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Timestamp: 2019-04-25 12:46:25+00:00

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LEY 11/1996, de 30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. - BOA. Boletín Oficial de Aragón - Legislación - VLEX 15268572
PREAMBULO 1 La disposición adicional primera de la Ley 3/1993, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, impuso al Gobierno la obligación de presentar dos proyectos de Ley: uno, regulador de la actividad del Presidente y del Gobierno de Aragón, y otro, relativo a la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma.
2 El presente texto parte del absoluto respeto a la distribución competencial establecida en la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para fijar las "bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común", pero acepta también que las Comunidades Autónomas puedan asumir importantes funciones.
El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 35, proclama la competencia exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma tanto en la "organización de sus instituciones de autogobierno" como en el "procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia", y regula en los artículos 43 y 44 la Administración pública de la Comunidad Autónoma.
Al ejercitarse las competencias de la Administración central mediante la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya por Ley 3/1993, de 15 de marzo, se realizó una primera adaptación de nuestro ordenamiento autonómico. Sin embargo, tal regulación tenía un carácter confesadamente provisional y necesariamente fragmentario. El nuevo texto aspira a contener una regulación comprensiva de las distintas adaptaciones exigidas por la organización propia de la Administración autonómica. Así, el Título III, dedicado al "ejercicio de sus competencias por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón", y el Título V, "del régimen jurídico de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma", responden a esta finalidad.
En este ámbito merece la pena destacar, como una de las novedades de la Ley, la previsión de la sustitución -permitida por la Ley 30/1992- del recurso ordinario por una reclamación o impugnación ante una comisión no sometida a instrucción jerárquica alguna.
Previsión no sólo abstracta, sino ya concretada por la disposición adicional duodécima en relación con el Ingreso Aragonés de Inserción, de tal forma que todas las reclamaciones, recursos o impugnaciones que se produzcan a partir del 1 de enero de 1997 contra los actos administrativos relativos a éste se resolverán por la Comisión que la Ley crea, presidida por un Director General del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, pero cuyos dos vocales han de ser un catedrático o profesor titular de Universidad con formación en materia de Bienestar Social y un experto en esta materia, con titulación universitaria superior, que no podrá ser empleado de la Administración autonómica ni estar vinculado a ella contractualmente, garantizándose así la independencia del órgano.
3 La Ley recoge las especialidades de régimen jurídico y procedimiento que, en el marco de la legislación estatal, derivan de la potestad autoorganizativa de la Comunidad Autónoma, pero pretende ser algo más que una norma procedimental.
En efecto, la Ley pretende, sobre todo, dotar a la Administración de la Comunidad Autónoma de un marco organizativo flexible y adaptado a su realidad actual. Es claro que desde el año 1984 la Administración autonómica ha experimentado un importante proceso de crecimiento y que la asunción de nuevas competencias ha supuesto una modificación tanto cuantitativa como cualitativa de la misma. El volumen que ha alcanzado, su creciente complejidad, y la multiplicidad de los ámbitos en los que se despliega su actividad exigen dotarla de una organización que permita afrontar el reto de actuar con la eficacia y eficiencia que nuestro Estatuto exige y la sociedad demanda. La Ley parte de la tradicional división funcional en Departamentos, pero apuesta decididamente por los principios de descentralización, desconcentración y gestión territorializada, con una clara vocación de potenciar las Delegaciones Territoriales y los Servicios Provinciales, acercando de esta manera la Administración a los ciudadanos. Asimismo, prevé la creación de oficinas delegadas de carácter interdepartamental en comarcas y localidades, dentro del modelo de organización flexible y abierto que se pretende establecer.
4 En cualquier caso, la Ley pretende conseguir un diseño que permita en cada momento adaptar la organización a los fines perseguidos. Ello se consigue no sólo mediante la previsión del carácter eventual de determinados elementos organizativos, como las Secretarías Generales Técnicas o las Oficinas Delegadas de carácter territorial que se han señalado, sino también mediante la configuración general de la estructura. El texto distingue, así, entre los órganos administrativos (Departamentos, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales, Delegaciones Territoriales, Servicios y Servicios Provinciales), que se crean, modifican y suprimen de acuerdo con lo establecido en la Ley, y las unidades administrativas, integradas por puestos de trabajo vinculados por las funciones que tengan atribuidas y por una jefatura común, cuya creación, modificación y supresión se realizará a través de las relaciones de puestos de trabajo. Con ello se evitan rigideces innecesarias que pueden generar importantes disfunciones, y se posibilita que en cada momento y lugar la estructura se adapte flexiblemente a las distintas y cambiantes necesidades. Finalmente, no puede dejar de señalarse el énfasis que la Ley pone en la programación de la gestión administrativa, en la definición de objetivos concretos de gestión cuyo grado de cumplimiento habrá de ser objeto de periódica evaluación, en la racionalización de procedimientos, en la incorporación de medios informáticos y telemáticos y en el necesario sometimiento de los órganos administrativos y organismos públicos a periódicos controles, inspecciones o auditorías administrativas, con la finalidad de garantizar la plena efectividad de los principios de eficacia y eficiencia.
5 El último título de la Ley se dedica a los organismos públicos y a las empresas de la Comunidad Autónoma, y pretende la sistematización del sector público autonómico. Debe destacarse que tal sistematización ahora realizada modifica la existente hasta ahora en nuestro ordenamiento jurídico. De este modo, se distinguen, por un lado, los organismos públicos, bien sean organismos autónomos o entidades de Derecho público, y, por otro, las empresas de la Comunidad Autónoma, denominación reservada a aquellas sociedades mercantiles en cuyo capital social la Comunidad Autónoma tenga directa o indirectamente participación mayoritaria. Como ya se ha señalado, la Ley pretende en este punto, a la par que sistematizar la pluralidad de entes con personalidad jurídica propia dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma, establecer un marco básico de regulación en cuanto a la creación, régimen jurídico, presupuestario, patrimonial y de personal de los distintos entes, así como los adecuados mecanismos de control de los mismos, todo ello sin perjuicio de la evidente necesidad de remitir la regulación detallada de los distintos aspectos a las normas específicas que los regulan, y especialmente a la legislación Patrimonial y de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
6 Las disposiciones adicionales y transitorias de la Ley prevén la realización de diversas adaptaciones exigidas por la nueva normativa e imponen plazos concretos para su realización. Junto a ello se recoge alguna disposición exigida por la voluntad de derogar completamente la Ley 3/1993, de 15 de marzo, por lo que se evitan de esta manera las disfuncionalidades para la técnica legislativa que un mantenimiento aislado de alguna de sus disposiciones podría plantear.
TITULO I De los principios generales sobre la organización y el funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma Artículo 1.--Objeto de la Ley.
Artículo 2.--Principio de legalidad y personalidad jurídica de la Administración.
Artículo 3.--Potestades y prerrogativas.
1. La Administración Pública aragonesa gozará, en el ejercicio de sus competencias, de las potestades y prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce a la Administración General del Estado y, en todo caso, de las siguientes: a) La potestad de autoorganización.
Artículo 4.--Principios de organización.
La Administración de la Comunidad Autónoma se organizará con arreglo a los siguientes principios: a) División funcional y gestión territorializada.
Artículo 5.--Principios de funcionamiento.
La Administración de la Comunidad Autónoma ajustará su actividad a los siguientes principios: a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
TITULO II De la organización administrativa Capítulo I De la estructura básica de la Administración de la Comunidad Autónoma Artículo 6.--Los órganos administrativos.
Artículo 7.--División funcional y gestión territorial.
Artículo 8.--Organos superiores y órganos directivos.
Artículo 9.--Los Delegados del Gobierno de Aragón en Huesca y en Teruel.
Artículo 10.--Los Servicios y los Servicios Provinciales.
Artículo 11.--Los elementos organizativos básicos.
3. Los jefes de las unidades administrativas responderán de la adecuada realización de las funciones atribuidas a aquéllas.
Además, los Jefes de Servicio y los Jefes de Servicio Provincial tendrán la responsabilidad inmediata de los recursos humanos y materiales asignados a dichos órganos y deberán promover la racionalización y simplificación de los procedimientos aplicables a las tareas que tengan encomendadas.
Artículo 12.--Contenido de las normas organizativas.
Artículo 13.--Organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma.
1. En la Administración de la Comunidad Autónoma podrán existir organismos públicos con las siguientes denominaciones: a) Organismos autónomos.
Capítulo II De la organización central de la Administración de la Comunidad Autónoma Artículo 14.--Los Departamentos.
3. La organización en Departamentos no obstará a la existencia de órganos adscritos directamente a la Presidencia del Gobierno.
Excepcionalmente, también podrán adscribirse a la misma organismos públicos.
Artículo 15.--Estructura orgánica de los Departamentos.
4. Las Direcciones Generales se organizarán en los Servicios necesarios para el cumplimiento eficaz de las funciones que les sean asignadas. 5. Los Servicios podrán estar integrados en Direcciones Generales o depender directamente de los Consejeros o, en su caso, de los Secretarios Generales Técnicos.
Artículo 16.--Los Secretarios Generales Técnicos.
1. Los Secretarios Generales Técnicos tendrán las siguientes competencias: a) Representar al Departamento por delegación del Consejero.
Artículo 17.--Los Directores Generales.
1. Los Directores Generales son los titulares de los órganos encargados de la dirección, la gestión y la coordinación de una o de varias áreas funcionalmente homogéneas del Departamento. En el ejercicio de estas competencias, los Directores Generales tendrán las siguientes facultades: a) Dirigir, gestionar y coordinar los Servicios integrados en su Dirección General y velar por su buen funcionamiento.
Artículo 18.--Los Jefes de Servicio.
Artículo 19.--Los órganos de asistencia directa.
Capítulo III De la organización territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma Artículo 20.--Los Delegados del Gobierno de Aragón en Huesca y en Teruel.
2. Corresponderá a los Delegados Territoriales: a) Dirigir y supervisar, de acuerdo con las directrices que reciban, la actividad de la Administración de la Comunidad Autónoma en la provincia, y elevar, en su caso, al Gobierno de Aragón y a los Departamentos cuantos informes y propuestas consideren procedentes.
3. Los Delegados Territoriales se integrarán orgánicamente en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y serán nombrados mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del titular de dicho Departamento, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Artículo 21.--Organización territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Artículo 22.--Los Servicios Provinciales.
Capítulo IV De las competencias en materia de organización Artículo 23.--Competencias generales.
Capítulo V Del régimen jurídico de los órganos colegiados Artículo 24.--Legislación aplicable.
Artículo 25.--Presidente y Secretario de los órganos colegiados.
2. La designación del Presidente se realizará de acuerdo con el procedimiento que establezcan la norma o el convenio por el que se cree el órgano. En defecto de regulación expresa, será designado por mayoría absoluta de los miembros del órgano, en primera votación, o por mayoría simple, en segunda votación.
Artículo 26.--Delegación de competencias.
Artículo 27.--Normas generales de funcionamiento de algunos órganos colegiados.
El régimen jurídico de los órganos colegiados de la Administración de la Comunidad Autónoma en los que participen representantes de distintos Departamentos, de otras Administraciones Públicas y de intereses sociales será el establecido en las normas a las que se hace referencia en el artículo 24. En todo caso, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El Presidente del órgano dirimirá con su voto los empates cuando así lo establezcan las normas específicas del órgano.
TITULO III Del ejercicio de sus competencias por los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma Capítulo I Principios generales Artículo 28.--Irrenunciabilidad de la competencia.
Artículo 29.--Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
2. Cuando una disposición así lo establezca o en aquellos casos en que se considere conveniente su conocimiento por los ciudadanos o por el resto de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, el titular del Departamento podrá ordenar la publicación de las instrucciones, circulares y órdenes de servicio en el "Boletín Oficial de Aragón".
Capítulo II De la delegación de competencias Artículo 30.--Ambito de la delegación.
2. Las competencias de los Consejeros serán delegables, salvo las relativas a: a) Los asuntos que se refieran a las relaciones con órganos constitucionales o estatutarios.
Artículo 31.--Régimen jurídico de la delegación.
1. La delegación de competencias y su revocación, que podrá producirse en cualquier momento, deberán publicarse en el "Boletín Oficial de Aragón".
Artículo 32.--Delegación de competencias en corporaciones de Derecho público.
Capítulo III De otras formas de ejercicio de las competencias Artículo 33.--Avocación.
Artículo 34.--Encomienda de gestión.
4. El Decreto o la Orden mediante los que se autorice la encomienda de gestión o el convenio en el que ésta se formalice, según los casos, contendrá el régimen jurídico de la encomienda, con mención expresa de la actividad o actividades a las que afecte, plazo de vigencia, naturaleza y alcance de la gestión encomendada y obligaciones que asuman el órgano o la entidad encomendados y, en su caso, la Administración autonómica. 5. Los convenios deberán ser remitidos al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, en el plazo de diez días, para su incorporación al Registro de Convenios, cuyo contenido y funcionamiento se determinará reglamentariamente. Su eficacia quedará condicionada a la publicación en el "Boletín Oficial de Aragón".
Artículo 35.--Delegación de firma.
Artículo 36.--Suplencia.
2. El titular del Departamento será quien, en las mismas circunstancias a las que se refiere el apartado anterior, designará a quien deba sustituir al Secretario General Técnico, en su caso, y a los Directores Generales. 3. La designación para la sustitución de los Jefes de Servicio competerá a su superior jerárquico directo. Capítulo IV De los conflictos de atribuciones Artículo 37.--Organos encargados de resolverlos.
Artículo 38.--Procedimiento.
3. El conflicto se resolverá dentro del plazo máximo de quince días, contados desde aquél en el que se eleven las actuaciones al órgano competente para resolver. 4. En caso de silencio, se entenderá que la competencia corresponde al órgano que estuviere conociendo del asunto originariamente, aunque hubiera declinado su competencia. En este supuesto, los interesados podrán reclamar que prosigan las actuaciones, sin perjuicio de la reserva de recursos y acciones para cuando procediere su ejercicio.
TITULO IV De la actuación administrativa Capítulo I Principios generales Artículo 39.--Principios de colaboración, auxilio y mutua información.
Artículo 40.--El principio de coordinación en la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Capítulo II De la programación de la gestión administrativa, de la racionalización de procedimientos y de los medios informáticos y telemáticos Artículo 41.--Programación de la gestión administrativa.
Artículo 42.--Racionalización de los procedimientos.
Artículo 43.--De los medios informáticos y telemáticos.
Capítulo III De las auditorías administrativas Artículo 44.--El control de eficacia y de eficiencia.
Capítulo IV De los derechos de los ciudadanos frente a la actuación administrativa Artículo 45.--Realización efectiva del principio de publicidad.
Artículo 46.--Información a los ciudadanos.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42 de esta Ley, deberá organizar un sistema de información a los ciudadanos sobre sus competencias, funciones y organización, que garantice el conocimiento efectivo de los procedimientos administrativos, de los servicios y de las prestaciones en el ámbito de la misma. Dicho sistema será coordinado por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
Artículo 47.--Errores en la presentación de escritos ante la Administración.
Artículo 48.--Derecho de acceso a los archivos y registros de la Administración.
3. Se entenderá por procedimiento administrativo terminado aquél en el que se haya producido una resolución definitiva en vía administrativa.
TITULO V Del régimen jurídico de la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma Capítulo I Del régimen jurídico de los actos administrativos Artículo 49.--Producción de los actos administrativos.
Artículo 50.--Actos que ponen fin a la vía administrativa.
1. Ponen fin a la vía administrativa: a) Los actos y las resoluciones administrativas del Presidente, del Gobierno y de los Consejeros.
Capítulo II De la revisión de los actos administrativos Artículo 51.--Revisión de oficio.
La revisión de oficio de los actos declarativos de derechos se realizará conforme a las siguientes normas: a) Cuando se trate de actos nulos o anulables por infringir gravemente normas de rango legal o reglamentario, la revisión se realizará mediante Orden del Consejero titular del Departamento del que emane el acto o al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado, o, en su caso, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón. Será necesario el dictamen previo de la Comisión Jurídica Asesora, que necesariamente habrá de ser favorable en el caso de los actos nulos.
b) La revisión de los demás actos anulables exigirá la impugnación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa tras la declaración de lesividad mediante Orden del Consejero titular del Departamento del que emane el acto o al que esté adscrito el organismo público que lo haya dictado, o, en su caso, mediante acuerdo del Gobierno de Aragón Artículo 52.--Revocación de actos administrativos.
La revocación de los actos, expresos o presuntos, no declarativos de derechos y de los de gravamen se realizará mediante resolución del órgano competente del que emane el acto o, en su caso, mediante Orden del titular del Departamento.
Artículo 53.--Errores materiales o aritméticos.
Capítulo III Recursos administrativos y reclamaciones administrativas previas Artículo 54.--Recurso ordinario.
Artículo 55.--Recurso de revisión.
1. Los actos y las resoluciones que agoten la vía administrativa y aquéllos contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo serán susceptibles de ser impugnados mediante el recurso extraordinario de revisión, cuando se den las circunstancias que establece la legislación básica estatal.
Artículo 56.--Reclamaciones administrativas previas.
Artículo 57.- Reclamaciones económico-administrativas Las reclamaciones económico-administrativas en tributos propios de la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por su legislación específica.
Capítulo IV De la sustitución del recurso ordinario Artículo 58.--Criterios generales.
2. Las comisiones a las que se refiere el apartado anterior, una vez conocido el contenido de la reclamación y el expediente administrativo, emitirán la resolución que en Derecho proceda. 3. El procedimiento administrativo de actuación de estas comisiones se regulará mediante Decreto del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y deberá respetar los principios, las garantías y los plazos que la legislación básica reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.
Artículo 59.--Notificaciones específicas.
Artículo 60.--Composición de las comisiones.
TITULO VI De los organismos públicos y de las empresas de la Comunidad Autónoma Capítulo I De los organismos públicos Artículo 61.--Definición.
Artículo 62.--Clasificación y adscripción.
1. Los organismos públicos se clasifican en: a) Organismos autónomos.
Artículo 63.--Creación.
Los organismos públicos se crearán por Ley, que establecerá, al menos: a) Los fines generales de la entidad.
Artículo 64.--Plan inicial de actuación.
Artículo 65.--Régimen jurídico.
9. Anualmente deberán elevar al Gobierno un informe en el que den cuenta de la gestión realizada, mediante la presentación de un programa de actuaciones e inversiones futuras, así como las distintas cuentas Artículo 66.- Extinción.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, podrán extinguirse mediante Decreto del Gobierno de Aragón, aprobado a propuesta conjunta de los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Fomento, y a iniciativa del titular del Departamento al que el organismo público esté adscrito, en los siguientes casos: a) Por el transcurso del tiempo de existencia del organismo público que se hubiera establecido en los estatutos.
Capítulo II De los organismos autónomos Artículo 67.--Definición.
Artículo 68.--Estatutos.
1. Los estatutos de los organismos autónomos deberán regular, al menos: a) Las funciones y competencias del organismo y su distribución entre los órganos de dirección del mismo.
3. Los estatutos deberán ser publicados en el "Boletín Oficial de Aragón".
Artículo 69.--Clases.
1. Los organismos autónomos se clasifican, a los efectos de esta Ley, en: a) Organismos autónomos de carácter administrativo.
Artículo 70.--Régimen de personal.
Artículo 71.--Régimen patrimonial.
Artículo 72.--Régimen de contratación.
Artículo 73.--Régimen presupuestario.
2. El anteproyecto de presupuesto será aprobado por el titular del Departamento al que esté adscrito el organismo autónomo, que lo remitirá, junto con el del Departamento, al de Economía, Hacienda y Fomento para su aprobación por el Gobierno de Aragón y su integración en el Proyecto de Ley de Presupuestos.
Artículo 74.--Régimen de contabilidad pública y controles financiero, de eficacia y de eficiencia.
Capítulo III De las entidades de Derecho público Artículo 75.--Definición.
Artículo 76.--Régimen jurídico.
Artículo 77.--Régimen de personal.
Artículo 78.--Régimen de contratación.
Capítulo IV De las empresas públicas Artículo 79.--Definición.
Artículo 80.--Creación.
3. En el Decreto se hará constar: a) La forma jurídica de la sociedad.
f) Las funciones que se reserve el Consejo de Gobierno, entre las que estarán el conocimiento anual de la gestión social y de las distintas cuentas, y el programa de actuación, inversiones y financiación. Asimismo será precisa la previa autorización en cada caso, a la representación de la Diputación General de Aragón, para votar lo que proceda en aumento y reducción del capital social, así como la transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de la sociedad.
Artículo 81.--Régimen jurídico.
Artículo 82.--Participación minoritaria en otras empresas.
En ningún caso se considerarán empresas de la Comunidad Autónoma aquéllas en cuyo capital ésta participe minoritariamente.
Artículo 83.--Régimen de personal.
Artículo 84.--Régimen patrimonial.
Artículo 85.--Régimen presupuestario.
Artículo 86.--Régimen de contabilidad pública y de control.
Artículo 87.-Régimen de contratación. La contratación de las empresas públicas se regirá por el Derecho Privado, aunque deberá respetar los principios recogidos en la legislación básica sobre contratos de las administraciones públicas.
DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.--Relaciones de puestos de trabajo.
Segunda.--Supresión de las Secretarías Generales.
Tercera.--Representación y defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Cuarta.--El Archivo de la Administración.
Quinta.--El "Boletín Oficial de Aragón".
1. El "Boletín Oficial de Aragón" es el diario oficial de la Comunidad Autónoma.
2. El "Boletín Oficial de Aragón" se integra orgánicamente en el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales.
Sexta.--Aprobación y adaptación de los estatutos de los organismos públicos.
Séptima.--Adecuación de competencias sancionadoras.
4. Los titulares de los Departamentos afectados por esta disposición dictarán, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, una instrucción que contenga la ordenación concreta de las competencias sancionadoras en sus Departamentos. Esta instrucción se comunicará a los órganos competentes y se publicará en el "Boletín Oficial de Aragón".
Octava.--Reglamentación del ejercicio de la potestad sancionadora.
Novena.--Sustitución del recurso ordinario en relación con el Ingreso Aragonés de Inserción.
3. La Comisión estará presidida por un Director General del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. El titular de este Departamento nombrará al Presidente titular y a su suplente, que será, asimismo, un Director General de dicho Departamento. 4. Los dos vocales y sus correspondientes suplentes serán nombrados por el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. Estos nombramientos deberán recaer en: --Dos catedráticos o profesores titulares de Universidad con formación en materia de Bienestar Social, uno como titular y otro como suplente.
--Dos expertos en materia de Bienestar Social con titulación universitaria superior, uno como titular y otro como suplente.
Décima.--Evaluación de resultados.
Transcurrido un año desde la entrada en funcionamiento de la Comisión a la que se refiere la disposición anterior, el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo realizará una evaluación de sus resultados. Las conclusiones de esta evaluación se elevarán al Gobierno de Aragón para su valoración, y se remitirán ambas a la Comisión correspondiente de las Cortes de Aragón, a los efectos pertinentes.
Undécima.--Atribución de competencias en materia de personal.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.--Adecuación de las relaciones de puestos de trabajo.
Segunda.--Adaptación de los reglamentos de los órganos colegiados.
Tercera.--Adecuación de la delegación de competencias en las corporaciones representativas de intereses económicos y sociales.
DISPOSICION DEROGATORIA Quedan derogados expresamente: a) Los artículos 29 a 39, ambos inclusive, de la Ley 3/1984, de 22 de junio, del Presidente, de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55 y 56 de dicha Ley en la redacción dada a los mismos por la Ley 3/1993, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 3/1984, de 22 de junio.
DISPOSICIONES FINALES Primera.--Desarrollo reglamentario de esta Ley.
El Gobierno de Aragón queda autorizado para dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta Ley. Segunda.--Protección de los archivos informáticos.
En el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno de Aragón presentará a las Cortes un proyecto de ley que regule la protección de los archivos informáticos que contengan datos de carácter personal. Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
DECRETO 146/1998, de 22 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos durante el año 1999 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

References: artículo 35
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Artículo 46
 artículo 42

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Artículo 48
 resolución 
 Artículo 49

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 Artículo 51
 Artículo 52
 resolución 

Artículo 53
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 resolución 

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