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Timestamp: 2019-11-17 19:42:39+00:00

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Articulo 1 y 14 - Página 5
ARTICULO 133 Bis.
10.-El Comité expresó preocupación en sus conclusiones anteriores sobre la figura del “arraigo penal” e instó al Estado parte a que garantizara que dicha figura desapareciera tanto en la legislación como en la práctica, a nivel federal y a nivel estatal.
a) Proporcionen información sobre las causas y bases jurídicas para elevar la figura del arraigo a nivel constitucional con la reforma tratándose de delincuencia organizada, teniendo en cuenta las anteriores recomendaciones del Comité, así como las preocupaciones expresadas por otros mecanismos internacionales de derechos humanos y la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2005 respecto a esta figura. Sírvanse a indicar si se ha llevado a cabo algún tipo de valuación sobre la figura del arraigo que tenga en cuenta las observaciones del Comité al respecto.
El arraigo tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la averiguación previa o durante el proceso penal; en éste último caso cuando se trate de delitos imprudenciales o de aquéllos en los que no proceda la prisión preventiva.
La Reforma Constitucional de Justicia Penal y de Seguridad Pública de 2008 limitó el ámbito de aplicación del arraigo únicamente para delitos graves y de delincuencia organizada (éstos últimos del ámbito federal), y lo sujetó a estrictos controles legales: sólo podrá ser dictado por una autoridad judicial federal especializada en la materia, a petición del ministerio público de la Federación, cuando sea estrictamente necesario para el éxito de la investigación, al ofrecer oportunidad a la fiscalía de integrar una acusación correctamente soportada, ya que en materia de delincuencia organizada los elementos probatorios de la acusación son complejos y de difícil obtención o por la certeza de una posible sustracción de la acción de la justicia; es por ello que las personas deben permanecer bajo custodia.
Los procedimientos legales a los que se encuentran sujetos los arraigados durante su estancia en el Centro de Investigaciones Federales, son vigilados en todo momento por un agente del ministerio público de la federación adscrito al mismo (ajeno a la averiguación previa de la que deriva la medida cautelar), quien en todo momento supervisa que la elaboración de los registros sean de acuerdo a los lineamientos legales correspondientes.
Criterios del Poder Judicial de la Federación.
En enero de 1999, el Poder Judicial de la Federación sostuvo en la tesis I.1º.P J/12 que el arraigo no afecta la libertad personal propiamente dicha, sino tan sólo la libertad de tránsito del destinatario de tal medida cautelar, prevista en el artículo 11 constitucional, y que por lo tanto, se podría incorporar en la ley secundaria.
En noviembre de 1999, dicho argumento fue superado por la contradicción de tesis 78/99, al establecerse que el arraigo constituye una afectación de la libertad personal al traer como consecuencia la inmovilidad de la persona en un inmueble y, por tanto, es un acto que puede ser susceptible de suspensión.
La jurisprudencia anteriormente citada previó la posibilidad del otorgamiento de la suspensión en los juicios de amparo que se presentaran en contra de la orden de arraigo, más no se pronunció respecto de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad.
El 19 de septiembre de 2005, en sesión plenaria la SCJN se declaró, por mayoría de 8 votos, la inconstitucionalidad del artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua, el cual prevé la medida cautelar del arraigo, por ser violatoria de la garantía de libertad prevista en el artículo 16 constitucional, al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2003 presentada por el Congreso de dicha entidad.
La argumentación principal de esa resolución se centra en señalar que el arraigo no se limita a una restricción de la libertad de tránsito, sino que al obligársele a una persona a permanecer en un inmueble sin posibilidad alguna de abandonarlo, se le inmoviliza y, por ende, la medida cautelar se traduce en una privación efectiva de la libertad.
Por el contrario, tres Ministros sostuvieron una posición diversa, al considerar que el arraigo es una medida restrictiva de la libertad de tránsito.
Si bien dicha resolución de la SCJN no constituyó jurisprudencia, puesto que, conforme con el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM, no son coincidentes las razones contenidas en los considerandos que fundaron los resolutivos de la sentencia, sí constituye un precedente importante en la materia, que propició dos tesis aisladas con criterios sobre la afectación de arraigo a la libertad de tránsito y a la libertad personal.
Legislación federal vigente.
En el artículo 2, fracción III del Código Federal de Procedimientos Penales se faculta al ministerio público federal a solicitar a la autoridad jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la averiguación previa, así como las órdenes de cateo que procedan.
Asimismo, se establece en el artículo 133 bis, que la autoridad judicial podrá decretar el arraigo domiciliario del indiciado a petición del ministerio público, tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. El arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de cuarenta días.
Por su parte, el artículo 205 del mencionado ordenamiento procesal faculta al órgano jurisdiccional para disponer de oficio, con audiencia del imputado, el arraigo de éste durante el proceso penal, con las características y por el término constitucional en que éste deba resolverse.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 12, contempla el arraigo respecto a este tipo de delincuencia, estableciendo que el juez podrá dictar, a solicitud del ministerio público de la Federación y con las modalidades de lugar, tiempo, forma y medios de realización señalados en la solicitud, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas, de bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta días y se realice con la vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el ministerio público de la Federación y la policía que se encuentre bajo su conducción y mando inmediato en la investigación. La duración del arraigo podrá prolongarse siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que la duración total de esta medida precautoria exceda de ochenta días.
Cabe señalar que con motivo de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, diversas entidades federativas han incorporado el sistema procesal acusatorio, eliminando la figura del arraigo para delincuencia convencional en fase de investigación desformalizada. Sin embargo, algunas de esas entidades federativas, como Zacatecas, conservan una figura similar denominada “arraigo o detención domiciliaria” en la fase del proceso penal, dictada por el Juez de Control con la diferencia de que respeta la garantía de audiencia del imputado. Finalmente, es importante comentar que otras entidades federativas con modelo acusatorio como Morelos, contemplan el arraigo tratándose de delincuencia organizada.
Otras entidades como el Distrito Federal, que no han implementado el sistema procesal acusatorio, actualmente conservan dicha figura, tanto para delincuencia organizada como para delitos graves.
Lo precedente, de conformidad con el artículo 11 transitorio del decreto del 18 de junio, pues en él se dispone que en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del ministerio público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días, siempre que la medida sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia; por lo que mientras se llevan a cabo los respectivos trabajos de reforma legislativa federal o local correspondientes, el arraigo se puede aplicar en esta hipótesis.
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, en materia de arraigo presentaron la siguiente justificación y motivación, necesaria para guiar y comprender el sistema procesal penal acusatorio5:
“…Arraigo. Una propuesta novedosa, sin duda, es la de incorporar a la Constitución una medida cautelar para evitar que el imputado pueda evadirse de la autoridad ministerial en un primer momento y de la judicial ulteriormente, o bien, que pueda obstaculizar la investigación o afectar la integridad de las personas involucradas en la conducta indagada.
Es claro que la creciente organización de la delincuencia, incluso transnacional, ha puesto en algún nivel de riesgo las clásicas instituciones jurídico-procesales, por lo que el legislador ha ampliado el espectro de medidas eficaces para contrarrestar su impacto en la percepción de inseguridad pública, una de éstas es el arraigo.
Esta figura consiste en privar de la libertad personal a un individuo, por orden judicial, durante un período determinado, a petición del ministerio público, durante la investigación preliminar o el proceso penal, a fin de evitar que el imputado se evada del lugar de la investigación o se oculte de la autoridad, o afecte a las personas involucradas en los hechos materia de la indagatoria. Existe el arraigo en el domicilio físico del investigado o el que se cumple en un lugar distinto, inclusive de la demarcación donde reside, el primero se ha utilizado para delitos calificados como graves por la ley y el segundo sólo para presuntos miembros de la delincuencia organizada, siempre con autorización judicial previa.
La medida es de suma utilidad cuando se aplica a sujetos que viven en la clandestinidad o no residen en el lugar de la investigación, pero sobremanera cuando pertenecen a complejas estructuras delictivas que fácilmente pueden burlar los controles del movimiento migratorio o exista una duda razonable de que en libertad obstaculizarán a la autoridad o afectarán a los órganos y medios de prueba, y contra los que no puede obtenerse aún la orden de aprehensión, por la complejidad de la investigación o la necesidad de esperar la recepción de pruebas por cooperación internacional.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ejecutoria en la acción de inconstitucionalidad 20/2003 promovida por legisladores del estado de Chihuahua en contra del Congreso y el gobernador de aquél estado, por la cual declaró la invalidez del artículo 122 bis del otrora vigente Código de Procedimientos Penales local, argumentando en lo esencial que constituye una restricción de la garantía de libertad personal, no prevista en la Constitución General de la República, lo que resulta inadmisible, en atención al principio previsto por el artículo 1° de la misma, el cual prescribe que las excepciones a las garantías deben contenerse en la propia Constitución.
En ese sentido, se propone que se incorpore en el artículo 16 constitucional el arraigo exclusivamente para casos donde se investigue el delito de delincuencia organizada, fijando los casos de procedencia, la autoridad que lo solicita y quién lo autoriza, la temporalidad por la que puede ser otorgado, la opción de que el juez determine el lugar y demás condiciones de ejecución, la posibilidad de prórroga hasta por un término igual, y la justificación para ello, con lo cual se satisfacen los extremos de una excepción a la garantía individual de libertad personal.
De ahí que se dictamina procedente la propuesta de incorporar la figura del arraigo para investigaciones y procesos seguidos por el delito de delincuencia organizada, en este último caso, cuando no subsista la prisión preventiva, en los términos y condiciones que el juez establezca, de conformidad con la ley de la materia, así como por la temporalidad de hasta cuarenta días y con opción a prórroga hasta por otros cuarenta días, siempre que sigan vigentes las circunstancias que justificaron su autorización inicial.
Finalmente, y como un aspecto independiente de los relativos al régimen de transición para la aplicación del nuevo sistema, se prevé un artículo décimo transitorio dedicado a regular el arraigo domiciliario.
El carácter de transitoriedad de esta medida cautelar, estriba en el hecho de que su existencia es considerada como incompatible o innecesaria dentro de los sistemas penales acusatorios.
No obstante, es necesario reconocer que su desaparición inmediata privaría a las autoridades de procuración de justicia, federal y locales, de una herramienta que actualmente está prevista en la mayoría de los códigos adjetivos y, por tanto, debe subsistir al menos hasta que entre en vigor el sistema procesal acusatorio.
Para evitar que la utilización indiscriminada de esta medida, se ha considerado pertinente establecer en el propio transitorio las hipótesis precisas para su procedencia, así como el máximo de su duración…”
En cuanto a la resolución de la SCJN en torno a la figura del arraigo, cabe señalar que la misma se realizó de manera previa a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, donde entre otras cosas se eleva a rango constitucional dicha figura en tratándose de delincuencia organizada. Es decir, la resolución de la SCJN se emitió con anterioridad a la existencia de la reforma constitucional, cuando aún no era constitucional la aplicación de esta figura en tratándose de delincuencia organizada.
En septiembre de 2005, la CNDH celebró la resolución de la SCJN al declarar la inconstitucionalidad de los arraigos domiciliarios de tipo penal, ya que su uso cotidiano y de manera muy irregular vulnera los derechos humanos y contraviene la presunción de inocencia de los indiciados. La CNDH expresó su deseo de hacer extensiva esta resolución a todo el país y no solo en el estado de Chihuahua, como lo es actualmente, ya que la aplicación de dicha figura jurídica, empleada por diversas procuradurías para mantener bajo custodia por largos periodos a presuntos delincuentes contra los que no existen pruebas suficientes para consignarlos de inmediato ante un juez, permite toda clase de abusos por parte de los elementos policíacos, los cuales quedan en la impunidad.
b) Por favor proporcionen información sobre si se han realizado esfuerzos hasta la fecha para ajustar la definición de delincuencia organizada a la contenida en la Convención Internacional sobre el Crimen Organizado.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en su artículo 2, en el inciso a), en relación con el c), señala:
“…Definiciones. Para los fines de la presente Convención: a) Por "grupo delictivo organizado" se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;…c) Por "grupo estructurado" se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada…”
Durante el proceso legislativo, con motivo de la reforma constitucional publicada en el DOF del 18 de junio de 2008, se estableció:
“…Definición de delincuencia organizada. Desde la década de los años noventa, cuando se incorporó por primera ocasión el concepto "delincuencia organizada" en la Constitución, se tuvo el objetivo de establecer reglas particulares y en ocasiones excepciones a las disposiciones aplicables a la generalidad de los sujetos a procedimientos penales, derivado de la necesidad de contar con nuevas y más contundentes herramientas jurídicas que permitiesen a las autoridades responsables de la investigación, persecución y sanción de los miembros de verdaderas empresas delictivas, que venían adquiriendo mucho mayor influencia y poderío que las clásicas asociaciones delictivas.
Por desgracia, ese fenómeno delictivo ha seguido creciendo exponencialmente, no sólo en México, sino a nivel global, lo que impulsó a la comunidad internacional a generar una convención que estableciera, homologara y coordinara los mecanismos de combate a ese tipo de delincuencia, que pone en riesgo la soberanía y viabilidad de los Estados; así se convino y ha entrado en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, también conocida como Convención de Palermo, por la ciudad en que fue realizada la misma. México ha ratificado esta Convención y es un Estado parte.
La referida Convención contempla medidas de diferente naturaleza, pero específicamente reglas para la investigación, persecución y sanción de esa delincuencia que por su fortaleza implican modalidades y acotaciones a las tradicionales libertades conferidas a un imputado en un proceso penal, en la legislación procesal, por lo que nuestro país optó por establecer la mayoría de las reglas particulares para ese delito en la ley especial que el Congreso de la Unión expidió, y sólo en algunos casos las elevó a nivel constitucional.
Aun cuando la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de algunos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ha sido en el sentido de que se ajustan a las garantías individuales, por tanto constitucionales, es cierto que al acentuarse de manera notable el carácter acusatorio del procedimiento penal delineado, al incorporarse explícitamente diversos principios y derechos fundamentales, que hasta ahora sólo se advertían implícitamente en la Carta Magna, es necesaria la incorporación de algunas reglas particulares aplicables a los casos de delincuencia organizada, que vienen a constituir alguna restricción a las garantías, a efecto de atender puntualmente lo previsto por el artículo 1° de la Constitución en el sentido de que las excepciones a los derechos fundamentales reconocidos por ella deben contenerse en la misma, consecuentemente se incrementan las referencias a la delincuencia organizada a lo largo de los artículos de la parte dogmática, así que es pertinente, en aras de la claridad que debe tener la norma suprema, para hacerla asequible a cualquier habitante del país y entonces generar seguridad jurídica, establecer de manera general qué se entiende por delincuencia organizada.
Se incorpora, por tales motivos, una definición que en esencia es una sustracción de los principales elementos de las concepciones contenidas en el marco jurídico vigente, misma que viene a delimitar el ámbito de aplicación de las limitaciones a las garantías individuales, desde luego con la posibilidad de que la legislación secundaria pueda otorgar mayor amplitud a las garantías restringidas en principio por la definición constitucional, en razón de que, como es sabido, en la Constitución se establecen las garantías, pero las normas de inferior jerarquía pueden ampliarlas como podría ser el caso de una definición legal que contuviese más elementos de los que prevé el citado párrafo constitucional.
Es importante considerar que la definición contiene elementos que permiten distinguir este tipo de delito respecto de los tradicionales de asociación delictuosa, puesto que la finalidad de ésta es cometer los delitos previstos por la ley de la materia, no cualquier delito…”
Al incorporarse la definición de delincuencia organizada dentro de la CPEUM, en consecuencia se hizo la adecuación normativa en la legislación secundaria, con que se elimina el supuesto de “Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar” que preveía la otra definición del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el de “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar”, quedando atípico el mero acuerdo de organización, tratándose de acercar más a la definición prevista por el instrumento internacional de referencia.
c) De acuerdo con el contenido del artículo undécimo transitorio de la reforma constitucional en materia penal y seguridad pública, la figura del arraigo se seguirá aplicando para delitos graves hasta que no entre en vigor el sistema penal acusatorio. Teniendo en cuenta tanto las recomendaciones del Comité como las de otros mecanismos internacionales de derechos humanos sobre la figura del arraigo, rogamos proporcionen información detallada sobre que delitos quedan incluidos en ese artículo. Sírvanse también incluir información sobre que mecanismo y medidas existen actualmente para garantizar que, ante esos casos en que se aplique la figura del arraigo no cometan detenciones ilegales y arbitrarias.
La Reforma Constitucional de Justicia Penal y de Seguridad Pública de 2008 limitó el ámbito de aplicación del arraigo únicamente para delitos graves y de delincuencia organizada (éstos últimos del ámbito federal), y lo sujetó a estrictos controles legales.
El Código Federal de Procedimientos Penales señala también cuáles son los requisitos de procedencia de esta figura a efecto de evitar que so pretexto de la misma no se cometan detenciones ilegales ni arbitrarias y, al efecto establece:
“…ARTICULO 133 Bis.- La autoridad judicial podrá, a petición del ministerio público, decretar el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá al ministerio público y a sus auxiliares vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.
El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin efecto, cuando considere que las causas que le dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará al ministerio público y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse…”
“…ARTICULO 205.- Cuando por la naturaleza del delito o de la pena aplicable el imputado no deba ser internado en prisión preventiva y existan elementos para suponer que podrá sustraerse a la acción de la justicia, el ministerio público podrá solicitar al juez, fundada y motivadamente, o éste disponer de oficio, con audiencia del imputado, el arraigo de éste con las características y por el tiempo que el juzgador señale, sin que en ningún caso pueda exceder del máximo señalado en el artículo 133-bis o bien tratándose de la averiguación previa o bien en el proceso por el término constitucional en que este deba resolverse….”

References: artículo 11
 artículo 122
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 Artículo 105
 artículo 2
 artículo 133
 artículo 205
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 122
 artículo 1
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 133