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Timestamp: 2017-07-28 06:42:41+00:00

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La Resolución 7/15 de la Inspección General de Justicia: Reglamentación Parcial del Código Unificado y Definiciónes Sobre Incertidumbres Societarias | Favier Dubois & Spagnolo
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El nuevo Código Civil y Comercial cambia la regulación del Derecho Comercial, que ya éste no se basa más en el “acto de comercio” ni en el “comerciante” sino en un nuevo eje diferenciador: “la empresa” (2) lo que resulta, entre otras fuentes, de los nuevos “obligados contables” que son las personas humanas con “actividad económica organizada”, los titulares de una “empresa” o los titulares de un “establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios” (art. 320) (3). También tienen obligaciones contables todas las “personas jurídicas privadas”, lo que incluye a las sociedades, asociaciones civiles y fundaciones, entre otros sujetos (art.148), regulando el CCCN a las asociaciones civiles e incorporando, con pequeñas modificaciones, a las normas sobre fundaciones de la ley 19.836. Paralelamente, al mantenerse la vigencia de todas las leyes mercantiles complementarias, conservan sus obligaciones contables los martilleros, corredores, despachantes de aduana y agentes institorios del seguro. Además de unificar las obligaciones y los contratos civiles y comerciales, el nuevo Código reforma a la ley 19.550 de sociedades “comerciales”, sustituyendo su denominación por la de “Ley general de sociedades”, introduciendo diversas modificaciones. De todo ello resultan algunos principios, reglas y novedades normativas en las relaciones comerciales, societarias y asociativas, como son las siguientes: La tutela de la “empresa” y de su “conservación”, mediante la exigencia de que haya empresa para que exista sociedad, derivada de la derogación de las sociedades civiles, y por el mecanismo de impedir la disolución, aun cuando quede reducida a un socio, facilitando la reactivación en todos los casos y eliminando los efectos liquidatorios de las nulidades.
El artículo primero de la actual Ley General de Sociedades, establece que “Habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas…” Al haber desaparecido el régimen de las sociedades civiles de los arts. 1648 y siguientes del derogado código civil (ley 340), que no exigía, para que exista sociedad, la “forma organizada”, ni la aplicación de los aportes a “la producción e intercambio de bienes y servicios”, resulta que en el concepto legal actual de la “sociedad” resulta imprescindible el “objeto empresario”, o sea la existencia de una organización para la producción e intercambio de bienes y servicios.
La ley 26.994, entre otras modificaciones, introduce la figura de la “sociedad anónima unipersonal” (4). Los requisitos de esta nueva categoría son relativamente simples: solo se admite que sean unipersonales las sociedades anónimas (art.1º), se trata de un acto jurídico unilateral, no puede ser único socio otra sociedad anónima unipersonal (art.1º)(5), la denominación debe ser “sociedad anónima unipersonal, su abreviatura o la sigla “S.A.U.” (art. 164); la integración del aporte debe ser un 100% al momento de la constitución (art.187), están sujetas a fiscalización estatal permanente (art. 299 inc.7º), lo que implica que deban tener sindicatura plural (art.284, segundo párrafo, ley 19.550) y directorio plural en forma obligatoria (art.255, segundo párrafo, ley 19.550) (6). Lo que queda claro es que la nueva figura tiene una aplicación dimensional, para la subsidiaria totalmente integrada o grupo societario local de cierta entidad, y no atiende a la problemática de la limitación de la responsabilidad del empresario individual.
El nuevo texto de la ley de sociedades da una importancia fundamental al principio de autonomía de la voluntad, reduce el régimen de responsabilidades y cambia fundamentalmente el régimen de la sociedad informal, o sea el que aquella que no acudió a instrumentarse como una sociedad “típica” (SRL, S.A., etc.) y, por ende, se regía hasta ahora por las reglas de las “sociedades de hecho” (arts. 21 a 26 ley 19.550). La ley 26.994 modifica tales artículos para crear una nueva categoría societaria a la que denomina “de la Sección IV”, y que se corresponde al concepto de “sociedades informales” y agrupa, en una misma regulación, a las “sociedad de hecho o irregulares”y a las sociedades “nulas o anulables por atipicidad o falta de requisitos formales”. Pues bien, a diferencia de lo que ocurría con la ley 19.550, en el nuevo texto el contrato sí puede ser invocado entre los socios y sus cláusulas pueden oponerse contra los terceros que las conocían al contratar, incluso respecto de quién representa a la sociedad, todo lo que evita conflictos entre los socios y también con terceros.
También la sociedad podrá adquirir bienes registrales a su nombre, por un acto de reconocimiento de todos los socios, permitiendo separar los bienes personales de los bienes afectados a la empresa familiar. Además, y esto es muy importante, salvo pacto expreso o que se trate de una sociedad “colectiva” que no pudo inscribirse, la responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad no es solidaria como ahora, sino que pasa a ser mancomunada y divida en partes iguales. Finalmente, el pedido de disolución de un socio no opera si hay plazo pactado y, si no lo hay, opera recién a los noventa días pero permite a los restantes continuar con la sociedad pagando la parte social a los salientes, todo lo que garantiza la continuidad.
Las fundaciones ya estaban reguladas por el art. 33 del código civil y por la ley 19.836, ahora derogados. El CCCN mantiene su finalidad de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o mas personas (art. 193), receptando, con pequeños cambios, las normas anteriores y reconociendo amplias facultades a las autoridades de contralor. Entre ellas, exige ahora instrumento público para la constitución (art. 193) y mantiene el mínimo de tres personas humanas para integrar el consejo de administración (art. 201), la facultad de los fundadores de ocupar o reservarse la designacion de consejeros (202), el carácter honorario del consejero, admitiendo ahora el reembolso de gastos (206), los derechos y obligaciones se rigen por las reglas del mandato (211) y los contratos entre el fundador, o sus herederos, y la fundación deben ser aprobados por la autoridad de contralor (art. 212). Lo que ahora se regulan expresamente son las facultades de la autoridad de contralor en materia de aprobación de estatutos, fiscalización (art. 221), suspensión en casos de urgencia del cumplimiento de decisiones, convocatorias del consejo de administración, y requerimientos a los jueces para el nombramiento de administradores interinos e interventores (art.222), como así la facultad de fijar un nuevo objeto para la fundación o disponer su fusión (art. 223) cuando corresponda.
Las personas jurídicas privadas constituídas en el extranjero se rigen por las normas de sociedades constituídas en el extranjero de la ley general de sociedades (art. 150 in fine).
Si en los estatutos no hay previsiones especiales y lo consienten todos los que deben participar del acto, se admiten las asambleas a distancia (art. 158 a)
Se admiten las asambleas y reuniones “autoconvocadas” si todos concurren y el temario se aprueba por unanimidad (art. 158 b).
Los administradores responden por “culpa” y deben implementar sistemas preventivos para evitar el conflicto de intereses (159).
Son “obligados contables” sujetos a las normas de los arts. 320 y siguientes del CCCN.
Conforme se señaló, esta resolución reemplaza a la RG 7/05, la que en su momento implicó una trascendente y elogiable reglamentación de prácticas y de criterios del Organismo, constituyendo un verdadero “código de funcionamiento societario”. El nuevo ordenamiento administrativo implica no solo una actualización de la resolución anterior, adaptándola al nuevo CCCN, sino la incorporación de resoluciones separadas dictadas posteriormente y de aspectos adicionales. Solo quedan afuera resoluciones relativas a “Procedimientos especiales” y las de “Ahorro y préstamo”, que es de carácter federal. Su estructura consta de 518 artículos en diez libros, en lugar de 464 artículos y nueve libros como tenía la 7/05. Cambian de lugar las Asociaciones Civiles y Fundaciones, que pasaron al libro VI, los Procedimientos de Denuncias que pasaron al VIII, la Individualización y Rúbrica de libros que pasó al IX y se creó un libro X sobre Prevención de lavado de Activos. Cabe destacar que en las Disposiciones Generales (libro I) se incorporaron “Objetivos” y ahora los Anexos llegan a 25. Ahora bien, la nueva normativa presenta dos diversas velocidades de vigencia. Para los temas derivados del nuevo Código, como son la registración de los fideicomisos, la sociedad anónima unipersonal, las sociedades informales (Sección IV) y el régimen de Asociaciones y Fundaciones, la RG 7/15 ya rige desde el 3 de agosto de 2015. Para el resto de sus disposiciones, tendrá vigencia desde el 2 de noviembre de 2015 fecha hasta la cuál continúa aplicándose la 7/05, sin perjuicio de que los usuarios puedan pedir la aplicación de las nuevas normativas a dichos temas.
Se prevé la constitución de domicilio electrónico al inicio del trámite (art. 14) donde quedarán notificadas todas las resoluciones, salvo que se exija cédula (art. 15). También para el letrado patrocinante de una denuncia, con efecto para ciertas notificaciones (art. 478). Además, se establece la obligación de la casa matriz extranjera de constituír un domicilio electrónico vinculante para toda comunicación referida a la actuación o cesación del representante de la sucursal (art. 208 in fine). Se admiten las reuniones del órgano de administración societaria por mecanismos no presenciales, pero se sujeta a que exista quorum presencial (art. 84). En las asociaciones civiles se admite que el estatuto prevea convocatorias de comisión directiva y asambleas por correo electrónico si hay confirmación de recepción y asambleas a distancia mientras haya quorum presencial (art. 360). Se reglamenta el llevado del registro computarizado de acciones nominativas y escriturales (art. 147). En las sociedades con fiscalización limitada se prevé la presentación, mediante un programa aplicativo provisto por la página web de la I.G.J., de los estados contables, informes y actas correspondientes a la asamblea respectiva (art. 156), pudiendo extenderse a otros documentos (art. 157). Se recepta la posibilidad del art. 329 inc. b del CCCN de digitalizar la documentación contable, disponiendo la aplicación de las normas sobre autorización de contabilidad informática según resulten pertinentes (art. 330). Se recepta la posibilidad de llevar contabilidad informática por parte de las asociaciones civiles y fundaciones, remitiendo a las normas sobre sociedades (art. 385)
El art. 75 autoriza a los estatutos de S.A. y de S.R.L. a incluír cláusulas arbitrales(9), limitándose el control de la IGJ a verificar su fidelidad si se adopta el modelo del Anexo VII. Por su parte, el art. 280 contiene similar disposición en materia de contratos de agrupación de colaboración, de unión transitoria y de consorcios de cooperación. En cuanto a cláusulas para evitar el bloqueo en la administración, siguiendo la línea del art. 161 CCCN, el art. 86 de la RG 7/15 declara admisibles las cláusulas estatutarias que prevengan eventuales oposiciones u omisiones sistemáticas (10). En la misma línea, el art. 123 establece que en las cláusulas sobre clases de acciones deben existir previsiones para superar el empate interno de una clase en la elección de directores, mediante otra forma supletoria de elección. Finalmente, se contempla la posibilidad de que la IGJ convoque a una audiencia de conciliación, frente a denuncias en asociaciones civiles y fundaciones(11), para llegar a una solución que contemple los intereses sociales, la normativa vigente y que no afecte el orden público (art. 484).
23.-SUBSANACION DE SOCIEDADES INFORMALES (SECCION IV).
A su vez, en una norma dirigida a otros registros de bienes, establece que las registraciones de las respetivas transferencias de bienes al fideicomiso deberán cumplirse luego que el contrato esté inscripto en la I.G.J. En el art. 285 se establecen los requisitos para la registración del contrato y en el 285 se exige documentación adicional respecto del fiduciario. Cabe apuntar que, a nuestro juicio, la exigencia de dictámen precalificatorio informando sobre la aceptación del beneficiario y fideicomisario (art. 285 inc. d) y del objeto fiduciario en la sociedad que cumple tal función, deben entenderse como no necesariamente impeditivos del registro según sean las circunstancias del caso.
Ahora bien, con carácter interno, la IGJ implementa un “registro de fiduciarios”, donde por medios informáticos hará constar las altas y bajas de los fiduciarios de los contratos registrados (290). Sin embargo, en el caso de fiduciarios personas humanas, en la primera inscripción del contrato de fideicomiso deberán ellos inscribirse en el registro de fiduciarios (art. 286, IV). En la misma sección se reiteran las anteriores previsiones para el caso de que en una decisión asamblearia sujeta a inscripción haya votado un fiduciario(12), exigiéndose la inscripción del contrato de fideicomiso y determinada información sobre el mismo (art. 288).
Finalmente, se prevé que si la rendición de cuentas del fiduciario deba hacerse mediante estados contables, son aplicables las normas del libro IV (art. 289)(13) Cabe señalar que el registro de fideicomisos comentado ha generado algunas opiniones adversas que sostienen la incompetencia de la IGJ para llevar el registro general de los contratos en CABA a falta de una norma legal que la autorice. Por nuestra parte confiamos en que tal norma sea dictada a la brevedad para superar eventuales incertidumbres y planteos y, sin perjuicio de ello, apuntamos que se ha omitido en la RG 7/15 prever el registro de los contratos de fideicomiso cuyo objeto sean cuotas de SRL inscriptas en la jurisdicción.
28.-EXIGENCIA DE ACTIVIDAD EMPRESARIA PARA LAS SOCIEDADES.
Los cambios resultantes de los arts. 168 a 186 el CCCN se reflejan en la normativa de la IGJ sobre Asociaciones Civiles donde se dispone lo siguiente: La admisión en los estatutos de cláusulas de limitación del número de asociados, voto plural, voto por correo en elecciones si vive lejos, convocatorias de comisión directiva y asambleas por correo electrónico si hay confirmación de recepción, asambleas a distancia mientras haya quorum presencial, y la posibilidad de fiscalizadores no socios (art. 360). Se adicionan reglas especiales para la denominación social (arts. 362 a 368), además de las generales del CCCN. Un recoge el nuevo concepto de bien común, vinculado al interés general, dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas que no vulneren los valores constitucionales (art. 373). Se dispone que en las asociaciones civiles las cuotas de los asociados son obligatorias salvo otros medios de financiación que no sean cuotas por servicios (art. 408), puede pedirse autorización para hacer la asamblea en otra jurisdicción (art. 416), el plazo para impugnar asambleas es de dos años (art. 431), puede haber asociados sin derechos políticos, los que no pueden integrar la comisión directiva (art.432), y también es posible remunerar a los miembros de la comisión directiva si no está prohibido en el estatuto y si hay conformidad de la IGJ (art. 433).
Sin desconocer el enorme esfuerzo de los funcionarios de la IGJ para elaborar, en tiempo y forma, un texto adecuado al nuevo Código, que debe ser reconocido y ponderado, al solo título de colaboración, apuntamos –entre otros- algunos temas pendientes de reglamentación. En primer lugar, y atendiendo a la eximición de llevar contabilidad en el caso de aquellas actividades que “por volúmen de giro” resulta inconveniente sujetar a las obligaciones contables, es necesario que la IGJ, como “jurisdicción local” fije el criterio dimensional (art. 320 CCCN). En segundo término, si bien el art. 325 del CCCN dispone que los libros y registros del art. 322 “deben permanecer en el domicilio de su titular”, subsiste la duda, en caso de contabilidad informática, sobre la legalidad de situaciones contables en las cuales los sistemas operativos, los servidores y/o las registraciones se encuentran fuera de la sede social, fuera de la jurisdicción, fuera del país, o directamente en “la nube “ (cloud compution). Finalmente, la revolución informática producida por el art. 329 inc. b del CCCN, que permite conservar la documentación contable en forma digital, requerirá fijar las condiciones técnicas y legales que les otorguen seguridad superando la remisión existente en el art.330 RG 7/15.
-La Resolución General 7/15 de la Inspección General de Justicia, además de ser una actualización y consolidación de normas preexistentes, constituye la primera regulación, parcial, del derecho comercial contenido en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la nueva legislación societaria, e implica –en términos generales- una adecuada recepción de sus reglas y principios que debe ser reconocida.
-Merecen destacarse: el mantenimiento del control de legalidad previo a las inscripciones, la incorporación de las nuevas tecnologías a las prácticas de las personas jurìdicas fiscalizadas y a las del propio Organismo, la amplia aceptación de las sociedades entre profesionales, la admisión de cláusulas para prevenir conflictos, evitar el empate y para el arbitraje en sociedades y contratos de colaboración, la amplitud de criterios para la subsanación, transformación o fusión de sociedades informales (sección IV) y la flexibilización de las asociaciones civiles.
-Son temas que han generado reparos y merecen un nuevo estudio y eventual reelaboración: la inscripción en el Registro Público a cargo de la I.G.J. de todos los contratos de fideicomisos con fidudiarios domiciliados en CABA, y las salvedades a la aplicación de las normas contables profesionales.
-Consideramos como temas pendientes: la fijación de un criterio dimensional para establecer qué “personas humanas con actividad económica organizada” están eximidas de la obligación de llevar contabilidad legal, la ubicación física del sistema operativo y de los registros contables en la contabilidad informática, y la reglamentación de los procedimientos para autorizar la documentación digitalizada.
Que los cónyuges, aun bajo sistema de comunidad de ganancias, pueden constituir sociedades de cualquier tipo entre sí.
Que la única sociedad unipersonal admitida es la originaria en el caso de la “sociedad anónima unipersonal” (“SAU”), debiendo disolverse todas las unipersonales sobrevinientes que no resuelvan ajustarse a sus disposiciones.
Que las sociedades civiles existentes se encuentran ubicadas en la Sección IV y, por ende, pueden ser subsanadas o transformadas en sociedades típicas.
Que sin actividad empresaria no se reunen los presupuestos para que exista sociedad en los términos de la ley 19.550.
Que no está prevista la transformación en “consorcios de propiedad horizontal especial” de las asociaciones bajo forma de sociedad, que constituyan “conjunto inmobiliario” preexistente a la vigencia del nuevo Código, por lo que la adecuación normativa exigida por el art. 2075 no supone un cambio de tipo social.
9 Ver “Negociación, mediación y arbitraje en los conflictos societarios”. Errepar, DSE, nro.281, Tomo XXIII, abril 2011, pag. 381, en co-autoría con Eduardo M. Favier Dubois (p) 10 Ver “Las sociedades al cincuenta por ciento: empate, paralización y liquidación. Instrumentos y acciones legales de prevención o superación”, Errepar, DSE, nro. 306, tomo XXV, mayo 2013, pag.451 en coautoría con E.M. Favier Dubois (p).
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SEBASTIAN19/11/2015 at 5:49 PMResponder
Qué pasa con el alquiler de inmuebles rurales, que en el derogado Código Civil, era considerada una actividad civil? Qué pasa también con los contratos de alquiler de inmuebles rurales?. Porque en base a su encuadramiento, tiene efectos tributarios muy profundos, sobre todo en lo que respecta a la liquidación de Bienes Personales.

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