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Timestamp: 2018-04-22 21:47:47+00:00

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Juan Manuel de Lázaro y Pérez-Toledo: 2011
Operación Chamartín, hace once años.
El Ministerio de Fomento aplaza la Operación Chamartín hasta que sea aprobada la nueva ley regional del suelo.
El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, reconoció el martés 17 de octubre de 2000 la inviabilidad de la misma, según él, por un "error técnico".
El Gobierno diseña una Ley del Suelo que dará miles de millones en plusvalías a las instituciones, al permitir aprovechamientos urbanísticos en terrenos (vías ferroviarias) que antes de la ley no los tenían por tratarse de sistemas generales.
Se trata de una de las operaciones urbanísticas más importantes de Madrid, con más de un billón de pesetas en plusvalías a ganar (por algunos pocos), que se ha dejado manifiestamente, en manos de la especulación inmobiliaria, sin contar para nada con la opinión de los vecinos o ciudadanos de Madrid, eludiendo hasta ahora la preceptiva información pública que toda modificación del Plan General exige (ver Nota 1), así como los estudios de impacto ambiental (ver Nota 2) que una infraestructura como esta requiere, y saltandose a la torera la normativa existente, como en la falta de realización de un segundo concurso público cuyo objeto debería atender a la nueva zona de ordenación urbanística establecida por el PGOUM'97 (ver Nota 3) y otras muchas que iremos desvelando.
La urbanización de 3,12 millones de metros cuadrados al norte de la ciudad es un viejo proyecto socialista (pactado durante los mandatos del alcalde Juan Barranco, el presidente Leguina y el ministro José Barrionuevo) que los populares aún no han sido capaces de sacar de los despachos (según: El País, jueves 9 de noviembre de 2000, Madrid página 3).
Como veremos se trata más bien de un operación a futuro de "ingeniería financiera" que favorece unos intereses que no son los generales, olvidando que:
Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para la utilización del suelo de acuerdo con el interés general impidiendo la especulación.
Según el PG'97 vigente la "Operación Chamartín" corresponde al ámbito definido por el :
APR 08.03 (Área de Planeamiento Remitido) "Prolongación de la Castellana". La superficie total de la zona, es de 3.120.000 metros cuadrados.
Se había establecido en el Plan General, para esta operación urbanística un 0,6 de edificabilidad, que el ayuntamiento madrileño ha aceptado aumentar hasta el 0,79 m2/m2, además de otras edificabilidades camufladas ("hitos arquitectónicos" o rascacielos, que presumiblemente elevarán esta edificabilidad por encima del 1 m2/m2 al menos).
Según Expediente 711/98/4718, publicado en el BOCM 19-8-99, se están tratando de establecer con gran celeridad las Bases de la Junta de Compensación del APE 05.27, "Colonia el Campamento" (Ref: 990.391, fecha del 30-09-99), con una extensión superficial de 73.352,49 m2, la cual está delimitada por:
Norte: c/ Manuel Caldeiro, instalación de la EMT.
Sur: c/ María Pérez, c/ Agustín de Foxa y edificio de la Estación de Chamartín, c/ Rodríguez Jaén
Este: Instalaciones de la Estac. de Chamartín, edif. de oficinas y límite de aparcamiento.
Oeste: c/ Mauricio Legendre.
Los promotores de la Junta son las mercantiles:
Desarrollo Urbanístico Chamartín, S.A. (DUCH, S.A.) / RENFE
Urbanismo y Ciudad, S.A.
Semorsa (con mismo domicilio de DUCH, S.A.)
La alarma social ha saltado. Nadie es capaz de comprender, como una empresa privada Desarrollo Urbanístico Chamartín (DUCH) ha conseguido, sin pública concurrencia (ver Nota 3), el privilegio de hacerse merecedora de los aprovechamientos urbanísticos de tanto terreno público, menos aún la forma chapucera y rápida en que se está haciendo, el sistema elegido es el de ejecución forzosa, olvidando los mínimos preceptos legales y el respeto al interés general. En definitiva, todo un compendio del Urbanismo más Perverso, contra el que estamos luchando, mal que les pese a algunos. Veamos porqué afirmamos todo esto:
A) Violación de la legalidad vigente.
Nota (1): El Art. 6 de la LS98 recoge que "la legislación urbanística garantizará la participación pública en los procesos de planeamiento y gestión, así como el derecho a la información de las entidades representativas de los intereses afectados por cada actuación y de los partículares". Los planes urbanísticos son normas jurídicas y como tales deben ser siempre publicados en los boletines oficiales por imperativo constitucional (art. 9.3 de la Constitución).
Las Modificaciones puntuales suponen cambios aislados que no producen alteración sobre la estructura general y orgánica del territorio (en este caso el coeficiente de edificabilidad pasa de 0,6 m2/m2 a 0,79 o más bien a 1 m2/m2). La legislación vigente define la figura de la modificación puntual, determinando su proceso de tramitación (artículo 126.5 de la L. S. de 1.992), las Modificaciones están sujetas a la misma tramitación que los planes de los que derivan.
No ha habido proceso de información pública para esta Modificación del PG'97.
Nota (2): En este sentido conviene recordar la Directiva Europea sobre evaluación de los impactos sobre el medio ambiente de ciertas obras públicas y privadas:
IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL EUROPEO:
Aquellos proyectos de ejecución de obras, cuya entidad haga prever un alto grado de incidencia ambiental, deben efectuar una evaluación de su repercusión sobre el medio ambiente, conforme al procedimiento cuyas bases establece la Directiva 85/337/CEE (DOCE L 175, de 5005.07.85), aprobada en el Consejo de las CEE de 27 de Junio de 1.985. Fija en su anexo I los proyectos que se deben someter a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
La anterior se ve modificada por la Directiva 97/11/CE (DOCE L 73, de 14.03.97), en la que se solventan carencias de la anterior, se incluyen normas sobre la EIA transfronterizas y se amplia notablemente la lista de proyectos sometidos obligatoriamente a evaluación.
Este Proyecto de Urbanización o la denominada "Operación Chamartín" (donde se generan aproximadamente 15.000 viviendas de precio libre de unos cien m2 de media, a las que hay que añadir otros 400.000 m2 para oficinas y unos quince rascacielos, de entre 30 a 40 pisos), por estar incluido en el Anexo II, apartado 10 Proyectos de infraestructura, sub-apartado b) Trabajos de ordenación urbana, y de acuerdo con el Artículo 4.2 debería haber sido sometido a evaluación de impacto ambiental.
Se incumplen además las siguientes leyes nacionales y autonómicas:
IMPACTO AMBIENTAL NACIONAL:
Real Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE núm. 155, de 30-6-86). Incluye la novedosa e interesante necesidad de redactar un Programa de Vigilancia Ambiental, con objeto de inspeccionar el cumplimiento del condicionado incluido en la autorización del Proyecto, si lo hubiese.
Real Decreto 1.131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Decreto Legislativo 1.302/86, de 28 de junio (BOE núm. 239, de 5-10-88).
IMPACTO AMBIENTAL AUTONOMICO:
Ley 10/91, de 4 de abril, para la protección del Medio Ambiente (BOCM núm. 91, de 18-4-91). Corrección de errores en BOCM núm. 94, 22-4-91. , BOCM nº 128, del 29-5-91.Donde se establecen la relación de proyectos que están sometidos a evaluación ambiental.
Decreto 123/96, de 1 de agosto, por el que se modifica el Anexo II de la Ley 10/91, de 4 de abril, para la protección del Medio Ambiente (BOCM núm. 217, de 11-9-96). En este decreto se amplía la relación de proyectos que quedan sometidos a la evaluación de impacto ambiental.
El EIA no aparece por ningún lado.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha establecido que cuando las Directivas contienen obligaciones suficientemente concretas, claras y no condicionadas, una vez transcurrido el plazo dado para su implementación a traves de medidas nacionales, serán ellas mismas directamente oponibles por los ciudadanos frente al Estado infractor. Ello para que la Directiva no quede privada de su "efecto útil" y por aplicación del Principio General de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o negligencia (la negativa o el retraso del estado en trasponer la Directiva en Derecho interno, o el incumplimiento de las traspuestas).
Nota (3): La modificación/ampliación del Contrato incial con DUCH (con el asesoramiento del hombre de confianza del ex-Ministro de Fomento Rafael Arias Salgado, el abogado Ricardo Egea Krauel), se efectúa al margen de la ley, ya que la ampliación del ámbito impuesta por el PG'97 afecta esencialmente al objeto principal de la adjudicación por lo que se incurre en las siguientes ilegalidades:
1.- Ausencia de expediente previo en el que se justifique claramente las razones de interés público que la motivan (Artículo 149 del Reglamento de los Contratos de las Administraciones Públicas). Olvida, que la exigencia de motivación se halla directamente vinculada a los principios básicos del derecho, contemplados en el artículo 1.1 de la Constitución. Incluso se ha llegado a decir que la ausencia de motivación lesiona abiertamente "el valor justicia" que consagra este mismo precepto (SSTC 116/1986).
2.- A pesar de incurrir en el apartado b) del Artículo 60 de la LCAP porque la contraprestación (m2 edificables) aumenta en más del 20%, no cuenta con informe preceptivo del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.
3.- Carece de la previa y preceptiva aprobación de la modificación del contrato por el Consejo de Ministros , tal y como dispone el apartado b in fine del punto 2 del artículo 12 de la LCPA, toda vez que la entidad de la modificación supone una causa de extinción de la previstas en el artículo 150 e) y 214 c) ( según consideremos de obra o de servicios este contrato)
4.- Por descontado se olvidan dar cumplimiento al principio de publicidad que prevé el artículo 94 de la LCAP. Contraviene los principios que rigen la contratación administrativa y que se encuentran recogidos en el Artículo 11 de la LCAP, al decir "Las Administraciones Públicas se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia y, en todo caso, a los de igualdad y no discriminación"
B) Otras irregularidades urbanísticas
Las irregularidades detectadas y denunciadas (hace tiempo) por los vecinos afectados con la operación, que somos todos los ciudadanos, empiezan a surgir destapadas por los medios y las sorprendentes "conexiones" descubiertas apuntan a lo que algunos comienzan a oler (desde luego muy mal y/o a "podrido") como parte de la trama urbanística madrileña (la esquina DORNA del Real Madrid, el convenio con el GIL, el Caso Aravaca, la Operación Chamartín, la privatización de la Funeraria, etc... son sólo algunos ejemplos) donde algunos funcionarios está más atentos a la disciplina partidista que al interés general.
en la operación aparecen numerosos viales (calles de dominio público) como solares pertenecientes a varias sociedades, a traves de las que se han ido realizando diversas transaciones, las cuales pertenecen a la mismas personas (D. Juan de Arespacochaga Felipe o D. Joaquín Arespacochaga Llopiz) y no al Ayuntamiento. Según Diligencia de Investigación Núm. 38/96 de La Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.
muchos de los suelos de la operación Chamartín, cuya titularidad está investigando la fiscalía anticorrupción, proceden de antiguas capellanías familiares, que la iglesia ha abandonado.
a la Iglesia, se le han reconocido "precipitadamente" (s./ acuerdo secreto de DUCH con la Compañía de Jesús del 31-5-96, comprando sus derechos de reversión, con el asesoramiento del hombre de confianza del Alcalde Oscar Alzaga), derechos de reversión. La Ley 38/1.999, de 5 de noviembre (BOE, 6-11-99), de Ordenación de la Edificación, regula estos derechos eliminandolos después de veinte años. Posiblemente la administración se podría haber ahorrado mucho dinero, si hubiese esperado como ha hecho con otros privados.
DUCH paga el sueldo y el despacho del gerente de la Operación Chamartín, Luís Rodríguez-Avial Llardent que es funcionario municipal o al menos ha estado a cargo de la Oficina Municipal del Plan (OMP), como responsable máximo, desde donde se ha dado cobertura a esta operación y se ha gestionado el PG'97 aprobado definitivamente el 17 de abril de 1.997 por la CAM .
RIOFISA aglutina terrenos (70.000 m2) en la operación Chamartín, ha venido realizando compras a varias empresas (Semorsa, ... ) que al parecer tienen parcelas escritas "irregularmente".
el caso WINKEL, no deja de ser sorprendente y "chocante", aunque habrá que esperar la acción de la justicia y de la propia administración.
existen curiosas relaciones de parentesco como veremos más adelante en el Expediente X.
La constitución de la Fundación "Nuevo Siglo", el 15 de febrero de 1.999, en la Casa de América para vigilar la operación en opinión de los vecinos afectados. Se trata de un organismo consultivo que dictaminará sobre los proyectos de urbanismo y arquitectura "futuro de Madrid" y especialmente de la "supervisión de la Operación Chamartín", según fue anunciado a bombo y platillo. El ayuntamiento les ha cedido un edificio histórico para que instalen sus oficinas (regalo a unos pivados o generosidad del Alcalde).
¿Quienes forman parte de esta curiosa fundación?. Veamos:
La Fundación Argentaria (Duch/Unitaria/Gesinar)
La Fundación BBV (Metrovacesa)
El Presidente del BBV Emilio Ibarra (ahora BBVA)
La Fundación Ramón Areces (El Corte Inglés)
El Alcalde de Madrid, José María Alvárez del Manzano y López del Hierro (PP) (su actual Presidente)
El ex-alcalde de Madrid Juan Barranco (PSOE)
El ex-alcalde de Madrid José Luís Alvarez (UCD) (primer edil del periodo de la transición, antes de Tierno Galvan)
No aparecen por ninguna parte, ni el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ni representación de los vecinos de Madrid (es como el zorro vigilando las gallinas). Los ciudadanos deberán extraer sus propias conclusiones sobre el comportamiento de algunas empresas.
Según Hoja Informativa (Enero 2002) de la Demarcación de Madrid. Ha sido nombrado el Decano de esta Institución, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Edelmiro Rua, como representante del Colegio en el Consejo Asesor de la Fundación Madrid Nuevo Siglo.
Publicado por Juan Manuel Lázaro Pérez-Toledo en 18:29
Etiquetas: corrupción urbanística, madrid, ordenación territorial, urbanismo
Recordando mi definición de "Pelotazo urbanístico"
Se realizan operaciones "especulativas", sin sentido mercantil aparente o altamente "irregulares" con importantes beneficios, y un presunto uso de "información privilegiada", siendo beneficiadas algunas empresas con un "trato de favor" por parte de la administración urbanística (inusitada celeridad en la tramitación de expedientes administrativos y pasividad de los servicios de disciplina urbanística ante las denuncias de los vecinos).
Los rasgos característicos, o radiografía de estas operaciones son:
siempre hay un motivo aparente que las justifica: la M-40, una reordenación urbanística, la cesión de un parque, etc... ("coartada" que sólo se sostiene en el deseo del funcionario de turno ).
el interés público último se sustenta, incluso, en la peregrina e ilusoria candidatura de Madrid como Ciudad Olímpica (para el año 2012)
aparecen "chocantes" compra-ventas, previas y/o posteriores, y operaciones mercantiles, aparentemente sin sentido que, sólo caben en la mente del que sabe lo que va a suceder ("uso de información privilegiada").
involucran tramitaciones administrativas, altamente sofisticadas y aceleradas, fuera del alcance del ciudadano de a pie, que sólo caben con el trabajo de funcionarios que confunden la potestad discrecional del planeamiento con la potestad arbitraria en beneficio de unos pocos (presunta "prevaricación").
se generan grandes "plusvalías" en detrimento del interés general (son los consabidos "pelotazos").
los propietarios o sociedades involucradas, están participadas en su capital social por empresas constituidas, en "paraísos fiscales", Panamá, Liechtenstein, Islas Vírgenes, Gibraltar, Bahamas, etc... (posiblemente ocultando los "cohechos", beneficios o participaciones de los necesarios colaboradores que permanecen así opacos).
intervienen personas (administradores, consejeros, notarios, etc...) o funcionarios "adictos" o simpatizantes del grupo económico, político u organización religiosa, beneficiado.
funcionarios de segundo nivel, son obligados a realizar informes basados en ordenes jerárquicas y no en su opinión técnica-profesional o actúan con funciones delegadas.
son "evidentes" por su discordancia con el entorno (donde había vivienda unifamiliar se levanta edificación colectiva o dotacional privada, donde sólo se permitían tres alturas se pasan a ocho, donde era zona verde o protegida se permite urbanizar, el uso terciario hospedaje se convierte en colectivo residencial, los arroyos en su zona de servidumbre se convierten en zonas deportivas privadas, o se dan licencias irregulares en pasillos eléctricos, se ocupan arroyos, etc..., etc...)
se recalifica un solar expropiado para un uso social (deportivo para empresas sin carácter especulativo) pasandolo a terciario (oficinas con carácter lucrativo).
se modifican las leyes a "la carta" para eliminar inseguridades jurídicas, con total descaro.
Las relaciones, conexiones y "tratos de favor", por parte de la administración, no son concebibles sin pensar en la existencia de una "trama organizada" para favorecer determinados intereses: políticos, económicos, religiosos, deportivos, familiares, personales u de otra índole, que no son los generales que ampara la Constitución.
Como se modifican las Leyes para propiciar los pelotazos.
1. Ley 38/1999, de 5 de noviembre (BOE núm. 266, de 6 de noviembre) de Ordenación de la Edificación (LOE), en la que se regulan (prácticamente se eliminan) los "derechos de reversión" por medio de la disposición adicional 5ª. Estos derechos fueron respetados en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (artículo 40). Estaban regulados por los artículos 54 y 55 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y en su Reglamento, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957 (BOE núm. 160, de 20 de junio). Esto afecta al caso de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid y al de la Operación Chamartín, entre otros.
2. Ley 9/2001, de 17 de julio (BOCM, de 26 de agosto de 2001) del Suelo de la Comunidad de Madrid, ha eliminado inseguridades jurídicas al "otorgar edificabilidad" sobre el suelo destinado a Sistemas Generales, lo que no estaba permitido en la anterior Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo (BOCM, Núm. 86, de 11 de abril de 1995). Es el caso concreto de la Operación Chamartín.
3. Modificación de la anterior, nuevamente, a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas o Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, de 15 de noviembre de 2001. Se corrige el punto 4º de la Disposición transitoria 3ª de la Ley del Suelo para allanar el camino (disminuir las cesiones de suelo, 53.178 m2 en lugar de 157.000 m2 con la nueva Ley) y evitar así, las "inseguridades jurídicas". Es el caso de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid.
4. El Estado español ha hecho, reiteradamente, una "transposición deficiente" de las Directivas relativas a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, a fin de evitar las "evaluaciones medioambientales" de determinados proyectos situados en suelo urbano, como es el caso de la Operación Chamartín y de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid, entre otras. Se protegen así procesos especulativos, en contra de lo previsto en el artículo 47 de la propia Constitución Española.
El Consejo de Ministros de Medio Ambiente europeo adoptó en marzo de 1997 la Directiva 97/11/CE sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos de infraestructura, que modificaba el texto de la Directiva 85/337/CEE. Esta nueva Directiva incluye los planes de urbanismo (y/o la Modificación de Planes de Ordenación Urbanos), como es el caso de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid o el de la Operación Chamartín, entre otros.
La Comisión Europea envía a España un dictamen motivado (segunda fase del procedimiento de infracción), el 28 de febrero de 2000, para que adaptara su legislación a las disposiciones de la Directiva Comunitaria sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos de infraestructura. El plazo para la incorporación había vencido el 14 de marzo de 1999.
La Comisión Europea interpuso, el 14 de diciembre de 1999 ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), una demanda contra el Reino de España por la inadecuada incorporación de la Directiva 85/337/CEE, por no incluir el Real Decreto legislativo 1302/1986 dentro de su ámbito de aplicación a varios de los grupos de proyectos que figuraban en el anexo II de la norma comunitaria.
El 15 de septiembre de 2000 se presento una nueva demanda contra el Reino de España, por la no-transposición de la Directiva 97/11/CE en el plazo en ella fijado. Se desconoce la situación actual de esta denuncia.
El 31 de octubre de 2001, la Comisión Europea ha admitido a tramite una denuncia (con el número 2001/5061, SG (2001) A/11877), esta vez presentada por la Asociación de vecinos de las colonias de Valdemarín Monreal y Pardo de Aravaca, organización sin ánimo de lucro, por una "inadecuada" transposición de la Directiva 97/11/CE, al excluir de su ámbito de aplicación la Ley 6/2001, de 8 de mayo (BOE núm.111, de 9 de mayo de 2001) a grupos de proyectos que figuran en el anexo II de la norma, cuando están situados en "suelo urbano" (Modificación de Planes de Ordenación Urbanos), como es el caso de la Operación Ciudad Deportiva del Real Madrid o el de la Operación Chamartín, entre otros.
Publicado por Juan Manuel Lázaro Pérez-Toledo en 17:12
Etiquetas: aravaca, corrupción, corrupción urbanística, madrid, urbanismo, valdemarin
Recordando mi definición de "Pelotazo urbanístico"...

References: Artículo 4

Real Decreto 

Real Decreto 
 artículo 1
 Artículo 60
in fine
 artículo 12
 artículo 150
 artículo 94
 Artículo 11
 artículo 47
 Real Decreto