Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-2285-2003-20-04-2006-53951
Timestamp: 2018-10-22 17:02:08+00:00

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Resolución de TEAC, 00/2285/2003, 20-04-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2285/2003 de 20 de Abril de 2006
Núm. Resolución: 00/2285/2003
Existe simulación en el proceso de contratación y formación de precios en la venta de acciones de una sociedad de inversión mobiliaria, que generaron las pérdidas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. En cuanto a la sanción, tras la aprobación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 43/1995) y la modificación del régimen de transparencia fiscal no cabe apreciar en las entidades transparentes a la vez la infracción del artículo 79.a) y la infracción del artículo 79.d) de la LGT (Ley 230/1963) en la redacción dada por la Ley 25/1995).
En la Villa de Madrid, a 20 de abril de 2006 en las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico Administrativo Central, promovidas por la Sociedad X, S.A., y en su nombre y representación D.ª C, con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra dos resoluciones desestimatorias de recurso de reposición, de 22 de mayo de 2003 y de 14 de enero de 2004, dictados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, relativos al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1998 y acuerdo sancionador, importe 33.125,64 € y 49.093,87 €, respectivamente.
PRIMERO: Con fecha 25 de marzo de 2003, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude incoó a la entidad reclamante, acta A02 (de disconformidad), número ..., por el concepto y periodo de referencia; en la misma, el actuario hizo constar, en síntesis, lo siguiente: 1º) La fecha de inicio de las actuaciones inspectoras fue el día 13/11/01 y a los efectos del plazo máximo de doce meses de duración de las actuaciones establecido en el artículo 29 de la Ley 1/1998, del tiempo total transcurrido hasta la fecha del acta no se deben computar 169 días por dilaciones imputables al sujeto pasivo; 2º) En el curso de las actuaciones se han extendido diversas diligencias que se citan en el acta; 3º) La entidad presentó declaración por el IS -régimen general, empresas de reducida dimensión- declarando una base imponible negativa de -2.532.416 pesetas (-15.220,13 €). Solicita devolución por importe de 229.019 pesetas (1.376,43 €), cantidad que ha sido devuelta el 11/08/1999; 4º) Figura en el acta las partidas que integran el activo y pasivo de la entidad y detalle de las principales cuentas. La partida de 9.191.228 pesetas (55.240,39 €) que figura en la cuenta de Inversiones Financieras Temporales corresponde al valor de adquisición de 10.500 acciones de Y, SA SIM. También consta en el acta detalle de la cuenta de explotación. No tiene gastos de personal; 5º) La entidad consignó en su declaración pérdidas derivadas de la venta de las acciones de Y, SA SIM (sociedad de inversión mobiliaria de capital fijo). Hasta diciembre de 1998 más del 92% del capital social de Y pertenece directa o indirectamente al matrimonio formado por D. A y D.ª B, sus ... hijos y cónyuges y sus nietos. A partir de diciembre de 1998 el porcentaje de acciones en manos del grupo familiar supera el 99%, situación que se mantiene en 1999.
Las 10.500 acciones de Y fueron vendidas el ... de 1998 al cambio de 610 pesetas por acción. Estas acciones fueron vendidas en la Bolsa de E mediante el mecanismo de aplicaciones a la sociedad Z, SA (sociedad que es propiedad de los ... hermanos AB y de su madre que es administradora única y consejera delegada). En la fecha de la venta la entidad no presenta problemas de tesorería.
En ... de 1998, en la Bolsa de D, las acciones de Y, cuya última cotización el ... de 1996 fue de 800 pesetas, comienzan a negociarse el día ... de dicho mes de ... a la misma cotización, de forma que se negociaron 1200 acciones a una cotización fija de 800 pesetas por acción en operaciones realizadas todas por "aplicaciones de títulos". En 1998 las acciones de Y cotizaban en la Bolsa de E y en la Bolsa de D de forma que coexisten operaciones en E a 610 pesetas y en D a 800 pesetas. La entidad decide venderlas al precio de 610 pesetas por acción, cuando la cotización en esos días alcanzaba las 800 pesetas y cuando suponía venderlas por debajo del valor de adquisición y de su valor teórico.
Figura detalle mensual de los valores teóricos de las acciones de Y en 1998, siendo el valor teórico de las acciones de Y a ... de 1998, ..., valor comunicado a la CNMV y, por tanto, público, de 3.354 pesetas por acción.
6º) Los accionistas de X, S.A. son Z, S.A. con un 97% y Don A con un 3%. Tiene el mismo domicilio social que la entidad compradora de las acciones, Z, S.A.
7º) De las actuaciones practicadas y demás antecedentes procede incrementar la base imponible declarada en 25.147.500 pesetas (151.139,52 €) tal y como se especifica en el acta y en el informe. El incremento propuesto responde al cómputo como mayor valor de venta de las acciones de Y, SA SIM -diferencia entre el valor teórico o liquidativo y el de cotización- de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 28.2 y 118.2 de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, artículos 15.2, 15.3 y 16.3 a) de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y el artículo 10.1 del Reglamento de las Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre.
8º) Asimismo, para el ejercicio 1998, X, S.A., está sometida al Régimen de Transparencia Fiscal previsto en el artículo 75 de la Ley 43/1995, más de la mitad de su activo está constituido por valores durante 8 meses y medio de 1998 y, además, durante dicho ejercicio más del 50% de su activo no está afecto al desarrollo de actividades empresariales, perteneciendo más del 50% de su capital a un grupo familiar y a un sólo socio.
La deuda tributaria propuesta ascendió a 33.125,64 € integrada por 27.183,88 € de cuota y 5.941,76 € de intereses de demora.
SEGUNDO: En el preceptivo informe ampliatorio al acta el Inspector actuario manifiesta lo siguiente:
1º) Los accionistas de X, S.A., son la entidad Z, S.A. con un 97% y Don A con un 3%.
El domicilio social de la sociedad está en ... Este domicilio es el mismo que corresponde a la entidad Z, S.A., entidad donde D.ª C (administradora única de X, S.A.) trabajó durante 1997 y 1998 en el Departamento de Administración.
2º) La entidad a 1 de enero de 1998 tiene en su activo 10.500 acciones de Y, SA SIM (figuran como inversiones financieras temporales).
El ... de 1998 fueron vendidas las 10.500 acciones al cambio de 610 pesetas por acción a la entidad Z, S.A. (el capital social pertenece a D.ª B que tiene un 4% y los ... hijos un ...% cada uno). En esa fecha la entidad no presenta problemas de tesorería.
En relación con esta transmisión, la entidad en escrito de fecha ... de 1998, firmado por D.ª C ordena la venta de 10.500 acciones de Y, SA SIM al cambio de 610 pesetas por acción. Las ordenes de venta se remitían a la entidad S, ... (domicilio social de Y). Señalar, que el precio estaba fijado el ... de 1998 puesto que ya figuraba en el modelo de la orden de venta que S gestora de Y le envía en esa fecha.
Las acciones se venden a través de la Bolsa de E mediante el sistema de "aplicaciones" y como consecuencia de esta venta la entidad contabiliza pérdidas.
Es de destacar, que durante los días ... de 1998 se negociaron 1200 acciones de Y en la Bolsa de D a una cotización fija de 800 pesetas por acción. Todas fueron realizadas por "aplicaciones de títulos" -son aquellas realizadas por miembros de la Bolsa en quienes concurran ordenes de signo contrario del un mismo valor-.
4º) Z, S.A., entidad compradora de las acciones, es propiedad de los ... hermanos AB que poseen un ...% cada uno y de su madre D.ª B, propietaria del 4% restante, la cual ejerce los cargos de administradora única y consejera delegada.
5º) Y es una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo, sus acciones están admitidas a cotización en la Bolsa de D y de E. La gestión, administración y representación se encomienda a la sociedad gestora S. El domicilio social de Y, sito en la calle ..., es el mismo que la propietaria de su Gestora.
A 31 de diciembre de 1997 el 92,7% del capital de Y (400 millones de pesetas) era propiedad, directa o indirecta, de un grupo familiar. Hasta diciembre de 1998 más del 92% del capital social pertenece, directa o indirectamente a través de empresas vinculadas, al matrimonio formado por D. A y D.ª B, sus ... hijos y cónyuges y sus nietos. A partir de diciembre de 1998 el porcentaje de acciones en manos del grupo familiar supera el 99% por lo que de las 400.000 acciones de Y, el grupo familiar es propietario de 399.000 acciones. Esta situación se mantiene en 1999.
La participación en Y del grupo familiar a esa fecha era la siguiente:
1. Don A posee 23,73 %.
2. Los ... hijos del matrimonio formado por D. A y D.ª B, a saber, ... junto con sus cónyuges y sus hijos, poseen un 42,1%.
3. La sociedad R, S.A. posee el 4,97%.
R, S.A. es una sociedad transparente propiedad de D.ª B, que tiene un 10%, y los ... hijos, los cuales tienen un ...% cada uno.
4. La sociedad Z, S.A. posee el 1,85%.
Z, S.A. es una sociedad no transparente de la que son socios las mismas personas antes indicadas en proporción muy parecida: la madre tiene un 4% y los ... hijos un ...% cada uno.
5. La FUNDACIÓN O posee el 12,77%.
Se trata de una Fundación de la que son patronos personas integrantes del grupo familiar.
6. La sociedad P posee el 1,85%.
P pertenece a D.ª B, a su hija ... y al marido e hijos de ésta.
7. La sociedad Q, S.L. posee el 2,75%.
Esta sociedad está administrada por D. ...AB.
8. X, S.A. posee el 2,625%.
Esta es una sociedad transparente de la que son socios Z, S.A. con un 97% y Don ...AB con un 3%.
Las entidades transmitentes de las acciones de Y en las operaciones comprobadas por la Inspección son R, S.A., X, S.A. y la FUNDACIÓN O.
Los adquirentes de las acciones de Y en estas operaciones son personas físicas del citado grupo familiar y la entidad Z, S.A.
6º) En el informe, con la información facilitada a requerimiento de la Inspección por Y y las Sociedades Rectoras de las Bolsas de D y E, se realiza un análisis detallado de las operaciones efectuadas durante el periodo 1995 a 1999 en ambas Bolsas efectuando una descripción pormenorizada de las operaciones relativas a los ejercicios 1997 y 1998.
En definitiva, puede deducirse que la negociación bursátil de los títulos de Y se ha realizado atendiendo a un esquema predeterminado:
- Las operaciones que se realizan en la Bolsa de D permiten formalizar operaciones a un precio de cotización convenido y superior al existente en la Bolsa de E de forma que a través de la Bolsa de D se recompran las acciones que transitoriamente han quedado fuera del control del grupo familiar.
- En la Bolsa de E, a través de 126 operaciones en las que circulan un total de 500 títulos, que no suponen ningún cambio relevante en la titularidad real de las participaciones ni de los accionistas, formalmente se da apariencia de cumplir con el requisito de frecuencia de cotización, y se mantiene una cotización fija de 610 pesetas por titulo, cotización que permite que en dicha Bolsa se realicen a ese precio todas las operaciones entre los miembros y entidades del grupo familiar.
TERCERO: Una vez efectuadas alegaciones por el interesado, el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la ONIF dictó, con fecha 25 de abril de 2003, acuerdo de liquidación tributaria, confirmando íntegramente la propuesta contenida en el acta. Dicho acuerdo fue notificado al interesado el 28 de abril de 2003.
CUARTO: Disconforme con la liquidación anterior, el hoy recurrente, interpuso recurso de reposición. Dicho recurso lo interpuso, el 14 de mayo de 2003 mediante escrito presentado en el registro de la ONIF de la AEAT.
Con fecha 22 de mayo de 2003, el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la ONIF acuerda, desestimar el recurso de reposición ratificando en todos sus extremos el acuerdo de liquidación. Se notifica el 23 de mayo de 2003.
QUINTO: Contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición, la interesada interpone, el 6 de junio de 2003, reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, donde se le asigna el número de registro 2285-03. En dicha reclamación se solicitaba la admisión de la misma y la puesta de manifiesto del expediente para la formulación de alegaciones.
SEXTO: En cuanto al expediente sancionador, con fecha 14 de julio de 2003, se inicia expediente sancionador por infracción tributaria grave -ejercicio 1998-, tramitación abreviada, previa autorización, el 3 de febrero de 2003, del Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la ONIF para la correspondiente instrucción del mismo. En él el instructor efectúa una propuesta de sanción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79 a), d) y e) de la LGT, no apreciándose la concurrencia de ninguna de las causas de exclusión de responsabilidad previstas en el artículo 77.4 de la LGT. Por otra parte se considera que concurre la circunstancia agravante prevista en el artículo 82.1 d) de la LGT. Por todo ello, propone la aplicación de un porcentaje de sanción del 75% (50% de sanción mínima, artículo 87.1 LGT más 25% por ocultación, artículo 82.1 d) LGT) sobre las cantidades dejadas de ingresar, del 10% (artículo 88.1 primer párrafo, LGT) sobre los importes acreditados improcedentemente y del 20% (artículo 88. 2 a) LGT) sobre las cantidades a imputar a los socios. En virtud de todo ello, la propuesta de sanción asciende a un importe total de 49.093,83 euros. La propuesta se notifica a la entidad el 16 de julio de 2003, comunicándole, al mismo tiempo, la posibilidad de presentar alegaciones. El Inspector Adjunto al Jefe de ONIF dictó, con fecha 5 de diciembre de 2003, acuerdo de imposición de sanción por infracción tributaria grave, confirmando la propuesta del instructor. Se notifica el 12 de enero de 2003.
SÉPTIMO: Disconforme con el acuerdo sancionador anterior, el 29 de diciembre de 2003, interpuso recurso de reposición mediante escrito presentado en el registro de la ONIF de la AEAT.
Con fecha 14 de enero de 2004, el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la ONIF acuerda, desestimar el recurso de reposición ratificando en todos sus extremos el acuerdo sancionador. Se notifica el 14 de enero de 2004.
OCTAVO: Contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición, la interesada interpone, el 28 de enero de 2004, reclamación económico administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, donde se le asigna el número de registro 525-04. En dicha reclamación se solicitaba la admisión de la misma y la puesta de manifiesto del expediente para la formulación de alegaciones.
NOVENO: El trámite de alegaciones fue cumplimentado mediante escritos presentados el 6 de noviembre de 2003 y el 26 de abril de 2004 en los que, en síntesis, manifestaba lo siguiente: 1º) Y es una Sociedad de Inversión Mobiliaria de capital fijo constituida e inscrita en los Registros oficiales al amparo de la Ley 46/1984 reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, y en los ejercicios objeto de comprobación sus acciones están admitidas a cotización oficial en Bolsa; 2º) No es posible aplicar el régimen de las operaciones a título lucrativo del artículo 15.3 de la LIS a compraventas bursátiles de acciones cotizadas. Considera que existiendo un precio de cotización aunque sea inferior al de mercado el artículo 15.3 de la LIS no es aplicable. La Inspección no puede desconocer el precio de cotización oficial en Bolsa confirmado por el propio Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, tratándose de acciones admitidas a cotización oficial en Bolsa, el precio de mercado es el precio de cotización; 3º) Las operaciones contempladas constituyen compraventas bursátiles, al precio de cotización, de acciones negociadas en Bolsa. No existe simulación alguna ni se trata de donaciones ni de negocios con título traslativo mixto. Añade que la única finalidad de las operaciones cuestionadas era la de concentrar en Z, S.A., sociedad que tenía tesorería, todas las acciones de Y; 4º) La Inspección no es competente para revisar el cumplimiento de los requisitos bursátiles y debe aceptar que se trata de acciones cotizadas y el precio de cotización como precio efectivo; 5º) En cuanto al expediente sancionador (RG 525-04), alega en primer lugar la improcedencia de los actos administrativos de sanción como consecuencia de la improcedencia de los actos de liquidación. Hace referencia a que la Administración Tributaria en un caso idéntico al planteado aquí dejó sin efecto la propuesta de liquidación, siendo esto así, no cabe apreciar infracción tributaria en un sujeto pasivo cuya conducta fue idéntica a la dictaminada; 6º) Ausencia de culpabilidad en la entidad sancionada; presenta declaraciones completas y veraces, sin ocultar datos o información a la Administración y haciendo una interpretación razonable de la norma.
Con fecha 27 de julio de 2004 y 23 de diciembre de 2005, posterior al trámite de alegaciones, presenta nuevos escritos aportando documentación relativa al expediente.
DECIMO: Que, dada audiencia a la interesada con fecha 26 de abril de 2005, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, respecto a la aplicación, en su caso, de la nueva normativa de infracciones y sanciones regulada en la Ley 58/2003, se ratifica en sus anteriores alegaciones ante este Tribunal.
PRIMERO: Concurren en el presente expediente los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto para la admisión a trámite de las presentes Reclamaciones Económico-Administrativas, que se resuelven de forma conjunta, en las que se plantean las siguientes cuestiones: 1º) Si los incrementos de las bases imponibles por la venta de las acciones de Y, SA SIM son conformes a Derecho y; 2º) Si concurren o no los requisitos necesarios para considerar que los hechos controvertidos constituyen infracción tributaria grave.
SEGUNDO: Por lo que se refiere a la primera cuestión planteada, relativa a la procedencia o no de la regularización practicada en relación con la venta de las acciones de Y, SA SIM, hay que señalar que la interesada contabilizó y dedujo en su declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1998 pérdidas derivadas de la venta de las acciones de Y. Las operaciones las ha declarado como una transmisión onerosa de acciones cotizadas.
La Inspección considera que, en el presente caso, dadas las especiales circunstancias de las operaciones puestas de manifiesto en el expediente tanto respecto a la estructura accionarial de Y como al proceso de contratación y formación de precios previa a la transmisión de las acciones, estamos en presencia de un negocio jurídico simulado, entiende que en base a lo preceptuado en el artículo 118.2 de la LGT ha quedado probada la existencia de simulación. Por su parte la entidad reclamante niega la existencia de un negocio jurídico simulado tal y como sostiene la Administración.
Tal y como ya se ha señalado, las operaciones se presentan como una transmisión de valores pertenecientes al capital de una sociedad que cotiza en el mercado bursátil, concretamente, en la Bolsa de D y de E.
El artículo 49 del Reglamento de las Bolsas Oficiales de Comercio, de 30 de junio de 1967 (redacción según el Real Decreto de 13 de julio de 1981) establece las causas y procedimiento para que un valor incluido en cotización oficial sea suspendido de cotización por la Junta Sindical correspondiente; dichas causas se refieren a una frecuencia de cotización o volumen de contratación inferiores a los umbrales que allí se determinan. Pues bien, en el presente caso, estos umbrales, según el pormenorizado informe del actuario, no se alcanzaron. Los índices de frecuencia han sido prácticamente nulos en las dos Bolsas en las que cotiza Y, D y E. En la Bolsa de D el requisito de frecuencia ha sido incumplido de forma continuada, así, en 1996 la última operación se produce el 13 de agosto, durante el ejercicio 1997 no tiene lugar ni una sola transacción, en 1998 se producen tan solo 7 transacciones y durante todo el ejercicio 1999 no se vuelve a producir ninguna otra operación. En la Bolsa de E, ha existido una aparente contratación, si bien, únicamente como consecuencia de operaciones circulares efectuadas siempre por las mismas entidades y personas (todas relacionadas con el grupo dominante), a un precio fijo de 650 pesetas, en las que se mueven 500 acciones, cuyo resultado no supone ningún cambio en la titularidad real de las mismas y que carecen de racionalidad económica ya que todas generan pérdidas para las sociedades intervinientes.
Frente a lo que constituye el funcionamiento habitual de una Bolsa Oficial de Valores, pluridad de posiciones de oferta y demanda, difusión de los bienes objeto de negociación y valores de cotización derivados de la libre oferta y demanda, nos encontramos con un mercado potencial de 400.000 títulos caracterizado por: a) control de los valores de cotización por el grupo familiar propietario de un mínimo del 92% de las acciones. Tal y como señala el artículo 147 del Reglamento de Bolsa se exige a los efectos de fijar precio la existencia de una posición con un mínimo de cien títulos circunstancia que sólo se aprecia en los ejercicios objeto de comprobación en los componentes del citado grupo familiar; b) más del 95% de las operaciones se han realizado por el mecanismo de "aplicaciones", utilizado cuando las posiciones compradoras o vendedoras vienen representadas por el mismo miembro del Mercado. Señalar que las ordenes de compra y sus respectivas ordenes de venta le llegan a dicho intermediario no sólo previamente casadas sino que en muchas ocasiones prefijados todos los elementos, con lo que su intermediación se limita a formalizarlas en el corro correspondiente y; c) en todas y cada una de las operaciones con títulos de Y los compradores y vendedores están relacionados unos con otros.
En definitiva, existe una ausencia de compradores y vendedores ajenos a la estructura del grupo dominante, escasa contratación (el número de compradores y vendedores durante 2 años en dos Bolsas es de 18 de los que la capacidad de decisión de 10 de ellos pertenece al mismo grupo familiar); queda demostrado en el informe que en la Bolsa de E se han realizado todas las operaciones entre las personas o entidades integrantes del grupo familiar dominante en los niveles deseados y predeterminados por las partes manteniendo una cotización fija de 610 pesetas por título y en la Bolsa de D durante el ejercicio 1997 no tiene lugar ni una sola transacción y en 1998 se producen tan solo ... transacciones.
TERCERO: Se deduce de lo anterior que las transacciones determinantes de la cotización bursátil no respondieron al libre juego de la oferta y la demanda, propio de un mercado organizado y en cuyo mecanismo confía la Ley para determinar el valor de enajenación de las participaciones sociales, sino que, en este caso, aquéllas obedecieron a la voluntad de los titulares de las acciones de generar un precio conveniente a sus intereses. Que ello es así puede probarse mediante el artículo 118.2 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963 (artículo 108 de la actual Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), aplicable en este caso por razones temporales: "Para que las presunciones no establecidas por la Ley sean admisibles como medio de prueba es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano". En efecto, en este caso existen unos hechos demostrados: Así, las transacciones se realizaron siempre dentro del mismo grupo familiar, mediante aplicación, por un precio invariablemente igual (siempre a 3,91 € (650 ptas)) y muy inferior a los valores liquidativos de los títulos (según la información facilitada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Y, evolucionaron de forma positiva a lo largo del periodo examinado, 2426 pesetas por acción a ... de 1997 y ... a 30 de junio de 1998), por un número mínimo (100 acciones) y determinaron una situación patrimonial en los intervinientes igual o casi igual a la de partida (operaciones circulares), teniendo dicho precio repercusión favorable en la declaración tributaria de la reclamante. De estos hechos se concluye de manera indubitable que la razón de ser de las transacciones no fue transmitir la propiedad de los títulos, sino otra distinta, para cuya determinación dichas reglas del criterio humano obligan a buscar en qué convenía a los intervinientes realizar unas transacciones que de otro modo serían inexplicables. El beneficio era de índole tributaria, según acabamos de apuntar y de ahí que haya de entenderse probada la simulación absoluta: la discutida compraventa fue negocio jurídico simulado con la intención de generar una cotización bursátil conveniente para los miembros de dicho grupo familiar. La simulación consiste, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1996, en "un vicio de la declaración de voluntad de los negocios jurídicos por el cual ambas partes, de común acuerdo, y con el fin de obtener un resultado frente a terceros, que puede ser lícito o ilícito, dan a entender una manifestación de voluntad distinta de su interno querer". Ahora bien, la citada Ley General Tributaria (redacción según la Ley 25/1995) decía en su artículo 25 que "En los actos en los que se produzca la existencia de simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados", lo que nos lleva a buscar lo que efectiva o verdaderamente realizaron las partes para, a la vista de ello, gravar el hecho imponible. En este caso ya hemos dicho que las partes simularon repetidas transacciones con la finalidad de determinar una cotización y de ahí que ésta, al ser fruto de negocios jurídicos simulados, no haya de tenerse en cuenta. Pues bien, la ausencia de un mercado real y la consiguiente posibilidad de formar el precio en ausencia de terceros independientes, permitieron al transmitente la transferencia de la titularidad de las acciones de Y, SA SIM a un valor sustancialmente inferior a su valor real, en claro beneficio del adquirente, que incorporó a su patrimonio un elemento patrimonial sin verse obligado a satisfacer por ello la correspondiente contraprestación El transmitente enajenó por precio considerablemente inferior al valor real y el adquirente se benefició de dicha circunstancia; y no sin más por azar como consecuencia de la ausencia de mercado real, sino porque precisamente ese es el resultado que se quiso conseguir por las partes intervinientes a la vista de las circunstancias de mercado existentes, que además fueron creadas por ellos. Tal y como señala la Inspección, en ausencia de otra explicación económica razonable y con independencia de los motivos últimos que hubieran podido decidir la realización de la operación de transmisión de acciones, cabe concluir que en ella se aprecia en el transmitente un ánimo de transmitir a un precio inferior al real, renunciando deliberadamente a la contraprestación y favoreciendo al adquirente que conscientemente abona un precio considerablemente ventajoso para él, lo que constituye la causa típica de los negocios jurídicos que dan lugar a una transmisión lucrativa.
CUARTO: Sentado lo anterior, se plantea la valoración de las acciones. El artículo 15 de la Ley 43/1995 en su apartado 2 establece: "2. Se valorarán por su valor normal de mercado los siguientes elementos patrimoniales: a) Los transmitidos o adquiridos a título lucrativo. (...)
Se entenderá por valor normal del mercado el que hubiera sido acordado en condiciones normales de mercado entre partes independientes. Para determinar dicho valor se aplicarán los métodos previstos en el artículo 16.3 de esta Ley. 3. En los supuestos previstos en las letras a), b), c) y d), la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos transmitidos y su valor contable. (...)".
Pues bien, este Tribunal estima conforme a derecho la valoración efectuada por la Inspección al considerar que el valor adoptado, el valor liquidativo, valor calculado en función del valor patrimonial de la sociedad participada derivado de su contabilidad, esto es, el que se desprende del balance de la participada al cierre de su ejercicio económico debidamente formulado por los administradores de acuerdo con lo dispuesto en las normas mercantiles, es fiel reflejo del valor normal de mercado de la entidad preceptuado por el reseñado artículo 15.2. Por otra parte, y aunque no sea de aplicación al presente, sí es significativo que la Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su artículo 48, en lo referente a los valores no admitidos a cotización, ordena tomar como valor de transmisión en tal caso el mayor de entre los dos que se citan, siendo uno de ellos el teórico resultante del último balance aprobado; y el artículo 16. Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, referente a las acciones o participaciones en el capital social de sociedades de inversión mobiliaria o fondos de inversión que no coticen en mercados organizados, ordena computarlas "por el valor liquidativo de dichas participaciones en la fecha de devengo del impuesto, valorando los activos incluidos en el balance de acuerdo con las normas que se recogen en su legislación específica y siendo deducibles las obligaciones para con terceros". Por todo ello, procede confirmar las regularizaciones practicadas.
QUINTO: En el ejercicio 1998, X, S.A., está sometida al Régimen de Transparencia Fiscal previsto en el artículo 75 de la Ley 43/1995 ya que más de la mitad de su activo está constituido por valores durante 8 meses y medio de 1998 y, además, durante dicho ejercicio más del 50% de su activo no está afecto al desarrollo de actividades empresariales, perteneciendo más del 50% de su capital a un grupo familiar y a un sólo socio.
SEXTO: Finalmente se plantea la cuestión relativa a determinar si es o no conforme a Derecho la sanción impuesta por infracción tributaria grave (expediente sancionador RG 525-04). El artículo 77 de la Ley General Tributaria, según la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, dispone en su apartado 1 que: "son infracciones tributarias, las acciones y omisiones tipificadas y sancionadas en las Leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso a título de simple negligencia", señalando el artículo 79 que constituyen infracciones graves las siguientes conductas: "a) Dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda tributaria, (...). d) Determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos de impuesto, a deducir o compensar en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros".
En el presente supuesto, la entidad reclamante presentó declaración por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1998, consignando una base imponible negativa de -2.532.416 pesetas (15.220,13 €), resultando de las actuaciones practicadas una cuota a ingresar de 33.125,64 euros, concurriendo así el elemento objetivo de la infracción tributaria del citado artículo 79 a) y d) de la LGT.
La Inspección también ha considerado aplicable el artículo 79 e) de la Ley General Tributaria, en la redacción dada a la misma por la Ley 25/1995: determinar bases imponibles o declarar cantidades a imputar a los socios, por las entidades sometidas al régimen de Transparencia Fiscal que no se correspondan con la realidad. Sin embargo, tras la aprobación de la Ley 43/95 se produce una importante modificación en el régimen de transparencia fiscal: las sociedades transparentes son sometidas a tributación, primero a un tipo cero que fue incrementándose gradualmente hasta llegar al tipo general. Surge, por tanto, una nueva obligación para las sociedades transparentes consistente en el ingreso de la cuota devengada por el IS por la totalidad de su base imponible, haya sido o no imputada a los socios (artículo 75.5 Ley 43/1995). Con este cambio normativo, las sociedades transparentes también podían incurrir directamente en la conducta de dejar de ingresar (artículo 79 a) LGT).
En consecuencia, cuando el sujeto pasivo del IS haya incumplido la obligación de ingresar la deuda tributaria devengada al haber declarado una base imponible que no se corresponde con la realidad y que se integrará, por estar sometido al régimen de transparencia fiscal, en la declaración del Impuesto que grave la renta de los socios, esta conducta será calificada como infracción tributaria grave tipificada en la letra a) del artículo 79 de la LGT y será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la misma Ley.
Es evidente que cuando proceda aplicar la infracción del artículo 79 a) - por haber dejado de ingresar- o por el artículo 79 e) -por la falta de imputación a los socios de esas rentas-, no es posible la aplicación de ambas infracciones, en aplicación del principio "nom bis in idem" vigente en materia sancionadora.
En este caso, X, S.A., presentó declaración por el IS del ejercicio 1998 con base imponible negativa resultando de las actuaciones practicadas una cuota a ingresar, procediendo aplicar la infracción prevista en el artículo 79 a) de la LGT y, por tanto, no procede la aplicación del artículo 79 e) de la LGT que dio lugar a una sanción del 20% (artículo 88.2 a)) en virtud del principio "nom bis in idem".
SÉPTIMO: En cuanto a la calificación de la conducta del obligado tributario en relación con los hechos que se regularizan en la liquidación impugnada debe tenerse en cuenta, que la reclamante realizó una transmisión de acciones a un precio notoriamente inferior a su valor real, como se indica en el acuerdo sancionador y se explica en el Informe ampliatorio; que del conjunto de hechos probados por la inspección (estructura accionarial, valor real de los activos de la compañía, frecuencia en la cotización, identificación de las partes intervinientes en la contratación de los valores en los respectivos periodos, identificación y relación entre las partes intervinientes en las transmisiones), se deduce como conclusión razonable, que el transmitente, que pertenece al grupo dominante de la sociedad Y, SA SIM, transmite sus valores, a otras personas o entidades que también pertenecen al mismo grupo, a sabiendas de que lo hace a un precio considerablemente inferior a su valor real, precio que es aceptado por el adquirente mediante una actuación concertada con aquel y todo ello en base a una situación de apariencia de mercado creada por el grupo al que pertenecen tanto al transmitente como el adquirente.
Pues bien, tal y como ha quedado reseñado, este Tribunal ha considerado la existencia de simulación en la transacción efectuada y que, según se ha razonado, estaba dirigida a la obtención de un beneficio de índole tributario del que en este caso participa la reclamante y que consiste en aparentar un valor de enajenación muy inferior al verdadero valor de los títulos vendidos. Esta conducta, descrita en el expediente sancionador, constituye una infracción grave sancionable en virtud del artículo 79 a) y d) de la Ley General Tributaria, en la redacción dada a la misma por la Ley 25/1995: dejar de ingresar la totalidad o parte de la deuda tributaria y acreditar improcedentemente partidas negativas a compensar en la base de declaraciones futuras, sin que este Tribunal estime la concurrencia de causa de exculpación alguna, dado el carácter simulado de las transacciones repetidamente aludidas efectuadas con unas precisas finalidades.
En consecuencia, se califica el expediente como infracción tributaria grave, y se impone la siguiente sanción: 75% (50% de sanción mínima, artículo 87.1 LGT más 25% por ocultación, artículo 82.1 d)), 10% (artículo 88.1 primer párrafo).
OCTAVO: No obstante lo anterior debe tenerse en cuenta que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, ha venido a establecer una importante reforma del régimen sancionador en materia tributaria, tanto en lo que afecta a la cuantía de las sanciones como a sus critede graduación, respecto al configurado en la normativa anterior, en la que se baso el acto sancionador de que se trata. Así, la Disposición Transitoria 4ª establece: "Esta ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. 2. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizara por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recurprevia audiencia del interesado".
Que, el artículo 191.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, establece: "3. La infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación. (.....). La sanción por infracción grave consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 al 100 por ciento y se graduará incrementando el porcentaje mínimo conforme a los criterios de comisión repetida de infracciones tributarias y de perjuicio económico para la Hacienda Pública, con los incrementos porcentuales previstos para cada caso en los párrafos a) y b) del apartado 1 del artículo 187 de esta ley"; y el apartado b) del artículo 187 dispone que cuando el perjuicio económico sea superior al 75%, el incremento será de 25 p.p.
Por otro lado también sería aplicable una sanción del 15% sobre la parte de base imponible negativa indebidamente acreditada (artículo 195.1 y 2).
De acuerdo y en aplicación de los preceptos expuestos, y a la vista de los antecedentes de hecho y circunstancias de agravación con relevancia en la nueva normativa, que en su día se tuvieron en cuenta por la Inspecón para graduar la sanción en el expediente de que se trata, la sanción que con arreglo a la nueva normativa correspondería, a juicio de este Tribunal, aplicar a la infracción cometida por la entidad recurrente, si resultase de aplicación la Ley 58/2003, es la del 75% y la del 15% prevista, para el tipo de infracción tributaria grave, en los artículos 191.3 y 195.1 y 2 de la Ley General Tributaria según su nueva redacción. En resumen, en el presente caso, no resulta de aplicación retroactiva la normativa sancionadora contenida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por no ser mas favorable que la contenida en Ley 25/1995.
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en las presentes reclamaciones, en única instancia, ACUERDA: 1º) Desestimar la reclamación RG 2285-03 confirmando la liquidación impugnada y; 2º) Estimar en parte la reclamación RG 525-04, debiendo el órgano gestor dictar un nuevo acuerdo de imposición de sanción en el que se tenga en cuenta lo dispuesto en los Fundamentos Sexto y Séptimo de la presente reclamación.
Sentencia Civil Nº 190/2015, AP - Asturias, Sec. 4, Rec 229/2015, 08-07-2015
Orden: Civil Fecha: 08/07/2015 Tribunal: Ap - Asturias Ponente: Zamora Perez, Maria Nuria Num. Sentencia: 190/2015 Num. Recurso: 229/2015
Sentencia Civil Nº 296/2016, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 299/2016, 20-06-2016
Orden: Civil Fecha: 20/06/2016 Tribunal: Ap - Salamanca Ponente: Garcia Perez, Juan Jacinto Num. Sentencia: 296/2016 Num. Recurso: 299/2016
Sentencia Civil Nº 318/2015, AP - Asturias, Sec. 4, Rec 306/2015, 23-11-2015
Orden: Civil Fecha: 23/11/2015 Tribunal: Ap - Asturias Ponente: Zamora Perez, Maria Nuria Num. Sentencia: 318/2015 Num. Recurso: 306/2015
Sentencia Civil Nº 334/2015, AP - Asturias, Sec. 4, Rec 403/2015, 02-12-2015
Orden: Civil Fecha: 02/12/2015 Tribunal: Ap - Asturias Ponente: Zamora Perez, Maria Nuria Num. Sentencia: 334/2015 Num. Recurso: 403/2015
Sentencia Civil Nº 299/2016, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 414/2016, 19-06-2016
Orden: Civil Fecha: 19/06/2016 Tribunal: Ap - Salamanca Ponente: Garcia Perez, Juan Jacinto Num. Sentencia: 299/2016 Num. Recurso: 414/2016
Resolución de TEAC, 00/1607/2004, 15-02-2007
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 15/02/2007 Núm. Resolución: 00/1607/2004
Resolución de TEAC, 00/214/2005, 13-07-2006
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 13/07/2006 Núm. Resolución: 00/214/2005
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 31.894, 29-01-2015
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De Gipuzkoa Fecha: 29/01/2015
Resolución de TEAC, 00/929/2001, 06-06-2003
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 06/06/2003 Núm. Resolución: 00/929/2001

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 Real Decreto 
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 artículo 82
 artículo 87
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