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Timestamp: 2019-10-18 21:15:07+00:00

Document:
SAN, 4 de Octubre de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 25523088
Número de Recurso: 543/2004
Sanción vertidos contaminantes por parte de Ayuntamiento. Anulación de las resoluciones administrativas recurridas al no darse trámite de audiencia al interesado tras la propuesta de resolución.
MARIA LUZ LOURDES SANZ CALVO MARIA NIEVES BUISAN GARCIA JOSE ARTURO FERNANDEZ GARCIA JOSE GUERRERO ZAPLANA CARLOS LESMES SERRANO
Madrid, a cuatro de octubre de dos mil seis.
contencioso-administrativo número 543/04 interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña
Rosina Montes Agustí, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE ALMONTE (HUELVA)
contra la resolución de la Ministra de Medio Ambiente, de 30 de marzo de 2004, que acuerda
imponer a dicha entidad local una multa de 77.413,62 euros, más una indemnización de 11.612,16
euros, por los daños causados al Dominio Público Hidráulico y contra la desestimación presunta
del requerimiento previo efectuado por tal Ayuntamiento. Es parte la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado.
Admitido el presente recurso y previos los oportunos trámites se confirió traslado a la parte actora para que formalizase la demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito presentado en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportunos, termina solicitando, en esencia, que se dicte sentencia estimando la demanda y anulando los actos recurridos, declarando el derecho del recurrente a no ser sancionado; subsidiariamente, solicita, se considera la infracción como leve con la imposición de la multa mínima y una condena por daños de 27,04 euros.
Seguidamente, se fijó la cuantía del procedimiento en 89.025,78 euros. Recibido el pleito a prueba se practicaron aquellas que admitidas su resultado obra en las actuaciones.
Sustanciado el trámite de conclusiones por escrito por ambas partes, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento, fijándose finalmente al efecto el día 3 de octubre de 2006, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.
El presente recurso contencioso administrativo tiene como objeto la resolución de la Ministra de Medio Ambiente, de 30 de marzo de 2004, que acuerda imponer a dicha entidad local una multa de 77.413,62 euros, más una indemnización de 11.612,16 euros, por los daños causados al Dominio Público Hidráulico, así como la desestimación presunta del requerimiento previo efectuado por tal Ayuntamiento.
La mencionada resolución administrativa objeto de este recurso se sustenta, en esencia, en los siguientes hechos que se le imputan al Ayuntamiento actor:
Realizar vertidos contaminantes procedentes de la localidad de Almonte, al cauce del arroyo Santa María produciendo degradación al dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas, sin autorización de este organismo de cuenca e incumpliendo el condicionado de la autorización provisional de vertido, en el T.M. de Almonte( Huelva).... Resultan de denuncias de GUARDERIA FLUVIAL de fechas 21/02/02 y 06/03/02/ ( se adjunta fotocopias de las denuncias y del informe del Área de Calidad de las Aguas de fecha 02/04/02).
Los citados hechos son tipificados por la resolución sancionadora recurrida como una infracción administrativa grave del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por el RDL /2001,de 20 de julio( en adelante R.D.L. 1/2001), prevista en sus artículos 116 a ), f) y g), en relación con el artículo 317 del Reglamento del Dominio del Patrimonio Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, modificado por el RD 419/1993, de 26 de marzo, dado que el daño al patrimonio hidráulico ha sido valorado en 11.612,16 euros. Finalmente, se le impone al Ayuntamiento hoy actor, en calidad de autor de dicha infracción, una multa de 77.413,62 euros, a tenor de lo previsto en el en el artículo 117 del mencionado RDL/01 y los artículos 321 y 323 del referido Reglamento del Dominio del Patrimonio Hidráulico, estableciendo la obligación de esa corporación local de abonar una indemnización por daños al Dominio Público Hidráulico por la cantidad, de 11.612,16 euros, a tenor de lo dispuesto en el artículo 118.1 del RDL 1/2001.
La entidad recurrente articula en su recurso, en esencia, ocho motivos de impugnación. En primer lugar, alega que en las actas de los días en que se le imputan los referidos vertidos no estuvo presente en ningún caso el referido Ayuntamiento sancionado, sino el representante legal de la empresa Prosein SA ( concesionaria de la gestión de la EDAR desde donde se producen los vertidos). A tenor del art. 329.1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la copia de la denuncia se entregará al denunciado, y en este supuesto se hace a una empresa que se hace cargo, además, de la botella de la que precedería hacer el análisis. Sin embargo, dicho Ayuntamiento nada conoce al respecto, concretamente esa tercera muestra que quedará en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana(CHG) para que en un mes pudiera solicitar pruebas periciales correspondientes. En consecuencia, siendo el sancionado el Ayuntamiento actor, que a éste no se le ha entregado las copias de las actas ni se le ha dado la posibilidad de efectuar los correspondientes contraanálisis, no existiendo constancia de su conocimiento y disposición por parte de quien ha sido sancionado, obviamente todo ello le ha causado a dicha parte una vulneración del derecho a la defensa que ha de llevar a anular la sanción expuesta; además, tampoco consta en el procedimiento la hoja de muestras donde se ceden dichas muestras al laboratorio, por lo que manifiesta que estos análisis no corresponden a las tomas de muestras por las que...
STSJ Aragón , 24 de Julio de 2000
STS 563/2009, 16 de Julio de 2009
STSJ Aragón , 19 de Abril de 2004

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 317
 artículo 117
 artículo 118