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Timestamp: 2019-12-05 14:27:05+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 257-12, de 23/05/2011
Núm. 257-12
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Informe emitido por la Ponencia sobre la Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, integrada por los Diputados, doña Esperança Esteve Ortega (GS), don Óscar Seco Revilla (GS), don Rafael Herrera Gil (GS), don Rafael Antonio Hernando Fraile (GP), doña María Sandra Moneo Díez (GP), don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), don Emilio Olabarría Muñoz (GV-EAJ-PNV), don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV) y doña Ana María Oramas González-Moro (GMx), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente
La Ponencia, a la vista de las enmiendas formuladas por los diferentes Grupos Parlamentarios, propone a la Comisión la introducción de diferentes modificaciones que afectarían a los artículos 1 y 2 de la Proposición de Ley. Dichas modificaciones pueden consultarse en el texto que figura como anexo al presente Informe.
A resultas de las modificaciones introducidas, los Portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios hacen constar la retirada de todas las enmiendas, excepto la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Asimismo, la Ponencia propone también la reducción del plazo de vacatio legis que se establece en la Disposición final, de manera que la Ley entre en vigor el día siguiente a su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Palacio del Congreso de los Diputados a 12 de mayo de 2011.-Esperança Esteve Ortega, Óscar Seco Revilla, Rafael Herrera Gil, Rafael Antonio Hernando Fraile, María Sandra Moneo Díez, Carles Campuzano i Canadés, Emilio Olabarría Muñoz, Gaspar Llamazares Trigo y Ana María Oramas González-Moro, Diputados.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada en diciembre del año pasado, establece en su artículo 31 bis, apartado dos, que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que estén en situación de irregularidad y denuncien a su agresor serán objeto de un expediente administrativo sancionador por encontrarse de forma irregular en nuestro país, que quedará suspendido hasta la resolución del procedimiento penal.
Asimismo, se establece, en los siguientes apartados, que la mujer extranjera en situación de irregularidad podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias extraordinarias. Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal, sin perjuicio de que las autoridades competentes puedan conceder mientras tanto una autorización provisional.
Sin embargo, el hecho de que una mujer extranjera que se encuentre en situación de irregularidad denuncie a su agresor y se le abra un procedimiento administrativo que puede acabar en expulsión, desincentiva que las mujeres extranjeras vayan a denunciar. Es muy difícil para las mujeres extranjeras que vienen a nuestro país por su marido e hijos denunciar a sus parejas en caso de agresión, ya que dependen de ellos económicamente y si, además, se ponen nuevos obstáculos para denunciar, todavía lo harán menos. El 40% de las mujeres muertas por violencia de género en el año 2009 fueron extranjeras. Por ello, se hace necesario que las mujeres inmigrantes denuncien a sus agresores con el fin de protegerlas. Se debería primar la protección de los derechos a la integridad física y moral de la mujer, cuando padece situaciones de violencia de género, frente a una sanción por estar en situación de irregularidad. En el caso de que se compruebe que la denuncia es falsa es cuando se debería abrir un procedimiento sancionador por estancia irregular.
Por otro lado, ocurre una situación similar con las víctimas de trata, ya que se ordena paralizar el expediente de expulsión si la víctima denuncia a los autores, coopera o colabora con las autoridades, proporcionando datos esenciales o testificando. Ello vulnera el Convenio contra la Trata de Personas del Consejo de Europa de 2005, que exige brindar asistencia integral a las víctimas de trata independientemente de si colaboran o no y de su situación administrativa.
Muchas de ellas no tienen información suficiente sobre sus explotadores o no denuncian por miedo. Pero, incluso si lo hacen, eso no les garantiza protección: en mayo de 2009, el Tribunal de Justicia Europeo condenó al Estado español por no aplicar la Directiva comunitaria 2004/81/CE que insta a expedir un permiso de residencia a las víctimas de trata que cooperen con las autoridades.
Las modificaciones de los artículos 31 bis y 59 bis tienen como objeto no iniciar ningún procedimiento sancionador por estancia irregular a las mujeres víctimas de violencia de género o de trata que decidan poner una denuncia frente a un maltratador o explotador.
2 (nuevo). Si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a) de esta Ley no será incoado hasta la resolución del procedimiento penal.
Se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas, hasta la resolución del procedimiento penal.
3 (antiguo apartado 2). La mujer extranjera que se halle en la situación descrita en el apartado anterior, podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal. En el momento de presentación de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal, la mujer extranjera, por sí misma o través de representante, también podrá solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, o una autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia.
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorización por circunstancias excepcionales
concederá una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones de residencia provisionales a favor de sus hijos menores de edad o con discapacidad, o de residencia y trabajo si fueran mayores de 16 años, previstas en el párrafo anterior, que se encuentren en España en el momento de la denuncia. Las autorizaciones provisionales eventualmente concedidas concluirán en el momento en que se concedan o denieguen definitivamente las autorizaciones por circunstancias excepcionales.
Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, treinta días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante este período no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación."
3 (nuevo). El período de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por motivos de orden público o cuando se tenga conocimiento de que la condición de víctima se ha invocado de forma indebida. La denegación o revocación deberán estar motivadas y podrán ser recurridas según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

References: artículo 97
 artículo 113
 artículo 31
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 53