Source: https://es.scribd.com/doc/52685218/FORMAS-DE-VALORACION-DE-LAS-PRUEBAS-EN-EL-JUICIO-ORAL-Y-PUBLICO
Timestamp: 2016-05-01 02:21:12+00:00

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Tutor Académico: Williams Lattuf. Jefe de la Línea de Investigación.
Introducción La oralidad de todo proceso judicial, es el principio y fundamento que rige el sistema jurídico venezolano. Por ello, la Constitución de la República califica al proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia, exige que todas las leyes procesales tengan que simplificar, unificar, y garantizar los trámites a través de un procedimiento breve, oral y público. La máxima señala, que ³No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.´ De esta manera, el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece como mandato, la adopción de la oralidad en todo procedimiento judicial. También se evidencia, que hace más de una década se han producido en el país, esfuerzos cuantiosos y valorables para producir cambios relacionados a los diversos procedimientos de juzgamiento. Voces autorizadas, han advertido que esas nuevas condiciones se han debido, en su mayoría, a la consolidación de los esfuerzos de la comunidad internacional, que sobre la base de los convenios, acuerdos y tratados, han trabajado el tema de los derechos fundamentales, asociados a la aplicación de la justicia dentro de los procesos judiciales, lo cual alcanza no solo la materia penal sino todo orden procesal. En suma, estas circunstancias han generado considerables transformaciones en el derecho interno, permitiendo incorporar, en la legislación de los sistemas adjetivos o procesales, el empleo de la oralidad como instrumento en la búsqueda de niveles más óptimos de justicia y equidad. En lo que respecta a la investigación en cuestión, podemos acotar, que en el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal, además de ser un Sistema Inquisitivo, su principal rasgo radicaba en la concentración de las funciones de investigación y juzgamiento en un mismo órgano, lo que obviamente resultaba incompatible con el derecho del imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal se establece un Sistema Acusatorio. En
el cual se separan las funciones de investigación y juzgamiento, con lo que asegura el derecho del imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial. En efecto, permite, mediante la institución del juez de garantías, controlar la investigación realizada por el Ministerio Público, y asegurar, además, la imparcialidad del tribunal en lo que concierne a la adopción de medidas cautelares que, como la prisión preventiva, entre otras, afectan intensamente los derechos del imputado. Por tanto la presente investigación estará encaminada a establecer una diferencia entre el Código de Enjuiciamiento Criminal y en Código Orgánico Procesal Penal en relación a la forma de valoración de las pruebas en el juicio oral y público.
FORMAS DE VALORACION DE LAS PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO. Es conocido, que el hoy derogado Código de Enjuiciamiento Criminal que imperó en Venezuela casi hasta el ocaso del siglo XX se encontraba sustentado en el llamado Sistema Inquisitivo, a pesar de que desde la perspectiva formal era considerado como un sistema mixto. Para los autores Brown y Rosell, este instrumento jurídico podía ser definido como una rica fuente de actos legales violatorios de las garantías procesales reconocidas internacionalmente. Por otra parte, era característico del sistema inquisitivo consagrado en Código de Enjuiciamiento Criminal que los aspectos fundamentales del proceso penal estaban bajo la responsabilidad de una sola persona que era el juez. Era el juez quien iniciaba el juicio, investigaba en el sumario (fase de la investigación de los hechos que se realizaba casi en secreto y a espaldas del propio acusado), dirigía el debate en el plenario (fase en que, teóricamente, el acusado podía enterarse de su situación) y, finalmente, sentenciaba.
Además de esto, en el Sistema Inquisitivo el juicio se desarrollaba de manera escrita principalmente, debido a que, la escritura dominaba la totalidad de los actos, lo cual anulaba el aspecto humano y sensitivo que debe regir todo proceso penal. Por otra parte, Morales, (2006:7); consideraba que se debía observar que: ³el Sistema Inquisitivo es propio de los países que se corresponden con el autoritarismo, completamente contrarios a la democracia´. Igualmente, según Brown y Rosell, (1996:29) indicaban que ³en el sistema inquisitivo que prevaleció en el proceso penal venezolano hasta finales de la década de los años 90¶, la igualdad como el principio procesal que engloba a su vez los principios de contradicción y de defensa, se encontraban disminuidos o mejor dicho prácticamente ausentes en dicho sistema´. En lo que respecta a este tenor la autora Yincón (2000:45-46) afirma que ³al estar la justicia penal sustentada en el modelo inquisitivo, el acceso a ella era de carácter selectivo, con lo cual se intensificaba la desigualdad de los ciudadanos ante la aplicación de la justicia penal´. Aunado a ello, el sistema inquisitivo se caracterizó por la inobservancia de la normativa en su práctica lo que condujo a un total irrespeto en lo que a la defensa del imputado se refiere, sumado al hecho de que era una justicia extremadamente lenta y dependiente de los órganos de la policía judicial que decían actuar como órganos auxiliares de la administración de justicia. Ahora bien, con la adopción del modelo acusatorio, tras la promulgación y posterior entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P.).Venezuela se adapta a las formas modernas de administrar justicia, de esta manera lo expresaba Yincón, (2000:42): ³la justicia se constituye fundamentalmente en un importante valor de orden social y político, garantizado y reconocido por el Estado de Derecho en la medida en que se cumplan los principios de libre acceso a la jurisdicción,
transparencia, igualdad, independencia, celeridad, eficacia, así como todos aquellos axiomas que traducen ideales democráticos´. Este nuevo instrumento penal adjetivo venezolano, recoge una serie de garantías jurídicas cuya finalidad principal es asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas que se hallen bajo proceso judicial y en concordancia con los compromiso internacionales que sobre esta materia el estado Venezolano había venido asumiendo a través de la suscripción de pactos y tratados internacionales y que debían pasar a formar parte el ordenamiento jurídico interno. De esta manera Morales, (2001:124) define: ³« El C.O.P.P. representa un pase hacia una nueva era judicial, caracterizada por un sistema jurídico novedoso, moderno desprovisto de vicios como la impunidad, el terrorismo y la corrupción, amparado en este código cuyos principios y garantías promueven el respeto y la defensa de los derechos humanos de los procesados´. Aunado a lo anterior, con la llegada del sistema acusatorio a la administración de justicia penal en Venezuela, estaba surgiendo en lo que atañe al poder punitivo una relación de tinte mas humanitaria entre el Estado y sus ciudadanos al estar inmersa en dicha relación un derecho de tanta significación para el individuo como es el derecho a la libertad. Por su lado, Fernando Fernández (2000:1) en lo relacionado con el C.O.P.P. y su relación con los Derechos Humanos afirma lo siguiente: ³El legislador del C.O.P.P., al instaurar en Venezuela el sistema acusatorio, oral y público, también incorporó al proceso penal los fundamentos y características que configuran la doctrina de los DD.HH, los cuales podrían ser agrupados de la siguiente manera: 1) son anteriores y superiores al Estado; 2) están consustanciados con la democracia y el Estado Constitucional de Derecho; 3) son universales; 4) están
mundializados; 5) su incolumidad es objeto del escrutinio de interpretación extensiva y progresiva; 9) son inviolables.´
6) constituyen un sistema interdependiente; 7) son inherentes a las personas; 8) son
Por lo tanto, Morales, (2001:127) indicaba que: ³el Código Orgánico Procesal Penal prevé al establecer una serie de principios y garantías procesales, aquellas situaciones en las cuales pudiera estar en juego el respeto de los derechos humanos de las personas procesadas ante una actuación determinada´. Así mismo El Código Penal adjetivo Venezolano de finales del siglo pasado (C.O.P.P.), plasmó en sus normas un conjunto de principios y garantías judiciales esenciales reconocidas internacionalmente, que pudieran avalar un proceso penal justo, no sólo para el imputado sino también para la víctima: la participación ciudadana en la administración de justicia, la autonomía e independencia de los jueces, la garantía de ser juzgados por jueces naturales, la presunción de inocencia, el principio de afirmación y respeto de la libertad y, en fin, toda una serie de derechos que perfilan el sistema acusatorio venezolano como principista y garante efectivo de los Derechos Humanos. En sentencia de fecha 10 de enero de 2002, la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal dejó sentado las bases del sistema acusatorio penal en los siguientes términos: ³El sistema acusatorio contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal es de corte principista y no reglamentario, establece una serie de principios fundamentales que van a servir como norte a las normas que regulan los distintos institutos procesales. La anunciabilidad de un principio es suficiente para que sistemáticamente en la misma ley procesal penal se le busque la solución procedimental para salvaguardar el principio anunciado. Jamás podría concluirse que algunos de los principios que
constituyen reglas del debido proceso dejen de aplicarse por carecer de procedimiento expreso que los conduzca al conocimiento del tribunal´. Asimismo, la publicidad y la oralidad constituyen características fundamentales del nuevo proceso penal venezolano y las mismas deben imperar en las diversas etapas que componen dicho proceso. Con la publicidad, se extingue uno de los elementos más nocivos que presentaba el sistema inquisitorio presente en el Código de Enjuiciamiento Criminal como lo era el secreto sumarial, que permitía la confección del hecho punible sin ningún conocimiento por parte del entonces indiciado. La institución del llamado secreto sumarial, estaba consagrada en la hoy también derogada Constitución Nacional de 1961. Esta institución era perjudicial tanto para el procesado como para su defensa, debido a que las pruebas se practicaban en secreto y el procesado solo se enteraba de ello cuando le dictaban auto de detención, con lo cual se le cercenaban al individuo el respeto a sus derechos y garantías sustanciales y procesales, al mismo tiempo que se favorecía el retardo procesal y en consecuencia la impunidad. Es por ello, expresa Morales, (2006: 12) que: ³la oralidad en el sistema acusatorio cuya significación radica en que la misma, garantiza la transparencia durante el desarrollo del juicio, debido a que las partes del proceso pueden conocer de manera directa lo que se decide en su contra; además garantiza seguridad jurídica a las partes, pues sólo podrán apreciarse las pruebas que sean incorporadas en la audiencia oral y pública´. Otra característica importante del sistema acusatorio consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal es que ahora el juez no va a tener en su haber las funciones procesales de acusar, defender y juzgar como ocurría en el sistema inquisitivo debido
a que en virtud de lo consagrado en el C.O.P.P. el Ministerio Público se erige como el titular de la acción penal en nombre y representación del Estado. En otro orden de ideas, hay que mencionar que en lo que respecta a las pruebas, el Código de Enjuiciamiento Criminal, establecía taxativamente cuáles eran las pruebas y el valor que cada una tenía, cercenándose la libre interpretación a través de la sana critica que podía hacer el juez de cada una de las pruebas. Mientras que en el sistema actual, se rige por el método de la sana crítica que como su nombre lo indica le permite al juez tener la libertad suficiente para analizar el valor y el alcance de cada una de las pruebas. Bajo este tenor, hay que acotar que con la llegada del C.O.P.P. se implantó la posibilidad de los modos alternativos para la resolución del conflicto, alternativa no prevista en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, con el pase del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, el Estado venezolano ha buscado dignificar el juzgamiento del ciudadano en conflicto con la ley penal, al mismo tiempo que este nuevo sistema le ha abierto a la victima la posibilidad de ser oída y de ser respetada. También se ha buscado con la instauración del C.O.P.P. que exista imparcialidad en el debate claridad y celeridad en el mismo y que jueces puede vigilar correctamente la aplicación de la pena entre otros aspectos. Sin embargo, no se puede negar que independientemente de los inconvenientes que haya acarreado la aplicación del sistema acusatorio este ha permitido humanizar la justicia, garantizar un proceso penal justo y sustentado en el respeto y garantía a los derechos fundamentales. El principal rasgo del procedimiento inquisitivo radica en la concentración de las funciones de investigación y juzgamiento en un mismo órgano, lo que obviamente resulta incompatible con el derecho del imputado a ser juzgado por un tribunal
imparcial. Como lo ha destacado reiteradamente la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, la imparcialidad del tribunal tiene una dimensión también objetiva, referida a la confianza que debe suscitar el tribunal en primer lugar en relación con el imputado, para lo cual es preciso que el juez que dicta la sentencia no sea sospechoso de parcialidad, y lo es si ha intervenido de alguna manera durante la fase de investigación. Uno de los paradigmas de la revolución liberal del siglo XIX fue la división del Poder. El procedimiento penal siguió el mismo principio: dividir el procedimiento, entre un órgano instructor y otro juzgador. Quien instruye, total o parcialmente, no puede dirigir el juicio y dictar sentencia. En el procedimiento acusatorio, a diferencia del inquisitivo, es oral. La oralidad, sin embargo, no es una exigencia expresa de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que consagran el derecho a un debido proceso. No es necesario, porque el juicio oral, que tiene un valor instrumental, es indispensable para realizar en la práctica otros de los principios del debido proceso, como son la publicidad, la inmediación y la concentración. El procedimiento escrito no es un medio idóneo para realizar en los hechos los principios mencionados. El juicio oral constituye el único test serio para medir la calidad de la información producida en el juicio, para controlar y valorar la prueba rendida, y para asegurar la vigencia efectiva del principio de contradicción, que son los principales objetivos a que apuntan los principios de publicidad del juicio y de inmediación y concentración. Otras consecuencias de estos principios son los siguientes: En primer lugar sería La Única instancia. No tendría sentido que el tribunal superior revisara con base en la lectura de antecedentes, la apreciación de la prueba rendida ante un tribunal colegiado que la ha presenciado directamente. Por otra parte El Rige el sistema de libre valoración de la prueba y no el de la prueba tasada. El procedimiento acusatorio supone la confianza en la capacidad de
apreciación de la prueba y de la formación de la convicción de parte de jueces que la han presenciado directamente en audiencias públicas, de acuerdo con los principios de inmediación y concentración, donde las partes han tenido iguales oportunidades de producción y control de la prueba. Lo que se persigue no es obtener la verdad histórica o real, sino la verdad procesal, construida en el juicio oral sobre la base de la confrontación de las pruebas rendidas por las partes. Cuando se habla de la nomenclatura o terminología de la prueba jurisdiccional, es necesario, en primer lugar, establecer que es prueba para el proceso jurisdiccional y cuál es su finalidad o función en el mismo. La prueba es un estado de cosas, susceptible de comprobación y contradicción, que tiene lugar en el proceso de conformidad con la ley, para producir convencimiento, no solo en el juez, sino en las partes y en el público, sobre la veracidad o falsedad de los hechos del proceso y, consiguientemente, para sustentar las decisiones. Ese estado de cosas, que puede consistir en un objeto que confiesas, otro que rinde testimonio, el juez que inspecciona, un experto que analiza y dictamina, un documento que dice algo o un objeto que indica o sugiere algo, resulta claro entonces que ese estado de cosas en el proceso al que llamamos prueba es introducido a este a través de los llamados medios de prueba o medios probatorios. La valoración o apreciación de la prueba constituye, indudablemente, una operación fundamental en todo proceso y, por tanto, también en el proceso penal. Devis Echandia, la califica de momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, consistente en aquella operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que puede deducirse de su contenido. Mediante la misma se trata de determinar la eficacia o influencia que los datos o elementos probatorios aportados al proceso, mediante los oportunos medios de prueba, tendrán en la formación de la convicción de juzgador. La valoración de la prueba determina el
resultado que se infiere de la práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. Es por tanto una actividad intelectual que corresponde realizar exclusivamente al órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que las partes, durante las sesiones del juicio oral, dediquen gran parte de sus informes orales, a examinar, analizar y, en definitiva, a valorar la prueba practicada. El fin de la actividad valorativa del juzgador no coincide, necesariamente, con el fin de la prueba. Este podrá no alcanzarse, pero en ambos casos la apreciación de la prueba habrá logrado su objetivo, que consiste en conocer el resultado de la prueba, su eficacia. La valoración de las pruebas tiene lugar, según algunos autores, en la fase decisoria del proceso, una vez concluido el período probatorio propiamente dicho y practicadas las pruebas propuestas y admitidas. Sin embargo, la apreciación probatoria se inicia, en la realidad, desde el mismo momento en que el Juez o Tribunal entra en contacto con el medio de prueba, o mejor dicho, con la fuente de prueba; así, en el proceso penal, este contacto tendrá lugar durante las sesiones del juicio oral, salvo los supuestos legalmente admitidos de prueba anticipada. Desde este momento, y en virtud del principio de inmediación, el juzgador irá formando su juicio acerca de la credibilidad y la eficacia de la fuente de prueba. Teniendo presente lo afirmado anteriormente, la actividad valorativa de Tribunal sentenciador se orienta, dentro de la estructura jurídica de la prueba procesal, en la fase de depuración, enmarcada, a su vez, en el período de comprobación; y se traduce en el análisis crítico que realiza el órgano jurisdiccional, mediante el empleo de la máximas de experiencia, de las afirmaciones obtenidas de la práctica de los diferentes medios de prueba, al objeto de que el juzgador pueda obtener sus propias afirmaciones instrumentales que le servirán de término de
comparación con las afirmaciones iniciales realizadas por las partes. Mediante la valoración de la prueba el juez depura los resultados obtenidos con la práctica de los diferentes medios de prueba, interrelacionados unos con otros para llegar finalmente a formar su convencimiento. La valoración de la prueba y convicción o el convencimiento judicial no son conceptos equivalentes sino distintos. La primera, como actividad intelectual del órgano jurisdiccional, precede siempre a la segunda; y esta no es más que el resultado de la valoración o apreciación efectuada. Tradicionalmente la doctrina ha venido distinguiendo dos tipos de sistemas en orden a la valoración de la prueba: el sistema de la prueba legal o tasada, denominado también, de tarifa legal y el sistema de la íntima convicción o de la libre convicción o de la libre valoración de la prueba o de la apreciación en conciencia o libre convicción razonada. De acuerdo con el sistema de la libre valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica, el juez deberá valorar, ineludiblemente, las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, del criterio racional o del criterio humano; es decir, de acuerdo con las reglas de la lógica, de la psicología, de la sociología y de la experiencia. En la valoración los resultados probatorios no puede prescindirse de las máximas de experiencia. Las reglas o principios pueden resultar insuficientes en el ejercicio de la función de apreciación de las pruebas, de ahí que las mismas deban ser completadas con las reglas o enseñanzas que proporciona la psicología judicial y con las máximas de experiencia. Una de las funciones que dichas máximas de experiencia cumplen en el proceso, y que interesa destacar, es la de su utilización por el órgano jurisdiccional como instrumento para la valoración de las pruebas. No se trata de que máxima o reglas de la experiencia sea utilizada como fuente de convencimiento por el juez sino que, existiendo prueba, se utiliza a los fines de su valoración. Esta exigencia ha sido plasmada en el Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal de 1992, conocidas también como
Reglas de Mallorca. Concretamente en la regla 33 se afirma textualmente ³que los jueces valorarán libremente la prueba, con arreglo a la lógica y a la experiencia´. Ahora bien, de conformidad con los artículos 22 y único aparte del 512 de la Ley Adjetiva penal, están contemplados los sistemas que debe utilizar el juez al valorar las pruebas que se presenten dentro del proceso penal, con lo cual el juez tiene libertad para apreciar las pruebas, pero debe explicar las razones que lo llevan a tomar la decisión. Debe observarse que el sistema de la libre convicción, previsto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal no exime al juzgador de explicar las razones o motivos que lo llevan a condenar o a absolver, con base a los elementos probatorios que se obtengan en el proceso, el referido artículo es muy claro en este aspecto, al precisar que la libre convicción debe basarse en las regla de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, es decir debe utilizarse el método de la sana crítica para llegar a una conclusión razonada, plasmar en su sentencia mediante el esquema de la motivación la razón de su convencimiento judicial. Por esto el sistema que acoge en realidad el Código Orgánico Procesal Penal, es el de la libre convicción razonada. En este sentido, tenemos que de conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 512 del Código Orgánico Procesal Penal, el legislador le ordena al juez la manera de cómo apreciar las pruebas cuando se trate de un proceso que se encuentre bajo el régimen procesal transitorio, con lo que le establece que: ³..La sentencia que se dicte en el procedimiento previsto en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas deberá fundarse en los elementos probatorios que consten en autos, según la libre, razonada y motivada apreciación, bajo las reglas de la sana crítica, salvo regla expresa en contrario...³, con lo cual se observa que el juzgador en las causas que se hallaban en curso a la fecha de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, debe explicar las razones o motivos
que lo llevan a condenar o a absolver, con base a los elementos probatorios que consten en autos. Por tanto, en el Derecho Procesal Penal venezolano actual, no existe un sistema de prueba legal, vigente durante mucho tiempo en el marco del proceso inquisitivo, en el que sólo determinadas pruebas servían para demostrar la verdad de los hechos imputados, señalándose además el valor de cada una de ellas (sistema legal o tarifado). En el sistema actual de libre valoración, apoyado en el Código Orgánico Procesal Penal, a diferencia del sistema anterior, el juez es libre para obtener su convencimiento, porque no está vinculado a reglas legales sobre la prueba; puede convencerse de lo que le diga un único testigo, frente a lo que le digan varios. Ahora bien, el principio de valoración de la prueba no significa que el juez tenga faculta libre y absoluta, sin limitaciones, con total irreversibilidad de la convicción del órgano a quo respecto de los hechos probados. El principio de libre valoración de la prueba significa que el juez debe apreciar las percepciones durante el juicio según las reglas del criterio racional, es decir, según las reglas de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, y dentro de ellas el principio de contradicción e igualdad entre las partes. Un correcto entendimiento del principio de la libre valoración exige distinguir dos momentos diferentes en el acto de la valoración de la prueba: El que depende de la inmediación, de la percepción directa de la prueba, como las declaraciones del imputado, de los peritos, expertos, facultativos, funcionarios policiales y de los testigos; y El momento en que hay que darle el necesario soporte racional al juicio que se realice sobre dicha prueba.
El primer aspecto sobre la prueba (aspecto subjetivo) no es controlable, ni en apelación, ni en amparo, pero no porque la convicción del Tribunal tenga un carácter libre y absoluto, sino porque, sencillamente, sería imposible entrar a enjuiciar el sentido íntimo que el juzgador le ha dado a una determinada actitud; a las manifestaciones ante él realizadas por el acusado, un testigo, un perito, facultativo o experto, de acuerdo a esa inmediación que se manifiesta al estar en contacto directo con las pruebas cuando se está realizando el juicio oral. El juez tiene la libertad para apreciar las pruebas, pero debe explicar las razones que lo llevan a tomar esa decisión, bien sea condenando o absolviendo. Ahora bien, lo anterior no significa que el principio de libre valoración de la prueba no tenga límites. Precisamente, el segundo aspecto del juicio sobre las pruebas (aspecto objetivo) vincula al juez/tribunal a las leyes de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, luego este aspecto de la prueba si representa una materia controlable en las distintas instancias, incluso amparo, pues se trata de aplicar correctamente los artículos 22 y único aparte del 512 del Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo con las necesaria exigencias de la racionalidad (libre convicción razonada), esto es de conformidad con las exigencias que derivan de los requisitos de la sentencia (motivación), contenidos en los artículos 365 y 512 ejusdem. En definitiva, esta parte objetiva de la valoración de la prueba si puede ser controlada, a fin de salvaguardar los principios previstos en la Ley Adjetiva Penal y en la Constitución. En otro orden de ideas, en lo que respecta al sistema de la apreciación de las pruebas que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, nuestra jurisprudencia prevé que: Debe observarse que el sistema de la libre convicción, previsto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal no exime al juzgador de explicar las razones o motivos que lo llevan a condenar o a absolver, con base en los elementos probatorios que se obtengan en el proceso. El artículo 22 aludido es muy claro en este aspecto al
precisar que la libre convicción debe basarse en ³las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias´, es decir debe utilizarse el método de la sana crítica para llegar a una conclusión razonada. Por esto el sistema que acoge en realidad el Código Orgánico Procesal Penal, es el de la libre convicción razonada. Es conveniente en este punto hacer dos observaciones en lo que respecta al sistema de apreciación de pruebas que prevé el Código Orgánico Procesal Penal. En primer lugar es usual confundir el sistema de la libre convicción razonada con el método de la sana crítica en lo que respecta a la valoración de las pruebas. El primero, como se dijo, es un sistema de valoración tal y como lo son el sistema legal o tarifado y el sistema de la íntima convicción; mientras tanto que la sana crítica es un método por medio del cual se deben examinar y comparar las pruebas, a fin de que a través de las reglas de la lógica se llegue a una conclusión, o sentencia. Es más, la sana crítica, como método que es, debe utilizarse tanto en el sistema de la libre convicción razonado según lo indica el Código Orgánico Procesal Penal, como en el sistema legal o tarifado que establecía el Código de Enjuiciamiento Criminal, puesto que el artículo 42 de dicho Código, ordenaba que la sentencia debía contener una parte motiva, es decir las motivaciones o razones de hecho y de derecho que llevaban al juez al convencimiento de lo que declaraba como probado. Textualmente se ordenaba: "...se expresarán las razones de hecho y de derecho en que haya de fundarse la sentencia« y todos los puntos que hayan sido alegados y probados en autos´. Por otra parte, el artículo 268 del Código de Enjuiciamiento Criminal le ordenaba al juez que en caso de declaraciones contradictorias del mismo testigo, debía examinar cuidadosamente, comparándolas con los demás datos del proceso, para admitir lo verdadero y desechar lo inexacto, y siempre debía desestimar declaraciones que, a su juicio resultaren falsas, debiendo explicar los fundamentos que existían para creerlo así. En relación a las experticias el Código de
Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 276, le daba al juez la facultad de precisar la fuerza probatoria del dictamen pericial, teniendo en cuenta la personalidad del perito y los fundamentos científicos del dictamen. Todo esto, sin lugar a duda se basaba en el sistema de la sana crítica, pues el juez debía utilizar las reglas de la lógica y de los conocimientos científicos para llegar a una conclusión, pero lo mas importante, para explicar por qué razón decidía como lo hacía, con base en el convencimiento que le provocaba las pruebas. Es claro, entonces, que una cosa son los sistemas de libre convicción razonada y legal o tarifado, y otra el método de la sana crítica en la cual debe aplicarse las reglas de la lógica para llegar a una conclusión, método éste que debe emplearse en los dos sistemas aludidos. El segundo punto que debe aclararse es que al haberse consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal el sistema de la libre convicción, no significa que el juez o tribunal cumpla con su deber con una simple coletilla de: ³«luego de un minucioso estudio de las actas se llega al convencimiento pleno, haciendo uso de los principios de la libre convicción y de las reglas de la lógica«´ de que el procesado es culpable. Como ya se explicó, lo consagrado en el Código Orgánico Procesal Penal es el sistema de la libre convicción razonada, aplicando por tanto el método de la sana crítica que implica observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias. El juez tiene libertad para apreciar las pruebas, pero debe explicar las razones que lo llevan a tomar la decisión. Diferente es el método de la íntima convicción, propio de los jurados, en el cual éste se limita a expresar en su veredicto la culpabilidad o inculpabilidad del procesado, sin exigírsele explicar las razones por las cuales llegaron a tal conclusión. Esto es lógico porque el jurado representa al pueblo por tanto "«sería un sistema de juicio directo del pueblo, equivalente a una forma plebiscitaria en lo legislativo". (Zaffaroni, Raúl Eugenio, Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina. Pág. 162). Al
contrario, escribe el autor de la cita anterior, el tribunal técnico no ejerce una soberanía directa, sino delegada o representación republicana y por tal razón está obligada, como autoridad, a hacerlo de manera racional, a fin de que su desempeño en tal función pueda ser controlada. El artículo 44 (ahora 24) de la Constitución, dispone que en los procesos penales las pruebas ya evacuadas se estimaran, en cuanto beneficien al reo conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Aplicar el sistema legal o tarifado para este asunto es lógico, puesto que la causa se sustanció a través de un sistema inquisitivo escrito. Sería violatorio del principio de igualdad, si habiéndose buscado y realizado las pruebas a través del sistema inquisitivo, que impide la defensa durante tales operaciones, tomándose el Estado a través de la policía todas las prerrogativas del sumario y practicando las pruebas a la espalda de los procesados, luego, en el plenario se le dé total libertad al juez, para apreciar o valorar dichas pruebas a través del sistema de la libre convicción. Por un lado el Ejecutivo a través de la policía practica las pruebas en el sumario, sin control alguno, y por el otro, el Poder Judicial a través de los tribunales, aprecian dichas pruebas sin las garantías del control legal. Esto, sin duda alguna, violenta el principio de la igualdad que debe prevalecer en todo juicio puesto que el Estado, a través de dos de sus órganos, se atribuye todas las funciones del proceso, relegando la defensa a una función meramente formal. Conclusión Una de las conquistas más importantes para la justicia venezolana fue la instauración del sistema oral, en el cual la fase preparatoria se limita a pesquisar y precisar las pruebas a presentar en una audiencia que debe ser oral y pública. Esta característica trae consigo la inmediación, la identidad del juzgador, la contradicción, la concentración y la publicidad, garantías sin las cuales no se podría hablar de debido proceso.
Caso en el cual cuando estaba en vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, el sumario y la actividad sumarial era lo fundamental en el sistema inquisitivo, sumario que se convirtió en la médula del proceso penal. El proceso penal a su vez se dividió en dos etapas: el aludido sumario y el plenario, así que teóricamente quien era procesado y su defensa, que no podían actuar durante el sumario por su condición de secreto, actuarían entonces en la segunda etapa: en el plenario. Pero sucede que los que tuvimos experiencia práctica en relación a este sistema, constatamos que el plenario era una etapa totalmente inútil, llena de formalismos vacíos. Se decía, sobre todo por aquellos que abogaban por simples reformas al Código de Enjuiciamiento Criminal en vez de su erradicación total, que esta falla en el plenario se debía a la incompetencia de los operadores del proceso. No, la inutilidad del plenario obedecía a la ideología dominante que hacía del sumario la fase principal de todo el proceso. Sus notas de secreto y de estar en manos exclusivas del Estado (principalmente del órgano policial) limitaba en forma grave el derecho a la defensa. Respondía al antiguo esquema de fortalecer la función de instrucción con una injerencia enorme del Poder Ejecutivo (con sus policías). De esta manera era doble el riesgo, así como lo comenta Zaffaroni, (1986, 156) ³se lesionaba el derecho de la defensa y se desequilibraban los poderes del Estado republicano a favor del Poder Ejecutivo, y en detrimento obviamente del Poder Judicial´. En la etapa sumarial se realizaban todas las pruebas, no es que se preparaban y controlaban como en el actual proceso, sino que se ³evacuaban´ como textualmente se leía en el Código de Enjuiciamiento derogado, entonces: ¿qué quedaba para el plenario? Ya se habían tomado las declaraciones de los testigos, los expertos habían presentado sus resultas y las habían ratificado, las inspecciones oculares, reconocimientos en ruedas de personas y declaraciones informativas (de los procesados) se habían realizado, no quedaba entonces mas nada que hacer que pudiera tener algún valor para decidir. Si a esto se sumaba que el Código de Enjuiciamiento Criminal le daba valor judicial a estas actuaciones policiales, a menos
que se demostrara lo contrario en el plenario, y que el artículo 205 ordenaba que el juez, antes de declarar por terminada esta etapa sumarial, debía revisar el expediente y si encontraba faltas debía ³«subsanarlas, indicando las diligencias que con tal objeto hayan de practicarse´, debe concluirse que el plenario era inútil pues nada se podía probar, por la sencilla razón de que todo estaba probado. Por otra parte y gracias a la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal y de esa necesidad de devolverle a la justicia penal su sentido democrático, el proceso penal se ha venido construyendo no como un simple modelo de represión, sino como, un conjunto de reglas, que preservando las garantías procesales, le permitan al juez conocer la verdad de los hechos, y aplicar las normas que correspondan, según la ley y el derecho. Toda esta situación que se ha venido narrando fue lo que impulso a la legislación procesal venezolana a sustituir ese sistema de enjuiciamiento totalmente inquisitivo. Se deja atrás el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal el cual se basa en el sistema de la prueba legal y dejando vigente que los medios probatorios deberán ser apreciados por el tribunal según su libre convicción, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, descartándose la apreciación arbitraria, ya que, el juez deberá realizar un juicio libre pero razonado, estimando lógicamente cada una de las pruebas practicadas. Vinculando además de este el principio de oralidad, en cual es más que un principio, pues, lleva consigo la inmediación, la concentración y publicidad. Bibliografia BORREGO, C. (1998). Las pruebas en el nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Código Orgánico Procesal Penal. Mc Graw Hill, Caracas (Venezuela),
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Republica Bolivariana de Venezuela Nº 5.45, del 24 de Marzo de 2000.
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References: artículo 257
e contrario
 resolución 
 artículo 22
 artículo 512
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 42
 artículo 268
 artículo 276
 artículo 44
 artículo 205