Source: https://abogadomartin.es/casos/homicidio/
Timestamp: 2019-04-24 07:50:08+00:00

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Homicidio definición, imprudente, negligente, en tentativa
El homicidio es matar a una persona. En la definición clásica de Carmignani, “homicidium est hominis caedes ab homine iniuste patrata“, esto es, la muerte de un hombre por otro hombre realizada injustamente.
Índice de Contenidos en Homicidio
1.1 HOMICIDIO: PENA
1.2 EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
2 HOMICIDIO DOLOSO
2.1 ¿Te ha sido de ayuda éste artículo? puedes valorarlo aquí para que lo pueda mejorar…
2.2 Diferencia entre homicidio y asesinato
2.3 LE INTERESA LEER:
El Código Penal define en un sentido amplio el término homicidio como delito contra la vida humana independiente al incluir la regulación legal del homicidio en el titulo I, bajo esta rubrica abarcando la misma diversos delitos tales como el homicidio, el asesinato y participación en el suicidio.
En sentido estricto se halla recogido en el artículo 138 del Código Penal el cual dispone:
el que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años. “
a) La acción típica aparece configurada por el verbo “matar”, es decir, privar de vida a otra persona, tanto puede realizarse la acción en sentido estricto, siendo indiferente el medio o medios empleados, (salvo que se trate de algunos de los constitutivos de asesinato anteriormente enumerados) pudiendo ser violentos o no, (disparos, puñaladas, veneno entre otros) o mediante una omisión (cuando el sujeto tenga un especifico deber de actuar, derivado de un mandato jurídico, como en el caso de un socorrista respecto a los bañistas o la madre respecto el deber de cuidado de su hijo, que obligan a este a garantizar la no producción del resultado injusto).
b) Sujeto activo y pasivo del delito
El sujeto activo del delito puede serlo cualquier persona. Tampoco plantea problemas en los supuestos de sujeto pasivo único, puede serio cualquier hombre vivo, aunque el homicidio del Rey y las demás personas que enumera el articulo 485, o el de un Jefe de Estado extranjero (articulo 605), constituyen delitos específicos. La propia muerte (suicidio) no es punible.
c) Relación de causalidad. Entre el acto del sujeto activo y el resultado debe mediar una conexión de manera que el resultado, la muerte, sea consecuencia del obrar del sujeto. Las diversas teorías existentes en torno a la base de la relación de causalidad o nexo entre la acción y el resultado se concretan en: La teoría de la equivalencia de condiciones, de la causa próxima, de la causa adecuada, de la relevancia típica, etc.
Todas ellas eran criticables y necesitaban correctivos que impidieran sus excesos.
Actualmente la teoría de mayor acomodo en nuestro Ordenamiento Jurídico se centra en la imputación objetiva que, tiene en consideración los criterios de creación o incremento del riesgo, exigiendo que el resultado sea producto del riesgo creado o incrementado por la acción realizada por el sujeto.
Esta teoría ha dado lugar a la aparición de una serie de reglas que determinan cuando un resultado es imputable objetivamente a la acción del sujeto. El Tribunal Supremo actualmente utiliza la doctrina de la imputación objetiva, en ocasiones como versión renovada de la teoría de la causalidad adecuada.
La acción por tanto, de matar a otra persona, describe el delito de homicidio; No obstante, si se utilizaren determinados medios para ejecutar la acción de matar a otra persona, (como la alevosía, precio promesa o recompensa o ensañamiento aumentando deliberadamente el dolor del ofendido, previsto en el articulo 139 y 140 del Código Penal), estaríamos en presencia de un delito de asesinato; En los supuestos donde la acción de matar se produzca sobre un, determinado sujeto pasivo, por ejemplo el Rey, estaríamos en presencia de un delito especifico denominado delito contra la corona.
De lo anterior debe deducirse que el propio Código Penal sienta en el artículo 138 una tipicidad naturalista y no estrictamente jurídica.
HOMICIDIO: PENA
La reciente (año 2015) reforma que se produce, añade un elemento novedoso hasta ese momento en nuestro sistema que es la nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad -asesinatos especialmente graves, (asesinato de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables; asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; asesinatos cometidos en el seno de una organización criminal; y asesinatos reiterados o cometidos en serie), además el homicidio del jefe del Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad- son los casos en los que según nuestro legislador está justificada una contundente respuesta a través del castigo con una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.
Se modifica así el artículo 57 del Código Penal, que pasa a tener la siguiente redacción:
1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, de cinco si fuera menos grave, o de un año si fuere leve.
También es modificado el artículo 132, que queda redactado como sigue:
1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta. En la tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento.
Y el artículo 136, que tendrá la siguiente redacción:
Para la cancelación de las condenas impuestas por los delitos previstos en este apartado, salvo que por la pena impuesta corresponda un plazo superior conforme al apartado 1 de este artículo, el plazo necesario para la cancelación sin que el penado haya vuelto a delinquir será el siguiente: a. 25 años para las penas impuestas por delitos de terrorismo, las penas de prisión permanente revisable y las impuestas por la comisión de delitos imprescriptibles. b. 20 años para las penas impuestas por los delitos de homicidio doloso y asesinato, c. 15 años para las penas impuestas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. d. 15 años para las penas impuestas por delitos contra la salud pública, cuando la pena impuesta sea igual o superior a 5 años. e. 15 años para las penas impuestas por delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos. f. 15 años para las penas impuestas por delitos cometidos por una organización criminal.
Se modifica el artículo 138, que queda redactado del siguiente modo:
1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años. 2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los siguientes casos: a) cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140, o b) cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.
El objeto material en el delito de homicidio es la persona viva. No puede pues constituir el objeto material ni un ser no
nacido ni una persona muerta.
En el primer caso estaríamos ante la figura del aborto y, en el segundo supuesto daría lugar a un delito imposible por falta de objeto, sin perjuicio de lo discutible de su admisión.
De la propia definición del homicidio, queda perfectamente reflejado el bien jurídico protegido: la vida humana independiente. Se considera que la vida es el bien más preciado del que gozamos los humanos y su tutela constitucional y penal es máxima.
La Constitución en su Titulo 1, Capitulo II, sección 1 bajo la rubrica de los derechos fundamentales y libertades públicas reconoce en su artículo 15:
todos tienen derecho a la vida y a la integridad física”.
La cuestión más importante que se plantea en torno a la determinación del bien jurídico protegido, en el delito de homicidio, está en concretar desde cuando y hasta cuando se protege la vida humana.
La determinación del momento en que comienza la protección penal, En el caso del delito de aborto la protección penal se otorga a la vida humana dependiente del feto, que no es persona sino una esperanza de persona “nasciturus” que esta destinado a nacer pero que no ha nacido todavía. En el delito de homicidio se puede concretar que el espacio jurídico cubierto lo es desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir, otorga protección a la vida humana independiente de la persona viva. Es preciso entonces definir estos dos límites.
El Código Penal de 1995 al tipificar el homicidio refiriéndose a la muerte de “otro” no resuelve las discusiones acerca del límite mínimo en el objeto del delito de homicidio. Se protege la vida humana fisiológicamente considerada, al hombre, no la persona en sentido jurídico. En el delito de homicidio el límite mínimo no se identifica con el inicio de la existencia del ser humano, que surge con su concepción, sino que hay que situado en un momento posterior que coincide con su nacimiento.
No ha sido pacífica la posición de doctrina y jurisprudencia a la hora de interpretar los textos legales en orden a la determinación del límite mínimo del objeto material en el delito de homicidio.
Existe coincidencia en afirmar que el objeto material de protección se inicia con y desde el nacimiento, las discrepancias surgen a la hora de precisar ese momento delimitador siendo variadas las posiciones acerca de cuando se ha iniciado el nacimiento.
La teoría legal considera que la protección de la vida humana comenzará en el momento del nacimiento, exigiendo para considerar nacido al feto que concurran los requisitos del artículo 30 del Código Civil es decir que tuviera figura humana y viviera 24 horas enteramente desprendido del claustro materno.
El concepto de hombre no podrá concretarse a efectos de protección penal de la vida humana independiente conforme a la regulación legal del momento del nacimiento, pues según nuestra tradición jurídica no es preciso que concurran los requisitos del artículo del Código Civil para reputar al feto nacido.
Tampoco se resuelve la confusión desde un punto de vista doctrinal, toda vez que las tesis son múltiples acerca de la determinación del límite mínimo a partir del cual deberá otorgarse protección al ser humano independiente.
En síntesis las tesis mas seguidas sitúan este momento en los dolores del parto, la expulsión total o parcial del cuerpo de la madre, cesación de respiración fetal o posibilidad de respiración pulmonar, y otros incluso con la separación del claustro materno evidenciada con el corte del cordón umbilical.
Respecto al momento en el que se determina la muerte, frente el criterio de la muerte cerebral que recogía el Real Decreto de 22 de febrero de 1980, el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos establece que el diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basará en el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de las funciones encefálicas.
Una vez producido este cese irreversible, se considera que la persona está muerta. La exigencia de vida excluye del objeto material del homicidio de cadáver, al hombre sin vida en otras palabras. La acción ejercida sobre un cadáver ron ánimo de matar constituirá un delito Imposible por falta de objeto.
El dolo supone conocimiento y voluntad de realizar el tipo penal, es decir, el sujeto activo realiza una acción dolosa cuando conoce y quiere la realización del tipo penal, en este caso, del homicidio, o bien, conforme a las teorías más modernas, es suficiente con afirmar que el sujeto conocía que realizaba una acción que generaba un peligro jurídicamente desaprobado que afecta al objeto protegido (en este caso la vida humana o bien que conoce los elementos del tipo objetivo), para concluir que el sujeto obra dolosamente.
Por tanto, comete un homicidio doloso quien quiere matar a otra persona y a ese fin ordena su acción. El elemento esencial del delito de homicidio doloso es “el animus necandi” o intención de matar, que sirve para distinguir la acción cometida del delito de lesiones, en las que el sujeto activo quiere causar daño en la salud física o mental de otro sujeto pero no causarle a muerte.
Naturalmente que la intención real del sujeto activo: matar o simplemente lesionar, pertenece a su fuero interno.
Si este niega la intención de matar, ello no significa que el Tribunal no pueda condenar por delito de homicidio, pues el órgano jurisdiccional podrá deducir el “animus necandi” con criterios objetivos externos de la acción (la existencia de amenazas o simples resentimientos entre el autor ya victima) coetáneos a la acción (medios empleados para realizar la agresión, región del cuerpo afectada por la agresión) y posteriores a la acción misma (palabras o actitud del sujeto ante el resultado producido). De estos criterios, como más demostrativos de la verdadera intención del sujeto activo, el Tribunal Supremo ha considerado: La zona del cuerpo de la victima atacada)
El arma o instrumento empleado para el ataque con idoneidad bastante para producir el resultado letal (Sentencia 14 de junio de 1998).
En la actualidad, el Tribunal Supremo estima que los supuestos de homicidio preterintecional han de ser examinados distinguiendo el acto inicial doloso y el resultado producido.
El acto inicial constituye un delito doloso de lesiones (el sujeto activo tiene intención de lesionar) y, con relación al resultado (la muerte de otra persona) debe en primer lugar establecerse el nexo de unión con el obrar del sujeto, bien mediante la aplicación de alguna de las teorías causales, bien mediante la tesis de la imputación objetiva, ya que si no puede establecerse esta imputación del resultado, el sujeto activo responderá únicamente por el acto inicial doloso (el delito o falta de lesiones).
En el caso de que quepa hacer la imputación objetiva del resultado, la responsabilidad del sujeto respecto de éste (de la muerte) será de carácter imprudente.
La muerte dará lugar entonces, a una infracción imprudente y ésta se graduará (temeraria o simple) en función de las condiciones que concurran y conforme a los criterios generales seguidos en orden a la graduación de las imprudencias.
El homicidio que era un delito regular como siempre desde la reforma del código penal de 1995, en el artículo 138 del Código Penal no tenía más aditamentos, no tenía circunstancias de agravación ni tenía posibilidad de que se aumentase la pena como consecuencia de la concurrencia de otras particularidades o circunstancias en la muerte causada a otra persona y es en la reforma que estamos tratando de 2015 cuando se establece la posibilidad de que se agrave el delito de homicidio cuando de la conducta de causar la muerte a otra persona en ese sentido tenemos que se puede agravar de dos maneras se puede producir esa agravación una primera como consecuencia de la concurrencia de la circunstancia de la artículo 140 del Código Penal que son comunes al asesinato y por otra parte se puede agravar el delito de homicidio también el artículo 138 cuando se produce o se causa la muerte a una persona que es un funcionario público o que esa muerte también constituye un delito de atentado
Ha sido modificado en el sentido de que se han ampliado las personas respecto de las cuales se puede cometer la agresión no se puede cometer el acometimiento se puede realizar la convencimiento y esa persona lo puede ser el personal docente y el personal sanitario incluso se ha incluido a personas como los vigilantes de seguridad y bomberos u otras personas que se necesite su función.
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He encontrado este video en Youtube donde lo explica muy bien:

References: artículo 138
 artículo 138
 artículo 57
 artículo 48
 artículo 132
 artículo 136
 artículo 138
 artículo 140
 artículo 550
 artículo 15
 artículo 30
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 138
 artículo 140
 artículo 138