Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2003/A196-03.htm
Timestamp: 2017-11-21 17:08:04+00:00

Document:
A196-03
Auto 196/03
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Entidad particular/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Competencia de los jueces municipales
Referencia: expediente ICC-746
Conflicto de Competencia entre el Tribunal Administrativo de Risaralda, y el Juzgado 4º Penal Municipal de Pereira
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de octubre de dos mil tres (2003).
1. El 1º de septiembre de 2003, el señor Gonzalo Restrepo Echeverri, actuando a través de agente oficioso, interpuso acción de tutela ante los juzgados civiles del municipales de Pereira contra la Administradora de Fondos de Pensiones Colfondos S.A., puesto que no ha querido corregir las inconsistencias informativas en materia de salario base de cotización y semanas cotizadas, para la liquidación de su pensión de vejez, lo cual considera una vulneración a su derecho al trabajo y a su mínimo vital.
2. Mediante oficio del 1º de septiembre de 2003, la oficina judicial de reparto de la Dirección Seccional de Administración Judicial, Oficina Judicial, envió la tutela al Juzgado 4º Penal Municipal de Pereira.
3. Mediante providencia del 3 de septiembre de 2003, el Juzgado 4º Penal Municipal de Pereira consideró no ser competente para conocer de este asunto puesto que la tutela había sido interpuesta contra el Ministerio de Hacienda, entidad del orden nacional. Según el artículo 1º, numeral 1º del Decreto 1382 de 2000, el Juzgado no era competente para conocer de tal acción. Por tal motivo, envió el expediente a la oficina de reparto para lo de su competencia.
4. La oficina judicial, mediante oficio del 3 de septiembre de 2003, envió la presente tutela al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.
5. El 4 de septiembre del presente año, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda consideró que la tutela no estaba interpuesta contra el Ministerio de Hacienda, sino contra Colfondos S.A., entidad privada, y según el artículo 1º, inciso 3º, del Decreto 1382 de 2000 la competencia cuando el accionado es una entidad privada radica en los jueces municipales. En consecuencia ordenó la remisión a la oficina judicial de Pereira para que ésta lo enviara al Juzgado 4º Penal Municipal de la ciudad.
6. El Juzgado 4º Penal Municipal de Pereira, mediante providencia del 9 de septiembre de 2003, consideró que en los hechos se mencionaba como sujetos relacionados con la vulneración al Seguro Social y al Ministerio de Hacienda y en el acápite segundo de las pretensiones se solicita se vincule al proceso al Seguro Social, oficina de bonos pensionales, y al Ministerio de Hacienda para que atiendan lo relativo a sus responsabilidades en el trámite de corrección solicitado. Esto hacía que el Juzgado fuera incompetente para conocer de la tutela según el artículo 1º, numeral 1º del Decreto 1382 de 2000.
El Juzgado planteó el conflicto negativo de competencia y para su resolución envió el expediente al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, quien era competente según el artículo 112, numeral 2, de la Ley 270 de 1996.
7. El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, mediante providencia del 24 de septiembre del presente año, consideró no ser competente para resolver el conflicto planteado pues aunque en apariencia se trataba del conflicto entre dos jurisdicciones, en realidad era una colisión entre dos jueces de la jurisdicción de tutela. Por tanto, resolvió inhibirse de emitir pronunciamiento y envió el conflicto a la Corte Constitucional.
Estando vigente el Decreto 1382 de 2000, conforme a la situación jurídica existente en la actualidad, la Corte Constitucional encuentra que, presentándose un conflicto aparente de competencia, en el presente caso el conocimiento de la tutela corresponde al los juzgados civiles municipales de Pereira (reparto). Lo anterior, en virtud de que a pesar de que el conflicto de competencia que llega se presenta entre el Juzgado 4º Penal Municipal de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, se observa que la oficina judicial desconoció en su oficio del 1º de septiembre de 2003 que la competencia había sido fijada a prevención en los jueces civiles municipales[2] y no en los penales. Esta competencia a prevención debe ser respetada en virtud de se encuentra consagrada en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
La remisión se hará a los juzgados civiles municipales, puesto que si bien se menciona en el cuerpo de la tutela al Seguro Social y al Ministerio de Hacienda, el accionado es Colfondos S.A.. Si el juez considera pertinente vincular a las otras dos entidades para la efectiva protección del derecho fundamental invocado, podrá hacerlo una vez haya asumido efectivo conocimiento de la tutela. Es decir, después de su admisión, no antes de ésta como lo planteaba el Juez 4º Penal Municipal de Pereira.
Según lo establecido en el artículo 1º, inciso 3º del Decreto 1382 de 2000, “a los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan (...) contra particulares.”
Puesto que la acción de tutela se dirige contra una presunta omisión del Colfondos S.A., entidad privada, el presente expediente debe ser enviado a los jueces civiles municipales de Pereira, reparto, según asignación que haga la oficina judicial de este municipio.
PRIMERO. REMITIR el expediente de tutela a la Dirección Seccional de Administración Judicial, Oficina Judicial, Pereira, para que ésta, respetando la competencia a prevención fijada por el accionante, haga el reparto de la acción dentro de los jueces civiles municipales de Pereira.
Salvamento de voto al Auto 196/03
Peticionario: Gonzalo Restrepo Echeverri
[2] Ver folio 1 del expediente

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 112
 artículo 37
 artículo 1