Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-extradicion-pasiva-176008
Timestamp: 2019-12-12 21:49:12+00:00

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Ley de Extradición Pasiva (Ley 4/1985, de 21 de marzo) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 176008
Publicado en: BOE Num. 73 (1985)
Norma citada en: 804 sentencias, 66 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas, un tema práctico, 15 resoluciones administrativas, 64 noticias
El régimen de extradición pasiva, especialmente en cuanto al procedimiento que ha de seguirse para su concesión; ha venido regulado por Ley de 26 de diciembre de 1958.
En el primero, la Constitución Española extrema las garantías y formalidades a seguir para el respeto de derecho tan fundamental como la libertad de las personas, que por su propia esencia, en todo caso, queda bajo el control de la autoridad judicial, y, lógicamente, también cuando el reclamado de extradición ha de ser privado de aquella como medida precautoria que garantice la entrega al País reclamante, si tal extradición fuera acordada.
Por otra parte, la ratificación por España de varios convenios europeos sobre la materia- Represión del terrorismo, en 9 de mayo de 1980; el de asistencia judicial en materia penal, en 14 de julio de 1982, y, especialmente, el de extradición, de 21 de Abril de 1982 hace indispensable una revisión a fondo de nuestra Ley interna para suprimir obsoletos criterios y recoger aquellos otros que la técnica internacional ha perfeccionado a través del tiempo hasta ser aceptados por la Generalidad de los países.
En materia tan fundamental como la prisión preventiva se sigue íntegramente el criterio constitucional de dar intervención al juez desde un principio, suprimiendo, en consecuencia, el régimen antiguo que permitía la detención sin intervención judicial, hasta la resolución del expediente en vía gubernativa. Su duración se acomoda al criterio de los nuevos convenios europeos, no solo por unificar criterios sobre la materia, sino porque, al propio tiempo, se suprimen plazos intermedios que podían inducir, y con frecuencia han inducido, a confusión.
El plazo de prisión preventiva para casos de urgencia se fija en cuarenta días, tiempo ya consagrado en reciente práctica judicial y que se estima suficiente para que el Estado reclamante curse la demanda de extradición, habida cuenta que esta debe formularse en base a la misma sentencia condenatoria o auto de prisión que justifica aquella medida provisional.
A este plazo sigue otro de cuarenta días, a partir de la presentación formal de la demanda, lo que supone un total máximo de ochenta días, que, Unido al tiempo que exija la tramitación en fase puramente judicial, no debe sobrepasar, en ningún caso, por respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho fundamental a la libertad que a toda persona alcanza los límites máximo señalados en nuestro derecho para la prisión provisional.
En cuanto a los hechos que puedan dar lugar a la extradición, se sigue el sistema de identidad normativa o doble incriminación junto al de apertura en los tipos. Basta, pues, que la infracción este tipificada en la legislación de ambos países, sin que, en consecuencia, deba estar incluida en la la lista cerrada; sistema este olvidado en la actualidad, aunque continúe imperando en viejos convenios bilaterales del pasado siglo.
Novedad importante en esta materia es la fijación de un límite mínimo a la gravedad del hecho, determinada por la pena aplicable- Un año - o aplicada en sentencia condenatoria- cuatro meses -. Se sigue así la orientación marcada por el convenio Europeo; ya que este comprende, además de las penas, las medidas de Seguridad privativas de libertad de la misma duración.
Se establece la facultad del Gobierno de no proceder a la extradición, aún habiéndola considerado procedente el Tribunal en base al principio de reciprocidad, soberanía, Seguridad, Orden público y demás intereses de España.
Con ello se siguen los sistemas Francés e italiano en los que la decisión favorable a la extradición no es obligatoria, si bien se precisan los criterios de esta última decisión del Gobierno tal y como establece la legislación Suiza.
Ello es lógico, y en ningún caso Implicará incumplimiento de resoluciones judiciales, habida cuenta del distinto Campo y finalidad en que actúan y persiguen los tribunales y el Gobierno; técnico y sobre todo tutelar del derecho a la libertad los primeros y políticos esencialmente el segundo.
Otra cosa seria que, denegada la extradición por el Tribunal, pudiera el Gobierno decretar la entrega.
Se mantienen las dos fases del procedimiento extradicional, incluso los trámites para casos de urgencia, debidamente acomodados a las facultades judiciales para acordar la prisión preventiva. No obstante, y en atención a precedentes que así lo aconsejan, se admite el recurso de suplica contra los autos del propio Tribunal, que, con el de reforma ya admitido en la Ley hasta ahora vigente, permiten posibles correcciones, antes vedadas en esta segunda parte del procedimiento judicial, que pudieran resultar aconsejables ante circunstancias concretas puestas de manifiesto por los propios interesados o el Ministerio fiscal.
Otras adaptaciones afectan especialmente a la extradición en tránsito que, por circunstancias no muy comprensibles, ha sido objeto de reservas por parte de España al ratificar el convenio Europeo de extradición, y que, en consecuencia, solo se concederá a los países que lo han ratificado, en las mismas condiciones que la extradición ordinaria, marginando así el procedimiento mas racional, ágil y aconsejable que admite el propio convenio.
No parece que deban concederse a los demás países beneficios o ventajas que por esta reserva se niegan a los que han ratificado el convenio Europeo y, en régimen de reciprocidad, al propio Estado Español. únicamente se admite el supuesto excepcional.
Quizá también, como novedad digna de mención, debe citarse el procedimiento consignado para la ampliación de extradición como complemento indispensable del principio de especialidad, que permitirá otorgar autorización para proceder por hechos anteriores y distintos a los que motivaron la entrega. Se recoge así el criterio del convenio Europeo, el seguido con otros países y, en definitiva, el que resulta aconsejable para evitar situaciones anteriores de impunidad por delitos, incluso mas graves y rechazables en el concierto social, que el que motivo la extradición concedida.
Por lo demás, se ha suprimido la autorización que la anterior Ley concedía al Gobierno para " Convenir reciprocidad en materia de extradición " por estimar que tal autorización podría vulnerar el artículo 94 de la Constitución, que, para los supuestos que contempla en su apartado C ), requiere previa autorización de las Cortes Generales, autorización que debe entenderse para cada " convenio ", cuyo contenido ha de someterse previamente al Parlamento. Lo que no excluye la aplicación del principio de reciprocidad en cada caso concreto, según el artículo 1., autorizado por el artículo 13, 3, de la misma Constitución, incluso existiendo tantos tratados como Leyes de extradición.
También se han suprimido las referencias al grado de participación ( Autores, cómplices y encubridores ) o al de ejecución del delito ( intentado, frustrado y consumado ), por anticuadas e innecesarias. El convenio Europeo tampoco las recoge. Bastará, en consecuencia, que al reclamado le corresponda una de las penas que pueden motivar la extradición para que, con o sin aquellas indicaciones, pueda acordarse su entrega.
En todo caso, la extradición solo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad. El Gobierno podrá exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente.
Se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las Leyes Españolas y las de la parte requirente señalen una pena o medida de Seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo o a una pena mas grave; o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de Seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad por hechos también tipificados en la legislación Española.
Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y solo concurran en algunos de ellos los requisitos del párrafo anterior sobre duración de las penas o medidas de Seguridad, el acuerdo de extradición podrá extenderse también a los que tengan señalada penalidad inferior.
Si la solicitud de extradición se basa en sentencia dictada en rebeldía del reclamado, en la que este haya sido condenado a pena que, con arreglo a la legislación Española, no puede ser impuesta a quien no haya Estado presente en el acto del juicio oral, se concederá la extradición condicionándola a que la representación diplomática en España del País requirente, en el plazo que se le exija, ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será sometido a nuevo juicio en el que deberá estar presente y debidamente defendido.
Artículo citado en: 184 sentencias, 3 artículos doctrinales, una resolución administrativa
No se concederá la extradición de Españoles, ni de los extranjeros por delitos de que corresponda conocer a los tribunales Españoles, según el Ordenamiento nacional. La cualidad de nacional será apreciada por el Tribunal competente para conocer de la extradición en el momento de la decisión sobre la misma, con arreglo a los preceptos correspondientes del Ordenamiento jurídico Español, y siempre que no fuera adquirida con el fraudulento propósitos de hacer imposible la extradición.
Cuando proceda denegar la extradición por el motivo previsto en el apartado anterior, si el Estado en que se hayan ejecutado los hechos así lo pidiere el Gobierno Español dará cuenta del hecho que motivo la demanda al Ministerio fiscal a fin de que se proceda judicialmente, en su caso, contra el reclamado.
Si así se acordase, solicitara del Estado requirente que remita las actuaciones practicadas o copia de las mismas para continuar el procedimiento penal en España.
Cuando el delito se hubiere cometido fuera del territorio del País que solicite la extradición, esta podrá ser denegada si la legislación Española no autorizare la persecución de un delito del mismo género cometido fuera de España.
Artículo citado en: 112 sentencias, 10 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, 4 noticias
Cuando se trate de delitos militares tipificados por la legislación Española y sin perjuicio de lo establecido al respecto en los convenios internacionales suscritos y ratificados por España; de los cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión, y de los que solo son perseguibles a instancia de parte, con excepción de los delitos de violación, estupro, rapto y abusos deshonestos.
Cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal, conforme a la legislación Española o la del Estado requirente.
Cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo este siendo en España por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradición. Podrá, no obstante, accederse a esta cuando se hubiere decidido no entablar persecución o poner fin al procedimiento pendiente por los referidos hechos y no haya tenido lugar por sobreseimiento libre o cualquier otra resolución que deba producir el efecto de cosa juzgada.
Cuando el Estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida apenas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.
Cuando el Estado requirente no hubiera dado las garantías exigidas en el párrafo 3. Del artículo segundo.
Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de aislado. El no reconocimiento de la condición de aislado, cualquiera que sea su causa, no impedirá la denegación de la extradición por cualquiera de las causas previstas en esta Ley.
Artículo citado en: 148 sentencias, 6 artículos doctrinales
Así mismo podrá denegarse la extradición:
Cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho años en el momento de la demanda de extradición y teniendo residencia habitual en España, se considere que la extradición puede impedir su reinserción social, sin perjuicio de adoptar, de acuerdo con las autoridades del Estado requirente, las medidas mas apropiadas.
Si la resolución firme del Tribunal denegare la extradición, dicha resolución será definitiva y no podrá concederse aquella.
Contra lo acordado por el Gobierno no cabra recurso alguno.
Artículo citado en: 174 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, una noticia
La solicitud de extradición se formulara por vía diplomática, o directamente por escrito del Ministro de Justicia de la parte requirente al Ministro de Justicia Español, debiendo acompañarse:
si el hecho estuviere castigado con alguna de las penas a que se refiere el número 6. Del artículo 4., el Estado requirente dará seguridades, suficientes a juicio del Gobierno Español, de que tales penas no serán ejecutadas.
Artículo citado en: 179 sentencias, una resolución administrativa
En caso de urgencia podrá ser interesada la detención como medida preventiva, si bien deberá hacerse constar expresamente en la solicitud que esta responde a una sentencia condenatoria o mandamiento de detención firmes con expresión de la fecha y hechos que lo motiven, tiempo y lugar de la comisión de estos y filiación de la persona cuya detención se interesa, con ofrecimiento de presentar seguidamente demanda de extradición.
El juez podrá, en cualquier momento y en atención a las circunstancias del caso, acordar la libertad del detenido, adoptando alguna o algunas de las medidas siguientes para evitar su fuga: vigilancia a domicilio, Orden de no ausentarse de un lugar determinado sin la autorización del juez, Orden de presentarse periódicamente ante la autoridad designada por el juez, retirada de pasaporte y prestación de una fianza. El incumplimiento de esta medidas dará lugar a la prisión provisional dentro el plazo establecido en apartado anterior.
La puesta en libertad, con o sin medidas alternativas de la prisión provisional, no será obstáculo para una nueva detención ni para la extradición, si la solicitud de esta llegará después de la expiración del plazo mencionado en el apartado anterior.
En todo caso se informara al País reclamante de las resoluciones adoptadas, especialmente, y con la urgencia posible, de la detención y del plazo dentro del cual deberá presentarse la demanda de extradición.
Artículo citado en: 44 sentencias, 6 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
El Ministerio de Justicia, en un plazo máximo de ocho días, computados desde el siguiente al de la recepción de la solicitud, o en su caso, de los justificantes, aclaraciones o traducciones por el reclamados, elevará al Gobierno propuesta motivada sobre si ha lugar o no a continuar en vía judicial o del procedimiento de extradición en base a los artículos 2. A 5. De esta Ley.
El Gobierno adoptará su decisión dentro del plazo de quince días, contados desde la elevación de la propuesta por el Ministerio de Justicia. Transcurridos este plazo sin que el Gobierno haya adoptado resolución, el Ministerio de Justicia lo hará en su nombre, dentro de los tres días siguientes a la expiración del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 de este artículo.
Cuando el procedimiento se inicie, por petición urgente de detención preventiva, conforme al artículo 8., uno y dos, la prisión preventiva se dejará sin efecto si transcurridos cuarenta días del Estado requirente no hubiere presentado en forma la solicitud de extradición por vía diplomática ante el Ministerio de asuntos exteriores o directamente ante el Ministerio de Justicia Españoles. Si se hubiese presentado dentro de dicho plazo de cuarenta días este se ampliará a cuarenta a cuarenta días mas, para dar tiempo a que el Ministerio de Justicia y el Gobierno Españoles puedan cumplir lo establecido en el artículo anterior, números tres y cuatro.
Acordada la continuación del procedimiento en vía judicial, el juez, a cuya disposición estuviere el reclamado, ordenará la inmediata comparecencia de este, quien deberá hacerlo asistido de Abogado y, en su caso, de interprete. Se citara siempre al Ministerio fiscal.
Identificado el detenido, el juez le invitará a que manifieste, con expresión de sus razones, si consiente en la extradición o intenta oponerse a ella; si consintiera y no se suscitaran obstáculos legales que a ello se opongan, el juez podrá acceder, desde luego, a la demanda de extradición. En otro caso adoptará la resolución que proceda, bien ordenando la libertad del detenido o bien elevando su detención a prisión, si antes no hubiera decretado ESTA, CON o sin fianza u otras medidas previstas en el apartado 3 del artículo 8., a resultas del procedimiento subsiguiente, a cuyo fin acordará elevar lo actuado a la sala de lo penal de la audiencia nacional.
El juez, de oficio, a instancia del fiscal o del reclamado, podrá acordar que se complete la información aportada con los datos necesarios referentes a la identidad del reclamado y a los supuestos de hecho y de derecho justificativos de la solicitud de extradición, pudiendo señalar un plazo que en ningún caso excederá de treinta días. Las resoluciones del juez, en esta materia, serán recurribles conforme a lo establecido en el apartado anterior.
Artículo 12, apartado 3, modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Artículo citado en: 219 sentencias, 3 resoluciones administrativas
Artículo 13, modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Artículo 14, apartado 1, modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Contra este auto solo cabra recurso de suplica, que deberá ser resuelto por el pleno de la sala de lo penal de la audiencia nacional y sin que pueda ser designado ponente ninguno de los magistrados que dictaren el auto suplicado.
Si la extradición hubiere sido solicitada por varios estados, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, se decidirá sobre aquella por el Gobierno y en su caso la entrega del reclamado, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, especialmente, la existencia o no de Tratado, la gravedad relativa y lugar de la comisión del delito, fechas de las respectivas solicitudes, nacionalidad de la persona reclamada y posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado.
Así mismo, el Tribunal ordenará la inmediata puesta en libertad de la persona requerida de extradición.
Artículo 17, párrafo primero, modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Acordada la entrega de la persona requerida de extradición, el Ministerio de Justicia lo comunicara al de asuntos exteriores para su notificación a la representación diplomática del País que formulo la demanda de extradición. Dicho acuerdo será comunicado así mismo a la persona requerida de extradición.
Si el Gobierno denegare la extradición de conformidad con el párrafo segundo del artículo 6., el Ministerio de Justicia lo comunicara al Tribunal para que acuerde la puesta en libertad de la persona reclamada, sin perjuicio de su posible expulsión de España, de conformidad con la legislación de extranjeros.
Igualmente, lo comunicara al de asuntos exteriores para su notificación a la representación diplomática que formulo la demanda de extradición.
Artículo 18, apartado 1, modificado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Artículo citado en: 148 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
La entrega de la persona cuya extradición haya sido acordada se realizará por agente de la autoridad Española, previa notificación del lugar y fecha fijados, observándose la legislación nacional vigente en este Orden. Con aquella, se entregaran a las autoridades o agentes del Estado requirente acreditados a tal fin los documentos efectos y dinero que deban ser igualmente puestos a su disposición. Si la entrega del individuo reclamado no puede efectuarse, se procederá a la de dichos documentos, efectos y dinero, quedando a salvo, en todo caso, los derechos que pudieran corresponder sobre los mismos a otros interesados. El lugar y fecha fijados para la entrega serán comunicados así mismo al Tribunal que entendió de la solicitud.
Si la persona reclamada se encontrará sometida a procedimiento o condena por los tribunales Españoles o sancionada por cualquier otra clase de organismos o autoridades nacionales, la entrega podrá aplazarse hasta que deje extinguidas sus responsabilidades en España o efectuarse temporal o definitivamente en las condiciones que se fijen de acuerdo con el Estado requirente.
La extradición en tránsito se otorgará previo el cumplimiento de los requisitos y con las mismas condiciones que para la extradición exige la presente Ley.
Excepcionalmente, por razones de urgencia, y cuando se utilizare la vía aérea y no estuviera previsto aterrizaje en territorio Español, el Gobierno podrá autorizar el tránsito previa recepción de una solicitud con el contenido a que se refiere el número 1 del artículo 8. Y que producirá los efectos previstos en el citado artículo en caso de aterrizaje fortuito.
Para que la persona que haya sido entregada pueda ser juzgada, sentenciada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal, por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición será preciso autorización ampliatoria de la extradición concedida, a cuyo fin se presentará otra solicitud acompañada de los documentos previstos en el artículo séptimo y testimonio judicial de la declaración de la persona entregada, que se tramitara como nueva demanda de extradición. Iguales requisitos será necesario cumplir para conceder la reextradición de la persona entregada a un tercer Estado.
No será necesaria esta autorización cuando la persona entregada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado al que se entrego, permanezca en el mas de cuarenta y cinco días o regrese al mismo después de abandonarlo.
Artículo citado en: 7 sentencias, 4 noticias
Las disposiciones de naturaleza procesal contenidas en esta Ley solo serán aplicables a las extradiciones que se soliciten a partir de su entrada en vigor.
Las de naturaleza sustantiva solo tendrán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reclamado, el cual, en todo caso, será oído para que manifieste lo que le resulta más ventajoso, atendidas sus personales circunstancias.
Sentencia de 12 de junio de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan las expresiones 'de grado' y 'graduado o graduada' contenidas en el título, articulado y anexos del Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

References: resolución 
 artículo 94
 artículo 1
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 8

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 17
 artículo 6

Artículo 18
 resolución 
 artículo 8
 Real Decreto