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Timestamp: 2020-08-09 05:14:44+00:00

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04) Rodríguez, G. T. (2012) | Derecho laboral | Salario
Condiciones laborales mínimas
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El salario mínimo como derecho social en México
CAPÍTULO 2 NORMAS INTERNACIONALES SOBRE EL SALARIO MÍNIMO.
2.1 EL SALARIO EN TRATADOS INTERNACIONALES
El objeto de este capítulo es tratar sobre el salario, por lo que es importante señalar algunas conferencias, tratados y convenios internacionales, algunos de los cuales, México ha sido parte signante. En el ámbito internacional, el salario trae un papel destacado en la regulación económica y social de un país o de un Estado. Pero gracias a la lucha tenaz de los trabajadores ha sido posible lograr algunas conquistas, así nos lo muestra la historia mundial del movimiento obrero. Los trabajadores de los Estados Unidos de América, de Francia y de Inglaterra, fueron quienes lucharon por la creación de un órgano internacional que auspiciara la legislación de normas internacionales para los trabajadores de todos los países. En la “Conferencia de Leeds de 1916, los participantes en ella emitieron un voto, en el sentido de que, el futuro tratado de paz debería poner fuera del alcance de la competencia de todos los países un mínimo de garantías de orden moral y material en la organización y ejecución del trabajo”. (Patiño, 2004: 45)
En febrero de 1919, dos conferencias internacionales de trabajadores
Concluyeron redactando la Carta de Berna, antecedente inmediato del Tratado de Versalles. Finalmente, la fuerza de las organizaciones obreras logró que en la sesión plenaria del 25 de enero de la Conferencia de la Paz, designara una Comisión que legislara acerca del trabajo, que fue la que preparó la parte XIII del tratado de paz. La creación de la Sociedad de Naciones, cuya misión seria la preservación de la paz universal, y bajo la presión de las clases trabajadoras nace la Organización Internacional del Trabajo. (Patiño, 2004:98)
En el preámbulo de la parte XIII del Tratado de Versalles, se presentaron tres razones que fundaron el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo.
La sociedad de naciones tiene por objeto la paz universal y puede únicamente basarse en la justicia social; b) existen en el mundo condiciones de trabajo que implican, para gran número de personas, la injusticia y la miseria, situación que pone en peligro la paz y la armonía universales; c) La no adopción por una nación cualquiera de un régimen de trabajo realmente humano, es un obstáculo a los esfuerzos de los pueblos deseosos de mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. (De la Cueva, 2005:26)
La creación de la Organización Internacional del Trabajo, se produjo en una de las últimas sesiones de la conferencia de la paz. Su funcionamiento fue inmediato, su primera conferencia inició las sesiones en la Ciudad de Washington el 29 de octubre de 1919.
La Organización Internacional del Trabajo fue ante todo un medio para la realización de un fin inmediato que es el derecho internacional del trabajo, estatuto que a su vez se convirtió en un medio para un fin más alto: “La justicia social en las relaciones entre el trabajo y el capital” (Trueba, 1980:83). El pensamiento de aquella época fue todavía más lejos; de ahí que se dijera en el preámbulo. El Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919, que la justicia social es la base para la paz universal.
Terminada la Segunda guerra mundial en el año de 1945, lanzó la Organización Internacional del Trabajo un mensaje señalando que
Su función ya no se limitaría a la preparación del derecho internacional del trabajo, sino que sería también de desarrollo de un programa de acción social y de colaboración con todos los gobiernos, a fin de contribuir, en el plano internacional, a la batalla por el mejoramiento de las condiciones de vida de los hombres y por la paz universal de la justicia social. (De la Cueva, 2004:28)
El contenido del Derecho Internacional del Trabajo se compone de dos partes:
“su contenido esencial, constituido por sus principios fundamentales y las normas creadas en los convenios y recomendaciones de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo”. (De Buen, 2005:108)
En este subcapítulo nos ocuparemos de las declaraciones universales de los derechos del trabajo: El Tratado de Versalles, la Carta de las Naciones Unidas,
la Declaración de Filadelfia, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y las Declaraciones de los Pueblos Americanos; la Carta de la Organización de los Estados Americanos y su consecuente Carta internacional Americana de Garantías Sociales, y las resoluciones adoptadas en las Conferencias Panamericanas y en las Conferencias Regionales Americanas organizadas por la Organización Internacional del Trabajo, las cuales se describirán de manera somera enfocadas al salario de los trabajadores, con el fin de tener un mejor conocimiento en el ámbito internacional. Además conocer si existe un mecanismo de protección del salario mínimo de los trabajadores.
1.- La Declaración de Derechos Sociales del Tratado de Versalles: se inicia con un principio general, formulado por vez primera, el que si bien yace en el fondo de nuestra Declaración de 1917, no aparece en ella en forma expresa: “el principio rector del derecho internacional del trabajo consiste en que el trabajo no debe ser considerado como mercancía o artículo de comercio”. (www.derechos.org.hizkor/la/declaración)
2.- La Carta de las Naciones Unidas menciona que: el derecho del trabajo dejó de existir en los regímenes totalitarios, porque no puede darse ahí donde falta la libertad. La segunda guerra, es parte histórica; sirvió para reformar la conciencia de la humanidad en los derechos del hombre y en los del trabajo. En su artículo 55 señalaba: “las Naciones Unidas promoverán niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social”. (www.derechos.org.hizkor/la/declaración)
3.- La Declaración de Filadelfia: En el año de 1944, la Organización Internacional del Trabajo comprendió que era necesario ir más lejos, porque así
lo exigía la conciencia universal y quedó plasmado en su capítulo trece, que señalaba de manera somera lo siguiente:
La conferencia reconoce la obligación de secundar la realización de programas aptos para realizar: a) La plenitud del empleo y la elevación de los niveles de vida; b) El empleo de los trabajadores en ocupaciones que les permitan desarrollar su habilidad y sus conocimientos; c) Una participación equitativa en los frutos del progreso, en materia de salarios y utilidades, de duración del trabajo y un salario mínimo vital para todos aquellos que tengan un empleo, d) El reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; e) La extensión de medidas de seguridad social; f) Una protección adecuada de la vida y de la salud de los trabajadores; g) La protección de la niñez y de la maternidad…(De la Cueva, 2004:32)
4.- La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, para el derecho del trabajo posee una importancia grande, porque en ella se dio a sus principios fundamentales, el mismo rango y la base filosófica y jurídica que corresponde a los tradicionales derechos del hombre, como son: el respeto integral a la dignidad de la persona humana establecidos en sus artículos 20, 22, 23, 24 y 25 y se ocupan concretamente del derecho del trabajo, pero otras disposiciones se relacionan con ellos:
Libertad de reunión y asociación; seguridad social, satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad; derecho al trabajo y a su libre elección; condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo; protección contra el desempleo; salario igual para trabajo igual, sin discriminación alguna; remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador y a la familia una existencia conforme a la dignidad humana, completada, en caso necesario, por cualquiera otros medios de protección social; libertad sindical; derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la limitación razonable de la jornada de trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. (Patiño, 2004:61)
Por su parte, el artículo 25 señala lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
5.- El Derecho Internacional Americano del Trabajo: en 1923, en Santiago de Chile, en la quinta Conferencia Internacional Americana, donde se trató por vez primera un tema de Trabajo, se ratificó el principio de que el trabajo humano no debe considerarse como mercancía o artículo de comercio.
En el año de 1967 se reformó la Carta en el protocolo de Buenos Aires, las normas de 1948 permanecieron intocadas, pero se agregó un párrafo tercero, tan valioso como los anteriores; señalaremos de manera breve la introducción y los tres primeros párrafos del artículo 43 de la Carta, que son los que contienen las normas de trabajo:
Los Estados Miembros, convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios: a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material ya su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica; b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo, como en su vejez, cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. (De la Cueva, 2004: 34)
2.2 CONVENIOS INTERNACIONALES
En el ámbito internacional, la idea de establecer normas laborales mínimas surgió a raíz de la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instancia que en sus inicios se consideró como el foro adecuado donde los tres actores del ámbito laboral (sindicatos, empresarios y gobiernos), acordarían estándares mínimos con el objeto de evitar una competencia desleal basada en las condiciones laborales deficientes. Nuestro país es miembro de la OIT desde
el año de 1931, a partir de esa fecha ha suscrito con esa organización 78 convenios, de los cuales 68 se encuentran vigentes.
La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Fue creada en 1919, y es el único resultado importante que aún perdura del Tratado de Versalles, el cual dio origen a la Sociedad de Naciones; en 1946 se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas.
Nuestro país ha suscrito diversos convenios en la materia de salarios mínimos a partir de la tercera década del siglo pasado, ratificando tales instrumentos en distintas fechas.
Desde sus primeros años de existencia, el centro de la acción de la Organización Internacional del Trabajo ha girado en torno al nivel de los salarios, y la Organización ha luchado constantemente por establecer normas que garanticen y protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo. Según la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1919) "la garantía de un salario vital adecuado" es uno de los objetivos cuya consecución es más urgente. (www.derechos.org.hizkor/la/declaración)
Es evidente que los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y empleadores. Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, es un medio que permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los trabajadores representa el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para adquirir calificaciones y, por último, una fuente de satisfacción por el trabajo realizado. La negociación colectiva en la empresa o en el sector y un diálogo social tripartito en el plano nacional son las mejores vías para determinar el nivel de los salarios y resolver conflictos potenciales. En consecuencia, la coordinación
de las negociaciones salariales es una herramienta importante para controlar la inflación, mantener la competitividad y un nivel de empleo satisfactorio.
Varios instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo abordan el diálogo social, cuando tratan de las remuneraciones y prestan una atención particular al papel de los interlocutores sociales a la hora de fijar el salario mínimo. El Convenio sobre fijación de salarios mínimos 1970 y la Recomendación correspondiente, contemplan una amplia participación de empleadores y trabajadores en la determinación de las categorías de trabajadores que recibirán el salario mínimo, así como el establecimiento, operación y cambio del método conforme al cual se determina tal salario.
Otros instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo abordan la protección del salario, como el Convenio sobre la protección del salario de 1949 y la protección de las reivindicaciones de los trabajadores en caso de quiebra o cesación de actividad del empresario, el Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador de 1992 (número 173) y la Recomendación correspondiente (número 180). Es indudable que la aplicación efectiva de las medidas de protección allí contempladas puede difícilmente concebirse sin la participación de los interlocutores sociales.
La Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo encargó a su comisión de expertos un estudio a los Estados miembros, de los convenios números 26, 99 y 131, así como de las recomendaciones números 30, 189 y 135, documentos todos ellos relativos a los métodos sugeridos por la Organización respecto de la fijación de los salarios mínimos, al igual que la aplicación dada de los referidos métodos hasta el año de 1990.
El resultado no fue lo positivo que se esperaba, porque si se toma en consideración que son más de ciento sesenta los países que forman parte de ella, el número de ratificaciones de
dichos convenios es muy limitado, ya que sólo sesenta y siete naciones han ratificado el convenio número 26; treinta y tres lo han hecho respecto del convenio número 99 y veintitrés del convenio número 135. México ha ratificado los tres convenios, así es que por nuestra parte la aceptación de los mismos ha sido satisfactoria. (Patiño, 2004:56)
Los autores como De la Cueva (2004), Trueba (1980) y Patiño (2004), hacen un amplio análisis del contenido de dichos convenios y recomendaciones, con
objeto de averiguar los motivos por los cuales no ha sido posible a la fecha la
ratificación, o al menos la estimación hecha en contra de las sugerencias y
metas aprobadas. La base que les ha servido para realizar esta investigación sobre el tema ha sido por una parte, la situación general de la legislación sobre
materia, como las prácticas internacionales.
En relación al convenio número 26 para la fijación de salarios mínimos, la conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo lo aprobó el 30 de mayo al 16 de junio de 1928. En el proemio del documento se expresa que:
Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique la Convención, se obliga a establecer o mantener métodos para la fijación de tasas mínimas de los salarios de los trabajadores empleados en industrias o partes de industria (en particular las industrias a domicilio), en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios por medio de contratos colectivos u otro sistema, en las que los salarios sean excepcionalmente bajos.
Tres son los capítulos de mayor aceptación, relacionados con este convenio: 1. Un método fijo para establecer tasas mínimas de salarios; 2. La aplicación de
dicho método con particularidad a la industria, y 3. Los salarios fijados al trabajo
domicilio. En todos los casos son las organizaciones de trabajadores y
empleadores las que señalan las industrias o partes industriales a las cuales ha de aplicarse el método puesto en práctica, en atención al principio de libertad
para decidir, previa consulta, lo más conveniente en cada Estado miembro.
Los métodos sugeridos en estos casos por la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo,
Prevén que sean las organizaciones de patronos y trabajadores las que, de común acuerdo, fijen los salarios mínimos, dejando a la administración pública la función de convocar, orientar y dirigir los trabajos de las reuniones que se tengan para tal objeto. La legislación nacional reglamentará la forma y medida en que unos y otros participen, para cuidar que sea igual el número de representantes de cada parte y mantener en el mismo plano de igualdad a ambos sectores. Desarrollada la discusión que proceda, trabajadores y empleadores quedan obligados a respetar los salarios fijados, con la advertencia de que bajo ningún concepto podrán rebajarse las tasas convenidas. A la autoridad corresponderá vigilar que esto no suceda y se cumpla con las determinaciones aprobadas. (http://www.ilo.org/ilolex/spanish/recdisp1.htm)
Cada miembro que ha ratificado el convenio, “ha realizado una encuesta previa en la industria o industrias incorporadas, antes de tomar cualquier decisión, con el fin de evitar que surjan oposiciones frente a tasas excesivamente bajas que no compensen las exigencias y necesidades mínimas de cada colectividad”. (Patiño, 2004:57)
Sin menoscabo de la libertad que a cada Estado “corresponde para determinar las industrias o partes de industria a las cuales deba aplicarse un determinado método para fijar los salarios mínimos, varios de ellos han llevado a cabo una minuciosa investigación de las opiniones formuladas por los sectores para conocer las ventajas o desventajas del método adoptado”.
(http://www.ilo.org/ilolex/spanish/recdisp1.htm)
La investigación ha permitido conocer que a los representantes obrero- patronales se les ha dado plena autoridad para fijar las tasas, resultando alentador. El hecho, de que éstos hayan aceptado a su vez, la opinión de una o varias personas e instituciones independientes como facilitadoras, cuyos conocimientos o experiencias faciliten los acuerdos a los que se llegue. De la misma manera hemos encontrado que la autoridad, “ha invitado a la totalidad de las organizaciones obrero-patronales existentes en cada país, al igual que a
los sectores independientes, a tener participación en las convenciones respectivas, con lo cual ha sido posible obtener la garantía de una completa
imparcialidad en la actuación de las representaciones”. (Patiño, 2004:59)
Por su parte, el convenio número 95 del 8 de junio de 1949 que trata sobre la protección del salario, en sus artículos menciona lo siguiente:
los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o
ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.
El presente Convenio se aplica a todas las personas a quienes se pague o deba
pagarse un salario.
Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda
de curso legal, y deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier
otra forma que se considere representativa de la moneda de curso legal.
Art. 4 fracción 2
En los casos en que se autorice el pago parcial del salario con prestaciones en especie,
se deberán tomar medidas pertinentes para garantizar que:
a) las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su
familia, y redunden en beneficio de los mismos;
el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razonable.
Artículo 5 El salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado, a menos que la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral establezcan otra forma de pago, o que el trabajador interesado acepte un procedimiento diferente.
Respecto al artículo 1 de este convenio, se puede decir que la connotación que se le da al salario difiere en parte con la que le da el legislador mexicano en la Ley Federal del Trabajo, que no la considera como garantía sino como una retribución que el patrón debe pagar al trabajador por su trabajo.
En cuanto a que el contrato puede ser escrito o verbal, no hay diferencia sustancial.
En relación con los artículos 2 y 3 del convenio en análisis, nos parecen similares a lo dispuesto por la Ley Federal del trabajo en el capítulo VII, que se refiere a las normas protectoras del salario; incluso nos parecen más completas éstas últimas.
En torno al artículo 4 fracción 2 de dicho convenio, regula similares disposiciones; en el artículo 102 de la Ley Federal del Trabajo mexicano está establecido: “en las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario…”. El inciso b) del convenio determina que las prestaciones sean justas y razonables.
Por último, lo tocante al artículo 5 del convenio tantas veces citado, que regula que el salario debe pagarse directamente al trabajador, salvo que la legislación nacional o un contrato colectivo o un laudo dispongan otra manera, incluso que el trabajador acepte otra forma; la Ley Federal del Trabajo mexicana es más precisa, en tales aspectos opuestos. Esta estatuye que de no percibirse directamente el salario por el trabajador, sólo lo podrá hacer mediante una carta poder, firmada por el trabajador, y dos testigos. Como podrá concluirse, por disposiciones legales no paramos, sino porque las mismas no se cumplen.
Otro de los documentos de carácter internacional, impuesto a los estados miembros de la OIT, fue el convenio 131 del 3 de junio de 1970, para la fijación de los salarios mínimos; con especial referencia a los países en vías de desarrollo, que en sus tres primeros artículos establece lo siguiente:
Todo Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique este
Convenio se obliga a establecer un sistema de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la aplicación del sistema.
La autoridad competente de cada país determinará los grupos de asalariados a los
empleadores y de trabajadores interesadas o después de haberlas consultado exhaustivamente, siempre que dichas organizaciones existan.
Artículo 2 1. Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse y la persona o personas que no los apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de carácter penal o de otra naturaleza.
Artículo 3 Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los
salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes:
La necesidad de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de
salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel
de vida relativo de otros grupos sociales;
los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los
niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. (http://www.ilo.org/ilolex/spanish/recdisp1.htm)
De los artículos transcritos siguiente:
convenio 131 de la OIT, se puede decir lo
Del apartado 1, en el artículo 1, puede afirmarse, que fue ratificado por el gobierno mexicano por ser miembro de la OIT. Por tanto, quedó obligado a aplicar el sistema salarial dispuesto por dicha organización.
Del apartado 2 del anterior artículo 1, cabe decir que en México la autoridad competente es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, es importante aclarar que, como cada año se aprueban los salarios mínimos, por ley intervienen tres instituciones: Los patrones, los representantes sindicales y funcionarios del gobierno, sólo que, desde nuestro punto de vista, los
representantes de los trabajadores y el propio gobierno, están para favorecer los intereses de los patrones y no de los trabajadores.
Del apartado 1 del artículo 2 se puede comentar que su mandato es muy importante; tanto que en 1988, los legisladores mexicanos, aprobaron el artículo 1004 de la actual Ley Federal del Trabajo, que dispone que los patrones que entreguen menos del salario mínimo general o presenten comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente hayan entregado o pagado, serán castigados con privación de la libertad que van desde los seis meses hasta cuatro años de prisión y multa hasta 200 veces el salario mínimo general.
Del artículo 3 de la ley en análisis es de destacar el inciso a) que tiene íntima relación con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo que dispone que el “salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo”.
En suma, el artículo 3 dispone que para fijar el salario se encuentra su homologación, aún más avanzada, en los artículos 123 Constitucional fracción VI y los artículos 83 y 84 de la Ley Federal del trabajo, ya comentados
Este convenio número 131, se les destinó a los países en vías de desarrollo, por guardar los asalariados especiales condiciones de empleo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución de la OIT, los Estados miembros pueden adoptar las clasificaciones que estimen pertinentes con el fin de fijar, para ciertos grupos de trabajadores, salarios mínimos también especiales, con apoyo en las siguientes reglas:
Ningún salario que “se aplique en cualquier categoría podrá ser inferior al salario mínimo general aprobado en trabajos ordinarios. Cumpliéndose este requisito las tasas que se convengan entre trabajadores y empleadores tendrán fuerza de ley. Se otorgará plena libertad de negociación colectiva a las partes”.
(http://www.ilo.org/ilolex/spanish/recdisp1.htm.)
Los salarios que se convengan
no tendrán carácter extraordinario porque, en primer lugar, deberán atender a situaciones específicas de realización del trabajo; en segundo término, corresponderán a factores económicos incluidos en los requerimientos de desarrollo y de productividad de la especialidad; y en tercer lugar, al ser distintas las necesidades de algún grupo de trabajadores debido a la naturaleza de sus ocupaciones, las tasas de salarios habrán de ser congruentes con estas circunstancias y, por lo mismo, los salarios mínimos podrán fijarse con algunas variantes. (Patiño, 2004:54)
Las agrupaciones de trabajadores de una especialidad podrán ajustar sus convenciones colectivas a las exigencias particulares de los oficios a desempeñar, por lo cual disfrutarán de absoluta libertad para llevar al cabo las variaciones y modificaciones estimadas pertinentes.
Los mecanismos propuestos por la Organización Internacional del Trabajo para la fijación de este tipo de salario mínimo, aun cuando pueden revestir variados métodos de presentación, ya que:
Han tenido escasa aceptación por parte de los Estados a quienes ha sido destinada la convención. A pesar de que se permite que en la legislación nacional se incluyan disposiciones adecuadas a las prácticas en vigor; y de que se otorgue a la autoridad del trabajo plena competencia decisoria para implantar el método apropiado; en la información recabada por los expertos se ha argumentado por dicha autoridad que el costo de la vida y sus variaciones, el monto de las prestaciones de seguridad social y factores determinantes de desarrollo económico y productividad alcanzados por cada país, impiden ajustarse a las reglas sugeridas para fijar salarios ajustados a determinadas situaciones legales. Lo único que se ha aceptado, según lo expresan los autores, es facultar a los tribunales del trabajo para analizar la imposición de medidas que confieran fuerza de ley a determinadas relaciones laborales. (Patiño, 2004: 68)
2.3 RECOMENDACIONES 85 Y 135 SIGNADAS POR MÉXICO ANTE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) EN MATERIA DE FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS.
Dentro de este subcapítulo trataremos de manera breve las recomendaciones 85 y 135 que México firmó ante la Organización Internacional del Trabajo en materia de fijación de los salarios mínimos.
Las recomendaciones son “sugerencias que se dirigen a los Estados para que, de ser aceptadas, se formule un proyecto de ley”. (De Buen, 2004:439)
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección del salario, la Convención de la OTI adopta, con fecha primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, la siguiente recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación número 85 sobre la protección del salario de 1949.
La Convención recomienda a los Miembros que apliquen las disposiciones sugeridas, tan pronto como lo permitan las condiciones nacionales, y que informen a la Oficina Internacional del Trabajo, conforme lo solicite el Consejo de Administración, sobre todas las medidas dictadas para ponerlas en práctica.
A continuación se describe lo que señala la recomendación número 85 de 1949:
1. Deberían adoptarse todas las disposiciones pertinentes a fin de limitar los descuentos de los salarios, en la medida que se considere necesaria para garantizar la manutención del trabajador y de su familia. 6. La información sobre las condiciones de los salarios que deba ponerse en conocimiento de los trabajadores debería contener, si ello fuere necesario, los pormenores siguientes:
b) El método para calcular los salarios;
c) La periodicidad de los pagos; ((http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?)
El 3 de junio de 1970, en su quincuagésima cuarta reunión, la OIT determinó los factores adicionales relativos a la fijación de salarios mínimos, y en especial,
el interés que tiene la adopción de criterios que hagan de los sistemas de salarios mínimos, tanto un instrumento eficaz de protección social como un elemento de la política de desarrollo económico y social.
Considerando que la fijación de salarios mínimos en modo alguno debería entrañar perjuicio para el ejercicio y desarrollo de la libre negociación colectiva, como medio para fijar sueldos y salarios más altos que los mínimos; después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los mecanismos para la fijación de salarios mínimos y problemas conexos, con especial referencia a los países en vías de desarrollo, sus objetivos son los siguientes:
El objetivo fundamental de la fijación de salarios mínimos debería ser proporcionar a
los asalariados la necesaria protección social respecto de los niveles mínimos
permisibles de salarios.
Para la determinación del nivel de los salarios mínimos se deberían tener en cuenta,
en particular, los siguientes criterios:
a) Las necesidades de los trabajadores y de sus familias;
b) El nivel general de salarios en el país;
c) El costo de la vida y sus variaciones;
d) Las prestaciones de seguridad social;
e) El nivel de vida relativo de otros grupos sociales;
f) Los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, la
productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.
III. Campo de Aplicación del Sistema de Fijación de Salarios Mínimos
El sistema de salarios mínimos puede aplicarse a los trabajadores comprendidos en
virtud del artículo 1 del Convenio, sea fijando un solo salario mínimo de aplicación
general o estableciendo una serie de salarios mínimos aplicables a grupos particulares de trabajadores.
2) Un sistema basado en un solo salario mínimo:
a) No es necesariamente incompatible con la fijación de diferentes tarifas de salarios
mínimos en distintas regiones o zonas que permita tomar en cuenta las diferencias en el costo de la vida;
IV. Mecanismos para la Fijación de Salarios Mínimos
Los mecanismos para la fijación de salarios mínimos previstos en el artículo 4 del
Convenio pueden revestir formas variadas, como la fijación de salarios mínimos
b) Decisiones de la autoridad competente, ya contengan o no una disposición formal
para que se tomen en cuenta las recomendaciones de otros organismos;
Decisiones de consejos o juntas de salarios;
Decisiones de tribunales de trabajo u otros análogos;
Medidas que confieran fuerza de ley a las disposiciones de los contratos colectivos.
La consulta prevista en el párrafo 2 del artículo 4 del Convenio debería versar, en
especial, sobre las siguientes cuestiones:
La selección y aplicación de los criterios para la determinación del nivel de salarios
b) La tarifa o tarifas de los salarios mínimos que deben fijarse;
c) Los ajustes que de tiempo en tiempo se introduzcan en la tarifa o tarifas de los
salarios mínimos;
d) Los problemas que plantee la aplicación de la legislación sobre salarios mínimos;
e) La compilación de datos y la realización de estudios destinados a la información de
las autoridades encargadas de la fijación de salarios mínimos.
En los países en que se hayan creado organismos para asesorar a la autoridad
competente sobre cuestiones de salarios mínimos o en que el gobierno les haya delegado la responsabilidad de adoptar decisiones. (http://www.ilo.org/ilolex/cgi-
lex/convds.pl?R135)
Con los puntos anteriores, cerramos este subcapítulo y a continuación veremos, qué postulados o principios encierra el siguiente pacto internacional del que México forma parte.
3.4 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
En consideración a la importancia que se les ha dado a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en las dos últimas décadas, y puesto que esta investigación tiene íntima relación con tales derechos, se justifica apoyarse en los principios que den cohesión a este trabajo.
Una vez adoptada la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, las Naciones Unidas iniciaron un proceso de adopción de instrumentos
internacionales sobre el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que entró en vigor en 1976 y que México ratificó el 12 de mayo de 1981, casi diez años después de su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, marcó un hito en el desarrollo del sistema internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un instrumento jurídico Internacional. Esto significa que cuando el Estado ratifica o se adhiere a él, se compromete a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian.
Igualmente los Estados partes adquieren la obligación de presentar informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el plazo de dos años, a contar desde la entrada en vigor del Pacto, y de ahí en adelante cada cinco años indicando las medidas judiciales, legislativas y de política adoptadas, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el goce de los derechos reconocidos en el pacto.
Los derechos enunciados en el Pacto incluyen: derecho al trabajo (artículo 6); derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7); derechos a fundar y afiliarse a sindicatos (artículo 8); derecho a la seguridad social y al seguro social (artículo 9); protección y asistencia a la familia (artículo 10), derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11), derecho al más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12), derecho a la educación (artículo 13 y 14), y derecho a la cultura y a gozar de los beneficios del progreso científico.
Por otra parte los Derechos Económicos Sociales y Culturales son un “conjunto de prerrogativas que posibilitan a la persona, a sus familias y a las
comunidades de personas, gozar de un nivel de vida adecuado”. (Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Sociales, Económicos,
Sociales y Culturales sobre los países de Amerita Latina y el Caribe 1980-2004)
El término adecuado implica el respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones, es decir, el respeto a la diversidad cultural, geográfica, de medio ambiente, social, política y económica. Esto quiere decir que en cada región del mundo existen condiciones diferentes conforme a las cuales el nivel de vida adecuado es definido con sus propias características.
Los Derechos Económicos Sociales y Culturales, son de carácter proactivo por parte del Estado. El derecho al trabajo, a la vivienda, a la seguridad social, a la alimentación, a la salud, a la protección de la familia, a la libre determinación de los pueblos, a la no discriminación, a un medio ambiente sano y al respeto de la cultura, “requieren del Estado una participación activa para promoverlos, protegerlos y garantizarlos de acuerdo a las condiciones y capacidades de cada país”. (Barreiro, S/F: 26)
Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (sucesivamente DESC), como todos los derechos humanos, han sido reconocidos a través de diferentes luchas reivindicativas a lo largo de la historia. Su reconocimiento social y formal ha sido gracias a las luchas obreras y campesinas, de los grupos marginados y de los colectivos discriminados de las diferentes sociedades. Las luchas obreras del siglo XIX, la Revolución Mexicana (1910), la Revolución Rusa (1917), la creación de organismos internacionales de protección de los derechos laborales como la Organización Internacional del Trabajo (1919) y sus diferentes convenios y la segunda guerra mundial (1945), son antecedentes inmediatos a este reconocimiento.
Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (sucesivamente PIDESC), implica para un Estado Parte atender una serie de
obligaciones jurídicas que garanticen su cumplimiento en la Nación correspondiente. La ratificación de México del PIDESC se publicó el 12 de mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, convirtiéndose en Ley Suprema de la Nación, según el artículo 133 de nuestra Carta Magna.
Dentro del PIDESC se menciona el carácter progresivo de los DESC. Es decir cada uno de los Estados se compromete a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento, a nivel interno y de cooperación internacional, de acuerdo a sus posibilidades técnicas y económicas.
El artículo 2 del PIDESC señala “… hasta el máximo de recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados…. la plena efectividad de los derechos”. Esto se refiere tanto a la adopción de medidas legislativas que los garanticen, hasta la disposición de recursos económicos, cooperación y asistencia internacionales.
Las disposiciones de este artículo nos dan las características de la medición de su cumplimiento. “hasta el máximo de recursos que disponga se refiere tanto a los recursos existentes dentro de un Estado de acuerdo a su desarrollo económico, como a los recursos disponibles de la cooperación internacional en materia de asistencia técnica y económica para el desarrollo”. (Carbonell,
2005:829)
Tener recursos escasos o limitados no libera a los Estados de su obligación, de asegurar el goce de todos los derechos “para lograr progresivamente” la efectividad de los mismos. “El Estado está obligado a demostrar la progresividad de la garantía en términos cualitativos y cuantitativos, es decir, lograr índices que demuestren de manera incremental la cobertura de los
servicios, infraestructura, equipamiento y calidad a que se refiera cada uno de los DESC.” (Carbonell, 2004:497)
Sin embargo, los Estados Parte que han firmado el PIDESC tienen la obligación de rendir cuentas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, cada cinco años. “Los Estados Parte rinden un informe sobre la situación que guardan los derechos en sus países y tienen la obligación de acatar las recomendaciones que el Comité haga sobre los mismos”. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)
Por su parte la Declaración de Quito sobre la exigibilidad y realización de los DESC en América Latina, en su párrafo 19 define:
“La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en que un estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser materia de escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta tarea como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía”. (http://www.derechos.org/nizkor/la/declaraciones/quito.html)
Existen algunos mecanismos regionales e internacionales de protección de los DESC que contribuyen a hacer cumplir las obligaciones en el ámbito nacional y que contemplan la participación de la sociedad civil. Por ejemplo, “el PIDESC, cuenta con el ya mencionado CDESC que fue el primer órgano creado mediante un tratado que proporcionó a las organizaciones no gubernamentales la oportunidad de presentar declaraciones por escrito y oralmente sobre
cuestiones relativas al disfrute o no disfrute de los derechos enunciados en el Pacto en un país concreto”. (Carbonell, 2005:405)
elaboración de un Informe Alternativo por parte de los organismos civiles es
una herramienta de exigibilidad social y política muy importante, ya que al presentarlos y cabildearlos ante el Comité pueden influir en las observaciones finales que este órgano dirige a cada Estado Parte del Pacto, en particular sus motivos de preocupación y recomendaciones específicas.
Por otro lado se encuentran los procesos de justiciabilidad, es decir, los procesos de defensa jurídica de los derechos violados por el estado frente a tribunales o instancias adecuadas. Este proceso puede implicar la utilización de las diferentes instancias del Sistema de las Naciones Unidas para efectos de hacer justicia respecto a las violaciones a los derechos humanos. La utilización
la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional para
el caso de los genocidios, es un ejemplo de que este sistema ya está puesto en
Sin embargo, es importante mencionar que toda acción en materia de exigibilidad de los DESC implica la conformación de un sujeto, individual o colectivo, capaz de exigir sus derechos frente a las instancias del Estado que correspondan. “Las violaciones a los DESC tienen múltiples manifestaciones y
por tanto múltiples dimensiones a ser atendidas por un sujeto de exigibilidad. Además, también es importante el proceso de documentación de las violaciones
los DESC de que se trate, para poder explorar los mecanismos de justiciabilidad que sean viables a nivel interno de cada país”. (www.derecho.org/hizkol/ la/declaración/quito/html)
Los procesos de justiciabilidad implican además dar fuerza a las instituciones del Estado para reparar los daños provocados por una violación específica. “No
obstante que en la mayoría de los Estados los sistemas judiciales no están diseñados para hacer justicia frente a comisiones u omisiones del Estado en materia de los DESCA; los procesos de exigibilidad pueden contemplar cambios en la legislación o en las políticas públicas específicas”. (Carbonell, 2005:832)
Si bien tradicionalmente las organizaciones de derechos humanos se ocuparon de los derechos civiles y políticos, en los últimos años ha cobrado fuerza la idea de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Se considera entonces que si no se garantizan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Derechos Civiles y Políticos no podrán ser Respetados ni protegidos.
Sin embargo, aun “no se han implementado mecanismos efectivos de exigibilidad y justiciabilidad”. (Carbonell, 2005:834). Esto constituye una de las principales demandas de la sociedad civil: la adopción, por parte de la Asamblea General de la ONU, de un protocolo facultativo al PIDESC.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del cual, como se dijo anteriormente, México es firmante, pero durante los años en los que ha sido parte los gobiernos federales han ignorado la petición que en cuatro ocasiones ha emitido este tratado, en el periodo estudiado de 1988 al 2006, en donde se le pide a México que no siga “deteriorando el poder adquisitivo del salario mínimo”. (Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe 1989-2004, 2004: 180), ya que el salario es considerado un derecho humano por el PIDESC, el “cual debe garantizar una remuneración que proporcione
como mínimo a todos los trabajadores un ingreso equitativo y por igual trabajo igual valor, sin distinciones de ninguna especie…condiciones de existencia
dignas para ellos y sus familias”. (Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe 1989-2004, 2004: 198)
Las recomendaciones que ha hecho el PIDESC a México en materia salarial tema de esta investigación, fue en 1993 cuando el salario era de 13 pesos y el salario real equivalía a 50.2 pesos, el Comité del Pacto señaló “su preocupación por la disminución del poder adquisitivo, pues el ingreso era insuficiente para que las personas vivieran por encima de la pobreza“. (Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe 1989-2004, 2004: 1201)
En 1999, el Comité lamentó que “a pesar del positivo crecimiento de los indicadores macroeconómicos en México, especialmente la marcada baja del nivel de la inflación, la CONASAMI no haya ajustado al alza el salario mínimo” (Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe 1989-2004, 2004: 211), por lo que volvió a pedir esfuerzos para recuperar el poder adquisitivo.
De nueva cuenta, en mayo de 2003, el Comité de la ONU reiteró su preocupación por los bajos ingresos y recomendó al gobierno federal “velar para que los salarios fijados por la CONASAMI, aseguren a todos los trabajadores y empleados, las condiciones de vida digna”. (Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe 1989-2004, 2004: 234)
Para 2004 se le recomendó al gobierno federal modificar la política salarial liberando la fijación de los salarios mínimos, “las negociaciones entre
empleadores y trabajadores, con el fin de que se determinen por empresa o rama, partiendo de la evolución de la productividad y el resarcimiento del deterioro histórico observado en los salarios. Para esto las autoridades económicas y financieras deberán dejar de intervenir en la determinación del ingreso mínimo” (Compilación de observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe 1989-2004, 2004: 223), la ONU señala que en México se debe restituir el derecho humano a un salario digno y suficiente.
Lo señalado por el PDESC refuerza la justificación de este trabajo de investigación, al señalar que el salario mínimo en los periodos de 1980 al 2005 no satisfacen las necesidades materiales, culturales y de educación, de un jefe de familia en México.
De lo explorado en este capítulo se desprende que:
a) Desde la segunda década del siglo pasado, en 1919, los Estados participaron por crear una organización que protegiera el trabajo y a los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo fue resultado de tan importante reflexión.
b) Al finalizar la segunda guerra mundial, la Organización Internacional del Trabajo siguió su labor a favor de los trabajadores y se comprometió a impulsar un programa de acción social y de colaboración con los gobiernos para lograr la paz y el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos.
c) Aunada a los anteriores documentos, que establecen normas y programas
distribución de la riqueza y acceso a mejores niveles de vida,
encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala que los salarios mínimos son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas (alimentación, educación, recreación).
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References: artículo 55
 artículo 25
 artículo 43

Artículo 5
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 102
 artículo 5

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1004
 artículo 3
 artículo 84
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 133
 artículo 2