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Timestamp: 2016-10-23 01:50:34+00:00

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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña Eliandra Fantín Santín y don Severiano Hernández Gandía, contra la negativa del registrador de la propiedad número uno de Albacete a cancelar una anotación preventiva de embargo prorrogada
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña Eliandra Fantín Santín y don Severiano Hernández Gandía, contra la negativa del registrador de la propiedad número uno de Albacete a cancelar una anotación preventiva de embargo prorrogada Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por doña Eliandra Fantín Santín y don Severiano Hernández Gandía, contra la negativa del registrador de la propiedad número uno de Albacete a cancelar una anotación preventiva de embargo prorrogada Estado	:
Ministerio de Justicia	En el recurso interpuesto por doña Eliandra Fantín Santín y don Severiano Hernández Gandía, contra la nota de calificación del Registrador de la Propiedad número uno de Albacete, don Flavio Muñoz García, por la que se deniega la cancelación de una anotación preventiva de embargo prorrogada.
Presentada en el Registro de la Propiedad de Albacete número uno, instancia suscrita por doña Eliandra Fantín Santín y don Severiano Hernández Gandía, por la que se solicitaba la cancelación por caducidad de una anotación preventiva prorrogada, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ALBACETE N.º UNO. Previo examen y calificación del precedente documento, se DENIEGA la cancelación que en el mismo se interesa por el defecto insubsanable de estar sometida la anotación a prórroga indefinida, conforme a los artículos 86 de la Ley Hipotecaria y 199.2 de su Reglamento, la Instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado de 12 de diciembre de 2000 y Resolución de la D.G.R.N. de 16 de octubre de 2007, entre otras, sin perjuicio de que, una vez transcurridos seis meses, computados desde la emisión de le resolución judicial firme en el proceso en que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, se pueda solicitar su cancelación, en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho: HECHOS: En el precedente documento, instancia privada suscrita en Albacete el 1 de abril de 2008 por doña Eliandra Fantín Santín y don Severiano Hernández Gandía se solicita la cancelación por caducidad de una anotación preventiva de embargo tomada con fecha 10 de agosto de 1995 y de su prórroga practicada el 19 de julio de 1999. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Vistos los artículos 86 de la Ley Hipotecaria y 199.2 del Reglamento para su aplicación, la Instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado de 12 de diciembre de 2000 y Resoluciones de la misma Dirección General de 6 de mayo de 2000, 24 de mayo de 2001, 11 y 23 de mayo de 2002, 27 de febrero, 12 de noviembre y 20 de diciembre de 2004, 19 de febrero, 23 de mayo, 3,11 y 18 de junio, 21 de julio y 30 de noviembre de 2005, 16, 17 18, 21 y 23 de febrero, 4 de marzo y 20 de octubre de 2006 y 2 de febrero y 16 de octubre de 2007: 1. El artículo 86. apartado 1.º de la Ley Hipotecaria, que ha estado vigente hasta el día 8 de enero de 2001 venía a establecer que las anotaciones preventivas, cualquiera que fuera su origen, caducaban a los cuatro años, salvo aquéllas que tuvieran señalado un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, se permitía una única prórroga por un plazo de cuatro años más. 2. Conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 199 del Reglamento Hipotecario, las anotaciones preventivas ordenadas por la Autoridad Judicial no se cancelarán por caducidad, después de vencida la prórroga establecida en el artículo 86 de la Ley, hasta que haya recaído resolución definitiva firme en el procedimiento en que la anotación preventiva y su prórroga hubieren sido decretadas. 3. La Instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado de 12 de diciembre de 2.000, en el punto IV señala lo siguiente: "el principio general del Derecho del carácter no retroactivo de las normas, salvo que en ellas se disponga lo contrario, recogido en el artículo 2.3 del Código Civil significa que las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, esto es, antes del 8 de enero de 2001, deben regirse por la legislación anterior". 4. La jurisprudencia sentada por la Dirección General de Registros y Notariado, según las resoluciones citadas en los "vistos", establece que las anotaciones preventivas que fueron objeto de prórroga con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, quedan sometidas a prórroga indefinida en los términos del artículo 199.2 del Reglamento Hipotecario, de manera que no cabe la cancelación por caducidad de las mismas, sin perjuicio de que, una vez transcurridos seis meses, computados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, se pueda solicitar su cancelación. En el presente caso, la anotación preventiva de embargo y su prórroga, se encuentran en estado de vigencia. En consecuencia no se puede practicar la cancelación por caducidad solicitada. En virtud de los referidos hechos y fundamentos de derecho se deniega la cancelación pretendida por el defecto insubsanable señalado al principio de esta nota. La precedente calificación podrá recurrirse gubernativamente en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación de esta nota o ser impugnada ante los tribunales, en los términos establecidos en el artículo 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria Igualmente podrá instarse en el plazo de quince días a contar de la fecha de notificación de esta nota el cuadro de sustituciones previsto en el artículo 18 3 de la Ley Hipotecaria y desarrollado por Real Decreto de 1 de agosto de 2003 y por Resolución de la D.G.R.N. de igual fecha. Queda prorrogado el asiento de presentación por un plazo de sesenta días a contar desde le fecha de la ultima notificación de defectos. De acuerdo con la Ley Organiza de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre el solicitante de la inscripción, por sí o por su mandatario o representante, ha prestado su consentimiento inequívoco, y queda informado de los siguientes extremos: 1. De la incorporación de sus datos a los siguientes ficheros objeto de tratamiento automatizado: a) "Registro de la Propiedad", del que es responsable este Registro de la Propiedad. El uso y fin del tratamiento es el previsto por la legislación vigente: "El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles" (artículo 1 de la Ley Hipotecaria); "Los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero" (artículo 32 de la Ley Hipotecaria); "El Registro de la Propiedad será público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos" (artículo 607 del Código Civil); "Los Registros serán públicos para quien tenga interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos" (artículo 221 de la Ley Hipotecaria). "BCIR-FLOTI" (Base de datos Central de Índices Registrables/Fichero Localizador de Titularidades Inscritas), siendo responsable del fichero y del tratamiento este Registro, y cuyo encargado del tratamiento y representante es el Colegio de Registradores. El uso y fin del tratamiento es permitir el establecimiento de sistemas de información por vía telemática. "... para facilitar la publicidad formal, por consulta del índice general informatizado siempre que exista interés en el peticionario" (artículo 398.c.2 del Reglamento Hipotecario). 2. De que los Registros de la Propiedad están obligados a suministrar a la Dirección General del Catastro los siguientes datos: "la identidad de los titulares o adquirentes de los citados bienes inmuebles o derechos, número de identificación fiscal y su domicilio; los datos de localización de inmueble, el número de finca registral y la referencia catastral que consiste en el documento autorizado o, en su caso, la no aportación por los otorgantes de dicha referencia" (Ley 13/1996, de 30 de diciembre y artículo 21 Orden de 23 de febrero de 1999). 3. De la política de privacidad de los Registros de la Propiedad que asegura el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación cancelación, información de valoraciones y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello el medio de comunicación que habitualmente utilice con este Registro, y de que el mismo ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado todos los medios y medidas técnicas y organizativas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso alteración, acceso no autorizado y robo de los datos, cuyo secreto y confidencialidad garantiza. Albacete, a 4 de abril de 2008. El Registrador Interino, Fdo D. Flavo Muñoz García».
Mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2008, doña Eliandra Fantín Santín y don Severiano Hernández Gandía, interponen recurso contra la anterior nota de calificación, considerando que procede la cancelación de la anotación por caducidad, dado que la disposición transitoria quinta de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que los juicios ejecutivos pendientes se seguirán tramitando conforme a la ley anterior, pero si las actuaciones no hubieran llegado al procedimiento de apremio, se aplicarán en su momento esta ley en lo relativo a dicho procedimiento; que por tanto se aplica la nueva ley de enjuiciamiento civil a los procedimientos que a la fecha de entrada en vigor se encontraran en tramitación; que tras esta modificación legal del artículo 86 de la Ley Hipotecaria es evidente que la prórroga del embargo ha caducado ampliamente; y en consecuencia la actuación del registrador supone ampliar el plazo de cuatro años de prórroga establecido por el juez, desobedeciendo con ello la orden judicial que fue dada.
El Registrador emitió informe el día 12 de mayo de 2008 y elevó el expediente a este Centro Directivo.
Vistos los artículos 86 de la Ley Hipotecaria y 199.2 del Reglamento Hipotecario; la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de diciembre de 2000; así como las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de mayo de 2000, 24 de mayo de 2001, 11 de mayo de 2002, 23 de mayo de 2002, 27 de febrero de 2004, 12 de noviembre de 2004, 20 de diciembre de 2004, 19 de febrero de 2005, 23 de mayo de 2005, 3 de junio de 2005, 11 de junio de 2005, 18 de junio de 2005, 21 de julio de 2005, 30 de noviembre de 2005, 21 de febrero de 2006; 5 y 7 de abril de 2006; 18 y 21 de abril de 2006; 17 de octubre de 2007 y 13 de mayo de 2008 entre otras.
En efecto, el texto del artículo 86, ap. 1.º de la Ley Hipotecaria que ha estado vigente hasta el día 8 de enero de 2001 venía a establecer que las anotaciones preventivas, cualquiera que fuera su origen, caducaban a los cuatro años, salvo aquéllas que tuvieran señalado un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, se permitía una única prórroga por un plazo de cuatro años más. La existencia de esta prórroga única de cuatro años venía provocando especiales problemas en el caso de las anotaciones preventivas judiciales, por lo que en la reforma reglamentaria de 1959 se consideró que debían mantener su vigencia durante toda la vida del proceso, teniendo en cuenta que la duración de éste no es previsible, e incluso que puede tener una duración superior a los cuatro años. La introducción del párrafo segundo del artículo 199 del Reglamento Hipotecario supuso la prórroga indefinida de estas anotaciones preventivas judiciales hasta que se dictara resolución firme en el proceso en que se hubieran adoptado, de manera que no caducaban por transcurrir el plazo de cuatro años. En este sentido se expresa la Exposición de Motivos del Decreto de 17 de marzo de 1959, donde puede leerse: «La prórroga de vigencia de las anotaciones preventivas ordenadas por la autoridad judicial en determinadas circunstancias estaba impuesta por la experiencia procesal y era unánimemente solicitada para impedir que la caducidad de tales asientos se convirtiera en arma inadmisible de litigantes de mala fe». Esta finalidad fue asumida con claridad por este Centro Directivo en Resoluciones de 25 de septiembre de 1972, 24 de mayo de 1990, 25 de mayo de 1990, 11 de abril de 1991, 29 de mayo de 1998, 6 de marzo de 1999 y 6 de mayo de 2000, entre otras muchas.
6. En el presente recurso, el recurrente solicita la cancelación de una anotación preventiva, que a su entender se encuentra caducada al haber transcurrido más de cuatro años desde la prórroga, entendiendo que no procede aplicar el artículo 199 del Reglamento Hipotecario; sin embargo, la última prórroga de la anotación es anterior a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y lo que trata es de asegurar el resultado de un procedimiento de ejecución, por lo que, de acuerdo con la postura que aquí se mantiene, ha de subsistir mientras dure dicho procedimiento. Este mismo criterio es el que recoge ahora el artículo 86 de la Ley Hipotecaria al no poner ningún límite al número de prórrogas que se pueden solicitar. En este sentido, estando vivo el procedimiento en que se ordenó la anotación y su prórroga, no procede la cancelación por caducidad pues se frustraría con ello la finalidad de este asiento registral. Esto no supone ningún perjuicio, dado que si el procedimiento ha concluido (por auto de aprobación del remate una vez consignado el precio por el adjudicatario, por sobreseimiento o por cualquier otro motivo), sí que cabría pedir la cancelación de la anotación preventiva. En este sentido y dado que, siguiendo la Instrucción de 12 de diciembre de 2000, se considera que las anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil se rigen por lo dispuesto en el artículo 199.2 del Reglamento Hipotecario, como se afirma en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de mayo de 1990, dicho precepto reglamentario debe interpretarse en el sentido de que toda cancelación por caducidad de una anotación preventiva prorrogada exige que se justifique la terminación del proceso en que se decretó. Abundando en esta argumentación, debe apreciarse la necesidad de que la prórroga de la anotación preventiva judicial subsista hasta que la propia resolución judicial firme acceda al Registro, pues de no seguirse esta interpretación, se dejaría desamparado al anotante, ya si la anotación preventiva caducara automáticamente una vez firme la resolución judicial, el ejecutado, titular registral inscrito, podría burlar fácilmente la protección que al anotante brinda el Registro a través de enajenaciones a favor de terceros.
Por lo expuesto, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación del Registrador en los términos resultantes de los anteriores pronunciamientos.
Madrid, 19 de septiembre de 2008.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
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 artículo 86
 artículo 199
 artículo 86
 resolución 
 artículo 2
 artículo 86
 artículo 199
 resolución 
 artículo 324
 artículo 18
 Real Decreto 
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 199
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 artículo 199
 artículo 86
 artículo 199
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