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Timestamp: 2020-05-29 06:24:33+00:00

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26 March 2020 | Insights
RESUMEN DE LAS MEDIDAS FINANCIERAS PUBLICADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA CON MOTIVO DEL COVID -19
1. Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (RDL 7/2020).
Todas las empresas y trabajadores autónomos con domicilio social en España que estén incluidos en los sectores económicos cuya actividad se encuadre en uno de los CNAE del sector turístico detallados en el enlace adjunto podrán beneficiarse de la línea de financiación Thomas Cook creada por el Real Decreto -ley 12/2019, de 11 de octubre.
Por consiguiente, con carácter de extraordinaria y urgente necesidad, se refuerza y extiende la referida línea de financiación prevista inicialmente para los afectados por la insolvencia del Grupo empresarial Thomas Cook, a los afectados por la crisis desencadenada por el COVID-19. Asimismo, la línea de financiación se dota con 200 millones de euros adicionales a los 200 millones de euros inicialmente previstos (400 millones de euros).
Se aplicarán a esta línea de financiación los mismos términos y condiciones que los aprobados para la línea de financiación prevista en el Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, sin que sea necesario desarrollo normativo, convencional, o acto jurídico de aplicación alguno.
En el siguiente enlace se encuentran detallados los requisitos y condiciones de la presente línea de financiación facilitados por el Instituto de Crédito Oficial (“ICO”):
Concesión del aplazamiento de las deudas tributarias que sean objeto de liquidación o de autoliquidación desde el 13 de marzo de 2020 hasta el día 30 de mayo de 2020.
La principal novedad estriba en que, de forma excepcional, se concederá el aplazamiento de las siguientes deudas tributarias (que con carácter general se excluían dentro de las “deudas aplazables o fraccionables”):
Las derivadas de los tributos que deban legalmente ser repercutidos, aun cuando no se justifique que las cuotas repercutidas no han sido debidamente pagadas (i.e. Impuesto sobre el Valor Añadido).
No obstante lo anterior, se establecen las siguientes limitaciones:
La medida no resultará de aplicación a los contribuyentes cuyo volumen de operaciones sea superior a 6.010.121,04 euros en el ejercicio 2019.
Para que se conceda el aplazamiento sin necesidad de aportar garantía, el importe que se pretenda aplazar derivado de la correspondiente liquidación o autoliquidación no podrá ser superior a 30.000 euros.
La tramitación de solicitud de aplazamiento seguirá el procedimiento habitual establecido en la normativa tributaria, no obstante, se prevé que el aplazamiento se concederá por un plazo de 6 meses sin que se devenguen intereses durante los primeros tres meses del aplazamiento.
En este aspecto, la Agencia Tributaria ha facilitado en su página web las instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el RDL 7/2020. Se puede acceder a través del siguiente enlace:
Los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a 6 meses a contar desde el 13 de marzo de 2020, cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma. Esta solicitud conllevará, en caso de estimarse, la correspondiente readaptación del calendario de reembolsos.
una memoria justificativa en la que se motive adecuadamente la dificultad de atender al pago del próximo vencimiento
2. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (“RDL 8/2020”).
Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades económicas consecuencia de la situación.
Todas las empresas y los autónomos, a excepción de las que se encontrasen en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 o en situación concursal a 17 de marzo de 2020, podrán beneficiarse de avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos destinados a atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
Se podrán conceder avales hasta un importe máximo de 100.000 millones de euros. No obstante, del importe anterior, por el momento, se ha activado un primer tramo de 20.000 millones de euros para todas las empresas que, durante el periodo de estado de alarma, soliciten o hayan solicitado un nuevo préstamo o una refinanciación a alguna de las entidades financieras que tengan acuerdo con el ICO.
De los 20.000 millones que se ponen a disposición de las empresas, la mitad irá destinado a pymes y autónomos, a los cuales se les avalará el 80% tanto del nuevo préstamo como de la renovación, mientras que la otra mitad irá destinada a grandes empresas, a las que se les avalará el 70% del nuevo préstamo y el 60% en caso de tratarse de una renovación.
La vigencia de los avales será la misma de la duración del préstamo, con un plazo máximo de 5 años y serán las propias entidades financieras las que se harán cargo del coste del aval (entre 20 y 120 puntos básicos).
Las empresas y autónomos podrán solicitar la garantía hasta el 30 de septiembre de 2020, dirigiéndose a cualquiera de las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.
El resto del importe (hasta los 100.000 millones), se pondrá a disposición de las empresas de manera posterior, pero manteniendo, en general, las condiciones impuestas para acceder a este primer tramo de financiación.
Se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el ICO, de manera que todas las empresas, aunque va especialmente enfocado a pymes y autónomos, podrán beneficiarse de financiación a través del ICO para facilitar su liquidez.
Se puede acceder a través del siguiente enlace para obtener más información: https://www.ico.es/web/ico/funcionamiento-mediacion
Se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización, y con una duración de 6 meses a contar desde el 18 de marzo de 2020.
Será de aplicación a todas las empresas españolas, a excepción de las cotizadas, siempre que cumplan con las siguientes características:
empresas en las que el negocio internacional, reflejado en su última información financiera disponible, represente al menos un tercio (33%) de su cifra de negocios, o;
La línea extraordinaria de cobertura aseguradora tendrá las siguientes características:
Las coberturas serán otorgadas por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Cía. de Seguros y Reaseguros (CESCE), S.M.E. en nombre propio y por cuenta del Estado. Para más información al respecto, se facilita acceso a la página web de CESCE http://www.saladeprensacesce.com/
Se establece la suspensión de determinados plazos en el ámbito tributario. Las principales implicaciones serían las siguientes:
Se amplían hasta el 30 de abril de 2020, los siguientes plazos que, estando abiertos, no hubieran concluido a la entrada en vigor del RDL 8/2020, esto es a 18 de marzo de 2020:
Los plazos para el pago en periodo voluntario de deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración a que hace referencia el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria (“LGT”).
Los plazos para el pago en periodo ejecutivo de deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración a que hace referencia el artículo 62.5 de LGT.
Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos previamente por la Administración tributaria.
Los plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes a que se refieren los artículos 104.2 y 104. Bis del Reglamento General de Recaudación.
Los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con transcendencia tributaria.
Se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, los siguientes plazos de las actuaciones que se comuniquen a partir de la entrada en vigor del RDL 8/2020, esto es, a partir de 18 de marzo de 2020:
Los plazos para el pago en periodo voluntario de deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración a que hace referencia el artículo 62.2 de la LGT.
Se establece que en el caso en el que el obligado tributario, no se acoja a la ampliación de plazos prevista o sin haga reserva expresa de este derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información o presentase sus alegaciones, se considerará formalizado el trámite.
Se establece que el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 20 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión de revisión tramitados por la AEAT. Si bien se faculta a la AEAT para en dicho periodo impulsar, ordenar y realizar trámites imprescindibles.
Se establece que el periodo comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y el 20 de abril de 2020 no computará a los efectos de los plazos de prescripción previstos en el artículo 66 de la LGT.
A los efectos del cómputo de los plazos de prescripción previstos en el artículo 66 de la LGT, en el recurso de reposición y en ellos procedimientos económico administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación la resolución en el periodo comprendido entre 18 de marzo de 2020 y el 20 de abril de 2020.
El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico administrativos, no se iniciará hasta concluido periodo.
Se establen una serie de medidas que afectan al funcionamiento de las personas jurídicas de Derecho privado durante el periodo de estado de alarma, y serían las siguiente:
Las sesiones del de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia, aunque en los estatutos no se hubiera previsto de dicha forma.
Dicha sesión celebrada por videoconferencia, se entenderá celebrada en el domicilio social de la persona jurídica.
Para que la celebración mediante videoconferencia sea válida, debe asegurarse la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, aunque los estatutos no lo hubieran previsto.
Los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano, aunque no se hubiera previsto en los estatutos, y únicamente durante el periodo de estado de alarma.
Si a la fecha de declaración del estado de alarma el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma, pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el Boletín oficial del Estado.
Se establecen una serie de medidas que afectaran a los registros durante el periodo del estado de alarma, y son las siguientes:
Plan ACELERA.
Se autoriza la puesta en marcha el Plan Acelera PYME, a través de la entidad pública empresarial RED.ES, con el fin de desarrollar un conjunto de iniciativas en colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo. En concreto:
Ampliación de sedes del programa de Oficinas de Transformación Digital, así como mejora de los servicios de asesoramiento personalizado a las PYMES y acompañamiento en su esfuerzo de digitalización y puesta en marcha de centros demostradores de soluciones sectoriales.
Medidas de apoyo a creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de las pymes. Desde Red.es se pondrá en marcha una línea de ayudas que impulse el liderazgo empresarial en I+D+i de las empresas digitales españolas.
Medidas de apoyo financiero para la digitalización de las pymes. El Estado apoyará financieramente, mediante la financiación del ICO para las PYMES la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización de la PYME y las soluciones de teletrabajo, movilizando en los próximos dos años más de 200 millones de euros.

References: Real Decreto 
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 66
 artículo 66
 resolución