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Dictamen : 309 del 08/12/2011
Texto Dictamen 309
C-309-2011
Con la aprobación de la Señora Procuradora General de la República, damos respuesta a su oficio número 20118191, de fecha 30 de noviembre de 2011 -recibido en este despacho el 6 de diciembre del mismo año-, por medio del cual, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), nos solicita emitir criterio sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la acción de personal N° 200800646, de enero de 2008, en la que se le reconoció al funcionario XXX, cédula de identidad XXX, un cinco por ciento (5%) del salario base, por concepto de incentivo salarial de capacitación, por encima del treinta y cinco por ciento (35%) que como máximo establece el ordinal 90 de la Ley General de Policía y los artículos 4 y 5 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos e Incentivos Salariales de los Funcionarios del Régimen Policial de la Dirección General de la Policía de Tránsito.
Se adjunta el expediente administrativo conformado por un total de 94 folios debidamente numerados, que el Director Jurídico del MOPT certifica.
1) Por acción de personal N° 200800646, de enero de 2008, al aplicársele el incentivo salarial por avance en la capacitación, correspondiente a la obtención del grado académico de licenciatura, se le reconoció al funcionario XXX, cédula de identidad XXX, un cinco por ciento (5%) del salario base por encima del treinta y cinco por ciento (35%) que como máximo establece el ordinal 90 de la Ley General de Policía (Folio 53).
6) Mediante resolución administrativa N° 000221 de las 10:30 hrs. del 5 de abril de 2011, el Ministro de Obras Públicas y Transportes ordena el inicio de procedimientos administrativos tendentes a anular en sede administrativa las acciones de personal en las que se reconoció a varios funcionarios policiales –incluido el señor XXX-, un porcentaje del salario base, por concepto de incentivo salarial de capacitación, por encima del treinta y cinco por ciento (35%) que como máximo establece el ordinal 90 de la Ley General de Policía y los artículos 4 y 5 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos e Incentivos Salariales de los Funcionarios del Régimen Policial de la Dirección General de la Policía de Tránsito. Y delega su instrucción en la licenciada Damaris Ramírez Ugalde. Dicha resolución se le comunicó personalmente al funcionario XXX, el 14 de abril de 2011(Folios del 15 al 44).
7) Por resolución de las 13:30 hrs. del 25 de abril de 2011 –notificada al funcionario XXX el 10 de mayo de 2011- el órgano director designado al efecto emite auto de apertura del procedimiento administrativo ordinario tendente a anular en sede administrativa la acción de personal N° 200800646, de enero de 2008, por la que al aplicársele al funcionario XXX, cédula de identidad XXX, el incentivo salarial por avance en la capacitación, correspondiente a la obtención del grado académico de licenciatura, se le reconoció un cinco por ciento (5%) del salario base por encima del treinta y cinco por ciento (35%) que como máximo establece el ordinal 90 de la Ley General de Policía. Y en ese mismo acto se cita a comparecencia oral y privada a las 09:30 hrs. del 7 de junio de 2011 (Folios del 55 al 60).
8) El funcionario XXX presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acto de apertura (Folios del 61 al 62).
9) Por resolución de las 08:00 hrs. del 19 de mayo de 2011, el órgano director declara sin lugar el recurso de revocatoria y remite en alzada la apelación al Ministro (Folios del 63 al 68)
10) Según el acta respectiva, la comparecencia oral y privada se celebró a la hora, fecha y lugar señalado al efecto; el funcionario XXX, pese a haber sido debidamente notificado no compareció (Folio 70).
11) Mediante resolución de las 09:00 hrs. del 2 de noviembre de 2011 el Ministro declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el acto inicial (Folios del 71 al 79).
12) Mediante resolución de las 14:00 hrs. del 8 de noviembre de 2011, el órgano director rinde su informe final en el que recomienda se proceda a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la acción de personal N° 200800646, de enero de 2008, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (Folios del 81 al 86).
13) Pese a que en el citado oficio N° 20117934, de fecha 21 de noviembre de 2011, el Ministro alude que mediante oficio N° DJ/DPA-118-2011 de 8 de noviembre de 2011, el órgano director le remite a su despacho el informe final, lo cierto es que este último documento se echa de menos en el expediente documental que nos fuera remitido al efecto.
14) Mediante oficio número 20118191, de fecha 30 de noviembre de 2011, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), el Ministro del ramo nos solicita emitir criterio sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la acción de personal N° 200800646, de enero de 2008 en la que se le reconoció al funcionario XXX, cédula de identidad XXX, un cinco por ciento (5%) del salario base, por concepto de incentivo salarial de capacitación, por encima del treinta y cinco por ciento (35%) que como máximo establece el ordinal 90 de la Ley General de Policía. Y remite al efecto el expediente administrativo certificado por el Director Jurídico del MOPT, que contiene los antecedentes documentales del presente asunto, conformado por 94 folios.
Ahora bien, según se desprende del análisis del expediente administrativo adjunto a la solicitud que nos ocupa, reputado por el Ministro como original, no cabe duda de que el procedimiento incoado por las autoridades competentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como requisito previo inexorable para la declaratoria en sede administrativa de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la acción de personal N° 200800646, de enero de 2008 , que generó el reconocimiento a favor del servidor XXX, cédula de identidad XXX, de un cinco por ciento (5%) del salario base por encima del treinta y cinco por ciento (35%) que como máximo establece el ordinal 90 de la Ley General de Policía, por concepto del incentivo salarial por avance en la capacitación, cumplió en esencia con todas las garantías propias del debido proceso. Lo anterior en razón de que según se puede constatar en el apartado I de este dictamen (Antecedentes), el Ministro del ramo -como órgano superior supremo de la jerarquía administrativa institucional-, ordenó la apertura del respectivo procedimiento administrativo y designó –por delegación- el correspondiente órgano director; el que tras dictar el necesario auto de apertura notificó debidamente al interesado el objeto, carácter y fines del procedimiento, previniéndole no solo de su derecho de recurrir la decisión dictada a tales efectos y hacerse acompañar por el abogado de su elección, sino también el de señalar lugar o medio para atender notificaciones y aportar la prueba de descargo, así como las consecuencias que tendría su eventual inasistencia. A partir de entonces y lo largo del procedimiento, el interesado tuvo oportunidad de acceder plenamente a la información y antecedentes del expediente administrativo. Y pese a haber sido debida y oportunamente notificado al efecto, no se presentó a la comparecencia; situación que conforme a lo expresamente previsto por el ordinal 315.1 de la LGAP, no impedía que la comparecencia se llevara a cabo en su ausencia.
Queda entonces por determinar, si la acción de personal N° 200800646, de enero de 2008 , que generó el reconocimiento a favor del servidor XXX, cédula de identidad XXX, de un cinco por ciento (5%) del salario base por encima del treinta y cinco por ciento (35%) que como máximo establece el ordinal 90 de la Ley General de Policía, por concepto del incentivo salarial, resulta ser sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, al grado de que contenga vicios que configuren una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
Ahora bien, según se logra extraer del expediente administrativo, en el presente caso del servidor XXX, al aplicársele en la acción de personal N° 200800646, de enero de 2008 , el incentivo salarial por avance en la capacitación del sistema educativo, correspondiente a la obtención del grado de licenciatura, se sobrepasó el límite superior legalmente establecido al efecto, que es de un treinta y cinco (35%) del salario base, pues se le mantuvo indebidamente un cinco por ciento (5%) adicional por reconocimiento del Curso Básico Policial, completando así un cuarenta por ciento (40%) cuando expresamente el ordinal 90 inciso b) de la Ley General de Policía establece que el porcentaje a aumentar, por aquel concepto, es de hasta un 35% del salario base, como máximo. Estamos así frente a una nulidad de pleno derecho, por cuanto la acción de personal N° 200800646, resulta ser clara y gravemente contraria a derecho, al reconocer un porcentaje por concepto del incentivo de avance en la capacitación del sistema educativo mayor al legalmente establecido como límite máximo.
Ahora bien, siendo la acción de personal N° 200800646, de enero de 2008, es ostensible que al presente caso le resulta aplicable el nuevo plazo de caducidad que permite en cualquier momento anular de pleno derecho actos declaratorios de derechos, en el tanto sus efectos perduren (Art. 173.4 de la LGAP), pues indiscutiblemente dicho acto, por su contenido, es de efecto continuo.
Con lo cual, en el presente caso no ha operado la caducidad de la potestad anulatoria de pleno derecho, pues el funcionario XX continúa disfrutando del incentivo salarial cuestionado; es decir, los efectos jurídicos y materiales de la acción de personal N° 200800646 perduran a la fecha; en cuyo caso su nulidad puede efectuarse en cualquier momento, en el tanto siga produciendo dichos efectos.
Y si bien en este caso, al parecer el expediente administrativo no se remitió completo, porque falta el oficio N° DJ/DPA-118-2011 de 8 de noviembre de 2011, del órgano director, lo cierto es que no se observa la existencia de irregularidades que pudiesen haber causado indefensión al administrado, o que hubiesen cambiado la decisión final en aspectos importantes (artículos 166 y 223 de la LGAP), tal y como lo ha admitido la propia Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia n.° 398-F-02 de las 15:10 horas del 16 de mayo del 2002). Así que esta situación no altera de ningún modo lo resuelto.
De conformidad con lo establecido en los artículos 132.1.2, 164.2, 173 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, y con base en las consideraciones jurídicas expuestas, esta Procuraduría General rinde dictamen favorable, a fin de que el Ministro de Obras Públicas y Transportes proceda a declarar la anulación en vía administrativa del acto declaratorio de derechos materializado en la acción de personal N° 200800646, de enero de 2008, únicamente en cuanto reconoció a favor del funcionario XXX, cédula de identidad XXX, un porcentaje mayor al treinta y cinco por ciento (35%) que como máximo establece el ordinal 90 de la Ley General de Policía, por concepto del incentivo salarial por avance en la capacitación.
Se devuelve el expediente administrativo remitido al efecto, que consta de 94 folios.

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