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Timestamp: 2018-09-23 18:39:06+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1265 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2000
SENTENCIA C-1265 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AVALUADOR. LOS REQUISITOS LOS FIJA ÚNICAMENTE LA LEY. SE DECLARA EXEQUIBLE, SÓLO EN LOS TÉRMINOS DE ESTA SENTENCIA, EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 546 DE 1999, SALVO LAS EXPRESIONES "EN LOS TÉRMINOS QUE DETERMINE EL GOBIERNO NACIONAL", QUE SE DECLARAN INEXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, AVALÚO DEL BIEN, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, PERITO AVALUADOR, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE AVALUADORES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:348 DE DICIEMBRE DE 2000, PÁG.2605
Sentencia C-1265 de septiembre 20 de 2000
EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE AVALUADOR
LOS REQUISITOS LOS FIJA ÚNICAMENTE LA LEY
EXTRACTOS: «La Corte se abstendrá de transcribir el texto íntegro de la Ley 546 de 1999, dada su extensión y teniendo en cuenta que las normas de la misma sobre las cuales recae la demanda ya han sido objeto de fallo que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.
“LEY 546 DE 1999
ART. 50.—Avalúos y avaluadores. Sin perjuicio de la competencia que en materia de avalúos corresponde al Instituto Agustín Codazzi y a los catastros municipales y departamentales y distritales autorizados por la ley, los avalúos que se requieran para las operaciones activas y pasivas de que trata la presente ley, serán realizados por personas pertenecientes a una lista cuya integración y actualización corresponderá reglamentar a la Superintendencia de Industria y Comercio, con sujeción a los requisitos de idoneidad profesional, solvencia moral, independencia y responsabilidad, en los términos que determine el Gobierno Nacional.
La remuneración de la labor de los avaluadores se hará con base en el número de metros cuadrados de los bienes inmuebles, aplicando una tarifa descendente en proporción a la extensión, y con un monto máximo establecido en el respectivo reglamento del Gobierno Nacional”.
1. Cosa juzgada constitucional. Delimitación de la materia sobre la cual se ocupará la Corte en esta providencia.
Se pide la declaración de inexequibilidad de los artículos 1º, 3º, 17, 19, 20, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43 y 50 de la Ley 546 de 1999.
Al culminar este proceso debe tenerse en cuenta que en relación con los artículos 1º, 3º, 17, 19, 20, 40, 41 y 42 de la Ley 546 de 1999 existe fallo definitivo que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional (Sent. C-955, jul. 26/2000).
2. La libertad contemplada en el artículo 26 de la Constitución. Los requisitos para el ejercicio de las profesiones y oficios solamente pueden ser impuestas por el legislador. Las autoridades administrativas carecen de competencia para restringir el ejercicio de profesiones y oficios.
La Constitución Política garantiza a toda persona no solamente el derecho al trabajo, que es simultáneamente una obligación social (C.P., art. 25), sino la libertad de escoger la actividad lícita en que habrá de desempeñarse —profesión u oficio— (C.P., art. 26).
A la vez, la Carta Política asegura a todos el derecho al ejercicio de los oficios y las profesiones, si bien autoriza al legislador para exigir títulos de idoneidad y a las autoridades competentes —que son primordialmente las administrativas— para inspeccionar y vigilar el desempeño de las profesiones, proclamando que “las ocupaciones, artes u oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio” (negrilla de la Corte), salvo aquellos que impliquen un riesgo social. Este último —considera la Corte— debe ser identificado y reconocido de manera expresa por el legislador, por cuanto la regla general en la materia es la libertad, de donde resulta que los oficios, artes u ocupaciones respecto de los cuales no se haya definido legalmente que implican riesgo social no pueden ser objeto de exigencias administrativas, y menos todavía de prohibición o impedimento.
Obviamente, como lo ha sostenido la Corte, “la libertad de ejercer profesión u oficio no es absoluta y, por el contrario, el ordenamiento jurídico plasma respecto de ella importantes restricciones, en guarda del interés colectivo” (Cfr. C. Const. Sent. C-492, sep. 26/96).
La jurisprudencia ha señalado, pues, que
“... en Colombia (...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio e inclusive, si la ley no ha exigido formación académica para la ocupación seleccionada en virtud de esa libertad, la norma hoy vigente las favorece a todas, como regla general, con el libre ejercicio, a menos que su índole propia implique en sí misma un riesgo para la sociedad”.
Por lo que concierne al ámbito de regulación propio de la ley —ha añadido la Corte—, la importancia y necesidad de ésta se derivan no solamente del artículo 26 sino de los artículos 1º y 2º de la Constitución y de su mismo preámbulo, en cuanto resulta ser el instrumento jurídico adecuado al establecimiento de condiciones mínimas para que el derecho de cada individuo a escoger y ejercer una profesión no afecte a la comunidad” (negrilla de la Corte).
La corporación advierte, por ello, que es consecuencia de esa elemental precaución “la facultad conferida por el constituyente al legislador en el sentido de reconocer las profesiones, exigir títulos de idoneidad, contemplar para ellas una previa formación académica y calificar como de riesgo social las ocupaciones y los oficios que, aun sin requerir esa formación, demanden especiales controles o cuidados habida cuenta de sus peculiares características o del peligro que su desempeño representa” (negrilla de la Corte). (S. Tercera de Revisión, Sent. T-408, proferida el 8 de junio de 1992).
Significa lo anterior que el ejecutivo y las autoridades administrativas —las superintendencias, por ejemplo, para aludir al caso que nos ocupa— no gozan de autoridad constitucional para crear requisitos, exigencias o trámites con miras al ejercicio de las profesiones, y menos para hacer lo propio respecto del desempeño de los oficios, artes y ocupaciones. Aun en el evento extraordinario de que éstos impliquen riesgo social —lo que el legislador debe calificar expresamente—, sólo la ley podría señalar por vía general las exigencias que serían aplicables a las personas que quisiesen actuar en esos campos.
3. La norma examinada.
Ahora bien, en la materia tratada por la Ley 546 de 1999, que se refiere a la vivienda, es posible establecer reglas marco sobre la actividad financiera relacionada con ella, según resulta de los artículos 51, 150 —numeral 19— y 189 —numeral 25—, como lo reconoció esta Corte al referirse, en este aspecto, al artículo 50 de esa ley, ahora de nuevo demandado.
El análisis que sobre dicho precepto efectuó la Corte en la sentencia C-955 del 26 de julio de 2000 giró alrededor del cargo genérico de que no se trataba de una “ley marco”.
Allí mismo se advirtió por la Corte que, si bien se declararía la exequibilidad de la disposición en cuanto al cargo, ello tendría lugar “sin perjuicio del análisis material que pueda asumir la Corte en virtud de demandas específicas”.
Considera la Corte que bien puede la ley, en defensa de los intereses de los usuarios del crédito y de la transparencia de los trámites que deben llevarse a cabo para su concesión, y con el fin de evitar que las instituciones financieras escojan según su particular criterio a los peritos avaluadores, que exista un registro oficial en el que aparezcan quiénes pueden ser escogidos por las partes para establecer el valor de los inmuebles que habrán de ser hipotecados a favor de los prestamistas.
Pero ha de delimitarse, con arreglo a la Constitución la indicada norma, dejando en claro que la Superintendencia de Industria y Comercio, al cumplir su función, debe circunscribirse a reglamentar internamente los aspectos técnicos, operativos y logísticos referentes al establecimiento y actualización de la lista de peritos que la disposición contempla, pero, en cuanto no le es posible, como ente administrativo, prever requisitos o exigencias —que son del resorte de la ley—, no podrá en esa reglamentación exigir a quienes pidan ser inscritos documentos, constancias o trámites diferentes a los que expresamente la ley haya consagrado.
Sin embargo, de todo lo dicho se desprende que la superintendencia no está habilitada por la norma para exigir a quien solicite inscripción como perito avaluador que demuestre mediante documento u otro medio probatorio su idoneidad profesional, su solvencia moral, su independencia o su responsabilidad. Aplicando el principio de la buena fe, plasmado en el artículo 83 de la Constitución Política, en concordancia con el 26 ibídem, tales condiciones se presumen en un oficio que, no habiendo sido calificado por la ley como de riesgo social, es de libre ejercicio. Y, en consecuencia, para desvirtuar la presunción constitucional, debería el Estado demostrar, previo un debido proceso, que alguna de las indicadas exigencias no se cumple en el caso de un determinado perito.
También es importante resaltar que la reglamentación a cargo de la superintendencia se refiere a aspectos puramente instrumentales y de ninguna manera equivale a la posibilidad de crear por vía administrativa una especie de “estatuto profesional” de la ocupación a cargo de los peritos avaluadores.
Ahora bien, las expresiones “en los términos que determine el Gobierno Nacional”, relativas al establecimiento de requisitos para el ejercicio de la nombrada actividad, son inconstitucionales, si se tiene en cuenta, de conformidad con lo atrás manifestado, sólo el legislador podría disponer acerca del tema, quedando al Presidente de la República, por la vía de la potestad reglamentaria (C.P., art. 189, num. 11), la función, a él exclusivamente atribuida, de procurar lo necesario “para la cumplida ejecución de las leyes”.
Solamente en los términos expuestos será declarado exequible el inciso primero del artículo 50 de la Ley 546 de 1999, salvo las expresiones “en los términos que determine el Gobierno Nacional”, que se declararán inexequibles.
Esta norma encuentra respaldo en el artículo 333 de la Constitución, que autoriza a la ley para delimitar el alcance de la libertad económica y el ejercicio de las actividades relacionadas con ella cuando así lo exija el interés social, y particularmente en el 334, que ordena al Estado intervenir, por mandato de la ley, en los servicios privados —como en los públicos—, para racionalizar la economía, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.
1. Estése a lo resuelto por la Corte Constitucional mediante sentencia C-955 del 26 de julio de 2000, en relación con los artículos 1º, 3º, 17, 19, 20, 40, 41 y 42 de la Ley 546 de 1999.
2. Estése a lo resuelto por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1140 del 30 de agosto de 2000, en relación con los artículos 35, 36, 37, 43, 44 y 45 de la Ley 546 de 1999.
3. Declarar EXEQUIBLE, sólo en los términos de la presente sentencia, el artículo 50 de la Ley 546 de 1999, salvo las expresiones “en los términos que determine el Gobierno Nacional”, que se declaran INEXEQUIBLES.
(Sentencia C-1265 de septiembre 20 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

References: ARTÍCULO 50
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 50
 artículo 83
 artículo 50
 artículo 333
 artículo 50