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Timestamp: 2018-01-19 23:08:59+00:00

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Sentencia A.P. La Coruña 503/2013 de 8 de noviembre. Accidente de tráfico. Falta de lesiones por imprudencia. Responsabilidad civil directa. Incapacidad permanente parcial. Valoración de la prueba. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. La Coruña 503/2013 de 8 de noviembre
Accidente de tráfico: Falta de lesiones por imprudencia. Incapacidad permanente parcial: No cabe su apreciación ante la ausencia de prueba médica que lo sostenga. Valoración de la prueba: Requisitos necesarios para apreciar error que no concurren en este caso.
SENTENCIA: 00503/2013
ROLLO: RJ 885/2013
Órgano de Procedencia: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE CORCUBIÓN
Procedimiento: Juicio de Faltas Número 1074/2012
RCT: Adolfina
Proc. Sr/a. Fernández Lestón
Ltd. Sr/a. Siaba Vara
RCD: ALLIANZ, Cia de Seguros y Reaseguros S.A. y Jose Ignacio
Proc. Sr/a Borrero Castro
Ltd. Sr/a. Astray Coloma
LA ILMA. SRA.Dña. LUCÍA LAMAZARES LÓPEZ, como Tribunal unipersonal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, ha pronunciado.
En el recurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Corcubión, en Juicio de Faltas Número 1074/2012, sobre falta de lesiones imprudentes, figurando como apelante Adolfina; y como apelados ALLIANZ, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. y Jose Ignacio.
Primero.—En el juicio de faltas aludido se dictó sentencia en fecha 4 de febrero de 2013, cuyo Fallo dice así:
"Que debo condenar y condeno a don Jose Ignacio, como autor responsable de una falta de imprudencia prevista y penada en el artículo 621.3.º del Código Penal, a la pena de 10 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, y subsidiariamente, en caso de impago, a un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas; y a que indemnice a la Sra. Adolfina en los términos y cantidades que se recogen en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución; así como al abono de las costas procesales, si las hubiere.
Se declara la responsabilidad civil directa de la Compañía de Seguros Allianz s.a., la cual deberá abonar, además, el interés legal del dinero establecido en el artículo 20 LCS, computándose desde la fecha del siniestro hasta la fecha del completo pago.".
Segundo.—Que notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso de apelación por la recurrente mencionada en el encabezamiento, que le fue admitido en ambos efectos, y una vez efectuados los traslados que establece el artículo 790.5.º de la Ley de enjuiciamiento criminal, las restantes partes, se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, para su resolución, correspondiendo por reparto a esta Sección Primera con el número de Rollo arriba expresado.
Tercero.—En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones y formalidades legales.
HECHOS PROBADOSÚnico.-Se aceptan los de la resolución recurrida, que se dan por reproducidos en su integridad de cara a la brevedad de la presente.
Primero.—La apelante Adolfina, denunciante en la instancia, solicita en esta alzada la revocación parcial de la sentencia dictada en primera instancia en el sentido de estimar sus pretensiones económicas sobre la incapacidad permanente parcial que le ha quedado como consecuencia del accidente de tráfico enjuiciado.
Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros SA y Jose Ignacio impugnan el recurso de apelación interpuesto y solicitan que se desestime con imposición de costas a la apelante.
Segundo.—Se recoge en la sentencia recurrida las lesiones sufridas por Adolfina como consecuencia del accidente y se indica en la misma que: "...quedándole como secuelas las siguientes: 1.- Artrosis postraumática y/o antebrazo-muñeca dolorosa (4 puntos; 2.- Inestabilidad del tobillo por lesión ligamentosa (3 puntos); 3.- Artrosis postraumática subastragaliana, incluyendo limitaciones funcionales y dolor (3 puntos).Asimismo, también le queda como secuela laterorrinia (con desviación de unos 5.º) que le irroga un perjuicio estético ligero que se valora en 6 puntos." Descartándose la concesión de cantidad por incapacidad o invalidez para sus ocupaciones habituales pues el informe forense lo descarta.
Efectivamente, consta en los autos el informe de sanidad del médico forense sobre Adolfina que indica "La profesión que venía desempeñando con anterioridad al hecho traumático (camarera), es compatible con su estado actual, pudiendo producirse un aumento de clínica a nivel de muñeca izquierda a la realización de esfuerzos mantenidos con dicho miembro superior, así como en el tobillo derecho a la realización de esfuerzos con dicho tobillo-pie..." (folio 156 de la causa).
En tal situación la consideración de las secuelas fisiológicas que expresan los médicos, en especial el médico forense ha de estimarse adecuada. La denunciante no presenta incapacidad permanente parcial a los efectos del baremo legamente aplicable, la Sra. Adolfina puede seguir trabajando de camarera aunque en determinadas situaciones de esfuerzo puede tener dolor en las zonas afectadas por las secuelas (muñeca izquierda y tobillo derecho). Y es que, como indica el artículo 741 y en especial el artículo 973 de la Ley de enjuiciamiento criminal respecto del juicio de faltas, la apreciación de las pruebas la hace el tribunal según su conciencia, considerándose correcta la decisión de decantarse por el informe forense obrante en el expediente por la imparcialidad y objetividad que le caracteriza, correspondiendo su valoración y fiscalización al juzgador.
Por lo tanto y basado en la prueba desarrollada en el acto del juicio y sobre la base de los informes obrantes, especialmente del médico forense, el juzgador ha alcanzado el convencimiento de que no procede reconocer a la denunciante una incapacidad permanente parcial pues no existe base médica para ello, y tal valoración debe ser mantenida puesto que es de recordar que la valoración de la prueba corresponde al Tribunal Juzgador (artículo 741 de la Ley de enjuiciamiento criminal) y debe partirse, como principio y por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución Española). Desde su privilegiada y exclusiva posición puede el Juez intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse de las personas que en él declaran en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de éstos. Dar más credibilidad a un testigo que a otro, por ejemplo, es tarea del Juzgador de instancia (sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1986, 27 de octubre y 3 de noviembre de 1995), si bien la estimación en conciencia de la prueba no ha de entenderse o hacerse equivalente a cerrado e inabordable criterio personal e íntimo del Juez, sino a una apreciación lógica de la prueba no exenta de pautas y directrices de rango objetivo. Por tal razón, y para hacer compatible la libre valoración judicial y el principio de presunción de inocencia es preciso que el Juez motive su decisión (SSTC de 17 de diciembre de 1.985, 23 de junio de 1.986, 13 de mayo de 1.987 y 2 de julio de 1.990, entre otras) que sólo podrá ser rectificada cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 1) que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; 2) que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio y 3) que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.
En este caso estima esta Juzgadora, en contra de lo alegado en el recurso, que el Juez a quo ha valorado de forma razonable y razonada la prueba en orden a la determinación de las lesiones y secuelas sufridas por la recurrente a consecuencia de los hechos enjuiciados. Valoración que merece ser respetada en esta alzada, pues es de toda lógica otorgar validez a una prueba pericial tan objetiva e imparcial como es un informe forense de sanidad cuando ningún dato posterior justifica la modificación de sus conclusiones, ni en cuanto a la determinación de las secuelas ni en cuanto a su alcance.
En definitiva, y frente a la pretensión de la recurrente cuyas alegaciones no ponen de manifiesto sino su legítima discrepancia con la valoración que de la prueba pericial ha realizado el juzgador de instancia, tal valoración debe ser respetada por este Tribunal que no aprecia elementos que demuestren error alguno por la justificación que realiza en su sentencia y los argumentos que en ella expone, desde el momento en que el Juez ha optado por otorgar validez a un informe pericial frente otro informe con argumentos que no se han visto desvirtuados en el recurso.
Tercero.—Por lo expuesto en los Fundamentos precedentes procede confirmar la sentencia apelada en su integridad, sin realizar pronunciamiento sobre las costas procesales devengadas en esta alzada.
Que debo desestimar y desestimo el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Adolfina contra la sentencia dictada en fecha 4 de febrero de 2013 en el Juicio de Faltas Número 1074/2012 seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Corcubión, del que dimana este Rollo, y en consecuencia debo CONFIRMAR Y CONFIRMO dicha sentencia. Sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas causadas en esta instancia.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.

References: artículo 621
 artículo 20
 artículo 790
 resolución 
 artículo 741
 artículo 973