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Timestamp: 2017-04-29 13:42:49+00:00

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Una nueva politica penitenciaria, p...
DEFENSOR DEL PUEBLO INFORMES, ESTUDIOS Y DOCUMENTOSSITUACION PENITENCIARIA EN ESPAÑA Madrid, 1988 2.
ISBN 84 - 505 - 7325 - 4Depósito Legal M - 28700 - 1988Impreso en An-Ya. Las Matas, 14. MADRID. 3.
INDICE PRESENTACION A lo largo del año 1987 se iniciaron algunas de laspublicaciones de la Institución del Defensor del Pueblo en las que serecogen aquellos documentos que pueden tener un interés más general.Así, comenzaron la serie de Recursos ante el Tribunal Constitucionalde la que se han publicado los interpuestos entre 1983 y 1987, y la deRecomendaciones y Sugerencias de la que han aparecido lasformuladas en 1983 y 1984. Esta tercera que ahora empieza tiene porobjeto hacer públicos aquellos informes, documentos de trabajo yestudio llevados a cabo con motivo de la actuación del Defensor delPueblo en cumplimiento del artículo 54 de la Constitución, que puedanresultar de interés por el análisis que en ellos se haga de algunos delos problemas de la sociedad española en relación con los derechos ydeberes que nuestra Constitución proclama. En concreto éste que ahora se publica sobre la situaciónpenitenciaria en España está elaborado sobre la base de los datosobtenidos como consecuencia de la actividad de supervisión llevada acabo en este sector de las administraciones públicas. A lo largo de loscinco años de funcionamiento de la Institución se han recibido más decuatro mil quejas de ciudadanos internos en establecimientospenitenciarios y se han visitado las 87 prisiones españolas. Los datosobtenidos como resultado de la tramitación de las quejas y de lasvisitas son la base de este estudio que, por lo demás, no hace sinoreunir en un sólo volumen cuanto se ha dicho ya en los Informesanuales presentados ante las Cortes a lo largo de los añoscomprendidos entre 1983 y 1986. Al estudio base se unen las recomendaciones que el Defensor delPueblo estimó conveniente plantear a las autoridades competentes porrazón de la materia, a la vista de los problemas detectados en el 4.
informe y la contestación de dichas autoridades en los términosexactos en que se produjo. El informe fue remitido al Presidente del Congreso de losDiputados el 2 de noviembre de 1987. Posteriormente, varios GruposParlamentarios solicitaron la comparecencia en Comisión del Defensordel Pueblo con objeto de debatir el estudio. Finalmente, la sesión de laComisión en que se produjo la comparecencia tuvo lugar el 1 dediciembre de 1987. No queda sino reiterar que el propósito que en estos momentosanima a la Institución es continuar en la labor ya iniciada y, por loque se refiere a esta colección, seguir publicando informes sectorialesque, en la medida de lo posible, pongan de relieve aspectos concretosde la realidad española en relación tanto con el ejercicio de losderechos fundamentales como con el funcionamiento de lasadministraciones públicas. 5.
SUMARIO PRESENTACION ............................................................ 3 I ESTUDIO SOBRE LA SITUACION PENITENCIARIA EN ESPAÑAI. INTRODUCCION .............................................................. 13II DELIMITACION DE LAS COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ................................................. 16III NATURALEZA DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS .... 19 l.- Tramitación de las quejas recibidas por escrito ................. 19 2.-Actuaciones telefónicas y visitas recibidas ....................... 20 3.-Actuaciones de oficio ..................................................... 20 4.-Visitas a los establecimientos penitenciarios..................... 20 4.1.- Centros visitados................................................... 21 4.2.- Método de trabajo desarrollado en cada visita........... 22IV, TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS RECIBIDAS ................... 24 1 - Quejas que afectan a la situación procesal de los internos, sean penados o preventivos ............................... 25 1.1.- Disconformidad con la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad o con la resolución judicial que adopta la medida cautelar de prisión provisional .......................................................... 26 1.2.- Solicitud de aplicación de la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica de Reforma Urgente y Parcial de dicho texto legal, de 25 de junio de 1.983 ...................................................... 27 6.
1.3.- Solicitud de concesión de la remisión condicional de la pena ................................................................ 28 1.4.- Información sobre la falta de alternativas a la prisión ........................................................................ 29 1.5.- Orientación jurídica sobre la forma de solicitar la concesión de la libertad condicional .Artículo 60 del Reglamento Penitenciario ...................................... 29 1.6.- Información sobre la forma de solicitar la aplicación de la regla segunda del artículo 70 del Código Penal 30 1.7.- Solicitud de información para obtener una indemnización por un presunto anormal funcionamiento de la Administración de Justicia...... 31 2. Quejas que afectan a la situación penitenciaria de los internos ...................................................................... 32 2.1.- Solicitud de concesión de indultos ......................... 33 2.2.- Traslados a otros centros penitenciarios Traslados a Cataluña ............................................ 34 2.3.- Información sobre el régimen legal en materia de permisos de salida ................................................ 35 2.4.- Cuestiones relativas a la clasificación penitenciaria . 36 2.5.- Información en materia de asistencia social para los internos o sus familiares ....................................... 36 2.6.- Información en materia de régimen disciplinario .... 36 2.7.- Solicitud de asistencia médica ............................... 37 2.8.- Información a los toxicómanos sobre posibilidad de conseguir un tratamiento rehabilitador . . . ............ 37 2.9.- Orientación sobre la forma de obtener la cancelación de los antecedentes penales.................. 38 2.10.-Información sobre la posibilidad de cumplir la pena impuesta a un extranjero su país de origen .............. 39 3. Conclusiones al epígrafe cuarto ..................................... 40V. SITUACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS ESPAÑOLES 421.- Alimentación .................................................................... 43 7.
2.- Higiene ............................................................................ 47 2.1.- Incidencia de la estructura actual de las cárceles españolas.......................................................... 47 2.1.1.- El marco normativo ........................................... 47 2.1.2.- La realidad ....................................................... 48 2.2.- Distribución y utilización de los materiales de limpieza ........................................................... 50 2.2.1.- Breve referencia a la legislación penitenciaria ...... 50 2.2.2.- La realidad de cada día ...................................... 513.- Sanidad ............................................................................ 52 3.1.- Marco normativo ............................................... 52 3.1.1.- Asistencia sanitaria en el interior de las cárceles .. 52 3.1.2.- Asistencia sanitaria en hospitales penitenciarios ... 53 3.1.3.- Asistencia sanitaria extrapenitenciaria ................ 53 a) Regulación general ........................................ 54 b) Supuestos de drogadicción .............................. 54 3.1.4.- Derecho a solicitar servicios médicos extrapenitenciarios ............................................ 55 3.1.5.- Disposición Final segunda de la Ley General de Sanidad ............................................................ 55 3.2.- Situación de la sanidad penitenciaria española ..... 55 3.2.1.- Situación sanitaria en general ............................. 56 a) Carencias en la atención médica...................... 57 b) Necesidades sanitarias especificas de los centros de primer grado ..................................... 58 c) Hospital General Penitenciario ........................ 59 d) Asistencia en hospitales extrapenitenciarios ..... 60 3.2.2.- Las toxicomanías en las prisiones........................ 61 a) Situación del consumo de drogas en el interior de cárceles y sus posibilidades de control ............. 62 b) Tratamiento rehabilitador para presos toxicómanos ..................................................... 66 3.2.3.- La enfermedad mental en los centros penitenciarios ................................................... 69 3.2.4.- Tratamiento de las enfermedades contagiosas. ...... 75 3.3.- Valoración del conjunto ..................................... 764.- Situación de las mujeres en los establecimientos penitenciarios .................................................................. 77 8.
4.1.- Situación de los niños en las cárceles .................. 78 4.2.- Actividades para mujeres presas.......................... 78 4.3.- Clasificación .................................................... 79 4.4.- Insuficiencia del número de funcionarios ............. 79 4.5.- Asistencia sanitaria a las mujeres presas .............. 80 4.6.- Carencia de centros penitenciarios para mujeres jóvenes............................................................. 805.- Trabajo ............................................................................ 81 5.1.- Principios que configuran el trabajo penitenciario en la legislación vigente .................................... 81 5.2.- Situación del trabajo en nuestras cárceles ............ 826.- Tratamiento penitenciario: Clasificación y vinculación familiar ............................................................................ 86 6.1.- Panorama normativo. Notas que configuran el tratamiento penitenciario en la legislación española ........................................................... 87 6.1.1.- Carácter voluntario............................................ 87 6.1.2.- Individualización .............................................. 87 6.1.3.- Respeto a la dignidad y derechos fundamentales ... 87 6.1.4.- Equipo de especialistas ...................................... 88 6.1.5.- Clasificación penitenciaria ................................. 88 6.1.6.- Desarraigo social de los penados ......................... 90 6.2.- Cuestiones que se plantean en la práctica penitenciaria ..................................................... 90 6.2.1.- Estructura de los centros .................................... 91 6.2.2.- Masificación penitenciaria ................................. 91 6.2.3.- Funcionamiento de los órganos de la jurisdicción penal ............................................................... 91 6.2.4.- Retraso en la remisión de testimonios de sentencia 92 6.2.5.- Funcionamiento de Equipos de Observación y Tratamiento ...................................................... 92 6.2.6.- Clasificación de los enfermos psíquicos ............... 93 6.2.7.- Primer grado de clasificación ............................. 93 6.2.8.- Principio de vinculación familiar ........................ 97 6.2.9.- Malos tratos ...................................................... 987.- Educación, cultura y deportes ............................................. 100 9.
7.1.- Educación ........................................................ 101 7.2.- Bibliotecas ....................................................... 102 7.3.- Deportes ........................................................... 102 7.4.- Actividades artístico-artesanales ......................... 102 7.5.- Cine-Clubs y Video-Clubs .................................. 103 7.6.- Valoración de conjunto ...................................... 1038.- Comisiones de asistencia social ........................................... 1049.- Conducciones y traslados.................................................... 106 9.1.- Deficiencias en las condiciones materiales de los traslados .......................................................... 107 9.2.- Deficiencias en la organización de los traslados.... 107 9.3.- Deficiencias en la coordinación con las fuerzas de seguridad que deben realizar el traslado............... 108 9.4.- Deficiencias que repercuten en la situación procesal de los internos ...................................... 108 9.5.- Situación de los departamentos de tránsito ........... 10910.- Funcionarios penitenciarios ................................................ 110 10.1 - Aumento del número de funcionarios. Absentismo laboral. Adecuada distribución de plantillas ......... 110 10.2.- Formación, preparación y reciclaje ...................... 111 10.3.- Nuevo horario ................................................... 113 10.4.- Condiciones de seguridad física en el interior de las prisiones ..................................................... 11311.- Depósitos municipales de detenidos ..................................... 11412.- Transferencias a la Generalidad de Cataluña en materia de administración penitenciaria............................................... 116VI.- FACTORES EXTRAPENITENCIARIOS QUE REPERCUTEN EN LA SITUACION DE LAS CARCELES ............................ 1181.- Factores que hacen referencia al contenido de las leyes penales ............................................................................. 119 1.1. Configuración del sistema de delitos ........................ 119 1.2. Configuración del sistema de penas ......................... 1202.- Factores que hacen referencia a la aplicación de las normas penales por Jueces y Tribunales .......................................... 123 10.
2.1.- Deficiencias apreciadas en el cumplimiento de las garantías constitucionales del proceso: el derecho fundamental a la defensa y a la asistencia letrada . 124 2.1.1.- Intervención preceptiva de letrado desde la iniciación del proceso penal ............................... 124 2.1.2.- Asistencia letrada durante la ejecución de la pena. 126 2.1.3.- El derecho a la defensa en los momentos previos a la celebración del juicio oral .............................. 127 2.1.4.- Anomalías en la actuación de algunos letrados del turno de oficio .................................................. 128 2.2.- Deficiencias en el servicio público que prestan los órganos de la jurisdicción penal .......................... 1293. Factores relativos a los mecanismos de control extrapenitenciarios sobre la ejecución de la pena .................. 132 3.1.- Jueces de vigilancia penitenciaria ....................... 132 3.2.- Interven ción del Ministerio Fiscal ....................... 141 3.3.- Intervención de los abogados en la actividad penitenciaria. Asistencia de intérpretes................ 142VII.- CENTROS PENITENCIARIOS: Relación y distribución geográfica ........................................................................ 144 IIRECOMENDACIONES FORMULADAS CON MOTIVODEL ESTUDIO SOBRE LA SITUACIONPENITENCIARIA EN ESPAÑA Y CONTESTACIONES DELAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.1.- Recomendación de 19 de noviembre de 1987, dirigida al Presidente del Consejo General del Poder Judicial sobre materias de competencia del Consejo en relación con la situación penitenciaria y contestación del mismo .................. 1482.- Recomendación del 19 de noviembre de 1987, dirigida al Ministro de Justicia, sobre materias de competencia del Ministerio en relación con la situación penitenciaria y contestación del mismo. ..................................................... 153 11.
3- Recomendación del 19 de noviembre de 1987, dirigida al Presidente de la Generalidad de Cataluña sobre materias de competencia de la Generalidad en relación con la situación penitenciaria y contestación del mismo ................................ 1974.- Recomendación del 19 de noviembre de 1987, dirigida al Fiscal General del Estado, sobre materias de competencia del Ministerio Fiscal en relación con la situación penitenciaria ... 2055.- Recomendación del 19 de noviembre de 1987, dirigida al Presidente del Consejo General de la Abogacía, sobre materias de competencia del Consejo en relación con la situación penitenciaria y contestación del mismo. ................. 209 12.
INDICE IESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN PENITENCIARIA EN ESPAÑA 13.
INDICE I.- INTRODUCCION Cuando la Constitución atribuyó al Defensor del Pueblo ladefensa de los derechos comprendidos en su Título Primero y para ellola supervisión de la actividad administrativa, estaba encomendándoleuna tarea no exenta de dificultades, tanto por su amplitud, como por lanaturaleza de algunos de esos derechos a proteger, como por ladificultad añadida de la falta de precedentes en nuestro país de unaencomienda semejante. Ello no obstante, transcurridos cinco años de gestión, elDefensor del Pueblo es una realidad institucional consolidada ennuestro país, que ha recibido y atendido miles de quejas de losciudadanos, manteniendo a estos efectos un constante diálogo con lasdistintas administraciones públicas y que ha elevado al conocimientode las Cortes Generales cuatro informes ordinarios en los que hadejado constancia de su actuación, de sus éxitos y de sus fracasos. Pero qué duda cabe que en el amplísimo marco decompetencias atribuidas al Defensor del Pueblo y que ha sido objeto desu gestión hasta el presente, algunos aspectos de la misma revestíanimportancia y significación. Entre éstos, sin duda alguna, el control ysupervisión de la administración penitenciaria, por cuanto losdestinatarios directos de ella, en cuanto personas privadas de libertada causa de una resolución judicial, no dejan de ser ciudadanos conalgunos de sus derechos fundamentales temporalmente limitados, perono privados absolutamente de los mismos. La especial relación de sujeción que se produce entre losinternos y en ocasiones sus familias con la administraciónpenitenciaria; la relación de los funcionarios con aquéllos o con losórganos directivos de los que dependen; la importante trascendenciaque en esta materia reviste el correcto funcionamiento del serviciopúblico de la Justicia, el Ministerio Fiscal, y los abogados, son otras 14.
tantas cuestiones que ha tenido muy presentes a lo largo de estos añosel Defensor del Pueblo como elementos fundamentales a supervisarmuy de cerca, en estricto cumplimiento de su mandato constitucional. En consecuencia, el Defensor del Pueblo ha atendido yvalorado las quejas que le han llegado directamente de los internos,sus familiares o abogados, así como los formulados por losfuncionarios de prisiones o sus organizaciones representativas. Susasesores han visitado todos los centros penitenciarios del país, y detodo ello ha quedado constancia en los escritos puntualmente dirigidosal Ministerio de Justicia, Generalitat de Cataluña, Consejo General delPoder Judicial, Fiscal General del Estado, Colegios de Abogados y,finalmente, en su Informe anual a las Cortes Generales. A este respecto, es necesario destacar que en sus visitas a loscentros penitenciarios, los asesores del Defensor del Pueblo nunca hanadvertido con anterioridad a las autoridades penitenciarias y que,asimismo, nunca han encontrado resistencia ni objeción alguna pararealizar tales visitas y tomar contacto directo con los internos y losfuncionarios. La colaboración de las autoridades penitenciarias a esterespecto ha sido siempre absoluta. Pero pasados estos años, hemos entendido que era factible ynecesario realizar una valoración de carácter global sobre elfuncionamiento y características de nuestro sistema penitenciario, yése precisamente es el sentido y motivo del presente estudio. Queda claro, por tanto, que no se pretende presentar un estudiopuntual sobre cada centro penitenciario en concreto, pues ese aspectoha sido cumplido en cada supuesto que ha sido necesario, no sólo enrelación con los órganos administrativos responsables, sino en losInformes anuales entregados al Parlamento. No pretende ser tampoco el presente documento un estudiodoctrinal sobre la materia. Cuanto en él se dice y se sugiere orecomienda a las autoridades competentes tiene su razón de ser en laexperiencia directamente constatada durante estos cuatro años.Experiencia que nos permite afirmar que, aún cuando es mucho lo quequeda por hacer, es también cierto que en estos mismos años, sobre losque se centra el estudio, se ha realizado un importante esfuerzo porsuperar las carencias de nuestro sistema penitenciario. Pero si algún punto debiera destacarse con un cierto carácterconclusivo, es el de que el funcionamiento correcto de nuestro sistema 15.
penitenciario no depende sólo de una decidida política de inversionesen la construcción de nuevos centros o en la remodelación de losexistentes, con ser ello muy importante, sino también en una actitudfirme en la defensa de los derechos fundamentales de los internos queerradique no sólo los brotes esporádicos de la violencia o los malostratos en nuestras prisiones sino también posibilite la existencia de lascondiciones necesarias y la atención imprescindible para hacer posibleuna vida digna de los internos, al tiempo que se potencie al máximofactores que como el estudio y el trabajo favorecen la reinserciónsocial de los penados. Pero ello no es un tema de la exclusiva responsabilidad de lasautoridades penitenciarias, sino igualmente compartida por laAdministración de Justicia, cuyo lento y deficiente funcionamientollega a generar situaciones gravemente perjudiciales; por las demásautoridades responsables de otros Departamento de la Administración(Sanidad, Cultura, Trabajo), sin cuya cooperación y esfuerzocoordinado no es posible realizar una verdadera labor de reinserción,por la sociedad, en suma, que con harta frecuencia se escandaliza delas noticias puntuales que le llegan sobre el estado de las prisiones,pero que no duda, llegado el momento, en ejercer la más decididaresistencia a colaborar en la resolución de esos problemas, cuando, porejemplo, se trata de buscar la ubicación de un nuevo centropenitenciario o de rehabilitación de drogadictos. La legislación penitenciaria española, es, en términosgenerales, técnicamente buena, progresiva y configura un sistema queen relación con otros países democráticos de Europa, es mucho másavanzado y respetuoso con los derechos de los internos. Pero es justoreconocer que de la previsión normativa a la realidad práctica aún nosqueda un importante camino que recorrer en nuestro país, lo que exigeincrementar el esfuerzo conjunto tanto de la Administración Generaldel Estado, como de los órganos del Poder Judicial, así como de losAgentes Sociales responsables. Las distintas reflexiones y sugerencias que se contienen en esteestudio son el resultado de una experiencia continuada y viva de cincoaños y su principal objeto es colaborar decididamente en laconsecución de esa misma meta. 16.
INDICE II--DELIMITACION DE LAS COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO El presente estudio sólo pretende compendiar las actuacionesllevadas a cabo por el Defensor del Pueblo, desde su puesta enfuncionamiento, en el ámbito de las instituciones penitenciariasespañolas y dentro del marco de competencias que le asignan laConstitución y su ley Orgánica reguladora, y en el periodo de tiempotranscurrido desde su efectiva entrada en funcionamiento en enero de1983. Ello obliga a determinar, como presupuesto previo, cuál es esemarco constitucional y legal que delimita dicha competencia. 1. El art. 54 de la Constitución Española, cuyo contenido sereproduce en el art. 1º de la Ley Orgánica 3/81, de 6 de abril,encomienda al Defensor del Pueblo, como alto comisionado de lasCortes Generales, la defensa de los derechos fundamentales que laConstitución reconoce en su Título I, a cuyo efecto podrá supervisar laactuación de la Administración. En virtud de este mandato, la actividad del Defensor delPueblo ha estado orientada, en lo que a la materia penitenciaria serefiere, a velar porque la actuación de los múltiples Organismospúblicos que inciden en esta específica actividad administrativa, secaracterice no sólo por un correcto funcionamiento de los serviciosordinarios de la Administración penitenciaria, sino también por unefectivo respeto de los derechos fundamentales de las personas que seencuentran privadas de libertad, como consecuencia o con ocasión deun proceso penal, así como los de los funcionarios que prestan servicioen los diversos Centros. 17.
Y todo ello, teniendo siempre presente que la configuración deEspaña como un Estado social y democrático de Derecho obliga atodos los poderes públicos a interpretar las normas que se refieren aestos derechos fundamentales de la forma más favorable a su efectivoreconocimiento y a adoptar una postura activa, de avance y deprogreso para que los valores que nuestra Constitución proclama seanreales y efectivos. Es, pues, este marco de competencias y la orientación descritala que ha enmarcado la actuación del Defensor del Pueblo al velar porel estricto cumplimiento del precepto constitucional que constituye lapiedra angular de nuestro sistema penitenciario, el art. 25.2 de laConstitución Española, a cuyo tenor: "Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad." No puede ignorarse la intensidad y el valor del esfuerzorealizado por los poderes públicos del Estado democrático que surgeen la Constitución de 1978 para dar efectivo y real cumplimiento entoda su integridad a los derechos y principios que en dicho preceptoconstitucional se consagran. No puede minusvalorarse este esfuerzo sitenemos en cuenta que se parte de una situación penitenciariaheredada de los tiempos anteriores que ni en su configuraciónpráctica, ni en su regulación normativa se aproximaba siquiera a laactual orientación constitucional del sistema penitenciario. Este esfuerzo que, aunque importante, aún no puedeconsiderarse concluido, se inicia con la promulgación de la LeyOrgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Con esta norma, nuestro país entra de lleno en el movimientode reforma penitenciaria que se promueve en Europa en la década delos años setenta propiciado por el Consejo de Europa con las Reglasmínimas para el Tratamiento de los Detenidos que aprueban elConsejo de Ministros del Consejo de Europa el 19 de enero de 1973,que se inspiraron en las conclusiones del Primer Congreso de las 18.
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento delDelincuente, reunido en Ginebra el 30 de agosto de 1955. Este movimiento de reforma penitenciaria se fundamenta endos principios esenciales: A.- La humanización en la ejecución de las penas: La pena privativa de libertad debe considerarse estrictamenteen esa privación, sin que pueda constituir un sufrimiento añadido a lapena. El sistema penitenciario debe garantizar el respeto a losderechos fundamentales de la persona. B.- La ejecución de la pena debe tender fundamentalmente a lareeducación y a la reinserción social, debiendo los poderes públicosofrecer un tratamiento resocializador al delincuente. Ambas ideas conforman los pilares básicos sobre los quevendría a asentarse, más tarde, el sistema penitenciario que configuranuestra Constitución, y encuentra su desarrollo en la Ley OrgánicaGeneral Penitenciaria, cuya efectiva aplicación en la práctica y losproblemas y dificultades que de ello se deriva han constituido el objetode nuestra actividad de supervisión, que se ha intentado llevar a cabosiempre con especial preocupación por colaborar con las autoridadesadministrativas para que los derechos constitucionales de los internossean una realidad viva, que no menoscabe tampoco el sentido de lapena, ni entorpezca o dificulte la más eficaz actuación de laAdministración de Justicia y Penitenciaria. 19.
INDICE III.- NATURALEZA DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS Para ejercitar nuestras competencias se han utilizado losdiversos medios que se encuentran previstos en la Ley Orgánica 3/81,de 6 de abril reguladora del Defensor del Pueblo, como integrantes dela "investigación sumaria e informal" que constituye nuestra forma deactuación ordinaria. (art. 18.1 de la Ley Orgánica 3/81): 1.- Tramitación de las quejas recibidas por escrito A todas ellas se les ha dado respuesta personal e individualizadamediante escrito motivado, tanto en los supuestos de escritosredactados por familiares de los internos como por los remitidos porellos mismos; o por los funcionarios de Instituciones Penitenciarias osus organizaciones profesionales; o por asociaciones de internos o decarácter extrapenitenciario. El artículo 10.1 de la Ley Orgánica del Defensor del Puebloestablece que: "Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, 20.
residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder público." En razón a lo dispuesto en este precepto legal y desde el iniciode la actividad del Defensor del Pueblo, hasta el 30 de septiembre de1987, se han recibido y atendido 4.722 quejas relacionadas con elámbito penitenciario. La tramitación de estas quejas, cuando se han considerado confundamento suficiente por indicar una situación presuntamenteirregular, ha determinado la apertura de investigaciones ante laAdministración competente. 2.- Actuaciones telefónicas y visitas recibidas Aún cuando el artículo 15 de la Ley Orgánica del Defensorexige la formalización por escrito de las quejas, la naturaleza muyespecial de las que en ocasiones se generan en el ámbito penitenciarioha exigido con frecuencia la utilización del teléfono para resolver conrapidez problemas concretos de carácter urgente surgidos en distintoscentros. Las visitas recibidas en la sede de nuestra Institución, tantode presos que se encontraban de permiso como de familiares ofuncionarios han constituido, asimismo, una faceta importante delmétodo de trabajo desarrollado en este área facilitando unconocimiento muy directo de los distintas circunstancias de la realidadpenitenciaria. 3.- Actuaciones de oficio. Por otra parte, nuestra actuación no ha sido iniciada siempre ainstancia de parte. En no pocos supuestos la iniciativa ha partido, deoficio (art. 9.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril), de la propiaInstitución como consecuencia de la visita a los centrospenitenciarios, de noticias aparecidas en los medios de comunicación,llamadas telefónicas, denuncias anónimas de familiares de presos,incluso de funcionarios penitenciarios que han preferido permaneceren el anonimato. En todos estos casos, el proceso de valoración hasido más estricto y riguroso, antes de proceder a la apertura de unexpediente de queja y proceder a la oportuna investigación. 4.- Visitas a los establecimientos penitenciarios Con todo, el método de trabajo que ha proporcionado unconocimiento más real y directo de la complejidad de la materia que 21.
tratamos, ha sido el realizar visitas a los establecimientospenitenciarios, en ejecución de lo previsto en el artículo 19.2 de laLey Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo. Próximos ya a cumplirse los cinco años de nuestro mandatoconstitucional, todas las cárceles españoles habían sido ya visitadas yun alto porcentaje de las mismas en diversas ocasiones. En los Informes anuales que esta Institución ha presentado alas Cortes Generales, así como en los remitidos al Ministerio deJusticia o Fiscal General del Estado, según los casos, han sidoexpuestos con detalle los Centros visitados cada año, los objetivos deestas visitas, la forma concreta en que se han realizado y losresultados derivados de las mismas. 4.1.- Centros visitados Incluimos aquí la relación de centros penitenciarios que año aaño han sido visitados por el Defensor del Pueblo o sus asesores, conlas naturales repeticiones de algunos de ellos a los que ha sidonecesario acudir con más frecuencia, e incluso varias veces cada año,dato éste último que no se refleja en detalle, pero que eleva a más dedoscientas las visitas realizadas en estos cuatro años y medio denuestras actividades. En 1983, Alcalá, Burgos, Carabanchel (Madrid), Ciudad Real,Herrera de la Mancha (régimen abierto), Madrid (jóvenes), Málaga,Meco (Madrid), Ocaña I, Puerto de Santa María I, Segovia(cumplimiento) y Yeserías (Madrid). En 1984, Bilbao, Burgos, Cádiz, Carabanchel (Madrid),Ciudad Real, Gerona, Herrera de la Mancha (abierto), Herrera de laMancha (cerrado), Hospital Psiquiátrico penitenciario (Madrid),Hospital Penitenciario (Madrid) Jerez de la Frontera, Las Palmas,Lérida, Madrid (jóvenes), Málaga, Meco (Madrid), Nanclares de laOca, Ocaña I, Puerto de Santa María I, San Sebastián, Segovia(cumplimiento), Yeserías (Madrid) y Zaragoza. En 1985, Albacete, Alicante (cumplimiento), Ávila, Cáceres I,Cáceres II, Castellón, Central de Observación (Madrid), Córdoba,Daroca (Zaragoza), Granada, Guadalajara, Hospital PsiquiátricoPenitenciario (Alicante), Jaén, La Coruña, Lugo (Bonxe), Lugo(Monterroso), Melilla, Orense, Pamplona, Pontevedra, Salamanca,Valencia (hombres), Valencia (mujeres), Vigo, Zamora y Zaragoza. En 1986, Alcázar de San Juan, Algeciras, Almería, Arrecife,Badajoz, Barcelona (hombres), Barcelona (jóvenes), Barcelona(mujeres), Carabanchel (Madrid), Cartagena, Ceuta, Cuenca, El Dueso(Cantabria), Figueras, Gerona, Gijón, Hospital Penitenciario 22.
(Madrid), Hospital Psiquiátrico Penitenciario (Madrid), Huelva,Huesca, Ibiza, Jerez de la Frontera, León, Lérida II, Logroño, LasPalmas, Madrid (jóvenes), Meco, Murcia, Ocaña I, Ocaña II, Oviedo,Palencia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz deTenerife, Santander, Segovia (ebrios), Sevilla, Soria, Tarragona,Teruel, Toledo,Valladolid, Yeserías (Madrid) y Zaragoza. En 1987 (hasta el 1º de septiembre), Puerto de Santa María I,Puerto de Santa María II, Málaga, Teruel, Ocaña l, Segovia(cumplimiento), Liria (Valencia), Badajoz, Central de Observación,Hospital Penitenciario, Psiquiátrico Penitenciario, Alcalá de HenaresI, Alcalá de Henares II, Madrid I (hombres), Madrid II (Hombres-Meco). 4.2. Método de trabajo desarrollado en cada visita a) Examen detenido de las instalaciones penitenciarias, (celdas, galerías, módulos, patios, salas comunes, biblioteca, talleres, cocina, lavandería, oficinas, etc.); comprobación de la existencia y formas de llevarse a cabo el trabajo penitenciario; conocimiento de las cuestiones atinente a la clasificación penitenciaria; constatación de la existencia y tipo de actividades educativas, culturales y deportivas; alcance de la cobertura de la prestación de los servicios sanitarios. b) En cada visita se ha explicado a los internos, de forma colectiva, las funciones del Defensor del Pueblo, sus competencias, la forma de entrar en contacto con la Institución, así como los derechos fundamentales que a los internos reconoce nuestra Constitución. Esta información se ha dado siempre en el lugar donde se encontrasen reunidos los presos en el momento en que visitábamos la cárcel: en los patios, talleres, galerías, módulos, comedores o celdas. c) Recibir y escuchar individualmente a los presos o a sus representantes. d) Recibir y escuchar a los funcionarios y a sus secciones sindicales para conocer asimismo las condiciones en que se presta el servicio y los problemas que pudieran existir. 23.
e) Visitar las instalaciones del cuerpo de guardia que tiene encomendada la vigilancia del exterior de la cárcel y atender las cuestiones suscitadas por los agentes de servicio de los cuerpos de seguridad. Es de justicia reiterar aquí -como se ha expuesto en nuestrosinformes parlamentarios- que, tanto los directores de losestablecimientos visitados como los funcionarios han colaborado yfacilitado siempre el trabajo de los asesores que han efectuado lasvisitas. 24.
INDICE IV- TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS RECIBIDAS Como consecuencia de estas visitas y con ocasión de losescritos motivados de contestación individualizada a las quejas quenos ha sido remitidas, y de las que no podía desprenderse la existenciade una actuación administrativa presuntamente irregular, se harealizado una labor orientadora e informativa no sólo de las funcionesy competencias del Defensor del Pueblo, sino de los derechos propiosde los internos, tanto en el ámbito jurisdiccional como penitenciario. Esta labor orientadora, unida a las visitas periódicamenterealizadas a las prisiones ha creado en los reclusos una cercanía con elDefensor del Pueblo, generadora de una corriente de confianza quemerece ser destacada. Así hemos constatado que nuestrascontestaciones en las que se contiene información sobre diversassituaciones penitenciarias, modelos de instancias, etc. son conservadaspor los presos y difundidas por y entre ellos. La exposición, siquiera sea brevemente, de esta laborinformativa requiere ir acompañada de una referencia a la tipología delas quejas recibidas que han propiciado dicha información. 25.
INDICE Prescindiendo ahora de aquéllas que por denunciar actuacionesde la Administración que presuntamente pudieran calificarse deirregulares han determinado la apertura de la correspondienteinvestigación sumaria e informal, el tratamiento de un elevado númerode quejas, no formalizadas ante la Administración, ha requerido unacontestación motivada, que aclarase cuáles eran las razones queimpedían la apertura de una investigación y orientase al tiempo acercade los derechos que, en ese caso concreto, pudiera ostentar elreclamante, así como de las vías adecuadas para ejercitarlos. Así loprevé el art. 17.1 de nuestra Ley Orgánica regulador Este tipo de quejas puede ser inicialmente clasificado en dosgrandes grupos: Quejas que afectan a la situación procesal de losinternos, sean penados o preventivos, y las que afectan a su situaciónpenitenciaria. La valoración adecuada de ambos grupos de quejas aconseja untratamiento diferenciado de cada una de ellas. 1.-Quejas que afectan a la situación procesal de los internos, sean penados o preventivos. En cuanto a este primer grupo, se ha indicado reiteradamente alas personas que se han dirigido al Defensor del Pueblo el límiteconstitucional a su actividad que supone el debido respeto al principiode independencia que caracteriza el ejercicio de la funciónjurisdiccional, ejercida por Jueces y Tribunales y reconocido en el art.117.1 C.E., Este principio constitucional de independencia judicial, queesta Institución ha respetado en todo momento impide al Defensor delPueblo entrar en el examen individual de las quejas sobre las que estépendiente una resolución judicial y le obliga a suspender suinvestigación cuando se interpusiese demanda o recurso ante losTribunales de Justicia, como así lo establece expresamente el art. 17.2de su Ley Orgánica reguladora Todo ello implica, igualmente, que esta Institución no puedeinterferir en los procedimientos judiciales ni revisar las resolucionesque en ellos se dicta, en el ejercicio de la mencionada independencia. Por ello, en los supuestos en que el contenido de la queja noera otro que el de solicitar la intervención del Defensor del Pueblopara obtener una resolución judicial de un contenido concreto o bienla modificación de una resolución judicial no favorable de cualquiertipo, esta Institución ha informado a los reclamantes de la limitación 26.
expuesta, así como del derecho que les asiste a designar abogado o aque se realice de oficio por el órgano jurisdiccional, siendo dicholetrado, como encargado técnico de la defensa, el que debe plantearsus pretensiones ante el órgano jurisdiccional competente. Sin perjuicio de lo expuesto, el Defensor del Pueblo si puedeen los casos a que se refieren este primer tipo de quejas relativas a lasituación procesal de los internos, investigar sobre los problemasgenerales que se desprenden de las mismas, así como velar por eleficaz funcionamiento del servicio público judicial, íntimamenteligado al reconocimiento del derecho fundamental a una tutela judicialefectiva, proclamado en el art. 1 y 13 de nuestra Ley Orgánicareguladora). Estas facultades, partiendo siempre del respeto a la limitaciónconstitucional inicialmente expuesta, han sido utilizadas en numerosasocasiones, tanto en lo que se refiere al funcionamiento del serviciopúblico que presta la jurisdicción penal, como elaborando sugerenciassobre la interpretación de algunas normas reguladoras del procesopenal, que suponían un desarrollo del art. 24 C.E., como se iráexponiendo a lo largo del presente estudio. Dejando al margen por el momento aquellas quejas que handado lugar a recomendaciones interpretando con carácter generalalgunas normas reguladoras del proceso penal, o que han pretendidocorregir ciertas deficiencias del funcionamiento del servicio públicoque presta la jurisdicción penal, nos referiremos ahora exclusivamentea aquéllas que, por incidir de lleno en el limite constitucional quesupone el respeto a la independencia judicial, sólo han posibilitadouna actuación informativa u orientadora del Defensor del Pueblo. 1.1.-Disconformidad con la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad o con la resolución judicial que adopta la medida cautelar de prisión provisional Son frecuentes los escritos recibidos de los internos queconsideran "injustas" o excesivas las penas que les han sidoimpuestas, y también aquellos que, discrepando con su situación deprisión preventiva, desean obtener la libertad provisional. En todos estos casos, el Defensor del Pueblo, después deindicar a los interesados la imposibilidad de intervenir por las razonesexpuestas, les orienta acerca del derecho que les asiste a designarlibremente un letrado o solicitar su nombramiento de oficio por elórgano jurisdiccional. Lo que ha de hacerse con carácter preceptivo eirrenunciable desde el momento mismo de la iniciación del proceso,pues sólo a través del mismo puede hacer llegar el inculpado suspretensiones al órgano jurisdiccional competente y obtener, en el caso 27.
de que fuera procedente, la satisfacción de sus intereses por vía derecurso, cuando esté legalmente previsto. Por ello, en estos casos, anuestro escrito se acompaña siempre un modelo de instancia parasolicitar del Juzgado información acerca del letrado de oficiodesignado Cuando el reclamante se encuentra sometido a unprocedimiento de extradición pasiva, se le ha facilitado informaciónsobre los límites máximos de duración de la detención preventiva, encada una de las distintas fases del procedimiento de extradición, tal ycomo se regulan en el art. 10 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo deExtradición Pasiva. La información proporcionada a los interesados ha recogidotambién la de los plazos máximos de duración de la prisión preventivatal y como han sido establecidos en las últimas reformas de la Ley deEnjuiciamiento Criminal, en concreto las efectuadas por la Ley10/1978, de 20 de febrero; Ley Orgánica 7/1983, de 23 de abril y LeyOrgánica 10/1984, de 26 de diciembre. En algunos casos los internos han recabado información sobrecuál era la ley procesal aplicable, cuando su situación de prisiónprovisional fue adoptada por una resolución judicial dictada bajo lavigencia de la Ley 7/83, de 23 de abril -que establecía unos plazosmáximos de duración de la prisión preventiva más breves- yposteriormente, durante el curso del proceso y mantenida la medidacautelar, se dictó la nueva ley reguladora de los plazos máximos deduración de la prisión provisional, (Ley Orgánica 10/84, de 26 dediciembre), que los elevaba considerablemente A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de marzode 1987, dictada en el recurso de amparo número 1220/1985, laorientación facilitada ha estado presidida por el criterio sentado en lamisma, aplicando el principio "favor libertatis" y resolviendo esteconflicto temporal de leyes procesales, atribuyendo preferencia a laLey Orgánica 7/1983 -que era la que regía al tiempo de ser adoptadala medida cautelar- por ser la que establece los plazos más breves deduración máxima de dicha medida restrictiva de la libertad. 1.2.- Solicitud de aplicación de la reforma operada en el Código Penal por la Ley orgánica de Reforma Urgente y Parcial de dicho texto legal, de 25 de junio de 1983 Un número elevado de internos se han dirigido al Defensor delPueblo manifestando que habían sido condenados por sentencia firmedictada con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley de Reformadel Código Penal, por delitos que esta nueva ley castigaba con unapena inferior a la que les había sido impuesta. Los reclamantes 28.
deseaban saber cuál era la vía adecuada para solicitar la aplicación deesta nueva ley y conseguir así una rebaja de la pena, si fueraprocedente. Efectivamente, la Disposición Transitoria de la Ley Orgánica8/1983, de 25 de junio, antes mencionada, recoge en su párrafosegundo el principio de retroactividad de la ley penal más favorablereconocido en el art. 24 del Código Penal, que debe aplicarse incluso,"aunque al publicarse aquélla, -la ley- hubiere recaído sentencia firmey el condenado estuviere cumpliendo condena". "Los Jueces y tribunales procederán de oficio, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del reo, a rectificar las sentencias firmes no ejecutadas que se hayan dictado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley en las que conforme a ella hubiera correspondido una condena más beneficiosa para el reo por aplicación taxativa de sus preceptos y no por la posibilidad del ejercicio del arbitrio judicial." Ahora bien, dado que corresponde a los Jueces y Tribunales enejercicio de la función jurisdiccional, resolver sobre la procedencia dela solicitud de aplicación retroactiva de dicha reforma del CódigoPenal en lo que fuere más beneficiosa, esta Institución ha orientado alos interesados sobre la posibilidad de dirigirse al órganojurisdiccional sentenciador para solicitar su aplicación acompañandoun modelo de instancia para facilitar esta actuación. Se haproporcionado, asimismo, información sobre el derecho irrenunciableque asiste a los internos a ser asistidos por un letrado durante lasustanciación de estos trámites, ya que la resolución motivada quedicta el órgano jurisdiccional concediendo o denegando la aplicaciónde la reforma del Código Penal, requiere la audiencia del reo y essusceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal ycomo se prevé en la Disposición Transitoria mencionada. Sin perjuicio de cuanto antecede, cuando de la queja recibidase desprendía una excesiva tardanza en la realización de esta revisión(que debe hacerse de oficio y con intervención del Ministerio Fiscal),el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado,al amparo del art. 13 de su Ley Orgánica reguladora, por consideraresta situación como un supuesto de presunto anormal funcionamientodel servicio público judicial. 1.3.- Solicitud de concesión de la remisión condicional de la pena. En estos casos, los interesados exponen que se encuentranincursos en un proceso penal en el que la acusación solicita laimposición de una pena privativa de libertad no superior a dos años,manifestando su deseo de no cumplir dicha pena en un establecimientopenitenciario dada su corta duración y otras concretas circunstanciaspersonales que en ellos concurren (necesidad de tratamiento de 29.
desintoxicación, tener un trabajo fijo y regular, haber cometido eldelito cinco, seis o siete años antes de la celebración del juicio oral yestar ya absolutamente reinsertado en la sociedad, etc.). Debido a que la pendencia de un procedimiento judicial impidea esta Institución intervenir, se ha facilitado a los interesadosorientación sobre uno de los escasos mecanismos previstos en nuestraley penal para sustituir una pena privativa de libertad: la remisióncondicional de la pena. La información se ha orientado exclusivamente a destacar losrequisitos esenciales que deben concurrir para que el Juez o Tribunalpueda hacer uso de esta facultad que establecen los artículos 92 ysiguientes del Código Penal, así como a indicarles que es a través desu letrado como deben hacer llegar al órgano jurisdiccional estapretensión. 1.4.- Información sobre la falta de alternativas a la prisión En estos supuestos, los ciudadanos nos han expuesto quehabiendo delinquido hacía tiempo se encontraban, al cabo de los añosy debido a retrasos padecidos en la tramitación de sus procesos, conuna condena a la que no era de aplicación la remisión condicional dela pena Durante este largo tiempo habían encontrado trabajo yobtenido, por tanto, su plena reinserción social. Han de añadirse asimismo aquellos casos de ciudadanos quedelinquieron cuando estaban sometidos a drogadicción, y que al cabode los años, y ya plenamente desintoxicados, debido a los retrasosantes mencionados, han de cumplir, no obstante, una condena a penaprivativa de libertad a la que tampoco es de aplicación la condenacondicional y que viene a poner en peligro la estabilidad personal yprofesional tan difícilmente conseguida. La insuficiencia en nuestro sistema de penas de un completoconjunto de medidas alternativas a la prisión, nos han movido ainformar de esta posibilidad a las personas condenadas, resumiendolas sugerencias que el Defensor del Pueblo ha elevado a losDepartamentos competentes de nuestra administración Pública, comose expone en apartado ulterior de este Informe, y que están siendoobjeto de estudio por las expresadas autoridades para la incorporación,en su caso, a la reforma del Código Penal y de las Leyes Procesales. 1.5.- Orientación jurídica sobre la forma de solicitar la concesión de la libertad condicional Artículo 60 del Reglamento Penitenciario Son muchos los internos que, encontrándose ya en segundo otercer grado de clasificación penitenciaria y estando próxima larevisión de su clasificación por el Equipo de Tratamiento -que debe 30.
efectuarse cada seis meses como máximo (art. 65.4 Ley OrgánicaGeneral Penitenciaria)-, acuden al Defensor del Pueblo solicitandoinformación acerca de la forma de obtener la libertad condicional, loque les permitiría cumplir en libertad el último periodo de su condena. Como es sabido, la Ley Orgánica General Penitenciariaestablece que "las penas privativas de libertad se ejecutarán según elsistema de individualización científica, separado en grados, el últimode los cuales será el de libertad condicional, conforme determina elCódigo Penal" (art. 72.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). Dado que la concesión de la libertad condicional escompetencia exclusiva del Juez de Vigilancia Penitenciaria (art.76.2.b Ley Orgánica General Penitenciaria), esta Institución se halimitado a informar a los interesados de los requisitos que el CódigoPenal establece en el art. 98 para que aquélla pueda ser concedida,completados con la concreción que de estos requisitos se efectúa en losartículos 58 y siguientes del Reglamento Penitenciario, así como elOrganismo al que deben efectuar la solicitud. Recientemente, y comprobado que la situación sanitaria dealgunas personas que ingresan en los centros penitenciarios tienen eseorigen en causas anteriores a su ingreso en prisión, aunque se agraveya una vez dentro de éste, y una vez recibidos escritos de ellos que, alencontrarse en fase avanzada de alguna enfermedad grave de carácterinfecto-contagioso, nos solicitan información sobre la posibilidad deobtener, alegando las expresadas causas, la libertad condicional,hemos tenido que informar que no entre dentro de nuestra competenciaproponer dicha libertad condicional, pues está reservado de modoexclusivo al Juez de Vigilancia Penitenciaria, pero les hemos indicadocuáles son las previsiones que la vigente legislación penitenciariacontiene para esos supuestos, principalmente el artículo 60 delReglamento Penitenciario, que elimina la necesidad del cumplimientode algunos de los requisitos que exige la propuesta de libertadcondicional cuando se trate de "enfermos muy graves", si bien estacalificación no puede tampoco ser distorsionada en su interpretación,hasta el punto de pretender ser aplicada a todos los supuestos deenfermedad. Al margen de ello, y como se expone en Otro punto de esteinforme, se ha tratado ampliamente con la autoridad administrativa, elproblema de la sanidad en materia penitenciaria. 1.6.- Información sobre la forma de solicitar la aplicación de la regla segunda del art. 70 del Código Penal En estos casos, los internos que a esta Institución se handirigido habían sido condenados por sentencias firmes dictadas en 31.
distintos procesos penales, a las correspondientes penas privativas delibertad y deseaban conocer cuál era la vía adecuada para solicitar laaplicación del límite máximo de cumplimiento de penas privativas delibertad que para concretos supuestos prevé la legislación vigente. Por ello, se ha proporcionado información sobre la forma desolicitar la aplicación de la regla segunda del art. 70 del CódigoPenal, la cual establece el límite máximo de cumplimiento de laspenas en los casos de concurso real y de delitos conexos, sobre la basedel criterio de la acumulación jurídica en el cumplimiento de la pena. Asimismo, se les ha informado detalladamente sobre elcontenido del art. 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, queconfigura el trámite procesal a seguir, indicándoles además el derechoque les asiste a intervenir activamente en estos trámites medianteletrado de su elección o de oficio, que deberá ser designadonecesariamente por el órgano jurisdiccional, aunque ello no estéprevisto expresamente por el precepto indicado de la Ley deEnjuiciamiento Criminal; y ello por aplicación directa del art. 24 C.E.tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia constitucional(Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 1987,dictada en el Recurso de Amparo núm. 202/84). 1.7.- Solicitud de información para obtener una indemnización por un presunto anormal funcionamiento de la Administración de Justicia La grave duración máxima de los plazos de prisión preventivaestablecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en virtud de la LeyOrgánica 10/1984, de 26 de diciembre, y la demora en la actuación dealguno de nuestros Tribunales, origina que no sean infrecuentes losescritos que se reciben en el Defensor del Pueblo solicitandoinformación acerca de los mecanismos previstos en las leyes para"reparar" el presunto daño producido a aquellos internos que, despuésde haber sufrido un periodo concreto de prisión preventiva, han sidocondenados a una pena inferior o incluso han sido absueltos pormotivos distintos de los establecidos en el artículo 294 de la LeyOrgánica del Poder Judicial, esto es, por motivos distintos al deinexistencia del hecho imputado (piénsese por ejemplo en lossupuestos de absolución por falta de prueba de cargo suficiente paradesvirtuar la presunción de inocencia, elevada a la categoría degarantía constitucional del proceso penal en el art. 24 C.E.). Sin perjuicio de la valoración que merece a esta Institución lafrecuencia de este tipo de situaciones, que será expuesta en el apartadocorrespondiente de este estudio, en estos casos se orienta a losreclamantes sobre la posibilidad de solicitar del Ministerio de Justicia 32.
INDICEuna indemnización como consecuencia de un presunto anormalfuncionamiento de la Administración de Justicia, mediante elprocedimiento previsto en los arts. 292 y siguientes de la LeyOrgánica del Poder Judicial, que han desarrollado la previsión generalcontenida en el art. 121 de la Constitución Española, indicándoles queesta Institución no puede suplir la legitimación de los afectados parainiciar las acciones oportunas. 2.- Quejas que afectan a la situación penitenciaria de los internos Son estas las que se refieren a la situación penitenciaria de losinternos, que por no denunciar presuntas irregularidadesadministrativas, han determinado simplemente que por estaInstitución se proporcionase información acerca de los mecanismosprevistos en la legislación penitenciaria para encauzar las cuestionesque constituían su objeto. Por el contrario, cuando la queja ha expuesto una irregularidadadministrativa atinente a la situación penitenciaria, se ha iniciado lacorrespondiente investigación sumaria e informal ante laAdministración competente. Las quejas objeto del presente apartado pueden agruparse entorno a los siguientes temas: 2.1.- Solicitud de concesión de indultos. Son numerosos los internos que se dirigen al Defensor delPueblo solicitando la concesión de un indulto. En la gran mayoría delos casos, su concesión ha sido propuesta por la propia SalaSentenciadora en ejercicio de la facultad que le concede el art. 2,párrafo 2º del Código Penal, en cuya virtud el Tribunal "acudirá alGobierno exponiendo lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar desdeluego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de lasdisposiciones de la ley resultare penada una acción u omisión que, ajuicio del tribunal, no debiera serlo, o la pena fuere notablementeexcesiva, atendidos el grado de malicia y el daño causado por eldelito". En todos estos casos, se indica a los reclamantes que lanaturaleza jurídica del indulto configurado como acto graciableconcedido por la Corona, previa aprobación del Consejo de Ministros(art. 62.i C.E.), impide a esta Institución intervenir en cuanto a suconcesión o denegación. Por ello, se les informa pormenorizadamente, acompañando anuestra contestación una hoja informativa, de aquellos aspectos de laLey de Gracia e Indulto de 18 de junio de 1870 que pueden resultar de 33.
su interés, tales como las personas que pueden solicitarlo, losrequisitos para hacerlo, clases de indultos, departamento al que debendirigirse las solicitudes, etc. En el caso de que el indulto haya sido ya solicitado y no sehaya vuelto a obtener información sobre el estado de su tramitación,esta Institución realiza la correspondiente investigación para informaral preso de dicho estado de tramitación y así, si los informes delTribunal sentenciador y de la cárcel, preceptuados por la ley, sonfavorables o no. En este punto merece destacar que, respetando el caráctergraciable del indulto, esta Institución ha solicitado en diversasocasiones del Ministerio de Justicia que, como ocurre en todos losexpedientes administrativos, se proporcione información a losinteresados acerca de la recepción misma de la solicitud y de latramitación que posteriormente se siga al recabarse de la Salasentenciadora y de la prisión el informe preceptivo. Esa sugerencia ha contribuido, seguramente, a que dichoMinisterio adoptara la resolución de acusar recibo de las solicitudesde indulto presentadas, pero es de esperar que, en la misma línea decontacto con la persona afectada, se informe periódicamente alpeticionario sobre el estado de tramitación de su solicitud,independientemente de cual sea la decisión final sobre la petición degracia formulada, lo que sería concorde con el espíritu del artículo 29de la Constitución sobre el derecho de petición individual e, incluso,también según lo prevenido en el artículo 70.2 de la Ley deProcedimiento Administrativo, según la cual las peticionesconsistentes en rogar de la autoridad un acto graciable sesustanciarán, sin embargo, conforme a los preceptos contenidos en lasvigentes normas reguladoras del derecho de petición. Conjuntado lo dispuesto en la Constitución y la Ley deProcedimiento Administrativo con las previsiones de la Ley de 1870,en cuanto a la petición del derecho de indulto, no cabe duda que elejercicio del mismo da lugar al inicio de un expediente administrativo,del que no sólo debe acusarse recibo, según dispone el artículo 6.2 dela Ley de 22 de diciembre de 1960, sino también comunicarse alinteresado la resolución que definitivamente se adopte en relación conla misma, tal como lo dispone el artículo 11.3 de dicha norma legal. Ello, no obstante, dada la frecuencia con que nuestrosTribunales vienen utilizando la facultad que les reconoce el artículo 2del Código Penal y habida cuenta de la desproporción del reducidonúmero de indultos concedidos en estos años, nos mueven a insistir ennuestra recomendación a los Poderes Públicos de que se revise enprofundidad la cuestión planteada y, sin perjuicio de la reforma ya 34.
proyectada del Código Penal, se adopten gradualmente solucionesparciales, como se insiste en momento ulterior de este estudio. La frecuencia de la concesión de este tipo de indultos es, sinembargo, similar al de aquellos que no son solicitados por el Tribunalen la propia sentencia. Esta Institución es consciente de que un defectuoso sistema desanciones penales, tanto en su necesaria diversidad -distintos bienesjurídicos de los que priva- como en la relación de la pena con lagravedad del delito y la culpabilidad del delincuente, no puede sercorregido utilizando masivamente la vía del indulto, que por sunaturaleza esencialmente excepcional, quedaría desvirtuada y seríaademás insuficiente. 2.2.- Traslados a otros centros penitenciarios. Traslados a Cataluña. Son frecuentes las quejas que solicitan información sobre laforma y posibilidad de obtener el traslado a otro centro penitenciario.La razón fundamentadora de la mayoría de este tipo de escritos no esotra que la de conseguir el acercamiento al lugar donde reside lafamilia del interno. En un posterior apartado de este informe se expondrán condetalle las deficiencias de nuestro actual sistema penitenciario enrelación con el cumplimiento del principio de vinculación familiar,que deriva del recogido en la Ley Orgánica General Penitenciaria concarácter más amplio y general como el principio de "evitar eldesarraigo social de los penados" (arts. 12 de la Ley y 9 delReglamento). No obstante, en estos supuestos, el Defensor del Puebloproporciona a quien a él se dirige, información acerca del órganocompetente para decidir los traslados, y a quién deben ser dirigidas lassolicitudes, (la Dirección General de Instituciones Penitenciarias). Cuando los internos solicitan información sobre la forma deobtener un traslado a una prisión de la Comunidad Autónoma deCataluña, dado que a dicha Comunidad le fueron transferidas lascompetencias en materia de prisiones mediante Real Decreto3482/1983, de 28 de diciembre, esta Institución informa igualmentedel organismo competente de la Generalidad de Cataluña al que debenremitir sus escritos. El incompleto sistema penitenciario catalán y los gravesproblemas de vinculación familiar que ello plantea serán abordados,asimismo, con posterioridad. 35.
2.3.- Información sobre el régimen legal en materia depermisos de salida. Los internos solicitan asimismo que se les informe sobre laconfiguración legal de sistema de permisos de salida. En todos estos casos se proporciona información detallada -acompañando una hoja informativa- acerca de los tipos de permisos,quién debe concederlos -según se trate de penados o preventivos, suduración o su carácter ordinario o extraordinario, etc.-; la posibilidadde acudir al Juez de Vigilancia penitenciaria en vía de recurso o,incluso, ante la Audiencia Provincial competente en ciertos casos, etc. Cuando los que nos escriben son presos extranjeros quecumplen condena en nuestro país, la razón fundamentadora de susescritos relativos a la concesión de permisos suele ser la imposibilidadde llevarlos a efecto -en algunos casos- a pesar de haber sidoconcedidos por la Administración Penitenciaria o por el Juez deVigilancia, debido a que algunas de las Embajadas de los países de losque son nacionales no se comprometen expresamente a no entregarlesdocumentación que permita su salida de España, no quedando, portanto, garantizada la evitación de ese riesgo. En estos casos, sin perjuicio de tratarse de un supuesto decorrecto funcionamiento de la Administración española, siendo estasituación sólo imputable a las Embajadas de algunos paísesextranjeros, y quedando, por tanto, el asunto fuera de la órbitaconstitucional de nuestras competencias, la trascendencia de lacuestión y su carácter humanitario, nos obligan a efectuar una labor demediación ante dichas Embajadas con objeto de obtener unpronunciamiento expreso de las mismas, lo que permite que estospresos extranjeros puedan, sin peligro de salir del país, disfrutar delos permisos que les concede la legislación española. 2.4.-Cuestiones relativas a la clasificación penitenciaria En otros casos los internos manifiestan su disconformidad conla clasificación penitenciaria de que han sido objeto -cuestión esta desuma trascendencia, como más adelante se expondrá, por ser laclasificación el presupuesto del concreto tratamiento aplicable alinterno y, por tanto, del régimen de vida que va a caracterizar susituación penitenciaria (permisos, comunicaciones, etc.). En estos supuestos se informa a los interesados de laperiodicidad con que con arreglo a la legislación penitenciaria debenproducirse las futuras clasificaciones; del sistema de recursos ante el 36.
Juez de Vigilancia que establecen la Ley Orgánica GeneralPenitenciaria y la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia declasificación para el caso de disconformidad con la resoluciónadoptada, etc. Resulta obvio advertir que, si en estos casos, como en losanteriores, esta Institución aprecia algún tipo de anomalía (tardanzade un periodo de tiempo mayor del previsto en la ley para realizar lanueva clasificación; funcionamiento presuntamente irregular de losEquipos de Observación y de Tratamiento o de la Central deObservación; tardanza en la remisión del testimonio de sentencia alCentro penitenciario por los órganos jurisdiccionales, etc.), inicia lacorrespondiente investigación ante la Administración competente. 2.5.-Información en materia de asistencia social para losinternos o sus familiares Son igualmente frecuentes las solicitudes, que formulan losinternos o sus familiares de prestaciones de carácter social yasistencial, debido a las obvias repercusiones económicas que en lasituación familiar produce el ingreso en prisión de uno de susmiembros. Aún cuando en un apartado posterior se hará referencia a estacuestión, puede adelantarse aquí que en todos estos casos, se les indicala posibilidad de dirigirse a las correspondientes Comisiones deAsistencia Social que es el organismo al que la Ley Orgánica GeneralPenitenciaria y su Reglamento atribuye competencias en estascuestiones. 2.6.- Información en materia de régimen disciplinario Son también frecuentes los casos en que los internosmanifiestan su disconformidad con las sanciones disciplinarias que leshan sido impuestas, ignorando las vías que la legislación vigente lesofrece en estos supuestos y, como en los casos anteriores, sin que sedesprenda de su escrito una actuación administrativa irregular. La actuación del Defensor del Pueblo en estos casos seencamina a informar a los interesados de las características másdestacables del procedimiento sancionador previsto en la Ley OrgánicaGeneral Penitenciaria y su Reglamento y de las garantías esencialesque deben reconocerse a los reclusos en dicho procedimiento, entre lasque destacan la de ser informados de los cargos que se les imputan(art. 44.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria) y la de poder serasistidos por un letrado, tanto durante la fase de tramitación delexpediente por la Administración Penitenciaria como, en el caso deque se interponga recurso, también en la fase jurisdiccional; derecho 37.
éste que deriva del art. 24 C.E. tal y como ha sido reiteradamenteinterpretado por el Tribunal Constitucional y fundamentalmente en susentencia de 21 de Enero de 1987, dictada en los recursos de amparonúmeros 940 y 949/85, acumulados. Se les informa también en estos casos del completo sistema derecursos y de sus características más significativas, que ha sidoampliado y completado -respecto de los ya establecidos en la LeyOrgánica General Penitenciaria- por la Disposición Adicional Quintade la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este sistema de recursosgarantiza la intervención, con carácter de control extrapenitenciario yjurisdiccional, no sólo del Juez de Vigilancia, sino también de laAudiencia Provincial competente. Cabe ya adelantar aquí, con satisfacción, que la legislaciónpenitenciaria española es sin duda una de las más progresistas deEuropa en su configuración del régimen disciplinario penitenciario,no sólo en lo relativo al catálogo de sanciones que pueden imponerse ya su duración (el límite máximo de duración de la sanción más grave,-la de aislamiento en celda-, es sensiblemente inferior a losestablecidos en las legislaciones europeas), sino también por elnecesario sometimiento de la Administración Penitenciaria tanto enesta materia como en otras al control jurisdiccional de carácterextrapenitenciario. Este se instrumenta a través de la intervención delJuez de Vigilancia Penitenciaria, -lo que no ocurre en otros países-bien en vía de recurso bien debiendo dicho Juez autorizar laimposición de las sanciones más graves, con posibilidad de recurso enestos casos ante la Audiencia Provincial competente. La máximaintervención del Juez de Vigilancia en esta materia disciplinaria, asícomo el reforzamiento de las garantías del procedimiento sancionador,se han visto además favorecidas por reiterada jurisprudenciaconstitucional. 2.7.- Solicitud de asistencia médica En algunos casos los internos ponen de manifiesto a estaInstitución su disconformidad con la asistencia médica o sanitariarecibida. En estos casos, después de efectuar una valoración de lascircunstancias concretas concurrentes en la situación expuesta, y si nose desprende una actuación presuntamente irregular de laAdministración que motive la admisión a trámite de la queja, elDefensor del Pueblo informa a los reclamantes de la vía adecuada parahacer constar dicha disconformidad es decir, ante la Inspecciónsanitaria de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministeriode Justicia. 38.
2.8.- Información a los toxicómanos sobre la posibilidad de conseguir un tratamiento rehabilitador. En estos casos, los internos condenados a penas privativas delibertad que se encuentran afectos a algún tipo de drogodependenciasolicitan información acerca de la posibilidad de tener acceso a untratamiento rehabilitador. Dado el carácter restrictivo del art. 57 del ReglamentoPenitenciario en esta materia, así como la inexistencia de unacompleta red pública de asistencia a toxicómanos presos o no -como seexpondrá pormenorizadamente en un apartado posterior- estaInstitución se ve forzada a informar simplemente de esta situación yde las sugerencias que el Defensor del Pueblo ha elaborado alrespecto, hasta ahora no plenamente aceptadas. Actualmente se encuentra en tramitación ante las CortesGenerales un Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penalen materia de tráfico ilegal de drogas que propone la adición alCódigo penal de un nuevo artículo 93 bis, dentro de la seccióndedicada a la remisión condicional de la pena, que sufre unaampliación del ámbito de aplicación hasta ahora previsto para estafigura, en los supuestos en que el condenado estuviera en situación dedrogodependencia y la conducta delictiva hubiera sido realizada pormotivo de tal situación; se hubiera acreditado que él no se encuentradeshabituado o sometido a tratamiento para tal fin; y que el sujeto nosea reincidente ni haya gozado con anterioridad del beneficio de laremisión condicional. Según este Proyecto, durante el tiempo que dure la suspensiónde la ejecución de la pena, la Autoridad judicial efectuará unseguimiento directo sobre la iniciación y posterior evolución deltratamiento de deshabituación. 2.9.- Orientación sobre la forma de obtener la cancelación de los antecedentes penales Son también numerosos los escritos en los que se solicitainformación acerca de la forma de obtener la cancelación de susantecedentes penales y su consiguiente rehabilitación. En estos casos se informa con detalle -mediante hojainformativa- del contenido del precepto del Código Penal que regulaesta cuestión -art. 118 en su redacción dada por la Ley Orgánica deReforma Urgente y Parcial del Código Penal de 25 de junio de 1983-así como del Real Decreto 2012/1983, de 28 de julio, dictado en sudesarrollo que pormenoriza los trámites administrativos a realizar. Se 39.
acompaña también a nuestro escrito un modelo de instancia paraefectuar la solicitud de cancelación. Dado que una de las novedades introducidas en el art. 118 delCódigo Penal por la reforma de 1983, antes mencionada, es lacancelación de oficio sin necesidad de solicitud del interesado, cuandotranscurren los plazos legalmente previstos y la cancelación de oficiose demora en el tiempo esta Institución tramita la queja ante elMinisterio de Justicia. 2.10.- Información sobre la posibilidad de cumplir la pena impuesta a un extranjero en su país de origen. En algunos casos, presos extranjeros que cumplen condena enEspaña se dirigen a esta Institución solicitando orientación acerca desi existe algún mecanismo legal que les permita cumplir la pena en supaís de origen. En la actualidad en nuestro país se encuentra en vigor unúnico Convenio internacional de carácter multilateral que permite alos extranjeros de determinados países, condenados por los Tribunalesespañoles a penas privativas de libertad, la posibilidad de solicitar elcumplimiento de esta pena en su país de origen y viceversa. Se trata del "Convenio sobre el traslado de personascondenadas", hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1.983, ratificadopor España el 28 de mayo de 1.985 y publicado en el B.O.E. el 10 dejunio de ese año. Este Convenio ha sido ratificado por el momento porlos siguientes países: Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España,Francia, Grecia, Holanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo,Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Federal de Alemania,Noruega, Canadá y Estados Unidos. En los casos en que este Convenio puede ser de aplicación porser el preso extranjero que se dirige a esta Institución nacional dealguno de los países firmantes, se le proporciona informacióndetallada de su contenido y de la forma de solicitar su aplicación. En los casos -infrecuentes hasta el momento- en que el internoya ha solicitado ante las autoridades españolas fijadas en el Conveniola aplicación del mismo, esta Institución efectúa el correspondienteseguimiento a través del Ministerio de Justicia. Este mismoseguimiento se realiza cuando se trata de un preso español que cumplecondena en un país firmante y que ha solicitado la aplicación del 40.
INDICEConvenio para cumplir la pena en España. En todos estos casos, elseguimiento efectuado ha puesto de manifiesto la existencia de seriastrabas presupuestarias para que el citado Convenio puedaefectivamente aplicarse. Recientemente ha sido ratificado un nuevo Convenio bilateral,el "Tratado entre el Reino de España y la República del Perú sobretransferencia de personas sentenciadas a penas privativas de libertad ymedidas de seguridad privativas de libertad, así como de menores bajotratamiento especial". Este Convenio fue ratificado por España el 9 dejunio de 1987 y publicado en el B.O.E. el 5 de agosto del mismo año. 3.- Conclusiones al epígrafe cuarto De todo lo expuesto se desprende la importancia de que seacelere el perfeccionamiento de los cauces que, con carácter ordinario,deberían ser los encargados de proporcionar la debida información alos internos en las prisiones: los letrados defensores de los internos;los organismos administrativos responsables en las distintas materias,como es la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, encoordinación con otros centros directivos del Estado y lasComunidades Autónomas; los equipos de tratamiento y deobservación; los educadores y ,en general, los funcionarios que seencuentran en cada centro penitenciario. La realidad es que son numerosos los escritos de los internosen los que se revela desconcierto o falta de suficiente informaciónsobre su situación procesal, que podría evitarse mediante un mayorcontacto entre los abogados defensores y sus defendidos, en donde seaprecia un déficit, como luego se concreta al tratar del turno de oficio. La actuación que esta Institución ha venido desempeñando enrelación con esta alarmante carencia de información ha estado siemprepresidida por una interpretación amplia del derecho constitucional ala defensa, que debe garantizarse y cumplirse, a nuestro juicio, desdeque el proceso penal se inicia y hasta el definitivo cumplimiento de lapena. Entendemos que los derechos constitucionales del sometido aproceso penal no terminan con la vista del juicio oral y la posibilidaddel recurso contra la sentencia, sino que continúa teniendo vigencia entodas las vicisitudes procesales que determinan la efectividad de lasentencia condenatoria a pena privativa de libertad. Sólo el cumplimiento estricto del derecho a la defensa en lostérminos propugnados por esta Institución -como avala reiteradajurisprudencia del Tribunal Constitucional entre la que destaca lasentencia de 30 de Enero de 1987 dictada en el Recurso de amparo nº202/84 evitaría la falta de información de los presos sobre su situación 41.
procesal, previa o posterior a la sentencia firme condenatoria a penaprivativa de libertad. De otra parte la insuficiente información a los internos sobresus derechos penitenciarios y las vías adecuadas para ejercitarlos, essuperable si se intensifica la función pedagógica y de atención alinterno que, entre otras, prevé nuestra legislación penitenciaria y quees fundamental función de los equipos de tratamiento, los deobservación, los educadores y, en general, los funcionarios adscritos alos centros penitenciarios, aparte de la función de vigilancia, sin dudaimportante, pero complementaria. No otra cosa puede desprenderse de los principios generalesque inspiran nuestro sistema penitenciario, en forma análoga al de losdemás países europeos y así, destaca por su claridad en este punto laLey Penitenciaria de la República Federal de Alemania en cuyoparágrafo 154 expresamente se recoge esta tarea colaboradora en laejecución de la pena, que debe cumplir todo el personal adscrito a laAdministración Penitenciaria. (Ley de Ejecución de Penas, de 16 demarzo de 1976, modificada por la Ley de 18 de agosto de 1976). Es necesario que los funcionarios de prisiones perfeccionen almáximo su formación profesional, lo que sin duda redundará en unamayor preocupación por el tratamiento en sus actividades, sin menguadel mantenimiento de la disciplina que también les está encomendada. Ello no es óbice para que el Defensor del Pueblo hayaconstatado la existencia de un grupo importante de funcionarios,altamente cualificados, que habiendo asumido plenamente la filosofíade la Ley General Penitenciaria, dedican todo su esfuerzo a que losprincipios constitucionales y legales sean una realidad viva en lascárceles. Desde otro punto de vista, esa situación de insuficientecomunicación o información que revelan numerosas quejas de lapoblación reclusa, podría, ser paliada mediante la elaboración dealgún manual divulgativo de los derechos y deberes de los internos encuya redacción no debería participar sólo, a nuestro juicio, laAdministración penitenciaria, sino los distintos y variados sectoresque confluyen en la situación penitenciaria española:Consejo General del Poder Judicial, Ministerio Fiscal, Ministerios deSanidad, Trabajo, Educación y Cultura, Consejo General de laAbogacía, etc. 42.
INDICE V.- SITUACION DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS ESPAÑOLES El importante número de quejas recibidas durante estos casicinco primeros años de funcionamiento de la Institución y,fundamentalmente, las visitas efectuadas a todos los centrospenitenciarios españoles, nos ha permitido acercarnos de una formadirecta a la realidad penitenciaria en toda su complejidad, la cualabarca factores de muy diversa índole, penitenciarios yextrapenitenciarios. Los elementos de juicio así obtenidos nos permiten efectuaruna valoración inicial; se trata de algunos aspectos de la situación 43.
INDICEpenitenciaria española que, por su extraordinaria importancia, exigenuna inmediata solución por parte de los poderes públicos. Sin perjuicio de reconocer la dificultad que entraña establecerun orden de prioridades entre las distintas facetas que componen lavida en los centros penitenciarios, puede destacarse la imperiosanecesidad de dar cobertura con carácter prioritario o preferente aciertas facetas de la vida en la prisión que por afectar al núcleoesencial de la dignidad de la persona, constituyen la base sobre la quese asientan todas las demás de la vida penitenciaria, que no puedendesarrollarse eficazmente si no es partiendo de la correcta coberturade aquéllas. Nos referimos a la alimentación, la higiene y la sanidad,que van a ser, por consiguiente analizadas en primer término, sinperjuicio de exponer posteriormente las demás parcelas de que secompone la vida penitenciaria y que son también de esencialtrascendencia. 1.- Alimentación Siguiendo el criterio orientador sentado en materia dealimentación en los centros penitenciarios por las Reglas mínimas delas Naciones Unidas y las del Consejo de Europa, la Ley OrgánicaGeneral Penitenciaria recoge la inexcusable exigencia de que laAdministración proporcione a los internos una alimentación preparadaadecuadamente y con control médico, que responda en cantidad ycalidad a las normas dietéticas (número de gramos de proteínas noinferior a 90), calóricas (3.000 para internos sanos; 3.500 paramenores de 21 años y mayores de sesenta y 4.000 para enfermoscarenciales, tuberculosos, etc.) y de higiene. El tipo de alimentacióndeberá responder, además, al estado de salud del recluso, al tipo detrabajo que desempeñe. Y dentro de lo posible, a sus conviccionesfilosóficas y religiosas. La alimentación consistirá en racionescocinadas, distribuidas en desayuno, almuerzo y cena (arts. 21 LeyOrgánica General Penitenciaria y 220 y siguientes del Reglamento). Comparado el carácter de esas normas con la realidad de lasquejas y observaciones realizadas durante las visitas a los centrospenitenciarios, se aprecia que no obstante el indudable esfuerzorealizado durante estos últimos años por el Ministerio de Justicia enesta materia, el régimen alimentario en nuestras prisiones es todavíainsuficiente. 44.
Todavía hay centros en que es frecuente la falta de productosalimentarios frescos y en que la cena es excesivamente reducida. Eneste aspecto es patente que el Ministerio de Justicia necesita recibirconsignaciones más importantes para poder mantener en los centrospenitenciarios un nivel adecuado de alimentación, máxime dada laperiódica elevación de los precios. Seguidamente se recogen los avances realizados desde el año1981 y las insuficiencias que importa superar. AÑOS 1981 Y 1982: RACIONES POR DIA Y PLAZA GRUPO UNICO Internos sanos ............................................ 138 pts. Internos jóvenes ......................................... 184 pts. Raciones de enfermería................................ 185 pts. Raciones de enfermería doble (enfermos Carenciales). .............................................. 212 pts RACIONES POR DIA Y PLAZA (1) (2) (3)A GRUPO GRUPO GRUPOÑ I II IIIO (PTS) (PTS) (PTS)S Internos sanos 195 173 1681 Internos jóvenes 260 230 2239 Ración enfermería 262 231 2248 Ración enfermería doble: 300 265 2573 enfermos Internos sanos 215 190 1851 Internos jóvenes 286 253 2459 Ración enfermería 288 254 1468 Ración enfermería doble: 330 291 1834 enfermos Internos sanos 239 211 2051 Internos jóvenes 320 282 2749 Ración enfermería 320 282 2748 Ración enfermería doble: 367 324 3455 enfermos 45.
Internos sanos 263 232 2271 Internos jóvenes 352 310 3019 Ración enfermería 352 310 3018 Ración enfermería doble: 404 350 3476 enfermos Internos sanos 308 271 2661 Internos jóvenes 412 363 3529 Ración enfermería 412 363 3528 Ración enfermería doble: 473 417 4067 enfermos(1) - Centros de menos de 125 internos(2) - Centros de 125 a 500 internos(3) - Centros más de 500 internos. A continuación, se expone el presupuesto dedicado por laGeneralidad de Cataluña a los internos que se encuentran en suComunidad Autónoma, correspondiente al año 1987: RACIONES POR DIA Y PLAZA (1) (2) (3)A GRUPO GRUPO GRUPOÑ I II IIIO (PTS) (PTS) (PTS)S Internos sanos 310 273 2671 Internos jóvenes 414 364 3569 Ración enfermería 414 364 3568 Ración enfermería doble: 475 420 4087 enfermos (1)- Centros de menos de 125 internos. (2)- Centros de 125 a 500 internos. (3)- Centros más de 500 internos. 46.
Conviene destacar que las cantidades reflejadas en los cuadrosincluyen además del precio de los alimentos en sí mismos, losproductos para ser cocinados y condimentados. Además, hasta el 15 de febrero de 1987, las cantidadesexpuestas incluían también el gasto de combustible utilizado en lascocinas: gas, butano, leña, electricidad, etc. La adecuada valoración de la suficiencia de estas cantidadesrequiere la exposición de algún punto de referencia comparativo y así,la Cruz Roja dedicaba en 1986 para las tres comidas un promedio de500 ó 600 pts. y los Colegios públicos, 250 pts. por comida, es decir,en ambos casos, más del doble por persona y día. Por otra parte, las carencias en materia de alimentación nosólo se manifiestan en la escasez presupuestaria que acaba de serindicada, con sus obvias repercusiones, sino también en otros aspectosimportantes. Aunque en varios centros se ha mejorado el sistema detransporte de la comida desde las cocinas a los comedores, o las celdasmediante los correspondientes recipientes isotérmicos que mantienencalientes los alimentos, hay numerosos otros en que todavía no hapodido ocurrir y la comida llega fría a los comedores por defectos enel transporte de la misma. Son pocos los centros que cuentan con cocineros profesionales;generalmente son los propios internos los que se encargan de lapreparación y condimentación de la comida. La falta de cocinerosprofesionales tiene importantes repercusiones en la adecuadapreparación de las dietas de enfermería -que existen en todos loscentros penitenciarios- por cuanto su elaboración con la supervisióndel médico del establecimiento (arts. 227 y ss. del ReglamentoPenitenciario), requiere una suficiente cualificación técnica. Destacaen este sentido que el Hospital General Penitenciario -único de estetipo que existe en España- en el que la variedad de las dietas deenfermería es lógicamente, múltiple, careciera de cocinero profesionalen el momento en que esta Institución efectuó su última visita el día 1de septiembre en curso. Recommended

References: artículo 54
 resolución 
 artículo 70
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 60
 artículo 60
 artículo 294
 resolución 
 artículo 29
 artículo 70
 artículo 6
 resolución 
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 93
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