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NO EXISTE UNA SEMILLA LLAMADA C A N O L A
Filed under: Aditivos toxicos, ciencia pseudocientifica, Corporaciones asesinas, grasas, Intoxicacion o envenenamiento, Planes gubernamentales secretos, Reducción de la población — Deja un comentario
Si no me creen, sepan que quien se los manda es agrónomo y que esta planta no existe, bueno mejor lean la información sobre este tema ya que sí sale de una planta, pero de la llamada Colza, de la que se extrae aceite lubricante y de eso sí hay mucha literatura, pero… para usos no comestibles, más bien para usos industriales. Esta Colza además es transgénica… ¿Sabías que no existe una planta llamada “Canola”?
El aceite de Oliva proviene de las aceitunas, el aceite de uva proviene de las semillas de uva, el de cacahuate de los cacahuates y el de Canola proviene de…Semillas de Colza. ¿Qué hay de malo con esta imagen? Muchas compañías están vendiendo el aceite de “Canola” como una alternativa “saludable”, pero, el aceite de Canola no es más que un aceite “creado por el hombre”, hecho a base de semillas de Colza modificadas genéticamente.
El problema con el aceite de Colza es que es tan tóxico que la FDA lo prohibió en 1956 para el consumo humano. Así es que los productores Canadienses “crearon” en los años 70´s una variedad nueva de semillas de Colza con menor contenido del toxico ácido erúcico y decidieron que necesitarían un nuevo nombre para este aceite. Lo llamaron aceite L.E.A.R. por sus siglas en inglés (Low Erucic Acid Rapeseed), pero fue cambiado por “Canola” por cuestiones de marketing, ninguna compañía quería que la asociaran con un producto de nombre “Rape” (violación), además era sabido que el aceite de Colza era tóxico.
El término Canola fue formado usando “Canadian oil, low acid” para convencer a los consumidores de que era nuevo y mejor y además seguro para consumirlo. Fue prohibido el uso en alimentos del aceite de semilla de Colza probablemente porque ataca el corazón y causa lesiones degenerativas permanentes, tiene un mejor uso como lubricante industrial, combustible, jabón y como base sintética para el hule. La verdad es que las semillas de Colza son las más toxicas de todas las plantas de las que se extrae aceite. Ni los insectos se las comen, en serio, el aceite de Colza es un insecticida muy efectivo y es el ingrediente principal en muchos pesticidas “orgánicos” (no químicos) que se aplican directamente a las plantas para matar bichos.
En 1985, el gobierno Canadiense pagó presuntamente, la suma de $50 millones de dólares para posicionar el aceite de Canola en la lista de GRAS (Generalmente conocido como seguro, por sus siglas en inglés). El gobierno Canadiense subsidia a los productores y cosechadores de la semilla de Colza (planta de la que extraen el aceite de canola). Esta planta es económica, fácil de cultivar y es repelente a los insectos de forma natural, además, el aceite de canola es fácil de utilizar en las fábricas de comida procesada. Para nombrar una, casi todas las mantequillas de cacahuate las usan para darle suavidad y que sea “untable”. Ojo: La mantequilla de cacahuate NATURAL debe contener solo sal y cacahuates en la lista de ingredientes. Estudios sobre el aceite de Canola hecho en ratas de laboratorio, indican muchos problemas como la degeneración de corazón, riñones y glándula tiroides. Cuando el aceite fue eliminado de las dietas de estas ratas de laboratorio, los depósitos de grasa desaparecieron pero las cicatrices causadas por esta degeneración, se quedan en los tejidos de los órganos afectados. ¿Porque no se hicieron estudios en los humanos antes de ponerlo en la lista de conocidos como seguros de la FDA?.
El aceite de canola “deprime” el sistema inmunológico y lo induce “a dormir”. Es alto en glucósidos que causan problemas de salud porque bloquean el funcionamiento de las enzimas y sus efectos son acumulativos, tomando años para que sean detectables. Un posible efecto secundario del uso prolongado de este aceite es la destrucción de la capa protectora de los nervios llamada vaina de mielina. Cuando esta capa protectora se acaba, nuestros nervios tienen corto circuito causando movimientos erráticos e incontrolables. Otro problema es que TODO el aceite de Canola ha sido modificado genéticamente. Por último, el aceite de canola es “Trans Fat” que ha demostrado estar ligada con el cáncer. La grasa “Trans Fat” incluyendo la hidrogenada o parcialmente hidrogenada, causa daños a las paredes de nuestras células e inhibe su correcta oxigenación causando que se tornen cancerosas.
Evita toda clase de aceite de canola! Energy for Life te recomienda utilizar aceite de Oliva extraído en frío, el aceite de coco, maíz, girasol y todo aquel que provenga de plantas reales y no transgénicas. Favor de compartir esta información entre tus contactos.
NOTA DE PARACELOSO777: Buscad aceites PRENSADOS EN FRÍO, NO EN CALOR. Estos últimos utilizan antioxidantes y conservantes dañinos para la salud. En cambio los otros, no pasan por procesos de refinación. Un ejemplo de aceite saludable, a parte del de oliva EXTRA VIRGEN (y no sintético), es el aceite de AJONJOLÍ. Personalmente no recomiendo ni el de máiz, ni el de girasol, pues están prensados en calor. Puede que no vengan de transgénicos, pero pasan por muchos procesos de refinación y tienen aditivos químicos, con el fin, claro, de que su imagen sea atractiva al público, careciendo asimismo de algo realmente saludable.
Para mayor información sobre aditivos, consultar este enlace:
Tags: aceite, canola, colesterol, dañino, no existe, quimico, refinado, semilla
Cultivos y Alimentos Transgénicos en Colombia
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Diversificación del Distrito de Riego: Algodón transgénico en Marialabaja
Hermes Figueroa, El Universal | Colombia | 10/29/2010
Un nuevo “huésped”, vestido de blanco, llegó al Distrito de Riego de Marialabaja y todo indica que es para quedarse.
La diversificación de cultivos en esa área agrícola de Bolívar permitió la entrada del algodón, el llamado “oro blanco”, que alquiló 5 hectáreas de tierra para hacer su debut y a primera vista se nota que los resultados serían positivos.
La iniciativa para llevar este cultivo a Marialabaja fue de la firma Comercializar BR S.A., de Magangué, cuyo representante legal es el ingeniero agrónomo Jaime Bustamante Rusar. Esta empresa lleva 12 años vinculada al cultivo y comercialización del algodón y su centro de actividades han sido los municipios de Córdoba Tetón y Magangué (Bolívar) y Buenavista (Sucre). “Nuestra vinculación va desde la selección y preparación de las tierras, la selección de las semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticida, en fin una y asistencia técnica integral”, dijo Bustamante.
En el caso de Marialabaja, donde este cultivo llega por primera vez, se alquilaron cinco hectáreas, que se sembraron en septiembre pasado con semillas transgénicas (Nuopal). El carácter transgénico o genéticamente modificada de esta semilla, representa unos mayores rendimientos y menores costos para los productores, ya que es resistente a las plagas, dijo la fuente.
En esta zona, las autoridades agrícolas y sanitarias del país sólo permiten la siembra de algodón en el segundo semestre del año. La recolección de este cultivo se inició el pasado lunes 25 de enero y en ella participan unos 10 recolectores, seis de ellos provenientes del municipio de Buenavista (Sucre), con amplia experiencia en esta actividad y los 4 restantes son de Marialabaja. Rodolfo Paternina, un recolector de algodón, oriundo de Buenavista, señala que lleva 20 años recogiendo esta fibra y su experiencia le permite recoger 150 kilos del producto en 8 horas de trabajo y por cada kilo recibe la suma de $250. “Este cultivo se ve bien cargado. Es la primera vez que llego a Marialabaja y seguramente aquí tendremos trabajo durante dos semanas”, dijo el labriego sucreño.
Las expectativas de este cultivo en Marialabaja permiten prever la recolección de 2 toneladas de fibra por hectárea, es decir, unas 10 toneladas en este proyecto. En el mercado nacional, una tonelada de algodón tiene un costo de 5 millones de pesos, de los cuales la industria nacional paga $3,5 millones y el resto ($1,5 millones) es subsidiado por el Gobierno Nacional. La totalidad de la producción nacional es adquirida por la industria colombiana. A finales de este mes se conocerá el balance de este experimento de Marialabaja y dependiendo de sus resultados se podrá pensar en ampliar las áreas de cultivo. Por ahora, ya hay interés de más de 20 pequeños productores en vincularse a este cultivo, y las expectativas muestran que para el segundo semestre de este año podrían sembrarse unas 100 hectáreas de algodón.
Los costos y empleos
El costo de una hectárea de algodón en el país varía de acuerdo con la zona escogida para la siembra. En Cereté (Córdoba), uno de los municipios más algodoneros del país, el arriendo de una hectárea de tierra para algodón puede alcanzar el millón de pesos, mientras que en Marialabaja se consigue la misma hectárea en hasta 300 mil pesos, para una utilización de seis meses. Esta primera experiencia de Marialabaja podría representar para sus responsables una rentabilidad del 30%. En materia de generación de empleo, desde la preparación de la tierra, pasando por la siembra y la recolección, cada hectárea de este cultivo puede generar unos 52 jornales.
Producción en Bolívar
Bolívar ha tenido tradición en el cultivo de algodón y sus principales áreas de siembras se han concentrado en la región de Córdoba Tetón, Magangué y Sur de Bolívar (Magdalena Medio bolivarense). En el 2004, la producción del Departamento fue de 6.670 toneladas, en 3.963 hectáreas. El rendimiento promedio por hectárea en ese año fue de 1.769 kilogramos por hectárea. En el 2005 el área de siembra se incrementó a 4.519 hectáreas. La producción en ese periodo fue de 7.362 toneladas y el rendimiento fue de 1.687 kilogramos por hectárea. El más reciente reporte de la Secretaría de Agricultura de Bolívar, señala que en el 2008 el área cosechada fue 1.678 hectáreas. El número de empleo que se generaron en ese periodo por este cultivo sólo fue de 228. En ese año la región que registró la mayor producción fue la del Magdalena Medio bolivarense, con 700 hectáreas y la de los Montes de María, con 385 hectáreas.
Cultivos y Alimentos Transgenicos Colombia
ICA sancionó a Monsanto por semillas OGM de algodón
Juan Carlos Domínguez – Portafolio | Colombia | 03/18/2010
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) impuso una sanción por 515 millones de pesos a la Compañía Agrícola Colombiana (Coacol), representante de la multinacional Monsanto.
La decisión la tomó la entidad sanitaria de prevención y control, teniendo en cuenta que la semilla de algodón genéticamente modificada (transgénica) lo ocasionó pérdidas a los cultivadores durante la temporada de cultivo 2008/2009. Inicialmente, la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón) presentó la reclamación ante el ICA por información errónea, engañosa e insuficiente con la que la empresa publicitó la semilla de algodón, conocida técnicamente como DP 164 B2RF.
Según Luz Amparo Fonseca, presidente del gremio algodonero, la publicidad hablaba de una resistencia de hasta el 97 por ciento de resistencia del insumo al ataque de la plaga Spodóptera, por lo cual los agricultores casi que ni la tuvieron en cuenta para hacer las labores de prevención y control de la plaga, pues el insumo la daba por sí solo. “Sin embargo, las pérdidas por esa plaga fueron inmensas, perjudicando a 2.400 agricultores que sembraron 7.000 hectáreas”, anotó la dirigente gremial.
En razón a esas pérdidas, se no se descarta que los agricultores, bien sea de forma individual o grupal (a través de sus cooperativas) puedan demandar a Monsanto por los daños económicos ocasionados. “Vale la pena aclarar que esto no es una guerra ni una batalla entre el gremio y la multinacional, más bien es un inconveniente surgido, nada más”, concluyó Luz Amparo Fonseca, quien destacó que junto con la compañía están trabajando en la reestructuración de la cadena algodóntextil, buscando la competitividad del sector algodonero colombiano. Para este año, en el mercado de las semillas de algodón genéticamente modificadas (transgénicas) están las ofertas de las multinacionales Bayer y Monsanto.
En cuanto a la demanda, esta última tendrá cinco días hábiles para presentar su recurso de apelación, mientras que de hacerse efectiva la sanción económica, los recursos irán a un fondo para que el ICA siga con su misión de la sanidad agropecuaria del país. Conflicto algodonero de Monsanto Inicialmente, el conflicto pareció dirimirse cuando en mayo del 2009 la multinacional ofreció entregar 1.280 millones de pesos para resarcir a los cultivadores afectados en los departamentos de Córdoba y Sucre.
Los recursos se entregarían con la condición de que fueran utilizados por Conalgodón, pero a través de una fiducia (Fidubogotá) e irían a los bolsillos de los agricultores afectados; 130 millones de pesos más se entregarían directamente al gremio para fortalecer su departamento técnico. Sin embargo, no se llegó a algún acuerdo entre las partes y al cierre contable de junio del 2009, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, la compañía destinó el recurso a otras actividades, por lo que Conalgodón inició la reclamación ante el ICA.
Previo a este escándalo, Monsanto ya había tenido un conflicto con los cultivadores de algodón transgénico de Tolima y Huila, en marzo del 2009, quiEnes denunciaron la venta de semillas de apariencia ‘vieja’ y cuyos índices de germinación no fueron aceptables (menor al 80 por ciento). Para los dos casos, la multinacional explicó que la quiebra de los agricultores obedeció al mal uso del insumo y al inclemente invierno que azotó las zonas algodoneras. En un comunicado entregado a EL TIEMPO, la empresa dijo que respeta de las leyes y las normas que rigen en cada uno de los países en los que opera.
“Consideramos que nuestras acciones se ajustan a lo que ordena la regulación colombiana. En este contexto la compañía analizará la sanción y definirá sus mecanismos de defensa legal. “Mientras estos hechos se aclaran y continua el proceso legal, es preciso resaltar que continuaremos comprometidos con la productividad del campo colombiano y, en especial con el sector algodonero, trabajando fuertemente de la mano del gremio y de los agricultores para en disponer cada vez más de mejores materiales y tecnologías de punta que contribuyan al aumento de la competitividad y la calidad del algodón colombiano”, concluye el comunicado.
Colombia cerró el 2009 con 35.700 hectáreas sembradas con semillas transgénicas
El Tiempo | Colombia | 03/06/2010
Durante el 2009 avanzó el interés de los cultivadores por la siembra de este tipo de insumo y el de los investigadores por sacar adelante sus proyectos.
Colombia cerró el año 2009 con un área de 35.700 hectáreas sembradas con semillas genéticamente modificadas (transgénicas) en diez departamentos del país, reportó la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola (Agro-Bio), encargada de la promoción de este insumo agrícola.
Antioquia y Santander, por ejemplo, se sumaron a esta lista, pues comenzaron a sembrarse en sus campos maíz transgénico en 64 y 32,5 hectáreas respectivamente; con estos ya son diez departamentos en los que se usan este tipo de insumos: Tolima, Huila, Córdoba, Cesar, Meta, Cundinamarca, Sucre y Valle. En estos diez se siembra maíz genéticamente modificado con resistencia a insectos y tolerancia a herbicidas y, en cuatro, algodón de similares características.
Los que sembraron mayor cantidad de maíz fueron: Valle (7.801 hectáreas), Córdoba (4.042) y Meta (3.138), y la mayor cantidad de algodón fue en Córdoba (10.186 hectáreas), Tolima (4.088), Cesar (3.799) y Huila (801).
Se destaca que dentro de las variedades de semillas transgénicas de maíz y algodón utilizadas, se encuentran los llamados stacked o eventos combinados, que tienen dos características simultáneas: la resistencia a insectos y la tolerancia a herbicidas. Además de las dos anteriores especies, se sembraron cuatro hectáreas de una variedad de clavel azul, con destino a la exportación.
Para el 2009, las autoridades aprobaron nuevas siembras comerciales y ensayos en invernadero; por ejemplo, se dio luz verde a la importación para consumo humano y animal a dos semillas de algodón (Monsanto), uno de maíz de la misma compañía y dos más de maíz a DuPont.
A finales de diciembre también se autorizó la siembra comercial de rosas azules y, en pruebas experimentales (en invernadero) de crisantemos azules, también genéticamente modificados.
Las especies ornamentales azules (claveles, rosas y crisantemos) son desarrollos biotecnológicos de la empresa australiana Florigene, de propiedad de Suntory, un conglomerado empresarial japonés, con intereses en siete sectores de la producción de alimentos, bebidas y servicios.
Una aprobación dada en el 2005 por el Invima para la comercialización de remolacha transgénica fue desestimada por Monsanto, multinacional estadounidense que la solicitó previamente. Un vocero de esta empresa aseguró desde St. Louis (Missouri) que no había mercado para esa especie.
Actualmente hay en Colombia…
Además del maíz, el algodón, los claveles y las rosas azules, en el país se llevan a cabo investigaciones en biotecnología agrícola, ya en etapas avanzadas (con financiamiento gubernamental), y ensayos en invernadero de empresas multinacionales con especies como:
En los laboratorios de la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB), en Medellín, se desarrolló la primera variedad de papa transgénica resistente al ataque de la polilla guatemalteca (Tecia solanivora), proyecto que ha contado con la colaboración de los centros de investigación Corpoica (Colombia) y CIP (Perú) y del gremio papero (Fedepapa).
En abril de 2009 se autorizó la importación de semillas de Soya Roundup Ready (de Monsanto) para estudios de bioseguridad y pruebas de evaluación en las zonas Caribe Húmedo y Seco, valle geográfico del río Cauca, Alto Magdalena y Orinoquia.
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat) ejecuta seis proyectos de investigación en modificación genética para la producción de etanol (biocombustibles).
El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar (Cenicaña) tiene una variedad de caña transgénica que se ha desarrollado cumpliendo todas las regulaciones vigentes; ésta es resistente al ataque del virus (del género Polerovirus) que ocasiona la llamada enfermedad de la hoja amarilla y ha estado sembrada en lotes de experimentación en dicho centro.
En lotes pequeños, el Ciat ha evaluado plantas transgénicas resistentes al virus de la hoja blanca (transmitido por el insecto Tagosodes orlzlcolus), una de las enfermedades que más afecta al cultivo, pues un ataque del mal puede ocasionar pérdidas de hasta el 80 por ciento del área afectada.
El Ciat trabaja con dos especies de pastos brachiaria y stylozantes para hacerlas resistentes a la plaga conocida como ‘salivazo’ o ‘mión de los pastos’, que en su ataque chupa la savia de las hojas de los forrajes y les causa necrosis, es decir, mata las plantas.
Grupo Semillas | Colombia | 08/21/2009
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Cacique Mayor del Resguardo de San Andrés de Sotavento, la Red Agroecológica del Caribe (RECAR) y el Grupo Semillas dan a conocer en la presente noticia, el informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los transgénicos y los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia.
CULTIVOS CONTAMINADOS, CULTURAS AMENAZADAS
Para los pueblos indígenas en Colombia, la diversidad de semillas criollas no sólo propor¬ciona una fuente vital de alimentos; también representa un componente fundamental de sus culturas, una fuente de la salud y un elemento crucial en los sistemas tradicionales de agricultura agroecológica que protege y preserva su medio ambiente y es la garantía para la soberanía alimentaria. El maíz es tan importante para la cultura de los pueblos indígenas que resulta vital, incluso, en la descripción de sí mismos: el pueblo Embera es literalmente “la gente del maíz”, y el pueblo Zenú se refiere a sí mismo como “los hijos de maíz” y es esencial para los pueblos indígenas del Cauca.
Las políticas y las prácticas del Estado colombiano relativas a los organismos modificados genéticamente (OMG) o transgénicos han violado, y amenazan seguir violando, los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, incluidos sus derechos a la libre determinación, a la consulta previa, a la participación, a los derechos colectivos, a su cultura, a la alimentación, a la salud y a la protección de una medio ambiente sano.
En 2005, el Estado colombiano emitió un decreto que regula la aprobación de los OMG. Aunque los pueblos indígenas son afectados por la liberación de semillas modificadas genéticamente (MG), no han sido consultados antes de la aprobación del decreto; tampoco el decreto prevé ninguna consulta durante el proceso de aprobación de la liberación de cada cultivo transgénico. En virtud de este decreto, los procesos de aprobación especialmente de semillas de maíz transgénico, han violado la obligación del Estado colombiano de aplicar el principio de precaución, y no han tenido en cuenta los estudios científicos que demuestran la amenaza actual de las semillas MG para las semillas nativas, la salud humana y el medio ambiente.
Este proceso de aprobación temerario y unilateral ha llevado a la liberación – reiterando, sin consulta previa a los pueblos indígenas -, de varias semillas MG que contaminarán permanentemente las semillas criollas. Las conclusiones a que llega el gobierno sobre la total seguridad de estas semillas, se basan en estudios científicos incompletos y sesgados que fueron realizados por el ICA y las empresas semilleras, y no se basaron en la totalidad de los conocimientos científicos actuales, que evidencian los posibles riesgos e impactos.
Tales medidas son totalmente insuficientes para evitar la contaminación de las semillas criollas a través de la polinización. El Estado no ha proporcionado a los pueblos indígenas la información completa relativa a la liberación de semillas transgénicas; pero a partir de la escasa información disponible, es evidente que estas semillas han sido plantadas cerca de los territorios indígenas y que la contaminación por la polinización se presentará irreversiblemente. Además, las semillas se contaminan a través de otras vías, como los programas de fomento agrícola y de ayuda alimentaria, o incluso a través del libre flujo de semillas entre los agricultores o en el comercio. El Estado no ha garantizado que las semillas criollas de los pueblos indígenas no sean contaminadas.
Como los científicos han reconocido, la contaminación genética de las semillas criollas es irreversible. Por lo tanto, las políticas y prácticas temerarias del Estado colombiano pronto afectarán -y puede que ya hayan sido afectadas- la cultura y los medios de vida de los pueblos indígenas en Colombia. Estos pueblos en diferentes regiones del país se están movilizando para proteger sus territorios y sus semillas criollas; pero si el Estado no cambia inmediatamente estas políticas y prácticas agrícolas, basadas en cultivos transgénicos, los derechos de los pueblos indígenas seguirán siendo violados.
El Estado colombiano y las empresas semilleras deben poner fin de inmediato a la liberación de las semillas MG en Colombia, hasta que sean aprobadas normas de bioseguridad adecuadas que sean adoptadas con la debida consulta previa con los pueblos indígenas, y hasta que todos los estudios científicos necesarios sean realizados y demuestren la total inocuidad de estos cultivos y alimentos transgénicos.
Hacemos un llamado al Relator Especial para estudiar esta cuestión durante su visita a Colombia, y proponemos la realización de una reunión especial con los Relatores Especiales sobre los derechos a la salud y a la alimentación, para abordar este tema. Solicitamos al Relator Especial que insista a los Estados Partes al Convenio 169 de la OIT en la obligación para consultar con los pueblos indígenas antes de adoptar políticas sobre los OMG y antes de liberar cualquier semilla transgénica que puedan afectar a esos pueblos.
Los transgénicos tienen impactos negativos para la agricultura
La contaminación genética de las semillas criollas por semillas MG es indiscutible, y estudios científicos han mostrado que la contaminación puede efectuarse a largas distancias a través de la polinización (tanto por el viento como por las abejas) o a través de programas de fomento agrícola y / o ayuda alimentaria. Pero el Estado ha concluido -con base en sus propios estudios incompletos y sesgados- que un zona de separación de solo 300 metros entre cultivos de maíz GM y cultivos de maíces criollos es suficiente, para proteger la biodiversidad de los resguardos indígenas.
La salud humana,
La Academia Americana de Medicina Ambiental ha resumido los efectos negativos de los transgénicos sobre varias sistemas esenciales para la vida, tales como el sistema inmunológico y el sistema de reproducción. El Estado hizo caso omiso de estos efectos antes liberar los cultivos transgénicos. Igualmente existen estudios que señalan la probabilidad de generar reacciones alergénicas, producción de toxinas y otros efectos en el organismo.
…y el medio ambiente
Se ha demostrado que los transgénicos resistentes a plagas son nocivos tanto a insectos no objetivos como a las plagas objetivos; y también que los transgénicos resistentes a herbicidas son asociados con un uso creciente de agrotóxicos como los herbicidas glifosato y glifosinato, que tienen impactos negativos sobre ecosistemas acuáticas y del suelo, y sobre todo para la salud.
Los derechos implicados
La política del Estado colombiano relativa a los transgénicos viola y/o implica varios derechos garantizados por tratados internacionales.
El Estado ha violado y amenaza los derechos a:
• La libre determinación, según el cual los pueblos indígenas pueden establecer libremente sus condiciones políticas y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
• La consulta previa, porque no consultó a los pueblos indígenas sobre medidas que son susceptibles de afectarlos directamente.
• La participación en acciones por proteger los derechos, la cultura, los bienes y el medio ambiente de los pueblos indígenas
• Una vida digna, porque imposibilita una existencia digna, dado que afecta negativamente la forma y proyecto de vida de los pueblos indígenas.
• La propiedad, porque la contaminación genética dañará irreparablemente las semillas criollas, un bien de los pueblos indígenas y la soberanía alimentaria.
• La cultura, que protege las formas particulares de vida relacionado con el uso de las tierras, especialmente en el caso de los pueblos indígenas.
• La alimentación, que garantiza una disponibilidad de alimentos sin sustancias nocivas, y aceptables culturalmente.
• La salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
• Vivir en un medio ambiente sano, porque no promueve la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.
¡Los pueblos indígenas queremos declarar nuestros Territorios
Libres de Transgénicos!
Asociación de Cabildos indígenas del Norte
del Cauca ACIN –
– Consejo regional Indígena del Cauca CRIC
– Resguardo de San Andrés de Sotavento
– Red Agroecológica del Caribe – RECAR
– Grupo Semillas
Acciones de resistencia frente a OGM
Algodoneros colombianos demandarán a Monsanto por semilla transgénica
Agencia AFP | | 06/29/2009
Algodoneros colombianos anunciaron el martes que demandarán al grupo agroindustrial estadounidense Monsanto por dar información engañosa sobre una semilla transgénica, cuyo uso aseguran dañó 13% de la cosecha del norte del país, provocando pérdidas por siete millones de dólares.
La empresa estadounidense negó haber entregado información engañosa y anunció en un comunicado que se trata de una apreciación que los algodoneros tendrán “que validar ante las autoridades competentes”.
Según sostuvo el gremio de productores de algodón, Conalgodón, Monsanto vendió a los cultivadores de los departamentos de Córdoba y Sucre (norte) una semilla transgénica que aseguró era resistente a una peligrosa plaga y a los efectos del herbicida glifosato, pero en la práctica no resultó así.
Los algodoneros acusaron a la firma estadounidense de “no haber entregado información pertinente sobre las características de las variedades que se sembraban por primera vez en la región, como la DP 164, (y) haber realizado una transferencia irresponsable sobre el manejo agronómico de las mismas”.
Según Conalgodón, que agremia a 27 asociaciones algodoneras, los agricultores compraron la DP 164, tres veces más costosa, confiados en la información de Monsanto, pero luego tuvieron que enfrentar pérdidas tras un ataque de la plaga spodoptera, mientra que el uso del glifosato causó enormes daños a la cosecha.
Monsanto había aceptado compensar con 640.000 dólares para distribuirlos entre todos los agricultores afectados en forma proporcional a sus cultivos, pero condicionó su entrega a exigencias que hicieron imposible cumplir el acuerdo, asegura Conalgodón.
Por el contrario Monsanto señaló que siempre tuvo disposición de “alcanzar una negociación justa” que “contemplara todos los factores que pudieron afectar los resultados de la cosecha algodonera”. La firma aseguró además que no pagó la compensación porque Conalgodón se negó a comprobar mediante un documento firmado la entrega de los recursos a los cultivadores.
La multinacional Monsanto, por su parte, ha dicho que expondrá sus argumentos y defenderá su posición cuando las autoridades competentes así lo soliciten. El acuerdo que hace un mes alcanzaron Monsanto y representantes de los productores algodoneros sobre el reconocimiento económico que haría la multinacional a los cultivadores por las pérdidas en la cosecha 2008-2009 de Córdoba y Sucre por el uso de su semilla DP 164, se fue al suelo.
Según la presidenta ejecutiva de la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón) Luz Amparo Fonseca Prada, esto sucedió porque Monsanto adujo el haberse vencido un plazo unilateral impuesto por ella misma para los acuerdos, por lo que decidió terminarlo. Esta situación es considerada por la empresa que agrupa a 27 asociaciones algodoneras como el interés de la multinacional para no cumplir con lo pactado.
“Las exigencias de Monsanto conducían a imposibilitar el cumplimiento del acuerdo porque querían que se les entregara un paz y salvo de los productores antes de que estos recibieran la compensación económica que les correspondiera”, afirma en un comunicado la presidenta de Conalgodón.
Conalgodón iniciará las acciones administrativas y legales para que se sancione a la multinacional Monsanto para que les restituya a los agricultores por las pérdidas causadas y restituya el daño causado en la imagen del gremio algodonero y de la gestión adelantada al asegurar Monsanto que “…el gremio pide para sí la totalidad de los dineros…”
Para la Confederación Colombiana del Algodón el perjuicio de los algodoneros se traduce no solamente en las pérdidas económicas como resultado de la adquisición de una costosa tecnología que no reportó los beneficios publicitados, sino también de una importante disminución en sus rendimientos por hectárea.
Conalgodón solicitará al Ica aplicar las sanciones previstas en la Resolución 148 del 18 de enero del 2005, por el suministro de información engañosa, incompleta e inexacta a través de volantes entregados a los agricultores sobre el espectro de control de spodoptera de la tecnología Bollgard II conduciéndolos a error en el manejo agronómico del cultivo y ocasionando por ello, altas pérdidas y sobrecostos.
El gremio presentará ante la Superintendencia de Industria y Comercio denuncia por el mismo hecho en virtud de la protección al consumidor y denuncia por abuso de posición dominante en la manipulación de información, desventaja en la posición negociadora y daño por campaña de desprestigio e infamia contra Conalgodón.
Alemania se declara libre de transgénicos
Greenpeace | Alemania | 04/22/2009
La variedad MON810 es cultivada principalmente en la UE para alimentación animal – y es ahora que debe considerarse la renovación de su autorización en virtud de las normas de la UE después de la expiración de su licencia de diez años. Cualquier gobierno que examina seriamente los riesgos asociados con el crecimiento de este maíz sólo puede llegar a una conclusión racional: debe ser prohibido. Greenpeace ha demandado durante años la prohibición de este maíz en la UE. Ahora, con los dos países más fuertes en la UE, Francia (a partir del año pasado) y Alemania, la organización cada vez está más cerca del objetivo. Greenpeace considera este gran paso de Alemania como una victoria para el medio ambiente, para los consumidores y los agricultores que quieren evitar los cultivos transgénicos, así como para la ciencia independiente.
La crisis alimentaria en Colombia
El maíz transgénico en Colombia destruye nuestra soberanía alimentaria
Grupo Semillas | Colombia | 05/21/2009 | Este artículo ha sido leído 1214 veces
El maíz es uno de los inventos más extraordinarios que crearon las culturas ancestrales de Mesoamérica y que luego lo hicieron florecer miles de pueblos, comunidades indígenas y campesinas de América Latina y de todo el mundo. Este cultivo ha sido uno de los pilares fundamentales que sustenta la cultura de numerosos pueblos originarios y son el soporte de gran parte de los sistemas de producción y de la soberanía alimentaria de las poblaciones rurales en todo el continente. Además, desde inicios de la revolución verde, el maíz ha sido uno de los productos alimenticios y de uso industrial más importante para la economía global y la base alimentaria de gran parte de la población de los países del Sur.
Actualmente este escenario ha cambiando y el mercado especulativo del maíz, especialmente en Estados Unidos – primer productor mundial – en donde gran parte de la producción de maíz que antes exportaba y que se destinaba a suplir las necesidades de otros países, ahora se utiliza para producir etanol como combustibles para autos. Y lo más grave es que este nuevo modelo productivo es totalmente ineficiente en su balance energético y solamente es económicamente viable gracias a los enormes subsidios que reciben los productores en los países del Norte. El maíz y los demás productos básicos de la alimentación mundial se han convertido en mercancías, en donde un puñado de transnacionales controlan el mercado mundial de alimentos, con los cuales se especula en las bolsas de valores, siendo esta una de las principales causas de la profunda crisis alimentaria que ya se está sintiendo en todo el mundo y especialmente en los países importadores de alimentos.
El trabajo colectivo de millones de agricultores y agricultoras, quienes desde épocas ancestrales han cuidado, multiplicado, seleccionado y mejorado las numerosas razas y variedades de maíz, se expresa en el maravilloso abanico de diversidad de maíces nativos y criollos que han heredado las comunidades campesinas, indígenas y afroamericanas de todos nuestros países. Este preciado tesoro, es un patrimonio de todos nuestros pueblos y ha sido el símbolo de nuestra libertad, autonomía y soberanía alimentaria. Actualmente muchas comunidades rurales de América latina se consideran culturas hijas del maíz, es así como por ejemplo muchos pueblos andinos originarios hablan que “Nosotros criamos a las semillas, de igual forma como las semillas nos crían a nosotros”.
Pero hoy más que nunca el maíz está amenazado de muerte; un puñado de transnacionales le quiere arrebatar este valioso grano dorado a los pueblos del mundo. Como dicen los indígenas zenú “El Dorado no era un botín infinito de oro atesorado por indígenas, que enloqueció a los conquistadores; el Dorado no es otra cosa que los granos de sol que visten de maíz…” Es así como el comercio global ha convertido el maíz en una codiciada presa de caza, que se la disputan unas pocas empresas semilleras como Monsanto, Dupont, Syngenta, entre otras. Actualmente las diez mayores empresas semilleras controlan el 60% del mercado de semillas en el mundo. El maíz está acorralado por las numerosas patentes y derechos de obtentores vegetales, que impiden que este patrimonio colectivo fluya libremente entre los agricultores como siempre lo había hecho. Para acabar de cerrar el cerco sobre el maíz y a las demás semillas, se están estableciendo nuevas leyes de semillas que no sólo buscan que las transnacionales impongan sus semillas patentadas, sino que además pretenden criminalizar el uso de las semillas que todavía están en manos de los agricultores, porque ven la agricultura tradicional como una amenaza a sus pretensiones hegemónicas y monopólicas de toda la cadena productiva.
Para el año 2008, de los 157 millones de hectáreas de maíz sembrado en el mundo, 37,3 millones de hectáreas fueron de maíz transgénico, que corresponde al 24% del área total de maíz y al 30% de los cultivos genéticamente modificados (GM) sembrados en el mundo (ISAAA, 2009). El principal productor de maíz transgénico es Estados Unidos. En América Latina es sembrado en Argentina, Brasil y Uruguay y Colombia. Pero en la mayoría de los países de la región todavía no ha sido aprobado su cultivo. Es preocupante que un país megadiverso en maíz como Colombia haya aprobado las siembras comerciales de maíz transgénico.
Colombia, un país megadiverso en maíz
Colombia, luego de México y Perú es uno de los centros de mayor biodiversidad de maíz en el mundo, En el país, el cultivo de maíz es de gran importancia debido a que ha sido la base de la alimentación de gran parte de la población rural y urbana. En el territorio nacional se ha generado una amplia diversidad de variedades nativas que se han desarrollado y adaptado a las diferentes regiones agroecológicas, culturales y productivas. En Colombia se encuentran reportadas 23 razas de maíz: (2 razas primitivas, 9 razas introducidas y 12 razas híbridas (tanto remotas y recientes). De cada una de ellas existen cientos de variedades y ecotipos, que han sido creadas, mejoradas y conservadas por numerosas de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Es así como en los bancos de germoplasma de maíz de Corpoica, se conservan más de 5.600 accesiones (muestras) de maíz, la mayoría recolectadas en Colombia.
Los cultivos de maíces transgénicos se aprobaron en Colombia de forma vergonzosa
En febrero de 2007 el ICA aprobó las siembras comerciales “controladas” – que en realidad son de carácter comercial- de tres variedades de maíz transgénico: maíz Bt YieldGard MON 810 (de Monsanto), maíz Roundup Ready (de Monsanto) y maíz Herculex I Bt y tolerante al herbicida glufosinato de amonio (de Dupont), en los departamentos de Córdoba, Sucre, Huila y Tolima. Esta decisión precipitada y unilateral se tomó sin haberse realizado de manera completa e integral los estudios que demuestren la seguridad y conveniencia de estas tecnologías para el país y para los agricultores. Igualmente el gobierno ha desconocido las voces de rechazo frente a estos cultivos, expresadas por comunidades, indígenas, campesinos y organizaciones ambientalistas.
Tampoco el ICA tuvo en cuenta el concepto técnico emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial (MAVDT), en el marco de las solicitudes de maíces transgénicos que estaba estudiando el Comité técnico de bioseguridad del Ministerio de Agricultura (CTNBio), sobre las solicitudes para la liberación comercial presentadas por la Compañía Agrícola Colombiana Ltda. (Monsanto) y Dupont de Colombia S.A. Dicho concepto señaló que no se han realizado suficientes estudios de bioseguridad por el ICA. Lo anterior muestra la ligereza y poco rigor científico que se tuvo para tomar decisiones de trascendental importancia para el país (Grupo Semillas, 2007).
Este concepto declara que los estudios de bioseguridad realizados no incluyen una evaluación ambiental integral y completa, que contemple todas las variables biológicas, ecológicas, sociales, económicas y culturales derivadas la las actividades con este tipo de organismos; los estudios realizados han sido solo de carácter agronómico y biológico. Tampoco en estas evaluaciones se han considerado análisis socioeconómicos, culturales y productivos, que incluya a toda la cadena productiva y diferentes sistemas de producción, tipos de agricultores y grupos sociales y culturales. No existe un inventario nacional sobre maíces criollos actualizado que permita definir e implementar acciones para su protección y conservación del maíz tanto in situ como ex situ, y para precisar y priorizar la áreas del país que por la presencia de variedades nativas podrían ser declaradas como zonas libres de maíz transgénico. Adicionalmente el MAVDT, afirma que en el proceso de evaluación y autorización de los maíces GM, no se tuvo en cuenta lo ordenado por el articulo 23 y 26 del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, relacionado con la información y la participación del público, en el proceso de adopción de decisiones y la incorporación de las consideraciones socioeconómicas.
Posteriormente el ICA autorizó las “siembras controladas” de otros dos tipos de maíces transgénicos: Resolución 2201, agosto de 2007, maíz con tecnología conjunta YieldGard® (MOM 810) + Roundup Ready® (NK 603) de Monsanto. Y de la Resolución 878, marzo de 2008, maíz con la tecnología conjunta Herculex I (TC 1507) + Roundup Ready (NK 603). Igualmente estas autorizaciones, son en la práctica liberaciones comerciales, sin haberse realizado los estudios de bioseguridad requeridos.
Adicionalmente el ICA, entre diciembre de 2006 y febrero de 2008, aprobó el empleo de varios tipos de maíces, arroz y soya transgénicos como materia prima para la producción de alimentos para consumo de animales domésticos, mediante las siguientes resoluciones: Res. 3746, dic. 15/06: maíz Yieldgard®, MON 810, de Monsanto; Res. 3745, dic. 15/06: maíz Herculex I®, evento TC 1507, de Dupont; Res.309, feb. 11/08: maíz Bt11 + tolerante a herbicida Glufosinato de amonio, de Syngenta; Res. 308, feb. 11/08: arroz Tolerante a herbicida Glufosinato de Amonio, evento Llrice62®, de Bayer CropScience S A; Res. 2367, ago. 28/07): maíz Yieldgard Dos ®, MON 89034, de Monsanto; y Res. 2942, nov. 06/07: Soya Roundup Ready®, tolerante al Glifosato, de Monsanto.
Inevitablemente el maíz transgénico contaminará el patrimonio genético de maíz.
El ICA realizó evaluaciones de flujo genético en muy pocas variedades mejoradas, sacando conclusiones de total seguridad de estos maíces transgénicos, pero no se analizó la enorme diversidad de variedades de maíces cultivadas por los agricultores, las cuales pueden cruzarse fácilmente con las variedades transgénicas. Adicionalmente se desconoce que la contaminación no solamente se da por factores ambientales como el viento y los insectos, sino también porque el maíz transgénico puede entrar a los territorios indígenas y campesinos, vía importación de alimentos, y también mediante los programas de fomento agrícola y de ayuda alimentaria, entre otras formas.
¿La siembra de maíz transgénico fuera de los resguardos indígenas?
En la aprobación de las siembras de maíz transgénico, El ICA se lava las manos prohibiendo su siembra en resguardos indígenas y establece sin ningún argumento científico, una distancia mínima de trescientos metros entre el resguardo y los cultivos de maíz GM, supuestamente para proteger el patrimonio genético del maíz. Es evidente que esta corta distancia es totalmente insuficiente para proteger los maíces criollas de la contaminación genética, existen estudios que han demostrado que el flujo genético por efecto de vientos fuertes ocurre a varios kilómetros. Esta determinación resulta insuficiente para proteger los resguardos, dado que en el país las áreas de resguardos reconocidas legalmente a muchas comunidades indígenas no coinciden con los territorios ancestralmente reconocidos. Adicionalmente, en muchos casos los resguardos son áreas discontinuas con presencia de terrenos de propiedad de campesinos y también están en manos de terratenientes o áreas agroindustriales, en donde es imposible realizar un control de bioseguridad que evite la contaminación genética.
Asimismo, históricamente los pueblos indígenas y los campesinos han compartido e intercambiado sus semillas y sistemas tradicionales; pero el ICA, en la autorización de siembras de maíces transgénicos no excluye la siembra de estos maíces en zonas campesinas. Con esta determinación, se está dejando absolutamente desprotegidos a comunidades campesinas, quienes representan el 61% de los productores de maíz del país y aportan la mayor parte del maíz que se produce en Colombia, desconociendo la importancia que tiene el maíz para la soberanía alimentaria de millones de campesinos del país, quienes en su mayoría no quieren que estos cultivos entren a sus sistemas productivos.
El ICA no respondió inquietudes esenciales acerca de la coexistencia entre los cultivos de maíz no transgénico y maíz transgénico. Estudios suficientemente soportados realizados en Europa muestran que la coexistencia es imposible y que inevitablemente la contaminación genética ocurrirá. ¿Quién y cómo va a controlar y evitar la contaminación de los maíces de las comunidades campesinas e indígenas y de los agricultores agroindustriales no transgénicos?, ¿Quién sanciona, quién responde y qué tipo de indemnización se daría por ser contaminado?
Demanda judicial sobre maíces transgénicos aprobados
Teniendo en cuenta la forma irregular como se aprobó la siembra de varios tipos de maíces transgénicos en el país, el Grupo Semillas en mayo de 2007, presentó ante el Consejo de Estado, dos “Acciones de Nulidad” frente a las autorizaciones del ICA, para las siembras controladas del maíz Bt YieldGard de Monsanto y maíz Herculex I de Dupont. La argumentación de la demanda se basa en que las resoluciones del ICA, violan el artículo 23, numeral 2 de la Ley 740 de 2002, que ratifica el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, en donde se establece que “todas las decisiones que se adopten con relación con organismos vivos modificados genéticamente deberán ser consultados con el público”. El 8 de mayo de 2008 el Consejo de Estado admitió la demanda del maíz Herculex I, y la demanda del maíz Bt YieldGard, fue admitida el 29 de abril de 2008, procesos que actualmente están en curso.
Evidentemente, el ICA no realizó consultas con el público para autorizar estas siembras de maíz GM, y particularmente no contó con las comunidades indígenas y campesinas quienes son los directamente más afectados con esta decisión. Esperamos que estas acciones judiciales sean finalmente falladas revocando la decisión de ICA de autorizar las siembras de estos maíces transgénicos. Si este fallo es positivo, nos permitirá proteger el patrimonio genético de maíz y detener el avance de las semillas transgénicas que las transnacionales están introduciendo aceleradamente con el aval de las autoridades gubernamentales.
Sin embargo, no debemos cifrar todas las esperanzas en las acciones judiciales, aunadas a éstas, se requiere la combinación de múltiples estrategias y acciones desde los ciudadanos en alianza con diferentes sectores sociales (comunidades locales, agricultores, consumidores, organizaciones ambientalistas, academia, medios de comunicación, entre otros) para detener la entrada de transgénicos al enfrentar estas tecnologías y los modelos económicos insustentables.
Decreto 4525 de 2005, un insulto a la Bioseguridad
Este Decreto reglamenta la Ley 740 de 2002, que aprueba el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, norma que representa el mayor retroceso en el tema de bioseguridad, puesto que se constituye en una herramienta para simplificar y facilitar la aprobación de organismos GM de uso agrícola, pecuario, forestal, ambiental, alimentario. Algunos de los aspectos más críticos de este decreto son:
• Se crean tres comités técnicos de Bioseguridad (CTNbio) independientes: 1) CTNbio Agrícola, a cargo del Ministerio de Agricultura, que aprueba transgénicos de uso agrícola, pecuario, forestales y agroindustriales. 2) CTNbio Ambiental, a cargo del Ministerio de Ambiente, que aprueba transgénicos para uso ambiental. 3) CTNbio de Salud, a cargo del Ministerio de la Protección social que aprueba transgénicos de uso para la salud y para alimentación humana.
• Las evaluaciones de riesgo que debería hacer las autoridades, son realizadas por el solicitante, convirtiendo al interesado en “en juez y parte”; por lo que se pierde objetividad, independencia y rigor científico, elementos requeridos en este tipo de evaluación. Esta evaluación permite homologar estudios que se hayan realizado en otros países con contextos ambientales y socioeconómicos diferentes o avalados por estas mismas empresas, por tanto no deberían ser aplicables al contexto nacional.
• El Decreto 4525, deroga la obligación de tramitar licencia ambiental considerada en la ley 99/93; obligación que fue ratificada por fallo del Consejo de Estado en mayo de 2005.
Demanda judicial del Decreto 4525
Teniendo en cuenta los aspectos críticos antes mencionados, el Grupo Semillas con la participación de abogados de la Universidad del Rosario, interpusieron una Acción de Nulidad ante el Consejo de Estado, contra el Decreto 4525/05. Esta demanda fue admitida para su estudio en fecha del 15 de diciembre de 2008 y el proceso actualmente se encuentra en curso. Los argumentos principales de esta demanda se basan en las siguientes consideraciones:
1. Potestad reglamentaria: Se consideraría que el Decreto 4525 de 2005, no debe ser expedido por el Gobierno Nacional, dado que este no tiene la facultad extraordinaria para desarrollar el marco regulatorio de los organismos vivos modificados –OVM- de acuerdo con lo establecido por la Ley 740 de 2002. Es el Congreso de la República en colaboración con las diferentes entidades y autoridades, quienes tienen la función de complementar la regulación existente, es claro que no puede confundirse la facultad de hacer las leyes con la facultad de reglamentarlas y no se puede alterar o modificar el contenido y espíritu de la ley, que fue lo que claramente se hizo con el Decreto demandando.
2. Reserva legal: Lo que se hizo con el Decreto 4525 fue modificar toda la funcionalidad que versaba sobre el tema de OVM, dividiendo, fraccionando, eliminando, perjudicando lo ya establecido y regulado completamente en otras leyes, como es Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 94 y la Ley 740 de 2000, entre otras.
3. Licencia Ambiental: El artículo 52 de la Ley 99/93, claramente establece que es competencia del MAVDT “otorgar de manera privativa licencia ambiental para la producción e importación de pesticidas y de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles por virtud de tratados, convenios y protocolos internacionales.” Muestra de los antes enunciado es el fallo del Consejo de Estado del 4 de febrero de 2005 en el cual se determina que: “todas las solicitudes para cultivos GM, que se tramiten posterior a la entrada en vigencia del Protocolo…, tienen que tramitar licencia ambiental en el MAVDT.” El omitir la exigencia de la licencia ambiental para OVM en el Decreto 4525, facilita desbordadamente los trámites de las solicitudes a las empresas solicitantes, quienes son las más interesadas en la introducción de alimentos y cultivos transgénicos, puesto que esta norma permite eximir muchas de las evaluaciones de riesgo y de control por parte de las autoridades competentes y le transfiere gran parte de estas funciones a las mismas empresas que pretenden introducir estos organismos.
4. Evaluación de riesgo: Los artículos 16 y 17 del Decreto 4525 establecen que “para los OVM para uso exclusivo en salud o alimentación humana y/o ambiental, las evaluaciones y gestión de riesgo será elaborado por el solicitante o interesado”. Resulta muy preocupante que las autoridades en la materia estén delegando esta función totalmente en el solicitante; lo que convertiría a quien pretende introducir transgénicos “en juez y parte”, y se perdería totalmente la objetividad, la independencia y el rigor científico en este tipo de evaluación.
5. Principio de Precaución: En el Decreto 4525 aunque se menciona el Principio de Precaución, no se tiene en cuenta para establecer la aplicabilidad de un OVM, puesto que las evaluaciones de bioseguridad, no se están realizando en la forma que el ordenamiento prevé, que es a través de un estudio de impacto ambiental, el cual está contenido en la licencia ambiental, que es el mecanismo idóneo para evitar un daño al medio ambiente y a la salud humana, en el sentido de determinar el grado de certeza científica.
6. Competencia del superior jerárquico en el sistema nacional ambiental: La temática prevista en la Ley 740/02, y claramente revela que lo que se reglamenta mediante el Decreto 4525/05 es de carácter ambiental. Esto significa que existe una preeminencia jerárquica del Ministerio de Ambiente, como autoridad superior jerárquica del Sistema Nacional Ambiental (SINA), establecido en la Ley 99/93. Es así como la división planteada por el Decreto 4525 al crear tres CTNBio (Agrícola, Salud y Medio Ambiental) desvirtúa la estructura organizacional jerárquica superior del MAVDT. No tiene sustento científico y jurídico pretender realizar las evaluaciones de bioseguridad y los trámites para la aprobación de organismos GM, mediante tres comités que operan de forma separada y desarticulada, puesto que estas evaluaciones de bioseguridad deben ser realizadas de forma integral para proteger el ambiente, la biodiversidad y la salud pública en el país.
7. La participación ciudadana: La Ley 740/02, en el Artículo 23, garantiza la concienciación y participación del público; es decir que considera que se debe asegurar los niveles de participación ciudadana y ambiental no solo informativa, sino de vigilancia y co-decisión. El Artículo 37 del Decreto 4525 establece la participación del público, planteando que “las autoridades competentes garantizarán la información al público tanto de las solicitudes en curso como de las decisiones adoptadas, utilizando los medios institucionales de difusión. Igualmente, las autoridades competentes promoverán la participación del público en el proceso de adopción de decisiones para el desarrollo de actividades con Organismos Vivos Modificados –OVM”. Pero la implementación de la participación del público no es desarrollado en el Decreto, toda vez que en los CTNBio no existen representantes de la ciudadanía en los procesos decisorios. Es innegable que en los casos de cultivos transgénicos aprobados en el marco del Decreto 4525, se debió consultar previamente a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas; de acuerdo con los mandatos de la Constitución Nacional y lo ordenado por la Ley 169 de la OIT, y demás marcos jurídicos nacionales, puesto que estas actividades pueden afectarlas negativamente.
8. Consideraciones socioeconómicas: El Articulo 26 de la Ley 740/02 dice, que en la adopción de una decisión sobre la aprobación de OVM se podrán tener en cuenta, las consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los OVM para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmente en relación con el valor que ésta diversidad tiene para las comunidades indígenas y locales”. Pero en el Decreto 4525, no se incluye ningún tipo de requerimiento de evaluación socioeconómica. Esto es especialmente grave en países como Colombia que tienen una amplia diversidad étnica y cultural, y en donde este tipo de tecnologías pueden afectar de forma negativa a las comunidades indígenas y campesinas, específicamente a sus sistemas tradicionales de producción, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, no solo de las poblaciones rurales, sino también de las urbanas.
Creemos que esta acción judicial es muy importante y esperamos que el falló culmine con la revocatoria de esta norma; puesto que es inconstitucional y violatoria de la normatividad ambiental vigente en el país; constituye un retroceso a las políticas y regulaciones internacionales y nacionales en materia de bioseguridad. La intencionalidad de este decreto es obvia: el decreto está orientado a beneficiar los intereses particulares de las empresas que pretenden introducir organismos transgénicos al país y no está diseñada para proteger el interés general representado en el patrimonio ambiental nacional.
¿Qué debemos hacer los ciudadanos para proteger el maíz?
Los campesinos en todo el mundo, ven con preocupación como el maíz se convirtió en pocos años, en una mercancía mas, que tiene propiedad privada y que se manipula en los laboratorios para obtener semillas transgénicas de alto valor comercial; cercenando así el derecho milenario de los pueblos a mejorar, conservar, intercambiar y comercializar la enorme diversidad en la que se expresa el maíz en todo el mundo.
La sociedad civil en Colombia ha estado marginada del debate sobre los organismos transgénicos y la toma de decisiones se ha limitando a la participación de los sectores gubernamentales, científicos y gremios económicos, y se ha marginado a la mayor parte de la sociedad que puede ser afectada directa o indirectamente, como los agricultores y los consumidores. Es sí como las autoridades gubernamentales en temas de bioseguridad, los medios de comunicación, la comunidad científica, no ponen información real y objetiva sobre estos temas a disposición de la sociedad, motivo por el cual los ciudadanos no pueden tomar una posición libre e independiente sobre la adopción o no de cultivos y el consumo de alimentos transgénicos. Especialmente los campesinos e indígenas no han sido tenidos en cuenta, a pesar de que pueden ser los más afectados por la introducción de estas tecnologías y sin embargo, en muchas regiones del país las organizaciones indígenas, negras y campesinas tienen una posición muy crítica sobre los impactos que podría generar los organismos transgénicos en sus territorios.
Frente a los cultivos y alimentos transgénicos desde la sociedad civil se están realizando y promoviendo las siguientes acciones:
• Promoción e implementación de proyectos productivos agroecológicos y de alimentación, por parte de las comunidades indígenas y campesinas. Los proyectos se basan en el manejo, recuperación e intercambio de la biodiversidad, la valoración de los saberes tradicionales y de la soberanía alimentaria.
• Realización de acciones de sensibilización y capacitación a la población en general sobre estos temas, a través de talleres, seminarios, encuentros y ferias.
• Declaración de zonas y territorios libres de transgénicos, como un instrumento de las organizaciones sociales para ejercer el derecho a decidir libremente a rechazar tecnologías y proyectos que afectan sus territorios, sus sistemas productivos y su soberanía alimentaria, (esta acción en Colombia es especialmente viable en territorios indígenas). En el Caribe el pueblo indígena zenú declaró en 2005 el Resguardo de San Andrés de Sotavento de Córdoba y Sucre como “Territorio Libre de Transgénicos. Actualmente otras organizaciones indígenas (pueblo Nasa del Cauca y el resguardo indígena embera de Cañamomo en Riosucio Caldas), están trabajando para tomar decisiones similares en sus territorios.
• Establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes sectores de la sociedad (organizaciones campesinas, ONG ambientalistas, académicos, consumidores, entre otros). Articulación de acciones mediante campañas nacionales y redes que están trabajando sobre estos temas.
• Instauración y apoyo a demandas judiciales en contra de la introducción de cultivos transgénicos en Colombia, por ser actividades claramente violatorias al ordenamiento jurídico ambiental colombiano y puesto que se realizan sin la participación y consulta a las comunidades indígenas y afrocolombianas.
• Rechazo a los programas agrícolas de fomento y ayuda alimentaria gubernamentales y privados que promuevan o utilicen semillas y alimentos transgénicos.
• Presión al gobierno para que permita a los ciudadanos ejercer el derecho a la participación de en el proceso de evaluación, seguimiento y toma de decisiones sobre la liberación de organismos GM. También para que permita el acceso a la información real y completa sobre estas tecnologías y para que las comunidades locales sean consultadas en la toma de decisiones sobre la aprobación de estos cultivos.
• Los consumidores deben ejercer el derecho de decidir libremente si aceptan o no los organismos GM y sus productos derivados. Por eso, deben exigir que los productos que consumen tengan la información real y completa sobre su composición, para lo cual es fundamental que exista la separación de productos GM y no GM y el etiquetado de estos productos.
• Es fundamental que la “carga de la prueba” sobre la seguridad de un producto transgénico recaiga sobre quien produce esta tecnología y no sobre los agricultores y los consumidores, como ocurre actualmente; y que se establezca un régimen de responsabilidad y compensación por daños generados por la introducción de organismos transgénicos.
Finalmente, la única forma de evitar que estos cultivos generen impactos negativos ambientales, socioeconómicos y en la salud es prohibiendo su liberación comercial, porque no es posible la coexistencia de ambos tipos de cultivos, en un mismo territorio, y no sería posible detener estos impactos. Si el gobierno de Colombia quisiera proteger el patrimonio genético del maíz que está en manos de las comunidades indígenas, negras y campesinas, y quisiera garantizar el derecho que tenemos los ciudadanos a un ambiente sano y a la salud pública, debería excluir la siembra y el consumo de maíz transgénico del territorio nacional, es decir, Colombia se debería declarar territorio libre de transgénicos.
• Acción de nulidad instaurada ante el Consejo de Estado, contra la resolución 464 de 26 de febrero de 2007, por el cual se autorizan las siembras de maíz con la tecnología Herculex I (TC-1507), expedida por el ICA. (Grupo Semillas, mayo 2007)
• Acción de nulidad instaurada ante el Consejo de Estado, contra la resolución 465 de 26 de febrero de 2007, por el cual se autorizan las siembras de maíz con la tecnologíaYielgard (Mon 810), expedida por el ICA. (Grupo Semillas, mayo 2007).
• Acción de nulidad instaurada ante el Consejo de Estado, contra el Decreto 4525 de 6 de diciembre de 2005, por el cual se reglamenta la ley 740 de 2002, expedida por el Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural. (Grupo Semillas y Galeano Juan Pablo, julio de 2008)
• Declaración del resguardo indígena zenú de Córdoba y Sucre, como territorio libre de transgénicos. San Andrés de Sotavento, 7 de octubre de 2005. Revista Semillas (26/27): 8-10, dic. 2005.
• Ecologistas en Acción, 2006. Zonas Libres de Transgénicos. Campaña por una alimentación sana y segura para todas las personas del planeta. Cuadernos de Ecologistas en Acción 12. Madrid, dic., 2006, 20 p. (http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article6534).
• Grupo Semillas, 2007. Aprobado el maíz transgénico en Colombia. Una amenaza a la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Revista Semillas (32/33): 21-31, jun, 2007.
• ISAAA, 2009, Global status of comercialized Biotech/GM crops: 2008 the first thirteen years, 1996 to 2008. Briefs N° 39.
• MAVDT, 2007. Concepto Técnico Solicitudes de Actividades con Organismos Genéticamente Modificados. Documento presentado por el MAVDT al Comité Técnico Nacional de Bioseguridad con fines agrícolas, pecuarios, pesqueros, plantaciones forestales comerciales y agroindustria (CTNBio), en la reunión del 31 de enero de 2007.
• Resolución 464 ICA de 2007. http://www.bch.org.co/bioseguridad/admon/archivos/leyes/2007R464.pdf y Resolución 465 ICA de 2007 http://www.bch.org.co/bioseguridad/admon/archivos/leyes/2007R465.pdf . Autoriza las siembras controladas de dos variedades de maíz transgénico (Bt y resistente a herbicidas), en los departamentos de Córdoba, Sucre, Huila y Tolima.
• Resoluciones del ICA, por las cuales se autoriza las “siembras controladas” de otros dos tipos de maíces transgénicos: Res. 2201, ago./07, maíz con tecnología conjunta YieldGard® (mon 810) + Roundup Ready® (NK 603) de Monsanto; y Res. 878, mar./08). maíz con la tecnología conjunta Herculex I (TC 1507) X Roundup Ready (NK 603).
• Resoluciones del ICA, por las cuales autoriza el empleo de varios tipos de maíces y otros productos transgénicos como materia prima para la producción de alimentos para consumo de animales domésticos: Res.309 – Feb. /08 Maíz Bt11 de Syngenta, tolerante al herbicida Glufosinato de amonio; Res.308 – Feb. /08. arroz Llrice62®, de Bayer CropScience, tolerante a herbicida Glufosinato de Amonio, Res. 2942 – Nov. /07. Soya Roundup Ready® de Monsanto, tolerante a glifosato.
• Sindicato de Obreros del Campo y Grupos Auto gestionados de Konsumo de Madrid, 2006. En defensa de la ecología, la seguridad y la soberanía alimentarias. Prohibición de alimentos y cultivos transgénicos. Coexistencia: no, no y no. jun., 2006
• Velez, Germán, 2006. Transgenic foe works to unite small food producers. EcoAméricas,8 (9):12. Jul, 2006.
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 artículo 52
 Artículo 23
 Artículo 37
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