Source: http://puntodeencuentro.pe/columna.html?id=4754
Timestamp: 2020-03-28 15:27:12+00:00

Document:
Moisés Ilave 20 Enero, 2020
El 30 de diciembre de 2019 fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 413-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba disposiciones para determinar la compensación económica para los alcaldes distritales y provinciales en el marco de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el cual dispone un incremento en los montos de la compensación económica para los alcaldes distritales y provinciales.
De esta manera, los Alcaldes Distritales y Provinciales tendrán mensualmente un incremento en sus ingresos económicos como autoridades elegidas por decisión democrática, incremento que considero bastante merecido e inclusive, hasta el momento, insuficiente, pues la responsabilidad de dirigir una entidad municipal es mucho mayor a la compensación económica percibida.
Sin embargo, por otro lado, tenemos también al artículo 3° del referido Decreto, el cual textualmente prohíbe de percepción de otros ingresos de cualquier naturaleza por cualquier concepto o fuente de financiamiento, en especie o dinero, a favor de los alcaldes distritales y provinciales, en forma adicional o en reemplazo del monto fijado, bajo responsabilidad.
Si bien es cierto que esta prohibición se podía desprender del artículo 21° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, debido a que el referido artículo señala que el alcalde provincial o distrital, según sea el caso, desempeña su cargo a tiempo completo, y es rentado mediante una remuneración mensual fijada por acuerdo del concejo municipal dentro del primer trimestre del primer año de gestión, nunca quedó muy claro respecto a otros ingresos que el alcalde podía percibir.
Por lo tanto, el referido artículo estuvo sujeto a interpretación en cuanto a otros ingresos que podría percibir el alcalde durante el tiempo en que ostentaba el cargo, debido a que, siendo su función a “tiempo completo”, no cabía la posibilidad de que pueda generar otra fuente de ingresos; sin embargo, esta interpretación ha quedado sellada con el artículo 3° del Decreto Supremo publicado.
Pero lo más resaltante e intrigante, a mi parecer, más allá del beneficio a favor de los alcaldes (muy merecido, por cierto), es la Primera Disposición Complementaria Final, en cuanto a la prohibición de reajuste del monto de dietas para los regidores. Esta disposición precisa que el Decreto Supremo no autoriza a los concejos municipales a reajustar el monto correspondiente a las dietas para los regidores.
Ahora, ¿cómo se determina o calcula la dieta mensual que percibe un regidor? Si bien es cierto que la Ley Orgánica de Municipalidades no dispone o precisa cuánto es el monto de las dietas que percibe un regidor, quien dispone tal cálculo es la Ley N° 28212, Ley que Desarrolla el Artículo 39° de la Constitución Política en lo que se refiere a la Jerarquía y Remuneraciones de los Altos Funcionarios y Autoridades del Estado.
La referida Ley, al momento de su publicación, en su artículo 5° señalaba que los regidores municipales reciben dietas, según el monto que fijen los respectivos Concejos Municipales, pero, en ningún caso dichas dietas pueden superar en total el treinta por ciento (30%) de la Remuneración mensual de alcalde correspondiente.
Posteriormente, el Decreto de Urgencia Nº 038-2006, si bien es cierto que modifica el artículo 5° precitado, de la Ley N° 28212, mantiene tal cual lo referente a la dieta que perciben los regidores, es decir, que dicha dieta no supere el 30% de la remuneración de Alcalde.
Por lo tanto, la Primera Disposición Complementaria Final, en cuanto a la prohibición de reajuste del monto de dietas para los regidores, merece el presente análisis puesto que, es de suyo coherente de que, si los regidores, por ley, deben de percibir el 30% de la remuneración del alcalde, ¿no sería coherente que, al elevarse dicha remuneración, también tenga que elevarse en esa proporción las dietas de los regidores?
Considero que sí. Resulta coherente que, a mayor remuneración del alcalde, en virtud al 30% establecido por la Ley N° 28212, debería haber mayor dieta para los regidores. Pero otra cuestión resaltante es el dispositivo normativo con que se regula tal prohibición. Si una LEY dispone que la dieta de los regidores sea el 30% de la remuneración de alcalde, ¿cómo es que un Decreto Supremo dispone congelar dicho precepto dispuesto por ley?
Quizás aquel conflicto normativo sea materia de otro análisis, pero lo cierto es que aquella prohibición no solamente generará controversia entre los que realicen el análisis al Decreto Supremo N° 413-2019-EF, sino que desde ya estará generando descontento entre los regidores cuando, en Sesión Ordinaria, tengan que aprobar, por Acuerdo de Concejo, solamente el aumento de compensación económica del titular del pliego.

References: artículo 3
 artículo 21
 artículo 3
 Artículo 39
 artículo 5
 artículo 5