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Timestamp: 2020-05-28 15:29:25+00:00

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Exp. N° 10-1295
El 18 de noviembre de 2010, la abogada María de los Ángeles Palacios Maldonado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 21.815, interpuso, en su nombre, demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 845 del Código Civil.
El 23 de noviembre de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.
Posteriormente, vista la designación realizada el 7 de diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional de nuevos Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.659 del 8 de diciembre de 2010, esta Sala Constitucional quedó reconstituida, el 9 de diciembre de 2010, de la siguiente manera: Luisa Estella Morales Lamuño, en su condición de Presidenta; Francisco Antonio Carrasquero López, como Vicepresidente; y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.
El 16 de marzo de 2011, esta Sala dictó decisión Núm. 285 por medio de la cual admitió el recurso y ordenó notificar al Presidente de la Asamblea Nacional, a la Fiscala General de la República, a la Defensora del Pueblo y a la Procuradora General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Practicadas las notificaciones correspondientes, la representación del Procuraduría General de la República presentó escrito de informes, el 4 de octubre de 2011, y la representación de la Asamblea Nacional hizo lo propio el 11 de octubre de 2011.
Efectuada la lectura del expediente, esta Sala procede a emitir pronunciamiento respecto de su admisión, previa las consideraciones siguientes:
A los efectos de sostener la inconstitucionalidad del artículo 845 del Código Civil, la demandante se refirió al artículo 21.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente a las voces “discriminar”, “condición” y “social”, contenida en el Diccionario de la Real Academia Española. Asimismo, se refirió al artículo 334 de la Carta Magna. Luego de esto esgrimió, ya respecto del fondo del asunto, lo siguiente:
Que “…el artículo 845 del Código Civil establece: El cónyuge en segundas o ulteriores nupcias no puede dejar al cónyuge sobreviviente una parte mayor de la que deje al menos favorecido de los hijos de cualesquiera de los matrimonios anteriores”.
Señaló que “…el causante en primeras nupcias sí puede dejar al cónyuge sobreviviente una parte mayor a la que pueda dejarle a los hijos de dicho matrimonio; es decir, que se establece una verdadera discriminación con respecto a los cónyuges de segundas o ulteriores nupcias”.
Que el artículo en comento “…establece una evidente diferencia o discriminación entre el cónyuge sobreviviente de primeras nupcias con respecto al de segunda o ulteriores nupcias. De acuerdo con su texto, el causante no puede dejar (¿mediante testamento?) al cónyuge que le sobreviva, de segundos o más matrimonios, una cuota-parte de sus bienes, mayor a la del menos favorecido de sus hijos”.
Que “...de acuerdo con tal precepto, haciendo abstracción al derecho que tiene toda persona de disponer, para después de su muerte, del 50% de su patrimonio, respetando por supuesto, la legitima (sic), el legislador establece una odiosa discriminación del cónyuge de segundas nupcias con respecto al de primera, a quien, de acuerdo con dicho dispositivo, sí puede dejarle una cantidad diferente”.
Adujo que “…el dispositivo legal trascrito está consagrado en el Código Civil de 1942; en tanto, que la norma constitucional, que prohíbe la discriminación, sólo viene a aparecer en la Constitución de 1999”.
Que “…a los efectos de una idónea interpretación del referido artículo 845, siempre habrá de tenerse en cuenta los dispositivos de los artículos 824, 883 y 884 del Código Civil, referidos, en el mismo orden, a la concurrencia del cónyuge sobreviviente en las mismas condiciones de un hijo, a la herencia del causante; y, a la determinación del concepto de legitima y su porcentaje”.
Indicó “…que corresponde a la jurisprudencia su adecuada interpretación, atendiendo a las nuevas realidades, y, por supuesto, a las razones que dieron motivo a determinados hechos sociales, que, posiblemente, en su esencia, son los mismos que originaron la norma, ahora obsoleta, pero cuyas causas, son diferentes o distintas, puesto que cada generación tiene las suyas para actuar y comportarse de una manera determinada que, en definitiva, viene a ser la manera como interpreta su propia vida y los hechos y circunstancias que dan vida a la ley”.
En atención a las consideraciones expuestas, la demandante solicitó:
“…la nulidad del artículo 845 del Código Civil, en razón de que su texto es discriminatorio del cónyuge sobreviviente de segundas o ulteriores nupcias con respecto a la de las primeras, lo cual es contrario a las previsiones de los artículos 2 y ordinal 1(sic) del 21 de la Constitución de la República…”
La representación de la Procuraduría General de la República consignó escrito ante esta Sala por medio del cual sostuvo la constitucionalidad de la norma impugnada. En este sentido, se refirió como punto previo al propósito perseguido por otras acciones incoadas por la accionante, las cuales se encontraban vinculadas al presente proceso. Seguidamente, señaló los argumentos que fundamentan la constitucionalidad del artículo 845 del Código Civil. En este sentido, expusieron:
“Del análisis de la demanda, la recurrente en su escrito recursivo interpreta que el artículo recurrido le confiere preferencia al cónyuge sobreviviente de primeras nupcias, señalando que aquél, puede recibir una parte o alícuota hereditaria superior a la de los hijos del primer matrimonio, apartándose según nuestro criterio, del propósito, espíritu y razón del legislador contenido en dicha norma, a nuestro entender y bajo el punto de vista teleológico, cuyo fin no es otro, que proteger a los hijos nacidos de un primer matrimonio contra una posible extralimitación testamentaria del causante que contrajó (sic) segundas nupcias, de manera que el conyuge (sic) de este obtenga de la masa hereditaria, una mayor cuota que los hijos nacidos del primer matrimonio, situación que queda resuelta por lo dispuesto en el artículo del cual se pretende su nulidad por razones de inconstitucionalidad, y a su vez, dicha protección se encuentra consolidada en el artículo 884 de (sic) Código Civil, que a continuación se transcribe:
Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 2, constituye al Estado venezolano como democrático y social de Derecho y de Justicia, y además establece entre otros, como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la ética. Igualmente el artículo 21 numeral 1 eiusdem impide las discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, la condición social y en general discriminaciones que ‘tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona’.
Al respecto, la ciudadana MARÍA DE LOS ÁNGELES PALACIOS MALDONADO aduce que el artículo recurrido establece ‘una verdadera discriminación con respecto a los cónyuges de segundas o ulteriores nupcias’ señalando además que ‘(...) el causante en primeras nupcias si puede dejar al cónyuge sobreviviente una parte mayor a la que pueda dejarle a los hijos de dicho matrimonio’.
Con relación a ello se señala que, a pesar de que el Código Civil vigente es anterior a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa que el fin teleológico de la norma in commento, lejos de establecer discriminaciones entre los causahabientes, salvaguarda la igualdad de los hijos nacidos en primeras nupcias con respecto al cónyuge sobreviviente en segundas o ulteriores nupcias, y no como lo sostiene la demandante que ‘el legislador establece una odiosa discriminación del cónyuge de segundas nupcias con respecto al de primera, a quien, de acuerdo con dicho dispositivo, sí puede dejarle una cantidad diferente’.
Por otro lado, observa esta representación que la parte recurrente ha incurrido en un falso supuesto de derecho al equiparar las primeras nupcias con las segundas, dado que las mismas se constituyen en relaciones jurídicas de intersubjetividad (vinculo matrimonial), que nacen en momentos históricos distintos, y se disuelven o se extinguen igualmente por actos jurídicos distintos.
En ese sentido debemos acotar, bajo el supuesto de hecho planteado por la recurrente, que el vínculo matrimonial derivado de las primeras nupcias, se extinguió a través de una sentencia de divorcio emanada de un juez civil, la cual tiene como efectos patrimoniales la liquidación de la comunidad conyugal en el caso de operar el régimen de gananciales; mientras que, en el segundo supuesto; el vínculo matrimonial derivado de las segundas nupcias no se extingue por un acto de producción judicial (sentencia), si no en virtud de un hecho jurídico constituido por la muerte de uno de los cónyuges, lo que conforme a la ley conlleva efectos sucesorales.
Ello así, consecuencias derivadas de la muerte de uno de los cónyuges, es la transmisión de los activos y pasivos (patrimonio) del causante a los herederos, entre los cuales se encuentran en primer lugar, los descendientes, en segundo lugar los ascendientes a falta de aquellos, y el cónyuge, sin menoscabo de las transmisiones en líneas colaterales y por efecto de la representación.
Según nuestro Código Civil las sucesiones pueden ser ab intestato o testamentarias, siendo las primeras aquellas en las cuales a falta de disposición testamentaria, la ley suple la voluntad expresa del causante y establece los sujetos beneficiarios del caudal hereditario del mismo; mientras que las sucesiones testamentarias suponen la existencia de un testamento que representa la manifestación de última voluntad del de cujus en cuanto a la disposición de su patrimonio, lo cual puede realizar bajo alícuotas de disposición distintas, siempre y cuando sea respetada la legítima de los herederos.
Así las cosas, en el supuesto de las disposiciones testamentarias, se observa que el testamento podría constituir un instrumento jurídico para establecer cuotas hereditarias distintas a las normas que se establecen en la ley cuando se trata de una sucesión ab intestato, por lo cual, si tomamos en cuenta los criterios jurídicos de la parte recurrente, podríamos arribar a la conclusión de que el testamento per se constituye un acto discriminatorio, dado que permite al testador romper la igualdad de alícuotas en la repartición del caudal hereditario, con la única limitante de respetar la legítima de los herederos.
No obstante lo anterior, a pesar de la libertad testamentaria de la cual goza el causante, la ley establece límites claros en cuanto al mínimo patrimonial que debe el causante dejar en beneficio del menos favorecido de sus causahabientes, lo que evidencia que la intención del legislador es preservar una justa distribución de la herencia, por lo cual se persigue evitar que existan exclusiones o severas discriminaciones en el reparto del caudal hereditario.
Lo anterior evidencia, que lejos de constituir el artículo 845 del Código Civil, una norma excluyente o discriminatoria, tal como lo ha planteado erróneamente la parte recurrente, dicha norma se erige como una garantía de no discriminación a favor de los herederos (hijos y cónyuges), en el marco de un acto jurídico (testamento), derivado del principio de libertad testamentaria, disposición patrimonial y autonomía de la voluntad.
En virtud de lo anterior, el contenido del artículo 845 se mantiene dentro de los valores de justicia, igualdad, solidaridad y la ética que debe regular la conducta humana y su actuar frente a otras personas, como ante sí misma.
En consecuencia, este Órgano Asesor del Estado no vislumbra vicio de inconstitucionalidad alguno en el contenido artículo 845 del Código Civil, máxime si el texto constitucional otorga una protección superior a la familia como institución social fundamental en la sociedad, asegurándole prioridad absoluta, protección integral, tomando en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que competen al Estado en su función legislativa; garantías éstas, que obliga a todos los habitantes del territorio nacional a actuar acorde con el interés superior de la familia, incluidos los niños, niñas y adolescentes, apartándonos en nuestro actuar de los intereses egoístas que buscan el interés individual sobre el colectivo.
De la misma manera, consideramos que el artículo denunciado como inconstitucional no anula ni menoscaba el reconocimiento de los derechos que asisten al cónyuge sobreviviente en segundas o ulteriores nupcias, por cuanto la incapacidad prevista no nace en su contra per se, sino que regula en condiciones. de igualdad los derechos de todos los hijos del de cujus, ante la posibilidad que éste pretendiera dejar una parte mayor al cónyuge sobreviviente en segundas o ulteriores nupcias en detrimento de sus hijos nacidos en el primer matrimonio, lo cual no estigmatiza a las segundas o ulteriores nupcias, ni discrimina al cónyuge sobreviviente de éstas, solo, que el interés de la norma es garantizar a los hijos del primer matrimonio, que en el supuesto de existir cláusula testamentaria en ese sentido, se reputa nula conforme a la norma siguiente del Código Civil (se refiere al artículo 848):
Por otro lado, de igual manera es importante resaltar que la discriminación opera cuando personas de una misma categoría, bajo una misma situación y en un mismo momento histórico, son objeto de un trato desigual, por lo cual el alegato de la recurrente basado en que se le vulneró el derecho a la no discriminación se sustenta, a criterio de esta representación, en un falso supuesto de hecho y de derecho, pues subvirtiendo el espíritu, razón y propósito del artículo 845 del Código Civil, pretende hacer ver a los Honorables Magistrados de esta Sala Constitucional que dicha norma adolece de vicios de inconstitucionalidad por vulnerar disposiciones de la Carta Magna.
Expuesto lo anterior, es evidente que el artículo 845 del Código Civil no contraviene los artículos 2 y 21 numeral 1 del Texto Constitucional, y así solicito sea declarado.
Ahora bien, respecto a la manifestación de voluntad del cónyuge en segundas o ulteriores nupcias que beneficie al cónyuge sobreviviente, queda ilustrado suficientemente en el texto de una de las observaciones hechas por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 0440 de fecha 11 de mayo de 2.010, expediente nº 09-1183 (Caso Alexandra Pietri B. contra María de los Ángeles Palacios Maldonado de Pietri), a saber:
Es propicio traer a este escrito, a los fines de abordar lo atinente a la interpretación de las normas y principios constitucionales, la jurisprudencia pronunciada mediante sentencia Nº 00124 de la Sala Político Administrativa, expediente Nº 11 529 de fecha 13 de febrero de 2.001.
Al respecto, la recurrente en sus alegatos manifiesta que le corresponde a la jurisprudencia la adecuada interpretación del artículo recurrido, atendiendo las nuevas realidades y dentro del contexto de los hechos sociales que dieron nacimiento a la norma, ahora obsoleta, según su dicho: sin embargo, conforme a nuestra concepción existen normas en nuestro ordenamiento jurídico que a pesar del transcurrir del tiempo conservan su efectividad, por cuanto en el caso que nos ocupa, los hechos sociales actuales se adecúan al contenido del artículo 845 del Código Civil y viceversa, siendo que, nuestra Constitución enaltece y garantiza los intereses colectivos sobre los individuales y los refuerza en caso de encontrarse involucrados los intereses de los menos favorecidos socialmente.
En consecuencia, del análisis concordado del artículo 845 del Código Civil, en contraposición a los principios y normas constitucionales invocados como vulnerados por la parte recurrente, encuentra esta Representación Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, que la norma impugnada es constitucional, por lo cual el presente recurso debe ser declarado Sin Lugar. Así solicito sea declarado por esta Sala Constitucional”.
Finalmente, esa representación judicial indicó que no tiene pruebas que promover en el presente proceso, por considerar que el thema decidemdum es un asunto de mero derecho y, conforme los argumentos expuestos, solicitó a esta Sala se declare sin lugar el recurso de nulidad de autos
INFORMES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Por escrito presentado representantes legales de la Asamblea Nacional indicaron cuanto sigue:
“…de las disposiciones contenidas en los artículos 845 y 848, del Código Civil, se desprende que, el cónyuge supérstite de quien se haya casado en ulteriores nupcias, está incapacitado para heredar una parte mayor de la que le correspondería al menos favorecido de los hijos concebidos en cualquiera de los matrimonios anteriores; así pues, toda disposición testamentaria en contrario, es nula, siendo que, en materia de sucesión testamentaria priva el principio de autonomía de la voluntad, sin embargo, la facultad para testar tiene limitaciones establecidas en la Ley sustantiva.
Es importante para esta representación, la determinación de ciertos elementos dentro de la materia que hoy nos ocupa, así a los efectos sucesorales, se entienden como bienes hereditarios todos los que se hallen en el patrimonio del causante al momento de su fallecimiento.
Por otra parte, nos encontramos con la partición hereditaria la cual podemos definir de una forma descriptiva, como aquel negocio jurídico plurilateral o unilateral, según los casos, en el que como consecuencia de una serie de operaciones basadas en supuestos de hecho y de derecho, se pone fin a la comunidad hereditaria, atribuyendo a cada coheredero un lote de bienes formado con parte de los que integraban la masa de la herencia.
Ahora bien, la partición de la herencia no es otra cosa que la división o liquidación o adjudicación a los herederos en proporción a los derechos que pudieran corresponderles dentro de la herencia, porque a cada heredero pudiera corresponderle, por el hecho de la concurrencia o de las conclusiones; una cuota parte diferente, ya sea mayor o menor.
Tenemos entonces que, al momento de efectuar una partición y a los efectos de la distribución de los lotes y/o de obtener la cuota que a cada heredero corresponda, el partidor deberá tomar en cuenta la totalidad del patrimonio que pertenezca al de cujus, excluyendo, si es el caso, la porción de los bienes que pertenezcan al cónyuge como liquidación de la comunidad conyugal, caso en el cual forma parte del acervo hereditario sólo el Cincuenta Por Ciento (50%) de su valor.
Ahora bien, los precedentes enunciados normativos conforman una protección legal que no está reñida con el principio del Interés Superior del Niño, establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en virtud de que se apega a una distribución proporcional de los bienes que constituyen la masa hereditaria, que nunca puede fijarse en detrimento de alguno de los hijos del causante. En todo caso, es conveniente recordar que Niños, Niñas y Adolescentes como personas en desarrollo, requieren de soluciones que atiendan a su condición específica, y cuando exista conflicto entre derechos e intereses frente a otros derechos igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
En este orden de ideas, hacemos referencia a la legítima, la cual es la cuota del patrimonio del causante que se debe de derecho y en plena propiedad a los herederos legitimarios, descendientes o ascendientes, legítimos o naturales, y el cónyuge, de la cual no puede disponer el causante, de conformidad con lo establecido en el artículo 884 del Código Civil.
Ahora bien, la recurrente en su escrito recursivo hace una interpretación a que el artículo recurrido le confiere preferencia al cónyuge sobreviviente de primeras nupcias, señalando que aquél, puede recibir una parte o alícuota hereditaria superior a la de los hijos del primer matrimonio, apartándose según nuestro criterio, del propósito, espíritu y razón del legislador contenido en dicha norma.
A criterio de esta representación judicial, el fin de la referida disposición no es otro, que proteger a los hijos nacidos de un primer matrimonio contra una posible extralimitación testamentaria del causante que contrajo segundas o ulteriores nupcias, de manera que, el cónyuge de este obtenga de la masa hereditaria, una mayor cuota que los hijos nacidos del primer matrimonio.
Es así como, de la referida situación queda resuelta por lo dispuesto en el artículo impugnado, Y a su vez, dicha protección se encuentra reforzada por la disposición del artículo 848 del Código Civil, el cual reza:
En efecto, la incapacidad parcial establecida en el referido artículo 845, limita al cónyuge supérstite para heredar una porción mayor de la que le corresponda al menos favorecido de los hijos concebidos en matrimonios anteriores, Y en su defecto, de acordarse lo contrario, dicha disposición testamentaria es nula de pleno derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes mencionado, así pues, lo que se pretende evitar es que el último cónyuge pueda influir en la voluntad del causante para captar bienes de la herencia, en detrimento de los hijos de éste nacidos en matrimonios anteriores, pero su finalidad no es la de proscribir las ulteriores nupcias ni mucho menos sancionar al cónyuge sobreviviente.
En otro orden de ideas, observa esta representación que la parte recurrente incurre en un falso supuesto de derecho al igualar las primeras nupcias con las segundas, dado que las mismas se constituyen en relaciones jurídicas de intersubjetividad (vínculo matrimonial), que nacen en momentos distintos, y se disuelven o se extinguen igualmente por actos jurídicos distintos.
En ese sentido debemos señalar, bajo el supuesto de hecho planteado por quien recurre, que el vínculo matrimonial derivado de las primeras nupcias, se extinguió a través de una sentencia de divorcio emanada de un juez civil, la cual tiene como efectos patrimoniales la liquidación de la comunidad conyugal en el caso de operar el régimen de gananciales; mientras que, en el segundo supuesto, el vínculo matrimonial derivado de las segundas nupcias se extingue en virtud de un hecho jurídico constituido por la muerte de uno de los cónyuges, lo que conforme a la ley conlleva efectos sucesorales.
Ello así, y como consecuencias derivadas del fallecimiento de uno de los cónyuges, surge la transmisión del patrimonio del causante a sus herederos, entre los cuales se encuentran en orden en primer lugar, los descendientes, en segundo lugar, los ascendientes a falta de aquellos, y el cónyuge, sin detrimento de las transmisiones en líneas colaterales y por efecto de la representación.
Según nuestro Código Civil las sucesiones pueden ser ab intestato o testamentarias, siendo las primeras aquellas en las cuales a falta de disposición testamentaria, la ley suple la voluntad expresa del causante y establece los sujetos beneficiarios del caudal hereditario del mismo; mientras que, las sucesiones testamentarias, suponen la existencia de un testamento que representa la manifestación de la última voluntad del de cujus en cuanto a la disposición de su patrimonio, lo cual puede realizar bajo alícuotas de disposición distintas, respetando la legítima de los herederos.
Así las cosas, en el supuesto de las disposiciones testamentarias, se observa que el testamento podría constituir un instrumento jurídico para establecer cuotas hereditarias diferentes a las normas que se establecen en la ley cuando se trata de una sucesión ab intestato, por lo cual, podríamos decir que, el testamento per se podría constituir un acto discriminatorio, dado que permite al testador romper la igualdad de las alícuotas en la repartición del caudal hereditario, solo con una limitante, la de respetar la legítima de los herederos.
No obstante lo anterior, a pesar de la libertad testamentaria de la cual goza el causante, la ley establece algunos límites en cuanto al mínimo patrimonial que debe el causante dejar en beneficio del menos favorecido de sus causahabientes, lo que evidencia que la intención del legislador no es otra que, preservar una justa distribución de la herencia, lo que persigue evitar que existan exclusiones o severas discriminaciones en el reparto del caudal hereditario, por cuanto, considera esta representación que la norma in commento lo que busca es salvaguardar la igualdad de los hijos nacidos en primeras nupcias con respecto al cónyuge sobreviviente en segundas o ulteriores nupcias.
Tenemos entonces que, el artículo 845 del Código Civil lejos de constituir una norma excluyente o discriminatoria, dicha norma se erige como una garantía de no discriminación a favor de los herederos (hijos y cónyuges), en el marco de un acto jurídico (testamento), derivado del principio de libertad testamentaria, disposición patrimonial y autonomía de la voluntad.
En este sentido, nuestro texto fundamental otorga una protección superior a la familia como institución social fundamental en la sociedad, asegurándole prioridad absoluta, protección integral, tomando en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que competen al Estado en su función legislativa; garantías éstas, que obliga a todos los habitantes del territorio nacional a actuar acorde con el interés superior de la familia, incluidos los niños, niñas y adolescentes, apartándonos en nuestro actuar de los intereses egoístas que buscan el interés particular sobre el colectivo.
Consideramos igualmente, que el artículo impugnado, no afecta ni anula el reconocimiento de los derechos que asisten al cónyuge sobreviviente en segundas o ulteriores nupcias, por cuanto la incapacidad prevista no nace en su contra per se, sino que regula en condiciones de igualdad, los derechos de todos los hijos del de cujus, ante la posibilidad que éste pretendiera beneficiar al cónyuge sobreviviente en segundas o ulteriores nupcias, con una cuota mayor, en detrimento de sus hijos nacidos en un primer matrimonio, lo cual no estigmatiza a las segundas o ulteriores nupcias, ni discrimina al cónyuge sobreviviente de éstas, solo, que el interés de la norma es garantizar a los hijos del primer matrimonio, en el supuesto de existir cláusula testamentaria, como comentamos anteriormente.
Por otro lado, de igual manera es importante resaltar que la discriminación opera cuando personas de una misma categoría, bajo una misma situación y en un mismo momento histórico, son objeto de un trato desigual, por lo cual el alegato de quien recurre, bajo el argumento de vulneración del derecho a la no discriminación se sustenta, a nuestro criterio, en un falso supuesto de hecho y de derecho, pues subvirtiendo el espíritu, razón Y propósito del artículo 845 del Código Civil, pretende hacer ver, que dicha norma adolece de vicios de inconstitucionalidad por vulnerar disposiciones de la Carta Magna.
Visto lo anterior, considera esta representación que el contenido del artículo 845 del Código Civil, se conserva dentro de los valores de justicia, igualdad, solidaridad y la ética que debe regular la conducta humana y su actuar frente a otras personas, como ante sí misma, así pues, el artículo 845 del Código Civil no contraviene los artículos 2 y 21 numeral 10 de nuestra Constitución.
Ahora bien, respecto a la manifestación de voluntad del cónyuge en segundas o ulteriores nupcias que beneficie al cónyuge sobreviviente, queda ilustrado suficientemente en el texto de una de las observaciones hechas por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 0440 de fecha 11 de mayo de 2.010, expediente n° 09-1183 (Caso Alexandra Pietri B. contra María de los Ángeles Palacios Maldonado de Pietri), a saber:
En consecuencia, del análisis precedente encuentra esta Representación Judicial de la Asamblea Nacional, que la norma impugnada es constitucional”.
Por tanto, solicitaron que fuese declarado sin lugar el recurso interpuesto.
Regístrese y Comuníquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 09 días del mes de octubre de 2012. Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
Exp. 10-1295

References: artículo 845
 artículo 135
 artículo 845
 artículo 21
 artículo 334
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 884
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 848
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 8
 artículo 884
 artículo 848
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 845
 artículo 845