Source: https://es.scribd.com/document/193555575/08123-2005-HC
Timestamp: 2019-04-18 10:30:40+00:00

Document:
00004-2016-Q Resolucion
Sentencia TCcaso cantuarias
LEY N° 23
Courtis Christian Verbitsky
EXP 02147-2012-PHC-TC – ROGER APAZA ASTO.docx
02_El_Derecho_Constitucional_y_Procesal_Constitucional.pdf
Apelacion Habeas Corpus
El Habeas Corpus2.docx
Andrea Constitucional
Doctrina (22).rtf
Sentencia Del Tc Revindicacion
° 8123-2005-PHC/TC LIMA NELSON JACOB GURMAN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a 14 de noviembre de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Fernanado Garrido Pinto contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesados con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 277, su fecha 5 de setiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos. ANTECEDENTES Demanda Con fecha 8 de agosto de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus a favor de Nelson Jacob Gurman, ejecutivo de la empresa General Electric Company, contra el titular del Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, César Herrera Cassina. Sostiene que el Juez penal emplazado, vulnerando el principio constitucional ne bis in ídem, de acuerdo con el cual nadie puede ser perseguido dos veces por los mismos hechos, abrió instrucción penal (357-2005), con mandato de detención, contra el beneficiario por la supuesta comisión del delito de estafa. Investigación sumaria Realizada la investigación sumaria, el Juez demandado rinde su declaración explicativa sosteniendo que el pronunciamiento de su Juzgado ha sido en mérito de lo dispuesto expresamente por la Cuarta Sala Penal Superior, que por resolución ordenó abrir instrucción penal contra el beneficiario, y que la medida coercitiva de detención se trata de una decisión jurisdiccional. Por su parte, el promotor de la demanda de hábeas corpus, al rendir su declaración indagatoria, manifiesta que se ha vulnerado el derecho constitucional del ejecutivo denunciado, quien ha sido sometido a una doble persecución penal, por cuanto anteriormente ya había sido absuelto por los mismos hechos.
Resolución de primera instancia El Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, con fecha 12 de agosto de 2005, declara improcedente la demanda estimando que no ha existido proceso abierto al haberse resuelto No ha lugar a la apertura de instrucción. Resolución de segunda instancia La recurrida confirma la apelada argumentando que en el caso examinado se descarta la vulneración de los derechos invocados en la demanda. FUNDAMENTOS §. 1. Cuestión procesal 1. El Tribunal entiende que hay una cuestión preliminar en la que debe detenerse a fin de evaluar correctamente el sentido de la pretensión; y es que tratándose de un hábeas corpus contra una resolución judicial, como es el auto de apertura de instrucción, se debe precisar primero la aplicación del artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que prescribe la procedencia del hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes. 2. Al respecto, el Tribunal Constitucional no comparte la tesis de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que desestimó la demanda estimando que la decisión judicial de detención adoptada por el juez emplazado no tenía la calidad de firme y definitiva que esta requiere para ser revisada en la vía constitucional. 3. Analizados los argumentos de la demanda, este Tribunal considera que la controversia, en el presente caso, fundamentalmente gira en torno a la legitimidad misma del proceso penal instaurado contra el beneficiario mediante el cuestionado auto de apertura de instrucción, resolución respecto de la cual este Tribunal ha establecido, en la sentencia recaída en el expediente 6081-2005-HC/TC (Caso Alonso Esquivel Cornejo. FJ 3), que si bien uno de los requisitos para cuestionar mediante un hábeas corpus una resolución de carácter jurisdiccional es que tenga la calidad de firme, conforme a lo previsto en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, tratándose del auto de apertura de instrucción no corresponde declarar la improcedencia de la demanda, toda vez que contra esta resolución no procede ningún medio impugnatorio mediante el cual se pueda cuestionar lo alegado en este proceso constitucional. 4. En efecto, el auto de apertura de instrucción constituye una resolución que resulta inimpugnable por ausencia de una previsión legal que prevea un recurso con este fin. Siendo así, una alegación como la planteada en la demanda contra este auto se volvería
En reiterada jurisprudencia. y 3392-2004-HC/TC (FJ 6). Determinación del objeto del proceso constitucional de hábeas corpus 5. se tiene –porque el ordenamiento lo justifica–. o no. 2169-2002-HC/TC (FJ 2).3 irresoluble hasta el momento de la finalización del proceso penal mediante sentencia o por alguna causal de sobreseimiento. lo que no se condice con el respeto de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. se ha establecido que el Tribunal Constitucional no es instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a determinar si existe. en cambio. sino. la motivación. ni tampoco la calificación del tipo penal en que este hubiera incurrido. toda vez que tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria. los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas. en los términos que aquí se exponen. Mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia. tales como las que establecen el juez natural. es decir. a su vez. en su faz sustantiva. principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. de la Constitución Política del Perú. dos expresiones: una formal y otra sustantiva. El debido proceso tiene. § 2. termine revisando todo lo que hizo un juez ordinario. . Al respecto. 6. significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado. de pronto. en la de carácter formal. el derecho al debido proceso. Sin embargo. emitida por este Supremo Tribunal. Para proceder de dicha forma existen dos referentes de los derechos de los justiciables: la tutela judicial efectiva como marco objetivo y el debido proceso como expresión subjetiva y específica. inciso 3. No se trata naturalmente de que el juez constitucional. el procedimiento preestablecido. dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales. el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los expedientes 2192-2002-HC/TC (FJ 1). que fiscalice si uno o algunos de los derechos procesales con valor constitucional están siendo vulnerados. específicamente. la posibilidad de reclamar protección especializada en tanto es ese el propósito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del Estado constitucional de derecho. pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva vulnera o amenaza un derecho reconocido por la Constitución. debe quedar plenamente establecido que si bien el juzgador constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario. el derecho de defensa. una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción. responsabilidad penal del inculpado. ambos previstos en el artículo 139. se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer.
Ese es el límite con el cual ha de operar el juez constitucional y. y ante un contexto donde. que no son. el Tribunal Constitucional tiene competencia. habida cuenta de que las vulneraciones aducidas no solo implican la observancia del derecho al debido proceso. Particularmente.4 7. En el supuesto de que una resolución judicial desconozca o desnaturalice algunos de los componentes de cualquiera de los derechos aquí mencionados. en todo caso. según el cual nadie puede ser perseguido dos veces por los mismos hechos. el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece: El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. abrió instrucción penal.. sino que incidiría de manera razonable y proporcional en el ejercicio de la libertad individual del beneficiario. 1. ratione materiae. con mandato de detención. dentro de dicha noción. quedando totalmente descartado que. Mientras que el proceso que degenere en inconstitucional se habrá de corregir mediante el ejercicio del proceso constitucional. de la Constitución). la simple anomalía o irregularidad lo será mediante los medios de impugnación previstos al interior de cada proceso. contrarias a la Constitución sino al orden legal. ante la circunstancia de un proceder inconstitucional. que solo si vulnera el contenido esencial de alguno de los derechos antes mencionados. En concordancia con ello. a la vez. violación del contenido no esencial o adicional. Análisis del caso materia de controversia constitucional 9. por sí mismas. si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso. Se alega en la demanda que el Juez penal emplazado. al margen de la función judicial ordinaria ejercida y de la exclusividad que se le reconoce. en el presente caso.). Al respecto. (. contra el beneficiario. para evaluar la legitimidad constitucional de los actos considerados lesivos. 8. una cuestión que estimamos pertinente precisar es que el hábeas corpus es un proceso constitucional autónomo. Vulneración del principio ne bis in ídem como contenido del derecho al debido proceso 10. Puntualizado queda. en el cual el Juez constitucional asume una función tutelar del derecho fundamental a la libertad personal y de los derechos conexos a él (artículo 200. vulnerando el principio ne bis in ídem. § 3. estaremos ante un proceso inconstitucional.. sin lugar a dudas. estaremos. se encuentren las anomalías o simples irregularidades procesales.” . la garantía de que no todo reclamo que se le hace por infracciones al interior de un proceso pueda considerarse un verdadero tema constitucional. resulta procedente el ejercicio del proceso constitucional como instrumento de defensa y corrección de una resolución judicial contraria a la Constitución.
en el presente caso. Sin embargo. para evaluar la legitimidad constitucional de los actos judiciales considerados lesivos”. de la Constitución).. de la Constitución). es posible que el Juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho fundamental al debido proceso. el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin efecto resoluciones que han . Bajo estas precisiones. de la Constitución). 3. dentro del proceso constitucional de hábeas corpus. 24. de la Constitución) y a la integridad personal (artículo 2. al señalar que “Conforme a reiterada jurisprudencia de este Colegiado. el derecho a la libertad de comunicación (artículo 2. 11. se debe señalar que. habida cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones al pleno ejercicio de la libertad locomotora. El artículo 25 del Código Procesal Constitucional ha acogido esta concepción amplia del hábeas corpus cuando señala que “[. 13. no es razonable establecer un numerus clausus de derechos conexos a la libertad personal a efectos de su tutela.] también procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual. 11. De ahí que se puede afirmar que también. el Tribunal Constitucional tiene competencia. a la protección del derecho fundamental a la libertad personal y a un núcleo duro de derechos fundamentales que se concentran en torno a dicho derecho. 12. es del caso analizar si. en el caso concreto.1. exista conexión entre este y el derecho fundamental a la libertad personal. el hábeas corpus se entiende vinculado. desde una perspectiva restringida.” 14.h. No obstante. de la Constitución). ni tampoco excluirlos.5 11. claro está siempre que. 24. bajo el canon de interpretación constitucional del principio in dubio pro hómine (artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). el derecho de residencia (artículo 2. el Tribunal Constitucional debe pronunciarse. Al respecto. a la libertad de tránsito –ius movendi et ius ambulandi– (artículo 2. pues muchas veces el derecho a la libertad personal es vulnerado en conexión con otros derechos fundamentales. a priori y en abstracto. el derecho al debido proceso (artículo 139. 16. en el caso concreto. 4.. tales como el derecho a la vida (artículo 2. dentro de un proceso constitucional de hábeas corpus. ratione materiae. tales como el derecho a la seguridad personal (artículo 2. únicamente. FJ 4). si bien el proceso de hábeas corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso. de la Constitución. de la Constitución) e. STC 2840-2004-HC. tras la imposición de la medida cautelar de detención preventiva. inclusive. sobre la “vulneración” al derecho fundamental al debido proceso y al principio ne bis in ídem. Así lo ha establecido también este Tribunal en anteriores oportunidades (cf. especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 15.
debe absolverse por este Tribunal en sentido afirmativo.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé que "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos". STC 4587-2004-HC/TC. STC 4587-2004-HC/TC. a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios. por efectos del principio de unidad de la Constitución. La amnistía. sino también porque ese es el sentido interpretativo que se ha brindado a una disposición aparentemente más limitativa de su ámbito de protección. . Caso Santiago Martín Rivas). y. el cual prevé que "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. a las resoluciones que importen el sobreseimiento definitivo de una causa). "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [. a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición.. No solamente porque en el dictado de dichas disposiciones se ha evitado circunscribir el ámbito de protección solo al caso de las sentencias.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable. 19. por los órganos de protección de los derechos humanos en nuestra región (cf. En los términos de dicho precepto constitucional. ni cortar procedimientos en trámite. En opinión del Tribunal Constitucional. FJ 38. incluso.. Dicha disposición constitucional debe interpretarse. por ejemplo. ni modificar sentencias ni retardar su ejecución (.)". Prima facie... Caso Santiago Martín Rivas) 20. y se ha comprendido también a los autos que ponen fin al proceso (al referirse. el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada". sea por actos de otros poderes públicos. FJ 39. 18.6 adquirido la autoridad de cosa juzgada. a la luz de dichas disposiciones de derechos fundamentales... como puede ser el artículo 8. 17. en primer lugar. no pueda ser dejado sin efecto ni modificado. de terceros o.] 2) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. en segundo lugar. el artículo 8. de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (vid.)13. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. el indulto. la determinación de si una resolución que no constituye una sentencia definitiva (pero que ha puesto fin al proceso penal) se encuentra también garantizada por este derecho. En efecto. de conformidad con el inciso 13 del mismo artículo 139 de la Ley Fundamental. ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarlas.
7. en el Informe 1/95.7 En relación con los alcances del término "sentencia firme" que utiliza la referida disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos. ha sostenido que "(. que “(. FJ 44. FJ 41. 21. Hemos dicho. en beneficio de la víctima [. este Tribunal tiene dicho que este último concepto no se restringe solo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte (IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución).. que se refiere al mismo delito). .) la expresión "sentencia firme" en el marco del artículo 8. sino que comprende también a la jurisprudencia que sobre esos instrumentos internacionales se pueda haber expedido por los órganos de protección de los derechos humanos (Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional) (cf. en materia del principio ne bis in idem. que el contenido esencial constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental no solo ha de extraerse a partir de la disposición constitucional que lo reconoce.) Este principio busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos.]”. Caso Santiago Martín Rivas). el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.. en el caso Loayza Tamayo.. la Convención Americana utiliza la expresión los mismos hechos. es decir limitada al significado que se le atribuya en el derecho interno de los Estados. Tras el criterio de interpretación de los derechos fundamentales acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. STC 4587-2004-HC/TC.. Asimismo. de la interpretación de esta disposición con otras disposiciones constitucionales con las cuales pueda estar relacionada (principio de unidad de la Constitución). en diversas oportunidades. no debe interpretarse restrictivamente. lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 11. mediante sentencia contenciosa de fecha 17 de setiembre de 1997.. 22. STC 4587-2004-HC/TC. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este contexto. "sentencia" debe interpretarse como todo acto procesal de contenido típicamente jurisdiccional. este Tribunal ha destacado su capital importancia. y "sentencia firme" como aquella expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de inmutabilidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada" (cf.. que es un término más amplio. artículo 14. inciso 4. en efecto. es decir. Sobre el valor que pueda tener la referida jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos para la comprensión del ámbito protegido por los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado.006 Alan García Pérez c/ Perú. A diferencia de la fórmula utilizada por otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos (por ejemplo. resulta ilustrativo –aunque no directamente aplicable al presente caso-. Caso Santiago Martín Rivas). sino también bajo los alcances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
STC 4587-2004-HC/TC. guardián último de los derechos en la Región" (cf. configura lo que en nuestra jurisprudencia hemos denominado el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo fundamento (ne bis in ídem). pues. uno de los efectos que se deriva de haberse alcanzado dicha autoridad de cosa juzgada es la prohibición de que por los mismos fundamentos se pueda volver a juzgar a la misma persona. en particular. se trata de un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso (cf. expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción. Caso Santiago Martín Rivas).8 23. STC 4587-2004-HC/TC. contiene. el enunciado según el cual «nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho». En relación con este derecho. a su vez. Su aplicación. despejada la duda en torno a si una resolución de sobreseimiento definitivo puede alcanzar la calidad de cosa juzgada. 24. conforme con los tratados sobre derechos humanos. contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. en el caso de Crespo Bragayrac (vid. Así. puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador. al desprenderse del derecho reconocido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución (cosa juzgada). este Tribunal sostuvo que "De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú. En tal sentido. por ejemplo. el Tribunal ha declarado que. sostuvimos que en su formulación material. hecho y fundamento. en la STC 2050-2002-AA/TC. que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos . FJ 45. tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos». hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y. en el ámbito penal. impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto. el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. implícitamente. los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Peruano. Tal interpretación. si bien el principio ne bis in ídem no se encuentra textualmente reconocido en la Constitución como un derecho fundamental de orden procesal. Pues bien. Por su parte. de los mismos. Caso Santiago Martín Rivas). En su vertiente procesal. ahora es preciso remarcar que. FJ 46. 25. una adhesión a la interpretación que. Esa eficacia negativa de las resoluciones que pasan a tener calidad de cosa juzgada. es decir. este Tribunal señaló que el contenido esencial constitucionalmente protegido del ne bis in ídem debe identificarse en función de sus dos dimensiones (formal y material). STC 0217-2002-HC/TC).
simultánea o sucesiva por la misma realidad histórica atribuida. y tiene que ver con los límites que es preciso imponer en un terreno en el cual una de las partes –el Estado– va a tener atribuciones asimétricas frente al procesado. 70-74) se aprecia que se trata del mismo imputado: Nelson Jacob Gurman. Esto es. entonces. Lo inadmisible es. con abstracción del grado alcanzado por el procedimiento.35-37. 26. por ejemplo). la dualidad de procedimientos (por ejemplo. 59-69. si se quiere. verificar la existencia o no de una persecución penal múltiple requiere la conjunción de tres identidades distintas: identidad de la persona perseguida (eadem persona). pues del examen de las resolución que obra a fojas 221. dicho principio presupone la interdicción de un doble proceso penal por la misma conducta. por las siguientes razones: a) En cuanto al primer elemento de la identidad de la persona perseguida penalmente (identidad subjetiva) en varios procesos. que al ejercer su ius puniendi debe tener una sola oportunidad de persecución. 27. en su calidad de alto ejecutivo de la General Electric Company. se advierte que el Vigésimo Quinto . no obstante lo cual resulta finalmente instruido por el delito de estafa por el cuestionado Juez del Vigésimo Quinto Juzgado Penal. Esto no limita la obligación del Estado de perseguir el presunto delito. que el beneficiario. b) Este Tribunal considera que el elemento denominado identidad del objeto de persecución (identidad objetiva) también se cumple en el presente caso. que se inicien dos procesos con el mismo objeto. las mismas que fueron materia de distintas resoluciones fiscales y judiciales de clausura de la persecución penal. uno de orden administrativo y otro de orden penal) y. 28. Ahora bien. Lo que pretende es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecución penal. de autos (ff. Con ello se impide. Desde esta vertiente. tanto la repetición del proceso como una doble condena o el riesgo de afrontarla. por otro. pues. por un lado.9 procesos distintos o. Visto el caso sub exámine. que el ne bis in ídem procesal supone básicamente dos persecuciones. Es menester puntualizar. identidad del objeto de persecución (eadem res) e identidad de la causa de persecución (eadem causa petendi). este Tribunal afirma que se ha lesionado el principio ne bis in ídem procesal. el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos o dos procesos penales con el mismo objeto. aparece comprendido en diversas denuncias promovidas por el denunciante Guillermo Gonzales Neumann. desde la perspectiva del test de triple identidad. lo cual se yergue como límite material frente a los mayores poderes de persecución que tiene el Estado. sino que lo ordena bajo parámetros constitucionales con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica y la libertad.
lo que demuestra que en el presente caso ha habido una indebida doble valoración de los presupuestos que configurarían la conducta ilícita atribuida al beneficiario. Esto es. por ello. . están reconocidos por disposiciones constitucionales. habida cuenta de que dicho derecho no fue alegado en la demanda y tampoco fue refutado en el contradictorio. sobre la base de los mismos hechos cuya delictuosidad fue oportunamente desvirtuada por diversas instancias de persecución penal nacional. o no se hayan identificado correctamente. pues los derechos subjetivos constitucionales. la identidad de la causa de persecución es un presupuesto que resulta también verificado en el presente caso. 30. Este Tribunal ya se ha encontrado en diversas ocasiones (cf. respecto del cual precisa evaluar si tiene competencia para pronunciarse sobre tal punto. el principio iura nóvit curia constitucional no tiene los mismos alcances que el que rige en otro tipo de procesos. c) Por último. cuya aplicación. corresponde decidir al Juez de la constitucionalidad (artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). Como en aquellos casos se sostuvo.10 Juzgado Penal de Lima decidió abrir instrucción al beneficiario por el delito de estafa. 38). que el contradictorio constitucional no gire en torno a ellos. en todos los casos existió una identidad fáctica (si bien distintas calificaciones jurídicas). En todas ellas ha sostenido un principio de congruencia no absoluto. 35) y la Sala Corporativa de Apelaciones de Procesos Sumarios con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima (f. es la vulneración del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales. no es óbice para pronunciarse sobre esos y otros derechos. STC 0905–2001–AA/TC. sino relativo. Iura nóvit curia y contradictorio en el proceso de hábeas corpus 29. un mismo comportamiento atribuido al beneficiario. FJ 11. 31. FJ 4) frente a una situación semejante. por tanto. más allá de que no hayan sido invocados. que nos indica que la imputación ha sido idéntica tanto en las persecuciones anteriormente archivadas por el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima (f. por cuanto el fundamento de los ilícitos supuestamente realizados por el beneficiario están referidos en su totalidad a bienes jurídicos patrimoniales. puesto que el que no se aleguen determinados derechos y. como así se aprecia de los delitos (estafa. Un aspecto no contemplado en la demanda. STC 2868–2004–AA/TC. fraude en la administración de las personas jurídicas) que fueron materia de las denuncias de parte. a su vez. como en el auto de apertura de instrucción dictado por el emplazado Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima. que este Tribunal estima se suma al acto cuestionado en ella. y de las resoluciones de archivo dictadas tanto en sede fiscal como judicial. apropiación ilícita. no existen razones para que aquí se cambie de criterio.
A lo dicho. De modo que. más aún si contribuye a crear convicción sobre este aspecto la sentencia recaída en el expediente 8125-2005-HC/TC. al mismo tiempo. un derecho constitucional de los justiciables. resulta legítimo analizar si en el presente caso se ha violado el derecho constitucional a la motivación resolutoria. debe agregarse lo siguiente. tampoco existe una alteración del contradictorio que podría dejar en indefensión a alguna de las partes. 33. como pusiéramos en evidencia en la STC 0976-2001-AA/TC. en la que el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda por los mismos hechos que son materia del presente expediente. expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia. y a favor de la misma persona que hoy es el beneficiario de esta causa constitucional. asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley. Falta de motivación del auto de apertura de instrucción 34. por la falta de motivación que se alega en la demanda. por otro. pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 36. esencialmente. uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada. toda vez que. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y. reduciéndose la labor del Juez constitucional. 35. el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales . consecuentemente. publicada el 25 de enero de 2006. En efecto. En el caso de autos. se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución) y. Los alcances del iura nóvit curia constitucional no tienen por efecto alterar el contradictorio en el seno de un proceso constitucional de la libertad. en estos procesos se juzga al acto reclamado. por un lado. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. a juzgar sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional. cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan. En suma. se debe analizar en sede constitucional si es arbitrario el auto de apertura de instrucción dictado contra el beneficiario.11 32. no existiendo alteración del comportamiento juzgado como inconstitucional (acto reclamado). Mediante ella. Al respecto. motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al Juez penal corresponde resolver. que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. garantiza que los jueces.
como se hacía años antes. a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada. Reflejo de este marco jurídico-supranacional es el artículo 139. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que. 38.12 (modificado por la Ley 28117) regula la estructura del auto de apertura de instrucción. en plena igualdad. de la que pareciera desprenderse . de nuestra Norma Fundamental. la calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado. hasta la dación de la modificación incorporada por el Decreto Legislativo 126. la indicada individualización resulta exigible en virtud del primer párrafo del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. inmediatamente y por escrito. publicado el 15 de junio de 1981). el Juez Especializado en lo Penal sólo abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito. a las garantías mínimas: [. el artículo 8. Se debe señalar que. a este respecto. numeral 2.. por mandato directo e imperativo de la norma procesal citada. y en su parte pertinente establece: “Recibida la denuncia y sus recaudos. inciso 15. en un idioma que comprenda y. 37. en forma detallada . de las causas o razones de su detención”. literal b. toda persona tiene derecho. Con similar predicamento.. al momento de calificar la denuncia. la imputación de un delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte delictivo de todos y cada uno de los imputados. literal a. Como se aprecia. de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”. que ha establecido: “El principio que toda persona debe ser informada. los elementos de prueba en que se funda la imputación. esto es.]b) Comunicación previa y detallada de la acusación formulada”. toda persona acusada de un delito tendrá derecho. inciso 3. sin demora. controlar la corrección jurídica del juicio de imputación propuesto por el fiscal. Esta interpretación se condice con el artículo 14. comprender que nada más lejos de los objetivos de la ley procesal el conformarse con que la persona sea individualizada cumpliendo no solo con consignarse su identidad (nombres completos) en el auto de apertura de instrucción (menos aún. sino que. en plena igualdad. contra los que resulten responsables. comienza por reconocer que “Durante el proceso. que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. la orden al procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben practicarse en la instrucción”. que se ha individualizado a su presunto autor o partícipe. obligación judicial que este Tribunal considera debe ser efectuada con criterio constitucional de razonabilidad. será necesario. de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos dispone que “Durante el proceso. El auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados. la motivación de las medidas cautelares de carácter personal o real. a pesar del tenor de esta norma constitucional. esto es.
los elementos de prueba en que se funda la imputación. ha vulnerado los derechos constitucionales del beneficiario de esta demanda. al prescribir que “El auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados. En este sentido. de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. la obligación de motivación del Juez penal al abrir instrucción. referidos al . 218-223). En consecuencia. al amparo del artículo 139. en que se advierte una acusación genérica e impersonalizada que limita o impide al procesado un pleno y adecuado ejercicio constitucional del derecho de defensa. y no como en el presente caso. lo que denota una ausencia de individualización del presunto responsable en los términos anteriormente expuestos. cual es que la acusación ha de ser cierta. contra el beneficiario. No cabe duda de que el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales ofrece los máximos resguardos para asegurar que el imputado tome conocimiento de la acusación que contra él recae. de la Constitución Política del Perú. dictado por el demandado Juez penal del Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima. al haber omitido el Juez penal la formalización de cargos concretos. ha infringido el deber constitucional de motivar las resoluciones judiciales de forma razonable y proporcional.13 que el derecho del imputado se limita al momento de su propia detención. lo cierto es que esta toma de conocimiento constituye la primera exigencia del respeto a la garantía constitucional de la defensa que acompaña a lo largo del proceso en todas las resoluciones del mismo. tanto los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos como la Constitución y la ley procesal penal citados. cuando el órgano judicial superior jerárquico ordena abrir instrucción. al no tener este la posibilidad de rebatir los elementos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se le atribuye. Esta no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al sujeto pasivo de aquellos cargos que se le imputan. a la vez. sino que comporta una ineludible exigencia. debidamente especificados. 40. la calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado”. 41. 39. En otras palabras. la protección constitucional del derecho de defensa del justiciable supone. de conformidad con la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Constitución. sino. lesionando el derecho de defensa del justiciable. clara y expresa. no implícita. ello no exonera al a quo de fundamentar lo ordenado. Es decir. inciso 5. la presente demanda debe ser estimada al haberse acreditado que el auto de apertura de instrucción de fecha 2 de agosto de 2005. podemos afirmar que tal resolución no se adecua en rigor a lo que estipulan. Examinado el cuestionado auto de apertura de instrucción (ff. Por lo anteriormente expuesto. 42. una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan. precisa.
que declara improcedente la demanda de autos. En consecuencia. por los fundamentos siguientes: 1. NULA la resolución de fecha 2 de agosto de 2005. . ALVA ORLANDINI BARDELLI LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO EXP. Publíquese y notifíquese. dispone la suspensión de la orden de captura librada contra el afectado Nelson Jacob Gurman. el Tribunal Constitucional. resultando de aplicación el artículo 2 del Código Procesal Constitucional. poniendo en grave peligro su derecho a la libertad individual. expedida por el Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima en el proceso penal 357-2005. Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal Constitucional el recurso de agravio constitucional interpuesto por Luis Fernando Garrido Pinto contra la sentencia emitida por la Primera Sala Penal para Procesados con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. mediante la cual se abre instrucción al beneficiario de esta demanda y se dicta mandato de detención contra él. 8123-2005-PHC/TC LIMA NELSON JACOB GUZMÁN VOTO EN DISCORDIA DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI Emito el presente voto singular con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente. por consiguiente. Por estos fundamentos. SS. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar FUNDADA la demanda.14 principio constitucional ne bis in ídem. a la motivación de las resoluciones judiciales y de defensa..
en el Artículo 4º. sino a través de la contradicción o defensa que constituye el ingrediente principal de la tutela . acumula libertad individual y tutela procesal efectiva porque esta exigencia se presenta también al comienzo del propio artículo 4º cuando trata del amparo (“resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. normal. Así taxativamente se precisa que: “El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva”. el habeas corpus es improcedente (rechazo liminar) cuando: a) La resolución judicial no es firme. común o racional -. segundo párrafo. que en cualquier momento puede convertirse en una violación real.15 2. b) La vulneración del derecho a la libertad no es manifiesta.. obviamente dictado ab initio de un proceso que debe o se espera ser “debido” . El recurrente interpone demanda de habeas corpus a favor de Nelson Jacob Gurman cuestionando el auto que abre instrucción en la vía sumaria por el delito de estafa.en expectativa ordinaria.”) Por tanto. o si c) No se agravia la tutela procesal efectiva. b) Exista Vulneración MANIFIESTA c) Y que dicha vulneración sea contra la libertad individual y la tutela procesal efectiva. según el cual nadie puede ser perseguido dos veces por los mismos hechos. Ley 28237. no puede medirse por la posibilidad legal del cuestionamiento directo e inmediato a través de remedios o recursos. digo que la procedencia. quien ha dictado mandato de detención contra el favorecido. argumentado que dicho auto vulnera el principio constitucional ne bis in idem. prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de habeas corpus siempre que se cumplan ciertos presupuestos procesales. César Herrera Cassina. 2º exige para la amenaza en habeas corpus (libertad individual) la evidencia de ser cierta y de inminente realización.. emitido por el Juez del 25º Juzgado Penal de Lima. Consecuentemente. De ello se infiere que la admisión a trámite de un habeas corpus que cuestiona una resolución judicial sólo procede cuando: a) Exista resolución judicial firme. en su tercera exigencia (c). El Código Procesal Constitucional. es decir. Dr. El mismo artículo nos dice qué debemos entender por tutela procesal efectiva. tratándose del auto de apertura de instrucción. El Art. 3. El sentido de “resolución judicial firme”.
recién comienza. expresé que: (. en el Artículo 4º. la pretensa vulneración no puede ser conocida a través del habeas corpus sino del amparo puesto que el auto de apertura. taxativamente. segundo párrafo. medida contra la que la ley procesal permite la apelación. para legitimar el ingreso del Tribunal Constitucional a la revisión de una resolución judicial que en este caso constituye la expresión misma de la autonomía del Juez y la independencia del Poder Judicial debe acreditarse fehacientemente el cumplimiento de dichos presupuestos. no está vinculado directamente con la medida cautelar de naturaleza personal que se dicta al interior de dicha resolución. constituyendo así solo el instrumento del que se sirve el Estado para decir el derecho al momento de la solución. para solucionar dicho conflicto. mediato e indirecto a la sociedad. Esto me lleva a considerar que el auto de apertura de instrucción dictado por el Juez competente. STC N. Y es que el proceso penal se instaura frente al conflicto que implica la denuncia de la concurrencia de una conducta. que contraviene una norma que previamente ha calificado de ilícito tal comportamiento en sede penal y que ha causado un doble daño que es menester castigar y reparar. Consecuentemente. abre instrucción contra determinada persona . en puridad. que no son los mismos que los exigidos para el auto que abre instrucción establecidos en el Artículo 77º del Código de Procedimientos Penales. no puede ser la “resolución judicial firme” que vulnere manifiestamente la libertad individual que. En consecuencia considero que si se denuncia que el juez ordinario. Por ello también. 4. los requisitos mínimos que deben concurrir para su procedencia. prevé la revisión de una resolución judicial vía proceso de habeas corpus siempre que se cumplan 2 presupuestos: 1) que se trate de una resolución judicial firme y 2) que la vulneración a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva sea de forma manifiesta. señalando el Artículo 135 del Código Procesal Penal. como su nombre lo indica.. previa denuncia del Fiscal adscrito a tal competencia. Debemos tener en cuenta primero que tratándose del cuestionamiento al auto que abre instrucción con el argumento de una indebida o deficiente motivación. Este mandato se emite en función a otros presupuestos procesales. daño concreto. caso contrario estaremos convirtiendo a este Supremo Tribunal en una suprainstancia capaz de revisar todos los autos de apertura de instrucción evacuados por la jurisdicción ordinaria a nivel nacional.) “El Código Procesal Constitucional.º 8125-2005-PHC. El proceso se abre para ello.. abusando de sus facultades. en mi voto singular evacuado en el proceso de Habeas Corpus iniciado por demanda de Jeffrey Immelt y Otros.16 judicial efectiva. atribuida a una persona determinada. con la resolución que cuestiona el demandante en sede Constitucional. precisamente. Ley 28237. inmediato y directo que tiene como agraviado al directamente afectado y daño abstracto.
C. conseguir la resolución firme que lo habilite a recurrir a la vía excepcional y sumarísima del extraordinario proceso de urgencia. en su defecto.P.17 cometiendo con ello una arbitrariedad manifiesta. Siendo así los recurrentes tuvieron a su alcance el remedio previsto en el artículo 171º del C. La medida coercitiva de naturaleza personal sí incide directamente sobre la libertad. por los siguientes argumentos: a) las consideraciones que ha tenido el Juez emplazado para dictar el auto de apertura han sido en función a lo dispuesto por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal . éste se rige supletoriamente por el Código Procesal Civil. de la revisión de autos considero que no existe tal manifiesta vulneración que como presupuesto requiere el segundo párrafo del artículo 4º del Código Procesal Constitucional para ingresar al análisis de fondo. por resolución de fecha 26 de abril del 2005. en cuanto le sea aplicable. se estaría acusando la violación del debido proceso ya sea este formal o sustantivo. constituyendo una materia que compete de forma exclusiva al juzgador penal. mediante el cual se le ordena abrir instrucción contra los recurrentes.de la Corte Superior de Justicia de Lima. empero. a través de la formulación de la nulidad del referido acto procesal y lograr en sede ordinaria la corrección del vicio que se acusa o. b) mediante los fundamentos de la resolución superior y de la resolución cuestionada se motiva claramente las . también lo es que de existir vacíos en el tratamiento por dicho ordenamiento procesal. Si esto es así. según la previsión de la Primera Disposición Complementaria y Final del aludido Código que a la letra dice: “las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales. Sin perjuicio de lo anterior creo pertinente considerar que si bien es cierto la normatividad procesal penal no ha previsto expresamente un medio impugnatorio para cuestionar el auto de apertura de instrucción. El recurrente afirma que el auto de apertura de instrucción carece de motivación suficiente pues no expone las razones que el Juez ha tenido en cuenta para imputar la comisión del delito de estafa a cada uno de los instruidos. encontramos que en el Artículo 171º del referido complexo legal se prevé que la nulidad de un acto procesal “. puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad”. siempre que sean compatibles con su naturaleza”. para lo que resulta vía idónea la del amparo reparador. es decir afirma que el acto procesal no cumple con los requisitos mínimos de validez..Reos Libres. contra esta medida existen medios impugnatorios previstos en la ley procesal penal que tendrían que agotarse para obtener la firmeza de la resolución en lo referente a la detención preventiva u otras limitaciones a la libertad personal. ni los hechos por los que tendrían que responder individualmente durante la investigación judicial. En cuanto a la exigencia referida a que la vulneración a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva sea de forma manifiesta..
otros miles de emplazados recurrirían también al proceso constitucional cada vez que un Juez Civil admita a trámite una demanda de acuerdo al Artículo 430º del C. y c) la invocación de la alegada vulneración del principio de motivación es prematura. no resultando posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos. mi voto es por la IMPROCEDENCIA de la demanda. . Pero algo más. ley procesal que no ha previsto la vía recursiva para cuestionar la decisión del Juez que da origen a un proceso ordinario. Por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el Tribunal Constitucional para ingresar al proceso penal de su referencia y convertirse.C. Por tanto. no existe la manifiesta vulneración a la libertad individual ni a la tutela procesal efectiva. Es preciso dejar sentado que el imperio del Estado delegado a sus jueces ordinarios para que en su representación hagan posible el ius puniendi no puede ser desconocido con la afirmación de que dicha facultad se está ejerciendo arbitrariamente para sustraerse de la jurisdicción.P. Procesal Civil. en el ultra revisor de lo determinado por Juez competente en un proceso regular en trámite. como vía alterna suficiente para sancionar. lo que además significaría abrir las puertas a muchos miles de imputados que vendrían al Tribunal con iguales impugnaciones cada vez que un juzgado penal dé trámite a la denuncia del Fiscal abriendo el correspondiente proceso. permaneciendo inalterable su presunción de inocencia. a los representantes jurisdiccionales del Estado que en el ejercicio de su autonomía causan agravios insuperables. por dolo o culpa. En consecuencia. a no dudarlo. En todo caso existe el proceso de responsabilidad civil de los jueces previsto en el Artículo 509º y siguientes del C. Y para ambos casos . al poco tiempo la carga procesal sería inmanejable para este Tribunal ampliando sus facultades cuando hoy las viene reduciendo”. lo que será materia precisamente de la investigación en el proceso judicial. en su página veinte. con el mismo derecho y por la misma puerta. que constituye expresión de la soberanía. de motu proprio. máxime cuando estando a lo que hoy miércoles cuatro del mes de enero del dos mil seis el diario Gestión. obviamente aún no existe una sentencia firme que sindique a los accionantes como responsables de la comisión del delito instruido. pues tratándose de un proceso penal en etapa inicial. lo que.18 razones por las que la Sala y el Juez emplazado consideran que la actuación de los funcionarios de la Empresa General Eléctric Cómpany encuadra en el delito que se les imputa a todos ellos. informa de una multiplicación de procesos de habeas corpus por demandas de cada uno de los imputados en distintos juzgados.penal y civil – todo imputado y todo emplazado tendrán los “argumentos” necesarios para exigir el mismo tratamiento.
se deben aplicar de forma supletoria las normas del Código Procesal Civil. en su defecto. se debe precisar que de existir vacíos en el tratamiento por dicho ordenamiento procesal. JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI EXP. que la normatividad procesal penal no ha previsto expresamente un medio impugnatorio para cuestionar esta resolución judicial de procesamiento. que prevé la formulación de la nulidad del referido acto procesal y lograr en sede ordinaria la corrección del vicio que se acusa o. sin embargo. el remedio previsto en el artículo 171º del Código Procesal Civil. particularmente. en considerar que si el recurrente afirma que el auto de apertura de instrucción no cumple con los requisitos mínimos de validez. conseguir la resolución . según la previsión de la Primera Disposición Complementaria y Final del referido Código. compartiendo la posición adoptada. en cuanto le sea aplicable. y más aún.19 SR. en el sentido de declarar improcedente la demanda de autos. N° 8123-2005-PHC/TC LIMA NELSON JACOB GURMAN VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO BARDELLI LARTIRIGOYEN Me adhiero al voto del Magistrado Vergara Gotelli.
lo que será materia precisamente de la investigación en el proceso judicial SS. pues tratándose de un proceso penal en etapa inicial. en considerar que al no existir manifiesta vulneración a la libertad individual ni a la tutela procesal efectiva. el Tribunal Constitucional no puede ingresar al análisis del fondo del asunto. no resultando posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos. obviamente aún no existe una sentencia firme que sindique a los accionantes como responsables de la comisión del delito instruido. permaneciendo inalterable su presunción de inocencia. Asimismo. comparto la posición singular del Magistrado Vergara Gotelli.20 firme que lo habilite a recurrir a la vía excepcional y sumarísima del extraordinario proceso de urgencia. BARDELLI LARTIRIGOYEN .
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