Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43622729
Timestamp: 2020-07-14 02:43:44+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 150/05 de Corte Constitucional, 22 de Febrero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43622729
Revisión Constitucional del ''Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos , 1990'' hecho en Londres el treinta ( 30) de noviembre de 1990 y '' el Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas potencialmente peligrosas ,2000 '' Hecho en Londres el quince (15 ) de marzo de dos mil (2000) y la Ley 885 de 2004 aprobatoria de dichos instrumentos internacionales.
en el proceso de revisión constitucional de la Ley 885 de 2004, por medio de la cual se aprueba el ''Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos , 1990'' hecho en Londres el treinta ( 30) de noviembre de 1990 y '' el Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas potencialmente peligrosas ,2000 '' Hecho en Londres el quince (15 ) de marzo de dos mil (2000)
Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta corporación el 15 de junio de 2004 (Fl. 1 C.. 1 ), dentro del término Constitucional, el S. Jurídico de la Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley 885 de 2004, para efectos de su revisión constitucional.
El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 12 de julio de 2004 (Fls. 33 y 34 C.. 1 ), avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, mediante auto de 18 de Agosto de 2004 (Fl. 245 C.. 1 ) ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor P. General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al P. de la República, al P. del Congreso de la República y a la Ministra de Relaciones Exteriores.
CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE COOPERACION, PREPARACION Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓNPOR HIDROCARBUROS, 1990
TENIENDO PRESENTE la importancia que tienen las medidas de precaución y de prevención para evitar en primer lugar la contaminación por hidrocarburos, así como la necesidad de aplicar estrictamente los instrumentos internacionales existentes relativos a la seguridad M. y a la prevención de la contaminación del mar, en particular el Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, en su forma enmendada, y el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978, y también de elaborar cuanto antes normas más elevadas para el proyecto, explotación y mantenimiento de los buques que transporten hidrocarburos y de las unidades mar adentro,
6) Organización: La Organización M. Internacional.
7) S. General: El S. General de la Organización.
a) Cada Parte exigirá que todos los buques que tengan derecho a enarbolar su pabellón lleven a bordo un plan de emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos conforme a las disposiciones aprobadas por la Organización a tal efecto.
i) P. de sus estimaciones y de cualquier medida que haya adoptado o piense adoptar para hacer frente al suceso, y
a) Toda enmienda propuesta por una Parte en el Convenio será remitida a la Organización y distribuida por el S. General a todos los Miembros de la Organización y todas las Partes por lo menos seis meses antes de su examen;
b) toda enmienda propuesta y distribuida como se acaba de indicar será remitida al Comité de Protección del Medio M. de la Organización para su examen;
c) Las Partes en el Convenio, sean o no Miembros de la Organización, tendrán derecho a participar en las deliberaciones del Comité de Protección del Medio M.;
e) Si fueran aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo, d), las enmiendas serán comunicadas por el S. General a todas las Partes en el Convenio para su aceptación;
ii) Toda enmienda a un apéndice se considerará aceptada al término de un plazo no menor de 10 meses, que determinará el Comité de Protección del Medio M. en el momento de su aprobación, salvo que, dentro de ese plazo, un tercio cuando menos de las Partes comuniquen al S. General que ponen una objeción;
g) i) Toda enmienda a un artículo o al Anexo del Convenio aceptada de conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo f) i) entrará en vigor seis meses después de la fecha en que se considere que ha sido aceptada con respecto a las Partes que hayan notificado al S. General que la han aceptado;
ii) Toda enmienda a un apéndice aceptada de conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo f) ii) entrará en vigor seis meses después de la fecha en que se considere que ha sido aceptada con respecto a todas las Partes salvo las que, con anterioridad a dicha fecha, hayan comunicado al S. General que ponen una objeción. Las Partes podrán en cualquier momento retirar la objeción que hayan puesto anteriormente remitiendo al S. General una notificación por escrito a tal efecto.
a) A solicitud de cualquier Parte con la que se muestre conforme un tercio cuando menos de las Partes, el S. General convocará una conferencia de Partes en el Convenio para examinar enmiendas al Convenio;
b) Toda enmienda aprobada en tal conferencia por una mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes será comunicada por el S. General a todas las Partes para su aceptación;
6) El S. General informará a todas las Partes de toda enmienda que entre en vigor en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, así como de la fecha de entrada en vigor.
7) Toda notificación de aceptación o de objeción a una enmienda o de retirada de la objeción en virtud del presente artículo será dirigida por escrito al S. General, quien informará a las Partes de que se ha recibido tal notificación y de la fecha en que fue recibida.
2) La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando ante el S. General el instrumento que proceda.
2) La denuncia se efectuará mediante notificación por escrito dirigida al S. General.
3) La denuncia surtirá efecto transcurridos doce meses a partir de la recepción, por parte del S. General, de la notificación de denuncia, o después de la expiración de cualquier otro plazo más largo que se fije en dicha notificación.
1) El presente Convenio será depositado ante el S. General.
2) El S. General:
3) Tan pronto como el presente Convenio entre en vigor, el depositario remitirá una copia auténtica certificada del mismo al S. General de las Naciones Unidas a efectos de registro y publicación, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
a) A menos que se haya establecido un acuerdo de carácter bilateral o multilateral sobre las disposiciones financieras que rigen las medidas adoptadas por las Partes para hacer frente a un suceso de contaminación por hidrocarburos antes de que se produzca este, las Partes sufragarán los gastos de sus respectivas medidas de lucha contra la contaminación de conformidad con lo dispuesto en los incisos i) o ii);
4) Las disposiciones del presente Convenio no se interpretarán en modo alguno en detrimento de los derechos de las Partes a reclamar a terceros los gastos ocasionados por las medidas adoptadas para hacer frente a la contaminación, o a la amenaza de contaminación, en virtud de otras disposiciones y reglas aplicables del derecho nacional o internacional. Se prestará especial atención al Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, y al Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971, o a cualquier enmienda posterior a dichos convenios
TENIENDO EN CUENTA ASÍ MISMO, que de conformidad con la Resolución 10 de la Conferencia sobre cooperación internacional para la preparación y la lucha contra la contaminación por hidrocarburos, 1990, la Organización M. Internacional ha intensificado su labor, en colaboración con todas las organizaciones internacionales interesadas, en los diversos aspectos de la cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas,
CONSCIENTES de que se está elaborando una estrategia para incorporar el planteamiento preventivo a las políticas de la Organización M. Internacional,
4) Organización: La Organización M. Internacional.
5) S. General: El S. General de la Organización.
La designación de:
La autoridad o autoridades nacionales competentes responsables de la preparación y la lucha contra sucesos de contaminación;
Un plan nacional de preparación y lucha para contingencias que incluya las interrelaciones de los distintos órganos que lo integren, ya sean públicos o privados, y en el que se tengan en cuenta las directrices elaboradas por la Organización.
El equipo mínimo, previamente emplazado, para hacer frente a sucesos de contaminación en función de los riesgos previstos, y programas para su utilización;
Un programa de ejercicios y de formación del personal pertinente para las organizaciones de lucha contra sucesos de contaminación;
Planes pormenorizados y medios de comunicación para hacer frente a sucesos de contaminación. Tales medios deberían estar disponibles de forma permanente, y
Un mecanismo o sistema para coordinar la lucha contra sucesos de contaminación, incluidos, si procede, los medios que permitan movilizar los recursos necesarios.
La dirección, los datos sobre telecomunicaciones y, si procede, las zonas de responsabilidad de las autoridades y entidades a que se hace referencia en el párrafo 1) a);
El equipo de lucha contra la contaminación y los servicios de expertos en disciplinas relacionadas con la lucha contra sucesos de contaminación y el salvamento marítimo que puedan ponerse a disposición de otros Estados cuando estos lo soliciten, y
Su plan nacional para contingencias.
La llegada a su territorio, la utilización dentro de esta y la salida de su territorio de los buques, aeronaves y demás medios de transporte que participen en la lucha contra un suceso de contaminación o que transporten el personal, los cargamentos, los materiales y el equipo necesarios para hacer frente a dicho suceso, y
La entrada, salida y paso con rapidez por su territorio del personal, los cargamentos, los materiales y el equipo a que se hace referencia en el apartado a).
Formar personal;
Garantizar la disponibilidad de tecnologías, equipo, e instalaciones pertinentes;
Facilitar la adopción de otras medidas y disposiciones para prepararse y luchar contra los sucesos de contaminación, y
Iniciar programas conjuntos de investigación y desarrollo.
Recibir, cotejar y distribuir, previa solicitud, la información facilitada por las Partes y la información pertinente facilitada por otras fuentes, y
Fomentar la formación en el campo de la preparación y la lucha contra los sucesos de contaminación, y
Facilitar la cooperación en las actividades de investigación y desarrollo;
Facilitar la prestación de asistencia técnica a los Estados que vayan a establecer medios nacionales o regionales de lucha contra la contaminación, y
Toda enmienda propuesta por una Parte en el Protocolo será remitida a la Organización y distribuid a por el S. General a todos los Miembros de la Organización y todas las Partes por lo menos seis meses antes de su examen;
Toda enmienda propuesta y distribuida como se acaba de indicar será remitida al Comité de Protección del Medio M. de la Organización para su examen;
Las Partes en el Protocolo, sean o no Miembros de la Organización, tendrán derecho a participar en las deliberaciones del Comité de Protección del Medio M.;
Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de las Partes en el Protocolo presentes y votantes;
Si fueran aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado d), las enmiendas serán comunicadas por el S. General a todas las Partes en el Protocolo para su aceptación;
i) Toda enmienda a un artículo o al anexo del Protocolo se considerará aceptada a partir de la fecha en que dos tercios de las Partes hayan notificado al S. General que la han aceptado;
ii) Toda enmienda a un apéndice se considerará aceptada al término, de un plazo, no inferior a 10 meses, que determinará el Comité de Protección del Medio M. en el momento de su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado d), salvo que en ese plazo un tercio al menos de las Partes comuniquen una objeción al S. General;
i) Toda enmienda a un artículo o al Anexo del Protocolo aceptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) i) entrará en vigor seis meses después de la fecha en que se considere que ha sido aceptada con respecto a las Partes que hayan notificado al S. General que la han aceptado;
ii) Toda enmienda a un apéndice aceptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado f) ii) entrará en vigor seis meses después de la fecha en que se considere que ha sido aceptada con respecto a todas las Partes salvo las que, con anterioridad a dicha fecha, hayan comunicado una objeción. Las Partes podrán en cualquier momento retirar la objeción que hayan comunicado anteriormente, presentando al S. General una notificación a tal efecto.
A solicitud de cualquier Parte con la que se muestre conforme un tercio cuando menos de las Partes, el S. General convocará una conferencia de Partes en el Protocolo para examinar enmiendas al Protocolo;
Toda enmienda aprobada en tal conferencia por una mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes será comunicada por el S. General a todas las Partes para su aceptación;
Salvo que la conferencia decida otra cosa, la enmienda se considerará aceptada y entrará en vigor de conformidad con los procedimientos estipulados en los apartados f) y g) del párrafo 2).
No haya aceptado una enmienda a un artículo o al Anexo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2) f) i); o
No haya aceptado una enmienda consistente en la adición de un anexo o un apéndice de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4), o
Haya comunicado una objeción a una enmienda de un apéndice en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) f) ii).
6) El S. General notificará a todas las Partes cualquier enmienda que entre en vigor en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, así como la fecha de su entrada en vigor.
7) Toda notificación de aceptación, de objeción o de retirada de una objeción a una enmienda en virtud del presente artículo será dirigida por escrito al S. General, quien comunicará a las Partes dicha notificación y la fecha en que fue recibida.
Firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación; o
2) La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando ante el S. General el instrumento pertinente.
3) La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción por el S. General de la notificación de denuncia, o cuando expire cualquier otro plazo más largo que se indique en dicha notificación.
1) El presente Protocolo será depositado ante el S. General.
Notificará a todos los Estados que hayan firmado el presente Protocolo o se hayan adherido al mismo:
Cada nueva firma y cada nuevo depósito de instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la fecha en que se produzca;
Remitirá copias auténticas certificadas del presente Protocolo a los Gobiernos de todos los Estados que lo hayan firmado o se hayan adherido al mismo.
3) Tan pronto como el presente Protocolo entre en vigor, el depositario remitirá una copia auténtica certificada del mismo al S. General de las Naciones Unidas a efectos de registro y publicación, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.
A menos que se haya establecido un acuerdo de carácter bilateral o multilateral sobre las disposiciones financieras por las que se regirán las medidas adoptadas por las Partes para hacer frente a sucesos de contaminación antes de producirse el suceso las Partes sufragarán los gastos de su respectivas medidas de lucha contra la contaminación de conformidad con lo dispuesto en los incisos i) o ii).
Si las medidas han sido adoptadas por un a Parte a petición expresa de otra Parte, la Parte peticionaria reembolsará los gastos de las mismas a la Parte que prestó asistencia. La Parte peticionaria podrá anular su petición en cualquier momento pero si lo hace sufragará los gastos que ya haya realizado o se haya comprometido a realizar la Parte que prestó asistencia;
Los principios indicados en el apartado a) serán aplicables, a menos que las Partes interesadas acuerden otra cosa en casos concretos.
La causa más notoria de contaminación provocada por hidrocarburos es la nacida de los accidentes sufridos por buques tanque. Las consecuencias de un accidente pueden ser desastrosas para la zona adyacente, particularmente si el buque siniestrado es de gran tamaño y si el accidente se produce cerca de la costa. Ejemplos de lo anterior son los naufragios del Torrey Canyon (1967), el Amoco Cádiz (1978), el Exxon V. (1989) y, el Erika (1999).
A pesar de que se manejan hidrocarburos volátiles (blancos) debe tenerse en cuenta la posibilidad de un accidente del buque durante la maniobra de zarpe o aproximación a la zona de cargue, que ocasione derrames adicionales de combustible de servicio, considerando que el área es desprotegida de la acción de las olas y los vientos, factores estos que coinciden en aumentar los efectos nocivos por su tendencia general a llevar la mancha eventual hacia la costa. El sentido de las corrientes de acuerdo con la época del año conduciría a que el derrame afectará los ecosistemas de la Ciénaga Grande de S.M. y los enclaves turísticos del Norte (Gaira, S.M., etc.). En conclusión el área se considera como muy vulnerable por sus consecuencias sobre las industrias turísticas, los recursos naturales costeros y las aguas interiores como la Ciénaga Grande.
La Organización M. Internacional, O., ha reconocido desde hace muchos años, que sólo se puede hacer frente satisfactoriamente a la contaminación del mar ocasionada por hidrocarburos, fenómeno que afecta a tantos países, acudiendo a un instrumento marítimo internacional con el cual se pueda crear un marco mundial para la cooperación internacional y la asistencia mutua en la lucha contra los sucesos o amenazas de contaminación del mar y donde se puedan adoptar medidas para hacerle frente a sucesos de contaminación, tanto en el ámbito nacional como en cooperación con otros países.
Teniendo en cuenta esta situación la Asamblea de la Organización M. Internacional, O., por intermedio de la Resolución A.674(16) del 19 de octubre de 1989, decidió convocar una conferencia internacional sobre la preparación y la lucha contra la contaminación por hidrocarburos.
El Comité de Protección del Medio M., CPMM, de la O. por intermedio del Grupo de Trabajo que constituyó en su 29 periodo de sesiones, examinó el proyecto de Convenio Internacional y de las resoluciones pertinentes, dando su aprobación en mayo de 1990.
Luego la O. convocó una Conferencia Diplomática celebrada en Londres del 19 al 30 de noviembre de 1990. La Conferencia adoptó el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990 (conocido como OPRC/90 por su sigla en inglés y en los documentos de la O. como el Convenio de Cooperación).
El Convenio OPRC/90 entró en vigor el 13 de mayo de 1995 y al 31 de diciembre de 2001 son 63 Estados Parte del Convenio (53.7% del tonelaje mundial) (Alemania, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Australia, B., Brasil, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chile, China, Comoros, Dinamarca, D., D., Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guyana, India, Irán, Irlanda, Islas Marshall, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenya, Liberia, Latvia, Malasia, Mauritania, M., México, Mónaco, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, República de Corea, Rumania, Senegal, Seychelles, Singapur, Slovenia, Suecia, Suiza, Tailandia, Tonga, T. y T., Tunisia, Uruguay, Vanuatu, Venezuela).
El convenio de Cooperación obliga a los gobiernos a establecer un programa de ejercicios para las organizaciones encargadas de la lucha contra la contaminación por hidrocarburos y la formación del personal pertinente. También pide a la O. que prepare un programa de formación amplio en cooperación con los gobiernos interesados y el sector. El principal objetivo del programa que estableció la O. es impartir cursos modelo sobre preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos, que comprenden cursos para el personal encargado de las operaciones, supervisores / jefes en el lugar del siniestro, personal de las categorías superiores y un curso para la formación de instructores.
Por decisión adoptada por el Comité de Protección del Medio M. de la O. en su 42 período de sesiones y por el Consejo de la O. en su 82 período de sesiones, se convocó una Conferencia diplomática del 9 al 15 de marzo del año 2000, para examinar el Protocolo sobre Cooperación, Preparación, y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, de conformidad con la Resolución 10 de la Conferencia sobre Cooperación Internacional para la Preparación y la Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de 1990, en la que se invita a la O. a que amplíe el ámbito del Convenio de Cooperación a las sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, dando como resultado la aprobación del Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, 2000 (Protocolo de Cooperación - SNPP).
El Protocolo de Cooperación - SNPP estuvo abierto a la firma en la sede de la O., desde el 15 de marzo de 2000 hasta el 14 de marzo de 2001 y, actualmente, se encuentra abierto para la adhesión. Los Estados Parte en el Convenio de Cooperación podrán constituirse en Partes en el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en su artículo 13. Sesenta y ocho Estados firmaron el Acta final de la Conferencia, entre ellos Colombia.
Colombia por medio del Decreto 321 del 17 de febrero de 1999 del Ministerio del Interior adoptó el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, F. y L., PNC, el cual tiene como objetivo general servir de instrumento rector del diseño y realización de actividades dirigidas a prevenir, mitigar y corregir los daños que dichos derrames puedan ocasionar. Además, dotar al Sistema Nacional para la prevención y atención de Desastres de una herramienta estratégica, operativa e informática que permita coordinar la prevención, el control y el combate por parte de los sectores público y privado nacional, de los efectos nocivos del derrame de hidrocarburos.
Cabe señalar que con la puesta en marcha del Plan Nacional de Contingencia, cumple el país sus compromisos regionales tales como los adquiridos con la Comisión Permanente del Pacífico Sudeste, CPPS, con el Convenio del Gran Caribe, con la Red Operativa de Autoridades M.s de Sudamérica. ROCRAM, etc., con los cuales está en condiciones de integrarse para ejecutar planes regionales de contingencia que den una mayor cobertura de protección o de respuesta contra la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas en el medio marino.
J.A.U.E..
Por medio de escrito presentado el 3 de Septiembre de 2004, la ciudadana S.O.M., actuando en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de la ley aprobatoria del referido convenio, por las siguientes razones:
Señala, que el P. de la República de la época, Dr. A.P.A. impartió su aprobación ejecutiva el 5 de marzo de 2002 , tanto al convenio como al protocolo bajo estudio. En el mismo acto, se agrega, ordenó someter a consideración del Congreso la aprobación de la Convención y del protocolo mencionados.
Manifiesta que ninguno de los dos instrumentos ha sido firmado por el Estado Colombiano , aunque es posible adherir a estos, trámite que se cumple con la aprobación del P. de la República y su sometimiento al Congreso.
El P. General de la Nación, E.J.M.V., mediante Concepto No. 3673 recibido el 1 de Octubre de 2004, solicita a la Corte la declaración de constitucionalidad del convenio, el protocolo y de la ley aprobatoria de estos, con base en los siguientes planteamientos:
Agrega el Señor P. General de la Nación, que el convenio y el protocolo bajo estudio , otorgan respuesta a los artículos 226 y 227 de la Constitución que establecen el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales , las que deberán edificarse sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad del convenio en examen y de su ley aprobatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
A.A. formal del convenio, el protocolo y la ley aprobatoria
Negociación y suscripción del Convenio y del Protocolo.
Sobre este tema el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito de 3 de septiembre de 2004(Fl. 253 C.. 1) manifestó que '' Colombia no firmó ninguno de los dos instrumentos , sin embargo, de conformidad con lo previsto en ellos, es posible la adhesión de los Estados, trámite que se cumple con la aprobación del P. de la República y su sometimiento al Congreso''.
Este procedimiento guarda conformidad con el Derecho Internacional Público, en particular con lo previsto en el Art. 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada por la Ley 32 de 1985, en virtud del cual ''[e]l consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido''.
Así las cosas, el Gobierno Nacional, en cabeza del S.P.A.P.A., manifiesta la voluntad del Estado Colombiano de adherirse a los mencionados instrumentos , a través de la aprobación ejecutiva del 5 de marzo de 2002 . De igual forma, ordena someter al Congreso la aprobación del convenio y protocolo referidos. Para tal fin, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa , proponen a consideración del Congreso los dos instrumentos internacionales.
Conforme a la Constitución Política, las leyes aprobatorias de tratados internacionales deben surtir, en general, el mismo trámite que cualquier ley ordinaria (Arts. 157, 158, 160 y 165), con dos particularidades: i) por tratarse de asuntos referidos a las relaciones internacionales, su trámite debe iniciarse en el Senado de la República (Art. 154), y ii) el Gobierno Nacional debe remitirlas a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción presidencial, para que la misma efectúe su revisión constitucional (Art. 241, Num. 10).
El proyecto de la Ley 885 de 2004 fue presentado el 2 de Agosto de 2002 ante la Secretaría del Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores, G.F. de S., y de Defensa, G.B.L. (Fls. 87 a 94 C.. 2), donde fue radicado con el No. 32 de 2002 Senado, y se publicó junto con la Exposición de Motivos, en la Gaceta del Congreso No. 327 del 12 de Agosto de 2002; ( Fl. 107 a 120 C.erno 2 ) antes de darle curso en la comisión respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 157, Num. 1, de la Constitución Política.
La ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda de tal corporación correspondió al S.J.A.C.F. y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 428 del 11 de Octubre de 2002 (Fls. 64 y 65 C.. 2). Dicha comisión le impartió su aprobación con una mayoría de 11 votos, de los 13 miembros de la misma, el 22 de Octubre de 2002, como consta en el Acta 09 del mismo día , según certificación expedida por el S. General de la Comisión Segunda del Senado de la República (Fl. 285 C.. 2).
La plenaria del Senado de la República dio segundo debate al proyecto de ley, con ponencia del S.J.A.C.F., publicada en la Gaceta del Congreso No. 237 del 3 de junio de 2003 (Fls. 315 a 316 C.. 2), el segundo debate en la Plenaria del Senado se efectúo el 10 de junio de 2003 , en sesión ordinaria, como consta Gaceta 296 del 18 de junio de 2003 ( Fls. 130 y 131 C.erno 2) y lo aprobó por mayoría de 100 votos, como consta en la certificación expedida por el S. General del Senado (Fl. 2 C.. 2).
Con relación al anuncio que menciona el artículo 8° del Acto Legislativo No 1 de 2003, el S. General del Senado señala que este no se cumplió , por cuanto el proyecto de ley ya referido fue aprobado el 10 de junio de 2003 y el Acto Legislativo No 1 de 2003 entró en vigencia el 3 de julio de 2003.
Así entonces, el proyecto se radicó en la Cámara de Representantes con el No. 287 de 2003 Cámara. La ponencia para primer debate correspondió a los Representantes L.C.D.P. y C.J.G.V. , fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 476 del 17 de Septiembre de 2003 (Fls 46 y 47 C..1 ). La Comisión le impartió su aprobación el 1 de Octubre de 2003 por unanimidad con la asistencia de 17 representantes, según consta en la Gaceta del Congreso No 183 del 10 de mayo de 2004 (Fls. 64 y 65 C. 1). El S. de dicha comisión certificó que el anuncio establecido en el artículo 8° del Acto Legislativo No 1 de 2003 , respecto del proyecto ya mencionado, se efectúo en la sesión del día 24 de septiembre de 2003.( Fl.188 C.. 1 )
El segundo debate se surtió en la plenaria de la Cámara de Representantes con ponencia de los Representantes G.A.S.M. y C.J.G.V., publicada en la Gaceta del Congreso No. 38 del 20 de Febrero de 2004 (Fls 82 y 83 C.. 1 ).
El proyecto de ley fue aprobado en la sesión del 30 Marzo de 2004 por mayoría de los 159 representantes presentes, como consta en la Gaceta No 208 de 2004 ( Fls 168 y 169 C.. 1 ) y en la certificación expedida por el S. General de dicha Corporación (Fl. 42 C.. 1 ).
En igual forma, certifica el S. General de la Cámara de Representes que lo indicado en el artículo 8° del Acto Legislativo No 1 de 2003 se cumplió, por cuanto el proyecto de ley mencionado fue fijado en el orden del día de marzo 23 de 2004 y anunciado en sesión plenaria de marzo 24 de 2004, según consta en el acta No 092 de 2004 , publicada en la Gaceta No 166 de 2004 ( Fls 94 C.. 1)
En el cómputo de estos términos debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Art. 83 de la Ley 5ª de 1992, que contiene el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, en virtud del cual ''todos los días de la semana, durante el período de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras legislativas y sus comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las respectivas mesas directivas''.
El P. de la República sancionó la ley el día 4 de junio de 2004 ( Fls 2 a 31 C.. 1 ) y el texto del convenio y del protocolo , junto con el de aquella, fue radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 15 de Junio de 2004 ( Fl. 1 C. . 1 ), dentro del término establecido en el Art. 241, Num. 10, superior.
B.A. material del Convenio y el Protocolo . Análisis material de la ley aprobatoria
El convenio que se examina consta de un preámbulo y diecinueve (19) artículos.
Se entiende por '' suceso de contaminación por hidrocarburo '' el acaecimiento que pueda o de lugar a una descarga de hidrocarburos y que represente o pueda representar una amenaza para el medio marino o el litoral o intereses conexos de unos o más estados y que exija medidas de emergencia u otra respuesta inmediata.
En relación con esta disposición, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación debe distinguirse entre, por una parte, los acuerdos complementarios que generan nuevos derechos y obligaciones para los contratantes, los cuales deben someterse al trámite ordinario para la celebración de los tratados, que comprende la negociación y la suscripción por parte del P. de la República o sus agentes (Art. 189, Num. 2, de la Constitución), la aprobación por el Congreso de la República (Art. 150, Num. 16, ibídem), la revisión por parte de la Corte Constitucional (Art. 241, Num. 10, ibídem) y la ratificación por parte del P. de la República, y, por otra parte, los acuerdos complementarios de simple ejecución de un tratado, los cuales no requieren dicho trámite y se perfeccionan en virtud de la sola manifestación del consentimiento del P. de la República o de sus agentes. Al respecto ha dicho:
''A juicio de la Corporación, si se trata de un instrumento internacional que no genera nuevas obligaciones para Colombia, por ser desarrollo directo de un tratado negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista en la Constitución Política ( artículos 189, numeral 2., 150, numeral 16., 241, numeral 10) puede prescindirse del trámite de aprobación parlamentaria y ponerse en vigor por el P. de la República, en ejercicio de la competencia que posee para la dirección de las relaciones internacionales. Al igual que cuando se trata de declaraciones de enunciados políticos, de actos unilaterales del Estado colombiano o de acuerdos verbales, instrumentos que no están sometidos a la formalidad de la aprobación legislativa, la cual se aplica únicamente a los tratados propiamente dichos. Ni menos aún a control constitucional por parte de esta Corporación.
''En efecto, si se trata de instrumentos en los que simplemente se contempla la ejecución por el Jefe de la Rama Ejecutiva de actividades que le son propias en virtud de sus funciones y de sus competencias exclusivas y discrecionales, no hay lugar a que la Corporación sea llamada a confrontar dichas acciones con la Carta.
''En efecto, esa orientación, dentro del contexto constitucional colombiano busca impedir que sin el lleno de los requisitos constitucionales pueda el Estado Colombiano comprometerse internacionalmente ex novo; por ello, en la medida en que el acuerdo simplificado forme parte, como necesario instrumento de ejecución, de un tratado que haya sido sometido al trámite completo y propio de los tratados y no contenga obligaciones nuevas que excedan el marco de los compromisos expresamente enunciados en el tratado sujeto a aprobación legislativa y control de constitucionalidad, no se ve razón constitucional que imponga la sumisión a los trámites completos y al control de la Corte. En ese supuesto se estaría confrontando el acuerdo no tanto con las normas constitucionales como con el texto del Tratado a cuyo desarrollo y ejecución propende, lo cual excede de manera evidente la precisa competencia de esta Corporación en la materia.'' Sentencia C-363 de 2000. M.P.A.T.G..
Así las cosas, el P. de la República , al ratificar el presente convenio deberá hacer una declaración interpretativa respecto del artículo 14 del Convenio, en el sentido de que las enmiendas que se hagan al convenio no entrarán en vigor para Colombia , sin que previamente se hayan surtido los procedimientos constitucionales pertinentes para la aprobación y revisión oficiosa de la Corte Constitucional de dichas enmiendas .
El protocolo que se analiza consta de un preámbulo y dieciocho ( 18 ) artículos.
El Art. 4° se refiere a los sistemas nacionales y regionales de preparación y lucha contra la contaminación. Cada Parte establecerá un sistema nacional para hacer frente a los sucesos de contaminación. Además cada Parte , individualmente o con cooperación bilateral o multilateral Para los mismos efectos téngase presente la providencia citada al respecto. y si procede con colaboración del sector naviero , establecerá equipos , programas de ejercicio, sistemas de coordinación para la lucha contra los sucesos de contaminación.
Así las cosas, el P. de la República , al ratificar el presente convenio deberá hacer una declaración interpretativa respecto del artículo 12 del protocolo , en el sentido de que las enmiendas que se hagan al convenio no entrarán en vigor para Colombia , sin que previamente se hayan surtido los procedimientos constitucionales pertinentes para la aprobación y revisión oficiosa de la Corte Constitucional de dichas enmiendas .
Con base en lo expuesto en el numeral anterior, puede afirmarse que el Convenio y el Protocolo que se examinan constituyen instrumentos jurídicos trascendentales para el desarrollo del Estado Social de Derecho ( Art. 1 C.P. ). En efecto, el nuevo principio constitucional establecido por el Constituyente de 1991 , pretende la garantía eficaz de los derechos fundamentales a través de acciones positivas provenientes del mismo Estado. Así las cosas, el Estado Social debe hacer lo que esté a su alcance por establecer un '' mínimo social de existencia'' que salvaguarde los derechos fundamentales de los individuos .
Respecto de la ley aprobatoria, se considera que la misma guarda también armonía con la Constitución, en cuanto aprueba los citados instrumentos internacionales ( Art. 1 ), determina que las obligaciones para el Estado Colombiano sólo regirán desde las fechas en que se perfeccionen los vínculos internacionales respecto de los instrumentos mencionados ( Art. 2 ) y dispone lo pertinente para su vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano ( Art. 3 ).
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLES las disposiciones del ''Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos , 1990'' hecho en Londres el treinta ( 30) de noviembre de 1990; y las disposiciones del '' Protocolo sobre cooperación, preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas potencialmente peligrosas ,2000 '' Hecho en Londres el quince (15 ) de marzo de dos mil (2000), con la advertencia que el P. de la República, al ratificar el presente convenio y el presente protocolo deberá hacer una declaración interpretativa respecto del artículo 14 del Convenio y del Artículo 12 del Protocolo, en el sentido que las enmiendas que se hagan al convenio no entrarán en vigor para Colombia , sin que previamente se hayan surtido los procedimientos constitucionales pertinentes para la aprobación y revisión oficiosa de la Corte Constitucional de dichas enmiendas .
TERCERO: Enviar copia de esta sentencia al P. de la República y a la Ministra de Relaciones Exteriores para los efectos pertinentes a que alude el artículo 241, Num. 10, de la Constitución Política.
Sentencia nº 25000-23-42-000-2016-04087-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Segunda, de 9 de Noviembre de 2016
Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda, de 13 de Marzo de 2001
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 1100102030002009-00427-00 de 26 de Marzo de 2009

References: artículo 241
 Artículo 102
 Resolución 
 Artículo 102
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 241
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 12
 artículo 14
 Artículo 12
 artículo 241