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Timestamp: 2019-10-19 09:19:49+00:00

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STC 63/2005, 14 de Marzo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 247991
Número de Recurso: 6819-2002
Recurso de amparo 6819-2002. Promovido por don Julián E.A. y otros frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense que, en grado de apelación, les condenó por un delito de alzamiento de bienes. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia: apreciación sobre la prescripción del delito que no tiene en cuenta la dilación de dos años en admitir a trámite la querella; condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista pública (STC 167/2002). Votos particulares concurrentes.
Sentencia citada en: 2658 sentencias, 77 artículos doctrinales, un tema práctico, 4 resoluciones administrativas, 5 noticias
En el recurso de amparo núm. 6819-2002, promovido por don Julián E.A., doña Rosa A.C., doña Nuria E.A. y don Jorge H.G., representados por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y asistidos por el Abogado don José Luis Carnicero Blanco, contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Orense de 31 de octubre de 2002. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido el Abogado del Estado en la representación que ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 29 de noviembre de 2002, el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de don Julián E.A., doña Rosa A.C., doña Nuria E.A. y don Jorge H.G., interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Orense de 31 de octubre de 2002, por la que se revocó en apelación la Sentencia absolutoria dictada en instancia por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Orense en procedimiento seguido contra los actores por delito de alzamiento de bienes.
El recurso de amparo se basa sustancialmente en los siguientes hechos:
Con fecha de 4 de marzo de 2002, el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Orense dictó una Sentencia en la que absolvía a los hoy demandantes de amparo del delito de alzamiento de bienes del que venían acusados por considerar que había prescrito y que no existía una deuda líquida a la hacienda pública en el momento en que don Julián Encinas había dispuesto libremente de sus bienes.
Presentados recursos de apelación contra la anterior resolución por el Ministerio Fiscal y por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, fueron estimados por Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Orense de 31 de octubre de 2002, notificada a la representación de los demandantes de amparo el día 12 de noviembre de ese mismo año. En consecuencia, en dicha resolución se condenaba a don Julián E.A. y a doña Rosa A.C., como autores responsables de un delito de alzamiento de bienes, a la pena de cuatro meses de arresto mayor, con suspensión de cargo público y del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y a doña Nuria E.A. y don Jorge H.G., como cooperadores necesarios del mencionado delito, a la pena de dos meses de arresto mayor y suspensión de cargo público y del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Igualmente se declaraba la nulidad de la escritura pública de compraventa de las fincas rústicas y urbana de las que se había dispuesto, así como de sus correspondientes inscripciones registrales.
Se aduce en la demanda que la Sentencia dictada en apelación ha vulnerado los derechos de los demandantes de amparo a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la legalidad penal, respectivamente reconocidos en los arts. 24.1 y 2 y 25.1 CE.
Por providencia de 6 de noviembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó la admisión a trámite de la presente demanda de amparo, así como, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la Ley Orgánica de este Tribunal, dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales de instancia y de apelación a fin de que, en un plazo no superior a diez días, remitiesen testimonio del conjunto de las actuaciones, interesando al propio tiempo al Juzgado de lo Penal núm.1 de los de Orense que, en ese mismo plazo, emplazara a quienes, con excepción de los demandantes de amparo, hubiesen sido parte en el procedimiento para que en un plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional si ese fuera su deseo.
Por otra providencia de esa misma fecha, la Sala Segunda acordó formar la correspondiente pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión, así como, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 de la Ley Orgánica de este Tribunal, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de tres días a fin de que, dentro de dicho término, formulasen al respecto cuantas alegaciones estimaran pertinentes.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de diciembre de 2003, el Abogado del Estado compareció ante este Tribunal en la representación que ostenta solicitando ser tenido por personado y parte en el presente recurso de amparo. Por providencia de fecha 19 de abril de 2004, la Sala Segunda acordó acceder a tal solicitud, así como dar vista de las actuaciones recibidas al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por un plazo común de veinte días a fin de que, dentro de dicho término, pudieran formular cuantas alegaciones estimasen pertinentes de conformidad con lo previsto en el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
El trámite de alegaciones fue evacuado por el Abogado del Estado mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2004, en el que se oponía a la concesión del amparo solicitado por los demandantes al entender que la Sentencia dictada en apelación no había vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados en la demanda.
El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones por medio de escrito registrado en este Tribunal con fecha de 13 de mayo de 2004, en el que concluía interesando la concesión del amparo solicitado por estimar vulnerado el derecho de los recurrentes a la presunción de inocencia, reconocido en el art. 24.2 CE.
En relación con la prueba practicada para fundamentar la condena impuesta al matrimonio constituido por don Julián E.A. y doña Rosa A.C., consideraba el Ministerio Fiscal que la Sala no procedió a razonar en base a qué pruebas de cargo alcanzó la conclusión de que los citados acusados habían enajenado sus bienes -cosa que en ningún momento negaron- para con ello hacerse insolventes en perjuicio de su acreedor tributario. Ciertamente hubo prueba documental suficiente de la venta de los mismos, pero no el necesario juicio de inferencia para deducir de dichas ventas el imprescindible elemento subjetivo del delito de alzamiento de bienes puesto que nada se argumentó, por ejemplo, acerca de que el precio de venta de los mismos fuera inferior al de mercado o sobre el hecho de que fueron vendidos en un plazo muy corto de tiempo y muy cercano al momento de la firma por los citados demandantes de amparo del acta de conformidad en relación con la deuda tributaria. Lo mismo cabría afirmar en relación con los otros dos demandantes de amparo, hija y yerno de los anteriores, respecto de los que no se discute que adquirieron los bienes que les vendieron sus padres, ni que conocían la actuación inspectora de la Administración que les afectaba, pero que habrían sido condenados a título de cooperadores necesarios del mencionado delito sin razonamiento alguno acerca de las pruebas de las que la Audiencia había inferido la existencia de un acuerdo entre los deudores tributarios y sus hijos para eludir la deuda tributaria contraída por aquéllos, ya que la simple relación de parentesco o el dato de la relación profesional que unía a padre e hija serían indicios excesivamente abiertos para deducir de ellos la presencia del mencionado elemento tendencial.
La representación de los demandantes de amparo presentó su escrito de alegaciones con fecha de 17 de mayo de 2004, reproduciendo en esencia las ya formuladas en la demanda de amparo e insistiendo en el argumento de que el hecho de que, tal y como aquí consta en las actuaciones que ha sucedido, se admita la posibilidad de que existan querellas olvidadas en los Juzgados de Instrucción esperando a que, de forma completamente fortuita, aparezcan finalmente y se les dé trámite y de que, a raíz de ello, se dicten Sentencias condenatorias más de ocho años después de producidos los hechos enjuiciados, lo cual no sólo constituye una clara vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de los querellados, sino también un claro y grave ejemplo de inseguridad jurídica y de producción de indefensión, al perderse entretanto algunas de las pruebas que podían haberse presentado en su favor. Insistían asimismo en sus anteriores consideraciones acerca de la inexistencia de una deuda tributaria exigible con anterioridad al momento en que se produjeron las ventas que dieron lugar a su condena a título de autores responsables de un delito de alzamiento de bienes, por lo que dicha condena habría supuesto la vulneración de su derecho a la legalidad penal. Finalmente, en lo tocante a la cuestión de la prescripción de dicho delito, estimaban los recurrentes que la denuncia y la querella no forman parte del procedimiento hasta que no son admitidas a trámite -no siendo hasta entonces sino meros actos de particulares ajenos a la Administración de Justicia-, señalando que la interrupción del plazo de prescripción de un delito es un acto que, debido a sus trascendentales consecuencias, no puede dejarse en manos de la acusación particular sino que requiere de la intervención de los Jueces y Magistrados. Cualquier otra interpretación sería desfavorable al reo y constitutiva por ende, de una lesión del derecho a la legalidad penal. Por ello, solicitaban que este Tribunal procediera a revisar la Sentencia recurrida, siguiendo al efecto las pautas establecidas en su Sentencia de fecha 14 de noviembre de 1994, dictada en el recurso de amparo 677/93, uno de cuyos fundamentos jurídicos reproducían íntegramente.
Por providencia de 10 de marzo de 2005, se acordó para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo tiene por objeto la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Orense con fecha de 31 de octubre de 2002, por la que se revocó en apelación la Sentencia absolutoria dictada en instancia por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de esa misma localidad en el procedimiento seguido contra los demandantes de amparo por motivo de la supuesta comisión de un delito de alzamiento de bienes.
De acuerdo con un criterio lógico de ordenación el examen de los mencionados motivos de amparo debe comenzar por el relativo a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que se atribuye a la Sentencia dictada en apelación por no haber apreciado, en contra del criterio defendido en la Sentencia de instancia, que los hechos enjuiciados estaban prescritos. Pero antes de proceder a verificar dicho examen conviene recordar, siquiera sea brevemente, la doctrina constitucional sentada por este Tribunal acerca del alcance del control externo que podemos ejercer sobre las resoluciones judiciales dictadas en materia de prescripción penal.
Por lo que se refiere a la determinación del canon aplicable para proceder, en su caso, a la revisión de una decisión judicial apreciando o negando la existencia de prescripción, decíamos en la citada STC 63/2001, de 17 de marzo, FJ 7, que "es el propio del art. 24 CE, en cuanto exige para entender otorgada la tutela judicial efectiva que la pretensión sea resuelta mediante una resolución que sea razonada, es decir, basada en una argumentación no arbitraria, ni manifiestamente irrazonable, ni incursa en error patente (STC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4), canon éste reforzado por tratarse de supuestos en los que están en juego otros derechos fundamentales ... ya que, en efecto, no puede desconocerse que la decisión judicial desestimatoria de la prescripción extintiva de una infracción penal abre paso a la posibilidad de dictar una Sentencia condenatoria que, por su propio contenido, supone la privación de bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, pues descarta que concurra uno de los supuestos en los que el legislador ha establecido una renuncia o autolimitación del Estado al ius puniendi por el transcurso del tiempo (STC 157/1990, de 18 de octubre, FJ 3). La trascendencia de los valores en juego en la aplicación del Derecho penal exige, en este ámbito, tanto la exteriorización del razonamiento por el que se estima que no concurre el supuesto previsto en la ley, como que el mismo se manifieste a través de una motivación en la que, más allá de su carácter razonado, sea posible apreciar un nexo de coherencia entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución".
Sentado lo precedente, el necesario examen de la adecuación de la resolución judicial recurrida a los fines en los que se inspira la existencia de la referida causa extintiva de la responsabilidad penal impone efectuar algunas precisiones acerca de su fundamento o razón de ser. Pues bien: dejando de lado otras explicaciones más complejas, salta a la vista que lo que el establecimiento de un plazo temporal para que el Estado pueda proceder a perseguir los delitos persigue a su vez es que no se produzca una latencia sine die de la amenaza penal que genere inseguridad en los ciudadanos respecto del calendario de exigencia de responsabilidad por hechos cometidos en un pasado más o menos remoto; o, dicho en nuestras propias palabras, el plazo de prescripción "toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal" (STC 157/1990, de 18 de octubre, FJ 3). De manera que lo que la existencia de la prescripción del delito supone es que éste tiene un plazo de vida, pasado el cual se extingue toda posibilidad de exigir responsabilidades por razón de su comisión. Pero también obedece a la propia esencia de la amenaza penal, que requiere ser actuada en forma seria, rápida y eficaz, a fin de lograr satisfacer las finalidades de prevención general y de prevención especial que se le atribuyen. Para lograr esa inmediatez no basta con la prohibición de dilaciones indebidas en el procedimiento sino que el legislador penal ha acudido a un instrumento más conminatorio, por el que se constriñe a los órganos judiciales a iniciar el procedimiento dentro de un término previa y legalmente acotado o a olvidarlo para siempre.
Esta voluntad claramente manifestada por el legislador penal de que el ejercicio del ius puniendi se constriña a un marco temporal preestablecido se vería contrariada de considerarse, como así lo ha hecho la Sentencia recurrida, que, para estimar interrumpido el plazo de prescripción en cada caso señalado, basta con la simple presentación de una denuncia o de una querella sin necesidad de que para ello medie acto alguno de interposición judicial.
La trascendencia de los valores constitucionales y de los bienes jurídicos puestos en juego cuando lo que se niega es que se haya producido la prescripción de los hechos delictivos enjuiciados impone, pues, una lectura teleológica del texto contenido en el artículo 132.2 CP que lo conecte a las finalidades que con esa norma se persiguen, finalidades que, conforme ha quedado expuesto, no son las estrictamente procesales de establecer los límites temporales de ejercicio de la acción penal por parte de los denunciantes o querellantes -lo que justificaría la consideración de que el plazo de prescripción de dicha acción se interrumpe en el mismo momento en que se produce la presentación de la denuncia o de la querella- sino otras muy distintas, de naturaleza material, directamente derivadas de los fines legítimos de prevención general y especial que se concretan en las sanciones penales y que son los únicos que justifican el ejercicio del ius puniendi, así como de principios tan básicos del Derecho penal como los de intervención mínima y proporcionada a la gravedad de los hechos.
Esto último es precisamente lo que ha sucedido en el presente caso, al haber concluido el órgano judicial de apelación que los hechos enjuiciados no podían considerarse prescritos a la vista de que la querella formulada contra los actores por la Agencia Tributaria fue presentada con anterioridad al vencimiento del plazo de prescripción legalmente establecido para el delito que se les imputaba, sin que el hecho de que no fuera admitida a trámite hasta pasados casi dos años después de su presentación tuviera para el Tribunal ad quem relevancia alguna a este respecto. Frente a ello aducen los recurrentes que la querella en cuestión ciertamente fue presentada en plazo que todavía era hábil para ello, pero que, al estar dormitando durante casi dos años en el Juzgado sin que el Juez realizara actuación alguna de cara a promover la persecución del delito de alzamiento de bienes que constituía su objeto, dicho delito ha de considerarse prescrito y, por consiguiente, extinguida toda posibilidad de exigirles responsabilidad criminal por motivo de su supuesta participación en el mismo.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto hemos de concluir que la interpretación realizada por la Sentencia dictada en apelación de la norma contenida en el art. 132.2 CP no satisface el canon de motivación reforzada exigible en toda decisión judicial acerca de si los hechos denunciados están o no prescritos, al oponerse al fundamento material de dicho instituto, ignorar la ratio que lo inspira y no resultar, por todo ello, coherente con el logro de los fines que con él se persiguen; lo que conlleva la afirmación de que dicha resolución ha vulnerado el derecho de los demandantes de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión al haber desestimado su pretensión de que el delito que se les imputaba se encontraba ya prescrito en función de una interpretación del mencionado precepto que no resulta congruente con el canon de razonabilidad argumental axiológicamente fundamentada que hemos establecido para las resoluciones de este tipo.
De otra parte, la exigencia de interposición de una actuación judicial para entender interrumpido el plazo de prescripción del delito establecido en cada caso no puede considerarse lesiva del derecho de acción de los acusadores que, en cualquier caso, ha de ser preservado (STEDH de 22 de octubre de 1996, caso Stubbings, § 46 y ss). Lo único que con ella se establece firmemente es la existencia de un único plazo, común a las partes acusadoras y al órgano judicial, para que dentro del mismo respectivamente insten la incoación del procedimiento penal y lo inicien, dirigiéndolo contra una persona determinada o determinable, y no, como sucede a modo de derivación inmediata de la interpretación seguida en este caso por la Audiencia Provincial de Orense, de una duplicidad de plazos: el que afectaría, hasta su término legal, a las partes acusadoras; y el iniciado ex novo, a partir de ese momento y en su integridad, para que el órgano judicial decida si da curso o no a las pretensiones punitivas de las acusaciones. Ello significa, ciertamente, que quien desee ejercer una acción penal no puede esperar hasta el último día del plazo de prescripción previsto para presentar la correspondiente querella o denuncia, pues tal entendimiento supondría tanto como dejar a los órganos judiciales sin plazo útil para decidir y, en consecuencia, que necesariamente hubieran de decretar la prescripción de los hechos delictivos en su caso denunciados. Se impone así, pues, un cierto deber de diligencia a las partes. Pero también se le impone al Juez, al exigirle el dictado de una resolución favorable o desfavorable a dichas pretensiones en ese mismo plazo preclusivo, so pena de que, de no hacerlo, haya de declarar extinguida la responsabilidad penal del denunciado por motivo de prescripción, sin perjuicio de que, en su caso, hubiera de afrontar además las correspondientes responsabilidades penales, disciplinarias o meramente pecuniarias que pudieran derivarse de un retraso injustificado en la administración de justicia.
A partir de las anteriores premisas se hace evidente que, en el caso de autos, el plazo de prescripción legalmente establecido para el delito de alzamiento de bienes imputado a los demandantes de amparo se encontraba ya vencido en el momento en que, casi dos años más tarde, dicha querella fue admitida a trámite por el Juzgado. Dejando ahora de lado la cuestión relativa a si tal demora fue o no imputable a una actuación negligente del Instructor o de la Agencia Tributaria, lo cierto es que carece de toda razonabilidad, en el sentido anteriormente apuntado, la extensión del plazo de prescripción legalmente previsto para el delito de alzamiento de bienes de modo que alcance a cubrir demoras como la producida en este caso, con la consiguiente indefensión e inseguridad jurídica ocasionada a los querellados al no tener noticia alguna del "procedimiento" supuestamente seguido contra ellos. Por otra parte, si los plazos de prescripción de los delitos y de las penas son -como en forma unánime y constante admite la jurisprudencia- una cuestión de orden público, no estando por consiguiente a disposición de las partes acusadoras para que sean éstas quienes los modulen, tampoco resulta razonable concluir que la demora producida en la admisión a trámite de la querella de referencia haya de surtir efectos desfavorables en la esfera de los derechos y garantías de los demandantes de amparo al haber alejado de ellos en el tiempo el conocimiento de los hechos que se les imputaban con la consiguiente merma de sus posibilidades de defensa frente a tales imputaciones.
La admisión del anterior motivo de amparo haría en principio innecesario un pronunciamiento expreso de este Tribunal acerca de los restantes aducidos en la demanda, especialmente a la vista del carácter subsidiario con el que fueron planteados. Ahora bien, parece oportuno señalar que alguno de ellos también podrían haber dado lugar, individualmente considerados, a la concesión del amparo solicitado.
No pueden, por el contrario, considerarse producidas las también alegadas vulneraciones de los derechos de los recurrentes a la legalidad penal y a un proceso sin dilaciones indebidas, ya que, por lo que se refiere a la primera de ellas, del contenido del tercero de los fundamentos jurídicos de la Sentencia de apelación se desprende que la interpretación por el Tribunal ad quem de los elementos típicos constitutivos del delito de alzamiento de bienes no puede calificarse de "ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada", sin que de ella pueda decirse que "por su soporte metodológico -una argumentación ilógica o extravagante- o axiológico -una base valorativa ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional" haya conducido a una solución diametralmente opuesta "a la orientación material de la norma" y, por ello mismo, imprevisible para sus destinatarios (por todas, STC 137/1997, de 21 de junio, FJ 7), elementos todos ellos que informan nuestro canon de enjuiciamiento cuando se trata de proceder al examen de la interpretación judicial de las normas penales desde la perspectiva del derecho a la legalidad penal reconocido en el art. 25.1 CE.
Otorgar el amparo solicitado por don Julián E.A., doña Rosa A.C., doña Nuria E.A. y don Jorge H.G. y, en su virtud:
Declarar que han sido vulnerados los derechos de los demandantes a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia (arts. 24.1 y 2 CE).
Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Orense de 31 de octubre de 2002, declarando firme la Sentencia absolutoria pronunciada por el Juzgado de lo Penal núm.1 de esa misma localidad con fecha de 4 de marzo de 2002.
Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6819-2002.
Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 6819-2002.
SAP Asturias 63/2002, 4 de Febrero de 2002
SAP Murcia 241/2010, 28 de Abril de 2010

References: resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 132
 resolución 
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