce en favor de los predios enclavados, regulada en el artículo 905 del Código Civil que se ha demandado parcialmente en esta oportunidad. 11. La servidumbre de tránsito para predios enclavados se caracteriza, además de lo indicado para las servidumbres legales, por ser una carga discontinua, porque requiere un hecho del hombre en intervalos de tiempo, aparente porque está continuamente a la vista, se impone a favor o para la utilidad de los particulares, aún en contra de la voluntad del propietario del predio sirvient, cuyo interés está centrado en la adecuada y eficiente utilización de la naturaleza, pues no debe olvidarse que el artículo 2519 del Código Civil señala que este gravamen se extinguen por falta de uso por 20 años. Esta servidumbre es, entonces, perpetua y rebasa el ámbito personal del propietario porque se adhiere al predio y se impone sin importar quién es el dueño. Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 905 del Código Civil, son tres las condiciones para que pueda imponerse la servidumbre onerosa de tránsito para predios enclavados, a saber: i) que el predio que pretende ser dominante carezca de toda comunicación con el camino público, ii) que el predio estuviera totalmente incomunicado por la interposición de otros predios, iii) que la comunicación con el camino público sea indispensable para el uso y beneficio del predio. De este modo, es fácil concluir que la lectura literal de la disposición parcialmente acusada permite la servidumbre de tránsito sólo en beneficio de un predio que está desprovisto de toda comunicación con el camino público, pues sólo mediante esta imposición puede hacerse útil y productivo. Entonces, aunque la comunicación fuera insuficiente, ineficiente o demasiado gravosa por los costos que genera, no habría lugar a imponer el gravamen. En relación con el concepto de bienes “enclavados”, las legislaciones no han sido unánimes, pues mientras nuestro Código Civil lo entiende como aquel desprovisto de “toda” comunicación con la vía pública, la experiencia en el derecho comparado se muestra más amplia porque parte del supuesto de que un terreno sin comunicación adecuada con las vías públicas, sería improductivo y contrario a la finalidad social de la propiedad. Así, por ejemplo, la legislación francesa, que
inicialmente reguló, en el artículo 682 del Código Civil, el concepto de heredad o finca enclavada en forma muy similar al artículo 905 de nuestra normativa civil, fue modificado por la ley de agosto 20 de 1881 para ampliar la noción no sólo para que los predios sin ninguna salida a la vía pública puedan acceder a la servidumbre sino también aquellos cuya salida es insuficiente para su adecuada explotación, ello a cambio de una indemnización. Entonces, a pesar de que esa precisión fue inicialmente introducida por la jurisprudencia francesa, la legislación adecuó el significado desde el año 1881, lo cual contó con todo el respaldo y la opinión favorable de la doctrina especializada. En efecto, Josserand dijo que “el enclavamiento es la situación de un fundo que no tiene salida a la vía pública o que tiene una salida insuficiente para su utilización… su situación es intolerable y le quita todo o casi todo su valor si no interviene el legislador para mejorarla, para hacer cesar el 'embotellamiento' que sufre”. Por ello, la primera condición para que exista dicha servidumbre se requiere demostrar que “el fundo supuestamente enclavado carezca de salida a la vía pública o por lo menos que no tenga más que una salida insuficiente para la explotación, bien agrícola, bien industrial, de su propiedad (artículo 682); el deseo de un propietario de bienes raíces, de simple comodidad, de una ventaja particular no bastaría para justificar por su parte una demanda de paso a título de enclavamiento; únicamente el estado de necesidad es constitutivo del estado de enclavamiento. Cuando un bien no puede explotarse adecuadamente, no por voluntad del propietario o de los titulares de derechos reales sobre él, sino por inconvenientes naturales del predio, como la falta de comunicación con la vía pública, el Estado debe intervenir no como una facultad discrecional de la autoridad competente, sino en forma impositiva para exigir la eficacia de la función social de la propiedad. En tal virtud, la exigencia legal relativa a que la servidumbre de tránsito sólo puede imponerse cuando el predio dominante se encuentra totalmente incomunicado con la vía pública, sin que pueda considerarse la idoneidad, grado de dificultad o costo de la vía existente, desconoce la función social de la propiedad no sólo desde el punto de vista subjetivo del titular del predio sirviente que no puede ejercer plenamente su derecho, sino del interés social o colectivo que implica la adecuada y correcta explotación de la tierra.
deja de lado el análisis de los derechos que se encuentran en conflicto. tal y como se explicó en precedencia. 22. a declarar la inexequibilidad de la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. resulta más adecuado retirar del ordenamiento jurídico la expresión que limita al aplicador jurídico a evaluar la total incomunicación del predio como requisito fundamental para acceder a la servidumbre de tránsito. En consecuencia. En tal contexto. en el entendido que el aplicador jurídico debe ponderar los derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente.19. es claro que los derechos del propietario del predio sirviente no quedan desprotegidos ni se anula su núcleo esencial. De esa forma la autoridad competente puede analizar objetiva y racionalmente si la comunicación del predio solicitante es adecuada y suficiente para lograr su explotación. En efecto. se declarará la exequibilidad condicionada de la norma acusada. esto es. la Sala declarará su exequibilidad por los cargos analizados en esta sentencia. la Sala encuentra que la condición de destitución “total” de comunicación con el camino público para que pueda imponerse la servidumbre de tránsito no es necesaria para garantizar el núcleo esencial del derecho a la propiedad del titular del predio sirviente. a pesar de que la norma acusada se refiere a las condiciones materiales del bien dominante. pues resulta demasiado gravosa para hacer efectiva la función social de la propiedad del titular del fundo dominante. En efecto. sino también por la situación de los derechos en conflicto que deben armonizarse y ponderarse en el caso concreto. al paso de permitir el uso de una franja de terreno para hacer efectiva la servidumbre de tránsito. el dueño del predio sirviente tiene derecho a recibir el valor correspondiente más la indemnización de los perjuicios que pudieran causarle. sin que ello signifique una valoración subjetiva o caprichosa de dicha condición. Pero. además de lo anterior. ya que se estatuye a cargo del beneficiario correspondiente la obligación de pagar indemnización de perjuicios con el objeto de resarcir los daños causados. RESUELVE
. según las voces del artículo 905 del Código Civil. pues la imposición de servidumbres de tránsito requiere del análisis de las circunstancias concretas que se determinan no sólo por las condiciones de ubicación y explotación de los predios sirviente y dominante. En vista de que la ley no puede aislar la existencia de derechos en conflicto y que sólo se ajusta a la Constitución el hecho de que las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir la procedencia de la servidumbre de tránsito los ponderen.En relación con el resto del artículo 905 del Código Civil.
Cópiese. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. salvo la expresión “toda” que se declara INEXEQUIBLE.
. notifíquese.Declarar EXEQUIBLE el artículo 905 del Código Civil. por los cargos analizados en esta sentencia y en el entendido que se deben ponderar los derechos existentes sobre el predio dominante y sirviente. cúmplase y archívese el expediente. comuníquese.
que compensa con indemnización los daños causados. sacrifica valores. principios o derechos de mayor peso constitucional. En efecto. en el entendido que el aplicador jurídico debe ponderar los derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente. SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Requisitos para que pueda imponerse/SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Para determinar su procedencia las autoridades deben ponderar los derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente/SENTENCIA CONDICIONADA-Aplicación En relación con el resto del artículo 905 del Código Civil. pues la imposición de servidumbres de tránsito requiere del
Sentencia C-544/07
SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Exigencia de que el predio dominante se halle destituido de “toda” comunicación con el camino público es inconstitucional La norma acusada no es proporcional en sentido estricto. que no sólo impide al funcionario competente valorar el tipo de comunicación que tiene el inmueble enclavado. a pesar de que. a pesar de que la norma acusada se refiere a las condiciones materiales del bien dominante. disfrute y explotación idónea y adecuada de la tierra. Con mayor razón si el contexto general de la regulación de la servidumbre de tránsito. porque en aras de proteger el derecho a la propiedad del titular del predio sirviente. En efecto. gozar y disponer el bien. la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. protege derechos y motivos de mayor peso constitucional. la Sala declarará su exequibilidad por los cargos analizados en esta sentencia. Por consiguiente. logra preservar el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que resulta limitado. como se explicó en esta sentencia. deja de lado el análisis de los derechos que se encuentran en conflicto. sino que impide la imposición de la servidumbre legal. lo cierto es que la garantía de uso. en esta oportunidad no puede aplicarse la regla de prevalencia del interés general sobre el particular. desconoce que el derecho a la propiedad supone el derecho-deber jurídico de usar. como un asunto que rebasa el interés subjetivo y alcanza un interés social.
su clase y la utilización de los mismos. En tal virtud. de acuerdo con la naturaleza de los bienes.análisis de las circunstancias concretas que se determinan no sólo por las condiciones de ubicación y explotación de los predios sirviente y dominante. sino como parte esencial del mismo. En vista de que la ley no puede aislar la existencia de derechos en conflicto y que sólo se ajusta a la Constitución el hecho de que las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir la procedencia de la servidumbre de tránsito los ponderen. sino también por la situación de los derechos en conflicto que deben armonizarse y ponderarse en el caso concreto. pues si bien puede ampliar o restringir la zona de penumbra del derecho. SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Concepto SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Características PREDIO ENCLAVADO-Concepto SERVIDUMBRE COACTIVA DE PASO-Concepto SERVIDUMBRE DE TRANSITO-Derecho civil comparado DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA-Alcance de la función social La función social de la propiedad privada en el marco del Estado Social de Derecho no fue plasmada como un límite al derecho. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DERECHO A LA PROPIEDAD-Límites que deben tenerse en cuenta cuando se restringe dicho derecho Si bien es cierto que la delimitación de la función social de la propiedad privada corresponde al legislador dentro de marcos razonables y proporcionados. se declarará la exequibilidad condicionada de la norma acusada. de tal suerte que dicha finalidad de la propiedad privada incide o hace parte del derecho subjetivo y no es una mera delimitación externa del mismo. el legislador puede limitar en mayor o en menor medida el espectro de protección del derecho de dominio. para hacer prevalecer
. también lo es que no puede afectar su núcleo esencial de tal forma que deje sin sentido la protección constitucional del derecho.
además. sino que también debe estudiarse si es necesaria para el uso y goce del predio y la consecuencia económica que ello genera. el análisis de la procedencia de la servidumbre de tránsito no sólo está limitada a la precisión sobre el tipo de comunicación con el camino público. la Corte no sólo “debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control”. porque ello es propio de los jueces ordinarios. UNIDAD NORMATIVA-Integración Si bien es cierto el texto impugnado tiene capacidad para producir efectos jurídicos suficientes y autónomos. En tal virtud. De hecho. debe fijar la interpretación legal que resulta autorizada constitucionalmente. la expresión acusada tiene sentido lógico y razonable si se interpreta en su contexto. sino que. no corresponde a la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales. señala la forma cómo debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse. esto es. no lo es menos que tiene una relación inescindible con el contenido integral de la norma acusada. en algunos casos. por lo que conforma una proposición jurídica completa. pero sin que ello signifique autorización para dejar sin efectos la garantía constitucional mínima e irreductible del derecho. existen algunas circunstancias en las que la Corte Constitucional señala la interpretación última de la ley (sentencias interpretativas e integradoras y de tutela cuando excluye interpretaciones de la ley que violan derechos fundamentales). esto es. lo cual muestra que es necesario analizar la totalidad del artículo
. DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA-Núcleo esencial METODO DE PONDERACION-Casos en que se aplica PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Método de aplicación SENTENCIA INTERPRETATIVA O CONDICIONADA-Supuestos en que procede CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD INTERPRETACION LEGAL-Alcance excepcional EN MATERIA DE
A pesar de que. por regla general.intereses generales o por motivos de utilidad pública o para exigir el deber de solidaridad. en su integralidad. Dicho en otras palabras.
el ciudadano Jaime Arturo Fonseca Triviño demandó la expresión “destituido de toda”. el Magistrado Ponente resolvió admitir la demanda de la referencia. En consecuencia. Mediante auto del 6 de febrero de 2007. Humberto Antonio Sierra Porto. se integra la unidad normativa con todo el artículo 905 del Código Civil. Marco Gerardo Monroy Cabra. Manuel José Cepeda Espinosa. conformada por los magistrados Rodrigo Escobar Gil -quien la preside-. ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes.. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.
Referencia: expediente D-6671 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 905 (parcial) del Código Civil. ordenar la fijación en lista. el traslado al Procurador. C. Actor: Jairo Arturo Fonseca Triviño Magistrado Ponente: Dr. contenido en el artículo 905 del Código Civil. Jaime Araujo Rentería.
I. Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991.impugnado. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D. Nilson Pinilla Pinilla. dieciocho (18) de julio de dos mil siete (2007) La Sala Plena de la Corte Constitucional. Jaime Córdoba Triviño. comunicar la admisión de la demanda al Ministerio del Interior y de Justicia e invitar a
en aquellos casos en los que este gravamen se adopta como voluntaria y no legal. este derecho real no sólo se obtiene con los requisitos establecidos para las legales sino que pueden constituirse con la voluntad de los propietarios. por las siguientes razones: La expresión acusada impide que aquellos predios cuya única salida es peatonal o mediante caminos de herradura. Si un predio se halla destituido de toda comunicación con el camino público. el demandante concluye que deben considerarse fondos cerrados aquellos que tienen una salida insuficiente para su explotación agrícola o industrial y no sólo aquellos que no tienen ninguna comunicación con un camino público. pagando el valor del terreno necesario para la servidumbre. en la cual se indica la importancia de la servidumbre para el desarrollo laboral y personal de los afectados y las diferencias entre las servidumbres legales y voluntarias. 25 y 333 de la Constitución. por la interposición de otros predios. y resarciendo todo otro perjuicio”. Por esta razón. Para apoyar esa conclusión. el actor sostiene que los funcionarios encargados de hacer exigibles las servidumbres en Colombia deben tener claro que.la Academia Colombiana de Jurisprudencia. el demandante hizo un recorrido por la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Suprema de Justicia. de acuerdo con la regulación legal. La demanda El demandante considera que la norma acusada vulnera el Preámbulo y los artículos 13. el dueño del primero tendrá derecho para imponer a los otros la servidumbre de tránsito. Norma demandada A continuación se transcribe el texto integral del artículo 905 del Código Civil y se resalta y subraya el aparte impugnado:
Artículo 905. en especial. en cuanto fuere indispensable para el uso y beneficio de su predio.
. Después de describir el panorama internacional y nacional sobre la regulación de las servidumbres. puedan acceder a una servidumbre idónea para su explotación. 1. 2.
en el tratamiento que se da a las personas. no en forma directa. en cuanto propietarios de predios con determinadas características que. muestra un trato discriminatorio que afecta el derecho al trabajo y. sino indirectamente. por consiguiente. De otra parte. resulta inconstitucional. dijo que la expresión acusada consagra un claro caso de desigualdad de oportunidades frente a la ley. En este mismo sentido. vulnera el derecho a la iniciativa privada y a la libre empresa porque no pueden ser explotados ni utilizados para crear empresa por personas que. En tal virtud. en tanto que impide la explotación adecuada y eficiente de la tierra a quienes tienen dificultades de comunicación con los caminos públicos. aclaró que. no son permanentes”. el hecho de que la ley permita que algunos propietarios de predios puedan explotar económicamente su predio porque tienen comunicación con caminos públicos e impida a otros que lo hagan al no permitirles obtener una salida eficiente. además. porque los funcionarios aprecien bien los hechos que se someten a su consideración… los errores de hecho o de interpretación de una norma no la hacen inconstitucional”. concluye que no se puede hablar de violación del principio a la igualdad ni que sea irrazonable la diferencia de trato entre los predios que tienen alguna forma de comunicación y los que no lo tienen. en relación con el cargo por violación del derecho a la igualdad. por lo general. 3. De otra parte. A su juicio. tal y como lo ha advertido esta Corporación. el juicio de constitucionalidad debe efectuarse mediante la confrontación directa entre la norma acusada y la Constitución y no la interpretación eventual que de ella hacen los operadores jurídicos. Por esta razón. mediante apoderado.Según criterio del demandante. pues se
. el interviniente dijo que la presunta discriminación a que hace referencia la demanda “se origina. esa disposición debe ser declarada exequible por las siguientes razones: En primer lugar. la demanda manifiesta que la imposibilidad de imponer servidumbres necesarias a favor de algunos predios. Intervenciones Ministerio del Interior y de Justicia Dentro de la oportunidad legal prevista. por la vía del control de constitucionalidad. son de escasos recursos económicos. el Ministerio en comento intervino en el presente asunto para justificar la constitucionalidad de la norma acusada. “no le corresponde a la Corte velar.
considera que la demanda no presenta cargos de inconstitucionalidad ni argumentos específicos que confronten la norma acusada con la Constitución. con el fin de solicitar que la Corte se declare inhibida para conocer de la demanda de la referencia. si no se acoge esa petición. Concepto del Ministerio Público El señor Procurador General de la Nación. la
. el Procurador dijo que. de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia. “en el entendido de que la servidumbre legal de tránsito consagrada en el artículo 905 del Código Civil no solo (sic) en beneficio de los predios que no tienen acceso alguno a la vía pública. Finalmente. puesto que debe entenderse que la servidumbre de tránsito no sólo se establece en favor de los fondos que carecen de todo acceso a la vía pública. deben desestimarse. a la luz de los cuestionamientos presentados por el actor. Y. Por esa razón. sino también a los que no tienen más que una salida insuficiente para su explotación. Los argumentos centrales en que se apoya el Ministerio Público para llegar a esas conclusiones son: En primer lugar. contrario a lo solicitado por el demandante. con el fin de obtener un pronunciamiento de mérito”. pues se limita a transcribir apartes de sentencias y a exponer razones generales por las que considera que la disposición demandada debe ser retirada del ordenamiento jurídico. el alcance que se le debe dar al artículo 905 del Código Civil desborda su entendimiento puramente literal que presenta el demandante. 4. el Ministerio Público afirma que. el Ministerio del Interior y de Justicia manifestó que. solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión demandada del artículo 905 del Código Civil.comparan inmuebles que no son iguales. De todas maneras. los cargos expuestos por el demandante carecen de fundamento fáctico y. Edgardo José Maya Villazón. intervino dentro de la oportunidad procesal prevista. a la Corte Constitucional no le corresponde complementar las normas jurídicas que se someten a su examen ni incluir frases para adecuar la ley a las necesidades de los ciudadanos. de acuerdo con lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2 de septiembre de 1936. por consiguiente. En tal sentido. Con base en ese supuesto. “solicitará a la Corte Constitucional realizar una interpretación de la demanda que permita el análisis de la disposición acusada. sino también a favor de aquellos cuya salida no permiten su explotación adecuada”. en virtud del principio pro actione. sostiene que.
obligación que ninguna persona puede atender si no cuenta con los elementos indispensables para que ello ocurra”. ni ejercer el derecho al trabajo de la tierra. porque impide que aquellos predios que tienen salidas precarias al camino público puedan acceder a la servidumbre de tránsito. por cuanto no los pueden explotar adecuadamente.servidumbre de tránsito no sólo debe otorgarse a favor de los predios que no tienen acceso a la vía pública. una interpretación distinta desconocería que el Estado Social de Derecho y la función social de la propiedad exigen que los titulares de la tierra la exploten y usen racionalmente de manera que preste un servicio a su titular y a la colectividad. significa que la ley discrimina a los propietarios de esos inmuebles. ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una disposición que hace parte de una ley. el Ministerio del Interior y de Justicia dijo que la expresión acusada no viola la Constitución. 25 y 333 de la Constitución. El demandante sostiene que esa expresión viola los artículos 13. 1. en tanto que los inmuebles que tienen alguna forma de
. Así. la Procuraduría considera que la servidumbre lleva implícito el concepto de solidaridad social que “se traduce en el deber social de contribuir a través de la explotación racional del inmueble al bienestar de la comunidad y a la defensa del medio ambiente. que regula una de las condiciones para establecer la servidumbre de tránsito en beneficio del predio que no tiene ninguna comunicación con el camino público. Problema jurídico 2. sino también de aquellos cuya salida no permite una explotación adecuada. la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 905 (parcial) del Código Civil. Se demanda la expresión “destituido de toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. a su juicio. Por su parte. Ello. Además. ni adelantar actividades económicas productivas sobre los fondos de su propiedad. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución. a su juicio. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia de la Corte.
pues entre los intervinientes y el demandante existe una discrepancia respecto del sentido del artículo 905 del Código Civil. en primer lugar. De igual manera. Para resolver el problema jurídico planteado. consideró que el alcance que se le debe dar al artículo 905 del Código Civil desborda su entendimiento puramente literal que presenta el demandante. iii) la Sala debe estudiar si la correcta interpretación de la norma acusada viola el derecho al trabajo. Finalmente. en cuanto limita la servidumbre únicamente a los inmuebles sin comunicación de ninguna clase con el camino público. la demanda es inepta. la iniciativa privada y la igualdad del titular del predio servido. el Ministerio Público solicitó. como lo plantea el Ministerio Público. resulta contrario a la función social de la propiedad. en segundo lugar. en primer lugar. en especial. Demanda en debida forma y principio pro actione 4. por lo que su ejercicio no puede estar sometido a estrictas formalidades ni a requisitos especiales que dificulten el acceso a la justicia para defender la Constitución y hacer eficaz la democracia participativa. Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de indicar que la acción pública de inconstitucionalidad desarrolla los derechos de los ciudadanos a participar en la conformación. la declaratoria de constitucionalidad condicionada de la disposición acusada. según la cual sólo procede imponer la servidumbre de tránsito cuando el predio servido carece de toda comunicación con el camino principal. puesto que la servidumbre de tránsito también se establece en favor de los fundos que tienen sólo una salida insuficiente para la explotación de ellos. son diferentes y.
. debe analizar cuál es el alcance de la expresión acusada y. en tanto que si bien la norma se ajusta a la disposición. 3. su entendimiento literal. Así las cosas. la cuestión que debe resolver la Corte en esta oportunidad se circunscribe a determinar si la condición señalada en la norma acusada. es contraria a la Constitución. la propiedad. ii) en caso de esta Corporación entre a estudiar de fondo el problema jurídico planteado. por consiguiente. la inhibición de esta Corporación por ausencia de cargos de inconstitucionalidad en la demanda y.comunicación con el camino público y los que no lo tienen. ejercicio y control del poder político (artículos 40 y 229 de la Carta). la Corte estudiará: i) si los planteamientos de la demanda constituyen razones suficientes para iniciar el debate constitucional o si. si es necesario integrar la unidad normativa para entender el problema jurídico planteado. no susceptibles de comparación.
necesida o actualidad doctrinari. la Corte ha dicho que no prosperan las acusaciones cuyo fundamento es el análisis de convenienci. 5. sino que es necesario que éstas sean 'claras. lo anterior no impide que el legislador señale condiciones de procedencia formal de esta acción. el artículo 2° del Decreto 2067 de 199. A juicio de la demanda. la demanda plantea la inconstitucionalidad de una expresión legal cuya lectura literal señala a las autoridades que tienen a su cargo resolver las solicitudes de servidumbres de tránsito. Por ello. la interpretación literal de la
. indirectos. Los motivos de impugnación son ciertos cuando la demanda recae sobre una proposición normativa real y existent. iv) los motivos por los cuales se estima que las disposiciones constitucionales han sido infringidas. dispuso que una demanda de inconstitucionalidad se entiende presentada en debida forma cuando señala: i) las normas que se acusan como inconstitucionales. indeterminados. iii) las razones por las que la Corte Constitucional es competente para conocer la demanda y. Especialmente. resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos 'vagos. pues es una carga procesal razonable que busca racionalizar su uso e impedir el control de constitucionalidad oficioso de todas las leyes. esto es. El cargo es claro cuando se presentan argumentos comprensivos y consecuentes con lo solicitado. o implícit. y no sobre una deducida por el actor. pues “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política. Las razones de inconstitucionalidad son específicas cuando el actor explica por qué la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta. específicas. pues las discusiones puramente legales y las solicitudes dirigidas a constatar la vigencia o aplicabilidad de la ley no son admisibles en el proceso de constitucionalidad. los cargos son suficientes cuando la demanda está dirigida a desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la ley. Finalmente. ciertas. abstractos y globales' que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. En este mismo sentido. el cargo de inconstitucionalidad es pertinente cuando presenta argumentos de constitucionalidad congruentes con lo solicitado. De esta forma. la Corte ha explicado que el cargo de inconstitucionalidad “no se satisface con la exposición de cualquier tipo de razones o motivos. ii) las normas superiores que se consideran vulneradas. pertinentes y suficientes. Como se vio en el resumen de los antecedentes de esta providencia. cuando se genera un verdadero debate constituciona. en cuanto a este último requisito. pues este tipo de limitación sólo procede si el fundo está totalmente incomunicado o enclavado.No obstante. el deber de evaluar si el predio solicitante tiene algún tipo de comunicación con la vía principal.
por lo tanto. por lo que podría pensarse que la demanda no busca la confrontación de la norma impugnada con la Constitución sino definir una manera de entender la ley. la destitución de “toda” comunicación del predio dominante con el camino público. puesto que claramente se observa que el artículo 905 del Código Civil exige como requisito fundamental para imponer la servidumbre de tránsito. el control de constitucionalidad de la ley tiene una incidencia normativa indiscutible porque esta Corporación no podría salvaguardar la integridad de la Constitución.expresión acusada es contraria a los artículos 13. también es cierto que. entonces. De esta forma. debía declararse inhibida para conocer el presente asunto. 6. A pesar de que el argumento expuesto parte de una permisa correcta. En efecto. la expresión demandada puede tener un alcance distinto al que de la interpretación literal se deriva y. Ahora bien. que a esta Corporación no le corresponde señalar la hermenéutica de la ley. se impondría una lectura más amplia de la disposición que permitiría acceder a la servidumbre en casos en los que la comunicación sea tan precaria que impide el ejercicio del derecho al trabajo. la interpretación última de la ley le corresponde a las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa y a la Corte Constitucional la interpretación última de la Constitución. ni cuando en un mismo texto
. como lo ha advertido esta Corporación en múltiples oportunidades. o tampoco si ejerce el control de constitucional sobre textos normativos que no coinciden con la praxis ni con su aplicación generalizada y dominante por parte de las corte. por regla general. tal y como lo expone el demandante. Es cierto. lógico y práctico de la ley cuyo control de constitucionalidad debe ejercer. de un lado. Nótese que el demandante plantea una discusión que efectivamente se deriva de la interpretación literal de la expresión que impugna. lo cual no le corresponde a esta Corporación y. por lo que. aunque es cierto afirmar que la administración de justicia se organiza a partir de la separación de jurisdicciones y. como lo exponen el interviniente y el Ministerio Público. que la redacción literal de las condiciones para tener derecho a exigir la imposición del gravamen objeto de estudio es absoluta e imperativa. la libertad de empresa y la explotación adecuada de la tierra. la conclusión a la que llega no lo es. si no tiene claro el sentido de las disposiciones legales que deben compararse con las normas superiores que se acusan como infringida. lo cual genera un debate de inconstitucionalidad porque se discute el ejercicio del derecho al trabajo y a la utilización de la tierra como instrumento de producción con función social. desde el punto de vista constitucional y al retirar del ordenamiento jurídico la expresión “destituido de toda” impugnada. de otro. es igualmente cierto que para ejercer la función atribuida a esta última se requiere el entendimiento racional. tal y como se lo ordena el artículo 241 de la Carta. 25 y 333 de la Constitución.
legal encuentra normas conformes y otras contrarias a la Constitució. Para ello. cuando se presenta una inconstitucionalidad por omisió. En consecuencia. ni cuando el texto legal es inconstitucional no por lo que dice sino por lo que deja de decir. lo cual se plantea en forma clara y suficientemente contundente para concluir que existen cargos de inconstitucionalidad contra esa disposición. no corresponde a la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones legales. por regla general. a juicio de la Sala. las acusaciones de la demanda generan un debate constitucional sobre la interpretación literal del texto legal acusado. La Sala considera necesario definir cuál debe ser la disposición normativa objeto de pronunciamiento en esta oportunidad. se reitera que. también es cierto que la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil no tiene un sentido propio sino que requiere de su lectura contextual para entender el cargo formulado en la demanda. en el sentido de integrar la unidad normativa en la sentencia. En tal virtud. porque ello es propio de los jueces ordinarios. pues debe quedar clara la diferencia entre el control de constitucionalidad oficioso y el que se adelanta por vía de acción en el que la
. esta Sala debe emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión impugnada. En este orden de ideas. en algunos casos. 7. esto es. sino que. la Corte no sólo “debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control. esta Corporación ha dicho que la correcta interpretación de la facultad que le otorga el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991. existen algunas circunstancias en las que la Corte Constitucional señala la interpretación última de la ley (sentencias interpretativas e integradoras y de tutela cuando excluye interpretaciones de la ley que violan derechos fundamentales). en primer lugar. esta Corporación iniciará su análisis con el estudio del alcance del texto normativo acusado. además. ni podría proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados con la aplicación concreta de la le. Por esa razón. Unidad normativa 8. En múltiples oportunidade. señala la forma cómo debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse. corresponderá a situaciones excepcionales. se analizará si es necesario integrar la unidad normativa con el texto íntegro del artículo 905 del Código Civil. restringidas y necesarias. a pesar de que. pues si bien es cierto el demandante impugnó una expresión legal que origina debate y tiene relevancia constitucional. Por consiguiente. esto es. entre otras razones. debe fijar la interpretación legal que resulta autorizada constitucionalmente.
por ende. mientras se encuentre en el ordenamiento jurídico. no son constitucionales ni inconstitucionales. la Corte dijo que en aquellos casos en los que “la disposición se encuentra en relación inescindible de conexidad con los apartes demandados. individualmente. y iii) Cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores. debe producir los efectos jurídicos que consagra. que ha sintetizado en los siguientes términos:
“i) Cuando se demanda una disposición que. que los apartes normativos que no son demandados y. no son objeto de pronunciamiento de la Corte. presenta serias dudas de constitucionalidad
En cuanto a la primera condición. que lo acusado presente un contenido comprensible como regla de derecho. para resolver los cargos de inconstitucionalidad formulados contra fragmentos normativos. de suerte que en caso de que la Corte decidiera declarar inexequibles los apartes acusados. es indispensable tener en cuenta dos aspectos. mantengan la capacidad para producir efectos jurídicos y conserven un sentido útil para la interpretación y aplicación normativa. resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusad. De esta forma. la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que. se requiere la presencia de condiciones. perdería todo sentido la permanencia en el orden jurídico”. de manera que. De otro lado. se preserva la seguridad jurídica y el principio de obligatoriedad normativa según el cual toda regla de derecho es imperativa y de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios y. en especial. pues “las expresiones aisladas carentes de sentido propio que no producen efectos jurídicos solas o en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte. la Corte ha precisado que. esta Corte ha establecido que para que se incorpore al proceso de constitucionalidad normas no demandadas. De un lado. Por ello. ii) En aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. En este sentido.
. no tiene un
contenido deóntico claro o unívoco. porque conforman unidad normativa. susceptible de ser cotejado con los postulados y mandatos constitucionale. para entenderla y aplicarla. a primera vista. también procede la integración de la unidad normativa.competencia del juez constitucional está circunscrita a las normas demandadas en debida forma por los ciudadanos.
el análisis de la procedencia de la servidumbre de tránsito no sólo está limitada a la precisión sobre el tipo de comunicación con el camino público. por lo que conforma una proposición jurídica completa. sino que también debe estudiarse si es necesaria para el uso y goce del predio y la consecuencia económica que ello genera. la servidumbre una carga que la ley o la naturaleza imponen a un predio que. Así las cosas. Así. y legales. se tiene que el actor impugnó la constitucionalidad del segmento “toda” contenido en el artículo 905 del Código Civil. debe servirle a otro inmueble que pertenece a otro propietario. la de tránsito fue concebida como un instrumento jurídico para autorizar el ingreso a un predio de propiedad privada para que
. Dentro de las denominadas servidumbres legales. de ahí que éstas constituyen limitaciones al derecho de dominio que generan derechos reales accesorios porque siempre se ejercen sobre bienes inmuebles y se imponen a los predios y no a los propietarios de los mismo. en beneficio de otro de distinto dueño o de una entidad sea de derecho público o privado”. en beneficio de otro predio de dominio particular. El artículo 793 del Código Civil se refiere a las servidumbres como una limitación válida del derecho de dominio y el artículo 879 de esa misma codificación las define como el “gravamen impuesto sobre un predio. que provienen de la situación natural de los predios. Como lo advertía Josserand. Alcance de la expresión “destituido de toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil 10. en su integralidad. constituidas por la propia decisión del hombre. De hecho. según lo disponen los artículos 888 y 897 del Código Civil. goce y disfrute de la tierra. lo cual muestra que es necesario analizar la totalidad del artículo impugnado. la expresión acusada tiene sentido lógico y razonable si se interpreta en su contexto. voluntarias. no lo es menos que tiene una relación inescindible con el contenido integral de la norma acusada.9. se integra la unidad normativa con todo el artículo 905 del Código Civil Servidumbre de tránsito. en el presente caso. al margen de las relaciones entre vecinos. entonces. Es. Nótese que si bien es cierto el texto impugnado tiene capacidad para producir efectos jurídicos suficientes y autónomos. la ley puede imponerle a la propiedad privada la carga de entregar un parte mínima y razonable de su predio para el uso. Dicho en otras palabras. las servidumbres generan “relaciones jurídicas entre dos feudos. esto es. por sus condiciones naturales. Ahora. Estas últimas. las servidumbres pueden ser naturales. que se imponen por voluntad del legislador. En consecuencia. pueden tener como destino el uso público o la utilidad de los particulares.
Como su nombre lo indica. aparente porque está continuamente a la vista. Y. se impone a favor o para la utilidad de los particulares. Ahora bien. de paso de ganado para abrevaderos (artículo 116 Código de Recursos Naturales) o la denominada de transporte de agua (artículo 119 del Código de Recursos Naturales). Entonces. De este modo. adicionalmente. entonces. de tránsito para construcción de oleoducto y transporte de petróleo (artículo 45 del Código de Petróleos). es fácil concluir que la lectura literal de la disposición parcialmente acusada permite la servidumbre de tránsito sólo en beneficio de un predio que está desprovisto de toda comunicación con el camino público. iii) que la comunicación con el camino público sea indispensable para el uso y beneficio del predio. Este privilegio para el predio dominante conlleva. porque requiere un hecho del hombre en intervalos de tiempo. 11. la servidumbre de tránsito consiste en imponer el deber jurídico al predio sirviente de permitir el acceso de personas. a saber: i) que el predio que pretende ser dominante carezca de toda comunicación con el camino público.otra persona diferente al dueñ pueda ejercer los derechos derivados del dominio y la libertad de empresa sobre otro predio. La servidumbre de tránsito para predios enclavados se caracteriza. la que se reconoce en favor de los predios enclavados. pues sólo mediante esta imposición puede hacerse útil y productivo. aún en contra de la voluntad del propietario del predio sirvient. cuyo interés está centrado en la adecuada y eficiente utilización de la naturaleza. las legislaciones no han sido
. ii) que el predio estuviera totalmente incomunicado por la interposición de otros predios. en virtud de lo dispuesto en el artículo 905 del Código Civil. la típica servidumbre de tránsito. por ser una carga discontinua. además de lo indicado para las servidumbres legales. pues no debe olvidarse que el artículo 2519 del Código Civil señala que este gravamen se extinguen por falta de uso por 20 años. energía y gasoducto: artículo 57 de la Ley 142 de 1994). Son ampliamente conocidas las servidumbres de tránsito y transporte en beneficio del propietario del título minero (artículo 175 del Código de Minas). Esta servidumbre es. no habría lugar a imponer el gravamen. regulada en el artículo 905 del Código Civil que se ha demandado parcialmente en esta oportunidad. animales o maquinaria en beneficio del predio dominante para comunicarlo con la vía pública. ineficiente o demasiado gravosa por los costos que genera. son tres las condiciones para que pueda imponerse la servidumbre onerosa de tránsito para predios enclavados. de transporte para la construcción de infraestructura de servicios públicos (acueducto. aunque la comunicación fuera insuficiente. En relación con el concepto de bienes “enclavados”. el derecho de construir obras y adecuar la franja de terreno a utilizar para el eficiente tránsito que se requiere. perpetua y rebasa el ámbito personal del propietario porque se adhiere al predio y se impone sin importar quién es el dueño.
Entonces. en el artículo 682 del Código Civil. la experiencia en el derecho comparado se muestra más amplia porque parte del supuesto de que un terreno sin comunicación adecuada con las vías públicas. la primera condición para que exista dicha servidumbre se requiere demostrar que “el fundo supuestamente enclavado carezca de salida a la vía pública o por lo menos que no tenga más que una salida insuficiente para la explotación. Planiol y Ripert explicaron respecto del artículo 682 del Código Civil francés:
“La servidumbre de paso solamente puede existir en beneficio de las fincas
enclavadas.unánimes. para hacer cesar el 'embotellamiento' que sufre”. Así. fue modificado por la ley de agosto 20 de 1881 para ampliar la noción no sólo para que los predios sin ninguna salida a la vía pública puedan acceder a la servidumbre sino también aquellos cuya salida es insuficiente para su adecuada explotación. o por un camino muy estrecho. ello a cambio de una indemnización. la legislación francesa. inaccesible para las carretas. de aquellas fincas que no tienen salida alguna a la vía pública. pues mientras nuestro Código Civil lo entiende como aquel desprovisto de “toda” comunicación con la vía pública. también. únicamente el estado de necesidad es constitutivo del estado de enclavamiento. por ejemplo. balsas o puentes ofrecería graves peligros o inconvenientes. el concepto de heredad o finca enclavada en forma muy similar al artículo 905 de nuestra normativa civil. en el caso de un terreno que solamente tenga una salida que da sobre un río. En efecto. cuyo paso. la legislación adecuó el significado desde el año 1881. mediante lanchas. o requiriera gastos excesivos…el paso debe ser necesario para la explotación de la finca
. Así. sería improductivo y contrario a la finalidad social de la propiedad. lo cual contó con todo el respaldo y la opinión favorable de la doctrina especializada. de su propiedad (artículo 682). que inicialmente reguló. cuya pendiente rápida hace naturalmente imposible el paso de los caballos y bestias destinadas a su explotación. Por ello. bien agrícola. En el mismo sentido. de simple comodidad. bien industrial. o solamente una salida insuficiente. o sea. a pesar de que esa precisión fue inicialmente introducida por la jurisprudencia francesa. de una ventaja particular no bastaría para justificar por su parte una demanda de paso a título de enclavamiento. Josserand dijo que “el enclavamiento es la situación de un fundo que no tiene salida a la vía pública o que tiene una salida insuficiente para su utilización… su situación es intolerable y le quita todo o casi todo su valor si no interviene el legislador para mejorarla. La salida se considera insuficiente cuando presenta graves dificultades que solamente podrían vencerse realizando obras excesivas y de un costo fuera de toda finca separada de la vía pública por un declive. el deseo de un propietario de bienes raíces.
Al respecto resulta interesante recordar al
. o aun no estando completamente cercado. industrial o comercialmente. 1051. haciendo referencia al artículo 564 del Código Civil Español. no sólo cuando un predio no tenga salida. y por la que tenía comunicación con la vía pública. por lo que. y si es del caso (para actuar precisamente este criterio). si el Tribunal de instancia declara que el propietario aisló intencionalmente su finca. es decir. por lo demás. la interpretación literal del artículo 905 del Código Civil Colombiano muestra que la servidumbre de tránsito sólo puede imponerse en favor de los fundos que carecen de todo acceso a la vía pública. como se dijo en precedencia. un acceso inadaptado o insuficiente para las necesidades agrícolas o industriales del fundo. de la cual era anexo o dependencia. falta el supuesto legal de la necesidad estricta.Igualmente. El Código Civil italiano regula la “servidumbre coactiva de paso” como aquella que se impone “cuando un fundo es cerrado (circundado por fundos ajenos) y no tiene salida a la vía pública ni se la puede procurar sin excesivo dispendio o dificultad. en el derecho civil comparado resulta usual entender que la servidumbre de tránsito puede imponerse a favor de los predios totalmente incomunicados o de aquellos que a pesar de que tienen acceso a la vía pública ese medio es ineficiente. De hecho. 1 y 1952)… El trazado del pasaje debe establecerse con el criterio general de la máxima utilidad con el menor agravio. Así las cosas. la doctrina colombiana manifestó que así debía leerse en razón a la claridad de la regla legal. en aquella parte del fundo sirviente por donde el acceso sea más breve y menor el daño inferido. inadecuado o demasiado gravoso para explotarlo agrícola. pues no sólo su redacción es clara sino que. ap. no existe regla legal precisa que matice la exigencia perentoria de la incomunicación total del inmueble como condición sine qua non para acceder a la servidumbre de tránsito. sino también cuando tenga una salida insuficiente. pero no cuando funde su pretensión tan sólo en la incomodidad de la salida que tiene… ha de fundarse en una necesidad real y no ficticia ni artificiosa. el propietario de él tiene derecho a la constitución de una servidumbre de paso sobre un fundo vecino (arts. a diferencia de los códigos civiles a que se hizo referencia. No obstante lo anterior. pues como regla de interés público frente a la propiedad privada es el favorecimiento estatal de la explotación idónea de la tierra. incluso mediante un paso subterráneo. disgregándola de otra suya. la doctrina entiende que “podrá exigirse la constitución de esta servidumbre [la de paso]. tiene. a pesar de que se constataba la inconveniencia de la interpretación literal de esa disposición. 12. y no se lo puede adaptar (interclusión relativa).
Chacón. Que la servidumbre legal no se constituye por título distinto del hecho mismo de
. concluyó:
“Del artículo 905 del C. que tenga comunicación con el camino. etc. Que la servidumbre legal de tránsito existe no sólo a favor de los fundos que carecen de todo acceso a la vía pública sino también de los que no tienen más que una salida insuficiente para la explotación de ellos. En una palabra: la servidumbre indicada sólo puede establecerse a favor de predios que por cualquiera circunstancia como un derrumbamiento. puede deducirse. que no es dado al juez. Que en la conveniencia social de la explotación del predio dominante encuentra dicha servidumbre su fundamento y al propio tiempo sus límites. entre otras cosas. como lo hace el sr. que siendo claras no deben desatenderse a pretexto de consultar el espíritu de la ley (art. la Corte Suprema de Justicia profirió un fallo paradigmático en el que. sin que haya que hacer distinción alguna entre explotación agrícola o explotación industrial o explotación minera. 2. aunque sea muy mala e insuficiente para la explotación del fundo. la servidumbre legal de tránsito no
puede establecerse sino a favor de los predios destituidos de toda comunicación con el camino público.tratadista nacional Fernando Vélez cuando advirtió:
“De acuerdo con la letra del artículo 905. 3. Mientras se realiza esta aclaración. 27). siguiendo el ejemplo del legislador francés. se aclare el artículo 905 en el sentido en que se aclaró el 682 del código francés. en razón a que la interpretación literal de esa norma conduciría a dificultades prácticas inevitables. De estas palabras. pueden sacarse las siguientes conclusiones:
1. a gravar su dundo con dicha servidumbre. a su tenor literal.C. en utilidad de otro fundo. obligar a un propietario. teniendo en cuenta. basándose en meras interpretaciones. el objeto de la servidumbre legal de tránsito
No obstante lo anterior y. juzgamos que el criterio del juez debe apreciar los casos que se le presenten. No tenga absolutamente ninguna comunicación con la vía pública… Sería conveniente que en nuestro código.
De este modo. nada le agregan ni le quitan a ese derecho. En efecto. ahora corresponde a la Sala averiguar si la norma acusada. cuyo alcance fue precisado en precedencia. En este orden de ideas. Función social de la propiedad. todos con protección y garantía constitucional. la propiedad del titular del predio servido. sino que simplemente determinan. que el legislador impone con las servidumbres. en especial. sino también en los
. gozar. iniciativa privada. Entonces. la igualdad y. porque es la ley la que directamente la establece y es en consecuencia preexistente a toda determinación judicial. lo cual podría afectar derechos constitucionales del propietario del predio que solicita la servidumbre y el interés público que supone la explotación eficiente de la propiedad privada. tales como el de la propiedad privada. con su decisión. Se deduce claramente de lo expuesto que las servidumbres legales limitan los derechos de contenido patrimonial. en especial a la propiedad privada. 14.la incomunicación. cuando es el caso. encuentra sustento constitucional no sólo en el carácter social de los derechos de contenido económico (artículos 58 y 333 de la Constitución). a pesar de que es cierto que la Constitución protege esos derechos económicos que se entienden como poderes para utilizar una cosa. Ponderación de derechos en conflicto y preservación del núcleo esencial. un cambio en la situación de hecho preexistente…
13. viola los derechos a la libertad de empresa. la libertad de empresa y de iniciativa privada. carece de interés la intervención de los jueces que. entonces. pues sólo es posible obligar al dueño de una heredad a que dé salida por ella a un fundo que no tenga ningún tipo de comunicación con el camino público. también es cierto que el ejercicio de esas facultades no implica la simple satisfacción de intereses individuales sino la preservación los intereses de la colectividad. disponer y crear medios económicos con fines de lucro. esta Corporación ha dicho en anteriores oportunidade. sino que existe de pleno derecho. en tanto que implican la imposición legal de una carga en favor de un predio ajeno y aún en contra de la voluntad del propietario del inmueble que tiene el deber jurídico de soportarla. hasta el punto de que la necesidad o no necesidad de acudir a la justicia para el ejercicio efectivo de ella sólo depende de la situación de hecho existente: si el titular del derecho no necesita modificar los hechos existentes para conformarlos a su derecho. es evidente que la expresión destituido de “toda” comunicación con el camino público contenida en el artículo 905 del Código Civil impone al funcionario competente para evaluar la idoneidad de la servidumbre de tránsito que evalúe si el predio sirviente tiene o no comunicación con un camino público. que la restricción al libre ejercicio de los derechos económicos y.
determinar la finalidad de la limitación legal del derecho es un asunto fundamental en el control de constitucionalidad. En otras palabras.deberes ciudadanos de solidaridad y colaboración con el Estado en la búsqueda de la realización de los fines propios del Estado Social de Derecho (artículos 1º. el derecho a la propiedad no sólo puede limitarse por motivos de utilidad pública o por razones de interés general. 2º y 95 de la Carta). a su ejercicio condicionado o. por lo que “la configuración legal de la propiedad. las restricciones a los derechos de contenido económico pueden provenir tanto de intereses de superior jerarquía. solidaria y con utilidad social que le son propios. sino también para hacer efectivos derechos de particulares cuando estos dependen de la intervención del titular. superado el concepto individualista de los derechos y libertades económicas. como de derechos subjetivos de particulares que entran en conflicto en cada caso concreto. la regulación sistemática de la propiedad privada en la Constitución de 1991. no sólo respecto del constitucionalismo clásico. De ahí que. puede apuntar indistintamente a la supresión de ciertas facultades. Por ello. en tanto que en las situaciones de interés colectivo la regla constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular (artículo 1º) juega
. muestra que ese derecho ha sido concebido en forma diferente. la función social de la propiedad privada en el marco del Estado Social de Derecho no fue plasmada como un límite al derecho. sino de acción para la defensa efectiva del interés colectivo. de tal suerte que dicha finalidad de la propiedad privada incide o hace parte del derecho subjetivo y no es una mera delimitación externa del mismo. en la actualidad. el carácter social de la propiedad hace parte inescindible del contenido del derecho y de su condición de ejercicio como una obligación socia. pues su consagración implicó replantear su contenido para situarlo al lado de la motivación colectiva. entonces. en ciertos casos. Por lo tanto. al obligado ejercicio de algunas obligaciones De esta forma. el legislador no sólo está autorizado para restringir el derecho de propiedad: aquel también puede imponerle cargas o gravámenes necesarios para su adecuado ejercicio”. sino como parte esencial del mismo. Así pues. De todas maneras. sino de la concepción inicial de la función social de la propiedad como mecanismo legítimo para restringir el derecho. su ejercicio no sólo implica el deber de abstención del Estado y de los particulares (con esta visión se garantiza el derecho si no hay intervención). la función social de la propiedad privada constituye parte esencial del ejercicio de estos derechos. 15. puesto que. cuya evolución ha sido presentada en forma completa y reiterada por esta Corporación para el derecho de domini. la jurisprudencia constitucional ha advertido que “en aras de garantizar que la propiedad cumpla la función social encomendada por la Carta. En este contexto.
En consecuencia. la carga impuesta bien podía favorecerle al propio titular o bien podía ceder frente a otro de la misma naturaleza y de esta forma podía intercambiarse por su equivalente económico. de tal forma que se garantice la filosofía social en la que está concebido y. de acuerdo con la naturaleza de los bienes. la sentencia C-491 de 2002 declaró la exequibilidad de una norma del Código de Policía que autoriza a los alcaldes exigir a los particulares la construcción de una obra cuando
. en otra oportunidad agregó que el legislador no puede desconocer que “el mínimo de goce y disposición de un bien se mantiene. esa regla no sólo no tiene relevancia sino que no resulta útil para resolverlos porque el juez constitucional se encuentra en frente de derechos de igual jerarquía normativa y. Precisamente por esas razones.un papel preponderante. aún cuando el titular no lo ejerza. De ahí que se trata de proteger el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada. mientras que en el caso de conflicto entre derechos cuya eficacia es horizontal. que produzcan utilidad económica en su titular. pero sin que ello signifique autorización para dejar sin efectos la garantía constitucional mínima e irreductible del derecho. En la misma línea. por ejemplo. también lo es que no puede afectar su núcleo esencial de tal forma que deje sin sentido la protección constitucional del derecho. en tanto que consideró válido entender que si la propiedad privada es un derecho de contenido patrimonial. esta Sala declaró la exequibilidad de una norma que prohíbe la venta de tierras ubicadas en zonas declaradas por el gobierno como parques naturales. puedan protegerse aquellas facultades o actuaciones necesarias para que se reconozca y ejerza el derecho. En el mismo sentido. si bien es cierto que la delimitación de la función social de la propiedad privada corresponde al legislador dentro de marcos razonables y proporcionados. debe entrar a armonizarlos. su clase y la utilización de los mismos. esta Corporación ha señalado que “lo constituye el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición. En relación con el concepto de núcleo esencial del derecho a la propiedad. en sentencia C-189 de 2006. de modo que se impida que el legislador limite el derecho hasta el punto de hacerlo impracticable o se dificulte su ejercicio más allá de lo razonable y proporcional. el legislador puede limitar en mayor o en menor medida el espectro de protección del derecho de dominio. por consiguiente. pues se consagra como compensación de esa limitación el pago de una indemnización. En tal virtud. pues si bien puede ampliar o restringir la zona de penumbra del derecho. Así. para hacer prevalecer intereses generales o por motivos de utilidad pública o para exigir el deber de solidaridad. esta Corporación ha encontrado ajustados a la Constitución varios casos en los que a pesar de que el legislador impuso restricciones al derecho a la propiedad privada no afectó su núcleo esencial. al mismo tiempo.
los muros de un antejardín o la facha de una casa se encuentran en mal estado. para averiguar si la limitación al derecho a la propiedad resulta constitucionalmente válida porque hace parte de la función social que le corresponde. a la que expresamente se refiere el artículo 58 de la Constitución. en anterior oportunidad. en tanto que su deterioro también perjudicaba al propietario. sea o no de rango constitucional. Así las cosas. En efecto. la jurisprudencia constitucional ha dicho qu. con motivo de la decisión del caso en concreto. entonces. derivadas de la función social que las caracteriza. en el ámbito de sus competencias. debe introducirse una cláusula de excepción en cuanto al carácter normativo de la regla jurídica. cuando surjan conflictos entre ellos. la Corte dijo que con la ponderación se busca establecer “un modelo de preferencia relativa condicionada a las circunstancias especificas de cada caso. el juicio de constitucionalidad respecto de las restricciones legales a la propiedad privada y a las libertades patrimoniales. Así. 16. la Corte recurre al conocido juicio de ponderació. declaró la exequibilidad de varias disposiciones de la Ley 793 de 2002 que consagró varias causales de extinción del dominio de bienes cuando provienen de la ilicitud.
. corresponde a un típico control de límites que si bien se realiza con el respeto de la libertad de configuración normativa del legislador. procede la aplicación de los métodos de ponderación. con el cual se busca efectuar el control a los excesos legislativos y a la arbitrariedad de las medidas restrictivas de derechos constitucionales. procurar armonizar los distintos derechos y principios. Como puede advertirse. en casos en los que se presenta conflicto de derechos o principios constitucionales. es posible que una regla entre en contradicción con la vocación normativa de un principio. con los que se busca establecer criterios objetivos y verificables para evaluar si la limitación de un derecho se justifica constitucionalmente y si la restricción constituye una forma de afectación de su núcleo esencial que se encuentra prohibida en la Carta. De otro lado. es decir. Así. como lo ha advertido esta Corporación en reiteradas oportunidades. debe adelantarse seria y decididamente porque es un instrumento para controlar excesos legales. pues dependerá de las circunstancias fácticas y jurídicas que se hagan presente en cada asunto. y cuando ello no sea posible. entrar a definir las condiciones de prevalencia temporal del uno sobre el otro. de manera que le compete al legislador y a los operadores jurídicos. el juicio de ponderación conduce a que en un caso concreto se le otorgue primacía jurídica a un principio frente a otro. excede los límites de ejercicio razonable y proporcional del derecho. La sentencia C-740 de 2003. la solución deba ser exactamente la misma. sin que ineludiblemente en todas las hipótesis de conflicto. por el contrario. o si. en dicha situación y dado el mayor peso que se reconoce a los principios en el ordenamiento jurídico.
según el cual corresponde al juez constitucional analizar si la medida restrictiva busca un objetivo constitucionalmente válido. para que dicha restricción sea constitucional. debe ser declarada inconstitucional
Para el análisis de proporcionalidad en estricto sentido se requiere determinar si la medida objeto de control de constitucionalidad no sacrifica valores. si es adecuada y necesaria para lograr la finalidad buscada y si es proporcional stricto sensu. si la medida sometida al control de constitucionalidad es adecuada para conseguir un objetivo constitucionalmente válido. principios o derechos que tengan un mayor peso que el que se pretende garantizar. A su turno. sino que también debe establecerse si la limitación era necesaria y útil para alcanzar tal finalidad. así:
“En relación con el juicio de proporcionalidad que el juez constitucional debe
adelantar sobre este tipo de disposiciones que introducen límites a los derechos fundamentales. el análisis de idoneidad de la medida restrictiva está dirigido a averiguar si aquella es suficientemente apta o adecuada para lograr el fin que se pretende conseguir. Ahora. entonces es desproporcionada y. o si aquella restringe gravemente un derecho fundamental.En tal caso. la jurisprudencia ha definido que la verificación debe recaer no solo sobre el hecho de que la norma logre una finalidad legítima. La Corte explicó la aplicación del principio de proporcionalidad. la jurisprudencia ha explicad que se pueden aplicar diferentes formas de ponderar según la materia de que se trate y la naturaleza de los derechos en conflicto. en consecuencia. Una vez examinados los dos requisitos anteriores. la aplicación del principio de proporcionalidad supone la valoración de los intereses en juego y la
. En otras palabras. el estudio de necesidad busca indagar si “la medida ordenada debe corresponder a la alternativa menos gravosa para el logro del fin buscado dentro del abanico de opciones con un nivel de efectividad probable semejante. desde una perspectiva constitucional. Además. se requiere que sea ponderada o proporcional en sentido estricto. la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. 'Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si. es pertinente averiguar si la medida es proporcional en sentido estricto. por ejemplo. para analizar si la limitación de un derecho que se establece para proteger otro resulta constitucionalmente admisible se ha utilizado el principio de proporcionalidad. Por consiguiente. Así. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr.
pues sólo de esta forma se puede definir. la limitación objeto de estudio no sólo se justifica constitucionalmente porque fue constituida para hacer efectivo el derecho a la propiedad plena del predio que por sus condiciones se encuentra en franca desventaja para su uso o explotación económica. los objetivos que desarrolla el legislador con la regulación de la
.determinación clara de la relevancia constitucional de los bienes jurídicos en tensión. con la referencia a la total incomunicación del predio sirviente como condición necesaria para que la autoridad competente imponga la servidumbre de tránsito se pretende proteger el derecho de dominio del propietario del predio sirviente de la intromisión del Estado y de los particulares en el ámbito de ejercicio de ese derecho. De hecho. por lo que se trata de una intervención del Estado en beneficio de la propiedad privada de quien. es claro que mientras el primer y tercer objetivos de la servidumbre de tránsito se ubican en la dimensión subjetiva del derecho a la propiedad privada que exige al Estado la garantía y protección para su ejercicio. en el caso concreto. busca facilitar la utilización (uso y disfrute) del inmueble que no tiene ningún tipo de comunicación con el camino público. esta Corporación dij que la imposición de este tipo de gravámenes. atendiendo a la prevalencia del interés general y a la función social que se impone a la propiedad privada. Y. De esta forma. el segundo objetivo está relacionado con la dimensión social o colectiva de la propiedad privada. sino porque la adecuada utilización de la tierra representa un asunto de interés social y de utilidad pública. pues la obligación social para el titular del derecho consiste en usar y explotar la tierra para que ésta tenga una trascendencia económica o para su disfrute extrapatrimonial. pues es lógico inferir que un bien que no tiene comunicación con las vías públicas no puede ser adecuadamente explotado o usado. En segundo lugar. en tercer lugar. En consecuencia. de tal forma que se busca que dicho gravamen solamente sea reconocido en situaciones excepcionales y para la defensa del derecho a la propiedad del titular del predio dominante. 17. esa disposición potencia la visión social de la propiedad. con lo que se afecta el interés colectivo que implica la correcta utilización de la tierra. existen restricciones a su ejercicio que se adecuan perfectamente a la Constitución en el Estado Social de Derecho. tanto del titular del predio sirviente como del dominante. en anteriores oportunidades. no suprime la garantía reconocida por la Constitución al derecho de dominio. no tiene la posibilidad de ejercerla en forma plena. para garantizar la eficacia de todos los derechos e intereses protegidos constitucionalmente. el grado de afectación y la forma cómo deben ceder. En el asunto objeto de análisis se tiene que la servidumbre de tránsito para bienes enclavados tiene tres objetivos constitucionalmente válidos. sino que. Por consiguiente. a saber: en primer lugar. por las condiciones propias del predio.
el Estado debe intervenir no como una facultad discrecional de la autoridad competente. la Sala considera que la servidumbre de tránsito. la condición legal de que exista destitución “total” con la vía pública. es también un deber social que se impone. Cuando un bien no puede explotarse adecuadamente. Pero. pues resulta demasiado gravosa para hacer efectiva la función social de la propiedad del titular del fundo dominante. como la falta de comunicación con la vía pública. la protección constitucional a este derecho no sólo implica la defensa del ejercicio de potestades y facultades derivados del mismo (uso. además de lo anterior. según las
. De hecho. sino en forma impositiva para exigir la eficacia de la función social de la propiedad. tal y como está regulada en la norma parcialmente acusada en esta oportunidad. sino del interés social o colectivo que implica la adecuada y correcta explotación de la tierra.servidumbre de tránsito objeto de estudio se ajustan perfectamente al espíritu social de la propiedad privada consagrado en la Constitución de 1991. 19. el uso adecuado del inmueble no es solamente una decisión individual y autónoma del propietario. Un ejemplo claro de esta imposición se encuentra en el artículo 6º de la Ley 200 de 1936. pues. 18. desconoce la función social de la propiedad no sólo desde el punto de vista subjetivo del titular del predio sirviente que no puede ejercer plenamente su derecho. la Sala encuentra que la condición de destitución “total” de comunicación con el camino público para que pueda imponerse la servidumbre de tránsito no es necesaria para garantizar el núcleo esencial del derecho a la propiedad del titular del predio sirviente. no por voluntad del propietario o de los titulares de derechos reales sobre él. pues en casos en los que a pesar de que el predio cuenta con una vía de acceso. En efecto. sino también la vigilancia del efectivo cumplimiento de los deberes y obligaciones a cargo del titular. no lo es que esa intervención sólo resulte obligatoria cuando el inmueble colindante está totalmente incomunicado con la vía principal. De hecho. En tal virtud. usar y gozar del bien. sin que pueda considerarse la idoneidad. En efecto. impide la adecuada explotación del bien. goce y disfrute). no consagra una medida idónea y necesaria para lograr todos los objetivos propuestos. esa no es adecuada ni suficiente para explotar. un predio total o parcial. como se explicó. grado de dificultad o costo de la vía existente. pero gravemente incomunicado es básicamente improductivo y. a pesar de que es pertinente y válido constitucionalmente que el Estado intervenga para facilitar el derecho a usar y disfrutar del bien enclavado. sino por inconvenientes naturales del predio. resulta contrario a la función social de la propiedad privada. según el cual la Nación podría declarar extinguido el derecho de dominio sobre predios rurales que no son explotados. como tal. la exigencia legal relativa a que la servidumbre de tránsito sólo puede imponerse cuando el predio dominante se encuentra totalmente incomunicado con la vía pública. Por el contrario.
la Sala precisa que. desconoce que el derecho a la propiedad supone el derecho-deber jurídico de usar. por dos razones. a pesar de que. como un asunto que rebasa el interés subjetivo y alcanza un interés social. 20. porque. Con mayor razón si el contexto general de la regulación de la servidumbre de tránsito. es claro que los derechos del propietario del predio sirviente no quedan desprotegidos ni se anula su núcleo esencial. Decisiones a tomar 21. en el entendido “de que la servidumbre legal de tránsito consagrada en el artículo 905 del Código Civil no solo (sic) en beneficio de los predios que no tienen acceso alguno a la vía pública. Como se vio en precedencia. En este mismo sentido.voces del artículo 905 del Código Civil. lo cierto es que la garantía de uso. que no sólo impide al funcionario competente valorar el tipo de comunicación que tiene el inmueble enclavado. La primera. la Corte considera que la norma acusada no es proporcional en sentido estricto. Por consiguiente. principios o derechos de mayor peso constitucional. las sentencias interpretativas o condicionadas proceden cuando de la interpretación directa y cierta de la disposición acusada resultan dos o más normas jurídicas. al paso de permitir el uso de una franja de terreno para hacer efectiva la servidumbre de tránsito. logra preservar el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que resulta limitado. sino que impide la imposición de la servidumbre legal. la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. la expresión “toda” del artículo 905 del Código Civil es contraria a la Constitución. una de las cuales resulta ajustada a la Constitución y otra u otras repugnan a ella. este efecto del fallo constitucional sólo puede proferirse
. ya que se estatuye a cargo del beneficiario correspondiente la obligación de pagar indemnización de perjuicios con el objeto de resarcir los daños causados. gozar y disponer el bien. el dueño del predio sirviente tiene derecho a recibir el valor correspondiente más la indemnización de los perjuicios que pudieran causarle. De todas maneras. Entonces. sacrifica valores. como ampliamente lo ha explicado esta Corporación. no acoge la propuesta formulada por la Procuraduría General de la Nación en el sentido de condicionar la exequibilidad de la disposición acusada. como se explicó en esta sentencia. En efecto. sino también a favor de aquellos cuya salida no permiten su explotación adecuada”. porque en aras de proteger el derecho a la propiedad del titular del predio sirviente. indudablemente. disfrute y explotación idónea y adecuada de la tierra. en esta oportunidad no puede aplicarse la regla de prevalencia del interés general sobre el particular. protege derechos y motivos de mayor peso constitucional. que compensa con indemnización los daños causados. por lo que deberá declararse inexequible. En tal contexto.
la Sala declarará su exequibilidad por los cargos analizados en esta sentencia. existiendo sólo una interpretación que se deriva de la norma acusada no procede su condicionamiento sino el retiro del ordenamiento jurídico de la expresión que. pues sencillamente se le daría un sentido a la disposición que ella no consagra. Luego. En consecuencia. sino también por la situación de los derechos en conflicto que deben armonizarse y ponderarse en el caso concreto. unas conformes a la Carta y otras no. se declarará la exequibilidad condicionada de la norma acusada. sin que ello signifique una valoración subjetiva o caprichosa de dicha condición. no sería correcto indicar que la expresión “destituido de toda comunicación” debe entenderse como destituido de algún tipo de comunicación con la vía pública. resulta contraria a la Constitución. pues una sentencia interpretativa no puede hacer decir lo que la norma no dice: su objetivo es limitar la hermenéutica de la norma sólo a aquella o aquellas válidas constitucionalmente. DECISION
III. De esa forma la autoridad competente puede analizar objetiva y racionalmente si la comunicación del predio solicitante es adecuada y suficiente para lograr su explotación. La segunda razón por la que no procede el fallo condicionado.cuando del propio texto normativo se infieren diferentes hermenéuticas. esto es. pues la imposición de servidumbres de tránsito requiere del análisis de las circunstancias concretas que se determinan no sólo por las condiciones de ubicación y explotación de los predios sirviente y dominante. tal y como se explicó en precedencia. En vista de que la ley no puede aislar la existencia de derechos en conflicto y que sólo se ajusta a la Constitución el hecho de que las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir la procedencia de la servidumbre de tránsito los ponderen. deja de lado el análisis de los derechos que se encuentran en conflicto. resulta más adecuado retirar del ordenamiento jurídico la expresión que limita al aplicador jurídico a evaluar la total incomunicación del predio como requisito fundamental para acceder a la servidumbre de tránsito. por su carácter absoluto. está relacionada con la técnica constitucional. en el asunto objeto de estudio. la interpretación directa y literal de la norma impugnada muestra que únicamente puede imponerse la servidumbre de tránsito cuando el predio dominante se encuentra destituido de “toda” comunicación con el camino público. a declarar la inexequibilidad de la expresión “toda” contenida en el artículo 905 del Código Civil. en el entendido que el aplicador jurídico debe ponderar los derechos que existan sobre los predios dominante y sirviente. Por ello. En relación con el resto del artículo 905 del Código Civil. En efecto. a pesar de que la norma acusada se refiere a las condiciones materiales del bien dominante. 22.
notifíquese. comuníquese.
RESUELVE Declarar EXEQUIBLE el artículo 905 del Código Civil. administrando justicia. cúmplase y archívese el expediente. la Corte Constitucional. por los cargos analizados en esta sentencia y en el entendido que se deben ponderar los derechos existentes sobre el predio dominante y sirviente.
RODRIGO ESCOBAR GIL Presidente AUSENTE EN COMISION
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado AUSENTE EN COMISION
. en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.En mérito de lo expuesto. salvo la expresión “toda” que se declara INEXEQUIBLE. Cópiese. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
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