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Timestamp: 2018-12-17 02:14:04+00:00

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ABUSO DEL DERECHO EN EL PROCESO ~ FUNDESI - Blog
El abuso del derecho es un instituto especial dentro de la Teoría General del Derecho, que no puede ser incluido en otras figuras con los que tiene algunas semejanzas pero también diferencias.
El tema ha atraído la atención de los juristas desde antiguo. El término “abusar” según el Diccionario de la Academia Española es usar mal, excesiva, injusta, o impropiamente de alguna cosa. En nuestra materia la “cosa”, si se nos permite la licencia, sería el derecho subjetivo. Por, ello el abuso presupone la existencia de un derecho que se usa impropiamente, situación que lo aleja de la actuación sin derecho o en contra del derecho.
En consecuencia no son aplicables los conceptos sobre culpa o dolo como elementos de los actos ilícitos. El abuso del derecho se vincula más con la ética y la buena fe que con las nociones de dolo o culpa.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) impone al juez, dentro de sus deberes, prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe (art. 34, inc. 5º, d). Las referencias a las nociones de lealtad y buena fe son formas de prever el abuso del derecho aun cuando no se aluda expresamente a éste
El artículo 1071 del Código Civil cuyo texto dispone: La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal al que contrarié los límites que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, se encuentra dentro del título “De los actos ilícitos”, pero se trata de una institución que excede la materia referida a las obligaciones.
En Derecho Procesal puede haber abuso del proceso y abuso en el proceso.
Se abusa del proceso cuando éste se usa, no para resolver un conflicto real sino con otros fines. Se enuncian los siguientes supuestos: a) clara separación entre el derecho que se invoca y el que se tiene efectivamente; b) procesos simulados o fraudulentos, con la complicidad de ambas partes para perjudicar a un tercero ; c) juicios de bagatela, es decir aquellos en los que se reclama una prestación ínfima que de ninguna manera justificaría la promoción de un proceso judicial; d) procesos innecesarios: se busca una finalidad que ya se logró o que puede lograrse con menor costo, por ejemplo se pide un régimen de visitas que ya ha sido otorgado, o la división de condominio o la partición judicial cuando los interesados no se niegan a la división o partición, etc.; e) procesos inadecuados, como cuando se pide la quiebra de un deudor solvente o se realizan denuncias penales para cobrar una deuda, a fin de extorsionar al deudor; f) procesos para plantear una cuestión no judiciable (Ver Gelsi Bidart, A.“Abuso del proceso”, ED 96-955).
En casos de abuso del proceso corresponde el rechazo “in límine” de la demanda, las sanciones por temeridad y malicia y el pago de las costas, según se decida en cada caso.
En el proceso puede haber abuso de las partes y sus abogados, del juez o de los auxiliares. El CPCCN menciona expresamente el abuso del derecho en el artículo 208 referido a la responsabilidad por obtener una medida cautelar que, en definitiva, resultó improcedente
. Otros artículos del CPCCN se vinculan con la teoría del abuso del derecho, aun sin mencionarlo expresamente, tales como el 163, inc. 5, que alude a la valoración por el juez de la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso, como un elemento de convicción corroborante de las pruebas; los artículos 387 y 388 que se refieren a la negativa de las partes a presentar documentos que se encuentran en su poder; 414 y 417 sobre los efectos de la negativa del absolvente de responder y de la confesión ficta; 528 y 551 que sancionan el desconocimiento de la firma en la preparación de la vía ejecutiva y la actuación del ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera.
Las consecuencias del abuso procesal las podemos advertir en el artículo 169 que dispone que no se pueda requerir la nulidad de un acto si, no obstante su irregularidad, se ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Con relación a los incidentes podemos mencionar el artículo 69, que impide promover un nuevo incidente mientras no se haya depositado el importe de las costas a que fue condenado el incidentista por otro anterior; y los artículos 173 y 179 que prevén el rechazo “in limine” de incidentes manifiestamente improcedentes.
1) De las partes y sus abogados. Consignamos a continuación algunos supuestos:
a) Promover incidentes innecesarios; b) accionar con beneficio de litigar sin gastos y reclamar por montos desproporcionados en relación con el crédito y ofrecer gran cantidad de peritos para forzar a un arreglo, tal como sucede frecuentemente en el proceso laboral en la Provincia de Buenos Aires; c) formular múltiples preguntas innecesarias en el interrogatorio de testigos o en el pliego de posiciones; d) ofrecer testigos domiciliados en lugares alejados del juicio, incluso en el extranjero, con fines meramente dilatorios; e) recusar sin expresión de causa a un magistrado de manera excesiva, desnaturalizando la institución, tal como lo resolvió la Corte Suprema (“Aguilera Grueso, Emilio c/ANSES y otros/reajuste” 4 /12/ 2012); f) usar las medidas cautelares con fines extorsivos y no para garantizar el cumplimiento de la sentencia; como lo sucedido en autos “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Bertoni” . en los que la Administración provincial, sin intervención judicial, había trabado un embargo en la Cuenta Corriente bancaria del demandado que al momento tenía un saldo de Cuarenta y Ocho pesos con Cuarenta y Dos centavos ($ 48,42), por un reclamo fiscal de Trece Mil Doscientos Treinta y Ocho pesos con Setenta ($ 13.238,70); el ejecutado ofreció en sustitución un inmueble libre de gravámenes con una valuación fiscal muy superior a la deuda, alegando que la inmovilización de la cuenta le ocasionaba serios perjuicios en su giro comercial por cobrar sus trabajos con cheques a su nombre con la leyenda “no a la orden”, que necesariamente debían depositarse en su cuenta corriente; el Fisco se opuso y la Cámara rechazó la sustitución con fundamento en el artículo 13 bis de ley 13529 de ejecuciones fiscales de la Provincia; consideró el Tribunal, por mayoría, que los jueces no están habilitados para sustituir la valoración del Fisco sobre la conveniencia de optar para resguardar su crédito mediante la medida decretada en vez de recurrir a otra diversa; g) elegir el trámite procesal más costoso cuando el resultado se podría obtener en forma más ágil y simple; como sucede cuando se apela una sentencia para corregir un error material, aclarar algún concepto oscuro o suplir alguna omisión en que se hubiese incurrido; situaciones que pueden ser subsanadas por vía de aclaratoria (arts. 166, inc. 2º y 278 del CPCCN).
En estos supuestos y en algunos otros similares, además de las sanciones que el juez puede imponer y del pago de las costas, también corresponde que se valore la conducta de las partes en la decisión final, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 163, inc. 5 del CPCCN. Los litigantes y sus abogados tienen que cooperar para que en el proceso se logren los fines a que estaba destinado, es decir que se ponga fin al conflicto de la manera más justa y rápida posible.
Se encuentra controvertido si el juez, de oficio, puede fundar su sentencia en el abuso del derecho o necesariamente debe ser invocado por la parte. La Corte Suprema de Justicia de la Nación parece haber adherido a la primera postura, en “Banco Central de la República Argentina en Centro Financiero S.A.” al fundar su sentencia en el dictamen del Procurador Fiscal quien expresamente dijo que la aplicación del art. 1071 del Cód. Civil, en orden al abuso de derecho, no está condicionada a su invocación por el interesado.
Entendemos que de ninguna manera se afecta el principio de congruencia al aplicar de oficio la norma sobre el abuso del derecho, siempre que el fallo se ajuste a la pretensión de peticionario y a los hechos afirmados por las partes; en definitiva se trataría de calificar correctamente esos hechos conforme con las disposiciones legales.
2) Del juez. Veamos algunos casos:
a) Cuando el magistrado exagera el rigor formal de manera incompatible con las reglas del debido proceso, situación que dio origen a la doctrina de la Corte Suprema sobre el “exceso ritual manifiesto”. Como se ha dicho con acierto, “cuanto menos se sabe Derecho más se exige el cumplimiento de trámites procedimentales”. Uno de los propósitos orientadores del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según surge de la exposición de motivos fue “suprimir formalidades innecesarias y agilizar en general, los trámites procesales”; b) en casos en que el magistrado otorga múltiples traslados sin resolver la petición, dilatando la decisión violando el principio de celeridad; c) en supuestos en que se exagera la declaración de deserción del recurso de apelación por estimarse que la expresión de agravios o el memorial no contienen una crítica concreta y razonada de la decisión que se recurre; d) también el juez puede incurrir en abuso procesal por omisión cuando no utiliza las “facultades” o “deberes” que los códigos procesales le otorga para agilizar el proceso o esclarecer los hechos controvertidos, según lo dispone el artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y lo señaló la Corte Suprema de Justicia al decir que la facultad del juez para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos se tornan en deber inexcusable cuando la prueba es esencial para la solución del litigio. La omisión puede constituir una causal de arbitrariedad de sentencia (caso “Oihler”, L.L. 1981-C-67) ; asimismo cuando no ordena medios de prueba no ofrecidos y que resultan necesarios para el esclarecimiento(art. 478, CPCCN); o no interroga libremente a las partes (art. 415, CPCCN); o no pide a las partes las explicaciones necesarias (art. 438, CPCCN); o no dispone la declaración de oficio a personas mencionadas en los escritos constitutivos del proceso o que el conocimiento surja de otra prueba producida (art. 452, CPCCN); o no ordena que se practique nuevo peritaje o se perfecciones o amplíe el anterior (art. 473, CPCCN); o no exige la ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas o de otra especie, de objetos, documentos o no dispone la reconstrucción de los hechos (art. 475, CPCCN); o no solicita informes a academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas (art. 476, CPCCN); o no practica reconocimientos de lugares y cosas (art. 479, CPCCN). Todo ello cuando, conforme las circunstancias del caso, esas actividades judiciales son necesarias para lograr el anhelo de una sentencia justa. Finalmente, puede haber abuso por omisión si el juez no requiere a las partes que desistan de prueba innecesaria o admite prueba manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria, permitiendo de esa manera que el trámite se alargue más allá de lo necesario (art. 364, CPCCN).
3) De los funcionarios y auxiliares. Éstos en muchas ocasiones también incurren en abuso procesal dentro de sus respectivas incumbencias. Un caso paradigmático es el del martillero que conoce en forma extrajudicial la cancelación de la deuda reclamada e igualmente continúa los trámites para la subasta, porque no ha sido notificado en forma fehaciente.
La ética y el principio de razonabilidad deben guiar todas las acciones de los funcionarios; adviértase que el artículo 36 de la Constitución Nacional, expresamente impone al Congreso sancionar una ley de ética pública para el ejercicio de la función.
Posted on lunes, septiembre 22, 2014 by Karin Fleischer

References: artículo 1071
 artículo 208
 artículo 169
 artículo 69
 artículo 13
 artículo 163
 artículo 36
 artículo 36