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Timestamp: 2019-11-22 18:07:34+00:00

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OPINIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CHILE
Sobre el Proyecto de " Defensoría Penal Pública"
Con fecha 5 de Junio de 2000, se llevó a cabo en la sede del Colegio de Abogados de Chile, una Sesión Extraordinaria de su Consejo General con la asistencia de representantes de los Colegios Regionales de Arica, Iquique, Copiapó, La Serena, Rancagua, Valparaíso, Los Angeles, Temuco, Valdivia y Magallanes.
El objetivo de esta sesión fue debatir sobre el Proyecto de Ley que crea la Defensoría Penal Pública, que actualmente se discute en el Congreso.
La creación de mecanismos adecuados para el ejercicio del Derecho de Defensa se hace más urgente desde la creación del Ministerio Público y su organización de fiscalías a lo largo del país, que permitirán sostener la acción penal con rigor y eficacia, dada la infraestructura de que está dotada y el esmero adoptado en la elección de sus asesores.
La defensa es un componente básico del proceso, el que durante todo su dinámico desarrollo requiere de la intervención profesional de un letrado que esté capacitado para hacer las alegaciones, rendir las probanzas y formular las reflexiones y razones que permitan eximir o bien, a lo menos, aminorar la responsabilidad del justiciable en una relación equilibrada entre quienes formulan cargos y quienes hacen valer los respectivos descargos.
Dado lo anterior, es opinión pacífica la necesidad de crear, de manera paralela al Ministerio Público, un sistema de defensoría adecuado que permita, especialmente a las personas sin recursos, acceder a una defensa eficiente que garantice eficazmente sus derechos constitucionales.
La Regulación del Derecho de Defensa en Chile
El artículo 19 No 3 de la Constitución vigente dispone que "toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiera sido requerida". Continúa señalando que "La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselo por sí mismos".
Antes de la actual Constitución, la ley No 4.409 imponía a los Consejos de los Colegios de Abogados "crear y mantener consultorios jurídicos gratuitos para pobres y vigilar la correcta actuación de los abogados llamados por la ley a asistir a las personas que gozan de privilegio de pobreza".
Ese sistema fue sustituido por la ley Nº 17.995 que creó las Corporaciones de Asistencia Judicial con sede en Santiago, Valparaíso y Concepción las que, de hecho, fueron las continuadoras legales de los Servicios de Asistencia Judicial que mantenían los Colegios de Abogados del país. La tuición de estas Corporaciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Justicia como culminación de un proceso sucesivo de cercenamiento de las facultades y atribuciones de los Colegios de Abogados, ya esencialmente constreñidos y limitados a través del Decreto Ley Nº 3.621, de 8 de Mayo de 1981, el cual, además considera a los Colegios Profesionales en el carácter de simples asociaciones gremiales, procede a derogar la colegiatura obligatoria como requisito del ejercicio profesional.
Hoy en día, de manera paralela a las funciones desempeñadas por las Corporaciones de Asistencia Judicial dependientes del Ministerio de Justicia, está el sistema de abogacía de turnos, consagrada en el Titulo XVII del Código Orgánico de Tribunales intitulado "De la Asistencia Judicial y del Privilegio de Pobreza". Su artículo 595 faculta a los Jueces de Letras para designar cada mes y por turnos, entre los no exentos, un abogado que defienda gratuitamente las causas civiles, otro que defienda las causas del trabajo y un tercero que defienda las causas criminales de las personas que hubieren obtenido o debieran gozar del mencionado privilegio. El precepto agrega que, cuando las necesidades lo requieran, y el número de abogados en ejercicio lo permita, la Corte de Apelaciones respectiva puede disponer que los jueces de letras designen dos o más abogados en cada turno, estableciendo la forma en que deban distribuir las causas entre los abogados designados. Normas semejantes se dan para que los jueces de letras designen a procuradores y receptores de turno. El artículo 596 de ese mismo cuerpo legal señala que, en el evento que los procesados no designaren procurador y abogado en el acto de notificárseles el auto de procesamiento, serán representados y defendidos por los procuradores del número y abogados que estuvieren de turno.
El Proyecto de Defensoría Penal Pública se funda en la ineficiencia del sistema actual, que impediría garantizar el ejercicio satisfactorio del Derecho de Defensa. Respecto de las Corporaciones de Asistencia Judicial, se critica el hecho de que la prestación de los servicios se lleve a cabo por Licenciados de Derecho que estén haciendo su práctica profesional gratuita durante un lapso de seis meses. La falta de experiencia de quienes se están iniciando en las lides judiciales y la frecuente rotación de defensores en un mismo proceso, conspirarían a la necesaria igualdad de condiciones que debería tener la defensa frente a una acusación sostenida por letrados especializados.
En relación a los abogados de turno, se sostiene que se trata de un sistema que, descansando sobre la solidaridad caritativa de los profesionales, constituye una carga gratuita que hace discriminatoria la tarea del abogado frente a otros profesionales liberales, lo que ha sido determinante para las naciones europeas que lo tenían, procedieren a abandonarlo.
El proyecto crea un servicio público descentralizado, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, que debe relacionarse con el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Su dirección superior, está a cargo de un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República denominado Defensor Penal Público. A nivel nacional, las atribuciones y funciones del Servicio están a cargo de los Defensores Regionales, debiendo existir uno por cada región, con excepción de la Metropolitana, en la cual habrá dos. A su vez, se crean Defensorías Locales como unidades operativas en las que se desempeña la defensoría en la región. Estas sólo existirán en aquellas ciudades cuya población exceda a 50.000 habitantes y, aún cuando no se cumpla con este mínimo, cuando se trate de una capital de región.
La principal función de las defensorías es designar a los letrados o instituciones licitantes con convenio vigente a quien le corresponda asumir las defensas en casos determinados. La defensa penal puede ser prestada por éstos, o bien, por los propios abogados del Servicio de la Defensoría Penal Pública.
Se crea un Consejo Nacional de la Defensa Penal Pública, integrado por los Ministros de Justicia, de Hacienda y Economía, o sus representantes, y personeros del Poder Judicial, cuya función es la de convocar y establecer las bases de la licitación a nivel regional para la contratación de los futuros defensores, después de la primera audiencia judicial, en caso que el procedimiento continúe adelante y que el imputado carezca de defensor de confianza.
Las defensas se adjudican a través de licitaciones que duran tres años, debiendo ser resueltas por un jurado regional.
El proyecto contempla estrictos mecanismos de control, reclamos y sanciones en relación a los profesionales que presten la defensa, entre los cuales están, requerimientos e informes periódicos, inspecciones de oficio y todo un sistema de reclamos de los beneficiarios, que pueden traducirse en sanciones consistentes en multas, según lo establecido en los contratos respectivos; en la retención del total o parte de los pagos adeudados, de acuerdo a lo convenido en el contrato; o bien, en el término de este último.
De acuerdo al proyecto circulado en el Boletín Nº 2365-07 de la Unidad Coordinadora de la Reforma Procesal Penal del Ministerio de Justicia, actualizado el 15 de Julio de 1999, el sistema se adscribía a una orientación monopólica de la Defensoría Pública, con exclusión de toda otra institución. En efecto, el artículo 83 del referido texto expresaba: "Derógase toda norma legal contraria a lo establecido en la presente ley". Esto implicaba la derogación de la ley Nº 17.995 en cuyo artículo 1º, según se ha dicho, se creaban las Corporaciones de Asistencia Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia y que resultaron ser continuadoras de aquellas que sostenía el Colegio de Abogados de Chile.
De la misma manera, el artículo 82 derogaba de manera expresa el artículo 596 del Código Orgánico de Tribunales que establece los abogados de turno. El texto del proyecto último, no contiene la norma del artículo 83 antes transcrito, limitándose a mantener la derogación del artículo 596 del Código Orgánico de Tribunales. Este cambio en el texto podría inducir a la idea de que la Defensoría Penal Pública podría funcionar en el futuro de manera compatibilizada con los Servicios de Asistencia Judicial pero, aún sin precepto derogatorio expreso podría considerarse que el artículo 2º del proyecto, al fijar los objetivos de la Defensoría -"proporcionar defensa penal pública a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un Juzgado de garantía o de un Tribunal Oral en lo Penal y que carezcan de abogado"- estaría tácitamente derogando la ley Nº 17.995 y con ello, la vigencia de las referidas Corporaciones; o bien, en el mejor de los casos, si se entiende que dicha derogación tácita no se da, limitando las defensas de las referidas Corporaciones a aquellos casos que expresamente le fueron adjudicados en las respectivas licitaciones abiertas por la Defensoría Penal Pública.
A juicio de este Consejo General y de los representantes de los Consejos Regionales, los puntos de mayor relevancia del proyecto son los siguientes:
1.- Sobre la Naturaleza de la Regulación de la Defensa: O bien nos inclinamos por la creación de una Defensoria Penal Pública, o bien, por una ley, al estilo de la ley española, que entregue a los Colegios de Abogados la tutela de todo el sistema, la selección de los defensores y la fiscalización de su cometido. El primero de los sistemas enmarca la actividad del abogado en pautas de conductas que pugnan con la libertad de defensa y la dignidad profesional imponiendo sistemas de control que violentan valores éticos irrenunciables.
Por otro lado, en contra del segundo, conspira la debilidad estructural de nuestros Colegios, profundamente debilitados en los últimos decenios y respecto de los cuales se podría creer no están dotados de los elementos suficientes para echarse encima la responsabilidad de la organización y tutela de una defensoría de oficio a nivel nacional.
2.- Sobre los Prestadores de Servicios: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 del proyecto, la Defensa Penal Pública puede ser prestada por los abogados de la Defensoria, llamados defensores locales, o bien, por abogados particulares o pertenecientes a personas jurídicas que hayan sido seleccionadas en el proceso de licitación o con los que se haya celebrado convenio para la prestación de servicios.
El hecho de que las defensas puedan ser adjudicadas a personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza, persigan o no fines de lucro, pugnan con la inmediatez que debe existir siempre en la relación abogado cliente. Se trata de una vinculación esencialmente personal y fiduciaria, esto es, en la que debe mediar confianza. Puede darse el justo temor de que, al amparo de esta ley, puedan crearse organizaciones con personalidad jurídica destinada a la creación de verdaderas empresas de prestación de servicios que, con abogados asalariados, participen en las licitaciones. A fuerza de mercantilizar la Defensoría de Oficio -tradicionalmente fundada en principios de solidaridad- se hace peligrar la esencia de la relación profesional con el cliente, y que éste termine por ser defendido por un abogado que nunca lo ha visto ni conocido.
3.- De los Beneficiarios de la Defensa: Los beneficiarios de la defensa penal pública, son los imputados o acusados que carezcan de abogado y requieran de un defensor (art.36). No se exige se trate de personas que carezcan de recursos necesarios para poder tener una defensa particular. De esta manera, no obstante que la regla general es que la defensa penal pública es gratuita (art.37) se establece que, de manera excepcional, la Defensoría puede cobrar para quienes tengan medios de financiarla privadamente.
Este es un punto delicado frente al principio de subsidiaridad del Estado y de sus Órganos. Dentro de nuestra tradición, las defensas de oficio han sido siempre restringidas a los pobres, lo que aquí no ocurre.
El proyecto pone en serio peligro ciertos valores irrenunciables de la abogacía.
El hecho de que el abogado defensor pueda ser empleado de una persona jurídica que se ha ganado una determinada licitación, al margen de toda relación de éste con el inculpado y con la naturaleza del delito que se le imputa, conspira contra su libertad de aceptar o rechazar el asunto profesional. El derecho de defensa implica que el abogado pueda actuar con libertad. Una defensa libre supone la libertad del defensor para aceptar o rechazar el asunto que se le encomienda, para representar a un acusado cuando sólo tiene la posibilidad de preparar libre e íntegramente una defensa de acuerdo con las exigencias de la justicia, de comunicarse cada vez que lo desee con el acusado y de informar, sin estar condicionado por las instrucciones de un Órgano o Autoridad, sin la amenaza de sufrir sanciones por su visión del problema y de su estrategia de defensa. Esta libertad del abogado se ve fuertemente restringida a través de las normas contenidas en el Título VI, intitulado "Control, Reclamos y Sanciones", donde se establecen fiscalizaciones al abogado defensor, a través de inspecciones, auditorías externas y sometiéndolo a la obligación de emisión de informes periódicos.
Las referidas disposiciones afectan la dignidad y el decoro profesional. Así ocurre al establecerse inspecciones de las defensorías locales a los abogados, sin aviso previo, con atribuciones para examinar todas las actuaciones de la defensa, de acuerdo a metodologías que determine un reglamento. Los inspectores están facultados para revisar los papeles y las instalaciones en que se desarrollan las tareas del profesional, entrevistar a los beneficiarios del Servicio y a los jueces que han intervenido en los procesos.
Toda esta organización fiscalizadora da origen a una "abogacía vigilada" que es contraria al honor profesional, que parte del supuesto de la incompetencia o deshonestidad del abogado, contrariando así lo dispuesto en el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales, para el cual los abogados "son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes".
La libertad e independencia del ejercicio profesional se pierde con una abogacía de Estado, cuando los miembros de la Orden se ven en la necesidad de ponerse a disposición de quienes haya menester de sus servicios a través de una organización oficial y con determinadas disciplinas internas que condicionan sus opciones, sujetos a fiscalización y amenazas de cambio de su situación laboral o administrativa. El abogado, en cumplimiento de su misión, debe actuar con absoluta libertad e independencia, sin otra limitación que las impuestas por la ley y por las normas morales y deontológicas.
Las mismas disposiciones fiscalizadoras contenidas en el proyecto, ponen en jaque el derecho y obligación de reserva que pesa sobre los abogados en relación a todos los asuntos que se le confían. Un auténtico Estado de Derecho es incompatible con la práctica de cualquier forma de violación del secreto profesional de la abogacía, salvo en los casos muy excepcionales de aquellas que deriven de resoluciones judiciales. El artículo 10 del Código de Ética Profesional, después de calificar el secreto como un deber y un derecho del abogado, afirma de manera categórica que, en relación a los clientes, constituye "un deber que perdura en lo absoluto, aún después de que les haya dejado de prestar sus servicios". Esta obligación del secreto comprende las confidencias hechas por terceros al abogado y las que sean consecuencia de pláticas para realizar una transacción que fracasó, cubriendo además las de los colegas. Atenta derechamente en contra del referido principio, lo dispuesto en el artículo 62 del proyecto, que autoriza a los inspectores y auditores externos que fiscalizan el desempeño de los abogados defensores para examinar las actuaciones de la defensa, sin límites y reservas.
Estas inspecciones dan origen a informes que los fiscalizadores deben remitir al defensor regional respectivo, abriéndose así, como un abanico, el número de personas que en último término tienen acceso a las confidencias del cliente. No constituye ninguna salvaguarda efectiva al sistema el hecho de que los datos, notas personales y manuscritos de los abogados en relación a cada asunto sean catalogadas como confidenciales, según lo dispone el inciso 2º del artículo 65.
El párrafo 4º del Título VI del proyecto, trata de los reclamos que los beneficiarios de la defensa pueden presentar ante la Defensoría Nacional Regional o Local, indistintamente. Estos reclamos, como se ha dicho, pueden originar responsabilidades a los abogados defensores (multas, retención de los pagos adeudados, término del contrato). Como todas las infracciones que pueden dar origen a estas sanciones, en el fondo, constituyen conductas éticamente desaprobadas, en último término el control deontológico de los Colegios queda, de hecho, substituido por el de la autoridad pública lo que, como puede advertirse, no es de importancia menor
Santiago, Junio de 2000

References: artículo 19
 artículo 595
 artículo 596
 artículo 83
 artículo 1
 artículo 82
 artículo 596
 artículo 83
 artículo 596
 artículo 2
 artículo 41
 artículo 520
 artículo 10
 artículo 62
 artículo 65