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Timestamp: 2017-11-25 07:35:57+00:00

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Nuestro Sistema Público de Seguridad Social: julio 2013
La crisis actual no debe trasladarse a la evolución del sistema a largo plazo
ADOLFO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 11 JUL 2013 - 00:00 CET
Conviene recordar, en primer lugar, cuando se plantea reformar el sistema de pensiones, que el Pacto de Toledo surgió con la finalidad de alcanzar acuerdos políticos y sociales que den estabilidad al sistema, pactando las modificaciones que deban realizarse a lo largo del tiempo para evitar el riesgo de “tejer y destejer” y de que se produzcan contradicciones entre las decisiones de los distintos Gobiernos. El Pacto de Toledo es, sin duda, el marco adecuado para estudiar y acordar, en su caso, la oportunidad y contenido del llamado “factor de sostenibilidad”.
Factor de sostenibilidad que, por lo que se ha publicado, en realidad, se trata de dos factores que se aplicarían: uno, a las “expectativas de derechos” de los que son cotizantes, y el otro, a la evolución de la cuantía del “derecho ya causado” de los actuales pensionistas.
A) Reforma de las pensiones futuras (“expectativas de derechos”). La prolongación de la vida en España es una realidad desde hace décadas, lo cual repercute en el sistema de pensiones, esencialmente por el crecimiento de la esperanza de vida de las personas con 65 o más años que determina el periodo de pago de la pensión. Este aumento de la esperanza de vida, según datos del INE y del propio presupuesto de la Seguridad Social, se estima que en el periodo 2010 a 2030 será de 1,76 años para los varones y de 1,99 años para las mujeres.
Frente a este incremento progresivo de mayor tiempo de percepción de la pensión, la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que ha entrado en vigor a primeros de 2013, retrasa la edad legal de jubilación en dos años, modificación que se aplicará plenamente en 2027 y, a su vez, y por lo que respecta a las jubilaciones anticipadas, el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral, retrasa en dos años la edad de acceso anticipado, tanto cuando es por causa involuntaria (63 años cuando finalice el periodo transitorio) como voluntaria (65 al final de dicho periodo).
Así pues, con las normas mencionadas se ha retrasado en dos años tanto la edad legal de jubilación como la anticipada y, en consecuencia, la edad real, produciéndose de hecho la prolongación del periodo de cotización y a la vez la reducción del tiempo de percepción de la pensión. Son medidas que tratan de anular el efecto previsto en el sistema de pensiones por el incremento de la prolongación de la vida en los próximos 20 años.
Cumplir 37 años de cotización será ‘misión imposible’ para los trabajadores
Por otra parte, y en relación con el llamado efecto de sustitución, consecuencia del mayor importe de las pensiones de los nuevos perceptores respecto a la cuantía de las bajas por fallecimiento, la Ley 27/2011 señalada aumenta de 15 a 25 años el número de bases de cotización que se deben tener en cuenta para calcular la pensión, a la vez que eleva a 37 el número de años de cotización (antes 35) para acceder al 100% de la base reguladora. Medidas que suponen un mayor esfuerzo contributivo para los actuales cotizantes y que tienden a moderar la cuantía de las futuras pensiones.
Estas reformas, dada la situación del mercado laboral, plantean serias dudas sobre si son excesivamente severas, por el elevado número de trabajadores con contrato parcial o temporal, por el alto índice de desempleo juvenil y por el actual volumen de personas en paro prolongado que han agotado o van a agotar la prestación contributiva por desempleo. Completar 37 años de cotización plena puede ser, para una parte muy importante de la población, “misión imposible”, por lo que su historia laboral va a estar llena de “lagunas” sin cotización que determinarán una baja prestación e incluso la probabilidad de que muchos solo alcancen la pensión mínima. Es un escenario que debe tenerse en cuenta para evitar que una decisión adicional y precipitada pueda generar un problema social.
B) Reforma que afecta a las actuales pensiones (“derecho ya consolidado”). Se propone, en este caso, utilizar una nueva forma de actualización anual de las pensiones que, en principio y en el momento actual, significa una reducción respecto a la vigente que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo y que está establecida en el Pacto de Toledo y en la Ley General de la Seguridad Social.
La actualización dependería de una fórmula matemática que combina medias aritméticas móviles y geométricas de varias variables, la aplicación de un coeficiente a determinar por el Gobierno y la fijación del periodo para el cálculo que puede abarcar los años de la crisis económica. En definitiva, un procedimiento de complicada comprensión y de difícil seguimiento y comprobación por los ciudadanos.
Pudiera pensarse que, como en la fórmula descrita los valores pueden ir cambiando en el tiempo, en un futuro puede comportar incluso una mejora sobre la actual, por lo que los jubilados podrían dentro de siete u ocho años empezar a percibir esa mejora en sus pensiones. Suena esto a humor negro cuando el 51% tiene 75 o más años y lo que ahora les preocupa es cómo vivir con su moderada pensión.
Además, aplicar una fórmula sencilla de entender como la actual evita que nuestros mayores tengan la duda de que se les trata de confundir, como a muchos de ellos les ha ocurrido con las “preferentes”, y que lo que se persigue es recortar el valor real de su pensión. Lo cual les resultará difícil de comprender al pensar que con su trabajo han contribuido para que España, a pesar de la crisis, hoy sea mucho más rica y desarrollada que cuando ellos eran jóvenes.
C) Algunos datos en relación con el gasto en pensiones. Muy recientemente el presidente del Gobierno, al anunciar el proyecto de reforma de la Administración, señaló muy acertadamente: “Quiero acabar con un mito: España es de los países con menos gasto público de la UE”. Pues bien, en la misma línea, según los últimos datos publicados (2010) por Eurostat, oficina de estadística de la UE, España es también de los países que dedican menos porcentaje del PIB a pensiones, el 10,8%, cifra que, salvo Luxemburgo e Irlanda, es la menor de la Europa de los 15, mientras que en Italia es del 16,0%; en Francia, el 15,0%; en Portugal, el 14,2%; en Grecia, el 13,9%; en Alemania, el 12,8%; y la media UE-15 es del 13,4%.
Teniendo en cuenta los datos anteriores conviene señalar, en relación con la estabilidad del sistema de pensiones, que, además de las reformas realizadas y de la utilización del Fondo de Reserva, el Pacto de Toledo, si bien establece que la financiación de las prestaciones de naturaleza contributiva debe depender básicamente de cotizaciones sociales, no excluye la posibilidad de aplicar otras fuentes adicionales de recursos para el mantenimiento del sistema de pensiones.
En definitiva, es necesario que el sistema de pensiones sea objeto de continua atención y estudio, considerando su sensibilidad a los cambios económicos, sociales y demográficos, pero no parece apropiado trasladar una situación extrema del ciclo económico como la actual a su comportamiento en el largo plazo, puesto que induciría a un planteamiento erróneo sobre la estabilidad y evolución futura del sistema previsional, por lo que es muy dudosa la necesidad y urgencia de una nueva reforma, más cuando estamos al principio de la aplicación de otras de las que no conocemos aún sus efectos.
Adolfo Jiménez Fernández es economista y miembro del Instituto Europeo de Seguridad Social.
Publicado por Miguel Vicente Segarra Ortiz en viernes, julio 12, 2013
ENTREVISTA CON EL CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA en http://www.cuartopoder.es
Joaquin Aparicio Tovar: “Los fondos de pensiones son un fracaso; sólo ganan los gestores”
Publicado por Miguel Vicente Segarra Ortiz en lunes, julio 08, 2013
¿Cobrar solo por existir? NO, como derecho de ciudadanía.
UNA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) RECLAMA UNA RENTA MÍNIMA GARANTIZADA
NAVARRA Y PAÍS VASCO SON LAS ÚNICAS COMUNIDADES QUE PODRÍAN FINANCIARLO
SUIZA TIENE RECURSOS SUFICIENTES PARA PAGARLA, PERO SUS CIUDADANOS SE OPONDRÍAN
PRESTACIONES POR DESEMPLEO ASISTENCIALES
Beneficiarios de prestaciones de nivel asistencial, según sexo y edad (1).
En Miles (último día de cada mes).
DIC..........
ENE..........
1.212,1
FEB..........
MAR..........
ABR..........
JUN..........
JUL..........
AGO..........
1.145,3
SEP..........
OCT..........
1.174,0
1.210,9
1.236,6
(1) Sin incluir el subsidio para trabajadores eventuales agrarios.
gasto mensual mayo 2013
510.279.840,00 €
1.419.432,00 €
15.232.056,00 €
340.360.794,00 €
153.267.558,00 €
UNA RENTA MÍNIMA DE CIUDADANÍA es hoy posible uniéndose todos los subsidios de desempleo, el PREPARA y las Rentas sociales de Ayuntamientos y CCAA, ya que son no contributivos: se financian vía impositiva.
La cantidad de 510.279.840,00 € es un poco inferior ya que el RDL 12/2012 se cargó la jurisprudencia del T. Supremo al imponer el subsidio parcial y desde su entrada en vigor se aplica la "parcialidad" al último contrato, es decir, si trabajaste el 40% de la jornada habitual (16 horas semanales) cobraras el 40% de 426 €, osea 170,4 €.
¿Cobrar solo por existir?http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/07/actualidad/1373219866_421979.html
Justo cuando el Banco de España se descuelga con la idea de que haya trabajadores que cobren por debajo del salario mínimo profesional (645,3 euros), otras voces reivindican la introducción de una renta básica garantizada de carácter universal. O sea, unos ingresos mínimos para garantizar una vida digna que recibirían todas las personas por el simple hecho de existir.
La idea, que empezó a analizarse con detalle en círculos académicos a mediados de los años ochenta, dio un gran paso en 1986, cuando se creó la red mundial Basic Income Earth Network, que agrupa a economistas, políticos y activistas de decenas de países. En España está viva desde 2001 y trabaja con el nombre de Red Renta Básica (RRB). Y en Europa diversas organizaciones se han propuesto recoger un millón de firmas para pedir a la Comisión Europea que elabore un estudio de viabilidad. Sus defensores sostienen que es factible y que sería la mejor manera de desterrar la pobreza. En el otro extremo, los detractores de la medida cuestionan no solo que sea posible financiarla sino, además, que resulte deseable desde el punto de vista económico, social e, incluso, moral.
La RRB define esta renta básica como un ingreso que paga el Estado a cada ciudadano de pleno derecho. Se abonaría con carácter universal, independientemente de los ingresos, ahorros o propiedades del ciudadano. Y no supondría la supresión de otras prestaciones públicas. Un modelo que, a priori, solo podrían implementar las sociedades más ricas.
En un país como Suiza se calcula que implantar una renta básica de 2.500 francos (unos 2.000 euros) costaría en torno a 200.000 millones de euros (un tercio de la riqueza nacional). Es decir, que podría llegar a financiarse. Sin embargo, además de dinero hace falta voluntad política y ciudadana. Y ambas cosas están ausentes. Según Samuel Bendahan, economista de la Universidad de Lausanne (Suiza), “en caso de que hubiera un referéndum es muy improbable que los suizos aceptaran, porque temen que esta medida arruine la economía del país [al detraer muchos recursos para este fin]”. “El miedo es un factor muy presente en los suizos cuando tienen que tomar decisiones políticas”, señala Bendahan, quien defiende la viabilidad de la renta básica, “aunque sea en cuantías pequeñas”.
Katja Kipping, presidenta del partido alemán Die Linke (La Izquierda), también es una firme defensora de esta propuesta en el Parlamento germano. En su opinión, “la renta básica universal es una utopía real”. Y debe ser “uno de los pilares para una nueva Europa social y democrática”.
Sus detractores la critican por razones morales, además
de financieras
La implementación de un ingreso universal de este tipo tendría enormes implicaciones en el tejido económico de un país. La más obvia a la que los expertos apuntan es que mucha gente optaría por dejar su actual puesto de trabajo. Bendahan lo reconoce, y asegura que es algo positivo: “Si hubiera una renta básica que cubriera lo esencial, la gente no tendría que optar por trabajos que detesta”. Un mal de muchos que el economista define como “una forma moderna de esclavitud”. En su opinión, esto transformaría radicalmente el mercado laboral porque los empleos más desagradables y que nadie desea pasarían a estar muy bien remunerados. Además, se podría pedir a los ciudadanos que, en aras del bien común, ejerciesen algunas labores especialmente difíciles, como algunas relativas a la defensa o la seguridad.
Barbara R. Bergmann, profesora emérita en Economía de la Universidad de Maryland, anota otra derivada que considera positiva: “Los países ricos necesitamos frenar el crecimiento económico para tener derecho a pedir a las naciones más pobres que limiten sus emisiones (contaminantes). La renta básica universal puede funcionar como una forma de compensar la caída de ingresos de los ciudadanos en los países desarrollados”.
En opinión del escritor y activista leonés Ramiro Pinto “la renta básica sería a la economía lo que el voto es a la democracia”. Pronunciamientos teóricos que probablemente apoyarían muchos ciudadanos, pero que son difíciles de aterrizar en un modelo económico concreto.
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (agrupados en elcolectivo Gestha, que reúne a 8.000 profesionales y que en la práctica funciona como un gabinete de estudios fiscales) ha echado cuentas para intentar averiguar si la idea sería sostenible vía impuestos en España. Y no parece fácil. Según explica José María Mollinedo, secretario de Gestha, “la renta básica universal debería evitar la pobreza material y proporcionar la oportunidad de participar en la sociedad. Esto significa que tendría que estar, como mínimo, al nivel del riesgo de pobreza según los estándares de la Unión Europea”. En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que el umbral de la pobreza el año pasado se situaba en 7.508,6 euros. Esa sería, pues, la cantidad anual que debería garantizar el Estado a todos los habitantes. ¿Una quimera?
Un experto cree que la medida alzaría el salario del empleo menos deseado
Con la actual arquitectura impositiva del país, los números no salen. Al menos a Gestha. Financiar esos 7.508,6 euros para todos costaría a las arcas públicas 353.351 millones, una cantidad muy por encima de los ingresos vía impuestos (210.712 millones) recaudados por el Estado y las comunidades autónomas. ¿Y si fuese una renta básica limitada solo a quienes están por debajo del umbral de la pobreza? Los técnicos de Hacienda creen que esto tampoco sería posible, salvo en algunas comunidades.
Navarra y el País Vasco sí podrían garantizar esa renta a sus conciudadanos más desfavorecidos. Primero, porque estos territorios tienen una tasa menor de riesgo de pobreza y, en segundo lugar, gracias a sus regímenes forales. El porcentaje total de tributos que habría que dedicar a tal fin parece, de hecho, asumible: un 12,9% en Navarra, 13,5% en Álava, 14,1% en Bizkaia y 15% en Gipuzkoa.
El catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona Jordi Arcarons cree que “se pueden generar tablas de ganadores y perdedores”. “Las capas sociales que tienen más rentas y declaran más ingresos son las que deben hacer el mayor esfuerzo de pago”.
En el camino hacia una mayor redistribución de la renta, Cataluña es la que maneja una propuesta más avanzada. Ya en 2005 la Red Renta Básica trazó una propuesta de financiación que planteaba dar 5.414 euros anuales a los mayores de 18 años y 2.707 a los menores. Daniel Raventós, profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, recuerda que “el resultado fue que aproximadamente el 70% de la población con menos ingresos se beneficiaba de la renta básica universal, un 15% quedaba igual y el 15% más rico perdía”. Los expertos Jordi Arcarons, Lluís Torrens (profesor de la escuela de negocios IESE y analista en gestión pública) y el propio Raventós ultiman un estudio que actualiza esas cifras y del que EL PAÍS avanza algunos resultados.
En Cataluña, unas 340.000 personas no reciben ninguna clase de ayuda
El objetivo que plantean es financiar una renta básica de 7.968 euros anuales (indicador oficial de “suficiencia económica” establecido por la Generalitat, que es algo superior al umbral de la pobreza) para los adultos y de 1.594 euros para los menores. Según sus cálculos, la población sujeta a tributación por el IRPF (directa o indirectamente el 80% de los catalanes) debería pagar un tipo único nominal del 49,58%, pero solo sobre los ingresos obtenidos al margen de la renta básica universal. La combinación de un tipo único y una renta básica da lugar a un modelo “altísimamente progresivo”, apunta Daniel Raventós, en el que pagan más quienes más ingresan.
Veamos dos ejemplos. Una persona gana 7.968 euros de renta básica al año y cobra 25.000 euros anuales. En este caso, tributaría al 49,58% solo sobre 25.000 euros. Si añadimos la renta básica se ve que ha pagado a un tipo efectivo (real) inferior a ese 49,58%. Pero si gana 500.000 euros en vez de 25.000, ambos tipos, nominal y efectivo, son muy parecidos.
Según Raventós, “la manera de financiar la renta es a través de la reforma del IRPF y el ahorro que suponen las prestaciones que se suprimen. Y en ningún caso se toca un euro de partidas como educación o sanidad”. “Además”, añade, “la mayoría de la población saldría ganando respecto a la situación actual. Solo entre un 10% y un 15% de las personas más ricas perderían con esta propuesta de reforma. Y entre un 70% y un 80% de la población situada en los niveles inferiores saldría ganando. Dicho de otra manera: habría una gran redistribución de los sectores más ricos al resto de los ciudadanos”.
Otra derivada sería que su aplicación eliminaría —escribía Daniel Raventós en El diario.es— todos los subsidios condicionados (por ejemplo, las rentas mínimas de inserción) que existen en nuestras comunidades autónomas, reduciría costes administrativos, racionalizaría y ordenaría las prestaciones, pensiones y rentas que actualmente funcionan (con cuantías por debajo del umbral de la pobreza) y que son un verdadero laberinto burocrático. Además, a menudo estas prestaciones son incompatibles con otras fuentes de ingresos provenientes del trabajo asalariado. Por esto, la renta básica superaría las conocidas “trampas de la pobreza y el paro”, que dan por sentado que al no ser acumulativas las fuentes de renta, las personas no tienen mucho estímulo para acceder a un puesto de trabajo si esto representa la pérdida de la prestación.
Planteamientos como este parecen difíciles de materializar, especialmente en un momento en el que las arcas públicas arrastran importantísimos déficits. Pero hay quienes sostienen que sí es factible implementar alguna variante menos ambiciosa. En concreto, la llamada renta garantizada de ciudadanía, que aspira a asegurar una prestación económica a toda persona que tenga unos ingresos inferiores al umbral de la pobreza. Impulsada por diversas entidades sociales y colectivos, el pasado 15 de abril se puso en marcha una campaña para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) reclamando que esta renta se aplique en Cataluña. Hacen falta 50.000 firmas para llegar al Parlament y los promotores tienen un plazo de 120 días prorrogables para conseguirlas.
Los organizadores de esta iniciativa se muestran confiados en que lograrán recabar las rúbricas necesarias y señalan que se trata de una medida especialmente urgente en Cataluña, una comunidad en la que 340.000 personas no perciben ninguna clase de ayuda. En una reciente mesa redonda titulada Lucha contra la pobreza: por una renta garantizada ciudadana hacia la renta básica, organizada por el colectivo ciudadano ATTAC, se escucharon voces a favor de un ingreso que permita “rescatar a muchas personas de la situación de pobreza e indignidad” en la que están.
Laia Ortiz, diputada de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), asegura que se trata de “una revolución en la forma en la que percibimos el Estado de bienestar”. Ortiz recurre al artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña para señalar que “las personas o familias que se encuentren en una situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se establecen”. En este caso, 664 euros por 12 pagas (la recibirían los mayores de 18 años), que es el mínimo para superar el límite de pobreza en ese territorio.
Una idea que también esgrime Juan López de Uralde, portavoz de Equo, partido de base ecologista que recoge en su programa electoral una renta social mínima de 500 euros mensuales para quien carezca de ingresos. “Es una forma de evitar la marginación y la pobreza”. ¿Y cómo financiarlo? “Usando fórmulas imaginativas. Por ejemplo, una modificación al alza de la tasa Tobin [grava las transacciones financieras]”, asevera. ¿Una utopía imposible de alcanzar? “Se puede lograr”, asegura el político.
El Constitucional anula el procedimiento de sanciones a los parados
Los parados con prestación no tienen que temer (de momento) que les sancionen si incumplen alguna de las obligaciones que tienen con los servicios públicos de empleo, como renovar la demanda de empleo cada tres meses o rechazar acudir a los cursos y acciones de orientación. El Tribunal Constitucional, en una sentencia publicada en el BOE el 23 de mayo, ha anulado el procedimiento sancionador por invadir competencias de las comunidades autónomas. El resultado: desde ese día, no se está sancionando a los infractores, que son más de 20.000 al mes, según los datos oficiales que el ministerio facilita a los agentes sociales.
El PSOE propone que los parados que rechacen cursos puedan perder la prestación
El Gobierno no elevará las sanciones para los parados que no quieran formarse
Esas infracciones traen aparejada una sanción que va desde la retirada de la prestación un mes hasta la extinción total de la prestación. Pero desde que se hizo pública la sentencia, nada de eso está sucediendo: en el Ministerio de Empleo aseguran (y en las oficinas de empleo confirman) que no se están cursando nuevas sanciones, y que de hecho se retiraron todas las bajas cautelares que estaban en marcha el 23 de mayo. Eso sí, el Tribunal Constitucional no anula las sanciones impuestas con fecha anterior al 23 de mayo por "seguridad jurídica".
Las Comunidades Autónomas se harán cargo
El Ministerio asegura que está en contacto con las Comunidades Autónomas para buscar una solución. De acuerdo con la sentencia, las autonomías serán las que se tengan que ocupar ahora de las sanciones; de hecho, podrían hacerlo ya, pero todavía no están los mecanismos en marcha para que puedan hacerlo: para ello hay que dedicar personal, recursos, elaborar procedimientos... La intención de Empleo es que el asunto se pacte con las comunidades para que se garantice un trato igual a los ciudadanos en los distintos territorios.
¿Significa esto que los incumplidores se han librado de la sanción? No está claro. Dicen en Empleo que las infracciones se siguen anotando, aunque no se sancionen, pero no saben explicar si los infractores serán castigados más tarde. El caso es que de momento no hay sanciones.
Pleno. Sentencia 104/2013, de 25 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2095-2004. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Competencias en materia de aguas, agricultura asistencia social, legislación laboral y medio ambiente; autonomía local: nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano estatal la competencia para sancionar infracciones en materia de desempleo (STC 165/1996), interpretación conforme del precepto legal que prevé la intervención subsidiaria del Gobierno de la Nación en las propuestas de elaboración y revisión de los planes hidrológicos de cuenca (STC 227/1988).
«BOE» núm. 123, de 23 de mayo de 2013, páginas 260 a 292 (33 págs.)
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 30 de marzo de 2004, los Letrados de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostentan, promueven recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El escrito de interposición del recurso comienza aludiendo al heterogéneo contenido de la norma impugnada, señalando que en la misma se incluyen preceptos que modifican con carácter indefinido del ordenamiento jurídico en materias y sectores de la actividad pública ajenos, en principio, a lo que propiamente cabe entender como temas de política económica y que inciden directamente en el orden de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, afectando negativamente las competencias autonómicas.
a) El primer precepto impugnado es el art. 33.2 a), relativo a …………………
b) Se impugna, en segundo lugar, el art. 46, apartado 17, de la Ley 62/2003. Este art. 46 introduce diferentes modificaciones en el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. El apartado 17 modifica el apartado 4 del art. 48 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social y, según la recurrente, pretende impedir el ejercicio de las competencias sancionadoras de los servicios públicos de empleo autonómicos cuando la prestación por desempleo pueda verse afectada. Así, en la actual redacción del art. 48.4, primer párrafo, se distinguen las infracciones en materia de Seguridad Social del resto de materias a que el precepto hace referencia (empleo, formación profesional, ayuda para el fomento del empleo), en aquel concreto ámbito la competencia para la imposición de sanciones graves y leves se atribuye «a la entidad gestora de la Seguridad Social competente, salvo que la sanción afecte a las prestaciones por desempleo, en cuyo caso la competencia corresponde a la entidad gestora de las mismas». Esta última precisión implica que será el servicio estatal de empleo quien impondrá las sanciones leves y graves que afecten a las prestaciones por desempleo, dado que es aquel servicio la entidad gestora de dichas prestaciones [art. 13 h) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo]. Ello viene corroborado por el tercer párrafo del mismo precepto, en el que se prevé la comunicación a la entidad gestora de las prestaciones, por parte del servicio público de empleo, de las infracciones leves y graves mencionadas, a los efectos sancionadores que corresponden a aquella entidad gestora. A diferencia de la anterior redacción del precepto, se comunica la infracción para que la entidad gestora, en su caso, sancione, y no ya la propia sanción para que dicha entidad gestora la aplique. La demanda considera que la reforma legislativa operada altera el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, vulnerando de forma manifiesta la doctrina de la STC 195/1996, la cual establece de forma expresa y con total claridad que la imposición de sanciones, consistentes en la pérdida temporal o definitiva de la prestación o subsidio por desempleo, corresponde a la Comunidad Autónoma. En definitiva, las sanciones por la comisión de las infracciones en esta materia, a las que hacen referencia los arts. 24.3 y 25.4 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social se incardinan en la materia de Seguridad Social, si bien aquellas infracciones no recaen sobre la actividad económica de la Seguridad Social, por lo que, en virtud del art. 17.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y de acuerdo con los pronunciamientos de la STC 195/1996, la imposición de las sanciones debería corresponder al órgano competente de la Generalitat de Cataluña, y no al servicio estatal de empleo. A lo anterior añade la demanda que el precepto impugnado supone una alteración unilateral de los traspasos acordados y aprobados por medio del Real Decreto 1050/1997, de 27 de junio, en relación con la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.
c) El tercer precepto ……………….
d) El siguiente precepto impugnado es el art. 127.3, …………………
e) Se impugnan a continuación los arts. 122, 128.2 y 129.7 y 21 de la Ley 62/2003, …………………………………
f) Se controvierte la disposición adicional vigésima ………………..
En cuanto a la vulneración del art. 45 CE …………………………..
g) El último precepto impugnado es la disposición adicional trigésima, ………………………………………
2. Por providencia de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional d……………………
En lo que se refiere al art. 120, indica el Abogado del Estado que su carácter básico ………………………………….
Sobre el art. 127.3 señala que …………………………
En concreto los preceptos impugnados son los arts. 33.2 a), relativo a una de las funciones que se atribuyen al Consejo para la promoción …………………….
b) En segundo lugar, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, …………………………..
«La imposición de las sanciones por infracciones leves y graves a los trabajadores en materia de empleo, formación profesional y ayudas para el fomento del empleo, corresponde al servicio público de empleo competente; y en materia de Seguridad Social corresponde a la entidad gestora de la Seguridad Social competente, salvo que la sanción afecte a las prestaciones por desempleo, en cuyo caso la competencia corresponde a la entidad gestora de las mismas; la de las muy graves a la autoridad competente a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El servicio público de empleo comunicará, en el momento en que se produzcan o conozcan, las infracciones contenidas en los artículos 24.3 y 25.4 de esta Ley, a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, a los efectos sancionadores que a ésta le corresponden.»
«La imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores corresponde, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la entidad gestora o servicio común de la Seguridad Social competente, salvo que la sanción afecte a las prestaciones por desempleo, en cuyo caso la competencia corresponde a la entidad gestora de éstas.
Los Letrados de la Generalitat de Cataluña cuestionan los ya mencionados inciso segundo del párrafo primero y el párrafo tercero del art. 48.4 del texto refundido de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, en la redacción dada al mismo por el art. 46.17, pues al atribuir la imposición de sanciones por infracciones leves y graves en materia de Seguridad Social «a la entidad gestora de la Seguridad Social competente, salvo que la sanción afecte a las prestaciones por desempleo, en cuyo caso la competencia corresponde a la entidad gestora de las mismas», impide a los servicios autonómicos de empleo imponer sanciones por la comisión de las infracciones incluidas en los arts. 24.3 y 25.4, cuando tales infracciones se cometen por solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que entienden contrario a la doctrina constitucional de la STC 195/1996, de 28 de noviembre. El Abogado del Estado ha negado la vulneración denunciada argumentando que el Estado goza de plena competencia legislativa en materia laboral, lo que incluye la tipificación de las infracciones y sanciones, y señalando que la reforma obedece a la necesidad de clarificar el orden constitucional de competencias, a partir de la competencia estatal para la realización de los actos de gestión económica derivados de las conductas descritas en los tipos sancionadores.
Planteada en tales términos, dicha controversia ha de ser encuadrada, conforme a nuestra doctrina (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 10) en la materia «Seguridad Social», pues tenemos declarado que las prestaciones por desempleo son prestaciones de Seguridad Social (y así se proclaman en los arts. 203 y ss. del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio). En el ámbito material de la Seguridad Social, el art. 149.1.17 CE declara que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de «legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas», mientras que el art. 165.1 b) EAC atribuye a la Generalitat competencia compartida sobre la «gestión del régimen económico de la Seguridad Social» y le encomienda, en su apartado 2, la organización y administración de todos los servicios de la Seguridad Social, sin perjuicio de la alta inspección que corresponde al Estado, competencias que han de entenderse con el alcance que les ha atribuido la doctrina de este Tribunal Constitucional (así, STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 60). Por otra parte, dado que lo discutido en el presente recurso en el ejercicio de la potestad sancionadora, hemos de añadir que, como ha señalado de forma reiterada este Tribunal, la atribución de la competencia ejecutiva comprende la de la potestad sancionadora en la materia sobre la que se ejerce (SSTC 87/1985, de 16 de julio, FFJJ 1 y 2; 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 29; y 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 8).
«[Este Tribunal tuvo ocasión de señalar en su STC 195/1996, de 28 de noviembre, al analizar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco contra la Ley 8/1988, de 7 de abril, de infracciones y sanciones en el orden social, que el citado precepto constitucional obliga a distinguir, desde un punto de vista competencial, entre la Seguridad Social y su régimen económico. Respecto a la primera es evidente que, ostentando la Comunidad Autónoma competencias ejecutivas, "le corresponde ejercitar las potestades sancionadoras que garanticen el cumplimiento de la legislación básica estatal y de la autonómica que la desarrolle (STC 102/1995, FJ 32). En cuanto a la segunda, la delimitación del ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma requiere mayores precisiones, pues la atribución al Estado o a las Comunidades Autónomas del régimen en una determinada materia comprende, desde luego, la totalidad de las competencias normativas sobre la misma (SSTC 84/1982, FJ 4, y 38/1983, FJ 3); pero implica también un plus: además de la legislación, puede comportar la atribución de las competencias de ejecución necesarias para configurar un sistema materialmente unitario. Eso es lo que sucede en el caso del régimen económico de la Seguridad Social" (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 6).»
En virtud de ello, la citada Sentencia efectuó el deslinde competencial afirmando, en primer lugar, la potestad sancionadora autonómica (en aquella ocasión, de la Comunidad Autónoma del País Vasco) y excluyendo, en consecuencia, la del Estado, «para declarar la concreta existencia de infracciones y sancionar aquellas que no guarden relación con el régimen económico de la Seguridad Social», así como para «aquellos supuestos en que la potestad punitiva recae sobre actos instrumentales respecto al nacimiento y mantenimiento de la obligación de contribuir (inscripción, afiliación, altas y bajas, etc.)», reservando por el contrario al Estado, como propia de su competencia en materia de régimen económico, la potestad sobre «aquellas infracciones que recaen directamente sobre la actividad económica de la Seguridad Social, esto es, las que definen ilícitos que se hallan inmediatamente referidos a la percepción de sus ingresos o a la realización de los gastos correspondientes» (STC 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 8).
Así pues, en los términos de nuestra doctrina, han quedado reservadas al Estado tanto la tipificación de infracciones como la imposición de sanciones en los casos en los que se vea afectado el régimen económico de la Seguridad Social, entendido en los términos anteriormente expuestos, esto es, «referidos a la percepción de sus ingresos o a la realización de los gastos correspondientes» pues en tales casos «el objeto inmediato de tutela es la gestión de la caja única de la Seguridad Social que, al hallarse atribuida al Estado, determina que éste, como titular de la ejecución, ostente también la potestad de declarar infracciones e imponer sanciones, que no es sino una técnica específica de control, y que forma parte, por consiguiente, de su competencia en materia de régimen económico» (STC 195/1996, FJ 8).
Para ello, como ya hicimos en la STC 195/1996, debemos ahora examinar los preceptos que tipifican las infracciones correspondientes para determinar si las mismas pueden ubicarse íntegramente en el régimen económico de la Seguridad Social o pertenecen a materias en las que la Comunidad Autónoma ostenta competencias de ejecución, incluida la potestad sancionadora. Así, por lo que hace al art. 24.3 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, este tipifica como infracciones leves susceptibles de ser cometidas, entre otros, por los solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, conductas como «no comparecer, previo requerimiento, ante los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, o no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda, salvo causa justificada» [apartado a)]; «no devolver en plazo, salvo causa justificada, al servicio público de empleo o, en su caso, a las agencias de colocación sin fines lucrativos el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aquéllos» [apartado b)]; «no cumplir las exigencias del compromiso de actividad, salvo causa justificada, siempre que la conducta no esté tipificada como otra infracción leve o grave en los artículos 24 o 25 de esta Ley» [apartado c)] y «no facilitar, al Servicio Público de Empleo Estatal y a los Servicios Públicos de Empleo Autonómicos, la información necesaria para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones» [apartado d)]. Por su parte el art. 25.4 califica como infracciones muy graves «rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por los servicios públicos de empleo o por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos, salvo causa justificada» [apartado a)] y «negarse a participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, incluidos los de inserción profesional, o en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, salvo causa justificada, ofrecidos por los servicios públicos de empleo o en las acciones de orientación e información profesional ofrecidas por las agencias de colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquéllos» [apartado b)].
Correspondiendo al Estado la gestión de las prestaciones por desempleo, en tanto que integrantes de la caja única de la Seguridad Social, ese control supone, en los términos de nuestra doctrina (SSTC 124/1989, de 7 de julio, FFJJ 3 y 4 in fine y 195/1996, de 28 de noviembre, FJ 7), la atribución de la potestad ejecutiva, y con ella la potestad sancionadora, cuando recae directamente sobre actividades económicas; esto es, las vinculadas a la percepción de los ingresos o la administración y disposición de esos fondos para atender la realización de los gastos correspondientes vinculados a las prestaciones por desempleo. Es patente que las conductas tipificadas en ambos preceptos no responden a esas notas pues no recaen directamente sobre la actividad económica de la Seguridad Social, en la medida en que no están relacionadas con la percepción de la prestación por desempleo, sino que se refieren a facultades de supervisión de competencia autonómica en tanto que relativas al cumplimiento de obligaciones que pesan sobre los beneficiarios de la prestación pero no se relacionan directamente con su percepción. Algo que, por otra parte, ya tuvimos ocasión de apreciar en la STC 195/1996, FJ 10, cuando, examinando la infracción de los trabajadores consistente en «no comparecer, sin causa justificada, previo requerimiento, ante la Entidad Gestora» y las relativas a «negarse a participar en acciones de promoción, formación y reconversión profesionales, salvo causa justificada» y «rechazar una oferta de empleo adecuada o negarse a participar en los trabajos de colaboración social o en programas de empleo, salvo causa justificada», establecidas en el art. 30.1 y 2 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones del orden social, declaramos que la competencia para sancionarlas correspondía a la Comunidad Autónoma. Conclusión que alcanzamos, con independencia de que, como ahora ocurre [arts. 47.1 a) y b) del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social], tales infracciones se sancionen con la pérdida temporal o con la extinción de la prestación, según los casos, pues una cosa es la imposición de la sanción prevista por el legislador estatal como consecuencia de conductas asimismo tipificadas por ese legislador y otra distinta la realización del concreto acto de gestión económica relativo a la extinción o modulación de la prestación en la que la sanción consiste, que, en todo caso, habrá de corresponder a un órgano estatal, en tanto que gestor de la prestación.
Finalmente hemos de precisar el alcance de nuestra declaración de nulidad en un doble sentido. En primer lugar, atendiendo a lo manifestado en el escrito de interposición del recurso, la declarada nulidad ha de referirse a la competencia para sancionar las conductas tipificadas en los arts. 24.3 y 25.4 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social en los casos de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial. En segundo lugar, siguiendo en este punto la doctrina recogida, entre otras, en las SSTC 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9 y 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, debemos modular en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad. En ellas declaramos que «en supuestos como el que ahora nos ocupa y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren "debemos traer a colación … el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 LOTC, según el cual las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes "no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada" en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que –en el asunto que nos ocupa– esta declaración de inconstitucionalidad sólo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme. … El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes».
5. El art. 120 de …………………………..
1.º Declarar la desaparición sobrevenida del objeto del presente recurso en lo que respecta a las disposiciones adicionales vigésimo tercera y trigésima de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
2.º Declarar inconstitucional y nulo, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 4 de la presente Sentencia, el art. 46.17 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en cuanto introduce un tercer párrafo en el art. 48.4 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
3.º Declarar que el inciso «y la actuación subsidiaria del Gobierno en caso de falta de propuesta», introducido en el art. 41.3 del texto refundido de la Ley de aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el art. 129.21 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, es conforme con el orden constitucional de distribución de competencias interpretado en los términos señalados en el fundamento jurídico 10.
Dada en Madrid, a veinticinco de abril de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Ramón Rodríguez Arribas.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.
DICTADA en el RECURSO 2095/2004 (Ref. BOE-A-2004-9244).
Inconstitucional y nulo el párrafo indicado del art. 48.4, en la redacción dada por la LEY 62/2003, de 30 de diciembre, y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, en relación con la LEY sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2000-15060).
Publicado por Miguel Vicente Segarra Ortiz en jueves, julio 04, 2013
Etiquetas: desempleados, Periodo de ocupación cotizada -POC-, PREPARA, Renta Activa, Sentencia T. Constitucional, Subsidio desempleo

References: Real Decreto 
 artículo 24
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in fine
in fine
 resolución 
 Real Decreto 
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 REAL DECRETO