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Timestamp: 2020-07-11 18:26:16+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 43, de 26/10/2004
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 43
celebrada el martes, 26 de octubre de 2004
- Real Decreto-ley 7/2004, de 27 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 2.500.034.925 euros para atender al pago de la liquidación del sistema de financiación para el período 1997-2001 correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía y se adoptan disposiciones sobre la deuda de RENFE y el aval del Estado al préstamo otorgado a la República de Argentina. ("BOE" núm. 234, de 28 de septiembre de 2004) (Número de expediente 130/000007.) ... (Página 1876)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 1876)
Real Decreto-ley 7/2004, de 27 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 2.500.034.925 euros para atender al pago de la liquidación del sistema de financiación para el período 1997-2001 correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía y se adoptan disposiciones sobre la deuda de Renfe y el aval del Estado al préstamo otorgado a la República de Argentina ... (Página 1876)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) presenta, en nombre del Gobierno, el Real Decreto-ley 7/2004, de 27 de septiembre, para su convalidación. Explica el Real Decreto-ley que tiene como objeto la adopción de diversas medidas que afectan a las finanzas públicas asociadas a la liquidación definitiva del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al aval del Estado al préstamo del ICO a la República Argentina y al reconocimiento por el Estado de la deuda de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, casos que requieren una solución urgente.
En primer lugar se refiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no adoptó como propio el sistema de financiación aplicable al quinquenio 1997/2001 aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 23 de septiembre de 1996, y con quien es urgente hacer la liquidación definitiva, de acuerdo con el sistema de financiación anterior. Dicha liquidación, explica, presenta un saldo a favor de dicha comunidad que resulta de los criterios recogidos en el acuerdo y de las entregas a cuenta pagadas a la comunidad autónoma.
Asimismo explica que el Real Decreto-ley que trae a la Cámara para su convalidación regula la forma de financiación de las modificaciones presupuestarias que deban realizarse en su caso para atender al pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del aval concedido por el Estado si Argentina no devolviera el préstamo concedido por el Instituto de Crédito Oficial, y tambi plantea la necesidad de asumir la deuda de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, debido a la próxima entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2004, de la Ley del sector ferroviario.
Considera que en la aprobación de las medidas que se contienen en este Real Decreto-ley concurren las circunstancias extraordinarias de urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución y solicita de la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley presentado.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Contesta el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, y replican los señores Sánchez i Llibre, Martínez-Pujalte López y Saura García.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley, se aprueba su convalidación por 172 votos a favor, 12 en contra y 130 abstenciones.
Se suspende la sesión a las cinco y treinta minutos de la tarde.
- REAL DECRETO-LEY 7/2004, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 2.500.034.925 EUROS PARA ATENDER EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN PARA EL PERÍODO 1997-2001, CORRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y SE ADOPTAN DISPOSICIONES SOBRE LA DEUDA DE RENFE Y EL AVAL DEL ESTADO AL PRÉSTAMO OTORGADO A LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. (Número de expediente 130/000007.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión número 39.
El orden del día es el relativo a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Del Real Decreto-ley 7/2004, por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 2.500.034.925 de euros para atender el pago de la liquidación del sistema de financiación para el período 1997-2001, correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía y se adoptan disposiciones sobre la deuda de Renfe y el aval del Estado al préstamo otorgado a la República de Argentina.
Tiene la palabra, para exponer las razones del Gobierno, el señor vicepresidente.
Señorías, tengo el honor de presentarles para su convalidación el Real Decreto-ley 7/2004, de 27 de septiembre, por el que se concede un crédito extraordinario por importe de 2.500.034.925 euros, para atender al pago de la liquidación del sistema de financiación para el período 1997-2001, correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se adoptan disposiciones sobre la deuda de Renfe y el aval del Estado al préstamo otorgado por el Instituto de Crédito Oficial a la República Argentina. El real decreto-ley tiene como objeto la adopción de diversas medidas que afectan a las finanzas públicas asociadas a la liquidación definitiva del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el aval del Estado al préstamo del ICO a la República de Argentina y el reconocimiento por el Estado de la deuda de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que requieren una solución urgente.
El primer caso tiene su origen en que la Comunidad Autónoma de Andalucía no adoptó como propio el sistema de financiación aplicable al quinquenio 1997-2001, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 23 de septiembre de 1996. Para atender durante ese quinquenio las necesidades de financiación de los servicios asumidos por la comunidad autónoma, la Administración General del Estado le abonó, de conformidad con lo establecido en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los años, unas entregas a cuenta de la liquidación definitiva del sistema de acuerdo con el sistema de financiación anterior. Esta situación se prolongó hasta que la Comisión mixta Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía alcanzó un acuerdo el 10 de junio de 2004, por el que se determinan las bases del sistema de financiación del quinquenio 1997-2001 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la correspondiente liquidación. Dicha liquidación presenta un saldo a favor de dicha comunidad por el importe citado como diferencia entre la financiación definitiva que resulta de los criterios recogidos en el acuerdo y de las entregas a cuenta pagadas a la comunidad autónoma.
Además, señorías, tras la publicación de la sentencia de la Audiencia Nacional relativa a la financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el quinquenio 1997-2001, existe un argumento adicional para cumplir con esta obligación. La sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de julio del año 2002 estimaba el recurso de la Junta de Andalucía contra la resolución del secretario de Estado de Hacienda por la que se denegaba el requerimiento de liquidación correspondiente a 1997, por considerarlo manifestación de inactividad del Estado contraria a derecho. En la concesión del crédito extraordinario se excepcionan los artículos 16 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y 50.1 y 55.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Ley General Presupuestaria. Esta alteración singular y extraordinaria viene motivada por la existencia de una necesidad igualmente extraordinaria y urgente de proceder a la liquidación definitiva del sistema de financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el quinquenio 1997-2001, que, en razón de su cuantía y por nacer la obligación del propio real decreto-ley, no puede ser atendida empleando los instrumentos y procedimientos que las citadas leyes prevén con carácter general y ordinario ni parece que existan razones suficientes para modificar con ese fin la Ley General Presupuestaria.
Con independencia del crédito extraordinario al que se ha hecho referencia, el real decreto-ley que presento para su convalidación ante esta Cámara regula la forma de financiación de las modificaciones presupuestarias que deban realizarse en su caso para atender al pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del aval concedido por el Estado, si Argentina no devolviera el préstamo concedido por el Instituto de Crédito Oficial. Como ya se informó a SS.SS. en la presentación del objetivo de transparencia, actualmente se ha puesto de manifiesto la no atención por parte de la República de Argentina de sus compromisos vencidos, tanto de devolución del principal del préstamo como del pago de intereses, lo que ocasiona que el Estado, en ejecución del aval, deba abonar al Instituto de Crédito Oficial los pagos no realizados. A estos efectos figura dotado en los Presupuestos Generales del Estado el crédito 24.04.612D.351, referente a la cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, que se encuentra entre los relacionados en el anexo II de créditos ampliables de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 y cuya ampliación me corresponde autorizar como ministro de Economía y Hacienda. Se exceptúa la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la Ley General Presupuestaria, en lo referente a su financiación por el Fondo de Contingencia en el caso de esta ampliación por la razón siguiente. Aunque hasta el momento la financiación de
los vencimientos de la deuda argentina se ha realizado con cargo a dicho fondo, el total de 106 millones de euros acordados en los Consejos de Ministros de 9 de junio y de 11 de julio, y aún queda margen para financiar los que desde entonces se han producido, se considera conveniente no cargar los próximos vencimientos a dicho fondo, ya que en caso contrario, de continuar Argentina con los impagos, se estaría comprometiendo un porcentaje muy elevado del mismo para el próximo ejercicio, casi un tercio.
Para no lastrar su utilidad durante el ejercicio de 2005, parece más coherente exceptuar en este caso singular las disposiciones a las que me he referido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y del Fondo de Contingencia. Por otra parte, señorías, nos encontramos ante la necesidad de asumir la deuda de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, Renfe, debido a la próxima entrada en vigor el 31 de diciembre de 2004 de la Ley del sector ferroviario. El motivo es la próxima constitución del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y de Renfe-Operadora y la conveniencia de que estas no se vean lastradas ni por el endeudamiento captado por la financiación de líneas que van a integrarse en el patrimonio del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la citada ley, ni por su deuda histórica. Esta última es la que trae causa a la falta de consignación suficiente en los Presupuestos Generales del Estado para las obligaciones derivadas del anterior estatuto de Renfe, del año 1964, y en la liquidación de los contratos-programa de los años 1994-1998 y de 1999-2000, así como las determinadas a partir del ejercicio 2001, tomando como referencia los criterios fijados para la liquidación del contrato-programa. De no asumirse esta deuda, la nueva operadora tendrá unos lastres financieros que no tendrán sus competidores en el mercado ferroviario.
Este real decreto-ley, señorías, cifra a 31 de diciembre de 2003 la denominada deuda del Estado con Renfe en 3.659 millones de euros, equivalentes al 0,46 por ciento del PIB, si bien prevé que su liquidación definitiva se realice sobre la base de las cuentas anuales auditadas por la Intervención General de la Administración del Estado a 31 de diciembre de 2004. La Ley del Sector Ferroviario prevé que las líneas que están siendo administradas por la entidad pública empresarial Renfe dejarán de pertenecer a esta o de estar adscritas a esta y se integrarán al patrimonio del Estado, con la excepción de la denominada línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que pasará a ser de titularidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. En cumplimiento de la citada norma, se prevé la asunción de la deuda resultante de la compensación del valor del intercambio de activos sobre la base del valor neto de los activos a 31 de diciembre de 2004, lo cual en el momento actual se estima en 1.800 millones de euros, resultado de una entrega de activos por parte de Renfe al Estado por valor de 2.600 millones de euros y minorado en 800 millones de euros de valor contable de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que el Estado transfiere al ADIF. No obstante, la determinación exacta se efectuará por el Ministerio de Fomento previo informe del control financiero a efectuar por la Intervención General de la Administración del Estado.
En la aprobación de las medidas que se contienen en este real decreto-ley, el Gobierno considera que concurren las circunstancias extraordinarias de urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución, como se desprende de lo anterior. Expuestos los temas de fondo y las razones de su urgencia, solicito de SS.SS. la convalidación del real decreto-ley al que he hecho referencia.
Pasamos al turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor presidente, voy a expresar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a este real decreto-ley.
Lo hacemos, en primer lugar, a partir de la conciencia de que el sistema de financiación de las comunidades autónomas no es el adecuado y esperamos que se busque una solución que sea un sistema que provoque la suficiente autonomía financiera para hacer frente a las necesidades de cada uno de los países que integran el Estado español. Por darles un dato, con el actual sistema de financiación la Comunidad Autónoma de Galicia no cubre más que el 50 por ciento de su gasto y por tanto tiene un perfil que no es adecuado para nuestro país. En contraste, en el caso de Cataluña, cubre el 87 por ciento del gasto. En todo caso, el problema particular que es pagar a Andalucía los 2.500 millones de euros, derivados de no haber aceptado el período 1997-2001, aceptar a partir de 2002 y, sin embargo, el Partido Popular no pagar los atrasos, consideramos que es un ejemplo perfecto de una utilización partidista de un problema objetivo cual es el de una financiación de una comunidad autónoma. Por tanto, para nosotros es una deuda totalmente lógica, legítima, y no entendemos cómo el Gobierno anterior no la pagó a su debido momento, haciendo un uso perverso de este problema. En segundo lugar, respecto de la cuestión de Renfe queremos manifestar nuestro total acuerdo a que a una compañía pública, que cumplió una función social, y esperemos que sea capaz de cumplirla a pesar de todas sus deficiencias, a pesar de su mal funcionamiento en muchos territorios del Estado español, el Estado la deje en condiciones de poder competir en un futuro liberalizado y creemos que se debía incluso asumir toda la deuda de Renfe sin excepción.
Por último, cualquier relación financiera positiva para la República de Argentina consideramos que merece el aval del Estado español y esperemos que el orden internacional provoque una situación de mayor justicia que no lleve a Estados como el argentino a situaciones de suprema necesidad y de miseria.
Coalición Canaria. (Pausa.)
Izquierda Verde. Señora Navarro.
A la vista de lo dispuesto en el artículo 1 de este real decreto-ley, queda claro que no estamos ante un pago de la deuda histórica de Andalucía, sino ante el abono de otra de las grandes deudas que el Gobierno central tiene pendiente con los ciudadanos andaluces desde que el señor Aznar entró a gobernar, originado por el sistema de financiación. Un total de 4.625,6 millones de euros por liquidación del sistema de financiación entre los años 1997 y 2001. Así se aprobó por el Parlamento andaluz y así, señorías, no se va a aprobar hoy, pues la cuantía que abona el Gobierno mediante este real decreto-ley es de 2.500 millones de euros, sustancial pero alejada de lo que realmente adeuda.
Andalucía padece un importante desnivel en su desarrollo económico respecto a España. La tasa de paro es de siete puntos superior al resto de España. El PIB andaluz debería ser del 18 por ciento, es decir, debería corresponderse con el porcentaje de población, y actualmente es del 13 por ciento. El PIB por habitante y año es un 25 por ciento inferior al del resto del Estado. Andalucía, señorías, sigue estando por debajo de la media nacional en todos los indicadores relativos a educación y sanidad. En definitiva, ese dinero corresponde a Andalucía y ha de ser abonado, si bien estamos, como ya he dicho, ante un pago parcial y no se ha contemplado en ningún caso el abono de la deuda histórica de Andalucía, por la que Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds seguirá luchando y reivindicando. Es esta una reivindicación en la que siempre fuimos pioneros y que vamos a mantener siempre.
En cuanto a la asunción de la deuda de Renfe, entendemos que ha de hacerse con el fin de que Renfe pueda competir como operadora. Se trata de un paso necesario para cumplir con la Ley del Sector Ferroviario, si bien no estamos de acuerdo con gran parte de esta ley, tal y como ya se manifestó en su día. Mantenemos nuestra reivindicación de que ADIF y Renfe-Operadora estén coordinados desde una misma dirección política y de gestión, pues son dos patas de una misma mesa. El pago de la deuda, como se ha manifestado, ciertamente facilita a Renfe su competitividad, si bien la Ley del Sector Ferroviario puede conducir a la privatización a la que nosotros nos oponemos como fórmula de mejora del transporte. Además, lo hacemos por razones tan obvias como lo que ocurrió en la experiencia inglesa, sobre la que después han tenido que dar marcha atrás. También puede conducir a primar operadores privados frente a Renfe, y tampoco estaremos de acuerdo. Volviendo al pago de la deuda, objeto de este debate, lo consideramos positivo, tratándose de una deuda derivada del cumplimiento de su función de conservar y mantener la red ferroviaria en aras del interés general, incluso por haber acometido inversiones que competen directamente al Estado.
En definitiva, señorías, lo más destacable de estas medidas es que tratan de hacer más transparentes las cuentas del Estado aflorando el déficit real. Los ciudadanos españoles tienen derecho a conocer la realidad de las cuentas del Estado. El Partido Popular sigue haciendo alarde de un déficit falso, derivado de, por ejemplo, la falta de cumplimiento del pago de esta deuda a Andalucía, de la contabilización de la deuda de Renfe, o de los créditos a Argentina. Ojalá con esto dejaran de vender humo a los ciudadanos, aunque sabemos que no será así.
Grupo Parlamentario Vasco. (EAJ-PNV) (Pausa.)
Esquerra Republicana de Catalunya. Señor Puigcercós.
Señoras diputadas, señores diputados, señor vicepresidente del Gobierno, estamos ante la convalidación de un real decreto con diferentes finalidades, básicamente la deuda de la financiación pendiente del acuerdo que no suscribió la Comunidad Autónoma de Andalucía el año 2001, en la inclusión del modelo sanitario en la financiación de las comunidades autónomas, y lo que es la deuda de empresas públicas, en este caso de Renfe. También de un crédito extraordinario a Argentina.
En primer lugar, un tema recurrente en este Cámara y que lo va a ser, que es la financiación de la sanidad, y en este caso el aspecto específico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no adoptó como propio el sistema de financiación aplicable al quinquenio 1997-2001, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 23 de septiembre de 1996. Para atender de forma provisional durante ese quinquenio las necesidades de financiación de los servicios asumidos por la comunidad autónoma, la Administración General del Estado le abonó, de conformidad con lo establecido en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los años, unas entregas a cuenta de la liquidación definitiva del sistema. Finalmente, la Comisión mixta Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha
alcanzado un acuerdo, suscrito el 10 de junio de 2004, por el que se determinan las bases del sistema de financiación del quinquenio 1997-2001, que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la correspondiente liquidación. Nosotros entendemos que dicha liquidación presenta un saldo a favor de Andalucía de 2.500.000 euros, como diferencia entre la financiación definitiva que resulta de los criterios recogidos en el acuerdo y de las entregas a cuenta pagadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entendemos que las diferentes sentencias que ha habido de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia avalan este importe que hoy convalidamos. Consideramos que es una constante que las diferentes sentencias, no sólo en este caso, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, avalan a las comunidades autónomas.
Tenemos más ejemplos. Podríamos citar alguno del Tribunal Constitucional, donde ha habido avales para las peticiones de las comunidades autónomas.
Nosotros consideramos que, en la negociación del modelo de financiación del año 1996, la Junta de Andalucía consideraba que el Estado no aplicaba el censo real de población -ahí estaba el debate- para calcular la participación que correspondía a Andalucía de los ingresos generales del Estado, sino que aplicaba un censo no actualizado, con 400.000 habitantes menos. Las diferentes sentencias de la Audiencia Nacional avalan que hoy cumplamos con este derecho. Estamos de acuerdo. Siempre consideramos que era una jugada política del Gobierno del Partido Popular. Finalmente este partido adoptó las medidas judiciales, pero lo demoró hasta llegar al punto de hoy. Por esta razón, el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya votará favorablemente este aspecto importante del decreto ley.
Consideramos que no dejaba en una situación de mejor competitividad, a partir de la Ley ferroviaria que aprobamos la pasada legislatura, a los diferentes grupos resultantes, tanto ADIF como Renfe-Operadora; dejaba en una situación de difícil capacidad de competitividad al grupo ferroviario. Podríamos estar de acuerdo en la necesidad de actualizar, con la Ley ferroviaria, la situación en dos grupos de lo que hasta ahora conocíamos como Renfe. Podríamos estar de acuerdo en la entrada de grupos y operadores privados en la competencia de los diferentes grupos, pero no es de recibo que el grupo público resultante tenga dificultades para la capitalización de sus recursos con esta pesada losa que hoy intentamos suprimir. Nosotros entendemos que un servicio público como Renfe debe tener las medidas necesarias para poder competir, y por esta razón también votaríamos favorablemente este aspecto. Con relación al crédito extraordinario a la República de Argentina, podemos entender perfectamente la situación -la hemos visto en todos los medios de comunicación-, la economía argentina está mejorando sus posibilidades. Se trata de ayudar desde el Estado a que Argentina recupere su pulso económico.
Por estas razones, el Grupo Esquerra Republicana de Catalunya votará favorablemente este decreto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puigcercós.
El señor Sánchez i Llibre, Convergència i Unió.
Señoras y señores diputados, a Convergència i Unió nos parece el mecanismo del real decreto-ley para convalidar un crédito extraordinario destinado a financiar la deuda histórica de Andalucía, el déficit de Renfe y los avales del ICO, una utilización injustificada, arbitraria y poco adecuada a la finalidad que se pretende, por las siguientes consideraciones y argumentaciones políticas y también por otros aspectos jurídico-técnicos que detallaré a lo largo de mi intervención.
En cuanto a las consideraciones políticas, señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, si el Gobierno del Estado pone encima de la mesa dinero contante y sonante y al contado, concretamente 8.132 millones de euros, que, traducidos a las anteriores pesetas, ascienden a la cantidad de un billón 353.000 millones de pesetas, para resolver la deuda histórica andaluza, cuestión que nos parece justa y correcta, y aspectos relacionados con la contabilidad creativa, que es la deuda de Renfe, para evitar un déficit en la contabilidad del año 2005 y no para aflorar déficit oculto, ya que la deuda de Renfe era perfectamente conocida, pública y notoria, si ustedes ponen esta cantidad de miles de millones de euros encima de la mesa, ¿por qué, señores del Gobierno, no amplían este crédito extraordinario y empiezan a resolver el déficit sanitario de las restantes comunidades autónomas, como la catalana, la balear, la valenciana, la murciana, la madrileña, etcétera? Estos déficit, por cierto, señor vicepresidente, no se han producido por la mala gestión de la sanidad en dichas comunidades autónomas sino porque nunca se han aplicado los mecanismos previstos en la legislación actual que hacen referencia a la suficiencia financiera y a la lealtad institucional en materia de sanidad. Siempre se ha procurado centrifugar los déficit sanitarios hacia las comunidades autónomas, por ejemplo, la atención sanitaria de desplazados o extranjeros en las diferentes comunidades autónomas, más recursos para la población inmigrante, el incremento del envejecimiento de la sociedad o la aparición de nuevas enfermedades. Estos aspectos que acabo de mencionar, señor vicepresidente económico del Gobierno, están perfectamente legislados en el acuerdo de financiación del año 2001 y el Gobierno del Estado estaba obligado a sufragar estos
incrementos de costes por estas particularidades, aunque nunca se ha puesto al corriente con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas siempre han gestionado el gasto, pero no han tenido los mecanismos de control del mismo y eso les ha llevado, entre otras cosas, a los déficit actuales.
Señor vicepresidente económico del Gobierno, si plantean recursos financieros para eliminar la contabilidad creativa de Renfe, que es una cuestión que les ha interesado a ustedes para cuadrar las cifras, las cuentas o los presupuestos del año 2005, ¿por qué no lo amplían -como es el objetivo de Convergència i Unió- para empezar a resolver el déficit histórico sanitario de comunidades autónomas como la catalana, la valenciana, la murciana o la de Baleares? Si el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero ha declarado hoy en diferentes medios de comunicación que iban a poner recursos para la sanidad en el año 2006, nuestra pregunta es ¿cómo van a hacer las diferentes comunidades autónomas del Estado español que en el próximo ejercicio de 2005 no van a ver resuelto su problema sanitario, ya que dichos recursos no están contemplados en este real decreto-ley que estamos convalidando hoy ni tampoco está contemplada la posibilidad de incrementar los recursos en los presupuestos para año 2005? ¿Van a instar a las comunidades autónomas para que planteen el copago de todos los ciudadanos y ciudadanas que residan en ellas? ¿Van a instar a las comunidades autónomas para que incrementen los impuestos cedidos o para que puedan implementar recargos en los tramos del IRPF que tienen cedidos? ¿Van a incrementar los impuestos especiales? Lo que uno podría llegar a pensar es que el Estado central, que es uno de los principales responsables de la generación de los déficit en dichas comunidades autónomas, queda al margen de la resolución de dichos déficit. Aquí también nos volvemos a preguntar, ¿dónde están el principio de lealtad institucional y el equilibrio financiero que se recogen perfectamente en el acuerdo de financiación del año 2001?
En Convergència i Unió pensamos, señor vicepresidente del Gobierno, que ustedes han perdido una oportunidad de oro, han perdido la gran oportunidad de poner a cero el contador de la sanidad pública española y también han perdido la posibilidad de plantear un pacto de Estado de la sanidad entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas, como el que se planteó para resolver todas aquellas cuestiones que hacían referencia a las pensiones en los años 1994-1995. Esta reivindicación de Convergència i Unió la hemos manifestado reiteradamente a lo largo de este período de sesiones y nunca ha encontrado eco en la sensibilidad del Gobierno.
Señor vicepresidente, en la convalidación de este real decreto han primado, a nuestro entender, sus intereses políticos -lícitos lógicamente y que nosotros respetamos-, sus compromisos con Andalucía, su afán por presentar unas cuentas equilibradas, mezclando en este caso el tocino con la velocidad; han mezclado la deuda histórica de Andalucía, los avales del ICO, la deuda de Renfe, dejando aparte la financiación de la sanidad que afecta a todas las comunidades autónomas, a algunas de ellas, como Cataluña, más que a otras, por lo cual nosotros no podemos apoyar dicha iniciativa.
Nosotros coincidimos con el planteamiento del Consejo de Estado sobre algunas cuestiones jurídico-técnicas, en el sentido de que al ser los créditos extraordinarios de naturaleza no financiera, el real decreto-ley introduce una excepción singular a estas leyes, ya que no deberían pagarse a cargo de la deuda pública, sino a cargo del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria o mediante bajas en otros créditos. A nuestro entender, el real decreto-ley no es el instrumento -y en esto coincidimos con el Consejo de Estado- más adecuado para introducir una excepción a las leyes generales. Por ello el Consejo de Estado propone que la modificación legal de estas leyes debería realizarse a través de un proyecto de ley de reforma de las mismas, vía que permitiría la financiación de créditos extraordinarios con deuda pública, que es lo que usted plantea en este real decreto, a través de un mecanismo, repito, como la promulgación de un proyecto de ley. Más allá de estas consideraciones jurídicas, podemos afirmar que parece que le ha salido un competidor a los presupuestos en la figura de un crédito extraordinario a aprobar a través de un real decreto-ley, algo curioso cuando mañana empezamos la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
Por otra parte, señor vicepresidente, tiene que tener en cuenta una serie de consideraciones que creemos que son relevantes. En primer lugar, el importe económico del real decreto-ley que debatimos, que asciende, como he dicho al inicio de mi intervención, a la cantidad de 8.132 millones de euros, supone un 5 por ciento del total de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 y supera concretamente las dotaciones de ministerios como el de Interior, que asciende a 6.656 millones de euros, como el de Industria, Turismo y Comercio, como el de Educación y Ciencia y también es superior a los presupuesto del Ministerio de Justicia y del de Vivienda. No deja de resultar curioso que el mismo día que un importante medio de comunicación anunciaba la existencia de estas medidas, que pretendían no tanto aflorar un gasto oculto -la deuda de Renfe y la de Radiotelevisión, que en aquellos momentos ustedes también pretendían incorporar en este real decreto-ley-, sino eliminar elementos de contabilidad creativa -toda vez que la deuda de tales organismos estaba perfectamente reconocida por la SEC, en la cual también se daba como criterio objetivo que no se contabiliza a efectos de determinación del déficit del Estado en relación con el plan de estabilidad-, cuando se daba a conocer a través de un medio importantísimo de
comunicación, repito, la existencia de este real decreto, se publicaba al mismo tiempo que la Generalitat de Cataluña había creado un organismo denominado ICF Equipamientos con esa misma finalidad de contabilidad creativa y no computación a efectos de déficit. Hace menos de 15 días, el Consejo de Ministros también creó una compañía pública de infraestructuras para la construcción de carreteras con el fin de evitar las computaciones de los déficit. Siempre hemos valorado positivamente en Convergència i Unió estas cuestiones de utilizar las herramientas presupuestarias, a través de la creación de empresas públicas, para poder consignar inversiones presupuestarias que no computaran como déficit público, a efectos de mejorar la competitividad de infraestructuras de nuestro país en relación con algunos países de la Unión Europea.
Lógicamente una mejora en la competitividad de las infraestructuras también comportaría una competitividad importante de la economía española.
Señor vicepresidente, por estos motivos en Convergència i Unió creemos que la utilización de la figura del real decreto-ley es una utilización injustificada, una utilización arbitraria y una utilización poco adecuada a la finalidad que se pretende. Si ya el debate parlamentario es muy estrecho y restringido, sustituirlo parcialmente por el de un real decreto-ley, donde no hay posibilidad de introducir enmiendas, a nuestro entender es extremar las cosas. En cualquier caso, señor vicepresidente, vale la pena recordar que el problema económico y financiero de España no es el déficit o la contabilidad creativa, sino la centrifugación del déficit, que se expulsa desde el Estado a las comunidades autónomas. Este es realmente el problema a resolver y es lo que, salvo en el caso de Renfe, de los avales del ICO y de Andalucía, no se desea afrontar en estos presupuestos para el año 2005. Por este motivo volvemos a insistir en que, en este caso, el Gobierno ha perdido la oportunidad de resolver el déficit sanitario de las comunidades autónomas y poner el contador a cero. Si existe interés en cerrar la deuda de Andalucía, bien podría arreglarse el déficit sanitario de las diferentes comunidades autónomas; cuestión que consideramos de especial interés y prioridad, toda vez que los gobiernos autonómicos reconocen que este déficit crece a razón de 1.000 millones de euros anuales. Por ello consideramos que este crédito podría ampliarse perfectamente y recoger estas pretensiones que Convergència i Unió ha venido reiterando a lo largo de este período de sesiones. No es coherente atender el pago de la denominada deuda histórica de Andalucía y no atender la deuda sanitaria de otras comunidades autónomas. Convergència i Unió cree que sería necesario poner fin cuanto antes a este proceso constante de confusión y aportar luz sobre el tema, renunciar a hacer presupuestos bis a través de un decreto-ley, no introducir más confusión sobre el déficit y no mezclar los conceptos. Si el Gobierno quiere atender a la sanidad de Andalucía, que lo haga, pero que no meta en el mismo saco a Renfe o a la ejecución del aval a Argentina.
En resumen, señorías, señor vicepresidente, si en este caso el Gobierno pretendía aumentar la transparencia de las cuentas públicas, ha hecho todo lo contrario. No sirve de nada elaborar una ley de transparencia económica que regularía el suministro de información económica y la modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria para aumentar la transparencia si el Gobierno dicta un real decreto-ley como el que hoy debatimos, que, a nuestro entender -repito-, es injustificado, es arbitrario y es poco adecuado. Por estas consideraciones políticas y jurídico-técnicas, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de dicha convalidación.
Turno de fijación de posciones. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, estamos debatiendo la convalidación de un real decreto-ley que fue presentado en su momento, con muchísima antelación a su aprobación por el Consejo de Ministros, como el gran paquete de déficit oculto del Partido Popular, era la deuda oculta del Partido Popular, los números ocultos del Partido Popular, que, como se ve, no eran tales. Los seis minutos que ha hablado aquí el vicepresidente económico sobre la liquidación del modelo de financiación de Andalucía, me han parecido, señor ministro, con todos los respetos, el parto de los montes; tantos ríos de tinta para esto.
Quiero decir al iniciar mi intervención, para dejarlo muy claro, que el Partido Popular está absolutamente de acuerdo -ya se lo habíamos planteado a la Junta de Andalucía durante los últimos años- con la liquidación del modelo de financiación autonómica de la Junta de Andalucía de 1997-2001 -tendrán tiempo de escucharme, señorías-, pero hoy no estamos hablando de la liquidación del modelo de financiación, sino exclusivamente de la forma de hacer efectivo este pago. Señorías, en 1996 se negoció con todos los partidos políticos y todos los gobiernos autonómicos, un modelo de financiación que profundizaba en solidaridad, en suficiencia, en corresponsabilidad fiscal, y fue aprobado por una amplia mayoría; tres comunidades autónomas socialistas fueron las que no lo aceptaron: Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. En mi opinión, y lo digo con total honestidad, en 1996 no aceptaron el modelo de financiación autonómica que se les propuso por razones partidarias, no por defender los intereses de los ciudadanos; no aceptaron el modelo de financiación para tener un argumento de oposición al Partido
Popular. Al no aceptarlo, como sabe muy bien el vicepresidente económico del Gobierno, se fueron entregando a esas comunidades autónomas unas cantidades a cuenta.
Posteriormente, en el año 2002, se aprobó un nuevo modelo que entró en vigor el 1 de enero de 2003, además con vocación de permanencia, y todas las comunidades autónomas dieron su voto favorable al nuevo modelo, incluso Castilla-La Mancha y Extremadura firmaron el acuerdo de liquidación del modelo de 1997-2001. El Gobierno andaluz, con total libertad, decidió utilizar este tema como un motivo de confrontación con el Gobierno del Partido Popular, y por eso no firmó la liquidación; esa es mi percepción. De hecho, el acuerdo que firmó después del 14 de marzo el Gobierno actual con la Junta de Andalucía reconoce una cantidad muy similar a la que ofreció el Gobierno del Partido Popular. El señor Chaves firma ahora este acuerdo porque está en una posición de servilismo o de sumisión y hace unos meses estaba en una posición de confrontación. Si no, como muy bien ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, ¿a qué se debe que el señor Chaves, con el acuerdo del Parlamento andaluz -que conoce el señor Solbes-, exigiera 4.600 millones de pesetas y hoy se conforme con 2.500 millones de pesetas? ¿Qué ha cambiado? Una cosa muy sencilla: ha cambiado el Gobierno de Madrid. Al cambiar el Gobierno de Madrid, ¿qué ha cambiado en el señor Chaves? Su posición política: de la confrontación al servilismo, de decir que no a todo lo que le proponía Madrid a decir sí, bwana a lo que le propone Madrid.
Quiero dejar muy claro que no es verdad -lo ha dicho muy bien la portavoz de Izquierda Unida, y el portavoz de Convergència i Unió se ha equivocado-, que no estamos hablando de la deuda histórica de Andalucía, no confundan el debate, señorías, estamos hablando de la liquidación del modelo de 1997-2001. El señor Chaves se ha olvidado de la deuda histórica. Ahora, parece que no existe deuda histórica. Durante los gobiernos del Partido Popular se decía: deuda histórica, deuda histórica, deuda histórica; ahora, resulta que no existe deuda histórica, ahora solo es liquidación del modelo y lo mezclan con la deuda histórica a ver si confunden a los ciudadanos. Señoría, el único Gobierno que pagó deuda histórica fue el Gobierno del Partido Popular: 20.000 millones de pesetas. Si es mucho o poco lo decidirán los ciudadanos, yo no lo sé. El Gobierno del Partido Popular, 20.000 millones de pesetas; gobiernos socialistas, antes y después, cero pesetas. No confundamos esto con la deuda histórica porque no es verdad. De lo que estamos hablando aquí es de cómo se hace efectiva esa deuda.
Señor ministro, no nos vamos a oponer a este decreto ley, y se lo digo claro, para no darles la oportunidad de manipular a la opinión pública e instrumentalicen la votación de hoy diciendo que estamos en contra de pagar a Andalucía, porque no es verdad. Estamos a favor de liquidar el modelo. En lo que no estamos de acuerdo, señor Solbes -quizá esté muy metido en la Comisión del 11-M-, es en que usted dinamite el Pacto de Estabilidad, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En lo que no estamos de acuerdo es en que usted se salte el techo de gasto para pagar a Andalucía en un solo ejercicio. (Rumores.) Usted sabe, señor Solbes, que el señor Montoro llevaba tiempo queriendo pagar esta cantidad, llevaba años ofreciendo esa cantidad a la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía decía que no. (Protestas.) No se molesten, señorías, oír las verdades no puede molestar a nadie. (Aplausos.) El señor Montoro lo ofreció públicamente y el señor Chaves... (La señora Hermosín Bono: ¡Mentira!) Señoría, usted sabe que no es verdad, que quien está mintiendo es usted (Protestas), porque el señor Montoro lo ofreció públicamente y le dijeron que no, por dos razones: una, porque el Parlamento andaluz pedía 4.600 millones y, otra, porque era un elemento de oposición al Partido Popular. Esa es la verdad, señorías. (Rumores y Protestas.) De lo que estamos hablando aquí, señor Solbes, es de por qué lo quiere usted pagar todo en un solo ejercicio. ¿Por qué, si luego llega la Junta de Andalucía y dice que no se lo va a gastar en un solo ejercicio? Llega el señor Griñán, antiguo compañero nuestro, y dice que se lo va a gastar en cuatro ejercicios. No tiene decidido ni cómo va a hacer el ingreso este año. (Protestas.) No sé si usted lo ha hablado con él, porque si hiciera el ingreso este año y no todo el gasto, en términos de contabilidad nacional no aumentaría el déficit. ¿No habría sido más oportuno, señor Solbes, liquidar esta cantidad en varios ejercicios (Una señora diputada: No.), acompasándolo a la capacidad de gasto de la Junta de Andalucía? ¿No habría sido mejor para no saltarse el techo de gasto, para no abrir un precedente, para no crear desconfianza en el mundo económico? Lo que yo veo leyendo este decreto-ley es que usted lo quiere pagar en un ejercicio por dos razones. La primera, porque han estado meses buscando facturas en los cajones y no las han encontrado y, al final, han traído esto como si fuera eso y no es verdad. La segunda, porque ustedes quieren gastar más el año que viene, es decir, lo que gasten este año significa menos compromiso para el ejercicio siguiente y además mayor base de comparación. Anunciaron por activa y por pasiva el déficit oculto y ¿saben lo que trae este real decreto-ley? La liquidación del modelo andaluz, que se estaba negociando -todavía no hay sentencia- y que se habría pagado si el señor Chaves no se hubiera opuesto y no hubiera utilizado este tema como sistema de confrontación y, además, lo habría estado usando en los últimos ejercicios y ya se habrían producido inversiones en Andalucía.
El segundo tema que trae este decreto-ley, señor Solbes, es el traspaso contable de la deuda de Renfe al Estado. Usted no lo ha dicho en su intervención, pero cuando uno ve el detalle de esta deuda, -3.600 millones-
que es un apunte contable, cuando uno lo lee con detenimiento, se pregunta de dónde proviene y lee la primera línea: déficit sin consignación presupuestaria anteriores a 1994. Eso era lo que tenía Renfe, déficit anteriores a 1994: cuatro quintas partes de la cantidad. El tercer tema es la ejecución del aval del ICO, el pago del aval al ICO por la deuda argentina. Usted lo ha explicado aquí, lo han puesto este año para tener más posibilidades de gasto el ejercicio siguiente porque no era necesario. ¿Que hay que pagarlo? Pues me parece muy bien, pero, ¿esas son las facturas ocultas, señor Solbes?
En mi opinión, el Gobierno socialista, por puro revanchismo -yo no creía que lo hiciera el nuevo equipo económico-, ha buscado facturas en todos los cajones y no se han encontrado porque no había. Ustedes hablaron de déficit oculto y no era verdad, ustedes hablaron de deudas ocultas y no era verdad. El único motivo que tenían era dañar la imagen del anterior equipo económico, que hizo que la economía creciera, que creciera por encima de la media europea, que se crearan cinco millones de empleos.
Tanto es así que hasta lo reconoció el actual presidente del Gobierno en una última comparecencia. Se hicieron las cosas muy bien y se nos dijo por el PSOE que las cuentas no eran claras, que había contabilidad creativa, que había poca transparencia. Estamos discutiendo este decreto-ley el día antes de debatir los presupuestos, y se utilizan los mismos mecanismos de financiación -eso sí, el Ministerio de Fomento ha tenido una idea genial, le ha cambiado el nombre al GIF, ya no se llama GIF, sino ADIF; es una idea genial-, hay sistemas de financiación similares para los AVE, para la política de agua, para todo. Ustedes van más allá incluso, más dinero en capítulo 8, que tanto nos censuraba el señor Marugán -a quien hoy no veo aquí- y además menos transparencia: Plan de carreteras fuera de presupuestos, etcétera.
Señorías, mi grupo se va a abstener en la votación de este real decreto-ley para que no instrumentalicen nuestro voto negativo. Andalucía debía tener este dinero desde hace tiempo y, si no es por la política de confrontación del señor Chaves, tiempo ha que se habrían producido inversiones en Andalucía: ese dinero estaría en Andalucía, invertido en obras públicas, en infraestructuras, en política social. Sin embargo, señor Solbes, la fórmula que usted ha utilizado para pagar esta cantidad no es la adecuada, no se debía haber saltado el techo presupuestario previsto para este ejercicio. Creo que es un mal mensaje, creo que forma parte de una política económica errónea, creo que el equilibrio presupuestario no es sólo para predicarlo, es también para esforzarse en que se cumpla; esta cantidad se debería haber pagado con cargo al fondo de contingencia de este año y, como ha dicho el señor Sánchez i Llibre, con cargo a los presupuestos de ejercicios posteriores. Mi grupo se abstendrá, señor Solbes, pero yo le recomiendo que de verdad se esfuerce por hacer una política económica coherente, una política económica de estabilidad presupuestaria real, no al principio de ejercicio, sino al final del ejercicio, que, acompañada de reformas estructurales, daría crecimiento y creación de empleo. El decreto-ley que hoy se convalidará en esta Cámara es un mal instrumento para hacer esa política económica que necesita España para mejorar nuestro bienestar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Turno de fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.
Al Grupo Parlamentario Socialista le gustaría fijar algunas ideas durante esta intervención. ¿De qué estamos hablando en realidad, con este real decreto, para que nos entendamos todos los que estamos aquí y las personas que puedan escucharnos? Estamos hablando de déficit oculto del Partido Popular, a la hora de elaborar los presupuestos de 2004. Cuando presupuestaron 2004, nos ocultaron a todos los españoles más de un billón de pesetas, para entendernos; de eso es de lo que estamos hablando esta tarde aquí. Se trata de una ocultación más del Partido Popular, a la hora de elaborar los presupuestos de 2004. Según el real decreto, esa ocultación significa que el déficit que presupuestaron, del 0,4 por ciento del producto interior bruto, habría que elevarlo un punto porcentual del producto interior bruto. Esa es la realidad, y eso es lo que estamos debatiendo.
Es fácil hablar del déficit cero si, a la hora de presupuestar, el Gobierno oculta conceptos claros y conocidos. Así, sí que podemos alcanzar el déficit cero; así, sí que podemos hacer presupuestos con déficit cero. De modo que estamos hablando del déficit público del Gobierno del Partido Popular. Por eso no entiendo que el Partido Popular no vote esta tarde a favor, en vez de abstenerse, puesto que es un déficit que conocía y no lo presupuestó.
Además, estamos hablando, señorías, de algo más que una deuda: de castigo político a una comunidad autónoma -Andalucía-, por no pensar lo mismo que el Gobierno de España, desde el punto de vista político. (El señor Atencia Robledo: Eso es mentira, y tú lo sabes.-Rumores y protestas.) Estamos hablando de castigar políticamente a una comunidad autónoma, porque no es del mismo color político, castigando así a millones de andaluces; es decir, a millones de españoles. (Aplausos.-Rumores.) Estamos hablando de represalias políticas a una comunidad autónoma que no es del mismo color político, porque nunca se liquidó el cien por cien de la financiación autonómica: solamente se liquidaba el 98 por ciento; es decir, las entregas a cuenta, y nunca el 2 por ciento restante. Por tanto, no
es deuda; esto no es una deuda histórica con Andalucía, esto es restituir lo que el Gobierno del Partido Popular tenía que haber dado en su momento, el 2 por ciento del período 1997-2001. No estamos hablando, pues, de la deuda histórica de Andalucía, sino de la liquidación de un sistema, y estamos hablando de la restitución de una injusticia.
También estamos hablando, señorías, de deslealtad institucional y constitucional con una comunidad autónoma: con la Comunidad Autónoma de Andalucía; de eso estamos hablando. Esta es la forma de construir el Estado de las autonomías para el Partido Popular, con la deslealtad hacia las comunidades autónomas; en este caso, con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta es la forma de construir el Estado de las autonomías del Partido Popular.
Quiero insistir de nuevo que de lo que estamos hablando no es de la deuda histórica con Andalucía, estamos hablando de una liquidación. No es un regalo para Andalucía, es lo que le corresponde y no le entregó el Partido Popular. Creo que eso debe quedar claro para que nos entiendan las personas que puedan seguir este debate. No obstante, hay dos cuestiones que me gustaría aclarar esta tarde. La primera, cuando se elaboró el presupuesto de 2004 ¿conocía el Partido Popular estos compromisos? Porque, si los conocía, nos ha ocultado ese 1 por ciento de déficit del producto interior bruto que nos sitúa en el 1,8 al final de año, déficit todo él del Partido Popular.
Tengo aquí un titular de periódico del 15 de enero de este año que dice lo siguiente: el Gobierno del Partido Popular vincula el pago de la deuda a Andalucía a la victoria del Partido Popular. ¿Conocía o no conocía el Partido Popular que había que liquidar esta deuda a Andalucía? Evidentemente, lo conocía; por tanto, si lo conocía, nos han ocultado déficit a todos los españoles, a los agentes económicos y sociales y a los mercados. Nos han ocultado déficit a la hora de presupuestar.
Yo creo que el Partido Popular también conocía los compromisos con la operadora de Renfe, los compromisos que esta operadora tiene adquiridos para el 1 de enero de 2005. Conocía perfectamente el compromiso del equilibrio financiero de la empresa. No estamos hablando de una simple traslación de una deuda a otra parte del presupuesto. Es algo que no se nos dijo, que no existía con el Partido Popular y que conocemos ahora por el real decreto. Conocía el Partido Popular las exigencias de Renfe Operadora, las conocía y no las presupuestó. Igual que conocía el aval necesario para el préstamo a la República Argentina.
Me gustaría hacer una pregunta. ¿Hay que reconocer el gasto durante el ejercicio 2004? El señor Martínez-Pujalte decía que no había que reconocerlo en 2004 y durante el debate presupuestario he escuchado decir que tampoco había que pagarlo. En términos de contabilidad nacional, como ustedes saben, se sigue el principio de devengo. Por tanto, como se ha producido este año, todos los gastos que estamos mencionando del real decreto se tienen que contabilizar en el año 2004 si seguimos el principio de la contabilidad nacional. En el caso de Renfe hay que hacerlo porque hay unos compromisos evidentes el 1 de enero de 2005 y en el caso de Andalucía el retraso exige pagarlo cuanto antes, fundamentalmente para que no se resienta la suficiencia financiera, no solamente por razones de contabilidad nacional, sino por razones de eficacia. Es necesario pagar a Renfe y también pagar la deuda de financiación, no la deuda histórica, a Andalucía como consecuencia de la necesidad de esa suficiencia financiera.
He oído decir también a los portavoces del Grupo Popular que la liquidación del sistema de financiación se tenía que aplazar, pero los responsables políticos del Partido Popular en Andalucía decían todo lo contrario. Los responsables económicos y presupuestarios del Partido Popular en el Congreso de los Diputados (en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de Economía) decían que había que aplazarlo. Sin embargo, yo tengo aquí también titulares de periódicos, por ejemplo de abril de 2004, cuando ya había ganado el Partido Socialista, cuando ya había un compromiso del nuevo Gobierno de España con Andalucía, recogiendo que la señora Martínez decía en el Parlamento andaluz que había que pagar en 48 horas. Aquí se dice que hay que aplazar el pago y allí que hay que pagar en 48 horas. ¡Hombre, 48 horas! Han gobernado ocho años y en 48 horas había que liquidar. Cosas de la vida, 48 horas.
He oído también argumentos en relación con el fondo de contingencia.
Señorías, no es posible porque la cuantía del real decreto es superior a las posibilidades del fondo de contingencia. De todos los argumentos que les he escuchado y que les he leído a los portavoces económicos del Partido Popular aquí, en el Congreso de los Diputados, ninguno es riguroso, siempre buscando excusas para no pagar y para seguir aplazando, y hoy nos hablan de que van a abstenerse -no votarán a favor- para que no manipulemos su opinión. He oído manipulación, para que no manipulemos.
Pero, ¿quién ha manipulado aquí durante muchos años? El Partido Popular.
(Aplausos.) Para que no manipulemos los del Partido Socialista.
Increíble, increíble. (El señor Martínez-Pujalte López: In creíble, dos palabras.-Rumores.)
Señorías, ¿qué trata de solucionar el real decreto que estamos hoy debatiendo aquí, a qué se quiere dar respuesta? En primer lugar, para dotar de transparencia y comunicar a la sociedad el déficit del Partido Popular en el presupuesto 2004, que no fue del 0,4 del PIB, va a ser del 1,8 de la Administración central en relación con el producto interior bruto; para contabilizar el gasto generado por el Partido Popular, que no presupuestó ni un euro para contabilizar todo el gasto del que hemos estado hablando; para pagar a Andalucía exclusivamente la liquidación de la financiación autonómica y restituir lo que el Partido Popular le ha quitado a Andalucía
-insisto, no es un regalo, es lo que el PP le ha quitado a Andalucía-; también, para levantar el castigo y la condena que el PP puso a millones de españoles, a millones de andaluces; para restablecer la lealtad institucional con una comunidad autónoma; para que Renfe Operadora sea una empresa rentable y para que pueda operar en ese impulso que el PSOE va a dar al sector ferroviario en los próximos años, y para que nunca más se pueda perseguir a una comunidad autónoma. (El señor Martínez-Pujalte López: A Murcia.) Ni a una comunidad autónoma ni a nadie.
Quiero dar las gracias a aquellos que han mostrado su apoyo al real decreto que hoy se plantea y aclarar algunos puntos que me parecen de interés antes del voto final. En primer lugar, no se han podido incluir aquí otros conceptos, como algunas de SS.SS. han planteado, como el déficit sanitario, dado que el déficit sanitario en este momento es un déficit de las comunidades autónomas como consecuencia de un sistema de financiación pactado, y lo que hemos abierto -lo vamos a abrir hoy, en la conferencia de presidentes- es debatir sobre ese tema, partiendo de la realidad de que es un tema transferido a las comunidades autónomas, responsabilidad de las comunidades autónomas, aceptado por las comunidades autónomas y en cuya solución estamos dispuestos a cooperar.
Entiendo algunas de las preocupaciones o la puesta en marcha de un decreto ley con un crédito extraordinario, pero ninguno de los sistemas actualmente establecidos nos permitía buscar una solución alternativa, dada la dimensión del problema. El fondo de contingencia no permite incluir cantidades de estas características y, en consecuencia, no tenía sentido plantearlo por esa vía. Hacerlo a través de una ley normal, que hubiera sido la otra alternativa, hubiera sido excesivamente tardío si pretendemos poner en marcha la ley ferroviaria a primeros de año y si queremos cumplir con la propia recomendación del Consejo de Estado en lo que se refiere a Andalucía.
Finalmente, en cuanto a la aplicación del sistema que hemos planteado, no se está dinamitando el pacto de estabilidad. Es posible pagar la deuda andaluza en varios ejercicios, pero eso no afecta a efectos de contabilidad nacional que debe ser imputada desde el momento en que se toma la decisión. El problema de Renfe no depende de nuestra voluntad, sino que es una decisión del año 2003, en el que ya tendría que haberse puesto en julio de este año y debería haberse incluido en los presupuestos las cantidades referidas y, por supuesto, también en esa ley se establece la separación entre ADIF y Renfe Operadora y el paso de GIF a ADIF que no es una invención del Partido Socialista, sino que ya estaba en la legislación aprobada por el Partido Popular el pasado año.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea tomar la palabra, para organizar más rápidamente la votación, porque no hemos sido conscientes de que ningún grupo reclamara que se tramitara como proyecto de ley? (Pausa.) Si algún grupo parlamentario desea replicar, adelante.
Señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, el único objetivo que perseguía y seguirá persiguiendo nuestra coalición de Convergència i Unió era una muestra de voluntad política por parte del Gobierno de intentar resolver una situación económica para la resolución del déficit sanitario que tienen hoy planteadas muchas comunidades autónomas españolas. Sabemos perfectamente que quizá desde el punto de vista de ortodoxia financiera no se podía incorporar en este real decreto-ley, pero opinábamos que técnicamente también era posible desde la perspectiva de voluntad política poner una cantidad que supusiera una muestra política de buena voluntad, por parte del Gobierno, de empezar a resolver la solución y el déficit sanitario; déficit que por cierto, ya lo he manifestado en mi intervención, no es motivado por la mala gestión de las diferentes comunidades autónomas, sino por la falta de lealtad política por parte del Estado de no atender diferentes cuestiones que están perfectamente especificadas en el pacto de financiación del año 2001, que no se han puesto en marcha diferentes mecanismos para poder equilibrar una serie de costes que vienen motivados por el incremento de población, por los desplazados, por la población inmigrante, etcétera. Lo que queríamos plantear es que si existe dinero para resolver o para paliar el déficit de Renfe o para pagos de atrasos del sistema de liquidación de Andalucía, también tendría que ponerse buena voluntad política y recursos suficientes para empezar a resolver el déficit sanitario que tienen muchas comunidades autónomas.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente, y con muchísima brevedad.
Señor Solbes, en opinión de este grupo parlamentario usted hoy abre una espita en la voladura del techo
de gasto anual, que es mala. Usted lo hace para achacárselo al Partido Popular, como ha hecho su portavoz, pero creo que es una mala política.
Usted sabe, señor Solbes, como lo saben todos los españoles, que no había déficit oculto, que no había deuda oculta, que no había facturas en los cajones. Lo que usted hace hoy es tener más margen de gasto para el año próximo, y me parece que es una mala política. Usted sabe que lo que vamos a convalidar hoy aquí es algo que se podía haber solventado en el marco de los presupuestos del Estado de 2004 y de 2005.
Usted decide hacerlo así porque se habían comprometido a buscar en los cajones algo oculto que no han encontrado. Usted no lo dice, señor Solbes, pero lo ha dicho su portavoz. Usted dice una cosa en el Parlamento, que no había hablado usted de déficit oculto nunca, y sin embargo su portavoz sí lo dice. Me parece poco honesto por su parte que usted diga una cosa y que su portavoz diga la contraria. No lo hay, hay unas cuentas claras que ustedes han heredado. ¿Quieren cambiar la política y gastar más e incurrir en déficit? Creo que es un mal camino, un camino que no conduce al crecimiento y al empleo.
Señor Solbes, mañana debatiremos el presupuesto, pero hoy, en este preámbulo del presupuesto de mañana, se inicia un camino que no es el adecuado. Traen la liquidación del modelo de Andalucía. Sabe usted, como sabe su grupo, que se quería liquidar y llegar a un acuerdo y que, cuando se llegara a ese acuerdo, se iba a pagar, y había un compromiso de todos, lo que pasa es que hoy es más fácil decir que sí a 2.500 cuando se exigían 4.600. Señor Solbes, ustedes engañaron a los andaluces exigiendo 4.600 y acomodándose hoy a 2.500 (Rumores y protestas.), ustedes engañaron a los andaluces.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Hoy iniciamos un camino: más déficit público. Y eso es sembrar malos augurios de futuro. Creo que usted ha sido poco prudente, y se lo digo con toda honestidad. Creo que el marco presupuestario era el idóneo para afrontar estos gastos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Saura.
Señor Martínez-Pujalte, quien ha abierto aquí la espita del déficit público ha sido, como hemos demostrado esta tarde, el Partido Popular.
Presupuestaron 0,4 por ciento del PIB y, sin embargo, debían haber presupuestado en torno al 1,8 por ciento del producto interior bruto.
Aquí quien ha abierto la espita del déficit ha sido el Partido Popular.
Nosotros, a diferencia de ustedes, hoy vamos a apoyar este real decreto; no nos vamos a abstener, fundamentalmente porque es un real decreto que aporta transparencia a las cuentas públicas y, sobre todo, va a restituir la legalidad y la justicia con Andalucía.
Vamos a proceder a la votación para la convalidación o derogación del real decreto-ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 172; en contra, 12; abstenciones, 130.
¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite el real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.)
Se suspende la sesión hasta mañana a las 10 horas.
Corrección de error.-En el Diario de Sesiones núm 41, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el miércoles 20 de octubre de 2004, en la pregunta del señor Sáez Jubero a la ministra de Cultura sobre el traspaso realizado por el Real decreto 1949/2004, en materia de cultura, figura, por error, en la página 1822, segunda columna, línea 24, la expresión "un millón de cifras", cuando debería decir "un millón de fichas".

References: artículo 86
 resolución 
 artículo 86
 artículo 1
 real decreto 
 resolución 
 real decreto 
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 real decreto 
 real decreto 
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 resolución 
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 Real decreto