Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20100909&secondRef=ITEM-007&language=ES&ring=P7-RC-2010-0484
Timestamp: 2013-05-23 03:57:06+00:00

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Debates - Jueves 9 de septiembre de 2010 - Explicaciones de voto
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Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010) Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Señor Presidente, (…) un avance hacia una mayor comprensión, por parte de los ciudadanos de la UE, de los textos que adoptamos. Es mucho lo que queda por hacer, pero es importante que adoptemos estas decisiones de manera constante.
Está claro que debemos encontrar un modo de equilibrar los dos sistemas legales diferentes: el sistema anglosajón y el sistema continental basado en el Derecho romano.
El pasaje que se refiere a las evaluaciones de impacto es, no obstante, importante también. Se trata de un pasaje vital, que debe tener su reflejo también en los Derechos nacionales. Sobre éstos debo señalar que presentan defectos significativos. Será necesario recuperar pronto este asunto, y creo que lo haremos con rapidez. Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, una legislación sencilla y clara que los ciudadanos puedan comprender es algo extremadamente importante para que se produzca la aceptación de la Unión Europea por parte de la ciudadanía. La simplificación del proceso legislativo europeo debería ser por tanto una de las principales preocupaciones de las instituciones europeas. Un aspecto muy importante de esto es la reducción de las cargas administrativas sobre nuestras empresas. Esto supondrá un impulso renovado para el desarrollo económico y la innovación. Sin embargo, a Europa no siempre se la encuentra donde se supone que debería estar, al menos esa es la experiencia que he tenido en mi país. La Comisión debe tratar de garantizar que los Estados miembros promulgan normativas que no van más allá de los requisitos europeos. Daniel Hannan (ECR). - Señor Presidente, hay momentos en esta Cámara en que el orden del día va más allá de la parodia. El informe sobre «legislar mejor» procede de las mismas instituciones que han convertido esta parte del mundo en el bloque con mayor cantidad de normativas y menos competitivo del planeta, las que nos trajeron la pesadilla burocrática de la política agrícola común y el desastre ecológico de la política pesquera común.
No obstante, trataré de ser constructivo. He aquí una idea para legislar mejor: tratemos de no ser declamatorios cuando promulgamos legislaciones. Tratemos de no utilizar los estatutos de esta Cámara como un modo de mostrar que somos personas simpáticas, que nos preocupamos por el desempleo, por la población romaní, por las horas de jornada laboral o por lo que sea. La intervención de mano dura por parte del Estado no suele ser la mejor manera de resolver los problemas. Nos iría muchísimo mejor si hiciésemos posible que las decisiones se adoptaran con la mayor cercanía posible a las personas a las que afectan.
Por tanto, mi modesta propuesta para legislar mejor es que cerremos este Parlamento durante los próximos seis meses a modo de prueba y que no aprobemos legislación alguna. Veremos si nuestros electores se quejan o no. Propuesta de resolución (B7-0492/2010) – Propuesta de resolución común (RC-B7-0493/2010) Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Hoy celebramos en Eslovaquia una jornada conmemorativa en memoria de las víctimas del Holocausto. En el Estado eslovaco más de 100 000 judíos, romaníes, homosexuales y disminuidos físicos fueron deportados a campos de concentración. Precisamente por este motivo he apoyado hoy esta propuesta de resolución —de la que, por mera coincidencia, he sido el traductor—, porque considero extremadamente importante que el Parlamento Europeo manifieste que no queremos algo parecido en Europa, ni hoy ni en el futuro. Europa tuvo que sufrir dos grandes guerras y, ahora que Francia ha comenzado las deportaciones a gran escala de gitanos rumanos de vuelta a au país, ya es hora de mostrar que estas cosas sencillamente no son aceptables para nosotros, y la votación de esta propuesta de resolución ayudará a enviar ese mensaje. Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los diputados al Parlamento que han apoyado nuestra resolución. Joe Higgins (GUE/NGL). - Señor Presidente, he apoyado la resolución, que tiene como uno de sus signatarios al Grupo de la Izquierda Unitaria.
Al discriminar y expulsar a la comunidad romaní de Francia, el Presidente francés Sarkozy y su Gobierno han hecho gala del más repugnante de los cinismos. Esto no es sino el uso grosero de una comunidad minoritaria de personas oprimidas para desviar la atención de las desastrosas políticas económicas y sociales
Las políticas de Sarkozy han tenido como resultado un desempleo masivo en Francia y la marginalización de muchas comunidades de clase trabajadora. En la actualidad el gobierno del señor Sarkozy está atacando sistemáticamente las condiciones de vida de los trabajadores franceses y está atacando los derechos a las pensiones de los ciudadanos de su país. El señor Sarkozy y su gobierno son agentes de la burguesía francesa y de las grandes empresas internacionales, y están tratando desesperadamente de usar a una comunidad vulnerable como chivo expiatorio para distraer la atención de su enorme impopularidad.
Aplaudo a las decenas de miles de franceses que se manifestaron en contra de esta política el sábado pasado, y hago un llamamiento a los trabajadores galos para que ejerciten su formidable tradición de solidaridad —con todas las comunidades minoritarias y con los trabajadores uniéndose en defensa de los derechos humanos y civiles y de un futuro mejor— y que no se dejen engañar por este ejercicio de cinismo. Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Ante todo he votado a favor de la resolución de mi propio grupo político porque propone soluciones y no la estigmatización de una opción política. Por desgracia, esta propuesta de resolución no lo hace.
En cuanto a la propuesta de resolución presentada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y de quienes simpatizan con sus políticas, he votado a favor de algunos puntos del texto que encuentro constructivos, principalmente la enmienda oral que apoya la ausencia de vínculos entre la situación de la población romaní en Europa y la integración de Rumanía en el área Schengen.
También he votado a favor de la segunda parte del punto 10, que pide una mayor coordinación horizontal para responder a este tipo de situaciones en el futuro; y de la segunda parte del punto 16, que anima tanto a la Comisión como a los Estados miembros a respetar los derechos de la población romaní y su aplicación.
Asimismo he votado a favor del preámbulo L, que indica la necesidad de una mejor representación de la población romaní en las estructuras gubernamentales y en la administración pública de los Estados miembros. Sin embargo, no podía votar a favor de toda la propuesta de resolución porque me parece demagógica. Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) La migración externa es un problema fundamental para Europa. Cada año 900 000 inmigrantes nuevos llegan a Europa. La cuestión de los romaníes es un problema interno para Europa, ya que la migración de población romaní entre los Estados miembros se cuenta no en cientos de miles de personas, sino en miles. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea un problema grave.
Apoyo la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de la población romaní en Europa. Considero positivo que defina este problema como un problema de toda Europa. El problema de la población romaní no puede ser resuelto eficazmente de manera aislada. Es necesario que la solución cuente con recursos europeos y con conocimientos especializados europeos, especialmente en los países con una población romaní considerable.
La migración y la repatriación de los romaníes no deben convertirse en un asunto político. Los derechos de las minorías no deben ser vulnerados. Sin embargo, los derechos y las obligaciones deben aplicarse no sólo a los Estados miembros, sino también a las propias minorías. Tunne Kelam (PPE). - Señor Presidente, he votado a favor de la resolución del PPE porque el texto de esta resolución ofrece una solución constructiva e integral europea para el problema de una mejor integración social de los romaníes.
En lugar de utilizar su grave situación social y económica como un instrumento para llevar a cabo ataques con motivación política contra determinados gobiernos respetuosos con las leyes como los de Francia e Italia, el PPE propone una estrategia europea para los romaníes.
Desplazar el problema de un Estado miembro a otro no nos ayuda a encontrar los recursos necesarios. La única manera de hacerlo juntos es bajo el espíritu de un enfoque constructivo. Jens Rohde (ALDE). - (DA) Señor Presidente, en el Partido Liberal Danés hemos decidido votar a favor de la propuesta de resolución común sobre los romaníes, no porque no pensemos que el lenguaje de muchas partes de la resolución tiene una carga emotiva excesiva ni que sus ataques carecen de fundamento, sino más bien porque creemos que existe una razón para cuestionar el modo en que Francia ha decidido repentinamente expulsar a los romaníes. A este respecto, no pensamos que haya nada que investigar en relación con las deportaciones de Dinamarca o de Alemania. Dinamarca se ha ceñido al manual, y si Alemania no puede enviar a su hogar a los refugiados de una guerra que ha terminado, entonces el concepto del estatus de refugiado se habrá perdido y tendremos un estatus legal completamente nuevo en el mundo. He de señalar que la lucha del Partido Liberal de Dinamarca contra las críticas injustificadas de Dinamarca y Alemania ha sido desagradablemente solitaria. Ni los socialdemócratas ni el partido socialista nos han apoyado. No, ellos prefieren que su país y su vecindario estén sacudidos por una controversia para la que no hay justificación documental. Honestamente creo que resulta vergonzoso. Quiero acabar haciendo hincapié en que el último vestigio explícito de la denominada crítica de Dinamarca y Alemania ha desaparecido definitivamente durante la votación de hoy. Gerard Batten (EFD). - Señor Presidente, no he votado a favor de ninguna de estas resoluciones porque, por una cuestión de principio, no reconozco la legitimidad democrática de la Unión Europea, y jamás lo haré.
Sin embargo, por descontado las naciones soberanas deberían tener derecho a decidir quién puede y quién no puede entrar en sus territorios, y de qué manera. Los Estados de la UE han renunciado a ese derecho al reconocer la supremacía del Derecho comunitario, y en concreto al adoptar la Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación de personas.
Los franceses no pueden jugar a dos bandas. No pueden ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea y luego discriminar a los gitanos rumanos.
Si a los franceses no les gusta esto, les recomiendo que adopten la política del Partido por la Independencia del Reino Unido, que propugna la salida de la Unión Europea y la recuperación de su soberanía. Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Por medio de la adopción de la propuesta de resolución sobre los ciudadanos romaníes, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han reconocido, correctamente en mi opinión, su responsabilidad en la situación de los romaníes en la Unión Europea. Basándome en la experiencia que he tenido en mi propio país, no obstante, quiero señalar que, al buscar soluciones eficaces para la integración de los ciudadanos romaníes, no basta con proporcionar ayuda financiera o bienes materiales con la intención de mejorar su situación material. Es mucho más importante enseñar a los ciudadanos romaníes que mantener un estándar de vida exige un esfuerzo considerable para obtener la mejor educación posible y conservar un trabajo permanente. Solamente a través de la educación y de la integración social podrán los ciudadanos romaníes liberarse de la carga de una imagen deshonrosa en nuestra sociedad. Será una tarea complicada, y espero que podamos llevarla a cabo. Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, he votado a favor de que exista una igualdad de derechos para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esto incluye a los núcleos romaníes.
Comprendo que algunos, por ejemplo en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), consideran que esta propuesta de resolución es una herramienta de acción política contra Francia. Es bastante cierto que debemos ver las cosas de tal modo que no pongamos en práctica las políticas como herramientas, sino que, debido a que la Unión Europea es una comunidad de valores, mostremos que estamos verdaderamente comprometidos con la noción de que debemos hacernos responsables de nuestros grupos de población más vulnerables.
Sabemos que en la actualidad la población romaní presenta unos bajos niveles de participación social en muchos países europeos, y por eso la resolución de este problema es un reto compartido por los europeos, por los ciudadanos de la Unión Europea. Mientras no nos ocupemos adecuadamente de la situación de los romaníes dentro de la Unión Europea, careceremos de credibilidad para hablar de derechos humanos fuera de la UE.
Espero que esta voluntad sea interpretada como una acción concreta en el Parlamento Europeo. El Parlamento, en efecto, ha organizado varios proyectos piloto a pequeña escala que intentan fomentar la integración de los romaníes en la sociedad, por medio de la educación y demás. Sin embargo, a veces parece que esta Cámara no proporcionará dinero de su presupuesto para proyectos de ese tipo, sino que prefiere entregárselo a Grecia o a cualquier otro país, o incluso a países de fuera de la Unión.
Debemos resolver la cuestión de los romaníes dentro de la Unión Europea, de una vez y para siempre. Eso significa que tendremos que mostrar credibilidad y los valores básicos de comportamiento que rigen la actuación de la Unión Europea. Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Señor Presidente, he escuchado con atención lo que ha dicho el señor Takkula, pero en realidad han sido abiertas grandes líneas de crédito por valor de varias decenas de miles de millones de euros, de los que hasta la fecha tan sólo han sido gastados nueve millones de euros
Con esta propuesta de resolución, creo que el señor Sarkozy y el señor Hortefeux, el ministro francés de Interior, —quienes, no obstante, fueron una vez miembros de este Parlamento— recogen hoy lo que han sembrado. Apoyaron la apertura de nuestras fronteras; firmaron esos tratados; en ocasiones incluso los redactaron o los promovieron; y ahora deben darse cuenta de que las frágiles barreras levantadas —las soluciones temporales que sólo permiten a los romaníes venir a establecerse en Francia después de 2013— se han ido a pique.
En conclusión, lo que me parece más desagradable de las actitudes de nuestros colegas es que, con el pretexto de luchar contra la discriminación, de hecho ponen en práctica una discriminación —o estigmatización, por usar su expresión— sistemática de las poblaciones indígenas mayoritarias. Está muy bien defender a las minorías, pero ¿no creen que en ocasiones pueden producirse problemas —culturales, de comportamiento o de otro tipo— en la conducta de esas minorías que de hecho impide su integración? ¿No haríamos un servicio a esas minorías si fuésemos honestos y pusiéramos también esos problemas sobre la mesa? Sin que sirva de precedente. Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, me asombra la frivolidad con la que la Izquierda en esta Cámara hace malabarismos con términos como «expulsiones colectivas», cuando estamos hablando de unos expedientes en Francia que son evaluados de manera individual, caso por caso, y que afectan a personas que han recibido ayudas para el regreso voluntario a su país de origen. Un Estado miembro tiene en efecto el derecho y la obligación de hacer cumplir las normas de un país gobernado por el Estado de Derecho, y actuar contra la inmigración ilegal y el problema actual. De cualquier manera, una clave importante para resolver los problemas obra en poder de las propias comunidades romaníes. Me gustaría mencionar un informe del ex ministro holandés de Vivienda, Comunidades e Integración, el señor Van der Laan, un socialista, quien entre otras cosas afirma que, entre los romaníes la tasa de delitos es desproporcionadamente elevada, el absentismo escolar es altísimo y se obliga a los niños a mendigar y a delinquir. Con esa actitud, de acuerdo con el socialista Van der Laan, los romaníes se autoexcluyen de la sociedad holandesa. Por tanto, hay mucho por hacer. Señor Presidente, sé que no resulta popular decir esto en este Parlamento, pero los romaníes, al igual que el resto de personas, no sólo tienen derechos sino también obligaciones. Mario Borghezio (EFD). – (IT) Señor Presidente, Señorías, no hemos votado a favor de la propuesta de resolución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), que decididamente es más equilibrada, debido a un punto clave que quiero destacar. La petición a la Comisión Europea, a Europa, de que acelere el proceso para integrar a Rumanía y a Bulgaria en el área Schengen.
Creemos —y ya hicimos sonar esta alarma en el momento de la ampliación— que estos países aún no han adoptado unas políticas de control estrictas para el asunto de los documentos de identidad y el reconocimiento de la nacionalidad.
¿Son conscientes la Comisión y el Parlamento de que en esos países es posible obtener con gran facilidad certificados de países no europeos que, gracias a la libre circulación, posibilitan la entrada ilegal en el área Schengen? Debemos prestar mucha más atención a este asunto, y es del todo irresponsable no haberlo hecho ya, y alentar la ampliación del área Schengen, algo contrario al sentido común.
Por último, quiero expresar mi esperanza de que, cuando nos reunamos de nuevo, al menos uno de los europarlamentarios benefactores que tanto apoyan a los romaníes nos informe de que ha adoptado —se lo pueden permitir, con su salario de diputados al Parlamento— a una simpática familia romaní y que está alimentando a unas cuantas bocas más. No es difícil demostrar con acciones, en lugar de sólo con palabras, que se es un benefactor. Anna Záborská (PPE). – (SK) No he apoyado la propuesta de resolución aprobada, porque creo que no contribuirá a dar una solución al tema de los romaníes en Europa, y al mismo tiempo agriará la atmósfera política entre los Estados individuales de la Unión Europea. Nuestra incapacidad para resolver los problemas de la comunidad romaní puede resumirse en una frase: sabemos qué no queremos, pero no sabemos qué queremos. No queremos que se castigue a nadie por las ofensas de otros solamente porque ambos pertenecen al mismo grupo étnico. Sin embargo, tampoco queremos que algunas personas piensen que la ley no puede aplicárseles a ellos. No queremos obligar a nadie a renunciar a su cultura, pero tampoco queremos tolerar violaciones de los principios fundamentales de coexistencia en nombre de la identidad étnica. El Gobierno francés sabe que no lo quiere. Mientras no infrinja la ley, no hay argumentos para el reproche. Si ha vulnerado la ley, los tribunales deberán tomar una decisión al respecto. Y un comentario breve sobre la reunión de esta semana en París: me encantaría que los países que se espera van a proporcionar una solución positiva para el tema de los romaníes fuesen los primeros en ser invitados a este tipo de encuentros. Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Señor Presidente, la propuesta de resolución que obtuvo la mayoría de votos en el Parlamento también contó con el mío. La resolución versa sobre un aspecto esencial de la ley, que deja muy claro que no se puede vincular una sanción a la nacionalidad. La responsabilidad siempre debe ser de naturaleza individual, y ese es un principio fundacional del Derecho. La población romaní debe ser tratada del mismo modo que los demás ciudadanos de la Unión. Esto también significa que los romaníes están sujetos a la ley, y que si la vulneran deberán asumir la responsabilidad de igual manera que todos los demás. No podemos tolerar una situación en la que la nacionalidad sea invocada como una razón para quedar exento de la responsabilidad en caso de infringir la ley. La cuestión es que la nacionalidad nunca debería ser el fundamento para decidir qué sanciones son impuestas, porque las sanciones siempre deben ser decididas de forma individual. Propuesta de resolución (B7-0491/2010) Marian Harkin (ALDE). - Señor Presidente, tan sólo quiero decir que apoyo totalmente la moción sobre el cuidado a largo plazo de las personas de edad avanzada.
Dada la actual situación demográfica, la cuestión del cuidado a largo plazo de las personas de edad avanzada es decididamente un problema europeo, y pese a que en gran medida es responsabilidad de los Estados miembros, no obstante, debido a la naturaleza y a la magnitud de la situación, se trata de un problema europeo y como tal ha sido reconocido.
Una de las cuestiones destacadas en la resolución que apoyo plenamente es la necesidad de tener en cuenta las necesidades de los cuidadores informales. Ellos ofrecen una proporción significativa de los cuidados que las personas de edad avanzada precisan. Los Estados miembros deben adoptar medidas prácticas para apoyar y proteger este recurso inestimable, y deben hacerlo por medio de la formación, la atención temporal y otras medidas que les permitirán reconciliar la vida profesional y familiar.
Otro punto de la resolución que quiero destacar es el que pide que se establezcan garantías en los Estados miembros para proteger los derechos fundamentales de las personas que reciben cuidados a largo plazo, y no me refiero únicamente a que se pongan en marcha esas garantías, sino que los Estados miembros garanticen su cumplimiento y su conformidad con los criterios de calidad para la prestación de servicios. Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señor Presidente, en relación con la propuesta de resolución sobre cuidados a largo plazo para personas de edad avanzada, quiero expresar mi pleno apoyo a la atención que se presta a este asunto. A la vista de los cambios demográficos desfavorables que están afectando a Europa, resulta esencial actuar de inmediato en este ámbito. Además de ayudar a las personas de edad avanzada a mantenerse activas y de garantizarles unos cuidados apropiados, no debemos olvidar a las personas que proporcionan esos cuidados. A menudo son personas que carecen de otra ayuda, porque además de cuidar a una persona de edad avanzada también deben trabajar. No resulta sencillo conciliar esas dos funciones. Estoy pensando en las familias que residen en áreas rurales, que en la mayor parte de los casos asumen el cuidado de los miembros de la familia enfermos. La situación legal de esas personas debería ser regulada. Esto alentará a otros a cuidar de las personas de edad avanzada, que desean envejecer con dignidad. Pienso que todos lo querríamos. Propuesta de resolución común (RC-B7-0484/2010) Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, en mi opinión esta propuesta de resolución por desgracia es unilateral. Cuando consideramos la situación en Oriente Medio, debemos recordar que allí hay un Estado democrático con el que Europa comparte sus valores: Israel. La democracia, los derechos humanos y la libertad de opinión son valores importantes allí.
Debido a esto, es importante que, cuando nos centramos en la situación de esta región, también consideremos la situación general, y no tratar de dañar, de un modo o de otro, a la única democracia de la zona.
Por desgracia, esta imagen fue evocada cuando se debatió la situación del río Jordán. Todos sabemos que los recursos hídricos de la región son limitados. También sabemos que, al implantar sistemas de irrigación y de recogida de agua, Israel ha hecho todo lo posible para garantizar que los habitantes de la zona tengan acceso al agua tanto en Israel como en los denominados territorios palestinos, y que la agricultura sea posible allí.
Confío en que nuestra actitud será constructiva. Esperemos que se produzcan progresos en el frente de paz como resultado de las negociaciones que están en curso. Nuestra actitud hacia esta región debe ser constructiva y solidaria, y no de culpar a Israel. Explicación por escrito Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0215/2010) Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) ¿Cómo no votar a favor de un informe con un título como este? ¿Cómo no poner de relieve la necesidad de elaborar una legislación que sea simple, transparente y comprensible para los ciudadanos europeos? Para ser más precisa, apoyo plenamente este informe de propia iniciativa del Parlamento, en primer lugar, porque debemos esforzarnos constantemente para crear una legislación mejor y, en segundo lugar, porque pone de relieve una serie de cuestiones de gran importancia. Una de ellas son las evaluaciones de impacto de la Comisión Europeas, cuya independencia y fiabilidad deben garantizarse. Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − (LT) Legislar mejor se ha convertido en un requisito previo para el funcionamiento eficaz de la Unión Europea y, de hecho, esto puede desempeñar un papel importante a la hora de poner fin a la crisis económica y para conseguir que haya crecimiento económico. Es necesario que las actividades de las instituciones satisfagan las expectativas de los ciudadanos, las empresas que operan en el mercado interior y el gobierno nacional y local, así como para garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos. Yo apoyo las disposiciones establecidas en la resolución, señalando que tenemos que apoyar el proceso de mejora de la legislación para aumentar la transparencia, la eficacia y la coherencia de la legislación de la Unión Europea. Como institución que tiene competencias para la iniciativa legislativa, la Comisión tiene un papel clave en este proceso, en la redacción de propuestas legislativas de alta calidad, en la reducción de las cargas administrativas y de los costes para las empresas y en la cooperación con los Estados miembros con el fin de garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE. Carlos Coelho (PPE), por escrito. − (PT) Esta iniciativa trata de analizar la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, asegurándose de que esos principios son respetados en las propuestas de la Unión Europea. La subsidiariedad es un concepto dinámico y evolutivo que permite ampliar las acciones de la Unión Europea en caso de ser necesarias y que las limita cuando dejan de estar justificadas.
La proporcionalidad es un punto de partida para el ejercicio de los poderes de la Unión Europea, tanto los exclusivos como los compartidos, que no debe superar o que es necesario con el fin de lograr unos objetivos. Destacan dos grandes innovaciones en este ámbito: la creación del Comité de Evaluación de Impactos, y el hecho de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que confiere una función importante a los parlamentarios nacionales a la hora de juzgar el modo en que estos dos principios son aplicados: ex ante el control político, lo que puede llevar a una revisión o a una posible retirada de la propuesta, o ex post el control judicial, con un recurso ante el Tribunal de Justicia si se considera que estos principios han sido violados. Este sistema de evaluación permite a la Unión legislar mejor, analizar y justificar sus propuestas, y hace posible que la Unión mejore la calidad, la precisión y la transparencia. Aplaudo el hecho de que el sistema de evaluaciones de impacto funcione correctamente, y respaldo el refuerzo del proceso de análisis. Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) –El informe de la señora Geringer de Oedenberg se ocupa principalmente de la evaluación de los informes número 15 y 16 de la CE sobre la mejora de las normativas que abarcan los años 2007 y 2008, el tercer estudio estratégico sobre la mejora de la normativa, de enero de 2009, y el Programa de Actuación para la Reducción de las Cargas Administrativas, de octubre de 2009. La ponente busca un refuerzo mayor de la subsidiariedad y de la proporcionalidad como los requisitos fundamentales del Derecho comunitario con el fin de permitir a los Estados miembros ejercer sus propios poderes legislativos y tratar de garantizar que las expectativas de sus ciudadanos están cubiertas. Sin embargo, en lo que se refiere a la cuestión de juzgar el impacto de la legislación y la reducción de las cargas administrativas, es preciso esforzarse más. El informe destaca el hecho de que el 32 % de las cargas administrativas en la UE están causadas por la aplicación excesivamente rigurosa del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros, lo que excede los requisitos de la legislación europea.
En los Estados miembros nuevos es frecuente detectar estos males. Aplaudo el hecho de que se haya hecho referencia a las nuevas oportunidades para la Iniciativa Ciudadana Europea. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los ciudadanos de la Unión Europea tienen la oportunidad de, por primera vez en mucho tiempo, participar activamente en la creación de las leyes europeas. El informe en su conjunto es una contribución a nuestra actividad legisladora y estoy a favor de su aprobación. Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor del informe sobre legislar mejor porque defiendo la necesidad de crear para los europeos una legislación que sea sencilla, transparente y comprensible. Sin embargo, es importante asegurarnos de que las cargas administrativas se reducen y de que los impactos económicos, sociales y ambientales de todas las propuestas nuevas de la Comisión son evaluadas con detenimiento por parte de un organismo independiente que debe rendir cuentas ante el Parlamento. Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Apoyo totalmente la iniciativa en marcha para desarrollar legislación para los europeos que sea sencilla, transparente y comprensible. A pesar de las declaraciones bienintencionadas, de los estudios rigurosos y de los informes de numerosas instituciones, la verdad es que la legislación europea continúa adoleciendo de los males que son denunciados con frecuencia: volumen excesivo, complejidad inadecuada, ininteligibilidad, y una cadena de remisiones.
Este hecho no sólo distancia a los europeas de las decisiones adoptadas a escala europea, sino que también alimenta el debate —no siempre demasiado razonable ni riguroso— en torno a la intrusión europea en asuntos sobre los que no legislaría o que no juzgaría si se registrara un cumplimiento más cuidadoso de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Así, esta resolución va bien encaminada. José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) Esta resolución aborda el tema de «legislar mejor», que abarca los principios de subsidiariedad y proporcionalidad que son indispensables para el buen funcionamiento de la Unión Europea, e incluye, por ejemplo, la necesidad de realizar evaluaciones de impacto del proceso legislativo con el fin de simplificar y codificar la legislación existente, así como para reducir los costes administrativos derivados de la legislación europea en un 25 % en 2012.
Los aspectos más importantes de este ámbito son la iniciativa de los ciudadanos europeos introducida por el Tratado de Lisboa, que permite a los ciudadanos participar de forma activa en el proceso de creación de leyes europeas, el hecho de que el Parlamento Europeo ahora está en pie de igualdad con el Consejo en el proceso legislativo ordinario, y la inclusión de los parlamentos nacionales en la supervisión de la aplicación del principio de subsidiariedad. En este contexto, de conformidad con el artículo 225 del Tratado de Lisboa, y porque creo que es un ejemplo de «legislar mejor», he propuesto, en un informe de propia iniciativa, la elaboración de una directiva específica relativa a los biorresiduos que se adoptó por mayoría en esta Cámara en julio, a la que espero que la Comisión responda en breve. Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Reconozco la importancia de una legislación clara, de unas cargas administrativas reducidas para las empresas, de la unos estudios de impacto de calidad, del hecho de que deberían ser tenidos en cuenta (lo que no siempre parece ocurrir, más bien lo contrario) y, por encima de todo, del cumplimiento estricto de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, a los que debe estar sujeto cualquier acto político que salga de Bruselas. Por otra parte, me parece lamentable que, pese a que el informe señala repetidamente hacia el exceso de legislación por parte de los Estados miembros, no menciona una información de gran interés que aparece en la exposición de motivos. De los miles de actos legislativos en vigor, sólo 72 han impuesto 486 obligaciones de información, teniendo como resultado más de 10 000 actos de aplicación en los Estados miembros. Me parece que esta información revela exactamente lo contrario: que las raíces del problema están en la hiperregulación por parte de la Comisión. Más fundamentalmente, me pregunto si existe un respeto, aparte del meramente formal, por el principio de subsidiariedad, en torno al cual los Tratados crean áreas en las que la Unión Europea tiene la competencia exclusiva y no pueden ser cuestionadas en absoluto, mientras que en otra áreas parece que algunos parlamentos nacionales siguen siendo incapaces de ejercer plenamente sus derechos sobre el particular. Eija-Riitta Korhola (PPE), por escrito. − (FI) El filósofo Schopenhauer dijo que debemos utilizar palabras normales para decir cosas extraordinarias. Muchas personas, en especial políticos y legisladores, hacen justo lo contrario, probablemente sin ser conscientes de ello. Por esta precisa razón, el análisis continuo de la práctica legislativa y su mejora siempre serán cruciales para el trabajo de la Unión Europea. He votado a favor del informe de la señora Geringer de Oedenberg sobre legislar mejor porque plantea asuntos importantes sobre cómo se puede mejorar la legislación. En primer lugar, el Parlamento debe recordar su propia responsabilidad: con demasiada frecuencia, la búsqueda de atención por parte de los legisladores de la UE ha llevado a una situación en la que una directiva viable queda empantanada con enmiendas detalladas durante el debate parlamentario. Según el precepto de Schopenhauer, una legislación simple y transparente no tiene por qué ser inferior en términos de contenido: la complejidad y la casuística a menudo son un modo de maquillar la ausencia de ideas. En segundo lugar, deseo plantear el asunto de las evaluaciones de impacto de la legislación. Unas pocas iniciativas legislativas importantes, como la historia de la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión, han demostrado que existen defectos graves en las evaluaciones de impacto. Hay que ser precisos, especialmente en la redacción de legislación ambiental: un problema resuelto en un lugar puede generar un problema nuevo en otra parte. Como afirma la resolución, la Comisión debe consultar a las partes interesadas con regularidad y llevar a cabo una evaluación exhaustiva. Opino que la prueba para pyme puesta en marcha por la Comisión en sus directrices internas es un proyecto digno de aplauso. En tercer lugar, debemos ser conscientes de que las autoridades nacionales a menudo resultan de vital importancia para aligerar las cargas administrativas. Procedo de un país en el que la maquinaria oficial es tan meticulosa en la aplicación de los estatutos que frecuentemente genera cargas adicionales. La responsabilidad de los Estados miembros a este respecto no puede ser ignorada. Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El único mérito de este texto es pedir una ampliación del período de consulta con los agentes sociales sobre las propuestas legislativas de la Comisión. El resto es atroz: aplaude el trabajo del grupo presidido por el señor Stoiber, un club de hombres de negocios que abogan por la desregulación con el pretexto de reducir las cargas administrativas; propone restringir el derecho la Iniciativa Ciudadana, un instrumento mezquino que el Tratado de Lisboa regala a los pueblos soberanos; y confirma el período de ocho semanas para recibir las opiniones de los parlamentos nacionales sobre las propuestas de la Comisión.
Además, pese a que el texto insiste en la necesidad de que la legislación europea sea comprensible, no muestra preocupación alguna por el hecho de que la mayor parte de los documentos de la Comisión y de los grupos de trabajo solamente estén disponibles en inglés. ¿Qué más podemos esperar de una asamblea en la que el grueso de los miembros no exige el derecho a ser un auténtico parlamento? Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) El hecho de que los temas de los que se ocupa la UE sean tan complejos significa que, en la mayoría de las ocasiones, la legislación está excesivamente elaborada y, en consecuencia, la gran mayoría de los ciudadanos europeos no la entienden lo suficiente. Ese es el motivo por el que es necesario elaborar una legislación sencilla, transparente y comprensible para los europeos de todos los Estados miembros. Al mismo tiempo, para hacer frente a la crisis que atravesamos actualmente, es preciso encontrar mecanismos que reduzcan significativamente los costes del proceso legislativo de la UE, de modo que podamos ser los primeros en dar ejemplo en lo que respecta al uso del presupuesto de la UE. Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Este informe reivindica que la función de los parlamentos nacionales sea reforzada por el Tratado de Lisboa, pero de hecho los Estados miembros han tenido que renunciar a más competencias aún ante Bruselas. También se producen situaciones de facto en la vida cotidiana que demuestran que sigue habiendo problemas en la esfera legal transfronteriza.
Por ejemplo, en el caso de los divorcios cuando las parejas son ciudadanos de dos Estados miembros diferentes, donde algunos de los Estados miembros al menos pueden acordar la regulación de los poderes otorgados a los tribunales ordinarios; o en el ámbito de las evaluaciones de impacto ambiental europeas, donde los Estados miembros han retrasado la implementación con el fin de evitar este requisito para proyectos de gran tamaño como la ampliación de la central nuclear de Temelin. Bien, puede parecer sensato elaborar una evaluación de impacto, y el objetivo de reducir los costes administrativos y de simplificar la ley también merece un aplauso, pero la UE lleva haciendo esto desde hace años y los ciudadanos y las empresas han visto muy pocos resultados. No es probable que este informe vaya a cambiar esta situación, motivo por el que me he abstenido en la votación. Rolandas Paksas (EFD), por escrito. − (LT) He votado a favor del informe sobre legislar mejor porque considero que legislar mejor es un requisito previo para el funcionamiento eficaz de la Unión Europea, uno de los derechos de nuestros ciudadanos que no puede ser alcanzado sin unas leyes claras que puedan ser comprendidas por el gran público. Mejorar las normativas de la Unión Europea implica distintas facetas, como llevar a cabo evaluaciones de impacto, reducir las cargas administrativas y simplificar y codificar la legislación existente. En especial, estoy de acuerdo con el programa de la Comisión dirigido a reducir las cargas administrativas que genera la legislación de la Unión Europea, un programa que lleva en funcionamiento desde 2005 y que busca reducir esas cargas en un 25 % para 2012. Es muy importante reducir los costes para las empresas que desarrollan su actividad en la Unión Europea, con el fin de posibilitar que funcionen de manera eficiente pese a unas condiciones económicas difíciles y que compitan globalmente, y agilizar los procedimientos de la administración pública. Debemos centrarnos en los requisitos innecesarios para proporcionar información y aplicar el principio de «sólo una vez» establecido por la Ley Europea de la Pequeña Empresa. Las comunicaciones electrónicas constituyen una herramienta excelente para reducir cargas administrativas. Las instituciones de la UE deben cooperar activamente con los Estados miembros con el fin de evitar discrepancias en torno a la interpretación y al exceso de normativas. Según la Comisión, el 32 % de las cargas administrativas de la UE son resultado de decisiones de determinados Estados miembros, que exceden los requisitos de la legislación comunitaria, y de la ineficacia de sus procedimientos administrativos. Además, no debemos olvidar que las consultas con todas las partes interesadas, y con los agentes sociales en particular, tienen una importancia fundamental a la hora de preparar proyectos de ley. Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − He apoyado firmemente este informe, que destaca la importancia vital de promulgar leyes simples y claras que puedan ser comprendidas por los ciudadanos de la UE, y que hace hincapié en que las instituciones europeas deben respetar los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad al formular sus propuestas. El informe destaca la función clave de la Comisión, como institución con el poder de la iniciativa legislativa, a la hora de elaborar propuestas legislativas de gran calidad.
El Parlamento se compromete a hacer todo lo posible para examinar estas propuestas con prontitud, de conformidad con el procedimiento legislativo apropiado. También enfatiza la importancia de cooperar con los Estados miembros para asegurar que la legislación es aplicada correctamente. Oreste Rossi (EFD), por escrito. − (IT) Apoyamos totalmente el informe de la Comisión sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, ya que estipula evaluaciones de impacto de las directivas promulgadas.
Estas evaluaciones, que deben ser llevadas a cabo utilizando estudios serios e independientes sobre costes y beneficios, resultan vitales para evitar tomar decisiones que generarían una carga excesiva para los ciudadanos y las empresas. En concreto, debemos evitar que la nueva legislación de la UE genere nuevas cargas administrativas. Nuno Teixeira (PPE), por escrito. − (PT) Legislar mejor se ha convertido en una condición esencial para el buen funcionamiento de la Unión Europea y para la correcta aplicación del Derecho comunitario basada en una mayor transparencia, en eficiencia y en decisiones coherentes. La correcta aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, ahora redefinidos tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe contribuir a una legislación más simple y más coherente para el público europeo, de modo que las decisiones a escala europea puedan ser adoptadas en beneficio de los europeos. El Tratado de Lisboa declara que el Parlamento Europeo debe actuar en asociación con el Consejo y fomentar una participación más estrecha de los parlamentos nacionales en la supervisión de la aplicación del principio de subsidiariedad.
Además, el entorno normativo de la Unión Europea debe continuar respaldando las evaluaciones de impacto y reduciendo las carga administrativas. Como se dice en el informe a favor del que he votado, sólo reduciendo las cargas administrativas de manera significativa y aplicando con eficiencia las leyes europeas en la planificación jurídica interna, así como con unas evaluaciones de impacto eficientes que consideren el ámbito económico, social y ambiental, será posible mejorar auténticamente la legislación. Iva Zanicchi (PPE), por escrito. − (IT) He votado a favor del informe de la señora Geringer de Oedenberg ya que pone de manifiesto la necesidad de producir leyes simples y claras que los ciudadanos de la UE puedan comprender con mayor facilidad.
El respeto por los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, la importancia de unas evaluaciones de impacto apropiadas de las propuestas legislativas, la reducción de cargas administrativas y la simplificación y la codificación de la legislación son por tanto objetivos clave del informe sobre «legislar mejor». Asimismo debemos apuntar que unas leyes más sencillas y de fácil comprensión son fundamentales para avanzar en la definición de la futura política económica y social de la UE. Propuesta de resolución (B7-0492/2010) – Propuesta de resolución común (RC-B7-0493/2010) Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor de la resolución del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo sobre el estatus de la población romaní porque estoy profundamente preocupado sobre las medidas adoptadas por Francia contra esta comunidad, y obviamente estoy a favor de la paralización inmediata de este proceso. Francia comenzó las expulsiones colectivas de ciudadanos europeos pertenecientes a esta minoría el pasado mes de agosto. La comunidad romaní es la mayor minoría étnica de la Unión Europea, con poblaciones establecidas en varios Estados miembros de la Unión.
El derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europeo a viajar y residir libremente en cualquier lugar de Europa es un pilar de la ciudadanía europea, tal y como está definida en los Tratados. Por tanto, no comprendo el silencio ensordecedor de la Comisión Europea. La Comisión debería haber reaccionado explicando que la expulsión de ciudadanos europeos por parte de un Estado miembro sea legal, debe estar basada en razones de orden público, debe ser analizada de manera individual y debe ser proporcional a la amenaza respectiva contra el orden público, nunca derivar en un castigo colectivo contra una minoría étnica. También podemos preguntarnos sobre si el uso de fondos para justificar las «salidas voluntarias» no constituye una manipulación de la libertad de los ciudadanos y un modo ilegal de evitar que sean calificadas de expulsiones. Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) En cuanto al debate sobre el pueblo gitano, el mensaje que me gustaría transmitir es claro: debemos poner fin a las polémicas irrelevantes que competen sólo a Francia y, en su lugar, debemos hablar como europeos acerca de una cuestión europea que, a su vez, precisa de una respuesta europea. El debate actual refleja la dificultad que aún tenemos a la hora de abordar cuestiones europeas como europeos y no como nacionales de uno u otro Estado miembro. La integración europea supone, ante todo, compartir determinados valores, lo que concede determinadas libertades, entre otras, la libertad de circulación, y también determinados derechos, entre otros, el de respetar las condiciones que derivan de ejercitar el derecho de residencia de cualquier persona. Hoy en día, tenemos que responder al sufrimiento de una población que necesita integración. Se trata de un sufrimiento que explotan actualmente una serie de redes mafiosas y que no ofrece ninguna forma de subsistencia aparte de la mendicidad, el robo y la prostitución. Esa es la primera cuestión que hay que resolver hoy. Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La hipocresía absoluta de los poderes políticos que apoyan la vía europea de sentido único se expresa en las propuestas de resolución presentadas en el Parlamento Europeo, con las que derraman lágrimas de cocodrilo acerca de la situación y la persecución de los romaníes. La Comisión Europea ha decidido, frente a la reacción generalizada, crear un grupo especial de trabajo para estudiar el problema. Creen que esto aplacará la protesta generalizada sobre la política de discriminación y que limitará las decisiones por parte de los gobiernos francés e italiano de deportar a los romaníes. Los portavoces políticos del capital que se alternan en el gobierno de los Estados miembros y que adoptan decisiones conjuntas en la creencia de la UE de que condenar esas decisiones gubernamentales les absolverá a ellos y a la UE de la responsabilidad por la discriminación constante y sistemática contra los romaníes.
Sin embargo, la política de discriminación se encuentra en la misma naturaleza de la alianza del capital imperialista y transnacional. Cuanto más vulnerable es el grupo social y cuanto mayor el beneficio para el capital, más intensa será la discriminación. Los romaníes están chocando cada vez más con la UE, sus organismos y los poderes que la apoyan. Sólo una lucha conjunta con los trabajadores para derrocar a la sociedad de la explotación y para luchar contra la UE y quienes la apoyan traerá respeto para sus derechos y la satisfacción de sus necesidades presentes. Mara Bizzotto (EFD), por escrito. − (IT) La propuesta de resolución común presentada por la Izquierda busca interpretar la Directiva 2004/38/CE de un modo que considero del todo equivocado en términos políticos, y además ilícito. El texto de la Directiva es claro: existen límites para la libertad de circulación en los Estados miembros, y si lo considera apropiado un gobierno puede repatriar también a ciudadanos de la UE. Más aún, la resolución ignora por completo un hecho fundamental: en los últimos años Europa ha gastado cientos de millones de euros en programas de integración social para los romaníes, sin haber logrado resultados positivos, dado que el problema básico es la casi nula capacidad de integración en el tejido social local por parte de los romaníes. Una resolución que ignora las necesidades en materia de seguridad que los ciudadanos de nuestros Estados miembros nos están pidiendo que cubramos y que, por el contrario, allana el camino para una interpretación extremadamente amplia del principio de libre circulación de las personas, supone una medida más dirigida a construir una Europa sin conexión con los sentimientos y los requerimientos de sus ciudadanos. Por tanto, he votado en contra de la propuesta de resolución común. Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La reciente ola de expulsiones de poblaciones de etnia gitana de Francia, cuidadosamente presentadas como repatriaciones voluntarias, reaviva el debate en Europa sobre un problema sin resolver. Obviamente, expulsar a estas personas a sus países de origen no va a solucionar nada. Regresarán tan pronto como puedan y nadie puede detenerles porque todos ellos son ciudadanos europeos, libres de ir allí donde quieran siempre que respeten las disposiciones de la Directiva 38/2004. Mi voto expresa en primer lugar la ligera reserva que tengo sobre la propuesta de resolución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)/Conservadores y Reformistas Europeos debido a la aceptación tácita de que la expulsión no quede excluida como una solución posible. Sin embargo, estoy completamente en desacuerdo con la propuesta de resolución común presentada por los otros grupos políticos, que, influidos por la respuesta política hacia el Gobierno de Sarkozy, intenta convertir a la minoría gitana en víctima de una mayoría, y no culparla de la situación con la que los romaníes han sido felices durante siglos.
Los sucesos de Francia e Italia deben recordar a Europa la presencia de una minoría de entre diez y doce millones de personas, que ya es paneuropea, con graves problemas de integración. Sin embargo, ocultarlos tras las fronteras nacionales es una solución equivocada. La única solución viable, capaz de de producir resultados a largo plazo, es una que exija un esfuerzo europeo común para integrar a esta minoría. Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) – El regreso de más de 8 000 ciudadanos romaníes desde Francia a su país de origen —especialmente Rumanía y Bulgaria— es indudablemente una cuestión que merece la atención del Parlamento Europeo. No soy partidario de las amenazas y los juicios apresurados, sino que prefiero el camino de un examen minucioso de la situación y su consiguiente evaluación. Sigamos el camino del diálogo con la parte francesa. Demos una oportunidad a Francia para explicarlo todo; sólo entonces estaremos en condiciones de sacar conclusiones sobre si se trata de un caso de violación de los derechos humanos o si el acercamiento a los romaníes se está llevando a cabo dentro de los límites del Derecho comunitario. Espero un enfoque activo por parte de la Comisión Europea, en el espíritu de su misión como guardiana de los Tratados.
Sería un error que, por razones de conveniencia, se optase por una estrategia de ofuscación y por un intento de dejar que el problema pierda fuerza. También quiero añadir que considero que el único camino para avanzar en la cuestión romaní es la aceptación de una estrategia europea unificada que cubra a todos los Estados afectados y que tenga una conexión directa con el Fondo Social Europeo, así como con otros recursos financieros del presupuesto comunitario. Ante todo, sin embargo, tenemos que reconocer que el problema romaní es un problema europeo. Alain Cadec (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) sobre la situación de la población romaní en Europa. Considero que la libertad de circulación es un derecho fundamental de los ciudadanos europeos, de conformidad con la Directiva 2004/38/CE. Esta Directiva también establece las condiciones para esta libertad, que se aplica a toda la Unión Europea: las personas que permanezcan en un Estado miembro durante más de tres meses deben poder dar pruebas de que cuentan con un empleo o con los medios suficientes para cubrir sus necesidades o para cursar algún tipo de estudio.
Por tanto, resulta importante ver la integración social y económica de los romaníes como un problema europeo, y encontrarle una solución. Por tanto, pido a los Estados miembros y a la Comisión Europea que aborden esta cuestión para darle una respuesta política europea. Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − (PT) Estoy a favor de un enfoque constructivo basado en el diálogo sobre la diversidad cultural y lo que eso representa en términos de riqueza humana. La educación es clave para el proceso de integración. Al ofrecer educación y formación también ayudamos a combatir la exclusión, el desempleo y la discriminación. De esta forma, también garantizamos una sociedad más justa, creativa y dinámica. Es importante integrar a las minorías étnicas, no sólo en el mercado laboral sino también en todos los ámbitos de la sociedad. La protección de los derechos fundamentales y la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia son los objetivos de la integración europea. Aplaudo a todos aquellos que promueven la integración a escala local, incluidos políticos, profesores y asociaciones. Esto se debe a que estas personas suelen ser los responsables del acceso a la vivienda, la sanidad, la educación, la cultura y a una mejor calidad de vida. Carlo Casini (PPE), por escrito. − (IT) He votado a favor de la propuesta de resolución de la señora Weber sobre los romaníes en Europa debido a su contenido equilibrado y constructivo.
No bastan con protestar contra la discriminación, tal vez sacando provecho de problemas reales y extremadamente graves con la intención de generar una controversia política. Naturalmente, debemos reafirmar sólidamente los principios de no discriminación y de libre circulación, así como los derechos y obligaciones resultantes —como hace la resolución del Grupo del Partido Popular (Demócrata-Cristianos)—; pero más importante aún es acometer reformas prácticas para solucionar los problemas, con el fin de aplicar derechos humanos básicos. La inmigración es un problema europeo y ha llegado el momento de, como pide la resolución de la señora Weber, afrontarlo a escala europea.
La cuestión romaní está sólo parcialmente relacionada con la cuestión de la integración, y en cualquier caso tiene unos rasgos específicos que también deben ser abordados a escala europea. La estructura de la UE fue diseñada sobre la premisa de la estabilidad territorial de los pueblos miembros. Un estilo de vida nómada puede ser una característica de un pueblo, lo que también ha de ser respetado, pero la integración debe producirse en un ambiente de solidaridad, de conformidad con las normas europeas, sin que los Estados miembros tengan que improvisar. Esta es la propuesta de resolución que se ha ganado nuestro apoyo. Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) Aplaudo la adopción de esta propuesta de resolución común sobre la situación de la población romaní en Europa. A la vista de la inercia de la Comisión y el silencio de su Presidencia, el señor Barroso, el Parlamento Europeo ha adoptado una postura contra la política aplicada por el gobierno del Presidente francés hacia la comunidad romaní.
Debo señalar que la política del señor Sarkozy es contraria al principio de libre circulación de personas garantizado por la Unión Europea. Rumanía es un Estado miembro y la Unión Europea prohíbe cualquier discriminación contra sus ciudadanos basada en el origen étnico o la nacionalidad. Además, la Carta de Derechos Fundamentales ha sido legalmente vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009. La resolución exige una política europea para responder a su situación.
Esta resolución era necesaria, porque las acciones del señor Sarkozy, al igual que las del señor Berlusconi en Italia, son representativas de la Derecha en Europa. Esa facción quiere una Europa que convenga a los bancos y a las multinacionales. Están de acuerdo en la libre circulación de capitales, pero cuando se trata de los pobres y perseguidos cierran sus fronteras y los expulsan. Carlos Coelho (PPE) , por escrito. − (PT) En contraste con mis colegas, no cuestiono la legalidad de las decisiones de expulsión adoptada por las autoridades francesas. Todos los Estados miembros pueden hacer esto invocando argumentos legítimos relacionados con la seguridad interna y el mantenimiento del orden público. Lo que encuentro lamentable es el discurso asociado, que parece tener por objetivo acusar a un grupo étnico en su conjunto y despertar unas reacciones xenófobas inaceptables. Si un europeo comete un crimen, no podemos llegar a la conclusión de que todos los europeos son criminales. Si un romaní comete un robo, no podemos inferir que todos los ciudadanos romaníes son criminales.
Es importante reforzar los mecanismos de ayuda a la integración de la población romaní, así como luchar contra cualquier tipo de discriminación, fomentando la escolarización de sus niños y protegiendo sus derechos fundamentales. Nadie está por encima de la ley, ni los pueblos nómadas ni los gobiernos, y todos deben contribuir responsablemente a resolver los problemas y a no magnificar el drama ni crear tensión. Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. − Estoy a favor de esta resolución que expresa su profunda preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades francesas y por las autoridades de los demás Estados miembros contra los ciudadanos romaníes y los nómadas, que buscan su expulsión, y, además, esta resolución también insta a dichas autoridades a suspender de inmediato la expulsión de la población gitana. Además, hace hincapié en que las expulsiones en masa están prohibidas en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y en que esas medidas constituyen una violación de los Tratados de la UE y de la legislación europea, pues hablamos de discriminación por cuestiones de raza y etnicidad y, además, supone el incumplimiento de la Directiva relativa a la libre circulación de los ciudadanos y de sus familiares en la UE. Acojo con beneplácito la respuesta tardía pero firme de la Comisaria Reding, en la que afirma que está convencida de que la Comisión no tendrá más opción que iniciar una acción de infracción contra Francia por incumplimiento de la Directiva sobre libre circulación. El pueblo gitano es la comunidad más discriminada en Europa. Siguen sufriendo una gran discriminación sistemática en el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y en términos de igualdad de acceso a la sanidad y a otros servicios públicos. Sin embargo, como ciudadanos de la UE que son, los ciudadanos romaníes tienen exactamente el mismo derecho que los demás a moverse libremente por cualquier Estado miembro y a residir en él. Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Esta resolución tenía dos objetivos: el primero consiste en poner de relieve la difícil situación a la que se enfrenta la población gitana, que sufre discriminación en toda Europa en todos los ámbitos de la vida social y económica, y el segundo es denunciar la estigmatización cada vez mayor de estas personas en varios países de acogida que, por razones jurídicas que tienen poco o ningún fundamente en la legislación europea, les niegan el derecho a circular libremente dentro del territorio de la UE. Ha llegado el momento de que todos asumamos nuestras responsabilidades; para ello, debemos abstenernos de cualquier retórica populista y discriminatoria y, además, tenemos que elaborar políticas eficaces y proactivas destinadas a facilitar la integración del pueblo gitano. Esto se aplica, en primer lugar, a los Estados miembros de origen, que deben hacer mejor uso de los fondos facilitados por la Unión Europea, pero también se aplica a los países de acogida y tránsito. Por lo tanto, con el fin de hacer frente a este problema común, la resolución pide un plan global de integración del pueblo gitano que debe aplicarse a escala europea. Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) El debate celebrado por el Parlamento sobre la cuestión romaní se ha convertido sobre todo en un debate político entre Izquierda y Derecha. Ninguna de las propuestas de resolución sometidas a votación respondía a la pregunta apremiante de cuál es la mejor manera de cubrir las necesidades de la población romaní. Está bastante claro que la comunidad romaní es discriminada social y económicamente en la gran mayoría de los Estados miembros, que no han hecho uso necesariamente de los métodos de integración que la Unión ha puesto a su disposición. Si la comunidad romaní tiene derechos, que están siendo claramente ignorados, también es evidente que tiene sus obligaciones, como el resto de los ciudadanos europeos.
Lo mismo se aplica a los Estados miembros, que tienen el deber de proporcionar a estos ciudadanos europeos un lugar donde vivir y la oportunidad de ganarse la vida. Con respecto a los sucesos por los que Francia ha sido criticada, y pese a que aún estamos esperando la decisión de la Comisión sobre la ilegalidad de las operaciones llevadas a cabo, condeno cualquier expulsión masiva que no esté basada en el Derecho comunitario. Sin embargo, me niego a caer en las amalgamas cuestionables contenidas en la propuesta de resolución común, que compara los acontecimientos de este verano con las deportaciones. La referencia al período nazi es totalmente inaceptable. Harlem Désir (S&D), por escrito. – (FR) La propuesta de resolución sobre la situación de la población romaní constituye un enorme desaire hacia el Sarkozy y una cáustica llamada al orden por parte del Parlamento Europeo. La estigmatización de los romaníes por parte del Presidente durante un discurso sobre inseguridad, las declaraciones de su Ministro de Interior contra los rumanos y la flagrante expulsión de varios cientos de ellos en vulneración de la ley son un insulto no sólo para los valores de la República Francesa, sino también para los valores fundamentales de la Unión. A lo largo de la Historia, los ciudadanos romaníes han sido sistemáticamente marginados, discriminados y usados como chivos expiatorios. Independientemente de si son franceses, rumanos o búlgaros, hoy son ciudadanos europeos. La indignidad del trato que han recibido no debe ser tolerada en una comunidad fundada sobre los principios del Derecho, la libertad, la igualdad y la no discriminación, que se encuentran en el núcleo del Tratado de la UE y de su Carta de Derechos Fundamentales. La resolución, por tanto, supone una condena firme y manifiesta de las acciones del Gobierno francés y de la retórica discriminatoria que las ha acompañado. El texto condena las expulsiones en vulneración de la ley. Exige que los gobiernos de Europa y de la Comisión coordinen sus acciones para integrar a los ciudadanos romaníes, utilizando para ello los fondos asignados por el Parlamento. Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) Aplaudo la aprobación de la propuesta de resolución sobre la situación de la población romaní en Europa y la violación de la ley de libertad de circulación. Creo que la posición del Parlamento Europeo es extremadamente positiva en el contexto del clima social y económico de Europa. Medidas como las adoptadas por el Gobierno francés deben ser sustituidas por una posición europea común y responsable, que tenga en cuenta tanto las características de esta minoría como el derecho a la libertad de circulación de que disfrutan sus miembros en su condición de ciudadanos europeos. Espero que la posición adoptada por el Parlamento Europeo refuerce y siente un precedente para aplicar la decisión marco sobre la lucha contra determinadas formas y expresiones de racismo y xenofobia sobre la base del Derecho Penal, así como el plan de actuación para aplicar el programa de Estocolmo. La Comisión debe actuar urgentemente de acuerdo con las recomendaciones aprobadas en la resolución, y condenar las acciones discriminatorias emprendidas contra el grupo étnico romaní. La Comisión también debe tomarse en serio su función de coordinadora de los Estados miembros en la aplicación de las estrategias y planes de integración de los romaníes europeos en la UE. Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre la situación de los romaníes y sobre la libertad de circulación en la Unión Europea porque condeno las medidas adoptadas por las autoridades francesas y por las autoridades de otros Estados miembros en relación con la población romaní y su expulsión. Espero que esas autoridades detengan las expulsiones de la población romaní, prohibidas por la Carta de Derechos Fundamentales y por el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Les recuerdo que esas medidas son contrarias a los Tratados y a la legislación de la UE. Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Esta propuesta de resolución surge en un momento de declaraciones contradictorias en lo tocante a las expulsiones de miembros del grupo étnico romaní de territorio francés. Considero que este asunto es demasiado serio para ser debatido de una manera que es más emocional que racional, y que merece un clima político diferente que permita un debate en el que evitemos los estereotipos. Por tanto, soy de la opinión de que la Cámara no debería haberse pronunciado sobre este plan tan inoportuno.
Dicho lo cual, repudio, como siempre he repudiado cualquier reacción política, militar o policial contra los miembros de un grupo étnico simplemente porque pertenecen al mismo. Por desgracia, la historia del siglo XX está repleta de situaciones en las que se condenó a personas no por lo que hicieron, sino por lo que eran. El legado brutal del nazismo y del comunismo demostró este extremo más allá de toda duda. Considero que los Estados miembros de la Unión tienen un historial irreprochable en lo que se refiere a su trato de las minorías étnicas y religiosas. Carlo Fidanza (PPE), por escrito. − (IT) La libertad de circulación es un concepto noble, pero corre peligro de volverse abstracto a menos que vaya acompañado por el rigor y la legalidad. Quienquiera que niegue esos principios en nombre de una benevolencia hipócrita es responsable de alimentar sentimientos hostiles contra los romaníes.
La libertad de circulación nunca puede implicar libertad para establecerse ilegalmente, para obligar a mujeres, niños y menores, que viven en condiciones sanitarias lamentables, a robar, a prostituirse, a mendigar, a menudo negándose a buscar la integración en el ámbito escolar y laboral. La UE cuenta con normas detalladas sobre la libre circulación de ciudadanos europeos, que establecen unas garantías, unos requisitos y también unas sanciones. Sin embargo, en la práctica, esas normas han demostrado estar obsoletas tras la incorporación de Rumanía y de Bulgaria a la UE, y tras el éxodo de decenas de miles de romaníes hacia el Oeste.
Por tanto, necesitamos reforzar la rigurosidad de la Directiva 2004/38/CE, actualmente en vigor, que estipula que los ciudadanos de la UE que tras un período de tres meses en otro Estado miembro sean incapaces de mantenerse legalmente, pueden ser expulsados. La expulsión, actualmente inaplicable a menos que se proporcionen incentivos económicos y que se produzca de manera voluntaria, debería ser sustituida por el concepto de expulsión y repatriación forzosas, del mismo modo que para los ciudadanos no comunitarios. Además, debemos crear unos mecanismos obligatorios para mantener en su país de origen a los ciudadanos expulsados de un Estado miembro por violar la Directiva 2004/38/CE. Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) La expulsión de romaníes por parte del Gobierno francés y de otros gobiernos de la Unión Europea es un acto censurable. Por desgracia, este acto racista y xenófobo, que busca desviar la atención de la grave crisis social que estamos experimentando y encontrar algún chivo expiatorio, no ha sido repudiado de inmediato por parte de la Comisión Europea y del Consejo. Somos conscientes de la función hipócrita desempeñada por las instituciones de la UE en todo el proceso, especialmente si recordamos que se muestran tan diligentes en sus críticas y sus interferencias con respecto a terceros países.
En este caso, sin embargo, tratándose de ciudadanos de Estados miembros de la UE, se han cruzado de brazos o se han limitado a realizar declaraciones circunstanciales. ¿Dónde está, cuando se la necesita, la Unión Europea que afirma ser uno de los grandes defensores de los derechos humanos en todo el mundo? La única postura aceptable en este caso habría sido la condena. La experiencia nos enseña que cuando hay que tratar con Francia, uno de los líderes de la UE, siempre se recurre a la discreción.
Lo que se necesita aquí es romper con las políticas neoliberales que los conservadores y los socialdemócratas siguen practicando. Necesitamos urgentemente políticas nuevas para fomentar el empleo con derechos, el bienestar y el progreso social para todos. Ese es el modo de evitar que gobiernos como el francés conviertan el racismo y la xenofobia en políticas estatales, y que la UE se convierta en una fuerza policial para los Estados miembros como muchos querrían, aprovechando los actos censurables de algunos gobiernos. Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) La propuesta de resolución común presentada por los diputados de la izquierda está marcada por los repetidos llamamientos a la idea de la igualdad, pero hay varias cuestiones contradictorias.
Tengo que hacer constar que me opongo al documento presentado en vista de que postula la igualdad de derechos entre las comunidades romaníes y los ciudadanos de los países de acogida y, sin embargo, no garantiza ninguna igualdad sustantiva entre las dos partes en términos de derechos. También tengo que disentir, ya que no establece ninguna posición jurídica, sino que se limita a criticar las políticas aplicadas por los gobiernos de Italia y Francia.
Además, el documento ignora por completo los problemas confirmados del orden público, que algunos Estados miembros tratan de controlar actualmente con los medios que la ley pone a su disposición. Charles Goerens (ALDE), por escrito. – (FR) Aunque he votado a favor de la propuesta de resolución común, haré una observación adicional. Mi apoyo a esta resolución no pretende en modo alguno respaldar algunos comentarios extremistas realizados durante el debate del martes por la tarde. Dada la sensatez que merece el tratamiento de este asunto, tratar de comparar las repatriaciones de romaníes con los campos de concentración y de exterminio de la Segunda Guerra Mundial equivale a trivializar el Holocausto. Esa es la manera más segura de ahogar el debate. Lo que se necesita en esta ocasión es un debate tranquilo, sosegado y responsable. Esta comparación tiene un regusto a mala fe o a inmadurez. En cualquier caso, ayuda bien poco a la causa romaní. Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Consternada como estaba por las medidas adoptadas por Francia para expulsar al pueblo gitano (medidas que ya habían adoptado antes otros Estados), he firmado sin reparos la resolución del Parlamento, y acojo esta aprobación con beneplácito. Los sucesos que están teniendo lugar actualmente en Francia son inaceptables. Francia está poniendo en práctica, con pleno conocimiento de los hechos, una política discriminatoria que va en contra de los valores y los principios constitutivos y fundamentales de la Unión Europea. En primer lugar, los principios de ciudadanía europea y de libre circulación dentro de la Unión Europea: los gitanos son ciudadanos europeos de pleno derecho. En segundo lugar, los principios de no discriminación y de respeto de las minorías: bajo ningún concepto deben adoptarse tales medidas sólo por el hecho de que se trate de personas pertenecientes a una minoría. Hoy en día, hablamos de los gitanos, mañana le tocará a los árabes y pasado mañana a los judíos y, ¿por qué no también a las mujeres y luego a los pobres? Todos estos principios son el fundamento de la Unión y son vinculantes para todos nosotros y, en particular, para todos los Estados miembros. Además, ya es hora de que contemos con una estrategia europea para la integración del pueblo gitano. La Unión Europea necesita una mayor voluntad política: la integración social, el acceso a la vivienda, la educación y la lucha contra la discriminación son ámbitos en los que la Unión Europea debe actuar. Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre la situación del pueblo romaní en Europa ya que el texto condena explícitamente las medidas adoptadas por las autoridades francesas. La resolución nos recuerda el derecho de todos los ciudadanos europeos a circular y residir libremente en toda la Unión Europea, así como el principio básico de la igualdad de trato de los ciudadanos y de la no discriminación. Nicolas Sarkozy y el Gobierno están equivocados si piensan que pueden burlar los valores de la Unión, la legislación europea y la Carta de los Derechos Fundamentales con total impunidad: el Parlamento europeo les ha llamado al orden de forma enérgica y haría lo mismo con cualquier otro Estado miembro tentado por tales prácticas. La resolución también hace que la Comisión Europea asuma sus responsabilidad, instándola a que deje de titubear y a que, de una vez por todas, aplique una estrategia clara y resolutiva para la integración de las comunidades romaníes en todos los ámbitos —acceso a la vivienda, al empleo, a la educación y a la sanidad— a fin de poner punto y final a esta exclusión inaceptable. Estelle Grelier (S&D), por escrito. – (FR) He apoyado esta propuesta de resolución común porque estoy convencida de que necesitamos condenar urgentemente la política del Gobierno francés, que ha estigmatizado deliberadamente a un grupo étnico asociándolo directamente con la criminalidad, con el único propósito de desviar la atención de las dificultades que experimenta con su política de Interior. En mi opinión, esta utilización de la cuestión romaní es inaceptable, y el Parlamento debe reaccionar. Por tanto, los diputados progresistas, incluidos los socialdemócratas, han exigido que se ponga fin a esta retórica discriminatoria y a las expulsiones colectivas, mientras que la Derecha europea ha respaldado en su mayoría al Gobierno francés en su deriva reaccionaria. Resulta urgente que apliquemos una estrategia global para afrontar este tema, que afecta a entre diez y doce millones de ciudadanos de la UE. Esta resolución deplora la ausencia de reacciones por parte de la Comisión, que, sin embargo, supuestamente es la guardiana de los Tratados y que como tal debería haber condenado las acciones del Gobierno francés. Efectivamente, las expulsiones colectivas constituyen una burla de la Carta de Derechos Fundamentales y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Lívia Járóka (PPE), por escrito. – (HU) La propuesta de resolución presentada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europea, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el Grupo de los Verdes, así como el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria/Izquierda Libre Europea, también contiene varias afirmaciones infundadas e inaceptables. Como ya señalé en el debate del martes en lo tocante a las preguntas dirigidas al Consejo Europeo y a la Comisión, las opiniones políticas y las evaluaciones jurídicas son dos cosas distintas, y pese a que las expulsiones nos pueden parecer deplorables o excesivas, sólo la Comisión Europea es competente para evaluar la legalidad de las medidas adoptadas por Francia. En mi opinión, acusar a un país de una infracción grave basándonos en información sin fundamento, previamente a la evaluación pendiente de la Comisión y sin conocer sus resultados, merma la autoridad del Parlamento. No obstante, como ponente de la estrategia europea para los romaníes del Parlamento, creo que la situación actual hace necesario que el Parlamento Europeo formule las recomendaciones progresistas de la moción en una resolución oficial.
Por tanto, es importante declarar que la UE y sus Estados miembros comparten la responsabilidad de la integración de los ciudadanos romaníes, que exige una estrategia exhaustiva a escala de la Unión. Esta debería ser creada con la integración de los romaníes desde los ámbitos más básicos hasta las ONG internacionales, e incluir todos los aspectos de planificación, aplicación y control. También debemos señalar que se debe establecer un programa de desarrollo complejo que tenga como objetivo de manera simultánea todas las áreas de política relacionadas y que facilite la intervención inmediata en áreas marginales que sufren graves carencias estructurales. Sandra Kalniete (PPE) , por escrito. – (LV) He votado a favor de la propuesta de resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) porque considero que debemos adoptar y aplicar una estrategia europea común sobre la cuestión romaní, que supere la exclusión social y económica de la población de esta etnia. Los problemas de las minorías en Europa son complejos y conflictivos, y con frecuencia son utilizados con fines políticos mezquinos. Encuentro inaceptable la manipulación política que no aborda la raíz de los problemas sino que complica la integración de las minorías. Para alentar la integración social de la población romaní resultan esenciales la financiación de la UE y la cooperación de los Estados miembros. La UE ya tiene a su disposición varios instrumentos que podrían ser utilizados para acabar con la exclusión de los romaníes, incluida la posibilidad de recurrir al Fondo Social Europeo. Esos instrumentos estarán complementados por la opción de utilizar hasta un 2 % de la financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en gastos de vivienda para las comunidades socialmente excluidas. Por eso resulta importante garantizar que se ponen en marcha iniciativas prácticas para la integración de la población romaní, empezando por los Estados miembros de los que son ciudadanos. Al mismo tiempo, por supuesto, debemos garantizar la libertad de circulación dentro de la Unión, y cuando se produzcan expulsiones de ciudadanos de la UE de un Estado miembro, cada caso deberá ser considerado individualmente, y la decisión de la expulsión deberá estar respaldada por el fallo pertinente de un tribunal. Timothy Kirkhope (ECR), por escrito. − Yo y mis colegas del Grupo ECR estamos de acuerdo con gran parte de esta resolución y seguimos comprometidos incondicionalmente con proporcionar una igualdad de derechos y de oportunidades, y las libertades establecidas por el Derecho comunitario, a todas las personas, independientemente de su raza, religión, género u orientación sexual.
Sin embargo, al tiempo que apoyamos plenamente la integración de la población romaní dentro de la Unión Europea, consideramos que la Comisión Europea, como guardiana de los Tratados, debería llevar a cabo una investigación jurídica minuciosa sobre este asunto antes de que este Parlamento emita una opinión definitiva. Por estas razones, nos hemos abstenido. Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) Resulta fundamental imponer un poco de orden en este debate, en el que reina una confusión escandalosa. Algunas de las observaciones hechas en esta Cámara e incluidas en esta propuesta de resolución son inaceptables. Esta Cámara debería dejar de ser un foro para puntuar políticamente las políticas nacionales de los Estados miembros. Francia ha sido estricta en su aplicación del Derecho comunitario y la Comisión lo ha confirmado. Además, pido a la Comisión que tramite este expediente lo más rápido posible y que proponga medidas concretas que permitan integrar a los romaníes en la Unión Europea.
El tiempo de las declaraciones bienintencionadas ya pasó; Ahora debemos poner en práctica una verdadera estrategia europea para la integración de los romaníes en Europa. ¿Que ha sido de los 20 000 millones de euros aprobados por los europarlamentarios y asignados por los Estados miembros en virtud de la política de cohesión? Ese dinero no beneficia a aquellos a quienes está dirigido. Debemos poner fin a esta situación y tener un control mayor de la gestión correcta de los fondos europeos. Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) La Unión Europea debe actuar con firmeza contra la política discriminatoria y brutal que están sufriendo los romaníes en Francia. La libertad de circulación no es una prerrogativa del capital. Es posible que a los burócratas no les guste, pero es un derecho compartido por todos los ciudadanos europeos. Todos los europeos tienen el deber de defender los derechos de los ciudadanos romaníes, que han sido los chivos expiatorios del actual Gobierno francés. La UE debe dar ejemplo y condenar estas políticas gubernamentales xenófobas. No hacerlo alentaría los excesos de los gobiernos que ya están cometiendo esta grave irregularidad. Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) Durante varias décadas, Francia ha sido un país ejemplar en términos de integración de ciudadanos originarios de todas las partes del mundo que habían elegido ese país como destino. Debemos recordar que los ciudadanos rumanos solamente tendrán plena libertad de circulación en diez países de la UE, incluida Francia, a partir de enero de 2014. Además, todos los ciudadanos de la UE pueden ser obligados a presentar evidencias de sus medios de subsistencia tras haber permanecido más de tres meses en un país que no es el suyo. Si demuestran ser una carga demasiado pesada para el sistema de seguridad social del país de acogida, es posible disponer medidas contra ellos, en virtud de los párrafos 9 y 10 de la Directiva 2004/38/CE. Pese a que la expulsión masiva de ciudadanos de la etnia romaní puede ser cuestionada, quienes protestan violentamente contra ese hecho deberían preocuparse mucho más por otras cuestiones, y con la misma intensidad. Deberían preocuparse por los niños cuyas familias generalmente les impiden asistir al colegio, con los niños y mujeres que son utilizados para mendigar; con la mendicidad convertida en modo de vida; con el rechazo del trabajo para recurrir en su lugar a los sistemas de seguridad social de terceros países. Por esto he votado como lo he hecho. Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado en contra de esta resolución común presentada por la izquierda, el centro izquierda y los liberales de la Cámara porque es necesario exigir al Gobierno francés del Presidente Sarkozy que paralice inmediatamente la expulsión de la población gitana. Pedimos que la Comisión y el Consejo intervengan también en la misma línea. Condenamos no sólo las deportaciones de Francia, sino también las de Alemania, Austria, Suecia, Bélgica e Italia. Es necesaria una estrategia europea para combatir la pobreza y la discriminación que sufre el pueblo romaní en Europa. El pueblo romaní es parte de la Unión Europea desde las ampliaciones de 2004 y 2007; por este motivo, tiene derecho, como cualquier ciudadano europeo, a la libre circulación y residencia en toda la UE. Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) En el debate actual sobre la cuestión romaní, he votado en última instancia a favor de la propuesta de resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). El texto muestra el problema de una manera objetiva y también propone posibles soluciones. Por otra parte, la moción presentada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, demuestra hasta qué punto el planteamiento de estos políticos está desconectado del mundo real. Hablan de «grave discriminación sistemática» y de una fobia generalizada contra los gitanos, y al hacerlo ignoran por completo el hecho de que los romaníes también deben ajustarse a la ley, exactamente igual que cualquier otro ciudadano europeo.
Queda claro que esto es una china en el zapato de la Izquierda, cuando se quejan sobre la toma de huellas dactilares de los romaníes expulsados. Esto, en su opinión, supone una discriminación injusta. Sin embargo, estas mismas personas no tienen el menor inconveniente en exigir que todos los demás ciudadanos proporcionen su identidad dactilar cuando se les expide el pasaporte. Esa es la lógica de la Izquierda. Incluso si el Gobierno de Sarkozy ha actuado con oportunismo, esta reacción es no obstante sensata y necesaria para proteger a los ciudadanos franceses. Por tanto, he votado en contra de la propuesta de resolución presentada por la Izquierda. Jan Mulder (ALDE), por escrito. − (NL) La delegación del Partido Holandés para la Libertad y la Democracia (VVD) ha votado a favor de la propuesta de resolución B7-0504/2010 sobre las expulsiones de la población romaní. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que, de conformidad con las Directivas, las personas siempre puedan ser repatriadas forzosamente a sus países de origen en casos individuales, si las disposiciones de estas Directivas europeas lo justifican. Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de la propuesta de resolución iniciada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) ya que propone unas medidas coherentes a largo plazo dirigidas a resolver el problema de los romaníes en la Unión Europea. La propuesta de resolución del Grupo PPE también incluye explícita y directamente la petición para que la adhesión de Rumanía al área Schengen no se vincule a la cuestión romaní. Tras el rechazo de esta moción, he votado a favor de la propuesta de resolución común del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y de otros, que, aunque de menor alcance, en gran medida ofrece un punto de vista justo. Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) He votado a favor de la propuesta de resolución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos sobre la situación de la población romaní en Europa, por las siguientes razones: 1) se centra en las acciones (estrategia europea: plan de actuación, compromiso de recursos, cooperación entre Estados miembros y otros, implicación de los romaníes, etc.) que deben ser puestas en marcha con el fin de invertir la exclusión de la comunidad romaní en distintos países; 2) no se limita a repartir las culpas; 3) no aparta la atención de la opinión pública de la esencia del problema: el fracaso hasta la fecha de las políticas que llamadas a integrar a los romaníes, 4) no contribuye a una confrontación política estéril. Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Los Estados miembros y las instituciones europeas tienen el deber de desarrollar y respaldar la puesta en práctica de las medidas necesarias para crear un entorno político y social que propicie la implementación de medidas para la integración de los romaníes en áreas como la educación, la sanidad, la protección social y la inclusión en el mercado laboral. Al mismo tiempo, la situación de las mujeres romaníes muestra otro aspecto interesante, ya que son víctimas de una discriminación doble: debido a su género y porque pertenecen a un grupo minoritario.
Pido a la Comisión Europea que conciba una estrategia europea de integración que aborde los problemas específicos de la comunidad romaní transfronteriza y minoritaria. Las instituciones de la UE deben mostrar un grado mínimo de interés por supervisar la lucha contra la discriminación y por apoyar la integración de los núcleos romaníes. Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (ES) El Grupo Verts/ALE se congratula por el voto del Parlamento Europeo, que ha desempeñado plenamente su papel de garante de los valores fundamentales en la UE. Negándose a silenciar la situación en Francia, el Parlamento Europeo no olvida tampoco criticar la respuesta tardía y limitada de la Comisión. En efecto, estas expulsiones constituyen una prueba crucial para Europa en cuanto a su capacidad para respetar sus propias normas inscritas en la Carta de los Derechos Fundamentales. Es responsabilidad de la Comisión tomar las medidas adecuadas, comenzando por finalizar cuanto antes su informe de análisis señalando claramente a los gobiernos responsables.
El voto de hoy abre una etapa crucial para la credibilidad de nuestra institución. Pero la batalla por el respeto de los derechos de las minorías no ha finalizado en absoluto. Hoy más que nunca es necesario reconocer todos los derechos de las minorías en la UE y que se hagan efectivos dichos derechos. Catherine Soullie (PPE), por escrito. – (FR) Lamento profundamente el hecho de que el Parlamento haya adoptado la propuesta de resolución presentada por los socialistas, liberales, verdes y comunistas en lo tocante a la situación de la población romaní en Europa.
Creo que resulta inaceptable criticar a Francia de este modo, ya que no es el único Estado miembro que ha devuelto romaníes a su propio país. La creación de algunos campamentos de gitanos es claramente perjudicial para el orden público y en ocasiones incluso supone de una violación del derecho a la propiedad privada; y la carga que constituye para nuestro sistema de seguridad social autoriza al Gobierno francés a adoptar este tipo de medidas de conformidad con las disposiciones de los Tratados Europeos. Las devoluciones a Rumanía y Bulgaria han sido llevadas a cabo de conformidad con las leyes francesas y europeas y con una observancia estricta de los derechos humanos.
Aplaudo la decisión del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) de crear un grupo de trabajo sobre la integración de los romaníes con el fin de encontrar una solución europea a la cuestión del nomadismo. Debemos abordar este asunto con un enfoque constructivo. Oreste Rossi (EFD), por escrito. − (IT) Nos hemos abstenido en la votación de la propuesta de resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, ya que no podemos mostrarnos de acuerdo con el punto que pretende apoyar la incorporación de Rumanía y de Bulgaria al área Schengen, puesto que esos países no son capaces de garantizar unas condiciones sociales, económicas y de seguridad equitativas. Nuestra posición es coherente con la clara negativa a su adhesión a la UE que ya hemos manifestado con anterioridad.
Por otra parte, hemos votado con firmeza en contra de la resolución presentada por la Izquierda debido a que socava la autonomía y el poder discrecional de países como Francia e Italia, que han decidido adoptar una línea dura contra las personas que no respetan la ley. Una estadística que nos debe dar qué pensar es que desde la reciente llegada a Francia de un gran número de romaníes desde los países de Europa oriental, los robos han aumentado en más de un 200 %. Nuno Teixeira (PPE), por escrito, sobre la propuesta de resolución común B7-0492/2010. − (PT) El grupo étnico romaní es una minoría y la mayor parte de sus miembros son ciudadanos de algún Estado miembro de la Unión. Los ciudadanos europeos tienen derecho a circular y a instalarse libremente en cualquier Estado miembro de la UE, siempre que se ajusten a las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE. Con todo, es posible la restricción de esta libertad por razones de orden público, seguridad y salud pública. Sin embargo, no podemos olvidar que una medida como la expulsión de ciudadanos comunitarios debe ser aplicada de manera particular, caso por caso, y no puede ser asignada a grupos o comunidades.
La solución para este problema reside en la implementación de una estrategia favorable a los romaníes que posibilite la cooperación entre Estados, instituciones y otras partes, así como la implicación de las comunidades romaníes en su planificación y ejecución, y la creación de un programa de intervención en áreas marginales con carencias estructurales. Recuerdo la oportunidad ofrecida por la legislación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en relación con la idoneidad de las intervenciones en vivienda a favor de las comunidades marginales y la necesidad de unas iniciativas mejores por parte de la Plataforma Europea para la Integración de la Población Romaní. Igualmente importante es el desarrollo de un diálogo constructivo entre los Estados y los miembros de las comunidades romaníes. Por las razones anteriormente citadas, voy a votar a favor de la propuesta de resolución. Nuno Teixeira (PPE) , por escrito, sobre la propuesta de resolución común RC-B7-0493/2010. − (PT) El grupo étnico romaní es una minoría, cuyos miembros en su mayor parte son ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea. Todos los ciudadanos europeos tienen los derechos y obligaciones establecidos en la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho a la libertad de circulación en la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en la misma. Sin embargo, los Estados miembros tiene derecho a restringir la libertad de circulación y la inmigración de ciudadanos de la Unión Europea dentro de su territorio, independientemente de la nacionalidad, por razones de orden público, seguridad o salud pública.
Los Estados miembros no están obligados a informar a la Comisión Europea antes de aplicar esta cláusula de orden público, que sigue siendo su derecho soberano. Aunque comparto la opinión de que la Unión Europea y sus Estados miembros son ambos responsables de impulsar la inclusión de la comunidad romaní, mediante una estrategia integrada, y mediante la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión Europea, las demás instituciones europeas y otras partes interesadas de acuerdo con el principio de no discriminación, no puedo votar a favor de la condena a la respuesta tardía y limitada de la Comisión a la situación de la población gitana en Europa y a la comprobación del cumplimiento de los derechos humanos, ya que es una responsabilidad compartida por todos. Por todos estos motivos, me abstengo de votar esta propuesta de resolución. Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la propuesta de resolución común sobre la situación de la población gitana y sobre la libre circulación en la Unión Europea ya que creo que la situación de aproximadamente entre 10 y 12 millones de gitanos requiere una estrategia de integración europea dirigida a ellos. La libre circulación de personas es uno de los principios fundamentales de la UE. Los ciudadanos europeos de origen romaní, independientemente de su nacionalidad, tienen también derecho a circular libremente por toda la UE. Al igual que cualquier ciudadano europeo, tiene derechos y obligaciones. Si una persona, independientemente de su origen étnico y su nacionalidad, comete un delito, caerá sobre ella todo el peso de la ley. Sin embargo, no hay ninguna nacionalidad ni grupo étnico asociado a la criminalidad. Creo que no se puede ni debe estigmatizar a todo un grupo étnico o la población de un país por acciones cometidas por algunos de sus miembros. El Tratado de Lisboa otorga efectos jurídicos vinculantes a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El artículo 2 de este documento establece claramente que la UE se basa en los valores del respeto a la dignidad de la persona, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho, así como del respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que pertenecen a minorías. Creo que la UE y los Estados miembros comparten la responsabilidad de fomentar la integración de los gitanos a través de una estrategia europea para la población gitana. Traian Ungureanu (PPE), por escrito. – (RO) He votado en contra de la propuesta de resolución común presentada por la izquierda porque este documento no trata la cuestión de la minoría gitana en Europa de la manera adecuada. La resolución aprobada durante la sesión plenaria es un texto ideológico y no un plan de acción concreto. La Resolución presentada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo es esencialmente una muestra de hipocresía encubierta por un discurso político «progresista». Esta Resolución intenta hacernos creer que ahora todos somos racistas.
A excepción de los políticos de la izquierda, por supuesto. La Resolución se redactó y votó sin tener un conocimiento adecuado de la situación de los gitanos, ni en la Europa Oriental ni Occidental. La cuestión relativa a la población gitana no es un problema nacional y tampoco se puede considerar desde el punto de vista de la política racial. La cuestión concerniente a la población gitana se remonta muy atrás en la historia de Europa y todavía sigue sin resolverse. El uso de clichés y la agenda política, sobre todo en forma de conflicto de los socialistas con el Gobierno de la derecha francés, no resolverá nada, salvo los objetivos electorales de la izquierda. He votado a favor de la Resolución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) precisamente porque este documento propone medidas y exige coordinación a nivel europeo. La cuestión concerniente a la población gitana no tiene que ver con el racismo, sino con el realismo. Si dicha cuestión se aborda de conformidad con los términos establecidos por la izquierda, resurgirá rápidamente y desencadenará nuevas crisis en cualquier Estado miembro. El resultado de la votación de hoy es lamentable e infructuoso. Propuesta de resolución (B7-0491/2010) Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre los cuidados a largo plazo para las personas de edad avanzada, porque considero que es muy importante garantizar las condiciones para un envejecimiento activo, con una mayor asistencia para asegurar una mejor calidad de vida para todas las personas de edad avanzada de la UE. Esta propuesta de resolución tiene por objetivo reducir las desigualdades sanitarias y proteger a las personas de edad avanzada en la Unión Europea y, en cuanto a la prestación de asistencia sanitaria, luchar contra los tratamientos inadecuados a los que a veces se somete a las personas de edad avanzada, adoptando estrategias de recursos humanos más eficaces para reducir la falta de personal, contribuyendo a la difusión de las tecnologías de información y comunicación, e impulsando la asistencia en el entorno de la familia y la autonomía de las personas de edad avanzada.
Espero que con esta propuesta de la Comisión Europea recopilemos datos sobre las buenas prácticas en los cuidados a largo plazo que podrían ser un valor añadido para el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional (2012), con el objetivo de reducir cualquier tipo de discriminación, mejorar los cuidados a largo plazo y el impacto de la pobreza entre las personas de edad avanzada. Asimismo, recomiendo la creación de un observatorio del envejecimiento activo para fomentar las buenas prácticas. Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) A pesar de que hay más posibilidades de que algunos países como Italia y Alemania salga peor parados que otros, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que hacer frente al envejecimiento de la población. Tenemos que abordar este desafío. Sin embargo, todavía solemos actuar a corto plazo con demasiada frecuencia y nos olvidamos de prepararnos para el cambio que está teniendo lugar en nuestras sociedades. Se trata de una resolución excelente, pues ofrece una descripción breve y bastante completa de las formas en que tendremos que hacer las adaptaciones oportunas, a saber, en infraestructura, sistemas sanitarios, relaciones interpersonales, etc. Es fundamental que sigamos adoptando medidas a este respecto. Debemos evitar hoy las posibles dificultades del mañana. Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − (LT) Apoyo este informe. De conformidad con las líneas de orientación política en materia de empleo, los Estados miembros deben hacer todo lo posible para lograr el objetivo más importante —garantizar el crecimiento sostenible y reforzar la creación de empleo—. Asimismo, debemos solucionar los problemas a largo plazo de los Estados miembros: los cambios demográficos, la globalización y la creación de nuevas tecnologías. Para lograrlo debemos invertir en crecimiento sostenible que promueva la conservación de los empleos existentes y la aparición de otros nuevos, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas, que crean la mayoría de los puestos de trabajo en Europa. Asimismo, debemos perseguir los siguientes objetivos sociales de empleo: el fomento de la educación de calidad y el aprendizaje permanente entre los trabajadores existentes y futuros; la lucha contra el desempleo, prestando especial atención al fomento del empleo de los jóvenes, las personas de avanzada edad, los discapacitados y las mujeres, y la mejor consideración de los contratos de trabajo no convencionales. Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) Con los cambios demográficos que se están produciendo en la Unión Europea, el número de personas de edad avanzada está aumentando rápidamente y debemos abordar grandes retos: satisfacer la mayor demanda de asistencia sanitaria, adaptar los sistemas sanitarios a las necesidades del envejecimiento de la población al tiempo que se mantiene su sostenibilidad en sociedades con una menor población activa. Actualmente, la pobreza está muy extendida entre las personas de edad avanzada, porque en muchos Estados miembros de la UE se están reduciendo drásticamente las pensiones y otras prestaciones sociales, por lo que es importante establecer unos sistemas sostenibles de financiación de los cuidados de larga duración a fin de financiar la prestación de cuidados a las personas de edad avanzada. Asimismo, debemos establecer normas mínimas para todos los sectores de la prestación de cuidados, también sobre salarios mínimos.
Quiero señalar que debemos reducir las desigualdades sanitarias y proteger a los ancianos en la comunidad y en los entornos de prestación de cuidados. Asimismo, debemos combatir la exclusión social de las personas de avanzada edad y todo tipo de discriminación por razones de edad. Debemos proteger las condiciones para un envejecimiento activo y garantizar una vida digna y gratificante para las personas de edad avanzada. Maria Da Graça Carvalho (PPE), La educación y la formación de calidad son una necesidad en términos de realización personal de cada uno, la igualdad, la lucha contra la exclusión social y la pobreza, la ciudadanía activa y la cohesión social. Insto a los Estados miembros a que regulen los requisitos de cualificación de los asistentes sociales que cuidan de las personas de edad avanzada y, además, les insto a que diseñen y apliquen sistemas de formación avanzada para ayudar a elevar el nivel educativo de los que trabajan en el sistema del cuidado de ancianos a fin de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Es esencial elevar la disposición de especialistas en geriatría con el fin de aumentar la calidad de la atención prestada a las personas de edad avanzada. Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (S&D), por escrito. − (DA) Los socialdemócratas daneses no consideran que deban establecerse salarios mínimos, tal y como se señala en el apartado 12 de la propuesta de resolución. Dicho esto, los socialdemócratas daneses han decidido votar a favor de la Resolución, porque, además de esta petición de establecer salarios mínimos, contiene una serie de opiniones e iniciativas que apoyamos. Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) La decisión del Parlamento Europeo de aprobar una propuesta de resolución sobre los cuidados a largo plazo para las personas de edad avanzada es beneficiosa porque estas personas, como ciudadanos europeos, tienen que seguir ejerciendo sus derechos y libertades, conservar su lugar en la sociedad y mantenerse en contacto con las otras generaciones. Creo que la UE y los Estados miembros tienen que tener en cuenta el envejecimiento de la población a fin de establecer una cooperación dirigida a crear un sistema sostenible para financiar la prestación de cuidados para las personas de edad avanzada, así como para proporcionar la adecuada formación profesional con respecto al personal que trabaja en el sector, ofreciéndoles un nivel salarial apropiado, que ayudará a mejorar la calidad de los servicios prestados. Además, los servicios de desarrollo urbano y territorial tienen que adoptar medidas que faciliten el acceso de los ancianos y de las personas con movilidad reducida, en su caso: servicios sociales adaptados a sus necesidades, actividades sociales y culturales. Las autoridades pertinentes tienen que informar con regularidad a las personas de edad avanzada sobre las prestaciones a las que tienen derecho y sobre las modificaciones de la legislación que les afecta. Edite Estrela (S&D), por escrito − (PT) He votado a favor de esta propuesta de resolución porque abogo por el acceso a los servicios sanitarios de calidad y a los cuidados adecuados para las personas de edad avanzada. Dados los cambios demográficos de los últimos años, en especial el envejecimiento de la población, hay que apoyar a las personas mayores para que puedan vivir con dignidad e independencia en sus propios hogares. Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito. − (SV) Debemos mantener unos cuidados de alta calidad para las personas de edad avanzada, y estos cuidados deben ser prioritarios dentro del sistema asistencial que se desarrolla en función de los cambios demográficos. Entendemos perfectamente el establecimiento de requisitos para unas normas sociales mínimas para todos los contratos en el sector de la prestación de cuidados, pero creemos que no es oportuno que se especifiquen los salarios mínimos, algo que no siempre hemos tenido en Suecia, ya que los responsables de establecer el nivel de salarios son los agentes sociales. Además, el establecimiento de dicho nivel no entra dentro de las competencias de la UE. Creemos que esta situación no debe cambiar de ningún modo, pero, no obstante, hemos decidido votar a favor de la propuesta de resolución, ya que consideramos que la cuestión principal es muy importante. Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Con el aumento de la esperanza de vida y la creciente vulnerabilidad en la situación de las personas de edad avanzada debido a su dependencia de los servicios sociales que suelen ser inadecuados y provocan la fragmentación en las relaciones familiares, nos enfrentamos a una situación en la que muchas personas, en la etapa más difícil de sus vidas, se encuentran solas y sin medios económicos para mantenerse y, en muchos casos, en situaciones dramáticas de pobreza, lo que hace que sea necesario que los gobiernos nacionales asuman la prestación de los cuidados básicos.
En Europa, como en Portugal, la cuestión de los cuidados continuos es muy importante para el CDS-PP (el Centro Democrático y Social − Partido Popular), y durante muchos años hemos apoyado claramente la creación de redes adecuadas para prestar esta clase de cuidados y apoyo a las familias incluidos los ancianos, y a los prestadores de cuidados privados. Me complace observar que la propuesta de resolución recomienda que los gobiernos nacionales apoyen a los prestadores informales de cuidados continuos, normalmente miembros de la familia, y que a estos cuidadores, que están adoptando un papel que en otras circunstancias correspondería al Estado, se les ofrezca las condiciones necesarias para cuidar a sus familiares de avanzada edad sin que por ello se vean perjudicados, por ejemplo profesionalmente. José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) En los últimos años, se ha registrado un cambio en la UE hacia una población envejecida. Este fenómeno ha generado grandes presiones presupuestarias y ha derivado en un gran aumento de la demanda de más infraestructuras sanitarias y servicios sociales. Por tanto, se necesitan políticas que busquen la integración de la población envejecida y que pretendan combatir todas las formas de discriminación por cuestiones de edad. Me sorprende que, en muchos Estados miembros, la financiación y el envío de especialistas en geriatría se hayan reducido en los últimos años. La provisión de la atención prestada a las personas de edad avanzada debe ser de mayor calidad.
Por lo tanto, los Estados miembros deben contar con políticas para mejorar la formación de especialistas. También quisiera recordarles la enorme contribución de las instituciones de voluntariado, las organizaciones religiosas y las asociaciones de beneficencia en este ámbito. Los Estados miembros deben estar especialmente atentos en lo que respecta a garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas que reciben atención durante un largo período de tiempo. Los Estados miembros deberían prestar apoyo, con carácter prioritario, para el establecimiento de unidades de cuidados paliativos a domicilio, y diseñar y aplicar sistemas de formación avanzada para ayudar a elevar el nivel educativo de las personas que trabajan en el sistema de cuidados de las personas de edad avanzada. La Comisión debería elaborar un estudio que facilite una imagen más clara de las crecientes necesidades de cuidado de las personas de edad avanzada y una estimación de las necesidades de especialistas hasta 2020. Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) El avance científico y tecnológico y la evolución positiva de las civilizaciones han permitido que se prolongue la esperanza de vida de las personas. Ahora, sin embargo, con las propuestas neoliberales y el objetivo permanente del capitalismo de obtener siempre mayores beneficios, los gobiernos tienden a conceder menos valor al papel de las personas de edad avanzada y consideran que el envejecimiento de la población es una carga; lo cual es inaceptable. En esta propuesta de resolución, aunque no aborda el fondo del problema, es decir, las razones para la desvalorización del apoyo social, se pide que se luche contra la exclusión social de las personas de edad avanzada y contra todas las formas de discriminación por razones de edad.
Asimismo, condena la reducción de especialistas en geriatría, la falta de compromiso para formar al personal especializado en cuidar a los ancianos, y la falta de infraestructuras para la atención en comunidades y a domicilio, así como de cuidados para los ancianos en condiciones accesibles para todos.
Por lo tanto, apoyamos esta petición, pero seguiremos luchando contra las causas de esta situación y por un cambio auténtico en las políticas para favorecer a las personas de edad avanzada. Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Después de leer la propuesta de resolución de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la que hemos votado, he recordado el episodio doloroso y vergonzoso de la ola de calor de 2003 en la que murieron más de 15 000 personas de edad avanzada en Francia. La escasez de personal en las residencias y la tendencia inadmisible que existe en nuestras sociedades, en especial en mi país, a abandonar a muchos de nuestros ancianos en la miseria, son el fundamento de esa tragedia. Sin embargo, tampoco puedo olvidar que la Unión Europea tiene una gran responsabilidad en la desintegración de nuestros sistemas de seguridad social, a través de las políticas comerciales y económicas que aplica, el maltusianismo presupuestario que trata de imponer, y su visión puramente actuarial de la seguridad social, que comparte con nuestros dirigentes políticos. La considero responsable junto con los gobiernos que la apoyan de los bajos niveles de los salarios, el poder adquisitivo y las pensiones. Tampoco puedo olvidar la cultura de muerte que transmiten numerosos textos debatidos en este salón de sesiones. Francamente, por lo tanto, no creo que sea pertinente conceder a Bruselas ningún tipo de competencia sobre las políticas relativas a las personas de edad avanzada, ni siquiera la competencia para elaborar estadísticas. Anna Ibrisagic (PPE), por escrito. − (SV) Explicación de voto: hoy hemos votado a favor de la propuesta de resolución (B7-0491/2010) sobre los cuidados a largo plazo para las personas de edad avanzada. No obstante, queremos señalar que no estamos de acuerdo con la totalidad de la Resolución. Nuestra mayor preocupación es la petición de establecer salarios mínimos. A este respecto, apoyamos el principio de subsidiariedad. Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner, Anna Ibrisagic, Anna Maria Corazza Bildt. Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) Esta es una cuestión a la que nosotros, en mi partido, hemos dado gran protagonismo y que, además, consideramos de gran importancia, para que las personas de edad avanzada con graves problemas de salud vivan la última etapa de sus vidas en las mejores condiciones posibles. Por tanto, a pesar de la crisis económica, es necesario canalizar todos los recursos posibles a fin de conseguir el máximo apoyo posible a todas las personas que reciben cuidados a largo plazo, con la intención de que las personas de edad avanzada tengan una buena calidad de vida. Eso es lo que ha perseguido mi partido en Portugal, y hemos presentado varias propuestas al Parlamento portugués sobre esta cuestión. Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) La evolución demográfica de los últimos años, especialmente el envejecimiento de la población, ha dado lugar a un aumento de las presiones presupuestarias y a una gran demanda de mejor infraestructura sanitaria y de asistencia social. He votado a favor de la Resolución sobre los cuidados a largo plazo para las personas de edad avanzada, en la que se anima a los Estados miembros a que combatan la exclusión social de estas personas y todo tipo de discriminación por razones de edad, porque es necesario que los Estados garanticen el acceso a unos servicios sanitarios y asistenciales adecuados, como principio fundamental del modelo europeo de solidaridad.
Es importante reconocer la importancia de la calidad y la continuidad de los cuidados y, por tanto, los Estados miembros deben introducir programas de prestación de asistencia y cuidados a domicilio a las personas de edad avanzada, o continuarlos en aquellos países en los que ya existan tales disposiciones, bajo la administración de las autoridades municipales y locales, en sus respectivos ámbitos de competencias. Deben establecerse garantías en todos los Estados miembros para proteger los derechos fundamentales de las personas que reciben cuidados de larga duración. Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) Apoyo totalmente esta propuesta de resolución. Espero que se tomen más medidas tras la declaración del Parlamento Europeo. Es esencial reaccionar de manera contundente y eficaz ante los casos de discriminación contra las personas de edad avanzada. Es esencial elaborar una directiva jurídicamente vinculante para los gobiernos nacionales que proporcione acciones judiciales contra las leyes que intenten reducir las pensiones y que incumplan otras obligaciones que incumben al Estado con respecto a las personas de edad avanzada. En 2009, en mi país, Letonia, a fin de «tapar un agujero» en el presupuesto, el Gobierno redujo las pensiones, acabando de este modo con las esperanzas de las personas de lograr la estabilidad y la justicia social. He votado a favor de esta resolución con la esperanza de que no se vuelvan a producir infracciones parecidas ni el ejercicio perverso del poder. Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Hemos observado durante muchos años que ya no es viable financiar los cuidados a corto o a largo plazo. Sin embargo, todas las medidas a este respecto se han dejado aparcadas y se ha hecho caso omiso de las personas afectadas y sus familiares. Al igual que en el caso del cuidado de los hijos, se subestima la labor de los familiares cuidadores y de los trabajadores voluntarios de la comunidad y se destruyen las redes sociales en nombre del capitalismo. En cambio, se ha convencido a los ciudadanos de que es necesaria la inmigración masiva y desmedida a fin de garantizar el mantenimiento de los sistemas sociales y, por lo tanto, también los cuidados de las personas de avanzada edad.
En realidad, ha ocurrido todo lo contrario. La inmigración masiva ha acelerado la inminente quiebra financiera. El debate sobre la viabilidad y la carga financiera de los cuidados llega demasiado tarde. Si ahora queremos dar prioridad al desarrollo de la atención médica y los cuidados paliativos a domicilio, será muy difícil que cambiemos de opinión y demos un giro radical sobre este tema. En cualquier caso, hay que acoger favorablemente el deseo de contrarrestar los abusos de que son víctimas los ancianos en la prestación de cuidados. La lista de reivindicaciones llega algunos años tarde. No obstante, he votado a favor de ella. Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Me satisface enormemente la aprobación de esta Resolución, que fundamentalmente: pide a los Estados miembros que tomen en consideración que la evolución demográfica de los últimos años, especialmente el envejecimiento de la población, ha dado lugar a un aumento de las presiones presupuestarias y a una gran demanda de mejor infraestructura sanitaria y de asistencia social; anima a los Estados miembros a que combatan la exclusión social de las personas de edad avanzada y todo tipo de discriminación por razones de edad; y recuerda a los Estados miembros que garantizar el acceso a unos servicios sanitarios y asistenciales adecuados es un principio fundamental del modelo europeo de solidaridad Licia Ronzulli (PPE), por escrito. − (IT) La aprobación de esta propuesta de resolución demuestra una vez más que el Parlamento Europeo y sus diputados están especialmente comprometidos con la asistencia sanitaria de los ancianos. En una sociedad que envejece, cada vez es más importante la protección y la valorización de nuestros «años de plata».
La formación continua de las personas que trabajan en este ámbito, la petición a todos los Estados miembros de que lancen campañas de información dirigidas a las personas de edad avanzada sobre las opciones dietéticas y la prevención de los riesgos de deshidratación, el desarrollo de la denominada sanidad en línea a fin de abordar la falta de eficacia y los despilfarros son sólo algunas de las medidas propuestas por esta Resolución.
Ningún Estado miembro puede eludir la obligación esencial de mejorar las condiciones de estos hombres y mujeres que normalmente tienen que valerse por sí mismos. Por lo tanto, espero que, con el objetivo de crear de verdad una «sociedad para todos», la aprobación de esta Resolución pueda proporcionar un nuevo impulso a los Estados miembros para que las personas de diferentes edades tengan la oportunidad de participar activamente en la vida comunitaria, sin que la comunidad les abandone a su suerte. Alf Svensson (PPE), por escrito. − (SV) Hoy he votado a favor de la Resolución (B7-0491/2010) sobre los cuidados a largo plazo para las personas de edad avanzada. Sin embargo, no apoyo el apartado 12 de la Resolución, en el que se pide que se establezcan normas mínimas para todos los contratos en el sector de la prestación de cuidados, también sobre salarios mínimos. Los Demócrata-cristianos suecos nos oponemos a ello. Además, es ajeno al modelo sueco de los convenios colectivos. Se ha demostrado que nuestro modelo sueco va en interés de los trabajadores y los empresarios. Creo firmemente que los salarios se deben decidir mediante un acuerdo entre los agentes sociales y que no es una cuestión en la que los políticos deban tratar de competir entre sí. Propuesta de resolución común (RC-B7-0484/2010) Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución común sobre la situación del río Jordán, especialmente en la región baja del río porque creo que es esencial llamar la atención sobre la destrucción de este río, especialmente de su curso bajo. La propuesta pide a los Gobiernos de Israel y Jordania, así como a la Autoridad Palestina, que establezcan, con el apoyo de la Unión Europea, una Comisión de la Cuenca del Río Jordán que esté abierta a otros países ribereños.
Creo que es necesario un plan de gestión que pueda reparar la devastación causada al río Jordán, junto con la prestación de apoyo técnico y financiero para su recuperación, en particular de su curso bajo. La cuestión de la gestión de los recursos hídricos, con una distribución equitativa del agua que respete las necesidades de todas las personas que viven en la región, reviste una importancia crucial para establecer una paz y estabilidad duraderas en Oriente Próximo. Por lo tanto, creo que se deben intensificar los esfuerzos en materia de apoyo financiero y técnico complementario para los proyectos de gestión de los recursos hídricos, impulsando su uso equitativo y la transferencia de la tecnología necesaria a los países de la región. Ioan Enciu (S&D), por escrito. − Apoyo la Resolución sobre la situación del río Jordán, porque pide medidas concretas sobre una cuestión que afecta directamente al bienestar económico, social y cultural de los pueblos de la región. La grave degradación del río Jordán repercute en todos los aspectos de los medios de vida de las comunidades que dependen de los recursos hídricos del río. Al pedir soluciones conjuntas y transfronterizas para la contaminación y la sobreexplotación de los recursos hídricos, la Resolución subraya la creación de confianza y la consolidación de la paz que pueden derivarse de la cooperación israelí, palestina y jordana para enfrentarse al problema de la degradación del río Jordán.
La Resolución destaca con razón la necesidad de incluir planes y propuestas para la recuperación del río Jordán en las relaciones de la Unión con los países ribereños. Asimismo, dada la naturaleza urgente del problema, la UE debe dar prioridad a la recuperación del río Jordán en sus proyectos de desarrollo de la región. Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor de la propuesta de resolución común sobre la situación del río Jordán porque de preservarse su valor medioambiental, paisajístico, cultural, histórico, agrícola y económico. La adecuada gestión de los recursos hídricos que respete las necesidades de todos los pueblos de la región es igualmente de gran importancia para la estabilidad de Oriente Próximo. Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Los problemas del río Jordán trascienden en mucho la normal preocupación sobre la degradación medioambiental de los cursos hídricos. Tal y como reconoce la Resolución que hemos aprobado, el Jordán no es sólo un río. Su importancia va mucho más allá de la condición del río, y repercute en las esferas política, simbólica y religiosa de Estados, naciones y pueblos de varias latitudes.
La especial importancia que le confiere la historia de la humanidad justifica la preocupación de Europa y, en particular, de este Parlamento, sobre su destino. Espero y deseo que los Estados que limitan con el río Jordán puedan dejar a un lado sus tradicionales divergencias y desconfianzas y puedan unirse para evitar una mayor degradación de este río. José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El río Jordán, y en particular la región del bajo Jordán, es un paisaje cultural de importancia universal y de gran valor histórico, religioso y medioambiental. Lamentablemente, ha sido devastado por la sobreexplotación, la contaminación y la mala gestión de su caudal, lo que ha resultado en una pérdida del 50 % de la biodiversidad. La recuperación del río Jordan y, en particular, de la zona del bajo Jordán reviste una importancia fundamental para las comunidades locales israelíes, jordanas y palestinas que se enfrentan a desafíos hídricos similares.
Asimismo, ofrece enormes beneficios para la economía y para la creación de confianza. La existencia de cooperación activa entre los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales afectados puede contribuir en gran medida a los esfuerzos por lograr la paz en la región. Por tanto, instamos a las autoridades de todos los países afectados a que colaboren para recuperar el río Jordán elaborando y aplicando políticas orientadas a conseguir resultados tangibles en materia de gestión de la demanda de agua para usos domésticos y agrícolas, así como en términos de conservación de los recursos naturales y del agua. También pedimos al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que fomenten y apoyen un plan integrado para corregir la devastación del río Jordán. João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Como ya se establece en la propuesta de resolución, la cuenca del río Jordán, especialmente su curso bajo, es un paisaje cultural de importancia universal y de gran valor histórico, simbólico, religioso, ambiental, agrícola y económico, tanto en Oriente Próximo como en otras regiones. El actual estado de degradación ecológica del río y los niveles de contaminación que presenta constituyen un serio motivo de preocupación.
La deseable y necesaria recuperación del río Jordán —un imperativo ambiental, social y cultural— no se puede, por supuesto, separar del contexto geopolítico de la región. Debe reconocerse que la población palestina de Cisjordania afronta graves carencias de agua debido en gran parte a su utilización por Israel y los asentamientos de colonias judías en Cisjordania, y, asimismo, a la continua ocupación de Israel de parte de los Altos del Golán, donde hay numerosos manantiales importantes. Para establecer una paz y una estabilidad duraderas en Oriente Próximo, es de la mayor importancia una división equitativa de los recursos hídricos, que respete de igual modo las necesidades de todos los pueblos de la región y, además, es inseparable de la necesaria recuperación del curso bajo del río Jordán. Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), por escrito. − (CS) La situación en Oriente Próximo ha sido complicada durante muchos años, tanto desde el punto de vista político, como del económico y el ecológico. En esta zona nunca ha habido muchos ríos, su caudal es muy inestable, a pesar de que en tiempos muy remotos los bosques se transformaron en tierras de labranza y pastos, cada año arrasa arbustos, árboles y demás vegetación. El río Jordán tiene ya poco caudal, el agua está contaminada y el Mar Muerto se está secando poco a poco. Garantizar el suficiente caudal de agua en el río es un problema técnico de gran magnitud, que sólo se puede solucionar en un clima político pacífico. La Unión Europea ha participado activamente durante mucho tiempo en varios proyectos cuyo principal objetivo es apoyar el desarrollo pacífico de toda la zona.
Por lo tanto, es también conveniente que apoyemos el programa clave, es decir, la renovación de un régimen hídrico racional en el curso bajo y medio del río Jordán. Dado que los gobiernos locales se enfrentan a problemas similares en varios lugares de la región del Sahel y Asia, no es solo la respuesta de la Comisión la que proporcionará una fuente de inspiración útil para la solución de problemas similares en otros lugares, sino la aprobación de medidas correctoras concretas. Apoyo la aprobación de la propuesta de resolución común. Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental. De hecho, en julio, las Naciones Unidas aprobaron la resolución derivada de la Cumbre de los pueblos de Cochabamba que exige su reconocimiento. El río Jordán ha sido devastado y se ha privado a los palestinos de acceso al agua potable mediante el desvío de casi todo el curso del río por parte de Israel, Jordania y Siria. La Unión Europea, sin falta, debe apoyar los acuerdos de cooperación entre los Estados para recuperar el río y mejorar la forma de distribución de los recursos hídricos de la región.
Sin embargo, este interés exclusivo en el río Jordán cuando se están destruyendo muchos otros ríos es chocante. Eso es lo que defiende esta Resolución. Voto a favor con la esperanza de que haya una preocupación similar por los otros cauces de todo el mundo. Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor de la Resolución común sobre la situación del río Jordán porque es necesario animar a todos los países ribereños a su recuperación. La región del bajo Jordán se encuentra totalmente deteriorada: su mala gestión ha provocado una grave contaminación y se ha producido una pérdida de la biodiversidad del 50 %.
En el Tratado de Paz, firmado en 1994, Israel y el Reino de Jordania acordaron cooperar a lo largo de las fronteras compartidas para recuperar ecológicamente el río Jordán y para la protección ecológica de los recursos hídricos. Pero los palestinos han sido excluidos de la zona de seguridad israelí establecida en Cisjordania a lo largo del bajo Jordán, ocupada ilegalmente por los colonos israelíes, que irrigan la tierra con agua que pertenece a los palestinos.
Esto provoca que la población palestina en Cisjordania afronte graves carencias de agua, por lo que exigimos a Israel que ponga fin a la política de asentamientos, también en la zona del bajo Jordán. Los países ribereños, con el apoyo de la UE, deben crear una Comisión de la cuenca del río Jordán para la recuperación de este río, a fin de garantizar el suministro del caudal suficiente para la población ribereña. Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) He votado a favor de esta propuesta de resolución. La Resolución establece que ahora mismo el río Jordán se encuentra en una situación catastrófica. El nivel del Mar Muerto baja 30 cm cada año. Los países costeros, especialmente Siria y Jordania, explotan los recursos del río si bien no invierten en el desarrollo de depuradoras de aguas residuales y de equipos de preparación de agua potable. Si la UE no incrementa muy pronto su presión sobre todos los usuarios de los recursos hídricos, es inevitable que se produzca una catástrofe ecológica. A este respecto, la Resolución supone un aviso muy oportuno para los Gobiernos de Siria, Jordania e Israel. Es esencial hacer comprender a todos los Gobiernos de Oriente Próximo que la UE no puede solucionar todos sus problemas. Debemos obligar a los Gobiernos de Siria, Jordania e Israel a pensar en el futuro. Debemos ayudarles a elaborar un plan de acción para este fin, pero en ningún caso se debe financiar a aquellos que explotan los recursos naturales sin consideración alguna para poder lograr sus objetivos egoístas. Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − Acojo favorablemente la importante votación de hoy sobre una resolución que pone de relieve la devastación del río Jordán y, en particular, de su tramo inferior, y manifiesta su preocupación al respecto. Pide a las autoridades de todos los países ribereños que colaboren para recuperar el río Jordán elaborando y aplicando políticas orientadas a conseguir resultados tangibles en materia de gestión de la demanda de agua para usos domésticos y agrícolas, de conservación del agua y de gestión de las aguas residuales y los efluentes agrícolas e industriales, así como a garantizar el suministro de un caudal suficiente de agua dulce en el bajo Jordán. Acoge favorablemente la cooperación entre las comunidades locales israelíes, jordanas y palestinas que se enfrentan a desafíos hídricos similares en la región del bajo Jordán y pide a Israel y a Jordania que cumplan plenamente los compromisos asumidos en su Tratado de Paz con respecto a la recuperación del río Jordán. Última actualización: 31 de marzo de 2011Aviso jurídico

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 artículo 225
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 artículo 2
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