Source: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/quo-vadis-tribunal-constitucional
Timestamp: 2014-10-30 18:11:27+00:00

Document:
�Quo vadis Tribunal Constitucional?
El reportaje presenta un balance general positivo del TC en su funcionamiento y en el ejercicio de sus funciones, que se ha visto exceptuado flagrante y negativamente en la pasada Legislatura (VIII), con una crisis de legitimidad y una politizaci�n sin precedentes.
Luis Jimena Quesada,colaborador de Legal Today
Los avatares del nuevo Estatuto
catalán y la conocida como "enmienda Casas" de la LOTC constituyen en gran
medida los causas externas que han generado una crisis interna sin parangón,
que podría conducir a la inoperatividad o, a lo peor, a la parálisis del propio
TC. Ante ello, se hace una llamada a la cordura entre fuerzas políticas y a la
prudencia entre magistrados constitucionales, sin necesidad de cambiar el
modelo de justicia constitucional que, no obstante, sí precisaría de algunos
ajustes constitucionales (en materia de composición -impar- y nombramiento -no
intervención del Gobierno-) y legales (referentes a las funciones y al control
previo de reformas de Estatutos de Autonomía).
Balance y futuro del Tribunal
Siempre es pertinente detenerse a
analizar el rendimiento y la proyección de una institución, sobre todo si esa ella
está llamada a erigirse, como es el caso del TC, en pieza de cierre del equilibrio
de poderes -constitucionalidad de las leyes, conflictos entre órganos
constitucionales y conflictos competenciales entre el Estado y las Comunidades
Autónomas- y del sistema de derechos y libertades.
verdad que efectuar ese análisis retrospectivo y prospectivo resulta delicado
al concluir una Legislatura (VIII, 2004-2008) mientras se prepara el inicio de
la siguiente, por cuanto esa división temporal podría llevar a identificar el
funcionamiento del TC con el juego político de la escena parlamentaria, cuando
es sabido que la duración del mandato de los miembros de las Cortes Generales y
del Gobierno (comúnmente, cuatro años) no coincide con la del mandato de los
magistrados del TC. En efecto, los doce magistrados constitucionales son
designados para su cargo por nueve años, renovándose por terceras partes cada
tres años, de modo que trienal y sucesivamente se sustituyen los cuatro
nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, los cuatro propuestos por
el Senado, y los otros cuatro (dos propuestos por el Gobierno y dos por el
Consejo General del Poder Judicial).
es menos cierto que la pasada VIII Legislatura ha marcado un antes y un después
en la percepción del TC por parte de la opinión pública, en términos de crisis
de legitimidad, pues nunca hasta ese período se había proyectado una sombra tan
potente de politización desde fuera y desde dentro de la propia institución. De
ahí que sea inevitable hacer un alto en el camino para proceder a un breve
repaso sobre el recorrido efectuado, la andadura actual y los nuevos senderos
abiertos al TC, por más que nos encontremos en la mencionada coyuntura de
cambio de Legislatura y, adicionalmente, de inminente renovación de un tercio
de los magistrados constitucionales (los cuatro propuestos por el Senado, cuyo
mandato expiró en diciembre de 2007 tras los nueve años desde que fueron
propuestos en 1998).
¿Cuál es el camino del TC... y hacia dónde se le está dirigiendo?
Suele afirmarse que el TC
presenta un carácter político por el modo de designación de sus magistrados y
una configuración jurisdiccional por su funcionamiento (incluida la forma de
sus resoluciones-providencias, autos y sentencias) y estatuto de sus miembros
(profesionalidad e independencia judicial). Pues bien, si realizamos una
sintética reseña acerca de la trayectoria
del TC con anterioridad a la VIII Legislatura, parece justo concluir que
en general ha prevalecido su caracterización jurisdiccional, quedando relegada
a un segundo plano su faceta política. Así, la jurisprudencia constitucional ha
propiciado un nada desdeñable desarrollo de la protección de los derechos
fundamentales, del diseño de nuestras fuentes normativas o de la articulación
del Estado autonómico. Si acaso, esa
trayectoria general se había visto perturbada por algunas polémicas sentencias
constitucionales de tinte político:
por ejemplo, las controvertidas sentencias sobre la expropiación del grupo
Rumasa (STC 111/1983, de 2 diciembre), sobre la despenalización del aborto (STC
53/1985, de 11 de abril) o sobre la ley de televisión privada (STC 127/1994, de
5 mayo). De hecho, la primera y la tercera sentencias mencionadas fueron
adoptadas por seis votos contra seis, decidiendo en ambos casos el voto de
calidad del Presidente, mientras que la segunda fue decidida por siete votos
contra cinco. Naturalmente, esos tres pronunciamientos serían susceptibles de
una lectura en clave de adscripción o afinidad política de los magistrados
constitucionales (algo insoslayable, por la propia naturaleza política de las
materias abordadas); pero semejante lectura politizada ha constituido la
excepción con respecto a la regla general de la judicialización.
durante la VIII Legislatura
esa excepción (politización) ha pasado a percibirse por la ciudadanía como
permanente y consustancial al TC... en gran medida a cuenta del nuevo Estatuto
catalán (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio) y, en conexión con él, de la
conocida como "enmienda Casas" de la
LOTC (Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo). Con esta última se
introduce una nueva redacción del artículo 16.3 LOTC que presenta serias dudas
de inconstitucionalidad por contradicción con el artículo 160 de la Constitución. Mientras
la disposición constitucional es de una claridad meridiana al establecer un mandato
del Presidente del TC de tres años decidido por el Pleno de éste, la
modificación legislativa prevé prorrogar dicho mandato hasta la renovación del
TC y la toma de posesión de los nuevos magistrados; en otros términos, el nuevo
artículo 16.3 LOTC condiciona la duración del mandato del Presidente del TC al
juego de las negociaciones parlamentarias sobre la renovación de los
magistrados en detrimento de la referida autonomía del TC.
problema no sólo consiste en la cuestión política de fondo: en el caso del
nuevo Estatuto catalán y sin perjuicio de un análisis más pormenorizado, una
presunta reforma constitucional encubierta (en palabras del ex presidente de la Generalitat de
Cataluña Pasqual Maragall); y, en el supuesto de la citada modificación de la LOTC, un supuesto empeño del
Presidente Rodríguez Zapatero en prorrogar en la Presidencia del TC a
Mª Emilia Casas con objeto de asegurar un eventual voto de calidad para
"salvar" la nueva norma estatutaria catalana. El problema radica, además y
sobre todo, en el golpe asestado al TC en su funcionamiento interno: con
respecto a la sustanciación del recurso frente al Estatuto catalán ha
prosperado en la historia del TC la primera recusación de uno de sus
magistrados (Pablo Pérez Tremps), planteada por el Partido Popular. Con
relación a la resolución del recurso frente a la "enmienda Casas" ha prosperado
igualmente la última recusación de dos de sus magistrados (Jorge Rodríguez
Zapata y Roberto García Calvo), formulada en este caso por el Gobierno
socialista. No es el momento ahora de reflexionar sobre el alcance fundado o
infundado de esas recusaciones. Es lo de menos. En el caso de Pérez Tremps, se
plantea la problemática de la coherencia de la actuación de los profesores
universitarios que devienen magistrados constitucionales, no ya sólo por
referencia a los informes académicos o científicos que hayan podido evacuar
(como era el caso), sino también en lo que concierne a lo escrito previamente
en sus escritos (artículos científicos o libros). Sin embargo, ¿no es legítimo
un cambio de criterio, lo mismo que ocurre en la jurisdicción ordinaria cuando
un juez o magistrado dicta una sentencia y más tarde emite otra en sentido
diverso? En el supuesto de García Calvo y de Rodríguez Zapata, se suscita la
ponderación de la prudencia de los magistrados constitucionales al hacer
públicos unos actos (pedir por escrito a la Presidenta Mª Emilia
Casas que dimita y no alargue su mandato más allá de lo previsto por la Constitución -según
la cual, dicho mandato de tres años habría expirado el 15 de junio de 2007) que
teóricamente dejarían entrever de forma más o menos ostensible su postura en la
votación del recurso; pero, ¿acaso no todos los magistrados constitucionales
tendrían un interés en la "enmienda Casas" como potenciales candidatos a la Presidencia del TC y,
por ende, todos ellos deberían haber sido recusados?
que, hasta la VIII Legislatura no sólo no había tenido éxito ninguna de las
recusaciones presentadas (que, por lo demás, apenas habían trascendido a la luz
pública), sino que ni siquiera se concebía esa posibilidad. La nueva situación
ha sido nefasta para el propio TC, puesto que el mecanismo de la recusación se
ha convertido en un "tira y afloja" entre el Gobierno y la Oposición para trastocar
la composición y funcionamiento del TC, con el efecto añadido de provocar que
los magistrados constitucionales se vean obligados a "salir del armario" en
términos políticos. Consecuencias: de un lado, un TC dividido profundamente, en
un ambiente tenso que va más allá del democrático juego de deliberaciones
jurídicas cuya máxima expresión de disenso venía expresándose a través de los
votos particulares; y, de otro lado, un TC abocado a posicionarse
políticamente, haciendo olvidar así los comprensibles recelos o rivalidades
corporativistas existentes tradicionalmente en el seno del TC entre el ala del
profesorado y el sector de la carrera judicial (recuérdese que profesores de
Universidad y jueces son los dos colectivos mayoritarios en la composición del TC,
a los que pueden unirse otros juristas de reconocida competencia según el
artículo 159.2 de la Constitución).
contexto, todavía cabe añadir otras consecuencias negativas en la VIII
Legislatura: - Si con
anterioridad a dicha Legislatura sólo se había planteado la politización de los
magistrados constitucionales en puntuales procesos de constitucionalidad, entre
2004 y 2008 no sólo se ha acentuado -como se viene advirtiendo- esa
politización, sino que ésta ha impregnado igualmente en cierto grado los
procesos de amparo constitucional (es el caso de la STC de 20 de febrero de 2008
dictada en el caso de "Los Albertos") superando así la clásica "guerra de
Cortes" (entre el TC y el Tribunal Supremo) en torno a la interpretación última
de la legalidad constitucional y la legalidad ordinaria.
recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps puede ser interpretada como una
maniobra política del PP, no menor intento de politización revela la postura
del Gobierno socialista de no ver con malos ojos que el magistrado recusado
dimitiera para nombrar a "su" nuevo magistrado constitucional (no se olvide que
Pablo Pérez Tremps fue designado en 2004 a propuesta del Gobierno).
- ¿Y qué decir
del episodio de "reprimenda pública" de la Vicepresidenta del Gobierno
Fernández de la Vega a la Presidenta del TC Casas Baamonde?, ¿dónde queda la
separación de poderes o, al menos, la necesaria apariencia de dicha separación?
del TC tras la VIII
Legislatura? Desgraciadamente, el futuro inmediato estará
marcado por la tremenda politización surgida durante la VIII Legislatura.
Con los lamentables episodios mencionados y la utilización partidista del
mecanismo de la recusación, sean cuales sean las decisiones que adopte el TC en
los asuntos pendientes comentados (el nuevo Estatuto catalán o la "enmienda
Casas" de la LOTC),
pero también en otros no menos polémicos en estado de litispendencia (por
ejemplo, la denominada Ley de matrimonios homosexuales -Ley 13/2005, de 1 de
julio), a buen seguro que van a ser contestadas. En tales asuntos, que con toda
certeza no serán resueltos unánimemente, la batalla del TC por volver a hacerse
acreedor de su legitimidad parece perdida. En este escenario, la próxima
renovación de cuatro magistrados no ofrece razones para el optimismo.
Aun con todo,
la controversia adquiere perfiles más graves que la mayor visibilidad de la
"adscripción política" de los magistrados constitucionales, a saber: en los
recursos sobre el nuevo Estatuto catalán y sobre la "enmienda Casas" la
composición del TC va a ser anormal, al no poder estar presentes los doce
magistrados que constituyen el pleno, a causa de las recusaciones verificadas
(piénsese que en un tribunal de la jurisdicción ordinaria, la recusación de uno
o varios magistrados permitiría la sustitución del o de los recusados, no
viéndose alterada la composición normal del órgano colegiado).
Y yendo aún
más lejos: ¿qué va a ocurrir con los asuntos litigiosos que puedan aflorar
durante la IX
Legislatura, con posibles leyes sobre materias espinosas como
el aborto libre, la eutanasia, etc.? Desde luego, la politización del TC no
tiene visos de ir a menos. Y en cuanto al funcionamiento del TC, ¿las disputas
políticas se saldarán en el juego de la "caza" de otros posibles magistrados recusados?;
¿cabría en esas coordenadas concebir una especie de "crisis de la silla vacía"?
Expliquémonos: en la actual configuración politizada interna en "dos mitades"
(bloque "conservador" versus "bloque
progresista") bastaría que los magistrados constitucionales de uno de esos
bloques (y ni siquiera todos ellos) se ausentaran del Tribunal a la hora de
adoptar acuerdos, puesto que según el artículo 14 LOTC se requiere la presencia
de dos tercios de los magistrados para la adopción de los acuerdos del Pleno y
de las Salas. Al hilo de esto último, permítasenos sugerir lo siguiente: del
mismo modo que se requiere un "pacto de Estado sobre la justicia" (que
incluiría al TC, o al CGPJ) entre las principales fuerzas políticas
parlamentarias, haría falta un "pacto de cordura y prudencia" en el seno del
propio TC, de forma que las decisiones sobre las recusaciones fueran claras e
indiscutibles, y no revelaran que los magistrados constitucionales pudieren
estar ejerciendo de meras correas de transmisión de los partidos políticos al
pronunciarse sobre dichas recusaciones.
¿Quién defiende al guardián?
Llegados a este punto, no se
trata de replantear el modelo de jurisdicción constitucional que tenemos ni,
por supuesto, su misma existencia. Es cierto que en algunos países no existe una
jurisdicción constitucional como tal, asumiendo las funciones últimas de
control de constitucionalidad el Tribunal Supremo (Estados Unidos) o una Sala
Corte Suprema de Justicia (Costa Rica); mas ese no es el modelo
de justicia constitucional que ideó nuestro constituyente. Por otra parte, países
con otros modelos de jurisdicción concentrada como el nuestro ofrecen
enseñanzas nada despreciables: así, la Corte Constitucional
italiana o el Consejo Constitucional francés no cuentan entre sus competencias
con el recurso de amparo, y ello no significa que la vigencia de los derechos
humanos en ambos países vecinos sea más deficitaria que en España. Con ello
tampoco se está sugiriendo la supresión en nuestro país del recurso de amparo,
que ha dado lugar a un importante acervo jurisprudencial. De hecho, el núcleo
duro de la modificación de la
LOTC (a través de la Ley Orgánica 6/2007) en la que se ha introducido
la "enmienda Casas" estuvo integrado por la reforma del recurso de amparo; sin
que quepa olvidar otra enmienda (nuevo artículo 16.1 LOTC) que coarta la
propuesta de los cuatro magistrados a formular por el Senado (precisamente el
Senado, a quien como se decía corresponde proponer la renovación más inminente
de un tercio del TC), al verse condicionada a su vez la Cámara alta por las
preferencias de las Comunidades Autónomas, suscitándose dudas de respeto del
artículo 159 de la
llegado, pues, la hora de reformar con cabalidad otros aspectos del TC, justamente
aquellos que están poniendo en jaque su mismísima legitimidad como guardián de la Constitución? En este
sentido, vale la pena cerrar estas líneas con algunas propuestas, en
congruencia con la crítica realizada: - Por una
parte, desde la perspectiva de las funciones del TC, el episodio del nuevo
Estatuto catalán, con independencia de cuál sea el fallo de la mayoría de los
magistrados constitucionales, pone de manifiesto la necesidad de recuperar el
instituto del control previo de constitucionalidad de las reformas estatutarias,
a través de la oportuna reforma de la LOTC. - Por otra
parte, desde el punto de vista del funcionamiento del TC, el juego combinado
del Estatuto catalán y de la "enmienda Casas" conduce inexorablemente a
escrutar otras posibilidades que reduzcan la potencial politización de la
institución: Una posibilidad sería la reforma constitucional para, sin alterar la
composición actual de doce magistrados, suprimir al menos el nombramiento más
marcadamente político (los dos magistrados constitucionales propuestos por el
Gobierno), pudiendo concebirse que esos dos magistrados fueren propuestos por
el CGPJ (que entonces pasaría a poder proponer cuatro en lugar de dos
magistrados); o, dada la crisis que atraviesa asimismo el CGPJ, que tanto los
dos magistrados propuestos por el Gobierno como los dos propuestos por el CGPJ
pasaran todos ellos a ser propuestos por las Cortes Generales (seis por el
Congreso y seis por el Senado).
La otra posibilidad comportaría igualmente la reforma constitucional,
e implicaría profundizar en la última solución propuesta (una solución similar
a la alemana, de nombramiento exclusivamente parlamentario de los magistrados
constitucionales) pero alterando la composición actual del TC, elevándola por
ejemplo a trece para suprimir el voto de calidad del magistrado que ostente la
presidencia de la jurisdicción constitucional. Así las cosas, podría plantearse
que el Congreso propusiera el nombramiento de siete magistrados y el Senado de
seis o, para no acentuar el bicameralismo imperfecto, que la propuesta de siete
y seis fuere efectuada alternativamente por cada Cámara con motivo de cada
En fin, ni el
diagnóstico efectuado de la trayectoria del TC y su crisis de legitimidad
debería ser aprehendido como puntual (por estar centrado en la VIII Legislatura),
ni el pronóstico aventurado habría de llevar a catalogar las propuestas
formuladas como meramente coyunturales. Si hasta ahora venía poniéndose el
acento en la controversia sobre el alcance de las funciones del TC y el
interrogante acerca de "¿quién guarda o fiscaliza al guardián?", en el momento
presente se hace preciso incidir en la problemática en torno al funcionamiento
del TC y la cuestión relativa a "¿quién defiende o protege al guardián?".
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References: artículo 16
 artículo 160

artículo 16
 resolución 

artículo 159
 artículo 14
 artículo 16

artículo 159