Source: https://www.scribd.com/doc/308004324/Elementos-para-definir-sanciones-administrativas
Timestamp: 2018-11-16 09:31:43+00:00

Document:
INTRODUCCION antijuricidad
doxa15_18
Justicia Restaurativa-1 Carlos
Artículo- Educación emocional
5. El Deber de Motivar Las Resoluciones Judiciales en Nuestro Ordenamiento Jurídico
Ultrajando_a_la_Constituci_n.pdf
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA ADMINISTRATIVA
CONSTITUCIONALISMO PRINCIPIALISTA
Aquino,JoseAngel Derechodelacontruccion
Crítica Del Derecho Del Trabajo
CARGA_DE_LA_PRUEBA.pdf
Naturaleza Juridica Derecho Salud Colombia
Las Clausulas Abusivas en Los Contratos de Consumo
Gomez Lora Maria Camila 2009
ciudadania y derconsu.pdf
Causa_y_razon_de_ser_del_proceso.pdf
DEMOCRACIA + GARANTÍAS.pdf
CRÍTICA A LA INICIATIVA PROBATORIA JUDICIAL.pdf
Introduccion Al Derecho Procesal Derecho Apuntes Bloque 1
El Estado Al Servicio de La Persona Humana
Dialnet-TeoriasDelSistemaJuridicoYConceptoDeDerecho-142066.pdf
“Los Principios y Garantías Del Ejecutado en El Proceso de Ejecución Forzosa”
los-tainos-de-la-espanola-roberto-cassa.pdf
EL ESTADO Y EL DERECHO.pdf
346658211-10-Gallo-Gustavo-Compendio-de-Derecho-Del-Trabajo-y-Seguridad-Social.pdf
Revista Chilena de Derecho. Número Especial, pp.
323-334 (1998)
Profesor instructor de Derecho Administrativo
Escuela de Derecho Universidad Católica de Valparafso
Por lo general la doctrina administrativista
en materia de Derecho Administrativo
sancionador ha asumido el estudio de lo que podría llamarse la teoria
general de las infracciones administrativas. Al respecto, atenci6n preferente ha recibido tanto el concepto
de infracción como los principios y normas positivas
que les son aplicables. No obstante, tambikn corresponde analizar una de las consecuencias juridicas o, si
se quiere, el más importante correlato que en Derecho
corresponde a la comisión de una infracción, tal es la
sanción administrativa. Asimismo, de la comisión de
un ilícito administrativo, ademas de la sanción, surgen
otras responsabilidades de distinta naturaleza, tales
como la obligación de reponer la situación alterada a
su estado originario y la indemnización de los datos y
perjuicios causados, tales consecuencias no necesariamente serán correlato de una infracción administrativa, con lo que exceden el ámbito sancionador administrativo, y en consecuencia se reserva su análisis
para un momento posterior.
nistrado, por ejemplo, la revocación de un acto favorable (asi, la caducidad de una ayuda o subvención
estatal), la imposición de medidas de coacción directa
o la adopción de medidas cautelares. En estos casos la
sanción es impuesta, incluso, previa tramitación de un
expediente administrativo,
será de carácter sancionador, sino materializaci6n de
un procedimiento administrativo ordinario, destinado
a la dictación de una resolución de contenido negativo, de aplicación del ordenamiento y que, como se ha
dicho, es una sanción en sentido amplio. Así, volviendo a los ejemplos, en el caso de la caducidad de una
ayuda o subvención estatal, el expediente estará destinado a verificar si han desaparecido los supuestos,
o se han incumplido las condiciones que hacian procedente tal ayuda o subvención, circunstancias que
no necesariamente importarin la comisión de una infracción administrativa.
cautelares, estas se adoptan en el marco de las facultades de policía general de la Administración,
margen de un procedimiento sancionador, el cual podria preceder o seguir a esta medida.
2.2. Noción estricta de sanción
CONCEPTO DE SANCI6N
2.1. Noción amplia de sanción
Desde una perspectiva amplia, se estimará como
sanción toda aquella retribución negativa dispuesta
por el Ordenamiento Jurídico como consecuencia de
la realización de una conducta’. En este caso, la sanción no necesariamente estari vinculada o, utilizando
la expresión del TC, “anudada” a una infracción administrativa. Por consiguiente, en este sentido será
sanción administrativa todo gravamen o decisión desfavorable impuesta por la Administración
a un admi-
* El presente trabajo tiene como base uno de los capftulos de
la tesis doctoral del autor titulada “Sistemas sancionadores de protección ambiental, casos espaflol y chileno”, defendida cn junio de
1998 en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Por tal razón existe una referencia permanente al ordenamiento
jurídico espailol.
’ En favor de esta perspectiva amplia se manifiestan por ejemplo: SUAY RINCÓN.Jost. Sanciones Administrarivas,
del Real Colegio de Espaila en Bolonia, 1989. p, 55.
Pasemos ahora a estudiar la sanci6n administrativa
desde una perspectiva estricta, anunciando desde ya
que esta parece ser mas acertada. A falta de una ley
de procedimiento administrativo propia, recurriremos
solo para afectos metodológicos e ilustrativos a la ley
española sobre Régimen Jurfdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LAP)*. El art. 129.2 LAP dispone
que: “Unicamente por la comisión de infracciones administrativas
podrán imponerse sanciones que, en
todo caso, estarán delimitadas por la Ley”.
Para llegar a esta noción estricta de sanción ir6
sefialando los elementos necesarios que, entiendo, deberfan estar presentes en un concepto de sanción
striciu sensu.
î Quiero justificar esta remisidn no tanto par la perfección
t&nica de la norma citada, sino porque ella servir8. de hilo conductor de esta exposicidn. y asimismo por el cercano conocimiento de
sino de las consecuencias objetivas derivadas del estado de explotación insuficiente o nula de una finca. en cuya sentencia 319/1993 de 27 de octubre (Fundamento Jurfdico 3”) y anteriormente en la sentencia 420989. por ejemplo. Más adelante el TCE insiste señalando que “no estarnos ante ‘sanciones’. la comisión de una infracción se convierte en el presupuesto necesario de la sanción.1 CE”.324 2. sin infracción no puede existir. iii. 25. vulneradora del Ordenamiento Jurfdico (función social de la propiedad. Vinculación REVISTA CHILENA a una infracción administrativa El primer elemento que se debe tener en cuenta a la hora de precisar el concepto de sanción es el de infracci6n administrativa y la vinculación exclusiva que a ella tiene la sanción (art. habfa afirmado que tal sanción se habla impuesto “como consecuencia de una conducta tipificada como infraccidn administrativa “. Madrid 1596. En tal situación pueden producirse otras consecuencias jurídicas. tal conducta no había sido tipificada como infracción y la consecuencia gravosa aunque relevante no venia atribuida como sanción sino como instrumento de gestión pública. señalándose dos elementos que identifican una sanción administrativa a efectos del art. F. En consecuencia. Con esto me refiero a aquellas consecuencias jurfdicas gravosas para el administrado que no han surgido de la comisión de una infracción administrativa. D. Desde la perspectiva de las consecuencias negativas que surgen a partir de la comisión de una infracción administrativa. tenemos una conducta consistente en una explotaci6n insuficiente. Tomemos a modo de ejemplo las siguientes situaciones: i. . por ejemplo). Finalmente remata diciendo que “Las garantfas constitucionales de la expropiación forzosa son. Lo dicho se confirma con la doctrina constitucional emanada del Tribunal Constitucional español (en adelante TCE). pero no necesariamente ha habido una infracción administrativa y mucho menos una sanción strictu sensu. Cualquier otro perjuicio o situación desfavorable impuesta a un administrado que no venga atribuido como consecuencia de la comisión de una conducta tipificada como infracción administrativa no será sanción en sentido estricto. art. imputable a la culpabilidad del infractor. De acuerdo con lo dicho podemos realizar un análisis desde una doble perspectiva: A. pero que no necesariamente ha sido consecuencia de la comisión de una infracción. la cual opera en el evento en que se cumpla la condición resolutoria contenida en el acto o expire el plazo de eficacia del mismo. no todo acto jur(dico gravoso poro elp~rticvlar es sancidn “.. que es el presupuesto necesario para la imposición de una sanción. E incluso el caso analizado en la STC 319/ 1993. Otro caso lo encontramos en la sentencia del TCE 116/1993. en la que analizandose la Ilamada “expropiaci6n-sanci6n” se seiiala respecto de ellas que: “no se sigue que se trate de una decisión con finalidad punitiva por infracción de normas penales o sancionadoras de inexcusable observancia. por lo tanto no se trata de sanciones strictu sensu’. por tanto.1. las que derivan del propio art. 3”.“. en ejercicio de una potestad que el Ordenamiento Jurfdico ha concedido a la Administración. Solo son sanciones administrativas aquellas retribuciones negativas previstas como tales en el Ordenamiento Jurfdico como consecuencia de la comisión de una infracción administrativa. se está produciendo una consecuencia jurídica que es negativa para el administrado comerciante dueño de tales productos. pero que no son sanciones en ttrminos estrictos. de 29 de marzo. tales como la indemnización de los perjuicios o la obligación de reponer las cosas al estado anterior a la 3 En tal sentido. o no procederá. VELASCO CABALLERO. ICO. Ed. 129. El caso de las medidas de coacción directa que adopta la Administración en ejercicio de sus potestades de policía. por ejemplo si los productos estaban contaminados en su origen. aportando de este modo el tercer elemento: la DE DERECHO [Número Especial infracción administrativa. poco antes. de las responsabilidades civiles que surgen de la infracción. 33 Constitución española) y una consecuencia gravosa (expropiación). Tal es el caso. Pero en el mismo F. 88 afirma. 33 CE sin que resulte de cita pertinente a tal efecto. 33 CE). Sin embargo. pero que no merece la calificación jurídico-constitucional de “sanción”. Aquí hubo una vulneraci6n al ordenamiento (normas de salubridad) y una consecuencia negativa (destrucción de productos).. en la que se atiende a la naturaleza jurídica real de una resolución adoptada por la Administraci6n que disponfa la expulsión del territorio espafíol de un extranjero. citando abundante doctrina.2 LAP). sanción en términos estrictos. Así cuando esta destruye un producto destinado a la venta al público que estaba contaminado. El caso de la caducidad de un acto administrativo favorable (una licencia. lo prevenido en el art 25. Francisco. Jco. sino ante un instrumento de accidn pública en pro del cumplimiento de la funcidn social de la propiedad”. B.1 Constitución española: la limitación de derechos y la apreciación de la conducta de la persona (elementos que ya habfan sido apreciados en las SsTC 13/1982 y 61/1990). En consecuencia. Desde la perspectiva de las consecuencias negativas que surgen a partir de cualquier vulneración al Ordenamiento Jurídico. Tecnos. Los cláusular accesorias del acto odminisfrativo. en virtud de la cual un predio en situación de explotación deficiente o nula puede ser objeto de expropiaci6n al no cumplir la función social que se impone al Derecho de propiedad (art.2. que “Como principio general. también negativas para el infractor. ii. sino que de otro tipo de actuaciones que siendo vulneradoras del ordenamiento no han sido tipificadas como infracción.
podrfan plantearse problemas. La responsabilidad En último tdrmino he destacado que el infractor pueda ser. Destaco este elemento. Por ahora debe bastamos con ese dato.19981 misma. 25. Aquf creo que llegamos a un punto álgido de la cuestión. ello porque el rango de la norma estarfa cumplido ya que estamos en presencia de una ley y la subsunción de la misma al caso concreto requerirfa de una tipificación previa para su aplicación.1 CE que establece.2. veremos que tambien estas deben venir establecidas como tales por el ordenamiento. solo pueden ser sancionados s Asimismo. me parece que el problema es más aparente que real. al establecer una limitación de un derecho fundamental. puesto que infracci6n y sanción son los dos elementos materiales que conforman la potestad sancionadora de la Administración (el tercer elemento. Res- ’ De hecho. vemos como por lo menos respecto de las garantfas de reserva legal y de tipicidad estas deberían cumplirse.1 señala que son las vulneraciones al ordenamiento previstas como infracciones por la ley. considerado responsable de la sanci6ns. Es decir. Ello porque no toda vulneración al ordenamiento es infracción administrativa. porque si bien la mayoría de los autores estima que la culpabilidad es un elemento del ilícito administrativo. en cuanto a que dicha ley. La sanción administrativa debe ser impuesta por una Administración Pública. al modo de las infracciones.1 sefiala que “Constituyen nes tipificadas 325 BERMUDEZ: ELEMENTOS PARA DEFINIR LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS infracciones adminisrrativas. 6 y 7 CPR). 19 N” 26 CPR (similar al art. La consagración en el Ordenamiento Jurfdico Un segundo elemento que debemos tener en cuenta a la hora de definir la sanción está en que esta debe venir establecida en el Ordenamiento Jurídico. Teniendo en cuenta que. 53.1 CE. la cual ni siquiera viene definida en la citada LAP. 129.. olvidan mencionarlo a la hora de definir la sanción. 2. La tramitación sancionador de un procedimiento El tercer elemento. pero que también debe ser establecido en el ordenamiento. a pesar del contenido aflictivo que puedan conllevar. no son sanciones en terminos estrictos.respecto de una conducta. se somete al legislador de cada caso la determinación de lo que se entiende por infracci6n4. así lo ha venido haciendo. En todo caso. como era de preverse. y las comparamos con una ley que establece consecuencias materialmente sancionadoras -pero que formalmente no lo son. previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador. las que si bien están destinadas a asegurar la eficacia de la resolución sancionadora. Ahora en el caso de las sanciones. El problema está en que el legislador de la Ley 30/ 1992 (LAP) al definir la infracción administrativa en el art. y sancionadas en esta Lzy”. Ello es así. De lo anterior se colige que los conceptos de infracción y sanción que se tengan serán determinantes a la hora de aplicar unas precisas garantfas a los administrados en el ejercicio de la potestad sancionadora. y para esta no existe poder -0 potestadsino en virtud de la atribución previa del Ordenamiento Jurfdico (principio de legalidad/juridicidad arts. Ello porque si revisamos cada una de las garantfas que jurisprudencial y doctrinalmente se han desprendido del art. al menos desde la entrada en vigencia de la LAP.2. pero que formalmente no aparecen tipificadas como sanciones sfrictu sensu? Creo que una posible solución para tal caso está en el art. asf por ejemplo la Ley espalíola de Puertos del Estado y Marina Mercante en su art 113. lo que a ellas exceda no será tal y por tanto no tendrá la cobertura garantista que le pueda otorgar la Constitución. 2. en principio. de carácter formal. las acciones y omisio- pecto de la culpabilidad. .1 CE. por lo que tal norma podrfa ser tachada de inconstitucional. 2. en cuanto quedará entregado al legislador la determinación de infracciones y sanciones. el derecho a la legalidad sancionadora que abarca tanto a las infracciones como a las sanciones. los cuales se soslayan si recordamos la forma en que realmente opera este principio en el ámbito administrativo.3.). podemos preguntamos Iqué ocurre en aquellos casos en que la ley establece consecuencias de naturaleza claramente sancionadora. en general.. Entonces. tambikn pueden ser incluidas las medidas provisionales. En resumen. que habla sido previamente tipificada como infracci6n. es el procedimiento. La cuestión se agrava un punto con relación a la sanción. sin que constitucionalmente sea posible la imposición de sanciones de plano. 25.2. determinando expresamente a los sujetos a los que esta debe ser imputada. si el concepto de infracción administrativa supone que se trate de una vulneración al Ordenamiento Jurfdico. cl legislador en múltiples ocasiones ha solucionado expresamente el problema de la atribución de la responsabilidad de la sanción. La única garantfa que realmente podría ser obviada por esta vfa es la del non bis in idem ya que al tratarse de otras medidas que no son sanciones strictu sensu podrfa aplicarse tal medida materialmente sancionadora conjuntamente con otras sanciones.2. ni toda consecuencia gravosa derivada de una infracción es sanción en los términos que se están estudiando. no respetarfa el contenido esencial del art. es el procedimiento administrativo sancionador). no toda consecuencia gravosa derivada de una vulneración al Ordenamiento Jurídico es sanción srricru sensu. por lo menos. En efecto.4. ya que en el análisis de la aplicación del principio de reserva legal veremos el rango de la norma que crea y delimita la extensión de la sanción.
1. pero olvidan seMar que laI conduela antecedente debe haber sido tipificada como infracci6n administrativa.1. mucho mas amplia. que nos da este autor. Jco. Madrid 1995. que la Administración que impone la sanci6n no necesita recurrir a los Tribunales de Justicia para obtener forzadamente el cumplimiento de la sanción administrativa’. Derecho Administrativo Sancionador. CE). Editoriales de Derecho Reunidas. Por su parte. 172. en cl de la imposici6n marerial de la sanción. siguiendo B Garcla de Enterria. 56 de la misma ley. . me parece que el concepto de sanción debe contener. ya había sido reconocida por el Tribunal Constitucional espailol. cit. Son penas en sentido fkcnico impuestos por la Adminisrrocidn.3. 4” en la que se pronunció seííalando que: “La potestad de la Administración de autoejecución de las resoluciones y actos dictados por ella se encuentra en nuestro Derecho positivo vigente legalmente reconocida y no puede considerarse que sea contraria a la Constitución. 138. tampoco he incluido en el concepto de sanción la idea de culpabilidad. En todo caso. Es verdad que el art II 7. en la STC 22/1984 F. p. y en definitiva con apego B la Justicia (art. dos son las criticas que a este segundo concepto se pueden atribuir: 8. esta se ejecute conforme a Derecho.Adolfo y CI\RRETEROSAticuw Adolfo. manifestación de la autotutela administrativa. además tiene atribuidas las prerrogativas de ejecutividad con que cuentan los actos administrativos. pero no es menos cierto que el artículo 103 reconoce como uno de los principios a los que la Administracidn Pública ha de atenerse el de eficacia con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. sin especificar que tal illcito necesariamente debe haber sido lipificado previamenre como infracción. ni gozar de la namraleza juridica de sanci6n en sentido estricto. 2.326 REVISTA CHILENA DE DERECHO aquellos a quien la ley considera responsables de la sanción -aunque no necesariamente sean los culpables de la infracción.. responsable de uno conducta ontecedente. de modo que la reolizacidn de las sanciones es normal en rodos los ocIos adminisrrarivos”. es decir es eficaz en cuanto produce efectos jurídicos. p.3. Presunción de validez. su determinación por el Ordenamiento Jurídico. Desde la perspectiva estricta de la sanci6n administrativa que se ha asumido. Características de la resolución sancionadora 2. por medio de octos odministroCvos ejecutivos. desde una perspectiva kmporal. 55.2. que venga impuesta por una Administración Pública a un administrado. la define como: “cualquier mal infligido por la Administraci6n a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal B resultas de un procedimiento administrativo y con una finalidad pursmente represora”. Descendiendo al plano lega1 y a falta de una ley de procedimiento administrativo chilena. que es propia de la fase de imputación de la infracción. elemento que opera en la fase de la imposición de la sanción. El concepto Efectuadas estas precisiones preliminares podemos resumir los elementos que integran el concepto de sanción administrativa en los siguientes: la retribución negativa consistente en la privación o restricción de derechos. sino la de responsabilidad.La segunda critica estl en que si nos quedamos solo con los elementos [Número Especial 2. Dicha disposición debe ser relacionada con el art. 57. que podrla decirse que es la última fase del procedimiento administrativo sancionador. En efecto. Sanciones Administradvas. y que sea consecuencia de haber sido considerado responsable de las consecuencias derivadas de la comisión de una infracción administrativa en virtud del previo procedimiento administrativo sancionador. produce un efecto aflictivo.Al igual que respecto de los citados Csrretero Ptree y Carretero Sfinchez la primera critica que SC formula dice relaci6n con la imprecisibn en que se incurre al enunciar como elemento la rcalizacibn de un illcito. y más precisamente la resolución administrativa por la que se impone. la sanción administrativa: “Puede definirse como un mal jurfdico que la Administrocidn inflige a un administrado. prosigue B la realización de un illcito: cumple una finalidad represora. Con lo que el concepto de sanción administrativa que puede formularse es el siguiente: Aquella retribución negativa prevista por el Ordenamiento Jurfdico e impuesta por una Administración Pública por la comisión de una infracción administrativa6. en donde se hacen patentestodos los recelos que despierta la delcntación de la potestad sancionadora por parte de la Administración. por lo menos. 94 que señala que los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos. urilirnndo sus prerrogativas.1 LAP).3 de la Constitución atribuye el monopolio de la potestad jurisdiccional consistente en ejecutar lo decidido a los Jueces y Tribunales establecidos en las Leyes. El control posterior que se ejerce por parte de los Tribunales de Justicia constituiti la garantla final en el logro de dicho objetivo. b. Me parece que en la detinicidn entregada por estos ~“tores est8 presente la idea que he destacado respecto de la sanción en el sentido de que estas son consecuencias jurldicas de una conducta antecedente. 7 Es en este momento. 1. todas las cautelas que otorga la vigencia de los principios y normas que rigen el ejercicio de esta potestad tienen como único objetivo que en el momento en que la sanción se haga inevitable. y. Esta característica. quiero poner como ejemplo el art. como en el caso de las personas jurídicas-. ob. Como consecuencia de ella. como todo acto administrativo goza de la presunción de validez (art. en cuanto correlato coactivo de la infraccidn. esto es. que establece el principio de ejecutividad genera1 para los actos administrativos y el art. DC tal definici6n el autor dcsprende los siguientes elementos de la sancibn: procede de una 8uoxidad administrativa.5. el elemento de atribucibn de la misma a su responsable. 6 Para CARRFTEROPÉREZ. y exige la observancia de un procedimiento administrativo. 2’ edición. Josd Suay Rincón.3 párrafo 1” LAP. y de ejecutoriedad. ejecutividad y ejecutoriedad La primera caracterktica que estimo conveniente destacar es que la sanción. por ello.. supremo intérprete de la Constitución espafiola. y que es más consecuente con la posición que permite sancionar directamente a las personas jurídicas. el que señala: La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la via administrativa. llegamos B que por ejemplo cualquier resolucibn administrativa revocadora de un acto favorable cumple con todos los elementos y no obstante ello no puede ser considerado -al menos no para todos los casos-.
Juan Manuel “La susoensión de la ~jecutividadde los acLossancionadorestras la Ley 30/92: una notaB un error ~dcnico”.. Aunque de acuerdo con la STC 1501 1991de 4 dejulio F. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria.19981 327 BERMUDEZ: ELEMENTOS PARA DEFINIR LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS De lo cual se colige que la ejecución de las resoluciones sancionadoras presenta una diferencia respecto del régimen general. Finalmente. evitar una acción u omisión que ha sido tipificada como infracción administrativa”.2 del Real Decreto 1398/1993.“. Me parece que el objetivo primero y directo de la sanción admi- nistrativa es la prevención de una conducta. 130. que en materia administrativa pueden ser envueltos bajo el rótulo amplio y bastante impreciso de intereses generalesN4. cuando pone fin a la vía administrativa. Evidentemente. Y Angeles DE PALMA DEL TESO. Para ello debemos recurrir al.2. este puede no ejecutarse cuando judicialmente se hubiere suspendido. La cuestión está en definir cuándo se estima que se ha puesto fin a la via administrativa. 95 y SS. 2. principio de humanidadde la pena). Io Cfr. 4’ edicibn. asimismo. cuando son privativas de libertad. el acto será ejecutivo. Gerardo. el arl. 2. pues “la prevencidn general constituye. Y ello porque la sanción lo que busca. Las consecuencias juridicas del delito. Derecho Administrativo Sancionador.. 42-43. tal ordenamiento busca el logro de ciertos fines y la protección de ciertos bienes juridicos. su amenazaejerce una eficacia intimidante y en ocasiones su efectiva ejecucióntiene un cardcter ejemplarizador que aparta a los miembros de la comunidad de las conductas que la han propiciado. cn este tema: OELCKERSCAMUS. Ejecutlvidad. lo cual debe ser probado por el solicitante de la suspensión. “mientras en el delito administrativo no opera más allá de la relucidn establecida por el deber de obediencia del ciudadano del Estado con los drganos administrativos. aun siendo ejecutivo el acto sancionador. ob. sino solo una vez que se agote la via administrativa. incluso a pesar de que el infractor preste cauci6n1°. en TRAYTERJ~h&ia. p. es la protección del Ordenamiento Juridico13. 1996. pp. la finalidad de prevención especial se refiere B la incidencia de la penaen el delincuentepara que no vuelva a delinquir. y de la apuntadainconmencia.1. surge la retribución negativa [sanción] que se le vincula. Represento.El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo sancionador.2. para el cumplimiento del tipo. citado por HEINZ MATTES. 2. cit. p. Problemas Penal Administrativo. establecida por las mismos fuentes creadoras del mandato. CARRETEROF%REZ. en cuanto estas resoluciones son ejecutivas no de forma inmediata. la resolución sancionadora es ejecutiva. Historia y Derecho comparado. Para ello es necesario que de la ejecución se deriven daños y perjuicios de reparación imposible o dificil. generando un movimiento de sostenimiento del orden jurídico. Un comentario critico de esta norma.2 del RD 1398/1993al estar redactado en tdnninos negativos incurre en una impropiedad al omitir la coniunción “no” antes de la frase “haya transcurrido el plazo. ya que en IDS primeros el dalla (o peligro concreto) concreto y mensurable inferido B un bien jurldico constituye el contenido material del injusta. la defensa del Ordenamiento Jurfdico frente a lo conculcncidn de sus disposiciones. en SIA caso. l4 Contrasta en este sentido la finalidad de la sancibn administrativa con la de las penasdel orden criminal. en el cual se dispone que “Las resoluciones que no pongan@ a la vía administrativa no serán ejecutivas en tanto RO haya recaído resolución del recurso ordinario que.pp. Significa que el Ordenamiento desaprueba el acto que sc produce por la infraccidn. por tonto. se deben orientar hacia la ‘keducaci6n y reinserción social” del condenado(XI. YBque estas últimas. En cambio. cit. Esa es una de las razones por las que no se exige.1 LAP el cual establece que pueden ser sancionados los responsables de las infracciones ‘<auna titulo de simple inobservancia”. y esta se produce una vez evacuados los recursos administrativos que se interpusieren 0 una vez expirado el plazo para su interposici6n9. Ed. Osvaldo. o haya transcurrido el plazo para su interposicidn sin que este se haya producido”8. 230. 21. Sin embargo. ‘3 SCHMIDT. como único medio de hacer eficaz 01 Derecho. cuando se ha puesto fin a la vía administrativa. cs decir. Por una parle está la fmalidad de prevención general que ejerce la sanción sobre la coleclividad. De no concurrir tales circunstancias justificativas de la suspensión.. Madrid. como en el rCgimen general de las resoluciones administrativas. hay que agregar que. Cfr. 9 Para un amplio estudio sobre este tema se puedever: BARCELONA LLOP. pp. su finalidad. 21. LANDROVEDf~z. Jco. 1995.Adolfo. En relación con la finalidad de la sanción Para poder entender mejor este punto debemos tener presente la finalidad de la sanción y en definitiva del Derecho Administrativo Sancionador. XVI 1995.Javier. art. 19-20. lZ En tal sentido.Actualidad Administrativa Nn 6. Jakn 1979. “La suspensi611de los efectos del acto administrativo debido a la orden de no innovar”. que la conducta produzca dafio o consecuencia gravosa alguna’? producida la vulneración [infracción]. intentando formular un criterio de distinción entre “delitos judiciales” y “delilos adminisIrativos”. ob. 4O.Adolfo y CARRETEROSANCHEZ. las Teorlas Relativas sobre el fundamento y fines de la pena sefialan que la sanción es un mal. Tecnos. en su significacidn social no rebasa el ámbito de los intereses administrativos y no surge un daño concreto”. 25. unafinalidad 1egUna de la pena”.2 CE. de Derecho Ediloriales de Derecho Reunidas. Revista de Derecho de la Universidad Catblica de Valparah. afirma que estos son esencialmentedistintos. . Santander1995. han seiklado al respecto que “El Estado impone un perjuicio jurtdico <I une persona como consecuencia o efecto de uno anterior acfividad ilegal del sancionado. Ejecutoriedad y Ejecucidn Forrosa de los Actos Administrativos. pero que ademáspersigue otras finalidades. a cuyo logro también tiende la sanción (adminis- ‘1 En el Qmbito penal. frente al comportamiento inadecuado”. se haya interpuesto.B)estas no son las únicas finalidades legftimas de las penas privativas de libertad.3.3. tales fines y bienes jurídicos son el objetivo último del Derecho en General. tambikn espafíol. * En todo caso nókse c6mo el art. La resolución sancionadora como retribución negativa Finalmente quiero hacer hincapit en dos cuestiones que se desprenden del carácter de retribución negativa que comporta la sanción. Consecuentemente.
cl cual tambitn alcanza a las sanciones administrativas ambientales. y responde B una aplicación en In materia de la Tcorfa Pura del Derecho (Kelsen). pero no se trata de una defensa de la legalidad (o juridicidad. predicada tanto por el Tribunal Supremo (Sentencia de 9 de febrero de 1972) como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. en otro contexto (Sentencia de 8 de junio de 1976. la sanción administrativa tenga como objetivo directo y primero la protección del Ordenamiento Jurídico16. . tal defensa tiene un fin. para la demarcación de las esferas respectivas de sus Derechos Penales. “Se pierden ioútiles esfuerzos tratando de determinar que figuras delictivas corresponden al Derecho Penal criminal y cuáles al Derecho Penal Administrativo. lo confirma. Por ejemplo. Sin ánimo de vidnd ser reiterativo me parece que la cita debe ser matizada con un comentario. Adolf. la finalidad no serk la simple vigencia del Ordenamiento lurldico Ambiental.3. fue elevada al máximo rango por el art. detrimento o aflicción para el que la sufre.. Sin embargo. como lo sería la adopción de una medida cautelar. salvo aisladas excepciones. MCxico 1964. por el distinto fin que conllevan unas y otras”. seilalando que “lo finalidad de las sanciones administrativas es la de reprimir unu conducfa contrario n Derecho y resroblecer el orden jurídico previamente quebrantado por In accidn del transgresor. las cuales no son propiamente sanciones. 25 de la Constitución espaiiola que. La ley no constituye un fin en sl misma. p. cl dalla. así tambitn solo el Derecho positivo puede contestar la pregunta de si un hecho determinado corresponde al Derecho Penal judicial o al Administrativo. M&ico 1980. La imposición de la sanción administrativa siempre importará la privación o restricción de derechos subjetivos pertenecientes al responsable de la misma. Ejccucidn. Por nuestra parte debemos apuntar que esta postura no carece de fundamento. Diferencias entre sancidn y pena Entrar en el analisis de la existencia de una diversidad ontol6gica entre sanción administrativa y pena criminal constituye una de las cuestiones más debatidas a partir del estudio de la potestad sancionadora de la Administraci6nlE. p. Teoría General del Derecho Administrotivo. la sujcci6n o no a la Administración. p. ni puede ser entendida como acordada en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administrocidn equivalente o uno declamcidn sobre ilegalidad de la obra. Esther. sino el logro del fin previsto en el ut. al menos en el ambito te6rico. 140. el propdsiro consiste en producir en la realidad social unos determinados efectos. 45 CE (pmtccción del derecho al medio ambiente adecuado para el desarrollo de la pcrsona) al cual estan obligados todos los poderes públicos. Por su parte la doctrina constitucional. que: “El pensamiento jur~dicoplosdfico de IIUISIIOS dlar. adecuados. entre otras cosas. se ha manifestado en este sentido. Sc crela que era posible lograr notas internas distintivas para ambos tipos y. por ahora. de modo que el Derecho positivo. IB Nos permitimos aquf realizar una extensa pero justificada cita de un clásico: Merkl. Jost. según sea la forma en que se hallen establecidas las competencias”. equiparable a uno soncidn. la gravedad del illcito.. Sanciones Administrarivas. Pena. consecuencia del ius puniendi único en manos del Estado. en cada caso. Jco. toda vez que constituye un mal. donde se reconoce explícitamente la potestad administrativa sancionadora. con ello. La CoercitiJurldica: Prevencidn. La doctrina de los autores. 7506) en relación con una medida cautelar consistente en la paralización y precinto de una obra por infraccidn de la Ley de Costas. Evidentemente será. m8s bien) porque sí. se le otorga a la Adminiswacidn el poder de dictar sanciones adminisrralivos. Is En Ial sentido scfiala DfAz ARCINEGA. asf. incurrir& claramenre en desviacidn de poder”. en el caso de las sanciones administrativas en materia de medio ambiente. Para eso. o desprovista de sustrato teleológico alguno. Es uno facultad que la Ley concede al drgano que incoa el expediente (2 los fines caufclares expresados cuando a su juicio la obra es ilegal”. 350. pero dicha distribución debe contar con unos partimetros que n priori fijen la atribución a una u otra autoridad. Evidentemente.328 REVISTA CHILENA DE DERECHO trativa y penal)15. resulta claro que su artículo 25. al repartir la competencia entre los tribunales y las autoridades administrativas. ~2 un propdsito. sino un medio o tbcnica para alcanzar unos objetivos de pmtccci6n del medio ambiente. <I la subsisrencia de UM sociedad correcfmnrnfe ordenada”. 20 (BJC No 157) en la cual se afirma que: “El círculo se cierra con la identidad material de infracción administrativa y delito que. Parma. ” La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1994. caso Engel). en último tdrmino. 2. la culpabilidad. repite casi invariablemente la f6rmula que consagra la identidad de sanciones y penas. sino que ello resulta de la atribución de competencia verificada por el Derecho positivo. en el sentido de que constituye un mal que se debe soportar por el administrado en su patrimonio jurfdico. oporfunos.2. a su vez.. la jinnlidad. [Número Especial 2.. convenienres. Sc trata de una idea quimtrica. ha dado lugar a la caudalosa corriente doctrinal de este Tribunal Constitucional en tal sector a partir de nuestra STC 18/1981”. porque en el Derecho Ambiental rige cl principio de “efectividad” de la protecci6n ambiental. 56. se refiere a este tema seilalando que “Lo medida adoptada no es. los efectos quesondeseados por valiosos: jus!os. Ed.2. nos estamos refiriendo al contenido de la sanción. etc. no haría sino dar satisfaccibn a una necesidad derivada de la naturaleza del hecho sometido. etc. el cual es aflictivo.4. esto es (I un motivo prdcrico’. En relación con el contenido de la sanción La segunda idea es que al decir retribución negativa. Tal es asl. Todo lo cual no obsta a que. co” la consecuente carga de positivismo que ello implica. de modo que si lo urilira paro otros fínes. como se ha señalado. tiene como soporte teórico la negacidn de cualquier diferencia ontoldgica entre sanción y pena”. y solo para eso. B la sanción penal. el legislador el que distribuya el ejercicio del iw puniendi... sin perjuicio de las inevitables matizaciones que ha debido reconocer para el Derecho Administrativo sancionador. ob. tampoco. l6 Tambien SUAY RINC6N. El fin. desde esta perspectiva la sanción administrativa debe ser distinguida de otras medidas de contenido aflictivo para el administrado. Editora Nacional. cit. Como muestra podemos citar la STC 120/1994 de 25 de abril F. Del mismo modo como es imposible deducir de la nafuralez~ de una matcria jurfdica dada si se trata de materia judicial o administrativa. sirva como muestra al respecto la STS de 9 de septiembre de 1991 en la que se dice que “Una vez promulgada la Constitución. Tambikn el Tribunal Supremo ha sido tajante en este punto. ha revivido la afìrmacidn hecha por Ihering en el siglo XIX de que ‘la finalidad es el creador de todo Derecho: que no hay norma jurídica que no deba su origen ~2 un fin. Hemos visto que la sanción administrativa B lo que tiende cs al mantenimiento de la vigencia del Ordenamiento Jurldico.
me remito a lo dicho en el numeral 2. El art. Respecto del primero de ellos la razón de la exclusión es lógica toda vez que dicho principio debe ser analizado en función de la comisión de la infracción que es donde entra en juego el elemento volitivo. existe una importante diferencia en cuanto las personas juridicas solo son susceptibles de sanciones administrativas. y uno formal que es el procedimiento. en el número anterior se ha aludido a la sanción como cot-relato juridico y natural de la infracción administrativa. 2D 0 en palabras de HEINZ MAITES. en efecto. anterior. 127. la cuestión me parece que puede ser resuelta en idénticos términos que en el caso de la infracción. sin embargo. cuesti6n que no ha sido obstáculo para tomar la definición legal como punto de partida para este estudio. solo podrá ser ejercida por aque- El estudio de la teorfa general de la infracción administrativa ha analizado una serie de principios y re- l9 Nos referimos a la crftica que puede surgir a partir de las palabras de BAJO FERNANDEZ. el cual establece que la potestad sancionadora de la Administración podrá ser ejercida cuando haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de ley22. 59. Por lo tanto. el análisis del principio de non bis in idem tiene pleno valor en relación con las sanciones y su ubicación en materia de infracciones es meramente convencional*‘. lo cual justifica su tratamiento a propdsito de las mismss. p. 2’ De hecho. Antes de adentrarnos en el estudio de los principios que informan la sanción administrativa debemos seílalar que no nos referiremos a todos ellos. se debe reconocer que la ubicación del tratamiento de dicho principio en este trabajo responde m6s a una “inercia dogmltica” que a verdaderas razones metodoldgicas. es decir. con aplicacidn del procedimiento previsto poro su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en este Titulo”. 22 Dicha norma seilala que: “La potestad sancionadora de los Administraciones Públicas reconocida por la constitucidn. que no se estimarán o consideraran como equivalentes. toda vez que sigue rigiendo el principio societas delinquere non potest. aunque sea breve. p. tal vez por la importancia del principio y ante la falta de análisis de las sanciones administrativas en la mayorla de los trabajos doctrinales. infraccibn y sanción. En cuanto al fin de una y otra. al menos muchas de ellas. la separacidn de los empleadospúblicos acordada por las autoridades en uso de sus atribuciones o por el tribunal durante el proceso o para instruirlo. Asimismo.19981 BERMUDBZ: ELEMENTOS PARA DEFINIR LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS No obstante lo anterior. pues.1 LAP definidor del principio de legalidad en materia sancionadora. Los órganos que imponen unas y otras son radicalmente distintos en cuanto a su estructura y principios que informan su actuación. 3. a partir de la definición legal propuesta. Principio de legalidad Nuevamente se debe hacer referencia al Derecho Comparado. quien al referirse B la distinción entre pena y sanción administrativa sefiala acertadamente que: “Es este. podemos concluir que la potestad sancionadora de la Administraci6n que como se ha dicho está integrada por dos elementos materiales. ni las multas y demás correcciones que los superiores impongan a sus subordinados y administrados en uso de su jurisdiccidn disciplinal o atribuciones gubernativas”. bajo este numeral tratar6 de enunciar algunas de las diferencias que. de recibo insistir más desde el punto de vista dogmdtico en tan debatida cuestidn”. Cuadernos de Derecho Judicial N’ XX11 aiio 1993. Problemas de Derecho Penol Administrativo. Miguel “Personas Juridicas y Derecho Sancionador”. ob. y aun a riesgo de soportar una critica metodológica t9. e. conllevan una connotación de reproche moral que las sanciones administrativas nunca han tenido20. consecuentemente. la sanción es impuesta coactivamente por la Administración y nada tiene que ver aquf la intencionalidad o no del sujeto pasivo de la misma. 231. uno de tantos interrogantes analizados por In Ciencia jurldico-penal en el que ha quedado yo todo dicho desde los tiempos de Goldschmidt hasta nuestros días. las sanciones administrativas “no se reputarán” penas.2. al menos desde la perspectiva del Derecho positivo. Desde una perspectiva sociológica todavfa puede afirmarse que las penas. El art. Los Tribunales de Justicia se rigen por el principio de independencia. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA APLICACIÓN SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS 329 glas que se le aplican y que en definitiva tienden a regular el ejercicio conforme a Derecho de la potestad sancionadora de la Administración. Por su parte.1.1. 20 del Código Penal sehala que “No se reputan penas. pueden predicarse de las sanciones y las penas: a. es decir. Faltaran en esta parte los principios de culpabilidad y non bis in idem.3. cit. No es. a la vigencia de los principios que regulan la aplicación de las sanciones administrativas. el principio non bis in idem tiene como principal manifestacibn la imposibilidad de doble sancibn. 3. Respecto de los sujetos pasivos de una y otra. En efecto. al menos formalmente. b. la mayorfa de los ~utorcs ubica su estudio con respeto a la teorfa de la infracción administrativa. la restriccidn de libertad de los procesados. c. la pena de orden o sanción administrativa “no es en absoluto ninguna ‘peno’ porque le falto toda referencia n la idea de expiacidn “. El análisis no quedaría completo si no se hiciese referencia. Esta norma ha sido objeto de duras crfticas por parte de los autores. la Administración evidentemente no. . a pesar de lo dificil que pueda resultar encontrar la diversidad ontológica entre penas y sanciones administrativas. d. Con relación a la situación de la sanción administrativa respecto del principio de legalidad. aquellos que sufren las consecuencias negativas que comportan una sanción 0 una pena. se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por uno norma ron rango de ley.
en otros casos la ley no ha sido tan clara. en definitiva. Recukrdese que según el art.1 CE.b) LAP una de las causas de la nulidad de pleno derecho es la dictación de un acto (sancionador) por órganos manifiestamente incompetentes en razón de la materia o del territorio (am. 3.1. Como es lógico. Ministro de Obras Públicas y Consejo de Ministros. del art. 99). por lo que.2).2. pero de ningún otro tipo de ilicito o vulneración al Ordenamiento Jurfdico. Son múltiples los ejemplos en que el legislador atribuye expresamente la potestad de imponer sanciones a determinados órganos. con referencia solo a ley formal.1. con relación a las sanciones.y estará derogando tácitamente la pretendida previsión restrictiva de ley formal del art. Gobernadores Civiles.2 LAP.1. la ley para poder delimitar algo debe haberlo previsto. la validez del acto. Esta no es una cuestión baladf. Lo cual obliga a descender a la legislación autonómica o sectorial que atribuya dicha competencia. 62. aquellas Administraciones Públicas a quienes les haya sido atribuida la potestad expresamente por una norma legal. como principio esencialmente administrativo y distinto de los de reserva legal y tipicidad.. 129. la Ley 2011986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos que en su art. 3.2. Principios [Número Especial DE DERECHO las normas de la citada LAP. 3. Esta cuestión me parece de suma importancia. cualquier norma con rango legal que sea posterior y que establezca sanciones será constitucional -según la doctrina del TC. Las sanciones administrativas proceden solo por la comisión de infracciones de reserva legal y tipicidad A continuación me referiré brevemente a en que se han asumido estos principios en el comparado. delimitar una sanción supone necesariamente que esta esté prevista o contenida como tal por la norma legal.. se encomienda al Jefe de Servicio. la expresión legislación vigente utilizada por el art. etc. Director General.precisa determinación de las sanciones correspondientes”. Por otra parte. estarán delimitadas por la ley”. por lo que si interpretamos que se esta refiriendo a ley formal. de ejercicio de la coacción respecto del administrado. y por tanto. ni alterar la naturaleza 0 límites de las que la ley contempla.330 REVISTA CHILENA 110s órganos que la tengan atribuida expresamente por la ley. 18 dispone que las sanciones “se impondrán por los drganos de las distintas Administraciones Públicas. Tal regla tam- . el que dispone que: “Unicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que. Y además por una razón afiadida. Por su parte.2. La norma creadora de sanciones administrativas debe ser de rango legal Ello se colige. Este es el sentido que creo debe darse al principio de legalidad. que debe estar amparado en una norma legal que atribuya tales poderes a la Administración.. La respuesta debe ser la misma que para el caso de las infracciones. Solo pueden imponer sanciones. sin problemas.1. etc. nuevamente nos encontramos aquí con el problema de determinar si toda norma con rango legal cumple con el principio o debe ser entendido solo con referencia a la previsión expresa a la ley en sentido formal. Delegado Insular. sin constituir nuevas. .2 LAP. Ello quiere decir que la sanción impuesta por la comisión de una infracción y resultante de la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador solo podrá ser aplicada por aquella Administración a quien la ley le ha otorgado la potestad. 13). 129. 129. sanciones. ya que aunque interpretemos la norma legal en sentido estricto. ahora mirado desde la perspectiva de la sanción. en todo caso.2 y 3 citado podemos concluir relación al principio de reserva legal lo siguiente: con 3. Sin embargo.2 al sefialar que pueden imponerse sanciones que deben estar delimitadas en la ley. en este caso. Actuacidn material. toda vez que hablar de aplicación de la sanción significa bajar al plano material de actuación de la Administración.sanciones establecidas legalmente que. para efectos de cumplir con los requerimientos del principio de legalidad. . Principio se de reserva legal Solo a efectos ilustrativos citamos el art. 108. a Alcaldes. contar con la competencia para imponer específicamente una sanción determinará. y en definitiva ejercicio de la fuerza. ya que asf ha sido entendida. al menos en materia administrativa.1. 6 y 7 CPR). incluso un Tratado o un Convenio internacional. por ejemplo. y con ello me refiero a su ejecución material y forzada. El estudio de estos dos principios to de las sanciones administrativas se puede la forma Derecho respecreferir a Con ello quiero decir que las sanciones administrativas única y exclusivamente pueden ser consecuencia jurídica de la comisión de infracciones administrativas. a los Organismos de Cuenca. Ley de Aguas (art. es decir. Lo sostenido se confirma cuando descendemos al plano de la legislación administrativa concreta. y es que la previsión de la LAP es solo legal. el TC y la mayoría de la doctrina ya han admitido que el principio se cumple con cualquier norma que se encuadre en el rango legal. 25. distribuyendo la competencia de acuerdo a la cuantfa de la sanción. contribuyan a la más . Ley 42/1974 sobre desechos y residuos sólidos urbanos (art.2. en función de sus respectivas competencias”.2. Del art. el parrafo 3 del mismo articulo dispone que: “Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las . 129... que a continuación abordará. Algunos ejemplos ilustrativos del Derecho español son los siguientes: Ley de Costas (art.
precisamente. con multa de hasta 500. F. en que se estimó que la interpretación de la normativa aplicable ofrece criterios razonables que “permiten la graduación entre infracciones y conductas sancionables en tr?nninos previsibles que no vulneran el principio de legalidad”24. En la STC 219/1989 de 21 de diciembre. o al menos asf lo entendió el TC. ya que no se estaría aumentando la cuantla de la sanci6n. de modo que permita conocer con suficiente grado de certeza el tipo y clase de sancidn del que pueda hacerse merecedor quien cometa una concreta infraccidn “..2 LAP: “Unicamenfe por la comisidn de infracciones.OOO. no basta con que la ley diga que tales y cuales son las infracciones y tales y cuales son las sanciones. a tal efecto deber8 aplicarse el art. sino que simplemente se vendrfa a particularizar aún más cl precepto legal. precisando la tipificación establecer supuestos dentro de la misma infracción.1 CE. y en el texto ya se han hecho presentes a propdsito de la vinculacibn a la infracci6n administrativa de la sanci6n (C.IX. En segundo lugar.000.. 129. 6” (BK No 105).19981 BERMUDEZ: ELEMENTOS PARA DEFINIR bien se establece en el art. la lógica correlaci6n entre conductas ilícitas tipificadas y sanciones correspondientes.2.. toda vez que constitucionalmente seria imposible que la correlación infracción.1.4. no se estA agregando nada nuevo. sanciones por otro tipo no tipificadas como inla violación de un conesta tipificada como inde ser objeto de una 3. ICO. 5026 (reiteración de la STS de 17 de marzo de 1992) señala que el principio de reserva legal supone: “. prevista por . 25. dentro de los mArgenes que el legislador ha previsto. no es susceptible sanción administrativa.. que no fracción. Así. nulla poena sine lege. sino también el establecimiento de la correspondencia necesan’a entre aquellos y estas. como se ha dicho. transcrito precedentemente. si estamos frente a una infracción levfsima. la colaboracidn reglamentaria estafa correctamente realizada.. La participación de este instrumento normativo permite introducir “graduaciones” en el cuadro de sanciones. entre un arquitecto y el colegio Profesional correspondiente que le imponfa la sanción. l’ Como quiera que sea. se debe tener en cuenta que en este caso se trataba de una relación de supremacla especial... Las sanciones administrativas venir unidas a una infracción deben Otro aspecto que se desprende del anterior está en que el principio de reserva legal impone no solo que infracciones y sanciones deban estar previstas en la ley.2. deben estar contenidas en una norma con rango de ley. siguiendo con el ejemplo. graves y muy graves. se trata de que cada infracción tenga atribuida expresamente por la ley una sanción.pesetas. trato administrativo. no se debe olvidar que por esta via se logra limitar la discrecionalidad de la Adminisaaci6n sancionadora. ello no es obstáculo para que frente a casos concretos de graduación legal el Reglamento pueda fraccionarla agregando subgrados a la escala legal. 129. si por la infracción leve la ley establece multas de hasta l. ser8 muy importante tener claro cuando se está ante una infracción y cuando no. Me parece que la interpretación debe ser defendida por dos razones. Así. Frente a tan nefastas consecuencias. aparte del argumento gramatical que cl propio texto de la LAP admite. LAS SANCIONES 331 ADMINISTRATIVAS y de la subsecuente legislación autonómica que reitera la omisión.. Tal circunstancia llevarfa a un desapoderamiento de sus potestades sancionadoras para la Administración competente. en la Ley de Costas el art. En la STC 207/1990 de 13 de diciembre F.sanción viniera encomendada a la Administración. Jco. al pie.). que se pueda imponer de actuaciones antijurfdicas fracci6n23. no solo de la definicidn de los ilícitos y de las sanciones. ha olvidado “anudar” a las infracciones tipificadas las correspondientes sanciones. Si bien no existe una norma que establezca la división entre sanciones leves. el Reglamento podrfa. Es decir. 129 LAP. se sigue la necesidad. una correspondencia que. puede dejar márgenes m6s o menos amplios a la discrecionalidad judicial y administrativa. Por una parte. sino que además debe decir cuál es la relación entre tal o cual infracción y tal o cual sanción. pero que en modo alguno puede quedar encomendado por entero a ella “.como consagracibn de la citada regla nullum crimen. ya que en múltiples ocasiones el legislador. 25 Esta interpretación podrfa criticase siguiendo una postura dogmAtia en el sentido de estimane que se estarla creando vla Reglamento una infraccidn y una sancibn no contempladas en la Ley. 3. al modo de lo prescrito para las infracciones. sino también que esta prevea la correspondencia necesaria entre aquellas y estas. por ejemplo en el caso ya examinado de la ley 4/1989 z3 Consecuentemente.1. En una reciente aplicación de la doctrina constitucional encontramos la STS de 25 de junio de 1996. teniendo en cuenta las previsiones que.3.de pesetas. Alcance de la colaboración reglamentaria El legislador en el parrafo 3” del art. Asf. Si descendemos a la legislación sectorial comparada encontraremos ejemplos demostrativos en que se hace aplicación de este aspecto del principio de reserva legal. en cuanto a que.2. las que podrfamos denominar como levfsimas 2s. también respecto de las sanciones.2. Ello quiere decir que podrá fraccionarse o parcelarse la graduación que la ley haya efectuado. Esta es una cuestión de vital importancia. por ejemplo. 94. de forma realista reconoce la participación del reglamento. 30 (BJC No 117) se consagra este extremo del principio de reserva legal: “.2. como bien se comprende. los articulos en los que se fijan las cuantfas de las sanciones atribuidas a cada tipo de infracción).1 LAP. ya que simplemente se estA desarrollando o cumplimentando algo.1 dispone que: “Toda acción u omisión que sea constitutiva de infracción será sancionada con la multa que proceda según los artfculos 97 y 98” (que son.OOO. por ejemplo. por defectos en la tecnica empleada. podrán imponerse sanciones” y a partir de ella se descarta. el TC en ocasiones ha moderado el rigor de la aplicacibn de la reserva legal y en detinitiva del art.
Mi opinión es que la “atribución de una sanción concreta” se debe entender como un mandato a la Administración que debe cumplir en el momento de la dictación de la resolución sancionadora. Fondo de Cultura Económi- ca.ey. no solo tenderá a una mayor seguridad jurídica que beneficiar& al administrado. Se prohibe que se transforme la naturaleza de las sanciones ya establecidas. el Gobierno oportunamente habilitado al efecto. establecido por la L. 4964). con la entrada en vigor de la LAP se puede concluir que este cuenta con una habilitación permanente en el art. toda vez que lo que exceda a ella constituirá una vía de hecho ilegítima que no tiene obligación de soportar. el castigo supone un hecho juzgado como transgresi6n de la ley: por consiguiente. c. aun cuando las leyes prevean como infracciones los incumplimientos totales o parciales de las obligaciones o prohibiciones establecidas en ella”. debemos destacar el lfmite previsto para la colaboración reglamentaria. y como consecuencia de ella. Ello se debe complementar con los siguientes comentarios específicos: 3. esta no puede ser aumentada más alIB de lo previsto por la ley. cuando por vfa de la colaboración reglamentaria se precise la sanción. Levinrán una Repúblico eclesi6stica y civil.. brevemente. p. justamente para precisar conceptos de mayor amplitud comprensiva y eliminar el riesgo de inseguridad jurídica. restringe excesivamente el margen de apreciación que por razones de orden práctico y en virtud del principio de oportunidad es necesario que tenga la Administración. 129.1 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora (Real Decreto 1398/1993). Lo anterior constituirá una garantia para el administrado a la hora del cumplimiento de la resolución en que se le impone la sanci6n. el rango de la multa esta4 mucho m4s acotado que con la sola norma legal. Delimitación por la ley de las sanciones El problema que se presenta esta en determinar cuál es el alcance de la “delimitación” legal de las 26 HOBBES. Sistemáticamente se pueden distinguir tres mandatos limitadores: a.2. 97 CE.3 LAP. Este se encuentra en que tal colaboración no puede constituir nuevas sanciones ni alterar la naturaleza 0 limites de las que la ley contempla. formay poder de EU. Finalmente el art. Volviendo al art. Al parecer el Tribunal exige que para que entre la colaboración reglamentaria la ley siempre debería venir habilitando al Gobierno para dictar el Reglamento. sino acto de hostilidad. 129. Thomas.3. Es decir. ejercite su potestad reglamentaria. que la tipicidad impone que las sanciones administrativas que se van a imponer vengan predeterminadas expresamente en el Ordenamiento Juridico26. Un breve comentario respecto de esta sentencia. por ejemplo en el caso de una multa.2. se permitirá limitar más eficazmente la discrecionalidad con que cuenta la Administración en la fijación de la cuantia de las sanciones que impone. Confirma lo anterior el art. . Principio de tipicidad Lo dicho hasta aqui tambikn debe ser tenido en cuenta con relación al principio de tipicidad. Consecuentemente. Sin embargo. Se prohibe que los límites legales de las sanciones puedan ser alterados por vía de extensión o de restricción. Mbxico 1992 (la reimpresión de la 2’ edición de 1980). 129. en el caso de la sanción de multa. 2. Se elimina la posibilidad de que por vía reglamentaria se anuden a infracciones nuevas sanciones no previstas expresamente por la ley. Por ejemplo que la sanción de multa no se transforme en una verdadera medida expropiatoria. 256. en la cual deberfi ir especlficamente señalada la sanción que se impone. y es expresión del principio de reserva legal.332 [Número Especial REVISTA CHILENA DE DERECHO La jurisprudencia corrobora lo dicho en la STS de 10 de junio de 1991. 3. el daRo infligido antes de que la ley se hiciera. sino acto de hostilidad”. Sin embargo. o lo materia. me parece que tal interpretación. sino que además. el Reglamento B partir de la Ley. En el precepto transcrito se puede apreciar cómo el Reglamento ha precisado aún mk la norma legal. 129. Esta limitación se desprende del art. Ello porque expresamente se señala que en la “aplicaciún de las graduaciones reglamentarias” y tal aplicación se realiza precisamente por medio de las resoluciones sancionadoras concretas.2. estableciendo mínimos inferiores a los parámetros fijados por el legislador.3 se refiere al objetivo de la colaboración reglamentaria. Todo IO cual redundara en una mayor garantla para el administrado infractor. Ello podría interpretarse. el cual dispone que: “Lu aplicación de las graduaciones reglamentan’as de los cuadros de infracciones y sanciones legalmente establecidas deberci atribuir a la infraccidn cometida una sancidn concreta y adecuada. Esta debe tender a la más precisa determinación de las sanciones. sin dejar un margen de apreciación para la Administración sancionadora. a lo cual se agrega el propio art. porque con anteriaridad a la ley no existe transgresi6n dc la ley. si debieran aplicarse directamente las figuras genéricas del marco legal”. en la que se apunta que “Resulta pues admisible que en el diseíio de un cuadro marco de ilicitud. aunque garantista. como un mandato para que las graduaciones reglamentarias establezcan sumas determinadas para las multas correspondientes a cada infracción administrativa. ya afirmaba que “-el dafio infligido por un hecho realizado antes de existir una ley que lo prohibiese no es castigo. b.1.3 cuando dice que las graduaciones reglamentarias no pueden constituir nuevas infracciones o sanciones. A ello se debe agregar. no es pena.2. en cuanto exige que la graduación de sanciones vía Reglamento atribuya una sanción especifica a cada infracción. Ahora bien. ni restringida.
de acuerdo a un procedimiento o fórmula legalmente establecido con lo que se satisface la exigencia del principio de tipicidad.2. Prohibición de aplicación analógica El art. respecto de la norma del art.4 LAP se hubiese referido solo a las infracciones.1. Al respecto. Esto es fácilmente apreciable respecto de la sanción de multa. por ejemplo. tal regla opera solo en materia de infracciones.1. De este modo. la Ley espafiola 20/1986 de 14 de mayo. En resumen. o un porcentaje del valor de las obras realizadas. ello no conducirfa a ninguna parte. pero no se produce entre una consecuencia daiíosa y una sanción. me parece que se deben distinguir dos aspectos. si se trata de cuantías “determinables”. Ya hemos dicho que la sanción debe estar anulada a una infracción y que tal correlación debe venir establecida por una norma con rango legal. susceptibles de ser desa- . 3. Resultarfa pretencioso decir que en este trabajo se haya formulado una verdadera teorfa de la sanción dades. el sentido natural y obvio nos dice que se trata del desembolso de una cantidad de dinero.2. La prohibición de la analogía impide que se aplique una norma a otras situaciones no previstas expresamente por ella dada su semejanza o parecido que presentan la hipótesis de hecho contenida en la norma y la hipótesis efectiva. por lo que la importancia de la tipicidad estará en su extensión.2. etc. por ejemplo. por ejemplo en aquellos casos en que la cuantía de la multa corresponde a un porcentaje o valor del daño producido. del mismo modo deberá precisar si se aplica a uno o varios establecimientos. 4. respecto de otros tipos de sanciones. Asf cuando la sanción es. pero no de sanciones. 129. sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos en su art.19981 BERMUDEZ: ELEMENTOS PARA DEFINIR sanciones. Sin embargo. Sin embargo. La semejanza se produce entre una conducta y una norma que tipifica una conducta como infracción. En definitiva nada se echarfa en falta y sería más precisa la ttcnica legislativa empleada si el art. Sin embargo. Ahora bien. 129. etc. 3. 17. 129. por lo que podria afirmarse que la LAP incurre en una impropiedad al extender la regla en comento a las sanciones. Podrfamos preguntamos si duos tbxicos. RECAPITULACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE 1. la delimitación exige que los contornos de las mismas esttn suficientemente previstos o tipiticados por la norma. el cierre o clausura de un establecimiento se debe sefialar si este será temporal o definitivo.4 es aplicación del principio de tipicidad. Lo que realmente impide es que a una conducta que es semejante a otra que ha sido tipificada como infracción se le puedan “anudar”. la prohibición de la analogfa impone: la no extensi6n por semejanza ni de infracciones a conductas no previstas expresamente. las mismas consecuencias jurfdicas que a la conducta tipificada como infracción. dada su semejanza o parecido.2. por ejemplo en la multa. esta no puede ser aplicada por su analogía o semejanza con otras situaciones similares. En muchos casos la sola mención de la sanción basta para cumplir con el mandato tipificador. Por ejemplo la Ley 7/1986 de la Comunidad Valenciana sobre utilización de aguas para riego establece como cuantfa de la multa un valor que va desde un medio al duplo del valor del agua abusivamente aprovechada. o solo aquellos que decir “actividades” se refería solo rrollando y no a otros del mismo rrolladas por una licencia posterior.1. y en el primer caso por cuanto tiempo.1 a) establece para las infracciones muy graves la sanción de cese definitivo de las activi- LAS SANCIONES 333 ADMLNISTRATIVAS 3. No seria admisible una sanción que no estableciera de un modo cierto los limites mfnimos y máximos dentro de los que opera. Pero en otros casos sera necesario que el legislador explicite el contenido especlfico de la sanci6n27.4 LAP se debe efectuar una pequeña precisión. En relación con el contenido de la sanción La delimitación de la sanción impone que el contenido aflictivo de la misma deba estar perfectamente establecido.2. Ahora tratare de explicar tal aseveración. ambos comprendidos dentro de la expresión. Con lo cual la prohibici6n de la analogía debe ser entendida más bien en relación a infracciones y no a sanciones. debiendo señalarse los importes mínimos y máximos dentro de los cuales se puede mover la Administración sancionadora. La norma del art.2. Con relación a la extensión de la sanción La opinión que aquf se sostiene es que ello quiere decir que los extremos dentro de los cuales se puede mover una sanción deben estar previstos en la ley.4 LAP establece que: “Las norrws dejinidoras de infracciones y sanciones no ser& susceptibles de aplicacidn analógica”. En la practica legislativa es posible encontrar casos en que la extensión de la sanción no parece estar bien delimitada. tal cese abarca todo tipo de resise estaban manipulando. 129. Algunos autores han criticado esta fórmula tipificadora señalando que vulnera el principio de tipicidad al fijar una cuantfa indeterminada. 27 Por ejemplo. Lo que impide la prohibición de la analogfa no es que una consecuencia no prevista como sanción pueda asimilarse a una sanción formalmente establecida. El mandato tipificador exige que esta cuente con unos limites bien precisos. que excluye la aplicación de sanciones “por semejanza” a infracciones respecto de las cuales no se ha previsto expresamente una determinada sanción.2. o si al a aquellas que se estaban desarubro.2. si la sanción accesoria que impone el comiso de los efectos de la infracción no ha sido establecida expresamente para una infracción. ni de sanciones no anudadas expresamente a infracciones. la critica debe ser rechazada sobre todo porque si bien en abstracto no es posible determinar los montos de la sanción.
recalcando que el rango de la norma que crea la sanción debe ser legal. En primer ttrmino su finalidad. es que es- DE DERECHO [Número Especial tas se rigen por los mismos principios que las infracciones administrativas. 4. lo cual nos facilitó el an&lisis. permite alcanzar en mejor modo la seguridad jurfdica. En ese orden de cosas. distinta de otras consecuencias gravosas para el administrado. que en Derecho Administrativo sancionador general se identifica con la protección de la intangibilidad del Ordenamiento Jurfdico. la infracción administrativa se erige como requisito sine qua non para la imposición de una sanción administrativa. La posici6n que se sostiene es la de un concepto estricto de sanción administrativa. como lo serían las responsabilidades pecuniarias o la simple perdida de un derecho. Y en segundo. Sin embargo. En este punto concluimos que la entrada del reglamento lejos de suponer una violación al principio de reserva legal. 3. no muy novedosa por cierto. La fijación de un concepto preciso y ttcnico de sancibn administrativa ha sido la preocupación primera del trabajo. al especificar las sanciones que dentro de cada grado corresponderá a las diversas infracciones. Esta remisión creemos que se justifica en tanto permite ilustrar la forma en que se ha asumido la regulación de las sanciones administrativas en el Derecho Comparado. estimamos que la investigación de los temas allf tratados ha supuesto una elaboración prácticamente ex novo de un aspecto vital del Derecho Administrativo sancionador. El estudio de las sanciones administrativas. En tal sentido destacamos dos conclusiones que nos parecen de interés. restringiendo los espacios de discrecionalidad administrativa. ha supuesto el recurso permanente a la ley y a la jurisprudencia española en la materia.334 REVISTA CHILENA administrativa. respecto del principio de reserva legal. Existen dos caracterfsticas de la resoluci6n sancionadora que se desprenden de su carácter de retribución negativa. precisamente el que le da su nombre. Valoración metodológica de este trabajo. En primer tknino. en relacibn al principio de tipicidad y la colaboración reglamentaria. debiendo tener siempre presente que no se trata de extrapolar problemas y soluciones foráneas a nuestro Ordenamiento Jurfdico. en cuanto correlato jurfdico de una infracción administrativa. pero tambikn la vinculación de esta a una infracción administrativa debe ser realizada por una norma del mismo rango. a partir de la cual surge la antigua predilección de la doctrina por distinguir entre penas y sanciones administrativas. remititndonos solo a aquellas notas legales distintivas respecto de estas. el contenido aflictivo de la sanción. La conclusión. En segundo. y que hasta ahora no había sido tratado a título monográfico por la doctrina. TambiBn hemos analizado aquellos principios que rigen la producción de sanciones administrativas. 2. .
Documents Similar To ElementosParaDefinirLasSancionesAdministrativas.pdf
joseramosflores1
More From Cristobal Flores

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 103
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 resolución