Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0033_ES.html
Timestamp: 2019-08-24 00:26:05+00:00

Document:
Procedimiento : 2018/2113(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0033/2019
sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las competencias del Parlamento en materia de control político de la Comisión
El 31 de mayo de 2018, la ponente recibió el mandato de elaborar un informe sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado en materia de control parlamentario sobre la Comisión.
Desde su designación, la ponente ha recabado información y se ha basado, entre otras, en las siguientes fuentes:
 una audiencia celebrada en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 10 de octubre de 2018;
 una evaluación de impacto ex post del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, titulada «El control parlamentario con respecto a la Comisión Europea: aplicación de las disposiciones del Tratado».
La supervisión parlamentaria es una condición previa para la legitimidad democrática. Los recientes cambios en el proceso legislativo y el mayor papel legislativo del ejecutivo han creado la necesidad de reforzar los procedimientos de control parlamentario. Este fenómeno no es ajeno a la estructura institucional de la Unión, ya que la Comisión ha adquirido competencias legislativas a través de actos delegados, su creciente «politización» y la mayor necesidad de reforzar la legislación para complementar su eficacia. Por consiguiente, el objetivo del presente informe es volver a evaluar la función de control del Parlamento sobre la Comisión y ponerlo al día con respecto a esta nueva evolución institucional.
Instrumentos existentes de control parlamentario sobre la Comisión
La Comisión tiene una responsabilidad colegiada ante el Parlamento Europeo (artículo 17 del TUE). El Parlamento deriva sus competencias de supervisión de la Comisión de los Tratados, pero también de fuentes de Derecho derivado o de acuerdos interinstitucionales como el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea y el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación.
Los instrumentos de control parlamentario pueden agruparse en una de las siguientes categorías:
- Elección del presidente e investidura de la Comisión
Elección del presidente de la Comisión (artículos 14 y 17 del TUE)
Según el Tratado, los jefes de Estado de la Unión Europea proponen un candidato al cargo de presidente de la Comisión, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas (artículo 17 del TUE). El candidato es elegido por el Parlamento (artículo 14 del TUE).
El proceso de designación de cabezas de lista, que el Parlamento puso en marcha por primera vez en 2014, estableció un vínculo más estrecho entre el Parlamento y la Comisión, que, junto con la práctica consolidada de las audiencias de los comisarios propuestos, creó una forma de orientación de la supervisión parlamentaria. El proceso de designación de cabezas de lista no es un requisito formal del Tratado, sino un proceso político establecido por el Parlamento en 2014, que condujo al nombramiento del presidente Juncker, que era el candidato cabeza de lista del PPE, como presidente de la Comisión.
Queda por ver cómo evolucionará el proceso de designación de cabezas de lista en el contexto de las elecciones de 2019, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en la Decisión del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2018, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Este proceso constituye un paso importante en el fortalecimiento del vínculo entre el Parlamento y la Comisión, y debería incluso reforzarse estableciendo unas condiciones más detalladas para su aplicación.
Investidura de la Comisión (artículos 14 y 17 del TUE)
Desde 1995, los comisarios propuestos han tenido que comparecer ante el Parlamento para celebrar una audiencia pública con las comisiones pertinentes, una práctica desarrollada por el Parlamento y formalizada en su Reglamento interno, aunque no se trata de un procedimiento establecido en los Tratados. A continuación, la Comisión se somete colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento. Ha habido tres casos de comisarios propuestos que retiraron sus candidaturas tras un resultado negativo de la audiencia parlamentaria (Rocco Buttoglione en 2004, Rumiana Jeleva en 2010 y Alenka Bratušek en 2014).
En caso de que se produzca un cambio significativo en la cartera de un comisario durante el mandato de la Comisión o un cambio significativo en la composición de la Comisión, los comisarios de que se trate serán invitados de nuevo a una audiencia pública en el Parlamento. Entre 2010 y 2018 se celebraron cinco audiencias adicionales de comisarios propuestos.
- Instrumentos para pedir cuentas a la Comisión
Moción de censura (artículo 17 del TUE y artículo 234 del TFUE)
El poder de censura del Parlamento a la Comisión podría considerarse un voto de no confianza en el poder ejecutivo. El Parlamento tiene el derecho de censurar a la Comisión por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen una mayoría de los diputados que componen el Parlamento. De conformidad con el Reglamento interno del Parlamento (artículo 119), esta moción puede presentarse por la décima parte de los diputados al Parlamento Europeo.
Hasta la fecha, no se ha aprobado ninguna de las ocho mociones de censura presentadas ante el Parlamento, debido principalmente al umbral tan elevado que se requiere (mayoría de dos tercios). En 1999, la Comisión Santer dimitió antes de que el Parlamento la obligara a ello. Esto ocurrió después de que el Parlamento se negara a aprobar la gestión de la Comisión para el ejercicio 1996.
Retirada de la confianza a un miembro particular de la Comisión
Los Tratados no prevén la responsabilidad individual de los comisarios, sino que consideran a la Comisión como un órgano responsable colegiadamente ante el Parlamento. Sin embargo, de conformidad con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, el Parlamento puede solicitar al presidente de la Comisión que retire la confianza a un miembro particular de la Comisión. El presidente de la Comisión debe explicar su negativa a hacerlo ante el Parlamento. Esta disposición nunca se ha aplicado hasta la fecha.
Derecho de investigación (artículo 226 del TFUE)
De conformidad con el artículo 226 del TFUE, el Parlamento tiene derecho a constituir una comisión temporal de investigación para examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión. Este mismo artículo confiere al Parlamento el derecho de iniciativa para proponer un Reglamento en el que se detallen las modalidades de ejercicio de su derecho de investigación, que deberían adoptarse previa aprobación del Consejo y de la Comisión.
Todas las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha por el Parlamento a través de las comisiones de investigación han demostrado que el marco jurídico vigente(1) es demasiado restrictivo en cuanto a la capacidad de citar a testigos individuales, solicitar el acceso a documentos e imponer sanciones para hacer valer las facultades de investigación del Parlamento. La propuesta del Parlamento de un Reglamento relativo al derecho de investigación(2), que sigue en fase de negociación con el Consejo y la Comisión, tiene por objeto aumentar las competencias del Parlamento en estos ámbitos.
Desde 2009, el Parlamento ha creado dos comisiones de investigación: una sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil (EMIS), y otra sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales (PANA).
Aunque las disposiciones jurídicas actuales no les permiten formular recomendaciones vinculantes, parece que la Comisión se toma en serio su labor, como en el caso de la Comisión de Investigación EMIS. Esto se debe sin duda al vínculo político más sólido entre el Parlamento y la Comisión, en particular desde las elecciones de 2014.
Control parlamentario sobre actos delegados y actos de ejecución
Si bien los actos delegados permiten a la Comisión adoptar normas de alcance general, los actos de ejecución son de carácter no legislativo y tienen por objeto garantizar la aplicación uniforme de la legislación en todos los Estados miembros de la Unión. Debido a este carácter diferente, el Parlamento dispone de diferentes posibilidades de control para los actos delegados y los de ejecución.
En el caso de los actos delegados, el Parlamento tiene derecho a vetarlos y revocarlos, mientras que para los actos de ejecución no tiene competencias de bloqueo. En el caso de los actos de ejecución, la facultad de control se desplaza hacia el nivel nacional, en el que los Estados miembros, a través de procedimientos consultivos y de examen, tienen la posibilidad de dar forma al contenido del acto de ejecución. Sin embargo, los Estados miembros están representados por sus Gobiernos en estos organismos, y, dependiendo de la estructura institucional establecida en los Estados miembros, estas medidas podrían carecer de supervisión parlamentaria en algunos Estados miembros. Por consiguiente, resulta esencial que también se lleve a cabo una supervisión parlamentaria a escala nacional para controlar la acción del poder ejecutivo en este ámbito.
Hasta junio de 2018, el Parlamento nunca había revocado una delegación y solo se había opuesto ocho veces a un acto delegado adoptado por la Comisión. Además de facultar a la Comisión para adoptar actos delegados, el acto legislativo de base determina el período durante el cual se delega este poder en la Comisión. La delegación de poderes puede concederse por: 1) un período indefinido, 2) un período determinado, con prórroga tácita, y 3) un período determinado, sin posibilidad de prórroga. Sobre la base de las estadísticas, solo se concedió un período de tiempo indefinido en 13 casos, frente a un período determinado con prórroga tácita en 158 casos, y un período determinado en 41 casos.
Dado que el número de actos de ejecución ha aumentado en los últimos años y que son los poderes ejecutivos de los Estados miembros quienes controlan a la Comisión en el ejercicio de los actos de ejecución, debería reforzarse la participación del Parlamento en términos de control parlamentario y deberían aplicarse criterios claros para la delimitación de los actos delegados y de ejecución.
Preguntas orales y escritas (artículo 230, apartado 2, del TFUE)
De conformidad con el artículo 230, apartado 2, del TFUE, el Parlamento puede recurrir a preguntas con solicitud de respuesta oral y escrita, pero solo puede dirigirse a la Comisión y no al Consejo, aunque tanto el Consejo como el presidente del Consejo Europeo hayan acordado responder a las preguntas del Parlamento de manera voluntaria. Esto puede considerarse, por tanto, un instrumento más bien blando, para poner de relieve problemas o solicitar más información. No obstante, las estadísticas muestran que la Comisión responde a todas las preguntas escritas del Parlamento, aunque no siempre respete los plazos establecidos. Lo mismo sucede con las preguntas con solicitud de respuesta oral, ya que la Conferencia de Presidentes decide si debe incluir estas preguntas en el proyecto de orden del día.
El Reglamento interno del Parlamento (artículo 129) permite organizar el turno de preguntas a la Comisión, que es una herramienta de control común en las democracias parlamentarias. Sin embargo, esto ya no se pone en práctica, posiblemente porque cabría considerar que se solapaba con las sesiones plenarias de respuesta de la Comisión a preguntas orales.
El Tratado otorga al Parlamento el derecho a incoar procedimientos judiciales contra la Comisión y pedir al Tribunal que controle la legalidad de un acto de la Comisión (artículo 263 del TFUE). El artículo 265 del TFUE otorga al Parlamento el derecho a interponer un recurso por omisión contra la Comisión. Aunque los procedimientos judiciales incoados por el Parlamento contra la Comisión son bastante limitados (10 solicitudes desde 2009, 5 acciones concedidas), parece que el Parlamento utiliza sus competencias como medida de último recurso cuando fallan todas las demás acciones posibles.
- Instrumentos para orientar la supervisión
Además de los instrumentos que permiten pedir a la Comisión que rinda cuentas, los instrumentos de orientación de la supervisión permiten al Parlamento configurar la agenda política y legislativa de la Unión de forma proactiva y eficaz.
Informes que debe presentar la Comisión
El artículo 249 del TFUE obliga a la Comisión a publicar un informe general sobre las actividades de la Unión, que, de conformidad con el artículo 233 del TFUE, será debatido por el Parlamento en una sesión pública una vez se lo haya presentado la Comisión.
La Comisión tiene la obligación de informar, cada tres años, al Parlamento en relación con la no discriminación y la ciudadanía de la Unión, teniendo en cuenta al mismo tiempo el desarrollo de la Unión (artículo 25 del TFUE).
Además, debe presentarse al Parlamento un informe sobre los resultados de la supervisión multilateral en el ámbito de la política económica (artículo 121, apartado 5, del TFUE).
Otro informe que ha de remitirse al Parlamento es un informe anual sobre la evolución en la consecución de los objetivos del artículo 151, que se refiere a la política social (artículo 159 del TFUE), como también un informe anual sobre la evolución de la situación social en la Unión (artículo 161 del TFUE).
El artículo 175 del TFUE obliga a la Comisión a presentar un informe sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica, social y territorial y sobre la forma en que los distintos medios establecidos en dicho artículo hayan contribuido a ello. Este informe debe presentarse cada tres años.
El informe que la Comisión debe enviar de conformidad con el artículo 190 del TFUE debe incluir información sobre las actividades realizadas en materia de investigación y desarrollo tecnológico y de difusión de los resultados durante el año precedente.
Al llevar a cabo negociaciones con terceros países u organizaciones internacionales, la Comisión está obligada por el artículo 207 del TFUE a informar periódicamente al Parlamento acerca de la marcha de estas negociaciones.
Otro informe anual que la Comisión debe presentar al Parlamento es el que se contempla en el artículo 325, apartado 2, del TFUE en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra el fraude.
Configuración de una agenda proactiva
Al principio de cada año, la Comisión debe enviar al Parlamento un informe que incluya su programa de trabajo para el año en curso (artículo 190 del TFUE). El Acuerdo marco prevé un calendario detallado para este procedimiento.
En el primer semestre de cada año se celebra un diálogo regular entre los comisarios y las comisiones parlamentarias correspondientes, seguido de un informe a la Conferencia de Presidentes de Comisión (CPC) sobre el resultado de este diálogo, y se celebra un intercambio regular de puntos de vista entre la CPC y los vicepresidentes de la Comisión. En esta plataforma, el Parlamento expresa sus prioridades en relación con el programa de trabajo de la Comisión, que la Comisión está entonces obligada a tener en cuenta, de conformidad con el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
En junio de cada año, la CPC presenta un informe sucinto a la Conferencia de Presidentes (CDP), en el que se incluyen los resultados del análisis de la ejecución del programa de trabajo de la Comisión, las prioridades del Parlamento para el siguiente programa de trabajo de la Comisión y el balance de los resultados del diálogo bilateral en curso con la Comisión. En el período parcial de sesiones de julio se aprueba una resolución en la que se presenta la posición del Parlamento sobre las prioridades legislativas.
El debate sobre el estado de la Unión tiene lugar en la sesión plenaria de septiembre en Estrasburgo. Esto hace que las prioridades políticas de la Unión sean más transparentes y se sometan a un control parlamentario previo.
Durante el mes de septiembre, las comisiones parlamentarias mantienen un intercambio de puntos de vista sobre las futuras prioridades en cada ámbito político con los comisarios respectivos, seguido de una reunión posterior entre la CPC y el Colegio de Comisarios y, en su caso, entre la CDP y el presidente de la Comisión.
El programa de trabajo de la Comisión para el año siguiente se aprueba en octubre y es presentado al Parlamento por el presidente de la Comisión. El Parlamento celebra un debate y vota una resolución durante el período parcial de sesiones del mes de diciembre.
Además del establecimiento del programa legislativo, el Tratado otorga al Parlamento un derecho de iniciativa cuasilegislativa. De conformidad con el artículo 225 del TFUE, el Parlamento puede solicitar a la Comisión que presente una propuesta sobre asuntos que a su juicio requieran la elaboración de un acto de la Unión para la aplicación de los Tratados. La Comisión no está obligada a elaborar tal propuesta, pero, en caso de que no dé seguimiento a la iniciativa del Parlamento, debe comunicar sus razones al Parlamento. Desde 2009, el Parlamento ha recurrido al artículo 225 en veinticuatro ocasiones, de las cuales siete fueron al menos parcialmente fructíferas y dieron lugar a una propuesta legislativa de la Comisión o a otra acción pertinente.
Seguimiento y aplicación de las prioridades políticas y la programación legislativa
El artículo 6 del anexo VI del Reglamento interno del Parlamento detalla el procedimiento según el cual el Parlamento examina los compromisos contraídos y las prioridades declaradas por los comisarios propuestos durante sus audiencias de nombramiento.
Procedimiento presupuestario y aprobación de la gestión presupuestaria
El hecho de que el Parlamento sea colegislador en el ámbito presupuestario le da fuerza para controlar en cierta medida a la Comisión, ya que la no adopción del presupuesto al principio del ejercicio limita el gasto presupuestario mensual a las doceavas partes provisionales, lo que podría afectar a la capacidad de la Comisión para ejecutar los programas plurianuales. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento no ha hecho uso de esta posibilidad, lo que sí sucedió en 1979 y en 1984.
Por lo que se refiere al gasto del presupuesto, el Parlamento tiene el control sobre su ejecución, ya que, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, puede aprobar la gestión de la Comisión, expresando así su evaluación de la forma en que la Comisión ejecuta el presupuesto de la Unión. Desde 2009, el Parlamento nunca ha aplazado ni denegado la aprobación de la gestión, posiblemente debido a que la Comisión a menudo tiene en cuenta las recomendaciones del Parlamento formuladas durante el procedimiento de aprobación de la gestión.
Las obligaciones de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para con el Parlamento son, en su mayoría, de consulta y de notificación (artículo 36 del TUE y artículos 218 y 328 del TFUE). Sin embargo, con la introducción del requisito de aprobación del Parlamento para la celebración de acuerdos internacionales (artículo 218 del TFUE), el Parlamento ha adquirido un papel más destacado en las relaciones exteriores y la Comisión está obligada a mantenerlo informado plena y oportunamente sobre la evolución de la negociación de tales acuerdos.
Informes de ejecución y evaluación
Los informes de ejecución son otro nuevo instrumento de control parlamentario sobre el poder ejecutivo, ya que ofrecen recomendaciones y configuran las políticas futuras sobre la base del análisis de la ejecución hasta la fecha.
En conjunto, parece que el Parlamento dispone de poderosos instrumentos de control político sobre la Comisión. Sin embargo, parece necesario mejorar su aplicabilidad y adaptarlos mejor a los retos específicos de la estructura institucional de la Unión.
Principales retos para la supervisión parlamentaria del poder ejecutivo en la Unión:
1. Se acusa la falta de una definición clara del «poder ejecutivo» en los Tratados. En el contexto de la Unión Europea, el «poder ejecutivo» se organiza de forma diferente para los distintos ámbitos políticos, ya que no existe una lista exhaustiva de ámbitos políticos para los que la Comisión tiene poder ejecutivo. Esto plantea, por tanto, algunos retos importantes para el control parlamentario.
2. El poder ejecutivo consta de varios niveles y se extiende a través de los niveles europeo, nacional y, a veces, regional, lo que exige que los órganos electos ejerzan un auténtico control democrático en cada uno de estos niveles.
3. Esto podría implicar a diferentes instituciones para las diferentes políticas: la Comisión (para las competencias exclusivas), la Comisión con los Estados miembros (políticas de gestión compartida), el Consejo y el Consejo Europeo (en el caso de la PESC).
4. Cuando el Consejo Europeo rebasa las funciones que le encomiendan los Tratados y actúa como legislador, esto significa de facto que priva al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales de cualquier control sobre el poder ejecutivo, como ocurre por ejemplo en el caso del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Pacto Presupuestario.
5. El umbral sumamente elevado que debe alcanzarse para poner en marcha algunos mecanismos de control como, por ejemplo, la moción de censura, constituye otro reto para una supervisión parlamentaria eficaz.
6. Se acusa una falta de evaluación continua del trabajo de los distintos comisarios.
7. Solo existe una responsabilidad colectiva de la Comisión y no existe ningún mecanismo que permita exigir a los comisarios que rindan cuentas a título individual.
8. No hay ningún mecanismo de control parlamentario sobre los procedimientos administrativos de la Comisión para el nombramiento del secretario general y los directores generales de la Comisión.
9. El Consejo Europeo domina la elaboración de la agenda política de la Unión, lo cual limita la orientación de la supervisión del Parlamento.
10. Aunque los diálogos tripartitos legislativos son una herramienta importante de la democracia parlamentaria, suponen un reto para el ejercicio efectivo de las funciones de control del Parlamento. El carácter consensual del proceso decisorio de la Unión dificulta el ejercicio efectivo del control político por parte del Parlamento.
11. La tendencia de la Comisión a despolitizar las cuestiones, mediante la creación de agencias y ofreciendo soluciones aparentemente técnicas a problemas políticos, hace que sea más improbable que el Parlamento ejerza sus competencias de control sobre estas cuestiones de forma eficaz.
Posibles respuestas a los retos existentes:
1. Debido a los múltiples niveles del Ejecutivo de la Unión, es necesario que, en lo tocante a los asuntos europeos, los Parlamentos nacionales controlen a los Gobiernos nacionales de la misma manera que el Parlamento controla a la Comisión a escala de la Unión.
2. El poder ejecutivo de la Unión debería racionalizarse y definirse de modo que la Comisión se transforme en el principal órgano ejecutivo.
3. Dado que el poder ejecutivo en la Unión tiene múltiples niveles, el diálogo político entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo debería intensificarse y dotarse de mayor significado y contenido, sin rebasar los límites de sus respectivas competencias constitucionales, a fin de abarcar también al Consejo Europeo y al Consejo de la Unión Europea cuando actúen como órganos ejecutivos.
4. Las competencias legislativas y los derechos de supervisión del Parlamento deben ser garantizados, consolidados y reforzados. En la misma línea, el Parlamento podría considerar reformar sus métodos de trabajo con el fin de reforzar el ejercicio de sus funciones de control político sobre la Comisión.
5. Esto implicaría asimismo un refuerzo de la capacidad ejecutiva de la Comisión en las políticas económicas y monetarias.
6. La aplicación de los instrumentos de supervisión, y principalmente de los que se emplean para exigir cuentas a la Comisión, debería ir acompañada de un análisis exhaustivo de lo que ha fallado y por qué.
7. La combinación de distintos instrumentos de supervisión, tanto en términos de rendición de cuentas como de orientación, podría dar mejores resultados en materia de supervisión parlamentaria en el contexto de la Unión.
8. Hay instrumentos que no se aplican en la práctica (como la moción de censura). Debido al vínculo más estrecho que se ha creado entre el Parlamento y la Comisión a raíz del proceso de designación de cabezas de lista y dado que los comisarios se identifican con los grupos políticos del Parlamento, podría resultar aún más difícil utilizarlos en el futuro.
9. La Comisión debería prestar más atención a las iniciativas legislativas puestas en marcha por el Parlamento en virtud del artículo 225 del TFUE.
10. Debería reforzarse el intercambio de mejores prácticas entre los Parlamentos nacionales en materia de control parlamentario, como la celebración de debates regulares entre los respectivos ministros y las comisiones especializadas de los Parlamentos nacionales antes y después de las reuniones del Consejo, y con los comisarios dentro de un contexto y de un calendario adecuados, así como las reuniones con los Parlamentos nacionales para intercambiar puntos de vista con los diputados.
11. En una futura modificación del Tratado sería necesario enmendar las disposiciones relativas a la moción de censura con el fin de reducir el umbral exigido y establecer procedimientos para responsabilizar a los comisarios a título individual ante el Parlamento durante su mandato.
12. La propuesta del Parlamento de un Reglamento sobre el derecho de investigación debería adoptarse rápidamente para otorgar al Parlamento unas competencias efectivas que le permitan ejercer este instrumento parlamentario básico para la rendición de cuentas del Ejecutivo.
13. Son necesarias normas claras para establecer la delimitación entre los actos de ejecución y los actos delegados a fin de garantizar un control parlamentario adecuado.
14. La Comisión debería revisar sus procedimientos administrativos para el nombramiento de su secretario general y de sus directores y directores generales. En el contexto de una mayor parlamentarización de la estructura institucional de la Unión, podrían preverse también audiencias parlamentarias de los altos funcionarios del Ejecutivo de la Unión.
Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 19 de abril de 1995, relativa a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo (DO L 113 de 19.5.1995, p.1).
P7_TA(2014)0429 y P7_TA(2012)0219.
– Vistas las disposiciones del Tratado relativas a la supervisión política del Parlamento Europeo sobre la Comisión Europea, y en particular los artículos 14, 17 y 25 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 121, 159, 161, 175, 190, 225, 226, 230, 233, 234, 249, 290, 291, 319 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Visto el artículo 17 del TUE, que confía a la Comisión Europea la promoción del interés general de la Unión y el monopolio a la hora de tomar iniciativas «con este fin»,
– Vistos el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 2016, y el Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, de 2013,
– Vista su Decisión, de 7 de febrero de 2018, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y en particular sus apartados 2 y 8, en los que se reafirma una vez más que el proceso del sistema de designación de cabezas de lista («Spitzenkandidaten») consiste en una práctica constitucional y política fructífera que refleja el equilibrio interinstitucional previsto en los Tratados(3),
– Vista su Resolución legislativa, de 16 de abril de 2014, sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo y por el que se deroga la Decisión 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(4), así como las negociaciones interinstitucionales en curso;
– Visto el informe del Defensor del Pueblo Europeo sobre las reuniones y la inspección de documentos en las reclamaciones conjuntas 488/2018/KR y 514/2018/KR sobre el nombramiento por la Comisión de un nuevo secretario general, así como su recomendación en dichos asuntos,
– Visto su Reglamento interno, y en particular el artículo 52, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, relativa al procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0033/2019),
A. Considerando que el marco institucional de la Unión consagrado en los Tratados confiere al Parlamento, en su calidad de órgano legislativo de la Unión, la responsabilidad de la supervisión política de la Comisión;
B. Considerando que el Parlamento dispone de un conjunto de instrumentos para pedir cuentas a la Comisión, como la moción de censura (artículos 17 del TUE y 234 del TFUE), la posibilidad de pedir al presidente de la Comisión que retire su confianza a un miembro particular de la Comisión (artículo 118, apartado 10, del Reglamento interno del Parlamento), el derecho de investigación (artículo 226 del TFUE), la competencia de control sobre los actos delegados y de ejecución (artículos 290 y 291 del TFUE), el derecho a formular preguntas orales y escritas (artículo 230, apartado 2, del TFUE) y el derecho a incoar un procedimiento judicial contra la Comisión sobre cuestiones de legalidad (artículo 263 del TFUE) o en caso de que la Comisión haya omitido actuar;
C. Considerando que, además de estos instrumentos, el Parlamento cuenta con una serie de herramientas para orientar la supervisión, gracias a las cuales puede configurar de forma proactiva la agenda política europea;
D. Considerando que el presupuesto es la herramienta más importante de la Unión Europea para el cumplimiento de sus objetivos y estrategias, por lo que el control presupuestario reviste la máxima importancia;
E. Considerando que el proceso de designación de cabezas de lista refleja el equilibrio interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión, y ha consolidado y reforzado de este modo sustancialmente el vínculo entre ambas instituciones, lo que ha dado lugar a una mayor politización de la Comisión que debería resultar en un mayor control parlamentario de sus funciones ejecutivas;
F. Considerando que el artículo 17 del TUE prevé que el presidente de la Comisión sea elegido por el Parlamento a propuesta de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones europeas y las consultas con el Parlamento; que dicho artículo establece también que debería seguirse el mismo procedimiento en caso de que el Parlamento rechace al candidato propuesto, incluida la consulta al Parlamento;
G. Considerando que todos los comisarios propuestos se someten a una audiencia antes de ser investidos por el Colegio de Comisarios y que, durante su mandato, el Parlamento puede revisar los compromisos y prioridades expresados por los comisarios propuestos en sus audiencias de nombramiento, incluida una evaluación de si sus antecedentes personales los capacitan para cumplir los requisitos que exige el cargo;
H. Considerando que los Tratados otorgan al Parlamento el derecho de votar una moción de censura contra la Comisión en su conjunto, pero no el de retirar su confianza a un comisario a título individual;
I. Considerando que, a pesar de la responsabilidad colectiva del Colegio de Comisarios, el Parlamento debería garantizar una supervisión política eficaz del trabajo individual de cada comisario;
J. Considerando que el reciente nombramiento del nuevo secretario general de la Comisión ha suscitado una gran preocupación sobre el papel y la influencia política ejercida por los altos funcionarios de la Comisión;
K. Considerando que deberá seguirse un nuevo procedimiento, acorde con las normas, para proveer el puesto de secretario general de la Comisión cuando sean nombrados el nuevo presidente de la Comisión y los nuevos comisarios en 2019;
L. Considerando que el Tratado obliga a la Comisión a informar periódicamente al Parlamento sobre lo siguiente: anualmente, sobre las actividades generales de la Unión (artículo 249 del TFUE); cada tres años, sobre la aplicación de las disposiciones en materia de no discriminación y ciudadanía de la Unión (artículo 25 del TFUE); sobre los resultados de la supervisión multilateral de la política económica (artículo 121, apartado 5, del TFUE); cada tres años, sobre los progresos realizados en materia de política social (artículos 159 y 161 del TFUE); cada tres años, sobre los progresos realizados en materia de cohesión económica, social y territorial (artículo 175 del TFUE); anualmente, sobre las actividades realizadas en materia de investigación de la Unión (artículo 190 del TFUE); anualmente, sobre la lucha contra el fraude (artículo 325 del TFUE); y al llevar a cabo negociaciones con terceros países u organizaciones internacionales (artículo 207 del TFUE);
M. Considerando además que, en lo que al Derecho derivado se refiere, la Comisión debe revisar y evaluar distintas directivas y reglamentos e informar sobre sus conclusiones;
N. Considerando que, con la adopción del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, el Parlamento ha obtenido un efecto multiplicador adicional en la configuración de la agenda legislativa propuesta cada año por la Comisión en su programa de trabajo;
O. Considerando que, desde la adopción del Tratado de Lisboa, el Parlamento se ha convertido en auténtico colegislador en el ámbito presupuestario, con la responsabilidad de aprobar la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto de la Unión;
P. Considerando que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se ha ampliado la influencia del Parlamento sobre el control de las políticas exteriores de la Unión, gracias a su facultad de aprobar la celebración de acuerdos internacionales y, por ende, a su derecho a ser informado inmediata y plenamente por la Comisión de dichos acuerdos en todas las fases de la negociación (artículo 218 del TFUE y artículo 50 del TUE);
Q. Considerando que las condiciones en que se han desarrollado las negociaciones con el Reino Unido sobre su retirada de la Unión han sido ejemplares en lo que a transparencia y participación del Parlamento se refiere;
R. Considerando que el alcance de los derechos de control del Parlamento varía de forma notable entre los actos delegados y los actos de ejecución; que el Parlamento tiene derecho a vetar un acto delegado o a revocar la delegación, pero que, en el caso de los actos de ejecución, su influencia es mucho más limitada;
S. Considerando que la actual estructura institucional de la Unión y la falta de una definición precisa del poder ejecutivo en los Tratados hace que el concepto de este dentro de la Unión sea complejo y quede disperso entre los niveles europeo, nacional y regional;
T. Considerando que es fundamental una cooperación más estrecha entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales y regionales, en consonancia con sus respectivas competencias constitucionales y de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del TUE, para abordar la cuestión del control parlamentario de las funciones ejecutivas en lo que se refiere a la aplicación de la legislación europea;
U. Considerando que la transparencia y una participación importante del Parlamento en las negociaciones con el Reino Unido han tenido una repercusión positiva en el resultado de estas, al crear un clima de confianza y unidad, por lo que deberían servir de inspiración a la hora de entablar futuras negociaciones internacionales;
1. Recuerda que el control de los organismos de la Unión es una de las funciones principales del Parlamento Europeo y que la rendición de cuentas de la Comisión ante el Parlamento es un principio fundamental del funcionamiento de la Unión y del control democrático interno;
2. Opina que el Parlamento no está utilizando plenamente todos sus instrumentos de control político sobre el Ejecutivo por diversas razones, algunas de ellas inherentes a la estructura institucional de la Unión y otras, por ejemplo, derivadas de la evolución de la dinámica interinstitucional, que ha hecho que algunos de los instrumentos sean difíciles de aplicar o no resulten suficientemente eficaces;
3. Reconoce la posibilidad de una mayor politización de la Comisión debida al sistema de cabezas de lista, por el que todos los ciudadanos europeos pueden hacer oír directamente su voz acerca de la elección del presidente de la Comisión a través de un voto a su candidato preferido; apoya por ello firmemente que se mantenga esta práctica en futuras elecciones europeas y anima a todas las fuerzas políticas a participar plenamente en el proceso;
4. Se muestra convencido de que el sistema de designación de cabezas de lista debe liderar las listas de los partidos políticos europeos en las elecciones del Parlamento Europeo;
5. Recuerda que el vínculo político reforzado que se ha creado entre el Parlamento y la Comisión como resultado del proceso de designación de cabezas de lista no debería conllevar una supervisión parlamentaria menos estricta de la Comisión;
6. Recuerda que el umbral previsto en los Tratados para una moción de censura se destina a reservar un uso eficaz de este instrumento para casos graves; reconoce que, como en la mayoría de las democracias parlamentarias, la posibilidad de moción de censura funciona generalmente como elemento disuasorio; propone, no obstante, que en el contexto de la futura modificación de los Tratados se estudien o examinen posibilidades de bajar el umbral de manera mesurada, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio institucional buscado por los Tratados;
7. Señala que la politización de la Comisión es una consecuencia directa de las modificaciones introducidas con el Tratado de Lisboa; señala que estas modificaciones no incluyen la adopción de disposiciones que permitiesen exigir cuentas de forma individual a los comisarios;
8. Lamenta profundamente el hecho de que, en palabras de la defensora del pueblo, «la Comisión no ha seguido correctamente las normas pertinentes, ni en la letra ni en el espíritu», a la hora de nombrar a su secretario general;
9. Señala que los Tratados no proporcionan una definición clara del Ejecutivo de la Unión y que las instituciones responsables difieren en los distintos ámbitos políticos, dependiendo de si se considera que corresponden al ámbito de las competencias compartidas o al de las competencias exclusivas de la Unión;
10. Considera necesario establecer un verdadero sistema legislativo bicameral con participación del Consejo y el Parlamento, en el que la Comisión sería el órgano ejecutivo;
11. Señala que el papel del Parlamento en materia de supervisión del Ejecutivo se complementa con competencias similares de los Parlamentos nacionales respecto de sus propios poderes ejecutivos en lo tocante a los asuntos europeos; considera que dicha responsabilidad es la piedra angular del cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión;
12. Considera que el ejercicio de control del Parlamento sobre el Ejecutivo, de conformidad con el artículo 14 del TUE, ha resultado difícil, por no decir imposible en ocasiones, debido a la falta de un catálogo claro de competencias y políticas de la Unión y a la atribución de competencias a múltiples niveles entre los Ejecutivos europeos, nacionales y regionales;
13. Recuerda que los Tratados no confieren ninguna función legislativa ni ningún derecho de iniciativa legislativa al Consejo Europeo; expresa su preocupación por que, en los últimos años, el Consejo Europeo, en contra del espíritu y la letra de los Tratados, haya tomado una serie de decisiones políticas importantes fuera del marco del Tratado, excluyendo así de hecho tales decisiones de la supervisión del Parlamento y socavando la responsabilidad democrática, que resulta esencial en relación con dichas políticas europeas;
14. Recuerda que el Tratado otorga al Parlamento competencias importantes de control político a través del procedimiento anual presupuestario y de aprobación de la gestión;
15. Recuerda que la aprobación de la gestión es un procedimiento político anual que garantiza el control democrático ex post de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea por parte de la Comisión bajo su propia responsabilidad y en cooperación con los Estados miembros;
16. Señala que el procedimiento de aprobación de la gestión ha resultado ser un poderoso instrumento que ha repercutido en la evolución positiva del sistema presupuestario de la Unión, la gestión financiera, la configuración de la agenda y la forma en que se definen y aplican las políticas de la Unión, al tiempo que contribuye a aumentar la influencia política del Parlamento;
17. Subraya que el artículo 318 del TFUE añade una nueva herramienta al instrumental de la aprobación de la gestión presupuestaria: la evaluación de las finanzas de la Unión basada en los resultados obtenidos;
18. Señala con preocupación que no existe ninguna sanción legal efectiva en caso de que el Parlamento decida no conceder la aprobación de la gestión a la Comisión; considera, no obstante, que la negativa a conceder la aprobación de la gestión constituye una señal política fuerte, ya que significa que el Parlamento no tiene confianza suficiente en la rendición de cuentas de la Comisión y que, por tanto, la Comisión debe responder y tomar medidas de seguimiento concretas concebidas para mejorar la situación;
19. Deplora que, en ausencia de cooperación leal del Consejo, la práctica institucional de la aprobación de la gestión presupuestaria en el Parlamento no permita controlar el presupuesto del Consejo y que esta situación constituya una falta grave a las obligaciones del Tratado, que establece que el Parlamento controla el presupuesto de la Unión en su conjunto;
20. Propone, con vistas a extender el poder de control presupuestario del Parlamento a todo el presupuesto de la Unión, que se entablen negociaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento a fin de que se garantice el derecho del Parlamento a acceder a la información sobre la ejecución del presupuesto del Consejo, ya sea directamente o a través de la Comisión, y de que el Consejo responda a las preguntas escritas del Parlamento y asista a las audiencias y los debates sobre la ejecución de su presupuesto; opina que, de fracasar estas negociaciones, el Parlamento debería aprobar solamente la gestión de la Comisión e incluir en esta aprobación global resoluciones separadas relativas a las distintas instituciones, órganos y agencias de la Unión, garantizando con ello que ninguna sección del presupuesto europeo se ejecute al margen de un control adecuado;
21. Recuerda que las instituciones aún no han cumplido su compromiso de establecer criterios para la delimitación del uso de los actos delegados y de ejecución, a pesar de que el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación ha mejorado la transparencia del procedimiento relativo a los actos delegados;
22. Recuerda que, de conformidad con el artículo 247 del Reglamento Financiero, la Comisión debe comunicar al Parlamento, a más tardar el 31 de julio del ejercicio siguiente, un conjunto integrado de informes financieros y de rendición de cuentas que incluya, en particular, las cuentas consolidadas definitivas, el informe anual de gestión y rendimiento y la evaluación de las finanzas de la Unión basadas en los resultados obtenidos, tal como hace referencia el artículo 318 del TFUE;
23. Propone que los instrumentos para pedir cuentas a la Comisión se combinen con los instrumentos de orientación de la supervisión, a fin de maximizar la eficacia de ambos;
24. Insiste en que deben garantizarse, consolidarse y reforzarse los poderes legislativos y los derechos de supervisión del Parlamento Europeo, entre otras vías mediante acuerdos interinstitucionales y la utilización de la base jurídica pertinente por parte de la Comisión;
25. Considera necesario que el Parlamento reforme sus métodos de trabajo con el fin de reforzar el ejercicio de sus funciones de control político sobre la Comisión;
26. Pide a la Comisión que tenga más en cuenta las iniciativas legislativas del Parlamento en virtud del artículo 225 del TFUE; pide al próximo presidente de la Comisión que se comprometa con este objetivo y acoge con satisfacción las declaraciones de los distintos candidatos cabezas de lista a este respecto; confía en que se traduzcan más iniciativas en propuestas legislativas; recuerda que, de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación, la Comisión está obligada a tomar en consideración con rapidez y en detalle las solicitudes de propuestas de actos de la Unión;
27. Elogia a la Comisión por el curso positivo dado a las recomendaciones que el Parlamento formuló en su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa;
28. Considera que, aunque el Parlamento no tiene un derecho formal de iniciativa legislativa en virtud de los Tratados actuales, debería tomarse seriamente en consideración el derecho de iniciativa legislativa en el contexto de una futura modificación de los Tratados;
29. Alienta el intercambio de mejores prácticas entre los Parlamentos nacionales en materia de control parlamentario, como la celebración de debates regulares entre los respectivos ministros y las comisiones especializadas de los Parlamentos nacionales antes y después de las reuniones del Consejo, y con los comisarios en un contexto y con un calendario adecuados, así como las reuniones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; alienta el establecimiento de intercambios periódicos de funcionarios de las instituciones y del personal de los grupos políticos entre las administraciones del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, el Comité Europeo de las Regiones y las regiones de los Estados miembros con competencias legislativas;
30. Considera que el establecimiento de una Semana Europea anual permitiría a los diputados al Parlamento Europeo y a los comisarios, en particular los vicepresidentes competentes para las agrupaciones, comparecer en todos los Parlamentos nacionales para debatir y explicar la agenda europea, junto con diputados a los Parlamentos nacionales y representantes de la sociedad civil; señala que esta iniciativa podría reforzar la responsabilidad democrática de la Comisión requerida por el Tratado de Lisboa;
31. Pide al Parlamento que refuerce su capacidad de control de la elaboración y la aplicación de los actos delegados y de ejecución;
32. Acoge con satisfacción el esfuerzo actual de las tres instituciones por establecer criterios claros para delimitar el uso de los actos delegados y de ejecución; pide que estos criterios se apliquen cuanto antes;
33. Anima a los Parlamentos nacionales, así como a los Parlamentos regionales cuando proceda, a aumentar su capacidad de control respecto de sus Ejecutivos a la hora de tomar decisiones o de proponer normativas para aplicar o delegar legislación europea;
34. Considera necesario que, en una futura modificación de los Tratados, se mejoren los instrumentos para responsabilizar a los comisarios a título individual ante el Parlamento durante su mandato, partiendo de las limitadas disposiciones ya existentes en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea;
35. Pide a la Comisión y al Consejo que, de conformidad con el principio de cooperación leal, establezcan un diálogo político sobre la propuesta del Parlamento de Reglamento relativo al derecho de investigación, con el fin de conferir al Parlamento competencias efectivas que le permitan aplicar este instrumento parlamentario básico para el control del Ejecutivo, que es absolutamente imprescindible en los sistemas parlamentarios de todo el mundo;
36. Se muestra convencido de la utilidad de las preguntas parlamentarias como instrumento de supervisión; considera necesario por ello que se lleve a cabo una evaluación en profundidad de la calidad de las respuestas facilitadas por la Comisión a las preguntas de los diputados, así como de la cantidad y calidad de las preguntas formuladas por los mismos;
37. Considera que el turno de preguntas es un elemento importante del control parlamentario sobre el ejecutivo; pide a la Conferencia de Presidentes que incluya de nuevo un turno de preguntas en el orden del día del Pleno, de conformidad con el artículo 129 del Reglamento interno;
38. Pide una vez más a la Comisión que revise sus procedimientos administrativos para el nombramiento de su secretario general y de sus directores generales y directores, al objeto de garantizar plenamente que se seleccione a los mejores candidatos con la máxima transparencia e igualdad de oportunidades;
39. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros y al Comité Europeo de las Regiones.
DO C 252 de 18.7.2018, p. 215.
Textos Aprobados, P8_TA(2018)0030.
DO C 443 de 22.12.2017, p. 39.
Ponente de opinión: Tomáš Zdechovský
A. Considerando que el Parlamento es el encargado de garantizar el control democrático de la Comisión, que es de carácter político, pero incluye diferentes aspectos y procedimientos;
B. Considerando que el presupuesto es la herramienta más importante de la Unión Europea para el cumplimiento de sus objetivos y estrategias, por lo que el control presupuestario reviste la máxima importancia;
C. Considerando que, a pesar del compromiso con los resultados por parte de la Comisión, la presupuestación por actividades sigue siendo, lamentablemente, el principio fundamental a la hora de elaborar el presupuesto de la Unión;
D. Considerando que la evaluación de los resultados financieros y la auditoría de gestión se basan en los objetivos establecidos en la fase más temprana del período de programación;
E. Considerando que la evaluación es un instrumento cuyo objetivo es identificar y comprender los resultados y las repercusiones de un proceso e identificar alternativas para contribuir a adoptar decisiones que podrían mejorar el proceso;
1. Recuerda que el control de los organismos de la Unión es la razón de ser del Parlamento Europeo y que la rendición de cuentas de la Comisión ante el Parlamento es un principio fundamental del funcionamiento de la Unión y del control democrático interno;
2. Recuerda que la aprobación de la gestión es un procedimiento político anual que garantiza el control democrático ex post de la ejecución del presupuesto de la Unión Europea por parte de la Comisión bajo su propia responsabilidad y en cooperación con los Estados miembros;
3. Señala que el procedimiento de aprobación de la gestión ha resultado ser una poderosa herramienta que ha repercutido en la evolución positiva del sistema presupuestario de la Unión, la gestión financiera, la configuración de la agenda y la forma en que se definen y aplican las políticas de la Unión, al tiempo que contribuye a aumentar la influencia política del Parlamento;
4. Destaca que la finalidad primordial del procedimiento de aprobación de la gestión es comprobar si los fondos de la Unión Europea se han gestionado correctamente y determinar, cada año, que todos los ingresos y gastos de la Unión, así como el saldo resultante y el activo y el pasivo de la Unión, se describen en el balance financiero;
5. Señala que la decisión del Parlamento relativa a la concesión, el aplazamiento o la denegación de la aprobación de la gestión se basa, sobre todo, aunque no exclusivamente, en la auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo, en la que se examina la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes;
6. Señala que, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tribunal de Cuentas debe verificar la legalidad y la regularidad de todos los ingresos y todos los gastos y si ha habido una buena gestión financiera; que, al hacerlo, debe notificar, en particular, cualquier caso de irregularidad; que el control de los ingresos debe efectuarse sobre la base de las liquidaciones y de las cantidades reales entregadas a la Unión; y que el control de los gastos debe realizarse sobre la base de los compromisos contraídos y de los pagos efectuados;
7. Recuerda que, al conceder la aprobación de la gestión, el Parlamento no solo tiene que evaluar la regularidad, sino también los resultados de la gestión financiera en la Unión Europea;
8. Señala que el Parlamento también basa su decisión en las pruebas solicitadas a la Comisión en relación con la ejecución de los gastos o el funcionamiento de los sistemas de control financiero;
9. Señala que la Comisión está obligada a tener en cuenta las observaciones en el ámbito de las decisiones relativas a la aprobación de la gestión y las observaciones del Parlamento relativas a la ejecución de los gastos, y está obligada a informar de las medidas adoptadas a la luz de las recomendaciones y las observaciones;
10. Recuerda que el Parlamento también examina los informes especiales adoptados por el Tribunal de Cuentas, que se centran en la buena gestión de los diferentes sectores o políticas;
11. Señala que, dado que estos informes se refieren a la aplicación de los principios de economía, eficiencia y eficacia, lanzan sistemáticamente un debate sobre si los agentes de las políticas europeas disponen de los medios e instrumentos para alcanzar los objetivos definidos por los órganos políticos de la Unión;
12. Subraya que el artículo 318 del TFUE añade una nueva herramienta al instrumental de la aprobación de la gestión presupuestaria: la evaluación de las finanzas de la Unión basada en los resultados obtenidos;
13. Acoge con satisfacción, en particular, el hecho de que, gracias a la atención prestada a los resultados financieros, el informe de evaluación previsto en el artículo 318 del TFUE complementa el enfoque de cumplimiento desarrollado por el Tribunal de Cuentas Europeo en su informe anual y brinda al Parlamento Europeo la oportunidad de evaluar logros políticos;
14. Señala con preocupación que no existe ninguna sanción legal efectiva en caso de que el Parlamento decida no conceder la aprobación de la gestión a la Comisión; considera, no obstante, que la negativa a conceder la aprobación de la gestión constituye una señal política fuerte, ya que significa que el Parlamento no tiene confianza suficiente en la rendición de cuentas de la Comisión y que, por tanto, la Comisión debe responder y tomar medidas de seguimiento concretas concebidas para mejorar la situación;
15. Recuerda que las reformas Prodi/Kinnock introdujeron los principios de la presupuestación por actividades y de la gestión por actividades(1), exigiendo que los ordenadores delegados firmen informes de actividad todos los años, lo que condujo a una reforma de las actividades de auditoría interna así como de la contabilidad de ejercicio;
16. Subraya que el objetivo político que se perseguía con estas reformas era desarrollar una jerarquía clara, desde los objetivos políticos hasta los recursos específicos para las actividades destinadas a alcanzarlos, hasta los indicadores de rendimiento para verificar estos logros;
17. Señala con preocupación que la realidad sobre el terreno es muy distinta:
a) si bien la Comisión definió el presupuesto por líneas de actividad, esta definición seguía principalmente la estructura organizativa de la administración y mantenía un gran número de líneas presupuestarias;
b) los objetivos de las actividades aún no forman parte del debate presupuestario, sino que se presentan en fichas de actividad separadas anejas al presupuesto;
c) la actual estructura del presupuesto no se ajusta plenamente al marco financiero plurianual (MFP); cada rúbrica del MFP contiene diversas actividades y muchas actividades únicas están repartidas entre varias rúbricas del MFP;
18. Lamenta que las negociaciones presupuestarias en el Parlamento y el Consejo giren en torno a los márgenes en las rúbricas del MFP y que muy frecuentemente no se refieran a los objetivos de presupuestación por actividades, a los indicadores de rendimiento o a los resultados medidos;
19. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión renovara su compromiso con el rendimiento y la presupuestación basada en resultados en sus propuestas de un nuevo MFP e insiste en que el presupuesto de la Unión debe reforzar su atención en la estabilidad, la simplicidad, unos gastos más eficaces, unos costes operativos bajos, una asignación eficiente de los recursos, la ejecución de las principales prioridades políticas, el valor añadido europeo, los resultados, el impacto y una mayor responsabilidad y transparencia;
20. Subraya que el presupuesto de la Unión debe basarse en objetivos políticos a largo plazo y en una visión general de la Unión; reitera su llamamiento a la Comisión para que incluya esta visión y estos objetivos a largo plazo con el fin de garantizar la máxima eficacia del gasto;
21. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de que los nuevos programas se agrupen en grupos de políticas, lo que se reflejará en los títulos del presupuesto anual; confía en que ello arroje una mayor claridad sobre la forma en que contribuirán a los objetivos políticos;
22. Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión tenga la intención, a partir de 2021, de ajustar el concepto de ámbitos políticos al de agrupaciones de programas, a fin de conciliar más fácilmente el presupuesto anual y las rúbricas del MFP;
23. Recuerda que el Parlamento ha pedido en numerosas ocasiones a la Comisión que presentara el presupuesto de la Unión ajustándolo a los objetivos políticos del MFP aprobados por el Parlamento; considera que esto permitiría a la Autoridad Presupuestaria examinar y hacer el seguimiento de la elaboración y ejecución del presupuesto más fácilmente;
24. Se pregunta por qué la Comisión utiliza dos conjuntos de objetivos e indicadores para medir el rendimiento de la gestión financiera: por un lado, en sus informes anuales de actividad, los directores generales de la Comisión evalúan la consecución de los objetivos definidos en sus planes de gestión, y, por otro, la Comisión mide el rendimiento de los programas de gasto a través de las declaraciones programáticas de gastos operativos anexas al proyecto de presupuesto;
25. Recuerda que el actual marco de rendimiento de los programas notificados en las declaraciones programáticas de gastos operativos incluye 716 indicadores de diferentes tipos que miden el rendimiento con respecto a 61 objetivos generales y 228 específicos;
26. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reducir el número de programas de gasto en una tercera parte y de reforzar la coherencia de las normas; subraya que, para lograr realmente una simplificación para los beneficiarios, deben eliminarse todas las normas, los requisitos y los procedimientos innecesarios, sin poner en riesgo, no obstante, la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes;
27. Reitera su llamamiento a la Comisión para que:
a) racionalice la notificación del rendimiento del siguiente modo:
– reduciendo el número de objetivos e indicadores que utiliza para sus diversos informes de rendimiento y centrándose en los que permiten medir mejor la ejecución del presupuesto de la Unión, en aras de la simplificación, la transparencia y un mejor control;
– ampliando el enfoque cualitativo e incluyendo indicadores medioambientales y sociales que permitan medir el impacto de la política de la Unión en las políticas sociales y medioambientales;
– presentando la información financiera de una manera que pueda compararse con la información sobre el rendimiento, de modo que quede claro el vínculo entre el gasto y el rendimiento;
b) logre un mejor equilibrio a la hora de informar sobre el rendimiento, para lo cual debe presentar claramente información acerca de los principales retos que todavía se plantean a la Unión;
c) presente una declaración sobre la calidad de los datos sobre rendimiento notificados;
28. Recuerda que, de conformidad con el artículo 247 del Reglamento Financiero, la Comisión debe comunicar al Parlamento, a más tardar el 31 de julio del ejercicio siguiente, un conjunto integrado de informes financieros y de rendición de cuentas que incluya, en particular, las cuentas consolidadas definitivas, el informe anual de gestión y rendimiento y la evaluación de las finanzas de la Unión basadas en los resultados obtenidos, tal como hace referencia el artículo 318 del TFUE;
29. Señala que, al adoptar el informe anual de gestión y rendimiento que acompaña a las cuentas consolidadas definitivas, la Comisión asume la responsabilidad política de la gestión financiera de sus servicios;
30. Insiste en que el informe anual de gestión y rendimiento no solo debe incluir una estimación del nivel de error en el gasto de la Unión, la información sobre las medidas preventivas y correctoras que cubren el presupuesto y la información sobre la aplicación de la estrategia de la Comisión en materia de lucha contra el fraude, sino también una declaración anual sobre la gobernanza y el control interno que incluya, en particular:
a) una descripción de las herramientas de gobernanza interna de la Comisión;
b) una evaluación de las actividades con riesgo operativo y estratégico llevadas a cabo durante el ejercicio y una declaración sobre la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo;
c) una evaluación de todas las medidas preventivas y correctoras adoptadas contra la financiación que sea objeto de corrupción o de conflictos de intereses;
31. Reitera su petición a la Comisión de que acelere la elaboración de las cuentas de la Unión a fin de garantizar que la información fiable procedente de los Estados miembros sobre el gasto en gestión compartida se obtenga de una manera más oportuna, y de presentar la opinión de su dirección sobre el gasto de la Unión con mayor antelación y junto con las cuentas, con vistas a la adopción de una decisión de aprobación de la gestión en el año n+1, garantizando al mismo tiempo una elevada calidad de los datos y una buena gestión financiera;
32. Insta de nuevo a la Comisión a que proponga medidas para que los dispositivos de financiación de la Unión para la ejecución del presupuesto de la Unión —que incluyen en la actualidad diferentes herramientas y combinaciones de herramientas, como por ejemplo programas, fondos estructurales y de inversión, fondos fiduciarios, fondos de inversiones estratégicas, fondos de garantía, facilidades, instrumentos financieros, instrumentos de ayuda macrofinanciera, etc.— sean más claros, simples y coherentes y estén mejor equipados para garantizar un grado suficiente de transparencia, rendición de cuentas, eficacia y comprensión por parte de la ciudadanía de las modalidades de financiación de las políticas de la Unión y qué ventajas aportan;
33. Recuerda que el 80 % de la financiación de la Unión se gestiona conjuntamente con los Estados miembros y que, por lo tanto, el Parlamento también debe controlar a las autoridades nacionales; lamenta que, no obstante, las autoridades nacionales sean a menudo reacias a cumplir las recomendaciones o las investigaciones de la autoridad de aprobación de la gestión;
34. Recuerda que el sistema denominado «Spitzenkandidaten» (cabezas de lista) ha reforzado recientemente los estrechos vínculos políticos entre el Parlamento y la Comisión; acoge con satisfacción este intento de abordar el déficit democrático de la Unión, reforzar su legitimidad y generar confianza entre los ciudadanos de la Unión; recuerda, no obstante, el riesgo inherente relacionado con la financiación de los partidos y pide a la Comisión que aborde las deficiencias del actual modelo de financiación de los partidos políticos, a fin de evitar el fraude y garantizar que la financiación de las campañas electorales sea totalmente transparente.
By definition, ‘activity-based budgeting’ is a method of budgeting based on activities and using cost driver data in the budget setting and variance feedback processes. En este contexto, las actividades resultan fundamentales por el hecho de que generan costes. Si podemos controlar las causas (los generadores) de los costes, podremos gestionarlas y comprenderlas mejor.

References: artículo 234
 artículo 226
 artículo 230
 artículo 265
 artículo 249
 artículo 233
 artículo 151
 artículo 175
 artículo 190
 artículo 207
 artículo 325
 resolución 
 resolución 
 artículo 225
 artículo 225
 artículo 6
 artículo 319
 artículo 225
 artículo 17
 Resolución 
 artículo 52
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 50
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 318
 artículo 247
 artículo 318
 artículo 225
 artículo 10
 artículo 129
 Resolución 
 artículo 287
 artículo 318
 artículo 318
 artículo 247
 artículo 318