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Timestamp: 2018-10-20 14:37:05+00:00

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I._INTRODUCCION
II._FORMULACION DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES
El Art. 24 de la Constitución
La repercusión de las garantías en el sistema procesal
III._GARANTÍAS _ DE LA_ACTIVIDAD_DE LAS_PARTES
La igualdad de las partes
La audiencia y contradicción
IV._GARANTÍAS DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
El juez predeterminado por la ley
El derecho a obtener una resolución fundada en derecho
V._GARANTIAS DEL JUICIO
El juicio con todas las garantías
La publicidad del juicio
STC_199/2003_DE 10 NOVIEMBRE_DE_2003
Partiendo de la base de que todo proceso judicial requiere unas garantías para su correcto funcionamiento debemos exponer en primer término que estas garantías son recogidas en nuestro ordenamiento jurídico dentro de nuestra Norma Fundamental, la Constitución, en su Art. 24 en el que se establecen las bases fundamentales de todo procedimiento judicial y en especial las garantías del proceso penal justo como son, la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, o en su versión negativa, la indefensión, y la presunción de inocencia, entre otras garantías procedimentales.
Su función fundamental es sentar las bases constitucionales, dentro de los procesos judiciales, de las garantías fundamentales necesarias en un Estado social y democrático de derecho.
II. La Formulación de las garantías constitucionales
1. El articulo 24 de la Constitución:
El contenido de esta norma, aun no siendo la única que se ocupa del tema, encierra un verdadero código de garantías fundamentales, que van desde principios generales a normas específicas, y que son aplicables a todo tipo de juicios, sin limitación. Se puede observar de que en el texto de dicha norma existen varias formulaciones amplias y genéricas que, por si solas, dan cobertura a cualquier cuestión que se quiera llevar a la óptica constitucional. Pero, no obstante, ello no impide que la Constitución hay querido mencionar también expresamente otras garantías particulares, que por la frecuencia de su utilización, convenía explicitar.
2. La repercusión de las garantías en el sistema procesal:
Las garantías, en cuanto tales, se proyectan en bloque en todo el sistema procesal. Son expansivas y polivalentes, pues una misma garantía tanto se encuentra en una fase del juicio como en la otra.
A la hora de adoptar un criterio expositivo de estas, se ha preferido tomar como punto de referencia los diversos elementos que componen el sistema procesal. Así, es posible identificar garantías que disciplinan fundamentalmente el ejercicio de la acción, otras que se refieren mayoritariamente a la jurisdicción y otras, en fin, predicables al propio juicio.
III._Garantías de la actividad de las partes
1. La igualdad de las partes:
El Art.14 CE establece que los españoles son iguales ante la ley, sin UE pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero la CE no limita esta igualdad a las leyes llamadas sustantivas. La transposición procesal de este principio se traduce también en la garantía de las partes en su actividad procesal. La garantía no suele actuar aisladamente, sino que su infracción suele provocar algunas repercusiones procesales más.
a) Desde el punto de vista estrictamente dogmático, las dos posturas procesales ne que se contraponen los intereses en todo tipo de enjuiciamiento deben ser absolutamente equivalentes en cargas y expectativas. Y así se recoge normalmente en las leyes de enjuiciamiento. Se atiende al posible resultado de indefinición cuando se situé a las partes en una posición de desigualdad, o si se impide la aplicación efectiva del principio de contradicción. En definitiva, se trata de evitar un resultado aleatorio del juicio.
b) El equilibrio en la dialéctica procesal no significa que no exista tratamiento diferenciado en cuanto a determinadas expectativas o cargas de la actividad procesal. Ciertamente algunas normas pueden conceder una cierta posición de ventaja inicial a una parte, en consideración a determinadas circunstancias (la prestación de fianza, la existencia de fueros privilegiados), pero ello es legítimo y no viola la igualdad, porque esta no puede predicarse de situaciones desiguales.
c) La aplicación de la garantía no significa que el juez deba asumir la defensa de la parte más débil, porque se incurriría así en una desigualdad de signo contrario, igualmente prohibida.
d) La garantía comprende también la igualdad de aplicación de la ley por los tribunales. Fundamentalmente exige igualdad de trato a los ciudadanos cuando los casos sometidos a la decisión sena iguales, aun proviniendo de órganos judiciales distintos, sin perjuicio de su respectiva independencia. Ello explica que la desigualdad de trato obligue a la motivación.
2. La audiencia y la contradicción:
Otras de las garantías básicas del juicio son la observancia de los principios de audiencia y contradicción, que se complementan recíprocamente. La perspectiva de una posible indefinición ha sido la que ha conducido al tribunal a la enucleación de estas garantías.
a) Estas se reflejan en el brocardo latino nemo inauditus damnari potest, que supone que hay que dar oportunidad a cada parte de participar en cada una de las fases del juicio. Tanto es así, que la primera manifestación obvia de estas garantías es el derecho a ser notificado de la pendencia del juicio.
b) Las garantías no persiguen la presencia física de la parte ni su actividad en cada tramite procesal, tan solo la presencia jurídica, que es lo que se asegura con las garrara tías.
c) Estas garantías presiden todo el desarrollo del proceso y deben verificarse en la distribución por igual de las expectativas y cargas de las partes a lo largo del juicio ya que su fundamento es la bilateralidad de la acción.
d) Una manifestación específica de estas garantías es el derecho a ser informado de la acusación, hecho que debe producirse desde el mismo momento en que formalmente se realiza la acusación. De hecho, la Constitución lo reitera exigiendo informar al detenido de las razones de su detención (Art.17c)
3. El derecho de defensa:
La jurisprudencia se ha encargado de potenciar al máximo esta garantía. Además esta íntimamente ligada a la de igualdad de partes y respeto de la audiencia y contradicción bilateral.
a) El Art.24 comienza con prohibir el resultado contrario al objetivo que pretende la defensa: la indefinición. Este resultado negativo es utilizado reiterativamente por el Tribunal Constitucional para restablecer dicha garantía de la defensa.
b) Desde un punto de vista positivo, la garantía significa ante todo el derecho a defenderse en el juego de la contradicción. Manifestaciones especificas de este aspecto de la autodefensa son en el juicio penal el derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable, como postura negativa de la legitima falta de colaboración del imputado.Tambien se incluye el derecho al nombramiento de un interprete si el imputado no conoce el idioma español.
El contenido del derecho a defenderse por si mismo no se extiende a la facultad de prescindir de la preceptiva defensa técnica.
c) Por definición, la garantía supone el derecho a la prueba, entendida como actividad probatoria dentro del juicio. En la fase de pruebe del juicio la garantía comporta para la parte el derecho a utilizar todos los medios pertinentes para su defensa, entendida esta referencia a su postura procesal de parte, en el sentido de que solo podrán usarse los medios probatorios previstos en la ley. Pero lo cierto es que la Constitución se refiere a todas las pruebas conducentes a la defensa. Por ello no debe de existir limitación alguna en cuanto a la cantidad y a la calidad de dichas pruebas.
La garantía se proyecta sucesivamente en cada uno de los capítulos de la prueba, desde la admisión o denegación del medio de prueba. Un aspecto particular es el control de forma en que se obtienen las pruebas. La garantía veda las pruebas obtenidas ilícitamente, aspecto que ha remachado el Art.11.1 LOPJ
d) El derecho a la asistencia de letrado viene ha fortalecer el derecho a la defensa ya que supone que la intervención de la defensa técnica proporciona al ciudadano el debido asesoramiento para conducir a buen fin la defensa de sus intereses legítimos.
La garantía presta defensa técnica mediante la asistencia de abogado y procurador, con libertad de elección o nombramiento de oficio.
4. La presunción de inocencia:
Esta garantía es una posición de ventaja que la Constitución atribuye al ciudadano que se encuentra en posición departe acusada. Consiste en atribuirle de entrada la calidad de persona inocente y en no obligarle a hacer nada para demostrarlo, por lo cual no tiene que preocuparse de probar su inocencia, le basta y le sobre la pasividad mas absoluta.
El terreno abonado de la presunción de inocencia es ciertamente la prueba. De hecho la Doctrina consolidada tras reiteradas resoluciones puede resumirse como sigue:
Desvirtuar la presunción de inocencia exige ante todo una mínima actividad probatoria.
Solo se considera actividad probatoria la que según la ley tiene carácter de tal. Ante todo no pueden considerarse como actividad probatoria las meras diligencias de instrucción, que solo tienen naturaleza de tales y no de actos de prueba. Sirven para fundar la acusación pero no para condenar. Hay que indicar que no se excluye la actividad probatoria deducida por presunciones judiciales, partir de indicios comprobados incorporados al juicio por cualquier de los medios de prueba.
Solo las partes acusadores tienen la carga de probar la acusación, de suministrar en el momento procesal adecuado suficientes pruebas de cargo que puedan desvirtuar la presunción de inocencia. Si dichas pruebas de cargo no se llegan a producir, la presunción de inocencia se mantiene y procede la absolución del acusado. Si de haberse aportado dichas pruebas el Tribunal no resultase convencido también ha de fallar con el principio in dubio pro reo.
Resulta por lo tanto, que la garantía cubre todos y cada uno de los momentos de la actividad probatoria y pugna por sobrevivir a los embates de la acusación. Solo las pruebas de cargo concluyentes hacen perder al ciudadano dicha posición de ventaja, tras el sometimiento a la disciplina del juicio penal.
1. El juez predeterminado por la ley:
Se recoge en el Art.24.2 la garantía del juez ordinario predeterminado por ley, garantía que preside la actuación de los Tribunales de Justicia y tutela al ciudadano en el momento de acceso a los mismos, reforzando los principios que rigen la organización de la jurisdicción en el estado de derecho. La garantía significa:
a) El ciudadano tiene derecho a que su causa sea dirimida por un juez, o sea que dentro del estricto marco del proceso jurisdiccional. Quiere ello decir que se excluye la vigencia del referido derecho en los procedimientos no jurisdiccionales, debiendo entender como tales el procedimiento administrativo sancionador también el procedimiento arbitral.
b) El tribunal jurisdiccional que conozca del asunto debe ser un tribunal ordinario. Esto viene a explicar que el juez ordinario no se corresponde con el juez natural tal como dice el TC 324/1993 “no garantiza el derecho a un hipotético Juez natural” sino al “Juez ordinario predeterminado por ley”.
El calificativo de ordinario no impide que los ciudadanos sean juzgados por un tribunal especializado o especial, ya que el ordenamiento jurídico no se opone a la exigencia de jurisdicciones y órganos especializados. Pero a lo que si es contrario es que los ciudadanos sean juzgados por Tribunales de excepción, ya que están prohibidos expresamente por la Constitución (Art.117.6).
c) Se exige que el Juez este predeterminado, predeterminación que afecta a la existencia del propio órgano judicial así como a su jurisdicción y competencia. Es preciso que se haya creado previamente el órgano judicial con generalidad y anterioridad al caso. Se quiere evitar así la existencia de jueces ad hoc o ex post facto. Además la determinación del órgano y de sus competencias tiene que estar delimitadas totalmente antes del caso. Lo que se trata de evitar con ello es que se cree un Tribunal expresamente para ese caso.
d) El Juez debe estar predeterminado por la ley. Esta indicación es la que señala cual será el juez competente para conocer el caso. Por ello se reserva de forma absoluta la predeterminación de los jueces y tribunales al CGPJ, que deberá hacerlo conforme a lo estableció en la ley, que en este caso será aplicable la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. El derecho a obtener una resolución fundada en derecho:
Esta garantía no es más que un recordatorio a la jurisdicción para que cumpla su papel en el juicio, desarrollando la actividad que le es propia.
a) Se trata de asegurar a las partes una respuesta sobre el fondo respecto de las pretensiones planteadas en el pleito. Se espera pues de ella una solución definitiva a los problemas formulados expresamente por las partes
b) Manifestación típica de esta garantía es el deber de motivación de las resoluciones judiciales, al que se le ha dado rango constitucional. El deber de motivación se satisface cuando la resolución judicial, de manera implícita o explicita, contiene razones y elementos de juicio que permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos que fundamenten la decisión.
c) La resolución fundada en derecho ha de ser congruente con los términos en que las partes han formulado sus pretensiones o con la acusación y la defensa. La armonía interna de toda resolución judicial exige ña justa correspondencia entre pretensiones de las partes y el fallo.
V._Garantías del juicio
1. El juicio con todas las garantías:
En el texto del Art.24 CE se hace referencia a que todos tienen derecho a un proceso con todas las garantías. Esta redacción es lo suficientemente clara como para que no existan graves problemas de interpretación: la necesaria observancia de todas las garantías en el juicio.
Dada la amplitud de la expresión, no hay razón alguna para ser precavido en contra de su uso, ni menos puede adoptarse en criterio restrictivo en su interpretación.
El problema principal radica en determinar que es lo que se entiende por todas la garantías. Desde luego son garantías del juicio todas las enumeradas en el propio texto constitucional y que por razón de su preeminencia, se recogen expresamente en la Constitución. Pero no son solo estas, ya que también se deben respetar las normas de procedimiento que se contienen en las leyes de enjuiciamiento.
2. El principio de legalidad:
Bajo esta denominación se alude por antonomasia a una garantía ligada a la esencia de la ley penal. Este principio se recoge en el Art.25.2 CE y establece que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. El carácter preeminentemente penal de este principio en materia procesal se consagra en el Art.1LECr: Nullum crimen, nulla poena sine iudicio. La invocación del juicio es valida para todos los sectores del ordenamiento jurídico.
3. La acusación:
La acusación es una garantía típica del juicio criminal, recogida expresamente en el Art.24.2.CE. Esta garantía ha roto la tradicional contraposición entre inquisiony acusación ya que desde le momento en que, como primera medida, se obliga a informar al ciudadano de la acusación formulada contra el, se entierra el concepto clásico del principio inquisitivo. Desde el primer momento del juicio rige el principio acusatorio. Primero para ver si hay base o no para formular la acusación, luego para concretarla técnicamente.
Además la fase del juicio oral comienza precisamente por la formulación de la acusación, señal de que la ley se ha encargado de ir manteniendo en todo momento esta garantía para el acusado.
4. La tutela judicial efectiva
El artículo 24 de la CE reconoce a todas las personas el derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. De esta forma, se consagra el derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales para la defensa de los propios derechos e intereses.
En los sistemas de separación de poderes, el ejercicio de las facultades y deberes derivados del monopolio del uso legítimo de la fuerza se atribuye, con carácter general, a los órganos judiciales. De la atribución a un órgano, distinto del legislativo y del ejecutivo, de la facultad de aplicar las leyes y dirimir los conflictos, surge el derecho de todas las personas a acceder a los juzgados y tribunales para que éstos resuelvan los conflictos en los que sean parte.
Es en el momento final de juicio cuando precisamente se somete a prueba el funcionamiento de las garantías procesales. La perspectiva del resultado que se obtiene como consecuencia de una actuación procesal ha servido al TC para describir y confirmar muchas de las garantías fundamentales del instrumento de tutela jurisdiccional. Entre estas, la que mayor número de ocasiones ha servido de soporte al amparo constitucional es precisamente la de la tutela efectiva. Su vitalidad es tan extraordinaria que prácticamente todo el esquema de garantías constitucionales podría construirse sobre ella. Las manifestaciones más importantes de esta garantía podría resumirse en:
a) Prohibición de indefensión: La garantía tiene ante todo una dimensión negativa en relación con el juicio eficaz: la prohibición de indefensión. Pero ente todo, hay que señalar que la indefensión no tiene que ver nada con el contenido favorable o adverso de la sentencia, sino con el camino seguido hasta llegar a ella. La indefensión se caracteriza por suponer una privación o limitación del derecho de defensa
b) Eficacia del juicio: Desde un punto de vista positivo, la garantía significa que el juicio ha de ser eficaz y para que esto sea posible es necesario que se complete con otros derechos que le ayuden a alcanzar tal eficacia:
. Libertad de acceso a lo jueces y tribunales, debiendo ser este real y posible, y que no se vea frustrado antes de iniciar el juicio por imposibilidad de servirse del instrumento, o después por el deficiente funcionamiento de la institución procesal.
. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (Art.24.2 CE) ya que para que el juicio sea eficaz debe de tener una duración razonable. Además se conecta a la expectativa que se ha de tener de que los tribunales funcionen con normalidad, estando dotados de los medio personales y materiales necesarios y haciendo eso de ellos, como corresponde a un servicio publico.
. El derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, cualesquiera que sea su sentido. La tutela judicial queda satisfecha cuando se obtiene una resolución de fondo que, de forma razonada y ajustada a derecho (motivada, razonable, no arbitraria y no infundada) estime o desestime las pretensiones instadas, siempre que en el proceso se hayan cumplido y observado todas las garantías recogidas en el Art.24 CE.
. El derecho a que el fallo se cumpla (derecho a la ejecución de la resolución de fondo obtenida) es decir, el derecho de quien ha sido favorecido por la resolución de fondo a ser repuesto en sus derechos y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.
. El derecho a la tutela judicial incluye también el derecho a la revisión de la resolución siempre que ello esté legalmente previsto. Sólo cuando la Ley establece un recurso, el acceso al mismo se integra en el derecho a la tutela judicial precisamente con el alcance y en los términos previstos en el propio ordenamiento sin que la resolución pueda incidir en reformatio in peius.
5. La publicidad del juicio
La publicidad del juicio es una forma de disponer la actividad procesal que tiene diversos objetivos: al ciudadano le permite que su causa sea vista a la luz publica y no ha escondidas, y respecto a la administración de justicia, se traduce en la oportunidad de que los justiciables vean por si mismos como se gestiona el servicio de justicia en el estado de derecho.
El fundamento de esta garantía es doble. Por un lado, protege a las partes de una justicia sustraída al control público. Por otro, mantiene la confianza de la comunidad en los Tribunales. Su contenido es de carácter meramente formal, pues se trata de una forma de exteriorizar la actividad procesal.
A todas vistas, la publicidad contribuye a ampliar el marco de resonancia de la función jurisdiccional. La ejemplaridad en la administración de justicia se fomenta en la medida en que el público pueda tener acceso al santuario de los Tribunales.
STC 199/2003, de 10 de noviembre de 2003
Al recurrente se le notificó en el mismo día —23 de junio de 2000— tanto la Sentencia de instancia como el recurso de apelación de la contraparte, concediéndosele un plazo de cinco días para interponer recurso de apelación y de diez días para impugnar o adherirse al recurso planteado por la otra parte.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 22 de febrero de 2002, interesó que se otorgara el amparo. Considera, en primer lugar, que no se ha producido la vulneración aducida por la falta de designación de Abogado en la instancia, ya que fue debida a la falta de diligencia del recurrente, que sólo alegó la indefensión en el momento de las conclusiones. En segundo lugar, argumenta que la falta de designación de Abogado en la apelación —pese a la solicitud expresa formulada por el recurrente— sí implica la vulneración del derecho fundamental a la asistencia letrada. Dice, al efecto, que el escrito de apelación presentado carece de la calidad y precisión propia de los escritos redactados por Abogados y, entre otras circunstancias, no alega vulneración de derechos fundamentales en la vista, no es congruente con la petición de absolución propia y de condena de contrario que formuló en la vista y, especialmente, nada dice en relación con el recurso de apelación presentado por el Abogado contrario y del que sería lógico que se defendiera, defensa para la que solicitó el nombramiento de Abogado de oficio. En tercer lugar, señala que "la alegación de lesión del art. 14 CE no se encuentra desarrollada en la demanda de amparo" y que "no se cita norma jurídica de la que se desprenda la existencia de una desigualdad ante la Ley, ni se citan sentencias de contraste que avalen una desigualdad en la aplicación de la ley, por lo que debe estimarse como una alegación retórica para afianzar su alegación principal". En virtud de todo lo expuesto interesa se declare la nulidad de la Sentencia dictada en apelación con retroacción de las actuaciones al momento en que se solicitó el nombramiento de Abogado de oficio en esa segunda instancia.
De ese modo el derecho constitucional a la asistencia letrada —en los casos en que la intervención de Abogado no sea legalmente preceptiva, especialmente si afecta a procedimientos penales— exige que, cuando se opte por la defensa técnica de un Abogado de oficio por carencia de medios económicos y se ponga de manifiesto esa circunstancia con las debidas formalidades legales ante el órgano judicial, éste se pronuncie expresamente sobre su pertinencia, ponderando si los intereses de la justicia así lo exigen. Para ello debe atender el órgano judicial a las concretas circunstancias del caso, con especial atención a la mayor o menor complejidad del debate procesal, a la cultura y conocimientos jurídicos del solicitante [STC 233/1998, de 1 de diciembre, FJ 3 b)] y a si la contraparte cuenta con una asistencia técnica de la que pueda deducirse una situación de desigualdad procesal (STC 22/2001, de 29 de enero, FJ 4). Y todo ello porque, como ha sido reiterado, los órganos judiciales tienen la función de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, lo que les impone el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan causar a alguna de ellas resultado de indefensión (STC 38/2003, de 27 de febrero, FJ 5, que cita, a su vez, las SSTC 47/1987, de 22 de abril, FJ 2, y 233/1998, de 1 de diciembre, FJ 3).
La exigencia de que el interesado solicite formalmente ante el órgano judicial la designación de Letrado de oficio (SSTC 22/2001, de 29 de enero, FJ 2, y 145/2002, de 15 de julio, FJ 3) se deriva de que lógicamente —si el contenido de este derecho se concreta en la posibilidad de optar por la autodefensa o por la asistencia técnica— sólo a través de la emisión expresa de su voluntad de ser asistido de Letrado podrá el órgano judicial proceder a su designación. Esta solicitud, además, debe realizarse por el interesado lo más tempranamente que pueda con el fin de evitar en la medida de lo posible la suspensión de actos judiciales, que implicaría la afectación a otros intereses constitucionalmente relevantes, principalmente el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas del resto de partes procesales (SSTC 47/1987, de 22 de abril, FJ 3; 216/1988, de 14 de noviembre, FJ 3); todo ello sin olvidar, tanto la incidencia negativa que pueda tener en el deber de colaboración con la Administración de Justicia de otros participantes en dichos actos, como testigos y peritos, por las molestias innecesariamente causadas con sus desplazamientos a los Juzgados para actos que sean finalmente suspendidos, cuanto criterios de eficiencia en el gasto público y en la organización judicial, por la inversión de medios económicos y personales de la Administración de Justicia en la celebración de actos procesales fallidos.
Así pues, a pesar de que el recurrente en su recurso de apelación y en la demanda de amparo alegó que había solicitado insistentemente la designación de Letrado de oficio, lo cierto es que en las actuaciones no aparece acreditada dicha solicitud, sino únicamente una alegación —formulada al final del acto del juicio— referida a la indefensión que, en su caso, le habría generado la ausencia de intervención de letrado de oficio. Es evidente que tal alegación —formulada en la forma y momento procesal expresados— no implica una solicitud en legal forma y tiempo oportuno de la designación de Letrado.
COMENTARIO DE LA SENTENCIA STC 199/2003, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2003
La sentencia que nos ocupa versa sobre un ciudadano que, siendo condenado en un juicio de falta, que mas tarde se volvería firme tras el recurso pertinente, solicita amparo al Tribunal Constitucional, alegando indefensión ya que al no disponer de medios económicos para costearse la asistencia de un letrado, solicito a los órganos jurisdiccionales que conocieron su caso en primera y segunda instancia la designación de Abogado y Procurador, sin que fuera atendida su petición.
El TC fallo a su favor porque entendió que el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado del Art.24.2 de la Constitución es exigible en toda clase de proceso. Ya que, no exigiendo el juicio de faltas con carácter preceptivo la asistencia letrada, siendo solo meramente potestativa, se reconoce que cuando dicha asistencia es solicitada positivamente y se niegue sin justa causa, se incurrirá en una clara vulneración de la garantía constitucional. Se fundamenta en que el litigante que no disponga de medios, tenga derecho a que se le designe un Abogado de oficio, si así lo considera conveniente para la mejor defensa de sus derechos, ya que de lo contrario, se puede causar una indefensión tangible, agravada aun mas cuando la parte contraria comparezca con asistencia letrada como ocurre en este caso.
Viendo que si de la falta de designación de Abogado puede producir un resultado tan contraproducente para los intereses del litigante sin recursos, se ha de llegar a la conclusión de que se debe intentar proporcionar en todo caso dicha asistencia letrada pues el derecho a la defensa debe estar presente en todo el proceso tal como se deduce del texto constitucional.
Enviado por: Odio
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in dubio
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