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Timestamp: 2019-07-22 13:12:44+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 76
CREACIÓN DE REGISTRO VOLUNTARIO DE CONTRATOS AGRÍCOLAS
PETICIÓN DE INICIATIVA SOBRE PRÓRROGA DE FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS. PROYECTO DE ACUERDO
SOLICITUD DE INICIATIVA PARA INGRESO DE PERSONAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL A CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL. PROYECTO DE ACUERDO
PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Rincon Gonzalez
3. MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑOR WALKER (DON PATRICIO), SEÑORA ALVEAR Y SEÑOR ESPINA, CON LA QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA COMO DELITO LOS ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD CON NIÑOS Y ADOLESCENTES FUERA DEL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (9179-07)
Sesión 76ª, en martes 3 de diciembre de 2013
(De 16:13 a 19:24)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas (8829-01) (se aprueba en general).............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (8859-04) (queda para segunda discusión).................................................................................................................
Petición de iniciativa sobre prórroga de franquicia tributaria para instalación de sistemas solares térmicos. Proyecto de acuerdo (S 1622-12) (se aprueba)...................................................................................................................
Solicitud de iniciativa para ingreso de personal de Dirección General de Aeronáutica Civil a Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Proyecto de acuerdo (S 1623-12) (se aprueba).......................................................................................................
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera; Secretario General de la Presidencia , señor Cristián Larroulet Vignau; de Educación, señora Carolina Schmidt Zaldívar, y de Agricultura, señor Luis Mayol Bouchon. Asimismo, se encontraba presente el Asesor Legislativo del Ministerio de Agricultura, señor Andrés Meneses P.
--Se abrió la sesión a las 16:13, en presencia de 15 señores Senadores.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 72ª, ordinaria, en 26 de noviembre; 73ª, especial, en 27 de noviembre, y 75ª, especial, en 28 de noviembre, todas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental, respecto de la solicitud con la que requiere el acuerdo del Senado para nombrar al señor Carlos Ramón Aránguiz Zúñiga Ministro de la Excelentísima Corte Suprema (boletín Nº S 1.618-05).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para el despacho de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile (boletín Nº 8.643-02).
4.- Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de regulación a farmacias (boletines Nos. 6.523-11, 6.037-11, 6.331-11 y 6.858-11, refundidos).
Con los dos últimos retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para la tramitación de los asuntos que se enuncian a continuación:
1.- Proyecto sobre fomento forestal, que modifica y extiende los incentivos a la forestación establecidos en el decreto ley N° 701 (boletín N° 8.603-01).
3.- Proyecto que sustituye las leyes Nº 19.039, sobre propiedad industrial, y Nº 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (boletín Nº 8.907-03).
4.- Proyecto de ley que establece normas sobre la actividad de lobby (boletín N° 6.189-06).
5.- Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
6.- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06).
Con el primero informa que dio su aprobación al proyecto de ley que establece incentivos al retiro para los funcionarios del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional (boletín N° 9.064-16).
Con el segundo informa que aprobó, en los mismos términos en que lo hizo esta Corporación, el proyecto que modifica ley N° 19.803, que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la dispuesta en la ley N° 19.553, que concede una asignación de modernización a la Administración Pública (boletín N° 9.159-05).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República para el efecto de lo dispuesto en el artículo 73, inciso primero, de la Constitución Política.
Remite copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 16 B de la ley Nº 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Contesta acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Senadores señores Prokurica, Frei, Gómez, Horvath, Kuschel y Pizarro, para extender vigencia de las licencias de conducir que se encuentren vencidas hasta diez días después del término del paro de funcionarios municipales (boletín Nº S 1.620-12).
Del señor Subsecretario de Relaciones Exteriores :
Informa las gestiones realizadas en pro de una salida urgente al conflicto político que afecta a la República Árabe de Siria , materia sobre la cual el Senador señor Tuma requirió que se remitiera a esa Secretaría de Estado, en su nombre, copia de la intervención que hizo en la hora de Incidentes de la sesión del miércoles 16 de octubre pasado.
Adjunta informe del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, sobre situación del ex sargento segundo de esa institución don José Quintullanca Álvarez, quien habría sufrido un accidente en acto de servicio y las enfermedades derivadas de él, en respuesta a solicitud de investigación sumaria administrativa cursada en nombre del Senador señor Bianchi.
Del señor Intendente de la Región Metropolitana de Santiago:
Informa, en respuesta a solicitud de antecedentes expedida en nombre del Senador señor Orpis, los proyectos financiados por el Fondo de Seguridad Ciudadana con cargo al 2 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Complementario del nuevo segundo informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley que elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos organomercúricos (boletín N° 7.036-11).
De los Senadores señor Walker (don Patricio), señora Alvear y señores Espina y Quintana, con la que se inicia un proyecto de ley que tipifica como delito los actos de maltrato o crueldad con niños y adolescentes fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar (boletín N° 9.179-07).
Del Senador señor Larraín Fernández, para ausentarse del país a contar del 1 del mes en curso.
El señor QUINTANA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , ayer vencieron los plazos para presentar indicaciones al proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, en la Comisión de Educación, y al que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, en Secretaría. Con respecto a este último, es el Ejecutivo el que tendría que haber presentado proposiciones adicionales.
En consecuencia, solicito que se abra nuevo plazo para formular indicaciones en ambos casos.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿Hasta cuándo, señor Senador ?
El señor QUINTANA.- Dos semanas más, por lo menos.
El señor PIZARRO (Presidente).- ¿Hasta el lunes 16 de diciembre?
El señor QUINTANA.- Perfecto, señor Presidente.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Entonces, si le parece a la Sala, se fijará como nuevo plazo para presentar indicaciones a los dos proyectos señalados por el Senador señor Quintana el lunes 16 de diciembre de 2013, a las 12.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Antes de pasar a los acuerdos de Comités, quiero saludar a los alumnos del colegio Villa La Granja, de Mulchén, Octava Región, que se encuentran con nosotros.
Muchas gracias por estar acá. ¡Muy buenas tardes!
1.- Colocar en el tercer lugar del Orden del Día de esta sesión el proyecto de reforma constitucional signado con el número 5, esto es, el que establece que el Estado debe eliminar los obstáculos que de hecho impidan el pleno desarrollo de las personas.
2.- Abrir nuevo plazo para formular indicaciones respecto de las siguientes iniciativas:
-Proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, las que deberán presentarse en la Secretaría de la Comisión de Economía, y
-Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, las que deberán presentarse en la Secretaría de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
En ambos casos el plazo es hasta las 18 de hoy.
3.- Autorizar a la Comisión de Hacienda para conocer mañana, miércoles 4 de diciembre, el proyecto de ley que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos y otros beneficios (boletín N° 9.177-05), una vez recibido el oficio de la Cámara de Diputados y aunque no se hubiere dado cuenta de él. Asimismo, tratar dicha iniciativa en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , solicito autorización para que la Comisión de Hacienda funcione en paralelo con la Sala a fin de analizar la iniciativa sobre incentivo al retiro de los funcionarios del Senado.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- ¿A qué hora, señor Senador?
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- En una media hora más.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señor Senador, entiendo que el mandato implica discutir el proyecto en general y en particular, para poder tratarlo en Sala hoy mismo o mañana.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Solicito el asentimiento para que ingrese al Hemiciclo el señor Andrés Meneses, asesor del señor Ministro de Agricultura .
En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, con informe de la Comisión de Agricultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8829-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.
Agricultura: sesión 71ª, en 20 de noviembre de 2013.
El objetivo de la iniciativa es dotar de mayor certeza jurídica a las relaciones comerciales entre productores agrícolas y agroindustriales. Para ello, establece un sistema de inscripción voluntaria de contratos de compraventa de productos agrícolas en un registro público, electrónico, nacional y único, en el cual los usuarios inscribirán sus contratos por medio de un formulario suscrito ante notario o mediante firma electrónica avanzada.
La Comisión de Agricultura discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, García, Larraín (don Hernán) y Ruiz-Esquide.
Cabe hacer presente que el artículo 17 es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 21 votos favorables para su aprobación.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor MAYOL ( Ministro de Agricultura ).-
Señor Presidente , el proyecto crea por ley un registro voluntario, público, nacional y único, que operará sobre una plataforma tecnológica, de acceso en línea, de contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo.
El Registro será administrado por el Ministerio de Economía, el cual ya cuenta con una unidad para este fin, puesto que también le corresponde llevar el nuevo registro de sociedades creado mediante la ley Nº 20.659.
El objetivo es que los contratos registrados estén dotados de mayor certeza jurídica. En este sentido, el Registro tendrá los siguientes efectos:
-Los contratos registrados serán oponibles a terceros.
-Inhibe al vendedor para celebrar contratos con terceros sobre los mismos bienes.
-En caso de que no se respete el contrato inscrito, el vendedor será responsable solidario junto al tercero adquirente de los perjuicios que sufriere el comprador que concurre al contrato registrado.
Los beneficios de registrar un contrato se pueden resumir de la siguiente manera:
-Dotará a los contratos registrados de mayor certeza jurídica y mejores condiciones de exigibilidad. Se trata de un problema que ha existido siempre y que los agricultores han reclamado durante muchas décadas: no tener certeza de que lo que ellos acuerden, fundamentalmente con la industria o con el comprador, se respete en definitiva cuando las condiciones de mercado cambien.
-Les dará publicidad y los hará oponibles a terceros (principios de fe pública y publicidad registral).
-Los terceros potenciales compradores podrán informarse en línea acerca de si el bien que evalúan comprar está o no libre de contratos de compraventa celebrados previamente. Ocurre muchas veces que un productor vende un producto y, dadas las condiciones distintas en un momento determinado (de precios y otras), se cambia o no se respeta el contrato celebrado originalmente.
-El bien adquirido será entregado en las condiciones y los volúmenes pactados, a fin de programar su producción.
-El vendedor tendrá seguridad de que se cumplirán las condiciones con las cuales tomó su decisión de producción.
-Mejorarán las posibilidades de obtener asistencia técnica y financiamiento. Un contrato con certeza jurídica genera, obviamente, un flujo; constituye una garantía ante el sistema financiero; se puede endosar y, por lo tanto, es posible obtener financiamiento en buenas condiciones y a plazos razonables.
Estas son las características principales del proyecto en análisis, señor Presidente.
Señor Presidente , en ausencia temporal del Presidente de la Comisión de Agricultura , don Hernán Larraín , este me ha solicitado que rinda un breve informe del órgano técnico acerca de esta iniciativa.
El proyecto, en resumen, tiene dos objetivos relevantes.
El primero es vincular al mundo agrícola con un mejor sistema de financiamiento.
Uno de los grandes problemas para costear la producción o la venta es la incerteza jurídica. Y plantear un registro de contratos agrícolas con una serie de requisitos, accesible a cualquier ciudadano, garantiza de mejor manera el cumplimiento de lo acordado a través de un programa de financiamiento.
Entonces, la primera idea matriz es modernizar el mundo agrícola a través de este sistema, que es voluntario (el que quiere lo hace, el que quiere no lo hace), y que en lo medular permite, por ejemplo, a un agricultor que tiene un contrato de venta de su producto, acceder a un financiamiento más seguro en un banco en la etapa de producción, que es la que irroga mayores gastos y costos. Por tanto, puede optar a una menor tasa, porque el riesgo, obviamente, disminuye. Lo mismo sucede con el comprador que quiere acopiar y exportar al extranjero, pues también es una garantía adicional el hecho de que pueda probar que efectivamente existen contratos mediante los cuales será dueño del producto que después exportará.
Así que -reitero- el primer objetivo medular del proyecto es mejorar las condiciones de financiamiento a través de procedimientos nuevos que otorguen más garantías a cada una de las partes contratantes.
El segundo efecto positivo es proporcionar mayores grados de fidelidad en la relación contractual y en el contenido de los contratos "en verde". Claramente, es una línea que habrá que desarrollar más hacia delante en nuestro país. En Chile, no solo en el mundo agrícola, cada día más las transacciones se hacen, no respecto de productos ya elaborados, sino cuando están recién en proceso de fabricación. Eso, que se da en otros negocios, es muy complejo que ocurra en el ámbito agrícola, por la falta de certeza. Y este registro, precisamente, viene a hacerlo posible de una manera adecuada.
Con esos dos objetivos, se dota de mayor certeza jurídica a las relaciones comerciales, estableciéndose un sistema de inscripción voluntaria de contratos de compraventa de productos agrícolas en un registro público, electrónico, nacional y único, en el cual los usuarios inscriben sus contratos por medio de un formulario suscrito ante notario o mediante firma electrónica avanzada. Los contratos deben ser con entrega a plazo, constar por escrito y ser la primera transacción de dichos productos.
Lo anterior, obviamente, genera espacios de publicidad, cuya consulta es sin costo.
El registro de un contrato lo hará oponible a terceros, lo que garantizará que se trata de transacciones de buena fe. El contrato celebrado, su objeto, la fecha de término y otras disposiciones que se hayan incorporado pasan a ser de cumplimiento obligatorio para ambas partes.
En resumen, señor Presidente, la propuesta que nos ocupa corresponde a una innovación y, por lo mismo, es voluntaria. A mi juicio, puede ser relevante para modernizar el mundo agrícola y mejorar las condiciones de financiamiento y certeza.
En esa perspectiva, la Comisión de Agricultura aprobó el proyecto en general por unanimidad y sugiere a la Sala acogerlo en los mismos términos.
Ojalá se establezca -es la única cosa distinta que voy a decir- un plazo breve para la formulación de indicaciones, a fin de que la iniciativa de ley -considerando que la Cámara de Diputados también la aprobó de forma unánime, según entiendo- pueda aplicarse ya en función de los contratos suscritos en esta temporada. Se trata de un proyecto simple, que no debería presentar mayor complejidad.
Sugiero fijar dicho plazo hasta el próximo lunes. Hago este planteamiento a la Sala con toda la formalidad y solemnidad que corresponde.
Señor Presidente , el proyecto de ley que estamos analizando tiene por objeto establecer un sistema de inscripción voluntaria de contratos de compraventa de productos agrícolas en un registro público, electrónico, nacional y único, en el cual los usuarios inscribirán sus contratos por medio de un formulario suscrito ante notario o mediante firma electrónica avanzada. Los contratos deben ser con entrega a plazo, constar por escrito y ser la primera transacción de dichos productos.
Se trata de un registro voluntario de contratos celebrados con anticipación a la cosecha, incluso antes de sembrar.
En el contexto de los mercados agrícolas internacionales, donde se requieren volúmenes preestablecidos de productos agrícolas muy específicos, la llamada "agricultura por cosecha" se encuentra en una notable desventaja.
Este tipo de agricultura no le permite al productor conocer con precisión la variedad que es más conveniente sembrar o plantar, según los mercados internacionales. Tampoco le posibilita acceder a asesoría técnica ni a financiamiento, dejándolo en una situación de incertidumbre al quedar expuesto a las variaciones del mercado una vez que ha obtenido su cosecha.
Por otra parte, para el agroindustrial la agricultura por cosecha también es inconveniente, puesto que no le permite controlar los procesos productivos de la materia prima, ni la certeza de contar con una variedad y un volumen de producto previamente establecido, lo que dificulta la negociación con sus clientes internacionales, quienes le exigen un nivel mínimo de certeza.
Por el contrario, la venta de la producción agrícola bajo régimen de contrato trae enormes beneficios para el productor, para el agroindustrial y, en general, para el posicionamiento de Chile como potencia agroalimentaria.
En cuanto a las ventajas que para el productor representa la agricultura de contratos, podemos nombrar, a modo de ejemplo, las siguientes:
a) Acceder a mercados de mayor valor, negociando condiciones previas a la toma de decisión de siembra, con más alternativas, y obteniendo mejores condiciones.
b) Acceder a tecnología y capacitación proveídas por el agroindustrial.
c) Mejorar su capacidad de financiamiento, tanto bancario como no bancario, al tener menor riesgo.
d) Utilizar los mercados de futuros, con todos los beneficios que ello conlleva.
e) Concentrarse en la operación agrícola, reduciendo el riesgo comercial.
Por otra parte, para el agroindustrial, la agricultura de contratos le permite:
a) Asegurar su abastecimiento y negociar con mayor anticipación y mejores condiciones de venta, con menor riesgo.
b) Desarrollar nichos de mercado con necesidades específicas, cuyas materias primas no están normalmente disponibles.
c) Organizar mejor los flujos de caja y reducir el riesgo para los financistas del negocio.
d) Realizar investigación aplicada e invertir en sus productores.
e) Usar los mercados de futuros, con todos los beneficios que ello conlleva.
Por las ventajas que he señalado, señor Presidente , anuncio mi voto favorable a la iniciativa en examen, y también el de los demás Senadores de Renovación Nacional.
Señor Presidente , el proyecto de ley en debate fue iniciado en mensaje del Presidente de la República ; contiene una norma de quórum orgánico constitucional, y fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de nuestra Comisión de Agricultura y por 101 votos a favor y una abstención en la Cámara de Diputados.
El objetivo de la iniciativa es crear un registro electrónico, público y voluntario de los contratos de compraventa de productos agrícolas. Tales contratos deben ser con entrega a plazo, constar por escrito y ser la primera transacción de dichos productos. Las personas inscribirán sus contratos por medio de un formulario suscrito ante notario o mediante firma electrónica avanzada, con lo que serán oponibles a terceros, entre otros efectos.
El proyecto implica un gasto fiscal de 185 millones de pesos en el primer año de su puesta en marcha, pasándose en los años siguientes a un gasto permanente de solo 26 millones.
La operación del registro que se crea quedará sometida al control del Ministerio de Economía, para una mayor rigurosidad de su funcionamiento.
Junto con manifestarse dudas acerca de la utilidad real de este registro, se expresó también el temor de que se favorezca la monopolización del poder de compra de productos agrícolas en las grandes empresas exportadoras, al asegurar su abastecimiento a cambio del otorgamiento de créditos a los pequeños productores.
Señor Presidente , existen algunas aprensiones sobre la propuesta en análisis, en el sentido de que la idea general de someter la actividad agrícola a una política de contratos podría restar flexibilidad a la labor de los pequeños productores, aunque igualmente se reconoce que el registro podría servir de protección para que no se fuercen cambios de manera unilateral en los precios impuestos.
En todo caso, por tratarse de un mecanismo voluntario, muchas de las incertidumbres deben ser resueltas por los propios interesados, de acuerdo a la experiencia que obtengan con su funcionamiento. Por lo tanto, la aprobación de la iniciativa permitiría darles la oportunidad de que prueben su utilidad en la práctica cotidiana.
Asimismo, debo destacar lo expresado en la Comisión por el gerente general de la Bolsa de Productos Agropecuarios, el señor Christopher Bosler , quien, según el informe, "consideró que este proyecto de ley es una buena iniciativa para vincular al mundo agrícola con el sector bursátil de financiamiento. Luego, informó que la Bolsa de Productos es una entidad regulada que tiene una normativa similar a las bolsas de valores, pero aplicada a los productos agropecuarios y que ha transado instrumentos de financiamiento de capital de trabajo, inventarios agrícolas y facturas, y que ha permitido unir a las PYMES con el mercado de capitales.
"Indicó que de acuerdo al artículo 4º de la ley Nº19.220 se define a los productos agropecuarios como todo producto que proviene directa o indirectamente de actividades agrícolas, agropecuarias o forestales, así como los insumos que tales actividades requieran. También, se consideran a las facturas y eventualmente a los contratos agrícolas, que es justamente el punto que aborda este proyecto de ley, que permitiría ligar esta plataforma bursátil con los contratos agrícolas registrados.
"Comentó que a nivel agrícola están inscritos casi todos los productos más importantes, como los granos y el ganado. Acotó que existen entre 50 a 70 millones de dólares de financiamiento de ganado en pie y que hoy existen unas cinco mil cabezas de ganado transándose en esta Bolsa.".
Él estimó altamente conveniente este proyecto de ley y, naturalmente, nosotros también, razón por la cual propiciamos su aprobación en la Sala.
Un Comité ha pedido cerrar el debate y abrir la votación.
Si hubiera acuerdo de la Sala, se accedería a lo solicitado.
Pero manteniendo los tiempos de intervención.
Por supuesto, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica, para fundamentar el voto.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar la importancia de contar con un Ministro de Agricultura que sea agricultor, que conozca lo que pasa en el campo chileno y lo que este necesita. El Ministro Mayol ha hecho eso, en gran medida, en terreno. En mi Región, por lo menos, eso es lo que he visto en su trabajo.
El proyecto en análisis busca crear un registro voluntario, público, nacional y único, que operará sobre una plataforma tecnológica de acceso en línea, de contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo.
Dicho registro será administrado por el Ministerio de Economía, que ya cuenta con una unidad para este fin, pues también le corresponde llevar el registro de sociedades creadas mediante la ley Nº 20.659.
El mecanismo propuesto generará los siguientes efectos:
- Los contratos registrados serán oponibles a terceros.
- Inhibe al vendedor para celebrar contratos con terceros sobre los mismos bienes.
- En caso de que no se respete el contrato inscrito, el vendedor será responsable solidario, junto con el tercero adquirente, de los perjuicios que sufriere el comprador que concurre al contrato registrado.
- Los terceros potenciales compradores podrán informarse en línea acerca de si el bien que evalúan comprar está libre o no de contratos de compraventa celebrados previamente.
- Dotará a los contratos registrados de mayor certeza jurídica y mejores condiciones de exigibilidad.
- Les dará publicidad y serán oponibles a terceros.
- El bien adquirido será entregado en condiciones y volúmenes pactados, a fin de programar su producción.
- El vendedor tendrá la seguridad de que se cumplirán las condiciones con las cuales tomó su decisión en materia de producción.
- Y mejorarán las posibilidades de obtener asistencia técnica, financiamiento, acceso a mercados de más valor, mayor trazabilidad de los productos e incentivo a la transferencia técnica y al desarrollo de proveedores.
Señor Presidente , quienes alguna vez nos hemos desempeñado en el mundo agrícola sabemos que es una actividad difícil, porque no solo hay que regar, arar, sembrar, abonar, desinfectar, cosechar, sino también -quizás lo más difícil- efectuar el proceso de la venta.
Sin embargo, dado que la propuesta legislativa crea un mecanismo que permite asegurar esta última parte, la que a veces falla -especialmente para los productores pequeños-, me parece que se da un paso muy importante con este proyecto para brindar seguridad y certeza a todos los involucrados.
Por eso, vamos a votar a favor de la idea de legislar.
Señor Presidente, la iniciativa que nos ocupa constituye un avance muy importante para el mundo de la agricultura.
Creo que es una buena noticia para muchos agricultores de la Región de La Araucanía, que represento en el Senado, porque se impedirá la vulneración de contratos en el mundo del agro, los que, históricamente, de manera habitual se han suscrito sobre la base de cierta informalidad.
La propuesta en examen, que en lo fundamental busca que los contratos de compraventa de productos agrícolas se inscriban en un registro para que se sepa qué se adquirió, compró o vendió, crea un mecanismo de transparencia que permite que el mercado agrícola funcione mejor.
Además, como señaló el señor Ministro , la normativa planteada protege al productor. En efecto, se evita que el cambio de precios haga que el comprador no reconozca los inicialmente pactados con el productor-vendedor. Por lo tanto, le otorga un resguardo importante.
Por otra parte, junto con destacar los méritos del proyecto, hay dos disposiciones respecto de las cuales quiero hacer mención.
En lo atinente a la primera, conversamos hace algunos días con el Ministro y su equipo de asesores acerca de qué pasaría si hubiera excedentes en determinada producción que no estuviesen comprendidos en el contrato. Y se recordó que en esta materia se contemplaba una norma en el proyecto original, que después fue eliminada. Se trata de dos incisos del artículo 14.
El inciso tercero dice: "Cuando el contrato se hubiere registrado de acuerdo a lo prescrito en esta ley, el vendedor no podrá vender a terceros la producción objeto del contrato inscrito. En caso de incumplimiento de esta obligación no les será aplicable a las ventas posteriores a la inscripción, lo establecido en el artículo 1817 del Código Civil".
Pero lo relevante está en el inciso cuarto, que señala: "Quedan exceptuados de lo establecido en el inciso anterior los contratos que recaigan sobre excedentes de una determinada producción o sobre cuotas o partes de la misma producción, que no hubieren sido comprendidos en el contrato registrado originalmente.".
Esta disposición reviste mucha importancia. Sin ella, si hubiera un excedente, al celebrarse un contrato el vendedor quedaría impedido de transarlo con terceros. Y esa situación se da de modo habitual.
Cabe recordar que en la legislación común es válida la venta a terceros, sin perjuicio de los derechos que le asisten al verdadero dueño. Vale decir, una persona que posee un producto puede vendérselo a un tercero. Esa transacción es válida. Y si alguien se ve perjudicado por esta operación, deberá iniciar las acciones legales reivindicatorias del bien que fue vendido o solicitar la indemnización de perjuicios que corresponda.
En consecuencia, considero que los incisos citados debieran reponerse en la discusión en particular para salvar el problema relacionado con los excedentes.
La segunda disposición a la que deseo referirme es el artículo 16 y aborda un punto que es de la esencia del proyecto: la responsabilidad solidaria.
Esta es una norma dura. Evidentemente, busca impedir que se burle el sentido y alcance de lo que significan los contratos.
En concreto, quien vaya a comprar determinada producción tendrá que revisar el registro para cerciorarse de que no está adquiriendo algo que fue vendido con anterioridad a un tercero. Por tanto, se contempla una exigencia. Es importante dejar en claro que quien desee comprar una producción a un tercero deberá tener la sociabilización necesaria para revisar si ella fue vendida o no a otra persona antes.
El artículo 16 dice: "Cuando una persona, distinta de quien hubiere comparecido como comprador al contrato agrícola registrado, adquiera los productos objeto de dicha convención será, para todos los efectos legales, solidariamente responsable con quien hubiere comparecido como vendedor a dicho contrato por los perjuicios causados a aquel comprador.".
Según esta disposición, si alguien desea comprar la producción de otra persona, deberá tomar los resguardos mínimos necesarios para informarse si ella ha sido vendida antes a un tercero. Por tanto, dicho artículo busca proteger al primitivo comprador del producto; o sea, se quiere evitar que el bien adquirido por una persona mediante contrato pueda posteriormente ser vendido a un tercero, en clara defraudación del primer comprador.
Estimo que este es un proyecto superpositivo, que requiere perfeccionarse durante la discusión en particular en la Comisión de Agricultura.
Por primera vez se aborda a fondo la formalización de los contratos agrícolas, lo cual ayuda, fundamentalmente, a los pequeños productores.
Cada vez que en el mundo de la agricultura falta formalización, se aplican ventajas para el más grande, para el que cuenta con mayor poder adquisitivo. En efecto, el pequeño agricultor, si se vulnera el contrato original, sabe que no podrá pelearse con aquel que lo infringió, porque, si lo hace, luego no tendrá a quién vender sus productos. Ello implica que, de alguna manera, el productor y el comprador no están en igualdad de condiciones.
Las normas propuestas, al establecer una mayor institucionalización, una formalización, un registro, ¿a quién protegen: al grande o al chico? Indiscutiblemente, al pequeño agricultor, pues le permitirá contar con un contrato que resguardará sus derechos si el día de mañana le cambian las condiciones comerciales con relación al producto que está vendiendo.
En la actualidad, si al pequeño productor le modifican los términos pactados, la verdad es que queda bastante desamparado, porque, si iniciara acciones legales en contra del comprador, probablemente lo perdería para siempre como futuro adquirente de sus productos. Por consiguiente, prefiere modificar las condiciones originales del contrato que comenzar un proceso largo para que se le cancele aquello que inicialmente había convenido con el comprador.
Por todo ello, me parece que este es un buen proyecto, un avance innovador, inteligente.
Quiero felicitar al Ministerio del ramo, a todo su equipo y a los miembros de la Comisión de Agricultura, que han trabajado en esta iniciativa. Creo que apunta a lo que debe ser una agricultura moderna (con grados de formalización, información, conocimiento y resguardo), particularmente orientada al mediano y pequeño agricultor.
Por tales consideraciones, señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional -como ya expresó el Honorable señor García - vamos a votar a favor del proyecto, sin perjuicio de las perfecciones que requiera y que se le puedan efectuar mediante las indicaciones que se presenten durante su discusión en particular.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier para fundamentar su voto.
Señor Presidente , estimados colegas, en la década de los 90, cuando quien les habla era Diputado de la República , se presentó un proyecto de ley para regular los contratos agrícolas. Y fueron precisamente las bancas de enfrente, encabezadas por un distinguido Senador que está en primera fila, las que manifestaron su oposición a definir la naturaleza de los contratos agrícolas.
En ese tiempo el debate tenía que ver en especial con los fruticultores, en el sentido de que podría ser positivo para la agricultura avanzar en el tema de los contratos a precio fijo, pues estos daban mayores certezas a los agricultores frente a la agroindustria y a las empresas exportadoras. Porque buena parte del riesgo de la comercialización que experimentaban las exportadoras la hacían recaer sobre los hombros de los pequeños agricultores y fruticultores, como se mencionaba en ese proyecto de ley. Los costos de refrigeración del producto, la forma de embalaje, los precios del transporte y del lugar de destino eran muy inciertos. De hecho los contratos frutícolas, la mayoría de las veces son casi de consignación y, curiosamente, muchas de las sociedades exportadoras de nuestro país son las firmas importadoras en las naciones de destino. Hay una relación peculiar en esto, en cómo se genera aquel fenómeno de comercialización.
En ese tiempo, para evitar que se formalizaran y regularan los contratos de algunos agricultores, los argumentos apuntaban a que no se debía intervenir el mercado, porque era malo hacerlo. Y un distinguido Senador de la República, de las bancas del frente, fue quien encabezó el esfuerzo para evitar que se legislara sobre la materia.
En ese espíritu, me parece que hoy quizás se abre una puerta para discutir el tema de los contratos agrícolas, no de la forma acotada como viene en el proyecto, sino con una mayor amplitud que permita precisar a quién se busca defender con los instrumentos que se generan.
Según la lógica de la iniciativa que se nos presenta no me queda claro a quién se quiere defender, en particular por el artículo 16, al que hizo referencia el distinguido Senador señor Espina en su intervención, que dice relación con quién debe asumir ciertos riesgos y responsabilidades.
En mi opinión, es positivo avanzar en un debate sobre contratos y que definamos su naturaleza, porque ese es uno de los problemas que toca el proyecto: definir la naturaleza de los diferentes tipos de contrato.
Los tabaqueros se relacionan de cierta manera con Chiletabacos, que es la principal empresa compradora de su producto. Los maiceros, por su parte, se vinculan de un modo bastante complejo con la industria compradora de maíz, porque hay monopsonios y de hecho son tres o cuatro los poderes adquisitivos de granos. ¡Son tremendos!
La situación de los maiceros -no quiero decir que sea idéntica- es similar a la de los trigueros. Y así podemos ir precisando las diversas propiedades de contratos agrícolas existentes.
Me parece que la posibilidad de que haya un registro tal vez podría facilitar el funcionamiento de la Bolsa de Productos Agropecuarios, que es algo que se ha planteado como muy positivo. Pero también lo puede ser el mirar de manera un poco más integral lo que pasa con diferentes tipos de contratos. Esto último probablemente tiene que ver con la realidad que cada uno de los que estamos aquí podemos apreciar, pues representamos a regiones con producción agrícola de distinta naturaleza. Por ello, los poderes compradores también son disímiles.
A mi juicio, señor Presidente , es bueno no negarse a abrir esta discusión y ver hasta dónde puede llegar. Es cierto que la lógica del registro voluntario resulta interesante, pero también lo es el hecho de que aquí, de acuerdo a ciertos principios, se resguarda más al poder comprador antes que al productor. Porque si yo soy un productor y asumo el compromiso de venderle a alguien, pero luego no lo respeto y hago negocios con un tercero, la responsabilidad del incumplimiento de dicho contrato tendría que ser exclusivamente mía y no de quien pudiese haberme comprado. Ni siquiera debería verse afectado en forma solidaria. No veo por qué a un tercero se le deba imponer la obligación de consultar un registro que es voluntario.
Creo que sería útil revisar con mayor detención este punto, porque dice relación con la naturaleza de los contratos y no con la obligación que le surge a un tercero, que podría desconocerlo.
Voy a inventar una situación.
Si un productor de manzanas tiene un contrato que lo obliga a entregar su producción para la elaboración de jugo y decide llevar un camión con dicha fruta a la vega, la persona que le compra la carga, que ignora la existencia de dicho contrato, acaba siendo solidariamente responsable por haberse incumplido dicho instrumento comercial con un tercero. No considero correcto ni justo que se imponga la obligación de revisar registros cuando uno quiere comprar un bien con documentación legal. Es distinta la situación de un receptor de productos robados.
En todo caso, me parece bien que se avance en generar instrumentos que permitan mayores formalizaciones y que nos puedan llevar a tener mejores certezas en la planificación de la producción. Ojalá esto se pudiese ampliar -quiero insistir en ello- para debatir lo que pasa con los fruticultores.
Les recuerdo que el proyecto de ley que presenté, respecto del cual un colega de las bancas del frente encabezó una oposición para echarlo abajo, fue propuesto en ese tiempo por Fedefruta, en representación de los pequeños fruticultores, frente al abuso de algunas de las grandes empresas exportadoras. Tal como me indica el Senador García-Huidobro , ese tema se debatió en la Sexta Región y él compartía estos juicios.
Señor Presidente , creo que es conveniente avanzar en esta discusión si queremos ser una potencia agroalimentaria, a los efectos de introducir ciertos instrumentos de formalización que nos entreguen mayores certezas. Por ello, voy a votar a favor de la iniciativa, en el entendido de que nos vamos a dar el tiempo necesario para su debate y precisar algo que es fundamental en una actividad donde son muchos los productores y, en general, pocos los poderes compradores, los cuales inciden en los temas de comercialización y les traspasan los riesgos a otros. Debemos tener grandes certezas de no estar generando injusticias.
Señor Presidente , voy a votar a favor de la idea de legislar, en el entendido de que nos vamos a dar el tiempo para debatir en particular la iniciativa. Y quizás, a estas alturas del siglo XXI, podamos retomar la necesidad de precisar los contratos de los fruticultores y ver cómo avanzamos hacia certezas jurídicas mayores, con el objeto de no solo incluirlos en un registro público, sino también de definir la naturaleza de sus contratos tanto con la agroindustria cuanto con las industrias de comercialización.
El señor NOVOA .- }
Señor Presidente , no debe haber sido tan bueno el proyecto de ley al que se refirió el colega que me antecedió en el uso de la palabra si un solo Senador fue capaz de echarlo abajo.
Yo creo en la libertad de los contratos y, por lo mismo que se señala que hay una multiplicidad de realidades -son distintos los contratos frutícolas, de tabaco, de suministro de leche, de productos para el consumo interno, de exportación, de consignación, de plazo fijo-, el legislador no tiene realmente la capacidad de suplir la libertad de las personas en esta materia.
En segundo lugar, en Chile desgraciadamente tenemos el defecto de tratar de poner una ley sobre la otra. Cuando una persona no cumple con un contrato, en vez de hacerla responsable por ese incumplimiento, en lugar de que exista una justicia expedita, se intenta crear otra ley y otra ley, y al final tenemos una maraña de normativas que no solucionan para nada los problemas.
Este proyecto es distinto al anterior -establece un registro voluntario-, y yo no me voy a oponer a él en general, pero tampoco lo voy a aprobar. Porque efectivamente deja una cantidad de interrogantes abiertas.
Pareciera claro que el principal beneficiado podría ser el comprador de los productos agrícolas, más que el vendedor. Por la forma como está estructurada la iniciativa, el comprador, sea un exportador, sea cualquiera, tiene la sartén por el mango. Porque, una vez registrado el contrato, nadie va a comprar esos productos, dado que no sabe si en definitiva está violando o no las normas de esta ley en proyecto.
La solidaridad que se establece a mí me parece que es una carga legal muy, muy dura.
Se presume, además, mala fe de cualquier persona que compra.
Pongámonos en la realidad: no todo el mundo tiene acceso a Internet, a ver los registros. En consecuencia, puede haber muchos compradores que, a lo mejor por ignorancia de la ley -pero yo no los culparía de eso si aquí despachamos como 10 leyes por sesión; quién podrá estar al tanto de ellas-, sean condenados a responder solidariamente frente a un tercero por una situación que ni siquiera conocen.
Entonces, lo relativo a la solidaridad es preocupante.
En seguida, hay un tema que tiene que ver también con cómo determinar cuál es la producción que está sometida a este contrato. Porque, claro, si uno vende toda su producción, nadie le puede comprar nada. Pero ¿qué pasa si yo vendo parte de la producción? ¿Qué ocurre si yo tengo distintas variedades?
Es un problema bastante complejo de dilucidar. Y yo no estoy tan seguro de que en la discusión en particular se vaya a solucionar bien.
Un tercer aspecto dice relación con que esto rige para una primera transacción. Ahora, uno nunca sabe si había transacciones anteriores. Y, curiosamente, el artículo 16 también señala que "la responsabilidad solidaria a la que se refiere este artículo no se extenderá a las ventas posteriores".
O sea, hay algo muy raro. Porque si no se extiende a las ventas posteriores quiere decir que quien compra no es solidario, no obstante se está estableciendo la solidaridad.
Yo entiendo el propósito: darle una cierta garantía a quien compra y a quien hace anticipos de que el agricultor no le va ir a vender su producción a otro. Comprendo también que un contrato de este tipo le podría facilitar al productor el adquirir un crédito. Pero realmente estimo que las dificultades que presentará esta normativa en la práctica pueden ser más graves o más complejas que el bien que se pretende obtener.
En razón de eso, señor Presidente , me voy a abstener.
Señor Presidente , este es un proyecto muy extraño, francamente. ¡Es sorprendente el ingenio al que pueden llegar a veces algunos profesionales¿!
Por razones no del todo iguales a las del Senador Novoa, tampoco voy a respaldar este articulado. Porque estoy pensando en los agricultores de la Región de La Araucanía, que represento: los paperos de Carahue, los hortaliceros de Vilcún, los productores mapuches de trigo que venden muy escasas cantidades, y además lo hacen informalmente -la inmensa mayoría de los pequeños agricultores venden de esa manera-; los productores de manzanas en Renaico, de tomate en Angol, en fin.
¿A quién le sirve esto? Claramente, a los grandes operadores del mercado. Es un insumo, una información que no es neutra: no sabemos cómo va a ser usada finalmente. Es probable que a algunas cadenas de supermercados les interese saber, por ejemplo, que la papa de Carahue está toda vendida a tales empresas. Yo no digo que esa información vaya a ser privilegiada, pero es obvio que no se va a utilizar de manera inocente. Y eso es lo que trae este proyecto.
Alguien decía que este puede favorecer a los pequeños agricultores. ¡Por favor! ¡No engañemos a la gente! ¡De ninguna manera! Este proyecto bajo ninguna circunstancia beneficia a los pequeños productores. Lo que busca es, simplemente, asegurar volumen para la gran agricultura.
Aquí tenemos tres tipos de agricultura. Una es la que exporta, a la que le va bien -más allá de los precios del dólar que, por supuesto, le han traído muchas dificultades-, la que logra sustentarse y sobrevivir. Otra es la agricultura pequeña, de subsistencia, que es la que mejor conozco, la del sur. Un Senador decía que era bueno que los Ministros fueran agricultores, pero, claro, dentro de este sector existen distintos mundos. No ha llegado ningún pequeño agricultor a ser Ministro . Y esa es una mirada muy relevante también. Y tenemos, finalmente, la agricultura de las cooperativas, muchas de las cuales están a medio morir saltando.
Entonces, si uno pregunta a quién beneficia el proyecto, tendría que empezar primero a descartar: a los chicos claramente no les favorece. Yo les aseguro que no hay ningún pequeño agricultor mapuche ni parcelero de la Región de La Araucanía -lo digo responsablemente- que el día de mañana vaya a mandar una carta a un diario local siquiera para decir: "¡Qué buen proyecto aprobó el Senado!". Al revés.
A algunos no les gusta mucho el Estado. Pero a veces usan y abusan de él. Y este es un abuso del Estado. Aquí se está empleando el poder normativo para favorecer a los grandes agricultores, a los grandes compradores, a los grandes volúmenes.
Francamente, creo que eso es completamente innecesario, porque hoy día con un contrato bilateral, de dos partes, se puede operar igual. El productor chico espera de nosotros que lo atendamos cuando no puede sembrar, cuando no puede cosechar, cuando no puede comercializar, lo que ni el INDAP ni este Ministro de Agricultura han hecho.
Esa es la expectativa que tienen del Senado los pequeños agricultores, pero no un proyecto de este tipo.
Se habla de notarías con firma electrónica avanzada. ¡Vayan a ver si en Ercilla hay alguna notaría así!
Se contemplan contratos en línea. ¡Por favor! Esa no es la realidad de la pequeña agricultura.
Está bien. Yo creo que el club de la gran agricultura tiene todo el derecho a intentar sacar adelante sus proyectos, pero no disfracemos eso de beneficio para los pequeños agricultores.
Yo no voy a respaldar esta iniciativa ni este debate, señor Presidente.
Después de terminada la votación le doy la palabra, señor Ministro .
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Escalona y Quintana.
Se abstuvieron los señores Girardi, Lagos y Novoa.
Hago presente a Sus Señorías que en el tablero electrónico aparecen cuatro abstenciones. Pero son solo tres porque el Senador señor Sabag ha manifestado que, pese a que había marcado su preferencia, se inhabilita para votar en este proyecto.
Solo deseo señalar -porque parece que hay una confusión- que este proyecto fue solicitado fundamentalmente por la Mesa Campesina, que son los pequeños agricultores, con quienes se trabajó.
Precisamente, se origina también en un problema que se registró en la Novena Región hace cuatro años: pequeños productores habían celebrado contratos de avena y al momento de vender su producción bajó sustancialmente el precio, ante lo cual muchos molineros, sobre todo medianos, no respetaron los valores pactados.
Hemos establecido este tipo de contratos para proteger a los agricultores más chicos al permitirles tener un instrumento que les dé certeza jurídica para recurrir a la banca, y especialmente al BancoEstado.
Además, la agricultura es una actividad de mediano y largo plazos. Con este mecanismo se pueden suscribir a tres o cuatro años contratos que les permitan conseguir financiamiento para desarrollar sus proyectos.
No quiero extenderme en detalles, pero tengo la mejor disposición para reunirme con quien sea necesario y explicarle de manera pormenorizada el contrato.
El Senador señor Carlos Larraín está solicitando la palabra.
Llego un poco tarde a la discusión, señor Presidente . Y quería hacer presente lo que ya señaló el señor Ministro , pero desde otro ángulo.
Me parece que el esquema en comento favorecerá precisamente a los productores pequeños.
¿Qué excluye, por ejemplo, que varios productores pequeños o medianos se pongan de acuerdo para¿
Señor Presidente , ¡el debate ya terminó!
Siga, señor Senador , haga su comentario.
Lo que pasa es que ya concluyó la votación. Pero vamos a aceptar la sugerencia que Su Señoría debe efectuar.
Es cortito. Simplemente, deseo tratar de difuminar esta noción del esfuerzo sistemático por oprimir a terceros. O sea, no encuentro aquí esa cosa como de cárcel soviética que se descubre en la vida económica chilena.
Considero que los productores, asociados o individualmente, podrán prever ingresos futuros; también, planear sus labores a dos, tres años plazo; además, descontar sus flujos y, así, mejorar las posibilidades de invertir en el campo.
Entonces, me parece que este proyecto tiene la virtud de estandarizar los contratos -ese es el propósito central- y que por ese camino es factible proteger mejor los intereses de precisamente los más chicos. Los grandes tienen mayor cantidad de resortes para defenderse: cuentan con asesorías profesionales, en fin.
Este mecanismo puede ser muy útil justamente para defender a la pequeña agricultura.
Quizás mi intervención esté fuera de tiempo. Pero me alertó un poco uno de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Efectivamente, Su Señoría estaba fuera de tiempo. Pero el comentario que hizo es muy atingente.
¿Hay alguna sugerencia de los miembros de la Comisión de Agricultura?
El lunes 9 de diciembre.
¡Fijemos un término razonable, señor Presidente!
¿Un poco más? ¿El martes 10, por ejemplo?
Señor Presidente , pido que haya un mínimo de tres semanas, para poder trabajar. Ello, por las razones obvias de la coyuntura que está viviendo nuestro país.
Si se quiere un debate en serio para luego presentar indicaciones, solicito que nos demos un poco más de tiempo.
Al efecto, propongo tres semanas.
En tal caso, tendría que ser el lunes 23 de diciembre.
Me parece bien, señor Presidente .
Por si existe alguna sospecha, sugiero el miércoles 11,...
Hay varias proposiciones, y podemos votarlas.
... fecha que queda fuera de cualquier suspicacia.
En tal caso, la Comisión recién podría trabajar el martes 17, después de la segunda vuelta.
Lo digo por si hay alguna aprensión.
Para esos efectos, da lo mismo el 16, señor Senador.
Fijemos el lunes 16.
El 16. Pero no el 23.
Tiene que ser un plazo más holgado, pues no todos estamos en la Comisión de Agricultura.
Algunos Senadores integramos varias otras Comisiones, pero representamos a zonas agrícolas tremendamente relevantes.
Si la situación es como la explicitó el señor Ministro , necesitamos tiempo -lo digo de buena fe- para preparar las indicaciones.
Tratar de despachar la iniciativa en una semana o dos no demuestra la voluntad que a mi entender existía.
Entonces, propongo el 23 de diciembre, para poder elaborar las indicaciones.
Todos sabemos lo que pasará la próxima semana, señor Presidente.
Señores Senadores, se han sugerido dos fechas: el 16 y el 23 de diciembre.
También podría ser la primera semana de enero.
En consecuencia, como lo hacemos normalmente en estos casos, vamos a votar.
En votación la propuesta del 16 de diciembre, a las 12.
--Se acuerda fijar plazo para presentar indicaciones hasta el 16 de diciembre, a mediodía (14 votos a favor, 8 en contra y un pareo).
Votaron por la afirmativa la señora Pérez (doña Lily) y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Escalona, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, Letelier, Pizarro, Quintana, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles, con primer informe y nuevo primer informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8859-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
-Exigir a todos los centros educacionales que entreguen enseñanza integral a niños, desde su nacimiento hasta el ingreso a educación básica, una autorización para funcionar, la cual será concedida por el Ministerio de Educación.
-Otorgar a la Superintendencia de Educación la potestad de fiscalizar el cumplimiento en el tiempo de los requisitos estipulados para la mantención de la autorización de funcionamiento en todos los establecimientos que impartan educación parvularia y la facultad para sancionarlos en caso de incumplimiento.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología discutió esta iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Cantero, Quintana e Ignacio Walker.
Con fecha 8 de octubre la Sala acordó enviar el proyecto a un nuevo primer informe.
En su nuevo primer informe, la Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Quintana e Ignacio Walker, expresó su conformidad con los planteamientos expuestos en su seno por el Ejecutivo y, atendido el término de los conflictos con los trabajadores de la enseñanza parvularia, resolvió enviar la iniciativa a la Sala para la discusión de la idea de legislar.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 68 a 80 del primer informe de la señalada Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señor Presidente , este proyecto de ley es tremendamente importante para las mamás y los papás que entregan sus hijos a los jardines infantiles y salas cuna existentes a lo largo de nuestro país.
Durante este año hemos visto situaciones bastante tristes y lamentables que se han registrado en jardines infantiles de diversas ciudades.
Es en ese momento cuando uno se da cuenta de que los progenitores, al dejar a sus hijos en un jardín infantil, parten de la base de que el hecho de que se halle en funcionamiento indica que tiene autorización del Estado y es fiscalizado por él.
Sin embargo, no ocurre así: hoy día un jardín infantil puede operar sin autorización y sin control estatales.
En la actualidad, varias entidades otorgan certificados con propósitos diversos. Por ejemplo, los municipios establecen cierto tipo de exigencias, especialmente con relación a infraestructura y sanidad; la Junta Nacional de Jardines Infantiles impone otra clase de requisitos.
Por lo tanto, esta iniciativa de ley procura que el Ministerio de Educación les entregue a los jardines infantiles una autorización para operar y que se los obligue a todos a tener estándares mínimos de funcionamiento.
De otra parte, se le otorga a la Superintendencia de Educación potestad para fiscalizar el cumplimiento en el tiempo -no solo al principio- de los requisitos sobre cuya base se dio la autorización pertinente.
La Comisión de Educación aprobó este proyecto en forma unánime porque permite por primera vez que los jardines infantiles de nuestro país cuenten con autorización para operar, y con ello, que los papás y mamás puedan entregar tranquilamente sus hijos a dichos establecimientos.
Cabe consignar, señor Presidente, que actualmente la facultad fiscalizadora no se encuentra radicada en la Superintendencia de Educación.
Alguien debe supervigilar a los jardines infantiles. Durante los últimos años lo ha hecho la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin embargo, aquí existe un problema, pues la JUNJI es una de las instituciones con mayor cantidad de establecimientos de tal índole a lo largo de Chile.
En consecuencia, se necesita crear una institucionalidad clara, mucho más coherente, conforme a la cual los prestadores del servicio sean, por ejemplo, la referida Junta, los municipios, Integra y los jardines infantiles privados, y la supervigilancia le corresponda a la Superintendencia de Educación.
Este proyecto vuelve a poner el foco en la educación preescolar, señor Presidente.
Como todos sabemos, la asistencia a la educación preescolar y la calidad de la enseñanza que se recibe en ella marcan diferencias en el futuro de los niños.
Tanto en la Comisión de Educación como a propósito de la Ley de Presupuestos discutimos mucho en torno a la enseñanza superior. Pero todos sabemos que los estudios demuestran que la inequidad nace en la educación preescolar.
Por consiguiente, debemos poner un énfasis especial en la educación preescolar a los efectos de generar equidad e igualdad de oportunidades para todos los niños.
Me alegra que el Gobierno del Presidente Piñera haya enviado también este proyecto -se adiciona a otros, como el de kínder obligatorio-, donde se coloca un foco particular sobre la educación preescolar.
Así que espero que esta iniciativa tenga una tramitación más o menos rápida, para que podamos darles certeza a los padres y apoderados que entregan sus niños a los distintos jardines infantiles que operan a lo largo de Chile.
Como señalé, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación. Y espero que lo propio ocurra en la discusión particular.
Debo recordar que en dicho órgano técnico el Ministerio de Educación se comprometió a ir mejorando puntos específicos para avanzar y, cuanto antes, dar certeza a los padres con una institucionalidad más nítida, sobre todo en lo relativo a la fiscalización sobre los jardines infantiles tanto públicos como privados, al principio y durante su funcionamiento.
Saludo a los alumnos del Colegio San Valentín, de Maipú, que están en las tribunas.
Señor Presidente , este proyecto de ley les exige a todos los establecimientos educacionales que entregan educación integral, desde el nacimiento de los niños hasta su ingreso al nivel básico, una autorización que contempla requisitos para garantizar su calidad. Asimismo, faculta a la Superintendencia de Educación para fiscalizar el cumplimiento de las exigencias consignadas y aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
En el nuevo primer informe el Gobierno comprometió su voluntad para introducir mejoramientos al texto por la vía de las indicaciones en los siguientes cuatro aspectos específicos:
-Incorporación de todos los establecimientos que presten servicios educativos en el nivel parvulario.
-Regulación del plazo para obtener la autorización exigida.
-Perfeccionamiento de la integración entre la autorización y el reconocimiento oficial.
-Perfeccionamiento del mecanismo para delegar excepcionalmente la certificación a terceros.
Señor Presidente, la ley en proyecto debería permitir otorgar seguridades concretas, objetivas y uniformes respecto a la calidad de la educación preescolar.
Sin embargo, es también la oportunidad para reordenar la institucionalidad de este sector, ya que contamos con la JUNJI, con Integra y con cientos de jardines infantiles y salas cunas autorizados y no autorizados, y es necesario uniformar la oferta existente, sobre todo pensando en la creciente importancia que las actuales y las próximas autoridades de gobierno le atribuyen al nivel educativo señalado y en que se trata de la primera elección que hacen los padres para la formación de sus hijos, por lo que no siempre saben cuáles son los criterios más adecuados para su educación.
En la presente sesión se trata solo de la aprobación en general del proyecto, por lo que parece apropiado verificarla, atendida la importancia de la propuesta, pero resulta claro que el relevante es el debate de fondo en el momento de la discusión en particular, ya que el Ejecutivo tendrá que cumplir con su compromiso de introducir las modificaciones sugeridas por la Comisión, sin perjuicio de los aportes que podamos hacer los Senadores.
Me pronunciaré a favor de la idea de legislar.
Si le parece a la Sala, se acogerá esta última proposición, sobre la base de mantenerse el tiempo de las intervenciones.
Se opone el Honorable señor Letelier.
Señor Presidente , ya no es posible discutir la trascendencia de la educación preescolar. Resulta claro, según todos los estudios efectuados y las personas que saben de la materia, que quienes han cumplido esta etapa se encuentran un paso adelante de aquellos que no lo han hecho.
Por eso mismo, el Gobierno ha realizado avances muy importantes en este ámbito. Pero, tal como lo dijo la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, las familias creen a menudo que los jardines instalados y que dan el servicio reúnen ciertas condiciones, y ello a veces no es efectivo. Hemos conocido casos específicos de maltrato, de falta de profesionales, de fiscalización casi inexistente o entremezclada con funciones de distintos organismos públicos.
Hoy es la Junta Nacional de Jardines Infantiles la que ha fiscalizado, pero ella también es prestadora de servicios. Y, además, si bien es cierto que se encarga de ese primer cometido, es algo que solo dice relación con los planteles que involucran recursos del Estado. La Superintendencia asimismo ejerce su competencia respecto de los establecimientos que reciben fondos de la misma índole.
Uno de los objetivos de la iniciativa es disponer una autorización obligatoria, con la que deberán contar todos los jardines infantiles y salas cuna que satisfagan los requisitos fundamentales para poder operar. Será entregada por el Ministerio de Educación, y, por lo tanto, se otorgará una seguridad de que existen parámetros mínimos por cumplir para poder desarrollar una actividad tan esencial como la educación de menores.
El proyecto avanza hacia el nuevo marco institucional de la educación parvularia y diferencia las funciones de autorización, provisión de servicio y fiscalización, elevando las exigencias para resguardar de forma adecuada el bienestar de los niños. Además, separa el rol de la JUNJI, evitando que sea juez y parte, y la potencia como una institución proveedora de educación parvularia. Y le proporciona a la Superintendencia de Educación las atribuciones y herramientas para fiscalizar, de tal manera que a los padres que entregan sus hijos a los jardines se les va a dar seguridad de que estos cuentan con las condiciones que todos esperan para que cumplan sus objetivos. En efecto, se determinan infracciones y sanciones que van desde la amonestación hasta incluso la clausura.
Creo que en esta forma damos un paso importante para poder estandarizar, para poder mejorar la situación actual y para poder asegurar a las familias que las entidades a las cuales entregan sus hijos van a cumplir con los objetivos que se persiguen.
Señor Presidente , durante las últimas semanas hemos observado un debate acerca de distintos proyectos en educación, algunos con bastantes niveles de improvisación, especialmente el que tiene que ver con la subvención de la educación preferencial. El Gobierno, no conforme con lo que ocurrió en la tramitación del Presupuesto, ahora insiste con un proyecto donde se contradice a sí mismo, porque hace dos años nos convenció, con motivo de la modificación de la ley N° 20.248, de que había que actuar con gradualidad en la incorporación de recursos para la extensión en la Enseñanza Media. Pero esa es otra discusión.
Y, en materia preescolar, se aprobó hace muy poco tiempo el kínder obligatorio. Es una reforma constitucional que solo busca un titular político, pero que no provocará ningún impacto ni tendrá la posibilidad de aplicarse, porque no basta una modificación de la Carta para que asistan a ese nivel los 13 mil niños de 5 años que hoy día no lo hacen. Ello requiere incluso infraestructura, así como también cambios conductuales y culturales. En fin, el Gobierno tiene derecho a plantear su agenda.
Sí deseo consignar que, de todo lo planteado en educación, en la iniciativa que nos ocupa, en particular, hay un poco más de análisis. La estimo necesaria por las razones que varios colegas han expuesto, como los Senadores señor Prokurica , señora Von Baer y señor Sabag .
En efecto, cabe considerar principalmente el explosivo e histórico crecimiento de matrícula preescolar que ha tenido lugar en los últimos ocho años con la construcción de salas cuna, más allá de que el año 2010 se le echó la culpa al terremoto por el freno a la inversión. Mas valoro que en los últimos tres años el Gobierno haya mantenido la inversión en jardines infantiles y salas cuna, esto es, en educación preescolar, en definitiva.
¿Qué es lo que busca el proyecto? Como se ha dicho, disponer una autorización obligatoria, para todos los jardines infantiles y salas cuna, que determine los requisitos fundamentales para poder operar, básicamente. Esto no ocurre en la actualidad. ¿Y quién va a otorgarla? El Ministerio de Educación. Hoy día basta una autorización de un municipio para poder funcionar, como cualquier establecimiento comercial.
Se desea también avanzar hacia un nuevo marco institucional, como se decía recién, que separe la autorización; la provisión de servicio, que quedará radicada en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y la fiscalización, que tendrá que llevar a cabo otro organismo: la Superintendencia. Se separa, entonces, el rol de la JUNJI, a fin de evitar que sea juez y parte, y se la potencia como proveedora de servicios de educación parvularia. Y se le otorgan a la Superintendencia de Educación atribuciones y herramientas para fiscalizar y establecer infracciones y sanciones.
Ahora, no todo ha sido "miel sobre hojuelas" y fácil y bonito. No. Se han suscitado muchas interrogantes, planteadas por funcionarios de la JUNJI, especialmente, o de la Superintendencia de Educación, algunas de las cuales no han sido absueltas por el Ejecutivo .
Lamento que no se encuentre presente ningún Ministro para defender la iniciativa, que es parte, según entiendo, de las prioridades del Gobierno.
En relación con las dudas, se busca una mayor precisión respecto a los requisitos para obtener la autorización de funcionamiento de establecimientos preescolares.
En ese sentido, es preocupante la situación de aquellos que ya cuentan con un reconocimiento oficial y el requisito del proyecto educativo, en cuanto a que la iniciativa en estudio no sea un simple reemplazo del primero por una mera autorización de funcionamiento, porque eso, en lugar de establecer mayores exigencias, significaría retroceder.
Otro aspecto relevante es la determinación de cómo se traspasará la experiencia de la JUNJI a la Superintendencia. Algunas decenas de funcionarios -no son muchos- se van a traspasar a este último organismo, pero se requieren competencias especiales, porque es algo distinto de los ámbitos de la educación escolar.
Ya se ha señalado que la Comisión recibió a un sinnúmero de organizaciones. Acabo de mencionar las dudas. Frente a estas, el Ejecutivo , en una minuta, básicamente se ha comprometido a incorporar a todos los establecimientos que presten servicios educativos en el nivel parvulario.
También se hizo referencia a las escuelas de lenguaje. ¿Qué pasa con ellas? Que se encuentran muy poco reguladas y se registran incrementos muy grandes de la subvención.
El objetivo del proyecto, entonces, es que todos los establecimientos de educación parvularia que presten servicios educativos en forma corriente deban contar con autorización para funcionar, de manera que no se generen distintas categorías, como ocurre hoy.
Respecto del plazo para obtenerla, cabe tener presente, tomando en cuenta que todos ellos deberán conseguirla, la necesidad de fijar un término razonable, con el objeto de no interrumpir el servicio educativo. Este fue un aspecto en el cual asimismo la señora Ministra se comprometió a profundizar.
A lo anterior se suma el perfeccionamiento de la integración entre la autorización y el reconocimiento oficial, para consolidar un sistema articulado que asegure que todos los jardines infantiles cumplan con ciertas normas que hoy no les son exigibles, sin mantener distintas categorías de establecimientos o permisos. Ello, a fin de equiparar los requisitos comunes entre uno y otro trámite, lo que resulta fundamental despejar.
O sea, la iniciativa, sin lugar a dudas bien inspirada, no puede traducirse en la rebaja de exigencias.
Y se apunta a perfeccionar la delegación excepcional a terceros de la certificación por parte del Ministerio de Educación y asegurar que se trate de entidades públicas o, en su ausencia, solo privadas especialistas en la materia, como Integra. Es decir, no cualquier organismo privado va a tener a su cargo la función.
Finalmente, es necesario precisar que el nuevo informe dispuesto por la Sala obedeció a que el momento no hacía aconsejable la aprobación del proyecto, pero en la Comisión volvimos a revisar el texto y nos ha parecido que estamos en condiciones de aprobarlo en general, para luego iniciar la discusión particular.
Señor Presidente , creo que está fuera de discusión el compromiso del Congreso Nacional y del Senado, en particular, con la educación preescolar, con la educación de la primera infancia.
Y todos queremos que los establecimientos que reciben niños, por sobre todo, les den las mayores garantías posibles a padres, madres o apoderados.
Ese es un debate.
Sin embargo, lo que aquí se pretende hacer es otra cosa.
Deseo preguntar si una sala cuna constituye un proceso educativo. ¿Cuáles son los procesos de la educación preescolar propiamente tal y en qué ámbito el Estado dispone de atribuciones? La Superintendencia de Educación, en especial, las tendrá en relación con aquellos que requieren ser certificados por el Estado para cautelar el cumplimiento de ciertos planes, programas y procedimientos.
Hoy en día, algunos creemos en la libertad de educación, y no todo establecimiento que imparte esta última cuenta con reconocimiento oficial. Ello no es una obligación. Es más, el Estado, para otorgarlo, no admite -con una mirada sesgada, a mi juicio, y a veces excluyente- todos los procesos educativos ni las pedagogías de diferentes partes del mundo. Nuestro país no exhibe amplitud en lo que considera procedimientos pedagógicos reconocibles y financiables con recursos públicos. Y el Ministerio de Educación simplemente no reconoce los establecimientos que estima que no cumplen ciertos parámetros, planteles que tampoco son objeto de subvención.
¿Por qué los colegios que no quieren el reconocimiento del Estado, en general, deben ser supervisados por la Superintendencia? ¿Lo son siempre? No. Numerosos establecimientos imparten pedagogías no validadas por la Cartera, que no juega ningún rol en reconocerlas. Por eso, muchos de ellos se someten al sistema de exámenes libres, para que a los jóvenes participantes de otros procesos se les reconozca por el Estado el cumplimiento de ciertos objetivos educacionales.
Menciono lo anterior, señor Presidente , porque aquí se quiere imponer una lógica para la educación preescolar, donde aparentemente se busca defender algo loable, que es el cuidado de los niños y darles cierta certeza a los padres; pero no abrigo la convicción de que lo propuesto sea correcto.
Reitero la consulta: ¿quién dice que las salas cuna constituyen un proceso educativo? ¿Alguien del Ministerio puede afirmarlo? ¿Qué reviste tal calidad en los niveles de transición?
¿Cuáles son las obligaciones del Estado, que va a imponer exigencias, a través de la iniciativa legal en examen, para el funcionamiento, y cuál es su compromiso para financiar aquello que quiere obligatoriamente certificar por medio de determinada institucionalidad?
Tengo la impresión de que aquí quizás se esté equivocando el camino.
El Senador señor Escalona probablemente va a profundizar en cuanto a la eliminación de ciertas normas sobre la obligación de establecimientos que ocupan más de 20 mujeres -en algún momento cabría hacer referencia a 20 personas- de tener salas cuna y jardines infantiles. Es decir, se trata de otra materia, pero, de paso, con cierta ligereza, se dispone la supresión. Es una idea matriz absolutamente distinta de lo establecido en el artículo 33 de la ley que crea la JUNJI, el cual dispone que ciertas instituciones públicas deben mantener salas cuna para sus trabajadoras. Resulta bastante curioso que ello se contemple en el proyecto.
Mi impresión es que todos queremos dar los resguardos necesarios para el funcionamiento de jardines infantiles, pero se llega al extremo de que no es posible afirmar que uno de ellos reviste la calidad de tal si no es reconocido por el Estado. ¿Dónde queda el criterio de la libertad en los procesos educativos?
Me sorprende la lógica en la materia.
No dudo de que un establecimiento educacional que quiere recibir financiamiento público tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero no todos ellos imparten educación reconocida por el Estado. ¿Este último reconoce las salas cuna? No, pues. Ello no es imperativo en la educación preescolar, por tratarse de un proceso y una etapa que no son, en su totalidad, ni obligatorios ni certificados por el Estado. Otra cosa es que quienes deseen desempeñarse en esas funciones cuenten con títulos profesionales para cooperar o trabajar en ese nivel.
¿A qué obedece el argumento, señor Presidente ? A mi experiencia personal: eduqué a mis hijos en establecimientos no reconocidos por el Estado. Y volvería a hacerlo. No creo que este último sea el que tiene que determinar el lugar adonde he de mandar a mis hijos para el efecto de su proceso educativo.
Veamos si abriga convicciones serias sobre el particular un colega de las bancas de enfrente a quien tanto le gusta hablar del totalitarismo y quedarse pegado en los conceptos de la Guerra Fría.
Una persona tiene la libertad de decidir dónde entrega a sus hijos conforme a los procesos de cuidado y educación que estima adecuados, y esos establecimientos no tienen por qué ser reconocidos por el Estado. Solo tienen que cumplir este requisito aquellos que intervienen en un proceso de educación acumulativo que se destina a cierta certificación o licenciamiento en diferentes niveles de educación formal. La educación informal y la preescolar no necesariamente dicen relación con una facultad de la Superintendencia.
Por tales consideraciones, creo que el proyecto debería ser objeto de un segundo informe y que tendrían que explicarnos mejor cuáles son sus ideas matrices. Aquí se eliminan normas sobre la obligación de tener salas cuna y jardines infantiles, lo que no tiene que ver con su reconocimiento -ello resulta curioso-, y se extralimita la facultad estatal de establecer los procesos educativos. Esto último, desde la sala cuna. Una iglesia que mantiene uno de esos establecimientos no podrá continuar con esa labor, por ejemplo.
Y si Chile es tan homogéneo, me pregunto qué vamos a hacer con programas de la JUNJI que son distintos y en los cuales hay cuidadores de menores.
No voy a votar a favor del proyecto, por cierto. Me parece excesivo, no en su intencionalidad, sino en su forma. Desconozco las razones, pero imagino que no hay ninguna mala intención.
No está la señora Ministra para haberla escuchado en relación con ese punto, que considero demasiado importante.
Señor Presidente , en verdad yo sí creo que todos coincidimos en la relevancia de una educación preescolar, y nuestros especialistas han ido fundamentando crecientemente la necesidad de formar niños en su etapa más tierna.
Por eso, me gustaría que cuando nos refiriéramos a proyectos como estos, no habláramos de estándares mínimos.
Convengo en que uno puede referirse a niveles mínimos, pero no necesariamente se deben proponer como meta tales estándares. O sea, tiene que haber exigencias, pero no forzosamente asociadas a mínimos. Porque suena como a que rebajáramos los requerimientos para permitir la existencia de estas instituciones preescolares. Y pienso que eso no nos haría bien.
Señor Presidente, voy a votar a favor este proyecto.
Estimo que se trata de una buena idea. Me parece que necesitamos autorizaciones responsables. Ello forma parte de la labor de un Estado, que debe supervigilar, fiscalizar, mirar la educación como un bien público y hacer exigencias que permitan garantizar a las familias, que entregan lo más preciado que tienen, a sus hijos, en la convicción de que se les está educando, de que se los está formando.
Por lo tanto, yo comparto que el Estado tenga que supervigilar, que sea el encargado de la fiscalización y el responsable de dar estas autorizaciones o certificaciones.
Me quedan dudas -aparentemente se han despejado, según señaló el Senador Quintana en la Comisión- en cuanto a si el traspaso de 60 personas desde la JUNJI a la Superintendencia quedó completamente aclarado.
Es cierto: hay que separar juez y parte. La JUNJI cumple hoy día el servicio como proveedora, y, en tal sentido, estaban confundidos los roles. Pero me gustaría tener la certeza de que el traspaso de dichos trabajadores de la JUNJI a la Superintendencia se hará en condiciones que les posibiliten tener garantías con relación a sus funciones, a sus trabajos, a sus responsabilidades, a sus ingresos, a su previsión, a sus contratos, y que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán sufrir una merma o algún grado de perjuicio o daño.
Entonces, considero muy importante poner atención. Porque estamos hablando de gente que ha trabajado en la JUNJI, que tiene valor, que tiene experiencia, que tiene una acumulación de conocimiento. Y corresponde que su traspaso sea hecho de la mejor forma.
Así es que, señor Presidente, para mí este tema es de la mayor relevancia.
Insisto: espero que -como se nos informó- ese punto quede despejado. Y si no, tendremos oportunidad de seguirlo viendo en detalle.
Ahora bien, hoy día existen ciertos desniveles, incluso en ingresos, entre la JUNJI, Integra y, en particular, los jardines conocidos como VTF, financiados vía transferencias de fondos que administran los municipios.
Creo también que eso no es sano. Pienso que debemos abordar esta materia de manera más integral y reconocer que, siendo Integra una institución más bien de derecho privado, deberíamos tener una mirada diferente de la actual, conforme a la que todos fueran vistos de acuerdo a la función que desempeñan.
No debiera haber diferencias. Todos deberían tener exigencias, no mínimas, sino bastante altas, pues -repito- estamos entregando la labor más importante que se puede realizar: formar y educar niños.
Ojalá que cuando se nivele, no se haga hacia abajo. La nivelación, por supuesto, debe tender hacia aquellos con mejores ingresos y condiciones laborales.
Señor Presidente , para que cualquiera de estos jardines funcione bien, además de las exigencias y estándares que se les colocan y del reconocimiento oficial, es de especial relevancia que la educadora de párvulos sea puesta en el centro de la proyección de las metas y del trabajo de tales establecimientos.
Nosotros no podemos mirar, ni tampoco las familias, a los jardines infantiles como una suerte de "guardería" donde se deposita al niño para su cuidado mientras la madre trabaja.
Ello constituye un profundo error. Para nosotros es fundamental que la estimulación temprana del menor, que después tendrá consecuencias en su rendimiento escolar, sea hecha con el profesionalismo que corresponde.
Por eso, es esencial que, además de auxiliares, existan educadoras de párvulos que entreguen los contenidos necesarios para que de verdad se trabaje en educación preescolar, y no que se mantenga el concepto de guardería -como señalé- para, simplemente, tener a los niños determinado número de horas.
Así es que, planteadas mis aprensiones respecto de la ley en proyecto, anuncio que votaré a favor. Pero insisto en que ojalá esto no se transforme en perjuicio para quienes sean transferidos a la Superintendencia.
De otro lado, resultaría muy significativo que alguna vez termináramos con las actuales diferencias que hoy separan a quienes pertenecen a los municipios, a través del sistema VTF, de aquellos que forman parte de Integra o de la JUNJI.
Hay una última cosa que debo señalar antes de terminar mi intervención, señor Presidente .
La Superintendencia de Educación cumple su rol, y lo debe seguir haciendo. Sin embargo, de repente puede haber descriterios en el ejercicio de sus funciones.
Lo digo responsablemente. Porque alcaldes de la región que represento se han quejado de que, por ejemplo, se echa a perder un baño -por cierto, eso no debiera ocurrir- y son objeto de multas de más de 20 millones de pesos, de 30 millones de pesos, inentendibles para municipios pequeños, como el de Freirina.
Algo ahí no está bien. Una cosa es fiscalizar, y otra fiscalizar con descriterio.
Si hay un baño descompuesto, habrá que arreglarlo. Si el municipio tiene problemas en ese minuto, buscará las mejores soluciones. Pero suena absurdo que municipalidades de escasos recursos, que deben aportar de su propio presupuesto -todos sabemos que no alcanzan los dineros para educación-, más encima deban pagar multas superiores a los 20 millones de pesos, acumuladas por distintas razones, que no se comprenden.
Aprovecho de señalar esa inquietud, la cual -reitero- me han transmitido alcaldes de mi región, quienes han recibido multas que no se condicen con el tipo de faltas señaladas por la Superintendencia de Educación.
Considero importante que ella ejerza su rol fiscalizador, pero debe hacerlo con criterio.
Hay que llamar la atención sobre este punto. Algo no funciona bien. Y, si este tipo de fiscalización no se hace de manera adecuada a la localidad o al municipio respectivo, puede generar más problemas que los que, a lo mejor, pretende solucionar.
Anuncio desde ya mi voto favorable.
Señor Presidente, siento cierto cansancio por que aprobemos proyectos de ley que dicen una cosa y hacen otra.
En esta iniciativa legal, que busca fortalecer los jardines infantiles y la atención de los niños de temprana edad, hay una norma que se elimina, el artículo 33°, que costó bastante tiempo aprobar en la Cámara de Diputados.
Seguramente lo recordará el señor Presidente, quien también fue Diputado al igual que yo. Hubo parlamentarios -entre los cuales se encuentra nuestro amigo el exdirigente sindical Rodolfo Seguel- que lucharon para obligar a las empresas a tener salas cuna.
Y eso se elimina en este proyecto.
El artículo 33° de la ley N° 17.301 dice:
"Toda institución, servicio, empresa o establecimiento, sea fiscal, semifiscal, municipal o de administración autónoma, que ocupe veinte o más trabajadoras de cualquiera edad o estado civil, deberá tener salas-cunas, anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan alimentar a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén laborando.
"Las entidades a que se refiere el inciso anterior podrán celebrar convenios, entre sí, para la habilitación e instalación de Salas-Cunas de uso común previa aprobación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de acuerdo con normas que para estos efectos dicte dicho organismo.
"Las salas-cunas estarán bajo la supervisión y control de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y deberán reunir las condiciones que ésta determine".
Y en el comparado, en la columna ubicada frente al artículo 33°, se señala: "2) Elimínese el artículo 33".
Señor Presidente , a mí esto me parece francamente una vergüenza.
Con el respeto que me merecen los camaradas que han estudiado este proyecto, creo que es increíble lo que se nos sugiere.
Tal disposición fue el resultado de un esfuerzo y de una lucha por bastante tiempo, con el propósito de que en las empresas en que hubiese un número significativo de mujeres (muchas de ellas, jefas de hogar), que necesitaran imperiosamente un lugar donde dejar a sus hijos o hijas durante su jornada laboral, existiese una sala cuna. Y no puede ser que a esas trabajadoras se les arrebate ese derecho establecido en una ley impulsada por nosotros mismos.
Me alegra que la señora Ministra de Educación ingrese en este momento a la Sala, para que nos entregue una explicación acerca de algo que me parece -repito- francamente una vergüenza.
Usted ya intervino, Senadora.
Esto lo considero increíble. El precepto en comento fue producto de una lucha de varios años. Y no creo que esto sea motivo de risa. Recuerdo a Rodolfo Seguel , a Manuel Bustos y a bastantes más, entre quienes me cuento, que en su momento nos movilizamos para que se incorporara en la ley una norma que dispusiera la obligatoriedad de que en todo lugar donde hubiese más de veinte trabajadoras existiese una sala cuna. Eso, que nos costó tanto tiempo conseguir, se arrebata en este proyecto de ley.
No se vaya a dar la explicación de que la materia se aborda en el artículo siguiente. Porque este se refiere solo al derecho a la lactancia, para lo cual se establece un lugar donde se puede ejercer. ¡Y sería el colmo, considerando el conservadurismo de muchas de las personas que redactan estas iniciativas, que se pretendiera que el derecho a lactancia se ejerciera en un lugar público...! Debe existir un sitio donde ello sea posible. Y se mantiene para tal fin una sala.
No obstante, la sala cuna se elimina.
Señor Presidente , nosotros hacemos esa política pomposa, de decir: "Aquí estamos llevando adelante una gran política infantil, estamos extendiendo las salas cunas". ¿Pero cuántas se tendrán que cerrar o quedarán en la más grande de las precariedades si se aprueba este proyecto así como está?
Repito que, francamente, esto me da vergüenza: la manera liviana y en diversas ocasiones frívola con la cual se legisla.
Además, no estoy de acuerdo en que al organismo especializado, que es la JUNJI, se le arrebaten sus atribuciones de fiscalización
y se trasladen a otra entidad: la Superintendencia de Educación. Y tampoco concuerdo en que se establezca que la autoridad final para decidir si hay o no una sala cuna o un jardín infantil sea el Seremi de Educación.
No sé de dónde habrán sacado este modelo, que transforma al Seremi de Educación en el nuevo dictador que determina si hay o no sala cuna o jardín infantil. ¡Eso también es un hecho sin precedentes!
Entonces, le pido al Ministro Larroulet , que entiendo ideólogo de todos estos artificios legales, que si estamos por una concepción en que se defiende la libertad de las personas, la libertad de enseñanza, ¡seamos consecuentes con ello!
Aquí se violan, se pasan por encima, con una entera soltura de cuerpo, lo que se supone son derechos consagrados, los cuales todos compartimos que se deben resguardar y defender.
Si se suprime la obligación que consagra el artículo 33° de la ley, en las empresas donde haya más de veinte trabajadoras estas quedarán en una completa indefensión.
Señor Presidente , fui candidato hace poco, y perdí. Es verdad. Pero eso no significa que no viera lo que ocurría en la Región del Biobío.
Por ejemplo, en la mañana los buses van atestados de personas que se dirigen a laborar, en su mayor parte trabajadoras.
Les ruego a los señores Senadores permanecer en sus asientos o quedarse en silencio, porque está interviniendo el Honorable señor Escalona.
Como decía, en su mayor parte se trata de trabajadoras. Si a todas estas jefas de hogar (que se desempeñan muchas veces por el mínimo, pero que dependen de ese magro salario para sobrevivir) se les quita ahora la posibilidad de contar con una sala cuna en su lugar de trabajo, las estaremos insultando y con justa razón nos deberán ya no solo criticar, sino que agarrar a piedrazos en la calle.
¡Lo que hace este proyecto es una cosa cavernaria!
En consecuencia, lamento tener que recurrir a lo que no quisiera hacer: votar en contra de esta iniciativa. Pero no encuentro nombre para calificar la acción de eliminar el artículo 33°, que establece el derecho a sala cuna de las mujeres trabajadoras.
Además, estuve viendo a qué personas se invitó a la Comisión. Todos grandes teóricos de estos problemas, y ningún representante de las trabajadoras.
El señor WALKER (don Ignacio) .-
Sí fueron.
De la JUNJI, pero no de las trabajadoras.
El informe no habla de alguien de la CUT. Dicen que concurrieron; sin embargo, no se consigna quiénes. Es decir, no hubo nadie que fuera a exponer el punto de vista de las mujeres trabajadoras. El texto que se ha puesto a nuestra disposición no se refiere a ninguna persona que asistiera a la sesión para hacerse cargo de los problemas que este proyecto iba a generar.
Señor Presidente, como me iba a pasar de los cinco minutos, no quise dar mi anuencia para que se iniciara la votación.
Si le causé alguna molestia, le ruego me excuse.
Señor Senador, a usted le asiste todo el derecho a intervenir, como a cualquiera. Yo solo buscaba facilitar el despacho del proyecto. La discusión en general tiene por objeto debatir, confrontar las ideas y buscar que se aclaren los puntos respecto de los cuales hay algunas diferencias.
Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, para un asunto de Reglamento.
Señor Presidente , en nombre del Comité Demócrata Cristiano, pido aplazamiento de la votación, de acuerdo con el artículo 135 del Reglamento.
El debate sigue y, cuando se proceda a votar, se hará efectiva esa solicitud.
Solicito el asentimiento de la Sala para que dirija la sesión el Senador señor Patricio Walker.
Señor Presidente , votaré favorablemente el proyecto. Con todo, quiero formular algunas reflexiones.
Ciertos aspectos de la iniciativa, en mi concepto, pecan de excesiva regulación.
Disponer que solo podrán ser jardines infantiles los que estén autorizados por la ley viene a establecer una restricción que no me parece justificada. Es como decir: "Nadie podrá usar el término `escuela' o `colegio' si no tiene un reconocimiento estatal". Ahora, es cierto que en nuestra legislación se prohíbe la utilización de la palabra "banco", por ejemplo, o que se dispone que solo algunas instituciones pueden usar el vocablo "universidad". Pero lo encuentro un poco excesivo desde ese punto de vista, e incluso un poco contrario al espíritu mismo de la ley en proyecto, porque lo que se señala acá es que para los efectos de recibir un subsidio estatal se entenderán jardines infantiles los que cumplan ciertos requisitos.
Desde esa perspectiva, considero que la iniciativa peca de exceso, aun cuando ello se puede corregir en la discusión particular.
Pero además tiene un aspecto que, a mi modo de ver, peca por defecto. Prescribe que no podrán desempeñarse en jardines infantiles (vale decir, en este tipo de establecimientos) quienes hayan cometido ciertos delitos. Y, a mi juicio, las personas que hayan perpetrado los ilícitos mencionados en el texto no debieran poder desempeñarse, ni en los jardines infantiles establecidos y regulados en sus normas, ni en cualquier otra entidad que tenga niños a su cuidado, sea de aquellas autorizadas o no.
No he revisado el punto en detalle, pero me imagino que los condenados por abusos de menores o por tráfico de drogas no debieran poder desempeñarse en tales establecimientos, sean de aquellos autorizados, sean de los que operen sin autorización y bajo otro nombre, como guardería o qué sé yo.
Por lo tanto, se advierte un exceso de regulación, por un lado, y un defecto de regulación, por otro.
En lo que dice relación con los temas planteados por el Senador Escalona, entiendo, en primer lugar, que la norma del Código del Trabajo establece salas cuna; no solo el derecho a amamantar, sino la obligación de tener un lugar para que las madres puedan dejar a sus hijos durante toda la jornada.
Y con respecto a la derogación del artículo 33, puede que el señor Senador tenga razón en el sentido de que a lo mejor no procede, pero, a mi juicio, dicha norma se refiere más bien al sector público. Si uno lee el artículo, verá que este alude a "Toda institución, servicio, empresa o establecimiento, sea fiscal, semifiscal, municipal o de administración autónoma".
Por tal motivo, sin perjuicio de que puede ser razonable revisar si procede derogar o no el artículo 33, yo no plantearía que el proyecto en análisis está suprimiendo la obligación de establecer salas cuna, porque la exigencia general, para todas las actividades, por lo menos las del sector privado, se encuentra en el artículo 203 del Código del Trabajo, que claramente establece que cuando haya veinte o más trabajadoras deberá habilitarse un lugar "donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo".
En consecuencia, existe la obligación de mantener un espacio, no solo donde las madres puedan dar alimento a sus hijos, como se señaló, sino también donde aquellas puedan dejarlos.
Entiendo que la situación es más exigente hoy en la medida en que la obligación rige para empresas con determinado número de trabajadores, sean estos hombres o mujeres.
Por tanto, pienso que el debate sobre este tema se ha planteado, probablemente, de una forma que va más allá de la intención que persigue el proyecto. Yo no creo que este tenga por finalidad terminar con las salas cuna o con una norma como la descrita. Y, en todo caso, si hubiese alguna inobservancia en el modo como está redactado el texto, habría la posibilidad de corregirla en la discusión particular.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).-
La señora SCHMIDT ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero dar mis disculpas al Honorable Senado por mi retraso en llegar a la Sala, pero me hallaba en medio de una votación que se estaba realizando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
En cuanto al proyecto de la referencia, deseo hacer una introducción general acerca de su objetivo.
Hoy en nuestro país es más fácil abrir un jardín infantil que una botillería. Esa es la realidad que vivimos.
Está demostrada la enorme relevancia que genera en el futuro desarrollo de los niños una educación temprana, nivel que en Chile aún se halla en un escalón inferior al del resto de las categorías educativas, tanto del ámbito escolar como de la enseñanza superior, y que carece de un marco regulatorio que permita garantizar la seguridad de nuestros niños y la calidad de la formación que se les entrega.
El objetivo de esta iniciativa es, justamente, entregar a todas las familias chilenas la tranquilidad de que las salas cuna y los jardines infantiles a los que envían a sus hijos cumplen con normativas mínimas que permitan garantizar la seguridad de las niñas y niños. Reconociendo la importancia y la flexibilidad que debe poseer la implementación de todo proyecto educativo, este tiene que ofrecer garantías mínimas de calidad en la entrega de dicho servicio.
Desde esa perspectiva, es posible destacar varios puntos.
Hoy en nuestro país, considerando a JUNJI e Integra, disponemos de cuatro mil jardines infantiles públicos y gratuitos. Y además existen dos mil jardines infantiles particulares.
Estos últimos no tienen supervisión obligatoria en ninguno de sus aspectos. Basta contar con una autorización municipal para poder operar, la que solo está vinculada con elementos de infraestructura, sanitarios, etcétera, pero que no dicen relación alguna con la seguridad y los proyectos educativos que se entregan en esos establecimientos. Insisto en que hablamos de más de dos mil.
Si bien la JUNJI ha hecho un enorme esfuerzo por aumentar su capacidad fiscalizadora, no dispone de las atribuciones necesarias para sancionar a una entidad que no cumpla con los niveles mínimos garantizados que se deben entregar a nuestros niños. Y además toda la evidencia demuestra la inconveniencia de que la misma institución que provee el servicio educativo cumpla el rol de fiscalización dentro de los establecimientos.
Numerosos expertos, no solo externos sino también de este Congreso, han hecho ver la necesidad de separar el rol de proveedor de servicios formativos en educación parvularia del papel de fiscalizador, así como de entregar las facultades necesarias para poder sancionar a las entidades que no cumplan con la normativa, estableciendo una exigencia obligatoria mínima -y cuando digo "mínima" no me refiero a que sea reducida- para abrir y operar un jardín infantil que garantice a las familias la seguridad de sus niños.
En Chile hemos visto dramáticos casos de abusos sexuales y situaciones tremendamente complejas.
En un momento en que unánimemente en nuestro país, con la aprobación amplia de todos los sectores políticos, se está de acuerdo en la necesidad de avanzar en la formación temprana de los niños, debemos poner a la educación parvularia al mismo nivel de la educación escolar y superior, dotándola de un marco regulatorio adecuado e instaurando un órgano dentro de la institucionalidad que posea atribuciones para fiscalizar y sancionar. Ello es fundamental.
El proyecto en debate tiene su origen ahí. Consagra una autorización obligatoria, conferida por el Ministerio de Educación, para todos los establecimientos de educación parvularia, y entrega a la Superintendencia de Educación la facultad para fiscalizar y sancionar el no cumplimiento de garantías mínimas consagradas en favor de las familias chilenas en relación con la educación parvularia, elevando a esta a otro nivel.
El objetivo del proyecto es aumentar y no disminuir derechos. Por eso, ante la consulta que se ha planteado en esta Sala, debo decir claramente que su finalidad no es disminuir la enorme necesidad que existe por contar con salas cuna y jardines infantiles en las empresas de nuestro país.
El artículo 33 de la ley que creó la JUNJI establece justamente la entrega de dicho servicio. Lo propio hace el artículo 203 del Código del Trabajo. Ambos instauran la misma obligación. Y el 33 dispone, de manera adicional, que "Las entidades a que se refiere el inciso anterior podrán celebrar convenios entre sí, para la habilitación e instalación de Salas-Cunas de uso común previa aprobación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de acuerdo con normas que para estos efectos dicte dicho organismo". Y agrega, además, que las salas cuna estarán bajo la supervisión y control de la JUNJI.
Esto último es lo que cambia el proyecto. Las salas cuna y los jardines infantiles, sean privados o estatales, ya no quedarán bajo la supervisión de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, sino que deberán contar con el reconocimiento y autorización del Estado (Ministerio de Educación) y permanecerán bajo la fiscalización de la Superintendencia del ramo.
Reitero que no es objetivo de la iniciativa eliminar la citada obligación. El artículo 203 del Código del Trabajo establece claramente: "Las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo. Igual obligación corresponderá a los centros o complejos comerciales e industriales y de servicios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica".
Por lo tanto, el propósito no es suprimir tal obligación, como se ha señalado claramente durante toda la discusión del proyecto.
Ahora, si la eliminación del artículo 33 indujera a confusión, en términos de inferirse que se estaría cercenando un derecho, para tranquilidad del Senado, en la discusión particular se podría corregir el texto a fin de que quedara establecido con precisión que ello no es así y que, al contrario, el objetivo del proyecto es entregar más derechos y garantías y la seguridad de que el Estado controlará a las salas cuna y jardines infantiles de nuestro país, independiente de quien sea su sostenedor.
Ese es el gran propósito de la iniciativa, en un ámbito donde Chile necesita mejorar. Durante su discusión se escuchó a diversos actores del mundo de la educación y a especialistas en educación parvularia, los que convinieron de manera unánime en la importancia de avanzar en esta materia. Incluso, después de la aprobación general del proyecto, en el órgano técnico del Senado se formó una comisión, con la participación de representantes de las diversas entidades que han colaborado en las distintas instancias de debate del proyecto, con el fin de perfeccionar su texto en la discusión particular y de este modo contar en nuestro país con un marco regulatorio que permita dar seguridad y garantías para que las familias de Chile decidan enviar a sus hijos a la enseñanza parvularia y avanzar así en una de las medidas que mayor impacto generan en la calidad de la educación.
Señor Presidente , lo primero que quisiera sugerir es que pudiésemos contar con un mecanismo de trabajo que, cuando un distinguido colega haga un juicio de reproche tan duro como el que hizo el Senador Escalona, quien calificó este proyecto de "vergüenza", nos asegure que él escuchará -en este caso, dicho señor Senador ha salido de la Sala, seguramente por razones muy válidas- los argumentos que le entregue el Ministro o Ministra del ramo -en esta ocasión, la titular de Educación- para rebatir sus aseveraciones. Porque, si no, se crean sensaciones distintas de las que un proyecto de ley contiene.
Cuando alguien formula una afirmación de tal envergadura, de tal calibre, al punto de llegar a decir que una iniciativa es una vergüenza, indicándoselo a los miembros de la Comisión de Educación, en la cual hay parlamentarios de todos los sectores políticos -yo no pertenezco a ella y, lamentablemente, Renovación Nacional no cuenta con un integrante permanente en dicho órgano, aun cuando estamos representados por el Senador Carlos Cantero-, al menos debería estar presente para enterarse de la respuesta.
En esta materia hay dos hechos claros.
Efectivamente, el texto comparado señala que se elimina el artículo 33, norma a la cual se ha hecho referencia respecto de la obligación que tienen las empresas con más de 20 trabajadores de contar con sala cuna. Eso significa que, o hay un error en el comparado, o hay una omisión. Errar es humano.
En la columna derecha de dicho documento se dice, tal como ya se ha indicado: "Elimínese el artículo 33", norma que...
Porque eso ya está en el artículo 203 del Código del Trabajo.
Sí, pero hay que dar una explicación porque ello no aparece coherente.
Sin embargo, el tema de fondo no es ese, sino que la Ministra ha señalado que no ha estado ni en la voluntad del Gobierno ni en la de los miembros de la Comisión de Educación eliminar aquel precepto.
Por lo tanto, el punto ha quedado zanjado: no existe, en verdad, ninguna voluntad para eliminar ni restringir derechos adquiridos por las mujeres en cuanto a la existencia de jardines infantiles o salas cuna. ¡Al contrario!
Eso hay que aclararlo, porque al final quedan en el aire afirmaciones como: ¡Se quiere eliminar los jardines infantiles! ¡Se quiere eliminar las salas cuna! ¡Y no es verdad! No se ha pretendido hacer aquello. ¡Por el contrario!
Hay algo que me resulta curioso. Este proyecto debiera recibir el apoyo de todos, por cuanto soluciona un problema que existe en nuestro país no solo a nivel de la educación preescolar, sino también en la escolar y a veces en la universitaria, cual es determinar, primero, quiénes otorgan las autorizaciones adecuadas para que los establecimientos cumplan con requisitos básicos que aseguren que ellos funcionarán como corresponde; segundo, quién fiscaliza su calidad, y tercero, quiénes optan por administrarlos.
Este proyecto es, sin duda, un avance gigantesco en ese sentido. ¡Cómo no lo va a ser si la situación actual es que para abrir una sala cuna o un jardín infantil solo se requiere sacar patente o autorización municipal! Existen certificaciones de carácter voluntario, en algunas hipótesis, y otras para fines específicos. Yo me estoy refiriendo al reconocimiento oficial del Estado, que es voluntario, que necesitan los establecimientos que desean recibir subvención, y que obliga a seguir un currículum único. También está el empadronamiento que realiza la JUNJI (institución que, entre paréntesis, cumple una función extraordinaria).
Quienes hemos estado con las funcionarias de dicha entidad sabemos que realizan una labor realmente espectacular. Yo, al menos, lo he visto en la Región de La Araucanía. Y he aprendido mucho del trabajo que ellas efectúan.
Ahora bien, el proyecto establece algo que es básico: que en nuestro país no podrán funcionar jardines infantiles que no estén autorizados. La Ministra ha manifestado que más de 2 mil operan sin autorización. En programas de televisión hemos visto reiteradamente situaciones escandalosas.
Por eso, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera , con la Ministra Carolina Schmidt , deja solamente de protestar por tales hechos y de señalar que son malos, toma la sartén por el mango y, con la cooperación de los parlamentarios -por cuanto, si bien la iniciativa es del Gobierno, los proyectos salen porque logran ser consensuados-, logran llevar a la Sala el tema y resolver un problema que se ha arrastrado por décadas: la existencia de -lo voy a decir con palabras duras- jardines infantiles "truchos" o "chantas".
¿Y a quiénes perjudica esta situación? No a los ricos, que probablemente mandan a sus niños a jardines infantiles reconocidos, caros, y que se encuentran bien identificados. Las más perjudicadas son las familias de clase media, las familias humildes, que llevan a sus hijos a establecimientos que a veces no cuentan con ningún tipo de acreditación.
En segundo lugar, el proyecto resuelve el problema de la fiscalización. Y a este respecto hay una cuestión de la JUNJI que es de fondo. La Junta Nacional de Jardines Infantiles es una institución prestadora de servicios, y cumple muy bien esta tarea. Pero hay algo que es necesario clarificar: o se presta el servicio de ofrecer y atender jardines infantiles, con las normas propias del organismo, o hay una entidad que, por regla general, fiscaliza el funcionamiento de todos esos recintos.
¿Qué dice el proyecto? Que la Superintendencia de Educación tendrá la facultad para fiscalizar el cumplimiento de los requisitos que permitan autorizar el funcionamiento de un jardín infantil y, con posterioridad, para cerciorarse de que los mantiene, a fin de que no solamente los observe el día en que le efectúen la inspección.
Luego, se establecen infracciones y sanciones, que van desde la amonestación hasta la clausura del establecimiento.
Además, dispone una cuestión superimportante: no va a poder funcionar nunca más en Chile un jardín infantil que, aparte de cumplir con normas de planta física, mobiliario y equipamiento, no cuente con un proyecto educativo y un reglamento interno que regule las relaciones entre el jardín infantil o la sala cuna y los distintos actores de la comunidad educativa. Dicho reglamento deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas y protocolos de actuación ante conductas que constituyan falta a la seguridad de los niños y a la buena convivencia, tales como abusos sexuales y maltrato infantil.
¡Esto representa un avance tremendo en la materia!
Asimismo, se deberá contar con el personal idóneo y suficiente para el trabajo con los niños.
Hay que brindar gran protección a quienes trabajan en los jardines infantiles. A veces no es reconocida la labor que realizan con esfuerzo estos profesionales, y, con tal de pagar una remuneración inferior, los empleadores contratan a gente que no tiene la misma calificación de quienes cumplen esa función por años, con esmero, dedicación y, sobre todo, con gran cariño.
Yo siento que este proyecto es un avance enorme -¡enorme!-; constituye uno de los logros más importantes para la educación preescolar en nuestro país.
Se acaban de dar a conocer los resultados de la prueba PISA (fueron publicados en los diarios de hoy día). ¿Qué se deduce de ello? Que la ventaja que tiene un niño que recibe una buena educación preescolar es enorme. Eso se desprende de dicha prueba internacional.
La primera manera de conseguir dicha ventaja es logrando que los jardines que funcionan en Chile sean decentes. Y cuando digo "decentes", me refiero a que cuenten con la infraestructura adecuada, a que realmente desarrollen un proyecto educativo, a que sean fiscalizados y a que no funcionen al lote, como ocurre con muchos de ellos, lo cual va en perjuicio de los buenos establecimientos.
En consecuencia, señor Presidente, insisto en que este es un gran, gran proyecto.
En todo caso, como toda obra humana, es perfectible en su debate posterior. Las obras del hombre no son inamovibles, ¡gracias a Dios!
Quiero felicitar al Gobierno por impulsar esta iniciativa y, en particular, a la señora Ministra de Educación, quien, contra viento y marea, saca adelante los proyectos.
Esperamos poder mejorar el que nos ocupa.
Sin embargo, jamás podría señalar, como lo hizo el Senador Escalona, que esto es una "vergüenza". Le quiero decir a Su Señoría que esta es una gran iniciativa, que constituye un avance innegable para tener una educación preescolar y salas cuna de calidad en nuestro país. Porque es ahí donde se marca la diferencia para los niños; es ahí donde radica la gran ventaja; es ahí donde debemos apostar para lograr que la educación sea un instrumento de movilidad social, de felicidad, de realización personal, en lugar de postergarla permanentemente.
Señor Presidente , nadie puede negar que el objeto de esta futura ley significa un avance en la materia.
Creo que es algo positivo entregarle a la Superintendencia de Educación la supervigilancia de todos los establecimientos preescolares.
Los primeros diez artículos del proyecto son impecables. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Sin embargo, en el artículo 11º se cometió un error, lo cual justifica la intervención del Senador Camilo Escalona, quizás no lo que afirmó (que se pretendía, en forma subrepticia, eliminar un derecho, etcétera), pero sí su reacción. Porque equivocadamente se propone eliminar el artículo 33º de la ley Nº 17.301, que creó la Junta Nacional de Jardines Infantiles. A lo mejor está mal hecha la referencia de lo que se quiere suprimir. No sé.
El artículo 203 del Código del Trabajo habla de las salas cuna en las empresas, en el sector privado. Entonces, al plantearse la supresión del artículo 33º de la normativa que regula a la JUNJI, queda la sensación de que se busca liberar al Estado de la obligación de contar con salas cuna, por cuanto ahí se consagra tal deber en toda institución, sea fiscal, semifiscal, municipal o de administración autónoma.
¿Por qué pedí aplazamiento de la votación? Porque creo que el proyecto debe volver a la Comisión para evitar que quede esta suspicacia.
Iniciativas de esta trascendencia -reconozco la importancia de la que nos ocupa y estoy dispuesto a aprobarla- normalmente debieran analizarse en general y en particular en el primer informe, con el objeto de evitar ese tipo de defectos. Muchas veces se aprueba la idea de legislar de un proyecto y este vuelve a Comisión para su debate en particular. Si en esa instancia no se presentan indicaciones, de acuerdo con el Reglamento, la iniciativa queda también aprobada en particular. Y eso nos puede provocar un problema gravísimo.
¿Qué habría pasado si este proyecto, luego de la aprobación en general en la Sala, volviera a la Comisión para su trámite en particular y ahí no se hubiera hecho indicación alguna, porque se piensa que está muy bien planteado? Quedaría consagrado un gran error, lo cual provocaría la crítica de la gente: "En el Parlamento, por no estudiar bien los temas, se suprimió la obligación de que existan salas cuna en las instituciones estatales, pero se mantuvo la norma en las empresas privadas".
Incluso se propone eliminar el inciso segundo del artículo 203 del Código del Trabajo, que dice: "Las salas cunas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que determine el reglamento.".
¿Quién me puede explicar por qué se plantea tal supresión? Lo pregunto, porque no soy miembro de la Comisión que analizó el asunto. Los Senadores no estamos obligados a trabajar en los órganos técnicos de los que no formamos parte. Aquí los proyectos tienen que llegar con una elaboración bastante rigurosa para que, cuando uno vote, lo haga con la seguridad de no estar cometiendo un error grave.
Esa es la razón por la cual pedí aplazamiento de la votación. A lo mejor no tengo derecho a solicitarlo. Pero quiero que la iniciativa vuelva a la Comisión para que ahí sea corregida. Luego la podremos votar.
Voy a aprobar esta propuesta legislativa en todas sus ideas de fondo.
Sin embargo, hay que evitar que se cometan estos errores, que provocan intervenciones como las que hemos escuchado. El día de mañana, cuando estas cosas trasciendan, no tendremos cómo explicarle la situación a la opinión pública.
Apoyo al Gobierno en estas materias. Pero pido que, cuando se traiga la iniciativa a la Sala, con todo lo valiosa que es, no se incurra en un nuevo error.
Por esa razón, solicito a la Comisión, con toda humildad, que acepte volver a estudiar el proyecto. Así, nos enviarán de regreso un texto estructurado, tanto en general cuanto en particular, para que lo podamos aprobar en su integridad.
En las condiciones actuales, sinceramente, me veo en la obligación de pedir el aplazamiento de la votación.
¡Ojalá podamos evitar en el futuro este tipo de errores!
El señor WALKER, don Patricio ( Presidente accidental ).-
Si entiendo bien, señor Senador, usted está solicitando otro nuevo informe a la Comisión de Educación y que se autorice a esta a pronunciarse en general y en particular.
¿Habría acuerdo para acceder a la petición?
Es más que nada el aplazamiento de la votación.
Seguiremos dando la palabra a los inscritos y al final discutiremos nuevamente el asunto.
Les corresponde el uso de la palabra al Senador señor Lagos y a la Honorable señora Allende, pero en estos momentos no se encuentran en la Sala.
Puede intervenir la Senadora señora Von Baer.
Señor Presidente , solo quiero aclarar el punto.
En primer lugar, acá se dijo que se querían eliminar las salas cuna de las empresas. Eso no es así. Tal obligación se encuentra consagrada en el artículo 203 del Código del Trabajo.
En segundo término, uno podría pensar que el artículo 33º de la ley Nº 17.301 es un poco más amplio. Okay. De ser así, en la discusión en particular es factible presentar una indicación para mejorar la norma. Sin embargo, nunca -¡nunca!- fue intención del proyecto suprimir la obligación de que haya salas cuna en las empresas o en las instituciones del servicio público.
Lo único que busca la iniciativa es algo tremendamente importante: que todos los jardines infantiles y salas cuna que funcionan en el país -y en este propósito el proyecto está perfecto- cuenten con una autorización de parte del Estado, cosa que hoy día no se da.
No creo que sea conveniente pedir aplazamiento de la votación. Si existe algún problema, lo podemos superar. Siempre procedemos así: los temas puntuales los resolvemos durante la discusión en particular.
El punto es que, en tanto demoremos en despachar este proyecto de ley, seguirá habiendo jardines infantiles en nuestro país donde los papás vayan a dejar a sus hijos pensando que por el solo hecho de estar funcionando cuenta con permiso del Estado. Y eso no es así.
Entonces, si queremos ayudar a los papás y a las mamás, permitamos que esta iniciativa avance. En el fondo estamos todos de acuerdo con ella. Nadie está en contra -la excepción fue expresada por el Senador Letelier- de que se establezca una autorización de parte del Estado para el funcionamiento de los jardines infantiles. Eso es lo que busca este proyecto. Y si hay una dificultad, la podremos superar en la discusión en particular. Siempre se ha hecho así.
Por lo tanto, decir que aquí no se hizo un trabajo riguroso porque hay dudas respecto de un punto que es factible subsanar en el segundo informe, me parece un argumento bastante exagerado. Si en el fondo estamos todos de acuerdo, dejemos que la iniciativa avance, para que los papás y las mamás puedan entregar tranquilos a sus hijos en los jardines infantiles, con la seguridad de que estos cuentan con una autorización de parte del Estado.
Por último, señor Presidente , aquí se propone entregar a la Superintendencia de Educación la supervigilancia de todos los jardines infantiles del país. Por ende, se plantea una separación lógica entre el estamento que da el servicio (jardines infantiles públicos, de la JUNJI y de Integra, y los privados) y el que fiscaliza.
Termino en un segundo, señor Presidente.
Ello obedece a una condición mínima que debe existir en una estructuración coherente de las instituciones: unas entregan el servicio y otra hace la supervigilancia. Esos dos poderes tienen que estar separados en una buena coordinación y estructuración de los órganos involucrados.
En consecuencia, está bien que a la Superintendencia de Educación le corresponda la función de fiscalizar.
Ofrezco la palabra, hasta por dos minutos, a la Senadora señora Allende.
Señor Presidente , en mi primera intervención yo dije que voy a votar a favor porque me parece importante que exista un grado de fiscalización efectivo y que se den garantías respecto de la calidad del proyecto educativo, de todas las condiciones, etcétera, etcétera. No voy a repetir los argumentos.
Sin perjuicio de ello, quiero pedir, formalmente, segunda discusión.
Aquí se ha intentado aclarar que no hay intención de suprimir lo que hasta ahora ha sido un tremendo logro para los trabajadores. Pero igual creo que se presta a confusión. No me explico por qué el proyecto dice: "Elimínese el artículo 33". ¡No lo entiendo!
En mi opinión, debiera corregirse ese error, razón por la cual solicito la segunda discusión.
Quiero que la iniciativa vuelva a la Comisión de Educación para que, si la intención no era la señalada, se subsane el asunto. Está muy mal puesta la enmienda que elimina el artículo 33º, norma que, por lo demás, se refiere a "Toda institución, servicio, empresa o establecimiento, sea fiscal, semifiscal, municipal o de administración autónoma".
El artículo 203 del Código del Trabajo habla de "empresas" y no da apellidos; o sea, no especifica si son privadas solamente o si también están incluidas las fiscales, semifiscales o autónomas.
Pido segunda discusión, señor Presidente .
Nuevamente se solicita que el proyecto vuelva a Comisión. Pero algunos Senadores quieren intervenir antes de que se vote esa petición. Por eso, como dijimos, vamos a seguir con el orden de los inscritos y al final resolveremos.
Pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento, señor Presidente.
Señor Presidente, entiendo que usted va a someter a votación lo solicitado. Pido que quienes estamos en contra podamos fundamentar.
Eso se hará en su minuto.
Es que aquí hay dos cosas distintas: por un lado, se solicitó segunda discusión y, por otro, que el proyecto vuelva a Comisión, en circunstancias de que estamos en la discusión general.
Algunos queremos intervenir.
Y otros desean intervenir sobre el fondo de la materia.
Entonces, quiero que se precise el procedimiento.
Si hay segunda discusión, lo que corresponde es simplemente terminar el primer debate. Si no es así, que se aplique la petición de aplazamiento de la votación. Quisiera que, reglamentariamente, tomáramos uno de los caminos.
Señor Presidente , sin querer abusar de la gentileza que ha tenido al darme la palabra, deseo señalar que me parece francamente absurdo -lo digo con el mayor respeto- que en un proyecto de ley que repite lo mismo en dos artículos distintos, como consta en el informe, se levante debate sobre la eliminación de una norma.
El Honorable señor Andrés Zaldívar ejerció su derecho reglamentario a pedir aplazamiento de la votación. Eso está a firme hasta el momento.
Después solicitó -también lo hizo la Senadora Allende- que la iniciativa vuelva a Comisión. Reglamentariamente, esto último se puede votar y fundamentar. Pero no lo haremos ahora, sino al final, luego de escuchar a los Senadores que están inscritos.
La Senadora señora Allende pidió segunda discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela , para plantear una cuestión de Reglamento.
Señor Presidente , creo que es bueno que la Mesa dilucide cuáles son las solicitudes que se han formulado.
El Senador Zaldívar pidió aplazamiento de la votación. Pero yo entendí que la Senadora Allende solicitó segunda discusión.
El señor PROKURICA . Así es.
Por lo tanto, la Mesa debe precisar, de acuerdo al Reglamento, qué es lo que opera.
Si vamos a ir a una segunda discusión, debe hacerse la primera y luego continuar el debate en general en otra sesión.
Todo eso lo debiera resolver la Mesa.
Para aclarar el punto, tiene la palabra el señor Secretario.
El Honorable señor Zaldívar ha solicitado aplazamiento de la votación. Efectuada esa petición, que es un derecho, ya no corresponde solicitar segunda discusión. Pero sí se puede formular indicación para que el proyecto vaya nuevamente a Comisión.
Esta última petición prefiere a la de aplazamiento de la votación, por razones obvias. Además, en aquella se plantea que el proyecto pueda ser visto en general y en particular.
Ahora bien, varios Senadores se han opuesto a esa solicitud verbalmente. De consiguiente, lo que la Mesa tiene que hacer en su minuto es someterla a votación.
No obstante, hay Senadores inscritos que aún no han hecho uso de la palabra dentro de la discusión general. Y eso es lo que está haciendo el señor Presidente : darles la palabra.
En todo caso, cuando se vote si el proyecto vuelve o no a Comisión, cada Senador tendrá derecho a fundar el voto por cinco minutos.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona, para plantear una cuestión reglamentaria. Brevemente, por favor.
Siempre he sido breve para los temas de Reglamento, señor Presidente.
El aplazamiento de la votación está sancionado por la Mesa. Le quiero solicitar al señor Secretario que en esto sea riguroso.
En efecto, el Senador señor Pizarro , antes de entregarle la Presidencia accidental al Honorable señor Patricio Walker , señaló que el Senador Andrés Zaldívar , como Comité de la Democracia Cristiana, pidió aplazamiento de la votación. Y así quedó sancionado.
Por lo tanto, el aplazamiento de la votación es un hecho reglamentario que ya ocurrió.
¿Ya puedo intervenir, señor Presidente?
El señor Secretario fue claro: la solicitud de que vuelva a Comisión prefiere a la otra petición. Y conforme a ello se procederá en su momento.
Señor Presidente , si me permiten los colegas Senadores y Senadoras.
Ruego a la Sala guardar silencio.
Yo siempre escucho en silencio y con mucha atención.
En primer término, quiero felicitar al Senador Escalona por haber llamado la atención sobre un hecho relevante, que es absolutamente de fácil solución, entendiendo que estamos debatiendo la idea de legislar. No hemos efectuado aún la discusión en particular en la Comisión de Educación, porque para eso hay que aprobar primero el proyecto en general.
Cabe recordar que la iniciativa ya fue enviada de nuevo a dicho órgano técnico, a raíz de un conflicto explicitado en su momento con relación a la JUNJI e Integra, situación que sopesamos y procesamos -somos gente razonable, prudente-, luego de lo cual la Comisión acordó el texto que nos ocupa.
¿Por qué digo que es tan fácil solucionar este problema? Porque, en verdad, lo que tiene que decir el número 2) del artículo 11º del proyecto es: "Elimínese el inciso final del artículo 33º", y no el artículo 33º completo.
Lo que busca esta propuesta legislativa, que ha sido acogida favorablemente, además de los académicos, por las 15 instituciones invitadas (representantes de la JUNJI, de la APROJUNJI, Vicepresidenta de la JUNJI, etcétera), es algo muy sencillo. Hasta ahora la supervisión de las salas cuna y de los jardines infantiles ha estado radicada en la JUNJI. La iniciativa propone eliminar esto. Queremos que la supervigilancia y la fiscalización de dichos establecimientos queden entregadas a la Superintendencia de Educación.
Ahora, ¿por qué hay que suprimir simplemente el inciso final del artículo 33º? Porque el artículo 194 del Código del Trabajo, que es el que rige esta materia, dice: "La protección a la maternidad se regirá por las disposiciones del presente título". Y su artículo 203, al que estamos introduciendo las modificaciones y que Sus Señorías pueden ver en la página pertinente del comparado, señala: "Las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes".
Y el artículo 194 del Código del Trabajo expresa: "La protección a la maternidad se regirá por las disposiciones del presente título" -acabo de leer el artículo 203, que se propone enmendar- "y quedan sujetos a ellas los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos", etcétera.
Por lo tanto, al aprobarse las modificaciones al artículo 203 del Código del Trabajo regiría el 194 del mismo cuerpo legal, lo cual hace extensivo el beneficio no solo a las empresas contempladas en el artículo 33° de la ley N° 17.301, sino a todas las instituciones del Estado -fiscales, semifiscales, etcétera- que acabo de mencionar.
En consecuencia, lo que vamos a hacer durante la discusión en particular no es eliminar el artículo 33°, sino su inciso final, porque ¿a qué aspira en su médula este proyecto? A regular de mejor forma las salas cuna y jardines infantiles, radicando su fiscalización y supervigilancia en la Superintendencia de Educación, creada, junto con la Agencia de Calidad de la Educación, en virtud de un proyecto de ley aprobado en el Parlamento hace dos años y que dio origen al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.
Como esa superintendencia se refería a la educación escolar básica y media, ahora queremos extender su injerencia a la educación preescolar o parvularia. Ese elemento central de esta discusión no se resuelve eliminando el referido artículo 33°, sino su inciso final.
¿Por qué es tan importante aprobar en general este proyecto (ya vendrá la discusión en particular)? Porque hoy día existe una situación de absoluta desregulación. Constituye una vergüenza la precariedad de las salas cuna y los jardines infantiles desde los puntos de vista de la falta de supervigilancia, de supervisión, de la ausencia de fiscalización. Nominalmente, la JUNJI debería realizar esas tareas, pero no cumple su cometido.
Quiero llamar la atención sobre lo siguiente: actualmente, en Chile un millón y medio de niños de entre 0 y 6 años -un millón y medio- son atendidos en salas cuna y en jardines infantiles y existen 6 mil establecimientos de educación parvularia. Lo digo porque con esta iniciativa estamos insertando esos centros preescolares en este nivel educacional, ya que desde ahora ya no se dedicarán solo al cuidado o la protección de los niños, sino que formarán parte del sistema de educación chileno, que se inicia en la educación parvularia, sigue en la básica y media y culmina en la superior.
De la cantidad antes mencionada -es bueno que lo sepamos-, dos tercios, 4 mil 100, son establecimientos públicos (3 mil 100 de la JUNJI y mil de INTEGRA), y el tercio restante, unos 2 mil, privados.
¿Qué queremos con este proyecto? Regular; fiscalizar; supervisar; en el fondo, ser más exigentes.
Por eso, hace bien el Senador Zaldívar al decir que apoya los primeros diez artículos -por cierto, nosotros también-, que constituyen el grueso de la iniciativa.
Ahora, como oposición, formulamos una crítica importante, que estuvimos discutiendo en varias sesiones, porque había una mescolanza -una distinción entre categorías reconocidas oficialmente, autorizadas para funcionar, comunitarias- que era un enredo.
Tengo la minuta de la Ministra de Educación , Carolina Schmidt -a petición nuestra se comprometió por escrito, pues la discusión en particular se iniciará recién-, que dice:
"1. Incorporar a todos los establecimientos que presten servicios educativos en nivel parvulario (¿) con autorización para funcionar, de manera de no generar distintas categorías de establecimientos". Porque eso confundía más que aclaraba.
Por lo tanto, seamos claros: no tiene sentido -lo digo con mucho respeto- aplazar la votación o solicitar segunda discusión, sin perjuicio de los derechos reglamentarios, que son casi siempre sagrados.
Pido cordura, ya que lo que legítimamente han planteado los Senadores señores Escalona y Zaldívar -si estuvieran en lo cierto, los secundaría- no es así, pues nadie quiere eliminar el artículo 33°. Lo que sí todos en la Comisión estuvimos de acuerdo en suprimir el inciso final, porque -insisto-, más que la JUNJI, la que va a supervisar será la Superintendencia de Educación.
Por tales razones, y entendiendo que estamos votando en general, soy partidario de aprobar la idea de legislar y de que en la discusión en particular aclaremos que no se está eliminando el artículo 33°, sino su inciso final.
Señor Presidente , en realidad, el Honorable señor Ignacio Walker ha desarrollado la mayor parte de la argumentación que quería plantear.
Vale la pena, sí, enfatizar algo. Porque me sorprende y me llama la atención el desconocimiento que por momentos tenemos de cuestiones básicas y fundamentales.
Nuestro Reglamento, a partir del artículo 117, define las distintas clases de discusiones. Y en su artículo 118 prescribe: "La discusión general se circunscribirá a la consideración de las ideas fundamentales del proyecto, conforme lo haya propuesto en su informe la Comisión respectiva o resulte de la proposición original en el caso de haberse omitido ese trámite, y tiene por objeto:
"a) Admitirlo o desecharlo en general,". Y sigue detallando.
Entonces, de lo que se trata es de aprobar o rechazar la idea de legislar. Y esta tiene que ver con regular, con crear una autorización de funcionamiento de jardines infantiles, pues es una actividad de la más alta importancia que se encuentra absolutamente desregulada y solo funciona mediante requerimiento de una patente municipal. Es decir, está entregada a la suerte del libre mercado.
Entiendo la preocupación del Senador Escalona, pero creo que olvida esa parte del Reglamento. Vale la pena su llamado de atención; es oportuno. Es cierto que cuando debamos abocarnos al tratamiento específico de cada artículo podremos ir introduciendo correcciones. Pero eso se hace en la discusión en particular, y este informe se refiere a la discusión en general.
En consecuencia, qué sentido tiene devolver el proyecto a la Comisión si, aun cuando aprobáramos esa solicitud, no podríamos hacerle ningún cambio, excepto que la Sala acuerde que se discuta allí en general y en particular a la vez.
Se trata de dos cosas completamente distintas.
Por esa razón, me parece que lo más corto, lo más razonable, sería entender que estamos discutiendo la idea de legislar y que, en consecuencia, votaremos en general.
Creo que no hay dos opiniones en la materia: todos queremos que esta actividad sea regulada, que tenga normas específicas.
En su primer artículo, la iniciativa parte señalando qué se entenderá por jardín infantil, cómo el Ministerio generará la autorización, cuáles serán las normas. En fin, podría hacer un largo, pormenorizado y lato detalle del articulado, pero ya lo escuchamos.
Ninguna de las 15 instituciones que asistieron a la audiencia pública entendió que esta normativa pretendía quitar beneficios o derechos, ni hizo referencia a ello.
Y resulta de la más alta importancia y prioridad regular, pues, como se señaló, se trata de 4 mil jardines infantiles pertenecientes a la JUNJI o INTEGRA y de 2 mil que están en manos de privados. Todos ellos carecen de una regulación que le permita al Ministerio cumplir su tarea con toda la seriedad y la profundidad que queremos.
Un elemento que vale la pena resaltar: en este caso, el Ministerio saca de la JUNJI -no está en manos de esa Cartera tampoco, sino que se transfiere a la Superintendencia de Educación- la supervigilancia, la fiscalización, la supervisión de los requisitos que permitan garantizar, por un lado, la seguridad y, por otro, la calidad del servicio que merecen recibir los niños de Chile.
Conclusión: por tratarse de una discusión en general, correspondería poner en votación la idea de legislar.
Entiendo que se pidió postergar la votación hasta la próxima sesión. Pero en modo alguno la iniciativa debiera volver a la Comisión. No tiene ningún sentido. Ya estamos alertados de que hay que clarificar ese punto.
Vale la pena, en todo caso, el llamado de atención a la Comisión y también al Ministerio, en el sentido de que se debe presentar una redacción más precisa. Sin embargo, nosotros ya tenemos considerado perfeccionarla en la discusión en particular, que es cuando corresponde, y no ahora en que solo se debaten las ideas generales.
Es cuanto quiero aportar, señor Presidente.
Luego de escuchar las intervenciones de los Senadores señores Zaldívar y Escalona , y respetando absolutamente lo que aquí se ha mencionado, que el objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de la educación parvularia en nuestro país y no quitarle derechos, quiero señalar que en términos de técnica legislativa, es adecuada la eliminación del artículo 33°.
¿Por qué lo digo? Porque al acabar con el rol de la JUNJI de fiscalizador de los establecimientos señalado en dicho precepto y quedar consagrada en los artículos 194 y 203 del Código del Trabajo la obligación de las empresas públicas, privadas o municipales con veinte o más trabajadoras de tener jardines infantiles y salas cuna, carece de todo sentido conservar el artículo 33°.
Al leer solamente el boletín comparado puede surgir alguna inquietud al respecto, pero dicha exigencia se encuentra salvaguardada absolutamente en el mencionado cuerpo legal. Porque en ambos artículos -194 y 203- se dispone la obligatoriedad de los establecimientos y servicios, tanto públicos como privados, de contar con salas cuna cuando tienen más de veinte trabajadoras.
Por eso, ninguna de las instituciones involucradas, ni los expertos, ni los académicos, ni la misma JUNJI, ni sus representantes, que participaron en repetidas ocasiones en la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado, plantearon alguna vez la inquietud de que se podría poner término a esa obligación que hoy permite a tantas familias contar con el servicio de salas cuna.
Por lo tanto, considero importante dejar eso claramente establecido.
Tiene la palabra el Senador señor Quintana, por dos minutos.
Señor Presidente , el Senador Escalona ha hecho presente un punto que hay que destacar. Ello habla bien de este Senado, porque es posible advertir situaciones que podrían perjudicar o restringir derechos, como ha dicho la señora Ministra .
Sin embargo, quien esté siguiendo el debate podrá darse cuenta claramente que esta no es la discusión en general. No es usual que ahora estemos haciendo un debate en particular, porque todavía no corresponde.
Pedí la palabra, esencialmente, para señalar que las aseveraciones que hizo el Senador Zaldívar son inaceptables. O sea, aquí no ha habido ningún trabajo desprolijo de la Comisión de Educación, como lo han afirmado la señora Ministra y los Senadores señores Ignacio Walker y Cantero y señora Von Baer . Dicho órgano técnico recibió a representantes de 15 instituciones, los cuales dieron a conocer sus opiniones sobre la materia.
Despejado el tema de la intencionalidad -porque aquí se dijo que se querían sacar las salas cuna y los jardines infantiles de las empresas privadas, lo cual no está en la mente de nadie, ni de la Comisión, ni del Ejecutivo-, cabe señalar que la propuesta original del Gobierno pasó por la Cámara de Diputados -donde fue aprobada por unanimidad tanto en la Comisión de Educación como en la Sala- y ahora se halla en el Senado, que ha de actuar como Cámara revisora. Y debo precisar -tal como lo ha planteado el Senador Ignacio Walker- que se elimina el artículo 33° de la ley N° 17.301 solo por razones adecuatorias, de técnica legislativa. Esto mismo sostuvo la señora Ministra . Además, este tipo de situaciones ocurren todos los días en el Senado y en las Comisiones al tratar diversos proyectos. ¡Por favor!
Lo importante aquí es remitirse, porque está inalterado, al artículo 194 del Código del Trabajo, cuyo inciso primero, claramente, dispone: "La protección a la maternidad se regirá por las disposiciones del presente título y quedan sujetos a ellas los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas¿". En fin, todos.
Por lo tanto, aquí, lejos de lo que sería
Dispone de un minuto para concluir, señor Senador.
Se aseveró que la Comisión no había hecho su trabajo. Todo lo contrario. Es preciso destacar que la Secretaría y todos los miembros de dicho órgano técnico realizaron una labor bastante prolija.
Me parece muy válida la advertencia sobre el punto planteado. El Senador Ignacio Walker sugirió otra alternativa: eliminar solo el inciso final del artículo 33°. Pero es un asunto que debe tratarse en la discusión en particular del proyecto. Es allí donde vamos a resolver como corresponde.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier, por dos minutos también.
Señor Presidente, cuando uno vota en general, lo hace en función de un proyecto concreto y no de enunciados.
La iniciativa legal que nos ocupa tiene graves errores, y aquí se han realizado afirmaciones equívocas. El Código del Trabajo no se aplica a todo el sector público. Ese es un error no conceptual, sino legal. Dicho Código se aplica a algunos, pero no a quienes se rigen por el Estatuto Administrativo. Por consiguiente, mis colegas que han hecho esa alusión están equivocados.
Por otro lado, eliminar solo la segunda parte del artículo 33° es una atribución exclusiva del Ejecutivo. De modo que aquí hay un proyecto mal planteado. Yo no responsabilizo a la Comisión, pero sí a su autor.
Podremos discutir también sobre otros temas. Por ejemplo, en cuanto a si la Superintendencia de Educación debe ser juez y parte al reconocer a los organismos y, a la vez, fiscalizarlos. Tengo mi discrepancia en esa materia, y la manifesté desde el principio. Estimo que el proyecto está mal planteado.
De la misma forma, me parece que también está mal formulado lo relativo al ámbito de preocupación. ¿Son salas cuna, jardines infantiles, nivel medio de transición, medio mayor? ¿Cuáles son los ámbitos de acuerdo al texto de la ley en proyecto?
Señor Presidente , aquí hay un debate legítimo, porque estamos frente a una iniciativa mal planteada. Y, en particular, respecto al punto que se hizo presente al comienzo de la discusión sobre el artículo 33° -que lo destacamos el Senador Escalona y quien habla-, hay un error de fondo.
Yo no estoy en condiciones de votar un proyecto de este tipo. Creo que la mejor solución es solicitar un segundo informe, para que la Comisión pueda discutirlo en general y en particular a la vez. De ese modo, la Sala no estará sometida a considerar algo absurdo, como es la eliminación del artículo 33°. Porque eso es lo que dice el texto de la iniciativa. No se trata de una voluntad o de una buena intención solamente.
Señor Presidente , el Código del Trabajo no cubre a todo el sector público. No generemos confusiones adicionales a las que ya tiene el proyecto propuesto por el Ejecutivo .
Señor Presidente , estoy de acuerdo en gran parte con la propuesta del Senador Ignacio Walker, salvo en la interpretación que da de la extensión del artículo 194, referente a la protección de la maternidad y su relación con el 203, que habla de empresas.
Por lo tanto, pienso que Su Señoría está en lo cierto. Y lo que se debe hacer es precisar que se tiene que eliminar solo el inciso final del artículo 33°. Eso es lo que ha provocado toda la discusión, esto es, si se mantiene o no esa norma.
El debate que ahora hacemos justifica el que se tenga que clarificar esta materia. Porque entre nosotros mismos, que hemos de legislar al respecto, hay interpretaciones absolutamente diferentes. Incluso, la Ministra tiene una opinión, y un sector de los Senadores, otra distinta.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Precisar.
Lo que he sostenido y sigo sosteniendo -ojalá lo tomemos como práctica; lo he hecho presente muchas veces- es que resulta mejor que este tipo de proyectos se discutan en general y particular en el primer informe -espero que así sea ahora-, para traerlos a la Sala lo más acabados posible y evitar esta clase de problemas. Aquí se aprueban en general y luego se vuelve a la Comisión, en segundo informe, para su perfeccionamiento.
Muchas veces procedemos en esa forma.
En un momento dado pedí el aplazamiento de la votación porque quería provocar esta discusión y ver cómo corregir el texto.
Ahora, si me dicen que la corrección se hará durante el debate en particular,¿
manifiesto mi conformidad, pues la discusión habrá generado tal hecho.
De no haber tenido ese debate, quizá habría sucedido lo que dije antes. O sea, siguiendo el procedimiento reglamentario, una vez aprobado en general el proyecto, al no presentarse indicaciones y si no nos damos cuenta de un eventual problema, automáticamente el texto queda aprobado en particular y no hay nada más que hacer.
Yo no quiero entrabar la iniciativa. He dicho que concuerdo con ella. Me parecen buenos sus primeros diez artículos. Pero se cometió un error grave, que ha motivado esta polémica. Y si se hubiera aprobado en la forma como se propuso y mañana los diarios le hubiesen dicho a la opinión pública "El Senado suprimió la obligación de mantener salas cuna en el sector público", la reacción en contra de nosotros habría sido tremenda.
Señor Presidente , no voy a insistir en el aplazamiento de la votación, pero con el compromiso de que durante el debate en particular la Comisión haga una revisión más exhaustiva.
Además, le recomiendo ver algo que a mí me salta a la vista: mediante la letra a) del número 1) del artículo 12 se elimina el inciso segundo del artículo 203 del Código del Trabajo.
¿Por qué se suprime esa norma? Estoy revisando el proyecto, pero no se explica en ninguna parte.
El referido inciso segundo dice: "Las salas cunas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que determine el reglamento.".
Eso queda a cargo de la Superintendencia.
Pero la eliminación tiene que explicarse expresamente. Si se suprime una disposición, debe explicitarse el porqué.
Está en la ley que creó la Superintendencia.
Bueno: yo soy partidario de aclarar el punto.
Por favor, Su Señoría, diríjase a la Mesa y no entre en diálogos.
Entonces, evitemos ese tipo de interpretaciones precisando la legislación.
Señor Presidente , yo voy a retirar mi solicitud de aplazamiento de la votación, que ha sido muy útil para provocar este debate. Sin él habríamos aprobado algo realmente negativo, que el día de mañana podría haber dado lugar a que se le enrostrara al Parlamento, y en especial al Senado, que no trabaja de forma debida en la elaboración de las leyes.
Señor Presidente , creo que hay unanimidad en cuanto a la necesidad de aprobar este proyecto, cuyo objetivo es aumentar los derechos y garantizar la seguridad de los niños en la educación parvularia.
En ese sentido, y tal como el Ejecutivo lo señaló por escrito a la Comisión de Educación, el texto incluirá a todos los establecimientos de educación parvularia, tanto públicos cuanto privados, cualquiera que sea su condición, sin distinguir entre planteles de categoría A o B.
No obstante, si los señores Senadores quieren mayor tranquilidad en términos de que el Gobierno envíe una indicación que ratifique la referida inclusión, me comprometo a que se presentará, justamente porque ese es el propósito de la iniciativa en debate.
A fin de ordenar el debate, aclaro que nos encontramos en la siguiente situación.
Se había resuelto el aplazamiento de la votación, acogiéndose la solicitud que formuló el Senador señor Zaldívar, en representación del Comité Demócrata Cristiano.
Su Señoría acaba de retirar esa petición.
Entonces, solo quedan la solicitud de segunda discusión efectuada por el Comité Socialista,¿
¿ y, en votación con derecho preferente, la petición formulada por el propio Senador señor Zaldívar para que el proyecto vuelva a Comisión.
Esta última también se retiró.
¿También la retiró, Su Señoría?
Conforme. Empero, si no se le avisa de ello a la Mesa, el señor Secretario no puede registrarlo.
¡Yo interpreto harto al Senador señor Zaldívar, pero no al punto de adivinar lo que decide en su imaginación...!
Por lo tanto, dado el retiro de la petición de volver el proyecto a Comisión, solo resta la solicitud de segunda discusión formulada por el Comité Socialista.
Señor Presidente , el aplazamiento de la votación lo estableció usted mismo¿
¿ luego de recabar la venia de la Sala para que presidiera el Senador Patricio Walker.
Ese hecho quedó establecido.
En consecuencia, estimo que, reglamentariamente, tal petición no se puede retirar.
El aplazamiento de la votación ya se estableció en la Sala.
Esto no es un juego, señor Presidente. Permítame decirlo con entera claridad.
No es un juego, Su Señoría. Pero yo procedí como siempre se hace en el Senado
No interrumpa mi intervención.
cuando un Comité formula una petición de aquella índole.
Le ruego que no me interrumpa.
Por eso recordé dicha petición y solicité una aclaración.
Ahora, si Su Señoría sostiene que ya está acordado y que, por consiguiente, es inamovible, no hay problema. Vamos a quedar en esa situación.
Pero estamos tratando de buscar una salida al problema de fondo que usted planteó.
Sobre el particular, recibimos un compromiso claro y preciso de la señora Ministra en el sentido de que el Gobierno enviará una indicación (porque la materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República ) para solucionar el problema que expuso Su Señoría sobre la eliminación de las salas cuna en los servicios públicos.
Entonces, es perfectamente posible, si el Comité Socialista no retira la solicitud de segunda discusión y se mantiene el aplazamiento de la votación, continuar tratando la iniciativa en la sesión de mañana. Y a lo mejor en el entretanto, ya que está por concluir el Orden del Día, llegamos a un acuerdo sobre cómo seguir analizando más eficazmente este proyecto.
Ya que Su Señoría me interrumpió, debo puntualizar que el Reglamento es común para todos, incluso para el Presidente .
Yo no he querido interrumpirlo, pero Su Señoría ha hecho uso de manera demasiado extensiva del Reglamento a su favor. Porque al Presidente no se lo habilita para interrumpir a los Senadores cuando están usando de la palabra, sobre todo en materias de carácter reglamentario.
Como también ejercí la Presidencia en cierto período, estimo que en razón de la corrección de los procedimientos del Senado, atendido que muchos colegas se fueron de la Sala una vez que se aplazó la votación, no puede retirarse la petición que dio lugar a la determinación pertinente.
En consecuencia, no otorgo la unanimidad para proceder de esa manera.
Lamento si lo interrumpí demasiado, pero solo estaba tratando de hallar una alternativa que permitiera el mejor proceso legislativo.
¿Desea plantear un asunto de Reglamento, señora Senadora?
Señor Presidente , yo le pedí la palabra -Su Señoría se la dio a la señora Ministra , atendida su preferencia para intervenir- justamente, en primer término, para señalar que, si usted ya había declarado el aplazamiento de la votación, no correspondía echar marcha atrás, porque este ya se encontraba aprobado; y en segundo lugar, para reiterar la solicitud de segunda discusión.
Por lo tanto, ya está claro que mañana volveremos a tratar el proyecto. Y espero que el Ejecutivo , después de esta discusión -creo que ha sido positiva, pues nos ha permitido aclarar las cosas, para no dejar dudas, para despejar incertidumbres, para evitar interpretaciones equívocas-, de aquí a ese día presente indicaciones que nos dejen suficientemente satisfechos.
Reitero, por un lado, que ya se resolvió el aplazamiento de la votación, y por otro, que el Comité Socialista igual pide segunda discusión.
Señora Senadora , no nos enredemos tanto en el asunto, porque cuando un Comité pide aplazamiento de la votación o segunda discusión, solo corresponde que yo notifique de ello a la Sala.
No debo someter la solicitud pertinente ni a discusión ni a votación, porque se trata de un recurso reglamentario, de un derecho que le asiste a cada Senador.
Esa es la razón por la cual de manera permanente el Comité que pide aplazamiento de la votación después retira su solicitud. Y fue lo que hizo el Senador señor Zaldívar.
Por ello dije que se mantenía la petición de segunda discusión formulada por la bancada del Comité Socialista, que la reiteró.
Eso significa que, aun cuando adoptemos otro criterio, cualquiera que sea, tenemos la posibilidad de seguir debatiendo el proyecto en la sesión ordinaria siguiente.
En consecuencia, la iniciativa queda para segunda discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Prokurica, señora Allende y señores Frei, Gómez, Horvath, Navarro, Orpis y Uriarte.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1622-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 71ª, en 20 de noviembre de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto de acuerdo tiene por objeto solicitarle a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de una iniciativa que prorrogue la franquicia tributaria establecida en la ley N° 20.365, que caducó el 30 de noviembre último, y que incluya las viviendas usadas entre los inmuebles que pueden instalar sistemas solares térmicos y obtener el mismo beneficio.
La señora ALLENDE.- Démoslo por aprobado, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ya se abrió la votación, Su Señoría.
Votaron por la afirmativa la señora Allende y los señores Cantero, Coloma, Espina, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Muñoz Aburto, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Honorable señor Horvath.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Bianchi, Chahuán, Gómez, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma y Patricio Walker.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1623-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 75ª, en 28 de noviembre de 2013.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de este proyecto de acuerdo es solicitarle a Su Excelencia el Presidente de la República el envío de una iniciativa de ley que habilite la incorporación del personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil como imponente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y el cómputo de los períodos cotizados en otros sistemas de pensiones, para reparar el daño provocado a personas que, aunque desempeñan iguales funciones, están adscritas a regímenes disímiles en cuanto a regulación y beneficios.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, lo aprobaremos con la misma votación anterior.
El señor ESPINA.- Que se vote, señor Presidente.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (14 votos favorables).
Votaron la señora Allende y los señores Cantero, Coloma, Espina, García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Muñoz Aburto, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Les informo a Sus Señorías que los Comités acordaron celebrar una sesión extraordinaria el miércoles 11 de diciembre, de 10:30 a 14, en remplazo de la sesión ordinaria de ese día.
El señor PIZARRO.- Habiéndose cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficio que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro de Salud, solicitando PREMURA PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A DOÑA SOLEDAD PAUKER NOGUES (comuna de San Javier, Región del Maule Sur).
Al señor Subsecretario de Obras Públicas, pidiéndole MANTENIMIENTO EN VALDIVIA DE DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE.
--Se levantó la sesión a las 19:24
No obstante el consenso social respecto a la necesidad de protección de los niños y niñas frente a toda forma de maltrato físico o psicológico, y recientes avances legislativos, particularmente en materia de delitos sexuales para proteger cada vez más eficazmente a las víctimas, aún perduran situaciones en la cuales se cometen graves atentados que quedan en la impunidad, por la actual ausencia de normas que sancionen adecuadamente dichos atentados contra la integridad física y psíquica de los niños y niñas, que en determinados contextos se encuentran además en una condición de alta vulnerabilidad, principalmente por la posición de poder que ejercen algunas personas en razón de la tareas que les corresponde cumplir. Es el caso de los niños maltratados al interior de sus propios hogares por las personas a cargo de su cuidado temporal, en ausencia de los padres u otros adultos protectores, ocurre también en los jardines infantiles por el personal educativo o de auxiliares en tales tareas, o por personas que trabajan en las instituciones que asumen el cuidado de niños por encargo judicial (sistemas residenciales de protección).
Hoy la legislación penal exige que se causen lesiones físicas para poder sancionar las conductas de agresión hacia los niños y niñas, por lo cual los tratos crueles, inhumanos y degradantes que no causan tales lesiones quedan fuera del marco de intervención penal. No existe, en consecuencia, un efecto preventivo general de la ley ante esta desprotección jurídica de la infancia en los contextos señalados, y tales vacíos legales entregan el mensaje tácito de tolerancia de dichas conductas, ante la desesperanza y frustración de las víctimas y sus familias.
Sin embargo, este vacío legal se produjo en virtud de modificaciones legales que conllevaron a una tolerancia indeseada de esta problemática de la que son víctimas los menores de edad. Así, se puede señalar que hasta el año 1994, la Ley N°16.61 8, conocida como Ley de Menores, establecía expresamente una sanción penal para aquellos guardadores o personas a cuyo cuidado de niños, niñas y adolescentes y que lo maltratare habitual o inmotivadamente (aun así esta norma resultaba bastante criticada porque). Se disponía:
“Artículo 62.- Será castigado con prisión en cualquiera de sus grados o presidio menor en m grado mínimo, o con multa de diez a cien escudos:
4°.- El padre o madre, guardador o persona a cuyo cuidado esté el menor:
a) Que lo maltraten habitual o inmotivadamente;”
Esta norma que no se encontraba ajena de críticas, principalmente porque exigía habitualidad, o daba a entender que existían maltratos motivados que no configuraban el delito. Sin embargo, la modificación que sufrió en virtud de la Ley N° 19.324, del año 1994, reportó una consecuencia nefasta en nuestra legislación, toda vez que tuvo por efecto eliminar la conducta tipificada por la Ley de Menores, y condujo al problema que reportamos hoy en la práctica:
“a) Suprímese el N° 4.
b) Agregase el siguiente inciso segundo:
1) Asistencia del agresor a programas terapéuticos o de orientación familiar, bajo el control de la institución que el que estime más idónea o conveniente, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, el Servicio Nacional de Menores, el Centro de Diagnósticos del Ministerio de Educación o los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, declarándolo así en la sentencia definitiva. La Institución designada deberá, periódicamente, remitir los informes de cumplimiento al tribunal en que esté radicada la causa;
3) Multa, a beneficio municipal, equivalente al ingreso diario del condenado, de uno a diez días, la que se fijará prudencialmente por el juez.
En todos los casos en que los hechos denunciados ocasionen lesiones graves o menos graves, los antecedentes serán remitidos al tribunal del crimen respectivo.
Lo dispuesto en este artículo será también aplicable cuando las personas indicadas en el inciso primero abandonen al menor sin velar por su crianza y educación o lo corrompan.”.”
En consecuencia, bajo esta modificación legal, ninguna de las sanciones prescritas por el actual artículo 62 de la Ley de Menores, que regula el de maltrato infantil extra familiar, tienen rango penal. Es decir, todas ellas se tratan de sanciones de carácter civil corno la multa, completamente insignificante frente a la gravedad de las conductas realizadas, y otras como la asistencia a programas de terapia familiar, incomprensibles si los agresores o agresoras de los niños no pertenecen ni han pertenecido al medio familiar de la víctima.
Esta realidad contrasta de forma evidente con los casos de violencia intrafamiliar, contexto en el cual el artículo 14 de la Ley N°20.066, sanciona expresamente el maltrato habitual como un tipo penal, comprendiendo éste la violencia física o psíquica de los hijos o personas menores de edad que se encuentren bajo el cuidado o dependencia del grupo familiar que afecte la integridad física o psíquica de las víctimas. Esta disposición permite sancionar penalmente dicho maltrato, sin necesidad que la violencia cause lesiones físicas, lo que ha sido un importante avance en esta materia, valorándose así la integridad psíquica de las personas como un bien jurídico merecedor de tutela penal.
Artículo 14° Le N°20.066. “Delito de maltrato habitual. El ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5° de esta ley se sancionará con la pena de presidio menor en su grado mínimo, salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad, caso en el cual se aplicará sólo la pena asignada por la ley a éste.
El Ministerio Público sólo podrá dar inicio a la investigación por el delito tipificado en el inciso primero, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los antecedentes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la ley N° 19.968”
Siguiendo el contenido de lo expuesto, se advierte que es necesario proteger a los niños y niñas no sólo del maltrato al interior de la familia y respecto de atentados realizados por quienes la ley considera integrantes de la familia (Artículo 5 de la Ley 20.066, que establece la violencia intrafamiliar), sino que también otorgar dicha protección a nivel penal respecto de conductas crueles y degradantes realizadas por personas sin vínculos familiares con las víctimas.
Esta omisión legislativa en materia de tratos crueles ejercidos en contra de menores de edad, se encuentra en deuda respecto de los compromisos internacionales asumidos en virtud de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en el año 1990, y que obliga al Estado a proteger en todos los ámbitos a niños, niñas y adolescentes, en particular frente al maltrato:
Artículo 3° “2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos, y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
Artículo 19 “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
Por su parte, esta obligación del Estado de Chile es reforzada por el contenido de la Observación General N° 13 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 18 de abril de 2011 que se refiere al Derecho del Niño (a) a no ser objeto de ninguna forma de violencia.
Por último, es pertinente señalar que este vacío normativo que se pretende corregir a través de esta iniciativa legal se manifiesta de modo explícito y categórico ante la comprobación de la sanción penal en Chile del maltrato de animales con rango de delito, en el artículo 291 Bis del Código Penal, cuya pena incluso fue aumentada por la Ley N° 20.380 del año 2009 (Ley de Maltrato Animal). La mencionada norma del Código Penal no exige que se causen lesiones a los animales, sino que sanciona el maltrato o crueldad sin más exigencias o requisitos de tipicidad penal:
Art 291 bis del Código Penal.-. “El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo con esta última”.
Esto evidencia una grave y alarmante desigualdad de nuestra legislación penal, que sanciona el maltrato animal y mantiene en zona de atipicidad penal el maltrato hacia los niños y niñas cuando éste ocurre fuera del contexto intrafamiliar y no se causan como resultado lesiones físicas.
No puede ser posible que la situación expuesta se mantenga, por lo cual es urgente otorgar tutela penal a los niños y niñas, que hoy ante los vacíos y desequilibrios legales carecen de la debida y eficiente protección jurídica, pues se debe esperar que se les causen lesiones o se ponga en riesgo sus vidas, para solo entonces poder solicitar la intervención del sistema de justicia penal. La ley debe prevenir y también debe sancionar proporcionalmente hechos tan graves como los que fundamentan el presente Proyecto de Ley.
Por los motivos expuestos se propone legislar sobre el siguiente proyecto de ley, que se incorpora en el Párrafo 2 del Título VII del Libro II del Código Penal, sobre “Abandono de niños y personas desvalidas”, proponiendo también un nuevo título que vaya en el sentido señalado:
Proyecto de ley que sanciona los actos de maltrato o crueldad hacia niños, niñas y adolescentes en contextos extra familiares.
“Artículo 1°. Reemplázase el título del párrafo 2 del Título VII del Libro II del Código Penal por el siguiente:
“Abandono y tratos crueles contra niños y personas desvalidas”
Artículo 2°. Agréguese el siguiente artículo 352 bis nuevo al Código Penal:
“El que sin estar comprendido en el artículo 14 de la Ley 20.066 cometiere actos de maltrato o crueldad hacia niños, niñas o adolescentes será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio”.
Artículo 3°. Suprímase el inciso segundo del artículo 62° de la Ley N° 16.618.”
(Fdo.): Patricio Walker Prieto, Senador.- Soledad Alvear Valenzuela, Senadora.- Alberto Espina Otero, Senador.

References: artículo 53
 artículo 73
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 1817
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 135
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 203
 artículo 33
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 203
 artículo 11
 artículo 33
 artículo 203
 artículo 33
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 203
 artículo 11
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 194
 artículo 203
 artículo 194
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 117
 artículo 118
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 194
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 194
 artículo 33
 artículo 12
 artículo 203
 artículo 62
 artículo 14

Artículo 14
 artículo 5
 artículo 90

Artículo 3

Artículo 19
 artículo 291

Artículo 2
 artículo 352
 artículo 14

Artículo 3
 artículo 62