Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2010_11_01_archive.html
Timestamp: 2014-07-28 08:16:58+00:00

Document:
EL BLOG DE EDUARDO ROJO: noviembre 2010
La reforma de las políticas activas de empleo según el Ministro de Trabajo e Inmigración.
Reproduzco en esta entrada del blog, por su interés y estrecha relación con la que dediqué ayer a la misma materia, el fragmento de la intervención del Ministro de Trabajo e Inmigración, Sr. Valeriano Gómez, hoy martes en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados. “La segunda gran reforma es la que afecta a las Políticas Activas de Empleo. La reforma de estas políticas, que representan una parte nada desdeñable del esfuerzo público, como atestiguan los 7.300 millones de euros destinados a tal fin en el Presupuesto para 2011, constituye un instrumento esencial para garantizar que en la salida de la crisis el mercado de trabajo tenga un funcionamiento eficiente,• permitiendo intensificar la creación de empleo -al reducir los desajustes oferta- demanda- y elevar la productividad ya en el inicio del despegue de la economía,• al tiempo que mejora la cohesión social y territorial en nuestro país.Ello es así porque los dos grandes objetivos en esta reforma de las PAE son:• por una parte, mejorar la empleabilidad de todos los desempleados, en especial equilibrando el balance que presentan los colectivos más desfavorecidos en este aspecto, como los jóvenes con baja formación o los trabajadores expulsados de actividades en las que es poco previsible el dinamismo a corto plazo,• y elevar por otra parte, y de manera continua, la capacidad de la población activa para aportar valor a la economía.Esto último no es sino el medio principal para el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad, y de él depende en buena medida el necesario cambio en el modelo productivo español.Pero lo primero es asimismo muy importante en una perspectiva más amplia, pues evitar los riesgos derivados de la persistencia y la concentración del desempleo en determinados colectivos y en algunos territorios es una buena vía para mejorar la cohesión social y territorial en nuestro país.¿Cómo vamos a lograr los dos grandes objetivos que hemos trazado para la reforma de estas políticas?• Primero, a través de la atención personalizada a los desempleados. Así como del establecimiento de una Carta de servicios básicos a la ciudadanía, distinguiendo servicios destinados a las personas desempleadas, servicios destinados a las personas ocupadas y servicios destinados a las empresas.• Segundo, a través de la articulación de una estrecha coordinación y cooperación de todos los agentes implicados en el desarrollo de su actuación.• Y tercero, a través de un continuo esfuerzo de evaluación sobre los resultados de las acciones desarrolladas.La Reforma va a lograr que se configure un potente Sistema Nacional de Empleo. Este sistema ha de ser capaz de detectar y resolver los problemas de empleabilidad de cada uno de los demandantes, y capaz de generar para todos un mayor estímulo a la búsqueda activa de empleo.También ha de ser capaz de mejorar su rendimiento en la intermediación, no sólo proporcionando a las empresas un sistema ágil y eficaz en la gestión de sus ofertas, sino anticipando sus necesidades y dotando a los demandantes de las competencias y cualificaciones que efectivamente vayan a requerirse en futuras ofertas.La reforma de las PAE debe partir de dos premisas básicas en su configuración: su incardinación en el modelo adoptado por la Unión Europea y el alto grado de descentralización en las competencias, funciones y servicios que les atañen.La ejecución corresponde a las Comunidades Autónomas. Pero en su definición estratégica el Estado detenta un papel central, de igual forma que en la coordinación y la orientación de los programas, en la evaluación de los resultados y en la interconexión entre estas políticas y el sistema de protección por desempleo. Estas competencias deben ser coordinadas con las CCAA y articuladas conformando un verdadero Sistema Nacional de Empleo.Por otro lado, su diseño contemplará una mayor conexión con otras políticas de Estado:• la educación, buscando mecanismos para incardinar en el sistema educativo la perspectiva del sistema productivo;• la I+D+i, impulsando con el sistema de ciencia y tecnología actuaciones de emprendimiento y empleo;• la inmigración, anticipando las necesidades del sistema productivo para la gestión de los flujos migratorios y proporcionando instrumentos, como la formación en origen, necesarios para la mejora de la cooperación en esa gestión.Se trata de un enfoque estratégico, pero muy realista.• En cuanto a los recursos, a corto plazo las posibilidades de aumentar los recursos son ciertamente escasas. Primero, porque el Gobierno no va a debilitar la prioridad otorgada a la política de consolidación fiscal, que constituye un elemento clave de nuestra credibilidad. Y segundo, por el cuantioso volumen de gasto comprometido en prestaciones por desempleo, que tampoco el Gobierno va a aminorar.• Pero las posibilidades de reasignación de los recursos disponibles ofrecen márgenes de maniobra significativos, ya que esos recursos son elevados, y porque se puede reducir el gasto en programas que absorben una cifra considerable de recursos y cuya eficiencia es baja, y reorientar otros programas e instrumentos precisamente para mejorar esa eficiencia. Al tiempo que se reordenan sus recursos es preciso reformar el funcionamiento del sistema de formación para el empleo, incrementando su eficacia, mediante la revisión de sus contenidos, el análisis de las necesidades y carencias de los desempleados.• A medio plazo, además, la reducción del gasto en bonificaciones ofrecerá un margen adicional muy importante para la reorientación de recursos en función de nuevas prioridades para desarrollar un sistema más eficaz.Con ese margen adicional el objetivo será incrementar los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles de los SPE para atender a sus funciones.Adicionalmente, debería buscarse la colaboración público-privada en la intermediación laboral, aunque preservando la centralidad del sistema público en el diseño y la orientación estratégica de las actuaciones.Además, es necesario aumentar la vinculación de los programas de empleo en los que participan las personas desempleadas y las prestaciones del sistema de protección por desempleo.En este punto la perspectiva comparada muestra que España se sitúa en una posición intermedia en cuanto a los instrumentos y medios para el apoyo a la “activación” de los perceptores de prestaciones, pero hay sin duda margen para avanzar en esa activación y evitar los riesgos que se asocian al paro de larga duración en determinados colectivos".
La reforma de las políticas activas de empleo (y II).
6. La reforma de las PAE deberá partir del elevado volumen de recursos asignados a las políticas pasivas de empleo (pago de prestaciones por desempleo) y tratar de conseguir que se incremente la parte dedicada a las PAE por la mejora del mercado de trabajo y de la creación de empleo. Los datos de la OCDE para el período 1985- 2007 ponen de manifiesto que el gasto para las PAE alcanzó su punto máximo en el año 2000 con un 0’72 % del PIB, cantidad que se ha mantenido en un porcentaje sustancialmente idéntico en los años posteriores, hasta alcanzar el 0,66 % en 2007. Los datos de la OCDE también constatan que en el año 2000 el gasto en PAE alcanzó casi un tercio del total del gasto público en política de empleo, en el bien entendido que ello se debió no a un aumento importante del gasto en PAE sino a una reducción relevante del presupuesto dedicado a políticas pasivas por el crecimiento del empleo. Dado que las previsiones de disposición de mayores recursos para las PAE no se contemplan para el año 2011, y que el número de personas desempleadas seguirá siendo elevado y la partida presupuestaria seguirá siendo muy importante, el éxito de la reforma de las PAE a corto plazo, como he dicho con anterioridad, se basará en una mejor utilización de los recursos disponibles, y a medio plazo en una reducción de las partidas destinadas a bonificaciones a la contratación y a un menor peso del gasto en políticas pasivas. Se trata de analizar bien en qué se gastan los recursos disponibles para las políticas activas de empleo, información de la que ya disponen los poderes públicos, y reorientarlos hacia aquellos programas que tengan unas mayores expectativas de resultado positivo en términos de creación de empleo y de mejora de la formación y de la consiguiente empleabilidad de las personas que participen en los mismos. En este terreno, y dentro de los límites presupuestarios que establecerá la Ley de PGE parta 2011, cabe pensar en una mejor utilización del gasto dedicado a programas de empleo, a partir de la aprobación de una nueva distribución con respecto a la de años anteriores que se llevaría a cabo en la Conferencia Sectorial (en el bien entendido que ello implica modificar los criterios aprobados en junio de 2009, o bien permitir una mayor flexibilidad para las CC AA en su distribución), y en un acuerdo entre el gobierno del Estado, las CC AA y los agentes sociales para dedicar una parte superior del presupuesto dedicado a la formación para personas desempleadas (una propuesta que puede recogerse en tramitación parlamentaria del Senado, con modificación de la disposición adicional decimoquinta es la reducción del 60 al 50 % para formación de personas ocupadas, si bien también es posible otra que quizás permitiría ver mejor cuál es el objetivo del gobierno en este ámbito y que sería la siguiente: “El 50 %, como mínimo, de los fondos previstos en el apartado anterior se afectará a la financiación de las siguientes iniciativas y conceptos: Formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los permisos individuales de formación. El 30 % de la acción formativa deberá dirigirse, como mínimo a personas desempleadas. Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados. El 25 % de la acción formativa deberá dirigirse, como mínimo a personas desempleadas”). Con respecto a la reorientación de los programas de empleo para mejorar su grado de éxito para permitir la mejor formación e incorporación de las personas desempleadas al mercado de trabajo hay un interesante debate sobre el coste económico, y los resultados obtenidos en función del mismo, por dos de ellos, en concreto los de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, por una parte, y el de contratación de trabajadores desempleados por corporaciones locales y otras entidades para la realización de obras y servicios de interés general y social, dado que entre los dos suman casi el 47 % del gasto total de los programas de empleo. A mi parecer, el debate no es tanto sobre la eficacia de estos programas sino sobre su reorientación, con la misma o distinta denominación, hacia sectores de actividades y oficios vinculados con la nueva realidad productiva, con una formación que se adapte a este nuevo marco y en ámbitos territoriales en donde sea más necesaria esa creación de empleo, y no creo que sean necesarios cambios sustanciales normativos para que esa reordenación se produzca, sino una tarea de delimitación de qué necesidades hay ahora en el mercado y de reducir probablemente, y esta la parte más dura con la que debe enfrentarse siempre un responsable político (muy fácil de decir en el plano teórico y bastante difícil de hacer en la práctica), la partida presupuestaria destinada a cursos de familias profesionales en las que hay exceso de oferta, y siempre teniendo como punto de referencia obligado, guste o no, que una tarea fundamental es elevar el nivel formativo medio-bajo de una parte importante de la población desempleada como ponen de manifiesto los datos mensuales del SPEE sobre nivel de ocupabilidad de la población desempleada. Sirva como ejemplo el caso de la CC AA de Aragón, y en concreto la última convocatoria para los programas de escuelas taller y talleres de empleo: en el debate actual sobre el tipo de formación que se necesita para dar respuesta a la problemática de un elevado número de personas desempleadas con un nivel medio o bajo de cualificación profesional, así como también hacia qué sectores y actividades dirigir la oferta formativa alternada con la práctica laboral, la Resolución de convocatoria contiene dos programas: el primero es de carácter general y va dirigido a la creación de escuelas taller y talleres de empleo relacionados con actividades emergentes, considerándose como tales “las que hagan referencia a las tecnologías de la información y comunicación, energías renovables, medio ambiente, servicios de alto valor añadido, reciclaje, industrias agroalimentarias y productos ecológicos”, y se incluyen también las actividades tradicionales “que se adapten a los nuevos sistemas de producción”. El segundo programa es más concreto y dirigido a potenciar la actividad emprendedora de los mayores de 25 años, favoreciendo su autoempleo, con una duración máxima prevista de 6 meses. 7. Formulo unas consideraciones finales, y parto de una pregunta previa que traslado a todos los lectores y lectoras del blog: ¿qué puede hacer la reforma de las PAE que no se pueda hacer en la actualidad con el marco normativo vigente de las políticas de empleo? Me parece muy importante que se sepa explicar bien en qué consistirá el cambio y que no se eleven en exceso las expectativas de aquello que puede hacer la política de empleo, ya que la realidad y el futuro económico condicionarán mucho su efectividad. A) Hay un importante volumen de recursos económicos destinados a las PAE, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, siendo el reto fundamental el de una mejor utilización a fin y efecto de incrementar el número de personas (ocupadas y desempleadas) atendidas en las oficinas de empleo mediante la puesta en marcha de itinerarios de inserción que se ajusten a las necesidades de cada persona. En esta línea, creo que deben potenciarse las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo, y poner una cartera de servicios a la disposición, es decir adaptada a sus características, de las personas desempleadas, de las ocupadas y de las empresas. B) Considero acertado vincular más estrechamente las políticas pasivas con las activas, y los datos conocidos sobre cobertura del sistema y participación de desempleados en políticas activas de empleo así parecen demostrarlo.C) Para mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo, afirmación con la que dudo que alguien esté en desacuerdo, pero que al mismo tiempo no debe hacer caer en saco roto los esfuerzos realizado para ello desde hace muchos años y la implicación del personal que presta sus servicios en los distintos Servicios Públicos de Empleo, hay que asumir desde la Administración General del Estado (AGE) que el proceso de transferencias a las CC AA está ya plenamente consolidado (y mucho más ahora con el traspaso al País Vasco), y que donde hay que poner el acento es en la coordinación y no en la imposición. Habrá que hilar muy fino, pero ahí creo que los responsables ministeriales conocen bien la materia y no debería ser un problema, en la determinación de cuáles son los contenidos de los programas que se elaboren en el marco normativo estatal y que después sean desarrollados, completados y perfeccionados en su caso por las CC AA. Estoy plenamente convencido de la bondad de una estrategia de Estado en materia de empleo, pero no puede llevar a mi parecer a una detallada concreción de cómo se alcanzan los objetivos generales por cada CC AA, y habrá que discutir bien parecer cuál es el contenido mínimo de las medidas estatales de fomento de empleo, para no repetir los mismos errores que, al menos a mi parecer, se observaban en los primeros borradores del proyecto de Real Decreto de Ordenación de las Políticas Activas de Empleo que pude conocer desde 2005 y que dejaban muy poco margen, por decirlo de forma suave, a las CC AA para la concreción de los requisitos de los beneficiarios de los programas, costes elegibles y cuantías.E) Cualquier propuesta de reforma debería, a mi parecer, poner el acento, y mucho, en aquello que se debe hacer en 2011. Sugerir propuestas de actuación para años venideros puede ser un buen ejercicio de previsión a medio plazo, pero queda muy condicionado por las elecciones generales y quizás diluiría el mensaje de que hay que actuar de forma rápida y eficaz. Los jóvenes y las personas desempleadas de larga duración deben merecer especial atención, en el marco de un plan especial y que requeriría de una necesaria coordinación de la AGE y de las CC AA.
La reforma de las políticas activas de empleo (I).
1. A partir de los cambios en el gobierno español el pasado mes de octubre, con la entrada de un nuevo equipo en el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN) , una de las propuestas de las que más se ha oído hablar, y que también es objeto de debate permanente en los ámbitos sociales y políticos, es la de la llamada “reforma de las políticas activas de empleo” (PAE). A la espera de saber cuál será el resultado de la negociación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011, ahora en fase de tramitación en el Senado, recuerdo que en la redacción originaria del proyecto se incluyen 7.322,80 millones de euros para las PAE, un 5,5 % de disminución con respecto al presupuesto de 2010, y que de esa cantidad, según se explica en el “Libro amarillo” del Ministerio de Economía de presentación de los presupuestos, “4.455,33 millones de euros corresponden a actuaciones de inserción e incentivación de la contratación (de los cuales se destinan 2.450 millones de euros a bonificar la contratación de trabajadores desempleados); 2.754,25 millones de euros a actuaciones de carácter formativo”; Dentro de las actuaciones de carácter formativo, “los créditos para Formación Profesional para el Empleo alcanzan en 2011 la cifra de 2.200,97 millones de euros, lo que supone una disminución del 4,25 por ciento con respecto a 2010. De esta cantidad, 900,39 millones de euros se destinan a formación de desempleados y 1.300,58 millones de euros a formación de ocupados”. A este montante económico hay que añadir el dedicado por las CC AA con cargo a sus propios presupuestos, que en el año 2009 (última información a la que he podido acceder) fue de 1.193.millones de euros. Me propongo analizar en esta entrada del blog algunos de los ejes centrales de dicha propuesta, a partir de las declaraciones de los miembros del Gobierno y de documentos sobre las PAE a los que he tenido acceso (básicamente durante este mes de noviembre), con incorporación de algunas reflexiones propias sobre un ámbito de conocimiento, las políticas de empleo, que me es especialmente querido y al que he dedicado bastante atención en mi vida profesional en general, y en este blog en particular. Con esta entrada pretendo, por consiguiente, iniciar el camino para la explicación en su día de la anunciada Ley de las PAE, estando prevista la aprobación del proyecto de ley por el gobierno durante el mes de enero de 2011, y de otras reformas que probablemente tenga lugar en el ámbito de la formación para el empleo. Que la reforma de las PAE es un ámbito de actuación prioritaria del nuevo gobierno lo demuestra claramente a mi parecer que el think tank socialista, la Fundación Ideas para el Progreso, presentara recientemente un detallado informe con el título “La nueva agenda social: reforma de las políticas activas de empleo”, y en el que incluye 16 iniciativas para lograr cuatro objetivos que están, lógicamente, en plena sintonía con las propuesta gubernamentales: “que los servicios públicos de empleo consigan una verdadera reactivación de los desempleados y no sean meros tramitadores de subsidios; elevar las cuantías destinadas a las políticas activas de empleo; conseguir combinar mejor las políticas activas y pasivas de empleo; y elevar al menos hasta el 50 % el porcentaje de parados que llevan a cabo alguna acción formativa”.2. La reforma de las PAE estuvo ya en la mesa del Consejo de Ministros del día 5 de noviembre, con la presentación de un informe por parte del nuevo Ministro, Sr. Valeriano Gómez, que debería servir para iniciar el debate con las Comunidades Autónomas (CC AA) y con los agentes sociales, considerándolas de especial importancia en la actualidad por el impacto que la crisis económica ha tenido sobre el empleo, y dándoles el valor de “un instrumento esencial para combatir el desempleo y configurar un funcionamiento de los mercados de trabajo más eficientes, acordes con los requerimientos de una economía que precisa ser más competitiva”. En este informe, cuyo contenido ha ido siendo desarrollado en declaraciones y textos posteriores, y que sin duda constituirá la base del futuro proyecto normativo, se afirma que las tres grandes claves de la reforma son las siguientes: “reformar con una visión a largo plazo; conjugar la competencia normativa del Estado con la competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas; combinar la actuación de los Servicios Públicos de Empleo y la de los agentes privados de intermediación”. La segunda clave es plenamente coherente con la estructura territorial del Estado y el traspaso de competencias a las CC AA en materia de gestión de las PAE, completado recientemente con el traspaso al País Vasco y con la apertura, probablemente, de un nuevo frente de negociación con la CC AA de Cataluña a partir de la victoria de Convergència i Unió en las elecciones del 28 de noviembre; en cuanto a la tercera, es acorde, más allá de las críticas conceptuales que puedan hacerse a la intervención privada en este ámbito, al nuevo marco normativo aprobado por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, con la creación de las agencias de colocación; en fin, sobre la primera clave, me parece loable la propuesta pero siempre pensando que las actuaciones que puede llevar a cabo el nuevo gobierno se van a centrar en el año 2011, a la espera de saber qué ocurrirá en las elecciones de 2012, y si bien ciertamente se ha de pedir a un gobierno que diseñe sus estrategias a medio y largo plazo, no lo es menos que esa “reforma a largo plazo” debería tener a mi entender, como mínimo, algunas propuestas muy concretas a desarrollar durante el próximo año, en especial dirigidas a los colectivos de más difícil acceso al mercado de trabajo y con menor nivel de formación y cualificación profesional, con el objetivo central de mejorar la tasa de cobertura de las acciones formativas dirigidas tanto a la población ocupada (23 % en 2009) como a la desempleada (14 %), para alcanzar un porcentaje superior al 22 % global para la población activa que se obtuvo en 2009, y conseguir un impacto positivo sobre la permanencia en el mercado de trabajo o la reincorporación al mismo. .Además de las claves mencionadas, el informe apuntaba las orientaciones básicas de aquello que deberá ser la reforma: situar las necesidades de las personas desempleadas como “centro de gravedad”, y ello implica a mi entender que la integración de dichas personas en la vida laboral sea el eje prioritario de toda actividad futura en materia de empleo y formación, partiendo del conocimiento previo de las debilidades y fortalezas de las personas desempleadas, de la actividad formativa, y de las necesidades de futuro del mercado laboral; fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, de tal manera que su centralidad no debe verse cuestionada por la necesaria colaboración con la iniciativa privada, y la previsión (¿petición más bien?) de que en los próximos años se incrementen “sus recursos humanos, materiales y tecnológicos”; reordenación del gasto público en PAE con un menor peso a medio plazo de las bonificaciones a la contratación (tesis coherente con la reciente reforma laboral y la concentración de las bonificaciones en algunos colectivos); revisión de los programas de empleo y formación para adaptarlos a la nueva realidad productiva del siglo XXI; en fin, y en coherencia con lo anterior, una mayor vinculación entre las llamadas políticas pasivas (percibo de prestaciones por desempleo) y las PAE, de tal forma que las personas desempleadas participen activamente en actividades formativas mientras perciben tales prestaciones, en la perspectiva de poderse incorporar lo más rápidamente posible al mercado de trabajo y con posibilidades reales de mantenerse de forma estable en el mismo. 3. Sobre la revisión de los programas de empleo y formación, en la línea de dirigirlos hacia aquellos ámbitos de actividad en los que se prevé que haya más necesidad de personal en los próximos años y que también tengan más contenido social, se pronunció la nueva Secretaria General de Empleo, Sra. Mari Luz Rodríguez, en su primera reunión con las organizaciones sindicales el 12 de noviembre, mencionando como sectores productivos emergentes aquellos que también habían sido objeto de atención en el documento de trabajo de la presidencia española de la UE durante el primer semestre de este año: “la economía verde (energías alternativas, agricultura ecológica, etc.); sectores blancos, como los dedicados al cuidado de las personas dependientes, y el sector de las nuevas tecnologías”. Sobre la necesidad más general de reformar las PAE y mejorar su eficacia, se pronunció el Ministro el día 16 de noviembre en el Senado, llamando a una reordenación del gasto de tal manera que puedan dedicarse más recursos a las PAE y menos a políticas pasivas porque el esfuerzo formativo dirigido a personas desempleadas vaya obteniendo resultados más positivos que en la actualidad, así como también a la mejora del funcionamiento de los servicios públicos de empleo, en colaboración con la iniciativa privada, al objeto de que “mejoren su capacidad de intermediación, mejoren también su capacidad de asesoramiento y de acompañamiento personalizado a los desempleados”. Las mismas tesis fueron reiteradas, no podía ser de otra forma obviamente, en la reunión que los responsables del MTIN mantuvieron con los de las CC AA en materia de empleo el 19 de noviembre, en la que el Ministro apuntó la conveniencia de dedicar una mayor parte de los recursos para la formación de personas desempleadas (a esta cuestión me referí hace unos días en el blog), al mismo tiempo que enfatizaba la importancia de una estrecha participación de las CC AA en el diseño, elaboración y aplicación de la nueva PAE, desde el objetivo general apuntado por el Sr. Gómez de que debe tratarse de una reforma “dirigida a lograr que cualquiera que sea el lugar donde resida el desempleado tenga cerca un servicio público de empleo que, en colaboración con la iniciativa privada, consiga reinsertarle en el mercado laboral”. 4. Que la reforma de las PAE deberá efectuarse en estrecha coordinación con las CC AA, competentes en materia de gestión de las políticas activas de empleo, no parece que suscite ninguna duda en los responsables gubernamentales, y para ello la intervención de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales debería ser fundamental. En cualquier caso, no conviene olvidar que en ese debate nos encontramos en una nueva fase a partir de los términos del traspaso de competencias al País Vasco, objeto de atención especial en otras entradas del blog y que ahora completo con la referencia al Real Decreto 1441/2010 de 5 de noviembre, publicado en el BOE del día 16 (un poco sorprendente que el texto haya tardado 11 días en publicarse desde su aprobación, ¿no les parece?) en el que se oficializa dicho traspaso. Recuérdese que se traspasan las funciones de ejecución en materia de fomento y apoyo al empleo, que incluyen expresamente “los incentivos a la contratación, mediante el régimen de bonificaciones de las cuotas sociales, de conformidad con lo previsto en la legislación estatal, en relación con los trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como respecto de los trabajadores y trabajadoras autónomos ubicados en la misma”, y también “las actividades de evaluación, seguimiento y control de las iniciativas de formación de demanda, financiadas mediante bonificaciones en las cuotas de formación profesional, que se aplican a las empresas en relación con los centros de trabajo radicados en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco”. Parece que estamos, por consiguiente, ante una actividad propiamente de gestión del ejecutivo autonómico y que no debería implicar impacto positivo o negativo en términos económicos ni para la CC AA ni para el Estado, cuestión muy debatida en términos políticos y referenciada en este blog, ya que por una parte (véase el apartado G, dedicado al régimen presupuestario), la CC AA tendrá a su disposición el dinero recaudado en concepto de tales bonificaciones, y posteriormente será objeto de compensación al Estado en el pago del cupo del País Vasco, “en base a las certificaciones del Servicio Público de Empleo Estatal” (en el supuesto de bonificaciones en las cuotas de formación profesional), y “en base a las certificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social” (en el supuesto de bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social por aplicación de medidas de incentivación y creación de empleo). Decía con anterioridad que habrá que prestar atención en este debate de las reformas de las PAE al cambio político operado en Cataluña el 28 de noviembre con la victoria de Convergència i Unió, y hago esta afirmación porque en su programa electoral se incluyen algunas reivindicaciones que sin duda querrán ser negociadas, ahora desde una posición de fuerza política, con el gobierno del Estado, y de las que destaco ahora tres que considero relevantes y significativas: la exigencia del traspaso del “control de las políticas pasivas”; la exigencia del traspaso, de acuerdo con las competencias que tiene Cataluña sobre las políticas activas, de “los recursos totales dirigidos a estas políticas y que nos permita adaptarlas a las necesidades de nuestro mercado de trabajo”; en fin, relacionado con la reforma de las extinciones contractuales operadas por expedientes de regulación de empleo, CiU prevé la aprobación de un plan de choque para facilitar la reinserción en el mercado de trabajo de personas afectadas por EREs, con inclusión de “programas de formación específicos, acceso a programas sociales y de inversión pública, y fomento del empleo”. En la intervención del portavoz parlamentario, Sr. Durán i Lleida, en la sesión plenaria del día 18 de noviembre, a la que me referiré a continuación, hubo igualmente algunas preguntas, reflexiones y propuestas que ahora deberán ser especialmente tomadas en consideración desde el MTIN: la primera, la pregunta sobre cuál es el propósito del gobierno sobre la formación continua una vez que el 31 de diciembre finaliza la vigencia del IV acuerdo nacional, y si tiene intención de renovarlo o de renegociarlo; la segunda, la conveniencia de un desarrollo rápido de la normativa sobre agencias de intermediación aprobada por la Ley 35/2010; en fin, la reorientación de los subsidios por desempleo hacia políticas activas, y la evaluación de los programas de las PAE, “descartando los poco eficaces y aplicando los recursos a aquellos que permitan a más trabajadores y más rápidamente salir del paro”. 5. Las líneas maestras de la reforma fueron nuevamente enunciadas en la intervención del Presidente del Gobierno en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el día 18 de noviembre, dedicada monográficamente al empleo, y de la que ha de quedar clara una idea-fuerza que los nuevos responsables en el ámbito estatal, y también en los autonómicos en la parte que les corresponda, de las políticas de empleo y formación, deberán tener bien presente en el inmediato futuro: la apuesta gubernamental no es el incremento de los recursos, al menos a corto plazo, debido al “contexto de restricción presupuestaria”, sino la de “reorientación de los recursos disponibles”, con una mejor y más eficaz utilización de los mismos para atender las necesidades de las personas trabajadoras, tanto en términos de formación como de cobertura económica de las necesidades. Recuerdo ahora las “cinco orientaciones básicas” enunciadas por el Sr. Rodríguez Zapatero y que se recogen y completan en todos los documentos y declaraciones públicas que he tenido oportunidad de conocer:“Desarrollar un modelo de atención individualizada a las personas en situación de desempleo basado en un "itinerario personalizado";Fortalecer los Servicios Públicos de Empleo, mejorando la organización y funcionamiento de estos servicios; complementando su funcionamiento a través de fórmulas de colaboración público-privada para la intermediación.Revisar en profundidad los actuales Programas de Empleo destinados a las personas desempleadas, para adaptarlos a la realidad del mercado laboral y aumentar su eficacia.Aumentar la vinculación en entre las políticas activas y pasivas de empleo.Reforzar los mecanismos de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas y establecer sistemas de gestión por objetivos de los distintos programas que permitan evaluar de forma rigurosa su eficacia”.
Les propostes de Convergència i Unió en matèria de treball (per compte aliè i propi).
Aquestes son les propostes contingudes en el programa electoral de Convergència i Unió, guanyadora de les eleccions autonòmiques d’avui a Catalunya, en matèria de treball. Convé llegir-les amb atenció i fer-ne un seguiment de la seva aplicació en la propera legislatura. 2.1.2. TREBALLA Convergència i Unió entenem que les polítiques relacionades amb l’ocupació han de ser una de les prioritats principals per a qualsevol govern.En aquest sentit, per a CiU, la prioritat de govern davant l’actual crisi econòmica no serà altra que aturar el procés de destrucció de llocs de treball, incrementar el baix nivell d’ocupabilitat dels aturats de Catalunya i posar les bases per a la recuperació econòmica generadora d’ocupació.El nostre objectiu és acabar la legislatura amb unes magnituds d’ocupació, d’atur i de temporalitat molt més properes a la mitjana de la Unió Europea.Diàleg i concertació429. Treballarem per implantar un marc català de relacions laborals com una eina essencial per fer front a les conseqüències de la greu situació de dificultats del mercat de treball, de manera que el Govern català esdevingui a la pràctica l’administració única en l’àmbit laboral, tot aprofitant-ne al màxim les competències. D’aquesta manera, a Catalunya es podran determinar: les relacions laborals i les condicions de treball, els permisos de treball per als treballadors estrangers, totes les polítiques actives d’ocupació, la gestió de les polítiques passives, la inspecció de treball, el desenvolupament de polítiques adreçades a la prevenció de riscos laborals i la negociació col•lectiva.430. Obrirem un procés amb les organitzacions empresarials i sindicals catalanes més representatives per a la consecució d’una concertació social global necessària per treure el país de la crisi i que contingui una nova regulació de les condicions de treball i de productivitat, així com d’acords sobre aspectes importants per al futur del mercat de treball català (ocupació juvenil, prejubilacions, conciliació, negociació col•lectiva, etc.).Un mercat laboral més adaptable431. Treballarem per modificar el sistema de negociació col•lectiva actual per dotar-la de més flexibilitat i ajustar-la a la realitat concreta de cada empresa.432. Reclamarem la creació d’un nou contracte laboral per a joves que faciliti la simultaneïtat dels estudis amb l’exercici professional, especialment amb els cicles formatius de grau mitjà i superior.433. Proposarem la creació d’un contracte d’aprenentatge dels oficis, de caràcter no retribuït i sense cost per a l’empresa, per a la formació professional dels estudiants dins les empreses.434. Demanarem la flexibilització dels actuals contractes formatius per fer-los més atractius per a empreses i joves i més utilitzats.435. Treballarem per afavorir la contractació estable a temps parcial.Les persones aturades, la nostra prioritat436. Reformarem el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per convertir-lo en un instrument eficient que possibiliti a la iniciativa privada participar en la intermediació laboral, tot complementant d’aquesta manera l’acció dels serveis públics d’ocupació.437. L’objectiu del SOC serà relacionar les ofertes amb les demandes d’ocupació i la seva adequació quant a formació i exigència professional, de manera que les persones que busquen feina estiguin el menor temps possible a l’atur i trobin una feina adequada a la preparació que tinguin.438. En els programes públics, es primaran les empreses que no redueixin plantilles i les empreses, de qualsevol dimensió, que contractin nou personal.439. Proposarem la vinculació, en una major mesura, de la percepció de la prestació per atur amb l’assistència i l’aprofitament a cursos de formació i reciclatge professionals, tot dissenyant un Pla personalitzat de formació i qualificació professional i uns objectius concrets que haurà de complir el treballador aturat.440. Exigirem al Govern espanyol el traspàs del control de les polítiques passives.441. Exigirem que, d’acord amb les competències que té Catalunya sobre les polítiques actives, el Govern espanyol ens traspassi els recursos totals dirigits a aquestes polítiques i que ens permeti adaptar-les a les necessitats del nostre mercat de treball.442. Aprovarem un Pla de xoc per facilitar la reinserció al mercat de treball de persones afectades per expedients de regulació d’ocupació. Aquest pla inclourà programes de formació específics, accés a programes socials i d’inversió pública, i foment de l’autoocupació.Lluita contra l’absentisme443. Des de Convergència i Unió considerem que cal solucionar el problema de l’absentisme laboral a Catalunya. És per això que endegarem un gran pacte social per disminuir l’absentisme com un element clau en la productivitat del país, amb l’establiment d’un sistema més eficaç de control de l’absentisme i de les baixes laborals, així com l’elaboració de plans específics per als diferents sectors i tipologies d’empresa.Prioritat a la formació444. Posarem en marxa la integració dels tres subsistemes de formació professional (inicial, contínua i ocupacional) per adaptar-la a les necessitats de les empreses, especialment les petites i les mitjanes, i garantir el reciclatge dels treballadors.445. Promourem que una part important de la formació professional es faci a les empreses, les quals avaluaran formalment l’alumne.446. Procedirem a la reestructuració global de la formació ocupacional.447. Ampliarem de 70 a 120 hores els cursos de formació ocupacional.448. Apostarem per la formació de joves i persones de més de 45 anys a través d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació com a substitutius dels plans d’ocupació locals.449. Posarem en marxa el Programa 100x5 per a la formació continuada i de reciclatge, que posarà a disposició de tothom 100 hores de formació cada cinc anys d’activitat professional.450. Inclourem les persones d’entre 45 i 60 anys en els col•lectius prioritaris dels programes de formació i reciclatge, amb l’objectiu d’allargar-ne el temps de treball amb qualifi cació.Seguretat en el treball451. Impulsarem un Pla de seguretat i salut laboral que tingui com a objectiu reduir l’índex de sinistralitat a Catalunya en un 50%.452. Reestructurarem els centres de seguretat actuals i les condicions de salut en el treball per tal de convertir-los en centres de recerca de la prevenció de riscs laborals i, alhora, en centres de prestació per a les microempreses.453. Augmentarem les inspeccions de treball per lluitar contra la contractació irregular de treballadors i l’economia submergida.Avançar en la conciliació454. Hem de treballar perquè la societat valori la família i l’entorn social dels treballadors i les treballadores com un factor clau de la seva productivitat, tot facilitant la flexibilitat horària laboral. Amb mesures adreçades a facilitar la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores s’aconsegueixen grans millores de caràcter social i econòmic.Economia social i solidària i el cooperativisme455. Impulsarem l’economia social mitjançant la col•laboració amb les cooperatives i les societats anònimes laborals, que seran una prioritat del nou Govern com a mecanisme de creació d’ocupació i com a modalitat empresarial a fomentar.456. Apostarem per la promoció de l’economia solidaria com a eina per a la integració social i laboral de les persones amb més dificultats. La vertadera integració i sentit de pertinença a una societat, a un país, ha de començar per l’ocupació.457. Donarem suport i impulsarem iniciatives, tant a nivell de conscienciació com d’instruments jurídics, que donin resposta a l’economia solidària.458. Farem servir els instruments necessaris, com les clàusules socials a la contractació pública, el suport a l’emprenedor social o les iniciatives de creació d’empreses d’inserció, desenvolupant i posant en pràctica el terme de “territori socialment responsable”.459. Aplicarem el concepte de “territori socialment responsable” al desenvolupament local, creant sinèrgies entre els diferents estaments i agents a cada territori, implicant Administració, Entitats Social i Empreses en la creació de llocs de treball.460. Potenciarem la creació d’Empreses d’inserció, Agrupacions d’Interès econòmic i sinèrgies varies entre diferents empreses i entitats socials per tal d’implementar polítiques de creació d’ocupació i ampliar la possibilitat de contractació de les mateixes.461. Implantarem que el balanç social, informe de sostenibilitat, sigui un aspecte d’obligat compliment per a les empreses que es presenten a contractació pública.2.1.3. AUTÒNOMSA Catalunya hi ha més de sis-cents mil treballadors autònoms. Juntament amb les microempreses i les pimes, els autònoms són els principals empresaris del país i formen una xarxa d’activitat productiva al territori. La importància dels treballadors autònoms però, va més enllà d’una simple realitat numèrica, ja que són elements fonamentals per a la creació i el manteniment de l’ocupació i són un element clau de cohesió econòmicaterritorial. A més, reflecteixen l’esperit emprenedor de Catalunya. Per això, des de Convergència i Unió sempre hem manifestat una sensibilitat especial envers l’activitat productiva que desenvolupen els autònoms i els petits empresaris.El compromís de CiU amb els autònoms és clar i ferm: s’han d’eliminar les diferències en matèria de protecció social i cal crear un marc favorable per al desenvolupament i la potenciació de la seva activitat.Millora dels drets dels autònoms462. Continuarem liderant l’equiparació dels drets i els deures dels autònoms amb els drets dels treballadors del Règim General de la Seguretat Social.463. Centrarem els nostres esforços a aconseguir que la prestació compensatòria en el cas de cessament d’activitat dels autònoms s’apliqui de manera generalitzada i sense limitacions.464. Instarem que es reguli la jubilació anticipada dels autònoms que pertanyin a un sector declarat en reconversió.465. Apostarem per la regulació dels autònoms a temps parcial, especialment la dels que comencen a desenvolupar una activitat professional o empresarial.Més facilitats i finançament per a l’activitat466. Aprovarem un Pla de foment per als autònoms i emprenedors que inclourà mesures de suport a l’inici de l’activitat per garantir uns ingressos mínims; ajornament d’impostos i cotitzacions els primers anys d’activitat i davant de dificultats; mesures de finançament en les diferents etapes del negoci, i incentius a la contractació de treballadors.467. Flexibilitzarem, en l’àmbit de l’Espai Fiscal Català, el compte corrent tributari per tal que sigui plenament efectiu per als autònoms.468. Donarem accés preferent a les línies de crèdit de l’ICF per als treballadors autònoms que demostrin que la continuïtat i viabilitat de la seva activitat depèn únicament de problemes de circulant. Aquest accés preferent s’hauria de resoldre en un termini màxim de dos mesos.469. Simplificarem i ampliarem l’accés als ajuts a l’autoocupació.470. Crearem un Pla d’ajuda a la contractació per part de treballadors i treballadores autònoms, per donar suport a la contractació dels primers treballadors assalariats per part de l’autònom.471. Augmentarem el nombre d’ajuts que incorporin la possibilitat d’incorporació de bestretes, de manera que l’autònom pugui destinar una part d’aquests diners a tirar endavant el projecte.Assessorament i formació472. Proporcionarem als autònoms assessorament en la tramitació dels ajuts que requereixen la formalització de documents complicats.473. Adaptarem la formació ocupacional i continuada a les possibilitats dels autònoms.474. Prendrem les mesures necessàries perquè a les dones que exerceixen com a autònomes no se’ls penalitzi la maternitat i ampliarem, en el marc de l’Estatut de l’autònom, el permís de paternitat.475. Facilitarem i subvencionarem la creació de modalitats preventives pròpies per als autònoms, les microempreses i les petites i mitjanes empreses, mitjançant el foment de la utilització de serveis de prevenció mancomunats.476. Incentivarem la transformació d’activitats que duen a terme els treballadors autònoms amb societats de responsabilitat limitada (SL nova empresa).477. Estudiarem la possibilitat d’incorporació del col•lectiu d’autònoms al Consell Econòmic i Social de Catalunya.
Propuestas de actuación para la formación profesional en la UE durante el próximo decenio.
1. El Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la UE, celebrado los días 18 y 19 de este mes, aprobó las prioridades de una cooperación europea reforzada en materia de educación y formación profesionales (EFP) para el próximo decenio, así como también otro dos documento sobre el aumento del nivel de las capacidades básicas en el contexto de la cooperación europea en materia escolar para el siglo XXI (se pide a los Estados “establecer o seguir desarrollando planteamientos estratégicos nacionales para mejorar los resultados del alumnado en competencias de lectura, matemáticas y ciencias, prestando especial atención a los alumnos procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos) y su valoración sobre la reciente iniciativa “Juventud en movimiento” que ya ha sido objeto de atención por mi parte en anteriores entradas del blog. En el ámbito español, y por su relación con la primera de las materias apuntadas, quiero recordar que el Presidente del Gobierno anunció el 18 de noviembre en el Congreso de los Diputados que la reforma de la formación profesional es “un requisito imprescindible para mejorar la empleabilidad de nuestro mercado de trabajo”, y que a tal efecto se presentará durante el segundo semestre de 2001 el Real Decreto ordenador de la formación profesional. En la Comunidad Autónoma de Cataluña hoy viernes se publica el Decreto 182/2010, de 23 de noviembre, de ordenación de la formación profesional para la ocupación, cuya entrada en vigor a los 20 días de su publicación se producirá ya con un nuevo gobierno resultante de las elecciones del próximo domingo y que será, por consiguiente, el responsable de decidir si aplica el texto tal como ha sido aprobado, incorpora aquellas modificaciones que considere oportunas, o simplemente lo sustituye por otra nueva norma. Sobre la futura ordenación de la formación profesional en España y sus contenidos, una de las personas mejor conocedoras de la materia en España, y además un muy buen amigo, Emilio Palacios, ha escrito recientemente un interesantísmo post en su blog, de obligada lectura para todo el que quiera aprender en el ámbito educativo, apuntando una relación no exhaustiva de aquellos, que por su interés me permito ahora reproducir: “Derecho individual de las personas a la información, la orientación y la cualificación profesional. Formación profesional en el marco de la formación a lo largo de la vida. Servicio público de información y orientación profesional para la formación. Refuerzo y protección de la carrera profesional. Tipologías de formación profesional y sus características. Formación profesional inicial compensatoria y específica. Formación profesional específica para personas empleadas. Formación profesional específica para personas desempleadas. Fondos para la formación profesional: procedencia, distribución y control. Gestión de los fondos de formación profesional. Oferta y organismos de formación. Coordinación de la política de formación profesional. Evaluación del sistema de formación profesional. Formación profesional y negociación colectiva”.2. Las prioridades aprobadas por el Consejo tienen su punto de referencia más inmediato en la Comunicación presentada por la Comisión Europea el 9 de junio con el título “Dar un nuevo impulso a la cooperación europea en materia de enseñanza y formación profesionales para apoyar la estrategia Europa 2020”, que también ha merecido mi atención en el blog. La Comunicación responde, tal como se explica en la Introducción, al llamamiento de la Estrategia Europa 2020 para que se potencie el atractivo de la EFP, y examina cómo puede desarrollarse en el marco de dos propuestas emblemáticas de la UE para el próximo decenio, la agenda de nuevas cualificaciones y empleos, y el marco de empleo de los jóvenes (encuadrado en la propuesta de “juventud en movimiento”). Las propuestas o líneas de actuación de la UE para el próximo futuro se basan en cuatro grandes ejes sobre los que se ha ido construyendo la política de la UE en esta materia desde hace muchos años: aprendizaje permanente y movilidad, calidad y eficacia, equidad y ciudadanía activa e innovación, creatividad y espíritu emprendedor. Y todo ello, en el marco de una política de cooperación europea en la materia que se base en las Recomendaciones aprobadas en los últimos años y en los planes ya existentes para potenciar los intercambios educativos y formativos (Leonardo Da Vinci), y en la utilización de los fondos estructurales comunitarios. A) En primer lugar, la EFP ha de jugar un papel de primera importancia en el aprendizaje permanente y la movilidad de la población. Ello requerirá, o más exactamente requiere ya, de una mayor flexibilidad “en relación con la manera de adquirir los resultados del aprendizaje, de evaluarlos y de ver cómo conducen a las cualificaciones”. Se propugna un enfoque del aprendizaje basado en los resultados y que se incorpore a todos los sistemas de EFP. Hay además que potenciar la vinculación entre la EFP y la enseñanza superior para alcanzar el objetivo fijado en la Estrategia Europa de 2020 de que haya un mínimo del 40 % de licenciados universitarios. Además, el aprendizaje permanente ha de ir acompañado con una buena intervención de los servicios públicos de empleo que facilite orientación y asesoramiento para facilitar las transiciones de la formación al empleo y entre puestos de trabajo, sin olvidar la importancia de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y para ellos es conveniente animar a los jóvenes “a pensar en profesiones que no se encasillen en los tradicionales esquemas sexistas”. Hay que potenciar la movilidad transnacional en el ámbito de la EFP, tal como se propone en la propuesta “Juventud en movimiento”, de tal manera que los períodos pasados en otros países deberían considerarse como parte normal del proceso formativo, sin olvidar la importancia de potenciar la movilidad virtual mediante el uso del aprendizaje electrónico como complemento de la movilidad física. El objetivo debe ser el de conseguir que en el año 2020 se haya consolidado una política europea de transparencia de las cualificaciones y de exportación validable de los resultados del aprendizaje, concediendo importancia tanto al aprendizaje formal como al informal. B) La EFP debe ser más atractivo para el alumnado mediante la mejora de su calidad y su eficiencia. Para ello se requiere una estrecha correspondencia con las necesidades del mercado de trabajo y una implicación activa de los agentes sociales, con un seguimiento permanente, y con indicadores específicos, del nivel de su calidad, de un profesorado bien formado y motivado, de una excelencia profesional combinada con unas competencias claves bien desarrolladas. Se pone de manifiesto la importancia del desarrollo de herramientas de anticipación para adaptar las cualificaciones y los empleos”, y se recuerda la importancia de la mejora de las cualificaciones tecnológicas, dado que según un estudio reciente de la propia UE en el año 2015 podría haber un déficit de cualificaciones en este campo para cubrir “hasta 700.000 puestos de trabajo”. En particular, en el ámbito del profesorado se subraya la importancia de converger en las competencias pedagógicas y la buena comprensión de las prácticas de trabajo para los formadores de las estructuras de aprendizaje y para los profesores de escuela. C) Por lo que respecta al ámbito de la “equidad y ciudadanía activa”, se pone el acento en la adecuación de la EPF a las necesidades individuales del alumnado como mecanismo eficaz para fomentar la inclusión, con atención especial hacia las necesidades específicas de algunos colectivos como son las personas con discapacidad o las personas inmigradas (cursos específicos de idiomas para estas últimas), en la perspectiva más general de reducir al 10 % el porcentaje de abandono escolar. En cualquier caso, esta adaptabilidad de la EFP no debe verse en modo alguno como una separación del ámbito clásico educativo, sino que se apuesta por integrarla más en el sistema general de educación y formación a favor de la justicia social, destacándose que “la mejora del nivel de excelencia de la EFP, la creación de pasarelas hacia la enseñanza superior y la consolidación de programas de EFP de nivel terciario pueden aumentar las expectativas de los estudiantes de EFP y darles vías para mejorar sus perspectivas sociales”.D) Por último, en el apartado dedicado a “Innovación, creatividad y espíritu emprendedor”, se trata de fomentar tanto en el ámbito educativo como empresarial tales ideas, en todos los sectores de actividades, planes y ramas de estudios, con una atención especial para los jóvenes que deseen poner en marcha un proyecto empresarial, y con una implicación activa de los formadores. Tal como puede leerse en la Comunicación, se trata de que el aprendizaje sea activo y se promueva en la persona “la adquisición de cibercapacidades, la disposición a asumir riesgos, la iniciativa, la curiosidad, la motivación intrínseca y el pensamiento crítico”. 3. Considero importante, en primer lugar, destacar de las conclusiones del Consejo la reflexión inicial sobre los problemas con los que se va a enfrentar el mercado de trabajo europeo en el próximo futuro, ante el proceso gradual de envejecimiento de la población y la disminución del número jóvenes que acceden a los ámbitos educativos y al mercado laboral, los retos cada vez más importantes de “un continuo desarrollo técnico y de unas exigencias económicas variables”, y las restricciones presupuestarias que la crisis económica puede provocar en las inversiones en educación y formación, paradójicamente en unos momentos en que se reconoce cada vez más la importancia de las políticas de formación. Hay una especial preocupación en la reflexión de los Ministros de la UE sobre el freno de la productividad, el crecimiento y la competitividad europea si no se adaptan las capacidades de las personas, y se enfatiza la importancia de realizar políticas preventivas “para adaptar mejor la oferta de educación y formación permanentes a las necesidades de la economía, de los ciudadanos y de la sociedad en general”; nuevamente se insiste, y estoy completamente de acuerdo con ello, en la importancia de desarrollar un ámbito europeo de educación y formación, que permita efectiva y realmente que las calificaciones adquiridas en unos Estados se reconozcan en otros, ya que ello contribuiría especialmente a promover la movilidad de jóvenes y adultos.La UE se fija, tal como ya he apuntado, cuatro objetivos estratégicos para el próximo decenio, gran parte de los cuales deberán ponerse en marcha durante el período 2011- 2014 de acuerdo a las reglas marcadas en el propio texto y siempre teniendo en consideración el pleno respeto de “la responsabilidad de los Estados miembros en la organización y contenidos de sus planes de educación y formación”. Para ello, el método de coordinación abierto seguirá siendo el mecanismo principal de cooperación, siendo los medios que deben sustentar los avances de los Estados miembros “el aprendizaje entre iguales y los proyectos innovadores”.A) En primer lugar, debe mejorarse la calidad y la eficacia de la EPF, así como aumentar su atractivo y adecuación al mercado laboral. Para ello, debe hacerse de la EFP inicial “una opción de aprendizaje atractiva”, y fomentar su excelencia, calidad y adecuación, reglas que también son aplicables a la EFP permanente. Se destaca igualmente la relevancia de potenciar la calidad del personal formador, tanto de carácter inicial como permanente, y se recuerda que “el envejecimiento de la población europea de profesores y formadores, los cambios en los mercados y entornos laborales, así como la necesidad de atraer a los más capacitados para la enseñanza, hacen este objetivo aún más esencial”. Respecto a la adecuación de la EPF al mercado laboral quiero subrayar la importancia que se concede a una estrecha relación entre los ámbitos educativos y laborales, la importancia de la adaptación de los planes educativos a las necesidades del mercado laboral, la realización de una parte del aprendizaje de forma práctica en el marco de una actividad laboral, y el impulso de una lengua común (taxonomía europea de destrezas, competencias y ocupaciones) “para conectar el mundo de la educación y formación con el mundo del trabajo, que esté además en consonancia con otros instrumentos de la UE, como por ejemplo con el marco europeo de cualificaciones”. B) En segundo lugar, han de adoptarse las medidas oportunas para hacer realidad la formación permanente y la movilidad, siendo el objetivo el de alcanzar un 15 % de adultos “encuadrados en educación y formación para 2020”. A tal efecto se propugna propiciar el acceso flexible a la formación y cualificaciones, tanto inicial como permanentes, y destaco la importancia a mi parecer del fomento de acuerdos de formación flexibles, que tengan en consideración las diversas fases de la vida educativa, laboral y familiar de cada persona y que puedan ir adaptándose a las necesidades cambiantes tanto de las personas como del entorno productivo, con una propuesta concreta de empezar a desarrollar, con el horizonte de tenerlos completados en el año 2015, “los procedimientos nacionales de reconocimiento y validación del aprendizaje formal e informal respaldados, cuando proceda, por marcos nacionales de cualificaciones”, y con una petición formulada a los Estados miembros para que, en el ámbito de sus competencias, tengan en cuenta las especialidades necesidades de formación de los colectivos desfavorecidos y ajusten el número de personas con bajo nivel de cualificación y con edades comprendidas entre 25 y 64 años que participan en actividades de formación permanente “al índice medio de participación de esta categoría por edad”. Todo ello, en la línea de conseguir el objetivo marcado en la Estrategia Europa 2020 de un 40 % de la población con enseñanza superior o equivalente, promoviendo pasarelas flexibles entre los distintos niveles educativos. La apuesta por una mayor movilidad implica según el Consejo elaborar un planteamiento estratégico de la internacionalización de la EFP, adoptándose medidas que permitan la realización de prácticas en empresas de otros Estados miembros, un mayor conocimiento de idiomas, y la utilización y promoción de los instrumentos de transparencia europeos (EQF, ECVT y Europassa) “para fomentar la movilidad entre Estados”.C) En tercer lugar, se pretende fomentar la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor, con ayudas para la creación de sus propias empresas por parte de los titulados en EFP. Se trata de utilizar al máximo las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación para incrementar las posibilidades de acceso a la formación, promover el aprendizaje activo y vincular muy estrechamente métodos educativos que tengan como puntos de referencia tanto el entorno laboral como el escolar. D) Por fin, la UE se marca como cuarto objetivo estratégico la promoción de la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa, en el que se incluye la adopción de medidas que puedan reducir el abandono escolar por debajo del 10 %. Para ello se pide que en todas las actividades formativas se tenga en cuenta a los colectivos desfavorecidos, que se estimule la adquisición y desarrollo de competencias fundamentales que puedan ser válidas a lo largo de la mayor parte de la vida laboral, y que la EPF que se ofrezca a todas las personas que quieren cursarla abra posibilidades de empleo tanto a corto como a largo plazo, la adquisición de competencias laborales satisfactorias, y permita sentir “confianza en sí mismas y sentirse profesionalmente dignas e íntegras, además de abrirles las puertas del progreso profesional y personal”. 4. Para apoyar la puesta en marcha y desarrollo de los cuatro objetivos estratégicos, la UE se marca otros objetivos más generales y de carácter transversal a todos ellos. En primer lugar, una mayor intervención de las partes interesadas en la EPF y una mayor difusión al público de los logros de la cooperación europea en este ámbito, poniéndose de relieve con acierto a mi parecer que para facilitar la utilización de los instrumentos de la UE que ya existen, “hay que ofrecer a los alumnos y a todas las partes interesadas información amplia y bien adaptada”. En segundo término, la gestión coordinada de los instrumentos europeos y nacionales desde el punto de vista de la transparencia, el reconocimiento, el control de la calidad y la movilidad, debiendo coordinarse la gestión con arreglo al proceso de Copenhague (que también ha merecido en varias ocasiones mi análisis en el blog) y estableciendo al mismo tiempo “una mayor sinergia con los instrumentos y principios del proceso de Bolonia”. A continuación, la UE se marca el objetivo transversal de intensificar la cooperación entre la actuación en el ámbito de la EFP y otros ámbitos de actuación pertinentes (como empleo y asuntos sociales) para seguir las orientaciones de la Estrategia Europa 2020. Hay que mejorar la calidad y las posibilidades de comparación de los datos para la actuación de la UE en el ámbito de la EFP, y por último hay que aprovechar el respaldo de la UE mediante la utilización de los fondos estructurales y del programa de aprendizaje permanente. 6. En un anexo de las conclusiones se recogen los resultados previstos en el período 2011-2014, proponiéndose la puesta en marcha de diferentes acciones tanto en el plano de cada Estado como por parte de la UE, en la línea que acabo de explicar. Destaco en el primer objetivo estratégico la referencia expresa a la actuación de los gobiernos, agentes sociales y proveedores de EFP, con la finalidad de “ampliar al máximo la formación basada en el trabajo, incluido el aprendizaje en centros de trabajo, para contribuir a aumentar el número de aprendices en Europa en 2012”. En el segundo objetivo se pide que los Estados apliquen la Recomendación relativa al marco europeo de cualificaciones, con la creación de marcos nacionales propios, mientras que se anuncia para 2011 la aprobación de una Recomendación de la UE sobre la convalidación de la educación no formal e informal, otra sobre movilidad en la formación, y la creación de un “pasaporte europeo de destrezas” antes de 2012. En el tercero, se ha de buscar y fomentar las asociaciones para la creatividad y la innovación, y fomentar el espíritu emprendedor (pero sin mayor concreción) y en la cuarta, la UE presentará una Recomendación sobre la disminución del abandono escolar (obsérvese, dicho sea incidentalmente, que no hay ninguna propuesta de Directiva entre las medidas propuestas a medio plazo).
Sobre la nueva Comunicación de la Comisión y el contrato único de trabajo. Una propuesta.
1. El 17 de noviembre escribí en el blog, después de haber leído dos documentos de la Comisión, que el contrato único de trabajo se pretendía introducir en los textos de la Unión Europea sobre empleo, y me preguntaba si reaccionaría el gobierno español dado que se había producido su rechazo en la reciente reforma laboral aprobada por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre. Exponía entonces que “sería curioso, y preocupante a mi parecer, que una vez que se ha evitado su incorporación en la reforma laboral, en un período relativamente corto el gobierno español debiera adaptar nuestra normativa a los grandes principios de flexiseguridad que se recogen en documentos europeos y que ahora están empezando a concretarse mucho más por lo que respecta a esta figura contractual. Ya hemos debatido en España los múltiples problemas jurídicos que plantea esa figura (sin entrar ahora en el debate de las pretendidas bondades sobre su impacto positivo en el mercado de trabajo), respecto a su incardinación en el ordenamiento jurídico español, y no creo que sea el momento de volver sobre la cuestión a partir de propuestas recogidas en documentos de la UE”. Consideraba necesario que el gobierno español reaccionara con rapidez, y mantuviera las mismas tesis que durante los debates de la reforma laboral, ante los textos ya aprobados y muy en especial con el que se estaba debatiendo en Bruselas relativo a una (entonces) inminente Comunicación de la Comisión sobre nuevas habilidades para nuevos empleos, en el que se incorporaba una referencia aún más clara, si cabe, que la contenida en la Comunicación de la Comisión “Juventud en movimiento”. 2. Ayer martes, 23 de noviembre, se aprobó por la Comisión la nueva Comunicación sobre “Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», en la que se exponen, según la nota de prensa oficial, “trece acciones clave destinadas a reformar los mercados de trabajo, mejorar las capacidades y ajustarlas a la demanda de los mercados para aumentar la empleabilidad y facilitar el cambio de puesto de trabajo, mejorar las condiciones de trabajo y la calidad del empleo, así como para crear empleo”. A la espera de conocer la traducción oficial española del texto, reproduzco en esta entrada del blog la versión inglesa original del texto aprobado en el que se hace referencia al contrato único, y también las dos versiones anteriores del texto que tuve oportunidad de conocer, para que los lectores y lectoras del blog valoren si ha habido modificaciones de importancia. A mi parecer sí las ha habido, y la acción del gobierno español, y supongo que también de algunos otros gobiernos europeos, habrá contribuido a que el texto finalmente aprobado, sin perjuicio de todas las criticas que puedan formularse a su contenido, se adapte mejor a las diferentes realidades normativas y sociales de cada Estado de la UE. En cualquier caso, a mi parecer el texto sigue siendo incompleto y hubiera debido incorporar alguna referencia al marco normativo propio de cada Estado. De tal manera, una redacción más ajustada a las diferentes realidades normativas y sociales de los Estados de la UE hubiera debido ser (sin entrar ahora a valorar, repito nuevamente, si tiene o no razón de ser la referencia a este contrato único) como mínimo la siguiente: “Pueden explorarse diferentes vías, de acuerdo con el contexto y la normativa propia de cada Estado, como la descentralización de la negociación colectiva o la revisión de los acuerdos contractuales existentes. En algunas ocasiones podría ser conveniente una mayor variedad de modalidades contractuales para responder a las especificidades territoriales y sectoriales. Un posible tema de debate, en los mercados altamente segmentados y teniendo en cuenta el contexto y la normativa propia de cada Estado, podría ser la introducción de un "contrato único, de composición abierta" con un período de prueba suficientemente largo y un aumento gradual de la protección de los derechos de permanencia el acceso a la formación, el aprendizaje permanente y la orientación profesional para todos los empleados”.3. Primera versión del texto. Focusing on the reduction of segmentation in the labour market. “Flexible and reliable contractual arrangements: Focusing on the reduction of segmentation in the labour market; in highly segmented labour markets, one promising avenue for discussion is the introduction of a ‘single, open-ended contract'. This contract would aim to reduce the existing divisions between those holding temporary and permanent contracts; it would gradually improve employment protection rights with tenure (i.e. entitlement to severance pay), until the level of protection of currently existing permanent contracts is reached. Within such a probation period, the single contract could be terminated at a limited and fully predictable cost for firms (i.e. disbursement of severance pay in proportion to the number of months worked), while avoiding appeals to state courts against non-discriminatory dismissals. At the same time, temporary contracts would be limited to specific circumstances, or highly paid jobs.4. Segunda versión del texto. Focusing on the reduction of segmentation in the labour market. Different avenues can be pursued in line with the national context such as the decentralisation of collective bargaining or the revision of existing contractual arrangements. While in some cases greater contractual variety may be needed to answer territorial and sectoral specificities, in highly segmented labour markets, one possible avenue for discussion could be the introduction of a ‘single, open-ended contract' with a sufficiently long probation period and a gradual increase of protection rights with tenure (i.e entitlement of severance pay) until the level of protection of currently permanent contract is reached, access to training, life-long learning and career guidance for all employees.5. Tercera versión (texto de la Comunicación de 23 de noviembre).Focusing on the reduction of segmentation in the labour market. Different avenues can be pursued in line with the national context such as the decentralisation of collective bargaining or the revision of existing contractual arrangements. While in some cases greater contractual variety may be needed to answer territorial and sectoral specificities, in highly segmented labour markets, one possible avenue for discussion could be to extend the use of open-ended contractual arrangements, with a sufficiently long probation period and a gradual increase of protection rights, access to training, life-long learning and career guidance for all employees. This would aim at reducing the existing divisions between those holding temporary and permanent contracts.
Subvenciones para acciones formativas dirigidas a colectivos vulnerables en las Islas Baleares.
La Resolución de 18 de octubre de 2010 abre la convocatoria de subvenciones públicas para programas específicos de formación dirigidos a colectivos vulnerables hacia el mercado laboral y para la presentación de solicitudes de ayudas para transporte, manutención y alojamiento, discapacidad y conciliación cofinanciados por el Fondo Social Europeo. La norma se publicó en el Boletín Oficial autonómico del día 21 del mismo mes, La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación y tiene por finalidad regular la convocatoria de subvenciones para este año y el siguiente al objeto de facilitar la puesta en marcha de programas de formación dirigidos a colectivos vulnerables hacia el mercado laboral, así como también la puesta en marcha de una campaña informativa para que las personas que participen en las acciones formativas puedan solicitar beneficiarse de determinadas ayudas previstas en la norma. La norma conceptúa como colectivos vulnerables a los siguientes grupos: “Colectivo de personas con discapacidad y con especiales dificultades de inserción laboral.Colectivo de personas jóvenes en riesgo de exclusión, entre 16 y 30 años, y con especiales dificultades de inserción laboral.Colectivo de personas con riesgo de exclusión sociolaboral y personas inmigradas con especiales dificultades de inserción laboral.Colectivo de jóvenes con necesidades educativas especiales con dificultades de inserción laboral.Colectivo de mujeres con riesgo de exclusión social con especiales dificultades de inserción laboral.Colectivo de personas con discapacidad por enfermedad mental y con especiales dificultades de inserción laboral”.La partida presupuestaria asignada al efecto es de 2.800.00 euros, con una cofinanciación del 50 % a cargo del Fondo Social Europeo, de los que 2.625.000 euros se destinarán a programas de formación (distribuidos entre 1.706.250,00 para 2010 y 918.750,00 euros para 2011) y la cantidad restante para ayudas y becas (montante en exclusiva asignado para 2011). También hay que indicar que la asignación económica se hará de acuerdo con el número de personas demandantes de empleo en cada isla en el ejercicio de 2009, de tal manera que el grueso del presupuesto corresponderá a Mallorca (77,66 %). Podrán ser beneficiarios de las subvenciones para acciones formativas aquellas entidades sin ánimo de lucro y las administraciones locales y entidades vinculadas “que tengan entre sus fines la formación o inserción profesional de los colectivos de trabajadores vulnerables hacia el mercado laboral”. Dichas acciones deberán dirigirse de forma prioritaria a personas desempleadas, en un porcentaje mínimo del 80 % en el momento en que se inicie la actividad, ya vengan derivadas del servicio de empleo autonómico o de otras entidades que lleven a cabo programas de acompañamiento a estos colectivos en el marco de programas de otras administraciones públicas. La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo para la presentación de solicitudes es de 15 días a partir del siguiente al de publicación. La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 6 meses para dictar y notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada. Las acciones formativas que se desarrollen de acuerdo a lo previsto en el texto ahora objeto de comentario deberán llevarse a cabo a partir del 1 de noviembre y con el límite para su ejecución del 31 de octubre de 2011. Más concretamente las acciones formativas de carácter presencial que son objeto de la convocatoria y para las que pueden presentarse solicitudes de ayudas son las siguientes:“- Los Certificados de profesionalidad y las Especialidades incluidas en el Fichero de Especialidades Formativas del Servicio Público de Ocupación Estatal.- La acción formativa que no tiene un Certificado de profesionalidad vigente y se basa en la formación asociada a una calificación profesional del Catálogo Nacional de las Calificaciones Profesionales.- Acciones formativas dirigidas a la obtención de algún carné o certificación profesional autorizado por la administración competente y no incluidas en el Fichero de especialidades.- Acciones formativas que vayan dirigidas a la obtención de las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento la formación, siempre ligadas a la programación de un certificado de profesionalidad de nivel II o III. Serán programados según el contenido y duración establecido en el Fichero de Especialidades”.La cuantía de la subvención se determinará de acuerdo con el número de horas de la acción formativa, del número de alumnos por curso y del importe del módulo correspondiente.
Publicación en el DOUE de las orientaciones de la UE para las políticas de empleo de los Estados.
El Diario Oficial de la Unión Europea publica hoy miércoles la Decisión del Consejo de 21 de octubre de 2010 relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. Me remito a los comentarios que efectué sobre las mismas en una entrada anterior del blog, de 26 de octubre y recuerdo ahora, únicamente, cuáles son las cuatro orientaciones. Orientación nº7: Aumentar la participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, reducir el desempleo estructural y fomentar el empleo de calidad.Orientación nº8: Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente.Orientación nº9: Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior o equivalente.Orientación nº 10: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
La OIT alerta sobre la retirada prematura de las medidas de estímulo.
Reproduzco en esta entrada del blog, por considerarlo de mucho interés, un fragmento de un documento presentado por la Oficina Internacional del Trabajo en la última reunión del Consejo de Administración de la OIT, que lleva por título "Modelos de recuperación y posibilidades de crecimiento y de empleo, con referencia específica a los países que se proponen aplicar de manera integrada el Pacto Mundial para el Empleo". Sería interesante, y positivo, que los gobiernos lo tomaran en consideración, aunque no sy precisamente optimista al respecto. "Sostenibilidad fiscal y potencial de crecimiento25. Es necesario inscribir el debate relativo a las políticas en el contexto de las pautas que se han previsto para la recuperación y el crecimiento posterior a la crisis. A la OIT le preocupa que se produzca un relajamiento prematuro de las medidas de estímulo monetario y fiscal, inquietud que comparten el FMI y el G-20. En la presentación del documento de referencia para la conferencia conjunta de la OIT y el FMI celebrada en Oslo en septiembre de 2010, se indicaba lo siguiente: «Como estrategia general, las economías más avanzadas no deberían adoptar políticas fiscales más restrictivas antes de 2011, porque su aplicación prematura podría comprometer la recuperación»; en dicho documento se añadía que: «sin duda, la situación fiscal varía de un país a otro, lo cual hace necesario adaptar esta estrategia general en función del espacio fiscal disponible».26. No cabe duda de que la sostenibilidad fiscal es un objetivo importante. La cuestión aún no dilucidada es la de determinar cómo lograr dicha sostenibilidad y en qué plazo. Algunos son partidarios de anticipar el ajuste fiscal, mientras que otros creen que la consolidación fiscal debería postergarse hasta que la recuperación del sector privado se encuentre bien arraigada. A este respecto se han de tener en cuenta varias cuestiones fundamentales.27. En primer lugar, la sostenibilidad fiscal debería contemplarse en el contexto del fomento de un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado. De hecho, el principal factor generador de los déficit fiscales de los países desarrollados no son las medidas de estímulo discrecionales en sí mismas, ni tampoco los planes de rescate para el sector financiero, sino el brusco descenso de los ingresos fiscales tras el hundimiento de la producción en 2008-2009, que a su vez hizo subir la relación (o ratio) deuda pública-PIB. En las economías de altos ingresos que forman parte del G-20, se prevé que el incremento de la relación deuda-PIB entre 2008 y 2015 se sitúe en torno a los 40 puntos porcentuales del PIB. Según se ilustra en el gráfico 6, la mitad de este incremento puede atribuirse a las pérdidas de ingresos. En comparación, la contribución de las medidas de estímulo fiscal es mucho más modesta, al igual que el apoyo de los gobiernos al sector financiero.28. Esto tiende a corroborar la idea de que, a excepción de los países con una relación deuda-PIB muy alta, puede resultar contraproducente retirar de forma prematura las medidas de estímulo, política que tendría una incidencia negativa en el crecimiento. Mas bien, hay que actuar en el ámbito de las políticas relativas al crecimiento y a la demanda agregada. En efecto, si un país puede mantener el crecimiento apoyándose en la inversión y en el aumento de la tasa de empleo y de los salarios e ingresos, entonces podrá mejorar su posición fiscal. A la inversa, si aplica medidas de consolidación a un ritmo demasiado rápido o con demasiada premura, afectará negativamente al crecimiento y por ende a los ingresos fiscales, condiciones que podrían redundar en un crecimiento menor y un déficit fiscal aún más alto.29. En segundo lugar, hay quienes sostienen que los mercados financieros no otorgarán credibilidad a la consolidación fiscal si ésta se pone en práctica de manera gradual o pausada. A esto pueden oponerse dos argumentos. Según el primero, no hay constancia de que los mercados financieros deseen un ejercicio de consolidación fiscal rápida, porque son conscientes de que éste podría retrasar el proceso de recuperación y, por tanto, empeorar la proporción de la deuda pública con respecto al PIB (relación deuda-PIB). El segundo argumento sostiene que en este ámbito la credibilidad y el diálogo social están estrechamente relacionados. Según una hipótesis que cuenta con gran aceptación, cuanto mayor sea la calidad del diálogo social en un país, más creíbles serán sus estrategias económicas. Un buen entendimiento entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores en torno a los objetivos económicos aumenta la credibilidad de las estrategias económicas. Si un país tiene una estrategia creíble, basada en un diálogo social sólido, se reduce la necesidad de proceder a una consolidación fiscal rápida. Así pues, el diálogo social es importante para el desarrollo de estrategias de sostenibilidad fiscal.30. En tercer lugar, la necesidad de estimular la demanda agregada y el riesgo de una retirada prematura de las medidas de estímulo han sido objeto de numerosos debates, y revisten una gran importancia. Sin embargo, los aspectos relativos a la oferta son igualmente importantes y no se han debatido en profundidad: se trata de los efectos que un período de inversión por debajo de la tendencia, sumado a la depreciación del capital humano motivada por las altas tasas de desempleo y subempleo, tiene sobre el nivel de la producción potencial y su crecimiento. Se establece así un círculo vicioso, ya que la tasa de desempleo sigue siendo alta porque anteriormente ya era alta. En otras palabras, el desempleo de larga duración, el desempleo de los jóvenes y el aumento del trabajo precario no sólo imprimen cicatrices permanentes a las personas que los padecen y a sus familias, sino que también provocan daños sistémicos en las economías en su conjunto. Los daños en la vertiente de la oferta pueden estar causados o verse agravados por la aplicación de políticas inadecuadas, como la restricción del crédito, la falta de inversión en la formación profesional y en la formación para la reconversión profesional o la falta de incentivos para la recontratación. Por consiguiente, una política de recuperación adecuada debería prestar atención tanto a la demanda como a la oferta"
Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes d’octubre de 2010.
1. El Ministeri de Treball i Immigració ha publicat avui, dimarts 23 de novembre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’octubre. En una entrada anterior del blog, i en fer el comentari de les dades del mes de juliol de l’any 2008, vaig explicar que únicament incorporaven les dades mitges del mes, però no les dades del darrer dia del mes, a diferència del què s’havia fet en totes les series mensuals anteriors. Es a dir, les dades publicades facilitaven informació sobre l’afiliació mitja del mes i l’afiliació desestacionalitzada, mentre que les dades dels mesos anteriors també incorporaven les xifres d’afiliació de l’últim dia del mes.Des de llavors, les dades detallades d’afiliació de la població estrangera segueixen el mateix criteri; es a dir, solament es publiquen les dades mitges del mes, i per aquest motiu solament podrem efectuar la comparació amb les mitges del mesos anteriors, i no amb les dades de final de cada mes.Feta aquesta puntualització, pel que fa a la població estrangera les dades més destacades són les següents:2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’octubre, hi ha un total de 1.862.073 afiliats, dels quals 686.179 són comunitaris (395.002 homes i 291.176 dones), i 1.175.894 són extracomunitaris (652.263 homes i 523.631 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 1,60 %.Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’octubre de 2009 era de 1.892.298. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 30.225 persones Cal destacar també com a dada significativa el descens important de l’afiliació en el regim general per segon mes consecutiu (27.114), parcialment compensat per l’augment de l’afiliació en el regim agrari (20.262). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 201.704 del mes d’octubre de 2009 als actuals 200.519. Per règims, el 65,39 % pertany al general, el 9,62 % al règim de la llar familiar, el 13,91 % a l’agrari, el 10,77 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes d’octubre de 2009 els següents: el 66,40 % pertanyien al general, el 9,19 % al règim de la llar familiar, el 13,43 % a l’agrari, el 10,66 % al d’autònoms, el 0,27% al del mar i el 0,04% al del carbó.Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (168.299 i 122.651, respectivament), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (31.447 i 22.231), dels romanesos i marroquins en l’agrari (91.023 i 70.653), i dels bolivians i equatorians en el de llar familiar (33.747 i 20.585).Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’octubre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (414.119, 22,24 %), seguida de Madrid (393.613, 21,14 %), Andalusia (215.500, 11,57 %) i la Comunitat Valenciana (195.847, 10,52 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 4.888 persones, un 1,17 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (419.007, 22,14 % %), seguida de Madrid (401.373, 21,21 %), Andalusia (214.436, 11,33 %) i la Comunitat Valenciana (202.286, 10,69 %). Cal destacar, pel que fa a la distribució de la població estrangera afiliada a la Seguretat Social en els diferents sectors d’activitat, que la vigent classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), aprovada pel reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, entrà en vigor el mes de gener de 2.009, i això introdueix algunes modificacions d’importància en relació amb la distribució feta d’acord amb l’anterior CNAE. Destaca al meu parer la divisió de l’anterior “activitat immobiliària i de lloguer, i serveis empresarials”, en “activitats immobiliàries”, “activitats professionals científiques i tècniques”, i “activitats administratives i serveis auxiliars”. En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 267.066 (21,93 %), de les quals 183.529 son no comunitaris, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 201.455 treballadors, un 16,54 % dels quals 137.120 són extracomunitaris, i en tercer lloc es troba el sector de la construcció, tot i la crisi del sector, que ocupa a 167.375, un 13,75 %, dels quals 105.608 són no comunitaris; D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 137.666 treballadors, un 11,31 % del total, dels quals 97.788 són extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.006, 27,43 %), del sector de l’hostaleria (40.193, 20,04 %), i del sector de la construcció (32.631, 16,27 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.650). El mes d’octubre de 2009 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 263.758 persones (20,99 %), de les quals 182.304 eren no comunitaris; el sector de la construcció ocupava a 202.723, un 16,13 %, dels quals 131.294 eren no comunitaris, i el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes ocupava a 202.525 treballadors, un 16,12 % dels quals 131.294 eren extracomunitaris, En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (51.791, 25,68 %), i de la construcció (39.874, 19,77 % del total i amb una participació majoritària dels comunitaris, 29.349). Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (297.236), i els marroquins es situen en la segona posició amb 219.005 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (166.301), seguits dels colombians amb 111.327, dels xinesos amb 82.324, dels bolivians amb 80.419, dels peruans amb 69.984, dels italians amb 63.122, i dels búlgars amb 55.121. Les dades del mes d’octubre de 2009 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (283.176), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 227.491 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (192.977), seguits dels colombians amb 121.915, dels peruans amb 74.953, dels xinesos amb 74.569, dels bolivians amb 70.187, dels italians amb 63.531, i dels portuguesos amb 61.843. La mitja del mes d’octubre d’afiliats estrangers a Catalunya és de 414.119, dels quals 113.784 són comunitaris i 300.334 són extracomunitaris.Per règims, el 76,60 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 8,79 % en el de la llar familiar, el 4,66 % en l’agrari, el 9,77 % en el d’autònoms i el 0,19 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes d’octubre de 2009 eren els següents: el 77,63 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,32 % en el de la llar familiar, el 4,51 % en l’agrari, el 9,35 % en el d’autònoms i el 0,20 % en el del mar.Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (44.110, 27.085 i 26.828, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (7.297, 3.505 i 3.246), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.911 i 4.621), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (9.493 i 4.234). En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 59.861 (18,870 %), dels quals 46.879 són no comunitaris, i el segon correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.947 afiliats (17,32 %), dels quals 40.091 són no comunitaris; el tercer lloc es per als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.623, (12,18 %), dels quals 30.803 són no comunitaris; ocupen el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.971 afiliats (12,60 %), dels quals 31.251 són extracomunitaris. En cinquè lloc robem la indústria manufacturera, amb 37.121 (11,70 %), dels quals 25.959 són no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.244, 25,32 % del total), de l’hostaleria (8.230, 20,34 %) i de la construcció (5.054, 12,496 %). Les dades del mes d’octubre de 2.009 eren les següents: en el règim general de SS, el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 58.312 (17,93 %), dels quals 45.622 eren no comunitaris; el segon lloc era per al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 55.069 afiliats (16,93 %), dels quals 40.622 eren no comunitaris; els afiliats en el sector de la construcció eren 47.424 (14,58 %), dels quals 37.637 eren no comunitaris, i ocupaven el tercer lloc; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 40.020 afiliats (12,30 %), dels quals 31.578 eren extracomunitaris; en cinquè lloc es trobava la indústria manufacturera, amb 39.178 (12,04 %), dels quals 27.816 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (9.396, 23,99 % del total), de l’hostaleria (7.224, 18,44 %) i del sector de la construcció (6.232, 15,91 %).A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (55.642), seguits dels romanesos (35.901), i els equatorians ocupen la tercera posició (32.159). A continuació trobem els xinesos (22.877), dels bolivians (22.266), dels colombians (20.728), dels italians (20.461), dels peruans (17.095), dels francesos (13.381), dels pakistanesos (12.328), dels argentins (12.182), i dels alemanys (7.985). Les dades del mes d’octubre de 2009 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (58.617), seguits dels equatorians (37.968), dels romanesos (34.223), dels colombians (22.115), dels xinesos (20.728), dels italians (20.354) dels bolivians (19.735), dels peruans (18.484), dels francesos (13.605), dels argentins (13.071), dels pakistanesos (11.155), i dels alemanys (8.046).
Apoyo a la realización de obras de interés general y social en la Comunidad Autónoma de Madrid.
La Orden 3757/2010, de 11 de noviembre convoca, para este año, subvenciones en el ámbito de la colaboración con los ayuntamientos de Madrid de menos de 40.000 habitantes para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras de interés general y social. La norma se publicó en el Boletín Oficial autonómico del 12 de noviembre, entró en vigor al día siguiente de su publicación y tiene por finalidad regular la convocatoria de concesión de subvenciones para 2010 para facilitar la realización de obras de interés general y social por determinadas corporaciones locales, mediante la subvención de los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores contratados. En efecto, la norma se dirige a los ayuntamientos de menos de 40.000 habitantes, justificándose tal decisión en la introducción por las características del desempleo en tales municipios, y las dificultades para poner en marcha programas apoyados por las políticas activas de empleo gestionadas por la Comunidad Autónoma y la menor incidencia que tienen entre la población desempleada. Otra característica a destacar es que tendrán prioridad en la contratación aquellos trabajadores que, además de cumplir el requisito previo de encontrarse en situación por desempleo, hayan agotado ya las prestaciones (la norma no concreta cuáles, por lo que cabe entender razonablemente que se refiere a todas las prestaciones a las que pueda tener acceso el trabajador). Igualmente, se pone el acento en facilitar la reincorporación al mercado de trabajo de los trabajadores afectados por la crisis del sector de la construcción y que presenten mayores dificultades para lograrlo, y a tal efecto en el anexo V, que recoge las áreas de actividades prioritarias a las que deberán dirigirse las obras, se incluyen numerosas referencias a ese sector. Por orden de prioridades aparecen en primer lugar las áreas de actividad de ocio y tiempo libre, y de servicios personalizados y asistencia social; en segundo lugar nos encontramos con las de gestión del medio ambiente y de nuevas tecnologías de la información; por último, aparecen las áreas de servicios de utilidad colectiva y de revalorización de espacios públicos urbanos. La partida presupuestaria habilitada al efecto es de 8.000.000 euros, previéndose su posible ampliación si se redistribuyen las cantidades asignadas a diversos programas de empleo cuya gestión se encuentra territorializada por Comunidades Autónomas, con una cofinanciación del 50 % a cargo del Fondo Social Europeo. El número de contrataciones cuya subvención puede solicitarse está determinado por razón del número de habitantes de la localidad, yendo desde 10 en los de más de 10.000 vecinos a 3 en los de menos de 1.000 habitantes.La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo para la presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir del siguiente al de publicación. La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 6 meses para dictar la resolución, a contar desde la publicación de la norma, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada, previéndose un plazo adicional de 10 días para notificar la resolución. Está por ver como se combina la posible aplicación de ese plazo máximo de 6 meses con el hecho de que los proyectos subvencionados, según dispone el artículo 4, “tendrán como fecha límite de inicio el día 31 de diciembre de 2010”, y que la fecha de finalización será obligatoriamente el 30 de junio del próximo año. Para valorar las solicitudes presentadas se tendrá en consideración el mayor interés general y social del proyecto de obras, el mayor nivel de inserción laboral y/o la existencia de un plan de inserción, el encuadramiento del proyecto en alguna de las áreas de actividad prioritarias antes referenciadas, y el mayor grado de cofinanciación del proyecto (ya se trate de las acciones complementarias de formación, ya de los costes materiales de ejecución del proyecto). En un supuesto límite de empate en la valoración, después de haber aplicado todos los criterios de baremación, la norma dispone que se aplicará el criterio de la fecha y hora del registro de entrada de la solicitud.

References: Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 4