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Timestamp: 2019-07-18 07:01:04+00:00

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Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Julio de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 66942971
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Julio de 2009
Ponente: Victor L. Benavides P.
CARGOS DEL CASACIONISTA.
El proponente del recurso manifiesta que la sentencia de 31 de diciembre de 2008, ha infringido los artículos 54, 69, 128 numeral 2; 148, 149, 159, 223 numeral 12; 225-C; 226, 732, 735, 765 numeral 3; y 963 del Código de Trabajo.
Sostiene que la sentencia ha violado el artículo 54 numeral 2 del Código de Trabajo en el concepto de violación directa, porqué dejó de reconocer que el demandante tenía derecho a que las vacaciones se pagaran en base al promedio del salario devengado durante los once meses; por lo que tenía que tomar en cuenta el salario base y las comisiones.
Considera también que la sentencia, viola el artículo 69 del Código de Trabajo de manera directa. Dice el casacionista que a pesar de que en el hecho primero de la demanda se afirmó que la actora comenzó a laborar para la demandada el 19 de abril de 2006, mediante contrato de carácter verbal, el Tribunal ignoró en su sentencia, que la trabajadora estaba protegida por la presunción juris tantum, toda vez que la parte demandada no presentó la prueba de un contrato escrito, por lo que en atención del contenido del artículo 69 del Código de Trabajo, a falta de contrato escrito, quedaban entonces probados los hechos primero y segundo de la demanda. Pese a lo anterior, pareciera que el Tribunal ad-quem hizo su valoración con base en la existencia de un contrato escrito que no consta en el expediente.
La sentencia incurrió en violación directa del artículo 128 numeral 2 del Código de Trabajo, pues el Tribunal ignoró la existencia pruebas documentales y la testimonial, donde se demuestra que la parte demandada no pagó correctamente a la trabajadora las vacaciones vencidas, ni las proporcionales y demás derechos que le correspondía, que sólo se le pagó de manera parcial dichos derechos, pese a que dicha norma obliga a los empleadores a pagar a los trabajadores salarios, prestaciones e indemnizaciones de conformidad con el Código de Trabajo.
Continuando con la exposición de las normas infringidas, dice el casacionista que la sentencia viola de manera directa el artículo 148 del Código de Trabajo, al dejar de considerar que el salario completo que debía pagar el empleador, al tenor de la norma, estaba compuesto por el salario base y las comisiones, que no eran supuestas, porque constan en documentos confeccionados en papel membretado de la demandada, presentados durante la audiencia y aceptados tácitamente por la parte demandada, ya que ni los objetó, ni los tacho de falsos. Esa falta de pago completo de salario se dio durante los meses de enero y febrero de 2008.
La sentencia de segundo grado viola el artículo 149 del Código de Trabajo de manera directa, al dejar de aplicarlo para establecer la indemnización que le correspondía a la trabajadora, por razón que se probó que la relación terminó por causa imputable al empleador, por lo tanto se exigía que la indemnización se calculara con base en le promedio de los últimos 6 meses de salarios, compuesto por el base y las comisiones.
Manifiesta que se ha infringido el artículo 159 del Código de Trabajo en concepto de violación directa, pues la sentencia ignoró la disminución del salario, ya que desde el inicio de la relación laboral, al amparo de un contrato verbal, la trabajadora devengaba un salario base y comisiones que se estuvieron pagando hasta el mes de diciembre de 2009, y que arbitrariamente y de manera ilegal la empresa dejó de pagar las comisiones.
Con relación a la infracción del artículo 223 numeral 12 del Código de Trabajo en la modalidad de violación directa, dice que en la carta de renuncia se invocó los numerales 1 y 2 del artículo 213 del Código de Trabajo, aunque debió invocar también el numeral 12 de dicha excerta legal; este lapsus de la actora no afecta el reclamo, pues la jurisprudencia ha señalado que ni el empleador ni el trabajador están obligados a manifestar el fundamento de derecho del despido o de la renuncia con causa imputable al empleador, porque no lo exige el artículo 214 del Código de Trabajo.
Entre esos hechos la demandante alegó que la empleadora no había tomado en consideración las comisiones para pagarle las vacaciones y las partidas del décimo tercer mes, y como no precisó a cuales períodos se refería, se tiene que arribar a la interpretación racional de que se refería a las prestaciones que el empleador debió pagar durante la relación de trabajo. El reclamo de falta de pago completo de las comisiones, se lo exigió la actora al empleador, durante la conciliación que efectuaron las partes el 7 de abril de 2008 en la Sección de Conciliación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, como también se hizo en la demanda.
Por otro lado, sostiene el impugnante que la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, infringió de manera directa el artículo 225 acápite C del Código de Trabajo, ya que se dejó de reconocer la indemnización por despido injustificado, que se le tenía que pagar a la trabajadora, dado que se probó que la relación de trabajo, finalizó por causa imputable al empleador.
El artículo 226 del Código de Trabajo, fue violado de manera directa, ya que se dejó de reconocer el pago completo de la prima de antigüedad, que le correspondía a la trabajadora, al dejar de considerar las comisiones como parte del salario, pese a que dichas comisiones habían sido probadas.
Considera el casacionista que la sentencia viola de manera directa el artículo 732 del Código de Trabajo en error de hecho, toda vez que el Tribunal al desatar la controversia no lo hace de manera objetiva, porque llega a conclusiones erradas cuando señala que los informe de ventas, durante el período de tiempo a partir de mayo de 2006, no han sido reconocidos, ni en contenido ni en firma, por lo que no constituyen prueba válida, de que entre las partes se hubiera pactado un salario compuesto de salario base más comisiones.
Esta conclusión es errada, porque sostiene que los hechos no se han probado, a pesar de que las pruebas documentales que presentó la trabajadora para probar los hechos, no fueron objetadas ni tachadas de falsa, de manera que las pruebas eran idóneas.
En cuanto a la infracción del artículo 735 del Código de Trabajo, manifiesta que se incurrió en error de hecho en la apreciación de las pruebas, ya que para fundamentar el fallo, el Ad-quem sostuvo que la parte actora no probó que no le habían pagado las "supuestas" comisiones de enero y febrero de 2008, cuando era la parte demandada quien le correspondía probar que las había pagado, habida cuenta que se trataba de un contrato verbal. Se presentó un considerable cúmulo de pruebas documentales y testimoniales, que no fueron tachadas ni objetadas dentro del proceso, de manera que eran pruebas idóneas para demostrar la existencia de derechos adquiridos no pagados. Este grave error en materia de valoración probatoria, tuvo una incidencia directa en el desconocimiento del pago correcto de vacaciones, prima de antigüedad, décimo tercer mes y el pago del salario completo, cuando se dejaron de pagar las comisiones en los meses de enero y febrero de 2008.
También sostiene que se ha violado el artículo 765 del Código de Trabajo, en la modalidad de error de hecho en la apreciación de las pruebas documentales aportadas por la parte actora, al negarle validez, aduciendo el juzgador secundario, que se trataban de documentos no reconocidos ni en su contenido, ni en su firma, pese al texto expreso del artículo 755 del Código de Trabajo.
Por último señala que la sentencia del Ad-quem violó de mediante error de hecho el artículo 963 del Código de Trabajo, en la apreciación de las pruebas, argumenta que ésta se produce al decidir que la parte actora no probó que renunció al empleo por causa imputable al empleador, porque los documentos privados que presentó la trabajadora, no fueron reconocidos por los firmantes y porque no se sabía quién los había firmado.
Sostiene que el error del juzgador secundario, es grave en perjuicio de la actora, porque le negó valor probatorio a los 17 comprobantes de la labor realizada en su gestión de venta y del cálculo de las comisiones que le correspondía; también negó valor a los comprobantes de los cheques girados a favor de la trabajadora, mediante los cuales se le pagaban las citadas comisiones, hasta el mes de septiembre de 2007; así como de las constancias por escrito, que se hacían cuando el pago era en efectivo. Así mismo, la sentencia le negó valor al testimonio de L.A.V., jefe directo de la trabajadora, vertido durante el acto de audiencia, quien indicó que participó en la fijación del salario, junto con el gerente A.M., en la que se decidió pagarle comisiones a razón de 2% del monto de la venta.
Por todo lo anterior expuesto, pide se case totalmente la sentencia de 31 de diciembre de 2008, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.
El opositor del recurso de casación, es del criterio que las normas invocadas por el casacionista, están enmarcadas en el concepto de error de hecho, olvidando que la esta Superioridad ha reiterado que en la apreciación de pruebas, no es susceptible del reparo por la vía de casación laboral, quiere decir, que el Tribunal sólo conoce de errores in iudicando, no de errores in procedendo, por lo tanto, tal circunstancia no se produce en este caso, toda vez que el Tribunal Superior de Trabajo, ha valorado y examinado las pruebas de manera racional, con arreglo a la ley, la lógica y la experiencia, pues las pruebas aportadas al proceso, no demuestran los hechos afirmados en el libelo de la demanda.
Luego de un análisis exhaustivo del extenso escrito que contiene el recurso de casación y de igual forma su oposición, la Sala entrará a examinar las violaciones que se endilgan a la Sentencia de 31 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial. Por cuestiones de economía procesal, se agruparan los conceptos de infracción para su análisis.
Dentro de ese contexto, los conceptos de infracción de los artículos 54, 149, 159, 225 y 226 del Código de Trabajo, en la modalidad de violación directa, se observa que el recurrente omite explicar de manera sucinta, cómo ocurrió la infracción. Sólo se limita en decir que la sentencia dejó de reconocer, que la demandante tenía derecho a que las prestaciones se pagaran en base al promedio del salario devengado, compuesto por el salario base y las comisiones.
La forma como vienen estructurados los conceptos de infracción, deja en incertidumbre a los suscritos, pues imposibilita entrar a conocer dichos cargos, dado que no se ha precisado cómo ocurrió la infracción. Es importante recordarle al casacionista, que es indispensable que en la estructuración del concepto de infracción, es necesario que se establezca de manera lógica y objetiva como ocurrió la infracción de la norma cometida por la sentencia que se ataca, no basta señalar que ésta ha dejado de reconocer derechos a favor de la trabajadora, hay que orientar los argumentos de manera que se pueda confrontar la sentencia con la ley; no puede de oficio conocer tales cargos, por lo tanto se desestima el concepto de infracción.
En esta misma línea de pensamiento la Sala de Casación Laboral, ha manifestado que:
"Advierte la Sala que el recurso no puede ser admitido por cuanto el recurrente no ha precisado ni explicado cómo corresponde en qué consiste cada infracción de las normas que postula" R.N. vs Salón Carta Vieja y otros. 10 de mayo de 2000, Mag. A.H..
En lo que se refiere a la violación de manera directa de los artículos 69, 128 numeral 2; y 148 del Código de Trabajo, se evidencia de manera palmaria que el casacionista pretende contrariar el juicio apreciativo sobre las pruebas, que adelantó el Juez Ad-quem en base al sistema de la sana crítica; es decir sobre la conclusión de que las pruebas no acreditaron las supuestas causas justificadas para que la trabajadora renunciara, con causa imputable a la empresa; además que no existe prueba alguna que demuestre o acredite el no pago de las supuestas comisiones de ventas demandadas, que dice se alega fueron realizadas en enero y febrero de 2008.
Porque como ya hemos anotado anteriormente, en materia laboral no procede la casación sobre la evaluación probatoria, excepto que se haya incurrido en error de hecho en la apreciación de la existencia de la prueba. Es decir, cuando el tribunal tenga por probado un hecho con base en una prueba inexistente, o bien, que se haya dejado de valorar un elemento probatorio existente válidamente en el proceso, y esta circunstancia aquí descrita no ha acontecido en el presente asunto.
Sobre el particular, esta S. ha señalado que:
"En este sentido se hace necesario recalcar, que la jurisprudencia de esta Máxima Corporación de Justicia ha sido constante y uniforme al señalar que la actividad de apreciación de pruebas que adelante el juzgador laboral no es susceptible de reparo por el Tribunal de Casación, excepto que se haya incurrido en error de hecho en la valoración de pruebas, esto es, cuando aparece de manera incontrovertible y evidente que se dio por establecido un hecho sin respaldo probatorio o se omitió la valoración de alguno que se encontraba debidamente probado".
Continuando con el estudio de la viabilidad o no del presente recurso de casación, se observa que el recurrente comete el error de encausar el concepto de infracción respecto a las infracciones a los artículos 732, 735, 765 y 963 del Código de Trabajo como error de hecho, pero se contradice al momento de desarrollar el concepto de infracción de cada norma.
Decimos esto, toda vez que el proponente del recurso invoca como concepto de infracción el error de hecho, pero entra a censurar la manera como fue apreciada la prueba por parte del juzgador Ad-quem; al entrar en juego la valoración probatoria basada en el sistema de la sana crítica, entra en escenario de inmediato el error de derecho, entonces se desvanece el error de hecho.
Conviene anotar, que cuando se habla de error de hecho, se dice que se ha verificado un error en la existencia de la prueba, no sobre su valoración. Si el medio probatorio se examina, ya no se puede hablar de error de hecho, sino de derecho.
El ilustre maestro procesalista J.F., al referirse a los errores en la casación, ha dicho:
"Error de hecho sobre la existencia de la prueba, se entiende el desconocimiento del medio o elemento probatorio, el ignorarlo, o dar existente un elemento probatorio que no obra en el expediente". Instituciones de Derecho Procesal Civil Tomo II, pág. 1157.
Es evidente que el casacionista es contradictorio en el concepto de infracción y su desarrollo. Una atenta lectura de la sentencia del cual se ataca, en su folio 117 del expediente principal, se observa que el juzgador de segundo grado, hace un análisis valorativo, tendentes a otorgarle el merecido valor probatorio, concluyendo que la prueba no constituye prueba válida, de que entre las partes se hubiera pactado un salario compuesto de salario base, más comisiones, toda vez que no han sido reconocidos ni en contenido, ni en firma.
Lo anterior, nos indica que el medio probatorio fue examinado, apreciado y contrastado en su justa dimensión, asignándosele un valor con base al sistema de la sana crítica. Esta S. no tiene objeciones que formularle a la sentencia en este apartado, pues se ajusta a las exigencias establecidas para tal fin. Por lo tanto no prospera el cargo de infracción.
Finalmente respecto a la infracción al artículo 223 numeral 12 del Código de Trabajo, se observa que el recurrente intenta sorprender a los suscritos Magistrados, al traer al presente escenario jurídico, alegaciones que no fueron consignados en la carta de renuncia de 29 de febrero de 2008, donde sólo se señaló 3 puntos por la cual decide renunciar justificadamente como asistente de venta de la empresa STWARD AGENCY, INC., los puntos son: Por el no pago completo de las vacaciones según el salario promedio artículo 54; por el no pago completo del XIII mes según salario promedio; y, por el no pago de las horas extras.
Ahora, argumenta el casacionista que por un lapsus la actora debió invocar también el numeral 12 del artículo 223 del Código de Trabajo, queriendo introducir nuevos elementos a la carta de renuncia. Dice, porque las violaciones legales y contractuales encajan en dicho numeral; porque entre los hechos, la demandante alegó que la empleadora no había tomado en consideración las comisiones para pagarle las vacaciones y las partidas de decimotercer mes.
Esta S. no puede pasar por alto, sobre la exigencia que debe contener la carta de renuncia. Se ha sostenido jurisprudencialmente que son las mismas que se exigen para la carta de despido. Es decir debe notificarse al empleador previamente la fecha y causa o causas específicas de la renuncia. Posteriormente no podrá alegarse válidamente causales distintas a las contenidas en la notificación; se ha dicho además que no es necesario que se señale norma alguna, sólo basta enunciar el hecho o hechos que motivaron la renuncia, además debe precisarse la fecha cuando ocurrieron los hechos, esta para determinar caducidad o prescripción.
La notificación previa de los motivos de la renuncia, tienen como propósito, que el empleador se prepare para una eventual demanda, con ello se garantiza el derecho de defensa que le asiste al empleador. Queda claro, que posteriormente no serán validas causales distintas a las contenida en la carta de renuncia.
En el presente recurso, el proponente trae nuevas alegaciones fuera de la carta de renuncia, estas consisten en que se debe condenar a la parte demandada sobre el reclamo de falta de pago completo de las comisiones.
El propio recurrente reconoce que dicho reclamo se efectuó durante la conciliación que efectuaron las partes el día 7 de abril de 2008, en la Sección de Conciliación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, como también se hizo con el libelo de la demanda. Agrega que se dijo en dicho acto, que la demandada había dejado de pagar las comisiones devengadas durante los meses de enero y febrero de 2008, lo cual evidencia que durante la relación de trabajo, sí se estuvieron pagando las citadas comisiones; según el casacionista, esta circunstancia basta para evidenciar que durante la relación de trabajo sí se estuvieron pagando las citadas comisiones.
Este Tribunal Colegiado estima que no le asiste la razón a la parte actora, en la medida que dicho reclamo nace posterior a la carta de renuncia de 29 de febrero de 2008 y la conciliación donde supuestamente se habló sobre el reclamo de la falta de pago completo de las comisiones, se efectúo el 7 de abril de 2008.
Queda claro que dicha reclamación no tiene ningún sustento jurídico, dado que no puede a estas alturas pedir una condena sobre dicho rubro, cuando no fue manifestado como causa para poner término a la relación de trabajo, por medio de renuncia con causa justificada. Es que no puede, alegar motivos distintos, luego de notificada la carta de renuncia.
Para finalizar, conviene anotar como se ha hecho en anteriores ocasiones, es oportuno recordar que el recurso de casación laboral, es un recurso que se identifica por estar exento de ritualidades especiales, no por ello, se quiera dejar al libre albedrio su interposición, pues es necesario ajustarse a algunas exigencias mínimas para su entrar a su conocimiento -artículo 926 del Código de Trabajo-; este es un medio impugnativo de carácter extraordinario, lo que se traduce como un debate sobre puntos de derecho, no hay oportunidad para traer alegaciones propias del recurso de apelación.
Frente a este acontecimiento jurídico, la Sala concluye que la sentencia impugnada se ajusta a derecho, y que los cargos de violación al Código de Trabajo que se le endilgaron carecen de asidero legal, por lo que debe negarse la pretensión del casacionista.
Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 31 de diciembre de 2008 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial dentro del proceso J.L.Q.A. vs STWARD AGENCY, INC.
VICTOR L. BENAVIDES P.
WINSTON SPADAFORA FRANCO -- HIPÓLITO GILL SUAZO
HAZEL RAMÍREZ (Secretaria Encargada)

References: artículo 54
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 128
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 159
 artículo 223
 artículo 213
 artículo 214
 artículo 225
 artículo 226
 artículo 732
 artículo 735
 artículo 765
 artículo 755
 artículo 963
 artículo 223
 artículo 54
 artículo 223