Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-III/2012/as201211032L.htm
Timestamp: 2019-03-20 01:05:58+00:00

Document:
201203-Sala Penal Liquidadora-1-032
Auto Supremo: 32/2012
Expediente: 75/08
Partes: Ministerio Público c/ Carlos Nicéforo Bautista Crespo
VISTOS: El Recurso de Casación cursante de fs. 447 a 450 interpuesto por el procesado Carlos Nicéforo Bautista Crespo, impugnando el Auto de Vista de fs. 436 a 438 de fecha 11 de marzo de 2008, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal; los antecedentes de la causa, y;
CONSIDERANDO I: Que, mediante la Sentencia de grado cursante de fs. 401 a 405 de fecha 08 de mayo de 2007, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Nº 3 del Distrito Judicial de Cochabamba, el procesado Carlos Nicéforo Bautista Crespo fue absuelto de pena y culpa de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal, en razón de que el Ministerio Público no habría probado la Acusación conforme lo previsto por el art. 363 num. 1) del Código de Procedimiento Penal, disponiéndose además la cesación de todas las medidas cautelares personales.
Que, contra la referida Sentencia, la representante del Ministerio Público dedujo el Recurso de Apelación Restringida cursante de fs. 415 a 418, expresando que el Tribunal de juicio habría incurrido en la flagrante violación de derechos constitucionales al excluir de juicio las pruebas documentales de cargo MP 1.1, MP 1.2, MP 1.9, MP 1.11 y MP 1.12 que eran consideradas importantes para demostrar la acusación, de modo que al procederse a su exclusión, el Tribunal de juicio habría vulnerado el art. 169 num. 3) del Código de Procedimiento Penal, atentando contra el Derecho de Acceso a la Justicia y conculcando la Garantía fundamental de Tutela Judicial Efectiva; así también, expresó que se habría vulnerado el art. 370 num. 10) del similar cuerpo procesal, siendo que el Tribunal de juicio obvió en la Sentencia recurrida la fundamentación legal de los motivos de las exclusiones probatorias, solicitando que el Tribunal de Apelación dispusiera la Anulación de la Sentencia y la Reposición del juicio por otro Tribunal.
Que, el Auto de Vista cursante a fs. 436-438 de 11 de marzo de 2008, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en aplicación del art. 413 del Código de Procedimiento Penal, declaró Procedente el Recurso de Apelación Restringida interpuesto por el Ministerio Público, Anulando totalmente la Sentencia de fs. 401-405, disponiendo la Reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, en razón de que en el Acta de juicio oral no se hicieron constar los fundamentos de las solicitudes de exclusión probatoria planteadas por la defensa, tampoco los fundamentos del Ministerio Público en oposición a dichas solicitudes y, fundamentalmente, tampoco se consignaron los fundamentos fácticos, probatorios ni jurídicos del Tribunal de juicio por los que se habría admitido dichas exclusiones; omisiones que a criterio del Tribunal de Apelación constituyen defectos absolutos no susceptibles de convalidación, ya que por disposición del art. 124 del Código de Procedimiento Penal, las Sentencias y Autos interlocutorios deben ser fundamentados, expresando los motivos de hechos y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo suplirse dicha fundamentación por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; razones por las que el Tribunal de Apelación, en previsión de lo dispuesto por el art. 167 del Código de Procedimiento Penal, consideró que no podía utilizar como presupuesto de su decisión el acto procesal de la Resolución del Tribunal de Sentencia, respecto a las exclusiones probatorias, por haberse incumplido con el art. 124 del Código de Procedimiento Penal, no pudiendo convalidar dichas omisiones por constituir defectos procesales absolutos.
CONSIDERANDO II: Que, el procesado Carlos Nicéforo Bautista Crespo interpone el Recurso de Casación cursante de fs. 447 a 450 contra el Auto de Vista a fs. 436-438, alegando en lo fundamental como motivos de su Recurso:
Que el Auto de Vista impugnado, en lugar de Anular la Sentencia, debió solicitar la grabación de audio del registro del juicio a fines de reparar directamente las irregularidades contenidas en el Acta, por lo que existiría contradicción entre el Auto de Vista Impugnado y el precedente contenido en el Auto Supremo Nº 479 de 08 de diciembre de 2005.
Que el Auto de Vista impugnado, no circunscribió su Resolución al objeto de la Apelación ya que el Ministerio Público no habría cuestionado en el Recurso de Apelación Restringida la falta de fundamentación de las Resoluciones de exclusiones probatorias, por lo que también existiría contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contradictorio contenido en el Auto Supremo Nº 411 de 20 de octubre de 2006.
Que, en función de las normas procesales contenidas en los arts. 416, 417 y 418 del Código de Procedimiento Penal, este Tribunal pronunció el Auto Supremo Nº 02/2012 de 12 de marzo de 2012, por el que se dispuso la Admisibilidad del Recurso de Casación interpuesto por el procesado Carlos Nicéforo Bautista Crespo; por lo que en aplicación de lo dispuesto por el art. 419 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a este Tribunal de Casación pronunciar Resolución, determinando la existencia o no de las contradicciones postuladas por el recurrente entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios contenidos en los Autos Supremos Nº 479 de 08 de diciembre de 2005 y 411 de 20 de octubre de 2006.
CONSIDERANDO III: Que, en lo concerniente al primer motivo del Recurso de Casación, el recurrente postula como solución jurídica a la problemática planteada por el mismo, que el Tribunal de Apelación, en lugar de disponer la Nulidad de la Sentencia y disponer la Reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, ante la deficiencia del Acta de juicio oral, debió solicitar la grabación de audio del registro del juicio a fines de reparar directamente las irregularidades contenidas en el Acta, por lo que a criterio del recurrente, la decisión del Tribunal de Apelación sería contradictoria al precedente contenido en Auto Supremo Nº 479 de 08 de diciembre de 2005.
Que, de la revisión del A.S. Nº 479 de 08 de diciembre de 2005, invocado expresamente por el recurrente en calidad de precedente contradictorio, se establecen las siguientes circunstancias de hecho:
Que el Auto Supremo fue pronunciado dentro de un proceso penal tramitado por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas con relación a Consumo y Tenencia de Estupefacientes;
El Tribunal de Sentencia Nº 1 de Cobija declara al imputado absuelto de pena y culpa de los delitos acusados, disponiendo, sin embargo, su internación en el Instituto para fármaco dependientes "San Juan de Dios" de la ciudad de Cochabamba;
A mérito de la Apelación Restringida del Ministerio Público, la Sala Penal y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Pando dispuso la Anulación de la Sentencia Absolutoria y la Reposición de juicio por el Tribunal de Sentencia Nº 2 de Cobija;
Ante el Recurso de Casación interpuesto por el procesado contra el Auto de Vista pronunciado, la Corte Suprema de Justicia estableció que no correspondía Anular la Sentencia y disponer la realización de un nuevo juicio, en consideración a que los datos del proceso acreditaban que el Ministerio Público no demostró la condición de consumidor del imputado y que el Tribunal de Sentencia, basado en simples declaraciones testificales de descargo, dispuso la internación del imputado, incurriendo en un error in judicando, pues resultaba necesaria la participación en juicio de dos especialistas de un Instituto de fármaco dependientes a objeto de establecer la cantidad mínima de su consumo; por lo que, ante la carencia absoluta de prueba plena el Tribunal de Apelación, sin necesidad de un nuevo juicio oral, pudo subsanar dichos defectos, declarando la absolución del procesado por los delitos acusados, incluido el art. 49 de la Ley Nº 1008.
Que, del análisis comparativo efectuado entre las circunstancias de hecho que motivan el Recurso de Casación en el caso de Autos y las circunstancias de hecho expresadas en el precedente invocado por el recurrente, este Tribunal establece la inexistencia de relación fáctica entre ambos casos y, consiguientemente, inexistencia de contradicción jurídica. Así, el precedente invocado, por un lado, versa sobre los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas con relación a Consumo y Tenencia de Estupefacientes previstos en la Ley Nº 1008, mientras que el caso presente trata sobre la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, tipificados y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal; por otro lado, en el caso del precedente invocado, este Tribunal advierte esencialmente que la Corte Suprema de Justicia estableció que el Tribunal de Apelación, sin la necesidad de la realización de un nuevo juicio oral, pudo subsanar defectos "de juicio" de la Sentencia(negrillas y comillas nuestras), declarando la absolución del procesado por los delitos acusados, incluido el art. 49 de la Ley Nº 1008, por no haberse dado cabal cumplimiento a la misma norma en lo concerniente a la determinación de cantidad mínima de consumo a través del dictamen de dos especialistas de un Instituto de fármaco dependencia; y, en ningún caso, el precedente invocado por el recurrente establece doctrina legal aplicable que disponga que ante las deficiencias u omisiones de las Actas de juicio oral labradas en los Tribunales de juicio, el Tribunal de Apelación deba recurrir a la verificación de su exactitud a través de otros medios de registro del juicio, antes de disponer la anulación de la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal, caso en el que efectivamente podría declararse la contradicción entre la decisión objeto de la impugnación que nos ocupa y el precedente invocado, extremos que no concurren en el caso de Autos.
CONSIDERANDO IV.- Que, con relación al Registro del Juicio oral en el Procedimiento Penal boliviano, resulta pertinente dejar por sentado que por disposición de la norma procesal contenida en el art. 371 del Código de Procedimiento Penal, el juicio oral podrá registrarse mediante Acta escrita o por un medio audiovisual; de lo cual se infiere claramente que el Juez o Tribunal de Sentencia, a objeto de documentar las actuaciones a ser desarrolladas en la etapa de juicio oral, podrá optar, bien sea, a través de su registro en Acta escrita, o bien por un medio audiovisual; en éste último caso, es decir, cuando se disponga el registro del juicio a través de un medio audiovisual, la norma procesal citada precedentemente también dispone que el Juez o Presidente del Tribunal deberá ordenar las medidas convenientes para asegurar su conservación, fidelidad y autenticidad, mismas que deberán constar en Acta que debe ser firmada por el Juez o miembros del Tribunal, el Secretario y las partes.
Que, por otro lado, en el caso de que las actuaciones efectuadas en la etapa de juicio sean registradas a través de Acta escrita, como acontece en el caso presente, el art. 371 del Código de Procedimiento Penal también dispone que ésta necesariamente deberá contener:
1) Lugar y fecha de su realización, con indicación de la hora de inicio y de su finalización, así como de las suspensiones y reanudaciones;
2) Nombre de los jueces, de las partes, defensoresy representantes;
3) Resumen del desarrollo de la audiencia, que indique el nombre de los testigos, peritose intérpretes, la referencia de los documentos leídos y de los otros elementos probatorios reproducidos con mención de la conclusión de las partes;
4) Solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio, las objeciones de las partes, sus protestas de recurrir y las menciones que expresamente soliciten su registro;
5) La observancia de las formalidades esenciales, dejándose constancia de la publicidad o si ésta fue excluida, total o parcialmente;
6) Otras actuacionesque el juez o tribunal ordene registrar;
7) La constancia de la lectura de la sentenciay del acta con las formalidades previstas; y,
8) La firma del juez o miembros del tribunal y del secretario.
Que, de la norma procesal antes transcrita, resulta evidente que el num. 4) del art. 371 del Código de Procedimiento Penal dispone que el Acta de Registro de juicio Oral debe contener necesariamente "Las solicitudes y decisiones producidas en el curso del juicio, las objeciones de las partes, sus protestas de recurrir y las menciones que expresamente soliciten su registro".
Que, en el contexto de las consideraciones precedentemente señaladas, el Tribunal Constitucional del país, a través de la Sentencia Constitucional Nº 0160/2003 de 14 de febrero (Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santiváñez) al respecto señala:
"III.1 Que, el Código de Procedimiento Penal vigente, en su Segunda Parte, Libro Primero, Título Segundo, Capítulo I estipula las normas generales bajo las cuales debe regirse el juicio oral, público y continuado adoptado en el nuevo sistema procesal penal; vale decir, establece las formalidades y toda actuación que deba y pueda realizarse en su celebración.
III.2 Que dentro de una de las formalidades que deben guardarse en la celebración del juicio, están las formas de registro del mismo, así en el art. 371 se dispone que el juicio "podrá registrarse mediante acta escrita o por un medio audiovisual", de ello, se infiere claramente que el Tribunal podrá utilizar cualquiera de las dos formas indistintamente sin que le sea obligatorio adoptar en forma concurrente las dos formas.
Que cuando se adopta el registro mediante acta escrita se deben cumplir ciertos requisitos que están expresamente prescritos en el mismo artículo. Refiriéndose a la otra forma el precepto impone al juez o presidente del tribunal que ordene las medidas convenientes para asegurar su conservación, fidelidad y autenticidad, las mismas que deberán constar en acta que será firmada por el juez o miembros del tribunal, el secretario y las partes. De igual forma dispone que dicha autoridad podrá permitir que las partes a su costo, registren por cualquier medio, el desarrollo del juicio."
III.3 Que por otra parte, en cuanto a la actividad procesal defectuosa el Código de Procedimiento Penal en su art. 167 señala que "No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado."
Que la misma disposición faculta a las partes a impugnar dichos defectos siempre que le cause agravio, al efecto el art. 168 CPP establece: "Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto deberá subsanarlo...".
III.4 Que en el caso presente, en principio cabe señalar que el tribunal de sentencia recurrido optó por la primera alternativa, es decir, registro mediante acta escrita. Entonces, si el recurrente considera que el acta tiene deficiencias deberá pedir expresamente sean corregidas conforme a la norma prevista en el art. 168 CPP y no pedir la entrega de grabaciones, pues no fue adoptada la forma de registro por medio audiovisual dado que el recurrente no ha demostrado que así hubiese sido (...)" (negrillas nuestras).
CONSIDERANDO V.- Que, de la revisión de los antecedentes que conforman el legajo procesal, se establece que el juicio oral celebrado en el caso presente fue registrado bajo la modalidad escrita a través del "Acta de Registro de Juicio Oral" cursante de fs. 396 a 400, no constando actuado alguno que acredite que también se hubiese registrado el juicio a través de un medio audiovisual como aseveró el recurrente, siendo especialmente evidente que no se consignaron en el Acta de Registro los fundamentos en los que se habrían basado las solicitudes de exclusión probatoria planteadas por la defensa, así como tampoco los fundamentos del Ministerio Público en oposición a dichas solicitudes y, principalmente, no se cuentan con los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos por los que el Tribunal de Sentencia dispuso la exclusión de las pruebas documentales de cargo consignadas como MP 1.1, MP 1.2, MP 1.9, MP 1.11 y MP 1.12 ofrecidas por el Ministerio Público, constando simplemente las enunciaciones que a continuación citamos textualmente:
"(...) la defensa plantea exclusión probatoria y fundamenta, responde la representante del Ministerio Público y pide se rechace lo impetrado, el Tribunal excluye la prueba (...) la representante del Ministerio Público solicita reposición y fundamenta; el Sr. Presidente refiere que habiendo este Tribunal dictado un auto, no procede la reposición por tratarse de un auto y no así una providencia, por lo que este Tribunal desestima la reposición y mantiene la resolución dictada (...)" (sic.),
Siendo así ciertas las infracciones señaladas debidamente por el Tribunal de Apelación, lo cual, además de constituir inobservancia del art. 371 num. 4) del Código de Procedimiento Penal por parte del Tribunal de juicio, en esencia priva al Tribunal de Apelación de conocer los antecedentes y fundamentos de la decisión judicial incidental de exclusiones probatorias, que constituyeron el objeto mismo del Recurso de Apelación Restringida interpuesto por la representante del Ministerio Público, por cuanto, la ausencia en el Acta de Registro de Juicio Oral de una exposición de los motivos que justifiquen la convicción del Tribunal de juicio en cuanto al hecho y las razones jurídicas que determinaron las exclusiones probatorias suscitadas, constituye ausencia o falta de motivación, lo cual representa infracción del art. 124 del Código de Procedimiento Penal y, por lo mismo, constituye actividad procesal defectuosa no susceptible de convalidación por infracción a la garantía del debido proceso que en el ámbito de sus presupuestos exige que toda Resolución se encuentre debidamente fundamentada, toda vez que la fundamentación de las Resoluciones judiciales, conforme explica el Profesor Claus Roxin, "(...) permite demostrar a los participantes que se ha administrado justicia, asimismo permite colocar a las personas autorizadas para impugnar en condiciones de emitir un juicio correcto sobre la interposición de los recursos y, fundamentalmente, hace posible que la instancia superior examine la Resolución pronunciada." (Derecho Procesal Penal, 2000).
Que, con relación a lo anotado precedentemente, debe considerarse que el art. 372 del Código de Procedimiento Penal asigna valor probatorio a los medios de registro, precisamente para los efectos de los Recursos, cuando al respecto dispone: "Los medios de registro del juiciosólo tendrán valor probatorio para demostrar la forma de su realización a los efectos de los recursosque correspondan.", por lo que este Tribunal de Casación puede establecer que en el precepto contenido en el art. 372 del Código de Procedimiento Penal se tiene inserto, para los efectos de los Recursos, una presunción probatoria positiva por el que se puede postular que todo lo que consta en el acta vale como sucedido, y una presunción negativa, por el que contrario sensu, se puede postular que aquello que no está asentado en el acta vale como no sucedido; por lo que en el presente caso, al no constar en el Acta escrita de Registro de Juicio Oral las decisiones fundadas de exclusión probatoria asumidas por el Tribunal de Juicio, se concluye que las mismas carecen de motivación.
Que, con relación a las actas de juicio o de debate, PRIETO CASTRO Y FERRÁNDIZ refieren que "en un proceso donde todas las palabras fundamentales se pronuncian de viva voz, un acta lo más completa posible es necesaria", ya que, siguiendo lo expuesto por LEONE, "El Acta del debate está destinada, en lo esencial, a servir de prueba, como documento auténtico, en el recurso impugnatorio correspondiente, es decir, para el control que debe ejercitarse en sede de impugnación".
Que, en consecuencia, este Tribunal establece, con relación al primer motivo del Recurso de Casación deducido por el procesado Carlos Nicéforo Bautista Crespo, que la decisión contenida en el Auto de Vista de fecha 11 de marzo de 2008 cursante de fs. 436 a 438, pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, además de no haber sido pronunciado en contradicción del precedente contenido en el Auto Supremo Nº 479 de 08 de diciembre de 2005, como lo sostiene el recurrente, ha sido asumida en correcta interpretación de las normas contenidas en los arts. 124 y 169 num. 3 del Código de Procedimiento Penal, ante la infracción de lo previsto por el art. 371 num. 4) del Código de Procedimiento Penal que resulta ser de exclusiva responsabilidad del Tribunal de Sentencia en el que tuvo lugar la etapa procesal de enjuiciamiento.
CONSIDERANDO VI.- Que, con relación al segundo motivo expresado por el recurrente, en el sentido de que el Auto de Vista impugnado habría sido pronunciado en contradicción del precedente contenido en el Auto Supremo Nº 411 de 20 de octubre de 2006, toda vez que el Tribunal de Apelación no circunscribió su Resolución al objeto de la Apelación, ya que el Ministerio Público no habría cuestionado en el Recurso de Apelación Restringida la falta de fundamentación de las Resoluciones de exclusiones probatorias, este Tribunal establece de la revisión del memorial del Recurso de Apelación Restringida cursante de fs. 415 a 418 que a fs. 417 vlta., la representante del Ministerio Público expresó:
"Por último se hace constar que el Tribunal de Sentencia Nº 3 de la Capital vulneró también el inc. 10 del Art. 370 del Código de Procedimiento Penal, pues de manera poco lógica obviaron en la sentencia apelada, la fundamentación legal del porque excluyeron la prueba documental detallada precedentemente, ofrecida legalmente en el pliego acusatorio, no obstante de que el Ministerio Público en cada caso anunció habilitar apelación restringida, conforme consta en el acta de juicio oral"
Por lo que resulta evidente que la representante del Ministerio Público sí denunció la falta de fundamentación sobre las exclusiones probatorias, extremo que aún de oficio correspondía revisar al Tribunal de Apelación, en vista de que, como se tiene establecido en el presente Auto Supremo, la inobservancia del art. 124 del Código de Procedimiento Penal, por falta de fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación por constituir infracción a la garantía del debido proceso que en el ámbito de sus presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Por lo que resulta que no existe contradicción entre el Auto de Vista impugnado y el precedente contenido en el Auto Supremo Nº 411 de 20 de octubre de 2006 que fue pronunciado dentro de un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de Peculado y Malversación, tipificados y sancionados por los arts. 142 y 144 del Código Penal, caso en el que la Corte Suprema de Justicia sentó doctrina legal aplicable en el sentido de que las Resoluciones que no respondan efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, contienen un vicio absoluto que atenta contra el derecho a la defensa y al debido proceso; extremo que, como se tiene expuesto precedentemente, no concurre en el caso presente.
Que, en vista de que la parte recurrente se limitó simplemente a enunciar los Autos Supremos Nº 166 de 12 de mayo de 2005, 372 de 22 de junio de 2004 y 417 de 19 de agosto de 2003, sin precisar las contradicciones que existirían entre ellos y el Auto de Vista impugnado, como sí lo hizo con relación a los Autos Supremos 479 de 08 de diciembre de 2005 y 411 de 20 de octubre de 2006, este Tribunal no puede pronunciarse sobre aquellos precedentes en vista de tal omisión.
POR TANTO.- La Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, en cumplimiento del art. 8-II de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, y en aplicación del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, declara: INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por Carlos Nicéforo Bautista Crespo cursante de fs. 447 a 450, con costas.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
e contrario
 Resolución 
 resolución