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Timestamp: 2018-12-10 17:38:34+00:00

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El acceso a la suplicación de las resoluciones del INSS anulando un parte de baja expedido por el servicio público de salud - El Derecho
El acceso a la suplicación de las resoluciones del INSS anulando un parte de baja expedido por el servicio público de salud
Foro 15-03-2014 Coordinador: Lluch Corell
Conforme a lo dispuesto en el art. 191.2 g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -EDL 2011/222121-, las sentencias dictadas en los procesos de impugnación de altas médicas no son recurribles en suplicación cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador. Esta misma previsión se recoge en el apdo. 3 c) del art. 140 de la ley procesal que regula el proceso de impugnación de alta médica.
A pesar de la claridad de estas normas que, como terminamos de ver, vedan el acceso al recurso de suplicación a las sentencias que se dicten en los procesos de impugnación de altas médicas, la cuestión que se viene planteando en nuestros tribunales es si esta previsión también se aplica a aquellos procesos en los que se impugna la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que deja sin efecto una baja médica expedida por el servicio público de salud, por entender que la Entidad Gestora era la única competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando se produce en un plazo de ciento ochenta días posteriores a un alta médica anterior por la misma o similar patología, tal y como se dispone en el párrafo segundo del apdo. 1 a) del art. 128 del RD Leg. 1/1994, de 20 junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social -EDL 1994/16443-.
Así pues, la cuestión que se plantea a los integrantes de este foro es si, a su entender, la sentencia que se dicta en el proceso en que se impugna esa resolución del INSS es recurrible en suplicación por tratarse de una pretensión distinta (nulidad del parte de baja expedido por el servicios público de salud); o, por el contrario, si lo que se está enjuiciando no es más que un alta médica que no puede acceder a la suplicación.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de marzo de 2014.
El tenor del nº 1 del art. 191 de la LJS -EDL 2011/222121- consagra la...
El tenor del nº 1 del art. 191 de la LJS -EDL 2011/222121 consagra la regla general del acceso a la suplicación de las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social, mientras que el nº 2 del indicado precepto establece las excepciones a dicha regla. Entre dichas excepciones no se incluye de forma expresa el proceso de impugnación de la Resolución del INSS por la que se priva de efectos económicos al parte de baja expedido por el Servicio Público de Salud no obstante, cabría entender que dicho proceso está comprendido en la excepción del apdo. e del nº 2 del indicado precepto que hace referencia a los procesos de impugnación de alta médica, si se constatase la existencia de elementos de identidad entre el objeto de uno y otro proceso que justificase el mismo trato en materia de recursos, pero dichos elementos de identidad no se aprecian por las razones siguientes. El objeto del proceso de impugnación de alta médica se ciñe a la determinación del estado de salud del trabajador en relación con su capacidad laboral en el momento del alta médica, por lo que guarda una estrecha relación con la apreciación de los hechos que compete de forma primordial al juez de instancia, mientras que el proceso de impugnación de la Resolución del INSS por la que se priva de efectos económicos a la baja expedida por el Servicio Público de Salud es más complejo e implica la realización de diversas valoraciones jurídicas que van más allá de la simple constatación de la capacidad laboral del interesado en una determinada fecha, lo que hace aconsejable su control por el Tribunal ad quem a través de la vía del recurso. En concreto el indicado proceso exige dilucidar si la patología que ha determinado la nueva baja médica del trabajador es la misma o similar a la que tenía diagnosticada en el anterior proceso de incapacidad temporal, lo que obliga a valorar las diversas dolencias o diagnósticos que han concurrido a lo largo de un mismo proceso a fin de determinar cuál o cuáles de ellas fueron las relevantes para apreciar la incapacidad que dio lugar a la primera baja médica y cuál o cuáles de ellas lo han sido respecto a la baja médica a la que se priva de efectos económicos, puesto que solo así se podrá dilucidar si las referidas bajas médicas están originadas por igual o por distinta patología, correspondiendo al INSS, tan solo en el primero de los casos, la competencia en cuanto a la emisión del parte de baja. En segundo lugar el referido proceso exige también analizar el estado de salud del trabajador en la fecha de emisión del parte de baja médica del Servicio Público de Salud al efecto de constatar si existe o no una patología que limite su capacidad funcional, así lo viene exigiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha declarado no ajustada a derecho la Resolución de la Entidad Gestora que privó de efectos económicos a la baja expedida por el Servicio Público de Salud por contener únicamente datos relativos a la similitud de las patologías en los dos procesos de incapacidad temporal, sin argumentar ni valorar nada que pudiese hacer referencia a la inexistencia de una patología que limitase la capacidad funcional. La mayor complejidad del objeto del proceso de impugnación de la Resolución del INSS que priva de efectos económicos al parte de baja expedido por el Servicio Público de Salud, respecto al del proceso de impugnación de alta médica, impide entender que aquél esté comprendido en la excepción del nº 2 apdo. e del art. 191 de la LJS, por lo que le es de aplicación la regla general del nº 1 del art. 191 de la LJS que abre la vía a la suplicación.
No es fácil dar una respuesta segura a la cuestión que se nos plantea...
No es fácil dar una respuesta segura a la cuestión que se nos plantea, ya que la literalidad de la norma parece apuntar una solución distinta a la que pudiere desprenderse del espíritu y finalidad perseguida por el legislador, al señalar el art. 191.2º letra g LRJS -EDL 2011/222121-, que no cabe recurso de suplicación en los procesos de impugnación del ata médica cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador.
La lectura de la exposición de motivos del nuevo texto procesal -EDL 2011/222121 tampoco permite conocer cual haya podido ser la verdadera voluntad del legislador en esta materia.
Si nos atenemos a la pura literalidad del precepto legal citado -EDL 2011/222121-, parecería que cualquier tipo de procedimiento de impugnación de alta médica está excluido del acceso al recurso de suplicación, cualquiera que sea la causa o motivo por el que se ha dejado sin efecto la baja médica del trabajador, ya sea por curación, por sanción derivada de la incomparecencia al reconocimiento judicial, por atribuirse la competencia el INSS en detrimento del servicio público de salud en los casos en que no han transcurrido los ciento ochenta días desde el alta médica anterior por la misma patología, o en fin, por cualquier otro motivo distinto a la simple y pura alta médica por curación.
Pero una lectura sistemática del precepto legal citado -EDL 2011/222121 en relación con las normas generales que regulan el acceso a la suplicación en materia de prestaciones de seguridad social y los principios inspiradores del derecho de acceso a los recursos que obligan a una interpretación estricta que no contravenga el derecho a la tutela judicial efectiva, permiten considerar que el legislador ha querido referirse exclusivamente a los procesos de impugnación de alta médica por curación.
El principio general en esta materia es el del art. 191.3º de la LRJS -EDL 2011/222121-, en el que se regulan los supuestos en los que cabe en todo caso recurso de suplicación, y en su letra c se incluyen los que versan sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de seguridad social.
Siendo esta la norma general, es obvio que los procedimientos de impugnación de alta médica versan sobre el reconocimiento o denegación del derecho a mantener una prestación de seguridad social como es la del subsidio de incapacidad temporal, por lo que la excepción a la regla que se deriva de la norma contenida en el art. 191. 2º letra g LRJS -EDL 2011/222121 ha de ser interpretada en sentido estricto y restrictivo a la vez.
Por más que tampoco nos atrevemos a dar por segura esta afirmación, teniendo en cuenta que el art. 140.3º LRJS nos dice en su letra a -EDL 2011/222121 que la demanda se dirigirá exclusivamente contra la Entidad gestora o colaboradora en la gestión, sin que sea necesario demandar al servicio público de salud, -salvo cuando se impugne el alta médica emitida por los servicios médicos del mismo-, de lo que se desprende la lógica consecuencia de que las normas que regulan este tipo de procedimientos se refieren a todos los supuestos de impugnación de alta médica, sea cual sea el motivo, y no solo aquellos en los que se impugna el alta médica emitida por curación que emiten los servicios públicos de salud.
Lo que nos quiere decir esta norma es que se habrá de demandar al servicio público de salud cuando se trate de un alta médica por curación emitida por el mismo, no siendo en cambio necesario ejercitar la acción contra dichos servicios públicos en los demás supuestos de impugnación de alta médica, dando por sentado de esta forma que esta modalidad procesal abarca todos los supuestos de impugnación de alta médica cualquiera que sea su causa, con lo que la limitación del acceso al recurso de suplicación que se hace luego en la letra c de ese mismo precepto debería también incluir cualquier tipo de supuesto y no solo el del alta médica por curación.
Aún así, entendemos que esta interpretación sería excesivamente rigurosa y contraria a los principios interpretativos que han de aplicarse en las normas limitadoras del derecho de acceso a los recursos en materia de prestaciones de seguridad social, conforme a lo expuesto.
Nos parece que el legislador ha querido eliminar el recurso de suplicación en los supuestos de impugnación del alta médica por curación exclusivamente, en los que tan solo se trata de valorar la discrepancia sobre el criterio puramente médico relativo a la salud del trabajador, pero no ha querido realmente ampliar esta limitación a todos aquellos otros supuestos en los que el alta médica es ajena a esa valoración meramente médica y obedece a otro tipo de criterios jurídicos diferentes y más complejos que la simple decisión médica sobre el estado de salud del interesado, en los que sigue habiendo recurso de suplicación conforme al criterio clásico en esta materia.
Entendemos que de haber sido voluntad del legislador la de eliminar en todo caso el recurso de suplicación en cualquier tipo de procedimiento de impugnación de alta médica lo habría dicho así expresamente, de la misma forma que en el art. 191.2º letra g -EDL 2011/222121 nos dice específicamente que no cabe el recurso -cualquiera que sea la cuantía de la prestación...-, y conforme a ese mismo criterio debería de haber señalado que tampoco cabe recurso cualquiera que sea la causa por la que se impugna el alta médica.
Al no estar así indicado de forma expresa, consideramos que la voluntad del legislador no ha sido la de excluir del recurso todos los supuestos de impugnación de alta médica, cualquiera que sea la causa, como por contrario así lo dice cuando se refiere a -cualquiera que sea la cuantía de la prestación-.
No es infrecuente, como se plantea, que el INSS deje sin efecto una baj...
No es infrecuente, como se plantea, que el INSS deje sin efecto una baja médica expedida por el Servicio público de salud, al entender que la Entidad gestora es la única competente para emitir una nueva baja en la situación de incapacidad temporal cuando se produce en un plazo de ciento ochenta días posteriores a un alta médica anterior por la misma o similar patología, tal y como dispone el párrafo segundo del apdo. 1 a del art. 128 del RD Leg. 1/1994, de 20 junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social -EDL 1994/16443-.
La finalidad perseguida con este precepto -EDL 1994/16443 y, con la reforma operada por la Disp. Adic. Cuadragésima Octava de la Ley 30/2005 -EDL 2005/206608-, que lo introdujo, un claro supuesto de -legislador contra jurisprudencia-, era poner fin a la doctrina jurisprudencial, -sentencias, entre otras, de 30 abril 2004 -EDJ 2004/44796-, 28 octubre 2003 -EDJ 2003/127780 o 20 febrero 2002 -EDJ 2002/13579--. Venía sosteniendo que, en caso de recaída en el mismo proceso de incapacidad temporal, por enfermedad común, agotado el plazo máximo de incapacidad temporal, no era preciso cotizar 6 meses, y bastaba acreditar carencia de 180 días en los 5 años anteriores, sin distinguir si se trata de proceso nuevo o del mismo anterior.
Se trataba así de evitar que, de concurrir esa circunstancia, la sola actuación de los Servicios públicos de salud pudiera privar de eficacia práctica al alta acordada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el período subsiguiente a su emisión, reservándose a la Entidad gestora de la prestación económica la facultad de determinar si la nueva baja había sido provocada por la misma o similar patología, u otra distinta y, en el primer caso, de otorgarle, o no, efectos económicos, en función de que concurriesen o no los requisitos legales de incapacidad para el trabajo y necesidad de asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Surge la duda, cuando así sucede, respecto a la efectividad del art. 191.2 g de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social -EDL 2011/222121-, porque expresa que las sentencias dictadas en los procesos de impugnación de altas médicas no son recurribles en suplicación cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador. Esta misma previsión se recoge en el apdo. 3 c del art. 140 de la ley procesal que regula el proceso de impugnación de alta médica.
Terciando en el debate, a mi entender, la sentencia que se dicta en el proceso en que se impugna esa resolución del INSS es recurrible en suplicación, ya que, en realidad, se trata de una pretensión referida a una prestación de Seguridad Social, dada la singularidad apreciada: nulidad o inefectividad del parte de baja expedido por el Servicio público de salud y lo que se está enjuiciando en este supuesto es algo distinto al estricto alta médica.
Es cierto que defender tal postura tiene sus servidumbres. Significa, por ejemplo, que este caso se desvincularía de una de las singularidades más importantes, la falta de recurso, dentro de la regulación del nuevo procedimiento especial cuyo objeto es la impugnación de las altas médicas emitidas por los órganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social. Se trata de un procedimiento calificado como urgente y de tramitación preferente, en el que el objeto se limita al alta médica impugnada, sin condicionar otros procesos diversos -relativos a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o a cualquier otro extremo y que no permite la acumulación de otras acciones, en el que los plazos se acortan, la sentencia se dicta en el plazo de tres días y además, como decimos, no es recurrible.
Significa, por lo tanto, considerar que este procedimiento, cuyo objeto y finalidad están emparentados, no es aplicable. El pleno del CGPJ, en sesión de 28 de enero de 2010, aprobó un informe en donde proponía la modificación de la LOPJ -EDL 1985/8754 y de diversas leyes procesales, al objeto de reducir la litigiosidad y de agilizar los procedimientos judiciales. En el informe mencionado se solicitaba la adopción de distintas reformas, algunas de las cuales afectaban de manera directa al proceso laboral. Entre estas se encontraba la de impedir el acceso al recurso a reclamaciones cuya cuantía litigiosa no alcanzara los 3.000 Eur. la de excluir del mismo tanto a los procesos de impugnación de altas médicas, como a las sentencias íntegramente desestimatorias referentes al grado de incapacidad permanente la de elevar las cuantías de los honorarios de los letrados de las partes recurridas y también la cuantía de los depósitos para recurrir.
Estas propuestas fueron en parte recogidas en la nueva ley procesal laboral, y así, el actual art. 191 LRJS, tras afirmar en su apartado primero -EDL 2011/222121 que serán recurribles en suplicación las sentencias que dicten los Juzgados de lo Social en los procesos que ante ellos se tramiten, cualquiera que sea la naturaleza del asunto, salvo que la Ley disponga otra cosa, establece en su apartado segundo que el recurso de suplicación no será procedente en los procesos relativos a determinadas materias. Entre ellas se incluyen las reclamaciones cuya cuantía litigiosa no exceda de 3.000 Eur., o los procesos de impugnación de alta médica cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniera percibiendo el trabajador -art. 191.2.g-. Pero éste no es nuestro caso, sino el más amplio, referido a la previsión de recurribilidad.
Pudiera considerarse incluso paradójico que las reclamaciones que versan estrictamente sobre el alta, cuya eficacia es inmediata, y afectan no sólo al ámbito de la relación prestacional de la Seguridad Social sino al de la relación laboral, se instrumenten a través de un proceso que finaliza sin recurso mientras que cuando lo que se plantea es la singularidad referida, y se discuta tan sólo la prestación, se reconozca la posibilidad de recurrir. El alta médica determina automáticamente la extinción del subsidio de incapacidad temporal y paralelamente la finalización de la causa suspensiva del contrato de trabajo prevista en el art. 45.1 c ET -EDL 1995/13475-. Mientras que en el proceso caracterizado por la singularidad de que lo impugnado es tan sólo la declaración de nulidad del parte de baja, es decir, su inefectividad, lo controvertido tiene exclusivos efectos económicos, porque el alta se mantiene, es decir, sin la amplitud de consecuencias antes referida. No parecería lógico, por ello, que finalicen estos supuestos con un pronunciamiento recurrible cuando lo controvertido es tan sólo el derecho al contenido económico de la prestación -al fin y al cabo sólo uno de los aspectos del alta-.
Pero, al margen de tales reflexiones o paradojas, y de los resquicios que deja la nueva regulación, existe una realidad de la que no podemos prescindir y es que, cuando se plantea la singularidad controvertida, nulidad de parte de baja, no existe un pronunciamiento referido a la declaración de procedente o indebida del alta médica, su razón de ser, ya que lo impugnado es tan sólo la efectividad económica, y el alta, como indicamos, permanece. La sentencia no estima debida o indebida el alta médica, que ha permanecido, sino su efectividad económica, y condenará tan sólo a la reposición en la prestación que se viniera percibiendo, mientras no concurra otra causa de extinción de la misma. Lo controvertido, por lo tanto, es el derecho prestacional, económico, y no el alta, de tal forma que cabe recurso de suplicación.
Si ya el Tribunal Constitucional, en sentencia de 31 enero 1991 -EDJ 1991/977-, dijo que es el legislador quien puede establecer libremente los recursos que, ordinarios y extraordinarios, estime procedentes frente a las resoluciones judiciales, y que tan sólo está impedido a los jueces y tribunales la admisión de los que por razón de la materia o de la cuantía no son susceptibles de ellos, conforme a la concreta norma o precepto legal que resulte aplicable, tal excepción no existe, sin embargo, en el caso actual.
Es cierto que su voluntad, cuando se trata de la impugnación del alta, es clara y dirigida a resolver el conflicto con rapidez, excluyendo la sentencia dictada en la instancia del recurso de suplicación, para facilitar el acceso al subsidio en caso de que el alta médica fuera indebida. De esta forma, el beneficiario de la Seguridad Social no tiene que esperar a la resolución de la Sala, obligándole a mantenerse en un estado de incapacidad para el trabajo no reconocida, que no justifica su inasistencia al puesto de trabajo ni le da derecho al subsidio. También es cierto que esas razones de rapidez y perentoriedad se ofrecen asimismo en el caso ahora controvertido.
Pero éstas, u otras analógicas circunstancias, antes referidas, no permiten equiparar, a la estricta impugnación del alta, un supuesto que no es el previsto: ineficacia o nulidad del parte de baja expedido por el Servicio público de salud. Hacerlo de esta manera restringe las posibilidades de acceso a la suplicación, en una peculiar interpretación -in malam partem y niega la efectividad del elemental principio -pro recurso-.
En consecuencia, a pesar de tales incertidumbres, y según mi modesta opinión, no se encuentra el usual supuesto discutido: dejar sin efecto una baja médica expedida por el Servicio público de salud -al entender que la Entidad Gestora es la única competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal dentro de aquellos a los que el legislador libremente ha negado el acceso al recurso de suplicación.
La disociación entre prestación de asistencia sanitaria y prestación...
La disociación entre prestación de asistencia sanitaria y prestación económica por enfermedad se introdujo en la legislación como consecuencia de la paralela disociación entre la gestión de la prestación de asistencia sanitaria y la de la incapacidad temporal en el ámbito de las contingencias comunes. Con el RDL 36/1978, de 16 noviembre -EDL 1978/3584-, se produjo la misma desde el momento en que la gestión de cada una de ellas se encomienda a distintas entidades, cuya dependencia llega a escindirse en dos Ministerios diferentes a partir del RDL 22/1982, de 7 diciembre, de medidas urgentes de reforma administrativa -EDL 1982/10471-. Esta disociación se agranda desde el momento en que se atribuyen competencias en materia de asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las Comunidades Autónomas y se produce el correspondiente traspaso de sus servicios, sin que al mismo tiempo se desarrollen previsiones análogas en relación con la gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social de naturaleza contributiva. Consecuencia de todo ello es que los facultativos que prestan la asistencia sanitaria por cuenta del servicio público de salud dependiente de la correspondiente Comunidad Autónoma son al mismo tiempo los encargados de expedir los partes de baja, confirmación y alta, a efectos de las prestaciones de incapacidad temporal, esquema que con carácter general se mantiene en el RD 575/1997, de 18 abril -EDL 1997/23007 y en su Orden de desarrollo, de 19 junio 1997 -EDL 1997/23673-, STSJ de Castilla-León, -sede Valladolid-, Sala de lo Social, sec. 1ª, núm. 1681, de 7 noviembre 2007, rec. 1681/2007 -EDJ 2007/283802-. El RD 1117/1998 -EDL 1998/44000-, en aplicación de la modificación introducida en el artículo 131 bis de la Ley General de la Seguridad Social -EDL 1994/16443 por el art. 39 de la Ley 66/1997, de 30 diciembre -EDL 1997/25471-, modificó el RD 575/1997 -EDL 1997/23007 y en su nuevo artículo 4.1 atribuyó a los facultativos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social la facultad de extender altas médicas, -a los meros efectos económicos-, esto es, solo en relación con la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes de su competencia. La Ley 30/2005, de 29 diciembre -EDL 2005/206608-, modificó el art. 128.1.a de la Ley General de la Seguridad Social para transferir en exclusiva a sus facultativos la facultad de prorrogar la baja médica a partir del duodécimo mes de incapacidad, así como para decidir si tienen efectos económicos las nuevas bajas médicas derivadas de la misma o similar patología una vez dado el alta del trabajador, reiterando tal mandato en las siguientes reformas del precepto, llevadas a cabo por la Disp. Final Tercera, Cuatro, de la Ley 40/2007, de 4 diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social -EDL 2007/211483-, por la Ley 26/2009, de 23 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 -EDL 2009/282653 y por la Disp. Final Quinta, Dos, de la Ley 17/2012, de 27 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 -EDL 2012/260685-, estableciendo su texto actual que -agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días previsto en el párrafo anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de ciento ochenta días más, o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica, por curación o por incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la antes citada alta médica por la misma o similar patología, con los efectos previstos en los párrafos siguientes-, pues una vez transcurrido el período máximo de incapacidad temporal, si se ha cursado alta médica, la competencia exclusiva para todas las decisiones determinantes de la situación del asegurado prórroga, nueva baja médica, declaración de incapacidad permanente, concesión de prestación por lesión permanente no invalidante corresponde a la entidad gestora, en el ejercicio de esta competencia exclusiva, STS, Sala 4ª, de 19 mazo 2013, rec. 1179/2012 -EDJ 2013/50398-. Mientras las altas médicas eran recurribles con el anterior Texto Procesal Laboral -EDL 1995/13689-, la Ley 36/2011, de 10 octubre Reguladora de la Jurisdicción Social, establece en su art. 191.2.g -EDL 2011/222121 que tampoco procederá recurso en procesos de impugnación de alta médica cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador y así, en SSTJ de Andalucía, Sala Social de Sevilla, núm. 2404, de 19 julio 2012, rec. 1425/2012 y núm. 2908, de 13 noviembre 2013, rec. 1823/2013, entre otras, con cita de las del Tribunal Supremo de 7 marzo 1997 -EDJ 1997/3133-, de 9 marzo -EDJ 1998/1603 y 3 diciembre 1998 -EDJ 1998/28370-, declara que -las reglas sobre jurisdicción y competencia objetiva y funcional tienen la naturaleza de disposiciones de orden público, que por su carácter imperativo, deben de ser necesariamente cumplidas por las partes y por los propios órganos jurisdiccionales so pena de nulidad, cual se deduce de lo dispuesto con carácter general en el art. 9 de la LOPJ -EDL 1985/8754 y de las disposiciones concretas que se contienen en los arts. 5, 7 y 191 de la Ley 36/2011, de 10 octubre, reguladora de la jurisdicción social, LRJS, en relación con el art. 238.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial-, estableciendo el art. 191 de la LRJS, expresamente, cuáles son las sentencias susceptibles de recurso de suplicación, con lo que indirectamente se está limitando la competencia funcional de la Sala en el indicado grado jurisdiccional para conocer de los recursos específicamente admitidos por tal norma procesal. Pues, bien, en ella se indica bien claramente que no cabe recurso contra las sentencias de instancia que resuelvan litigios en procesos de impugnación de alta médica cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, finalmente, SS. 37/1988 -EDJ 1988/353 y 106/1988 -EDJ 1988/422 que -el sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le de cada una de esas leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal-, ya que -el establecimiento y regulación de esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador-, indicando la exposición de motivos de la nueva norma procesal laboral que también en fase de recurso se ha procurado racionalizar el procedimiento, suprimiéndose tal posibilidad de recurso, contra las sentencias en las reclamaciones que provengan del cuestionamiento del alta médica, en este caso no se trata de un alta médica directa sino de la anulación del parte de baja expedido por el servicio público de salud, por parte del INSS que, como se ha indicado es el único competente, en las circunstancias reseñadas, para hacerlo, pues el nuevo régimen legal no impide tal baja médica, aún cuando se trate de igual o similar patología y no medie un plazo de más de 6 meses, sino que atribuye únicamente al INSS, a través de su órgano técnico específico, el Equipo de Valoración de Incapacidades, la competencia para darla, arts. 2 y 3 del RD 1300/1995, de 21 julio, no al Servicio Autonómico de Salud -EDL 1995/15091-, por lo que interpretando las normas en su contexto, atendiendo a su espíritu y finalidad, art. 3.1 CC -EDL 1889/1-, la consecuencia de la resolución del INSS anulando la baja expedida por órgano incompetente, conlleva una nueva situación de alta médica y como hemos indicado, en el nuevo Texto Procesal no son recurribles en suplicación las sentencias que se pronuncien sobre las mismas, entender otra cosa, se convertiría en un subterfugio para ignorar la norma y poder recurrir lo que no tiene recurso, sin perjuicio de entender que ello es así, tanto en cuanto la resolución del INSS se mueva dentro de los parámetros legales establecidos e indicados, en otro caso, anulación de baja expedida más allá del plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la antes citada alta médica por la misma o similar patología, considero que sería recurrible, art. 191.3.c-, LRJS, procesos que versen sobre reconocimiento o denegación del derecho a obtener prestaciones de Seguridad Social.
La impugnación de un alta médica es un proceso urgente y de tramitaci...
La impugnación de un alta médica es un proceso urgente y de tramitación preferente, reduciéndose los plazos para señalar a juicio y dictar la sentencia, y es esta urgencia en resolver la cuestión sobre si procede o no el alta la que sirve también de fundamento al art. 140.3.c -EDL 2011/222121 en armonía con el 191.2 g-, ambos de la LJS, cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniera percibiendo el trabajador, para cerrar la vía del recurso de suplicación. Es el RD 1430/2009, de 11 septiembre -EDL 2009/204860-, el que desarrolla la Ley 40/2007, de 4 diciembre, de medidas urgentes en materia de seguridad social -EDL 2007/211483 en relación con la prestación de incapacidad temporal, previendo el art. 128.1 a -EDL 1994/16443 el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la antes citada alta médica por la misma o similar patología, con los efectos previstos en los párrafos siguientes.
Pues bien, no creemos que la previsión legal general que impide acceder al recurso de suplicación quede enervada en aquellos procesos en los que se impugna la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social -INSS que deja sin efecto la baja médica expedida por el servicio público de salud, -nulidad del parte de baja expedido por el servicio público de salud por entender que la Entidad Gestora era la única competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando se produce en un plazo de ciento ochenta días posteriores a un alta médica anterior por la misma o similar patología, ya que las razones de urgencia en decidir cuanto antes si procede o no el alta siguen perviviendo, y los efectos de la sentencia instancia se limitan a dicha alta médica impugnada, sin condicionar -como se cuida de precisar el art. 140.3.c -EDL 2011/222121- -otros procesos diversos, sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o a cualquier otro extremo-.
En suma, a través de la impugnación de la resolución del INSS que deja sin efecto la baja médica expedida por el servicio público de salud, se está enjuiciando básicamente un alta médica que no puede acceder a la suplicación.
Se señala el art. 128,a-, segundo párrafo -in fine-, de la Ley Genera...
Se señala el art. 128,a-, segundo párrafo -in fine-, de la Ley General de la Seguridad Social -EDL 1994/16443 que, -.... De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquella se produzca en un plazo de ciento ochenta días posteriores a la antes citada alta médica por la misma o similar patología, con los efectos previstos en los párrafos anteriores-.
De otra parte, en el art. 191,2,g de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social de 10-10-11 -EDL 2011/222121 se establece que -... Tampoco procederá recurso en los procesos de impugnación de alta médica, cualquiera que sea la cuantía de las prestaciones de incapacidad temporal que viniere percibiendo el trabajador-, proceso especial que viene actualmente regulado en el art. 140 de la citada LRJS, en cuyo apartado 3,c se reitera dicha irrecurribilidad.
La cuestión que ahora se plantea, sin embargo, no es propiamente una impugnación del acto de emisión del alta médica, en el que se cuestione la adecuación a derecho de la situación fáctica de la persona afectada por la IT, conforme a la descripción de la misma contenida en el art. 128,1 LGSS -EDL 1994/16443-, sino que, aunque pueda sin duda hacerse alusión a ello, es una cuestión centrada en la falta de competencia para poder adoptar esa decisión de quien la emite, el servicio público de salud, como se señala. Lo que es una materia sustancialmente distinta de la mera cuestión de lo adecuado o no de la situación de enfermedad temporal con repercusión laboral que la IT supone. De tal manera que se impediría, precisamente, el acceso adecuado a la tutela judicial -art. 24 CE -EDL 1978/3879--, si se accediera a dicha restricción en cuanto a la recurribilidad. Pues, como ejemplo -in extremis-, sería fácilmente entendible que tuviera acceso a recurso una decisión de alta médica procedente de los servicios médicos internos de la empresa, o de otra distinta entidad -imaginemos, como supuesto aún más extremo y extravagante, el Fondo de Garantía Salarial-, dada la falta clara de competencia de uno u otro para poder adoptar dicha decisión, y que claramente no cabría considerar como una mera reclamación sobre alta médica.
Siendo sin duda admisible que, de acuerdo con el que sea el respectivo diseño procesal querido por el legislador, determinados procedimientos solamente sean susceptibles de tener acceso judicial en una sola instancia, tal y como se enumera en el art. 191,2 de la LRJS -EDL 2011/222121-, lo que no comporta en principio vulneración alguna del derecho fundamental a la tutela judicial, conforme ha venido reiterando la doctrina constitucional, sin embargo, procede tomar en consideración que, de una parte, en cuanto que supone una indudable restricción, limitando ese acceso al doble grado jurisdiccional, y además, de otra, es una restricción que aparece como novedosa, antes inexistente en la tradición procesal social, entiendo que debe de ser interpretada de un modo restrictivo, no extendiendo así esa limitación a otros distintos supuestos que están alejados del que se contiene en el tipo restringido. Así, además, entiendo que deriva de lo que se establece en el art. 140,2,c LRJS, cuando señala que la Sentencia que se adopte por el Juzgado de lo Social en este proceso de impugnación de altas médicas, se dictará -.. sin condicionar otros procesos diversos, sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o a cualquier otro extremo-, lo que quiere decir que el ámbito y alcance de esta peculiar acción procesal debe considerarse limitada al estricto control de la situación de IT de la persona afectada, y no por lo tanto cuando lo que se plantea es la supuesta falta de legitimación para poder acordar el alta de quien la ha emitido, obviando así al Instituto Nacional de la Seguridad Social en su competencia legal. Acción esta que, entiendo, deberá de tramitarse conforme a la modalidad general que regula las reclamaciones en materia de prestaciones de la Seguridad Social, contenida en el Capítulo VI de la LRJS, donde también se incluye la reclamación restringida del art. 140, sobre impugnación de altas médicas, pero que en este caso, entiendo que no sería la norma procesal particular y específica aplicable, sino que lo sería la regulación general, y por ende, conforme al art. 191,1, siendo la Sentencia que se dictara en instancia susceptible de acceder al Recurso de Suplicación. Declaración general de recurribilidad que, además, puede verse acompañada por lo que se establece en los apdos. c y d del mencionado art. 191 LRJS, en su punto 3, sobre los procesos de Seguridad Social sobre reconocimiento del derecho a obtener prestaciones, y cuando vaya el recurso encaminado a subsanar una falta esencial del procedimiento, a lo que se podría sin duda equiparar la falta de legitimación para emitir el alta del servicio público de salud, como se plantea en la cuestión que es objeto del presente comentario.

References: resolución 
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 artículo 131
 artículo 4
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in fine
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