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Timestamp: 2019-10-22 16:04:03+00:00

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STC 27/2003, 10 de Febrero de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 178710
STC 27/2003, 10 de Febrero de 2003
Número de Recurso: 5375/2000
Recurso de amparo 5375-2000. Promovido por don Ángel H. G. frente a los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que acordaron el archivo de su recurso contra la Junta de Andalucía sobre multa por infracción de puertos. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de demanda por personación anticipada.
Sentencia citada en: 449 sentencias, 6 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 5375-2000, promovido por don Ángel H. G., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Vinader Moraleda y asistido por el Letrado don Gonzalo Martínez de Haro, contra los Autos dictados el 22 de mayo de 2000 y el 19 de septiembre de 2000 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en el recurso núm. 1072-2000. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Letrado de la Junta de Andalucía, en representación y defensa de ésta. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
El día 13 de octubre de 2000 se presentó ante este Tribunal por la Procuradora Sra. Vinader Moraleda, en nombre y representación de don Ángel H. G., un escrito promoviendo recurso de amparo contra las resoluciones judiciales de que se hace mérito en el encabezamiento de la Sentencia.
Los hechos de los que trae causa el recurso de amparo son sustancialmente los que a continuación se exponen.
Don Ángel H. G., ahora demandante de amparo, interpuso recurso contencioso-administrativo, formulando la correspondiente demanda el 15 de diciembre de 1999, contra la Resolución de 5 de octubre de 1999 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en la que se acordaba imponer a aquél una sanción de multa de 350.000 pesetas así como la obligación de restituir las cosas a su estado anterior, con posibilidad de ejecución subsidiaria a su costa, al haber incurrido en una infracción muy grave del art. 116.c de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de puertos del Estado y de la marina mercante.
Correspondió el conocimiento de la demanda al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid, el cual declaró su incompetencia objetiva y territorial mediante Auto de 21 de enero de 2000, que fue notificado al demandante el 2 de febrero. La parte dispositiva del Auto es del tenor literal siguiente: "Decido: declarar la incompetencia objetiva y territorial de este Juzgado para conocer del recurso interpuesto y remitir las actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por si estimara fueran de su competencia, estándose en todo caso a lo que dicho Tribunal resuelva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.3 de la LJCA; y sirviendo la presente resolución de exposición razonada.- Contra la presente resolución cabe recurso de súplica, que podrá interponerse ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación.- Firme que sea esta resolución, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, llévese a cabo la remisión acordada".
El demandante interpuso recurso de súplica contra la anterior resolución judicial, mediante escrito de 9 de febrero de 2000. El Juzgado desestimó el recurso por Auto de 28 de febrero de 2000, disponiendo que, "firme que sea esta resolución, previo emplazamiento a las partes por término de treinta días, remítanse las actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por si estimara fueran de su competencia, estándose en todo caso a lo que dicho Tribunal resuelva de conformidad con lo dispuesto en el art. 7.3 de la LJCA". Esta última resolución se notificó a la representación del demandante por cédula de 8 de marzo de 2000.
En la expresada fecha de 8 de marzo el demandante, mediante Procurador, presentó escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en el que manifestaba y suplicaba lo siguiente: "Que a través del presente escrito, y dentro del término de emplazamiento concedido por Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid, cuya copia se adjunta como Doc. nº 2, me persono en nombre de quien comparezco, D. Ángel H. G., a fin de hacer uso de su derecho.- En su virtud, suplico a la Sala que, habiendo por presentado este escrito, con el poder y documento que se acompaña y copias respectivas, se sirva admitirlo, tenerme por comparecido y parte en la representación que ostento, entendiéndose conmigo el resto de las diligencias y traslados, por ser así de Ley y de Justicia que respetuosamente pido".
La Secretaría del precitado Juzgado de Madrid dictó diligencia de ordenación en fecha 22 de marzo de 2000 -notificada al demandante el 27 de marzo- que, en lo que interesa al presente recurso, dispone lo siguiente: "Siendo firme el Auto de fecha 28.2.00 y notificadas las partes, emplácese a las partes a fin de que en el plazo de treinta días, contados desde la notificación de esta resolución, puedan comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para hacer uso de su derecho y, una vez verificados los emplazamientos, remítanse las actuaciones al citado Tribunal, dejando nota de ello en los libros correspondientes".
Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2000 en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, el demandante interesó de este órgano judicial la ampliación del recurso a otras resoluciones administrativas posteriores, que acuerdan la ejecución de la Resolución sancionadora impugnada, postulando asimismo la suspensión cautelar de dicha ejecución.
Por Auto de 22 de mayo de 2000 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, Sección Segunda, acordó aceptar la competencia para el conocimiento del recurso y dispuso el archivo de las actuaciones con el siguiente fundamento: "Que el procedimiento es de orden público y los plazos han de observarse en rigor tanto por las partes como por los Tribunales, sin que su observancia pueda quedar al arbitrio de aquellos o de estos, y, habiendo dejado transcurrir para personarse en Autos las partes en este recurso el término que les fue concedido, deben soportar las consecuencias de su[s] conductas".
El demandante interpuso recurso de súplica contra dicho Auto, interesando "[se] acuerde dejar sin efecto el mismo, ordenando la prosecución del recurso y la competencia para su conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". En el escrito del recurso de súplica -y en lo que interesa a los fines del amparo ahora postulado- se hacía constar la personación efectuada ante la Sala de Sevilla el 8 de marzo así como el escrito presentado ante la misma el 23 de mayo, acompañándose sendas copias selladas de ambos, y se decía lo siguiente: "Efectivamente, tal y como se señala en el Auto recurrido, los plazos son improrrogables y no puede dejarse su cumplimiento al arbitrio de las partes, pero no habiendo dejado transcurrir el mismo (tal y como se acredita con los documentos acompañados), sino habiéndolo cumplido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo equivocada, entendemos no sólo desproporcionado sino contrario al art. 24 de la Constitución Española el archivo del recurso contencioso administrativo interpuesto".
El recurso de súplica fue desestimado por Auto de 19 de septiembre de 2000. Se argumenta lo siguiente en el razonamiento jurídico primero de esta resolución: "El primer motivo impugnatorio del Auto dictado por la Sala se sustenta en la estimación de que ésta ha efectuado una rigurosa interpretación formalista para llegar a la conclusión de archivar las actuaciones del recurso por no haber comparecido el recurrente ante dicha Sala y haberlo hecho, en cambio, erróneamente ante la de Sevilla.- Sin embargo tal alegato no puede prosperar, pues lo que determinó a la Sala a dictar el auto de archivo no obedeció a dicho error (que en todo caso fue propiciado por la imprecisión de la diligencia de ordenación dictada en fecha 22 de marzo de 2000 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid, en la que se acordaba el emplazamiento de las partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero sin especificar ante cuál de sus tres Salas debió hacerse) sino al hecho de no haberse personado ante alguna de dichas Salas dentro del plazo de los 30 días concedidos para ello; sin que pueda admitirse como válida la personación efectuada ante la Sala de Sevilla el día 8 de marzo, es decir, antes de que se efectuase el referido emplazamiento, pues como se decía en el auto recurrido los plazos han de observarse con rigor, y por tanto las actuaciones procesales de las partes han de efectuarse en el momento oportuno y no cuando se crea conveniente".
El recurrente dedujo recurso de amparo ante este Tribunal Constitucional, invocando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Afirma, al respecto, que las resoluciones judiciales impugnadas han impedido la efectividad de su derecho de acceso a los órganos judiciales en defensa de sus intereses legítimos, lo que es debido a que "la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha aplicado no sólo de forma extremadamente rigurosa los requisitos formales, sino que se alega una causa de inadmisión del recurso contencioso administrativo del todo inexistente, causando ... grave indefensión".
La Sala Segunda admitió a trámite el recurso de amparo por providencia de 22 de julio de 2002. En aplicación de lo establecido en el art. 51 LOTC se recabó de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, Sección Segunda, la remisión del testimonio del recurso núm. 1072-2000, así como el emplazamiento a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en el presente recurso.
El Letrado de la Junta de Andalucía presentó escrito en fecha 17 de septiembre de 2002 solicitando se le tuviera por comparecido y parte en representación de la expresada Junta. Por diligencia de ordenación de 26 de septiembre de 2002 se tuvo por personado y parte al Letrado de la Junta de Andalucía, en representación de la misma, y asimismo se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, al efecto de que pudieran presentar las alegaciones que estimaren pertinentes, conforme establece el art. 52.1 LOTC.
El Letrado de la Junta de Andalucía dedujo alegaciones en escrito presentado el 23 de octubre de 2002. Manifiesta que los Autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se impugnan son perfectamente ajustados a Derecho, sin que la pretendida indefensión haya sido causada por ellos, sino por una poco diligente actuación de la parte demandante de amparo.
El recurrente, mediante escrito presentado el 24 de octubre de 2002, dio por reproducidas íntegramente las alegaciones y peticiones contenidas en la demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal, por escrito de 28 de octubre de 2002, formuló sus alegaciones. Recuerda la reiterada doctrina de este Tribunal, contenida, entre otras, en la STC 77/2002, relativa al acceso a la jurisdicción como una de las proyecciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y recuerda también la doctrina del Tribunal según la cual el cómputo y apreciación de los distintos términos y plazos procesales corresponde ab initio a los órganos judiciales (art. 117.3 CE).
Asimismo entiende el Ministerio Fiscal que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada "se ha mostrado con un rigor excesivo y desproporcionado a la efectividad del derecho a la tutela del recurrente, ya que ha privado del acceso a la jurisdicción a la parte con el argumento de que el escrito de personación fue presentado antes del término del emplazamiento, sin haber tenido en cuenta las circunstancias del caso". Señala, al efecto, que, aunque la parte recurrente debió aguardar a la firmeza de la decisión del Juzgado de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, también resulta evidente que, confiada en la regla de la ejecutividad general del art. 79.1 LJCA, hizo patente su voluntad de personarse ante el órgano al que se habían remitido las actuaciones. En relación con ello, insiste en que "no nos hallamos en el habitual supuesto de dejar transcurrir los plazos procesales, como ponía de manifiesto el inicial Auto de la Sala acordando el archivo, sino más bien en el caso contrario, es decir, en el caso de tener que enjuiciar la presentación de un escrito de personación antes de que hubiera comenzado a correr el término del emplazamiento".
Por diligencia de ordenación de 26 de noviembre de 2002 se concedió un plazo de cinco días al recurrente para que indicara la resolución que, en su caso, hubiera recaído sobre su escrito presentado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, el 23 de mayo de 2000. Mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2002 la representación procesal del recurrente manifestó que el escrito de 23 de mayo no había sido proveído y que actualmente se halla en trámite el recurso contencioso-administrativo núm. 351-2001 ante la Sección Segunda de la Sala con sede en Granada, que "tiene por objeto la impugnación de actos administrativos dictados en la ejecución forzosa de la resolución sancionadora cuya impugnación en vía contencioso-administrativa se impidió a mi representado por las decisiones judiciales, archivo y desestimación del recurso de súplica, objeto del amparo solicitado". Por diligencia de ordenación de 12 de diciembre de 2002 se acordó unir a las presentes actuaciones el anterior escrito y documentos presentados por la representación procesal del recurrente y hacer entrega de copia de los mismos al resto de las partes personadas y al Ministerio Fiscal.
Por providencia de fecha 6 de febrero de 2003 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año.
El recurso de amparo se dirige contra los Autos de 22 de mayo y 19 de septiembre de 2000, dictados ambos por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el recurso núm. 1072-2000.
El Auto de 19 de septiembre de 2000 desestima el recurso de súplica interpuesto contra el anterior. En el recurso de súplica había alegado el recurrente que se había personado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, el día 8 de marzo (último de los treinta días siguientes a la notificación del Auto de 21 de enero de 2000, siendo además ese día cuando se le notificó el Auto de 28 de febrero). Argumenta la Sala en el razonamiento jurídico primero que lo relevante para el archivo no era que la personación se hubiera efectuado ante la Sala de Sevilla, sino el "no haberse personado ... dentro del plazo de los treinta días concedidos para ello; sin que pueda admitirse como válida la personación efectuada ante la Sala de Sevilla el día 8 de marzo, es decir, antes de que se efectuase el referido emplazamiento pues, como se decía en el Auto recurrido, los plazos han de observarse con rigor y, por tanto, las actuaciones procesales de las partes han de efectuarse en el momento oportuno y no cuando se crea conveniente". Resta señalar que el emplazamiento se había acordado por diligencia de ordenación de 22 de marzo de 2000, notificada el día 27 del mismo mes.
El demandante denuncia la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción.
El Ministerio Fiscal se suma a la pretensión de amparo. Como con más detalle se explica en el antecedente octavo de esta Sentencia, considera el Ministerio público que el Auto que confirma el archivo del proceso ha generado una efectiva indefensión a la parte al modificar el eje central de sus argumentos desestimatorios, pues el recurrente había orientado su recurso de súplica en el sentido de impugnar el razonamiento expuesto en el primer Auto, de fecha 22 de mayo de 2000, y no para defenderse en relación con la cuestión que surge ex novo cuando la Sala dicta su segundo Auto. Asimismo estima que las resoluciones judiciales impugnadas han mostrado un rigor excesivo y desproporcionado para la efectividad del derecho del art. 24.1 CE, pues si bien entiende que el recurrente debió aguardar a la firmeza de la decisión de inhibición del Juzgado se echa de menos una justificación de la inadmisión a partir de la necesaria ponderación de los derechos e intereses concurrentes así como de las circunstancias particulares del caso, en especial de la actuación de la parte, quien hizo patente su voluntad de personarse ante el órgano judicial al que se habían remitido las actuaciones, confiada en la regla general de la ejecutividad del art. 79.1 LJCA.
Pasamos a continuación a examinar si se ha producido la lesión denunciada del derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción. En primer lugar analizaremos si se ha producido tal lesión por el denunciado rigor formalista y desproporcionado en la interpretación y aplicación de los requisitos formales para la personación en el recurso contencioso-administrativo. Sólo en el caso de que se diese una respuesta negativa a tal cuestión se pasaría a analizar si se ha causado indefensión por el denunciado cambio en la fundamentación del acuerdo de archivo, que se dice operó entre el primero y el segundo de los Autos recurridos.
Para comprobar si, efectivamente, se ha producido la denunciada lesión del derecho a la tutela judicial debemos proceder al examen de las actuaciones judiciales.
A este Tribunal corresponde un enjuiciamiento desde la óptica constitucional. Por ello conviene precisar que las cuestiones que plantea el demandante, atinentes a la ejecutividad de los Autos de inhibición impugnados en súplica y a la necesidad o no de un ulterior emplazamiento de las partes ante el órgano judicial designado en aquellas resoluciones como el competente, son temas de interpretación de la legalidad ordinaria cuya resolución, con carácter general, está atribuida por mandato del art. 117.3 CE a los órganos integrados en el Poder Judicial. Como tales fueron examinadas por el Juzgado y por el Tribunal ante los que se sustanció el proceso contencioso-administrativo, resolviéndose como consta en las actuaciones, en un sentido que carece de mácula de irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente, desde la que pudiera derivarse relevancia constitucional. Por otra parte tampoco merece reproche el aserto contenido en el Auto de 19 de septiembre de 2000 de que "las actuaciones procesales han de efectuarse en el momento oportuno y no cuando se crea conveniente", pues responde a la general exigencia de temporaneidad de los actos procesales, requisito legal respetuoso del art. 24.1 CE.
Antes de responder a dicha cuestión es oportuno recordar que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 9 de Madrid en ningún momento indicó cuál fuera la Sala de dicho orden jurisdiccional (de las tres pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) ante la que las partes habían de comparecer y personarse, y que luego resultó ser la que tiene su sede en Granada. En efecto, tanto en los Autos entonces recurridos (de 21 de enero y 28 de febrero de 2000) como después, en la diligencia de emplazamiento, se refirió el Juzgado genéricamente, sin expresión de sede, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Así pues existe una irregularidad en la actuación procesal del órgano judicial, al menos en la expresada diligencia de emplazamiento, cuya relevancia no puede desconocerse puesto que, de haberse señalado la sede del órgano competente, el ahora recurrente en amparo habría tenido la oportunidad de completar su actuación inicial (personación anticipada en Sevilla) con la personación en plazo ante el órgano judicial de Granada.
Procede pasar ya a dar respuesta a la cuestión formulada. Pues bien, tal respuesta ha de ser negativa, dada la sanción máxima (no acceso a la jurisdicción) que se hizo derivar de la personación anticipada.
Los anteriores razonamientos nos conducen a considerar que los Autos impugnados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, que disponen el archivo de las actuaciones, con la terminación del proceso, han lesionado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, al no haberle tenido como comparecido en el recurso contencioso-administrativo que se sustanciaba ante aquel órgano judicial.
Otorgar el amparo solicitado por don Ángel H. G., y en consecuencia:
Declarar que se ha vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de acceso a la jurisdicción.
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, anular los Autos de 22 de mayo de 2000 y 19 de septiembre de 2000 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, retrotrayendo las actuaciones del recurso contencioso-administrativo para que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
SAP Girona 32/2013, 28 de Enero de 2013
ATC 612/1985, 25 de Septiembre de 1985
STSJ Extremadura 384/2013, 26 de Marzo de 2013

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