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boletin GAL: N° 397. Martes 17 de julio de 2007
N° 397. Martes 17 de julio de 2007. Año II. Boletín Diario del Programa de Gestión Ambiental Local, GAL, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana de Santiago, Chile, CONAMA RM. Editor: Luis Alberto Gallegos M., Comparten 18.238 Lectores(as)
EL BOICOT AL TRANSANTIAGO
Santiago, domingo 15 de julio de 2007, por Malú Sierra, La Nación
EXIGEN ALTERNATIVA VIABLE A AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE
La Reina, lunes 16 de Julio de 2007, La Nación
VECINOS DE ÑUÑOA PROTESTAN POR AUMENTO DE CONSTRUCCIONES EN ALTURA
Ñuñoa, domingo 15 de Julio de 2007, La Nación
LOS GANADORES DE LA REINA: JEFE COMUNAL UDI Y MALL PLAZA FACTURARÁN MILLONES SI MODIFICAN PLANO REGULADOR
La Reina, martes 17 de Julio de 2007, por Dalia Rojas, La Nación
EL 25% DE LAS INDUSTRIAS NO CUMPLE CON NORMAS DE RESIDUOS LÍQUIDOS
Santiago, martes 17 de julio de 2007, por Víctor Zúñiga, El Mercurio
DEMANDAN SOMETER A DEBATE PÚBLICO EL PROYECTO DE LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA
Santiago, viernes 13 de Junio de 2007, por Gabriel Angulo, El Mostrador
ECOLOGISTAS DESTACAN DETERMINACIÓN DE CONTRALORÍA SOBRE EXPANSIÓN URBANA
Santiago, domingo 15 de Julio de 2007, El Mostrador.
PLAN REGULADOR: VALPARAÍSO CRECERÁ EN MEDIO MILLÓN DE HABITANTES
Valparaíso, domingo 15 de julio de 2007, por Audénico Barría, El Mercurio
AUTOR DEL ESTUDIO DE LA EMPRESA: "EL MISMO INFORME QUE CELCO MANDÓ A HACER, LOS CONDENÓ"
Licantén, sábado 14 de Julio de 2007, por José Miguel Jaque, La Nación
SEREMI DE SALUD DEL MAULE APLICA MULTA DE MIL UTM A PLANTA LICANCEL
ARICA: COMIENZAN A FUNCIONAR LOS BUZONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Arica, Sábado 14 de Julio de 2007, por Patricia Gálvez, El Morrocotudo
QUIEREN INCLUIR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECLARACIONES DE PROYECTOS CON IMPACTO AMBIENTAL
Temuco, sábado 14 de julio de 2007, Diario El Gong
SUBCONTRATISTAS DE CODELCO RENUDAN MOVILIZACIONES
Santiago, lunes 16 de julio de 2007 julio de 2007, La Tercera
PERÚ: ACUMULACIÓN DE DEMANDAS ORIGINA CONFLICTOS SOCIALES
Lima, Perú, lunes 16 de Julio de 2007, CNR
MINISTRA DEL AMBIENTE DE ARGENTINA DEFIENDE SU GESTIÓN
Buenos Aires, Argentina, lunes 16 de Julio de 2007, Once
CASO PICOLOTTI: EL PERIODISMO EN LA VIDA DEMOCRÁTICA
Buenos Aires, Argentina, sábado 14 de Julio de 2007, Editorial de El Clarín
EMPLEMÁTICO PROYECTO MINERO: ARGENTINA AFINA FÓRMULA PARA ELEVAR IMPUESTOS A PASCUA LAMA
Buenos Aires, Argentina, martes 17 de julio de 2007, por Gustavo Orellana, El Mercurio
AMBIENTALISTAS ARGENTINOS LLEVARÁN PROTESTA CONTRA PLANTA DE CELULOSA A URUGUAY
Buenos Aires, Argentina, lunes 16 de julio de 2007, La Voz
Buenos Aires, Argentina, lunes 16 de Julio de 2007, Tierrasinmal
CIENTÍFICO SEÑALA QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO TIENE ESCASA RELEVANCIA PARA LAS AUTORIDADES ARGENTINAS
Buenos Aires, Argentina, sábado 14 de Julio de 2007, Agencia NOVA
VICEPRESIDENTE DEL PARLASUR: NO SIRVE GENERAR COMBUSTIBLES SI FALTA COMIDA Brasilia, Brasil, lunes 16 de Julio de 2007. Por Eduardo Andrés Aller, APM LULA DICE QUE "CARTEL DE PODEROSOS" ATACA ETANOL
Brasilia, Brasil, lunes 16 de Julio de 2007, Ansa Latina
AGROCOMBUSTIBLES IMPLICAN UN RIESGO TECNOLÓGICO PARA EL CAMPO
Ciudad de México, México, lunes 16 de Julio de 2007, por Susana González, La Jornada
EEUU: ETANOL PUEDE AYUDAR A DERRIBAR PRECIO DEL PETRÓLEO
Brasilia, Brasil, lunes 16 de Julio de 2007, El Universal
CUBA: DECLARACIÓN DE LA JUVENTUD EN DEFENSA DE LA NATURALEZA
La Habana, Cuba, sábado 14 de julio de 2007, por Mayte María Jiménez, Juventud Rebelde
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD PODRÍA ACARREAR REPERCUSIONES MÁS GRAVES DE LO QUE SE PENSABA
Bruselas, Bélgica, lunes 16 de Julio de 2007, Cordis
EL PASADO ARROJA PISTAS CLAVE PARA LA LUCHA CIENTÍFICA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Londres, Inglaterra, lunes 16 de julio de 2007, Terra
BRITÁNICO NADÓ EN AGUAS DEL POLO NORTE PARA ALERTAR SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Londres, Inglaterra, lunes 16 de Julio de 2007, El Mercurio
MÉXICO, UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR PÉRDIDA DE BOSQUES
Ciudad de México, México, lunes 16 de Julio de 2007, El Universal
INDONESIA ENTRARÁ EN GUINESS COMO EL PAÍS QUE MÁS RÁPIDO DESTRUYE SUS SELVAS
Jakarta, Indonesia, lunes 16 de julio de 2007, Terra
CENTRAL NUCLEAR REGISTRA ESCAPE DE AGUA RADIOACTIVA TRAS TERREMOTO EN JAPÓN
Kashiwazaki, Japón, lunes 16 de julio de 2007, El Mercurio
San José, Costa Rica, lunes 16 de Julio de 2007, SciDev
Santiago, domingo 15 de julio de 2007, por Malú Sierra, La Nación.- ¿Sabrá el Ministro Cortázar las muchas formas en que los propios operadores boicotean el Transantiago? Ni todos sus esfuerzos ni los 290 millones de dólares lograrán arreglar lo que estuvo mal planeado y está siendo mal ejecutado. Mala gente.
Yo le puedo contar una experiencia de la que fui testigo y víctima, como miles y hasta millones de santiaguinos cada día. El sábado 14 de julio, día nacional de Francia y cumpleaños de mi ahijada Antonia, salí de su casa en La Concepción para volver a mi casa en el temido Transantiago.
Después de media hora pasó el primer bus, me subí, pero dos cuadras después, cuando se bajaron todos los pasajeros en esquina de Providencia, el chofer, junto a un par de "inspectores" con radio, me explicaron que el bus 411, de la línea Subus del señor Moya, no tenía suficiente petróleo para seguir el recorrido. Mansamente, me bajé.
Era la primera de la fila, que se fue haciendo enorme, dados los siguientes "eventos" de la línea 411. Media hora después apareció el siguiente bus, que tal como el primero, ¡Oh sorpresa! También venía sin combustible. Es decir, dos grandes buses del Transantiago tenían conductores a los que, muy seguido, les ocurría la pana del tonto.
Me acerqué a los inspectores y me dijeron, por supuesto, que no era culpa de ellos, ni de los choferes, sino de los que mandaban en los terminales. No tenían idea de cuándo vendría otro bus porque no había comunicación por radio con los buses. Antes había, dijeron, ¿y los 290 millones de dólares no arreglarán este desastre? "No, eso va a los bolsillos de los que mandan".
Nadie cree en nadie, todos se lavan las manos, y así las cosas vamos a llegar a la revuelta popular. Yo misma promoví la de esa noche de sábado, ya cerca de las 9 de la noche, cuando apareció el tercer bus 411, descendieron los pasajeros en la última parada, el chofer apagó sus letreros y bajó del bus para explicar, una vez más, que no tenía combustible. Lo que quería, como los anteriores, era volver a su casa, y enfilar Providencia abajo, en lugar de hacerlo hacia arriba como está comprometido como un servicio público.
La fila ya doblaba la cuadra. El chofer, mientras esperaba a los "inspectores", dejó la puerta abierta del bus y yo, simplemente, me subí e insté a todos los demás a hacerlo. Nadie pagó, al menos hasta que el chofer su subió. ¿Por qué pagar por un servicio infernal? Uno de los inútiles inspectores, que también era chofer, me había dicho momentos antes que unos días atrás pasajeros enojados lo habían golpeado. Le encontré toda la razón a los pasajeros y se lo dije: "pero es que yo no tengo la culpa", claro, son el último eslabón de las culpas de boicotear el servicio, y les toca a ellos. Con una mano inmovilizada temporalmente yo no habría podido hacerlo, pero había varios bien dispuestos. No le quedó otra al chofer que emprender la marcha y hacer la larga ruta hasta la plaza San Enrique de El Arrayán. Por supuesto que no se quedó en pana de combustible.
Son todos culpables, saboteadores, enemigos de todos nosotros, usuarios obligados del Transantiago.
La Reina, lunes 16 de Julio de 2007, La Nación.- Concejal y agrupaciones de La Reina exigen alternativa viable a Américo Vespucio Oriente. El concejal de la comuna de La Reina Francisco Olea (PS), junto a agrupaciones vecinales, demandó hoy una reunión urgente con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Bitrán, para estudiar una alternativa urbana viable y sustentable al proyecto de la Autopista Américo Vespucio Oriente, tras manifestar su preocupación por los altos montos involucrados en la iniciativa.
Acompañado de representantes de las agrupaciones 'Defendamos la Reina', 'Amigos de La Reina', y la junta vecinal número 4, el concejal Olea afirmó que, debido a los altos costos de construcción del proyecto, el monto que deberán pagar los usuarios para trasladarse por la vía "no refleja una visión socialmente rentable y que los residentes y usuarios no estamos dispuesto a cancelar".
Esto luego que el Ministerio de Obras Públicas afirmara que la trama vial posee tres alternativas de inversión: 500 millones de dólares por una pista en superficie; 800 millones de dólares por una autopista en trinchera cubierta o en túnel a dos metro bajo la superficie; y cerca de mil millones de dólares por la opción de túnel minero, que es la exigida por los representantes comunales.
Al respecto, Olea sostuvo que "en una concesión normal del MOP, esta autopista en túnel significaría que cada pórtico será entre $200 y $300 pesos, es decir, por el entre paso entre Ñuñoa y La Reina deberán cancelar entre $600 y $900, costo que no refleja una visión socialmente rentable y que los residentes y usuarios no estamos dispuesto a cancelar". "Ante la sorpresa y preocupación por los montos involucrados, exigimos una reunión a la brevedad con el ministro Eduardo Bitrán, con el propósito de conocer en detalle una alternativa urbana viable y sustentable, sus impactos y financiamiento", concluyó el concejal socialista.
Ñuñoa, domingo 15 de Julio de 2007, La Nación.- Vecinos de la comuna de Ñuñoa realizaron iniciaron este sábado una recolección de firmas que les permita realizar un plebiscito y manifestar de esa forma su rechazo ante el creciente aumento de la construcción en altura.
En un acto realizado en la Plaza Ñuñoa, la concejala Danae Mlynarz (PS) señaló que se trata de un tremendo desafío, por cuanto la ley exige reunir 12 mil firmas en 9 semanas, sin embargo, indicó "lo relevante del proceso que se inicia hoy es la expresión de las personas de querer defender su derecho a decidir qué hacer en nuestra comuna y no permitir que nos impongan un diseño urbano que hasta ahora solo ha demostrado privilegios para el rubro inmobiliario".
La concejala añadió que la iniciativa de la Red Ciudadana por Ñuñoa, en cuanto a agotar las instancias para la realización del plebiscito "demuestra que la gente no está contenta con el proceso de Modificación del Plan Regulador impulsado por el alcalde Pedro Sabat que ha estado lleno de irregularidades y falta de participación ciudadana".
La Reina, martes 17 de Julio de 2007, por Dalia Rojas, La Nación.- Víctor Palacios, máximo jefe de la UDI, será uno de los más beneficiados con el cambio al plan regulador de La Reina. Mall Plaza tiene a la espera un proyecto comercial que depende de que se concrete dicha modificación. Los últimos no quieren hablar del tema. Y Palacios asegura que no tiene nada que ver con la propuesta del alcalde Luis Montt. Juzgue usted.
El cambio del plan regulador comunal de La Reina está en pleno proceso de discusión. La propuesta alcaldicia fue aprobada por el concejo municipal, pero con aprensiones. En particular, por la liberación de terreno para la construcción en altura libre en dos sectores de la comuna: Simón Bolívar con Avenida Ossa y en Avenida Larraín con Avenida Ossa. Si bien estas áreas están destinadas para estos fines desde la vigencia del actual plan regulador, que data de 2001, ahora el alcalde Luis Montt (independiente RN) propuso ampliar las zonas donde se podrán construir edificaciones en altura, desatando la inquietud de vecinos que simplemente no quieren que se cambie la identidad residencial de la comuna. Y aunque no son grandes hectáreas, la sed inmobiliaria que invadió Ñuñoa parece desplazarse hasta esta comuna.
Terrenos en engorda
En 2005 y a meses de que el alcalde de La Reina anunciara por primera vez las intención de modificar el plano regulador, Mall Plaza, a través de la empresa de inversiones Eloisa, adquirió más de 20 terrenos en la comuna, según informes comerciales. Pero los cambios propuestos nunca vieron la luz, porque en abril de 2006 Montt anunció el término de la propuesta, debido al ambiente "envenenado y perverso "que habrían desatado los detractores al proyecto.
Sin embargo, ahora viene la segunda oportunidad para Mall Plaza. La mayoría de los terrenos están ubicados en una de las esquinas donde se pretende liberar la altura -en Larraín con Avenida Ossa, próximos a la estación de Metro Plaza Egaña-, a la espera del cambio del plano regulador que permitirá desarrollar ahí un centro comercial. Los vecinos del lugar lo saben, porque han conversado con la inmobiliaria que se acercó a ofrecer dinero por sus casas y locales comerciales. "Hubo una reunión hace seis meses. Era un corredor de propiedades, o se hizo llamar corredor, no lo sé. Dijo que representaba a la inmobiliaria; él pedía un poder de todos los propietarios para representarnos y ser el vendedor. No aceptamos porque me pareció poco clara la oferta. No alcanzó a hacer ninguna estimación económica", relata Jorge Vásquez, presidente de seguridad del condominio contiguo a los terrenos que ahora son de propiedad de Mall Plaza.
Patricio Hermann, de la fundación Defendamos la Ciudad, indica que esto no es más que "engordar" terrenos: "Es el modo en que algunos apitutados obtienen el aumento de las plusvalías: compran terrenos que curiosamente tienen tres normas de edificación y luego convencen de la necesidad de ejecutar proyectos, y cuando modifican el plano regulador, el precio del terreno sube a las nubes. Por ello debiera crearse un cuerpo legal que limite las ganancias de los privados cuando se trata de modificaciones que realizan los organismos públicos en el uso de suelo". En esta esquina los ganadores indiscutidos con el cambio al plan regulador son los dueños de Mall Plaza, quienes desestimaron referirse al tema y al proyecto que allí -eventualmente- se ejecutará.
Apoya la propuesta de cambiar el uso de suelo y liberar la altura desde Simón Bolívar hasta Echeñique, encabezando la Agrupación para el Desarrollo Sustentable de La Reina. Es el jefe comunal de la UDI, consejero nacional del partido y, además, propietario de una automotora ubicada en la esquina de la zona donde se desea elevar la altura, así como de otras propiedades en la comuna. Víctor Palacios se pone el parche antes de la herida y, sin que le pregunten, niega haber ejercido presión en las decisiones que del municipio, porque apela que su poder es escaso. Algo que no tiene muy convencido al concejal de la comuna, Francisco Olea (PS), quien manifiesta sus aprensiones: "Es impresentable que una de las modificaciones más polémicas y sin el acuerdo ni el consenso del concejo municipal, dirimida con el voto del alcalde, haya sido orientada en un paño importante, ubicado en Avenida Echeñique con Avenida Ossa, cuyo propietario es el presidente de la UDI en la comuna. Es impresentable que una modificación que no es urgente, ni prioritaria para el desarrollo urbano, haya sido incorporada en este índice inicial de conversación", protesta.
El terreno en cuestión tiene un avalúo fiscal de más de 100 millones de pesos, precio que aumentará considerablemente si el cambio se llegara a concretar. "Vivo hace muchos años en la comuna. Fui afectado por la expropiación para la construcción del metro, años en que las ventas bajaron notablemente. Si me beneficio de este cambio, bienvenido sea, pero no he incidido jamás en esas decisiones en la comuna", argumenta Palacios. Para Olea, el plan regulador debe ser consensuado por todos los reininos "y debe responder a las urgencias urbanas y territoriales de los casi cien mil vecinos de La Reina, no de minorías. Los concejales nos haremos parte en lo que plantee la comunidad", asegura.
Otras tensiones en La Reina
En el último concejo municipal las autoridades edilicias comunicaron que al concurso público para realizar los estudios concernientes al nuevo Plano Regulador Comunal no llegó ninguna consultora con experiencia en la materia. "A mí me parece sospechoso que haya ocurrido esto", señala Adriana Muñoz, quien cree que no están las condiciones para realizar las modificaciones. "Si el estudio fuera realizado por una entidad con trayectoria, aseguraríamos la transparencia del proceso, pero eso lamentablemente no ocurrió", dijo. A ello se agrega una carta dirigida al Concejo, firmada por varios vecinos de la comuna, quienes pidieron gestionar y ejecutar un estudio de impacto vial en la ex discotheque Las Brujas, zona en que se construye un centro comercial de mano de D&S. "A la fecha no se ha dado ninguna respuesta satisfactoria por parte de la Municipalidad, en particular del señor alcalde. Nos preocupan enormemente los efectos que tendrá este proyecto en el patrimonio y calidad de vida de los vecinos de La Reina", reza una carta dirigida a Manuel Urrutia, consejero regional de la Intendencia Metropolitana.
Santiago, martes 17 de julio de 2007, por Víctor Zúñiga, El Mercurio.- Fiscalización a fondo de Superintendencia de Servicios Sanitarios: El 25% de industrias no cumple con norma de residuos líquidos. De un total de 497 establecimientos, 126 no respetaron la normativa sobre los riles -de septiembre de 2006 a marzo de este año-, y están ahora a la espera de una posible sanción en agosto. Las multas podrían llegar hasta los $380 millones.
Tal situación se encuentra bajo fiscalización, y en caso de que los incumplimientos se verifiquen, éstos podrían significar fuertes sanciones. Así lo informó la superintendenta Magaly Espinosa al dar cuenta de la inédita fiscalización en curso aplicada desde septiembre de 2006 a marzo de 2007, cuyos resultados finales de control se esperan para agosto.
De esas 497 industrias que presentaron información, como lo exige la normativa, 283 han respetado todos los parámetros fijados por la legislación vigente, mientras que otras 126 han presentado incumplimiento en uno, dos o más parámetros. "Haciendo una depuración de la información, hay un 74,6% que cumple con la normativa y existe un 25,4% (126) que no cumple. Es positivo que un 74% esté cumpliendo en función de esta primera evaluación masiva", dijo la superintendenta.
Santiago, viernes 13 de Junio de 2007, por Gabriel Angulo, El Mostrador.- Iniciativa del Minvu: Demandan someter a debate público proyecto de Ley de Planificación Urbana. Fundación Defendamos la Ciudad manifestó que es necesario que este tema sea conocido por todos los sectores ''para generar un debate entre todos los actores relevantes y con toda la gente que tenga interés, para que se aporten ideas a objeto de tener un texto absolutamente consensuado y que obedezca a lo que la ciudadanía quiere''.
La necesidad de someter a un debate amplio que permita incorporar las inquietudes de la ciudadanía, y al mismo tiempo que se discutan varios aspectos del proyecto de ley de Planificación Urbana que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), planteó la Fundación Defendamos la Ciudad, luego de enterarse que la iniciativa sería analizada este viernes en el Palacio de La Moneda, para que luego el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) lo remitiera al Congreso.
La preocupación de la entidad radica principalmente en las amplias atribuciones que en dicha normativa se entregan al Minvu sobre prácticamente el 100% del territorio nacional y la poca claridad respecto a mecanismos concretos para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los planos reguladores locales o respecto al uso de los suelos, entre otras materias.
"Lo que la Fundación Defendamos la Ciudad desea es que estos documentos se hagan de conocimiento público, para generar un debate entre todos los actores relevantes y con toda la gente que tenga interés, para que se aporten ideas a objeto de tener un texto absolutamente consensuado y que obedezca a lo que la ciudadanía quiere, igual que los países que tienen sistemas democráticos", dijo el representante de la citada organización, Patricio Herman.
A su juicio, ello permitiría que las decisiones sobre estas materias dejen de ser objeto del análisis sólo de "mesas de trabajo" cuya conformación –sostiene- no son de carácter público, aunque cree que tendrían como integrantes a representantes del sector privado, que utilizarían resquicios de carácter técnico para velar por sus propios intereses.
"Nosotros queremos que haya un gran debate abierto, que este tema sea tratado en las universidades, por ejemplo, en las escuelas de arquitectura de las universidades de Chile, Católica, de Santiago y en todas las instancias, porque necesariamente es una ley que cambia radicalmente lo que tenemos, y lamentablemente cuando éstos temas llegan al Parlamento, los legisladores que manejan estas materias son muy pocos y no se produce el necesario debate que nosotros quisiéramos", señaló.
En ese sentido, manifestó que parlamentarios como los senadores Antonio Horvath (RN) y Alejandro Navarro (PS) o los diputados Patricio Hales (PPD) y Carlos Montes (PS) figuran entre los pocos que manejan a cabalidad estas materias, pero que con el envío directo al Congreso se corre el riesgo de que la Cámara y el Senado actúen sólo como "buzones", advirtiendo que "es así es como se han cometido infinidad de errores en materias de urbanismo".
Asimismo, aclaró que si bien no tiene un juicio a priori sobre las ventajas o desventajas de la normativa, sí tiene algunas aprensiones que le gustaría discutir con la autoridad. "Hay cosas que a mí me producen altos grados de confusión, que es el intento del Minvu para que en los sectores rurales exista una especie de libertinaje para expandir la ciudad", sostuvo.
Al respecto, dijo que su temor radica en que vuelva a repetirse una situación como la expansión urbana sobre terrenos agrícolas ocurrida el año 2003 cuando era ministro de Vivienda Jaime Ravinet (DC), recordando que se trató de una decisión ampliamente resistida por grupos ambientalistas, que en un primer momento fue rechazada por el Consejo Regional Metropolitano (CORE), lográndose su aprobación, a su juicio, de manera "fraudulenta", tras una segunda votación.
"No es un secreto la 'mano inmobiliaria' de la Democracia Cristiana, que es el partido político que tiene en propiedad la titularidad del Ministerio de la Vivienda desde hace muchos años en este país. Ellos tienen vocación y se dedican mucho al negocio inmobiliario, entonces nosotros no tenemos ninguna duda de que este proyecto de ley tiene un sesgo pro inmobiliario y esa es la razón por la cual en las zonas agrícolas se puedan implementar actividades de construcción, cosa que hoy día no está permitida en la legislación, aunque sí fue permitido solamente para la Región Metropolitana a raíz de la expansión urbana el año 2003", advirtió.
Herman sostuvo que si este tema se abre a la discusión pública y deja de ser un "tabú", como a su parecer lo son casi por tradición todos aquellos referidos a urbanismo y vivienda, se abre una inmejorable oportunidad para introducir una serie de propuestas tendientes a "hacer una ley que obedezca a lo que realmente se requiere para tener desarrollo sustentable y no para crear espacios para obtener ganancias económicas".
Entre ellas, planteó la idea de rescatar un antiguo proyecto que ingresó al Parlamento el año 1997 y que crea una Ley de Captura de Plusvalía, para que la variación en el valor de los terrenos que implica el cambio de uso de suelo de zonas agrícolas a urbanas se traduzca también en recursos para que el Estado los destine a obras en beneficio de la población.
"Un particular que sea propietario de 500 hectáreas de terrenos calificados como rurales, el hecho que éstos se transformen en urbanos le significan plusvalías patrimoniales importantísimas que de una u otra manera también sirven para mejorar sus garantías en el sistema financiero", ejemplificó Herman, agregando que "lo que se pretende es que cuando se producen estas intervenciones en las ciudades o modificaciones a los planos reguladores comunales, lo lógico es que la plusvalía que se genera sea compartida por el Estado para que se focalice en materializar, por ejemplo, caminos que no son de interés económico para los privados, o viviendas sociales de buena calidad".
El representante de Defendamos la Ciudad dijo, no sin ironía, que "en los países civilizados, aquellos países serios donde las cosas se hacen siempre pensando en el bien superior de la población, existen en materia urbana normativas que establecen precisamente esta captura parcial de las plusvalías que se generan en los diferentes territorios cuando por decisiones de las autoridades se modifican los usos de suelo".
Por otro lado, dijo que en el proyecto de Ley de Planificación Urbana, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Ejecutivo "tiene la gran oportunidad de incorporar una normativa clara y acotada sobre participación ciudadana", ya que a su juicio se habla de ella "en términos muy genéricos".
"No cuesta nada hablar de participación ciudadana, pero todo queda en el limbo. Entonces lo que queremos es que haya un articulado muy completo donde quede claro que la participación ciudadana es un derecho humano y es un derecho que está contemplado en la ley para que cada comuna defina su planificación urbana de acuerdo a lo que los ciudadanos decidan".
Ello permitiría que se cumpla, por ejemplo, con el artículo 100 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece consultas ciudadanas vinculantes, democráticas, abiertas e informadas cuando vecinos organizados logren reunir el 10% de firmas necesarias para que el municipio se vea obligado a someter algunas decisiones a plebiscito. Al respecto, mencionó como ejemplo el caso de Vitacura, donde pese a que la comunidad cumplió con todos esos requisitos, el alcalde –Raúl Torrealba- "se hizo el loco y no hizo absolutamente nada".
Finalmente, Herman dijo que él y representantes de otras organizaciones extrañan que exista también una planificación de mediano plazo para que las comunas urbanas de la Región Metropolitana y del resto del país acomoden sus planos reguladores de manera que exista una relación directa entre cantidad de habitantes y metros cuadrados de áreas verdes. "Entonces ahí los alcaldes pro inmobiliarios, que hay muchos como Pedro Sabat de Ñuñoa o Francisco de La Maza de Las Condes, podrían impulsar sus proyectos, pero generando al mismo tiempo las áreas verdes necesarias para mantener siempre un cierto equilibrio", precisó. ADEMÁS:
Vea el anteproyecto ECOLOGISTAS DESTACAN DETERMINACIÓN DE CONTRALORÍA SOBRE EXPANSIÓN URBANA
Santiago, domingo 15 de Julio de 2007, El Mostrador.- Pidió más antecedentes para analizar legalidad: Ecologistas destacan determinación de Contraloría sobre expansión urbana. La resolución impugnada por los ecologistas pretendía modificar el Plan Regulador Metropolitano para expandir la ciudad sobre tierras agrícolas, en la comuna de Colina. De tener éxito, la expansión agregaría 825 hectáreas (equivalentes a toda la comuna de San Miguel) a la zona urbana de la capital.
La Contraloría General de la República declaró que "se abstiene de efectuar el examen de legalidad" de la resolución Nº 46 del Gobierno Regional Metropolitano, destacaron hoy organizaciones ciudadanas contrarias a la expansión urbana de la capital.
De este modo- explican las organizaciones "Acción Ecológica" y "Defendamos la Ciudad"- el organismo fiscalizador señaló en el oficio 30.666, que exige previamente al Gobierno Regional que responda a las ilegalidades constatadas por las organizaciones ecologistas. La resolución impugnada por los ecologistas pretendía modificar el Plan Regulador Metropolitano para expandir la ciudad sobre tierras agrícolas, en la comuna de Colina. De tener éxito, la expansión agregaría 825 hectáreas (equivalentes a toda la comuna de San Miguel) a la zona urbana de la capital. Luis Mariano Rendón, Coordinador de Acción Ecológica, declaró hoy al respecto que "resulta impactante que tengamos que estar defendiendo la normativa ambiental frente a los ataques que sufre de parte de los propios organismos de gobierno que deberían estar llamados a fiscalizarla".
"Este nuevo intento de expandir la ciudad, impulsado desde el Ministerio de Vivienda, muestra como esta cartera está francamente al servicio de los especuladores inmobiliarios, sin importar que eso signifique deteriorar la salud de la población o la pérdida de suelo agrícola insustituible", indica Rendón. El dirigente explicó que una ciudad que se expande genera viajes motorizados más extensos y por lo mismo, mayor emisión de contaminantes a la atmósfera.
"Por ello, resulta un crimen que una ciudad saturada de contaminación, como Santiago, siga expandiéndose. Y lo más grave es que este crimen está siendo perpetrado directamente por autoridades que en forma inescrupulosa privilegian las ganancias de unos pocos, por sobre el derecho a un aire limpio de todos", afirmó. Por su parte, Patricio Herman, director de "Defendamos la Ciudad", señaló que "insistimos que el Gobierno tiene que actuar siempre sin recibir las presiones de los grupos de poderes fácticos que se desenvuelven sólo preocupados de sus propios intereses".
"Ojalá la Presidenta Michelle Bachelet efectúe una labor de reingeniería al interior del Minvu, causante de estos desaciertos ambientales. Esperamos que la mandataria se de cuenta que si no pone atención en estos temas urbano ambientales, terminará siendo simplemente una autoridad funcional a los especuladores. La ciudadanía le exigirá su responsabilidad en algún momento", concluyó.
Valparaíso, domingo 15 de julio de 2007, por Audénico Barría, El Mercurio.- Plan regulador intercomunal: Gran Valparaíso crecerá en medio millón de personas. La nueva "carta de navegación" urbana permitirá la construcción de 120.000 nuevas viviendas. En su etapa final de aprobación se encuentra el nuevo plan regulador intercomunal del Gran Valparaíso, que duplicará el área urbana de sus ocho comunas y aumentará su población en medio millón de habitantes. El nuevo instrumento, a ser votado próximamente por el Consejo Regional (Core), entraría en vigencia en los primeros días de agosto.
De acuerdo al plan, el Gran Valparaíso, que incluye a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Casablanca, Quilpué y Villa Alemana, duplicaría el área urbana de 20.469 a 44.000 hectáreas. Este aumento permitirá la construcción de unas 120 mil nuevas viviendas, que albergarían a unas 500 mil personas, elevando la población del Valparaíso Metropolitano, compuesto por ocho comunas, de 800 mil a 1,3 millón de residentes, según el vicepresidente de la comisión de ordenamiento territorial del Core, Manuel Millones.
En Viña del Mar, la alcaldesa Virginia Reginato explica que se propone incorporar unas 2.500 hectáreas al radio urbano. El proyecto indica como zonas de extensión urbana los antiguos fundos Hijuela Poniente y Oriente de Santa Julia (en el sector alto de la ciudad), la parcelación de la Hacienda Reñaca y del fundo Las Siete Hermanas, aledaño a los terrenos de la Quinta Vergara (ver infografía).
El seremi de Vivienda, Andrés Silva, sostuvo que el nuevo plan intercomunal "es la carta de navegación para el desarrollo del Gran Valparaíso durante los próximos 40 años". Por ello, dijo que se estudiaron las zonas y el uso de suelos, para garantizar un desarrollo armónico, no sólo residencial. Silva explicó que se establecerán áreas industriales en sectores como el borde costero de Quintero, Placilla y en las cercanías del Camino La Pólvora, además de la destinación de áreas con prevalencia para las actividades agrícolas, áreas verdes y zonas de manejo forestal.
Se prevé que las principales expansiones inmobiliarias se ubicarán en Curauma, en la Ruta 68, donde se proyecta construir cerca de 54 mil viviendas. También en Laguna Verde, al sur del puerto, se levantarán 500 viviendas en el sector Curaumilla. Junto al nuevo Camino La Pólvora, se destinan terrenos para viviendas y comercio. En Quilpué se contemplan 2.200 departamentos en sectores aledaños al Troncal Sur, expandir la zona cercana al fundo El Carmen y en los alrededores del zoológico. En Quintero se prevé la construcción de 25 mil viviendas en el sector costero de Ritoque, donde se dispone de 1.200 hectáreas.
Licantén, sábado 14 de Julio de 2007, por José Miguel Jaque, La Nación.- El autor del estudio encargado por Celco sobre Mataquito dice que fue un error poner en marcha la planta Licancel vertiendo esa gran cantidad de residuos líquidos al río. Por su parte, intendente entregó el informe al CDE y seremi de Salud aplicó $32 millones de sanción a la empresa. "Creo que ellos tenían la esperanza de que no fueran responsables. Pero el mismo informe que mandaron a hacer los condenó", cuenta el doctor Dagoberto Arcos, al recordar el día que expuso al directorio de Arauco, en el 14 piso del edificio ubicado en calle El Golf, las conclusiones del estudio sobre la muerte de los peces en el río Mataquito. No obstante, el director de Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción que realizó el estudio, dice que los directores reaccionaron bien. "Las conclusiones era indesmentibles y las aceptaron", rememora.
Arcos y su equipo habían trabajado el 2006 con Celulosa Arauco en una Línea Base Ambiental de un proyecto para la planta Licancel. Por eso, apenas se constató la muerte de los peces ese martes 5 de junio lo llamaron. A las 15 horas del día siguiente estaba tomando muestras de agua, sedimentos, organismos, aves y mamíferos en el río Mataquito. La planta había reiniciado su puesta en marcha el 30 de mayo. "Los días que siguieron estuvo vaciando al río efluentes con parámetros alterados", corrobora Arcos. "Debieron tener un cuidado mucho más alto en un proceso de puesta en marcha de la planta", subraya. A título personal, el experto dice que un ingeniero de planta debe saber cómo se echa a andar una planta y los cuidados que se debe tener. "Hubo una falta de prolijidad", advierte.
¿Por qué murieron los peces? De acuerdo al informe de Arcos y su equipo dado a conocer el jueves por la Conama regional, la razón fue una disminución de oxígeno disuelto de las aguas debido a tres factores. Uno, la dinámica física del estuario del río Mataquito que se encontraba en período de ganancia de agua del estuario. Dos, el bajo caudal del río. Tres, la presencia de una alta carga orgánica de la planta Licancel. Arcos explica esta conjunción de factores físicos y químicos. Dice que la planta vertió residuos con alto contenido de materia orgánica en efluentes con parámetros bastantes más altos que los que acepta la norma, lo que se degradó rápidamente, captó el oxígeno y su disminución produjo la mortandad de los peces. A eso suma la situación del estuario y las fases de la marea, lo que hizo que el tiempo de residencia fuera mayor para que esto se pudiera producir.
¿En qué orden influyeron esos factores? "Pongo esos tres factores en línea porque fue una desgraciada conjunción de ellos", responde Arcos. ¿Qué pasaba si no había esa carga orgánica? "La muerte de los peces podría haber ocurrido igual", asevera. La causa-efecto de la responsabilidad de la planta y la muerte de los peces quedó acreditada en el estudio. "Claro, porque la laguna de tratamiento estaba con valores altísimos. Se debió haber detenido el proceso y buscado una solución para no seguir con esos parámetros alterados", dice Arcos. El profesional agrega que la carga orgánica vertida –19 mil metros cúbicos durante 36 horas- fue exagerada. "Fue una falla que no debió haber nunca pasado. Es de sentido común. Si tengo una laguna de tratamiento y la planta estuvo parada, tengo que poner especial énfasis porque la laguna no estuvo recibiendo ril normal y hubo que empezar un proceso de resembrado de bacterias, y eso se demora alrededor de 15 o 20 días, y el ril estuvo sólo 4 ó 5 días", concluye.
"La responsabilidad es expresa de parte de la empresa y así lo señala en ese informe". Ése fue el comentario del intendente del Maule, Alexis Sepúlveda, tras recibir el estudio que Celco encargó a la Universidad Católica de la Santísima Concepción sobre la muerte de los peces en el río Mataquito. Sepúlveda entregó dicho informe al Consejo de Defensa del Estado. "Todos los antecedentes con los cuales contábamos señalaban como causa de la contaminación las descargas de riles fuertemente concentradas que había hecho la empresa Licancel. Este informe realizado por ellos viene a ratificar lo que las autoridades medioambientales, sanitarias y regionales habían de una u otra forma ya determinado con los análisis preliminares que se habían hecho", comentó.
Según la autoridad, el reconocimiento de la responsabilidad de la planta en la contaminación permitirá avanzar tanto en la recuperación del río como en la determinación de responsabilidades legales y administrativas de la empresa. Sepúlveda reiteró su disposición a continuar trabajando junto a la empresa para reiniciar el proceso productivo "siempre y cuando se garantice que no va a existir otra contaminación al río Mataquito".
Por su parte, el abogado de la Intendencia, Hugo Veloso, afirmó que con el informe entregado por Celco la presunción de que la muerte de los peces se debió al vertido de tóxicos por parte de su fábrica "se transforma en certeza jurídica". "Estamos derechamente ante una actitud dolosa. O sea, acá no se puede hablar que se rompió una cañería o a alguien se le quedó abierta una llave de paso, en donde no se dieron cuenta y vertieron material contaminante al río. Aquí hubo conductas que directamente autorizaron la descarga de material contaminante que mató a miles de peces en el río Mataquito", dijo el abogado.
Talca, viernes 13 de julio de 2007, por Paula Riquelme, La Tercera.- La seremi de Salud del Maule, Sofía Ruz, dio a conocer los resultados del primero de los seis sumarios abiertos en contra de la planta de celulosa Licancel en el que se sanciona a la empresa Celulosa Arauco con el pago de la máxima multa establecida por el código sanitario, correspondiente a mil UTM, unos 32 millones de pesos, y además mantiene la prohibición de funcionamiento por un plazo de 60 días hábiles, hasta que la empresa obtenga informe favorable de la autoridad sanitaria.
La multa debe ser cancelada dentro de los próximos 5 días y de no ser así se apercibirá al infractor, en este caso a los representantes legales de la empresa, con arresto. Dentro de este mismo plazo, Celulosa Arauco puede presentar un recurso de reconsideración ante la autoridad sanitaria o bien una reclamación ante un juzgado de letras, para dejar sin efecto la sentencia.
Este sumario, ya resuelto, corresponde a la quinta investigación iniciada por la Seremi de Salud, después de ocurrida la grave contaminación del río Mataquito que causó la muerte de miles de peces. El acta de infracción se levantó el pasado 21 de junio, luego que fiscalizadores sanitarios detectaron el funcionamiento de un estanque de licor negro, hecho que representa una grave infracción a la prohibición de funcionar que había sido dictada el 9 de junio. La misma autoridad sanitaria inició esta semana otro sumario por el mismo motivo, por lo que se aplicará el doble de la multa, es decir 2 mil UTM, si se confirma que Licancel hizo funcionar nuevamente sus estanques de licor negro.
Los descargos presentados por la empresa infractora, en la que señalaron que era necesario hacer funcionar dicho estanque para mantener en recirculación el licor negro, no fueron suficientes para desvirtuar el hecho constitutivo de infracción, pues se consideró que esto implicó mantener en forma activa una sustancia que anteriormente había provocado un derrame altamente tóxico.
Arica, Sábado 14 de Julio de 2007, por Patricia Gálvez, El Morrocotudo.- Con la recepción de la primera propuesta de la comunidad, realizada por Iris Pérez, Presidenta de la Asociación de Mujeres de Arica, fueron inaugurados los buzones de participación ciudadana que funcionarán en las comunas de Arica, Putre, Camarones y Visviri, a partir de este viernes 13 de julio y hasta el próximo 8 de octubre, por el Delegado Presidencial Luis Cornejo Sánchez, acompañado de dirigentes comunales y vecinales, en las dependencias del Fondo nacional de Salud, FONASA.
Estas nuevas herramientas de participación permitirán realizar un levantamiento de información de los actores del territorio, a través de la recepción de consultas, opiniones y anhelos de la comunidad, facilitando su participación en la construcción de la nueva región. "Nuestra meta es que todos los ariqueños y parinacotenses se sientan partícipes del proceso de implementación de la nueva región y estén dispuestos a seguir trabajando para consolidar este sueño, que recién comienza el próximo 8 de octubre", enfatizó el Delegado Presidencial.
Un total de 15 buzones estarán instalados en diferentes servicios públicos de cada una de las 4 comunas de la Región de Arica y Parinacota, a cargo de un funcionario específico. En Arica, la comunidad podrá entregar sus opiniones en las dependencias de Fonasa (Colón 335); Gobierno Regional de Tarapacá (Arturo Prat 391, of.33); Consultorio Amador Neghme (Cancha Rayada 4149, Población Cardenal R.S. Henríquez); Gobernación Provincial de Arica (San Marcos esquina Prat); (Registro Civil e Identificación (Población Raúl Silva Henríquez); Oficina Comunal de Dideco (Belén 1693); Hospital Doctor Juan Noé (18 de septiembre 1000) y las oficinas del Serviu – Arica (18 de septiembre 122). En tanto, en la comuna de Camarones se ubicarán dos buzones, el primero en la Sede Vecinal de Codpa y otro en la Oficina Municipal de Camarones.
En Putre se instalarán en la Gobernación Provincial de Parinacota y la Feria de Parinacota; mientras que en General Lagos habrá buzones disponibles en la Municipalidad, ubicada en Visviri, y en la Oficina de Enlace del Municipio, en Arica. Además, está considerada la utilización de un buzón móvil, que recorrerá a partir de este sábado 14 de julio diferentes sectores de la ciudad de Arica, como el Mercado del Cerro La Cruz, la Feria Dominical, el Terminal Asoagro, el Terminal Pesquero y las Juntas Vecinales.
Temuco, sábado 14 de julio de 2007, Diario El Gong.- El Diputado Eugenio Tuma presentó un proyecto que modifica la ley 19.300 de las Bases Generales del Medio Ambiente, con la idea de garantizar la participación de la sociedad civil en proyectos que se someten a evaluación vía declaración de impacto ambiental. El parlamentario precisó que esta iniciativa permitirá a las organizaciones ciudadanas y a las personas naturales directamente afectadas por un proyecto de alto impacto, plantear reparos, observaciones y eventualmente exigir modificaciones o mitigaciones a fin de preservar el ecosistema y la calidad de vida de la comunidad.
Tuma aclaró que la iniciativa termina con la controversia que provocan algunos proyectos que generan impactos ambientales y que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental [SEIA] vía Declaración de Impacto Ambiental [DIA], ya que este mecanismo no contempla una instancia participativa de la comunidad, a diferencia de lo que ocurre en aquellos proyectos sometidos a evaluación, mediante Estudio de Impacto Ambiental [EIA].
'Hoy Chile crece en muchos aspectos, pero la sociedad civil en muchas instancias aún no cuenta con los canales adecuados de participación ciudadana lo cual debilita nuestro sistema democrático, por ello para garantizar y profundizar la democracia resulta indispensable promover desde el Estado los mecanismos que posibiliten la relación entre la comunidad organizada y la implementación de diversos proyectos públicos que tienen por objetivo el bien común, pero que inciden y pueden afectar el desarrollo de la vida cotidiana', sentenció el Diputado Eugenio Tuma.
Entre algunas de las iniciativas que han sido cuestionadas por la comunidad se encuentran proyectos de aeropuerto, carreteras, rellenos sanitarios, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de aguas servidas, etc. Cabe mencionar que el proyecto fue remitido para su estudio a la Comisión de Recursos Naturales, proponiendo que los interesados y las organizaciones ciudadanas puedan solicitar a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente según corresponda, que se decrete la realización de un proceso de participación ciudadana, a costa del titular del proyecto.
Se entiende por 'organizaciones ciudadanas' cualquier organización dotada de personalidad jurídica y que tenga por objeto representar y/o promover los intereses ciudadanos; por 'persona natural directamente afectada' a todos aquellos individuos, que sean afectados por el proyecto en su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, N° 8 de la Constitución Política.
Santiago, lunes 16 de julio de 2007 julio de 2007, La Tercera.- Trabajadores subcontratistas de Codelco iniciarán mañana (hoy) nuevas movilizaciones, luego de que las negociaciones con la estatal no llegaran a buen puerto, según anunció Cristián Cuevas, dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC).
Los huelguistas buscan mejoras salariales y beneficios sociales que se igualen a los que reciben los empleados de planta de la cuprífera, además exigen que se cumpla la Ley de Subcontratación impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet. "Nosotros continuamos en huelga, (pero) esperamos que en las próximas horas haya una resolución del conflicto", dijo
Cuevas, quien a su vez agregó que quien debe resolver este tema es el directorio de Codelco "y no esperar que pasen los días, las horas, porque la situación se va a tornar compleja en el caso de la movilización. Llamamos a nuestros asociados a mantenerse unidos (...) y a realizar grandes movilizaciones mañana martes", agregó.
En tanto, el diputado PS Sergio Aguiló acusó a la cuprífera de tergiversar el petitorio de los sucontratados y concordó con la CTC en que es el directorio de Codelco quien debe hacerse cargo de sus demandas, al tiempo que llamó a la estatal a solucionar lo antes posible este problema. "Quiero hacer un llamado especial al directorio de Codelco, porque no es posible que después de extensas e intensas negociaciones se haya hecho un conjunto de planteamientos por parte de Codelco y que el directorio los haya retirado. Eso es una irresponsabilidad, el directorio está jugando con fuego", afirmó.
Finalmente, los trabajadores manifestaron que no desean que se presenten hechos de violencia, pero que si estos ocurren son responsabilidad del actuar de carabineros.
Lima, Perú, lunes 16 de Julio de 2007, CNR.- Una acumulación de agendas, de diversas demandas y la exigencia del cumplimiento de las promesas electorales regionales y nacionales, constituyen la base de las protestas sociales surgidas en las últimas semanas en nuestro país, con especial énfasis en la zona sur. Así lo sostuvo el director de Servicios Educativos Rurales (SER), Javier Torres al analizar los recientes conflictos registrados en diversas regiones del país, sobre todo en la jornada de 48 horas realizada los días 11 y 12 de julio.
En declaraciones al programa "Diálogo Directo" de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Torres Seoane afirmó que el gobierno de Alan García ha fallado al intentar repetir el "supuesto estilo exitoso de (Alberto) Fujimori, que tenía programas sociales efectivos sin mucha burocracia y el apoyo de las Fuerzas Armadas; sin embargo, García no tiene lo primero y se esta demostrando incapacidad y ineficiencia en la gestión pública".
"Lo que venimos viendo es que tenemos una acumulación de agendas, de demandas diversas; algunas son parte de la demanda de restitución de derechos que durante el gobierno de Fujimori fueron reducidos o restringidos y el otro es el cumplimiento de demandas electorales que el gobierno fue ofreciendo en campaña y a lo largo de este año, al igual que los gobiernos locales y regionales", añadió.
El director de SER aseguró que no sólo en el gobierno aprista hay una ausencia de cuadros que demuestran ineficiencia en la gestión sino que ésta también se vislumbra en los gobiernos locales y regionales que "con el pretexto de seguir instalándose aún no responden acertadamente a las demandas".
De otro lado, Torres resaltó la labor de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) en los conflictos del país. "La directiva (de la ANGR) viene respondiendo acertadamente en su papel concertador, buscando ser mediador entre los manifestantes y el gobierno".
Buenos Aires, Argentina, lunes 16 de Julio de 2007, Once.- Detalla su accionar para la "protección del ambiente". Picolotti envió una nota a la Asamblea de Gualeguaychú en la que defiende su gestión. La secretaria de Ambiente remitió a la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú un correo electrónico que contiene la nota que le envío al jefe de Gabinete. Sostiene que no tiene nada que ocultar y que su gestión es transparente.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Romina Picolotti, remitió a la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú un correo electrónico que contiene la nota que le envío al jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández. En la documentación, Picolotti dice a la Asamblea que la investigación que publicó Clarín es "una operación política". Luego de insistir que no tiene nada que ocultar y que su gestión es transparente, Picolotti expresa que tiene como objetivo "erigir a la protección del ambiente como una política de Estado. Esto implica ni más ni menos que desde el Estado comencemos a dar respuesta a los reclamos históricos de poblaciones en toda la Argentina y prevenir futuras violaciones".
La nota al jefe de Gabinete
Con fecha 10 de julio, Picolotti le remitió al jefe de Gabinete su descargo con respecto al "artículo periodístico de carácter difamatorio publicado en el diario Clarín el día domingo, estimo necesario transmitirle a Usted algunas informaciones a los efectos que estime corresponder". Luego de reseñar la necesidad de fortalecimiento institucional que implicó el nuevo impulso que Presidencia de la Nación le imprimió al área de Ambiente, detalla algunos aspectos significativos. "Como prueba de lo expresado puede mencionarse lo sucedido en la Dirección de Residuos Peligrosos que contaba con sólo treinta personas para cumplir adecuadamente el mandato que la ley 24.051 le impone a esta Secretaría en la totalidad del territorio. En la actualidad la citada Dirección está integrada por ochenta personas, habiendo incrementado veinte veces la capacidad operativa de la misma (inspecciones, relevamientos, etc.)".
"Del mismo modo en la Dirección de Infracciones Ambientales, se contaba con diez personas, dos computadoras viejas y más de dos mil infracciones a punto de prescribir por inacción del Estado" "en este ámbito, como consecuencia de la política de fortalecimiento institucional; en la actualidad esta importante Dirección cuenta con veinticinco personas, se solucionó la situación de parálisis de expedientes aludida, no prescribió ni uno solo de los dos mil expedientes, se multaron 444 empresas contaminantes y se aplicaron más de 110 medidas preventivas. Es importante destacar que esta Dirección que hasta nuestra llegada sólo operaba en virtud de Declaraciones Juradas de las empresas, hoy también inspecciona y promueve de oficio acciones contra los infractores de la ley". "Esta Dirección de Infracciones Ambientales en el período julio 2005 a julio 2006 emitió 1.243 providencias. A partir de mi asunción en julio de 2006 a la fecha, la Dirección de Infracciones Ambientales ha emitido 3.350 providencias. Es decir que por el mismo lapso de tiempo se triplicó el trabajo", explicó Picolotti. "Asimismo en el período enero 2006 a julio 2006 se registraron 458 notificaciones por infracciones ambientales. En lo que va de nuestra gestión hemos registrado 2.265 notificaciones".
"La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es autoridad de aplicación de los decretos 674/89 y 776/92 en materia de efluentes industriales. Durante el año 2005 se realizaron 261 inspecciones, en el año 2006 se realizaron 300 inspecciones, y en 59 días del presente año se llevan realizadas 372 inspecciones. Todas estas actuaciones están debidamente documentadas". "En virtud del fortalecimiento en materia de recursos humanos, se inspeccionaron in situ, multaron y clausuraron industrias de los sectores azucareros, petroleros, curtiembres, frigoríficos, imprentas, galvanoplastías, pasteras y otras industrias contaminantes". "Por primera vez se están desarrollando con la dimensión actual las acciones de control de tráfico ilegal de fauna silvestre, prueba de ello es que hemos realizando el mayor decomiso en la historia de nuestro país de fauna en el área metropolitana".
Otro párrafo significativo de la nota de Picolotti es el que expresa que: "Por primera vez se está llevando adelante un Plan Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo, dando respuesta al caso de contaminación ambiental histórica más grande de la Argentina, con la mayor población afectada. En los últimos cinco meses hemos realizado 1.500 intervenciones de control en la Cuenca Matanza Riachuelo". "Finalmente, también por primera vez el país debió afrontar un diferendo internacional en materia ambiental como consecuencia de la autorización unilateral del Estado de Uruguay de la instalación de la empresa Botnia en la localidad de Fray Bentos, en la margen oriental del Río Uruguay. En este proceso la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha tenido una participación activa acompañando la gestión internacional de la Cancillería y de la Jefatura de Gabinete de Ministros".
"De los contratados, el 78 por ciento tiene formación profesional universitaria y de éstos, el 35 por ciento tiene estudios de postgrado". Con respecto a los contratados con vínculos familiares, Picolotti reconoció que la psicóloga Valeria Yaryez (prima hermana), posee dos postgrados y está especializada en Política y Salud Mental. Su sueldo es de 3.500 pesos y su función dentro de la Secretaría es la Coordinación del área Social en la Cuenca Matanza Riachuelo y asesora en la Unidad de Gestión Ambiental de la Actividad Minera, esta última área también es nueva en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Juan Miguel Picolotti (su hermano) es Jefe de Gabinete de Asesores. Es experto en derecho ambiental, se desempeñó como adscripto en la Cátedra de Derecho Ecológico en la Universidad Blas Pascal, ha sido colaborador docente en la Maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano, fue becado por el Internacional Institute of Education de Washington D.C., ha publicado varios trabajos sobre la materia en prestigiosas revistas académicas nacionales e internacionales, y se ha especializado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Center for Internacional Environmental Law en Washington DC. Su designación fue realizada por decreto presidencial y publicado en el Boletín Oficial al inicio de la gestión. "La Secretaría no paga gastos personales a ninguno de sus integrantes. Tampoco pagan sueldos de 25 mil y 12 mil pesos como se publicara en la nota de Clarín", se defendió Picolotti.
Ambiente federal
"La Secretaría –dice Picolotti- está llevando adelante una política ambiental que no mira sólo a Buenos Aires, sino que trabaja en conjunto con las demás Provincias del país. Uno de los objetivos centrales de estas acciones es el fortalecimiento de las áreas ambientales a nivel provincial y municipal. Para esto se duplicó el presupuesto del Consejo Federal de Medio Ambiente. Se formularon planes nacionales de gestión integral de recursos hídricos, gestión integral de residuos sólidos urbanos, educación ambiental, municipios sustentables, remediación de sitios contaminados, plan nacional de monitoreo de calidad aire. Estas tareas implicaron viajes permanentes por trabajo".
"Desde el inicio de la gestión he realizado 26 viajes al interior del país. En los vuelos de cabotaje he usado los aviones de línea. Sólo de manera excepcional, ante la falta de frecuencia de vuelo o por problemas de operación aeronáutica o la diversidad de los destinos o para no incumplir con mis obligaciones; recurrí a la contratación de vuelos particulares". Y seguidamente detalla los vuelos que se contrataron y la labor que debió cumplir en cada caso, aclarando que nunca en esos viajes subió al avión personal que no fuera de la Secretaría.
El último viaje que realizó fue el 17 de mayo con destino Paraná y regreso a Buenos Aires el mismo día. El motivo fue una reunión con el gobernador de Entre Ríos para firmar convenios en el marco del Programa Municipios Sustentables con los intendentes de Bovril, Concordia, Concripto Bernardi, Gualeguay, Gualeguaychú, San José de Feliciano, Paraná y Villa Paranacito. Además de mantener reuniones con empresarios del Parque Industrial de Gualeguaychú para articular el proyecto de la planta de tratamiento de efluentes industriales. "En todos los casos he mantenido una agenda de trabajo que es pública y siempre ha estado a disposición en la página www.mejordemocracia.gov.ar", recordó Picolotti.
Con respecto a la relación contractual entre la Secretaría de Ambiente y la Fundación ArgenINTA, la misma data del año 2001. "La Secretaría de Estado no hizo ninguna transferencia indebida a la Fundación ArgenINTA (…) Toda la operatoria de esta Fundación esta auditada por la Inspección General de Justicia y la AFIP. Asimismo, la SIGEN y la Auditoria General de la Nación tienen potestad para auditar a ArgenINTA cuando los fondos que administra son de un ente Estatal. La SIGEN y la Auditoria General de la Nación en varias oportunidades, han relevado el desempeño de ArgenINTA sin hacer reparos".
Por último, Picolotti expresó que: "Trabajar seriamente por la protección del ambiente, que es trabajar por el bien común, no puede efectivizarse sin enfrentar intereses individuales, económicos, políticos y de otra naturaleza". "No tengo nada que ocultar, desde que he asumido he mantenido una gestión transparente. Todas las afirmaciones aquí vertidas cuentan con documentación que las respaldan".
Buenos Aires, Argentina, sábado 14 de Julio de 2007, Editorial de El Clarín.- El periodismo en la vida democrática. Las opiniones del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sobre una investigación publicada por Clarín, vuelven a poner de manifiesto la frecuente incomodidad oficial con la libertad de prensa, y desconocen el papel crucial que debe jugar el periodismo en el sostenimiento de la calidad institucional.
El domingo pasado Clarín publicó la primera parte de un informe en el que se revelaban prácticas irregulares de gastos en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ante los cuestionamientos generados, el jefe de Gabinete hizo una pública defensa de la gestión de la titular del citado organismo, Romina Picolotti, justificando las citadas prácticas. Al mismo tiempo, criticó el informe atribuyéndole intenciones políticas y descalificó al periodista que lo produjo.
Clarín, por su parte, ratificó la veracidad de los datos publicados y explicó que el trabajo se basó en informaciones recogidas en una multiplicidad de fuentes debidamente constatadas. La actitud oficial ante el periodismo se contrapone con reglas básicas de la democracia: la libertad para investigar sobre el accionar de los gobiernos y para informar sobre el resultado de esas investigaciones, no es un derecho decorativo, sino que cumple la función de fortalecer el control de la ciudadanía sobre la gestión de sus representantes en el ejercicio del poder, y sobre el funcionamiento del Estado en general. La democracia no implica tolerar sino promover la libertad de prensa.
Por eso, los gobiernos deben aprender a convivir con la mirada de la prensa independiente, rendir cuentas ante la sociedad sobre lo que el periodismo revela. También deberían evitar actitudes elusivas o agresivas que revelan y tratan de suplir la debilidad de los argumentos o de justificar lo que, en rigor, debería corregirse. Las críticas del jefe de Gabinete a una investigación de Clarín vuelven a mostrar la incomodidad del Gobierno ante la prensa independiente y desconocen el papel que debe jugar el periodismo en la democracia.
Buenos Aires, Argentina, martes 17 de julio de 2007, por Gustavo Orellana, El Mercurio.- Pascua Lama ha experimentado un considerable retraso en su calendario original y que promete seguir dilatándose. Ahora por un problema de pago de tributos. Propuesta de Barrick es pagar 80% de impuestos en Chile y 20% en Argentina, lo que dejó muy disconformes a las autoridades trasandinas.
La falta de definición de las autoridades de Argentina sobre el tema impuestos es, hoy por hoy, la única traba que va quedando para que el proyecto minero Pascua Lama salga de la Comisión del Tratado Minero entre Chile y ese país que analiza los proyectos fronterizos. En ese país, las autoridades están afinando una propuesta que buscará elevar el pago de tributos de Pascua Lama en Argentina, considerando que en el actual escenario, tanto del proyecto minero como de las negociaciones binacionales, ese país queda en desmedro ante Chile.
El año pasado la empresa propietaria del proyecto, la canadiense Barrick, entregó una propuesta a la comisión, que incluía que, para evitar la doble tributación, en Chile se pagaría el 80% de los impuestos por la explotación de la mina y en Argentina la diferencia. Esta proporción está determinada por la ubicación de los recursos mineros: 80% en Chile, 20% en Argentina. Tras la propuesta de Barrick, ambos países quedaron de analizarla y entregar una respuesta para que el tema quede de manera definitiva zanjado en la Comisión. Pero hasta ahora Argentina no entrega una respuesta.
Pero el estudio de Barrick -que no es concluyente, ya que quien resuelve es, finalmente, la autoridad- no dejó conforme a las autoridades argentinas, las que se abocaron de lleno a definir una respuesta que busca, como mínimo, que el cobro de impuestos sea "50-50". Según confirmó la secretaria ejecutiva de la comisión por el lado argentino, María Concepción Font, efectivamente el gobierno de ese país todavía no ha terminado de evaluar la propuesta de Barrick y tampoco ha finalizado el texto de la respuesta que será sometida a consideración de la mesa binacional.
Del lado chileno, sostienen que el único punto que queda por analizar es, precisamente, el tributario, y alaban el positivo manejo que ha tenido el análisis de Pascua Lama por parte de la comisión binacional y la eficiencia con que se han coordinado los distintos servicios públicos. También descartan que este retraso argentino redunde en postergaciones del proyecto minero en sí. "Esto no está interrumpiendo el desarrollo del proyecto. El problema de la doble tributación está arreglado. El tema en cuestión es cómo se va a tributar", explicó el secretario ejecutivo de la comisión por el lado chileno, Ramón Rada.
Entre mayo y junio se postergó tres veces la realización de la reunión del consejo binacional, pero, según explicó Rada, en el acta de la última reunión de diciembre se estableció que la instancia -presidida por los subsecretarios de Minería y Relaciones Exteriores de ambos países- se volvería a reunir en agosto de este año, y no antes. Apenas el protocolo Pascua Lama salga de la comisión, la instancia podrá abocarse a definir otros proyectos fronterizos, que suman US$ 7.000 millones entre Chile y Argentina.
PARIDAD. ARGENTINA quiere que a lo menos la mitad de los impuestos se paguen dentro de su territorio.
Buenos Aires, Argentina, lunes 16 de julio de 2007, La Voz.- Ambientalistas argentinos llevarán protesta a Uruguay. Un portavoz de la Asamblea Ciudadana Ambiental de la ciudad de Gualeguaychú informó el lunes que integrantes de ese organismo, que lucha contra la instalación de plantas de celulosa sobre el fronterizo río Uruguay, se trasladarán en las próximas semanas a territorio uruguayo, para protestar junto a grupos ecologistas del vecino país.
Alfredo De Angelis declaró a Radio América que "vamos a pasar la frontera para conformar una fuerza en común, para demostrarles a los gobiernos de los dos países que estamos unidos", en la campaña contra el funcionamiento de la planta que la empresa finlandesa Botnia construye en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
De Angelis agregó que "a medida que se acerque la fecha de inauguración de la planta de pasta de celulosa de Botnia se irán incrementando las acciones en el territorio uruguayo". Hubo informes de que el gobierno uruguayo aumentó las medidas de seguridad sobre el río fronterizo, en prevención de incidentes con ambientalistas argentinos.
En tanto, en Montevideo se informó el lunes que el embajador uruguayo en Francia y principal representante de su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Héctor Gros Espiell, dijo que el fallo definitivo sobre el litigio con Argentina por la instalación de la planta de celulosa no será hasta fines del año 2008.
En declaraciones telefónicas a la radio Carve de Montevideo, Gros Espiell aseguró que viajará a La Haya "el 18 ó 19" de este mes para presentar ante la Corte una "contra memoria" con la que el gobierno uruguayo intentará rebatir los argumentos de Argentina que acusa a Uruguay de haber violado el estatuto del uso binacional del fronterizo río Uruguay al autorizar unilateralmente la instalación de la planta de pasta de celulosa en una de sus márgenes.
Buenos Aires, Argentina, lunes 16 de Julio de 2007, Tierrasinmal.- Un informe de la Auditoria General de la Nación (AGN) de Argentina advirtió sobre la contaminación que las explotaciones termales pueden producir en el Acuífero Guaraní. Recomiendan terminar con las perforaciones. Según se señala, esto ocurre por la falta de tratamiento de efluentes y por el exceso de sales. La AGN recomienda expresamente "no avanzar con nuevas perforaciones" y "cerrar definitivamente las perforaciones salinas" en Entre Ríos.
El objeto de la auditoria fue realizar un "examen de la gestión ambiental llevada a cabo por la Subsecretaría de Recursos Hídricos con relación al Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG)". El período auditado fue mayo de 2003-setiembre de 2006. Dicho proyecto para la protección del SAG, con financiamiento del Banco Mundial, se creó con el propósito de elaborar e implementar un marco común institucional, legal y técnico para la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en cuanto al manejo y preservación del acuífero.
El 12 de mayo de 2006 el equipo de auditoria realizó una visita al Área Piloto Concordia-Salto, para verificar los resultados alcanzados en el desarrollo de la experiencia. El informe dice que se detectó "falta de tratamiento de los efluentes vertidos a los cuerpos de agua (contaminación por exceso de sales)" y la "posible infiltración del agua reinyectada por fracturas del lecho basáltico y consecuente contaminación del acuífero superficial Ituzaingó". Otros problemas ambientales son la "posible contaminación del agua del Acuífero Guaraní con agua salada de los sistemas acuíferos asociados. La extracción de agua salada de un acuífero asociado podría conectar al Acuífero Guaraní con estas formaciones salinas, vía irregularidades del subsuelo, contaminando en consecuencia el recurso". "Como consecuencia de estos problemas, se manifestó una clara postura de no avanzar con nuevas perforaciones y de cerrar definitivamente las perforaciones salinas", concluye el informe.
La AGN procedió a verificar el grado de cumplimiento de las funciones del comité transfronterizo para el Área Piloto Concordia-Salto. Se corroboró que "todavía no se cumplieron los objetivos particulares del proyecto piloto" y se expresó que "el desarrollo del proyecto SAG se encuentra en un grado mínimo de avance". En el marco del Proyecto Piloto se elaboró un Manual de Construcción de Pozos Profundos con el acuerdo de Uruguay y Argentina, que "aún no cuenta con la aprobación de la Legislatura provincial, por lo que no tiene aplicación efectiva". En consecuencia, el informe menciona que "no existe normativa vigente que detalle la modalidad de construcción de pozos de extracción de agua profunda y el control de efluentes generados por las actividades termales (...) La Dirección de Hidráulica ha impuesto una distancia mínima para la construcción de nuevos pozos".
Buenos Aires, Argentina, sábado 14 de Julio de 2007, Agencia NOVA.- Cambio climático Investigador del CONICET: "Falta una política de adaptación a las tormentas". El cambio climático es un flagelo que ya se está produciendo, y los efectos son concretos y contundentes, mientras el Estado, con problemas precisamente en la Secretaría de Medio Ambiente, mira para otro lado.
En ese sentido, el investigador superior del CONICET, Vicente Barros, fue entrevistado en el programa "Ambiente y Medio", conducido por Sergio Federovisky y emite la señal de cable Metro los jueves a las 12 del mediodía, donde explicó los problemas que existen a raíz del cambio climático y la escasa relevancia que tiene el tema para las autoridades.
Barros aseguró que "falta una política de adaptación a las tormentas", porque "las hay con mayor frecuencia que antes, y se necesita un sistema de alerta mucho más desarrollado que el que tenemos", algo en lo que "recién se está comenzando". Además, advirtió que "las precipitaciones aumentaron en algunos lugares hasta siete veces", y ejemplificó: "En Corrientes o en Resistencia (Chaco), cae una tormenta cada año, mientras que antes había cada siete". Al respecto, opinó que "en 10 años esto no va a cambiar mucho, quizá se empiece a notar en 20 ó 30 años, cuando tal vez tengamos tormentas más frecuentes y destructivas".
Por otro lado, señaló que "hay 50 glaciares continentales del sur, que compartimos con Chile, que están retrocediendo, y tan sólo dos no lo están haciendo". La consecuencia principal de los deshielos, es que el nivel del mar subió entre 10 y 20 centímetros durante el siglo XX, y para el año 2100 se prevé que suba otros 10.
Finalmente, precisó que "ya estamos teniendo inviernos muy cálidos", lo cual "no es bueno para el Norte y Oeste del país, donde normalmente no hay precipitaciones", y además "la temperatura es cada vez más alta, con "sequía invernal" que provoca la muerte de ganado, incendios forestales que llegaron a La Pampa y falta de agua potable en algunas poblaciones".
VICEPRESIDENTE DEL PARLASUR: NO SIRVE GENERAR COMBUSTIBLES SI FALTA COMIDA
Brasilia, Brasil, lunes 16 de Julio de 2007. Por Eduardo Andrés Aller, APM.- El diputado del PT también aclaró que la oposición al ingreso de Venezuela al bloque "no es la postura general del Senado de Brasil". El Mercosur tiene que debatir para establecer prioridades.
El vicepresidente del Parlamento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Doctor Rosinha, del Partido de los Trabajadores (PT), afirmó que, "aunque sea muy importante para Brasil, son muchos los problemas: uno de ellos es que la producción de etanol, a partir de la caña de azúcar, es muy agresiva para el medio ambiente porque, en general, concentra la propiedad de la tierra en pocas manos, no genera empleos según la necesidad del pueblo y del país y provoca inseguridad alimentaria".
El también diputado en el Congreso de Brasil se refirió asimismo al ingreso de Venezuela al bloque y sostuvo: "si bien algunos parlamentarios, clasificados como de derecha y de oposición al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifestaron una posición contraria al ingreso de Venezuela en el bloque regional, no es esa la postura general del Senado de Brasil". "Sobre este tema y sobre Radio Caracas Televisión (RCTV), hubo un debate distorsionado ideológicamente y lleno de errores", dijo el parlamentario en declaraciones a APM.
Semanas atrás, Rosinha había manifestado que "el que está en contra de la entrada de Venezuela está en contra del MERCOSUR y en contra da la integración de los países sudamericanos". Se trató de una respuesta a la Confederación Nacional da Industria (CNI) de Brasil, que había enviado una nota a los miembros de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en la cual formalizaba su "preocupación" por la adhesión la nación bolivariana. Tal inquietud tuvo lugar porque la inclusión del país caribeño podría estar acompañada de algún mecanismo para acortar el superávit comercial que Brasil mantiene con Venezuela, que en 2006 fue de 2700 millones de dólares.
Doctor Rosinha – su verdadero nombre Florisvaldo Fier- es uno de los fundadores del PT y de la Central Única de los Trabajadores (CUT). Desde su banca representa al sureño Estado de Paraná, donde nació en 1950 y veinte años después se formó en medicina. Rosinha va por su tercer mandato legislativo y tuvo una actuación destacada en la conformación del Parlamento de MERCOSUR (Parlasur). Su actividad parlamentaria se basa en la defensa de los servicios públicos y los derechos laborales. Sobre el proyecto agrocombustibles, que el presidente Lula lleva a adelante en alianza con Estados Unidos y en el marco del MERCOSUR, el legislador instó a los gobernantes a definir políticas que consigan la generación de combustibles pero eviten otros problemas, porque "de nada serviría generar combustibles si faltara comida".
Por otro lado, según Rosinha, los problemas que el MERCOSUR tendría que atender con urgencia "son muchos", pero la prioridad tendría que estar puesta en "los derechos personales, para que las personas vean en la práctica cotidiana que el MERCOSUR existe". "Es difícil atender con rapidez a todos las dificultades del MERCOSUR, ya que la lista es larga: asimetrías económicas, de desarrollo, de derechos en salud, entre otras; no es posible corregir todo a corto plazo, por eso hay que establecer, entre todos, importancias y plazos", amplió Rosinha. Asimismo, para el parlamentario, muchos de los problemas del armado territorial pueden encontrarse en su génesis, allá por 1991, cuando el Tratado de Asunción se firmaba en medio de la orgía neoliberal: "El MERCOSUR fue construido para atender los problemas económicos y comerciales de las grandes empresas, y es esa la cultura predominante en el bloque".
Por lo tanto, continuó Rosinha, "el MERCOSUR no fue pensado como un mecanismo de integración de los pueblos o como una unión económica para disputar un lugar estratégico en el escenario internacional". Solamente en los últimos tres o cuatro años se instaló la preocupación en el bloque de mejorar la calidad de vida de las personas y algunos resultados ya son concretos, como por ejemplo la posibilidad de trabajar en cualquiera de los países miembros y jubilarse por el de origen, precisó Rosinha. Es decir, "Mejoras palpables ya existen, pero muchas otras serán posibles si se logra un cambio de cultura. Todos podrán ganar cuando se termine la competencia interna y se construyan cadenas productivas para competir en el mercado mundial", enfatizó el diputado del PT y vicepresidente del parlamento del MERCOSUR, institución ésta de reciente constitución.
LULA DICE QUE "CARTEL DE PODEROSOS" ATACA ETANOL
Brasilia, Brasil, lunes 16 de Julio de 2007, Ansa Latina.- El presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, rechazó hoy las críticas a la expansión de cultivos dedicados a los biocombustibles, criticó las tarifas de los países desarrollados y admitió el reinicio de las negociaciones de la Ronda de Doha. "Brasil no debe tener miedo. Nosotros no vamos a aceptar que, otra vez el cartel de los poderosos del mundo intente impedir que Brasil se desarrolle, intentando impedir que Brasil se transforme en una gran nación. Brasil no puede renunciar a la defensa de su matriz energética revolucionaria, de 30 años, que es a base de etanol (alcohol combustible) y bioidiesel (extraído de soja y otras oleaginosas)". dijo Lula da Silva. En el programa radial Café con el Presidente, Lula afirmó "Hoy tenemos 20 países que producen petróleo para 200 países, con el biodiesel vamos a poder tener más de 100 países, o sea, vamos a democratizar la producción de combustibles en el mundo".
La semana pasada, durante un viaje a Europa, Lula participó de un seminario sobre biocombustibles en Bruselas, sede de la presidencia de la Unión Europea, donde organizaciones ambientalistas y legisladores plantearon sus reservas sobre las consecuencias que tendrá en la Amazonia la expansión de los plantíos de caña de azúcar destinados para producir etanol. "(Ellos) dicen que vamos a invadir la Amazonia, yo les recordé que Portugal llegó en 1500 (a Brasil) y hace 470 años fue introducida la caña en Brasil y la caña no llegó a la Amazonia por una razón simple: los portugueses descubrieron hace mucho tiempo que la no es un lugar para plantar caña porque la temperatura no es propicia" destacó Lula.
Ciudad de México, México, lunes 16 de Julio de 2007, por Susana González, La Jornada.- Falso, que solucionen la contaminación; grandes empresas, las beneficiadas: ODG. Agrocombustibles implican un riesgo tecnológico para el campo. La utilización intensiva de cultivos y de semillas transgénicas, peligros para el agro
El creciente interés mundial por la producción de los agrocombustibles también está ligado a los megaproyectos de infraestructura que empresas de gran envergadura mundial pretenden llevar a cabo en países en desarrollo, como es el caso del Plan Puebla Panamá (PPP) o la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Sudamericanas (IIRSA), denunció el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).
Los principales argumentos a favor de los biocarburantes, explicó, radican en que constituyen "una respuesta acertada frente a las crisis energética y crisis ambiental a nivel planetario", pero además son presentados como una alternativa que aliviará al sector agrícola y permitirá a los países que no tienen reservas de hidrocarburos acceder a una soberanía energética.
Argumentos que se refuerzan frente al calentamiento global o cuando los cálculos más convencionales prevén que el mundo sólo cuenta con 40 años más de petróleo, 60 de gas natural y 210 de carbón, ello sin contar con las dificultades que implicará extraerlos y el aumento de 1.7 por ciento anual en el consumo del petróleo. Sin embargo, el ODG aseveró que presentar a los biocarburantes como una solución a los problemas energéticos y ambientales "no sólo es falso", pues ni siquiera se ha comprobado su aparente neutralidad de las emisiones contaminantes, sino que además implican un peligroso riesgo tecnológico agrícola por la utilización intensiva de cultivos y de semillas transgénicas.
Así que detrás del beneficio ecológico que supuestamente puede traer consigo el uso a gran escala de los biocaburantes en el transporte, no debe perderse de vista quiénes resultarán beneficiados y, al respecto, comienza a descubrirse "la convergencia de los agro-petro-negocios que permite los matrimonios DuPont-BP, Abengoa-General Motors o Repsol- Acciona", entre otros, señaló ODG, una red de investigación mundial sobre las relaciones y deudas entre países ricos y pobres. Alianzas empresariales que representan "un aspecto muy poco bio en el auge de los agrocombustibles", pues dado que ni el biodisel ni el bioetanol pueden "teletransportarse" desde los campos donde sean producidos hasta los tanques de los automotores, salta a la luz la necesidad que implica su transporte y exportación, por lo que los planes de integración de infraestructuras como el PPP y la IIRSA cobran mayor relevancia.
El ODG es responsable también de la campaña mundial "No te comas el mundo" para informar sobre la incidencia la incidencia social y ambiental de los biocombustibles, pues considera que actualmente están "de moda", en iniciativas lanzadas tanto por gobiernos como también desde empresas multinacionales por lo que deben ser analizados "desde la perspectiva de la inseguridad generada por el empoderamiento de los países suministradores de petróleo, la subida de los precios de este recurso y su posible agotamiento". La organización destacó que los países del norte (economías desarrolladas) "no disponen de las tierras cultivables suficientes ni del clima adecuado para la producción de biocombustibles (soya, palma aceitera, maíz, etc.), por lo que necesariamente deberán situarse en los países del sur, en enormes extensiones de tierras, donde antes existían bosques y selvas".
Incluso, como ejemplo, mencionó que "en lugares como México se avizoran problemas para la soberanía alimentaria al competir los cultivos destinados a los automóviles, con aquellos destinados a alimentos básicos", pues se ha calculado que para llenar de etanol el tanque de un automóvil de 25 galones se necesita una cantidad de granos suficientes para alimentar a una persona durante un año y si ese tanque se quiere mantener a lo largo de dos semanas, se podrían alimentar 26 personas durante un año.
Publicado por Medio Ambiente de Pudahuel en 9:06

References: artículo 100
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
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