Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191022-III.html
Timestamp: 2019-12-05 22:17:56+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5392-III, martes 22 de octubre de 2019
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conapred a establecer medios para prevenir la discriminación, exclusión y segregación de mexicanos por el uso de sombrero en la vestimenta tradicional, a cargo del diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a celebrar acuerdos con la Conade para diseñar e instaurar un programa de becas dirigido a fomentar la cultura física y práctica del deporte en alumnos de educación básica y media superior, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a generar una política pública nacional para prevenir y eliminar la anorexia y la bulimia en infantes y adolescentes, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a desechar reformas regresivas que eviten garantizar la autonomía e independencia fiscales, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a dejar sin efectos el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el DOF el 1 de julio de 2011, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para implantar en todo el país acciones encaminadas a perseguir, castigar y eliminar el maltrato de animales, en específico la compraventa y el tintado de aves, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a fiscalizar las prácticas de corrupción en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno a usar productos orgánicos, biodegradables y de origen nacional, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a garantizar la atención de las necesidades básicas de alimento, salud, albergue y seguridad de los migrantes establecidos en Tamaulipas, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Veracruz a diseñar y desarrollar programas sobre prevención social de la violencia y delincuencia en la región norte, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedena, la FGR, la SSPC y la SCT a difundir la cultura de la denuncia y realizar investigaciones y procedimientos para lograr una justicia adecuada en el país, a cargo del diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP a garantizar que los OIC establezcan en las dependencias y las entidades federales correspondientes medios para prevenir y combatir el cohecho conforme a los estándares internacionales en la materia, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a iniciar procedimientos a fin de sancionar a quien resulte responsable de grabar, emitir y hacer circular el video del acto proselitista donde niños de Tlaxiaco, Oaxaca, realizan promoción personalizada del presidente de la República, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a implantar medios para proteger los derechos de los contribuyentes cuando contraten servicios de salud, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la SRE a publicar las adecuaciones reglamentarias para dar operatividad al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el DOF el 17 de octubre de 2019, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a implantar acciones eficaces para combatir y erradicar la violencia de género y las desapariciones de mujeres en el país, a cargo de la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, la Sedena y la Semar a difundir la información detallada de lo acaecido el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC y la FGR a garantizar el estado de derecho en Morelos y brindar medidas de protección a las diputadas locales víctimas de violencia política de género, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados solicita al gabinete de seguridad, para hacer pública la información detallada de los acontecimientos acaecidos en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre de 2019, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre, integrante de la LXIV Legislatura federal y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:
La riqueza multicultural de nuestro país es un orgullo para todos los mexicanos. La diversidad entre sus regiones, ciudades, pueblos y comunidades hacen de nuestro México un país único, tanto en riquezas naturales como culturales.
La multiculturalidad de nuestro país y sus regiones, así como las 68 etnias que habitan en el territorio nacional, son un motivo de orgullo, que requiere de un gran esfuerzo en materia de integración social, legal, económica, jurídica y de derechos humanos.
La discriminación sigue siendo un reto que tenemos que enfrentar y resolver, la discriminación que sufren los campesinos, los pueblos originarios, los grupos étnicos, por raza y otros conceptos, son retos a combatir por parte del estado y la sociedad mexicana en su conjunto.
El artículo primero constitucional, en su párrafo quinto, establece puntualmente que:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.1
Este párrafo del artículo primero establece de manera clara que en el territorio nacional, entiéndase por ello lo dispuesto en los artículos 2o. y 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 27,2 de la misma Constitución, que se prohíbe cualquier acto de discriminación en el territorio nacional.
Se expresa en éste documento lo anterior, derivado de lo siguiente:
El Inegi, por primera vez, en agosto de 2018, recabó información y da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), que permite reconocer la prevalencia de la discriminación y sus diversas manifestaciones. Los resultados no fueron alentadores en materia de erradicación de discriminación, pero servirían de base sustancial, para prosperar en un camino hacia la erradicación de la discriminación en México.
La Enadis capta actitudes, prejuicios y opiniones hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, etarios, de orientación sexual, entre otros.3
Identifica también las experiencias de discriminación en distintos ámbitos de la vida social, así como la discriminación y desigualdad que enfrentan la población indígena, con discapacidad, diversidad religiosa, niñas y niños, mujeres, personas mayores, adolescentes y jóvenes. La encuesta se realizó en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y en sociedad con la Comisión Nacional de loa Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).4
La encuesta arrojó los siguientes datos en el año 2018:
El 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.5
Los motivos que destacan son principalmente forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, creencias religiosas y la edad. Este comportamiento se presenta en proporciones similares: 20.1 por ciento mujeres y 20.2 por ciento hombres. El estado de Guerrero registra una mayor prevalencia de discriminación hacia los hombres (26.8 por ciento) respecto de las mujeres (23.5 por ciento).
En la Ciudad de México, los varones declararon menor discriminación (20.6 por ciento) respecto de las mujeres (26.4 por ciento).
Como podemos rescatar en los párrafos anteriores, la discriminación por la forma de vestir ha sido una de las principales causas de discriminación en México, es decir, los grupos o sectores sociales que hacen uso de su forma tradicional de vestimenta suelen ser discriminados, dentro de éstos grupos encontramos a grupos étnicos, campesinos, trabajadores rurales, habitantes de regiones determinadas.
Al agrupar las categorías tono de piel, peso o estatura y forma de vestir o arreglo personal, que forman parte de la “apariencia” de las personas, se observa que más de la mitad de la población (53.8 por ciento) en el rango de edad mencionado ha percibido discriminación en el último año debido a estos rasgos, según los datos del Inegi en esta encuesta.
Con lo anterior, el 53.8 por ciento de los mexicanos se ha sentido discriminado y, esos números son altos y poco tolerables en un país que busca la paz y la civilidad, así como el rescate de los valores.
Como podemos observar en los datos anteriores, en nuestro país está vigente la discriminación y, no sólo es en el ámbito cotidiano de la sociedad mexicana, lo más grave es el reporte de discriminación en instituciones públicas gubernamentales, como oficinas de cualquier orden de gobierno, escuelas públicas, hospitales y demás oficinas de atención, donde los mexicanos son discriminados por su forma de vestir, por su color de piel, por su apariencia o por sus rasgos físicos.
La gente del campo mexicano, al vestir, usa su indumentaria con garbo, con orgullo; y el uso del sombrero es una tradición arraigada en casi todas las regiones del país. Usar sombrero no es causal directa de discriminación, ni el uso de indumentaria tradicional debe ser motivo de discriminación.
En cada pueblo o ciudad existe un estilo propio para portar un sombrero, en donde pobres y ricos, niños y grandes, lo usan en sus diferentes variedades como el de charro, el tejano, de ala, copa alta, estilo chinaco, caporal y vaquero, entre muchos otros.
El gran penacho de Moctezuma es un ejemplo que muestra que desde los antiguos mexicanos se cubría la cabeza, pero con la llegada de los españoles se define mucho la forma de los sombreros que tras la Conquista se han usado en México.
En las fiestas patrias, el sombrero de copa alta, como el de Emiliano Zapata, se ha constituido como el más divertido para ensalzar las celebraciones y también es el que se acostumbra llevar fuera del país para simbolizar a México, sobre todo en eventos deportivos.
En la época revolucionaria, el sombrero ya era un accesorio generalizado para todos los mexicanos, siendo Emiliano Zapata el principal promotor y se diferenciaba al de charro por tener una copa muy alta tipo piloncillo, podía ser de fieltro, palma o pelo de conejo”.6
El sombrero es parte de nuestra identidad como país, es parte de la vestimenta del hombre de campo y forma parte de la cultura mexicana.
No debemos ser sometidos a la humillación de despojarnos del atuendo emblemático que nos distingue como parte del folclor del campo mexicano. Este atentado contra los derechos de los campesinos, y de todos los mexicanos y mexicanas que portan su vestimenta tradicional, es una práctica recurrente en oficinas de gobierno, hospitales públicos, plazas públicas, centros de atención ciudadana, presidencias municipales, oficinas de dependencias federales e instituciones privadas.
Los campesinos exigimos respeto a nuestra persona y, pedimos que se hagan esfuerzos para evitar la discriminación, que el quitarse el sombrero sea por respeto y cortesía, no por humillación.
Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración del pleno el siguiente:
Único. La honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura federal exhorta respetuosamente, a la ciudadana Alejandra Haas Paciuc, para que, en la facultad de sus atribuciones como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, establezca mecanismos eficientes que eviten la discriminación en contra de mexicanos por su vestimenta, uso de sombrero o atuendo tradicional dentro de las instalaciones gubernamentales, instituciones públicas, educativas y de salud, con el fin de promover el respeto al uso del atuendo tradicional en el territorio nacional.
1 Transcripción fiel del párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente 2019.
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSoci odemo/ENADIS2017_08.pdf
6 https://mundo.sputniknews.com/cultura/201609141063451394-mexico-sombrer os/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2019.
Diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre (rúbrica)
La suscrita, diputada Martha Elisa González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a celebrar los acuerdos necesarios con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de diseñar e instrumentar un programa de becas dirigido a fomentar la cultura física y práctica del deporte en estudiantes de educación básica y media superior que vaya encaminado a hacer del deporte un bien social y un hábito de vida, conforme a las siguientes:
Es necesario que en este nuevo gobierno se refuercen las acciones y actividades que fortalezcan al sistema deportivo nacional, con el objetivo de actualizar y reorganizar las asociaciones deportivas nacionales, así como los organismos e instituciones del deporte en el país, para actualizar la infraestructura deportiva existente y alinear programas deportivos del país, con la finalidad de mejorar el desempeño de deportistas de alto rendimiento, en aquéllas disciplinas que presentan más y mejores oportunidades de éxito, y por otro lado, lograr hacer del deporte un hábito que incida en el desarrollo social y humano de la población formando mujeres y hombres más sanos y competentes.
Es necesario evaluar la cantidad de niños mexicanos que, por la falta de actividad física, tienen mayor riesgo de contraer enfermedades como diabetes e hipertensión: por sobrepeso y obesidad.
Se debe crear conciencia sobre el problema de la obesidad en México que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, en el país se registró 20.2 por ciento de sobrepeso en infantes de 5 a 11 años de edad y 11 por ciento de éstos con obesidad.
El sobrepeso y la obesidad constituyen ya, en conjunto, el principal problema de salud pública en México. Para enfrentar el problema se hace urgente abordarlo de manera integral y desarrollar políticas públicas que involucren a los diversos sectores de la sociedad mexicana.
La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2017 hay 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo.
La obesidad entre los niños y los adolescentes se ha multiplicado por 10 en los cuatro últimos decenios. En 2022 se estima que habrá más población infantil y adolescente con obesidad que con insuficiencia ponderal.
En el estudio, que se publicó en la revista The Lancet antes del Día Mundial de la Obesidad celebrado el 11 de octubre de 2017, se analizaron el peso y la talla de cerca de 130 millones de individuos mayores de cinco años (31.5 millones de edades comprendidas entre los cinco y los 19 años y 97.4 millones de individuos de 20 años de edad o más), una cifra que lo convierte en el estudio epidemiológico que ha incluido al mayor número de personas. Además, más de mil colaboradores participaron en el estudio, en el que se analizó la evolución del índice de masa corporal y la obesidad desde 1975 hasta 2017.
La doctora Bull señala: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) alienta a los países a esforzarse por modificar los factores del entorno que aumentan el riesgo de obesidad en nuestros hijos. Más concretamente, es preciso reducir el consumo de alimentos muy elaborados baratos, con alto contenido calórico y bajo valor nutricional. Además, conviene que los niños dediquen menos tiempo de ocio a actividades sedentarias y que incluyen el uso de pantallas. Para ello, es necesario fomentar la actividad física mediante el deporte y la recreación activa”.
Las medidas encaminadas a frenar la obesidad son un elemento fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A tenor de la meta 2.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la comunidad mundial se compromete, para 2030, a poner fin a la malnutrición en todas sus formas, incluidos el sobrepeso y la obesidad. Además, en virtud de la meta 3.4 se compromete también a reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles antes de 2030, aplicando medidas como la prevención de la obesidad, entre otras.
Las consecuencias más importantes del sobrepeso y la obesidad infantiles, que a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta, son:
-Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales);
-La diabetes;
-Los trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis; y
-Ciertos tipos de cáncer (de endometrio, mama y colon).
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad infantiles es el desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto calórico. El aumento mundial del sobrepeso y la obesidad infantiles es atribuible a varios factores, tales como:
-El cambio dietético mundial hacia un aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables.
-La tendencia a la disminución de la actividad física debido al aumento de la naturaleza sedentaria de muchas actividades recreativas, el cambio de los modos de transporte y la creciente urbanización.
Se acepta que la prevención es la opción más viable para poner freno a la epidemia de obesidad infantil, dado que las prácticas terapéuticas actuales se destinan en gran medida a controlar el problema, más que a la curación. El objetivo de la lucha contra la epidemia de obesidad infantil consiste en lograr un equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida.
-Mantener la actividad física: un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y conste de actividades diversas. Para controlar el peso puede ser necesaria una mayor actividad física.
El objetivo de la Organización Mundial de la Salud consiste en movilizar estos asociados e involucrarlos en la aplicación de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, actividad física y salud.
Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, se recomienda que:
-Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.
-Desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) sano;
-Desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano;
-Aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control de los movimientos);
-Mantener un peso corporal saludable.
La OMS define al sobrepeso y la obesidad (SPyO) como una acumulación anormal o excesiva de grasa. Existe evidencia de que esta condición es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.
El SPyO se asocia con diabetes mellitus tipo dos, enfermedades cardiovasculares, trastornos al aparato locomotor (e.g. osteoartritis) y algunos tipos de cáncer. Dichos padecimientos se encuentran dentro de las principales causas de mortalidad en el país.
Grupo poblacional prevalencia de SPyO niños (menores de 5 años) 9.7 por ciento niños en edad escolar (5-11 años); 34.4 por ciento adolescentes (12-19 años); 35.8 por ciento adultos (mayores de 20 años) 71.3 por ciento.
La obesidad no sólo es un problema de salud pública, sino también una carga financiera considerable. Según estimaciones del McKinsey Global Institute , la obesidad a nivel mundial impone costos equivalentes a 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) global.
Esta cifra es parecida a la que generan los conflictos armados y el tabaquismo. Esto implica una gran presión sobre el presupuesto de las familias, los sistemas de salud y las finanzas públicas.
El Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (Imco), considera al SPyO como un elemento que reduce la competitividad del país. Por una parte, afecta la salud de los habitantes, lo que tiene un impacto en la dinámica familiar, impone costos elevados de tratamiento y afecta su productividad. Por el otro, al reducirse la productividad de los trabajadores las empresas se ven afectadas, además la mayor necesidad de tratamiento impone retos considerables para las finanzas gubernamentales.
México enfrenta una crisis de salud pública a causa del sobrepeso y la obesidad con un costo entre los 82 y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73 y 87 por ciento del gasto programable en salud, sólo considerando los costos atribuibles por diabetes.
Sin embargo, la evidencia muestra que invertir en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles es costo-efectivo. En los últimos años, el gobierno federal ha aprobado e implementado una serie de acciones para combatir este problema.
A pesar de ello, la Secretaría de Salud afirma que la magnitud, la frecuencia y el ritmo de crecimiento del sobrepeso, la obesidad y la diabetes mellitus tipo dos representan una emergencia sanitaria.
El resultado que realiza IMCO muestra que, aun bajo un escenario optimista donde los costos del tratamiento caen 30 por ciento debido a las economías de escala dentro del sistema de salud, dichos costos ascenderían a más de 50 mil millones de pesos anuales al final de este sexenio, lo que implica una fuerte carga sobre las instituciones de salud.
México avanzó en diversos rubros, sin embargo, sobre la actividad física, sólo se basa en una campaña publicitaria “Chécate, Mídete, Muévete”, a cargo de la Secretaría de Salud, pero no alerta sobre los riesgos asociados a estilos de vida poco saludable, ni los beneficios que tendría cambiar de hábitos.
El gobierno federal ha anunciado su compromiso para elevar los niveles de actividad física en el país a través de la Enpsod y el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Niños y Adolescentes de la Organización Panamericana de Salud (OPS). La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tiene un programa denominado “Ponte al 100”, con el fin de educar a la población para alimentarse bien y hacer ejercicio físico vía internet, con opción a acudir a centros de medición.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) incluye dentro de los currículos de educación básica la clase de deporte (dos horas a la semana). A nivel local destaca el gobierno de la Ciudad de México con el programa “Muévete en Bici”, que incluye la instalación de ecobicis, así como los programas de fines de semana que incluyen el cierre de avenidas para que los utilicen los ciclistas y peatones.
Sin embargo, la activación física es producto de muchos factores. Una parte depende de la voluntad de los individuos, en los países en vías de desarrollo existen múltiples barreras que desincentivan a los individuos a hacer actividades físicas. Entre ellas se encuentra la falta de infraestructura pública para hacer deporte (como parques, centros deportivos o vialidades seguras para los peatones), la inseguridad o el creciente tiempo que los habitantes de las ciudades deben ocupar en transportarse diariamente. Lo que se puede observar del diseño del programa Ponte al 100, no se dirige a atender las barreras de este tipo, lo que podría explicar la baja cobertura.
Es indispensable que el enfoque que se adopte para enfrentar lo que ya ha adquirido características epidémicas sea integral y multidisciplinario. Las estrategias de políticas públicas no pueden limitarse únicamente a algunos de los muchos elementos que constituyen las causas del problema; por el contrario, el tema debe ser atacado desde sus diversos flancos hoy conocidos, como, por ejemplo: medidas preventivas de salud, atención médica oportuna, políticas de información y educativas, reglamentaciones adecuadas, desarrollo de infraestructura y fundamentalmente la promoción de la actividad física.
La esperanza de vida en México ha aumentado notablemente y con ello la presión sobre los servicios de seguridad social y salud, tienen cada vez más dificultades para satisfacer la creciente demanda con sistemas de financiamiento esencialmente fiscales. De ahí que se haya vuelto necesario abordar el tema de la obesidad como parte relevante de la agenda pública, pues la presión sobre la sanidad que ya representa el tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas asociadas a la obesidad y el sobrepeso puede ser simplemente catastrófica en unos cuantos años.
Según estimaciones de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, el gasto total atribuible al sobrepeso y la obesidad puede pasar de los cerca de 80 mil millones de pesos actuales a alrededor de 150 mil millones hacia 2017.
Ahora bien, la Constitución mexicana con toda claridad reconoce el derecho a la salud. México, en sus diferentes ámbitos, tiene la obligación jurídica y la necesidad económica de llevar a cabo políticas públicas destinadas a frenar una epidemia que afecta ya a porcentajes alarmantes de la población.
Cada día, millones de mexicanos se ejercitan, o se proponen hacerlo, pero en México, más de la mitad de la población no lo hace. No somos los únicos: el nivel de inactividad física es similar al de países como Canadá o Estado Unidos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los centros para el control y prevención de enfermedades (CDC) y del gobierno de Canadá.
Los mexicanos que realizan ejercicio lo hacen en instalaciones o lugares públicos (66.4 por ciento) y 31 por ciento lo hace en deportivos privados o en sus domicilios. Cinco de cada 10 prefieren hacerlo por la mañana, tres de cada 10 por la tarde y 1 de cada 10 en la noche. 78 por ciento lo hace para mejorar su salud o por recomendación médica y 20 por ciento por diversión.
La realización de actividad física conforme a dichas pautas conlleva una importante reducción del riesgo de enfermedades, o sirve para mejorar el curso de éstas. Pero los beneficios derivados de una sociedad activa repercuten sobre el conjunto de la sociedad:
-El deporte reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y de determinados tipos de cáncer, entre otras.
-Una persona más sana realiza un menor consumo de fármacos y requiere menos asistencia sanitaria, luego evita gasto sanitario.
-Al mismo tiempo, unas buenas condiciones físicas reducen la pérdida de jornadas de trabajo, de manera que las empresas se benefician de unos menores costes laborales.
-A su vez, la actividad económica en torno al deporte está creciendo y cada vez da empleo a un número mayor de personas, lo que beneficia al conjunto de la economía.
-Igualmente, expertos y organismos internacionales coinciden en destacar la importancia del deporte en la transmisión de principios y valores a toda la sociedad, y especialmente a niños y jóvenes.
En síntesis, en México hay un buen grupo de población que se ejercita regularmente (44 por ciento), pero una proporción mayor (56 por ciento) jamás hace esfuerzo físico. Mientras tanto, otros grandes países norteamericanos tienen proporciones mayores de ciudadanos regularmente activos, y adicionalmente tienen –y eso es lo más importante– unos porcentajes mucho más bajos de personas que nunca hacen deporte.
De ahí que el desafío para México sea, claramente, aumentar el número de personas que, con mayor o menor regularidad, realizan actividad física o practican algún deporte.
Con eso se conseguirán importantes beneficios para la salud, pero de ello también vendrán otros beneficios para el conjunto de la sociedad que conviene tener muy en cuenta.
Un individuo con sobrepeso u obesidad, es un paciente más frecuente de los servicios sanitarios, con lo que el gasto sanitario aumenta, consume más medicamentos, lo que aumenta dicho gasto. Además, como acreditan numerosos estudios, es, en mayor medida, susceptible de faltar a su trabajo como consecuencia de su estado de salud, lo que implica fuertes costes para las empresas. Es decir, la no realización de la actividad física o el deporte adecuado para que la vida de una persona sea saludable genera unos perjuicios económicos para la sociedad que diversos estudios han calculado.
En general, se puede concluir que, a pesar de que el presupuesto público destinado al deporte es pequeño si se compara con el gasto atribuible al sobrepeso y obesidad.
Objetivo de la proposición
Es necesario que la Secretaría de Educación Pública haga todo lo necesario para la atención del sobrepeso y obesidad, destacando que el deporte forma parte de la prevención efectiva, para evitar, controlar y planificar enfermedades, prevenir enfermedades y dolencias, generar buenos hábitos, ya que un buen deportista, evita consumir alimentos altos en calorías y azúcar, evitar el tabaco, alcohol y tratar de dormir a horas adecuadas, asimismo produce endorfinas y controla mejor su temperamento, beneficios que se generan hacia su persona, núcleo familiar y social, genera un buen ejemplo de su grupo social, evitando de una forma cualitativa y cuantitativa de generar gastos que se pueden evitar al sector salud.
La cultura física y el deporte debe cumplir con el objetivo para el cual fue creada, fomentando el deporte para la población en general de tal manera que México pueda progresar de forma armónica, tomando los ejemplos de los países más a la vanguardia para poner en marcha una estrategia integral, dirigida a elevar nuestros niveles de actividad física con la participación que le corresponde a la Secretaría de Educación Pública.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a celebrar los acuerdos necesarios con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de diseñar e instrumentar un programa de becas dirigido a fomentar la cultura física y práctica del deporte en estudiantes de educación básica y media superior que vaya encaminado a hacer del deporte un bien social y un hábito de vida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 octubre de 2019.
Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)
La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Los problemas alimenticios son identificados generalmente en edades tempranas de la población, son adolescentes de 12 a 19 años quienes entran en este mundo de trastornos.
La anorexia es la acción de dejar de comer adecuada y sanamente, causando que el ser humano pierda peso, considerando como inadecuado para su salud, por el peso considerado para su edad y estatura. Las personas que lo padecen tienen miedo a subir de peso y realizan dietas o ejercicio excesivo.
Los que lo padecen están más preocupados por su peso, tienen ansiedad, expresan una imagen negativa de sí mismos, tratan de ser perfeccionistas, tiene problemas alimentarios durante la primera infancia y dichas expresiones comienzan años anteriores a la adolescencia, pudiendo presentarse en la adolescencia, edad adulta y más comúnmente en mujeres que en hombres.
Las limitaciones en la cantidad de alimento o provocación de vómito afectan la salud de la persona, también realizar ejercicio a todas horas, comer poco, usar diuréticos, laxantes o pastillas para adelgazar.
La bulimia es la ingesta en exceso de alimentos que después se expulsan, a través de vómitos, laxantes, diuréticos o dietas restrictivas que modifican la conducta del enfermo.
La Organización Mundial de la Salud clasifica a la anorexia y la bulimia como trastornos mentales y del comportamiento que terminan en procesos depresivos, por falta de autocontrol.
Los focos de alerta son:
-Comer descontroladamente
-Hacer dietas rigurosas
-Provocarse vómitos
-Abuso de laxantes y diuréticos
-Problemas con la dentadura
-Depresiones detectables
-Ir al baño después de comer
-Menstruaciones irregulares
-Preocupación por el peso
Diversos medios de comunicación, basados en registros de institutos de nutrición o encuestas de salud, han constatado el problema actual sobre el fenómeno:
“En México hay 22 mil casos anuales de trastornos alimenticios que se presentan principalmente en jóvenes de entre 13 y 18 años de edad, dentro de los que destacan la anorexia nerviosa, la bulimia y el comer compulsivamente, mismos que afectan más a las mujeres que a los varones en una proporción de 9 a 1. D
Diversos estudios concluyen que hasta 10 por ciento de las mexicanas presentan algún grado de trastorno en su conducta alimentaria y de ellas el 1 por ciento tendrá un desorden severo. Estos trastornos tienen la mayor tasa de mortalidad que cualquier enfermedad mental y se calcula que el 10 por ciento de los jóvenes con anorexia y el 17 por ciento con bulimia intentaron suicidarse.
En los últimos 20 años se han incrementado en un 300 por ciento en México, debido a diversos factores como la presión social, los medios de comunicación y últimamente las redes sociales que muestran a personas extremadamente delgadas como sinónimo de éxito y fama.
Desafortunadamente, en nuestro país no hemos visto este problema con un enfoque de salud pública, que debe ser atendido de manera integral. Si bien El IMSS y el Issste cuentan con tratamiento médico, psicológico y nutricional para este tipo de trastornos, solo se atiende uno de cada 10 casos.
Es un problema complejo que requiere de un tratamiento multidisciplinario, de una política pública que responda a esta realidad y considere una campaña que brinde mayor información a padres y educadores, pero sobre todo, que existan centros de atención y prevención que ofrezcan atención a este grave, silencioso y creciente problema.”1
Las señales inician desde la infancia cuando la niña o el niño comienza a preocuparse por su físico, su peso y lo manifiesta en su entorno cercano. La falta de comunicación siempre es un factor de no detección.
El buen comer debe ser atendido por instituciones educativas y padres de familia, ayudar al metabolismo de cada infante es vital para su sano desarrollo. La mala costumbre de no acudir al médico especialista en nutrición, se manifiesta en los problemas y trastornos alimenticios.
Es necesario que el nutriólogo verifique en menores de edad, el peso, talla, estatura, los grupos de comida y, en su caso la observación, atención y seguimiento de afectaciones y trastornos alimenticios.
La política pública del anterior gobierno federal fue nula, porque nunca pasó de ser un documento que no se ejecutó en acciones que incidieran en las actividades de niñas, niños y adolescentes del país.
Hoy, es necesario generar una estrategia nacional, preventiva, que en corto plazo contenga el problema y a largo plazo lo elimine. La depresión que causa la anorexia y bulimia pone en riesgo a muchas personas, pone en riesgo a nuestros hijos y tiene costos sociales y económicos fuertes.
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal para que genere una política pública nacional que prevenga y elimine la anorexia y la bulimia en infantes y adolescentes del país.
1 Tomado de https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/trastornos-alimenticios-27489 52.html el 15 de octubre del 2019.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)
Quien suscribe, diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Congreso de la Ciudad de México a desechar reformas regresivas respecto de los requisitos que, para garantizar la autonomía e independencia del fiscal, establece el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México, conforme a la siguiente:
“Constitución Política de la Ciudad de México
A. Fiscalía General de Justicia
5. Para ser fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de licenciado en Derecho con experiencia mínima de cincos años; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito doloso; no haber ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente, en los tres años previos al inicio del proceso de examinación.” 1
El pasado 17 de octubre, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México, aprobaron dictamen por el que se reforma el artículo 44 de la Constitución local, referente a los requisitos para titularidad de la Fiscalía de la Ciudad de México.2
Entre otras modificaciones, el dictamen plantea eliminar el requisito de no haber ejercido una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente en los tres años previos, así como la disminución del plazo de tres años a un año para cargos de elección popular, que el texto vigente de la Constitución le requiere al titular de la Fiscalía General de Justicia.
Ambos requisitos fueron concebidos por el Constituyente como condiciones necesarias para evitar la designación de una persona cuya imparcialidad esté comprometida como resultado de su trayectoria política, con lo cual se garantiza la autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
Esta determinación del Constituyente resulta ampliamente fundada cuando se interpreta a la luz de lo acontecido durante el proceso de transformación de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, que tuvo lugar entre 2017 y 2018.
El artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, estableció en su párrafo segundo que: “El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, apartado A, de esta Constitución”.3
Ello derivó en fundadas y numerosas manifestaciones de académicos, especialistas, legisladores y organizaciones de la sociedad civil ante la posibilidad de la permanencia de un incondicional del presidente en turno, al cargo de la Fiscalía que, en su caso, habría de investigar posibles actos de corrupción cometidos durante la administración que estaba por concluir, es decir, como se le denominó coloquialmente, un Fiscal Carnal .
Dichas manifestaciones lograron evitar el nombramiento de un personaje afín a la administración saliente, pero el vicio en el procedimiento estaba ya contenido de origen en el citado Décimo Sexto transitorio, por lo que el eventual nombramiento del primer titular de la Fiscalía General de la República fue de todos modos objeto de críticas y cuestionamientos tanto de forma en su proceso, como de fondo en cuanto al perfil de quien resultó designado.
Lo anterior ilustra y justifica la determinación del Constituyente a establecer requisitos que prevengan la designación de perfiles cuya independencia y autonomía puedan ser cuestionadas o, peor aún, se encuentren comprometidas como resultado de la trayectoria política de la persona propuesta.
Resulta entonces inaudito que el Dictamen mencionado no solo pretenda desaparecer el filtro dispuesto por el Constituyente para garantizar a futuro esa independencia y autonomía, sino que además ello implica el establecimiento de una puerta giratoria para la actual titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en claro conflicto con el carácter general, impersonal y abstracto que debe caracterizar a la ley.
La Ciudad de México merece y requiere una Fiscalía que sirva, para lo cual es condición que el perfil de la persona que se designe titular de la misma satisfaga los más estrictos estándares, tal y como el texto vigente en el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece.
La aprobación de la reforma en los términos que plantea el Dictamen pone en riesgo el derecho humano de acceso a la justicia en forma imparcial, por lo que resultaría contraria a la garantía de progresividad constitucional que establece el artículo 70 de la Constitución local y que a la letra dice:
“En materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta Constitución y las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo.”
Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México a desechar reformas regresivas respecto de los requisitos que, para garantizar la autonomía e independencia del fiscal, establece el artículo 44 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion _Politica_dela_Ciudad_de_Mexico.pdf
2 https://www.congresocdmx.gob.mx/
aprueban-en-comisiones-reforma-al-articulo-44-de-la-constitucion-local-referente-a-los-requisitos-para-titularidad-de-la-fiscalia-cdmx/
3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2 014
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de octubre 2019.
Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)
Con fundamento en la facultad que me otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, en su inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se deje sin efectos el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, de acuerdo con las siguientes:
Con fecha 1 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, con el objeto de regular la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera al territorio nacional, cuya vigencia se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2019, mediante el diverso publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 28 de diciembre de 2017.
Que con fecha 29 de marzo de 2019, se publicó el decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, motivándose en que el gobierno federal continúa implementando estrategias que permitan mejorar el bienestar de la población, la seguridad y proteger el patrimonio familiar, por lo que se estima necesario prorrogar la vigencia del mismo al 31 de diciembre de 2019, a fin de contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados.
Ante esta situación, las medidas o estrategias van más allá de la protección familiar e inciden directamente en materia económica, de seguridad, salud y bienestar social, ya que hay que dar vista al pasado para darse cuenta que los autos “chocolate”, surgieron con la intención de que las personas pudieran adquirir vehículos a mejores precios, sin embargo; debido a la poco o nula supervisión y regulación, se desencadenaron diversos efectos negativos a raíz de esta decisión y que aún siguen sin solucionarse.
La falta de monitoreo y vigilancia ha orillado a que ni siquiera se tengan las cifras que permitan visualizar la magnitud del problema, ya que se tiene registro que entre 2005 y 2011 se importaron casi seis millones de autos usados, la mayoría provenientes de Estados Unidos, con lo cual se paralizó la expansión del comercio de automóviles nuevos en México, esto a pesar de los pronósticos favorables en la industria.
En materia de seguridad, existe un amplio índice de impunidad en los delitos cometidos con vehículos de esta naturaleza, ya que al hacer imposible la localización de la propiedad de los mismos se genera que sean un insumo de alta demanda de los grupos delictivos, además de que estos no están sujetos al pago de contribuciones como pago de placas, tarjeta de circulación, entre otros.
Es por ello que, en tanto no se tenga la previsión económica, ambiental, de seguridad y de garantía del sector automotriz, se debe frenar y dejar sin efectos este decreto, ya que durante el segundo mes del año se vendieron 103 mil 679 vehículos ligeros nuevos, 5.5 por ciento menos que las unidades vendidas en febrero 2018, con esto suman 214,891 vehículos comercializados en el 2019, 1.9 por ciento por debajo de lo registrado en el primer bimestre del 2018. Por lo tanto, el sector de la industria automotriz en México está teniendo dificultades y con una decisión de esta índole podría generar una crisis importante, por lo que hay que tomar en cuenta que este sector aporta el 3.0 por ciento del producto interno bruto (PIB) total y el 17.2 por ciento del PIB manufacturero.
Principalmente en la zona fronteriza, existe un mayor número de vehículos chocolate, estos no están registrados y, por lo tanto, no están sujetos a la legislación estatal aplicable, en materia de verificación vehicular, por lo tanto además de la afectación ambiental no se cuenta con información que permita realizar estudios de cómo la contaminación afecta a la salud de los habitantes y el gasto que se debe generar para atender las enfermedades ocasionadas.
Es necesario primeramente resolver el problema de los autos chocolate que ya existen en el país, y que actualmente se calcula que ascienden a más de seis millones. El país no puede improvisar y aventurarse a que este decreto surta sus efectos sin solucionar la situación jurídica de los que ya se encuentran en el país. La sensatez y la seguridad de los mexicanos debe ser prioridad para la toma de decisiones, y en estos momentos aún estamos a tiempo de aprender de los errores del pasado.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:
Punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal para que se deje sin efectos el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”.
Primero. Se deje sin efectos Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados publicado el 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, así como el “Decreto por el que se prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados” publicado el 29 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se implementen acciones tendientes a regularizar la situación jurídica de los vehículos que han ingresado al país a partir de la entrada en vigor del “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados” publicado el 1 de julio de 2011 en el Diario oficial de la Federación.
Tercero. Se publique en datos abiertos la estadística correspondiente a la existencia de vehículos importados y su situación jurídica, que permita implementar políticas publicas tendientes a mejorar la seguridad, incorporar al pago de derechos estatales por concepto de movilidad, disminuir la contaminación y los efectos causados en la salud por la falta de verificación y medidas medioambientales.
Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019. Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla (rúbrica), Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica), Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica).
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México tiene entre sus disposiciones principales de orden público e interés social: proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento.
Dentro de las disposiciones que el citado ordenamiento prohíbe esta la modificación en las características físicas de los animales o incomodidades en las mismas. Una de las violaciones a dicha ley realizadas en distintas localidades del país es la fabricación, compra y venta de pollos pintados de colores, crías de gallinas o de otras aves, artificialmente tintados con productos que podrían ser tóxicos, para ser vendidos habitualmente en mercados callejeros, como juguetes o como mascotas.
Aves que son compradas para diversión de los niños y niñas, aves que no suelen vivir más de 2 meses debido al trato tan cruel y violencia con que se les trata.
Gandhi dijo que el nivel de una cultura o de una civilización se puede medir por el trato que da a sus animales; en México se ha demostrado que en general es reprobable, no suelen ser tratados ni siquiera como seres vivos. La Declaración Universal de los Derechos del Animal, reitera en sus diversos artículos que ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles ya que todo animal tiene derecho al respeto y a la vida digna.
Esta práctica ha sido obviamente criticada debido a que es considerada una crueldad animal por el proceso que se sigue para que la especie mantenga el inusual color.
El proceso más común es introducir a las aves en un recipiente donde esté la pintura (tinte para cabello) disuelta y sacarlo rápidamente para evitar “accidentes” muchos de ellos mueren durante el “teñido” o poco después, pues la pintura puede impedirles la respiración. En algunos otros casos son pintados con anilina, un elemento tóxico para el ser humano que debe calentarse a 40 grados para poder mezclarse con un colorante por el que son pasados los pollitos.
Lo ideal sería no pintar a nuestras mascotas ni a ningún otro animal, ya sea por diversión o para su venta. El pelaje natural es parte fundamental para que la fauna esté sana. Además, hacerlo podría resultar maltrato animal y todos los seres vivos merecen respeto.
En la ya mencionada declaración universal de los derechos de los animales estipula que todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles, es contraria a dicho derecho.
Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre y de cualquier ser vivo, en donde todos por igual tienen que ser defendidos por las instituciones encargadas en hacérselos valer.
Por ello es de suma importancia tomar conciencia desde ahora y erradicar estas prácticas de maltrato y crueldad con fines egoístas que llaman “diversión” las cuales solo son el principio de una vida en donde los niños que reciben estos animales agonizantes pensando que son simples juguetes, da como resultado ser muy difícil en un futuro o hasta imposible que logren tener la sensibilidad para lidiar con otros animales respetuosamente y con el trato digno que estos merecen.
Por ello, haciendo un llamado a la razón y visibilizando la obviedad en la crueldad que representa el no hacer nada ante esta práctica que muchas personas consideran “normal”, es necesario que comiencen a castigarse en específico el maltrato a las criaturas sin importar cuan pequeñas sean, ya que su ciclo de vida natural nunca consistiría en ser objeto de tortura o de diversión a expensas de su sufrimiento.
No es lo mismo utilizar estas aves para consumo humano siendo que esta es una necesidad, a utilizarlos para practicar acciones de nula humanidad y caracterizadas por la tortura en base a modificaciones físicas provocándoles una muerte inútil.
Especialmente en estas épocas del año, ya que por todo el país se realizan las ya conocidas ferias en donde siempre se hacen presentes estas personas que se dedican a lucrar con las aves que anteriormente se encargaron de torturar pintándolas a sabiendas de que no duraran mucho tiempo con vida.
En este sentido, al perseguir, castigar y generando conciencia sobre tan reprobable práctica estaríamos logrando como sociedad en México un verdadero ambiente de respeto por la vida en general y a su vez la conciencia de la vida en las nuevas generaciones, normalicemos el respeto a toda forma de vida.
Es hora de comenzar a educar a las nuevas generaciones desde su niñez en un ambiente de respeto a los animales, haciendo alusión a lo que decía Pitágoras: “Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres”.
Abogando a la conciencia de poner un grano de arena con pequeñas acciones, pero muy importante para beneficio de la cultura del cuidado de los animales, así como aportando al cambio como sociedad respetuosa de las demás eliminado estas crueles acciones que no aportan nada a estos nuevos tiempos en donde nuestra labor como legisladores en mejorar al país, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia para que implemente las acciones necesarias encaminadas en perseguir, castigar y eliminar el maltrato de animales, con base en lo que estipula la Ley de Protección a Los Animales de la Ciudad de México, en específico la compra, venta y acción de tintar aves de colores en distintos estados, así como en las ferias municipales y diversos puntos de venta en el país.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a que, en armonía con las distintas leyes de protección animal de cada localidad, se sancione penalmente, en el ámbito que corresponda, a toda persona que incurra en estos actos de tortura animal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de octubre de 2019.
Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)
El suscrito, Ricardo Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar las prácticas de corrupción en el programa jóvenes construyendo futuro con base en la siguiente
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es una de las apuestas más grandes de esta administración tanto por el tamaño de la población que pretende atender –espera llegar a 2.3 millones de personas–porque nunca se había implementado una intervención exclusiva para los jóvenes entre 18 y 29 años que actualmente no estudian y no trabajan.
Pues entre sus principales objetivos están:
1. Integrar a jóvenes en actividades de capacitación en el trabajo y, así, dotarlos de herramientas para una vida mejor.
2. Dar a jóvenes oportunidad de acceso a estudios universitarios.
3. Alejar a jóvenes del desempleo y del camino de conductas antisociales.
4. Acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las actividades productivas, en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo.
5. Incluir al sector privado en las actividades de responsabilidad social para el desarrollo productivo de los jóvenes
El Programa estará dividido en dos vertientes:1
1. Educativa: Dirigida a 300,000 jóvenes que hayan concluido el bachillerato y busquen realizar estudios universitarios. Será coordinado y operado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de la cual se garantizará el acceso a estudios superiores y se otorgarán becas de 2,400 pesos mensuales a jóvenes de bajos recursos mientras duren sus estudios universitarios.
2. Capacitación en el trabajo: Dirigida a 2.3 millones de jóvenes, será coordinado y operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por medio de la cual se vinculará a jóvenes con centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría. Se les otorgará una beca de 3,600 pesos mensuales hasta por un año.
Pero la su mayor importancia radica por la cantidad de recursos que para él se tienen destinados. Para este ejercicio del 2019 se le asignaron 40 mil millones de pesos, equivalentes a 1.6 veces el presupuesto del Conacyt. Precisamente por ello, el diseño, la operación y los resultados, así como la transparencia y rendición de cuentas de todo el programa, son asignaturas en las que no es posible fallar.
Sin embargo, hace pocos días la presidenta ejecutiva de la organización mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, aseguró que se encontraron “anomalías” en el padrón, el cual cuenta con información improbable, incompleta e inverificable del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro puesto que se mantiene en la opacidad al tener un padrón con información incompleta e inverificable.
Pues al presentar los primeros avances de la investigación Jóvenes Construyendo el Futuro partiendo de las simples preguntas de ¿Cuántos son, dónde están, qué hacen?, y al hacer una revisión del padrón de beneficiarios se encontraron comportamientos “difíciles de creer”, puesto que todos los días se inscribieron la misma proporción de hombres y mujeres, así como de la escolaridad de los becarios también se mantuvo constante de principio a n al inscribirse el mismo número de personas de los distintos niveles educativos.
Otros de los datos señalan que, en el programa, hay 6 mil 469 centros de trabajo que están registrados y reciben becarios. MCCI revisó 5 mil 439 de ellos. Para evitar suspicacias, muchos más de los que estadísticamente bastarían. De entre ellos, 2 mil 881 no pueden ser identificados, porque lo que tiene registrado el programa es simplemente una palabra: “dulcería”, “regalos”, “taller mecánico”, y la alcaldía en la que se encuentran.
Otro de los grupos que consta de 843 denominados “centros de trabajo” son personas físicas con exactamente el mismo problema, no se pueden encontrar, porque sólo se tiene el nombre, sin apellidos: “Arturo”, “Mauricio”, “Jorge”, “julia”.
El siguiente grupo es el correspondiente a empresas que podrían ser identificadas, pero no se encuentran en la dirección reportada, y se trata de 646 centros de trabajo. Dos grupos más, uno con 140 empresas que están en el padrón, pero dicen que no se inscribieron al programa, y otro con 166 empresas que no quisieron dar información al MCCI.
Lo que da como resultado que del universo de los 5 mil 439 centros de trabajo investigados, sólo 763, el 14 por ciento, realmente existe, es identificable y respondió. Sin embargo 214 de ellos dicen que nunca han recibido becarios, 136 que sí los recibió, pero ya no los tiene, y eso deja tan sólo 413 que existen, son identificables, respondieron y sí tienen becarios. Es el 7.6 por ciento de los centros de trabajo.
En esos centros de trabajo había mil 923 becarios, 22 por ciento de los cuales no iba regularmente a trabajar, y de hecho no fueron cuando se hizo la investigación.
El estado de Chiapas encabeza la lista con 15.2 por ciento del padrón; seguido de Tabasco con 12.3 por ciento; Veracruz con 10.2 por ciento; Edomex, con 9.4 y Guerrero con 7 por ciento.2
El programa reporta que en la Ciudad de México hay 42 mil 159. En realidad, sólo existe el 4.6 por ciento, pero se presentan a trabajar 3.6 por ciento.
Esos 42 mil 159 jóvenes que supuestamente están registrados implican un gasto anual de 2 mil 100 millones de pesos, que no es poco dinero. Sin embargo, con esta información podemos asegurar que 95 por ciento de ese dinero no está cumpliendo su fin. Puede ser que le llegue a alguien, puede ser que no, pero no está permitiendo que los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban puedan aprovechar ese año de financiamiento para prepararse para el futuro. Visto de esa manera, nos está costando casi un millón de pesos por cada joven que fue ubicado.
Otras irregularidades que se detectaron fueron personas físicas, incluso diputados federales que se inscribieron al programa como centros de trabajo, en los cuales no se ofrecen datos como dirección o teléfono para corroborar su existencia y la labor que desarrollan.
Con un presupuesto contemplado de unos 40 mil millones de pesos a nivel nacional para este año, se calcula que, a final de año, se habrá gastado solamente un total de 24 mil 358 millones de pesos. Esto deja un subejercicio de 15 mil 641 millones de pesos para este año, un 39 % del total presupuestado.
Ahora bien, mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también documentó una serie de anomalías: ausentismo, abuso de los centros de trabajo (asignan becarios a actividades no registradas), retención del dinero, contratación de familiares, y concluyen que, de manera general, es sólo en las grandes empresas donde los jóvenes sí tienen experiencias positivas.
Hablando en cantidades, el programa costará al país más de cien mil millones de pesos (2.3 millones de jóvenes), y está teniendo una efectividad que, en el mejor de los casos, ronda entre 4 y 5 por ciento.
En el manual del programa se señala entre otras cosas las Condiciones generales de:
a. Pago 3
Los apoyos monetarios se entregan de forma directa a los beneficiarios/as. Este apoyo no pasará por las manos del personal del Programa, sino a través de una institución bancaria.
b. Servicios médicos
Todas las personas beneficiarias contarán con cobertura de riesgos y enfermedades por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
b. Certificado de empresa con compromiso social
Las empresas que se incorporen como centros de trabajo del Programa recibirán un distintivo otorgado por la STPS que las acreditará como empresas con compromiso social.
c. Movimientos
i. La persona beneficiaria podrá solicitar el cambio de centro de trabajo, por una sola vez. En este caso, la solicitud deberá estar debidamente justificada.
ii. Un centro de trabajo podrá solicitar la remoción de un beneficiario, siempre que exista una causa para ello.
iii. Cuando un beneficiario sea removido en dos ocasiones, quedará fuera del Programa.
e. En cualquier momento del periodo de capacitación, el tutor podrá contratar de manera formal al beneficiario concluyendo con la participación del joven en el Programa. A su vez, el tutor podrá solicitar un beneficiario nuevo.
Quedando pendiente la evaluación de que, si el programa está ayudando más a los más pobres, o a los menos, como muchos otros ‘programas sociales’ que se utilizaron en México antes de 1997.
Lo preocupante es que para asignar recursos a este “programa” el actual gobierno destruyó Progresa-Oportunidades-Prospera y el Seguro Popular para dar mucho más dinero lo que es más un experimento que cuenta con únicamente el 4 por ciento de eficiencia.
Lo que evidencia que este programa no tiene normas de operación bien diseñadas, motivo por el cual se encuentran estas irregularidades y mucha opacidad.
Debemos preguntarnos, si hay subejercicio ¿a dónde irá a parar ese dinero sobrante?, ¿valió la pena la desaparición de programas que al parecer eran más funcionales por uno que tiene mucha opacidad? ¿En dónde está el dinero que se está pagando supuestamente a los becarios?
Por ello, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las prácticas de corrupción y en su caso, se solicita que promueva las acciones o denuncias correspondientes para promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos por la detección de posibles irregularidades en caso de que éstas sean constitutivas de delito en el programa Jóvenes Construyendo Futuro.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, solicita que la titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social informe a la opinión pública las irregularidades en el padrón del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y ponga a disposición la toda la información oficial respecto al programa.
1 https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Manual.-JovenesC onstruyendoElFuturo.pdf
2 https://www.milenio.com/politica/jovenes-construyendo-el-futuro-concent ra-beneficiarios-en-cinco-estados
3 https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Manual.-JovenesC onstruyendoElFuturo.pdf
Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica)
La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de los tres órdenes de gobierno a hacer uso de productos orgánicos, biodegradables y de origen nacional, al tenor de la siguiente:
Nuestro país cuenta con una gran diversidad, una riqueza inmensa, y lo más destacable y noble que tenemos como mexicanos es la calidad de trato de nuestra gente, la solidaridad y orgullo nacional nos distingue como ciudadanos.
Nuestro país como economía productiva tiene mucho que ofrecer, por ejemplo;
“Somos el primer productor de café orgánico en el mundo; el café representa el 50 por ciento de los productos orgánicos en el país, siendo el principal alimento orgánico a nivel nacional. La producción de café se da de forma natural ya que se controlan las plagas a través de mecanismos naturales y no se produce en masa, de esta forma el café adquiere ciertas características que lo hacen especial.”
México también se destaca como principal productor de aguacate, con una producción de más de 1.2 millones de toneladas, superando a Estados Unidos, Colombia, Chile e Indonesia. De igual forma en la producción de papaya nuestro país superó las 120 mil toneladas por encima de Belice, Brasil y Malasia.
En los últimos años México ha pasado de producir teléfonos celulares sencillos a producir equipos de la gama más alta; asimismo, nos convertimos en uno de los productores más fiables de partes y componentes para estos y otros electrónicos, fabricando procesadores y unidades de memoria. Somos uno de los mayores exportadores a nivel mundial, sólo detrás de China y Corea del sur. En México se generan ganancias por más de 9 mil 860 millones de dólares por su envolvimiento en este campo, siendo este producto una de las exportaciones más importantes de México.
Apenas hace un año, México era el cuarto productor de alimentos orgánicos a nivel mundial; según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León son los estados líderes en superficie destinada a la siembra de esos productos, aunque son los tres primeros quienes concentran 50 por ciento del total de las tierras; y es que se cultivan más de 45 alimentos orgánicos, entre ellos se encuentra el café, con 44 mil 226 hectáreas ocupadas; cártamo, con 10 mil 805; aguacate, con 9 mil 804; maíz, con 9 mil 291, y agave, con 7 mil 541.
Los datos muestran que México se ubica entre los principales 20 países exportadores, al hacer llegar el 85 por ciento de la producción nacional a Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Italia, Suiza y Japón.
Pero, no solo eso se produce y crea en México, de unos años para acá, estudiantes y empresas mexicanas han inventado una gran variedad de opciones para contra restar los daños causados al medio ambiente, ofreciéndonos alternativas biodegradables para nuestro día a día; cabe resaltar que a nivel mundial, somos de los países que más basura generan, con un aproximado de 102 mil 895 toneladas de residuos al día, aproximadamente 53.1 millones al año, de las cuales sólo se recolecta un 84 por ciento.
Por otro lado, debemos tomar en cuenta el tiempo en que muchos materiales tardan en degradarse, los índices son alarmantes, por poner algunos ejemplos tenemos que el tiempo de degradación de algunos desechos como:
-El plástico es de 150 años.
-Bolsas de plástico, fabricadas con polietileno de baja densidad, más 100 años.
-Platos y vasos térmicos o de poliestireno unicel, más mil años.
Existen en nuestra nación estudiantes y emprendedores preocupados por esta situación, varios de ellos se han dado a la tarea de crear productos que nos ayuden a disminuir los tiempos de degradación de los desechos y materiales que usamos en las oficinas, muchos de ellos a precios muy accesibles, casi similares a los precios de los materiales que tienen un tiempo de degradación mucho mayor.
En 2012 se fundó la empresa Biofase, que tiene como su línea principal de negocio la obtención de resinas a partir de semillas de aguacate por medio de una tecnología patentada, esta empresa está creando popotes y cubiertos hechos a base de los ingredientes antes mencionados, con ello busca producir mercancías sostenibles a partir de fuentes abundantes que no tengan otros usos, otro caso destacable es el de las alumnas del plantel Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades, de la UNAM, que desarrollaron un popote de bioplástico a partir de cáscaras de mango y baba de nopal, posteriormente se dieron a la tarea de crear un plástico biodegradable con residuos de mango.
Como estos ejemplos, existen muchos más que en algunos casos por falta de apoyo no pueden comercializar de manera adecuada los productos que crean, dejando sin oportunidad de potencialización a jóvenes y empresas con aptitudes que verdaderamente están comprometidas con el cuidado y conservación de nuestro planeta.
En meses anteriores se implementaron políticas públicas en las dependencias de gobierno para la no utilización de plásticos desechables de un solo uso, así como de unicel; esto debido a la gran cantidad de basura que generaban y sobre todo el tiempo que tardan en degradarse, además de que algunos de los productos no son biodegradables y contaminan el medio ambiente.
Por otro lado, algunos gobiernos estatales han seguido esta política de retirar plásticos y productos no biodegradables, sin embargo, en muchas oficinas de gobierno también se consumen productos como azúcar, agua, té, café, galletas, sustituto de crema para café, etcétera, muchas veces estos productos son importados, esto en nada fomenta el consumo de productos mexicanos y orgánicos para apoyo de nuestros productores y de empresas mexicanas.
Con el fomento y el uso de productos orgánicos, biodegradables y hechos en México no solo apoyamos al medio ambiente reduciendo los años que estos productos tardarán en degradarse, a su vez estaremos impulsamos la economía mexicana y el comercio formal, apoyaremos a pequeñas y medianas empresas (Pymes), ya que esto motivaría a más emprendedores mexicanos a iniciar su propia empresa, a estudiantes que fabrican, crean, descubren o inventan productos, biodegradables para contrarrestar los daños que durante años hemos causado a nuestra casa, la madre tierra.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las dependencias de gobierno federales, estatales y municipales a hacer uso de productos orgánicos, biodegradables y de origen nacional.
-Agencia ID, 2019, “Alumnas de la UNAM crean plástico biodegradable con residuos de mango”, (La Jornada)
-Rangel Jesús, 2017, “Hecho en México, (Milenio)
-Gómez Mena, Carolina, 2017, México sube en ranking mundial de producción de alimentos
-Alto Nivel, 2018, El problema de los plásticos en México y el futuro del reciclaje
-Biofase
-Mora Misael, 2016,” Consumir lo hecho en México fortalecería nuestra economía” (Rankia)
-Comercio y Aduanas, 2018, “Principales Exportaciones de México para el Mundo”
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2019.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar recursos federales al estado de Tamaulipas para garantizar la atención de las necesidades básicas de alimento, salud, albergue y seguridad de las personas migrantes que se encuentran establecidas en su territorio, asimismo se exhorta a los titulares de las Secretarias de Relaciones Exteriores, Gobernación, Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración a elaborar un plan interinstitucional que permita el libre cruce de personas y mercancías en los puentes fronterizos del país, con base en las siguientes
Desde hace ya casi un año, se intensifico en nuestro país la llegada de miles de migrantes mediante caravanas provenientes de Centroamérica, en ellas viajan mujeres, niñas, niños y hombres que buscan llegar a Estados Unidos de América huyendo de la pobreza, la violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas por sus propios gobiernos, las cuales al principio fueron toleradas por las autoridades mexicanas, con una política de puertas abiertas.
Por lo que, como respuesta, el pasado mes de junio el gobierno de Estado Unidos amenazo a nuestro país con la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos, en consecuencia, una delegación presidida por el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon viajo a reunirse con funcionarios estadounidenses para negociar un acuerdo migratorio.
Posteriormente y después de días de reuniones se llegó a un acuerdo, el cual, al principio, sin ser revelado en su totalidad planteaba un cambio en la política migratoria, el cual incluía el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte del país, con la finalidad de reducir la migración irregular, además del compromiso de brindar asilo, empleo, seguridad social y educación a los hijos y familias migrantes que solicitaran asilo en Estados Unidos, mientras esperan una resolución, así como la inversión del país del norte para generación de empleos que reduzcan la pobreza en Centroamérica.
Este acuerdo, ha sido sumamente criticado, en primer lugar, por la opacidad con la que se manejó desde el principio lo que derivó en una serie de especulaciones de su contenido y, en segundo lugar, porque según especialistas, los términos del mismo, suponen que México estaría convirtiéndose en un Tercer País Seguro, lo cual ha sido negado por las autoridades mexicanas.1
El pasado 12 de septiembre de 2019, en Conferencia de Prensa en Palacio Nacional el canciller Marcelo Ebrard Casaubon informo que como parte de los resultados alcanzados en el acuerdo migratorio se logró en el periodo de junio a septiembre se redujo el flujo migratorio en un 58.7%, además la implementación en la que se crearan 60 mil empleados y se firmaron dos cartas de intención para proyectos de infraestructura en el sur del país por 800 millones de dólares.2
Sin embargo, distintas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de derechos humanos, han señalado una serie de temas en la implementación de esta política migratoria entren los cuales destacan: la militarización de las fronteras, la criminalización de la migración irregular, el uso excesivo de la fuerza, los actos de violencia, intimidación, detención de niñas, niños y adolescentes, retención y confiscación de documentos de identidad, procesos de deportación expeditos, entre otras muchas otras actuaciones que inclusive fueron perpetradas por agentes por agentes del Estado.3
En este sentido, es evidente que la política migratoria en nuestro país no está funcionando, hay miles de personas migrantes prácticamente varadas en las ciudades fronterizas, hacinados en albergues y durmiendo en las calles a expensas de grupos criminales.
Claro ejemplo de lo anterior es el Estado de Tamaulipas, que desde hace meses alberga a miles de personas migrantes entre ellas, niñas, niños y mujeres de diversas nacionalidades esperando poder cruzar de manera ilegal o la respuesta a su solicitud de asilo y quienes hace unos días como una medida de desesperación cerraron el puente fronterizo “Puente Nuevo” que comunica a Matamoros con Brownsville, Texas durante más de 13 horas, lo cual causó serios problemas a los ciudadanos residentes que diariamente utilizan el puente internacional para cruzar hacia ambos lados para trabajar o acudir a la escuela, así mismo, tuvo afectaciones al tránsito de mercancías.
Las mismas condiciones se presentan en diversas ciudades fronterizas, las cuales sin presupuesto federal alguno deben atender las necesidades humanitarias de alimentación, albergue, salud, educación y seguridad para las personas migrantes que se encuentran en tránsito por sus estados, lo cual resulta una carga económica extra, ello aunado a la desaparición del “Ramo 23”, el cual permitía destinar recursos específicos para obra e infraestructura a Estados y Municipios, por lo que ahora se debe dejar de atender las necesidades primordiales de los ciudadanos para atender una obligación que debería de ser del gobierno federal.
En consecuencia, solicito a esta soberanía, exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar recursos federales al Estado de Tamaulipas para garantizar la atención de las necesidades básicas de alimento, salud, albergue y seguridad de las personas migrantes que se encuentran establecidas en su territorio con motivo de la espera de una solicitud de asilo.
En el mismo sentido, es necesario exhortar a los titulares de las Secretarias de Relaciones Exteriores, Gobernación, Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para elaborar un plan interinstitucional que permita el libre cruce de personas y mercancías en los Puentes Fronterizos del país, ello, para garantizar las actividades económicas, laborales y educativas de miles de residentes de ambos países y evitar pérdidas económicas.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar recursos federales al Estado de Tamaulipas para garantizar la atención de las necesidades básicas de alimento, salud, albergue y seguridad de las personas migrantes que se encuentran establecidas en su territorio con motivo de la espera de una solicitud de asilo.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarias de Relaciones Exteriores, Gobernación, Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para elaborar un plan interinstitucional que permita el libre cruce de personas y mercancías en los Puentes Fronterizos del país, ello, para garantizar las actividades económicas, laborales y educativas de miles de residentes de ambos países y evitar pérdidas económicas.
1 “Especialistas ven a México como tercer país seguro de facto”, La Razón, que puede ser consultado en la siguiente página electrónica https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-tercer-pais-seguro-de-facto/
2 “El canciller Marcelo Ebrard presenta informe sobre la reunión bilateral con los Estado Unidos”, Secretaria de Relaciones Exteriores, 12 de septiembre de 2019, que puede ser consultado en la siguiente página electrónica https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-ee-uu-cumplen-con-exito-acuerdo- bilateral-en-materia-migratoria-y-hacen-frente-al-trafico-de-armas
3 “México y Grecia: crisis migratorias paralelas”, Proceso, 1 de octubre de 2019, que puede ser consultado en la siguiente página electrónica: https://www.proceso.com.mx/601580/mexico-y-grecia-crisis-migratorias-pa ralelas
Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)
La suscrita, Norma Azucena Rodríguez Zamora, diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a diseñar, desarrollar e implementar programas permanentes en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) y el Centro Estatal de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Ceprevide) en la región norte de Veracruz con el objeto de reducir los factores de riesgo y las causas que generan la violencia así como informar a la ciudadanía en la plataforma nacional de transparencia de las actividades realizadas, al tenor de la siguiente:
El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dictamina que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, Ministerio Público e instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno conforman el Sistema Nacional de Seguridad Publica y cuyas bases referidas en el inciso c) y d) establecen que una de sus funciones es la prevención del delito por medio de la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos, también se encargara de determinar la participación de la comunidad que coadyuvara en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.
Por lo anterior en el estado de Veracruz, la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) a través de la Secretaria Ejecutiva del Sistema y Del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SESCESP) y el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (Ceprevide) son los encargados de establecer diversos programas y políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el fin de reducir los riesgos y las causas que la generan, mediante la participación coordinada de la sociedad y el gobierno.
Dichas instituciones manejan un programado alineado al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia trabajando en cinco rubros tales como programa escolar, grupos vulnerables, participación ciudadana, cultura de la legalidad y la denuncia, y rehabilitación de espacios públicos.
Sin embargo, sólo lo hacen cuando las instituciones, escuelas y/o comunidades se acercan a dichos organismos, y dada la situación de la violencia registrada en la zona norte de Veracruz que ha sufrido un incremento exponencial en sus cifras de acuerdo al semáforo delictivo nacional la percepción de inseguridad en 2019 se encuentra por arriba del promedio nacional (semáforo rojo) siendo primer lugar en los delitos de secuestro y feminicidio. (Semáforo Delictivo Nacional, 2019), aunado el reporte mensual sobre la delincuencia en México conformado por datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) señala que en septiembre de 2019 los municipios que presentan altas cifras de delitos son Poza Rica de Hidalgo, Tihuatlan, Coatzintla, Tuxpan, Papantla y Naranjos.
La violencia imperante en la zona debido a la crisis económica que atraviesa el estado, así como la falta de empleos, y la criminalización en torno a la industria petrolera que se traduce en extorsión y secuestros agrava la situación, sin embargo aunque la delincuencia opone una tenaz resistencia a los esfuerzos punitivos que se realizan para combatirla, varios estudios arrojan que la prevención del delito puede reducir considerablemente los delitos y los costos asociados a ellos. (Naciones Unidas, 2010)
La prevención del delito gana cada vez más popularidad en la lucha contra la delincuencia organizada. Las estrategias fundamentales comprenden contrarrestar la atracción que ejercen los grupos delictivos mediante programas sociales y culturales, talleres, conferencias en las escuelas o los medios de difusión, intensificando los esfuerzos para desalentar la delincuencia juvenil y reduciendo las posibilidades de la delincuencia organizada mediante la limitación de los mercados ilícitos (Naciones Unidas, 2010). Por ejemplo, los programas y políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia que ofrece el Ceprevide.
Considerando lo anterior y a sabiendas que en Veracruz se cuenta con las instituciones encargadas en la prevención del delito, solicito generar una campaña permanente de programas de prevención social de la violencia y el delito en las escuelas ubicadas en los municipios de la zona norte de Veracruz para así favorecer la construcción de ambientes comunitarios libres de violencia, dichos programas y sus resultados deberán ser publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia con el fin de cumplimentar lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Veracruz es uno de los muchos estados flagelados por la violencia, por esta razón es primordial que se identifiquen los indicios de violencia y los tipos que existen, para poder generar relaciones de respeto y aprendizaje como medio de prevención.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno, el siguiente
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a diseñar, desarrollar e implementar programas permanentes en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en la región norte de Veracruz con el objeto de reducir los factores de riesgo y las causas que generan la violencia así como informar a la ciudadanía en la plataforma Nacional de transparencia de las actividades realizadas.
Arteta, I. (06 de agosto de 2019). Animal politico . Obtenido de https://www.animalpolitico.com/2019/08/veracruz-aumento-personas-pobres -decada/
Naciones Unidas. (2010). Xº Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal. Prevención del delito ... y reducción de su costo. Salvador, Brasil: ONU.
Ruíz, A. (7 de diciembre de 2014). Contralínea.com.mx . Obtenido de
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2014/12/0 7/pobreza-abandono-desempleo-en-el-norte-de-veracruz/
Semáforo Delictivo Nacional. (2019). Semáforo Delictivo Nacional. México: Iniciativa social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de octubre de 2019.
Diputados: Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel,
Quien suscribe, Marco Antonio Carbajal Miranda, diputado federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea legislativa de lo federal la siguiente “proposición con punto de acuerdo”, al tenor de las siguientes
Primera. La denuncia procesal penal se configura como una declaración de conocimiento sobre la comisión de un posible hecho delictivo por la que se puede o se debe comunicar a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal o a la policía la comisión de unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito o falta.
Este concepto de denuncia abre una serie de interrogantes, como si la denuncia constituye un derecho o un deber, realmente es un derecho.1
Segunda. La seguridad personal es un derecho que amparan nuestras leyes para que el ser humano, niño o adulto, mujer u hombre pueda vivir en un ambiente de paz. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos garantiza la protección de la persona, la familia y las propiedades. El espíritu de la Constitución es brindar a todos, sin distinción, el derecho a vivir bajo el amparo de las leyes y la protección legítima de las autoridades, esto deriva las llamadas Garantías de Seguridad.
Tercera. Es por ello de suma importancia que en México se tenga la cultura de la denuncia, homologando a las autoridades en los criterios en dar difusión en el país con anuncios para el inicio de la investigación, se requiere que se incite a la Autoridad Competente para dichos delitos que de no conocerlos, no se podrá realizar las actuaciones conducentes y brindar de elementos suficientes para el inicio del proceso, es por ello, que señala en la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos en su artículo 21 lo siguiente:
“...La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función...”1
Cuarta. Conforme a las cifras alarmantes del aumento de no generar denuncias, se focaliza en la Ciudad de México este problema derivado de ser la metrópoli y la capital del país como punto de partida para el desarrollo, siendo parte importante del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, pero la realidad es una problemática a nivel nacional.
Quinta. Aunque en México se denuncie un delito lo más seguro es que no pase nada. En 31 de las 32 entidades federativas del país más del 90 por ciento de los ilícitos por los cuales sí se abrió una carpeta de investigación quedan en la total impunidad, sin reparación del daño ni castigo para los responsables.
Sexta. En el país, la probabilidad de que un delito se denuncie, investigue y esclarezca, es de 1.14 por ciento, por lo que sólo 10.3 por ciento de las personas dice tener “mucha confianza” en el Ministerio Público (MP), dato por el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018.
El nuevo sistema de justicia penal tiene una efectividad de 21.7 por ciento, mientras que el sistema tradicional lo tenía de 9.0 por ciento ya que cuenta con más opciones para dar solución a los conflictos, así como para reducir el rezago.
Las entidades en las que destacan los mejores resultados, son Chihuahua, Colima, Yucatán, Guanajuato y Nuevo León, en las últimas posiciones se encuentran las siguientes, Puebla, Guerrero, Michoacán y Estado de México.
Si, bien se ha incrementado el número de agentes del MP en el país, al pasar de 7.6 por cada 100 mil habitantes en 2015, a 8.4 en 2016, lo que implica un aumento de 10.53 por ciento, Chiapas ha sido el de mayor incremento, al reflejar un aumento de 98.46 por ciento, Sonora se mantiene con el menor número de agente del MP con sólo 2.3, contrario al estado de Chihuahua, quien mantiene el primer lugar con 24.8 por cada 100 mil habitantes y los estados que menos aportan son: Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca con ingreso que oscilan entre los 92 y 154 pesos por ciudadano.
Séptima. La cultura de fomentar, la denuncia en el país y lograr, que no sólo se convierta en una estadística, sino realmente se vea reflejado para el desarrollo de una justicia con los elementos de una investigación adecuada, de manera rápida y expedita, que la ciudadanía tenga la confianza con las autoridades competentes y que realmente sea una seguridad para el país.
Por lo anterior, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de Diputados los siguientes
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de la Defensa Nacional, a la Fiscalía General de la República y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en el ámbito de sus facultades y medidas preventivas, se homologuen los criterios como ámbito de seguridad social, para tener los requisitos y llevar adecuadamente con los elementos necesarios una investigación justa y eficaz.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de sus facultades y medidas preventivas, se realicen campañas de difusión en todo el país y lograr una cultura ciudadana.
1 https://juiciopenal.com/denuncia-y-querella-2/la-denuncia/
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Dado en la Ciudad de México dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes octubre de 2019.
Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica)
El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que los 213 Órganos de Internos de Control establezcan en sus dependencias y entidades federales correspondientes, mecanismos para prevenir y combatir el cohecho conforme a los estándares internacionales en la materia, bajo las siguientes:
Una de los objetivos primordiales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el de erradicar la corrupción, en virtud de que ésta ha lacerado por años, la estabilidad social, política y económica de nuestro país.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 presentado por el Ejecutivo federal, señala que, la corrupción es el principal inhibidor del crecimiento económico, afecta al presupuesto público y daña la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, por ello, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública es uno de los tres ejes transversales establecidos para guiar todas las acciones que se tomen durante su gobierno.1
En el primer año de gobierno de la presente administración, los mexicanos hemos sido testigos de las acciones que ha emprendido nuestro presidente para atacar de fondo la problemática de la corrupción.
Al respecto, basta recordar la detención de Alonso Ancira y la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, que representan las primeras acciones contundente para sancionar los hechos de corrupción relacionados con la empresa de Altos Hornos y Odebrecht; en segundo lugar destaca la detención de Rosario Robles Berlanga en agosto del presente año, acusada de participar en una red de corrupción, mejor conocida como “La Estafa Maestra”, mediante la que presuntamente se desviaron recursos públicos por 5 mil 73 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.2 Asimismo, en días recientes, el ministro Eduardo Medina Mora renunció a su cargo luego de que se iniciara una investigación por enriquecimiento ilícito.
De igual forma, hace un par de semanas, a través de distintos medios de comunicación, se dio a conocer, el esquema de sobornos que operaba en Pemex durante la administración anterior.
El entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, llegó a recibir entre 50 mil y 100 mil dólares sólo por reunirse con empresarios que buscan hacer negocios con la empresa productiva del Estado. Además, algunos directores llegaron a recibir hasta 5 millones de dólares por la asignación de un contrato. Por si esto no fuera suficiente, también se puso al descubierto que Carlos Morales, cuando se desempeñó como director de Pemex Exploración y Producción, recaudó entre contratistas 2 mil millones de pesos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.3
Los casos de sobornos no sólo se dan a nivel macro, como los ejemplos que señalamos anteriormente, sino también en el día a día de la administración pública, al respecto cabe destacar que en México, uno de cada tres ciudadanos en los últimos 12 meses recurrió a pagar un soborno para obtener algún servicio público, siendo la policía la institución que recibió más sobornos 52 por ciento, seguido por el acceso a la justicia 35 por ciento y la provisión de servicios básicos 30 por ciento.4
Dichas cifras, colocan a México en el segundo lugar a nivel Latinoamérica en aceptar haber pagado sobornos a servidores públicos con 34 por ciento de los encuestados, sólo por encima de Venezuela donde 50 por ciento reporta haberlo hecho.5
Si bien es cierto, que la presente administración ha logrado importantes avances para combatir los hechos de corrupción y los abusos en la administración pública, también lo es que es necesario fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir y erradicar el soborno.
Asimismo, cabe mencionar que México ha ratificado distintos instrumentos internacionales que lo obligan a fortalecer los controles que mejoren su capacidad de prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno:
La Convención Interamericana contra la Corrupción (de la OEA), la cual tiene como finalidad fortalecer el desarrollo de los mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, así como promover la cooperación entre Estados para erradicar la corrupción de la función pública.
La Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Cccfpetci), donde establece que cada país tomará las medidas necesarias para tipificar como delito la complicidad, la incitación, la ayuda, la instigación o la autorización de un acto de cohecho de un servidor público extranjero.
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Cnucc), la cual recomienda medidas preventivas contra la corrupción, así como la creación de un organismo encargado de combatir estas prácticas y la implementación de códigos de conducta.6
En lo que respecta a la legislación nacional, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), en su Capítulo II, establece las faltas administrativas graves de los servidores públicos, en las que se encuentra el soborno o cohecho.
El artículo 52 de la Ley en comento señala que:
“Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
También incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.”
De igual forma, la LGRA, en su artículo décimo, señala que las Secretarías y los Órganos Internos de Control (OIC), y sus homólogas en las entidades federativas, tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las faltas administrativas. Asimismo, son competentes para implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas , en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción.
Durante la actual administración, se inició un proceso de transferencia del personal de los 213 OIC para incorporarse a la Secretaría de la Función Pública a fin de garantizar mayor independencia. Cabe recordar que, anteriormente estos órganos dependían de cada una de las dependencias donde operaban, lo que representaba un posible conflicto de interés entre auditor y auditado.7
En los últimos años han surgido distintas herramientas para prevenir y combatir el soborno, tal es el caso de la norma ISO 37001 2016 “Sistemas de Gestión Anti-Soborno”, la cual tiene como objetivo combatir el soborno y promover una cultura empresarial ética.8
La norma en comento fue desarrollada por ISO (International Organization for Standardization ) con objeto de cumplir una necesidad creciente entre las diferentes organizaciones, independientemente del sector o actividad, así como del número de empleados, es decir se puede aplicar tanto en el sector privado como público.
La norma ISO 37001 especifica una serie de medidas que se utilizan para que las empresas implementen los controles que mejoren su capacidad de prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno.9
En nuestro país existen distintos esfuerzos institucionales de dependencia del sector público que han instrumentado la ISO 37001, en noviembre de 2018, la Visitaduría General de la entonces Procuraduría General de la República se convirtió en la primera unidad administrativa de todo el gobierno federal, que obtuvo la certificación internacional ISO 37001 en materia de antisoborno, la cual fue validada por la empresa Global Standards .10
El estado de Hidalgo anunció el 23 de septiembre de 2019, la certificación de sus servidores públicos en la norma ISO 37001, con lo que se convierte en la primera entidad federativa en avanzar hacia la implementación de mecanismos robustos para la prevención y detección del soborno.
En el estado de México, el pasado 11 de octubre, durante la conmemoración del 30 aniversario de la Secretaría de la Contraloría de dicha entidad federativa, el gobernador anunció que, para ampliar las capacidades de esa dependencia en materia de procedimientos y responsabilidad administrativa, inició la certificación ISO 37001.11
En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que se deben erradicar las prácticas de cohecho, por ello, los esfuerzos institucionales para combatirlo, no deben darse de forma aislada, sino deben ser parte de una política pública integral que instrumente mecanismos eficaces para su prevención, detección y erradicación.
Es por ello, que consideramos que es necesario que los Órganos Internos de Control de las entidades y dependencias de la administración pública federal, así como en las entidades federativas y los municipios instrumenten mecanismos para prevenir y combatir el cohecho que cumplan con los estándares internacionales en la materia.
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que los 213 Órganos de Internos de Control establezcan en sus dependencias y entidades federales correspondientes, mecanismos para prevenir y combatir el cohecho conforme a los estándares internacionales en la materia.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas y a los municipios y alcaldías de Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, instrumenten los mecanismos para prevenir y combatir el cohecho conforme a los estándares internacionales en la materia.
1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf Consultado el 20 de octubre de 2019
2 La Estafa Maestra: De qué acusan a Rosario Robles: la ex ministra de Peña Nieto arrestada en México. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49338467, Consultado el 20 de octubre de 2019.
3 A la luz, corrupción en Pemex: revelan grabaciones que sobornos por 2 mil mdp habrían financiado campaña de Peña Nieto,
A la luz, corrupción en Pemex: revelan grabaciones que sobornos por 2 mil mdp habrían financiado campaña de Peña Nieto Consultado el 20 de octubre de 2019.
4 Mexicanos perciben menos corrupción con gobierno de AMLO: Transparencia Internacional, Disponible en:
https://aristeguinoticias.com/2309/mexico/mexicanos-perciben-menos-corrupcion-con-gobierno-de-amlo-transparencia-internacional/, Consultado el 20 de octubre de 2019.
6 Las Obligaciones internacionales de México y el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros /n109/rojasamandi.pdf Consultado el 21 de octubre de 2019.
7 Primer Informe de gobierno, Gobierno de la República
https://lopezobrador.org.mx/2019/09/01/primer-informe-de-gobierno/ Consultado el 21 de octubre de 2019.
8 ¿Qué supone la norma ISO 37001 en la lucha contra el soborno?
https://www.isotools.org/2017/02/09/supone-la-norma-iso-37001-la-lucha-soborno/ Consultado el 21 de octubre de 2019.
10 Reconocen falta de confianza en fiscalías, El financiero,
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reconocen-falta-de-confianza-en-fiscalias-20181128-0160.html Consultado el 21 de octubre de 2019.
11 Encabeza gobernador Alfredo del Mazo el 30 aniversario de la Secretaría de la Contraloría, Edomex Informa,
http://edomexinforma.com/2019/10/encabeza-gobernador-alfredo-del-mazo-el-30-aniversario-de-la-secretaria-de-la-contraloria/ Consultado el 21 de octubre de 2019.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintidós de octubre del año dos mil diecinueve.
Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)
Quienes suscriben, diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
El día 18 de octubre se dio a conocer e inició a circular en redes un video en el que niñas y niños de Tlaxiaco, Oaxaca, vitorean, cantan y tocan para el presidente López Obrador,1 frases como Es un honor estar con Obrador o Me canso, ganso... Estas niñas y niños, perfectamente uniformados, aparecen junto al presidente quien posa orgulloso de frente a la cámara.
Debemos señalar que el acto mismo resulta violatorio de los derechos de las niñas y niños que ahí aparecen, consagrados en el párrafo noveno del artículo 4o. así como los principios respecto a la comunicación social establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 constitucionales:
Artículo 4o. ...
Artículo 134. ...
y, adicionalmente, del marco convencional que nos rige, ya que la Convención sobre los Derechos del Niño que, en su artículo 12, establece el derecho del niño y la niña a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten y a que ésta sea tomada en cuenta. Asimismo, el artículo 13 indica el derecho a la libertad de expresión, el 15 el derecho a la libertad de asociación y el 17 el derecho al acceso a la información adecuada.
En este mismo sentido y consecuentemente, se violan los artículos 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establecen que todas las autoridades federales en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio. Asimismo, los artículos 77, 78 y 80 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen que los medios de comunicación deben respetar el derecho a la intimidad, honra y reputación en el manejo directo de la imagen de los niños, niñas y adolescentes.
Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia SRE-PSC-80/2017, señaló que
[el] Protocolo [de actuación de quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes]2 establece que frente a la preocupación de que el dicho del niño, niña o adolescente sea implantado o producto de la manipulación, es necesario garantizar una valoración especializada del dicho infantil basada en las características del desarrollo infantil.
150. Asimismo, el protocolo establece en el apartado de “características de la infancia y adolescencia que impactan en la labor judicial”, que “el nivel de desarrollo de un niño y las capacidades que puede desplegar en un momento determinado dependen de múltiples factores como congénitos, neurofisiológicos, biológicos, de aprendizaje, de contextos de desarrollo, de personalidad, de acceso a la educación y estimulación adecuados, entre otros, lo que hace imposible que el nivel de desarrollo de un niño corresponda a su edad cronológica...
152. El derecho a la imagen comprende un ámbito de protección, que en esencia consiste en la facultad de poder impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen, voz o rasgos característicos que lo haga identificable por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capta o difunde.
153. Se trata de un derecho fundamental que forma parte de un conjunto de derechos respecto de los cuales las niñas, niños y adolescentes tienen plena titularidad y, por lo tanto, la posibilidad de ejercer conforme a su edad y capacidad cognoscitiva o grado de madurez, siempre y cuando, ese ejercicio no tenga como consecuencia que se use su imagen en un contexto o para un fin ilícito o denigrante, que implique un menoscabo a su honra, reputación o dignidad, es decir, que se observe un aprovechamiento o explotación de su condición, en razón de que no pueda comprender o apreciar las consecuencias negativas que de ello se deriven.
154. De no ser así, cualquier consentimiento que haya sido otorgado perderá eficacia y será considerado nulo, siendo irrelevante que el mismo haya sido otorgado incluso de manera expresa, cuando se lesiona la imagen, la honra o la dignidad del otorgante, derechos fundamentales que son irrenunciables e imprescriptibles para cualquier individuo, y en especial, para los menores de edad, dado que la autorización del uso de la imagen no puede entenderse bajo ningún supuesto, como una permisibilidad absoluta o abierta, dada la incidencia que un mal uso de la misma pudiera tener en la dignidad de una persona.
155. En sincronía con estos postulados, la Primera Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la mera situación de riesgo de los menores de edad es suficiente para que se estime que se afectan los derechos de la niñez y, ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes...
En el caso de la promoción personalizada, el video viola flagrantemente lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Comunicación Social que prohíben, expresamente, que los mensajes
Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público... tal y como se hace en el vídeo en cuestión.
En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia SUP-REP-34/2015, señaló:
Es apreciable que el Órgano Reformador de la Constitución tuvo como un primer propósito establecer una infracción constitucional dirigida a sancionar el empleo inequitativo de recursos públicos en las contiendas electorales; pero, a su vez, establecer una prohibición concreta para la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión.
En la citada reforma, se previó que todo servidor público tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los partidos políticos.
Como ya se explicó, se dispuso que cualquiera que fuera la modalidad de comunicación que utilicen, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debería tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y, en ningún caso, debería incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
De conformidad con lo anterior, es dable señalar que el párrafo séptimo del artículo 134 establece una norma constitucional que prescribe una orientación general para que todos los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda electoral. Esta obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a que no haya una influencia indebida por parte de los servidores públicos en la competencia que exista entre los partidos políticos.
En ese contexto, la disposición constitucional que se analiza contiene una norma prohibitiva impuesta a los titulares de los poderes públicos, de órganos constitucionales autónomos, así como de dependencias y entidades del aparato administrativo público en sus tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, con el objeto de que toda aquella propaganda que difundan a través de cualquier medio de comunicación social, guarde en todo momento un carácter institucional, tenga fines informativos, educativos o de orientación social. Además de que, en ningún caso, esos mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.
Con relación a la prohibición contenida en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política Federal, cuya infracción se materializa cuando un servidor público realiza propaganda personalizada cualquiera que sea el medio de comunicación social para su difusión, se estima necesario realizar las precisiones siguientes:
a. De conformidad con el propio dispositivo constitucional, se sigue que la promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, la imagen, la voz o símbolo del servidor público, cuya difusión, por sí misma implica promover su persona, aun cuando la misma se contenga en la propaganda institucional; y
b. Al establecer el texto constitucional “bajo cualquier modalidad de comunicación social”, se sigue que la prohibición de referencia, en sí misma, puede materializarse a través de todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente la propaganda de carácter institucional: anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas, prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros; sin que esto implique que el medio de difusión de la promoción sea un elemento determinante para dilucidar el mayor o menor control que pueda ejercerse objetivamente para su sancionabilidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la democracia, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al Sistema DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y en ejercicio de sus facultades, inicien los procedimientos correspondientes para sancionar a quien resulte responsable de la grabación, emisión y circulación del video de un acto proselitista en donde niñas y niños de Tlaxiaco, Oaxaca, realizan promoción personalizada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
1 https://www.yucatan.com.mx/mexico/polemico-recibimiento-de-ninos-que-ca ntan-elogios-a-lopez-obrador-videos
2 Consultable en el siguiente link: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/publicaciones/protocolos-deact uacion
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, en nombre propio y de la diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Los ingresos del Estado son una condición necesaria para poder cumplir con las necesidades de los ciudadanos, máxime en una república, pero las tasas impositivas y los mecanismos para garantizar el cobro de impuestos no pueden estar sujetos a la arbitrariedad sino a los principios tributarios para garantizar la justicia tributaria, no obstante existen casos donde la acción de las unidades del gobierno federal pueden ser más efectivas, tal es el caso de los prestadores de servicios médicos que, como consecuencia de la naturaleza de su profesión o de las prácticas de deducibilidad, muchas operaciones se realizan en efectivo y en vista de que no hay un comprobante de la prestación del servicio no se pueden rastrear las operaciones ni el efectivo, por lo que se violentan los derechos de los contribuyentes.
La premisa de este punto de acuerdo surge de la necesidad del Estado mexicano de velar por los derechos de los contribuyentes y brindarles certeza frente al pago de servicios que, aunque la ley permita deducir no se asegura que los prestadores de servicios médicos cuenten con dichos requisitos como: pago en tarjeta, depósito, transferencia, cheque nominativo, etcétera. Es fundamental para la recaudación y la justicia tributaria que los contribuyentes posean mejores mecanismos para rastrear operaciones y a la vez facilitar la incorporación de terminales en la prestación de servicios médicos.
En este mismo contexto hay que reconocer que lo que las familias mexicanas gastan en servicios médicos no es depreciable y que al ser operaciones susceptibles a la deducibilidad representa ingreso disponible familiar que nunca se recuperará. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH)1 en su edición 2018, 53 por ciento de los hogares mexicanos gastan más de 116 mil millones de pesos al año en servicios médicos susceptibles a deducibilidad.
Habida cuenta de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicó en internet los resultados de los estudios sobre evasión fiscal correspondientes a 2018, que realizó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) respecto a las prácticas de evasión fiscal en actividades profesionales.
El estudio elaborado por ITESM centró su análisis en determinar la probable evasión fiscal llevada a cabo por personas físicas que prestan servicios profesionales de medicina, específicamente en el año 2016. Primeramente, es necesario diferenciar entre los posibles regímenes aplicables para los profesionales de la salud, dado que los médicos pueden ejercer su profesión como empleados o como profesionales independientes y cada una de esas formas adquiere diversas implicaciones fiscales.
Primeramente, los profesionales de la salud tienen la opción de tributar como prestador de servicios de salud como empleados en instituciones de salud pública o privada, éstos tributan conforme al capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, cuando se generan este tipo de ingresos, los contribuyentes tienen poco margen de riesgo de elusión fiscal debido a que, a través de la emisión de comprobantes de nómina a cargo del empleador, se calculan, retienen impuestos e informa sobre los ingresos de los contribuyentes.
Por otro lado, se encuentran los profesionistas que prestan servicios de manera independiente, mismos que tributan conforme al capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De conformidad con lo anterior, los ingresos que obtienen por el libre ejercicio de su profesión son acumulables para el cálculo del impuesto sobre la renta.
En ambos casos, los ingresos se deben acumular en el momento en que son efectivamente percibidos. Esto es, de conformidad con el artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), los ingresos son efectivamente percibidos cuando se reciben en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe.
A su vez, el artículo 110, fracción III, de la LISR establece la obligación de emitir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban los prestadores de servicios profesionales y la fracción IV establece la obligación de conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así como aquéllos necesarios para acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales, de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal de la Federación. No existe un régimen o reglas especiales para la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) en el caso de profesionales de la salud.
Resumiendo, los profesionales de la salud, principalmente, pueden tener ingresos de dos maneras: como asalariados y como profesionistas independientes. En el primer caso, los contribuyentes no están obligados a emitir CFDI, calculan el impuesto sobre la base de su ingreso bruto, el empleador está obligado a retener el impuesto sobre la renta correspondiente y enterarlo al fisco; esto es, el patrón funciona como auxiliar en la recaudación. En el segundo caso, los médicos sí están obligados a emitir CFDI, el impuesto se calcula sobre la base del ingreso bruto menos los gastos reconocidos como deducciones por la ley y no son sujetos de retención alguna; queda a su voluntad el cumplimento de sus obligaciones fiscales.
Las oportunidades de evasión fiscal ocurren cuando la legislación abre oportunidades para omitir la declaración de ingresos percibidos. En el ramo de la salud por servicios profesionales es relativamente fácil de conseguir por las condiciones ya mencionadas, especialmente en su relación con el paciente y la facilidad que tiene para imponer un método de pago a través de efectivo y las condiciones del mismo (no emisión del CFDI).
El pago en efectivo genera dos problemas para la recaudación. En primer lugar, si el contribuyente prestador del servicio no reporta este ingreso, es prácticamente imposible de detectar. En segundo lugar, al realizar el pago de los servicios en efectivo, de acuerdo con el artículo 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, este pago deja de ser un gasto deducible para el paciente, y por consecuencia, éste pierde todo interés en solicitar su factura por lo cual no hay un registro con CDFI que permita identificar un ingreso.
En ese sentido, se presentan dos problemas para cada uno de los sujetos de la transacción; por un lado, el prestador del servicio puede omitir declarar ingresos, pues, aunque la ley obliga a emitir CFDI con independencia del tipo de pago que se reciba; sin embargo, sin la presión del cliente, no tiene incentivo para hacerlo, especialmente en operaciones en efectivo. Por otro lado, el contribuyente pasivo en la transacción no puede deducir gastos de salud por no contar con los requisitos de deducibilidad.
A partir de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), siendo la fuente principal las declaraciones anuales de ingresos de los médicos (DECA) y como fuentes complementarias la información del anexo-1 de la Declaración Informativa Múltiple (DIM), información sobre la emisión de facturas electrónicas (CFDI) e información sobre operaciones con terceros (DIOT), se obtuvo un padrón de 195 mil 403 médicos. La edad de los médicos en el patrón va de un mínimo de 30 a un máximo de 65 años, con un promedio de 47.6 años. Del total de médicos, 13.7 por ciento cuenta con registro en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En cuanto a los médicos que sí presentaron la declaración de ingresos en 2016 se observaron algunos puntos que merecen atención. Un primer punto consiste en el monto del ingreso reportado. Muchos médicos reportaron un ingreso anual inusualmente bajo, ya sea que se trate de salarios o bien de ingreso por actividades profesionales.
Los médicos que tuvieron actividades profesionales o empresariales reportaron niveles muy altos de deducciones autorizadas, en muchos casos los márgenes de utilidad resultaron muy pequeños o incluso negativos. Por ejemplo, 30 por ciento de los médicos con actividades profesionales reportaron un porcentaje de deducciones superior a 89.9 por ciento, es decir, que los márgenes de utilidad serían menores al 10.1 por ciento Asimismo, 50 por ciento de los médicos con actividad empresarial reportó márgenes de utilidad inferiores a 6.8 por ciento. Este hecho muestra que es muy probable que los médicos incurran en evasión fiscal por medio de la exageración de los gastos, la subestimación de los ingresos o una combinación de ambos.
A partir de los resultados del análisis de la información que se ha descrito, se realizaron los siguientes supuestos a fin de realizar la estimación de la evasión. En primer lugar, se tomó un máximo de 40 por ciento para deducciones autorizadas en actividades profesionales y un máximo de 70 por ciento para deducciones autorizadas en actividades empresariales, se consideraron estas cifras a partir de las entrevistas realizadas a contables expertos. En segundo lugar, se tomó un sueldo mínimo de 100 mil pesos anuales para doctores sin registro SEP y de 200 mil pesos para doctores con registro y, además, un máximo para las deducciones personales de 15 por ciento del ingreso o 137 mil pesos. Adicionalmente se consideró un máximo para los salarios exentos de 5 por ciento del sueldo total. Vale la pena reiterar que los ajustes propuestos obedecen a las observaciones encontradas, las cuales concluyen que existe una tendencia a sobreestimar las deducciones y demás ingresos no-acumulables y que existe también una tendencia a subestimar los ingresos. En este último caso se debe reconocer que el ajuste llevado a cabo es mínimo, esto es, suponer un sueldo mínimo demasiado pequeño para los doctores.
1. Un total de 8 mil 358 médicos reportaron un salario anual promedio de 6 mil 922 pesos y un promedio de ingresos anuales de 38 mil 16 pesos.
2. En el caso de aquellos que reportaron sus ingresos por el régimen de actividad profesional y empresarial, reportaron niveles de deducciones altos y con ello un bajo margen de utilidad.
3. Se determinó que dentro de las causas por cuales los médicos evaden impuestos se encuentran:
a. El uso de efectivo como medio de pago,
b. La negación de los médicos para la entrega de factura, aunque también se encuentra la no solicitud de la misma por parte de los pacientes, lo que conlleva a que los profesionales en medicina no reporten la totalidad de sus ingresos y,
c. El reporte de deducciones mayores.
4. Se estima que la evasión fiscal para este sector equivale a 29.62 por ciento con respecto a la recaudación potencial del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Con base en el estudio, se plantean las siguientes recomendaciones:
1. Permitir la deducción del gasto por honorarios médicos aun en casos en los que el pago se realice en efectivo.
2. Obligación del médico de contar con al menos dos formas de pago.
3. Incremento de sanciones y penas en caso de ingresos no declarados por la prestación de servicios médicos.
4. Apoyarse en el paciente como un auxiliar en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los médicos.
5. Estrategia de difusión/percepción. Incrementar la percepción de frecuencia e intensidad de las auditorías en el público objetivo mediante la publicidad.
En vista de todo lo anterior, es opinión del que suscribe que el Servicio de Administración Tributaria debe implementar medidas que permitan disuadir el no registro de operaciones de servicios médicos. La justicia tributaria requiere reglas claras, que todos cumplan y que velen por los derechos de los contribuyentes.
Ante esta situación solicito respetuosamente al titular del Servicio de Administración Tributaria, doctora Margarita Ríos-Farjat, a que implemente mecanismos que permitan que los contribuyentes que tributan en el régimen empresarial y de servicios profesionales por la prestación de servicios de salud, honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición a contar con una forma válida de pago además del pago en efectivo. Asimismo, se le exhorta a considerar apoyarse en las declaraciones de los contribuyentes pasivos en la adquisición de servicios de salud y así velar por sus derechos.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno el presente
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular del Servicio de Administración Tributaria, doctora Margarita Ríos-Farjat, a que implemente mecanismos que permitan que los contribuyentes que tributan en el régimen empresarial y de servicios profesionales por la prestación de servicios de salud, honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición a contar con una forma válida de pago además del pago en efectivo. Asimismo, se le exhorta a considerar apoyarse en las declaraciones de los contribuyentes pasivos en la adquisición de servicios de salud y así velar por sus derechos.
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019).
Diputados: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbricas).
Quienes suscriben, diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
El pasado 17 de octubre fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a diversos artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene la finalidad de resguardar los derechos de las niñas y los niños migrantes. Debemos señalar que, a partir de la segunda mitad del año 2018, hemos visto incrementarse el flujo migratorio y, adicionalmente, cambiar sus características. Si hasta este momento la población migrante se componía, básicamente, de hombres jóvenes, ahora vemos familias enteras, mujeres y niños que requieren de atención especial.
Esta reforma fue propuesta por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través del diputado Rafael Hernández Soriano, el 15 de diciembre de 2015. En la iniciativa, el diputado Hernández Soriano expresó que:
“...es importante que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Esto es de suma importancia, porque la problemática que enfrenta la niñez migrante nacional y centroamericana es grave, más aun cuando la cifra de menores de edad no acompañados que cruzan la frontera sur y se encuentran en tránsito para llegar a Estados Unidos, es imprecisa.
En las estadísticas migratorias mensuales de la Secretaría de Gobernación, se registra que de enero a mayo de 2014, el Instituto Nacional de Migración, INM, ha detectado a 8 mil 7 menores de entre 0 y 17 años, de los cuales 4 mil 230 viajan sin compañía. En este marco, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que esta cifra de menores migrantes no acompañados detectados por el INM, ya había llegado a 7 mil 600 en julio de 2014.
Por su parte, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha reportado en el primer semestre del año, la detención de 57 mil 525 menores no acompañados en su frontera sur, de los cuales 43 mil 933 son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, 12 mil 614 son mexicanos y 978 son de otras nacionalidades. Estos datos muestran que, entre enero y junio, han ingresado por la frontera sur, al menos 52 mil menores de edad no acompañados.
De los menores de edad migrantes detenidos, el 98 por ciento provenía de Centroamérica: 7 mil 872. El país con la cifra más alta fue Honduras, con 4 mil 241, seguido de Guatemala, con 2 mil 123, y de El Salvador, con mil 450. Muy por debajo se ubicaron Nicaragua, con 57, y Belice, con uno.
Mientras que el 80 por ciento de los menores de edad migrantes detenidos –es decir, 6 mil 462– fue ubicado en sólo cinco estados de México. La entidad donde se detuvo a la mayor cantidad fue Chiapas, con 2 mil 922, a la que le siguieron Veracruz, con mil 318; Tabasco, con mil 65; Oaxaca, con 629, y Tamaulipas, con 528.
Por otra parte, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Segob comunicó que durante el primer bimestre de 2015, se alojaron a mil 52 menores de edad acompañados en estaciones migratorias del sureste mexicano, lo que representa el 55 por ciento del total nacional (mil 910) y a mil 316 menores de edad no acompañados, que son el 57 por ciento del total nacional (2 mil 286). También señala que el Instituto Nacional de Migración, INM, cuenta con 11 puntos de cruces formales de control terrestre, pero que existen alrededor de 704 cruces informales.
Asimismo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) es la encargada de otorgar la asistencia institucional a refugiados, mediante el establecimiento de relaciones de colaboración, conforme a lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, sin embargo para el desarrollo de sus funciones, esta Comisión cuenta con un Órgano Administrativo Desconcentrado dependiente de la Secretaría de Gobernación, denominado Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Esta coordinación es responsable de adoptar medidas de protección especial para niñas, niños y adolescentes que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, y es a quien los Sistemas DIF deberán comunicar tal situación de los menores de edad.”
La problemática planteada persiste y, ahora que contamos con estas reformas legales, es imprescindible que la autoridad, a la brevedad, realice las reformas correspondientes a los reglamentos para que, esta protección, pueda tener concreción en la realidad que viven, día con día, las y los niños migrantes.
Por lo anteriormente expuesto, plenamente comprometidos con la garantía de los derechos de las y los migrantes, ponemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para publicar, a la brevedad, las reformas reglamentarias correspondientes para dar operatividad al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2019, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días de octubre de 2019.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora.
La que suscribe, diputada Maricruz Roblero Gordillo, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar acciones eficaces para combatir y erradicar la violencia de género y las desapariciones de mujeres en el país, al tenor de lo siguiente
Es alarmante el aumento de la violencia contra las mujeres en México y su expresión máxima se traduce en las desapariciones, que en muchas ocasiones derivan en feminicidio; sin duda alguna, representan una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y tolerada en la sociedad. Esta es causa y consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género, principalmente (Segob-ONU Mujeres, 2017).
Si bien, la abrumadora mayoría de las víctimas asesinadas en el país son hombres, los homicidios de mujeres deriva del odio relacionado al género de la víctima, el cual se evidencia con la mutilación de los cuerpos, con signos de violación sexual o tortura en ellos y con el hecho de cómo intentan esconderlos en terrenos baldíos o canales.
Por ello ambos fenómenos requieren un tratamiento diferenciado y soluciones específicas.
Ser mujer en México es complicado, sin embargo, ser mujer en Veracruz, estado de México, Nuevo León, Puebla, Ciudad de México es todavía más riesgoso; en estas entidades es en donde se encuentra la concentración mayor de feminicidios en el último año. Sólo para contextualizar las cifras, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, entre enero y agosto de 2019 más de 600 mujeres fueron asesinadas en el país, eso quiere decir que aproximadamente 2 mujeres son asesinadas diariamente en México, de ellas 55 por ciento eran menores de edad.
Es innegable que estas cifras son producto de aplicaciones laxas de política pública en materia de seguridad, de respeto y cumplimento de los derechos humanos; prueba de lo anterior es que los números se han estado incrementando en el último lustro, por ejemplo, en 2015 se registraron 411 asesinatos de mujeres por razones de género, mientras que en 2018 la cifra ascendió a 884, (véase gráfica 1).
Gráfica 1*. Presuntos delitos de feminicidio, tendencia nacional (enero 2015-agosto 2019) **
Notas: * La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas, la cual se ha venido de forma gradual durante los últimos siete años, completándoselas 32 entidades federativas en octubre de 2017.
**Gráfica tomada de: Consulta la información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), agosto 2019.
No queremos otra Diana Santiago, Natalia Olmedo, Abigail Guerrero, Mariana Yáñez, Mariana Lima, Fernanda Rico, etcétera. Pedimos justica para todas ellas y para las que tuvieron nombre y familia pero que hoy en día permanecen en una morgue debido a la inexistencia de condiciones necesarias para el registro genético, antropológico, médico y dactiloscópico de fragmentos óseos y, sin que se puedan realizar las acciones mínimas indispensables para su identificación.
Por otra parte, la desaparición de mujeres es uno de los delitos más lacerante pues las familias no sólo deben cargar con el dolor de la ausencia; también con la negligencia, las respuestas criminalizantes y revictimizantes de las autoridades.
De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas o Extraviadas, más de 9 mil mujeres están desaparecidas,1 de ellas aproximadamente 57 por ciento tiene entre 12 y 25 años de edad.
Además, en un contexto de violencia e inseguridad contra las mujeres, la desaparición en muchas ocasiones se vincula con el crimen organizado y redes de prostitución de escala nacional e internacional. La Ciudad de México2 aparentemente se está consolidando como parte fundamental del “corredor de la trata”, que incluye al estado de México,3 Puebla y Tlaxcala, de acuerdo con investigaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Hoy la interrogante de dónde esta Mercedes Jiménez, Viviana Garrido, Mariela Díaz, etcétera, pesa más que nunca por la innegable falta de acciones eficaces, las primeras horas son cruciales para localizar a una persona desaparecida, más cuando se trata de un menor de edad; sin embargo, en México hay que esperar porque la respuesta común en los organismos encargados de reportar los extravíos de personas y activar los protocolos de búsqueda es: “No se preocupe, seguramente se fue con el novio”... y así la oportunidad de aparecer con vida se va diluyendo.
Por ello, es importante visibilizar que en más de la mitad de los estados del país (19),4 es decir 56 por ciento, se ha declarado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de las mujeres, único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo; estas medidas no están dando los resultados esperados pues en la mayoría de los estados en los que se ha activado el protocolo, no hay incidido en la disminución); lo que implica que se deben de desarrollar e implementar un conjunto eficaz de acciones del gobierno federal como de los gobiernos estatales para erradicar la desaparición y la agresión feminicida y, con ello; permitir que las mujeres gocen de los derechos más básicos como la vida y la libertad.
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar acciones eficaces para combatir y erradicar la violencia de género y las desapariciones de mujeres en el país.
• Alertas de Violencia de Género. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), consultada el 08 de octubre de 2019. Disponible en:
https://www.gob.mx/conavim
• Consulta la información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), agosto 2019.
Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra- las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero -2019?idiom=es
• Segob -ONU Mujeres, (2017). La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016.
Disponible en: https://www2.unwomen.org/-/media/field por ciento20office por ciento20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx por ciento2007dic por ciento20web.pdf?la=es&vs=5302
1 Dato a abril de 2018.
2 Alerta de violencia de género en proceso.
3 Cuenta con dos Alertas de violencia de género.
4 Alertas de Violencia de Género declaradas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).
Diputada Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica)
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
El pasado 17 de octubre, diversos medios de comunicación dieron cuenta de una grave situación de inestabilidad provocada por diversos grupos delictivos que, con armas de alto poder, asolaron a la población de Culiacán, Sinaloa. Las redes sociales dieron cuenta de momentos de gran tensión en los que veíamos a mujeres corriendo con niños en brazos o a padres de familia resguardando a sus pequeños en el pavimento. También pudimos observar la saña de los delincuentes y cómo paseaban, enseñoreados, por las calles de la ciudad.
Posteriormente supimos que el gobierno federal habría intentado la captura de Ovidio Guzmán López, mediante un operativo fallido. Muchas versiones dieron a conocer los funcionarios del gobierno federal que participaron. Alfonso Durazo, Luis Cresencio y José Rafael Ojeda dieron conferencias de prensa, y en cada una los acontecimientos fueron diferentes. Resulta claro que quien coordinó este operativo fue Alfonso Durazo y que nunca tuvo la claridad respecto a las condiciones imperantes en aquella ciudad.
La planeación del operativo fue mala, puso en riesgo a la población y no se tomaron medidas preventivas que aseguraran el éxito. Exigimos que se tomen las medidas necesarias para resguardar a la población de posibles actos de represalia. Para ello se deberá incrementar la presencia de las fuerzas de seguridad e implantar estrategias que eviten la repetición de los desfiles de autos y camionetas con gente fuertemente armada, producidos ayer por la noche, como expresión de fuerza de la organización.
La violencia desatada posteriormente a la captura del narcotraficante fue un abierto reto al Estado y dio ejemplo para las demás organizaciones delictivas. La consecuencia directa será un incremento de los índices de violencia, y la saña de la delincuencia será mayor en todo el país. Por ello, el gobierno federal debe replantearse la estrategia de las fuerzas federales, tanto en enfrentamientos directos como de su prevención; es decir, deben reconsiderarse las acciones con uso de la fuerza, según los principios de racionalidad, proporcionalidad y necesidad, conforme a la ley.
La pretensión del gabinete de seguridad, encabezado por Alfonso Durazo, de engañar a la ciudadanía señalando que la detención se trató de una casualidad, como fue anunciado en la conferencia de prensa de ayer, es irresponsable, y Durazo, como responsable de las operaciones, debe presentar su renuncia. La falta de información verídica respecto a los acontecimientos, sus causas y el paradero del capo causó pánico en la ciudadanía, y de eso también debe responsabilizarse a Durazo. El titular del Ejecutivo federal debe garantizar la integridad de los integrantes las fuerzas armadas y que ni ellos, los de la Guardia Nacional o los de la Policía Federal, o sus familias puedan ser objeto de ataques o intimidaciones.
El dicho del presidente López Obrador de que conoció del operativo con posterioridad es una falacia, pues se trató del cumplimiento de una orden de extradición solicitada por el gobierno estadounidense, por lo cual el presidente ineludiblemente debió tener conocimiento, a través de las instancias correspondientes. El desaseo en la ejecución de esta orden de captura con fines de extradición pone en evidencia la prisa del gobierno federal para cumplir los deseos expresos del presidente Trump. El presidente López Obrador nuevamente elude la responsabilidad que tiene como comandante en jefe de las fuerzas armadas y defender la integridad de las instituciones. Su respuesta tardía –un día después de los acontecimientos– evidencia únicamente la falta de compromiso con la ciudadanía y nos confirma la certeza de que sigue en campaña electoral, por encima de los intereses de la nación.
Resulta inaceptable afirmar que tampoco las instancias centrales supieron de la planificación y el desarrollo del operativo, debido a la importancia del personaje de quien se trata. Asimismo, resulta inadmisible que, de frente al sufrimiento de la sociedad culiacanense de ayer, se produzcan expresiones de agradecimiento de la familia y los abogados del capo, y no exista una declaración que deslinde al presidente y al gobierno federal de estos acontecimientos ya que, de frente a la comunidad internacional, el crimen organizado doblegó al gobierno y sería gravísimo que, además, se pensara que se actúa en complicidad o colusión.
El saldo de la refriega del día fue de 8 muertos y 16 heridos, además de 51 reos prófugos. Debe garantizarse a las víctimas, directas e indirectas, el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la no repetición. Deben implantarse todas las acciones necesarias para que las ciudadanas y los ciudadanos de Culiacán puedan recobrar poco a poco la tranquilidad que ayer les fue irresponsablemente arrebatada.
El próximo 31 de octubre, Alfonso Durazo vendrá a la Cámara de Diputados para comparecer por el análisis del primer Informe de Gobierno, y resulta inevitable que el tema sea abordado. En consecuencia, es imprescindible que la información correspondiente sea conocida por esta asamblea, con objeto de garantizar un correcto ejercicio de rendición de cuentas.
Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, y de Marina que hagan pública la información detallada de lo acaecido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a evaluar la política de seguridad y proponer un cambio radical en ella, con objeto de salvaguardar la vida y la integridad de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos.
Las que suscriben, diputadas federales de diversos grupos parlamentarios en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y a la Fiscalía General de la República para garantizar el estado de derecho en el estado de Morelos y brindar las medidas de protección necesarias a las diputadas locales que han sido víctimas de violencia política de género, al tenor de las siguientes
En múltiples ocasiones y por diversos sectores del ámbito local en el estado de Morelos, se ha denunciado que el gobernador del estado ha tejido una red de complicidades que ha generado una situación de ingobernabilidad en la entidad, propiciando que grupos ilegales controlen vastos territorios en Morelos y que, consecuentemente, los índices de violencia se incrementen, especialmente la violencia feminicida.
Estas redes de complicidad y encubrimiento han sido especialmente denunciadas por un grupo de diputadas que han alzado la voz para exigir que esta situación se detenga e impere el estado de derecho en la entidad, sin embargo, en torno a sus denuncias el resultado ha sido nulo, el gobernados ha puesto oídos sordos para continuar con descalificaciones de la clase política y atentados en contra de la integridad personal, mismos que no han sido ni investigados ni esclarecidos.
Estas diputadas han denunciado que el resultado de las componendas de los grupos en el poder en el estado de Morelos ha sido devastador:
“De acuerdo a la Radiografía Índice GLAC, hasta abril de 2019, el estado de Morelos registró un aumento de 705 por ciento en delitos de extorsión, 39 por ciento en homicidio doloso, 24 por ciento en robo de autopartes, y 158 por ciento en secuestro, comparado con el mismo periodo del año anterior.
Según el Índice GLAC, la entidad que gobierna el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco tuvo una tasa acumulada, en el primer cuatrimestre del presente año, de 2.84 delitos de extorsión por cada 100 mil habitantes, equivalente a 57 casos absolutos.
En cuanto a homicidio doloso, se presentaron 15.58 casos por cada 100 mil habitantes, lo que representa 313 casos absolutos; respecto a robo de autopartes, la cifra fue de 34.34 robos por cada 100 mil habitantes, equivalente a 690 unidades en términos absolutos, y en casos de secuestro se presentaron 1.29 delitos por cada 100 mil habitantes, equivalente a 26 casos absolutos”.1
Asimismo, han evidenciado el modus operandi del círculo cercano del gobernador, quienes pretenden sustituir a funcionarios que no les son afines y en algunos casos imponen a quienes les son incondicionales para cerciorarse que, hasta el final de su mandato se mantenga el pacto de impunidad.
Según las denuncias públicas realizadas a partir de grabaciones de conversaciones de diversos personajes políticos de la entidad, la pretensión de remover a funcionarios habría llegado hasta la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, según consta en una grabación; sin pasar por alto que uno de los principales operadores ha sido Ulises Bravo Molina (medio hermano del gobernador) que tiene injerencia en asuntos en los que debiera permanecer ajeno, muestra de ello es:
“...Y les pido mucha, mucha discreción, es un tema que nos pidieron desde la presidencia. Ahorita no tenemos la manera, o sea, no nos dijeron que dejáramos a la magistrada, pero que aguantemos, sí. Fue una reunión en la que ni siquiera estuvo (Cuauhtémoc), fuimos a checar unos asuntos con Julio Scherer y él fue el que nos dijo: ahorita aguanten tantito a la magistrada . No nos dijo que la defendiéramos”.2
Estas grabaciones son un indicativo de la situación que se vive en Morelos, que ha derivado en una persecución política en contra de quienes evidencian la red de corrupción e impunidad que está latente en la entidad, y ante ello son objeto de descalificativos y violencia política de género; no obstante, han recibido amenazas y atentados que ponen en riesgo su integridad y la de sus familias. Uno de los actos abyectos, que son reflejo de la manera de proceder hacia las diputadas que han sacado a la luz sus tropelías, fue la participación en tribuna el pasado 10 de octubre (2019) del diputado local José Casas González, quien, en su diatriba dirigida hacia sus congéneres en la sesión del Congreso local, refirió que: “eso es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul”.3
Por lo anterior, las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT), Blanca Nieves Sánchez Arano (Nueva Alianza), Érika García Zaragoza (PT), Maricela Jiménez Arizmendi (Movimiento Ciudadano), Rosalinda Rodríguez Tinoco (PRD), Keila Celene Figueroa Evaristo (Morena) y Naida Josefina Díaz Roca (PT); diputadas de diversos grupos parlamentarios, acudieron a quienes suscribimos esta proposición para exponer el contexto que padecen quienes viven en el estado de Morelos; lo que obliga a poner en la picota pública esta situación.
Así, el objetivo del presente es solicitar que en coadyuvancia con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, se brinden las medidas de protección a las diputadas locales y se garantice la vigencia del estado de derecho en la entidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidas con la legalidad y la integridad de las instituciones, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con los siguientes
Sexto. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosamente, solicita a todas las diputadas y diputados integrantes del honorable Congreso del Estado de Morelos, a realizar las acciones necesarias para eliminar y, en su caso, sancionar cualquier acto de violencia política de género.
1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/repuntan-delitos-de-alto-impac to-en-morelos-durante-2019
2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/sin-cargo-hermano-de-blanco-da-li nea-a-diputados-en-morelos/1335964
3https://twitter.com/ruidoenlared/status/118268730430272 7168?s=12
Diputados: Martha Tagle Martínez, Julieta Macías Rábago, Pilar Lozano Mac Donald, Kehila Abigail Ku Escalante, María Libier González Anaya, Frida Alejandra Esparza Márquez, Mónica Bautista Rodríguez, Lourdes Celenia Contreras González, Martha Angélica Zamudio Macías, Ruth Salinas Reyes, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Abril Alcalá Padilla, Ana Lucía Riojas Martínez, María Guadalupe Almaguer Pardo, Ana Ruth García Grande, Martha Huerta Hernández, Reginaldo Sandoval Flores, Silvano Garay Ulloa, José Luis Montalvo Luna, Benjamín Robles Montoya, Gerardo Fernández Noroña, Margarita García García, Luis Enrique Miranda Nava, Raymundo García Gutiérrez, José Guadalupe Aguilera Rojas, Antonio Ortega Martínez, Arturo Escobar y Vega, José Luis García Duque, Olga Juliana Elizondo Guerra, Marcos Aguilar Vega, Sonia Rocha Acosta, Santiago González Soto, Norma Azucena Rodríguez Zamora, María del Pilar Ortega Martínez, Janet Melanie Murillo Chávez, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Adriana Dávila Fernández, María Liduvina Sandoval Mendoza (rúbricas).
Quienes suscriben, diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta, a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
El pasado 17 de octubre diversos medios de comunicación dieron cuenta de una grave situación de inestabilidad provocada por diversos grupos delincuenciales que, con armas de alto poder, asolaron a la población de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa. Las redes sociales dieron cuenta de momentos de gran tensión en los que veíamos a mujeres corriendo con niños en brazos o a padres de familia resguardando a sus pequeños en el pavimento. También pudimos observar la saña de los delincuentes y cómo paseaban, enseñoreándose, por las calles de aquella ciudad.
Posteriormente, supimos que el gobierno federal habría intentado la captura de Ovidio Guzmán López, mediante un operativo fallido. Muchas fueron las versiones que dieron a conocer los funcionarios del gobierno federal que participaron. Alfonso Durazo, Luis Cresencio y José Rafael Ojeda dieron varias conferencias de prensa y en cada una, los acontecimientos fueron diferentes. Resulta claro que quien coordinó este operativo fue Alfonso Durazo y que nunca tuvo la claridad respecto de las condiciones imperantes en aquella ciudad.
Debemos señalar que la planeación del operativo fue mala, puso el riesgo a la población y no se tomaron las medidas preventivas que aseguraran el éxito. En este sentido, exigimos que se tomen las medidas necesarias para resguardar a la población de posibles actos de represalia. Para ello, deberá incrementarse la presencia de las fuerzas de seguridad e implementar estrategias que eviten la repetición de los desfiles de autos y camionetas con gente fuertemente armada, que se produjeron ayer por la noche, como expresión de fuerza de la organización.
La violencia desatada posteriormente a la captura del narcotraficante fue un abierto reto al Estado y dio ejemplo para las demás organizaciones delincuenciales. La consecuencia directa será un incremento de los índices de violencia y saña de la delincuencia será mayor, en todo el país. Es por ello que el gobierno federal debe replantearse la estrategia de las fuerzas federales, tanto en enfrentamientos directos como de su prevención, es decir, debe reconsiderarse las acciones con uso de la fuerza, bajo los principios de racionalidad, proporcionalidad y necesidad, conforme a la ley.
La pretensión del gabinete de seguridad, encabezado por Alfonso Durazo, de engañar a la ciudadanía señalando que la detención se trató de una casualidad, como fue anunciado en la conferencia de prensa de ayer, es irresponsable y Durazo, como responsable de las operaciones, debe presentar su renuncia. La falta de información verídica respecto de los acontecimientos, sus causas y el paradero del capo, causó pánico en la ciudadanía y de eso también debe responsabilizarse Durazo. El titular del Ejecutivo Federal debe garantizar la integridad de los integrantes las fuerzas armadas y que ni ellos, los de la Guardia Nacional o los de la Policía Federal, o sus familias puedan ser objeto de ataques o intimidaciones.
El dicho del presidente López obrador de que conoció del operativo con posterioridad es una falacia pues se trató del cumplimiento de una orden de extradición solicitada por el gobierno norteamericano, por Jo cual, el presidente ineludiblemente debió tener conocimiento, a través de las instancias correspondientes. El desaseo en la ejecución de esta orden de captura con fines de extradición, pone en evidencia la prisa del gobierno federal para cumplir con los deseos expresos del Presidente Trump. El presidente López Obrador nuevamente elude la responsabilidad que tiene como comandante en jefe de las fuerzas armadas y defender la integridad de las instituciones. Su respuesta tardía -un día después de los acontecimientos-únicamente evidencia la falta de compromiso con la ciudadanía y nos confirma la certeza de que sigue en campaña electoral, por encima de los intereses de la Nación.
Resulta inaceptable afirmar que tampoco las instancias centrales supieron de la planificación y desarrollo del operativo, debido a la importancia del personaje del cual se trata. Asimismo, resulta inadmisible que, de frente al sufrimiento de la sociedad culiacanense del día de ayer, se produzcan expresiones de agradecimiento por parte de la familia y los abogados del capo, y no exista una declaración que deslinde al presidente y al gobierno federal de estos acontecimientos ya que, de frente a la comunidad internacional, el crimen organizado doblegó al gobierno y sería gravísimo que, además, se pensara que se actúa en complicidad o colusión.
El saldo de la refriega del día fue de 8 muertos y 16 heridos, además de 51 reos prófugos. Debe garantizarse a las víctimas, directas e indirectas, el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la no repetición. Deben implementarse todas las acciones necesarias para que las y los ciudadanos de Culiacán puedan recobrar, poco a poco, la tranquilidad que, el día de ayer, les fue irresponsablemente arrebatada.
El próximo 31 de octubre, Alfonso Durazo vendrá a la Cámara de Diputados para comparecer por el análisis del Primer Informe de Gobierno y resulta inevitable que este tema sea abordado. En consecuencia, es imprescindible que la información correspondiente sea conocida por esta Asamblea, con el objeto de garantizar un correcto ejercicio de rendición de cuentas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la seguridad de las y los ciudadanos, ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Gabinete de Seguridad, hacer pública la información detallada de los acontecimientos acaecidos en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre de 2019.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para evaluar la política de seguridad y proponer un cambio radical en ella, con el objeto de salvaguardar la vida y la integridad de las y los ciudadanos mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de octubre de 2019.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)

References: artículo 27
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 102
 artículo 44
 artículo 70
 artículo 44
 artículo 6
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 6
 artículo 79
 artículo 21
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 artículo 71
 artículo 6
 artículo 52
 artículo 79
 artículo 4
 artículo 134

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Artículo 134
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 134
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 artículo 110
 artículo 151
 artículo 79
 artículo 79
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