Source: http://www.libertadidioma.com/2005/20051106.htm
Timestamp: 2020-04-07 20:41:42+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Domingo 6 Noviembre 2005
El Foro de Ermua reúne en Madrid a miles de personas en defensa de la Constitución
NIEVES COLLI ABC 6 Noviembre 2005
C. S. Macías La Razón 6 Noviembre 2005
El Foro Ermua reclama al Gobierno que preserve la unidad nacional
AGENCIAS/MADRID El Correo 6 Noviembre 2005
Miles de personas defienden la unidad de España frente a la ofensiva nacionalista
Europa Press Libertad Digital 6 Noviembre 2005
Miles de personas secundaron la manifestación en Madrid en defensa de la Constitución
La concentración convocada por el Foro de Ermua pide al Gobierno que se oponga a proyectos que debilitan España
Efe Madrid Estrella Digital6 Noviembre 2005
La identidad y el romero
ANTONIO BURGOS ABC 6 Noviembre 2005
De la soledad y otros efectos
IGNACIO CAMACHO ABC 6 Noviembre 2005
Pío Moa Libertad Digital 6 Noviembre 2005
Pocos, malos y solos
Cristina Losada Libertad Digital 6 Noviembre 2005
ESPAÑA FRENÉTICA
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 6 Noviembre 2005
El silencio tiene un límite
Ignacio Villa Libertad Digital 6 Noviembre 2005
EDURNE URIARTE ABC 6 Noviembre 2005
El turno vasco
Editorial ABC 6 Noviembre 2005
Antonio José Chinchetru Libertad Digital 6 Noviembre 2005
16. El rayo que fulmina
Por Luis del Pino Libertad Digital 6 Noviembre 2005
Maragall en la comisaría
IGNACIO MARCO-GARDOQUI El Correo 6 Noviembre 2005
Sin educación no hay nación
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 6 Noviembre 2005
La hora de la movilización social
Carmen Morodo ABC 6 Noviembre 2005
«El Gobierno promueve el Poder Judicial con el que sueñan los nacionalistas en Cataluña»
F. Velasco ABC 6 Noviembre 2005
Jiménez Losantos: "La estrategia liberticida en España pasa por liquidar a la COPE"
Libertad Digital 6 Noviembre 2005
Miles de personas protestan en Valencia contra el tripartito y los «Països»
MANUEL CONEJOS ABC 6 Noviembre 2005 El Foro de Ermua reúne en Madrid a miles de personas en defensa de la Constitución
A la concentración asistieron, el alcalde de Madrid, Ana Botella y Loyola de Palacio; intelectuales como Mingote y Umbral respaldaron el manifiesto leído en el acto
MADRID. «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Estas palabras, extraídas del artículo 1 de la Constitución de 1978 y leídas por el filósofo y escritor vasco Jon Juaristi, abrieron el acto con el que el Foro de Ermua y una veintena más de asociaciones cívicas defendieron ayer, en la madrileña Puerta del Sol, la unidad de España, la propia Carta Magna y los valores de igualdad y solidaridad entre todos los españoles que en la norma fundamental se propugnan. Estas palabras, leídas ante miles de personas que abarrotaron la céntrica plaza, arrancaron el primer y más cálido aplauso así como los primeros gritos de «España, España».
Esa sería la tónica de una concentración a la que asistieron destacados miembros del Partido Popular -como el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón; la concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano, Ana Botella; el vicepresidente y consejero de Justicia de la Comunidad, Alfredo Prada; o la eurodiputada Loyola de Palacio- y en la que Juaristi leyó un manifiesto que suscribieron, entre otros intelectuales, Antonio Mingote y Francisco Umbral.
Entre el público asistente, un gran número de jóvenes -varias de las asociaciones convocantes pertenecen al ámbito universitario- que no pararon de animar el acto con sus aplausos y que llevaron la voz cantante al corear lemas como «España unida jamás será vencida», «Zapatero embustero» o «Cataluña es España». Este último, junto a la petición de dimisión del presidente del Gobierno, fue uno de los que mejor cuajó a pocos minutos de que Jon Juaristi tomara el micrófono para leer el manifiesto.
El escrito critica con dureza los nacionalismos que se sirven «deslealmente» del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución de 1978 «para romper el consenso y trabajar en la destrucción de España» y que pretenden imponer a todos los ciudadanos un proyecto «que sería antepuerta de un nuevo totalitarismo».
«Inadmisible tergiversación»
Los firmantes defienden la unidad de la nación española como «garante de la igualdad y la solidaridad»; califican de «inadmisible y delirante tergiversación que se identifique como reaccionaria la unidad de los españoles o la propia idea de España y se considere progresista la Cataluña o la Euskal Herria insolidarias e independientes con las que sueñan los nacionalistas»; rechazan que se confundan la «racional descentralización del Estado y el reconocimiento de las peculiaridades de todas sus comunidades autónomas» con «la glorificación del egoísmo, la insolidaridad y la mezquindad»; y tachan de poco razonable que de forma constante «se ponga en entredicho la nación española».
Por todo ello -en este punto los ciudadanos que asistieron al acto rompieron en vítores y aplausos- los firmantes del manifiesto pidieron al Partido Socialista que «sepa poner fin a los proyectos y a las actitudes que amenazan con romper la unidad nacional» y al Gobierno, a las Cortes y a los partidos constitucionalistas, «que se opongan frontalmente a cualquier proyecto que pretenda debilitar España como ámbito de decisión común, de convivencia, de igualdad y de solidaridad».
«Estricto respeto a la legalidad»
Por todo ello, hicieron un llamamiento también a la ciudadanía «para que tome la iniciativa, no permanezca ajena a los acontecimientos y trabaje por defender, desde el respeto estricto a la legalidad, este proyecto común que es España».
Diseminadas por toda la explanada de la Puerta del Sol, en manos de los asistentes ondearon juntas decenas de banderas españolas y de todas las Comunidades Autónomas. Un modo gráfico de expresar lo que movió a los ciudadanos a participar en la concentración y que en pocas palabras explicó a ABC uno de ellos: «Estamos aquí todos juntos para defender la unidad y la pluralidad de España. Es muy bonito ver juntas todas estas banderas». «Venimos a defender la Constitucíón y a denunciar que lo que quieren aprobar no es un estatuto reformado para Cataluña sino otra Constitución», completó un joven universitario. «Están vendiendo España», apostilló enfadada una mujer.
Al Estatuto, a Cataluña, a la Constitución y a valores democráticos como la igualdad aludían muchos de los carteles que, bien en mano bien en pancartas o en pegatinas, exhibían los manifestantes. «Constitución=igualdad» o «No al nuevo estatuto de Cataluña» o «Cataluña sí, tripartito, no» o «Unidad de España=igualdad» eran algunos de los lemas que en ellos podían leerse.
Tras la lectura del manifiesto por Jon Juaristi llegó la intervención de Conchita Martín, miembro de la AVT y viuda de la primera víctima mortal de ETA tras la ruptura de la «tregua», en 1999. Esta mujer rechazó que los derechos de todos los españoles «puedan ser decididos por unos cuantos escaños» y se opuso al «régimen de despedazamiento que nos quieren imponer». «Si la nación desaparece -se preguntó-, ¿de quién serán nuestros muertos? ¿A qué nacionalidad estarán adscritos?».
Gritos de «España España» despidieron a esta víctima de ETA y recibieron al filósofo Gustavo Bueno, que protagonizó uno de los discursos más aclamados. Bueno defendió a la nación española frente a la «nación catalana», a la que se refirió como «entelequia» e «invención de la izquierda divina», y a la «nación vasca», «producto -dijo- de unos dementes».
Francisco Caja, de la asociación Convivencia Cívica de Cataluña, aseguró que el Gobierno de Pasqual Maragall y el tripartito persiguen a quienes hablan castellano, una lengua «proscrita» en esa Comunidad, por lo que exigió al Gobierno que «defienda la Constitución».
El broche a la concentración lo puso Mikel Buesa, presidente del Foro de Ermua, que enganchó desde el principio al público asistente cuando explicó el porqué de la concentración en la Puerta del Sol, «centro geográfico y espiritual» de España. «Hemos venido para proclamar que a nosotros nos gusta España, que nosotros amamos España, que nosotros sí creemos en la indisoluble unidad de la nación española y en España como patria común de todos los españoles». «Nos gusta España -añadió- porque emana libertad».
Una sonora pitada acompañó a las palabras de Buesa cuando mencionó los nombres de «Ibarretxe, Maragall y Carod», a los que se refirió como líderes «del nacionalismo identitario que sólo concede derechos a los que comulgan con él»; y gritos de «Zapatero dimisión» cuando aseguró que no esperaba del Gobierno que fuera «abducido» por los nacionalistas ni de su presidente que se «convirtiera a la religión del nacionalismo». Buesa pidió al PSOE que busque consenso «con los verdaderos demócratas, el PP» para luchar «por un proyecto común que desde hace siglos llamamos España».
- Asociaciones de víctimas y organizaciones civiles se manifiestan en Madrid contra los proyectos que, como el Estatut, amenazan el modelo de convivencia de los españoles - Piden cambiar la ley electoral para eliminar la «sobrerrepresentación» nacionalista
Más de 10.000 personas se concentraron a favor del modelo Constitucional
Madrid- Más de diez mil personas se dieron cita en la mañana de ayer en la madrileña Puerta del Sol bajo al acto que el Foro Ermua y varias decenas de asociaciones cívicas organizaron bajo el lema «Por la unidad de España: por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles». Cientos de banderas españolas se mezclaban con las autónomicas. Paraguas con la bandera de España y la vasca, pancartas que recogían los artículos uno y dos de la Constitución, o lemas como el de «Cataluña sí, tripartito no» eran el sentir de los que allí se congregaban. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, la concejala madrileña de Asuntos Sociales y esposa del ex presidente de Gobierno José María Aznar, Ana Botella, la consejera de Asuntos sociales, Beatriz Elorriaga, el vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada y la ex comisaria europea Loyola de Palacio.
El filósofo Gustavo Bueno acaparó los principales aplausos de los asistentes, quienes corearon gritos a favor de España y en contra del presidente del Gobierno, de quien pidieron la dimisión en varias ocasiones. «Nos hemos reunido en función de la unidad de España. La unidad de España se funda en la nación española y no caben dos naciones en la Península», indicó el filósofo, en referencia al viejo proverbio de que «en el Cielo no caben dos soles, ni las figuras de Darío y Alejandro en la Tierra». «Tampoco caben en España dos naciones políticas, sino sólo una. La nación llamada catalana es una entelequia, es una invención de la izquierda divina de hace unos cuantos años. La nación vasca es un producto de unos dementes», prosiguió. Tras ello, se preguntó si se va permitir que «las ideas de unos dementes o de unos cursis nos invadan».
Por su parte, Concepción Martín, viuda del coronel Blanco, quien se convirtió en el primer asesinado por la organización terrorista ETA tras la falsa tregua, se preguntó: «Si la nación desaparece, ¿de quién serán nuestros muertos?», convencida de que desaparecerían las razones por las que se asesinó a personas como su marido. Conchita Martín añadió que «el pueblo español tiene la llave» para evitar que «los nacionalismos sean regímenes de despedazamiento» de lo conseguido hasta ahora tras siglos de convivencia.
El escritor vasco Jon Juaristi fue el encargado de leer el manifiesto titulado «Por la unidad de España: por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles». En el comunicado, los convocantes reclamaron para este momento histórico el cumplimiento de la Constitución y la unidad de la nación española «como garante de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles». Asimismo, pidieron la reforma del sistema electoral para corregir la «sobrerrepresentación» de los partidos nacionalistas. Cerró el acto el presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, quien afirmó que se habían congregado allí por un mismo sentimiento: «Nos gusta España porque amamos la libertad, ésa que muchos han perdido a causa de un nacionalismo censitario» y calificó a Zapatero de «sumo sacerdote» de los nacionalistas.
«No queremos que cambie algo que ha funcionado 25 años»
Madrid- Minutos antes de las doce de la mañana la puerta del Sol estaba ya llena de gente. Banderas de distintas comunidades autónomas, pancartas y pegatinas en las que se podía leer «Sí a la constitución» se distribuían por la céntrica plaza madrileña. En los corrillos, las palabras más repetidas entre los asistentes eran Constitución y Zapatero. También, cómo no, el Estatuto de Cataluña y los nacionalismos. Y como referente de todos los congregados, la bandera constitucional española. Tanto jóvenes como niños la llevaban como capa. Nunca se habían visto tantas capas de «super héroe español». El eslogan «España es una y no 51» fue un auténtico éxito.
Alex, un joven de 24 años y estudiante de ingeniría informática, aseguraba que es «un patriota y ama España». «Estoy aquí porque la «identidad española se está perdiendo», mientras le pedía al Gobierno de Zapatero elecciones anticipadas. Víctor, nacido en Cataluña, está contra todos los cambios de Estatuto de autonomía y reforma constitucional ya que considera que «tras 25 años de democracia no hay por qué cambiar algo que funciona», aseguró. «No nos gusta la actitud del Gobierno porque están dejando todo en manos de los nacionalistas» y «Zapatero lo que trata es de enfrentarnos a los españoles», añadió.
María Muñoz calificaba al presidente como «un corcho flotante» donde no hay nada por dentro y mientras se formaban grupos improvisados en los que se preguntaban dónde había estudiado Zapatero o comentaban el pleno en el que se había aprobado la toma en consideración del Estatuto Catalán.
Críticas al PSOE. Otros manifestantes criticaban al PSOE y lo calificaban de «un partido confesional de laicismo militante que no está interesado en gobernar la política y la economía, sino las mentes de los españoles».
Carlitos tiene 7 años y había acudido a la manifestación con su padre. Éste le ha explicado la manifestación con un ejemplo sobre fútbol. «Le he dicho que si se separasen los catalanes no habría partidos Madrid- Barça, y le dicho que Zapatero no quiere a España». Y eso de no volver a ver jugar al Barça nada más que en la Champions parece que a Carlitos no le había gustado nada.
Otros habían decidido llevarse a toda la familia a la manifestación. La abuela, padres e hijos en carrito, una generación entera «para que no se rompa España y por la igualdad de todos, para que no haya unos españoles con privilegios y otros no». Hasta los sombreros portaban lemas por la «unidad de España». Los jóvenes coreaban al unísono animando al resto de los manifestantes: «España unida jamás será vencida».
Ni el frío, que se hizo notar a la hora de escuchar los discursos, pudo congelar los ánimos, ni los principios y valores que, aseguraba un grupo de participantes, llevan desde que nacieron. «Vemos a España en peligro», manifestaban, a la vez que aseguraban sentirse indignados por ver que un Gobierno no escucha a diez millones de habitantes que no quieren que «se rompa más la historia de la tierra que nos ha visto nacer».
«Merece la pena vivir al servicio de grandes ideas»
La periodista Carmen Gurruchaga presentó el acto. Antes de su comienzo, solicitó a los manifestantes que no gritaran consignas «contra nadie» porque el evento no se había convocado para tal fin. Entre otros, estuvieron presentes en el estrado Gabriel Albiac, Iñaki Ezkerra, Hemann Tersch, Iñaki Arteta, Tomás Cuesta, Benigno Pendás, Jesús Zarzalejos, Carmen Martínez Castro, César Vidal, José Antonio Sentís. Nerea Alzola, la joven concejala del PP en Sondika (Vizcaya), fue tantas veces coreada por los asistentes que tuvo que saludar desde el estrado. Alzola aseguró a LA RAZÓN que actos como éste «nos hacen tomar conciencia del respaldo que tenemos ya que donde vivimos impera la xenofobia y el miedo» y aseguró que los jóvenes reivindicamos la igualdad y la solidaridad para el futuro, porque somos parte de él». En la misma línea se mostró Santiago Abascal, joven concejal del PP en el país vasco que aseguró que «la vida merece la pena vivirla al servicio de grandes ideas y principios y creencias fundamentales, y eso es España» aseguró.
Por su parte, Loyola de Palacio manifestó que era un acto «muy oportuno por la igualdad de todos los españoles».
El Foro Ermua pidió ayer al Gobierno socialista que rechace los proyectos que «amenazan con romper la unidad nacional» y que «debilitan a España como ámbito de decisión común, de convivencia, de igualdad y de solidaridad». Esta plataforma participó ayer junto a una veintena de organizaciones en un acto en la Puerta del Sol de Madrid. Durante el mismo, el presidente de Papeles de Ermua y escritor Jon Juaristi leyó un comunicado en defensa de la Constitución española «como garante de igualdad y la solidaridad de todos los españoles».
Miles de personas, entre las que se encontraban el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la concejal del PP Ana Botella, secundaron la iniciativa del Foro Ermua. Los asistentes, que portaban banderas españolas y de las diferentes comunidades, gritaron en favor de España y en contra del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El manifiesto leído por el catedrático vasco critica a los nacionalismos vasco y catalán por su «ofensiva continuada y simétrica contra la unidad constitucional», en busca de la «destrucción de España como ámbito político común». Una ofensiva «radicalizada» en los últimos años, con ETA como «punta del iceberg».
El documento, suscrito también a título individual por unas quinientas personas, la mayoría de ellas catedráticos y profesores universitarios, lamenta que hay un «riesgo de acostumbrarnos a debatir, como si fuera algo normal, proyectos que van contra la noción de España», como es el caso del Estatuto catalán. En su opinión, una reforma estatutaria «razonable» sería aquella que «trate equitativamente a unas regiones con otras». Por contra, el proyecto nacionalista se presenta como «radicalmente hostil e incompatible con la idea de España que tenemos la inmensa mayoría».
Alarma y desconfianza
Por ello, pidieron al Gobierno, a las Cortes Generales y a las fuerzas «constitucionalistas» que rechacen este tipo de proyectos que «causan alarma, desconfianza y dolor» a tanta gente e hicieron un llamamiento a la ciudadanía para que «tome iniciativa».
«No resulta razonable que se pueda estar constantemente poniendo en entredicho a la nación española y no se pueda cuestionar el nivel de autogobierno de las comunidades autónomas», dijo Juaristi. El manifiesto califica de «inadmisible y delirante tergiversación» que se tache de «reaccionaria» la unidad de España y «progresistas» la idea de Cataluña y Euskal Herria «insolidarias e independientes».
EL FORO DE ERMUA ENCABEZÓ LA CONVOCATORIA EN MADRID
Unas 20.000 personas, según los convocantes, se congregaron este sábado en la madrileña Puerta del Sol en defensa de la unidad de España y contra la "entelequia" que representa la nación catalana o el "producto de dementes" que supone la nación vasca. El Foro de Ermua encabezó la convocatoria, según su presidente, Mikel Buesa, para defender la Constitución como garante de la libertad y la igualdad entre regiones frente a la "ofensiva" nacionalista.
Entre los asistentes a la concentración de este sábado, bajo el lema: "Por la unidad de España, la igualdad y la solidaridad", se encontraban el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, la concejala madrileña de Asuntos Sociales y esposa del ex presidente de Gobierno José María Aznar, Ana Botella, y la ex comisaria europea Loyola de Palacio.
Gustavo Bueno acaparó los principales aplausos de los asistentes, quienes corearon gritos a favor de España y en contra del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien pidieron la dimisión en varias ocasiones. "Nos hemos reunido en función de la unidad de España. La unidad de España se funda en la nación española y no caben dos naciones en la Península", indicó el filósofo, quien recurrió al dicho de los antiguos de que en el Cielo no caben dos soles, ni las figuras de Darío y Alejandro en la Tierra.
"Tampoco caben en España dos naciones políticas, sino más que una. La nación llamada catalana es una entelequia, es una invención de la izquierda divina de hace unos cuantos años. La nación vasca es un producto de unos dementes", prosiguió. Tras ello, se preguntó si se va permitir que "las ideas de unos dementes o de unos cursis nos invadan".
Por su parte, Concepción Martín, viuda del coronel Blanco –quien se convirtió en la primera persona asesinada por la organización terrorista ETA después de la tregua-trampa– señaló que la patria es un "estado de ánimo". "La nación es una realidad que nos ha dado la historia. Es una unión de peculiaridades, es un ámbito de convivencia y sobre todo, por encima de todo, es solidaridad. Si la nación desaparece, ¿de quién serán nuestros muertos?", afirmó a los congregados en la Puerta del Sol. A su juicio, desaparecerían las razones por las que se asesinó a personas como su marido y dichas razones "pasarían a ser principios rectores de órdenes nuevos de odio y diferenciación" entre los ciudadanos.
Mientras, el presidente de Convivencia Cívica de Cataluña, Francisco Caja, hizo hincapié en que las "mentiras" de los dirigentes políticos catalanes como Pasqual Maragall, Artur Mas, Josep Lluis Carod Rovira o Manuela de Madre "ya no engañan a nadie". "Se presentan como los campeones de la libertad y la democracia, tachando de antidemócratas y enemigos de la libertad a quienes nos oponemos a su calculado plan para acabar con la Constitución de 1978, para acabar con la unidad de España", hizo hincapié. Caja insistió en que allí donde gobiernan los nacionalistas, se acaba la libertad, por lo que exigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que defienda la aplicación de la Constitución española en Cataluña.
Alegato en defensa de la Constitución de 1978
A continuación, le siguió en el estrado Mikel Buesa, quien hizo un alegato en defensa de la Constitución de 1978 que proclama "la indisoluble unidad de la nación española" y el hecho de que España es "patria común e indivisible de todos los españoles". "Nos gusta España porque amamos la libertad, esa libertad que algunos de los que están aquí han perdido como consecuencia de los ataques del nacionalismo identitario, de ese nacionalismo que solo concede derechos a los que comulgan con él y que excluye a todos los demás", resaltó.
En su opinión, la unidad de España está siendo amenazada por las fuerzas nacionalistas y opinó que el Ejecutivo central está "abducido" por éstas. "Zapatero se ha convertido a la religión del nacionalismo", remachó. Ante la constatación de que se ha llegado "demasiado lejos", instó al PSOE a buscar el consenso con el PP.
Manifiesto leído por Juaristi
El escritor vasco Jon Juaristi fue el encargado de leer el manifiesto titulado "Por la unidad de España: por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles". En él, los convocantes reclaman para este momento histórico el cumplimiento de la Constitución y la unidad de la nación española "como garante de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles". Y rechazan que por ello se les trate de reaccionarios, considerándose, por contra, progresista "la idea de la Cataluña o la Euskal Herria insolidarias e independientes con las que sueñan los nacionalistas".
Asimismo, Juaristi rechazó que el debate sobre la reforma del Estatuto catalán, por ejemplo, se convierta en una cuestión única de juristas porque va "contra la igualdad de los ciudadanos y afectan a la vida diaria de todos los españoles". Así, consideró "razonable" las reformas de estatutos destinadas a tratar equitativamente a todas las comunidades autónomas, "eliminando las asimetrías competenciales y, sobre todo, los privilegios fiscales y financieros que aún existen". También solicitó una reforma del sistema electoral que corrija la "sobrerrepresentación" de los partidos nacionalistas en el Congreso.
En su punto sexto, el manifiesto se dirige al Gobierno, los partidos constitucionalistas y las Cortes Generales. Al primero, le solicita que ponga fin a proyectos y actitudes que amenazan con romper la unidad nacional y que "ya han causado alarma, desconfianza y dolor a tantos que deseamos seguir siendo españoles". A todos, les piden que "se opongan frontalmente a cualquier proyecto que pretenda debilitar España como ámbito de decisión común, de convivencia, de igualdad y de solidaridad".
"El proyecto nacionalista es radicalmente hostil e incompatible con la idea de España que tenemos la inmensa mayoría de los españoles. Por todo esto hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que tome la iniciativa, no permanezca ajena a los acontecimientos y trabaje por defender, desde el respeto estricto a la legalidad, este proyecto común que es España", concluye el comunicado.
A pesar del escaso eco mediático que había tenido la convocatoria, se congregaron, según fuentes policiales, en la Puerta del Sol de Madrid unas 10.000 personas. Los convocantes elevan esa cifra hasta las 20.000. En torno al mediodía la plaza ya se encontraba llena de asistentes que portaban banderas de España y de todas las comunidades autónomas. Otros llevaban pancartas en las que se podía leer "Constitución = Libertad" o "Unidad de España = Igualdad". Especialmente vistosos eran unos paraguas, o parasoles dado el buen tiempo reinante en la capital, decorados con banderas de España e ikurriñas. Durante la hora y media que duró el acto el ambiente fue festivo y no se registró ningún tipo de incidente.
En el manifiesto leído en el acto piden al Ejecutivo suprimir la actual ley electoral para "corregir la sobrerrepresentación" de los partidos nacionalistas
El Foro de Ermua y varias decenas de asociaciones cívicas organizaron hoy una concentración para pedir al Gobierno que "se opongan frontalmente" a cualquier proyecto, como el del Estatuto de Cataluña, que pretenda "debilitar España como ámbito de decisión común, de convivencia, de igualdad y de solidaridad".
Los promotores de dicha concentración, que tuvo lugar en la madrileña Puerta del Sol y a la que asistieron varios miles de personas, también solicitaron al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero que ponga fin a estos proyectos que "amenazan con romper la unidad nacional y que ya han causado alarma, desconfianza y dolor" a los ciudadanos que desean "seguir siendo españoles".
Así consta en el manifiesto que leyó el escritor y filósofo vasco Jon Juaristi ante la atenta mirada del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; el vicealcalde, Manuel Cobo; la concejala de Empleo y Servicios al Ciudadano del consistorio madrileño, Ana Botella; el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada; y Loyola de Palacio.
El manifiesto, que suscriben decenas de plataformas cívicas de toda España y personalidades como el filósofo Gustavo Bueno o el escritor Francisco Umbral, entre otros, acusan a los nacionalismos vasco y catalán de "coordinar sus estrategias para debilitar el Estado, romper las normas constitucionales y disolver la nación española".
Según consta en el texto, los citados nacionalismos tratan de "imponer a los ciudadanos un proyecto de raíz etnocultural y esencialista que sería la antepuerta de un nuevo totalitarismo".
El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, aseguró en su intervención que "no se podía esperar que el Gobierno haya sido abducido por los nacionalistas" y que Rodríguez Zapatero "se haya convertido a la religión del nacionalismo".
Juaristi, cuya participación en lectura del manifiesto fue interrumpida en varias ocasiones por gritos de "Zapatero, dimisión" o "España unida jamás será vencida", transmitió a los asistentes que "el plan Ibarretxe y el acuerdo del Parlamento de Cataluña para impulsar un estatuto inconstitucional han sido sólo los primeros hitos" de ese proceso hacia el totalitarismo.
El texto, de siete puntos, añade: "Consideramos que la reforma en todo caso razonable de los estatutos sería la que se orientase a que el sistema autonómico trate equitativamente a una regiones con otras".
También pide al Ejecutivo que se plantee la supresión de la actual ley electoral para "corregir la sobrerepresentación" que logran en el Parlamento los partidos nacionalistas.
Porque, según refleja el manifiesto, "el proyecto que el nacionalismo trata de llevar adelante es una agresión directa hacia la Constitución y hacia España".
Respaldados por un escenario, el de la Puerta del Sol, plagado de banderas de España y de carteles en contra del proyecto estatutario catalán, varios de los artífices o firmantes de dicho manifiesto intervinieron bajo la idea común de la defensa de España, cuya unidad, según dijeron, se ve amenazada.
Conchita Martín, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, declaró que "el pueblo español tiene la llave" para evitar que "los nacionalismos sean regímenes de despedazamiento", mientras que el filósofo Gustavo Bueno aseguró que "el nacionalismo catalán es una entelequia" inventada por la izquierda y "la nación vasca, un producto de dementes".
Acto seguido apareció en la tarima levantada por la organización en la Puerta del Sol, el presidente de la asociación Convivencia Cívica de Cataluña, Francisco Caja, para quien "el catalanismo quiere construir su nación sacrificando la libertad".
Acusó al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y al líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, de "multar" en Cataluña a quien habla castellano.
Buesa cerró las intervenciones y, tras pedir al Gobierno que defienda la unidad de España junto al PP, aseguró que con el proyecto del Estatuto de Cataluña "se ha llegado demasiado lejos" en los "delirios insensatos" de los nacionalistas.
La periodista Carmen Gurruchaga presentó el acto. Antes de su comienzo, solicitó a los manifestantes que no gritaran consignas "contra nadie" porque el evento no se había convocado para tal fin.
Pero los asistentes hicieron caso omiso y no cesaron de proclamar "Zapatero, dimisión" o de recordar, al final del acto, a la cadena COPE y a uno de sus periodistas con el grito "Federico, Federico (Jiménez Losantos)".
A burocracia no hay quien nos eche la pata. Por más que se abran las oficinas virtuales para hacer los papeleos por Internet, en requerimiento de pólizas, certificados y declaraciones juradas en una ventanilla no nos gana nadie. Le estamos echando una imaginación al I+D del papeleo y de la burocracia digno de mayores causas. Los ingleses, por ejemplo, no tienen carné de identidad. Raritos que son: mantienen la libra frente al euro, circulan por la izquierda y sólo ahora van a tener carné de identidad, cuando aquí se lo sacamos hasta a los niños chicos. Ya hasta sabemos qué numero de DNI va a tener la Infanta Doña Leonor de Borbón. Cada niño viene al mundo con un pan debajo del brazo y con un DNI.
Y Cataluña no quiere ser menos que la Infanta Doña Beatriz, por más que aquello fuese siempre más bien de la Infanta Doña Carlota, me parece que borrada del callejero barcelonés en aras de algún personaje abarretinado. Así, abarretinados y emberrechinados, los catalanes han cruzado el Ebro, rumba, la rumba, ay, Carmela, para presentarse en Madrid por su carné de identidad y llevarse, de camino, su pan bajo el brazo. Las castellanas tierras de pan llevar son ahora los territorios centralistas y opresores del pan quitar. Renegarán de Madrid, pero los más conspicuos han venido a Madrid a sacarle el carné de identidad a la niña. La niña es Cataluña. La nación, vamos. El bebé que esperaban los Príncipes de Asturias ha sido niña y el nasciturus político que esperaba el Principado de Cataluña ha sido nación. Pero como lo de nación es muy fuerte, y somos mayoría los que pensamos como Pepe Pinto de la madre, que nación no hay más que una y a ti te encontré en la calle (en el carrer, vamos), pues se han quedado con la burocracia. Serán todo lo separatistas que quieran pero han venido a Madrid a hocicar ante la burocracia madrileña. A sacar el Documento de Identidad Nacional. No, no me he equivocado: no es documento nacional de identidad, aquí no paramos en innovación de I+D de la burocracia y del papeleo. En la ventanilla del Congreso de los Diputados le han expedido a Cataluña su DIN, su Documento de Identidad Nacional. Y a la buchaca con él y corriendo a casa. No hace falta pasar por la Comisión Constitucional, por el Tribunal Ídem, por el Consejo de Estado, nada, ya los ven: enseñan el DIN como DNI, como prueba documental de su existencia. Puesta la oficina, de un plumazo y dos tamponazos de sellos de tinta solucionarán el asunto de las Vascongadas. Le expedirán otro carné igual, otro DIN, el número 2, y listo. Mil asesinados por la ETA que serán olvidados de un plumazo burocrático.
Lo que no sé es qué pintaba el romero en la oficina de expedición de documentos de identidad nacional en que han convertido el organillo populachero de la verbena de la soberanía nacional. Hala, todos repartiendo romero. Como Celia Gámez por la calle de Alcalá con los nardos apoyaos en la cadera, Manuela de Madre llegó a la Carrera de San Jerónimo (carrera abierta para la destrucción de España) con el romero apoyado en el Estatuto. Para muchos ha sido la profanación del romero, planta mágica, rito para quemar el mal vahído, verso de León Felipe, capote de Curro Romero, sonora flor azul que anuncia en el juanramoniano tamboril las fiestas mayas de la Cruz, olorosa alfombra de la Real Fábrica de los montes para que Dios, a Cuerpo, pise por junio las calles de Toledo, de Sevilla, de Cádiz, de Granada.
Las gitanas que les dieron ramitas de romero a los del tripartito, antes de la faena en la que dejaron a España para el arrastre, no sabían lo que se hacían. Tampoco lo sabía Manuela de Madre, al dar su ramita de romero a Zapatero. Como estos payos catalanes no son Peret ni su rumba y no saben que hay que quemar el romero, así tenemos en lo alto este mal vahído del carné de identidad nacional. El romero lo daban las gitanas para que se lo tiraran a Rajoy, que fue el que destapó el tarro de las esencias. A los otros es que no les tiraba yo ni jaramagos...
SI la Presidencia del Gobierno se ganara en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy llevaría ya algún tiempo viviendo en la Moncloa. El líder del Partido Popular es, de largo, el mejor parlamentario español del momento. No tiene la pétrea contundencia de Aznar ni el carisma demiúrgico del González de sus primeros tiempos, pero maneja una dialéctica de aplastante poder de convicción, trufada de ironía «british» y armada de una batería lógica que sintoniza a la perfección con la mentalidad de la burguesía media española. Es brillante, sólido, inteligente, y tiene una pegada implacable frente a un Zapatero al que se le empieza a consumir el capital de sonrisas y buen talante, y que pasa un mal rato cada vez que tiene que acudir a un cara a cara. Pero las elecciones no se ganan sólo en la tribuna del Parlamento.
Rajoy se está hartando de ganar debates; si sigue así, pronto dará pena ver al presidente subir al ambón a recibir un vapuleo. Sin embargo, se enfrenta a una aritmética cerrada de la que Zapatero ha construido un burladero. En este momento, el PP no tiene socios, porque el Gobierno ha muñido una alianza con los nacionalistas que condena a la oposición a aspirar sólo a una mayoría absoluta que por ahora resulta más que improbable. Y ello por dos razones: es pronto aún para que la calle admita que cometió el 14-M un error provocado por el shock de los atentados de Atocha, y además los nacionalistas han encontrado en el Gobierno una veta de debilidad que les proporciona beneficios políticos de cuantía incalculable.
El miércoles pasado, en el debate del Estatuto catalán, la mayoría social estaba en los argumentos de Rajoy; muchos socialistas se identificaron más con él que con un presidente incapaz de pronunciar siquiera la palabra «inconstitucional», entregado al nacionalismo como un náufrago que se agarra a un salvavidas. Rajoy fue demoledor hasta la crueldad: habló como un progresista, como un jacobino, mientras a Zapatero se le notaba que ni siquiera se creía demasiado su propio discurso. Era con claridad el rehén de una minoría que llegó imbuida de una arrogancia victoriosa y acabó celebrando con cava en el hotel Villarreal un triunfo político que para el PSOE significaba una derrota moral y de principios.
En ese sentido, no existe hoy por hoy ninguna duda de que Cataluña tendrá su Estatuto. Toda la artillería dialéctica que Rajoy descargó en el Congreso no vale nada contra la determinación de una alianza con la que el Gobierno quiere aislar a la oposición por el procedimiento de condenarla al ostracismo. Zapatero va a pactar un texto rebajado de aristas para intentar venderlo a los españoles como un esfuerzo de contención y raciocinio tras el calentón nacionalista del Parlament -auspiciado por él mismo-, y cuenta para ello con la anuencia de Carod y sus muchachos, dispuestos a cambiar poder por Estatuto y presumir de haber hecho cesiones por responsabilidad. Lo más difícil será convencer a Convergencia de que acepte el afeitado, pero Mas ya ha ganado su batalla al lograr que se redacte un texto de máximos, y no se puede permitir quedar como el culpable de que el proyecto descarrile.
Lo que queda es un ajuste fino que se va a pactar entre bastidores, y que dejará un Estatuto demencial en su letra pequeña y mediana, pero limado de las aristas más gruesas mediante parches de compromiso. A partir de ese momento, será una guerra de opinión pública: el PP tiene que convencer a los españoles de que Zapatero está cambiando la Constitución de matute, y el Gobierno espera la ocasión para presentar a sus adversarios como el partido de la intransigencia.
Va a ser una partida políticamente muy intensa en la que perderá el menos delicado. Rajoy está decidido a combatir de frente contra el Estatuto, que es un dislate manifiesto para todos salvo para los catalanes, pero lo que el PP se juega en el envite es nada menos que su supervivencia en Cataluña. Los socialistas tienen las cuentas muy hechas, y saben que las elecciones en España se ganan con los votos de Cataluña y de Andalucía, dos comunidades en las que gozan de amplia ventaja. Su estrategia pasa por satanizar al PP a cuenta del Estatuto, no sólo para barrerlo del mapa catalán, sino para convertirlo en un apestado con el que no puedan pactar los nacionalistas burgueses -y antes moderados- de Convergencia. Hacer inviable un nuevo Pacto del Majestic -el que firmó Rodrigo Rato en el 96, para que gobernase Aznar- en el caso de que los populares ganasen unas generales sin mayoría absoluta.
Y ése es el gran desafío de Rajoy. Tiene que desenmascarar la farsa estatutaria ante toda España sin volar todos los puentes con Cataluña. Lo primero es difícil porque el «agit-prop» socialista cuenta con maquinarias muy bien engrasadas, dispuestas a pregonar la excelencia del plato que van a cocinar Zapatero y sus socios a cencerros tapados para que no haya fisuras. Pero lo segundo es un problema diabólico, de una complejidad sinuosa, porque el victimismo catalán supera el ámbito de lo político para convertirse casi en un rasgo sociológico. Pensar en un recurso al Tribunal Constitucional contra un texto refrendado por el pueblo en Cataluña equivale a planear un suicidio político.
La superioridad parlamentaria del líder de la oposición le puede ayudar a encontrar el camino. Rajoy tiene que implicarse personalmente en el debate de la Comisión Constitucional, para desembozar el manto de encubrimientos y medias verdades con que la alianza cuatripartita va a intentar camuflar un Estatuto inaceptable. Y mientras, el PP se va a enfrentar a uno de sus retos más complicados de la última década: trasladar a la calle la evidencia de que se van a cargar el Pacto Constitucional para sustituirlo por una mayoría republicana con mucho menos consenso que la que permitió el desarrollo armónico de una nación de ciudadanos iguales. Ahí se va a ver la verdadera dimensión del partido como organización capaz de articular un estado de opinión pública.
A favor de su intento, el PP cuenta con la creciente sensación popular de que a Zapatero se le está yendo el timón de las manos. Al presidente se le está agotando el crédito de las buenas maneras, porque se empieza a notar que detrás de eso hay muy poco, casi nada. Por eso el Gobierno tiene ansiedad ante el silencio de ETA: necesita una tregua para cubrirse las vergüenzas del Estatuto. En contra de los populares funciona el propio rigor de su discurso, que los aleja de cualquier posibilidad de pacto con las bisagras del nacionalismo moderado. Éste es un aspecto esencial, porque Rajoy puede ganar las próximas elecciones -desde luego, Zapatero está en el mejor camino para perderlas-, pero es casi imposible que lo haga por mayoría absoluta a menos que se produzca una improbable crisis de pánico nacional ante el rumbo de los acontecimientos. Y las heridas que queden abiertas en este proceso sangrarán en cualquier negociación a posteriori.
El hombre más fuerte es el que está más solo, dice un personaje de Ibsen. El miércoles Rajoy fue fuerte pero no estuvo solo, aunque el debate escenificara el atroz desafío de un solo hombre contra una docena. Estaba acompañado de la fuerza moral de un discurso que respalda la mayoría de los españoles, incluidos muchos ciudadanos de izquierda que siguen creyendo en la igualdad frente a los privilegios. Y además, tenía razón. Pero la razón no es suficiente; necesita los votos, y margen para lograr que se los presten. En la resolución de ese problema está la clave del futuro que nos jugamos en los próximos meses.
Lo ocurrido en el Congreso el 3 de noviembre ha sido ni más ni menos que la ruptura de la Constitución y, por tanto, del amplísimo consenso que ésta tuvo detrás y seguramente sigue teniendo. Es una ruptura fundamental, y caeríamos en una frivolidad suicida si nos negáramos a ver su alcance. Cierto que, por flaqueza de los gobiernos en la aplicación de la ley, la Constitución, y con ella la democracia, apenas ha regido en las Vascongadas, y sólo algo más en Cataluña. Pero tal situación, aunque dolorosa y cargada de peligro, podía considerarse llevadera en tanto no se extendiera al resto del país. La admisión en el Parlamento de un proyecto de estatuto indudablemente anticonstitucional marca la generalización del clima prevaleciente en aquellas dos regiones, arrojando muy oscuras sombras sobre el porvenir de España. Siempre en estrecha relación con el terrorismo
La izquierda –no digamos los separatistas– vuelve a la tradición resentida por Azaña: “Lo que me ha dado un hachazo terrible, en lo más profundo de mi intimidad, es, con motivo de la guerra, haber descubierto la falta de solidaridad nacional. A muy pocos nos importa la idea nacional. Ni aun el peligro de la guerra ha servido de soldador. Al contrario: se ha aprovechado para que cada cual tire por su lado”. Si Azaña hubiera tenido un mínimo sentido autocrítico, habría notado que la idea nacional no podía calar, debido a la imagen profundamente negativa de España y su historia que las izquierdas, y él mismo, habían difundido sin tregua. Hoy estamos en las mismas.
Cabría extenderse sobre el increíble cinismo con que los autores de esta fechoría histórica pretenden adormecer a la opinión pública, afirmando que no pasa nada, que no hay peligro ni debe crearse “alarmismo”, ni mucho menos “sembrar odio”, que la democracia es así, etc. Pero tampoco es hora de lamentaciones. Son los de siempre, los corruptos enterradores de Montesquieu ávidos de dinero público, antifranquistas de después de Franco y pesebristas por cuestión de principios. Y también acertó a describirlos Azaña: “Una política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta”. El botín de estos amigachos es ya la propia España.
Se ha escrito que el país vuelve a quedar dividido en dos, porque más del cuarenta por ciento de los diputados, la parte más sana de las Cortes, votó contra la tropelía. En realidad ese Parlamento no representa la sociedad, pues sin duda la proporción de españoles partidarios de la Constitución y, por tanto opuestos al estatuto, suma una gran mayoría. Y a esa mayoría hay que recurrir urgentemente, explicándole cómo la ley que permite la convivencia en paz y libertad está siendo hundida, mediante actos consumados e intrigas, por los “jugadores de la política”, como los llamaba Zugazagoitia, por los demagogos dedicados a “envenenar la conciencia” del pueblo, en expresión de Besteiro.
Pero aun si el PP fuera capaz de tanto, cosa dudosa, no bastaría. El peligro atañe a toda la sociedad, por encima de cualesquiera intereses de partido, y existe una gran masa de gente de tendencias izquierdistas, incluso nacionalistas, alarmada por las intrigas balcanizantes de los demagogos. Cada cual debe plantearse qué puede hacer, y hacerlo. Deben surgir asociaciones formales o informales para alertar a la sociedad antes de que sea tarde. Un ejemplo: este sábado el foro Ermua va a presentar un manifiesto en la Puerta del Sol de Madrid. Es preciso que llegue a todos los ciudadanos.
No sé de qué estilo será el western que se prepara, pero ya vamos conociendo a los personajes. Empecemos –pues de ganadería ha de tratarse primero– por el nuevo secretario de Comunicación de ZP. Este Fernando Moraleda, tocado por su experiencia en las praderas, prometió que veríamos en el debate a un Zapatero "genuino", el producto auténtico y de raza, avalado por denominación de origen. Pues bien, lo vimos. Hablaba el presidente de las bondades de la descentralización y plantaba cara, cada tanto, a los enemigos del Estado de las Autonomías. ¿Quiénes serán?, se preguntaban los espectadores, los pardillos que ignoran el gusto de lo genuino. Y quién iba a ser: él mismo. ZP, el que quiere trastocar las reglas del tinglado autonómico, cuyas excelencias se dedicaba a cantar, hasta dejarlo irreconocible y para el cesto.
Pero antes de ver cumplido el vaticinio de Moraleda, habíamos tenido ocasión de conocer a otro habitante de ese poblado donde la ley y las formas andan manga por hombro al albur de las pitonisas. Se encarga ese personaje de cuidar de la finca del bachiller Montilla, responde al nombre de Antonio Bolaño y lleva la chapa de director de Comunicación. De momento, su comunicación más memorable reza así: "Solo 100 mensajes, que desastre. Sois pocos y malos". Lo que le falta en acentos, le sobra en descortesía. En desprecio a los ciudadanos que se creen con derecho a discrepar de sus gobernantes y lo hacen saber. Pues tal exabrupto se dirigía a quienes habían pedido a su jefe una rectificación de sus ataques a la COPE, insólitos en una democracia que garantiza la libertad de prensa y de expresión.
Bolaño cuida, ante todo, la finca de Montilla, y le va de madres, como dicen los mejicanos, que su sueldo, como el de su jefe, se lo paguen todos los ciudadanos, los que discrepan y los que no. Y es que, bien mirado, a los primeros no los consideran ciudadanos quienes dividen el poblado entre partidarios y adversarios, entre amigos y enemigos. Y quienes a los no afines los tratan a patadas, como a perros que merodean por los lindes de la hacienda. Hay para ellos ciudadanos de primera y de segunda, es decir, no hay ciudadanos. Por mucho que pronuncien la palabra ciudadanía. O tal vez por eso: tanta palabra en vano cubre el vacío.
Será cosa de estudiar por qué están apareciendo juntas la falta de respeto al ciudadano y la falta de respeto a la ortografía. Si habrá una corriente subterránea que aflora en esos dos ámbitos, o es mera casualidad. Pero Bolaño no quita, sino que pone el acento, y bien genuino, de quienes cabalgan sobre la demolición en curso. Creídos están de que los que se oponen a sus designios son pocos, malos y feos, y de que están solos, sin tilde esta vez. Convencidos se hallan de que pueden meter al ganado en el redil, y de que a los díscolos los cazarán como a alimañas. La arrogancia ha vuelto al poder. Ahora, en versión analfabeta. Si el gobierno le escribe, tiéntese la gramática además de la cartera y la libertad.
¿Quién hombreó más en el hemiciclo? ¿Rajoy o Zapatero? La cuestión tiene su gracia, incluso su interés. Pero ese día sucedieron cosas infinitamente más importantes. Tiempo habrá de repasar los granos del rosario, uno a uno. Hoy me urge señalar, con un sentimiento genuino de escándalo, que el miércoles pasado no sólo se le dijo sólo al PP que estaba en minoría, o mejor, en soledad. Se sostuvo de añadidura que era un huésped de segunda, una suerte de intruso, en el recinto democrático. Las diez horas largas de debate fueron empleadas, no para discutir el Estatut, sino para afirmar que la negativa del PP a recibirlo en su formato actual demuestra que la cabra tira al monte, y que la palabra «libertad», o la palabra «Constitución» no valen lo mismo en quien viene del franquismo que en un socialista o un nacionalista agraviado por los abusos de la dictadura. Hemos asistido, en fin, a la estigmatización moral de la derecha. La derecha padece, por las trazas, un defecto de fábrica. Sus tesis quedan inhabilitadas de raíz. Son malas, más que su por contenido, por la naturaleza intrínsecamente viciada del que las enuncia.
Ignoro si asistimos a un hecho catastrófico o a una ilusión, provocada de modo contingente por la mayoría también contingente en que se apoya el Gobierno y la forma como aquélla se desplegó para defender de consuno la tramitación parlamentaria del texto catalán. Quiero creer lo segundo. Quiero creerlo, porque me espanta la alternativa de no creerlo. Manuela de Madre, en una intervención áspera y desafortunadísima, abrió fuego recordando que no todos habían cantado en su momento «Llibertat, amnistia i Estatut d`Autonomia». El resto de los grupos, con la excepción del canario, apretaron la misma tecla, con distinta intensidad. Unos, afearon que Fraga no hubiese votado el artículo VIII de la Carta Magna; otros, exhumaron por enésima vez la proclamación anticonstitucional hecha por Aznar en un diario de la Rioja, cuando todavía gastaba pantalones cortos; Zapatero sacó a relucir a González de la Mora; Puigcercós jalonó sus diatribas con latiguillos del tipo de «la derecha, o sea, los de siempre»; y Carod, que se había contenido en su exposición de la mañana, se tomó el desquite por la tarde con dos atrocidades. Señaló, primero, que el referente de los populares no era el Siglo de las Luces sino el uno de abril de 1939. Y citó luego a Brecht: «Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron a por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron a por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron a por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí». Por cierto, no es Brecht el autor de la frase, sino Martin Niemoeller. Como tampoco escribió Cervantes «Ladran, luego cabalgamos», la otra cita de Carod. El filólogo no acertó una. Pero esto, naturalmente, es secundario. Lo grave fue la identificación implícita de los populares con los nazis. El efecto agregado resultó penoso. Unos descalificaban al PP en letras rojo escarlata. Y otros, en tonos apastelados. Ahora bien, como se mostraban todos de acuerdo, entre sí y contra el enemigo común, las invectivas o reproches se fundieron en un todo y lo que se percibió fue un coro unánime. El mensaje sonaba así: «señores de la derecha, ustedes están de prestado en esta casa respetable».
El PP ha insultado a dirigentes socialistas. Y de vez en cuando, ha cometido fealdades políticas considerables, y hasta imperdonables. Pero no ha llegado a argumentar que la izquierda es rechazable por definición. Aquí empezamos a sacar los pies del tiesto con los asaltos a las sedes populares, especialmente virulentos, dicho sea de paso, en Cataluña, y después se ha recuperado la memoria de los muertos y la guerra civil, no para ilustración de la ciudadanía, o mejor conocimiento de la historia, sino con fines polémicos.
El sistema actual de alianzas ha entrado en resonancia con esos resabios y recargado el ambiente hasta extremos peligrosísimos. Es verdad, de acuerdo, que un porcentaje no menudo de la derecha procede, de alguna manera, de Franco. ¿Y qué? Franco, decisivo durante cuarenta años de vida española, puede ser superado, no anulado. Lo importante, sin embargo, es que la derecha está dentro del sistema. De cuerpo entero. Los que juegan a expulsarla a las tinieblas han perdido la cabeza.
Ha llegado el momento. Dicen que en el Partido Socialista hay un nutrido grupo de militantes ilustres, diputados nacionales o ex ministros que están horrorizados por las formas y las maneras con que Rodríguez Zapatero esta abordando el modelo nacional. Incapaz para gestionar las tensiones territoriales que siempre han existido, el presidente del Gobierno está asentado en una política de ceder y de contentar a todos, que no tiene precedentes en la reciente democracia española. La llegada formal del texto reformado al Congreso de los Diputados ha puesto esta historia encima de la mesa.
En más, entre los propios socialistas reconocen que la salida al Estatuto es complicada y difícil, y que pueden pasar dos cosas. Si Zapatero continúa mucho tiempo como presidente pueden terminar perdiendo el poder para una buena temporada; o bien, si comienzan a levantarse voces críticas en el Partido Socialista se puede provocar una fuerte división interna que podría ser irreversible.
Lo cierto es que ya es momento de que los socialistas críticos salgan de la madriguera. Una cosa es la disciplina de partido y otra es hacerse cómplices por el silencio de los desmanes de Zapatero. Ya no es suficiente un silencio prudente o permanecer en una situación discreta a la espera de acontecimientos. El tiempo pasa, los acontecimientos se suceden y las bocas siguen calladas. Es verdad que hay comentarios en privado, afirmaciones de pasillo o sugerencias veladas. Pero eso no es suficiente, como tampoco son suficientes los "fervorines" de Bono e Ibarra. Tanto han dicho –estos barones– con el objetivo de llamar la atención, que al final ya nadie los cree. Es como el cuento del lobo; tantas falsas alarmas que cuando el lobo irrumpe en escena ya nadie lo esperaba.
La tramitación del Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados ha provocado una fractura interna en el Partido Socialista. Mucho más profunda de lo que parece. Es el cambio de modelo de Estado y de modelo constitucional que los socialistas tenían asumido desde hace décadas. Es tal el terremoto, que tantos y tantos socialistas que están en silencio no pueden callar más. No es una cuestión de disciplina, es una cuestión de supervivencia. Este nuevo modelo impulsado y propulsado por Rodríguez Zapatero es el final del actual Partido Socialista Obrero Español. Después, puede surgir otro partido, pero ya será una formación bien diferente. Al final el silencio de los socialistas críticos con Zapatero no es sólo asentimiento, es también consentimiento en algo que remueve las estructuras mismas del parlamentarismo español. Y eso son palabras mayores.
EL Foro de Ermua, el grupo que lideró ayer la concentración por la unidad de España, es el único movimiento cívico que queda vivo de la gran movilización social iniciada en Ermua. Por mucho que pretendamos correr un tupido velo sobre esa triste desintegración, aquella gran esperanza del activismo por la libertad languideció sin remedio tras la llegada de Zapatero al poder. Y no porque ETA hubiera dejado de matar, sino porque Zapatero cambió las posiciones del PSOE y la izquierda de esos movimientos prefirió el silencio a la confrontación con el partido. Y, quizá por un segundo motivo, porque nunca se sintió del todo cómoda en la defensa abierta del españolismo frente al nacionalismo. Una cosa era el antiterrorismo y otra más difícil, curiosa paradoja, la defensa de España.
Sólo ha pervivido el Foro de Ermua. Y me pregunto si, además de ser el último movimiento del País Vasco, puede ser el primero de la movilización por la nación española en el resto del país. Porque, en realidad, aquel problema que creíamos específico del País Vasco, la asfixia de la libertad para la defensa de la españolidad, es ahora el reto de toda España. Falta por ver si hay un tejido social que se atreva a proclamar aquello que ni los más aguerridos movimientos sociales vascos osaron nunca asumir abiertamente.
LA reacción del nacionalismo vasco a la toma en consideración del proyecto de nuevo estatuto para Cataluña anuncia una ofensiva del PNV y del Gobierno de Vitoria para explotar el agravio comparativo sufrido por el Plan Ibarretxe. Por lo pronto, el lendakari ya ha comunicado que, por este motivo, no asistirá al debate sobre el estado de las Autonomías, que tendrá lugar mañana en el Senado. A Ibarretxe no le hacen falta excusas para no asistir a un foro en el que nunca ha participado, pero la táctica victimista del PNV es evidente y está animada por el hecho de que al nacionalismo catalán -incluido el PSC de Maragall- le ha ido bien. El PNV tiene datos para armar su discurso de agravios, que son los mismos datos que ponen al descubierto las contradicciones del PSOE. Confrontados objetivamente, el Plan Ibarretxe y el proyecto catalán tienen, con distintos matices, un nivel de inconstitucionalidad inicial similar, pero, igualmente, ambos habrían sido susceptibles de quedar «como una patena» tras su paso por el Congreso de los Diputados, pues no hay razón para pensar que lo que ahora sí se puede hacer con la propuesta estatutaria para Cataluña no se hubiera podido hacer con el plan del lendakari. Y eso partiendo de una diferencia sustancial entre ambos proyectos: el Plan Ibarretxe llegó a Madrid con el aval de ETA y su entramado político y se gestó en un escenario de violencia, un dato que conviene tener en cuenta.
El nacionalismo vasco está reanimado y se recrea en ofertas ambiguas de diálogo político -cosoberanía, normalización, reconciliación- para aprovechar el filón que ha abierto el Gobierno socialista. El PNV sabe que el PSOE tiene que exportar al País Vasco la coalición con el nacionalismo para cerrar el cerco al PP e impulsar la reforma extraconstitucional del Estado a lomos de una tregua de ETA. Ante esta expectativa, el Plan Ibarretxe, al que algunos se empeñan en dar por muerto, sigue siendo la directriz de la acción política del PNV y del Gobierno vasco. Por eso, ETA también está atenta. Los etarras han apoyado en dos ocasiones el plan del lendakari: para aprobarlo en el pleno de la Cámara Vasca, el 30 de diciembre de 2004, y para apoyar la investidura de Ibarretxe, con un programa de gobierno que transcribía los párrafos más soberanistas de la propuesta de libre adhesión. A ETA no le interesa tanto la suerte del nuevo Estatuto catalán -ya lo ha dicho en su último comunicado- como comprobar hasta dónde llega la fragilidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque los terroristas buscan beneficio político e impunidad personal y saben que, aun creyendo que éste es un momento propicio para ambos objetivos, la posibilidad de que el PSOE dé marcha atrás en la propuesta catalana -con el resultado de su retirada del Parlamento o de unas enmiendas desfiguradoras- no sería un buen augurio para la negociación del «final dialogado» de la violencia, en la que la presión externa e interna sobre el Ejecutivo sería aún mayor.
Éstas no son las únicas consecuencias del juego a varias bandas que ha empezado Rodríguez Zapatero con los asuntos más delicados del Estado. El doble rasero aplicado al Plan Ibarretxe desvela la inconsistencia de algunos argumentos socialistas sobre la legitimidad democrática de una y otra propuesta de reforma estatutaria. El PSOE rechazó el Plan Ibarretxe porque no integraba a todos, pero está dispuesto a aprobar en el Congreso de los Diputados un Estatuto para Cataluña que no integra al PP. En concreto -y con las cifras que tanto gusta al PSOE exhibir- Rodríguez Zapatero se refugia en que la propuesta del tripartito y CiU representa al 90 por ciento del Parlamento catalán, pero no le importa que esa misma propuesta sea aceptada por las Cortes sólo con el 58 por ciento de los escaños del Congreso, dejando fuera al PP.
Legitimidad democrática, respaldos mayoritarios, propuestas integradoras y otros eslóganes por el estilo tienen un valor oportunista y paradójico en el discurso del PSOE, porque, aplicados a la propuesta catalana, sólo conducen a la exclusión del PP. Y, por otro lado, aplicados al Plan Ibarretxe, desvelan la doblez política socialista, al demostrar que la constitucionalidad de las reformas estatutarias depende exclusivamente de que el PSOE participe en el proyecto y le permita ganar poder territorial y político. El PNV y la izquierda abertzale lo saben y van a tomar el relevo a la propuesta catalana. Llega el turno vasco.
El pasado 5 de septiembre, el periódico El País publicaba un artículo de análisis sobre el 11-M que planteaba claramente cuál es el problema fundamental en este punto de las investigaciones:
"La pregunta será eterna: ¿si estuvieron tan cerca, si casi todo ocurrió delante de sus narices, si los informes previos alertaban del aumento de la amenaza islamista contra España, por qué ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni el Ministerio del Interior pudieron evitar el 11-M? ... El cúmulo de fallos asombra tras la atenta lectura del sumario. La cuestión es saber si alguien en algún momento tuvo la capacidad para juntar todas las piezas del puzzle o si ese alguien las vio y las cuadró con intenciones criminales."
No comparto las conclusiones de ese artículo ni los argumentos que en él se empleaban para sostener que ante lo único que nos encontramos es ante una monumental negligencia, pero, aún así, resulta recomendable leer entero ese análisis de El País, ya que pone sobre la mesa cuestiones que hasta ahora estaban reservadas a las conversaciones de pasillo. Porque, de la misma forma que el debate Goma-2/Titadyne hace tiempo que ha quedado superado (porque lo que se utilizó en los trenes puede que no fuera dinamita), también el debate ETA/Al Qaeda hace tiempo que ha quedado obsoleto: a estas alturas del partido, de lo que estamos hablando es de otra cosa. Es muy posible que en el atentado del 11-M jugaran un papel tanto ETA como elementos vinculados a Al Qaeda, pero ni los unos ni los otros podrían haber llegado a cometer el 11-M sin ayuda adicional.
Básicamente, lo que El País planteaba es que existen dos alternativas para explicar lo que sucedió el 11 de marzo: o estamos ante una monumental negligencia, o estamos ante un golpe de estado. Como veremos al final del artículo, en realidad podrían existir otras explicaciones, pero aceptemos de momento la disyuntiva que planteaba El País.
Enfrentados a esas dos alternativas, la hipótesis del golpe de estado resulta tan sobrecogedora que creo que todos tenemos la obligación de tratar de explicar las cosas sin recurrir a ella, así que eso es lo que haremos; trataremos de analizar los atentados partiendo de dos supuestos:
1. Vamos a dar por buena la versión oficial, es decir, vamos a aceptar que los atentados fueron cometidos por dos células más o menos conectadas con Al Qaeda:
una de ellas formada por auténticos islamistas (la célula articulada en torno a los hermanos Almallah, El Tunecino, Allekema Lamari, Mohamed El Egipcio, ...),
y otra formada por gente del mundo del narcotráfico a la que, por algún motivo, se arrastra hacia el fundamentalismo y se la involucra en la masacre (la célula articulada alrededor de El Chino)
2. En segundo lugar, vamos a suponer que lo que pasó antes del 11-M no fue otra cosa que una monumental negligencia de las Fuerzas de Seguridad y de los servicios secretos españoles.
¿En qué consistió la negligencia?
Veamos cuál era la situación semanas antes del 11-M:
la Brigada Provincial de Información de Madrid, a través del Juzgado Central de Instrucción número 4 (Fernando Andreu), tenía controlado al núcleo liderado por los hermanos Almallah. Durante trece meses, antes del 11-M, se controló a los hermanos Almallah, a dos de los suicidas de Leganés (El Tunecino y Anuar Asrih Rifaat), a Basel Ghalyoun, a Fouad El Morabit, a Adnan Waki y a al menos dos personas vinculadas a El Chino. la UDYCO tenía controlado al grupo de narcotraficantes articulado en torno a El Chino, incluyendo al propio Jamal Ahmidan, a Otman El Gnaoui, a Lofti Sbai y a Abdelilah Ahmidan. la UCIE tenía controlados desde el año 2002, a través del Juzgado Central de Instrucción número 5 (Baltasar Garzón), a los hermanos Almallah, a El Tunecino, a Mohamed El Egipcio, a Basel Ghalyoun, a Adnan Waki, a Fouad El Morabit, a Sanel Sjekirica, ... el CNI tenía controlado a otro de los suicidas de Leganés (Allekema Lamari) a través del agente Safwan Sabagh y tenía también controlado a Fouad El Morabit a través de Fernando Huarte y Rabia Gaya además, los hermanos Almallah tenían relación con al menos dos personas que trabajan para las Fuerzas de Seguridad: el policía Kalaji y un español de nombre R.J.M.B., casado con una mujer de origen árabe y que trabaja como traductor para la Policía.
Muchos de los implicados en la masacre tenían intervenidos sus teléfonos desde el año 2002 (Fouad El Morabit, El Tunecino, los hermanos Almallah, Mohammed El Egipcio, ...). Las tonterías que se han publicado en algunos medios sobre la falta de traductores no son más que pamplinas, porque el sumario del 11-M recoge los informes originales con las transcripciones efectuadas a lo largo de esos dos años de investigaciones; se sabía perfectamente lo que esos implicados hablaban, porque así consta en la documentación de los sumarios instruidos por los juzgados de Garzón y de Andreu.
Muchos de los implicados fueron sometidos a seguimientos casi constantes hasta tres semanas antes de los atentados (los hermanos Almallah, El Tunecino, Fouad El Morabit, ...).
Además, los vínculos entre los hermanos Almallah y la supuesta cabeza de Al Qaeda en España (Abu Dahdah) habían quedado acreditados tanto a través de las investigaciones del juzgado de Andreu, como del de Garzón.
Y, por si fuera poco, los explosivos utilizados por esta célula de Al Qaeda fueron suministrados por una trama dirigida por un confidente policial (Emilio Suárez Trashorras) y las armas fueron suministradas por un confidente de la Guardia Civil (Rafá Zouhier)
A pesar de todo ello, nadie fue capaz de evitar la masacre. Como negligencia, no está mal. Evidentemente, para poder seguir aceptando la teoría de la negligencia, será necesario que alguien nos explique cómo es posible que, estando todos controlados, teniendo sus comunicaciones intervenidas, estando sometidos a seguimientos físicos... pudieran organizar un atentado. Es decir, alguien debería explicarnos a todos (y principalmente a las víctimas) en qué consistió esa negligencia, quiénes son los responsables de la misma y qué medidas se han tomado.
Pero además existe otro aspecto que también requiere una explicación, si hemos de seguir aceptando la teoría de la negligencia: será necesario que alguien nos explique el hecho de que esa vigilancia sobre la célula que había de cometer el atentado se relajara a sólo tres semanas de las elecciones.
Pero aceptemos de momento la teoría de la negligencia y analicemos ahora el comportamiento policial después de la masacre
Ha sido Al Qaeda
Recuerde el lector que estamos dando por buena la versión oficial. Según esa versión, después de producidos los atentados las pistas comenzaron rápidamente a apuntar a Al Qaeda (cinta coránica de la furgoneta de Alcalá, comunicado de reivindicación enviado a un periódico de Londres, explosivo de tipo Goma-2 hallado en la mochila de Vallecas, cinta de reivindicación depositada en una papelera el día 13-M, detención de tres marroquíes en plena jornada de reflexión, ...). En consecuencia, el día 13-M la Policía tenía claro que había que orientar las pesquisas hacia el entorno islamista, en general, y hacia Al Qaeda en particular.
Sin embargo, aquí es donde la teoría de la negligencia comienza a hacer agua. Ya hemos visto que todo el círculo de personas relacionadas con los hermanos Almallah y El Tunecino estaban siendo vigiladas por la Policía antes del 11-M y que se conocían tanto sus vínculos con Al Qaeda como sus nombres, sus fotografías, sus vehículos, sus empresas y sus domicilios.
Entonces, si el 13-M se tenía claro que era Al Qaeda y si se tenían desde antes del 11-M todos esos datos sobre esa supuesta célula de Al Qaeda, ¿por qué no se procedió inmediatamente a la detención de las personas vinculadas a esa célula y al registro de sus domicilios el mismo 13-M?
Tratemos de encontrar un explicación. Vamos a suponer que la Policía tiene, el 13-M, el convencimiento moral de que esa célula de Al Qaeda es la responsable de los atentados, pero que al carecer de pruebas no puede proceder a efectuar detenciones ni registros (es una hipótesis un tanto peregrina, pero aceptémosla).
El 20 de marzo de 2004, una semana después del 13-M, la Policía tomaba declaración al sirio Abdul Khalek Al Jondi, como consta en el sumario. La Policía había llegado a Al Jondi analizando las llamadas de los números de teléfono relacionados con el que se encontró en la mochila de Vallecas. En su declaración, Al Jondi admite conocer a los hermanos Almallah y a El Tunecino y declara también haberles vendido tarjetas telefónicas.
¿Qué más necesitaba la Policía para proceder de inmediato a la detención de los miembros de esa presunta célula de Al Qaeda? El teléfono de la mochila de Vallecas había terminado llevando a personas pertenecientes al círculo de los hermanos Almallah y ya se sabía desde antes del 11-M todo lo que había que saber sobre esa célula de Al Qaeda; entonces, ¿por qué no se procedió inmediatamente a la detención de las personas vinculadas a esa célula y al registro de sus domicilios el mismo día 20 de marzo?
Teniendo en cuenta lo que se sabía antes del 11-M de esa célula de Al Qaeda, lo sucedido a partir de esa fecha del 20 de marzo resulta incomprensible:
a Mouhannad Almallah sólo se le detiene el 24 de marzo, cuatro días después de la declaración de Al Jondi, a pesar de que se supone que la Policía trabajaba contrarreloj para localizar a los autores de la masacre.
esa detención de Mouhannad Almallah no se produce como resultado de la declaración de Al Jondi, sino a raíz de que una testigo que viajaba en los trenes reconociera (en la tarde del 23 de marzo) a uno de los miembros de la célula de los Almallah como una de las personas que pudo haber depositado una mochila-bomba.
en la declaración de Mouhannad Almallah ante la Policía, nadie le pregunta por la infinidad de indicios que se habían recabado contra él durante dos años de investigaciones a través de dos juzgados distintos. En esa declaración, Almallah se limita, básicamente, a decir que conoce a El Tunecino y que éste es un radical de cuidado.
al juez Del Olmo nadie le informa, antes de que Almallah declare en el juzgado, de los resultados de esos dos años de investigaciones, con lo cual Almallah se ratifica ante el juez en sus declaraciones sobre lo radical que era ese sujeto llamado El Tunecino.
¡y con eso se pone en libertad a Mouhannad Almallah el día 30 de marzo, seis días después de su detención!
Así que el panorama que tenemos es:
1. Esa célula de Al Qaeda articulada en torno a los hermanos Almallah había estado sometido a vigilancia durante dos años por varios cuerpos policiales y por al menos dos jueces de la Audiencia Nacional.
2. El día 11-M se produce un atentado de Al Qaeda.
3. A Mouhannad Almallah no se le detiene inmediatamente
4. Cuando se le llega a detener, porque una testigo de un tren identifica a uno de los miembros de la célula, se le suelta casi de inmediato sin que nadie le pregunte nada de interés.
¿Puede alguien explicarnos cómo encaja este comportamiento en la teoría de la negligencia?
De todos modos, sigamos creyendo en la versión oficial y tratemos de encontrar una explicación. Vamos a suponer que la declaración de Mouhannad Almallah fuera tan convincente que la Policía se olvidara de los dos años previos de investigaciones y quedara plenamente segura de que el único malo de esa película era El Tunecino.
El panorama que tendríamos entonces es: el 13 de marzo la Policía ya estaba segura de que la responsable de los atentados era Al Qaeda, el 20 de marzo la Policía ya tenía constancia de que el teléfono de la mochila de Vallecas llevaba a El Tunecino y el 24 de marzo era detenido Mouhannad Almallah, quien en sus declaraciones corroboraría que El Tunecino era un radical peligroso.
Lo que cabría esperar, en esas circunstancias, es que la Policía procediera inmediatamente a solicitar la detención de El Tunecino y a registrar su domicilio en la C/ Francisco Remiro, que era conocido desde el 3 de marzo de 2003 (un año antes de los atentados). Pues bien: la solicitud de registro del domicilio de El Tunecino en la C/ Francisco Remiro no se produce hasta... el 5 de abril, ¡cuando ya El Tunecino había muerto en Leganés!
De verdad que hago todo lo posible por seguir considerando aceptable la versión oficial, pero ¡es que nos lo ponen tan difícil!
A la vista de lo sucedido antes del 11-M, ¿cómo evitar pensar que es imposible tal cúmulo de negligencias? A la vista de lo sucedido después del 11-M, ¿cómo evitar preguntarse si alguien estaba tratando de ganar tiempo para que El Tunecino muriera, junto con otros seis presuntos terroristas, en Leganés?
Fue mi querido (y admirado) Gabriel Albiac quien me llamó la atención sobre una preciosa definición del término "golpe de estado", definición que debemos a un autor francés del siglo XVII, Gabriel Naudé: un golpe de estado es "es el rayo que fulmina antes de que el trueno suene".
Decíamos al principio que íbamos a aceptar provisionalmente la disyuntiva planteada por el periódico El País (negligencia o golpe de estado), pero que no pensábamos que fuera correcta. Y no lo es porque, en realidad, existen otras alternativas, incluyendo una mezcla de varios ingredientes distintos. Es posible, por ejemplo, que el 11-M se cocinara con un poco de lo uno (negligencia), con un poco de lo otro (golpe de estado) y con un mucho de un tercer ingrediente del que aún no es momento de hablar, pero que siempre ha estado ahí para quien quisiera verlo. Lo que pasa es que los árboles, como muchas veces sucede, no permiten ver el bosque.
Si queremos saber lo que pasó en España el 11-M, tenemos que tratar de no dar nada por supuesto. En este sentido, le sugiero al lector que se haga dos preguntas.
¿y si la intención original del 11-M no hubiera sido causar víctimas?
¿y si algunos de los actores pensaran que estaban participando en otra cosa?
No pretendo decir que esas dos preguntas nos vayan a proporcionar todas la respuestas, pero sí que debemos tenerlas presentes, por si tenemos que abrir el abanico de posibilidades. El rayo que fulmina debe poderse arrojar en silencio, para que el trueno no suene antes de lo previsto.
En el próximo capítulo: Los intocables
MIENTRAS Mariano Rajoy reiteraba en Barcelona su defensa de la España constitucional y ofrecía a Zapatero un «pacto global» para acordar las reformas territoriales, Pasqual Maragall, entrevistado por el director de ABC, marcaba las aspiraciones del proyecto estatutario catalán: «No pasaremos -asegura- por no ser nación ni por un sistema financiero insuficiente». Entre la España constitucional de Mariano Rajoy y la Cataluña nacional de Pasqual Maragall -«Lo divertido es ser distintos; ser iguales es un aburrimiento»- hay dos visiones enfrentadas. Sobre todo, porque la definición de nación de Maragall, «un sistema compartido de sentimientos», es tan etérea que no es que no quepa en el marco constitucional, sino que, en su pura vaguedad, lo sobrevuela. Rajoy se preguntaba ayer «si la España constitucional vale o no». Ante una pregunta similar, Maragall recurre a la finta dialéctica y hábilmente trata de llevar el debate a su terreno, pues le es más útil como argumento la retórica que el concepto. Porque si la norma sucumbe al sentimiento, como sugiere el presidente de la Generalitat catalana, todo cabe y no hacen falta líneas rojas. Ahí radica la diferencia: en que la España constitucional que defiende Rajoy no es un concepto semántico ni estético, sino norma escrita con trascendencia jurídica.
Sí usted mañana está pasando un fin de semana en Barcelona y paseando por Las Ramblas le roban la cartera, prepárese puesto que lo peor está por llegar. Ante un robo de esas características después de reponerse del susto y de afrontar la faena que supone quedarse sin cartera, uno se dirige a la comisaría para por lo menos denunciar lo ocurrido. Entonces, tenga cuidado, porque comienza la odisea.
Para empezar no busque a la Policía Nacional, desde el 1 de noviembre ya no desarrolla esa labores en Cataluña. Su trabajo en esa Comunidad Autónoma se limita a labores de investigación. En su lugar los Mossos ya tienen plenas competencias. Nuevo uniforme con una bandera de Cataluña bien visible para que no existan dudas sobre su obediencia política.
Después de esa primera impresión se va a encontrar que los Mossos tienen la directriz política de la Consejera de Interior de hablar exclusivamente en catalán. Sólo cuando el ciudadano afectado demuestra su incapacidad para hablar la lengua catalana, se podrá utilizar otro idioma incluido el castellano.
Cuando parece que ya nos entendemos con los Mossos, que no hay que olvidar que por encima de todo son parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, nos vamos a llevar el gran susto. Una bandera de España es imposible encontrar en esas comisarías, pero es que ahora tampoco hay fotografías del Rey Juan Carlos, como Jefe del Estado que es. Nos vamos a topar con Pasqual Maragall mirando fijamente desde una imagen oficial presidiendo los locales de la policía autonómica catalana.
¿Alguien nos puede explicar el motivo por el que Maragall ejerce de Jefe del Estado? ¿Se le considera de facto presidente de una republica catalana? El Gobierno del tripartito seguro que alegará que es una cuestión que no tiene más importancia. Pues, si es tan poco importante, ¿por qué no reponen la imagen del Rey? Como ven, desde hoy tener que acudir a una comisaría en Cataluña es una aventura. Una triste aventura.
Las leyes, como los organismos vivos, nacen, crecen, se desarrollan y mueren y por eso su modificación es algo, simplemente, natural que no se puede considerar a priori ni bueno ni malo. Cambiar los estatutos de autonomía y modificar la Constitución son actuaciones que debemos encarar con absoluta naturalidad, siempre y cuando respondan a las necesidades reales de los ciudadanos y no a los caprichos de sus representantes políticos. Eso está muy bien, pero resulta extraordinariamente curioso que, en esta España de nuestros dolores, todos, absolutamente todos los cambios ya introducidos en el modelo territorial del país y todas las propuestas de reforma que hay sobre la mesa caminan en una única dirección: en la de vaciar de competencias al Estado para traspasarlas a las comunidades autónomas.
Y eso es algo así como considerar que el Estado es tonto de remate y que cualquier servicio público lo prestan con mayor eficacia las autonomías, ya sean éstas naciones -como pretende Cataluña-, nacionalidades -como recoge la Constitución-, identidades nacionales -como ofrece Zapatero-, realidades nacionales -como será el Valle de Arán-, regiones -como se titulan de manera coloquial- o ciudades autónomas -como Ceuta y Melilla que de todo hay en la viña del Señor. A mí siempre me ha sorprendido que sean precisamente los encargados de regentar el Estado quienes le profesen tan nulo respeto. Pero si es así, quizás deberíamos plantearnos su eliminación completa y definitiva, para abandonar esta zozobra.
En la España de hoy, defender al Estado estigmatiza. Parece como si fuese un sinónimo de opresión, de ineficacia y de intolerancia. Se olvidan sus detractores -o quizás no- de que el Estado constitucional es la mejor garantía de la seguridad jurídica, de la libertad política y de la solidaridad económica. Conceptos, los tres, que resisten mal el troceo de la soberanía y la aparición de poderes locales regidos por localistas impenitentes.
De momento, estos días estamos ocupados con el caso catalán, que es un buen ejemplo de que, cuando no se sabe a dónde se quiere ir, se termina yendo a donde no se quiere llegar. Basta repasar los aspectos económicos de la reforma del Estatut para calibrar la profundidad de los cambios que se proponen. Aplastado bajo un aluvión de palabras bien medidas y escondido detrás de montañas de calculados eufemismos, en el articulado del Estatut encontrarán el nuevo paradigma, que echa por tierra el esquema de solidaridad tejido entre los españoles. Si tal cosa llegara a aprobarse, las cosas serán buenas o malas, depende de para quién, pero desde luego serán muy diferentes de como son ahora.
Permítanme darles un poco la lata con los artículos más importantes y, si se aburren, vayan directamente a los dos últimos párrafos de este comentario. Empecemos por los recursos. El artículo 202 determina que todos los impuestos, ¿todos!, recaudados en Cataluña se quedan en la Hacienda de la Generalitat y que todos los tributos estatales tiene la consideración de cedidos. Para su gestión, lógicamente, el artículo 204.2 establece que la Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña y que el ejercicio de la capacidad normativa incluye en todo caso la participación en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las reducciones y las bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre la cuota.
Es decir, la Generalitat podrá reformar, modificar y cambiar a su entera voluntad incluso los tributos estatales 'cedidos' y tanto en lo que se refiere a los tipos como a las exenciones, reducciones y las bonificaciones de la base imponible y las deducciones de cuota. Si repasamos la prolija historia judicial que ha tenido el Concierto Económico del País Vasco podremos hacernos una idea de lo que nos espera, considerando además que ceder esta atribución 'sólo' a Cataluña y no al resto de las comunidades será un empeño imposible.
Una vez repasada la situación de los ingresos podemos pasar a los gastos y veremos, como cabía esperar y como no podía ser menos, que el artículo 203.2 decreta que la Generalitat dispone de plena autonomía de gasto para poder aplicar libremente sus recursos. Pero luego, con el artículo 209, llega el aspecto crucial de la solidaridad y los 'mecanismos de nivelación', término equívoco y ambiguo pero tremendamente importante.
Allí se asegura que «la Generalitat contribuye a la solidaridad con las demás comunidades autónomas, a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares», pero, tras un inicio tan prometedor, pone luego una condición importante, y recuerden que también unilateral, al establecer que eso será así «siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar». Es decir, no se contenta con establecer el mecanismo de solidaridad, sino que fija los criterios, pone límite a su ejercicio y marca las condiciones en las que las demás comunidades autónomas podrán recibir el maná de la generosidad solidaria.
El artículo 210 determina y calcula cómo será la aportación catalana a la Hacienda del Estado a partir de dos principios. El primero, se refiere a la aportación a los gastos del Estado y decreta que «debe establecerse el porcentaje de participación que corresponda al Estado en los diferentes impuestos cedidos para la financiación de sus servicios y competencias, en la proporción que corresponda a Cataluña», una copia del sistema de Concierto vasco que, por supuesto y para evitar (¿) problemas no se menciona.
El segundo, en lo que concierne a la aportación a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación, los criterios serán los siguientes:
a) Los recursos aportados o recibidos por la Generalitat a esta solidaridad deben establecerse atendiendo a sus necesidades de gasto y capacidad fiscal ( ) con el grado de progresividad que se establezca.
c) El mayor esfuerzo fiscal eventualmente llevado a cabo por los ciudadanos de Cataluña ( ) debe traducirse en una mayor capacidad financiera y unos mayores ingresos para la Generalitat, dentro de los márgenes que se determinen.
No estoy seguro de que se entienda bien, pero ahí se dice que las cantidades aportadas estarán en función -entre otras cosas absolutamente correctas como es el caso del nivel de población- del esfuerzo fiscal relativo. La mejor manera de entender esto es trasladándolo a la esfera privada. Ahí veremos que, al menos hasta la fecha, los más ricos no sólo pagan más que los menos ricos en base a la mera proporcionalidad (si hubiese un tipo único, supongamos que del 25%, una persona que ganase 100 pagaría 25 y otra que ganase 200, es decir el doble, pagaría 50, justo el doble), sino que la progresividad del impuesto hace que quien gana 200 tenga un tipo, supongamos que del 40%, lo que le lleva a pagar 80. En resumen, paga más del triple ganando sólo el doble. En el Estatut, por el contrario, se establece que quien paga más, debido a que como es más rico efectúa un esfuerzo fiscal mayor, entregue menos a la solidaridad, para 'nivelar' así su aportación. Y, en el colmo de la novedad, esos criterios se establecen de manera unilateral, precisamente, por quien gana y aporta más.
¿Dejaría usted a Emilio Botín o a Alicia Koplowitz que fijasen unilateralmente el nivel de sus impuestos, la cuantía de su contribución a la solidaridad interpersonal? Pues de esas cosas se habla durante estos días en el Congreso.
Poco a poco se le están cayendo las letras a la legislación educativa. Al igual que al PSOE, que sólo las mantiene a título póstumo. Ya ni es español ni obrero ni socialista. Y al paso que va dejará de ser un partido. Con lo cual tendrá que llevar la C de "confederación", la N de "nacional-socialista" y la T de "taumatúrgico", pues va a conseguir en tiempo récord lo que no han podido ni ETA ni los nacionalistas más recalcitrantes: destrozar España. Y también está destruyendo la educación, de la que ya no le quedan ni las letras. A este paso a las leyes educativas se les va a caer hasta la E de "educación". con lo que la próxima ley será la LO, es decir: "ley orgásmica", por eso de los masajes entre chicas que se está poniendo de moda.
Yo también iré a la manifestación del día 12 contra la LOE. Simplemente porque creo que es un despropósito contra toda lógica, y que ahonda aún más el ya demencial panorama educativo. Además atenta contra el espíritu y la letra del artículo 27 de la Constitución Española, que tiene como uno de los ejes fundamentales la libertad de los padres de elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos.
Y además, porque estoy harto de que se gobierne a este País haciendo abstracción de su naturaleza plural. Critican a Ibarretxe por ser sólo lendakari de los nacionalistas, pero Zapatero hace lo mismo en España. O mejor dicho, ni tan siquiera eso, pues estoy seguro de que mucha gente como yo que se siente de centro-izquierda y socialdemócrata no se identifica en absoluto con los desmanes del Montilla de turno y medianías por el estilo.
Voy a ir a la manifestación en homenaje a los que sufren en primera carne los despropósitos adoctrinadores de lo que llaman educación sin serlo.
Como ese colega que, en una carta que he leído en la revista Escuela, critica a quienes se empeñan en llamarle "trabajador de la enseñanza". Él, y yo mismo, reivindicamos ser maestros, y estamos orgullosos de serlo puesto que no queremos ser otra cosa. Opino como D. Juan Carlos López Rodríguez, maestro rural de Medina de Rioseco, cuando afirma: "Realizo una labor social, o para la sociedad, a través de personas: mis alumnos; siendo un poco utópico y optimista, creyendo que puedo hacer algo contra la genética y el propio ambiente, para mejorar la formación de mis niños o que, al menos, debo intentarlo. Me siento feliz cuando saco adelante uno de esos casos imposibles. Cada día reflexiono sobre mi trabajo, y me sigo disgustando cuando no acierto con todos los alumnos. (...) Y pido un respeto. Para empezar que se me llame por mi nombre, no soy ni seño, ni profe, ni apóstol de docencia, ni mucho menos trabajador de la enseñanza, soy un maestro, y trabajo en la escuela".
Mariano Rajoy sabe que la batalla de la reforma del Estatut también se juega en la calle
Madrid- La travesía del Estatuto catalán por las Cortes Generales será larga. Casi nadie espera ver despejada la incógnita antes de verano, y de haber criatura, su bautismo en referéndum sería ya en otoño. El pasado día 2 no hizo más que abrirse un baile de máscaras al que el PP llega sin careta y sin haber participado en el juego previo de elección de disfraz en el que han entretenido sus compañeros de fiesta la espera del gran momento, la representación de la danza ensayada en Cataluña en la magnificencia de los salones de la sede de la soberanía nacional.
Mariano Rajoy, aún a rostro descubierto, ha ganado el primer baile, pero su afición sabe, y él también, que quedan muchas rondas que pelear antes de los fuegos de artificio finales. El «lío», por descontado, lo tiene el PSOE, que es quien tendrá que retratarse en las enmiendas, coordinarse con compañeros de viaje con intereses dispares por encima del común denominador, arrinconar al PP, y abrir fisuras en la sólida tribuna desde la que este partido ha recibido autoridad para dirigirse a un electorado que va más allá del centro-derecha. «Zapatero se está acostando con Carod-Rovira, no con Julia Roberts», describe, mordaz, un veterano diputado popular.
Pero la tramitación parlamentaria, un enrevesado escenario con margen amplio para el doble juego, también puede convertirse en arenas movedizas para el principal partido de la oposición, no tanto por errores iniciales de decisión, como por fallos en la puesta en escena y en la transmisión del mensaje. «Que en esto nos ganan, es una obviedad», sostiene un asistente a «maitines». Ya de por sí, la reglamentación del trámite de la reforma estatutaria, concebida para el guión del consenso constitucional que hace aguas, deja mucho espacio para los ejercicios de escapismo a la mayoría, es decir, al PSOE y a sus socios. El plazo de enmiendas, en principio de tres semanas, puede llegar a prorrogarse «sine die» si así lo decidiese la Mesa de la Cámara.
El calendario lo impondrá el interés socialista, pero también esta variable puede ser la que determine cómo se resuelven algunas lagunas en los procedimientos de la comisión mixta Congreso-Parlament en la que se negociará el texto, como, por ejemplo, quién decide en caso de desacuerdo entre las dos delegaciones. Las votaciones son separadas y de no ser coincidentes, el Reglamento no establece qué hacer. Los factores exógenos fuera de control son muchos, pero el PP sabe que su campo de batalla no es ése, sino que deriva de los riesgos intrínsecos a la definición de una táctica.
Que no se confunda a la opinión pública sobre cuál es el gran objetivo de fondo es su prueba de fuego. La tesis es que los «remiendos» se van a hacer conservando el reconocimiento del carácter nacional de Cataluña con eufemismos y dejándolo latente en el texto. Y ahí es donde el PP tendrá que emplearse a fondo para evitar que la sociedad, con el ruido de las «rebajas», deje de prestar atención a lo importante: que en el proyecto queda puesta la semilla para presionar a un futuro gobierno de España, no tan amigo como el de Rodríguez Zapatero, con la exigencia de que Cataluña, por su condición nacional, quiere ya ser Estado.
En todo este puzzle, los populares están obligados a mantener el músculo en tensión, es decir, que a cada paso que den los socialistas y sus socios, si hay instrumento a mano para intentar paralizarlo, deben activarlo, aún a sabiendas de que las posibilidades de que prospere son escasas –es el caso del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la admisión a trámite en el Congreso–.
Para una corriente mayoritaria –que no discute que se esté en el debate– es imprescindible evitar trasladar la imagen de colaboración que se dio en los trabajos en ponencia y en comisión en el Parlamento de Cataluña, donde el portavoz Francesc Vendrell salía siempre de las reuniones diciendo que no estaba de acuerdo en nada, pero, a juicio de algunos exégetas populares, lo que se impuso en la opinión pública fue la lectura simplista de cooperación que trascendía de la foto de familia. Por ello, al partido de Rajoy le beneficia que haya mucha luz y taquígrafos, mientras que los socialistas intentarán gestionar toda la negociación desde la «cocina». Quienes conocen bien la metodología del trabajo en ponencia advierten de que el PSOE se empleará con denuedo en redactar mano a mano con sus socios el texto de «enjuague» en La Moncloa o en Ferraz.
Pero lo más importante para ganar ciertas batallas es la calle, es decir, que el partido sepa conectar con el descontento social hacia el Estatut y convertirlo en un arma de presión diaria contra el PSOE, que haga de palanca a la ofensiva parlamentaria. Lecciones prácticas tiene a la vuelta de la esquina y son bastantes los dirigentes que consideran que no es tiempo de complejos que ayuden a los socialistas «a adormecer» a los ciudadanos: «El principio de que los españoles tienen derecho a ser consultados si se cambia su modelo de Estado es mucho más sólido, porque afecta a los intereses generales, que el eslogan con el que Zapatero se puso detrás de la pancarta por el “Prestige” o por Iraq».
Por eso, en cada momento tienen que ser empleados todos los instrumentos de movilización al alcance. «¿Manifestaciones también?» «¿Por qué no? La habrá seguro, y nosotros tendremos que estar en ella», contesta uno de los gurús del presidente. En el horizonte, ya dibujada, se vislumbra una de las encrucijadas de mayor entidad: ¿Si el Estatut se aprueba, qué hará el PP en un referéndum en una comunidad en la que Rajoy necesita sacar entre el 15 y el 20 por ciento de los votos para llegar a La Moncloa? Pero para lidiar ese toro, aún queda mucho camino por andar.
Ignacio Astarloa, secretario de Libertades Públicas del PP:
Madrid- Ignacio Astarloa, principal responsable de Justicia en el Partido Popular, no tiene dudas en responsabilizar al PSOE de que se pueda romper la unidad del Poder Judicial, tal como pretenden, asegura, los nacionalistas. Critica muy duramente la reforma judicial prevista por el Gobierno, pero no confía en una rectificación profunda. Dice que el Ministerio de Justicia no tiene dinero ni para poner en marcha la Oficina Judicial y que la actuación del fiscal general del Estado no puede ser más negativa.
–El Congreso va a tramitar el proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña. ¿Qué supone ese Estatuto en lo que afecta a materia de Justicia?
– El proyecto de Estatuto, como antes el Plan Ibarretxe, lo que diseña es un Poder Judicial propio para Cataluña, con lo que se rompe la unidad del Poder Judicial para toda España y la igualdad de derechos de los españoles. La intervención del presidente Zapatero multiplica, si cabe, las preocupaciones sobre el futuro de la Justicia. Con toda claridad ha dicho que acepta el viejo sueño de los nacionalistas de tener un poder judicial propio y que lo único que va a maquillar es que eso no lo consagre el Estatuto de Cataluña, sino la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por asombroso que parezca, va a ser el propio Gobierno español el que va a mandar al Parlamento un proyecto para desmantelar la unidad del Poder Judicial y la igualdad de los españoles ante la ley.
– ¿Qué supone el modelo de Justicia previsto en la reforma de Estatuto?
– Es el triunfo del modelo de los nacionalistas frente al modelo de la Constitución. Lo que llama la atención no es que los nacionalistas quieran un Poder Judicial propio, sino lo que resulta especialmente doloroso y asombroso en estos momentos es que esto venga avalado por el PSOE y, a la larga, impulsado por el presidente del Gobierno.
–¿Está diciendo que es el PSOE el que está impulsando un poder judicial propio para Cataluña?
– El Gobierno del PSOE está promoviendo todo lo necesario para que Cataluña cuente con el Poder Judicial propio con el que han soñado los nacionalistas.
– ¿Qué piensa del rechazo de amplios sectores judiciales a los principales puntos de la reforma judicial prevista por el Gobierno?
– Con esta reforma se ataca la independencia y la no politización de la Justicia. Y es que es muy evidente que cuando se dice que habrá juzgados de proximidad decididos por los alcaldes, que en vez de un Poder Judicial habrá 17 o que las salas de gobierno de los tribunales van a estar compuestas por personas designadas por los políticos, cualquier persona entiende que se está troceando y politizando hasta el tuétano el Poder Judicial. Y claro, la comunidad jurídica ha dicho que esto es una barbaridad.
–¿Cree, entonces, que el Gobierno dará marcha atrás en esa reforma?
–La experiencia sobre cómo funciona este Gobierno no da muchas razones para la esperanza. A esta reforma judicial le ocurrirá lo mismo que al proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña: introducirán dos o tres pincela- das de maquillaje, pero dejarán en pie los principios que guían esa reforma: desaparición de la unidad de la Justicia y crecimiento irreversible de politización.
Ministerio: camino de la quiebra.
–¿Qué le parecen los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2006, con un incremento del 12 por ciento?
–El Ministerio de Justicia está en suspensión de pagos y con los presupuestos que ha presentado va camino de la declaración de quiebra. Zapatero y López Aguilar prometieron 180 millones de euros adicionales cada año en el presupuesto de la Administración de Justicia, hasta llegar a que representara el 2 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, no hay manera de que digan en dónde tienen escondidos los 180 millones adicionales del año pasado y en dónde tienen escondidos los 180 millones para este año. En los presupuestos para este año suben algo más de cien millones, pero la cuestión es dónde están las prioridades, y resulta que están en tapar agujeros y afrontar deudas, pero no en modernizar y transformar la Justicia.
–¿Se pondrá en marcha la nueva Oficina Judicial a corto plazo?
–El Gobierno lleva ya un año de retraso en la puesta en marcha de las primeras medidas para que entre en funcionamiento, y ni siquiera están aprobadas las normas previas para poder empezar a adoptar las primeras medidas. Si uno mira los Presupuestos Generales del Estado descubre que hay dinero para subir la subvención multicultural y para otras cosas, pero no hay ni el mínimo dinero imprescindible para poner en marcha, en serio, la Oficina Judicial.
Bloqueo al CGPJ.
–El PP anunció que bloquearía la renovación del CGPJ tras el cambio en la Ley para los nombramientos de altos cargos judiciales.
–No entraremos a negociar una renovación del CGPJ mientras por parte del Gobierno y del PSOE no se asegure que se respeta la voluntad mayoritaria de los jueces, que está en la Ley como consecuencia de un pacto de Estado para la elección del Consejo. La mejor solución es derogar el disparate de la Ley que fijó en tres quintos el quórum para la elección de esos nombramientos. En todo caso, si no se deroga, o el proceso de conversaciones asegura lo anterior, o no hay que desarrollar conversación alguna. El PP no entrará en el juego diabólico de cuotas políticas, que es lo que plantea el Gobierno.
–Desde su partido se ha criticado la actuación del actual fiscal general del Estado. ¿Qué opina de su gestión?
–El balance no puede ser más negativo. La actuación del señor Conde-Pumpido no ha respetado límite alguno, ni en su política de nombra- mientos ni en sus actuaciones. Han ido sumándose actuaciones inaceptables de la Fiscalía General. Unas se referían a la previsión incluso de nuevos tipos penales insólitos, como el de vociferación, y otras han afectado a algunas de las cuestiones más graves y más serias que tiene planteadas este país, como es la lucha antiterrorista. Basta recordar la actuación de la Fiscalía, que quedó en evidencia, pidiendo el archivo de las actuaciones contra Juan María Atutxa. ¡Qué triste que un magistrado del Supremo, como es el actual fiscal general del Estado, no defienda al Tribunal Supremo! También hay que recordar la negativa de la Fiscalía a actuar contra lo que todo el mundo sabe que es el actual rostro de ETA, que es el PCTV. Si a todo ello se suma el que hayamos tenido que decirle que, siendo quien tiene que defender la Ley, se ha convertido en un burlador de la Ley, su balance no puede ser más negativo.
–¿El PP apoyará la reforma de la Ley del Menor prevista por el Gobierno?
–Queremos una reforma que resuelva las cuestiones que han generado gran alarma social durante estos años de aplicación de esa ley. Donde no participaremos será en una reforma que sólo sea apariencia.
–Los menores delincuentes, al cumplir los 18 años, ¿deberían o no terminar de cumplir su pena en prisión?
–Somos partidarios de que cuando se cumplan los 18 años se cambie el régimen de internamiento propio de la Ley del Menor por el de prisión.
POR SER UN "TESTIGO INCÓMODO" PARA ZAPATERO
El director y presentador de "La Mañana" explica en una entrevista en El Mundo que detrás de los ataques lanzados por Montilla, Duran Lleida o El Periódico de Franco está la clara intención de "destruir" a la Cope. El objetivo, dice Federico Jiménez Losantos, es que no haya "testigos incómodos" cuando se quiere perpetrar "un crimen como liquidar el régimen constitucional". Y la táctica es la "típica nacionalsocialista: acusar a los que quieren reprimir de lo que ellos hacen".
En la entrevista que firma Esther Esteban en El Mundo, el director de "La Mañana" y editor de Libertad Digital, se refiere en primer lugar a los ataques que recibió el miércoles, desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Ese día, el convergente Duran Lleida dijo que la Iglesia "debía deshacerse de los mercenarios", en referencia a los periodistas de la cadena Cope. Jiménez Losantos compara esa actitud del nacionalista catalán con la de los "sicarios" aunque admite que Durán únicamente se limitó a decir "lo que le han mandado". Es, según sus palabras, un paso más en la "estrategia liberticida en España", que pasa por "liquidar a la Cope, sea asesinando a los comunicadores, sea liquidándoles civilmente, sea chantajeando a la empresa hasta que cierre". No es nuevo, Jiménez Losantos explica que la misma presión soportó Pedro J. "con el tema del vídeo. Es la táctica de esta gentuza".
Los ataques del ministro Montilla los enmarca en la "típica táctica nacionalsocialista. Lo típico de los gobiernos totalitarios es acusar a los que quieren reprimir de lo que ellos hacen. Entiendo que es una amenaza a la Cope, a la que quieren destruir. Quieren quitarnos las emisoras en Cataluña y robárnoslas, y ya presumen de que se las van a dar al Grupo Zeta, el que más méritos está haciendo en esa tarea. El Gobierno quiere amenazar a uno de los pocos medios que le llevan la contraria, muy al estilo de Hugo Chávez en Venezuela".
Perpiñán, origen de la dictadura de facto catalana
Jiménez Losantos hace referencia también a la "táctica nazi del PSC y el tripartito". Expone que en Cataluña "se vive de facto una dictadura, un régimen despótico, que ha incluido el pacto con el terror rojo". El origen es "Perpiñán, cuando pactan con ETA cómo cargarse la situación política. Acuerdan que al PP hay que echarlo de España para hacer un régimen de partido único con una oposición tolerada. Es el modelo de la II República, o de la de México, la dictadura perfecta".
Ante las acusaciones de catalanofobia, el presentador de "La Mañana" matiza que la Cope ha sido la única emisora que ha contado el hundimiento del Carmelo "o el chanchullo del 3%. Y ahí les duele. La Cope es demasiado catalana para los que quieren usurpar el nombre de Cataluña al servicio de los intereses particulares".
A la emisora también le han acusado de fomentar el guerracivilismo y dividir a los españoles. Jiménez Losantos califica de "paradójico" que eso lo digan desde la Ser, "que son los del 13-M, los del Prestige, los de la Guerra de Irak, los del golpe mediático contra el PP, los que hacen honoris causa a Santiago Carrillo. Que la familia Gabilondo y el difunto Eduardo Haro Tecglen hablen de Guerra Civil tiene narices. El gran problema de España es que la izquierda es de primera categoría y tiene derecho a todo y la derecha es de segunda y no tiene derecho a nada".
Un PSOE al servicio de Polanco
Jiménez Losantos critica en este punto al ex presidente Aznar. Su gran error, dice, fue "no creer en los valores que dice tener: el de la libertad individual y el de España (...)La ambición de Aznar fue reinar despóticamente sobre dos o tres polanquitos. El resultado es que todos los polanquitos, más Polanco, mandan ahora en España. Es el que de verdad manda en nuestro país".
Aunque opina que Zapatero "no es una marioneta, es como un monstruo. Zapatero es como Chucky, el muñeco diabólico". Sobre el futuro de España con el presidente socialista en La Moncloa, Jiménez Losantos es pesimista. "En un par de años o esto se ha roto del todo, o estamos en una dictadura a la mexicana, o hemos tenido una crisis balcánica. Esto da de sí hasta las próximas elecciones".
La pérdida de apoyo del Rey
El presentador de "La Mañana" es muy crítico con el papel que está desempeñando el Rey ante los intentos por deshacer España, que "no para de ayudar a los que se la cargan". Considera que "Don Juan Carlos ha perdido apoyo a chorros e, indudablemente, la Monarquía se ve afectada por eso. En mi opinión, sólo se podría salvar si el Rey abdicara y el Príncipe asumiera ese papel nacional, moderador, que evite los separatismos que el padre ha dejado de asumir. Quizá la dinastía puede salvarse si el Príncipe no sigue el camino de su padre".
Y recurre a la historia cuando la periodista le recuerda que "la Corona es la institución más valorada y respetada por los españoles". Jiménez Losantos también recuerda que "más monárquica era España en el año 31 y ya ve lo que pasó. Más le valdría a la Casa Real actualizar las encuestas".
Los gritos contra Cataluña y Carod fueron los más coreados entre los asistentes, aunque no faltaron las críticas a Zapatero, el PSPV y el Gobierno regional
MANUEL CONEJOS ABC 6 Noviembre 2005
VALENCIA. La plaza de San Agustín de la capital del Turia fue el centro de congregación ayer de los ciudadanos que quisieron secundar la manifestación convocada por Coalición Valenciana en defensa de las señas de identidad de los valencianos y frente a lo que consideran «agresiones» de los partidos pancatalanistas.
A las doce del mediodía, la cabecera de la manifestación -con el líder de la formación valencianista, Juan García Sentandreu, en el centro- comenzaba a andar. Detrás de ella, un grupo de miles manifestantes (2.500 según la Policía y 100.000 según los organizadores) respaldaban las tesis de la formación valencianista en forma de pancartas y gritos.
En la cabecera de la marcha se podía leer una gran pancarta con la leyenda «En defensa de las señas de identidad de los valencianos»; «No a los Països Catalans»; «No al Estatut de Cataluña»; «Sí a la Constitución».
El lento discurrir de los manifestantes, ataviados con senyeras y globos naranjas, atravesó las calles de Xátiva y Colón y finalizó en la plaza de América, donde el líder de Coalición Valenciana leyó un manifiesto.
Los gritos contra Cataluña y Carod-Rovira fueron los más coreados entre los asistentes, mientras que en otras pancartas se podían leer lemas del estilo de «Carod terrorista, PSPV catalanista y Zapatero marioneta» o también «Traidors de la AVL», donde se podía ver caricaturizados a Josep Lluís Carod-Rovira, Francisco Camps y Esteban González Pons.
El presidente de Coalición Valenciana, Juan García Sentandreu, señaló momentos antes del comienzo de la manifestación que el objetivo de este acto era decir «basta» al Gobierno tripartito catalán y trasladarle que en la Comunidad Valenciana «están hartos de sus provocaciones en el fútbol y en la política».
Además, dijo, «no queremos Países Catalanes ni lengua catalana, porque el pueblo valenciano es, por encima de todo, valenciano». Según Sentandreu, «150.000 personas darán hoy una lección de responsabilidad a la Generalitat por no haberles defendido».
Recordó que Coalición Valenciana «siempre ha convocado manifestaciones en defensa de la identidad valenciana y ahora vuelve a salir a la calle para decir basta al catalanismo, a los enemigos de nuestra Comunidad».
Para Sentandreu, el pueblo valenciano «nunca» ha formado parte de esta iniciativa geopolítica porque «no somos catalanes ni hablamos catalán», y criticó al Estatuto de Cataluña porque «deroga» la Constitución y persigue la «segregación» de una Autonomía del conjunto del país.

References: artículo 1
 resolución 
 artículo 202
 artículo 204
 artículo 203
 artículo 209
 artículo 210
 artículo 27