Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2019/as201910120.html
Timestamp: 2020-04-03 00:01:46+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 120/2019-RRC
Expediente : La Paz 74/2018
Parte Imputada : Pablo Andrés López Waismann
Por memorial presentado el 4 de junio de 2018, cursante de fs. 4176 a 4198 vta., Pablo Andrés López Waismann, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 38/2018io Huanca, Primitiva Mamani de Castilla 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 de 8 de mayo de fs. 4152 a 4166, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Lourdes Sanzetenea Acebey y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada, contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por los arts. 308 bis y 310 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 03/2017 de 23 de marzo (fs. 3787 a 3813), el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Pablo Andrés López Waismann, absuelto del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por los arts. 308 bis y 310 del CP, sin costas.
b) Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 3866 a 3876 vta.), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada (fs. 3878 a 3883 vta.), y Lourdes Sanzetenea (fs. 3885 a 3888 vta.), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 38/2018io Huanca, Primitiva Mamani de Castilla 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 de 8 de mayo,
c) io Huanca, Primitiva Mamani de Castilla 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró procedentes en parte las cuestiones planteadas en el primer recurso e inadmisibles las restantes apelaciones; en consecuencia, anuló la sentencia apelada disponiendo la reposición del juicio, motivando la formulación del recurso de casación sujeto al presente análisis.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 693/2018-RA de 17 de agosto, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
1) El recurrente denuncia la existencia de los siguientes defectos absolutos no susceptibles de convalidación:
i. Infracción del art. 408 del CPP, por cuanto el Tribunal de alzada concedió un tiempo suficiente para la subsanación de los defectos contenidos en el recurso de apelación restringida del Ministerio Público referidos a la cita concreta de disposiciones legales inobservadas o erróneamente aplicadas, la aplicación que se pretendía y a la invocación separada de la violación con sus fundamentos, así como de los precedentes contradictorios respecto a los agravios; sin embargo, pese a no ser absueltos estos defectos al presentar el apelante sólo argumentos de descalificación al tribunal emisor de la sentencia y de enunciar normas genéricas y referenciales o normas habilitantes, sin precisar el nexo del precedente invocado con las problemáticas reclamadas y limitarse a solicitar la anulación de la sentencia, no sólo atacando su propio decreto de subsanación, el Tribunal de apelación incumplió la normativa en torno a la admisión de los recursos, interpretando lo expresado por el Ministerio Público para conducir una manifiesta imprecisión argumentativa hacia la decisión de anular la sentencia, no siendo visible la consideración que se haya tenido por absueltas las observaciones, pese a que incluso puso de manifiesto esa anomalía mediante memorial de 19 de junio de 2017, que no fue considerado por el Tribunal de alzada.
ii. Vulneración del art. 398 del CPP, por cuanto el Auto de Vista impugnado moduló y amplió los específicos argumentos planteados en el recurso de apelación restringida, refiriendo que uno de los motivos por los que el Tribunal de alzada anuló la sentencia se encuentra en el numeral 7 del Considerando VII, donde se dio respuesta al reclamo en torno a la valoración realizada sobre la declaración de la menor planteado por el Ministerio Público en sentido de que la valoración fue subjetiva y el cuestionamiento que los integrantes del Tribunal de Sentencia no aplicaron conocimientos en psicología, que se discutieron aspectos sobre la apreciación lineal y plana sobre la entrevista en la cámara Gesell y se descalificó el hecho que la menor en esos momentos, sabía que la observaban de afuera y que horas antes de la entrevista haya tenido contacto directo con la querellante; empero, el Tribunal de alzada se pronunció sobre cuestiones no planteadas por el apelante generando paralelamente una implícita valoración de la prueba, al conferir un planteamiento fáctico distinto y ampliado al reclamo expreso de errónea valoración de esa prueba, interpretando y flexibilizando el mal planteamiento del recurso de apelación restringida; además, acomodando el reclamo sobre un canal que condujo a la anulación de la sentencia, por cuanto en apelación jamás se expusieron cuestiones sobre el cotejo con las conclusiones de otros informes psicológicos.
iii) Violación del art. 409 del CPP, porque el Tribunal de apelación omitió tomar en cuenta y menos pronunciarse sobre su contestación al recurso de apelación del Ministerio Público, refiriendo que el Tribunal de alzada no consideró su respuesta con el argumento de que fue presentado en forma extemporánea, pese a que por Auto de 31 de mayo de 2017, se dejó sin efecto una primera notificación por la que fue notificado nuevamente con la apelación restringida, respondiendo al recurso dentro de los diez días concedidos por ley y no así como de manera alejada de la verdad asumió el Tribunal de alzada.
iv) Vulneración de los arts. 172 y 352 del CPP, al haber basado su consideración sobre la existencia de agravio, planteando que una declaración testifical propuesta por la acusación, para no ser valorada debió haber sido pasible a un incidente de exclusión probatoria; señalando que el Tribunal de apelación determinó como agravio la no valoración de las declaraciones de Agni Selman Barriga Velarde y Rosario Acebey Delgadillo, con el antecedente de que en apelación se cuestionó que sin motivo la sentencia excluyó de su valoración; en ese ámbito, denuncia que el Tribunal de alzada cuestionó la utilización de la frase “no será tomado en cuenta”, especulando que “podrían haber concluido que no les generaba convicción”, y concluyendo que su valoración “debió determinarse en una resolución la exclusión probatoria”, siendo insólito que en el numeral 8 del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada haga referencia a la declaración de Rosario Acebey sin fundamentar de manera específica cuál el agravio de esta declaración; sin embargo, en el punto 9.1, contradictoriamente refirió que no constituiría agravio respecto a esta declaración. argoo, rspcto a esta delcraci que no constituiria ecifca cual el agravio de esta delarciticia la vnovedad de que habia erdad asPrevia referencia a los arts. 171 y 172 del CPP, relieva que la posibilidad de planteamiento de incidente de exclusión probatoria sobre un testigo es improbable, siendo la forma procesal idónea de oponerse a un testimonio el art. 352 del citado Código, más cuando el Tribunal de alzada no expuso la incidencia de la atestación de Agni Selman Barriga Velarde, que no aportó información sobre el hecho o sus consecuencias, porque sus funciones públicas se limitaron a la recepción de la denuncia, relievando que era su defensa la legitimada a oponerse a la intervención de la testigo, más nunca la parte que la propuso.
2) Aduce la contradicción de la resolución recurrida con el Auto Supremo 214/2015-RRCL de 11 de mayo, al exponer argumentos contradictorios y concluyentes sobre la valoración de informes y pericias psicológicas; por cuanto ante el reclamo de que la conclusión de la sentencia sobre la percepción lineal o plana de la declaración de la menor, habría violado la psicología como elemento de la sana crítica, el Tribunal de alzada realizó una aseveración incongruente con sus propias conclusiones, en relación a que en la sentencia no se valoraron informes periciales psicológicos sobre las declaraciones de la menor, actuando de manera incongruente, pues sus argumentos se excluyen entre sí, pues por una parte afirmó que la sentencia valoró otros informes psicológicos sobre la declaración de la menor y por otra, para declarar agravio al valor otorgado al informe del IDIF, exigió un acto que además de no ser cierto contradijo sus afirmaciones.
3) Alega contradicción con el Auto Supremo 145/2015-RRC de 27 de febrero, porque el Tribunal de alzada basó su decisión de agravio en argumentos no expuestos por el Ministerio Público, revalorizando prueba; sobre el particular, refiere que la conclusión del numeral 7 del Auto de Vista impugnado que dio respuesta al reclamo del Ministerio Público respecto a la veracidad de la declaración de la menor, no condice con los argumentos de hecho ni con la teoría planteada por el Ministerio Público; es decir, que se pronunció sobre aspectos no planteados por el apelante, generando paralelamente una implícita valoración de la prueba, al brindar un valor positivo a los informes psicológicos sobre la declaración de la menor, ya que el hecho de considerar agravio que la sentencia no tomó en cuenta sus conclusiones, situación alejada de la verdad, exteriorizó el valor positivo superior de esos informes sobre el valor negativo de la conclusión de la sentencia, muy a pesar de que los argumentos de la apelación no hicieron referencia a ningún tipo de informe, de modo que el Tribunal de alzada revalorizó prueba sobre aspectos no reclamados por el Ministerio Público.
4) También denuncia contradicción con el Auto Supremo 348/2015-RRC de 3 de junio, al no exponer la trascendencia de la prueba cuestionada en la decisión final de la sentencia, señalando que el Auto de Vista impugnado anuló la sentencia con base a la identificación de cuatro agravios, relacionados con apreciaciones subjetivas de cuatro elementos probatorios consistentes en la declaración de la menor, atestaciones de Eloy Humerez Oviedo y Agni Selma Barriga Velarde y el dictamen Pericial psicológico del IDIF, sin que en ninguno se afirme cuál fue la omisión que incidió en la decisión final de la sentencia o bien cual la eventual trascendencia que esos cuatro elementos poseen para poder revertir o cuestionar los razonamientos del Tribunal de Sentencia, es así que previa descripción de su contenido, el recurrente señala que el Tribunal de alzada generó un clima de incertidumbre a partir de presunciones falsas al afirmar que no se valoraron otros informes periciales sobre la declaración de la menor cuando la sentencia es abundante en valorar estos informes, así como omitió expresar con razonabilidad la trascendencia de este punto en específico en relación a la absolución, cuando la valoración probatoria en la sentencia no fue aislada sino integral.
5) Arguye también el erróneo control de logicidad, en contradicción con los Autos Supremos 192/2016-RRC de 14 de marzo y 673/2016-RRC de 12 de septiembre, al haber transgredido el principio de contradicción al emitir juicios y argumentos contradictorios entre sí, porque sus conclusiones no tienen derivación de las argumentaciones de la sentencia, como tampoco de juicios lógicos que las sustenten, por cuanto el Tribunal de alzada concluyó que existió errónea valoración probatoria, así como extraño que la sentencia no poseía debida fundamentación, que no estaba debidamente motivada con una lógica, completa y razonada valoración de la prueba, considerando la existencia de cuatro de los agravios descritos en los puntos 7, 8, 16 y 28, sin que por medio de esa decisión cumpla con las exigencias de razonabilidad y trascendencia y se haya enmarcado en un objetivo control de logicidad de acuerdo al art. 398 del CPP, resultando en el caso que el Auto de Vista transgredió el principio de contradicción, pues cuando se cuestionó que el informe del IDIF no fue tomado en cuenta sin razón alguna, en el primer párrafo el Tribunal de alzada afirmó que en sentencia se indicaron las razones para ello, señalando a la prueba MP11, para luego expresar que debían tomarse en cuenta otros parámetros; es decir, si se afirmó expresamente que la razón de validez sobre ese informe estuvo expresada en sentencia, cuál el motivo para negar esa validez con la simple afirmación de que debió considerarse dos o más pruebas, de modo que el Tribunal de alzada en un mismo párrafo refrendó la conclusión sobre el informe del IDIF y a la par le restó credibilidad al exigir que debió tomar en cuenta más informes psicológicos, cuando la norma ordena la valoración individual e integral de la prueba y no una sumatoria de pruebas. Además, si la Sala de apelación afirmó que debían haberse tomado en cuenta más informes, ello debería extenderse en los demás argumentos del Auto de Vista recurrido; sin embargo, de manera contradictoria y excluyente eso no sucedió, cuando todos los informes realizados a la menor no sólo fueron descritos por el Tribunal de Sentencia, sino a partir de la valoración de sus conclusiones se construyó la certeza sobre la credibilidad en la entrevista de la menor en juicio oral, que no es un medio de prueba aislado y que aporte verdad absoluta, sino que debe ser valorada de manera integral con el resto de la prueba.
En el mismo ámbito de la denuncia, agrega que el Tribunal de alzada conculcó el principio de razón suficiente, por cuanto no efectuó su labor en el marco de las reglas de la razón y la lógica, vulnerando la ley de derivación que consiste en que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, así como el principio de razón suficiente, por lo que todo juicio para ser verdadero, necesita de una razón suficiente, por cuanto en el caso concreto los argumentos sobre los cuales se emitió la resolución recurrida se encuentran basados en meras discrepancias entre el descontento del Ministerio Público y apreciaciones subjetivas sobre la valides de los razonamientos de la sentencia, sin que resulte una fundamentación intelectiva suficiente, no siendo razón suficiente no haberse realizado una exclusión probatoria sobre una testigo, para afirmar que la sentencia haya vulnerado derechos o se base en argumentos errados, tampoco es razón suficiente considerar que hubo una desviación a otro medio probatorio para descartar las aseveraciones de Eloy Humeres Oviedo, cuando la anulación de la sentencia no puede ser derivada a partir de aspectos intrascendentales, ocurriendo lo mismo con las conclusiones de los puntos 7 y 28 del Considerando VII respecto a las declaraciones de la menor, al no señalarse la trascendencia de los informes en el resultado del fallo, cuando la sentencia claramente estableció las razones para no valorar la entrevista realizada en la cámara Gesell como no creíble. Por ello, cuestiona que el Tribunal de alzada efectuó una incorrecta derivación de su conclusión haciendo que la sana crítica resulte innecesaria y asumiendo una lógica que acude a una valoración basada en la prueba tasada, efectuando una ponderación positiva de los informes psicológicos y en base a una prejuiciosa apreciación de lo razonado por el Tribunal de sentencia, al asumir en torno a la declaración de la menor una afirmación basada en la especulación.
Además, alega la contradicción con el Auto Supremo 510/2016-RRC de 4 de julio, ante el incumplimiento del deber de control de logicidad por omitir la revisión integral de la sentencia, refiriendo que el precedente estableció que resulta ilegal una decisión de anular una sentencia que cumplió con la aplicación de las reglas de la sana crítica, pues las razones para anular la sentencia en el presente caso son inexistentes, cuando no arbitrarias, ausentes de claridad y con una importuna inclinación al prejuicio, ya que si bien se consideró la existencia de cuatro agravios, no tienen trascendencia directa con la decisión del Tribunal de Sentencia, que no absolvió por no haberse tomado en cuenta el informe psicológico del IDF, por no considerarse creíble la declaración en la cámara Gesell, menos por no tomar en cuenta las atestaciones de dos testigos, sino en razonamientos integrales basados en la lógica, cotejo y la exclusión por incongruencia y otras razones que dentro del margen de la objetividad generaron duda sobre la comisión del hecho.
6) Por último, denuncia la vulneración a los principios in dubio pro reo y al derecho a la presunción de inocencia en contradicción con el Auto Supremo 145/2013-RRC de 28 de mayo, señalando que la duda generada en el Tribunal de Sentencia, no fue una conclusión precipitada ni de una actitud machista y patriarcal despojada de enfoque de género, sino una decisión con respeto al principio de presunción de inocencia que es ante todo una regla de valoración de la prueba, que en su caso fue incumplida por la Sala de apelación, pese al criterio jurisprudencial del referido precedente. Previa mención a las circunstancias que rodearon al proceso, enfatiza que le resulta difícil comprender cuáles fueron en verdad las razones por las que el Tribunal de alzada anuló la sentencia, por demás justa y apegada en un criterio legal y jurídico, sin apasionamientos ni perjuicios. Denuncia que el Auto de Vista está plagado de imprecisiones cuyos argumentos son imposibles de interpretar, al no existir argumento alguno que destruya la duda que fue exteriorizada por el Tribunal de Sentencia, refiriendo que los cuatro motivos por los que el Tribunal de alzada optó para la anulación de la sentencia y el juicio de reenvío, vulneran el principio in dubio pro reo y su derecho a la presunción de inocencia, habida cuenta que la duda generada en el Tribunal de Sentencia no fue desvirtuada en apelación restringida, pues la exposición de motivos del Auto de Vista recurrido no acusa la errónea valoración de una prueba determinante que destruya la duda razonable, ni tampoco incide en aspectos que por su irracional ponderación o valoración merezcan la realización de otro juicio.
La parte recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado sentando la doctrina legal aplicable de acuerdo al art. 419 del CPP.
Mediante Auto Supremo 693/2018-RA de 17 de agosto, cursante de fs. 4211 a 4216, este Tribunal admitió el recurso de casación para su análisis de fondo.
Mediante Sentencia 03/2017 de 23 de marzo, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Pablo Andrés López Waismann, absuelto del delito de Violación de Infante, Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por los arts. 308 bis y 310 del CP, al asumir los siguientes hechos acreditados y no acreditados.
La relación matrimonial entre el imputado y la querellante, de la cual procrearon a la supuesta víctima, caracterizándose la relación por sus altercados permanentes, poca compatibilidad de caracteres, celos, infidelidades y desavenencias, que desembocaron en un proceso de divorcio en el cual se determinó la custodia de la menor a cargo de la madre con derecho de visita al imputado los martes, jueves y fines de semana. Debido a las desavenencias entre ambos cónyuges, su relación se desgastó llegando al punto de odiarse, interponiéndose procesos judiciales recíprocamente de índole familiar y penal.
El 11 de septiembre de 2010, el médico pediatra Marcelo Moreno revisó a la menor por la preocupación de sus padres ante la susceptibilidad de la madre de una agresión sexual por parte de la empleada, sospecha que fue descartada de plano por el médico; y, el 3 y 17 de febrero de 2011, el médico Oscar Parada revisó a la menor ante el pedido de ambos padres sin encontrarse ningún elemento que evidencie un abuso sexual, habiendo encontrado únicamente en la región anogenital, dermatitis ácida y amoniacal producto del exceso de azucares y lácteos.
El 19 de febrero de 2011, el imputado se ausentó a Cochabamba con la menor para un compromiso social, además de sus dos hermanos y una pareja de amigos compartiendo el fin de semana permaneciendo hasta el martes 22 de febrero por la tarde cuando retornaron a La Paz, estando en Cochabamba los cuidados de aseo de la menor a cargo de Ivonn Waismann que durmió junto con la menor, sin que ninguna de estas personas hayan percibido algo extraño en la menor, quien mantuvo esas jornadas con su padre una relación de cariño y afecto, realizando varias actividades.
El 17 de febrero de 2011, la querellante se presentó a la Defensoría de la Niñez señalando que su hija había sido víctima de violación por parte de su padre, haciendo notar el tribunal que el 19 de febrero consistió en que su hija viaje con su padre a Cochabamba y el 24 de febrero en forma directa la madre se apersonó al consultorio de Erika Hinojosa, obteniendo un certificado médico forense que refiere desgarro anal con menos de 10 días de antigüedad; sin embargo, la denuncia penal la presentó la Defensoría el 4 de marzo de 2011.
Obtenido el certificado médico forense, el sábado 26 de febrero de 2011, el acusado ejerciendo su derecho de visita sacó a la menor con consentimiento de la madre y se dirigieron al Club Hípico Los Sargentos, ingresando al área húmeda a las 15:30 aproximadamente, sin que conste la hora de salida, empero esa misma tarde fue devuelta la menor a la madre.
La relación afectiva entre el imputado y la menor fue de cariño y amor más aun tomando en cuenta que vivieron solos alrededor de un año, tiempo en que es lógico que hayan afianzado aún más los lazos familiares y afectivos, demostrando el imputado dedicación en su cuidado y preocupación por el bienestar de la menor, habiéndola dejado una vez que se profundizaron los problemas legales entre los progenitores.
Hechos no acreditados:
No se acreditó la acusación en sentido de que el imputado haya abusado sexualmente a su hija, porque las pruebas aportadas no son conducentes ni evidencian con certeza el hecho; por el contrario, existe prueba que niega o contradice esa acusación y debilita ostensiblemente la hipótesis acusatoria, refiriendo que un hecho de violencia sexual implica fundamentalmente aunque no únicamente la presencia de rasgos físicos y psicológicos en la víctima del hecho, al advertirse secuelas y lesiones físicas, objetivas, palpables generalmente acreditadas por un galeno profesional y daños, secuelas o trastornos en mayor o menos intensidad, en la psiquis de la víctima, resultando que los acusadores en el presente caso, basaron su acusación en que la médico forense Erika Hinojosa había detectado un desgarro anal con una antigüedad de diez días a la revisión de la menor, siendo que este elemento objetivo no fue demostrado por las acusaciones por cuanto el certificado forense fue desestimado como prueba eficaz en el presente proceso, mas por el contrario se concluyó que sobre la base de la opinión de la junta médica que se conformó en la presente causa y la revisión minuciosa de las fotografías que se tomaron para tratar de respaldar el contenido del certificado forense, evidencian que la menor no presenta lesión compatible con agresión sexual anal, además tomando en cuenta el antecedente de la médico forense de otorgar certificados forenses a sola petición del interesado a cambio de sumas de dinero, es decir no existe prueba idónea y creíble que cause convicción que la menor presentaba desgarro con diez días de antigüedad al 24 de febrero de 2011.
No es evidente que haya existido rechazo al padre como resultado de esa supuesta agresión sexual, sino más bien se evidenció que la menor estaba muy arraigada a su padre sin encontrarse rastros o trastornos emergentes de una vivencia de abuso sexual, concluyéndose que la menor era y es normal emocionalmente.
La tesis de la defensa encuentra razonabilidad y coherencia, pues si se creería lo señalado por la médico forense, el hecho debió haber sucedido dentro de los diez días anteriores al 24 de febrero de 2011 y que conforme la acusación la violación anal supuestamente habría ocurrido en Cochabamba entre el 19 al 22 de febrero, empero no es creíble y lógico que un supuesto agresor haya intentado perpetrar su conducta ilícita en una casa donde se encontraban otras personas que eran sus familiares y amigos de su madre, considerando que había la posibilidad de que hubiera ocurrido algún ataque en esos días, máxime si se toma en cuenta que a ese viaje no llevaron el supuesto objeto con el que se producía el abuso (dinosaurio de juguete).
Los otros días que posiblemente hubiera ocurrido alguna agresión serían entre el lunes 14 al viernes 18 de febrero, empero estos días al ser hábiles únicamente el martes 15 y jueves 17, el acusado estuvo con su hija, pero sólo de 12 del mediodía a 4 de la tarde, tiempo en el cual tampoco se encontraban solos, sino con las cuatro personas que trabajan con el imputado en la empresa que instaló en su departamento y más la niñera; por lo que tampoco es estos días pudo haber tenido la posibilidad de agredir a la menor, pues para este tipo de hechos de violencia sexual, normalmente el autor aprovecha la soledad con la víctima; además, de que cualquier evidencia se hubiera notado mucho antes de esa evaluación forense por ejemplo cuando los padres acudieron con anterioridad a dos médicos que no evidenciaron ningún signo de abuso sexual.
No es lógico ni razonable que la madre creyendo que el imputado abusaba a la menor le haya permitido que la lleve a Cochabamba y después teniendo incluso en sus manos un certificado forense de 24 de febrero de 2011, el 26 del mismo mes, dos días después haya permitido que el acusado lleve a su hija al Club Hípico Los Sargentos, cuando la experiencia enseña otra conducta de parte de la madre.
Con relación al objeto empleado para la supuesta violación consistente en un dinosaurio, este argumento tampoco tiene razonabilidad, por cuanto según las referencias de la pericia que se realizó a los juguetes secuestrados en el departamento del imputado, se trata de juguetes de dimensiones considerables y si en realidad hubiesen sido utilizados se hubiera causado un daño físico de magnitud que no fue evidenciado por los profesionales particulares que revisaron a la menor ni en las fotografías obtenidas de la revisión médico forense, además si bien se encontró una mancha parduzca en el cuerno de uno de ellos, en la pericia bilógica se constató que no era una mancha de sangre.
Existe duda en el Tribunal por la falta de daños físicos evidenciados por los médicos particulares, la relación afectiva positiva de la menor hacia el padre, la no consistencia del relato de la menor en juicio, los problemas familiares, odios y procesos legales que envuelven a ambos progenitores, los antecedentes negativos de la médico forense de venta de certificados, la no correspondencia a sangre de la mancha parduzca encontrada en un dinosaurio de juguete, la no presencia de trastornos emocionales compatibles con violencia sexual, la no razonabilidad de entrega en dos oportunidades de la menor al padre, cuando la madre ya sabía de la supuesta violación, aspectos que en su conjunto se refuerzan unos y otros para concluir que son mucho mayores las dudas que las certezas sobre el hecho atribuido.
Resta sostenibilidad a la hipótesis del acusadores el hecho de que en la presente causa se presentó acusación fiscal sosteniendo un hecho de violación amparado fundamentalmente en el certificado médico forense expedido por Erika Hinojosa, cuando el mismo Ministerio Público presentó imputación y acusación contra la querellante y la médico forense por el delito de Falsedad ideológica en el mismo certificado médico.
Pese a al principio de presunción de verdad de la declaración de la menor conforme el art. 193 inc. d) de la Ley 548, en el presente proceso se rebatió objetivamente el testimonio de la menor, concluyendo que su relato obedecía a recuerdos implantados atribuibles al odio de su madre hacia el acusado y los pleitos judiciales en los se encontraban, entre los cuales, ambos progenitores se disputaban la guarda de la menor.
II.2. De las apelaciones restringidas y su resolución.
El Ministerio Público formuló recurso de apelación restringida, alegando la existencia de los defectos previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Especializada con base al art. 370 incs. 4) y 6) del CPP y la acusadora particular denunciando la vulneración del debido proceso; siendo resueltos estos medios de impugnación mediante el Auto de Vista impugnado que declaró admisible el recurso del Ministerio Público declarando procedentes en parte las cuestiones planteadas, a cuyo efecto anuló la sentencia recurrida y dispuso la reposición del juicio por ante otro Tribunal de Sentencia; además, de declarar inadmisibles los otros dos recursos de apelación.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS
En el caso presente, el imputado denuncia la existencia de: a) defectos absolutos no susceptibles de convalidación derivados de la decisión de anular la sentencia absolutoria emitida en la causa; b) incongruencia en el Auto de Vista impugnado; c) argumentos no apelados y revalorización probatoria para fundar la decisión de alzada; d) falta de trascendencia de la prueba cuestionada en alzada; e) erróneo control de logicidad; y, f) vulneración al principio in dubio pro reo y al derecho a la presunción de inocencia; por lo que corresponde resolver las problemáticas planteadas.
III.1. Respecto a la denuncia de defectos absolutos no susceptibles de convalidación.
En este motivo el recurrente plantea cuatro problemáticas, que corresponde su análisis de manera individual conforme el siguiente detalle:
III.1.1. Denuncia de infracción del art. 408 del CPP.
En este particular punto, el recurrente alegando la existencia de defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, cuestiona que el Tribunal de alzada omitió un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las observaciones realizadas al recurso de apelación restringida del Ministerio Público en el decreto de 29 de junio de 2017, lo que originó la decisión de anular la sentencia absolutoria; en cuyo mérito, a los fines de resolver la problemática, corresponde acudir al entendimiento asumido por este Tribunal en el Auto Supremo 098/2013-RRC de 15 de abril, que con relación a la previsión legal sobre el análisis de admisibilidad señaló: “La razón del establecimiento de requisitos de acceso al recurso de apelación restringida se encuentra en que el derecho al mismo, se configura como garantía de las partes en el proceso, por lo que debe acomodarse a lo establecido por las disposiciones que lo regulan, puesto que si la admisión fuera indiscriminada, podría generar una práctica fraudulenta en sentido de que su utilización sería aprovechada por el litigante de mala fe con fines dilatorios, haciendo interminable la tramitación de los procesos en perjuicio de los derechos de las demás partes y el propio interés público, teniendo en cuenta que los requisitos condicionantes previstos por la ley, relativos a tiempo, forma y lugar, tienden a evitar excesos que pudieran impedir la posibilidad de conseguir un fallo dentro de un tiempo razonable.
Sin embargo, la admisibilidad del recurso no puede depender de requisitos contrarios a la Constitución, teniendo en cuenta que el acceso al mismo constituye un derecho fundamental; esto significa, que si bien el legislador ha determinado los requisitos de su admisibilidad, en el marco del respecto de los derechos y garantías de las partes, no pueden constituir una limitación al derecho fundamental, sino responden a la naturaleza del proceso y la finalidad que justifica su existencia, contribuyendo al ordenamiento del proceso”; en ese marco, al hacer referencia al control de admisibilidad
Precisó lo siguiente: “Compete a los Tribunales Departamentales de Justicia en el marco previsto por los arts. 51.2) y 407 y siguientes del CPP, examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y resolver la admisión del recurso de apelación restringida; al llevar a cabo esta misión, no pueden aplicar las normas de modo automático ni literal, sino que su actividad debe estar regida por una serie de principios que tiene su base en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso con todas las garantías, considerando que el principio pro actione es el principio informador de las normas procesales penales; en ese sentido, cuando el Tribunal de apelación interpreta y aplica de forma excesivamente rigurosa y formalista los criterios de admisibilidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que buscan efectivizar la posibilidad de que todos puedan utilizar los recursos procesales previstos por ley, sin obstáculos innecesarios, desproporcionados o carentes de justificación, de ahí que la norma procesal no permite un rechazo in limine sino que a efectos de garantizar el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en caso de existir un defecto u omisión de forma, el juez o tribunal de apelación debe hacerlo conocer al recurrente a través de observaciones claras y precisas, otorgándole un plazo de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.
Principio de subsanación.- En la legislación boliviana está recogido por el art. 399 del CPP, en cuya virtud el rechazo de un recurso de apelación restringida defectuosamente preparado o interpuesto, no podrá ser rechazado sin antes darse oportunidad a su subsanación cuando esta sea susceptible de reparación”.
En consideración a dichos criterios se verifica en el presente proceso, que el Ministerio Público una vez notificado con la Sentencia que declaró la absolución del recurrente, interpuso recurso de apelación restringida por el cual exponiendo de manera amplia y detallada los respectivos argumentos, dirigió sus cuestionamientos a la labor efectuada por el Tribunal de Sentencia en cuanto a la valoración de determinadas pruebas, como la declaración de la testigo denunciante Lourdes Sanzetenea Acebey, al asumirse que su relato no era creíble; a la valoración efectuada a la declaración de la víctima, sin una adecuada evaluación integral de su contenido; a las declaraciones de los testigos Agni Selman Barriga Velarde y Rosario Acebey Delgadillo que en el planteamiento fiscal habrían sido excluidos; a la valoración superficial de la declaración de la testigo Regina Recilta Cayllagua Callizaya; a la validez otorgada a la testificación de Oscar Mario Parada Aramayo; a los aspectos asumidos por el Tribunal en cuanto a la declaración de Janeth Zeballos Pareja, en sentido de que se basó en la prestada por la denunciante y que no habría entrevistado a la niña ni a sus padres; a la declaración de la perito Erika Elizabeth Hinojosa Saavedra, respecto a la cual el Tribunal definitivamente y desde el inicio dudó; a la declaración del testigo Eloy Humerez Oviedo, respecto al cual el tribunal no tomó en cuenta una aspecto relevante; al certificado médico forense al asumir el Tribunal de sentencia que tendría validez en lo formal pero carecería de eficacia probatoria en el fondo; en cuanto al informe examen psicológico de Paola Ricalde Saavedra que tendría poca relevancia en criterio del Tribunal; a la declaración en cámara gesell de la víctima en la etapa preparatoria, sin haberse tomado en cuenta que la presencia del Ministerio Público era innecesaria; respeto al acta de allanamiento, registro, incautación y acta de remisión de evidencia y/o muestrario, en sentido de que este documento sería irrelevante; a la falta de consideración del informe psicológico de Roger Cuevas, debido a su anterior análisis de que no daba credibilidad a la declaración de la víctima, sin entrar en mayores consideraciones del documento, descartando la intervención del nombrado; al dictamen pericial de laboratorio de biología forense para determinar la actividad de peroxidasas, refiriendo que el tribunal con la intención de mantener sus fundamentos de absolución, equivocó el análisis jurídico; a la asignación de prueba relevante al informe de Claudia Alcocer Directora del Jardín Infantil CEAMI, cuando su contenido respondería a versiones de su personal y no en la entrevista de la menor y de sus padres; a la valoración asignada al informe psicológico de Cinthia Luizaga Paz, cuyo informe fuese resultado de una terapia; respecto al informe psicológico del equipo interdisciplinario del Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia, valorado parcialmente; a la asignación de muy relevante al peritaje forense de Paola Susana Sainz Gonzales y al informe psicológico pericial de Diego Stanislao Cabezas Flores, que fuese realizado con puntos de pericia y en otro contexto. En cuyo mérito, el Ministerio Público identificó como disposiciones legales vulneradas los arts. 115-I y II, 116-I, 117 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 333-3), 124, 173 y 359 del CPP, enfatizando que no se aplicaron las reglas establecidas por el art. 359 del CPP y en cuanto a la aplicación de la sana crítica y la falta de razonamiento intelectivo, no existía congruencia entre la valoración de las pruebas, incurriendo en valoración defectuosa de las pruebas, excluyéndose la declaración de la denunciante y sin darle credibilidad a las declaraciones de la menor que identificó de manera clara a su agresor, cuando esta prueba debió ser valorada en el contexto de las normas nacionales e internacionales, por lo que refirió como normas que debieron ser aplicadas los arts. 173, 350 y 124 del CPP y 280 de la Constitución Política del Estado (CPE), en el ámbito del art. 370 incs. 5) y 6) del CPP, invocado como norma habilitante.
El recurso fue observado mediante decreto de 29 de junio de 2017, por el cual el Tribunal de alzada, concedió el plazo de tres días a efectos de que el Ministerio Público subsane y corrija el recuso, citando concretamente las disposiciones legales inobservadas o erróneamente aplicadas, exprese cual la aplicación que pretende, invoque separadamente cada violación con sus fundamentos e invoque precedentes contradictorios respecto a los agravios, aclarando que no era posible la invocación de nuevos agravios; en ese sentido, el Ministerio Público presentó el memorial de 26 de julio de 2017, por el cual previa referencia al derecho a la impugnación y reiterando las observaciones a la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de sentencia, sostuvo que no se aplicó el art. 173 del CPP, fundando el recurso en el art. 370 inc. 6) del CPP, en mérito a la valoración defectuosa de la prueba al resultar sesgada, haciendo hincapié en normas contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia.
Además, se verifica de los antecedentes que el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista impugnado, procedió en el segundo considerando a efectuar el análisis de los requisitos de admisibilidad, estableciendo que el recurso presentado por el Ministerio Público observó el plazo establecido por la norma procesal penal para su formulación y seguidamente procedió en el siguiente considerando a puntualizar los motivos alegados por el Ministerio Público identificando 30 puntos, sin que conste una declaración expresa de admisibilidad, para luego ingresar a la resolución de fondo de los motivos planteados.
Esto significa, que si bien como anota la parte recurrente, no resulta visible la consideración del Tribunal de alzada de haberse absuelto o no las observaciones hechas en la providencia de subsanación del recurso de apelación, no es menos evidente que dicha omisión carece de relevancia que justifique la decisión de dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, al advertirse que los cuestionamientos que efectuó el Ministerio Público a la valoración efectuada por el Tribunal de alzada, fueron planteados con la suficiente fundamentación, proporcionando los insumos necesarios para su análisis de fondo, citando concretamente las disposiciones legales que consideró violadas o erróneamente aplicadas al hacer referencia a los arts. 124 y 173 del CPP, indicándose en cada cuestionamiento de manera separada como se hubiese infringido dichas normas, para luego en mérito a la orden de subsanación, manifestar que a los fines de la enmienda y reparación a la afectación grave de derechos y garantías constitucionales de la menor, correspondía la nulidad de la sentencia y la reposición del juicio en aras de la justicia proba y eficaz; lo que implica, que en el recurso se identificaron expresamente las normas vulneradas y la aplicación pretendida, con base a normas habilitantes también especificadas.
En consecuencia, el hecho de que el Tribunal de alzada haya ingresado al análisis de fondo del recurso de apelación restringida formulado por el Ministerio Público, no implica la vulneración de los derechos o garantías alegados por el recurrente, pues por el contrario y se reitera pese a no existir un pronunciamiento expreso sobre la admisibilidad de la apelación al margen de la consideración del requisito temporal de su interposición, se establece que el recurso de apelación mínimamente cumplió con las exigencias previstas en el art. 408 del CPP, si se toma en cuenta que en estos casos no deben ponderarse los antecedentes con excesivo rigorismo, asumiendo en todo caso una solución encaminada a garantizar el derecho de acceso al recurso y de la tutela judicial efectiva, razón por la cual, el presente motivo deviene en infundado.
III.1.2. Denuncia de infracción del art. 398 del CPP.
En este punto, el recurrente denuncia que el Ministerio Público planteó la posible existencia de un agravio con una determinada argumentación aún errada en la exposición de sus motivos de hecho y apreciaciones de derecho, con relación a la declaración de la menor, siendo tomado en cuenta por el Tribunal de apelación a pesar de sus deficiencias, para que con ese punto de partida, modular el interés procesal de una de las partes y acomodarlo en su perjuicio con el fin de anular la sentencia, precisando que el hecho generador se produjo en un motivo replanteado en apelación restringida.
Así precisado el ámbito de análisis de fondo del motivo a los fines de su resolución, se hace menester identificar el motivo alegado por el Ministerio Público en apelación con relación a la declaración de la menor y la posición asumida por el Tribunal de alzada y determinar si evidentemente como denuncia el recurrente moduló y amplió los específicos argumentos planteados en el recurso de apelación restringida, resultando que la fiscalía sobre el particular, cuestionó la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia a la declaración de la víctima, destacando en principio que hubo una estructura lógica de su relato, no siendo necesario que sea lineal, puesto que el Tribunal estaba compelido a evaluar en su integridad o totalidad y si bien existieron ramificaciones, no modificaron la estructura básica del relato, refiriendo que la declaración en la cámara gesell fue puntual y clara sin dubitaciones, no existió evitación de preguntas y un cierto apuro para terminar con las preguntas, al verificarse que respondía de manera pronta sin titubeos, sin que la declaración haya sido analizada detenidamente por el Tribunal, más cuando ese relato debía ser analizado por especialistas entrenados en la detección de veracidad o no, antes de ser desestimada en nombre de un supuesto sentido común o experiencia aplicada, al no haberse tomando en cuenta que los niños y niñas poseen una comprensión limitada de nociones, por lo que sostuvo el Ministerio Público que la valoración de la declaración de la menor era ligera al sostener que no era creíble.
Además, destacó que la menor al declarar adquirió una conducta sexual adulta y cuando habló fríamente de su cuerpo, tal vez lo hizo por el cansancio de tener que repetir su versión, pues lo hizo en cámara gesell a momento de la denuncia, ante el perito psicólogo, ante el psicólogo del Juzgado de Partido de la Niñez, en juicio oral y todavía al margen de la revictimización, se buscó cruelmente por el Tribunal hacer caer en contradicción a la niña, elucubrando de falsedad y mentira en la menor, por otra parte, añadió que existía un protocolo y guía para la utilización de la cámara gesell, siendo la razón del nerviosismo de la víctima, resultando incongruente que el tribunal pretenda infundir sospechas y peor aún suponer que fue su madre que le habría advertido, cuestionando también que la valoración era subjetiva puesto que la menor pudo olvidar varias aspectos con referencia al progenitor, por lo que la conclusión de que le declaración no fuera creíble se basó en un trabajo intelectivo sin asidero en la realidad, la experiencia y vulneratoria de los derechos de la menor.
En cuanto a la expresión lineal o plana a lo largo de la declaración, cuestionó que el tribunal no actúe con empatía poniéndose en lugar de la menor, porque de hacerlo comprendería su actitud al haber declarado ante personas diferentes en reiteradas oportunidades y que el tribunal confundió una actitud emocional plana o lineal, con el cansancio y hastío de ser una vez más interrogada, y que la víctima conforme el protocolo fue advertida de la metodología a ser empelada en su declaración, por lo que tenía conocimiento del acto que iba a realizar, sin que este aspecto pueda fundar la falta de credibilidad de sus declaraciones.
Este planteamiento fue abordado por el Tribunal de alzada que de manera concreta refirió que no podía ingresarse a revalorizar la prueba; sin embargo, al cuestionarse la sana crítica referida a la psicología, debidamente era un profesional en la materia quien podía determinar mediante un informe psicológico una conclusión de que los relatos entrevistados podían o no ser creíbles, estableciéndose de la revisión de la sentencia, que si bien el tribunal de origen hizo referencia a informes psicológicos, no hizo referencia a la conclusión que obtuvieron éstos para completar su valoración de forma objetiva y que al no haber considerado ello, evidentemente dejó en susceptibilidad a las partes, por lo que al no haberse valorado las conclusiones de los peritos en la materia; es decir, las conclusiones de los informes psicológicos, evidentemente se generó un agravio.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el art. 398 del CPP, obliga a los tribunales de alzada a circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, se advierte que en el caso presente efectivamente la Sala Penal Departamental infringió la referida norma, pues argumentando la imposibilidad de revalorizar la prueba y sin expresar en términos claros y precisos, qué observaciones planteadas en ese motivo de apelación generarían dicha situación, direccionó el análisis del planteamiento a la falta de consideración de las conclusiones asumidas en los informes psicológicos, cuando este aspecto no fue contemplado en el particular motivo planteado por el Ministerio Público en su apelación restringida, lo que ciertamente originó un agravio al recurrente en su condición de imputado, habida cuenta que el análisis de ese motivo junto a otros que fueron acogidos, fundaron la decisión del Tribunal de alzada de anular la sentencia absolutoria con la consecuente reposición del acto de juicio, resultando fundado el presente motivo.
III.1.3. Denuncia de infracción del art. 409 del CPP
En cuanto a la tercera problemática planteada en el marco de la existencia de defecto absoluto, referida sustancialmente a la falta de pronunciamiento respecto al memorial de contestación al recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, se tiene de los antecedentes del proceso que interpuesta la apelación formulada por el Ministerio Público, por providencia de 26 de abril de 2017, se dispuso la notificación a las demás partes a efecto de que dentro del término de diez días contesten al recuso fundamentadamente, por lo que previa la notificación respectiva por memorial de 30 de mayo de 2017, Erika Aranda Uzquiano en su condición de defensora del imputado devolvió al Tribunal de Sentencia el cedulón, argumentando limitaciones de lectura por la copia borrosa de parte de los memoriales de apelación, a cuyo efecto por resolución del día siguiente de fs. 3968 vta., se dejó sin efecto la notificación únicamente respecto al memorial de apelación del Ministerio Público y se dispuso nueva comunicación procesal que se hizo efectiva el 2 de junio de 2017; en cuyo mérito, el recurrente respondió a la apelación mediante memorial de 19 de junio de 2017 de fs. 3974 a 3977.
Esto implica que el Tribunal de alzada sin considerar dichos actuados, incurrió en error al asumir que la respuesta del imputado resultaba extemporánea, considerando que el jueves 15 de junio de 2017, fue feriado nacional por Corpus Christi; en consecuencia, el memorial de contestación, fue presentado dentro del plazo de los diez días previstos por el art. 409 del CPP.
No obstante, a los fines de observar la congruencia en el análisis de cada uno de los motivos alegados en casación y en atención al principio de trascendencia, esta Sala asume la imposibilidad de que en caso de dejarse sin efecto el Auto de Vista recurrido por este motivo, pueda modificarse de forma alguna la temática relativa a la admisibilidad del recurso de apelación restringida formulado por el Ministerio Público, teniendo en cuenta de la revisión del contenido del memorial de respuesta, que todos sus argumentos cuestionaron la aparente falta de fundamentación en los agravios planteados, por lo que sin efectuar ninguna consideración de fondo al recurso, solicitó su rechazo por el incumplimiento de las previsiones de los arts. 407 y 408 del CPP, cuando esto no es evidente de acuerdo al análisis efectuado en el punto III.1.1. de esta resolución; en consecuencia no se halla justificado acceder al presente reclamo, corresponde declarar infundado el presente motivo.
III.1.4. Denuncia de infracción de los arts. 172 y 352 del CPP.
En este punto el recurrente acusa la existencia de defecto absoluto no susceptible de convalidación, en el marco del art. 169 inc. 3) del CPP, denunciando la insólita forma de entendimiento de la norma procesal, específicamente de los arts. 172 y 352 del CPP, por cuanto el Tribunal de alzada respecto al motivo alegado por el Ministerio Público sobre la valoración efectuada a las declaraciones de Agni Selman Barriga Velarde y Rosario Acebey Delgadillo, razonó fuera de la normativa procesal, generando como resultado dañoso la arbitraria y forzada anulación de la sentencia emitida en la causa.
En ese ámbito, de los antecedentes se verifica que el Ministerio Público cuestionó en la apelación restringida que los testigos Agni Selman Barriga Velarde y Rosario Acebey Delgadillo fueron excluidos; el primero, porque según el Tribunal de Sentencia su relato no aportó mayores elementos sobre los hechos acusados, sin tomar en cuenta que este profesional conoció la denuncia verbal de la víctima, advirtiendo su temor cuando la entrevistó; y, en cuanto a la segunda testigo, pese a ser madre y abuela, y de vivir de cerca el sufrimiento de la denunciante y de la víctima, sin haber incurrido en contradicciones con la declaración de la primera, por lo que el tribunal nuevamente enfrentó sus perjuicios de género, y sin argumentación determinó subjetivamente su ineficacia como prueba, pese a que la testigo informó sobre el sufrimiento de la menor y que fue llevada al médico forense; motivando que el Tribunal de alzada a través del Auto de Vista impugnado asumiera que no se estableció aspectos que haya habido una exclusión probatoria del testigo mediante un Auto interlocutorio, que haya incluso motivado una reserva de apelación para atender el reclamo, añadiendo que de la revisión de la sentencia apelada, se podía establecer que el testigo estaba considerado en el punto IV.1.2. empero como testigo de la acusación particular y evidentemente a esta consideración el Tribunal de origen determinó no tomarlo en cuenta porque no aportaría información veraz y directa sobre el hecho acusado, toda vez que al señalar “no será tomado en cuenta”, debía entenderse que no sería incluido, es decir que evidentemente fue excluido, cuando al inicio del juicio mediante resolución fundamentada se debió determinar en una resolución la exclusión probatoria, por lo que resultaba evidente que se generó un agravio.
Sobre el particular, en principio corresponde señalar que de acuerdo con lo sostenido en el Auto Supremo 170/2012-RRC de 24 de julio, el juicio oral está destinado a la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado y en el que de manera efectiva se realiza la actividad probatoria que comprende tres momentos: i) La proposición que no es sino la solicitud de las partes al tribunal para que se disponga la recepción, también entendida como la declaración de voluntad hecha por la parte acusadora o imputada a fin de introducir durante el acto de juicio un determinado medio de prueba; ii) La judicialización que es el efectivo ingreso en el juicio del dato probatorio; y, iii) La valoración referida a la operación intelectual destinada a establecer eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos.
Asimismo, corresponde recordar que el Auto Supremo 272 de 4 de mayo de 2009, estableció como doctrina legal aplicable que la proposición u ofrecimiento de la prueba, así como su respectiva producción dentro del proceso penal, constituye elemento esencial del derecho a la defensa del procesado, pues constituye el único medio a través del cual puede desvirtuar la acusación que pesa en su contra, de manera que el procesado tiene derecho a presentar y producir prueba amplia, con la condición de que esta sea oportuna y pertinente, siendo el único límite a la presentación y producción de la prueba de descargo la licitud, oportunidad y pertinencia de la misma, condiciones que deberán ser apreciadas adecuadamente por el Juez o Tribunal a tiempo de admitir o rechazar la prueba de descargo.
El referido Auto Supremo, agregó que en miras de la realización de la justicia en materia penal, la proposición y producción de toda la prueba necesaria para ilustrar el conocimiento del juez respecto a la verdad histórica de los hechos, constituye un elemento esencial; de modo que el rechazo injustificado de una prueba objetivamente conducente al descubrimiento de la verdad histórica del delito, constituye una violación al debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa y a la presentación de la prueba amplia y pertinente del procesado; violación que en apelación restringida amerita la anulación total de la sentencia y consiguiente reposición del juicio por otro juez o tribunal.
Ahora bien, el art. 172 del CPP, bajo el nomen juris “Exclusiones probatorias”, establece que “Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, este Código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento medio ilícito. Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este Código”.
Las consideraciones precedentes permiten establecer que la proposición y producción de toda la prueba necesaria para ilustrar el conocimiento del juez respecto a la verdad histórica de los hechos, constituye un elemento esencial; de modo que las exclusiones probatorias permiten apartar del juicio aquellas pruebas que se hubieren obtenido con violación de derechos y garantías o en desconocimiento de las formalidades legales; en ese ámbito, resulta oportuno dejar sentado que la posibilidad de plantear un incidente de exclusión probatoria sobre un testigo resulta probable cuando éste no haya sido ofrecido o propuesto en el momento procesal oportuno para la judicialización de su declaración, pues no debe perderse de vista que en el ámbito del principio de contradicción, que entre otros rige la esencia adversarial del sistema procesal vigente, a los fines de que las partes se enfrenten en condiciones de equidad, contrapongan la información que lleven como prueba a juicio y ejerzan el derecho a controvertir, la norma procesal penal prevé que durante la fase de “Preparación de juicio” y una vez presentada la acusación y con el ofrecimiento de pruebas de parte del fiscal y de la parte querellante en su caso, se conceda a la parte imputada para que dentro de los diez días siguientes ofrezca su respectiva prueba de descargo, sin que sea posible la judicialización de prueba no ofrecida al no ser concebible la existencia de sorpresas en el desarrollo del acto de juicio.
Efectuada esta precisión que la Sala asume necesaria ante el planteamiento del recurrente en sentido de resultar improbable el planteamiento de incidente de exclusión probatoria sobre un testigo, se puede evidenciar que el análisis que efectúa el Tribunal de alzada sobre el motivo alegado en apelación referido a las declaraciones testificales de Agni Selman Barriga Velarde y Rosario Acebey Delgadillo, ciertamente se fundó en un argumento ajeno a los elementos proporcionados por el Ministerio Público que en lo central cuestionó aspectos relativos a la eficacia probatoria asignada por el Tribunal de sentencia a ambas declaraciones y no a una exclusión probatoria en los términos del planteamiento de incidentes destinados a su judicialización, siendo evidente además la denuncia del recurrente en cuanto al análisis contradictorio efectuado por la Sala de apelación, al advertirse que pese a que destaca al inicio del punto 8 del Auto de Vista impugnado que ambos testigos hubiesen sido excluidos, asigna un tratamiento disímil, al concluir respecto al primer testigo la existencia de agravio y no así con relación a la segunda, generando ciertamente un agravio a los derechos del recurrente, teniendo en consideración que dicho análisis también fundó la decisión de anular la sentencia absolutoria emitida en la presente causa, deviniendo en fundado el motivo.
III.2. Respecto a la denuncia de aseveración incongruente en el Auto de Vista impugnado.
En este punto invoca como precedente el Auto Supremo 214/2015-RRC-L de 11 de mayo, emitido en una causa seguida por los delitos de Difamación, Propalación de Ofensas, Injurias y Calumnia, estableciéndose en casación, previa referencia a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales y a la motivación de los fallos emergentes de los recursos, que debe ser expresa, clara, legítima y lógica, que el Tribunal de alzada no otorgó una respuesta debidamente fundamentada, pues de manera general, sin especificar a qué puntos de la apelación restringida se refería, argumentó que los recurrentes no subsanaron las observaciones realizadas a la apelación restringida; sin embargo, dio la apariencia de haber ingresado al análisis de fondo del recurso, cuando argumentó que no tenía facultades para revalorizar prueba y que los recurrentes no hicieron reserva de recurrir y finalmente, declaró improcedente el recurso de apelación restringida, ingresando con tales argumentos en uno de los errores de la fundamentación como es la motivación contradictoria, al no fundamentar de manera precisa, qué puntos o motivos del recurso de apelación restringida, no cumplieron con los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento Penal, para su admisión, y de manera contradictoria alegar que no podía revalorizar prueba y que no existía reserva de apelación, además de señalar que sí era posible dictar una sentencia condenatoria y absolutoria al mismo tiempo, dando a entender que los recurrentes cumplieron con los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 del CPP, al declarar improcedente la apelación restringida, cuando lo correcto en aplicación del art. 399 segundo párrafo del CPP, era declarar inadmisible si es que los recurrentes no cumplieron con los requisitos previstos por ley para la consideración de fondo de los motivos planteados en apelación, motivo por el cual se dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido de casación.
A los fines de analizar este motivo y al constatarse que el precedente invocado es útil para la labor de contraste al haber resuelto un caso en el que también se alegó la existencia de argumentos contradictorios asumidos por el Tribunal de alzada, es conveniente señalar que Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, señala que: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.
El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concretó su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.
Además, al hacer referencia a los errores de la motivación, identifica la motivación contradictoria, que en su opinión se presenta cuando: “existe un insanable contraste entre los fundamentos que se aducen, o entre estos y la parte resolutiva, de tal modo que se excluyen entre sí y se neutraliza, por lo que el fallo queda así sin motivación…” (Las negrillas son nuestras).
Conforme a lo expuesto, se tiene que la falta de fundamentación producida por la contradicción en la motivación, debe ser de tal magnitud que los argumentos expuestos por una resolución se devasten recíprocamente, no siendo suficiente que la misma sea imperfecta o defectuosa, o que corresponda a aspectos secundarios de la resolución que no afectan el resultado de la misma.
Efectuada esta precisión y revisado el caso de autos, conforme a lo expuesto, en cuanto a la supuesta existencia de fundamentación contradictoria, se advierte que en el marco del motivo relativo a la valoración de la declaración de la menor y supuesta víctima del hecho que motiva la causa, el Tribunal de alzada asumió que en el fallo apelado, si bien el Tribunal de Sentencia hizo referencia a informes psicológicos, no se refirió a las conclusiones de los informes psicológicos para completar su valoración de forma objetiva y al resolver los cuestionamientos relativos al dictamen pericial psicológico del Instituto de Investigaciones Forenses, concluyó que el tribunal de origen indicó las razones por las cuales determinó no considerar esa prueba; sin embargo, en referencia sólo a la prueba MP-11, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por lo que a partir de estos datos, esta Sala no constata en el contenido del Auto de Vista recurrido la afirmación hecha por el recurrente en sentido de que el Tribunal de alzada hubiese indicado que la sentencia valoró otros informes psicológicos sobre la declaración de la menor y por otro exigió un acto con relación al informe del IDIF, lo que determina que el reclamo al estar sustentado en afirmaciones inexistentes resulte sin asidero, así como la contradicción alegada con el precedente invocado, puesto que la Sala de apelación con relación a este tópico asumió dos conclusiones puntuales que no se contradicen entre sí, deviniendo en infundado este motivo.
III.3. Sobre la denuncia de que la decisión de alzada se basó en argumentos no apelados y revalorizando prueba.
El recurrente invoca en este motivo el Auto Supremo 145/2015-RRC de 27 de febrero, emitido en una causa seguida por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, por el cual se constató en casación que el Tribunal de alzada resolvió un aparente motivo de apelación al verificarse que el apelante no denunció la existencia de una defectuosa valoración de la prueba, sino reclamó la vulneración de sus derechos al no haberse aplicado la ley especial sobre la general, en relación a los arts. 36, 46, 82 y 83 del Código de Comercio, que obligarían al imputado a elaborar inventarios y balances, evidenciándose que el Tribunal de apelación efectuó consideraciones más allá de lo pedido, en vulneración al principio de congruencia; por otra parte, se evidenció que el Tribunal de alzada anuló la sentencia sin fundamentar cómo se incurrió en una defectuosa valoración probatoria, cuál fue el razonamiento erróneamente desplegado por la jueza, cuál el correcto y cómo esas pruebas erróneamente valoradas incidieron en la decisión final de la juzgadora; estableciéndose en definitiva ausencia de fundamentación y la otorgación de valor a aspectos que no fueron objeto de apelación, por lo que se declaró fundado el recurso de casación y se dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, ante la vulneración del art. 398 del CPP.
En el caso presente, el recurrente enfoca su reclamo al hecho de que el Tribunal de alzada basó su decisión de anular la sentencia absolutoria, en argumentos no expuestos por el Ministerio Público, problemática que fue abordada precedentemente por esta Sala en el acápite III.1.2. del presente fallo, al asumirse que efectivamente la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, direccionó el análisis del planteamiento hecho por la fiscalía a la falta de consideración de las conclusiones asumidas en los informes psicológicos, cuando este aspecto efectivamente no fue contemplado en el especifico motivo planteado por el Ministerio Público, lo que en el contexto del presente motivo, importa además contradicción con el precedente invocado al haberse dispuesto la anulación de la sentencia con base a argumentos no alegados en apelación restringida, resultando en consecuencia fundado el presente motivo, dejando constancia a partir del hecho generador de la doctrina legal aplicable contenida en el precedente, que no obedeció a una labor de revalorización probatoria que se denuncia en parte de este motivo, por lo que existe la imposibilidad sobre el particular de efectuar labor de contraste.
III.4. Respecto a la denuncia de falta de trascendencia de la prueba cuestionada.
En este planteamiento el recurrente invoca el Auto Supremo 348/2015-RRC de 3 de junio, pronunciado en un proceso seguido por el delito de Hurto, por el cual la Sala Penal de este Tribunal previamente a dejar sentado con relación a la temática que motiva el presente recurso, que tratándose de nulidades procesales y para determinar si era aplicable a la Sentencia, el Tribunal de alzada está obligado a aplicar el principio de trascendencia, verificando si las pruebas que las partes pretendían excluir constituyeron relevantes para la decisión final del juicio y que para determinar la nulidad de la Sentencia ante la constancia de inobservancia de las reglas del debido proceso, es imperioso que el Tribunal de apelación aplique el principio de trascendencia, justificando las razones por las que considera que la infracciones constatadas evidentemente provocaron lesión a los derechos de los impugnantes, al haber significado un evidente daño e incidido en la decisión final del proceso, por lo que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado al concluir que el Tribunal de alzada, a tiempo de dejar sin efecto la Sentencia, omitió explicar razonadamente y sujetándose a los datos del proceso, cuál la relevancia de la prueba que pretendía excluir la defensa de los acusados, limitándose simplemente a establecer algunos razonamientos del Auto Supremo que fuera invocado, sin explicar si la omisión en la que habría incurrido el Juez de Sentencia efectivamente provocó un daño material a los imputados, incidiendo en la decisión final del Juzgador y por ende limitando o restringiendo los derechos de los sentenciados.
En el caso presente, el cuestionamiento de la parte recurrente está dirigido a la decisión del Tribunal de alzada de anular la sentencia sin exponer la trascendencia de la prueba cuestionada en la decisión final de la sentencia, verificándose que ante el planteamiento de varias observaciones efectuadas por el Ministerio Público a la labor de valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Sentencia, en alzada se acogieron cuatro motivos; el primero, relativo a la declaración de la menor con el argumento de que el Tribunal de Sentencia si bien hizo referencia a informes psicológicos, no lo hizo con relación a la conclusión que obtuvieron éstos; el segundo, en cuanto a la declaración del testigo Agni Selman Barriga Velarde, porque habría sido excluida sin haber mediado una resolución de exclusión probatoria; el tercero, respecto a la declaración de Eloy Humerez Oviedo porque el tribunal de origen hubiese desviado su análisis a otra prueba consistente en placas fotográficas sin otorgar valor a la declaración; y, el cuarto, sobre el dictamen pericial psicológico del Instituto de Investigaciones Forenses, porque el Tribunal de sentencia hubiese concluido la no consideración de esa prueba, sin embargo haciendo sólo referencia a la prueba MP-11, de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Con estos datos, resulta pertinente señalar que conforme determinación del art. 173 del CPP, el Juez o Tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificado y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial y producida; lo que implica, que el Tribunal de alzada a tiempo de conocer y resolver en apelación una denuncia relativa a la concurrencia del defecto de Sentencia vinculado a la valoración probatoria con base a las previsiones del art. 370 inc. 6) del CPP, debe considerar ineludiblemente si la prueba o pruebas sobre las que recae el reclamo, más cuando se reclama su falta o defectuosa valoración, es esencial o decisiva para el fallo y si prescindiendo de los elementos probatorios que proporciona, se establezca la verdad material del conjunto de los demás elementos de prueba de cargo como de descargo proporcionados por la actividad probatoria de la partes; en cuyo caso, se hace innecesaria la nulidad de la Sentencia, teniendo en cuenta como criterio rector de la decisión el principio de la verdad material o real, que se encuentra reconocido en el art. 180.I de la CPE, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio de la verdad material, que se expresa en la obligación que tiene todo juzgador al momento de emitir una Resolución judicial, anteponer la verdad de los hechos antes que cualquier situación.
Este razonamiento resulta compatible con la orientación dada por la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo, que si bien abordó una temática relativa a la decisión del Tribunal de apelación de anular el fallo absolutorio y disponer la reposición del juicio, al basarse la Sentencia en una prueba anticipada que no fue incorporada a juicio bajo las formas previstas por ley, el análisis se efectuó en el ámbito del defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, señalando que: “El art. 180.I de la CPE establece como un principio constitucional el de la verdad material, desarrollada como la obligación que tiene todo juzgador en la labor efectuada sobre este principio, anteponiendo la verdad de los hechos antes que cualquier formalidad. Asimismo el art. 115.I de la referida Ley Fundamental, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.
En consideración a dichos criterios, en el caso de autos, correspondía al Tribunal de alzada a tiempo de resolver los cuestionamientos alegados por el Ministerio Público, no sólo constatar de manera mecánica la advertida falta de consideración de las conclusiones de los informes psicológicos, sino establecer cuál su relevancia, más cuando no son debidamente especificados, considerando que del contenido de la sentencia fueron judicializados varios informes de esa naturaleza, debiendo haber obrado de la misma forma con relación a las declaraciones testificales de Agni Selma Barriga Velarde y Eloy Humerez Oviedo, como también respecto al dictamen pericial psicológico del Instituto de Investigaciones Forenses; de modo que al no haber obrado de la manera descrita y anulado la sentencia con reposición del juicio, en mérito a las razones esgrimidas respecto a dichas pruebas que resultan lacónicas, sin que de su comprensión pueda establecerse cuál la incidencia o relevancia de cada una de esas pruebas en el resultado final, determina que el presente motivo devenga en fundado.
III.5. Con relación a la denuncia de erróneo control de logicidad.
Sobre este quinta motivo de casación, el recurrente invocó como primer precedente el Auto Supremo 192/2016-RRC de 14 de marzo, emitido en una causa penal seguida por los delitos de Peculado, Incumplimiento de Deberes, Encubrimiento, Omisión de Denuncia, Supresión o Destrucción de Documentos y Conducta Antieconómica, por el cual este Tribunal previa referencia a la fundamentación de la sentencia, a cada una de las clases de fundamentación que deben observarse en su pronunciamiento, así como a la labor de control de logicidad del Tribunal de alzada ante la denuncia de falta de fundamentación de la Sentencia, verificó que la Sala Penal Departamental no observó la doctrina legal aplicable en relación a que el Tribunal de juicio debió cumplir en la emisión de su resolución con una correcta fundamentación observando la previsión de los arts. 124 y 360 del CPP; habiendo emitido simples extractos de lo señalado por el Tribunal de Sentencia y concluido con afirmaciones genéricas, incumpliendo su función de controlar el iter lógico desplegado por los juzgados ante la denuncia interpuesta en apelación, sin ingresar al contenido de lo motivado y expuesto en sentencia y de esta manera verificar si se dio o no cumplimiento a una debida motivación, pues se limitó a efectuar un relato de carácter general sin ingresar a analizar la logicidad expuesta por los juzgadores, pese a que la Sentencia carecía de fundamentación descriptiva, intelectiva y jurídica, en inobservancia de la previsión del art. 124 del CPP, por lo que se declaró fundado el recuso y se dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido.
Como segundo precedente el recurrente invocó el Auto Supremo 673/2016-RRC de 12 de septiembre, emitido en una causa seguida por los delitos de Lesiones Graves y Leves, Amenazas; y, Homicidio en Grado de Tentativa, que dejó sin efecto el Auto de Vista que fue recurrido, al verificarse en casación que el criterio asumido por el Tribunal de alzada en sentido de que hubiesen existido agresiones verbales entre dos sujetos y posteriormente agresiones físicas con objetos contusos que concluyeron presuntamente en agresiones físicas, para concluir de manera simple y llana en la existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, ante la concurrencia de valoración defectuosa de la prueba, no establecía de manera fundada, clara y precisa, cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas por el Tribunal de Sentencia al valorar la prueba judicializada por las partes en el acto de juicio, a través de la clara identificación de cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común asumidos en la sentencia, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustentó el fallo apelado, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demostraban cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; resultando evidente la denuncia formulada por la parte recurrente, pues la falta de precisión de parte del Tribunal de alzada de qué reglas relativas a la valoración probatoria hubiesen sido omitidas en la sentencia emitida en la causa, denotaba una falta de control sobre su logicidad, que de modo alguno podía justificar la determinación de dejar sin efecto la Sentencia y ordenar el reenvío de la causa, además de basarse en una inadecuada ponderación de las razones que determinaron a que el citado Tribunal no valorara determinada prueba por su evidente falta de pertinencia al caso.
Además, invocó el Auto Supremo 510/2016-RRC de 4 de julio, pronunciado en un proceso seguido por el delito de Homicidio Culposo, que ante la denuncia, entre otras, de que el Auto de Vista no efectuó un control sobre la defectuosa valoración de la prueba, declaró infundado el recurso de casación, al evidenciar previa precisión de la labor de control de logicidad por parte del Tribunal de alzada ante la denuncia de errónea valoración de la prueba y la obligación de la carga argumentativa del apelante, que no existía base sólida que ponga en duda la valoración probatoria, en ejercicio de la sana crítica, sujeta a los principios de la lógica, experiencia y psicología, efectuada en el fallo, al concluirse conforme estableció el Tribunal de apelación, que el Tribunal de Sentencia, en uso de su facultad privativa de valorar la prueba, sometiéndose a la sana crítica y prudente arbitrio, en observancia de los principios de la lógica, experiencia y psicología, llegó a determinar una conducta omisiva de parte de la acusada, que tuvo como consecuencia el deceso de la víctima, por cuanto la forma indebida de proceder de la enfermera acusada en la aplicación del analgésico fue el desencadenante del paro cardio respiratorio prolongado y muerte cerebral de la víctima, estableciendo el nexo de causalidad, sin que hubiere sido un hecho buscado o querido, razón por la que la conducta fue subsumida al tipo penal culposo del homicidio, a cuyo efecto, al no existir contradicción alguna con la doctrina legal invocada por la recurrente, correspondía declarar los motivos de casación infundados.
Consecuentemente, al constatarse que los dos primeros precedentes invocados en este motivo establecieron doctrina legal aplicable generada en una situación similar a la denunciada en el presente motivo en el cual se alega un erróneo control de logicidad de parte del Tribunal de alzada, corresponde efectuar la labor de contraste de dichos fallos con la resolución recurrida de casación, debiendo para ese fin con riesgos a resultar reiterativo, destacar las apreciaciones ya asumidas por esta Sala con relación a la actuación del Tribunal de apelación, pues conforme ya se estableciera en el análisis de otros motivos, se tiene que la Sala Penal Departamental efectivamente asumió la determinación de anular la sentencia absolutoria con base a argumentos lacónicos, sin establecer la trascendencia de las pruebas que no hubiesen sido valoradas por el Tribunal de Sentencia y sin considerar que las pruebas en el marco normativo del art. 173 del CPP, deben ser valoradas con base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida y no de manera aislada como hace entender el análisis del Tribunal de alzada, que se limita a particularizar su análisis a determinadas pruebas sin la debida ponderación de la valoración asignada por el Tribunal de Sentencia al resto de las pruebas judicializadas por las partes en el acto de juicio y que generaron duda para fundar la absolución del imputado, siendo evidente por dichas razones el erróneo control de logicidad que se denuncia, resultando fundado también el presente motivo de casación.
III.6. Sobre la denuncia de vulneración a los principios in dubio pro reo y al derecho a la presunción de inocencia.
En este motivo el recurrente invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 145/2013-RRC de 28 de mayo, emitido en un proceso seguido por los delitos de Robo y Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias, verificándose de su contenido que si bien desarrolló un entendimiento jurisprudencial con relación al principio in dubio pro reo, con especial énfasis a los normas del bloque de constitucionalidad y abordó puntos específicos como la carga de la prueba, la confidencialidad de la información y el carácter excepcional de las medidas cautelares, sobre los alcances del debido proceso y la valoración de la prueba, verificó en el caso concreto, que la denuncia formulada por el recurrente con relación al citado principio carecía de sustento, al no haberse incurrido en ninguno de los supuestos de vulneración al principio de inocencia, porque no se invirtió la carga de la prueba en perjuicio del imputado recurrente, no se expresó duda sobre su culpabilidad en el hecho atribuido que finalmente hubiese derivado en una sentencia absolutoria, ni menos concurrió el supuesto de duda sobre la norma aplicable, que haya derivado en la aplicación de alguna norma que no le sea más favorable; por el contrario la condena del imputado, se fundó en el convencimiento sobre su participación en el delito de Allanamiento de domicilio.
Consecuentemente, en atención que en el presente proceso el recurrente denuncia en casación la vulneración a los principios in dubio pro reo y al derecho a la presunción con el argumento de que no existe argumento que destruya la duda exteriorizada por el Tribunal de Sentencia que además no fue desvirtuada en apelación restringida, se establece la inexistencia de contradicción en los términos previsto por el art. 416 del CPP, por cuanto ponderada la situación de hecho resuelta por el precedente no resulta similar a la planteada en la casación sujeta a análisis, por lo que el presente motivo deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO EN PARTE el recurso de casación presentado por
Pablo Andrés López Waismann de fs. 4176 a 4198 vta., por ende, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 38/2018io Huanca, Primitiva Mamani de Castilla 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 de 8 de mayo, de fs. 4152 a 4166 y determina que la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previa notificación a las partes, dicte nuevo fallo, conforme a la doctrina legal explicada en los fundamentos precedentes. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.

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