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Timestamp: 2017-11-24 05:55:21+00:00

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Fundamentos en Legislación de Justicia para Adolescentes
Artículo 18. — […]
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
Artículo 6°. — Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter (i) civil, (ii) disciplinado y (iii) profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.
Artículo 3°. — La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.
Artículo 5. — Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
Artículo 7. — Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:
Artículo 117. — La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios serán responsables de integrar y actualizar el sistema único de información criminal, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del adolescente.
I.Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes;
Artículo 57. — […]
(3) Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo cual deberán:
VII.Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educaciónde niñas, niños y adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales;
I.Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;
II.Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables;
III.Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad;
IV.Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación o en un proceso judicial;
V.Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como información sobre las medidas de protección disponibles;
VI.Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera;
VII.Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete;
VIII.Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición específica;
IX.Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario;
X.Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva;
I.Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en el mismo, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable responsable;
II.Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la manera más expedita, asistidos por un profesional en derecho y atendiendo a lo dispuesto por la fracción XI del artículo 83 de esta Ley;
III.Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela o guarda y custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en contrario, con base en el interés superior de la niñez;
IV.Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en los términos de esta Ley y las demás aplicables;
V.Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria atendiendo a las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en términos de las disposiciones aplicables, y
VI.Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimizaciónde niñas, niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos.
Tesis de Jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.)de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 202 del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2006224.
Derechos Humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Constituyen el Parámetro de Control de Regularidad Constitucional, pero cuando en la Constitución haya una Restricción Expresa al Ejercicio de Aquéllos, se debe estar a lo que establece el Texto Constitucional.El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.
Tesis 1a. XIII/2012 (10a.)de la Décima Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 650 del Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2000206.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Efectos de sus Sentencias en el Ordenamiento Jurídico Mexicano.El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutivos de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas.
Tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.) de la Décima Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 823 del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2006181.
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las Autoridades del Estado Mexicano, Incluyendo el Poder Judicial de la Federación, deben Acatar lo Ordenado en Aquéllas.El Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de acatar una orden que le incumba por estar contenida en una sentencia de un tribunal internacional, como sería el caso de juzgar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos declaradas por el organismo internacional. Así, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Esto tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta suntservanda, y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean partes.
Tesis P. XVI/2015 (10a.)de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237 del Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2010000.
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Directrices para Establecer y Concretar las Obligaciones que debe Cumplir el Poder Judicial de la Federación Tratándose de Restricciones Constitucionales.La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada por el Estado Mexicano y, en esa medida, en tanto se esté frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del Máximo Tribunal Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales, se estima necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder Judicial de la Federación, como parte del Estado Mexicano; y, (II) la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.).
Tesis de Jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204 del Libro 5, abril de 2014, Tomo I, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2006225.
Jurisprudencia Emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es Vinculante para los Jueces Mexicanos siempre que sea más Favorable a la Persona.Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.
Tesis P. III/2013 (10a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 368 del Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 2003156.
Sentencias Emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Asuntos donde el Estado Mexicano fue Parte. Para que sus Criterios tengan Carácter Vinculante no requieren ser Reiterados.De los párrafos 339 y 347 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los Jueces y tribunales internos, además de velar por el cumplimiento de las disposiciones de fuente internacional, deben tomar en cuenta la interpretación que de éstas ha realizado esa Corte, así como la obligación del Estado de garantizar que la conducta que motivó su responsabilidad no se repita. De lo anterior se sigue que la interpretación en materia de derechos humanos realizada por esa Corte Internacional, al resolver un caso en el que el Estado Mexicano fue parte, aun cuando se trate de una sentencia aislada por lo que hace a éste, adquiere el carácter y fuerza vinculante de precedente jurisprudencial, máxime que este Alto Tribunal, en la tesis aislada P. LXV/2011 (9a.), de rubro: «SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.», derivada de la resolución del expediente varios 912/2010, sostuvo que las resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial. Por tanto, para que los criterios de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos donde el Estado Mexicano fue parte adquieran el carácter de vinculantes, no requieren ser reiterados, máxime que respecto de estas sentencias no operan las reglas que para la conformación de la jurisprudencia prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo de todos los Jueces del país, entre otros se integra por todos los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias por ella dictadas.
En esta tesitura, esa Corte Interamericana ha sostenido que «de conformidad con el artículo 19 de la Convención Americana, el Estado debe asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas o cuidados especiales orientados en el principio del interés superior del niño», para lo que debe «prestar especial atención a las necesidades y a los derechos de los niños, en consideración a su condición particular de vulnerabilidad» y que «a la luz de las normas internacionales pertinentes en la materia, la referida jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley» deben caracterizarse por disponer «de un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en las distintas fases de la administración de justicia de niños»; construyendo tales argumentos no solo a la luz de los instrumentos vinculantes como la Convención sobre los Derechos del Niño, sino de los no vinculantes, pero sí orientadores, como las Reglas de Beijing, en particular la regla 6.1.
Derechos amplios, no exclusivamente penales
Protección de derechos fundamentales tales como:
Desarrollo en condiciones de libertad y dignidad
Derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad
Alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados
Protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación
Protección contra prácticas discriminatorias
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores («Reglas de Beijing»)
Reglas del Debido Proceso Penal
Lineamientos Político Criminológicos
Así como reglas mínimas para la sustanciación de procedimientos en materia penal
Principios generales básicos para menores que están en prisión preventiva o en ejecución de medidas restrictivas de la libertad
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil («Directrices de Riad»)
Lineamientos político-criminológicos para prevenir la delincuencia de los adolescentes
*Declaración de los Derechos del Niño
Disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración, sin excepción por ningún motivo, ya sea del propio niño o de su familia
Oportunidades y servicios regulados por la normatividad
Miembro útil de la sociedad
Interés superior del niño como principio
Disfrutar plenamente de juegos y recreaciones
*Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores («Reglas de Beijing)
Los Estados procurarán, en consonancia con sus respectivos intereses generales, promover el bienestar del menor y de su familia.
Bienestar del menor adopción de medidas concretas.
Servicios de justicia de menores se perfeccionarán y coordinarán sistemáticamente con miras a elevar y mantener la competencia de sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoques y actitudes adoptados
5.1 Sistema de justicia de menores respuesta proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito.
6.1 Necesidades especiales y diversidad de medidas se facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales
10.2 Autoridad competente examinará sin demora la posibilidad de poner en libertad al menor.
Posibilidad de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a sentencia
Facultados para fallar discrecionalmente
Sin necesidad de vista oficial
Mediante programas de supervisión y orientación temporales
Restitución y compensación a las víctimas
12 Instrucción y capacitación especial
En grandes ciudades contingentes especiales de policía
13.1 Prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible.
13.2 Medidas sustitutorias:
Asignación a una familia
Traslado a un hogar o a una institución educativa
Gozarán de todos los derechos y garantías
Separados de los adultos
Recibirán cuidados, protección y toda la asistencia (social, educacional, profesional, sicológica, médica y física)
Según edad, sexo y características individuales.
17 La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios:
a) Respuesta proporcionada
Circunstancias y la gravedad del delito
Circunstancias y necesidades del menor
b) Restricciones a la libertad personal sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible
c) Sólo privación de libertad en caso de condena por acto grave en el que concurra:
Violencia contra otra persona, o
Reincidencia en cometer otros delitos graves
Siempre que no haya otra respuesta adecuada
Último recurso y por el más breve plazo posible
Capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos penitenciarios
Garantizar cuidado y protección
Desempeñar un papel constructivo y productivo en la sociedad
* Cooperación entre ministerios y departamentos formación académica o profesional al salir no se encuentre en desventaja en el plano de la educación
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos tratamiento de menores delincuentes
La autoridad recurrirá en la mayor medida posible a la libertad condicional y la concederá tan pronto como sea posible
Establecimientos de transición
Hogares educativos
Centros de capacitación diurnos
Otros sistemas pertinentes
Facilitar la adecuada reintegración de los menores a la sociedad
*Convención sobre los Derechos del Niño
*Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad
Encarcelamiento deberá usarse como último recurso.
Sanción determinada por autoridad judicial libertad antes de ese tiempo
Aplicadas sin discriminación
Incorporar las Reglas a la legislación o modificarla en consecuencia y establecer recursos eficaces en caso de inobservancia, incluida la indemnización en los casos en que se causen perjuicios a los menores
Condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores
Derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad
Promover su sentido de responsabilidad
Infundirles actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad.
Juez de ejecución:
La protección de los derechos individuales de los menores por lo que respecta especialmente a la legalidad de la ejecución de las medidas de detención será garantizada por la autoridad competente, mientras que los objetivos de integración social deberán garantizarse mediante inspecciones regulares y otras formas de control llevadas a cabo, de conformidad con las normas internacionales, la legislación y los reglamentos nacionales, por un órgano debidamente constituido que esté autorizado para visitar a los menores y que no pertenezca a la administración del centro de detención.
Ingreso copia del reglamento del centro de detención y una descripción escrita de sus derechos y obligaciones en un idioma que puedan comprender, junto con la dirección de las autoridades competentes ante las que puedan formular quejas, así como de los organismos y organizaciones públicos o privados que presten asistencia jurídica.
Ayuda a comprender:
Reglamentos que rigen la organización interna del centro
Metodología del tratamiento dispensado
Exigencias y procedimientos disciplinarios
Otros métodos autorizados para obtener información y formular quejas
Cualquier otra cuestión que les permita comprender cabalmente sus derechos y obligaciones durante el internamiento
Transporte a costa de la administración
Vehículos debidamente ventilados e iluminados
En condiciones que no les impongan de modo alguno sufrimientos físicos o morales
No serán trasladados arbitrariamente de un centro a otro
Admitido será entrevistado y se preparará un informe psicológico y social
*Tipo y nivel concretos de tratamiento y programa que requiera
Director decidir el lugar más adecuado para la instalación del menor en el centro y determinar el tipo y nivel necesarios de tratamiento y de programa que deberán aplicarse
Tratamiento rehabilitador especial plan de tratamiento individual:
Si el tiempo de permanencia en la institución lo permite
Separados de los adultos a menos que pertenezcan a la misma familia
En situaciones controladas, podrá reunirse a los menores con adultos cuidadosamente seleccionados en el marco de un programa especial cuya utilidad para los menores interesados haya sido demostrada.iones siguientes:
La protección de los derechos individuales de los menores por lo que respecta especialmente a la legalidad de la ejecución de las medidas de detención será garantizada por la autoridad competente, mientras que los objetivos de integración social deberán garantizarse mediante inspecciones regulares y otras formas de control llevadas a cabo, de conformidad con las

References: Artículo 18

Artículo 6

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 7
 artículo 21

Artículo 117

Artículo 57
 artículo 2
 artículo 83
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 68
 artículo 133
 artículo 1
 resolución 
 artículo 192
 artículo 19