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Timestamp: 2019-09-23 09:07:43+00:00

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Acuerdo y Sentencia 586/2012 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 586/12
EXPEDIENTE: "RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL DE SAN IGNACIO, MISIONES ABOG. HUGO MARCELO PEREZ EN LA CAUSA: M.P. C/ ARTURO ARNOLD GRIFFITH S/ SUP. HECHO PUNIBLE C/ EL PATRIMONIO (ESTAFA) CAUSA Nº 92/2005".
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y dos mes de junio del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo para acuerdo el expediente caratulado: "RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION INTERPUESTO POR EL AGENTE FISCAL DE SAN IGNACIO, MISIONES ABOG. HUGO MARCELO PEREZ EN LA CAUSA: M.P. C/ ARTURO ARNOLD GRIFFITH S/ SUP. HECHO PUNIBLE C/ EL PATRIMONIO (ESTAFA) CAUSA N° 92/2005", a fin de resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Agente Fiscal Abog. HUGO MARCELO PEREZ, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 47 de fecha 30 de septiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, de la Circunscripción Judicial de Misiones.
A los efectos de determinar un orden para la exposición de las opiniones, se realizó un sorteo que arroja el siguiente resultado BLANCO, PUCHETA y BENITEZ RIERA.
A la primera cuestión planteada, el Ministro BLANCO dijo: El representante del Ministerio Público Abog. HUGO MARCELO PEREZ asignado a la Unidad Nº 2, interpone recurso extraordinario de casación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 47 de fecha 30 de septiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, de la Circunscripción Judicial de Misiones; la resolución impugnada por la vía en estudio resolvió: ".."2) DECLARAR admisible el recurso interpuesto; 3) REVOCAR la sentencia apelada; 4) DECLARAR extinguida la acción penal y en consecuencia; 5) ABSOLVER de culpa y pena al acusado señor ARTURO ARNOLD GRIFFITH...".
Respecto a la impugnabilidad objetiva, la resolución recurrida emanada del Tribunal de Apelación, que declara operada la extinción de la acción penal, revocando la S.D. Nº 12 de fecha 27 de mayo de 2009.
Ahora bien, con relación a los requisitos del acto de interposición del recurso, el artículo 468 del Código Procesal Penal aplicable por imperio de lo dispuesto en el artículo 480 del mismo cuerpo legal, establece: "El recurso... se interpondrá ...en el término de diez días luego de notificada y por escrito fundado, en el que se expresará concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo...". En concordancia con esta disposición el Art. 450 del C.P.P. dispone: "Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación específica de los puntos de resolución impugnados".
Examinado el escrito de interposición del casacionista se advierte que ha invocado el supuesto previsto en el Art. 478 específicamente en los incisos 2) y 3) del Código de Forma. Exponiendo en su escrito de presentación las razones por las cuales -a su criterio- el auto atacado es "manifiestamente infundado y contradictorio con fallos anteriores de la Corte Suprema de Justicia". Y fue planteado en plazo, pues la sentencia atacada fue notificada en fecha 02 de octubre de 2009, y el recurso fue interpuesto el 14 del mismo mes y año. Por tanto, las condiciones de admisibilidad se hallan debidamente cumplidas. Debe estarse por la admisión del recurso. Es mi VOTO.
A sus turnos, los Ministros PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA manifiestan adherirse al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Ministro SINDULFO BLANCO prosiguió diciendo: El representante del Ministerio Público ha expresado como agravios que: "...En atención a lo apuntado, puede advertirse ab initio que en el caso particular, el órgano jurisdiccional ha quebrantado el ordenamiento jurídico, por una errónea interpretación de las disposiciones legales que rigen el procedimiento sobre la duración máxima del proceso lo que convierte al fallo en una resolución arbitraria por apartarse de los mandatos legales...; al respecto, cabe señalar que la interpretación del Tribunal es equivocada, puesto que el proceso se inició formalmente luego de la notificación del acta de imputación -23 de mayo de 2005-, es decir ya luego de varios meses de entrada en vigor de la Ley 2341/03, por lo cual ésta es la ley procesal aplicable y no el artículo 136 -derogado- del Código de Forma. Una interpretación diferente llevaría a admitir que una norma procesal pueda ser aplicable de manera ultraactiva... Lo que venimos apuntando, nos permite arribar a una conclusión cierta: existe una sustancial diferencia entre las garantías constitucionales en materia de fondo y las de forma -que también se trasluce, por derivación, al ordenamiento positivo... En estas razones, la argumentación dada por el Tribunal no es satisfactoria, pues en la búsqueda de las razones jurídicas que sostengan la decisión ahora impugnada, se encuentra que la justificación esbozada se basa en la errónea interpretación de preceptos legales... El fallo recurrido a través de este recurso extraordinario es manifiestamente contradictorio con otros anteriores de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. En efecto, en la resolución ahora impugnada, el Tribunal de Alzada arribó a la conclusión de que el plazo de duración máxima del procedimiento había perimido... Con esta salida, el Ad quem ha declarado la extinción de la acción penal, mediante una decisión -como ya se ha explicado- que a más de manifiestamente infundada y contraria a la jurisprudencia nacional, específicamente a dos fallos dictados por la Excma. Corte Suprema de Justicia, en fecha 23 de julio de 2008 causa...; Acuerdo y Sentencia Nº 1289...". Concluye su escrito solicitando se declara la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº 47 de fecha 30 de septiembre de 2009, atacado, y de conformidad al Art. 480 y 474 del C.P.P. se confirme la sentencia definitiva dictada en la presente causa.
Corrido traslado de la presente casación al representante de la defensa del señor ARTURO GRIFFITH, Abog. MARCOS SANTACRUZ POLETTI, manifestó que:"...El Agente Fiscal, realiza como una especie de desdoblamiento legal, y alega que la ley de fondo es absolutamente independiente a la forma, en atención a que en un tiempo determinado se cometió un supuesto hecho punible y en otro se impulsó el proceso... Es importante destacar, y resaltar en este punto que con la tesitura del Agente Fiscal, se violan los derechos y garantías de mi defendido en contradicción absoluta con la Constitución Nacional que ya en su art. 14 proscribe la retroactividad de la ley... Asi las cosas, no podemos pretender aplicar distintas leyes sin considerar las vigentes al tiempo de la supuesta perpetración del hecho, y en el caso que nos ocupa estamos hablando de un hecho punible supuestamente ocurrido bajo el imperio del Art. 136 de la Ley 1286/98, sin modificatoria alguna... La representación a mi cargo, no hace alusión a los fallos agregados por la parte acusadora, pero sostiene con fundamento legal, amparado en las disposiciones constitucionales, la improcedencia de lo expuesto por el Ministerio Público en el entendimiento cierto y veraz que sobre toda disposición legal, debe observarse el precepto constitucional... Cabe resaltar V.V.S.S. que el Agente Fiscal interviniente, establece un titulo de Conclusión-Solución Jurídica Aplicable no presentando en ésta una solución clara de su pretensión, en tanto no solicita remisión para nuevo juzgamiento, o planteamiento específico. Sólo manifiesta que se debe anular el Acuerdo y Sentencia recurrido... Oportunamente, previo trámite de rigor, solicito se dicte resolución confirmando el Acuerdo y Sentencia Nº 47 de fecha 30 de septiembre de 2009...".
Definidas las pretensiones de las partes, se desprende que el principal argumento del recurrente se centra en la errónea aplicación de la institución de la extinción de la acción penal, decretada por el Tribunal de Apelaciones a través de la resolución atacada.
Al respecto debemos puntualizar que la extinción de la acción penal está legislada en: el Art. 136 del C.P.P. que dispone: "DURACIÓN MAXIMA. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento. Este plazo sólo se podrá extender por seis meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo". Y su modificatoria dispuesta en la Ley Nº 2341/03 que expone: "Modifícase el Artículo 136 de la Ley Nº 1286/98 "CÓDIGO PROCESAL PENAL", que queda redactado de la siguiente manera: "Artículo 136.- Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto de! procedimiento. Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelve lo planteado o el expediente vuelva a origen. Este plazo sólo se podrá extender por doce meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado se reiniciará el plazo".
Esta modificación rige desde el 14 de enero de 2004, siendo ésta la fecha distintiva de aplicación de uno u otro artículo.
En virtud a esta disposición las personas sometidas a un proceso penal, no lo pueden ser de una manera perenne, sino que se establece un límite al ius punendi estatal, puesto que ese poder no puede ser ejercido de una manera irreflexiva en cuanto al tiempo de duración.
En la presente causa, el señor ARTURO GRIFFITH, fue imputado por el Ministerio Público en fecha 18 de mayo de 2005, y ésta fue notificada en fecha 08 de juniodel mismo año, a través del escrito presentado ante el Juez de Garantías, desde el mismo bajo patrocinio de Abogado se pone a disposición del Juzgado y solicita la aplicación de medidas a la prisión preventiva, es claro que a partir del mes de mayo de 2005 comienza el computo para los incoados.
Es dable señalar, que no resulta viable la aplicación del artículo 136 del Código de Procedimientos Penales, esto es así porque de conformidad a lo sentado como jurisprudencia y postura de la Corte Suprema de Justicia, el primer acto de procedimiento es"la notificación del acta de imputación", y es desde este momento en el que se comienza a computar el plazo máximo de duración.
Tal como se señaló la notificación del acta de imputación fue realizada bajo la vigencia de la Ley Nº 2341/03, por lo que de las situaciones fácticas señaladas claramente se corrobora que no existe duda alguna de la aplicación de la mencionada ley para el caso que nos ocupa.
Es a partir de ese momento donde se conoce formalmente el procedimiento contra el señor GRIFFITH y es desde ese momento procesal desde el cual se le reconocen las garantías que lo custodian en el ejercicio del debido proceso.
Para mayor entendimiento de la aplicación de la ley modificatoria, y su implicancia directa en los procesos y particularmente en éste, debemos interpretar la ley modificatoria que amplía el plazo máximo de duración del procedimiento a 4 años. Si bien es cierto que el hecho acusado data del 28 de mayo de 2002, el proceso formalmente no existió hasta la fecha de imputación, es decir en mayo de 2005, cuando estaba en vigencia el Artículo 136 modificado y en pleno uso, así lo determina la jurisprudencia ya aplicada por esta Sala Penal, A. y S. Nº 561 del 23 de julio de 2008; A. y S. Nº 1803 de fecha 25 de noviembre de 2005; A. y S. Nº 1289 del 22 de diciembre de 2008; y otros.
En consecuencia siendo calata la aplicación de la Ley Nº 2341/03, queda de manifiesto que la sentencia atacada es objetivamente contrapuesta a lo dispuesto por la Sala Penal, y errónea en la aplicación del derecho, por lo tanto corresponde aclarar su NULIDAD.
Por otro lado, el Art. 480 del C.P.P., al establecer lo procedente en cuanto al trámite y resolución del recurso extraordinario de casación, deriva a la aplicación analógica de las disposiciones relativas al recurso de apelación de la sentencia. De ahí que, remitidos a las disposiciones que reglan dicho recurso, nos encontramos con dos situaciones: 1) La propiciada por el Art. 473 del C.P.P., que dice: "REENVÍO. Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de apelaciones anulará totalmente o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio"; y, 2) La reglada por el Art. 474 del C.P.P., que establece: “DECISION DIRECTA. Cuando de la correcta aplicación de la ley resulte la absolución del procesado, la extinción de la acción penal, o sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de Apelaciones podrá resolver, directamente, sin reenvío".
Ahora bien, teniendo en cuenta que el Tribunal de Apelaciones tras la declaración de extinción de la causa, no ha entrado a analizar los fundamentos de las partes con respecto al recurso de apelación especial, corresponde a derecho remitir al siguiente tribunal para que así proceda.
Por tanto, en atención a los fundamentos expuestos y con sustento legal en el art. 256 de la Constitución Nacional y los arts. 468, 478 inc. 3, 479, 480 del Código Procesal Penal, corresponde HACER LUGAR al recurso extraordinario de casación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nº 47 de fecha 30 de septiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Misiones, y en consecuencia declarar su nulidad. Es mi VOTO.
A su turno, la Ministra PUCHETA DE CORREA manifiesta que se adhiere al voto emitido por el Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.
A su turno, el Ministro BENITEZ RIERA manifiesta: Primeramente debo expedirme respecto al pedido pe extinción de la acción planteado por la defensa de ARTURO ARNOLD GRIFFITH a fs. 86/87 de estos autos, en fecha 09 de junio de 2010, dada la condición de orden público que implica y dejando constancias que esta causa tuvo entrada en el Gabinete a mi cargo en fecha 27 de abril de 2011.
Que, el objeto de la duración del control de la duración del procedimiento es lograr que el Estado realice una persecución penal eficaz dentro de un plazo razonable, que no se prolongue de manera indefinida, de modo que tanto la ciudadanía como la persona sindicada como autora de un hecho punible puedan tener una respuesta del órgano estatal en un espacio de tiempo. Principalmente se pretende un pronunciamiento que defina la posición del encausado frente a la ley y la sociedad y ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre.
La duración máxima del proceso, al erigirse como una limitación al poder represor y garantía procesal (reconocida constitucionalmente en beneficio del procesado) se constituye en una cuestión de orden público, de cuyo cumplimiento no puede sustraerse ningún órgano del Estado.
La Constitución Nacional en su artículo 17 dispone: "En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: inc. 10... El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley".
Asimismo, el Pacto de San José de Costa Rica prescribe en su artículo 8. Inc. 1º "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantas y dentro de un plazo razonable...".
Tanto la Constitución Nacional como diferentes Pactos Internacionales sostienen de manera uniforme y coincidente que el proceso penal debe tener un plazo razonable de duración.
Nuestra Legislación Positiva, la Ley N° 2341/03 que modifica el Art. 136 de la Ley N° 1286/98, hace operativa la garantía enunciada, ya que fija de manera expresa el plazo razonable de duración del proceso, al disponer cuanto sigue: "Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años, contados desde el primer acto del procedimiento. Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen. Este plazo solo se podrá extender por doce meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de tos recursos...". Esta ley ha entrado en vigencia en fecha 13 de enero del 2004, por lo que es aplicable a la presente causa.
Que en numerosos fallos uniformes se ha dejado el mecanismo correcto para determinar el cómputo de los plazos en el nuevo sistema procesal penal. El conflicto jurídico- penal tiene su origen en su consumación del hecho generador del procedimiento -el hecho punible- pero el nacimiento de los derechos procesales es que en realidad marca el inicio del cómputo de los plazos y ello es así porque en una presentación abstracta del sistema tenemos al Estado que pretende ejercer su derecho subjetivo de castigar, a través de sus diversos órganos, confrontando con el ser humano a quien le dota de atribuciones, para paliar la desigualdad subjetiva en dicha contienda.
El nacimiento de los derechos procesales surge con claridad tan pronto el Estado tenga en miras a una persona física contra quien dirigirá dicha pretensión. En algunos casos el procedimiento penal se iniciara en el momento mismo en que ocurrió el hecho punible, ejemplo: aprehensión del imputado en caso de flagrancia, mientras que en otros se lo podrá computar a partir de que el Estado haya ejercido un mecanismo de coerción directa, ejemplo: detención del imputado, allanamiento con resultado positivo a favor de la investigación, declaración indagatoria del imputado, etc. y en otros la notificación del acta de la imputación marca el inicio del procedimiento. Las circunstancias particulares de cada caso otorgaran las notas características que servirán para discriminar, en el caso que se analiza, cuál de los momentos mencionados es el adecuado para el inicio del cómputo.
En este proceso el señor ARTURO ARNOLD GRIFFITH fue imputado por el Ministerio Público en fecha 19 de mayo de 2005, (fs. 2/5). En fecha 8 de junio de 2005 el encausado se presenta ante el Juez Penal de Garantías, se pone a disposición del Juzgado y solicita aplicación y de medidas alternativas a la medida cautelar decretada, habiéndose llevado a cabo la audiencia en cumplimiento del Art. 242 del C.P.P., en el cual se le notifica el acta de imputación (fs. 21/23). El mismo se da por enterado y se le comunica de la existen de un proceso recién en esta fecha; fecha desde la cual comienza a computarse el plazo de duración del proceso -CUATRO AÑOS-. Esta notificación del acta de imputación se da bajo la vigencia de la ley Nº 2341/03 que modifica el Artículo 136 del Código Procesal Penal. De esta manera resulta clara la aplicación de la mencionada ley para el caso que nos ocupa.
Debemos tener presente que los incidentes y los recursos planteados suspenden automáticamente el plazo. Se tiene así que:
- Por A.l. Nº 559, el Juez Penal de Garantías resolvió hacer lugar al sobreseimiento provisional a favor del imputado ARTURO ARNOLD GRIFFITH, solicitando el fiscal posteriormente la apertura de la causa, lo que ha paralizado el proceso durante 120 días, desde el 20 de diciembre de 2005, hasta el 19 de abril de 2006 (providencia obrante a fs. 44).
El Agente Fiscal solicito se declare la rebeldía del encausado y el a quo por A.l. Nº 578 lo declare rebelde y contumaz resolviendo luego por A.l. Nº 594, hacer lugar a medidas sustitutivas y dispone la prosecución del trámite del expediente, habiéndose paralizado el proceso durante 8 días, desde el 19 de diciembre de 2006 hasta el 27 de diciembre de 2006 (fs. 58).
1. La defensa planteó un incidente de nulidad de acusación y sobreseimiento definitivo a favor de su defendido (fs. 77/79), lo que ha paralizado el proceso durante 90 días, desde el 09 de mayo de 2007, hasta el07 de agosto de 2007 (A.l. Nº 387 que resuelve no hacer lugar al pedido de nulidad y dispone sobreseer definitivamente al imputado - fs. 86/88).
- El Agente Fiscal interpone recurso de Apelación General contra el A.l. Nº 387 (fs. 89/93) habiendo el Tribunal de Apelación revocado el auto apelado, paralizándose el proceso durante 189 días, desde el 22 de agosto de 2007 hasta el 276 de febrero de 2008 (providencia a obrante a fs. 105 vlto).
2. El Agente Fiscal interpuso recurso de Reposición y Apelación en subsidio contra la providencia de fecha 11 de marzo de 2008 (fs. 112/115), habiéndose paralizado el proceso durante 78 días desde el 28 de mayo de 2008 hasta el 14 de agosto de 2008 (A.I. Nº 1446 que resuelve hacer lugar al recurso - fs. 127)
- Por A.l. N° 1989 el Juez declara rebelde y contumaz al imputado (fe. 131) habiéndose suspendido el proceso durante 10 días desde el 23 de diciembre de 2008, hasta el 2 de enero de 2009 (A.l. Nº 1 que dispone la extinción del estado de rebeldía).
Computando el tiempo trascurrido entre la fecha en el cual se notificó el acta de imputación -08 de junio de 2005-, hasta el día que se dictó la S.D. Nº 12 -19 de mayo de 2009, descontando el tiempo de suspensión -1 año 4 meses 5 días- según lo relatado más arriba, se tiene que dicha sentencia fue dictada dentro del plazo previsto conforme a la Ley 2341/03 que modifica el Art. 136 del Código Procesal Penal.
Ahora bien, en fecha 05 de junio de 2009, la defensa interpone Recurso de Apelación Especial, contra la S.D. N° 12 (fe. 212/218) en la cual se resolvió CONDENAR a ARTURO ARNOLD GRIFFITH a la pena privativa de libertad de dos años, habiendo sido resuelto por el Tribunal de Apelación a través del Acuerdo y Sentencia Nº 47 de fecha 30 de setiembre de 2009, la cuestión objeto del recurso, REVOCANDO la sentencia apelada.
En fecha 14 de octubre de 2009, el Agente Fiscal interpone Recurso Extraordinario de Casación contra el -Acuerdo y Sentencia Nº 47 del Tribunal de Apelación (fs. 57/66) y finalmente la Defensa plantea EXTINCION DE LA ACCION, en fecha 09 de junio de 2010.
Estudiando el tiempo trascurrido desde el inicio del procedimiento y descontándose el tiempo que se ha suspendido por interposición de incidentes y recursos, se lleva a la conclusión de que A LA FECHA ha trascurrido el plazo máximo de CUATRO AÑOS y DOCE MESES de duración del proceso y la tramitación de los recursos, motivo por el cual procede declarar la EXTINCION DE LA ACCION penal, por imperio de los Arts. 17 de la Constitución Nacional, 8 inc. 1º del Pacto de San José de Costa Rica, Art. 136 y su modificatoria Ley 2341/2003, Art. 25 inc. 3 del Código Procesal Penal y demás disposiciones aplicables y DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de ARTURO ARNOLD GRIFFITH conforme lo dispuesto en el Art. 359 inc. 3º del C.P.P.
Resulto el Planteamiento en la forma ir indicada, hace inoficioso el estudio del Recurso Extraordinario de Casación planteado en autos. Es mi VOTO.
SENTENCIA NÚMERO: 586.-
Asunción, 22 de junio de 2012.-
NO HACER LUGAR a la extinción de la acción solicitada en autos, en virtud a los argumentos esgrimidos en el considerando de la presente resolución.
HACER LUGAR al recurso extraordinario de casación interpuesto por el Agente Fiscal Abog. HUGO MARCELO PEREZ, y en consecuencia ANULAR el Acuerdo y Sentencia Nº 47de fecha 30 de septiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, de la Circunscripción Judicial de Misiones, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente sentencia.
REMITIR estos autos al órgano jurisdiccional competente a sus efectos.
SINDULFO BLANCO –
ALICIA PUCHETA DE CORREA –
LUIS MARIA BENITEZ RIERA –
KANINA PENONI - SECRETARIA.

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