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Timestamp: 2017-06-27 00:06:13+00:00

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La verdad sobre la privatización de la sanidad. Parte 1.
Nuevamente ayer se produjo una nueva manifestación en la puerta del Sol -Madrid- con motivo de la privatización de gran parte de los servicios sanitarios de la comunidad de Madrid, a la cuál no sólo acudió personal profesional sanitario sino también usuarios del sistema como ya viene siendo habitual. ¿Pero conocemos verdaderamente de que está ocurriendo? ¿Qué se está reclamando?¿En qué afectan los recortes?. Pongámonos en situación:
CONTEXTO SOCIAL. La sanidad, como todos los servicios públicos, es deficitaria por naturaleza. Al ser gratuita, no produce beneficios económicos; y al estar cada vez más tecnificada y desarrollada, es cada vez más cara. Los gobiernos, sin ingresos procedentes de la sanidad, tienen que hacer frente a un gasto sanitario (en métodos diagnósticos, tratamientos, sueldos de profesionales, etc.) cada vez mayor, ya que a su vez la población crece.
Además, la sanidad pública es una fuente de conflictos constantes para esos gobiernos. La ciudadanía protesta por su ineficacia, por las listas de espera… y los profesionales de la sanidad protestan por la escasez de personal, la precariedad de sus condiciones laborales, la masificación de sus servicios, etc.
Negligencias en instituciones penitenciarias.
Una de las atribuciones características de la Administración tal y como hoy la concebimos, se traduce en el deber de mantenimiento de la seguridad y orden sociales.
Efectivamente, las directrices básicas sobre Responsabilidad Patrimonial de la Administración contenidas en el título X de la Ley 30/1.992, deben ponerse en conexión y ser aplicadas bajo la óptica de la legislación penitenciaria contenida en la ley Orgánica General Penitenciaria 1/1.979 (L. O. G. P), de 26 de septiembre , y su actual norma principal de desarrollo, el R.D 190/1.996 , de 9 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario.
En el ámbito concreto al que nos referimos, el artículo 1 de la mencionada Ley Orgánica General Penitenciaria, explica en términos amplios y genéricos en qué consiste el funcionamiento normal de la Administración Penitenciaria, al afirmar que:
“ Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados “. Dicho precepto significa que en los centros penitenciarios se debe velar por la integridad física y moral de los reclusos evitando que sufran daños y lesiones durante el tiempo de cumplimiento de sus penas.
El deber de respeto de los derechos fundamentales de los reclusos
No resulta difícil intuir que la Responsabilidad patrimonial que en su caso pueda exigirse a la Administración penitenciaria por los daños sufridos por detenidos y presos, se ubica en el marco de la labor de custodia que deben ejercer dichas instituciones.
La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, haciéndose eco de tales exigencias , al resolver supuestos de posible responsabilidad patrimonial, suele tomar como punto de partida el ineludible deber de las Instituciones carcelarias de mantener a los internos en condiciones de dignidad y seguridad , apoyándose en los artículos 10.1 y 15 de la Constitución Española, en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
De esta forma y, a título de ejemplo, los funcionarios deben sustraer a los internos los elementos con los que puedan agredir a otros reclusos, o a sí mismos, evitar enfrentamientos o peleas...
Cuestionable Responsabilidad Objetiva
El criterio de Objetividad que en nuestro país se viene tradicionalmente predicando de la misma, resulta matizado en el ámbito de la Administración penitenciaria. Se exige como requisito imprescindible por la Jurisprudencia para reconocer como procedente una indemnización que se verifique “algún elemento de anormalidad en el servicio penitenciario“, que permita establecer un nexo de causalidad entre la actuación administrativa y el daño sufrido por el interno (entre otras Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de mayo de 1.999, Sala Tercera.) De esta forma cuando no queda absolutamente probada la concurrencia de un defecto de desenvolvimiento del servicio público, entendiéndose que el daño obedece a la culpa exclusiva de la víctima, se ha considerado roto el nexo causal, negándose , en consecuencia, la existencia de responsabilidad patrimonial.
En definitiva, a pesar de que en alguna ocasión el Tribunal Supremo se pronuncia sobre una Responsabilidad de la Administración Penitenciaria , pareciendo querer reconocerla sobre un adecuado funcionamiento del servicio público, de continuo, se suele estimar la responsabilidad en el caso de concurrir un actuación u omisión indebida, y por tanto, anormal del Estado.
Informe sobre las Cárceles año 2.006
El Informe del Defensor del Pueblo referente al año 2006, destaca entre otros aspectos, la existencia de alta tasa de suicidios (derecho a la vida), deficiencias en la sanidad (derecho a la salud), falta de tratamiento para presos (derecho a la reinserción), y los escasos dedicados al Ministerio de Justicia y Exteriores sobre tardanza de indultos y de apoyo a presos en el extranjero.
Para saber más… Supuestos más comunes.
Daños sufridos por los internos en los centros penitenciarios.
La pluralidad de nexos causales.
Los centros de menores en régimen de detención.
La excarcelación de los presos por motivos humanitarios.
Hacinamiento en los centros penitenciarios españoles.
Negligencias, malos tratos y torturas cometidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
Dentro del concepto de Negligencia, se comprende, abandono del puesto de trabajo durante un largo periodo de tiempo in cumpliendo su deber de vigilar, Culpa In Vigilando, permitiendo determinadas actuaciones del sujeto contra sí mismo o de otro u otros contra él, permitir que detenidos o presos porten determinados objetos peligrosos, no cacheando debidamente. Es una Acción Omisiva. Pueden o no constituir Delito, pero en todo caso responde el Estado si se prueba la Relación de Causalidad.
La carne de las denuncias del año 2.010 por poner un ejemplo, fueron las Protestas Sociales, la mayoría presentadas por sindicalistas (13,4% ) y personas vinculadas a movimientos de ONGs ( 30,05%) ese mundo de reivindicación callejera reúne un total del 43,45 % de las QUEJAS POR MALTRATO POLICIAL, después encontramos a los inmigrantes (17,9%), casi dos de cada diez denuncias que se realizan. Igualmente, miembros de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido denunciados.
SITUACIÓN PROCESAL DE LOS FUNCIONARIOS EN LOS BANQUILLOS. NEGLIGENCIAS, MALOS TRATOS Y TORTURAS COMETIDOS POR FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Denuncias según Comunidades Autónomas (2005)
Negligencias en centros educativos. ¿Qué hacer y como defendernos?. PARTE 1.
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMISTRACIÓN DE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR ALUMNOS.
Se han hecho grandes progresos en esta materia, como por ejemplo haber conseguido en la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo, a finales del año 2.004, de Recurso de Casación sobre negligencia en un Instituto de Lorca, (Murcia). Tras una batalla legal de más de diez años, los daños son irreparables, a raíz de una agresión por parte de compañeros de instituto y finalmente, se le reconoció que así fue. El Tribunal Supremo establece, sin dejar resquicio alguno para la duda, que «la primera caída, ocurrida en el centro escolar el 1 de octubre de 1992, al tratar de huir el menor de unos compañeros que pretendían hacerle una novatada, es imputable a la administración educativa por no haber prestado los profesores la debida atención, vigilancia y cuidado para evitar la persecución de la que el joven fue objeto por parte de otros alumnos, cuando se encontraban en el propio instituto". “El joven, al que se le ha reconocido una minusvalía del 78 por ciento, "se encuentra incapacitado para cualquier tipo de actividad sociolaboral normal y regular y precisa un control por tercera persona". Puntos a tener en cuenta
El modo en que se produjo el daño.La edad del alumno.La influencia que el efecto lesivo ha tenido en su conducta.
A la hora de examinar este tipo de reclamaciones debe tenerse en cuenta el relato de hechos contenido en “la Comunicación de Accidente escolar“, firmado por el Director del Centro (se trata de un impreso formalizado en el que el directos da cuenta con gran concisión de las circunstancias del accidente) . Esta comunicación debe ser remitida por el Director del centro a la Consejería de Ecuación de la respectiva Comunidad Autónoma en todos los supuestos de accidente escolar. Supuestos:
Son reclamaciones muy frecuentes las caídas de los alumnos en los pasillos o escaleras o cuando acceden al centro o salen del recreo. Debemos realizar una serie de precisiones:
Ha de acreditarse alguna circunstancia excepcional que haya influido en la caída.
Ejemplos: razones subjetivas, agresión de otro alumno (implica ausencia de vigilancia del profesorado), razones objetivas, mal estado de la instalación, barandillas sin protecciones… Este es el criterio seguido por el Consejo de Estado y el Tribunal Supremo, es de una opinión parecida en estos casos.
DAÑOS CAUSADOS EN EL PATIO DEL RECREO.
b) En cambio, cuando los alumnos están realizando un juego peligroso y los profesores no lo evitan, existe un título de imputación suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial. Así el Tribunal Supremo ha declarado que “el deber de vigilancia “implica el deber efectivo de atender los juegos y prohibir los juegos peligrosos.Ejemplos. Clavar en la tierra una vara que lesiona el ojo de un alumno, subirse a los árboles…
c) Conductas inadecuadas realizadas por los alumnos. Los profesores deben evitarlas y en una reclamación de daños, sí podría existir responsabilidad. Un supuesto especial a tratar es el caso del bulling o Acoso escolar, que analizamos en otro apartado.Ejemplos: Pedradas entre alumnos, peleas, objetos peligrosos que se hayan en el centro y son usados por los escolares para lesionar...
La jurisprudencia es favorable a la indemnización.Ejemplos: El deber de retirar un armazón inservible en el patio del colegio con el que se columpian los alumnos que produce la muerte de uno de ellos, pinchazos con jeringuillas, venta de drogas en el colegio, líquidos peligrosos usados en limpieza que se dejan la alcance…
En estos casos el Consejo de Estado ha entendido que las reclamaciones formuladas por los daños sufridos por estos alumnos -entre los que son frecuentes los golpes o manotazos- son especialmente atendibles habida cuenta de su especial condición: por ello se suelen estimar las pretensiones indemnizatorias formuladas en el caso de alumnos que reciben lesiones de otros como “un manotazo de un compañero" o cuando “una alumna de integración empujó la silla de otra compañera", por la falta de la debida diligencia y atención de los profesores.
Negligencias médicas. Causa y motivación. Parte 2
¿Se encuentra usted en alguno de los siguientes supuestos?
- No le Practicaron las Pruebas Pertinentes.
- Las Pruebas eran Insuficientes.
- Se podría considerar que las Pruebas a las que se sometió eran de Riesgo.
- Se le Demoraron las Pruebas.
- Falta diagnóstico.
- Diagnóstico tardío.
- Diagnóstico incorrecto.
El diagnóstico de una enfermedad, acto médico necesario y habitual en la práctica diaria del ejercicio de la medicina, no es especialmente difícil en muchas ocasiones, pero es evidente que la práctica de esta actividad es demasiado aleatoria, y aunque algunos supuestos tienen un escaso margen de error, en otros casos se parte de unas hipótesis que pueden conllevar un alto grado de alea o suerte.
Limitándonos a lo que viene denominándose medicina curativa, la obligación del profesional de la medicina, en cada caso, se manifiesta a través de uno o varios actos médicos.
Puede suceder que el paciente acuda al médico con el único deseo de obtener un diagnóstico; puede suceder, y ello es lo más frecuente, que espere, además, un tratamiento médico o quirúrgico consecuente; o puede suceder, incluso, que el paciente, conocedor de su patología, requiera únicamente el oportuno tratamiento.
En cualquiera de estos casos, el primero de los actos médicos a realizar ha de ser el estudio adecuado del paciente para lograr el diagnóstico, ya sea como única obligación a cumplir, ya sea para poder aplicar el tratamiento indicado al caso concreto. Ello es imprescindible. Antes de aplicar un tratamiento, el facultativo ha de intentar comprobar que es el adecuado, y ello requiere un estudio de los datos que le son proporcionados por el interesado o que obtiene a través de la historia clínica perteneciente al paciente objeto de la atención médica solicitada.
Así parece que el error de diagnóstico responsabilice al médico "por los daños que sufre el paciente como consecuencia de haber seguido por ello un tratamiento inadecuado", ese error debe ser grave e inexcusable.
Se tratará pues de determinar, si el médico cualquiera sea su especialidad, en nuestro caso, ha procedido con la debida diligencia, para informarse de aquello que ignoraba o para verificar si era exacta la noción que tema del caso.
"En el campo de la observación, la casualidad favorece solamente a las mentes preparadas" (Luis Pasteur).
ERROR TERAPÉUTICO
- Tratamiento Inadecuado.
LA ACCIÓN WRONGFUL BIRTH
Es la acción dirigida por los padres contra la Administración por no haber sido informados de los defectos congénitos del hijo engendrado, privando del derecho a los mismos de adoptar una decisión informada.
Este tipo de acciones es muy frecuente en derecho anglosajón, fue por primera vez enjuiciada en el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 6 de junio de 1.997. El Alto tribunal apreció en este caso la quiebra de la Lex Artis al no comunicarle el fracaso de unas pruebas diagnósticas -amniocentesis- de forma que cuando supo el resultado ya no podía acogerse a la indicación eugenésica establecida en el Código Penal que permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo, dando a luz a un hijo con síndrome de Down.
En este caso lo lesionado, no es un pretendido “Derecho a Abortar“ que como tal no existe sino que el Lesionado es el bien moral ceñido a la privación del ejercicio de una opción legalmente permitida. El nacimiento del niño nunca puede ser considerado como un daño , sino el haberse visto privados los padres de la información. Este tipo de reclamaciones suelen prosperar.
FALTA DE ASISTENCIA MÉDICA DEBIDA
Supuestos más comunes de responsabilidad.
1) Por daños causados como consecuencia de las listas de espera. Daños que pueden consistir en:
Fallecimiento por tardanza en realizar la prueba diagnóstica o la intervención quirúrgica. Agravamiento de la enfermedad de base debido a la espera.
2) Por daños causados por no seguimiento de los Protocolos y Guías médicas al uso.
3) Fallecimiento por no prestarse la asistencia sanitaria de urgencia cuando se requirió por no estar presente el facultativo o por cualquier otro motivo, por ejemplo:
Retraso de la ambulancia o de los facultativos al llegar al lugar en el que se ha producido un siniestro o se requiere la asistencia urgente.
Tardanza en atender a una persona con claros signos de sufrir un infarto o cualquier otra patología que requiera asistencia sanitaria urgente.
Ausencia de especialistas o retraso en requerirlos cuando se requiere su presencia con urgencia.
Pérdida de la oportunidad de sobrevivir POR LA NO PRESTACIÓN DE CUIDADOS MÉDICOS O SU PRESTACIÓN A DESTIEMPO.
REINTEGRO GASTOS SANIDAD PRIVADA
En este supuesto, no estamos ante una búsqueda caprichosa e irrazonable de la medicina privada, sino ante una situación de clara falta de diagnóstico adecuado y de intervención eficaz, que concurre en una situación de claro empeoramiento del paciente, y de necesidad de intervención médica , generalmente , quirúrgica urgente que evite situaciones irreversibles.
El iter cronológico de las disposiciones legales que han regulado el reintegro de gastos médicos sanitarios originados en instituciones privadas no concertadas con la Seguridad Social y, en este orden de cosas, el párrafo 3º del artículo 102 de la LGSS , desarrollado por el art. 18 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre , conforme a la redacción dada por el Decreto 2575/1973, de 14 de septiembre, dispuso que las Entidades Gestoras sólo estarán obligadas a abonar tales gastos en los siguientes supuestos:
A) Cuando medie una Denegación injustificada de la asistencia por las instituciones de la Seguridad Social previamente solicitadas y siempre que se notifique, además, dentro de los quince días naturales siguientes al comienzo de la asistencia privada, distinta a los servicios médicos que hayan sido asignados, con la puntualización de que en estrictos términos legales la denegación injustificada se concibe como la negativa pura y simple de la Entidad Gestora o de su personal a la realización de los actos médicos quirúrgicos necesarios para la curación.
B) Cuando la utilización de dichos servicios médicos haya sido debido a la asistencia Urgente de Carácter Vital. Por otra parte, tal como es de ver en el art. 5 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, cuya disposición derogatoria única deroga, entre otros preceptos, el art. 18 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, así como el Decreto 2575/1973, de 14 de septiembre, por el que se modifica el art. 18 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, la utilización se realizará con los medios disponibles por el propio Sistema, en los términos y condiciones previstos en la Ley General de Sanidad y demás disposiciones que resulten de aplicación y respetando los principios de igualdad, uso adecuado y responsable y prevención de la sanción de los supuestos de fraude, abuso o desviación. En los casos de asistencia urgente, inmediata y de carácter vital, que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud se reembolsarán los gastos de la misma una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción. No existe por otra parte una opción del enfermo o de sus familiares entre la medicina pública o la privada. La urgencia vital precisa, además de la situación patológica que presuntamente ponga en peligro la integridad fisiológica del enfermo y que exija acción terapéutica inmediata, que no sea posible, extremadamente dificultoso o desaconsejable médicamente el acudir a los servicios sanitarios propios de la Seguridad Social.
Esta responsabilidad ha de predicarse igualmente en la nueva regulación, y ello no sólo porque subsisten las mismas razones que dieron lugar a esa creación de esa doctrina, pues en este aspecto la nueva normativa es igual a la que regulaba la asistencia sanitaria en el artículo 18 del Decreto 2766/1967, y más amplia que la que contemplaba el antiguo artículo 73 del Reglamento del Seguro obligatorio de Enfermedad, sino también porque el Real Decreto del 20 de enero de 1995, contempla, como expresa su exposición de motivos, esa asistencia sanitaria, e igualmente la protección de la salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución , y esa protección en este doble aspecto es la que se desprende de la jurisprudencia de del Tribunal Supremo.
En realidad la nueva regulación del RD 63/1995, recoge esas orientaciones de la jurisprudencia, por ejemplo, cuando regula la exclusión de tratamiento que suponga infracción del principio constitucional de igualdad, u omisiones significativas en la regulación como puede servir de muestra la exclusión del tratamiento psiquiátrico, y de acuerdo con esta tendencia, la no mención del error del diagnóstico no puede llevarnos a la conclusión de que en ese supuesto se le excluya de la obligación del reintegro...».
Es por ello como ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la necesidad urgente de carácter vital concurre no sólo cuando se halla en peligro la propia existencia, sino también cuando esa premura influye en algún daño irreparable a la integridad física y siempre que existe imposibilidad de resolverlo con la misma urgencia y por los servicios que a tal fin tiene establecidos la entidad gestora.
EL CASO ESPECIAL DEL SUICIDIO EN HOSPITALES Y CENTROS PSIQUIATRICOS
“Todo caso de muerte que resulta, directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo, realizado por la misma víctima y con conocimiento por su parte de que se producirá este resultado".
El art. 93 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, nos proporciona un concepto legal de suicidio: la muerte causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado.
Para apreciar algún tipo de incumplimiento por parte de la administración el elemento decisivo es que el suicida hubiera entrado bajo su custodia precisamente por haberse intentado suicidar o bien que la administración debiera tener constancia o la tuviera efectivamente de su historial médico en el cual constase algún intento de suicidio. Existe un vínculo especial entre el suicida y la Administración cosa que puede comportar, por diferentes vías, una obligación especial de la administración de evitar el suicidio del administrado que se encuentra a su cargo, bajo su custodia o a su servicio de manera forzosa. En este sentido la jurisprudencia, a pesar de buscar siempre una base culpabilística en un incumplimiento, parece situarse cada vez más cerca de los criterios de la responsabilidad objetiva en los casos ocurridos en hospitales. El TS aprecia responsabilidad de la administración hospitalaria basada en la falta de medidas de seguridad o vigilancia suficientes.
Supuestos en los tribunales:
Suicidios en Hospitales. Sucidios en Centros Psiquiatricos. Publicado por
Liquidación y regularización.
Al finalizar el ejercicio económico, hay que realizar una serie de operaciones que son indispensables para poner fin a la actividad de la empresa.
Lo primero, es liquidar todos los impuestos y realizar los ajustes correspondientes, hacer el asiento de variación de existencias que sirve para saber cuántas mercaderías nos quedan en el almacén, hacer los asientos de amortizaciones del inmovilizado material e inmaterial y el asiento de regulación de pérdidas y ganancias.
9.1 Regularización de pérdidas y ganancias La regulación de pérdidas y ganancias consiste en cuadrar todas las cuentas de los grupos 6 y 7, de manera que su saldo final sea cero. Para saldarlas habra que realizar una anotación en el diario en el lado contrario al que presente el mayor importe registrado. Las cuentas de compras y gastos (6) se crean en el Debe y las cuentas de Ventas e Ingresos (7) se crean en el Haber.
No obstante, existen excepciones, cómo son los descuentos de rappel por compra (6) o por venta (7) que se crean en el lado opuesto al que deberían crearse por pertenecer a dichos grupos, estás cuentas lógicamente se regularizarán anotando su saldo en el lado contrío, debe o en el haber. En este caso, al crearse de forma diferente a lo normal el rappel por compra (6) se regularizará en el debe y el rappel por venta (7) en el haber, justo todo lo contrario a lo que normalmente sucede con la regularización de estos grupos.
Todas las cuentas de los grupos 6 y 7 tienen como contrapartida la cuenta de pérdidas y ganancias (129) cuyo saldo finanl se encontrará en el debe si ha habido pérdidas y al haber si ha habido beneficios.
9.2 Variación de existencias
Es el recuento de las mercaderías que quedan en el almacén de la empresa no vendidas durante el ejercicio económico de que se trate.
La forma de reflejar en contabilidad de la variación de existencias de una sociedad será mediante la anotación de asientos en el libro diario al finalizar el ejercicio económico, pero dependiendo del tipo de existencia que haya en almacén, se utilizarán en los asientos diferentes números cuentas de los grupos 6 (Compras y gastos) o 7 (Ventas e ingreso) y 3 (Existencias).
Estos asientos sirven para registrar las diferencias entre las existencias finales e iniciales de mercaderías, materias primas, otros aprovisionamientos, productos en curso, semiterminados, terminados, subproductos, residuos y materiales recuperados. De tal forma que, la diferencia de la suma de los totales del Debe y el Haber en el mayor de la cuenta (300) mercaderías sería igual al importe de las existencias que queden en la empresa al finalizar dicho ejercicio económico.
Clases de cuentas de variación de existencias (grupo 6):
1. 610. Variación de existencias de mercaderías
2. 611. Variación de existencias de materias primas
3. 612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos
1. 300 Mercaderías
2. 310 Materias primas
3. 320 Otros aprovisionamientos
Variación de las existencias iniciales
Por las existencias finales:Variación de las existencias finales
Enlace directo de asientos de variación de existencias grupo 6:
Clases de cuentas de variación de existencias (grupo 7):
712. Variación de existencias de productos terminados 713. Variación de existencias de subproductos, residuos y materiales recuperados
Enlace directo de asientos de variación de existencias grupo 7:
El procedimiento sancionador en materia de tráfico y circulación de vehículos viene recogido en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que fue modificado por la Ley 18/2009 de 23 de noviembre, que es el que se sigue para imponer las sanciones por multas de tráfico. Modificación que entró en vigor a los 6 meses de su publicación en el BOE salvo en los aspectos beneficiosos para los ciudadanos que lo fue al día siguiente de su publicación y lo dispuesto para la notificación electrónica que entra en vigor al año de su publicación B- FASES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Como todo procedimiento administrativo, el sancionador en materia de tráfico está integrado por una serie de fases, que se dividen a su vez entre fase de instrucción y resolución, encomendándose a órganos distintos. La ley prevé la posibilidad de que durante la tramitación del procedimiento sancionador pueda deducirse la posible existencia de delito o falta, en este caso la Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal acordando la suspensión de las actuaciones. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se archivará el procedimiento administrativo sin declaración de responsabilidad. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal. La resolución que se dicte deberá respetar la declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal. Entrando ya en las fases del procedimiento sancionador en materia de tráfico, este comprende: 1º Inicio: El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones en materia de tráfico, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos. La denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico y notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos. El contenido obligatorio de las denuncias de los agentes ha de ser, en todo caso: a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción. b) La identidad del denunciado, si fuere conocida. c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora. d) El nombre y domicilio del denunciante o, si fuera un Agente de la Autoridad, su número de identificación profesional. En las denuncias que los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto al denunciado deberá constar, además: a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pudiera corresponder y el número de puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción. b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia. c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción. d)En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 80 de la ley, o para formular las alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o dependencias donde puede presentarlas. e) Si en el plazo señalado no se hubiesen formulado alegaciones o no se hubiese abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo. f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Las denuncias formuladas por los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y de la identidad de quienes los hubieran cometido, así como de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado. 2.- Notificación de las denuncias: Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. La notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el Agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden. b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté presente. c) Que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo. Se prevé en la ley la práctica de la notificación en la "Dirección Electrónica Vial" que está previsto implantarse, así como el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico 3-. Desarrollo del procedimiento: A partir de aquí el procedimiento se desdobla en función de si el denunciado hace uso del "descuento por pronto pago" o no, esto es si paga sin formular alegaciones con el consiguiente descuento o decide formular alegaciones Notificada la denuncia, el denunciado dispondrá de un plazo de quince días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el procedimiento sancionador abreviado y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario
A) Procedimiento sancionador abreviado Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias: a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa. b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas. c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago. d) El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. e) El plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago. f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente. g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos. B) Procedimiento sancionador ordinario Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de quince días naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. En el supuesto de que no se hubiese producido la detención del vehículo, el titular, el arrendatario a largo plazo o el conductor habitual dispondrán de un plazo de quince días naturales para identificar al conductor responsable de la infracción contra el que se iniciará el procedimiento sancionador. Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el Agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado de aquéllas al Agente para que informe en el plazo de quince días naturales. En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La denegación de la práctica de las pruebas deberá ser motivada, dejando constancia en el expediente sancionador. Concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si figuran en el procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de quince días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, esta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la denuncia siempre que se trate de: a) Infracciones leves. b) Infracciones graves que no detraigan puntos. c) Infracciones graves y muy graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia. La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados
4º Recursos en el procedimiento sancionador ordinario En el abreviado solo cabe el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa En el ordinario la resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo de 30 días indicado anteriormente. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario. El recurso de reposición se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por las dictadas por los Alcaldes, en el caso de las Entidades Locales, se estará a lo establecido en este procedimiento respetando la competencia sancionadora prevista en su normativa específica. 5º Medidas provisionales: El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador podrá adoptar mediante acuerdo motivado, en cualquier momento de la instrucción del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia de presuntas infracciones únicamente podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los siguientes supuestos:
a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de anulación, declarada su pérdida de vigencia. b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio. d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas de alcoholemía o estupefacientes o éstas arrojen un resultado positivo. e) El vehículo carezca de seguro obligatorio. f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50 % de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro. g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo. i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control. j) Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes. En todo caso la inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó. En los supuestos previstos en las letras h, i y j, la inmovilización sólo se levantará en el supuesto de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la Autoridad. A estos efectos, el Agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. En los supuestos previstos en las letras h, i y j, los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el infractor.
La Autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos: a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público. b) En caso de accidente que impida continuar su marcha. c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas. d) Cuando, inmovilizado un vehículo no cesasen las causas que motivaron la inmovilización. e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga. g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas. La Administración competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación: a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones. b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula. c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses; el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar ningún trámite relativo a los vehículos de los que fuese titular en el Registro de Vehículos cuando figurasen como impagadas en su historial de conductor cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves. El titular de un vehículo no podrá efectuar ningún trámite relativo al mismo cuando figurasen como impagadas en el historial del vehículo cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves. Queda exceptuado el trámite de baja temporal o definitiva de vehículos. 6.- Ejecución de las sanciones: Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones. El cumplimiento de la sanción de suspensión de las autorizaciones se iniciará transcurrido un mes desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía administrativa y el período de suspensión de las mismas se anotará en los correspondientes Registros. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción. Vencido el plazo de ingreso sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por el órgano competente de la Administración gestora. Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la Administración del Estado, los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación, y demás normas de aplicación. En los demás casos, serán los establecidos en la legislación aplicable según las Autoridades que las hayan impuesto. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor, salvo en los siguientes supuestos: a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo fue utilizado en contra de su voluntad. b) Cuando el titular sea una empresa de alquiler sin conductor. c) Cuando el vehículo tenga designado un arrendatario a largo plazo en el momento de cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste. d) Cuando el vehículo tenga designado un conductor habitual en el momento de cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en éste. El responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso contra el infractor por la totalidad de lo que haya satisfecho 7- Prescripción y caducidad A) Prescripción de las infracciones: El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos. También se interrumpe por la notificación. El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado. B) Caducidad del procedimiento: Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar resolución. Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión. C) Prescricpión de las sanciones: El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.
El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria
Cont-Adm.,

References: artículo 1
 artículo 3
 artículo 102
 Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 73
 Real Decreto 
 artículo 43
 Real Decreto 
 resolución 
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 artículo 80
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