Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-s-241957
Timestamp: 2020-02-26 04:04:46+00:00

Document:
STC 13/2005, 31 de Enero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 241957
Número de Recurso: 5540-2002
Recurso de amparo 5540-2002. Promovido por Punor, S.A., frente a Sentencia y providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre denegación de prórroga de licencia de obra Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal e incongruencia): incidente de nulidad de actuaciones admitido después de interponer el recurso de amparo.
En el recurso de amparo núm. 5540-2002, promovido por Punor, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero y asistido por la Letrada doña Paloma Larroca de Dolarea, contra la providencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de julio de 2002, que inadmitió, por extemporáneo, el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la Sentencia de 22 de enero de 2002, recaída en el recurso de apelación núm. 196-2001, así como contra esta última. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 27 de septiembre de 2002, el Procurador de los Tribunales don José Luis Ferrer Recuero, en representación de la recurrente, formuló demanda de amparo, impugnando las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta Sentencia.
La demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Chinchón de 1 de septiembre de 1999, que denegaba la prórroga de licencia de obra correspondiente al expediente núm. 920/95, en tanto no se resolviese el expediente de paralización de la obra. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 24 de Madrid dictó Sentencia con fecha 7 de mayo de 2001 desestimando el recurso.
Frente a esta resolución la actora promovió recurso de apelación, que fue desestimado por Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 22 de enero de 2002, notificada a la demandante de amparo el 1 de marzo de 2002.
Contra esta Sentencia promovió la recurrente incidente de nulidad de actuaciones con fecha 26 de marzo de 2002, alegando que incurría en incongruencia omisiva, al no dar respuesta a las pretensiones realmente deducidas en el procedimiento, por lo que denunciaba que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala, en providencia de 17 de julio de 2002, declaró no haber lugar a tramitar el incidente al haberse formulado una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 240.3 LOPJ.
La demandante de amparo presentó escrito ante la Sala el 10 de septiembre de 2002, poniendo de relieve el error patente en que se había incurrido a la hora de realizar el cómputo del plazo, pues, notificada la Sentencia el 1 de marzo de 2002, el plazo para instar la nulidad concluía el día 26 del mismo mes, ya que el día 19 de marzo de 2002 fue día inhábil en la Comunidad de Madrid, según se justificaba con el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2002, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" de 28 de octubre de 2001. Por tal razón, la inadmisión del incidente suponía, a su juicio, una vulneración del art. 24.1 CE, lo que denunciaba a los efectos del art. 44.1 c) LOTC.
La actora presentó el 27 de septiembre de 2002 la demanda iniciadora del presente recurso de amparo.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en providencia de 18 de octubre de 2002, atendió las alegaciones de la actora formuladas en escrito presentado el 10 de septiembre anterior, y, comprobado el error en el cómputo del plazo a que se refiere el art. 240.3 LOPJ, dejó sin efecto la providencia de 17 de julio de 2002. En su lugar, se tuvo por formulado en tiempo y forma incidente de nulidad de actuaciones promovido por la apelante, acordando dar traslado a las demás partes personadas para que en el plazo de cinco días formularan alegaciones.
Evacuado dicho trámite y recabadas las actuaciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 24 de Madrid (al que habían sido devueltas), la Sala dictó Auto el 23 de enero de 2003 desestimando la nulidad de actuaciones promovida, por entender que no había existido incongruencia, ya que la Sentencia de 22 de enero de 2002 había analizado minuciosamente la cuestión planteada.
En la demanda de amparo alega la actora que la resolución de inadmisión del incidente de nulidad incurre en vulneración del art. 24.1 CE, por sufrir un patente error en el cómputo del plazo, ya que, siendo el mismo de veinte días, según el art. 240.3 LOPJ, y habiéndose notificado la Sentencia impugnada el 1 de marzo de 2002, el plazo señalado finalizaba el 26 de marzo, al existir en el intermedio cinco días inhábiles, de acuerdo con el calendario oficial de fiestas laborales publicado por Decreto 198/2001, de 27 de septiembre, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, y por la Resolución de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 18 de octubre de 2001. Entiende la recurrente que, aunque el cómputo de los plazos procesales es, en principio, cuestión de legalidad ordinaria, el error patente ha adquirido en este caso relevancia constitucional y debe ser corregido en amparo al concurrir las circunstancias indicadas en una abundante jurisprudencia constitucional.
Por resolución de 15 de julio de 2004 la Sala Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del recurso de amparo y, a tenor del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 24 de Madrid, a fin de que, en plazo que no excediese de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 196-2001 y al recurso contencioso-administrativo núm. 29-2000, respectivamente, debiendo proceder previamente al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, en el término de diez días, pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
Mediante diligencia de ordenación de 21 de octubre de 2004 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que, dentro del expresado término, pudiesen formular las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
La representación del demandante de amparo, en escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 23 de noviembre de 2004, dio por reproducido el contenido de su demanda de amparo, haciendo hincapié en que el derecho que motiva el presente amparo es el de la tutela judicial efectiva, lesionado en la Sentencia impugnada al haber trastocado el objeto y causa de la impugnación, resolviendo sobre una cuestión ajena a la planteada. Asimismo, manifiesta que la vulneración de su derecho se consuma en la providencia de 17 de julio de 2002, que inadmitió por extemporáneo el incidente de nulidad de actuaciones promovido en escrito presentado el 26 de marzo de 2002, por haber transcurrido el plazo previsto en el art. 240.3 LOPJ, incurriendo la Sala en error patente al realizar el cómputo, al no tener en cuenta que los días 3, 10, 17 y 24 de marzo fueron domingo y que el día 19 fue inhábil en la Comunidad de Madrid.
El Ministerio Fiscal, en escrito de alegaciones registrado el 25 de noviembre de 2004, interesó que se dicte Sentencia denegando el amparo solicitado. Tras exponer los antecedentes del caso e identificar las pretensiones de la actora, señala el Fiscal que, en primer lugar, se debe concretar el objeto del recurso de amparo, ya que la alegación relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por incongruencia de la Sentencia de la Sala, incurre, a su juicio, en la causa de inadmisión de falta de agotamiento de la vía judicial previa, desconociendo el carácter subsidiario del recurso de amparo. Razona que es doctrina constitucional reiterada que el incidente de nulidad es remedio adecuado y exigible para resolver las alegaciones de incongruencia contra resoluciones judiciales y no susceptibles de recurso ordinario. Por tanto, si la providencia de 17 de julio de 2002 -también recurrida- está correctamente dictada, no se habrá agotado la vía judicial previa por negligencia del demandante de amparo, que no interpuso en tiempo oportuno el incidente de nulidad actuaciones. En cambio, si la providencia es incorrecta, debe acordarse su nulidad y que continúe la tramitación del incidente para que el órgano judicial tenga la oportunidad, prevista en el ordenamiento jurídico, de revisar su resolución a la vista de la alegación de incongruencia, y pueda así proceder a una primera depuración de las resoluciones en relación con las alegaciones de infracción de derechos fundamentales de los que los órganos judiciales son los primeros garantes. Se desconocería el carácter subsidiario del recurso de amparo si el Tribunal Constitucional entrase a conocer, en este caso, la alegada incongruencia antes de que se resolviese el incidente de nulidad.
Centrado así el objeto del recurso, es claro, según entiende el Ministerio Fiscal, que se ha producido una carencia sobrevenida de objeto, ya que la providencia que se recurre, y cuya nulidad se solicita, ha sido anulada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en providencia de 18 de octubre. En este sentido, invoca la doctrina constitucional sobre el particular, recogida, entre otros, en el ATC 30/2004, señalando que, en el presente caso, se pedía la nulidad de la providencia de 17 de julio de 2002 por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, al haberse resuelto con fundamento en error patente. Tras las alegaciones de la contraparte, la Sala dictó la providencia de 18 de octubre de 2002 en la que se anulaba la aquí recurrida, reconociendo el error padecido -que aquí se denunciaba-, por lo que procedió a admitir el escrito en que se insta el incidente de nulidad actuaciones y a acordar su tramitación, que se siguió hasta concluir. Por tanto, el objeto del recurso de amparo ha desaparecido, ya que cualquier resolución sobre la providencia impugnada, incluso una que fuera de absoluta conformidad con lo solicitado por la demandante de amparo, no llegaría a más de lo que ya ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anulando la providencia precisamente por el motivo por el que aquí se critica. Todo ello sin contar con que la providencia que se impugna no tiene existencia jurídica ni produce efecto alguno al haber sido anulada, de modo que no hay actualmente resolución sobre la que se pueda ejercer la jurisdicción de este Alto Tribunal.
Por providencia de 27 de enero de 2005 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 31 del mismo mes y año.
La demandante de amparo dirige su recurso contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 22 de enero de 2002, que desestimó el recurso de apelación núm. 196-2001, interpuesto por la actora contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 24 de Madrid, de 7 de mayo de 2001, así como contra la providencia de la misma Sala de 17 de julio de 2002, que inadmitió, por extemporáneo el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquella Sentencia. La recurrente afirma, en primer lugar, que la resolución de inadmisión del incidente de nulidad incurre en vulneración del art. 24.1 CE, por basarse en un patente error en el cómputo del plazo, ya que, siendo el mismo de veinte días, según el art. 240.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y habiéndose notificado la Sentencia impugnada el 1 de marzo de 2002, el plazo señalado finalizaba el 26 de marzo, al existir en el intermedio cinco días inhábiles, de acuerdo con el calendario oficial de fiestas laborales. También considera lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión por haber incurrido la Sentencia impugnada en incongruencia omisiva, al no pronunciarse sobre las cuestiones que eran objeto del debate judicial y resolver otras distintas nunca planteadas por las partes.
Con carácter previo al examen de las quejas planteadas por la actora, hemos de dilucidar si se ha producido la pérdida de objeto parcial del recurso, alegada por el Ministerio Fiscal, que argumenta que una de las resoluciones impugnadas ha sido dejada sin efecto en vía judicial y sustituida por otra acorde con la pretensión de la recurrente.
Una vez excluida de nuestro examen la primera de las quejas articuladas por la actora, sólo queda la relativa a la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva por haber incurrido presuntamente en incongruencia omisiva la Sentencia impugnada por no resolver sobre las cuestiones que eran objeto del debate judicial y resolver, en cambio, sobre otras distintas que no habían sido planteadas por las partes. Ahora bien, también en relación con este extremo alega el Ministerio Fiscal una objeción de índole procesal, al entender que dicha queja no puede ser examinada por este Tribunal, debido a la falta de agotamiento de la vía judicial previa, de acuerdo con lo exigido por el art. 44.1 a) LOTC.
Declarar la desaparición sobrevenida de objeto del recurso de amparo interpuesto por Punor, S.A., respecto a la impugnación de la providencia de 17 de julio de 2002 por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Declarar inadmisible el recurso de amparo en todo lo demás.
STSJ Castilla-La Mancha 944/2011, 21 de Septiembre de 2011
ATC 216/2002, 29 de Octubre de 2002
SAP Valladolid 196/2007, 14 de Junio de 2007
SAP Barcelona, 18 de Diciembre de 1997
SAP Sevilla 149/2007, 18 de Abril de 2007

References: resolución 
 artículo 240
 resolución 
 Resolución 
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