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Timestamp: 2020-06-06 11:17:49+00:00

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DECRETO LEY 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad
Publicado en DOGC núm. 8119 de 23 de Abril de 2020 y BOE núm. 157 de 04 de Junio de 2020
Vigencia desde 23 de Abril de 2020
CAPÍTULO I. Medidas de carácter estructural y organizativas
CAPÍTULO II. Medidas en el ámbito de diferentes entidades del sector público de la Administración de la Generalidad
Artículo 3 Medidas en materia de fianzas en contratos de arrendamientos urbanos
Artículo 4 Medidas en materia de inmuebles propiedad del Instituto Catalán del Suelo (Incasol)
Artículo 5 Modificación del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos
Cuarta Declaración de obras de emergencia
Quinta Medidas con relación a los contratos de arrendamiento, de derechos de superficie, de concesiones administrativas o de cualquier derecho real y de alquileres procedentes de herencias intestadas
Sexta Devolución de fianzas en el ámbito de la gestión de residuos
LE0000666137_20200526 R Parlamento de Cataluña 762/XII de 21 May. 2020 CA Cataluña (convalidación del D ley 13/2020, de medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración)
Véase Res 762/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 13/2020, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad («D.O.G.C.» 26 mayo).
LE0000664039_20200423
Véase Res 762/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 13/2020, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad («D.O.G.C.» 26 mayo).LE0000666137_20200526
Estas medidas se han tomado mediante diferentes decretos ley adoptados desde el mismo momento de la declaración de la situación de pandemia que hizo la Organización Mundial de la Salud, el pasado 11 de marzo; desde el primero, el Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, a fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, hasta el último que se ha aprobado, el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
Después de estas medidas urgentes adoptadas por el Gobierno, se dicta este Decreto ley que, por un lado, contiene medidas estructurales y organizativas que quieren ser una continuación de las que se tomaron con el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril y, por otro, incorpora medidas nuevas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad.
El Decreto ley se estructura en dos capítulos, cinco artículos, seis disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final.
El capítulo I, referido a medidas de carácter estructural y organizativas, incluye un conjunto de regulaciones que complementan lo que disponía el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad de Cataluña. En concreto, se determinan las competencias que asume el Departamento de Salud y, por tanto, y por conexión, las que se mantienen en el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales y Familias. Asimismo, se regula el régimen en materia de contratación, personal, inspección e información en relación con las competencias que asume el Departamento de Salud y se concretan aún más las actuaciones futuras de carácter presupuestario.
A propuesta del vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda y previa deliberación del Gobierno,
1. En este artículo se especifica el ámbito de aplicación del capítulo IV del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
a) Personas mayores
a.1 Servicio de hogar residencia para personas mayores de carácter temporal o permanente.
a.2 Servicios de residencia asistida para personas mayores de carácter temporal o permanente.
b) Discapacidad intelectual
b.1 Servicios de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual.
b.2 Servicios de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual.
c) Discapacidad física
c.1 Servicios de hogar residencia temporal o permanente para personas con discapacidad física.
c.2 Servicios de centro residencial temporal o permanente para personas con discapacidad física.
Se añade un artículo 5.bis al Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, con el siguiente contenido:
a) Las unidades orgánicas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y su personal adscrito que ejerzan funciones transversales, y solo en cuanto a las competencias asumidas por el Departamento de Salud, continuarán desarrollando estas funciones bajo las directrices y criterios de actuación del Departamento de Salud. Se informará con carácter previo a la Secretaria General del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de las directrices y criterios.
b) El Servicio de Inspección y Registro, adscrito a la Dirección de Servicios del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, así como las unidades territoriales en que se desarrolla la función inspectora bajo la coordinación funcional del Servicio de Inspección y Registro mencionado, actuará y dará apoyo al Departamento de Salud, a requerimiento de la inspección sanitaria, en los términos que acuerden los dos departamentos, en relación con las funciones que establece el artículo 6 de la Ley 16/1996, de 27 de noviembre, reguladora de las actuaciones inspectoras y de control en materia de servicios sociales y de modificación del Decreto legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la refundición de las leyes 12/1983, 26/1985 y 4/1994, en materia de asistencia y servicios sociales.
c) Con el fin de asegurar la ejecución correcta de los procedimientos de contratación, los órganos competentes del Departamento de Salud ejercerán las competencias en materia de contratación administrativa y de todos los actos de contenido económico que deriven de ella, en relación con las competencias asumidas, a través de los órganos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que corresponda, en función de la cuantía y, de acuerdo con las delegaciones vigentes en el ámbito de este Departamento, sin perjuicio de los expedientes que pueda tramitar directamente el Departamento de Salud en ejercicio de sus funciones de intervención.
d) En relación con los expedientes que comporten la asunción de compromisos económicos por parte de la Administración de la Generalidad en relación con las competencias transferidas al Departamento de Salud, los órganos competentes del Departamento de Salud ejercerán la competencia para autorizar y disponer todo tipo de anotaciones contables relacionadas con los gastos, el reconocimiento de derechos y obligaciones, las modificaciones presupuestarias y otras facultades en materia de gestión económica, presupuestaria y contable, a través de los órganos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias que corresponda, en función de la cuantía, y de acuerdo con las delegaciones vigentes en el ámbito de este Departamento, sin perjuicio de los compromisos que pueda asumir directamente el Departamento de Salud, como consecuencia del ejercicio de las competencias asumidas de intervención.
e) Se comprometerán con cargo a los créditos presupuestarios propios los gastos correspondientes a los expedientes siguientes:
- Los expedientes de contratación administrativa y otros que impliquen la asunción de compromisos de carácter económico que, desde la entrada en vigor del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, inicien el Departamento de Salud y el Servicio Catalán de la Salud, en ejecución de las competencias asumidas en materia de centros sociales de carácter residencial.
- Las contrataciones temporales de profesionales que deban efectuarse para atender la situación urgente de carácter social o sanitario de estos centros residenciales por razón de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 por parte del Departamento de Salud y por el Instituto Catalán de la Salud, con respecto al personal sanitario.
- En el momento en que la persona titular del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda realice las adaptaciones presupuestarias necesarias, estos créditos presupuestarios propios, comprometidos por parte del Departamento de Salud, el Servicio Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de la Salud, serán compensados mediante los créditos presupuestarios previstos para estos fines y no comprometidos por parte del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
f) Los sistemas de información necesarios para gestionar las competencias asumidas por el Departamento de Salud que se lleven a cabo de manera unificada con otros recursos de carácter social deben garantizar el mantenimiento de las funciones de obtención y tratamiento de información en relación con estos centros y, a tal efecto, las unidades del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias responsables de su gestión deben poner a disposición del Departamento de Salud la información que este pueda requerir para el ejercicio correcto de las funciones que le son propias.»
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1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, y al efecto de la enajenación onerosa de los inmuebles que sean propiedad del Incasol, no son de aplicación el artículo 169 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, ni el Decreto 351/1995, de enajenación de locales comerciales y plazas de aparcamiento propiedad del Instituto Catalán del Suelo.
2. La enajenación onerosa de los inmuebles que sean propiedad del Incasol, hasta el 31 de diciembre de 2020, se regirá por lo dispuesto en el artículo 168 del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010 de 3 de agosto.
«b) En caso de que se trate de residuos peligrosos y también cuando lo exija la regulación específica, constituir y depositar una fianza suficiente para hacer frente a las obligaciones adquiridas en relación con el desarrollo de la actividad y para pagar las sanciones impuestas y suscribir, si procede, una póliza de seguro para responder de los daños y perjuicios ocasionados y para regenerar los recursos naturales o los espacios degradados.»
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Las previsiones de lo que dispone el capítulo I de este Decreto ley mantienen rango reglamentario a los efectos de su desarrollo, su modificación y derogación.
Las previsiones contenidas en el capítulo I de este Decreto ley mantendrán su vigencia durante el estado de alarma y hasta que estén vigentes las medidas sanitarias de intervención de centros de servicios sociales de carácter residencial de carácter excepcional que se acuerden para gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, acordadas por las disposiciones normativas del Estado.
Las funciones no asumidas por el Departamento de Salud, de acuerdo con lo que dispone este Decreto ley se mantienen en la unidad del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que designe la persona titular.
1. En el período de estado de alarma y durante los seis meses siguientes a su levantamiento, respecto a los arrendamientos de inmuebles propiedad de la Generalidad de Cataluña, incluyendo los que esta haya adquirido por herencia intestada, así como los derechos de superficie, concesiones administrativas o cualquier derecho real, que la Generalidad de Cataluña ha otorgado a personas físicas o jurídicas, que se hayan visto afectados económicamente por el contexto derivado de la COVID-19 o de las medidas tomadas para combatirla, estas podrán solicitar un aplazamiento en el pago de la renta o canon de dichos contratos o una reducción de la renta o canon del periodo, que serán repercutidos, si procede, en los cánones o rentas devengadas con posterioridad y en un plazo máximo de 36 meses. En ningún caso se devengarán intereses por el aplazamiento o reducción solicitados.
2. Para acreditar los motivos relacionados con el estado de vulnerabilidad relacionados con las consecuencias de la crisis de la COVID-19, en el supuesto de arrendamientos para uso de vivienda, se deberá presentar una declaración responsable, que se podrá presentar por medios telemáticos, en la que se motive esta vulnerabilidad, haciéndose relación de la situación económica del arrendatario y de todas las personas que vivan en la vivienda. Una vez finalizado el estado de alarma y sus prorrogas, el arrendatario dispondrá del plazo de un mes para aportar los documentos acreditativos de la situación declarada.
3. Las solicitudes deberán presentarse mediante la dirección de correo electrónico de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña: ecopatrimoni@gencat.cat.
4. A tal efecto se habilita a la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña para la gestión y resolución de las solicitudes que deriven de lo previsto en esta disposición.
1. Las personas titulares de actividades de gestión de residuos que no estén obligadas a disponer de una fianza, en los términos establecidos en la letra b del artículo 24.1 del texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto legislativo 1 / 2009, de 21 de julio, pueden solicitar su devolución a la Agencia de Residuos de Cataluña.
2. En caso de que se trate de actividades de gestión de residuos no peligrosos y peligrosos, se devolverá únicamente el importe de la fianza que corresponda a la gestión de residuos no peligrosos.
Queda derogada la disposición adicional sexta del Decreto ley 11/2020 de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
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References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 169
 artículo 168
 resolución 
 artículo 24