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Timestamp: 2014-10-02 10:41:09+00:00

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Document - Iran: End Executions by Stoning | Amnesty International
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[Fecha de embargo: 15 de enero de 2008]
Irán Detener las ejecuciones por lapidación
Irán: Detener las ejecuciones por lapidación
11. Introducción	�
32. Cómo se imponen las penas de muerte por lapidación	�
3Legislación iraní	�
5Juicios injustos	�
8Impacto desproporcionado sobre las mujeres	�
93. Ejecuciones por lapidación	�
114. En espera de su ejecución	�
145. Indulto y suspensión de penas gracias a la campaña	�
15Activistas en el punto de mira	�
166. Recomendaciones	�
18APÉNDICE 1: Campaña contra la lapidación Asieh Amini	�
22APÉNDICE 2: El delito de adulterio en el Código Penal iraní	�
28APÉNDICE 3: Ritual de la pena de lapidación en Irán	�
Estoy lista para ir a la horca, pero no deben lapidarme. A una la estrangulan y muere, pero es muy difícil soportar que te arrojen piedras a la cabeza.
Khayrieh, una de las diversas mujeres que están encarceladas en Irán esperando a ser ejecutadas por lapidación�
Ja’far Kiani murió lapidado el 5 de julio de 2007 en el pueblo de Aghche-kand, cerca de la ciudad de Takestan, en la provincia de Qazvin.� Había sido declarado culpable de cometer adulterio con Mokarrameh Ebrahimi, con la que había tenido dos hijos y que fue también condenada a muerte por lapidación. La lapidación se llevó a cabo a pesar de la suspensión de la ejecución ordenada en su caso y desafiando la suspensión de las lapidaciones que, según los informes, había ordenado el presidente de la Magistratura en 2002. Ésta fue la primera lapidación confirmada oficialmente desde el inicio de la suspensión,� aunque se sabe que una mujer y un hombre murieron lapidados en Mashhad en mayo de 2006.� Se teme que Mokarrameh Ebrahimi corra la misma suerte.� En la actualidad se encuentra recluida en la prisión de Choubin, en la provincia de Qazvin, al parecer con uno de sus dos hijos.�
La ejecución por lapidación, castigo prescrito en el Código Penal de la República Islámica de Irán, es una práctica particularmente grotesca y atroz. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia y cree que la lapidación es un método de ejecución diseñado específicamente para aumentar el sufrimiento de las víctimas. La legislación iraní establece que se deben elegir piedras suficientemente grandes como para causar dolor pero no tanto como para matar a la víctima inmediatamente. Es un castigo que se impone específicamente a los hombres y mujeres que cometen adulterio, acto que ni siquiera es delito en la mayoría de los países del mundo, y la mayor parte de las personas condenadas a muerte por lapidación son mujeres. Aunque Amnistía Internacional reconoce el derecho de los gobiernos a llevar ante la justicia a las personas que cometen delitos, se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerar que constituye una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana o degradante. La organización no adopta ninguna postura en relación con los valores culturales, religiosos o políticos que subyazcan a un sistema legal en concreto, pero insiste en que las leyes y los procedimientos judiciales se ajusten a las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas y en que los gobiernos cumplan las obligaciones que han contraído en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional. Dado que Irán es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el gobierno está obligado legalmente a observar las disposiciones de este tratado y a garantizar que se reflejan plenamente en las leyes y prácticas nacionales en relación con los derechos humanos. La muerte por lapidación viola los artículos 6 (derecho a la vida) y 7 (prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) del PIDCP.
Las salvaguardias de la ONU para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte exhortan a que sólo sean punibles con la muerte los delitos más graves.� Lo que esto significa ha sido aclarado en varias resoluciones de la ONU, incluida la Resolución 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos, que pide a los Estados que garanticen que la noción de “los más graves delitos” se limite a los delitos intencionales con consecuencias fatales o extremadamente graves. También afirma que la pena de muerte no debe imponerse por actos no violentos, como las relaciones sexuales entre adultos mantenidas de mutuo acuerdo, ni debe ser una condena obligatoria. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha insistido en que “la pena de muerte debe constituir una medida sumamente excepcional”.�
Aún cuando la aplicación de la pena de muerte se limite a delitos excepcionalmente graves, los órganos internacionales de derechos humanos han afirmado con claridad que la ejecución no debe llevarse a cabo mediante lapidación.� A pesar de ello, en Irán se sigue ejecutando a mujeres y hombres por mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo, y el país tiene uno de los índices de ejecuciones más elevados del mundo. A finales de octubre, Amnistía Internacional había registrado más de 250 ejecuciones desde comienzos de 2007, cifra muy superior a las 177 registradas en 2006.
El 1 de octubre de 2006, un grupo de defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la abogacía y del periodismo iraníes, encabezados por la abogada Shadi Sadr y la periodista Asieh Amini, cuyos artículos sobre las lapidaciones originaron la iniciativa, lanzaron la campaña “Detengan las lapidaciones para siempre” con el fin de abolir la lapidación en la ley y en la práctica. Entre los impulsores de esta campaña en Irán se encuentra Mahboubeh Abbasgholizadeh. Estas personas decidieron actuar después de unas lapidaciones que, según se informó, habían tenido lugar en Mashhad en mayo de ese mismo año y a raíz de una carta que se había enviado en junio de 2006 a una mujer presa, Ashraf Kalhori, para informarle de que iba a ser lapidada dentro de 15 días (véase el capítulo 4). El 10 de octubre de 2006, cuarto Día Mundial contra la Pena de Muerte, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, expresó el apoyo de la organización a la campaña y a sus organizadores e instó públicamente a las autoridades iraníes a abolir de inmediato la lapidación. Desde que comenzó la campaña, cinco personas se han salvado de morir lapidadas (véase el capítulo 5). Otras han obtenido la suspensión de sus ejecuciones, y algunos casos están siendo revisados o juzgados nuevamente. Se sabe que nueve mujeres y dos hombres están condenados a muerte por lapidación (véase el capítulo 4). Sin embargo, las autoridades han reprimido la campaña, y las personas que la apoyan han sufrido acoso e intimidación. Amnistía Internacional insta al gobierno iraní a abolir totalmente y de inmediato las ejecuciones por lapidación y a decretar la suspensión de todas las ejecuciones hasta la derogación o reforma del Código Penal. Todas las condenas a muerte por lapidación pendientes deben conmutarse.
Amnistía Internacional se opone también a la penalización de las relaciones sexuales entre adultos mantenidas de mutuo acuerdo y en privado, e insta a las autoridades iraníes a que revisen todas las leyes pertinentes para ponerle fin. 2. Cómo se imponen las penas de muerte por lapidación Legislación iraní
El Código Penal iraní distingue cinco tipos de delito. Entre ellos se encuentran los hudud (delitos contra la voluntad divina, para los cuales es la ley islámica la que prescribe la pena correspondiente, que no puede ser modificada) y los ta’zir (delitos que conllevan castigos facultativos aplicados por el Estado y que no derivan de la ley islámica). La pena de muerte se aplica a algunos delitos de ambos tipos.� El artículo 83 prescribe la ejecución por lapidación por el delito hudud de adulterio. En virtud de la legislación iraní, el adulterio sólo puede probarse mediante el testimonio de testigos presenciales (el número exigido varía según los diferentes tipos de adulterio), una confesión de la persona enjuiciada (repetida cuatro veces) o el “conocimiento” del juez de que se ha producido el adulterio.�
El Código Penal iraní es muy concreto sobre la forma en que se llevará a cabo la ejecución y los tipos de piedras que deben emplearse. El artículo 102 establece que, para la ejecución por lapidación, los varones serán enterrados hasta la cintura y las mujeres hasta el pecho. El artículo 104 establece, en relación con la pena por adulterio, que las piedras empleadas no deberán ser “tan grandes como para matar a la persona de una o dos pedradas, ni tan pequeñas que no puedan calificarse de piedras”. Esto deja bien claro que el propósito de la lapidación es infligir un gran dolor y una muerte lenta. Según los informes, en diciembre de 2002, el ayatolá Shahroudi, presidente de la Magistratura, envió una resolución a los jueces en la que ordenaba la suspensión de las ejecuciones por lapidación y el empleo de penas alternativas en su lugar. Sin embargo, la disposición legal sobre ejecución por lapidación sigue en vigor, y en septiembre de 2003 se aprobó una ley que regulaba la aplicación de ciertos tipos de condenas, entre ellas la lapidación. El 21 de noviembre de 2006, el entonces ministro de Justicia, Jamal Karimi-Rad, negó que se estuvieran realizando lapidaciones en Irán, declaración que repitió el director del sistema penitenciario de Teherán el 8 de diciembre de 2006. No obstante, hay pruebas convincentes de que esto no es cierto. Por otro lado, existen indicios de que en el seno de los estamentos religioso y judicial iraní están teniendo lugar debates acerca de la eliminación de la pena de lapidación del Código Penal. Destacados clérigos chiíes han declarado que la lapidación no debería aplicarse en un Irán moderno. El gran ayatolá Montazeri,� por ejemplo, ha manifestado que el adulterio es un delito muy difícil de probar con arreglo a la ley islámica, ya que debe haber sido presenciado por cuatro personas, condición casi imposible de cumplir. También ha declarado que si alguien se confiesa culpable de adulterio y después retira su confesión, la pena se debe conmutar y que si la aplicación de una condena de lapidación perjudica la reputación del islam, no debe llevarse a cabo.� El gran ayatolá Sane’i emitió una fetua en 2007 en la que afirmaba que no deben llevarse a cabo lapidaciones ni amputaciones durante la ocultación del duodécimo imán (ghaybat).�
Sin embargo, el debate está sólo en sus comienzos. En septiembre de 2007, el secretario general del Departamento de Derechos Humanos de Irán (Setad-e Hoquq-e Bashar) y vicepresidente de la Magistratura, Mohammad Javad Larijani, declaró que “la lapidación no constituye tortura ni es un castigo anacrónico” y que es menos severa que otros tipos de ejecución “porque en la lapidación el acusado tiene una posibilidad de sobrevivir”. Sin embargo, añadió que en la práctica ya no se producen lapidaciones en Irán y que el caso de Takestan (véase supra) se había debido a un error del juez.� En una entrevista anterior, realizada en julio de 2007, tras la lapidación de Ja’far Kiani, había afirmado: “En relación con los derechos humanos, hemos firmado unos cuatro documentos importantes y ninguno está en contra de la lapidación. Los occidentales se oponen a las condenas de lapidación basándose en sus interpretaciones acerca de estas leyes y su contenido”. En julio de 2007, expiró la aprobación provisional del Código Penal por parte del Majles (Parlamento). En un principio, éste se negó a renovarla debido a que un gran número de diputados consideraba que debía presentarse una versión final para su estudio. Se cree que, después de algunas conversaciones con la Magistratura, el Código Penal fue renovado por un año más y se dieron instrucciones a la Magistratura para que presentase un nuevo proyecto de ley en el plazo de tres meses. En una carta de fecha de 5 de octubre de 2007, Amnistía Internacional instó al presidente de la Magistratura a aprovechar esta oportunidad para revisar el Código Penal y eliminar la pena de lapidación de la legislación de una vez y para siempre, como un primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte. La organización también le instó a que la ejecución por lapidación en caso de adulterio no sea sustituida por otra pena igualmente letal o que constituya tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante. En noviembre de 2007, Alireza Jamshidi, portavoz de la Magistratura, afirmó que se esperaba que el nuevo Código Penal incluyera una reforma de las disposiciones sobre lapidación, de modo que cuando se considerara conveniente, la pena de lapidación fuera suspendida en casos individuales a propuesta de la Fiscalía y con la autorización del presidente de la Magistratura.� Gholam Hossein Elham, portavoz del gobierno, también informó de que éste había aprobado el nuevo Código Penal y lo había enviado al Parlamento para su aprobación. Sin embargo, en el momento de redactar este informe, aún no se había aprobado.� Amnistía Internacional acoge con satisfacción estas medidas de reforma e insta a las autoridades iraníes a garantizar que el nuevo Código Penal no permite la muerte por lapidación ni establece otras formas de ejecución para el delito de adulterio. Juicios injustos Con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, las personas sospechosas o acusadas de delitos punibles con la muerte tienen derecho a la más estricta observancia de todas las garantías de justicia procesal en todas las etapas de los procedimientos judiciales, incluida la fase de investigación, así como a otras salvaguardias adicionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que la pena de muerte sólo debe imponerse después de un juicio que cumpla todas las garantías de justicia procesal.� Cualquier condena de muerte impuesta después de un juicio que no haya reunido todas las garantías de proceso justo constituye privación arbitraria del derecho a la vida. En Irán, los graves defectos de que adolece el sistema de justicia dan lugar con frecuencia a procesos injustos, también en casos de pena capital. Entre esos defectos se encuentran los siguientes: la persona acusada no tiene acceso a asistencia letrada en todas las etapas de los procedimientos ni a un abogado de su elección, durante el periodo de detención preventiva se infligen malos tratos, en los procedimientos se utilizan confesiones obtenidas con coacción, se hace uso de centros de detención administrados por diversos servicios de información,� se niega el derecho a utilizar testigos de descargo, la defensa no dispone de tiempo adecuado para presentar sus argumentos y se encarcela a los abogados defensores si protestan contra la injusticia de los procedimientos.� Por ejemplo, el derecho del acusado a contar con asistencia letrada es una de las salvaguardias clave para un juicio justo, consagrada en el derecho internacional,� y se aplica a todas las fases del proceso judicial. En Irán, sin embargo, debido a una interpretación extremadamente restrictiva de la ley, en la práctica los acusados sólo tienen derecho a asistencia letrada después de que las investigaciones han concluido y se han presentado formalmente cargos contra ellos. Esto da lugar a periodos prolongados de detención en régimen de incomunicación, así como a interrogatorios sin la presencia de abogados, lo cual facilita a su vez el uso de la tortura u otros malos tratos para obtener confesiones.� Además, los jueces pueden excluir a los abogados de las audiencias si se trata de casos de “corrupción” o relacionados con la “seguridad nacional”. Así, puede darse el caso, como cuando se acusa a alguien de prostitución, de que personas que han sido condenadas a muerte por lapidación no hayan tenido acceso a un abogado durante todo el tiempo que permanecieron detenidas ni posteriormente, durante su juicio y condena. En casos de presunto adulterio, el Código Penal Islámico otorga a los jueces el derecho a condenar al acusado a muerte por lapidación aunque el delito no haya sido probado de acuerdo con las normas y requisitos del propio Código Penal. El artículo 105 concede a los jueces –que en Irán son todos hombres– derecho absoluto a condenar a muerte por lapidación a la persona acusada basándose exclusivamente en su “conocimiento” documentado del acto, que puede ser su interpretación subjetiva de él.� Esto viola claramente las disposiciones sobre juicios justos del PIDCP, que Irán ha ratificado, incluido el derecho a la igualdad ante los tribunales, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley. �
En virtud de la Ley de Apelaciones� y del Código de Procedimiento Penal,� todas las condenas de muerte pueden recurrirse. El recurso debe presentarse en los 20 días posteriores a la emisión de la sentencia. En el caso de las condenas de muerte por lapidación, la apelación se realiza ante el Tribunal Supremo. Si éste encuentra algún defecto en la sentencia o la condena, normalmente el caso se devuelve a un tribunal inferior para que repita el juicio. Si el Tribunal Supremo confirma la condena de muerte, el acusado puede presentar una objeción, en cuyo caso otra sección del Tribunal Supremo, actuando como órgano de revisión o discernimiento,� se encargará de revisar el asunto. Si no hay objeción, la sentencia se envía al presidente de la Magistratura, que revisa el asunto antes de remitirlo al juez responsable de ejecutar la sentencia. El presidente de la Magistratura tiene el poder de decretar una suspensión de la ejecución. En virtud del artículo 24 del Código Penal, el líder supremo tiene potestad para conceder indultos y para reducir o conmutar las condenas si así lo recomienda el presidente de la Magistratura, “de acuerdo con los principios islámicos”. Esta frase parece excluir los casos hudud, � en los que el derecho a indultar no se considera una atribución del Estado. Sin embargo, en caso de adulterio, “sodomía”, conducta sexual con personas del mismo sexo sin penetración y lesbianismo, si la persona se ha confesado culpable y se arrepiente (pide públicamente el perdón de Dios), entonces el juez instructor del caso tiene potestad para solicitar el indulto al líder supremo o insistir en la ejecución de la sentencia.� Esto parece significar que para muchos tipos de delitos punibles con la muerte, en Irán no cabe la posibilidad –o ésta es muy limitada– de que el Estado conceda un indulto o conmute la pena, especialmente si la persona acusada no ha confesado el presunto delito. Esto contraviene el artículo 6.4 del PIDCP, que establece:
Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos.� La Comisión de Amnistía e Indultos,� que forma parte de la Magistratura, está facultada para recomendar el indulto o la reducción de la pena para una serie de delitos, incluidos algunos que conllevan la pena de muerte. Si el presidente de la Magistratura lo acepta, el indulto o la reducción de la pena tienen efecto en uno de los 11 días de celebración nacional de Irán, como el aniversario de la revolución o los días santos del islam. Juicio injusto de Hajieh Esmailvand
Hajieh Esmailvand,� mujer de 35 años azerbaiyana iraní de Yolfa, en el noroeste de Irán, fue declarada culpable en abril de 2004 de adulterio y de complicidad en el asesinato de su esposo después de un juicio injusto. La Sección 3 del Tribunal Público de Yolfa la condenó a cinco años de cárcel por participación en el asesinato y a muerte por lapidación por el cargo de adulterio.� Más tarde, Hajieh Esmailvand escribió a las autoridades judiciales señalando que había confesado mediante coacción, que no se había declarado culpable de adulterio y que había negado su complicidad en el asesinato. También declaró que su lengua era el túrquico azerbaiyano, que era casi analfabeta y que no conocía el significado de la palabra “penetración”. Según Asieh Amini, la periodista cuyos artículos sobre la lapidación originaron la campaña “Detengan las lapidaciones para siempre” y que investigó el caso, Hajieh Esmailvand declaró ante el tribunal que el asesino había intentado violarla, pero que no había podido consumar el acto. Sin embargo, posteriormente, en los procedimientos judiciales ella firmó un trozo de papel que resultó ser su confesión de adulterio. Pasó los años siguientes en prisión, ignorante de su condena, ya que no conocía el significado de la palabra “rajm” (lapidación). Después de cinco años en prisión, la ejecución se fijó para el 1 de septiembre de 2004 en la prisión de Yolfa. Según los informes, la magistratura local publicó y distribuyó unos folletos en Yolfa invitando a la población a participar en la lapidación. Sin embargo, el juez responsable de aplicar la sentencia encontró defectos de forma en la causa, y la ejecución fue suspendida temporalmente. Tras la presión internacional, a la que contribuyó Amnistía Internacional, se conmutó la condena y el caso se devolvió a la Sección 1 del tribunal penal de Yolfa para que se celebrase un nuevo juicio. En septiembre de 2006 Hajieh Esmailvand quedó en libertad bajo fianza y finalmente, el 9 de diciembre de 2006, fue absuelta del cargo de adulterio tras un nuevo juicio. Después de su liberación, sus abogados planeaban pedir la anulación de la sentencia condenatoria por el delito de complicidad en asesinato.
Impacto desproporcionado sobre las mujeres La pena de muerte por lapidación tiene un impacto desproporcionado sobre las mujeres en Irán. Una de las razones es que las mujeres no gozan de igualdad de trato ante la ley y los tribunales, lo que constituye una violación clara de las normas internacionales de juicio justo. Dentro del sistema judicial de Irán, el testimonio de un hombre equivale al de dos mujeres, y para demostrar determinados delitos, como adulterio, el testimonio de las mujeres solas o conjuntamente con un solo hombre no vale como prueba.�
Las mujeres también son especialmente vulnerables a los juicios injustos, porque entre ellas el índice de analfabetismo es mayor que entre los hombres y, por tanto, son más propensas a firmar confesiones por crímenes que no han cometido.� Además, en el caso de los miembros de minorías étnicas, la probabilidad de que hablen persa –el idioma oficial de los tribunales– es menor entre las mujeres que entre los hombres, por lo que ellas con frecuencia no comprenden lo que les está ocurriendo a lo largo del proceso legal o ni siquiera saben que se enfrentan a una pena de muerte por lapidación. Las mujeres, que constituyen una proporción mucho menor de la población activa y que no pueden trabajar sin el permiso de su esposo, también suelen ser más pobres que los hombres y, por tanto, no pueden procurarse un buen abogado. La discriminación contra las mujeres en otros aspectos de su vida también hace que estén más expuestas que los hombres a ser condenadas por adulterio. A las mujeres sólo se les permite un compañero sexual en la vida, su esposo, mientras que los hombres pueden tener cuatro esposas permanentes y un número ilimitado de esposas temporales (sigheh). El derecho de los hombres al divorcio es incuestionable, mientras que el derecho de las mujeres a divorciarse de sus maridos y quedar libres para casarse con otro hombre es limitado. Muchas mujeres no pueden elegir el hombre con el que se casan y muchas lo hacen a una edad muy temprana.� El Estado impone estrictos controles al comportamiento de las mujeres y vigila su cumplimiento. Estos controles son discriminatorios y restringen el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y circulación. A pesar de ellos y de cierta segregación de género, cuando las mujeres entran en conflicto con la ley normalmente son detenidas, interrogadas y juzgadas por hombres�, sin que se tenga en cuenta la intimidación, el acoso y el miedo que ello pueda suponer para las mujeres. La pobreza, la adicción a las drogas y la violencia doméstica también influyen en que las mujeres sean más vulnerables a la lapidación que los hombres. Como muestran algunos de los casos que se exponen a continuación, las mujeres casadas en ocasiones son obligadas a prostituirse por sus maridos para financiar su consumo de drogas, o a consecuencia de una relación abusiva. Si son detenidas, se arriesgan a que las acusen de adulterio y, si son declaradas culpables, a morir lapidadas. Por último, el mismo procedimiento especificado para llevar a cabo las ejecuciones discrimina a las mujeres. El artículo 102 del Código Penal establece que, durante la lapidación, el hombre estará enterrado en un hoyo hasta la cintura y la mujer hasta el pecho. El artículo 103 establece que si la persona condenada logra escapar del hoyo, no será lapidada de nuevo si había recibido la condena después de confesar, pero es obvio que para una mujer siempre será más difícil escapar que para un hombre, ya que se la entierra más profundamente. 3. Ejecuciones por lapidación El camión depositó un gran montón de piedras grandes y pequeñas junto al erial, y luego dos mujeres vestidas de blanco y con la cabeza tapada por un saco fueron conducidas al lugar [...] la lluvia de piedras que cayó sobre ellas las dejó convertidas en dos sacos rojos [...]. Las mujeres, heridas, cayeron al suelo, y los guardias revolucionarios les golpearon la cabeza con una pala para asegurarse de que estaban muertas
Relato de un testigo publicado por Amnistía Internacional en 1987�
En Irán, las ejecuciones por lapidación siempre han sido pocas en comparación con las llevadas a cabo por otros métodos, la gran mayoría de las cuales son por ahorcamiento. En los años inmediatamente posteriores a la revolución de 1979, Amnistía Internacional registró una cifra relativamente baja de lapidaciones. Sin embargo, en 1986 al menos ocho personas murieron lapidadas. Entre ellas se encontraba una mujer declarada culpable de adulterio y asesinato, que recibió 100 latigazos antes de morir lapidada en Qom, en abril. Algunos observadores han vinculado este aumento del número de lapidaciones con la aprobación de una ley en 1986 que, haciendo caso omiso de la legislación existente acerca de la cualificación de los jueces, permitía la contratación de jueces con una experiencia mínima con la condición de que hubieran terminado la educación secundaria o contasen con la aprobación del Consejo Judicial Supremo. Ello produjo un incremento del número de jueces de extracción religiosa tradicional. En 1995, Amnistía Internacional recibió informes según los cuales hasta 10 personas podían haber muerto lapidadas ese año. En mayo de 2001, según los informes, una mujer cuyo nombre se desconoce murió lapidada después de que la declarasen culpable de adulterio y “corrupción en la tierra” por haber aparecido en películas pornográficas. Había sido declarada culpable de asesinar a su esposo y de adulterio. En julio de ese mismo año, se informó de que Maryam Ayoubi, de 30 años, había muerto lapidada en la prisión de Evín, de Teherán.� En 2002 se recibieron informes que indicaban que al menos dos personas habían sido ejecutadas por lapidación. A lo largo de los años Amnistía Internacional ha tenido noticia de otras personas condenadas a muerte por lapidación, pero no ha podido esclarecer si las condenas se ejecutaron finalmente. Por ejemplo, según informes, Ferdows B y Sima fueron condenadas a muerte por lapidación en 2001.� Aunque en octubre de 2004 el presidente de la Magistratura anuló la condena por lapidación impuesta a una mujer conocida sólo como Sima,� no está claro si se trata de la misma mujer y no se ha recibido ninguna información acerca de la suerte que corrió Ferdows B ni de los delitos que se le imputaban. El 8 de enero de 2004, el periódico Iran informó de que un tribunal penal de la ciudad de Qazvin había condenado a un hombre cuya identidad no se facilitó a 80 latigazos, a 10 años de cárcel y a morir lapidado una vez cumplida la condena.�
La primera ejecución por lapidación de la que se tuvo noticia después de la suspensión dictada en 2002 tuvo lugar en mayo de 2006 en Mashhad. Abbas H y Mahboubeh M al parecer fueron ejecutados en el cementerio de Beheshteh Reza, una parte del cual se había cerrado al público antes de que más de 100 miembros de la Guardia Revolucionaria y de las Fuerzas Bassij llevaran a cabo la lapidación.� Según los informes, Abbas H y Mahboubeh M habían sido lavados y vestidos con un sudario, como se hace con los muertos, e introducidos luego en sendos hoyos cavados en el suelo. Tras una lectura del Corán, los presentes comenzaron a apedrearlos. De acuerdo con la información recibida, tardaron más de 20 minutos en morir. Al parecer los habían declarado culpables del asesinato del esposo de Mahboubeh M y de adulterio. Según los informes, Mahboubeh M también había recibido una condena de 15 años de prisión que, según la ley iraní, debía haber cumplido antes de morir lapidada. El horror que caracteriza a este tipo de ejecuciones fue descrito en julio de 2006 por una ex presa, compañera en prisión de una mujer conocida como Zahra, que murió lapidada en la cárcel a finales de la década de los noventa.� Según contó, Zahra, mujer de cara redonda, ojos oscuros y cabello corto, se había hecho amiga de ella en la época anterior al juicio. Cuando Zahra volvió del juicio, se encontraba exhausta por los latigazos que había recibido pero aliviada porque le habían dicho que la liberarían al día siguiente. Las presas celebraron la noticia. Al día siguiente, sin embargo, Zahra fue ejecutada:
Cuando se llevaron a Zahra, con todas sus esperanzas y sueños de volver a ser libre, la condujeron a una sala de aislamiento donde se ejecutaría su sentencia de muerte por lapidación. Fue allí donde se dio cuenta de lo que iba a suceder. Le administraron un rito islámico de expiación y se leyeron unos versículos del Corán antes de introducirla en un hoyo especial del que sólo sobresalían su cuello y su cabeza. En un rincón ha

References: Resolución 
 artículo 83
 artículo 102
 artículo 104
 resolución 
 artículo 105
 artículo 24
 artículo 6
 artículo 102
 artículo 103