Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/03/22/el-inicio-de-la-causa-por-despido-arbitrario-cuando-se-encontraba-prescripta-constituyo-obrar-negligente-del-letrado-que-justifica-la-indemnizacion-reclamada/
Timestamp: 2019-09-20 16:45:21+00:00

Document:
El inicio de la causa por despido arbitrario cuando se encontraba prescripta constituyó obrar negligente del letrado que justifica la indemnización reclamada. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: P. A. c/ V. A. S. y otro s/ daños y perjuicios
Cita: MJ-JU-M-96395-AR | MJJ96395 | MJJ96395
El inicio de la causa por despido arbitrario cuando se encontraba prescripta constituyó obrar negligente del letrado que justifica la indemnización reclamada. Cuadro de rubros indemnizatorios.
1.-Corresponde afirmar que por imperio del art. 7 del nuevo CCivCom., la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad y montos de las indemnizaciones, será aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho, porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil discutidos en esta instancia.
2.-Los intereses devengados durante el imperio del Código Civil, se rigen por esa ley anterior, en tanto que los que lo sean a partir del 1 de agosto de 2015, estarán alcanzados por las previsiones contenidas en el CCivCom. aprobado por la Ley 26.994 , dado que constituyen consecuencias de una situación jurídica anterior, lo que excluye la posibilidad de considerar que media un derecho adquirido y que, por tanto, su eventual modificación por la nueva ley es susceptible de afectar el derecho de propiedad.
3.-Corresponde tener por acreditado que los profesionales estuvieron en condiciones de entablar la demanda desde el inicio del juicio por despido y a pesar de ello, accionaron contra ellos cuando la acción se encontraba prescripta, lo que ha constituido un obrar negligente que importa el incumplimiento de la obligación de actuación que habían asumido al contratar con el demandante.
4.-La conducta de los demandados resultó negligente toda vez que los letrados, desde el inicio del juicio por despido tuvieron conocimiento de las circunstancias relacionadas con los cambios de denominación de la empresa y sobre la titularidad de dichas entidades, que luego los llevó a demandar por extensión de la responsabilidad, pudieron haber iniciado la causa contra todos ellos.
5.-Corresponde indemnizar a la parte actora por los daños que le ocasionó el hecho de haberse visto privado de la probabilidad de cobrar su acreencia por vía de hacer extensiva la responsabilidad por el despido arbitrario a aquéllos a quienes demandó en el juicio en el que se declaró la prescripción, pues si la prescripción no hubiera sido acogida, habría existido una sentencia de condena contra algunos de los demandados, que si bien hubiera debido ser revisada por la alzada, se vio frustrada por la falta de ejercicio de la acción en tiempo.
6.-En el caso particular de mala praxis de los abogados, además del valor patrimonial esperado, es plausible la existencia de un daño moral, pues la posibilidad de hacer valer derechos laborales que pretendía hacer efectivo el actor, trasciende el ámbito de los negocios para vincularse con una pretensión de corte alimentario.
7.-Cabe admitir la indemnización por daño moral (como consecuencias no patrimoniales en términos del art. 1741 del CCivCom)pues es probable que el daño sufrido por el actor, -en su particular situación de trabajador despedido arbitrariamente en una edad de difícil reinserción laboral-, vaya más allá del valor esperado del pleito perdido, e incorpore aspectos extrapatrimoniales tales como el valor de la tutela judicial y el valor del sentimiento de triunfo.
8.-Aún cuando a diferencia de lo que ocurre en materia de intereses compensatorios (art. 767 )del nuevo Código Civil y Comercial), la previsión del artículo 768 del citado cuerpo legal no contempla en forma expresa la facultad judicial de fijar la tasa de interés moratorio para el caso en que no sea acordada por las partes (inc. a) o no se encuentre prevista en disposiciones especiales (inc. b), tal facultad judicial debe considerarse subsistente.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 17 días del mes de diciembre del año dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: “P, A c/ V, A S y otro s/ daños y perjuicios”, respecto de la sentencia corriente a fs. 744/751, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
I. La sentencia apelada rechazó la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios por mala praxis interpuesta por AP contra quienes fueron sus abogados ASV y A E B en juicio laboral por despido arbitrario. El demandante atribuyó a la mala actuación de los profesionales el hecho de no haber podido cobrar la indemnización que le reconoció la sentencia dictada en el expediente “P c. Industrias Americanas Integradas S.A. s. despido en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo nº 53.
El reclamo imputó a los profesionales no haber accionado oportunamente contra las empresas bajo las que se habría enmascarado su empleadora ni a sus titulares y directivos -Vitaboro S.A., Cristalerías del Sur S.A., Gianjon S.A,C S, María Irma Tarsiuk, Vitaboro y Jan Franco C S T- lo que generó que cuando finalmente se los demandó en el expediente nº 11.604/2004 sobre extensión de responsabilidad solidaria, prosperara la defensa de prescripción.Además sostuvo que los letrados omitieron verificar el crédito en tiempo y forma en el concurso de Industrias Americanas Integradas S.A., lo que frustró -también desde esta perspectiva-, su posibilidad de cobro de la indemnización que le había sido reconocida.
El sentenciante entendió que si bien la actuación de los profesionales no fue la más adecuada, no quedó suficientemente demostrada su negligencia como para atribuirles responsabilidad. Consideró que el cómputo de la reanudación del plazo de prescripción suspendido por el inicio de las actuaciones no era un criterio unívoco sino que existían distintas posturas al respecto. En respaldo de esa afirmación destacó los diversos pronunciamientos que hubo en el expediente sobre extensión de responsabilidad y agregó que además existen divergencias jurisprudenciales respecto de si ese plazo era de dos o diez años y transcribió el temperamento de la sala III de la Cámara Laboral que sostiene que el término es de diez años y a contar desde la sentencia de condena firme cuyos efectos pretenden extenderse .
Desde otra perspectiva -pero corroborando la misma solución- sostuvo el magistrado que el fraude laboral que se intentó atribuir a las demandadas en el juicio por extensión de responsabilidad hubiera requerido la prueba de la disminución de la solvencia económica mediante maniobras fraudulentas o conducción temeraria que aunque se tuvieron por probadas en la sentencia de primera instancia, lo fue sobre la base de elementos aportados a lo largo del proceso y con posterioridad al juicio por despido.
Finalmente respecto de la omisión de presentarse a verificar en el concurso de Industrias Americanas Integradas S.A., destacó que el crédito estaría prescripto al momento en que se tomó conocimiento en el expediente laboral sobre la existencia del tal juicio universal.
II.El apelante insiste en atribuirle responsabilidad a los demandados, tesitura que comparto por los argumentos que indicaré.
En primer lugar el apelante endilga al sentenciante el haberse apartado del principio de congruencia y fallar extra petita cuando sostuvo que “el cómputo de la reanudación del plazo de prescripción desde el inicio de las actuaciones no constituía un criterio unívoco-.”, ya que -afirma el recurrente- dicha cuestión no había sido alegada por los demandados, pero no le asiste razón.
Para responder a esta objeción debe tenerse en cuenta que el principio de congruencia atañe a la adecuación que debe existir entre la sentencia y los hechos traídos por las partes al proceso, no entre aquélla y los argumentos que se desarrollen para dar significado o alcance jurídico a esos hechos (Chiovenda, Instituciones. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1936. t. I, pág. 391 y sgtes.; ver en igual sentido, Sentís Melendo, “Iura novit curia”, publicado en Revista de Derecho Procesal, ed. Ediar, Bs. As., año V (1947), segunda parte, pág. 208 y sgtes.). La falta de uniformidad de criterios respecto del modo de calcular los plazos de prescripción fue una cuestión invocada por los demandados en su defensa -ver fs. 81 vta. -. Pero además, una de las actuaciones negligentes que el demandante le arrogó a los abogados fue haber accionado por fuera de los plazos de prescripción.Vale decir entonces que cuando el juez indagó respecto del modo en que se calculan dichos plazos o cómo se suspenden, transitó el camino señalado por los hechos invocados por las partes, lo que descarta los reparos expresados en el agravio en estudio.
En segundo lugar sostiene que cuando el magistrado señaló que hay jurisprudencia de la cámara laboral que atribuye al incidente de extensión de la responsabilidad solidaria el término de prescripción de diez años que corresponde a la ejecución de sentencia, habría violado “los actos propios de los demandados” que no discutieron que el plazo fuera bienal.
Si lo que la queja quiso expresar es una derivación de la llamada “teoría de los actos propios”, no es atendible porque desplaza esa construcción doctrinaria y jurisprudencial a un ámbito que no es apropiado. En efecto, la vinculación de una acción u omisión jurídicamente vinculante impide que el agente que la actuó u omitió pretenda adoptar un temperamento contrario que importe desentenderse del anterior fe (cfr. Bianchi, Tomás Enrique y Héctor Pedro Iribarne, “El principio general de la buena fe y la doctrina “venire contra factum proprium non valet”, pub. E.D. t. 106, pág. 857, cap. VIII). Esa situación no se presenta en el caso a poco que se repare que la contradicción se asigna a actuaciones de dos operadores distintos -los demandados y el juez- .
En rigor el agravio podría considerarse en la línea de la crítica anterior, en el sentido de que el juez fundó la sentencia en un tópico que no fue traído por las partes, y la respuesta se obtiene por la misma vía argumental por la que se respondió aquél. Véase que de lo que se trata en este proceso es de calibrar la actuación de los profesionales dentro de los plazos hábiles para lograr su cometido, que constituyó la causa de la pretensión.En ese contexto es claro que todos los argumentos que dirigidos a determinar si era jurídicamente ineludible demandar en uno u otro plazo para que no operara la extinción de la acción son pertinentes en el debate.
De todas formas, la tesitura que brindaría un plazo más extendido a la prescripción o un punto de partida distinto, sería una cuestión en apoyo de la postura de los demandantes y no en su contra como la valoró el juez ya que los abogados no plantearon esa posibilidad en sede laboral ni siquiera cuando respondieron al acuse de prescripción ni en ninguna de las posteriores instancias.
Aunque, por lo dicho, descarto este aspecto de la impugnación, comparto el destino final de las críticas en cuanto a la atribución de responsabilidad a los demandados por las razones que expondré seguidamente.
III. Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad y montos de las indemnizaciones, sería aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci “La Aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí citada), lo que excluye claramente en estos aspectos la aplicación del nuevo código.
IV. La responsabilidad profesional, dentro del encuadre general de la teoría de la responsabilidad civil, requiere cuatro presupuestos básicos para su configuración: un hecho que infringe un deber jurídico de conducta impuesto por el ordenamiento jurídico -antijuridicidad o ilicitud-; que además provoque un daño a otro; la relación de causalidad entre aquel hecho y el daño mencionado y un factor de atribución de la responsabilidad (conf. arts.499, 902, 905, 1066, 1067, 1068 y concordantes del Código Civil).
La antijuridicidad en el caso en estudio se presenta como el incumplimiento a una obligación preexistente que está delineada por el contrato celebrado entre el demandante y los abogados a quienes encomendó la realización de las gestiones necesarias para que se declare su derecho a la indemnización por despido y el cobro de dicho crédito. En atención a lo dispuesto por el art. 1197 del Cód. Civil y 6 inc. e de la ley 23.187, presupone el deber del abogado de poner sus conocimientos al servicio de las pretensiones de su cliente
La mayoría de las obligaciones que asume el letrado, son de las llamadas de medios. El abogado se obliga a poner toda su diligencia, sus conocimientos y su accionar con miras a alcanzar un resultado esperado, querido por su cliente pero que no puede asegurar. Esto último por dos razones, por un lado porque el resultado depende de múltiples factores que no están bajo el control del profesional, y además porque la ley que rige la actuación de éste lo prohíbe. (Pizarro-Vallespinos, “Instituciones de Derecho Civil Obligaciones” tº 5, pág. 425, ed.Hammurabi)
Por tanto para comprometer la responsabilidad del abogado se requiere además del resultado adverso, la demostración de que ello ocurrió porque el letrado no actuó con la diligencia y pericia que le era exigible.
Es decir que para obtener la indemnización que se reclama el demandante deberá demostrar que la frustración del cobro de su indemnización laboral se debió a la culpa de los profesionales.
Para apreciar la culpa profesional cabrá exigirle en el cumplimiento de su tarea la diligencia de un buen profesional en su especialidad, ya que no puede equiparase con el hombre medio prudente y diligente a quien se lo contrata como abogado justamente porque posee conocimientos o aptitudes jurídicas superiores al lego.
O sea que para apreciar si ha mediado culpa del letrado habrá que comparar su comportamiento con el que habría tenido un profesional prudente, dotado del bagaje científico que era dable exigir, en las mismas circunstancias, teniendo en cuenta que el error de orden científico no es constitutivo de culpa si resulta excusable (cfr. Sala H, “Leanza, Roberto Atilio c. Keen, Carlos Daniel s. Daños y perjuicios” expte. Nº 60.441/2000 del 23/7/2008).
Tales directrices deben integrarse con las del art. 902 del Código Civil que establece mayor responsabilidad cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, y para el ámbito contractual con el art. 909 del Código Civil según el cual en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes el grado de responsabilidad deberá estimar la condición especial de los agentes.
La tarea encomendada a los demandados consistió por un lado en un mandato -ver fs. 2 del expediente sobre despido nº 9833/2000- para litigar contra Industrias Americanas Integradas S.A.
Pero reducir su actuación a dicho mandato sería desconocer al modo ordinario en que se tejen las relaciones entre el abogado y su cliente, lo que no ha sido acreditado en autos.Es que el acudir a un abogado para buscar satisfacción a una pretensión jurídica, importará la obligación de éste de asesorar al cliente respecto de las acciones que podrían entablarse para obtener el resultado, y advertirlo de las diferentes alternativas. De lo que resulte de ese consejo surgirá el modo en que el letrado encamine la pretensión y en el caso de que se opte por apoderarlo, los términos y alcance de ese acto jurídico. Incluso si el abogado dejara de actuar una pretensión que era necesaria para lograr el objetivo buscado o interpusiera una pretensión que considera inviable en ejercicio de los deseos de su cliente pero en contra de su consejo, tiene a su alcance para dejar a salvo su responsabilidad, el documentar el hecho de haber advertido al cliente de los riesgos del temperamento que adoptarán.
Estas consideraciones responden a la defensa de los demandados en el sentido de que la limitación del poder que les fue otorgado -sólo para accionar contra Industrias Americanas Integradas S.A.- los eximía de incluir como sujetos pasivos de la pretensión de su cliente a los otros eventuales responsables.
Entiendo que a los letrados les fue encomendada la obtención de una indemnización por el despido arbitrario que atribuían a su empleadora; aunque consiguieron una sentencia que reconoció ese derecho no lograron el cobro de las sumas reconocidas y en cambio su cliente fue condenado a pagar las costas por el intento de acciones prescriptas.
Discrepo con el magistrado en cuanto entendió que el aludido resultado adverso a la pretensión del Sr. P no se presenta esa falta de diligencia.
El punto dirimente reside en que desde el inicio del juicio sobre despido los abogados manifestaron que la empresa empleadora del accionante había tenido cambios sucesivos de razón social, aclarando que siempre mantuvo el mismo personal directivo encabezado por quien se presenta como dueño de la empresa, el Sr. C S. Y ya en ese entonces la Sra.T era presidente de la empresa (ver poder de fs.126/136 del expte. 11.604/2004 sobre extensión de la responsabilidad solidaria y 134/136 del expediente sobre despido).
Al intentar notificar la demanda bajo responsabilidad de la actora, se presentó a fs. 54 la empresa Cristalerías del Sur S.A. manifestando que habían recibido la cédula en su propio domicilio y que desconocían a la empresa Industrias Americanas Integradas S.A. A fs. 59 vta. en el escrito presentado el 27/12/2000 el apoderado del actor manifestó que había confirmado que en el domicilio al que se había remitido la comunicación se encontraba efectivamente la planta industrial y administración y ventas de la demandada, “situación que aquella pretende disimular bajo otras denominaciones sociales” (énfasis agregado). Seguidamente presentó un cuadro comparativo en base a facturas, remitos, recibos y tarjetas correspondientes a la demandada en sus diversas denominaciones, “-.de las que surge que nos hallamos siempre ante la misma empresa-” (énfasis agregado) En el listado mencionó a entidades comerciales entre las que enumeró a “Vitroboro S.A. y a Cristalerías del Sur S.A. , dos de las que luego demandaría en el juicio por extensión de responsabilidad junto con el mencionado C S y otros. En esa misma pieza incluyó entre los puntos periciales que el experto indicara los cambios de denominación social de la empresa desde el año 1987 -fs. 58 vta. ptos 13 y 14-. Lo hasta aquí reseñado ocurrió antes del dictado de la sentencia en el juicio por despido que quedó firme el 15/2/2001.
Estos extremos me convencen que los abogados estaban al tanto de los hechos en los que luego fundaron la pretensión de extensión de responsabilidad. Al menos respecto de Vitraboro S.A., Cristalerías del Sur S.A., el Sr. C S y María Irma T.
Afirmaron en sede laboral -fs.83 del expediente nº que tomaron conocimiento de que Cristalerías del Sur se irrogaba el carácter de titular y de las maniobras del titular C S en el intento de ejecutar la sentencia de condena contra Industrias Americanas Integradas S.A. Sostuvieron que fue al diligenciar el mandamiento de embargo que se enteraron de los cambios de denominación. Sin embargo, esa circunstancia no es verosímil . Por un lado las afirmaciones que habían realizado antes de la sentencia y que destaqué en los párrafos anteriores, pero además porque el mandamiento se dirigió al mismo domicilio en que se había notificado la demanda bajo responsabilidad del Sr. P y que luego, ante las manifestaciones de Cristalerías del Sur S.A. que se reseñaron supra -ver destacado-, P sostuvo que era la denominación de la misma empresa empleadora.
Considero entonces -en el mismo sentido que lo decidió la sentencia de la Cámara Laboral al admitir la prescripción-, que los apoderados desde el inicio del juicio por despido tenían conocimiento de las circunstancias relacionadas con los cambios de denominación de la empresa y sobre la titularidad de dichas entidades, que luego los llevó a demandar por extensión de la responsabilidad.
En ese estado de cosas, pudieron iniciar el juicio por despido arbitrario contra todos ellos; otra estrategia plausible hubiera sido interponerlo sólo contra Industrias Americanas Integradas S.A. para luego, una vez obtenido el reconocimiento del derecho extender la responsabilidad a las demás. Pero ya firme esa sentencia, debieron accionar contra los demás a menos que tuvieran garantías o al menos cierto grado de certeza respecto de la solvencia de la condenada al pago y por ello fuera innecesario demandar a las otras eventuales responsables.Empero no se alegan -ni advierto-, que hubiera motivos por los que limitar el legitimado pasivo del reclamo a la demandada en el juicio por despido cuando -por lo dicho-, los abogados sabían que la empresa mudaba de denominación.
Cierto es que prescripción de la acción sobre extensión de responsabilidad corrió distinta suerte en las distintas instancias laborales, pero ello se debió al diferente alcance que se le dio a la cuestión fáctica y no a discrepancias jurídicas sobre el plazo y modo de cálculo de la prescripción no de la norma aplicable. Véase que todas las intervenciones judiciales -sentencia de primera instancia de fs. 276 y la de cámara que la revocó a fs. 329/331; la segunda sentencia de grado de fs. 271/286 y la que la modificó a fs. 729/733- coincidieron en contar el plazo de dos años y en que la prescripción contra los demandados a los que se asignó la calidad de deudores solidarios se interrumpió con la demanda contra Industrias Americanas Integradas S.A. (31/5/2000) y que no pudo reanudarse hasta tanto la sentencia en ese juicio estuviera firme (15/2/2001) .
La divergencia radicó en el dies aquo, esto es la determinación desde cuándo el actor conocía la existencia de los hechos que lo llevaron a sostener en su demanda de extensión de responsabilidad que los allí demandados estaban vinculados. La sentencia de fs. 276 no tuvo en cuenta que se habían introducido cuestiones de hecho concernientes a la existencia de hechos interruptivos -más precisamente a la fecha en que se tomó conocimiento de la vinculación entre las demandadas- y por ese motivo fue revocada a fs. 729/733. Por su parte, la de fs.278/286 admitió la responsabilidad solidaria de algunos de los demandados y rechazó la prescripción porque ubicó el momento de toma de conocimiento del fraude con el mandamiento de embargo diligenciado el 22/8/2003.El tribunal de alzada revocó esa decisión valorando los mismos extremos fácticos que he señalado como reveladores de que la actora en ese pleito estaba en conocimiento de los hechos en los que luego fundaron la demanda de extensión de responsabilidad.
En razón de lo expuesto hasta aquí considero suficientemente acreditado que los profesionales estuvieron en condiciones de entablar la demanda contra S, T, Vitroboro S.A. y Cristalerías del Sur S.A. desde el inicio del juicio por despido y a pesar de ello, accionaron contra ellos cuando la acción se encontraba prescripta. Esta actuación ha importado un obrar negligente que importa el incumplimiento de la obligación de actuación que habían asumido al contratar con el demandante.
V. Otra de las actitudes negligentes que P atribuyó a sus ex abogados consistió en que omitieron presentarse a verificar en el concurso de su e mpleadora. Ahora bien, en este punto el recurso no ha de tener favorable recepción porque el apelante no ha logrado desvirtuar el argumento de los demandados que el sentenciante hizo suyo. En efecto, los letrados tomaron conocimiento de la existencia del juicio universal el 2/2/2004, pasado ampliamente el plazo de dos años de la presentación a concurso. El agregado que la ley 26.086 hizo al art. 56 de la ley 24.522 -y que el apelante invoca en su favor- entró en vigencia en el año 2006 cuando el concurso ya hacía dos años que estaba concluido, por lo que no parece posible que dicha norma incidiera en la solución del caso.
VI.Sentado entonces el incumplimiento imputable a los demandados y no estando discutida la existencia de un daño configurado en principio por la falta de cobro de la indemnización por despido, -con el alcance que luego se verá- pasaré a examinar la relación de causalidad.
En el estudio de este presupuesto de lo que se trata es de verificar la relación causal entre un antecedente y un consecuente y, en función de ella, determinar si el daño ocurrido es resultado de hechos u omisiones concretas. En el caso se deberá indagar el vínculo entre la falta de cobro de la indemnización por despido y la actuación de los abogados.
Cabe denominar causa a la condición más eficaz para la producción del evento, es decir la dotada de mayor fuerza productiva. La determinación del fenómeno causal es el resultado de un proceso de abstracción y generalización que da relevancia a una de las condiciones del caso concreto elevándola a la categoría de causa (Cfr. Goldenberg, Isidoro “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, 1989, pág. 34) .
La relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme el curso natural y ordinario de las cosas. No todas las condiciones del daño son equivalentes sino la condición que típicamente origina esa consecuencia dañosa, es decir la que puede ser retenida como causa adecuada (Orgaz, “El daño resarcible” nº 18, Marcos Lerner Editora; Llambías, Jorge Joaquín “Tratado de Derecho Civil Obligaciones” tº 1, nº 286,287 y 278, ed. Abeledo Perrot) .
Ya antes de la reforma de la ley 17.711 la doctrina sostenía la vigencia en nuestro derecho positivo de la teoría de la causa adecuada, según corresponde distinguir entre “causa”, que es el antecedente idóneo para producir el resultado, y “condición”, que son los demás factores de ese resultado (cfr. Orgaz, op. cit) . El texto del código civil hoy derogado en su art.906 recoge la teoría señalada y con ella la distinción referida. También el Código Civil y Comercial (art. 1726) recepta este concepto de relación causal.
Dentro del ámbito de la responsabilidad civil la relación de causalidad asume una doble función. Por un lado permite determinar la autoría, es decir cuándo un resultado dañoso es materialmente atribuible a la acción dañosa de un sujeto determinado. Por otro, brinda los parámetros objetivos para calibrar la extensión del resarcimiento, mediante un régimen predeterminado de imputación de consecuencias (arts. 520, 521 y 901 a 906) (Pizarro-Vallespinos “Instituciones de Derecho privado-Obligaciones” tº 3, pto. 567, Ed. Hammurabi). Desde este ángulo la relación de causalidad define y determina si el daño debe ser reparado y con qué extensión.
A partir de ese encuadre entiendo que los daños que corresponderá indemnizar estarán delimitados por el hecho de haberse privado al Sr. P de la probabilidad de cobrar su acreencia por vía de hacer extensiva la responsabilidad por el despido arbitrario a aquéllos a quienes demandó en el juicio en el que se declaró la prescripción.
No se trata de compensar al demandante de la totalidad de lo que no ha podido cobrar sino que deberá realizarse un juicio de aproximación sobre las probabilidades de éxito, deberá verificarse si el eventual comportamiento diligente del abogado -si hubiera accionado dentro de los plazos de vigencia del acción en el caso-, hubiese evitado el acaecimiento del daño. Para ello deberán estudiarse las posibilidades de que la acción procediera mediante un juicio de predictibilidad, no siempre fácil de realizar (Kemelmajer de Carlucci, Aída “Daños causados por abogados y procuradores”, JA 1993-III, 705)
Se trata de la reparación de la pérdida de la chance. Hay acuerdo en doctrina y jurisprudencia de que estamos ante una chance cuando existe la oportunidad, con visos de razonabilidad o fundabilidad, de lograr una ventaja o evitar una pérdida.La frustración de esa probabilidad, imputable a otro, genera un perjuicio resarcible. Ahora bien, la posibilidad perdida -para que resulte indemnizable- tiene que tener una intensidad tal de modo que se erija en una probabilidad suficiente; o sea, no basta la frustración de meras posibilidades o expectativas, pues en tales casos el daño sería puramente eventual o hipotético, y es sabido que resulta improcedente conceder indemnizaciones de las meras conjeturas Por otra parte, lo que se indemniza es la chance misma y no la ganancia o pérdida que era objeto de aquélla; a cuyo efecto el juez ha de evaluar la mayor o menor probabilidad de que esa chance se convierta en cierta. Lo dicho comporta, pues, que el resarcimiento a disponer en ningún supuesto ha de tener el alcance que lo identifique con el beneficio perdido, ya que -si mediara tal identificación- se estaría indemnizando específicamente la ganancia frustrada o la pérdida generada, y no la probabilidad de lograrla o de evitarla, que hace a la esencia de la chance (Zabala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños”, vol. 2°a “Daños a las personas”, cap. X, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, 2º ed. ampliada; Alterini, Atilio Aníbal, Ameal, Oscar José y López Cabana, Roberto M., “Derecho de Obligaciones”, p. 790, N° 1856, 2° edición, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998).
Llevados los lineamientos apuntados al caso de la especie, cabe poner de resalto que la actitud negligente que se le ha imputado a los profesionales ha sido el interponer la acción de extensión de la responsabilidad contra C S, María Irma Tarsiuk, Vitaboro S.A., Cristalerías del Sur S.A., Jan Franco C S T y Gianjon S.A. fuera del plazo de prescripción. El juicio aludido tuvo sentencia de condena en la instancia de grado respecto de todos los demandados excepto respecto de los dos nombrados en último término.Dicha resolución asignó responsabilidad en virtud de hechos e instrumentos que ya existían a la fecha del inicio del expediente por despido arbitrario y que instrumentaban los cambios de razón social y la conducción de las empresas. Esa decisión fue apelada (fs. 316/322, 309/315, 301/302 y 3023/334) tanto por la asignación de responsabilidad cuanto por el rechazo de la defensa de prescripción. También fue recurrida por P en la medida en que rechazó la pretensión contra dos de los accionados.
Vale decir que si la prescripción no hubiera sido acogida, nos habríamos encontrado con una sentencia de condena contra algunos de los demandados, que hubiera debido ser revisada por la alzada. La posibilidad de que la decisión en cuanto al fondo fuera confirmada, o que incluyera a quienes fueron marginados por la sentencia de grado se vio frustrada por la falta de ejercicio de la acción en tiempo. Es ese tramo jurídico el que debe ponderarse para determinar la chance del accionante de sumar responsables a quienes cobrar su acreencia. En este último aspecto se aclara que se había trabado embargo sobre un bien de la Sra. T por lo que, de prosperar la acción contra ella puede inferirse que había probabilidades de que pudiera cobrarse del producido de dicho inmueble.
El estudio de las quejas dirigidas contra la sentencia laboral de fs. 278/286 no es sin embargo suficiente para estimar que la decisión de la instancia de grado hubiera sido revertida respecto de los legitimados pasivos. Véase que los agravios de los recurrentes en lo que atañe a la cuestión de la atribución de responsabilidad se limitan a discrepar con algunas de las inferencias que realizó la sentencia de grado pero no desvirtúan los vínculos entre las empresas y sus directivos que permitieron realizar esas construcciones y que podrían dar fundamento a otras en el mismo sentido.Los esfuerzos argumentativos de los recurrentes apuntaron más que nada a defender la prescripción de la acción.
De todas formas, -como se dijo-, nos encontramos en el ámbito de las probabilidades por lo que prudencialmente estimo la chance de cobro de la indemnización por despido que resultó frustrada por no haberse hecho extensiva la responsabilidad a los demás deudores en tiempo hábil en un 60%.
En esa inteligencia, propongo al acuerdo que los demandados deban pagar al accionante el 60% de la suma que resulta de adicionar al monto de la condena por despido arbitrario -$ 69.022 con sus intereses calculados al 12% anual hasta el 31/12/01 y a partir de entonces y hasta este pronunciamiento la tasa activa del Banco de la Nación- porque así ha sido la condena de la sentencias laborales y por los motivos que se expresarán más adelante al tratar los intereses.
VII. Otro de los rubros reclamados en concepto de daño material fue el reintegro de los honorarios regulados en la sentencia de segunda instancia del juicio de extensión de la responsabilidad, que alcanzaron la suma total de $45.000. Es que al haberse rechazado la demanda, ello motivó que se le impusieran las costas al Sr. P. En ese punto, la negligencia profesional representa un daño cierto en el patrimonio de aquél (Kemelmajer de Carlucci, Aída “Daños causados por abogados y procuradores”, JA 1993-III, 705). Ahora bien, ese detrimento patrimonial por la suma de nueve mil pesos ($9.000) que corresponden a la regulación realizada a los abogados demandados, en razón del incumplimiento contractual que en esta sentencia se declara será un ítem admitido en su totalidad con más sus intereses calculados a la tasa de interés pasiv a en los términos del art. 61 de la ley de arancel.En cambio, en lo que atañe a los emolumentos regulados a los abogados de quienes fueron demandados en el juicio por extensión de la responsabilidad que ascendieron a treinta y seis mil pesos ($36.000) concurren a su respecto las mismas probabilidades de que la sentencia laboral se hubiera modificado y, en consecuencia las mismas chances de que P no hubiese resultado condenado en costas. Por ello, esa suma ($36.000) y sus intereses calculados también en los términos del art. 61 de la ley 21.839 integrará la condena a los demandados en un 60%.
VIII. Resta valorar el daño moral reclamado. Existe un daño moral indemnizable -consecuencias no patrimoniales en términos del art. 1741 del Código Civil y Comercial-, cuando hay lesión o agravio a un interés jurídico no patrimonial.
A juicio de esta sala dicha indemnización posee carácter resarcitorio (exptes.98333/02 del 22/11/06; 76.806/03 del 7/11/06; 85.555/02 del 31/08/06, etc), y busca, en definitiva, contribuir a compensar la conmoción intima que el padecimiento genera mediante el alivio que puede importar la suma que se otorga (exptes. 54.086/99 del 5/12/06, 56.102/03 del 12/9/06).
Tratándose de un supuesto de responsabilidad contractual dentro del régimen hoy derogado pero aplicable en el caso, el art. 522 del Código Civil y, ello supuesto, la indemnización del daño no procede de manera necesaria ante el incumplimiento de la obligación, sino que el juez “podrá” fijarla “de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”, según reza dicho artículo.
No todo incumplimiento contractual conlleva así un daño moral resarcible; es preciso que la afectación íntima trascienda lo que puedan ser alternativas o incertidumbres propias del mundo de los negocios, y su existencia debe ser apreciada con criterio restrictivo. El diverso tratamiento dado al tema en los arts. 522 y 1078 conduce a esta interpretación (esta Sala, exptes.66.856, 74.925, 81.226, etc.).
En este caso particular de mala praxis de los abogados, además del valor esperado patrimonial, es plausible la existencia de un daño moral. Es que la posibilidad de hacer valer derechos e intereses de la naturaleza del que pretendía hacer efectivo el actor trasciende el ámbito de los negocios para vincularse con una pretensión de corte alimentario. En es sentido, es probable que el daño sufrido por P -en su particular situación de trabajador despedido arbitrariamente en una edad de difícil reinserción laboral-, vaya más allá del valor esperado del pleito perdido, e incorpore aspectos extrapatrimoniales tales como el valor de la tutela judicial y el valor del sentimiento de triunfo (Gómez Pomar, Fernando “Pleitos tengas: pérdida de un litigio, responsabilidad del abogado y daño moral” In Dret, 3/2003).
La prueba que ha adjuntado el demandante para acreditar el padecimiento se limita a la copia de la historia clínica de fs. 147/181 que aunque da cuenta de diversos estudios realizados al Sr. P en febrero de 2009 no es suficiente para demostrar que se trata de derivaciones del hecho dañoso. Sin embargo, no es en modo alguno dudoso y cabe presumirlo, que las consecuencias que sufrió el actor a causa de la pérdida de la alternativa de cobro de la indemnización, en razón de su edad, posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral, la frustración que puede presumirse del hecho de haber logrado un reconocimiento de un derecho que resultó ineficaz, los reclamos y ejecuciones que debió afrontar por el cobro de las costas del juicio y el tiempo transcurrido; debieron generarle padecimientos íntimos, propios del daño moral.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, y apreciada la cuestión en los términos del art. 165 del Código Procesal, estimo que la suma de $ 100.000 -cien mil pesos- es suficientemente compensatoria.
IX. En cuanto a los intereses que devengarán los montos de la condena cabe realizar una distinción.
a.Los relacionados con los honorarios establecidos en sede laboral, en virtud de que éstos tienen una expresa regulación en las leyes que los gobiernan y no hay constancias ni se ha alegado que hubieran sido pagados, devengarán -como se dijo al reconocerlos-, los intereses que les asigna el art. 61 de la ley 21.839 hasta el pago de ese rubro indemnizatorio.
b. En cuanto a la suma que se admitió en concepto de chance y daño moral desde este pronunciamiento y por las razones que se expondrán a continuación, devengará la tasa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina conforme la doctrina mayoritaria sentada en “Samudio”.
c. El monto reconocido en concepto de daño moral, de acuerdo al temperamento adoptado por esta sala en los autos “Martínez, Eladio Felipe c/ Díaz, Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios” del 15 de marzo del año 2013 y sus citas, entre otros; me lleva a propiciar que desde la producción del perjuicio hasta este pronunciamiento se fije la tasa del 8 % anual, como tasa pura -suficientemente compensatoria pues se está ante una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales- y a partir de allí la tasa activa referida en el párrafo anterior.
A fin de situar el hecho para el inicio del cómputo de estos intereses, se lo coloca en el último día hábil para interponer la demanda dentro del plazo de prescripción de la acción de extensión de la responsabilidad.
Desde este pronunciamiento -como se adelantó-, se devengará la tasa activa en los términos de la doctrina mayoritaria sentada en el el plenario “Samudio. Esa interpretación ha sido recientemente sostenida en doctrina (cfr. Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación, t. V, pág. 158, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As. 2015).
d.Lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 27.077 -que modificó el artículo 7 de la ley 26.994, anticipando la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial sancionado por esta última ley al día 1 de agosto de 2015-, exige definir si la solución del punto anterior resulta afectada por las previsiones contenidas en el Código Civil aprobado por la ley 340 o por las del referido Código Civil y Comercial.
Desde antiguo se ha señalado que el crédito que versa sobre los intereses no brota íntegro en un momento determinado, sino que nace paulatinamente, pro rata temporis, mientras el crédito principal los produzca (A. Von Tuhr, Tratado de las obligaciones, Edit. Reus S.A., Madrid, 1ª edición, 1934, traducido del alemán y concordado por W. Roces, T° I, pág. 47, núm. 9).
Es que los intereses son, como en doctrina se los ha conceptuado, “aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina, durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno, o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de obligación dineraria” (Busso, E B., Código Civil anotado, Ediar S.A. Editores, Buenos Aires, 1951, T° IV, Obligaciones, pág. 268, núm. 4), lo que explica que también se los haya reputado “frutos civiles del capital” (Salvat, Raymundo M., Tratado de derecho civil argentino, Obligaciones en general, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1952, 6ª edición actualizada por Enrique V. Galli, T° I, pág. 421, núm. 481), que se devengan con el transcurso del tiempo.El factor tiempo es, pues, fundamental, como también lo es, por ejemplo, en materia de prescripción, de ausencia con presunción de fallecimiento, etcétera.
Ello permite señalar que los intereses devengados durante el imperio del Código Civil, se rigen por esa ley anterior, en tanto que los que lo sean a partir del 1 de agosto de 2015, estarán alcanzados por las previsiones contenidas en el Código Civil y Comercial aprobado por la ley 26.994, dado que constituyen consecuencias de una situación jurídica anterior (art. 7 del Código Civil y Comercial, en este aspecto de redacción similar al art. 3 del Código Civil), lo que excluye la posibilidad de considerar que media un derecho adquirido y que, por tanto, su eventual modificación por la nueva ley es susceptible de afectar el derecho de propiedad.
Tiénese en cuenta, asimismo, que como lo destacó el juez Mayo, la cuantía de la tasa “está en relación directa con el interés del dinero en una época dada, esto es la que corre en cada tiempo en el que el acreedor se ve privado de su capital y no el del momento en que la obligación nació” (cfr. CNCiv., Sala H, su voto del 24 de abril de 2009, in re, “Northlands Asociación Civil de Beneficencia c. Solari, Claudia s/ Cobro de sumas de dinero”).
e. En el caso, aún cuando a diferencia de lo que ocurre en materia de intereses compensatorios (art. 767 del nuevo Código Civil y Comercial), la previsión del artículo 768 del citado cuerpo legal no contempla en forma expresa la facultad judicial de fijar la tasa de interés moratorio para el caso en que no sea acordada por las partes (inc. a) o no se encuentre prevista en disposiciones especiales (inc. b), tal facultad judicial -que en el hoy derogado Código Civil (art.622) asistía a los jueces- debe considerarse subsistente.
El principio general en materia de intereses moratorios está contemplado en la primera parte del artículo 768 citado, a tenor del cual “[A] partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes”. Desde esta perspectiva ninguna duda cabe que la mora genera intereses que precisan ser determinados. La cuestión se reduce entonces a decidir quién debe determinarlos.
En este sentido, el artículo 768 establece que “[L]a tasa se determinará: . c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.
La poca claridad de la disposición legal citada parece evidente. En primer lugar, luce poco adecuado indicar que la tasa se determinará por tasas que se fijen de acuerdo a una reglamentación. Pero fundamentalmente, la norma está redactada en forma impersonal, estableciendo las pautas de acuerdo a las cuales habrán de fijarse esos réditos moratorios pero sin atribuir a sujeto alguno su determinació n.
Huelga decir la importancia del tema, dado el vasto ámbito del derecho en el que no existe ni convención de partes ni previsión legal. Tal el caso de las indemnizaciones resultantes de la violación del deber de no dañar -actos ilícitos-
f. La cuestión se encontraba contemplada en forma expresa en el derogado Código Civil, cuyo artículo 622 disponía expresamente que estos accesorios -supuesto de no resultar de la convención o de las leyes especiales- serían determinados por los jueces.En cambio, reitero, la nueva disposición -artículo 768 del Código Civil y Comercial- sólo dispone que ellos se deben y que para el supuesto de ausencia de convención y ley corresponderá aplicar “tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central” (el énfasis es agregado). De forma impersonal entonces difiere su fijación a sujetos
indeterminados y sólo indica las pautas a tenor de las cuales tal tarea debe cumplirse -las reglamentaciones del Banco Central-.
Aun cuando una primera lectura pudiera sugerir -por cierto equivocadamente- que es al Banco Central a quien le toca establecer la tasa moratoria en tal supuesto, no parece que esta conclusión pueda compartirse. No desconozco que ha sido sostenida en doctrina (Ossola en Lorenzetti, op. cit, pág. 144; Márquez, José Fernando, “Las obligaciones de dar sumas de dinero en el Código Civil y Comercial”, publicado en La Ley, T° 2015-B, pág. 606), pero no la comparto por las razones que expondré. En primer lugar, porque no es un hecho aceptado que las decisiones sobre este punto tengan sin más efectos macroeconómicos como se sostiene en el segundo trabajo citado (ver en este sentido, Barbero, Ariel Emilio, Intereses monetarios, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, núm. 18, pág.52). Y aun cuando así fuera, tal influencia podría predicarse de múltiples decisiones judiciales que no por eso se difieren a las autoridades monetarias.
Pero más allá de ello no es esa la interpretación que resulta del texto legal citado. El artículo 768 del Código Civil y Comercial no dispone que el Banco Central es quien fija las tasas, sino que establece que entre las establecidas de acuerdo a su reglamentación -no de acuerdo a sus tasas- se determinará la que es aplicable. En este sentido resulta ilustrativo la lectura de la normativa del Banco Central de la República Argentina en la materia -Tasas de Interés en las operaciones de crédito, última comunicación incorporada:”A” 5771, texto ordenado al 2 de julio de 2015, publicado en http://www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/t-tasint.pdf- que revela la normativa a la que las entidades financieras deben atenerse en las distintas operaciones, a la que parece aludir la nueva previsión legal. En este sentido entiendo que la disposición legal (art. 768) no guarda la analogía que el citado autor predica en la nota número 19 de su trabajo con lo dispuesto por el artículo 8 del decreto 529/91, en tanto no dispone -como sí lo hacía ese decreto- que el Banco Central publicará una tasa para uso judicial.
En esas condiciones, y frente a la indeterminación legal del sujeto que debe fijar la tasa de interés, no parece adecuado sostener que esa tarea le esté vedada al juez.
g. Es dable recordar que es regla de interpretación de las leyes la de dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de los preceptos de manera que armonicen con el resto del orden jurídico y las garantías de la Constitución Nacional. Ese propósito no puede ser obviado por los magistrados con motivo de sus posibles imperfecciones técnicas, toda vez que ellos en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia no deben prescindir de la “ratio legis” y del espíritu de la norma. La exégesis de la ley requiere pues de la máxima prudencia y cuidar que la inteligencia que se le asigne no lleve a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor formal de los razonamientos desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción. En esta tarea no es siempre recomendable atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional (Fallos 307:1018; 315: 158).
Tales principios conducen en el caso a sostener la facultad judicial de fijar la tasa en los supuestos a los que alude el inciso c] del artículo 768.En primer lugar, tal temperamento no resulta ajeno a la economía del Código Civil y Comercial, que contempla esa solución para el caso de los intereses compensatorios (art. 767), reconoce la facultad judicial de morigerarlos (art. 771) y la de fijar intereses adicionales a los legales en ciertos supuestos (art. 552). En segundo término, porque la que entiendo incuestionable imprecisión técnica en la redacción de la norma no autoriza a desnaturalizar la finalidad que ha perseguido la norma que consiste en “disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso” (cfr. Zannoni, Mariani de Vidal, Zunino, Shina, Ramos, Kemelmajer de Carlucci, Código Civil y Comercial de la Nación Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente. Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del PEN, Edit. Astrea, Buenos Aires, 2015, págs. 245 y sigtes.). Esa necesidad de mayor flexibilidad en la materia y las consecuentes facultades judiciales ha sido reconocida en materia de reducción de intereses pactados (Ossola en Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación, t. V, pág. 154, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As. 2015), lo que resulta difícil de compatibilizar con la ausencia de facultades judiciales para su determinación por parte de los jueces ante la ausencia de convención o previsión legal especial. Por lo demás, parece obvio que no es una tasa general del Banco Central la que puede otorgar esa flexibilidad que atienda a los “supuestos de hecho muy diversos” (Zannoni y otros, op. y loc. cit.) con la aludida flexibilidad; la tarea es propia de los jueces, únicos encargados de decidir esos diversos supuestos en forma individual.
Lo contrario importaría desentenderse no sólo de la finalidad de la norma sino también de la razonabilidad de la interpretación, extremos que como es sabido no pueden presidir la labor interpretativa (Fallos 302:1611; 302:1284 entre muchísimos otros).
h.Puestos ya a determinar la tasa aplicable a partir del 1 de agosto del corriente año, no parece prudente apartarse de la activa que esta Sala venía aplicando de acuerdo al fallo plenario antes citado. Es que más allá de que esas decisiones se hayan originado en la interpretación de una disposición legal hoy derogada -art. 622 del Código Civil- lo cierto es que los argumentos recién expuestos permiten trasladar las conclusiones de aquella exégesis a la que corresponde asignar a las normas actuales, máxime si se repara en que las tasas del Banco Nación deben suponerse acordes a la reglamentación del Banco Central.
En consecuencia, para el monto reconocido en concepto de daño moral propicio la tasa del 8% anual desde el evento dañoso hasta el dictado de la sentencia recurrida y a partir de allí la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación Argentina hasta el efectivo pago.
Voto pues para que se revoque la sentencia de fs. 744/751 se admita la demanda, condenando a los Dres. ASV y AE B al pago a AP en el plazo de diez días: a) el 60% de la suma que resulte de adicionar al monto de la condena por despido arbitrario -$ 69.022-, los intereses calculados al 12% anual hasta el 31/12/01 y a partir de entonces y hasta este pronunciamiento tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación Argentina; b) $9.000 con sus intereses calculados a tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina desde que fueron exigibles y hasta su efectivo pago ; c) el 60% de la suma que resulte de agregarle a $36.000 los intereses calculados a tasa pasiva aludida en el punto anterior hasta el efectivo pago; d) la suma de pesos cien mil $100.000 en concepto de daño moral. Los intereses del rubro admitido en el pto.a desde este pronunciamiento continuarán devengándose a la tasa de interés activa allí señalada. Los relativos al daño moral desde el hecho -en los términos señalados en la presente- hasta este pronunciamiento se devengarán al 8% anual y desde entonces a la tasa de interés activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación Argentina. Las costas se imponen a los demandados vencidos. La regulación de honorarios se difiere para el momento en que exista liquidación aprobada.
Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: se revoca la sentencia de fs. 744/751 y se admite la demanda, condenando a los Dres. ASV y AE B al pago a AP en el plazo de diez días:a) el 60% de la suma que resulte de adicionar al monto de la condena por despido arbitrario -$ 69.022-, los intereses calculados al 12% anual hasta el 31/12/01 y a partir de entonces y hasta este pronunciamiento tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación Argentina; b) $9.000 con sus intereses calculados a tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina desde que fueron exigibles y hasta su efectivo pago ; c) el 60% de la suma que resulte de agregarle a $36.000 los intereses calculados a tasa pasiva alud ida en el punto anterior hasta el efectivo pago; d) la suma de pesos cien mil $100.000 en concepto de daño moral. Los intereses del rubro admitido en el pto. a desde este pronunciamiento continuarán devengándose a la tasa de interés activa allí señalada. Los relativos al daño moral desde el hecho -en los términos señalados en la presente- hasta este pronunciamiento se devengarán al 8% anual y desde entonces a la tasa de interés activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco Nación Argentina. Las costas se imponen a los demandados vencidos.
La regulación de honorarios se difiere para el momento en que exista liquidación aprobada.
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