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Timestamp: 2019-11-16 01:00:20+00:00

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Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Finlandia
La Constitución de Finlandia (731/1999), adoptado en el marco de su actual base en 2000, incluye un derecho básico al medio ambiente en su sección 20. Prevé lo siguiente:
La naturaleza y la diversidad biológica, el medio ambiente y el patrimonio nacional son responsabilidad de todos.
Las autoridades públicas harán todo lo posible para garantizar que el derecho de toda persona a disfrutar de un entorno saludable y respecto de cada persona la posibilidad de influir en las decisiones que afectan a su propio entorno.
El acceso a la justicia está regulado con arreglo a la sección 21, titulada «La protección ante la ley». La sección garantiza a toda persona el derecho a que su caso sea visto adecuadamente y sin demora legalmente por un tribunal competente u otro órgano, así como a que las decisiones relativas a sus derechos u obligaciones sean revisadas por un Tribunal de Justicia u otro órgano independiente de la administración de justicia.
Al mismo tiempo que la supervisión se lleva a cabo una primera parte constitucional antes de la evaluación de las propuestas legislativas de la Comisión de Derecho Constitucional del Parlamento derechos constitucionales, también puede invocarse ante los tribunales. Si, en un asunto juzgado, la aplicación de un acto estaría en evidente conflicto con la Constitución, el Tribunal deberá dar primacía a la disposición de la Constitución. El derecho a un medio ambiente ha solicitado en varias ocasiones en la jurisprudencia del Tribunal administrativo supremo, a menudo en la interpretación de las disposiciones sobre derecho de recurso. La aplicabilidad de los tratados internacionales y, por otro lado, depende de su aplicación en la legislación nacional. Publicado en la jurisprudencia, el Convenio de Aarhus se ha aplicado una sola vez, a fin de corregir una incoherencia en el derecho de recurso a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y mediante la ampliación de la interpretación del Derecho nacional aplicable.
Ahora bien, el Juez finlandés sistema se divide en dos líneas independientes de los tribunales: tribunales generales y tribunales administrativos.
El Tribunal General línea consta de tres niveles:
El Tribunal administrativo línea consta de dos niveles:
tribunales administrativos regionales
El Tribunal General gestionar los asuntos civiles y penales, mientras que los tribunales administrativos atender principalmente a los recursos contra las decisiones de las autoridades. Además, existe una serie de tribunales especializados (por ejemplo, al Tribunal del mercado, al Tribunal de trabajo y el tribunal de seguros), así como las salas de recurso que operen al amparo de uno (o ambos).
Dado que los asuntos ambientales son generalmente decidió en primera instancia por las autoridades públicas, los litigios ambientales suelen acabar en los tribunales administrativos. Sin embargo, hay algunas notables excepciones, a saber, bienes inmuebles y servidumbre de casos en los que los recursos sean presentadas ante los tribunales especializados que operan en el terreno de algunos de los tribunales de distrito. Además, Medioambiental en materia de responsabilidad civil y penal son tratadas por los tribunales.
En el sistema de tribunales administrativos, una parte importante de todos los asuntos relacionados con el medio ambiente se han centralizado a uno de los tribunales administrativos regionales, es decir, el Tribunal de lo contencioso-administrativo de Vaasa. El Tribunal de Justicia se ocupa de todos los asuntos relativos a la Ley de protección del medio ambiente (EPA, 86/2000) y la Ley de aguas (587/2011), que representa aproximadamente una cuarta parte de los asuntos sobre medio ambiente en los tribunales administrativos a escala nacional. El resto de los asuntos relacionados con el medio ambiente, como a la protección de la naturaleza, el suelo a extracción y explotación de canteras, así como la planificación del uso del suelo y edificación, son gestionadas por el Tribunal administrativo regional competente. Además, las empresas rurales el maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (Comisión de recursos, landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd) se ocupa de algunos asuntos de casación en lo que respecta a la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca. En general, los territorios geográficos y sustancial de los tribunales competentes en materia de medio ambiente son bastante bien definidos por la ley y, aunque los casos límite puede llegar, la posibilidad de recurrir a los foros de conveniencia es inexistente.
En general, las decisiones de la autoridad puede impugnarse a través de la interposición de un recurso administrativo ante el Tribunal administrativo regional, tal como prescribe la Ley de procedimiento judicial administrativo (ajpa, 586/1996). Como excepción a esta, las decisiones adoptadas por las autoridades municipales con arreglo a la competencia establecidos por su autogobierno serían impugnadas en su lugar por medio de recurso municipal, que constituye la segunda categoría de base de recursos. Mientras que las decisiones medioambientales suelen ser objeto de recurso administrativo, hay algunas excepciones notables, los planes locales de uso del suelo (por ejemplo, ordenanzas locales en materia de medio ambiente, construcción y reglamentarias, así como de la extracción del suelo y canteras), que se revisará sobre la base de recursos municipales.
La ley de competencia para la toma de decisiones establece qué tipo de recurso está supeditada a la Decisión. La diferencia principal entre los dos procedimientos es que los recursos de apelación está a disposición de todos los diputados de un municipio, aunque el derecho al recurso administrativo suele estar limitada a las partes que están más directamente afectados por la Decisión. Por otra parte, el Tribunal administrativo las facultades de control más amplias sobre el recurso administrativo de apelación municipales. El plazo de interposición de recurso es de treinta días a partir de la notificación de la Decisión. Los procedimientos judiciales administrativos se efectuarán predominantemente por escrito, mediante declaraciones por escrito de las autoridades, partes recurrentes y otras partes en el procedimiento. La asistencia de un abogado no es obligatoria, y los numerosos ajpa no establece requisitos formales en cuanto al recurso u otras fases del proceso.
La decisión del tribunal administrativo puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo Administrativo. En función del asunto de que se trata, así como el resultado de un tribunal administrativo, podrá exigirse autorización para interponer recurso de apelación en materia de medio ambiente (por ejemplo, permisos de construcción y de uso del suelo, el detalle de las decisiones), sino que la regla general es que el Tribunal Supremo Administrativo decida todos los casos que le son planteados. Decisiones de los ministerios y las administraciones públicas (expropiación licencias, por ejemplo) son, por lo general, objeto de recurso directamente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Además de recursos ordinarios, hay una serie de formas particulares de solución, como los litigios administrativos (hallintoriita, förvaltningstvistemål) y material (perustevalitus grundbesvär recursos en materia fiscal, en particular), que no son pertinentes en relación con la justicia en materia de medio ambiente. Además, el ajpa establece tres vías de recurso extraordinario:
kantelu klagan imputación procedimental (,), que puede presentarse ante el Tribunal administrativo regional en el plazo de seis meses un recurso
restablecimiento del plazo expirado (menetetyn määräajan palauttaminen, återställande av försutten fatalietid), presentado ante el Tribunal Supremo Administrativo
anulación purku återbrytande (,), presentado ante el Tribunal Supremo Administrativo.
El recurso de alzada es un recurso de reforma, lo que implica que el Tribunal es competente para modificar la resolución recurrida. En principio, las competencias del Tribunal de Justicia a reconsiderar el asunto en cuestión son muy amplios, pero la autocontención se ejerce en este sentido. Las enmiendas se dejan normalmente en situaciones en las que la Decisión impugnada sería declarado ilegales en cuanto tal, sino de vuelco y renovación del procedimiento administrativo pueden evitarse mediante una modificación, que sirve, por tanto, las consideraciones económicas generales del proceso. En materia de medio ambiente, a la revisión de las condiciones del permiso controvertido comprende un uso típico de este poder de modificación. El recurso de casación tiene, por el contrario, cassatory, es decir, el Tribunal de Justicia no puede sino confirmar o anular la decisión del órgano. Sin embargo, la Ley normalmente prevé excepciones a esta regla en materia de medio ambiente, permitiendo que el Tribunal administrativo de hacer modificaciones limitadas también en estos casos (por ejemplo, permiso de extracción de tierras).
La ajpa exige que la recurrente indica los motivos para cuestionar una decisión administrativa, sino que corresponde al Tribunal apreciar la legalidad de la legislación con arreglo a la cual se revisa la Decisión. Al examinar los recursos administrativos, el Tribunal administrativo de responsabilidades son bastante generales y la revisión no se limita expresamente a lo que se ha alegado en el recurso de casación. En la tramitación de los recursos municipales, en cambio, el Tribunal de Justicia debe ceñirse estrictamente a los motivos de ilegalidad invocados por la recurrente. En el proceso de apelación municipales, tales motivos de casación deben indicarse asimismo el recurso dentro de plazo, mientras que el procedimiento de recurso administrativo proporciona un mayor margen de maniobra para completar su recurso durante el procedimiento.
Por lo que se refiere a la revisión de los datos, la ajpa dispone que el tribunal podrá recabar pruebas de oficio, en la medida en que sea la imparcialidad y la equidad del procedimiento y a la naturaleza del asunto así lo exigen. El Tribunal de Justicia puede, por ejemplo, solicitar elementos específicos de las partes, adquirir o hacer declaraciones de expertos o la visualización de una vista oral para determinar los hechos del asunto.
Tribunal General siguen un procedimiento diferente y, en cierta medida, principalmente en virtud de los reglamentos de procedimiento más detalladas en el Código de procedimiento judicial (cjp, 4/1734, con numerosas modificaciones) y la Ley de enjuiciamiento criminal (CPA, 689/1997). Procedimiento son predominantemente orales, y las responsabilidades de las partes al invocar las circunstancias y los hechos que son, por lo general, más marcada que en los procedimientos judiciales administrativos. La resolución de un juzgado local puede ser recurrida ante un tribunal de apelación, pero el examen del recurso requiere un interés cualificado suficiente demanda civil o penal (pena) o, alternativamente, la concesión de un permiso para continuar el procedimiento. Contra la decisión de un tribunal de apelación exige dejar de recurrir ante el Tribunal Supremo, que es, en primer lugar, una instancia de lo anteriormente expuesto, los precedentes judiciales (a diferencia del Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo). En determinadas condiciones, es posible solicitar autorización para interponer un recurso contra una decisión del Tribunal de distrito, Tribunal Supremo directamente con los recursos extraordinarios y algunos también están disponibles en parte el Tribunal General.
Además de lo anterior, también las Islas Åland debe mencionarse. Esta región autónoma es competente para aprobar su propia legislación en muchos ámbitos del Derecho, incluidas las cuestiones ambientales, conforme a lo dispuesto por la Ley de autonomía de Åland (1144/1991). Otras áreas, tales como el sistema judicial y de procedimiento, siguen estando reguladas principalmente por la legislación estatal, lo que significa el citado Estado actúa son aplicables a los procedimientos judiciales. Las islas, con carácter general, tribunal de distrito, así como un tribunal administrativo, que operan en las jerarquías respectivas. No obstante, las decisiones que tome el gobierno regional se recurrió directamente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Además, la centralización de la revisión judicial de asuntos medioambientales descritos anteriormente no se aplica a todos los asuntos ambientales en las Åland, esto es, el Tribunal administrativo de Åland aborda estas cuestiones en las islas.
El acceso a la información medioambiental se rige, por regla general, por la Ley sobre la transparencia de las actividades gubernamentales (aoga, 621/1999), según el cual los documentos oficiales son de dominio público, salvo disposición en contrario.
En los casos en los que un funcionario o agente de una autoridad que deniega una solicitud de información:
Está obligada a indicar los motivos de denegación, así como dar instrucciones sobre cómo proceder en este asunto.
Tras esta denegación, la solicitud de acceso puede ser renovado con el propio Órgano de Vigilancia, con el fin de que quede revisados por una decisión administrativa.
La ley exige que una solicitud de acceso se considerarán como sobre la concesión de acceso sin demora, y en todo caso en un plazo de dos semanas a partir de la solicitud (cuatro semanas en el caso de excepcionalmente exigentes solicitudes).
Si la decisión final del Órgano es negativa, puede impugnarse a través del recurso administrativo ante el Tribunal administrativo regional, como se ha descrito en la sección anterior. Los recursos contra las decisiones de algunas autoridades pueden presentarse directamente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Al igual que cualquier decisión del órgano, tal decisión de rechazo requiere el recurso ajpa incluir instrucciones, que indiquen dónde se puede presentar un recurso y dentro de qué período de tiempo, así como otros requisitos para la impugnación de la Decisión.
El Tribunal administrativo suele tener acceso completo al expediente administrativo de la Decisión impugnada, junto con la posibilidad de solicitar información complementaria a la Autoridad. Por lo tanto, la información cuya revelación es objeto de litigio, es generalmente adquiridos por el Tribunal para revisar la validez de los motivos por los que se haya negado el acceso. En su revisión de la Decisión del Órgano, el Tribunal de Justicia, en caso de que se llegue a una conclusión diferente, tiene competencia para autorizar a la recurrente el acceso al documento solicitado.
La ley no establece en la actualidad plenamente eficaces de recurso en los casos en que la Autoridad esté en posesión de la información solicitada, retrasos en la ejecución de solicitudes de acceso; Aunque tal normativa está actualmente en estudio. En la actualidad, el acceso al Tribunal de Justicia requiere una decisión denegatoria que puede impugnarse, como los tribunales administrativos no están capacitadas para intervenir en la mera pasividad de una autoridad (véase el Anexo XIII). Sin embargo, es posible presentar una reclamación administrativa ante la autoridad de supervisión o al Defensor del Pueblo, aunque estos supervisores normalmente carecen de la facultad de obligar a la autoridad pasiva en asuntos individuales.
Por lo que se refiere a la administración regional de las Islas Åland, el acceso a la información está regulado por la legislación regional (landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, 1977: 72). A pesar de disposiciones menos detalladas en relación con los documentos que solicita, el procedimiento correspondiente en virtud de la Ley regional corresponde a lo que se ha descrito anteriormente. Lo mismo ocurre para recurrir la denegación a través del recurso de casación. examen judicial, con la salvedad de que, en determinados casos, está precedido por una solicitud de reconsideración administrativa con el Gobierno regional. Como se ha señalado anteriormente, los recursos contra las decisiones del Gobierno regional sea presentada directamente ante el Tribunal Supremo Administrativo.
Procedimiento en materia administrativa se rigen generalmente por la Administrative Procedure Act (APA, 434/2003), que contiene disposiciones sobre los principios fundamentales de la buena administración y sobre el procedimiento aplicable en materia administrativa. El procedimiento previsto en los APP observados en los asuntos medioambientales, a menos que se disponga otra cosa en el Derecho material aplicable. Aun así, las disposiciones así como los principios del APA se apliquen de forma complementaria. En otras palabras, el Acuerdo establece un procedimiento universal, que luego se adapten en puntos concretos por varias leyes. Muchos tipos de asuntos medioambientales se adhieren a estos procedimientos adaptados. Concesión de autorizaciones ambientales en el AAE y la planificación del uso del suelo con arreglo a la ley de uso del suelo y edificación (Luba, 132/1999) son ejemplos de procedimientos que han sido ampliamente reguladas en desviación de la APP. Además de su propia legislación sobre sustancias regionales en materia de medio ambiente, la administración de las Islas Åland se rige por la Ley regional regula un procedimiento administrativo (Förvaltningslag för landskapet Åland, 2008: 9). Los procedimientos administrativos generales establecidas por la Ley regional se asemeja al procedimiento en el caso de la legislación estatal.
Procedimiento administrativo general no incluye una fase de revisión interna, es decir, la reconsideración por la autoridad decisoria o un órgano administrativo superior. Sin embargo, este derecho sustantivo pueden prescribir los recursos administrativos. Si está previsto un procedimiento de recurso, no puede obviarse directamente presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia. A modo de ejemplo, el Luba estipula que los procedimientos judiciales están precedidas de una solicitud de rectificación con la autoridad de supervisión municipales cuando un ámbito ha sido decidida por un funcionario subordinado en virtud de competencias delegadas. El plazo para la presentación de una solicitud de revisión administrativa suele ser menor que el procedimiento de apelación, y el Órgano no puede estar obligada a dar prioridad a la tramitación de la solicitud como tal. Normalmente solo las personas que hayan presentado una solicitud de reconsideración administrativa tienen derecho a impugnar la decisión de revisión mediante recurso, a menos que se modifique la Decisión original a raíz de la solicitud.
El Tribunal administrativo es competente para controlar la legalidad procedimental y material de las decisiones administrativas, y, con la excepción de los recursos municipales (véase apartado II supra), no es estrictamente vinculado específicamente a las alegaciones presentadas en el marco del recurso de casación. Cuando así lo exija, el Tribunal evaluará la validez de las conclusiones esenciales y técnicas, en las que se ha basado la Decisión. El Tribunal de Justicia es libre para poner en tela de juicio la competencia de la autoridad y volver a evaluar de forma independiente los hechos del asunto o sus repercusiones en el asunto en cuestión. Tal como se ha recordado anteriormente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de cumplir sus obligaciones de revisión incluyen, por ejemplo, organizar una audiencia para inspeccionar el lugar en cuestión o la audiencia expertos y autoridades ajenas a la cuestión que nos ocupa.
Sobre los planes de ocupación de terrenos
Las decisiones de aprobación de planes de ordenación territorial (planes locales) y en el detalle Luba pueden ser impugnadas por medio de municipal de apelación ante el Tribunal administrativo regional. Además de las partes directamente interesadas, el derecho de recurso pertenece a todos los miembros del municipio. Esto incluye las asociaciones registradas tienen su domicilio en el municipio. Además, el derecho de recurso pertenece a cualquier otra organización regional o local registrada cuando el asunto concierne a su ámbito de actividad.
Por el contrario, el recurso de casación contra los planes regionales, que han sido ratificados por el Ministerio de medio ambiente, sean presentadas directamente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Además, las organizaciones que actúan a nivel nacional también tienen derecho a interponer un recurso contra las decisiones de aprobar planes regionales por determinados motivos, especificados en la Ley. Dado que las decisiones de planificación municipal se revisará sobre la base de recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia se limite estrictamente a los motivos de ilegalidad alegados por la parte recurrente. Como excepción a no hace sino expresar la naturaleza casacional del recurso de casación, el Ayuntamiento Luba incluye disposiciones que permiten al Tribunal de Justicia realizar pequeñas modificaciones al plan en condiciones específicas. En otros aspectos, el procedimiento seguirá el procedimiento general en la ajpa.
Las Islas Åland tienen sus propios planes regionales y la construcción (Ley que regula lo och bygglag för landskapet Åland, 2008: 102). La Ley regional establece dos tipos de planes: Los planes marco nacionales y detalle. Similar a sus homólogos del Luba, dichos planes son aprobados por el municipio y municipales impugnados mediante recurso interpuesto ante el Tribunal administrativo de Åland. Además de las partes directamente interesadas y miembros del Ayuntamiento, el derecho de recurso pertenece a las organizaciones registradas en la región si el asunto concierne a su ámbito de actividad.
Competencia para la concesión de permisos con arreglo a la EPA para actividades que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente (permisos medioambientales) se dividen en cuatro de las agencias regionales de administración estatal (rsa-agency; Una visita de campo rápida, AVI, autoridades municipales y medioambientales). El régimen de permiso incluye actividades de refugios de animales en grandes instalaciones industriales (permisos IPPC), y también puede integrarse en operaciones al amparo de la Ley del agua. Las decisiones de concesión de permisos puede ser impugnada mediante recurso administrativo ante el Tribunal administrativo de Vaasa, que tiene una competencia nacional en materia de recursos en el marco del AAE. Una excepción a ello es la de las Islas Åland, que tiene su propia legislación en materia de protección del medio ambiente. Las decisiones de concesión de permisos con arreglo a esta legislación regional sean adoptadas por la autoridad de protección medioambiental y de la salud (Åland) y Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet examinada en casación por el Tribunal administrativo de Åland.
Además de regular el procedimiento de autorización administrativa, el AAE también incluye disposiciones especiales relativas a los procedimientos judiciales. El derecho de recurso es algo más amplio que «con arreglo a las disposiciones estándar del ajpa, perteneciente a las personas cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por el asunto. El derecho de recurso se proporciona también inscritas en el registro de asociaciones o fundaciones cuyo objetivo es promover la salud o de medio ambiente, protección de la naturaleza o del medio ambiente y de utilidad general cuyo ámbito de actividad se someterán al impacto ambiental de que se trate. Además, algunas autoridades están legitimadas para recurrir las decisiones adoptadas en el marco de los AAE. Permitir la participación durante el procedimiento administrativo no constituye una condición previa para presentarse ante los tribunales, además de otros requisitos sobre la presentación y la publicación de las decisiones de concesión de permisos, la autoridad que emite los permisos debe dar aviso de su decisión independiente a quien ha presentado una objeción durante el procedimiento ni solicitó dicha notificación.
Las primeras fases de los procedimientos judiciales de recurso AAE general asuntos se distinguen de los procedimiento de recurso:
Los recursos se presentan a la autoridad que haya expedido el permiso, en lugar de la decisión judicial.
Dicha autoridad será la publicación de la presentaron recursos de casación en los que las partes interesadas y autoridades y notifica por separado, para permitir respuestas a presentarse.
Solo entonces es en su integridad los autos presentados al Tribunal administrativo de Vaasa.
Otra característica particular de los procesos judiciales en los casos de los AAE es siempre la facultad del juez, o parte de la Asamblea para llevar a cabo una inspección sobre el terreno, es decir, una versión más ligera una visión.
Competencias y responsabilidades del Tribunal de revisión tiene las mismas cuestiones en otros recursos administrativos. Tanto la legalidad procesal como la legalidad sustantiva de la Decisión impugnada son susceptibles de revisión, así como las conclusiones esenciales y técnicas subyacentes. No obstante, con el fin de garantizar el Tribunal de Justicia la suficiente experiencia, un número de jueces especializados, con formación en técnicas o ciencias naturales en lugar de la Ley, son designados como miembros de pleno derecho del Tribunal administrativo de Vaasa. A la hora de decidir los asuntos relacionados con el AAE o Ley de Aguas jurista, dos miembros del Tribunal están unidas por uno de estos expertos competentes en general, en lugar del jurado compuesto por tres jueces de formación jurídica. Dado que ni el Tribunal nacional ni la correspondiente especialización AAE se aplicará a las Islas Åland del permiso correspondiente, los recursos se tramitan con arreglo a los procedimientos judiciales administrativos en el Tribunal administrativo de Åland.
La decisión del Tribunal administrativo de Vaasa puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo administrativo de forma ordinaria. Los jueces con formación en ciencias naturales y técnicas son empleadas por la instancia suprema, así, sobre la base de nombramiento a tiempo parcial. Estos juzgados especializados también participar a la hora de decidir sobre los recursos contra las resoluciones de la Administrative Court de Åland en protección del medio ambiente y el agua, los asuntos. Es señalar que la especialización correspondiente de los miembros del Tribunal a tiempo parcial a la hora de decidir participar también otros tipos de recursos, como los referidos a la protección de los niños, tratamiento involuntario y las patentes.
La regla general en todos los procedimientos judiciales administrativos (aplicable asimismo a los asuntos medioambientales, es permitir que las decisiones administrativas pueden ser ejecutadas hasta después de los medios y los plazos de recurso contra la decisión mediante la que se hayan agotado. Así pues, el recurso interpuesto contra la decisión de un permiso medioambiental suspende normalmente el inicio de la actividad autorizada hasta que el Tribunal Supremo haya dictaminado sobre el asunto. Como excepción a este efecto suspensivo, la autoridad administrativa puede, bajo ciertas condiciones, dictar una orden de ejecución provisional del permiso, pese a los llamamientos, bien junto con la decisión de autorizar o poco después, a través de una decisión aparte. El Tribunal de Justicia es competente para examinar una orden de este tipo, y la suspensión de la ejecución a pesar de ella. Este sistema de compensación obligatoria se describe más detalladamente más adelante (Sección X).
Evaluación de impacto ambiental (EIA) está regulada por la Ley de evaluación del impacto ambiental (procedimiento EIA, 468/1994) junto con un decreto complementario (713/2006). El Decreto incluye una lista de actividades (umbrales), para los que siempre es necesaria una EIA. Además, una autoridad pública es competente para decidir si se requiere o no una EIA en caso de otras actividades (cribado). En la mayoría de los casos, esta autoridad estatal es el centro regional para el desarrollo económico, el transporte y el medio ambiente (ete-centre; Ely-keskus, ntm-central).
En los casos en que una decisión de selección es positivo, es decir, un procedimiento de evaluación es necesaria:
La decisión puede ser impugnada mediante recurso administrativo ante el Tribunal administrativo regional por el promotor/operador
Seguir el procedimiento de control con arreglo al procedimiento de recurso administrativo ordinario, tal como se describe en anteriores ajpa contextos.
En los casos en que una decisión de selección sea negativo:
La decisión solo puede impugnarse en una fase posterior, en el contexto de un permiso u otra autorización final de decisión en la materia.
Los requisitos procesales, incluido el derecho de recurso, dicho consentimiento se determina por la Decisión podrá ser cuestionada
Por ejemplo, una decisión de no exigir una EIA en un plan de utilización del suelo pueden impugnarse si se aprueba el plan municipal, mediante recurso ante el Tribunal administrativo regional, mientras que una decisión negativa similar antes de un permiso ambiental impugnado es, junto con la autorización, mediante recurso administrativo ante el Tribunal administrativo de Vaasa.
Tanto la legalidad de fondo y de procedimiento de la decisión de selección puede ser objeto de recurso en este punto, y el control jurisdiccional acorde con la revisión de la Decisión de autorización. Una declaración provisional expedido por la autoridad de coordinación durante las fases finales de la delimitación del campo o el procedimiento de evaluación no son recurribles por separado. Por el contrario, la Ley establece que, al evaluar las deficiencias esenciales que contempla también deficiencias, tanto sustantivos como de procedimiento pueden invocarse contra la decisión de autorización definitiva. Cuando pedía, el Tribunal puede comprobar el fundamento de apreciaciones controvertidas de la EIA. Participación en o durante el procedimiento de EIA no es un prerrequisito formal para impugnar la decisión de autorización precede o EIA. El hecho de que la omisión de una evaluación puede invocarse de modo similar, que, según la jurisprudencia establecida, el Tribunal administrativo es competente para examinar la necesidad de una evaluación de impacto ambiental si se ha dictado una decisión de selección o no, siempre que haya establecido los hechos necesarios para resolver esta cuestión.
Fuerza ejecutiva y las órdenes conminatorias judiciales se rigen por el procedimiento observado en la Decisión de autorización. Además, la Ley establece que, en caso de que la ejecución de un proyecto no necesitarán el permiso u otra decisión de autorización, cuya aplicación se inicie sin necesidad de la EIA, la autoridad regional competente tiene la facultad de ordenar que se ponga fin hasta dicha ejecución se ha llevado a cabo una EIA.
Procedimiento EIA en las Islas Åland se rige por una ley regional (Landskapslag om miljökonsekvensbedömning, 2006: 82) y el Decreto (landskapsförordning om miljökonsekvensbedömning, 2006: 86). En contraste con el estado del procedimiento, no existe una autoridad responsable de la inspección, es decir, el órgano administrativo competente en el asunto principal permiso o autorización decide si es necesaria una EIA al no está obligada directamente por ley. Las posibilidades de recurso contra la EIA invocando la toma de decisiones y defectos en la EIA corresponden con lo que se ha descrito anteriormente. Los recursos se presentaron ante el Tribunal administrativo de Åland y el Tribunal Supremo Administrativo, dependiendo de la autoridad administrativa cuya decisión sea objeto de recurso consentimiento.
Generalmente, los medios disponibles más fácilmente que una persona pueda solicitar la ejecución de responsabilidades medioambientales frente a entidades privadas sea competente para dirigirse a la autoridad municipal o estatal a una solicitud de medidas de aplicación. La aplicación privada de Derecho público no es posible, es decir, los particulares no pueden tener otras partes privadas ante el Tribunal por incumplimiento de responsabilidades medioambientales hacia el público.
La ejecución de las obligaciones medioambientales es posible. Indemnización por daños y perjuicios derivados de los ruidos ambientales, tales como lesiones o daños a la propiedad, la salud, pérdidas económicas, puede solicitarse al Tribunal General. No existe un acto legislativo específico que regule este tipo de acciones privadas por daños y perjuicios, la Ley de compensación por daños medioambientales (737/1994), que se complementa con la Ley de responsabilidad civil general (412/1974). El primer acto incluye también los costes de las medidas destinadas a prevenir los daños medioambientales que suponen una amenaza para la persona que emprenda las medidas, así como medidas para rehabilitar el medio ambiente deteriorado. Esto significa que es posible pedir los costes de restauración de la resolución judicial sobre un bien directamente contra la parte responsable, sin solicitar una orden de saneamiento o de las autoridades públicas. Con raras excepciones, los particulares no pueden ejercer de otro modo la reparación de los daños causados a los intereses públicos hacia el medio ambiente. Determinadas actividades y situaciones, como los daños y perjuicios, debido a la contaminación del agua o del suelo permit-authorised extracción, están sujetos a procedimientos de compensación, que regula específicamente la responsabilidad general de la legislación. Habitualmente las órdenes de cesación contra los operadores no puede solicitarse directamente ante un tribunal; la supervisión de la autoridad administrativa competente debe abordarse de la misma.
Básicamente las mismas opciones por lo que se refiere a las denuncias contra las autoridades públicas: Con el fin de disponer de una sentencia del Tribunal de Justicia que obliga a las autoridades públicas a tomar medidas, una resolución en primera instancia del propio Órgano de Vigilancia suele exigirse. Hasta el momento de la revisión de la presente Decisión, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo es competente para constatar las medidas de ejecución pertinentes. Lo que se ha mencionado anteriormente acerca de la posibilidad de recurso alguno contra la pasividad de la Autoridad se aplica también en este caso (véase el Anexo XIII). Las reclamaciones a la supervisión de las autoridades estatales se describen con más detalle a continuación (sección VI). Por otra parte, la indemnización por los daños causados por el ejercicio de la autoridad pública, en determinadas condiciones, pueden solicitarse directamente al Tribunal sobre la base de la Ley de responsabilidad civil. Naturalmente, si las reclamaciones se dirigen contra el Estado o municipio en calidad de explotador, por ejemplo, los mismos procedimientos que para los operadores privados en materia de responsabilidad aplicable.
Por lo que se refiere a la aplicación a través de una solicitud a la autoridad competente, la autoridad competente que supervise al enfoque se identificaron generalmente en sustancia el Derecho aplicable o en el caso de autoridades municipales, de ordenanzas municipales expedido sobre la base de la presente Ley. Por lo tanto, la EPA establece, por ejemplo, la autoridad de control (el Estado competente, así como exige el municipio para asignar una de sus comisiones como autoridad de control local. En el ámbito estatal, el ete-center suele ser la autoridad supervisora competente en materia de medio ambiente.
La sustancia Ley define las competencias de la autoridad de control de la aplicación, es decir, la competencia de la Autoridad para utilizar la coerción administrativa contra alguien que vulnera las disposiciones de la ley. Dependiendo de cada caso, esto puede implicar, por ejemplo órdenes el cumplimiento de un permiso, evitar o reparar daños medioambientales o la revocación de una autorización. En principio, cualquier persona puede acudir a la Autoridad una solicitud de tales medidas de ejecución de la autoridad de tutela, aunque algunos actos en materia de medio ambiente incluyen disposiciones específicas del Derecho. Entre otras formas de coerción administrativa, hay que aplicar el procedimiento descrito a continuación se aplica fundamentalmente a la ejecución de determinadas obligaciones con arreglo al régimen de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental, parcialmente transpuesta por la Ley sobre la reparación de determinados daños ambientales (383/2009).
Independientemente de si una responsabilidad pública u otras materias de vigilancia o aplicación privada se ha iniciado a través de una solicitud o por su propia iniciativa, la decisión final en el asunto generalmente pueden impugnarse mediante recurso de modo regular. Esto significa una Decisión obligar al operador a poner remedio a una situación que vulnera su permiso; por ejemplo, puede verse dificultada por el operador en cuestión, mientras que la decisión de no exigir medidas por parte del titular del proyecto puede ser impugnada por un tercero interesado (por ejemplo, una ONG que solicita la ejecución). Como de costumbre, el derecho de recurso está regulado por la ley sustantiva aplicable. Por lo general, el derecho a recurrir las decisiones en cuanto a la aplicación, es más restringido que el de la autorización correspondiente, pero este no es siempre el caso. En la mayoría de los casos, al menos, vecinos y las ONG están legitimadas para recurrir. Algo que cabe señalar es que el hecho de que la autoridad de supervisión haya tomado una decisión sobre la solicitud de ejecución, no garantiza automáticamente la persona que inició la cuestión, a saber, para impugnar dicha decisión en los tribunales.
Con respecto a las islas Åland, el Estado el derecho de responsabilidad civil se aplica en la Comunidad Autónoma así. Del mismo modo, los principios aplicables a la autoridad requirente la ejecución se corresponden con lo que se ha descrito anteriormente. Las principales autoridades supervisoras de las islas son la autoridad de protección del medio ambiente y de la salud, el Gobierno regional de las Islas Åland edificios municipales y autoridades de supervisión.
Como ya se ha mencionado antes, además de directamente la impugnación de las decisiones administrativas, también la opción de presentar una reclamación administrativa disponible. Las reclamaciones pueden enviarse a las autoridades municipales o estatales de supervisión o, cuando proceda, los dos supervisores Supremo.
El Defensor del Pueblo parlamentario y el Canciller de Justicia con el Gobierno son los dos supervisores supremo de autoridades públicas» y el cumplimiento de la ley y las buenas prácticas administrativas, haciendo hincapié en los derechos fundamentales y los derechos humanos. Con ligeras diferencias, las competencias de los supervisores Supremo son en gran parte los mismos, y ampliar también a las autoridades de las Islas Åland. La congregación, los capataces transmitir su opinión a las reclamaciones presentadas ante ellos y son, asimismo, competentes para expedir las amonestaciones oficiales, así como iniciar un procedimiento penal por PREVALICACIÓN. Los supervisores también puede iniciar investigaciones por propia iniciativa. Lleva mencionando que los supervisores de legalidad Supremo del orden son las encargadas de investigar las actividades de los tribunales y los funcionarios judiciales, que naturalmente implica un examen atento con respecto a la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Los supervisores carecen de competencia para obligar a las autoridades o funcionarios en asuntos individuales o para revocar o modificar las decisiones o a interponer un recurso propio.
Son también varios los Capataces especializados con una competencia nacional, como el Defensor del Pueblo en materia de protección de datos, el Defensor del consumidor y el Defensor de las minorías, por ejemplo, pero no los locales estén especialmente designado para asuntos medioambientales. En su lugar, pueden presentarse reclamaciones administrativas con las autoridades administrativas locales o regionales con una función de supervisión, tales como el superior, la mencionada autoridad municipal o rsa-agency ete-centre.
Además, u otras autoridades de control suelen estar legitimado para impugnar la toma de decisiones medioambientales en las mismas condiciones que las partes privadas. Por regla general, el derecho de recurso en materia de medio ambiente está prescrita al ete-centre. Dicha autoridad notificante acerca de una decisión controvertida pueda seguir la utilización de la facultad de la autoridad facultada para impugnarla, pero no existen medios para forzar un poder valerse de su derecho de recurso.
En el contexto de un proceso penal, el Ministerio Fiscal se encuentra obligada, previa solicitud, para llevar a cabo una reclamación de daños y perjuicios en nombre de una persona perjudicada. Esta asistencia se presta gratuitamente, y el fiscal puede rechazar la petición solamente si la demanda es manifiestamente infundada o su presentación mermaría considerablemente la incoación del caso. Las partes perjudicadas tienen también un derecho derivado del procesamiento. En otras palabras, en un caso penal cuando el fiscal haya decidido no proceder al procesamiento, la parte perjudicada tiene derecho a prensa acusaciones penales por el delito y el asunto será resuelto por el Tribunal de Justicia.
En España hay un número de fiscales especializados en asuntos medioambientales, que pueden verse afectados, por fin, a casos especiales fuera de su jurisdicción ordinaria.
Obligación de oír a las partes en el procedimiento administrativo es generalmente regulados por la ley sustantiva aplicable (APA); Otros pueden participar a través de una consulta pública.
Derecho de recurso para las partes directamente afectadas, así como de otras sustancias aplicables cuando son prescritas por la ley; Todos los miembros del municipio, en las materias objeto de recurso municipales.
Con pocas excepciones, ninguna disposición específica sobre la representatividad de las empresas durante el procedimiento administrativo, es decir, las ONG pueden participar a través de una consulta pública.
Derecho de recurso está prevista por la ley sustantiva en materia medioambiental más importante, complementado, en cierta medida, por la jurisprudencia, así. La ONG deberá registrarse, y determinados requisitos en cuanto a ámbito de actuación geográfico/registro (FIN) suelen estar prescrito.
Otras entidades jurídicas privadas suelen tener derechos de participación con arreglo a las mismas normas que los particulares.
Otras entidades jurídicas privadas suelen tener derecho de recurso con arreglo a las mismas normas particulares.
Participación mediante consulta pública; de otro modo, consistentes en la capacidad de las personas.
No, es decir, solo incluía en la capacidad de las personas.
Derechos de participación transfronteriza en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; Otros acuerdos y tratados fronterizos podrán prever derechos en otros procedimientos.
Derecho de recurso con arreglo a las disposiciones normales, es decir, normalmente basada en el ámbito de funcionamiento, teniendo en cuenta las posibles obligaciones derivadas de los Tratados fronterizos u otros.
La ley sustantiva aplicable podrá disponer que las autoridades del Estado, los municipios o las autoridades municipales deben ser consultados antes de la toma de decisiones.
Las autoridades del Estado, los municipios, así como autoridades municipales pueden tener derecho a interponer recurso en virtud del Derecho aplicable o en sustancia ajpa.
Las observaciones presentadas en el cuadro anterior un importe aproximado de generalización. Disposiciones sobre derechos de participación y de pie tanto durante el procedimiento administrativo y procedimiento de recurso aplicables varían en función de la sustancia o del Derecho procesal.
Normalmente, el Derecho material establece que ha de ser notificadas específicamente y/u oído durante el procedimiento administrativo y, por otro, la existencia o inexistencia de una consulta pública más amplia de algún tipo de manera previa a la toma de decisiones. Cuando el procedimiento no esté específicamente regulado, las normas generales del sistema de los APP se aplica. La DPA exige legitimación como parte de una persona en un asunto en el que su derechos, intereses u obligaciones se ven afectados por la cuestión, y exige que esta parte sean oídas antes de que un asunto puede entrar en la UE. Además, el Acuerdo exige que la autoridad reserva asimismo la posibilidad de participar en otros asuntos que puedan tener un efecto significativo sobre la vida o condiciones de trabajo distintas de las partes. En la mayoría de los casos, la Ley contempla una mayor contenido ambiental o la consulta permanente. En materia de permisos ambientales, por ejemplo, la EPA establece específicamente permanente (derecho a ser oídos) para cualquier persona cuyos derechos, intereses de obligaciones pueden estar afectados por la cuestión, y establece otros la oportunidad de expresar su punto de vista durante una consulta pública general (por escrito). Las ONG no están habitualmente permanente prescrita durante los procedimientos administrativos, lo que significa que, en general, pueden participar en las consultas públicas, cuando estos se contemplan como parte del procedimiento.
Como ya se ha indicado, la ajpa prevé un derecho de recurso contra las decisiones administrativas. Este derecho corresponde a toda persona a quien se dirige la Decisión o cuyo derecho, obligación o intereses estén directamente afectados por ella. Sin embargo, en cuanto al fondo, reemplazando la legislación medioambiental a menudo incluye disposiciones más amplias, que suele prescribir un derecho de recurso. Así pues, el AAE, por ejemplo, establece un derecho general de recurso para todas las personas cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por esta cuestión, aunque la Luba establece un marco más detallado para el derecho de recurso contra los diferentes tipos de permisos de edificación y ordenación territorial bajo su régimen. Además, las resoluciones que son objeto de recurso municipal, como las decisiones de planificación de utilización del suelo, pueden ser impugnadas por cualquier miembro del municipio, que incluye toda persona, sociedad, etc. domiciliado en el municipio, así como cualquier persona que posea o ocupa propiedad del municipio.
Derecho de recurso contra las ONG se presta para la mayoría, pero no para todos los tipos de decisiones. Además, la jurisprudencia ha establecido otro derecho de recurso también en algunos aspectos, si no ha sido expresamente prescritos por la ley. Una oenegé debe registrarse para tener derecho a recurrir. Además, el derecho sustantivo aplicable generalmente incluyen requisitos en lo que respecta a la organización del territorio o ámbito de actuación considerable. Por consiguiente, el AAE, por ejemplo, establece el derecho de recurso a asociaciones o fundaciones cuyo objetivo es promover la salud o de medio ambiente, protección de la naturaleza o del medio ambiente de utilidad general y cuyo ámbito de actividad se someterán al impacto ambiental de que se trate. En los casos en que la conexión entre las ONG y la Decisión objeto de litigio no puede ser evidente, como las diversas asociaciones comunales o de residentes, por ejemplo, los estatutos de la organización se consulta generalmente a resolver el derecho de recurso. No existen requisitos relativos a la duración de la actividad o el número de miembros.
Una vez esté establecido el derecho de recurso, sin embargo, recurrentes, ya sean ONG o particulares, generalmente no se limitan a la depreciación de sus propios derechos o intereses, sino más bien la facultad de impugnar la decisión por motivos de interés general así. Una entidad privada de que se trate una autorización minera puede, por lo tanto, oponerse a que ello pone en peligro el hábitat de una especie protegida, por ejemplo.
Tal como se describe, el AAE prevé una notificación/consulta pública también durante el procedimiento de recurso judicial (véase el anexo IV). Otros procedimientos judiciales en materia de medio ambiente no existe este momento y, por tanto, solo prevé la audiencia de las partes directamente afectadas. Oportunidades de participación de las ONG y de otros miembros de la opinión pública, que no han impugnado la decisión objeto de litigio son, por lo tanto, muy limitado. Existe, sin embargo, una cierta vinculación con la jurisprudencia de dicho Tribunal permanente non-appellant personas o entidades a su participación en el procedimiento administrativo.
Aparte del recurso municipales, no existe la acción popular con respecto al acceso a los tribunales. Nota de la posibilidad de solicitar la intervención de la autoridad de tutela, no obstante (véase la sección V). En materia de PCIC permanente sigue el AAE, al tiempo que mantuvo en las cuestiones relativas las EIA se atiene a ajpa o el procedimiento de la aprobación definitiva (véase el anexo IV).
Participación en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental de los proyectos que puedan tener importantes efectos transfronterizos se describe más adelante (sección). En otros procedimientos y la participación permanente de las personas domiciliadas en otros países, así como las ONG extranjeras están principalmente reguladas por tratados fronterizos y otros acuerdos bilaterales o multilaterales, y la legislación de transposición. En particular, el Convenio sobre la protección del medio ambiente entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (Tratado sobre la protección del medio ambiente nórdico, SopS 75/1976) deben mencionarse. Normalmente, se corresponde con la posición de los operadores nacionales, lo cual es especialmente cierto entre ciudadanos de los citados países nórdicos. Algunos acuerdos también contienen disposiciones similares sobre la igualdad de trato por lo que se refiere al derecho de recurso. En cualquier caso, de la jurisprudencia relativa a la Ley del agua, por ejemplo, las ONG extranjeras han otorgado derecho de recurso con arreglo a los mismos criterios que las ONG nacionales, es decir, basándose en ámbito de la operación. Así pues, los recursos que puedan presentarse contra las ONG de Estonia un permiso para el gasoducto Nord Stream fueron juzgados junto con los recursos nacionales, por ejemplo.
Como parte de la administración de justicia, que entra en el ámbito de competencias del Estado, derecho de recurso también está regulada por la normativa estatal relativa a las islas Åland. Así pues, el derecho de recurso en los asuntos medioambientales se resuelven normalmente de acuerdo con la ley correspondiente a la Ley regional aplicable.
Las autoridades estatales y locales, así como los municipios pueden disponer de derechos procesales en asuntos administrativos que no son competentes para decidir. En los procedimientos medioambientales, es muy habitual que la autoridad administrativa competente tiene que consultar a otras entidades públicas antes de adoptar su decisión. Dicha obligación de consulta podrá ser incondicional o dependerá de las circunstancias del asunto de que se trate. Del mismo modo, las normas de medio ambiente proporciona a menudo algunas autoridades el derecho a impugnar las decisiones de las autoridades competentes. Derecho de recurso si dicha autoridad no está expresamente prevista, la Autoridad podrá también tratar de alegación, basada en una disposición general en el ajpa, de acuerdo con el cual se concedió a condición de que resulte esencial para proteger un interés público supervisado por la Autoridad. Por lo general, el derecho a recurrir está prescrito al ete-centre regionales en los asuntos decididos por las autoridades municipales y otras autoridades estatales. Las autoridades municipales o protección de la salud medioambiental, las autoridades nacionales o regionales, así como los municipios museo son ejemplos de otras autoridades que puedan estar legitimadas para recurrir. A excepción del procedimiento de consulta especial en el procedimiento de apelación en el marco del AAE «extra», tales autoridades no tienen capacidad procesal ante los tribunales en otra condición de recurrente.
Los supervisores supremo de legalidad no tienen derecho de apelación o permanente en cuestiones administrativas. Del mismo modo, otros defensores del pueblo habitualmente carecen de capacidad procesal en materia ambiental. Con la excepción arriba mencionada en relación con demandas civiles por daños y perjuicios, solo están legitimados de fiscales a los procedimientos penales; su administración carecen de capacidad procesal en los asuntos medioambientales. Como ya se ha señalado (véase la sección V), de demandas civiles basada en interés público no puede normalmente ser llevados ante los tribunales. Del mismo modo, el derecho derivado del procesamiento solo pertenece a la parte perjudicada.
No existe ningún sistema de «class actions» existentes en materia de medio ambiente.
Acceso a la justicia sencillo y barato, es una de las piedras angulares de la jurisdicción contencioso-administrativa y, por ello, la asistencia de un abogado no es obligatoria en ningún procedimiento judicial administrativo en materia ambiental. Tampoco es, en la práctica, muy común en los que los particulares o las ONG para recurrir a contratar a un abogado. En el caso de las sociedades, en calidad de demandante o implicada de cualquier otra forma parte, es más habitual. La ajpa no exige, cuando se utilicen, tenga un título de Derecho o de otro tipo, solo es necesaria una adecuación general.
El abogado no es obligatoria en los procedimientos judiciales generales, aunque en este caso es más frecuente. En contraste con la ajpa cjp exige también, la calificación jurídica de la persona que actúa como asesor o abogado, con la excepción de ciertos tipos de casos (que incluye las tierras al Tribunal).
No existe certificación oficial de abogados especializados en asuntos medioambientales en los estudios específicos, excepto con licenciaturas y títulos de postgrado. Sin embargo, hay que destacar que los juristas y los bufetes de abogados de diversos tamaños que ofrecen asesoramiento jurídico especializado desde el punto de vista medioambiental. La mayoría de las grandes empresas ofrecen servicios en el ámbito del Derecho ambiental, aunque normalmente en el marco del Derecho mercantil. No existe un registro completo de los abogados o bufetes de abogados especializados para el medio ambiente disponibles. La Asociación finlandesa de la Abogacía ofrece un motor de búsqueda que permite la búsqueda de socios y empresas conforme a la ubicación y especialización, incluidos los ámbitos del Derecho medioambiental, y que incluye las oficinas de Ålands islas (un enlace que figura al final del documento). Las ONG no suelen anunciar servicios jurídicos.
Al examinar los recursos, el Tribunal administrativo suele tener acceso completo al expediente administrativo (que lo soliciten de la Autoridad junto con una declaración suele ser el primer paso para la tramitación de un recurso). Como se ha indicado antes, la ajpa además impone una obligación general para investigar el asunto por el Tribunal de Justicia.
El objetivo es determinar los datos objetivos del asunto.
El Tribunal de Cuentas cumple su obligación solicitando pruebas que considere necesarios o útiles, además del expediente administrativo.
Normalmente, dichas solicitudes se dirigen a la Autoridad, si bien las partes del litigio son siempre oportunidad de formular sus propias cuentas.
Correspondiente a este principio de investigación judicial, no hay normas generales explícita relativa a la carga de la prueba en lo que se refiere a las partes de los procedimientos de recurso. Se han desarrollado algunos principios implícitos para distintos tipos de cuestiones y situaciones de descanso, a veces también en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. Debe subrayarse, no obstante, que las cuestiones relativas a la prueba suelen ser resuelta en primera instancia por la autoridad administrativa y, correlativamente, la función del Tribunal no es examinar nuevos elementos de prueba, ya que tiene por objeto examinar pruebas presentadas anteriormente ante la Autoridad, así como la evaluación realizada por la Autoridad. Además de solicitar documentos o dictámenes del órgano de primera instancia y las partes, el Tribunal puede facilitar su revisión también por otras vías:
El Tribunal puede consultar a otras autoridades u organizar una audiencia o vista oral.
Las partes son libres de establecer sus propias pruebas en apoyo de sus pretensiones y alegaciones.
Las partes también pueden solicitar al Tribunal que emplean cualquiera de los medios de investigación de que dispone.
El Tribunal de Justicia ejerce una facultad de apreciación a la hora de determinar si conviene aceptar las solicitudes presentadas por las partes. El margen de apreciación que depende del tipo de petición, así como el asunto en cuestión, y la negativa a seguir investigando naturalmente puede invocarse contra la resolución definitiva del Tribunal, si es objeto de un recurso ulterior.
El Tribunal administrativo es libre para evaluar de manera independiente las pruebas y volver a examinar los hechos del asunto. A este respecto, el Tribunal de Justicia no está vinculado por las alegaciones de las partes; es decir, las partes no pueden normalmente resolver sobre los hechos del caso. Naturalmente, alegaciones relativas a la prueba servirá de guía a la atención del Tribunal de Justicia en la materia. Como se ha señalado más arriba, el Tribunal de Justicia es competente para ampliar su control al progreso técnico o a otras bases científicas de la Decisión objeto de litigio. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia es libre de cuestión estudios científicos o expertos contables, independientemente de que haya presentado o a cuya instancia. Vale la pena repetir que el Tribunal administrativo de Vaasa, cuestiones de competencia nacional en el marco de los recursos interpuestos al amparo de la EPA y de la Ley de Aguas hace uso de jueces con formación en ciencias naturales y técnicas a fin de garantizar su experiencia suficiente para valorar este dato (véase la sección IV).
Puede proporcionarse ninguna regla general por lo que se refiere a la asunción o las consecuencias de los elementos nuevos introducidos en los procedimientos de recurso. Un nuevo estudio de expertos presentado por los recurrentes contra la decisión de conceder el permiso, por ejemplo, un permiso, prueban de forma irrefutable que la Decisión es ilegal, o el Tribunal de Justicia podría verse obligado a devolver el asunto y los elementos nuevos, susceptibles de ser (vuelve a) considerarse en primera instancia por la oficina competente para la concesión de permisos. Con su non-jurist jueces, el Tribunal administrativo de Vaasa está mejor equipado para evaluar directamente pruebas científicas y tomar una decisión sustantiva sobre la base de nuevas pruebas, pero es evidente que el Tribunal de Justicia debe tener cuidado de no limitar excesivamente en primera instancia la facultad discrecional de la administración. En consecuencia, las partes no deben esperar hasta la fase de recurso antes de introducir elementos de prueba pertinentes al caso, cuando tienen la posibilidad de hacerlo ya durante el procedimiento administrativo.
Los tribunales tienen las mismas competencias para evaluar las pruebas principales, pero conlleva destacando que, en litigios civiles, la amplitud del control jurisdiccional está normalmente restringido exclusivamente a este respecto a las alegaciones y pruebas presentadas por las partes. En consecuencia, el papel de las partes a la hora de ofrecer asesoramiento científico también es mucho más pronunciada.
Con arreglo a las disposiciones generales de ejecución según el ajpa, una decisión administrativa que se beneficien de recurso no podrá ser ejecutada antes (ordinaria) de medios de impugnación agotadas, es decir, la resolución ha adquirido «fuerza jurídica» (saanut lainvoiman, vunnit Laga Kraft). Ello implica que la interposición de un recurso contra una decisión que ordinariamente automáticamente los retrasos en su ejecución.
A menudo, los regímenes de autorizaciones medioambientales y de otro tipo ofrece la opción de solicitar el derecho a iniciar el trabajo/actividades con arreglo a lo dispuesto en la Decisión de concesión de la autorización con independencia retos en su contra. Que las condiciones para la concesión de ese derecho a entablar, están establecidas por la ley sustantiva aplicable, pueden variar, pero normalmente dichos requisitos son los siguientes:
una causa justificada para la ejecución inmediata
que la ejecución no es contraria a la finalidad de los recursos contra la decisión
que la demandante ofrece una seguridad aceptable
El derecho a entablar, pueden concederse, bien junto con la autorización integrada independiente o previa solicitud presentada dentro de un plazo después de que expire el plazo de recurso (normalmente 14 días). En la mayoría de los casos una solicitud de derecho a iniciar y se presenta con permiso decidida por la Autoridad.
El tribunal administrativo con que la decisión ha sido recurrida permiso es competente para revisar un requerimiento para conceder derecho a entablar, así, a solicitud de una parte o por iniciativa propia. En permanente permanente se corresponde con la demanda de medidas provisionales en el asunto principal. El Tribunal puede anular o modificar la resolución o medidas cautelares. Por lo general, cualquier medida que causan o amenazan con carácter irrevocable, se suspendan sus efectos sobre el medio ambiente. La decisión provisional, ya sea positivo o negativo, normalmente no pueden ser recurridos por separado, pero que la cuestión de la adopción de medidas provisionales puede plantearse de nuevo si la decisión definitiva del órgano jurisdiccional que se cuestiona ante el Tribunal Supremo Administrativo. No obstante, sí es posible presentar una nueva solicitud de medidas cautelares ante un mismo tribunal basado, por ejemplo, en un cambio de circunstancias. Existen también regímenes del derecho a entablar, en las que se decide en primera instancia por el Tribunal de apelación competente (por ejemplo, en virtud de la Ley de Aguas) o si es posible que el Tribunal de Apelación para dictar el auto junto con los recursos interpuestos contra la decisión denegatoria del permiso (por ejemplo, la EPA).
También hay algunos tipos de decisiones que son directamente ejecutables antes de que hayan adquirido firmeza, es decir, pese a los llamamientos de recurso, a menos que el tribunal determine otra cosa. Cabe citar, por ejemplo, las decisiones de aplicación de los hábitats protegidos o para el cumplimiento de la protección en virtud de la Ley de protección de la naturaleza. En los casos en que no existan disposiciones específicas en lo que respecta a la fuerza ejecutiva, el ajpa ofrece de forma general la posibilidad de ejecución antes de fuerza jurídica vinculante. Dicho auto de ejecución está permitida si la decisión es de tal naturaleza que requieren ejecución inmediata o si su ejecución no puede aplazarse por razones de interés público. Dicho auto también incumbe al tribunal administrativo.
No se exige garantía de un solicitante de medidas cautelares, independientemente de si se basa en una fuerza ejecutiva concederles el derecho a incoar o a otra orden de ejecución.
Otra forma de tutela judicial provisional es la facultad del Tribunal de Justicia para decidir que una decisión administrativa que permanezcan en vigor hasta que se adopte una nueva decisión en una situación en la que las normas procesales de revocarla. Un ejemplo de aplicación sería el caso cuando la decisión de aplicar la protección de la naturaleza, se anula y se envió de vuelta para una reconsideración parcial o renovación de procedimiento incorrecto.
En los procedimientos judiciales administrativos, el juicio se cobra una tasa por la recurrente en casación, según la fase (a principios de 2011):
Tribunal Supremo administrativo: 226 EUR
Determinados tipos de cuestiones son categóricamente exenta de tasa, aunque estos no suelen asuntos medioambientales. Asimismo, los recurrentes individuales pueden quedar exentos en determinadas circunstancias. Un fundamento esencial de la exención consiste en que la recurrente tenga éxito a la hora de presentar su recurso (no se aplica al Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo). En caso de que no se cobren una tasa para los recursos que se rechaza sin examinar el fondo, por ejemplo, si los recursos no se entreguen a tiempo o si no existe un derecho de recurso así como en caso de recurso sean retiradas. Cuando se desestima un recurso extraordinario de casación o se deniega un permiso por el Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo, la tasa se reducirá a la mitad.
No hay tasas judiciales adicionales para otros posibles fases del procedimiento, por ejemplo, el examen de una solicitud de medidas cautelares o la organización de una audiencia o la visualización. Del mismo modo, las partes no se pagarán los costes de otras medidas del Tribunal en la investigación del asunto, como, por ejemplo, obtener una declaración de un experto de la Autoridad.
Cuando varias personas conjuntamente interponer un recurso, un solo pago.
Por lo que se refiere a las partes los gastos propios de la ajpa, establece una regla general según la cual las partes llevar su propio juicio los gastos salvo que ello resulte razonable a la vista de las circunstancias. Ello incluirá los gastos de abogado, así como posibles gastos de elaboración de las declaraciones u otras pruebas periciales por propia iniciativa. Cuando se celebre una vista, el Estado es responsable de indemnizar a los testigos y peritos, instado por el Tribunal a iniciativa propia. Las partes, por otro lado, son habitualmente obligados a indemnizar a los testigos que hayan pedido.
Por lo que se refiere a la exención de los gastos que llevan su propio, es decir, la obligación de un tercero o el órgano cuya resolución haya sido impugnada a soportar estos costes en su totalidad o en parte, las circunstancias del presente asunto son juzgados por el Tribunal de Justicia caso por caso. La ajpa, especialmente el resultado del caso. Además, al apreciar la responsabilidad de la autoridad pública, se tendrán especialmente en cuenta si el procedimiento han surgido del error de la Autoridad. Además, la ajpa sostiene que los particulares puedan ser considerados responsables de los costes de una autoridad pública solo si han realizado una solicitud manifiestamente infundada. En la práctica, también es excepcional que los agentes privados a estar obligado a pagar los gastos de otras partes privadas. Esto significa preguntas con respecto a los costes generalmente giraban en torno a si la autoridad debe ser considerada responsable de los gastos de un demandante con éxito. No obstante, vale la pena repetir que el procedimiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa suelen dar lugar a un coste relativamente bajo, y es mucho más común que los particulares reclamar ningún gasto en el Tribunal a que lo hagan.
Para los procedimientos judiciales generales, el juicio se cobran tasas por la parte demandante y recurrente en casación (a principios de 2011), con las correspondientes exenciones similares o procedimiento judicial administrativo como en:
Los tribunales de distrito (incl. Land Court): 60-180
Court of Appeals: 182 EUR (90 EUR en materia penal)
Tribunal Supremo: 226 EUR (113 EUR en materia penal)
A diferencia de lo que sucede en los procedimientos judiciales administrativos, el principio «quien pierde, paga» se aplica a los litigios civiles en los tribunales. Esto significa que la parte que pierde el litigio es el responsable de los gastos razonables de las medidas necesarias de la parte contraria. La cjp establece asimismo algunas excepciones más específicas o parcial del importe del pasivo, incluyendo demandas frívolas, un motivo justificado para dar curso al expediente extraviados o circunstancias que de otro modo serían responsabilidad manifiestamente irrazonable. Si la base o moderación de los gastos reclamados han sido impugnadas por la parte responsable, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre las costas en cada caso.
Según una investigación encargada por el Instituto nacional de investigación de política jurídica, la media de los gastos de defensa jurídica en los procedimientos civiles en 2008 tribunales en los litigios fueron de 6 543 EUR por parte de los demandantes y de 5 554 EUR por parte de la demandada. La media de responsabilidad impuestas a la parte vencida ascendía a 5 277 EUR. La media (mediana) tarifa horaria por abogado era de 160 EUR, lo cual es bastante coherente con estudios más generales de los honorarios de un abogado.
Además de las exenciones de la tasa de prueba categórica, que se han mencionado anteriormente, se puede conceder una exención por motivos de carácter no razonable en cada caso concreto por la refrendario/ponente, que confía a la tasa. Si bien el juicio se cobra una tasa junto con la decisión del Tribunal por separado, es impugnable mediante un recurso potestativo de reposición ante el funcionario que haya asignado la tasa. La decisión del funcionario pueden ser impugnadas mediante recurso contencioso administrativo.
La asistencia jurídica gratuita con cargo al Estado se encuentra disponible para las personas que necesitan asesoramiento especializado en un tema jurídico. Se presta asistencia jurídica gratuita para los residentes en Finlandia o en otro país de la UE o del EEE. Está previsto también con independencia de la residencia, si el beneficiario tiene un asunto a ser oída por un tribunal finlandés, o cuando exista un motivo especial.
No está prevista la asistencia jurídica gratuita para las organizaciones no gubernamentales o empresas.
La justicia gratuita se concede sobre la base de los medios disponibles de la demandante. Es gratuita para las personas sin recursos, mientras que otras personas puedan co-pay con derecho a la ayuda.
La ayuda incluye asesoramiento jurídico así como las medidas necesarias y la representación ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad. Para los procedimientos judiciales, el solicitante puede escoger entre la representación por los consejeros jurídicos públicos o un abogado privado. En otros asuntos, la asistencia jurídica se presta exclusivamente por asistencia jurídica gratuita. Las personas a las que se concede la asistencia jurídica estaban también exentos de tasas de ensayo. Existen algunas excepciones en cuanto al momento en que se preste la asistencia jurídica gratuita, cuestiones tales como simples o tenida por jurídicamente irrelevante a la demandante, así como a cuestiones en las que se basa en la capacidad municipal, por ejemplo.
Además de lo anterior, el derecho a la asistencia jurídica gratuita puede estar limitado, en su totalidad o en parte si el solicitante tiene un seguro que cubra la defensa jurídica del caso que nos ocupa. Esta cantidad es relativamente común, ya que dicho seguro se incluyen habitualmente en muchos tipos de pólizas de seguros, como los seguros de hogar, seguros de vehículos, así como los seguros de los sindicatos. La asistencia financiera facilitada por los organismos del seguro de defensa jurídica varían en función de la política en cuestión, lo que determina su ámbito de aplicación, así como franquicias y compensaciones máximas aplicables. Condiciones de uso común fija una deducción del 15 % y una compensación máxima de 8 500 EUR.
La asistencia jurídica está administrada por el Estado y, por tanto, a disposición del público con arreglo a las mismas condiciones en las islas Åland.
Aparte de la asistencia jurídica gratuita, el inculpado en el procedimiento penal y la instrucción judicial puede tener derecho a un defensor público independientemente de los medios disponibles.
Muchos bufetes de abogados, sobre todo las grandes empresas, ¿el trabajo jurídico pro bono, a menudo con arreglo a sus propios programas de pro bono. Asociaciones de utilidad pública, incluidas las ONG medioambientales, también pueden ser destinatarios de dicha asistencia jurídica pro bono. No existen programas de amplia difusión que presten asistencia jurídica pro bono en favor de los particulares en materia de medio ambiente, en particular. En general, trabajan pro bono no desempeñan un papel significativo en los procedimientos judiciales en materia de medio ambiente.
En general, el APA se establece que un asunto administrativo se estudiará sin demora indebida. En materia de medio ambiente, las limitaciones de tiempo específicas son más frecuentemente prescrita para las partes que la autoridad, aunque hay algunas excepciones, como el procedimiento de EIA, en las que los plazos se conceden exclusivamente para la Autoridad así. En cuanto al medio ambiente, las decisiones se adoptan por un gran número de autoridades administrativas distintas, no es posible dar una relación completa de media a la espera de tiempos. Las autoridades podrán presentar estimaciones average-based en sus sitios Internet, y también están obligadas por APA de casos específicos para proporcionar una estimación previa solicitud, así como responder a las preguntas en cuanto a la instrucción del expediente. En el rsa-agencies que se ocupa de las principales cuestiones pendientes, permiso medioambiental han variado los tiempos medios de alrededor de 11 a 16 meses en los últimos años.
La legislación que regula el procedimiento administrativo regional de las Islas Åland (véase la sección IV) se asemeja a la APP en lo que respecta a los requisitos de oportunidad y estimaciones de proporcionar tiempo pendiente. No obstante, incluye una obligación general para resolver los asuntos en un plazo de tres meses a partir de su inicio, siempre que sea viable, y prevé, además, que los funcionarios responsables deben elaborar cada año un informe sobre las razones del retraso en los asuntos que superen este plazo. Naturalmente, el aspecto medioambiental puede durar más tiempo del que este tratamiento. Por lo que respecta a los temas principales aprobados por la autoridad medioambiental regional (Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet inferior), la autorización de actividades (miljögranskning periódicamente) se deciden en un plazo de 6 meses, mientras que a la espera de tiempos de autorizaciones medioambientales para las principales actividades (por ejemplo, PCIC) son por término medio 15 meses.
Actualmente no existe un recurso legal efectivo contra plenamente los retrasos o pasividad por parte de la autoridad administrativa. El Tribunal Administrativo no es competente para intervenir en un procedimiento administrativo incoado ante la decisión final fue adoptada por la Autoridad. La pasividad en este contexto no deben confundirse con una emitió la decisión de no adoptar medidas de aplicación de la legislación, sin embargo, que puede ser objeto de impugnación mediante recurso de casación (véase la sección V). La legislación también se aborda la cuestión de la demora es objeto de estudio. Del mismo modo, no existe ningún régimen general por lo que se refiere a las sanciones por retrasos. Con arreglo a lo descrito anteriormente (Sección VI), la supervisión de autoridades son competentes para expedir las amonestaciones oficiales, así como iniciar un procedimiento penal en los casos graves. En algunos casos, la supervisión de una autoridad estatal puede también tener la competencia para ordenar un municipio a cumplir sus obligaciones en un plazo determinado. Las autoridades también están sujetos a responsabilidad civil general, pero la concesión de daños y perjuicios por retraso son poco frecuentes.
Por lo que se refiere a los procedimientos de recurso ante los órganos jurisdiccionales administrativos, no existen plazos prescritos para la mayoría de las cuestiones. La Constitución establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea vista sin demora indebida en los tribunales. Por otra parte, determinadas categorías y tipos de recurso son cuestiones urgentes prescrita por la ley, lo que se traduce en la práctica en el orden de prioridades de la resolución. Ejemplos de tales estatutariamente urgente planes generales detallados sobre las cuestiones medioambientales para el uso del suelo y planes de vías públicas, cuando se considera de importancia comunitaria. Aunque no existen disposiciones específicas en lo que respecta a las solicitudes de medidas cautelares suelen ser transformados, e incluso pueden ser urgentemente resuelto en cuestión de días o menos, en casos extremos. No existe ningún mecanismo de sanción en relación con demoras indebidas, pero los tribunales están sujeto a la misma supervisión por parte de los supervisores supremo de legalidad como autoridades administrativas, así como la posible responsabilidad penal y civil.
Los tiempos de espera para los procedimientos de recurso en los tribunales administrativos regionales ha sido en los últimos años (2009-2011) por término medio 10 meses en la categoría de uso del suelo y edificación y ligeramente por encima de 12 meses en otros temas relacionados con el medio ambiente. El Tribunal Supremo Administrativo en los correspondientes momentos pendientes ascendían aproximadamente a 12 y 13 meses, respectivamente.
Las normas procesales que regulan los procedimientos en los tribunales generales incluyen disposiciones más detalladas sobre los plazos para fases específicas del procedimiento. El tiempo medio de espera (2009-2010) en los tribunales de distrito fueron ligeramente superiores a 8 meses en los litigios civiles y alrededor de 3,5 meses en casos penales. En tribunales de apelación, recurso a la espera de tiempos de media alrededor de 6,5 meses. En el Tribunal Supremo, las medias se situaron en torno a 4,5 meses con hojas de recurso denegado y 16 meses para las decisiones sobre el fondo.
Para el Tribunal General, también existe un régimen de compensación por retrasos indebidos, regulada por la Ley sobre indemnizaciones por la excesiva duración de los procedimientos judiciales (362/2009). La Ley establece que una pretensión de indemnización podrá interponerse ante el mismo órgano jurisdiccional examinar la cuestión principal que nos ocupa, premisa y fija un valor de compensación a 1 500/year de retraso. En los procedimientos judiciales administrativos similares teniendo en cuenta los retrasos, actualmente solo es posible cuando se trata de las sanciones administrativas monetarias, sino un régimen general de indemnización para los procedimientos judiciales administrativos se encuentra en fase de preparación.
Aunque la participación en el procedimiento administrativo en materia de medio ambiente puede ser posible en un plazo relativamente albores, el acceso a los tribunales está normalmente disponible únicamente después de que la decisión administrativa definitiva ha sido adoptado en la materia. Errores de procedimiento durante las fases preparatorias del proceso de toma de decisiones y no puede invocarse contra la decisión final. Algunos procedimientos medioambientales pueden incluir estas «decisiones definitivas» en diversas fases, cada uno de los cuales dicha Decisión puede ser impugnada ante los tribunales. Diferentes niveles de planes de utilización del suelo junto con las subsiguientes actividades permite crear o son ejemplos de ello. En ocasiones la legislación podrá establecer restricciones para su posterior examen judicial, al igual que en el caso de la planificación de carreteras públicas en virtud de la Ley de caminos públicos (503/2005).
Las instrucciones ajpa exige que los recursos se adjuntará a toda decisión que reúnen los requisitos para interponer el recurso, se informaba a las partes del lugar y forma en que dicha decisión puede ser objeto de recurso así como el plazo de interposición de recurso. Alternativamente, la base jurídica para una prohibición de recurso deberá indicarse. La ajpa dispone también que los recursos no se desestimó debido a un fallo en la presentación por razón de la falta de instrucciones o defectos en el recurso. Por lo tanto, un recurrente de conformidad con instrucciones sobre su recurso de casación que indique un período incorrecto, por ejemplo, no debería haber desestimado su recurso debido a que superen el plazo de interposición de recurso.
Información exhaustiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente no se disponga expresamente. Información general sobre la administración general (procedimientos judiciales) y está disponible en el sitio web del sistema judicial finlandesa (se proporciona un enlace al final del documento) y de la legislación está disponible en la Base de Datos Finlex (enlace al final). El sitio web general de la administración responsable del medio ambiente ofrece información sobre los distintos procedimientos de medio ambiente, incluidas algunas sobre acceso a la Justicia (enlace al final). Los sitios web de los cuatro rsa-agencies competentes en materia de medio ambiente y agua permiten incluir registros sobre las cuestiones pendientes y las decisiones de concesión de permisos (permiso enlaces facilitados al final). Más información sobre los procedimientos y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, podrá facilitarse en los sitios web de los municipios, por ejemplo.
Normalmente no es posible confirmar oficialmente los asentamientos en materia de recurso contencioso administrativo, y la mediación o a otros medios alternativos de solución de conflictos son administrativos no están disponibles en materia de medio ambiente. En materia civil, distintos métodos o la resolución de litigios están disponibles. Tribunal la mediación ofrecida por los tribunales ordinarios, y también es posible confirmar los acuerdos extrajudiciales. La asistencia jurídica gratuita puede ser solicitada.
Derechos de las personas a utilizar las dos lenguas nacionales finlandesas y suecas, conforme a lo dispuesto en la sección 17 de la Constitución, se establecen en la Ley de lenguas (423/2003). Lengua adicional prevé derechos indígenas, el sami en particular, así como de los demás grupos. Pertinentes con respecto a los extranjeros, la sección 6 de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley, y que nadie podrá, sin una razón aceptable, ha de tratarse de forma diferente a otras personas por razón de origen o de lengua, entre otras cosas. El Defensor de las minorías supervisa el cumplimiento de las prohibiciones de discriminación étnica y trabaja para fomentar la situación y la protección jurídica de las minorías étnicas y de los extranjeros.
La legislación en materia de procedimiento administrativo y jurisdiccional, cjp ajpa (DPA, y CPA) contienen disposiciones adicionales sobre los derechos lingüísticos. Se incluyen disposiciones adicionales para determinados procedimientos específicos, pero, en general, no para los procedimientos medioambientales. En cuestiones administrativas, traducción e interpretación para las partes en determinadas condiciones, principalmente en materia authority-initiated, pero también es posible, para garantizar los derechos de las Partes en otros ámbitos. Los derechos lingüísticos generales en los procedimientos judiciales administrativos se corresponden con lo anterior, sino que prevén un derecho incondicional a ser oído oralmente una interpretación. En materia penal, los derechos lingüísticos están naturalmente más pronunciada. En los procesos civiles, las partes que no hablan finlandés, sueco o es generalmente responsable de los sami son la traducción a sus expensas, a menos que el tribunal determine otra cosa, debido a la naturaleza del caso concreto. Además de lo anterior, las autoridades administrativas y los tribunales están obligados a garantizar que los ciudadanos de otros países nórdicos reciban la asistencia lingüística necesaria.
Todo lo anterior significa que las personas con una lengua extranjera a los países nórdicos que deseen participar en materia ambiental se caracterice por sufragar sus propios gastos de traducción. Sin embargo, cuando se presta asistencia jurídica gratuita (véase el XII), también se aplica a los costes de interpretación y de traducción necesarios. Las traducciones en materia ambiental en un contexto transfronterizo se tratan más adelante (sección).
A diferencia del resto de Finlandia, las islas Åland son autónomas monolingually sueco. Esto es aplicable tanto a las autoridades regionales y locales, así como las autoridades públicas en las islas, incluidos los tribunales. La Ley de autonomía de Åland incluye disposiciones relativas a los derechos a usar el finés en las autoridades regionales y los tribunales estatales, regionales y la Ley de Procedimiento Administrativo (Förvaltningslag för landskapet Åland) contiene disposiciones similares a la normativa estatal relativa a la prestación de traducción e interpretación en las autoridades regionales y locales.
Con el fin de incorporar el Convenio Espoo (EIA y otras obligaciones internacionales, la ley finlandesa contiene disposiciones en materia de EIA respecto de los proyectos que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente en el territorio de otro país. La ley exige que la autoridad competente para la EIA notifique al Ministerio de Medio Ambiente, que es responsable de la coordinación con otros Estados afectados.
Los Estados miembros en cuestión notifiquen a la espera del proyecto y proporcionó información sobre sus repercusiones transfronterizas, así como la evaluación y el procedimiento de autorización. Por lo general, esto incluye traducciones, al menos en la medida necesaria para comprender el asunto en cuestión, así como información sobre una posible audiencia pública los acontecimientos en el país o en Finlandia. Se ha fijado un plazo para que las autoridades y el público a notificar al Ministerio de su deseo de participar en el procedimiento de evaluación. Consulta pública nacional correspondiente al procedimiento de EIA se dispondrán en el país vecino, normalmente por una autoridad nacional de contacto pertenecientes al Estado en cuestión. El ámbito geográfico de la notificación de la consulta no se especifica en el acta, pero no se limita al derecho a formular observaciones. El urbanizador es responsable de los costes de las traducciones requeridas. El Ministerio de medio ambiente es también responsable de la coordinación de una consulta pública y comunicar los puntos de vista de los participantes finlandeses en caso de que Finlandia pueda verse afectado por un proyecto.
La Ley relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (EIA, 2005/200) contiene disposiciones similares respecto a la evaluación ambiental estratégica de planes y programas.
Frontera tratados u otros acuerdos entre Estados miembros junto con la correspondiente normativa podrá incluir disposiciones más detalladas sobre el procedimiento de evaluación transfronterizo (por ejemplo, el Acuerdo entre Estonia y Finlandia sobre EIA transfronterizos), así como disposiciones sobre la representatividad de las empresas y la participación en las cuestiones medioambientales que no impliquen una EIA (por ejemplo, el Convenio sobre la protección del medio ambiente nórdico o el Tratado fronterizo entre Finlandia y Suecia).
De conformidad con la Ley de autonomía de Åland, el Estado es el principal órgano legislativo en materia de asuntos exteriores. Aunque la Ley regional sobre EIA contiene algunas disposiciones sobre la entrega de información en caso de impacto transfronterizo, audiencia internacional se concierta a través del Ministerio de medio ambiente.
Como se ha señalado anteriormente (Sección VII), las ONG extranjeras en la jurisprudencia se han concedido derechos de recurso conforme a los mismos criterios que ONG nacionales. Una vez se establezca capacidad procesal ante los tribunales, los mismos derechos procesales básicos (a solicitud de un mandamiento judicial, por ejemplo) se aplican con independencia de la nacionalidad. Por lo que se refiere a la asistencia jurídica y lingüística, véanse los apartados anteriormente (XII y XV, respectivamente).
Si un proyecto requiere permisos en dos (o más) países, particulares o las ONG puedan desee o necesite para defender sus intereses en los procedimientos a ambos lados de la frontera. Por lo que se refiere a los requisitos relativos a los permisos y otros pasivos de Derecho público, existe la posibilidad de elegir en qué jurisdicción para actuar suele ser bastante limitada. Las deudas contraídas con entidades públicas transfronterizas, en cambio, suelen estar regidas por tratados bilaterales o multilaterales y de la legislación de la UE y nacional de transposición. Por ejemplo, el Convenio sobre la protección del medio ambiente entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia dispone que las demandas por daños y perjuicios puede presentarse ante el órgano jurisdiccional competente del Estado en el que se haya realizado la actividad potencialmente perjudiciales.
Enlaces relacionados [2]#_ftn2
Base de Datos Finlex (legislación, legislación secundaria, jurisprudencia, traducciones, etc.):
Finés: http://www.finlex.fi/fi/
Inglés: http://www.finlex.fi/en/
Legislación seleccionada (versión sueca puede accederse a través del vínculo siguiente en versión finesa; Obsérvese que las traducciones al inglés se no oficial y no podrá incluir las últimas modificaciones):
— Constitución de Finlandia (731/1999)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731
— Ley de procedimiento administrativo (434/2003)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030434
— Ley de gobierno local (conocida también como ley sobre municipios; 365/1995
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365
Inglés (facilitado por la asociación de autoridades locales y regionales finlandesas): http://www.localfinland.fi/en/authorities/local-self-government/Documents/Finnish%20Local%20Government%20Act.pdf
— act sobre la transparencia de las actividades gubernamentales (621/1999)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990621
Ley de procedimiento judicial administrativo — (586/1996)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960586
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19960586
— Código de procedimiento judicial (4/1734)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1734/17340004000
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1734/en17340004
Ley de procedimiento delictivas — (689/1997)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970689
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1997/en19970689
Legal Aid Act — (257/2002)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020257
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2002/en20020257
— act sobre una indemnización por la duración excesiva de los procedimientos judiciales (362/2009)
Finés (versión original): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090362
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090362
— Medio ambiente Protection Act (86/2000)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000086
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2000/en20000086
— Agua (Ley 587/2011)
Finés (versión original): http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110587
Inglés transl.: Aún no disponible
Legislación — uso un bien inmueble (132/1999)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990132
Ley de protección — nature (1096/1996)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1996/en19961096
Acto de extracción — un bien inmueble (555/1981)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1981/en19810555
Acto mining — (621/2011)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621
Inglés: Aún no disponible
— act sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (468/1994)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940468
Inglés (facilitado por el Ministerio del Medio Ambiente): http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=17876&lan=en
— act relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (200/2005):
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050200
— act sobre la reparación de determinados daños ambientales (383/2009)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090383
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2009/en20090383
— act sobre la reparación de daños ambientales (737/1994)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940737
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1994/en19940737
Ley sobre responsabilidad tort — (412/1974)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1974/en19740412
Convenio sobre la protección del medio ambiente — nordic (SopS 75/1976)
Finés: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1976/19760075/19760075_2
— el sistema judicial finlandesa (incluida la información sobre los procesos judiciales y a la asistencia jurídica gratuita, así como los sitios web de los tribunales y otras oficinas):
— Oficina del Defensor del Pueblo parlamentario:
— Oficina del Canciller de Justicia:
— ombudsman para las minorías
— la administración de Medio Ambiente finlandés del medio ambiente (incluida la información sobre legislación y procedimientos):
— ece-centers, medio ambiente y recursos naturales:
— rsa-authority (sitio en construcción) en lengua inglesa:
Abogado — Asociación bar motor de búsqueda:
finlandés — Asociación para la conservación de la naturaleza:
— wwf Finlandia (FI):
— finlandés sociedad para la naturaleza y el medio ambiente:
Finlandia — birdlife:
— act de autonomía de Åland (1144/1991):
Inglés: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1991/en19911144
Legislación — Programas regionales de las Islas Åland (en sueco únicamente):
La protección de la salud y del medio ambiente — Autoridad de Åland (solo en sueco):
Medio ambiente — Oficina del Gobierno regional de las Islas Åland (en sueco únicamente):
— ålands Natur och miljö (ONG, URL en sueco):
#_ftnref1[1] Esta categoría debe incluir todos los posibles interesados no cubiertos anteriormente, por ejemplo, ¿están legitimadas las autoridades competentes para recurrir las decisiones de otras autoridades competentes, etc.?
#_ftnref2[2] Le rogamos facilite los enlaces a los contenidos siguientes:
la legislación nacional sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (ya sea en la lengua o lenguas oficiales del país, pero preferentemente en inglés o ambos)
listas públicas y registros de expertos en medio ambiente
listas públicas y registros de abogados especializados en asuntos medioambientales
Los bufetes jurídicos ambientales pro bono
lista de ONG nacionales e internacionales que actúan en el país que trabajan en el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
Oficinas del Defensor del Pueblo, las fiscalías
información sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente a disposición del público de un modo estructurado ni accesible

References: resolución 
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