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Timestamp: 2020-06-04 02:33:04+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 11001032400020020037101 DE SEPTIEMBRE 8 DE 2005
SENTENCIA 11001032400020020037101 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:VALIDEZ DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LOS CONDUCTORES QUE POSEAN LICENCIA DE CONDUCCIÓN QUE NO SE ENCUENTRE EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:LICENCIA DE TRÁNSITO, CONDUCTOR, CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA, LICENCIA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA
Sentencia 11001032400020020037101 de septiembre 8 de 2005
Rad. 110010324000200200371 01
Actor: Orlando Posada Ruiz.
La resolución acusada fue expedida por el Ministro de Transporte con fundamento en sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 53 de 1989, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el Decreto 101 de 2000 y el Acuerdo 51 de 1993. Mediante la misma, en los seis (6) artículos que la conforman, se adoptan disposiciones transitorias sobre capacitación en técnica de conducción relativa a conductores que posean licencia de conducción que no se encuentre incorporada en el registro nacional de conductores, tendiente a la obtención de una nueva licencia de conducción y dirigidas a las escuelas de enseñanza automovilística reconocidas por el Ministerio de Transporte e incorporadas en el registro nacional de escuelas, según se aprecia en texto, a saber:
“RESOLUCIÓN NÚMERO 6365 DE 2002
El Ministro de Transporte, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 53 de 1989, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el Decreto 101 de 2000 y el Acuerdo 51 de 1993, y
ART. 1º—Autorizar hasta el 31 de diciembre de 2002 a las escuelas de enseñanza automovilística debidamente reconocidas por el Ministerio de Transporte e incorporadas en el registro nacional de escuelas, para que adelanten programas de capacitación y certificación a los conductores que posean licencia de conducción, pero que esta no se encuentra incorporada en el registro nacional de conductores.
ART. 3º—EI certificado de capacitación expedido por las escuelas de enseñanza automovilística corresponderá a la misma categoría del documento entregado y deberá elaborarse en el formato establecido en la ficha técnica anexa a la presente disposición y que forma parte integral de la misma.
ART. 7º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación”.
Se le atribuye la violación de los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 del Decreto-Ley 1809 de 1990; 19 del Acuerdo 51 de 1993; 286 a 296 del Código Penal; 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil; los decretos 2150 de 1995 y 491 de 1996 y la Ley 599 de 2000, por razones que se indican en los cargos que a continuación se despachan:
1. Primer cargo:
1.1. En él se predica la violación de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, la cual se hacen consistir en que la resolución establece que si la licencia de conducción expedida por autoridad competente no figura en el registro nacional de conductores se tacha su autenticidad, obligando a su tenedor a realizar nuevos cursos y trámites para una nueva licencia, sin ser oído ni vencido en juicio, no obstante que el Decreto 2150 de 1995 señala que dicha licencia tiene vigencia indefinida.
1.2. Sobre el particular se observa que esa acusación contiene una apreciación personal del actor sobre lo que se dispone en el acto enjuiciado, la cual no corresponde al texto de este, pues ninguno de sus artículos dispone lo que se dice en el cargo. Como se enuncia en su objeto, su articulado no hace más que autorizar a las escuelas de enseñanza automovilística reconocida por el Ministerio del Transporte para adelantar programas de capacitación y certificación a los conductores que posean licencia de conducción que no se encuentre en el registro nacional de conductores, y las condiciones y requisitos para impartir esa capacitación, sin que nada se disponga sobre la validez o autenticidad de dicha licencia, ni se le imponga a sus titulares obligación alguna para tomar esa capacitación.
Por lo tanto el cargo no tiene vocación de prosperar
2. Segundo y tercer cargos.
2.1. En ellos se aduce la violación de los artículos 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, y 286 al 296 del Código Penal, por razones similares a las antes expuestas.
2.2. Tampoco tienen asidero tales cargos ya que en modo alguno se hace pronunciamiento sobre la presunción de autenticidad de la licencia de conducción, menos cuando ello no es la materia u objeto del acto acusado, ya que el tema principal del mismo es la regulación transitoria de la capacitación de los conductores que se encuentran en la situación mencionada, sin que se observe una disposición sobre la validez de las licencias aludidas.
Tampoco cabe inferir que la regulación prevista en ese acto administrativo deje sin efecto y determine de modo general la invalidez de las licencias de conducción no registrada, ni implican impedimento para que dichas licencias sean registradas si su falta de registro se debió a omisión de la autoridad que legalmente la expidió o del Ministerio de Transporte.
Por consiguiente, como lo manifiesta la entidad demandada, dicha normativa estaba encaminada a dar una alternativa de solución para quienes hubieran tenido una licencia de conducción no enlistada en el registro nacional de conductores y que por no haberles sido dada de manera regular y por una autoridad competente, no les fuera posible hacerla ingresar a ese registro, pues según el artículo 2º de la Resolución 696 de 16 de abril de 1991, del director del entonces Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, citada por el Ministerio Público, “El registro nacional de conductores, es el conjunto de datos computarizados necesarios para determinar las licencias de conducción expedidas a las personas conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes” (destaca la Sala).
Las licencias de conducción que se encontraran en esas circunstancias eran per se irregulares e irregistrables a la luz de la definición antes transcrita, de modo que lo seguirían siendo con o sin la normativa adoptada en el acto acusado, y este no perseguía otra cosa que darles una fórmula de solución a sus titulares, sin que afectara la situación jurídica de tales documentos ni la de sus poseedores.
En resumen, los cargos son infundados, luego no está demostrada la violación de las normas invocadas en ellos, de donde se ha de acoger el concepto del Ministerio Público y negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.
NIÉGANSE las pretensiones de la demanda que el ciudadano Orlando Posada Ruiz presentó para que se declarara la nulidad de la Resolución 6365 de 16 de mayo de 2000, expedida por el Ministerio de Transporte.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 8 de septiembre de 2005.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución