Source: http://cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Mexico11103.htm
Timestamp: 2019-02-17 18:46:31+00:00

Document:
Mexico 11.103
INFORME Nº 42/00
CASO 11.103
1. El 23 de diciembre de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión o "la CIDH"), recibió una denuncia presentada por el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria" (en adelante "los peticionarios"), en la cual se imputa responsabilidad internacional a los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado", "el Estado mexicano", o "México"), por el asesinato del ciudadano Pedro Peredo Valderrama, por la falta de investigación de los hechos y por la consecuente impunidad de los perpetradores. El 25 de noviembre de 1993 se incorporó como co-peticionario el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, en adelante incluido con "los peticionarios"); y el 17 de octubre de 1996 hizo lo propio Human Rights Watch/Americas (incluido en adelante con "los peticionarios"). Los peticionarios denuncian la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"): a la vida (artículo 4); a la integridad personal (artículo 5); a las garantías judiciales (artículo 8); a la indemnización (artículo 10); a la igualdad ante la ley (artículo 24); y a la protección judicial (artículo 25).
2. La denuncia indica que Pedro Peredo Valderrama fue asesinado el 20 de diciembre de 1986 en la localidad de Xochimilco, Distrito Federal de México, luego de haber sido atacado por tres personas, quienes lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y que luego le dispararon a quemarropa tres veces cuando se encontraba en el suelo. Pedro Peredo Valderrama iba acompañado en el momento de los hechos por sus hermanos Erick y Uriel, quienes denunciaron ante las autoridades mexicanas que los hermanos Israel Roberto, Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz fueron los autores materiales del asesinato, lo cual ratificaron con posterioridad al identificarlos plenamente durante el proceso judicial. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (en adelante "el Ministerio Público" o "la PGJDF") inició la investigación (averiguación previa) el 26 de enero de 1987, con el levantamiento del cadáver, y la remitió al juez penal, quien a su vez libró la orden de aprehensión de los hermanos Aguilar Díaz con base en los elementos de imputación disponibles. Las órdenes no se cumplieron hasta 1996, cuando Israel Aguilar Díaz fue aprehendido en Suiza a raíz de una solicitud de extradición del Estado mexicano, mientras que Pedro Horacio y Sergio fueron capturados en México. La Comisión destacó durante el trámite la importancia de tales acciones, que fueron cumplidas en el marco del proceso de solución amistosa. Sin embargo, a la fecha de aprobación del presente informe, Israel Aguilar Díaz sigue privado de su libertad, aunque sin condena firme, mientras que los otros dos presuntos responsables están en libertad. Los peticionarios alegan que la impunidad en el caso se debe a la influencia política ejercida por la familia Aguilar Díaz.
3. Como resultado de su análisis en el presente informe, la Comisión concluye que el caso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. En cuanto al fondo de la cuestión denunciada, la CIDH concluye que el Estado violó en perjuicio de los familiares de Pedro Peredo Valderrama los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, respectivamente, en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional. Por otra parte, la CIDH concluye que carece de elementos de convicción que permitan establecer en este caso la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la indemnización por error judicial y a la igualdad ante la ley, protegidos por los artículos 4, 5, 10 y 24 de la Convención Americana. Como consecuencia de las violaciones establecidas, la CIDH recomienda al Estado que lleve a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato de Pedro Peredo Valderrama; y para determinar si hay otros delitos que impidieron la investigación completa y la sanción de los culpables de los hechos referidos. Igualmente, la Comisión recomienda que, en su caso, aplique las sanciones legales que correspondan a los culpables de los hechos ilícitos establecidos. Por último, la Comisión recomienda al Estado mexicano que repare adecuadamente a los familiares de Pedro Peredo Valderrama por las violaciones cometidas.
4. El 28 de enero de 1993, la Comisión solicitó información al Estado sobre las partes pertinentes de la denuncia y asignó el número 11.103 al caso. La respuesta del Estado mexicano fue recibida el 28 de abril de 1993 y transmitida a los peticionarios, quienes formularon sus observaciones el 22 de julio de 1993. El 19 de agosto de 1994 los peticionarios informaron que habían acudido a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero que igualmente seguían "sin obtener una respuesta favorable".
5. Luego del intercambio de comunicaciones entre las partes, en las cuales se definieron las posiciones respectivas acerca de la admisibilidad y el fondo, la Comisión se puso a disposición de las partes el 13 de enero de 1995 a efectos de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana. El procedimiento de solución amistosa se inició cuando ambas partes prestaron su consentimiento en julio de 1995. Durante la solución amistosa se verificó un constante intercambio de información entre las partes, y se celebraron varias reuniones en la sede de la CIDH y en México. El avance más notable en el marco de dicho procedimiento fue la ejecución de las órdenes de aprehensión de Israel Roberto, Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz en 1996, lo cual implicó completar el proceso de extradición a México del primero de los nombrados, quien había sido detenido en la Confederación Suiza.
6. Por otra parte, el 10 de abril de 1996, la Comisión solicitó al Estado mexicano que adoptara medidas cautelares para proteger la vida e integridad física de la familia Peredo Valderrama, a raíz de la denuncia sobre las amenazas que habrían recibido. El Estado informó a la CIDH el 24 de abril de 1996 que la PGJDF tomó medidas para vigilar el domicilio de la familia. Luego de las comunicaciones recibidas por las partes, la CIDH no recibió nueva información acerca de otras amenazas contra la familia Peredo Valderrama.
7. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante "la CNDH") remitió el 2 de julio de 1996 una comunicación a la CIDH en la cual efectúa un seguimiento de las acciones adoptadas para cumplir con las órdenes de aprehensión de los hermanos Aguilar Díaz. El 15 de agosto de 1996 la CNDH remitió una nueva comunicación con información actualizada sobre dicho tema.
8. El 18 de octubre de 1996, la Comisión informó a las partes que había decidido suspender temporalmente el trámite del caso a fin de aguardar la decisión judicial definitiva sobre la materia. El 16 de diciembre de 1996 la CIDH solicitó información actualizada al Estado mexicano acerca del trámite, con lo cual prosiguió el intercambio de observaciones entre las partes.
9. El 6 de octubre de 1997, las partes acudieron a una reunión de trabajo en la sede de la CIDH, donde se discutió el estado del procedimiento de solución amistosa. En su nota del 11 de diciembre de 1997 al Estado mexicano, la Comisión manifestó su interés en celebrar una reunión en la Ciudad de México a fin de avanzar en los procedimientos de solución amistosa de varios casos, incluido el presente. El Estado expresó el 14 de enero de 1998 que "se permite proponer que dicha visita sea pospuesta por el momento", pero indicó su interés en avanzar durante las audiencias del siguiente período ordinario de sesiones de la Comisión.
11. Los peticionarios informaron el 21 de abril de 1998 que Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz habían sido absueltos el 10 de abril por el juez de la causa, y solicitaron que el Estado informara a la CIDH acerca de las medidas adoptadas para evitar que el caso siga en la impunidad. El Estado mexicano respondió el 29 de mayo de 1998, y solicitó que la CIDH declare que el acuerdo de solución amistosa se había cumplido con la captura de los hermanos Aguilar Díaz.
12. En sus observaciones del 18 de agosto de 1998, los peticionarios consideraron que el caso "aún se encuentra en grave impunidad", por lo cual solicitaron que la Comisión declare que el Estado no había cumplido los compromisos asumidos en la solución amistosa, y que emita un informe sobre el fondo de la cuestión denunciada. El Estado presentó sus observaciones al respecto el 23 de septiembre de 1998, e indicó que no se podían desconocer "los esfuerzos realizados por el Gobierno de México para la solución del presente caso".
Es infundado e improcedente afirmar que no se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna (ordinarios) como lo afirman los funcionarios del Gobierno Mexicano, en virtud de que si se considera que el representante legal de las víctimas es el C. Agente del Ministerio Público, quien tiene las funciones de Representante Social y que tiene el monopolio de la persecución de los Delitos Penales, según establece el artículo 21 Constitucional Es obvio que el Ministerio Público dependiente del Procurador General de Justicia del D.F. como representante social es quien debe proteger los intereses y derechos de las víctimas y realizar todas las gestiones necesarias para el ejercicio de la acción penal en contra de los asesinos, pues resulta irresponsable y criminal dejar que uno o varios delincuentes estén libres, y que por el solo hecho de ser hijos o parientes de algún funcionario del gobierno tengan derecho de privar de la vida a quien ellos deseen, sin temor a que el Ministerio Público ejercite alguna acción en contra.
El artículo 339 del Código de procedimientos penalesseñala propiamente que la reparación del daño se hace valer dentro del PROCEDIMIENTO y en caso de no haberse hecho valer en esa instancia se podría hacer valer por vía civil pero una vez que haya concluido el procedimiento, cuando se haya sentenciado a los procesados, es decir que fueran hallados culpables de las imputaciones por la Representación Social, pues en caso de que se pretendiera hacer valer la reparación del daño antes de haber concedido a los reos la garantía de audiencia de ser oídos y vencidos en juicio, sería violatorio de Garantía e improcedente, ya que, si bien es cierto que existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de los sujetos que responden a los nombres de PEDRO HORACIO, SERGIO E ISRAEL AGUILAR DÍAZ. También es que conforme a la ley mexicana éstos deben de ser sujetos a un proceso penal, pues no es posible considerar que el gobierno mexicano afirme que no se ha solicitado la reparación del daño conforme a los preceptos legales que es cito por causas imputables a los interesados, si no se ha abierto el proceso penal. (sic) (mayúsculas en el original).
19. La posición de los peticionarios ante la propuesta de solución amistosa fue que dicho procedimiento debía "incluir ineludiblemente el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de SERGIO, PEDRO HORACIO e ISRAEL ROBERTO, todos ellos de apellido AGUILAR DÍAZ a fin de que no se consume un hecho de grave impunidad" (énfasis en el original). En la comunicación del 4 de octubre de 1995, los peticionarios afirmaron que el cumplimiento de dichas órdenes constituía "el primer paso del proceso de solución amistosa aceptado por las partes". Agregaron el 15 de noviembre de 1995 que "la negligencia de la Policía Judicial y de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, unida a la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, ha producido que el homicidio de Pedro Peredo Valderrama permanezca en la impunidad a casi 9 años de haber ocurrido".
20. Al enterarse por intermedio de la CIDH que Israel Aguilar Díaz había sido arrestado en Suiza, los peticionarios expresan que tal información es "sumamente alentadora" pero que "resulta insuficiente", por lo cual solicitan datos específicos acerca de la captura y del trámite de extradición. En el curso de la audiencia celebrada el 6 de octubre de 1997, los peticionarios sostienen que la extradición es "el primer paso para llegar a una solución del caso" pero consideran que no es definitivo. En el mismo sentido, los peticionarios afirman cuanto sigue en su comunicación del 2 de febrero de 1998:
b. Exista el compromiso de las autoridades mexicanas de vigilar que las denuncias presentadas en contra de la familia Peredo Valderrama, para que sean estudiadas conforme a derecho y en su momento procesal oportuno se declaren improcedentes.
21. Los peticionarios sostienen que la sentencia del 10 de abril de 1999 que absolvió a Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz es arbitraria, que no tomó en cuenta los criterios de valoración de la prueba previstos en la legislación y en la jurisprudencia mexicana, y que fue dictada bajo la presión ejercida por la familia Aguilar Díaz. En la audiencia celebrada en la sede de la CIDH el 1º. de marzo de 1999, los peticionarios expresan su decisión de retirarse del procedimiento de solución amistosa por considerar que el plazo transcurrido desde que ocurrieron los hechos es excesivo, sobre todo por la impunidad que prevalece en el caso. Los peticionarios afirman lo siguiente en su comunicación recibida el 6 de marzo de 1999:
Hace 12 años con 3 meses que el señor Pedro Peredo Valderrama fue asesinado y hasta el momento los responsables no han sido debidamente sancionados y los familiares tampoco han recibido una justa reparación.Hace 5 años con 11 meses que los peticionarios acudimos ante la Comisión denunciando los hechos violatorios a los artículos 4, 5, 10, 24 y 25 de la Convención Americana y el tráfico de influencias que ha impedido la sanción de los responsables, solicitando garantías de protección para la familia Peredo Valderrama, así comoel derecho a la justicia expedita y el pago de la reparación del daño.
22. En su primera respuesta sobre el presente caso, el Estado solicita que se declare su inadmisibilidad por considerar que no se exponen hechos violatorios de la Convención Americana, y que no se agotaron los recursos de la jurisdicción interna en México. El Estado indica que la orden de aprehensión de los hermanos Aguilar Díaz no se cumplió al principio porque los mismos interpusieron un recurso de amparo que la suspendió, pero que "una vez resuelto el amparo, la orden de aprehensión fue modificada y se giró nuevamente, en esta ocasión por el delito de homicidio simple intencional". Agrega lo siguiente:
23. En su respuesta a las observaciones de los peticionarios, el Estado reiteró sus argumentos iniciales. Además, informó que la CNDH había intervenido en el asunto y que el 21 de noviembre de 1991 comunicó a la señora de Valderrama que "de las diligencias practicadas no se desprendían actos violatorios de derechos humanos y, por tanto, se archivaría el expediente como asunto concluido". Sin embargo, aclaró que la CNDH "ha manifestado estar en la mejor disposición de escuchar nuevamente a la quejosa y, en su caso, reabrir el expediente y practicar las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de los hechos constitutivos de la queja".
24. En cuanto a la propuesta de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana, el Estado solicita en su comunicación del 31 de mayo de 1995 que la CIDH "tome en consideración la disposición de las autoridades e instancias correspondientes de llegar a una solución amistosa". Indica además que se han realizado reformas constitucionales, incluyendo la posibilidad de impugnar la decisión del Ministerio Público de no ejercitar la acción penal. Otra reforma que el Estado destaca es la creación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad dentro de la PGJDF, y agrega que "como prueba de la buena fe de las autoridades mexicanas para resolver el caso se hará entrega a esa Comisión de la copia del Informe No. SGDH/3734/95 y sus anexos, que muestran el interés de las mismas en cumplimentar las órdenes de aprehensión de que se trata". (sic)
Con fecha 16 de octubre del año en curso, se integró un Grupo Especial de Policía Judicialcuyo objetivo principal es el de realizar las gestiones pertinentes que conlleven a la ejecución de las órdenes de aprehensión. Este Grupo Especial se ha abocado a la tarea de obtener datos que permitan, con mayor certeza, ubicar a los procesados Sergio, Israel Roberto y Pedro Horacio, todos de apellidos Aguilar Díaz. De igual manera el referido Grupo Especial se ha dado a la tarea de tratar de precisar si las referidas personas han cambiado de identidad. Por otra parte, un elemento que sin duda será de gran ayuda para las labores del Grupo Especial se refiere a los retratos hablados que fueron elaborados por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en cuya participación tuvo una participación destacada la Profesora María Concepción Valderrama viuda de Peredo, madre del occiso.
27. Una vez que los tres hermanos Aguilar Díaz estuvieron detenidos, el Estado mexicano afirma haber adoptado todas las acciones posibles para sancionar a los responsables, por lo cual solicita en reiteradas oportunidades que la CIDH declare el caso solucionado y lo archive. El 11 de julio de 1996, el Estado manifiesta que "los presuntos homicidas de Pedro Peredo Valderrama han sido perseguidos durante nueve años con tesón y perseverancia por efectivos de la policía judicial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal", y que es "infundado e insustentable" el argumento de los peticionarios acerca de la posibilidad de que los hermanos Aguilar Díaz evadan la acción de la justicia. Agrega que "no debe existir preocupación por parte de los peticionarios, toda vez que las autoridades aplicarán, en este asunto como en todos los casos bajo su competencia el principio de imparcialidad, legalidad y justicia". Sostiene el Estado que:
28. Respecto a la demora en el proceso llevado contra Israel Aguilar Díaz, el Estado mexicano expresa el 3 de enero de 1997 que "si se ha demorado esta tardanza sólo es atribuible a la defensa que presentado el señor Aguilar Díaz y la cual se encuentra dentro del debido proceso". El 3 de septiembre de 1997 informa a la CIDH que el gobierno suizo concedió la extradición del presunto homicida, y considera que con ello "se han cumplido las bases mutuamente acordadas para llegar a una solución amistosa". En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión "dar por concluido satisfactoriamente este asunto". La misma posición fue sustentada en las siguientes comunicaciones, así como en las audiencias y reuniones celebradas sobre el caso.
29. El 29 de mayo de 1998, el Estado mexicano pone en conocimiento de la CIDH que los hermanos Sergio y Pedro Horacio Aguilar Díaz fueron sobreseídos por el tribunal que recibió el caso en apelación. Aclara que la Secretaría de Relaciones Exteriores "no posee atribuciones para intervenir en la investigación y persecución de los delitos, ni tampoco puede urgir a ningún juez para que emita sus resoluciones en uno u otro sentido", pero que "ha manifestado su buena disposición para logra la solución amistosa del presente asunto, en los términos convenidos ante la CIDH; ha llevado un puntual seguimiento del caso y se estará asimismo pendiente de su resultado final". Solicita nuevamente que la Comisión "declare que se han cumplido todos y cada uno de los compromisos asumidos por el gobierno de México en la solución amistosa que se inició en le caso 11.103".
30. Ante la posición de los peticionarios de no tener por cumplido el acuerdo por la persistencia de la impunidad, el Estado afirma que los mismos "pretenden desconocer los esfuerzos realizados por el Gobierno de México para la solución del presente caso". Respecto al papel cumplido por la PGJDF, manifiesta:
31. Durante la audiencia celebrada el 1º de marzo de 1999, en el curso de la cual los peticionarios solicitan la adopción de un informe sobre el fondo del presente caso, el Estado se opone a tal medida, insiste en la buena fe demostrada durante el trámite de solución amistosa y en que "hay buena voluntad para seguir avanzando". Por otra parte, sostiene que la sentencia judicial condenatoria constituye una condición sine qua non para discutir la reparación en este caso.
32. En las observaciones finales del 13 de abril de 1999, el Estado mexicano "lamenta la decisión de los peticionarios de dar por terminado el procedimiento de solución amistosa" y afirma que "el proceso respectivo ha sido complejo y ha enfrentado una serie de obstáculos inesperados". A pesar de ello, destaca el Estado que los inculpados del homicidio fueron detenidos, sometidos a proceso penal y condenados. Agrega además lo siguiente:
Está plenamente acreditado que en los hechos en que perdiera la vida el señor Peredo Valderrama no participaron elementos del Estado; que se inició de inmediato una investigación seria, exhaustiva y efectiva; y se promovió la acción correspondiente ante los órganos jurisdiccionales competentes, que derivó en la aprehensión de los responsables, en su sometimiento a juicio y en sentencia condenatoria.
La solución amistosa que se acordó a partir de la propuesta de marzo de 1995, abarcaba como punto principal el cumplimiento de las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, lo cual fue satisfecho en 1996. La decisión sobre la culpabilidad de los mismos compete exclusivamente a los órganos jurisdiccionales.
33. La práctica de la Comisión en los últimos años ha sido la de pronunciarse previamente y de manera separada sobre la admisibilidad de las peticiones sobre casos individuales. Sin embargo, la CIDH también ha hecho excepciones a dicha práctica en aquellos casos --como el presente-- donde el alegato sobre la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial está vinculado con el análisis del agotamiento de los recursos internos en un plazo razonable, así como su efectividad.1 Por ello, la Comisión analizará a continuación el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
35. El artículo 46(2)(c) de la Convención Americana contempla, entre las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, el retardo injustificado en la decisión sobre los mismos. El asesinato de Pedro Peredo Valderrama se produjo el 20 de diciembre de 1986 y luego de casi 13 años los órganos jurisdiccionales internos aún no han establecido de manera definitiva cómo ocurrieron los hechos, ni existe condena firme de los homicidas.
36. En virtud del plazo transcurrido desde el asesinato hasta la fecha del presente informe, la CIDH estima prima facie que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana. El retardo de justicia alegado por los peticionarios será objeto de un análisis más completo en la sección del presente informe que trata sobre la investigación del homicidio de Pedro Peredo Valderrama.
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente.
42. En el caso bajo análisis, los peticionarios no han alegado la responsabilidad directa de agentes del Estado en el asesinato de Pedro Peredo Valderrama, pero consideran que ella deriva de la falta de investigación de los hechos por parte de las autoridades. Cabe recordar que la Corte Interamericana ha establecido lo siguiente:
45. El artículo 5(1) de la Convención Americana garantiza a toda persona "el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral". El análisis del presente caso revela que los peticionarios denunciaron en diversas oportunidades --tanto en la jurisdicción interna como ante la CIDH-- que los miembros de la familia de Pedro Peredo Valderrama habían sido hostigados desde que denunciaron a los hermanos Aguilar Díaz por el asesinato de aquél. Por su parte, el Estado mexicano manifestó desde el inicio del trámite ante la CIDH su voluntad de investigar y de solucionar el presente caso.
53. La Convención Americana establece en su artículo 10 el derecho de toda persona "a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial". La Comisión observa que los peticionarios en el presente caso han invocado dicha disposición, pero que ni los hechos ni los alegatos caracterizan una condena por error judicial. En consecuencia, la CIDH considera que no procede pronunciarse en el presente informe acerca del derecho protegido por el artículo 10 de la Convención Americana.
e. Derecho a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25), en concordancia con la obligación de respetar y garantizar los derechos (artículo 1(1))
54. El cumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana está vinculado a la aplicabilidad de las excepciones al agotamiento de los recursos internos.6 Así lo ha determinado la Comisión en este caso, al concluir que es admisible por aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana.
55. Los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial están vinculados con la obligación prevista en el artículo 1(1) de la Convención Americana. Cabe recordar en tal sentido las siguientes apreciaciones formuladas por la CIDH:
La obligación de comportamiento consagrada en el artículo 1(1) es un corolario necesario del derecho de todo individuo a recurrir a un tribunal para obtener protección judicial cuando sea víctima de la violación de cualquiera de sus derechos humanos. Si esto no fuera así, el derecho a obtener un recurso efectivo consagrado en el artículo 25 se vería absolutamente vaciado de contenido. ()La Comisión considera que el derecho a un recurso consagrado en el artículo 25, interpretado en conjunto con la obligación del artículo 1.1 y lo dispuesto en el artículo 1.1, debe entenderse como el derecho de todo individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus derechos haya sido violado sea éste un derecho protegido por la Convención, la Constitución o las leyes internas del Estado, de obtener una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en la que se establezca la existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda, una indemnización adecuada.7
56. La Corte Interamericana, al analizar la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, aclaró que puede resultar difícil en ciertas circunstancias. No obstante, la definió como una obligación de medio o comportamiento, que "debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa". La obligación de investigar, de acuerdo a la Corte, "debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad".8 En una reciente decisión, relevante para el análisis del presente caso, la Corte Interamericana ha dicho:
Del artículo 8 de la Convención Americana se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparaciónEs evidente que los responsables de tales hechos se encuentran en la impunidad, porque no han sido identificados ni sancionados mediante actos judiciales que hayan sido ejecutados. Esta sola consideración basta para concluir que el Estado ha violado el artículo 1.1 de la Convención, pues no ha castigado a los autores de los correspondientes delitos. Al respecto, no viene al caso discutir si las personas acusadas en los procesos internos debieron o no ser absueltas. Lo importante es que, con independencia de si fueron o no ellas las responsables de los ilícitos, el Estado ha debido identificar y castigar a quienes en realidad lo fueron, y no lo hizo.9
58. La Comisión procederá a analizar la información disponible en el expediente acerca de la investigación de la violación del derecho a la vida de Pedro Peredo Valderrama, y de la investigación de las amenazas y hostigamiento que habrían sufrido los integrantes de su familia luego de denunciar el homicidio, a fin de determinar si reúnen los requisitos establecidos en las disposiciones mencionadas de la Convención Americana.
i. Investigación del asesinato de Pedro Peredo Valderrama
59. La obligación de investigar las violaciones del derecho a la vida de manera completa, independiente e imparcial es inherente al deber de proteger los derechos humanos, reconocido en la Convención Americana.12 La investigación debe reunir los requisitos del debido proceso, definidos en el artículo 8(1) de la Convención Americana:
60. Como se ha mencionado, otro elemento fundamental en la investigación es la efectividad. En los términos del artículo 25 de la Convención Americana, "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales". En el presente caso, se trata del derecho de la familia Peredo Valderrama a que se investiguen los hechos, se sancione a los responsables, y se repare el daño sufrido.
62. Ya se ha visto que los hechos y la documentación disponible demuestran que no se trata de un caso complejo. La víctima es una sola, los hechos tuvieron lugar en la vía pública, ante varios testigos presenciales, y los supuestos autores materiales fueron identificados por dichos testigos.
63. La queja fue presentada por la familia Peredo Valderrama a la PGJDF el 2 de enero de 1987, pocos días después del asesinato. El Ministerio Publico inició la Averiguación Previa 27A/2343/986 a partir del levantamiento del cadáver de Pedro Peredo Valderrama. Dentro del trámite se presentaron a la PGJDF los supuestos autores del homicidio, protegidos por un amparo que impedía su detención en ese momento.14 Sin embargo, cuando la averiguación previa fue remitida al órgano judicial, el juez competente libró el 4 de febrero de 1987 la orden de aprehensión de los hermanos Israel Roberto, Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz.
64. La CIDH considera que una de las cuestiones centrales del presente caso es la falta de cumplimiento de dicha orden judicial de aprehensión desde principios de 1987 hasta marzo y junio de 1996 cuando, respectivamente, fueron capturados Israel Aguilar Díaz en Suiza, y Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz en México. Según los peticionarios, el incumplimiento se debió a la influencia ejercida por la familia Aguilar Díaz ante las autoridades locales. Por su parte, el Estado afirma en su comunicación del 12 de octubre de 1993 que "el mandamiento judicial no ha podido concretarse hasta el momento, por desconocerse el paradero de los presuntos responsables".
Actividad procesal de la familia Peredo Valderrama
65. La denuncia tramitada por la CIDH contiene extensa documentación --cuya validez o pertinencia nunca fue objetada por el Estado mexicano-- acerca del impulso procesal efectuado por la familia Peredo Valderrama para que se cumpliera la orden judicial. Tales documentos incluyen numerosas comunicaciones y recordatorios dirigidos al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, al juez competente, al Director General de la Policía Judicial del Distrito Federal (entidad directamente responsable de cumplir la orden de aprehensión). Los peticionarios mencionan en su denuncia inicial que, como resultado de sus gestiones, el juez giró oficios recordatorios sobre la ejecución de la orden de aprehensión a la Policía Judicial del Distrito Federal el 2 de junio de 1987, el 18 de marzo de 1988, el 9 de junio de 1988, el 26 de febrero de 1989 y el 3 de mayo de 1991.
66. La señora Concepción Peredo de Valderrama se dirigió igualmente, en varias oportunidades, a la PGJDF para denunciar la conducta negligente de los policías judiciales, que según ella habría llegado hasta la redacción de informes falsos sobre diligencias que no se realizaron. Por ejemplo, cabe mencionar la comunicación dirigida el 24 de abril de 1990 por la señora de Valderrama al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en la cual realiza un resumen de las gestiones que había cumplido hasta la fecha, sin resultado alguno, e incluye datos muy precisos acerca de los movimientos de los supuestos homicidas. La señora de Valderrama menciona en su comunicación tres domicilios conocidos de los Aguilar Díaz, los negocios atendidos por los hermanos prófugos de la justicia y los vehículos que manejaban, con los respectivos números de placas. De acuerdo a la misma, varios familiares y testigos habrían visto a los hermanos Aguilar Díaz atendiendo personalmente tales negocios.
Conducta de las autoridades judiciales y la PGJDF
68. Cabe destacar, en particular, que el Estado mexicano no ha controvertido que Pedro Horacio Aguilar Díaz fue identificado en 1988 en la zona de Xochimilco, Distrito Federal, por el tío de Pedro Peredo Valderrama, pero que huyó con la complicidad de los propios agentes de la policía judicial convocados al lugar para capturarlo.16 Este incidente, por su gravedad, sumado a la falta de castigo de los responsables, es suficiente para establecer la responsabilidad del Estado mexicano por el incumplimiento del deber de investigar los hechos del presente caso.
71. Sin embargo, el Estado no informó en momento alguno a la CIDH si las autoridades mexicanas habían investigado ciertas cuestiones muy importantes para dilucidar la verdad de los hechos de este caso. En primer lugar, no aportó información sobre la manera en que los tres hermanos pudieron eludir durante tanto tiempo la acción de la justicia de México. No informó cómo pudo viajar Israel Roberto Aguilar Díaz a Suiza con una orden de aprehensión en contra, ni si se investigó dónde ni cómo permanecieron los tres hermanos prófugos todo ese tiempo, ni si se había intentado determinar si hubo complicidad de las autoridades --aparte del incidente ya relatado con respecto a Pedro Horacio Aguilar Díaz-- para frustrar el cumplimiento de una orden judicial durante nueve años.
72. El cumplimiento de las órdenes de aprehensión en 1996 tampoco significó el esclarecimiento definitivo de los hechos, ni mucho menos el castigo de los responsables, ya que dos de los presuntos asesinos quedaron en libertad luego de menos de dos años de su captura. El 21 de abril de 1998, los peticionarios aportaron la siguiente información:
El día 10 de abril pasado el Juez Trigésimo Segundo Penal del Distrito Federal por Ministerio de Ley, Licenciado Sebastián Moreno Olin, dictó sentencia absolutoria a favor de Pedro Horacio y Sergio, ambos de apellido Aguilar Díaz, a quienes se les instruyó el proceso penal 111/97 por el delito de homicidio en agravio de Pedro Peredo ValderramaEsta decisión del Estado mexicano a través de su Poder Judicial, suma un elemento más en la grave impunidad de este caso que ya lleva más de diez años sin que los responsables del homicidio de Pedro Peredo hayan sido aún sancionados penalmente. Los temores que los peticionarios expresamos en su momento acerca de las arbitrariedades cometidas por el Juez en la tramitación de la causa, la nula respuesta ante los diversos reclamos y la indiferencia del Ejecutivo se han confirmado con esta decisión.
73. Los peticionarios presentan información detallada acerca de irregularidades que habría cometido el juez magistrado en dicha sentencia, como por ejemplo: el magistrado se equivocó en el nombre de uno de los testigos (Hernández por Fernández); mencionó la declaración de otro testigo (Carlos Rioja Walber) que no había comparecido; mencionó una prueba pericial planimétrica que no estaba incluida en el "caudal probatorio" del proceso; se refirió a la ampliación de la declaración de otra testigo (Fidelia López Sánchez) que ya había fallecido en la fecha de la supuesta diligencia, y cuya acta de defunción estaba incorporada al expediente del caso; citó las declaraciones testimoniales de Araceli Contreras Díaz, Ernesto Aguilar Cordero, Pedro Aguilar Cordero y Juan Manuel Peña Jiménez como si hubieran sido ofrecidas por la defensa de Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz, cuando en realidad se trató de evidencias aportadas por la defensa del otro acusado, Israel Roberto Aguilar Díaz. Todo lo anterior, alegan los peticionarios, "hace suponer que el juez a quo desconoce totalmente los elementos probatorios que obran dentro de la causa penal 111/97" y "trae como consecuencia que se transgreda lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con su conducta entorpece la pronta y debida administración de justicia".
74. Además, los peticionarios alegan que el juez "viola flagrantemente con su sentencia absolutoria los principios rectores de la valoración de la prueba" por los siguientes motivos:
[el juez] se concreta a desestimar todo el caudal probatorio que obra dentro de la causa penal 111/97 y que perjudica a los justiciables en forma individual y por separado y no como lo señala el artículo 261 del Código Adjetivo Penal, es decir, en forma conjunta y después de hacer una ponderación sistemática de una manera natural y lógico jurídico de todo el caudal probatorio que obra dentro del sumario17
76. A pesar de ello, los peticionarios destacan que el juez absolvió a los hermanos Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz precisamente porque desestimó los testimonios de Erick y Uriel Peredo Valderrama por ser hermanos de la víctima, lo cual supuestamente les priva de "independencia mental".
78. En cuanto al análisis y la jurisprudencia que aportaron los peticionarios, el Estado expresa que "podía haberse sumado a los argumentos del Ministerio Público en la apelación de la sentencia mencionada, si se le hubiese proporcionado en el momento procesal oportuno". El Estado aclara que "la Secretaría de Relaciones Exteriores no posee atribuciones para intervenir en la investigación y persecución de los delitos, ni tampoco puede urgir a ningún juez para que emita sus resoluciones en uno u otro sentido, por lo que carece de sustento la solicitud de los peticionarios a este respecto". Finalmente, insiste en que se cumplió con la detención de los presuntos responsables, por lo cual solicita que la CIDH "declare que se han cumplido todos y cada uno de los compromisos asumidos por el Gobierno de México en la solución amistosa que se inició en el Caso 11.103."
79. Por último, en su comunicación del 13 de abril de 1999, el Estado mexicano informa a la CIDH que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocó la sentencia absolutoria de Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz, en virtud de lo cual el Juez Trigésimo Tercero Penal libró las respectivas órdenes de reaprehensión el 12 de junio de 1998. Dichas órdenes no fueron cumplidas debido a que la defensa de los Aguilar Díaz interpuso un amparo directo contra la decisión judicial. 80. Los peticionarios afirman haber solicitado a las autoridades el cumplimiento inmediato de las órdenes de reaprehensión, ante la posibilidad cierta de que se interpusiera el amparo directo, pero que "lamentablemente, a pesar de haber sido interpuesto dicho recurso dos meses después de la resolución mencionada, no existió gestión alguna para cumplimentar dichas órdenes". Agregan los peticionarios que Israel Aguilar Díaz fue condenado a pena privativa de libertad de 22 años y 6 meses el 3 de marzo de 1999, lo cual consideran "que desde luego es favorable para la solución del caso, [pero] no garantiza un pleno cumplimiento" ya que se trata de una sentencia de primera instancia, que puede ser apelada y que luego se puede interponer un amparo directo, con lo cual se puede demorar más de seis meses en lograr una sentencia ejecutoriada. Por último, indican lo siguiente:
Es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.
83. A la luz de toda la información precedente, la Comisión confirma su apreciación preliminar respecto a la duración irrazonable del proceso judicial. El expediente revela que los familiares de Pedro Peredo Valderrama no han impedido el avance de la investigación, sino por el contrario, han aportado elementos muy importantes y los han puesto al alcance de los órganos judiciales y del Ministerio Público para que cumplan con su tarea de impartir justicia. De acuerdo a los estándares de derecho internacional de los derechos humanos y a la jurisprudencia de los órganos de supervisión, el caso no es muy complejo en sus elementos determinantes. Sin embargo, no es posible afirmar que las autoridades judiciales y del Ministerio Público hayan ajustado sus actos a la diligencia requerida por la investigación de los graves hechos bajo análisis. Por el contrario, los elementos de prueba aportados demuestran que agentes de la policía judicial incurrieron en complicidad al permitir la fuga de una persona con orden de aprehensión, y que un magistrado absolvió a dos de los presuntos homicidas mediante una sentencia cuyos supuestos vicios denunciados por los peticionarios no han sido disputados por el Estado mexicano. La Comisión considera que el impacto de dicha conducta ha sido sumamente perjudicial para la investigación.
Por lo que toca al alegato de hostigamiento a la familia Peredo Valderrama, el Gobierno de México desea reiterar el compromiso contraído a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de adoptar las medidas necesarias para brindar a la familia Peredo Valderrama la protección que expresamente han solicitado los peticionarios, tal como se señaló en la respuesta del 28 de abril de 1993. Sin embargo, el Gobierno de México no puede aceptar que los reclamantes afirmen que la supuesta agresión física a la que se alude en la página 2, párrafo 4, fue realizada por "tres personas con aspecto de policías judiciales", ya que dicha aseveración es totalmente subjetiva y carece de fundamento alguno.
Estando la Sra. Valderrama en su domicilio recibió una llamada telefónica de un joven de sexo masculino quien con un tono intimidatorio y con un lenguaje procaz amenazó de muerte a la Sra. Concepción Valderrama y a su familia, advirtiéndole que "iban a terminar con todos". La Sra. Valderrama colgó el teléfono. En dos nuevas llamadas volvieron a amenazarla, en la última de las cuales a los gritos se le dijo "ya estamos listos para eliminarla".
95. El 10 de abril de 1996, la Comisión solicitó al Estado mexicano que adoptara medidas cautelares para proteger la vida e integridad física de la familia Peredo Valderrama. En su solicitud, la CIDH consideró que "a la gravedad de las informaciones obtenidas se suma el hecho que actualmente este caso se encuentra en un proceso de solución amistosa" y que "para arribar a cualquier tipo de conciliación basada en el respeto de los derechos humanos debe existir un adecuado ambiente de tranquilidad entre las partes, difícil de alcanzar si continúan las amenazas referidas".
98. En sus observaciones, el Estado insiste en que se había ofrecido protección a la señora Valderrama, y que la misma se había negado a ello. Pide que la Comisión la exhorte a "mantener abiertos los canales de comunicación con las autoridades", y a los asesores de la señora Valderrama a cooperar con las diligencias.24 En la siguiente comunicación de los peticionarios, remitida el 29 de mayo de 1996, se denuncian nuevas amenazas, esta vez a cargo del señor Pedro Aguilar Cordero, padre de los procesados por el homicidio de Pedro Peredo Valderrama, e incluso un intento de homicidio:
99. Los peticionarios consideran que estos hechos demuestran la falta de seriedad y de voluntad política para investigar las amenazas contra la familia Peredo Valderrama. En tal sentido, indican que la desconfianza de los integrantes de dicha familia hacia la policía judicial se debe a que han sido testigos "de cómo un agente permitió que huyeran los sospechosos del homicidio de Pedro Peredo Valderrama". Por otro lado, los peticionarios estiman que la colaboración de la señora Valderrama con las autoridades no tiene relación alguna con la necesidad de que las autoridades adopten medidas para proteger la vida e integridad física de ella y de su familia.
100. Finalmente, los peticionarios informan en su nota del 20 de mayo de 1997 acerca de una nueva denuncia de Pedro Aguilar Cordero contra los familiares de Pedro Peredo Valderrama, lo cual motivó que varios parientes de la víctima fueran citados a declarar a la agencia del Ministerio Público en Xochimilco. Los peticionarios expresaron:
102. La información arriba resumida demuestra que los peticionarios denunciaron a las autoridades distintos actos de hostigamiento desde las etapas iniciales del trámite del presente caso. Algunos de ellos fueron atribuidos por los peticionarios a los hermanos Aguilar Díaz y sus familiares, y otros a integrantes de la Policía Judicial del Distrito Federal. En cuanto a las acciones judiciales iniciadas por personas vinculadas a los hermanos Aguilar Díaz --que los peticionarios consideran intimidatorias-- la información disponible en el expediente ante la CIDH no demuestra que se haya dictado sentencia alguna, en el fuero penal ni en el civil, contra los familiares de Pedro Peredo Valderrama. En todo caso, los elementos de prueba no son suficientes para demostrar, por ejemplo, que los accionantes hubieran tenido algún tipo de apoyo de agentes del Estado que hiciera avanzar de manera irregular tales trámites --en violación del debido proceso-- ni que ello hubiera resultado en perjuicio de los Peredo Valderrama.
103. Por otro lado, los elementos disponibles son suficientes para establecer que la familia Peredo Valderrama fue objeto de varias amenazas, y que cumplió con su obligación de denunciarlas a las autoridades del Ministerio Público. La CIDH solicitó en abril de 1996 al Estado mexicano que adoptara medidas cautelares en favor de los integrantes de dicha familia, por considerar que se había acreditado la urgencia y que la familia Peredo Valderrama estaba afectada por un peligro efectivo de daño irreparable, de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento de la Comisión.
104. En tales circunstancias, el Estado estaba obligado no solamente a adoptar las medidas de protección solicitadas por la Comisión, sino a conducir una investigación seria, completa e imparcial de las graves amenazas y hechos denunciados. Cabe recordar en tal sentido que la Corte Interamericana ha requerido, en una resolución sobre medidas provisionales, que el Estado en cuestión adoptara "medidas eficaces para investigar los hechos denunciados y, en su caso, sancionar a los responsables" como "elemento esencial del deber de protección" impuesto por la Convención Americana.25
105. El Estado informó a la Comisión que había tomado medidas de protección para la familia de la víctima, "a pesar de la falta de colaboración de la Señora Concepción Peredo de Valderrama"; los peticionarios cuestionaron la efectividad y seriedad de tales medidas. La CIDH considera que un elemento importante en la adopción de medidas cautelares consiste en la consulta a los protegidos para determinar las acciones más apropiadas al caso en particular, y así lo ha solicitado de manera expresa en sus recientes solicitudes de esa naturaleza a distintos Estados. En este caso, tal consulta no se verificó, aunque no resulta claro si se debió a la falta de iniciativa de las autoridades de la Policía Judicial del D.F., o a la falta de confianza de quienes debían ser protegidos.
106. Cabe señalar que el Estado no aportó información alguna acerca de las medidas adoptadas para investigar las amenazas, a pesar de las reiteradas denuncias que formularon en tal sentido los peticionarios. En una de sus comunicaciones a la CIDH, el Estado incluso negó que los hechos se hubieran denunciado en México, lo cual fue desvirtuado por documentos presentados por la señora de Valderrama, cuya validez nunca fue controvertida en el expediente. En cuanto a la agresión sufrida por Uriel Peredo Valderrama en junio de 1989, supuestamente a manos de policías judiciales, el Estado tampoco aportó elemento alguno para demostrar que se había investigado el hecho; por el contrario, se limitó a desestimarlo por "infundado y subjetivo".
107. La Comisión estima que, en el contexto del presente caso, resultan razonables el temor y la desconfianza de la familia Peredo Valderrama hacia la Policía Judicial del Distrito Federal. Se reitera en tal sentido el hecho que Pedro Horacio Aguilar Díaz haya sido localizado en julio de 1988 por la familia de la víctima, cuando ya pesaba en su contra una orden de aprehensión, y que haya logrado escapar gracias a la colaboración de los propios agentes de la policía judicial presentes en el lugar. Este grave hecho tuvo lugar en el barrio donde vivía y tenía sus negocios la familia Aguilar Díaz, luego de un año y medio del asesinato de Pedro Peredo Valderrama.
"Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte europea ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama análisis global del procedimiento" (Caso Genie Lacayo, Ibid., parágrafo 81).
111. Con relación a las recomendaciones de la Comisión en el Informe 92/99, el Estado reitera que los hermanos Sergio y Pedro Horacio Aguilar Díaz fueron condenados en junio de 1998 por el homicidio de Pedro Peredo Valderrama, y al pago de "la pena pecuniaria de reparación del daño". Reitera además que en virtud del amparo interpuesto por la defensa de los hermanos Aguilar Díaz el 21 de agosto de 1998, las "órdenes de reaprehensión" fueron suspendidas hasta la resolución de dicho juicio de garantías. El Estado repite igualmente lo afirmado durante el trámite de este caso respecto a la situación procesal de Israel Roberto Aguilar Díaz. Agrega que la sentencia condenatoria impuesta a dicha persona por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal fue apelada el 13 de agosto de 1999, y "se encuentra pendiente de resolución".
De lo anterior se desprende que los recursos internos siguen operando y, en consecuencia, son improcedentes las excepciones con relación al no agotamiento de dichos recursos. Por ello, y por todo lo manifestado en este documento, el Estado considera que es procedente el archivo del caso, por no sostenerse violación alguna a los derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Finalmente, el Gobierno de México desea señalar lo siguiente:
Para el Gobierno este tipo de medidas son decepcionantes y desalientan la cooperación con la Comisión y los peticionarios. Las autoridades mexicanas seguirán sin escatimar esfuerzo alguno, pero de conformidad con los procedimientos jurisdiccionales internos, en los términos y las características establecidas por la legislación mexicana y de conformidad con las resoluciones que vayan emitiendo los jueces que conocen del asunto.
115. La Comisión ha analizado en este informe los parámetros de la jurisprudencia de los sistemas interamericano y europeo de los derechos humanos, a fin de determinar si fue razonable el plazo dentro del cual se llevaron a cabo las investigaciones para establecer la manera en que fue asesinado Pedro Peredo Valderrama, la identificación de los responsables y su sanción conforme al debido proceso legal.
117. Además de omitir la información acerca de los hechos referidos en el párrafo anterior, el "análisis global del procedimiento" que realiza el Estado mexicano no ofrece una explicación adecuada acerca de lo sucedido en dicha investigación desde diciembre de 1986 hasta principios de 1996. En efecto, se ha visto que con diferencia de apenas unos meses, fueron detenidas sólo en 1996 las tres personas acusadas del homicidio de Pedro Peredo Valderrama. Además, es imposible evaluar la "medida de la eficacia de las autoridades" omitiendo el grave delito que cometieron los agentes del Estado al frustrar la captura de uno de los presuntos asesinos de Pedro Peredo Valderrama en 1988.
118. Por el mismo motivo, la CIDH no comparte la afirmación general conforme a la cual "las autoridades...han demostrado constantes actuaciones y esfuerzos en favor de la resolución del asunto". La Comisión ha destacado y valorado a lo largo del presente informe los resultados positivos logrados durante el procedimiento de solución amistosa, que han incluido la extradición desde Suiza de uno de los presuntos responsables. Sin embargo, es justamente el análisis global del procedimiento el que ha llevado a la CIDH a constatar la conducta violatoria de los agentes del Estado mexicano que obstruyeron la investigación, así como el retardo injustificado que conduce, en definitiva, a la denegación de justicia y la falta de reparación a los familiares de Pedro Peredo Valderrama. Esta situación persiste hasta la fecha y, conforme a la respuesta del Estado mexicano, las autoridades tampoco han previsto medida alguna para revertirla.
119. El Estado formula algunas consideraciones especiales acerca del procedimiento de solución amistosa, que se reproducen íntegramente más arriba. Al respecto, la Comisión estima oportuno precisar que el procedimiento previsto en el artículo 48(1)(f) de la Convención Americana presupone como elemento fundamental el mutuo consentimiento de las partes. Los peticionarios en el presente caso hicieron uso del derecho que tenían de abandonar dicho procedimiento en la etapa que fuera; la otra parte, el Estado mexicano, gozaba de idéntico derecho en todo momento. El papel de la Comisión en el procedimiento de solución amistosa no se restringe a observar las acciones de las partes sino a impulsarlas de manera activa.
120. Más importante aún, la CIDH tiene la obligación de constatar que la solución amistosa sea lograda con respeto a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, lo cual no fue posible en el presente caso.29 Por ello, la Comisión no podría considerar solucionado este caso, aun cuando las partes así lo hubiesen acordado, ya que es evidente que las acciones positivas logradas mediante la intervención de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la buena predisposición de los peticionarios no han resultado eficaces para terminar con la impunidad, la denegación de justicia y el incumplimiento de la obligación de reparar tales violaciones.
121. En el presente informe, la CIDH ha evaluado los alegatos de las partes sobre los hechos y el derecho, vinculados a la investigación del asesinato de Pedro Peredo Valderrama. El análisis demuestra que los trámites judiciales están viciados por numerosas irregularidades, y que se han extendido mucho más allá de lo razonable. En efecto, a casi trece años de cometido el crimen, no se ha condenado con sentencia firme a uno solo de los autores materiales, ni se han investigado debidamente las irregularidades mencionadas, ni se ha reparado el daño sufrido por los familiares de la víctima. El transcurso del tiempo ha sido obviamente beneficioso para quienes privaron del derecho a la vida a Pedro Peredo Valderrama, y ha significado la denegación del derecho a la justicia y a la reparación de sus familiares, quienes han sufrido además por la falta de investigación de las amenazas que denuncian con relación al caso.
1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato de Pedro Peredo Valderrama, y del hostigamiento sufrido posteriormente por su familia.
125. Respecto a la primera de las recomendaciones arriba formuladas, el Estado resume las actuaciones judiciales desde 1986 hasta 1999, e informa que siguen pendiente la resolución de los amparos interpuestos por los hermanos Sergio, Pedro Horacio e Israel Roberto Aguilar Díaz, en los respectivos expedientes. Agrega que "siguen a disposición de la familia Peredo Valderrama diversas instancias nacional, como la Comisión Nacional de Derechos humanos, para efecto de solicitar, en su caso, a las autoridades competentes la adopción de medidas cautelares" y que la Dirección General de Derechos Humanos de PGJDF "recibió instrucciones específicas para entablar contacto personal con la señora María Concepción Peredo Viuda de Valderrama, con el propósito de establecer las acciones apropiadas respecto del supuesto hostigamiento". Con relación a la segunda de las recomendaciones, el Estado no aportó información alguna sobre medidas de cumplimiento posteriores al Informe No. 3/00. Por último, en cuanto a la reparación, el Estado menciona que la sentencia dictada contra Sergio y Pedro Horacio Aguilar Díaz condena a ambos "a cubrir solidaria y mancomunadamente la cantidad de $ 22,046.00 pesos mexicanos por concepto de indemnización"; y que por el mismo concepto, Israel Roberto Aguilar Díaz fue condenado a pagar $24.966.00 pesos mexicanos. En sus "consideraciones finales" el Estado manifiesta que "el caso no se encuentra concluido" y que "es necesario esperar que el Poder Judicial de la Federación resuelva los juicios de Amparo" promovidos por los hermanos Aguilar Díaz.30
1 Ver por ejemplo, CIDH, Informes Anuales 1996, 1997 y 1998, Capítulo III "El sistema de peticiones y casos individuales".
3 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 172. Ver, en el mismo sentido, Asdrúbal Aguiar, Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, Monte Ávila Editores Latinoamericana / Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 1997, párr. 359, pág. 202.
5 Ver, en tal sentido, CIDH, Informe Anual 1997, Informe Nº 8/98 (Caso 11.671  Carlos García Saccone), Argentina, OEA/Ser.L/V/II.98 Doc 6 rev., 13 de abril de 1998, párrs. 38 a 43.
6 Ver, por ejemplo, CIDH, Informe Anual 1997, Informe Nº 3/98 (Caso 11.221  Tarcisio Medina Charry), Colombia, OEA/Ser.L/V/II.98 Doc 6 rev., 13 de abril de 1998, par. 80, pág. 506.
7 CIDH, Informe Anual 1995, Informe Nº 5/96 (Caso 10.970  Fernando y Raquel Mejía), Perú, OEA/Ser.L/V/II.91 Doc.7 rev., 28 de febrero de 1996, págs. 203 y 204.
9 Corte IDH, Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los "Niños de la calle"), Sentencia del 19 de noviembre de 1999, párrs. 227 y 228.
11 Ver, en tal sentido, CIDH, Informe Anual 1997, Informe Nº 48/97, Caso Nº 11.411 (Severiano Santiz Gómez y otros  "Ejido Morelia"), México, pár. 50, pág. 665; e Informe Nº 49/97, Caso No. 11.520 (Tomás Porfirio Rondin y otros  "Aguas Blancas"), México, pár. 67, pág. 694. Igualmente, CIDH, Informe Anual 1998, Informe Nº 48/99 (Caso Nº 10.545  Clemente Ayala Torres y otros), México, párs. 127 a 130; e Informe No. 50/99 (Caso Nº 11.739  Héctor Félix Miranda), México, párs. 34 y 35.
Los inculpados se presentaron a declarar ante el Agente del Ministerio Público, titular de la mesa de trámite número 17 del Sector Central de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), amparados por la justicia federal por haber interpuesto un juicio de garantías, mismo que les había concedido la suspensión provisional, y con ella acudieron al Ministerio Público.En ese momento fueron acompañados por los cc. Lic. Ernesto Aguilar Apis y el Dr. Ernesto Aguilar Cordero, primo hermano y tío paterno de los inculpados respectivamente, cuando éstos eran diputados federales por el XXIV Distrito Electoral (el primo actualmente es asambleísta por el XXIV Distrito Electoral). Desde ese momento se sintió un cambio de comportamiento de parte de las autoridades judiciales hacia la familia del difunto, llegando al extremo de gritarles cada vez que se presentaban a preguntar cómo continuaban las pesquisas.
15 Sobre dicha obligación, la Corte Interamericana ha dicho:
Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.
En la Octava comandancia, a cargo del jefe del Grupo, en ese entonces, C. Félix Chávez Pérez y sus agentes, con fecha del 26 de julio de 1988, siendo las 21:00 horas, miembros de la familia Peredo Valderrama les informaron del paradero del C. Pedro Aguilar Díaz, cuando había cerrado la vinatería "El Bosque" (propiedad de su padre), situada en Calzada Xochimilco Tulyehualco número 471, a un costado del bosque de Nativitas, en Xochimilco Distrito Federal, con la finalidad de que fuera detenido, y ya en su automóvil marca Volkswagen sedán, color rojo, placas 413-BRX, a señalamiento de los familiares del difunto, se solicitó se le interceptara y pidieran su identificación, lo cual hicieron y una vez que se identificó, presentó una credencial que lo identificaba como uno de los sujetos acusados por la familia Peredo Valderrama.
A pesar de que el individuo estaba perfectamente identificado, puesto que los familiares del difunto nunca habían dejado de solicitar justicia ante la Policía Judicial, el C. agente Félix Chávez Pérez y sus compañeros le pidieron al hermano de la mamá del joven finado, quien era el que los había llevado ex profeso al lugar para que lo detuvieran, que acudiera a su automóvil por un desarmador para abrir las ventanas del coche, toda vez que no quería abrirlas, pues se había encerrado, al tratar de cumplir con el pedimento del policía judicial, éste dejó huir al asesino quitándose del paso y cerrándoselo al tío del difunto para que no pudiera perseguirlo. La patrulla era la número 189-DRM, color gris.
17 Los elementos de prueba que fueron desestimados por el juez incluyen, según los peticionarios, la declaración del denunciante Carlos Valderrama Rosas, la testimonial de Erick Peredo Valderrama, el "deposado" de Uriel Peredo Valderrama, las testimoniales de José Luis Valderrama Rosas y José Encarnación Valderrama Rosas, el informe del agente de la policía judicial Luis Enrique Montes, las declaraciones de Florencia Ramírez Barrón, Fidelia López Sánchez, Ernesto y Enrique Aguilar Najera, Carlos Rioja Walberg, Demetrio Catalán Escobar y María García Vázquez, el acta médica suscrita por el Dr. Miguel Angel Molina Soriano, el reconocimiento de cadáver, fe de lesiones y media filiación de Pedro Peredo Valderrama practicada por el órgano investigador, el dictamen de química forense suscrito por el perito Arturo Martínez Hernández, el certificado de necropsia suscrito por los peritos médicos forenses Ramón Fernández Cáceres y Roberto Cervera Aguilar, el dictamen en criminalística de campo y fotografía firmado por los peritos Manuel León Mendoza y Mario López reyes, la "fe de ropas" dada por el Ministerio Público investigador, y la fe de media filiación de Pedro Horacio y Sergio Aguilar Díaz, dada por la representante social.
19 La Corte Interamericana ha recordado en varias oportunidades que "tiene atribuciones, no para investigar y sancionar la conducta individual de los agentes del estado que hubiesen participado en esas violaciones, sino para establecer la responsabilidad internacional de los Estados con motivo de la violación de derechos humanos" (Corte IDH, Caso Villagrán Morales y otros, Sentencia del 19 de noviembre de 1999, párr. 223). La Comisión goza de atribuciones análogas, bajo el procedimiento establecido en los artículos 44 al 51 de la Convención Americana.
La CIDH, con base en información recibida, pudo percibir que la impunidad constituye aún un problema grave a pesar que en algunos casos se ha procesado y separado de sus cargos a algunos funcionarios que han violado los derechos humanosLa CIDH seguirá insistiendo en la importancia esencial del combate contra la impunidad como requisito indispensable de la seguridad ciudadana, y como obligación internacionalmente reconocida bajo el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Human Rights Watch, Abuso y Desamparo: Tortura, Desaparición Forzada y Ejecución Extrajudicial en México, enero de 1999, pág. 120.
22 Comunicación remitida el 18 de octubre de 1996 por el Secretario Ejecutivo de la CIDH al Secretario de Relaciones Exteriores de México.
23 En su comunicación del 1º de mayo de 1996, los peticionarios consideraron "sumamente alentadora" la información referente a la captura de Israel Aguilar Díaz, pero solicitaron información acerca de los siguientes puntos:
En ejercicio de sus facultades como órgano de conciliaciónencarezca a los asesores de la señora Valderrama a coadyuvar igualmente a la buena marcha de las diligencias, a conducirse con profesionalismo y seriedad, a abstenerse de indicar a las autoridades cómo desempeñar sus funciones y, en general, a contribuir al mantenimiento de una atmósfera propicia para la solución amistosa del asunto, en beneficio de ambas interesadas.
Los peticionarios respondieron, entre otras cosas, que su "obligación y deber" como representantes de la señora Valderrama consiste en velar por sus intereses y denunciar los actos del Gobierno mexicano que consideran violatorios de los derechos humanos, tales como la demora en ejecutar las órdenes de aprehensión y la falta de investigación de las amenazas sufridas por dicha familia. (Comunicación del 9 de julio de 1996)
25 Corte IDH, Caso Vogt (Guatemala), Medidas provisionales, Resolución del 27 de junio de 1996, (http://corteidh.nu.or.cr/ci/PUBLICAC/SERIE_E/No.%201/XXXI.htm) (http://corteidh.nu.or.cr/ci/) párr. 5 del considerando. Las medidas provisionales en el caso referido se solicitaron a raíz de las amenazas sufridas por el padre Daniel Joseph Vogt, un sacerdote católico que realizaba su actividad evangélica en comunidades del interior de Guatemala, y que había sido amenazado y hostigado de distintas maneras por tal motivo. La Corte analizó los argumentos del gobierno y de la Comisión y consideró que, a pesar de que el Gobierno había tomado algunas medidas de protección, las mismas no fueron "suficientes ni eficaces" en relación con la investigación de los hechos. La CIDH manifestó posteriormente que se había superado la situación de extrema gravedad y urgencia que motivó la solicitud de medidas provisionales, por lo cual la Corte resolvió el 11 de noviembre de 1997 "levantar y dar por concluidas" tales medidas.
30 El 22 de marzo de 2000 los peticionarios remitieron a la CIDH una comunicación en la cual informaron que habían remitido copia del Informe No. 3/00 a la Jefa de Gobierno del Distrito Federal, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "solicitando el cumplimiento de las recomendaciones que estuvieran en su ámbito de competencia". Los peticionarios remitieron además a la CIDH una copia de la respuesta que les formuló la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal el 21 de marzo de 2000, en la cual expresó, entre otras cosas, lo siguiente:
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal aceptará la recomendación citada para los efectos legales a que haya lugarprocederemos de inmediato a analizar el contenido del Informe No. 3/00 que amablemente nos hacen llegar para implementar las medidas que la legislación vigente nos faculte llevar a cabo, mismas que les comunicaremos en su oportunidad.

References: artículo 1
 artículo 48
 artículo 21
 artículo 339
 artículo 48
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 17
 artículo 261
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 48
 resolución 
 artículo 1
 Resolución