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Timestamp: 2020-07-02 20:56:51+00:00

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El pasado día 3 de diciembre de 2013, ha sido publicado en el BOE, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
La Ley básicamente supone una unificación de todas las normas existentes hasta la fecha referidas a la discapacidad, teniendo fecha de efectos el día 4 de diciembre de 2013.
En concreto, la Ley 1/2013, de 29 de noviembre, integra en un solo texto la Ley 13/1982, de integración social de personas con discapacidad (LISMI); la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley 49/2007, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Además de la recopilación legislativa, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad también incluye algunas novedades, como consecuencia de la adaptación de la normativa española a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo la protección de este colectivo en diversos ámbitos como la salud, la educación o el empleo.
En el ámbito de la educación, mediante el refuerzo en la regulación de los apoyos necesarios; en el ámbito del empleo, se regulan los tipos de empleo en los que las personas discapacitadas pueden ejercer su derecho al trabajo, mediante tres categorías: Empleo ordinario, empleo protegido (centros especiales de empleo y enclaves laborales) y empleo autónomo.
Asimismo, la Ley incluye, como una de las novedades más importantes, la definición de los tipos de discriminación que se pueden producir, añadiendo a las ya existentes las siguientes:
• Discriminación por asociación: Cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.
• Acoso: Conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
• Discriminación múltiple: Cuando se produce con personas especialmente vulnerables a la discriminación como niñas, niños, mujeres con discapacidad, mayores con discapacidad y mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.
Los objetivos principales que tiene la Ley 3/2013, de 29 de noviembre General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social es la de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y trato por parte de las personas con discapacidad en relación con los demás ciudadanos.
Asimismo, se establece un régimen de infracciones y sanciones que garanticen las condiciones de acceso por parte de las personas discapacitadas a estos derechos.
Para la consecución de estos objetivos, las administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas discapacitadas en materia de igualdad entre mujeres y hombre, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte y al ocio.
2 - SUJETOS TITULARES DE LOS DERECHOS:
Los sujetos titulares de los derechos son las personas discapacitadas, y a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad en grado igual o superior al 33%.
Asimismo, se considera que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez. por el órgano que se determine reglamentariamente, así como, la forma y manera de acreditar el grado de discapacidad.
3 - DERECHO A LA EDUCACIÓN
En cuanto al derecho a la educación de las personas con discapacidad, se establece que tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones que los demás.
Por otro lado, se establece que corresponde a la Administración educativa competente asegurar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad en la educación básica, prestando atención específica a la diversidad y las necesidades del alumnado con discapacidad.
Para lograr este fin, la Ley refuerza su consecución a través de los apoyos, encomendando a la Administración educativa que realice aquellos ajustes que sean necesarios para la atención de quienes precisen un especial aprendizaje.
Asimismo, en el artículo 19, incide en la gratuidad de la enseñanza, tanto en centros ordinarios como centros de educación especial, para la atención del alumnado discapacitado.
Además de lo anterior, se regulan una seria de garantías adicionales con el fin de garantizar el derecho de las personas discapacitadas a una educación inclusiva.
• Los centros de educación especial crearán condiciones necesarias para facilitar la conexión con los centros ordinarios.
• Las personas que cursen estudios universitarios que tenga dificultades de adaptación al régimen de convocatorias por su grado de discapacidad tendrán que solicitar y la universidad conceder, de acuerdo con lo que dispongan sus normas de permanencia, la ampliación del número de las mismas que compense la dificultad. Las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la discapacidad que presente el interesado.
• Se realizarán programas de sensibilización, información y formación continua de los equipos directivos, el profesorado y los profesionales de la educación, en la atención a las necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad.
4 - DERECHO AL TRABAJO
Tal y como ya venía reconocido en la legislación que recopila la Ley 1/2013, las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.
La principal novedad en este ámbito es la distribución de los niveles de empleo de las personas con discapacidad que garanticen su derecho al trabajo en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos.
Regulado en los artículos 37 y siguientes de la Ley, se citan los tipos de empleo de las personas con discapacidad, quedando de la siguiente manera:
• Empleo ordinario: Aquel que desarrolla la persona discapacitada en empresas privadas o en las administraciones públicas, incluido los servicios de empleo con apoyo.
• Empleo protegido: Aquel que se desarrolla en centros especiales de empleo y enclaves laborales.
• Empleo autónomo.
4.1. Empleo ordinario:
En este sentido, se mantiene la obligación que venía impuesta en la Ley 13/82 de Integración Social de Minusválidos (LISMI), en su artículo 38, esto es, que las empresas privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad.
En el caso de los centros acogidos al Convenio Colectivo de Educación Especial, la reserva de plazas se aumenta al 3%, tal y como establece el artículo 24 del XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad (BOE 9 de octubre de 2012).
El cómputo se realiza sobre la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores a la empresa.
No obstante, el propio artículo 42 de la Ley 1/2013, mantiene la excepcionalidad, establecida en la legislación anterior, al cumplimiento del cupo de reserva del 2%, en los siguientes términos: “De manera excepcional, las empresas públicas o privadas, podrán quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas que se determinen reglamentariamente.”
Decir en este sentido que se mantiene vigente el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regulan el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
Las medidas alternativas que la empresa podrá aplicar al cumplimiento de la obligación de reserva de empleo son las siguientes:
• Realización de un contrato civil o mercantil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para el suministro de materias primas, maquinaria, o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esa medida.
• Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
• Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo con personas con discapacidad, cuando la entidad beneficiaria de dichas acciones de colaboración sea una fundación o asociación de utilidad pública cuyo objeto social sea la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de los discapacitados que permita la creación de puestos de trabajo para los mismos, y finalmente su integración en el mercado de trabajo. También se pueden realizar donaciones o acciones de patrocinio para la financiación de proyectos dirigidos al desarrollo de deporte paralímpico.
• La constitución de un enclave laboral con un Centro Especial de Empleo, mediante el cual se establezca una relación entre estos y las empresas ordinarias, consistente en una subcontratación de obras o servicios que sirva al trabajador con discapacidad de vía para transitar desde el empleo protegido
al empleo ordinario.
El importe anual de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo señalado como medida 1ª, 2ª y 4ª habrá de ser, al menos, de 3 veces el IPREM anual por cada trabajador discapacitado dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%.
El importe anual de la medida alternativa 3ª habrá de ser, al menos, de un importe de 1,5 veces el IPREM anual por cada trabajador dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%.
El Indicador Público de Renta de Efecto Múltiples (IMPREM) para el año 2013 se sitúa en 7.455,14 euros al año con inclusión de pagas extraordinarias prorrateadas.
Las empresas que utilicen las medidas alternativas anteriormente descritas deberán comunicarlo a los Servicios Públicos de Empleo junto con la declaración de excepcionalidad.
Cuando la empresa opte por 1ª y 2ª medidas deberán comunicar el nombre del contratista, objeto del contrato, número de trabajadores con discapacidad a los que equivale la contratación e importe y duración de la misma.
Las empresas que utilicen la medida alternativa 3ª se recogerá el nombre de la asociación o fundación de utilidad pública destinataria de las donaciones, el número de contratos de trabajadores con discapacidad a los que vaya a sustituir y el importe de la medida.
Asimismo, cuando se opte por la utilización de la medida prevista en la 4ª posición, enclaves laborales, se deberán comunicar los datos identificativos del Centro Especial de Empleo con el que se suscriba el correspondiente contrato, el número de trabajadores con discapacidad que se van a ocupar en el enclave laboral y el número de trabajadores dejados de contratar por debajo de la cuota del 2% a los que equivalen.
Por último, es importante aclarar que aunque en la actualidad un centro tenga relaciones mercantiles con un Centro Especial de Empleo, la obligación no se está cumpliendo sino viene acompañada de la correspondiente solicitud del Certificado de Excepcionalidad.
4.2. Empleo protegido:
• El primero es a través de los Centros Especiales de Empleo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, cuya particularidad es que son empresas que realizan una actividad productiva de bienes o servicios, en los cuales, la plantilla la configuran trabajadores discapacitados, como mínimo, el 70% de la misma.
• La segunda es a través de los Enclaves Laborales, como forma de facilitar el tránsito de un Centro Especial de Empleo a la empresa ordinaria.
4.3. Empleo autónomo:
Se establece expresamente que los poderes públicos adoptarán políticas de fomento del trabajo autónomo de personas con discapacidad dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas por cuenta propia de personas con discapacidad.
5 - OTRAS MEDIDAS:
Además de lo anterior destacamos la confirmación de varias medidas para el fomento de la contratación de personas con discapacidad y el desarrollo de medidas que fomenten la igualdad y prevengan de la discriminación de las personas con discapacidad, algunas de estas son:
5.1. Condiciones básicas de accesibilidad:
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos y edificaciones serán exigibles en los plazos y términos que se determine reglamentariamente. Al mismo tiempo, se fomentará la adaptación de los inmuebles de titularidad privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.
5.2. Ayudas para la contratación de personas discapacitadas:
Se fomentará el empleo de personas con discapacidad mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su inclusión laboral. Estas ayudas podrán consistir en subvenciones o prestamos a la contratación, la adaptación de puestos de trabajo, la eliminación de todo tipo de barreras, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y cuantas otras se consideren adecuadas para promover la colocación de las personas con discapacidad.
Para ver el texto completo en el BOE >> ENLACE

References: Real Decreto 
 artículo 19
 artículo 38
 artículo 24
 artículo 42
 Real Decreto