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Timestamp: 2017-04-30 10:58:58+00:00

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ADISPO Asocación de directores de seguridad privada online :: Anteproyecto COMPLETO Ley Seguridad Privada y forma de proponer
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 50/1997 del Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado día 12 de los corrientes, se presentó, por parte del Ministro del Interior, el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada. Se encuentra disponible a disposición de los interesados, durante 15 días hábiles, contados a partir del día de la fecha, el texto de dicho Anteproyecto de Ley. Las eventuales observaciones deberán cursarse a la Secretaría de la Comisión Nacional de la Seguridad Privada ucsp.comisionmixta@policia.es o a la dirección postal siguiente, para su elevación al órgano competente del Ministerio del Interior: COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA C/ Rey Francisco, 2128008 - MADRID En caso de duda, podrán ponerse en contacto, en horario de 10 a 13 horas, a los teléfonos 91 / 322 - 3915 ó 16
anteproyecto_ley_segur_priv.pdf
Anteproyecto nueva Ley Seguridad Privada
Las eventuales observaciones deberán cursarse a la Secretaría de la Comisión Nacional de la Seguridad Privada ucsp.comisionmixta@policia.es o a la dirección postal siguiente, para su elevación al órgano competente del Ministerio del Interior: COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADAC/ Rey Francisco, 2128008 - MADRID En caso de duda, podrán ponerse en contacto, en horario de 10 a 13 horas, a los teléfonos 91 / 322 - 3915 ó 16
V. 16.04.2013
Objeto. 1. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas físicas o
Ámbito de aplicación. 1. Las disposiciones de esta ley son de aplicación a las empresas de seguridad privada,
Fines. La seguridad privada tiene como fines:
Actividades de seguridad privada. 1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:
Actividades compatibles. 1. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley y podrán ser desarrolladas por las
Autoprotección. No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el
Principios rectores. 1. Los servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con respeto a la
Contratación de servicios. 1. No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada que no haya sido
Prohibiciones. Además de otras prohibiciones contenidas en esta ley, con carácter general se
Registro Nacional de Seguridad Privada y registros autonómicos. 1. Las autorizaciones, habilitaciones, comunicaciones o, en su caso, declaraciones
Competencias de la Administración General del Estado. 1. Corresponde a la Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior
cuentenentre sus actividades de seguridad con la de protección personal o la de investigación
Artícuo 28.
3. La pédida de alguno de los requisitos establecidos en este artículo producirá la
k) Las comprobaciones necesarias sobre el personal que, por el ejercicio de las
funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la
protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.
2. Cuando resulten obligados por la normativa de desarrollo de esta ley, o cuando de
forma voluntaria así lo decidan, las empresas de seguridad y los usuarios situarán al frente de
la seguridad integral de su entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad.
En el caso de las empresas obligadas a disponer de la figura del director de seguridad,
éste deberá prestar sus servicios profesionales estando integrado en su plantilla.
3. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su
propio director de seguridad, las funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el
artículo 35.1 a), b), c), d) y e) serán asumidas por aquél.
4. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los directores de seguridad en los
términos que reglamentariamente se disponga.
1. Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán del
a) Obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados por
encargo de los que tengan un interés legítimo en el asunto.
b) Investigar delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados
2. Además de las funciones propias establecidas en el apartado anterior, los detectives
privados también podrán prestar servicios de vigilancia dirigidos a la obtención de información
para garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles,
exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales,
locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos. En el ejercicio de estas funciones,
además de las facultades que les son propias, podrán ejercer las previstas en el artículo 32.1
3. El ejercicio de las funciones establecidas en los dos apartados anteriores no será
compatible con las funciones de otro grupo profesional de seguridad privada ni podrá
compatibilizarse con funciones propias del personal al servicio de cualquier Administración
4. Los detectives privados no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, debiendo
denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza
que llegara a su conocimiento, y poniendo a su disposición toda la información y los
instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento.
1. Los servicios de seguridad privada se prestarán de conformidad con lo dispuesto en
esta ley, en particular en sus artículos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con arreglo a las
estipulaciones del contrato, así como, en su caso, con la autorización concedida.
2. Los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de
seguridad privada, inscritas y autorizadas para la actividad relativa a los mismos, y por
personal de seguridad privada, legalmente habilitado para el ejercicio de las funciones
referidas a dichos servicios.
Forma de prestación.
1. Los medios utilizados en la prestación de los servicios de seguridad privada deberán
estar homologados por el Ministerio del Interior. En todo caso, los vehículos, uniformes y
distintivos no podrán confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con los
2. El personal de seguridad privada uniformado prestará sus servicios vistiendo el
uniforme reglamentario y los distintivos del cargo, así como portando los medios de defensa
reglamentarios, que no incluirán armas de fuego.
Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la obligación de desarrollar sus
funciones con uniforme y distintivo.
3. Previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo se desarrollarán con
armas de fuego los servicios de seguridad privada contemplados en el artículo 40 y los que
Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad sólo se podrán portar
estando de servicio, con las salvedades que se establezcan en la citada normativa de
4. Salvo en los casos expresamente previstos en esta ley y lo que se determine
reglamentariamente atendiendo a las especiales características de determinados servicios de
seguridad privada, los vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones en el interior de los
inmuebles o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados.
5. El personal de seguridad privada portará la tarjeta de identidad profesional, así como
la documentación correspondiente al arma de fuego, en caso de llevarla, durante la prestación
de los servicios de seguridad.
d) Los de vigilancia y protección perimetral en centros penitenciarios y centros de
, así como en establecimientos militares y otros edificios o
2. Reglamentariamente se determinarán aquellos otros supuestos en que, valoradas las
circunstancias de localización, valor de los objetos a proteger, concentración del riesgo o
peligrosidad, nocturnidad u otras de análoga significación, los servicios de seguridad privada
podrán prestarse portando armas de fuego.
3. El personal de seguridad privada sólo podrá portar el arma cuando esté de servicio, y
podrá acceder con ella al lugar donde se desarrolle éste, salvo que legalmente se establezca
4. Las armas de fuego adecuadas para realizar cada tipo de servicio serán las que
1. Los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades contempladas en el
artículo 5.1 a) se llevarán a cabo por vigilantes de seguridad, o por guardas rurales cuando se
desarrollen en las fincas rústicas y establecimientos de acuicultura o zonas marítimas
protegidas con fines pesqueros, y su prestación se circunscribirá, con carácter general, al
interior de las instalaciones o propiedades protegidas, salvo en los siguientes supuestos:
a) Persecución de delincuentes sorprendidos en flagrante delito en relación con las
personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.
a) La manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de
tener lugar en las vías públicas o de uso común.
b) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la prestación de
servicios de vigilancia y protección de los cajeros durante las citadas operaciones, o en las de
c) Los desplazamientos excepcionales al exterior de los inmuebles objeto de protección
para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y
e) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan
ser delimitados de forma física o ideal.
f) Los servicios de rondas o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita
intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos
lugares objeto de protección.
3. En cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes,
podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección:
c) Vigilancia en acontecimientos deportivos, culturales o sociales que se desarrollen en
vías o espacios públicos.
, a cargo de vigilantes de seguridad o, en su caso, de
guardas rurales, consisten en la vigilancia de seguridad, a través de un sistema de
videocámaras, fijas o móviles, con la exclusiva finalidad de protección de personas o bienes.
2. La utilización de videocámaras estará presidida por los principios de proporcionalidad,
idoneidad e intervención mínima.
3. No se podrán utilizar videocámaras con fines de seguridad privada para tomar
imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y
en los términos y condiciones previstos en la legislación en materia de seguridad ciudadana,
previa autorización administrativa. Su utilización en el interior de las viviendas requerirá el
4. Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias
o de sistemas de verificación de alarmas no requerirán autorización administrativa para su
empleo o utilización.
5. La grabación, tratamiento y registro de imágenes por parte de los sistemas de
videovigilancia estará sometida a la normativa en materia de protección de datos de carácter
1. Los servicios de protección personal, a cargo de escoltas privados, consistirán en el
acompañamiento, custodia, resguardo, defensa y protección de la libertad, vida e integridad
física de personas o grupos de personas determinadas.
2. La prestación de servicios de protección personal se realizará con independencia del
lugar donde se encuentre la persona protegida, incluido su tránsito o circulación por las vías
públicas, sin que se puedan realizar identificaciones, restricciones de la circulación, o
detenciones, salvo en caso de flagrante delito.
3. La prestación de estos servicios sólo podrá realizarse previa autorización del Ministerio
del Interior, conforme se disponga reglamentariamente.
1. Los servicios de depósito de seguridad, referidos a la actividad contemplada en el
artículo 5.1. c), estarán a cargo de vigilantes de seguridad y se prestarán obligatoriamente
cuando los objetos en cuestión alcancen las cuantías que reglamentariamente se establezcan,
así como cuando las autoridades competentes lo determinen en atención a los antecedentes y
2. Los servicios de depósito de seguridad referidos a la actividad contemplada en el
artículo 5.1.d), estarán a cargo de vigilantes de explosivos y se prestarán obligatoriamente
cuando precisen de vigilancia, cuidado y protección especial, de acuerdo con la normativa
específica de cada materia o así lo dispongan las autoridades competentes en atención a los
antecedentes y circunstancias relacionadas con dichos objetos o sustancias.
Los servicios de transporte y distribución de los objetos a que se refiere el artículo
anterior, se llevarán a cabo mediante vehículos acondicionados especialmente para cada tipo
de transporte y consistirán en su traslado material y su protección durante el mismo, por
vigilantes de seguridad o vigilantes de explosivos, respectivamente, con arreglo a lo prevenido
en esta ley y sus normas reglamentarias de desarrollo.
1. Los servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y
sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de
videovigilancia, consistirán en la ejecución, por técnicos acreditados, de todas aquellas
operaciones de instalación y mantenimiento de dichos aparatos, equipos, dispositivos o
sistemas, que resulten necesarias para su correcto funcionamiento y el buen cumplimiento de
su finalidad, previa elaboración, por parte de ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto
de instalación, cuyas características se determinarán reglamentariamente.
2. Estos sistemas deberán someterse a revisiones preventivas con la periodicidad y
Servicios de gestión y respuesta ante alarmas.
1. Los servicios de gestión de alarmas consistirán en la recepción y verificación de las
señales de alarma, relativas a la seguridad y protección de personas y bienes, así como en su
comunicación, en su caso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes.
2. Los servicios de respuesta ante alarmas cuya realización no sea competencia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por
guardas rurales, y podrán comprender los siguientes servicios:
a) El depósito y custodia de las llaves de los inmuebles u objetos donde estén instalados
los sistemas de seguridad conectados a la central de alarmas y, en su caso, su traslado hasta
el lugar del que procediere la señal de alarma verificada.
b) El desplazamiento de los vigilantes de seguridad o guardas rurales a fin de proceder a
la verificación personal de la alarma recibida.
3. Cuando los servicios se refirieran al análisis y monitorización remota de eventos de
seguridad de la información y las comunicaciones, estarán sujetos a las especificaciones que
reglamentariamente se determinen. Las señales de alarma referidas a estos eventos deberán
ser puestas, cuando corresponda, en conocimiento del órgano competente, por el propio
usuario o la empresa con la que haya contratado la seguridad.
1. Los servicios de planificación y asesoramiento, que consistirán en la elaboración de
estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos y planes de seguridad referidos a la
protección frente a todo tipo de riesgos, así como en auditorías sobre la prestación de los
servicios de seguridad, serán prestados por personal habilitado como directores de seguridad,
sin perjuicio de las funciones que corresponden a éstos en el ámbito de sus respectivas
2. En los supuestos en que sea obligatoria la existencia del director de seguridad, las
funciones de planificación y análisis de riesgos serán de su responsabilidad.
Servicios de investigación privada.
1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la
obtención y aportación de información y pruebas sobre conductas o hechos privados que
afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal,
familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados, así
como en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias en relación con la
investigación de delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los legitimados
en el proceso penal, o para garantizar el normal desarrollo de determinados eventos.
Los servicios de vigilancia a que se refiere el artículo 37.2 consistirán exclusivamente en
la observación, a cargo de detectives privados, dirigida a la obtención de información
necesaria para garantizar el normal desarrollo de las actividades realizadas en dichos lugares.
2. La aceptación de estos servicios por parte de los detectives privados requerirá, en todo
caso, la existencia de un interés legítimo por parte del cliente contratante del servicio
debiendo ejecutarse el mismo con respeto a los criterios de razonabilidad, necesidad,
idoneidad y proporcionalidad.
3. En ningún caso podrán utilizarse en este tipo de servicios medios materiales o técnicos
de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la
propia imagen o al secreto de las comunicaciones.
4. Por cada servicio que les sea contratado, los despachos o los detectives privados
encargados del asunto deberán elaborar un informe en el que reflejarán el número de registro
asignado al servicio, los datos de la persona que encarga y contrata el servicio, el objeto de la
contratación, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas,
en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan. Dicho informe estará a
disposición del cliente, entregándoselo a la finalización del servicio, así como de las autoridades
policiales competentes para la inspección.
5. Los informes a que se refiere el apartado anterior deberán conservarse archivados, al
menos, durante cinco años. Las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones o
vigilancias se destruirán un año después de su finalización, salvo que estén relacionadas con
un procedimiento judicial, una investigación policial o un expediente sancionador. En todo caso,
el tratamiento de dichas imágenes y sonidos deberá observar lo establecido en la normativa
6. Las investigaciones privadas tendrán carácter reservado y los datos obtenidos a través
de las mismas solo se podrán poner a disposición del cliente o, en su caso, de los órganos
1. Las personas físicas o jurídicas, privadas y públicas, podrán dotarse de los servicios y
medidas de seguridad privada, dirigidas a la protección de sus personas o bienes y al
aseguramiento del normal desarrollo de sus actividades personales o empresariales.
2. El Ministerio del Interior podrá ordenar la adopción de medidas de seguridad en
establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, con la finalidad de
prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos, cuando generen riesgos directos para
3. Las sedes y delegaciones de las empresas de seguridad privada estarán obligadas a
adoptar las medidas de seguridad que se establezcan reglamentariamente.
4. Igualmente podrá ordenarse la adopción de medidas de seguridad cuando se
considere necesaria su implantación en empresas, entidades u organismos públicos.
5. Las autoridades competentes podrán eximir de la implantación de medidas de
seguridad obligatorias cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto las
hicieren innecesarias o improcedentes.
6. La apertura de los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada y
sus delegaciones mencionados en los apartados 2 y 3 estará condicionada a la efectiva
implantación de las medidas de seguridad que resulten obligatorias.
7. Los titulares de los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada
serán responsables de la adopción o instalación de las medidas de seguridad obligatorias de
acuerdo con las normas que las regulen, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan
incurrir sus empleados.
8. Reglamentariamente se determinarán los establecimientos e instalaciones industriales,
comerciales y de servicios que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así como
el tipo y características de éstas que deban implantar en cada caso.
Cuando se trate de organismos públicos, si se considerase necesaria la implantación de
dichos servicios o sistemas de seguridad en empresas, entidades u organismos públicos, el
Ministerio del Interior formulará la correspondiente propuesta y, previo acuerdo con el
Ministerio o Administración de los que dependan las instalaciones o locales necesitados de
protección, dictará la resolución procedente.
9. Los establecimientos, instalaciones y empresas de seguridad privada que adopten
medidas de seguridad adicionales a las obligatorias, así como aquellos usuarios que, sin estar
obligados, adopten medidas de seguridad, quedarán sometidos a lo dispuesto en esta ley y
1. A los exclusivos efectos de esta ley, se podrán adoptar los siguientes tipos de medidas
de seguridad, destinadas a la protección de personas y bienes:
a) De seguridad física, cuya funcionalidad consiste en impedir o dificultar el acceso a
determinados lugares o bienes mediante la interposición de todo tipo de barreras.
b) De seguridad electrónica, orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza,
peligro, presencia o intento de asalto o intrusión que pudiera producirse, mediante la
activación de todo tipo de dispositivos electrónicos.
c) De seguridad informática, cuyo objeto es la protección y salvaguarda de la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación, y de la
d) De seguridad organizativa, dirigidas a evitar o poner término a cualquier tipo de
amenaza, peligro o ataque deliberado, mediante la disposición, programación o planificación
de cometidos, funciones o tareas formalizadas o ejecutadas por personas o grupos de
personas, tales como la creación, existencia y funcionamiento de departamentos de seguridad
o la elaboración y aplicación de todo tipo de planes de seguridad, así como cualesquiera otras
de similar naturaleza que puedan adoptarse.
e) De seguridad personal, para la prestación de servicios de seguridad regulados en esta
ley, distintos de los que constituyen el objeto específico de las anteriores.
2. Las características, elementos y finalidades de las medidas de seguridad de cualquier
tipo, de los medios materiales y de los sistemas de alarma instalados y utilizados por
empresas de seguridad privada, establecimientos obligados y demás usuarios contratantes,
se regularán reglamentariamente de acuerdo con lo previsto, en cuanto a sus grados y
características, en las normas que contienen especificaciones técnicas para una actividad o
producto. Asimismo dichas medidas de seguridad, medios materiales y sistemas de alarma
deberán contar con la evaluación de los organismos de certificación acreditados.
1. Corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el cumplimiento de
las órdenes e instrucciones que se impartan por los órganos a los que se refieren los artículos
12 y 13, en el ejercicio de las funciones de control de las empresas, servicios o actuaciones y
del personal y medios en materia de seguridad privada.
2. En el ejercicio de estas funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad competentes podrán requerir la información pertinente y adoptar las medidas
provisionales que resulten necesarias, en los términos del artículo 54.
3. Cuando en el ejercicio de las actuaciones de control se detectase la posible comisión
de una infracción administrativa, se instará a la autoridad competente para la incoación del
correspondiente procedimiento sancionador. Si se tratara de la posible comisión de un hecho
delictivo, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial.
4. Toda persona que tuviera conocimiento de irregularidades cometidas en el ámbito de
la seguridad privada podrá denunciar aquéllas ante las autoridades o funcionarios
competentes, a efectos del posible ejercicio de las actuaciones de control y sanción
1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes establecerán planes anuales de
inspección ordinaria sobre las empresas, los despachos de detectives privados, el personal,
los servicios, los establecimientos, los centros de formación, las medidas de seguridad y
cualesquiera otras actividades o servicios regulados en esta ley.
2. Asimismo, al margen de los citados planes de inspección, cuando recibieren denuncias
sobre irregularidades cometidas por las personas físicas o jurídicas mencionadas en el
apartado anterior o por los usuarios de esos servicios, procederán a la comprobación de los
hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoación del correspondiente procedimiento
3. A los efectos anteriormente indicados, las empresas y el personal de seguridad
privada, así como los establecimientos obligados a contratar servicios de seguridad privada,
los centros de formación y los usuarios que contraten dichos servicios, habrán de facilitar a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes el acceso a sus instalaciones y medios a
efectos de inspección, así como a la información contenida en los contratos de seguridad, en
los expedientes de investigación y en los Libros-registros, en los supuestos y en la forma que
4. Las inspecciones a las que se refieren los apartados anteriores se realizarán por el
Cuerpo Nacional de Policía, por la Guardia Civil, en el caso de los guardas rurales y sus
especialidades y centros y cursos de formación exclusivos de este personal, o por el cuerpo
de policía autonómica competente.
5. Siempre que el personal indicado en el apartado anterior realice una inspección,
extenderá el acta correspondiente y, en el caso de existencia de infracción, se dará cuenta a
Medidas provisionales anteriores al procedimiento.
1. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán acordar
excepcionalmente las siguientes medidas provisionales anteriores a la eventual incoación de
un procedimiento sancionador, dando cuenta de ello inmediatamente a la autoridad
a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipos prohibidos, no
homologados o que resulten peligrosos o perjudiciales, así como de los instrumentos y efectos
de la infracción, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para las personas o bienes.
b) La suspensión, junto con la intervención u ocupación de los medios o instrumentos
que se estuvieren empleando, de aquellos servicios de seguridad que se estuvieren prestando
sin la preceptiva autorización, o cuando puedan causar daños o perjuicios a terceros o poner
en peligro la seguridad ciudadana.
c) El cese de los servicios de seguridad cuando se constate que están siendo prestados
por empresas no autorizadas o por personal no habilitado para el ejercicio legal de los
d) El cese de la actividad docente en materia de seguridad privada, cuando se constate
que los centros que la imparten, carecen de la necesaria autorización o el profesorado no
tuviera la acreditación correspondiente.
e) La desconexión de los sistemas de alarma cuyo mal funcionamiento causare perjuicios
a la seguridad pública o molestias a terceros.
f) La retirada de la tarjeta de identificación profesional del personal de seguridad privada
cuando resulten detenidos por su implicación en la comisión de hechos delictivos.
2. Estas medidas habrán de ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo máximo
de quince días. En todo caso quedarán sin efecto si, transcurrido dicho plazo, no se incoa el
procedimiento sancionador o el acuerdo de incoación no contiene un pronunciamiento expreso
3. La duración de las medidas contempladas en el apartado 1, que deberá ser notificada
a los interesados, no podrá exceder de seis meses.
4. Asimismo, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a
que hubiere lugar, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes se
harán cargo de las armas que se porten o utilicen ilegalmente, siguiendo lo dispuesto al
respecto en la normativa de armas.
Clasificación y prescripción.
1. Las infracciones de las normas contenidas en esta ley podrán ser leves, graves y muy
2. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy
graves a los dos años.
3. El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido
cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del
cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se
4. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera
paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.
Infracciones de las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada,
de sus representantes legales y de los despachos de detectives privados.
Las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, sus representantes
legales y los despachos de detectives privados podrán incurrir en las siguientes infracciones:
a) La prestación de servicios de seguridad privada a terceros, careciendo de la
autorización o, en el caso de las actividades contempladas en el artículo 18.3, sin haber
realizado la declaración responsable, para desarrollar cualquiera de las actividades previstas
en el artículo 5.1.
b) La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que
carezcan de la habilitación correspondiente.
c) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.5, sobre reuniones o
manifestaciones, conflictos políticos o laborales, control de opiniones o su expresión o
creación o mantenimiento de ficheros, automatizados o no, de datos de carácter personal
sobre las mismas, e información a terceras personas sobre clientes, personas relacionadas
con éstos o con bienes de cuya seguridad estén encargados, o cualquier otra forma de
quebrantamiento del deber de reserva, cuando no sean constitutivas de delito.
d) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados cuando la
homologación sea preceptiva y sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los
e) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los contratos de
seguridad privada, en los libros-registros o el acceso a los informes de investigación privada.
f) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así
como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia de
armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta ley, o la
contratación de instructores de tiro que carezcan de la oportuna habilitación.
g) La prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego fuera de lo
h) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los
delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les
i) El incumplimiento de la obligación que impone a los representantes legales el artículo
j) La instalación o utilización de sistemas de videovigilancia, así como los
correspondientes a la captación de imágenes o sonido por los sistemas de alarma,
incumpliendo los requisitos o finalidades establecidos para ellos.
k) La ausencia de las medidas de seguridad obligatorias, por parte de las empresas de
seguridad privada, en sus sedes y delegaciones,
a) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados, cuando
la homologación sea preceptiva.
b) La prestación de servicios de seguridad privada con vehículos, uniformes, distintivos,
armas o medios de defensa que no reúnan las características reglamentarias.
c) La prestación de servicios de seguridad privada careciendo de los requisitos
específicos de autorización para la realización de dicho tipo de servicios. Esta infracción
también será aplicable cuando tales servicios se lleven a cabo fuera del lugar o del ámbito
territorial para el que estén autorizados o careciendo de la autorización previa cuando ésta
e) La prestación de servicios de seguridad privada sin formalizar los correspondientes
contratos o sin comunicarlos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en
los casos en que la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio.
f) La prestación de servicios de seguridad privada al margen de lo estipulado en el
g) La falta de sustitución ante el abandono o la omisión injustificados del servicio por
parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.
h) La utilización, en el desempeño de funciones de seguridad privada, de personal de
seguridad privada que no haya realizado los correspondientes cursos de actualización o
especialización, no los haya superado, o no los haya realizado con la periodicidad que
i) La falta de presentación al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente
del certificado acreditativo de la vigencia del contrato de seguro, aval o seguro de caución u
otra garantía equivalente en los términos establecidos en el artículo 19.1, así como la no
presentación del informe de actividades y el resumen de la cuenta anual a los que se refiere el
artículo 21.1. e), o la no presentación de la memoria a la que se refiere el artículo 25.5.
j) La no transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las alarmas
reales que se registren en las centrales privadas, incluidas las de uso propio, así como el
retraso injustificado en la transmisión de las mismas. Asimismo, será constitutivo de infracción
la comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o
falta de verificación previa
k) La no comunicación por parte de empresas homologadas de seguridad informática de
las incidencias relativas al sistema de cuya protección sean responsables cuando sea
l) La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorización necesaria del
m) La conservación, fuera de los plazos y supuestos establecidos en cada caso, de las
imágenes y sonidos grabados por los sistemas de videovigilancia, los sistemas de verificación
de alarmas y las correspondientes a investigaciones privadas, conculcando el deber de
destruirlos exigido por los artículos 42 y 49.5.
n) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico
competente, de las altas y bajas del personal de seguridad privada, así como de los cambios
que se produzcan en sus representantes legales y toda variación en la composición personal
de los órganos de administración, gestión, representación y dirección.
ñ) La prestación de servicio por parte del personal de seguridad privada sin la debida
uniformidad o sin los medios que reglamentariamente sean exigibles.
o) La no realización de las revisiones anuales obligatorias de los sistemas o medidas de
seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.
p) La carencia o no cumplimentación de los libros-registro obligatorios.
q) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico
competente de todo cambio relativo a su personalidad o forma jurídica, denominación, número
de identificación fiscal o domicilio.
r) La falta de mantenimiento, en todo momento, de los requisitos establecidos para los
representantes legales en el artículo 22.2.
s) El deficiente funcionamiento, por parte de las empresas de seguridad privada, en sus
sedes o delegaciones, de las medidas de seguridad obligatorias, así como el incumplimiento
de las revisiones obligatorias de las mismas
t) La comisión de una tercera infracción leve en el período de dos años.
a) El incumplimiento de la periodicidad de las revisiones obligatorias de los sistemas o
medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.
b) La utilización en los servicios de seguridad privada de vehículos, uniformes o
distintivos con apariencia o semejanza a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las
d) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos
por esta ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.
El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros y
técnicos, podrán incurrir en las siguientes infracciones:
a) El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la
habilitación necesaria.
b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta ley sobre tenencia de armas
de fuego fuera del servicio y sobre su utilización.
privados o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el
derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las
d) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el
descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones
inspectoras o de control que les correspondan.
e) La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas
funciones, ante la Autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello.
f) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de
denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el
g) La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.5 sobre reuniones o
manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión o
creación o mantenimiento de ficheros, automatizados o no, de datos de carácter personal,
con éstos o bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean
constitutivas de delito.
h) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad
privada, dentro de la jornada laboral establecida.
i) La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de
videovigilancia, sin disponer de la acreditación correspondiente expedida por el Ministerio del
j) La no realización del informe de investigación que preceptivamente deben elaborar los
k) La comisión de una tercera infracción grave en el período de dos años.
l) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el
artículo 28.3 y 4.
a) La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación
b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en
empresas de seguridad privada, cuando resulte preceptivo.
d) La realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de
prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia
f) El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los
servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los
que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, en los supuestos a que se
refiere el artículo 8.7.
g) La conservación, fuera de los plazos y supuestos establecidos, de las imágenes y
sonidos grabados por los sistemas de videovigilancia, los sistemas de verificación de alarmas
y las correspondientes a investigaciones privadas, conculcando el deber de destruirlos exigido
por los artículos 42 y 49.5.
h) La no identificación profesional, en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando
fueren requeridos para ello por los ciudadanos.
i) La retención de la documentación personal en contra de lo previsto en el artículo
32.1.b).
j) La falta de diligencia en el cumplimiento de las funciones establecidas en los artículos
35 y 36 para los jefes y los directores de seguridad.
k) La identificación profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los
dispuestos legalmente para ello o acompañando éstos con emblemas o distintivos de
apariencia semejante a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
l) La negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados.
m) La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de
videovigilancia, no ajustados a las normas técnicas reglamentariamente establecidas.
n) La omisión, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe
de investigación que deben elaborar los detectives privados.
o) El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí, por parte de
personal habilitado para ellas.
a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean
c) La no cumplimentación, total o parcial, por parte de los técnicos acreditados, del
documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados
a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.
Infracciones de los usuarios y centros de formación.
Los usuarios contratantes de servicios de seguridad privada y los centros de formación
de personal de seguridad privada podrán incurrir en las siguientes infracciones:
a) La contratación o utilización a sabiendas de los servicios de empresas carentes de la
autorización específica necesaria para el desarrollo de los servicios de seguridad privada.
b) La utilización de aparatos de alarmas u otros dispositivos de seguridad no
homologados cuando fueran susceptibles de causar grave daño a las personas o a los
c) El incumplimiento, por parte de los centros de formación, de los requisitos y
condiciones que dieron lugar a su autorización.
d) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
competentes en la realización de las funciones inspectoras de los centros de formación y de
los establecimientos obligados.
e) La no adecuación de los cursos que se impartan en los centros de formación a lo
previsto reglamentariamente en cuanto a su duración, modalidades y contenido.
f) La comisión de una tercera infracción grave en el período de dos años.
a) La contratación o utilización a sabiendas de personal carente de la habilitación
específica necesaria para el desarrollo de funciones de seguridad privada.
b) El incumplimiento de las revisiones preceptivas de los sistemas o medidas de
seguridad obligatorias que tengan instalados.
c) La utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no
d) La no comunicación de las incidencias detectadas y confirmadas en su centro de
control de la seguridad de la información y las comunicaciones cuando sea preceptivo.
e) La no comunicación al órgano competente de las modificaciones que afecten a
cualquiera de los requisitos que dieron lugar a la autorización de los centros de formación.
f) La impartición de los cursos de formación fuera de las instalaciones autorizadas de los
g) La comisión de una tercera infracción leve en el período de dos años.
a) La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que
los regulen, o cuando su funcionamiento cause daños o molestias desproporcionados a
b) El anormal funcionamiento de las medidas o sistemas de seguridad no obligatorios
que se tengan instaladas, con perjuicio para la seguridad pública o para terceros.
c) En general, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en esta ley que no
Colaboración reglamentaria.
Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o
graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones establecidas en esta ley que, sin
constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que en ella
se contemplan, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más
precisa determinación de las sanciones correspondientes.
Sanciones a las empresas de seguridad privada, sus representantes legales y los
Las autoridades competentes podrán imponer, por la comisión de las infracciones
tipificadas en el artículo 56
, las siguientes sanciones:
b) Revocación de la autorización, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por
un plazo de entre uno y dos años.
c) Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad
privada por un plazo de entre uno y dos años.
b) Suspensión temporal de la autorización por un plazo de entre seis meses y un año.
privada por un plazo de entre seis meses y un año.
b) Multa de 300 a 6.000 euros.
. Sanciones al personal
tipificadas en el artículo 57, las siguientes sanciones:
b) Revocación de la habilitación, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por
a) Multa de 1.501 a 6.000 euros.
b) Multa de 300 a 1.500 euros.
Sanciones a usuarios y centros de formación.
tipificadas en el artículo 58
b) Revocación de la autorización del centro de formación, que comportará la prohibición
de volver a obtenerla por un plazo de entre uno y dos años.
a) Multa de 5.001 a 20.000 euros.
b) Suspensión temporal de la autorización del centro de formación por un plazo de entre
b) Multa de 300 a 5.000 euros.
gravedad y transcendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación
de riesgo creada o mantenida para personas o bienes, la reincidencia, la intencionalidad, el
volumen de actividad de la empresa de seguridad contra la que se dicte la resolución
sancionadora, la capacidad económica del infractor o, en su caso, la consideración legal de
1. Las sanciones previstas en esta ley podrán aplicarse de forma alternativa o
2. La aplicación de sanciones pecuniarias tenderá a evitar que la comisión de las
infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las
1. En el ámbito de la Administración General del Estado, la potestad sancionadora
a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de revocación de las autorizaciones
y habilitaciones.
b) Al Secretario de Estado de Seguridad, para imponer las restantes sanciones por
d) Al Director General de la Guardia Civil, para imponer las sanciones por infracciones
graves en relación con los guardas rurales y centros y cursos de formación exclusivos para
e) A los Delegados y a los Subdelegados del Gobierno, para imponer las sanciones por
2. En el ámbito de las comunidades autónomas con competencia en materia de
seguridad privada, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de los órganos que
se determinen en cada caso.
3. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en
la legislación de procedimiento administrativo y en la de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Decomiso del material.
El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad
privada, será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a
su enajenación en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer
frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.
1. Las sanciones impuestas por infracciones leves, graves o muy graves prescribirán,
respectivamente, al año, a los dos años y a los cuatro años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a
ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y
se interrumpirá desde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano que haya ordenado su incoación
podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar su adecuada instrucción, así
como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso
de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.
2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta
infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:
a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no
homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la
b) La retirada preventiva de las autorizaciones, habilitaciones, permisos o licencias.
c) La suspensión de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su caso, de la
tramitación necesaria para el otorgamiento de aquélla, mientras dure la instrucción de
expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad privada.
También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto
finalice el proceso por delitos contra dicho personal.
3. Las medidas cautelares previstas en los párrafos b) y c) del apartado anterior no
69. Ejecutoriedad.
1. Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas desde que la resolución
adquiera firmeza en vía administrativa.
2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle previsto plazo para
satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni
superior a treinta días hábiles, pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.
3. En los casos de suspensión temporal y revocación de autorizaciones o de
habilitaciones, y prohibición del ejercicio de la representación legal de las empresas, la
autoridad sancionadora señalará un plazo de ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a
quince días hábiles ni superior a los dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que
pudieran resultar directamente afectados.
Las sanciones, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las
personas físicas o jurídicas responsables de la comisión de infracciones muy graves, cuando
hayan adquirido firmeza en vía administrativa, podrán ser hechas públicas, en virtud de
acuerdo de la autoridad competente para su imposición, siempre que concurra riesgo para la
seguridad de los usuarios o ciudadanos, reincidencia en infracciones de naturaleza análoga o
acreditada intencionalidad.
1. Para lograr el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras, las autoridades
competentes relacionadas en el artículo 65 podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con
lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo.
2. La cuantía de estas multas no excederá de 6.000 euros, pero podrá aumentarse
sucesivamente en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteración del
3. Las multas coercitivas serán independientes de las sanciones pecuniarias que puedan
imponerse y compatibles con ellas.
En la comercialización de productos provenientes de los Estados miembros de la Unión
Europea, del Espacio Económico Europeo o de cualquier tercer país con el que la Unión
Europea tenga un Acuerdo de Asociación y que estén sometidos a reglamentaciones
nacionales de seguridad, equivalentes a la reglamentación española de seguridad privada, se
atenderá a los estándares previstos por los organismos de certificación acreditados que
ofrezcan, a través de su administración pública competente, garantías técnicas profesionales y
de independencia e imparcialidad equivalentes a las exigidas por la legislación española, y a
que las disposiciones del Estado, con base en las que se evalúa la conformidad, comporten
un nivel de seguridad equivalente al exigido por las disposiciones legales aplicables.
Contratación de servicios de seguridad privada por las
1. En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de
seguridad privada, de conformidad con el artículo 118 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, los órganos de contratación de las administraciones públicas podrán establecer
condiciones especiales de ejecución de los contratos de servicios de seguridad relacionadas
con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas de seguridad
privada contratistas.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares o los contratos podrán establecer
penalidades para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o
atribuirles el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de la resolución
de los contratos, de acuerdo con los artículos 212.1 y 223 f).
En consideración a la relevancia para la seguridad pública de los servicios de seguridad
privada, los órganos competentes en materia tributaria, laboral y de seguridad social
establecerán mecanismos de información, control e inspección conjunta en relación con las
empresas de seguridad privada para evitar el fraude y el intrusismo.
Habilitaciones profesionales anteriores a la entrada en vigor de
1. Las habilitaciones del personal de seguridad privada obtenidas antes de la entrada en
vigor de esta ley mantendrán su validez sin necesidad de convalidación o canje alguno.
2. Las habilitaciones correspondientes a los guardas particulares del campo se
entenderán hechas a la nueva categoría de guardas rurales.
Operadores de centrales de alarma.
Los operadores de centrales de alarma que a la entrada en vigor de esta ley se
encuentren contratados por las empresas de seguridad o en centrales de alarma de uso
propio, podrán continuar desempeñando sus funciones.
Plazos de adecuación.
1. Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados, las
medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso con anterioridad a la entrada
en vigor de esta ley de acuerdo con la normativa anterior, pero que no cumplan, total o
parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en esta ley y en las normas que la
desarrollen, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de los siguientes plazos
de adecuación a partir de su entrada en vigor:
a) Dos años respecto a los requisitos nuevos de las empresas de seguridad privada y de
b) Diez años para las medidas de seguridad electrónicas de las empresas de seguridad,
de los establecimientos obligados y de las instalaciones de los usuarios no obligados.
c) Un año para la obtención de la certificación prevista en el artículo 19.4
2. Las medidas de seguridad física instaladas con anterioridad a la entrada en vigor de
esta ley tendrán una validez indefinida hasta el final de su vida útil, debiendo ser actualizadas
en caso de resultar afectadas por reformas estructurales de los sistemas de seguridad de los
que formen parte.
3. Los sistemas de seguridad y los elementos de seguridad física, electrónica e
informática que se instalen a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberán cumplir con
todas las exigencias y requisitos establecidos en la misma y en su normativa de desarrollo.
normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley
2. El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9
de diciembre, y el resto de la normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio, y del
propio Reglamento mantendrán su vigencia en lo que no contravenga esta ley.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29ª de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad pública.
En todo lo no regulado expresamente en esta ley se aplicará la legislación sobre
reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta ley, y
concretamente para determinar:
a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto de
b) Las ciciones que deben cumplirse en la realización de actividades de seguridad
privada y en la prestación de servicios de esta naturaleza.
c) Las características que han de reunir las medidas de seguridad privada y los medios
técnicos y materiales utilizados en las actividades y servicios de seguridad privada.
d) Las funciones, deberes, responsabilidades y cualificación del personal de seguridad
f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño
de las distintas funciones.
2. Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo
con las variaciones del indicador público de renta de efectos múltiples.
Esta ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el “Boletín Oficial del
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1. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a
los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de
b) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a
la vida e integridad de las personas y al patrimonio, velando por el cumplimiento de la
normativa tanto de seguridad privada como la referente a la protección frente a riesgos
tecnológicos y accidentales.
implantación y realización de los servicios de seguridad privada conducentes a prevenir,
proteger y reducir la manifestación de riesgo con medios y medidas precisas, elaborando y
desarrollando los planes de seguridad aplicables.
d) La supervisión de los sistemas de seguridad privada, así como de su funcionamiento y
Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su correcto funcionamiento y
adecuación a la normativa de seguridad privada.
f) La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas
de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los
i) La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las circunstancias o
informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de
los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
j) La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o
grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre

References: artículo 35
 artículo 32
 artículo 40

artículo 5

artículo 5

artículo 5
 artículo 37
 resolución 
 artículo 54
 artículo 18
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 19

artículo 21
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 8

artículo 28
 artículo 8
 artículo
32
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 58
 resolución

 resolución 
 resolución

 artículo 65
 artículo 118
 Real Decreto 
 resolución

 artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 149