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Timestamp: 2020-07-16 00:58:27+00:00

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Modificaciones en la normativa tributaria: gestión, inspección, recaudación, régimen sancionador y revisión en vía administrativa - Defensa del Contribuyente
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Real Decreto por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente:
El Documento Único Electrónico sustitutivo de la correspondiente declaración censal por personas o entidades que desarrollen una actividad económica se adapta a la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, ahora se puede utilizar también para modificar la declaración censal originaria o para causar baja.
Con fines de prevención del fraude fiscal se establece una obligación de información específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas “plataformas colaborativas”, que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, y los alojamientos turísticos regulados por su normativa específica como establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues y campamentos de turismo, entre otros. Asimismo, queda excluido el derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
En los mismos términos se incluye en la norma reglamentaria la referencia al régimen de grupo de entidades del IVA.
En materia de consultas tributarias se establece la presentación obligatoria por medios electrónicos para aquellos sujetos que deban relacionarse por dichos medios con la Administración tributaria.
Por otra parte, para facilitar el cumplimiento de la normativa sobre asistencia mutua, en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, se introduce reglamentariamente una información adicional que deberá suministrar el consultante en aquellas consultas tributarias que deban ser objeto de intercambio de información con otros Estados o entidades internacionales o supranacionales en cumplimiento de la citada normativa.
Asimismo, cuando se acuerde la devolución en un procedimiento de inspección, no se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de intereses a favor del obligado, los periodos de extensión del plazo porque suponen un retraso en la finalización del procedimiento provocado por el contribuyente, como sucede con las actuales dilaciones no imputables a la Administración que se producen en otros procedimientos de aplicación de los tributos.
El procedimiento de gestión iniciado mediante declaración aduanera para la liquidación de los tributos correspondientes sobre el comercio exterior es objeto de actualización.
En primer lugar, se describen las distintas situaciones en que la Administración tributaria puede apreciar la existencia de indicios de delito teniendo en cuenta no sólo el órgano actuante sino también el momento procedimental en que dichos indicios pueden detectarse.
Se desarrolla reglamentariamente el procedimiento de recuperación de ayudas de Estado en supuestos de regularización de la situación tributaria de los sujetos afectados, para regular determinados aspectos de su tramitación.
Finalmente, el Real Decreto incorpora un régimen transitorio y una disposición final que establece su entrada en vigor a los veinte días naturales de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Real Decreto XX/2017, de XX, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio:
Se homogeneiza el tratamiento de las derivaciones de deuda de entes externos de forma que la AEAT será la competente, con carácter general, para la declaración y derivación de la responsabilidad.
Se establece que se inadmitirá la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento si hay suspensión de la tramitación del delito fiscal en sede.
Como consecuencia de la regularización en las que estén implicadas obligaciones conexas pueden resultar cantidades a ingresar y a devolver previéndose la compensación de oficio de ambas cantidades.
Se señala que en la ejecución de garantías no puede aplicarse el requisito de firmeza de la liquidación que si se aplica a la ejecución de los bienes embargados, por cuanto no son supuestos análogos.
Se habilita expresamente la posibilidad de que las diligencias de embargo puedan ser objeto de presentación telemática cuando así se convenga con el destinatario en términos similares a la ya existente para el embargo de cuentas y depósitos bancarios.
En los procesos de enajenación de los bienes embargados, solo se requerirán los títulos de propiedad para proceder al embargo en caso de que no sean facilitados por los obligados y los mismos no consten en el Registro de la propiedad.
Real Decreto XX/2017, de XX, por el que se modifica el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre:
Como consecuencia de la introducción de la declaración de bienes y derechos en el extranjero, y la habilitación al efecto, de una sanción específica en caso de incumplimiento, se hace necesaria una modificación del procedimiento sancionador, cuando concurra la regularización de bienes y derechos tanto en el extranjero como en el territorio nacional ya que dicha sanción no resulta afectada por los criterios de graduación generales.
Se elimina la responsabilidad por infracción formal por falta de presentación de la declaración por medios electrónicos o telemáticos cuando la declaración se hubiera presentado por otros medios y siempre que se presente la declaración por medios electrónicos o telemáticos sin requerimiento previo.
Se establecen las reglas a aplicar en el caso de retraso en la obligación de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la AEAT:
Se define qué se considera retraso en la llevanza electrónica de los libros registro para que se cometa la infracción, con el objeto de diferenciar esta conducta de la omisión contemplada legalmente.
Se especifica que únicamente será aplicable la multa proporcional del 0,5 por ciento en los supuestos relativos al Libro Registro de facturas expedidas y para el de recibidas, ya que es información con un importe numérico al que aplicar la multa proporcional.
Se aclara que los retrasos relativos a los Libros Registro de bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias se sancionarán con una multa fija de 150 euros por registro.
Se deroga el apdo. 4 del art. 24 -resolución del procedimiento sancionador- al no ser necesario reflejar que el inicio de la tramitación del delito fiscal suspende el plazo de resolución del procedimiento sancionador.
El tiempo transcurrido desde el día siguiente a la orden de completar el expediente hasta la formalización de la nueva acta o el nuevo trámite de audiencia, en su caso, se recoge como dilación que no se incluirá en el cómputo del plazo de seis meses del procedimiento sancionador.
Real Decreto XX/2017, de XX, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de readministrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo:visión en vía
Las modificaciones legales introducidas en materia de suspensión de sanciones tributarias como consecuencia de su impugnación por los responsables hacen necesario adaptar en este sentido las disposiciones reglamentarias en materia de revisión, teniendo en cuenta que dicha suspensión no se extenderá a las impugnaciones que puedan realizar los responsables del art. 42.2 de la Ley 58/2003 (LGT) dadas las características específicas de dicha responsabilidad.
Igualmente, como consecuencia de la doctrina de los actos firmes, y dado que previamente a la actuaciones con el responsable se podrían haber producido actuaciones de recaudación con otros obligados tributarios, se establece que la suspensión no afectará a las actuaciones de recaudación que se hubieran producido hasta el momento en el que se acuerde la suspensión de la ejecución por la impugnación del responsable.
Por motivos de eficiencia administrativa se suprime la sala desconcentrada de Alicante del Tribunal Económico–Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana y se contempla la posibilidad de atribuir a los miembros de un Tribunal Económico-Administrativo la función de resolver reclamaciones propias de la competencia de otro.
Se modifica el régimen jurídico del procedimiento abreviado para adaptarlo a la Ley General Tributaria al haber desaparecido en esta la vinculación entre dicho procedimiento y los órganos unipersonales.
La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas genera la necesidad de modificación del régimen de notificaciones en la vía económico-administrativa teniendo en cuenta sus peculiaridades procedimentales.
En cumplimiento del mandato legal se desarrolla reglamentariamente la tramitación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Se reestructura la disposición dedicada a los recursos, en el sentido de reenviar el contenido relativo a sus notificaciones al precepto destinado a las mismas. Asimismo, se explicita que en el escrito de interposición del recurso de alzada ordinario con solicitud de suspensión por los órganos de la Administración junto con ésta se deberá aportar el informe en el que se justifique la concurrencia de los indicios racionales de que el cobro puede verse frustrado o dificultado.
En relación al procedimiento abreviado se eliminan las disposiciones relativas a la vista oral ya que ésta desaparece a nivel legal. Por último, por motivos de eficiencia, se amplían las competencias del Presidente en este tipo de procedimientos al estar facultado, al igual que el Secretario, para dictar determinados acuerdos.
La regulación de un recurso específico contra la ejecución hace innecesario el régimen jurídico relativo al incidente sobre la misma. En consecuencia, queda derogado el contenido relativo a dicho incidente.
Modelo 720: Interpretación integradora de la DGT de la normativa.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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 resolución 

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