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Timestamp: 2017-08-18 22:20:09+00:00

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Evolución histórica y su perfeccionamiento
Definiciones de Acción Pauliana.
Fraudator: deudor doloso que ha caído en insolvencia o ha enajenado la prestación que iba a serle frente a su(s) acreedor(es) con la intención de no pagarle. Es la parte demandada.
Proyección de la Acción Pauliana en el Derecho Civil
La Acción Pauliana en nuestra legislación está regulada de modo específico en nuestro Código Civil, en el artículos 2.370.
Pero el art. 2.369 tutela la nulidad de los actos del Deudor sobre los bienes concursados.
Art. 2369.- (NULIDAD DE ACTOS DEL DEUDOR SOBRE BIENES CONCURSADOS).- Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los acreedores.
Código Civil (Libro IV): Arts. 1630, 1697, 1698.
Código de Procedimiento Civil, Codificación: Arts. 507, 512.
El deudor puede hacer cesión voluntaria de sus bienes cuando, por caso fortuito o fuerza mayor, no se halle en condiciones de pagar a sus acreedores. Si no hace dicha cesión, sus acreedores pueden pedir al Juez que abra un concurso de acreedores en conformidad con las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.
En cualquiera de estos dos casos, no podrá el deudor vender, permutar, donar, hipotecar o empeñar los bienes que haya cedido a sus acreedores o los bienes concursados, bajo pena de nulidad de tales actos. Esta nulidad tiene el carácter de absoluta, por tratarse de un acto expresamente prohibido por la ley (objeto ilícito) y constituye una garantía en beneficio de los acreedores para contrarrestar las acciones dolosas del deudor.
Art. 2370.- (ACCIÓN RESCISORIA PAULIANA).- En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:
Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores; y,
Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año, contado desde la fecha del acto o contrato. 24
Código Civil (Libro II): Arts. 722, 817, 835.
Código Civil (Libro III): Arts. 1261, 1225, 1410.
Código Civil (Libro IV): Arts. 1456, 1630, 1698, 2286, 2309, 2337, 2424.
Código de Procedimiento Civil, Codificación: Arts. 507
El Art. 2.969 hace referencia a los actos ejecutados por el deudor después de que ha hecho cesión de bienes o de que se ha abierto concurso. En cambio el Art. 2370 complementa dicha disposición ya que se refiere a los actos ejecutados por el deudor antes de la cesión o declaración de concurso.
El inc. 1° del Art. 2.370 señala a continuación: “en cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso (declaración de quiebra), se observarán las disposiciones siguientes”, y señala tres reglas que estudiaremos en esta sección.
Con la declaración de quiebra, los acreedores atajan todos los actos del deudor que los puedan perjudicar, pero es posible de que antes que ella llegue, el deudor haya efectuado algunos actos de mala fe, con el exclusivo afán de burlar a sus acreedores. La posible negligencia del deudor, que puede privar a los acreedores de bienes que normalmente debieron ingresar a su patrimonio.
Aquí estamos frente a una situación más grave; el deudor maliciosamente ejecuta actos destinados a perjudicar la garantía general que sobre su patrimonio tienen los acreedores. No se trata ya de no enriquecerlo, sino de empobrecerlo intencionalmente, como si por ejemplo dona todos sus bienes a un tercero no quedando en qué hacer efectivos los créditos de los acreedores.
Estas acciones fraudulentas del deudor pueden efectuarse de dos maneras: otorgándose un acto aparente de enajenación, simulando deudas que no existen, etc. Si se prueba la simulación, los acreedores pueden ampararse en la acción propia de esta institución. En otras ocasiones, el acto puede ser real, pero celebrado con el solo afán de perjudicar a los acreedores, como ocurre en el ejemplo antes dado.
Frente a este fraude, el legislador no puede quedar indiferente, y concurre en auxilio de los acreedores otorgándoles la acción pauliana o revocatoria para que dejen sin efecto dichos actos del deudor en la parte que los perjudican.
Ver ACCION PAULIANA, Gaceta Judicial. Año 1. Serie II. Nro. 81. Pág. 645. (Quito, Octubre 23 de 1884).
Ver RESCISION DE CONTRATOS DE BIENES EJECUTADOS, Gaceta Judicial. Año II. Serie II. Nro. 93. Pág. 743. (Quito, Septiembre 2 de 1887).
Ver ACCION RESCISORIA, Gaceta Judicial. Año XXI. Serie IV. Nro. 99. Pág. 790. (Quito, 31 de Enero de 1923).
Ver ACCION PAULIANA, Gaceta Judicial. Año XXVIII. Serie V. Nro. 20. Pág. 357. (Quito, 3 de Abril de 1930).
Ver PRESUNCIONES GRAVES, PRECISAS Y CONCORDANTES, Gaceta Judicial. Año XXXI. Serie V. Nro. 67. Pág. 1560. (Quito, 24 de Junio de 1932).
Ver ACCION RESCISORIA, Gaceta Judicial. Año XXXI. Serie 5. Nro. 73. Pág. 1730. (Quito, 20 de Diciembre de 1932).
Ver COLUSION, Gaceta Judicial. Año XLI. Serie 6. Nro. 14. Pág. 886. (Quito, 15 de Mayo de 1944).
Ver ACCION PAULIANA, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. Nro. 14. Pág. 1662. (Quito, 20 de Diciembre de 1950).
Ver ACCION PAULIANA, Gaceta Judicial. Año LV. Serie 7. Nro. 15. Pág. 1747. (Quito, 18 de Febrero de 1952).
Ver RESCISION POR ACCION PAULIANA, Gaceta Judicial. Año LXVI. Serie X. Nro. 2. Pág. 1997. (Quito, 29 de Mayo de 1961).
Ver ACCION PAULIANA, Gaceta Judicial. Año LXXI. Serie XI. Nro. 2. Pág. 259. (Quito, 7 de Mayo de 1968).
Ver ACCION PAULIANA, Gaceta Judicial. Año LXXXII. Serie XIII. Nro. 13. Pág. 3033. (Quito, 29 de Julio de 1981).
La Acción Pauliana fue producto de la necesidad de controlar los actos del deudor, que en caso de mala fe, podían disponer para causar daño al derecho del acreedor. Desde sus inicios, cuando con una serie de recursos que controlaban situaciones similares; curiosamente esa situación se mantiene en nuestros tiempos, donde no existe una informidad de los instrumentos jurídicos para estos casos, como notamos en el estudio de la sentencia fijada donde se discutía posteriormente, que en vez de proceder el recurso de la acción pauliana, debía ser utilizado la acción rescisoria o de resolución.
No. 52-2002
Dentro del juicio ordinario de nulidad de contrato de compra venta No. 196-2001 propuesto por Mariana Guamán Agila y Miriam Guamán en contra de Segundo Eladio y Andrés Montalvan Díaz, se ha dictado lo que sigue:
Quito, marzo 11 de 2002; las 09h00.
VISTOS: María Isabel Guamán Agila y Miriam Alicia Guamán deducen recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Segunda de la Corte Superior de Loja, en el juicio ordinario de acción pauliana que siguen las recurrentes en contra de los hermanos Segundo Eladio Montalván Díaz y Andrés Honorio Montalván Díaz. Aducen que en la sentencia se ha dejado de aplicar, por analogía, el artículo 2393 del Código Civil, y se cita desatinadamente las normas legales de los artículos 2394 y siguientes del Código Civil, que no son aplicables al caso. Por concedido el recurso, sube a la Corte Suprema de Justicia y, por el sorteo de ley, se radica la competencia, en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que en providencia del 29 de agosto del 2001 acepta a trámite el recurso. Concluida la sustanciación, atento el estado de la causa, para resolver se considera: PRIMERO: Como ha resuelto esta Sala en numerosos fallos, el ámbito dentro del cual puede actuar el Tribunal de Casación está dado por el propio recurrente, quien en el recurso de casación, al determinar la causal o causales del artículo 3 de la ley de la materia y la cita exacta de las normas de derecho que, a su criterio, se han transgredido, delimita la competencia de aquel. El Tribunal de Casación no puede, pues, enmendar errores ni completar omisiones en la formulación del recurso de casación y, en general, casar la sentencia de oficio, salvo que encuentre que se han omitido solemnidades sustanciales o que se ha violado el trámite inherente a la naturaleza del asunto o de la causa que se está juzgando, que no sean susceptible de convalidación y hayan producido indefensión, o que falte alguno de los presupuestos para poder dictarse sentencia de mérito o fondo, como el caso de falta de legitimo contradictor. Por estas razones, en el presente recurso esta Sala se circunscribirá a examinar y resolver la acusación formulada por las recurrentes, con respaldo en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, de que en la sentencia se ha omitido aplicar, por analogía, el artículo 2393 del Código Civil y se ha citado desafortunadamente el artículo 2394. SEGUNDO: Según el artículo 2391 del Código Civil, toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el articulo 166 1 quien contrae una obligación personal está constituyendo una prenda general de todos sus bienes a favor de su acreedor. En consecuencia, cuando el deudor no paga voluntariamente la deuda al acreedor este tiene derecho para acudir ante los órganos judiciales a fin de que se obligue al deudor a pagarle mediante la venta forzosa de sus bienes (embargo y remate), para con el producto de esta venta cubrir su crédito; pero hay casos en el que el acreedor se topa con la novedad de que el deudor, notificado con el mandamiento de ejecución, no paga ni dimite bienes equivalentes para el embargo. También puede suceder que el deudor, de acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 9, Título IV, Libro Cuarto del Código Civil (artículos 1657 a 1667), se acoja a la cesión de bienes cumpliendo los requisitos señalados en los artículos 527 y 528 del Código de Procedimiento Civil. En los supuestos mencionados, el acreedor puede pedir que se inicie juicio de concurso de acreedores y, consiguientemente, se declare insolvente al deudor; tratándose de comerciantes matriculados el juicio se denomina de quiebra. Ahora bien, el deudor para evadir el pago, puede recurrir al arbitrio de enajenar y traspasar sus bienes a terceros. Esta enajenación puede tener lugar en dos momentos distintos: 1) por actos o contratos ejecutados por el deudor, relativamente a sus bienes, antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso de acreedores y 2) por actos o contratos ejecutados por el deudor relativos a sus bienes, posteriores a la cesión de bienes o la apertura del concurso de acreedores. El Código Civil para proteger al acreedor ha previsto acciones peculiares para cada uno de los mencionados casos, en los artículos 2394 y 2393. El primero de los artículos nombrados regula la acción concerniente a actos o contratos de enajenación de bienes del deudor antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso, y el segundo, después de producidos estos actos jurídicos.- TERCERO: La acción establecida en el artículo 2394 del Código Civil es la llamada por la doctrina acción pauliana. Para la procedencia de esta acción, por actos o contratos onerosos, prevista en el inciso primero del artículo citado, deben cumplirse las siguientes condiciones: a) Que el deudor no haya pagado ni dimitido bienes equivalentes, notificado con el mandamiento de ejecución. De lo contrario, el actor no podría alegar perjuicio, pues los bienes de aquel alcanzarían para el pago de sus obligaciones; y, b) Que entre el deudor y tercero adquiriente haya connivencia en el fraude, connivencia que se presume si el tercero conocía el mal estado de los negocios del primero. Esta es una exigencia derivada de la seguridad de las transacciones; si bastara la mala fe del enajenante, nadie pudiera estar seguro de los derechos que adquiera, por más que haya pagado el justo precio y haya actuado con total buena fe.- En cambio, para la procedencia de la acción pauliana, por actos o contratos a título gratuito, previsto en el inciso segundo del artículo 2394 del Código Civil, basta cumplirse la condición señalada en la letra a); la rescisión del acto o contrato a título gratuito, no supone la pérdida de derecho de propiedad a cambio de una prestación equivalente, sino simplemente la extinción de un beneficio, de allí que es lógico que la ley no sea tan severa como en el caso del traspaso oneroso de los bienes. CUARTO: El único cargo formulado por las recurrentes, es el de que la sentencia adolece del vicio in iudicando previsto en la causal primera del articulo tres de la Ley de Casación porque no se ha aplicado por analogía al caso concreto de la litis el artículo 2393 del Código Civil. En la fundamentación del recurso expresan: Desafortunadamente, con criterio estacionario en la función y finalidad del derecho, desestimando que nosotras fundamentamos nuestra acción pauliana, invocando por analogía, lo dispuesto en el artículo 2393 del Código Civil, habida cuenta de que la <analogía> es <la relación de semejanzas entre cosas distintas> o también <analogía es la semejanza entre cosas o ideas distintas, cuya aplicación se admite en derecho para regular, mediante un caso previsto en la ley>, art. 2393 del Código Civil, que prescribe precisamente que <son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión>.-c) en la sentencia materia de la casación, se han infringido lo dispuesto en el artículo 2393 del Código Civil, que es la única norma legal aplicable a un acto fraudulento, como en el presente caso, es el contrato de la compraventa simulada, de la única propiedad que tenía el demandado y deudor señor Segundo Eladio Montalván Díaz; fraude que consistió en la realización de un acto engañoso, como era el ficticio contrato de traspaso de dominio, y con ello irrogarse perjuicios económicos. - d) la causal en que apoyamos el presente recurso de casación, está señalada en el artículo 3, numeral 1 de la Ley de Casación; y, e) por otra parte, el presente recurso de casación de la sentencia, la fundamentamos en la siguiente forma: Ira. La falta de aplicación, por analogía, de lo dispuesto en el citado art. 2393 del Código Civil. 2da. La falsa interpretación de lo demandado, y sin que pudiéramos saber por qué razones, se pasa por alto lo que demandamos, cuando en el libelo de demanda consta que lo que demandamos es la declaración de nulidad de contrato de compraventa, que es lo principal.- 3ra.- La desatinada cita de las normas legales del articulo 2394 y siguientes del Código Civil, que no son aplicables al caso; y, 4to. El criterio de que no existe fraude". QUINTO: Está claro que las actoras han promovido la acción pauliana, que es la que se ha debatido en el juicio y resuelta en la sentencia impugnada. Esta acción, como se explica en el Considerando Tercero, está establecida, de manera clara y expresa en el inciso primero del artículo 2394 del Código Civil; mal se podría aplicar, entonces, en la sentencia, el artículo 2393 que establece la acción de nulidad por actos o contratos ejecutados por el deudor después de iniciado en su contra el juicio de concurso de acreedores, exista o no connivencia de los contratantes para perjudicar al acreedor, sea a título gratuito u oneroso. Esta nulidad se funda en que al iniciarse tal juicio se presume la insolvencia del deudor, y el deudor insolvente pierde su capacidad legal para intervenir en actos o contratos de carácter patrimonial; además, sus bienes deben ingresar a la masa del concurso, que se entregarán en depósito al sindico designado y, previo avalúo, serán vendidos mediante el procedimiento de remate. La analogía procede, únicamente cuando hay vacío o laguna legal, como categóricamente preceptúa la regla 78 del artículo 18 del Código Civil.- El legislador dicta la norma de derecho con un sentido abstracto a fin de que ella pueda regular las relaciones entre los individuos y hacer posible la connivencia social. La norma de derecho sirve para resolver las diferencias en la divergente apreciación de los respectivos derechos y restablecer el derecho violado. La aplicación de la norma abstracta al caso concreto constituye la función de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, la aplicación o subsunción del caso concreto a la norma ofrece frecuentemente serias dificultades, porque ciertos matices del hecho enjuiciado no han sido previstos por el legislador, dando lugar a la laguna de la ley. Las lagunas o vacíos de la ley son los casos jurídicos que no tienen una solución establecida en la ley. El Juez al momento de dictar sentencia, primeramente hace el examen del material fáctico para llegar a la convicción de la verdad o no de lo afirmado por el actor en la demanda, o del demandado al contradecirla, en la contestación a la demanda. Una vez que ha adquirido esa convicción y reducido los hechos a un tipo jurídico determinado, busca la norma o normas de derecho en las cuales debe encajar o subsumir esos hechos; pero hay circunstancias en que por más que busque y rebusque no hay en el derecho positivo formulado una norma que sea aplicable al caso concreto debatido, es decir, confirma la existencia de una laguna en la ley. En este supuesto, el Juez debe acudir a la analogía, y en último término a los principios del derecho universal; porque toda controversia sometida a un órgano jurisdiccional ha de ser resuelto en cumplimiento del mandato contenido en el inciso primero del artículo 18 del Código Civil, que dice: "Los jueces no pueden suspender ni denegar la administración de justicia por oscuridad o falta de ley". En nuestro sistema jurídico, hay casos en que no se encuentra una norma o un conjunto de normas que establezcan la solución a determinado conflicto. Por muy generales que sean los términos que emplee el legislador nunca podrá regular toda las situaciones que se presenten en la vida; esta es más ingeniosa que aquel y el mejor de los juristas' La analogía representa una extensión de la ley a casos distintos de los expresamente previstos, en aplicación del axioma latino ubi eaden legislatio, ibi codem est legis dispositio (donde existe la misma razón debe aplicarse la misma regla de derecho). Según la doctrina, la analogía es de dos clases: 1) analogía legis, en que la solución se busca en otra disposición legal o en otro complejo de disposiciones legales; y, 2) analogía juris, en que la solución se busca en el conjunto de la legislación vigente, o sea, en todo el sistema legal. SEXTO: Tampoco es admisible la tesis de las recurrentes de que la acción promovida por ellas es la de nulidad por simulación por existir equivalencia entre ésta y la acción pauliana. Por lo contrario, la acción pauliana es distinta de la acción por simulación. De acuerdo con la doctrina, recogida por nuestra legislación, las diferencias notables son las siguientes: 1) la acción de simulación se propone dejar al descubierto el acto o contrato realmente querido y convenido por las partes, y anular el aparente; en cambio la acción pauliana se propone rescindir un acto o contrato real o verdadero; 2) los actos o contratos de bienes hechos mediante simulación quedan sin efecto y aquellos se reintegran al patrimonio del enajenante; en cambio, la acción pauliana no produce el reintegro de los bienes al patrimonio del deudor, sino que se limita a remover los obstáculos para que el acreedor pueda cobrar su crédito con la venta forzosa de los bienes del deudor; 3) el que intenta la acción de simulación no tiene necesidad de probar que el deudor no haya pagado ni dimitido bienes equivalentes, notificado con el mandamiento de ejecución, puesto que se trata de un remedio conservatorio; en cambio, en la acción pauliana es imprescindible esa prueba; y, 4) la acción pauliana prescribe en el corto tiempo de un año, mientras que la acción de simulación está sujeta a los plazos de prescripción generales. SEPTIMO: En su demanda las actoras deducen conjuntamente dos acciones: la nulidad de la escritura de compraventa celebrada entre Segundo Eladio Montalván Díaz, en calidad de vendedor, y Honorio Montalván Díaz, en calidad de comprador, y. al mismo tiempo la nulidad del contrato de compraventa contenido en esa escritura. Es inexacta, por tanto, la afirmación que se hace en la sentencia recurrida, que los actores han pretendido sólo la nulidad de la escritura mencionada; pero este error de apreciación no ha sido determinante para la parte dispositiva de la sentencia; es decir, su trascendencia no llega hasta tal punto que de no haberla cometido el juzgador, el fallo hubiese sido diferente al expedido, Así lo dispone la última parte de la causal primera del articulo 3 de la Ley de Casación. OCTAVO. Otra de las alegaciones de las recurrentes en el recurso deducido es que en la sentencia se mantiene el criterio de que no ha existido fraude. Al respecto se anota: el fraude, de acuerdo con nuestro sistema legal, no se presume, el que lo alega debe probarlo. En esta virtud para saber si en realidad ha habido fraude en la compraventa mencionada, necesariamente tendría que acudirse a los medios de prueba producidos en el juicio, lo que no cabe cuando se deduce el recurso de casación por la causal primera del artículo 3 de la ley de la materia. Como ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones e Sala, el vicio previsto en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, es el llamado por la doctrina violación directa, porque se da independientemente de todo yerro en la apreciación de los hechos. Quien deduce el recurso de casación por la causal primera está reconociendo tácitamente la verdad o acierto de las conclusiones sobre el material fáctico a que ha arribado el Tribunal de instancia. En esta virtud, este Tribunal de Casación no tiene atribuciones para entrar a analizar si en la sentencia existen vicios en la valoración probatoria concernientes al supuesto fraude o connivencia entre el vendedor y el comprador para perjudicar a los acreedores del vendedor. Aquello, pudiere hacerlo solo de haberse interpuesto el recurso de casación por la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, causal que no ha sido invocada por las recurrentes. - Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja, en el juicio seguido por Mañana Isabel Guamán Agila y Miriam Alicia Guamán en contra de Segundo Eladio Montalván Díaz y Andrés Honorio Montalván Diez. Sin costas. Con arreglo al artículo 17 de la Ley de Casación, entréguese el monto de la caución depositada a la parte perjudicada por la demora, Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres,. Ernesto Albán Gómez, Santiago Andrade Ubidia y Galo Galarza Paz, Ministros Jueces.
RAZON: Es igual a su original.- Certifico - Quito, a 13 de marzo del 2002.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema.
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References: artículo 2393
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2393
 artículo 2394
 artículo 2391
 artículo 2394
 artículo 2394
 artículo 2393
 artículo 2393
 artículo 2393
 artículo 3
 artículo 2394
 artículo 2393
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 17