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Timestamp: 2019-01-17 13:24:14+00:00

Document:
SENTENCIA 272 DE 30 DE JULIO DE 2001
CONTENIDO:SUSTITUCIÓN PENSIONAL. EL PODER OTORGADO PARA EL COBRO DE LAS MESADAS SE MANTIENE VIGENTE HASTA SU REVOCATORÍA POR QUIEN LO OTORGÓ O POR ORDEN DE JUEZ COMPETENTE. LA ADMINISTRACIÓN ACTÚA ARBITRARIAMENTE CUANDO SUSPENDE EL PAGO DE LAS PENSIONES FUNDÁNDOSE EN EL DERECHO DE PETICIÓN DE TERCEROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSTITUCIÓN PENSIONAL, SUSPENSIÓN DEL PAGO DE LA MESADA PENSIONAL, COBRO DE LA MESADA PENSIONAL
Rad: 20019019 01/272-T, ago. 2/2001
Registro: Julio 30 de dos mil uno
Aprobado según acta Nº 71 de agosto 2 de 2001
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional, el que fuera reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada por el señor Arnoldo Mutis Araque, contra la sentencia proferida el 13 de junio de 2001 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante la cual se denegó por improcedente la tutela instaurada contra el departamento de Bolívar representado judicialmente por su gobernador, doctor Luis Daniel Vargas Sánchez o por quien hiciera sus veces.
Los hechos en los cuales el señor Arnoldo Mutis Araque fundamentó su accionar se sintetizan así:
La gobernación de Bolívar mediante la Resolución 278, sustituyó en favor de su progenitora Carmelina Araque de Mutis la pensión de jubilación que en vida disfrutara Senen A. Mutis.
Conforme a “poderes“ otorgados por su señora madre y ratificados ante la propia gobernación, se le hacía entrega del cheque de la mesada pensional hasta el mes de marzo del año en curso, pues los correspondientes a los meses de abril y mayo no se los entregaron por cuanto la jefe de la oficina de talento humano y el fondo territorial de pensiones, acataron irresponsablemente la solicitud de un hermano suyo, en el sentido de que se bloqueara el pago a su señora madre.
Tal retención ilegal de las mesadas pensionales causaban graves perjuicios a su progenitora que contaba con 101 años de edad a quien él atendía sus necesidades en general (alimentación, atención médica, atención personal, etc.).
Por lo anterior solicitó se ordenara al gobernador del departamento de Bolívar que lo autorizara para que ininterrumpidamente él pudiera cobrar las mesadas pensionales a partir de abril del corriente año (fls. 1º, 2º del c.o.).
Anexó al libelo introductorio, fotocopias simples de los siguientes documentos:
1. Oficio del 10 de mayo dirigido a la jefe de talento humano de la gobernación de Bolívar, en el cual le refirió las gestiones que tuvo que adelantar para que su madre gozara del beneficio de la sustitución pensional, mientras sus hermanos no mostraron el mínimo interés por el asunto hasta que ella le otorgó un poder para que reclamara las mesadas pensionales.
Expuso que en junio de 1997 sus hermanos presentaron al fondo territorial de pensiones “un poder falso en donde supuestamente mi mamá me quitaba el poder a mí y se los daba a ellos dizque por malos manejos...”. Al día siguiente se presentó con su mamá a esa entidad y ella extrañada y dolida con tal proceder, negó que les hubiera firmado tal poder y refirió la forma en que supuestamente le falsificaron su firma en ese documento.
Señaló que como consecuencia de la purificación de la nómina de pensionados del departamento, la gobernación decidió que el pago del mes de abril de 2001 se hiciera con presentación personal, por lo que solicitó que ante la precaria salud de su madre, remitieran un funcionario para que confirmara su supervivencia y pudieran autorizarle el respectivo pago, y dos días después se encontró con la noticia que sus hermanos nuevamente se habían autoapoderado nombrando a uno de ellos para que siguiera cobrando aprovechando la enfermedad de su mamá (fls. 3º al 6º del c.o).
2. Reclamación de la sustitución pensional elevada por Carmelina Araque Viuda de Mutis (fl. 7).
3. Poder otorgado y ratificado por la precitada el 14 de abril de 1997 y el 27 de agosto siguiente, a favor de Arnoldo Mutis Araque “...para que en nombre mío cobre mis mesadas de pensión de jubilación, mesadas retroactivas de abril de 1993 a febrero de 1997, primas y demás derechos que tenga como pensionada del departamento previa presentación de mi cédula, de ciudadanía... para que me represente sin necesidad de mi presencia en diligencias que se tengan que realizar ante el fondo territorial de pensiones y/o entidades departamentales“ (fls. 8 a 10).
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante auto del 4 de junio de 2001 (fl. 12) admitió la tutela incoada, ordenó enterar de la misma al gobernador del departamento de Bolívar, doctor Luis Daniel Vargas Sánchez o a quien hiciera sus veces, y solicitarle informara los motivos por los cuales no habían sido canceladas a la señora Carmelina Araque de Mutis las mesadas pensionales desde el mes de abril del presente año.
Adicionalmente se ordenó solicitar al secretario de talento humano de la gobernación de Bolívar el envío de fotocopia legible del expediente que como beneficiaria sustituta de la pensión de jubilación del señor Senen Mutis L. tenía la señora Carmelina Araque de Mutis.
Ahora bien. La apoderada judicial de la gobernación de Bolívar, en escrito del 8 de junio de 2001 (fls. 18 al 20) manifestó que esa entidad había iniciado un proceso de depuración de nóminas en el pasado mes de abril, y había ordenado realizar una visita a la residencia de la señora Carmelina Araque de Mutis encontrándola en estado de inconsciencia e imposibilitada para decidir por sí misma.
Ciertamente no se habían cancelado las referidas mesadas, por solicitud de los seis restantes hijos de la beneficiaria de la pensión respecto al bloqueo de la cuenta donde se consignaban dichas mesadas, hasta que se resolviera lo concerniente a un proceso de interdicción que designara el representante legal de su progenitora, en razón a su estado de indefensión.
El accionante no tenía poder para el cobro de las mesadas de abril y mayo “y en cuanto al poder otorgado el 27 de agosto de 1997, la jubilada se encontraba en un estado de salud aceptable a pesar de tener 97 años de edad, hay cuenta con 101 años”.
Por lo antedicho aseguró que no existía retención ilegal del pago de mesadas pensionales, ni autoapoderamiento de ninguno de los hijos restantes de la señora Carmelina Araque de Mutis, existiendo por el contrario una solicitud de bloqueo de cuenta fechada 22 de mayo de 2001, por las razones ya descritas.
Solicitó negar la tutela por cuanto lo manifestado por el actor reñía con lo expresado por el resto del grupo familiar de la beneficiaria de la pensión; y en especial porque la jubilada ante el estado de indefensión en que se encuentra, requiere de un representante legal nombrado judicialmente, para que administre bajo la responsabilidad de la ley, las sumas de dinero que el accionante reclamaba por vía de tutela.
Solicitó recibir declaración a Nadira Fontalvo de Baiter, funcionaria que realizó la aludida visita domiciliaria, y notificar de la tutela a los demás hijos de la jubilada como terceros con interés legítimo en sus resultados, diligencia esta última, que ordenada y surtida a Berta, María Eugenia, Rubén Jacob, Olga y Senen Alberto Mutis Araque consta a folios 27 y 89 al 94.
Se arrimó al plenario copia simple del expediente administrativo de sustitución de pensión en favor de la señora Carmelina Araque de Mutis (fls. 61 al 88), contentivo de los documentos propios de la reclamación efectuada, (la resolución que reconoció pensión de invalidez al causante Senen A. Mutis L., documento de identidad de la beneficiaria, acta de defunción, partida de matrimonio, la publicación de los avisos de ley, entre otros), materializada con la expedición de la Resolución 278 (sin que pueda establecerse la fecha).
Se resalta por este despacho, el contenido del oficio suscrito por Olga, María Eugenia, Orlando, Rubén Jacob, Berta y Senen Alberto Mutis Araque, dirigido a la doctora Omaira Hernández Torres, secretaria talento humano de la gobernación de Bolívar, recibido allí el 23 de mayo del año que avanza, del siguiente tenor literal:
“Respetada doctora: Los suscritos mayores de edad, vecinos de esta ciudad y con C.C. y firmas que aparecen al pie de este libelo; a usted muy comedidamente y para los fines legales consiguientes, le solicitamos amparados en el derecho de petición el favor de ordenar a quien corresponda el bloqueo de la cuenta de la señora Carmelina Araque Viuda de Mutis, cuenta que cobra y maneja indebidamente el señor Arnoldo Mutis Araque. Este bloqueo de dicha cuenta se lo solicitamos hasta cuando le entreguemos el certificado de interdicción de nuestra madre al Juzgado 7º Penal de Familia que ordenó este examen. De usted atentamente. Le adjuntamos al presente, lista con las firmas y número de cédula de los hijos de Carmelina Araque Viuda de Mutis (fls. 61/62).
El a quo en sentencia proferida el 13 de junio de 2001 (fls. 96 al 101) denegó por improcedente la tutela interpuesta contra el departamento de Bolívar por el señor Arnoldo Mutis Araque, identificado con la C.C Nº 9.055.759 de Cartagena (Bolívar).
Puntualizó la Sala, que demostrada en autos la antigüedad del apoderamiento ejercido por el accionante, la petición de los hermanos del tutelante para que se bloqueara la cuenta y se retuviera el pago de la pensión hasta tanto se definiera sobre la interdicción de su progenitora Carmelina Araque de Mutis y el cambio de su condición mental según la explicación suministrada por la mandataria del gobernador en los términos del artículo 83 de la Constitución Política, no se podía colegir que la suspensión de los pagos obedeciera a una actitud arbitraria ni caprichosa de la administración; sino a un deber de previsión fundado en el debate abierto por aquellos, medida esta que no viola o amenaza ninguno de los derechos constitucionales fundamentales de la centenaria dama.
El señor Arnoldo Mutis Araque impugnó el fallo cuya revocatoria deprecó, y adujo como razones de su disentimiento los mismos argumentos que originaron su accionar, es decir, que previo otorgamiento de poderes venía cobrando las mesadas pensionales giradas a nombre de su progenitora, hasta que por acción unilateral de sus hermanos fue bloqueada la cuenta y por tanto suspendido el pago, “sin que mediara orden escrita de mi mamá ni por mandato legal de autoridad competente”.
Describió las condiciones, a su juicio negativas, de cada uno de sus hermanos de quienes aseguró que jamás se han preocupado de los asuntos concernientes a su señora madre, y atribuyó la petición de suspensión del pago a su nombre, a su negativa de entregarles el 50% de lo recibido para pagar impuestos y catastro.
Sostuvo que se había hecho cargo del sostenimiento de su madre a pesar de que no le habían pagado, pero ello no justificaba el que por decisión unilateral de sus hermanos, tuviera que esperar el fallo de interdicción “que ella no ha propiciado ni aprobaría nunca”, para reclamar el pago de las mesadas adeudadas.
Antes de entrar en un cuestionamiento de fondo, se considera importante anotar, que tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y aceptado la doctrina, la tutela no es más que un mecanismo que tienen las personas para acudir en defensa de sus derechos fundamentales constitucionales, cuando éstos sean vulnerados o teman que se Ilegaren a vulnerar por la acción u omisión de las autoridades.
Es así como dentro de la distribución de nuestro nuevo ordenamiento jurídico, quedó establecida como una función perteneciente a la jurisdicción constitucional, y los jueces cuando en tal condición actúan, lo hacen, como integrantes de esta jurisdicción, mas no dentro de las facultades ordinarias de competencia que le asignó el legislador, de tal manera que la máxima autoridad en esta materia lo es la Corte Constitucional.
De esta manera, es claro que la acción de tutela se caracteriza porque no es simultánea con las acciones ordinarias, tampoco paralela, ni menos adicional o complementaria, acumulativa ni alternativa; tampoco es una instancia ni un recurso, de donde se infiere, insistimos, que la acción de tutela no desplaza las acciones ordinarias; por ello las personas tienen el deber de acudir primeramente ante los escenarios jurídicos naturales que el legislador previó en cada caso.
En el asunto materia de estudio, por parte del juez de tutela se tiene que el objeto de la misma apunta a que el departamento de Bolívar suspendió el pago de la pensión de sustitución que devengaba la anciana de 101 años, señora Carmelina Araque Viuda de Mutis, la que venía siendo representada, según su voluntad, por su hijo Arnoldo Mutis Araque, teniendo como fundamento la gobernación un escrito que pasaron los otros hijos de la anciana, para que se suspendiera el pago de la sustitución hasta tanto se le nombrara una persona que los representara, dado que al parecer, por su avanzado estado de edad ésta había perdido el conocimiento.
En efecto se tiene que la acción de tutela es procedente, dado que nos encontramos ante un caso especial que requiere de una atención inmediata, debido a las condiciones de edad de la señora Carmelina Araque de Mutis, ya que de no atenderse con prontitud por parte del juez de tutela, se vería avocado a la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad social.
Se tiene entonces, que fue voluntad de la señora Carmelina Araque Viuda Mutis, que su hijo la representara ante la entidad accionada en todos aquellos menesteres relativos al trámite y cobro de la pensión que le dejara su difunto esposo, lo cual encuentra respaldo probatorio en el poder debidamente otorgado al aquí accionante el 18 de abril de 1997, en donde con meridiana claridad se lee, que el mismo se otorgó para el cobro de las mesadas pensionales de abril de 1993 a febrero de 1997, así como para el cobro de primas y demás derechos que tenga como pensionada del departamento, previa presentación de su cédula de ciudadanía. Más adelante en dicho documento se hizo constar: “Este poder le da facultades al señor Arnoldo Mutis A. para que me represente sin necesidad de mi presencia en diligencias que se tengan que realizar ante el fondo territorial de pensiones y/o entidades departamentales” (negrillas del despacho).
No obstante lo anterior y lo contundente de la prueba de representación de la anciana y atendiendo a que, para ese entonces, la poderdante contaba con 97 años de edad, el 27 de agosto de 1997 se hizo comparecer a la señora Carmelina Araque de Mutis para interrogarla por parte de la administración, para establecer si el poder había sido conferido libre de cualquier presión por parte de su hijo, a lo que se contestó por parte de ésta, que no había tenido coacción y que lo hacía porque él es quien vive con ella; más adelante se hizo constar por parte de quien recibió la declaración que “la declarante muestra ser una persona que a pesar de su avanzado estado de edad no manifiesta de manera evidente ningún tipo de alteración mental, ni disminución de su capacidad cognoscitiva, ni pérdida absoluta de la memoria que pudiera indicar incapacidad para autodeterminarse” ( fls. 8 y 9 del c.o.).
Obsérvese entonces cómo cuando la pensionada otorgó el poder a su hijo se encontraba en sus plenas facultades, por ello la voluntad allí plasmada surte sus efectos jurídicos, hasta que tal consentimiento sea revocado por quien lo otorgó, o en su defecto por disposición legal de un juez de la República que así lo disponga; mientras tanto el documento de representación debidamente concebido sigue teniendo sus efectos jurídicos en el tiempo y no pierde validez por la sola circunstancia de que varios de sus hijos consideren que su señora madre en estos momentos no tiene capacidad, dado su avanzado estado de edad.
Así las cosas expuestas, el comportamiento de la autoridad accionada se torna arbitrario al no tener respaldo jurídico la orden de suspender el pago de la sustitución al representante de la señora Carmelina Araque de Mutis, pues aún admitiendo como loable el querer de la administración de iniciar un proceso de depuración de nóminas, dicho proceder se sale del contexto de la razonabilidad que debe existir entre la medida tomada y el efecto causado. Ello por cuanto so pretexto de un control administrativo, no se puede suspender el pago a la anciana, porque se vería menguado su derecho a la vida, a la salud y aceptar tal proceder, es tanto como hacer primar el mecanismo de control sobre el de la eficacia de los derechos fundamentales y con mayor veras, si nos encontramos ante situaciones especiales que demandan un proceder garantista inmediato.
Finalmente se advierte, que no obstante que el actor de esta tutela no es el directamente beneficiado con ella, sino que el mismo está oficiando derechos ajenos, en esta oportunidad no se exigirá el requisito que indique en qué condición actúa; ello por cuanto se encuentra demostrado que la beneficiaria de la pensión en los actuales momentos se encuentra en completo estado de indefensión, según lo afirmado por la propia accionada quien tuvo la oportunidad de corroborar tal situación a través de visita que practicó uno de sus subalternos.
Ahora bien; como al parecer el impase se presentó con los otros hermanos del representante de la pensionada, supuestamente por presuntos malos manejos de lo recibido por concepto de pensión, y según el dicho de éstos, al parecer ya se está tramitando proceso de interdicción, esta Sala ordena que provisionalmente y mientras un juez con autoridad de ley, decide sobre el proceso de interdicción, el aquí accionante deberá rendir cuentas de la administración de estos dineros a la Procuraduría de Familia de Bolívar, quien a su turno a través de uno de sus delegados, deberá practicar visitas periódicas a la señora Carmelina Araque de Mutis a la carrera 82A Nº 22-100 de la ciudad de Cartagena, teléfono 6523780, para verificar que en efecto la anciana está viviendo en condiciones dignas y justas, pero en especial, para verificar que los dineros que su representante está recibiendo, estén siendo invertidos en su manutención.
Conforme a lo anteriormente expuesto, habrá de revocarse la decisión recurrida y en su defecto se tutelará a la gobernación del departamento de Bolívar representada en su gobernador Miguel Enrique Raad Hernández o en quien haga sus veces, para que ordene en forma inmediata el restablecimiento del derecho a recibir pensión sustitución a la señora Carmelina Araque de Mutis, a partir del mes de abril del año en curso, previo el lleno de las formalidades de ley, actuaciones administrativas que deberán continuarse para su cobro con el señor Arnoldo Mutis Araque, quien fuera la persona que la pensionada autorizó mientras estuvo en sus cabales para que la representara ante la administración para estos menesteres.
ART. 1º—TUTELAR a la señora Carmelina Araque de Mutis, el derecho a la vida y a la seguridad social y como consecuencia de ello se ordena al gobernador del departamento de Bolívar o a quien haga sus veces, que en forma inmediata ordene a la autoridad pertinente, que se restablezca el derecho que tiene la aludida señora al cobro de su mesada pensional a partir del mes de abril del año en curso, para lo cual el señor Arnoldo Mutis Araque, es la persona encargada de efectuar las diligencias administrativas tendientes al cobro de estos dineros, acorde con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
ART. 2º—PREVÉNGASE a la autoridad accionada, para que en un futuro se abstenga de cometer este tipo de situaciones que hoy nos ocupan por vía de tutela.
ART. 3º—SE ORDENA que provisionalmente y mientras un juez con autoridad de ley, decide sobre el proceso de interdicción, el aquí representante de la accionante deberá rendir cuentas de la administración de estos dineros a la Procuraduría de Familia de Bolívar, quien a su turno a través de uno de sus delegados, deberá practicar visitas periódicas a la señora Carmelina Araque de Mutis a la carrera 82 A Nº 22-100 de la ciudad de Cartagena. Teléfono 6523780, para verificar que en efecto la anciana está viviendo en condiciones dignas y justas, pero en especial para verificar que los dineros que su representante está recibiendo, estén siendo invertidos en su manutención y si encontrare anomalías sobre el particular acuda inmediatamente ante las instancias judiciales pertinentes, según el caso.
ART. 4º—Una vez notificada esta providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz, vicepresidente—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

References: artículo 86
 artículo 112
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 83