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Timestamp: 2019-02-22 17:52:23+00:00

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INDEMNIZACION GLOBAL: octubre 2008
Las demandas de responsabilidad patrimonial por ruidos
Publicado por Pedro Torres Romero en 14:01
Etiquetas: Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por ruidos
LA NECESIDAD DEL JUSTIFICANTE DE PAGO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VEHÍCULOS
- Se suprime la multa por no llevar el recibo del seguro obligarorio:
El nuevo art. 14 del Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, suprime la multa por no llevar en el vehículo el recibo del seguro obligatorios:
2. La vigencia del seguro obligatorio se constatará por los agentes de la autoridad mediante la consulta al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).
3. El incumplimiento de la obligación de presentar la documentación justificativa del seguro será sancionado con 60 euros de multa y dará lugar a la formulación de la correspondiente denuncia ante la autoridad competente en los términos previstos en el art. 3.1 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
- Hay que tener en cuenta que unos 160.000 conductores fueron denunciados en 2007 por no llevar en su vehículo el justificante de pago del seguro. Sin embargo, desde el 13 de octubre de 2008, tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento del Seguro, los agentes no impondrán sanción alguna (hasta ahora la multa era de 60 euros) por no llevar el recibo. Muy al contrario, tendrán que ser ellos quienes por medios telemáticos comprueben en el Registro de Vehículos Asegurados (FIVA) -que las compañías actualizan a diario- si el vehículo posee alguna póliza en vigor.
En caso de que no conste en ese fichero o no sea posible realizar la consulta, los agentes pedirán al conductor el justificante de pago. Y en caso de que éste no pueda acreditar que está asegurado será denunciado y tendrá cinco días para llevar el justificante a la jefatura de Tráfico. Por eso, la DGT recomienda seguir llevando el recibo en el vehículo.
- Sanción: Circular sin tener el seguro obligatorio -no solo el justificante de pago del mismo- puede suponer hasta 2.600 euros de multa, la retirada de cuatro puntos y la inmovilización y envío del vehículo a un depósito.
- Conclusión: Sigue siendo necesario contar con el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, y a pesar de que se suprime la multa por no llevar en el vehículo el recibo del seguro obligatorios, es conveniente llevar en el vehículo el justificante de pago de la prima del periodo de seguro en curso, siempre que contenga, la identificación de la entidad aseguradora, la matrícula, placa de seguro o signo distintivo del vehículo, el periodo de cobertura y la indicación de la cobertura del seguro obligatorio.
Publicado por Pedro Torres Romero en 14:17
Etiquetas: El justificante de pago del seguro obligatorio de vehículos
LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS AEREOS
LOS DERECHOS DE LOS VIAJEROS AEREOS:
El Reglamento CE nº 261/2004, de 11 de febrero de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se regulan en toda la UE los derechos de los pasajeros de las compañías aéreas y las obligaciones de las aerolíneas en caso de denegación de embarque por overbooking (sobreventa de billetes), cancelación o retraso de un vuelo, o imposición al viajero de un cambio de clase, es la norma marco en España y en toda la Unión europea para los ciudadanos comunitarios.
En España, ya la Ley 48/1960, sobre Navegación Aérea, contenía ciertos preceptos destinados a disciplinar la responsabilidad del transportista aéreo en los supuestos de suspensión (cancelación), interrupción y retraso del vuelo, no siendo hasta 1980 que se introdujo en el ordenamiento jurídico español una norma destinada a regular las consecuencias de la denegación de embarque de pasajeros con reserva en determinado vuelo (Real Decreto 1961/1980, de 13 de junio, sobre no admisión a embarque de pasajeros con plaza confirmada, posteriormente complementado por lo establecido en el Real Decreto 2000 47/1981, el 20 de Agosto relativo a cancelación o no uso, por parte del pasajero, de billete confirmado). Sin embargo, como destacó la doctrina más autorizada, la ratio última de los referidos Reales Decretos no era tanto la defensa del consumidor o del turista en particular sino el reconocimiento por parte de la Administración de la legalidad de la práctica del overbooking.
La Unión Europea en el 2004, amplió los derechos de los pasajeros al establecer normas comunes sobre compensación y asistencia a los viajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o retraso importante de los vuelos, con el Reglamento CE nº 261/2004. Con la entrada en vigor de este reglamento, la Comisión Europea cree que se reducirá la práctica "abusiva" del overbooking, que afecta cada año a cerca de 300.000 europeos.
Las compañías aéreas se verán obligadas a abonar compensaciones de 250 euros para vuelos de menos de 1.500 kilómetros, 400 euros para los vuelos entre 1.500 y 3.500 kilómetros y 600 euros para los vuelos extracomunitarios de más de 3.500 kilómetros. Los pasajeros podrán ser indemnizados en caso de que se anule el vuelo con escasa antelación y recibirán asistencia si sufren grandes retrasos.
Estas indemnizaciones pueden reducirse a la mitad si el retraso no supera, respectivamente, más de 2, 3, ó 4 horas. La compañía tratará de que los pasajeros que se queden en tierra lo hagan voluntariamente.
A partir de ahora, cuando se produzca la cancelación de un vuelo los viajeros tendrán derecho a la misma indemnización que en caso de sobreventa, así como a recibir comida, alojamiento y al reembolso del billete o a un transporte alternativo, a excepción de los "casos de fuerza mayor", en los que corresponde a la compañía aérea probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no habrían podido soslayarse aunque se hubieran adoptado todas las medidas razonables.
Las devoluciones se pagarán en metálico, mediante cheque o transferencia bancaria o, siempre que esté de acuerdo y así lo haya firmado el pasajero, en bonos de viaje. Las compensaciones se harán efectivas en el plazo de 7 días. Si se niegan estas indemnizaciones al afectado, deberá presentar cuanto antes una reclamación ante la compañía operadora del vuelo.
Si el pasajero sufre un retraso importante, la compañía deberá ofrecer comidas, refrescos y si fuera necesario un hotel y medios para contactar con la familia, la empresa, etc. Si el retraso supera las 5 horas (gran retraso), deberá ofrecer el reembolso del billete (con un vuelo gratuito hasta su lugar de origen, cuando proceda). Si el usuario lo prefiere, tiene derecho a recibir un billete de las mismas características para viajar lo antes posible. Pero si el pasajero es avisado de la suspensión, cancelación o cambio de ruta con dos semanas de antelación no se procederá a su indemnización.
Cuando la compañía aérea efectúe un cambio de clase, si lo emplaza en una plaza de clase superior a la contratada no le solicitará ningún pago suplementario, mientras que si lo acomoda en una clase inferior habrá de rembolsarle en el plazo de 7 días el 30% del precio del billete para todos los vuelos de 1.500 kilómetros o menos, el 50% para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros y para todos los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros, o el 75% para todos los vuelos distintos a los mencionados.
- El pasajero podrá acceder a estas compensaciones siempre que:
a) Tenga una reserva confirmada en el vuelo, disponga de un billete (impreso o electrónico) o de otra prueba de que ha sido aceptada y registrada por la compañía aérea.
b) Se presente a facturación en las condiciones requeridas y a la hora indicada previamente y por escrito, incluso por medios electrónicos (en el caso de no indicarse hora alguna, con una antelación mínima de 45 minutos respecto de la hora de salida).
c) También cuando el viajero ha sido transbordado de un vuelo para el que disponía de una reserva a otro vuelo.
La normativa comunitaria se aplica ya a todos los vuelos, incluidos los charter de las compañías aéreas europeas que procedan o tengan como destino un aeropuerto de Europa, así como a todos los vuelos que procedan de un aeropuerto europeo (incluidos los departamentos franceses de Ultramar). Se puede reclamar ante la compañía con la que se haya contratado el viaje o ante la que opera el vuelo, si no es la misma.
Para obtener más información y una lista de las autoridades nacionales responsables de hacer cumplir estos derechos, consulte: http://apr.europa.eu/
Publicado por Pedro Torres Romero en 7:05
Etiquetas: Los derechos de los pasajeros aéreos en caso de denegacion de embarque
EL REGISTRO DE CONTRATOS DE SEGUROS Y COBERTURA DE FALLECIMIENTO
- El Registro de Contratos de Seguros y Cobertura de Fallecimiento:
El Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre creación del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento.
La finalidad de este Registro es dar a conocer si una persona fallecida estaba asegurada con un seguro de cobertura de fallecimiento, ya que en muchas ocasiones por desconocimiento de los beneficiarios de estos seguros, se dejaban de percibir las cantidades correspondientes, y por lo tanto se veía frustrado el cobro de cantidades que legítimamente correspondían a determinadas personas. De ahí, por tanto, la evidente necesidad para los ciudadanos del Registro que se crea.
El registro de seguros de vida, comenzó a funcionar el 19 de junio de 2007, y evitará que ninguna de las pólizas de cobertura por fallecimiento se queden sin cobrar por desconocimiento de los beneficiarios, después de que las aseguradoras hayan facilitado información sobre cerca de 50 millones de contratos suscritos hasta ese momento.
Tras el fallecimiento de una persona por cualquier causa (motivos naturales, tras un delito, accidente de trafico, accidentes de aviación, accidente laboral, o enfermedad profesional o común), cualquier ciudadano que crea que puede ser beneficiario de un seguro de vida podrá acudir a comprobarlo al registro transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento, para lo que tendrá que adjuntar el certificado de defunción del titular, rellenar la correspondiente solicitud y pagar una tasa de 3,33 euros en cualquier entidad bancaria.
El primer trámite es solicitar el impreso 790, que se puede encontrar en las 22 Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, los 432 Registros Civiles que existen en España, en la sede del Registro de Seguros, en el Registro General de Justicia y a través de Internet (www.mjusticia.es, en el apartado Trámites Personales, de la sección Atención al Ciudadano).
Una vez obtenido el certificado donde constarán, en su caso, las aseguradoras con las que el titular tenía contratados los seguros, el interesado podrá acudir a estas compañías para conocer si es beneficiario del seguro o no.
En caso de que la persona fallecida no figurase en el Registro como asegurada en ningún contrato se hará constar este extremo en el certificado que se emita.
Si el solicitante no tiene derecho a seguro, la empresa no le dirá quién es la persona que sí lo tiene.
Los más de 3.000 notarios también colaborarán con esta medida. A través de una aplicación informática, los notarios tendrán una conexión con el registro, "de forma que podrán pedir estos certificados a petición de sus clientes". Los datos de este registro se guardarán cinco años, ya que después prescriben las obligaciones.
Publicado por Pedro Torres Romero en 10:40
Etiquetas: El registro de contratos de seguro y coberturas de fallecimiento
LA PRESUNCION DE VERACIDAD DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL FIVA
LA PRESUNCION DE VERACIDAD DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL FICHERO INFORMATIVO DE VEHICULOS ASEGURADOS (FIVA):
El nuevo artículo 23 del Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio del responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor, regula el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (F.I.V.A.).
Todas las entidades aseguradoras que cubran mediante el seguro obligatorio la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor con estacionamiento habitual en España, deberán comunicar al Ministerio de Economía y Hacienda, mediante su remisión al Consorcio de Compensación de Seguros, los datos relativos a los vehículos asegurados por ellas, así como los relativos al representante para la tramitación y liquidación de siniestros designado por la entidad aseguradora en cada uno de los Estados del Espacio Económico Europeo, con el contenido, la forma y en los plazos que se establecen en este reglamento y en las resoluciones a que éste se refiere.
La información contenida en el fichero (art. 23.3), gozará de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario.
Dicha regulación mantiene el mismo contenido existente en el art. 23.3 del derogado Real Decreto 7/2001 de 12 de enero, regulador del Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, que establecía también en su artículo 23.3 que la información contenida en el fichero informativo de vehículos asegurados (FIVA) gozará de presunción de veracidad a efectos informativos, salvo prueba en contrario.
Sobre dicha presunción de veracidad del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA), ya ha sido tratado de forma detallada por parte de la jurisprudencia de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Las Palmas (SAP de la Sección 1ª de 9 de junio de 2006). De hecho se analizaba en la reciente sentencia de la Sección Tercera, de fecha 20 de mayo de 2005 en la que literalmente se afirmaba que ha de indicarse que en la fecha del siniestro ya se encontraba vigente el Real Decreto 7/2001 de 12 -de enero, por el que se apruebó el Reglamento sobre la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, estableciéndose en su artículo 23.3 que la información contenida en el fichero informativo de vehículos asegurados (FIVA) gozará de presunción de veracidad a efectos informativos, salvo prueba en contrario. Tal fichero, como se señala en dicho texto legal, se provee de los datos que precisamente las aseguradoras en cumplimiento de la normativa al respecto proporciona al Ministerio de Economía.
Sin que dicha presunción de veracidad tenga contradicción con lo establecido por el artículo 15 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro : "Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación. En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.
Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pagó la prima".
A la vista del precepto indicado, es doctrina consolidada, que el impago de la primera prima genera un efecto suspensivo inmediato, pero no un efecto extintivo del contrato; en tal supuesto, la aseguradora puede optar entre resolver el vinculo o exigir el abono de la prima, pero mientras no ejercite la facultad de resolución, el contrato subsiste; quedando obligada la aseguradora a indemnizar al tercero perjudicado, a quien no se puede oponer la excepción personal de falta de pago de la prima, sin perjuicio de la facultad de repetición frente al asegurado por causas derivadas del contrato de seguro. Y ello por cuanto la suspensión de la cobertura que establece el art. 15 Ley de Contrato de Seguro se produce en las relaciones entre asegurador y asegurado estando liberado temporalmente el asegurador del deber indemnizatorio frente al asegurado hasta que se produzca la resolución o extinción legal del contrato o la consecuencia rehabilitadora que prevé el párrafo último de dicho precepto; o dicho de otro modo, se estima que el contrato ha de considerarse vigente en tanto no se rescinda por la entidad aseguradora, no obstante el impago de la prima, al no comportar éste, per se, esa forma extintiva, como lo demuestra la posibilidad de las dos acciones que se conceden al asegurador, a saber:
a) Reclamar el pago a través del procedimiento judicial que corresponda (incluso la vía ejecutiva).
b) Por aplicación del art. 1124 del C. Civil declarar unilateralmente resuelto el contrato por incumplimiento de la obligación de pago, el cual producirá sus efectos desde que auténticamente se le haga saber al asegurado. Por tanto, y a su vez, como acaba de decirse, la doctrina mayoritaria sostiene que este efecto suspensivo no es oponible al tercero perjudicado que ejercita la acción directa que consagra el art. 76 por ser inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador frente al asegurado, no pudiendo en definitiva oponer el asegurador frente al tercero perjudicado el incumplimiento por el asegurado de su obligación de pago de la prima ni la suspensión del contrato por esta causa, por ser una excepción de carácter personal del asegurador frente al asegurado, criterio que es aceptado y expuesto por el TS (Sala 2ª) en SS. 1.12.89, 16.5.9 y 18.9.91.
En concreto, y aunque sea una reiteración, en interpretación del referido precepto legal, la S.T.S. de 16 de mayo de 1991 señala que "el caso del impago de la primera, o única, prima pactada, da derecho a la aseguradora a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida, de no existir pacto en contrario, y no habiéndose pagado la prima antes de que se produzca el siniestro, el asegurador queda liberado de su obligación, de manera que si, al acaecimiento de un riesgo determinado, ni se ha satisfecho la prima, ni se ha rescindido formalmente el contrato por la aseguradora, dicho contrato permanecerá en suspenso, cesando la obligación de la compañía, con pérdida del derecho a la indemnización por parte del asegurado y beneficiarios".
Esta doctrina es reiterada en SS del T.S. de 30 de marzo de 1989 y 19 de mayo de 1990 , en las que se expone que, cuando el impago se produce en las circunstancias señaladas, el contrato se encuentra en suspenso, sin virtualidad para exigir contraprestación por parte del asegurado, pero no rescindido o extinguido. En suma, afirma nuestro mas Alto Tribunal, mientras no ejercite la aseguradora en debida forma su facultad de resolución, el contrato subsiste; en tal situación el asegurador queda obligado a indemnizar al tercero perjudicado, a quien no se puede oponer la excepción personal de falta de pago de la prima (art. 6, párrafo primero, de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor ), sin perjuicio de la facultad de repetición que establece el art. 7, apartado c, de la mentada Ley frente al asegurado, por causas derivadas del contrato de seguro. Y ello ha de ser así en concordancia con lo dispuesto en el art. 8. 1 b) de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor , que condiciona la obligación indemnizatoria del Consorcio a la inexistencia de seguro, siendo así que, en el supuesto de impago de la prima, y mientras no se haya producido su rescisión, el contrato subsiste, conforme a la antedicha doctrina jurisprudencial, por más que su efectividad se encuentre suspendida, con posibilidad por parte del asegurador de reclamar el abono de la prima pendiente. Por otra parte, la suspensión de cobertura produce efectos interpartes, con posibilidad de ser aducida y opuesta al asegurado, pero no frente al tercero perjudicado por el accidente, al tratarse de una excepción de carácter personal, eficaz ante la otra parte en la relación convencional, pero inoponible al tercero perjudicado en caso de ejercicio de la acción directa contra el asegurador (véase la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se fecha 1 de diciembre de 1989).
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Publicado por Pedro Torres Romero en 8:18
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