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Timestamp: 2018-11-20 20:10:11+00:00

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﻿ SENTENCIA SL12303-2016/73755 DE AGOSTO 31 DE 2016
SENTENCIA SL12303-2016 DE 31 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEBE SER EN EQUIDAD Y ES REVISABLE POR LA CORTE CUANDO ES MANIFIESTAMENTE INEQUITATIVA, VULNERA DERECHOS O FACULTADES EXCLUSIVAS DE LAS PARTES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN O LA LEY O EXCEDA LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA ARBITRAL. SIN EMBARGO, LOS ÁRBITROS ESTÁN FACULTADOS PARA ESTABLECER INCREMENTOS SALARIALES CON EFECTOS RETROSPECTIVOS. CUYO ALCANCE ESTÁ LIMITADO YA QUE NO PUEDEN INVADIR PERIODOS CUBIERTOS POR INSTRUMENTOS COLECTIVOS ANTERIORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN LABORAL, ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL, TRIBUNAL DE ARBITRAJE LABORAL, INCREMENTO DEL SALARIO, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, FACULTADES DEL ÁRBITRO
Sentencia SL12303-2016/73755 de agosto 31 de 2016
SL12303-2016
Rad.: 73755
Bogotá, D. C., treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.
Decide la Sala el recurso de anulación interpuesto por el apoderado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y/o Farmacéutica de Colombia –Sintraquim–, contra el laudo arbitral proferido el 21 de enero de 2016, por el tribunal de arbitramento convocado para dirimir el conflicto colectivo suscitado entre la organización sindical recurrente y la empresa BSN Medical Limitada.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y/o Farmacéutica presentó un pliego de peticiones ante la empresa BSN Medical Limitada, que dio origen a un proceso de negociación colectiva. Una vez superada la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubieran llegado a un acuerdo integral, el Ministerio de Trabajo, a través de las resoluciones 0593 de 2014, 01029 de 2015 y 03145 de 2005, convocó e integró un tribunal de arbitramento, con el fin de que estudiara y resolviera definitivamente el diferendo colectivo.
El tribunal se instaló legalmente con sus miembros, analizó los puntos del pliego de peticiones, escuchó la posición de las partes en torno a cada uno de ellos, y, finalmente, profirió el respectivo laudo arbitral el 21 de enero de 2016.
II. Laudo arbitral
Para los fines que interesan a la decisión del recurso de anulación, el tribunal resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:
PRIMERO: Se CONCEDEN los siguientes puntos:
ARTÍCULO 20. Salarios. A partir de la firma del presente laudo arbitral, la empresa BSN Medical Ltda., aumentará los salarios de manera retrospectiva así: A partir del 1º de enero de del 2015 en un 4.1% a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa.
A partir del 1º de enero del 2016, la empresa aumentara (sic) los salarios de acuerdo al IPC, del año inmediatamente anterior es decir sobre el 6.8%.
A partir del 1º de enero del 2017 se efectuara (sic) un aumento de acuerdo al IPC, del año inmediatamente anterior, es decir el que resulte a 31 de diciembre del año 2016, conservando cada una de las categorías, queda entendido que las categorías a las que se hace referencia son las siguientes:
Categoría 1 operario mecánico.
Categoría 2 operario estándar.
Categoría 3 ayudante de almacén.
Categoría 4 empacadores.
SEGUNDO: NEGAR los siguientes puntos del pliego de peticiones: … Artículo 14. Medicina Prepagada.
III. Recurso de anulación
Fue interpuesto por el apoderado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y/o Farmacéutica y pretende, a través del mismo, lo siguiente:
… que la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia ANULE, parcialmente, el inciso primero del ARTÍCULO 20 del laudo arbitral en cuanto hace referencia al índice porcentual decretado (4.1%) y en su defecto, si la honorable Sala considera que se trata de un “caso de protuberante inequidad”, aplicando su propia doctrina, establezca que la retrospectividad decretada por el tribunal de arbitramento, se aplique en debida forma, teniendo en cuenta el incremento establecido para el año 2016, es decir, el 6.8% desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2015, y a partir de esa fecha ejecutar el laudo en todo su contenido durante su vigencia. En el evento de que la Sala, no lo considere así, ordene que el expediente sea devuelto al tribunal de arbitramento a fin de que determine la retrospectividad decretada en la forma antes dicha.
Igualmente, solicito la anulación parcial del acápite V del laudo arbitral (págs. 16, 17 y 18) en cuanto hace referencia a la negación mayoritaria del artículo 14 del Pliego de Peticiones sobre “medicina prepagada” por considerar, por hechos sobrevinientes a la expedición del laudo que la razón de su negación realmente no existe, como lo veremos en la sustentación correspondiente.
Para fundamentar tales súplicas, en primer término, el recurrente compara la cláusula del aumento salarial con la de la vigencia del laudo arbitral y aduce que el tribunal extralimitó sus funciones, al decretar un incremento de salarios para tres años, mediado por un entendimiento erróneo del concepto de retrospectividad, que, dice, se ha autorizado por esta corporación en los casos en los que la negociación se extiende ampliamente en el tiempo. Para tal efecto, arguye que, al asumirse un aumento para el año 2015, igual a 4.1%, lo que en realidad se decretó fue un reajuste con retroactividad, que vulnera el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.
Explica también que tanto el laudo arbitral como la convención colectiva regulan las condiciones de los contratos de trabajo hacia futuro, pues, por expresa prohibición legal, no pueden afectar situaciones consolidadas o tener un alcance retroactivo. Asimismo que, de manera excepcional, en materia de salarios, esta corporación ha autorizado que las disposiciones colectivas tengan un efecto retrospectivo, de manera que se apliquen al “… periodo en el cual los trabajadores afectos al conflicto no tuvieron incremento salarial, precisamente, por la expectativa de los resultados de la finalización del conflicto…”.
Insiste en que, en este caso, al crearse un incremento salarial del 4.1% para el año 2015, igual al que recibieron los trabajadores no sindicalizados y diferente del decretado para el año 2016 (6.8%), en realidad el tribunal creó una norma retroactiva, que afectó el derecho de los trabajadores sindicalizados a la negociación colectiva. Por lo mismo, en sus términos, el verdadero efecto retrospectivo de la decisión implicaría que el incremento salarial se decretara desde el 1º de enero de 2015, en un 6.8% –igual al del año 2016–, y que así debería disponerlo la Corte. Precisa, en tal medida que:
Lo anterior indica que el incremento salarial que debe ser objeto de pago retrospectivo desde el 1º de enero al 31 de diciembre del 2015, es el contenido en el inciso 2º del artículo 20 del laudo arbitral, es decir, que el 6.8% decretado como incremento a partir del 1º de enero de 2016, debe aplicarse retrospectivamente a partir del 1º de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015, a fin de cubrir el reajuste salarial que los trabajadores sindicalizados no tuvieron durante ese periodo y a partir del 1º de enero del 2016, se aplicará el laudo arbitral en su parte correspondiente. No de otra manera debe entenderse la aplicación retrospectiva por cuanto este concepto implica que una norma que se crea hacia futuro se pueda aplicar, tal como lo permite el artículo 16 del CST, a periodos anteriores a su creación de manera retrospectiva, situación que no se presenta si se aplica el incremento del 4.1%, como lo plantea el tribunal tanto en el Acta 07 como en el laudo, porque esta norma no tiene efectos hacia futuro, fue creada única y exclusivamente para cubrir el periodo que los trabajadores sindicalizados estuvieron sin incremento salarial, lo cual significa que su aplicación es retroactiva, contradiciendo lo establecido en el artículo 16 del CST y es totalmente ajena y desligada de la vigencia del laudo arbitral.
En apoyo de sus reflexiones, reproduce apartes de las sentencias C-177 de 2005 y C-781 de 2003, emitidas por la Corte Constitucional, así como de una decisión proferida por esta Sala el 28 de marzo de 1969, de la cual no señala el número de radicación.
Por otra parte, en cuanto al punto del pliego de peticiones denominado “medicina prepagada”, afirma que la empresa, después de conocer el contenido del laudo arbitral, procedió de manera unilateral a modificar el pacto colectivo suscrito con los trabajadores no sindicalizados y elevó el aumento salarial decretado para el año 2016 de 4.1% a 7%, superior al logrado en el laudo arbitral. Agrega que dicha maniobra no solo afecta el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores sindicalizados, sino que desvirtúa totalmente las consideraciones que tuvo en cuenta el tribunal de arbitramento para negar varios puntos del pliego de peticiones, entre ellos el de la medicina prepagada, pues, razona, si la empresa tuvo la capacidad para incrementar los salarios, no era cierto que se afectara su equilibrio económico o se menguara la equidad, tras la concesión de una petición “… tan sentida que se refiere a la salud de los trabajadores…”.
Por lo anterior, sostiene que, si la Corte considera que este es un caso de “… protuberante inequidad…”, debe decidir sobre el punto u ordenar la devolución del expediente al tribunal para que lo conceda.
IV. Réplica
No se presentó escrito de oposición alguno.
Son dos los puntos del laudo arbitral controvertidos en el recurso de anulación, que pasan a ser analizados por la Corte, en el orden en el que fueron expuestos:
1. Aumento salarial retrospectivo.
En esencia, para el recurrente el tribunal de arbitramento erró en la comprensión del concepto jurídico de “retrospectividad”, en la medida en que, en sus términos, un verdadero aumento salarial retrospectivo implica, necesariamente, tomar el porcentaje de incremento decretado para el año 2016 y retrotraerlo hasta el 1º de enero de 2015, mas no prescribir un rango de elevación salarial diferente para este último año, ya que una medida de esos contornos representa, en realidad, una disposición retroactiva y, a la postre, ilegal. En tal orden, le pide a la Corte que “… aplique en debida forma…” la retrospectividad y disponga el aumento salarial en el equivalente a 6.8% desde el 1º de enero de 2015.
En torno a tales reflexiones, lo primero que debe decirse es que, según se adoctrinó, entre otras, en la Sentencia CSJ SL, 22 en 2013, Rad. 53107, las facultades que le otorga la ley a esta corporación, en el trámite del recurso de anulación, se limitan a verificar la regularidad del laudo y a disponer su anulación, en caso de que el tribunal de arbitramento hubiera extralimitado el objeto para el cual fue convocado o afectado derechos o facultades fundamentales de las partes, y, excepcionalmente, en el evento que sus disposiciones sean manifiestamente inequitativas.
En ese sentido, dentro del marco de sus competencias, la Corte no está autorizada para reemplazar la decisión arbitral por otra que considere más ajustada a la equidad o más conveniente, como lo pide el recurrente. La Sala ha señalado al respecto:
las fórmulas construidas por los árbitros, para reflejar la salida más equilibrada y justa del conflicto colectivo, no pueden ser sujeto de un juicio de legalidad por esta Sala, para, por ejemplo, tergiversarlas, modificarlas o sencillamente imponer otra medida de justicia diferente. Ello con la salvedad de que se advierta una vulneración de derechos o facultades exclusivas de las partes, consagrados en la Constitución o la ley, se excedan los límites de la competencia de la justicia arbitral o se prohíje una solución manifiestamente inequitativa, que no puede ser meramente especulativa, sino que debe estar debidamente soportada en el proceso, casos en los cuales, vale decir, la decisión de la Corte tampoco puede ser la imposición de su propia medida de justicia, sino la anulación, o solo excepcionalmente, la modulación de las decisiones arbitrales”. (CSJ SL14391-2015). (Resalta la Sala).
Por lo anterior, de entrada, la petición del recurrente de que la Corte anule la disposición salarial del Tribunal y “… aplique en debida forma…” la retrospectividad resulta abiertamente improcedente. Dicha realidad también conlleva a advertir que, si la Corte anulara el precepto atacado, por la supuesta extralimitación de las funciones del tribunal, tal decisión iría en perjuicio de los intereses de la propia organización sindical recurrente, pues, al no tener la Corte la facultad de reemplazar las cláusulas invalidadas, el incremento salarial decretado a favor de los trabajadores para el año 2015 desaparecería por completo.
La aclaración precedente, que resulta suficiente para rechazar la pretensión del recurrente, no obsta para precisar que, de cualquier manera, el tribunal no erró en el entendimiento del concepto jurídico de retrospectividad, en materia de incrementos salariales decretados en el marco de un laudo arbitral.
Esta Sala de la Corte ha sostenido al respecto que los laudos arbitrales tienen efectos hacia el futuro y que, solo eventualmente, con el ánimo de corregir algún desequilibrio económico, los árbitros pueden otorgarle un “efecto retrospectivo” a sus disposiciones salariales. Ha entendido esta corporación que esa medida se amolda perfectamente a la función primordial del Tribunal de encontrar la fórmula que resulte más equitativa para la resolución del conflicto. (CSJ SL, 26 jul 2011, Rad. 50469).
La Corte también ha concebido que el propósito de esos efectos retrospectivos de la decisión de los árbitros está dado en corregir eventuales desequilibrios, generados por la prolongación del conflicto colectivo y, con ello, alcanzar periodos en los que no se materializa algún ajuste salarial, por el vacío que se produce entre la vigencia de una y otra convención colectiva de trabajo. Tal cuestión, se ha recalcado, debe ser definida autónomamente por cada tribunal de arbitramento, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso y, por lo mismo, no es de obligatoria observancia.
A la par, la Corte ha establecido que, en todo caso, los efectos retrospectivos de las disposiciones salariales tienen un límite natural, dado en función de la vigencia de convenciones colectivas o laudos arbitrales anteriores, alcanzados en procesos de negociación colectivamente legalmente finiquitados (CSJ SL2283-2014). De esta manera, ha explicado que los eventuales incrementos salariales no podrían invadir periodos cubiertos por instrumentos colectivos anteriores, pues se excedería la competencia del tribunal de arbitramento, por una medida, esta vez sí, retroactiva.
En este caso, se puede observar que: i) las disposiciones salariales de la convención colectiva anterior tuvieron vigencia entre los años 2013 y 2014 (fl. 68 cuaderno 2); ii) el presente conflicto colectivo inició desde antes del año 2015 (fl. 38) y dentro del pliego de peticiones se pidió un aumento que cubría parcialmente la misma anualidad (fl. 46 cuaderno 2); iii) y en ese mismo año –2015– no se decretaron aumentos salariales para los trabajadores sindicalizados (fl. 82 cuaderno 1). Así las cosas, la medida del tribunal nunca fue retroactiva, pues no alcanzó situaciones definidas o consolidadas de acuerdo con un instrumento colectivo anterior (Ver CSJ SL2283-2014), sino que fue retrospectiva, pues pretendió suplir la falta de incremento salarial durante un periodo en el que se extendió el proceso de negociación colectiva.
Aunado a lo anterior, la Corte debe destacar que los árbitros tienen la competencia para definir libremente, de acuerdo con las particularidades de cada caso, no solo si decretan el incremento salarial retrospectivo –pues no es obligatorio–, sino la forma y los términos en las que debe hacerse y, tras ello, el porcentaje que se debe aplicar. En tal dirección, en este caso, bien podían los árbitros concebir que existía un desequilibrio ocasionado por la prolongación del conflicto, vale decir, la falta de incremento salarial para trabajadores sindicalizados durante el año 2015, y tratar de remediarlo a través de una fórmula o patrón de equidad como el incremento retrospectivo, igual al que inicialmente fue ofrecido por la empresa y aplicado a los trabajadores no sindicalizados (fl. 60). Nada los obligaba, en ese sentido, a retrotraer el mismo porcentaje incremento salarial decretado para el año 2016, ni en ello se comprometía el concepto jurídico de retrospectividad, como lo aduce confusamente el recurrente.
Así las cosas, además de que los árbitros no estaban atados a los porcentajes de incremento propuestos por el sindicato (CSJ SL, 2 may. 2012, Rad. 53128 y SL17138-2015), ninguna regla jurídica les imponía algún límite económico preciso a la retrospectividad salarial, como la defendida por el recurrente, de manera que podían resolverla en equidad, así como implantarla libremente y decidir sus términos y alcances.
Por último, para la Sala resulta pertinente advertir que, en todo caso, no está demostrada la manifiesta inequidad denunciada por el recurrente, pues los árbitros no solo favorecieron a la organización sindical con el incremento salarial retrospectivo, sino que tuvieron en cuenta las condiciones y capacidades económicas de la empresa, además de que proyectaron otros incrementos salariales para los años 2016 y 2017, iguales a la variación del índice de precios al consumidor, lo que no luce, desde ningún punto de vista, abiertamente inequitativo.
En los términos analizados, no resulta procedente la anulación de los incrementos salariales decretados por el tribunal.
2. Medicina prepagada.
El recurrente aduce que el artículo 14 del pliego de peticiones constituye “… una necesidad sentida de los trabajadores…”, que fue negada indebidamente por los árbitros, ya que las razones en equidad que expusieron quedaron desvirtuadas por el hecho de que la empresa aumentó unilateralmente el salario de todos los trabajadores no sindicalizados para el año 2016, en el equivalente al 7%. Por lo mismo, pide que, ante la “protuberante inequidad”, la Corte “… decida sobre este punto…” o, de lo contrario, ordene la devolución del expediente al tribunal de arbitramento “… para que lo definan concediéndolo…”.
Frente a tales reclamos, resulta pertinente reiterar, una vez más, que la Corte, en el marco del recurso de anulación, no está autorizada para anular una decisión arbitral y reemplazarla por otra que considere más ajustada a la equidad o más conveniente. Por esa misma vía, es necesario insistir en que la anulación de decisiones denegatorias del tribunal, como la que se estudia, resulta totalmente inocua, ante la falta de competencia de la Corte para dictar una decisión de reemplazo. En ese sentido, no resulta procedente la petición de que la Corte anule la disposición analizada y “… decida sobre este punto…”.
Ahora bien, el tribunal negó abiertamente la concesión de ese punto del pliego de peticiones, por razones de equidad (fls. 36 y 37), de manera que no se inhibió para resolverlo, por falta de competencia, como sí aconteció con otros aspectos. En ese sentido, tampoco hay lugar a la devolución del expediente al tribunal, para que “… definan concediéndolo en los términos del pliego de peticiones…”, pues, aparte de que esa devolución solo ha sido admitida por esta Sala para aquellos casos en los que la decisión inhibitoria resulta cuestionable, debido a que los árbitros sí contaban con la competencia para decidir sobre alguna aspiración específica (CSJ SL719-2013), lo que, cabe repetir, no fue lo que sucedió en este caso, la Corte no le podría imponer su propia medida de justicia a los árbitros y, en ese orden, obligarlos a resolver favorablemente una determinada materia.
Así las cosas, tampoco es procedente la anulación de la decisión del tribunal de negar el artículo 14 del pliego de peticiones.
1. No anular las cláusulas referidas a salarios y medicina prepagada, incluidas dentro del laudo arbitral emitido el 21 de enero de 2016, por el tribunal de arbitramento convocado para resolver el conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y/o Farmacéutica De Colombia –Sintraquim– y la empresa BSN Medical Limitada.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Tribunal de Arbitramento para lo de su competencia.

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 Artículo 14
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