Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610283.html
Timestamp: 2019-03-20 19:29:51+00:00

Document:
as201610283
AUTO SUPREMO Nº 283/2016-RRC
Expediente : Santa Cruz 72/2015
Parte Acusadora : Olga Villamonte Barragán
Parte Imputada : Elba Teodolinda Alcocer Camacho
Por memorial presentado el 9 de junio de 2015, cursante de fs. 181 a 192, Elba Teodolinda Alcocer Camacho, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 18 bis de 24 de abril de 2015, de fs. 130 a 133, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Olga Villamonte Barragán contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del Código Penal (CP).
a) Por Sentencia 23/2014 de 8 de diciembre (fs. 98 a 105 vta.), el Juez Primero de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz, declaró a Elba Teodolinda Alcocer Camacho, autora de la comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del CP, imponiéndole la pena de un año y seis meses de reclusión, más 100 días multa a razón de Bs. 1 por día y costas, concediendo el beneficio del Perdón Judicial, en virtud del art. 368 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada interpuso recurso de apelación restringida (fs. 115 a 118 vta.), resuelto por el Auto de Vista 18 bis de 24 de abril de 2015 (fs. 130 a 133), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el citado recurso, motivando la interposición del recurso de casación.
I.2. De los motivos de los recursos de casación.
Del memorial de casación y el Auto Supremo 686/2015-RA de 30 de noviembre, de fs. 200 a 202 se tienen los siguientes motivos:
1) La recurrente señala que el Auto de Vista impugnado vulneró los derechos a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y prohibición de presunción de culpabilidad, porque se habría realizado una descripción sesgada de los defectos denunciados en la apelación restringida, –los cuales a decir de la recurrente están incursos en los incs. 3), 5) y 8) del art. 370 del CPP-, fundados en los hechos de que: i) En apelación cuestionó que la Sentencia habría omitido consignar la fecha en la que supuestamente se cometieron los hechos acusados, ii) No se había consignado o señalado a las personas que supuestamente comunicaron a la acusadora sobre los supuestos hechos calumniosos, porque a decir de la recurrente los supuestos testigos –Litzi Villazón López, Delia Arce Chávez y Francisca Flores Guzmán- quienes habrían señalado que cometió el delito endilgado no comparecieron en el juicio oral, por lo que califica a la Sentencia de incongruente, entre su parte considerativa y resolutiva, y por otra entre la acusación y la sentencia, al determinar como hecho probado, que la acusada agarró una casa, cuando esa situación no había sido parte de la acusación, situaciones sobre las cuales el Auto de Vista no se habría pronunciado incurriendo en incongruencia omisiva, iii) No se habría aclarado si los hechos calumniosos se produjeron el 10 o el 17 de septiembre de 2013, iv) Que el Auto de Vista no habría considerado la denuncia respecto a la defectuosa valoración de la prueba de descargo por parte del Juez de Sentencia.
2) De otro lado señala que el Auto de Vista impugnado hace una interpretación indebida del Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003 y del art. 407 del CPP, realizando un análisis vago, impreciso y subjetivo, además, señala que el Auto de Vista no establece cómo llegó a las conclusiones y respecto a los defectos denunciados establecidos en los incs. 3), 5) y 6) del art. 370 del CPP, el Auto de Vista no habría ingresado a considerar, convirtiéndose esa situación también en incongruencia omisiva.
3) Nuevamente señala que el Auto de Vista incurre en incongruencia omisiva, por llegar a conclusiones falsas, producto de valoraciones omisivas e interpretaciones indebidas, indica que no se habría considerado los siguientes cuestionamientos: a. Que existió y debió ser probado el hecho del 4 de enero de 2011; b. Las señoras Litzi Villazón López y Francisca Flores Gonzales no fueron convocadas al juicio, siendo que las mismas habría dada a conocer respecto a los 20.000 dólares; c. Cómo, cuándo y dónde la acusada habría manifestado que la acusadora habría sido expulsada por hechos de corrupción y desvío de fondos institucionales; d. Que el 10 de septiembre del 2013, la acusada hubiera comentado que Olga Villamonte Barragan, estaría entrando a la asociación con la finalidad de robar, cómo lo habría hecho en otros mercados y no con la finalidad de servir a la asociación y a los socios; e. Cómo, donde y cuándo la imputada había manifestado que la acusadora hubiera robado, que el patrimonio que tiene no sería fruto de su trabajo. Aspectos que habrían sido pasados por alto por el Auto de Vista al igual que la defectuosa valoración de la prueba testifical de descargo de Amalia Willca Saavedra y Eva Evarista Rivera, siendo que si eran contradictorias señala que el Juez de Sentencia tenía la potestad de pedir aclaración de conformidad al art. 201 del CPP.
La parte recurrente solicita se dicte doctrina legal aplicable ordenando al Tribunal de alzada que dicte de manera directa Sentencia.
Por Auto Supremo 686/2015-RA de 30 de noviembre, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Elba Teodolinda Alcocer Camacho.
Por Sentencia 23/2014 de 8 de diciembre, el Juez Primero de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz, declaró a Elba Teodolinda Alcocer Camacho, autora de la comisión del delito de Calumnia, previsto y sancionado por el art. 283 del CP, imponiéndole la pena de un año y seis meses de reclusión, más 100 días multa a razón de Bs. 1 por día y costas, al concluir que la imputada agredió verbalmente a la querellante, divulgando conductas que dañan su reputación al endilgarle hechos con configuración de tipo penal falsamente como que es una ladrona estafadora y que robó dinero, sufriendo la acusadora un menoscabo en su dignidad y decoro.
Contra la mencionada Sentencia, la imputada, formulo recurso de apelación restringida, bajo los siguientes fundamentos:
a) Denuncia que la Sentencia vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y prohibición de presunción de culpabilidad, tutelados por los arts. 115.I y II, 116.I, ambos de la Constitución Política del Estado (CPE) y art. 6 del CPP, porque en la relación del hecho y circunstancias objeto del juicio, se había incurriendo en el defecto previsto por el inc. 3) del art. 370 del CPP, al no haber hecho constar los siguientes hechos que fueron mencionados por la acusadora particular: i) La fecha de comisión del ilícito, que a decir de la acusadora serían el 4 de enero de 2011 y 10 de septiembre de 2013; ii) Que la acusadora se había enterado de las calumnias por intermedio de Litzi Villazón López, Delia Arce Chávez y Francisca Flores Gonzales; iii) Cómo se había cometido el supuesto hecho ilícito en las dos fechas que refiere la acusadora; iv) Que, las supuestas acusaciones habían sido realizadas en el Mercado 7 calles, Primavera y Centro Comercial Rosario; v) Que el 10 de septiembre del 2013, la imputada había divulgado y comentado a los socios que la acusadora, les quitaría los puestos para venderlos y que tenía la finalidad de robar al igual que en otros mercados.
b) La Sentencia contiene fundamentación insuficiente y contradictoria que vulnera el debido proceso en su elemento de debida fundamentación -art. 370 inc. 5) del CPP-, al ser indebida e ilegal por los siguientes aspectos: i) No establece cómo se probó el delito de Calumnias el 4 de enero de 2011 y 10 de septiembre del 2013; ii) Los hechos narrados por Zenobia Quiroz de Rojas, Hilaria Callejas Frias y Juana Rosa Aliendre Delgado, no se habían circunscrito a los hechos de 4 de enero del 2011 y 10 de septiembre de 2013, tampoco habían establecido que su persona hubiera asistido a una asamblea, que haya visitado puesto por puesto o pasillo por pasillo realizando acusaciones en los mercados Primavera, 7 calles, Centro Comercial El Rosario y otros centros de abastecimiento; iii) Que el Juez de mérito había calificado la declaración de Zenobia Quiroz de Rojas, como espontánea, coherente y creíble, cuando la misma es contradictoria al haberse referido a hechos que sucedieron supuestamente el 17 de septiembre del 2013, cuando los hechos acusados según la acusadora habían sucedido el 10 de septiembre del año referido; asimismo, la prueba documental de defesa consistente en una certificación emitida por la Asociación Gremial de Comercio Minorista Primavera, había señalado que en ninguna asamblea se tocó el tema de reputación, decoro u otro de Olga Villamonte –acusadora-; iv) Que la declaración de Hilaria Callejas Frias, también había sido calificada como creíble, cuando también se refirió a hechos que habían sucedido el 17 de septiembre del 2013, y no el 10 del mes y año mencionado, como refirió la acusadora; por otro lado la mencionada testigo, también había manifestado que la acusadora era una ladrona que sacó dinero de la Feria Barrio Lindo; v) Se había calificado la declaración de Juana Rosa Alendre Delgado, de gran utilidad, porque aclararía la segunda agresión sufrida por la acusadora en el mercado 7 calles, donde la hija llamada Toty había sido agredida; circunstancia que no fue objeto de acusación por lo que no debió asignársele ninguna valor probatorio y menos debió servir para dictar una sentencia condenatoria; vi) Se había manifestado que la declaración de Luis Carrasco Santillan, fue de gran aporte pues aportaría datos anteriores de las constantes agresiones que sufrió la acusadora, aspecto que tampoco fue acusado y por lo que no debió asignársele valor probatorio.
c) Que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, no probados y en valoración defectuosa de la prueba -art. 370 inc. 6) del CPP-, vulnerando el derecho al debido proceso en su vertiente el derecho a la defensa y a conocer de manera previa y detallada de lo que se le acusa, derecho a que se pruebe en juicio lo que le acusa y presunción de inocencia; pues había establecido el 17 de septiembre del 2013, como fecha del supuesto ilícito juzgado, hecho diverso y descontextualizado en tiempo que no se ajusta a lo acusado y que al condenarle sobre la base de la declaración de los testigos que expresan hechos ocurridos en una fecha que no fue referida en la acusación, convertirían las declaraciones testificales en acusación; por lo que haciendo referencia a los hechos que en su criterio debieron ser probados, manifiesta la imputada que el único hecho con el que se pretende justificar la sentencia condenatoria, fue extraído de valoración defectuosa de la prueba testifical de cargo y de la documental de descargo consistente en la certificación de la Asociación Gremial de Comercio Minorista Primavera de 5 de noviembre de 2014, el cual indicaría que no existe registrado en actas que se hubiera tocado el tema de reputación o decoro de Olga Villamonte Barragan; prueba calificada como creíble por el A quo, pero que no aportaría nada sobre los hechos juzgados; argumento que a decir de la imputada es incorrecto, pues la referida prueba evidencia en su criterio que no existió ningún hecho calumnioso en la oficina de la Asociación de Comerciantes del Mercado Primavera, por lo que ese hecho sería inexistente. En cuanto a la prueba de descargo, la imputada señala que la misma fue tergiversada al igual que el acta del ampliado departamental extraordinario del 17 de septiembre de 2013, por que el Juez de Sentencia había señalado que la defensa fue contradictoria en cuanto al tiempo y lugar, donde se encontraba la acusada el 17 de septiembre del 2013, hecho que a decir de la recurrente implica desconocimiento de parte del Juez de mérito, que los hechos acusados son de 10 de septiembre del 2013; asimismo había tergiversado la declaración de Pacesa Reynaga, declaración que es transcrita por la recurrente para señalar que no es evidente que ésta hubiera sostenido que viajó con la acusada a La Paz el 17 de septiembre del 2013 a un ampliado del régimen simplificado, sino que la referida fecha se había hecho una reunión donde la acusada informaría sobre la reunión con el Ministro de Hacienda sobre el régimen tributario simplificado, que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz, y de la cual participó la imputada en condición de secretaria de actas, sin abandonar la asamblea, y no como se afirmó en sentencia, que el acta de dicha asamblea no probaría que la hoy recurrente hubiera permanecido todo el tiempo en la asamblea. Finalmente, señala que respecto a las declaraciones de Julio Oxa Mamani y Amalia Willca Saavedra, las cuales el A quo había manifestado que serían contradictorias, el primero en cuanto al lugar donde se llevó a cabo el ampliado departamental de 17 de septiembre, y la segunda en cuanto al tiempo –mañana o tarde- que se realizó dicho ampliado; señala que debió pedir a los testigos que aclaren la supuesta contradicción en aplicación del art. 201 del CPP.
d) La Sentencia incurre en el defecto previsto por el inc. 8 del art. 370 del CPP, porque al descontextualizar los hechos acusados, estos se habrían convertido en genéricos, pues en la Sentencia se había manifestado que las declaracionnes testificales de cargo de Zenobia Quiroz de Rojas y Juana Rosa Aliendre, serían contradictorias al referir que el hecho calumnioso de 17 de septiembre se suscitó en la tarde, y por otro lado el A quo había dado credibilidad al acta del ampliado departamental extraordinario de 17 de septiembre de 2013, en cuanto al hecho de que el mismo se llevó a cabo en horas de la tarde a partir de las 14:00 a 19:00; por otro lado, la testigo Zenobia Quiroz manifestó que la acusada repartió papeles el 17 de septiembre del 2013 y la testigo Hilaria Callejas, había referido que no vio este hecho; aspectos que representan duda y que debieron favorecer a la imputada. Por último, señala que en sentencia se estableció como hecho probado que la acusadora engañó a un señor y se agarró una casa en el centro por diez mil dólares, aspecto que no formaría parte de la acusación, por lo que su incorporación es ilegal y arbitrario.
La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta a través del Auto de Vista 18 bis de 24 de abril de 2015, emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declarando admisible e improcedente el recurso, bajo los siguientes argumentos expuestos en el tercer considerando de la resolución impugnada:
Que el Juez de Sentencia al dictar Resolución condenatoria contra la imputada Elba Teodolina Acocer Camacho, por el delito de Calumnias, tipificado por el art. 283 del CP, procedió de forma correcta y conforme a derecho según lo establecido por el art. 365 del CPP, imponiendo una pena conforme lo previsto por los arts. 37 y 38 de la norma sustantiva penal, sin incurrir en los defectos previstos por los incs. 3), 5), 6) y 8) del art. 370 de la norma adjetiva penal; i) En cuanto al supuesto defecto previsto por el inc. 3) del art. 370 del CPP, el mismo no es evidente, al constatarse que en la Sentencia se realizó la correcta enunciación del hecho objeto del juicio, no siendo evidente la supuesta violación de derechos y garantías constitucionales; ii) Sobre la supuesta existencia del defecto previsto por el inc. 5 del art. 370 del CPP, se establece que la Sentencia recurrida cuenta con la debida motivación y fundamentación conforme lo previsto por los arts. 124, 171 173 del CPP, no siendo evidente la supuesta violación de derechos y garantías constitucionales, y que la recurrente no señaló cual sería la supuesta contradicción; iii) Respecto al defecto de sentencia previsto por el inc. 6) del CPP, afirma el Tribunal de alzada, que el Juez inferior ejerció las reglas de la sana crítica a tiempo de valorar las pruebas, aplicando también los arts. 171 y 173 del CPP, siendo la valoración probatoria convincente en todo sentido, habiendo demostrado la acusadora la comisión del hecho ilícito, establece además que la recurrente no fundamenta qué prueba había sido valorada defectuosamente o cuál es el hecho inexistente o no acreditado por el A quo; iv) Finalmente, respecto a la existencia del supuesto defecto de sentencia previsto por el inc. 8) del art. 370 del CPP, la misma no se aprecia en la Sentencia, pues el A quo estableció como hecho probado las calumnias realizadas por la acusada contra la querellante, hecho corroborado por los testigos de cargo, así como se valoró la prueba testifical de descargo, estableciéndose contradicción respecto al tiempo y lugar donde se encontraba la acusada el día que sucedieron las calumnias, aspectos que fueron tomados en cuenta a tiempo de dictarse Sentencia, sin que se aprecie contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia.
III. VERIFICACIÓN DE LA POSIBLE DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
En el caso presente, la parte recurrente denuncia la existencia de incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado; en cuyo mérito, corresponde analizar y resolver el motivo contenido en el recurso, conforme los límites establecidos en el Auto Supremo de admisión 686/2015-RA de 30 de noviembre, a los fines de establecer si existe o no contradicción con los precedentes invocados.
Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de los Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por los otros Tribunales Departamentales o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.
III.2. De los precedentes invocados y análisis del caso concreto.
En los motivos de casación, la parte recurrente denuncia la existencia de incongruencia omisiva en el Auto de Vista impugnado, invocando como precedentes contradictorios, las siguientes Resoluciones:
El Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra CBP por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, que tuvo como hechos fácticos la verificación de que el Tribunal de alzada violó el principio constitucional de presunción de inocencia, al ordenar el reenvío de la causa sin tomar en cuenta la insuficiente producción probatoria por parte del acusador público para generar certeza de culpabilidad de los delitos atribuidos, hecho que hizo incurrir al Tribunal de mérito en error in iudicando, defecto que pudo ser corregido por el Ad quem sin necesidad de un nuevo juicio.
El Auto Supremo 251 de 22 de julio de 2005, dictado dentro del proceso penal seguido por Shimpo LTDA contra GMU, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, por el que se constató que el Tribunal de alzada revalorizó parcialmente la prueba, vulnerando el principio de oralidad, inmediación y continuidad del juicio.
Por lo referido estos dos precedentes invocados, no contemplan una situación fáctica análoga a la denunciada por la recurrente –incongruencia omisiva-; en consecuencia, no pueden ser tomados en cuenta a fin de que éste Tribunal ejerza su función nomofiláctica.
Con relación al Auto Supremo 73 de 24 de julio de 2012, de la revisión de los fallos emitidos por este Tribunal en la gestión 2012, se establece que no existe una resolución con el número 73 que corresponda al 24 de julio; además, se constata que la Sala Penal Primera de este Tribunal, emitió el Auto Supremo 73 de 12 de abril de 2012, que declaró infundado el respectivo recurso de casación; y que la Sala Penal Segunda, emitió el Auto Supremo 73 de 23 de abril de 2012, que declaró la admisibilidad del recurso de casación, y finalmente el Auto Supremo 73 de 11 de mayo dictado por la Sala Penal Liquidadora, dentro de un proceso sujeto al CPP abrogado de 1972; consecuentemente, por razonas expuestas es inviable la consideración de ese fallo en calidad de precedente contradictorio.
Por último, el recurrente invoca el Auto Supremo 171 de 24 de julio de 2012, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y WZM contra JOF y LRG, por la presunta comisión del delito de Homicidio, por el cual se verificó que el Tribunal de alzada resolvió cinco de siete motivos que fueron apelados, incurriendo en incongruencia omisiva a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, en vulneración del derecho a la defensa y debido proceso; generando la siguiente doctrina legal aplicable: “El Tribunal de Apelación al circunscribir su competencia a los puntos objeto de impugnación o a los defectos absolutos advertidos, debe resolverlos con la fundamentación respectiva, al ser esta una obligación de inexcusable cumplimiento, constituyendo la falta de motivación en alguno de ellos, vulneración a los principios de Tutela Judicial Efectiva, Derecho de Defensa y Debido Proceso, consiguientemente defecto absoluto no susceptible de convalidación, conforme prevé el art. 169 inc. 3) del CPP.
Por otra parte, si bien los tribunales de justicia penal competentes para conocer del acto de juicio, son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes y que por ende, el Tribunal de apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba; no es menos cierto que al resolver el recurso de apelación restringida y en mérito a la denuncia de una defectuosa valoración de prueba, tiene el deber de ejercer el control de que la valoración efectuada por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica de modo que la sentencia esté debidamente fundamentada en la experiencia, lógica y ciencia en la apreciación de las pruebas; caso contrario, deberá disponer lo que corresponda en derecho.”
Existiendo una situación fáctica similar –incongruencia omisiva- entre el precedente invocado y el motivo traído en casación, corresponde a este Tribunal verificar la posible contradicción o no entre aquel y la resolución impugnada.
En primer lugar, teniendo en cuenta que uno de los principios rectores de la jurisdicción ordinaria, es la debida fundamentación como componente del debido proceso, el cual responde a varias finalidades, como garantizar los derechos y libertades fundamentales de las partes, conforme lo previsto por el art. 398 del CPP, el Tribunal de alzada debe circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados de una resolución, norma inspirada en el principio de limitación, el cual a decir de Orlando Rodríguez en su obra “Casación y Revisión Penal”, consiste en que: “… la Corte o Tribunal de Casación no puede desbordar la propuesta formulada por el censor en la demanda de sustentación, (…), por lo que no puede tomar en consideración sino la causa o causales invocadas y le queda vedada la posibilidad de suplir, rectificar o complementar las inconsistencias, imprecisiones o falencias detectadas o considerar causales diferentes a las propuestas”; la vulneración a este principio procesal, es conocido incongruencia ya sea porque la resolución es ultra petita, citra petita o extra petita partium, que vulnera a la vez el principio tantum devolutum quantum apellatum, al respecto este Tribunal mediante varios Autos Supremos, entre ellos el Auto Supremo 701/2015-RRC-L de 25 de septiembre, en el que se expresó: “El debido proceso, reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE), como derecho, garantía y principio en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I de la CPE, garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, hecho conocido también como el principio de `congruencia´, que en términos simples significa la correlación que debe existir entre lo demandado y lo resuelto, y el cual está reconocido en nuestra Ley del Órgano Judicial (Ley 025) en su art. 17.II que estipula `En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos´, así como también por el art. 398 del CPP estipula `Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución´.
El incumplimiento a las disposiciones legales referidas precedentemente, se puede dar a través de dos situaciones, la primera sería pronunciándose sobre aspectos no demandados `ultra petita´, y la segunda al no pronunciarse sobre lo solicitado `infra petita o citra petita´; formas de resolución que vulneran el principio “`tantum devolutum quantum apellatum´; y que constituyen una de las formas de incongruencia.” (sic). (las negrillas son nuestras).
En el caso de autos, conforme lo descrito en el acápite II.2 de la presente Resolución, la imputada fundó su recurso de apelación restringida en la existencia de los defectos previstos por los incs. 3), 5), 6) y 8) del art. 370 del CPP; defectos sobre los cuales el Tribunal de alzada en el tercer considerando de la resolución impugnada, argumentó que no eran evidentes según los datos contenidos en la Sentencia, pues en ella se efectuó una correcta enunciación del hecho objeto del juicio, que fue debidamente motivada y fundamentada conforme lo previsto por los arts. 124, 171 y 173 del CPP y valoró las pruebas aplicando las reglas de la sana crítica y los arts. 171 y 173 de la norma adjetiva penal, sin que exista la supuesta contradicción respecto al tiempo y lugar donde se encontraba la acusada el día que sucedieron las calumnias, tampoco apreciaría la contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia; y, no sería evidente la denuncia de violación de derechos y garantías constitucionales.
Es decir, que el Tribunal de alzada se pronunció sobre todos los motivos en los que la imputada fundó su recurso de apelación restringida, no siendo evidente que el Auto de Vista sea incongruente, por no pronunciarse sobre todos los motivos puestos a su consideración, pues conforme lo señalado en el párrafo precedente, se pronunció sobre cada uno de los supuestos defectos de sentencia denunciados por la acusada; en consecuencia, no es evidente que el Auto de Vista impugnado no cumpla con el requisito de una resolución completa, por ende, no se tiene acreditada la vulneración de derechos y garantías constitucionales.
Asimismo, es conveniente aclarar a la recurrente que, cuando se acusa incongruencia omisiva, en su alcance ello implica que el Tribunal de alzada guarda silencio respecto de uno o varios motivos de apelación; es decir, que en su resolución no se consigna la denuncia (s), como parte del recurso planteado por el recurrente, o consignándolo, omite resolverlo; defecto que convierte a la resolución en “incompleta” o en pronunciamiento infra petita o citra petita, en vulneración de lo previsto por el art. 398 del CPP, y el principio tantum devolutum quantum apellatum: En cambio, si la resolución impugnada, se pronuncia sobre el motivo apelado, empero no explica de manera suficiente las razones que llevaron a establecer la conclusión de la determinación asumida, no se habla de una resolución incompleta, sino de que la misma no resulte expresa o clara, pues no se conoce las razones que determinan su decisorio.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 DE LA Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Elba Teodolinda Alcocer Camacho contra el Auto de Vista 18 bis de 24 de abril de 2015.

References: resolución 
 Resolución 
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