Source: https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/bnj_colpens_040.htm
Timestamp: 2020-06-06 21:53:46+00:00

Document:
[BNJ COLPENS 040] - Colpensiones - Administradora Colombiana de Pensiones
BALANCE NORMATIVO JURISPRUDENCIAL No. 40
TEMA. Revocación directa de un acto administrativo particular y concreto de carácter pensional
Código Contencioso Administrativo, artículos 28, 34, 35 y 74.
ARTÍCULO 34. PRUEBAS. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del interesado.
ARTICULO 35. ADOPCION DE DECISIONES. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares.
Ley 797 de 2003, artículos 19 y 20.
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”
ARTICULO 74. PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este Código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes.
¿Cuándo no procede la revocatoria directa de un acto administrativo particular y concreto de carácter pensional? (Expediente No. 3304-01 de 2011 Consejo de Estado / F_25000-23-15-000-2010-03304-01(AC))
Según lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho, como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición, o la aplicación de un régimen especial frente a uno general, tales asuntos deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en consecuencia no procede la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del particular.
¿Cuándo procede la revocatoria directa de una pensión? (Expediente No. 1230-01 de 2011 Consejo de Estado / F_08001-23-31-000-2010-01230-01(AC))
Para darse la revocatoria del acto administrativo de reconocimiento prestacional sin el consentimiento del titular del derecho, debe tipificarse la conducta como delito, aunque no concurran los demás elementos de responsabilidad penal, de tal manera que si se reconoció la prestación con fundamento en documentación falsa o se halla comprobado el incumplimiento de requisitos, basta con que sean constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal.
¿La administración puede revocar pensiones reconocidas irregularmente, sin informar al titular del derecho? (Expediente No. 869-01 de 2009 Consejo de Estado / F_25000-23-15-000-2009-00869-01)
Si bien de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, se consagró la potestad oficiosa para que la administración, pueda verificar las presuntas irregularidades que llevaron al reconocimiento de una pensión o una prestación económica, ello no indica, una facultad de la administración para no comunicar al titular del derecho, las actuaciones que se adelantan en torno a la legalidad del acto que reconoce el derecho. En este sentido, esa facultad oficiosa de revisión debe estar precedida de motivos reales, objetivos y trascendentes, es decir que para que la administración forme un criterio estructurado frente a las decisiones de la revocatoria es necesario, que previa a esta determinación de dejar sin validez el acto administrativo particular, se debe agotar como mínimo el procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo, es decir, que se debe comunicar al titular del derecho, el actuar de la administración en procura de materializar el ejercicio de defensa y contradicción de la prerrogativa fundamental del artículo 29 de la Constitución. En conclusión, toda actuación previa a la revocatoria de un acto administrativo que reconoce una prestación, debe ser comunicada, con el propósito de asegurar al titular del derecho la garantía del debido proceso.
¿Cuándo procede la revocatoria directa de un acto administrativo particular y concreto de carácter pensional? (Expediente No. 0882-11 de 2011 Consejo de Estado / F_25000-23-25-000-2004-06961-01(0882-11))
De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, la revocatoria sólo procede en la utilización de medios ilegales si se cometió una conducta tipificable en la Ley Penal. En los demás casos la Administración deberá obtener el consentimiento del titular del derecho para revocarlo directamente o, en su defecto, solicitar la nulidad de su propio acto ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
El Consejo de Estado ha determinado que para darse la revocatoria del acto administrativo de reconocimiento prestacional sin el consentimiento del titular del derecho, debe tipificarse la conducta como delito, aunque no concurran los demás elementos de responsabilidad penal, lo anterior sin perjuicio que toda actuación previa a la revocatoria de un acto administrativo que reconoce una prestación, debe ser comunicada, en procura de materializar el ejercicio de defensa y contradicción de la prerrogativa fundamental del artículo 29 de la Constitución.
Además siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencia C-835 de 2003) ha establecido que cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho, como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición, o la aplicación de un régimen especial frente a uno general, tales asuntos deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en consecuencia no procede la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del particular.

References: ARTÍCULO 34
 artículo 309
 artículo 309
 artículo 309
 artículo 42
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 20