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Timestamp: 2019-05-25 01:05:44+00:00

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C-799 de 2005
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020040335CC-SENTENCIAC799200502/08/2005CC-SENTENCIA_C_799__2005_02/08/2005200403352005SENTENCIA C-799/05 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES JUDICIALES Y DERECHO A LA IGUALDAD -Protección de personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta Es ajustado a la Constitución que los servidores judiciales realicen actividades tendientes a proteger especialmente a aquellas personas que se encuentren en las circunstancias ya expresadas tal como se advierte en varios artículos de la misma ley 906 de 2004, que desarrollan dicha protección especial. Así las cosas, no resta a esta Corte que declarar ajustada al Art. 13 de la Constitución Política la expresión "y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta." contenida en el artículo 4° de la ley 906 de 2004. DERECHO DE DEFENSA -Importancia DERECHO DE DEFENSA- Para su ejercicio no tiene límite temporal Evidencia esta Corte que ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa. Como se ha dicho , el derecho de defensa es general y universal , y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal. Por consiguiente, el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso. DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PREVIA- Alcance La correcta interpretación Constitucional del derecho de defensa implica que este no tiene un límite temporal. Si no existiera desde el inicio de la investigación esta proporcionalidad basada en el derecho de defensa, fácilmente la persona puede pasar de investigada, a imputada , a acusada y a condenada; sin haber actuado en equilibrio de fuerzas con quien lo investiga. Razón por la cual, existiría una clara violación al derecho de igualdad y al derecho de defensa. No es de relevancia para el ordenamiento Constitucional el nombre que jurídicamente se le otorgue a una persona al interior de una investigación o de un proceso penal. Lo trascendente acá , es que a dicha persona no se le apliquen excepciones temporales al ejercicio de su derecho de defensa, pues ella en cualquier etapa pre o procesal puede hacer uso del ejercicio constitucional ha defenderse. En conclusión, no permitir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia una investigación en su contra , tenga ésta el carácter de pre- procesal o procesal, es potenciar los poderes investigativos del Estado sin razón Constitucional alguna en desmedro del derecho de defensa de la persona investigada . DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PENAL -Ejercicio desde antes de la imputación/ DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PENAL -Aplicación de interpretación sistemática La interpretación incluyente, es decir, aquella que permite entender que la adquisición de la condición de imputado es una de las diferentes condiciones en la cuales se puede encontrar una persona en un proceso penal , pero en momento alguno excluye aquellas anteriores a la condición de imputado lo que implicaría que el derecho de defensa se pueda ejercer antes de adquirirse la referida condición; es una interpretación ajustada a la Carta Política y por ende es Constitucional. En este orden de ideas, la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación. Así lo establece el propio Código por ejemplo desde la captura o inclusive antes, cuando el investigado tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos . Por ello, la limitación establecida en el artículo 8° de la ley 906 de 2004 , si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer desde el momento en que se adquiere la condición de imputado , sería violatorio del derecho de defensa. DERECHOS CONSTITUCIONALES -Textura abierta PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION- Extensión hasta el cuarto grado civil en norma penal/ PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION- Norma penal que lo consagra es más garantista El artículo 33 Constitucional establece una garantía consistente en que nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad , segundo de afinidad o primero civil . No obstante, el literal b ) del artículo 8° de la mencionada ley, ha establecido esta protección en cabeza de otras personas diferentes a las mencionadas en el artículo constitucional, a saber: los compañeros permanentes y parientes en cuarto grado civil. El demandante acusa de inconstitucional la norma, por cuanto específicamente en lo relacionado con el parentesco civil, se extiende hasta el cuarto grado no obstante que el artículo Constitucional lo circunscribe al primero. Sin embargo, para esta Corporación dicha extensión es mucho más garantista. En otras palabras, la posibilidad de que una persona no esté obligada a declarar contra parientes en el cuarto grado civil es una amplificación de la garantía constitucional, que en manera alguna vulnera la Constitución sino que por el Contrario es un perfecto desarrollo de ella. Además , dicha ampliación permite situar en condiciones de igualdad a los hijos no solo matrimoniales y naturales sino igualmente a los hijos adoptivos como lo estableció la Sentencia C- 1287 de 2001. PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE NON BIS IN IDEM -Relación y características PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL -Se ve limitado por la justicia como valor estatal/ ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL- Procedencia cuando fallo ha sido determinado por un delito o fundamentado en prueba falsa La acción de revisión es un mecanismo procedimental que limita el principio de nom bis in idem. Y lo limita por cuanto permite que una persona que ya ha sido sentenciada pueda volver a serlo debido a hechos nuevos o pruebas nuevas y esto es lo que hace que el proceso no sea efectivamente igual al anterior. Debe afirmarse que dicha acción procede cuando el fallo haya sido determinado por el delito de un juez o un tercero ó por prueba falsa que sirva de base para las conclusiones del mismo. Es claro para esta Corporación que en aquel fallo penal donde se haya emitido una sentencia sea absolutoria o condenatoria , y este se ha determinado en un delito del un juez o de un tercero ó ha sido sustentado en una prueba falsa; se está violentando no solo un valor fundamental de la Constitución como es la justicia sino igualmente no se cumple con uno de los fines primordiales del Estado como lo es el alcance de un orden justo. Lo dicho, por cuanto el fallo no sería correspondiente con una justicia material sino que estaríamos en presencia de un fallo formal ( fruto de un delito o una prueba falta ) ajeno a lo que busca el ordenamiento Constitucional. Por ende, el principio de nom bis in idem , se ve limitado por unos intereses de mayor jerarquía como lo son la justicia como valor Estatal y el orden justo como objetivo primordial del Estado. No obstante, es la ley la que taxativamente determina dichas limitaciones siempre y cuando estén ajustadas a la Constitución, como es el presente caso. Referencia: expediente D-5464
JAIME ARAUJO RENTERIAD5464CONSTITUCIONALIDADEDGAR SAAVEDRA ROJASDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 inciso 3°, 4 inciso 1° en relación con el cargo por supuesta violación del derecho de igualdad , 8 inciso 1° y literal ( b ), 20 inciso 2° y 192 numerales 5 y 6 , de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".Identificadores20020040336true60381Versión original20040336Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 inciso 3°, 4 inciso 1° en relación con el cargo por supuesta violación del derecho de igualdad , 8 inciso 1° y literal ( b ), 20 inciso 2° y 192 numerales 5 y 6 , de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Es ajustado a la Constitución que los servidores judiciales realicen actividades tendientes a proteger especialmente a aquellas personas que se encuentren en las circunstancias ya expresadas tal como se advierte en varios artículos de la misma ley 906 de 2004, que desarrollan dicha protección especial. Así las cosas, no resta a esta Corte que declarar ajustada al Art. 13 de la Constitución Política la expresión "y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta." contenida en el artículo 4° de la ley 906 de 2004.
PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-Extensión hasta el cuarto grado civil en norma penal/PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-Norma penal que lo consagra es más garantista
DEMANDA de inconstitucionalidad contra los artículos 2 inciso 3°, 4 inciso 1° en relación con el cargo por supuesta violación del derecho de igualdad , 8 inciso 1° y literal ( b ), 20 inciso 2° y 192 numerales 5 y 6 , de la Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
El 16 de diciembre del año mencionado, el expediente fue recibido en el Despacho del Magistrado Sustanciador , incluyendo el oficio No DP- 1592 recibido en esta Corporación el 15 de diciembre de 2004 , suscrito por EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN y CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, Procurador y Viceprocurador General de la Nación respectivamente, quienes solicitan a esta Corte disponer que el Procurador General , en virtud de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7° del Decreto - Ley 262 de 2000 , designe al funcionario que debe rendir el concepto en el proceso de la referencia pues los suscritos se encuentran impedidos.
1. ARTÍCULO 2o. LIBERTADToda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación,existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
Afirma el demandante que "Esta facultad de la Fiscalía solo puede autorizarse de manera excepcional tal como lo indica la Carta Política, al determinarse en el artículo 250 lo siguiente:
De conformidad con la doctrina contemporánea, con la jurisprudencia y la legislaciones universales, la privación o restricción de la libertad solo tendrá justificación: "………CUANDO RESULTE NECESARIA PARA GARANTIZAR SU COMPARECENCIA O LA PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA O LA PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD, EN ESPECIAL, DE LAS VÍCTIMAS.".-
"Dr. Jaime Granados: Definitivamente este es un tema crucial, pero como se está hablando de la captura y la Corte Constitucional admitió la detención administrativa, ¿Por qué no va a ser posible la captura por la Fiscalía General de la Nación …" (Acta No.3 Reunión Comisión Preparatoria - febrero 12 de 2.002 Despacho del Fiscal General)
"Lo anterior no quiere decir que la Fiscalía no pueda actuar como cualquier ciudadano en los casos de la captura en flagrancia, lo mismo que se mantendrán las atribuciones de la captura administrativa, en los eventos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente a partir de la Sentencia C-024 de 1.994"
"Sin embargo, se reserva la posibilidad de capturar administrativamente en los términos en que la ley fije"
De conformidad con su intervención, la regla rectora desarrolla el máximo estatuto que "otorga la facultad de privar de la libertad sin orden judicial previa, por causas excepcionales, fundada en motivos serios y no caprichosos ante situaciones que no dan espera a recibir la autorización judicial que impida la labor constitucional y legal de luchar contra la criminalidad" (folio 551).
a. El artículo 114, numeral 7, en donde se reconoce que es una atribución de la Fiscalía "ordenar capturas, de manera excepcional y en los casos previstos en este código, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes".
b. El artículo 119 ídem el cual precisa que "Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado,sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva" (folio 614).
Con fundamento en las normas enunciadas, la Procuraduría advierte que "el legislador sí estableció las reglas que desarrollan la disposición constitucional supuestamente vulnerada, y lo hizo atendiendo justamente a los condicionamientos que, como consecuencia de un análisis parcial y unidimensional, se adujeron por el demandante como omitidos" (folio 615).
La Corte Constata que mediante Sentencia C- 730 de 2005[1] se declaró la inexequibilidad de las expresiones "En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, " contenidas en el inciso final del artículo 2° de la ley 906 de 2004.
Se señala de parte del demandante que "Se demanda el artículo 4º de la ley 906, porque por un erróneo entendimiento del contenido del artículo 13 constitucional en lugar de consagrar la igualdad procesal, se termina es por institucionalizar la desigualdad, de la misma manera que se distorsiona las funciones competenciales de las ramas del poder público.
En relación con los indigentes, en el momento de hacer la tasación de la pena, se les podría conceder en su favor la rebaja de pena prevista en el artículo 56 del Código penal, cuando la realización de la conducta punible haya sido consecuencia de: "….. la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad,…..".-
Son éstas las razones que nos llevan a demandar la inconstitucionalidad del aparte demandado."
El apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia reseñó algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el principio de igualdad el cual "tiene carácter objetivo y no formal, se predica de la identidad de los iguales, y de la diferencia entre los desiguales y permite dar un tratamiento diferente a distintas personas cuando aquellas se encuentran en diversas situaciones de hecho" (folio 568).
El Ministerio Público estima que la interpretación del actor sobre el carácter social de las medidas de protección especial prescritas en el inciso demandado es errada toda vez que el deber de protección sobre este principio incluye también la administración de justicia. En este orden de ideas, la Procuraduría considera que "El inciso final del artículo 13 constitucional vincula a todos quienes conforman la organización estatal (…) este precepto de conformidad con el artículo 2° constitucional implica tanto la prohibición de trato discriminatorio a este grupo poblacional, como la realización de acciones positivas de modo que los factores que determinen su situación de debilidad sean menguados y así se establezcan verdaderas condiciones de igualdad sustancial con quienes afortunadamente no están afectados por las mismas circunstancias" (folio 616).
En segundo lugar, la representante del Ministerio Público menciona que la igualdad material, que supone tratamiento diverso a situaciones distintas e igual trato entre pares, permite establecer un trato diferente como el que menciona la norma atacada. Dentro de este contexto, precisó que la disposición demandada le impone al operador judicial el deber de adelantar acciones positivas a favor de quienes se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta es decir, conferir un "trato diferente más no discriminatorio a esta clase de intervinientes en la actuación penal" (folio 616).
Finalmente, afirma que el principio rector consagrado en esta normatividad logra materializarse en la "defensa pública para el imputado que carece de recursos económicos para realizar su defensa, así como la asistencia jurídica gratuita a las víctimas que se encuentran en similares circunstancias, o la sustitución de la detención preventiva para quienes por su condición física se encuentran en imposibilidad de soportar la privación de la libertad" (folio 617).
- Defensa pública para aquel procesado que carezca de recursos para realizar su defensa.
- Asistencia jurídica gratuita a las víctimas que igualmente carezcan de recursos.
- Sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, cuando el procesado sea mayor de 65 años, cuando a la procesada le falten dos meses o menos para el parto, cuando el procesado estuviere en estado grave de enfermedad, cuando el procesado sea madre o padre cabeza de familia.
En conclusión , estos ejemplos denotan la importancia de hacer valedera a la luz de la Constitución la desigualdad señalada en la ley en aras de proteger especialmente a estas personas que se encuentran en situaciones especiales que ponen de manifiesta su debilidad. Así las cosas, no resta a esta Corte que declarar ajustada al Art. 13 de la Constitución Política la expresión "y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta." contenida en el artículo 4° de la ley 906 de 2004, por los cargos analizados.
Indica el demandante, en relación con el inciso primero, que "El texto constitucional en su artículo 29 estableció el derecho a la defensa material y técnica sin limitaciones temporales de ninguna naturaleza y por si fuera poco, esa Corporación en decisión de 22 de abril de 1993, siendo ponente el H. M. Fabio Morón Díaz entendió que este constitucional derecho debía de ser consagrado durante la investigación previa o preliminar
"El término "sindicado" debe entenderse como que en él también están incluidos "imputados", "procesados" y aún "condenados" , pues en toda la actuación procesal -previa, instrucción, juzgamiento y ejecución de la pena-, como garantía mínima debe prevalecer la asistencia del defensor en desarrollo del debido proceso. Estos términos son además de creación legal, mientras que la Constitución Política se refiere a toda persona durante toda actuación judicial de naturaleza penal."
Como se puede observar el derecho a la defensa solo se adquirirá mucho tiempo después de haber ocurrido los hechos que son motivo de investigación, cuando el ciudadano sea capturado o se realice la audiencia donde se le formule la imputación, pero en ese momento solo se viene a adquirir un remedo de defensa, porque no entendemos como puede la defensa "…preparar de modo eficaz la actuación procesal ", sin que surja el correlativo derecho de defensa.-
El ciudadano se defiende de la imputación formulada, probando sus afirmaciones defensivas y controvirtiendo probatoriamente las imputaciones que le formule el Estado o los otros sujetos procesales. Es tan íntima la unión de las dos garantías que se analizan, que se puede afirmar que la defensa como derecho constitucional se convierte en un principio puramente retórico si no se contara con el derecho de probar y el de controvertir."
Al eliminarse el vocablo " primero " es claro que la garantía de no autoincriminación se está haciendo extensiva a todos los miembros del parentesco civil, con detrimento en un momento determinado de la Administración de Justicia, porque personas que no están amparadas por la garantía constitucional lo vendrían a estar como consecuencia de la ampliación del derecho, por una errónea concepción de la norma.-
En tercer lugar, con base en los numerales 3 y 4 del artículo 250 de la Constitución, manifiesta que la Fiscalía, antes de formular la acusación no practica ni recauda pruebas y que sólo puede considerarse como prueba aquella que se practica en el juicio público y oral. Por esta razón, "no puede pretenderse que antes de esa fase exista controversia probatoria" (folio 552).
En relación con el literal b del artículo 8 que regula el principio de no autoincriminación, el interviniente recuerda la sentencia de la Corte Constitucional C-1287 de 2001 en la cual se "extendió el campo de protección a la garantía de la no autoincriminación al parentesco por adopción en las mismas condiciones previstas para la familia por consaguinidad (cuarto grado)" (folio 552).
1. "El artículo 29 de la Constitución Política, (…) establece que debe garantizarse al sindicado, es decir, a quien ha sido vinculado al proceso mediante formulación de imputación o declaratoria de persona ausente, el ejercicio pleno de su defensa y la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, desde que el fiscal ejerce en nombre del Estado la acción penal y da paso con la formulación de la imputación a la investigación y al juzgamiento". (folios 618 y 619)
2. La garantía sobre el artículo 29 no debe anticiparse en las mismas condiciones e iguales prerrogativas a las diligencias previas toda vez que la labor investigativa que realiza el Fiscal en esta etapa tiene como objetivo individualizar al posible sujeto activo de la conducta punible. "Por tanto, en la medida en que tal individualización no se logre, no existe obligación alguna del Estado, en cabeza del fiscal, de reconocer derechos y permitir la intervención de la defensa en su investigación previa al proceso" (folio 619).
3. "La condición precaria de sospecha tampoco impone que en garantía del derecho a la defensa de aquel que todavía no es parte en el proceso, se le comunique su condición de sospechoso (no procesado ni imputado) dentro de la investigación y le sean reconocidos los derechos consagrados a favor del imputado en el artículo 8 de la Ley 906 de 2004" (folios 619 y 620).
4. "Toda vez que no existe un recaudo probatorio que pueda ser llevado al juicio, resulta inconsecuente garantizar el ejercicio de la defensa frente a la prueba mediante la contradicción, la controversia desde el momento mismo de su práctica, o la solicitud o la presentación de otras pruebas antes de darse inicio al proceso" (folio 620).
5. "El indiciado (…) no está expuesto en todos los eventos a decisiones judiciales que afecten sus derechos, de allí que los artículos 119 inciso 2° y 267 ejusdem establezcan, en coherencia con las disposiciones que regulan las actuaciones que puede adelantar la Fiscalía y las autoridades de Policía judicial bajo la dirección de aquella, que en algunos eventos señalados en la misma ley (por ejemplo en el recaudo de prueba anticipada), el funcionario investigador informará a quien no es imputado del derecho que le asiste a designar un defensor" (folio 621).
6. "Las garantías señaladas en el artículo 8° de la Ley 906 de 2004 tienen aplicación una vez iniciado el proceso penal, pues: i) no hay recaudo probatorio por tanto el no imputado no podrá ser escuchado en declaración, en donde deba garantizarse el derecho del artículo 33 constitucional y pueda renunciar al mismo; ii) como aún no hay proceso ni partes, tampoco existen preacuerdos a los cuales aplicar la garantía señalada en el ordinal d); iii) por la misma razón tampoco puede afirmarse que el indiciado, sin que curse un proceso tenga derecho a un juicio oral, público, contradictorio, imparcial y además la facultad de renunciar a él (ordinales k y l); iv) En cuanto no es escuchado por las autoridades, pues aún no se le han formulado una imputación, naturalmente el indiciado no necesita un traductor o intérprete para que pueda comunicarse con los funcionarios judiciales y hacer peticiones" (folios 621 y 622).
De la misma forma, estima que la norma permite "fortalecer la unidad familiar, salvaguardar y promover la fraternidad, solidaridad y lealtad entre los integrantes del grupo familiar al cual se une el hijo adoptivo, es decir, entre éste y los consanguíneos del adoptante o adoptantes (artículo 279 Código Civil, artículo 100 del Código de Menor)" (Folio 625).
Corresponde a esta Corte establecer ,en primer lugar , si existe violación al derecho de defensa cuando la norma acusada determina que este derecho se podrá ejercer desde el momento en el cual se adquiera la condición de imputado; para en una segunda parte , analizar si el hecho de que la causal b) del artículo 8 de la ley 906 de 2004 , ampare la no incriminación hasta el cuarto grado civil es violatoria del artículo 33 Constitucional.
Por consiguiente, el derecho de defensa es una de las tantas garantías que " constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico " Es decir, el derecho de defensa es de aplicación general y universal. Al respecto a dicho esta Corporación :
" La concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante, pues a la conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce a ella "[2]
13. Dada la regulación legal de la investigación previa en el Código de Procedimiento Penal, se ha demostrado que en la etapa de la investigación previa surgen conflictos en la relación Estado-imputado y Estado-investigado, que por su naturaleza e intensidad y, además por la necesidad de observar un adecuado equilibrio en las indicadas relaciones, no deberían ser objeto de dicha etapa ni materia sobre la cual obren libremente los medios de que dispone el Estado en aquélla. Se impone, por lo tanto, la consagración de un preciso límite cronológico - el más breve posible atendidas las circunstancias - a la investigación previa que sea razonable y proporcionado a su finalidad institucional que ha de circunscribirse a la verificación de los presupuestos objetivos mínimos y necesarios para el ejercicio de la acción penal. "[3]
En este orden de ideas, constata esta Corporación que del enunciado de la norma bajo análisis , es decir " Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal… " se pueden desprender dos diferentes interpretaciones del texto en estudio:
Una primera, según la cual exclusivamente se puede ejercer el derecho de defensa desde el momento en el cual se adquiere la condición de imputado. Es decir, el término " …una vez adquirida …" denotaría una posición y por consiguiente una interpretación excluyente de las restantes condiciones a las cuales se ve sometida una persona antes de la imputación. En consecuencia, y otorgándole una interpretación radical al término "…una vez adquirida …" se podría entender que el derecho de defensa únicamente puede ejercerse desde que se adquiera la condición de imputado y no antes.
Una segunda interpretación, según la cual el término " … una vez adquirida … " expresa la adquisición de una de las diferentes condiciones en la cuales se puede encontrar una persona en un proceso penal , pero en momento alguno excluye a las restantes . En este orden de ideas, esta interpretación sería incluyente, respecto de condiciones anteriores a la imputación, lo que implicaría que el derecho de defensa se pueda ejercer antes de adquirirse la condición de imputado.
Así las cosas, corresponde a esta Corte establecer ¿ Sí circunstancias anteriores a la condición de imputado , requieren del ejercicio del derecho de defensa
¿Que pasa si el objeto - arma de fuego - que se pretende hallar no se encuentra en el inmueble allanado sino en la casa vecina ¿ Que sucede si la existencia de insumos para el procesamiento de estupefacientes era totalmente ajena a la persona allanada . Para poder dar respuesta a estas interrogantes hipotéticos , siempre será necesario el ejercicio del derecho de defensa.
- El derecho a disponer de un término razonable para preparar su defensa.
"Interrogatorio a indiciado. El fiscal o el servidor de policía judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora o partícipe de la conducta que se investiga,sin hacerle imputación alguna,le dará a conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace uso de sus derechos y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un abogado."
ARTICULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil"
En efecto, el tenor literal de la ley no puede enfrentar con éxito las exigencias derivadas de una aplicación del derecho conforme a la Constitución, porque las normas de la Carta son de textura abierta; ellas buscan dar espacio a múltiples concepciones de la vida y la sociedad."[4]
En otras palabras, teniendo las normas que establecen derechos fundamentales una " textura abierta " es posible que la garantía establecida en ella sea ampliada por una ley , lo anterior como resultado de la discrecionalidad con que cuenta el poder legislativo fruto del principio democrático.
Por consiguiente, la expresión " o civil " contenida en el literal b) del artículo 8° de la ley 906 de 2004 será declarada exequible por esta Corte, por el cargo analizado
Respecto del presente artículo, manifestó el demandante que "
En las circunstancias precedentes, de manera comedida se solicita la declaratoria de contrariedad de la norma demandada con la Constitución.-"
El apoderado del Ministerio solicita declarar la constitucionalidad de la norma cuestionada y expresa que al contrario de lo que señala el demandante, la norma demandada permite ampliar el ámbito de aplicación del principio de no reformatio in pejus "haciéndola posible aún para los autos interlocutorios en los que se decida la libertad del procesado" (folio 573), en el mismo sentido, expresó que la norma dentro del nuevo sistema de enjuiciamiento se constituye en una herramienta básica para garantizar los derechos fundamentales que se derivan de la condición de procesado en el proceso penal.
b. El legislador tiene la potestad de regular los principios constitucionales, de acuerdo con parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, el legislador tenía la facultad de "extender la garantía constitucional a situaciones o eventos distintos al expresamente señalado en la norma superior" (folio 628).
c. De otro lado, invoca la sentencia C-055 de 1993 según la cual "el reconocimiento expreso de este derecho frente a las sentencias que imponen una pena no puede entenderse como una limitación o prohibición de reconocer la misma garantía cuando el recurso de apelación se interpone contra otra clase de decisiones judiciales como los autos interlocutorios" (folio 628).
d. La Constitución consagra la garantía de no reformatio in pejus como un derecho del condenado respecto de la pena impuesta para que ésta no sea agravada cuando él es apelante único, más no prohíbe reconocerla respecto de otros impugnantes únicos y frente a otras decisiones judiciales distintas a la sentencia, que es lo que hace el artículo 20 de la Ley 906 de 2004, ahora cuestionado" (folio 629).
Por otra parte, la Corte constata que mediante Sentencia C- 591 de 2005[5] se declaró la exequibilidad de la expresión " El superior no podrá agravar la situación del apelante único " contenida en el inciso final del artículo 20 de la ley 906 de 2004.
5.Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.
a. "La acción de revisión tiene como objetivo central hacer prevalecer la justicia sobre la forma, pues a través de ella se abandona el concepto de inmutabilidad de los fallos, en busca de la prevalencia del derecho sustancial afectado por providencias proferidas de manera irregular o por medios fraudulentos, cuyo medio únicamente es el restablecimiento del derecho a través de un nuevo fallo con todas las garantías jurídicas de imparcialidad para todos los sujetos del proceso" (folio 553).
a. "El principio de non bis ídem opera ya sea que la sentencia en firme sea absolutoria o condenatoria, tal como lo reiteró la Corte Constitucional en la sentencia C-551 de 2001" (folio 630).
b. "El principio de non bis in idem admite excepciones en casos excepcionales atendiendo a intereses jurídicos que el legislador quiere proteger y que en el caso concreto de la acción de revisión se refieren a la necesidad de que las decisiones correspondan a la verdad real y de esta forma realicen la justicia no sólo respecto del procesado, sino también frente a las víctimas y perjudicados con la conducta punible, esto es, a una recta administración de justicia" (folio 630).
c. "La acción de revisión da lugar a la reanudación de un proceso que necesariamente por circunstancias excepcionales como son la existencia de hechos nuevos no conocidos durante el desarrollo del proceso que necesariamente afectan la decisión dictada" (folio 631).
"Para esta Corporación, por el contrario, estas dos nociones se implican mutuamente, son inconcebibles por separado.Non bis in idem, es una expresión latina que significa 'no dos veces sobre lo mismo'; ésta ha sido empleada para impedir que una pretensión, resuelta mediante una decisión judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez. En otras palabras, quiere decir que no debe resolverse dos veces el mismo asunto. En sentido similar ha sido acuñado el término 'cosa juzgada'. (…)"[6]
"La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es razonable, pues se trata de "una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada", y por ello "las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido". Por consiguiente, corresponde al Legislador, en desarrollo de su libertad de configuración, determinar cuáles son las posibles causales que podrían justificar privar de efectos una sentencia que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada.
Es posible entonces establecer limitaciones al derecho al non bis in ídem a fin de desarrollar otros valores y derechos constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia. Ahora bien, los derechos de las víctimas de los hechos punibles y el deber correlativo del Estado de investigar y sancionar los delitos a fin de realizar la justicia y lograr un orden justo son obviamente los valores constitucionales que pueden claramente colisionar con el non bis in ídem, y que pueden entonces autorizar, o incluso, exigir una limitación de esa garantía constitucional del procesado. En efecto, en aquellos casos en que una persona es absuelta por un delito, pero aparecen hechos o pruebas posteriores que sugieren que ella puede ser culpable, se desarrolla una clara tensión normativa entre, de un lado, la garantía del procesado a no ser enjuiciado nuevamente y, de otro lado, los derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar los delitos y sancionar a los responsables a fin de lograr un orden justo. Así, la fuerza normativa del non bis in ídem indica que la persona absuelta no debería volver a ser juzgada, a pesar de esas pruebas y hechos nuevos; sin embargo, el deber del Estado de investigar los delitos y amparar los derechos de las víctimas a fin de lograr un orden justo parece implicar que la persona debe ser enjuiciada nuevamente, sobre todo si se trata de delitos que configuren violaciones a los derechos humanos."
No obstante , el demandante circunscribe la discusión a la posibilidad de dicha acción proceda en caso de sentencia absolutoria. Para esta Corte , se produce entonces una tensión entre "la garantía del procesado a no ser enjuiciado nuevamente y, de otro lado, los derechos de las víctimas y el deber del Estado de investigar los delitos y sancionar a los responsables a fin de lograr un orden justo." Tensión que como se explicó anteriormente , beneficia a la justicia como valor y al orden justo como fin primordial del Estado.
1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C- 730 de 2005, que declaró inexequible la expresión "En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, " contenida en el inciso final del artículo 2° de la ley 906 de 2004.
2. Declarar EXEQUIBLE la expresión "y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta." contenida en el artículo 4° de la ley 906 de 2004, por los cargos analizados
3. Declarar EXEQUIBLE la expresión " una vez adquirida la condición de imputado" contenida en el inciso 1° del artículo 8° de la ley 906 de 2004, por los cargos examinados , sin perjuicio del ejercicio oportuno , dentro de los cauces legales, del derecho de defensa por el presunto implicado o indiciado en la fase de indagación e investigación anterior a la formulación de la imputación
4. Declarar EXEQUIBLE la expresión " o civil " contenida en el literal b) del artículo 8° de la ley 906 de 2004, por los cargos analizados.
5. ESTARSE A LO RESUELTOen la Sentencia C- 591 de 2005 , que declaró exequible la expresión "El superior no podrá agravar la situación del apelante único "contenida en el artículo 20 de la ley 906 de 2004, por el cargo analizado.
Exequible la expresión ... (inciso 1 ) Artículo 8 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible condicionado (por los cargos analizados ) Artículo 8 LEY_906_2004_31/08/2004
Estarse a lo resuelto (inciso final ) Artículo 2 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible la expresión ... (por los cargos analizados ) Artículo 4 LEY_906_2004_31/08/2004
Estarse a lo resuelto ... Artículo 20 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible por el cargo analizado ... (inciso 5,6 ) Artículo 192 LEY_906_2004_31/08/2004
Exequible parcialmente Artículo 8 LEY_906_2004_31/08/2004
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO A LA SENTENCIA C-799/05
3.- Las expresiones normativas - que a continuación de subrayan - declaradas inexequibles en la referida C-730 de 2005, disponían lo siguiente:
4.- De las razones expuestas, en las que la Sala Plena sustentó en aquella oportunidad la inconstitucionalidad de los enunciados normativos demandados, disentí únicamente del argumento (iv). Con éste último, se argumentó que la falta de especificación con la que el legislador regula la facultad de la Fiscalía de capturar sin orden judicial previa - la cual fue dispuesta por el Constituyente derivado como excepcional, luego alejada del carácter general e indeterminado -, no se subsanaba con las regulaciones que el mismo legislador dispuso en otros artículos de la Ley 906 de 2004. Consideré por el contrario, que se debió interpretar sistemáticamente el enunciado normativo demandado, con los demás artículos de la Ley en comento que regulan la facultad excepcional de la Fiscalía de capturar sin orden previa del juez. Estos artículos, que son el 300 y el 313 del nuevo Código de Procedimiento Penal (L.906/05), prestan la concreción y especificidad por ausencia de la cual la Corte declaró la inconstitucionalidad en mención. En este orden - a mi juicio - los mencionados artículos subsanaban el reparo constitucional consistente en que el artículo 2º acusado, deja "abierta la puerta" para que la excepción del artículo 250 de la Carta se convierta en la regla general, haciendo que la regulación del tipo de captura permitida a la Fiscalía sin orden judicial previa, se presente como condicionada a la concurrencia de circunstancias excepcionales. Por ello, no se debió declarar inexequible en la C-730 de 2005 el enunciado normativo del artículo demandado. El fundamento de los anterior se expresó como sigue.
5.- Según la mayoría de la Honorable Sala Plena de la Corte Constitucional y los fundamentos de la sentencia C-730 de 2005, la razón por la cual el inciso tercero del artículo 2º de la Ley 906 de 2004 demandado, no puede ser interpretado para su aplicación junto con los demás artículos de la misma ley que regulan la captura sin orden judicial previa por parte de la Fiscalía, es que las expresiones del inciso acusado"…tienen una autonomía normativa que permite que las mismas puedan ser aplicadas sin necesidad de acudira otras normas de la Ley 906 de 2004." A su vez, la justificación en el que en dicha sentencia se sustentó la mencionada autonomía normativa es que - aunque del todo claro - la norma demandada hace parte del Título Preliminar sobre "Principios Rectores y Garantías Procesales". El argumento fue presentado por la Sala en aquella oportunidad de la siguiente manera:
7.- Acerca de lo primero, me parece claro que si los principios son guías y orientan sobre la regulación de ciertos temas, difícilmente pueden ser interpretados como independientes en sus contenidos normativos. El sentido de guiar y orientar presupone un elemento adicional al cual se guía y orienta. Por ello la regulación de la posibilidad de la captura por parte de la Fiscalía sin orden previa del juez, contemplada como un principio rector y una garantía general procesal dentro del procedimiento penal colombiano, es un mandato general que inspira a otras disposiciones en la conformación del marco normativo de este tipo de captura. Ante la existencia de un principio rector y garantía procesal referente a la libertad personal (art. 2º L.906/04), es inaceptable no remitirse al "Régimen de la libertad y su restricción", para entender la regulación completa sobre esta materia. Una tal desconexión, no atiende al carácter sistemático de las disposiciones que norman todo un ámbito del derecho - en este caso el procedimiento penal y concretamente el derecho a la libertad personal y su restricción -.
Si no se dan las anteriores condiciones, los Fiscales no están autorizados para realizar capturas sin orden previa del juez. Así, el amplísimo margen de interpretación del que se habla en la sentencia C-730 de 2005 - de la que me aparté -, el cual da al traste con el carácter excepcional de este tipo de captura, queda reducido a la verificación de: al menos una de las cuatro situaciones fácticas descritas en el párrafo anterior como a), b), c) y d), a los tres tipos de delitos a los que se refiere el artículo 313 de la Ley 906 de 2005 y a la ocurrencia de la situación excepcional de ausencia de oportunidad para solicitar la orden al juez antes de realizar la captura. En esta medida, consideré que el tipo de captura bajo estudio no estaba insuficientemente regulada para ser ejercida en situaciones realmente excepcionales.
9.- De otro lado, el anterior argumento de la mayoría de la Sala, trae como consecuencia la sospecha de inconstitucionalidad de todas aquellas disposiciones legales que reproduzcan principios constitucionales. Esto es, todos aquellos artículos de la parte preliminar de las leyes, en cuyo texto el legislador haya incluido normas generales extraídas de los principios y valores contenidos en la Constitución. Su generalidad y amplitud, individualmente consideradas, permitirían - según la mencionada tesis - que se dieran interpretaciones contrarias a la Constitución.
10.- También se expresó que lo expuesto en el acápite anterior, resultaba cierto no sólo a partir de las nociones teóricas de principios generales e interpretación sistemática de las normas. Desde el punto de vista de la aplicación del artículo 2º en comento, es también inaceptable la afirmación según la cual lo estipulado en el artículo declarado inexequible podría "servir de base" a la Fiscalía General de la Nación para que ordenara capturas en desatención de los artículos del Capítulo I del Título IV del Código de Procedimiento Penal, el cual fue titulado por el legislador, precisamente como "Régimen de la libertad y su restricción".
11.- Afirmar que los Fiscales fundamentarán la realización de capturas sin orden judicial previa sólo en lo contenido en el artículo 2º de la Ley 906 de 2004, como se hizo en la C-730 de 2005, es descontextualizar completamente tanto la labor jurídica del Fiscal, como la labor de control del cumplimiento de las garantías constitucionales del juez de control de garantías. No se puede hacer caso omiso al hecho que los Fiscales están constreñidos en su actuación dentro del proceso penal, al nuevo Código de Procedimiento Penal en su integridad, y no sólo a la parte preliminar. De este modo no se puede desconocer tampoco, que el Fiscal - según el nuevo Código procesal penal - en la tarea de demostrar eventos claros y objetivos, v.gr, el riesgo de evasión del capturado - está atado al debate jurídico que supone el control posterior obligatorio por parte del juez de garantías.
[2] Sentencia C-131 de 2002 Corte Constitucional.
[3] Sentencia C- 412 de 1993 Corte Constitucional. Esta Sentencia ha sido reiterada en varias oportunidades por la Corte Constitucional , entre otras en la Sentencia C- 1711 de 2000.
[4] Sentencia T-116 de 2004 Corte Constitucional
[6] Sentencia T- 162 de 1998 Corte Constitucional

References: artículo 4
 artículo 8
 artículo 33
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 7
 ARTÍCULO 2
 artículo 250
 artículo 114
 artículo 119
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 56
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 250
 artículo 8
 artículo 29
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 artículo 8
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 artículo 100
 artículo 8
 artículo 33
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 artículo 20
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 artículo 2
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 20
 Artículo 8
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 Artículo 20
 Artículo 192
 Artículo 8
 artículo 2
 artículo 250
 artículo 2
 artículo 313
 artículo 2
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