Source: https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=678
Timestamp: 2017-11-18 17:20:16+00:00

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Coordinador: Ana Belén Mayo Calderón
Asignaturas del plan 522
Así, de conformidad con tales competencias, el estudiante debe conocer y comprender el sistema de fuentes en Derecho, los principales conceptos jurídicos así como los mecanismos de resolución de conflictos jurídicos y la posición de las personas en su relación con la Administración y los poderes públicos. También debe ser capaz de manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y ser capaz de argumentar jurídicamente de forma convincente, interpretar textos jurídicos y resolver supuestos prácticos conforme al Derecho positivo. Para todo ello debe ser capaz también de utilizar tecnologías de la información y la comunicación para la obtención de información jurídica.
A este perfil de ingreso correspondiente a la formación jurídica que puede obtenerse en las titulaciones e Licenciado en Derecho, Grado en Derecho u otro grado equivalente, con las competencias del artículo 3 del Reglamento de la Ley 34/2006, debe añadirse un conocimiento de la lengua inglesa con un nivel B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas. Este nivel resulta adecuado para poder cursar la asignatura "Comunicación profesional en lengua inglesa", de carácter obligatoria. Por otra parte, con ese nivel se puede acceder a las asignaturas optativas de "Abogacía profesional en entorno internacional" que se imparte en castellano e inglés.
Su conocimiento podrá acreditarse mediante otros títulos equivalentes al B1
El Máster permite acceder a las pruebas de acceso a la profesión de Abogado convocadas por los Ministerios de Justicia y de Educación.
El Máster se ha organizado atendiendo a esa único perfil de salida, si bien presenta una cierta optatividad, para aquellos estudiantes que quieran una formación específica para el ejercicio de la abogacía en un entorno transnacional.
El Máster puede también cursarse por aquellos licenciados en Derecho que no necesitan superar la prueba de acceso para el ejercicio de la profesión de abogado, pero que busquen una formación práctica para el ejercicio de la abogacía.
Mediante la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, se modificó el sistema de acceso a estas profesiones.
2º) acrediten su capacitación profesional mediante
El Consejo de Ministros aprobó el 7 de marzo, el Real Decreto 150/2014, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 34/2006 y ha establecido que la prueba de acceso consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con contestaciones o respuestas múltiples. Además, el Real Decreto señala que la calificación final mediante la que se logrará el acceso a la profesión de abogado resultará de la media ponderada entre el 70% de la obtenida en la prueba de evaluación y el 30% de la nota obtenida en el Máster.
En este título de Máster los Estudiantes aprenderán el marco regulador de la profesión de abogado.
También adquirirán las habilidades instrumentales para el análisis de textos, su redacción, la utilización de herramientas tecnológicas y la comunicación en lengua inglesa, exigidas por la profesión de abogado.
Mediante los módulos de práctica profesional y las prácticas externas, adquirirán las competencias necesarias para el desarrollo y ejercicio de la profesión de abogado en los cuatro órdenes jurisdiccionales.
Capacidad para interpretar la naturaleza y el alcance jurídicos de los conflictos sociales, de naturaleza pública o privada y de establecer líneas de actuación en la defensa jurídica de los derechos afectados
Capacidad para descubrir estrategias de defensa de los intereses en conflicto con el fin de alcanzar soluciones de compromiso que eviten la necesidad de recurrir a la jurisdicción
Capacidad para desarrollar habilidades de innovación y adaptación de los conocimientos adquiridos al cambio social y jurídico
Ser capaz de expresarse con corrección y precisión de forma oral y escrita
Desarrollar una actitud de respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los derechos humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos
Desarrollar una valoración del ejercicio de la profesión de abogado como instrumento de defensa de los derechos de los ciudadanos de conformidad con los principios deontológicos de la profesión de abogado
Comprender el alcance del valor jurídico de las normas, de los contratos y la jurisprudencia desde el punto de vista del ejercicio profesional del derecho de defensa y ante el caso concreto.
Interpretar el significado de los documentos privados, forenses y administrativos, para la toma de decisiones desde el punto de vista del ejercicio profesional del derecho de defensa y ante el caso concreto
Interpretar el significado de la documentación contable, financiera y económica, para una primera valoración en el contexto de la estrategia de la defensa jurídica a seguir
Comprender el alcance de la terminología jurídica del mundo anglosajón, para facilitar la negociación y la resolución de conflictos en un contexto transnacional.
Módulo ECTS Materia ECTS Tipo Semestre
Integración en despacho y práctica profesional inicial
9 Regulación de la actividad profesional 3 obligatoria 1º
Gestión de despacho 2
Habilidades profesionales fundamentales 8 Habilidades analíticas y expresivas para el ejercicio profesional 3
Tecnología aplicada al ejercicio profesional 2
Comunicación profesional en lengua inglesa 3 2º
Práctica profesional integrada: común 31 Técnicas alternativas de resolución de conflictos 3 1º y 2º
Práctica civil y mercantil 10
Práctica penal 6
Práctica contencioso-administrativa 6
Prácitca profesional integrada: específica 6 Abogacía en entorno nacional 6 optativa 3º
Abogacía en entorno transnacional 6
Prácticas externas 30 Prácticas externas I 12 obligatoria 2º
Prácticas externas II 18 3º
Trabajo fin de máster 6 3º
La abogacía es una profesión regulada en España desde el siglo XIII y organizada en Colegios o Cofradías desde el XIV. Tal vez por esta presencia constante se ha convertido en una realidad ‘notoria’ a la que en España se han dedicado pocos estudios, asumiendo que todo el mundo conoce con bastante precisión los perfiles de la profesión. Siendo cierto que existe esta familiaridad con la abogacía, las transformaciones sociales y económicas de las últimas décadas han introducido cambios sustanciales añadiendo nuevos entornos de práctica profesional y una paulatina redefinición de nociones básicas del ejercicio de la abogacía.
En España estas transformaciones todavía no han generado un estudio de referencia ni hay un corpus de informes que proporcione datos numéricos precisos en cuestiones como la proporción de la actividad (facturación) que responde a una intervención procesal y la que es de asesoramiento preventivo o extrajudicial; tampoco hay datos acerca de la proporción de egresados universitarios que eligen la abogacía como primera opción, de los que practican en un entorno de medias o grandes firmas, etc.
Es muy probable que el nuevo régimen de acceso a la abogacía propicie la elaboración de este tipo de estudios; mientras se ha optado por acumular observaciones directas y análisis fragmentarios españoles e integrar los resultados con las principales referencias internacionales.
En este sentido destaca por encima de cualquier otro el informe MacCrate, con esa elocuente llamada a superar el corte, explícita desde el título:
Legal Education and Professional development. An Educational continuum. Report of the task force on Law Schools and the Profession: narrowing the Gap. Chicago: American Bar Association; Section of Legal Education and Admissions to the Bar, 1992.
La mayor densidad de estudios sobre la transición entre formación aca-démica y práctica profesional, lawyering skills, advocacy skills… puede encontrarse en documentación generada en el entorno de Reino Unido y USA; debe destacarse, en especial, la procedente de estos núcleos:
UK Centre for Legal Education.- Student Careers and Skills Univ. of Warwick
The Legal Practice Course (LPC)- Solicitors regulation Authority
American Bar Association. Sect. of Legal Education and Admissions to the Bar
Junto a estas referencias principales se han utilizado muchas otras del tipo: Bar Professional Training Course, Bar Standards Board: Qualifying as Barrister …
Hasta su paralización en 2011 el UKCLE ha sido la referencia europea en formación jurídica con abundantes informes y documentos sobre programas formativos, desagregación de competencias, estrategias de enseñanza y aprendizaje etc. (http://www.ukcle.ac.uk/)
La Solicitors Regulation Authority publica las condiciones de homologación de los cursos de acceso a las profesiones letradas (Solicitors, Barrister…) con análisis muy detallados del tipo: The Legal Practice Course: course outcomes and course design requirements[1].
En el mismo sentido la Sección de Formación y admisiones al ejercicio colegiado, ofrece muchas publicaciones, desde el informe MacCrate felizmente reeditado, hasta los 2011-2012 ABA Standards And Rules of Procedure for the Approval of Law Schools.
Junto con estas referencias internacionales, se han tenido en cuenta los planes de estudios de Másteres en Abogacía de varias universidades españolas. No obstante se trata de títulos propios cuyo diseño es anterior al Reglamento de la Ley 34/2006. Entre estos Másteres, por su renombre, debe destacarse el Máster en el ejercicio de la Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid (120 ECTS) y estructurado en bloques de introducción a la profesión, diversos ámbitos jurídicos, prácticas en despachos y empresas y con la presencia en el plan de estudios del inglés jurídico y empresarial. Desde este Máster se ha dado cobertura y apoyo al establecimiento, también como título propio, del Master Superior en Abogacía de la Universidad Pablo de Olavide, también con 120 ECTS, también con presencia de prácticas externas e inglés jurídico. En el momento en que se inició la elaboración de este plan de estudios, la Universidad de Valencia contaba ya con un Máster Universitario en Abogacía, de 90 créditos e integrado en su programa de Doctorado de Estudios jurídicos, ciencia política y criminología. No obstante, el mismo no se ajustaba a las exigencias del Reglamento de la Ley 34/2006, al establecer unas prácticas externas en despachos de 23 créditos ECTS.
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las características de las pruebas piloto publicadas en la página web del Ministerio de Justicia y los Objetivos para la formación inicial de los abogados publicados por el Consejo General de la Abogacía Española.
[1] The LPC course outcomes and course design requirements” en Information for providers of Legal Practice Courses.- September 2011. En http://www.sra.org.uk/lpc/
La elaboración de esta Memoria se ha llevado a cabo a partir de los trabajos de la Comisión constituida para su elaboración y de la que ha estado presidida por el prof. Dr. D. Juan García Blasco, Catedrático de Derecho del Trabajo, el prof. Dr. D. Ángel Bonet Navarro, Catedrático de Derecho Procesal, el prof. Dr. D. Ignacio Quintana Carlo, Catedrático de Derecho Mercantil, el prof. Dr. D. José Bermejo Vera, Catedrático de Derecho Administrativo y los abogados D. Ignacio Gutiérrez Arrudi, D. Cristobal Ramo Frontiñán y el Dr. D. Daniel Bellido Diego-Madrazo, en quien concurre también la condición de Jefe de estudios y coordinador del contenidos del Curso de formación de la Escuela de Práctica Jurídica de Aragón.
Los trabajos de esta Comisión han contado con el asesoramiento de Dª Carmen Hernández Fuentes, abogada y Coordinadora del Curso de formación de la Escuela de Práctica Jurídica de Aragón, el abogado D. Anselmo Loscertales Palomar, el prof. Dr. D. Manuel Álvarez Alcolea, director de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza, el profesor Dr. D. Eladio Mateo Ayala, abogado y profesor asociado de Derecho Penal y el profesor Dr. D. Jesús Morales Arrizabalaga, profesor titular de Historia del Derecho e investigador principal del proyecto de innovación docente "EA2008-0238 Habilidades jurídicas fundamentales. Identificación, gradación y estrategias de adquisición y desarrollo". También se integró en el grupo de trabajo el prof. Dr. D. Javier López Sánchez, profesor titular de Derecho Procesal, miembro del grupo de innovación docente citado y Vicedecano de Enseñanzas y Calidad de la Facultad de Derecho.
Los documentos emanados de la Comisión fueron objeto de debate en un grupo de trabajo más amplio y así finalizaron en la elaboración de una primera memoria que se sometió a informe de la Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza el 13 de febrero de 2012. La Junta emitió un informe favorable si bien se formularon diversas observaciones que se centraron en el diseño de unas asignaturas de intensificación de conocimientos y la materia de desarrollo de las habilidades de comunicación en lengua inglesa, así como sobre los requisitos de acceso al nuevo título.
La memoria inicial estuvo sometida a información pública durante diez días y en ese periodo se formularon diversas alegaciones por profesores de la Facultad de Derecho que incidían nuevamente en los aspectos que se pusieron de manifiesto en las observaciones de la Junta de Facultad. También se formuló una alegación por el Departamento de Marketing e Investigación de Mercados.
Las observaciones fueron objeto de análisis por la Comisión y se solicitó el parecer del grupo de trabajo, así como de otros profesionales, concretamente del Juez Decano de Zaragoza, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Decana de los Registradores de la Propiedad de Zaragoza, el Decano del Colegio Notarial, el Presidente de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y al Fiscal Superior de Aragón.
Como consecuencia de las observaciones formuladas, se precisaron los requisitos de acceso al Máster y se llevó a cabo una más cuidada redacción de los descriptores y resultados del aprendizaje de algunas materias. También se decidió la sustitución de un elevado número de asignaturas optativas por dos materias optativas, en las que se mantuvo la carga de 6 ECTS, centradas en la formación de los abogados con una orientación al ejercicio en un entorno nacional y en una orientación hacia el ejercicio en un entorno transnacional, con una redifinición de los contenidos y actividades formativas necesarios para la adquisición de las correspondientes competencias.

References: resolución 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución