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[Sentencia C-982/10]- Constitucionalidad de la Ley 1345 del 31 de julio de 2009- convenio de cooperación comercial entre el Gobierno de Colombia y Turquía | laboralparatodos.com
[Sentencia C-982/10]- Constitucionalidad de la Ley 1345 del 31 de julio de 2009- convenio de cooperación comercial entre el Gobierno de Colombia y Turquía
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Bogotá, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil diez (2010) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 11 de agosto de 2009, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de la Ley 1345 de 2009, de julio 31 de 2009, para efectos de su revisión constitucional. La Magistrada Sustanciadora, mediante auto de 03 de septiembre de 2009, avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, ordenó continuar el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y a la Ministra de Relaciones Exteriores.
A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme su publicación en el Diario Oficial Año CXLIV. N. 47427. 31, julio, 2009. Pág.52 “Ley 1345 de 2009
III.	INTERVENCION DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES En carta dirigida a esta Corporación el 14 de diciembre de 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó a la Corte que declare la constitucionalidad de la ley aprobatoria y del referido Convenio, para lo que realizan las siguientes consideraciones.
En primer lugar, indica que en cuanto a los requisitos formales referentes a la suscripción y aprobación legislativa estos fueron cumplidos al haber sido el presente convenio celebrado y suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores de la época, Dra. Carolina Barco Isakson, persona idónea, con capacidad para obligar y comprometer el Estado y cumplir con todos los requisitos previstos para el trámite de una ley. De esta forma, afirma que se dio cumplimiento a lo dispuesto los artículos 9, 150, numeral 16, 226 y 227 y no se contrarió ninguna de estas disposiciones. En segundo lugar, indicó que la suscripción de este Convenio desarrolla el artículo 277 de la Constitución, pues fomenta la cooperación comercial y económica entre los estados firmantes, y promueve la internacionalización de las relaciones económicas internacionales y la integración de los estados sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Resalta que para Colombia la relación comercial que surge de este tratado permitirá la entrada de productos y servicios colombianos a los mercados del Sureste de Europa, Rusia y Medio Oriente y reconoce que el mercado de Turquía reviste gran importancia para los productos colombianos, es especial para las hullas térmicas.
En tercer lugar, afirma que el convenio fue pactado respetando los principios de soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y no intervención en asuntos internos y reconoce que desarrolla cabalmente los principios del derecho internacional aceptados por Colombia al indicar que las relaciones de cooperación que surgen de este tratado deberán desarrollarse con el respeto por las normas internas de cada una de las partes y sin vulnerar las otras obligaciones asumidas internacionalmente. IV.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Considera que el tratado es compatible con lo que establecen el preámbulo y los artículos 9, 226 y 227 dado que se busca la integración política exterior, y la promoción de la internacionalización en las relaciones económicas del país. Así mismo, resalta que los intereses superiores del Estado fueron salvaguardados al ser planteado el convenio en un marco de reciprocidad, conveniencia nacional y respetando la soberanía nacional, tal como lo señala el artículo 9 de la Constitución. Por esas razones conceptúa que el convenio en revisión es constitucional también desde el punto de vista material. V.	CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.	Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados. 1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia C-468 de 1997, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. 1.2. En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso. 1.3. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado. 1.4. En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política. 1.5. Dicho examen de fondo es exclusivamente jurídico y por lo tanto no comprende cuestiones de conveniencia, oportunidad, utilidad y eficiencia, como lo ha resaltado la Corte. Precisado el alcance del control constitucional, pasa la Corte a examinar la ley aprobatoria y el convenio de la referencia.
2.	La revisión formal de la Ley 1345 de 2009 Dado que mediante Auto 053 de 2010, la Corte Constitucional ordenó a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes subsanar el vicio de trámite ocurrido durante el primer debate del Proyecto de Ley 009 de 2008 Senado, 252 de 2008 Cámara en dicha célula legislativa, a continuación se describirá el trámite seguido en la aprobación del proyecto en la Comisión Segunda y en la Plenaria del Senado de la República tal como se hizo en el mencionado Auto, y en relación con la trámite seguido en la Comisión Segunda y en la Plenaria de la Cámara de Representantes, se describirá la forma como se dio cumplimiento a lo ordenado por la Corte en el Auto 053 de 2010. 2.1.	Remisión de la ley aprobatoria luego de la subsanación del vicio identificado mediante Auto 053 de 2010
El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, para su control constitucional, de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución el 23 de agosto de 2010 la Ley 1345 de 2009, “por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”, realizado y firmado en Ankara el 17 de mayo de 2006, previa subsanación del vicio señalado por la Corte Constitucional mediante Auto No. 053 de 2010, y sancionada nuevamente por el Presidente el 18 de agosto de 2010, tal envío se efectuó dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política. 2.2.	Negociación y celebración del Tratado
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. Sobre este punto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito de 18 de septiembre de 2009, manifestó que el acuerdo fue firmado por Carolina Barco Isakson, Ministra de Relaciones Exteriores de la época, quien prescindió de la presentación de plenos poderes, en virtud del artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que indica que para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará representado el mismo si se deduce, de la práctica seguida por los Estados interesados, que la intención de estos fue considerar a esa persona representante estatal para estos efectos. 2.3.	Aprobación presidencial
De igual forma, ordenó someter al Congreso la aprobación de este instrumento internacional. Para tal fin, los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, presentaron a consideración del Congreso el citado Convenio. 2.4.	Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1345 de 2009
Salvo la exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual a éstas les corresponde el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157,158, 160 y 165 de la Carta, entre otros. De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley 09 de 2008 Senado, 252 de 2008 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República.
2.4.1.	El trámite del Proyecto de Ley 009 de 2008 Senado, en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado El Proyecto de Ley 09 de 2008 Senado fue presentado el 10 de octubre de 2007 ante la Secretaría del Senado de la República por los Ministros de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, de Comercio, Industria y Turismo, Luís Guillermo Plata Páez. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la República No. 461 de 2008. La ponencia correspondió a los Senadores Cecilia López Montaño, Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Jesús Enrique Piñacué Achicué, Alexandra Moreno Piraquive, Luzelena Restrepo Betancur, Mario Varón Olarte, Marta Lucía Ramírez de Rincón y Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 626 de 11 de septiembre de 2008. En esta ponencia se propone dar el primer debate a este proyecto.
Con el fin de cumplir con el inciso 1 del artículo 156 del Reglamento, se hizo entrega a los senadores del ejemplar de la Gaceta No. 626 de 2008, el 11 de septiembre de 2008, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate. El Proyecto de Ley 009 de 2008 Senado fue previamente anunciado el 16 de septiembre de 2008, para ser discutido y votado en primer debate, en la próxima sesión. El anuncio previo exigido en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 lo hizo el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República, por instrucciones del Presidente de las Comisiones Segundas Conjuntas, en los siguientes términos: “COMISION SEGUNDA CONSTUTUCIONAL PERMANENTE
4. Proyecto de ley número 09 de 2008 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía”. Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo.
El día 17 de septiembre de 2008, la Comisión Segunda del Senado realizó el debate y votación del proyecto en los siguientes términos, según consta en la Gaceta del Congreso No. 331 de 19 de mayo de 2009: “COMISION SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE RELACIONES INTERNACIONALES, COMERCIO EXTERIOR Y DEFENSA NACIONAL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
Se continúa con el Orden del Día”. El Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, en constancia de 15 de septiembre de 2009, certifica que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el 17 de septiembre de 2008, con un quórum deliberatorio y decisorio de 12 de los 13 Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, según consta en el Acta No. 11 de esa fecha, publicada en la Gaceta No 331 de 2009.
2.4.2.	El trámite del Proyecto de Ley 009 de 2008 Senado, en la Plenaria del Senado de la República
“Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo No. 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. Si señor Presidente, los proyectos para discutir y votar en la próxima sesión plenaria son los siguientes:
– Proyecto de ley número 09 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el convenio de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía, hecho y firmado en Ankara el 17 de mayo de 2006.
Según certificación del Secretario de la Plenaria del Senado de la República, el Proyecto 009 de 2008 Senado fue aprobado por unanimidad con el voto de 98 Senadores. 2.4.3.	El trámite del Proyecto de Ley 009 de 2008 Senado, 252 de 2008 Cámara, en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, con el fin de subsanar el vicio de trámite señalado por la Corte Constitucional en el Auto 053 de 2010.
El Presidente del Senado de la República, Hernán Andrade Serrano, remitió mediante comunicación de fecha de 18 de diciembre de 2008 al Presidente de la Cámara de Representantes, Germán Varón Cotrino, la copia del expediente del proyecto de Ley No. 09 de 2008 Senado, “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía” hecho y firmado en Ankara el 17 de mayo de 2006, con el fin de que se siga su curso legal y reglamentario en la Cámara de Representantes. La ponencia para el primer debate ante la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara, correspondió al representante Jairo Alfredo Fernández Quessep y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 218 de 17 de abril de 2009. Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el Auto 053 de 2010, el Proyecto fue anunciado el 27 de abril de 2010 para ser discutido y votado en primer debate el día 4 de mayo de 2010, tal como consta en el Acta 32 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 374 de 2010. El anuncio previo exigido en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 lo hizo la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, por instrucción del Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, en los siguientes términos: COMISIÓN SEGUNDA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE RELACIONES EXTERIORES, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
(abril 27) Hace uso de la palabra la señora Secretaria, doctora Pilar Rodríguez Arias:
2.4.4.	El trámite en la Plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley 009 de 2008 Senado, 252 de 2008 Cámara, con el fin de subsanar el vicio de trámite señalado por la Corte Constitucional en el Auto 053 de 2010.
La suscrita Subsecretaria General de la honorable Cámara de Representantes, por error involuntario en la sumatoria, se permite aclarar la votación referida al articulado del Proyecto de ley 252 de 2008 Cámara, Acuerdo Colombia – Turquía, de la siguiente manera:
2.4.5.	El cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1345 de 2009. De acuerdo con la descripción anterior, el Convenio de Cooperación Comercial entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Turquía” hecho y firmado en Ankara el 17 de mayo de 2006 y la Ley que lo aprobó, surtió cabalmente el procedimiento previsto en la Constitución y la ley, al dar cumplimiento a la orden de subsanación del vicio de trámite impartida por la Corte Constitucional en el Auto 053 de 2010.
2.4.5.2 Términos que deben mediar entre debates Según el artículo 160 de la Carta, debe mediar en la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente un lapso no inferior a 8 días, y entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, uno de por lo menos 15 días. En el asunto bajo estudio, el proyecto de ley fue (i) aprobado en primer debate por la Comisión Segunda del Senado el día 17 de septiembre de 2008, (ii) por la Plenaria del Senado el día 15 de diciembre de 2008; (iii) en el proceso de subsanación del vicio, fue aprobado por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el día 11 de mayo de 2010, y posteriormente, (iv) fue aprobado en segundo debate por la Plenaria de la Cámara de Representantes el día 8 de junio de 2010. Es decir se respetaron los términos constitucionales de 8 y 15 días establecidos en el artículo 160 en mención. 2.4.5.3 Publicaciones oficiales.
El artículo 157, numeral 1 de la Constitución señala la obligación de realizar la publicación oficial por el Congreso del proyecto y de la ponencia antes de darle curso en la comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así: a)	Publicación del texto original del proyecto, junto con la respectiva exposición de motivos en la Gaceta del Congreso de la República No.461 de 2008.
b)	La publicación de la ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República se hizo en la Gaceta del Congreso No. 626 de 11 de septiembre de 2008 y el proyecto fue debatido y aprobado el 17 de septiembre de 2008. c)	Para segundo debate en el Senado de la República, la ponencia se publicó el 27 de noviembre de 2008 en la Gaceta del Congreso No. 953 de 2008, y fue debatido y aprobado el 15 de diciembre de 2008. d)	En la Cámara, la ponencia para primer debate se publicó el 17 de abril de 2009 en la Gaceta del Congreso No. 218 de 2009 y se debatió y aprobó el 11 de mayo de 2010 para subsanar el vicio de trámite señalado en el Auto 053 de 2010.
e)	La ponencia para el segundo debate en la Cámara se publicó el 22 de mayo de 2009 en la Gaceta del Congreso No. 354 de 2009, y fue publicada de nuevo en la Gaceta 257 de 25 de mayo de 2010. Por lo anterior, concluye la Corte Constitucional que se cumplió la exigencia de publicación del artículo 157, numeral 1, de la Carta.
En cuanto al quórum decisorio del artículo 146 de la Constitución, según lo certificado por los Secretarios del Senado y de la Cámara, las votaciones se dieron por mayoría, estando reunido el quórum requerido, conforme a la exigencia constitucional. Según el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto fue aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 12 de los 13 Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado . Según consta en la Gaceta del Congreso No. 375 de 2010, el proyecto fue aprobado con un quórum deliberatorio y decisorio de 11 de los 19 Representantes que conforman la Comisión Segunda de la Cámara. En cuanto al segundo debate ante las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes en las Gacetas del Congreso 223 de 2009 y 400 de 2010, respectivamente, donde fueron publicadas dichas sesiones consta que la votación del proyecto y su aprobación fue por unanimidad de los congresistas que asistieron. En la plenaria del Senado el proyecto fue aprobado por 98 Senadores y, en la etapa de subsanación del vicio, el proyecto fue aprobado en la de la Cámara por 91 Representantes. 2.4.5.5 Anuncio previo previsto en el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003
Acerca del cumplimiento del requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Carta, la Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta disposición ordena (1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada; (2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la votación debe surtirse el día en que se anuncie. Así en la sentencia C-576 de 2006, esta Corporación señaló:
“De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, la finalidad del Acto Legislativo, es “permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuáles proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”. La Corte ha establecido que esta disposición requiere para su cumplimiento que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, siempre y cuando se convoque para su aprobación en una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable. La exigencia constitucional apunta al efectivo conocimiento previo de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace clara y nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que permitan determinar con claridad cuando se realizará la votación ”. La Corte ha señalado además como requisitos mínimos que debe cumplir ese anuncio previo, el que sea realizado por el Presidente de la respectiva célula legislativa, o cuando menos, por el Secretario por instrucciones del Presidente de la Comisión o de la Plenaria. No se exige una forma sacramental específica que emplee los términos votación o aprobación, sino que se ha aceptado que se empleen expresiones análogas, de las cuales sea posible inferir para qué están siendo convocados los congresistas y que se está dando cumplimiento a lo ordenado en el Acto Legislativo 01 de 2003. Finalmente, el anuncio para la votación de un proyecto de ley debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se hace el anuncio, “siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. En la sentencia C-533 de 2008 la Corte precisó cómo han de cumplirse estas condiciones: (…) en virtud de las sentencias de constitucionalidad que ha proferido esta Corte sobre la materia, se han ido estableciendo unos criterios de interpretación que deben orientar la labor del juez constitucional al examinar los presupuestos de existencia y validez de este requisito constitucional. (…) a) No atiende a una determinada fórmula sacramental: No es necesario emplear determinadas expresiones lingüísticas para realizar el aviso por cuanto lo relevante es que transmitan inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto. La Corte ha convalidado por ejemplo términos como: “anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”.
b) Determinación de la sesión futura en que tendrá lugar la votación del proyecto, pues, de lo contrario hace de aquél un anuncio no determinado ni determinable contrario a la exigencia constitucional: si bien la exigencia constitucional parte de que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, no es necesario indicar la fecha exacta en que habrá de realizarse la votación siempre que sea determinable, por ejemplo, la Corte ha avalado expresiones como “próximo martes”, “próxima sesión”, “próxima semana”,“siguiente sesión” y “día de mañana”. c) Continuación de la cadena de anuncios por aplazamiento de la votación salvo que en sesión anterior a la aprobación hubiere sido anunciado: frente al aplazamiento indefinido de la votación debe continuarse la sucesión de anuncios a fin de evitar el rompimiento de la secuencia temporal del aviso, sin embargo, no se desconoce la exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse dicha ruptura fue anunciado en la sesión inmediatamente anterior a la votación del proyecto. d) Cumplimiento de la exigencia constitucional cuando a pesar de no cumplirse la votación por su no realización en la fecha prevista finalmente ocurre la misma en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la próxima sesión, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las actas. En el asunto bajo revisión, los anuncios previos se realizaron de la siguiente manera:
(i)	Anuncio para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República: El proyecto de ley fue anunciado el 16 de septiembre de 2008, para ser discutido y votado en la próxima sesión, y al final de la sesión se precisó que se citaba “para mañana miércoles, 17 de septiembre a partir de la 10 de la mañana” y el proyecto fue votado y aprobado efectivamente el 17 de septiembre de 2008. En esta Comisión el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió a cabalidad por las siguientes razones: (a) el anuncio lo hizo el Secretario de la Comisión. (b) se empleó la expresión “anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión, (Artículo 8° del Acto Legislativo de 2003)” para señalar expresamente para qué estaban siendo convocados los congresistas. (c) el anuncio para la votación de un proyecto de ley, debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. En el caso bajo examen, los congresistas fueron citados para la “próxima sesión”, y al final de la misma, fueron convocados “para mañana miércoles a las diez de la mañana,” por lo que los congresistas sabían con certeza cuándo sesionarían y cuál era el objeto de esa sesión, “para votar el proyecto de ley”.
(ii)	Anuncio para segundo debate en la Plenaria del Senado: El proyecto fue anunciado el 11 de diciembre de 2008, para ser discutido en la próxima sesión plenaria, determinada para el día 15 de diciembre de 2008,a las 2:00 p.m. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales: (a) El anuncio lo hizo el Secretario de la Cámara, por instrucciones del Presidente de esa Corporación. (b) En cuanto a los términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara dice “de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobaran en la próxima sesión.” (c) El anuncio se hizo de manera clara, ya que al final, el Presidente de la Cámara levanta la sesión y dice: “(…) convoca para el día lunes 15 de diciembre de 2008, a las 2:00 p.m” por lo que para los congresistas era clara en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(iii)	Anuncio para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, realizado con el fin de subsanar el vicio de trámite señalado por la Corte Constitucional en el Auto 053 de 2010: El proyecto de ley fue anunciado el 27 de abril de 2010, para ser discutido y votado: “…en la próxima sesión que tenga la comisión segunda…” y al final de la sesión, se precisó que citaba para el día 4 de mayo de 2010, fecha en que habría sesión conjunta de las Comisiones Segundas. El día 4 de mayo de 2010, no se votó el proyecto. El anuncio se reiteró el día 5 de mayo de 2010, señalando que se hacía “para la próxima reunión de la Comisión” y al final de esa sesión, se convocó a la Comisión Segunda de la Cámara para el martes 11 de mayo de 2010 a las 10 de la mañana. El día 11 de mayo de 2010, el proyecto fue aprobado. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(a) El anuncio lo hizo la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara, por instrucciones del Presidente de esa Corporación. (b) En cuanto a los términos empleados para hacer el anuncio, la Secretaria emplea el término “…en la próxima sesión que tenga la comisión segunda…”, y al final se precisó la fecha en que tal reunión tendría lugar, con lo cual, los miembros de dicha célula legislativa sabían cuándo tendría lugar esa sesión y para qué estaban siendo convocados.
(iv)	Anuncio para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, realizado con el fin de subsanar el vicio de trámite señalado por la Corte Constitucional en el Auto 053 de 2010. El proyecto fue anunciado el 2 de junio de 2010 para ser votado en la sesión plenaria del día 8 de junio de 2010. El proyecto fue efectivamente votado y aprobado en esa sesión. Por lo tanto, el requisito del anuncio previo que establece el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 se cumplió de acuerdo a las exigencias constitucionales:
(a) El anuncio lo hizo la Subsecretaria General de la Cámara, por instrucciones del Presidente de esa Corporación. (b) En cuanto a los términos empleados para hacer el anuncio, la Subsecretaria de la Cámara emplea el término “sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o acto legislativo”.
(b) En cuanto a los términos empleados para hacer el anuncio, el Secretario de la Cámara dice “según el Acto Legislativo número 01 de 2003” (c) El anuncio se hizo de manera clara, y para fecha determinada por lo que para los congresistas era claro en qué sesión se llevaría a cabo el debate y votación del proyecto.
(d) La votación se hizo efectivamente en la sesión del 8 de junio de 2010, es decir en la sesión inmediatamente posterior a aquella en que se realizó el anuncio. De lo descrito se puede concluir que el aviso para la realización del debate de este proyecto de ley tanto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, como en la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue realizado de conformidad con los parámetros constitucionales y en esa medida el vicio detectado en el Auto 053 de 2010 fue subsanado.
El proyecto aprobado fue posteriormente enviado para la sanción presidencial, y de conformidad con lo ordenado en la Auto 053 de 2010, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al momento de ejercer la competencia prevista en el artículo 8º del Decreto 2719 de 2000, conservará el número de la Ley 1345 de 2009. 3.	Revisión material. Constitucionalidad de la finalidad general del acuerdo
El acuerdo bajo revisión comprende 11 artículos y busca fortalecer las relaciones amistosas y de cooperación entre los dos países, así como fomentar la cooperación económica y el comercio binacional. Este tratado hará parte de los numerosos acuerdos firmados y ratificados por Colombia en la última década para revitalizar, agilizar y fomentar el intercambio de bienes y servicios, y fomentar la cooperación como medio para mejorar las condiciones económicas y sociales de los pueblos, lo cual resulta acorde con lo que señala la Carta en cuanto que el “Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones” (Art. 227). En esa medida, el convenio bajo revisión es un claro desarrollo del Preámbulo y de los artículos 9º, 226 y 227 de la Carta, como quiera que fue el propio Constituyente el que señaló la importancia de la integración de la política exterior y de la promoción de la internacionalización de las relaciones económicas de nuestro país, siempre dentro del respeto de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, y en condiciones de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. El artículo primero del acuerdo proclama su finalidad general del acuerdo referida a la cooperación comercial entre las Repúblicas de Colombia y Turquía, lo cual no contradice ninguna norma superior. Con ello se cumple la finalidad constitucional de promover “la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” (Art. 226, CP)
El artículo segundo consagra la cláusula de “nación más favorecida”, mecanismo orientado a facilitar el intercambio comercial entre los Estados Partes, al otorgar un trato preferencial recíproco entre los Estados Parte, con el fin de hacer desaparecer cualquier desigualdad de tratamiento presente o futura que surja en el desarrollo del acuerdo comercial. En el tratado el trato favorable se concede en relación con el cobro de derechos aduaneros y otros cargos relacionados con las importaciones y exportaciones. Sobre este tipo de cláusulas esta Corporación ha señalado que tienen plena justificación constitucional en la cooperación e internacionalización económica (art. 226, CP). Así ha dicho que:
“estas cláusulas son perfectamente compatibles con el texto constitucional, pues las mismas persiguen “la igualdad fundamental sin discriminación entre todos los países interesados. La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula de la nación más favorecida, hace desaparecer toda diferencia entre las inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas concedidos antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la aludida cláusula (…) El efecto básico de esta cláusula consiste en hacer desaparecer, dentro del ámbito de materias reguladas por la Convención que la contiene, toda desigualdad jurídica presente o futura. En este orden de ideas, si una norma nacional establece diferencias entre categorías de inversiones, aquellas que estén cobijadas por el principio del trato nacional deberán sujetarse al mismo régimen que las inversiones nacionales.” El artículo tercero del convenio, se refiere a los compromisos de facilitación comercial y de promoción de actividades de intercambio comercial entre las empresas de ambos Estados parte. Ello es un claro desarrollo de las disposiciones constitucionales que relievan la importancia de la integración cultural, económica y social. (Preámbulo, arts. 9, 226 y 227 de la Constitución). A ello, tampoco se encuentra reparo constitucional.
El artículo cuarto del acuerdo se establece el modo de pago por concepto de productos y servicios intercambiados, a través de monedas libremente convertibles, con pleno respeto de la normatividad interna de cada Estado. Esta disposición respeta los principios de soberanía nacional y los demás principios del derecho internacional aceptados por Colombia (Art. 9, CP) y favorece el proceso de integración comercial y económica (Art. 227, CP), como quiera que la unificación de los medios de pago, facilita el comercio y las relaciones económicas entre las dos naciones. El artículo quinto del convenio autoriza la importación temporal, libre de impuestos y derechos aduaneros, de productos y equipos que sean usados en los eventos promocionales previstos en el artículo tercero del mismo. La Corte tampoco encuentra reparo constitucional a esta cláusula, en tanto que se trata de una herramienta razonable y útil para poner en práctica el intercambio comercial, la cual es compatible con lo que establecen los artículos 9 y 227 de la Constitución. Con el fin de facilitar el intercambio comercial, el artículo sexto del convenio establece el compromiso de las partes para facilitar y acelerar el intercambio de información, en especial en lo que tiene que ver con la promoción de sus propios programas, que faciliten el contacto entre sus compañías y organizaciones involucradas en la cooperación económica y comercial.
El artículo sexto del tratado establece como mecanismo de seguimiento al cumplimiento del acuerdo, el establecimiento de un Comité Conjunto, integrado por representantes del ministerio de relaciones exteriores, así como de otros ministerios y corporaciones cuando se considere necesario que además de hacer seguimiento, podrán hacer propuestas para estimular el comercio y mediar eventuales dificultades. En el artículo octavo, el convenio consagra que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo se hará dentro del marco legal en sus respectivos países y con pleno respeto de sus obligaciones internacionales. Por su parte, el artículo noveno instituye como mecanismo de solución de controversias, la realización de consultas y negociaciones amigables. Estas disposiciones son compatibles con el ordenamiento constitucional y están en consonancia con el Ordenamiento Superior, puesto que son desarrollo del fin constitucional de asegurar la convivencia pacífica (C.P. art. 2°). Para la Corte, estas disposiciones también son respetuosas de los principios de soberanía y consentimiento que rigen las relaciones internacionales y que se encuentran consagrados en el artículo 9 de la Carta, dado que promueven como primera alternativa para la solución de las controversias, el arreglo directo, garantizan la aplicación de las excepciones relativas a la seguridad esencial y respetan los compromisos internacionales previamente asumidos por las partes en materias afines, y en esa medida son respetuosas de los artículos 226 y 227.
Los artículos décimo y decimoprimero del acuerdo contienen las cláusulas generales sobre el procedimiento de enmienda y entrada en vigor y vigencia del mismo. Estas disposiciones tampoco lesionan los mandatos constitucionales, ya que son normas de carácter operativo indispensables para la aplicación y ejecución del instrumento, tales como su perfeccionamiento, enmienda, vigencia, denuncia y aprobación. En este orden de ideas, la Corte considera que el instrumento internacional bajo revisión se ajusta plenamente a los cánones constitucionales, concretamente a lo dispuesto en los artículos 9º, 150-16, 226 y 227 Superiores y por lo tanto serán declarados exequibles.

References: artículo 241
 artículo 277
 artículo 9
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 7
 artículo 156
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 157
 artículo 157
 artículo 146
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
e contrario
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9