Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-970919-20-11-2000-101211
Timestamp: 2019-09-15 17:02:42+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 970919, 20-11-2000 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970919 de 20 de Noviembre de 2000
Núm. Resolución: 970919
Alega el interesado diferentes causas de nulidad del apremio, solicitando la anulación del mismo, así como del recargo y los intereses de demora. Se estima el recurso, al no resultar del expediente que se hubiesen utilizado todos los medios establecidos antes de recurrir a la notificación mediante publicación en el BON, por lo que ha de tenerse la misma como jurídicamente no efectuada, y por tanto ineficaz en punto a efectos interruptores del plazo de prescripción, de modo que dicho procedimiento queda extinguido por prescripción.
Eficacia de la notificación por publicación en el BON.
En examen de recurso de Don (?) contra exigencia de pago de deuda tributaria en vía de apremio.
Tras haberse efectuado por el ahora recurrente autoliquidación de deuda tributaria por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1988 mediante declaración que formuló en (?) de 1990, la Sección gestora del Impuesto procedió a revisar dicha autoliquidación mediante la práctica de correspondiente liquidación provisional de carácter modificativo de aquélla, quedando elevada la cuota tributaria en 262.671 pesetas, a cuya cifra se agregó como cantidad también debida a las arcas de Navarra correspondiente partida de recargo-sanción. Y vino a ocurrir que, ante la falta de pago oportuno de la correspondiente cantidad, se efectuó su exigencia en vía de apremio, con aplicación del recargo de ese carácter y exigencia, asimismo, de atinentes intereses de demora. Y frente a ello y por último dio el interesado en formular recurso ante este Organo de Resolución Tributaria.
2.- Respecto de la alegación de que, al haberse dictado la Providencia de apremio del caso por el Jefe de la Sección de Recaudación Ejecutiva, lo fue por Organo manifiestamente incompetente, con lo que estaríamos ante un acto nulo de pleno Derecho que, así, ni siquiera habría podido servir para interrumpir la prescripción extintiva en el caso, ha de decirse que dicho dictado se funda en los Acuerdos de la Diputación Foral (así el de 21 de agosto de 1970), habiéndose declarado en esta materia bien la directa aplicabilidad del correspondiente Reglamento de Recaudación del Estado en cuanto al procedimiento en vía de apremio, bien su aplicabilidad en Navarra con carácter supletorio (artículo 5.4 del Real Decreto 1684/1990); ese llamamiento de la normativa del Estado requería una correspondiente acomodación en el punto examinado, y cuya acomodación se llevó a cabo por Decreto Foral 250/1986, de 28 de noviembre; y, en fin, con la atribución de correspondiente competencia al Jefe de la Sección de Recaudación Ejecutiva se puso fin a una muy extraña situación, en que las Providencias de apremio eran dictadas por el Presidente de la Diputación Foral, con lo cual este Organo difícilmente podía entrar a conocer de la adecuación o no a Derecho de tales actos.
3.- Ha de verse que, según lo establecido en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, en lo que se refiere a recaudación en vía de apremio, la virtualidad de una Providencia de tal carácter ha de decaer en el caso de haberse producido ya el pago de la deuda tributaria, en el caso de haberse producido la prescripción extintiva de dicha deuda, en el de haberse concedido un aplazamiento, en el de haberse incurrido en defecto formal en el título expedido para la ejecución, o bien en el de anulación, suspensión o falta de notificación en debida forma del acto liquidatorio. De todos los dichos motivos de oposición a la Providencia de apremio cabe detenerse fundamental y primariamente, en el presente caso (amén de que el propio interesado viene a alegarlo), en el supuesto de si se dio o no, prescripción extintiva (o por mejor decir, caducidad) del derecho (o, por mejor decir, facultad) de la Hacienda para determinar la correspondiente deuda tributaria a través de oportuna liquidación o bien si, de otra suerte, llegó a darse o no prescripción extintiva de la acción de cobro por parte de la Administración, lo que, a su vez y como se verá después, habrá de basarse aquí especialmente en si se produjeron o no las debidas notificaciones (primero la del propio acto liquidatorio, por el que se cuantificaba la deuda del interesado y se le exigía a éste su pago en período de pago voluntario; después, y en su caso, la notificación de correspondientes Providencias de apremio). Pues bien: siendo así que correspondiente acto liquidatorio parece ser que se produjo en (?) de 1990, el tal ha de tenerse por notificado en (?) de 1991. En efecto, en punto a notificaciones de sus actos, la Administración no se halla constreñida a seguir el procedimiento de utilizar el Servicio de Correos, sino que puede optar por hacerlo mediante Agente notificador propio, es decir, utilizando sus propios medios personales, que es lo que ocurrió aquí. En cualquier caso, no es indispensable que sea el propio interesado el receptor material del documento notificador, sino que puede hacerse cargo de él cualquier persona que, hallándose en el domicilio, haga constar su identidad (artículo 59.2. de la Ley general procedimental). Y en último término, si el propio destinatario, en su caso, o aquellas otras personas facultadas por la Ley para recibir notificaciones en su nombre según lo dicho, se negaren a recibir el documento notificador o a suscribir la diligencia de recepción (o a ambas cosas), procederá cumplimentar una otra Diligencia referida al hecho de la negativa de aquellas personas a recibir debidamente el documento notificador. Y esa Diligencia habrá de firmarse, además de por el Agente notificador, por dos testigos presenciales mayores de edad. Pues bien: en el presente caso aparece cumplimentada Diligencia expresiva de haberse intentado fallidamente la notificación en (?) de 1991. Y esa Diligencia resulta firmada por el Agente notificador y otras dos personas como testigos, habiendo de otorgársele, por lo dicho, toda su virtualidad probatoria del hecho de aquella negativa y atribuírsele valor sustitutivo de la fallida notificación personal. En definitiva, pues, que no se extinguió, por caducidad, la facultad de la Hacienda de determinar correspondiente deuda tributaria adicional mediante liquidación al efecto. Ahora bien: señalado lo anterior, sí que ha de verse que, ya por lo que se refiere propiamente a la acción de cobro de una tal deuda tributaria, resulta que al respecto y para la exigencia coactiva de pago de la tal deuda una vez finalizado correspondiente período de pago voluntario, se dictó Providencia de apremio en (?) de 1992. Y respecto de ella no hay constancia de que hubiese sido notificada debidamente al interesado en momento alguno. No se notificó personalmente (y ello viene a reconocerse en el Acuerdo dictado por correspondiente Dependencia del Servicio de Recaudación aduciéndose imposibilidad de practicarla). Y se señala en dicha resolución que ante ello se efectuó la notificación mediante correspondiente publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del domicilio del interesado, y ello con fecha (?) de 1992; y después por publicación en el Boletín Oficial de Navarra número (?), de (?) de 1993. Procede, pues, ahora el análisis de la eficacia que una tal publicación pudo tener en cuanto a interrupción de la prescripción extintiva en el caso. Pues bien: la notificación por Edictos o por anuncios sólo ha de ser admisible cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: que el interesado en el procedimiento sea desconocido, que se ignore su domicilio por haber dejado el que inicialmente figurase en el expediente, que se ignore su paradero por cualquier motivo o que, intentada la notificación personal, no se hubiera podido practicar, pero, naturalmente, siempre que ello (esa imposibilidad de notificación) quede suficientemente acreditado en el expediente. Y, como se ha dicho más arriba, esto último no aparece cabalmente acreditado en el presente caso, pues sólo resulta acreditado lo dicho más arriba en el sentido de que el previo acto liquidatorio (no la Providencia de apremio de que ahora se trata) no pudo ser notificado. Y las otras circunstancias que se han mencionado como habilitadoras del recurso a la notificación para anuncios o edictos no vienen a darse aquí. Un tal modo de notificación ha de tener un papel puramente subsidiario respecto de las notificaciones personalmente hechas. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 6 de noviembre de 1995, referente al ámbito judicial pero aplicable también con todo evidencia al administrativo, señala que ?la notificación edictal, que no es en sí misma inconstitucional, (...) sólo (es) posible como remedio último de comunicación?, y que ?estas condiciones que debe reunir el emplazamiento por edictos conllevan la exigencia de una específica diligencia que supone el agotamiento de todas aquellas modalidades capaces de asegurar en mayor grado la recepción por su destinatario de la notificación a realizar (...) debiendo agotar todas las formas racionalmente posibles de comunicación personal antes de pasar a la meramente edictal?. Y en el mismo sentido ya había venido a pronunciarse ese mismo Tribunal en Sentencia de 2 de diciembre de 1988. En definitiva, que no resulta del expediente que se hubiesen utilizado todos los medios establecidos por la normativa para notificar correspondientes actos administrativos antes de recurrir a la notificación por edictos mediante su publicación en correspondiente Boletín Oficial o en Tablón de Anuncios. Y en tales casos resulta absolutamente indispensable haberse dado en verdad un intento de notificación personal, bien a través del Servicio de Correos (con cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de ese Servicio) o bien por cualquiera de los genéricos medios de carácter personal que la Ley procedimental admite en tanto permitan tener indubitada ?constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado?. Y no dándose aquí constancia de todo lo dicho en torno a intentos de notificación personal de la Providencia del caso, no ha de valer la notificación efectuada por publicación en el Boletín Oficial de Navarra o en el correspondiente tablón de anuncios de Ayuntamiento. Si en el presente caso el recurso a esos modos de publicación hubiese estado perfectamente legitimado por concurrencia de las circunstancias precisas, ya señaladas, determinantes de la imposibilidad de notificación personal, la tal publicación habría resultado factor interruptor de la prescripción extintiva porque habría servido para tener al interesado por conocedor de los actos habidos. Y eso aunque, por hipótesis, tal publicación hubiese omitido señalamientos que la hubiesen hecho inválida a otros efectos. Así, por ejemplo, si no se hubiese hecho indicación de correspondientes recursos, esa notificación no serviría para iniciar el cómputo del plazo de impugnación del correspondiente acto pero sí para producir la interrupción de la prescripción extintiva. Pero cuando la notificación ha de tenerse por no efectuada jurídicamente, aunque resulta innegable el hecho material de la publicación, la tal notificación ha de ser inválida a todos los efectos y, por supuesto, ineficaz en punto a pretendidos efectos interruptores del transcurso de correspondiente plazo de prescripción, que aquí es el plazo de prescripción de la acción de cobro, establecido, en la época a que se contrae el expediente, en el plazo de cinco años a contar desde la finalización de correspondiente período de pago voluntario, finalización que se produjo en momento exacto y cierto puesto que en momento bien preciso quedó abierto ese período de pago voluntario (al día siguiente de aquella fecha de Diligencia haciendo constar la imposibilidad de notificación del acto liquidatorio, que lo fue la de (?) de 1991. En definitiva, pues, que habiéndose dado aquí la prescripción de la acción de cobro por haber transcurrido el repetido plazo de cinco años entre el día siguiente al de finalización de aquel período de pago voluntario y la fecha de (?) de 1997, en que el interesado interpuso recurso al respecto, ha de deshacerse la dicha exigencia de pago de adicional cuota tributaria por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (que importó 271.585 pesetas), así como de las partidas accesorias de intereses por demora y de recargo de apremio.
Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar recurso interpuesto por Don (?) contra exigencia de pago, en vía de apremio de cuota tributaria por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 1988, con lo que queda anulado el dicho procedimiento, que no podrá ser revitalizado en momento alguno al haberse producido la extinción, al modo dicho, de esa señalada deuda, amén de haber quedado también, obviamente, extinguidas las añadidas partidas accesorias de intereses por demora y recargo de apremio, habiendo de procederse consecuentemente a la devolución de lo que por todos los dichos conceptos acabó siendo ingresado por el recurrente (405.201 pesetas), devolución que habrá de ir acompañada del abono de correspondientes intereses en favor del recurrente.
Resolución de TEAF Navarra, 960232, 21-12-1999
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 21/12/1999 Núm. Resolución: 960232

References: Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 99
 resolución 

Resolución