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Timestamp: 2019-02-17 11:35:27+00:00

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Acuerdo y Sentencia 351/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 351/17
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de octubre de dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIO CORONEL BENÍTEZ y MARÍA CELESTE JARA TALAVERA, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "ALBERTO SANCHEZ RIVERA contra Resolución N° 2820, de fecha 11/08/2015 y otra, dictadas por la MUNICIPALIDAD DE VILLARICA".
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, dijo: Que en fecha 03 de noviembre de 2015 (fs. 25/31), se presenta ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Sr. ALBERTO SANCHEZ RIVERA, por derecho propio y bajo patrocinio de profesional, a interponer demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución N° 2820, de fecha 11 de agosto de 2015, dictada por la Junta Municipal de Villarrica. Funda La demanda en los siguientes términos "Notificación fehaciente: La resolución N° 2.820/15 revocatoria de la Resolución N° 2.543/15 fue notificada a mi persona en fecha 08 de octubre de 2.015, de lo cual surge la presentación de la acción en tiempo oportuno.- Presupuestos para la Admisión del Proceso. Los actos administrativos atacados reúnen los requisitos exigidos por el art. 3° de la Ley 1.462/35 en virtud de causar estado; no haber recurso administrativo disponible contra ellas; haber sido dictadas en uso de las facultades regladas por la Junta Municipal, inexistencia de juicio pendiente sobre el mismo asunto; y por sobre todo ambas resoluciones vulneran un derecho administrativo particular pre-establecido en mi favor. Brevemente me permito señalar que en este caso se ha obrado en forma irregular. Soy arrendatario de un solar municipal de 38948 m2, ubicado en la manzana N° 334 del piano de la ciudad, calles Chile e/ Piribebuy y Benjamín Aceval que queda fuera de los Boulevares interiores. Barrio San Miguel de Villarrica. Dicho contrato de arrendamiento data del 11 de junio de 2013, habiendo sido aprobado por Resolución N° 1.420 de fecha 07 de mayo de 2013. El arrendamiento fue renovado en fecha 06 de agosto de 2.014. El Canon de arrendamiento se encuentra abonado desde el año 2.009 hasta el año 2.014. Agravios en relación a la Resolución N° 2.543/15 del 02 de marzo. La Resolución N° 2.543/15 de la Junta Municipal de Villarrica es contradictoria con la Ley Orgánica Municipal, el derecho a la propiedad constitucionalmente amparado y el procedimiento administrativo. En fecha 06 de Agosto de 2.014 se Presenta Myriam Raquel Vera Baeza a Notificarse y Plantear un Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 1.420 de fecha 07 de mayo de 2013. A pesar de contar con Dictamen Desfavorable de Asesoría Jurídica, la Comisión de Legislación en fecha 02 de marzo recomienda Hacer Lugar al Recurso de Reconsideración, Dejar sin efecto el Contrato y en consecuencia Conceder el Arrendamiento. Por Resolución N° 2.543 de la Junta Municipal de fecha 24 de marzo de 2.015 se Concede el Recurso de Reconsideración (1er. Contrato, año 2.013), Deja sin efecto el Arrendamiento (2° Contrato, año 2.014) y Concede el Arrendamiento a la Sra. Myriam Raquel Vera Baeza. En fecha 04 de Mayo de 2.015 la Intendencia Municipal suscrita el Contrato de Arrendamiento N° 16.620 con la citada Sra. Myriam Raquel Vera Baeza, con validez al 31 de diciembre de 2.015, consignando un terreno ubicado en otra manzana, la N° 577. Cabe señalar en este punto que el artículo 139 de la Ley 3966/10 dispone: Condiciones de Arrendamiento. Las condiciones de arrendamiento de terrenos municipales, serán establecidas por ordenanza, en la que se contemplarán los requisitos correspondientes, entre ellos un plazo no menor de un año y la revocabilidad en caso de incumplimiento de dichas condiciones. El único caso en que la autoridad municipal puede revocar el contrato de arrendamiento es el incumplimiento de las condiciones establecidas en la L.O.M. o en la ordenanza 44/13. De suyo surge que la citada resolución en ningún de sus partes refiere la causal de incumplimiento y mucho menos describe cual sería el incumplimiento imputable a mi persona en carácter de arrendatario.- Surge asimismo la supuesta realización de diligencias que nada tienen que ver con los deberes y atribuciones de la Junta Municipal como ser constituirse en el domicilio de vecinos, valorar sus manifestaciones, incluso valiéndose del de un hermano de la recurrente, para concluir que la posesión y uso del inmueble municipal es de una persona. La L.O.M. en ninguna de sus partes autoriza a la Junta Municipal a discernir sobre la posesión de un inmueble, ni recibir declaraciones informativas de los vecinos. De lo cual surge un apartamiento del Principio de Legalidad en materia de derecho público. "Todo lo que no se encuentra exprésame permitido, está prohibido". Es indiscutible que la Junta Municipal puede revocar sus propias resoluciones, pero deben consignarse en la resolución de revocación los motivos legales, las causales que motivaron su procedencia. La resolución debe estar motivada y debe ser dictada dentro de los parámetros y disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. Si bien es cierto se admite que -a falta de un plazo específico en la ley para el Recurso de Reconsideración contra resoluciones municipales y por aplicación del art 40 de la Constitución Nacional- este recurso carece dé plazo y puede se presentado en todo tiempo, no es menos cierto que la revocación solo podrá ser admitida, cuando exista una discordancia manifiesta con el interés público, o se haya violado una normativa jurídica. La esencia del acto administrativo no se encuentra construida sobre la base mutable de la revocación, el principio rector de! acto administrativo y su fuerza, se centra en su presupuesto de estabilidad, inmutabilidad y certidumbre. El hecho de que la administración no pueda alterar en todo tiempo los actos administrativos que declaren derechos subjetivos a favor de los administrados encuentra sustento en las normas constitucionales que garantizan la propiedad. Me permito transcribir brevemente una doctrina: "La revocación y la abrogación tienen límites que provienen en parte de las leyes y en parte de ciertos principios jurídicos. Estas limitaciones se refieren a actos administrativos favorables al administrado y tienen por finalidad la de proteger los derechos y las situaciones jurídicas del destinatario". Diez, Manuel María. En resumidas cuentas resulta contrario a la seguridad jurídica revocar en cualquier tiempo una resolución administrativa y más aun sin una motivación legal. Dejo expresa constancia que la Resolución atacada establece dejar sin efecto, no así revocar. La doctrina de la estabilidad de los actos administrativos, que deriva del principio constitucional de la seguridad jurídica, vicia de nulidad la intempestiva y arbitraria revocación del Arrendamiento. La decisión municipal "está viciada de arbitrariedad, por haber inobservado la obligación que tienen las autoridades de basar sus actuaciones en la ley. Esto configura un acto de autoridad opuesto a la Constitución Nacional, peligroso para la seguridad jurídica, la propiedad y consecuentemente carente de validez". A los efectos de agotar los procedimientos administrativos he planteado un Recurso de Reconsideración - en tiempo oportuno- contra la Resolución de la Junta Municipal N° 2.543. Cayendo en cuenta la Junta Municipal del erróneo procedimiento administrativo pretendió enmendar el error aplicando una solución salomónica otorgar el arrendamiento a un niño y establecer la representación del mismo en la madre Myriam Raquel Vera Baeza y mi persona en carácter de abuelo. Si la Resolución N° 2.543 de la Junta Municipal de fecha 24 de marzo de 2.015 carecía de sustento jurídico, la actual Res. N° 2.820 del 30 de setiembre de 2.015 carece de todo sustento jurídico, lógico y racional. Agravios en relación a la Resolución N° 2.820. La Resolución N° 2.820 de la Junta Municipal de Villarrica ha sido dictada en contravención con la Ley Orgánica Municipal, la Ordenanza Municipal N° 44/13 de Arrendamientos, el Código Civil paraguayo y lo más grave es contradictoria con preceptos constitucionales de observancia obligatoria. Sabido es que la autoridad municipal debe emitir sus decisiones resoluciones conforme a la legalidad. La Constitución Nacional establece la Supremacía de la Constitución Nacional (art. 137) y la Validez del Orden Jurídico (art. 138), el art. 168 es específico en el sentido que los Municipios (Municipalidades) ejercerán sus atribuciones con arreglo a la ley; todo ello en concordancia con el artículo 276 de la Ley Orgánica Municipal. La Junta Municipal se arrogó atribuciones de Juez del fuero Civil (indagó, recibió testificales, sopesó pruebas y discernió la posesión) y Juez de la Niñez y Adolescencia (discernió sobre la representación legal del niño), todo ello fuera de sus atribuciones. El art. 36 de la L. O. M. en ninguna de sus partes prevé corno atribución de la Junta Municipal nada de lo actuado. A pesar de que en el presente caso no se formalizó una cesión de derecho, ni del arrendatario actual, ni de quien lo cuestiona, se concedió el arrendamiento a un 3°: "El niño", cabe mencionar en este estado que en la ciudad de Villarrica el arrendamiento será concedido únicamente a solicitud de parte. La Ordenanza Municipal N° 44/13 en su artículo 3° establece: "La capacidad o incapacidad de las personas comprendidas en el artículo precedente será regida por las disposiciones contenidas en el Libro Primero, Título I, Capítulo 1 y II y Título II, Capítulo I, II, III, y IV del Código Civil Paraguayo". El Artículo 28 del C.C. dispone: "La persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado". Artículo 36. "La capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por sí solo sus derechos. Este Código reputa plenamente capaz a todo ser humano que haya cumplido diez y ocho años de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente (Texto según la Ley N° 2.169/03 - Que establece la mayoría de edad). Artículo 37. Son absolutamente incapaces de hecho: b) los menores de catorce años de edad;". Artículo 40. Son representantes necesarios de lo incapaces de hecho absolutos y relativos: b) de los menores, los padres y en defecto de ellos, los tutores; Tenemos entonces que contrariando la Ordenanza vigente -dictada por este mismo cuerpo colegiado- han otorgado el arrendamiento: a. A quien no lo ha solicitado, b. Un incapaz de hecho absoluto, c. Declarado una representación que nadie ha solicitado, d. diversa a la establecida por el código de la Niñez y Adolescencia, y e. fuera del límite de sus atribuciones. En relación a mi persona en ninguna de las partes se revoca el arrendamiento por incumplimiento de Contrato, Se Deja sin Efecto el contrato, cuestión que no se haya prevista en la L.O.M. en ninguna de sus partes. Sabido es que a la autoridad pública le está prohibido hacer cosa alguna que no se halle expresamente permitida en la ley. Finalmente me permito exponer esta cuestión que se halla asistida de una lógica de hierro. Nuestro derecho civil tiene una base que proviene del Derecho Romano, con más de 3.000 años de evolución y vigencia. La Ciencia Jurídica como disciplina cuenta con unas regias que son denominadas Principios Generales del Derecho, que deben ser observados en todo acto legislativo y administrativo. Uno de estos principios es: "PRIOR TEMPORE, POTIOR JURE", que traducido del Latín significa: PRIMERO EN EL TIEMPO, PODEROSO EN EL DERECHO" Era Arrendatario del Inmueble al momento de haber sido solicitada la Reconsideración de la Resolución N° 1.420 de fecha 07 de mayo de 2.013 por la Sra. Miriam Raquel Vera Baeza, Contrato firmado en el año 2.013 y renovado en el año 2.014. El canon lo tengo abonado desde el año 2.009 inclusive. Soy primero en el tiempo, mi derecho tiene pre-eminencia. Salvo que un Juez diga lo Contrario. Al dejar sin efecto el Contrato y Conceder el Arrendamiento a otra persona debió habérseme devuelto íntegramente lo percibido en ese concepto. Los importes abonados jamás me fueron devueltos. Conforme a todas estas consideraciones me permito señalar que se hallan reunidos los presupuestos sustanciales e intrínsecos de admisibilidad de la acción. El Tribunal de Cuentas ha dejado establecido que "cuando un acto administrativo carece de argumentación razonable sobre los hechos que se le vinculan y se basa tan solo en la pura y simple voluntad del funcionario que lo dictó es arbitrario y por ende ilegítimo"; "la motivación del acto administrativo debe, para ser considerada suficiente, referirse ineludiblemente -en forma clara- a los hechos y fundamentos de derecho tenidos en cuenta para adoptarlo y la expresión del razonamiento que, a partir de aquellos, se ha seguido para adoptar la decisión". Solución propuesta: El Tribunal de Cuentas actuando conforme a derecho se dignará en Revocar las Resoluciones N° 2.820/15 de fecha 30 de setiembre y N° 2.543/15 de fecha 02 de marzo ambas de 2.015, emanadas de la Junta Municipal del Municipio de Villarrica - Dpto. Guaira, quedando subsistente la Resolución N° 1.420 de fecha 07 de mayo de 2.013. DERECHO: Fundo la presente acción en las disposiciones legales citadas. Constitución Nacional. Artículo 166 - DE LA AUTONOMÍA, Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Artículo 167 - DEL GOBIERNO MUNICIPAL. El gobierno de los municipios estará a cargo de un intendente y de una junta municipal los cuales serán electos en sufragio directo por las personas habilitadas legalmente. Artículo 168 - DE LAS ATRIBUCIONES. Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley. Artículo 272 L.O.M. Acción Contencioso-Administrativa. En contra de las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa, se podrá ejercer la acción contencioso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas dentro de los 18 (dieciocho) días hábiles de resuelto el recurso".
Que en fecha 27 de junio de 2016 (fs. 92/94) se presenta ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abog. RODRIGO ARIEL ORTIZ SOTO en representación de la Municipalidad de Villarrica, a contestar la presente demanda en los siguientes términos: "NEGATIVAS GENERALES: DESDE ya niego todos y cada uno de los extremos alegados por el actor en el escrito inicial de demanda, salvo aquellos que expresamente sean reconocidos en el presente escrito de contestación. NEGATIVAS PARTICULARES: NIEGO que el Sr. ALBERTO SÁNCHEZ RIVERA, sea arrendatario del solar Municipal ubicado en la manzana N° 334 sobre las calles Chile e/ Piribebuy y Benjamín Aceval, que queda fuera de los Boulevares interiores, del barrio San Miguel de Villarrica, y que consta de 389,18 m2. El mismo manifiesta que el arrendamiento sobre el solar municipal fuera renovado en fecha 06 de agosto del 2014., por resolución 1420 de fecha 07 de mayo de 2013, esta resolución fue revocada en razón de que se ha comprobado en instancias administrativas de que el Sr. ALBERTO SÁNCHEZ RIVERA, no era el poseedor ni ocupante real del inmueble. Que es cierto que por Resolución N° 2543 de fecha 24 de marzo del 2015 de la Junta Municipal de Villarrica, se le ha concedido en arrendamiento a la Sra. MYRIAN RAQUEL VERA BAEZA, el Solar Municipal ubicado sobre las calles Chile e/ Piribebuy y Benjamín Aceval, en razón de que se ha pudo verificar que la poseedora real del inmueble, en cuestión era la Sra. MYRIAN RAQUEL VERA BAEZA, desde el año 2001, donde vivía con su concubino FERNANDO ALBERTO SÁNCHEZ GOIRIS (+), fallecido en fecha 14 de marzo del año 2012, y quien en vida fuera hijo legitimo del SR. ALBERTO SÁNCHEZ RIVERA. Que la comisión de Legislación de la Junta Municipal, procedió a verificar en in situ del inmueble Municipal, objeto del litigio, donde constataron y concluyeron que la posesión y uso del inmueble municipal es de la Sra. MIRIAN RAQUEL VERA. Juntamente en compañía de su pequeño hijo Diego Armando Sánchez Vera, quien es a su vez nieto del actor. Por lo que la Junta Municipal decidió resolución mediante, revocar su propia Resolución, por la cual en principio se concedió en arrendamiento del solar Municipal al Sr. ALBERTO SÁNCHEZ RIVERA, al comprobarse de que la poseedora real era la Sra. Mirian Raquel Vera. Que la Junta Municipal con la Resolución N° 2820 de fecha 30 de setiembre del 2015, pretendió resguardar el interés superior del niño DIEGO ARMANDO SÁNCHEZ VERA,-en razón de que se trata de un problema familiar entre la Sra. MIRIAN RAQUEL VERA, quien fuera concubina del finado hijo del Sr. ALBERTO SÁNCHEZ RIVERA, fruto de la mencionada relación ha nacido el menor DIEGO ARMANDO SÁNCHEZ VERA. Por lo que la junta Municipal decidió hacer lugar al recurso de reconsideración presentado por el Sr. ALBERTO SÁNCHEZ RIVERA, en contra de la Resolución 2543 de fecha 24 de marzo del 2015, y otorgar a favor del menor DIEGO ARMANDO SÁNCHEZ VERA, el arrendamiento del solar Municipal bajo el resguardo de la Sra. MIRIAN RAQUEL VERA y EL SR. ALBERTO SÁNCHEZ VERA. Que la Constitución Nacional, en Art. 100; del DERECHO A LA VIVIENDA; Todos los habitantes de la República tienen derecho a una vivienda digna. El estado Establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamientos adecuados. El Art. 54 DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO; la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Que teniendo en cuenta estas garantías de carácter constitucional, la Junta Municipal, decidió otorgar en arrendamiento otorgar a favor del menor DIEGO ARMANDO SÁNCHEZ VERA, el arrendamiento del solar Municipal bajo el resguardo de la Sra. MIRIAN RAQUEL VERA y EL SR. ALBERTO SÁNCHEZ VERA, en razón de que el menor se encuentra viviendo en la casa desde el año 2001, y no teniendo otro lugar donde ir a vivir con su madre en razón de que su padre ha fallecido y no recibe ayuda de su abuelo el actor de la presente demanda, es más el mismo ha iniciado juicio de desalojo a fin de que el menor su nieto, junto con su madre abandonen la casa donde han vivido desde el año 2001. Las actuaciones y resoluciones emanadas de la Junta Municipal, en relación a la Res. Litis, se halla plenamente ajustada a derecho, a la ley Orgánica Municipal, como también a las ordenanzas que regulan la materia, por lo que no existen motivos validos ni fundamentos de hechos y menos de derechos para dar curso, a la demanda instaurada por el actor. Cabe destacar que las facultades normativas y administrativas, otorgadas por la ley Orgánica Municipal, prevé suficientemente a la Junta Municipal, revocar sus propias resoluciones, por contrario Imperio, por tanto no existen razones lógicas ni jurídicas para dar curso a la desatinada demanda. CONCLUSIÓN Nuestra parte considera de conformidad a los fundamentos y a las normativas vigentes, que no existe motivos de hechos y derechos para anular ninguna resolución".
Termina solicitando, que previo los trámites de estilo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte Sentencia, rechazando la presente demanda contencioso-administrativa, con costas.
Que, por A.I. N° 74 de fecha 22 de febrero de 2017 (fs. 103), se declara la competencia de este Tribunal para entender el presente juicio, y existiendo hechos que probar se resuelve recibir la causa a pruebas por todo el término de ley.
Por providencia de fecha 03 de agosto de 2017 (fs. 119 vlto.), se llamó AUTOS PARA SENTENCIA, Resolución que a la fecha se halla firme y ejecutoriada.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo: Que en fecha 03 de noviembre de 2015 (fs. 25/31), se presenta ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Sr. ALBERTO SANCHEZ RIVERA, por derecho propio y bajo patrocinio de profesional, a interponer demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución N° 2543 de fecha 03 de marzo de 2015 y contra la Resolución N° 2820 de fecha 11 de agosto de 2015, ambas dictadas por la Junta Municipal de Villarrica, que en cuyas partes resolutivas resolvieron cuanto sigue:
Resolución N° 2543/13 "...Artículo 2°- CONCEDER el Recurso de Reconsideración solicitado por la Señora Myrian Raquel Vera, en contra de la Resolución N° 1.420 de fecha 11 de junio del año 2013, en consecuencia se deja sin efecto la misma y el Contrato de Arrendamiento N° 16.554 de fecha 06 de agosto de! año 2014"... "ARTICULO 3°- CONCEDER en Arrendamiento a MYRIAN RAQUEL VERA BAEZ el terreno municipal, ubicado en la manzana N° 334...".
Resolución N° 2820/15 "ARTICULO 2°.- HACER LUGAR al Recurso de Reconsideración presentado por el Señor ALBERTO SANCHEZ RIVERA. ARTICULO 3°.- REVOCAR la Resolución N° 2.543 de fecha 02 de Marzo del año 2015, y en consecuencia anular el contrato de Arrendamiento suscripto por la Municipalidad de Villarrica. ARTICULO 4°.- CONCEDER en Arrendamiento el Terreno Municipal individualizado precedentemente a favor del Menor DIEGO ARMANDO SANCHEZ VERA, hasta tanto cumpla la mayoría de edad, será representado por su madre MYRIAN RAQUEL VERA y su abuelo ALBERTO SANCHEZ RIVERA".
Refiriéndonos brevemente a los hechos que dieron lugar a la presente demanda, se origina en la disputa entre el Sr. ALBERTO SANCHEZ RIVERA y la Sra. MYRIAN RAQUEL VERA, en la que ambos pugnan ante la municipalidad a quien corresponde el mejor derecho de arrendamiento del Solar Municipal’, ubicado en la manzana N° 334 del plano general de la Ciudad de Villarrica, sobre las calles Chile e/ Piribebuy y Benjamín Aceval, situado fuera de los Bulevares Interiores y dentro del catastro del Barrio San Miguel, con una superficie total de 389,18 metros cuadrados, con. Cta. Cte. Ctral. N° 200334030014, siendo que ambos se acreditan mayor antigüedad y mejor derecho sobre el mismo.
Por Resolución N° 1420 de fecha 7 de mayo de 2013, la Junta Municipal resolvió dar en arrendamiento el solar municipal al Sr. Alberto Sánchez Rivera, resolución que fue recurrida por la Sra. Myrian Raquel Vera, manifestando que ella goza de la posesión de dicho inmueble, con más de 13 años de antigüedad en el mismo para aquel momento. Dando como resultado la Resolución N° 2543/2015 que dejó sin efectos el contrato de arrendamiento celebrado con el Sr. Alberto Sánchez Rivera. A su vez, el Sr. Alberto Sánchez Rivera solicitó una nueva reconsideración, resultando la Resolución N° 2820/2015 que finalmente resolvió revocar la anterior resolución y conceder el arrendamiento del inmueble al menor DIEGO ARMANDO SANCHEZ RIVERA, bajo la representación de ambos recurrentes, su madre la Sra. MYRIAN RAQUEL VERA y su abuelo el Sr. ALBERTO SANCHEZ RIVERA, hasta que este cumpla la mayoría de edad.
Del estudio de autos -escrito de demanda, escrito de contestación de demanda, documentales y los antecedentes administrativos agregados a estos autos- corresponde pasar a realizar el análisis del fondo de la cuestión planteada, donde en primer lugar se puede señalar que la resolución que otorga el derecho de arrendamiento al Sr. Alberto Sánchez Rivera fue realizada conforme a derecho habiendo cumplido con los requisitos establecidos para su procedencia, y obrando en autos copias las facturas de los pagos realizados por este a los servicios públicos y del pago del canon municipal por el arrendamiento del inmueble, desde el año 2009 al 2014 (fs. 5).
Sin embargo, vemos que por posterior Resolución N° 2543/2015, la Junta Municipal resolvió dar lugar al recurso de reconsideración presentado por la Sra. Myrian Raquel Vera, sin constar en los antecedentes ninguna constancia o pruebas fehaciente que puedan respaldar la posesión del inmueble que alega tener, y todo esto sin obrar causales para la revocación del contrato celebrado con el Señor Alberto Sánchez Rivera, y finalmente, ante un segundo recurso de reconsideración solicitado por el actor de estos autos, la Municipalidad resuelve conceder el arrendamiento al Menor Diego Sánchez Vera, bajo la tutela de ambos recurrentes hasta que cumpla la mayoría de edad. Sin embargo, dicha resolución se encuentra viciada de nulidad, ya que la Junta Municipal al designar como tutores del menor a la Sra. Myrian Raquel Vera y al Sr. Alberto Sánchez Rivera, se arrogó facultades fuera de su competencia, las cuales corresponden al fuero de la Niñez y Adolescencia, saliendo del marco normativo que establece y delimita sus funciones, dado que no consta en autos resolución judicial alguna que nombre tutores a la Sra. Myrian Raquel Vera y al Sr. Alberto Sánchez Rivera.
Dicho esto, cabe señalar que el contrato de arrendamiento no puede ser rescindido unilateralmente sin la existencia de causales legales, conforme a lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N° 44/2013 (fs. 14/17). Por esta razón, consideramos que las disposiciones de la Resolución N° 2543/2015 deben ser revocadas por no corresponder a derecho, ya que sin fundamentos legales ni pruebas fehacientes de incumplimiento de contrato, esta dejó sin efectos el contrato de arrendamiento celebrado con el Sr. Alberto Sánchez Rivera, siendo agravante que el bien en cuestión se trata de la vivienda del actor, y la finalidad de este contrato consiste en brindarle al locatario la estabilidad en la vivienda, el cual es un objetivo de la segundad familiar.
Por todo lo expuesto, consideramos que corresponde la NULIDAD de la Resolución N° 2820 de fecha 11 de agosto de 2015 y la REVOCACIÓN de la Resolución N° 2543 del 03 de marzo de 2015, ambas dictadas por la junta Municipal de Villarrica y por lo tanto corresponde HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa y CONFIRMAR las disposiciones de la Resolución N° 1420 de fecha 11 de junio de 2013 que concede el arrendamiento del inmueble municipal en cuestión al Sr. Alberto Sánchez Rivera, por así corresponder en derecho.
En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del C.P.C. ES MI VOTO.
Asunción, 30 de octubre del 2.017.
1.-) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida por “ALBERTO SANCHEZ RIVERA contra Resolución N° 2820, de fecha 11/08/2015 y otra, dictadas por la MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA", de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
2.-) ANULAR la Resolución N° 2543 de fecha 03 de marzo de 2015 y REVOCAR la Resolución N° 2820 de fecha 11 de agosto de 2015, ambas dictadas por la Junta Municipal de Villarrica, y
3.-) CONFIRMAR la Resolución N° 1420 de fecha 11 de junio de 2013 dictada por la Junta Municipal de Villarrica, conforme a los fundamentos desarrollados en este Acuerdo y Sentencia.
5.-) ANOTAR, notificar, registrar y remitir un ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

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 artículo 139
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 artículo 276
 artículo 3
 Artículo 28
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 40
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 Artículo 166
 Artículo 167
 Artículo 168
 Artículo 272
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 artículo 192
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