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BOE.es - Documento BOE-A-2009-12854
Documento BOE-A-2009-12854
«BOE» núm. 186, de 3 de agosto de 2009, páginas 66132 a 66160 (29 págs.)
BOE-A-2009-12854
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/06/30/9
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 9/2009, de 30 de junio, de Política Industrial.
En este contexto, la función principal de la política industrial es proporcionar el marco adecuado para la creación de empresas y para el desarrollo y la innovación empresariales, con la finalidad de que Cataluña se convierta en un referente europeo y mundial –y especialmente en el ámbito del Mediterráneo– en cuanto a la inversión productiva y la creación de empleo de calidad. Ante este reto, la Ley de política industrial trata de ofrecer –en el marco de las competencias otorgadas por el Estatuto de autonomía de 2006 y de acuerdo con las directrices de la Unión Europea y los objetivos recogidos por el Acuerdo estratégico por la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana, de 16 de febrero de 2005– una respuesta clara al tejido empresarial mediante la mejora de los mecanismos e instrumentos de planificación y apoyo y del entorno y las condiciones de competitividad en que las industrias catalanas y todas las empresas que se relacionan con ellas desarrollan su actividad.
II. Esta ley de política industrial se adecua al marco normativo comunitario y responde a los objetivos más avanzados en materia de política industrial formulados desde distintas instituciones de la Unión Europea. El principal objetivo de las políticas comunitarias en materia de industria, investigación y desarrollo tecnológico es la mejora de la competitividad. El propio Tratado constitutivo de la Comunidad Europea incluye entre sus objetivos «el fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Comunidad» [artículo 3.1.m)]. Para la mejora de la competitividad industrial, tal y como establece el artículo 157.1 del Tratado, la acción de los estados miembros, y en este caso se trata de Cataluña, debe dirigirse a acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales; fomentar un entorno favorable para la iniciativa y el desarrollo empresariales, en particular de las pequeñas y medianas empresas; promover la innovación mediante la investigación y el desarrollo tecnológico, e incentivar la cooperación entre las empresas. Tanto en el ámbito de la política industrial como en el de la investigación y el desarrollo tecnológico, desde el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se favorece la actuación de los estados miembros, y se respeta así el principio de subsidiariedad. Por lo tanto, las comunidades autónomas están llamadas a actuar, en el ámbito de sus competencias, para la consecución de los objetivos comunitarios. Con esta ley se pretende configurar el marco normativo de la política industrial en Cataluña para garantizar el cumplimiento de dichos objetivos.
La política industrial de la Unión Europea se ha configurado alrededor de la llamada Estrategia de Lisboa, producto del Consejo Europeo de 23 y 24 de marzo de 2000. La finalidad esencial es hacer de la Unión Europea «la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, capaz de crecer económicamente de forma sostenible con más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social». El Consejo Europeo, el 22 y 23 de marzo de 2005, revisó la Estrategia de Lisboa, y enfatizó la necesidad de concentrarse en el crecimiento y el empleo. Se estableció que Europa debía renovar las bases de su competitividad, aumentar el potencial de crecimiento y la productividad y reforzar la cohesión social, apostando sobre todo por el conocimiento, la innovación y la valorización del capital humano. De acuerdo con estas líneas orientadoras, las instituciones comunitarias han aprobado una gran cantidad de documentos que han inspirado la elaboración de la presente ley. Cabe destacar la Carta europea de las pequeñas empresas, aprobada por el Consejo Europeo de Feira, de 19 y 20 de junio de 2000, y el «Libro verde de la Comisión: El espíritu empresarial en Europa», de 21 de enero de 2003, en la medida en que el propio artículo 45.5 del Estatuto de autonomía establece que la Generalidad debe proteger la actividad de los emprendedores autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. La presente ley se hace eco de las recomendaciones incluidas en estos documentos. Asimismo, con la finalidad de aclarar las nociones de «empresa» y, sobre todo, de «microempresa, pequeña empresa y mediana empresa», se incorporan a la Ley las definiciones de empresas recogidas por la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Por lo tanto, la presente ley regula la política relacionada con la actividad industrial –salvo el ámbito relativo a la seguridad industrial– con un contenido inspirado en los principios comunitarios más avanzados, y combina adecuadamente los objetivos propios de la industria –competitividad, innovación, internacionalización, productividad, etc.– con los derivados de una dimensión social –cohesión, calidad de empleo, etc.–.
La Constitución española no reconoce expresamente competencias a favor del Estado en materia de industria en la lista de competencias del artículo 149.1. Sin embargo, hay varios apartados específicos que tienen conexión con la materia de industria o se ocupan de sectores específicos de este ámbito, como por ejemplo el régimen minero y energético. Asimismo, hay un buen número de apartados transversales o horizontales, especialmente el artículo 149.1.13.ª y 15.ª, mediante los cuales el Estado regula –y, en su caso, ejecuta– algunos aspectos relativos a la materia de industria. La legislación del Estado en esta materia se ha materializado en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que se basa en los apartados competenciales del artículo 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución.
El Estatuto de Autonomía de 2006 plantea el tratamiento de la materia de industria y la actividad empresarial de forma innovadora con respecto a su predecesor. Las competencias en materia de industria están reguladas en los apartados 1 y 2 del artículo 139. La materia de industria tiene el carácter de competencia exclusiva, exceptuando lo establecido en el artículo 139.2. En este último caso, las competencias de planificación en materia de industria están sujetas «a la planificación de la industria» que lleve a cabo el Estado, de modo que la competencia, en este caso, se transforma en compartida, pero se trata de la única excepción al carácter exclusivo de la competencia que establece el propio Estatuto. Así pues, con el nuevo Estatuto se ha ampliado el techo competencial en esta materia, particularmente –a pesar de que no exclusivamente– en cuanto a la regulación de la submateria llamada «seguridad industrial», pero esta regulación, como ya se ha dicho, no es objeto de la presente ley. Por lo tanto, la competencia de la Generalidad en materia de industria ha pasado a ser una competencia íntegra y exclusiva, salvo lo establecido en el artículo 139.2 del Estatuto, con el alcance que a las competencias exclusivas otorga el artículo 110 de la norma institucional básica de Cataluña. Asimismo, el Estatuto establece competencias específicas en materia de innovación tecnológica (artículo 158) y también establece competencias en materia de proyección exterior e internacionalización, con el apoyo expreso de los artículos 193 y 194, que se vinculan con la internacionalización de la empresa catalana.
El título I regula las disposiciones directivas de la Ley, donde se incluyen aspectos sustantivos de la concepción en materia de política industrial, incluidos los servicios dirigidos a la producción. Asimismo, establece las finalidades de este nuevo marco normativo, un aspecto de notable interés, ya que esta regulación se enmarca en los principios recogidos por la Estrategia de Lisboa del año 2000 y en la actualización de estos principios que se llevó a cabo en el año 2005. Las finalidades perseguidas por esta ley tienen tanto una dimensión económica –como la mejora de la competitividad y la productividad de la empresa catalana, el fomento de la innovación y el impulso de la internacionalización– como social –la cohesión social, el trabajo de calidad y el desarrollo sostenible–. La presente ley se basa en que la función principal de la política industrial es proporcionar un marco idóneo para el desarrollo y la innovación de la empresa catalana, con la finalidad de que Cataluña siga siendo un lugar atractivo de inversión industrial y de creación de puestos de trabajo, tal como tradicionalmente ha sido.
Esta ley dedica también un capítulo, el IV, a la calidad industrial. Una política industrial integral es un aspecto que justifica ampliamente su tratamiento en esta norma. En efecto, los instrumentos de la calidad industrial, principalmente la normalización y la certificación, sin perjuicio de su carácter voluntario, son factores que seguirán siendo muy importantes en el mercado de los productos industriales y especialmente en los servicios dirigidos a la producción, en un mercado con una competitividad muy intensa que tenderá a crecer en el espacio económico europeo. Por ello, la continuidad de una política de calidad industrial, que ya hace décadas que empezó en Cataluña, es una necesidad objetiva de cualquier política industrial que persiga los objetivos expuestos por esta ley. Así, se abordan principalmente cuestiones como por ejemplo las finalidades de la calidad industrial –íntimamente relacionadas con la competitividad, la seguridad y la calidad de los productos y los servicios– y las infraestructuras de calidad, constituidas por los agentes que intervienen en la seguridad industrial, a que se refiere la Ley 12/2008, de 31 de julio, de Seguridad Industrial.
La Agencia dispone, según lo determinado en la presente ley, de algunas singularidades en materia de régimen económico, presupuestario, de contratación, así como de personal, con la apuesta por la configuración de un personal directivo profesional. La finalidad de estas singularidades es que la Agencia pueda desarrollar sus funciones tanto en el interior de Cataluña –con la apuesta por la innovación y la sociedad del conocimiento–, como en los mercados internacionales –mediante la promoción de la empresa catalana y la captación de inversiones en el territorio de Cataluña. Estas funciones tan trascendentales de la Agencia, vinculadas a la creación de un marco institucional que debe fomentar la política industrial y el desarrollo de la actividad empresarial, explican que excepcionalmente se haya dotado a la Agencia de un régimen singular en algunas cuestiones. En este sentido, la puesta en funcionamiento de forma inmediata de la Agencia justifica la entrada en vigor de la presente Ley al día siguiente de su publicación.
a)	Contribuir a la creación y el desarrollo de la actividad empresarial y proteger especialmente la economía productiva, la actividad de los emprendedores y la de las pequeñas y medianas empresas.
b)	Acelerar la adaptación de la actividad industrial y de los servicios dirigidos a la producción a los cambios estructurales, con el fomento de la innovación, el valor añadido, la internacionalización, la atracción de inversiones y la mejora continua de la productividad del tejido industrial de Cataluña.
c)	Contribuir al proceso de transformación y modernización de los sectores industriales tradicionales.
d)	Favorecer y consolidar la atracción de inversiones y los procesos de inversión industrial.
e)	Impulsar la aplicación de los resultados de la investigación y el desarrollo tecnológico en la industria y los servicios dirigidos a la producción mediante el sistema catalán de investigación e innovación.
f)	Contribuir a potenciar el capital humano de las empresas y el desarrollo del talento y de la creatividad.
g)	Definir un entorno favorable a la creación de empresas en cuanto a las actividades económicas vinculadas a la tecnología, al conocimiento y a la creatividad que puedan ser núcleos de crecimiento y de cambio para el futuro.
h)	Ser el marco normativo para el diseño de un modelo propio de configuración de conglomerados productivos especializados en el territorio catalán, mediante la potenciación de clústeres, polos de competitividad, sistemas productivos locales, redes tecnológicas y de conocimiento, asociaciones de interés económico y grupos empresariales.
i)	Impulsar una política común de recursos y estructuras tecnológicas y de promoción empresarial que implique la gestión integrada de polígonos industriales, parques científicos y tecnológicos, zonas de actividad empresarial y viveros de empresas en toda Cataluña.
j)	Garantizar la participación de los agentes económicos y sociales más representativos en Cataluña en la elaboración de las políticas públicas sobre la actividad industrial.
k)	Fomentar la calidad industrial en los términos establecidos por la presente ley.
l)	Promover la mejora de la competitividad de la industria catalana.
m)	Contribuir a promover la sociedad del conocimiento mediante la aplicación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
n)	Contribuir a promover el progreso y el crecimiento económico en toda Cataluña de acuerdo con el principio de equilibrio territorial.
o)	Contribuir a promover la cohesión social y la creación de puestos de trabajo de calidad en un mercado de trabajo que garantice la no discriminación.
p)	Contribuir a favorecer el espíritu emprendedor, teniendo en cuenta la responsabilidad social de la empresa, la libre iniciativa y las condiciones de competencia.
Artículo 3. Definiciones y categorías de empresa.
a)	«Empresa»: La entidad que ejerce una actividad económica, independientemente de su forma jurídica.
b)	«Titular de la actividad»: La persona física o jurídica que figura como responsable ante la Administración de las obligaciones impuestas por la normativa vigente.
c)	«Microempresa, pequeña empresa y mediana empresa»: Las empresas que cumplen los requisitos establecidos por la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, o los que con posterioridad puedan establecerse.
a)	Las actividades consistentes en la transformación física, química o biológica de sustancias o componentes en nuevos productos, y las actividades que supongan cualquier modificación, renovación o reconstrucción sustancial de artículos y productos acabados o semielaborados.
b)	Las actividades de las industrias extractivas y de producción y distribución de energía y agua.
c)	Las actividades medioambientales y de tratamiento, eliminación, gestión y valorización de residuos.
d)	Las actividades de las industrias de la construcción.
e)	Las actividades relacionadas con la distribución de bienes y servicios a otros sectores de la economía.
f)	Las actividades de venta, alquiler, mantenimiento y reparación de maquinaria, equipos, material de transporte y otros bienes tangibles.
g)	Las actividades de servicios empresariales intensivos en conocimiento.
h)	Actividades de servicios operativos y de gestión de instalaciones productivas.
Artículo 5. Libertad de ejercicio de actividades industriales.
a)	La instalación, ampliación, traslado, puesta en marcha de la actividad y cierre de establecimientos e instalaciones, sin perjuicio de las excepciones y obligaciones que correspondan.
b)	La fabricación y comercialización de aparatos, equipos y productos industriales y la realización de procesos y operaciones industriales, sin otros requisitos o limitaciones que los derivados de los procesos de certificación o declaración de conformidad, si existen normas que así lo establecen.
Artículo 6. Actuación pública en materia de actividad industrial y de los servicios dirigidos a la producción.
a)	Fomentar una política industrial activa que promueva los mejores modelos y prácticas empresariales.
b)	Establecer las estrategias, recursos y directrices para cumplir los objetivos de política industrial de Cataluña.
c)	Establecer el régimen jurídico de la actividad industrial y de los servicios dirigidos a la producción.
d)	Gestionar, proteger y mantener actualizada la información industrial de Cataluña, generando bases de datos homogéneas, ordenadas, fiables y públicas para las entidades públicas o privadas que lo soliciten, sin perjuicio de la normativa aplicable en materia de protección de datos.
a)	Libertad de establecimiento y ejercicio.
b)	Actuación necesaria, de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, suficiencia, proporcionalidad, calidad de servicio, gestión transparente por objetivos y evaluación de los resultados.
c)	Adaptación a las necesidades de la actividad industrial y de servicios dirigidos a la producción, con plena garantía de la legalidad, la seguridad y el interés público.
Artículo 8. Implantación territorial de la actividad industrial.
Artículo 9. Proyectos de interés general.
Artículo 11. Consulta preceptiva.
Artículo 13. Naturaleza jurídica.
a)	Definir planteamientos de anticipación y gestión del cambio industrial de aplicación sectorial y analizar de qué modo los diferentes sectores de actividad industrial y de servicios dirigidos a la producción pueden contribuir al cumplimiento de los objetivos generales de política industrial.
b)	Contribuir a desarrollar las condiciones necesarias para que los procesos de transformación industrial sean compatibles con la necesidad de mejora continua de la productividad y con la cohesión económica, social y territorial.
c)	Favorecer el marco para generar y atraer proyectos de inversión empresarial estratégicos para Cataluña en el ámbito industrial y de servicios dirigidos a la producción.
d)	Informar del Plan territorial sectorial y del Plan de política industrial, antes de que se aprueben, así como informar de las directrices sectoriales o subsectoriales que se desprendan de dichos planes.
a)	Proponer mejoras de los instrumentos de política industrial con el objetivo de adaptarlos, aumentar su eficacia y hacerlos más adecuados a las nuevas situaciones y realidades.
b)	Evaluar el impacto de los cambios en el entorno productivo sobre la estructura y la organización empresariales y en la localización e implantación territorial de la industria y las empresas de servicios que se relacionan con el Consejo.
c)	Formular propuestas de buenas prácticas de transformación industrial y promover y difundir las buenas prácticas ya existentes.
Artículo 17. Composición y miembros.
Artículo 18. Impulso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración.
Artículo 19. Servicio básico electrónico.
Artículo 20. Sistemas de intercambio de información.
Artículo 22. Finalidades y fomento de la calidad industrial.
Artículo 23. Agentes del sistema de calidad industrial.
Artículo 24. Instrumentos y directrices de política industrial.
Artículo 25. Medidas de acompañamiento y programas de apoyo.
Artículo 26. Objetivos de los planes y programas en materia de promoción industrial.
a)	Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico y la generación de recursos e infraestructuras científicas y tecnológicas de utilización colectiva, mediante proyectos de investigación y desarrollo en las áreas básicas y aplicadas al servicio de la competitividad.
b)	Impulsar planes de innovación y colaborar con los demás agentes del sistema catalán de investigación e innovación, y fomentar la capacidad y la demanda innovadora de las empresas catalanas.
c)	Impulsar la internacionalización de la empresa catalana favoreciendo el mantenimiento de los centros de decisión y las actividades de mayor valor añadido en Cataluña, con el objetivo de promocionar el comercio exterior, favorecer la dimensión óptima de las empresas catalanas y fomentar la implantación productiva de las empresas catalanas en los mercados exteriores.
d)	Desarrollar la actividad industrial y de servicios dirigidos a la producción mediante la captación de inversiones que supongan un refuerzo estructural del tejido productivo de Cataluña, siempre de acuerdo con las finalidades establecidas por la presente ley.
e)	Fomentar la cooperación entre las empresas, y entre estas y demás instituciones, al objeto de potenciar clústeres, polos de competitividad, sistemas productivos locales, redes de conocimiento, asociaciones de interés económico, grupos empresariales y conglomerados productivos o tecnológicos, especialmente en cuanto a las pequeñas y medianas empresas.
f)	Aumentar la adaptabilidad de las empresas a los cambios estructurales y las transformaciones industriales.
g)	Apoyar a la transformación y modernización de los sectores industriales tradicionales potenciando su capacidad generadora de valor añadido e innovación.
h)	Favorecer y consolidar la atracción de inversiones y adoptar medidas para evitar los procesos de deslocalización industrial y la pérdida de tejido industrial en Cataluña que conllevan estos procesos.
i)	Contribuir a potenciar el capital humano, el talento y la creatividad con la mejora de la calificación profesional técnica y empresarial de los recursos humanos, con la adaptación de las empresas y su personal a los cambios técnicos, organizativos y gerenciales, y facilitando la movilidad del capital humano y la atracción de talento.
j)	Contribuir a impulsar la creación de empresas y su crecimiento en segmentos de alto valor añadido y actividades de base tecnológica en todo el territorio de Cataluña.
a)	Fomentar la competitividad de la industria catalana mediante la mejora de la productividad e innovación en procesos, productos y servicios.
b)	Obtener un empleo de calidad y velar por la igualdad de oportunidades.
c)	Impulsar el uso racional, eficiente y proporcionado de las materias primas y de los recursos energéticos e hídricos.
d)	Favorecer la adopción de medidas que fomenten el desarrollo sostenible y un medio ambiente adecuado.
e)	Fomentar el desarrollo armónico de Cataluña con el fin de reforzar la cohesión económica y social, mediante el desarrollo especial de las zonas con desempleo o con un peso demográfico descendiente.
f)	Fomentar la responsabilidad social.
g)	Fomentar la información, consulta y participación entre los trabajadores.
Artículo 27. Programas de apoyo empresarial.
Artículo 28. Competencias en materia de promoción industrial.
Artículo 29. Régimen jurídico de los planes, programas y medidas de promoción industrial.
Artículo 30. Creación, objeto y naturaleza.
Artículo 32. Finalidad y funciones.
a)	El fomento de la internacionalización, la innovación y la atracción de inversión empresarial productiva en todos sus aspectos.
b)	La creación de empresas, el fomento del espíritu emprendedor y la promoción empresarial en actividades tecnológicas y de alto valor añadido.
c)	La transferencia de conocimiento y la incorporación al sector empresarial de los resultados de la investigación y de las nuevas tecnologías.
d)	El impulso de la capacidad y la demanda innovadora de las empresas catalanas mediante instrumentos que refuercen el capital, con apoyo directo a la investigación, el desarrollo y la innovación (R+D+I) y con el uso de la compra pública de tecnología innovadora (CPTI).
e)	El impulso de la competitividad empresarial mediante la incorporación de instrumentos de la sociedad de la información y mejoras organizativas.
f)	La adaptación de la organización y la prestación de sus servicios a las problemáticas cambiantes y la garantía de una utilización óptima de los medios disponibles.
g)	El favorecimiento de la optimización de la gestión de los recursos humanos y financieros de las empresas.
h)	Cualquier otra que le sea encomendada por la presente ley.
Artículo 33. Órganos.
c)	La Presidencia.
Artículo 34. El Consejo Rector.
a)	El consejero o consejera del departamento competente en materia de industria, en calidad de presidente o presidenta.
b)	El secretario o secretaria sectorial en materia de industria de dicho departamento, en calidad de vicepresidente o vicepresidenta.
c)	El consejero delegado o consejera delegada de la Agencia.
d)	Representantes del departamento competente en materia de industria, nombrados por el consejero o consejera de dicho departamento.
e)	Representantes de otros departamentos de la Generalidad con competencias vinculadas al apoyo de la competitividad empresarial, nombrados por el consejero o consejera del departamento competente en materia de industria a propuesta del correspondiente departamento.
f)	Representantes de la Administración local.
g)	Representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Cataluña, nombrados por el consejero o consejera del departamento competente en materia de industria a propuesta de dichas organizaciones.
h)	Representantes del Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, nombrados por el consejero o consejera del departamento competente en materia de industria a propuesta de las cámaras.
i)	Representantes de instituciones u otras organizaciones que tengan relación directa con las políticas públicas en materia de apoyo a la empresa catalana y personas de prestigio reconocido en el ámbito de la innovación o la internacionalización, nombrados por el consejero o consejera del departamento competente en materia de industria a propuesta de las instituciones y organizaciones representadas.
Artículo 35. El Consejo de Administración.
Artículo 36. La Presidencia.
Artículo 37. El consejero delegado o consejera delegada.
Régimen de personal, de contratación, económico y patrimonial,
y régimen de control de la gestión
Artículo 38. Personal al servicio de la Agencia.
Artículo 39. Personal directivo profesional.
a)	Los estatutos deben establecer cuáles son los criterios para considerar que un puesto de trabajo está reservado al personal directivo profesional.
b)	Los estatutos deben determinar el sistema y el órgano u órganos competentes para llevar a cabo el procedimiento selectivo previo a la designación. El procedimiento selectivo debe regirse por los principios de mérito, capacidad e idoneidad, así como por los de publicidad y concurrencia.
c)	El personal directivo de primer nivel o máxima responsabilidad, en función de lo que establezcan los estatutos, tiene la consideración de personal laboral de alta dirección.
d)	El personal directivo profesional queda sometido a evaluación de acuerdo con lo que determinen los estatutos.
e)	Una parte de las retribuciones del personal directivo profesional se consideran retribuciones variables en función de los resultados de la gestión.
f)	El personal directivo profesional, salvo las excepciones reconocidas por la presente ley y las que determinen los estatutos, solo puede ser cesado por la finalización del período para el que fue nombrado o, en su caso, por haber obtenido resultados insuficientes en la gestión, determinados por una evaluación negativa.
a)	Las asignaciones con cargo a los presupuestos de la Generalidad, incluidas las derivadas del contrato de gestión.
b)	Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que lleve a cabo como consecuencia de contratos, convenios o disposiciones legales establecidos con otras entidades públicas, privadas o personas físicas.
c)	Los rendimientos procedentes de las tarifas percibidas por servicios prestados directamente, que tienen la consideración de precios privados.
d)	Las cantidades obtenidas por la enajenación de activos fijos y por el rendimiento de los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
e)	Los procedentes de los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que se concierten y estén reflejadas en la Ley de presupuestos de la Generalidad.
f)	Las aportaciones, en su caso, de los miembros.
g)	Las subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades públicas y privadas.
h)	Los demás ingresos de derecho público o privado que se autoricen.
i)	Cualquier otro ingreso que le sea atribuido y sea compatible con la naturaleza y las finalidades de la Agencia.
3. Los recursos que se derivan de los apartados 1.d) y e), y que no aparezcan inicialmente en el presupuesto de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana, pueden destinarse a financiar gastos excepcionales por acuerdo del Consejo de Administración.
4. Los recursos que se derivan de los apartados 1.f) y g), y que no aparezcan inicialmente en el presupuesto de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana pueden destinarse a financiar gastos excepcionales, por acuerdo del Consejo Rector.
a)	Al departamento competente en materia de economía y finanzas, en el caso de las variaciones de la cuantía global del presupuesto y en el caso de las que afecten a gastos de personal, a iniciativa del Consejo de Administración y a propuesta del Consejo Rector.
b)	Al Consejo de Administración, en el caso de las demás variaciones.
Artículo 43. Contrato de gestión.
1. Las relaciones de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana con el departamento al que está adscrita, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, se articulan mediante un contrato de gestión de carácter plurienal.
Artículo 46. Control económico y de gestión.
Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones
y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad
Artículo 47. Creación.
Artículo 48. Naturaleza y régimen jurídico.
a)	La coordinación y la gestión de la participación relativa a las sociedades mercantiles del sector industrial cuyas acciones o participaciones sean propiedad de la Administración de la Generalidad o de las entidades que le asigne el Gobierno, de las incluidas en el artículo 1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de la Empresa Pública Catalana, siempre y cuando estén adscritas al departamento competente en materia de industria.
b)	La coordinación de la actividad del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, del Instituto de Investigación Aplicada al Automóvil y de otras entidades de derecho público de la Generalidad que ajustan su actividad al derecho privado, de características análogas a estas, siempre y cuando estén adscritas al departamento competente en materia de industria y el Gobierno así lo determine.
Artículo 50. Acciones y participaciones de titularidad del Ente.
1. El Ente de Coordinación y Gestión de las Participaciones y Entidades Públicas Industriales de la Generalidad es titular de todas las acciones representativas del capital de la sociedad Empresa de Promoción y Localización Industrial de Cataluña, S. A.
Artículo 51. Órganos.
Artículo 53. El Consejo de Administración.
Artículo 54. Régimen del personal.
a)	Los créditos asignados en los presupuestos de la Generalidad.
b)	Las subvenciones, las ayudas y las donaciones de personas públicas o privadas.
c)	Los rendimientos o los productos de los bienes propios.
d)	Los créditos y los préstamos que le sean concedidos.
e)	Cualquier otro ingreso de acuerdo a derecho.
Artículo 56. Contrato de gestión.
Disposición adicional. Denominación de la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana.
Primera. Disolución e integración del Cidem en la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana.
Segunda. Disolución e integración del Copca en la Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana.
Tercera. Régimen de la Ley 12/2005, de 17 de noviembre, de nueva regulación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem).
a)	El Decreto 236/1987, de 13 de julio, de constitución del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña.
b)	El Decreto 145/1988, de 5 de julio, por el que se modifica el Decreto 236/1987, de 13 de julio, de constitución del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña.
c)	El Decreto 52/1996, de 6 de febrero, por el que se aprueba la modificación parcial de los estatutos del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña, aprobados por el Decreto 236/1987, de 13 de julio.
d)	El Decreto 29/1998, de 4 de febrero, por el que se modifican los Estatutos del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña.
Primera. Modificación de la Ley 12/2008.
Segunda. Texto refundido de la legislación en materia de política industrial y de seguridad industrial.
Tercera. Equivalencias con la Clasificación catalana de actividades económicas.
Cuarta. Modificación de los límites de los efectivos e importes financieros establecidos por la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE.
Se autoriza al Gobierno para que, por decreto y en el marco y condiciones establecidos por la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas, o por la que la pueda sustituir, modifique los límites con relación a los efectivos e importes financieros que definen las categorías de empresas a que se refiere el artículo 3.c).
Quinta. Desarrollo reglamentario.
a)	Los objetivos que debe cumplir la Agencia de acuerdo con las finalidades y funciones establecidas por la presente ley, así como la estructura organizativa y los mecanismos necesarios para el cumplimiento de estas finalidades y funciones.
b)	La composición, funciones y normas de funcionamiento del Consejo Rector y del Consejo de Administración.
c)	Los mecanismos para regular las relaciones entre los distintos órganos de la Agencia.
Palacio de la Generalidad, 30 de junio de 2009.–El Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla i Aguilera.–El Consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet i Biosca.
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 5417, de 9 de julio de 2009)
Fecha de entrada en vigor: 10/07/2009
Publicada en el DOGC núm. 5417, de 9 de julio de 2009.
SE CORRIGEN errores, con modificación del art. 94.1, del Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, en BOE núm. 16, de 19 de enero de 2011 (Ref. BOE-A-2011-974).
SE MODIFICA el art. 5 y AÑADE el art. 5 bis y la disposición adicional 2, por Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2010-16139).
DEROGA, en la forma indicada la Ley 12/2005, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2005-20886).
MODIFICA el art. 44.2 de la Ley 12/2008, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2008-14194).

References: artículo 65
 artículo 157
 artículo 45
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 110

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 43
 artículo 53

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 artículo 1

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 56
 artículo 3