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Timestamp: 2017-05-27 08:13:42+00:00

Document:
Red Solidaria Década contra la Impunidad: mayo 2016
INFORME No. 67/15 JORGE MARCIAL TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS
INFORME No. 67/15
PETICIÓN 211-07
INFORME DE ADMISIBILIDAD JORGE MARCIAL
TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS
MÉXICO INFORME No. 67/15[1]
JORGE MARCIAL TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS
1. El 23 de febrero de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH“)
recibió una denuncia presentada por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
(en adelante “la peticionaria”), en representación de Jorge Marcial Tzompaxtle
Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López (en adelante “las presuntas
víctimas”), los dos primeros, originarios del pueblo indígena Nahuatl. La petición se presentó en
contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”) por
la alegada detención arbitraria
de las presuntas víctimas, así como por faltas a las garantías judiciales en
los procesos penales seguidos en su contra. 2. La peticionaria alega que el Estado es responsable por la violación de
los derechos consagrados en los artículos 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías
judiciales), 15 (derecho de reunión) y 25 (protección judicial) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención
Americana”). En relación con el requisito del previo agotamiento de los
recursos internos, argumenta que éstos fueron agotados con la interposición de
al menos cuatro recursos de amparo durante la detención de las presuntas
víctimas y un recurso de apelación contra la decisión condenatoria. El Estado,
por su parte, alega que el presente asunto no constituye una petición en los
términos del Reglamento de la Comisión Interamericana sino un paso preliminar.
Asimismo, sostiene que el asunto ha quedado sin materia, en tanto las presuntas
víctimas fueron puestas en libertad en octubre de 2008. También alega la falta
de agotamiento de los recursos internos y el carácter extemporáneo de la
3. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tras analizar las posiciones
de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46
y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible
a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en
los artículos 5, 7, 8 y 25 de
la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, en
perjuicio de las presuntas víctimas. Asimismo, la Comisión concluye que la petición
es inadmisible respecto del artículo 15 de la Convención Americana. La Comisión decide además,
notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe
Anual para la Asamblea General de la OEA.
4. El 23 de febrero de 2007 la CIDH recibió la
petición y le asignó el número 211-07. La peticionaria presentó información
adicional el 28 de febrero y 29 de junio de 2007, y el 14 de noviembre de 2008.
La CIDH trasladó las partes pertinentes de estos documentos al Estado el 22 de
febrero de 2011, y le solicitó que presentara sus observaciones de conformidad
con lo establecido en el artículo 30.3 de su Reglamento. El Estado presentó sus
observaciones el 2 de junio de 2011, las cuales fueron debidamente trasmitidas
a la peticionaria. 5. Adicionalmente, la Comisión recibió
información de la peticionaria el 25 de septiembre de 2011 y el 15 de mayo de 2013. Por su parte, el Estado
presentó información adicional el 6 y 12 de febrero de 2012, y el 13 de agosto
de 2013. Las notas enviadas por las partes fueron debidamente
trasladas a la contraparte.
de la peticionaria
6. La peticionaria alega que, el 12 de enero de
2006, alrededor de las 10:30 a.m., Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo
Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López fueron detenidos arbitrariamente por
elementos de la Policía Federal cuando se encontraban a la orilla de la
autopista Orizaba-Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz, donde su
automóvil había sufrido fallas mecánicas. Según la peticionaria, en el
automóvil viajaban las tres presuntas víctimas y otras dos personas a quienes
no conocían, pero a quienes habían facilitado transportar en su automóvil.
Indica que mientras los agentes federales se acercaron a interrogarlos, las
otras dos personas se alejaron del lugar y no regresaron, dejando algunas de sus
pertenencias en el automóvil.
7. Afirma que los agentes aprehendieron a las
presuntas víctimas sin informarles de qué delito se les acusaba. Manifiesta que
fueron llevados al Ministerio Público Federal de Orizaba, Veracruz, adonde
llegaron aproximadamente hasta las 19:00 horas de ese mismo día, aunque éste se
encontraba a sólo 13 kilómetros del lugar donde fueron detenidos. Indica que en
dicha fecha el Ministerio Público Federal decretó su detención y abrió una
averiguación previa en su contra por el delito de cohecho, identificada como
PGR/VER/ORI/2006.
8. Sostiene que se les mantuvo incomunicados
durante dos días, aún sin ser informados de qué se les acusaba, y que el 14 de
enero de 2006 fueron trasladados injustificadamente a las oficinas de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (en
adelante, “SEIDO”) de la Procuraduría General de la República (en adelante,
“PGR”) en el Distrito Federal, donde rindieron declaración ante la Unidad
Especializada en Investigación de Secuestros, sin la asistencia de un abogado.
Agrega que en dicha institución se les vinculó con un “supuesto delito de
secuestro en agravio a un Senador”, a pesar de que inicialmente habrían sido
detenidos por cohecho. Señala que, el 15 de enero por la noche, un agente de la
(en adelante, “UEITA”) se presentó a las instalaciones de la SEIDO e imprimió
varios artículos de Internet que relacionaban a las presuntas víctimas con los
grupos guerrilleros “Ejército Popular Revolucionario” (en adelante, “EPR”) y
Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero”. Manifiesta que el 16 de
enero, el titular de la SEIDO ordenó su libertad, por no existir elementos que
los vincularan al supuesto secuestro. 9. Expresa que, no obstante, antes de que
pudieran salir de las instalaciones de la SEIDO, agentes de la Agencia Federal
de Investigaciones (en adelante, “AFI”) los condujeron a la UEITA, diciéndoles
que tenían que firmar documentos adicionales. Una vez en el lugar, según la
peticionaria, informaron a las presuntas víctimas que estaban acusados de
violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de
cometer terrorismo. Afirma que el titular de la UEITA ordenó su detención y
“los [hicieron] firmar un documento en el que les informaban que estaban
arraigados por noventa días por el delito de ¢terrorismo¢”.
Manifiesta que el 31 de marzo de 2006, sin orden judicial de por medio, fueron
registradas la casa de la madre de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile,
así como la casa y la tienda de Maximino Tzompaxtle Tecpile, hermano de las
presuntas víctimas del mismo apellido.
10. Sostiene que no fue sino hasta el 11 de abril
de 2006 que un juez, el titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de
Procesos Penales Federales del Distrito Federal, decretó la detención de las
presuntas víctimas por el probable delito de terrorismo y que fue recién el 17
de abril de 2006 que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a la
UEITA puso a las presuntas víctimas a disposición de dicho juez. Afirma que el
22 de abril de 2006 el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales
Federales del Distrito Federal dictó auto de formal prisión, por lo que fueron
remitidos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en el Distrito Federal. Indica
que las presuntas víctimas interpusieron un recurso de apelación contra dicha
decisión ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito,
identificado con el número 221/2006. Informa que el 16 de febrero de 2007 el
Tribunal resolvió el recurso reiterando los cargos por violación de
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y levantando la suspensión de
los derechos políticos de los procesados. Agrega que
el 13 de marzo de 2007 fueron trasladados al Centro de Readaptación Social en
Amatlán de los Reyes, Veracruz, para dar inicio a su juicio. 11. Alega que el 14 de mayo de 2008 el Juez del
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Veracruz los sentenció a cuatro años de
cárcel por el delito de delincuencia organizada, y tres meses por el de
cohecho. Manifiesta que su condena se basó en artículos de prensa, llamadas
anónimas, las pertenencias de las personas a quienes transportaban en su
automóvil el día de la detención, y otros elementos de prueba no verificados.
Expresa que apelaron esta decisión, y el 16 de octubre de 2008 el Juez del
Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito resolvió el
recurso de apelación, dictando la absolución de las presuntas víctimas por el
delito de delincuencia organizada, y confirmando la sanción en cuanto al
cohecho. Dado que habían estado presos por más de tres meses, ya habían purgado
la condena por cohecho, y se ordenó su libertad inmediata.
12. La peticionaria manifiesta que durante su
detención, las presuntas víctimas interpusieron al menos cuatros recursos de
amparo ante el Juez Primero de Distrito de Amparos en Material Penal en el
Distrito Federal: amparo 240/2006, interpuesto el 6 de marzo de 2006,
reclamando la privación de libertad en su modalidad de arraigo; amparo
279/2006, interpuesto el 15 de marzo de 2006, reclamando la obstaculización del
acceso por parte de su abogado a las actuaciones de la averiguación previa;
amparo 350/2006, contra la orden de detención emitida por la PGR fuera de
procedimiento judicial; y amparo 413/2006 contra la orden y autorización de
traslado a un Centro Federal de Máxima Seguridad. Manifiesta que los dos
primeros fueron sobreseídos porque al momento de ser resueltos, las presuntas
víctimas ya habían sido presentados ante el juez del proceso, mientras que el
350/2006 fue desechado con el argumento de que los detenidos estaban privados
de libertad con motivo de la medida de arraigo decretada por el Juez Décimo
Cuarto de Distrito de Procesos Penales y Federales en el Distrito Federal. Alega
que esta decisión fue impugnada y que el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Penal en el Distrito Federal ratificó dicha resolución. Igualmente, indica que
el último recurso fue sobreseído. También manifiesta que interpusieron un
amparo R.P. 2131/2006, el cual al momento de presentar la denuncia ante la CIDH
se encontraba en revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en
Materia Penal del Distrito Federal. No obstante, no indica el acto de autoridad
que impugnaba, ni proporciona la fecha de su interposición.
13. Adicionalmente, informa que el 2 de febrero
de 2006 presentó una comunicación a la Secretaría de Gobernación indicando que
“se teme por la seguridad física y psicológica” de las presuntas víctimas,
fecha para la cual las presuntas víctimas llevaban nueve días de arraigo.
Igualmente, indica que el 27 de enero y 2 de febrero de 2006 presentaron una
queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual
“manifestaron violaciones a derechos humanos” en agravio de las presuntas víctimas,
expediente identificado como 2006/444/1/Q. Agrega que dicha entidad determinó
que se habían acreditado “violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad
jurídica” por parte de la Policía Federal Preventiva durante la detención de
las presuntas víctimas.
14. Finalmente, aunque no la identifica como
presunta víctima en la petición, la peticionaria informa -como cuestión de
contexto- que Elena López Hernández, integrante de la organización
peticionaria, recibió reiteradas amenazas de muerte a través de llamadas
telefónicas, principalmente en enero y marzo de 2007, que estarían vinculadas
con su trabajo en la defensa de los derechos de las presuntas víctimas en este
caso. Indica que en febrero del mismo año denunció tales hechos ante la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ante la Fiscalía Central de
Investigaciones para la Seguridad de las Personas e Instituciones, donde se
abrió una averiguación previa.
15. La peticionaria sostiene que las condiciones
de detención de las presuntas víctimas fueron arbitrarias, y que su detención y
posterior arraigo constituyen violaciones del derecho a la libertad personal,
consagrado en el artículo 7.1 de la Convención Americana. Arguye que la falta
de información inicial y la demora en informarles sobre el motivo de su
detención viola el artículo 7.4 de la Convención, y que el Estado violó también
el artículo 7.5 de la Convención, al no ser llevados ante un juez y ser
juzgados dentro de un plazo razonable. También alega que México violó sus
garantías judiciales, en particular su derecho a la presunción de la inocencia,
contemplado en el artículo 8.2 de la Convención Americana. Además considera que
el Estado violó su derecho a la protección judicial, contenido en el artículo
25, al no ofrecer un recurso sencillo contra los actos que violaron sus
derechos fundamentales en su detención, arraigo, y proceso penal. Por último,
alega que el Estado violó su derecho de reunión, establecido en el artículo 15
de la Convención Americana, debido a la vaguedad en la definición de
delincuencia organizada contenida en el artículo 2º de la Ley Federal sobre
Delincuencia Organizada. Esta ley establece la presencia de tres o más personas
como uno de los elementos que configuran el delito de
terrorismo, definición que habría permitido la imputación subjetiva de las
presuntas víctimas por delincuencia organizada.
B. Posición
16. En esta etapa de admisibilidad, el Estado
indica que no abordará a fondo los alegatos fácticos de la peticionaria. No
obstante, afirma que cuando las presuntas víctimas fueron cuestionados sobre
material subversivo que fue encontrado en su automóvil, éstos se negaron a dar
explicaciones y ofrecieron dinero a los agentes federales a cambio de que los
dejaran continuar su viaje.
17. México alega que la denuncia presentada por
la peticionaria debe ser declarada inadmisible. En primer lugar, sostiene que
la denuncia recibida por la CIDH el 23 de febrero de 2007 no constituye una
petición en los términos de la Convención Americana, debido a que en su escrito
original la peticionaria se reservó “el derecho a solicitar su Admisión para
otro momento”. Según el Estado, la denuncia no constituyó una petición, sino un
mero antecedente a una posible petición, por lo tanto no existiría una petición
sobre la cual la CIDH se pueda pronunciar sobre admisibilidad.
18. En segundo lugar, sostiene que el asunto ha
quedado sin materia, ya que las presuntas víctimas fueron puestas en libertad
el 16 de octubre de 2008 por el Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito
en Veracruz. El Estado hace notar que las presuntas víctimas encontraron en las
instancias nacionales una resolución favorable a sus pretensiones, por lo que
considera que el asunto ha quedado sin materia.
19. En caso de que la CIDH decidiera analizar la
admisibilidad del caso -a pesar de que, según plantea el Estado, no existe una
petición sobre la cual pronunciarse- argumenta que no se han agotado los
recursos internos. Según el Estado, la última resolución que recayó sobre las
presuntas víctimas fue la de segunda instancia, emitida por el Juez del Segundo
Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito el 16 de octubre de
2008. Afirma que dicha decisión los absolvió del delito de delincuencia
organizada, confirmó la sanción por cohecho, y ordenó su liberación inmediata.
México manifiesta que si los señores Tzompaxtle Tecpile y Robles López hubieran
considerado que esta resolución violaba sus derechos humanos, la vía idónea
para proteger sus derechos hubiera sido el recurso de amparo. Sin embargo, el
Estado alega que no interpusieron ningún recurso de amparo ante esta
resolución, por lo que no se han agotado las instancias nacionales.
20. Por último, el Estado alega que no se ha
presentado una petición dentro del plazo contemplado por el artículo 46 de la
Convención Americana. Menciona que la decisión definitiva en este caso fue
notificada el 16 de octubre de 2008, y dos años y medio después -al momento en
que el Estado presentó sus observaciones, el 2 de junio de 2011- la
peticionaria no había presentado amparo alguno en contra de esa decisión.
Asimismo, sostiene que si la peticionaria decidiera solicitar la admisibilidad
del caso en ese momento, es decir, cuando el Estado presentó sus observaciones,
dicha solicitud resultaría tardía y debería ser rechazada por estar fuera del
plazo de seis meses establecido por la Convención Americana.
IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y
A. Existencia
de una petición
21. La Comisión observa que en el escrito inicial
presentado el 23 de febrero de 2007, la peticionaria señaló que se reservaba
“el derecho de solicitar su admisión para otro momento”. Con base en esta
afirmación, el Estado alega que el presente asunto no constituye una petición
en los términos del Reglamento de la Comisión Interamericana, y que la
peticionaria no solicitó dicha admisibilidad con posterioridad. 22. Al respecto, la CIDH toma nota que en el mismo escrito del 23 de febrero de
2007, la peticionaria indicó que informaba a la Comisión del “siguiente caso,
por considerarlo violatorio a la Convención Americana sobre Derechos Humanos[sic]” y expresó “[…] solicitamos respetuosamente a la CIDH: […] emitir opinión en el sentido que el Estado Mexicano incurrió en violación
de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos
7(1)(2)(3)(4)(5)(6), artículo 8(1)(2)(b)(c) y artículo 15 y 25”. Igualmente, el
14 de noviembre de 2008, la peticionaria presentó información adicional,
incluyendo un escrito en el que manifestó que estaba “en espera de que la H.
Comisión Interamericana considere el aceptar este Caso[…]”[2].
Esta información fue trasladada al Estado al mismo tiempo que la denuncia
inicial, el 22 de febrero de 2011. 23. La CIDH observa que, de conformidad con lo dispuesto en la Convención
Americana y el Reglamento de la Comisión, ésta tiene competencia para
determinar la tramitabilidad de una petición tanto con base en la petición e
información aportada por los peticionarios, como motu proprio[3].
En el presente asunto, la Comisión considera que se trata del primer supuesto,
tomando en cuenta la petición inicial y los escritos presentados por la
peticionaria antes de la apertura, por lo que pasa a analizar si se encuentran
cumplidos los requisitos de admisibilidad.
24. La peticionaria se encuentra facultada, en principio, por el artículo 44 de
la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión
Interamericana. La
petición señala como presuntas víctimas a personas individuales, respecto de
quienes el Estado de México se comprometió a respetar y garantizar los derechos
consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la
Comisión señala que México es un Estado parte en la Convención Americana desde
el 24 de marzo de 1981, fecha en la que depositó su instrumento de
ratificación. Por lo tanto, la Comisión
tiene competencia ratione personae
para examinar la petición. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione
temporis, ya que la peticionaria alega presuntas violaciones ocurridas
desde el 2006, cuando la Convención Americana ya se encontraba en vigor para
25. De igual forma, la Comisión tiene competencia ratione loci para examinar la denuncia, toda vez que en ella se
alegan violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana que
habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado parte a la
Convención. La Comisión también tiene competencia ratione materiae en este caso, en tanto la denuncia alega la
posible violación de derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
de Admisibilidad
de los recursos internos
26. El artículo 46.1.a de la Convención Americana dispone que, para que sea
admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de
conformidad con el artículo 44 de la Convención, es necesario que se hayan
intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho
internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto
permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de
un derecho protegido y, de ser apropiado, tener la oportunidad de solucionarla
antes de que sea conocida por una instancia internacional.
27. En el asunto bajo examen, la CIDH observa que las partes debaten con
respecto al cumplimiento de este requisito convencional. El Estado alega la
falta de agotamiento de recursos internos, dado que las presuntas víctimas no
interpusieron un recurso de amparo contra la sentencia de segunda instancia del
16 de octubre de 2008, mediante la cual el Juez del Segundo Tribunal Unitario
en Materia Penal del Séptimo Circuito los absolvió del delito de delincuencia
Por su parte, la peticionaria sostiene que se interpusieron al menos cuatro
recursos de amparo y dos recursos de apelación para la tutela del derecho a la
libertad y garantías del debido proceso de las presuntas víctimas, ninguno de
los cuales resultó efectivo.
28. Del análisis de la información y los documentos aportados por las partes, la CIDH advierte que las presuntas víctimas
interpusieron en momentos distintos múltiples recursos para cuestionar las
medidas de privación de la libertad personal. En efecto, la información a su
alcance indica que, habiendo sido detenidos el 12 de enero de 2006, el 6
de marzo de 2006 interpusieron un recurso de amparo, identificado como
240/2006, reclamando la privación de libertad en su modalidad de arraigo, el
cual habría sido sobreseído por el Juez Primero de Distrito de Amparos en
Material Penal en el Distrito Federal al considerar que al momento de ser
resuelto, las presuntas víctimas ya habían sido presentadas ante el juez del
proceso. Asimismo, la Comisión nota que el 5 de abril de 2006 presentaron un
recurso de amparo, identificado con el número 350/2006, dirigido a cuestionar
la orden de detención emitida por la PGR fuera del procedimiento judicial, el
cual fue denegado por el Juez Primero de Distrito de Amparos en Material Penal
en el Distrito Federal al considerar que las presuntas víctimas estaban privadas
Cuarto de Distrito de Procesos Penales y Federales en el Distrito Federal. De
acuerdo a la información aportada, esta decisión fue impugnada ante el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal, el cual ratificó la
resolución. Adicionalmente, se habría presentado el amparo 413/2006 contra la
orden y autorización de traslado a un Centro Federal de Máxima Seguridad, el
cual fue sobreseído por el Juez Primero de Distrito de Amparos en Material
Penal en el Distrito Federal.
29. Igualmente, la CIDH nota que en diferentes etapas del proceso, como por
ejemplo, en los recursos de apelación y de amparo interpuestos, las presuntas
víctimas impugnaron aspectos
relacionados con las garantías del debido proceso. En particular, la información
disponible indica que el 15 de marzo de 2006 las presuntas víctimas
presentaron un amparo, identificado con el número 279/2006, con el objetivo de
reclamar la obstaculización del acceso por parte de su abogado a las
actuaciones de la averiguación previa seguida en su contra. Dicho recurso fue
sobreseído por el Juez Primero de Distrito de Amparos en Material Penal en el
Distrito Federal porque, según lo afirmado por la peticionaria y no
controvertido por el Estado, “al momento de resolverse ya habían sido
consignados al Juez del Proceso”. Asimismo, la información aportada indica que
las presuntas víctimas interpusieron un recurso de apelación contra el auto de
formal prisión ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer
Circuito, el cual resolvió reiterar los cargos por violación de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada y levantar la suspensión de los
derechos políticos de los procesados. Adicionalmente, contra la sentencia condenatoria emitida el 14 de mayo de
2008 por el Juez del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Veracruz, las
presuntas víctimas presentaron un recurso de apelación. Dicho recurso fue
resuelto el 16 de octubre de 2008 por el Juez del Segundo Tribunal Unitario en
Materia Penal del Séptimo Circuito, dictando la absolución de las presuntas
víctimas por el delito de delincuencia organizada, y confirmando la sanción en
cuanto al cohecho. La Comisión entiende que mediante esta sentencia de segunda
instancia, parcialmente absolutoria, el proceso penal contra las presuntas
víctimas quedó agotado.
30. En el presente asunto, el Estado alegó que si las presuntas víctimas consideraban que esta resolución afectaba sus
derechos, debieron
interponer un recurso de amparo que permitiría cuestionar este acto jurídico. Sobre el particular, la Comisión observa
que las violaciones de derechos que la peticionaria alega no se derivarían de
dicha sentencia, sino de una secuencia de supuestos hechos a lo largo de su detención supuestamente arbitraria,
arraigo y presuntas irregularidades del proceso penal al que fueron sujetos,
alegaciones respecto de las cuales la CIDH observa que las presuntas víctimas
agotaron los recursos ordinarios y presentaron al menos cuatro recursos de
amparo que fueron denegados o sobreseídos. A partir de la información a su
alcance, la Comisión nota que el resultado de la condena por cohecho contenido en la sentencia de
segunda instancia, habría
sido aceptado por las
presuntas víctimas, dada su falta de cuestionamiento a nivel interno, por lo
que la CIDH considera dicho extremo excluido de la etapa de fondo.
31. Teniendo en cuenta los recursos interpuestos y agotados con relación al asunto materia de la
petición, con base en el artículo 46 de la
Convención, la Comisión concluye que el requisito de previo agotamiento se
encuentra satisfecho, en los términos señalados. En consecuencia, la CIDH
verifica que se han agotado los recursos previstos por la legislación mexicana
y determina que la petición analizada cumple el requisito exigido en el
artículo 46.1.a de la Convención.
de presentación de la petición
32. El artículo 46.1 de la Convención Americana dispone que para ser admisible,
una petición debe, entre otras cosas, ser presentada dentro del plazo de seis
meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya
sido notificado de la decisión definitiva. En el presente asunto, la petición ante la CIDH fue
presentada el 23 de
febrero de 2007 y los
recursos internos fueron agotados el 16 de octubre de 2008 con la sentencia del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito que
resolvió el recurso de apelación. Por lo tanto, el
agotamiento de los recursos internos se dio mientras el caso se hallaba bajo
estudio de admisibilidad. En estas circunstancias, ha sido criterio constante
de la Comisión que el cumplimiento del requisito de presentación de la petición
en plazo se encuentra intrínsecamente ligado al agotamiento de los recursos
internos y, por lo tanto, corresponde darlo por cumplido[4].
de procedimientos y cosa juzgada internacional
33. A los efectos de declarar admisible una petición, la Convención exige en
su artículo 46.1.c, que la materia de la misma no esté pendiente de otro
procedimiento de arreglo internacional y, en su artículo 47.d, que no
reproduzca el contenido de una petición ya examinada por éste u otro organismo
internacional. De la información aportada por la peticionaria, la
CIDH nota que el Grupo de
Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas
(en adelante “Grupo de Trabajo”) emitió una opinión el 11 de abril de 2007 en
la que manifestó que la detención de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo
Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López era arbitraria, y solicitó al Estado que
“adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las
normas y principios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Por
su parte, el Estado no alegó que exista duplicación de procedimientos o cosa
juzgada internacional.
34. Para que se considere que en un caso hay duplicación o cosa juzgada
internacional, además de identidad de sujetos, objeto y pretensión, se requiere
que la petición esté siendo considerada, o haya sido decidida, por un organismo
internacional que tenga competencia para adoptar decisiones sobre los hechos
específicos contenidos en la petición, y medidas tendientes a la efectiva
resolución de la disputa de que se trate[5].
35. En la especie, la Comisión observa que, según las normas que rigen este
mecanismo, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU fue
establecido en virtud de la resolución 1991/42 como Procedimiento Especial y cumple
con el mandato de investigar
casos de detención impuesta arbitrariamente[6]. Por otro lado, el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso
deriva de una fuente convencional, la Convención Americana sobre Derechos
36. Establecido lo anterior, la Comisión encuentra que el presente caso no se refiere solamente a la detención arbitraria de las presuntas víctimas,
sino también a la presunta violación de otros derechos, los cuales no
constituyeron objeto de pronunciamiento por parte del Grupo de Trabajo, toda
vez que se trataría de presuntas violaciones que no son de competencia de dicho
organismo. Adicionalmente, la Comisión considera que se podrían identificar
posibles violaciones al debido proceso que no fueron objeto de examen por parte
del Grupo de Trabajo pues algunas de las decisiones cuestionadas se emitieron
con posterioridad al pronunciamiento del mencionado Grupo de Trabajo. En efecto
el Grupo de Trabajo emitió su
opinión en abril de 2007, es decir un año y medio antes de la decisión final
que dispuso la liberación inmediata de las presuntas víctimas (octubre de 2008).
Durante dicho periodo, según lo alegado por la peticionaria, habrían
continuado las presuntas violaciones a la protección judicial, a las garantías
judiciales y a la integridad personal de las presuntas víctimas, al igual que habría
continuado la detención arbitraria de las mismas.
37. Por lo anterior, la CIDH considera que, dado el mandato del mencionado
Grupo de Trabajo, referido a supuestos de detención arbitraria y tomando en
cuenta los supuestos hechos ocurridos sucesivamente a la publicación de la
Opinión del Grupo de Trabajo, no se presenta identidad de objeto y pretensión
con la presente petición. En este sentido, la Comisión considera que no se han configurado los
requisitos para determinar la inadmisibilidad de la petición, en base a los
artículos 46(1)(c)
y 47(d) de la
Convención y del artículo 33 del Reglamento de la CIDH.
de los hechos alegados
38. A los efectos
de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden
caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47.b
de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente
infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al
inciso (c) de dicho artículo. El criterio para analizar la admisibilidad
difiere del utilizado para el análisis del fondo de la petición dado que la
Comisión sólo realiza un análisis prima
facie para determinar si los peticionarios establecen la aparente o posible
violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Se trata de un
análisis somero que no implica prejuzgar o emitir una opinión preliminar sobre
39. Asimismo, ni la Convención Americana ni el
Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos
específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a
la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la
Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes
de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos
relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos
alegados son probados mediante elementos suficientes.
40. La peticionaria alega que el Estado mexicano violó el derecho a la libertad
personal de las tres presuntas víctimas al aprehenderles sin informarles oportunamente
de qué se les acusaba, así como al mantenerlos arraigados por noventa días.
También alega que no fueron presentados ante un juez dentro de un plazo
razonable y que no fueron informados de las razones de su detención o de los
cargos formulados contra ellos. Además, sostiene que no se respetó su derecho a
la presunción de su inocencia, y se impidió el acceso de su abogado a las
actuaciones de la averiguación previa, en violación de sus garantías
judiciales. Según la peticionaria, el Estado también violó su derecho a la
protección judicial al no ofrecer un recurso sencillo contra los actos que
violaron sus derechos fundamentales en su detención, arraigo, y proceso penal.
Alega que el Estado irrespetó su derecho de reunión, ya que la participación de
tres personas es uno de los elementos para sustentar el delito de violación a
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. México, por su parte,
sostiene que el asunto ha quedado sin materia con la puesta en libertad de las
presuntas víctimas.
41. En vista de los elementos de hecho y de derecho
presentados por las partes y la naturaleza del asunto puesto bajo su
conocimiento, la CIDH considera que, de ser probados, los hechos alegados podrían caracterizar posibles
violaciones a los derechos protegidos en los artículos 5 (integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías
judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del
mismo instrumento internacional.
42. En cuanto al
reclamo de la peticionaria sobre la presunta violación del artículo 15 (derecho
de reunión) de la Convención Americana, la Comisión observa que la peticionaria
no ofrece alegatos o sustento para su presunta violación por lo que no
corresponde declarar dicha pretensión admisible.
43. Con fundamento en las consideraciones de
hecho y de derecho expuestas, la Comisión Interamericana concluye que la
presente petición satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los
artículos 46 y 47 de la Convención Americana y, sin prejuzgar sobre el fondo
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE
1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 5, 7, 8, y 25 de la Convención Americana en conexión
con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo
2. Declarar inadmisible la presente petición en relación con el artículo
15 de la Convención Americana.
3. Notificar a las partes la presente decisión;
con el análisis del fondo de la cuestión; y
esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la
firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 27 días del mes de octubre de
2015. (Firmado): Rose-Marie Belle Antoine, Presidenta; James L. Cavallaro,
Primer Vicepresidente; Felipe González, Rosa María Ortiz, Tracy Robinson y Paulo
Vannuchi, Miembros de la Comisión.
[1] Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la
Comisión, el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad
mexicana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
[2] Escrito de la peticionaria del 14 de noviembre de 2008,
p. 2 (“Sin más por el momento nos despedimos no sin antes reiterarle los
sentimientos de nuestra más alta estima y en espera de que la H. Comisión
Interamericana considere el aceptar este Caso por las violaciones sistemáticas
al debido proceso y sobre todo por lo que toca a la ilegalidad de la figura del
Arraigo al que los señores Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Txompaxtle
Tecpile y Gustavo Robles López fueron sometidos por tres meses”).
[3] En particular, la CIDH toma nota del artículo 48 de la
Convención Americana que, a la letra, dispone: “La Comisión, al recibir una
petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los
derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:
[…] a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación
solicitará informaciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad
señalada como responsable de la violación alegada […]”. Asimismo, el artículo 24
del Reglamento de la CIDH establece que: “La Comisión podrá, motu proprio, iniciar la tramitación de
una petición que contenga, a su juicio, los requisitos para tal fin”.
[4] CIDH, Informe No. 46/15, Petición 315-01. Cristina
Britez Arce. Argentina. 28 de julio de 2015, párr. 47.
[5] Véase, por ejemplo, CIDH, Informe
Nº 96/98 (Admisibilidad), Petición 11.827, Peter Blaine,
17 de diciembre de 1998, párr. 42; CIDH, Informe de Inadmisibilidad Nº 89/05 de
24 de octubre de 2005, Petición 12.103, Cecilia Rosana Nuñez Chipana,
Venezuela; CIDH, Informe Nº 01/09
(Admisibilidad), Petición 1491-05, Benito Antonio Barrios y otros,
17 de enero de 2009, párr. 66. [6] Véase O.N.U. Comisión de Derechos
Humanos, disponible en: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/08/ES-Factsheet-WGAD-formato.pdf Publicado por
INFORME No. 67/15 JORGE MARCIAL TZOMPAXTLE TECPILE...

References: artículo 15
 artículo 30
 artículo 7
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 artículo 8
 artículo
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 artículo 2
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 artículo 46
 artículo 8
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 artículo 15
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 artículo 17
 artículo 48
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