Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A065-08.htm
Timestamp: 2017-11-18 08:37:44+00:00

Document:
A065-08
Auto 065/08
CORTE CONSTITUCIONAL-No está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con superior jerárquico común/CONFLICTO DE COMPETENCIA Criterios funcional y orgánico reservan a la Corte Constitucional su conocimiento cuando no existe superior jerárquico común
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA-Conocimiento de la Corte Constitucional para dirimir controversias entre autoridades judiciales de jurisdicciones distintas y que carecen de superior jerárquico común/CORTE CONSTITUCIONAL-Juez común en la jurisdicción constitucional
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO, TRIBUNAL SUPERIOR Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Competencia de la Corte Constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA FUNCIONARIO O CORPORACION JUDICIAL-Competencia del superior funcional/ACCION DE TUTELA CONTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSEJO DE ESTADO Y CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Competencia de las Salas de Decisión, Sección o Subsección de la misma corporación
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Aplicación para autoridades que cumplan funciones jurisdiccionales y actuaciones administrativas
ACCION DE TUTELA CONTRA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Asunción por Tribunal Contencioso Administrativo del trámite de impugnación
Referencia: expediente ICC-1203
Conflicto de Competencia entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja, el Tribunal Superior de Tunja, Sala Penal y Tribunal Administrativo de Boyacá.
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil ocho (2008)
1.- La señora Fabiola Liliana Cely Briceño interpuso acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá contra los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
2. La accionante afirma que labora en los Juzgados demandados como Asistente Social Grado 18. Sin embargo, considera que en la calificación integral de servicios, los jueces calificadores vulneraron su derecho al buen nombre y a la honra, puesto que registraron anotaciones que no se acompasan con la realidad de los hechos.
3.- El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante Auto del 24 de agosto de 2007, consideró que el superior jerárquico de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. En consecuencia, remite a este Despacho para que asuma competencia.
4.- Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Penal, mediante Auto del 29 de agosto de 2007, se declara incompetente para conocer de la acción, toda vez que, “la decisión que genera inconformismo de la actora, es de índole administrativo, y no judicial”, y en consecuencia, remite el asunto a los jueces del circuito de Tunja, toda vez que para efectos administrativos son consideradas como autoridades públicas de carácter departamental.
5.- Efectuado nuevamente el reparto, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja asume el conocimiento de acción y mediante providencia del 14 de septiembre de 2007, niega la acción de tutela interpuesta por la señora Fabiola Liliana Cely Biceño. Frente a esta decisión presenta la impugnación correspondiente.
6.- El Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, mediante Auto del 23 de octubre de 2007, declaró la nulidad de todo lo actuado al considerar que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja no era el Despacho competente para adelantar la actuación judicial. Para el Tribunal, todos los jueces de la República son autoridades nacionales, y en consecuencia de conformidad con el artículo 1 numeral 2 del Decreto 1382 de 2000, los competentes para conocer de la acción de tutela contra autoridades judiciales en el desempeño de actividades administrativos son los Tribunales o los Consejos Seccionales. En consecuencia, remite el expediente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja para que envíe el expediente a la Corte Constitucional con el fin de que se dirima el conflicto de competencia presentado.
Así las cosas, dado que el presente conflicto de competencias se presentó entre autoridades que no tienen un superior jerárquico común, esto es entre Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja, el Tribunal Superior de Tunja, Sala Penal y el Tribunal Administrativo de Boyacá, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre el mismo.
1.- El Decreto 1382 de 2000 determina la autoridad judicial a la que debe ser repartida una acción de tutela y la que debe asumir sin mayores dilaciones el conocimiento de la acción constitucional impetrada. En este sentido, en relación con las acciones interpuestas contra una autoridad judicial el numeral 2 del artículo 1 del Decreto señala:
“Artículo 1°. (…)
2.- En una primera mirada a esta disposición, puede observarse que el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 no hace una distinción expresa sobre la naturaleza de las decisiones emitidas por las autoridades judiciales contra las cuales se interponen las acciones de tutela.
3. Sin embargo, reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que resulta procedente hacer dicha distinción. En efecto, ha dicho que las reglas de reparto de las acciones de tutela contempladas en el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 del 2000, se refieren exclusivamente al caso de que las autoridades allí enunciadas cumplan funciones jurisdiccionales pero que para el caso de actuaciones administrativas debe darse aplicación al numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.[3].
4.- Por otra parte, esta Corporación estableció, recientemente, en el Auto 064 de 2007[4], reiterado en el Auto 223 de 2007[5], la regla jurisprudencial que señala que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis[6], en el momento mismo que un despacho judicial ha avocado el conocimiento de una acción de tutela, la competencia no puede ser alterada ni en la primera ni en la segunda instancia, puesto que, de lo contrario, se afectaría gravemente la finalidad de la acción de amparo. Esto es la protección inmediata de los derechos fundamentales. En el Auto 223 de 2007 se dijo:
Con esa determinación la titular de dicho despacho judicial, desconoció que “cuando de un lado se encuentra la aplicación a posteriori de un procedimiento administrativo de reparto y, de otro lado, se encuentra el acceso a la justicia, la protección efectiva de los derechos fundamentales, la celeridad de la acción de tutela y la integridad del proceso judicial, la Constitución ordena que prevalezca el derecho sustancial (artículo 228 C.P.), es decir, que no se anule lo actuado por un juez competente que se pronunció de fondo sobre el amparo de los derechos fundamentales.”[7]
Recuérdese que en el mismo momento en que el Juzgado 18 Civil Municipal de Cali avocó el conocimiento de la acción interpuesta mediante auto del 11 de abril de 2007, radicó la competencia (a prevención) en ese despacho judicial, que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis[8] no puede ser alterada ni en primera ni en segunda instancia, dado que si ello ocurriera se afectarían gravemente la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección inmediata[9] de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 C.P.).
5.- Por lo anterior y en aplicación de la regla jurisprudencial señalada, se dejará sin efecto el Auto del 23 de octubre de 2007 proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, que declaró la nulidad de todo lo actuado, para en su lugar disponer que, de forma inmediata, asuma el trámite de la impugnación que le fuera concedida a la accionante y profiera la decisión de segunda instancia que corresponda, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO el Auto proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, el 23 de octubre de 2007.
SEGUNDO.- ORDENAR al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, asuma el trámite de la impugnación que le fuera concedida a la señora Fabiola Liliana Cely Briceño y profiera la decisión de segunda instancia que corresponda, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, al Tribunal Superior de Tunja, Sala Penal y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO No.065 DE 2008
Referencia: ICC-1203
[3] Ver Auto 002B de 2004 M.P Jaime Córdoba Triviño; Autos 029 y 209 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis; Auto 301 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra; Auto 075 de 2004 M.P. Alvaro Tafur Galvis. Ha dicho la Corte: “lo reglado en este numeral 1º. se refieren exclusivamente a las actuaciones administrativas en tanto que en el numeral 2º se establece lo relativo a errores de tipo jurisdiccional, esto es, cuando los jueces (plurales o unipersonales) y fiscales delegados incurren en éstos, concibiéndose para estos casos quiénes conocen de las acciones de tutela presentadas contra ellos y por razón de sus actos judiciales”
[5] Jaime Córdoba Triviño
[7] Corte Constitucional. Auto 160 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[8] Sobre la aplicación de este principio en materia de colisiones de competencia “aparentes” pueden estudiarse entre otros los Autos 080, 124 de 2004, 213, 262 de 2005, 036, 127, 157, 260 y 294 de 2006.
[9] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16/72): “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” (resaltado fuera de texto)

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 25