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Timestamp: 2018-02-21 22:01:20+00:00

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LEY 7786 SOBRE ESTUPEFACIENTES by Vesatours Vesatours - issuu
Ley 7786 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas de 30 de abril de 1998, reformada integralmente por la Ley 8204 de 26 de diciembre de 2001 Ley 8204
REFORMA INTEGRAL DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO
file://\\vesa01\operaciones\DOCUMENTOS OPERACIONE... 28/09/2009
AUTORIZADO Y ACTIVIDADES CONEXAS
ARTÍCULO ÚNICO.sobre
Refórmase integralmente la Ley
drogas de uso no autorizado y actividades conexas, Nº 7786, de 30 de abril de 1998.
“LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS
administración, tenencia,
inhalables y demás drogas y fármacos susceptibles de
Estupefacientes de las Naciones Unidas, de 30 de mayo de 1961, aprobada por Costa Rica mediante la Ley Nº 4544, de 18 de marzo de 1970, enmendada a la vez por el Protocolo de Modificación de la Convención 5168,
Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas, de 21 de febrero de 1971, aprobado por Costa Rica mediante la Ley Nº 4990, de 10 de junio de 1972; asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas contra
Sustancias Psicotrópicas, de 19 de diciembre de 1988 (Convención de 1988), aprobada por Costa Rica mediante la Ley Nº 7198, de 25 de setiembre de 1990.
lícitos, que elaborarán y publicarán en La Gaceta el
(MAG); que
dispondrán sobre la materia. También se regulan el control, la inspección y fiscalización de las actividades relacionadas con sustancias inhalables, drogas o fármacos y de los productos, materiales y sustancias químicas que intervienen en la elaboración o producción de tales sustancias; todo sin perjuicio de lo ordenado sobre esta materia en la Ley General de Salud, Nº 5395, de 30 de octubre de 1973, y sus reformas; la Ley General de Salud Animal, Nº 6243, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas; la Ley de Ratificación del Contrato de Préstamo suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para un Programa de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal (PROGASA), Nº 7060, de 25 de marzo de 1987. Además, se regulan y sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la penetración de capitales provenientes de delitos graves y de todos los procedimientos que puedan servir como medios para legitimar dichos capitales. Para los efectos de esta Ley, por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad de cuatro años, como mínimo, o una pena más grave. Es interés
función público,
Estado, adopción
declara las
necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilícita relativa
a la materia de esta Ley.
expendio,
industrialización, la fabricación, la refinación, la transformación, la extracción, el análisis, la preparación,
prescripción, el suministro, el almacenamiento, la distribución y la venta de drogas, sustancias o productos referidos en esta Ley, así como de sus derivados
entrenamiento utilizados análisis
fármaco-cinéticos
medicamentos y otros productos de uso autorizado, o
legalmente autorizadas podrán intervenir en todo
lo relacionado con tales sustancias. Es deber de los profesionales autorizados prescribir los estupefacientes y psicotrópicos usados en la práctica médica o veterinaria, utilizar los formularios oficiales que facilitarán el Ministerio de Salud y el de Agricultura y Ganadería, según corresponda, o los que vendan y controlen las corporaciones profesionales autorizadas. Los datos consignados en estas recetas tendrán carácter de declaración jurada.
Artículo 3.- Es deber del Estado prevenir el uso indebido de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cualquier otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica; asimismo, asegurar la identificación pronta, el tratamiento, la educación, el postratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas, y procurar los recursos económicos necesarios para recuperar a las personas farmacodependientes y a las afectadas, directa o indirectamente, por el consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de rehabilitación física y mental y readaptarlas a la sociedad. Los tratamientos estarán a cargo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y de cualquier otra entidad o institución legalmente autorizada por el Estado.
Si se trata de personas
menores de edad, para lograr dicho tratamiento el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deberá dictar las medidas de protección necesarias dispuestas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
En todo caso, corresponde al IAFA ejercer la rectoría técnica y la supervisión en materia de prevención diseñar
Artículo 4.- Todas las personas deben colaborar a la prevención y represión de los delitos y el consumo
sustancias delitos
capitales Estado
Ley; asimismo,
seguridad y las garantías para proteger a quienes brinden
colaboración; testigos
Artículo 5.- Las acciones preventivas dirigidas a evitar el cultivo, la producción, la tenencia, el tráfico y el consumo de drogas y otros productos
referidos en esta Ley, deberán ser coordinadas por el
consultar técnicamente al IAFA.
cederán,
hasta del cero coma veinticinco por ciento (0,25%) del
destinarlos
editen,
orientación dirigidas a combatir la producción, el tráfico, el uso indebido y el consumo ilícito de las drogas susceptibles de causar dependencia, sin perjuicio del espacio que puedan dedicar a otras campañas
serán acumulativos, cedibles ni transferibles a terceros, podrán
desarrollen autorización
sustituidos los del
propios Instituto
campañas medios,
que previa sobre
técnicamente al IAFA.
anual del impuesto sobre la renta, el costo de los espacios cedidos para los fines de este artículo se considerará una donación al Estado. Los espacios cedidos deberán ubicarse en las páginas, los horarios o los programas de mayor audiencia, de acuerdo con el segmento de población al que vayan dirigidos.
TÍTULO II ASPECTOS PROCESALES CAPÍTULO I DEBERES DEL ESTADO
Artículo 7.- El Estado deberá propiciar la cooperación técnica y económica internacional, mediante sus órganos competentes y por todos los medios a su file://\\vesa01\operaciones\DOCUMENTOS OPERACIONE... 28/09/2009
alcance, con el fin de fortalecer los programas de investigación, prevención, represión y rehabilitación en materia de drogas, estupefacientes y psicotrópicos u otras sustancias referidas en esta Ley; además, deberá concertar tratados bilaterales y multilaterales para mejorar la eficiencia de la cooperación internacional y fortalecer los mecanismos de extradición.
Artículo 8.- Para facilitar las investigaciones y actuaciones policiales o judiciales referentes a los delitos tipificados en la presente Ley, las autoridades cooperación
prestar extranjeras
recibirla de ellas para lo siguiente:
recibir testimonios. b)
documentos judiciales o policiales. c)
secuestros, así como lograr su aseguramiento. d)
Facilitar la información y los elementos
de prueba debidamente certificados. f)
documentos y expedientes relacionados con el caso,
financiera y comercial. g)
con bienes,
fines los
instrumentos u otros elementos. h)
Remitir todos los atestados en el caso de
una entrega vigilada. i)
Efectuar las demás actuaciones incluidas
en la Convención de Viena y en cualquier otro
Rica. CAPÍTULO II
Artículo 9.- El Ministerio Público autorizará y supervisará el procedimiento de “entrega vigilada”, el cual consiste en permitir que las remesas sospechosas o ilícitas de los productos y las sustancias referidos en esta Ley, así como el dinero y los valores provenientes de delitos graves, entren al territorio nacional, circulen por él, lo atraviesen, o salgan de él; el propósito es identificar a las personas involucradas en la comisión de los delitos aquí previstos. Esto lo comunicará, posteriormente, al juez competente.
suministrar al jefe del Ministerio Público, con la mayor
acciones emprendidas por ellas en relación con la mercadería sometida al procedimiento de entrega vigilada y a los actos judiciales posteriores. Una vez iniciado un proceso, las autoridades judiciales costarricenses podrán autorizar el uso del
Igualmente, podrán solicitar, a las autoridades extranjeras que conozcan de un proceso en el que medie
remisión de todos los atestados referentes a él, los
nacionales. Con interesadas,
consentimiento remesas
vigilada se acuerde, podrán ser interceptadas o autorizadas
estupefacientes o las sustancias psicotrópicas que contengan,
CAPÍTULO III POLICÍAS ENCUBIERTOS Y COLABORADORES
Artículo 10.- En las investigaciones que se conduzcan, relacionadas con los delitos tipificados en esta Ley, las autoridades policiales y judiciales podrán infiltrar a oficiales encubiertos para que comprueben la comisión de los delitos.
Artículo 11.-En las investigaciones, la policía podrá
cuya identificación deberá mantener en reserva, con el objeto de garantizarles la integridad.
alguno de ellos está presente en el momento de la comisión del hecho delictivo, se informará de tal
circunstancia a la autoridad judicial competente, sin necesidad de revelar la identidad. se
cualquier ordenará
indispensable fase
proceso, y,
declaración el
en le de
identificación, podrá omitir los datos que puedan depararle algún riesgo a él o a su familia.
testimonio podrá ser incorporado automáticamente al juicio plenario mediante la lectura, excepto si se juzga indispensable escucharlo de viva voz.
tribunal, el fiscal, el imputado y su defensor; para ello, se ordenará el desalojo temporal de la sala.
En la misma forma se procederá cuando el
deponente sea un oficial de policía extranjera, que
canales de asistencia policial.
colaboradores extranjeros,
policías policiales,
Ministerio Público, para el decomiso, las sumas de dinero, los valores o los bienes recibidos de los partícipes en actos ilícitos, como retribución por la aparente colaboración en el hecho.
levantará un acta y pondrá el dinero, los valores o
disposición Drogas,
excepción debidamente fundamentados.
Artículo 13.-Los fiscales del Ministerio Público podrán
partícipes de los delitos contemplados en esta Ley que, si se solicita sentencia condenatoria en su contra, ellos pedirán considerar en su favor el perdón judicial o la reducción hasta de la mitad de las penas fijadas para los delitos previstos en la presente Ley, o la concesión del beneficio de la
procedente, espontánea,
condicional cuando
proporcionen,
pena, de
esencialmente a esclarecer delitos realizados por narcotráfico.
El Ministerio Público podrá ofrecer
los beneficios citados hasta antes de celebrarse la audiencia preliminar.
CAPÍTULO IV INSTITUCIONES Y ACTIVIDADES FINANCIERAS
Artículo 14.-Se consideran entidades sujetas a las obligaciones
regulan,
supervisan y fiscalizan los siguientes órganos, según corresponde:
La Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF). b)
La Superintendencia General de Valores
(SUGEVAL). c)
La Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
Asimismo, las obligaciones de esta Ley son aplicables
integrantes de los grupos financieros supervisados por
transacciones entidades extranjero
financieras realicen
domiciliadas medio
financiera domiciliada en Costa Rica.
efectos, las entidades de los grupos financieros citados
inscripción señalada en el artículo 15 siguiente, pero se encuentran sujetas a la supervisión del respectivo órgano, en lo referente a legitimación de capitales.
Artículo 15.-Estarán sometidos a esta Ley, además, quienes desempeñen, entre otras actividades, las citadas a continuación:
Operaciones sistemáticas o substanciales
de canje de dinero y transferencias mediante instrumentos,
bancarios, letras de cambio o similares. b)
de emisión, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales. c)
Transferencias sistemáticas substanciales
de fondos realizadas por cualquier medio. d)
cualquier tipo de administración de recursos efectuada por personas físicas o jurídicas que no sean intermediarios financieros. Las desempeñen
incisos anteriores y no se encuentren supervisadas por alguna de las superintendencias existentes en el país, deberán inscribirse ante la SUGEF, sin que por ello se interprete que están autorizadas para
someterse de
legitimación Ley.
La inscripción será otorgada por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, previo
Superintendencia, disposiciones aplicables. podrán
legales Las
de cumplan
municipalidades nuevas
actuales para este tipo de actividades, si no se ha cumplido el requisito de inscripción indicado. La
corresponda, deberán velar porque no operen, en el territorio
jurídicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operación que, de manera habitual y por cualquier
actividades como las indicadas en este artículo. Cuando, a juicio del Superintendente, existan motivos de que una persona física o jurídica está realizando alguna de las actividades mencionadas en
respecto de los presuntos infractores, las mismas facultades según
sometidas a lo dispuesto en este título, en lo referente a legitimación de capitales.
CAPÍTULO V IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS
Obtener y conservar información acerca
de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se efectúe una transacción, cuando existan dudas acerca de que tales clientes puedan no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de
industriales en el país en el cual tengan su sede o domicilio. b)
Mantener cuentas nominativas; no podrán
mantener cuentas anónimas, cuentas cifradas ni cuentas bajo nombres ficticios o inexactos. c)
fehacientes, la identidad, la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social de las personas, así como otros datos de su identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales.
Esta verificación se
realizará por medio de documentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, licencias
de conducir, contratos sociales y estatutos, o mediante
especialmente comerciales,
relaciones apertura
nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de depósito,
fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o
transacciones diez
$10.000,00)
efectivo dólares o
equivalente en otras monedas extranjeras. d)
Mantener, durante la vigencia de una
operación y al menos por cinco años a partir de la
transacción, documentación
requeridas en este artículo. e)
Conservar, por un plazo mínimo de cinco
identidad de y
financieras que permitan reconstruir o concluir la transacción.
CAPÍTULO VI DISPONIBILIDAD DE REGISTROS
Artículo 17.-Las instituciones financieras deberán cumplir,
dirijan a
solicitudes los
documentación necesarias para las investigaciones y
tipificados en esta Ley.
18.-Las
podrán poner en conocimiento de ninguna persona, salvo
órganos señalados en el artículo 14 de esta Ley, el
solicitada o entregada a otro tribunal o autoridad
Artículo 19.-Conforme a derecho, en el curso de una
autoridades información
competentes con
autoridades competentes locales o con las de otros estados y facilitársela.
CAPÍTULO VII REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES
20.-Toda
registrar, en un formulario diseñado por el órgano de
ingreso o egreso de las transacciones en efectivo, en
superiores a los diez mil dólares estadounidenses (US$10.000,00) o su equivalente en colones.
Las anterior
exterior o hacia él.
21.-Los
artículo anterior deberán contener, respecto de cada
La identidad, firma, fecha de nacimiento dirección
consignar,
personas su
representante la
solicitada a las personas físicas. b)
La identidad y dirección de la persona a
cuyo nombre se realiza la transacción. c)
beneficiario o destinatario de la transacción, si existe. d)
La identidad de las cuentas afectadas
por la transacción, si existen. e)
financiera que realizó la transacción. g)
La fecha, la hora y el monto de la
transacción. h)
La identificación del funcionario que
tramita la transacción.
fecha la
financiera llevará un registro, en forma precisa y completa, de los documentos, las comunicaciones por
electrónicos prueba
cualesquiera respalden,
conservará por un período de cinco años a partir de la finalización de la transacción. Dicha
correspondiente. Artículo
23.-Las
múltiples nacional
(US$10.000,00) o su equivalente en otras monedas extranjeras, únicas,
transacciones una
determinada o en beneficio de ella durante un día, o en cualquier otro plazo que fije el órgano de supervisión y fiscalización competente. caso,
estas transacciones, deberán efectuar el registro referido en el artículo anterior. Queda a criterio de la entidad financiera efectuar dicho registro aun cuando se trate de
operaciones en las que no medie efectivo.
24.-Las
sometidas prestarán
especial a las transacciones sospechosas, tales como las que se efectúen fuera de los patrones de transacción
significativas pero sí periódicas, sin fundamento económico o legal evidente. aplicable
Lo dispuesto aquí es de
Artículo 25.-Si se sospecha que las transacciones descritas
actividades ilícitas o se relacionan con ellas, incluso
transferencias desde el exterior o hacia él, las instituciones
confidencialmente y en forma inmediata, al órgano de supervisión y fiscalización correspondiente, el cual las remitirá inmediatamente a la Unidad de Análisis Financiero.
CAPÍTULO IX PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
26.-Bajo
deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir
Tales programas incluirán, como mínimo:
El establecimiento de procedimientos para
asegurar un alto nivel de integridad personal del
programa. b)
Programas permanentes de capacitación del
responsabilidades fijadas en esta Ley.
Artículo 27.-Las instituciones financieras deberán designar a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluso el mantenimiento de registros adecuados
sospechosas. enlace
transacciones servirán
institución los
facilitar labor;
para su los
encargados de desempeñarla.
28.-Conforme
derecho, de
supervisión tendrán, entre otras obligaciones, las siguientes:
Vigilar el cumplimiento efectivo de las
señaladas en esta Ley. b)
Dictar los instructivos y determinar el
contenido de los formularios para el registro y la notificación de las operaciones indicadas en el artículo 20 de esta Ley, a fin de presentar las
instituciones financieras en la detección de patrones
técnicas modernas y seguras para el manejo de activos y servirán como elemento educativo para el personal de las instituciones financieras. c)
Cooperar con las autoridades competentes
y brindarles asistencia técnica, en el marco de las investigaciones y los procesos referentes a los delitos tipificados en esta Ley.
29.-El
potestades sobre
instituciones sometidas a esta Ley, con prontitud deberán
transacciones o actividades sospechosas que puedan relacionarse
Ley. Artículo
30.-El
Ley, podrán prestar una estrecha cooperación a las autoridades competentes de otros estados, en las investigaciones, los procesos y las actuaciones referentes a los delitos indicados en esta Ley o delitos
Artículo 31.-Las entidades del sistema financiero nacional
internacionales de cooperación a su alcance, que garanticen
relacionados con cuentas abiertas en otros estados
y ligadas a las investigaciones, los procesos y las actuaciones referentes a delitos tipificados en esta Ley o delitos conexos y a las infracciones contra las leyes o los reglamentos administrativos financieros.
Artículo 32.-Las disposiciones legales referentes a la información bancaria, bursátil o tributaria, no
estipulado autoridades
impedimento la
encargadas de las investigaciones de los delitos tipificados en esta Ley soliciten información.
MEDIDAS PREVENTIVAS Y DISPOSICIONES CAUTELARES SOBRE BIENES, PRODUCTOS O INSTRUMENTOS
33.-Al
legitimación de capitales, el Ministerio Público solicitará al tribunal o la autoridad competente, en
orden otra
encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes,
para el eventual comiso. Esta disposición incluye la inmovilización de depósitos bajo investigación, en instituciones nacionales o extranjeras de las indicadas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.
Artículo 34.-Los jueces también podrán ordenar que les
elementos de prueba que tengan en su poder las instituciones indicadas en los artículos 14 y 15 de
investigación. anterior
fundamentar,
necesidad del informe o el aporte del elemento
Artículo 35.-Al ingresar al país o salir de él, toda
obligada a presentar y declarar el dinero efectivo que porte, si la cantidad es igual o superior a los
(US$10.000,00) o su equivalente en otra moneda. Asimismo, deberá declarar los títulos valores que porte
monto mil
(US$50.000,00) o su equivalente en otra moneda. Para
formularios oficiales elaborados con este fin, los cuales
General de Aduanas en los puestos migratorios. Los funcionarios de la Dirección General de Aduanas estarán obligados a constatar, mediante el pasaporte u otro documento de identificación, la veracidad de los datos personales consignados en el formulario.
La manifestación se anotará en la
fórmula de declaración jurada y los formularios serán remitidos al Instituto Costarricense sobre Drogas, para el análisis correspondiente.
TÍTULO III CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES Y QUÍMICOS ESENCIALES
Artículo 36.-Las normas contenidas en el presente título
transformación, extracción, dilución, importación, exportación, comercio,
reexportación, transporte,
utilizarse como precursores o químicos esenciales en el procesamiento de drogas de uso ilícito, sean sustancias productos
estupefacientes, inhalables
psicotrópicas, susceptibles
causar dependencia, de conformidad con el artículo 1 de esta Ley.
Para los efectos de esta Ley, se entenderán como precursores las sustancias o los productos incluidos en el cuadro I de la Convención de 1988 y sus anexos, así como los que se le incorporen en el
incluidos en el cuadro II de esa misma Convención y sus anexos, y los que se le incluyan, además de los que formen parte de los listados oficiales que emita el Instituto Costarricense sobre Drogas. Además,
controlarán y
importación, máquinas
accesorios que se utilicen para el entabletado, encapsulado sustancias
estupefacientes, otras
Artículo 37.-Los precursores y otras sustancias químicas se identificarán con los nombres y la clasificación
Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera
(NCCA) y en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías S.A.
relacionados con la importación, exportación, el tránsito
trasbordo así
aduaneras y con el uso en zonas o puertos francos.
CAPÍTULO II LICENCIAS E INSCRIPCIONES
Artículo 38.-Con la finalidad de que se conozcan la naturaleza y el alcance de las actividades que desarrollan,
dedicadas a alguna de las actividades enumeradas en el artículo 36 de esta Ley, deberán:
Someter sus establecimientos al control,
la inspección y la fiscalización del Instituto Costarricense
determine necesario. b)
Inscribir sus establecimientos en dicho
Instituto e indicar la naturaleza del negocio y las actividades que realiza, así como el nombre y las calidades del responsable legal y del regente
legalmente obligada a contar con los servicios de regencia.
Artículo 39.-Los distribuidores mayoristas y los fabricantes
dispuesto en este título, deberán remitir muestras de
fabrican, al Instituto Costarricense sobre Drogas y
Organismo de Investigación Judicial, cuando les sean solicitadas; junto con las muestras deberán enviar
respectiva exacta
ficha la
análisis químico. laboratorios
Igual obligación tendrán los
elaboren o suministren productos que contengan en su formulación precursores o químicos esenciales. Artículo
40.-Corresponderá
Hacienda, por medio de la Dirección General de Aduanas, realizar de manera coordinada, el control de la importación, exportación, reexportación y el tránsito internacional de las sustancias referidas en este título. Además, la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, del Instituto Costarricense sobre Drogas, dará seguimiento al uso de esas sustancias dentro del territorio nacional. tanto
Dirección muestras
Instituto General y
Para estos fines, Laboratorio
someterlas del
análisis, transacción
operación que se desarrolle.
41.-La
controladas como precursores o sustancias químicas esenciales, así como la de máquinas y accesorios de los descritos en el artículo 36 de esta Ley, deberá
órgano especializado del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Artículo 42.-Toda persona física o jurídica que realice actividades de importación, exportación, reexportación, distribución, venta y producción de bienes
precursores o químicos esenciales como materias primas
inciso b) del artículo 38 de esta Ley. Para tramitar el registro, deberán cumplirse
Las sustancias que serán importadas,
fabricadas,
distribuidas por la empresa. 2.-
cada una de las sustancias. 3.-
El nombre químico o genérico de cada
sustancia o producto y los nombres de marca, si los tienen. 4.-
El uso que se dará a cada sustancia y,
en caso de fabricación, los productos en los que
esencial, las proporciones respectivas y los números de registro sanitario asignados a los
competentes en esta materia (Ministerio de
Salud, MAG y otras). 5.-
El fabricante o abastecedor usual de
cada una de las sustancias. 6.-
profesional que será el responsable legal.
La fotocopia autenticada del permiso
sanitario de funcionamiento vigente, emitido para una actividad que justifique el uso de los
jurídica pretenda manejar. 2.-
La fotocopia de la cédula jurídica de
la empresa o de la cédula de identidad de la persona física que solicita el registro. 3.-
La cita de inscripción de la empresa
ante el Registro Mercantil. 4.-
La personería jurídica de la empresa
(documento original). 5.-
Los timbres de ley para el certificado
Artículo 43.-Cada mes, o previo a la autorización de
importación, las
referidas en este capítulo, deberán informar al Instituto
inventario y
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Instituto Costarricense sobre Drogas emita para este fin. b)
cantidades de las sustancias empleadas. c) El detalle de las ventas, con copias de facturas en las que consten el nombre del comprador, su dirección exacta, los productos comprados y las cantidades. d)
reexportaciones las
realizadas; las
exportaciones deberán
reexportación respectivas.
Artículo 44.-Para desalmacenar los precursores y las
los unidad sobre
Drogas, los siguientes documentos:
efecto elaborará la unidad especializada del mencionado
conformidad con el artículo 42 de esta Ley. b)
El original o la copia certificada de la
desalmacenar. c)
El original o la copia certificada del
conocimiento de embarque, la guía aérea o carta de porte, según corresponda.
deberá resolver la solicitud en el término de un día hábil, a partir del momento en que reciba la documentación indicada.
Artículo 45.-La unidad especializada del Instituto Costarricense detallado
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similares otorgadas, rechazadas o revocadas, así como de toda la información relacionada con ellas; además, deberá inspeccionar periódicamente en los establecimientos
reportadas; para ello, deberá crear un cuerpo de inspectores
contar con el apoyo de la policía encargada del control
conexas, a la cual trasladará la investigación de las
descubra de
Artículo 46.-Los permisos de importación caducarán a los ciento ochenta días de haber sido emitidos, en
exportación días
reexportación haber
autorizados. Todos esos permisos serán utilizados una sola vez y ampararán, exclusivamente, una factura, la cual podrá contener varias sustancias, máquinas o
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elementos de los contemplados en esta regulación.
47.-Quienes
regulaciones de este capítulo, deberán llevar, en su
fabricación, sustancias,
adquisición máquinas
formalidades indicadas en este capítulo.
Artículo 48.-Quienes se dediquen a alguna de las actividades señaladas en el artículo 36 de esta Ley,
fidedigno máquinas
mantener actualizado los
inventario las
capítulo; además, llevarán registros en los que conste, como mínimo, la siguiente información: a)
La cantidad recibida de otras personas o
empresas. b)
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c) La cantidad procedente de la importación. d)
La cantidad utilizada en la fabricación o
preparación de otros productos. e) La cantidad distribuida internamente. f) La cantidad exportada o reexportada. g) La cantidad en existencia. h)
La cantidad perdida a causa de accidentes,
evaporación, sustracciones o eventos similares.
49.-El
mencionado en los incisos a), c), e) y f) del artículo anterior, deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
La fecha de la transacción. El nombre, la dirección y el número de
partes que realizan la transacción y del último
destinatario, si es diferente de una de las partes que realizaron la transacción. c)
precursor u otro producto químico. d)
La marca, el modelo y el número de serie
de máquinas y accesorios. e)
identificación de la empresa transportista.
Artículo 50.- Quienes se dediquen a alguna de las actividades señaladas en el artículo 36 de esta Ley, deberán informar de inmediato a la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas sobre las transacciones efectuadas o propuestas en las que ellos sean parte, cuando tengan motivos razonables para considerar que aquellas sustancias, máquinas y accesorios pueden utilizarse en la producción, fabricación, extracción o preparación ilícita de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras con efectos semejantes.
Artículo 51.-Se considerará que existen motivos razonables
especialmente cuando la cantidad transada de las sustancias, máquinas y accesorios citados en el artículo 36 de esta Ley, la forma de pago o las características
extraordinarias o no coincidan con la información proporcionada
antemano Instituto
52.-Deberá
informársele,
Instituto pérdidas
Costarricense o las
desapariciones sustancias,
máquinas y los accesorios que se encuentren bajo su control.
Artículo 53.-El informe referido en el artículo 50 de esta Ley deberá contener toda la información disponible y deberá ser proporcionado a la unidad especializada Drogas,
Costarricense se
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circunstancias que justifican la sospecha, por el medio más rápido y con la mayor antelación posible a la finalización de la transacción.
Artículo 54.-Una vez verificada la información, la unidad especializada del Instituto Costarricense sobre Drogas deberá comunicarla a las autoridades del país de origen, destino o tránsito, tan pronto como sea posible, y les proporcionará todos los antecedentes disponibles.
55.-Los
tránsito aduanero y transbordo, en los cuales los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ministerio
control de estas transacciones, también estarán en la
especializada Drogas,
Costarricense situación
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56.-El
remitir, mensualmente, a la Dirección General del Instituto Costarricense sobre Drogas, un informe de
fuel” deberán
cantidad vendida y su comprador.
TÍTULO IV DELITOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I DELITOS
57.-En
regulado deberá
supletoriamente la legislación penal y procesal
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Sin embargo, al conocer el caso concreto,
el juez deberá aplicar siempre las disposiciones y los principios del Código Penal.
Artículo 58.- Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien, sin autorización legal, distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, prepare, cultive, produzca, transporte, almacene o venda las drogas, las sustancias o los productos referidos en esta Ley, o cultive las plantas de las que se obtienen tales sustancias o productos. La misma pena se impondrá a quien, sin la debida autorización, posea esas drogas, sustancias o productos para cualquiera de los fines expresados, y a quien posea o comercie semillas con capacidad germinadora u otros productos naturales para producir las referidas drogas.
Artículo 59.- Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años quien construya o facilite el
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uso de pistas de aterrizaje o sitios de atraque, para que sean utilizados en el transporte de dinero o bienes provenientes del narcotráfico, las drogas o las sustancias referidas en esta Ley.
Artículo 61.- Se impondrá pena de prisión de tres a diez años a quien, mediante promesa remunerada, exhorte a un funcionario público para que procure, por cualquier medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley. Igual pena se impondrá a quien altere, oculte, sustraiga o haga desaparecer los rastros, las pruebas o los instrumentos de esos delitos, o asegure el provecho o producto de tales actos.
Artículo 62.- Se impondrá pena de prisión de tres a diez años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante el mismo período, al servidor o funcionario público que procure, por cualquier medio, la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigación, indiciadas o condenadas por la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley. La pena será de ocho a veinte años de prisión
si los actos mencionados en el párrafo anterior son realizados por un juez o fiscal de la República. Si los hechos ocurren por culpa del funcionario o empleado, se le impondrá pena de prisión de seis meses a tres años, en los presupuestos del primer párrafo del presente artículo, y pena de prisión de dos a cinco años cuando se trate de los actos contemplados en el segundo párrafo; en ambos casos, se impondrá inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo. Artículo 63.- Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por cinco años, al servidor público o a los sujetos privados que laboran en el mercado bursátil y que, teniendo bajo su custodia información confidencial relacionada con narcotráfico o con investigaciones relativas a la legitimación de capitales, autorice o lleve a cabo la destrucción o desaparición de esta información, sin cumplir los requisitos legales.
Artículo 64.- Se impondrá pena de prisión de dos a cinco años a quien, estando legalmente autorizado, expenda o suministre las sustancias controladas referidas en esta Ley, sin receta médica o excediendo las cantidades señaladas en la receta. Además de esta sanción, se le impondrá inhabilitación de cuatro a ocho años para ejercer la profesión o el oficio.
Artículo 65.- Siempre que no esté penado más severamente, se sancionará con prisión de seis
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meses a tres años e inhabilitación hasta por dos años para el ejercicio de la profesión, a las siguientes personas:
a) Los facultativos que hallándose autorizados para prescribir las sustancias o productos referidos en esta Ley, los prescriban sin cumplir con las formalidades previstas en su artículo 2, así como en otras leyes y reglamentos sobre la materia. b) Los regentes farmacéuticos, los veterinarios y el regente técnico profesional a quienes se refiere esta Ley cuando:
1.No lleven debidamente registrado el control de los movimientos de los estupefacientes y las sustancias o los productos psicotrópicos referidos en esta Ley. 2.No muestren a la autoridad de salud la documentación correspondiente para el mejor control del comercio, suministro y uso de los estupefacientes y las sustancias o productos psicotrópicos que señala esta Ley. 3.Permitan que personal no autorizado mantenga en depósito, manipule o despache recetas de estupefacientes o productos psicotrópicos declarados de uso restringido.
Artículo 66.- Se impondrá pena de prisión de uno a seis años a los responsables o empleados de establecimientos abiertos al público que permitan, en el local, la concurrencia de personas para
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consumir las drogas y los productos regulados en esta Ley. Asimismo, podrá ordenarse la cancelación de la licencia, el permiso o la autorización para ejercer la actividad por cuyo desempeño se ha cometido el delito, u ordenarse la clausura temporal o definitiva de la actividad, el establecimiento o la empresa por los cuales se ha cometido el delito.
Artículo 67.- Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a quien, directamente o por persona interpuesta, influya en un servidor público o autoridad pública, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con él o con otro funcionario o autoridad pública, real o simulada, para obtener licencias, permisos o gestiones administrativas que faciliten la comisión de los delitos establecidos en esta Ley, con el propósito de lograr por ello, directa o indirectamente, un beneficio económico o una ventaja indebida para sí o para otro.
Artículo 68.- Será sancionado con pena de prisión de cinco a quince años quien aporte, reciba o utilice dinero u otro recurso financiero proveniente del tráfico ilícito de drogas o de la legitimación de capitales, con el propósito de financiar actividades político-electorales o partidarias.
Artículo 69.- Será sancionado con pena de prisión
de ocho a veinte años:
a) Quien adquiera, convierta o transmita bienes de interés económico, sabiendo que estos se originan en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito o para ayudar, a la persona que haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus actos. b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito grave.
La pena será de diez a veinte años de prisión cuando los bienes de interés económico se originen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, legitimación de capitales, desvío de precursores o sustancias químicas esenciales y delitos conexos
Artículo 70.- Será sancionado con pena de prisión de uno a tres años el propietario, directivo, administrador o empleado de las entidades financieras, así como el representante o empleado del órgano de supervisión y fiscalización que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, apreciada por los tribunales, haya facilitado la comisión de un delito de legitimación de capitales.
Artículo 71.- Será sancionado con pena de prisión de tres meses a un año, quien se dedique a alguna de las actividades señaladas en el artículo 36 de esta Ley, y no informe de inmediato a la unidad especializada Drogas,
propuestas de las cuales él forme parte, cuando tenga motivos razonables para considerar que las sustancias, las máquinas y los accesorios pueden utilizarse
producción, preparación
fabricación, ilícita
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras con efectos semejantes
Artículo 72.- Los delitos tipificados en esta Ley podrán
investigados, por
enjuiciados o
competente, independientemente de que el delito de tráfico
legitimación de capitales hayan ocurrido en otra jurisdicción
extradición, cuando proceda conforme a derecho.
Artículo 73.- Se impondrá pena de prisión de ocho a quince años a quien produzca, fabrique, prepare, distribuya, transporte, almacene, importe o exporte precursores u otros productos químicos incluidos en esta regulación, además de máquinas y accesorios, para utilizarlos en la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley. La pena será de ocho a veinte años de prisión cuando el delito se cometa mediante la constitución o el empleo de una organización delictiva.
Artículo 74.- Se impondrá pena de prisión de uno a tres años a quien:
a) Utilice permisos y licencias, obtenidos legítimamente, para importar cantidades mayores que las autorizadas de precursores u otras sustancias químicas incluidos en esta regulación, o las máquinas y los accesorios diferentes de los permitidos en las autorizaciones. Con la misma pena se sancionará a quien falsifique estos permisos y licencias. b) Posea, sin autorización, precursores, químicos, solventes u otras sustancias que sirvan para procesar las drogas o sus derivados referidos en la presente Ley. c)
Modifique o cambie las etiquetas de los
productos controlados para hacerlos pasar por otros, con el propósito de desviarlos hacia actividades ilegales o evadir los controles.
Artículo 75.- Se impondrá pena de prisión de tres a ocho años a quien desvíe tanto productos químicos como precursores, máquinas o accesorios hacia fines o destinos diferentes de los autorizados dentro de Costa Rica y fuera de ella.
Artículo 76.- Quien haya cumplido los requisitos estipulados en el artículo 42 de esta Ley, pero suministrando información falsa, será sancionado con pena de prisión hasta de seis meses.
Artículo 77.- La pena de prisión será de ocho a veinte años cuando en las conductas descritas en los delitos anteriores concurra alguna de las siguientes circunstancias en el autor o partícipe:
Las drogas tóxicas, los estupefacientes o a) las sustancias psicotrópicas se faciliten a menores de dieciocho años, disminuidos psíquicos o mujeres embarazadas. b) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias psicotrópicas se introduzcan o difundan en centros docentes, culturales, deportivos o recreativos, en establecimientos penitenciarios y lugares donde se realicen espectáculos públicos. c) Se utilice a menores de edad, incapaces o farmacodependientes para cometer el delito.
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d) El padre, la madre, el tutor o responsable de la guarda y crianza de la persona perjudicada, sea el autor del delito. e) Cuando una persona, valiéndose de su función como docente, educador o guía espiritual del perjudicado, o de su situación de superioridad en forma evidente, coarte la libertad de la víctima. f) Cuando se organice un grupo de tres o más personas para cometer el delito. g) Cuando esos delitos se cometan a nivel internacional. h) Cuando la persona se valga del ejercicio de un cargo público.
Estas penas se aplicarán también a quien financie o dirija la organización dedicada a cometer los delitos. Si el responsable del hecho es un trabajador de instituciones educativas, públicas o privadas, la condenatoria conllevará la inhabilitación por seis a doce años para ejercer la docencia, en cualquier nivel del sistema educativo, público o privado. Los rectores o directores de los centros educativos serán los responsables del cumplimiento de esta disposición.
Artículo 78.- En los casos previstos en el capítulo I del título IV de esta Ley, el juez también podrá imponer como pena accesoria:
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CAPÍTULO II MEDIDA DE SEGURIDAD
Artículo 79.- Se promoverá y facilitará el internamiento o el tratamiento ambulatorio voluntario y gratuito con fines exclusivamente terapéuticos y de rehabilitación en un centro de salud público o privado, de quien, en las vías públicas o de acceso público, consuma o utilice drogas de uso no autorizado; esta disposición tiene el propósito de desintoxicar al adicto o eliminarle la adicción.
Cuando se trate de personas menores de
edad, las autoridades estarán obligadas a comunicar dicha situación al PANI, para que gestione las medidas de protección necesarias, conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia y al artículo 3 de esta Ley.
CAPÍTULO III SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículo 80.- Las instituciones financieras serán responsables por los actos de sus empleados, funcionarios, directores, propietarios y otros representantes autorizados que, fungiendo como tales, participen en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en esta Ley. Dicha responsabilidad será acreditada y sancionada conforme a las normas y los procedimientos previamente establecidos en la legislación que la regula.
Artículo 81.- Las instituciones señaladas en los artículos 14 y 15 de esta Ley, podrán ser sancionadas, previo apercibimiento, por el órgano de supervisión y fiscalización competente, de la siguiente manera:
a) Con una multa del cero coma cero cinco por ciento (0,05%) de su patrimonio, cuando:
1.No registren, en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización competente, el ingreso de toda transacción en efectivo, en moneda nacional o extranjera, superior a los diez mil dólares estadounidenses (US$10.000,00) o su equivalente en colones. Asimismo, cuando no registren las transacciones de egreso en moneda extranjera, siempre que sean en efectivo y por un monto superior a los diez
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mil dólares estadounidenses (US$10.000,00). 2.Tratándose de las transacciones múltiples en efectivo referidas en el artículo 23 de esta Ley, no efectúen el registro en el formulario diseñado por el órgano de supervisión y fiscalización competente. 3.Incumplan los plazos fijados por el órgano de supervisión y fiscalización correspondiente para la presentación del formulario referido en el subinciso 1 anterior. 4.Incumplan las disposiciones de identificación de los clientes, en los términos dispuestos en el artículo 16 de la presente Ley. 5.Se nieguen a entregar, a los órganos autorizados por ley, la información y documentación necesarias sobre operaciones sospechosas, según lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Ley, o bien cuando pongan a disposición de personas no autorizadas información, en contravención de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley.
b) Con una multa del cero coma uno por ciento (0,1%) de su patrimonio, cuando:
1.Las entidades señaladas en el artículo 15 de esta Ley, se nieguen a inscribirse ante la SUGEF. 2.No hayan implementado los procedimientos para la detección, el control
y la comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales, en los términos de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la presente Ley. 3.No adopten, desarrollen ni ejecuten programas, normas, procedimientos y controles internos para prevenir los delitos tipificados en esta Ley; no nombren a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos.
Los montos de las multas referidas en el presente artículo, deberán ser cancelados dentro de los ocho días hábiles siguientes a su firmeza. Si la multa no es cancelada dentro del plazo establecido, tendrá un recargo por mora del tres por ciento (3%) mensual sobre el monto original, el cual deberá ser advertido por el órgano superior correspondiente. Los dineros provenientes de estas multas se destinarán a las acciones preventivas señaladas en el artículo 5 de esta Ley.
Artículo 82.- Las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de las enlistadas en el artículo 36 de esta Ley, estarán sujetas a las siguientes sanciones administrativas: a) Suspensión temporal del registro referido en el artículo 42 de la presente Ley, cuando se descubran situaciones irregulares que puedan vincularse con alguno de los delitos tipificados en ella,
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que ameriten el traslado de la investigación a la policía encargada del control de drogas no autorizadas y actividades conexas. b) Cancelación definitiva del registro referido en el citado artículo 42, cuando se compruebe la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta Ley, por parte de empleados, funcionarios, directivos, propietarios y otros que hayan actuado en carácter de representantes autorizados de la persona física o jurídica a la que se asignó el registro. c) Decomiso administrativo, a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, de los precursores o químicos esenciales que hayan sido importados, comprados localmente, producidos, reciclados, u otros, si no han cumplido los requisitos establecidos en esta y otras leyes y reglamentos que rigen esta materia. TÍTULO V DECOMISO Y COMISO DE LOS BIENES UTILIZADOS COMO MEDIO O PROVENIENTES DE LOS DELITOS PREVISTOS POR ESTA LEY CAPÍTULO I DECOMISO Artículo 83.- Todos los bienes muebles e inmuebles, vehículos, instrumentos, equipos, valores, dinero y demás objetos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, así como los diversos bienes o valores provenientes de tales acciones, serán decomisados preventivamente por la autoridad competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de las
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acciones, los aportes de capital y la hacienda de personas jurídicas vinculadas con estos hechos. Los terceros interesados que cumplan los presupuestos del artículo 94 de esta Ley, tendrán tres meses de plazo, a partir de las comunicaciones mencionadas en los artículos 84 y 90 de la presente Ley, para reclamar los bienes y objetos decomisados, plazo en el cual deberán satisfacer los requisitos legales que se exijan, para cada caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores.
84.-De
medidas mencionadas en el artículo anterior, los bienes deberán ponerse en depósito judicial, en forma
Drogas. del
garantizar un posible resarcimiento por deterioro o destrucción, el Instituto Costarricense sobre Drogas
destinar y
cumplimiento de los fines descritos en la presente Ley, salvo casos muy calificados aprobados por el Consejo Directivo; asimismo, podrá administrarlos o entregarlos en fideicomiso a un banco estatal,
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según convenga a sus intereses. bienes
inmediato la anotación respectiva y la comunicará al
beneficios de la administración o del fideicomiso se utilizarán para la consecución de los fines del Instituto. En caso de no ser posible proceder según el párrafo segundo del artículo 90 de esta Ley, el Instituto deberá publicar un aviso en el diario oficial, en el que se indicarán los objetos, las mercancías Vencido anterior
poder. artículo
acción correspondiente, siempre y cuando exista una resolución judicial, los bienes y objetos de valores decomisados pasarán, en forma definitiva, a
para los fines establecidos en esta Ley.
Artículo 85.- La autoridad judicial depositará el
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dinero decomisado en la cuenta corriente del Instituto Costarricense sobre Drogas y, de inmediato, le remitirá copia del depósito efectuado. De los intereses que produzca, el Instituto deberá destinar:
a) El sesenta por ciento (60%) al cumplimiento de los programas preventivos, de este porcentaje, al menos la mitad será para los programas de prevención del consumo, tratamiento y rehabilitación que desarrolla el IAFA. b) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos. Un diez por ciento (10%) al aseguramiento c) y mantenimiento de los bienes decomisados, cuyo destino sea el señalado en el artículo anterior.
Artículo 86.- Si, con ocasión de hechos o ilícitos contemplados en la presente Ley, se inicia una investigación de parte de las autoridades competentes, toda entidad financiera o que sea parte de un grupo financiero, tendrá la obligación de resguardar toda la información, los documentos, valores y dineros que puedan ser utilizados como evidencia o pruebas dentro de la investigación o en un proceso judicial; en cuanto a los dineros o valores que se mantengan depositados o en custodia, deberá proceder a su congelamiento o al depósito en el Banco Central de Costa Rica e informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones anteriores nacen a partir del momento en que las entidades reciban de las autoridades, un aviso formal de la existencia
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de una investigación o de un proceso penal judicial, o de que las entidades interpongan la denuncia correspondiente. Estas acciones no acarrearán, a las entidades o a los funcionarios que las realicen, responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra índole, si se ha actuado de buena fe.
CAPÍTULO II COMISO
Artículo 87.- Si, en sentencia firme, se ordena el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas de los bienes muebles e inmuebles, así como de los valores o el dinero en efectivo mencionados en los artículos anteriores, el Instituto podrá conservarlos para el cumplimiento de sus objetivos, donarlos a entidades de interés público, prioritariamente a organismos cuyo fin sea la prevención o represión de las drogas, o subastarlos. Cuando se trate de dinero en efectivo, valores o el producto de bienes subastados, el Instituto Costarricense sobre Drogas deberá destinar:
b) Un treinta por ciento (30%) a los programas represivos. Un diez por ciento (10%) al seguimiento y c) mantenimiento de los bienes comisados.
Artículo 88.- Los bienes perecederos podrán ser vendidos por el Instituto, antes de que se dicte sentencia definitiva dentro de los respectivos juicios penales, de acuerdo con el reglamento de la Institución; para ello, deberá contarse con un peritaje extendido por la oficina competente del Ministerio de Hacienda. Los montos obtenidos serán destinados conforme lo indica el artículo anterior.
Artículo 89.- En los casos de bienes comisados sujetos a inscripción en el Registro Nacional, bastará la orden de la autoridad judicial competente para que la sección respectiva de dicho Registro proceda a la inscripción o el traspaso del bien a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas. Inmediatamente después de que la sentencia se encuentre firme, la autoridad competente enviará la orden de inscripción o traspaso, a la cual deberá adjuntársele la respectiva boleta de seguridad, y estará exenta del pago de todos los impuestos de transferencia y propiedad previstos en la Ley Nº 7088, así como del pago de los timbres y derechos de traspaso o inscripción. Para estos casos, no será necesario contar con la respectiva nota emitida por el Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda.
Artículo 90.- Si transcurrido un año del decomiso del bien no se puede establecer la identidad del autor o partícipe del hecho o este ha abandonado los bienes de interés económico, los elementos y los medios de transporte utilizados, la autoridad competente ordenará el comiso definitivo de dichos bienes, los cuales pasarán a la orden del Instituto para los fines previstos en esta Ley. Asimismo, cuando transcurran más de tres meses de finalizado o cerrado el proceso penal sin que quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes de interés económico utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, hayan hecho gestión alguna para retirarlos, la acción del interesado para interponer cualquier reclamo caducará, y el Instituto podrá disponer de los bienes, previa autorización del tribunal que conoció de la causa. Para tales efectos, se seguirá lo dispuesto en el artículo 89 de esta Ley.
Artículo 91.- En los casos en que la autoridad judicial competente ordene, mediante sentencia firme, el comiso de bienes que, por su naturaleza, estén sujetos a inscripción o traspaso en el Registro Nacional y se encuentren en un estado de deterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su reparación o mejora, el Instituto podrá destinarlos a las funciones descritas en la presente Ley, sin que sea necesaria su inscripción o el traspaso en el Registro Nacional. La evaluación del estado de los bienes la realizará el Departamento de Valoración del Ministerio de Hacienda.
Artículo 92.- A la persona física o jurídica a
quien se le haya cancelado una patente, un permiso, una concesión o una licencia, no se le podrán autorizar, personalmente ni mediante terceros, sean estos personas físicas o jurídicas, permisos, concesiones ni licencias, durante los diez años posteriores a la cancelación.
CAPÍTULO III TERCEROS DE BUENA FE
Artículo 93.- Las medidas y sanciones referidas en los artículos precedentes a este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe. Conforme a derecho, se les comunicará la posibilidad de apersonarse en el proceso, a fin de que hagan valer sus derechos, a quienes puedan alegar interés jurídico legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos.
Artículo 94.- El tribunal o la autoridad competente dispondrá la devolución de los bienes, productos o instrumentos al reclamante, cuando se haya acreditado y concluido que:
a) El reclamante tiene interés legítimo respecto de los bienes, productos o instrumentos. b) Al reclamante no puede imputársele autoría de ningún tipo ni participación en un delito de tráfico ilícito o delitos conexos
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objeto del proceso. c) El reclamante desconocía, sin mediar negligencia, el uso ilegal de bienes, productos o instrumentos o cuando, teniendo conocimiento, no consintió de modo voluntario en usarlos ilegalmente. d) El reclamante no adquirió derecho alguno a los bienes, productos o instrumentos de la persona procesada, en circunstancias que, razonablemente, llevan a concluir que el derecho sobre aquellos le habría sido transferido para efectos de evitar el posible secuestro y comiso. El reclamante hizo todo lo razonable e) para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.
TÍTULO VI DESTRUCCIÓN DE PLANTACIONES Y DROGAS ILÍCITAS CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 95.- Los miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Policía de Control de Drogas, estarán facultados para las investigaciones y la erradicación de las plantaciones de marihuana o de cualquier otra planta a partir de la cual puedan producirse drogas ilícitas, salvo que, supletoriamente, lo realicen las autoridades locales por razones que imposibiliten a las primeras su atención. Previo a la destrucción, se tomarán muestras suficientes de las plantas para las respectivas
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peritaciones, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ. Se identificarán el predio cultivado por sus linderos y el área aproximada de la plantación. Se anotarán los nombres y demás datos personales del propietario o poseedor del terreno y de las personas halladas en él a la hora de la diligencia. Estos datos y cualquier otro de interés para los fines de la investigación, se harán constar en un acta que se sujetará a las formalidades establecidas en la legislación procesal penal. Una copia del acta de destrucción y los informes policiales serán enviados al Instituto, por el cuerpo policial que realizó la erradicación, para lo que corresponda.
Artículo 96.- Cuando las autoridades policiales decomisen marihuana, cocaína, heroína o cualquier otra droga de las referidas en esta Ley, de inmediato la pondrán a disposición de la autoridad judicial competente, para que el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ tome las muestras de cantidad y peso, así como cualquier otra circunstancia útil a la investigación, según su criterio pericial. Realizado lo anterior, la autoridad judicial competente podrá ordenar la destrucción de la droga incautada. De no ordenarse la destrucción, la droga deberá entregarse al OIJ para la custodia y posterior destrucción. Fenecida definitivamente la causa, la autoridad judicial competente deberá ordenar la destrucción de la muestra testigo de la sustancia analizada.
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Artículo 97.- Para realizar las peritaciones necesarias, la autoridad judicial competente autorizará que se tome una muestra bajo los procedimientos y en las cantidades recomendadas por el Departamento de Ciencias Forenses del OIJ, la cual quedará en la misma sección para lo dispuesto en el artículo anterior. El resto de la droga incautada será destruido públicamente, en presencia de los medios de comunicación que quieran asistir, previa convocatoria, y de al menos un miembro del Ministerio de Salud y del OIJ, lo cual deberá cumplirse siguiendo los procedimientos técnicos adecuados que ordene el órgano competente del Ministerio de Salud. La autoridad judicial competente deberá informar, por cualquier medio de comunicación, del lugar, el día y la hora en que se realizará el acto de destrucción, y deberá actuar personalmente en el procedimiento de destrucción de la droga. Una copia del acta de destrucción será enviada por la autoridad judicial competente al Instituto Costarricense sobre Drogas.
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TÍTULO VII INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
98.-El
Drogas es un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de la Presidencia.
otorga personalidad jurídica instrumental para la realización
administración de sus recursos y de su patrimonio.
Drogas será el encargado de coordinar, diseñar e implementar
tratamiento, de
planes del
farmacodependientes,
de la las
políticas, los planes y las estrategias contra el tráfico
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actividades conexas y delitos graves. Este Instituto deberá coordinar con el IAFA, como rector técnico en materia de prevención del consumo y tratamiento, la CCSS, el Ministerio Público y el OIJ, el diseño y la implementación de políticas, planes y estrategias en aspectos de prevención, consumo, tratamiento, rehabilitación y reinserción en materia de drogas. El Instituto coordinará con el Ministerio de Salud, el MAG y las corporaciones profesionales correspondientes, la implementación y el diseño de políticas, planes y estrategias relacionadas con el control y la fiscalización de las drogas de uso lícito.
Artículo 100.sobre
El Instituto Costarricense diseñará
Drogas y coordinará las políticas de prevención del
drogas, y
farmacodependientes, prevención
inhalables,
tenencia, de
producir dependencia física o síquica, precursores y
cualquier otro instrumento jurídico que se apruebe sobre esta materia y las que se incluyan en los listados oficiales publicados periódicamente en La Gaceta. En
tratamiento, la rehabilitación y la reinserción, le
al todos
IAFA los
privados orientados a estos fines. Para
supracitada, el Instituto ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:
Proponer, dirigir, impulsar, coordinar y
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Mantener relaciones con las diferentes
administraciones, públicas o privadas, así como con expertos nacionales e internacionales que desarrollen actividades en el ámbito del Plan Nacional sobre Drogas, y prestarles el apoyo técnico necesario. c)
Diseñar, programar, coordinar y apoyar
planes contra lo siguiente:
consumo el
ilícito realizar
intervención conjunta y efectiva. 2.-
El lavado de dinero producto de la
actividad delictiva del narcotráfico y de otros delitos graves. 3.-
El desvío de precursores y químicos
esenciales hacia la actividad delictiva del narcotráfico.
Dirigir el sistema de información sobre
drogas que recopile, procese, analice y emita informes oficiales sobre todos los datos y las estadísticas nacionales. e)
aplicación ellas;
tráfico de drogas y las actividades conexas, ejerciendo la coordinación general entre las instituciones que actúan en tales campos, sin perjuicio
instituciones unidad
las tengan
atribuciones reconocidas,
Estado en el exterior, atribuida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. f)
Financiar programas y proyectos y otorgar
cualquier otro tipo de asistencia a organismos, públicos
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control y fiscalización de las drogas de uso lícito e ilícito, previa coordinación con las instituciones rectoras involucradas al efecto. g)
capacitación del personal del Instituto, así como de los funcionarios públicos y privados de los
Nacional sobre Drogas. h)
Apoyar la actividad policial en materia
de drogas. i) los
Coordinar y apoyar, de manera constante, estudios
consumo y tráfico de drogas, las actividades conexas y la legislación correspondiente, para formular
perjuicio de las atribuciones del IAFA. j)
Coordinar y apoyar campañas públicas y
ilícito de drogas, debidamente aprobadas por las instituciones competentes, involucradas y
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consultadas al efecto. k)
Suscribir acuerdos y propiciar convenios
de cooperación e intercambio de información en el ámbito de su competencia, con instituciones y
afines. l)
Preparar, anualmente, un informe nacional
prevención lícito
precursores y actividades conexas en el país. m)
Todas las funciones que en el futuro se
consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Institución.
brindar información que atente contra el secreto de
delincuencia del narcotráfico y legitimación de capitales,
carácter puedan
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lesionar los derechos de la persona. Artículo 102.las para
personas el
Los entes, los órganos o que
propósitos colaborar
forma en que este lo determine, de acuerdo con los medios técnicos, humanos y materiales disponibles.
Dentro del ámbito de su
podrá la
investigaciones individuales o conjuntas, con las salvedades que imponga cada legislación.
El Instituto asesorará a
las instituciones relacionadas con la materia que regula esta Ley y brindará la colaboración técnica que estas requieran para ejercer sus competencias constitucionales.
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La Unidad de Información y Estadística
Nacional sobre Drogas. d)
La Unidad de Control y Fiscalización de
Precursores. g)
Decomisados y Comisados.
La Unidad de Análisis Financiero.
señalados en el artículo anterior, actuarán como órganos
Asesora de Políticas Preventivas, la Comisión para el
Comisión Asesora para Prevención y Control de la Legitimación efectos,
realizarán su trabajo ad honórem. El criterios
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crear nuevas comisiones o modificar su integración con
órganos que considere pertinentes.
SECCIÓN I CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo será
el órgano máximo de decisión.
Será presidido por
el ministro o viceministro de la Presidencia de la República, quien tendrá la representación judicial y extrajudicial del Instituto, con las facultades que el artículo 1253 del Código Civil determina para los apoderados generalísimos y las facultades que
Directivo para los casos especiales. Son
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Ejercer las atribuciones y potestades que
la presente Ley le confiere. b)
Velar por el cumplimiento de los fines
del Instituto. c)
presupuestos ordinarios y extraordinarios del Instituto, de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. d)
Aprobar la memoria anual y los estados
financieros de la Institución. e)
estudio, le sean sometidos por el presidente, el director general, los jefes y el auditor. f)
alzada las
Dirección General, en cuanto a las materias de su
administrativa. g)
reglamentos internos del Instituto, los cuales,
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Gaceta. h)
Crear la estructura administrativa que
considere necesaria para el desempeño eficiente del Instituto. i)
Autorizar la adquisición, el gravamen o
la enajenación de bienes. j)
Elaborar los proyectos de ley que estime
necesarios rapidez,
Ley. k)
judicial alcances
atribuciones que al efecto se establecen en el artículo
Civil. l)
Establecer convenios de cooperación con
nacionales e internacionales. m)
Conocer, aprobar y resolver en definitiva
sobre las contrataciones y la administración de sus recursos y de su patrimonio. n)
establezcan la presente Ley y sus Reglamentos.
Presidencia. b)
Seguridad Pública y Gobernación. c)
Educación Pública. d)
El ministro o el viceministro de Justicia
y Gracia. e)
El ministro de Salud o el director del
Narcotrรกfico
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El director o el subdirector del OIJ. El fiscal general o el fiscal general
adjunto del Estado.
SECCIÓN II DIRECCIÓN GENERAL
La Dirección General es un
órgano subordinado del Consejo Directivo; estará a cargo de un director general y de un director general adjunto, quienes serán los funcionarios de mayor
administración del Instituto. colaborar,
Les corresponderá con
Directivo en la planificación, la organización y el
formalización, la ejecución y el seguimiento de sus políticas.
Además, desempeñará las tareas que
le atribuyan los reglamentos y le corresponderá incoar las acciones judiciales en la defensa de los derechos del Instituto, cuando lo determine el Consejo Directivo.
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general será sustituido por el director general adjunto, mientras se produzca el nombramiento del propietario.
deberán ser mayores de edad, costarricenses, de reconocida
académico de licenciados y experiencia amplia y probada en el campo relacionado con las drogas. El Consejo Directivo designará una comisión especial, la cual analizará los atestados de los oferentes que opten por el puesto y elevará su recomendación al Consejo Directivo.
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Son atribuciones y deberes
de la Dirección General las siguientes:
los reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo. b) Informar al Consejo Directivo de los asuntos de interés para la Institución y proponer los acuerdos que considere convenientes. c)
condición de Dirección General, organizar todas sus
funcionamiento. d)
necesaria para asegurar el buen gobierno y la dirección superior del Instituto. e)
Directivo ordinarios
respectivas y, una vez aprobados, vigilar la correcta aplicación. f)
disciplinario a los servidores del Instituto, de
respectivos. remoción
requerirá la anuencia del auditor general. g)
Atender las relaciones del Instituto con
los personeros de gobierno, sus dependencias e instituciones y las demás entidades, nacionales o extranjeras. h) que
Ejercer las demás funciones y facultades le
Reglamentos del Instituto. i)
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a) Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en los de su cónyuge o sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y afinidad hasta tercer grado. b)
otros honórem,
cargos puesto
desempeñar sus funciones a tiempo completo en el Instituto. De
ejercicio de la docencia. c)
electorales con las salvedades de ley.
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SECCIÓN III UNIDAD DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN
La Unidad de Proyectos de
Prevención será la encargada de coordinar, con el IAFA, la implementación de los programas de las entidades públicas y privadas, con la finalidad de fomentar
ilícito de drogas y delitos conexos contemplados en
medidas para la aplicación efectiva de los planes de
contenidos su
administrativa se dispondrá reglamentariamente.
de Proyectos de Prevención, sin perjuicio de otras que puedan establecerse en el futuro, serán las siguientes:
Formular recomendaciones en educación y
comercialización y el tráfico lícito e ilícito de
incluirlas en el Plan Nacional de Drogas, con base
públicas y privadas propongan. b)
Colaborar técnicamente con los organismos
oficiales que realizan campañas de prevención del uso, la tenencia, la comercialización y el tráfico
recomendaciones. c)
estatales educación,
científica, relativa a las drogas que causen dependencia. d) Las demás funciones que en el futuro se consideren necesarias para cumplir los fines de la Institución.
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SECCIÓN IV UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA NACIONAL SOBRE DROGAS
La Unidad de Información y
Estadística Nacional sobre Drogas tiene el fin de realizar
actualizado de la magnitud, las tendencias y la evolución del fenómeno de las drogas en el país, para planificar, evaluar y apoyar el proceso de toma de decisiones en la represión y prevención en ese campo, así como para darle seguimiento. Para alcanzar los fines y objetivos, esta Unidad
necesarias de todas las instituciones involucradas y de los demás entes de los sectores público y privado,
funciones. La
esta Unidad se dispondrá reglamentariamente.
Artículo 118.de
Son funciones de la Unidad y
a) Desarrollar e implementar un sistema nacional que centralice los diferentes informes, estudios e investigaciones sobre la magnitud y las consecuencias de la oferta y la demanda del consumo de drogas, en los planos nacional e internacional. b)
específicos que se desprendan de los informes, estudios e investigaciones, que les permitan a las autoridades tomar decisiones oportunas para la investigación de campo y el desarrollo de las estrategias correspondientes. c) la
Emitir las recomendaciones técnicas para formulación
política oficial en materia de drogas. d)
Determinar las necesidades anuales reales
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para el uso lícito de drogas estupefacientes, psicotrópicos país,
estos productos y prevenir su posible desvío al área ilícita, con la participación de la Junta de
Agricultura y Ganadería. e)
internacionales, incluso en el Programa de las Naciones
Internacional Estupefacientes
(PNUFID),
(JIFE),
Internacional Contra el Abuso de Drogas (CICADOEA) y otros. f)
otros aportes científicos de esta Unidad, el desarrollo de proyectos e investigaciones sobre
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la problemática de las drogas, para fortalecer el conocimiento actualizado en esta materia. g) en
Promover la coordinación y colaboración, los
niveles las
involucradas de
identificar las tendencias y las preferencias en
rectificación. h)
Identificar los patrones delictivos en el
uso ilícito de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas precursoras, que permitan un abordaje efectivo del problema. i)
Apoyar al IAFA y colaborar con él en la
mayor riesgo, las poblaciones vulnerables y las principales tendencias de consumo de drogas, en un período determinado, para que se tomen las medidas necesarias para resolver el problema. j)
Evaluar las acciones dirigidas a reducir
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la oferta y la demanda de drogas en el país, con el propósito de determinar su impacto. k)
confección y divulgación de informes periódicos sobre la situación actual del país en materia de drogas, sus proyecciones y las tendencias a corto y mediano plazo. l)
congresos, seminarios, talleres, nacionales e internacionales, sobre la represión, prevención y
identificación de drogas, que permitan conocer los acuerdos adoptados y darles seguimiento. m)
Coordinar talleres, seminarios y demás
discutir y analizar propuestas que faciliten el funcionamiento
retroalimenten. n)
materia de drogas, para proponer la adopción de
programas, medidas y reformas pertinentes para hacer
campo. ñ)
información para planificar la recolección de datos y los análisis estadísticos relacionados con el fenómeno de las drogas, conjuntamente con las instituciones involucradas. o)
Brindar asesoramiento técnico a todas las
unidades propósito
criterios para el análisis de la información sobre drogas. p)
Cumplir todas las funciones que en el
futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos de la Institución.
Artículo 119.Las fuentes primarias de recolección de datos para esta Unidad serán, entre otras: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el IAFA, el Ministerio de Justicia y Gracia, el Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación, el Ministerio de Hacienda,
el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la CCSS, las ONG, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Sistema Nacional de Salud de los sectores público y privado, las universidades públicas y privadas, los colegios profesionales, los medios de comunicación oral y escrita y otros que, por su naturaleza, se determine incorporar a esta actividad.
SECCIÓN V UNIDAD DE PROGRAMAS DE INTELIGENCIA
La Unidad de Programas de
Inteligencia se encargará de la coordinación de acciones en contra del tráfico ilícito de drogas, con
internacionales. estratégica
Proveerá información táctica y los
instituciones involucrados en la lucha contra las drogas, con la finalidad de permitirles el logro de
recomendarles
Asimismo, realizará la recolección y
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el análisis de la información relacionada con esta materia y los recopilará en una base de datos absolutamente confidencial, para el uso exclusivo de las policías y autoridades judiciales; también deberá conformar comisiones de asesores técnicos especializados en el campo de la investigación de los delitos contenidos en esta Ley. La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Programas de Inteligencia se dispondrá reglamentariamente.
SECCIÓN VI UNIDAD DE REGISTROS Y CONSULTAS
La Unidad de Registros y
Consultas estructurará y custodiará un registro de información absolutamente confidencial que, por su naturaleza, resulte útil para las investigaciones de las policías y del Ministerio Público.
Con las salvedades de orden constitucional y legal
contienen abonados
el del al
archivo criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al archivo obrero-patronal de la CCSS
cualquier documento,
declaración de todas las instituciones, públicas o privadas. La información obtenida se destinará al uso exclusivo
Público, que la consultarán bajo la supervisión del jefe de esta Unidad, quien anotará el nombre completo del consultante, la hora, la fecha y el motivo de la consulta. Con el propósito de mantener actualizado el registro de información, las policías que realicen investigaciones por los delitos de narcotráfico, deberán
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haberlo para
respectiva investigación preparatoria. La estructura técnica y administrativa de la Unidad
Consultas tendrá las siguientes funciones:
información por parte de los usuarios y atender sus
establecidas. b)
todo el proceso de recolección y procesamiento de la información, con el fin de asegurar la confiabilidad de los datos. c)
Administrar los recursos de tecnología de
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coordinación con la Unidad de Informática. d)
SECCIÓN VII UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Artículo 123.La Unidad de Análisis Financiero solicitará, recopilará y analizará los informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas, provenientes de los órganos de supervisión y de las instituciones señaladas en los artículos 14 y 15 de la presente Ley, con la finalidad de centralizar y analizar dicha información para investigar las actividades de legitimación de capitales. Esta investigación será puesta en conocimiento de la Dirección General, que la comunicará al Ministerio Público para lo que corresponda. Los organismos y las instituciones del Estado, y especialmente el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica, el Registro Público y los organismos públicos de fiscalización, así como las entidades señaladas en los artículos 14 y 15 de la presente Ley, estarán
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obligados a suministrar la información requerida para las investigaciones de las actividades y los delitos regulados en la presente Ley, a solicitud de esta Unidad con el refrendo de la Dirección General. Además, será labor de la Unidad de Análisis Financiero la ubicación y el seguimiento de los bienes de interés económico obtenidos en los delitos tipificados en esta Ley. El Ministerio Público ordenará la investigación financiera simultánea o con posterioridad a la investigación por los delitos indicados.
La información recopilada Artículo 124.por la Unidad de Análisis Financiero será confidencial y de uso exclusivo para las investigaciones realizadas por este Instituto. Además, podrá ser revelada al Ministerio Público, a los jueces de la República, los cuerpos de policía nacionales y extranjeros, las unidades de análisis financiero homólogas y las autoridades administrativas y judiciales de otros países competentes en esta materia. Los funcionarios que incumplan esta disposición estarán sujetos a las sanciones establecidas en el Código Penal.
Artículo 125.Todos los ministerios y las instituciones públicas y privadas, suministrarán, en forma expedita, la información y documentación que les solicite esta Unidad para el cumplimiento de sus fines. Dicha información será estrictamente confidencial.
El acatamiento de las
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recomendaciones propuestas por la Unidad y avaladas por el Consejo Directivo del Instituto, tendrá prioridad en el sector público y, especialmente, en las entidades financieras o comerciales, a efecto de cumplir las políticas trazadas para combatir la legitimación de capitales y, con ello, incrementar la eficacia de las acciones estatales y privadas en esta materia.
SECCIÓN VIII UNIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES
Artículo 127.La Unidad de Control y Fiscalización de Precursores ejercerá el control de la importación, exportación, reexportación y tránsito internacional de las sustancias denominadas precursores y químicos esenciales; además, dará seguimiento a la utilización de estas sustancias en el territorio nacional. La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Control y Fiscalización de Precursores se dispondrá reglamentariamente.
Unidad de Control y Fiscalización de Precursores, las siguientes:
inscripción y emitir las licencias respectivas para las siguientes personas:
químicos esenciales. 2.-
químicos esenciales en el nivel nacional. 3.-
Los exportadores y/o reexportadores
de precursores y químicos esenciales.
Tramitar y resolver las solicitudes de
autorización de importación, para todos y cada uno
químicos esenciales que ingresen al país. c)
reexportación,
para todos y cada uno de los cargamentos de precursores y químicos esenciales que salgan
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del país. d)
Dar seguimiento al uso de precursores y
químicos esenciales a nivel nacional. e)
renovación de los permisos de importación. f)
Colaborar en la vigilancia del comercio
internacional esenciales,
cooperación y el intercambio de información con las autoridades competentes de otros países y con los organismos internacionales relacionados con la lucha antidrogas. g)
licencias otorgadas, las licencias revocadas, las
denegadas,
como de cualquier otra información de interés para
precursores a nivel nacional e internacional. h)
esenciales. i)
químicos esenciales, con el fin de mantenerlas actualizadas. j)
Coordinar, con el Ministerio de Hacienda,
el seguimiento de los precursores y químicos esenciales que ingresen al territorio nacional en tránsito internacional. k)
situaciones de posibles desvíos de precursores y químicos esenciales, para que este Ministerio defina las intervenciones correspondientes. l)
Participar en la elaboración, revisión y
precursores; acuerdos
asimismo, o
multilaterales, en los cuales se aborden temas relacionados con esta materia.
relacionadas con el control de la oferta de drogas. n)
SECCIÓN IX UNIDAD DE INFORMÁTICA
será la responsable de promover la articulación y el
manipulación, partir
procesamiento demandas
procesos selección,
La estructura técnica y administrativa de la Unidad
Planear, organizar, coordinar, controlar evaluar
sistema de información institucional, a fin de modernizar y sistematizar su funcionamiento. b)
Promover y participar en el diseño, la
sistematización y el control de los procesos de planificación
subsistemas de información en los niveles de gestión interinstitucional, a fin de propiciar una
recursos tecnológicos. c) materia
Coordinar, de
recomendar y
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correspondientes. d)
unidades del Instituto, la preparación de los requerimientos desarrollar
Institución. e)
proponer de
lineamientos y procedimientos relacionados con los elementos de “hardware”, “software”, redes y comunicaciones de la plataforma técnica y de tecnologías relacionadas con la gestión de la informática institucional. f)
SECCIÓN X UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
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Artículo 131.El Instituto tendrá una Unidad de Auditoría Interna, la cual funcionará bajo la dirección inmediata y la responsabilidad de un auditor, quien deberá ser contador público autorizado, con amplia experiencia en sistemas de informática. La Auditoría Interna contará con los recursos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones. La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Auditoría Interna se dispondrá reglamentariamente.
ejercerá sus funciones con independencia funcional y de criterios, respecto del jerarca y de los demás
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de
Contraloría para
República, las
internas y cualesquiera otras disposiciones que emita el órgano contralor.
Artículo 133.por
El auditor será nombrado
favorable de dos terceras partes de sus miembros. Permanecerá en el cargo un período de seis años y podrá ser reelegido.
Estará sujeto a las mismas
limitaciones que la presente Ley y sus Reglamentos establecen para la Dirección General, en cuanto le sean aplicables.
Artículo 134.suspendido
El auditor solo podrá ser destituido
Directivo, con observancia del debido proceso. Para la destitución se requerirá el mismo número de votos necesario para nombrarlo, de conformidad con lo dispuesto por la Contraloría General de la República.
Artículo además
135.de
financieras tendrá
Controlar y evaluar el sistema de control
interno correspondiente y proponer las medidas correctivas. b) Cumplir las normas técnicas de auditoría, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y el ordenamiento jurídico. c)
especiales, en relación con cualquiera de los órganos
institucional. d) Asesorar, en materia de su competencia, a los jerarcas de su Institución y advertir, asimismo, a los órganos pasivos que fiscalicen, sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. e)
competencias ordenamiento
Artículo 136.sus
siguientes potestades:
Tener libre acceso, en cualquier momento, todos
archivos, a
valores fuentes
información relacionadas con su actividad. b)
Solicitar a todo funcionario o empleado
de cualquier nivel jerárquico, en la forma, las condiciones y el plazo que estime convenientes, los
para el cabal cumplimiento de sus fines. c)
Solicitar a los funcionarios y empleados
de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento y las facilidades que demande el ejercicio de la Auditoría Interna. d)
Cualesquiera otras potestades necesarias
manuales de control y fiscalización que emita
Instituto será el responsable de implementar las recomendaciones
Auditoría Interna. de
Si la Administración discrepa
escrito un acuerdo fundamentado, en un plazo de treinta
solución alternativa. De mantenerse la divergencia de criterio entre la Administración y la Unidad de Auditoría Interna, corresponderá a la Contraloría General de la República aclarar las divergencias, a solicitud de las partes interesadas.
Artículo 138.el
El Consejo Directivo será de
perfeccionar sus sistemas de control interno. Las normas que el Consejo dicte al respecto, serán
administración responsable de implementar y operar
SECCIÓN XI UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DECOMISADOS Y COMISADOS Artículo
Administración de Bienes Decomisados y Comisados dará seguimiento a los bienes de interés económico comisados, provenientes de los delitos descritos en
además, y
correcta bienes
decomisados y será responsable de subastar o donar los bienes comisados. La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados se dispondrá reglamentariamente.
Artículo 140.de
Son funciones de la Unidad
Comisados, las siguientes:
Asegurar la conservación de los bienes de
interés económico en decomiso o comiso y velar por ella. b)
Mantener un inventario actualizado de los
bienes decomisados y comisados. c)
registro bienes
entidades públicas, para velar por la correcta utilización. d)
Presentar, periódicamente, a la Dirección
General, el inventario de los bienes comisados para realizar las proyecciones de entrega, uso y administración. e)
Requerir, de los despachos judiciales que
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tramitan causas penales por delitos tipificados en
efectuados. f)
Programar y ejecutar las subastas de los
bienes comisados. g)
objetivos de la Instituci贸n.
SECCIÓN XII UNIDAD ADMINISTRATIVA
Artículo 141.tendrá
asignación de los recursos del Instituto y su uso eficiente, a partir de las directrices que emitan el Consejo Directivo y la Dirección General, para el cumplimiento de las funciones de esta Unidad y el desarrollo de sus programas. La estructura técnica y administrativa de la Unidad Administrativa se dispondrá reglamentariamente.
Coordinar con las unidades del Instituto,
aprovechamiento de los recursos. c)
ordinario y extraordinario del Instituto, para que sea estudiado y aprobado por la Dirección General. d)
Ejecutar los presupuestos aprobados de
conformidad con la ley. e)
informes periódicos relativos a los depósitos y las cuentas corrientes en dólares o colones. f)
Organizar los servicios de recepción, los
servicios secretariales y generales, así como los
choferes, de
servicios de almacenamiento de los bienes en decomiso y comiso. g)
Cumplir las funciones que en el futuro se
SECCIÓN XIII UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL
Artículo 143.La Unidad de Asesoría Legal asesorará jurídicamente a todas las instancias y niveles del Instituto, con el fin de garantizar que las actuaciones de sus funcionarios sean acordes con el ordenamiento jurídico vigente. La estructura técnica y administrativa de la Unidad de Asesoría Legal se dispondrá reglamentariamente.
Serán funciones de la Artículo 144.Unidad de Asesoría Legal las siguientes:
a) Apoyar al Instituto y brindarle la asistencia jurídica en general. b) Formular consultas de índole legal a la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República. c) Recibir, por escrito, las consultas personales en materia legal a nivel institucional y evacuarlas. d)
Tramitar los traspasos de bienes, muebles
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e inmuebles, en que intervenga el Instituto. e) Investigar y resolver los procesos disciplinarios contra los funcionarios del Instituto. f) Coordinar con la Unidad de Administraci贸n de Bienes Decomisados y Comisados, las acciones legales que correspondan. g) Cumplir todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para alcanzar los objetivos de la Instituci贸n.
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sus fines, el Instituto contará con los siguientes recursos:
Las partidas que anualmente se asignen en
los presupuestos, ordinarios y extraordinarios, y en sus modificaciones. b)
jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, así como de leyes especiales. c)
El producto de los empréstitos internos o
externos que se contraten. d)
Los intereses generados de los registros
financieros del Instituto. e)
recauden por concepto de ventas. f)
Las sumas que se recauden en aplicación
de esta Ley. g)
operadores de precursores. h)
Los bienes decomisados y los comisados,
en virtud de la aplicación de la presente Ley. Artículo 146.las
El Poder Ejecutivo suplirá
para dicho efecto, este último le presentará, en mayo de cada año, un anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente, en el cual se le
Para cada ejercicio, los
presupuestos deberán organizarse y formularse, de conformidad con las prescripciones técnicas y los planes de desarrollo o, en su defecto, con los lineamientos generales de políticas nacionales de
programas o proyectos cuya ejecución se extienda más allá de dicho período, el Instituto deberá demostrar,
del programa o proyecto respectivo.
Drogas se incorporará a la del Ministerio de la Presidencia.
recursos del Instituto Costarricense sobre Drogas deberán estar individualizados e inventariados en forma
exclusivamente al cumplimiento de los fines del Instituto. realizar préstamos
diferentes organizaciones policiales involucradas en la lucha contra el narcotráfico, así como con otras dependencias tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial.
Artículo 150.Prohíbese destinar bienes y recursos del Instituto Costarricense sobre Drogas a otros fines que no sean los previstos en esta Ley.
Costarricense sobre Drogas para que destine como máximo un veinte por ciento (20%) de sus recursos financieros a gastos confidenciales, en atención a la
ingresos que se obtengan por la aplicación de esta Ley,
abrirá, en cualquiera de los bancos del Estado,
dos cuentas:
una general y otra especial para
gastos confidenciales.
Costarricense cumplir
Instituto además
capítulo, establezca los procedimientos que juzgue pertinentes para la administración, el registro y el
El Instituto Costarricense
sobre Drogas tendrá potestad para dictar su propio Reglamento de Organización y Servicio.
Artículo 155.sobre
El Instituto Costarricense no
Presupuestaria, Nº 6821, de 19 de octubre de 1982, y su Reglamento. b)
La Ley para el equilibrio financiero del
sector público, Nº 6955, de 24 de febrero de 1984.
Artículo 156.director
El director general y el
Costarricense sobre Drogas estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo 4 de la Ley de
Artículo 157.sobre
El Instituto Costarricense tendrá,
sellos, emblemas
propios. Artículo cálculo
158.del
Serán impuesto
deducibles la
donaciones de personas, físicas o jurídicas, en beneficio de los planes y programas que autorice el Instituto Costarricense sobre Drogas para la represión de los delitos y el consumo ilícito de las sustancias de uso no autorizado.
sobre Drogas estará exento del pago de toda clase de impuestos, timbres y tasas y de cualquier otra forma de contribución.
Los vehículos asignados y
utilizados por el Instituto Costarricense sobre Drogas
autorizados para no utilizar placas oficiales, con el
respecto de sus labores y de la seguridad de su personal.
Instituto las facilidades necesarias para ejecutar y asegurar la confidencialidad.
prohibición absoluta para desempeñar otras labores remuneradas
serán remunerados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 5867 y sus reformas.
Facúltase sobre
Instituto otorgue
operadores de precursores y químicos esenciales, mediante el cobro de las tasas previamente fijadas por el Consejo Directivo.
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS file://\\vesa01\operaciones\DOCUMENTOS OPERACIONE... 28/09/2009
Artículo 163.las
El Poder Ejecutivo tomará
7093 y Nº 7233, así como las demás disposiciones normativas, contenidas en leyes y reglamentos, que se opongan a la presente Ley.
reglamentará la presente Ley dentro de los tres meses posteriores a su publicación.
Autorízase a la CCSS para
que cree centros especializados en la atención de
cuatro años. CAPÍTULO II
Transitorio Nacional
funcionarios contra
Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y los del Área de Precursores del Ministerio de Salud, pasarán a formar parte del Instituto Costarricense sobre Drogas y conservarán los derechos laborales adquiridos.
Una vez que el Instituto entre en
funciones, el Consejo Directivo deberá iniciar un proceso
reestructuración con
derechos de todos los funcionarios.
equipo, documentos, expedientes, bases de datos y valores
Área pasarán
integrar el patrimonio del Instituto Costarricense sobre Drogas.
Transitorio III.- Al entrar en vigencia esta Ley, todos los bienes, muebles e inmuebles, así como el dinero y los demás valores e instrumentos utilizados en la comisión de los delitos previstos en esta Ley, que hayan sido decomisados o embargados o estén sujetos a alguna otra resolución judicial, quedarán sometidos, según lo estipulado en esta Ley, en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, incluso los que hayan sido objeto de decomiso o embargo a solicitud de asistencia penal recíproca. La autoridad judicial que conozca de la causa ordenará, de oficio, entregarlos y dispondrá la inscripción registral a nombre de dicho Instituto, cuando así corresponda.
Transitorio IV.la
Las disposiciones contenidas en sobre
funcionamiento del Instituto Costarricense sobre
Drogas entrarán en vigencia nueve meses después de la
nuevas funciones que esta Ley atribuye a la Unidad de
actual Unidad de Análisis Financiero del Centro de Inteligencia
nueve meses siguientes a la publicación de esta Ley.”
San José, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos mil uno.
Vanessa de Paúl Rodríguez Bastos
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LEY 7786 SOBRE ESTUPEFACIENTES
cstproveedores
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO DECRETA: Ley 7786 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, L...

References: Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 15

Artículo 15

Artículo 17
 artículo 14

Artículo 19
 Artículo
23

Artículo 25

Artículo 27
 artículo 20
 Artículo
30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 1

Artículo 37

Artículo 38
 artículo 36

Artículo 39
 Artículo
40
 artículo 36

Artículo 42
 artículo 38

Artículo 43

Artículo 44
 artículo 42

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 48
 artículo 36

Artículo 50
 artículo 36

Artículo 51
 artículo 36

Artículo 53
 artículo 50

Artículo 54

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 61

Artículo 62
 Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65
 artículo 2

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71
 artículo 36

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76
 artículo 42

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79
 artículo 3

Artículo 80

Artículo 81
 artículo 23
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 15
 artículo 5

Artículo 82
 artículo 36
 artículo 42
 artículo 42
 Artículo 83
 artículo 94
 artículo 90
 resolución 

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90
 artículo 89

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 100
 Artículo 102
 artículo 1253

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 123
 Artículo 124

Artículo 125

Artículo 127

Artículo 131

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 136

Artículo 138

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 143
 Artículo 144
 Artículo 146

Artículo 150

Artículo 155

Artículo 156
 artículo 4

Artículo 157

Artículo 163
 resolución