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Paula Bustos Ávila
1 2 Índice Introducción... 3 Marco Teórico... 3 I.1 Antecedentes Internacionales en el delito de lavado de activos (LA)... 4 I.2 Distintas posturas sobre el bien jurídico tutelado en el delito de LA... 5 I.2.1 Protección de la Administración de Justicia I.2.2 Resguardo del Sistema Económico y Financiero I.3 Evolución del bien jurídico protegido en la legislación argentina I.4 Impacto económico y financiero de las operaciones de LA... 9 I.5 El delito de financiamiento del terrorismo (FT) I.5.1 Vinculación entre LA y FT I.6 El riesgo en las operaciones sospechosas de LA y de FT I.6.1 Impacto: definición y valuación I.6.2 Agravantes vinculados a la operación sospechosa reportada I.6.3 Agravantes vinculados a los sujetos reportados I.6.4 Probabilidad: definición y componentes I.6.5 Características que incrementan la probabilidad Construcción de la Matriz de Riesgo II.1 Metodología propuesta para la elaboración de la Matriz3 II.2 Criterio de medición de Impacto y Probabilidad II.3 Análisis del riesgo y criterio de valoración II.4 Definición de los umbrales de tolerancia al riesgo II.5 Calibración y simulación Reflexiones Finales Bibliografía Anexo: Ejemplos de sobre y subestimación del riesgo4 Introducción 1 2 La presente guía para la elaboración de Matrices de Riesgo de Lavado de Activos (LA) y de Financiamiento al Terrorismo (FT), se basa en la experiencia adquirida por la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina durante el proceso de construcción de su propia matriz de riesgo. 3 Este instrumento se desarrolló en el marco de un conjunto de acciones que las autoridades del organismo dispusieron para una mejor asignación de los recursos disponibles en la Unidad, utilizando el criterio de Administración Integral del Riesgo. En este nuevo diseño de gestión, la matriz cumple el delicado rol de establecer un ranking de prioridades entre los diferentes ROS que ingresan a la UIF, definiendo previamente su nivel cualitativo de riesgo asociado. Con el objetivo de presentar los criterios generales utilizados en la construcción de esta herramienta, la primera sección del documento describe el marco teórico que encuadra la concepción metodológica propuesta. Allí se analizan los bienes jurídicos vulnerados por ambos delitos y se definen los conceptos de impacto y probabilidad que se utilizan en la matriz como componentes esenciales del riesgo. En la segunda sección se abordan los criterios utilizados para medir estos conceptos y, consecuentemente, el riesgo, con sus niveles de tolerancia. Finalmente se ensaya la calibración y simulación de la Matriz a través de casos generados aleatoriamente, como así también de una muestra considerable de casos reales. Marco Teórico Para realizar una correcta evaluación del riesgo, implícito en una operación de LA o FT, es menester comenzar por identificar el Bien Jurídico Tutelado (BJT) que es afectado por tales delitos. Sobre este tema, la doctrina y jurisprudencia es muy clara al sostener que no puede haber delito sin la existencia de un bien jurídico preciso y concreto (Bustos Ramírez, 1987). Así, la delimitación precisa de un BJT permite advertir el sector de la realidad protegido por un ordenamiento jurídico de manera inmediata y, consecuentemente, analizar la intensidad del daño que sobre el mismo pueden ocasionar este tipo de operaciones delictivas. En virtud de ello, a continuación se estudian los principales antecedentes internacionales al respecto a fin de indicar cuales son los BJT en los delitos bajo análisis. 1 Se agradecen los comentarios y la estrecha colaboración para la redacción de este documento de Maximiliano Braunschweig y de María del Carmen Chena. Los errores y omisiones que aún persistan en el mismo son entera responsabilidad de los autores. 2 La Unidad de Información Financiera de Argentina no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los autores del presente documento. 3 Es importante destacar que, si bien el documento se inspira en la experiencia Argentina, no necesariamente refleja los criterios seguidos por el mencionado país. 35 I.1 Antecedentes Internacionales en el delito de lavado de activos (LA) El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo objeto es promover, desarrollar y coordinar políticas tendientes a la lucha contra el LA/FT, ha establecido en las Cuarenta Recomendaciones que los países deberían tipificar como delito el LA, utilizando como antecedentes la Convención de 1988 de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena) y la Convención de 2000 de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), (Recomendación 1 del GAFI, apartado A ). 4 Como bien lo menciona GAFI, el primer instrumento internacional de fuerza vinculante para los Estados miembros fue la Convención de Viena de 1988, al destacar la necesidad de adecuar la legislación interna de cada país a la persecución del lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esta última reconoce en su preámbulo que el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico socava las economías lícitas, señalando entre otras cosas, que: el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras, perjudicando así a las actividades económicas lícitas, la estabilidad financiera y la soberanía de los Estados. En el año 2000, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional", con el objeto de promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, penalizando en su artículo 6º el blanqueo del producto proveniente de un delito. Cabe destacar aquí, el deseo de la ONU en trascender al narcotráfico, ampliando el combate a un gran abanico de formas de delincuencia organizada. Además, en materia específica de LA, se deben resaltar los intentos de los redactores del Convenio por garantizar que también puedan ser condenados por este delito quienes cometieron el ilícito previo, a partir del cual se obtuvieron los activos a blanquear (autolavado), como así también la recomendación de crear unidades de información financieras como instrumentos de cooperación internacional. 5 De las Convenciones Internacionales citadas surge como antecedente, por un lado, que el delito de LA afecta principalmente al orden económico, independientemente del 4 Las 40 Recomendaciones aprobadas en el año 1991, fueron luego revisadas en el año 1996 para reflejar la evolución de las tipologías de lavado. Finalmente en el 2001, el GAFI amplió su mandato incorporando el tema de FT y formulando 9 Recomendaciones Especiales. Las recomendaciones del GAFI se puede encontrar en su sitio web: 5 Se ha considerado de gran importancia en referencia a la autonomía del delito, las disposiciones del Convenio de Estrasburgo de 1990 (art. 6 ), el cual resaltó que el interés en combatir el LA reside en la existencia misma de una ganancia ilícita, independientemente del delito previo. 46 bien jurídico afectado por el delito precedente (Viena 1988) y, por otra parte, que el mismo es un fenómeno característico de las organizaciones delictivas transnacionales, ampliándose además el espectro de delitos graves precedentes, lo cual evidencia un camino evolutivo que luego se reflejará en la tipificación autónoma del delito mencionado (Palermo, 2000). I.2 Distintas posturas sobre el bien jurídico tutelado en el delito de LA En relación al BJT, se observa que existen dos posturas preponderantes en torno a la delimitación del mismo. 6 Una de ellas considera que el interés afectado por el delito de LA es principalmente la Administración de Justicia y una segunda teoría que coloca el eje de la discusión en el sistema económico financiero. A continuación, se exponen de manera sintética, los principales puntos de vista esgrimidos en cada una de ellas, a fin de abordar posteriormente su recepción en la legislación Argentina. I.2.1 Protección de la Administración de Justicia. Esta postura afirma que el BJT en el delito de LA es únicamente la Administración de Justicia, al sostener que el delito en cuestión dificulta la actividad desplegada por los órganos jurisdiccionales tendientes a descubrir la comisión de un hecho en concreto, con el fin de asegurar el producido del delito previo o subyacente. Quienes están a favor de esta posición sostienen que el LA es un delito de encubrimiento agravado (Donna, 1999). En la legislación comparada podemos citar como ejemplo de esta concepción a Suiza, en donde la regulación del delito de blanqueo de capitales se encuentra sistematizada en los artículos 305 bis y ter del Código Penal, bajo la denominación: Delitos contra la Administración de Justicia. En el Derecho Alemán, si bien la doctrina se encuentra dividida, la opinión mayoritaria sostiene a la Administración de Justicia como bien jurídico protegido, al sancionar los comportamientos que impiden o dificultan el acceso de los órganos de persecución penal a los bienes de determinados delitos (Blanco Cordero, 1997). La crítica más importante a esta postura reside en el hecho que, al considerar al delito de LA como una figura de encubrimiento agravado, no permite realizar un análisis completo de este fenómeno. Con esto nos referimos a una tipificación de todas sus fases o etapas de ejecución y, en consecuencia, a la posibilidad de adoptar medidas 6 Sin perjuicio de la existencia de otras posturas y métodos de análisis planteados en sistemas jurídicos diferentes, cuyo análisis y tratamiento, exceden la finalidad práctica del presente trabajo. 57 particulares que permitan combatir al mismo de una manera más eficaz. Si bien ambos delitos (LA y encubrimiento) presentan características similares, en lo que hace a la descripción de conductas típicas, el LA posee una naturaleza jurídica diferente, que hace necesario que sea tratado como un delito autónomo separado de cualquier otro. I.2.2 Resguardo del Sistema Económico y Financiero. En esta postura se encuentran quienes consideran al Orden Económico y Financiero como el bien jurídico afectado en los casos de LA. Específicamente, lo que se intenta proteger aquí es la competencia leal en los mercados, la cual es afectada toda vez que en las operatorias de LA se verifica la ventaja de disponer de capitales de origen ilícito. En tal sentido, Blanco Cordero (1997, p. 194) señala que: La economía de mercado se basa en la confianza en el principio de libre competencia. Las actividades económicas solamente tienen sentido cuando se garantiza que también los competidores se atienen a las mismas reglas, esto es, que existen posibilidades reales de hacerse respetar en el mercado. Este equilibrio se altera cuando el competidor dispone de un capital inagotable de origen delictivo. Es decir, quienes inyectan dinero ilícito al sistema formal ejercen una competencia desleal, despreocupándose por la pérdida económica que les puede significar dicha operación. Como consecuencia, los agentes naturales del mercado no pueden competir y esto genera en el largo plazo una importante concentración de los mercados. 7 Esta concepción, basada en que la tipificación del delito de LA tutela intereses de naturaleza económica, ha sido recomendada por distintos organismos internacionales 8, como así también adoptada por muchos países, sobre todo en los que su sistema jurídico se basa en el derecho anglosajón. Por otra parte, en España por ejemplo, el Código Penal regula el blanqueo de divisas dentro del título de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico y para muchos autores españoles el bien jurídico afectado es principalmente el sistema mencionado (Durrieu, 2006). A continuación, en la tabla 1 se expone de manera esquemática, la decisión adoptada por distintos países al respecto de cuál es el BJT en el delito de lavado de dinero y su ubicación normativa. 7 Asimismo, otro de los sectores que resulta afectado como consecuencia directa e inmediata de la distorsión de la competencia, es la credibilidad del sistema financiero, afectando a los intereses de sus operadores y también de los particulares que depositan sus ahorros en el mismo, lesionando la economía en general. 8 GAFI y sus Recomendaciones, OEA, BID, Banco Mundial, etc. (Durrieu 2006). 68 Tabla 1. Ubicación sistemática del LA en la legislación comparada y BJT. País Referencia Normativa, ubicación. Bien Jurídico Tutelado Alemania Código Penal (Art. 261) Administración de Justicia Argentina Código Penal, arts. 303, 304 y 305. Orden Económico Financiero Australia Comon Law Orden Socioeconómico. Bélgica Directiva CEE 91/308 Orden Económico Financiero Brasil Ley Nº Orden Socioeconómico Canadá Comon Law Orden Socioeconómico. Chile Ley Orden Socioeconómico. Colombia Código Penal (Art. 323) y leyes especiales Nº 365, 333 y 599 Orden Socioeconómico Costa Rica Ley N Orden Socioeconómico. Ecuador Ley , registro oficial Nº. 127 Orden Socioeconómico. EEUU Comon Law. Usa Patriot Act Orden Socioeconómico. España Código Penal (Art. 301 a 304) Orden Socioeconómico. Italia Código Penal (Art. 648 bis y 648 ter) Administración de Justicia Perú Ley Nº Orden Económico Financiero Reino Unido Comon Law Orden Socioeconómico. Suiza Código Penal (Art. 305 bis y 305 ter) Administración de justicia Uruguay Leyes Nº , y Ley Nº Orden Socioeconómico. Venezuela Leyes Nº y Nº Orden Socioeconómico. Fuente: Elaboración propia en base a Durrieu (2006), Del Carpio Delgado (1997), y Blanco Cordero (1997). I.3 Evolución del bien jurídico protegido en la legislación argentina. En el caso de Argentina, la figura penal de LA tuvo, como primer antecedente, una tipificación vinculada a los delitos de narcotráfico (art. 25 de la Ley ). Dicha legislación identificó el bien jurídico protegido por el tipo penal del LA con el interés jurídico afectado en el delito subyacente, la salud pública. Sin embargo, es importante señalar que la Argentina fue pionera en América Latina en anexar a su derecho interno una norma semejante en 1989, luego lo harían otros países en Latinoamérica (Perú 1991, Chile 1993, Colombia 1995, Bolivia 1997, Brasil 1998, entre otros). Recién en el año 2000, la Ley , modifica el capítulo XIII del Título XI, Libro II del Código Penal, el que en virtud de su art. 1, pasó a denominarse Encubrimiento y 79 lavado de activos de origen delictivo" derogando el art. 25 de la Ley de Estupefacientes. En tanto que el art. 3 sustituyó el art. 278 del Cód. Penal, tipificando el delito de LA, como una especie del género de encubrimiento, al reconocer como BJT a la Administración Pública (Título XI, del Libro Segundo del Código Penal), más precisamente a la administración de justicia. Si bien puede decirse que la sanción de la Ley implicó una evolución en torno al BJT (superando la postura del delito precedente 9 ), la misma no identificó al LA con un bien jurídico propio, entendiendo al mismo como una figura de encubrimiento agravado en conformidad a la ubicación sistemática adoptada por el legislador. A partir de junio del 2011, la nueva Ley , plantea una reforma sustancial del Código Penal argentino al identificar y ponderar la importancia de un BJT autónomo, creando el título denominado: Delitos contra el Orden Económico y Financiero mejorando así, la legislación vigente hasta el año 2011 en donde no había un bien jurídico protegido que permitiera considerar al LA como un delito independiente. Consecuentemente, el nuevo art. 303 del Código Penal tipifica la conducta penal de manera autónoma permitiendo en adelante reprimir las conductas de autolavado, sin las restricciones que implicaba el acto de encubrir el delito ejecutado por otro. Así, desde la última reforma, puede observarse una evolución en relación al BJT y su ubicación sistemática, que comienza con la sanción de la Ley (asociado al delito precedente), atravesando por la Ley (Administración de Justicia), hasta llegar a la Ley de 2011, que señala expresamente al orden económico y financiero como interés afectado en el LA. 9 Esta postura, que actualmente ha perdido vigencia, considera que el delito de lavado de activos vulnera el mismo bien jurídico atacado por el delito precedente, argumentando que el producido del delito previo, que se intenta legitimar mediante su ingreso en el mercado, no es más que un efecto del delito cometido en primer término. La crítica más relevante a esta tesitura es la evidente falla que existe en su aplicación. Por ejemplo, en un caso de asesinato difícilmente puede afirmarse que la conducta de lavado posterior a su consumación, pueda suponer una nueva lesión a la vida, como BJT. 810 Tabla 2. Ubicación sistemática del LA en la legislación nacional y su BJT. Ley Bien Jurídico Tutelado en el delito de LA Año Ubicación sistemática Se identifica con el BJT por el delito precedente. Salud Pública 1989 Art. 25 Ley 23737, complemento del Código Penal Administración de Justicia al ser considerado un encubrimiento agravado 2000 Art. 278, Código Penal, Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo Orden económico y financiero Fuente: elaboración propia. Art. 303, Código Penal, incorporación Título XIII, Delitos contra el orden económico y financiero I.4 Impacto económico y financiero de las operaciones de LA Si partimos de la base de que las operaciones de LA afectan primordialmente al orden económico y financiero, una correcta evaluación del riesgo implícito en una operación sospechosa, requiere analizar de qué manera y con qué intensidad las mismas repercuten sobre este BJT. Tal como lo ha explicado la doctrina cualquiera de los términos enunciados para definir esta realidad (vg. orden socioeconómico, sistema financiero, economía lícita, orden social y económico, orden público económico, orden en la libre competencia, entre otros), son útiles para definir el duro golpe a la competencia lícita producido por agentes económicos que cuentan con una fuente de capital ilícita, a un costo financiero muy inferior al del capital legalmente ordenado. De este modo, las ventajas que obtienen determinadas empresas que cuentan con activos provenientes de un ilícito, con respecto a otras que se manejan con dinero limpio, son notables. Es por ello que el orden económico se configura como un bien jurídico de carácter supraindividual, cuyo titular o sujeto pasivo del delito es la comunidad en general, dado que las profundas alteraciones del sistema económico y financiero, pueden distorsionar los presupuestos básicos de la convivencia social (Blanco Cordero, 1997). Esto se traduce en un interés colectivo referido al funcionamiento del mercado, en la medida que cualquier sujeto al desplegar conductas tendientes a convertir, adquirir, transferir, gravar o al realizar cualquier acto, para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, está lesionando los intereses de la comunidad en general y de cada uno de sus miembros. Jurisprudencialmente, el impacto que produce el delito LA ha sido analizado en el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional, sala 7ª, caratulado: Sundow Bike Argentina S.A. del 20/8/2003, en donde se dijo: el lavado de dinero como actividad delictiva constituye un supuesto que afecta la economía de un Estado, 911 esto es el orden socioeconómico y la salud financiera toda vez que se intenta proteger a los Estados de la acción de las organizaciones criminales que tienen vínculos con el tráfico de ilícito de drogas y otras actividades que socavan economías lícitas y amenazan la estabilidad, seguridad y la soberanía de los Estados. El otro sector de la economía que resulta lesionado en forma mediata por las operaciones de LA, es el sistema financiero. Queda claro, desde una perspectiva macroeconómica, que el blanqueo de capitales perjudica la estabilidad y solidez del sistema financiero, debido a que ésta actividad ilícita, al ingresar al mercado legal genera desconfianza en la transparencia del mismo. Entre los efectos que produce el delito de LA a largo plazo se destaca que: La entrada y salida de grandes capitales de activos sucios puede influir en la tasa de cambio y, consecuentemente, en la variación de los precios en relación a determinados bienes y servicios. Las organizaciones criminales que intentan blanquear dinero sucio desplazan en su intento a las estructuras tradicionales de producción. En consecuencia, se pierden las capacidades productivas legítimas y aumenta la dependencia de las importaciones del país, con efectos negativos para la balanza comercial (Durrieu 2006). Los sujetos involucrados en el LA generalmente no buscan invertir en donde les sea económicamente más redituable sino más bien donde puedan disimular con mayor eficacia el origen ilícito de los fondos. Eso hace que los movimientos de activos puedan tener una dirección contraria a la que se espera conforme los principios básicos de la economía, representando una asignación insuficiente de los recursos que pueden repercutir negativamente en la tasa de crecimiento (Durrieu, 2006). La presencia de organizaciones delictivas desalienta los planes de inversores que pretendan incorporar capitales legales en cualquier sector de la economía, por consiguiente, cuanto mayor sea la incorporación de capitales ilegales, mayor también será el estado de corrupción política. En última instancia el poder económico y político de las organizaciones criminales puede debilitar las organizaciones democráticas de gobierno (Pérez Lamela, 2000). I.5 El delito de financiamiento del terrorismo (FT) Una vez analizado conceptualmente el bien jurídico afectado por el delito de LA, en la presente sección se estudia el BJT en los casos de FT. En este sentido, el marco jurídico internacional presenta tres fuentes principales de las cuales surgen obligaciones referidas a la prevención y lucha contra el FT: 1012 1.- El Convenio Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo de La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU. 3.- Las 9 Recomendaciones especiales del GAFI sobre FT. 10 El primero de los instrumentos pone énfasis en el carácter preventivo del delito, en la medida que penaliza la preparación y el apoyo logístico que hacen posible la existencia de grupos terroristas y la eventual comisión de actos de violencia. Entre los aspectos más importantes del Convenio, se destaca la calificación del terrorismo como un acto contrario al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, lo que permite incriminar directamente a aquellos que financian actos de terrorismo elevando esta actividad a la categoría de delito autónomo. Otro de los aspectos importantes de la convención fue el destacar que los fondos utilizados para financiar operaciones terroristas pueden ser tanto de origen legal o ilegal. Incluso para configurar el delito, basta que los fondos hayan sido reunidos con el objetivo de cometer un acto terrorista sin necesidad que los mismos sean utilizados de forma efectiva (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 2010). En segundo lugar, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU (2001), basada en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, ha establecido en su apartado 1.a), la obligación de los Estados miembros tendiente a prevenir y reprimir la financiación de los actos de terrorismo. Allí se destacó también la necesidad de asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos. Plantea además, la necesidad de asegurar que tales actos sean tipificados como delitos graves en las leyes de los Estados miembros. A partir de ese momento puede afirmarse que la lucha contra la financiación del terrorismo y las medidas de prevención en contra del mismo, se convierten en pilar fundamental de la acción de la ONU en esta materia. Por último, se destaca la labor realizada por el GAFI a partir del año 2001, extendiendo su mandato al tema específico de financiación del terrorismo a través de las 9 recomendaciones especiales, tituladas: 1) Ratificación y ejecución de los instrumentos de las Naciones Unidas; 2) Tipificación del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero asociado; 3) Congelamiento y decomiso de activos terroristas; 4) Reporte de operaciones sospechosas ligadas al terrorismo; 5) Cooperación internacional; 6) Sistemas alternativos de envío de fondos; 7) Transferencias electrónicas; 8) Organismos sin fines de lucro; 9) Correos de efectivo. En la primera de ellas recomienda a los Estados miembros la ratificación e implementación plena de la 10 Las dos primeras fuentes tiene carácter oficial, es decir son vinculantes para los Estados que las ratifiquen (hard law), mientras que la tercera tiene carácter de recomendación internacional (soft law). 1113 Convención Internacional de las Naciones Unidas de 1999 y particularmente la resolución 1373 del Consejo de Seguridad. Asimismo ha recomendado, en materia penal, la tipificaron del FT, los actos terroristas y la conformación de organizaciones terroristas como delitos previos del LA. Por otra parte, la ONU afirmó que: Los actos, métodos y prácticas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituyen actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazando la integridad territorial y la seguridad de los Estados y desestabilizando los gobiernos legítimamente constituidos. Reconociendo además que el desarrollo, la paz, la seguridad, y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan mutuamente (Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo A/RES/60/288, p. 2, 2006). De allí se desprende la importancia de la lucha contra el FT, dado que para perpetrar actos de esta naturaleza es preciso movilizar fondos para mantener redes clandestinas, células e individuos de la organización, comprar y adiestrar equipos, adquirir armas, organizar acciones complejas o comprar complicidades (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, 2010). En nuestro ordenamiento jurídico, se destaca la Ley Nº (2007), la cual puede considerarse como la principal consecuencia de los textos internacionales mencionados en miras de elaborar y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir el FT. Dicha Ley modifico el Código Penal, tipificando dos nuevos delitos que atentan contra el orden público: las asociaciones ilícitas terroristas (art. 213 ter CP) y el financiamiento del terrorismo (art. 213 cuater CP). Al tratarse de delitos de peligro, las normas que regulan su punibilidad están enderezadas a la prevención de otros delitos que sí pueden acarrear daños concretos. Es decir que la razón por la cual se incriminan actos que verdaderamente son preparatorios de otros delitos, resulta de la "extraordinaria importancia" que se le ha asignado a este bien jurídico y que hace "necesario castigar no sólo el daño sino también el peligro de ese daño" (D alessio, 2004). De este modo, se ha entendido al Orden Público como BJT en el delito de FT en un sentido amplio, conforme el carácter derivado y excepcional que posee el mismo. En esta lógica el orden público, constituirá un bien jurídico intermedio, destinado a justificar la aprehensión temprana de líneas de ataque sobre otros bienes jurídicos y evitar así la efectiva producción de conflictos más graves (Orsi, 2008, p. 152). Es decir que en análisis a la lesividad de la conducta propia de las asociaciones ilícitas terroristas y de FT, el BJT comprende diferente aspectos, tanto objetivos como subjetivos, ante el eminente carácter pluriofensivo de la misma (Orsi, 2008). 1214 I.5.1 Vinculación entre LA y FT Si bien el GAFI, en la recomendación especial Nº II de FT, ha señalado correctamente la asociación existente entre los delitos de LA y FT 11, se puede afirmar que ambos delitos son independientes y autónomos, ya que no en todos los casos el terrorismo necesita hacer uso del blanqueo de su dinero para alcanzar sus objetivos. En función de lo anterior, se puede señalar que la financiación del terrorismo puede ocurrir con bienes lícitos o ilícitos, mientras que en el blanqueo el origen de los fondos es siempre ilícito. En ese orden, la expresión lavar dinero se refiere a una acción pasada ilegal que produjo activos, los cuales, se procuran integrar al sistema económico formal con la apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita, en tanto que la expresión financiar el terrorismo, se refiere a una acción futura ilegal, dado que corresponde al tratamiento de bienes de cualquier fuente (legal o no) para el objetivo de financiar una actividad terrorista futura. Así, es posible detectar tres procesos que pueden transitar los activos tendientes a financiar acciones terroristas: 1) dinero ilícito que en ningún momento escapa la esfera del mercado paralelo. Es decir, que en ningún momento es lavado, ya que su aplicación se digita en todo momento fuera del mercado económico regular, 2) dinero lícito convertido en ilícito, proceso denominado de ensuciamiento, a fin de poder ser utilizado en la clandestinidad, y 3) el proceso de LA provenientes del delito, mediante el cual las células terroristas reciclan en el mercado lícito el dinero proveniente de actos ilegales (Durrieu, 2006). En razón a las diferencias expuestas es posible realizar tres observaciones que implican una metodología de análisis del riego distinta. Una de ellas reside en que el BJT en el delito de FT (orden público) es totalmente distinto al que resulta afectado en las operatorias de LA (orden económico financiero). En función de ello, se ha desvinculado al monto de dinero o activos, como principal indicador de impacto. En segundo lugar, dado que la técnica utilizada en las operaciones de FT es totalmente diferente y obedece a una lógica distinta del LA, en la medida que busca reunir fondos de cualquier origen legal o ilegal-, fue necesario incorporar a la matriz diferentes indicadores a la hora de estimar el riesgo en un reporte de operación sospechosa (ROS) de FT. En tercer lugar, atento que las medidas adoptadas para luchar contra el FT tienen naturaleza preventiva ya que atacan los actos de terrorismo en la fase anterior a la comisión de los mismos, es necesario asignar una prioridad temporal al análisis de éstos ROS. 11 Basada principalmente en que la prevención y represión del LA, constituye una herramienta fundamental que permite neutralizar las redes terroristas y combatir las organizaciones criminales. 13 Mostrar más
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 Artículo 23
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 RESOLUCIÓN 
 Artículo 1
 Artículo 864
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