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Timestamp: 2017-06-25 20:33:54+00:00

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Nace la Plataforma europea para resolución de conflictos online
Con el objetivo de impulsar las transacciones online en el territorio de la Unión Europea, el próximo lunes 15 de febrero de 2016 la Comisión pondrá en marcha la Plataforma europea de resolución de conflictos online, de conformidad con la Directiva 2013/11/ UE de 3 de mayo y el Reglamento 524/2013 de 21 de mayo de 2013. Mediante esta Plataforma, se ofrece a los consumidores y a los Comerciantes una ventanilla única para resolver extrajudicialmente los conflictos en línea.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la iniciativa del Mercado Único Digital y tiene como objetivo incrementar la confianza en la dimensión digital del mercado Europeo mediante un sistema sencillo, rápido y asequible de resolución de controversias derivadas de compras de bienes o prestación de servicios en línea.
Ámbito de aplicación y exclusiones de la Plataforma
La Plataforma se podrá utilizar para la resolución extrajudicial de conflictos relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios celebrados en línea entre un consumidor y comerciante residentes ambos en la Unión Europea.
No obstante dicha Plataforma no será aplicable a disputas entre comerciantes y, en conflictos iniciados por un comerciante contra un consumidor, solamente en la medida en que la legislación del Estado Miembro de residencia habitual del consumidor así lo permita. En el caso del Estado Español, siguiendo la normativa europea, no son vinculantes para los consumidores los convenios arbitrales suscritos con un empresario antes de surgir el conflicto.
La Plataforma consistirá en un sitio de internet interactivo al que se podrá acceder de manera electrónica y sin coste alguno, y estará disponible en la totalidad de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea.
Para presentar una reclamación, la parte reclamante deberá rellenar el formulario que se le facilitará en la propia web de la Plataforma. Dicha información comprende, entre otra, el nombre y dirección de las partes, el tipo de mercancía, el precio, si el consumidor ha entablado contacto directo con el comerciante o el tipo y descripción de la reclamación.
Una vez debidamente cumplimentado el formulario, la Plataforma transmitirá a la parte reclamada los detalles de la reclamación, instando a las partes a ponerse de acuerdo sobre la entidad de resolución alternativa a la que habrá de transmitirse la reclamación. En caso que el comerciante esté obligado a recurrir a una entidad de resolución alternativa concreta, se le enviará un requerimiento para aceptar dicha entidad en el plazo de 10 días o, si no está obligado a recurrir a una específica, deberá seleccionar una o más entidades que sean competentes.
El resultado del procedimiento de resolución alternativa se dará a conocer transcurridos 90 días naturales contados desde la fecha en que la entidad de resolución alternativa haya recibido el expediente completo de reclamación, salvo aquellos casos que revistan una especial complejidad. En estos supuestos, se podrá prorrogar el plazo en 90 días naturales adicionales.
¿Cómo afecta la implantación de la Plataforma a los comerciantes?
En el ordenamiento jurídico español, la sumisión de las controversias a mecanismos de resolución alternativos (mediación, arbitraje, etc.) requiere la aceptación de las partes implicadas.
La vocación de la Plataforma es servir de puente entre las reclamaciones de los consumidores y las entidades nacionales de resolución alternativa de conflictos. Por lo tanto, a menos que el comerciante se comprometa contractualmente a resolver las eventuales disputas derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios celebrados en línea mediante estos canales alternativos, serán los tribunales ordinarios quienes conocerán de éstas reclamaciones.
Con independencia de la obligación de los comerciantes a someter los conflictos a través de la Plataforma, la normativa sí que obliga, al menos, a ofrecer en sus sitios web un enlace electrónico a la Plataforma en un lugar visible y de fácil acceso para los consumidores. Asimismo, los comerciantes que celebren contratos en línea también deberán facilitar a los consumidores sus direcciones de correo electrónico.
En relación al precio, el acceso a la Plataforma será gratuito. Sin embargo, ello no obsta a que en el devenir del procedimiento se puedan devengar costes que, en todo caso, serán asequibles para las partes.
La Plataforma estará operativa el lunes 15 de febrero en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
28/01/2016 13:34:12
Confidencialidad de la información,
El proveedor de Internet considerado como intermediario de una infracción de derechos de propiedad intelectual
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de fecha 27 de marzo de 2014, de la que se han hecho eco distintos medios de comunicación, resuelve la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Supremo austriaco en el curso de un procedimiento seguido entre un proveedor de servicios de Internet y unas compañías filmográficas, en el que se solicita que se requiera a aquél para que bloquee el acceso de sus clientes a un sitio de Internet que ponía a disposición del público obras cinematográficas sin el consentimiento del titular de los correspondientes derechos.
El Tribunal de Justicia de la UE, estima que el proveedor de acceso a Internet al que el infractor ha recurrido para llevar a cabo la conducta ilegal consistente en la puesta a disposición del público de obras protegidas sin disponer del debido consentimiento, debe ser calificado como un intermediario al amparo de la Directiva 2001/29 de la Unión Europea sobre derecho de autor y que, por tanto, se le puede exigir medidas para poner fin a tal conducta, entre ellas, la prohibición a sus clientes de acceso al sitio de Internet que ofrece los contenidos ilícitos.
Sin embargo, la referida resolución señala que deben tenerse en cuenta las exigencias derivadas de la protección de los derechos fundamentales aplicables, esto es, los derechos de propiedad intelectual y la libertad de empresa de la que gozan los proveedores de acceso a Internet. Para ello la Sentencia señala que las medidas adoptadas por el proveedor de acceso a Internet deben estar rigurosamente delimitadas, debiendo servir para poner fin a la vulneración cometida por un tercero de los derechos de autor o afines, sin que se vean afectados los usuarios de Internet que recurren a los servicios de dicho proveedor para acceder lícitamente a la información disponible.
En definitiva, la resolución estima que “los derechos fundamentales no se oponen al requerimiento judicial, siempre y cuando las medidas adoptadas por el proveedor de acceso a Internet no priven inútilmente a los usuarios de Internet de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible y tengan como efecto impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de dicho requerimiento”.
Helena Fuentes Herrando / Assumpta Zorraquino. Departamento de Intangibles
31/03/2014 20:19:23
El 12 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un reglamento general que cubre la práctica totalidad de los datos personales procesados en la UE, y servirá, entre otras finalidades, para proteger la privacidad en redes sociales, la contratación en el cloud computing, la regulación del Big Data, el uso de la información biométrica o el procesamiento de datos con fines comerciales. Principales Novedades:
Prestadores de servicios de cloud computing ubicados fuera de la UE. Deberán obtener el permiso de la autoridad nacional de protección de datos e informar a la persona en cuestión.
Notificación de una violación de datos personales. La pérdida o acceso no autorizado por parte de terceros a la información deberá ser notificado a las autoridades nacionales de protección de datos, quienes mantendrán un registro público.
Cookies y Big Data. Se aplicará la normativa de protección de datos a la información almacenada en cookies y etiquetas RFID siempre que permita identificar a una persona física. Para la elaboración de perfiles en el Big Data, se deberá informar al interesado, debiendo intervenir una evaluación humana, y no debe referirse a menores de 13 años, sin que pueda dar lugar a una discriminación entre las personas basada en datos especialmente protegidos
Endurecimiento del régimen sancionador. Se podrán imponer a las empresas sanciones de hasta 100 millones de euros o el 5% del volumen de negocios anual de la empresa (se aplicará la cuantía más elevada).
Consentimiento expreso y lenguaje claro. El consentimiento deberá ser expreso, siendo necesario que las empresas se dirijan a los afectados a través de un lenguaje claro y sencillo.
Supresión de datos. Cualquier persona podría solicitar que se borren sus datos bajo determinadas circunstancias
Delegado de Protección de Datos. Figura, de perfil profesional, interno o externo, para Organismos públicos; y Empresas privadas que, entre otros, traten datos de más de 5.000 interesados en un año; o sus actividades principales consistan en tratar datos considerados especialmente sensibles, datos de localización, datos de menores de 13 años o utilizados a gran escala.
Evaluación de Impacto en la Privacidad. Obligación de documentar ciertas operaciones de tratamiento, evaluando los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, las medidas contempladas para hacer frente a los riesgos, así como las garantías destinadas a garantizar la protección de datos personales objeto de tratamiento.
Rubén Cabezas / Assumpta Zorraquino. Departamento de Intangibles
28/03/2014 19:16:04
La reciente reforma del Código Penal (BOE 23 de junio de 2010, Ley Orgánica 5/2010 y cuya entrada en vigor es el 23 de diciembre de este año), ha incorporado por primera vez al ordenamiento jurídico español, la responsabilidad penal de las personas jurídicas de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
Pero además, las personas jurídicas pueden ser también declaradas responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas (sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho) han podido realizar los hechos porque no se ha ejercido sobre ellos el debido control.
Operan como circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otras, haber establecido, antes del comienzo medias eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
Así por ejemplo, si analizamos el segundo supuesto de responsabilidad penal de la persona jurídica, frente a la posible comisión por parte de un empleado de un delito de los previstos en el artículo 197 que regula el descubrimiento o apoderamiento de mensajes de correo electrónico, interceptación de telecomunicaciones o las conductas de acceso inconsentido a los sistemas informáticos de un tercero conocidas como “Hacking”; la existencia de unas adecuadas Normas de Uso de los recursos informáticos que regulen qué actos están permitidos y cuáles están prohibidos, qué medidas de control se establecen para detectar la comisión de una infracción o un abuso, en qué supuesto puede realizarse una monitorización del uso de los recursos, qué medidas de seguridad se aplican a los ficheros que contienen datos de carácter personal, etc., puede ayudar a atenuar y suavizar la responsabilidad penal de la compañía.
Este sistema de prevención es aplicable a los restantes 22 delitos que la citada reforma prevé la aplicación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, si se dan las circunstancias específicas previstas en cada tipo penal.
Por ello es aconsejable que las compañías se doten de sistemas de prevención, medidas de vigilancia y control que permitan de forma periódica evitar o detectar la posible comisión de ilícitos penales.
Las penas aplicables a las personas jurídicas son:
Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años
Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social
Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores.
29/09/2010 20:51:19
El favorecimiento de las infracciones de derechos de propiedad intelectual no es delito
Nuestro Código Penal no tipifica como delito las actividades de favorecimiento de infracción de derechos de propiedad intelectual. Así lo recoge la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cantabria el pasado día 8 de junio.
Los hechos denunciados habían sido sobreseídos por el Juzgado de Instrucción y ahora la Audiencia Provincial, al resolver el recurso de apelación, ha confirmado la decisión.
Como en otros casos que hemos visto en este Blog, la página web denunciada no ofrecía directamente el visionado o las descargas de las obras cinematográficas, sino distintos enlaces externos a otras páginas web donde, en su caso, residían las obras.
Mientras que la recurrente sostiene que estamos ante un acto de comunicación pública mediante el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, la resolución basa la desestimación del recurso en que la mera facilitación de enlaces externos para acceder a contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual no esta tipificado de forma expresa como delito en el artículo 270. No obstante, la Sentencia establece razonamientos muy interesantes sobre la conducta realizada, y que ya han sido recogidos en otras resoluciones de nuestros Tribunales, entendiendo que las razones que llevan a no condenar son la falta de acogida en el Código Penal de la responsabilidad penal de los prestadores de servicios que establece la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico LSSCI (34/2002).
Así, es importante destacar que la propia resolución establece:
· Que con dicha conducta consistente en facilitar a los usuarios de Internet el acceso a páginas web que alojan contenidos supuestamente protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual el denunciado obtiene un beneficio económico derivado de los ingresos por publicidad.
· Que el hecho de que la propia denominación de la página que incluya el término gratis en su nombre de dominio, la convierte en un reclamo para los usuarios.
· Que dicho acceso al visionado de forma gratuita a películas cinematográficas vulnera la legislación sobre propiedad intelectual.
· Que el artículo 270 del Código Penal no tipifica como infracción de los derechos de autor el favorecimiento a sitios web o enlaces que ofrecen obras protegidas, pero dicha conducta atípica podría ser analizada bajo los preceptos de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico de 11 de julio de 2002 que prevé la posibilidad de exigir responsabilidad penal a los prestadores de servicios de alojamiento o almacenamiento de datos, pero “tal mandato de criminalización no ha sido atendido por el legislador penal”.
21/06/2010 12:53:37
He olvidado mi contraseña !!
En el procedimiento de creación y alta de una cuenta de correo electrónico el proveedor de correo establece un mecanismo para que el usuario pueda recuperar su contraseña en caso de olvido. No obstante el citado mecanismo es más vulnerable que la contraseña en si misma.
Tras un análisis de los principales proveedores de cuentas de correo electrónico, observamos que en el proceso de registro de una cuenta de correo, lo más habitual es que tras cumplimentar los campos relativos a identificación del usuario y nombre de la cuenta, el proveedor pide como “pregunta de seguridad” para la recuperación de contraseñas, la elección de una de las preguntas que aparecen listadas (lugar de nacimiento de la madre, profesor favorito, mejor amigo de la infancia, nombre de la primera mascota, etc.) respecto de la cual deberá introducirse la respuesta correspondiente, sin opción a formular una pregunta distinta a la ofrecida por el proveedor.
Una vez concluido el proceso de registro y activada la cuenta, tan sólo mediante la introducción correcta respuesta a la pregunta seleccionada, podrá recuperarse la contraseña en caso de haberse olvidado la misma.
Al tratarse de preguntas poco sofisticadas y previamente listadas cualquier tercero que tenga una cierta proximidad y conocimiento de las circunstancias personales y/o familiares del titular de la cuenta le resultará sumamente fácil contestar a la pregunta preestablecida, pues sin duda conocerá o podrá conocer sin dificultad la solución a cuestiones tan obvias como, lugar de nacimiento de la madre, profesor favorito, mejor amigo de la infancia, nombre de la primera mascota, etc. Cuando el titular de la cuenta es un personaje público, como sucedió con Sarah Pallin, ni siquiera será necesario ser de su entorno o círculo de amigos, pues las respuestas a las preguntas previamente listadas pudieron hallarse consultando en Wikipedia y en foros y artículos publicados en Internet.
Frente a la fragilidad del sistema habitual descrito pocos son los proveedores, permiten la posibilidad de redactar una pregunta propia, no dependiendo del listado ya existente lo cual, obviamente, dificulta el acceso no autorizado de terceros, puesto que además de conocer la respuesta, en este caso deberá también acertar la pregunta con la consecuente complicación dadas las infinitas posibilidades existentes.
13/02/2009 17:46:58
Esta semana se juzgaba en Italia a los responsables de Google por la publicación de un video en el que unos jóvenes de Turín maltrataban a un muchacho con síndrome de Down. Los hechos que se les imputan son los de presuntos autores de los delitos de difamación y violación de la intimidad.
Dicha noticia nos obliga a analizar cuál es el papel de Google en la inserción y publicación de contenidos, y, en su caso, su responsabilidad. Respecto a la inserción, son los propios usuarios los que realizan la inserción de los contenidos, que se publican y son visibles seguidamente en Google mediante los sistemas de búsqueda y recopilación de datos o enlaces a otros sitios de Internet.
De acuerdo con la Directiva Europea de Comercio Electrónico, y la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), en España los prestadores de servicios de la sociedad de la información, no son responsables de la información almacenada a petición del interesado, siempre que: a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o
Y añade que el prestador adquiere conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, y hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
Resulta por tanto excesivo a mi entender, que sin que existan pruebas que acrediten que Google conocía la existencia de esa grabación, así como pruebas de la inobservancia de los requerimientos que le hubiesen sido efectuados, se le considere responsable de la publicación de los mismos, máxime cuando si parece acreditado que en cuanto tuvo noticia de la existencia de los mismos los eliminó de su página y herramientas de búsqueda.
05/02/2009 17:45:00
El uso judicial de Facebook
Facebook ya no sólo sirve para localizar viejos conocidos o mantener comunicaciones con tu red de amigos. Recientemente un tribunal de Australia aprobó el uso de Facebook, para realizar una notificación judicial a un particular tras incurrir éste en el impago de la hipoteca.
Trasladándolo al sistema judicial español, cabría plantearse su efectividad atendiendo a lo previsto en nuestra la Ley deEnjuiciamiento Civil, que en su art. 162 permite la posibilidad de realizar comunicaciones judiciales a través de medios electrónicos, informáticos y similares, siempre que:
Los Juzgados y Tribunales y las partes dispusieren de dichos medios o semejantes, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, Que tales medios garanticen la autenticidad de la comunicación y de su contenido Que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras Que se disponga de acuse de recibo Que las partes y los profesionales que intervengan en el proceso hayan comunicado al Tribunal que disponen de esos medios y su dirección electrónica de envío. Por ello, para que Facebook se considerase una dirección efectiva para la realización de comunicaciones, previamente el particular, debería haber comunicado al Juzgado la posibilidad de utilizar ese medio electrónico como forma de comunicación con el mismo. Además debería garantizarse la autenticidad de las comunicaciones a través de Facebook, autentificación de las partes intervinientes, integridad del mensaje y time stamping.
Menos problemas plantearía acusar recibo de la entrega pues cuando se envia un mensaje a través de Facebook a una persona no agregada, el destinatario recibe un mensaje de @facebookmail.com de forma que dispondríamos de una forma para acreditar que el mensaje ha sido entregado a su destinatario, que debería ser completada con la declaración testifical de Facebook y del ISP del destinatario. Por Assumpta Zorraquino
23/12/2008 17:42:00
EEUU juzgará al hacker que accedió al Pentágono
La justicia americana será competente para juzgar al británico acusado de acceder en el año 2002 a los sistemas informáticos militares de Estados Unidos y en los de la NASA.
El acusado, conocido como el “pirata del Pentágono” había solicitado que el procedimiento se tramitase ante los tribunales británicos, pero la semana pasada su recurso fue desestimado. No es de extrañar dicha resolución, ya que a pesar de que el acceso pudo haberse realizado desde otro país, lo cierto es que los sistemas vulnerados eran sistemas informáticos americanos, que se encontraban ubicados en los Estados Unidos, así como que los efectos del presunto delito se produjeron igualmente en dicho país.
Del mismo modo, nuestros tribunales entendieron en el año 2003, que era competente la jurisdicción española para enjuiciar un delito contra la propiedad intelectual que se realizaba desde España y por ciudadanos españoles, consistente en el suministro de programas de ordenador y herramientas de desprotección (conocidas como cracks) desde una página web que se encontraba alojada en un servidor ubicado en EEUU, puesto que los efectos del delito se producían en España.
(Auto dictado por el Juzgado de lo Penal 18 de Barcelona de 5 de mayo de 2003 que declaró la competencia Jurisdiccional de los Tribunales Españoles y la competencia territorial de los de Barcelona)
05/08/2008 13:28:04

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 197
 resolución 
 artículo 270
 resolución 
 artículo 270