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Timestamp: 2020-01-29 15:00:35+00:00

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Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I, "Intervención Administrativa", de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja. TÍTULO III. Autorización ambiental integrada
Se entiende por autorización ambiental integrada de proyectos y actividades la resolución del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de La Rioja por la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la misma cumpla el objeto y las disposiciones de este Reglamento y de la Ley que desarrolla. Tal autorización podrá ser válida para una o más instalaciones o parte de ellas que tengan la misma ubicación y sean explotadas por el mismo titular.
1. Se someten a autorización ambiental integrada del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de La Rioja la implantación y la explotación, así como, en su caso, la modificación sustancial de las instalaciones que se ubiquen en el territorio de La Rioja en las que se desarrolle alguna de las categorías de actividades determinadas en el Anexo IV de este Reglamento.
2. El otorgamiento o modificación de la autorización ambiental integrada precederá a las demás autorizaciones o licencias que sean obligatorias y se realizará sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean exigibles por la ocupación o utilización del dominio público.
1. Tendrán carácter sustancial cualesquiera modificaciones de las instalaciones o actividades que puedan tener una repercusión perjudicial importante sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente y, en particular, las siguientes:
d) Una generación de residuos peligrosos que obligaría a obtener la autorización regulada en el artículo 9.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, o un incremento en la generación de residuos de más de 10 toneladas al año, si se trata de residuos peligrosos, o de más de 50 toneladas al año si se trata de residuos no peligrosos, incluidos los residuos inertes, siempre que ello represente un incremento de más del 25% del total de residuos peligrosos generados o de más del 50% de residuos no peligrosos, incluidos los residuos inertes.
e) La incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no previstos en la autorización original o el incremento de los mismos, siempre que, como consecuencia de ello, sea preciso elaborar o revisar el informe de seguridad o los planes de emergencia regulados en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se establecen medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
g) Cuando los cambios que se pretenden introducir impliquen, por sí mismos, la superación de alguno de los umbrales establecidos en el Anexo IV de este Reglamento.
h) Cuando así lo decida el órgano ambiental mediante resolución motivada, considerando los cambios producidos en la actividad o instalación y su previsible incidencia en la salud, el medio ambiente o la seguridad de las personas o bienes.
2. La aplicación de los criterios cuantitativos a que se refiere el apartado anterior se hará de forma acumulativa durante todo el proceso de vigencia de la autorización ambiental integrada o de las correspondientes autorizaciones sectoriales, en el caso de que se trate de instalaciones existentes.
3. El titular de una instalación que pretenda llevar a cabo una modificación de la misma deberá comunicarlo al órgano ambiental indicando justificadamente mediante la aportación documental necesaria, si considera que se trata de una modificación sustancial o no sustancial según los criterios señalados en el apartado 1.
En el caso de que el titular considere que la modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a cabo si el órgano ambiental no manifiesta lo contrario en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación. Si el órgano ambiental considera que es sustancial, la someterá a información pública durante un plazo de veinte días. Una vez recibidas las alegaciones presentadas por las personas interesadas, el órgano ambiental las tomará en consideración a la hora de dictar la resolución final.
A estos efectos, se considera modificación sustancial cualquier modificación de las características, del funcionamiento o de la extensión de la instalación que, sin tener la consideración de sustancial, pueda tener consecuencias en la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
Al otorgar la autorización ambiental integrada, el órgano ambiental deberá tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones:
a) Se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación, particularmente mediante la aplicación de las mejores técnicas disponibles, entendiendo por tales las señaladas en la letra h) del artículo 5 de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
b) Se evite la producción de residuos o, si esto no fuera posible, se gestionen mediante procedimientos preferentemente de valorización o, si esto no fuera factible, de eliminación, con el objetivo de que se evite o reduzca su repercusión en el medio ambiente, de acuerdo con lo previsto en el Plan Director de Residuos de La Rioja.
d) Se adopten las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación en cada caso.
c) Prevenir y reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo que produzcan las actividades correspondientes e incorporar a las mismas las mejores técnicas disponibles validadas por la Unión Europea y, al mismo tiempo, determinar las condiciones para una gestión correcta de dichas emisiones.
d) Disponer de un sistema de prevención que integre en una única autorización las autorizaciones sectoriales existentes en materia de vertido de aguas residuales, producción y gestión de residuos, emisiones a la atmósfera, protección de los suelos y seguridad industrial de tal forma que se lleve a cabo un enfoque integrado con respecto al tratamiento de las emisiones contaminantes que puedan afectar al medio ambiente en su conjunto.
Los titulares de las instalaciones en donde se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento deberán:
b) Cumplir las obligaciones de control y suministro de información prevista por la legislación sectorial aplicable y por la propia autorización ambiental integrada.
c) Comunicar al órgano ambiental cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga realizar en la instalación, de las transmisiones de titularidad y de los accidentes o incidentes que pudieran afectar al medio ambiente.
d) Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y control.
e) Cumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en este Reglamento y en el resto de la normativa vigente que le fueran de aplicación.
El titular deberá acompañar a la solicitud de autorización ambiental integrada la siguiente documentación:
a) Proyecto básico redactado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente que incluya, al menos, los siguientes aspectos:
- Descripción detallada y alcance de la actividad y de las instalaciones, los procesos productivos y tipo de producto.
- En caso de modificación sustancial de una instalación ya autorizada, la parte o partes de la misma afectadas por la misma.
- Estado ambiental del lugar en el que se ubicará la instalación y los posibles impactos que se prevean, incluidos los que puedan originarse al cesar la explotación.
- Recursos naturales, materias primas y auxiliares, sustancias, agua y energía empleadas o generadas en la instalación.
- Tipo y cantidad de las emisiones a la atmósfera, agua y suelo así como, en su caso, tipo y cantidad de los residuos que se vayan a generar y sus previsibles efectos en el medio ambiente.
- Técnicas previstas para prevenir y evitar las emisiones procedentes de la instalación o, si esto no fuera posible, para reducirlas.
- Sistemas y medidas previstos para reducir y controlar las emisiones y los vertidos.
- Informe de situación del suelo en el que se desarrollará la actividad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Documentación técnica necesaria para poder determinar las medidas sobre las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente.
- Un breve resumen de las principales alternativas estudiadas por el solicitante, si las hubiera.
b) Informe del Ayuntamiento donde se fuera a ubicar la instalación acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico o copia de haberlo solicitado en caso de que aquél no hubiera informado en el plazo de 30 días naturales a contar desde la solicitud. Este informe deberá concretar lo siguiente:
- Clasificación urbanística del suelo.
- Planeamiento al que está sujeta la finca, así como su localización y su grado de urbanización.
- Usos urbanísticos admitidos y, en su caso, la existencia de limitaciones urbanísticas.
- Usos del suelo anteriores.
- Las modificaciones del planeamiento que, en su caso, se estén elaborando y que pudieran afectar al emplazamiento de la instalación.
- Las circunstancias previstas, en su caso, en los instrumentos de planificación urbanística para las instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación de los mismos.
c) La documentación exigida por la legislación de aguas cuando se prevean vertidos a las aguas continentales. Esta documentación será inmediatamente remitida por el órgano ambiental al organismo de cuenca al objeto de que manifieste si es necesario requerir al solicitante que subsane o acompañe los documentos que sean preceptivos.
d) La concreción de los datos que, a juicio del solicitante, deban ser tratados confidencialmente según la normativa vigente.
e) Cualquier otra documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación sectorial que resulte aplicable, incluida en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios.
f) El estudio de impacto ambiental, en caso de que el proyecto esté sujeto a evaluación de impacto ambiental.
g) Un resumen no técnico de todo lo establecido en las letras anteriores.
La solicitud, dirigida al Director General de Calidad Ambiental, órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se podrá presentar en cualquiera de los lugares a que se refiere el Decreto 58/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el Registro en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Públicos, así como los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. Una vez completada la documentación conforme a lo establecido en los artículos anteriores, el órgano ambiental, en el plazo de 10 días desde la recepción de la misma, abrirá un período de información pública no inferior a treinta días. No obstante, este trámite será realizado por el órgano sustantivo cuando el proyecto requiera someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental.
2. Este período será común para todos aquellos procedimientos cuyas actuaciones se integran en el de autorización ambiental integrada así como, en su caso, para los procedimientos de autorizaciones de las industrias o instalaciones industriales que estén sujetas a autorización administrativa previa de conformidad con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
A estos efectos, tendrán esta consideración las autorizaciones establecidas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el capítulo II de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana en lo referente a las instalaciones químicas para la fabricación de explosivos, o en la legislación que las sustituya.
3. Se exceptúan del trámite de información pública los datos que gocen de confidencialidad.
4. Simultáneamente al tramite de información pública y con el mismo plazo, el órgano ambiental dará audiencia a los vecinos inmediatos al lugar de emplazamiento propuesto para la ubicación de la instalación y a otros posibles interesados, mediante notificación personal en la que se indicará el lugar en el que tienen a disposición el expediente completo para consulta y formulación de las alegaciones que consideren pertinentes.
1. Concluidos los trámites de información pública y de audiencia, el órgano ambiental remitirá en el plazo de diez días copia del expediente, junto con las alegaciones recibidas, a los órganos que deban pronunciarse sobre las materias de su competencia, así como al ayuntamiento donde se ubique o vaya a ubicarse la instalación, al objeto de que emitan informe en el plazo de 30 días. Este trámite será realizado por el órgano sustantivo cuando el proyecto requiera someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental.
A estos efectos, el ayuntamiento informará en materia de ruidos, vibraciones, radiaciones, calor, olores, residuos y vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado.
2. En el caso de que la actividad precise, de acuerdo con la legislación de aguas, autorización de vertido al dominio público hidráulico, el organismo de cuenca deberá emitir en el plazo máximo de seis meses desde la recepción del expediente, un informe sobre la admisibilidad del vertido y, en su caso, determinará las características del mismo y las medidas correctoras a adoptar a fin de preservar el buen estado ecológico de las aguas. Dicho informe tendrá el carácter de preceptivo y vinculante.
En el supuesto de que el informe no se emitiera en el citado plazo, el órgano ambiental requerirá al organismo de cuenca que lo emita con carácter urgente en el plazo de un mes a contar desde el requerimiento y, en caso de no ser atendido éste, se seguirán las actuaciones hasta el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, que deberá tener en cuenta las características del vertido y las medidas correctoras requeridas.
No obstante lo anterior, si el órgano ambiental recibiera el informe del organismo de cuenca con anterioridad al otorgamiento de la autorización, deberá tenerlo en consideración en la autorización que será denegada si en aquél se considera inadmisible el vertido.
1. El órgano ambiental, tras realizar una evaluación del proyecto en su conjunto elaborará una propuesta de resolución que incorporará las condiciones que resulten de los informes vinculantes emitidos, tras un trámite de audiencia a los interesados.
2. Cuando en el trámite de audiencia se hubieran realizado alegaciones se dará traslado de las mismas junto con la propuesta de resolución, a los órganos competentes para emitir informes vinculantes para que en el plazo máximo de quince días, manifiesten lo que estimen conveniente que igualmente tendrá carácter vinculante en los aspectos referidos a materias de su competencia.
El órgano ambiental dictará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de diez meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido este plazo sin haberse notificado al titular resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
1. La autorización ambiental integrada deberá ser motivada e incluirá información sobre las alegaciones formuladas en el trámite de información pública y sobre la valoración que las mismas han merecido a la hora de dictar la resolución.
2. La resolución por la que se otorga o deniega la autorización ambiental integrada tendrá el siguiente contenido mínimo:
d) Las prescripciones que, en su caso, minimicen la contaminación a larga distancia.
e) Los sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de todo tipo de emisiones y residuos, especificando la metodología de medición, su frecuencia y los procedimientos para evaluar las mediciones.
f) Las medidas relativas a las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan afectar al medio ambiente.
g) Las decisiones de los órganos que deban intervenir en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1254/1999, sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
h) Cualquier otra medida o condición establecida en la legislación sectorial que sea aplicable a la instalación.
3. En el caso de existir un plan aprobado por la autoridad competente que garantice, en el plazo máximo de seis meses, el cumplimiento de los valores límite de emisión, y en el caso de un proyecto que implique una reducción de la contaminación, la autorización puede incluir excepciones temporales de los valores límite de emisión aplicables.
4. Cuando para el cumplimiento de los requisitos de calidad medioambiental, exigibles de acuerdo con la legislación aplicable, sea necesaria la aplicación de condiciones más rigurosas que las que se puedan alcanzar mediante el empleo de las mejores técnicas disponibles, la autorización ambiental integrada exigirá la aplicación de condiciones complementarias, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse para respetar las normas de calidad medioambiental.
5. En el supuesto de que la instalación estuviera sujeta además al procedimiento de evaluación ambiental, la autorización ambiental integrada incorporará la declaración de impacto ambiental, con el contenido establecido en el presente Reglamento.
1. El órgano ambiental notificará la resolución a los interesados, al Ayuntamiento donde se ubique la instalación y a los órganos que hubiesen emitido informes preceptivos y procederá a su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja. Además, pondrá a disposición del público una memoria en la que se recojan los principales motivos y consideraciones en los que se basa la autorización concedida, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública.
2. La efectividad de la autorización quedará subordinada al cumplimiento de todas las condiciones y requisitos establecidos en las mismas, no pudiendo comenzar el ejercicio de la actividad hasta que dicho cumplimiento sea acreditado ante el órgano que dictó la autorización y aceptado documentalmente por ésta, previa la oportuna comprobación.
Renovación y revisión
1. La autorización ambiental integrada, con todas sus condiciones, incluidas las relativas a vertidos al dominio público hidráulico, se otorgará para un tiempo determinado no superior a ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada y, en su caso, actualizada por períodos sucesivos.
A estos efectos, con una antelación mínima de diez meses antes de la finalización del plazo de vigencia de la autorización, su titular solicitará su renovación.
2. Si vencido el plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada el órgano ambiental no hubiera dictado resolución expresa sobre la solicitud de renovación, ésta se entenderá estimada y, en consecuencia, renovada la autorización en las mismas condiciones en que fue otorgada.
1. La autorización ambiental integrada podrá ser revisada de oficio cuando:
e) El organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión o modificación en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico.
2. Con carácter previo a la revisión de la autorización, el órgano ambiental notificará las modificaciones que se proponga introducir en la misma a los distintos órganos que, en su caso, hayan concedido autorizaciones o licencias para la puesta en marcha de la actividad de que se trate, al objeto de que valoren si consideran necesaria la revisión de las mismas.
La solicitud de renovación o, en su caso, de revisión de la autorización ambiental integrada se someterá a los siguientes trámites:
a) Notificación de la resolución inicial al titular de la actividad en el caso de tratarse de revisión.
b) Información pública y audiencia a los interesados en el plazo de 20 días.
c) Remisión del expediente al Ayuntamiento y a los órganos que informaron el proyecto inicial, así como, en su caso, al organismo de cuenca para que en el plazo de un mes formulen las alegaciones oportunas.
d) Resolución del órgano ambiental poniendo fin al procedimiento de renovación o revisión.
e) Notificación de la Resolución a los interesados y publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

References: resolución 
 artículo 9
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución