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Timestamp: 2020-01-28 17:22:14+00:00

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El Gobierno aprueba el I Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica
El Gobierno español ha aprobado el primer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), que permitirá reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación de compuestos y sustancias muy nocivas para la salud, en cumplimiento de los compromisos establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030. El plan contempla un total del 57 medidas dirigidas a todos los sectores contaminantes necesarias para alcanzar esta meta, y proteger la salud de las personas y de los ecosistemas.
Esta directiva estableció unos compromisos nacionales de reducción de emisiones para el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el amoníaco (NH3) y las partículas finas (PM2,5) para 2020 y 2030, que España incorporó a su ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 818/2018.
La Directiva citada fija la obligación a los Estados Miembrosde aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación, en el que se establecen acciones en todos los sectores pertinentes, tales como la agricultura, la generación de energía, la industria, el transporte por carretera, el transporte por vías navegables y aéreas, la calefacción doméstica, la utilización de máquinas móviles no de carretera y el uso y fabricación de disolventes.
Este programa, que ahora será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), establece una serie de medidas sectoriales y transversales, en consonancia no solo con las políticas nacionales de calidad del aire, sino también con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 remitido a la Comisión Europea el pasado mes de febrero. En definitiva, este programa hace que confluyan por primera vez medidas para lograr la descarbonización con aquellas que persiguen mejorar la calidad del aire.
Se considera que el horizonte temporal del PNCCA es de 2020-2030 y es para ese horizonte para el que están diseñadas las medidas y las reducciones proyectadas, debido a que los objetivos de la Directiva de Techos también se establecen para el año 2030. No obstante, al PNCCA se le asigna el periodo 2019-2022 porque la Directiva establece la obligación de actualizar al menos, cada cuatro años, los programas nacionales. Por tanto, el Gobierno deberá presentar una actualización dentro de cuatro años o antes si es necesario o si así lo indican la información de los inventarios y las proyecciones de emisiones de estos contaminantes.
57 MEDIDAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD
La directiva marca un objetivo final de resultado en 2030. Con las medidas y políticas ya existentes se constató que el objetivo no se alcanzaría salvo que se implementaran medidas adicionales en todos los sectores contaminantes.
Con este objetivo, el PNCCA plantea un total de 57 medidas que están agrupadas por sectores de actividad en 8 paquetes sectoriales (mix energético, transporte, industria, eficiencia energética en industria manufacturera y en el sector residencial y comercial, generación y gestión de residuos, agricultura y ganadería) y 5 destinados a mejorar la situación a futuro de los compuestos orgánicos volátiles.
Así, por ejemplo, el paquete de medidas que incide sobre el mix energético tiene por objetivo principal la descarbonización, desnitrificación y desulfuración, con promoción de manera específica de tecnologías renovables y uso eficiente de la energía y, en segundo lugar, de seguridad de suministro del sector energético.
Por su parte, la descarbonización y la reducción de las emisiones contaminantes en el sector del transporte se lograrán mediante la reducción del consumo de combustible (por ejemplo, fomentando el cambio modal a modos más eficientes) y con la contribución de distintas tecnologías (principalmente los biocarburantes y la electricidad renovable). Asimismo, hay medidas encaminadas la reducción de depósito en vertedero, la fertilización eficiente y la reducción de las emisiones de amoníaco en el sector ganadero.
La combinación de las medidas del PNIEC y de esta primera fase del PNCCA permitirá reducir hasta 2030 el número de muertes prematuras vinculadas a la contaminación atmosférica entre un 17 y un 36% respecto del escenario tendencial.
La Directiva de Techos fijó compromisos nacionales para cada Estado miembro. Los porcentajes de reducción para España en 2030 (con respecto al año 2005) son de un 88% para el dióxido de azufre (SO2); un 62% para el óxido de nitrógeno, un 39% para compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), un 16% para el amoníaco (NH3) y un 50% para partículas finas (PM2,5).
Las medidas propuestas en el PNCCA permitirán alcanzar en 2020 los objetivos de reducción de todos los contaminantes y, para el año 2030, permitirán cumplir los objetivos de cuatro de los contaminantes (SO2, NOx, NH3 y PM2,5), con reducciones del 92% para el dióxido de azufre, 66% para los óxidos de nitrógeno, 21% para el amoníaco y 50% para las partículas finas. .
En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) no se alcanzaría el objetivo (la reducción se quedaría en el 30%) puesto que estas emisiones están mayoritariamente ligadas a factores de consumo doméstico (con una previsible tendencia creciente), por lo que harían falta medidas adicionales, algunas ya señaladas en el propio Programa.
El cumplimiento de la Directiva de Techos ayudará a cumplir también los valores límite de calidad del aire establecido en la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. No hay que olvidar que España tiene abiertos actualmente dos expedientes de infracción en materia de calidad del aire: uno por superaciones en los valores límite para partículas PM10 (en fase de dictamen motivado) y el otro por superaciones de dióxido de nitrógeno (NO2), ya en fase de remisión por parte de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Además de los perjuicios para la salud de los ciudadanos y de los ecosistemas, el hecho de no disponer de este programa para alcanzar los techos de emisión que establece la directiva comunitaria para 2020 y 2030 abriría la posibilidad de que la Comisión Europea iniciara procedimientos de infracción contra el Reino de España que, en su caso, podrían suponer multas millonarias.
Durante el proceso de elaboración del Programa se ha contado con la participación de otros departamentos ministeriales implicados en la ejecución de las medidas del mismo. También se han tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de los interesados y del público, a través de un proceso de participación pública.
Proyecto de Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental promueve la redacción de un nuevo real decreto que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero como consecuencia de la necesidad de ajustar la regulación nacional sobre vertederos a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, al haber sido ésta promulgada con posterioridad a la normativa española relativa al vertido de residuos, en concreto el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Responde de igual manera a la obligación de transponer la Directiva (UE) 2018/850, de 30 de mayo, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos al ordenamiento jurídico interno, de incorporar la jurisprudencia comunitaria en materia de vertido de residuos, en concreto la sentencia del año 2014 relativa al caso Malagrotta junto con la necesidad de impulsar el tránsito hacia una economía circular.
Este proyecto de real decreto supone la oportunidad de recoger la experiencia jurídica y técnica acumulada durante más de quince años en la gestión de los residuos mediante depósito en vertedero en nuestro país, avanzando en la corrección de las principales debilidades detectadas en el procedimiento de regulación, así como continuar con la mejora de los resultados de la política de gestión de residuos.
Concluido el pasado 31 de agosto de 2018 el período de consulta pública previa y tras el estudio de las aportaciones recibidas tanto de las Comunidades Autónomas y otras instituciones públicas, como de asociaciones empresariales y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, se ha elaborado el proyecto de real decreto, que se somete a información pública.
Las principales modificaciones introducidas en el presente proyecto de real decreto son las siguientes:
a) Reforzar la obligación de tratamiento previo de los residuos, especificando el alcance de lo que debe entenderse por tratamiento previo para el caso de los residuos municipales y establecer criterios que permitan valorar la eficiencia del tratamiento previo de los mismos, emplazándose a un posterior desarrollo mediante orden ministerial.
b) Incorporar, en el contexto del impulso al tránsito a la economía circular, los objetivos de reducción del vertido de residuos municipales que se establecen en la Directiva (UE) 2018/850.
c) Prever la elaboración de una relación de residuos que no se aceptarán en vertedero por tratarse de residuos aptos para el reciclado u otro tipo de valorización, compromiso que se plasmará en una orden ministerial antes del año 2023.
d) Incorporar la prohibición de diluir o mezclar residuos con la finalidad de cumplir con los criterios de admisión de residuos en vertedero. Dicha prohibición no fue transpuesta al RD 1481/2011, de 27 de diciembre, habiéndose detectado la existencia de este tipo de prácticas en los últimos años y resultando del todo necesario su pronta erradicación.
e) Exigir al productor de residuos la obligación de suministrar a la entidad explotadora del vertedero información adecuada sobre los residuos, así como sobre el tratamiento previo a que han sido sometidos.
f) Establecer las normas de cálculo de los objetivos de vertido, que comprende en un anexo específico tanto las reglas de cálculo como los mecanismos de control de la calidad y trazabilidad de los datos que han de emplearse para el cálculo de dichos objetivos.
g) Fijar adecuadamente el régimen de los costes de vertido, contabilizando la totalidad de los costes directos, indirectos y aquellos que se puedan producir en el dilatado periodo de tiempo postclausura. Dentro de los costes indirectos, se han contabilizado aquellos ligados a la emisión de gases de efecto invernadero procedentes de los vertederos y que se calcularán conforme a un anexo específico.
h) Establecer la utilización por parte de las administraciones competentes de los instrumentos económicos para incentivar la aplicación del principio de jerarquía de residuos y la promoción de la economía circular. Las cantidades que se recauden con cargo a dichos instrumentos económicos tendrán un carácter finalista.
i) Eliminar la posibilidad de devoluciones anticipadas de fianzas o garantías financieras con las que hacer frente a los costes de vigilancia y mantenimiento en el periodo postclausura.
j) Reforzar el régimen de las inspecciones periódicas de las instalaciones de vertido por parte de las autoridades competentes, detallando en un anexo específico el alcance y la periodicidad mínimos de las inspecciones.
El plazo para remitir sugerencias finalizará el 06 de octubre de 2019.
Fuente: www.miteco.gob.es
Proyecto de Real decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas avícolas
El Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne, es la normativa básica en vigor que establece los requisitos generales que tienen que cumplir las granjas de ganado avícola de carne, con el fin de orientar y encauzar la producción de manera ordenada y asegurando su adecuada gestión productiva y sanitaria. Así, este Real Decreto establece una serie de medidas de ordenación, únicamente para el sector avícola de carne, conforme a la normativa vigente en materia de higiene, sanidad animal, identificación y registro, bienestar de los animales y protección del medio ambiente.
Esta consulta pública (cuyo plazo se cerró el pasado día 26 de Septiembre), tiene el objetivo de recabar la opinión de los operadores del sector avícola, de las organizaciones más representativas del sector, así como de los ciudadanos en general.
A) PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA. El sector avícola es un sector que cuenta con dos vertientes productivas diferenciadas. Por un lado la dirigida a la producción de carne de aves, y por otro a la producción de huevos. Las granjas avícolas que se dedican a la producción de carne cuentan con una normativa de ordenación desde el año 2005, sin embargo las que se dedican a la producción de huevos (es decir, la avicultura de puesta) no está incluida en dicha normativa ni cuenta con una propia. Este sector avícola de puesta cuenta con un entramado normativo que en cierta manera ha contribuido a establecer una cierta ordenación del sector, pero que se basa en normativa dispersa y en ocasiones compleja. Por ello, resulta conveniente establecer una normativa básica de ordenación para el sector avícola de puesta. Dada la similitud de esta producción con la del sector avícola de carne, parece adecuado establecer un único marco normativo para ambas vertientes productivas o subsectores. Por otra parte, el marco normativo que regula las producciones ganaderas y, en general, la producción de alimentos de origen animal, ha cambiado radicalmente en estos años, en el ámbito de la sanidad animal, de la higiene y trazabilidad, y en el ámbito de la protección ambiental. Esta evolución normativa justifica, por tanto, la actualización de la normativa de ordenación para su adaptación al resto de normas que afectan a la producción avícola. Además, entre los retos más importantes a los que debe enfrentarse el sector durante los próximos años, destaca el establecimiento de nuevas obligaciones en materia de bioseguridad y sanidad animal y los nuevos compromisos en materia medioambiental, que hacen necesaria la adopción de medidas adicionales por parte de las granjas, y la normativa de ordenación es el lugar más apropiado para su regulación. En materia de bioseguridad y sanidad animal, resulta conveniente actualizar algunos de los requisitos incluidos en la normativa actual, además de añadir o reforzar algún otro con el fin de minimizar en la medida de lo posible los riesgos sanitarios de las granjas y por tanto la aparición y propagación de enfermedades animales. Así mismo, es importante establecer un régimen claro de responsabilidades en materia de bioseguridad y sanidad animal, incluir requisitos en materia de formación para el personal que trabaja con ganado avícola, así como mejorar las obligaciones de la normativa en vigor para el movimiento de animales, en materia de ubicación de granjas y distancias mínimas entre las granjas y otros establecimientos que puedan presentar un riesgo higio-sanitario. En materia medioambiental, cabe destacar las obligaciones que establece la Directiva (UE) 2016/2284, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, que fija compromisos de reducción de emisiones atmosféricas antropogénicas para los Estados miembros, entre los que tiene mucha importancia para el sector avícola los compromisos de reducción de emisiones de amoniaco, puesto que este sector es el responsable, aproximadamente, del 14% de las emisiones totales de amoniaco a la atmósfera en España. En este sentido, la normativa de ordenación sectorial es el marco apropiado para el establecimiento de una serie de medidas que permitan reducir las emisiones en las granjas, que permitan, a su vez, reducir las emisiones globales de amoniaco a la atmósfera.
B) NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA NORMA. La modificación del marco regulador que establece normas básicas de ordenación de la avícultura de carne, para incluir al sector avícola de puesta, actualizar los requisitos de la norma en vigor y para la incorporación de nuevas obligaciones, que permitan afrontar buena parte de los retos del sector de cara a los próximos años, justifican la necesidad de derogar el Real decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, sustituyéndolo por uno nuevo.
C) OBJETIVOS DE LA NORMA. Como se ha expuesto, la nueva norma responde a la necesidad de establecer una normativa básica de ordenación para el sector avícola de puesta, actualizar y ampliar buena parte de los requisitos de la normativa en vigor para el sector avícola de carne, y adaptarse a las necesidades de unos sectores que deben enfrentarse a una serie de retos durante los próximos años, especialmente en materia sanitaria y ambiental, que demandan la adopción de nuevos requisitos por parte de las granjas avícolas.
D) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS. Dada la entidad de las modificaciones que deben realizarse y en aras de facilitar su comprensión y aplicación, procede publicar un nuevo Real decreto, que sustituya y derogue el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre
Fuente: www.mapa.gob.es
La Comisión Europea ha adoptado una visiónn estratégica a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra para 2050- Un planeta limpio para todos.
La estrategia muestra cómo Europa puede liderar el camino hacia la neutralidad climática mediante la inversión en soluciones tecnológicas realistas, la capacitación de los ciudadanos y la armonización de la acción en ámbitos clave como la política industrial, la financiación o la investigación, garantizando al mismo tiempo la justicia social para una transición justa.
Maroš Šefčovič, vicepresidente responsable de la Unión de la Energía, ha declarado lo siguiente: «No podemos vivir de forma segura en un planeta cuyo clima está fuera de control. Pero eso no significa que para reducir las emisiones debamos sacrificar los medios de vida de los europeos. En los últimos años, hemos demostrado cómo reducir las emisiones, creando al mismo tiempo prosperidad, puestos de trabajo locales de alta calidad y mejorando la calidad de vida de las personas. Inevitablemente, Europa continuará su transformación. Nuestra estrategia muestra ahora que para 2050 es realista hacer de Europa un espacio a la vez climáticamente neutro y próspero, sin dejar de lado a ningún Europeo ni ninguna región.»
Miguel Arias Cañete, comisario responsable de Acción por el Clima y Energía, ha añadido: «La UE ya ha iniciado la modernización y la transformación hacia una economía climáticamente neutra. Y hoy intensificamos nuestros esfuerzos al proponer una estrategia para que Europa se convierta en la primera gran economía del mundo climáticamente neutra para 2050. Conseguirlo es necesario, posible y redunda en el interés de Europa. Es necesario cumplir los objetivos de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París. Esto es posible con las tecnologías actuales y con las que van a desplegarse próximamente. A Europa le interesa frenar el gasto en importaciones de combustibles fósiles e invertir en mejoras significativas para el día a día de todos los europeos. Ningún europeo, ninguna región debe quedarse atrás. La UE prestará su apoyo a los más afectados por esta transición, a fin de que todos estén preparados para adaptarse a los nuevos requisitos de una economía climáticamente neutra.»
Violeta Bulc, comisaria responsable de Transportes, ha señalado lo siguiente: «Todos los modos de transporte deben contribuir a la descarbonización de nuestro sistema de movilidad. El objetivo es alcanzar un nivel neto de cero emisiones para 2050. Esto requiere un enfoque sistémico con vehículos de emisiones bajas y nulas, un fuerte aumento de la capacidad de la red ferroviaria y una organización más eficiente del sistema de transporte, basado en la digitalización; incentivos para los cambios de comportamiento; combustibles alternativos e infraestructuras inteligentes; y compromisos globales. Todo ello impulsado por la innovación y las inversiones.»
A raíz de la invitación formulada por el Consejo Europeo de marzo de 2018, la visión de la Comisión para un futuro climáticamente neutro abarca prácticamente todas las políticas de la UE y está en consonancia con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de 2°C, y de proseguir los esfuerzos para mantenerlo en 1,5°C. Para la UE, conducir al mundo hacia la neutralidad climática significa alcanzar dicho objetivo a más tardar en 2050.
La finalidad de esta estrategia a largo plazo no es fijar objetivos, sino en crear una visión y una dirección adecuada, trazar un plan para ello, e inspirar y permitir a las partes interesadas, investigadores, empresarios y ciudadanos por igual desarrollar nuevas e innovadoras industrias, empresas y empleos asociados. Nuestros ciudadanos nos han dado un mandato sólido: según el último Eurobarómetro especial (noviembre de 2018), el 93 % de los europeos cree que el cambio climático está causado por la actividad humana y el 85 % está de acuerdo en que la lucha contra el cambio climático y un uso más eficiente de la energía pueden crear crecimiento económico y puestos de trabajo en Europa. Con la estrategia que hoy presentamos, la UE puede informar a los demás acerca de cómo podemos conseguir colectivamente un planeta limpio y demostrar que transformar nuestra economía es posible y beneficioso.
La estrategia a largo plazo analiza el abanico de opciones disponibles para los Estados miembros, las empresas y los ciudadanos y cómo estas pueden contribuir a la modernización de nuestra economía y mejorar la calidad de vida de los europeos. Pretende garantizar que esta transición sea socialmente justa y refuerza la competitividad de la economía y la industria de la UE en los mercados mundiales, garantizando empleos de alta calidad y un crecimiento sostenible en Europa, permitiendo simultáneamente ayudar a resolver otros retos medioambientales, como la calidad del aire o la pérdida de biodiversidad.
El camino hacia una economía climáticamente neutra exigirá una acción conjunta en siete ámbitos estratégicos: eficiencia energética; despliegue de energías renovables; movilidad limpia, segura y conectada; industria competitiva y economía circular; infraestructuras e interconexiones; bioeconomía y sumideros naturales de carbono; captura y almacenamiento de carbono para hacer frente a las emisiones restantes. La prosecución de todas estas prioridades estratégicas contribuirá a hacer realidad nuestra visión.
La Comisión Europea invita al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social a considerar la visión de la UE para una Europa climáticamente neutra para 2050. A fin de preparar a los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE para configurar el futuro de Europa en el Consejo Europeo de 9 de mayo de 2019 en Sibiu, los ministros de todas las formaciones pertinentes del Consejo deben celebrar amplios debates políticos sobre la contribución de sus respectivos ámbitos políticos a la visión global.
La estrategia a largo plazo es una invitación a la participación de todas las instituciones de la UE, de los parlamentos nacionales, del sector empresarial, de las organizaciones no gubernamentales, de las ciudades y de las comunidades, así como de los ciudadanos, y especialmente de los jóvenes, en la tarea de garantizar que la UE pueda seguir mostrando liderazgo e inspirar a otros socios internacionales a hacer lo mismo. Este debate con conocimiento de causa a escala de la UE deberá permitir a la UE adoptar y presentar a la CMNUCC una estrategia ambiciosa a más tardar a principios de 2020, tal como se solicitó en el Acuerdo de París.
Los Estados miembros presentarán a la Comisión Europea, a más tardar a finales de 2018, sus proyectos de planes nacionales en materia de clima y energía, que son fundamentales para la consecución de los objetivos climáticos y energéticos para 2030 y que deben orientarse al futuro y tener en cuenta la estrategia a largo plazo de la UE. Además, un número creciente de regiones, municipios y asociaciones empresariales están elaborando sus propias visiones para 2050, lo cual enriquecerá el debate y contribuirá a definir la respuesta de Europa al desafío mundial del cambio climático.
A nivel internacional, a lo largo del año próximo, la UE debe expandir su cooperación con sus socios internacionales, a fin de que todas las Partes del Acuerdo de París elaboren y presenten a más tardar en 2020 una estrategia nacional a largo plazo para mediados de siglo, a la luz del reciente informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático sobre 1,5 ̊ºC.
Más coches menos contaminantes en las carreteras de la UE en 2030
El Parlamento Europeo quiere una reducción del 40% de las emisiones de CO2 de los vehículos nuevos para 2030 y un aumento de la cuota de mercado de los coches más limpios.
La propuesta de ley aprobada el pasado Miércoles, 3 de octubre por la Cámara, plantea un recorte de las emisiones de los turismos nuevos del 40% para 2030 (frente al 30% que proponía la Comisión, en relación al nivel de 2021), con un objetivo intermedio de reducción del 20% en 2025. El texto fija además cifras similares para los vehículos comerciales ligeros.
Los fabricantes que superen los porcentajes establecidos deberán pagar una multa que la UE invertirá en formar a los trabajadores del sector afectados por los cambios ligados a la transición ecológica.
Asimismo, las compañías estarán obligadas a garantizar que los vehículos menos contaminantes -los eléctricos y aquellos que emiten menos de 50g de CO2 por kilómetro- suponen un 35% de los coches y furgonetas nuevos en 2030 (un 20% en 2025).
Medición de las emisiones reales de CO2 en 2023
Los eurodiputados instan a la Comisión Europea a proponer, en un plazo de dos años, un mecanismo para medición de las emisiones de CO2 en condiciones reales de conducción, mediante un dispositivo portátil, similar al introducido recientemente para controlar la cantidad de óxido de nitrógeno (NOx).
Hasta entonces, las emisiones de CO2 deberán estimarse a partir de los datos de consumo de combustible de los vehículos.
El impacto social de la descarbonización
Los eurodiputados alertan de las posibles consecuencias sociales negativas de la reconversión ecológica en el sector de la automoción y abogan por promover, sobre todo en las regiones más perjudicadas, la formación y recolocación de los trabajadores afectados. También piden apoyo para la fabricación dentro de la UE de baterías eléctricas.
Etiquetado e información al consumidor
La Comisión Europea debe proponer, antes de que termine el 2019, una legislación que permita a los consumidores conocer claramente las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO2 y otros gases contaminantes de los vehículos nuevos.
Desde 2025, los fabricantes deberán informar a la Comisión sobre las emisiones de CO2 a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos comercializados a partir de esa fecha en base a una metodología común.
El informe fue apoyado por 389 eurodiputados, 239 votaron en contra y 41 se abstuvieron. Los ministros de los Estados miembros tienen previsto adoptar una posición común respecto a este asunto el próximo 9 de octubre. Las negociaciones con el PE para llegar a un acuerdo en primera lectura comenzarán un día después.
El transporte es el único gran sector en la UE cuyas emisiones de efecto invernadero siguen creciendo, subrayan los eurodiputados. Para cumplir los compromisos asumidos por la UE en el marco del acuerdo de Paris en 2015 y avanzar hacia un nivel de emisiones cero a mitad de siglo, el sector debe acelerar su reconversión.
En paralelo, el mercado de los automóviles se está transformando a gran velocidad, sobre todo con innovaciones en sistemas de propulsión eléctricos. Si los fabricantes europeos inician tarde el proceso de transición, corren el riesgo de perder su posición de liderazgo, señala el Parlamento.
Europa en movimiento: la Comisión europea completa su programa de movilidad segura, limpia y conectada
La Comisión Juncker emprende la tercera y última fase de sus acciones para modernizar el sistema europeo de transportes.
En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre de 2017, el presidente Juncker estableció el objetivo para la UE y sus industrias de convertirse en un líder mundial en el ámbito de la innovación, la digitalización y la descarbonización. Sobre la base de las anteriores ediciones de «Europa en movimiento» de mayo y noviembre de 2017, la Comisión Juncker propone hoy una serie de medidas corrrespondientes a la tercera y última fase a fin de que esto se convierta en una realidad en el ámbito de la movilidad. El objetivo es permitir que todos los europeos se beneficien de un tráfico más seguro, de vehículos menos contaminantes y de soluciones tecnológicas más avanzadas, al tiempo que se respalda la competitividad de la industria de la UE. A estos efectos, las iniciativas de hoy incluyen una política integrada para el futuro de la seguridad vial, con medidas de seguridad para los vehículos y las infraestructuras; las primeras normas de emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados; un plan estratégico de acción para el desarrollo y la fabricación de baterías en Europa y una estrategia prospectiva sobre la movilidad conectada y automatizada. Con esta tercera edición de «Europa en movimiento», la Comisión está a punto de ultimar su ambicioso programa de modernización de la movilidad.
Maroš Šefčovič, vicepresidente y responsable de la Unión de la Energía, ha señalado:«La movilidad está cruzando una nueva frontera tecnológica. Mediante este conjunto definitivo de propuestas en el marco de la Unión de la Energía, ayudaremos a nuestra industria a mantenerse en la cresta de la ola. Mediante la producción a escala de soluciones técnicas, incluidas las baterías sostenibles, y desarrollando las infraestructuras clave, nos aproximaremos también a la consecución del triple cero: emisiones, congestión y accidentes».
Miguel Arias Cañete, comisario responsable de Acción por el Clima y Energía, ha añadido: «Todos los sectores deben contribuir a la consecución de nuestros compromisos climáticos asumidos en el marco del Acuerdo de París. Por eso, por primera vez en la historia, proponemos normas de la UE para incrementar la eficiencia del consumo de combustible y reducir las emisiones de los vehículos pesados nuevos. Estas normas representan una oportunidad para que la industria europea consolide su actual liderazgo en tecnologías innovadoras».
Violeta Bulc, comisaria responsable de Transportes, ha dicho: «El año pasado, la Comisión introdujo iniciativas para abordar los retos del presente y allanar el camino para la movilidad del futuro. Las medidas que se presentan hoy constituyen un definitivo e importante impulso para que los europeos puedan beneficiarse de un transporte seguro, limpio e inteligente. Invito a los Estados miembros y al Parlamento a que estén a la altura de estas ambiciones.
Elżbieta Bieńkowska, comisaria responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha afirmado: «El 90 % de los accidentes de carretera se deben a un error humano.Las nuevas medidas de seguridad obligatorias que proponemos hoy reducirán el número de accidentes y allanarán el camino hacia un futuro sin conductores, con una conducción conectada y automatizada».
Con las iniciativas de hoy, la Comisión pretende garantizar una transición fluida a un sistema de movilidad seguro, limpio, conectado y automatizado. Con estas medidas, la Comisión está configurando asimismo un entorno en el que las empresas de la UE puedan fabricar los productos mejores, más limpios y más competitivos.
Aunque la mortalidad en carretera ha descendido en más de la mitad desde 2001,en 2017 todavía 25 300 personas perdieron la vida en las carreteras de la UE y otras 135 000 resultaron gravemente heridas. Por ello, la Comisión está tomando medidas con un fuerte valor añadido para contribuir a la seguridad de las carreteras y a una Europa que protege a sus ciudadanos. La Comisión propone que los nuevos modelos de vehículos estén equipados con funciones de seguridad avanzadas, como unos sistemas avanzados de frenado de emergencia y asistencia al mantenimiento en el carril para los coches o detección de peatones y ciclistas para los camiones (véase aquí la lista completa). Además, la Comisión está ayudando a los Estados miembros a identificar sistemáticamente los tramos de carretera peligrosos y a orientar mejor las inversiones. Estas dos medidas podrían salvar hasta 10 500 vidas y evitar cerca de 60 000 heridos graves entre 2020 y 2030, contribuyendo así al objetivo a largo plazo de la UE de acercarse a cero víctimas mortales y heridos graves de aquí al 2050 («visión cero»).
La Comisión, mediante la introducción de las primeras normas de la historia sobre emisiones de CO2 aplicables a los vehículos pesados, completa su programa en pos de un sistema de movilidad con bajas emisiones. En 2025, las emisiones medias de CO2 de los camiones nuevos tendrán que ser un 15 % más bajas que en 2019. Para 2030, se propone un objetivo de reducción indicativo de, como mínimo, un 30 % con respecto a 2019. Estos objetivos son coherentes con los compromisos contraídos por la UE en el marco del Acuerdo de París y permitirán a los transportistas (en su mayoría pymes) obtener un ahorro significativo gracias a la reducción en el consumo de combustible (25 000 euros en cinco años). A fin de permitir nuevas reducciones de las emisiones de CO2, la Comisión está facilitando un diseño más aerodinámico de los camiones y mejorando el etiquetado de los neumáticos. Además, la Comisión presenta un plan de acción integral para las baterías que contribuirá a crear en Europa un «ecosistema» de baterías competitivo y sostenible.
Movilidad conectada y automatizada
Los automóviles y otros vehículos están equipados con un número creciente de sistemas de asistencia a la conducción, y los vehículos totalmente autónomos están justo a la vuelta de la esquina. Hoy, la Comisión propone una estrategia cuyo objetivo es convertir a Europa en el líder mundial de los sistemas de movilidad conectada y automatizada. La estrategia contempla un nuevo nivel de cooperación entre los usuarios de la carretera, que podría aportar enormes beneficios para el sistema de movilidad en su conjunto. El transporte será más seguro, más limpio, más asequible y más accesible para las personas de edad avanzada y las personas con movilidad reducida. Además, la Comisión propone crear un entorno plenamente digital para el intercambio de información en el sector del transporte de mercancías. Esto reducirá la carga administrativa y facilitará los flujos de información digital para operaciones logísticas.
El tercer paquete de movilidad responde a la nueva estrategia de política industrial de septiembre de 2017 y completa el proceso iniciado con la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones de 2016 y los anteriores paquetes de Europa en movimiento de mayo y noviembre de 2017. Todas estas iniciativas forman un solo conjunto coherente de políticas que abordan las múltiples e interrelacionadas facetas de nuestro sistema de movilidad. El paquete de hoy incluye:
Una Comunicación en la que se esboza un nuevo marco para la política de seguridad vial en el período 2020-2030. Está acompañada de dos iniciativas legislativas sobre seguridad de los peatones y los vehículos y sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras.
Una Comunicación específica sobre Movilidad conectada y automatizada para hacer de Europa un líder mundial de los sistemas de movilidad autónomos y seguros.
Iniciativas legislativas sobre normas en materia de CO2 para los camiones, sobre su aerodinámica, sobre el etiquetado de los neumáticos y sobre una metodología común para la comparación del precio del combustible. Estas iniciativas están acompañadas de un Plan de Acción para las baterías.Estas medidas reafirman el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte y se ajustan a los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París.
Dos iniciativas legislativas que crean un entorno digital para el intercambio de información en el sector del transporte.
Una iniciativa legislativa que racionaliza los procedimientos para adoptar proyectos clave de la red transeuropea de transporte (RTE-T).
El Tribunal de Cuentas insta a la Unión Europea a una actuación eficaz en el ámbito de la energía para luchar contra el cambio climático
​ Según el nuevo análisis panorámico sobre la acción de la UE en materia de energía y cambio climático publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo, en la lucha contra el cambio climático es esencial una actuación eficaz en el ámbito de la energía. El suministro y consumo de energía representa el 79 % de las emisiones de gas de efecto invernadero de la UE, según los auditores y, aunque los esfuerzos por reducirlas sean fructíferos, es necesario adaptarse al cambio climático. El clima de Europa será muy diferente del actual al final de siglo, aun suponiendo que el aumento medio de la temperatura no llegue a ser superior a los 2 °C según lo previsto en el Acuerdo de París de 2015.
En el análisis panorámico se ofrece una visión general de las medidas adoptadas por la UE, se sintetiza el trabajo clave de auditoría llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas Europeo y por las entidades fiscalizadoras superiores de la UE, y se identifican las principales dificultades para contribuir al debate legislativo y al futuro trabajo de auditoría.
Los auditores afirman que la energía y el cambio climático están estrechamente ligados, ya que la producción de energía procedente de combustibles fósiles y el consumo de energía por el transporte, la industria, los hogares y la agricultura representan conjuntamente el 79 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Muchos de estos aspectos se abordarán mejor si los Estados miembros trabajan juntos y si se les otorga un lugar prioritario en la agenda política de la UE.
«Es necesario que la UE reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y se adapte al cambio climático. Las previsiones actuales muestran que hay que avanzar más para cumplir las metas de 2030 y los objetivos de 2050 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para la UE y los Estados miembros también supondrá un gran reto anticipar y planificar correctamente la adaptación, y así sea menos necesario actuar tarde, en respuesta a acontecimientos, con el consiguiente coste adicional» manifestó Phil Wynn Owen, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de este análisis.
Los auditores consideran que, en el ámbito de la energía, un aspecto importante de la acción de la UE es la implantación de un mercado interior de la energía para permitir la libre circulación del gas y la electricidad y su comercialización sin fronteras en todo el territorio de la UE. La finalidad del mercado interior de la energía es lograr los objetivos de política energética de la UE de proporcionar una energía asequible, con precios competitivos, medioambientalmente sostenible y segura, de manera rentable. Pese a los notables progresos logrados en algunas regiones de la UE, todavía no se ha conseguido un mercado interior de la energía.
La mayor parte de la acción de la UE para el cambio climático está orientada a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, de hecho, se han fijado objetivos para su reducción en un 20 % y un 40 % respectivamente para 2020 y 2030. Para 2050, su intención es reducir las emisiones de la UE entre un 80 % y un 95 % con respecto a los niveles de 1990. Los enfoques aplicados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero varían mucho en función de los sectores. Con su régimen de comercio de derechos de emisión, la UE ha impuesto un límite a las emisiones totales de algunos sectores de abastecimiento de energía, industrias de gran consumo de energía y vuelos internos del EEE, además de crear un mercado de derechos de emisión que ha permitido «poner precio» a las emisiones de carbono, mientras que, en otros ámbitos, el enfoque ha consistido en reducir las emisiones mediante objetivos de reducción para cada Estado miembro.
Según los auditores, el logro de estos objetivos y metas de reducción de emisiones en 2030 y 2050 requerirá importantes esfuerzos adicionales, además de la contribución de todos los sectores económicos. Para alcanzar las metas de 2030, en los próximos diez años habrá que incrementar en un 50 % las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el cambio más decisivo tendrá que producirse después de 2030, pues, a partir de esa fecha, si se quiere lograr el objetivo de 2050, el ritmo de reducción de emisiones deberá triplicar o cuadriplicar los niveles históricos.
La estrategia de adaptación de 2013 insta a los Estados miembros a adoptar medidas pero no impone la obligación.
Se han consultado 269 informes de auditoría de la UE y de los Estados miembros. En el ámbito de la energía, pese al crecimiento de la producción de energías renovables y al descenso general de sus costes, en las auditorías se han detectado escasa rentabilidad y obstáculos a las inversiones. Se han identificado periódicamente problemas de rentabilidad en las auditorías sobre eficiencia energética. En el campo de la energía nuclear, las auditorías han constatado incrementos de los precios y retrasos significativos, y también han mostrado que la transición hacia modos de transporte con bajas emisiones de carbono no avanza lo suficiente. En el ámbito de la adaptación al cambio climático, las auditorías se han centrado principalmente en las inundaciones y los auditores han observado problemas en la prevención, la protección y la respuesta.
El trabajo de auditoría ha sido limitado en algunos ámbitos clave, tales como la adaptación al cambio climático, los inventarios de gases de efecto invernadero nacionales y de la UE, las emisiones del transporte por carretera, y las emisiones de la agricultura.
En el análisis panorámico se identifican siete desafíos principales: gobernanza de la energía y el cambio climático, políticas con base empírica, transición energética, uso eficaz de la investigación y la innovación, planificación y tratamiento de la adaptación, y participación de los ciudadanos de la UE.
Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo
Nuevas normas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2
Para 2030 las emisiones deberán compensarse con la absorción de CO2
A partir de 2030, la absorción de CO2 deberá superar a las emisiones
El Parlamento Europeo apoyó el miércoles, 13 de Septiembre, nuevas reglas para impulsar el papel de los bosques y la agricultura en la absorción de CO2, lo que contribuirá a reducir las emisiones contaminantes y combatir el calentamiento.
Los eurodiputados respaldaron el proyecto legislativo por el que Estados miembros tendrán que asegurar el equilibrio entre las emisiones de CO2 y la absorción mediante los bosques, las zonas de pasto y de cultivo.
El Parlamento incluyó, además, provisiones para que a partir de 2030, los países tengan que alcanzar un ratio de absorción de CO2 superior al de emisiones, en línea con los compromisos adquiridos por la UE en el marco del acuerdo de París sobre clima.
Créditos por la reducción de CO2
Si la absorción de CO2 es superior a las emisiones por el uso de la tierra durante los primeros cinco años, los países podrán acumular esos créditos y usarlos más adelante, para lograr alcanzar sus objetivos en el siguiente periodo de cinco años. Los Estados miembros también podrán utilizar esos créditos para cumplir sus objetivos dentro del Reglamento sobre reducción de emisiones.
Los productos madereros aprovechados, como el material de construcción y el mobiliario, también contribuyen a reducir el CO2, dado que almacenan el carbono absorbido por los árboles durante su crecimiento. Incluir estos productos en la contabilidad, incentivará a los países a desarrollar el uso de la madera aprovechada (para fines distintos al energético). El límite al uso de créditos por gestión forestal aumentará del 3,5% (como proponía la Comisión) al 7% para permitir contabilizar créditos adicionales de esta categoría.
Los países tendrán que informar sobres sus emisiones anualmente, con el objetivo de equilibrar las emisiones y la absorción en dos periodos consecutivos de cinco años cada uno (2021-2025 y 2026-2030). Si un Estado miembro no alcanza sus objetivos en ninguno de los periodos, el déficit será descontado de su asignación en el marco del Reglamento sobre reducción de emisiones.
El proyecto salió adelante con 532 votos favorables, 144 en contra y 20 abstenciones. El pleno devolvió el texto a la comisión de Medio Ambiente, para que los negociadores del Parlamento puedan comenzar las conversaciones con el Consejo de Ministros, con vistas a alcanzar un acuerdo en primera lectura, una vez que los ministros hayan fijado su propia posición negociadora.
Los umbrales para cada Estado miembro se establecerán sobre la base de su “nivel de referencia forestal” -una estimación de la media anual de emisiones o absorciones netas derivadas de las tierras forestales gestionadas en el territorio del país. Según los eurodiputados, deberá basarse en las prácticas entre 2000 y 2012, un periodo más reciente que el propuesto por la Comisión (1990-2009).
Las emisiones que las autoridades no pueden controlar, como las derivadas de fuegos, podrán excluirse, pero con límites, para no crear una laguna legislativa.
Los bosques de la UE absorben el equivalente a casi el 10% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del bloque.
Esta propuesta legislativa, que es parte del paquete climático presentado por la Comisión en julio de 2016, propone integrar las emisiones y la absorción por el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030.
España ratifica el Acuerdo de París
La Embajada de España ante Naciones Unidas depositó, el pasado 12 de Enero, el instrumento de ratificación del Acuerdo, convirtiéndose nuestro país en Parte de pleno derecho del mayor acuerdo internacional sobre el cambio climático nunca alcanzado
El Acuerdo recoge 190 Planes Nacionales de lucha contra el cambio climático, que cubren el 99% de las emisiones de gases de efecto invernadero
España depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo de París ante Naciones Unidas, en Nueva York, convirtiéndose nuestro país en Parte de pleno derecho del mayor acuerdo internacional en la lucha contra el cambio climático nunca alcanzado.
Tras depositar la Embajada española ante Naciones Unidas este instrumento de ratificación, son ya 125 las Partes que ya lo han depositado, dando una señal inequívoca sobre la necesaria transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono que no tiene marcha atrás.
El 12 de diciembre de 2015, la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, celebrada en la capital francesa, alcanzó el Acuerdo de París, un hito histórico en la lucha contra el cambio climático y un éxito de la comunidad internacional porque, por primera vez, consigue una participación universal de todos los países. Recoge 190 Planes Nacionales de lucha contra el cambio climático, que cubren el 99% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El texto del Acuerdo, compuesto por 29 artículos, tiene por objetivo lograr que el aumento de la temperatura media global del planeta quede muy por debajo de los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, e intenta lograr además esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC.
Recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en el mundo e incluye los elementos necesarios para alcanzar dicho objetivo.
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
La protección del secreto comercial e industrial no puede invocarse frente a la divulgación de la información medioambiental
C uando una persona solicita al acceso a documentos en materia medioambiental, el concepto de «información sobre emisiones en el medio ambiente» incluye, en particular, la información referente a la naturaleza y a las repercusiones de las liberaciones de un pesticida en el aire, el agua, el suelo o las plantas
El Tribunal de Justicia ha conocido de dos asuntos que, aunque diferentes en cuanto a los hechos, se refieren en esencia al derecho de acceso a los documentos en materia medioambiental.
En el asunto C-673/13 P, las asociaciones Stichting Greenpeace Nederland y Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), basándose en un reglamento de la Unión, presentaron ante la Comisión una solicitud de acceso a varios documentos relativos a la primera autorización de comercialización del glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en el mundo para eliminar hierbas en el ámbito agrícola y para el mantenimiento de espacios urbanos e industriales. La Comisión concedió el acceso a estos documentos, con excepción de una parte del proyecto de informe de evaluación elaborado por Alemania. La Comisión motivó su denegación indicando que el documento en cuestión contenía información confidencial sobre los derechos de propiedad intelectual de los solicitantes de la autorización del glifosato, a saber, en particular, la composición química detallada de esta sustancia y su proceso de fabricación, así como las impurezas y la composición de los productos acabados.
Las dos asociaciones presentaron ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de anulación contra esta decisión de denegación de la Comisión. Mediante sentencia de 8 de octubre de 2013, 2 el Tribunal General estimó este recurso. Según el Tribunal General, determinadas partes del documento controvertido 3 contenían información referente a emisiones en el medio ambiente. Por tanto, la Comisión debería haber dado a las asociaciones acceso a estas partes, sin poder invocar la protección de la confidencialidad de la información comercial o industrial. No conforme con esta sentencia, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia su anulación.
En el asunto C-442/14, Bijenstichting, una asociación neerlandesa para la protección de las abejas, solicitó a la autoridad neerlandesa competente para la autorización de comercialización de productos fitosanitarios y biocidas (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, CTB) la divulgación de 84 documentos relativos a las autorizaciones de comercialización de determinados productos fitosanitarios y biocidas concedidas por esta autoridad. La sociedad Bayer, titular de un gran número de estas autorizaciones, se opuso a esta divulgación, alegado que vulneraría el derecho de autor y la confidencialidad de la información comercial o industrial.
En 2013, el CTB autorizó la divulgación de 35 de los 84 documentos solicitados, por considerar que contenían información sobre emisiones en el medio ambiente, 4 y ello, aunque esta divulgación pueda ir en perjuicio de la protección de la confidencialidad de la información comercial o industrial. En efecto, en virtud de una directiva de la Unión, 5 la protección del secreto comercial e industrial no puede invocarse frente a la divulgación de tal información.
Tanto Bijenstichting como Bayer impugnaron la resolución del CTB ante los tribunales neerlandeses. Éstos plantearon al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales dirigidas, en particular, a que se determinara si la información solicitada por Bijenstichting estaba comprendida dentro del concepto de «información sobre emisiones en el medio ambiente» en el sentido de la Directiva, de manera que deberían divulgarse sin que Bayer pudiera oponerse a ello alegando que esta divulgación podría afectar negativamente a la confidencialidad de información comercial o industrial.
Mediante sus sentencias el Tribunal de Justicia precisa lo que ha de entenderse por «emisiones en el medio ambiente» y por «información sobre [o referente a] emisiones en el medio ambiente» 6 en el sentido del Reglamento aplicable en el asunto C-673/13 P y de la Directiva aplicable en el asunto C-442/14.
En estas dos sentencias, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar que el concepto de «emisiones en el medio ambiente» incluye, en particular, la liberación en el medio ambiente de productos o sustancias, como los productos fitosanitarios o biocidas o las sustancias activas contenidas en estos productos, siempre que esta liberación sea efectiva o previsible en condiciones normales o realistas de utilización del producto o sustancia.
Así, en particular, este concepto no se distingue de los conceptos de «liberación» y de «vertido» ni se limita a las emisiones procedentes de instalaciones industriales (como fábricas y centrales), sino que incluye también las emisiones resultantes de la pulverización de un producto, como un producto fitosanitario o biocida, en el aire o de su aplicación en las plantas, en el agua o en el suelo. En efecto, tales limitaciones serían contrarias al objetivo perseguido por el Reglamento y por la Directiva de que la divulgación de la información medioambiental sea lo más amplia posible.
El Tribunal de Justicia confirma igualmente que entra dentro del ámbito del Reglamento y de la Directiva no sólo la información referente a emisiones efectivas, es decir, las emisiones que son efectivamente liberadas en el medio ambiente durante la aplicación del producto fitosanitario o biocida en las plantes o en el suelo, sino también la información referente a las emisiones previsibles de este producto en el medio ambiente. El Tribunal de Justicia precisa, en cambio, que está excluida del concepto de información sobre emisiones en el medio ambiente la información referente a emisiones meramente hipotéticas, como, por ejemplo, datos extraídos de ensayos cuyo objetivo sea estudiar los efectos de la utilización de una dosis del producto netamente superior a la dosis máxima para la que se concedió la autorización de comercialización y que será utilizada en la práctica.
El Tribunal de Justicia precisa además que el concepto de «información referente a / sobre emisiones en el medio ambiente» debe interpretarse en el sentido de que incluye no sólo la información sobre las emisiones como tales (es decir, las indicaciones relativas a la naturaleza, la composición, la cantidad, la fecha y el lugar de estas emisiones), sino también la información que permita al público controlar si es correcta la evaluación de las emisiones efectivas o previsibles, sobre la base de la cual la autoridad competente autorizó el producto o sustancia en cuestión, así como los datos relativos a las repercusiones a más o menos largo plazo de las emisiones en el medio ambiente. En particular, está comprendida en este concepto la información relativa a los residuos presentes en el medio ambiente después de la utilización del producto en cuestión y los estudios sobre la medición de la pérdida de la sustancia durante esta utilización, independientemente de que estos datos provengan de estudios realizados total o parcialmente sobre el terreno, de estudios de laboratorio o de estudios de translocación.
En el asunto C-673/13 P, el Tribunal de Justicia anuló no obstante la sentencia del Tribunal General, en la medida en que éste consideró que basta con que una información se refiera «de modo suficientemente directo» a emisiones al medio ambiente para estar comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento. El Tribunal de Justicia recuerda, en efecto, que este Reglamento alude a la información que «se refiera a emisiones al medio ambiente», es decir, aquella que concierna o tenga relación con tales emisiones, y no a la información que presenta cualquier vínculo, directo o indirecto, con las emisiones en el medio ambiente. El Tribunal de Justicia devuelve pues el asunto al Tribunal General para que éste compruebe si la información controvertida se refiere efectivamente a emisiones en el medio ambiente y, en su caso, se pronuncie sobre las alegaciones de las partes que no examinó en el marco de su sentencia.
Fuente: wwwcuria.europa.eu
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References: Real Decreto 
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