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BOE.es - Documento BOE-A-2006-20850
Documento BOE-A-2006-20850
«BOE» núm. 286, de 30 de noviembre de 2006, páginas 42137 a 42146 (10 págs.)
BOE-A-2006-20850
Estas emigraciones han supuesto para Andalucía una tremenda sangría de energía y creatividad, y una importante pérdida de capital humano que ha contribuido a reducir nuestras posibilidades de desarrollo, causando graves desequilibrios territoriales. Por otro lado, desde la distancia, los andaluces en el exterior han contribuido también a nuestras posibilidades de desarrollo a través del ahorro y las transferencias, así como con la aportación de la innovación y el carácter emprendedor tras el retorno. También han supuesto un enriquecedor diálogo intercultural que ha despertado en muchos el aprecio por lo andaluz y en todos el reconocimiento del valor de la diversidad cultural. La permanencia de los andaluces fuera de Andalucía ha contribuido a un fuerte desarrollo de su identidad y ha consolidado un importante fenómeno asociativo, viniendo a integrar la extensa red de comunidades andaluzas en todo el mundo.
En todas partes, los miembros de las comunidades andaluzas se han esforzado por mantener vivos los vínculos con la sociedad andaluza, a través de conciertos, encuentros y reuniones, representaciones teatrales, recitales poéticos, talleres artísticos, exposiciones, revistas, emisoras de radio y muchas otras actividades de diverso tipo, realizadas con el fin de mantener vivas sus raíces. A las motivaciones de cariz económico que favorecieron la primera emigración y que dieron lugar, entre otras, a la fundación de la Agrupación Andaluza de Rosario en la República Argentina, en septiembre de 1915, siguieron las de carácter político. Las comunidades andaluzas en América acogieron a los primeros andaluces del exilio, siendo éste el origen de las primeras agrupaciones en México o en Argentina, pero también en Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza, ya en la década de los cuarenta y cincuenta. Las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo supusieron nuevas experiencias migratorias con destino a los núcleos industriales del desarrollismo franquista, continuándose la tendencia hacia otros países europeos. En esta etapa, especialmente dura, cientos de miles de andaluces abandonaron sus pueblos de origen, aglutinándose en torno a peñas flamencas y asociaciones vecinales y sindicales. Especial mención merece el movimiento asociativo andaluz en Cataluña, por la reivindicación de la autonomía, y el desarrollado en las Comunidades Autónomas de Madrid, País Vasco o Valencia, por la difusión del espíritu autonomista entre otros pueblos y nacionalidades de España.
Desde la entrada en vigor de la Ley 7/1986, por casi todas las comunidades andaluzas se ha puesto de manifiesto la necesidad de proceder a una revisión del marco legal vigente, de forma que se actualice y adapte dicha normativa a las necesidades planteadas por los andaluces que residen en el exterior de Andalucía, necesidades diferentes en la actualidad por los cambios sociológicos habidos en el último cuarto del siglo pasado en Andalucía, al desaparecer la emigración masiva y ser distinto el soporte personal que sustenta a estas comunidades andaluzas por el transcurso generacional. A pesar de que Andalucía se ha confirmado en los últimos años como tierra de acogida, todavía mantenemos una importante población residente en otros lugares. La presente Ley no puede dejar de conocer que en la actualidad la dialéctica tradicional de la emigración va perdiendo vigencia, ya que los movimientos de población andaluza hacia otras zonas de España o el extranjero se producen por las circunstancias habituales en cualquier otro territorio de España, reflejándose una movilidad geográfica de nuestra población fundamentada en los más complejos procesos de globalización e internacionalización de las economías occidentales. Con esto, se crean nuevas necesidades, más vinculadas al mantenimiento de los lazos culturales con los andaluces en otros territorios y sus descendientes, y con la perspectiva de asistencia al andaluz residente en lugares con bajos índices de desarrollo humano. La presente Ley pretende, desde el reconocimiento de esta realidad, mantener vivos los vínculos de los andaluces en el exterior con Andalucía, estrechando lazos entre los poderes públicos andaluces, como representantes del pueblo andaluz, y aquellas personas de este mismo pueblo que un día tuvieron que marcharse de Andalucía. El ordenamiento que se configura a partir de la presente Ley va a permitir, en un contexto mundial de internacionalización de las sociedades modernas, que las comunidades andaluzas puedan convertirse en dinamizadoras de las relaciones sociales, culturales y económicas con los países donde estén establecidas y con Andalucía, de donde proceden o con la que muestran una muy especial vinculación. En este sentido, han sido muchas las aportaciones de estos colectivos al debate por la Segunda Modernización de Andalucía, constituyendo la presente Ley una de las iniciativas fruto de este debate. Así, en la elaboración de este texto han tenido un papel fundamental de difusión y participación los colectivos implicados, formulando aportaciones las asociaciones de ciudadanos constituidas fuera de Andalucía y de emigrantes retornados, así como los miembros del Consejo de Comunidades Andaluzas. Las aportaciones de estos colectivos, que celebraron jornadas de difusión y debate acerca de los aspectos a contemplar en la presente Ley, fueron valoradas por el Consejo de Comunidades Andaluzas.
Así, tras definir el objeto de la regulación y proclamar los objetivos de la misma en las disposiciones generales, recogidas en el título I de la Ley, se establecen en el título II los derechos de los andaluces que residen en el exterior de Andalucía, así como la responsabilidad de la Junta de Andalucía respecto de los mismos en cuanto a la extensión de las cotas de bienestar alcanzado por los andaluces residentes en Andalucía. El título III, dedicado a las comunidades andaluzas y sus miembros, establece el procedimiento para el reconocimiento y cancelación de entidades como comunidades andaluzas, así como las prestaciones y servicios que la Junta de Andalucía facilitará a las mismas y sus miembros. La Ley regula en su título IV el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, e introduce importantes modificaciones en el Consejo de Comunidades Andaluzas, órgano consultivo de la Administración andaluza, ampliando su composición y funciones, y perfilando el papel de las personas que representan a las comunidades andaluzas. Igualmente, incluye la celebración cada cuatro años del Congreso Mundial de comunidades andaluzas. Como novedad, y en desarrollo de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Española y en el artículo 12.3.4.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el título V detalla medidas sociales para facilitar el retorno de los andaluces residentes en el exterior de Andalucía, reconociéndose el importante papel desarrollado por las asociaciones andaluzas de emigrantes retornados. Por último, se establece en el título VI de esta Ley la regulación del impulso de la actividad del Estado en el orden internacional y de la celebración de convenios con otras comunidades autónomas, considerando especialmente aquellos cuya finalidad sea la salvaguarda de los intereses de los andaluces en el exterior de Andalucía.
A efectos de lo establecido en la presente Ley: 1. Tienen la consideración de andaluces en el exterior: a) Los andaluces residentes temporalmente fuera de Andalucía que tengan su vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
3. Tienen la consideración de miembros de las comunidades andaluzas los socios y las socias de las comunidades andaluzas, con independencia de su ciudadanía personal. 4. Las personas oriundas de Andalucía, así como sus descendientes, que residan en otros territorios de España o en el extranjero, tendrán la consideración de personas de origen andaluz. 5. Tendrán la consideración de personas retornadas aquellos andaluces en el exterior y personas de origen andaluz que regresen a Andalucía para residir de manera estable. 6. Tendrán la consideración de colectivos andaluces de emigrantes retornados aquellas asociaciones domiciliadas en Andalucía que tengan como objetivo la asistencia e integración de las personas retornadas en Andalucía. 7. Se reconoce asimismo la condición de andaluz en el mundo a todas las personas que, independientemente de su ciudadanía o nacionalidad de origen, pongan de manifiesto su vinculación con Andalucía, su cultura, su economía y progreso, y que cumplan, en sus actuaciones, los objetivos de esta Ley o trabajen por la defensa o promoción de Andalucía en el exterior.
2. La Junta de Andalucía promoverá, respetando la autonomía de las comunidades andaluzas, la participación y colaboración de éstas en la vida social y cultural de Andalucía, a cuyo fin se crearán los cauces que permitan y faciliten una recíproca comunicación y apoyo mutuo. 3. La Administración de la Junta de Andalucía reconocerá la procedencia de las personas de origen andaluz que así lo soliciten, en los términos que se determinen reglamentariamente. 4. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el regreso y la inclusión social de las personas retornadas.
Las instituciones públicas andaluzas encauzarán sus actuaciones para la satisfacción de los siguientes objetivos: a) Hacer posible la ayuda, asistencia y protección de los andaluces en el exterior, en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
b) Promover medidas especiales que hagan posible el regreso a Andalucía de los andaluces en el exterior y personas de origen andaluz, así como contribuir al fortalecimiento de los colectivos andaluces de emigrantes retornados y la eficacia de su acción asociativa. c) Canalizar las aportaciones de los andaluces en el mundo a la dinámica de la sociedad andaluza. d) Contribuir al fortalecimiento de las comunidades andaluzas, favoreciendo su cohesión interna y la eficacia de la acción asociativa. e) Promover la constitución de comunidades andaluzas donde no existan y el peso demográfico de los andaluces residentes lo permita y reclame. f) Conservar y potenciar los vínculos de las comunidades andaluzas con Andalucía, favoreciendo la adopción de vías estables y eficaces de relación recíproca entre las comunidades andaluzas y las instituciones públicas y privadas de Andalucía. g) Fomentar, donde existan comunidades andaluzas, el conocimiento de la realidad andaluza, fundamentalmente en los ámbitos cultural, político, económico, turístico y deportivo, mediante las adecuadas iniciativas y proyectos. h) Facilitar la colaboración con entidades y miembros de otras colectividades con las que Andalucía haya tenido o tenga una particular vinculación. i) Potenciar las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas con los territorios donde existan comunidades andaluzas, con sus instituciones y agentes sociales, mediante la interacción cultural y desde la conciencia de la identidad de origen, de manera que se contribuya a proteger la diversidad cultural y a fomentar las relaciones interculturales entre los pueblos del mundo. j) Apoyar en el territorio de destino la plena integración social, cultural y laboral de los andaluces en el exterior. k) Fomentar la realización de estudios sobre las condiciones y medios de vida de los andaluces en el mundo, especialmente de las personas mayores, de la infancia y la juventud, y de los discapacitados.
2. Se reconoce a los andaluces en edad escolar que retornen a Andalucía el acceso a los planes de compensación educativa para prevenir las posibles situaciones de desigualdad en la educación derivadas del retorno. 3. Las personas a las que se refiere el apartado anterior tienen derecho a recibir asesoramiento respecto de la posible homologación de títulos y estudios oficiales universitarios y no universitarios del país que corresponda con títulos y estudios oficiales, de acuerdo con la normativa vigente.
1. Las entidades a las que hace referencia el número 2 del artículo 2 de la presente Ley, para su reconocimiento como comunidades andaluzas, deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Válida constitución con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable al territorio en que radique su domicilio.
b) La inclusión, entre los objetivos estatutarios básicos y por acuerdo de su asamblea general u órgano supremo de gobierno de la entidad, del mantenimiento de lazos culturales, sociales o económicos con Andalucía, sus gentes, su tejido asociativo, o con cualquier otro aspecto de su realidad. c) La estructura, organización y funcionamiento internos de acuerdo con criterios democráticos.
2. No se admitirán denominaciones de comunidades andaluzas que puedan atentar contra la dignidad de Andalucía o del pueblo andaluz, ni las que no sean acordes con los objetivos previstos en esta Ley. 3. No podrá reconocerse una entidad como comunidad andaluza si se encuentra inscrita en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas alguna comunidad andaluza con idéntica denominación.
b) Certificación del acuerdo que se adopte por la asamblea general u órgano supremo de gobierno de la entidad relativo a la voluntad manifiesta de solicitar el reconocimiento y velar por el cumplimiento de los objetivos expresados en el artículo 4 de la presente Ley. c) Memoria indicativa de las actividades llevadas a cabo y de las que se proyecten en el futuro. En esta memoria deberá quedar acreditado el funcionamiento durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, así como que sus fines y actividades se dirijan a la satisfacción de diversos ámbitos establecidos como objetivos en el artículo 4 de la presente Ley. d) Certificación de la relación de socias y socios de la entidad.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias, facilitará y garantizará a las comunidades andaluzas reconocidas: a) El acceso a la información de las disposiciones y resoluciones que adopten el Consejo de Gobierno y el Parlamento de Andalucía en las materias específicamente de interés para las comunidades andaluzas.
b) La participación en las distintas formas de manifestación de la vida cultural, social y económica andaluza, contribuyendo a su proyección exterior. c) El acceso al patrimonio cultural de Andalucía, así como a los beneficios de la acción de gobierno de la Junta de Andalucía en igualdad de condiciones que las entidades establecidas en Andalucía. d) El derecho a disponer de un fondo editorial, audiovisual e informático básico tendente a facilitar el conocimiento sobre la historia, la cultura, el turismo, el patrimonio cultural y la realidad social andaluza, para su exhibición y fácil acceso entre los miembros de las comunidades andaluzas y las personas interesadas, así como su difusión en el territorio en el que se establezca su ámbito de actuación. e) Un tratamiento específico en cuanto a la prestación de servicios telemáticos. f) La información de los programas de promoción y difusión que se adecuen a los objetivos de las comunidades andaluzas y sean organizados por las instituciones andaluzas en el ámbito territorial donde estén ubicadas. Siempre que lo permita la naturaleza de la actividad, la Junta de Andalucía invitará a participar a las comunidades andaluzas en estas iniciativas. g) El derecho a solicitar de la Comunidad Autónoma de Andalucía la participación en aquellas actividades que las entidades organicen en fomento de la cultura andaluza. h) El derecho a ser oídas por el Consejo de Comunidades Andaluzas. i) El derecho a estar representadas en el Congreso Mundial de comunidades andaluzas.
b) Elaborar proyectos concretos que sean indispensables para el desarrollo de las actividades de las comunidades andaluzas, de acuerdo con los objetivos de la presente Ley. c) Potenciar la realización de cursos y conferencias sobre la cultura y la realidad andaluzas en universidades o instituciones culturales de los territorios donde existan comunidades andaluzas. d) Organizar, coordinar y participar en campañas o iniciativas diversas que potencien las relaciones interculturales entre los diversos pueblos del mundo. e) Organizar, coordinar y participar en campañas o iniciativas diversas de solidaridad con las comunidades andaluzas establecidas en territorios con una situación socioeconómica caracterizada por la existencia de necesidades básicas no cubiertas y evidentes para sus miembros. f) Inventariar, catalogar, restaurar y difundir el patrimonio bibliográfico, fotográfico, documental, artístico y etnográfico de las comunidades andaluzas. g) Mejorar el funcionamiento de las comunidades andaluzas.
2. Las coordinadoras de comunidades andaluzas son aquellas agrupaciones de comunidades andaluzas de ámbito inferior al regional en el país donde tengan su sede las mismas. 3. Las federaciones de comunidades andaluzas son aquellas agrupaciones de comunidades andaluzas de ámbito igual o superior al regional en el país donde tengan su sede las mismas.
2. Las coordinadoras de comunidades andaluzas serán consideradas cauces de relación entre los miembros de las comunidades andaluzas que la integran en aquellos lugares en los que estén establecidas. 3. Las instituciones públicas de Andalucía se relacionarán preferentemente con las comunidades andaluzas federadas a través de las federaciones oficialmente reconocidas en las que se agrupen, sin perjuicio de las relaciones que mantengan con aquellas otras comunidades andaluzas no federadas.
A través de las comunidades andaluzas, todos sus miembros podrán disfrutar de los siguientes servicios: a) El acceso al patrimonio cultural de Andalucía y, concretamente, a las bibliotecas, archivos, museos y otros recursos y bienes culturales e instituciones de difusión cultural, en las mismas condiciones que los andaluces.
b) El acceso a los servicios de participación social, lúdica y deportiva, de titularidad o gestión de la Junta de Andalucía. c) El conocimiento y estudio de la cultura andaluza. A estos efectos, la Administración de la Junta de Andalucía podrá facilitar los recursos adecuados para la organización de cursos de historia y cultura andaluzas. d) La colaboración en el impulso de las actividades culturales y los espectáculos orientados a preservar y fomentar la cultura andaluza. e) La información sobre los derechos reconocidos en la presente Ley. f) La información sobre la realidad social básica andaluza, mediante la recepción de prensa dirigida a los andaluces en el mundo, así como el seguimiento regular de las emisiones radiofónicas y televisivas de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía. g) El acceso a los servicios de información y participación «on-line» prestados por la Junta de Andalucía. h) La organización de actividades de carácter didáctico y divulgativo, cursos y programas audiovisuales, que faciliten el conocimiento entre los miembros de las comunidades andaluzas de la cultura, la historia, la economía, las costumbres y tradiciones, el turismo y la realidad andaluces. i) La realización de intercambios de carácter educativo, cultural y económico, dirigidos a los miembros de las comunidades andaluzas, con la adopción de programas culturales, estancias de conocimiento o regreso temporal a Andalucía o colonias de vacaciones, de los cuales puedan beneficiarse los miembros de las comunidades andaluzas, de forma especial, según el carácter de la iniciativa, los mayores, la juventud y la infancia. j) Participar en la formulación de iniciativas para el fomento de la cultura y la economía andaluzas. k) Prestar su apoyo al conocimiento de las comunidades andaluzas y la difusión de sus actividades a través de publicaciones escritas, audiovisuales o medios informáticos de los que disponga la entidad.
1. El Consejo de Comunidades Andaluzas tiene las siguientes funciones: a) Elaborar informes sobre el estado, situación y evolución de las relaciones entre las comunidades andaluzas y Andalucía.
b) Fomentar las relaciones de las comunidades andaluzas entre sí y con Andalucía y sus instituciones. c) Proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que adopte las iniciativas oportunas para la promulgación o modificación de normas con rango de ley que afecten directa o indirectamente a los andaluces en el mundo, así como informar sobre las propuestas presentadas en esta materia. d) Participar en la formulación del Plan Integral para los Andaluces en el Mundo. e) Cualquier otra que le sea atribuida.
b) La persona titular de la consejería competente en materia de coordinación de las políticas de la Junta de Andalucía respecto a los andaluces en el mundo, que será su Vicepresidente o Vicepresidenta. c) La persona que ostente la responsabilidad relativa a las comunidades andaluzas en la consejería competente en materia de coordinación de las políticas de la Junta de Andalucía respecto a los andaluces en el mundo desempeñará la Secretaría General, con voz y voto, pudiendo delegar sus funciones. d) Una persona en representación de cada uno de los demás departamentos que integran el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con rango mínimo de director general, o persona en quien delegue. e) Un máximo de siete personas en representación de los demás órganos de la Junta de Andalucía, conforme se determine reglamentariamente, representando una de ellas al Instituto de Estadística de Andalucía. f) Dos personas en representación de las organizaciones sindicales más representativas en Andalucía, atendiendo al principio de paridad. g) Dos personas en representación de las organizaciones de empresarios de carácter intersectorial más representativas en Andalucía, atendiendo al principio de paridad. h) Cuatro personas designadas por la Comisión del Parlamento de Andalucía competente en la materia, atendiendo al principio de paridad. i) Dos personas en representación de los municipios y provincias con presencia significativa de población residente en el exterior, elegidas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, atendiendo al principio de paridad. j) Una persona en representación del Consejo Andaluz de Universidades. k) Hasta un máximo de diez personas en representación de las comunidades andaluzas, elegidas conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente, recomendando que se atienda al principio de paridad. l) Una persona en representación de los colectivos andaluces de emigrantes retornados, designada conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.
2. Una vez constituido el Consejo de Comunidades Andaluzas, la duración del mandato de sus miembros será coincidente con el mandato de los miembros del Parlamento de Andalucía. 3. El mandato de aquellos miembros que ostenten Vocalías en razón del cargo finalizará cuando cesen en el mismo.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la Presidencia puede convocar a los miembros del Consejo de Comunidades Andaluzas en sesión extraordinaria, siempre que lo estime necesario y conveniente y, en todo caso, a petición de un número de Vocalías que representen la mayoría absoluta de los miembros del Consejo. 3. Se determinarán reglamentariamente la organización, funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos del Consejo de Comunidades Andaluzas.
1. Las Vocalías del Consejo de Comunidades Andaluzas elegidas en representación de las comunidades andaluzas y de los colectivos andaluces de emigrantes retornados serán las encargadas de trasladar al seno del Consejo las iniciativas adoptadas por las entidades que representen, así como de ejercer los derechos y obligaciones que, reconocidos en la Ley, su cargo les confiere. Especialmente, ejercerán las siguientes funciones: a) Comunicar a las comunidades andaluzas que representen las resoluciones que se adopten en las reuniones del Consejo de Comunidades Andaluzas.
b) Emitir informes sobre el funcionamiento y las actividades que realicen las comunidades andaluzas que representen. c) Impulsar y coordinar las relaciones entre las comunidades andaluzas que representen y el Consejo de Comunidades Andaluzas.
1. Las personas retornadas que cumplan con los requisitos exigidos en los programas correspondientes, podrán acceder a prestaciones educativas, sanitario-asistenciales y de asistencia social, sin necesidad de acreditar un período de residencia previa en Andalucía, siempre que: a) Hayan residido fuera de Andalucía durante un período, continuado e inmediatamente anterior al retorno, igual o mayor al de residencia previa exigido a los no emigrantes, en función de los programas que arbitren al efecto las diferentes Administraciones Públicas andaluzas.
La Junta de Andalucía podrá adoptar, además, como medidas tendentes a facilitar el retorno de los andaluces que lo deseen, las siguientes: a) Programas especiales que faciliten el establecimiento de todo tipo de empresas creadas por las personas retornadas.
b) Establecer incentivos para aquellas empresas que contraten a personas retornadas. Estos incentivos podrán comprender planes de formación profesional específicos. c) Establecer facilidades para estudiantes andaluces en el exterior y personas de origen andaluz que decidan cursar estudios en Andalucía. d) Promover el retorno del personal investigador para que desarrolle sus proyectos en Andalucía. e) Cualesquiera otras que se consideren convenientes.
El número 1 del artículo 1 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, queda redactado como sigue: «Los ciudadanos que gozando de la condición política de andaluces, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, sean mayores de edad y se encuentren inscritos en el Censo Electoral.»
Entrada en vigor: 8 de noviembre de 2006.
Publicada en el BOJA núm. 215, de 7 de noviembre de 2006.
DEROGA la Ley 7/1986, de 6 de mayo (Ref. BOE-A-1986-12913).
MODIFICA el art. 1.1 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre (Ref. BOE-A-1988-25431).

References: artículo 42
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1