Source: https://villaverde.com.ar/bioetica-y-derechos-humanos/
Timestamp: 2020-08-15 13:45:06+00:00

Document:
Derecho Internacional de la Bioética y Bioética de los Derechos Humanos - María Silvia Villaverde
♦ DECLARACIÓN UNIVERSAL DE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS (UNESCO-2005)
Esta Declaración es el primer instrumento ético inter- nacional que aborda el vínculo entre bioética y derechos humanos. Además, representa el primer instrumento normativo que proporciona normas bioéticas mundiales a la comunidad internacional. Es también el primer documento sobre políticas mundiales en lo que respecta a lo principios bioéticos que han sido adoptados por los gobiernos; en total más de 192 Estados Miembro de las Naciones Unidas han adherido a la Declaración.
Entre los 15 artículos de la Declaración que abordan los principios moralmente vinculantes, el Artículo 8 trata de los principios de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. En el artículo 24 se hace énfasis en que no sólo las personas pueden ser vulnerables sino también las familias, los grupos y las comunidades. Asimismo, en el preámbulo de la Declaración se hace referencia a las poblaciones vulnerables. También a determinadas circunstancias en las que personas, familias, grupos, comunidades y poblaciones pueden volverse vulnerables. Las circunstancias explícitamente mencionadas son:
INFORMES DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE BIOÉTICA (UNESCO-CIB):
♦ INFORME SOBRE EL PRINCIPIO DE RESPETO DE LA VULNERABILIDAD HUMANA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (Ref. SHS/EST/CIB-17/10/CONF.501/2 Rev.2 – 22 de junio de 2011)
♦ INFORME SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SALUD (Ref. SHS/EST/CIB-15/08/CONF.502/3 Rev.3 – 26 de noviembre de 2009)
♦ INFORME SOBRE EL PRINCIPIO DE NO-DISCRIMINACIÓN Y NO-ESTIGMATIZACIÓN (Ref. SHS/EGC/IBC-20/13/2 REV.3 Paris, 6 March 2014)
FALLO CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Caso “I.V. vs. Bolivia” – 30/11/2016
1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a Bolivia por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a la vida privada y familiar, de acceso a la información y a fundar una familia, reconocidos en los artículos 5.1, 7.1, 11.1, 11.2, 13.1 y 17.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar esos derechos y de no discriminar contenidas en el artículo 1.1 de la misma, así como por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 7.a) y b) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de la señora I.V.
2. Además, la Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar, contenida en el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora I.V.
3. Finalmente, la Corte declaró al Estado responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar esos derechos y de no discriminar contenidas en el artículo 1.1 de la misma, así como por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 7.b), c), f) y g) de la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de la señora I.V.
BASE FÁCTICA DE LA SENTENCIA:
Los hechos se refieren a lo sucedido el 1 de julio de 2000, en horas de la tarde, en que la señora I.V. ingresó al Hospital de la Mujer de La Paz, luego de que se le produjera una ruptura espontánea de membranas a la semana 38.5 de gestación y dolor a nivel de la cesárea que había tenido anteriormente en el año 1982.
Debido a que el médico tratante constató que ella había tenido una cesárea previa, que no había trabajo de parto y que el feto se encontraba en situación transversa, decidió someter a la señora I.V. a una cesárea. La cesárea fue iniciada por el médico residente de tercer año pasadas las 19:00 horas.
Sin embargo, en el transcurso del procedimiento quirúrgico de la cesárea se verificó la presencia de múltiples adherencias a nivel del segmento inferior del útero, por lo cual, en consideración de la dificultad del caso, el médico ginecólogo obstetra se hizo cargo de la cirugía en su condición de instructor.
Con posterioridad a que el neonatólogo se llevará a la niña recién nacida, se realizó a la señora I.V. una salpingoclasia bilateral bajo la técnica pomeroy, conocida comúnmente como ligadura de las trompas de Falopio. Ambos procedimientos quirúrgicos fueron realizados encontrándose la paciente bajo anestesia epidural.
La representante sostuvo que la señora I.V. nunca fue consultada de manera previa, libre e informada respecto de la esterilización, sino que se enteró que había perdido su capacidad reproductiva permanentemente, al día siguiente de practicada la misma, cuando el médico residente se lo comunicó.
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO:
El Tribunal resaltó que el elemento de la libertad de una mujer para decidir y adoptar decisiones responsables sobre su cuerpo y su salud reproductiva, sobre todo en casos de esterilizaciones, puede verse socavado por motivos de discriminación en el acceso a la salud; por las diferencias en las relaciones de poder, respecto del esposo, de la familia, de la comunidad y del personal médico; por la existencia de factores de vulnerabilidad adicionales, y debido a la existencia de estereotipos de género y de otro tipo en los proveedores de salud. Factores tales como la raza, discapacidad, posición socio-económica, no pueden ser un fundamento para limitar la libre elección de la paciente sobre la esterilización ni obviar la obtención de su consentimiento.
La Corte reconoció que la relación de poder entre el médico y la paciente, puede verse exacerbada por las relaciones desiguales de poder que históricamente han caracterizado a hombres y mujeres, así como por los estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes que constituyen de forma consciente o inconsciente la base de prácticas que refuerzan la posición de las mujeres como dependientes y subordinadas.
En el sector de la salud, los estereotipos de género pueden resultar en distinciones, exclusiones o restricciones que menoscaban o anulan el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, y específicamente, de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer con base en su condición.
En particular, la Corte advirtió que los estereotipos de género negativos o perjudiciales pueden impactar y afectar el acceso a la información de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, así como el proceso y la forma en que se obtiene el consentimiento. Una mujer que no tiene conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos puede ser propensa a adoptar una actitud menos asertiva respecto a sus derechos. Esto puede conllevar a que deposite mayor confianza en el criterio de su médico, o que profesionales de la salud adopten una posición paternalista respecto a su paciente.
Ambas condiciones pueden abrir la puerta a una situación de ejercicio del poder donde profesionales de la salud tomen decisiones sin tomar en cuenta la autonomía y voluntad de su paciente.
La Corte visibilizó algunos estereotipos de género frecuentemente aplicados a mujeres en el sector salud, que generan efectos graves sobre la autonomía de las mujeres y su poder decisorio.
Por ejemplo, la situación en que se induzca la toma de decisión en favor de la esterilización de la mujer y no del hombre, con base en el estereotipo de que la mujer es quien ostenta el rol primario de la procreación y debe ser la responsable de la contracepción.
Finalmente, la Corte enfatizó que el consentimiento debe ser pleno e informado.
El consentimiento pleno sólo puede ser obtenido luego de haber recibido información adecuada, completa, fidedigna, comprensible y accesible, y luego de haberla entendido cabalmente.
La Corte consideró, luego de haber llevado a cabo un análisis de diversas fuentes, que los prestadores de salud deberán informar al menos, sobre:
i) la evaluación de diagnóstico
ii) el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos esperados del tratamiento propuesto
iii) los posibles efectos desfavorables del tratamiento propuesto
iv) las alternativas de tratamiento, incluyendo aquellas menos intrusivas, y el posible dolor o malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios del tratamiento alternativo propuesto
v) las consecuencias de los tratamientos, y
vi) lo que se estima ocurrirá antes, durante y después del tratamiento.
A criterio de la Corte, de existir alternativas de tratamiento, dicha información forma parte del concepto de información necesaria para adoptar un consentimiento informado y su impartición se considera como un elemento básico de dicho consentimiento.
ANALISIS INTERSECCIONAL DE LA DISCRIMINACIÓN:
En cuanto a la solicitud de determinar también si en el caso de la señora I.V. se verificó una discriminación múltiple, o si los distintos criterios alegados convergieron de forma interseccional en la configuración de una situación particular y específica de discriminación, la Corte subrayó que la esterilización sin consentimiento es un fenómeno que en diversos contextos y partes del mundo ha tenido un mayor impacto en mujeres que son parte de grupos con una mayor vulnerabilidad a sufrir esta violación de derechos humanos, ya sea por su posición socio-económica, raza, discapacidad o vivir con el VIH.
En el presente caso, la Corte notó que la señora I.V. tuvo acceso a los servicios públicos de salud del Estado boliviano, aunque la atención en salud brindada desconoció los elementos de accesibilidad y aceptabilidad. A pesar de ello, no se desprendía de los hechos de este caso que la decisión de practicar la ligadura de las trompas de Falopio a la señora I.V. haya obedecido a su origen nacional, condición de refugiada o posición socio-económica. No obstante, la Corte consideró que estos aspectos incidieron sobre la magnitud de los daños que sufrió I.V. en la esfera de su integridad personal.
Respecto del acceso a la justicia, la Corte notó que en el caso de la señora I.V. confluyeron en forma interseccional múltiples factores de discriminación en el acceso a la justicia asociados a su condición de mujer, su posición socio-económica y su condición de refugiada. En particular, la Corte se refirió a un obstáculo geográfico en la accesibilidad al tribunal que implicó un elevado costo socio-económico de tener que trasladarse a una distancia prolongada, y la desprotección en la búsqueda de justicia toda vez que, a raíz de sus reclamos, recibió junto a su esposo diversos tipos de presiones, incluyendo averiguaciones sobre la calidad de su residencia en Bolivia.

References: artículo 24
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7