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Timestamp: 2018-05-21 09:32:10+00:00

Document:
Vigencia desde 13 de Mayo de 2009
Artículo 1 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC n.º 5/2015 (Sala Pleno) de 22 de enero. Artículo 2 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC n.º 5/2015 (Sala Pleno) de 22 de enero. Número 2 del artículo 3, por el que se introduce una disposición adicional decimoquinta, declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC n.º 5/2015 (Sala Pleno) de 22 de enero. Número 3 del artículo 3, por el que se introduce una disposición adicional decimoquinta, declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC n.º 5/2015 (Sala Pleno) de 22 de enero.
La Providencia del T.C. Pleno de 29 de julio de 2009, ha suspendido de vigencia y aplicación los artículos 1, 2 y 3 de la presente Ley, desde la fecha de interposición del Recurso de inconstitucionalidad nº 6964-2009, desde la fecha de interposición del recurso 28 de julio de 2009, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros («B.O.E.» 6 agosto). La Providencia del T.C. Pleno de 29 de julio de 2009, ha suspendido de vigencia y aplicación los artículos 1, 2 y 3 de la presente Ley, desde la fecha de interposición del Recurso de inconstitucionalidad nº 6964-2009, desde la fecha de interposición del recurso 28 de julio de 2009, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros («B.O.E.» 6 agosto). La Providencia del T.C. Pleno de 29 de julio de 2009, ha suspendido de vigencia y aplicación los artículos 1, 2 y 3 de la presente Ley, desde la fecha de interposición del Recurso de inconstitucionalidad nº 6964-2009, desde la fecha de interposición del recurso 28 de julio de 2009, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado para los terceros («B.O.E.» 6 agosto).
La disposición transitoria 3ª.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se expresa en los siguientes términos -según la modificación operada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social-: «Los terrenos clasificados como suelo urbano a la entrada en vigor de la presente Ley estarán sujetos a las servidumbres establecidas en ella, con la salvedad de que la anchura de la servidumbre de protección será de 20 metros. No obstante, se respetarán los usos y construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta. Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con los planes de ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre. El señalamiento de alineaciones y rasantes, la adaptación o reajuste de los existentes, la ordenación de los volúmenes y el desarrollo de la red viaria se llevará a cabo mediante Estudios de Detalle y otros instrumentos urbanísticos adecuados, que deberán respetar las disposiciones de esta Ley y las determinaciones de las normas que se aprueban con arreglo a la misma.
Asimismo, la disposición transitoria 9ª.3 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, aprobado por Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, señala que «a los efectos de la aplicación del apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas, salvo que se trate de áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística en la citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido expresamente ese carácter». Por tanto, no es preciso el reconocimiento del suelo urbano o del asentamiento rural en el planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley de Costas, sino que reúna las características fácticas para ser clasificado como tal, de forma que, acreditada la concurrencia de dichas características por el respectivo Ayuntamiento, el órgano autonómico competente reconozca dicha situación fáctica, en cuanto se está tratando la clasificación del suelo y la misma corresponde (en el procedimiento bifásico de aprobación del planeamiento) a la Administración autonómica.
Conforme al artículo 79.a) del Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril -vigente a la entrada en vigor de la referida Ley de Costas el 29 de julio de 1988-, el suelo urbano tenía naturaleza reglada y se definía -conforme al criterio estático- en los siguientes términos:
De otro lado, el suelo rústico de asentamiento rural aparece definido en el artículo 55.c).1) del Texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo: «Dentro del suelo que se clasifique como rústico el planeamiento, de conformidad y en aplicación de los criterios que se fijen reglamentariamente, establecerá todas o algunas de las siguientes categorías:
1) Suelo rústico de asentamiento rural, referido a entidades de población existentes con mayor o menor grado de concentración, generalmente sin vinculación actual con actividades primarias, cuyas características no justifiquen su clasificación y tratamiento como suelo urbano, de acuerdo con los criterios que establezcan las Normas Técnicas del Planeamiento Urbanístico».
La realidad demuestra que son muchos los asentamientos rurales que cuentan con la urbanización primaria propia del suelo urbano o bien están consolidados por la edificación en la misma superficie exigida para dicha clase de suelo, si bien han sido clasificados y categorizados como tales por encontrarse en un entorno rural y haber querido el legislador -Directriz de Ordenación General 63- preservarlos de un desarrollo propio de la ciudad. A estos efectos, deben considerarse equivalentes los terrenos que cuenten con tales características, independientemente de su clasificación y del entorno en que se sitúen, sobre todo considerando la reciente Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, en cuya exposición de motivos -apartado I, párrafo 6º- se anuncia que el legislador estatal no es competente para establecer las clases de suelo, al tratarse de una técnica urbanística de competencia autonómica, por lo que las referencias de la Ley de Costas a la clase de suelo pierden hoy importancia, aunque no los requisitos que entonces se exigían para la determinación del suelo urbano o de las áreas urbanas. Así se expresa la Ley estatal: «Con independencia de las ventajas que pueda tener la técnica de la clasificación y categorización del suelo por el planeamiento, lo cierto es que es una técnica urbanística, por lo que no le corresponde a este legislador juzgar su oportunidad. Además, no es necesaria para fijar los criterios legales de valoración del suelo. Más aún, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador estatal, la clasificación ha contribuido históricamente a la inflación de los valores del suelo, incorporando expectativas de revalorización mucho antes de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbanísticas de los poderes públicos y, por ende, ha fomentado también las prácticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional».
Por su parte, la disposición transitoria 4ª de la citada Ley de Costas es del siguiente tenor literal:
b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, no se permitirán obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exijan la higiene, ornato y conservación previa autorización de la Administración del Estado. Ésta no se otorgará si no se garantiza cuando sea necesario la localización alternativa de la servidumbre.
En desarrollo de esta previsión legal, el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas establece en su disposición adicional duodécima, apartados 1 y 2: «1. Las obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público (Disposición transitoria cuarta, 4, de la Ley de Costas).
Asimismo, tendrán preferencia, durante un período de diez años, para la obtención de los derechos de ocupación o aprovechamiento que, en su caso, puedan otorgarse sobre dichos terrenos. Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquéllos puedan ejercitar en defensa de sus derechos.
4. En los tramos de costa en que esté completado el deslinde del dominio público marítimo-terrestre a la entrada en vigor de esta Ley, pero haya de practicarse uno nuevo para adecuarlo a las características establecidas en aquélla para los distintos bienes, los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación quedarán sujetos al régimen establecido en el apartado primero de esta disposición, computándose el plazo de un año para la solicitud de la concesión a que el mismo se refiere a partir de la fecha de aprobación del correspondiente deslinde.»
Dicho límite temporal no ha sido interpretado literalmente por la Administración del Estado, pues en el Dictamen de la Abogacía del Estado, de 21 de julio de 2005 [JUR 2007\351436] -apartado I, B), último párrafo-, se dice que «en suma, y a modo de recapitulación de todo lo dicho, en el supuesto a que se refiere la disposición transitoria primera, apartado 1, de la LC, considera este Centro Directivo que el plazo de la concesión demanial ha de contarse desde la fecha de otorgamiento del título concesional, tanto en la hipótesis de que se hubiese solicitado aquélla en el plazo establecido para ello (un año desde que entró en vigor la LC) como la hipótesis de que el interesado hubiese solicitado la concesión transcurrido el referido plazo (sin que la Administración la hubiese otorgado de oficio) o de que, cumpliendo el deber que incumbe a la misma, la Administración la hubiese otorgado de oficio por haber transcurrido el repetido plazo sin haberla solicitado el interesado». Resulta asimismo de interés el apartado II del referido Dictamen, que relaciona el contenido de las disposiciones transitorias primera y cuarta de la Ley de Costas, siendo aplicable a ambas el plazo de un año que sólo contempla la primera, y que se contará, si se practica un nuevo deslinde, a partir de la aprobación del mismo, si bien se hace una interpretación flexible de dicho requisito temporal, dado el carácter compensatorio o indemnizatorio de la concesión demanial a otorgar en lugar del previo derecho de propiedad.
La protección del dominio público marítimo-terrestre como elemento teleológico de la Ley de Costas y que se basa en el título competencial del Estado sobre protección del medio ambiente ( artículo 149.1.23ª de la Constitución) se compatibiliza, según el Tribunal Constitucional, con la ordenación del territorio y del litoral que corresponde a las Comunidades Autónomas, habiéndose expresado en tal sentido en su Sentencia nº 149/1991, de 4 de julio -FJ I, A) «in fine»-: «Hay que entender, por tanto, como conclusión, que todas las Comunidades costeras competentes para la ordenación del territorio lo son también para la del litoral, como sin duda han entendido también los autores de la Ley de Costas, en cuyo artº. 117 se hace una referencia genérica a todo planeamiento territorial y urbanístico «que ordene el litoral», concepto este último, por lo demás, cuya precisión no está exenta de considerables dificultades, que aquí podemos obviar, ya que a los efectos de esta Ley, incluye al menos la ribera del mar y sus zonas de protección e influencia».
Se añade una nueva disposición adicional al Texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo , en los siguientes términos:
Artículo 1 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC n.º 5/2015 (Sala Pleno) de 22 de enero.
«Decimocuarta
La Administración urbanística actuante fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos comprendidos en la misma, teniendo en cuenta la línea de ribera del mar que a tal efecto le comunique la Administración del Estado, comunicación que irá acompañada del correspondiente proyecto técnico y expediente administrativo.»
Artículo 2 declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC n.º 5/2015 (Sala Pleno) de 22 de enero.
El TC en Sentencia n.º 5/2015 (Sala Pleno) de 22 de enero, declara que el número 1 del artículo 3, por el que se introduce una disposición adicional decimoquinta, no es inconstitucional interpretado en el sentido expresado en el fundamento jurídico sexto.
Número 2 del artículo 3, por el que se introduce una disposición adicional decimoquinta, declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC n.º 5/2015 (Sala Pleno) de 22 de enero.
Número 3 del artículo 3, por el que se introduce una disposición adicional decimoquinta, declarado inconstitucional y nulo por Sentencia TC n.º 5/2015 (Sala Pleno) de 22 de enero.

References: Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 79
 Real Decreto 
 artículo 55
 artículo 149
in fine

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3