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Timestamp: 2020-07-03 14:29:45+00:00

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) Temporalidad de la revisión
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11) Temporalidad de la revisión
Señalan que no hubo evaluación del impacto cada dos años porque este procedimiento se intenta transcurridos más de dos años y medio después de la emisión de la Resolución AEP.
Expresan que el plazo para llevar a cabo una evaluación del impacto en materia de competencia económica, resulta inadecuando e insuficiente para múltiples medidas y su ejecución, y ello tiene como resultado que el pretendido análisis realizado en la especie sea incorrecto, desproporcionado y completamente desapegado de la realidad.
También, que en el Oficio de Inicio se dice que se realizaron varias evaluaciones, no sólo una, ello resulta indebido, dado que en las medidas aludidas se establece específicamente que la evaluación será sólo una en el momento ahí precisado.
Indican que se ha violado el parámetro temporal establecido por el propio IFT pues este procedimiento no inició a los dos años a partir de la Resolución de AEP y sus medidas en marzo de 2014 ni de su entrada en vigor quince días después, sino que lo inicia el Director General fuera de ese término de "cada dos años", es decir hasta después de que venciera el plazo de dos años establecido en ellas.
Manifiestan que las medidas Septuagésima, párrafo primero del Anexo 1, así como la Vigésima Cuarta, párrafo primero, del Anexo 3, son violatorias de los derechos fundamentales a la legalidad y la seguridad jurídica, toda vez que: i) como los ha construido la autoridad, esas medidas pretenden perpetuar el ejercicio de una competencia limitada temporalmente por el texto transitorio; y, ii) regulan una materia que el órgano reformador de la Constitución reservó al legislador ordinario, consistente en el cese de la obligatoriedad de las medidas de regulación asimétrica impuestas al AEP en el sector telecomunicaciones.
Además arguyen que al existir una reserva de ley respecto a las condiciones de competencia efectiva en los mercados integrantes de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, debe concluirse que las autoridades del Instituto deben carecer de competencia para evaluar el impacto de las medidas cada dos años, con el fin de suprimirlas, modificarlas o establecer nuevas medidas.
Asimismo precisan que las medidas no tienen fundamento normativo algún, pues se trata de una actuación que no sólo carece de sustento en el régimen transitorio del Decreto, sino también en las leyes en materia de competencia económica y de telecomunicaciones vigentes al emitirse la resolución de AEP, ninguna norma vigente atribuye competencia al IFT para evaluar el impacto de las medidas de preponderancia cada dos años.
Señalan que el Alto Tribunal se ha pronunciado ya en jurisprudencia sobre la salvaguarda a la seguridad jurídica de las personas con relación a la caducidad de las facultades de la autoridad, que se acotan en el tiempo las competencias de la autoridad para emitir actos de molestia en la esfera jurídica de los particulares, a fin de que éstos prevean razonablemente las consecuencias de sus actos y el tiempo que estarán sujetos al escrutinio de la autoridad.
Continúan señalando que el Oficio de Inicio y el procedimiento que ha iniciado deben desestimarse, en virtud de que son violatorios de los elementos y exigencias establecidos por el propio Instituto en las medidas Septuagésima del Anexo 1 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP, y se trata de un procedimiento iniciado de manera inoportuna y extemporánea por quien carece de atribuciones para ello, con actos no previstos y aun impedidos por tales medidas, y sin que en su contenido material se hayan respetado los posibles resultados y los estándares y exámenes de motivación exigidos en las disposiciones regulatorias, toda vez que se trata de un oficio carente de las debidas motivación y fundamentación.
Además, insisten en que en el Oficio de Inicio se dice que se realizaron varias evaluaciones, no sólo una, ello resulta indebido toda vez que debió iniciarse a los dos años, y como no se respetó ese espacio temporal, entonces la autoridad tendría que haberse esperado a que se cumplan los dos años siguientes para iniciar la revisión de las medidas Septuagésima del Anexo 1 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP.
Por otra parte indican que no resulta oportuno el procedimiento pues existen múltiples medidas de la Resolución de AEP en las que no es posible apreciar el impacto que puede haber tenido su ejecución y cumplimiento dado el poco tiempo que ha transcurrido.
Adicional a lo anterior, manifiestan que el limitado análisis del Instituto no aborda los tiempos de revisión y aprobación de la Oferta de Referencia, ni los tiempos de escisión por lo que el tiempo efectivo de revisión es menor al periodo aludido por el IFT.
También expresan que los convenios suscritos por Opsimex con AT&T y Telefónica, en términos de la Oferta de AUCIP datan del 2 de junio y 6 de julio de 2015 respectivamente, es decir, escasamente poco más de un año contado a la fecha de la emisión del Análisis en Materia de Competencia.

References: Resolución 
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