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Timestamp: 2019-03-26 16:21:41+00:00

Document:
No se puede determinar la simulación de un contrato de compraventa con medios de prueba destinados a acreditar la insolvencia del comprador aparente - Actualidad Civil
Fuente: Consultorio Legal
CAS. N.° 14981-2014 La Libertad
(Publicada en El Peruano, 30/06/2017)
Señor juez supremo Lama More
Artículo 196 y 197 del Código Procesal Civil
[S]i bien la recurrente considera haberse infringido el precepto en estudio, tal criterio resulta errado pues lo que en realidad se aprecia es que no se encuentra conforme con lo decidido, ya que de la lectura de la fundamentación de la causal se advierte que en estricto no discute la falta de valoración sino que pretende persuadir a este órgano supremo que las pruebas ofrecidas supuestamente inciden en la causal de simulación alegada para anular el acto jurídico, lo que no implica que se haya transgredido el artículo 197 del código adjetivo; por lo demás, se debe considerar que el debate que efectúa la recurrente resulta ser inapropiado a esta sede, razones por las cuales ésta causal debe ser declarada infundada.
CAS. N.° 14981-2014
SUMILLA: “Sobre la carga de la prueba, para el caso de autos, este órgano supremo considera que corresponde al demandante la acreditación de los hechos alegados en la demanda, es decir, que el acto jurídico de compraventa, cuya nulidad se pretende, haya sido simulado. En tanto que sobre la valoración de la prueba; examinada la sentencia recurrida, se advierte que no obstante el detalle de las pruebas ofrecidas por las partes, las instancias han efectuado el análisis de las mismas”.
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número catorce mil novecientos ochenta y uno - dos mil catorce, con el acompañado, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Walde Jáuregui - Presidente, Lama More, Vinatea Medina, Rueda Fernández y Toledo Toribio; luego de verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación interpuesto por Violeta Nancy Morales de Córdova, de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cuatro, contra la sentencia de vista contenida en la resolución número quince, dictada el veinticinco de abril de dos mil trece, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, que confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución número diez, de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, obrante a fojas ciento cuarenta y seis, en el extremo que declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico.
Mediante resolución de fecha primero de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas noventa y dos del cuadernillo de casación formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso por la causal de infracción normativa del artículo I del Título Preliminar, y artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, alegando que se ha afectado su derecho al debido proceso, a la motivación de las resoluciones y a la prueba, porque en la sentencia de vista no se ha tenido en cuenta que, las declaraciones juradas, las testimoniales y situación del demandado, de no acreditar sus ingresos económicos, para justificar la supuesta compra del terreno en litigio, debieron generar convicción en el Juzgador, de que ese acto jurídico fue simulado; asimismo, considera absurdo, que para probar su afirmación de que ese acto fue simulado, se le exija que ofrezca el denominado convenio de simulación. Agrega, que uno de los agravios denunciados en su recurso de apelación, fue el hecho de que los contratos de mutuo fueron elaborados para aparentar la solvencia económica que permitiera la supuesta compra del terreno agrícola; sin embargo, en la sentencia impugnada, antes de analizar esos documentos, solo se reprodujo su contenido. Añade que se le otorga veracidad absoluta a documentos (contratos de mutuos), cuando estos no cuentan con legalizaciones de firmas de los intervinientes ante Notario Público, ni constancia de que fueron elaborados en la fecha que ahí se consignan.
PRIMERO. Atendiendo a que el recurso de casación fue declarado procedente por infracciones de carácter procesal, resulta menester indicar que estas tienen por objetivo —en atención a los vicios o defectos— proceder acorde a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil, en tanto que sus efectos son nulificantes.
SEGUNDO. Sobre las causales procesales invocadas, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, señala que: “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”; por su parte, el artículo 196 del citado cuerpo normativo acota que: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”; y, el artículo 197 del Código Procesal Civil que señala: “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.
TERCERO. Conforme puede verse, las mencionadas causales se encuentran referidas a la vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso así como a la carga y valoración de la prueba; al respecto, se debe precisar que el derecho a un debido proceso y tutela jurisdiccional comprende una abanico de derechos, como el de ser notificado de acuerdo a ley, ser escuchado sin restricción, efectuar su contradicción, poder presentar las pruebas, así como valorarlas, etc. Y en concordancia con el numeral 14 del precepto constitucional citado, a no ser privado de su derecho de defensa; lo que en suma coadyuvan a la tutela jurisdiccional efectiva, la que se realiza cuando se atiende los derechos que en un proceso se debe prevalecer, los mismos que de ser omitidos o vulnerados, corresponden ser repuestos en el estado en que se incurrió con la transgresión.
CUARTO. A su vez, corresponde anotar que lo establecido en los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, responde al hecho de que los justiciables tiene la carga de probar los hechos que afirman o los que contradice, esto es, que supone el deber de cada parte de asumir la prueba para demostrar su pretensión, caso contrario, su alegato será desestimado por improbanza; además, supone que no sean desprotegidos de la actuación y/o valoración de medios probatorios, en el sentido de que los ofrecidos por las partes deben ser estudiados o contrastados en forma conjunta, de manera razonada y con dirección a resolver el asunto materia de litis. Este derecho que forma parte del debido proceso, consiste en —conforme así lo ha señalado la Casación N.° 2808-2006- La Libertad— “el derecho a: 1) ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; 2) que se admitan los medios probatorios ofrecidos; 3) que se actúen adecuadamente los medios probatorios y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; 4) que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; y, 5) que se valoren en forma adecuada y motivada todos los medios de prueba que han sido actuadas y que han ingresado al proceso”[1].
QUINTO. En el presente caso, los demandantes acuden ante el órgano jurisdiccional interponiendo demanda, presentada el veintitrés de abril de dos mil diez, obrante a fojas dieciocho, por la cual pretenden la nulidad de acto jurídico, nulidad de escritura pública y nulidad de asiento registral, invocando como causal simulación absoluta; acción que la dirigen contra Crosby Antonio Salas Campos respecto de una parcela agrícola, ubicado en el predio rústico Salamanca, distrito de Magdalena de Cao, provincia de Ascope, departamento de la Libertad, inscrita en la Partida Electrónica N.° 04033129 del Registro de Propiedad Inmueble de La Libertad. Señala que con fecha doce de octubre de dos mil siete, los demandantes suscribieron con el señor Crosby Antonio Salas Campos, ante el Notario Público de Casa Grande, una minuta de compraventa de la parcela agrícola descrita en el petitorio de la demanda, acto que realizaron en forma simulada con la finalidad de evadir obligaciones con terceras personas; por ello (señalan los accionantes) que en la referida escritura pública de fecha quince de octubre de dos mil siete se estableció que ante Notario Público no se exhibió ningún medio de pago. Refiere que el demandado nunca ha gozado de solvencia económica, siendo imposible que haya pagado la suma de $.30,000.00 (treinta mil dólares americanos), y que así lo acredita con los testigos que ofrece como pruebas; añade, que dicha minuta y escritura pública la suscribieron con el compromiso y con la confianza de que el bien tenía que ser devuelto en un corto tiempo, hasta que sus obligaciones económicas con terceras personas fueran cumplidas en su totalidad, y ahora se llevan con la ingrata sorpresa que el emplazado no quiere devolver el bien, así como, que actualmente viene sembrando caña de azúcar y disponiendo libremente de la parcela agrícola, existiendo la inminente amenaza que pueda transferirlo.
SEXTO. La demanda así presentada, fue admitida por el Juzgado Mixto de Paijan de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; sin embargo, mediante sentencia contenida en la resolución número diez, de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, de fojas ciento cuarenta y seis, se declaró infundada la demanda. Sustentando su decisión el órgano jurisdiccional en lo siguiente: a) En el caso de autos, existe la minuta de compraventa, posteriormente inserta en la escritura pública de compraventa de la parcela agrícola de 11 Has. 6,700 m2 ubicada en el predio rústico denominado “Salamanca”, distrito de Magdalena de Cao, provincia de Ascope, departamento de La Libertad, cuyos detalles de medidas, extensión, área, colindancias y linderos, figuran inscritos en la Ficha N.° 5349 la cual continua en la Partida Electrónica N.° 04033129 del Registro de Predios de Trujillo, por el precio pactado de $.30,000.00 (Treinta mil dólares americanos) que fueron cancelados por el demandado, íntegramente a satisfacción de los vendedores (hoy demandantes), al contado y en efectivo. No existe documento o convenio de simulación pactado por las partes contratantes (vendedores y comprador) con el cual se acredite que el acto jurídico de compraventa antes mencionado sea simulado; b) con respecto a la insolvencia económica del demandado, que invocan los demandantes, al contestar la demanda, señala el a quo, cumplió con aportar la prueba respectiva que le habría permitido acreditar su capacidad económica, es decir, que habría tenido la suma de dinero necesaria para poder pagar el precio del inmueble, conforme estuvo pactado; y, c) Por otro lado, el emplazado —se indica— viene ejerciendo no solo la propiedad del inmueble materia de litis, sino también la posesión efectiva, habiendo realizado trabajos para la habilitación y cultivo del referido terreno, habiendo cambiado la titularidad del padrón catastral del predio materia de litis ante el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI por Resolución Jefatural N.° 380-2010-COFOPRI/OZLIB, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez (documental de folios setenta y cinco a setenta y seis); ha cambiado la titularidad de la licencia de uso de agua superficial con fines agrarios del predio materia de discusión, a su nombre, según Resolución Administrativa N.° 187-2009-ANA-ALA-CHICAMA de fecha treinta de setiembre de dos mil nueve, expedida por la Administración Local de Agua Chicama; y, el demandado se encuentra inscrito como usuario de agua en los Registros de la Comisión de Regantes de Magdalena de Cao y Yalpa en el predio materia de autos. Esto quiere decir que ante estos trámites administrativos, los hoy demandantes, no han formulado oposición alguna, lo que demostraría que el acto jurídico de compraventa hoy cuestionado, habría cumplido con todos los requisitos de validez que exige el artículo 140 del Código Civil, por tanto, resultan válidos los efectos del acto jurídico para las partes que lo suscribieron. En consecuencia, las pruebas ofrecidas por los demandantes, no han logrado acreditar la existencia de la simulación demandada en el acto jurídico de compraventa cuestionado, teniendo el demandante la carga de la prueba.
SÉPTIMO. Interpuesta la apelación por la parte demandante, la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante sentencia de vista contenida en la resolución número quince, de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, confirmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, señalando: a) De la revisión de los actuados se aprecia que si bien los recurrentes mencionan que el acto jurídico de compraventa adolece de simulación absoluta, esto no ha sido acreditado fehacientemente con ningún medio de prueba directo o indirecto, con la carga que impone el artículo 196 del Código Procesal Civil; es decir, no ha demostrado que no teniendo intención alguna de quedar jurídicamente vinculados han fingido celebrar el contrato de compraventa que aluden; así como tampoco han demostrado la insolvencia económica del demandado; y, b) En cuanto a las declaraciones juradas que obran como anexos 1-E, 1-F y 1-G de la demanda, no son suficientes para declarar fundada la demanda al ser manifestaciones unilaterales de ciertas personas, no existiendo en autos otro medio probatorio que confirme o corrobore su contenido. Siendo esto así, las declaraciones consignadas en las documentales en mención no constituyen prueba testimonial, por cuanto ésta, es un acto jurídico procesal que constituye una declaración de ciencia realizada por un tercero ajeno al proceso ante el órgano jurisdiccional, por la cual se exponen diversos hechos; en ese sentido, supone la obligación del testigo de comparecer a declarar ante el Juez y rendir su testimonio, contestando las preguntas en forma clara y no de manera evasiva, etc. lo que permitirá que los testigos sean oídos directamente por el Juez encargado de emitir el fallo, permitiendo su examen inmediato; así también, no satisface los requisitos para la existencia y validez de la declaración de testigos, como sería: debe ser una declaración personal y representativa, realizada en forma consciente, debe haber una resolución que ordena la toma de la declaración, debe ser recepcionada por el Juez del proceso o el comisionado o los cónsules del Perú, entre otros. […] Es más, quienes han vertido las declaraciones contenidas en tales documentales (Víctor Manuel Velásquez Neira, Pedro Roberty Campos de la Cruz y Sonia Celinda Otiniano Paz) no tienen la calidad procesal de testigos, la que se adquiere cuando el Juez admite la prueba testimonial y ordena su actuación, lo que no ha sucedido en autos.
OCTAVO. Previo a resolver las infracciones admitidas anteriormente, es necesario establecer en qué consiste dentro del acto jurídico la simulación absoluta; ésta es definida cuando no existe voluntad jurídica de celebrar o hacer realidad el acto jurídico, pues solo se aparenta celebrarlo; es decir, cuando en apariencia lo celebran, sin que exista un acto jurídico real y verdaderamente celebrado. Vidal Ramírez, señala que en la simulación absoluta el acuerdo simulatorio concertado entre los simulantes está dirigido a dar apariencia de realidad a un acto ficticio y sin contenido verdadero, ya que en la voluntad interna de los celebrantes no ha existido intención de que el acto pueda producir algún efecto jurídico más allá del propósito de engañar a los terceros. Agrega, que en la simulación absoluta existe, pues, una voluntad real pero solo para formar el acuerdo simulatorio que da origen a solo un acto jurídico en apariencia, sin contenido verdadero, pues no se corresponde con el de la voluntad interna de los celebrantes; verbigracia, si se simula un contrato de compraventa, por el acuerdo simulatorio el vendedor manifiesta vender sin querer vender y el comprador manifiesta, comprar sin querer comprar, pues se trata solo de aparentar el contrato, pues en la voluntad interna de los simulantes no existe voluntad de contratar y su manifestación está dirigida a producir el engaño[2].
NOVENO. Ahora, en relación a la infracción del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, se señala que tal precepto no ha sido aplicado pues en el recurso de apelación ha indicado que los contratos de mutuo han sido exprofesamente elaborados para aparentar la solvencia económica del emplazado para la supuesta compraventa del terreno agrícola, argumento que no habría sido desarrollado ni absuelto por la Sala Superior; por el contrario, otorga valor absoluto a dichos contratos de mutuo pese a no contar con legalización de firmas de los intervinientes. Al respecto, de la resolución recurrida y de la revisión de los actuados, este órgano supremo no aprecia vulneración alguna al derecho de la recurrente, en tanto que ha ejercido su defensa exponiendo sus alegatos, los que han sido respondidos y analizados en su momento, debiendo precisarse que de la lectura de las sentencias se observa que el alegato en cuestión ha sido respondido de manera concisa y concreta, y si bien no ha sido extensa dicha absolución, ello no implica que se haya transgredido el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ni el de motivación, es decir, no se advierte la infracción invocada; por el contrario, se aprecia con claridad que no obstante la falta de sustento de la infracción alegada, ésta resulta infundada en tanto que el argumento de defensa carece de prueba fehaciente, por lo que mal podría estimarse la infracción alegada ya que no basta afirmar hechos sino probarlos.
DÉCIMO. Sobre la infracción normativa a lo establecido en los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, el Tribunal Constitucional, en la sentencia contenida en el expediente N.° 6712-2005-HC/TC, en su fundamento jurídico quince[3], establece que: “Existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa […]”. 10.1. Al respecto, la recurrente alega que las declaraciones juradas, las declaraciones testimoniales y la no acreditación del demandado respecto a sus ingresos económicos, crean convicción de que el acto jurídico subjudice fue simulado. Sin embargo, este órgano supremo considera que corresponde al demandante la acreditación de los hechos alegados en la demanda, es decir, que el acto jurídico de compraventa, cuya nulidad se pretende, haya sido simulado; por lo que no se ha probado el concierto de voluntades de las partes; por el contrario, las instancias de mérito han establecido que el emplazado habría tenido la suma de dinero necesaria para poder pagar el precio del inmueble pactado, de lo que se puede establecer que la causal invocada en relación a la infracción normativa del artículo 196 del Código Procesal Civil, también corresponde ser desestimada.
UNDÉCIMO. Ahora, sobre la valoración de la prueba, debe entenderse que ésta se expone en el pronunciamiento final, es decir, en la sentencia, y que la misma constituye uno de los elementos sobre el cual se soporta la decisión el Juez; en relación a ello, en la sentencia expedida en el expediente N.° 4831-2005-PHC/TC en su fundamento jurídico octavo[4] establece que: “[…] se deriva una doble exigencia para el Juez: en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables”. 11.1. En el presente caso, examinada la sentencia recurrida se advierte que no obstante el detalle de las pruebas ofrecidas por las partes, las instancias han efectuado el análisis de las mismas con sujeción a lo establecido en el considerando cuarto de la presente resolución, toda vez que el razonamiento puesto en las sentencias de mérito han girado en torno a las ofrecidas por la misma recurrente, las cuales en su conjunto no han logrado la finalidad que persigue el artículo 188 del Código Procesal Civil; esto es, que existe una evidente valoración probatoria; y si bien la recurrente considera haberse infringido el precepto en estudio, tal criterio resulta errado pues lo que en realidad se aprecia es que no se encuentra conforme con lo decidido, ya que de la lectura de la fundamentación de la causal se advierte que en estricto no discute la falta de valoración sino que pretende persuadir a este órgano supremo que las pruebas ofrecidas supuestamente inciden en la causal de simulación alegada para anular el acto jurídico, lo que no implica que se haya transgredido el artículo 197 del código adjetivo; por lo demás, se debe considerar que el debate que efectúa la recurrente resulta ser inapropiado a esta sede, razones por las cuales ésta causal debe ser declarada infundada.
DUODÉCIMO. En tal sentido, se colige que el análisis de las normas comentadas, efectuadas por el Ad quem han sido acorde a los hechos acontecidos y a ley; quedando insostenible los argumentos de la recurrente, en tanto que la sentencia además de cumplir con los requisitos del artículo 122 del Código Procesal Civil no vulnera los artículos señalados en la resolución que declara procedente el recurso, obrante de fojas noventa y dos y siguientes del cuadernillo de casación; por lo que el recurso de casación interpuesto deviene en infundado.
Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Violeta Nancy Morales de Córdova, de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cuatro, NO CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número quince, dictada el veinticinco de abril de dos mil trece, obrante a fojas ciento ochenta y ocho, que confirmó la sentencia apelada contenida en la resolución número diez, de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, obrante a fojas ciento cuarenta y seis, en el extremo que declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la recurrente y Jesús Nicanor Córdova Chamache contra Crosby Antonio Salas Campos, sobre demanda de nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Lama More.
[1] Casación Laboral N° 6072-2012-Del Santa. 15 de abril de 2013.considerando sexto.
[2] Vidal Ramírez, Fernando, “El Acto Jurídico” Décima Edición 2016 Instituto Pacífico SAC. Pag. 548-549.
[3] STC 6712-2005-HC/TC, de fecha 17 de octubre del 2005, publicada con fecha 20 de enero del 2006.
[4] STC 4831-2005-PHC/TC, de fecha 08 de agosto de 2005, publicada con fecha 06 de noviembre del 2006.

References: Artículo 196
 artículo 197
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 artículo 396
 artículo 196
 artículo 197
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 140
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 artículo 196
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 artículo 196
 artículo 188
 artículo 197
 artículo 122
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 artículo 397
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