Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018s/se201831042.html
Timestamp: 2019-09-15 21:09:29+00:00

Document:
se201831042
Sentencia Nº 42
Expediente : 135/2016-CA
Demandante : Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional
Resolución Impugnada : AGIT-RJ 0293/2016 de 21 de marzo de 2016
Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por la Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0293/2016 de 21 de marzo de 2016, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 3 a 7, la notificación a tercero interesado de fs. 112, la respuesta de la entidad demandada de fs. 48 a 61, la réplica de fs. 75 a 76 vta., la dúplica de fs. 79 a 81 vta., el decreto de Autos de fs. 114, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;
Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, representada por su apoderado Luis Carlos Paz Rojas, se apersona a este Tribunal, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0293/2016, de 21 de marzo, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y la confirmación y subsistencia de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-N° 023/2015, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, con los argumentos siguientes:
Acusa que la entidad demandada concentra toda su argumentación en la supuesta falta de valoración de las pruebas aportadas por el sujeto pasivo, específicamente a los puntos 2), 3 y 4) de la nota de descargo presentada por la ADA Transoceánica SRL; sin tomar en cuenta que esa agencia despachante de aduana no fue la entidad que usó el recurso de alzada, sino la empresa MABER SRL., en consecuencia señala que la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0293/2016, vulnera la Ley 2341 en su art. 13 y art. 67 de su reglamento, al emitir fallos con relación a un sujeto pasivo que no se halla legitimado conforme al art. 117 del D.S. 27113; arguye que se demostró que la resolución impugnada no cumple con la motivación y fundamentación pertinente, en vista que se basa en antecedentes que no han sido activados por el legitimado usuario del servicio de la AIT, remarcando que los puntos 2, 3 y también fueron presentados por el operador MABER SRL.; reclamada oficiosamente por la ARIT y la AGIT que hacen mención a la ADA Transoceánica en sus resoluciones, fue evaluada y considerada en forma previa a la emisión del Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-C-Nº 002/2015 de 28/04/2015 y antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria GRCGR-ULER-Nº 023/2015.
Alega que, no es evidente que la Aduana Nacional haya infringido el debido proceso o haya dejado en indefensión al operador MABER SRL., porque los puntos 2, 3 y 4 sujetos a evaluación; y que la Autoridad de Impugnación Tributaria alega desconocimiento; fueron en su momento evaluados y considerados conforme a las reglas y parámetros establecidos en los arts. 80 y 81 de la Ley 2492.
La AGIT hace especial énfasis en los puntos viii y ix de la relación entre la administración aduanera y el sujeto pasivo y pese a que establece que la Aduana Nacional efectivizó la valoración de las pruebas de descargo -según su entender- se desvirtúa el argumento aduanero. Manifiesta que la ARIT y la AGIT, no comprendieron que cuando en la resolución sancionatoria impugnada se transcribe parte de la normativa como respuesta y sustento de la valoración de descargos; es que esa es la única forma en la que la Administración Pública puede desvirtuar un hecho formulado por el sujeto pasivo o administrado. Argumenta que la dimensión del ámbito público administrativo tiene su razón de ser en la aplicación irrestricta de la ley, no en su interpretación, alega que por ese motivo, en las resoluciones administrativas, la valoración de descargos presentados se refiere a una contrastación con el derecho aplicado y si de esta contrastación emerge una divergencia (subsanable o insubsanable), la única posibilidad que le queda a la Administración Pública, es aplicar la sanción que la misma ley prevé; aduce que esa es la labor de la administración aduanera, bajo los preceptos de la legitimidad y legalidad que se presumen son propios de su actuación, al amparo del art. 65 de la Ley N° 2492, la administración aduanera alega que no existe ningún vicio de nulidad que impida a la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-Nº 23/2015 cumplir con la finalidad para la que fue dictada.
Con los fundamentos descritos precedentemente, solicitó se dicte sentencia y se declare probada la demanda “y consecuentemente se revoque la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0293/2016 de 21 de marzo de 2016, confirmando y declarando subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR-Nº 23/2015.”
Que admitida la demanda mediante decreto de 20 de junio de 2016, cursante a fs. 10, es corrida en traslado a la autoridad demandada quien fue legamente citado, apersonándose por escrito de fs. 48 a 81, el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria respondiendo negativamente la demanda con los argumentos siguientes:
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, ratifica todos fundamentos técnico legales expresados en su Resolución AGIT-RJ 02293/2016 de 21 de marzo, negando que se haya vulnerado algún derecho del sujeto activo, haciendo énfasis en que la demanda incumple con los requisitos esenciales para su interposición, contraviniendo lo establecido en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, señala que más aún si se considera que la parte demandante tiene la carga procesal de establecer la existencia de violación expresa de la ley por parte de AIT, así como fundar la interpretación errónea o aplicación indebida de la ley para para perseguir la aplicación correcta de la normativa legal, aspectos legales que señala, no fueron cumplidos por el demandante, quien se limita señalar y transcribir antecedentes administrativos y normativa aplicable, sin exponer los motivos técnico jurídicos que le llevaron a interponer su demanda contra la AGIT, no siendo suficiente argüir y repetir que la resolución jerárquica impugnada le genera agravios y lesiona sus derechos; manifiesta que es por ello que, la presente demanda planteada se constituye en un recurso insuficiente, impreciso, carente de relevancia jurídica dentro del presente proceso de puro derecho, pues no realiza la fundamentación pertinente de agravios ni una crítica jurídica al fallo recurrido, continua argumentando que la Autoridad de Impugnación Tributaria es un Tribunal Especializado administrativo que garantiza la transparencia, la imparcialidad y el debido proceso, en ese sentido el hecho de aplicar la norma conforme los antecedentes del proceso y los argumentos de las partes, no puede ser considerado como que la AGIT aplicó incorrectamente la norma y vulneró el derecho del ahora demandante; asimismo deja en claro que, por la mala aplicación de la normativa vigente, es la propia administración tributaria aduanera quien estaría causando un perjuicio y provocando costos administrativos innecesarios por no aplicar de manera correcta la ley; señala que todos los argumentos expuestos en la demanda no demuestran de que forma la forma la Autoridad General de Impugnación Tributaria habría lesionado derechos del ahora demandante.
En mérito a lo expuesto solicitó declarar improbada la demanda contenciosa administrativa y se mantenga firme la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0293/2016 de 21 de marzo.
La Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, con memorial de fs. 75 a 76 vta., formulo réplica, reiterando los términos de su demanda.
Por su parte, en la dúplica de fs. 79 a 81, la AGIT observando que la administración aduanera no valoró las pruebas presentadas por ADA Transoceánica SRL., aclarando que solo se hizo referencia pero no se procedió a su análisis y valoración de la prueba adjunta, ni a efectos de descartar la misma debido a que el análisis realizado en su informe se circunscribe básicamente a cita de la normativa relaciona a la presentación del permiso de inocuidad alimentaria de importación, obligación que debe ser cumplida antes a la presentación de declaración de mercancías.
Que, la administración aduanera notificó el 2 de marzo de 2015 a MABER SRL., con el acta de diligencia de control diferido AN-GRCGR-UFICR-CD Nº 047-1/2015, correspondiente a la Orden de Control Diferido 2015-CD-GRCB-48-1 para la verificación del cumplimiento de la normativa aplicable a la DUI C-5075, de 1 de febrero de 2013, señalando que realizada la evaluación de la documentación soporte de dicha DUI, se evidenció que el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación emitido por el SENASAG, registra fecha, sello y firma del inspector de frontera de 15 de febrero de 2013, posterior a la fecha de aceptación de la DUI, incumpliendo el artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870; solicitando al importador una explicación complementaria escrita, documentos y otras pruebas a ser presentada en el plazo de tres días, a partir de la fecha de su notificación.
En respuesta la citada empresa, MABER SRL., presentó el 10 de marzo de 2015, mediante nota, la documentación de descargo, misma que evaluada por la aduana, no desvirtuó la observación realizada, sobre la fecha del referido permiso de inocuidad, es decir, su presentación catorce días después de la fecha de aceptación de la DUI C-5075; estableciendo la administración aduanera la existencia de indicios de la comisión de contravención tributaria por contrabando al no contar con el Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación emitido por el SENASAG vigente para despacho aduanero, incumpliendo el artículo 119 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, la Administración aduanera.
El 1 de septiembre de 2015, la Administración Aduanera notificó al representante de la empresa MABER SRL., con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 023/2015 de 31 de julio de 2015, fs. 12 a 30 (anexo 1 de antecedentes administrativos), que resolvió declarar probada la comisión de contrabando contravencional, en aplicación de los artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB); consiguientemente, estableció la sanción económica con el pago de la multa correspondiente al 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando determinado en el Acta de Intervención Nº AN- G RCBA-C-002/2015; asimismo, la responsabilidad solidaria e indivisible de la ADA Transoceánica SRL., por realizar el trámite de la DUI C-5075 con la presentación del Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación Nº 088571, de 15 de febrero de 2013, emitido por SENASAG con fecha posterior a la citada DUI.
Esta resolución fue objeto del recurso de alzada interpuesto por el representante legal de la empresa MABER SRL. ( fs. 35 a 49, del anexo 1 de antecedentes administrativos), que mereció la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0975/2015 de 30 de diciembre 15 de diciembre (fs. 125 a 132), que resolvió anular la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 023/2015 de 31 de julio de 2015, instruyendo a la administración aduanera emitir un nuevo acto, fundamentado y una valoración individual de los descargos presentados por la ADA Transoceánica SRL.
En conocimiento de la resolución de alzada, Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, interpuso recurso jerárquico (fs. 138 a 143 vta., del anexo 1 de antecedentes administrativos), misma que fue resuelto con el pronunciamiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 293/2016 de 21 de marzo, (fs. 163 a 173, del anexo 1 de antecedentes administrativos), en la que la AGIT confirmó la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0975/2015 de 30 de diciembre.
De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída a juicio de éste Tribunal se circunscribe a determinar, si en el pronunciamiento de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0293/2016, se vulnera la Ley 2341 en su art. 13 y art. 67 de su reglamento, al haberse emitido un fallo con relación a un sujeto pasivo que no se halla legitimado conforme al art. 117 del D.S. 27113; toda vez que según la entidad demandante la ADA Transoceánica no fue entidad que hizo uso del recurso de alzada sino la empresa Maber, aspecto que mostraría que dicha resolución no cumple con la motivación y fundamentación pertinente, en vista que se basa en antecedentes que no han sido activados por el legitimado usuario del servicio de la AIT.
Sobre la acusación de la vulneración de la Ley N° 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), en su art. 13 y arts. 67 y 117 de su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 27113, al haberse emitido pronunciamiento en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0293/2016, con relación a un sujeto pasivo que no se hallaría legitimado, a cuyo efecto corresponde precisar que del análisis de la normativa acusada se evidencia que la LPA en su art. 13, está referida a la figura de la representación, por la cual se establece que toda persona que formule solicitudes a la Administración Pública podrá actuar por sí o por medio de su representante o mandatario debidamente acreditado, por su parte, el art. 67 del D.S. 27113 corrobora el señalado art. 13 de la LPA y amplía la figura de la representación de las comunidades campesinas y organizaciones territoriales de base, que se podrán acreditar a través de la presentación de actas o instrumentos legales conforme a ley, asimismo el art. 117 del señalado decreto supremo establece la figura de la legitimación en materia administrativa en general, por la cual los recursos sólo podrán ser deducidos por quienes invoquen un derecho subjetivo o interés legítimo lesionados, de manera actual o inminente, por el acto objeto de impugnación, fundamentándose en razones de ilegitimidad por vicios de nulidad o anulabilidad existentes al momento de su emisión.
Conforme la evidencia normativa, se puede advertir que tanto el art. 13 de la LPA, como el art. 67 del D.S. 27113 discurren en su contenido sobre la figura de la representación, precisando el derecho de toda persona para formular solicitudes a la administración pública, actuando para este fin por sí mismo o por medio de su representante o mandatario debidamente acreditado, evidenciándose de revisión de antecedentes administrativos que quien accionó el recurso de revocatoria en fase impugnatoria administrativa fue la empresa MABER SRL., adecuadamente apersonada y planteada por su apoderado Oscar Raúl Gonzales Flores con C.I. 3774517 Cbba., empresa directamente afectada por los efectos jurídicos de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 023/2015 de 31 de julio de 2015, no evidenciándose como consecuencia vulneración alguna de la autoridad jerárquica en la aplicación del artículo 13 de la LPA, por otra parte, la representación de las comunidades campesinas y organizaciones territoriales de base previsto por el art. 67 del D.S. 27113, patentiza de revisión de antecedentes administrativos que la autoridad jerárquica no aplicó dicha normativa, no advirtiéndose como consecuencia la vulneración atribuida por la entidad demandante sobre dicho articulado.
En relación a que la ADA Transoceánica no fue entidad que hizo uso del recurso de alzada sino la empresa MABER SRL., aspecto que incidiría en la atribuida vulneración del art. 117 del ya señalado decreto supremo, mismo que prevé la figura jurídica de la legitimación, instituyendo que los recursos interpuestos ante la administración pública sólo podrán ser planteados por quienes invoquen un derecho subjetivo o interés legítimo lesionados, de manera actual o inminente, por el acto objeto de impugnación; denotándose de la revisión de antecedentes administrativos que la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR Nº 023/2015 de 31 de julio de 2015, emitida por la propia administración aduaneras, en su acápite segundo resuelve declarar la responsabilidad solidaría e indivisible por contrabando contravencional, de la Agencia Despachante de Aduanas (ADA) Transoceánica SRL., por la realización de trámite de importación de la DUI 2013/301/C-5075 de 1 de febrero de 2013, para su comitente empresa MABER SRL., en aplicación del art. 47 de la Ley General de Aduanas N° 1990.
El art. 47 de la Ley General de Aduanas N° 1990 establece que el Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes; la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las operaciones aduaneras.
Por otra parte resulta congruente convenir que, el Código Tributario Boliviano Ley N° 2492, establece de manera expresa y específica en sus arts. 22 y 23 numeral 2, al sujeto pasivo y contribuyente como parte de la relación jurídica tributaria, estableciendo como sujeto pasivo al contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el Código Tributario y las leyes, asimismo define al contribuyente como al sujeto pasivo respecto del cual se verifica el
hecho generador de la obligación tributaria y que dicha condición puede recaer, en las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho.
En este contexto, corresponde establecer que la solidaridad constituye una excepción a los principios del derecho común, los cuales indican una repartición de la deuda entre los obligados y del crédito entre los acreedores; tratándose de un supuesto de excepción no hay solidaridad tácita o inducida por analogía, requiriéndose, para admitirla, una voluntad explícita de las partes o una decisión inequívoca de la ley; dada la característica “ex lege” del derecho tributario, la solidaridad prevista para el presente caso se enmarca en dicho principio de legalidad.
Otro aspecto a ser tomado en cuenta en el análisis es la unidad de la obligación solidaria, como una característica común de esta modalidad de obligaciones con pluralidad de sujetos, donde el deber de prestar de todos los deudores, o la pretensión de todos los acreedores, deriva del mismo título o hecho justificante, si no fuera así, no podría hablarse de una única obligación, sino de obligaciones distintas derivadas de títulos distintos; ahora bien, en el caso de autos, se advierte que tanto MABER SRL., y ADA Transoceánica al constituirse en codeudores solidarios de una misma obligación común por mandato de la ley, les correspondía que, en defensa de sus derechos, ambos sujetos pasivos quedaban obligados a presentar sus descargos dentro del proceso, a efecto de desvirtuar o enervar las imputaciones comunes atribuidas a ambas empresas por la administración aduanera, aspecto que evidentemente aconteció.
En conocimiento del Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-002/2012, la ADA Transoceánica SRL., el 3 de junio de 2015, dentro el plazo previsto por el art. 98 de la Ley Nº 2492, presentó ante la administración aduanera, sus descargos con documentación adjunta; a cuyos descargos la administración aduanera mediante Informe AN-GRCGR-UFICR-091/2015, se limita a la cita de la normativa relacionada al permiso de inocuidad alimentaria de importación, sin hacer mención alguna a los puntos 2), 3) y 4) de la nota de descargo presentada por la ADA Transoceánica SRL., y mucho menos a la documentación aparejada a la citada nota, es decir sin mencionar ni analizar los argumentos y documentos presentados por la citada ADA, en cuanto al Compromiso de no Comercialización de Producto Importado Nº 01/01, el Informe Técnico de Inspección Sanitaria a Importaciones Nº 049835 y la Nota CITE:IA-JDC-02-088-15 emitida por el SENASAG, sin efectuar un análisis puntual e individual de todas las argumentaciones planteadas, y menos aún emitir un pronunciamiento sobre la documentación aparejada, aspecto que evidencia que dichos descargos no fueron valorados de acuerdo a ley por la administración aduanera.
Conforme lo examinado, se advierte que la autoridad jerárquica estaba compelida por efectos de la solidaridad y en aplicación al principio de verdad material, a observar la omisión de valoración en la que incurrió la administración aduanera, aspecto que fue correctamente verificado por la autoridad jerárquica en su resolución impugnada, resolviendo confirmar la anulación de obrados dispuesta por el Recurso de Alzada ARIT-CBBA/RA 0957/2015, por vulneración del art. 115, parágrafo II, de la Constitución Política del estado, en su elemento derecho a defensa, no denotándose como consecuencia la vulneración del art. 117 del Decreto Supremo N° 27113, por falta de legitimación de ADA Transoceánica SRL, ni ser evidente la falta de motivación y fundamentación alegada por la entidad demandante, aspecto que demuestra a contrario el correcto proceder de la entidad demandada, al confirmar el fallo de alzada.
Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por la Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, representada por su apoderado representada por su apoderado Luis Carlos Paz Rojas, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0293/2016, de 21 de marzo, deviene en improbada, al no haberse demostrado que la resolución impugnada contenga vulneración de la Ley N° 2341 en su art. 13 y arts. 67 y 117 del D.S. 27113.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC, art. 2-2 de la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa de fs. 3 a 7, presentada por la Gerencia Regional Cochabamba Aduana Nacional, representada por su apoderado Luis Carlos Paz Rojas, demandando la revocatoria de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0293/2016, de 21 de marzo, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria; consiguientemente se mantiene firme y subsistente la resolución impugnada, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

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 artículo 119
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