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Timestamp: 2020-07-07 04:09:37+00:00

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TG AmoAlonso Acceso | Servicio de redes sociales | Acoso cibernético
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Los hábitos de los adolescentes con Internet
Comentario Internet Sobre Redes Sociales
TCS01123
GRADO EN DERECHO Derecho Privado Derecho Civil
EL ACCESO DE LOS MENORES DE EDAD A LAS REDES SOCIALES
Nombre del/la estudiante: Laura Amo Alonso
Tutor: Dr. D. Alfredo Batuecas Caletrío.
THE ACCESS OF MINORS TO SOCIAL NETWORKS
Nombre del/la estudiante: Laura Amo Alonso e-mail del/a estudiante: lauraamo@usal.es
Tutor/a: Dr. D. Alfredo Batuecas Caletrío
El trabajo que aquí se presenta versa sobre el acceso de los menores de edad a las redes sociales y el tratamiento de sus datos personales en Internet. El avance de las nuevas tecnologías de la información ha traído como consecuencia la necesidad de establecer un nuevo marco jurídico que se adapte a los cambios que se están produciendo con el objetivo de lograr una mejor protección de los derechos fundamentales. Estos problemas se agravan respecto a los menores de edad debido a su falta de madurez y a la gran cantidad de datos que facilitan a través de la red, confiando en que sus actos no van a tener consecuencias. Los menores son un sector merecedor de una protección especial, máxime si se tiene en cuenta que Internet ha traído como consecuencia que desaparezcan los límites temporales y espaciales que hasta ahora han existido sobre la información (ya que la información se mantiene en el tiempo y llega a todo el mundo). En el análisis jurídico que exige nuestro trabajo se tiene en cuenta la evolución que ha sufrido la patria potestad en nuestro ordenamiento jurídico, tendente a reconocerles una mayor capacidad de decisión a los menores en relación a los actos que les afectan. Un ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 13 del Reglamento de Protección de datos, en el que se permite a los menores de edad consentir el tratamiento de sus datos personales, artículo éste, como se verá, que ha generado gran controversia entre la doctrina.
PALABRAS CLAVE (entre 3 y 6): menores de edad, Internet, red social, consentimiento, datos personales.
The project presented here covers the access of minors to social networks and the treatment of their personal data on the Internet. The advance of the new information technologies has brought as a consequence the need to establish a new legal framework able to adapt to the new changes taking place in order to obtain a better protection of basic rights. These problems are further aggravated regarding minors due to their immatureness and the big amount of data they facilitate through the network, trusting that their acts will not have consequences. Minors are a section of population deserving special protection, particularly when accounting that Internet has caused the disappearance of temporal and local limits regarding information that have existed until now (information keeps in time and reaches everyone). In the legal analysis that our study requires, a factor taking into account was the evolution that parental authority has suffered in our legal system, towards recognizing a greater decision capacity to minors with regard to the acts affecting them. We can find a guiding example of this in the article 13 of the Data Protection Regulation, where it allows minors to give consent on the personal data treatment, article that has been very controversial in the doctrine.
KEYWORDS: minors, Internet, social network, consent, personal data.
2. PROBLEMÁTICA GENERAL DE
3. EVOLUCIÓN DE LA PATRIA POTESTAD
4. CAPACIDAD DEL MENOR DE EDAD
5.1. El problema específico de los datos de carácter personal en relación con el
artículo 13 del Reglamento de Protección de
Posibles soluciones a adoptar
Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.
El siglo XXI se caracteriza eminentemente por la «Revolución Tecnológica», debido al protagonismo experimentado por las nuevas tecnologías de la información y por el auge de las redes sociales virtuales. Este fenómeno ha contribuido a mejorar tanto la comunicación entre los individuos como el acceso al conocimiento, al desaparecer las barreras temporales y espaciales existentes hasta el momento. Sin embargo, también ha supuesto una mayor intromisión en la intimidad, hasta el punto de que el usuario pierde el control sobre sus datos, exponiéndose a una serie de riesgos que aunque pudieran parecer superficiales llegan a producir verdaderos perjuicios en contra de sus intereses.
El interés del tema objeto de estudio nace de la propia realidad a la que nos enfrentamos, teniendo en cuenta los datos recabados a nivel europeo en relación a la cantidad de usuarios que pertenecen a una red social y el uso que realizan de Internet en función de las edades 1 .
Ahora bien, aunque Internet se haya convertido en una herramienta muy útil, pone en tela de juicio la intimidad del usuario y la protección de sus datos de carácter personal, al ser el internauta quien de forma voluntaria expone dichos datos al conocimiento de los demás. Todo esto ha traído como consecuencia que algunos autores apliquen un término nuevo: la «extimidad», para hacer referencia a aquella información que el usuario decide publicar y comunicar de manera abierta en su perfil de la red social (fotografías, vídeos, opiniones personales, gustos, afiliaciones, etc.). De este modo, se incrementan de forma exponencial los riesgos de atentados contra la intimidad así como la comisión de ilícitos penales.
Como se verá, un uso inadecuado de Internet puede dar lugar a que el usuario sufra ciertos acosos o problemas en su vida privada (tales como el cyberbullying, el grooming, el sexting, la difusión no consentida de imágenes del menor -dentro de la cual se encuentra también el acoso escolar o happy slaping 2 -, etc.), incluyéndose igualmente en este catálogo el problema específico del tratamiento de los datos
1 En este sentido, véase el ANEXO 1.
2 Conducta consistente en la grabación de imágenes o vídeos a través de los móviles para posteriormente compartirlos a través de ciertas plataformas como YouTube, con la finalidad de ridiculizar o vejar a la víctima. Esta conducta suele ser realizada por adolescentes a través de las redes sociales, suponiendo un ejemplo de cyberbullying en ambientes escolares pero en el entorno de Internet.
personales 3 . Cabe añadir que del conjunto de la población, el sector más vulnerable ante los mismos son los menores de edad, al ser quienes más uso hacen de las redes sociales, compartiendo todo tipo de datos personales para así crear su propia identidad digital y que ésta sea lo más completa posible. Su falta de madurez y la sensación de impunidad que tienen respecto a las acciones que realizan a través de Internet (unido a la creencia de controlar todo lo relacionado con el mundo cibernético) incrementan la posibilidad de ser víctimas de abusos y delitos en la red, convirtiéndose en un sector merecedor de una mayor protección.
Podría entenderse que el uso de Internet por parte de los menores resulta beneficioso para su formación tanto profesional como personal, pero sin embargo los datos arrojan resultados contradictorios. Un modo de categorizar las redes sociales es según el ámbito de actividad a la que vienen referidas, pudiendo ser o profesionales o más generalistas (esto es, dedicadas al ocio), siendo estas últimas las más populares en general (y sobre todo entre los jóvenes y adolescentes). Los datos aportan unas conclusiones muy paralelas a lo indicado anteriormente, pues la mayor parte que los usuarios dedican al uso de Internet viene referido a labores ociosas y/o de entretenimiento 4 . Sirvan a modo de ejemplo los siguientes: un 71% de los ciudadanos españoles usa Internet para acceder a una red social, mientras que únicamente un 8% lo hace para vender productos online.
Por todo lo expuesto con anterioridad se ha considerado necesario adaptar la legislación existente hasta el momento para así regular las actividades que se realizan en el espacio online de modo que se consigan proteger nuestros derechos de una manera efectiva.
En relación con los datos personales, el principio que vertebra todo el sistema es el del consentimiento. Como se verá en este trabajo y en relación al mismo, los menores de edad pueden prestar por sí mismos su consentimiento al tratamiento de sus datos personales así como al uso de su propia imagen. Esto se debe a la evolución que ha sufrido la patria potestad en nuestro Ordenamiento Jurídico, reconociendo una mayor autonomía y capacidad de decisión a los menores de edad en relación a las cuestiones que les afectan, desplazando consigo la representación legal de sus padres o tutores.
3 Puede comprobarse mediante los resultados del Eurobarómetro del año 2014 cómo los internautas son conscientes de los riesgos que asumen cuando navegan por Internet, manteniendo alta la preocupación respecto al uso que ciertas autoridades públicas o incluso que los propios sitios web realizan de sus datos. Véase el ANEXO 3.
4 En este sentido, véase el ANEXO 2, donde se comparan las distintas actividades realizadas a través de Internet según los ciudadanos de España y los de la Unión Europea en general.
Será necesario para ello hacer un breve recorrido histórico de las modificaciones introducidas en el Código civil al respecto así como resaltar aquellos actos en los cuales los menores de edad tienen capacidad suficiente para tomar decisiones por sí mismos (aumentando la misma conforme vayan alcanzando una determinada edad y/o madurez).
Por ello y en relación con las redes sociales y el tratamiento de los datos personales, se analizará el artículo 13 del Reglamento de Protección de Datos 5 (en adelante, RLOPD) en el cual se les reconoce capacidad suficiente a los mayores de catorce años para otorgar por sí mismos el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Este precepto añade que en el caso de que fuesen menores de dicha edad, se atenderá al criterio de la madurez y, en ausencia de ésta, deberán otorgar tal consentimiento sus representantes legales (padres o tutores).
Cuando se proceda al análisis del artículo 13 RLOPD, se pondrán de manifiesto ciertas situaciones en las cuales queda demostrado que los menores de edad no tienen por qué, de forma objetiva, poseer la madurez suficiente para otorgar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales. Así, se cuestionará la idoneidad del citado artículo 13 RLOPD, exponiendo para ello las argumentaciones jurídicas oportunas, considerándose más adecuado utilizar un criterio subjetivo basado en la madurez del menor que el criterio objetivo de la edad recogido en dicho precepto.
Este artículo ha sido objeto de debate, manteniendo dividida a la doctrina, por lo que será analizado en profundidad en este trabajo, mostrando para ello las opiniones que han tenido al respecto tanto los partidarios como los detractores del mismo.
Hay que resaltar que la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) ya venía manteniendo el criterio de los catorce años de edad, recogiéndose finalmente en el artículo 13 RLOPD. Con posterioridad ha continuado su labor emitiendo Informes para así resolver las dudas que se planteaban en relación a la citada norma jurídica 6 .
5 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
6 A modo de ejemplo cabría citar el Informe 0046/2010, en el que se plantean diversas dudas acerca de la adecuación de la Ley de Protección de Datos al tratamiento de los datos personales de los menores de edad a los que se les facilita una tarjeta de fidelización. La AEPD resuelve esta cuestión analizando los diversos preceptos aplicables a este caso, al encontrarse la actividad a la que se refiere la consulta dentro de los supuestos del artículo 3.c) de la ley, por lo que entiende que ésta resulta de aplicación. Respecto al consentimiento de los menores de edad, hace referencia al artículo 13 RLOPD, indicando la distinción que realiza el mismo según la edad del menor (si es superior o no a los catorce años).
Aunque pudiera parecer que ya existe una regulación completa en relación al tema objeto de este trabajo, la realidad es bien distinta, no siendo pocos los autores que mantienen esta misma opinión. A modo representativo DAVARA RODRÍGUEZ nos recuerda que a pesar de que el legislador español esté intentado dar respuesta a este problema mediante una regulación que garantice la seguridad jurídica en el uso de Internet, minorizando el riesgo y los peligros señalados, sin embargo “no podemos decir que se vea clara la promulgación de un conjunto normativo que regule el acceso a Internet”. Señala la necesidad de unir tecnología y humanismo para construir lo que él denomina el “humanismo tecnológico”, mediante una regulación concreta y efectiva, esto es, una correcta regulación jurídica del fenómeno tecnológico (a la que se refiere como el «Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones») 7 .
Existen actualmente ciertas soluciones al problema del acceso de los menores a las redes sociales, las cuales también serán analizadas en este trabajo. Para ello se hará referencia a diversas normas jurídicas (nacionales, comunitarias o incluso internacionales) así como a otro tipo de medidas preventivas y de concienciación en relación a un buen uso de Internet para así conseguir una navegación segura.
2. PROBLEMÁTICA GENERAL DE INTERNET.
Como se ha puesto de manifiesto, Internet es una herramienta que ha aportado grandes avances a la sociedad, facilitando las comunicaciones entre los individuos, las relaciones personales y el conocimiento en general. Sin embargo, también entraña muchos riesgos para los derechos de los ciudadanos sin que éstos sean verdaderamente conscientes de la realidad de dichos peligros así como qué actuaciones llevar a cabo para poder evitarlos. Muchos derechos fundamentales pueden verse afectados por el uso de las nuevas tecnologías y más concretamente de las redes sociales 8 , pero esto no significa que dichas vulneraciones no se produzcan en la vida real o analógica, sino que cuando utilizamos las nuevas tecnologías no somos conscientes del riesgo que conllevan
7 DAVARA RODRÍGUEZ, M. Á., “Intimidad, protección de datos y seguridad: un difícil equilibrio”, Diario La Ley, nº 7276, 4 de noviembre del 2009, pp. 5 a 7. 8 Hay que tener en cuenta, tal y como pone de manifiesto HERRÁN ORTIZ, que las redes sociales existen y se han desarrollado antes de Internet. Por eso es necesario hacer una diferenciación entre las redes analógicas (redes sociales Off-Line) y las redes digitales (redes sociales On-Line), centrando en este análisis la atención en estas últimas. HERRÁN ORTIZ, A. I., “Las redes sociales digitales: ¿hacia una nueva configuración de los derechos fundamentales en Internet?”, R.V.A.P., número 87-88, 2010, p. 526.
las mismas para nuestros derechos 9 . Esta sensación de impunidad respecto al contenido que subimos a Internet o del uso general que hacemos del mismo se incrementa aún más en los menores de edad, quienes consideran que sus actos en la realidad virtual no conllevan consecuencia alguna, así como tampoco son conscientes de los riesgos y amenazas reales que puede acarrear un uso indebido de Internet (esto es, sin adoptarse las cautelas oportunas).
A este respecto es interesante el término adoptado por el tecnólogo Marc Prensky en 2001, cuando definió a los nacidos a partir de 1995 como “digital babies” en el sentido de que son una generación que no concibe un mundo sin el teléfono móvil o Internet, pues no solo utilizan las nuevas tecnologías y redes sociales virtuales, sino que “viven” dentro de ellas, compartiendo todo tipo de datos personales 10 .
Este colectivo de usuarios es más indefenso ante los riesgos y amenazas de las nuevas tecnologías debido a su falta de madurez, su creencia de que el contenido publicado en la red no puede ser perseguido y la consideración que tienen de “saber más que sus padres” (o que un adulto en general) en cuanto a funcionalidades o acceso a Internet. Ciertamente, es verdad que los menores han nacido con las redes sociales y pueden ser considerados “nativos digitales” 11 , pero sin embargo son quienes más usan dichas redes y con una menor preocupación acerca del peligro que entrañan, compartiendo datos personales y configurando una privacidad casi nula para conseguir una mayor popularidad entre los internautas, para así seguir construyendo de manera más completa su “identidad digital” 12 . Por tanto, el hecho de que tengan un gran manejo de las nuevas tecnologías no es incompatible con que tengan mayores dificultades para identificar los riesgos derivados de las mismas, así como para actuar correctamente contra ellos.
9 ABA CATOIRA, A., “Los menores ante Internet”, Derecho y Nuevas tecnologías -coord. Herrán, Emaldi Cirión, Enciso-, Vol. 1. Primera parte: Nuevas tecnologías, sociedad y derechos fundamentales, Ed. Universidad de Deusto, 2011, pp. 6 y 7.
10 REBOLLO DELGADO, L. y SERRANO PÉREZ, M. M., Manual de Protección de Datos, Dykinson, Madrid, 2014, p. 302.
11 En el sentido de manejar con habilidad la tecnología que les facilita el acceso a Internet. VÁZQUEZ DE CASTRO, E., “Protección de datos personales, redes sociales y menores”, Revista de Derecho y Nuevas Tecnologías, nº 29, 2012, p. 54.
12 El Eurobarómetro muestra, en estudios de 2007 y 2010, que los menores de edad usaban Internet regular y frecuentemente. De este modo, los menores de 9 a 10 años afirmaban que se conectaban varias veces a la semana y su conexión mínima iba de media hora a una hora. Los menores de 12 a 14 años manifestaban que se conectaban diariamente y la conexión mínima variaba de una a tres horas. En http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_safer_internet_summary.pdf (consultada el 11 de mayo de 2016) se puede comprobar cómo los menores de edad son autodidactas y se jactan de que saben más que sus padres en cuanto a funcionalidades y acceso a Internet. Esto puede observarse, a modo de ejemplo, en la frase “Mis padres no me enseñan, yo les enseño a ellos” de un grupo de chicos de entre 12 y 14 años de Irlanda. VÁZQUEZ DE CASTRO, op., cit., p. 28.
Hay que tener en cuenta que aunque las redes estén en un entorno virtual esto no evita que los daños causados no sean reales, sino que sus peligros y la afectación a los derechos se asemejan en sus consecuencias al entorno real (derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la propia imagen, protección de datos personales, etc.).
Además, los menores utilizan Internet con una frecuencia mayor como medio de ocio, y no para la realización de otras actividades como pudieran ser los trabajos escolares, siendo los mayores “consumidores” de redes sociales, las cuales suponen uno de los principales problemas en relación con la intimidad en Internet debido al gran contenido de datos que se comparten en las mismas (fotografías, vídeos, datos relativos a la edad, domicilio, ciudad de nacimiento, número de teléfono, nombres de los padres, relaciones de amistad, etc.) 13 . Por esta razón (y al ser uno de los mayores atractivos de jóvenes y adolescentes), supone un reto estratégico su protección en la sociedad de la información.
Como bien señala BARRIUSO RUIZ, existen dos aspectos interesantes en torno a este tema. En primer lugar resalta que la importancia de las redes sociales es “directamente proporcional a la cantidad, en millones, de perfiles de usuarios de estas redes”, añadiendo posteriormente que “cuanto más completo esté nuestro perfil en una red social, más sentido tiene nuestra pertenencia a ella porque aumenta nuestra interrelación con otros usuarios, pero más en riesgo colocamos nuestros datos personales” 14 . Así, en palabras del autor y a modo de símil, si Facebook (una de las mayores redes sociales del mundo) fuese un Estado, se situaría en la cuarta posición del ranking mundial, solo situado tras China, India y EEUU.
Aunque parezca una cuestión intrascendente, este punto es relevante en el sentido de considerar el vertiginoso auge que están experimentando las plataformas online (internacionalmente hablando) en nuestra sociedad en un periodo de tiempo relativamente corto, desde Myspace, Fotolog, Tuenti o Messenger hasta los contemporáneos YouTube, Facebook, Twitter o Instagram 15 . Además hay que subrayar la aparición de nuevas aplicaciones (tanto para smartphones como para ordenadores)
13 Como pone de manifiesto BARRIUSO RUIZ, en España se han detectado en el año 2008 ataques masivos de “phishing” mediante los cuales se han obtenido datos personales de los usuarios/víctimas (con robos de identidad) de sus redes sociales así como datos privados de sus contactos, pudiendo utilizarse de manera maliciosa. Ver: http://www.elmundo.es/navegante/2008/06/26/tecnologia/1214478743.html (consultada el 30 de mayo de 2016). BARRIUSO RUIZ, C., “Las redes sociales y la protección de datos hoy”, Anuario de la Facultad de Derecho - Universidad de Alcalá II, 2009, p. 313.
14 BARRIUSO RUIZ, op., cit., pp. 320 y 321.
15 Facebook, una de las redes sociales más grandes, cuenta con 1,09 billones de usuarios activos al día de media en marzo de 2016. https://newsroom.fb.com/company-info/ (consultada el 30 de mayo de 2016).
que permiten la comunicación online del mismo modo que las redes sociales, como son WhatsApp, Line, Snapchat, Two, etc.
En el caso de España, hay que resaltar que no ha sido ajena al crecimiento de estas redes sociales sino más bien al contrario, pues es el primer país de Europa y el segundo del mundo con más número de usuarios en las redes sociales (según el INE) 16 . Así las cosas, la expansión que han tenido las redes sociales (e Internet de modo general) junto con la afectación que el uso de las mismas puede provocar en nuestros derechos fundamentales ha hecho necesaria la creación de un nuevo término, que los expertos denominan la “extimidad”, en contraposición a la “intimidad”. Esto se debe sobre todo a la gran cantidad de contenido que el usuario publica voluntariamente en las redes sociales, compartiendo todos los hechos concernientes a su vida con los demás, lo que hace que el concepto que se venía manejando de “intimidad” quede obsoleto cuando viene referido a las redes virtuales.
este respecto, OROZCO PARDO señala que la intimidad implica “un entorno social
una libertad de exclusión sobre unos aspectos de la vida de la persona que no afectan,
ni pueden afectar a la vida de los demás” añadiendo a continuación que “en nuestro país cerca de 13 millones de personas forman parte de alguna de las llamadas comunidades virtuales con un crecimiento continuado del 20% anual, y la mayoría son menores de edad”. Por ello considera apropiada la adopción del término “extimidad” para referirse a los contenidos que los usuarios hacen públicos en su perfil de la red social 17 .
Por todo ello y teniendo en cuenta que se trata de una exigencia prioritaria, resulta necesario regular este tema mediante una normativa jurídica específica (pues, como se
verá a continuación, la regulación existente hoy en día es muy difusa y general), debido
a la magnitud de las nuevas tecnologías y su imposible adaptación a las leyes existentes
en relación a la vulneración de los derechos en el mundo real, pues han desaparecido las barreras tanto físicas como temporales que limitaban el acceso de terceros al conocimiento de la vida de los demás.
16 En la página web http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf (consultada el 11 de mayo de 2016) se indica que más de la mitad de los ciudadanos de la UE accede a Internet todos los días (63%), mientras que un 47% se siente bien informado acerca de los riesgos del cibercrimen. En España, el 59% de los ciudadanos afirma usar Internet todos los días. Otro dato significativo es que de los ciudadanos de la UE de entre quince a veinticuatro años, el 92% afirma usar Internet todos los días, de los cuales el 86% lo hace para acceder a las redes sociales.
17 OROZCO PARDO, G., “Intimidad, privacidad, «extimidad» y protección de datos del menor. ¿Un cambio de paradigma?”, La protección jurídica de la intimidad (Coords. Javier Boix Reig, Ángeles Jareño Leal), Iustel, Madrid, 2010, p. 392.
No se trata, por tanto, de que se produzca un abandono de las redes sociales, ya que esto supondría un alejamiento de la “sociedad del conocimiento”. Por el contrario, lo más conveniente sería conseguir una regulación efectiva y adecuada de modo que se evitasen los peligros que entrañan estas tecnologías y la situación de indefensión que generan en el individuo, así como promover una concienciación social y educación tecnológica de nuestros menores en el uso de Internet. Sin embargo, antes de entrar a valorar las diferentes soluciones jurídicas al respecto, parece oportuno analizar especialmente los problemas a los que se enfrentan los internautas cuando hacen uso de las nuevas tecnologías y, más particularmente, en relación con los menores y las redes sociales.
A través de las redes sociales pueden tener lugar ciertas actuaciones que resultan
singularmente perjudiciales para los usuarios, como son el grooming, el cyberbullying
(acoso en la red), el sexting, los robos de identidad, la suplantación de identidad, la difusión no consentida de fotografías, etc., afectando sobre todo a los menores de edad
ya que son quienes más contenido “suben” a Internet sin ningún tipo de cautelas, tal y
como se puso de manifiesto anteriormente.
Dentro de los posibles responsables de la vulneración de los derechos de los menores estarían los propios encargados de la red social (aspecto que comentaré en relación al tratamiento de los datos de carácter personal) pero de forma más acentuada se encuentran aquellas terceras personas que establecen el contacto con dichos menores de edad. Esto sucede porque en ciertos casos se crea una relación de superioridad e inferioridad, en la cual el menor de edad es menos consciente de sus derechos, haciéndole un usuario más débil que su acosador (que puede ser mayor o menor de edad), lo que hace que aumente el riesgo de que los menores puedan ser víctimas potenciales de cyberbullying 18 . Este problema también se produce fuera de la vida virtual, conocido como “acoso” en sentido general, pero sin embargo en la red se ve agravado, pudiendo tener consecuencias fatales para la víctima 19 .
Por otro lado, ha surgido también la figura del grooming, que consiste en un delito por el cual un adulto se hace pasar por un menor de edad (lo cual podría dar lugar también a
18 VÁZQUEZ DE CASTRO, op., cit., p. 53. 19 Véase, a modo de ejemplo, el caso de Carlos Nicolás Agüero (menor de 17 años) quien en el año 2011 se suicidó tras sufrir abusos a través de las redes sociales. Así, el cyberbullying es un problema actual que afecta a millones de jóvenes a través de todo el mundo, sobre todo menores entre 12 y 17 años. http://www.revistacabal.coop/cyberbullying-el-acoso-traves-de-las-redes-sociales (página consultada el 30 de mayo de 2016).
una suplantación de identidad) para contactar con él y ganarse su confianza, tras lo cual le propone un encuentro con fines sexuales. Esto es realmente alarmante cuando datos objetivos recabados en el Estudio realizado por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) de julio de 2013 sobre «El uso de internet y las redes sociales de los adolescentes españoles de doce a dieciocho años», relativo a estudiantes de secundaria en el curso 2012-2013, muestran -entre otras cosas- que un 17% de los menores entre doce y dieciocho años ha quedado con alguien a quien solo conocía a través de Internet. Además, el Informe de la Fundación Pfizer sobre «La juventud y las Redes Sociales en Internet» de septiembre de 2009, señala que un 92% de los jóvenes españoles entre once y veinte años son usuarios de redes sociales 20 .
Junto con estos datos hay que tener en cuenta las innumerables noticias que salen en los medios de comunicación en relación a menores que han sufrido abusos a través de las redes sociales. Un ejemplo de ello es el caso de un joven de veinticinco años que fue detenido en Chiclana de la Frontera (Cádiz) como presunto autor de delitos de abusos sexuales y corrupción de menores contra nueve chicos de doce y trece años de edad con los que contactaba a través de las redes sociales, entre ellas la popularmente conocida “Instagram” 21 . El presunto autor de los hechos contactaba con dichos menores y, en el momento en que se ganaba la confianza de éstos, les coaccionaba con revelar conversaciones privadas de carácter sexual si no le enviaban imágenes íntimas del menor. Una vez obtenidas las mismas, continuaban las coacciones y amenazas para mantener relaciones sexuales con ellos 22 .
Sin embargo y aunque pudiera parecer que esto solo afecta a menores de catorce años (edad a partir de la cual se permite el consentimiento acerca del tratamiento de los datos de carácter personal excluyendo el de los titulares de la patria potestad, en virtud del artículo 13 RLOPD), la realidad es bien distinta. Un caso podemos encontrarlo en una
20 En este sentido véase GIL ANTÓN, A. M., ¿Privacidad del menor en Internet?: “me gusta” ¡¡¡todas las imágenes de “mis amigos” a mi alcance con un simple “click”!!!, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015, p. 103.
21 http://www.elmundo.es/andalucia/2015/05/26/5564112dca4741b1698b456c.html (consultada el 14 de mayo de 2016).
22 Otro caso similar tuvo lugar el pasado 7 de octubre de 2015, cuando un pederasta de cuarenta años se había hecho pasar por un niño en las redes sociales, consiguiendo así contactar con los menores y concertar encuentros con ellos tras prometerles regalos a cambio de fotografías íntimas del cuerpo. Fue
detenido y acusado de un delito de abuso sexual a dos menores de trece años y otro de tenencia ilícita de pornografía infantil. Puede accederse a la noticia en la página web siguiente:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sucesos-y-tribunales/detenido-pederasta-por-abusar-menores-tras-
hacerse-pasar-por-nino-las-redes-sociales-4568713 (consultada el 14 de mayo de 2016).
noticia de 4 de diciembre de 2015, en la que se indica que un joven de diecisiete años se ganó la confianza de su víctima, una menor de dieciséis, a través de una red social. Así, consiguió que se pasasen fotografías íntimas, amenazándola posteriormente con difundirlas si no mantenían relaciones sexuales 23 .
Esto pone de manifiesto la cruda realidad de cómo tanto un menor de catorce años como un mayor de dicha edad no son conscientes de los riesgos que existen en el uso de las redes sociales y en los datos personales que se suben a las mismas o que se comparten con otros usuarios (a los que en muchas ocasiones, como en las noticias anteriormente comentadas, no conocen). También puede observarse cómo no son únicamente los adultos quienes cometen estos delitos de abuso sexual (grooming), sino también menores de dieciocho años, como es el último caso comentado. Así, se pone en entredicho nuevamente la creencia de muchos menores de edad de que los delitos cometidos a través de las redes sociales (como esas coacciones o amenazas) quedan impunes, no ajustándose a la realidad de modo alguno.
Entendemos que una cuestión clave en todo este tema es la referente a la prestación del consentimiento a la participación o ingreso en las redes sociales, lo que lleva a abordar el estudio del polémico artículo 13 RLOPD. Antes de ello, estimamos que, para una correcta comprensión del precepto, es necesario analizar la evolución que ha experimentado la patria potestad en nuestro Ordenamiento Jurídico, así como los cambios que se van introduciendo en los últimos años en lo que afecta a la capacidad de obrar de los menores de edad.
La existencia de una sociedad hace necesaria la intervención del Derecho para regular las relaciones que surgen entre los individuos y los posibles conflictos que se deriven de las mismas. Por tanto, todo cambio social aceptado conlleva necesariamente una transformación progresiva del Derecho que la regula.
Uno de los cambios más significativos a este respecto es el relativo al Derecho de Familia, y más específicamente al concepto de patria potestad. Así, a lo largo de las últimas décadas (a partir de la época del Derecho romano clásico, en el que el concepto
23 http://politica.elpais.com/politica/2015/12/04/actualidad/1449229079_956874.html (consultada el 14 de mayo de 2016).
de patria potestad consistía en un derecho absoluto del pater familias sobre sus hijos) han ido sucediéndose distintas etapas en las que progresivamente se han aumentado las facultades de decisión de los hijos y la patria potestad ha dejado de ser concebida como un derecho de los progenitores para pasar a ser vista como un deber de cuidado y educación de los descendientes, dando lugar a que hoy se hable de un derecho/deber o de un officium y no de “poder” del padre sobre los hijos.
Podría definirse la “patria potestad” desde una doble vertiente: por un lado, constituye un derecho que tienen los progenitores sobre sus hijos y, por otro, engloba una serie de deberes de cuidado, educación y crianza de los mismos. Así lo entiende LASARTE cuando define la patria potestad como “el conjunto de deberes, atribuciones y derechos que los progenitores ostentan respecto de los hijos que, por ser menores de edad, se encuentran de forma natural bajo la guarda, protección y custodia de sus padres” 24 .
Haciendo un breve recorrido histórico, puede apuntarse que en el Derecho romano clásico la patria potestad era concebida como un derecho absoluto de los padres sobre sus hijos 25 , específicamente sobre los hijos menores de edad no emancipados. Además el pater familias era el único titular de derechos, teniendo los hijos el poder de administrar con autonomía únicamente una serie de bienes –peculios– pero ostentando aún la propiedad de los mismos su padre.
Es posteriormente cuando se “relaja” la patria potestas, como indica LACRUZ, “limitándose notablemente la facultad de matar, exponer, vender por mancipatio e, incluso, castigar a los hijos” debido fundamentalmente a causas económicas, sociales, políticas, religiosas y morales 26 .
Esta idea se mantiene prácticamente inalterada en la redacción inicial del Código Civil de 1889, en el que sigue estableciéndose la superioridad del padre sobre sus hijos. DÍEZ-PICAZO califica a este jefe de familia como “un legislador y un juez” al mismo tiempo, comparándolo con un patrón a disposición del cual se coloca la fuerza de
24 LASARTE ÁLVAREZ, C., Principios de Derecho civil. Derecho de Familia, Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 344.
25 A este respecto señala LACRUZ BERDEJO que la patria potestas era el eje del Derecho de Familia. Así, el poder del pater familias se ejercía sobre los hijos y descendientes y sobre los adoptados y arrogados, con carácter “absoluto”: vitae et necis, “inmediato” y “perpetuo”. LACRUZ BERDEJO, J. L., Elementos de derecho civil, T. 4, Familia, Dykinson, Madrid, 2005, p. 399.
26 LACRUZ BERDEJO, op., cit., pp. 399 y 400.
trabajo de los hijos, por lo que “más hijos constituían mayor riqueza en el sentido estricto de la palabra” 27 .
Por lo tanto, los padres tenían un usufructo legal sobre los bienes de los hijos, quienes estaban obligados a deber obediencia y respeto a sus progenitores mientras permaneciesen bajo su potestad. A este respecto llama la atención la “facultad de corrección” de los progenitores que incluía, tanto la potestad de castigar a los hijos (antiguo artículo 155 del Código Civil, en adelante CC), como la de detención de los mismos (arts. 156 a 158 CC).
Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978, surgió el llamado Proyecto de 1979 28 . Con esta reforma el padre de familia ya no es un juez, bajándose en varios grados la jerarquía y el poder de mando de carácter patriarcal, por lo que el padre deja de ser “un legislador y un juez y se convierte en un probo funcionario que puede recabar el auxilio de la autoridad”, desapareciendo con ello el ius puniendi 29 .
Las principales características de esta reforma son la disminución de las obligaciones de los hijos para con sus padres, en el sentido del antiguo artículo 154, en el que se establecía el deber de “obedecerles mientras permanezcan en su potestad y de tributarles respeto y reverencia siempre”, el incremento de los controles públicos, la capacidad de los hijos de realizar actos de ejercicio de los derechos de la personalidad por sí mismos –cuando ostenten la suficiente madurez para ello– y la exclusión de la posibilidad de que los padres sancionen o castiguen a sus hijos, quedando ahora modulada en una simple facultad de corrección, lo que en opinión de DÍEZ-PICAZO consiste en “modificar un rumbo o una dirección estableciendo la más recta o la correcta. Por eso, toda corrección cumple una función pedagógica y educativa” 30 .
Con la Ley 11/1981, de 13 de mayo, se reforma el Código Civil para dar respuesta al artículo 39.3 de la Constitución Española y acentuar el carácter de officium de la patria potestad 31 , siendo también relevante la reforma introducida por la Ley 21/1987, de 11
27 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “Notas sobre la reforma del Código civil en materia de patria potestad”, Anuario de derecho civil, serie 1º, nº 2, 1982, p. 4.
28 “Proyecto de Ley de modificación del Código civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio”, que fue publicado en el “B.O. de las Cortes Generales”, núm. 71, de 14 de septiembre de 1979.
29 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, op., cit., pp. 5 a 9.
30 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, op., cit., p. 9.
31 Como apunta LACRUZ BERDEJO, el Tribunal Supremo venía tiempo insistiendo en este carácter de officium de la patria potestad, es decir, que se ejercitase en beneficio del hijo tal y como se entiende en la
de noviembre. Es entonces cuando se articula la patria potestad como una función social, esto es, un deber de los padres de cuidar y formar a sus hijos, y no como un derecho o facultad de éstos sobre sus hijos (tal y como venía estableciéndolo el Código).
LASARTE matiza la diferencia existente entre el Derecho romano clásico en el que el pater familias gozaba del “derecho de vida y muerte” (ius vitae et necis) sobre sus hijos, y la actualidad, donde la patria potestad es “una potestad en sentido técnico y en absoluto un derecho subjetivo que corresponda al patriarca familiar, ni siquiera a ambos progenitores” ya que, según este autor, las facultades que otorga el Código civil a los padres son precisamente potestades o poderes que les reconoce para que “los ejerciten en beneficio de los hijos y no atendiendo a los propios intereses de los sujetos activos de tales facultades o poderes” 32 .
Un aspecto que llama la atención de esta reforma es el cambio de terminología, sustituyendo “patria potestad” en el encabezado del Título VII por “relaciones paterno- filiales”, consecuencia de acentuar la pérdida de poder de los padres y la mayor concentración de facultades en los hijos 33 .
En este orden de ideas, hay que hacer referencia al artículo 154.1 CC en el que se establece que estarán sujetos a la patria potestad los hijos menores de edad no emancipados, pudiendo prorrogarse en ciertas situaciones incluso respecto a los hijos mayores de edad.
Esta patria potestad se ejercerá conjuntamente por el padre y por la madre, siempre en beneficio de los hijos y respetando su personalidad, representándolos y velando por ellos. Además se aumentan las facultades de los hijos respecto a las decisiones que puedan afectarles, debiendo ser oídos siempre si tuvieran suficiente juicio 34 , a tenor de
actualidad. Así, el artículo 154 CC considera que es una potestad atribuida a los padres para el desempeño de una función: el cuidado y la capacitación del hijo. LACRUZ BERDEJO, op., cit., pp. 400 y 401.
32 LASARTE ÁLVAREZ, op., cit., p. 344. 33 Sin embargo, BERCOVITZ considera que lo más correcto habría sido eliminar toda referencia al predominio del padre y de la madre con esta expresión de “patria potestad”, pues aunque se haya cambiado el título, sigue apareciendo esa mención en la redacción de los artículos. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Capítulo Primero. Disposiciones Generales”, Comentarios a las reformas del Derecho de familia, Tecnos, Madrid, 1984, p. 1043.
34 BERCOVITZ señala la dificultad en este caso de determinar cuándo el menor tiene suficiente juicio, concluyendo que en su opinión debe valorarse el suficiente juicio o madurez en atención a la decisión concreta que deba adoptarse, de acuerdo con el artículo 162.1 CC. Además considera como criterio orientador los doce años de edad establecidos en los artículos 92.2º y 156.2º CC. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, op., cit., pp. 1055 y 1056.
lo dispuesto en el artículo 154.2 CC, donde se les concede una mayor intervención en aras a respetar su personalidad.
Otro cambio relevante a este respecto es la intervención y vigilancia judicial en el
ejercicio de la patria potestad, al ser uno de los objetivos de la reforma. Con respecto a esta cuestión, se elimina la posibilidad de imponer hasta un mes de detención a los hijos
en un establecimiento correccional. Además, se suprime la facultad de castigar prevista
en el artículo 155.2º CC junto con la facultad de corrección, exigiéndose respecto de esta última que no sea sólo moderada sino también razonable.
Posteriormente se produjo otra reforma en el Código Civil en la que se cambió la expresión del artículo 154.1 CC de “del padre y de la madre” por “de sus progenitores”, a raíz de la Ley 13/2005, referente al matrimonio homosexual 35 . Sin embargo, con la reforma introducida por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, se vuelve a cambiar la denominación por “los padres”. Además esta ley elimina definitivamente la facultad de corrección contenida en el Código, dejando a los padres únicamente la opción de recabar el auxilio de la autoridad judicial.
A diferencia de la regulación anterior, ahora los hijos menores de edad pueden
administrar ciertos bienes, aunque la regla general sea la administración paterna de los bienes de los hijos. Así, por ejemplo, se exceptúan de dicha administración ordinaria los bienes que el hijo mayor de dieciséis años hubiera adquirido con su trabajo o industria (art. 164.3º CC). 36
Tras esta reforma se subraya aún más la posible intervención de terceros en el ejercicio
de la patria potestad, incluso aunque ésta no se haya extinguido. A modo de ejemplo
cabe citar al defensor judicial, que podrá intervenir para representar a los hijos sometidos a patria potestad cuando tengan un interés opuesto al de ambos progenitores
(ya que si solo es opuesto al de uno de los progenitores, la representación se concentra
en el otro). También se incrementa la participación del propio hijo sometido a la patria
35 Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
36 Sin embargo, para la administración extraordinaria de los bienes se sigue requiriendo el consentimiento de los progenitores.
potestad, cuando tenga suficiente juicio, antes de tomar decisiones que les afecten (art. 154.5º CC) 37 .
Merece especial consideración la redacción del artículo 162 CC en el que tras establecer la regla general de la representación de los padres sobre los hijos, enumera una serie de excepciones. En este caso no se trata únicamente de que el menor deba ser oído antes de tomar decisiones que le afecten, sino que directamente se permite al menor incapaz (en el sentido de incapacidad de obrar, arts. 321 y 322 CC) ejercitar una serie de derechos, excluyendo de este modo la representación legal de sus padres. Por tanto, el menor puede realizar por sí mismo ciertos actos (otorgar testamento, adquirir la posesión, aceptar donaciones puras…), así como actos relativos a derechos de la personalidad (párrafo 1º del art. 162 CC).
Respecto al régimen patrimonial de la patria potestad, los hijos ahora únicamente han de contribuir al levantamiento de las cargas familiares, pero con una cierta compensación por ello. Además, se limitan en mayor medida los bienes objeto de administración paterna, estableciéndose un catálogo más amplio de excepciones.
Cabe citar el artículo 167 CC, donde se recogen medidas de aseguramiento del patrimonio del hijo cuando los padres lo pongan en peligro mientras lo administren, indicando LACRUZ que por primera vez el Código contempla “la extinción de la administración paterna sin que se extinga la patria potestad, ni siquiera su ejercicio restante” 38 .
Todo esto pone de manifiesto cómo la potestad de los progenitores en lo referente al ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos menores no emancipados ha perdido fuerza de forma progresiva, para inclinar la balanza hacia un mayor abanico de derechos y facultades otorgados a dichos hijos menores, quienes ostentan una mayor capacidad de decisión respecto a ciertos actos de la vida civil que les afecten.
En conclusión, los menores de edad han ido adquiriendo un papel más participativo en los actos civiles, pudiendo otorgar su consentimiento –y, en consecuencia, excluir el de sus progenitores– en determinados extremos. Así, el Código permitirá a los menores
37 LACRUZ BERDEJO se apoya en la idea mantenida por Prada de que, en base al artículo 156.2, se puede considerar presumido el suficiente juicio a partir de los 12 años. LACRUZ BERDEJO, op., cit., pp. 408 y 409.
38 LACRUZ BERDEJO, op., cit., pp. 416 a 421.
otorgar el citado consentimiento o, al menos, ser oídos en cuestiones que les afecten, ya sea atendiendo a su edad, a sus condiciones de madurez o al criterio de juicio suficiente.
Como se ha puesto de manifiesto en el epígrafe anterior, el Ordenamiento Jurídico español reconoce en determinadas ocasiones capacidad suficiente para realizar ciertos actos de la vida civil a los menores de edad. Por lo tanto, aunque la plena capacidad de obrar se adquiera con la mayoría de edad (fijada en dieciocho años según el artículo 315 CC) y la regla general sea la incapacidad de obrar de los menores de dicha edad (artículos 321 y 322 CC), se reconoce a éstos cierta esfera de actuación en determinados actos, excluyendo, por ende, la representación legal de quienes ostenten su patria potestad. Como apunta ANDREU MARTÍNEZ, el principio comúnmente aceptado al respecto es el de “adquisición progresiva conforme al desarrollo físico y mental” 39 .
Por ello, para valorar en cada caso la capacidad del menor o la ausencia de ésta, el legislador civil ha utilizado diferentes criterios, pudiendo dividirse en dos grupos:
subjetivos (esto es, atendiendo a las condiciones de madurez y/o suficiente juicio del menor) y objetivos (estableciendo una edad concreta para cada acto en cuestión, siendo las más comunes los doce, catorce y dieciséis años de edad).
A modo de ejemplo, y respecto de los doce años, cabe citar la capacidad del menor de edad para consentir su acogimiento o adopción (artículos 173 y 177 CC) y la obligación del Juez de oír a los hijos con dicha edad (e incluso a los menores de doce años, en este caso atendiendo al criterio de juicio suficiente, arts. 92 y 159 CC).
En relación a los catorce años, el menor puede realizar ciertos negocios jurídicos como otorgar testamento (salvo el ológrafo, arts. 663 y 688 CC), ser testigo en un proceso judicial civil (art. 361 LEC) o adquirir la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia (art. 23 CC).
Finalmente, con dieciséis años puede solicitar la emancipación (arts. 317, 320, 321 CC), celebrar un contrato de trabajo y realizar actos de administración ordinaria con respecto a los bienes adquiridos con el rendimiento de su trabajo (art. 164.2.3º CC).
39 ANDREU MARTÍNEZ, M. B., La protección de datos personales de los menores de edad, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2013, p. 68.
Como apunta ANDREU MARTÍNEZ, se admite que el menor realice por sí mismo actos de la vida cotidiana de escasa entidad, de acuerdo con sus condiciones de madurez, aunque no haya ninguna norma que así lo recoja 40 .
Por lo tanto, en este ámbito se excluye la representación legal de los titulares de la patria potestad, si bien dicha exclusión no alcanza al deber de velar por ellos, cuidarlos y defender sus intereses, tal y como indica el Tribunal Constitucional (en adelante, TC). De este modo lo entiende también GRIMALT SERVERA al indicar que a pesar de que el menor tenga madurez suficiente para tomar sus propias decisiones, esto no excluye la posibilidad de intervención de sus representantes legales, pues siguen estando obligados a velar por sus hijos, educarlos y proporcionarlos una formación íntegra 41 . Como pone de manifiesto OROZCO PARDO 42 , siempre hay que tener presente el interés superior del menor respecto a aquellas decisiones que les afecten. Asimismo resulta relevante la STC 141/2000, en la que se advierte la importancia de modular la representación legal en función de la madurez del menor, su personalidad y los intereses que se vean afectados (al tener siempre carácter superior los del menor).
Téngase en cuenta igualmente que el artículo 162 CC indica que los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores de edad no emancipados, enumerando seguidamente una serie de excepciones en su párrafo 1º en el que se hace referencia a la exclusión de “los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo”. Así, y como se analizará posteriormente, el derecho a la protección de datos personales es un derecho de la personalidad, por lo que queda incluido en esta previsión, entendiéndolo así EGUSQUIZA BALMASEDA al indicar que este precepto faculta al menor con madurez suficiente “para decidir por sí respecto al tratamiento de sus datos” 43 .
La Resolución de 3 de marzo de 1989 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante, DGRN) especifica que la minoría de edad no supone una causa de incapacitación, sino que hay que ir analizando caso por caso, tomando en
40 ANDREU MARTÍNEZ, op., cit., p. 69.
41 Ahora bien, esto hay que valorarlo en cada caso concreto, pues ese control de los progenitores no puede ser irrespetuoso con los derechos del menor de edad, debiendo valorarse si justifica la invasión en la vida privada del menor. GRIMALT SERVERA, P., “Los menores e internet: capacidad versus protección de la vida privada”, Estudios de Derecho Civil en Homenaje al Profesor Joaquín José Rams Albesa (Coords. Cuena Casas, Anguita Villanueva, Ortega Doménech), Dykinson, Madrid, 2013, p. 190.
42 OROZCO PARDO, op., cit., pp. 386 y 387. 43 EGUSQUIZA BALMASEDA, M. Á., “Protección de datos: intimidad y salud”, Cuadernos de Aranzadi Civil, nº 35, 2009, pp. 82 y 83.
consideración tanto la trascendencia del acto de que se trate como la madurez del disponente. Otra norma jurídica importante es la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (en adelante, LOPJM), en cuyo artículo 4.3 se establece la posibilidad de que el menor preste su consentimiento para la utilización de su propia imagen.
Todo lo dicho hasta ahora sobre el reconocimiento progresivo de capacidad de los menores viene referido al ámbito personal, pues en lo que respecta al ámbito patrimonial únicamente se reconoce capacidad para contratar a los mayores de edad y a los menores emancipados (art. 1263.1 CC, aunque con ciertas salvedades).
De todo esto puede extraerse como conclusión la ausencia de unidad de criterio por parte del legislador a la hora de fijar la capacidad de obrar de los menores de edad, pues en unas ocasiones atiende al grado de madurez mientras que en otras establece una determinada edad (e incluso en algún caso combina ambos criterios 44 ).
La evolución de las tecnologías unida al uso masivo que los ciudadanos hacen de las mismas ha supuesto la necesaria intervención del Derecho para regular ciertos actos que escapan de la “vida real” (en contraposición a la “vida virtual”, mayormente conocida como “realidad virtual”).
Las tecnologías se han implantado en la sociedad exponencialmente, introduciendo consigo nuevas formas de comunicación entre los individuos, destacando a este respecto el auge vertiginoso experimentado por las redes sociales (tras la importancia que tuvieron, en su momento, el correo electrónico, los mensajes a través de los teléfonos móviles -SMS- o los “blogs” de Internet) 45 . Como apunta VÁZQUEZ DE CASTRO, la llamada Web 2.0 ha supuesto una auténtica revolución cultural y social, y el Derecho no
44 A este respecto, ANDREU MARTÍNEZ hace referencia a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, específicamente en su artículo 9.3.c) en el que se establece la edad de dieciséis años para consentir una intervención médica mientras que para los menores de dicha edad atiende a criterios de madurez al indicar “si es capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención”. ANDREU MARTÍNEZ, op., cit., p. 72.
45 El Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes online del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y la AEPD ofrece una definición de «redes sociales online», indicando que son los “servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil, desde el que hacer públicos datos e información personal y que proporcionan herramientas que permiten interactuar con otros usuarios y localizarlos en función de las características publicadas en sus perfiles”. HERRÁN ORTIZ, op., cit., p. 524.
ha sido ajeno a la misma pues, en palabras del autor, “se han abierto nuevos frentes que deben ser protegidos para salvaguardar los intereses de la ciudadanía y de la sociedad en general, al enfrentarse a acciones antes no previstas por los ordenamientos jurídicos y, por lo tanto, no reguladas adecuadamente” 46 .
De esta exposición puede extraerse que, a pesar de que el avance tecnológico ha sido muy beneficioso para la sociedad en general, también ha aumentado el riesgo de que los ciudadanos puedan ver vulnerados sus derechos, ya que el uso de la tecnología puede afectar gravemente a la intimidad y potenciar la intromisión en nuestra privacidad, así como facilitar la comisión de delitos. Por ende, el legislador ha considerado necesaria una regulación al respecto para evitar las consecuencias nocivas del uso (o, mejor dicho, “mal uso”) de Internet.
Como se indicó al inicio de este trabajo, muchos problemas tienen que ver con abusos que sufren los internautas en la red, los cuales fueron analizados con anterioridad. Por ello a continuación se analizará el problema específico de los datos de carácter personal en relación con el artículo 13 RLOPD.
5.1. El problema específico de los datos de carácter personal en relación con el artículo 13 del Reglamento de Protección de Datos. Todo acceso a una red social implica la aceptación de una serie de condiciones o cláusulas generales en las que se consiente el tratamiento de los datos personales por parte de dicha red (como pueden ser el nombre y los apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento, número de teléfono, ciudad, etc.), por lo que será necesario establecer un marco jurídico básico en el que se regulen las condiciones para que un menor pueda ser usuario de una red social así como los requisitos para poder tratar su información.
Para el análisis de esta cuestión debe partirse de la definición del derecho a la protección de datos. Según la jurisprudencia del TC, la intimidad y la privacidad son conceptos distintos, recogiéndose el primero en el artículo 18.1 CE y el segundo en el artículo 18.4 CE. Así, el derecho a la protección de datos comparte un origen común con los derechos al honor y a la intimidad, pero quedaría englobado en el artículo 18.4 CE (al ser un derecho autónomo e independiente del de la intimidad, unido en su
46 VÁZQUEZ DE CASTRO, op., cit., pp. 26 y 27.
previsión a la privacidad -privacy-), el cual establece que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos”.
Siendo esto así, el derecho a la protección de los datos personales, sobre todo ante la duplicidad de mundos presencial y virtual, se configura como un derecho fundamental de especial protección, autónomo y de nueva generación. Es decir, se considera que es un derecho “de tercera generación”, consistente en que nuestros datos personales no sean utilizados por terceros sin nuestro consentimiento. De hecho se ha consagrado como tal en muchos textos legales que analizaremos a continuación así como ha sido objeto de pronunciación por parte de nuestro TC. La sentencia más significativa a este respecto es la STC 292/2000, en la que se delimita la estrecha línea que separa los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales, estableciendo explícitamente el contenido de éste último como derecho fundamental 47 .
En concreto, en el Fundamento Jurídico sexto de la citada sentencia se indica que el derecho fundamental a la protección de los datos persigue garantizar a su titular el control sobre los mismos, para “impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado”. A continuación añade que el mismo atribuye a su titular una serie de facultades consistentes en “diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad”, los cuales se encaminan a garantizar la función de este derecho fundamental: ese poder de control sobre los datos personales (STC 254/1993, F.J. 7º) 48 . Finalmente, en su Fundamento Jurídico séptimo establece que se trata de un “poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso”. Concluye afirmando que estos poderes de disposición y control se concretan en “la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles”.
47 STC 292/2000, de 30 de noviembre.
48 STC 254/1993, de 20 de julio.
Tal y como pone de manifiesto BARRIUSO RUIZ, este derecho fundamental a la “libertad informática” se configuró en la STC 254/1993, cuyo Fundamento Jurídico séptimo (in fine) recoge la garantía de la intimidad, adoptando un contenido positivo en la forma de un derecho de control sobre los datos relativo a la propia persona, así como sobre su uso (habeas data) 49 .
Cabe afirmar que tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la protección de los datos personales les están reconocidos a los menores (sobre todo intimidad en el sentido de espacio espiritual, “derecho a la habitación” 50 ), ya que tienen su fundamento en el principio inspirador de la primera generación de tales derechos: la libertad 51 .
Consecuencia de ello, este derecho se ha ido reconociendo paulatinamente en textos normativos de diversa naturaleza: en la normativa de la Unión Europea se encuentra en el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. De la normativa nacional cabe destacar la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (en adelante LORTAD), que fue sustituida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD). También el Reglamento que la desarrolla (RLOPD) así como otras leyes importantes al respecto, como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE) 52 , la Ley 32/2003, de 2 de noviembre, General de Telecomunicaciones y la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de Conversación de Datos relativos a las Comunicaciones electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones.
Junto a estas normas jurídicas también tienen un papel relevante las diferentes Comunicaciones, Resoluciones e Informes realizados al respecto a iniciativa de diversas entidades, como los emitidos por la AEPD o por la Comisión Europea 53 .
49 BARRIUSO RUIZ, op., cit., p. 316.
50 Respecto al derecho a la intimidad de los menores, GRIMALT SERVERA realiza una descripción exhaustiva del mismo, indicando igualmente que “se trata de un espacio físico, es el domicilio, es la habitación del menor, es el móvil del menor, es el ordenador del menor, es el correo del menor, es el chat del menor, donde éste pueda expresarse como persona, donde pueda hacer aquello que le apetezca sin dar explicaciones”. GRIMALT SERVERA, op., cit., pp. 180 a 182.
51 OROZCO PARDO, op., cit., p. 390.
52 Resulta relevante sobre todo el artículo 8.1 de esta Ley, que establece que cuando un determinado servicio de la sociedad de la información atente contra ciertos principios (orden público, dignidad de la persona, no discriminación, protección de la juventud y la infancia, etc.) se podrán adoptar “las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran”.
53 Internacionalmente hablando es necesario tomar como referente a EEUU, pues hubo un caso muy famoso en 1997 en el que se hizo una reclamación ante la Federal Trade Commission contra el operador
Centrándonos en el tema que nos ocupa, el artículo 6 LOPD establece el principio general del consentimiento del afectado. Dicho principio se presenta como el más importante, al vertebrarse alrededor de él todo el sistema de protección de datos. Así lo ha puesto de manifiesto la STC 292/2000 al indicar que la autodeterminación informativa es el elemento que define la característica más esencial de este derecho, pues el tratamiento de los datos personales requiere siempre el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa 54 . De este modo, cuando se proceda al tratamiento de los datos de carácter personal y no se recabe el debido consentimiento por parte del titular de los mismos, se estará cometiendo una infracción grave del artículo 44.3.d) LOPD.
En esta línea cabe citar igualmente una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se analiza exhaustivamente la relevancia del consentimiento y cómo debe otorgarse el mismo 55 . El caso que dio lugar a la misma es el de un adulto, Armando, que subió a su “muro” de Facebook un vídeo en el que aparece manteniendo una conversación con un grupo de cinco escolares uniformados (menores de edad, de entre siete y ocho años) que hablan mirando a cámara, identificándose perfectamente su rostro. Al ser menores de catorce años y no haber obtenido el consentimiento de sus padres o tutores (art. 13 RLOPD), se considera por parte de la AEPD que ha cometido una infracción por no cumplir lo estipulado en el artículo 6 LOPD. Sin embargo, se recurre esta decisión, alegando varias causas entre las cuales se encuentra la antijuridicidad de la conducta, pues la LO 1/1982 no prohíbe el uso de imágenes ajenas en un lugar abierto al público.
Ante esto se indica que estamos ante un dato de carácter personal y de imagen personal de los menores, debido al concepto tan amplio de tratamiento de datos que contemplan los artículos 3.c) LOPD y 5.1.t) RLOPD 56 . Posteriormente se especifica que ante el
de la página web de GeoCities, tras la cual el Congreso aprobó la Children’s Online Privacy Protection Act de 1998 (en adelante, COPPA), para de este modo evitar los abusos que se observaron en la obtención y el tratamiento de la información relativa a los menores de trece años de edad. Esto hizo que EEUU fuese el primer país en afrontar y solucionar los problemas relativos al tratamiento de datos de los menores de edad. VÁZQUEZ DE CASTRO, op., cit., p. 36.
54 LESMES SERRANO, C., La Ley de protección de datos: análisis y comentario de su jurisprudencia, Lex Nova, Valladolid, 2008, p. 118.
55 SAN 577/2011, de 2 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso).
56 En este sentido resulta también interesante el Informe 179/2010 de la AEPD, donde se analiza una consulta relativa a la creación de una cuenta de correo electrónico para menores de diez años en su colegio, resolviendo la AEPD que la creación y uso de esa cuenta conllevará el tratamiento de datos personales (resultando de aplicación tanto la LOPD como el RLOPD) siendo necesario, en consecuencia, el respectivo consentimiento para dicho tratamiento (en este caso de sus representantes legales, al tener los menores únicamente diez años de edad).
conflicto entre la libertad de expresión o información y el derecho a la propia imagen hay que realizar una ponderación de ambos ya que son derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, sin que exista entre ellos jerarquía alguna.
Tras el análisis de la STC 158/2009, de 29 de junio, 57 concluye indicando que en este caso, por la inexistencia de un interés público en la difusión de las imágenes de los menores, debe prevalecer la protección de su imagen entendida aquí como dato personal. Finaliza advirtiendo que la circunstancia de que no fuese ese adulto quien grabase personalmente a los menores, el hecho de subir el contenido a su red social le convierte en “responsable del fichero o tratamiento” (artículo 3.d) LOPD), habiendo lugar, por ende, a la atribución a dicho adulto de la infracción del artículo 6 LOPD.
Respecto a los requisitos que debe cumplir el consentimiento, en ningún apartado de la ley se regula la necesidad de que sea expreso o por escrito (salvo las excepciones previstas en el artículo 7 de la citada ley, referidas al tratamiento de datos especialmente protegidos), por lo que rige el principio de libertad de forma, admitiéndose el consentimiento presunto y el tácito (artículo 14, por silencio positivo). Además debe ser libre, inequívoco, informado y específico 58 .
Como ya se puso de manifiesto anteriormente, el consentimiento de los menores de edad no se regula en la LOPD, sino en el Reglamento que la desarrolla, esto es, el RLOPD. En concreto, la regulación se contiene en el artículo 13.1 RLOPD, que establece lo siguiente: “Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los padres o tutores”.
57 STC 158/2009, de 29 de junio, en la que se comprueba que “para que la captación, reproducción o publicación por fotografía de la imagen de un menor de edad en un medio de comunicación no tenga la consideración de intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen, será necesario el consentimiento previo y expreso del menor o de sus padres o representantes legales, si bien incluso ese consentimiento será ineficaz para excluir la lesión del derecho a la propia imagen del menor si la utilización de su imagen en los medios de comunicación puede implicar menoscabo de su honra o reputación, o ser contraria a sus intereses”.
58 En íntima relación con esto resulta interesante la aportación de LESMES SERRANO cuando aprecia la diferencia entre lo que recoge el artículo 6 LOPD y lo que recogía la antigua LORTAD. Así, la nueva redacción de la LOPD exige que el consentimiento sea “inequívoco”, lo que según la RAE significa “que no admite duda o equivocación”, esto es, que no puede dar ocasión a juicios diversos o interpretarse en varios sentidos. LESMES SERRANO, op., cit., p. 193.
Es necesario indicar que con anterioridad a la redacción de este precepto la legislación española relacionada con la protección de los menores en relación a los datos personales estaba desactualizada, lo que en palabras de MARTÍNEZ MARTÍNEZ “no puede recibir otra calificación que preinformática e ineficiente”, de ahí la necesidad de suplir este retraso normativo con el artículo 13 RLOPD 59 .
Sin embargo, ante la ausencia de norma alguna, la AEPD actuó emitiendo informes, manteniendo una posición firme respecto al artículo 13 RLOPD, favorable a su admisión, como puede verse (entre otros) en los dos informes siguientes.
En el Informe de la AEPD del año 2000 (anterior a la redacción del RLOPD) se establece la diferencia entre los menores y los mayores de catorce años, teniendo los primeros capacidad suficiente para consentir en lo que afecte a sus derechos de la personalidad y requiriendo los segundos el consentimiento de sus representantes legales. También ha resultado importante el Informe de la AEPD 466/2004, en el que se completa lo indicado anteriormente estableciendo que el consentimiento del representante legal no depende de la naturaleza del dato personal requerido y que los mayores de catorce años tienen condiciones suficientes de madurez para prestar su consentimiento ya que el Ordenamiento Jurídico les reconoce capacidad de discernimiento para adoptar por sí solos ciertos actos de la vida civil.
El artículo 13 RLOPD recoge un criterio objetivo a la hora de fijar la capacidad del menor para consentir por sí solo el tratamiento de sus datos de carácter personal, marcando como límite la edad de catorce años. Frente a esto, la doctrina se halla dividida 60 . En este sentido, GIL ANTÓN, remitiéndose a STEFANO RODOTÁ, indica que estamos ante la denominada “Generation Debate”, ya que se abre el debate sobre la presencia de los menores en las redes sociales, sin que puedan sacarse conclusiones únicas en relación con los mismos ya que hay que distinguir entre los criterios de la edad y la madurez 61 .
59 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., “Menores y redes sociales. Condiciones para el cumplimiento del artículo 13 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos”, Derecho y redes sociales, 2ª edición (editores Rallo Lombarte y Martínez Martínez), Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013, pp. 216 a 218.
60 Como partidarios del citado precepto cabe mencionar a MORENO FLÓREZ o GIL ANTÓN, siendo detractores del mismo otros autores como PLAZA PENADÉS o GRIMALT SERVERA.
61 Véase GIL ANTÓN, op., cit., p. 93.
De este artículo puede decirse, cuanto menos, que es controvertido desde el momento en que en otras leyes se siguen criterios distintos para situaciones similares. Así, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (en adelante, LO 1/1982), en su artículo 3.1 regula el consentimiento de los menores de edad para legitimar una “intromisión” en su derecho al honor, intimidad o propia imagen, para lo cual utiliza el criterio de las “condiciones de madurez de acuerdo con la legislación civil”. Resultado de esto es que surge una especie de contradicción entre ambas, pues aunque los catorce años de edad pudieran servir como norma orientadora para valorar la madurez, no es definitiva.
Aparte de esta ley, otro precepto que también contiene una regla diferente es el artículo 162 CC, donde también se atiende al criterio de la madurez, sin establecer una edad concreta para valorar la misma. Ciertos autores como VÁZQUEZ DE CASTRO entienden que es este criterio el que ha tenido en cuenta el legislador al establecer el límite en los catorce años, por debajo del cual se atenderá a la madurez del menor de acuerdo con el precepto del Código Civil 62 .
Admitiendo que ésta es una cuestión polémica, entre los partidarios y detractores de la idoneidad del artículo 13 RLOPD, nosotros nos posicionamos más cercanos a estos últimos, con ciertas matizaciones, cuyos argumentos expondremos a continuación. La razón principal que hace que nos inclinemos por esta posición es la diversidad de normas jurídicas existentes respecto al consentimiento de los menores de edad en atención al tratamiento de sus datos de carácter personal, utilizando la mayoría de ellas un criterio subjetivo en función de la madurez del menor 63 .
Cierto es que dependiendo del acto en cuestión puede adoptarse un criterio u otro. Sin embargo, esto es susceptible de producir un solapamiento de normas cuando se trata de datos de carácter personal. Así, el artículo 3.1 LO 1/1982 permite otorgar el consentimiento para la intromisión al derecho a la propia imagen a los menores desde que sus condiciones de madurez lo permitan, utilizando un criterio distinto al del
62 VÁZQUEZ DE CASTRO, op., cit., p. 55. 63 Así, OROZCO PARDO cita como ejemplo a GRIMALT SERVERA cuando éste último pone de relieve la contradicción del Reglamento, ya que permite recabar datos de los menores cuando tengan catorce años sin necesidad de la asistencia de sus padres o tutores, la cual se exige cuando sean menores de dicha edad. Ahora bien, esto supone una privación del ejercicio de un derecho fundamental (porque dependería de sus condiciones de madurez) en contra de lo establecido en la LOPJM y de la jurisprudencia constitucional (sobre todo la STC 292/2000), solo para buscar un criterio uniformador y en aras de la seguridad jurídica. OROZCO PARDO, op., cit., p. 401.
RLOPD. Ante esto, en opinión de GRIMALT SERVERA y CAVANILLAS MÚGICA habría que atender a la siguiente distinción: si se tratan datos que afectan a la intimidad y a la propia imagen se debería acudir a la LO 1/1982, mientras que si son datos de carácter personal de otro tipo habría que atender a otras normas. Por lo tanto, si se entiende que este derecho a la protección de datos personales se engloba dentro del derecho a la personalidad, debiera ser el artículo 162 CC el que regulase la capacidad del menor. Así las cosas, no debiera atenderse a una edad concreta, sino a las condiciones de madurez del menor, criterio que compartimos pues entendemos que no debieran ser los catorce años los que determinen la capacidad del menor para otorgar consentimiento válido para que un tercero trate sus datos, sino que únicamente debiera utilizarse dicha edad como criterio orientativo 64 .
Esta postura es compartida también por HERRÁN ORTIZ, quien incide nuevamente en la necesidad de atender al resto del ordenamiento jurídico español y a las condiciones de madurez del menor, máxime teniendo en cuenta el hecho de que sea una norma reglamentaria la que establezca la edad de catorce años, sin que exista norma legal alguna que lo regule, aspecto al que haré referencia posteriormente 65 .
En relación a esto hay que indicar que se ha fijado la edad de los catorce años de modo puramente parcial pues, como se puso de manifiesto en el apartado de la capacidad del menor, la legislación civil suele utilizar distintas edades para marcar su capacidad en cada caso concreto (doce, catorce o dieciséis años). Así, y apoyándonos en la idea de PLAZA PENADÉS, la fijación de esta edad es arbitraria, sobre todo si se tiene en cuenta la trascendencia del derecho de protección de datos ya que en opinión del autor “los posibles abusos que del ejercicio del mismo pueden derivarse aconsejarían, a mi modesto parecer, una reflexión más meditada” 66 .
Por otro lado consideramos relevante matizar la indeterminación de la ley en cuanto a contenido se refiere, pues no especifica a qué extremos alcanza el consentimiento del menor. Es decir, queda claro que el consentimiento del menor de edad pero mayor de catorce años viene referido al tratamiento de sus datos de carácter personal, pero no se
64 GRIMALT SERVERA, P. y CAVANILLAS MÚGICA, S., “Servicios de la sociedad de la información y protección de datos personales”, Derecho de la empresa y protección de datos, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pp. 336 a 338.
65 HERRÁN ORTIZ, op., cit., p. 553. 66 PLAZA PENADÉS, J., “El derecho de protección de datos de los menores en la Comunitat Valenciana”, Derecho civil valenciano, Revista nº 4, Segundo semestre, 2008, p. 1.
pronuncia en sentido alguno respecto al ejercicio de los derechos que éste confiere, esto es, a los derechos de acceso, rectificación, cesión y obtención de sus datos (mayormente conocidos como “derechos ARCO” por sus siglas) 67 .
Respecto a esta cuestión, REBOLLO DELGADO y SERRANO PÉREZ consideran que si el artículo 13 RLOPD requiere el consentimiento de los progenitores para el tratamiento de los datos de los menores de catorce años, también implica que sean estos sujetos quienes ejerciten los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición aunque nada diga la norma. En definitiva, consideran que debe aplicarse la regla objetiva de la edad, tanto para el consentimiento, como para el ejercicio de estos derechos ARCO con la finalidad de conseguir una mayor seguridad jurídica, ya que no tendría sentido establecer edades distintas 68 .
Sumado a lo anterior, resulta disonante que sea una norma reglamentaria y no una de rango legal y orgánico la que regule el consentimiento del menor de edad, ya que la prestación del mismo debiera haberse regulado en la propia LOPD 69 . Así, la fijación de la capacidad del menor para otorgar su consentimiento debe recogerse en una Ley Orgánica ya que el derecho a la protección de datos, tal y como se puso de manifiesto con anterioridad, es un derecho fundamental consagrado en el artículo 18.4 CE y, por ende, le resulta de aplicación el artículo 81 CE que indica que los derechos fundamentales y libertades públicas sólo podrán desarrollarse por Ley Orgánica. Por lo tanto, debiera ser una Ley Orgánica la que desarrollase dicho derecho fundamental y, en todo caso, la regulación acerca de cómo debe prestarse el mismo en un Reglamento de desarrollo de la misma. Sin embargo, no es esto lo que se ha hecho. Junto a esta idea, como apunta PANIZA FULLANA, resulta contradictorio que un Reglamento establezca una edad concreta (los catorce años) mientras que leyes como la LO 1/1982 o el Código
67 Como bien apunta ANDREU MARTÍNEZ, el artículo 13 RLOPD no se pronuncia al respecto, así como tampoco lo hace el Reglamento Europeo ni en su artículo 8 ni en los artículos 15 y siguientes. Así, entiende la autora que al existir una única referencia al respecto en el artículo 23.2.b) RLOPD, cuando el menor no tenga capacidad para el ejercicio de tales derechos ARCO, éstos serán ejercitados por su representante legal. Sin embargo, pone el acento en el hecho de que no se indique cuándo el menor es capaz para prestar su consentimiento ante tales derechos, por lo que ante la falta de regulación alguna habrá que acudir nuevamente al artículo 13 RLOPD. En todo caso indica que en situación de conflicto entre la decisión del menor y sus representantes, habrá que resolver caso por caso teniendo siempre en cuenta el principio rector del interés superior del menor. ANDREU MARTÍNEZ, op., cit., pp. 148 a 157
68 REBOLLO DELGADO y SERRANO PÉREZ, op., cit., pp. 126 y 303.
69 Así lo entiende también PLAZA PENADÉS al indicar que la regulación de este precepto es deficitaria y que debiera haberse regulado de forma más clara y diáfana en una ley y no en un Reglamento, como por ejemplo en la LOPD o en la LOPJM. PLAZA PENADÉS, op., cit., pp. 2 y 3.
Civil establezcan el criterio de la madurez 70 , pues atendiendo a la jerarquía normativa, estas últimas debieran prevalecer.
Frente a esta posición, otros autores como MORENO FLÓREZ consideran que los menores de edad pero mayores de catorce años tienen condiciones de madurez suficiente para prestar su consentimiento al tratamiento de los datos. Para justificar su opinión se basan, entre otras cosas, en que nuestro Ordenamiento Jurídico viene en diversos casos a reconocer a los mayores de catorce años “capacidad de discernimiento y madurez para llevar a cabo, por sí solos, determinados actos de la vida civil”, añadiendo ejemplificativamente los casos de adquisición de la nacionalidad española o
la capacidad para testar 71 . Sin embargo, ante esta afirmación consideramos que no
puede establecerse un paralelismo entre dichos actos en los que se reconoce capacidad
jurídica al menor de edad pero mayor de catorce años ya que no son perfectamente equiparables.
A todos los efectos, compartimos la opinión de ANDREU MARTÍNEZ cuando indica
que aunque efectivamente en estos casos se reconoce a los mayores de catorce años capacidad en ciertos actos de la vida civil, tal y como ha puesto de manifiesto la AEPD, y que dichos actos tienen una gran trascendencia en el ámbito jurídico, sin embargo en los mismos interviene un tercero (representante legal, Notario, Fiscal, Juez…) que “de alguna manera vela porque se proteja el interés del menor”, por lo que entiende que no puede ser un criterio “automáticamente trasladable con carácter general al ámbito de la protección de datos personales” 72 .
No cabe duda alguna que el establecimiento de una edad concreta hace más fácil controlar el cumplimiento de la normativa, tanto a la hora de controlar el acceso de los menores a las redes sociales como a la hora de otorgar el respectivo consentimiento. Sin embargo, ya hemos visto que en más de un caso el hecho de alcanzar una determinada edad no aporta madurez suficiente al menor, quien no es consciente de los riesgos del control de sus datos en Internet como de ceder los mismos a terceros, así como a la hora
70 PANIZA FULLANA, A., “Problemática jurídica del menor como consumidor/usuario en la sociedad de la información”, Congreso de Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009, p.
71 MORENO FLÓREZ, R. M., “Los menores y el control de la información personal”, Protección de datos personales en la sociedad de la información y la vigilancia -Coord. Llácer Matacás-, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2011, p. 96.
72 ANDREU MARTÍNEZ, op., cit., p. 75.
de comunicarse con personas a través de la red sin saber a ciencia cierta de quién se trata 73 .
Así, en nuestra opinión, este tipo de medidas a adoptar no dependen tanto de la edad del menor como de su madurez y juicio, pues como se ha apuntado en relación a los abusos de confianza respecto a menores de edad, había casos de edades inferiores a los catorce años pero también otros de edades superiores a dicha cifra. Por lo tanto, participamos de la idea de que aunque sea más costoso articular mecanismos de protección de los menores en las redes sociales cuando se establece un criterio subjetivo en función de su madurez, por otro lado otorga más seguridad jurídica en el sentido de ofrecer un criterio que garantice que el menor que otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal está debidamente informado y conoce perfectamente tanto las condiciones como los riesgos de participar en dicha red social, evitándose en cierto modo los peligros subyacentes e inherentes al referido uso.
Aunque los catorce años de edad pudieran servir como criterio orientativo para poder ponderar la suficiente madurez y juicio del menor, pensamos que no debiera ser un criterio válido para este tipo de actos (consentimiento del tratamiento de los datos personales), debido a la gran trascendencia jurídica que tienen los mismos tras el avance constante y masivo que están teniendo tanto las redes sociales como otro tipo de plataformas online. Creemos que es más conveniente fijar un criterio subjetivo de acuerdo a la madurez del menor, la cual deberá ser medida por el servidor de la red social mediante ciertos métodos que en otros países, como por ejemplo EEUU, ya se están llevando a cabo (como se verá a continuación).
Relacionado con esto, la fijación de los catorce años de edad en el RLOPD es de las más bajas respecto al resto de países del mundo. Sin embargo, si dicha edad no es suficiente para un tema de gran trascendencia como el que nos ocupa ahora, es principalmente porque los métodos y medios de protección del menor existentes actualmente no son suficientes para garantizar su seguridad en Internet. Así, tal y como pone en entredicho
73 Además, y apoyándonos en la idea mantenida por GRIMALT SERVERA, aunque se alegue que la fijación de un criterio basado en las condiciones de madurez del menor pone en riesgo la seguridad jurídica, no consideramos que sea positivo para el menor fijar una edad concreta. Así, y en palabras del autor, “el interés del menor debe prevalecer sobre esa supuesta falta de seguridad jurídica, ya que debe tenerse muy presente que los derechos en juego son básicamente la intimidad y la propia imagen del menor, derechos que garantizan la dignidad y el libre desarrollo de su personalidad”. Por tanto, el criterio de la madurez obliga a respetar al menor sea cual sea su edad, siendo el que mejor le protege. GRIMALT SERVERA, op., cit., p. 189.
ABA CATOIRA, la regulación española al respecto es casi nula, sin que existan “normas específicas sobre derechos fundamentales en las redes sociales y, mucho menos, normas que refieran de forma concreta a los derechos de los menores” 74 .
En este orden de ideas cabe indicar que, junto a la normativa nacional anteriormente analizada, existe normativa autonómica al respecto. Así, y a modo de ejemplo, cabe citar a autoridades autonómicas como la Agencia Vasca de Protección de Datos, que han adoptado medidas autonómicas (campañas juveniles, programas educativos, material para ayudar a los menores a construir una cultura de protección de su privacidad en Internet, campañas de sensibilización, vídeos informativos, etc.) 75 .
En correspondencia con lo aquí mantenido, la Comunidad Valenciana ha dictado una ley que recoge un precepto similar al nacional sobre la protección de datos del menor. De este modo, aunque ofreciendo una solución distinta a esta última, la Ley 12/2008, de 3 de julio, de Protección de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad Valenciana, establece en su artículo 16 que “se reconoce al menor el derecho a la protección de sus propios datos y a impedir el tratamiento o la cesión de los mismos sin el consentimiento del representante del menor, salvo en el caso del menor emancipado, que podrá consentir por sí mismo”. Como puede comprobarse, el criterio utilizado por esta normativa autonómica es la emancipación del menor y no los catorce años de edad. Tanto HERRÁN ORTIZ como PLAZA PENADÉS se posicionan a favor de este precepto, indicando este último que es más lógico y menos problemático que el nacional, ya que su solución es aplicable tanto al tratamiento de los datos como a la cesión de los mismos (en relación al ejercicio de los derechos ARCO) así como por el hecho de venir regulado por una Ley especial que, tanto por su especialidad como por su jerarquía normativa, se aplica con preferencia sobre el artículo 13 RLOPD 76 . En cualquier caso, eso sí, debería admitirse que esta ley únicamente puede tomarse como ejemplo de una posible redacción de la normativa estatal, pues su aplicación se limita exclusivamente a los ficheros de titularidad pública de su demarcación autonómica.
74 ABA CATOIRA, op., cit., p. 4.
75 Véase HERRÁN ORTIZ, op., cit., pp. 558 a 560.
76 A este respecto añade PLAZA PENADÉS que haciendo una interpretación literal y tuitiva del artículo 13 RLOPD, pudiera entenderse que sólo se refiere al tratamiento, pero que es paradójico que una norma elaborada para aclarar el ámbito de disposición de los datos del menor genere “más sombras que luces”. PLAZA PENADÉS, op., cit., p. 2.
Fuera de la UE podemos tomar como ejemplo a EEUU, al ser el país pionero en la regulación de este tipo de datos. Así, su normativa COPPA fija la capacidad del menor de edad para consentir el tratamiento de sus datos en trece años, pero estableciendo una serie de mecanismos para verificar el cumplimiento de la normativa, tanto para obtener el consentimiento parental como para el control del acceso de los menores.
Paralelamente a esta norma, en la Unión Europea se ha aprobado recientemente un Reglamento para la protección de los datos de carácter personal, que es el Reglamento General de Protección de datos y Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de enero de 2012, sobre protección de datos, en el cual se aborda el tema de los menores de edad 77 . Su artículo 8 establece la edad de dieciséis años para que el menor pueda consentir el tratamiento de sus datos personales, permitiendo a los Estados rebajarla hasta los trece años para así ser idéntica a la establecida por la legislación estadounidense (al ser esta la cuna de la libertad de circulación y del mercado) 78 . Cabe destacar que una característica importante de este artículo es su reducido ámbito de aplicación, pues solo se refiere al tratamiento de los datos personales en relación con la “oferta directa de servicios de la sociedad de la información a los niños”.
Cuando se comience a aplicar dicho Reglamento, al ser de aplicación directa en los distintos Estados miembros, desplazará a la normativa nacional (el artículo 13 RLOPD) a favor del Reglamento, de tal modo que la edad mínima para consentir el tratamiento de los datos personales será de trece años (y no de catorce como establece actualmente la normativa nacional).
Bajo nuestro punto de vista, el legislador europeo no ha estado totalmente acertado con esta decisión, ya que rebajar la edad mínima para otorgar el consentimiento nos parece aún menos racional debido a los innumerables problemas que existen ya de facto respecto a los menores de catorce años (e incluso a los menores de edad pero mayores de dicho límite). Así, consideramos que sería más conveniente fijar más mecanismos de control, protección e incluso sensibilización y concienciación hacia todo tipo de
77 Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esto datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Publicado en el DOUE el 4 de mayo de 2016, entró en vigor el 24 de mayo de 2016 (art. 99) pero no será aplicable hasta el 25 de mayo de 2018. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1466516115292&uri=CELEX:32016R0679 (página del texto completo, consultada el 15 de junio de 2016). 78 Véase http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/11018-aprobado-el-reglamento-europeo-de- proteccion-de-datos:-nuevas-reglas-adaptadas-a-la-era-digital/ (consultada el 23 de mayo de 2016).
usuarios de una red social (o “consumidores” de Internet en general), que elaborar un Reglamento que rebaje dicha edad en vez de valorar la madurez de cada usuario. Ahora bien, también es cierto que el Reglamento regula de modo exhaustivo todas estas medidas de protección, exigiendo incluso una mayor responsabilidad al titular del fichero o página de Internet, pero sin embargo creemos conveniente establecer el criterio subjetivo de la madurez del menor.
En relación a esto es interesante tener en cuenta el Dictamen 2/2009 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT 29) 79 , en el que se indica que las normas de protección de datos de los menores tienen que tomar en consideración dos aspectos importantes: los diversos grados de madurez de los niños y hasta dónde alcanza la representación legal cuando la divulgación de sus datos personales resulten perjudiciales para sus intereses 80 .
5.2. Posibles soluciones a adoptar. Todo lo expuesto anteriormente pone de manifiesto la necesidad de contar no sólo con un marco jurídico que establezca la regulación de los datos personales en relación a las redes sociales, sino también con ciertas medidas preventivas y de control. Por ello resulta necesario establecer medidas de protección tanto para el acceso a la red social como para el momento en que el usuario decide abandonar las mismas.
En este sentido y a nuestro modo de ver, existen tres momentos críticos a tener en cuenta, ya diferenciados por la AEPD, a saber: el momento de acceso (que requiere un control a priori, preventivo, cuando se accede a la red social), el momento de actividad (cuando el usuario utiliza la plataforma, desplegando su actividad y compartiendo contenidos) y el momento de cancelación (cuando el usuario decide “darse de baja” del servicio y cancelar todos sus datos, que requiere un control a posteriori para que pueda
79 El GT 29 es un órgano consultivo creado en Europa por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (la cual es muy importante ya que constituye el texto de referencia a escala europea en materia de protección de datos personales). Así, el GT 29 está integrado por las Autoridades de Protección de Datos de todos los Estados miembros, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Comisión Europea. La AEPD forma parte del mismo desde su inicio en febrero de 1997.
80 Dictamen 2/2009 (del GT 29) sobre la protección de los datos personales de los niños (Directrices generales y especial referencia a las escuelas). Doc. 398/09/ES WP 160, de 11 de febrero de 2009, disponible en: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp160_es.pdf (consultada el 30 de mayo de 2016).
hacerse efectivo y para que pueda defenderse ante algún perjuicio o vulneración de algún derecho que pudiera haber sufrido) 81 .
PANIZA FULLANA plantea tres tipos de medidas a adoptar para conseguir una mayor protección en Internet, que son: medidas normativas, medidas tecnológicas y medidas de concienciación o autorregulación a través de códigos de conducta 82 .
Así, y respecto al acceso a las redes sociales, habría que abogar en primera instancia por un cumplimiento seguro de la normativa existente, así como por una comprobación efectiva de los requisitos para que tal acceso pueda tener lugar. Aludimos aquí a las obligaciones que deben llevar a cabo los responsables de las citadas plataformas online para que se cumpla tanto la normativa nacional como la europea.
Existen ya varias propuestas en marcha, siendo especialmente importante el modo de redactar las cláusulas generales o condiciones de contratación cuando se accede a la red social (que en el ámbito de Internet suelen denominarse “políticas de privacidad”, constituyendo el paso previo al acceso a cualquier red social) en la que se presta el consentimiento al tratamiento de los datos y contenidos que se compartan en la misma, razón por la cual es considerada uno de los momentos de máxima relevancia jurídica.
El problema radica en que normalmente los usuarios no suelen leer estas cláusulas o que las mismas no cumplen los requisitos de transparencia y accesibilidad. Hay que tener en cuenta que este problema se agrava respecto a los menores de edad, pues la madurez no es igual que en un adulto, de ahí que el artículo 13.2 RLOPD exija que la información dirigida a los menores se exprese en un lenguaje que sea fácilmente comprensible.
En palabras de MARTÍNEZ MARTÍNEZ, “no descender del lenguaje de niños y adolescentes significa lisa y llanamente un ejercicio irresponsable y lesivo del interés superior del menor”, añadiendo a continuación que no basta con el “fair play” (“juego limpio” en inglés), sino que en los menores hay que huir del lenguaje farragoso y tecnicista habitual, pues debe entender con claridad los aspectos esenciales del artículo 5 LOPD 83 . Así lo ha puesto de manifiesto la AEPD en su Estudio sobre la privacidad de
81 DAVARA RODRÍGUEZ distingue el concepto de “seguridad” en tres aspectos: lógica, física y jurídica. De este modo, entiende que la seguridad física y la lógica se consiguen mediante un control a priori, mientras que la jurídica se conseguiría mediante una protección tanto a priori como a posteriori. DAVARA RODRÍGUEZ, op., cit., p. 4.
82 PANIZA FULLANA, op., cit., pp. 2 a 4.
83 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, op., cit., pp. 221 y 222.
los datos y la seguridad de la información, recordando que la complicada y extensa redacción de estas políticas de privacidad de las redes sociales las convierte en “textos inútiles” y de difícil comprensión para el usuario. En conclusión, no cumplen su finalidad última, que es que el usuario comprenda el objeto, la finalidad y el plazo para el que son recabados y tratados sus datos personales, incumpliendo así la normativa de protección de datos 84 .
Otro problema relacionado con el acceso es el de la verificación de la edad del menor, con el riesgo añadido de que muchos menores llegan a falsear su fecha de nacimiento. Tanto la COPPA, como el Reglamento, establecen que los responsables del tratamiento deben hacer esfuerzos razonables para obtener un consentimiento verificable, teniendo en cuenta la tecnología disponible. Así, el artículo 13.4 RLOPD dice expresamente que se deben “articular los procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del consentimiento”.
Cuando se quiere acceder a una red social existe un apartado en el que se solicita la identificación del usuario y su edad. Sin embargo, esto no implica una verdadera verificación de la edad del interesado, ya que muchas redes sociales tienen establecida una edad por defecto o con cláusulas para indicar que se tiene una edad superior a trece o catorce años, sin que se pueda introducir la verdadera edad 85 . A este problema EEUU ha actuado estableciendo mecanismos que permitan introducir la edad exacta del usuario (en vez de que aparezca por defecto), así como emplear ciertas cookies que impidan que el usuario pueda dar hacia atrás una vez que se le ha denegado el acceso por no alcanzar la edad suficiente.
Igualmente podría parecer que esta solución no es del todo efectiva, al existir la posibilidad de que el menor, ante el conocimiento de la restricción de acceso por falta de edad, falsee ésta 86 . Sin embargo, ya existen diferentes sistemas de verificación de
84 En este sentido véase HERRÁN ORTIZ, op., cit., p. 549.
85 Resulta interesante el hecho de que España sea el único país en el que Facebook ha incrementado de trece a catorce años la edad mínima para poder registrarse y ser miembro de su red social a raíz de un requerimiento del Director de la AEPD en febrero de 2010. 86 Además resulta curioso el análisis que hace GIL ANTÓN respecto al hecho de obligar a los proveedores de redes online a establecer mayores mecanismos de seguridad pues, como bien apunta, los menores no utilizarán aquellas plataformas que exijan demasiados controles y dificultades para su acceso y relación, sino aquellas otras que “son amigables, no fijan límites, ni se les exigen garantías o precauciones especiales”. GIL ANTÓN, op., cit., p. 107.
edad además del anterior (denominado “auto certificación”). Determinadas empresas han ofrecido herramientas tecnológicas de verificación de edad 87 como son:
- Los elementos biométricos (que miden la densidad de los huesos de la mano, escaneo del iris, reconocimiento facial por webcam…). Sin embargo suponen un gran coste e implican el empleo de datos sensibles.
- Análisis semántico de las palabras utilizadas en los perfiles (basado en un algoritmo de búsqueda de términos comúnmente utilizados por los menores).
- Documentación electrónica (sin embargo, en España no se permite utilizar el DNI digital como firma cuando se trata de menores, debido a la prohibición recogida en el artículo 1.4 del Real Decreto 1553/2005 88 ).
- Uso de tarjetas de crédito o similares.
- Número de la Seguridad Social (o identificadores similares de las AAPP).
- Identificación offline o física de documentos de identidad (como el pasaporte).
En el caso de que se precisase del consentimiento parental, la COPPA ha regulado diferentes mecanismos de verificación, todos ellos regulados mediante la “escala móvil” (sliding scale) que establece un mecanismo u otro dependiendo de la finalidad para la cual se utilicen los datos del menor, partiendo del método más sencillo pero menos fiable denominado “e-mail plus” 89 .
Unido a esto, resulta imprescindible la colaboración de las distintas plataformas y redes sociales online con las autoridades de protección de datos. A modo de ejemplo, cabe citar la red social Tuenti 90 , quien presentó en el año 2009 a la AEPD las medidas adoptadas para eliminar de su red social a los menores de catorce años y así depurar sus perfiles. Además, gracias a la labor de la Comisión Europea, se consiguió en el año 2009 un Acuerdo Europeo para mejorar la seguridad de los menores que utilizan redes sociales (“Principios de la Unión Europea para Redes Sociales más Seguras”)
87 Todos estos métodos han sido expuestos en el informe de la Comisión Europea sobre soluciones de verificación de edad elaborado a propósito del Fórum sobre un Internet más seguro (septiembre de 2008).
88 Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.
89 Es interesante también el Dictamen 5/2009 del GT 29 sobre las redes sociales en línea (y el etiquetado de fotografías), en el cual se implementan diversas herramientas que mejoren el otorgamiento del consentimiento entre los usuarios de una red social. Doc. 00189/09/ES WP 163, de 12 de junio de 2009, disponible en: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_es.pdf (consultada el 30 de mayo de 2016).
90 Sin embargo Tuenti ha desaparecido actualmente como red social, actuando únicamente como telefonía móvil virtual. Enlace de la noticia: http://www.elperiodico.com/es/noticias/extra/tuenti-cierra-4861858 (página consultada el 24 de mayo de 2016).
comprometiendo a veinte de las principales redes sociales que operan en Europa, como son Facebook, Google, YouTube, Myspace, Yahoo Europa y Microsoft Europa 91 .
Respecto al momento intermedio o de despliegue de actividad en la red social, es muy importante concienciar a los menores de los riesgos que conlleva un mal uso de las redes sociales. Hoy en día existen bastantes propuestas e iniciativas para fomentar la formación de los menores respecto a la seguridad en Internet. Merece especial distinción la 30ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (celebrada en Estrasburgo los días 15 a 17 de octubre de 2008), en la que se debatió la necesidad de crear una normativa común de ámbito mundial para las redes sociales, de tal modo que se garantizase una protección mínima y básica, aprobando finalmente la Resolución sobre la protección de la privacidad en las redes sociales.
También resulta de interés el I Seminario Ibero-americano de Protección de Datos, celebrado los días 26 a 28 de mayo de 2009 en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia), cuyo tema era la protección de los menores, con especial referencia a las redes sociales. A nivel europeo también hay bastantes Recomendaciones (como el Programa Comunitario del Parlamento Europeo para reforzar la protección de los niños en Internet, el proyecto Dadus en Portugal, o el Proyecto Prometeo) 92 , existiendo igualmente Proyectos educativos a nivel autonómico 93 . Finalmente, son notorias también las iniciativas impulsadas por la AEPD, tal y como se ha puesto de manifiesto en ocasiones anteriores, como las Guías para los ciudadanos sobre sus derechos relativos a la protección de datos 94 .
BARRIUSO RUIZ enfatiza esta necesidad de educar a los más jóvenes en el uso de las redes sociales, advirtiéndoles e informándoles sobre las cautelas y precauciones a
91 Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-232_es.htm?locale=en y https://ec.europa.eu/digital- single-market/self-regulation-better-internet-kids (páginas consultadas el 24 de mayo de 2016). 92 Véase GIL ANTÓN, op., cit., pp. 111 y 112.
93 PANIZA FULLANA cita a modo de ejemplo el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, de Andalucía, referente a las medidas dirigidas a fomentar el adecuado uso de Internet y las TIC, el cual alude a los derechos de los menores de cara al acceso a las nuevas tecnologías mediante elementos pedagógicos y normas de “buen uso” o uso adecuado de Internet PANIZA FULLANA, op., cit., p. 2.
94 En el Plan Estratégico de la AEPD 2015-2019 se afrontan los nuevos retos en materia de privacidad y protección de datos. Puede acudirse a dicha información en la siguiente página web:
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/informacion_institucional/plan_estrategico-ides-
idphp.php (consultada el 30 de mayo de 2016).
adoptar, rechazando por completo las medidas de exclusión de la red, ya que considera que “destruye la propia naturaleza de la Sociedad de la información” 95 .
Otro aspecto clave en la seguridad del menor es el referente a la configuración del grado de privacidad que tenga establecido en su cuenta. De este modo, normalmente las redes sociales tienen configurada una privacidad por defecto (esto es, en el caso de que no se seleccione ninguna por parte del usuario), la cual suele ser bastante limitada. En consecuencia, no se limita el acceso de los contactos al perfil, permitiendo que terceros puedan disponer de forma absoluta de sus datos. Para ello los proveedores deberían respetar las normas de privacidad de los países donde operen, informando sobre las consecuencias de publicar datos de carácter personal, pues en estos casos la responsabilidad del titular del fichero pasaría a los propios usuarios de la red.
Una solución a adoptar sería que dichos proveedores permitiesen a sus usuarios restringir completamente la visibilidad de sus perfiles, así como que las configuraciones que se hacen por defecto fuesen más respetuosas con la privacidad. Se recomienda igualmente a los menores de edad que no aporten datos personales relevantes en sus cuentas (como por ejemplo el domicilio o el número de teléfono), sugiriéndoles incluso que empleen un pseudónimo en lugar de su nombre real cuando creen un perfil 96 .
Como apunta CABELLO FERNÁNDEZ, al navegar por Internet se dejan una serie de “rastros electrónicos” (denominación adoptada por el Consejo de Europa), que pueden ser usados indebidamente 97 . Resulta interesante el aporte de GIL ANTÓN al poner de manifiesto la exposición cada vez mayor de nuestra privacidad, en ocasiones sin que exista un comportamiento intencionado del usuario (debido a que en Internet existen las cookies, la indexación, los malwares, los hackers, etc.) 98 .
95 Para ello muestra como ejemplo de proyectos clave la iniciativa por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de elaborar un decálogo audiovisual para asesorar a los más jóvenes en el uso de las redes sociales. Esta iniciativa puede consultarse en la página web http://www.chaval.es/chavales/. BARRIUSO RUIZ, op., cit., pp. 335 a 337.
96 Véase el artículo “Privacidad vs redes sociales: cuidado con los datos que subimos a los perfiles” de la Redacción del Diario LA LEY, número 7077, martes, 16 de diciembre de 2008 (www.diariolaley.es), página 2.
97 Por ello, el Consejo de Europa promulgó en 1999 su Recomendación nº R (99) 5, de 23 de febrero, sobre la protección de la intimidad en Internet. CABELLO FERNÁNDEZ, M. D., “Protección de datos e Internet”, RCE. Revista de la Contratación Electrónica, nº 116, noviembre-diciembre 2011, pp. 22 y 23.
98 Además 1 de cada 10 usuarios (esto es, el 9,1%), al realizar una búsqueda de su nombre en Internet encuentra fotografías o vídeos etiquetados con su nombre (fenómeno conocido como “indexación automática por motores de búsqueda”). GIL ANTÓN, op., cit., p. 99.
Un avance muy significativo ante los posibles abusos es la implantación en las redes sociales de un “botón de denuncia de abusos” mediante el cual se pueda denunciar con un simple “click” cualquier contacto o comportamiento que se considere inadecuado.
Los padres también pueden realizar una importante labor de concienciación de los menores sobre el uso de las TIC, existiendo igualmente una serie de “controles parentales” que pueden implantarse en los ordenadores para evitar el acceso a contenidos inadecuados. Sin embargo, se trata de una medida que no surtiría gran efecto debido a la gran cantidad de herramientas tecnológicas desde la que se puede acceder a Internet (móviles, tablets, portátiles…) 99 .
Recientemente el TS ha permitido a los padres que accedan a las cuentas de Facebook de sus hijos para evitar el ciberacoso a raíz del caso de una madre que accedió a la cuenta de Facebook de su hija al sospechar que podía ser víctima de cyberbullying 100 . Sin embargo, la “brecha digital generacional” entre padres e hijos hace difícil controlar las relaciones que mantienen los menores, siendo muy importantes las iniciativas aludidas anteriormente para concienciar a éstos acerca de “los riesgos de Internet” 101 .
Finalmente, en el momento posterior o de cancelación de la cuenta cobran especial importancia las normas jurídicas analizadas, pues la cancelación de los datos subidos a la red social no es efectiva, debido a la dificultad de eliminar de forma absoluta el contenido en Internet, incluso cuando el usuario ya se ha dado de baja de la red social 102 .
99 A este respecto, matiza GRIMALT SERVERA que hay que ser conscientes de que estos controles pueden colisionar con la intimidad del menor, debiendo evaluarse en cada caso si la conducta garantista de los progenitores es adecuada o si, por el contrario, supone una intromisión injustificada en los derechos del menor. GRIMALT SERVERA, op., cit., p. 191.
100 Así, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido la validez de la prueba obtenida por la madre en dicho acceso (obviamente sin el permiso de su hija), sirviendo para condenar a un hombre que contactó con su hija por un delito de abusos sexuales y cinco delitos continuados de exhibicionismo. Enlace a la noticia: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal- Supremo-avala-el-acceso-de-los-padres-a-las-cuentas-de-Facebook-de-sus-hijos-para-evitar-el-ciberacoso (consultada el 28 de mayo de 2016).
101 El “Proyecto Brújula” (dirigido a menores de ocho a doce años) publicó cifras alarmantes como las siguientes: un 28% de los niños españoles ha entrado alguna vez en páginas pornográficas, el 55% reconoce no haber recibido ninguna información sobre normas básicas de seguridad y el 30% ha facilitado sus datos a personas desconocidas. Ver ABA CATOIRA, op., cit., pp. 8 y 9.
102 Ya que al no existir barreras temporales ni espaciales, se pueden haber realizado copias de esos datos tanto por terceras personas como por los propios proveedores del servicio. Por ello un avance muy significativo al respecto es el recogido en el Reglamento europeo al contemplar la posibilidad de eliminación total de los datos así como que los menores -una vez alcanzada la mayoría de edad- puedan ejercitar el derecho a suprimir sus datos facilitados durante la minoría de edad.
PRIMERA.- La implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación (y en especial el auge de las redes sociales) en nuestra sociedad hace necesaria una modificación de la normativa jurídica existente, a los efectos de poder proteger de modo efectivo los derechos de los ciudadanos, sobre todo en relación a la intimidad y a los datos personales.
Muchos usuarios no son conscientes de los riesgos que asumen cuando forman parte de una red social o plataforma virtual, siendo necesario protegerles de esta indefensión no solo mediante una normativa jurídica específica (pues esta ya existe aunque no referida a todos los ámbitos de Internet) sino también mediante medidas de protección tanto a priori como a posteriori de los datos que se comparten en la red. Es necesaria una concienciación y educación tecnológica que comience a la minoría de edad, junto con una participación conjunta de los titulares de las redes sociales y las autoridades públicas de los Estados para garantizar una protección del internauta plena y eficaz.
SEGUNDA.- Los menores de edad son un sector de la población que merecen una mayor protección, si se tiene en cuenta que ostentan una madurez inferior que un adulto y que actúan con menos precaución cuando se conectan al mundo virtual, confiando en que sus actos serán impunes y que están totalmente protegidos en la red.
Los menores constituyen uno de los sectores que más sufren las consecuencias derivadas del mal uso de Internet (grooming, cyberbullying, acosos…), siendo necesario implantar medidas que procuren una concienciación y educación de los menores del uso de Internet, sin necesidad de que esto suponga un abandono total de las redes sociales, pues usadas con la debida cautela contribuyen a la sociedad del conocimiento.
TERCERA.- La patria potestad ha sufrido una importante evolución en España en los últimos años consistente en una mayor adquisición de capacidad por parte del menor de edad para consentir ciertos actos concernientes a su vida civil. Así, a pesar de poder utilizarse el criterio de la madurez del menor, en el ámbito de la protección de los datos
personales se ha optado por un criterio objetivo, como es el de fijar la edad de catorce años para que puedan otorgar por sí mismos el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Esto ha quedado recogido en el artículo 13 RLOPD, siendo llamativo que sea un Reglamento el que determine dicha capacidad (teniendo en cuenta la trascendencia del acto del que estamos hablando) ya que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental consagrado en el artículo 18.4 CE y, por ende, sólo puede desarrollarse por Ley Orgánica, al resultarle de aplicación el artículo 81 CE.
La edad fijada es inadecuada y arbitraria, pues únicamente debiera operar como criterio orientador pero nunca como límite a partir del cual considerar que el menor puede consentir el tratamiento de sus datos. En definitiva, aunque en otras situaciones es ésta la edad fijada por el legislador español, hay que tener en cuenta la relevancia jurídica del tratamiento de los datos personales y todos los problemas que se han expuesto con anterioridad, así como el hecho de que en esos otros actos en que el menor de catorce años adquiere capacidad de obrar está presente un tercero (Fiscal, Juez, Notario…) que vela por que se respete el principio rector del interés superior del menor.
CUARTA.- Ha entrado en vigor recientemente el Reglamento de la UE relativo a la protección de datos, en el que se rebaja la edad fijada como límite para que el menor pueda consentir el tratamiento de sus datos de catorce a trece años (para asimilarse a la normativa estadounidense), además de establecer ciertos mecanismos para conseguir una protección eficaz y herramientas para aumentar la seguridad en Internet.
Cuando se produzca su aplicabilidad, éste desplazará a la normativa española (RLOPD), aplicándose prioritariamente el Reglamento. Sin embargo, consideramos más conveniente que se introdujese un criterio atendiendo a la madurez, pues sería más garantista y respetuoso con el interés superior del menor, al permitirle decidir con independencia de su edad así como protegerle ante los peligros de Internet (que afectan tanto a mayores como a menores de catorce años, pues depende en mayor medida del juicio crítico de cada uno).
QUINTA.- Por todo lo expuesto y a pesar de que jurídica y fácticamente el criterio de la madurez resultaría un modo más inseguro y difícil de probar, consideramos que con él se conseguiría una protección más eficaz, al garantizarse que éstos ostentan la madurez suficiente para saber actuar ante situaciones intrusivas de su intimidad y privacidad.
Además otro paso beneficioso para conseguir una protección eficaz sería plasmar normativamente las prevenciones adoptadas en las iniciativas del sector público (informes, conferencias, estudios, recomendaciones…), para completar la normativa actual, consiguiendo de este modo un amparo completo de los derechos en Internet.
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- SAN 577/2011, de 2 de enero de 2013 (Sala de lo Contencioso).
- STC 254/1993, de 20 de julio.
- STC 292/2000, de 30 de noviembre.
-Otros documentos:
A pesar de ser resoluciones administrativas, estimamos conveniente adjuntar aquí los
siguientes informes emitidos por la AEPD:
- Informe AEPD 0000/2000.
- Informe AEPD 0466/2004.
- Informe AEPD 0046/2010.
- Informe AEPD 0179/2010
Además también consideramos necesario adjuntar aquí los dictámenes del Grupo de Trabajo del Artículo 29:
- Dictamen 2/2009, sobre la protección de los datos personales de los niños (Directrices generales y especial referencia a las escuelas). Doc. 398/09/ES WP 160, de 11 de febrero de 2009.
- Dictamen 5/2009, sobre las redes sociales en línea. Doc. 00189/09/ES WP 163, de 12 de junio de 2009.
“USO DE INTERNET (comparación entre la UE y España, 2014)”
En estas gráficas puede observarse el acceso de los usuarios a Internet en función de la frecuencia con la que realizan el mismo, así como según el rango de edad en que se encuentren, realizando una comparativa entre la Unión Europea y España. Datos obtenidos del “Eurobarómetro” realizado por la Comisión Europea sobre “ciberseguridad” en los días 11 a 20 de octubre del 2014. Entrevistados: 27.868 (UE) y 1.011 (España).
USO DE INTERNET (comparación UE/España, 2014)
No tiene acceso a Internet (ESPONTÁNEO)
A menudo/a veces
USO DE INTERNET (UE, 2014)
De 55 años en adelante De 40 a 54 años De 25 a 39 años De 15 a 24 años
“¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZA EN INTERNET? (Respuesta múltiple, comparación UE y España, 2014)”
Nuevamente utilizando los resultados del Eurobarómetro del año 2014, puede observarse en el siguiente gráfico la comparativa entre la UE y España respecto a las diferentes actividades que el usuario realiza cuando accede a Internet.
¿Cuál de las siguientes actividades realiza en Internet? (Respuesta múltiple)
“RIESGOS DE LOS CIBERDELITOS Y SEGURIDAD EN INTERNET”
Finalmente, en estas dos últimas gráficas puede comprobarse la desinformación que tienen los usuarios de los riesgos acerca de los ciberdelitos (mediante una comparativa entre la Unión Europea y España, año 2014) así como la preocupación de dichos internautas de que la información personal que comparten en Internet no se mantenga segura.
¿Podría decirme en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? (ESPAÑA, 2014)
Le preocupa que las autoridades públicas no mantengan segura su información personal…
Le preocupa que los sitios web no mantengan segura su información personal en Internet
Cree que el riesgo de ser una víctima de delito informático está aumentando
Evitar dar información en Internet
¿En qué medida está usted informado/a sobre los riesgos de los ciberdelitos? (comparación UE/ESPAÑA, 2014)
No bien informado/a
Bien informado/a
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References: artículo 13

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 artículo 154
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 artículo 167
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 Resolución 
 artículo 4
 artículo 9
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in fine
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 artículo 44
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 artículo 18
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 artículo 23
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 8
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 Artículo 29
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 artículo 13
 artículo 5
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