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Timestamp: 2019-10-16 15:12:04+00:00

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fallos para derecho tributario | Impuestos | Prescripción
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AÑO 1977 de esta instancia serán distribuidas, asimismo, en el orden causado, en atención a la naturaleza de la cuestión
planteada y a la forma en que se resuelve.
PETROQUIMICA ARGENTINA S.A. c/FISCOs/ repetición
Hechos: La actora solicita la repetición del importe en concepto de “arancel consular” por la importación de bienes
para ser incorporados al país como inversiones de capital. La cámara rechaza la solicitud de la actora, y reposa su NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. c/ ESTADO NACIONAL s/ D.G.I.
fundamento en la teoría civil plasmada en MellorGoodwin: “la falta de prueba del empobrecimiento del solvens(es
decir, quien paga) hacía jugar la presunción de que la carga tributaria había sido trasladada a un tercero”. Hechos: La actora demandaba la restitución de sumas ingresadas en concepto de tributo para Financiar
Desequilibrios Fiscales Provinciales, Pagó, entonces, a raíz de desarrollar su actividad comercial, que era la venta de
Fallo de la Mayoría:La Corte revoca el fallo de cámara. Dice que el interés inmediato y actual del contribuyente que cigarrillos. Se defiende la actora diciende que cuando la ley fue tratada para su prórroga, fue a Senadores y NO a
paga un impuesto existe con independencia de saber quién soporta el precio del tributo. La ley 11683 no exige, a diputados (que había sido la cámara de origen), por lo que no se respetaron los requisitos mínimos e indispensables
diferencia de la teoría contenida en la normativa civil, la prueba que acredite el empobrecimiento del solvens. Esta que condicionan la creación de una ley. Primera instancia rechaza la demanda de la actora; dice que no sufrió un
ley reza “solve et repete” (paga y reclama) y no puede prevalecer la legislación civil; solo exige el presupuesto del perjuicio personal ni patrimonial, ya que trasladó el impuesto al precio final de venta de los cigarrillos. La Cámara da
pago previo y que el pago haya sido sin causa (por eso “pago indebido”), Fallan a favor de Petroquímica. vuelta el fallo de primera instancia, y falla a favor de la actora.
AÑO 1989 (DICIEMBRE) Fallo de la Mayoría: La actora, al pedir la inconstitucionalidad debe probar el gravamen en el caso concreto, lo que
no pudo. El impuesto integraba el precio de venta de los cigarrillos, fue trasladado, por lo cual no hubo lesión
NAVARRO VIOLA c/ ESTADO NACIONALs/ REPETICION patrimonial. Se revoca la sentencia de Cámara y se falla en CONTRA de NOBLEZA. Agregan que esta decisión no
significa adherir a “Mellor”, ya que la falta de perjuicio personal es en realidad el gravamen exigido para pedir la
Hechos: La actora solicita la repetición de una suma ingresada en concepto de tributo creado por ley. La Cámara tacha de inconstitucionalidad de una norma (y NO para la acción de repetición, como SI pasa en Mellor).
revoca parcialmente, HACIENDO LUGAR a la peticiónde la actora. El Fisco apela.
Fallo de la Mayoría:En el caso, los bienes cuya titularidad configura el hecho imponible (descripto en aquella norma
creadora del tributo) NO integran el patrimonio del sujeto pasivo a la fecha de la entrada en vigor de la citada norma AÑO 2003 (SEPTIEMBRE)
legal. La actora había donado las acciones previa entrada en vigor de la ley.
QUIEBRA FILCROSA S.A. s/ INCIDENTE DE VERIFICACION MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
Para que la confiscatoriedad pueda prosperar, es necesario demostrar que el gravamen cuestionado excede la
capacidad económica o financiera del contribuyente. En este caso, aquella manifestación de riqueza o capacidad Hechos: la comuna de Avellaneda se presenta a verificar un crédito en la quiebra de FILCROSA S.A., y el síndico de
contributiva, requisito de validez de todo gravamen, fue AGOTADA antes de la sanción, por lo cual su capacidad la quiebra opone excepción de prescripción contra dicho crédito. Filcrosa decía que corrían los plazos del derecho
contributiva se modificó CONFIRMAN la sentencia apelada, fallan A FAVOR de NAVARRO VIOLA. común.
Disidencia: Petracchi; dice que la modificación patrimonial no importa la imposibilidad de verificación del hecho Se discute entonces, el derecho local (ordenanza de la comuna de Avellaneda: 10 años) contra el derecho común del
imponible, pues no significa necesariamente la disminución de la capacidad contributiva. Código Civil y Comercial de la Nación (5 años).
Fallo de la Mayoría: Fallan FAVOR DE FILCROSA, prevalece el C. Civil (plazo quinquenal). Dice la Corte quela
prescripción liberatoria pertenece al derecho común, por lo que es facultad del Congreso de la Nación regularla,
5) Que la ley 22.604 (B. O. 9/6/82) estableció un impuesto de emergencia que debía aplicarse en todo el territorio de conforme al art. 75 inciso 12. La prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto
la Nación, por única vez, sobre los activos financieros existentes al 31/12/81 (art. 1º). De acuerdo con los hechos que general del derecho.
el a quo dio por probados, la actora poseía al 31/12/81 acciones de Sucesores S.A. y de Cautela S.A., parte de las
cuales donó a la Fundación Navarro Viola el 5/4/82. Sancionada la ley 22.604, la actora pagó el tributo FILCROSA
correspondiente, incluyendo en tal ingreso el importe que correspondía a las acciones donadas, a pesar de
considerar improcedente el gravamen en este aspecto, e interpuso luego el pertinente reclamo de repetición. 6) Que Hechos:
corresponde precisar, liminarmente, que -conforme a los términos del recurso extraordinario y de la sentencia
apelada- la cuestión que debe resolverse, se limita a determinar la conformidad del gravamen creado por la La municipalidad de Avellaneda promueve incidente de verificación en la quiebra de Filcosa S.A porque adeuda
ley 22.604 con los preceptos constitucionales invocados, en supuestos en los que, como el presente, los bienes tasas municipales. La Sindicatura de la misma invocó el art. 4027, inc. 3°, del Código Civil que establece que la
cuya titularidad configura el hecho imponible no integran el patrimonio del sujeto pasivo al momento de entrar prescripción es de cinco años.-
en vigor la citada norma legal. 8) Que la premisa de tal conclusión está constituida, obviamente, por la existencia de
una manifestación de riqueza o capacidad contributiva como indispensable requisito de validez de todo gravamen, la
cual se verifica aun en los casos en que no se exige de aquella que guarde una estricta proporción con la cuantía de El tribunal de alzada sostuvo con remisión al dictamen del señor fiscal de cámara C que la prescripción de los
la materia imponible (Fallo: 210:855, entre otros -Rev. La Ley, 51-27- ). En tales condiciones no cabe sino concluir tributos municipales se rige por lo dispuesto en las normas locales (10 años), sin que resulte aplicable lo establecido
que la afectación del derecho de propiedad resulta palmaria cuando la ley toma cono hecho imponible una en el art. 4027, inc. 3°, del Código Civil, pues la reglamentación relativa a dichos gravámenes constituye una facultad
exteriorización de riqueza agotada antes de su sanción, sin que se invoque, siquiera, la presunción de que privativa de las provincias no delegada al gobierno federal.
los efectos económicos de aquella manifestación permanecen, a tal fecha, en la esfera patrimonial del sujeto
obligado (confr. sentencia del Tribunal Constitucional Italiano del 4/5/66, entre otras, Raccolta Ufficiale, volumen A juicio de la cámara, la potestad regulatoria local no se agota con la creación de los tributos, sino que conlleva la
XXIII, ps. 387 y siguientes). 9) Que, como lo admite el recurrente, la ley 22.604 tuvo el indudable objetivo de capacidad para establecer los medios tendientes a la efectividad de la carga impositiva, "pues de otro modo la
alcanzar con el tributo que creó a los activos financieros existentes al 31 de diciembre de 1981, sin que surja ni de su facultad reservada devendría impotente".
texto ni de la exposición de motivos que lo acompañó que, como condición de su aplicación, fuera necesario que
tales bienes permanecieran en el patrimonio del contribuyente al sancionarse la ley. Al ser ello así y no resultar Por lo tanto había que resolver si la facultad local de imponer tributos conlleva la facultad de establecer la
posible, sin forzar la letra ni el espíritu de la ley, efectuar una interpretación de ella que la haga compatible prescripción o si corresponde a la Nación según la potestad dada por el artículo 75 inc. 12
con la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional (doct. Fallos: 308:647, consid. 8º y sus citas -La Ley, 1987-
A, 160-), con el alcance que resulta de los considerandos que anteceden, corresponde declarar su invalidez.
Por ello, se confirma la sentencia de fs. 194/198 vta. en cuanto fue materia del recurso extraordinario. Las costas
Esa cuestión ya ha sido resuelta por esta Corte en varias oportunidades, en las que declaró que las legislaciones constituida por la población de la comuna, ausente en tales entidades; la imposibilidad de su supresión o
provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil eran inválidas, desaparición, dado que la Constitución asegura su existencia, lo que tampoco ocurre con los entes autárquicos; el
pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación carácter de legislación local de las ordenanzas municipales frente al de resoluciones administrativas de las
de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local. emanadas de las autoridades de las entidades autárquicas; el carácter de personas jurídicas de derecho público y de
carácter necesario de los municipios (art. 33 del Código Civil, y especialmente la distinción hecha en el texto
La prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha originario de Vélez Sársfield), frente al carácter posible o contingente de los entes autárquicos; el alcance de sus
justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el citado art. 75, inc. 12, éste no sólo resoluciones, que comprende a todos los habitantes de su circunscripción territorial, y no sólo a las personas
fijará los plazos correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, estableciera vinculadas, como en las entidades autárquicas; la posibilidad de creación de entidades autárquicas en los
también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía. municipios, ya que no parece posible que una entidad autárquica cree a otra entidad autárquica dependiente de ella;
y la elección popular de sus autoridades, inconcebible en las entidades autárquicas.
Que del texto expreso del art. 75, inc. 12°, CN, deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la
prescripción y los demás aspectos que se vinculen con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los Aun cuando no se reconozca que la autonomía de los municipios cuenta con base constitucional, tampoco puede
derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Y ello así pues, aún cuando los poderes de las prescindirse de que la necesaria existencia de un régimen municipal impuesta por el art. 5 de la Constitución
provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos, es claro que la facultad del determina que las leyes provinciales no sólo no puedan legítimamente omitir establecerlos sino que tampoco puedan
Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo, comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido, entre las cuales resulta
para concretar los derechos que reglamenta y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los aludidos esencial la de fijar la planta de su personal, designarlo y removerlo.
La norma impugnada, en tanto impone a la municipalidad rosarina admitir con carácter permanente a personal que
Solución: Las provincias no pueden ir más allá en materia de prescripción que lo que dice el derecho de fondo. sólo había sido contratado, y al que, por esa vía, se haría entrar irregularmente en categorías superiores en
desmedro de la carrera administrativa, está en pugna con el art. 5 de la Constitución por implicar una
Fallo: Rivademar, Angela Digna Balbina Martínez Galván de c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso desnaturalización del régimen municipal que pone en riesgo su subsistencia.
contencioso administrativo de plena jurisdicción.
Sumario de Internet: La validez de las normas y actos emanados del Poder Ejecutivo de facto está condicionada a
Hechos: La actora, contratada por la Municipalidad de Rosario como ejecutante musical en 1978, e incorporada a la que, explícita o implícitamente, el gobierno constitucionalmente elegido que lo suceda, la reconozca, y que la
planta permanente mediante el decreto de facto 1709, del 15 de setiembre de 1983, por aplicación del art. 133 de la restitución del orden constitucional en el país requiere que los poderes del Estado Nacional o los de las provincias,
ley también de facto 9286, impugnó por vía del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción el decreto del en su caso, ratifiquen o desechen explícita o implícitamente los actos del gobierno de facto; siendo ello así, resulta
intendente municipal, que dispuso dejar sin efecto, entre otros, el nombramiento de la demandante. La comuna se evidente la legitimidad de las autoridades municipales constitucionales de revisar los nombramientos efectuados por
opuso al progreso de la demanda sosteniendo la inconstitucionalidad del artículo 133 citado e invocó la ordenanza las de facto, máxime cuando limitaron esa revisión a las realizadas en los cargos más altos del escalafón y
municipal por la cual se sancionó un nuevo estatuto y escalafón del personal municipal. La Corte Suprema local prescindiendo de las normas que organizaban la carrera administrativa.
anuló la decisión del intendente municipal, disponiendo la reincorporación de la actora al cargo que desempeñaba.
Interpuesto recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia apelada. Las municipalidades son organismos de gobierno de carácter esencial, que tienen un ámbito propio a administrar.
Fallo: La recurrente sostiene la invalidez constitucional de la ley provincial 9286, al afirmar que, en tanto priva a la Las municipalidades no son una mera repartición administrativa del gobierno central, pues poseen autoridad en su
comuna de la atribución de organizar el estatuto y escalafón de su personal, viola el art. 5 de la Ley Fundamental en territorio y poder para designar y remover a sus empleados.
tanto desnaturaliza el "régimen municipal" al implicar una asunción directa por parte de la provincia de funciones que
hacen a la administración directa de los intereses municipales y locales; y, en especial, del art. 133 de su anexo I, en Es inadmisible que el propio gobierno de facto, mediante una ley de alcances generales,Convalidase las
cuanto dispone la incorporación automática a la planta permanente del personal que revistiera como contratado con transgresiones cometidas por él mismo, mediante el arbitrio de imponer a las autoridades constitucionales futuras, la
no menos de tres meses de antigüedad. validez de designaciones de autoridades municipales.
Si bien esta Corte tiene como misión esencial la de asegurar la primacía de la Constitución Nacional. y de las leyes
dictadas en su consecuencia por sobre cualquier norma de orden local que las contra- diga (art. 31 de la
Constitución), esa atribución no puede ser ejercitada de manera genérica sino en la medida en que se presente un AÑO 2003 (NOVIEMBRE)
caso contencioso concreto (arts. 2 y 3 de la ley 27). Por tanto, no corresponde en el sub lile entrar a examinar la
validez constitucional genérica de la ley provincial 9286 sino únicamente del art. 133 del estatuto que organiza, ya SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA c/ D.G. de Rentas de la CBsAs
que se trata de la norma específicamente aplicada para resolver este caso en particular. Hechos: la DGR (Dirección General de Rentas) determinó el monto adeudado por la Sociedad en concepto de
Frente a la discrepancia doctrinal entre la autarquía y la autonomía de las municipalidades, la Corte se pronunció ingresos brutos período 1988. La Sociedad interpuso recurso de reconsideración, pero igualmente se confirmó lo
claramente en favor del primer término de esa alternativa, considerándolas como entes autárquicos territoriales de determinado por la DGR. La actora se queja de que la sentencia que apela aplica el plazo de prescripción DECENAL
(LOCAL). Es importante destacar que la Sociedad de Beneficencia NO se hallaba inscripta en el sistema fiscal.
las provincias al definirlas como "delegaciones de los mismos poderes provinciales, circunscriptas a fines y límites
administrativos, que la constitución ha previsto como entidades del régimen provincial y sujetas a su propia Derecho en discusión: Plazo de prescripción decenal legislación LOCAL (ley 19489) contra el plazo de prescripción
legislación". quinquenal (Código Civil) Supremacía del ordenamiento jurídico federal que reconoce la prevalencia del derecho de
(Hablan de revisar esa doctrina que predominó en la jurisprudencia de calificar a las provincias como antárticas) fondo (art. 75 inc 12)
Como señala la señora Procuradora Fiscal en su dictamen, ella de ningún modo podría ser afirmada con carácter El Congreso, de las potestades tributarias para la creación y nacimiento de la obligación tributaria –dicen- es lógico
uniforme para todo el territorio de la Nación, ya que a partir de 1957 diversas constituciones provinciales han inferir que puede modificar y regular el régimen de cumplimiento y de exigibilidad. Art. 75 inciso 12 “ …sin que tales
consagrado el criterio de la autonomía de los municipios, que puede ser plena, cuando se los faculta a dictar sus códigos alteren las jurisdicciones locales…”.
propias cartas orgánicas, o semiplena, cuando no alcanza a esa atribución.
Concluyen diciendo que el gobierno local requiere de un despliegue de actividades mayor para la determinación
Por otra parte, aun prescindiendo de las prescripciones concretas de las constituciones provinciales vigentes, debe tributaria de quien no ha ingresado sus datos en el sistema (como laactora), por eso se justifica en este caso la
reconocerse que mal se avienen con el concepto de autarquía diversos caracteres de los municipios, tales como su aplicación del plazo DECENAL, y no del quinquenal. Se falla en contra de Sociedad Italiana de Beneficencia. Se
origen constitucional frente al meramente legal de las entidades autárquicas; la existencia de una base sociológica aplica la legislación LOCAL (10 años).
En cuanto a la retroactividad dice que el ahorro obligatorio: crea una obligación que corresponde a los ejercicios en
los que debió ser cumplida; y que se basa en una presunción realizada en base a las declaraciones juradas
ingresadas por los contribuyentes, y que dicha presunción podía haber sido destruida con pruebas y fundamentos
suficientes, que en este caso no aportó la actora.
Disidencias importantes: Petracchi. El empréstito forzoso es admisible en tanto se conciba qué éste participa del
género tributo, y se respeten sus principios; el reintegro de las sumas “ahorradas” debe ser INTEGRAL. No es lo
INTERPRETACION: mismo que si se tratara de una operación financiera de carácter voluntario, en la cual se halla el riesgo de que no
resultare exitosa.
AÑO 1989 (JUNIO)
Los plazosya se habían excedido, por lo que existe ya absoluta certeza de los montos que debió reintegrar el
FLEISCHMAN Fisco (y de la pérdida de poder adquisitivo que iban a sufrir aquellos montos a reintegrar).
Hechos: La actora solicitó la devolución de las sumas abonadas en concepto de impuestos internos por el expendio El art. 4 de la ley cuestionada traduce una pulverización del real significado económico de las sumas a
de un producto llamado “Royalina”. Decían que se lo podía considerar como un “refresco sólido”. reintegrar, y lesiona el artículo 17 de la ley fundamental. Lo declara consitucional al art. 4, REVOCA Cámara y
ordena la devolución a favor de Horvath.
Fallo de la Mayoría: La ley describe de manera CIERTA Y DETERMINADA los consumos específicos alcanzados por
el gravamen; no debe arribarse a una conclusión sobreentendida. REVOCAN y RECHAZAN el pronunciamiento .
anterior. Fallan A FAVOR de FLEISCHMAN.
AÑO 2011 (JULIO)
ZOFRACOR S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/AMPARO
RECTIFICACIONES RIVADAVIA S.A. c/ AFIP s/ ordinario
Hechos: La actora resultó adjudicataria de la licitación para explotar una la zona franca de la Provincia de Córdoba,
Hechos:Hacen lugar al pedido de extinción por compensación del impuesto sobre los bienes personales (acciones firmó el contrato y realizó inversiones en el año 1998 (1 año antes del decreto). Luego,el decreto del año 1999 otorgó
y/o participaciones societarias). Lo compensaron con saldos de libre disponibilidad generados en el IVA. La tratamiento preferencial a la zona Franca de La Pampa. Cámara dice que es de competencia originaria de la CSJN.
resolución de la AFIP había calificado a las sociedades como “responsables sustitutos”; la redacción decía que la
compensación estaba habilitada tanto para contribuyentes como para los responsables. Decía el Fisco que las Fallo de la Mayoría:La ratificación del decreto carece de efectos retroactivos, pero SI tiene efectos a futuro. Las
sociedades no son los sujetos pasivos del impuesto, por lo que no hay identidad entre los sujetos tributarios. leyes de presupuesto pueden modificar al derecho “objetivo” siempre que respete los debidos derechos y garantías
constitucionales. El artículo 20 de la ley de administración financiera no prevalece por su jerarquía; el Congreso no
Fallo de la Mayoría: (ProcGral) Donde la ley no discrimina tampoco debemos hacerlo nosotros. La inteligencia del se halla vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autolimitaciones.RECHAZA soloel planteo de
texto permitía entender que tanto responsables como contribuyentes podían compensar. Se confirma aquí la inconstitucionalidad del art. 85 de la ley de presupuesto (ejercicio 2000). Y DECLARA NULO el decreto. Lo que es
identidad entre los sujetos tributarios. Fallan a favor de Rect.Riv, y confirman las sentencias de instancias anteriores. importante de este fallo, igual, no es la parte de constitucionalidad. Lo importante es lo que pasa con el art. 20 de la
Disidencia importante: (Highton de Nolasco) La compensación de obligaciones pertenece al Código Civil, y que la
aludida calidad recíproca entre acreedor y deudor, es decir entre sujetos tributarios, debe darse por DERECHO Disidencias importantes: Petracchi, SOLO ACLARA, que la ratificación de un decreto pide la sanción de una ley
PROPIO. Revoca la sentencia anterior, falla en contra de Rect. Riv. ESPECIAL. La ley sancionada intenta darle vida de manera RETROACTIVA a un decreto insanablemente nulo.
-VER FALLO HORVATH QUE TAMBIEN ENTRA ACA
AÑO 1995 - VER FALLO NAVARRO VIOLA
HORVATH c/ FISCO NACIONAL s/REPETICION:
Hechos: la actora había ingresado importes en concepto de la obligación instituida por la ley 23.256 del régimen de AÑO 1984 (MAYO)
“ahorro obligatorio”. Primera instancia a favor de la actora. Segunda falla en contra. La actora dice: no es un
empréstito, porque requiere el consentimiento de los suscriptores (art 4 CN), tampoco es un impuesto constitucional, TRANSPORTES VIDAL S.A. c/ PROVINCIA DE MENDOZA
porque es retroactivo a gravar un período cerrado y se basa en una presunción del legislador. Alego que grava lo Hechos: Transporte Vidal promueve acción contra la Provincia por el cobro de un monto pagado en concepto de
mismo que ganancias y patrimonio neto; y se agravió por la tasa de interés. impuesto provincial a los INGRESOS BRUTOS, aplicado por el desenvolvimiento de su actividad de transportadora
Fallo de la Mayoría: El ahorro obligatorio es de naturaleza tributaria, pues prevé atender el bien general, el desarrollo interjurisdiccional. Causa originaria de la Corte. Pide la inconstitucionalidad de las leyes locales, convenios
pleno y justo de las fuerzas económicas. Además tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado multilaterales.
justificado por el poder tributario que la C.N. le otorga al Congreso. “La posterior restitución de importes no desvirtúa Fallo de la Mayoría: La prohibición de aduanas interiores opera en tanto se intente la protección de la producción
la indicada naturaleza”. Además la norma supletoria del régimen era la ley 11683 (de procedimientos FISCALES). local, y/o el trato discriminatorio del mismo producto, según sea local o importado (entre Provincias). Los impuestos
Ante tal contradicción de “ahorro” y “obligatorio”, debe otorgarse preeminencia al segundo. provinciales no pueden generar preferencias, ni desviaciones en las corrientes de un producto de una provincia hacia
La Corte no se expide acerca del carácter confiscatorio, porque no había ocurrido nada todavía. (es decir, que le otra. La actora no probó nada de eso. RECHAZAN la demanda interpuesta por la actora.
devuelvan el monto al aportante, un monto bastante depreciado y con un valor REAL muy bajo, por la inflación que Libre Circulación - CSJN 1984 - Transportes Vidal SA c. Provincia de Mendoza - Fallos 306, P. 516 Voces:
hubo de por medio entre la apropiación por parte del Estado y la devolución, años después); tampoco analiza ACCION DE REPETICION - COMERCIO INTERJURISDICCIONAL –
CONSTITUCIONALIDAD - DOBLE IMPOSICION - EXENCION TRIBUTARIA - IGUALDAD ANTE LA LEY - a preservar el comercio interprovincial de los gravámenes discriminatorios, de la superposición de tributos locales
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - LIBERTAD DE TRANSITO - PODER DE POLICIA - y de aquellos que encarezcan su desenvolvimiento al extremo de dificultar o impedir la libre circulación territorial.
PODER TRIBUTARIO PROVINCIAL - PRESION TRIBUTARIA - TRANSPORTE DE PASAJEROS Cabe concluir que el impuesto sobre los ingresos brutos de la Provincia de Mendoza vigente durante junio
INTERJURISDICCIONAL Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) de 1979 a marzo de 1980, no es susceptible de descalificación constitucional a la luz del fundamento que
sustenta la pretensión de la actora. Por ello, y habiendo dictaminado el Procurador General, se decide:
Fecha: 31/05/1984 rechazar la demanda interpuesta, costas por su orden.
Partes: Transportes Vidal, S.A. c. Provincia de Mendoza TASAS:
Resulta: AÑO 1989 (SEPTIEMBRE)
Transportes Vidal, S.A., promueve demanda contra la Provincia de Mendoza por COMPAÑÍA QUIMICA c/ MUNICIPALIDAD DE TUCUMAN
cobro de la suma de $2569, con más la suma que corresponda para compensar la depreciación monetaria, Hechos: La CSJ Prov Tucumán rechazó el pedido de COMPAÑÍA QUIMICA en el cual solicitaban la nulidad de la
intereses y costas. Aduce haber pagado dicho monto en concepto de impuesto provincial a los ingresos tasa municipal. La actora alegó que jamás existió prestación estatal. La norma contenida en el texto de la tasa
contiene términos amplios y poco concretos para especificar el hecho imponible y la contraprestación individual.
brutos, originado en el desenvolvimiento de su actividad de transportador
Fallo de la Mayoría: Distinguen servicios públicos UTI SINGULI (donde el beneficiario o usuario estaría identificado
interjurisdiccional durante junio de 1979 y marzo de 1980. por un uso y pago diferenciados), y UTI UNIVERSIS (donde el beneficiario sería la población en general, y se
Funda su pretensión en la inconstitucionalidad de las leyes locales que rigen el tributo prestaren servicios colectivos, a su vez cobrados de manera igualitaria y proporcional). Los fondos del caso no van
destinados a financiar dicha actividad descripta por la normativa de la tasa municipal de este caso. Por otro lado, no
mencionado, así como el Convenio Multilateral suscripto por las provincias y la importa que el contribuyente no tenga interés en el servicio estatal, toda vez que la aplicación de este se
funda en el interés público. La norma impugnada no se ajusta a lo primero dicho. REVOCAN la sentencia anterior,
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Comparece el Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza, fallan A FAVOR de COMPAÑÍA QUIMICA.
oportunidad en la que reconoce como cierta la actividad que desarrolla la actora y argumenta sobre la validez
constitucional de los preceptos impugnados por ésta. Considerando:
Transportes Vidal S.A es una empresa que realiza transporte de bienes entre ciudades de distintas provincias y la
Capital Federal, y que satisfizo el impuesto sobre los ingresos brutos vigentes en la Provincia de Mendoza en el
período ya mencionado. No se discute en el proceso la índole de la actividad que la actora desarrolla, ni la realidad y AÑO 1991
magnitud de los pagos efectuados. Las partes discrepan sobre la validez constitucional de los preceptos que ESTADO NACIONAL c/ ARENERA EL LIBERTADOR S.R.L.
imponen la
LEELO Y BUSCALO POR TU CUENTA, PORQUE TENGO MIS DUDAS SOBRE SI ENTENDI ESTE FALLO. NO
aplicación del tributo a las operaciones que efectúa la demandante, así como sobre la del SE SI ES UNA TASA O UNA CONTRIBUCION, O QUE
citado convenio y de la ley 22.006 por la cual el legislador nacional facultó a las provincias a gravar el transporte Hechos: El Estado Nacional demanda a Arenera a fin de obtener el cobro de un monto en concepto de peaje, por dos
interjurisdiccional con arreglo a las normas de aquel pacto. El principio clave que debe regir es: las provincias tienen buques que pasaron por el canal Ingeniero Emilio Mitre. Arenera alegó que la utilización de tal canal obedeció a la
poder de crear impuestos a la riqueza que se halle dentro de sus fronteras, poder esencial para su subsistencia. Son imposibilidad de navegar por el Canal Costero, debido a la escasa profundidad de aquel.Alzada confirmó, y dijo
dos los principios aludidos: prohibición de aduanas interiores y de afectar el comercio entre los estados. Los además que los riesgos alegados por la demandada no configuraban impedimento suficiente para utilizar al canal
impuestos provinciales afectan el comercio entre las provincias cuando una ley opera; o cuando hay Costero.
desviaciones en las corrientes de consumo de tal o cual producto de una provincia. De la intención constitucional
de eliminar los gravámenes discriminatorio, se debe entender que la intención es preservar a las actividades que Fallo de la Mayoría: La Constitución Nacional no dice que no puede establecerse un peaje, ni exige la existencia de
se desenvuelven en dos o más jurisdicciones del riesgo de que puedan verse sometidas a una múltiple imposición una vía alternativa. La demandada no demuestra que la cifra cobrada sea desproporcionada y su monto sea
que las obstruya o encarezca, como resultado de aplicar tributos semejantes sobre la irrazonable, respecto de la necesidad a cubrir por el peaje. Dice la Corte que no importa el beneficio económico
acreditado del usuario, pues éste puede suponerse por el hecho mismo de la utilización del servicio o de la obra
misma porción de la base imponible, tornándolas por tanto desventajosas con relación a otras similares desarrolladas concedida. CONFIRMAN, HACEN LUGAR a la demanda y falla EN CONTRA de Arenera.
dentro de cada provincia. La actora no ha invocado que el tributo que pagó importe un trato discriminatorio
Según su voto - importantes: Petracchi y otros: Solo será compatible con los preceptos constitucionales los peajes
respecto de otras empresas que realizan transporte de bienes dentro de la provincia, ni que la exigencia que sean compatibles con los rasgos que los aproximen a las TASAS.
del gravamen sea causa de múltiple imposición provincial. Tampoco ha demostrado que el tributo encarezca su
actividad al punto de tornar gravoso o inconveniente el tránsito por la provincia. Si bien la potestad “Estado Nacional C/ Arenera El Libertador SRL s/ cobro de pesos”
impositiva de las provincias debe también ceder frente a aquellos privilegios que el Gobierno Nacional (314: 595) Bs. As. Junio 18 de 1991. Recurso Extraordinario
otorgue en ejercicio de sus atribuciones, cabe advertir que la Constitución Nacional no fue concebida para
invalidar absolutamente todos los Tribunal: Corte Suprema Justicia Nación
tributos locales que inciden sobre el comercio interprovincial, reconociendo a éste Hechos principales
una inmunidad o privilegio que lo libere de la potestad de imposición general que corresponde a las 1) ...Que el Estado Nacional demanda a Arenera El Libertador persiguiendo el cobro de pesos Argentinos 45.671,97
provincias. La protección que dichos preceptos acuerdan sólo alcanza, ya que los barcos de esta empresa utilizaron el canal transportando arena t no pagaron el peaje creado por ley
22.424 ss.
2)...Luego de ser la perdidosa en las instancias administrativas y judiciales anteriores, interpone el recurso Desde otra perspectiva, sostiene que al declarar la inconstitucionalidad de los decretos cuestionados, la cámara ha
extraordinario del Art.14 de la ley 48 ante la CSJN. Donde sostiene que: a) El uso del canal Mitre por buques efectuado una interpretación estrictamente estática de las disposiciones constitucionales, prescindiendo de una
areneros de su propiedad no requiere mayor profundidad de esa vía navegable por ser de poco calado. b) Que se ve concepción dinámica, a la luz de lo sentado por la Corte en el caso "Peralta" .
forzado al uso de canal Mitro por no existir vías alternativas gratuitas disponibles. c) Plantea la inconstitucionalidad
de la tarifa por considerarla confiscatoria. d) Que considera como lesivo a la libre navegación, vulnerando derechos Expresa que aun cuando es cierto que en materia de impuestos la Constitución dispuso para su creación la
consagrados constitucionalmente. competencia exclusiva del Congreso Nacional ello no obsta, dentro de la dinámica que predica, a la aplicación de los
"reglamentos de urgencia"; en los cuales se prescinde precisamente por su naturaleza, del proceso de la formación
Normas en Juego: Ley 22.424, Arts. 10, 11, 12, 14, 16, 17 y 67 inc.2 de la Constitución Nacional de las leyes en el sentido constitucional puro. Tales reglamentos, destaca, son válidos si se cumplen los requisitos
que la Corte ha establecido en el aludido caso a saber: a) la existencia de una situación de emergencia que imponga
al Estado el deber de amparar intereses vitales de la comunidad; b) que la ley tenga por finalidad proteger intereses
generales y no individuales; c) que concurra el requisito de razonabilidad y d) que su duración sea limitada al tiempo
indispensable para que desaparezcan las causas que originan la situación de emergencia.
LABORATORIOS RAFFO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA Corresponde que esta Corte estudie tanto la procedencia del ejercicio presidencial de facultades legislativas en
Hechos: La actora decía que dicha contribución (CCIES) pedida por la Municipalidad de Cordobafue mal llamada materia impositiva --sujetas a la existencia de una situación de emergencia-- como asimismo, si en la especie se
“tasa”; y que la CCIES exigida es análoga a otros tributos. La actora negaba que fuera una tasa, y a su vez que hallan presentes las circunstancias de hecho que justifican la adopción de decretos de necesidad y urgencia.
pudieran haberse prestado los servicios municipales, porque según ella nunca estuvo físicamente allí. Examen, este último, en el que, no existen óbices para que esta Corte valore la calificación de excepcionalidad y
urgencia --método, por otra parte, reconocido por esta Corte en el precedente "Peralta", ya citado--; lo que no implica
Fallo de la Mayoría: (se apegan a la opinión del procurador general). La Provincia había determinado de manera un juicio de valor acerca del mérito, oportunidad o conveniencia de la medida, sino que deviene imprescindible para
difusa la prestación estatal que hacía exigible el cobro del tributo. Debe ser concreto, efectivo, e individualizado, admitir o rechazar el ejercicio de la función legislativa por parte del Poder Ejecutivo. Es que el estudio de facultades
dicho servicio estatal, y el acto o bien del contribuyente sobre el cual se encuadra el sujeto obligado. como las aquí ejercidas por parte de aquel poder, guarda estrecha relación con el principio de la llamada "división de
REVOCAN,HACEN LUGAR lugar a la demanda, fallan A FAVOR de Laboratorios Raffo. poderes", que se vincula con el proceso de constitucionalismo de los estados y el desarrollo de la forma
representativa de gobierno.
Fallo: Video Club Dreams v. Instituto Nacional de Cinematografía.
Hechos: El “Video Club Dreams” entabla una acción de amparo alegando que los decretos N° 2736/91 y 949/92 del
Poder Ejecutivo son inconstitucionales por cuanto crean impuestos, determinan los sujetos obligados al pago, fijan la 1. Se desechan los agravios expresados por la recurrente de que la actora habría ido en contra de sus propios actos
base imponible y la alícuota correspondiente, erigiendo al Instituto Nacional de Cinematografía en juez administrativo por cuanto se registró y pagó el impuesto cuestionado, pues tales circunstancias no traducen una clara voluntad de
con facultades de control y fiscalización. someterse a las normas de los decretos impugnados.
Los decretos cuestionados ampliaban a la “venta o locación de todo videograma” un impuesto que ya estaba 2. Los mismos emplazan al titular del video club como agente de percepción y lo someten a una serie de
establecido por ley 17741 para las entradas de los cines. Su destino era el “Fondo de fomento cinematográfico”. La obligaciones cuyo incumplimiento acarrea sanciones legales, lo que evidencia el interés jurídico de dicho titular en
ley (que se ve ampliada por los decretos cuestionados) también disponía que: La aplicación, percepción y hacer caer ese régimen.
fiscalización del impuesto está a cargo del Instituto Nacional de Cinematografía, el que establecerá la forma y el
plazo en que los responsables deberán ingresarlo, así como las normas de liquidación y multas por omisión o 3. Corresponde a la Corte el estudio de las circunstancias de hecho que justifican la adopción de decretos de
defraudación. necesidad y urgencia, lo que no implica un juicio de valor acerca del mérito, oportunidad o conveniencia de la
medida, sino que deviene imprescindible para admitir o rechazar el ejercicio de la función legislativa por parte del
Llega a conocimiento de la corte en virtud del recurso extraordinario interpuesto por la Procuración del Tesoro de la Poder Ejecutivo.
Nación contra la sentencia de la Cámara, confirmatoria de la de Primera instancia que declaró inconstitucional los
decretos 2736/91 y 949/92. 4. El decreto 2736/91, con las modificaciones introducidas por decreto 949/92, en cuanto crea un hecho imponible
distinto del previsto por la ley 17.741 no es compatible con nuestro régimen constitucional, sin que la circunstancia de
Fallo: La controversia pasa por la pertinente aplicación del principio de legalidad tributaria y la reserva constitucional su recíproca vinculación o parecido permita obviar los alcances del principio de legalidad.
de ley formal para la imposición de tributos, imposibles de obviarse mediante el dictado de decretos de necesidad y
urgencia. 5."No obsta a la conclusión precedente el hecho de que el decreto sea de los llamados de necesidad y urgencia, ya
que, aún cuando la Corte reconoció en el caso "Peralta" la validez de una norma de ese tipo, en esa oportunidad se
La Procuración del Tesoro de la Nación dedujo el recurso extraordinario con sustento en la tacha de arbitrariedad en señaló que "en materia económica, las inquietudes de los constituyentes se asentaron en temas como la obligada
el tratamiento de los siguientes tópicos: a) la cuestión atinente al cómputo del plazo para interponer el amparo; b) la participación del Poder Legislativo en la imposición de contribuciones (art. 67, inciso 2), consustanciada con la forma
idoneidad de la vía elegida, a la luz de otros remedios aptos para la tutela de los derechos que se dicen republicana de gobierno" (cons.22)".
comprometidos; c) lo relativo a los actos propios de la actora. Expresa que la accionante, al inscribirse en los
registros del organismo demandado y depositar los importes de impuestos percibidos en el mes de abril de 1992, *Doctrina de la Corte: del principio de legalidad en materia impositiva resulta la invalidez de los decretos de
convalidó con tales conductas la legalidad de las normas que ahora ataca; d) la legitimación del peticionario. Afirma necesidad y urgencia que establecen impuestos, pues son inidóneos para crear los mismos. Así, el poder
que la actora nunca esgrimió como agravio la imposición de una presunta carga pública, tal como lo menciona el fallo administrador no puede recaudar ninguna contribución que no haya sido creada por acto legislativo formal.
en recurso, ya que sólo fundó su reclamo en la afectación de sus derechos de trabajar y ejercer industria lícita; e) los * Antes de la reforma se admitía la validez de los decretos de necesidad y urgencia ante temas de política
derechos federales que dicen afectados. Sobre este último, expresa que la posibilidad de adicionar el impuesto al económica, teniendo en cuenta la situación de riesgo social inminente. Pero dada la reforma constitucional la letra de
precio que percibe el actor pone de relieve que aquél no recae sobre su patrimonio, ya que su traslación despeja la misma es clara: no se admiten tales decretos en materia tributaria.
todo reproche con sustento en los derechos invocados y que tampoco existe afectación del derecho de trabajar y
ejercer industria lícita, alegación que, por otra parte, hubiera exigido probar, cuando menos, el efecto de reducción de Disidencia parcial del Dr. Moline o`Connor: (confirma la resolución apelada con sus argumentos) deja sentado que el
las locaciones que resultaría del traslado impuesto a los precios. principio de reserva de ley tributaria, de rango constitucional y propio del Estado de Derecho, únicamente admite que
una norma jurídica con la naturaleza de ley formal tipifique el hecho que se considera imponible y que constituirá la
posterior causa de la obligación tributaria, por más que se motive la resolución adoptada en genéricas pautas de
política fijadas por las autoridades económicas y la existencia de un estado de calamidad económica interna.
El art. 17 de la Constitución Nacional consagra la exclusividad expresa del Congreso de la Nación en lo atinente al
ejercicio de facultades legislativas para imponer las contribuciones aludidas en el art. 4° de la Carta Magna. Dichas
limitaciones constitucionales, cabe consignarlo, se exhiben como corolario de un largo proceso histórico de
consolidación del sistema republicano y traducen el principio de legalidad, que impide admitir la exigibilidad de un
tributo en supuestos que no estén contemplados en la ley, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte: "El cobro
de un impuesto sin ley que lo autorice es una exacción, o un despojo que viola el derecho de propiedad reconocido
en el art. 17 de la Constitución Nacional" (Fallos 180:384; 183:19, entre muchos).
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References: artículo 75
 artículo 133
 artículo 17

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 artículo 20
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