Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw5&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP199405260077.CODI.%29
Timestamp: 2020-06-02 15:48:45+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 77, de 26/05/1994
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 77 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 76 celebrada el jueves, 26 de mayo de 1994
--Al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la cinematografía. (Procedente del Real Decreto-Ley 19/1993, de 10 de diciembre.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 44.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000027) (Página 3898)
--Proyecto de Ley por el que se completa el Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 36.1, de 26 de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000022) (Página 3903) --Proyecto de Ley por el que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 37.1, de 26 de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000023) (Página 3914)
Enmiendas del Senado (Página 3898)
Al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la cinematografía (Procedente del Real Decreto Ley 19/1993, de 10 de diciembre) (Página 3898)
Para fijación de posiciones intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cortés Martín, del Grupo Popular, y Clotas i Cierco, del Grupo Socialista.
Se procede a la votación de las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 3903)
Proyecto de Ley por el que se completa el Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil (Página 3903)
El señor Baón Ramírez defiende la enmienda del Grupo Popular.
Expone que el proyecto representa la expresión de la voluntad legisladora de completar un régimen personal con vista a que la Guardia Civil pueda seguir escribiendo las páginas que ya ha escrito en la historia de España como garante de la paz pública y ciudadana. Piensa que el proyecto está, sin embargo, bajo sospecha técnica, y no porque su principal impulsor esté huido de la justicia, sino porque no se han medido bien su alcance y efectos, resultando, a su juicio, una temeridad mantenerlo en su actual redacción. Expone que su Grupo Parlamentario mantuvo notables discrepancias con el Grupo mayoritario de la Cámara durante la tramitación del Proyecto de Ley, pero está seguro de que a ambos les anima hacer de la Guardia Civil un cuerpo policial que, sin pérdida de su naturaleza militar, pueda operar con agilidad frente al crimen organizado en cualesquiera de sus manifestaciones modernas.
En relación con las quince enmiendas que presentaron al articulado del proyecto, independientemente de la de totalidad, manifiesta que dos han sido incorporadas al dictamen, bien en su versión íntegra o a través de transaccionales, y de las restantes se limita a resaltar aquellas que considera que tienen una repercusión especial en la estructura del personal de la Guardia Civil o que inciden en personas que han pertenecido a la Guardia Civil y tienen una repercusión económica grave. Da por defendidas varias de ellas en sus justos términos y respecto a las demás se remite a lo expuesto en Comisión.
El señor López Garrido defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad muy necesitado de modernización y la etapa en que ha estado el señor Roldán al frente de la misma no ha sido una etapa que haya servido precisamente para modernizarla, como hubiera sido deseable, sino más bien todo lo contrario. Califica de nefasta en muchos aspectos la etapa en cuestión, que, desde el punto de vista legislativo, lo único que deja es este Proyecto de Ley, que ha visto pasar vertiginosamente a tres Ministros del Interior y que, más que para avanzar, a su juicio, ha servido para retroceder aún más en este camino hacia la modernización y hacia las necesidades de adecuación de la Guardia Civil a las funciones de un cuerpo de seguridad. Afirma que el proyecto tiene una serie de lacras que lo hacen prácticamente inservible desde el principio hasta el final, al apoyarse en una filosofía de adaptación de la Guardia Civil al régimen del personal de las Fuerzas Armadas, con lo que todo ello representa.
En cuanto a las enmiendas de su Grupo Parlamentario señala que prácticamente no ha sido incorporada ninguna al dictamen, por lo que se ven obligados a seguir manteniéndolas, con el propósito de intentar arreglar algunos de los profundos defectos de fondo del Proyecto de Ley.
El señor Carrera i Comes defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Recuerda que en el trámite de Comisión defendieron cinco enmiendas al articulado que pretendían evitar situaciones discriminatorias a los que habían prestado servicios en la administración civil, si bien en ese mismo trámite retiraron tres de dichas enmiendas, que quedaban emplazadas para su posible debate en la Ley de Presupuestos del Estado. Por consiguiente, quedan vivas dos enmiendas, la 1 y la 3, a cuyo contenido da lectura.
En turno en contra de las enmiendas al Proyecto de Ley interviene el señor Lagunilla Alonso, en representación del Grupo Socialista. Manifiesta que nuevamente se encuentran en la Cámara con este Proyecto de Ley que lo que pretende, y cree que lo consigue, es completar el régimen del personal de la Guardia Civil.
Antes de referirse a las enmiendas al articulado desea recordar algo que todos saben, y es que la Guardia Civil está regulada por un doble sentido, después de un amplio y largo debate en la sociedad que se cerró precisamente con una de las regulaciones a las que va a hacer referencia. Se trata de la primera gran ley que se refiere a la Guardia Civil, la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que define definitivamente a la Guardia Civil como un instituto armado de naturaleza militar, según lo establecido en el artículo 104 de la Constitución. La segunda Ley a tener en cuenta es la 17/1989, reguladora del régimen del personal militar profesional, que afecta a los guardias civiles en cuanto personal militar profesional. Partiendo de estos hechos, el actual proyecto lo que hace es completar para la Guardia Civil aquellos aspectos que no estaban regulados en la Ley 17/1989 para los guardias civiles como personal profesional militar. Consiguientemente, al leer el proyecto que ahora debaten detectarán que faltan cosas por regular, pero ocurre que lo que en él no se regula es porque estaba previamente regulado en la Ley 17/1989, y afecta a todos aquellos profesionales de la Guardia Civil como militares que son. Respecto a las enmiendas mantenidas hoy al Proyecto de Ley señala que no va a repetir los argumentos puntuales que a cada una de ellas ya dieron en Comisión, entre otras cosas porque los intervinientes que le han precedido tampoco han defendido sus enmiendas de manera puntual sino que las han dado por defendidas en su mayoría, en los términos en que lo hicieron en la Comisión, limitándose a realizar una defensa o intervención global respecto de las que consideraban más significativas.
Procede seguidamente a contestar a algunos de los argumentos expuestos por los enmendantes, con alusiones a los debates en Comisión, y concluye afirmando que el proyecto que hoy se apruebe en la Cámara, con las mejoras que puedan introducirse en el Senado, va a servir para mejorar el funcionamiento de la Guardia Civil, y que este instituto armado continúa teniendo un funcionamiento eficaz para la sociedad, de manera que siga prestando los servicios que durante 150 años ha prestado en todos los momentos a plena satisfacción de los distintos gobiernos y de la sociedad española.
Replican los señores Baón Ramírez, López Garrido y Carrera i Comes, duplicando el señor Lagunilla Alonso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas mantenidas al Proyecto de Ley, así como al texto del dictamen, que es aprobado. Proyecto de Ley por el que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía (Página 3914)
El señor López Garrido defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que coinciden con las líneas generales del proyecto, pero mantienen algunas enmiendas que consideran que representan una mejora de la redacción, enumerando brevemente aquellas que estiman más significativas. El señor Baón Ramírez defiende las enmiendas del Grupo Popular. Manifiesta que se trata de un proyecto que no ha suscitado grandes controversias y que fue objeto de un pacto interno dentro de la misma Policía a través de sus representaciones sindicales. Añade que se trata de un proyecto serio y riguroso, en el que por la vía de la transacción o simple aceptación de propuestas se han incorporado al dictamen algunas de las enmiendas de su Grupo, por lo que en este momento se limita a dar cuenta sucinta de aquellas que permanecen vivas para que al menos quede constancia en el «Diario de Sesiones».
El señor Olarte Cullen defiende las tres enmiendas que mantiene el Grupo de Coalición Canaria, de cuyo contenido da cuenta, y respecto de las que afirma que se limitará a reproducir las argumentaciones que en su momento dieron en Comisión y las justificaciones que literalmente hicieron en el momento formal de presentarlas. Espera de los señores Diputados el voto favorable para las mismas, de manera que prosperen unas pretensiones que, desde su punto de vista, son absolutamente justas.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Rodríguez Zapatero. Antes de referirse a las enmiendas realiza una breve consideración de carácter general para poner de manifiesto que en el transcurso del debate sobre el proyecto se ha producido un amplio grado de consenso, de aceptación de una ley tan necesaria, tan esperada y tan reclamada por la Cámara y por el propio Cuerpo Nacional de Policía. Añade que la ley venía, como se ha recordado aquí, con un amplio consenso por parte de los diversos representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con el Ministerio del Interior.
En cuanto al retraso en los pasos finales del Proyecto de Ley, a lo que también han aludido algunos enmendantes, señala que ha sido fruto de los cambios en el Ministerio del Interior y no de ninguna actitud de mala voluntad por parte del Grupo Socialista o del Gobierno.
En cuanto a las cuestiones más importantes a debatir en este trámite afirma que no afectan a problemas de fondo, agradeciendo de antemano la posición favorable del Grupo Popular al contenido esencial de la ley y su voto favorable a la misma.
Seguidamente expone la posición del Grupo Socialista en relación con las enmiendas de los diversos Grupos Parlamentarios y concluye manteniendo el texto enviado por la Comisión.
Para fijación de posiciones interviene el señor Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas anteriormente, así como del texto del dictamen de la Comisión, que es aprobado. Se levanta la sesión a las doce del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco de la mañana.
--AL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA CINEMATOGRAFIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 19/1993, DE 10 DE DICIEMBRE) (Número de expediente 121/000027)
Punto VI del orden del día, enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para la cinematografía (procedente del Real Decreto-ley 19/1993, de 10 de diciembre).
¿Grupos que desean fijar su posición sobre estas enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente, desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que el proyecto de ley de protección y fomento de la cinematografía ha experimentado una seriede modificaciones puntuales pero de gran contenido político. Se ha dado un avance importante en cuanto a la recogida de la especificidad de comunidades autónomas que disponen de lenguas oficiales distintas del castellano y entendemos, además, señor Presidente, que se produce una mayor adecuación al ordenamiento competencial, al bloque de la constitucionalidad, diríamos, puesto que la materia de cinematografía, circunscribible dentro de la materia más general que sería la de cultura, del artículo 149.2 de la Constitución, viene a diseñar un sistema de reparto competencial concurrente donde también puede intervenir el Estado, en base al título de la ordenación de la economía, pero también las comunidades autónomas en lo que se ciñe al desarrollo legislativo o a la ejecución del planteamiento general que hace este proyecto de ley.
Por tanto, de las enmiendas que ha introducido el Senado nos parece muy importante el nuevo precepto, artículo 8, donde se plasman las recomendaciones del Consejo de Europa sobre los criterios lingüísticos recogidos sobre lenguas oficiales en los Estados pero territorializadas en algunas regiones o zonas de los diferentes Estados de la Unión. También nos parece importante lo referente a la disposición adicional --única antes, ahora disposición adicional primera--, en dondese plasma un reconocimiento explícito a las comunidades autónomas para que puedan adoptar la aplicación de los mecanismos de cuotas de pantalla, cuotas de distribución, lo cual nos parece un aspecto muy positivo puesto que, en definitiva, estamos reflejando en el proyecto de ley la realidad plurilingüística, pluricultural y plurinacional de España.
Nuestro Grupo Parlamentario se congratula de ese reconocimiento y, como decía anteriormente, nos parece que hay una mayor adecuación, un mejor ajuste al bloque de la constitucionalidad con ese reparto competencial entre los poderes centrales del Estado y las comunidades autónomas. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario va a votar afirmativamente las enmiendas del Senado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo desde el escaño, en nombre de mi Grupo Parlamentario, para fijar posición sobre aquel proyecto de ley de medidas urgentes que el Senado nos devuelve convertido en lo que, tras su publicación en el «BOE», será la Ley de Protección y Fomento de la Cinematogafía, no siendo ésta la única novedad, aparte de las correcciones de estilo, que un debate quizá más sosegado que el que hubo en esta Cámara --en aquel momento por las urgencias del GATT-- ha aportado a un texto donde ahora se incluye la necesaria adaptación a la directiva europea sobre la cinematografía y la incorporación de los criterios lingüísticos reconocidos en otra directiva, referida ésta a la televisión sin fronteras, sobre el respeto comunitario en cuanto a política lingüística, cuestión que también recoge al ser reconocidas adecuadamente las facultades de las comunidades autónomas con más de una lengua oficial.
En cuanto a las cuotas de pantalla y distribución, que es algo que ha preocupado y parece preocupar todavía a un segmento social afectado que debiera considerar el sentido de la realidad y de la responsabilidad con que han sido asumidas tantas otras competencias autonómicas, el proyecto de ley, en su trayecto ante las dos Cámaras, ha recogido esta cuestión, pero también parecía recoger, con la creación del Consejo Superior de Cinematografía, el diálogo con los sectores de creación cinematográfica a los que se pretende promover desde unos criterios de protección y fomento que, en anteriores debates, calificamos unos y otros de justificada y transitoriamente cuestionables, como deja bien claro el texto del proyecto de ley. Señorías, no vamos a repetir otras tantas cosas que ya se dijeron a lo largo del debate parlamentario.
Acabo manifestando la esperanza de que nuestra cinematografía utilizará esta excepcionalidad para lograr más frecuentes éxitos como el que recientemente nos ha llenado de alegría; nuestro voto positivo ha sido, desde el primer momento, por una nueva «Belle Epoque» de nuestro cine.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, esta ley ha tenido un trámite relativamente accidentado en cuanto a dialéctica se refiere, pero, en general, nos parece bastante positiva, con independencia de los detractores y de las tensiones que hayan podido crearse. En este momento queremos hacer referencia solamente a la inclusión, en la disposición adicional, del Consejo Superior de la Cinematografía en el Senado. Es una enmienda, sin duda, basada en la enmienda de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya acerca de la creación del Consejo Superior Audiovisual, pero nosotros pensamos que ha faltado la suficiente generosidad para aceptar esa enmienda a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el Congreso y por eso, de pronto, aparece o se reinventa en el Senado, como si fuese la capacidad creativa de otro Grupo quien la hubiese introducido.
Simplemente queremos dejar constancia de que nos parece una adición muy importante, era una de nuestras enmiendas fundamentales, la diferencia está en que aquí se crea con carácter consultivo y en nuestro caso tenía carácter planificador y ejecutivo. En todo caso, saludamos la inclusión de esta enmienda que, sin duda, procede de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aunque, repito, ha faltado la suficiente generosidad para aceptar las cosas en el trámite correspondiente, dándole a cada uno lo que le corresponde.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, en las tres ocasiones anteriores en las que el Pleno se ha ocupado de la ley de la cinematografía hemos dicho que, lejos de ser un remedio a la crisis del cine español, iba a agravar la situación del mismo porque esta ley no hace sino consolidar, dando rango legal, unas normas que durante doce años de Gobierno socialista han hundido al cine español.
El Grupo Socialista, señor Presidente, ha tenido el mérito de que un proyecto que ya era malo cuando llegó a la Cámara, haya ido empeorando en cada uno de los trámites parlamentarios por los que ha pasado. Ya el paso por el Senado ha sido definitivo. De las enmiendas que allí se han introducido, señor Presidente, es de las que tenemos que ocuparnos en esta ocasión. Si las enmiendas se aprueban tal y como han venido, la Cámara tendrá que felicitarse porque ya tendremos un nuevo consejo más, un nuevo órgano de esos que tanto gustan a la izquierda, exquisitamente inútil, que no sirve para nada salvo para dar unas cuantas mamandurrias, para colocar unos cuantos amiguetes y para aumentar el gasto público. (Fuertes protestas.) No tiene ninguna otra utilidad, ninguna otra utilidad. Tenemos y podemos hacer el balance de todos los consejos que se han ido creando. (Fuertes protestas.) Bien es verdad que se puede buscar otra utilidad para todos estos consejos, y es que los ministros que tenían que responder ante la Cámara se escudan en los consejos diciendo que han conseguido el respaldo de ese consejo para determinadas medidas.
Pero no es esto lo más importante de lo que se ha hecho en el Senado. (Rumores.)
El señor CORTES MARTIN: Hasta este momento, señor Presidente, el Gobierno había tenido un éxito, que también hay que reconocerle, en la estrategia de su política cinematográfica: había logrado dividir y enfrentar a todos los sectores que están en el cine. Bien es verdad --todo hay que decirlo-- que esta división y estos enfrentamientos los habían conseguido con la colaboración decidida de algunos elementos de algunos de estos sectores. Es, señor Presidente, como si para potenciar la industria automovilística el Ministerio de Industria se dedicase a enfrentar a los fabricantes de automóviles con los concesionarios y con los talleres de reparación. Pues esto es lo que se ha logrado en la industria cinematográfica. Primero, a los productores con exhibidores y distribuidores, pactando la ley con nocturnidad sólo con unos pocos representantes de los productores; luego, se ha logrado enfrentar a distribuidores con exhibidores, y ahora, señor Presidente, en el
trámite del Senado, el Grupo Socialista ha conseguido el más difícil todavía, que es colocar a todos los sectores de la cinematografía en contra de este proyecto de ley.
¿Y qué es lo que ha pasado? La excusa, la razón por la que se cree que ha pasado esto es sencillamente que se ha aprobado una enmienda del Partido Nacionalista Vasco, se ha aprobado no porque se colase un gol a nadie, se ha aprobado con el respaldo expreso en la tribuna del Senado de la Ministra de Cultura y con el apoyo entusiasta de la portavoz socialista en la ocasión, doña Victoria Camps.
¿Qué es lo que dice esta enmienda? La enmienda dice que las comunidades autónomas en las que exista más de una lengua oficial podrán --las comunidades-- adaptar las cuotas de pantalla y las licencias de doblaje que establece el propio proyecto de ley. Y esto ha provocado que se digan cosas como que se trata de un disparate, una barbaridad, una puñalada trapera --dicho por la Academia del Cine--; se ha dicho por la Fundación Procine que destruirá la finalidad de una ley que buscaba promover el cine español; se habla por parte de algunos exhibidores de que es una salvajada industrial y cultural que lleva a descuartizar el mercado del cine. Esto lo dicen algunos de los que apoyaban este proyecto.
Sin ninguna duda, señor Presidente, se trata de una barbaridad, de inaceptable legalidad, por otra parte. Ahora, la Cámara tiene que saber, y tiene que saber a través de la Cámara la opinión pública, que en el texto que salió del Congreso, en el texto al que el Grupo Popular se opuso, esta misma facultad, exactamente la misma facultad de adaptar las cuotas de pantalla y de adaptar las licencias de doblaje o las cuotas de distribución la tenía el Gobierno central. ¿Es que acaso podemos aceptar que las arbitrariedades que comete el Gobierno central son arbitrariedades de menor grado o más tolerables de las que hipotéticamente puedan cometer las comunidades autónomas? Tiene razón el señor Baltá: no tenemos por qué desconfiar de las comunidades autónomas más de lo que desconfiamos del Gobierno central. No es ahí donde está el problema, no es una cuestión de competencias, no es una cuestión de que al Grupo Popular nos parezca que es peor que se obligue a que una película sea doblada al catalán, al euskera o al gallego o que se obligue a que sea doblada al castellano o a cualquiera de las lenguas de España. (Rumores y protestas.) No es ésa la cuestión. La cuestión, señor Presidente, es que existan las licencias de doblaje. Esa es la cuestión. Lo que pretendemos en el Grupo Popular es que los españoles sean libres para ver la película que quieran, cuando quieran, como quieran, en el cine o en la televisión, para que puedan ver esa película doblada o en versión original. (Rumores y protestas.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Esa es la cuestión, y la cuestión no es que se obligue, sino que se limite la libertad de una manera tan atroz por parte de un gobierno central o de los gobiernos autonómicos. Quienes piensan que estas enmiendas producen un grave peligro para el cine español llevan toda la razón, pero se equivocan en las causas. Las causas son las licencias de doblaje, las causas son las cuotas de pantalla, las causa son, en definitiva, las limitaciones a la libertad, el que se crea que son las Administraciones, ya sea la central o la autonómica, las que tienen que elegir por los espectadores el cine que se quiere ver y cómo se quiere ver. Quienes se equivocan, se equivocaron también cuando pensaron, cuando creyeron que a este Gobierno le preocupaba el cine, le importaba el cine. A este Gobierno el cine sólo le importa como un instrumento de apoyo electoral y, por eso, hoy, se rasgan las vestiduras los mismos que creyeron, pensando que eran más listos que el resto de los españoles, que como algunos de ellos --que tampoco fueron la mayoría siquiera--acompañaron a don Felipe González a un acto en el Círculo de Bellas Artes, iban a ser los únicos españoles a los que Felipe González y su Gobierno no engañase. (Rumores y protestas.--El señor García-Arreciado Batanero: Valiente, que estás muy valiente hoy.) Se equivocan como se equivocaron todos los que piensan que el Partido Socialista buscaba en el cine otra cosa más que un instrumento de apoyo. (Rumores y protestas.) Ahora ya no es un apoyo electoral. Ahora es un apoyo parlamentario; ahora se trata de que el Partido Socialista ha tenido que pagar peaje en el Senado a un apoyo nacionalista para un Gobierno débil y tambaleante. (Rumores y protestas.--Varios señores Diputados: ¡Venga ya!) Esa es la cuestión, y como ésa es la cuestión, señor Presidente, de poco sirve que se piense ahora que si no se introdujese esta enmienda, que si ahora el Partido Socialista cambiase una vez más de posición y dijese que ya no son las comunidades autónomas, sino que es el Gobierno el que puede cometer estas arbitrariedades, la situación mejoraría.
No, el Gobierno seguiría igualmente condicionado por unos apoyos parlamentarios y lo que ahora figura en la ley lo iría haciendo caso por caso en negociaciones que ni siquiera se tendrían en el Pleno de la Cámara.
El problema, señor Presidente, señoras y señores Diputados, es que se conceda esta facultad a un gobierno, a cualquiera.
Tienen razón los señores del Grupo de Convergència i Unió al decir que es inaceptable la desconfianza hacia las comunidades autónomas y tiene razón el Diputado del Grupo Nacionalista Vasco diciendo que no hay ninguna razón para que, establecidas estas cuestiones, no se conceda a las comunidades autónomas la facultad de decidirlo. El problema es que existan estas limitaciones, el problema es que los españoles no puedan ser libres y necesiten hoy una licencia de una Administración para doblar una película, como necesitaban en otro momento una licencia para traducir un libro. (Rumores.)
Este debate, señor Presidente, que finaliza ahora, ha sido un debate largo que parece que termina con una gran alarma, con un gran desánimo en los sectores que lo habían apoyado. Sin embargo, creo que ha tenido dos ventajas, dos utilidades. Por un lado, señor Presidente, ha servido para poner de relieve ante la opinión pública, para que salga a la luz cuál era la verdadera política cinematográfica que ha seguido el Gobierno socialista, para que se vean los cientos de millones de pesetas que se han tirado en subvenciones para películas que ni siquiera llegaban a estrenarse, para darse a amigos a cambio de apoyo electoral. (Rumores y fuertes protestas.) Ha servido para que se vea cuáles han sido los resultados de esta política, cómo se ha disminuido a menos de la mitad el número de espectadores en las salas de cine españolas, cómo el número de salas cinematográficas que se han cerrado han sido las tres cuartas partes desde que ustedes llegaron al poder (de 4.000 salas se ha pasado a cerca de 1.000), cómo el número de películas producidas ha caído drásticamente. (Rumores y protestas.) Esto no se sabía y esto irrita mucho a los bancos de la izquierda, pero es la pura realidad, y ahora ya lo sabe la opinión pública española, y ésa es una ventaja. La otra ventaja, señor Presidente --y con ello termino--, es que se ha visto que existe una alternativa, que el Grupo Popular tiene otra política alternativa que contempla medidas de fomento al cine español, que contempla subvenciones objetivas, ayudas objetivas al cine, en función de los espectadores que ven las películas y no en función de los favores o de la simpatía de que gozan los productores en el Ministerio de Cultura. Se ha comprobado que hay una política alternativa, que respeta la libertad de elegir de los espectadores, que vigila el dinero de los contribuyentes; una política alternativa que ya están adoptando otros países europeos y que podía haber adoptado España. Italia ha abandonado las cuotas de pantalla porque se ha dado cuenta de que en la Unión Europea, y con las nuevas tecnologías, estas limitaciones, propias de épocas pasadas, ya no tienen ninguna utilidad. El Gobierno podía haberlo hecho.
Esta ley que ahora termina su tramitación aquí, señor Presidente, se cierra con una gran alarma. Que nadie se crea que la alarma será menor si esta enmienda introducida por el Partido Nacionalista Vasco, con el apoyo entusiasta y firme en el Senado del Grupo Socialista, si ahora se retirase, supondría alguna mejora. Las arbitrariedades se seguirán cometiendo. La única posibilidad es decir que también en el cine la política de libertad es la mejor política, pero para eso, señor Presidente, y para que el sector cinematográfico español tenga esperanza y sepa que no están condenados a la política cinematográfica que les ha hundido durante estos once años, hay que cambiar el Gobierno. Y eso, señor Presidente, también está al venir. Muchas gracias. (Aplausos y protestas.)
Gracias, señor Cortés. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Clotas. (Continúan los rumores.) ¡Señorías, ruego guarden silencio! Parece un poco temprano para tantos ardores.
(Pausa.) Señor Clotas, cuando quiera.
El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, señorías, resulta difícil ir a la cuestión después de las diatribas, de las descalificaciones, de las calumnias que acabamos de oír...
(Protestas.), calumnias, calumnias, calumnias que acabamos de oír, y después de esa furia contrarreformista que quiere acabar con los consejos y que no sé hasta dónde va a llegar, si le tocará también a los consejos constitucionales o no.
(Protestas.) Después de esa intervención, resulta algo difícil recordar a SS.SS. que estamos en el último tramo, en el último debate respecto a una ley que ha ocupado muchas horas de esta Cámara y que hoy viene del Senado con algunas enmiendas, no muchas, pero ciertamente, como han dicho los otros grupos parlamentarios que me han precedido, con la excepción del señor Cortés, mejorada sustancialmente gracias a esas enmiendas. Enmiendas que, desde cambiar el título de la ley para ponerlo más de acuerdo con su contenido, contienen, sobre todo, dos aspectos fundamentales que me gustaría con mucha brevedad resaltar en mi intervención. El primero es la creación de ese consejo, que parece que preocupa tanto al señor Cortés, que quisiera eliminar todos los consejos, y yo estoy esperando que nos diga hasta dónde llega esa eliminación; un consejo desde hace mucho tiempo reclamado por el sector, como saben bien las personas que conocen los problemas de la cinematografía en España. Un consejo que ha de cumplir, sin duda, funciones positivas en una etapa que debemos ver con esperanza todos los miembros de esta Cámara, después del resultado de las negociaciones del GATT.
También hemos de ver como un avance tremendamente positivo el de la introducción de los criterios lingüísticos; criterios lingüísticos que significan una aproximación muy seria a una enmienda, precisamente del Grupo Popular, que nos pedía una discriminación positiva a favor del cine español, que tiene dificultades dentro de la normativa comunitaria, pero que creemos que hemos resuelto bien con la enmienda que los Senadores introdujeron. Además, estas enmiendas tienen la ventaja de haber mejorado el texto, a la vez que haber incrementado enormemente el consenso respecto a la ley, un consenso que es necesario, porque esa tarea tan enormemente compleja, competitiva y con las dificultades que
vamos a tener todos los europeos --y lo hemos dicho mucho ya desde esta tribuna-- sería difícil si no se viera acompañada del mayor consenso posible.
Es verdad que otra de las enmiendas introducidas en el Senado plantea algunos problemas, no porque sea un disparate, como se ha dicho desde esta tribuna. No solamente no es un disparate sino que es una enmienda positiva, desde un convencimiento -- como el que tiene el Grupo Socialista y otros grupos de esta Cámara, sin duda-- de que la España de las autonomías no tiene por qué ser objeto de ninguna desconfianza; que el funcionamiento de la España de las autonomías no tiene por qué ser objeto de ninguna desconfianza. Sin embargo, esa enmienda, como SS.SS. saben, ha creado un estado de alarma tan enorme en el sector que es claro que puede tener algunas dificultades en algunos aspectos, incluso en la negociación con las poderosísimas productoras norteamericanas, por lo que nuestro Grupo no va a apoyarla, en aras de no crear ningún problema a un sector que ya tiene muchos, y no porque creamos que sea un disparate o que no responda a una política que nosotros creemos que es la que debemos hacer en la España de las autonomías.
Voy a acabar muy rápidamente, señorías, pero no quiero dejar de decir algo respecto a la situación del cine español, porque aquí se han dicho algunas cosas que es necesario rebatir cada vez que se oyen. El cine español no está en una situación catastrófica. Eso lo dice un solo Grupo parlamentario. No lo dice nadie más, ni en el sector ni en el conjunto de las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía española. El cine español está consiguiendo éxitos importantes fuera de España. El cine español es un cine que se cuenta entre los primeros del mundo (Rumores.), entre los primeros del mundo.
Es verdad que hay un escalón enorme entre el americano y los que le siguen, pero ese cine no merece las palabras que se ha oído aquí; al revés, merece apoyo y merece elogio. Y la política que el Gobierno socialista ha seguido durante estos años ha sido una política que ha permitido esos resultados, y no digo que ha producido esos resultados porque eso lo producen los creadores, eso lo produce la industria. Señor Cortés, no soy aficionado a estas cosas pero quiero leer aquí un texto de una persona a la que no va S.S. a acusar de socialista, porque es el director del Diario de León, respecto a la política de las subvenciones de una Comunidad Autónoma que no hace falta que cite pero que, desde luego, no tiene Gobierno socialista. Dice así (El señor Caldera Sánchez- Capitán: ¡Escucha, escucha!): «El sistema de subvenciones multimillonarias, encubiertas bajo las formas de promoción publicitaria y otro tipo de ayudas, puede degenerar en corrupción pura y dura. La pasada dependencia económica que liga a los medios de comunicación de Castilla y León con su Comunidad Autónoma ha llevado a la mayoría de los periodistas de la región a practicar la autocensura en sus relaciones con la Junta presidida por Juan José Lucas».
(Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--El señor Caldera Sánchez-Capitán: Cada uno en su sitio.) Jamás hubiera leído este texto, señor Cortés, si no hubiera tenido que escuchar aquí afirmaciones que son absolutamente falsas. Señorías, lamento que una intervención equivocada haya producido un debate distinto del que hoy teníamos que tener en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de protección y fomento de la cinematografía. (El señor Caldera Sánchez- Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, solicitamos votación separada de la enmienda del Senado a la disposición adicional primera.
El señor PRESIDENTE: Gracias. (El señor López Garrido pide la palabra.) Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo solicita votación separada, dentro de la disposición adicional primera a la que se refería el señor Caldera, de cada uno de los dos párrafos en que se divide la misma.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor López Garrido, que se refiere a los dos párrafos el primero de los cuales empieza con «Los importes, cuotas y porcentajes...» y el siguiente «Las comunidades autónomas...» Votación correspondiente a la disposición adicional primera, párrafo primero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 155; en contra, 113.
Votación de la enmienda consistente en el párrafo segundo de la disposición adicional primera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 18; en contra, 252.
Votación de las restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 154; en contra, 114.
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE COMPLETA EL REGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL (Número de expediente 121/000022)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen relativo al proyecto de ley por el que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Tiene la palabra el señor Baón. (Rumores.) Señorías, estamos en sesión. Les ruego guarden silencio.
Cuando quiera, señor Baón.
El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero saludar la presencia del Ministro de Justicia e Interior por un doble motivo: en primer lugar, por lo que supone de reconocimiento y por la deferencia de estar presente --no es usual en los miembros del Gobierno cuando se discute un proyecto que les afecta-- y, en segundo lugar, porque entiendo que asume, por el principio de solidaridad, el contenido de este proyecto de ley, y con el fin de que la Guardia Civil siga siendo esa gendarmería ejemplar, hacia adentro y hacia afuera, merecedora del respeto por parte de todos, sobre todo por su sacrificio, por la eficacia y entrega demostradas secularmente, el Grupo Popular quiere hacer una contribución a mejorar este proyecto de ley.
Y debe entenderse en el sentido de que el proyecto es expresión de la voluntad legisladora de completar un régimen de personal con vistas a que pueda seguir escribiendo esas páginas que ha escrito de la historia de España como garantes de la paz pública y ciudadana. Pero el proyecto deberá reconocer la Cámara que está bajo sospecha, pero no porque su principal impulsor esté huido de la justicia, no. Está bajo sospecha técnica porque entiendo que no se han medido el alcance y los efectos de este proyecto de ley. En mi opinión, quizá sea una temeridad mantenerlo en su actual configuración.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) En este trámite parlamentario mi Grupo sostiene notables discrepancias con el Grupo mayoritario, pero yo estoy seguro que a ambos nos anima hacer de la Guardia Civil un Cuerpo policial que, sin pérdida de su naturaleza militar, pueda operar con agilidad y aptitud frente al crimen organizado en cualesquiera de sus manifestaciones modernas. De las 15 enmiendas que mi Grupo presentó al articulado, descontada la de totalidad, y no voy a repetir las razones por la que nos oponíamos pidiendo su devolución, dos han sido incorporadas al dictamen de la Comisión, bien en su versión íntegra o transaccional. De las restantes voy a dar cuenta de su justificación y lo voy a hacer únicamente de aquellas que evidentemente tienen una repercusión en la estructura de personal de la Guardia Civil o también porque inciden en quienes han sido de la Guardia Civil y tienen, por tanto, una incidencia económica grave.
El proyecto, en su artículo 4, como no se le oculta, fracciona la hasta ahora escala única en cuatro segmentos. Es decir, la escala única la van a formar cuatro tramos a partir de ahora, según el grado educativo exigido para el ingreso en cada una de ellas. Esta fragmentación responde a equiparar en estructura y organización a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía conforme prevé el artículo 17 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde se configuran esos cuatro tramos. Pues bien, se pretende que la Guardia Civil conste a estos efectos de una escala superior, de otra ejecutiva, de una tercera de suboficiales, y de la escala básica, de números y cabos. Con nuestra enmienda queremos vincular expresamente a cada categoría el sistema de acceso que se requiere para ello, además de incluir los empleos que nutren cada una de las escalas. Por ejemplo, entendemos que el acceso a la escala superior lo sea únicamente de miembros de la Guardia Civil con estudios superiores, pero bien entendido que no solamente con estudios superiores procedentes de la Academia General Militar sino de todos aquellos que tengan categoría superior en su vertiente humanística o técnica, de tal manera que un guardia que con no pequeño esfuerzo se ha hecho una licenciatura, que ha cumplido el tiempo que exige la legislación para poder ascender, pueda tener las puertas abiertas para poder llegar a general de división de la Guardia Civil. Con esta enmienda, por lo demás, nos proponemos abrir un portillo para el acceso por oposición libre, en porcentaje que lógicamentese señalará por reglamento en función de las necesidades y para que sea más operativo el Cuerpo, de tal manera que muchos jóvenes desde las especialidades de criminología o de informática, etcétera, pueden acceder. Bien es cierto que la Policía tiene resuelto eso con el Cuerpo facultativo. Mi Grupo entiende que es mucho mejor que se integre ya en esa endogamia que produce el Cuerpo de la Guardia Civil y para que ahí, a través de ese número que reglamentariamente se habilite cada
año, se pueda enriquecer el benemérito Instituto. A similitud de lo legislado para el Cuerpo Nacional de Policía, el ingreso en la escala de suboficiales sólo podrá hacerse por promoción interna desde la escala básica. En eso yo creo que somos coincidentes todos los grupos y además es conveniente que no se modifique.
Como quiera, de otra parte, que la supresión de la escala única comporta la acomodación y ajuste en cuatro escalas de todos los componentes de la Guardia Civil, mi Grupo sí quiere aquí que tenga presencia el factor voluntariedad, de tal manera que aquí, señorías, nosotros pugnamos por que cuente ese factor de la voluntad de los afectados en orden a engrosar en el futurola escala superior o la escala ejecutiva, y que sea en virtud de esa voluntad la opción que se les dé a estos miembros de la Guardia Civil. Del mismo modo, estos derechos adquiridos deben ser tenidos en cuenta incluso para quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley están realizando cursos de promoción interna, para que así puedan decidir libremente. El punto nuclear de confrontación en este proyecto de ley lo constituyen no todas estas cuestiones que por importantes he señalado, sino que la norma introduce unos efectos económicos, sobre todo respecto de los reservistas, que sí enciende las luces rojas de alarma. Por lo general, en toda norma reformadora en materia de retribuciones, la ley nueva suele originar innumerables situaciones de agravio comparativo entre lo que había ayer, lo que hay hoy o lo que habrá mañana. Así las cosas, el derecho transitorio se convierte en un proceloso mar en el que es muy fácil consagrar las injusticias, unas reparables por vía de reclamación contencioso-administrativa, pero otras silentes porque las víctimas de la discriminación no tienen capacidad o medios para litigar. Con esta ley entiende el Grupo Popular que se crean dos categorías de reservistas desigualmente tratados en cuanto a retribuciones y, flagrante la injusticia, mi Grupo no se va a asociar a ello y votará en contra del dictamen. Es más, no sólo afirmamos que es el punto crucial de confrontación y discrepancia con el Grupo Socialista, sino que prevemos que es donde se va a encanallar de verdad este proyecto de ley y que va a provocar miles de recursos contencioso-administrativos en los tribunales.
Sustancialmente, la cuestión estriba en el hecho de no retribuir en igual cuantía, con criterios económicos equiparables, a los miembros de la Guardia Civil que de ahora en adelante pasen a la reserva activa respectoa cómo se viene retribuyendo a los reservistas actuales. Si prospera esa doble vara retributiva, habremos cerrado una bolsa de descontento y de injusticia que yo creo innecesaria, violentando el principio de igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución.
En el ejercicio de derecho de petición, como no se le ocultará al señor Ministro como heredero de sus predecesores, durante 1990 se plantearon 1.108 reclamaciones de demandas que fueron dirigidas con la pretensión de que se acabase esa situación discriminatoria. Ante el silencio administrativo, estoy seguro, como los que han engrosado esa cantidad posteriormente, que acudirán a los tribunales en defensa de sus intereses. En síntesis, este colectivo reclama el marco retributivo que rige para las Fuerzas Armadas, es decir, que a los reservistas de la Guardia Civil sin ocupar destino se les paguen las retribuciones básicas y el 80 por ciento de los complementos. Pero el hecho se agrava también a partir de esta ley, porque esa discriminación, ese agravio comparativo va a ser en dos vertientes: respecto de sus compañeros de las Fuerzas Armadas y respecto de los que sean beneficiarios como reservistas de este proyecto de ley a partir de su entrada en vigor.
Soy consciente, señorías, que admitir nuestra enmienda supondría un incremento presupuestario adicional en torno a 2.000 millones de pesetas. Nosotros no queremos tampoco pedir lo imposible y no pedimos que esa reclamación tenga efectos retroactivos, ya que entonces se dispararía en miles de millones. Lo que sí pedimos es hacer tabla rasa y que a partir de la ley no haya ninguna bolsa de discriminación y todos los reservistas tengan una retribución similar y por los mismos criterios de justicia. Las restantes enmiendas, señorías, las damos por defendidas en sus justos términos, tal como expusimos en la Comisión y como refleja el dictamen. De ahí que finalice mi intervención no sin expresar nuestra posición sobre lo que es y queremos que sea la Guardia Civil, institución a la que todos debemos preservar como garante de nuestro sistema de libertades. A lo largo de nuestra historia, la Guardia Civil, con un siglo y medio a sus espaldas, ha sido protagonista silenciosa en tanto los poderes públicos, según la tendencia de los gobiernos, la hacían más militar que secular. En este sentido, el Grupo Popular entiende que el benemérito Instituto, como un Cuerpo de naturaleza militar en el que prevalecen eminentemente las funciones policiales, en todo lo que comporta ese servicio público, debe proseguir su andadura adaptándose a los nuevos tiempos, pero entendemos que con leyes más meditadas, técnicamente mejor hechas y cuyos efectos fueran más beneficiosos que perniciosos, y en ese sentido este proyecto de ley no da ninguna garantía. Esta ley, salvo que sea enmendada, en el Senado de la cruz a la raya, yo creo, señor Ministro, y quiero, como he empezado con usted, terminar con usted, que es un mal regalo para la Guardia Civil.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baón.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, la Guardia Civil es un Cuerpo de seguridad que está muy necesitado de modernización. Desde el momento en el que se aprobó nuestra Constitución, diferenciando nítidamente lo que es un Cuerpo de seguridad y lo que es un Cuerpo de ejército, asignándole dos artículos tan distantes como el 8.º y el 104, desde ese momento la Guardia Civil apareció como un Cuerpo profundamente necesitado de modernización, de adaptación a las funciones propias de un Cuerpo de seguridad, y, por tanto, se produjo un distanciamiento funcional significativo de lo que hasta ahora no era sino una mera integración en las Fuerzas Armadas.
Algo se ha hecho a partir de ese momento, no vamos a decir que no se ha hecho nada, pero, desde luego, la etapa en la que estuvo como Director de la Guardia Civil don Luis Roldán no ha sido precisamente una etapa en que la Guardia Civil se haya modernizado, como hubiera sido deseable, sino más bien todo lo contrario. En esta Cámara se ha hablado mucho del señor Roldán y yo no voy a seguir hablando por más tiempo, pero es claro que esa etapa ha sido nefasta en muchos aspectos y, desde luego, no ha servido para modernizar adecuadamente a la Guardia Civil. Lo único que desde el punto de vista legislativo nos deja la etapa del señor Roldán al frente de la Guardia Civil es este proyecto de ley que ha visto pasar vertiginosamente por delante de él a tres Ministros del Interior, el último de los cuales es el señor Belloch, presente hoy en esta Cámara --nuestro Grupo también le agradece que asista a esta sesión--, y podemos decir que es un proyecto que ha servido para retroceder aún más en esa necesidad de ir hacia una modernización de la Guardia Civil.
Es una herencia que nos ha dejado la etapa anterior, que usted se ha encontrado, y una herencia que hace retroceder aún más las necesidades de adecuación de la Guardia Civil a las funciones de un Cuerpo de seguridad.
Sin embargo, como decíamos en el momento en el que en esta Cámara se defendía por nuestro Grupo la enmienda de totalidad que presentamos a este proyecto, el mismo tiene una serie de lacras que lo hacen prácticamente inservible desde el principio hasta el final, porque se apoya en una filosofía de adaptación de la Guardia Civil al régimen del personal de las Fuerzas Armadas, con todo lo que eso lleva, porque incluso esto significa que hay implicaciones en la enseñanza, que hay implicaciones en las escalas, que hay implicaciones en cuanto a los puestos, a los cargos dentro de la Guardia Civil. Es decir, al fotocopiarse prácticamente la Ley 17/1989 sobre Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, lo que se hace es que se contamina el conjunto del régimen del personal de la Guardia Civil de todo un estilo y funcionamiento que tiene su sentido en el Ejército, pero que no lo tiene en la Guardia Civil.
Se establecen cuatro escalas, sustituyendo la escala única que hasta este momento ha existido en la Guardia Civil, con claro predominio de la primera --de la escala superior--, convirtiendo, por tanto, a este proyecto en claramente elitista; proyecto, como se señala ya claramente en los medios cercanos a la Guardia Civil, que profundiza en las castas, en el interior de la Guardia Civil, casi de pureza de sangre, por así decirlo, y que no tiene que ver con lo que hasta este momento era la escala única de la Guardia Civil, es decir, la posibilidad de que todo aquel que está integrado en el Cuerpo de la Guardia Civil pueda subir en la escala única existente y llegar, si la edad se lo permite, a cualquier puesto en igualdad de condiciones, sea cual sea el origen primigenio de la entrada de ese funcionario en la Guardia Civil.
Como consecuencia de ello, a quienes proceden de suboficial se les penaliza profundamente en este proyecto de ley --hay que tener en cuenta que la Guardia Civil es un Cuerpo que tiene su nervio fundamental en la suboficialidad-- y, en este caso, a los oficiales se les penaliza, primero, porque hay múltiples posibilidades de entrada desde fuera a la Guardia Civil --se hace mucho más lenta la carrera en su interior-- y, segundo, porque no se promociona precisamente la motivación por el crecimiento de la cultura y de la formación en la Guardia Civil al ralentizarse profundamente esta carrera, al dificultar su llegada a puestos altos en las escalas de la Guardia Civil y al aumentar las categorías y empleos, lo que hace todavía mucho más lenta la carrera dentro de la Guardia Civil. Es decir, va a producir un envejecimiento importante en el conjunto del cuerpo de suboficiales de la Guardia Civil y en algunos de estos oficiales, aquellos que tienen títulos superiores, va a ocasionar una profunda discriminación con respecto a aquellos que, habiendo pasado por la Academia General Militar de Zaragoza, sin embargo no tienen esos títulos superiores excepto el que les da el tener la carrera militar.
Por otra parte, la enseñanza está prevista de una forma absolutamente inadecuada para lo que son las funciones de la Guardia Civil, militarizando completamente su enfoque en el artículo 5.º de este proyecto. Nosotros decíamos que este proyecto de ley era muy inadecuado desde el punto de vista de las necesidades de la Guardia Civil, muy elitista, culturalmente desmotivador y, desde el punto de vista técnico, muy caótico, muy deficiente técnicamente hablando, lo que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que los ascensos solamente se regulan en la escala de suboficiales y, sin embargo, no se regula para nada más. Es un proyecto que tiene también estas deficiencias técnicas.
El paso por Ponencia, que se ha convertido en un trámite rigurosamente innecesario e inútil en este Parlamento, y el paso por la Comisión no han servido para mejorar estas insuficiencias profundas de este proyecto. Las enmiendas presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya siguen siéndolo. Prácticamente ninguna o ninguna, que yo recuerde en este momento, ha sido incorporada a este proyecto y, sin embargo, tienen que seguir manteniendo su virtualidad.
Con nuestras numerosas enmiendas a este proyecto de ley mantenemos la necesidad de un modelo propio para la Guardia Civil que no sea exactamente el del Ejército. No estamos poniendo en cuestión en este proyecto de ley, porque no es lugar apropiado, la naturaleza militar o no de la disciplina interna de la Guardia Civil. Estamos en otro momento distinto.
Estamos en el régimen del personal de la Guardia Civil, adecuándolo a sus funciones. Creemos que los empleos que se añaden son innecesarios y no tienen nada que ver con las funciones de la Guardia Civil, sino con las funciones del Ejército, de regimientos, de batallones. Debería mantenerse la escala única y, desde luego, no puede discriminarse a los miembros de la Guardia Civil, incluso a aquellos que tienen títulos superiores respecto a otros que tuvieron la anécdota personal de pasar por la Academia General Militar. Creemos que hay que promocionar internamente a la Guardia Civil favoreciendo el progreso en su formación. Por ello, al tiempo que señalamos la necesidad de mantener una escala única, hablamos de la escala facultativa para que aquellos licenciados o diplomados en arquitectura, derecho, económicas, ciencias de la información o ingenierías que puedan entrar en la Guardia Civil, tengan un lugar adecuado para su estancia realizando funciones propias de su origen académico.
En cuanto a la enseñanza, señalamos en la enmienda número 31, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la necesidad de adecuarla a criterios básicos que nos parecen fundamentales para la modernización de la Guardia Civil. La base de la futura modernización de este Cuerpo está sin duda en la enseñanza, donde se ha avanzado bastante poco. Hablamos de la necesidad de que haya una estructuración en planes de estudio científica y profesionalmente adecuados, de un profesorado especializado y capaz, de ayudar a la promoción profesional interna, de una adecuación permanente al desarrollo de la ciencia y de la técnica, de una presencia profunda de la formación humanística y ética, y de una orientación hacia las funciones civiles de seguridad desempeñadas por la Guardia Civil. También nos referimos a algo a lo que ha aludido el anterior interviniente, lo relativo a la discriminación en cuanto a las posiciones en los reservistas de la Guardia Civil. Creemos que no puede haber discriminación en cuanto a los que pasen a la reserva activa de la Guardia Civil según sea el momento en que pasen, antes o después de la puesta en práctica de esta ley.
Junto al aspecto anteriormente señalado de los suboficiales, este proyecto de ley es productor potencial de una enorme conflictividad interna, como ya se está produciendo dentro de las Fuerzas Armadas. Sería muy triste que todos los problemas que existen en estos momentos en cuanto al personal de las Fuerzas Armadas en las diversas escalas, sobre todo en la escala auxiliar, sean exportados a la Guardia Civil pensando ilusoriamente que con ello se van a atenuar los problemas que existen en las Fuerzas Armadas y haciendo una política insensata de exportación de conflictos a los Cuerpos de Seguridad. Quiero también destacar especialmente la enmienda que nosotros presentamos a la disposición transitoria cuarta, que intenta evitar que haya una discriminación, inconstitucional sin duda, respecto de aquellos suboficiales que actualmente están prestando servicio en la Guardia Civil y que, como consecuencia de este proyecto de ley --si es que se llega a convertir en ley en su momento-- van a ver rotas sus expectativas en cuanto a incorporarse con todos los derechos a la escala superior, con independencia de que tengan o no titulación superior.
En definitiva, señor Presidente, señorías, éste es un proyecto que no puede decirse que sea para la modernización de la Guardia Civil, sino más bien lo contrario, un proyecto de involución o de retroceso, de militarización de la Guardia Civil por la vía del régimen del personal. Hace unos días en esta Cámara, en este hemiciclo, el señor Serra, en una sesión de control, se refería a que la Guardia Civil depende fundamentalmente del Ministerio del Interior. Se defendía de imputaciones respecto a su responsabilidad en cuanto al nombramiento del señor Roldán al frente de la Guardia Civil diciendo que la Guardia Civil sobre todo depende del Ministerio del Interior, no del Ministerio de Defensa, aunque el Ministerio de Defensa es el que firma el decreto por el cual se nombra al Director General de la Guardia Civil y algunas otras cosas.
Es el momento de decir que, si esto es así, hay que llevarlo a sus últimas consecuencias en cuanto al régimen del personal de la Guardia Civil. Si realmente depende del Ministerio del Interior, no hagamos una ley por la que se promocione, decida y catapulte a la Guardia Civil desde el Ministerio de Defensa.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido, vaya terminando.
El señor LOPEZ GARRIDO: Termino, señor Presidente.
Este es el momento preciso de hacer verdad eso que decía el señor Serra: que la Guardia Civil depende fundamentalmente del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Desde luego, a juzgar por el contenido de este proyecto de ley, habría que decir que sucede exactamente lo contrario. No creo que se deban utilizar dos varas de medir: cuando políticamente se necesita se dice que la Guardia Civil depende del Ministerio de Defensa, pero cuando no se necesita, se afirma que depende del Ministerio del Interior.
Se ha perdido una importante oportunidad. Este proyecto de ley adolece de profundos errores, de profundos defectos en cuanto al enfoque y a la filosofía. Todavía esperamos de esta sesión que puedan corregirse y, desde luego, también que el trámite en el Senado demuestre que cuando el Congreso de los Diputados se equivoca, el Senado puede arreglar los estropicios causados por el primero. Espero que, a pesar de todo, todavía hoy seamos capaces de intentar arreglar algunos de los profundos defectos de fondo que tiene este proyecto de ley, que no es el proyecto que se merece la Guardia Civil, ni el que se merece en estos momentos la sociedad española. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Carrera.
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo Parlamentario no presentó en el trámite correspondiente ninguna enmienda a la totalidad del proyecto de ley por el que se completa el régimen del Cuerpo de la Guardia Civil.
Entendimos entonces que era urgente e imprescindible la regulación de los aspectos concretos que afectan directamente al Cuerpo de la Guardia Civil como complemento a la Ley 17/1989 y Orgánica 2/1986 y, por tanto, que no se dilatara en el tiempo, siendo nuestro voto contrario a las enmiendas de devolución presentadas por los Grupos Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En el trámite de Ponencia nuestro Grupo Parlamentario defendió cinco enmiendas al articulado, que pretendían evitar situaciones discriminatorias a los que habían prestado servicios en la Administración civil. Este era un apartado que nosotros intentamos defender en su momento para eliminar el perjuicio económico producido al colectivo de viudas en las pensiones.
Presentamos esta enmienda por la importancia, a efectos retributivos, del agravio comparativo ocasionado a determinado colectivo de subtenientes y, por último, por un nuevo señalamiento del haber pasivo por años de servicio, que afecta a las clases de tropa de la Guardia Civil.
Es cierto que en el trámite en Comisión, después del debate correspondiente, retiramos las tres enmiendas números 2, 4 y 5 por entender que todo lo que hacía referencia a los años de servicio dentro de la Administración civil y a un determinado grupo de subtenientes, que continúan siendo otro problema a resolver, quedaba --y así consta en el «Diario de Sesiones» de la Comisión correspondiente-- emplazado para su posible debate en la Ley de Presupuestos del Estado. Como se indicaba en las propias enmiendas, nuestro Grupo señalaba que se repercutiera en el presupuesto de 1995, por lo que en su momento lo veremos. Vamos a presentar de nuevo estas enmiendas anteriormente retiradas no en el trámite de este proyecto específico, sino, como digo, en los presupuestos para 1995.
Nos restan dos enmiendas, las números 1 y 3, que paso a defender. La número 1 propone una disposición adicional nueva con la siguiente redacción: A efectos de revisión del nuevo señalamiento del haber pasivo se considerará que han permanecido en la situación de reserva activa regulada en la Ley 20/1981, de 6 de junio, desde el 1.º de febrero de 1985 hasta la fecha en la que les hubiera correspondido el retiro, si se hubieran encontrado en aquella situación, las clases de tropa de la Guardia Civil que encontrándose en retiro forzoso por edad el 1.º de enero de 1981, tuvieran en esta fecha una edad inferior a los 56 años.
El objetivo de esta enmienda es englobar a las clases de tropa de la Guardia Civil en la consideración de clase activa, extender la retroactividad hasta el 1.º de agosto de 1981 para todos los colectivos afectados y permitir la inclusión de todos aquellos que, cumpliendo los demás requisitos legalmente establecidos, tuvieran el 1.º de enero de 1981 una edad inferior a 56 años a los solos efectos del nuevo señalamiento del haber pasivo por sus años de servicio.
Quedaría, por nuestra parte, la enmienda número 3, que también defiendo en este momento, que propone una nueva disposición adicional que hace referencia, como indiqué con anterioridad, a las pensiones de viudedad, con el siguiente texto: Las pensiones de viudedaddel régimen de Clases Pasivas causadas con anterioridad a 1.º de enero de 1985 por el personal correspondiente al Cuerpo de la Guardia Civil se revisarán de oficio, a partir del 1.º de enero de 1995 (por tanto lo estamos desplazando al próximo año), con objeto de que el importe de las mismas sea equivalente, en todo caso, al cincuenta por ciento de la pensión que tenía asignado su esposo en caso de hallarse retirado, o de la que le hubiera correspondido por haber fallecido con anterioridad al cumplimiento de la edad y no haber llegadoa ser jubilado o retirado. Este es el texto. La justificación es simple. Se trata de eliminar el perjuicio económico producido al colectivo de las viudas del personal de la Guardia Civil con pensiones de viudedad reconocidas antes del 1.º de enero de 1985 con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 4/1990, del 29 de junio, que fue de Presupuestos Generales del Estado para 1990, concretamente en este caso con motivo de su artículo 47.7.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, éstas son las dos enmiendas que nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) mantiene en este trámite que defendemos para su votación posterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Lagunilla.
El señor LAGUNILLA ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, volvemos a encontrarnos en esta Cámara con este proyecto de ley, el cual desde su título y artículo 1.º pretende --y nuestro Grupo cree que lo consigue-- completar el régimen del personal de la Guardia Civil. Voy a hacer una intervención en contra del mantenimiento de algunas de las enmiendas de los grupos parlamentarios en este trámite, pero previamente habría que hacer una reflexión, un encuadre general de la situación en este proyecto de ley, porque si no no le entenderíamos bien; si no lo encuadramos correctamente no entenderíamos bien lo que significa y, por tanto, analizaríamos de forma parcial y no correcta lo que el mismo pretende conseguir.
La Guardia Civil está regulada --todos lo sabemos-- en un doble sentido, diría yo, después de un amplio debate que ha tenido esta sociedad desde hace muchos años, que se cerró en una de esas regulaciones a las que ahora mismo voy a hacer referencia. La primera gran ley, la primera gran norma que se refiere a la Guardia Civil y que, por lo tanto, aporta regulaciones a su funcionamiento y a su forma de actuar es la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, después de muchas, define a la Guardia Civil definitivamente como un instituto armado de naturaleza militar, etcétera. Le encuadra, con esta definición, en el concepto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recogido en el artículo 104 de nuestra Constitución. A la vez, esta propia Ley 2/1986 define, mantiene y ratifica la naturaleza militar de los miembros de este instituto, del instituto armado de la Guardia Civil. Por eso, la segunda norma, que también regula y que debemos tener también siempre presente a la hora de estudiar este proyecto de ley que hoy estamos analizando aquí, es la Ley 17/1989, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, porque esa norma regula a los guardias civiles en tanto en cuanto personal militar profesional.
Por lo tanto, definición y encuadramiento en el artículo 104 de la Constitución como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una dependencia del Ministerio de Interior para esas actuaciones, pero siempre teniendo presente que la Ley 17/1989 regula los aspectos de la carrera profesional, etcétera.
Así pues --y con esto ya empiezo a contestar algunas de las acusaciones que al mismo se han hecho-- cuando algunos intervinientes tanto en el debate de Comisión, como en el anterior debate de totalidad en Pleno, dicen que es incompleto, que no se detiene a regular todos los aspectos que competen a la Guardia Civil como profesionales, tienen razón; evidentemente que es así. Lo que hace es completar para la Guardia Civil aquellos aspectos que no estaban regulados en la Ley 17/1989 para los guardias civiles como personal profesional militar. Si leemos sólo este proyecto de ley, efectivamente detectaremos que faltan cosas por regular, pero hay que remitirse, y lo que aquí no se regula es porque está previamente regulado en la Ley 17/1989 que afecta a todos aquellos profesionales de la Guardia Civil como militares que son. Si no lo hacemos bajo esa perspectiva, yo también diría con ustedes que es incompleto, no está regulada toda su estructura profesional, pero es que hay que tener siempre presentes esas otras regulaciones anteriores. En cuanto a las enmiendas que aquí se han mantenido hoy, no voy a repetir los argumentos puntuales que a cada una de ellas ya hemos dado en Comisión, entre otras cosas porque los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra no han defendido cada una, las han dado por defendidas en los términos en los que lo hicieron en Comisión, y simplemente se han limitado a hacer una defensa global de algunas de las que han considerado más importantes o significativas. Yo también lo voy a hacer así, voy a englobar las enmiendas, no tanto por los grupos que las presentan, sino por lo que creo que son los contenidos o lo que pretenden, y pido disculpas a SS.SS., que nadie se sienta no aludido o no respondido en mi intervención, porque creo que lo hicimos cumplidamente en Comisión.
Yo agruparía las enmiendas que se mantienen vivas en cuatro grandes bloques. Por una parte, aquellas que pretenden diferenciar, separar o suprimir cuanto más referencia mejor al carácter militar de la Guardia Civil. Estas son principalmente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que dice algunas cosas al respecto en sus enmiendas. A su vez, yo agruparía estas enmiendas en algunos aspectos, por ejemplo, en lo referido a las escalas, a su similitud con las escalas de las Fuerzas Armadas.
Evidentemente, es el modelo elegido por la sociedad, que no quiere decir que sea el mejor ni el más perfecto; es el modelo que nuestras leyes y nuestro ordenamiento en estos momentos definen y, por tanto, es el que se asume aquí. Repito, que no quiere decir que sea el mejor, el único ni el óptimo, habrá otros seguramente, pero es por el que se opta. Hay otras enmiendas, muy importantes también, que pretenden hacer hincapié en los temas de enseñanza, diciendo que está muy volcada hacia lo militar, que vincula excesivamente la formación militar de los miembros de la Guardia Civil. Yo ya lo dije en Comisión: creo que los artículos en los que se define precisamente cuál debe ser la dependencia de esa enseñanza determinan claramente que, sin olvidar que la Guardia Civil es un Cuerpo de estructura y naturaleza militar, que las leyes y nuestro ordenamiento determinan que en determinados
casos puede ejercer funciones militares dependiendo del Ministerio de Defensa y que, por tanto, tiene que tener una formación militar, como decía, los artículos vinculan esa enseñanza a la estructura formativa de la Dirección General de la Guardia Civil, a la estructura docente; ni tan siquiera a la estructura docente, si es que la hubiera del Ministerio del Interior, sino específica y concretamente a la estructura docente de la Guardia Civil, con lo cual esa estructura docente, dependiendo por tanto del Ministerio del Interior, indicará, controlará y orientará esa enseñanza de los futuros y actuales guardias civiles a una formación que les permita desarrollar cada vez mejor y con más eficacia los cometidos que normalmente desempeña la Guardia Civil como Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Yo creo que esa referencia expresa en el artículo 5.º, que se refiere a que esa enseñanza estará estructurada en torno a la estructura docente de la Dirección General de la Guardia Civil, garantiza que la formación sea acorde con las necesidades que la Guardia Civil tiene en estos momentos, dada la dependencia de esa Dirección General de la Guardia Civil del Ministerio del Interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Lagunilla. Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.
Enlazado con este problema de la enseñanza está el de la promoción interna, de los ascensos dentro de las escalas.
Efectivamente, aquí sólo se regulan algunos aspectos de esos ascensos, aquellos que no están regulados en la Ley 17/1989.
Ya lo dije en Comisión y simplemente me limito a repetirlo.
Todo el procedimiento de ascensos y de promoción interna aplicable a la Guardia Civil es exactamente el mismo existente para la promoción interna y los ascensos determinados para las Fuerzas Armadas en la Ley 17/1989, y aquí solamente se regulan aquellos aspectos que, por no existir esa escala o ese empleo en las Fuerzas Armadas, hay que regular aquí. Es el caso, por ejemplo, de la promoción interna, que regula sólo el paso de una escala y que reserva un número de plazas determinado.
Insisto. Como dije en Comisión, cuando establece que se reservará el 60 por ciento para la promoción interna, es como mínimo el 60 por ciento. En ningún momento dice que tiene que ser el 60 por ciento, puede ser el 60, el 70, el 80, el 90 el 95 o incluso el cien por cien. Como dije en Comisión y repito aquí, es probable --podríamos asegurar casi con seguridad absoluta-- que en unos primeros momentos hasta que se produzca una ordenación correcta, puede ser prácticamente el cien por cien de las plazas que se ofrezcan a la promoción interna.
Este sería, el grupo de enmiendas que se vinculan a la estructura militar, que tienen un paralelismo con lo militar.
Hay otro bloque de enmiendas también que hacen más hincapié en el problema de la división e integración de las escalas. En cuanto a la división de la escala en dos para que al final, dé cuatro el Cuerpo de la Guardia Civil, es un modelo elegido, aceptado y asumido por nosotros. Por lo tanto, se está a favor o en contra de él. Las demás discusiones proceden de si se apoya o no ese modelo, en similitud con el de las Fuerzas Armadas.
Conviene aclarar el problema de la incorporación a esas escalas. La disposición transitoria cuarta habla de cómo se incorporan los actuales guardias civiles de una escala única a escalas distintas. Insisto en que no quiero decir que éste sea el único modelo, pero nosotros creemos que es el mejor; puede haber otros, pero es un modelo acorde con lo que está pasando en la función civil y en otros aspectos de nuestra sociedad en general. En este aspecto, habría que recordar que la incorporación a una determinada escala, sea militar o civil, exige dos condiciones; la superación de unas determinadas pruebas de selección y, posteriormente, la superación de unos estudios, al final de los cuales, en el caso de lo militar, se alcanza el primer empleo. Los estudios se realizan en función de un proyecto de carrera y se parte siempre de una exigencia mínima, la que se ha exigido para su ingreso, al margen de que durante los mismos o después se realicen otros estudios de mayor nivel. Por lo tanto, hay una exigencia mínima, un proyecto de carrera, y no pasa nada si se supera, pero eso es lo que se hace para los estudios. Todos esos estudios de carácter militar, en el caso de la Guardia Civil, tienen el valor del perfeccionamiento personal, y los que se hagan al margen de eso abundan --y lo que abunda no daña en estos casos-- en ese perfeccionamiento personal. Esos estudios a mayores no deben influir en el carácter de la escala en la que se ha ingresado. En razón de esos estudios y de esas pruebas que se hacen al principio, se capacita a la persona para el desarrollo de unos cometidos, aunque en algunos casos, como el de las Fuerzas Armadas y el de la Guardia Civil, existen los mismos empleos para escalas diferentes y determinados destinos o puestos pueden ser desempeñados indistintamente por personal de ambas escalas, precisamente para esos puestos y no en otros de tareas similares.
En definitiva, en este aspecto, la carrera y el ejercicio profesional de los oficiales de la Guardia Civil hasta ahora, cuando había una escala única, venía predeterminada por las exigencias para el acceso a la escala y por la formación recibida y no por otros estudios que el guardia civil podía haber hecho, ajenos al propio sistema educativo y a la promoción interna del Cuerpo. Eso no significa, por supuesto - -creo que eso es algo que la ley recoge y que habrá que desarrollar reglamentariamente
con posterioridad--, que no tengan valor en el ejercicio profesional como méritos los estudios que se posean y el propio ejercicio profesional, sino que esas circunstancias: otros estudios a mayores, el ejercicio profesional, etcétera, han de tenerse muy en cuenta para toda clase de destinos, para la promoción interna, pero no para la adaptación a una u otra escala.
Creo que éstas son las razones --dichas, a lo mejor, un poco precipitadamente-- que hacen que sea necesario aplicar a la Guardia Civil este sistema de integración que nosotros proponemos, insisto, sin que este sistema de integración sea obstáculo, sino más bien todo lo contrario, para que se apliquen las medidas de promoción interna que hay que aplicar, que faciliten la permeabilidad entre escalas diferentes...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Lagunilla, vaya terminando.
El señor LAGUNILLA ALONSO: Termino, señor Presidente. Ello facilitaría, decía, la permeabilidad entre diferentes escalas, siempre que se produzcan para esa integración los procesos adecuados de formación que aseguren ese ejercicio profesional en todos los empleos que corresponden a esa escala. Perdón por la premura, pero como ya lo hemos discutido mucho en Comisión sabrán perdonarme sus señorías.
Queda otro grupo de enmiendas distintas a las anteriores. Una de ellas sería la del Grupo Popular (la ha citado expresamente el señor Baón y no quiero marcharme sin contestarle) y trata del problema de la aplicación de las nuevas retribuciones de la reserva a los anteriores de la reserva activa. Ha dicho que es un problema presupuestario, etcétera, y que puede producir una serie de recursos en el futuro.
Efectivamente, tal y como venía en su primera redacción podía no quedar suficientemente claro que la situación de los guardias civiles en la nueva reserva, según el espíritu de este proyecto de ley, era ligeramente diferente a la que existía en la anterior en cuanto a la disponibilidad para que el Ministerio del Interior pudiera destinarles a unas u otras actividades en esa reserva. Mediante dos enmiendas del Grupo Socialista asumidas en el dictamen de la Comisión se ha reforzado ese carácter diferenciador, que reglamentariamente el Ministerio del Interior tendrá que regular en su momento, de la disponibilidad de estos nuevos reservistas de la Guardia Civil, que justifica en parte, entendemos nosotros, el que ese nivel retributivo de los nuevos reservistas sea distinto de los anteriores, a los que no se les somete a esta nueva disponibilidad.
Por tanto, reitero lo que le dije en Comisión cuando defendí esas enmiendas. Sé que al señor Baón no le parece suficiente esto, pero entendemos nosotros que es un avance. Quedan ulteriores trámites parlamentarios, como ha dicho, y se podrá seguir profundizando en éste como en todos los aspectos de la ley, ya que no sólo se hacen las leyes en esta Cámara; queda otra tan importante como ésta para legislar y habrá que avanzar más, pero este es nuestro criterio al respecto.
Por último, señor Presidente, y perdóneme, habría que contestar rápidamente a las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). En este momento anuncio la aceptación, mediante una enmienda transaccional, de la número 1 de dicho Grupo, que intentando recoger el espíritu de lo que pretende su enmienda inicial creemos que se ajusta mejor a la normativa actualmente vigente, y que arregla lo que según su justificación es un agravio comparativo existente en determinados colectivos. Hago gracia a SS.SS. de la lectura de la citada enmienda. El proponente de la original tiene la transaccional y la Mesa también por si considera oportuno darla a conocer a los restantes grupos.
En cuanto a la enmienda número 3, que continúa viva todavía, le pediría que hiciera lo mismo que hizo con otras anteriores.
Creemos que es un debate que tiene complejidad jurídica importante, como es el tema de la viudedad, porque en este momento se están produciendo sentencias judiciales sobre aspectos que pueden vincularse a eso, así como una repercusión presupuestaria. Todo ello podría aconsejar, por lo que nos vamos a oponer a la admisión de esa enmienda, el que no se incluyera en este proyecto de ley.
Nada más, señorías, y perdón por si alguna de las cuestiones planteadas no ha sido contestada. Entendemos que si este proyecto de ley, con lo que aprobemos hoy aquí y la mejoría que pueda sufrir todavía en el trámite parlamentario posterior, puede garantizar --y estamos seguros que lo hará-- que la Guardia Civil, en esa doble dependencia funcional y orgánica diaria del Ministerio del Interior y en otros casos del Ministerio de Defensa para los aspectos que la Ley 2/1986 regula, puede mejorar su funcionamiento, puede continuar realizando una labor eficaz para esta sociedad y seguir prestando los servicios que durante estos 150 años ha prestado en todos los momentos a plena satisfacción de los distintos gobiernos y de la sociedad española.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Lagunilla, se harán copias por parte de la Mesa de la enmienda transaccional presentada y será distribuida entre los diferentes grupos de la Cámara.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Baón.
Al señor Lagunilla, que es quien ha consumido el turno en contra, sólo le quiero agradecer que haya intentado difundir en esta Cámara una especie de carta de
San Pablo a los Corintios para defender, para glosar las bondades de esta ley.
Señor Lagunilla, usted sabe --lo hemos discutido hasta la saciedad en Ponencia y en Comisión-- que esta ley no completa el régimen de personal de la Guardia Civil. Esta ley, en todo caso, va a complementar, va a poner un parche, pero nada más.
Yo quiero apreciar su buena voluntad en este difícil papel que le corresponde a usted por parte del grupo mayoritario. En ese sentido sólo debo acogerme a la vía que nos abre de que pueda sufrir modificaciones y pueda ser perfeccionada en el trámite del Senado. Así lo admito. Pero por lo demás yo le diría que la Guardia Civil no es ayudada con este proyecto de ley. Este proyecto de ley es técnicamente malo; está bajo la sospecha técnica, y cuando menos habría que esperar incluso a ver cuáles son los resultados y las conclusiones de una Comisión, aunque para un tema distinto como es el caso Roldán, sin duda diferenciado de lo que es la Guardia Civil, pero quizá pueda incidir sobre la estructura de personal, y en ese sentido tener encaje en este proyecto de ley. Y sobre todo porque, además de los intervinientes en la mañana de hoy, hay otro miembro, el del Grupo Catalán, que también forma parte de esa Comisión, y yo entiendo que está extrayendo buenas enseñanzas que puede aplicar y proyectar sobre este proyecto de ley. Es lo único que puedo decir. Debo reconocer su bondad, su buena intención, pero en cualquier caso no aplaca nuestras inquietudes ni mejora la maldad, en sentido técnico, de este proyecto de ley.
Siento que el señor Lagunilla no haya avanzado algún otro argumento respecto de los que ya empleó en el trámite de Comisión para rechazar las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario, que son numerosas, son enmiendas de fondo a este proyecto de ley y que me parece que han sido insuficientemente contraargumentadas en su intervención.
Siento, por tanto, que ninguna de ellas haya podido traspasar este trámite.
Yo querría hacer hincapié especialmente en dos aspectos por si aún hay tiempo de mover al señor Lagunilla a que reconozca la bondad de alguna de las cosas que proponemos, y es, en primer lugar, en el tema de la enseñanza. No comprendo cómo es posible que rechacen que en el sistema de enseñanza de la Guardia Civil no deban estar estos criterios básicos que nosotros avanzamos en nuestra enmienda número 31. No entendemos por qué la estructuración de planes de estudio, el profesorado, la adecuación al desarrollo de la ciencia de la técnica, la formación humanística, las funciones civiles, todo ello se considera inconveniente que se introduzca en este proyecto de ley, cuando usted debe saber que éstos son aspectos que necesitan de reforma dentro del conjunto de la Guardia Civil y de la modernización necesaria de ese Cuerpo.
En cuanto al segundo aspecto, el tema de los suboficiales o de las personas que van a ir a la reserva de la Guardia Civil después de la aprobación de esta ley, aquí no se soluciona uno de los problemas de fondo del proyecto, y es que produce objetivamente discriminación; discriminación en cuanto a la suboficialidad numerosa de la Guardia Civil y discriminación en cuanto al famoso tema, como ha sido calificado por el señor Lagunilla, de la reserva.
Dice usted que los suboficiales van a promocionarse en función, sobre todo, de la carrera interna o de los cursos internos, pero no en función de títulos que tengan fuera estrictamente de la carrera de la Guardia Civil. No es el momento de empezar a enumerarlos, ¿pero usted sabe la cantidad de cursos, de estudios, de reciclajes que hacen los suboficiales desde que entran hasta que puedan llegar en su momento a ser oficiales? Bastante más en muchas ocasiones de los que hacen los propios oficiales. Por tanto, incluso desde este punto de vista es inaceptable esa discriminación, esa rotura de las expectativas en este momento de los suboficiales en la Guardia Civil en cuanto a integrarse en la escala superior a aquella en la que se sitúa a personas que, por el mero hecho de haber pasado por la Academia Genera Militar, van a tomar una posición preponderante, simplemente por ese hecho y con independencia de los méritos que tengan a lo largo de la carrera interna de la Guardia Civil. Reiteramos nuestra decepción por no haber podido convencer al Grupo Socialista en cuanto a la necesidad de introducir algunas reformas en este proyecto de ley, tan necesitado de ellas.
Esperamos, en todo caso, que en el trámite en el Senado haya una reconsideración general y profunda de este proyecto de ley, y en ese momento, desde luego, nuestro Grupo Parlamentario seguirá estando por la idea que preside el conjunto de las enmiendas que hemos presentado, que obedecen a una filosofía de fondo que es muy distinta de la que desgraciadamente preside este proyecto de ley.
El señor Carrera tiene la palabra.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Dado que el propio portavoz socialista hacía referencia a nuestra enmienda número 2, planteando incluso que la retiráramos y la presentásemos en su momento,
en la Ley de Presupuestos de 1995, quiero decir que no va a ser así. Por tanto, mantenemos para su votación nuestra enmienda número 2. No sé si en este trámite o cuando lo crea la Presidencia debería dejar constancia de nuestra posición respecto a la transaccional ofrecida. Espero que me indique si es en este preciso momento o en el momento anterior a la votación cuando tengo que dejar constancia de la posición respecto a la transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Carrera, si no ha entendido mal la Presidencia su intervención anterior, las enmiendas que S.S. mantenían eran las enmiendas números 1 y 3.
El señor CARRERA I COMES: Correcto, señor Presidente.
Eran las números 1 y 3.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Se entiende que S.S.
da por retirada la enmienda número 1 para que pueda ser votada la transaccional?
El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, en este preciso instante sólo hacía referencia a un comentario del portavoz del Grupo Socialista, que casi me emplazaba a que retirara la enmienda número 3. Dejo constancia de que no la retiro y, por tanto, se mantiene para votación.
En cuanto a la posición sobre la transaccional, ¿quiere la Presidencia que dejemos constancia de ella en este momento?
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sí, hágalo en este momento.
El señor CARRERA I COMES: En este sentido, y haciendo uso del planteamiento del propio señor Presidente, quiero decir que vamos a aceptar la transaccional ofrecida por el portavoz del Grupo Socialista, dejando, no obstante, constancia, señor Presidente, y señorías, de que entiende este Diputado que la misma es sustancialmente mejorable, por lo que aprovecharemos el trámite del Senado para plantear esta mejora. Por tanto, queda aceptada por nuestro Grupo Parlamentario la transaccional ofrecida.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Carrera.
Tiene la palabra el señor Lagunilla.
En primer lugar, ya quedó aclarado con el portavoz del Grupo Popular que en el dictamen de la Comisión, publicado en el Boletín Oficial, se dice que se mantenían todas sus enmiendas, excepto la 10 y la 14. Entiendo que la 12, que también está correctamente asumida en el dictamen de la Comisión tampoco se mantiene.
Por tanto, las enmiendas números 10, 12 y 14 del Grupo Popular fueron incorporadas al dictamen de la Comisión y no serían sometidas a votación. Aunque figura, repito, en el Boletín que sólo están admitidas las números 10 y la 14, la enmienda número 12 se admitió mediante una transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
Voy a contestar, con brevedad, a alguna de las cosas que se han dicho en este turno de réplica.
Señor López Garrido, yo no es que no reconozca la bondad de sus enmiendas, ni mucho menos, yo reconozco la bondad de todo lo que aquí se dice; tampoco reconozco la maldad. Es decir, las cosas que aquí se plantean no me parecen ni buenas ni malas, me parecen asumibles o no por nosotros en un momento determinado y mediante unas características y una situación política concreta. Por tanto, yo no es que diga que sus propuestas sean malas. Lo que ocurre, simplemente, es que, o no las compartimos y no las asumimos en estos momentos, o no nos parece que encajen con el modelo que estamos intentando definir. Sus propuestas son, como todas las cosas, buenas o malas, eso depende de circunstancias distintas. Yo, repito, no me he metido en si son buenas o malas, simplemente creo que no van en la línea del modelo que estamos definiendo y que con la legislación actual queremos seguir completando.
Vuelvo a insistir en un tema que citó usted también en Comisión, señor López Garrido, el tema de la educación. Usted no concibe, desde un punto de vista de una enseñanza para la Guardia Civil y desde un punto de vista también constitucional y democrático, que no acepte lo que ustedes proponen en su enmienda 31. Le dije entonces y le repito ahora que asumo todo, y hay más trámites parlamentarios en los que seguiremos dándole vueltas al tema. Me dice si estoy de acuerdo en que el sistema de enseñanza tendrá como criterio básico la estructuración en planes de estudio científico y profesionalmente adecuados, por supuesto; profesorado especializado y capaz, por supuesto; ayuda a la promoción profesional, por supuesto; adecuación al desarrollo, de acuerdo; presenciaen la formación humanística, de acuerdo; orientación hacia las funciones de la Guardia Civil, de acuerdo. Ahora bien, esto mismo que pone aquí --se lo dije entonces y lo digo ahora-- vale para la Guardia Civil o para cualquier otro ramo de nuestra formación. Si en vez de poner usted aquí Guardia Civil pone: ingenieros técnicos agrónomos, profesores de EGB o graduados sociales, pues es exactamente igual. Todo ello vale también. Hay que darles una estructuración en planes, etcétera. Todo esto se lo dije entonces y se lo digo ahora para razonarle que estamos de acuerdo en ello, pero es más objeto de la reglamentación posterior. Es decir, cuando
llegue el momento, y mediante los reglamentos respectivos, se estructurarán más minuciosamente los planes de enseñanza que la Dirección General de la Guardia Civil tiene que ir llevando para los guardias civiles. Por tanto, no estoy en contra de lo que usted dice. En los próximos trámites seguiremos estudiando la posibilidad de darle al texto una redacción menos reglamentista, como dije anteriormente.
Decía el señor Baón que mi papel es difícil en la defensa de este proyecto. Ya me lo ha dicho en otra ocasión, señor Baón, y le insisto en que no hago ningúndifícil papel; lo hago gustosamente como lo hacen mis compañeros para defender ésta y otras iniciativas del Gobierno que este Grupo apoya, y de momento continuará apoyando por bastante tiempo.
Ha dicho una cosa S.S. al margen del debate que aquí tenemos.
Yo creo que no hay que mezclar para nada con este proyecto de ley las conclusiones de la Comisión Roldán, al menos eso es lo que yo he entendido. No tiene nada que ver. La Comisión Roldán se ha creado para investigar las actuaciones de un ex director de la Guardia Civil durante el tiempo en el que desempeñó ese cargo. Yo creo que todos los integrantes de esa Comisión --eso he deducido yo de lo que he oído, y he oído mucho sobre sus debates-- han puesto de manifiesto que no se querían mezclar para nada los temas relativos a la Guardia Civil con la actuación personal de un señor: don Luis Roldán. Por ello, independiente de la actuación del señor Roldán, nosotros tendremos que completar la regulación profesional de la Guardia Civil, habrá que hacerla más competitiva en el sentido de más eficaz, habrá que dotar, a ese instrumento que es la Guardia Civil de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los mecanismos necesarios para dar el servicio que la sociedad demanda en cada momento. Eso es lo que yo he entendido de su intervención Por otra parte, los integrantes de la Comisión Roldán habrán aprendido mucho, pero yo creo que sobre la Guardia Civil no tanto; más bien de lo que ha hecho el señor Roldán, que son dos temas totalmente distintos. Señorías, termino agradeciendo al representante de CiU la aceptación de nuestra enmienda transaccional y decirle que la votaremos afirmativamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En relación a la indicación que ha hecho el señor Lagunilla en el sentido de que las enmiendas números 10, 12 y 14, del Grupo Popular, habían sido incorporadas al texto, efectivamente, la Presidencia ha comprobado que las enmiendas números 10 y 14 sí que han sido incorporadas al texto, pero no así la enmienda número 12, porque el informe de la Ponencia, en el artículo 6, al que hace referencia dicha enmienda 12 del Grupo Popular, tienen dos párrafos; el primer párrafo coincide exactamente con el texto de la enmienda del Grupo Popular, pero la enmienda del Grupo Popular termina ahí; en consecuencia, lo que se desprende de ella es que pretende eliminar el segundo párrafo y en ese sentido está viva. Por tanto, así se someterán a votación. (El señor Lagunilla Alonso pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Lagunilla.
El señor LAGUNILLA ALONSO: Señor Presidente, nosotros entendimos --y así debe constar en el «Diario de Sesiones» de la Comisión y se lo pregunté expresamente al portavoz del Grupo Popular cuando debatíamos esta enmienda--que la admitíamos con una transaccional, y que el segundo párrafo quedaba tal y como figura en el artículo 6.1. El portavoz del Grupo Popular, al contestarme a esta pregunta, afirmó que, efectivamente, entendía que ese segundo párrafo se mantenía porque hacía referencia a la publicación de las vacantes en el Boletín Oficial. (El señor Baón Ramírez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Baón para confirmar si es así.
El señor BAON RAMIREZ: Debo confirmar que es así y confirmar también la buena memoria del ponente socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia, la enmienda número 12 está incorporada.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que quieran fijar su posición? (Pausa.) Pasamos a la votación tanto de las enmiendas como del dictamen de la Comisión. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al proyecto de ley por el que se completa el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Enmiendas del Grupo Popular (El señor López Garrido pide la palabra.) Señor López Garrido, tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, desearíamos que las enmiendas del Grupo Popular fueran votadas en tres bloques. En el primero, las enmiendas números 13, 17, 18, 19 y 21; en el segundo, las enmiendas números 8, 9 y 15; y en el tercero, las enmiendas números 7, 11, 16 y 20.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular números 13, 17, 18, 19 y 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 135; en contra, 159; abstenciones, una.
Página 3914
Enmiendas números 8, 9 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 121; en contra, 171; abstenciones, dos.
Señor López Garrido, ¿sería posible votar ya las restantes enmiendas del Grupo Popular? (Asentimiento.) Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 121; en contra, 158; abstenciones, 15.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda Lozana pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández- Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación en tres bloques de las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En un primer bloque las enmiendas números 22, 23, 24, 25, 34 y 36; en un segundo bloque las enmiendas números 31, 32 y 33, y el resto en un tercer bloque.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas de Izquierda Unida números 22, 23, 24, 25, 34 y 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 14; en contra, 278; abstenciones, dos.
Enmiendas número 31, 32 y 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 137; en contra, 155; abstenciones, una.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 11; en contra, 160; abstenciones, 123.
Enmienda número 3, del Grupo Catalán, Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 31; en contra, 143; abstenciones, 120.
Enmienda transaccional en relación con la enmienda número 1 del Grupo Catalán, Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 173; en contra, uno; abstenciones, 120.
Votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 160; en contra, 128; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen, excepto la exposición de motivos, que se somete a votación seguidamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 162; en contra, 129; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen en la parte relativa a la exposición de motivos.
--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULA LA SITUACION DE SEGUNDA ACTIVIDAD EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA (Número de expediente 121/000023)
El señor PRESIDENTE: Dictamen relativo al proyecto de ley por el que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor López Garrido. (Rumores.)
Página 3915
Señorías, guarden silencio. Ocupen sus escaños.
(Continúan los rumores.) Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio.
Nuestro Grupo parlamentario coincide con las líneas generales del proyecto de ley por la que se regula la situación de segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía, pero mantiene algunas enmiendas que consideramos constituyen una mejora de la redacción de este proyecto de ley, que paso muy rápidamente a enumerar, destacando las que nos parecen más significativas. En la primera de ellas, la enmienda número 3, pedimos que el pase a la situación de segunda actividad sea en la escala básica a los 50 años, con lo cual rebajamos la cifra que se señala en el artículo 4, de 55 años. Entendemos que, dadas las características de la labor de la Policía Nacional, sería perfectamente razonable que se rebajase la edad de pase a la segunda actividad.
En cuanto a la enmienda número 5, se señala la posibilidad de que se pase a la segunda actividad a petición propia de al menos un 20 por ciento de los funcionarios que lo hubieran solicitado, para tener la seguridad de que un porcentaje significativo puede pasar a la segunda actividad. En cuanto a la enmienda presentada al artículo 9, nuestro Grupo parlamentario considera que debe aumentarse del 80 al 90 por ciento la cuantía de las retribuciones complementarias; es el caso de aquellas referidas a la situación de segunda actividad sin destino a que se refiere el artículo 9 del proyecto de Ley. Y en su apartado 2 nosotros formulamos también una enmienda, en la que señalamos que se percibirán esas retribuciones en un 200 por ciento de las retribuciones básicas cuando el pase a la segunda actividad sea consecuencia de enfermedad o accidente contraído en acto de servicio.
Por último, me referiré a la enmienda número 11, que propone un apartado nuevo, y a las enmiendas número 12 y 13.
En la primera, la número 11, se señala que la segunda actividad significa un sometimiento al régimen disciplinario general de la función pública. En cuanto a las enmiendas números 12 y 13, la primera se refiere a los trienios que se hubieran perfeccionado en las escalas ejecutiva, de subinspección y básica, que entendemos se deben valorar respecto del grupo de clasificación al que pertenecía el funcionario. Respecto a la enmienda número 13, igualmente que a la mencionada anteriormente en el mismo sentido. Por último, en cuanto a la enmienda 16, a la disposición transitoria, entendemos que los efectos de la ley tienen que aplicarse a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que a la entrada en vigor de la misma se encuentren en situación de segunda actividad.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Baón.
Señorías, a diferencia del anterior proyecto, que sí mereció por nuestra parte una enmienda de totalidad pidiendo la devolución del mismo al Gobierno, es lo cierto que no sostenemos la misma actitud respecto de este proyecto de ley que regula la segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, porque, además, no ha suscitado grandes controversias. Ciertamente, el proyecto que nos ocupa, como no desconocen SS.SS., fue objeto de un pacto interno dentro de la misma Policía, el denominado acuerdo marco, a través de sus representaciones sindicales y, en ese sentido, en el ámbito policial está pacificado. Bien es cierto que este dictamen de la correspondiente Comisión se ha descolgado en tres ocasiones en el Pleno y no ha sido, en absoluto, a solicitud o a petición del Grupo Popular, que entiende que este proyecto de ley lleva, cuando menos dos meses de retraso. Con este proyecto se abordan, conforme a una regulación rigurosa o meticulosa, las causas y circunstancias que permiten a los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía pasar a una situación especial de prerretiro o de actividad atenuada, teniendo presente que el paso de la edad erosiona fundamentalmente la salud y las aptitudes psico-físicas necesarias para el trabajo arriesgado que desempeñan los funcionarios policiales encargados de garantizar el orden ciudadano.
Por la vía de la transacción o por simple aceptación se han incorporado al texto del proyecto tres de las ocho enmiendas que presentó mi Grupo. Por lo tanto, quedan vivas cinco, sobre las cuales intento hacer una exposición sucinta, sumaria para que por lo menos quede constancia en el acta, en el «Diario de Sesiones» de la Cámara.
Si tres son las causas que generan el pase a la segunda actividad --la edad, la petición del funcionario después de 25 años efectivos de servicios y las disminuciones psico-físicas, que pueden ser por distintas causas, aunque quizás sea la principal la del desgaste en el ejercicio de su función--, la primera de ellas, la edad, es cuestión no pacífica que admite puntos de vista discrepantes y todos ellos respetables.
Sostenemos en este sentido que la causa de edad para el pase a la segunda actividad sea en la escala superior que afecta a comisarios y comisarios principales de 62 años y no de 60 años, como está establecido en el proyecto, y eso por dos suertes de razones. Primera, porque la tendencia actual --y así lo hemos visto en la judicatura, en la enseñanza y en otros ámbitos de la
Página 3916
Administración-- es que los funcionarios están en plenitud de sus facultades precisamente a esas edades, es cuando tienen mayor acopio de sabiduría y de experiencia y lo pueden aportar o proyectar sobre la organización a la que sirven.
La segunda es que, al establecer para las categorías de comisario principal y comisario la edad de 60 años para la segunda actividad, se incurre en la patente discriminación respecto de lo previsto para las categorías equivalentes de la Guardia Civil, conforme hemos visto esta mañana. Si queremos equiparar --así lo hemos hecho en las escalas--, a la Policía con la Guardia Civil, hagámoslo también en ese aspecto.
Con todo, debo reconocer como inconvenientes que cuando se sube en un tramo de escalas la edad de pase a la segunda actividad se discrimina a los que están abajo, pues tienen menos posibilidades de promoción. Es cierto, debo reconocerlo, pero, aún así, debo decir que un comisario principal o un comisario sencillo, a la edad de 62 años, todavía está en plenitud de sus facultades psíquico-físicas, porque, además, su trabajo es de despacho, no a la intemperie. En cambio, para la escala básica postulamos lo que pudiera parecer una contradicción: que el pase a la segunda actividad se establezca a los 50 años y no a los 55. Y aquí las razones se invierten. El trabajo penoso, el trabajo arriesgado, el trabajo puntero lo da precisamente la escala básica, que son los que tienen que atender los disturbios públicos, son los que tienen que hacer guardias en la calle, y eso sí erosiona ciertamente la salud.
En segundo lugar, porque, por otra parte, se truncan unas expectativas concebidas conforme al Real Decreto 230 del año 1982 y, por ende, no se tiene la condición más beneficiosa que en este sentido debía tener continuidad, por un principio de solidaridad también en estas aspiraciones humanas y económicas de los funcionarios de policía.
Igualmente, querámoslo o no, alargando la edad de pase a la segunda actividad en la escala básica, se cuestiona --y es a lo que el legislador debe atender también-- la operatividad y eficacia de los servicios. Por último, y en relación con la enmienda que sostiene mi Grupo a la disposición transitoria primera, que regula la extensión de los efectos económicos de esta ley, hay que destacar que es precisamente esta regulación que hace el proyecto la que más nos preocupa.
Con ser cierto que es un proyecto que ha transcurrido con pacifismo, pues no ha habido grandes refriegas, no ha tenido enmiendas a la totalidad, ha tenido un buen transcurso por la Comisión hasta conseguir el dictamen, aquí vamos a establecer, por paralelismo, una bolsa de injusticia que es equiparable o similar a la que ya está establecida, por lo que se ha aprobado hace un momento en el dictamen, con respecto a los reservistas. Aquí no llamamos reservistas sino a los que están en las circunstancias de segunda actividad. Y no es menos cierto que esta situación que plantea la citada disposición puede dar lugar a numerosos recursos contencioso-administrativos, al originar un clima de agravios respecto de los mismos compañeros, que son los que tienen peor digestión doctrinal y peor presentación.
Las razones que fundamentan esta regulación no pueden ser otras que de índole económica. Lo han confesado ustedes implícitamente a lo largo de todo este itinerario de discusiones.
En virtud precisamente de lo que regula la disposición transitoria, hace efectivas las consecuencias económicas previstas en la ley a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, según una frontera en el tiempo, que es antes de la ley y después de la misma. Y todo ello excluyendo precisamente a los que quizás más han dado por la comunidad en circunstancias más adversas, cuando la situación era peor en la consolidación democrática y había mucho más trabajo, por así decir, que desempeñar por esos miembros de la policía.
Por otra parte, la modificación de esta previsión legal podrá constituir un paso importante en la mejora retributiva, que yo debo reconocerlo, pero a partir de la ley, y debemos mirar también a los que no han podido coger el «autobús» con efectos económicos.
No obstante, para el Cuerpo Nacional de Policía lo prioritario es que salga adelante esta ley, y nosotros no vamos a poner ningún bastón más, salvo las aportaciones meramente técnicas que hemos hecho por vía de enmiendas. Y ello porque este proyecto de ley entendemos --somos conscientes-- de que afecta a la previsión de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado sobre normas de plantillas y porque afecta también --dentro de la ley, que es la ley-marco, por así decir, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Ley Orgánica 2 del año 1986-- al reglamento orgánico en orden a lo que pueda ser promoción interna de los afectados, que son todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. La actual regulación sobre selección, formación y perfeccionamiento queda pendiente, dentro del Cuerpo Nacional de Policía. En este sentido, nosotros no ponemos más obstáculos, pero sí llamamos la atención, con toda la vehemencia o todo el enfásis que quiera el portavoz de la mayoría, sobre que debemos subsanar esos dos aspectos graves, el que respecta a la edad y el que afecta a la discriminación económica de los efectos retributivos de los que pasen a dicha situación, y tenemos todavía el trámite del Senado, al igual que se ha dicho para la Guardia Civil, para poder subsanar algo que me parece que no es una apetencia caprichosa, sino una exigencia de justicia, y el Partido Popular, aunque reconoce que debe admitirse, da por bueno todo el proyecto de ley y, en ese sentido, dará su voto afirmativo al dictamen correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Olarte.
El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, al igual que acaba de expresar el señor Baón, Coalición Canaria tampoco tiene la menor cuota de responsabilidad en un retraso evidente que se ha producido en la tramitación de este proyecto de ley.
Comprendemos --sin entender que hayan existido aviesas intenciones en ello-- el retraso que en el último tramo se ha producido como consecuencia del cambio de titularidad en las responsabilidades propias del Ministeriodel Interior, y, consecuentemente con ello, nos encontramos hoy en esta última fase del proyecto de ley; un proyecto de ley que viene preocupando extraordinariamente --precisamente por tal retraso--al Cuerpo Nacional al que se refiere y que demanda una urgente culminación.
Coalición Canaria había presentado cuatro enmiendas, las números 32 a 35, ambas inclusive, a este proyecto de ley.
Habida cuenta de la estimación, en líneas generales de la primera, que era a la exposición de motivos, subsisten las enmiendas 33, 34 y 35, que me dispongo a defender en este acto, comenzando por la primera. En ella solicitamos --en una preocupación que no es exclusiva de nuestro Grupo Parlamentario-- que la edad del pase a la segunda actividad para la categoría de comisario principal sea de 62 años y la de comisario a los 60. El argumento en contra que da el Grupo Socialista es el número de afectados, que en la actualidad es sólo de 11, frente a los más de 8.000 que en aquel momento -- en el momento en que entró en vigor la Ley Orgánica 2/1986-- componían el Cuerpo Superior de Policía y que comprende la disposición transitoria cuarta.
La proporción entre efectivos de comisarios principales y comisarios, es decir, de la primera y la segunda categoría, es similar en el Cuerpo Nacional de Policía a la existente en la Guardia Civil, y en nuestra petición se busca más la no discriminación entre ambos cuerpos que el incremento producido en los dos años. No parece justo ni lógico que la primera categoría de la Guardia Civil pase a la reserva o segunda actividad dos años después que la del Cuerpo Nacional de Policía, máxime cuando la condición de militar se ha consideradosiempre como un factor de una exigencia indiscutible por lo que respecta a las condiciones físicas de los afectados y, desde luego, con exigencias muy superiores a las de los funcionarios civiles. Por otra parte, en la actualidad existe un baremo muy cualificado para acceder desde la categoría de comisario a la de comisario principal, valorado en la superación de 140 puntos, consistentes en los otorgados por la capacidad demostrada en los puestos de trabajo desempeñados en la categoría de comisario: los estudios realizados, tanto los de índole profesional como los universitarios, las felicitaciones obtenidas por actuaciones que así lo merecen en el ejercicio de sus funciones, condecoraciones y una serie de méritos que puede demostrar el comisario que pretende acceder a la categoría de comisario principal con la superación del curso reglamentario para acceder a la misma. La Administración hace una gran inversión en la formación de un comisario, sobre todo de un comisario principal, para que por un matiz de edad se prescinda de una experiencia que en nada tiene que ver con el desgaste físico del funcionario, ya que su competencia y cometido lo son de mando, organización y responsabilidad.
Por otra parte, señorías, y con independencia de lo manifestado anteriormente, no parece lógico reducir la edad para el pase a la segunda actividad en esta categoría, máxime cuando en los tiempos presentes se habla del aumento de la edad de jubilación para todos los trabajadores. Otra enmienda --y acabada ya nuestra argumentación por lo que a la 33 respecta-- es la que realizamos al artículo 9.1. Nosotros pretendemos establecer un texto legal en virtud del cual se diga que «durante la permanencia en la situación de segunda actividad sin destino se percibirán en su totalidad las retribuciones básicas que correspondan a la antigüedad que se posea y a la categoría de permanencia, así como un complemento igual al 80 por ciento del nivel correspondiente al grado personal consolidado» --que es una de las adiciones que constituyen novedad de nuestra enmienda con respecto al texto- -«y al 50 por ciento del complemento específico singular promedio de los dos últimos años» --otra incorporación novedosa--, con independencia de las pensiones de mutilación y recompensa obtenidas, como se reconoce en el texto del proyecto.
Justifica nuestra pretensión la consideración de que el funcionario pase a dicha situación en un período previo a la jubilación, que tiene un carácter de plena disponibilidad a las órdenes del Ministerio del Interior y en cualquier situación podrá incorporarse a desempeñar funciones y cometidos inherentes a su categoría y sólo afecta la reducción a un 20 por ciento del nivel correspondiente al grado personal y, sin embargo, es de un 50 por ciento de la mitad del complemento específico singular promedio del que obtuvieron en el período de los dos últimos años de sus puestos de trabajo.
Parece ilógico, en opinión de Coalición Canaria, que se escatime cualquier asignación que la presente enmienda contempla para los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía, cuando, sin embargo, se ha concedido un crédito especial en el momento presente, crédito bastante importante, para diversas polícias autónomas.
No es admisible que una determinada fecha, por otra parte, marque una diferencia de percepción económica para funcionarios que pasen a la situación de segunda
Página 3918
actividad con los que ya lo estaban, puesto que la disponibilidad de dichos funcionarios es plena para la prestación de cualquier servicio para el que fueran requeridos por el propio Ministerio y eso sigue vigente; sigue vigente cuando tenemos que tener en cuenta también que el único precedente reglado es el de la reserva activa en las Fuerzas Armadas, que se instauró en la Ley 20/1981 y que se complementó con el Real Decreto 517/86.
Nosotros, señor Presidente, llegando a lo que constituye nuestra última enmienda, tenemos que hacer una referencia que parece obligada y que es absolutamente lógica también, como apoyo de nuestra tesis, al dictamen del servicio jurídico del Estado de 11 de abril de 1989, al estudiar con gran rigor jurídico el problema que nos ocupa y al ocuparse de la segunda actividad sin destino, estableciendo que, haciendo aplicación supletoria del Real Decreto 517/86, dice literalmente; «estos funcionarios, en la segunda actividad sin destino, podrán desempeñar actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales de carácter privado», y ha de entenderse que sin necesidad de autorización administrativa, según lo dispuesto en el artículo 17.1 de dicho Real Decreto.
En definitiva, reproducimos hoy las argumentaciones que en su momento dimos, las justificaciones que se contienen literalmente en el momento en que formalmente presentamos las enmiendas y las que dimos en Comisión. Esperamos, naturalmente, de sus señorías el voto favorable, a fin de que prosperen pretensiones que, desde nuestro punto de vista, son absolutamente justas.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor González Lizondo, que tiene la palabra.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo a efectos de que se den por defendidas las enmiendas presentadas. Nada más. Gracias.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.
Señoras y señores Diputados, para consumir un turno en contra del conjunto de las enmiendas que quedan vivas, básicamente las que los Grupos, desde la tribuna o desde el escaño, han defendido. Quisiera, no obstante, hacer una brevísima consideración de carácter general, diciendo que quizá este trámite, que fue solicitado en su día por un Grupo Parlamentario, de avocación al Pleno del dictamen de la Comisión, tenga una consideración en cierta medida testimonial, fruto de que en su momento no hubo debate de totalidad como consecuencia de la ausencia de enmiendas. Ello revela, creo, como se ha puesto de manifiesto en el transcurso del debate esta mañana sobre esta Ley, que existe un amplio grado de consenso, de aceptación sobre una Ley tan necesaria, tan esperada y tan reclamada por la Cámara y por el propio Cuerpo Nacional de Policía; Ley que venía, como se ha recordado aquí, con un amplio consenso por parte de los diversos representantes sindicales del Cuerpo Nacional de Policía con el Ministerio del Interior. Por tanto, básicamente, algunas de las enmiendas que aquí se han expuesto quizá hayan provenido de insatisfacciones en ese acuerdo final por parte de organizaciones sindicales.
Diré que el último retraso en los pasos finales ha sido fruto de los cambios ministeriales lógicos del Ministerio del Interior, y no de ninguna actitud de mala voluntad, por supuesto, ni del Grupo Socialista ni del propio Gobierno.
Quedan, por tanto, algunas cuestiones más destacadas para debatir en este trámite, aunque ciertamente no que afecten a una problemática de fondo. Agradecemos de antemano la posición favorable del Grupo Popular al contenido esencial de la Ley y su anuncio de voto favorable. Pero la cortesía parlamentaria me obliga a intentar replicar lo más ampliamente posible, dentro de la brevedad del trámite, a las enmiendas que aquí se han defendido. El Grupo Popular tiene cinco enmiendas, pero básicamente son dos cuestiones las que quedan pendientes en su posición. Una, relativa a la cuestión retributiva de los funcionarios de segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía, después de la entrada en vigor de esta Ley en relación con la situación retributiva de los funcionarios que hoy están en segunda actividad, en esa situación administrativa en segunda actividad.
Hemos oído que quizá la diferencia retributiva que marca la Ley sea una injusticia y hemos escuchado también que existe un problema de origen presupuestario, que ciertamente es posible y no se puede obviar. Pero lo que no hemos escuchado es que el Grupo Socialista incorporó una enmienda transaccional que hace que se justifique y se sustente un trato desde esta perspectiva de no igualdad ciega. Ello viene condicionado porque --conviene decirlo y reiterarlo aquí públicamente porque no se ha hecho-- a partir de la entrada en vigor de esta Ley, sólo los nuevos policías que pasen a segunda actividad estarán a disposición del Ministerio del Interior y tendrán, por consiguiente, una situación retributiva ligeramente mejor, aproximadamente de un 10 por ciento, que los que están en este momento en segunda actividad. Y los que están en este momento en
Página 3919
segunda actividad no tendrán esa obligación de estar en situación de disponibilidad del Ministerio del Interior como establece el propio texto legal. Creo que, independientemente de que la fórmula se considere o no adecuada, desde el punto de vista de la situación, no hay un problema de trato desigual porque estamos ante situaciones desiguales de fondo, y seguramente tampoco un trato de situación injusta. Bien es verdad que la situación de disponibilidad hasta ahora no ha tenido una regulación exhaustiva y, por ello, como mandata la propia ley, habrá de tener una regulación más concreta, más específica. La otra cuestión es la de las edades, que hemos discutido ya en Comisión y que dio lugar a un debate bastante ameno o bastante distendido. Siempre, a la hora de fijar unas edades de pase a situaciones administrativas, de menor actividad o de jubilación incluso, los criterios son todos muy defendibles, pero creo sinceramente que el proyecto en su conjunto, con las edades que marca, señala un criterio bastante equilibrado. En primer lugar --y con ello contesto también a otros grupos--, la diferenciación dentro de una misma escala, que sería el caso de la distinción entre Comisario principal y Comisario de 60/62 años, rompe el sentido del proyecto que únicamente diferencia las edades por escalas y no por categorías, independientemente de que fueran 62, 61 o 60 años, que quizás sea lo de menos. Creo que si la ley ha utilizado el criterio, con acierto, porque es la voluntad de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en la ordenación de la Policía el criterio fundamental sean las escalas, no convendría romperlo. Ya ha dicho aquí el representante del Grupo Popular en un acto de sinceridad parlamentaria, que ciertamente elevar la edad de los 62 años taponaría la situación. Yo le puedo decir a usted que he tenido conversaciones con unos y con otros; los principales quieren que se suba y los que no son principales no quieren. En consecuencia, estamos siempre ante una situación de cierta dificultad.
Por lo que respecta a la edad del pase a la segunda actividad de la Escala Básica, es verdad que hoy está en los 50 años y que el proyecto lo eleva a los 55 años. Pero no es menos cierto que el Decreto de 1982, que regulaba esos 50 años, permitía la solicitud por los policías para quedarse hasta los 55 años. Y las estadísticas son bastante significativas porque ha habido muchos policías que, llegando a los 50 años, pidieron seguir hasta los 55 años. Conviene tener este dato en la memoria.
Además, todos somos conscientes de que hay dificultades de plantilla en la Policía. Las proyecciones en los próximos años, si se mantuviera el criterio de 50 años, no se podrían cumplir, lógicamente, con las provisiones de recursos presupuestarios. Creo honradamente --lo hemos comentado alguna vez-- que el alargamiento de la edad biológica permite, razonablemente --y cuando las condiciones físicas o psíquicas no lo aconsejen está abierta la vía para que se haga--, que hoy una persona siga en activo hasta los 55 años. No voy a repetir lo que pasó en la Comisión con el señor Baón. Le pregunté que cuántos años tenía, me contestó que 52, y le dije que con esa actividad física y parlamentaria que aquí tiene, desde luego, está muy justificado que hasta los 55 años se pueda estar en activo en estos momentos en la Policía Nacional. Por lo que respecta a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no voy a reiterar los argumentos en cuanto a la diferenciación retributiva, que creo que están justificados por la disponibilidad, ni los de la edad, porque me parece que también los he manifestado al Grupo Popular. Sobre ese 20 por ciento que se intenta marcar todos los años para el pase a segunda actividad, sinceramente creemos que es un poco difícil que la ley exija automáticamente, todos los años, un 20 por ciento. Es decir, seguramente las circunstancias pueden cambiar sobre el número de personas que pueden pasar a segunda actividad, también las necesidades del propio Cuerpo y la propia evolución de la seguridad ciudadana hacen que cambien, por lo que nos parece un poco arriesgado que se quede encerrado en la ley un porcentaje que, por otro lado, parece bastante razonable pero va a depender más de la voluntad y capacidad que en cada circunstancia tenga el Gobierno y el Ministerio.
Ya hemos manifestado que no creíamos razonable la participación de los sindicatos en los tribunales médicos, que nos parece un elemento en todo caso peligroso. Seguramente los afiliados a los sindicatos tendrían que tener el derecho a que los representantes en ese tribunal defendieran sus posiciones en cuanto a la posibilidad de pasar a la segunda actividad o no. Yo creo que el tribunal debe tener un carácter eminentemente técnico que evalúe con rigor profesional y científico si una persona está en condiciones físicas o psíquicas. Yo creo que no beneficiaríamos a las organizaciones sindicales, aunque conoce el representante de Izquierda Unida que el Grupo Socialista tiene una voluntad política permanente de intentar el apoyo a las organizaciones sindicales en la Policía, que han hecho una labor importante. Hay alguna cuestión relativa a las retribuciones en la situación de segunda actividad sin destino, a subir el complemento del 80 al 90 por ciento. La verdad es que nos parece algo excesivo desde el punto de vista presupuestario. Hay que recordar, porque a veces se olvida, que la segunda actividad sin destino permite la compatibilidad, y, por tanto, la posibilidad de tener otra retribución. Tampoco nos parece razonable la enmienda número 9 sobre el 200 por ciento de las retribuciones básicas en situaciones de enfermedad o accidente. Abriría una vía complicada que existe en estos momentos. En la Policía Nacional es conocida la cantidad de reclamaciones judiciales que se pueden producir, y con
Página 3920
este tipo de retribución seguramente se producirían mucho más.
Sobre las enmiendas números 12 y 13, que tratan de la adecuación de las escalas, que en la ley se hace únicamente al grupo A de la escala ejecutiva, ya manifestamos en la Comisión y lo reitero ahora que el Grupo Socialista está abierto a que esta cuestión se concrete. No sé si será posible en el trámite del Senado, pero hay una coincidencia tendencial hacia el futuro con las posiciones que mantiene Izquierda Unida.
En cuanto a esa famosa enmienda, que en su día fue muy discutida con el Grupo Catalán (Convergència i Unió), sobre el período de tránsito de personas que, fruto de la complejidad normativa que ha habido en la segunda actividad, consideran que han sido perjudicadas --y se ha traducido en algunas enmiendas, porque a todos nos los pidieron--, hay una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, concretamente de 3 de marzo de 1994, que zanja la cuestión de manera nítida estableciendo que no ha habido una situación de agravio o de perjuicio económico a ese grupo de personas que hubiera podido producir algún tipo de restitución.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, le ruego concluya.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Ya concluyo, señor Presidente, con las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Nada diré sobre lo que afecta a las edades de comisarios, porque los argumentos los he reiterado hasta la saciedad. Tampoco sobre la cuestión retributiva de la segunda actividad sin destino, pues creemos que es excesivo añadir un 50 por ciento del complemento específico singular. Sólo haré un comentario sobre la enmienda 35, del Grupo de Coalición Canaria, que es la referida a las incompatibilidades, tema muy discutido.
Es verdad que hay varios dictámenes del servicio jurídico del Estado, pero no es menos cierto que frente a los dictámenes está la voluntad política de esta Cámara, que se traduce en la ley, obviamente. El Grupo Socialista entendía, apoyando al Gobierno, que el pase a la segunda actividad, que permite otra ocupación cuando no se tiene destino, debía tener algún mecanismo de control para que el Estado supervisara aunque fuera en un período de tiempo, como al final aparece en el dictamen de la Comisión, fruto de una enmienda del Grupo Socialista, concretamente por dos años, qué tipo de actividades se van a compatibilizar y se autorizarán estando en la segunda actividad de la Policía. Ha habido, es verdad que muy aisladamente, algún suceso que a todos nos ha preocupado muy seriamente, ya que la función policial permite estar en contacto con determinadas situaciones que pueden ser preocupantes en el desarrollo de alguna actividad. Entendemos que es una garantía para los ciudadanos, para la seguridad del Estado y para el ejercicio de las libertades públicas que aquellos policías que pasen a segunda actividad y quieran compatibilizar esa situación con una ocupación en el mundo privado tengan, al menos en los dos años primeros, una autorización por parte de la Dirección General de Policía.
Todos somos conscientes de qué actividades suelen desarrollar o compatibilizar en esa segunda actividad los policías. Todos somos conscientes de las relaciones que exige ese mundo complejo por lo que es absolutamente necesario y loable que haya un mínimo control de esa compatibilidad. Por ello teníamos especial interés en subrayar esa posición contraria.
Agradeciendo al señor Presidente la benevolencia, creo haber respondido a todas las enmiendas que se han defendido aquí por los diversos grupos, manteniendo el Grupo Socialista el texto del dictamen de la Comisión. Muchas gracias.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Camp i Batalla.
Brevemente voy a fijar la posición de nuestro Grupo sobre el dictamen que estamos debatiendo. Nuestro voto va a ser favorable a la globalidad del mismo, puesto que viene a completar un desarrollo legislativo que hasta la fecha se había abordado de forma fragmentaria. Era necesario regular la situación de segunda actividad y homogeneizar los criterios que han venido aplicándose, y más después de la integración en el Cuerpo Nacional de Policía de los cuerpos superiores de Policía y de Policía Nacional. Las edades y causas del pase de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a la situación de segunda actividad creemos que son acordes tanto con las necesidades del servicio como con las posibilidades presupuestarias actuales.
Quiero hacer mención a dos enmiendas presentadas por nuestro Grupo Parlamentario, la número 23 y la número 21. La número 23 fue retirada en el trámite de Comisión y por ello tenemos un especial interés en hacer una referencia específica.
Pretendíamos eliminar lo que nos parecía un agravio comparativo de aquellos funcionarios del extinguido Cuerpo Superior de Policía que por falta de desarrollo de lo establecido en la disposición adicional quinta, letra e), de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1985, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, pasaron a la situación de jubilación, y no a la de segunda actividad, entre el 1 de enero de 1985 y el 3 de abril del año 1986, así como también en favor de quienes fueron jubilados con 62 años y no hubieran cumplido en esta última fecha
los 65 años de edad fijados. Establecimos una indemnización a su favor con efectos económicos a partir del 1 de enero de 1995 para evitar, así, alteraciones del ejercicio presupuestario vigente. La retirada de esta enmienda por nuestro Grupo fue motivada por el conocimiento que se tuvo de la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo, es decir dos semanas antes de que se empezara a discutir en Comisión y con posterioridad a la presentación de estas enmiendas, por la que se desestimaba una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir, por supuesta inconstitucionalidad de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por posible infracción de los artículos 14 y 23.2 de la Constitución; supuesto idéntico que daba pie a la argumentación del colectivo que pretendíamos desagraviar con nuestra enmienda número 23 y a la vista de lo cual sólo cabía su retirada.
En cuanto a la enmienda número 21, por la que pretendíamos la concreción de determinadas retribuciones complementarias de carácter general referentes al grado personal consolidado, así como complemento específico singular, que no mantuvimos para el Pleno, la argumentación que se nos dio en Comisión en cuanto a las consecuencias de orden económico nos indujo a plantearnos un período de estudio para ver si realmente es un tema asumible con posterioridad, en el trámite del Senado.
Finalmente, la tercera de nuestras enmiendas presentada al proyecto de ley, la número 22, ha sido incorporada al texto mediante una transaccional presentada por el Grupo Socialista, mejorando con ello el régimen de incompatibilidades respecto a lo que prevía el proyecto de ley. En definitiva, señor Presidente, todas estas consideraciones nos llevan a hacer una valoración positiva de la iniciativa del Gobierno y del dictamen de la Comisión, por lo que reiteramos nuestro voto positivo al mismo. Muchas gracias.
Votaciones relativas al proyecto de ley por el que se regula la situación de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicitó votación separada en tres bloques. La enmienda 16 en uno de ellos, en un segundo bloque las enmiendas 7 y 13 y el resto en un tercer bloque. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 16, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 131; en contra, 154; abstenciones, dos.
Enmiendas 7 y 13, del mismo Grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 13; en contra, 269; abstenciones, tres.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 11; en contra, 176; abstenciones, 99.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor López Garrido pide la palabra.) El señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo querría votación separada de las enmiendas 27 y 30.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas 27 y 30, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 128; en contra, 158; abstenciones, una.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 117; en contra, 157; abstenciones, 11.
Página 3922
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Fernández- Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicito votar por separado las tres enmiendas que se mantienen vivas. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Enmienda 33, del Grupo de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 131; en contra, 153; abstenciones, dos.
Enmienda 34, del mismo Grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 16; en contra, 269; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, la enmienda.
Enmienda número 35, del Grupo de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 17; en contra, 154; abstenciones, 116.
Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicito votación separada de las dos enmiendas, las números, 19 y 20. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 19, del señor González Lizondo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, ocho; en contra, 268; abstenciones, 10.
Enmienda número 20, del señor González Lizondo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 123; en contra, 153; abstenciones, 11.
Votación relativa al dictamen de la Comisión, excepto la parte referida a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 284; en contra, dos; abstenciones, una.
Votación correspondiente a la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 287.

References: Real Decreto 
 artículo 104
 artículo 149
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 33