Source: http://laley.pe/sec/opinion/
Timestamp: 2018-03-23 20:27:25+00:00

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Opiniones — La Ley - El Ángulo Legal de la Noticia
El autor critica el razonamiento jurídico empleado por los jueces supremos en una reciente sentencia casatoria, en la que se ordenó que se admita a trámite una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, pese a que fue presentada fuera de plazo y dos días después del término de una huelga judicial.
El autor comenta las disposiciones del Reglamento de la Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Así, considera que debe evitarse caer en situaciones discriminatorias a partir de medidas que no se basen en condiciones objetivas innegables, pues se generarían dificultades para la incorporación de la mujer en el mercado laboral.
Los autores sostienen que la celebración de convenios entre la Policía Nacional y empresas extractivas forma parte de un proceso de privatización de la función policial. Así, señalan los puntos críticos del convenio, y realizan un análisis de la constitucionalidad y convencionalidad de la suscripción de estos.
El autor no comparte la posición del profesor Castillo Córdova, expresada en un artículo recientemente publicado en LALEY.PE, sobre las medidas provisionales emitidas en el caso de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Afirma que dicha tesis contradice los avances jurisprudenciales de la Corte IDH. Asimismo, señala que la decisión de la Corte no ha puesto en tela de juicio su legitimidad, y que corresponde defender la jurisdicción interamericana como espacio para la tutela de los derechos de las personas.
Desde la perspectiva del Derecho ordenador del mercado, el autor critica la reciente decisión del Indecopi que prohíbe a dos conocidas cadenas de cine que restrinja el ingreso de los consumidores con alimentos adquiridos fuera del establecimiento. Así, considera que con dicha restricción no se limitaba el derecho de los consumidores a elegir libremente, puesto que no existía de por medio una obligación de adquirir los alimentos ofrecidos por los cines.
El autor considera que, desde el punto de vista jurídico-penal, es correcta la sentencia que absolvió a Adriano Pozo de la tentativa de feminicidio y violación en contra de Arlette Contreras. Encuentra que existe debida relación de los hechos, en clave de circunstancia precedentes, concomitantes y posteriores; análisis individual de la prueba testifical, pericial y documental, entre otros aspectos. Así, señala que cumple con los estándares de debida motivación.
El autor sostiene que la decisión de la Corte IDH que ha ordenado el archivamiento de la acusación constitucional en contra de cuatro magistrados del TC, no ha nacido al mundo jurídico, ni al convencional ni al constitucional. Consecuentemente no existe, por lo que no puede ser exigido su cumplimiento, ni denunciado su incumplimiento. Señala además, que debemos evitar que la Corte se convierta en la cuarta instancia judicial o tribunal supremo de los estados latinoamericanos.
El autor considera que la resolución de la Corte IDH que ordena al Estado peruano el archivamiento definitivo de la acusación constitucional contra los cuatro magistrados del TC no debe ser acatada, ya que colisiona con preceptos constitucionales, así como tampoco se condice con sus competencias. En tal sentido, señala que de someterse a dicha decisión, se permitiría una injusticia irreparable, lo que conllevaría a una renuncia definitiva de nuestra independencia jurídica.
El autor sostiene que la Corte Suprema en una reciente sentencia ha dado respuesta a la interrogante planteada en el Octavo Pleno Casatorio, que busca determinar si el contrato de transferencia de un bien social que ha sido celebrado sólo por uno de los cónyuges, es nulo o ineficaz. Señala que, de acuerdo al pronunciamiento emitido, el contrato de compraventa celebrado por uno de los cónyuges sin el asentimiento del otro es perfectamente subsanable, siempre que se acredite la buena fe del adquirente.
El autor sostiene que las empresas B, además de buscar generación de utilidades, asumen compromisos altruistas, sociales y medioambientales, con lo cual amplían su dimensión. En tal sentido, hay una revalorización del concepto de sustentabilidad y de la responsabilidad de los empresarios en el sentido de contribuir desde su posición de inversionistas privados, con la solución de problemas locales, regionales o mundiales, así como con la preservación del medio ambiente.
El autor expone ciertas alternativas de solución ante la problemática que ha advertido en la realización de los plenos jurisdiccionales. Así, entre otras, considera que debe modificarse el artículo 116 de la LOPJ, democratizando la participación de los plenos jurisdiccionales, permitiendo que los jueces supremos y de todas las instancias participen en los plenos, en un diálogo más horizontal y fructífero.
El autor señala que acorde a lo verificado por la Corte IDH, la discriminación en contra de las personas LGTBI sigue siendo la causa principal de la violación de sus derechos humanos. En otras palabras, la violación a la igualdad y a la no discriminación de personas LGTBI se proyecta con frecuencia en lesiones a otros derechos en forma de concurrencia ideal de normas violadas y, ante todo, el derecho a la vida y a la integridad física.
El autor realiza una precisión a los tres requisitos que deben concurrir para ejercitar la acción subrogatoria como mecanismo conservativo en un proceso de otorgamiento de escritura pública, como son, la existencia de un crédito, el peligro de insolvencia del deudor y la inercia del mismo. Así, señala que la función conservatoria no supone necesariamente un resultado adquisitivo, que nuestro ordenamiento jurídico no exige necesariamente un peligro de insolvencia y que la inercia no significa defensa incorrecta o perjudicial para el acreedor.
El autor considera que el cómputo del plazo para la aplicación de una sanción laboral debe realizarse una vez que el empleador haya evaluado correctamente la totalidad de los hechos que configuran la falta y su gravedad, siendo razonable que dicho plazo se extienda en caso tome conocimiento de la comisión de nuevas faltas que hagan más complejo el caso y en consecuencia la decisión a tomar.
Los autores señalan que ante un eventual juicio de ponderación, entre otros argumentos, Fujimori invocaría el cumplimiento de parte de la condena, la necesidad de la medida para una paz definitiva y el estado de salud. Así, dichos argumentos se enfrentarían a diversas razones, entre las principales, la naturaleza de los crímenes, el estatus de Fujimori, la significación de los casos, y quizás, la necesidad comunicativa del mantenimiento de la sanción.
El autor sostiene que al momento de analizar la admisibilidad del recurso de apelación, el juez debe tener en consideración el principio pro actione o favor impugnationis, en virtud del cual el juez no solo tiene la facultad, sino el deber de interpretar de manera restrictiva los formalismos engorrosos que no ayudan a la vigencia efectiva del derecho fundamental a recurrir.
La expresión “incapacidad moral”, a la que hace referencia el artículo 113° de la Constitución, proviene del lenguaje del derecho canónico y del derecho privado. ¿Cuál es su significado? Conversamos, al respecto, con el profesor Leysser León Hilario.
El autor considera que lo únicos perjudicados con el primer acuerdo adoptado en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil son los propietarios, quienes deberán llegar hasta la Corte Suprema antes de recuperar sus bienes. En tal sentido, considera que el Juzgado de Paz letrado debería conocer en primera instancia el proceso de desalojo, en caso de vencimiento de contrato y en caso de posesión precaria con una cuantía menor de 50 URP.
El autor discrepa con el Acuerdo N° 1 del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil 2017, el cual establece que tras el requerimiento de restitución del bien mediante carta notarial, solo es posible demandar desalojo por precario. Considera que esto constituye un límite al ejercicio del derecho del arrendador y, además, sostiene que lo dispuesto por el pleno solo sería aplicable a aquellos contratos de arrendamiento que no se hayan celebrado incluyendo la cláusula de allanamiento futuro o conforme al proceso único de desalojo.
El autor expresa su desacuerdo con la segunda conclusión del Pleno Nacional Civil 2017, el cual establece que no proceden las excepciones y defensas previas en el proceso de desalojo de arrendamiento con cláusula de allanamiento. Considera que aquellas sí deberían proceder, en la medida que el mandato del artículo 594 del Código Procesal Civil no es taxativo, esto es, dicho artículo no cierra la posibilidad de que el demandado pueda actuar otros medios de defensa además de acreditar la vigencia del arrendamiento o la cancelación del alquiler adeudado.
La autora comenta la reiterada jurisprudencia que coincide en la posibilidad de mantener una diferencia salarial siempre que se observen parámetros objetivos que deben ser evaluados para determinar si es válida dicha diferencia o si se trata de una vulneración del principio de igualdad en la remuneración entre trabajadores de una misma empresa. Así, señala en caso esta diferencia sea originada por razones de sexo, orientación política, entre otros, se vulneraría el principio de no discriminación.
Los autores consideran que es necesario contemplar que el seguro de grandes riesgos presenta una lógica distinta a los contratos de seguros ordinarios, la misma que debería ser oportunamente tomada con seriedad por el Congreso en favor del mercado asegurador peruano. Así, señalan que este supuesto debe ser excluido del ámbito de aplicación general de la Ley del Contrato de Seguro.
La autora delimita los efectos de la prestación de servicios personales de un colaborador frente al grupo económico empresarial, desde la perspectiva del trabajador frente a este último. Asimismo, plantea ciertas alternativas a fin de evitar contingencias laborales respecto del personal que preste labores efectivas y subordinadas para el grupo. Más detalles aquí.
El autor comenta la reciente modificatoria al reglamento del numeral 149.1 de la Ley General del Ambiente, a efectos de que el denominado informe fundamentado constituya una herramienta que coaduyve a las investigaciones penales, en los los delitos de contaminación contra los recursos naturales y responsabilidad funcional e información falsa. Así, el fiscal en cualquier momento de la investigación y hasta antes de emitir pronunciamiento en la etapa intermedia del proceso penal, puede solicitar el Informe fundamentado a la autoridad responsable.
El autor cuestiona que uno de los acuerdos del último Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral, adoptado por la mayoría de jueces superiores, pretenda modificar un criterio asumido por la Corte Suprema en recientes casaciones. Asimismo, considera un error que se pretenda concordar jurisprudencia de diferente nivel jerárquico, respecto a una cuestión en la que la Corte Suprema se viene pronunciando de manera uniforme.
La autora critica la práctica, aun vigente en nuestro país, de criminalizar el aborto en los servicios de salud. Así, considera que el sistema de salud no puede ser entendido como parte del sistema de persecución del delito, al ser un deber de los profesionales de salud atender a las mujeres y garantizar que las situaciones de emergencia obstétrica no resulten en la agravación de su salud o en su muerte.
El autor sostiene que lo que se debate en concreto, es si todo transfuguismo es malo, o si cabría hablar de un transfuguismo legítimo, por convicciones políticas, teniendo en cuenta que, el TC ha incluido como supuesto legítimo de separación voluntaria, el caso de "renuncia por disidencia política". Así, ante el reciente proyecto de ley presentado por algunos fujimoristas, el autor manifiesta que al no haber sido contemplado ese supuesto de renuncia legítima en el mismo, podría correr la misma suerte de la modificatoria declarada inconstitucional.
El autor explica los fundamentos que justifican una demanda, ante la peculiar práctica de recurrir a modelos para elaborar una en el menor tiempo posible. Así, sostiene que el preparar una demanda es un verdadero arte, por lo que su redacción no puede reducirse a un mero cambio o traslados de datos a partir de algún modelo. Por ello, afirma que es necesario que se desincentive una mera labor mecánica.
El autor sostiene que la decisión emitida por una Sala Civil merece ser debatida y revocada, puesto que elimina un párrafo referido al enfoque de género sin que se haya violado artículos de la Ley General de Educación, como señala entre sus fundamentos. Así, el autor manifiesta que el enfoque transversal contenido en el currículo educativo nacional se debe mantener: respeta derechos fundamentales y garantiza una democracia pluralista y tolerante. Más detalles aquí.
El autor explica el marco legal aplicable a un disc jockey, respecto a la creación intelectual que realiza. Así, afirma que debe ser considerado como titular de los derechos patrimoniales y morales concedidos por el Derecho de Autor. En ese sentido, asevera que un DJ set es una obra protegible, siempre y cuando cumpla con el requisito de originalidad.
La autora señala que la evaluación en el sector público no nació con la reforma magisterial ni con la Ley Servir que también la contempla para todo el sector público. Nació mucho antes (en el 2008), en el gobierno de Alan García, con el Decreto Legislativo 1025, emitido en el marco de delegación de facultades para modernizar el Estado, pero no se implementó plenamente. Tenemos derecho como ciudadanos a que los servicios del Estado estén en manos de servidores públicos idóneos, con vocación de servicio e integridad.
Los autores realizan un análisis del tratamiento legal que recibe la junta de propietarios en nuestro ordenamiento jurídico. Así, explican las soluciones que brinda la ley y la jurisprudencia en caso no exista reglamento interno o cuando existiendo nunca se eligió al presidente de la junta o habiéndose elegido presidente este se encontrara imposibilitado de convocar o su periodo de funciones haya vencido. Más detalles aquí
La autora explica los principales desafíos que deben superar los elementos táctiles para ser considerados marcas de manera autónoma. En efecto, una marca táctil no debe cumplir una finalidad funcional, debe ser necesariamente distintiva, y debe ser percibida como una verdadera marca. Además, para proteger los elementos táctiles de un embalaje como marca, éstos deben poseer carácter distintivo de modo evidente o intrínseco, y deben ser percibidos por los consumidores como signos o elementos asociados a una marca determinada.
La autora afirma que es muy relevante la toma de conciencia en cuanto a las diferencias innegables que puedan existir entre géneros en la práctica profesional en un estudio jurídico, siendo importante que estas no se vuelvan limitaciones. Asimismo, señala que la prueba para saber quién merece un puesto de trabajo dependerá de las capacidades y competencias de cada uno, independientemente del género.
El autor explica el régimen jurídico correspondiente a los actos dispositivos de bienes sociales, efectuados por parte de un solo cónyuge. En ese sentido, manifiesta que entre las partes contratantes el comprador podrá instar la rescisión. De otro lado, el cónyuge no partícipe podrá entablar la nulidad del contrato como remedio excepcional. Asimismo, señala que la fé publica registral no opera a favor del comprador, pues la inscripción no convalida el acto nulo.
La autora explica el alcance del Análisis de Impacto Regulatorio o RIA (por sus siglas en inglés Regulatory Impact Assessment) entendido como un proceso para examinar y medir, ex ante, los beneficios, costos y posibles efectos de la regulación existente. Asimismo, es considerado un informe analítico que ayuda a los gobiernos a tomar decisiones sobre problemas públicos. Así, la autora resalta que un RIA malo o simulado daña la competitividad del país.
El autor analiza la implementación de las recomendaciones de la OCDE, a través de las cuales se persigue asegurar un buen desempeño de las industrias y de las actividades sociales de regulación. En ese sentido, señala que el Poder Ejecutivo ha emitido decretos legislativos con la finalidad de instaurar una política regulatoria, asimismo, algunas entidades públicas ya vienen adoptando iniciativas para mejorar la calidad de sus regulaciones. Sin embargo, sostiene que esto no es suficiente y se debe fortalecer el paso inicial que se ha dado.
La colaboración eficaz en el caso ODEBRECHT: Distorsión de un proceso penal especial
La autora analiza la distorsión del proceso especial de colaboración eficaz en nuestro país. En efecto, los directamente involucrados en los delitos de corrupción y lavado de activos solicitan ser colaboradores eficaces y se libran casi automáticamente de ir a prisión. En ese sentido, señala que existe un problema de estrategia frente a la criminalidad organizada.
Félix Ramírez Sánchez
La constitucionalización de las notificaciones de las resoluciones que sancionan a jueces
El autor realiza un análisis, desde el punto de vista constitucional, de la última modificación en el procedimiento de notificación de las resoluciones que ponen fin a un proceso disciplinario a los magistrados del Poder Judicial. Ahora dichas resoluciones deberán ser entregadas a los jueces investigados a través de cédulas de notificación de manera personal en sus domicilios laborales, y en forma excepcional en sus domicilios reales.
El autor explica los alcances de este régimen especial, que se encuentra vigente desde el 1 de enero hasta el 29 de diciembre de 2017. Dicho régimen temporal permite a las personas naturales regularizar las rentas nacionales o extranjeras que no hayan declarado, generadas hasta el 2015 y pagando un impuesto a la renta del 10% o 7%. Asimismo, señala qué aspectos son los más relevantes para determinar la base imponible requerida para el pago del impuesto.
Luis Castillo Berrocal
¿Constituyen delito de discriminación los comentarios de Phillip Butters sobre la selección ecuatoriana?
El autor analiza qué elementos deben concurrir para que el delito de discriminación se materialice, teniendo en cuenta que no todo acto discriminatorio termina siendo delito. En ese sentido, resalta que para sancionar penalmente una conducta discriminatoria, esta debe impedir materialmente el reconocimiento de un derecho, mediante una acción u omisión.
El autor analiza las ventajas y desventajas que traería consigo el ingreso de este mecanismo de acceso al crédito a nuestro sistema financiero, teniendo en consideración la experiencia comparada. Así, manifiesta que es menester esperar la aprobación de la ley y su reglamento para poder determinar si efectivamente será una herramienta que facilite el acceso al crédito.
El autor comenta y analiza el actual enfoque de gestión por resultados en la contratación pública, el mismo que busca combatir la corrupción a través de disposiciones claras y transparentes, así como el principio de integridad que ha generado cambios positivos sobre los mecanismos para la solución de controversias derivadas de la contratación con el Estado.
El autor analiza las modificaciones al Código del Consumidor, recientemente aprobadas en el Congreso, que buscan reducir el plazo de atención a los reclamos presentados por los consumidores, así como la obligación que tendrían las empresas de informar al Indecopi sobre las acciones tomadas en relación a cada queja o reclamo.
El autor comenta los alcances de la reciente Ley N° 30562, norma que precisó la cobertura de preexistencias cruzadas establecida en el artículo 118 de la Ley del contrato de seguro. Opina de forma favorable sobre dicha norma, pero advierte que lamentablemente la Superintendencia Nacional de Salud no tiene disposición sancionadora y la SBS no está realizando su labor de fiscalizar los condicionados de las pólizas.
La autora califica como un acierto del legislador la reciente modificación al artículo 481 del Código Civil que impone el deber de los jueces de incorporar el trabajo doméstico no remunerado como nuevo criterio al momento de fijar las pensiones por alimentos. Explica que esta labor constituye una importante contribución económica a favor del alimentista.
Denissela De Vettori
El contenido legal de la moda
La autora afirma que el Derecho de la Moda o Fashion Law, como se le conoce en otros países, involucra diferentes aspectos de múltiples ramas del derecho, como son la propiedad intelectual, propiedad industrial, derecho laboral y, en general, el derecho corporativo. Por ello propone una futura regulación sobre el particular.
El Tribunal Administrativo Previsional de la ONP ha establecido con carácter vinculante que los convivientes tienen derecho a la pensión de viudez. Para ello, el conviviente supérstite deberá demostrar haber mantenido el vínculo convivencial, lo que podrá sustentar con la sentencia de declaración de unión de hecho debidamente inscrita en el registro de personas naturales.
La técnica del distinguishing y los Plenos Casatorios Civiles
En una reciente sentencia, la Segunda Sala Civil de Lima ha empleado la técnica del distinguishing para inaplicar, al caso concreto, el Quinto Pleno Casatorio Civil. El autor destaca el uso de la referida técnica, que sería aplicada por primera vez para apartarse de un Pleno Casatorio Civil.
Junior Pichón De La Cruz
El régimen disciplinario de los obreros municipales
El autor comenta y analiza diversas resoluciones del Tribunal del Servicio Civil que han establecido que, a partir del 5 de mayo de 2016, el régimen disciplinario previsto en la Ley N° 30057 es aplicable a los obreros municipales.
El autor reflexiona acerca de uso indebido de armas al que puede tener acceso cualquier ciudadano sin contar con la licencia correspondiente para su utilización. Además propone retomar el proyecto del Código Penal de 1985, el cual señalaba que para hacer uso de un arma necesita la autorización de la Dicscamec, así como sugiere reglamentar el empleo de éstas para que las empresas que ofrezcan prácticas de tiro, no den facilidades para su especialización a cualquier individuo.
Laura Francia Acuña
Mitos y verdades sobre el reciente pronunciamiento del Indecopi sobre los cobros de colegiación del CAL
La autora critica la reciente resolución del Indecopi que declaró como barreras burocráticas ilegales los cobros que realiza el CAL para colegiar a los abogados. Sobre el particular, afirma que para calificar una exigencia, requisito, prohibición y/o cobro como barrera burocrática ilegal, esta debe provenir de una entidad de la Administración Pública, y el CAL no lo es. Por ello, considera que dicho colegio profesional no se encontraba obligado a justificar los mencionados cobros.
El autor comenta sobre las nuevas modificaciones respecto al proceso de optimización en las contrataciones públicas. Asimismo, da alcances de los nuevos supuestos de impedimentos establecidos en la actual Ley de Contrataciones del Estado, y considera que dichas variaciones contribuirán a la lucha contra la corrupción.
A propósito de los constantes accidentes de tránsito ocurridos en nuestro país, el autor nos da alcances sobre la nueva figura incluida en el Código Procesal Penal referente al secuestro conservativo. Además señala que dicha medida asegura la reparación civil de las víctimas mediante una garantía dineraria o patrimonial.
La autora comenta sobre la constante problemática que se vive en nuestra sociedad respecto a la violencia de género y su relación con la ineficacia de las autoridades para proteger a las víctimas. Asegura además que el papel que debería cumplir la Policía Nacional en estos casos no es adecuada, pues no cuenta con los mecanismos de ejecución ni existe un seguimiento para la aplicación de las medidas de protección.
La Corte Suprema argentina y su decisión de no acatar un fallo de la Corte IDH
La autora comenta la reciente decisión de la Corte Suprema argentina que determinó que ninguno de sus fallos podría ser revocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Afirma que este fallo implica un retroceso en materia de derechos humanos, pues cuestiona la efectividad del control de convencionalidad.
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References: resolución 
 artículo 116
 artículo 113
 artículo 594
 artículo 118
 artículo 481
 resolución