Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/Junta-General-ratifica-impugnado-judicialmente_12_337185001.html
Timestamp: 2017-11-22 20:11:42+00:00

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La sociedad, además de revocar el acuerdo viciado puede sustituirlo por otro que lo remplace antes de que el acuerdo en cuestión haya sido impugnado. En estos casos, los efectos de este segundo acuerdo se producen "ex tunc" ocupando este segundo acuerdo el lugar del primero; siendo necesario que los dos acuerdos tengan el mismo contenido y que el segundo sea válido por haberse respetado las formalidades correspondientes o haberse ratificado el contenido del acuerdo (Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de julio de 2001. STS de 13 de junio de 2002).
La redacción igualmente del artículo 207 LSC, en su inciso "si fuese posible eliminar la causa de impugnación" y la aplicación del artículo 413 en relación con el 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permiten sostener que, en todo caso, sería posible la subsanación de defectos formales antes de que la sociedad hubiera tenido conocimiento de la interposición de la demanda, ya sea por su emplazamiento, por la contestación a la demanda o con ocasión de esta, haciendo desaparecer el interés legítimo defendido. Así lo confirman, por ejemplo, la STS de 12 de julio de 2002 o el Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife número 32/2004, de 13 de febrero.
En las sociedades de capital, la Junta General se configura como el "órgano corporativo por excelencia" [AA.VV; Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles T. V (1991); Editorial Civitas (Madrid); pág. 28] cuya soberanía tiene como límites la Ley, los Estatutos, y el interés social [artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC")]
El artículo 204.3 LSC –en términos idénticos a los del primer párrafo del derogado artículo 115.3 LSA- dispone que "no procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro". Por su parte, el artículo 207.2 LSC –de manera similar a como antes establecía el artículo 115.3 II LSA- dispone que "en el caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada".
Vemos que la Ley de Sociedades de Capital contempla dos vías diferentes para la subsanación de acuerdos sociales. La primera, previa a la impugnación del acuerdo, que enerva la posibilidad de presentar la demanda, al haber desaparecido –antes del inicio del litigio- el objeto de impugnación. Recordemos que en el supuesto de hecho del artículo 204.3 LSC, el acuerdo que quería ser impugnado habría dejado de existir o habría sido sustituido válidamente por otro antes de la presentación de la demanda. Lo anterior lo es sin perjuicio de que el acuerdo sustituto sea, a su vez, susceptible de impugnación según lo previsto en el artículo 204.1 LSC.
Sin embargo, el supuesto de "ratificación" de acuerdos anteriores pendente litis no está contemplado legalmente como remedio. Además, sólo tendría razón de ser en aquellos casos en que nos halláramos ante un acuerdo con vicios subsanables en virtud de un acuerdo adoptado por una nueva Junta. En tales casos la cuestión a plantear es qué efectos produce el acuerdo de ratificación del acuerdo defectuoso.
Si analizamos tal cuestión desde la perspectiva del procedimiento de impugnación en trámite, la única respuesta posible es que la ratificación ulterior de un acuerdo defectuoso no produce el efecto reparador que se persigue. Así lo confirma la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 3 de octubre de 2008, según la cual "esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse varias veces sobre la cuestión de la ratificación o convalidación de acuerdos sociales impugnados, pendientes de resolución judicial, sentando el criterio de que las vulneraciones habidas en la adopción de un acuerdo que determinen su impugnación no pueden convalidarse por medio de acuerdos adoptados en Junta posterior que expresamente los ratifiquen pues esta actuación subsiguiente 'no se compadece con el respeto debido al planteamiento judicial de la cuestión, pues sabido es que en relación con el objeto del proceso carecen de eficacia las innovaciones que después de iniciado el juicio introduzca el demandado o un tercero en el estado de los hechos o de las personas o de las cosas que hubieren dado origen a la demanda, conforme al principio 'ut lite pendente nihil innovetur'" (Sentencia de 21 de mayo de 2002, con cita de la de 26 de enero de 1993)...".
En tales casos el alcance de lo que la Junta General haya podido denominar "ratificación" será, en realidad, un nuevo acuerdo de idéntico contenido que el "ratificado", que lo sustituye.
La "ratificación", con independencia de cuales sean sus términos literales, implica la adopción de un nuevo acuerdo de idéntico contenido que el ratificado.
No nos hallamos, por tanto, ante una "sanación" de defectos preexistentes, sino ante la adopción de un nuevo acuerdo de idénticos términos al "ratificado", presumiblemente carente de defectos, cuya eficacia se producirá a partir de la fecha de su adopción y no desde la fecha de la primitiva decisión.
En este sentido, la Sentencia de nuestro Alto Tribunal que hemos citado más arriba, afirma que "la validez del segundo ha de surtir efectos "ex nunc", esto es, a partir de la fecha de su adopción, y no retroactivos o ex tunc, desde la fecha en que se adoptó el anterior, como había sido normal en caso de que estuviéramos ante un supuesto de convalidación. En este sentido, la Resolución de la Dirección General de los Registros de 1 de diciembre de 1994 señala que la pretendida ratificación sanatoria sería en realidad un nuevo acuerdo de contenido idéntico pero cuya eficacia se producirá desde el momento en que es válidamente adoptado, y no ex tunc, como correspondería a la naturaleza de la ratificación".
Así, la mayor parte de las Sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo sobre supuestos en los que se planteaba la posibilidad de ratificar un acuerdo después de que se hubiera impugnado el mismo han sido en sentido negativo. Esto es, el alto Tribunal consideraba que una vez iniciado el procedimiento no era posible que la junta adoptara un acuerdo de ratificación del impugnado (en el que, es de suponer, se subsanarían los defectos que pudiera tener el primer acuerdo). Esta era la postura que existía antes de la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas – véase la STS de 26 de enero de 1993 – y que se mantiene después de 1989 – en las STS de 20 de octubre de 1998, 21 de mayo de 2002, 21 de mayo de 2004, 11 de noviembre de 2005 o 3 de octubre de 2008, pese a que el artículo 115.3 de la Ley de Sociedades Anónimas (actual artículo 204.3 de la Ley de Sociedades de Capital) establecía que "no será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro". El Tribunal Supremo rechazaba la posibilidad de subsanar los acuerdos una vez impugnados, haciendo referencia al principio "ut lite pendente nihil innovetur", esto es, las innovaciones que se hayan introducido con posterioridad no serán tenidas en cuenta, puesto que la cuestión se resolverá conforme a la situación que existiera en el momento de plantearse la demanda.
En este escenario se entendía que la sociedad no podía espontáneamente modificar los acuerdos impugnados (para ratificarlos, convalidarlos o modificarlos), salvo que se hiciera después de que el juez hubiera otorgado un plazo razonable para la subsanación, normalmente según se entendía de forma mayoritaria en la comparecencia previa, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 115.3 LSA "si fuere posible eliminar la causa de impugnación, el Juez otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada" (actualmente regulado en el artículo 207.2 LSC)(1). Esta posición llevaba a la doctrina a considerar que el límite temporal para que la junta pudiera modificar o ratificar un acuerdo viciado era la interposición de la demanda correspondiente; sin embargo, entendían que sí existía tal posibilidad si el acuerdo era ratificado por una junta a la que asistieran todos los accionistas y adoptaran el acuerdo de ratificación por unanimidad (interpretaban a sensu contrario la STS del 26 de enero de 1993 en la que se rechazaba la convalidación realizada por la junta, a la que no asistieron los accionistas impugnantes)(2).
Recordemos que el artículo 22 LEC prevé la terminación del proceso, sin condena en costas, cuando se ponga de manifiesto la pérdida del interés legítimo (por satisfacción extraprocesal o por cualquier otra causa). Mientras que el artículo 413 LEC recoge el principio nihil innovetur, pero introduce una excepción al mismo "si la innovación privare de interés legítimo las pretensiones que se hubieran deducido (...) por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa".
Lo anterior ha llevado a la doctrina y a nuestros tribunales a considerar posible la convalidación o ratificación posterior, así la Sentencia de la AP de Pontevedra de 13 de marzo de 2008 que expresamente considera que la inclusión de los artículos citados en la LEC "lleva a replantearse esa doctrina jurisprudencial y admitir la revocación, subsanación o convalidación de un acuerdo, por la propia sociedad, aún cuando ya se haya iniciado un proceso para la impugnación de tales acuerdos", en el mismo sentido las resoluciones de la AP de Barcelona: Auto de 21 de enero de 2008 y sentencia de 26 de enero de 2009.
Según el artículo 204.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), "no será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro". El artículo 207.2 de ese mismo texto legal indica después, a propósito de los procesos de impugnación de acuerdos sociales, que "en el caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquélla pueda ser subsanada". Estas dos normas reproducen de manera prácticamente literal el antiguo artículo 115.3 de la Ley de Sociedades Anónimas ("LSA"). No se ha introducido ninguna modificación legislativa de relieve en esta materia. La situación está, pues, como estaba antes de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital. Como ha destacado Rojo, A., "La impugnación de acuerdos", en Rojo-Beltrán, Comentario de la Ley de Sociedades de Capital, Madrid, 2011, Tomo I, p. 1446, "la Ley de Sociedades de Capital no soluciona el problema de la suerte de la impugnación ya presentada si la sociedad lite pendente revoca el acuerdo impugnado o lo sustituye por otro".
Empecemos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La posición del Alto Tribunal puede calificarse de diáfana. Una vez producida la impugnación judicial de un acuerdo social, no cabe eliminar la causa de impugnación fuera del proceso a través de alguna de las fórmulas antes expuestas. Sólo se puede hacer a través del mecanismo antes establecido en el artículo 115.3 LSA y ahora en el artículo 207.2 LSC: a petición de la sociedad demandada y en el momento procesal oportuno, que normalmente se sitúa en la audiencia previa, suspensión del proceso y otorgamiento de plazo para la subsanación, en su caso. Son muchas las resoluciones judiciales que establecen esta doctrina, en aplicación del viejo aforismo latino ut lite pendente nihil innovetur. Pueden citarse las Sentencias de 26 de enero de 1993, 20 de octubre de 1998, 21 de mayo y 12 de julio de 2002, 11 de noviembre de 2005 y 23 de enero de 2006, entre otras. Así, la Sentencia de 21 de mayo de 2002 indica que "lo que el precepto no establece, ni expresa, ni tácitamente, es que, iniciado ya un proceso de impugnación de un determinado acuerdo social, pueda la sociedad afectada por su propia y exclusiva iniciativa, en una Junta posterior, ratificar o tratar de convalidar el aludido acuerdo que está siendo objeto de impugnación en el referido proceso ya en tramitación, pues ello entrañaría una clara y unilateral violación del principio 'ut lite pendente nihil innovetur', con la consiguiente y grave conculcación de la seguridad jurídica por la que todo proceso ha de estar presidido". Por su parte, la Sentencia de 11 de noviembre de 2005 sostiene que "la ratificación o convalidación del acuerdo consistente en dejarlo sin efecto o sustituirlo válidamente por otro sólo surtirá efectos para enervar la acción de anulabilidad cuando se haya producido antes de la demanda impugnatoria de los acuerdos tachados de anulables, pues, en otro caso, bastaría que, una vez iniciado el proceso, se convocase nueva Junta en la que se subsanasen los defectos concurrentes o se sustituyesen los acuerdos dictados para dejar sin contenido la demanda formulada, en contradicción con el principio de la perpetuación de la jurisdicción que obliga, por razones de seguridad jurídica y garantía del proceso, a resolver los litigios de acuerdo con la situación existente en el momento de la interposición de la demanda". Y la de 23 de enero de 2006 establece que "en todo caso, la ratificación de un acuerdo se ha de haber adoptado antes de iniciarse el juicio de impugnación". A día de hoy no se conocen fisuras en esta posición jurisprudencial, que ha recibido serias críticas de la doctrina (por todos, vid. Achutegui, E., "Subsanación de acuerdos sociales impugnables", en Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, nº 15, 2008).
De hecho, la doctrina de las Audiencias Provinciales discurre por un camino diametralmente opuesto al de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con la relevante excepción a que después se hará referencia. Son muestra de esta corriente las Sentencias de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 13 de febrero de 2004, de la Audiencia Provincial de Granada de 22 de septiembre de 2004, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 11ª) de 17 de diciembre de 2007, de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 13 de marzo de 2008 y de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de abril de 2009. Se considera, con carácter general, que la pendencia de un proceso judicial de impugnación de acuerdos sociales no constituye impedimento para que la sociedad, a través de una de las fórmulas antes enunciadas (según sea el contenido del acuerdo y el vicio o defecto de que pueda adolecer), pueda eliminar la causa de la impugnación y provocar la terminación del proceso. Este planteamiento se basa en la interpretación (o mejor, como se dice en alguna de esas resoluciones, "reinterpretación") de la norma societaria (antes el artículo 115.3 LSA, ahora los artículos 204.1 y 207.2 LSC) a la vista de lo establecido en los artículos 22 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC"), que de forma expresa prevén la influencia en el proceso de modificaciones en el estado de las cosas que priven de manera definitiva de interés legítimo a las pretensiones deducidas en la demanda, por satisfacción extraprocesal, por carencia sobrevenida de objeto o por cualquier otra causa. Se atribuye, así, eficacia en el proceso a los acuerdos sociales de revocación, anulación, ratificación, convalidación o subsanación de los objeto de impugnación, adoptados en una reunión del órgano social celebrada después de la presentación de la demanda de impugnación de los acuerdos originarios. Como se explica en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 22 de abril de 2009, "cualquiera de las opciones aludidas, ya sea la revocación o autoanulación del acuerdo viciado, por otro acuerdo en Junta general posterior, ya su ratificación, convalidación o subsanación, o ambas cosas a la vez, pueden incluirse en los supuestos de satisfacción extraprocesal o pérdida de interés legítimo a que se refieren ambos preceptos, debiendo recordarse que en la Ley procesal no se pone restricción temporal expresa a su promoción". La tesis, además, se refuerza con la idea de que "no debe ponerse en cuestión que la sociedad, a través de su Junta general, y en base al principio de la autonomía privada, tiene la facultad para revocar o anular un acuerdo anterior que pudiera presentar defectos". Naturalmente, se trata de una regla general, cuya aplicabilidad al caso concreto dependerá de las circunstancias concurrentes. Si, no obstante la decisión adoptada por la sociedad, se justifica la subsistencia de un interés legítimo del demandante en la continuación del proceso, nada impedirá que éste prosiga hasta sentencia.
Se decía, sin embargo, que hay una excepción relevante en la posición de las Audiencias Provinciales. Es la de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, puesta de manifiesto en Sentencias de 5 de diciembre de 2008, 21 de mayo, 18 de junio y 3 de diciembre de 2010, entre otras. Se mantiene la tesis del Tribunal Supremo. Entre otros argumentos, se considera, en primer lugar, que la norma societaria (antes el artículo 115.3 LSA y ahora los artículos 204.1 y 207.2 LSC) es una norma especial aplicable a los procesos de impugnación de acuerdos sociales "que prevalece, en el aspecto concreto de que se trata, sobre la previsión general de la ley de ritos". Por otro lado, en referencia a la exigencia de buena fe y coherencia en el comportamiento de las partes, se dice que "lo que se pretende en dicho precepto legal es evitar la tramitación completa de un litigio, con el consumo temporal y de medios económicos que ello conlleva, cuando el juez advierte en una fase temprana del proceso (normalmente, como límite máximo, en la audiencia previa, en la que ya habrían sido oídas las partes y está ya delimitado el objeto de la contienda) que puede subsanarse la deficiencia, sobre todo si la parte interesada, reconociendo la existencia de la misma, se lo pide con esa finalidad, persiguiendo que se regularice cuanto antes el panorama social... si el defecto existía al inicio del proceso la sociedad demandada debería haberlo reconocido e interesar que se le permitiese su subsanación, si es que aspiraba a ello; en cambio, si pensaba defender la validez de los acuerdos debería hacerlo ateniéndose a las consecuencias procesales derivadas de la posible pérdida del litigio". Finalmente, se concluye que la solución contraria constituiría "una vía para que la sociedad demandada, por más infracciones legales que cometiera en la adopción de acuerdos en el seno de sus órganos sociales, nunca perdiera un pleito, pese a llevar a sus socios u otros impugnantes legitimados a la exasperación de tener que soportar la tramitación de costosos litigios contra ella para forzarle a rectificar".
Desde luego, la tesis mantenida por el Tribunal Supremo y la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid parece difícilmente criticable desde el punto de vista del análisis e interpretación técnico-jurídica de la norma. Frente a ello, sin embargo, se considera más razonable –e igualmente dotada de fundados argumentos a su favor- la solución propugnada por el resto de Audiencias Provinciales. Es cierto que la norma societaria tiene carácter especial frente a la legislación procesal general. Pero no excluye su aplicación. Ambas pueden ser compatibles. La norma societaria se refiere a un supuesto muy concreto (posibilidad de eliminación de la causa de impugnación, lo que no ocurrirá en todas las fórmulas de corrección a que se viene haciendo referencia) y, para ese caso, permite que se inste al juez que otorgue a la sociedad demandada un plazo de subsanación. No impide, sin embargo, que se adopten decisiones fuera del proceso que, por su contenido, priven de interés legítimo a las pretensiones de la demanda, con las consecuencias previstas en los artículos 22 y 413 LEC. Se afirma que admitir esta posibilidad va en contra de la seguridad jurídica, pero lo cierto es que la tesis de que sólo cabe la corrección dentro del proceso tampoco redunda precisamente en beneficio de la seguridad, sobre todo si se contempla no tanto desde el punto de vista del proceso como desde el punto de vista del tráfico mercantil y la vida societaria. En las resoluciones antes citadas del Tribunal Supremo y la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid se indica que el momento adecuado para el tratamiento de la cuestión es la audiencia previa. Pero normalmente pasarán muchos meses antes de que se celebre ese acto procesal, durante los cuales es posible que la sociedad tenga que adoptar decisiones relevantes que no puedan esperar a la audiencia previa. Y tampoco necesariamente podrá reprocharse a la sociedad que inicialmente se oponga a la demanda y defienda la legalidad del acuerdo impugnado, para un tiempo después adoptar un acuerdo que deje sin objeto el proceso. Se trata de una decisión que se ha de tomar en un momento muy temprano del procedimiento. Es posible que inicialmente se considere oportuno contestar a la demanda y, después, sin que ello suponga una actuación abusiva o de mala fe, se considere que lo mejor para el interés social es corregir el error o errores cometidos mediante la adopción de un acuerdo que no puede esperar a la audiencia previa. En definitiva, se pueden asumir con más naturalidad, la misma que se advierte en la LEC, que modificaciones en el estado de las cosas producidas pendiente el proceso puedan privar de interés legítimo a las pretensiones de la demanda. Naturalmente, y en esto se comparte totalmente la tesis de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, la utilización fuera del proceso de alguna de las fórmulas posibles siempre debe tener como límite el de la buena fe, lo que impedirá que se produzcan situaciones en las que la sociedad, por ejemplo, fuerce deslealmente continuas demandas de impugnación para después dejar sin efecto los acuerdos impugnados y sustituirlos por otros que a su vez deban ser objeto de impugnación.
En cualquier caso, se termina este comentario con la misma reflexión inicial. Es deseable que al problema se dé una solución pacífica, pues mientras no ocurra así se prolongará una indeseable situación de incertidumbre que dificulta la adopción de decisiones en el seno de sociedades mercantiles que viven conflictos societarios. Ello, además, puede comportar –de hecho comporta- el mantenimiento de litigios societarios superfluos que bien podrían evitarse mediante la lícita utilización de alguna de las fórmulas de corrección de acuerdos viciados a las que se ha hecho referencia.
Dicho lo anterior, y contestando las dos cuestiones formuladas en relación a la pregunta planteada, hemos de señalar que a la hora de valorar el alcance subsanatorio del acuerdo respecto de los defectos formales cometidos, en su caso, en el acuerdo ratificado, el efecto reparador es en realidad inexistente respecto del ratificado ya que así derivaría de la doctrina ya expuesta con carácter general y de la propia legislación señalada y del hecho de que el nuevo acuerdo nace de forma autónoma del primero o ratificado aun teniendo idéntico objeto. Por tanto, el acuerdo de ratificación, en la hipótesis de su validez, en absoluto afectaría, por su carencia de efecto subsanador o retroactivo, del ratificado impugnado judicialmente. El nuevo acuerdo –y con ello se contesta la segunda cuestión de las formuladas- sería simplemente muestra de la voluntad social plasmada en dicho acuerdo con cumplimiento de las condiciones legales de validez pero, en absoluto, vendría a sanar al acuerdo viciado. En este sentido se ha pronunciado además, la Dirección General del Registro y del Notariado en Resoluciones de 1 de diciembre de 1994.
1) RODRIGUEZ RUIZ DE VILLA, D. Impugnación de acuerdos de las juntas de accionistas, Ed. Aranzadi, 1994.
2) ESPINOS BORRÁS DE QUADRAS, A. Impugnación de acuerdos sociales, Ed. Bosch, 2007.
3) La eficacia retroactiva de la convalidación fue estudiada por PAZ-ARES, C. "Renovación y retroacción. Reflexiones sobre la regularización de acuerdos impugnables", Revista de Sociedades número 29/2007.
4) La cuestión de las costas es objeto de análisis en el artículo publicado por PERDICES, A. y RIAÑO, D. "La subsanación de acuerdos sociales en la jurisprudencia reciente" en la revista OTROSÍ, número octubre-diciembre 2011.

References: artículo 207
 artículo 413
 artículo 204
 artículo 115
 artículo 207
 artículo 115
 artículo 204
 artículo 204
 resolución 
 Resolución 
 artículo 115
 artículo 204
 artículo 115
 artículo 207
 artículo 22
 artículo 413
 artículo 204
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 artículo 115
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 artículo 207
 artículo 115
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