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Timestamp: 2019-06-20 09:26:55+00:00

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Discapacidad – Página 2 – Aprodeh Website
Elizabeth caballero de APRODEH exige: las instituciones públicas y privadas deben cumplir las cuotas para emplear a personas con discapacidad.
Velar y supervisar el cumplimiento de la cuota para la contratación de trabajadores con discapacidad del 5%, en las instituciones públicas, y del 3%, en entidades privadas con más de 50 trabajadores, haciendo efectivas las sanciones por su incumplimiento.
La cuota laboral se encuentra regulada por las siguientes disposiciones legales: (1) La Ley No. 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; (2) El Decreto Supremo No. 002-2014-MIMP que aprueba el reglamento de la Ley No. 29973; la Resolución Ministerial No. 013-2015-MINSA que aprueba la Norma Técnica para la evaluación, calificación y certificación de la discapacidad; y la Resolución Ministerial No. 107-2015-TR que aprueba Normas Complementarias para la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores privados.
El artículo 49 de la Ley No. 29973 establece la obligatoriedad de contratar a personas con discapacidad en proporción no menor al 5% en entidades públicas y del 3% en entidades privadas con más de 50 trabajadores. Para el cálculo del porcentaje se considera la “totalidad” del personal independientemente de la modalidad en la que se encuentren contratados. La Séptima Disposición Complementaria Final de la citada ley señala que las medidas establecidas en diversos artículos (entre ellos el de arriba 49) “pueden ser exigidas por la persona con discapacidad que presente restricciones en la participación en un grado mayor o igual al 33% las cuales constan en el certificado de discapacidad”. Se señala que el MINSA aprueba la “guía correspondiente” para dicho fin.
La Resolución Ministerial No. 013-2015-MINSA aprueba la Norma Técnica para la evaluación, calificación y certificación de la discapacidad”. Esta norma fue aprobada en enero de 2015 y esta, aún, en fase de implementación.
El artículo 56 del Decreto Supremo No. 002-2014-MIMP señala que los empleadores privados deben de registrar a sus trabajadores, incluidos los trabajadores con discapacidad, en la Planilla Electrónica con una periodicidad anual. Con dicho registro, la SUNAFIL determina, en enero de cada año, el cumplimiento de la cuota correspondiente (3%) respecto del año anterior. En caso advertir el no cumplimiento de la cuota, se notifica al empleador privado. Esto es el inicio del procedimiento sancionador. Para efectos informativos, la infracción por incumplimiento de la cuota es considerada MUY GRAVE por el artículo 81.4 de la Ley No. 29973 y se sanciona con multas que oscilan entre las 10 a las 20 UIT.
La fiscalización laboral por parte de la SUNAFIL se inició en el mes de Enero de 2016 respecto de las planillas electrónicas reportadas al 31 de diciembre de 2015.
Diversas instituciones que agrupan a personas con discapacidad y organismos de la sociedad civil que trabajan por los derechos de este sector enviaron una carta de saludo y felicitación a Pedro Pablo Kuczynski por su elección como nuevo presidente peruano.
Felicitaron y agradecieron por la firma del Acuerdo por una Gobernabilidad que imprima Dignidad a las Personas con Discapacidad. También agradecieron por la inclusión del tema en el debate de candidatos, con diversas propuestas en favor de su sector.
Asimismo ofrecieron, al presidente electo, todo su apoyo en políticas que estén relacionadas a la atención de las personas con discapacidad. Todos estos planteamientos lo hicieron a través de una carta pública a Pedro Pablo Kuczynski, que hicieron llegar hasta su domicilio.
A continuación el texto íntegro de la carta del sector de personas con discapacidad:
Presidente Electo del Perú 2016 – 2021
Quienes suscribimos el presente documento, felicitamos el triunfo de la democracia en nuestro país y resaltamos la participación de su grupo político en las diversas actividades que las personas con discapacidad, y sus organizaciones, han realizado durante la última campaña electoral. Entre ellas, la firma del Acuerdo por una Gobernabilidad que imprima Dignidad a la Atención de las Personas con Discapacidad y el Debate de Candidatos con Discapacidad al Congreso de la República. La inclusión en su Plan de Gobierno de acciones vinculantes en favor de las personas con discapacidad, su activa participación en las actividades y la firma del acuerdo descrito, nos dan indicios esperanzadores de un futuro Poder Ejecutivo que cumplirá con su deber de promover y garantizar los derechos de una población histórica e injustamente en situación de vulnerabilidad.
Como sabe señor Presidente, en el Perú viven más de un millón y medio de personas con discapacidad, quienes tienen que enfrentar diariamente la violación sistemática de sus derechos humanos debido a una sociedad que no ha sido diseñada para que estas personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. Diariamente, la sociedad les discrimina en los ámbitos arquitectónicos, comunicacional, actitudinal y jurídico, lo que se traduce en restricciones y/o limitaciones a sus derechos a la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la participación política, el transporte, la cultura, etc.
Una de las grandes barreras que encontramos en nuestro país, señor Presidente, es la falta de accesibilidad, la que genera la vulneración de otros derechos. El último 5 de abril durante la Segunda Vuelta Electoral, muchas personas con discapacidad enfrentaron dificultades para el ejercicio del derecho al sufragio, debido, entre otras razones, a entornos que no cumplían con las medidas de accesibilidad para todas y todos. Por ejemplo, el ciudadano José Antonio Isola, activista en el campo de los derechos de las personas con discapacidad y usuario de silla de ruedas, concurrió a cumplir con su deber de votar, esperanzado en un siguiente gobierno que responda a las necesidades de toda la población, sin exclusiones, y, una vez más, se encontró con un sistema excluyente que no le permitió emitir su voto debido a que su mesa de votación se encontraba en un segundo piso. La solución brindada por los organismos electorales, la entrega de una constancia, le obligaba a tramitar personalmente una dispensa frente a un sistema lleno de barreras y limitaciones al ejercicio de derechos. Estaremos a su disposición para apoyarlo en la adopción de las medidas correctivas necesarias y estaremos vigilantes de que no se vuelvan a cometer atropellos como el expuesto.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Discapacidad – ENEDIS 2012, el 29,3% de personas con discapacidad tienen dificultad para ingresar y/o desplazarse en los establecimientos del sector salud, 23,0% en los paraderos públicos, 18,9% en los centros de rehabilitación, 17,5% en las entidades de gobierno, 17,4% en las plazas y plazuelas del casco urbano de las ciudades, el 13,8% en los centros educativos y 12,0% en cabinas de internet, lo que limita su acceso y libre tránsito para el ejercicio de derechos fundamentales.
Confiamos que con usted podremos adoptar el Plan Nacional de Accesibilidad, establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley No. 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. El actual Reglamento Nacional de Edificaciones solamente toma en cuenta las necesidades de adultos usuarios de sillas de ruedas, excluyendo a colectivos con otras discapacidades así como a niños y niñas con discapacidad. Por ello es urgente formular y aprobar un nuevo plan.
Otra barrera para las personas con discapacidad en nuestro país es la vulneración constante del derecho a la educación. En nuestro país, señor Presidente, el 26.5% de las personas con discapacidad mayores de 15 años, no sabe leer ni escribir. Por otro lado, el 62.8% de niños entre 3 y 5 años no asiste a ningún centro educativo; así como tampoco el 36.9% de niños entre 6 y 11 años. Igualmente, el 49.2% de adolescentes de 12 a 17 años no asiste a la escuela. Estos números, señor Presidente, tienen cara, nombre, sentimientos y mucha indignación por un sistema injusto que no los incluye. Sin embargo, este 28 de julio ellos tendrán, también, esperanza en usted.
Aquí, uno de los muchos casos en los que colegios presentan prácticas discriminatorias que rechazan o limitan el acceso de menores con discapacidad: https://goo.gl/QcM4UX
Por último, es necesario asegurar que la educación inclusiva sea una estrategia transversal de todo el sector y uno de los pilares de la reforma educativa.
Las personas con discapacidad tampoco pueden ejercer su derecho de acceso a la salud, tanto por falta de accesibilidad de los centros de salud como por falta de personal capacitado, con un enfoque correcto de la discapacidad.
Con usted, esperamos asegurar el funcionamiento efectivo de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública que permita la articulación multisectorial para la atención de los diversos programas orientados a las personas con discapacidad a nivel nacional, desde el enfoque social y basado en comunidad.
También, se deberán establecer protocolos especializados para personas con discapacidad en su atención a la salud, respetar la atención preferente, contar con información accesible, acceso a ayudas biomecánicas, respeto del consentimiento informado Y prohibir que los seguros de salud privados excluyan a las personas con discapacidad de sus coberturas
En cuanto al derecho al trabajo, las personas con discapacidad ven vulnerado su derecho al acceso al empleo. Cabe señalar que la ENEDIS 2012 estableció que el 21,7% de personas con discapacidad se encontraban en la PEA mientras que el 76,8% es parte de la PEI.
En su gobierno se deberá implementar de manera efectiva la cuota laboral, velando y supervisando el cumplimiento de la cuota para la contratación de trabajadores con discapacidad del 5%, en las instituciones públicas, y del 3%, en entidades privadas con más de 50 trabajadores, haciendo efectivas las sanciones por su incumplimiento. También, se deberán ampliar los programas de formación laboral para personas con discapacidad
Como bien lo contempla en su Plan de Gobierno, reformar el Código Civil para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, reemplazando el régimen de curatela por uno de sistemas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, será una prioridad para usted y para nosotros.
La capacidad jurídica es el derecho que nos reconoce la posibilidad de actuar en el mundo jurídico. En nuestro país, las personas con sentencia de interdicción no pueden ejercer ese derecho. Esto, de acuerdo con Registros Públicos, genera que más de 8000 personas no puedan tomar ninguna decisión, no puedan ejercer patria potestad, testar, firmar un contrato de trabajo o abrir una empresa, casarse, ejercer su derecho al voto, etc.
Este régimen que ambos queremos eliminar, señor Presidente, no solo afecta a las 8000 personas que están registradas y no pueden ejercer sus derechos sino a muchas más que por tener discapacidad se presumen, por el Estado, incapaces. Brian Mujica, periodista graduado de la universidad, vio negado su derecho a formar una empresa debido a que se le presumió como incapaz por tener síndrome de down. Aquí, la noticia completa: http://goo.gl/Uqo1f8
Cuenta con nuestro total apoyo y respaldo, como parte de sociedad civil, para la modificación del Código Civil en materia de capacidad jurídica que contempla en su Plan.
Nos despedimos, reconociendo nuevamente su disposición e interés en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, deseándole éxito y ofreciendo nuestro apoyo en todas las políticas en favor de los derechos de este colectivo.
Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH;
Asociación de Abogados Invidentes,
Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad – CEMPDIS;
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú Equidad;
Comisión de Damas Invidentes del Perú – CODIP;
Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (CONFENADlP);
Grupo de Iniciativa por la Niñez – GlN;
Federación Nacional de Mujeres con discapacidad del Perú – FENAMUDIP;
Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP;
Musas Inspiradoras de Cambio;
Paz y Esperanza;
SENSE INTERNACIONAL PERU;
Sociedad y Discapacidad – SODIS y;
Sociedad Peruana de Síndrome de Down – SPSD.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 49
 Resolución 
 artículo 56
 artículo 81