Source: https://es.scribd.com/document/294775838/Supuestos-Auxiliares-Administrativos-Diputacion-de-Malaga-Volumen-II
Timestamp: 2019-04-22 06:24:03+00:00

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Son una serie de supuestos prácticos para auxiliares administrativos
Casos Practicos MATER D
FE Aux Advo Diputacion Malaga Test
FE Aux Advo Diputacion Malaga Temario
(DERECHO ADMINISTRATIVO)
Con fecha 9 de octubre de 2014, D. Juan Fernández presenta una solicitud dirigida a la Diputación Provincial de Málaga que contiene los siguientes
datos: lugar y fecha, firma y apellidos del solicitante, hechos, razones y petición, lugar que se señala a efectos de notificaciones y órgano al que se dirige.
Comprobada la documentación, la Diputación requiere al interesado la presentación del DNI, concediéndole un plazo de diez días hábiles para aportar
El Sr. Juan Fernández, presenta escrito aportando el DNI en el plazo
de once días hábiles, a partir del siguiente al de la recepción del escrito de
subsanación. Recibida la documentación, la Diputación dicta resolución en la
que tiene por desistido de su solicitud a D. Juan Fernández, indicándole que
contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponer
recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico.
Dentro del plazo concedido D. Eduardo Blasco presenta escrito de interposición de recurso de alzada en nombre de D. Juan Fernández, alegando que
el último día del plazo concedido era festivo en su localidad.
La Diputación, requiere a D. Eduardo Blasco para que aporte la documentación que acredite la representación con que actúa en el plazo de diez
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación del requerimiento.
D. Eduardo Blasco aporta la documentación al mes del requerimiento,
siendo esta documentación admitida y continuando el procedimiento.
En la tramitación del recurso se solicita informe al Gabinete Jurídico de
la Diputación, que es recibido al mes de su solicitud en sentido contrario a la
resolución que se ha adoptado, y que aún no se ha notificado al interesado,
no obstante la Administración procede a notificar la resolución dictada al
Contra la citada resolución D. Eduardo Blasco presenta recurso de reposición ante la Diputación.
1. ¿Contenía la solicitud presentada por D. Juan Fernández todos los datos
obligatorios conforme a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?
Sí, es suficiente con que contenga los apellidos del interesado.
No, debe contener el nombre, apellidos y DNI del interesado.
No, debe contener el nombre y apellidos del interesado.
2. Dado que el Sr. Juan Fernández no ha presentado la documentación requerida en el plazo de diez días ¿cuál sería la actuación correcta?
a) Dictar resolución teniendo al interesado por desistido de su petición.
b) Transcurrido el plazo concedido, y al no haberse producido la presentación,
la Administración podría haber acordado la ampliación del plazo concedido.
c) Admitir la documentación presentada.
d) Archivar sin más tramite el expediente.
3. ¿Cómo se computan los plazos?
a) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer
b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación
por silencio administrativo.
c) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la
inversa, se considerará inhábil en todo caso.
4. ¿Cuál es la actuación correcta ante la interposición del recurso de Alzada
por D. Eduardo Blasco?
a) Como en la solicitud de iniciación no hizo referencia a que actuaría a través
de representante, el recurso de alzada no se debe entender interpuesto por
b) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo
manifestación expresa en contra del interesado, por lo que la Administración
debería dictar resolución resolviendo el recurso, sin efectuar requerimiento.
c) Debe de requerirse la acreditación de la representación por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración
personal del interesado.
d) No se puede efectuar otro requerimiento, porque la Administración ya efectúo
requerimiento de subsanación de la solicitud, por lo que procede el archivo
5. ¿Es correcta la actuación de la Administración al admitir la subsanación de
la representación una vez transcurrido el plazo concedido para efectuar este
a) No, porque los tramites que deban ser cumplimentados por los interesados
deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del
correspondiente acto, salvo que en la norma correspondiente se fije plazo
b) Sí, porque no se ha dictado resolución declarándole decaído al correspondiente
c) No, porque la Diputación no había dictado acuerdo ampliando el plazo
d) No, porque el representante no había solicitado ampliación del plazo concedido.
6. ¿Puede la Administración notificar a D. Eduardo Blasco la resolución, cuando se ha conocido un informe que ha sido emitido en sentido contrario a la
a) No, porque la resolución se separa del criterio del órgano que emite el
b) No, porque las actuaciones efectuadas con anterioridad a la notificación al
interesado deberán ser tenidas en cuenta por el órgano con competencia
c) No, porque salvo disposición expresa en contrario los informes serán vinculantes.
d) Sí, porque podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la resolución.
¿De qué plazo dispone la Diputación para dictar y notificar la resolución del
8. ¿Qué recurso puede interponer contra la resolución del recurso de alzada?
a) Recurso de reposición.
c) Recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que ha dictado la
d) Recurso extraordinario de revisión, en los supuestos en que proceda.
¿En qué supuesto procedería interponer el recurso extraordinario de revisión?
a) Si al dictar la resolución se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte
de los propios documentos incorporados al expediente.
b) Si aparecen documentos de valor esencial para la resolución del asunto que,
aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
c) Si la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación,
cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se
haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
10.	Si en la resolución de un recurso de alzada hubieran influido esencialmente
documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme,
anterior o posterior a aquella resolución:
a)	Se podría interponer recurso extraordinario de revisión.
b)	No cabría interponer recurso alguno.
c)	Cabría interponer recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano
que ha dictado la resolución del recurso.
d)	Ninguna respuesta es correcta.
SOLUCIONES SUPUESTO Nº 1
1.D	2.B	3.D	4.C	5.B	6.D	7.C	8.D	9.D
siendo relegada. PREGUNTAS 1. Dio a luz en octubre del 2009. Finalmente. en marzo del 2009. d) Sólo le correspondería a ella probar la discriminación en las medidas adoptadas y su desproporcionalidad. ¿Qué ocurrió con las vacaciones no disfrutadas por la funcionaria al término del año 2009? a) b) c) d) Que las perdió. la mujer se presentó a una convocatoria pública de un concurso-oposición para un puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo de la Diputación Provincial de Málaga. Que pudo disfrutarlas más allá del 31 de enero del 2010. una empresa multinacional contrató de forma indefinida a cuatro personas (tres hombres y una mujer) para trabajar como personal administrativo en su departamento de Recursos humanos de una nueva sede en Sevilla. sin haber podido disfrutar de las vacaciones que le correspondían por el periodo de tiempo trabajado. la mujer quedó embarazada. agotando el permiso de maternidad correspondiente ya entrado el año 2010. de acuerdo con las leyes procesales. Que pudo disfrutarlas sólo hasta el 31 de enero del 2010. en caso de que no comparezca la parte demandada. Que se le habrían sustituido por una compensación económica. 2. c) Le correspondería a ella o a la parte demandada probar la discriminación o su ausencia en las medidas adoptadas. respectivamente. una funcionaria al servicio de la Diputación alegase actuación discriminatoria. En el caso de que un procedimiento. a la realización de tareas propias de un personal de categoría inferior. desde que comunicó la noticia a su jefe. por razón de sexo. por parte de un compañero de oficina: a) Le correspondería a ella probar la discriminación en las medidas adoptadas y su desproporcionalidad. — 303 — . b) Le correspondería a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. obteniendo una plaza de la que tomó posesión en septiembre del 2009.Supuesto práctico 2 SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2 (DERECHO ADMINISTRATIVO) En enero del año 2008. incluida cualquier compensación económica. a la vez que extinguía su contrato con la empresa multinacional. Tras un año de trabajo. sin justificación alguna.
7. Si el jefe del Departamento de RR. c) Constituiría discriminación positiva a favor de los hombres. con la orden de protección a favor de la víctima. b) La persona acosada. b) Con el informe del Defensor del Pueblo que indicara la existencia de indicios de que la demandante era víctima de violencia de género. a pesar de estar pactada una misma retribución para toda la categoría profesional. d) Sí. de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En el caso de que la mujer hubiese sufrido acoso por razón de sexo como funcionaria. 4. únicamente. 5. — 304 — . b) Discriminación indirecta por razón de sexo. ¿quién tendría legitimidad en el litigio correspondiente? a) La persona acosada y el Ministerio Fiscal. que es una forma de discriminación directa por razón de sexo. c) Discriminación por embarazo. reconoce a determinadas personas? a) No. d) Constituiría discriminación en perjuicio de la mujer. por tener los mismos derechos que una mujer. En el caso de que un hombre alemán sufriera violencia psicológica por su mujer durante una visita turística en Málaga.Supuestos prácticos 3. a las determinadas víctimas de esta violencia. la diferencia de trato: a) Sería neutra. pero sí los tendría en el caso de ser español. ¿tendría aquél garantizados los derechos que la Ley 13/2007. de la empresa decidiera aumentar únicamente el sueldo del personal administrativo masculino y no a la mujer. b) Sería legítima. d) La persona acosada y el Defensor del Pueblo. ¿Cómo se denomina. d) Acoso sexual. 6.HH. con el informe del Ministerio Fiscal que indicara la existencia de indicios de que la demandante era víctima de violencia de género. por la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. de 28 de diciembre. de 26 de noviembre. por ser un hombre. c) La persona acosada y sus familiares dentro del primer grado. por un rendimiento superior de los hombres. c) Excepcionalmente. la situación a la que se relegó la mujer trabajadora de la empresa multinacional tras comunicar su embarazo a su jefe? a) Discriminación positiva. c) Sí. d) Ordinariamente. de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. ¿cómo quedaría acreditada la situación de violencia que da lugar al reconocimiento de los derechos regulados en el Capítulo III del Título II de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género? a) Con la orden de protección a favor de la víctima. b) No. En el caso de la pregunta anterior. pero no los reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004.
¿tendría la misma garantizados los derechos que la Ley 13/2007. ya que.Supuesto práctico 2 8. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007. Sí. de 22 de marzo. Sí. con presencia de 4 mujeres y 6 hombres? a) b) c) d) No. no se consideran violencia de género. de 26 de noviembre. reconoce a determinadas personas: a) Sí. Tanto la Ley Orgánica 1 /2004 como la Ley Orgánica 3/2007. b) Sí. Ninguna de las opciones anteriores es cierta. 9. Si el suegro de una mujer insultase reiteradamente a esta en Andalucía. por no provenir los insultos del cónyuge. en el caso de que los insultos produjeran desvalorización o sufrimiento en ella. para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. d) No. 10. ¿se entendería como composición equilibrada la de una Comisión de Selección compuesta por 10 personas. al igual que sería la de 6 mujeres y 4 hombres. cualesquiera que sean sus efectos. de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. c) No. Sí. los insultos. estos se consideran violencia sexual en dicha Ley. cualesquiera que sean sus efectos. cualesquiera que sean los efectos de los insultos. — 305 — . al igual que sería la de 7 mujeres y 3 hombres. ¿Qué normativa sería de aplicación a la mujer por los hechos relatados en este supuesto práctico? a) b) c) d) Únicamente la Ley Orgánica 1 /2004. Únicamente la Ley Orgánica 3/2007. solo sería la de 5 mujeres y 5 hombres. al igual que sería la de 3 mujeres y 7 hombres.
A	8.D	4.D	2.A	9.B	7.A	6.C	5.B	3.B — 306 — .C 10.Supuestos prácticos SOLUCIONES SUPUESTO Nº 2 1.
Supuesto práctico 3 SUPUESTO PRÁCTICO Nº 3 (DERECHO ADMINISTRATIVO) El Sr. d) Encomienda de gestión del asunto. Al tramitarse la solicitud. presentándose una alegación de la Asociación Cultural «Cante Jondo». Al tener conocimiento de esta concesión. La devolución del expediente al Registro General de la Diputación era: a) Lo correcto. por dicho Registro. b) Conflicto positivo de atribuciones. se envió la solicitud al responsable del Area de Modernización Local que. cuyo responsable. remitiéndose este escrito al Area de Ciudadanía. con motivo de desarrollo del festival de cante flamenco. — 307 — . PREGUNTAS 1. se abrió un periodo de información pública de diez días. devolviendo el escrito al Registro General de la Diputación. ante ello. dado el interés general de la actividad a desarrollar. devolviendo el escrito al citado Registro. se produce un/una: a) Conflicto negativo de atribuciones. pese a lo cual el citado órgano concedió la subvención solicitada. proponiendo la estimación de la alegación. que lo evacuó en el plazo de tres meses. una subvención a la Diputación de Málaga para desarrollar una actividad cultural relacionada con el cante flamenco en el municipio en el que se encontraba empadronado. c) Nulidad de pleno derecho. pues el Area de Ciudadanía debería haber remitido el escrito a aquella que entendía debía conocer del mismo. oponiéndose a la concesión de la misma. El órgano competente sometió a informe del Servicio Jurídico de la Diputación. quien resolvió sobre estos pormenores. se decidiera sobre la competencia. la Asociación Cultural «Cante Jondo» recurrió el acto. d) El cauce normal de comunicación entre órganos administrativos. en cuyos anuncios se indicaba el patrocinio del Diputación. Pérez solicitó el 2 de abril de 2013.	Cuando dos órganos administrativos se niegan a conocer de un asunto. sin especificación de qué otro recurso era posible presentar contra esta desestimación. asimismo. lo remitió directamente al Presidente de la Diputación. al estar mal enviado a las Areas de la Diputación. cuyo responsable se declaró incompetente. notificándosele la inadmisibilidad del mismo por no ser parte interesada. 2. toda vez que a ella se le había negado en otra ocasión para una actividad similar. a la vista de lo anterior. comunicándolo así al interesado y archivando el expediente. c) La forma de que. de la ciudad. b) Innecesaria. se declaró incompetente. Por el Registro.
d) Fomento. c) No tiene derecho a respuesta alguna por la Administración. Cuando se recabe un informe de un órgano consultivo y no esté establecido otro plazo por disposición expresa. c) Policía administrativa. d) Un mes. c) Diez días. d) No adquiere por este mero hecho la condición de interesado. deberá evacuarse en el plazo máximo de: a) Dos meses. Una característica de las subvenciones es que: a) Tienen carácter discrecional. 8. La concesión de diez días para la información pública: a) Comporta un vicio de nulidad de pleno derecho. como regla general. Las subvenciones. 6. c) No requieren justificación. — 308 — . 5. c) Facultativo y no vinculante. Si un particular efectúa alegaciones en un período de información pública: a) Automáticamente ha de ser considerado como interesado en el expediente de que se trate. d) Preceptivo y vinculante. El informe del Servicio Jurídico de la Diputación es: a) Preceptivo y no vinculante. 9. b) Sólo se le serán tenidas en cuenta cuando previamente ostente la condición de interesado. b) El procedimiento ordinario de concesión es el de concurrencia competitiva. c) Supone una mera irregularidad. Presidente de la Diputación. Secretario General de la Diputación. Primer responsable del Area de Ciudadanía que conoció del asunto. b) Facultativo y vinculante. d) Generan derechos adquiridos. d) Está correctamente hecha. b) Servicio público. 4. b) Ocho días. La resolución de esta cuestión planteada corresponde al/a la: a) b) c) d) Registro General del Ayuntamiento. dentro de las formas de actividad administrativa. b) Sólo puede dar lugar a la anulabilidad del acto. se incardinan en la de: a) Potestad tributaria. 7.Supuestos prácticos 3.
Económico administrativo. De alzada.Supuesto práctico 3 10.	Si la subvención se concedió por una de las Areas señaladas. — 309 — . De reposición. el recurso que podía presentar la Asociación Cultural «Cante Jondo» contra el acto de concesión era: a) b) c) d) Contencioso administrativo.
D	5.A	2.B	3.C	9.C 10.D	8.Supuestos prácticos SOLUCIONES SUPUESTO Nº 3 1.B	4.C — 310 — .B	6.B	7.
que no ejerce la abogacía ni profesión alguna. presentan en el registro de la Diputación de Málaga. copropietarias de una finca sita en el término municipal de Málaga y con capacidad para obrar suficiente. c) A solicitud de parte interesada. Luisa denuncia la mora y a los 30 dias recibe notificación de la Diputación Provincial en la que se le comunica que por haber desistido del procedimiento Juana y María. Juana y María desisten de su petición. A los quince dias de haberse iniciado el procedimiento. El recurso es desestimado expresamente por el responsable del Area. iniciándose el procedimiento en el momento que la solicitud ha tenido entrada en el órgano competente. PREGUNTAS 1. pero a la que ha conferido representación ante el órgano encargado de la instrucción del procedimiento y la segunda a través del abogado que normalmente lleva sus asuntos. según se le notificó oportunamente. Habiendo transcurrido tres meses sin tener noticia alguna de la marcha del procedimiento. d) De oficio. suplicando que se tenga por interpuesto dicho recurso administrativo. estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre el mismo.Supuesto práctico 4 SUPUESTO PRÁCTICO Nº 4 (DERECHO ADMINISTRATIVO) Las hermanas Juana. que actúa por Delegación del Presidente de la Diputación. invade la finca de su propiedad. escrito dirigido al Presidente de la Diputación. Contra esta resolución desestimatoria. Luisa presenta en el Registro General de la Diputación un escrito dirigido al Presidente en el que. Asimismo se le advierte en la notificación que el acto administrativo que decretó el archivo de las actuaciones no es recurrible. La primera por medio de una persona de su confianza. entre otras cosas. el procedimiento ha sido declarado concluso y archivado. primeras firmantes del escrito y no haber instado ella su continuación en el plazo de 10 días. por el que solicitan la incoación del oportuno expediente en el que recaiga resolución que ordene la paralización de una obra que la Diputación de Málaga realiza y que. pero al que no le ha otorgado poder al efecto. pero deberá abrirse con carácter previo un periodo de información. ¿De qué forma se ha iniciado el procedimiento? a) Por denuncia. A los 15 días exactos de haber recibido la notificación. b) A solicitud de parte interesada. mediante resolución en la que no hace constar que se dicte en uso de las facultades delegadas. expresa su deseo de recurrir el acto notificado y la razón de su impugnación. Luisa interpone el recurso pertinente en tiempo y forma. por tratarse de un acto de trámite. — 311 — . por acuerdo del órgano competente. Beatriz y el abogado de Carmen. a su juicio. El escrito de presentación va firmado por Ana. María y Luisa Pérez. sin acreditar representación alguna.
c) La actuación de Ana es válida. la resolución de determinados asuntos. c) El responsable de Area puede avocar la competencia. Es un acto firme contra el que no cabe recurso alguno. por dictarse por órgano manifiestamente incompetente. ¿Cuál es el recurso que ha debido interponer Luisa contra la resolución desestimatoria del responsable del Area? a) b) c) d) — 312 — Recurso de alzada. ¿puede suponer un vicio que acarree su nulidad o anulabilidad? a) El acto está viciado de nulidad. d) El de María no es válido al no ser interesada. La circunstancia de no hacerse constar en la resolución del recurso que se dicta en virtud de facultades delegadas. pero el de Beatriz no es válido al no poderse subsanar. b) El acto no está viciado de anulabilidad. b) En el momento que la solicitud ha tenido entrada en cualquiera de los Registros previstos en el artículo 38. si la competencia le corresponde al Presidente de la Diputación? a) En ningún caso. d) Cuando se acuerda la incoación del procedimiento administrativo. pero no quiere decir que el acto no surta efecto si se produce la subsanación conforme a lo dispuesto en la LPAC. ¿Es válido el desistimiento realizado por Juana y María? a) No es válido en este momento procedimental.4 de la LPAC.Supuestos prácticos 2. d) El acto está viciado de anulabilidad. la de María no es válida. c) El acto es nulo de pleno derecho. . por cuanto la omisión de este requisito formal no es causa de indefensión. porque la delegación de competencias debería haberse efectuado en el órgano que dictó el acto recurrido. 6. ¿En qué momento se entiende iniciado el procedimiento? a) En el momento que la solicitud ha tenido entrada en el Registro del órgano competente para tramitarlo. b) No existe inconveniente en que el Presidente de la Diputación pueda delegar en órganos inferiores de su Departamento. al carecer de los requisitos formales imprescindibles para alcanzar su fin. c) En el momento que la solicitud ha tenido entrada en el Registro del órgano competente para resolver. 3. b) El de Juana si es válido. 5. 4. d) No. ¿Podrá el responsable del Area resolver el recurso interpuesto por Carmen. Recurso contencioso-administrativo. Recurso extraordinario de revisión.
b) Dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto que se impugnó. 9. ¿Qué plazo hay para interponer el recurso pertinente de acuerdo con el enunciado anterior? a) Un mes a partir del día siguiente a su notificación. Dos años desde que se dictaron. Cuatro años desde que se dictaron. una vez sea notificado del desistimiento. es cierto que: a) Su publicación es necesaria para que sea válida. b) No es necesario que se haga constar la autoridad de procedencia. Cuando un interesado desista de su solicitud.Supuesto práctico 4 7. Diez días. — 313 — . d) Puede alterar la competencia del órgano delegante. Quince días. 8. en el plazo de: a) b) c) d) En cualquier momento. c) No hay plazo. Las Administraciones públicas podrán rectificar de oficio o a instancia de los interesados. 10. los errores materiales. de hecho o aritméticos existentes en sus actos. los terceros interesados personados en el procedimiento podrían instar la continuación del mismo. d) Cuatro años desde que se dictó el acto impugnado. Un año desde que se notificaron. en el plazo de: a) b) c) d) Un mes. c) Se realizarán en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. Con relación a la Delegación de firma. Veinte días.
C	2.A	9.C — 314 — .C	4.Supuestos prácticos SOLUCIONES SUPUESTO Nº 4 1.B	5.C 10.A	3.B	7.B	6.B	8.
antes de la toma de posesión. De la misma forma otro de los auxiliares administrativos funcionarios. una vez aportada la documentación acreditativa. pero como el ordenamiento jurídico prohibe que haya más aprobados que plazas. De este modo. es nombrado director técnico de determinada empresa mixta de la Diputación perteneciente a la misma.	¿Qué ocurre con la plaza que ha quedado vacante como consecuencia del nombramiento del Auxiliar Administrativo que la ocupaba para ser director técnico en la empresa de la Diputación? 3. nombra como funcionarios a los citados opositores. por lo que convendría saber si esta eventualidad puede traer alguna consecuencia en el resto de los aspirantes que superaron las pruebas.	¿La actuación del aspirante que ha renunciado a la plaza es legítima? 2. uno de ellos renuncia a su condición de funcionario. PREGUNTAS 1. el órgano competente. por lo que quisiéramos saber la situación administrativa en la que queda el citado funcionario y si su plaza queda o no vacante.	¿Considera Vd. que tiene carácter vinculante la propuesta del Tribunal calificador de pruebas selectivas para el acceso a la función pública y a qué órgano se le dirige? ¿Son recurribles las resoluciones de dichos Tribunales? 4. el Tribunal efectúa la pertinente propuesta de nombramiento de los tres primeros por orden de puntuación.Supuesto práctico 5 SUPUESTO PRÁCTICO Nº 5 (FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL) Celebrado determinado proceso selectivo para cubrir tres plazas de Auxiliar Administrativo para la Diputación Provincial de Málaga. Sin embargo.	¿Qué órgano local aprueba en la actualidad las bases de las convocatorias para el acceso a las plazas de funcionarios de la propia Corporación? — 315 — . a los dos meses de la toma de posesión. se comprueba que son cinco los aspirantes que han superado todas las pruebas.
Supuestos prácticos RESPUESTAS Solución Pregunta 1 En primer lugar debemos analizar si la actuación del aspirante que ha renunciado a la plaza es o no legítima. A los funcionarios que se hallen en situación de servicios especiales. Solución Pregunta 2 Sin embargo ¿qué hacer con la plaza que ha quedado vacante como consecuencia del nombramiento del Auxiliar Administrativo que la ocupaba para ser director técnico en una empresa mixta de la Diputación?. 365/1995. queda expedita la posibilidad de que la Diputación pueda nombrar al cuarto de los aspirantes en el orden de puntuación. una vez cesado en el puesto que originó la citada situación especial expone lo siguiente: «1. y ésta no ha tenido lugar. ya que no se puede renunciar a lo que no se tiene.D. se les asignará. no debemos olvidar que el acceso a la función pública no se logra solamente en función del nombramiento por el órgano competente. Si valoramos el citado puesto de trabajo como si se tratase de un cargo de confianza. y por tanto. Sin embargo. Así. la cual se realiza por la citada toma de posesión. la situación administrativa en la que podía quedar el citado funcionario con relación al ente local de procedencia podría ser la de servicios especiales y por tanto le sería de aplicación las previsiones del art. según los siguientes criterios y conforme al procedimiento que establezca el Ministerio para las Administraciones Públicas: a) Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiere sido obtenido mediante el sistema de libre designación. si la debemos considerar ajustada a derecho. 7 del Reglamento de Situaciones Administrativas (R. Por tanto. con ocasión del reingreso un puesto de trabajo. si no se ha adquirido la condición de funcionario. resulta obvio. y que posteriormente los ha nombrado. procedentes de la situación de servicio activo. de 10 de marzo). la concurrencia de la voluntad del aspirante que se exterioriza por medio de la toma de posesión. La solución que podemos dar a esta cuestión está en función directa a la situación administrativa en la que quede aquél. el cual en cuanto al reingreso de tales funcionarios. al unísono. ha podido seleccionar a los tres primeros de la lista entre aquellos que superaron la oposición. sino que precisa. Es como un acto condición que no se perfecciona hasta tanto no se produzca dicha toma de posesión. Resulta de la exposición de los hechos que la Diputación. se les adjudicará. se pueden barajar tres situaciones administrativas distintas. en función de la valoración del nuevo puesto de trabajo (director técnico) y del grado de participación que tenga la Diputación en la citada empresa mixta. tal como se evidencia en la descripción de los hechos. Por tanto. que tal renuncia es un acto inexistente. — 316 — .
un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio. la prestación del servicio por funcionarios de carrera. por el que se dictan las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local establece lo siguiente: «Previa convocatoria pública y con respeto. Sin embargo. aunque ofrece dos alternativas en función del grado de participación que tenga la Diputación en el capital social de la empresa. pasaría a la situación de excedencia voluntaria por interés particular. salvo cuando se trate de vacantes realmente producidas con posterioridad a la aprobación de ésta.D. En estos dos últimos supuestos. con la urgencia exigida por las circunstancias. la reserva o no del puesto de trabajo será determinante para cubrir el mismo por parte de otro funcionario». se les adjudicará. Por tanto. Las plazas así cubiertas deberán incluirse necesariamente en la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo o en la primera oferta de empleo público que se apruebe. b) En los restantes casos. El personal interino cesará cuando la plaza se provea por funcionario de carrera o la Corporación considere que han cesado las razones de urgencia que motivaron su cobertura interina».Supuesto práctico 5 con carácter provisional. sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 23 de este Reglamento por tanto. Así. si su participación es mayoritaria. la situación administrativa en la que quedaría el funcionario sería la de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Tales plazas habrán de estar dotadas presupuestariamente e incluidas en la oferta de empleo público. no se produciría en ningún caso reserva del puesto de trabajo. con carácter definitivo. subescalas y clases como funcionarios de carrera. el Presidente de la Corporación podrá efectuar nombramientos de personal funcionario interino para plazas vacantes siempre que no sea posible. — 317 — . la Disposición Adicional Primera del R. en todo caso de los principios de mérito y capacidad. en tanto no obtengan otro con carácter definitivo. Cuando se hubiere accedido a la situación de servicios especiales desde situaciones que no conllevan el desempeño o reserva de puesto de trabajo no habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo. si sostenemos que tal puesto directivo no tiene el indicado carácter (puesto de confianza). no del cargo naturalmente. la solución es distinta. El personal funcionario interino deberá reunir los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las pruebas de acceso a las correspondientes Escalas. en el caso que la participación de la Diputación en el capital de la empresa fuese minoritaria. si ambas situaciones implican la pérdida del puesto de trabajo. un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo Ministerio y municipio. Así. 896/1991. 2. Se dará preferencia a aquéllos aspirantes que hayan aprobado algún ejercicio en las pruebas de acceso de que se trate. el aspirante quinto que superó todos los ejercicios de la oposición podría ser nombrado como funcionario interino.
de conformidad con lo previsto en el art. las resoluciones de los Tribunales de oposiciones sí que son recurribles ya que. En el caso de la Diputación Provincial de acuerdo con el artículo 34. 14 del Reglamento de Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo. de acuerdo con lo previsto en el art. 21. pueda aprobarse ni declararse que ha superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas”. aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. 7 del R. contra las resoluciones de los órganos de selección y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión (hoy. de conformidad con lo dispuesto en el art.Supuestos prácticos Solución Pregunta 3 El art. como hemos señalado. Solución Pregunta 4 Las bases de las convocatorias serán aprobadas en la actualidad por el Alcalde.1. 1.D.g) de la LBRL corresponde al Presidente de la Diputación aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. en los municipios de régimen especial. deberíamos añadir. cuando produzcan perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos) podrá interponerse recurso de ordinario (debe entenderse de alzada) ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente. corresponderá aprobarlas a la Junta de Gobierno Local. que tendrá carácter vinculante. conforme al art. 107 de la Ley 4/ 1999. sin que.3 del mismo. de aplicación supletoria. — 318 — . Por otra parte.g) de la ley de Bases de Régimen Local (de acuerdo con reforma introducida por la Ley 11/1999). Sin embargo. 896/1991 establece que “la resolución de las pruebas selectivas y los correspondientes nombramientos deberán efectuarse por el Presidente de la Corporación de acuerdo con la propuesta del Tribunal. debemos entender que de conformidad con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local deberá ser el Presidente de la Diputación. En cuanto al órgano al que deban dirigirse las citadas propuestas. en ningún caso.
si durante la tramitación del expediente disciplinario se produce la pérdida de la condición de funcionario? 4.	¿Considera Vd. ante la Corporación. cuando ya lleva cumplidos cuatro años. fue además objeto de un procedimiento disciplinario por la Diputación. Estimando el interesado que ya ha cumplido la condena. El funcionario al mismo tiempo de verse procesado y condenado penalmente por la Jurisdicción penal. pide una revisión de su condena.Supuesto práctico 6 SUPUESTO PRÁCTICO Nº 6 (FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL) Manuel Antón es un funcionario de la Diputación de Málaga que ha sido condenado por un delito doloso (cohecho) a una pena de inhabilitación especial de seis años. si se trata de supuestos por los cuales se pierde la condición de funcionario? 2.	¿Qué significado tiene la rehabilitación. PREGUNTAS 1. que la renuncia a la condición de funcionario inhabilita para un nuevo ingreso? ¿Qué órgano impone en la actualidad la sanción disciplinaria de separación de servicios? — 319 — . cuya tramitación fue suspendida a consecuencia de tales diligencias penales.	¿En qué situación administrativa. solicita su reincorporación a la Diputación de la que era funcionario.	¿Qué ocurriría como sucede en la presente práctica. quedó el sujeto mientras estaba cumpliendo la condena? 3. Sin embargo. logrando que ésta se vea reducida a tres años.
así como las cuestiones relacionadas con la relevancia del delito y la cancelación de los antecedentes penales. es preciso remitirnos a las normas estatales. atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido». o. al que hicimos referencia más arriba. en lo relativo a la rehabilitación de los funcionarios locales. Si bien es cierto que el ámbito de aplicación del Decreto tan sólo afecta al personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado incluido en el ámbito de aplicación del artículo 1 de la Ley 30/1984. que aprueba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado. 149. de 11 de diciembre de 1998. de 2 de agosto. 37 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. introducida por el también citado art. Pero es sobre todo a partir del R. debe también ser aplicada a los funcionarios locales. En la citada disposición normativa se regula el cauce procedimental a seguir para tramitar y resolver los distintos supuestos de rehabilitación. en los términos del art. D. incorporando a la legislación vigente la figura de la rehabilitación de los funcionarios públicos. por la legislación del Estado y de desarrollo de las Comunidades Autónomas.105 de la Ley 13/1996. los funcionarios locales se regirán en lo no dispuesto por la citada Ley.Supuestos prácticos RESPUESTAS Solución Pregunta 1 Rehabilitar significa restituir a una persona a su antiguo estado. de conformidad con el procedimiento que se establezca».1. los apartados 3º y 4º del citado precepto dicen lo siguiente: Apartado 3º «los funcionarios que hubieran perdido su condición por cambio de nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente podrán solicitar la rehabilitación. Así pues. a través de la rehabilitación. pueda recuperar su condición de funcionario. y no cabe duda que ello nos conduce a arbitrar la posibilidad de que un funcionario que haya sido condenado a la pena de inhabilitación. ya que. 92). A tal efecto. que de acuerdo con las determinaciones del citado art. En los casos de la pérdida de la condición de funcionario a causa de — 320 — . que haya sido separado del servicio. Sin embargo. se podría aplicar supletoriamente. a petición del interesado. la modificación del art. de conformidad con las previsiones de la citada Ley de Bases (art. no es menos cierto.18 de la Constitución. el Apartado 4º del mismo artículo indica que «los órganos de Gobierno de las Administraciones públicas podrán conceder la rehabilitación. incluso. 92 de la Ley de Bases. en donde encontramos la respuesta a las cuestiones planteadas anteriormente. de quien hubiera sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación. Por su parte. cuya posibilidad ha introducido la nueva legislación.
además de los datos anteriores. en la que el interesado hará constar los siguientes datos: a) Causa y fecha de pérdida de la condición de funcionario. en el caso de que ésta no fuera la de servicio activo. municipio y provincia de destino o situación administrativa en la que se hallare. en los términos establecidos en el Código Penal vigente. c) Supuesto de rehabilitación al que pretenda acogerse. le requerirá para que en el plazo máximo de diez días aporte los documentos y justificaciones correspondientes.Supuesto práctico 6 condena a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial. expresando que se tendrán en cuenta los siguientes criterios orientadores para la valoración y apreciación de las circunstancias y entidad del delito cometido: a) Conducta y antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida de la condición de funcionario. El procedimiento de rehabilitación se iniciará mediante instancia del interesado dirigida al órgano competente para su resolución.4 de la Ley 30/1992. — 321 — . la extinción de la responsabilidad penal y civil. c) Relación del hecho delictivo con el desempeño del cargo funcionarial. b) Puesto de trabajo que ocupaba al tiempo de expresada pérdida. presentada en cualquiera de los lugares a que se refiere el artículo 38. con identificación de la unidad de dependencia. b) Daño y perjuicio para el servicio público derivado de la comisión del delito. Es relevante fijarse en los criterios que cita el Decreto a los efectos de resolución del procedimiento de rehabilitación de quienes hubieran perdido su condición de funcionario como consecuencia de haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación. una vez que la persona condenada a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial haya extinguido la responsabilidad penal y civil derivada del delito. deberán acreditar. El órgano instructor del procedimiento comprobará el cumplimiento de los requisitos que facultan al interesado para solicitar la rehabilitación y. d) Gravedad de los hechos y duración de la condena. e) Tiempo transcurrido desde la comisión del delito. d) Cualquier otra circunstancia o información que considere procedente alegar. la citada norma indica que procederá solicitar la rehabilitación. Quienes hubieran perdido la condición de funcionario como consecuencia de haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial. en el caso de que aquéllos no estuvieran suficientemente acreditados.
y formulada propuesta de resolución. por lo que sería de aplicación las determinaciones del art. Cumplido el trámite anterior. Resolución presunta que no necesitará de su acreditación mediante la certificación de acto presunto. dará vista del expediente al interesado. el órgano administrativo instructor del procedimiento. Instruido el procedimiento. g) Cualquier otro que permita apreciar objetivamente la gravedad del delito cometido y su incidencia sobre la futura ocupación de un puesto de funcionario público. para que. y por tanto. una vez vigente la Ley 4/1999 (de reforma de la LPAC). Al mismo tiempo. La duración máxima del procedimiento será de seis meses. ya que este requisito fue suprimido. se entenderá estimada la solicitud del interesado. sin perjuicio de las responsabilidad civil o penal que le pueda ser exigida y se ordenará el archivo de las actuaciones. el inculpado perdiera la condición de funcionario “se declarará extinguido el procedimiento sancionador. el cual nos indica que si antes de resolverse el expediente. Solución Pregunta 3 Como hemos visto en la práctica el expediente disciplinario no llegó a terminarse. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado resolución expresa. En el presente caso lo que ocurre es que el empleado a causa de la inhabilitación ha perdido la condición de funcionario. 29 de la Ley 30/1984 (precepto básico. se dejarán sin efecto cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con respecto al funcionario inculpado”. al carecer de dicha condición no le puede ser aplicable ninguno de los supuestos de situaciones administrativas. — 322 — . el órgano instructor elevará propuesta de resolución del expediente al órgano competente para su resolución. tenidos en cuenta los criterios señalados en el apartado anterior. Solución Pregunta 2 En ninguna de ellas. debidamente justificadas.Supuestos prácticos f) Informes de los titulares de los órganos administrativos en los que el funcionario prestó sus servicios. presente las alegaciones que estime oportunas. a excepción del último párrafo de sus apartados 5. 19 del Reglamento de Régimen Disciplinario (RD 33/1986). 6 y 7) no contempla ninguna situación administrativa relacionada con el supuesto. ya que las situaciones administrativas de los funcionarios reguladas en el art. salvo que por parte interesada se inste la continuación del expediente. con inclusión de la propuesta de resolución formulada. en el plazo máximo de quince días.
de la Ley de Bases). Ello. a partir de la modificación introducida por la Ley 11/1999. Sobre el órgano que impone en la actualidad la sanción disciplinaria de separación de servicio se debe distinguir a tales efectos los funcionarios con habilitación de carácter nacional. la competencia reside en la Junta de Gobierno Local. en los supuestos de separación de servicios. en cuyo caso la competencia reside en la Administración del Estado. la competencia se le atribuye al Alcalde. (como son los casos de pérdida de la nacionalidad española. En el caso de las Diputaciones Provinciales la competencia se atribuye al Presidente de la Diputación. 21. no se prevé la posibilidad de la rehabilitación.Supuesto práctico 6 Solución Pregunta 4 La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para un nuevo ingreso. destitución y suspensión por falta cometida en Corporación distinta de aquella en la que se encuentre prestando servicios. los funcionarios de la propia Administración local. con la salvedad de aquellos entes locales que se rijan por el Título X de la LBRL. si bien deberá darse cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre (art. a diferencia de los demás supuestos por los que se pierde la condición de funcionario. en estos casos.1. pero en el caso de renuncia. ya que en estos casos. separación o inhabilitación). Y por otro lado. — 323 — .h.
Para ello está en posesión de un título de Grado en Derecho expedido por la Universidad de Aachen y cree tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de los puestos de trabajo que son objeto de convocatoria.	¿Podría acceder el Sr. Karl Schmidt.	¿Podría el Sr. aunque tiene amplios conocimientos del idioma castellano tanto orales como escritos. Actualmente ha tenido conocimiento de una futura oferta de empleo público que convocará la Diputación de Málaga y está pensando en la posibilidad de participar en las pruebas selectivas de las plazas que se convoquen. domina mejor la lengua catalana. Karl Schmidt? 4. El Sr. Karl Schmidt acceder a puestos de trabajo que impliquen una participación en el ejercicio del poder público? 3. PREGUNTAS 1.	¿Podría el Sr.	¿Sería posible que la Diputacion de Málaga reconociera como mérito el conocimiento de idiomas del Sr. Por esta razón. Karl Schmidt Gelpí es un ciudadano de nacionalidad alemana de 30 años de edad. Karl Schmidt dirigir dirigir una solicitud a la Diputación de Málaga en idioma catalán? — 325 — . Karl Schmidt acceder al empleo público de la Diputación de Málaga en igualdad de condiciones que los españoles? 2. donde pasa la mayor parte del año. que tiene su residencia en la Costa del Sol de Málaga.Supuesto práctico 7 SUPUESTO PRÁCTICO Nº 7 (FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL) El Sr. hijo de padre alemán y madre catalana. ya que ha sido su lengua materna a pesar de que se hubiera educado en Alemania. no descarta presentarse a cualquier cuerpo o categoría que se convoque para la que se pueda exigir la titulación de Grado.
es incuestionable que el ingreso del extranjero a la función pública es una exigencia del derecho de acceso en el referido ámbito. 57 según el cual: «1. Afortunadamente. lo que se puede fácilmente percibir a través del innegable proceso de ampliación de la posibilidad del extranjero ejercer cargos y empleos públicos.Supuestos prácticos RESPUESTAS Solución Pregunta 1 Durante muchos años. Además. cualquiera que sea su nacionalidad. especialmente en sectores en los cuales la mano de obra nacional no satisfacía la demanda existente. lo que excluiría la participación en procesos selectivos para acceso a la función pública. al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea. en igualdad de condiciones que los españoles. Los nacionales de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder. este panorama ha cambiado en las últimas décadas.1 a). abre la posibilidad de acceso de extranjeros a la función pública bajo determinadas circunstancias previstas en el art. En España. Sin embargo. las legislaciones de los más distintos países solían establecer que el ejercicio de las funciones públicas solamente podría ocurrir a través de personas que tuviesen la nacionalidad del referido Estado. siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho. especialmente cuando se prevé que tal derecho será ejercido en condiciones de igualdad. según prevé el art. 2. a los empleos públicos. La referida alteración ha permitido que las Administraciones Públicas de los más distintos países pudiesen contratar personas con alta capacidad técnica. estaba basada en argumentos como el riesgo de que la soberanía nacional pudiera ser amenazada o que los extranjeros solo podrían ejercer derechos civiles. como personal funcionario. el Estatuto Básico del Empleo Público (Ley 7/2007) impone la nacionalidad española como requisito general de acceso a la función pública. sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Esta concepción más estricta rechazaba el ingreso de extranjeros en la función pública. — 326 — . con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 56. A tal efecto. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación. los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.
como personal laboral. norma derogada expresamente por el Estatuto Básico. también tienen derecho al acceso en condiciones de igualdad con los españoles otros extranjeros. la magistratura. Solución Pregunta 2 Conviene destacar que los empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas deben ser reservados a los españoles.4 del Estatuto Básico del Empleado Público. se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. Cabe añadir que. o incluso persona de otra nacionalidad a la que se apliquen los Tratados celebrados por la Unión Europea y ratificados por España para la aplicación de la libre circulación de trabajadores (artículo 57. 57. para la condición de empleado público laboral. las mencionadas funciones estarían relacionadas a sectores como las fuerzas armadas. No obstante. la cuestión de si los extranjeros podía acceder al empleo público en España ya estaba prevista en la Ley 17/1993.Supuesto práctico 7 3. se percibe que la regla general para acceder a la función pública ya no es ser español sino nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea. del 23 de diciembre. 57.1 del mencionado Estatuto básico. desde que tengan residencia legal en España. la administración fiscal y la diplomacia. así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario». Sin embargo. o bien cónyuge no separado en derecho de aquél o descendiente de uno u otro que sea menor de edad o dependiente. 2 y3). según determina el art. A partir del análisis de las disposiciones normativas arriba mencionadas. la policía y las de otras fuerzas de orden público. los empleos en los ministerios — 327 — . 4. en igualdad de condiciones que los españoles. 5. lo que vale son las reglas arriba comentadas. tratándose del acceso a la condición de funcionario. en su Disposición derogatoria única apartado d). Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. conforme el art. El acceso al empleo público como personal funcionario.
a través de ley. la doctrina afirma que: “…las pruebas selectivas se han de adecuar a las características de los puestos de trabajo a que optan los aspirantes. la Diputación Provincial de Málaga no podría en ningún caso valorar como mérito los conocimientos lingüísticos del Sr. del 26 de noviembre. No obstante.5 del Estatuto. Solución Pregunta 4 La Ley 30/1992. que establece el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común en su artículo 35. Lo que permitiría colocar en cada caso. correos y telecomunicaciones y organismos de radiodifusión). la enseñanza en los centros públicos o la investigación civil en los establecimientos públicos. de suprimir la exigencia de nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.Supuestos prácticos del Estado. de acuerdo con el perfil lingüístico de la plaza. el derecho a «utilizar las lenguas oficiales en el — 328 — . El Tribunal Constitucional. 3. y Galicia). admite la posibilidad de exigencia de conocimiento de la lengua cooficial en los procesos selectivos realizados por las Comunidades Autónomas que tengan dos lenguas oficiales. que puede atenuar la prohibición del acceso a determinadas funciones públicas. de las colectividades territoriales y de otros organismos asimilados y de los Bancos Centrales. Karl Schmidt ya que nuestra Comunidad Autónoma no dispone de cooficialidad lingüística. No obstante. compañías de navegación aérea o marítima. Sobre el alcance de la cooficialidad lingüística en las Comunidades Autónomas. también ya reconoció el mencionado Tribunal como de libre circulación sectores relacionados a la gestión de un servicio comercial (transportes públicos. así como sectores como la sanidad pública. distribución de electricidad y gas. a la vista de tareas a realizar. de los gobiernos regionales.d) establece como derecho de los ciudadanos.2. Solución Pregunta 3 Una vez que la Constitución estableció. a través de distintas sentencias. 57. como un mérito o una exigencia. en el art. estos (y las legislaciones autonómicas) han impuesto la obligación de conocer la lengua cooficial propia: a) para acceder a la función pública en general (Cataluña y Baleares). y b) para acceder a determinados puestos (País Vasco. es la posibilidad otorgada a las Cortes Generales o a las Asambleas Generales de las Comunidades Autónomas. Otra novedad. el conocimiento del idioma del territorio. en sus relaciones con las Administraciones Públicas. conforme previsión del art. que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. en nuestro supuesto.
La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos. y existiera discrepancia en cuanto a la lengua. el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. En este caso.Supuesto práctico 7 territorio de su Comunidad Autónoma. Karl Schmidt no podría dirigir una solicitud en idioma catalán a la Diputación. al no ser la Diputación de Málaga un órgano de la Administración General del Estado con sede en territorio de alguna Comunidad Autónoma que disponga de lengua cooficial. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento. — 329 — . el Sr. el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. el artículo 36 de esta norma dispone que: «1. No obstante lo anterior. los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Así. el procedimiento se tramitará en castellano. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano. de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en resto del Ordenamiento Jurídico». 3. si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. Sobre la lengua de los procedimientos. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. no será precisa su traducción». 2.
El asiento de trabajo. y tampoco ninguno de sus empleados públicos se dedica en exclusiva a la actividad preventiva sino que dispone de un servicio de prevención mancomunado con el Ayuntamiento de la capital y otras corporaciones locales ya que así lo deberán decidir en un futuro las centrales sindicales mayoritarias presentes en la Corporación. no es inclinable y no le permite adoptar una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o manos.Supuesto práctico 8 SUPUESTO PRÁCTICO Nº 8 (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) El Sr. sus caracteres no están bien definidos y su dimensión es suficiente. La imagen de la pantalla no es estable y destellea cambiando repentinamente su luminosidad sin que sea posible regularla. no es estable y no le proporciona libertad de movimiento y posibilidad de postura confortable. ha constatado que la pantalla de ordenador es bastante antigua. Las teclas tampoco tienen los símbolos suficientemente legibles desde la posición normal de trabajo. El teclado del que dispone también ha quedado anticuado. El superior jerárquico le comunica entonces que la Diputación no dispone de un servicio de prevención propio. del teclado y de los documentos y material accesorio. Eduardo Perejón se nota un cansancio continuo en la vista y a su vez dolores de cabeza que lo relaciona con las largas jornadas de trabajo que se encuentra expuesto a la pantalla del ordenador. La mesa de trabajo tampoco tiene las suficientes dimensiones para permitir una colocación flexible de la pantalla. Perejón entonces empieza a sospechar que el servicio de prevención mancomunado del que dispone la Diputación no se ajusta a la legalidad ya que esta institución debería contar con un servicio de prevención propio tanto por la actividad que desarrolla como por el número de empleados públicos con que cuenta. — 331 — . El Sr. En los últimos meses el Sr. Eduardo Perejón presta sus servicios como auxiliar administrativo en la Diputación de Málaga realizando su trabajo en las dependencias corporativas para lo que pasa su jornada de trabajo frente a una pantalla de ordenador mediante la que redacta numerosos documentos oficiales. Por otra parte. por motivos razonables. decide poner en conocimiento de su superior jerárquico y de los servicios de prevención de la Diputación su situación laboral personal que. Eduardo Perejón. Por todo ello el Sr. por su parte. La altura del asiento tampoco es regulable y el respaldo no es reclinable. piensa que entraña un riesgo para su salud.
constitución de un servicio de prevención propio y concertación de la actividad preventiva con un servicio de prevención ajeno. pues. Como se analizará en las siguientes preguntas.	¿Qué es un servicio de prevención mancomunado? RESPUESTAS Solución Pregunta 1 Los apartados primero y quinto del artículo 30 de la Ley de Prevención de riesgos laborales (LPRL). — 332 — . por ejemplo.Supuestos prácticos PREGUNTAS 1.	¿Cuáles son las modalidades para organizar la prevención de las que dispone la Administración? 2. Por tanto. la normativa no reconoce una libertad absoluta a la Administración para que opte por una u otra forma de organizar la prevención. De tal manera que dicho servicio deberá constituirse cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: a) Que se trate de empresas (cuando dice empresas también se refiere a Administraciones Públicas) que cuenten con más de 500 trabajadores. Solución Pregunta 2 Aunque la LPRL no concreta los supuestos en los que la Administración ha de constituir un servicio de prevención propio. el ámbito de actuación de la primera modalidad (asunción directa por parte de la Administración) es excepcional. el artículo 14 del RSP sí lo hace. la Diputación de Málaga al contar con más de 500 empleados públicos en nómina estaría obligada a constituir un servicio de prevención propio. así como el artículo 10 del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) establecen cuatro formas de organizar la prevención en la Administración pública: Asunción directa por parte de la propia Administración. De alguna forma la anterior tipología puede simplificarse diferenciando aquéllas que son formas organizativas internas (las tres primeras) o externas (la cuarta).	¿Existe algún supuesto en que la Administración esté obligada a constituir un servicio de prevención propio? 3.	¿Cuáles son las características principales de configuración de un servicio de prevención propio? 4. designación de trabajadores. y en otros casos se obliga a que en la Administración se constituya un servicio de prevención propio.
previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y. 31 LPRL). Solución Pregunta 3 Desde la perspectiva del personal que configura el Servicio de Prevención Propio. c) Que. Hasta la fecha señalada en la resolución. intermedio y básico). desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I del RSP (actividades peligrosas). — 333 — . desarrolladas por personal formado al efecto. con el necesario» que es el que finalmente exige la norma. el tipo de riesgos y su distribución (art. Un aspecto fundamental con relación a los distintos integrantes del servicio de prevención o. no hay que confundir al «personal mínimo. como mínimo.2. y por cada una de las especialidades y niveles formativos (superior. las actividades preventivas en la empresa deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la empresa. el precepto señalado del RSP dispone que la resolución de la autoridad laboral fijará un plazo. Desde la perspectiva de las instalaciones y medios materiales. de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas. salvo que se opte por el concierto con un servicio de prevención ajeno. a la relación entre prevencionistas pertenecientes a diferentes formas de organizar la prevención es la necesaria coordinación que debe existir entre ellos. salvo de aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa mediante la designación de trabajadores. en todo caso la normativa exige que el número de integrantes del servicio de prevención propio sea el necesario en función del tamaño de la empresa. de la LPRL) dispone que: a) Su dedicación ha de ser exclusiva a su actividad preventiva. En este punto. Con relación a este tercer supuesto. incluso. así lo decida la autoridad laboral. tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores. en su caso. en el caso de que se optase por un servicio de prevención propio. la empresa lo constituya en dicho plazo. en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa. no superior a un año. el artículo 15 del RSP dispone que dichos servicios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa.Supuesto práctico 8 b) Que. En otras palabras. el artículo 15 del RSP (y el artículo 31. con dos de las cuatro especialidades o disciplinas preventivas. hasta su plena integración en el servicio de prevención que se constituya. no pudiendo en ningún caso ser inferior en número a un técnico superior en dos de las cuatro especialidades preventivas. b) El servicio de prevención habrá de contar. tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores. para que.
en su defecto. tendrán la consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar. su constitución también se permite en empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada. tengan o no personalidad jurídica diferenciada. previa consulta con los representantes de los trabajadores. lógicamente. las condiciones en que dicho servicio de prevención debe desarrollarse deberán debatirse. Finalmente. No obstante lo anterior. Es el artículo 21 del RSP el que introduce esta nueva modalidad o. submodalidad del Servicio de Prevención Propio. con los medios exigidos para aquéllos. podríamos decir. y en su caso ser acordadas. asimismo. edificio o centro comercial. Dichos servicios. en una decisión de todas las empresas afectadas. de aplicación. en el seno de cada uno de los Comités de Seguridad y Salud de las empresas afectadas.Supuestos prácticos Solución Pregunta 4 La LPRL no hace ninguna mención al servicio de prevención mancomunado como forma de organizar la prevención.1 de la LPRL. cuyos restantes requisitos les serán. siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio de prevención. el artículo 21 del RSP dispone que podrán constituirse servicios de prevención mancomunados. — 334 — . En efecto. entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39. siempre y cuando dicha decisión tenga su origen en un acuerdo colectivo con los representantes de los trabajadores o.
4	¿En qué condiciones podría la Inspección de Trabajo paralizar la actividad en la Diputación de Málaga? — 335 — .Supuesto práctico 9 SUPUESTO PRÁCTICO Nº 9 (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) El Sr.	¿Es posible que por un mismo incumplimiento en materia de seguridad y salud laboral puedan imponerse al mismo tiempo responsabilidades administrativas. Eduardo Perejón prestaba sus servicios como Auxiliar Administrativo en la Diputación de Málaga para lo que pasaba su jornada de trabajo frente a una pantalla de ordenador mediante la que redactaba numerosos documentos oficiales. penales y civiles? 3. Por todo ello. PREGUNTAS 1. En concreto.	¿Qué tipos de responsabilidades se pueden derivar para la Diputación de Málaga por el presunto incumplimiento en materia de seguridad y salud laboral? 2. encarga a su abogado que exija las posibles responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. Sin embargo. El Sr. decide entablar una demanda contra la Diputación Provincial de Málaga por un posible incumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. en la actualidad. el Sr. Eduardo Perejón se encuentra en situación de incapacidad laboral ya que ha perdido parte de la visión a consecuencia de que la pantalla del ordenador emitía una radiación que sobrepasaba los valores admitidos legalmente.	¿Quién debería haber inspeccionado los centros de trabajo de la Diputación de Málaga para asegurar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. Eduardo Perejón también sufre daños en la columna vertebral. que como se ha comprobado posteriormente. tuvieron relación con las prolongadas horas de trabajo en el asiento que no era regulable a su estatura ni tampoco disponía de un respaldo reclinable.
en su caso. a la vez. así como. la salud y la integridad física de los trabajadores. En tercer lugar. la responsablidad referida al recargo de prestaciones de la seguridad social y. tal y como nos lo indica expresamente el artículo 40. incluyendo la prisión del responsable de la Diputación si se demuestra que ha existido. las responsabilidades que podrían concurrir de forma acumulativa y no excluyente serían las siguientes. Una responsabilidad administrativa cuyo objetivo es garantizar la posición de la Administración Pública como garante último de la existencia de una efectiva “seguridad e higiene en el trabajo”. resarcir los daños provocados por el trabajador. Estaríamos ante un tipo de responsabilidad cuyo objetivo es garantizar bienes constitucionalmente declarados como derechos fundamentales y esenciales de la persona como son la vida. podrá reclamarse una indemnización por daños y perjuicios. sería posible la sanción penal. además.1 de la LPRL dispone el principio general de compatibilidad entre las diferentes responsabilidades que pueden derivarse del incumplimiento por la Administración de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Por último. — 336 — .Supuestos prácticos Solución Pregunta 1 Un mismo incumplimiento en materia de seguridad y salud laboral puede generar la imposición de una responsabilidad penal. En primer lugar. En efecto. finalmente la responsabilidad civil.2 de la Constitución Española. una voluntad manifiesta de provocar ese daño al trabajador.780 euros en función de la entidad de la infracción y del resultado dañoso producido. cabría obligar a la Diputación de Málaga a pagar un recargo de un 30 a un 50% de las prestaciones de la Seguridad Social a las que tenga derecho el trabajador. por ejemplo. Pues bien. Solución Pregunta 2 El artículo 42. En este caso. a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento”. imaginemos que en una empresa o una Administración determinada se produce una lesión por accidente de trabajo producto de un incumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud laboral. junto a ello. una responsabilidad administrativa.: “dará lugar a responsabilidades administrativas. y siempre y cuando las cantidades recibidas por el trabajador (prestaciones de la Seguridad Social y recargo de las prestaciones) no sean suficientes para resarcir el daño provocado por el accidente. cabría la imposición al responsable infractor de una sanción administrativa que puede oscilar entre los 50 euros hasta los 819. Igualmente. nos encontramos ante una sanción doble. pues se pretende sancionar un incumplimiento normativo y.
Solución Pregunta 4 La Inspección de Trabajo podría incluso llegar a paralizar la actividad en la Diputación de Málaga cuando en el curso de una visita. al margen de este requerimiento obligatorio.2 LPRL). lo podrá hacer. esto es. De no procederse a la subsanación requerida. asimismo. el apartado tercero del precepto establece la compatibilidad de dicha responsabilidad con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. con independencia de que pueda ofrecer asesoramiento técnico (artículo 9 LPRL). se ha constituido un organismo asesor. 43. la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (artículo 13 LPRL). sobre dicho requerimiento se dará conocimiento a los Delegados de Prevención (véase art. Al margen de todo esto. una vez más. si. No obstante lo anterior. en cuyo caso se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador sin perjuicio de que el empresario deba ajustarse a lo que el inspector le solicita en el requerimiento. observe el in— 337 — . En cualquier caso. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales existe una importante intervención científico técnica por parte de la Administración Pública que se canaliza a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (artículo 8 LPRL). el inspector considera conveniente extender desde ese momento un acta de infracción. la actuación por escrito del Inspector del Inspector de Trabajo y Seguridad Social cuando compruebe la existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales que por su entidad no requiera la paralización de la actividad. desde una perspectiva sancionadora se encomienda a la Inspección de Trabajo la fiscalización del cumplimiento de la normativa por la que se rige la prevención de riesgos laborales. destinada a formular políticas de prevención. el artículo 43 de la LPRL regula el requerimiento de la Inspección de Trabajo. Solución Pregunta 3 En materia de prevención de riesgos laborales. De conformidad con ello. la ley. y mediante el que se exija la subsanación de las deficiencias observadas. a hacer efectiva la participación institucional de los agentes sociales y a coordinar la actuación en esta materia de las distintas Administraciones Públicas competentes. el Inspector levantará acta de infracción proponiendo una sanción administrativa.Supuesto práctico 9 En el mismo sentido y por lo que se refiere a la responsabilidad administrativa. centra en la Inspección de Trabajo el control del cumplimiento de las normas jurídicas que integran la LPRL y sus disposiciones de desarrollo.
pero que se erige en actuación independiente. a fin de evitar que una situación real de riesgo grave pueda llegar a materializarse. tipificada por la norma como de muy grave. por tanto de una medida cautelar complementaria o accesoria a su actividad sancionatoria.Supuestos prácticos cumplimiento de alguna obligación legal en materia de prevención de riesgos laborales. de la que se derive una situación de riesgo grave e inminente. — 338 — . Se trata.
diligente y confidencial. ¿Existe un deber de comunicación de su estado de embarazo por parte de Margarita Fernández. ¿Qué obligaciones previas al conocimiento del estado de embarazo debe adoptar la Diputación Provincial de Málaga? 3. Su situación de embarazo se confirma. ¿La evaluación de riesgos en atención al estado de embarazo sólo afecta a los puestos ocupados por mujeres o por mujeres embarazadas? 4. cuyo incumplimiento pueda sancionarse? 2. y es entonces cuando se plantea si su puesto de trabajo y las actuales condiciones laborales pueden influir negativamente en su salud o en la salud del feto. Exige asímismo que se evalúen los riesgos en atención a su estado de embarazo y que se adopten las medidas de protección específicas a las que pueda tener derecho. Sin embargo. Una vez detectado algún riesgo. PREGUNTAS 1. de repente descubre que puede encontrarse embarazada y que las largas horas de su jornada laboral que permanece de pie podrían afectar a su salud e incluso podrían presentar un riesgo para el embarazo. Para ello se dirige por escrito a los representantes en prevención de riesgos laborales y a la propia Diputación a fin de determinar si es obligatorio comunicar por escrito su situación de embarazo y qué obligaciones previas debe adoptar la Diputación Provincial de Málaga. ¿qué medidas de protección específica debe adoptar la Diputación? — 339 — .Supuesto práctico 10 SUPUESTO PRÁCTICO N º 10 (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) Margarita Fernández presta sus servicios como Auxiliar Administrativo en la Diputación de Málaga realizando su trabajo en el mostrador de atención al ciudadano donde acoge al público y se le considera una servidora pública respetuosa.
ninguna referida al caso del embarazo. a agentes. por cuanto más allá de la exposición a agentes biológicos o químicos o a radiaciones ionizantes. se parte de la premisa de que es la propia Diputación quien debe informar de los riesgos inherentes al puesto y. existe un conjunto de riesgos físicos. no se ha especificado en el marco de dicha obligación. post-parto o lactancia natural.3 de la LPRL impone al trabajador el deber de colaboración con el empresario (en nuestro caso deber de la funcionaria hacia la Diputación) en su política preventiva. Esto es. el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situaciones de embarazo. concurrente en prácticamente todas las actividades y que se derivan de los importantes cambios anatómicos. Por el contrario. sin perjuicio de las garantías de legitimidad e idoneidad que establecen las leyes para preservar los derechos fundamentales y laborales de la funcionaria. fisiológicos y psicológicos que se producen en este periodo (choques.).. procedimientos o condiciones de trabajo que pudieran influir negativamente en la salud de las funcionarias. en su caso. recae sobre la Diputación y no sobre la funcionaria el deber de asegurarse inequívocamente del estado de gestación. que la Directiva 92/85/ CEE establece un listado.. movimientos. Pregunta 2 En primer lugar. debe analizar y valorar la naturaleza. el feto o el neo-nato. todo ello sin perjuicio de que la funcionaria pueda informarle o comunicarle dicho estado y todo ello. Ello es especialmente importante en el caso del embarazo. temperatura. es de señalar. Con respecto a estas actividades. de 6 de marzo. Con todo. de los agentes. con respecto a cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.Supuestos prácticos RESPUESTAS Pregunta 1 Si bien es cierto que el art. 29. que han de aplicarse con respecto a cualquier tipo de actividad. adoptar las medidas necesarias para asegurar que la funcionaria esta perfectamente habilitada para desempeñar el trabajo en atención a su estado de embarazo. realización de actividades de carga manual. bipedestación prolongada. no puede partirse de la premisa de que sólo respecto a éstas se ha de realizar la evaluación y la posterior adopción de medidas de protección. — 340 — . etc. no exhaustivo pero orientativo. Este listado ha sido traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico por el Real Decreto 298/2009. y en el marco de la evaluación de riesgos laborales. procedimientos y condiciones de trabajo de riesgo. vibraciones.
destinándola a otro puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. según los cuales hay que adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y adaptar el trabajo a la persona y no a la inversa. Ello supone. se impone a la Diputación el deber de recolocar a la trabajadora. la necesidad de adaptar las condiciones de trabajo o de tiempo de trabajo y el deber de adaptar los equipos de protección o los equipos de trabajo. de hecho. el recurso a tales medidas no sea posible o no elimine el riesgo. 15 de la LPRL. Ha de recordarse. con independencia de la persona que en ese momento lo ocupe o lo vaya a ocupar. Pregunta 4 En primer lugar. ésta se encuentra o no en estado de gestación. y una vez certificado por el médico de la Seguridad Social o de la Mútua. si es suficiente. la Diputación debe evitar la exposición a dicho riesgo. al respecto. los principios consagrados en el art. es absolutamente irrelevante sin en el momento de la evaluación inicial o de sus actualizaciones el puesto es ocupado por un hombre o una mujer.Supuesto práctico 10 Pregunta 3 La evaluación de riesgos se debe realizar siempre con respecto al puesto de trabajo. Cuando. debe recordarse en todo momento que la función de la evaluación es detectar o identificar los riesgos de un puesto de trabajo. — 341 — . o si. Y. Siendo así. los riesgos derivados de la gestación y su interactuación.
¿Qué ocurre cuando el cambio de funciones no es posible? 3. ¿puede ello suponer un cambio de categoría o de grupo profesional o una merma de las condiciones laborales de Margarita? 2. constata que sus condiciones laborales no han variado en absoluto.	¿Puede destinarse a una mujer embarazada a trabajar a turnos o en horario nocturno? 4. También le gustaría conocer qué va a suceder si ese cambio de destino o funciones no es posible. Por último también pretende conocer qué protección específica en materia de prevención de riesgos se articula respecto del derecho a la lactancia natural. una vez detectado el riesgo de su embarazo y habiendo solicitado las medidas de protección específicas que debía adoptar la Diputación. En tal sentido.	¿Qué protección específica en materia de prevención de riesgos se articula respecto del derecho a la lactancia natural? — 343 — .Supuesto práctico 11 SUPUESTO PRÁCTICO N º 11 (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) Margarita Fernández que presta sus servicios como Auxiliar Administrativo en la Diputación de Málaga realizando su trabajo en el mostrador de atención al ciudadano donde acoge al público. PREGUNTAS 1. e incluso si un nuevo cambio de destino puede llevar aparejado un horario nocturno. quisiera saber si un posible cambio de destino supondría un cambio de categoría o de grupo profesional o una disminución de sus ingresos o merma de sus condiones laborales. Es entonces cuando se plantea reclamar a la Diputación un nuevo destino a otro puesto de trabajo o realizar en el mismo destino funciones diferentes y compatible con su estado de embarazo. En el caso en que sea necesario el cambio de funciones.
siempre que no comportara la necesidad de cambiar de residencia. Pregunta 2 En caso en el cambio de funciones no fuera posible. en el caso de movilidad funcional derivada de riesgo por embarazo. 25 de la LPRL. un cambio en el horario o. A diferencia de las previsiones contenidas en el art. aunque suprimiendo aquellas funciones que pudieran entrañar un riesgo en atención a su estado. 26 de la LPRL parece establecer un graduado de actuaciones a adoptar por la Diputación en función de la continuidad del riesgo. en atención especial a que sólo ellas pueden colocarse en esta situación de riesgo especial. Si ello no es posible. pero no puede desempeñar su puesto de trabajo como consecuencia de los riesgos que éste puede suponer para ella. no referido a patología alguna. se garantiza el derecho de la funcionaria a mantener el íntegro total de su retribución. por ejemplo. incluso los no consolidables. no obstante. la trabajadora puede instar la suspensión de su situación de activo por riesgo durante el embarazo. del resto de condiciones de trabajo. por tanto. de manera que cabría la posibilidad de que el cambio de funciones comportara. el feto o el neonato. en primer lugar debería valorarse la posibilidad de mantener a la funcionaria en su puesto de trabajo. Ello supone que. con respecto a los trabajadores especialmente sensibles. Posiblemente la razón resida en la voluntad de no causar a las mujeres un perjuicio en sus condiciones esenciales de trabajo. incluso en la ubicación. En estos casos.Supuestos prácticos RESPUESTAS Pregunta 1 El art. Cabe señalar que. que se facilita con la imposición del deber de que la Diputación les facilite una relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. salario base y complementos. Nada se dice. Se trata de un supuesto de suspensión. en todo caso. sino a la situación que se produce cuando la trabajadora está en situación de capacidad laboral. — 344 — . una vez se ha procurado efectivamente la adopción de todas las medidas correctivas a las que viene obligada la Diputación. si de nuevo ello no es objetivamente posible. podrá superar los límites del grupo profesional. debería entenderse que la funcionaria embarazada no podría negarse de manera injustificada a dicha recolocación. los representantes de los trabajadores han de desempeñar un papel de control a este tipo de movilidad. se faculta la posibilidad de destinarla a otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente y.
el art. la funcionaria podría solicitar certificado médico a la Seguridad Social o a la Mútua. establece que las mujeres en período de lactancia no podrán desempeñar trabajos que supongan un riesgo significativo de contaminación. — 345 — . sobre empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno. Así. Igualmente. la Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 9 de abril de 1986. resulta a priori que la Diputación no podría destinar a la funcionaria embarazada a un puesto de estas características. En todo caso. la Resolución de 15 de febrero de 1977.Supuesto práctico 11 Pregunta 3 Parece deducirse del tenor del propio art. Por su parte. de 24 de enero. del deber general a la prevención de riesgos. En todo caso. cierta potencialidad en términos de riesgo laboral. de hecho. comportan unas condiciones de trabajo que entrañan. por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes. en cuyo caso se activaría automáticamente el deber de restituirla a un trabajo no rotatorio y/o diurno. per se. 7 del RD 53/1992. dispone también la imposibilidad de desempeñar funciones con exposición durante el período de lactancia. prohíbe absolutamente desempeñar tareas que entrañen exposición a dicho agente durante todo el período de lactancia. por la que se publica el Reglamento para la prevención y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus componentes iónicos en el centro de trabajo. Respecto a la duración de dicha protección. 26. hasta la finalización de la situación de riesgo por finalización del proceso de lactancia. debiendo asegurarse una vigilancia adecuada de la posible contaminación radioactiva de su organismo.2° de la LPRL que el trabajo a turnos y el trabajo nocturno. en principio.1. deberemos estar al periodo legal máximo reconocido con carácter general en la Ley. Pregunta 4 Son varias las normas que se refieren a la protección de la lactancia natural en relación con la prevención de riesgos laborales. y si dicha lactancia natural se mantuviera más allá de dicho período y fuera debidamente acreditada por los Servicios Médicos de la Seguridad Social o por la Mútua. podría mantenerse con respecto a estos puestos de trabajo de riesgo especial. Partiendo de esa lógica y. si tal situación se produjera en la práctica.
de 55 años de edad. el Sr. ¿La Diputación debe conocer el “estado biológico” para vincularse a la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos? 3. ¿Quiénes son los “trabajadores especialmente sensibles” a los que se refiere la LPRL y a qué características personales se refiere la Ley? 2. Juan Antonio tiene diagnosticada una alergia al polen y a los ácaros del polvo. psíquico y sensorial especialmente cuando realiza su trabajo junto a una ventana tras la que hay unos árboles situados en las cercanías donde desempeña sus funciones. psíquica o sensorial” exige necesariamente una calificación jurídica de la alergia como de minusvalía? — 347 — . Por todo ello. Juan Antonio Cobo desearía conocer si su alergia lo convierte en un trabajador especialmente sensible y si debería poner en conocimiento de la Diputación tal contingencia. También se pregunta si su alergia necesitaría la calificación jurídica de minusvalía para acceder a alguna medida de protección. sí que le afecta a su estado físico. Juan Antonio Cobo. factores estos a los que es especialmente sensible y que se van agravando con la edad. que presta sus servicios como Auxiliar Administrativo en la Diputación de Málaga realizando su trabajo en una de las dependencias administrativas de la Diputación. ¿Es necesario que las patologías sufridas (en este caso la alergia) sean de carácter profesional? 4.Supuesto práctico 12 SUPUESTO PRÁCTICO N º 12 (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) El Sr. ¿La referencia que en la Ley se realiza a la “discapacidad física. PREGUNTAS 1. Hace ya bastante tiempo que el Sr. Aunque esta enfermedad no lo discapacita ni inhabilita para realizar su trabajo.
en todo caso. En todo caso. Pregunta 2 La norma expresamente se refiere al “estado biológico conocido”. sin duda como consecuencia de la premisa de lo que no es conocido no se puede gestionar y. psíquica o sensorial. 22 LPRL. que el hecho de que la ley imponga al empresario un deber de protección específica a este colectivo de trabajadores. por tanto.Supuestos prácticos RESPUESTAS Pregunta 1 De acuerdo con las previsiones del art. o por tener reconocida una situación de discapacidad física. prevenir. Resulta interesante. pero que exige de una especial atención en la encomienda de funciones o en la atribución de determinados trabajos. En conexión con el art. hacen referencia a cualquier afectación. — 348 — . parece que se articulan dos vías posibles de acceso. Sin embargo no especifica qué mecanismos se pueden utilizar para acceder a esa información. sino también afectaciones específicas no catalogadas como enfermedad (p. debilidad o enfermedad no discapacitante o inhabilitante.e. 189 de la LGSS. se detecte una incompatibilidad objetiva parcial o total entre éste y determinada situación biológica. su estado biológico conocido. podríamos entender que las características personales aludidas en la norma. a fin de no agravar dicha patología. De otro. no sólo enfermedades físicas o psíquicas tipificadas como tales. como consecuencia de sus propias características personales. de acuerdo con las previsiones del art. cuando el propio trabajador informa a la Administración de su estado. Ello incluiría. Pregunta 3 En ningún momento la ley exige o especifica que la situación o características especiales de los trabajadores a proteger tengan un enclave profesional o sean fruto de un accidente laboral previo. aspecto especialmente sensible en la medida en que puede afectar el derecho a la intimidad médica del trabajador. nerviosismo) o debilidades asociadas a determinadas contingencias vitales (edad avanzada). 25 LPRL. comporta correlativamente un deber empresarial de recabar la información sobre el estado biológico del trabajador cuando. como consecuencia de la evaluación de riesgos realizada sobre el puesto de trabajo. calambres. De un lado. a través de las medidas de vigilancia periódica de la salud. los trabajadores especialmente sensibles son aquéllos que puedan padecer específicamente riesgos laborales adicionales.
Pregunta 4 El tenor literal del art. pueda generar riesgos laborales adicionales en concurrencia con los ya derivados del puesto de trabajo o. en concurrencia con las características del puesto de trabajo. simplemente. Ello permite entender que aunque exige el “reconocimiento” de la discapacidad. y de nuevo en línea con la dimensión dinámica inherente a la política de prevención. de ninguna medida asistencial o complementaria a la protección de la Seguridad Social por contingencias profesionales.Supuesto práctico 12 No se trata. Por lo demás. en particular. sino también aquéllas situaciones de incapacidad permanente. sino que contempla igualmente la incapacidad sobrevenida con posterioridad a la contratación o durante la vigencia del contrato de trabajo. en aquellos supuestos en los que pueda concluirse que en condiciones ordinarias se trata de puestos sin riesgos específicos. no se exige que la incapacidad sea previa a la contratación o a la incorporación efectiva al puesto de trabajo. reconocidas judicialmente y. a fin de convertirlo en una especie de “cajón de sastre” en el que pueda integrarse cualquier circunstancia personal no desarrollada específicamente en otros preceptos (en concreto el 26. expresamente recogidas en la Ley 53/2000 (LIONDAU). — 349 — . con independencia de su origen. por tanto. sino de una medida integrada totalmente en la lógica preventiva y tendente a evitar que cualquier afectación que padece el trabajador. 27 y 28 LPRL). la incapacidad permanente parcial. 25 LPRL es intencionadamente genérico. no se está limitando exclusivamente a las situaciones de minusvalía.
¿En qué consiste. PREGUNTAS 1.Supuesto práctico 13 SUPUESTO PRÁCTICO N º 13 (PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES) El Sr. el cual presta sus servicios como Auxiliar Administrativo en la Diputación de Málaga realizando su trabajo en lad dependencias administrativas de la Diputación y que hace ya bastante tiempo que tiene diagnosticada una alergia al polen y a los ácaros del polvo piensa que se deberían establecer medidas especiales de protección para su situación personal. Juan Antonio Cobo. Por otra parte los síntomas de la alergia no aparecen durante todo el año. En este sentido. ¿Puede la Diputación negar el acceso al empleo o despedir a un trabajador por razón de su estado o situación personal? 4. el deber de protección a los trabajadores especialmente sensibles? 3. desearía conocer en qué consiste el derecho de protección de trabajadores especialmente sensibles a que hace referencia la LPRL y también si la Diputación le podría negar el acceso a la promoción interna por razón de su estado o situación personal. de 55 años de edad. ¿Qué ocurre cuando la “especial sensibilidad” se manifiesta de forma puntual o transitoria? — 351 — . ¿Por qué se establecen medidas especiales de protección para estos colectivos? 2. especialmente en primavera y manifestándose de forma transitoria por lo que duda si al no manifestarse su enfermedad de manera permanente le podrían denegar las medidas especiales de protección. sino. con carácter general.
Por ejemplo.adoptar la medidas de protección específicas que sean necesarias en atención a ese de salud. En segundo lugar. retretes y lugares de trabajo ocupados directamente por trabajadores minusválidos. y con carácter más instrumental. ello no significa que el empresario deba ser ajeno a la situación particular de cada individuo.Supuestos prácticos RESPUESTAS Pregunta 1 Debe recordarse que uno de los principios de la política preventiva consagrada en la LPRL es la de adaptar el puesto de trabajo a la persona. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad — 352 — . de 24 de mayo). referida específicamente a la adecuación de las puertas. Pregunta 2 El primer requerimiento asociado a este deber es. por cuanto van a ser personas las que precisamente van a ocupar los puestos de trabajo. evaluar los que no se puedan combatir y. deberá valorarse expresamente la posibilidad de que el trabajador que los ocupe o pueda ocuparlos sea un trabajador especialmente sensible. escaleras. que el empresario adopte todas las medidas a su alcance para evitar los riesgos. adoptar las medidas para prevenirlos en origen. obligación que se intensifica en aquellos supuestos en los que éste pueda estar expuesto a agentes biológicos o cancerígenos (RD 664/1997. sin lugar a dudas. Ello comporta. de 12 de mayo y RD 665/1997. necesariamente. lavabos. 4 RSP establece que en las evaluaciones de los puestos de trabajo. de 24 de octubre. Desde esta lógica. En este sentido. es evidente que el empresario no satisface su obligación preventiva con el mero establecimiento de medidas de vigilancia periódica de la salud. es evidente que aunque el foco prioritario de atención en la política preventiva es el puesto de trabajo. sino también las previsiones sectoriales. la contenida en el RD 1627/1997. la salud del trabajador puede suponer un riesgo per se o agravar los ya existentes en el puesto de trabajo. En tercer lugar. vías de circulación. sino que debe –además. debe recordarse que el art. el RD 1215/1997. duchas. el deber de asignar al trabajador a un puesto de trabajo compatible con su situación personal. de 18 de julio. en este caso. Y en la medida en que. aspecto de especial importancia con respecto a los trabajadores minusválidos. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. se exige que las medidas de acceso y señalización tomen en consideración la situación personal de los trabajadores. 22 LPRL. y también con carácter instrumental. también en lógica con el art. no sólo serían de aplicación las disposiciones legales generales que garantizan el derecho a la accesibilidad universal (Ley 53/2000 y reglamentos de desarrollo). De hecho.
psíquica o sensorial debidamente reconocida. a menos que pueda justificarse de manera objetiva y proporcional. a fin de preservar el derecho a la no discriminación — 353 — . se estaría afectando su derecho a la salud y a la integridad física y psíquica.1. 25. es evidente que. Siendo ello así. la Diputación estará obligada a reincorporarlo en el mismo puesto o a mantenerle la retribución en caso de imposibilidad. dispone expresamente el deber de que los equipos estén adaptados a su utilización por trabajadores discapacitados. Situación diferente es aquélla en la que la “sensibilidad protegida” aparece de manera sobrevenida. puedan ellos. a reducirle el salario en proporción. cualquier decisión de la Administración que suponga no contratar a una persona o despedirla por padecer determinada patología o afectación en su salud. de 11 de mayo. cuando sí se produzca una disminución en dicho rendimiento. estado biológico o por su discapacidad física. En este sentido. Trasladando esta lógica al conjunto de colectivos referidos en el art. En este punto. siempre. De hecho. si no es posible. los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en peligro.2° determina que los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que. 25 y 26 permite afirmar que la voluntad clara de la Ley es evitar que se produzcan discriminaciones a estas personas en el empleo o en el disfrute de ciertas condiciones de trabajo. por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos. Por el contrario. protección que viene referida fundamentalmente a cuestiones de carácter ergonómico. la Diputación deberá destinar al trabajador a un puesto adecuado a su capacidad residual y. más. Ello nos lleva necesariamente a tener que valorar hasta qué punto las condiciones y características del puesto de trabajo y de las funciones a desarrollar son absolutamente incompatibles o plantean graves problemas de ajuste. no será ajustada a derecho.Supuesto práctico 13 y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. Pregunta 3 La propia existencia de los arts. a causa de sus características personales. De lo contrario. con el umbral mínimo del salario mínimo interprofesional. 25 LPRL. cuando es precisamente la Diputación quien debe preservarlo. el propio art. cuando la situación que padece es permanente. cabe señalar que el art. de acuerdo con la doctrina constitucional. dispone el derecho del trabajador a su reincorporación al puesto de trabajo previendo que si la incapacidad permanente parcial no afecta al rendimiento normal del trabajador en el puesto de trabajo. 1 del RD 1451/1983. podría afirmarse que. parece claro que la Diputación puede negarse a contratar a una persona “especialmente sensible”. aunque con el límite del 25% del total de su retribución anterior y.
siempre que la situación personal de éste no pudiera suponer un riesgo real y efectivo sobre otros trabajadores o terceras personas vinculadas a la Administración. angustia…) o bien. evidentemente.Supuestos prácticos por razón de estado de salud. Posiblemente. con el consiguiente ajuste en sus condiciones de trabajo. 25 LPRL. los supuestos a los que se refiere este apartado se limiten a aquellas situaciones en las que un determinado médicamento genera una reacción incapacitante. vértigo. En todo caso. el empresario debería en estos casos adaptar las funciones o reubicar al trabajador. — 354 — . y con independencia del origen e incluso de la conveniencia o no de encuadrar estos supuestos en el art. la afectación por el consumo de sustancias psicotrópicas. resulta claro que deberá ordenarse el cese de las actividades hasta el momento en que el trabajador recupere plenamente sus condiciones psico-físicas. Pregunta 4 También cuando los síntomas aparecen de manera puntual o transitoria la ley exige el deber de ordenar el cese inmediato en la actividad cuando el trabajador se encuentre manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. Ello. aquéllas otras en las que se producen situaciones de tensión especial (ataques de pánico. nervios.
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