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Timestamp: 2013-12-10 15:29:36+00:00

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ESTUDIOS JURIDICOS: enero 2011
ANÁLISIS DEL PRONUCIAMIENTO EMITIDO EL 7 DE AGOSTO/2008, POR LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo Dirección de Análisis Político Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica ANÁLISIS DEL PRONUCIAMIENTO EMITIDO EL 7 DE AGOSTO/2008, POR LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Toda vez que el objeto central de estudio de este cuerpo de investigadores está relacionado con la actividad legislativa, consideramos pertinente emitir opinión y fijar posición al respecto del pronunciamiento hecho por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el pasado jueves 7 de agosto, en cuanto a: Este pronunciamiento lo rechazamos en todas y cada una de sus partes por lo infundado de sus comentarios y porque en consecuencia carece de rigurosidad jurídica y académica, aun cundo es emitido por la academia, en razón de ello exponemos los siguientes argumentos: 1. LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DELEGACIÓN : afirmar que es inconstitucional la delegación otorgada al Presidente de la República, es colocarse de espalda al contenido del último aparte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pero además asegurar que las materias desarrolladas en la delegación, son las que corresponden a la Reforma Constitucional y a la reserva legal, es mentir descaradamente; basta con conocer tanto de forma como de fondo la habilitación publicada en Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, el 1º de febrero de 2007, en la Gaceta Oficial Nro. 38.617. Al respecto del contenido del referido pronunciamiento opinamos
􀂾 "…la inconstitucionalidad que representa la delegación otorgada al Presidente de la República sobre materias que corresponden a la reforma constitucional y a la reserva legal…esta delegación desconoce la voluntad popular… irrestricta y sin controles, con abandono de las funciones de la Asamblea Nacional, significa la deslegitimación de la institucionalidad democrática, debido a la existencia de un poder constituyente de hecho y de un poder ejecutivo legiferente al margen de la Constitución… el artículo 203 de la Carta Magna prevé que el deber de la Sala Constitucional es pronunciarse acerca de la constitucionalidad del carácter orgánico de las leyes … dicha Sala no puede limitarse al mecanismo formal de control, …se trata de un verdadero control previo de la constitucionalidad del contenido material de las leyes …considera la Academia que muchos de los veinte y seis decretos con fuerza de ley, …, presentan un contenido restricitivo a los derechos fundamentales, consagran principios y fines de un solo pensamiento ideológico y modifican normas constitucionales …altera severamente el Estado de Derecho y sus elementos esenciales, el equilibrio entre poderes, la imparcialidad de los funcionarios públicos al adoptar un pensamiento ideológico … La consulta a la sociedad civil constituye un derecho fundamental de participación y su cumplimiento es obligatorio para todos los órganos del Poder Público."(subrayado nuestro) . PARA MAYOR INFORMACION ACCEDE A LOS ENLACES DE ABAJO Y DEJANOS TUS COMENTARIOS
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ANÁLISIS DEL PRONUCIAMIENTO EMITIDO EL 7 DE AGOSTO/2008,
POR LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Un acercamiento al tratamiento legal de la violencia intrafamiliar en Cuba.
Lic. Patricia Gazmuri Núñez (*)
Introducción El tratamiento legal de la violencia intrafamiliar (denominada como VIF en lo adelante), dada su dimensión social e implicaciones socioeconómicas, constituye en nuestro criterio uno de los elementos fundamentales de intervención de las políticas públicas sobre el tema, por ser el ordenamiento jurídico uno de los instrumentos esenciales de la política social. Si añadimos el hecho de que el desarrollo y alcance de las disposiciones legales, expresan a su vez el nivel de prioridad o jerarquización dado al problema en una sociedad determinada; el análisis de esta arista del tema, poco explorada en la realidad cubana, reviste vital importancia, no sólo para la implementación de acciones de prevención; sino además para desarrollar acciones integradas e interrelacionadas con otras esferas sociales, como parte de la implementación de dichas políticas. El presente artículo, a partir de los resultados obtenidos en el tema de investigación “Violencia Intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su caracterización y recomendaciones a la política social”, culminado en el año 2006 por el Grupo de Estudios sobre Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas; esboza sucintamente, el tratamiento o la respuesta dada por nuestra legislación a este tema tan sensible para la familia cubana; el alcance y limitaciones, que a nuestro entender, presenta aún nuestra legislación y sistema jurídico (entendiendo como tal no solo las leyes, sino también las instituciones que lo integran y los actores que lo operan) ; así como nuestros puntos de vista sobre su tratamiento; con el ánimo no sólo de dar a conocer, sino además de contribuir al perfeccionamiento de nuestra política social, que dado sus rasgos esenciales de justicia y equidad, presta especial atención al desarrollo y evolución de su célula fundamental, la familia.
Alcance de las normativas jurídicas para el tratamiento de la violencia intrafamiliar en CubaLas normativas y disposiciones legales vigentes, para el tratamiento legal de la VIF, se sustentan en la voluntad política del Estado para eliminar todas las formas de discriminación y opresión por razones de clase, género y raza; y aunque responden a una política de protección y garantías, no permiten la solución directa de este fenómeno.Las diferentes normas jurídicas vigentes en Cuba hacen patente el principio constitucional de que el Estado reconoce a la familia como la célula fundamental de la sociedad; y en concordancia con nuestro proyecto de justicia social, de lucha tenaz para eliminar todas las formas de discriminación y opresión por razones de clase, género y raza, existe un cuerpo legal - que aunque no integrado como sistema que tributa hacia las familias- mediante el cual estos principios cobran fuerza legal. Como marco general, la Constitución de la República (1976) refrenda en su articulado el principio de la protección del Estado a la familia, donde se preceptúa que “El Estado protege la familia, la maternidad y el matrimonio. El Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad y le atribuye responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones.”[1]En los artículos 41, 42 y 43, se patentiza el derecho de todos los ciudadanos al disfrute de iguales derechos y al cumplimiento de igualdad de deberes; se prohíbe y sanciona la discriminación por motivos de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas; y se consagran los derechos ciudadanos conquistados por la Revolución. El artículo 44 reconoce la igualdad de derechos, entre el hombre y la mujer, en lo económico, político, cultural, social y familiar; garantizando que se le ofrezcan a las mujeres las mismas oportunidades y posibilidades que a los hombres, a fin de lograr su plena participación en el desarrollo del país.El Código de Familia, puesto en vigor en 1975, refrenda los mismos postulados constitucionales referidos anteriormente; y establece como uno de sus objetivos fundamentales el contribuir al fortalecimiento de la familia y de los vínculos de cariño, ayuda y respeto mutuo entre sus integrantes. Este código se consideró en su momento una de las leyes más avanzadas de América Latina, pero actualmente cuenta con algo más de 30 años de puesta en vigor sin haber sufrido modificaciones que la hayan atemperado con las transformaciones ocurridas en el interior de las familias y la sociedad cubana. Al respecto compartimos la opinión de juristas y otros especialistas en materia de derecho de familia, en cuanto a que dada las situaciones emergidas por el carácter complejo en el que tiene lugar nuestro desarrollo social, se hace necesario introducir modificaciones a este código que lo contemporalicen con la realidad actual. Aunque desde hace algunos años juristas de diversas instituciones laboran en su perfeccionamiento; sin embargo compartimos la opinión de aquellos que consideran que el atemperar el código a la realidad de las familias cubanas, sería solo una fase del proceso de transformación en materia de legislación; por lo que para una adecuada instrumentación de la legalidad, las modificaciones al código deberían ir acompañadas de la implementación de un nuevo procedimiento de familia, así como de la creación de Tribunales de Familia.
Existen otras disposiciones legales que tributan hacia la defensa de los derechos de los miembros del grupo familiar, podemos mencionar por su importancia las siguientes:- El Código de la Niñez y la Juventud.- Ley # 16 del 28 de diciembre de 1978. - De la Adopción, los Hogares de Menores y las Familias Sustitutas. Decreto-Ley # 76 del 20 de enero de 1984. - Código de Trabajo. Ley # 49 del 28 de diciembre de 1984. - Sobre La Comisión de Prevención y Atención Social. Decreto-Ley # 95 del 29 de agosto de 1986. - Código Civil. Ley # 59 del 16 de julio de 1987.- Código Penal. Ley # 62 del 29 de diciembre de 1987. Modificado por el Decreto Ley 87 de 1999. Un rasgo importante a destacar que diferencia nuestra legislación, en materia de VIF, es que la misma sólo se reconoce por la legislación cubana cuando reviste carácter delito y es denunciado ante las autoridades competentes. Por lo que a tenor de lo legislado “El que presencie la perpetración de un delito perseguible de oficio o en cualquier otra forma tenga la certeza de que se ha cometido, está obligado a ponerlo en conocimiento de un Tribunal, Fiscal, Instructor, unidad de policía o, en defecto de ésta, de la unidad militar más próxima del lugar en que se halle.”[2] En virtud de la letra de lo legislado, cualquier persona que conozca de un hecho que revista caracteres de delito; podrá efectuar la denuncia en la Policía Nacional Revolucionaria, Instructor Fiscal, Tribunal o Unidad Militar más próxima al lugar en que se encuentre. Es decir, si el victimario ejerce abuso físico sobre la victima, podrá aplicársele alguna medida (administrativa o penal), sólo si esa agresión física requirió de tratamiento médico. Otro tanto ocurre en el abuso emocional, pues sólo las amenazas que ocasionan en la victima un serio y fundado temor, tendrían respaldo legal, no así otras situaciones de violencia psicológica como: gritos, desvalorizaciones, insultos, críticas permanentes, etc.; las cuales provocan un progresivo debilitamiento psíquico en la persona que la recibe. El Artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal faculta, además, que todo funcionario que conozca de un delito debe denunciarlo, o sea que el acto de denuncia no sólo le atañe a la victima, sino que se faculta a otras figuras de la sociedad civil, como por ejemplo el médico que reconoce a un paciente y detecta que hay un hecho de violencia. Dada las características de nuestra legislación, la denuncia del hecho en sí constituye el primer paso o eslabón de la cadena establecida para la solución de conflicto. Por lo que el accionar de la legalidad pasa por un primer develar, dar a conocer, hacer patente un acto de VIF ante las autoridades competentes, como paso previo para iniciar un proceso legal, y en nuestra opinión ello requiere rebasar determinados patrones culturales arraigados aún en la cultura cubana. A nuestro modo de ver, la denuncia vista no solo como el paso previo para el procesamiento del delito; sino en el amplio sentido de la palabra, como el dar a conocer, develar el fenómeno ante figuras de la sociedad civil, es uno de los eslabones mas importantes, no sólo porque visualiza el hecho, sino porque también da una medida de la concientización de la existencia del mismo por parte de los ciudadanos, familias, funcionarios y la comunidad en general. La no existencia de la cultura de la denuncia no sólo enmascara, oculta el fenómeno de la violencia en las familias, sino que potencializa los efectos nocivos sobre estas y la sociedad en su conjunto; y aunque ha aumentado en los últimos años la preocupación de algunas figuras institucionales y científicas por las manifestaciones de violencia en los diferentes niveles de la sociedad, este fenómeno se encuentra aún muy invisibilizado en las estadísticas jurídico penales. Aunque desde su diseño, el código penal cubano contiene un articulado que da cobertura jurídica para sancionar conductas asociadas a manifestaciones de VIF, siempre y cuando éstas adquieran carácter de delito; sin embargo, ninguno de su artículos tiene una expresión de tipo legal que contemple un procedimiento especial para el tratamiento de estas manifestaciones; por lo que, consideramos que resultaría beneficioso su adecuación con vistas a introducir el tratamiento personalizado de la VIF en nuestra legislación. Ello implicaría, entre otros aspectos, ver este fenómeno como un proceso complejo, focalizar la mirada en la familia desde la perspectiva de la prevención de conductas que atenten contra el bienestar y derechos de todos sus integrantes. Resulta pertinente señalar que a propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en el año 1999 se realizaron modificaciones, al código penal, centradas en el tratamiento a algunos delitos asociados al fenómeno de la VIF, agravándose las sanciones para los delitos que atenten contra la integridad corporal, el normal desarrollo de las relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud. En particular, comentaremos la modificación referida al hecho de considerar como circunstancia para el agravamiento de la responsabilidad penal, el hecho de ser cónyuge y el parentesco entre el ofensor y la victima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, según la Ley No. 87 del 1999. Aunque consideramos que esta modificación es de gran importancia, dado que acentúa la responsabilidad penal ante algún hecho violento cometido contra un miembro de la familia; sin embargo, el circunscribirse sólo a la figura del cónyuge, excluye a las uniones consensuales por lo que limita el alcance de su aplicación. Pensamos además, que ello no ayuda a reconocer la legitimidad de este tipo de uniones.[3] Otro aspecto importante a destacar es el hecho de que el código penal no tiene enfoque de género, lo cual impide considerar determinados factores o circunstancias que, desde esta perspectiva, pudieran ser analizados como atenuantes o agravantes al juzgar un acto de violencia en las familias.La prevención como rasgo distintivo de nuestra legislación
Como parte del sistema de leyes y procedimientos para el tratamiento de las manifestaciones de actos de violencia social, fue creado en nuestro país desde el año 1986 el Sistema de Prevención y Atención Social (SPAS) en virtud del Decreto Ley 95. Este sistema nos distingue de otros países en cuanto al procedimiento legislativo para el tratamiento de la violencia en las familias, como una de las formas de la violencia social. El sistema de prevención consta de tres elementos:Prevención
Reeducación o rehabilitación
La prevención como tal contempla toda la labor educativa y de formación, o sea no sólo la legislación penal sino además la legislación administrativa, los programas de acciones que se desarrollan por las instituciones estatales y las ONG de nuestra sociedad.
En la indagación realizada, se constata que la prevención del fenómeno desde la comunidad es de vital importancia. Pero, aunque el Decreto Ley 95 sobre Atención y Prevención Social establece la creación de grupos de prevención a nivel comunitario; sin embargo, en la práctica su funcionamiento es prácticamente nulo en muchos casos. En nuestra opinión la prevención en sí, choca con un primer obstáculo que es, la no existencia de una clara definición conceptual sobre la VIF por todos los actores del sistema jurídico.
La prevención de las manifestaciones de violencia en las relaciones familiares, dada su multidimensionalidad, requiere en nuestro criterio de la observancia y accionar de los diferentes actores que a nivel comunitario interaccionan con la familia, a través de las prácticas de vida cotidiana que realizan los integrantes del grupo familiar. El intercambio constante de información que se produce entre el sistema social a través de las instituciones y actores de la sociedad civil, con su unidad mas pequeña, la familia; nos da la posibilidad de desarrollar acciones de prevención, desde la legislación, que contribuyan a la modificación de arraigados patrones de conducta tradicionalmente establecidos en la sociedad cubana, que en muchos casos son desencadenantes de situaciones de violencia en el seno familiar. Si bien es importante prevenir desde lo educativo, la búsqueda de vías alternativas para la solución de problemas familiares, de acuerdo con la documentación consultada, resulta ser una práctica jurídica utilizada con frecuencia en algunos países para el manejo de conflictos. Los conflictos interpersonales, como parte del intercambio de fuerzas desde posiciones diferentes, forman parte de la vida cotidiana de los individuos, y pueden tener un manejo positivo o no. Entre las alternativas, haremos referencia a la mediación como método alterno de resolución de conflictos, por ser una de las formas utilizadas más comunes y antiguas.
En el proceso de mediación[4], el mediador (tercero neutral) se abstiene de emitir opinión, asesorar, o proponer fórmulas de acuerdo, limitándose a conducir el procedimiento, en el que, mediante el empleo de diversas técnicas, procura que las partes generen su propia solución.
En Cuba la mediación de conflictos familiares es una técnica poco desarrollada; y según estudiosos del tema, “en el campo del Derecho de Familia no existen antecedentes ni estudios específicos sobre Mediación Familiar”[5]. Se le reconocen ventajas en lo económico, al ser menos costosa que un proceso judicial; en el ahorro de tiempo y duración de acuerdos; obtención de resultados satisfactorios para ambas partes, al ser las partes protagonistas y responsables; aumento de la creatividad y el empoderamiento personal; así como deuteroaprendizaje (capacidad que se desarrolla para solucionar futuros conflictos). Las desventajas están atribuidas a la falta de profesionalidad y capacitación de los profesionales que ejercen como mediadores.La mediación de conflictos familiares no tiene un espacio en la legislación cubana; y, en nuestra opinión, su introducción requiere de un escenario de confluencia e interacción de diferentes disciplinas. Los conflictos familiares por su naturaleza, para ser tratados, reclaman de la intervención no sólo de juristas, sino además de psicólogos, pediatras, sociólogos, pedagogos, demógrafos y otros especialistas que tengan influencia en la vida familiar; incorporándose de esta forma la visión de la sociedad civil en el análisis de estos procesos.Compartimos el criterio de aquellos que plantean que nuestra legislación presenta ausencias, vacíos, que dificultan el abordar la prevención del fenómeno atendiendo a la gama de situaciones y naturaleza de los conflictos; pensamos que el tratar la VIF solamente desde la infracción, no sólo es abogar a favor de reprimir, en vez de educar; sino que imposibilita el cause legal de actos violentos no contemplados en el código penal; y que el tratamiento jurídico de la violencia que se produce en el seno familiar pudiera atemperarse con una ley especial o un procedimiento especial de familia. Desde nuestra visión, la creación de los Tribunales de Familia es un reclamo que surge dada la necesidad del accionar cotidiano, y desde la naturaleza de los conflictos; lo cual posibilitaría la interacción de diferentes actores de la sociedad civil que, desde sus disciplinas y roles, tributan hacia la atención de la VIF. Consideraciones sobre el tratamiento a las victimas de VIF.En muchas ocasiones la no protección o asistencia social hacia las víctimas de violencia en las familias; la falta de apoyo psicológico; las presiones a que se ven sometidos las victimas durante su intervención en el proceso jurídico, dada la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral; los riesgos que genera su participación en el mismo, etc.; producen efectos tan dolorosos para la víctima como los que directamente se derivan del delito. Por lo que la ciencia penal ha puesto su atención en la persona de la víctima, reclamando la intervención del Estado, dirigida no solo a establecer mecanismos de protección para ellas, sino también a atenuar los efectos que el delito le ha producido.En nuestro país el Estado, no sólo al amparo de la legislación, sino además desde los programas sociales, garantiza la protección de los miembros más vulnerables del grupo familiar; sin embargo, nuestra legislación no dispone de normativas que regulen la atención a las victimas, ni a victimarios de actos de VIF; y no se ha podido constatar que la legislación contemple espacios de protección o ayuda a las victimas de los mismos.
Resulta pertinente sin embargo reconocer la labor realizada en este sentido por la FMC a través de Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF); en particular, al trabajo desarrollado con la familia, la mujer y la niñez en cuanto a la prevención y la atención social; en la atención a problemáticas complejas como la prostitución, la VIF, el alcoholismo y la drogadicción, entre otras.
De acuerdo con la indagación efectuada para la investigación, el tema de la violencia familiar se encuentra entre las principales problemáticas atendidas por la COMF, desde 1999 y hasta el 2003. Se reportan además, otros aspectos que a nuestro criterio se vinculan con la VIF, tales como:· Incumplimiento de la pensión alimentaria de los padres a los hijos e hijas.· La Convivencia familiar · Las relaciones de pareja.Algunos expertos en materia jurídica reconocen la necesidad de la existencia de un espacio, o mecanismo de protección legal para las victimas, y asocian la no denuncia de actos de violencia, en algunos casos, a la ausencia de mecanismos de protección. Otros manifiestan que la creación de las denominadas “casas de refugio”, no constituye una solución del problema en si mismo, y que lo mas importante es encauzar esfuerzos hacia la labor de prevención; por lo que no hay una opinión consensuada sobre el tema. Si bien es cierto que la prevención del fenómeno, no sólo desde acciones o procedimientos que den una respuesta (penal o administrativa) a la infracción, sino además desde el plano educativo -donde se propicie una intervención social a gran escala que de cabida a alternativas para la solución de conflictos- es el eslabón fundamental para el enfrentamiento a la VIF; no es menos cierto que los espacios de protección a las victimas y/o victimarios, además de brindar ayuda y amparo, pudieran facilitar su atención desde lo personológico.
Diferencias más significativasAunque Cuba no cuenta con una ley específica que refrende las manifestaciones de VIF, como es el caso de algunos países de la región de América Latina y El Caribe; pensamos que nuestra legislación y política social ofrecen un marco, que aunque perfeccionable como todo sistema en desarrollo, garantiza el respeto de los derechos humanos de los miembros del grupo familiar, paso previo para la eliminación de cualquier forma de violencia u opresión. A modo de resumen, nos resulta interesante mostrar una breve reseña comparativa de algunos conceptos legislativos; con el objetivo de resaltar las diferencias existentes en la respuesta legal dada a los aspectos, que por su importancia han sido seleccionados. La selección de Argentina y Costa Rica para el análisis comparativo responde al alcance de la legislación en materia de VIF en esos países, a tenor de especialistas en el tema.FinalidadCuba. Las diferentes normas vigentes en Cuba hacen patente el principio constitucional de que el Estado reconoce en la familia la célula fundamental de la sociedad, aunque no existe una ley especial sobre Violencia Intrafamiliar.Argentina. No precisa.Costa Rica. Regula la aplicación de las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, la integridad y dignidad de las victimas de la violencia doméstica.Jueces deben procurar que esta ley no sea utilizada por los agresores contra las victimas.
Política PúblicaCuba. Expresada en la Constitución de la República, donde se manifiesta la voluntad política del Estado cubano, para eliminar toda forma de discriminación y opresión por razones de clase, género y raza desde 1959; las leyes que amparan niñez, la juventud y la familia; y los programas sociales.Argentina. Consejo Nacional del Menor y la Familia: coordina los servicios públicos y privados a fin de evitar y superar las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia. Se le participa de todas las denuncias que se presenten. Invita a las provincias a dictar normas de igual naturaleza.Costa Rica. El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, como ente rector, vigila el cumplimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; desarrolla programas de detección, atención, prevención e inserción laboral de las personas agredidas. Tiene entre sus funciones, velar porque las autoridades se comporten de conformidad con la Convección; tomar las medidas apropiadas para modificación de prácticas jurídicas o consuetudinarias de violencia; fortalece el conocimiento y observancia del derecho de la mujer; promueve modificación de patrones socio culturales; estimula programas educativos sobre violencia doméstica; garantiza la investigación y recopilación de estadísticas e información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia doméstica. A su vez, desarrolla un Plan Nacional para coordinar un sistema que pueda ofrecer servicios especiales a las personas agredidas por violencia de género o su prevención.
Definición de la VIFCuba. No está contemplado por Ley. Argentina. Contempla como tal las lesiones o maltrato físico o psíquico.Costa Rica. La define como violencia doméstica a la acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra pariente (...) que produzca como consecuencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial
Titular de la acciónCuba. Se define según lo establecido en el Artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal. Además para la víctima o su representante legal, en los delitos perseguibles a instancia de parte (Artículo 309 y 320 del Código Penal).Argentina. Representantes y/o Ministerio Público: si los damnificados son menores, incapaces, ancianos o discapacitados; servicios asistenciales sociales y educativos, públicos o privados; profesionales de la salud; todo funcionario público; el menor incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público.Costa Rica. a) Si son menores de 12 o incapaces, su representante legal, Patronato Nacional de la Infancia, autoridad de policía o persona mayor de edad.b) Instituciones públicas o privadas que lleven a cabo programas de protección de los derechos humanos y de la familia.c) Mayores de edad cuando la persona agredida esté imposibilitada a consecuencia de la situación de violencia doméstica
Órganos competentesCuba. a) Tribunales Municipales y Provinciales Populares (Salas de lo Penal y de lo Civil)b) Oficiales de menores, Jefes de Sectores de la Policía Nacional Revolucionaria del Ministerio del Interior.c) Comisión Nacional, Provincial y Municipal de Prevención y Atención Social.d) Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia (COMF)Argentina. El Ministerio Público y el Juez de Familia.Costa Rica. Juzgado de Familia, en su defecto las alcaldías mixtas
Tipo de ProcedimientoCuba. No hay establecido un procedimiento específico dada la inexistencia de una Ley especial, pero existen tratamientos alternativos que abarcan las materias fundamentales; Civil, de Familia. Administrativa, Laboral y Penal que encuentran respaldo jurídico en las leyes sustantivas (Código Civil, Código de Familia, Regímenes contravencionales, Código de Trabajo y Código Penal) y adjetivas (Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral y Ley de Procedimiento Penal). Existen además procedimientos preventivos que se desarrollan, fundamentalmente, a través de las Comisiones de Prevención Social; a través de los oficiales de prevención de menores y de seguridad pública del Ministerio del Interior, y trabajadoras sociales de las COMF.Argentina. La denuncia, puede ser verbal o escritaCosta Rica. Para las Medidas de Protección, el Código Procesal Civil se aplica supletoriamente.La Política Administrativa interviene de oficio o a requerimiento de parte, en las situaciones de violencia doméstica.
Medidas de protecciónCuba. No están reflejadas en ningún cuerpo legislativo Argentina. A través de un Proceso Civil o Familiar, se establece una audiencia de mediación que es convocada dentro de las 48 hrs. De adoptadas las medidas precautorias; se insta al grupo familiar a asistir a programas educativos y terapéuticos.Costa Rica. Las medidas de protección pueden ser solicitadas por escrito o en forma verbal, con independencia de cualquier otro proceso, y están contempladas en el cuerpo de la legislación.
Reflexiones finales A modo de conclusión, nos parece pertinente resaltar algunos aspectos que caracterizan en lo esencial el alcance y limitaciones, que en nuestro criterio, aún tiene el tratamiento de la VIF en el contexto cubano; así como lo que de distintivo o novedoso posee en relación con otros países latinoamericanos.
Aunque aún queda mucho camino por recorrer, tanto nacional como internacionalmente, no sólo en materia de diseño de normativas jurídicas, sino a su vez en la implementación de las mismas, pensamos que en nuestro país el enriquecimiento cultural de funcionarios, activistas sociales, familias y comunidad en general es de vital importancia para develar este fenómeno a escala social; y que la articulación de los instrumentos jurídicos, que tributan hacia la familia como sistema, es de vital importancia para el desarrollo de acciones de prevención.Resulta pertinente destacar que en Cuba, el tratamiento legal de la violencia que se manifiesta entre los miembros del grupo familiar responde a una política de protección y garantías, hecho que nos distingue del resto de la región latinoamericana, pero esta no permite su solución de manera directa. La existencia de una estrategia y programas sociales, si bien contribuye a respaldar el estado de derecho de los grupos mas vulnerables: mujeres, niños(a) y ancianos, no es suficiente para el tratamiento de la VIF como fenómeno complejo, no existiendo adecuados espacios para la atención a victimas y victimarios, lo que dificulta el enfoque psicosocial en el tratamiento de los casos. La existencia de vacíos, en el instrumental jurídico, para encauzar las manifestaciones de VIF de carácter psicológica, es una de las problemáticas pendientes de solución, ya que como se explica en el texto las leyes sólo reconocen la violencia física. Por otro lado, el desarrollo de lo legislado, así como los espacios de concertación, son insuficientes para el manejo y solución de conflictos familiares mediante vías alternativas, por lo que existe una tendencia muy marcada hacia la aplicación de los métodos tradicionales de justicia, con el consiguiente costo social y económico que ello implica. Consideramos que el derecho de familia tiene un campo muy fértil en esta temática, poco explorada y divulgada en nuestra sociedad, no así en otros contextos. Pensamos que en la sociedad cubana no existe una clara percepción del fenómeno de la VIF; y compartimos la opinión de juristas y otros especialistas expertos en la materia que plantean la necesidad de reconocerlo en nuestra legislación, por las características que presenta. Y aunque si bien la legislación es uno de los elementos que coadyuva a resolver este problema (no el único), pensamos que priorizar las vías dirigidas hacia la prevención, contribuiría a atenuar los efectos de la transmisión de patrones culturales basados en relaciones de poder violentas entre los miembros de la familia. Por otro lado resulta pertinente resaltar que la labor de prevención, dada la multidimensionalidad de este tema, requiere a nuestro criterio, de la observancia y accionar de los diferentes actores que a nivel comunitario interaccionan con la familia, a través de las prácticas de vida cotidiana que realizan los integrantes de este grupo social. .
* Patricia Gazmuri Núñez. Licenciada en Economía, Universidad de La Habana (1976). Posee más de 20 años de experiencia como investigadora en la esfera de la vivienda, donde ha participado en diversos estudios de carácter económico-social, que han servido de basamento para la instrumentación de la Política Habitacional del país. Entre ellos se destacan la Estrategia para el Desarrollo Socio Económico hasta el año 2000, los estudios para la formulación del Sistema de Alquileres de Vivienda y el Proceso Inversionista en dicha esfera, los procedimientos metodológicos para la elaboración del Programa Territorial para el Desarrollo de la Vivienda, el diseño de indicadores para contribuir a medir el nivel de satisfacción de las necesidades habitacionales, los Escenarios Socio Económicos para el Desarrollo de la Vivienda y la Estrategia Científico Técnica para el Desarrollo de las Construcciones. Ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Es autora de artículos publicados en revistas de circulación nacional, y de publicaciones digitales con difusión nacional e internacional. Actualmente se desempeña como investigadora en el Departamento de Estudios sobre Familia en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), donde ha participado como ponente en eventos internacionales tales como la VI Conferencia Iberoamericana Las Familias y las Culturas (2005), Hominis’05 , III Seminario Bienal Complejidad(2006) y el I Congreso Multidisciplinario de Ciencias Sociales, este último celebrado en la ciudad de Mérida, Venezuela en el 2006.De reciente culminación pueden mencionarse los resultados de investigación denominados “Violencia Intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su caracterización”, y “Violencia Intrafamiliar en Cuba. Recomendaciones a la política social”; ambos temas fueron debatidos en el Taller Internacional CIPS 2006 Encuentro Pre – ALAS del Caribe. Bibliografía · Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (1997) “Módulo Legislativo sobre Violencia contra la Mujer. Fichas de Legislación”. (New York,GPI). · Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (1997) “Módulo Legislativo sobre Violencia contra la Mujer. Herramientas Conceptuales”. (New York, GPI).· Gaceta Oficial Ext. No. 6: 10 de junio de 1994, Artículo 2 del Decreto-Ley No. 151, Modificativo de la Ley de Procedimiento Penal: pág. 16.· Gaceta Oficial Ext. No 1: 15 de Marzo de 1999. Ley No 87 Modificativa del Código Penal. La Habana· Oficina Nacional de Estadísticas 2002. Censo de Población y Viviendas. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Ciudad de La Habana· Oficina Nacional de Estadísticas 2003. Anuario Demográfico de Cuba. Centro de Estudios de Población y Desarrollo. Ciudad de La HabanaTomado de Internet· Mirar a Cuba, 2003: Constitución de la Republica de Cuba. La Habana <http://www.cubaminrex.cu/Mirar_Cuba/La_isla/constitucion.htm > · Asamblea Nacional del Poder Popular, 1987: Ley Nº 62 Código Penal. <http://www.cubapolidata.com/gpc/gpc_codigo_penal_de_cuba.html>· Sitio Derecho Penal s/f Ley No. 62: Código Penal de Cuba & Ley No. 87, modificativa del Código Penal <http://www.unifr.ch/derechopenal/legislacion/cu/cpcubaidx.htm>Notas
[1] Constitución de la República de Cuba. Capítulo IV, artículo 35[2] Articulo 116. (Modificado). Ley de Procedimiento Penal. Este título, en su totalidad, fue modificado por el artículo 2 del Decreto-Ley No. 151, “Modificativo de la Ley de Procedimiento Penal”, de 10 de junio de 1994.[3] La uniones consensuales representan el 30,1 % del total de matrimonios declarados en el año 2003, y el 25,5 % del total de población, de 15 años o más, declarada como unida al momento del censo del 2002. (ONE:2003) y (ONE:2002)
[4] Es un proceso mediante el cual un mediador le ayuda, facilitándole un método privado e informal, para reflexionar acerca del conflicto o disputa interpersonal (“discutir el asunto”) y tratar de resolverlo. El mediador no es un juez y no decide quién es culpable o inocente. El proceso de mediación es flexible y permite encontrar con el mediador sus necesidades más importantes. Ver Tesis sobre Mediación Familia., autora Msc. Yamila González, Unión Nacional de Juristas de Cuba [5] Ver: González, Yamila “Mediación Familiar“, Tesis de Maestría. Unión Nacional de Juristas de Cuba. La Habana, 2003 PARA MAYOR INFORMACION ACCEDE A LOS SIGUIENTES ENLACES DE ABAJO Y DEJANOS TUS COMENTARIOS

References: artículo 203
 artículo 236
 artículo 203
 artículo 44
 Artículo 116
 resolución 
 Artículo 116
 Artículo 2
 artículo 35
 artículo 2