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BOE.es - Documento BOE-A-2006-21908
Documento BOE-A-2006-21908
Ley 11/2006, de 26 de octubre, del patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 298, de 14 de diciembre de 2006, páginas 44029 a 44056 (28 págs.)
BOE-A-2006-21908
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2006/10/26/11
Como consecuencia de la reforma producida en el Estatuto de Autonomía por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, las competencias de la Comunidad en esta materia quedaron definidas en el apartado 3 de su artículo 39 del siguiente modo: «Asimismo, en ejercicio de la competencia de organización, régimen y funcionamiento, prevista en el artículo 32.1.1.ª del presente Estatuto, y de acuerdo con la legislación del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma, entre otras materias, la regulación de los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad, y de los contratos y de las concesiones administrativas en su ámbito.»
El artículo 43 del Estatuto, como consecuencia de esa misma reforma, establece en su apartado 1 que «El patrimonio de la Comunidad estará integrado por todos los bienes de los que ella sea titular, estén o no adscritos a algún servicio o uso público de la Comunidad y cualquiera que sea su naturaleza y el título de adquisición.» Y en su apartado 2 dispone que: «Una ley de las Cortes de Castilla y León regulará el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como su administración, conservación y defensa.»
3. La verificación de los datos relativos a la inclusión, baja o cualquier otra modificación que afecte a bienes o derechos que deban ser inventariados se podrá incluir dentro del control de auditoría pública regulado en la Ley de Hacienda y ejercido por la Intervención General
c) El acuerdo de incoación del procedimiento de investigación se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otros medios de difusión. Una copia del acuerdo será remitida al ayuntamiento en cuyo término radique el bien, para su exposición al público en el tablón de edictos.
d) Cuando se considere suficientemente acreditada la titularidad de la Comunidad sobre el bien o derecho, se declarará así en la resolución que ponga fin al procedimiento y se procederá a su tasación, a su inclusión en el Inventario General y a su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como a la adopción, en su caso, de cuantas medidas sean procedentes para obtener su posesión.
La resolución que ponga fin al procedimiento será publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.
e) El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de dieciocho meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido este plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el procedimiento y, previa resolución que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León, se acordará el archivo de las actuaciones.
Sección 1.ª Afectación de bienes y derechos
Sección 2.ª Desafectación de los bienes y derechos
Sección 3.ª Mutaciones de destino
Sección 1.ª Adscripción de bienes y derechos
Sección 2.ª Desadscripción de bienes y derechos
La desadscripción, que llevará implícita la desafectación, requerirá, para su efectividad, de la recepción formal del bien o derecho, que se documentará en la correspondiente acta de entrega, suscrita por representantes del órgano directivo competente en materia de patrimonio y de la entidad o entidades involucradas, o en acta de toma de posesión levantada por dicho órgano.
1. Los bienes inmuebles y derechos reales que no sean necesarios a las entidades institucionales para el cumplimiento de sus fines se incorporarán, previa desafectación en su caso o al patrimonio de la Administración General.
3. Respecto de los bienes y derechos de las entidades institucionales que, en virtud de sus normas de creación o sus estatutos, tengan atribuidas facultades para su enajenación, el titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá acordar la no incorporación del inmueble o derecho al patrimonio de la Administración General, supuesto en el que el organismo titular quedará facultado para proceder a su enajenación, conforme a lo previsto en la sección 2.ª del capítulo V del título IV de esta ley.
Sección 1.ª Utilización de los bienes destinados al uso general
Sección 2.ª Utilización de los bienes y derechos destinados a un servicio público
Sección 3.ª Autorizaciones y concesiones demaniales
1. El ofrecimiento y la tramitación de los derechos de reversión, cuando proceda, serán efectuados, previa depuración de la situación física y jurídica de los bienes, por la consejería o entidad que haya instado la expropiación, aunque el bien hubiera sido posteriormente afectado o adscrito a otra distinta. En tal caso, esta última comunicará a la que hubiese instado la expropiación el acaecimiento del supuesto que dé origen al derecho de reversión.
3. La Administración General de la Comunidad y las entidades institucionales sólo podrán aceptar las herencias, legados o donaciones que lleven aparejados gastos, o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos, si el valor del gravamen impuesto no excede el valor de lo que se adquiere, según tasación pericial. Si el gravamen excediese el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren razones de interés público, relativas al valor artístico, histórico o cultural del bien o a cualquier otra circunstancia debidamente justificada.
Sección 5.ª Enajenación de títulos representativos de capital
Sección 1.ª Cesión gratuita de bienes o derechos de la Administración General
2. Cuando se pretenda la cesión de un inmueble afectado a una consejería, la solicitud podrá dirigirse también a ésta, que en caso de conformidad, solicitará a la consejería competente en materia de hacienda la desafectación y la tramitación de la cesión.
Sección 2.ª Cesión gratuita de bienes y derechos de las entidades institucionales
2. Los bienes que se adquieran para construir viviendas de protección pública serán inventariados y valorados por la consejería competente por razón de la materia, de acuerdo con los criterios establecidos por la consejería competente en materia de hacienda, y el inventario se remitirá durante el primer trimestre de cada año a esta última consejería, debidamente valorado y suscrito por el titular del órgano directivo correspondiente.
Valladolid, 26 de octubre de 2006.–El Presidente, Juan Vicente Herrera Campo.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 209, de 30 de octubre de 2006)
Fecha de entrada en vigor: 19/11/2006
Publicada en el BOCYL núm. 209, de 30 de octubre de 2006.
el art. 72.2 y SE AÑADE el art. 115 bis, por Ley 7/2015, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2016-1884).
la referencia indicada de la disposición adicional 3, por Ley 1/2014, de 19 de marzo (Ref. BOE-A-2014-3562).
el art. 118.2, por Ley 11/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-839).
el art. 119.1 y SE AÑADE el art. 82.bis, por Ley 4/2012, de 16 de julio (Ref. BOE-A-2012-10158).
la disposición adicional 1.2, por Ley 9/2010, de 30 de agosto (Ref. BOE-A-2010-14849).
arts. 44.1 y 45.1, por Ley 10/2009, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-564).
la disposición adicional 1, por Ley 17/2008, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-2394).
art. 29.4 del Reglamento aprobado por Decreto 2/1998, de 8 de enero (BOCL del 16).
Lo indicado del art. 7.10 y MODIFICA el art. 90.4 de la Ley 3/2001, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2001-14243).
Lo indicado del art. 2 y MODIFICA los arts. 15 y 2c) de la Ley 21/1994, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-918).
el art. 6.3 de la Ley 10/2003, de 8 de abril (Ref. BOE-A-2003-8798).
el art. 6 de la Ley 7/2002, de 3 de mayo (Ref. BOE-A-2002-10231).
DE CONFORMIDAD con el art. 39.3 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1983-6483).

References: artículo 39
 artículo 32
 artículo 43
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