Source: https://sinopacidad.wordpress.com/2008/08/27/una-sola-caip-para-todos-los-ayuntamientos/
Timestamp: 2018-06-23 17:58:04+00:00

Document:
Una sola CAIP para todos los ayuntamientos | S I N // O P A C I D A D
Posteado por: sinopacidad | agosto 27, 2008
Una sola CAIP para todos los ayuntamientos
Alonso Lujambio, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) estuvo el viernes en Puebla, en la IX Asamblea de la Comaip; y regresó el lunes, para participar, con el gobernador Mario Marín y la presidenta municipal, Blanca Alcalá, en la 1ª Semana de Transparencia del Ayuntamiento.
Lujambio dijo muy claramente que el IFAI “no viene a Puebla a dinamitar, sino a construir”, y en ese sentido deben tomarse sus declaraciones sobre las ventajas de que la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) resuelva todos los recursos de revisión que interpongan las personas ante los ayuntamientos cuando no se encuentren conformes con la respuesta o la información obtenida en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Como el buen político que es, el presidente del IFAI coqueteó con los detentores del poder público de nuestro estado, al decir, por ejemplo, que la Ley de Transparencia había sido objeto de una “estridencia injusta” que no había ponderado sus virtudes; pero no tuvo ningún empacho en reconocer que Puebla es el único estado de la república en el que el órgano garante del acceso a la información, la CAIP, no es competente para conocer la cuestión municipal.
Al referirse al riesgo que conlleva que cada uno de los 217 ayuntamientos tenga su propia comisión de transparencia, afirmó: “Creo que dejar que cada municipio tenga su propia comisión, encapsulando a nivel municipal las resoluciones, provoca una fragmentación de la transparencia”.
Esperemos que ahora que lo dijo Lujambio le crean. Algunos integrantes de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información (Comaip), concretamente los miembros de la Subcomisión de Estudios Normativos, ya lo habíamos planteado así. El punto atenta contra la transparencia no sólo por la fragmentación y disparidad de criterios, sino también porque el artículo 6º constitucional, en su fracción IV, indica que “Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. Usted, lector, dígame qué tan especializada en temas de acceso a la información pública podrá ser la comisión del municipio de San Pablo Zoquitlán –con todo el respeto que me merecen sus alrededor de 3,000 habitantes. O las de los ayuntamientos de Coyomeapan, Huehuetla y Camocuatla, que se encuentran entre los 100 municipios con menores niveles de desarrollo humano y cuya población es mayoritariamente indígena. O qué tan imparcial cualquier comisión municipal cuyos integrantes sean los mismos síndicos. Al ser juez y parte del asunto pierden la imparcialidad.
Obviamente Alonso Lujambio no es un golpeador, ni un comisionado incómodo –ni en los estados ni a nivel federal- por lo que sus declaraciones son bienvenidas desde la institucionalidad con la que fueron emitidas. Lujambio dijo lo que dijo no para amarrar navajas, ni para lastimar a nadie, sino para abonar al tema, y para que la agenda poblana de transparencia avance.
Desde esa misma institucionalidad celebró que haya sido la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado –y no el procurador general de la República- quien interpuso la solicitud de acción de inconstitucionalidad por algunos artículos de la Ley de Transparencia del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lujambio externó que “Esto habla muy bien de la institucionalidad de Puebla (…); esto habla del funcionamiento auténtico de las instancias de representación e institucionales en Puebla. Es una gran noticia para Puebla que este asunto pueda litigarse y resolverse en la Corte”.
La misma presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Marcia Maritza Bullen Navarro, fue entrevistada por reporteros de distintos medios, y según las notas publicadas ayer, externó que promovió la solicitud de acción de inconstitucionalidad ante la SCJN porque esa facultad le está conferida en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se considera que la reforma aprobada el 17 de julio y publicada el 18 en el Periódico Oficial, vulnera las garantías fundamentales previstas en los artículos 6, 14 y 16 de la Constitución. Los tres puntos que los solicitantes consideran inconstitucionales son:
1. La ley mantiene a la CAIP como órgano garante exclusivamente del Poder Ejecutivo, y establece que los poderes Legislativo y Judicial, los Ayuntamientos de la Entidad y los órganos constitucionalmente autónomos deben contar con órganos análogos a la Comisión.
2. La naturaleza jurídica de la CAIP. En el artículo 25 se indica que “La Comisión para el Acceso a la Información Pública, es un órgano especializado de la Administración Pública Estatal, con autonomía de gestión, operación y decisión, encargada de garantizar el acceso a la información y resolver sobre los asuntos de su competencia”. Sin embargo no se le dota de patrimonio propio, lo que la convertiría en un órgano desconcentrado.
3. El tratamiento que se la da al momento en que queda disponible la información para el solicitante y a la interposición del recurso de revisión. En el artículo 8 se especifica que la notificación de la disponibilidad de la información debe realizarse en máximo diez días hábiles después de la presentación de la solicitud, y la información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes. El problema es que, de acuerdo con el artículo 37, la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se ponga a disposición la información solicitada, no cuando se entregue. Y entre la puesta a disposición y la entrega pueden pasar los diez días hábiles que son el plazo para que el solicitante pueda interponer el recurso de revisión.
Ciertamente, ninguna de las siete nuevas fracciones del artículo 6º constitucional dice literalmente que sólo debe haber un órgano garante por estado; pero lo dice el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, publicado en la Gaceta del Senado el 20 de abril de 2007. Por lo que parte del razonamiento de la solicitud de acción de inconstitucionalidad consiste en explicar el alcance legislativo de los dictámenes, como documentos de naturaleza jurídica esenciales para dar nacimiento al acto legislativo, pues cumplen con los requisitos de legalidad y legitimidad que exige el proceso constitucional de formación de leyes. Además, el o los dictámenes deben estudiarse para interpretar adecuadamente cada precepto, y son parte fundamental de la intención del legislador.
En dicho dictamen se puede leer: “(…) evitar una perniciosa e impracticable proliferación de autoridades de transparencia en 2,443 demarcaciones municipales y 16 delegaciones en el caso del Distrito Federal; por otra parte, propiciar una mayor coherencia de criterios y de resoluciones de apertura en los territorios estatal y nacional, mediante la existencia de sólo 32 órganos estatales y uno federal.”
Coincido con Lujambio en que es una gran noticia para Puebla que la solicitud de acción de inconstitucionalidad se encuentre en el máximo tribunal del país, y que sean los ministros quienes lo resuelvan. Si la Corte dictamina que la ley es constitucional, perfecto, si dice lo contrario, también. La SCJN es la última instancia para interpretar las leyes y es una gran noticia que en el caso de Puebla se hayan seguido los caminos institucionales y los mecanismos legales existentes para dirimir el asunto.
Publicado en Artículos de opinión, CAIP, Gobierno estatal, gobierno municipal, Legisladores poblanos, Ley de acceso a la información pública, Reforma | Etiquetas: Alonso Lujambio, Ayuntamientos, CAIP, COMAIP, IFAI
« Asamblea de la COMAIP en Puebla
Especialistas hacen trizas las reformas a la ley de transparencia estatal »

References: artículo 6
 artículo 105
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 37
 artículo 6