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Timestamp: 2020-07-08 04:46:48+00:00

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Juridi-NEWS: Actualidad europea n.° 47 - JURI-DILEYC
Publicado por Juridi-NEWS | Sep 18, 2017 | Juridi-News | 0 |
EDICIÓN DEL LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
En portada: Estado de la Unión 2017
Medicamentos de uso humano: prácticas correctas de fabricación
Capitales Europeas de la Cultura 2020-2033
Nuestra selección del DOUE (semana del 12 al 18 de septiembre de 2017
Jurisprudencia TJUE: ayudas de Estado; competencia; contratos públicos; espacio de libertad, seguridad y justicia; fiscalidad; libre circulación; medio ambiente y consumidores; política económica; política pesquera; protección internacional; seguridad social; seguro
Lectura: Instituciones de la Unión Europea (Pilar Celma)
[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”EN PORTADA: ESTADO DE LA UNIÓN 2017″ title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_btn title=”Hoja de ruta hacia una Europa más unida, más fuerte y más democrática ” color=”chino” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Ffiles%2Froadmap-soteu-factsheet_es.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=UazbWfu_cHE” align=”center”][vc_column_text]
“Europa no tiene vocación de inmovilidad. Nunca deberá tenerla. Helmut Kohl y Jacques Delors me enseñaron que Europa solo avanza cuando es audaz. El mercado único, Schengen y la moneda única se consideraron quimeras en un momento. Y ahora estos tres ambiciosos proyectos son una realidad. Oigo voces que abogan por no agitar las aguas, ahora que las cosas han empezado a ir mejor. Pero no es el momento de encogerse. Hemos empezado a arreglar el tejado. Y toca rematar la faena, ahora que el tiempo es favorable y mientras lo siga siendo. Porque cuando las próximas nubes aparezcan en el horizonte —y aparecerán—, será demasiado tarde. Así que larguemos amarras. Zarpemos del puerto. Y aprovechemos los vientos alisios” (J.-C. Juncker).
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”MEDICAMENTOS DE USO HUMANO” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5299″ img_size=”640×250″ alignment=”center”][vc_btn title=”Directiva (UE) 2017/1572 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2017, por la que se complementa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano” color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32017L1572%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_message message_box_color=”mulled_wine”]
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de marzo de 2018, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva
[/vc_message][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_toggle title=”Objeto (art. 1)” el_id=”1505725688924-c8576fe2-30ac”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Definiciones (art. 2)” el_id=”1505725724099-01e67cc0-4e8b”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Inspecciones (art. 3)” el_id=”1505725766779-7f4294a7-7e3d”]
2. Para la interpretación de los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación, los fabricantes y las autoridades competentes tendrán en cuenta las líneas directrices detalladas a que se refiere el artículo 47, párrafo segundo, de la Directiva 2001/83/CE. En el caso de los medicamentos de terapia avanzada, deberán tenerse en cuenta las directrices sobre prácticas correctas de fabricación específicas para los medicamentos de terapia avanzada a que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CE) n.° 1394/2007 sobre medicamentos de terapia avanzada.
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Conformidad con las prácticas correctas de fabricación (art. 4)” el_id=”1505725817040-b42b0f55-0a32″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Conformidad con la autorización de comercialización (art. 5)” el_id=”1505725868634-95c89dd0-ebae”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Sistema de calidad farmacéutica (art. 6)” el_id=”1505725919380-84cb2a7f-1594″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Personal (art. 7)” el_id=”1505725959581-32d25fa3-a08c”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Instalaciones y equipos (art. 8)” el_id=”1505726017115-8d615f8e-f03e”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Documentación (art. 9)” el_id=”1505726063778-d18bd0cc-cc12″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Producción (art. 10)” el_id=”1505726114309-922b0d5a-2673″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Control de calidad (art. 11)” el_id=”1505726426947-c37b22a7-2c76″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Subcontratación (art. 12)” el_id=”1505726486475-b5b326c6-6dd2″]
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”CAPITALES EUROPEAS DE LA CULTURA 2020-2033″ title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5303″ img_size=”640×250″ alignment=”center”][vc_btn title=”Decisión (UE) 2017/1545 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, que modifica la Decisión n.° 445/2014/UE por la que se establece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033″ color=”mulled-wine” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32017D1545%26from%3DES||target:%20_blank”][vc_column_text]
proteger y promover la diversidad de culturas en Europa y poner de relieve las características comunes que estas comparten, así como intensificar el sentimiento de los ciudadanos de pertenencia a un espacio cultural común;
fomentar la contribución de la cultura al desarrollo a largo plazo de las ciudades, de acuerdo con sus respectivas estrategias y prioridades;
aumentar la amplitud, la diversidad y la dimensión europea de la oferta cultural en las ciudades, en particular a través de la cooperación transnacional;
ampliar el acceso y la participación culturales;
reforzar la capacidad del sector cultural y sus vínculos con otros sectores;
elevar el perfil internacional de las ciudades a través de la cultura.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_cta h2=”Exposición de motivos”]
La Decisión n.° 445/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo tiene por objeto proteger y promover la riqueza y la diversidad de culturas en Europa y poner de relieve las características comunes que estas comparten, aumentando al mismo tiempo el sentimiento de los ciudadanos de pertenencia a un espacio cultural común, lo que fomenta la comprensión mutua y el diálogo intercultural y resalta el patrimonio cultural común. Dicha Decisión también tiene como objetivo fomentar la contribución de la cultura al desarrollo a largo plazo de las ciudades, que puede incluir a sus zonas colindantes, de acuerdo con sus respectivas estrategias y prioridades, con vistas a sustentar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Las Capitales Europeas de la Cultura contribuyen de manera decisiva a promover los valores de la Unión. Deben seguir alentándose las actividades de creación de redes entre las ciudades que ostenten el título de Capitales Europeas de la Cultura, con el fin de favorecer el intercambio de experiencias y buenas prácticas. La Decisión n.° 445/2014/UE dispone que únicamente las ciudades de un Estado miembro, de un país candidato, de un país candidato potencial o, en las condiciones establecidas en dicha Decisión, de un país que se adhiera a la Unión tendrán acceso a la acción relativa a las Capitales Europeas de la Cultura. Con el fin de reforzar los vínculos culturales entre países de la Asociación Europea de Libre Comercio que son parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y los de la Unión, la acción debe abrirse también, con determinadas condiciones, a ciudades de aquellos países, de conformidad con dicho Acuerdo.
[/vc_cta][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NUESTRA SELECCIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA” title_align=”separator_align_left” color=”mulled_wine” border_width=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1147″ img_size=”640×250″ alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Del 12 al 18 de septiembre de 2017″ tab_id=”1479145426208-7e0d658f-d92137d1-73c7341f-ba0db49d-08ae298b-c7a8ffb5-a1d4e94e-7604″][vc_column_text]
12 de septiembre de 2017: L234; C301
13 de septiembre de 2017: L235; C302
14 de septiembre de 2017: L236; C303; C304
15 de septiembre de 2017: L237; C305; C306; C307
16 de septiembre de 2017: L238; C308
18 de septiembre de 2017: C309
Decisión (UE) 2017/1541 del Consejo, de 17 de julio de 2017, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (DOUE L 236, 14 de septiembre de 2017)
Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (DOUE L 236, 14 de septiembre de 2017)
Recomendación n.° 1/2017 del Consejo de Asociación UE-Egipto, de 25 de julio de 2017, por la que se acuerdan las prioridades de la asociación UE-Egipto [2017/1544] (DOUE L 236, 14 de septiembre de 2017)
Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Australia, por otra (DOUE L 237, 15 de septiembre de 2017)
Notificación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra (DOUE L 238, 16 de septiembre de 2017)
Informe Especial n.° 12/2017 — «Aplicación de la Directiva sobre el agua potable: la calidad del agua y el acceso a ella mejoran en Bulgaria, Hungría y Rumanía, pero las necesidades de inversión siguen siendo considerables» (DOUE C 303, 14 de septiembre de 2017)
Decisión (UE) 2017/1537 del Consejo, de 4 de septiembre de 2017, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.° 3 de la Unión Europea para el ejercicio 2017 (DOUE L 234, 12 de septiembre de 2017)
Reglamento Delegado (UE) 2017/1542 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en relación con el cálculo del capital reglamentario obligatorio para determinadas categorías de activos mantenidos por las empresas de seguros y reaseguros (sociedades de infraestructuras) (DOUE L 236, 14 de septiembre de 2017)
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA. En los litigios relativos a sus contratos de trabajo, los empleados como personal de vuelo disponen de la facultad de dirigirse al juez del lugar a partir del cual cumplan lo esencial de sus obligaciones respecto de su empresa (TJUE, Nogueira y otros, 14 de septiembre de 2017, C-168/16, C-169/16).
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”5286″ img_size=”640×200″ alignment=”center”][vc_column_text]
MEDIO AMBIENTE Y CONSUMIDORES. Los Estados miembros no pueden adoptar medidas de emergencia en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente si no es evidente que existe un riesgo grave para la salud o el medio ambiente (TJUE, Fidenato y otros, 13 de septiembre de 2017, C-111/16).
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”4452″ img_size=”640×200″ alignment=”center”][vc_column_text]
POLÍTICA ECONÓMICA. El Tribunal de Justicia confirma que no puede registrarse la propuesta de iniciativa ciudadana europea presentada por un nacional griego dirigida a permitir la cancelación de la deuda pública de los países en estado de necesidad (TJUE, Anagnostakis/Comisión, 12 de septiembre de 2017, C-589/15 P).
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”1262″ img_size=”640×200″ alignment=”center”][vc_column_text]
POLÍTICA PESQUERA. La prohibición anticipada de la pesca de atún rojo por parte de la Comisión en 2008 no puede dar lugar a ninguna indemnización en favor de los pescadores (TJUE, Pappalardo y otros/Comisión, 13 de septiembre de 2017, C-350/16 P).
El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que una medida nacional, como la examinada en el litigio principal, que impone a las empresas, ya sean públicas o privadas, una obligación de compra de electricidad generada mediante cogeneración con la producción de calor no constituye una intervención estatal o mediante fondos estatales (TJUE, ENEA S.A. contra Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 13 de septiembre de 2017, C‑329/15).
El comercio entre los Estados miembros puede verse afectado por la cuantía de los cánones fijados por una sociedad de gestión de derechos de autor que tiene un monopolio y gestiona también los derechos de titulares extranjeros, de tal modo que procede aplicar el artículo 102 TFUE.
A efectos de examinar si una sociedad de gestión de derechos de autor aplica precios no equitativos, en el sentido del artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), resulta adecuado comparar sus tarifas con las aplicables en los Estados vecinos y con las aplicables en otros Estados miembros, corregidas mediante el índice de paridad del poder adquisitivo, siempre que los Estados de referencia hayan sido seleccionados según criterios objetivos, apropiados y comprobables y que la base de las comparaciones efectuadas sea homogénea. Es posible comparar las tarifas aplicadas a uno o varios segmentos de usuarios específicos si existen indicios de que el carácter excesivo de los cánones afecta a estos segmentos.
La diferencia entre las tarifas comparadas debe considerarse notable si es significativa y persistente. Tal diferencia constituye un indicio de abuso de posición dominante e incumbe a la sociedad de gestión de derechos de autor en posición dominante demostrar que sus precios son equitativos, basándose en elementos objetivos que incidan en los costes de gestión o en la remuneración de los titulares de los derechos.
En el caso de que se demuestre la existencia de la infracción recogida en el artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), las remuneraciones destinadas a los titulares de los derechos deben incluirse en el volumen de negocios de la sociedad de gestión de derechos de autor de que se trate para determinar el importe de la multa, siempre que tales remuneraciones formen parte del valor de las prestaciones efectuadas por esa sociedad y que dicha inclusión sea necesaria para garantizar el carácter efectivo, proporcionado y disuasorio de la sanción impuesta. Incumbe al tribunal remitente comprobar, a la luz de todas las circunstancias del caso de autos, si se cumplen estos requisitos (TJUE, Biedrība „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība” contra Konkurences padome, 14 de septiembre de 2017, C‑177/16).
Los artículos 47, apartado 2, y 48, apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que excluye la posibilidad de que un operador económico que participa en una licitación sustituya a una empresa auxiliar que ha perdido las habilitaciones exigidas con posterioridad a la presentación de la oferta, circunstancia que conlleva la exclusión automática de dicho operador económico (TJUE, Casertana Costruzioni Srl contra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise y Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S., 14 de septiembre de 2017, C‑223/16).
El artículo 168, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que un sujeto pasivo tiene derecho a deducir el impuesto sobre el valor añadido soportado por una prestación de servicios consistente en construir o mejorar un bien inmueble del que un tercero es propietario, cuando este último se beneficia a título gratuito del resultado de esos servicios y éstos son utilizados tanto por ese sujeto pasivo como por ese tercero en el marco de sus actividades económicas, en la medida en que los antedichos servicios no vayan más allá de lo que resulta necesario para permitir al referido sujeto pasivo realizar operaciones gravadas posteriormente y en que su coste esté incluido en el precio de esas operaciones (TJUE, Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia contra „Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments“ EOOD, 14 de septiembre de 2017, C‑132/16).
Las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libertad de establecimiento se oponen, en circunstancias, como las del litigio principal, en las que los administradores fiduciarios, según el Derecho nacional, son tratados como un órgano único y permanente de personas, diferenciado de las personas que tengan la condición de administradoras en cada momento, a una legislación de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que prevé la tributación de las plusvalías latentes de los bienes incluidos en un fideicomiso cuando la mayoría de los administradores fiduciarios trasladan su residencia a otro Estado miembro, sin permitir el cobro aplazado del impuesto así adeudado (TJUE, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements contra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, 14 de septiembre de 2017, C‑646/15).
El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, confiere derechos a un accionista que ha recibido dividendos calificados de «dividendos de fuente extranjera» (foreign income dividend).
El Derecho de la Unión exige que el Derecho interno de un Estado miembro prevea vías de recurso accesibles para accionistas que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, han percibido dividendos calificados de «dividendos de fuente extranjera» sin haber obtenido un crédito fiscal por esos dividendos, con el fin de permitir a dichos accionistas ejercer los derechos que les confiere el artículo 63 TFUE. A este respecto, el órgano jurisdiccional nacional competente debe velar por que los accionistas que no estén sujetos al impuesto sobre la renta en relación con los dividendos y que hayan percibido dividendos procedentes de dividendos de fuente extranjera calificados de «dividendos de fuente extranjera», como The Trustees of the BT Pension Scheme, dispongan de una vía de recurso que, por un lado, permita garantizar el pago del mencionado crédito fiscal, del que los beneficiarios han sido privados indebidamente, con arreglo a una regulación procesal que no sea menos favorable que la referente a un recurso dirigido al pago de un crédito fiscal, o de una ventaja fiscal similar, en una situación en la que la administración tributaria haya privado indebidamente a los beneficiarios de ese crédito fiscal o de esa ventaja fiscal con ocasión de un reparto de dividendos procedentes de dividendos recibidos de una entidad residente en Reino Unido y, por otro lado, que permita garantizar de manera efectiva la protección de los derechos conferidos a dichos accionistas por el artículo 63 TFUE.
Las respuestas dadas a las anteriores cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente no se alteran ni por la circunstancia de que The Trustees of the BT Pension Scheme no estén sujetos al impuesto sobre la renta en relación con la percepción de dividendos, ni por el hecho de que la infracción del Derecho de la Unión controvertida no esté, según el órgano jurisdiccional remitente, suficientemente caracterizada para generar la responsabilidad extracontractual del Estado miembro afectado frente a la sociedad que reparte los dividendos calificados de «dividendos de fuente extranjera», con arreglo a los principios establecidos en la sentencia de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame (C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79), ni por el hecho de que una sociedad residente en Reino Unido haya repartido un importe incrementado de dividendos calificados de «dividendos de fuente extranjera» con el fin de paliar la circunstancia de que el accionista que recibe los dividendos carece de crédito fiscal (TJUE, The Trustees of the BT Pension Scheme contra Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, 14 de septiembre de 2017, C‑628/15).
La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, y el principio de protección de la confianza legítima no se oponen a que un Estado miembro, por una parte, revoque un certificado de registro expedido erróneamente a un ciudadano de la Unión que seguía estando sujeto a una prohibición de entrada en el territorio y, por otra, adopte contra él una resolución de expulsión basada únicamente en la constatación de que la medida de prohibición de entrada en el territorio seguía estando en vigor.
La Directiva 2004/38 y la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, no se oponen a que una resolución de retorno de un ciudadano de la Unión Europea, como la controvertida en el litigio principal, sea adoptada por las mismas autoridades y con arreglo al mismo procedimiento que la resolución de retorno de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/115, siempre que se apliquen las medidas de transposición de la Directiva 2004/38 que sean más favorables para ese ciudadano de la Unión.
El principio de efectividad no se opone a una práctica jurisprudencial según la cual un nacional de un Estado miembro contra el que se ha dictado una resolución de retorno en circunstancias como las del litigio principal no puede invocar, en apoyo de un recurso interpuesto contra dicha resolución, la ilegalidad de la resolución de prohibición de entrada en el territorio anteriormente dictada contra él, siempre que el interesado haya tenido la posibilidad efectiva de impugnar en un plazo útil esta última resolución con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2004/38.
El artículo 30 de la Directiva 2004/38 obliga a los Estados miembros a adoptar cualquier medida útil para que el interesado comprenda el contenido y las implicaciones de una decisión adoptada en virtud del artículo 27, apartado 1, de dicha Directiva, pero no exige que esta decisión se le notifique en una lengua que comprenda o pueda suponerse razonablemente que comprenda, cuando no haya presentado ninguna solicitud en este sentido (TJUE, Ovidiu-Mihaita Petrea contra Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis, 14 de septiembre de 2017, C‑184/16).
El artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, a la luz del artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que:
no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prevé que, en una situación en la que el internamiento de un solicitante de protección internacional comienza después de que el Estado miembro requerido haya aceptado la petición de toma a su cargo, dicho internamiento puede mantenerse durante dos meses como máximo, siempre que, por un lado, la duración del internamiento no supere el tiempo necesario a efectos del procedimiento de traslado, apreciado teniendo en cuenta las exigencias concretas de dicho procedimiento en cada caso particular, y, por otro lado, no se prolongue más de seis semanas a partir de la fecha en que el recurso o la revisión ya no tenga efecto suspensivo;
se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite, en tal situación, mantener el internamiento durante tres o doce meses durante los cuales puede efectuarse válidamente el traslado.
El artículo 28, apartado 3, del Reglamento n.º 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que no se ha de deducir del plazo de seis semanas a partir del momento en que el recurso o la revisión ya no tiene efecto suspensivo, establecido por esa disposición, el número de días durante los cuales la persona interesada ya se encontraba internada una vez que un Estado miembro ha aceptado la petición de toma a su cargo o de readmisión.
El artículo 28, apartado 3, del Reglamento n.º 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que el plazo de seis semanas a partir del momento en que el recurso o la revisión deja de tener efecto suspensivo, establecido por esa disposición, se aplica asimismo cuando la suspensión de la ejecución de la decisión de traslado no ha sido específicamente solicitada por la persona interesada (TJUE, Mohammad Khir Amayry contra Migrationsverket, 13 de septiembre de 2017, C‑60/16).
El artículo 14, apartado 2, letra b), inciso i), del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue modificado por el Reglamento (CE) n.º 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, ha de interpretarse en el sentido de que una persona que, como la del litigio principal, ejerce una actividad por cuenta ajena para un empresario establecido en el territorio de un Estado miembro y reside en otro Estado miembro en cuyo territorio ejerció, en el año transcurrido, una parte de esa actividad por cuenta ajena correspondiente al 6,5 % de sus horas de trabajo, sin que existiera un acuerdo previo con su empresario, no debe considerarse una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos Estados miembros en el sentido de esa disposición (TJUE, X contra Staatssecretaris van Financiën, 13 de septiembre de 2017, C‑570/15).
El artículo 14, apartado 2, letra b), inciso i), del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue modificado por el Reglamento (CE) n.º 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, ha de interpretarse en el sentido de que una persona que reside y ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro y que, durante un período de tres meses, disfruta de una excedencia no retribuida y ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro debe considerarse una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos Estados miembros en el sentido de esa disposición, siempre que, por una parte, durante ese período de excedencia, se considere que ejerce una actividad por cuenta ajena en virtud de la legislación en materia de seguridad social del primer Estado miembro y, por otra, la actividad ejercida en el territorio del segundo Estado miembro tenga carácter habitual y significativo, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente (TJUE, X contra Staatssecretaris van Financiën, 13 de septiembre de 2017, C‑569/15).
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, Segunda Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, y el artículo 1 bis de la Directiva 90/232/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1990, Tercera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles, en su versión modificada por la Directiva 2005/14, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que excluye de la cobertura y, por tanto, de la indemnización por el seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles los daños corporales y materiales sufridos por un peatón víctima de un accidente de circulación exclusivamente por ser dicho peatón el tomador del seguro y el propietario del vehículo que causó tales daños (TJUE, Luís Isidro Delgado Mendes contra Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, 14 de septiembre de 2017, C‑503/16).
Resumen del libro: El presente libro “Instituciones de la Unión Europea” tiene por finalidad principal constituirse en el material docente de la asignatura del mismo nombre correspondiente a las titulaciones del Grado en Derecho y del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas que imparte la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la cuota docente asignada al Departamento de Derecho Administrativo. De ahí que los autores del libro sean profesores de dicho departamento, todos ellos especialistas en Derecho de la Unión Europea. Este objetivo docente ha determinado no sólo la explicación material de los contenidos, sino también la estructuraión y organización formal de los mismos, adaptádolos a las características propias de la enseñanza a distancia y del Espacio Europeo de Educación Superior. Se trata, por tanto, de una exposición clara, concisa y concreta.
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 artículo 168
 artículo 63
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 artículo 6
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 artículo 6
 artículo 28
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 artículo 14
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 artículo 3
 artículo 1