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Timestamp: 2020-04-06 15:54:39+00:00

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BOC - 1998/094. Martes 28 de Julio de 1998 - 1067
1998/094. Martes 28 de Julio de 1998
BOC Nº 094. Martes 28 de Julio de 1998 - 1067
1067 - LEY 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias.
La actuación pública en materia de drogodependencias debe ir dirigida a la creación de un marco genérico que regule y arbitre los criterios básicos de actuación de las distintas Administraciones Públicas, organizaciones no gubernamentales y los diversos organismos implicados. La Administración debe centrar el problema de las drogodependencias dentro de una realidad plural, haciendo énfasis en la prevención de las toxicomanías, con la corrección de los factores sociales y económicos desestabilizadores; en la asistencia del drogodependiente, potenciando los distintos niveles básicos y especializados; y en la inserción del ex-toxicómano, incentivando su plena integración social y laboral.
Un texto multidisciplinar como el presente incide en varios títulos competenciales. Así, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias exclusivas en materia de servicios sociales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC). Como consecuencia de lo anterior, la Ley Territorial 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, en su artículo 4.2.f) considera área de actuación ... la prevención y tratamiento de todo tipo de drogodependencias, en colaboración con los servicios sanitarios correspondientes y la reinserción social de los afectados ..., mientras que el artículo 7.3.e) contiene el mandato de la configuración, como servicio social especializado, del de drogodependencias, cuyo objeto debe ser ... la planificación, coordinación y desarrollo de programas encaminados a la prevención, tratamiento e integración social de las personas sujetas a drogodependencias ....
En materia de sanidad, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias de desarrollo legislativo y ejecución, dentro del marco de la legislación básica del Estado, en sanidad e higiene, título que engloba la sanidad interior. La Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, atribuye al Sistema Canario de la Salud la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la protección frente a factores que amenazan la salud individual y colectiva y la ejecución de las acciones necesarias para la rehabilitación funcional e integración social del paciente.
El Título Primero se denomina La prevención en drogodependencias y regula los objetivos generales que debe presidir cualquier actuación que en materia de prevención quiera llevarse a cabo, los criterios que deben regir dicha actuación, la información, la educación para la salud, la formación de determinados colectivos implicados y cómo se ha de llevar a cabo la intervención sobre las condiciones sociales que impliquen una modificación sustancial de éstas, con la finalidad última de evitar o prevenir situaciones de riesgo y de predisposición al consumo de drogas.
El Título Segundo, Asistencia e Integración Social, regula los criterios generales de la asistencia que en nuestra Comunidad Autónoma se va a prestar a la población drogodependiente, así como los derechos de los pacientes y las garantías de éstos y se estructura una red asistencial que consta de tres niveles básicos de intervención. Por último, se establece la obligación general de velar por una adecuada integración social del drogodependiente en el entorno de su comunidad natural.
El Título Tercero, Reducción de la oferta, se concreta en un único Capítulo que trata de establecer una serie de limitaciones al consumo, publicidad y venta de alcohol y tabaco, especialmente a los menores de edad.
El Título Cuarto se denomina Planificación, coordinación y participación y se divide en dos Capítulos. El Capítulo Primero regula el Plan Canario sobre Drogas, estableciendo su naturaleza, características y contenido esencial, así como el procedimiento de su elaboración y aprobación. Por su parte, el Capítulo Segundo designa a la Comisión Coordinadora de Atención a las Drogodependencias y a las Comisiones Insulares de Coordinación como órganos de los que se dota la Comunidad Autónoma de Canarias para esa efectiva coordinación. Por otro lado, se señala la importancia de la iniciativa social y sus funciones como medio de conseguir la participación y la oportuna implicación social de todos los sectores en el problema de las drogodependencias.
El Título Quinto, Competencias de las Administraciones Públicas, determina las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las Entidades Locales, especificando las de sus respectivos órganos. Se establece, como principal novedad, la obligación por parte de los Cabildos Insulares y de los Municipios de más de 20.000 habitantes de disponer de un Plan Insular o Municipal sobre drogas que incluya programas de prevención e integración social.
El Título Sexto, Financiación, establece la obligación de disponer de una dotación suficiente para la ejecución de las acciones desarrolladas en el Plan Canario sobre Drogas. Por otro lado, dispone la afectación de los ingresos que se produzcan por la imposición de sanciones en virtud de lo dispuesto en la normativa de la Hacienda Pública de Canarias. Por último, el Título Séptimo, Infracciones y Sanciones, establece el régimen corrector de aquellas conductas contrarias a lo regulado en la presente Ley. Se establece un sistema de infracciones clasificándolas como leves, graves y muy graves, contemplándose a continuación las sanciones previstas para cada una de dichas infracciones. Por último, se contempla y regula el período de prescripción y las competencias para la imposición de sanciones.
b) La regulación de las competencias y funciones en esta materia de las Administraciones Públicas de Canarias, entidades privadas e instituciones, como marco de referencia para la necesaria cooperación, coordinación en la prevención, asistencia e integración social de drogodependientes.
c) La configuración del Plan Canario sobre Drogas como el instrumento para la planificación y ordenación de las actuaciones que en materia de drogas se lleven a cabo en la Comunidad Autónoma de Canarias. d) La protección a terceras personas de los perjuicios que pueda ocasionarles el consumo de drogas. 2. Lo dispuesto en la presente Ley será de aplicación a las diferentes actuaciones, tanto individuales como colectivas, de titularidad pública o privada, que en materia de drogas se realicen dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por drogas todas aquellas sustancias que administradas por cualquier vía, sean capaces de provocar cambios en la conducta, producir efectos nocivos para la salud y el bienestar físico o psíquico, crear dependencia y, en general, todas aquellas que pueden modificar una o más funciones del organismo. Tienen tal consideración: a) Los estupefacientes y psicotrópicos, entendiendo por tales aquellas sustancias o preparados sometidos a medidas de fiscalización en virtud de las normas nacionales y convenios internacionales suscritos por España.
Artículo 3.- Sujetos protegidos.
Todos los residentes en Canarias tienen derecho a ser atendidos en cualquiera de los centros o servicios públicos o concertados de la Comunidad Autónoma. Las personas no residentes en Canarias tendrán derecho a la atención en la forma y condiciones previstas en la legislación y en los convenios nacionales e internacionales de aplicación. Título I
Artículo 5.- Criterios de actuación.
3. Los programas preventivos se dirigirán preferentemente a sectores concretos de la población, y combinarán su carácter educativo orientado a la modificación de actitudes y hábitos, con la promoción de comportamientos incompatibles con el consumo de drogas. Dichos programas deberán ser sistemáticos en sus actuaciones, permanentes en el tiempo y susceptibles de ser evaluados. Artículo 6.- Información.
3. Los establecimientos sanitarios y la consejería competente en materia de protección del menor protegerán, específicamente, la información relativa a aquellos casos de intoxicación etílica, o de cualquier tipo de drogas, de menores de 18 años.
Artículo 7.- Educación para la salud.
Artículo 8.- Formación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias promoverá y desarrollará programas específicos de formación de aquellos colectivos u organizaciones relacionados con la prevención, asistencia e integración social de personas drogodependientes. 2. El órgano responsable en materia de drogodependencias del Gobierno de Canarias determinará los programas a desarrollar por las distintas Administraciones Públicas, para la formación interdisciplinar del personal sanitario, de servicios sociales, educadores, policías locales y de cualquier otro personal cuya actividad profesional se relacione con las drogodependencias.
Artículo 9.- Intervención sobre condiciones sociales.
Artículo 10.- Criterios generales.
Artículo 11.- Criterios de actuación.
a) La oferta terapéutica deberá ser accesible y diversificada, profesionalizada y de carácter interdisciplinar. Dicha oferta se basará en programas asistenciales individualizados, flexibles en sus objetivos terapéuticos y desarrollados con un enfoque activo que estimule la demanda asistencial. b) La asistencia a las personas drogodependientes se prestará preferentemente en el ámbito comunitario, y siempre que sea aconsejable en la mayor proximidad a su entorno sociofamiliar, por lo que se potenciarán programas asistenciales en régimen ambulatorio.
Artículo 12.- Actuaciones en materia de asistencia e integración social.
Artículo 13.- Derechos de las personas drogodependientes.
Las personas acogidas al ámbito de la presente Ley, en su condición de enfermos, dispondrán de todos los derechos recogidos en el ordenamiento jurídico para los usuarios de los servicios sanitarios y sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en particular: a) A la información sobre los servicios a los que en cada momento puede acceder, requisitos y exigencias que plantea su tratamiento.
d) A la igualdad de acceso a los dispositivos asistenciales, así como al respeto a su personalidad, dignidad, e intimidad, sin que pueda ser discriminado por ninguna causa.
Artículo 14.- Garantía de los derechos de las personas drogodependientes.
4. El ingreso de una persona en un centro o servicio vendrá precedido de la firma del correspondiente contrato terapéutico, en el que se reflejen con claridad los derechos y obligaciones a observar en el proceso de recuperación. Artículo 15.- Red asistencial.
Artículo 16.- Niveles asistenciales.
Artículo 17.- Inserción social.
2. En el ámbito de la juventud, se impulsarán intervenciones que fomenten la formación de grupos que además de cumplir una importante función de prevención, se conviertan en instrumentos de reintegración de los jóvenes marginados de la sociedad, con especial incidencia en la inserción eficaz de los adolescentes en el mundo educativo. A estos efectos, se aprovecharán los correspondientes programas generales educativos de capacitación profesional, empleo, vivienda y de la red de servicios sociales. 3. En el ámbito laboral, se fomentarán aquellas actuaciones tendentes a acercar a los trabajadores con problemas de drogodependencias a la red asistencial, así como aquellas que tengan por finalidad la reserva del puesto de trabajo durante el proceso de recuperación.
Artículo 18.- Cooperación con los medios de comunicación social.
2. En colaboración con los responsables de la prevención y represión del tráfico de drogas se han de estudiar y analizar los medios de cooperación para que el tráfico disminuya y para lograr que los programas y actividades de unos no interfieran los de los otros. Título III
Artículo 19.- De la publicidad del alcohol y del tabaco. 1. Sin perjuicio de lo establecido en leyes relativas a la publicidad y a la defensa de los consumidores, así como en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, la publicidad, tanto directa como indirecta, de bebidas alcohólicas y tabaco observará, en todo caso, las siguientes limitaciones:
b) No estará permitido que los mensajes publicitarios de bebidas alcohólicas y tabaco se asocien a una mejora del rendimiento físico o psíquico, al éxito social, a efectos terapéuticos, a la conducción de vehículos y al manejo de armas, así como ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad. c) Se prohíbe expresamente la publicidad directa e indirecta de bebidas alcohólicas en todos aquellos lugares donde esté prohibida su venta y consumo.
Artículo 20.- Bebidas alcohólicas.
2. La venta, suministro y dispensación de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años se regirá por lo dispuesto en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores.
3. Asimismo queda prohibida la venta o el suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas salvo que se encuentren en establecimientos cerrados, haciéndose constar, en su superficie frontal, la prohibición que tienen los menores de 18 años de adquirir bebidas alcohólicas.
4. No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en: a) Los centros y dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo en los lugares expresamente habilitados al efecto.
b) Los centros sanitarios, sociosanitarios y sociales, salvo en las dependencias habilitadas al efecto. c) Los centros de enseñanza no universitaria. d) Los centros de enseñanza universitaria, salvo en los lugares habilitados a tal efecto. e) Los centros destinados a la enseñanza y práctica deportiva. f) Los centros de asistencia a menores. g) La vía pública, salvo terrazas, veladores o en días de fiestas regulados por la correspondiente ordenanza municipal. h) Los locales de trabajo de las empresas de transportes públicos. i) Las gasolineras.
5. Las actividades de promoción de bebidas alcohólicas en ferias, certámenes, exposiciones y actividades similares se situarán en espacios diferenciados cuando tengan lugar dentro de otras manifestaciones públicas. En estas actividades no estará permitido ni el ofrecimiento ni la degustación gratuita a menores de 18 años. Tampoco estará permitido el acceso a menores de 18 años no acompañados de mayores de edad. En las visitas a los centros de producción, elaboración y distribución de bebidas alcohólicas no podrá ofrecerse los productos a los menores de edad. 6. En todos los establecimientos públicos en que se venda o facilite de cualquier manera o forma bebidas alcohólicas, se informará que la Ley prohíbe su adquisición y consumo por los menores de 18 años, así como la venta, suministro o dispensación a los mismos. Esa información se realizará mediante anuncios o carteles de carácter permanente, fijados en forma visible en el mismo punto de expedición. El Gobierno podrá determinar reglamentariamente el formato y contenido de los mismos.
Artículo 21.- Acceso de menores a locales. 1. Como regla general, queda prohibida la entrada de los menores de 18 años en discotecas, salas de fiesta y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas. 2. Sin embargo, los locales señalados en el párrafo anterior podrán disponer de sesiones especiales para mayores de 16 años, con horarios y señalización diferenciada sin que puedan tener continuidad ininterrumpida con aquellas sesiones en las que se produzca la venta de bebidas alcohólicas, retirándose de los locales, durante estas sesiones especiales, la exhibición y publicidad de este tipo de bebidas.
Artículo 22.- Tabaco.
1. Se aplicará a la venta, suministro y dispensación de tabaco a los menores de 18 años el régimen de prohibiciones establecido en la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores.
Además queda prohibida la venta, suministro y dispensación de productos que imiten el tabaco o induzcan al hábito de fumar. 2. La venta o el suministro de tabaco a través de máquinas automáticas sólo podrá realizarse en establecimientos cerrados, haciéndose constar en su superficie la prohibición que tienen los menores de 18 años de adquirir tabaco. 3. Se prohíbe la venta y el suministro de tabaco en: a) Los centros dependientes de las Administraciones Públicas de Canarias, fuera de los lugares que se pudieran habilitar a tal efecto. b) Los centros sanitarios, sociosanitarios y sus dependencias. c) Los centros educativos de enseñanza infantil, primaria, secundaria y especial. d) Los centros destinados a la enseñanza deportiva. e) Las instalaciones deportivas cerradas. f) Los centros de asistencia a menores. 4. Se prohíbe el consumo de tabaco en: a) Cualquier medio de transporte colectivo, tanto urbanos como interurbanos, salvo que dispongan de departamentos específicos para fumadores. b) Los centros sanitarios y sus dependencias. c) Los centros de enseñanza y sus dependencias. d) Las grandes superficies comerciales cerradas. e) Las galerías comerciales. f) Las oficinas de la Administración Pública, destinadas a la atención directa al público. g) Los locales donde se elaboren, transformen, manipulen, preparen, vendan o consuman alimentos. h) Las salas de cine y teatro y locales similares. i) Los vehículos de transporte escolar, en todos los vehículos destinados al transporte de menores de edad y en los vehículos destinados al transporte sanitario. j) Los museos, bibliotecas y salas de exposiciones y conferencias. k) Las instalaciones deportivas cerradas. l) Las escuelas infantiles y centros de atención social destinados a menores de 18 años. m) Lugares donde exista mayor riesgo a la salud del trabajador por combinar la nocividad del tabaco con el perjuicio ocasionado por el contaminante industrial. n) Cualquier área laboral donde trabajen mujeres embarazadas. ñ) Ascensores y elevadores. o) Los que determine reglamentariamente el Gobierno.
6. El derecho de los no fumadores prevalecerá sobre el derecho a fumar, en todas aquellas circunstancias en las que la salud se vea afectada por el consumo de tabaco. 7. En todos los establecimientos públicos en que se venda o facilite tabaco de cualquier manera o forma se informará que la Ley prohíbe su adquisición y consumo por los menores de 18 años, así como la venta, suministro o dispensación a los mismos. Esa información se realizará mediante anuncios de carácter permanente, fijados de forma visible en el mismo punto de expedición. El Gobierno podrá determinar reglamentariamente el formato y contenido de los anuncios.
Artículo 23.- Atención a las personas con problemas de alcohol y tabaco.
Artículo 24.- Naturaleza y características.
1. El Plan Canario sobre Drogas se configura como el instrumento para la planificación y ordenación de las actuaciones que en materia de drogas se lleven a cabo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 2. El Plan Canario sobre Drogas será vinculante para todas las Administraciones Públicas y entidades privadas e instituciones que desarrollen actuaciones en materia de drogas. 3. La vigencia temporal será la fijada en el propio Plan.
Artículo 25.- Contenido del Plan.
1. El Plan Canario sobre Drogas contemplará en su redacción, al menos, los siguientes extremos: a) Análisis de la problemática y aproximación epidemiológica al consumo de drogas en Canarias. b) Objetivos generales y objetivos específicos por áreas de intervención.
c) Criterios básicos de actuación. d) Programas de actuaciones. e) Responsabilidades y funciones de las Administraciones Públicas, entidades privadas e instituciones. f) Descripción del circuito terapéutico y de los niveles de intervención. g) Recursos necesarios para alcanzar los objetivos del Plan. h) Mecanismos de evaluación. 2. El Plan Canario sobre Drogas deberá precisar de forma cuantitativa y cualitativa, en la medida de las posibilidades técnicas, y de la eficiencia, sus objetivos, prioridades y estrategias, de modo que pueda medirse su impacto y evaluar sus resultados.
Artículo 26.- Elaboración y aprobación del Plan.
2. En la elaboración del Plan se tendrán en cuenta las propuestas formuladas por los órganos de participación y coordinación previstos en esta ley. 3. El Plan Canario sobre Drogas será aprobado por el Gobierno de Canarias a propuesta del consejero competente en materia de drogodependencias, oída la Comisión Coordinadora de Atención a las Drogodependencias. 4. El Plan Canario sobre Drogas será remitido al Parlamento de Canarias. Asimismo se remitirá anualmente al Parlamento de Canarias una memoria con la evaluación del mismo.
Artículo 27.- Órganos de coordinación.
Serán órganos para la coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones contempladas en la presente Ley y en el Plan Canario sobre Drogas: a) La Comisión Coordinadora de Atención a las Drogodependencias. b) Las Comisiones Insulares de Coordinación. Reglamentariamente se regulará la estructura, funcionamiento y composición de las referidas Comisiones Coordinadoras, debiendo quedar garantizada la participación de los sectores directamente implicados.
Artículo 28.- Fomento de las iniciativas sociales.
Las Administraciones competentes podrán establecer, de conformidad con la legislación vigente, convenios y conceder subvenciones para la prestación de servicios a instituciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y debidamente registradas, siempre que cumplan los requisitos siguientes: a) Adecuación a las normas y programación de la Administración. b) Sometimiento de sus programas y del destino de los apoyos financieros públicos al control de la Administración. c) Sujeción a los medios de inspección, control e información estadística y sanitaria vigentes.
Artículo 29.- Funciones de la iniciativa social.
Las Administraciones Públicas fomentarán la cooperación con entidades privadas e instituciones, con estricta sujeción a las directrices que se establezcan, para el desempeño de las siguientes funciones: a) La sensibilización social y la información. b) La prevención de las drogodependencias. c) La asistencia y reinserción social de drogodependientes. d) La formación. e) La investigación y evaluación.
Artículo 30.- Voluntariado.
1. Se fomentará la función del voluntariado social, que colabore con las Administraciones Públicas o las entidades privadas en las tareas de prestación de servicios de prevención, asistencia e inserción social, en los términos previstos en su legislación específica.
2. Serán ámbitos preferentes de actuación de la iniciativa social: a) La concienciación social en torno a la problemática de las drogodependencias. b) La difusión de criterios. c) El apoyo a la inserción social, y d) La prevención en el ámbito comunitario.
Artículo 31.- Competencias del Gobierno de Canarias.
Sin perjuicio de las demás competencias que el ordenamiento vigente le atribuye, corresponde al Gobierno de Canarias: a) La aprobación del Plan Canario sobre Drogas. b) El establecimiento de las directrices en materia de drogas para la Comunidad Autónoma de Canarias. c) La aprobación de la estructura de la Comisión Coordinadora de Atención a las Drogodependencias, así como el establecimiento de otros órganos de coordinación. d) La aprobación de la normativa de autorización de apertura y funcionamiento y de acreditación de centros de atención de drogodependientes.
Artículo 32.- Atribuciones del consejero competente en materia de drogodependencias.
Sin perjuicio de aquellas otras competencias que le vienen atribuidas legalmente, corresponde al consejero competente en materia de drogodependencias: 1. El control y, en su caso, la autorización o acreditación de los centros y servicios sociosanitarios de atención a drogodependientes, así como de los establecimientos estrictamente sanitarios, relacionados con la prevención, asistencia e inserción social de personas drogodependientes. 2. La elaboración y propuesta para su aprobación por el Gobierno de Canarias del Plan Canario sobre Drogas. 3. El otorgamiento de subvenciones y la celebración de contratos, convenios y conciertos con entidades privadas e instituciones en el campo de las drogodependencias. 4. La coordinación general con las Administraciones Públicas, entidades privadas e instituciones de las actuaciones en materia de drogas.
Artículo 34.- Competencias de los municipios.
1. Sin perjuicio de las demás competencias que el ordenamiento vigente les atribuye, corresponde a los municipios de Canarias en su ámbito territorial: a) El establecimiento de los criterios que regulan la localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos de suministro y venta de bebidas alcohólicas. b) El otorgamiento de la autorización de apertura a locales o lugares de suministro y venta de bebidas alcohólicas. c) Velar, en el marco de sus competencias, por el cumplimiento de las diferentes medidas de control que se establecen en el Título III de esta ley. d) La colaboración con los sistemas educativo y sanitario en materia de educación para la salud.
a) La aprobación de Planes Municipales sobre Drogas, elaborados en coordinación y de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Canario sobre Drogas, que incluyan programas de prevención e integración social, así como de información, orientación y motivación de drogodependientes a través de los centros de servicios sociales. b) La coordinación de los programas de prevención e integración social que se desarrollen exclusivamente en el ámbito de su municipio. c) El apoyo a las asociaciones y entidades que en el municipio desarrollen actividades previstas en el Plan Canario sobre Drogas. d) La formación en materia de drogas del personal propio. e) La promoción de la participación social en esta materia en su ámbito territorial.
Artículo 35.- Financiación presupuestaria.
Artículo 36.- Régimen sancionador.
Artículo 37.- Infracciones. Clasificación.
Constituye infracción administrativa toda acción u omisión que vulnere las obligaciones contenidas en la presente Ley. Las infracciones administrativas a la presente Ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 38.- Infracciones. Tipos.
a) La negativa absoluta a facilitar información o a prestar colaboración a los servicios de inspección, así como el falseamiento de la información facilitada a dichos servicios. b) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las autoridades sanitarias o sus agentes. c) Impedir el ejercicio de cualesquiera de los derechos específicos de las personas drogodependientes ante los sistemas sanitarios y sociales recogidos en el artículo 13 de esta ley. d) La iniciación, prestación o desarrollo de servicios, centros o actividades de asistencia, prevención o reinserción en materia de drogodependencias no autorizados o por personal no cualificado legalmente. e) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
a) Dificultar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 13 de la presente Ley. b) Obstruir la acción de los servicios de inspección. c) La alteración sustancial de las características contenidas en la acreditación o autorización que habilita a los centros, servicios o establecimientos para el desarrollo de actividades de asistencia, reinserción o prevención. d) Aplicar las ayudas y subvenciones públicas a finalidades distintas de aquéllas para las que se otorgaron. e) La reincidencia en infracciones leves.
a) El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 sobre condiciones de la promoción, venta y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. b) Las conductas no tipificadas como infracciones graves o muy graves.
2. La graduación de las sanciones será proporcionada a la infracción cometida y respetará los siguientes criterios: a) Gravedad de la infracción. b) Gravedad de la alteración social y perjuicios causados. c) Riesgo para la salud. d) Posición del infractor en el mercado. e) Beneficio obtenido.
3. La graduación de las multas se ajustará a lo siguiente: a) Por infracción leve, multa de hasta 2.500.000 pesetas. b) Por infracción grave, multa de 2.500.001 a 20.000.000 de pesetas, pudiéndose rebasar esta cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. c) Por infracción muy grave, multa de 20.000.001 a 100.000.000 de pesetas, pudiéndose rebasar esta cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objetos de la infracción.
Artículo 40.- Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán a los tres años las muy graves, a los dos años las graves y a los seis meses las leves. 2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
Artículo 41.- Competencias del régimen sancionador.
a) Los alcaldes, multas de hasta 2.500.000 pesetas. b) El consejero competente en materia de sanidad, multas desde 2.500.001 hasta 20.000.000 de pesetas y suspensión temporal de la actividad por un máximo de cinco años. c) El Gobierno de Canarias, multas desde 20.000.001 pesetas y el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento.
Primera.- Modificación de la Ley de Atención Integral a los Menores.
Artículo 105. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves: 1. Incumplir las normas aplicables para la apertura o funcionamiento de servicios, hogares funcionales o centros de atención a los menores, si de ello no se derivan perjuicios relevantes. 2. Incumplir el deber de actualizar los datos que constan en el Registro de entidades colaboradoras.
8. Excederse en las medidas correctoras a los menores. 9. No gestionar plaza escolar para el menor en período de escolarización obligatoria o impedir la asistencia al centro escolar sin causa justificada, por parte de quienes tengan potestad sobre el mismo.
1. Reincidir en infracciones leves. 2. Incurrir en las infracciones tipificadas como leves, siempre que el incumplimiento o los perjuicios sean graves.
3. Intervenir con funciones de mediación en la acogida o adopción de menores sin la previa habilitación administrativa. 4. Recibir a un menor ajeno a la familia de las personas receptoras con la intención de su futura adopción, sin la intervención del órgano competente de la Administración autonómica. 5. Proceder a la apertura o iniciar el funcionamiento del servicio, hogar funcional o centro de atención a los menores sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa. 6. Incumplir el deber de confidencialidad y sigilo respecto a los datos personales de los menores.
7. Difundir, a través de medios de comunicación, datos personales de los menores. 8. Limitar los derechos de los menores más allá de lo acordado por decisión judicial.
9. Amparar o ejercer prácticas lucrativas en centros o servicios de atención a los menores definidos sin ánimo de lucro, por parte de los titulares de los mismos o del personal a su servicio. 10. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo las funciones de inspección y control de los centros o servicios de atención a los menores, tanto los titulares de los mismos como el personal a su servicio. 11. Aplicar las ayudas y subvenciones recibidas a situaciones, estados o hechos, o a destinos o finalidades diferentes de los que justificaron su concesión, cuando de ello no se deriven responsabilidades penales. 12. Percibir cantidades no autorizadas por prestaciones o servicios de atención a los menores o su familia, cuando las entidades colaboradoras actúen en régimen de concierto con una Administración Pública. 13. Incumplir la obligación de inscripción en los registros establecidos en relación con la atención integral a los menores. 14. Vender, suministrar o dispensar bebidas alcohólicas o tabaco en centros de enseñanza a los que asistan menores y en establecimientos, recintos, locales o espacios dedicados específicamente a menores. 15. Utilizar menores en actividades o espectáculos prohibidos a los mismos por esta ley.
16. Permitir la entrada de menores en los establecimientos o locales a que hace referencia el artículo 33 de esta ley. 17. Vender o suministrar a menores las publicaciones recogidas en el artículo 34. 18. Vender, alquilar, difundir o proyectar a los menores los medios audiovisuales a que hace referencia el artículo 35.
21. Cualquier otra infracción que, estando tipificada como muy grave, no mereciera esta consideración por razón de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias.
Segunda.- Modificación de la Ley de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas.
Disposición Adicional Quinta.- Las disposiciones sobre infracciones y sanciones comprendidas en el Título V de esta Ley que están relacionadas con menores, no serán de aplicación en aquellos supuestos en los que hayan de ser aplicados los preceptos sobre infracciones y sanciones de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores.
Primera.- Plazo para la adaptación del Plan Canario de Drogas.
Segunda.- Plazo para la aprobación de los Planes Insulares y Municipales sobre Drogas.
Las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobarán en el plazo de un año, a partir de la adaptación del Plan Canario de Drogas, los correspondientes planes insulares o municipales sobre drogas. Tercera.- Plazo de constitución de órganos de coordinación.
Cláusula general de derogación. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo establecido en la presente Ley.
Primera.- Desarrollo y aplicación de la presente Ley. 1. Se autoriza al Gobierno de Canarias a dictar las normas de carácter reglamentario necesarias para desarrollar y aplicar la presente Ley.

References: artículo 30
 artículo 4
 artículo 7

Artículo 3

Artículo 5
 Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38
 artículo 13
 artículo 13

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 35