Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-780-04.htm
Timestamp: 2019-07-23 10:10:42+00:00

Document:
C-780-04
Sobre la extradición esta Corporación ha sostenido que con ella no se invade la esfera propia del Estado colombiano y, por contera, no se atenta contra la soberanía nacional, toda vez que éste se reserva el derecho de decidir sobre al asunto, con lo cual se hace efectivo el artículo 9 de la Carta Política. Así mismo, ha manifestado que además de los límites impuestos por el artículo 35 de la Carta Política, dicha figura tiene otros, también de carácter constitucional, como son “el respeto a los derechos de toda persona, como el derecho a la defensa (artículo 29) o al debido proceso (artículo 29), así como el acatamiento de prohibiciones consagradas en la Carta, tales como la relativa a la imposición de la pena de muerte (artículo 11) o al sometimiento a tortura (artículo 12)”.
Para la Corte el instrumento internacional bajo examen no contraría la Carta toda vez que es un desarrollo del principio de soberanía nacional sobre el cual se fundamentan las relaciones exteriores, y del principio de reciprocidad, en cuanto es con el consentimiento libre del Estado que la extradición se solicita, concede u ofrece. En ese sentido la Corporación ha señalado que “cuando un Estado decide, claro está de manera autónoma, si entrega o no a un sindicado solicitado en extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos soberanamente, no está cediendo o perdiendo soberanía sino ejerciéndola, como quiera que (...) la facultad de adquirir obligaciones internacionales es un atributo de la soberanía del Estado”. En efecto, el Estado colombiano, a través del Presidente de la República, tiene facultades plenas para contraer obligaciones recíprocas con otros Estados mediante la suscripción de tratados bilaterales o multilaterales referentes a la extradición de presuntos delincuentes.
Tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de esta Corporación en los tratados bilaterales, como es el que ocupa la atención de la Corte, por su misma naturaleza no proceden las reservas, toda vez que ello “constituiría un desacuerdo entre las dos partes que llevaría a que éste se tuviera que negociar nuevamente”. Sin embargo, se ha señalado que es posible que las partes, al perfeccionarlo, emitan declaraciones interpretativas respecto de algunas de sus normas, las cuales, en la medida en que sean admitidas por la otra parte, constituyen reglas generales de interpretación del instrumento internacional, conforme lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Revisión de Constitucionalidad de la Ley 876 del 2 de enero de 2004, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo modificatorio a la ‘Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”
dentro del proceso de revisión de la Ley 876 del 2 de enero de 2004, “por medio de la cual se aprueba el PROTOCOLO MODIFICATORIO A LA ‘CONVENCIÓN DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.
“LEY 876 DE 2004
por medio de la cual se aprueba el Protocolo Modificatorio a la ‘Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Visto el texto del Protocolo Modificatorio a la ‘Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
«PROTOCOLO MODIFICATORIO A LA ‘CONVENCION DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA SUSCRITA EN BOGOTA EL 23 DE JULIO DE 1892
Atendiendo al desarrollo satisfactorio que ha tenido durante su vigencia la ‘Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, firmada el 23 de julio de 1892 y su adición mediante canje de notas del 19 de septiembre de 1991;
Han acordado suscribir el presente Protocolo Modificatorio a la ‘Convención de Extradición’ firmada por los dos países en Bogotá el 23 de julio de 1892, en los términos que se expresan a continuación:
‘Artículo 3º. La extradición procederá con respecto a las personas a quienes las autoridades judiciales de la Parte requirente persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena privativa de libertad no inferior a un (1) año. A este efecto, será indiferente el que las leyes de las Partes clasifiquen o no al delito en la misma categoría de delitos o usen la misma o distinta terminología para designarlo.
El juzgamiento o enjuiciamiento de las personas solicitadas en extradición se realizará siempre de conformidad con los procedimientos establecidos por la ley interna del Estado Requirente’.
‘Artículo 10. Si la extradición fuere solicitada concurrentemente por varios Estados, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, la Parte requerida resolverá teniendo en cuenta todas las circunstancias y especialmente la gravedad relativa y lugar de los delitos, las respectivas fechas de las solicitudes, la nacionalidad de la persona reclamada y la posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado’.
‘Artículo 15. Cuando el delito por el que se solicita la extradición sea punible con pena de muerte con arreglo a las leyes del Estado requirente y las leyes del Estado requerido no permitan la imposición de tal sanción, se rehusará la extradición, a menos que, antes de concederse la extradición, el Estado requirente garantice a satisfacción del Estado requerido que no impondrá tal pena’.
Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica».
Bogotá, D. C., 28 de julio de 1999.
Artículo 1º. Apruébase el Protocolo Modificatorio a la ‘Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Protocolo Modificatorio a la ‘Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16), de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150, numeral 16 y 189, numeral 2 de la Constitución Política de la República de Colombia, tenemos el honor de someter a su consideración el Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Protocolo Modificatorio a la ‘Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
El Protocolo Modificatorio consta de tan sólo dos artículos sustantivos, ya que el artículo 3º se limita a estipular la manera y fecha en la que entrará en vigor dicho instrumento.
Por las razones expuestas, nos permitimos solicitar al honorable Congreso de la República aprobar el Protocolo Modificatorio a la "Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España", suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Jaime Girón Duarte”.
1. En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores presentó escrito Sandra Milena Molina Peláez a través del cual sustenta las razones que a su juicio justifican la constitucionalidad del instrumento internacional objeto de revisión.
Manifiesta que el Protocolo Modificatorio está orientado a modernizar la Convención de Extradición suscrita en 1892 entre Colombia y España, aún vigente, de manera que la búsqueda de la justicia respete los derechos humanos de quien sería extraditado. Así mismo, a través de dicho instrumento se pretende que la extradición no se vea limitada por las diferencias de calificación de las conductas idénticas, toda vez que establece una cláusula que afirma tal institución sin relacionar los tipos penales, es decir, sin importar que los delitos se clasifiquen en la misma categoría o usen la misma o distinta terminología.
2. El Fiscal General de la Nación solicita a la Corte declarar exequibles el Protocolo Modificatorio y su ley aprobatoria, tanto por los aspectos formales -en cuanto no encontró vicio alguno en el trámite legislativo-, como por los de fondo.
3. El Viceministro de Justicia presenta escrito orientado a justificar la constitucionalidad del instrumento internacional objeto de análisis y de su ley aprobatoria.
Por otra parte, manifiesta que el Protocolo Modificatorio busca fortalecer el uso de la extradición como un instrumento eficaz en la lucha contra la delincuencia transnacional y actualiza lo convenido con España desde 1892. Así mismo, aduce que las determinaciones adoptadas en el referido instrumento internacional resultan compatibles con la Carta Política pues se orientan a facilitar el trámite de la extradición y dan claridad sobre aspectos importantes que antes eran controvertibles.
1. Carácter del control que hace la Corte sobre los tratados internacionales
2. Análisis de los requisitos formales
2.1. De las diligencias obrantes en el expediente se colige que el trámite dado al proyecto de ley N° 29/02 Senado, 293/03 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 876 de 2004 “por medio de la cual se aprueba el PROTOCOLO MODIFICATORIO A LA ‘CONVENCIÓN DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”, fue el siguiente:
a) El Protocolo objeto de análisis fue suscrito en Madrid el 16 de marzo de 1999 por el Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, en representación de la República de Colombia, y por el Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, en representación del Reino de España. El Presidente de la República le impartió la respectiva aprobación ejecutiva el 28 de julio de 1999 y dispuso que fuera sometido a consideración de Congreso de la República para los efectos constitucionales[1].
Quiere decir lo anterior que el Estado colombiano estuvo debidamente representado, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, según la cual en virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que los ministros de relaciones exteriores representan a su Estado para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado[2].
b) El proyecto de ley respectivo fue presentado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, y su texto fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 327 del 12 de agosto de 2002[3].
c) La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el H. Senador Enrique Gómez Hurtado, cuya publicación se hizo en la Gaceta del Congreso N° 95 del 10 de marzo de 2003[4].
d) Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley 29/02 Senado, 293/03 Cámara fue aprobado en primer debate el 9 de abril de 2003 (Acta N° 19 de 2003)[5], con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores que conforman esa Comisión, con 12 votos a favor y 0 en contra[6].
e) La ponencia para segundo debate fue presentada por el H. Senador Enrique Gómez Hurtado y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 259 del 9 de junio de 2003[7].
f) El proyecto de ley fue aprobado en segundo debate el 19 de junio de 2003 con un quórum decisorio de 98 de los 102 senadores que conforman la Plenaria y aprobado por mayoría[8], según consta en la Gaceta del Congreso N° 328 del 11 de julio de 2003 (Acta N° 66).
g) Rindieron ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes los H. representantes Julio E. Gallardo Archbold y Oscar de Jesús Suárez Mira, cuya publicación se hizo en la Gaceta del Congreso N° 422 del 22 de agosto de 2003[9].
h) En la sesión llevada a cabo el 10 de septiembre de 2003 el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes informó al Presidente de esa Comisión: “el punto siguiente es anuncio para aprobación de proyectos para la próxima semana, según la reforma política se tienen que anunciar los proyectos 8 días antes; tenemos los siguientes proyectos para el anuncio de la presidencia”[10]. Seguidamente el Presidente leyó los proyectos y dentro de ellos estaba el proyecto de ley 29/02 Senado, 293/03 Cámara.
Tal como consta en la Gaceta del Congreso N° 182 del 10 de mayo de 2004[11], agotado el orden del día se levantó la sesión y se “convocó para el martes a las 9:00 de la mañana conjuntamente con la Comisión Segunda del Senado”[12].
El Secretario General de la Comisión informó a la Corte que el día martes 16 de septiembre de 2003 esa Comisión, a pesar de haber sido citada para sesionar conjuntamente con su homóloga del Senado, la sesión no se realizó. Así mismo, comunicó que los proyectos de ley anunciados en la sesión del 10 de septiembre de 2003 para ser debatidos en la próxima semana fueron considerados en la sesión ordinaria del 17 de septiembre de 2003 y que esta sesión fue “la inmediatamente posterior a la realizada el 10 de septiembre”[13].
i) Conforme a la certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en sesión del 17 de septiembre de 2003 se le dio primer debate al proyecto de ley con la asistencia de 16 representantes y fue aprobado por unanimidad[14].
j) Para segundo debate en Cámara la ponencia fue presentada por los H. representantes Julio E. Gallardo Archbold y Oscar de Jesús Suárez Mira, y fue publicada en la Gaceta N° 511 del 2 de octubre de 2003[15].
k) En sesión del 25 de noviembre de 2003 el Presidente de la Cámara de Representantes ordenó al Secretario informar los proyectos que serían debatidos el próximo martes, entre los cuales estaba el 29/02 Senado, 293/03 Cámara, tal como consta en la Gaceta del Congreso N° 701 del 26 de diciembre de 2003[16]. Y en la sesión del 2 de diciembre del mismo año se anunció que el proyecto de ley sería discutido el martes siguiente, tal como consta en la Gaceta del Congreso N° 09 del 2 de febrero de 2004[17].
l) Obra certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes según la cual el proyecto de ley fue aprobado en sesión plenaria del 9 de diciembre de 2003 (Acta N° 083) por mayoría de los presentes de 155 representantes, sin modificación alguna[18].
m) El Presidente de la República sancionó el 2 de enero de 2004 la Ley 876, aprobatoria del Protocolo objeto de análisis, y el 13 de enero del mismo año remitió fotocopia autenticada a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución.
En relación con el requisito exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo N° 01 de 2003, según el cual “[n]ingún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”, la Corte considera que el mismo sólo le puede ser requerido a la Cámara de Representantes, en donde la ponencia para primer debate fue publicada el 22 de agosto de 2003, toda vez que el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate en el Senado de la República el 19 de junio de 2003, fecha en la cuál aún no había sido expedido el referido Acto Legislativo -lo cual tuvo lugar el 3 de julio de 2003-.
En esa medida, se tiene que en la sesión del 10 de septiembre de 2003 el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara le informó al Presidente que se anunciarían los proyectos de ley que serían considerados en la próxima semana y éste, al dar lectura a esos proyectos, incluyó el que finalizó con la Ley ahora objeto de análisis. Es claro que no indicó la fecha cierta y precisa en que tendría lugar dicha sesión, pues sólo dijo que sería “la próxima semana”, actuación que, en principio, constituye una irregularidad y que, por lo tanto, podría generar un vicio de procedimiento que conlleve a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley. No obstante, en el presente caso no se configura tal vicio dadas sus especiales particularidades, veamos.
Se concluye entonces que aunque la situación presentada puede considerarse como irregular, en tanto -se repite- el anuncio de que trata el último inciso del artículo 167 de la Constitución debe ser claro y con fecha precisa, tal irregularidad no genera en este evento un vicio que conlleve a la inconstitucionalidad de la Ley aprobada[20].
3.2.1. La extradición es un importante instrumento de cooperación internacional que tiene como fundamento el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio, ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad. Su finalidad no es otra que la de impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior burle la acción de la justicia refugiándose en un país diferente a aquel donde ha cometido la conducta punible[21]. Precisamente con tal fin se han suscrito diversos tratados y convenios internacionales en los que, ya sean de carácter bilateral o multilateral, se han señalado las conductas por las cuales procede y los procedimientos y trámites aplicables que deben seguirse para el requerimiento o para el ofrecimiento.
a) Para poder solicitar, conceder u ofrecer la extradición se debe acudir en primer lugar a lo dispuesto en los tratados públicos y sólo si no existieron aquellos a la ley. Ha sido directamente la Carta Política la que señala las normas que pueden servir de fuente para solicitar, conceder u ofrecer la extradición, y la que ha fijado cuál de ellas prevalece para los efectos correspondientes. De manera que primero debe acudirse a los tratados y sólo en defecto de aquellos habrá de verificarse lo contenido en la ley.
“La decisión sobre las fuentes de las cuales pueden extraerse las normas aplicables a la extradición, ha sido directamente adoptada por el Constituyente. No es este un asunto que dependa de la voluntad del legislador. El artículo 35 de la C.P., define el asunto de manera vinculante y definitiva: “La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados y, en su defecto, con la ley”. Esto quiere decir que solamente dos normas - tratado público o ley - pueden servir de fuentes formales y materiales de disposiciones para los efectos de solicitar, conceder u ofrecer la extradición.
Igualmente, la jerarquía y el orden de aplicación de estas dos fuentes no se ha dejado librada a la discrecionalidad del legislador, pues ha sido el mismo Constituyente el que ha considerado necesario elevar un criterio al nivel constitucional. La Constitución expresamente ha concedido al tratado público aplicación principal y preferencial. La ley, de acuerdo con el tenor literal del artículo 35 de la C.P., se aplica “en defecto” de los tratados públicos, o sea, de manera subsidiaria o supletoria”[22].
b) Sólo se puede conceder la extradición de colombianos por nacimiento por delitos cometidos en el exterior que sean considerados como tales en la legislación penal colombiana.
c) No procede en ningún caso, ya se trate de colombianos o extranjeros, la extradición por delitos políticos.
Dicha restricción se ha mantenido en las últimas codificaciones penales. Así, en el artículo 9 del Código Penal de 1936 se estableció “no se concederá la extradición de colombianos ni la de delincuentes político-sociales”; en el artículo 17 del Código Penal de 1980 se dispuso “en ningún caso Colombia ofrecerá la extradición de nacionales, ni concederá la de los sindicados o condenados por delitos políticos”. Situación que se reitera en el artículo 17 del Código Penal vigente (Ley 599 de 2000) según el cual “la extradición no procederá por delitos políticos”.
Téngase en cuenta, además, que la Convención de Extradición entre Colombia y España de 1892 en su artículo 5 -disposición que no fue objeto de modificación por parte del Protocolo que se revisa- señala “no se concederá la extradición por delitos políticos o por hechos que tengan conexión con ellos y se estipula expresamente que el individuo cuya extradición se haya concedido no podrá ser perseguido, en ningún caso, por delito político anterior a la extradición”.
d) La extradición de colombianos por nacimiento no procede cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 16 de diciembre de 1997.
3.2.4. Sobre la extradición esta Corporación ha sostenido que con ella no se invade la esfera propia del Estado colombiano[23] y, por contera, no se atenta contra la soberanía nacional, toda vez que éste se reserva el derecho de decidir sobre al asunto, con lo cual se hace efectivo el artículo 9 de la Carta Política. Así mismo, ha manifestado que además de los límites impuestos por el artículo 35 de la Carta Política, dicha figura tiene otros, también de carácter constitucional, como son “el respeto a los derechos de toda persona, como el derecho a la defensa (artículo 29) o al debido proceso (artículo 29), así como el acatamiento de prohibiciones consagradas en la Carta, tales como la relativa a la imposición de la pena de muerte (artículo 11) o al sometimiento a tortura (artículo 12)”[24].
3.3. Contenido y constitucionalidad del Protocolo Modificatorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España
Para la Corte el instrumento internacional bajo examen no contraría la Carta toda vez que es un desarrollo del principio de soberanía nacional sobre el cual se fundamentan las relaciones exteriores, y del principio de reciprocidad, en cuanto es con el consentimiento libre del Estado que la extradición se solicita, concede u ofrece. En ese sentido la Corporación ha señalado que “cuando un Estado decide, claro está de manera autónoma, si entrega o no a un sindicado solicitado en extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos soberanamente, no está cediendo o perdiendo soberanía sino ejerciéndola, como quiera que (...) la facultad de adquirir obligaciones internacionales es un atributo de la soberanía del Estado”[25]. En efecto, el Estado colombiano, a través del Presidente de la República, tiene facultades plenas para contraer obligaciones recíprocas con otros Estados mediante la suscripción de tratados bilaterales o multilaterales referentes a la extradición de presuntos delincuentes.
Ahora bien, el quantum establecido en la disposición objeto de análisis para la procedencia de ese instrumento de cooperación internacional, consistente en una pena privativa de la libertad no inferior a un año, tampoco desconoce los preceptos constitucionales[26]. Ello, además de ser un claro desarrollo de la soberanía nacional, de la política criminal internacional y del reconocimiento de la autonomía del Ejecutivo en la dirección de las relaciones, resulta razonable en cuanto se reconoce la antijuridicidad de la conducta.
A lo anterior hay que agregar que cuando existen tratados públicos sobre la materia y éstos -como ya se afirmó- no son contrarios al ordenamiento interno, se debe acudir a ellos, y las disposiciones legales no permiten alegar una posible violación al derecho a la igualdad, por cuanto las situaciones cobijadas por unos y otros y los procedimientos aplicables en un Estado y otro son diferentes, lo cual hace imposible hacer un juicio de esa naturaleza[27].
Es importante recordar que tal como lo ha manifestado la jurisprudencia de esta Corporación en los tratados bilaterales, como es el que ocupa la atención de la Corte, por su misma naturaleza no proceden las reservas, toda vez que ello “constituiría un desacuerdo entre las dos partes que llevaría a que éste se tuviera que negociar nuevamente”[28]. Sin embargo, se ha señalado que es posible que las partes, al perfeccionarlo, emitan declaraciones interpretativas respecto de algunas de sus normas, las cuales, en la medida en que sean admitidas por la otra parte, constituyen reglas generales de interpretación del instrumento internacional, conforme lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Dicha cláusula está conforme con la tradición constitucional sobre la prohibición de la pena de muerte que viene desde el Acto Legislativo N° 3 de 1910 y que en el Carta Política se plasmó en el artículo 11, según el cual no habrá pena de muerte en Colombia. Tal castigo ni siquiera se contempla en estados de excepción[29]. Es claro que el hecho de garantizarse por parte del Estado requirente que no impondrá tal pena, incluye, para el caso en que sea Colombia el requerido, que la persona extraditada tampoco podrá ser sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni que se le impondrán penas de destierro, prisión perpetua y confiscación en cuanto tales conductas están igualmente prohibidas por la Constitución (arts. 12 y 34).
3.3.2. El artículo segundo del Protocolo Modificatorio establece la exención del requisito de legalización para los documentos presentados con las solicitudes de extradición y que se tramiten por vía diplomática en virtud del Convenio de Extradición suscrito entre Colombia y España.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el PROTOCOLO MODIFICATORIO A LA “CONVENCIÓN DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA”, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 876 del 2 de enero de 2004, mediante la cual fue aprobado el referido Protocolo Modificatorio.
Que la H. Magistrada doctora CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ, no firma la presente sentencia por encontrarse en permiso debidamente autorizado.
Salvamento de voto del Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA , en relación con la sentencia C-780 de 18 de agosto de 2004 (Expediente LAT-260).
VOTACION DE PROYECTO DE LEY-Incumplimiento del requisito de señalar en una sesión previa aquella en que debería realizarse la votación del mismo/VOTACION DE PROYECTO DE LEY-Indicación de “semana entrante” no precisa en cual de las sesiones se incluirá (Salvamento de voto)
No es lo mismo indicar que un proyecto va a ser votado “la semana entrante”, que indicar de manera precisa en cual de las sesiones de esa semana se incluirá para votación. Lo que el constituyente quiso al reformar el artículo 160 de la Carta Política con la norma introducida por el artículo 8º del Acto Legislativo No. 1 de 2003, fue evitar sorpresas tanto para los miembros del Congreso como para la ciudadanía, con votaciones sorpresivas de los proyectos de ley, en momentos en que los miembros del Congreso no estuvieran enterados, todos, de la fecha de la sesión en que tal votación debería llevarse a efecto. Se quiso, de esa manera, garantizar la trasparencia del proceso legislativo, evitar maniobras o ardides que so-pretexto de la “habilidad” parlamentaria pudiesen afectar el principio democrático y las garantías a las minorías. Ninguno de los miembros de la Comisión Segunda de la Cámara tenía información cierta sobre el día en que debería ocurrir la votación de ese proyecto, pues no se cumplió con el requisito de señalar en una sesión previa aquella en que debería realizarse la votación del mismo. Es decir, navegando por la incertidumbre, por la indeterminación, por la mera probabilidad o expectativa, se decidió votar ese proyecto el 17 de septiembre de 2003, lo que podría haber ocurrido, también, en la sesión del día siguiente. No se entiende entonces cuál es el fundamento jurídico para considerar que en una semana que tiene varios días de sesiones basta con mencionar a aquella para que así quede determinado en cuál de las sesiones celebradas en los diferentes días de esa semana va a ser sometido a votación un proyecto de ley determinado.
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, me veo precisado a salvar el voto en relación con lo resuelto en la sentencia C-780 de 18 de agosto de 2004, por cuanto, en este caso en el trámite impartido al proyecto de Ley No. 29/02 Senado, 293/03 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 876 de 2004 “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Modificatorio a la ´Convención de extradición entre la República de Colombia y el Reino de España´, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”, se quebrantó el artículo 160, inciso final de la Constitución Política.
A mi juicio, no se le dio cumplimiento al requisito exigido por el artículo 8º del Acto Legislativo No. 1 de 2003, en el cual se dispuso en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política, que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. En efecto, así se desprende de los siguientes hechos:
a) Durante el trámite del proyecto en la Cámara de Representantes, la ponencia para primer debate fue publicada el 22 de agosto de 2003 y, conforme aparece en el expediente, en la sesión del 10 de septiembre de ese año el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes le informó a la Comisión, por instrucciones del Presidente de la misma, cuáles proyectos de ley serían considerados para votación, e incluyó para la “semana próxima” el que culminó con la expedición de la Ley 876 de 2 de enero de 2004, es decir el proyecto distinguido como número 29/02 Senado, 293/03 Cámara.
b) No es lo mismo indicar que un proyecto va a ser votado “la semana entrante”, que indicar de manera precisa en cual de las sesiones de esa semana se incluirá para votación. Lo que el constituyente quiso al reformar el artículo 160 de la Carta Política con la norma introducida por el artículo 8º del Acto Legislativo No. 1 de 2003, fue evitar sorpresas tanto para los miembros del Congreso como para la ciudadanía, con votaciones sorpresivas de los proyectos de ley, en momentos en que los miembros del Congreso no estuvieran enterados, todos, de la fecha de la sesión en que tal votación debería llevarse a efecto. Se quiso, de esa manera, garantizar la trasparencia del proceso legislativo, evitar maniobras o ardides que so-pretexto de la “habilidad” parlamentaria pudiesen afectar el principio democrático y las garantías a las minorías.
c) Como aparece en la Gaceta del Congreso NO. 182, en la que se encuentra el acta de la sesión de 10 de septiembre de 2003, ese día se “convocó para el martes a las 9:00 de la mañana conjuntamente con la Comisión Segunda del Senado”. Pese a ello, la sesión no se realizó.
d) En tal virtud, la votación del proyecto de ley a que se refiere este salvamento de voto, podría haber ocurrido el miércoles 17 de septiembre, o el jueves 18 de septiembre de 2003, en que ordinariamente sesionan las Comisiones del Congreso. Ello significa, entonces, que ninguno de los miembros de la Comisión Segunda de la Cámara tenía información cierta sobre el día en que debería ocurrir la votación de ese proyecto, pues no se cumplió con el requisito de señalar en una sesión previa aquella en que debería realizarse la votación del mismo. Es decir, navegando por la incertidumbre, por la indeterminación, por la mera probabilidad o expectativa, se decidió votar ese proyecto el 17 de septiembre de 2003, lo que podría haber ocurrido, también, en la sesión del día siguiente. No se entiende entonces cuál es el fundamento jurídico para considerar que en una semana que tiene varios días de sesiones basta con mencionar a aquella para que así quede determinado en cuál de las sesiones celebradas en los diferentes días de esa semana va a ser sometido a votación un proyecto de ley determinado.
e) Se dirá, que en este caso el contenido de la ley no es de aquellos que despierten una aguda controversia. Pero lo que está en juego no es eso, sino una regla precisa de la Constitución Política que fue infringida de manera rotunda y, en tal virtud, la Corte Constitucional debería haber declarado su inexequibilidad, la que incluye desde luego la aprobación que así, irregularmente, se le impartió al instrumento internacional al que dicha ley se refiere. Por ello salvo el voto.
4- La razón de mi persistencia en salvar el voto en este aspecto es la siguiente: como lo han señalado algunos notables doctrinantes, como Nino o Dworkin, la labor judicial se asemeja a la construcción colectiva de una catedral o a la redacción en grupo, y por capítulos, de una obra literaria[30]. Así, cada juez, al redactar su sentencia, se inserta en esa obra colectiva que es el derecho, y por ello no puede ignorar los precedentes, que lo limitan, como los capítulos previos de una novela redactada en grupo condicionan la labor de quien va a escribir una nueva página de esa novela. El juez no puede entonces ignorar los errores que han sido cometidos en el pasado. Sin embargo, en la medida en que en una democracia, el deber de los jueces es hacer que esa obra colectiva sea lo más justa posible, como la labor de quien continúa una catedral es preservar y embellecer ese trabajo arquitectónico, creo que una nueva decisión judicial debe limitar, en vez de ampliar, los efectos de los errores derivados de una sentencia anterior. Y en este caso, una variación de jurisprudencia parece necesaria, como lo expliqué en el citado salvamento a la sentencia C-618 de 2004.
[1] Folios 9, 10 y 35 del cuaderno principal. En este último consta la certificación expedida por el Coordinador del Grupo de Tratados de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
[2] Artículo 7.
[3] Folios 25 y 26 del cuaderno principal.
[4] Folio 27 del cuaderno principal.
[5] Folios 68 a 73 del cuaderno principal.
[6] Folio 60 del cuaderno principal.
[7] Folio 30 del cuaderno principal.
[8] A pesar de que el Secretario General (E) del Senado de la República certificó que el segundo debate había tenido lugar el 19 de diciembre de 2003 (folio 2 del cuaderno de pruebas), lo cierto es que de los escritos presentados por el Presidente del Senado, de fechas 24 de junio de 2003 y 18 de diciembre del mismo año (folios 18 y 62 del cuaderno de pruebas), así como del escrito de sustanciación de segunda ponencia suscrito por el Secretario General del Senado (folio 63 del cuaderno de pruebas), se concluye que la sesión de Plenaria se llevó a cabo el 19 de junio de 2003.
[9] Folios 29, 46 y 47 del cuaderno principal.
[10] Folio 159 del cuaderno principal.
[11] Folios 157, 159 y 170 del cuaderno principal.
[12] Folio 170 del cuaderno principal.
[13] Folio 272 del cuaderno principal.
[14] Folio 24 del cuaderno principal.
[15] Folios 28, 57 y 58 del cuaderno principal.
[16] Folio 193 del cuaderno principal.
[17] Folios 200 y 231 del cuaderno principal. Así lo certifica el Secretario General de la Cámara de Representantes (folios 182 y 183 del cuaderno principal).
[18] Folio 34 del cuaderno principal.
[20] La Corte, en Sentencia C-533 del 27 de mayo de 2004 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), consideró que no existió vicio de procedimiento al tramitarse un proyecto de ley que finalizó con la Ley 840 de 2003, en virtud de la cual se aprobó el Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Salvador y Colombia, por el hecho de que en la fecha de la sesión en la que se había anunciado su votación ésta no tuvo lugar por falta de quórum y debido a que en la sesión siguiente no se agotó el orden día el proyecto sólo fue votado en la sesión inmediatamente posterior a esta última. La Corporación sostuvo que en ese caso no se sorprendió a los Congresistas y se cumplió a cabalidad con la finalidad del inciso final del artículo 160 introducido por el Acto Legislativo N° 01 de 2003.
[21] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[22] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-740 del 22 de junio de 2000 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[23] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-396 del 7 de septiembre de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
[24] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-621 del 13 de junio de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[25] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1055 del 11 de noviembre de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[26] Existen otros tratados suscritos por Colombia en los que se ha convenido establecer que la extradición procede en atención, también, a un quantum mínimo de la pena privativa de la libertad. Así, en la Convención sobre Extradición firmada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933 y aprobada mediante Ley 74 de 1935, se estableció como requisito para la extradición, entre otras cosas, que el hecho tenga el carácter de delito y sea punible por las leyes de los Estados Partes con pena mínima de un año de privación de la libertad. En el Acuerdo Bolivariano sobre Extradición firmado el 18 de julio de 1911 y aprobado mediante Ley 26 de 1913 se señalaron expresamente los delitos por los cuales procede la extradición, pero se aclaró que no procede cuando con arreglo a las leyes de uno u otro Estado, no excede de seis meses de privación de la libertad el máximo de la pena aplicable. En la Convención de Extradición suscrita con Bélgica el 21 de agosto de 1912 y aprobada por Ley 74 de 1913, también se hace una lista de los delitos por los cuales procede la extradición, pero se aclara que en todo caso los hechos que motiven la solicitud deben ser de los que en el país reclamante acarreen una pena de dos años por lo menos de prisión. En el Tratado de Extradición suscrito con los Estados Unidos de Brasil el 28 de diciembre de 1938, aprobado mediante Ley 85 de 1939, para que proceda la extradición se requiere que la infracción se castigue con pena de un año de prisión. Según el Tratado de Extradición firmado con Chile el 16 de noviembre de 1914 y aprobado por Ley 8 de 1928, la extradición procede por los delitos allí consignados pero cuando la pena corporal no sea menor de un año de prisión o reclusión. Según lo dispuesto en el Tratado suscrito con Costa Rica el 7 de mayo de 1928, aprobado mediante Ley 19 de 1931 para que sea procedente la extradición es indispensable que la pena privativa de la libertad sea mayor a seis meses. En el Tratado de Extradición suscrito con Cuba el 2 de julio de 1932 y aprobado mediante Ley 16 del mismo año, se establece que no se concede la extradición cuando conforme a las leyes de ambos Estados no exceda de un año de privación de libertad el maximum de la pena aplicable. Conforme al Tratado suscrito con México el 12 de junio de 1928, aprobado mediante Ley 30 de 1930, dan lugar a extradición los delitos intencionales de orden común en todos sus grados, siempre que sean punibles según la legislación de las dos Partes con pena no menor a un año de prisión. En el Tratado firmado el 25 de marzo de 1929 con Nicaragua, aprobado mediante Ley 39 de 1930, la extradición no procede si con arreglo a las leyes de uno de los dos Estados el máximo de la pena privativa de la libertad no excede de un año. En el Tratado suscrito con Panamá el 24 de diciembre de 1927 y aprobado mediante Ley 57 de 1928, se dispuso que es necesario que el delito tenga una pena de prisión no menor de dos años. Según el Tratado suscrito con Gran Bretaña el 27 de octubre de 1888 y aprobado por Ley 148 del mismo año, la extradición procede por los delitos allí consignados, sin que se establezca quantum alguno.
[27] En la Sentencia C-700 del 14 de junio de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), la Corte sostuvo: [e]n el caso de personas solicitadas en extradición por delitos cometidos en otro Estado, es claro que al ser juzgadas por fuera de Colombia y ser requeridas por una autoridad extranjera para proseguir su juzgamiento o para ejecutar la condena, estarán sometidas también a procedimientos diferentes a los aplicables a quienes han delinquido en nuestro territorio, lo cual no vulnera en modo alguno el derecho a la igualdad ni constituye discriminación, por tratarse de situaciones jurídicas no equiparables”.
[28] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-160 del 23 de febrero de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[29] Es importante anotar que el artículo 15 de la Constitución española es más amplio al respecto al disponer “[t]odos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.
[30] Para la metáfora de Nino sobre la catedral, ver su texto La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 1997. Para la metáfora de Dworkin sobre la novela en cadena, ver su texto “How Law is Like Literature” en Matter of Principle. Cambridge: Harvard University Press, pp 158 y ss.

References: artículo 9
 artículo 35

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 241
 artículo 8
 artículo 167
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 35
 artículo 11
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 8
 Artículo 7
 artículo 160
 artículo 15