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Timestamp: 2018-01-23 18:07:29+00:00

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"Sociedades Anónimas:
Dos Breves Comentarios"
Francisco Pérez Ferreira
En esta ocasión me dirijo al estimado lector a fin de externar brevísimos comentarios, principalmente descriptivos, en torno a dos aspectos prácticos de las sociedades anónimas, a saber: la rubricación de libros y el concepto de domicilio.
I. Rubricación de Libros Corporativos
Dentro de los servicios que usualmente se incluyen al incorporar sociedades anónimas se encuentra la provisión de los libros de registro de acciones y de actas, ambos obligatorios para las corporaciones, según disposición expresa de la Ley 32 de 1927 (sobre Sociedades Anónimas, "LSA") y el Código de Comercio ("CCo"). A continuación plasmamos brevemente la evolución jurídica y práctica que ha sufrido la rubricación de dichos registros.
1.1 La Diligencia de Apertura de Libros
De conformidad con el artículo 76 del CCo, los libros indispensables del comerciante [en la actualidad el Diario y el Mayor, y para las corporaciones se incluyen los de registro de acciones y de actas] deben presentarse ante un juez de circuito civil para que en la primera página de cada libro consigne una diligencia de apertura, en la cual se debe expresar: el número de folios, el estado en que se encuentran y el nombre del comerciante (sociedad) al que pertenece el libro. Cada folio debe llevar el sello del tribunal y la diligencia de apertura debe ser firmada y fechada por el Juez.
En la práctica, el sello utilizado por los jueces de circuito del ramo civil alude expresamente al artículo 23 de la Ley No. 13 de 1954. Según esta excerta, los jueces de circuito deben abrir un registro de los libros de contabilidad. La diligencia de apertura de dicho libro debe ser firmada por el juez, el secretario del tribunal y el "Jefe de Rentas Internas" (ahora Director General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas).
El precepto en comento obliga a señalar en la diligencia de apertura:
a) fecha de la legislación bajo examen;
b) naturaleza del libro legalizado;
c) numeración correlativa para cada libro y por cada entidad o persona titular del mismo.
La Ley 13 exige, además, que los jueces remitan a la Dirección General de Ingresos una lista de todos los libros de contabilidad registrados durante el mes y prohíbe a los tribunales que legalicen un libro de contabilidad sin que medie declaración del propietario que señale que el libro anterior ha sido agotado.
1.2 La Rubricación de Libros y El Decreto Ley No. 5 de 1997
A mediados de 1997 se adopta el Decreto Ley No. 5 (en adelante "DL5"), con la finalidad de modernizar el régimen societario panameño, especialmente para hacer más competitiva nuestra jurisdicción en cuanto a la constitución de corporaciones. En tal sentido, dicha normativa permite ahora que las sociedades lleven sus sus registros contables y de actas y accionistas mediante libros, medios electrónicos o cualesquiera otros mecanismos autorizados por ley que permitan determinar con claridad las operaciones comerciales efectuadas, siempre que dichos registros puedan imprimirse en un momento dado.
Lo anterior nos lleva a una interrogante obvia: ¿qué hacer con la diligencia de apertura cuando una sociedad decida llevar sus registros mediante mecanismos electrónicos?¿cómo se haría dicha apertura? La respuesta no es sencilla. En primer término, es preciso manifestar que la respuesta obligada podría ser: ¡nada! Ello por cuanto que el artículo 76 del CCo antes comentado fue expresamente derogado por el artículo 45 del DL5, de donde se colige que no existe obligación para los jueces de rubricar los registros (libros) corporativos.
A pesar de la derogatoria expresa señalada en el párrafo que antecede, lo cierto es que la comunidad internacional consumidora de corporaciones panameñas continúa solicitando libros rubricados. De allí que, como alternativa, los notarios han estado prestando el servicio de rubricación. A tales efectos, han acordado como mecanismo la inserción de una "declaración jurada" en la primera página del libro respectivo, que equivaldría al anterior sello judicial (bajo la comentada Ley 13). La declaración jurada ante los notarios incluye la mención de los mismos datos que exigía el derogado artículo 76 del CCo más los datos de inscripción de la sociedad, con la salvedad de que va firmada por el compareciente (que puede ser el Presidente, Secretario, Tesorero, Representante Legal o Agente Residente de la sociedad), el notario y dos testigos.
A simple vista la declaración notarial pareciera ser una alternativa equivalente al sello judicial utilizado bajo el sistema anterior; no obstante, es importante resaltar que la responsabilidad se ha trasladado del tribunal al compareciente (quien actúa en representación de la sociedad). La rubricación judicial lleva consigo la presunción de regularidad y licitud de los actos de autoridad estatal; por su parte, la declaración ante notario parte de la buena fe del declarante, teniendo ambos sistemas naturaleza jurídica muy distinta.
II. El Domicilio Corporativo
2.1 El Concepto de Domicilio
El concepto de domicilio reviste importancia por cuanto que, en algunas legislaciones, determina la nacionalidad de la sociedad y, en la generalidad de los casos, la jurisdicción competente para determinadas controversias (v.g. entre socios y la sociedad, entre la sociedad y terceros [acreedores o no] quiebra, etc.) e inclusive para el derecho internacional privado ("conflicts of law").
Las reglas de determinación del domicilio en el derecho panameño vienen determinadas por lo normado en el artículo 82 del Código Civil ("CC"), cuyo texto es el que sigue:
"El domicilio de las personas jurídicas está en el lugar donde tienen su dirección o administración, salvo lo que se dispusiere por sus estatutos o por leyes especiales. Cuando tengan agentes o sucursales permanentes en lugares distintos de aquél en que se halle la dirección o administración, se tendrá también como su domicilio el lugar de la sucursal o agencia respecto de los actos o contratos que ejecuten o celebren por medio del agente".
2.2 Crisis del Domicilio Corporativo
El tema in examine parece básico y sencillo; no obstante, reiteramos reviste suma importancia a la hora de determinar legislaciones aplicables en problemas que puedan plantearse en el derecho internacional privado, así como para resolver conflictos competenciales, ya sean a nivel del Estado panameño o de carácter internacional.
Como se desprende del supracitado artículo 82 del CC, el domicilio de una sociedad anónima se encuentra en aquel lugar donde la misma tenga su dirección o administración, salvo lo dispuesto en el pacto social. En este sentido, la mayoría de las sociedades anónimas incorporadas en nuestra jurisdicción, en cumplimiento del mandato de la LSA, señalan en sus respectivos pactos sociales el domicilio, el cual por regla general es "Panamá" o la "ciudad de Panamá", sin más detalle. La razón es obvia, los detalles a este respecto podrían restar en cierta medida flexibilidad al instrumento jurídico.
Ahora bien, ¿cómo determinar el domicilio de la respectiva compañía si el pacto social se limita a manifestar simplemente que es "Panamá"? Entra en juego aquí la regla del lugar de administración. La localización del sitio donde la sociedad tiene su administración ha de determinarse en razón de la junta directiva, la cual por disposición expresa de la LSA es el organismo corporativo (interna corporis) encargado de la administración, dirección y control de los negocios sociales (arts. 49 y 50). El domicilio será entonces el lugar donde la junta directiva lleve la administración de los negocios corporativos, por regla general, entonces, en el sitio donde sus miembros se reúnen para adoptar los respectivos acuerdos.
A simple vista la respuesta anotada en el párrafo anterior parece sencilla; no obstante, el tema presenta dificultades prácticas a la hora de examinar las posibilidades de flexibilización que brinda el DL5. En efecto, dentro de las medidas de modernización que contempla esta excerta encontramos las siguientes:
a) posibilidad de reuniones los directores, administradores, liquidadores, socios o accionistas vía teléfono (en cualquiera de sus modalidades, v.g. celular, satelital, etc.), fax o por cualquier otro medio electrónico (v.g., internet); las cuales se deben entender entre presentes;
b) posibilidad de acuerdos ("writen consents") de directores, socios, accionistas, administradores o liquidadores que hubiesen sido firmados en lugares y fechas distintas.
Los mecanismos antes descritos, contenidos en el artículo 203 del CCo, según fue reformado por el DL5, pueden llegar a representar un serio problema para cualquier tribunal (o autoridad con facultades jurisdiccionales) que se enfrente al tema de la determinación del domicilio social. Y es que, como viene visto, sería muy difícil, por no decir, imposible, determinar con exactitud el domicilio corporativo en una sociedad cuyo pacto exprese como domicilio "Panamá", que tenga directores con direcciones disímiles y que celebren acuerdos ya sea mediante resoluciones escritas firmadas en distintos lugares o por vía telefónica o electrónica. Lo anterior, nos lleva a concluir entonces, que el concepto de domicilio descrito en la codificación civil ha quedado en franca crisis.
La flexibilidad y actualización que conlleva el DL5 en materia corporativa representa, como es natural a todo proceso de modernización, un claro enfrentamiento con conceptos tradicionales dentro de nuestro régimen iusnormativo. Lo cierto es que queda en manos del foro y, en especial, de la judicatura el armonizar las modernas reglas contenidas en la mencionada excerta legal con el sistema jurídico en general.

References: artículo 76
 artículo 23
 artículo 76
 artículo 45
 artículo 76
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 203