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Timestamp: 2019-03-21 20:44:15+00:00

Document:
Republica de costa rica respuesta al cuestionario mesicic / oea – 2da ronda noviembre de 2006 - Página 20
i. Mecanismos de denuncia (por ejemplo: denuncia anónima y denuncia con protección de identidad).
ii. Mecanismos para denunciar amenazas o represalias.
Amenaza a un funcionario público.
DIVISION DE FISCALIZACION OPERATIVA Y EVALUATIVA
AREA DE DENUNCIAS Y DECLARACIONES JURADAS DE BIENES
DENUNCIAS ADMITIDAS - MAYO 2000 A 3 DE NOVIEMBRE DE 2006
c) En caso de que no existan las normas y/o medidas aludidas anteriormente, indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de su sistema institucional, a medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 5 del artículo III de la Convención.
R/ En razón de toda la exposición que antecede, esta pregunta no aplica para ser respondida dentro del presente cuestionario.
SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)
iii. Mecanismos para protección de testigos.
i En Costa Rica existen normas que obligan, a los funcionarios públicos a denunciar, tal es el caso del artículo 281 del Código Procesal Penal que indica en lo que interesa: “Obligación de denunciar: Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones…”.
Además el mismo cuerpo normativo, estatuye en el artículo 278 la facultad de denunciar a cualquier persona “…Quienes tengan noticia de un delito de acción pública podrán denunciarlo al Ministerio Público, a un tribunal con competencia penal o a la Policía Judicial…”
Incluso, el artículo 322 del Código Penal sanciona con el delito de Favorecimiento personal, a quién omitiere denunciar el hecho, estando obligado a hacerlo, expresamente indica “ Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que, sin promesa anterior al delito, delito, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a substraerse a la acción de ésta u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo.”
Es necesario aclarar que las denuncias presentadas ante los Tribunales de Justicia tienen un tratamiento diferente a las presentadas a nivel administrativo, en las primeras no opera la confidencialidad del denunciante, en cuanto a la protección de su identidad por un principio de defensa es necesario que la persona sometida a proceso penal, sea informada de la prueba que hay en su contra. Pero si existen restricción para el acceso al expediente judicial, el cual solo puede ser consultado por las partes involucradas o sus defensores y apoderados judiciales. Las denuncias anónimas en el Ministerio Público no son de recibo, excepto que se indique medios de prueba suficientes para tener por acreditado una noticia criminis, situación que opera en forma similar en las denuncias anónimas presentadas administrativamente, tal y como se indicará a continuación.
El reglamento a Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública, N° 8422, contiene un capitulo dedicado al “poder ciudadano de denuncia”. Reglamento que prevé en los artículos 8 y 9 respectivamente el derecho que posee el ciudadano de denunciar los presuntos actos de corrupción y el deber de los funcionarios públicos de denunciar ante las autoridades competentes los actos corruptos que se generen en la función pública.
En el artículo 8 citado y el 12 del mismo cuerpo normativo, establecen las formas de presentación de la denuncia, teniendo el ciudadano la posibilidad de interponerla de “…forma escrita, verbal o por cualquier otro medio ante las Autoridades…”. Por cualquier otro medio se entiende en la práctica y en el procedimiento para la recepción de denuncias elaborado por la Contraloría General de la República en su punto 7, 7.1, 7.2, 7.3,7.4 y 7.5 , por correo, en forma personal, por escrito, verbal, vía telefónica o por medio de correo electrónico, en igual sentido ver lineamientos de denuncias planteadas ante ese órgano Resolución R- CO-96- 2005, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 238 del viernes 9 de diciembre del 2005 y la Guía Interna para el Trámite de una denuncia de la Procuraduría General de la República de Julio de 2006.
En cuanto a las denuncias anónimas, en principio no se les da trámite, no obstante y de conformidad con el artículo 13 del Reglamento a la Ley 8422, el punto 9 de los Lineamientos de denuncias planteadas ante la Contraloría General de la República, Resolución R- CO-96- 2005 y la Guía Interna para el Trámite de una denuncia de la Procuraduría General de la República, tales denuncias serán atendidas en el tanto aporten elementos de convicción suficientes y se encuentren soportadas en medios probatorios idóneos que permitan iniciar la investigación, caso contrario se archivará la denuncia.
Por otra parte, el ordenamiento jurídico costarricense contempla en varias disposiciones la Garantía de Confidencialidad de las denuncias, tal es el caso del artículo 8 de la Ley 8422 y los numerales 10 y 18 de su Reglamento, así como el artículo 6 de la Ley de Control Interno, el punto 5 de Lineamientos de denuncias planteadas ante la Contraloría General de la República, Resolución R- CO-96- 2005, y el artículo 3 segundo párrafo de la Guía Interna para el Trámite de una denuncia de la Procuraduría General de la República; principio que establece el derecho del denunciante a que una vez interpuesta su denuncia, así como durante e incluso luego de concluido el proceso de investigación, su identidad sea protegida.
No obstante, las autoridades judiciales, podrán solicitar la información, ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada.
ii. En cuanto a los mecanismos para denunciar amenazas o represalias, es necesario aclarar que si bien no existe un proceso específico para los casos de corrupción, nuestro ordenamiento jurídico tipifica genéricamente, como delito el amenazar a un funcionario público, así como a un particular. Dichos delitos se encuentran establecidos en el Código Penal y a continuación se transcriben.
“Artículo 195. Amenazas agravadas. Será sancionado con prisión de quince a sesenta días o de diez hasta sesenta días multa, a quién hiciere uso de amenazas injustas y graves para alamar o amenazar a un persona, si el hecho fuere cometido con armas de fuego, o por dos o más personas reunidas, o si las amenazas fueren anónimas o simbólicas”.
“Artículo 309.—Amenaza a un funcionario público. Será reprimido con prisión de un mes a dos años quien amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente, o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica”
En razón de esta normativa, la persona que se sienta afectada deberá acudir al Ministerio Público e interponer la denuncia. La Fiscalía hará la respectiva investigación y si lo considera necesario solicitará al juez, la imposición de medidas cautelares contra el agresor con el fin de salvaguardar la integridad de la víctima.
En lo referente a las represalias sobre todo, las atinentes al ámbito laboral, a falta de un marco normativo específico se recurre al Código Laboral y a la Ley General de Administración Pública, que establecen una serie de medidas de protección al Trabajador en cuanto a la prestación de servicios.
iii Entre los mecanismos de protección de testigos que la República de Costa Rica tiene establecidos, debe mencionarse en primer lugar el Acuerdo de Cooperación N° 24- CG-04 de fecha 4 de marzo del 2005, suscrito entre el Poder judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo objetivo es, que el Ministerio de Seguridad Pública brinde protección a los fiscales, jueces, defensores públicos, funcionarios judiciales en general y testigos o víctimas en juicios de relevancia, que por la naturaleza de sus testimonios requieran protección especial. Además, se comprometió a elaborar un plan de capacitación de autoprotección para funcionarios judiciales, testigos y víctimas en riesgo debido a amenazas proferidas.
En cuanto al mecanismo para solicitar protección individual, se establece en el acuerdo tercero, que cuando al amparo de este convenio se solicite, deberá hacerse mediante solicitud motivada al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General de la República o a la Jefatura de la Defensa Pública, para que estos la trasladen directamente al Ministro de Seguridad. Por su parte el Ministerio de Seguridad Pública analizará la solicitud y de resultar procedente, la otorgará a través de una resolución razonada, que contenga sucintamente los hechos que motivan esa protección individual, ello con el fin de activar el operativo pertinente. Este operativo será conjunto, entre la Unidad de Intervención Inmediata del Ministerio de Seguridad Pública y la Policía judicial y consiste en determinar el tipo de protección a realizar, los estudios pertinentes, el tiempo en que operará, si es protección personal, en el domicilio, a familiares de jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios judiciales, o bien la protección a testigos y víctimas.
Por otro lado, en la oficina de Atención de la victima del Delito del Ministerio Público, inició, a partir de marzo del 2006, el Programa de Protección de la víctima, testigos, funcionarios judiciales y otros sujetos intervinientes en el proceso penal. Con este Programa se intenta llegar a un sistema mixto, es decir, asistencialista y de protección. Cuando se refiere a asistencialista se incluye la asesoría legal, al atención psicológica y la atención de trabajo social, estás dos últimas ofrecen además el acompañamiento de víctimas en el juicio. Por su parte, la protección se coordina con el Ministerio de Seguridad Pública y ellos deciden que tipo de ayuda pueden dar.
Antes de solicitar la protección se trabaja realizando un filtro para determinar la veracidad del temor, labor que realiza un profesional en psicología. En segundo término la Trabajadora Social realiza una investigación para determinar si la víctima está en condiciones de trasladarse a vivir a otro lugar. Una vez descartadas las situaciones anteriores, se procede a coordinar con el Ministerio de Seguridad Pública, que brindará tres tipos de protección: la policía de proximidad (rondas a través de la policía de la comunidad), el monitoreo telefónico o presencial (cada cierto tiempo se comunican con la persona protegida) y el servicio de guarda espaldas. En este último servicio la persona protegida debe cubrir los gastos de alimentación de los policías.
Como resultados objetivos de los programas de protección se mencionan:
1.- Se han atendido casos en todas las provincias y se coordina desde la oficina ubicada en el Primer Circuito Judicial de San José.
2.- En el curso del 2006 hasta el 7 de noviembre, se ha tramitado la protección de 78 personas, lo cual demandó un total de 544 atenciones, ya sea legales, piscológicas, administrativas, o bien del programa de protección.
3.- En el 2005 solo se atendieron 2 casos de protección.
4.- En el periódo comprendido entre el 2000 y 2004 no se atendió ningún caso de protección, porque únicamente se aplicó un modelo asistencialista ya que en ese entonces no existía el programa de protección.
5.- La mayor limitación ha sido el tiempo de respuesta por parte del Ministerio de Seguridad Pública (varía de 1 a 10 días)
6.-A partir de abril del 2006, la oficina de Atención a la Víctima, inició el proceso de receptación y registro de la información, se espera a corto plazo generar datos estadísticos al respecto.
7.- El programa necesita más recursos económicos y humanos, tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio de Seguridad Pública.
8.- La Oficina de Atención a la Víctima del Delito, no ha recibido solicitudes de protección originadas en causas de delitos de corrupción.
Por último, es necesario indicar que actualmente se encuentra en la corriente Legislativa un proyecto de Ley llamado “Ley para proteger e incentivar a los ciudadanos a combatir la corrupción en la función pública”, expediente legislativo N° 15 745, en estudio en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Desde el mes de abril del 2004, fecha en que inició labores la Procuraduría de la Ética Pública, ha recibido, hasta el día 1° de noviembre, un total de ciento veintinueve denuncias contra funcionarios públicos por actos de corrupción o falta de transparencia en el ejercicio de su función. En todas y cada una de ellas se ha velado por el fiel cumplimiento de la Garantía de confidencialidad del denunciante de buena fe, y hasta le momento no se ha presentado en ninguna de las investigaciones, amenazas o represalias contra los denunciantes, siendo por ende innecesario aplicar alguna medida o mecanismo para la protección de testigos.
. Durante el año 2004, la Procuraduría de la Ética Pública, (año de su creación) atendió e investigó 47 denuncias por actos de corrupción. Siendo que para el año 2005, esta cantidad disminuye para un total de 29. Sin embargo hasta el día 1° de noviembre del año en curso la Procuraduría ha dado trámite a 53 denuncias.
Del total de 47 denuncias presentadas durante el periodo comprendido entre el abril a mes de diciembre del año 2004, un 73% fue desestimada por las causas que expresamente indica el artículo 17 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción, un 4% de las denuncias se les realizó recomendaciones a los órganos denunciados, pues si bien no se logró demostrar con la investigación la concreción de un delito, se consideró conveniente que la institución tomaran medidas tendientes a que sus funciones se realicen de manera más transparente. Un 2% por ciento de las denuncias, fueron enviadas a la Fiscalía, al determinar la investigación preliminar que existían indicios suficientes para que se abriera una causa penal contra el denunciado. El 4% restante de la totalidad de las denuncias fueron redirigidas a otros órganos o instituciones que poseen por el contenido propio de la denuncia, competencia para tramitarlas.
Tal y como arriba se indicó, en todos los casos se resguardó la confidencialidad del denunciante de buena fe y no fue necesario aplicar alguna medida de seguridad para resguardad la integridad de este.
Tal y como se demuestra con el gráfico, para el periodo 2005, se recibieron un total de 29 denuncias de las cuales un 37% de ellas fueron archivadas o desestimadas, a un 14% se les realizó alguna recomendación, otro 14% fueron redirigidas a otras instituciones, 21% fueron declinadas y el 14% restantes aún se encuentran en la fase de investigación. Siempre se mantuvo el resguardo de la identidad del denunciante y no fue necesario aplicar algún mecanismo para proteger a testigos o al mismo denunciante.
Desde inicios de este año y hasta el 1° de noviembre pasado la Procuraduría de la Ética Pública ha recibido 53 denuncias, siendo que la mayoría de ellas, un 64% por ciento aún se encuentran en investigación, con el fin de valorar la existencia o no de actos de corrupción o falta de transparencia en que haya incurrido algún funcionario público. Hasta el momento no se ha requerido tomar medidas para proteger a testigos o al denunciante por amenazas o represalias propinadas contra ellos. Además de guardas la confidencialidad de los mismos.
Por su parte la Contraloría General de la República ha desarrollado la siguiente estadística con respecto a las denuncias recibidas del año 2000 hasta el 3 de noviembre del 2006, así como el estado de las solicitudes de estudio y denuncias recibidas en el año 2006.
CUADRO ACUMULADO

References: artículo 281
 artículo 278
 artículo 322
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 17