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Timestamp: 2019-05-25 17:13:58+00:00

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Año XXII, N° 33, 2015, pp. 211-230
Dante Mauricio Negro Alvarado*
El presente artículo retoma publicaciones anteriores sobre la labor del Comité Jurídico
Interamericano. En esta ocasión, nos ocuparemos de las labores de dicho órgano de la Organización
de los Estados Americanos correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, en particular, al desarrollo de temas tan importantes para la agenda jurídica del sistema interamericano tales como
el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, las sociedades por acción
simplificadas y la ley modelo propuesta por el Comité Jurídico en esta materia, la responsabilidad
social de las empresas en el campo de los derechos humanos y el medio ambiente, la protección
de bienes culturales en casos de conflicto armado y el contenido de la ley modelo propuesta por el
Comité Jurídico en este tema, la diversidad cultural en el desarrollo del derecho internacional y la
guía de principios elaborada por el Comité, entre otros temas.
Palabras clave: Organización de los Estados Americanos, Comité Jurídico Interamericano, fortalecimiento Sistema Derechos Humanos, sociedades por acción simplificadas, responsabilidad social
empresas, protección bienes culturales, diversidad cultural.
The present article takes up previous publications on the work of the Inter-American Juridical
Committee. This time, we will take on the activities of that organ of the Organization of American
States during the years 2012, 2013 and 2014, particularly, the development of such important
topics for the legal agenda of the inter-American system such as the strengthening of the interAmerican human rights system, the simplified stock corporations and the model legislation
proposed by the Inter-American Juridical Committee on that topic, the social responsibility of
companies in the area of human rights and the environment, the protection of cultural property
in cases of armed conflict and the model legislation proposed by the Committee on that issue,
Director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
Washington, D.C. Profesor en la Maestría en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad
de Alcalá, España y en la Maestría en Derecho Público y Gestión de Políticas Públicas con énfasis en Derecho
Constitucional, Administrativo e Internacional Público de la Universidad de Columbia. Correo electrónico:
dnegro@oas.org
the cultural diversity in the development of international law and the guidelines prepared by the
Committee, among other topics.
Key words: Organization of American States, Inter-American Juridical Committee, Strengthening
Human Rights System, Simplified Stocks Corporations, Business Social Responsibility, Protection
of Cultural Property, Cultural Diversity.
El Comité Jurídico Interamericano es uno de los órganos de la Organización de los
Estados Americanos cuya finalidad es servir de cuerpo consultivo en asuntos jurídicos a los cuerpos políticos de la Organización. Dentro de sus cometidos está el
promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del
continente así como la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca
conveniente1.
Retomando los artículos que anteriormente hemos publicado en esta revista sobre el
Comité Jurídico Interamericano, y teniendo en cuenta que el último de ellos cubre las
labores de dicho órgano relativas al año 2011 (Negro Alvarado, 2011, pp. 377-390),
en las próximas páginas haremos un recuento de los trabajos que han sido desarrollados
durante los tres últimos años, cubriendo así los períodos de sesiones del Comité celebrados en marzo de 2012 en México, D.F., y los posteriores de agosto de 2012, marzo
de 2013, agosto de 2013, marzo de 2014 y agosto de 2014, todos ellos celebrados en
su sede, la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. En la medida en que en esta oportunidad
nos toca cubrir las labores realizadas en un período que cubre tres años, trataremos de
ser sucintos en cuanto a nuestras explicaciones, remitiéndonos la mayoría de las veces a
los propios documentos producidos en el seno de dicho órgano de la OEA.
Fueron muchos los temas sustanciales cubiertos por el Comité Jurídico Interamericano
entre 2012 y 2014. Entre los temas cuyo estudio fue terminado en dicho período
tenemos el del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos;
las sociedades por acción simplificadas; las alternativas para la regulación del uso de
sustancias psicotrópicas estupefacientes, así como para la prevención de la farmacodependencia; la legislación modelo sobre protección de bienes culturales en casos de
conflicto armado; la guía para la regulación del uso de la fuerza y la protección de las
Las normas que rigen el funcionamiento del Comité Jurídico Interamericano están contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos (artículo 53 y capítulo XIV, artículos 99 al 105), así como en su Estatuto y
Reglamento. Dichos documentos se pueden consultar en la página web de la OEA www.oas.org/dil.
Agenda Internacional, XXII (33) 2015
personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado; la responsabilidad social de las empresas en el campo de los derechos
humanos y el medio ambiente en las Américas; la orientación sexual, identidad y
expresión de género; la diversidad cultural en el desarrollo del derecho internacional;
y, los lineamientos generales para la integración fronteriza.
Por su parte, entre los temas que han sido desarrollados en los últimos tres años pero
que aún siguen en la agenda del Comité Jurídico por no haber sido todavía culminados tenemos el de la protección de datos personales; los recibos de almacenaje
electrónicos para productos agrícolas; el derecho aplicable a los contratos internacionales; la guía sobre protección de personas apátridas; los temas de derecho internacional privado; la inmunidad de los Estados y de las organizaciones internacionales;
la cooperación judicial interamericana; y, los lineamientos para el manejo migratorio en las relaciones bilaterales. Debido a que sobre estos últimos aún no existe un
informe final por parte del Comité, no los abordaremos en esta ocasión.
Como en anteriores oportunidades, no nos limitaremos únicamente a hacer una
descripción del desarrollo y contenido de los documentos elaborados por el Comité
Jurídico Interamericano sino que los ubicaremos en el contexto más amplio de cómo
los mismos han sido desarrollados en los otros órganos políticos de la Organización
2. Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
La Asamblea General de la OEA reunida en su 41 período ordinario de sesiones
en San Salvador, El Salvador, en 2011, aprobó una declaración encomendando al
Consejo Permanente el establecimiento de un Grupo de Trabajo para «que profundice el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y su Estatuto, con miras a lograr el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, y que presente sus recomendaciones al
Consejo Permanente en su primera sesión ordinaria de diciembre de 2011». Dicho
Grupo de Trabajo fue establecido por el Consejo Permanente el 29 de junio de ese
mismo año y actuó bajo las presidencias sucesivas de Perú y México.
Si bien es cierto desde hacía ya muchos años la OEA, a través de la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente2, había venido desa El Consejo Permanente establece las comisiones y grupos de trabajo que estima pertinentes para facilitar sus labores, de conformidad con las disposiciones de su Reglamento. Una de dichas Comisiones es la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos (CAJP).
rrollando estos procesos de reflexión, dos hechos particulares que se produjeron en
2011 desencadenaron acciones políticas por parte de algunos Estados miembros con
miras a iniciar un diálogo mucho más profundo sobre los aciertos y desaciertos del
sistema interamericano de derechos humanos. Dichas acciones tuvieron su caja de
resonancia en la Asamblea General y dieron como resultado el mandato que hemos
señalado. Los dos hechos al que nos referimos de manera específica fueron la necesidad de nombrar un nuevo secretario ejecutivo en la CIDH y la discusión que se
generó sobre el procedimiento y quién era competente para hacerlo; y la adopción
por parte de la CIDH de la medida cautelar MC 382/10 «Comunidades Indígenas
de la Cuenca del Río Xingú», Pará, Brasil, más conocida como Caso Belo Monte,
acción que produjo la respuesta diplomática inmediata por parte de dicho país. En
general, lo que algunos Estados miembros buscaron con este proceso fue dotar de
mayor certeza jurídica a los métodos y procedimientos de trabajo de la CIDH, a
través de una mayor claridad de los criterios sobre los cuales dicho órgano de la OEA
basa sus decisiones, de canales adecuados para hacer de conocimiento el fundamento
y las motivaciones de las consideraciones jurídicas de la CIDH, y de una mayor sujeción de sus atribuciones y mecanismos de trabajo a reglas y estándares conocidos por
Sería muy interesante ahondar en los detalles de todo este proceso, pero a efectos de
este artículo, lo que nos interesa es destacar que la propia Asamblea General reunida
en 2011, mediante su resolución «Fortalecimiento del sistema interamericano de
derechos humanos en seguimiento de los mandatos derivados de las Cumbres de las
Américas», resolvió solicitar al Comité Jurídico Interamericano la elaboración, de
manera prioritaria, de un estudio sobre las formas de fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos3. Si bien algunos expertos en la materia desestimaron la
competencia del Comité Jurídico en esta área por ser, en opinión de ellos, un asunto
relativo a los derechos humanos y para los cuales la CIDH era la única competente,
lo cierto es que el Comité Jurídico Interamericano abordó el tema en su siguiente
período ordinario de sesiones en agosto de 2011 y culminó su estudio en marzo de
2012, sobre la base de haber recibido un mandato de la propia Asamblea General,
órgano supremo de la Organización, superior en jerarquía incluso al propio Comité
Jurídico y a la CIDH4.
AG/RES.2675 (XLI-O/11) En: Actas y Documentos del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones,
San Salvador, El Salvador, del 5 al 7 de junio de 2011, Volumen I, Secretaría General, Organización de los Estados
Americanos, Washington, D.C., OEA/Ser.P/XLI-O.2, 24 de octubre de 2011, pp. 242-247.
En efecto, la propia Carta de la Organización de los Estados Americanos establece en su artículo 54 que la
Asamblea General es el órgano supremo de la Organización.
El Comité Jurídico Interamericano designó como relatores en la materia a los
doctores Joao Clemente Baena Soares de Brasil y Fabián Novak de Perú. En una
primera aproximación, el Comité decidió que el informe debía ser amplio, comprendiendo las reformas necesarias para fortalecer las labores de la CIDH y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, abordando aspectos sustantivos y p
­ rocesales;
y que debía tomar muy en cuenta los desarrollos de los trabajos del Grupo de Trabajo
del Consejo Permanente, así como las contribuciones que realizaran los Estados
miembros, los órganos del sistema y las organizaciones de la sociedad civil.
Siendo el Comité Jurídico Interamericano, dentro del sistema, un órgano con la más
amplia autonomía técnica, su informe fue esperado por todos los actores con mucha
expectativa. La mayoría de sus propuestas finales estuvieron referidas a la CIDH no
solo por el mayor nivel de preocupación mostrado con relación al procedimiento
seguido ante este órgano, sino también por las mayores posibilidades de perfeccionamiento y fortalecimiento detectadas por los relatores. No obstante, también se
incorporaron planteamientos importantes con relación a la Corte Interamericana
y a los propios Estados miembros. Así, con relación a la CIDH, el Comité Jurídico
Interamericano hizo propuestas en los temas relativos al procedimiento de solución
amistosa, a las medidas cautelares, a la promoción de los derechos humanos, al financiamiento de la Comisión, al capítulo IV del Informe Final de la CIDH que se refiere
a la situación particular de los derechos humanos en algunos países del sistema interamericano, y a ciertas cuestiones de procedimiento.
El documento CJI/doc.400/12 rev.3 «Fortalecimiento del Sistema Interamericano de
Protección y Promoción de los Derechos Humanos» fue finalmente aprobado por el
Comité Jurídico Interamericano en su 80 período ordinario de sesiones celebrado en
México, D.F., en marzo de 2012, mediante la resolución CJI/RES.192 (LXXX-O/12),
siendo enviado al Consejo Permanente y posteriormente a la Asamblea General5.
Ya para esa época, el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, con fecha 13 de
diciembre de 2011, había adoptado su Informe Final y lo había elevado a la consideración del Consejo Permanente el cual lo aprobó con fecha 25 de enero de 20126.
Dicho documento contenía 67 recomendaciones de las cuales 53 estaban destinadas a la CIDH. Posteriormente el propio secretario general de la OEA presentó un
informe sobre el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe del
Consejo Permanente planteando sobre dicha base ciertas reformas estatutarias. La
CIDH por su parte, con fecha 9 de abril de 2012, transmitió al Consejo Permanente
Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General 2013, Secretaría General, Organización
de los Estados Americanos, Washington, D.C., OEA/Ser.G, CP/doc.4826/13, 20 de febrero de 2013, pp. 27-42.
Documento CP/doc.4675/12. VER: http://www.oas.org/consejo/sp/documentos%20DOC2012.asp
el «Documento de Posición sobre el Proceso de Fortalecimiento del SIDH [Sistema
Interamericano de Derechos Humanos]».
En el mes de junio de 2012, es decir, solo un par de meses después de todos estos
acontecimientos, la Asamblea General reunida en su 42 período ordinario de sesiones, teniendo en cuenta toda esta documentación, aprobó la resolución «Seguimiento
de las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión
sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos», mediante la
cual acoge el informe del Grupo de Trabajo, encarga al Consejo Permanente que,
sobre la base del informe, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas
las partes involucradas, y que dichas propuestas se pongan a consideración de una
Asamblea General Extraordinaria en el plazo de 6 meses o a más tardar en el primer
trimestre de 20137.
Antes de que dicho nuevo encargo fuera cumplido, con fecha 23 de octubre de 2012,
la CIDH publicó el documento «Contestación al Consejo Permanente luego del
proceso interno de evaluación y estudio»8. Y en marzo de 2013 modificó su reglamento, adoptando muchas de las conclusiones a las que había llegado el Consejo
Permanente y las recomendaciones que figuran en el documento del Comité Jurídico
Interamericano. Dicho reglamento entró en vigor en agosto de 20139.
Ese mismo mes, en marzo de 2013, la Asamblea General se reunió en un período
extraordinario de sesiones aprobando la resolución «Resultado del Proceso de
Reflexión sobre el Funcionamiento de la CIDH para el Fortalecimiento del SIDH»10.
En atención a todo lo acontecido anteriormente, encargó al Consejo Permanente a
que continúe el diálogo sobre este tema; instó a la CIDH a poner en práctica las recomendaciones que aún estén pendientes; alentó a la CIDH a fortalecer sus esfuerzos
de promoción de los derechos humanos, inclusive mediante el apoyo a los sistemas
nacionales; propuso a la CIDH fortalecer sus relatorías, inclusive mediante la posibilidad de otorgar el carácter de especiales a las relatorías temáticas sobre la base de
un financiamiento adecuado; e insistió en la necesidad de otorgar un mejor financiamiento al sistema y de una mayor universalidad del mismo, es decir, que todos los
Estados miembros se hagan parte de todos los instrumentos jurídicos en materia de
derechos humanos y acepten la competencia contenciosa de la Corte.
AG/RES.2761 (XLII-O/12) En: Actas y Documentos del cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones,
Cochabamba, Bolivia, del 3 al 5 de junio de 2012, Volumen I, Secretaría General, Organización de los Estados
Americanos, Washington, D.C., OEA/Ser.P/XLI-O.2, 1 de febrero de 2013, pp. 269-270.
Véase: http://www.oas.org/es/cidh/fortalecimiento/docs/RespCP.pdf
Véase: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
AG/RES.1 (XLIV-E/13) EN: http://www.oas.org/consejo/sp/AG/resolucionesextraordinarias.asp
En general podemos decir que este proceso de reflexión continúa y, en efecto, debe
continuar con el objetivo de seguir fortaleciendo y perfeccionando un sistema de derechos humanos del cual el Hemisferio se enorgullece. Podemos afirmar que después
de esta etapa, en la cual el Comité Jurídico Interamericano hizo un aporte importantísimo tal como lo demuestra su documento final, existe un mejor ­entendimiento
de la riqueza y complejidad del sistema interamericano de derechos humanos y el
rol de la OEA en su fortalecimiento. En ese sentido, es necesario que el esfuerzo
por mantener y ampliar los canales de diálogo entre todos los actores del sistema sea
permanente, pues el carácter evolutivo de los derechos humanos y de las realidades
políticas y económicas de la región hace necesario las evaluaciones periódicas del
funcionamiento de dicho sistema, siempre teniendo en cuenta que en su cúspide no
debe estar otro actor que no sea el propio ser humano.
3. Sociedades por acción simplificadas
En nuestro Hemisferio, tanto en los países latinoamericanos como en los países del
Caribe, las economías dependen mayormente de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPyMEs). Por citar algunos ejemplos, en El Salvador, la mayoría de los
micronegocios están dirigidos por una persona con la asistencia de uno o dos empleados adicionales. En Brasil, entre los años 1997 a 2003, las microempresas dieron
trabajo a 13 millones de personas. En México, el 99% de todos los negocios cae bajo
el rubro de las MiPyMEs, empleando al 60% de la población. Las MiPyMEs son
responsables de más del 20% del producto interno en dicho país.
Ante la ausencia de un marco regulatorio que permita progresivamente la creación
de asociaciones empresariales más sencillas, modernas y de bajo costo, las empresas
familiares o corporaciones cerradas a menudo tienen que constituirse como sociedades de responsabilidad limitada en el marco de trámites administrativos engorrosos
y costosos, mediante el uso de escrituras públicas y el pago de numerosos impuestos
municipales y estatales (y en algunos casos federales). El incumplimiento de alguno
de estos numerosos requisitos conlleva la nulidad de la constitución. Esto produce
como resultado que gran parte de las micro y pequeñas empresas y muchas de las
medianas empresas se queden en el marco de la informalidad produciendo un menor
desarrollo económico tanto a nivel nacional como de la región.
Es así como surge el concepto de Sociedades por Acción Simplificadas (SAS) bajo la
premisa de que las formalidades para constituir una empresa solo deben establecerse
con el objeto de ejercer un efecto beneficioso y ser funcionales en el mercado. Con
las SAS se facilita la formalización de las empresas sobre todo las micro y pequeñas
empresas con el consiguiente aumento de la recaudación tributaria y la promoción
El modelo de las SAS ha sido adoptado con gran éxito en algunos estados de los
Estados Unidos así como en el Reino Unido, Francia, Japón, Singapur, China, India
y Canadá. En América Latina, hasta el momento, el modelo solo ha sido adoptado por Colombia y Chile, aunque en este último caso, con algunas dificultades en
su aplicación. En Colombia, después de aprobada la Ley 1258 sobre la materia en
diciembre de 2008, el número de empresas creadas se incrementó en un 25% solo
El tema de las SAS fue incorporado en la agenda del Comité Jurídico Interamericano
en uso de su atribución de incluir temas por propia iniciativa durante su período
ordinario de sesiones de marzo de 2011. Durante su período ordinario de sesiones
de agosto de 2011, el relator del tema, doctor David Stewart de Estados Unidos,
presentó el documento CJI/doc.380/11, «Recomendaciones sobre la propuesta de
proyecto de ley modelo sobre sociedad por acciones simplificadas» proponiendo una
ley modelo sustantiva y otra ley modelo sobre resolución de controversias que se presenten con relación a dichas sociedades, teniendo como referencia la Ley colombiana
antes mencionada11.
En su siguiente período ordinario de sesiones, celebrado en marzo de 2012, el Comité
Jurídico Interamericano adoptó la resolución CJI/RES.188 (LXXX-O/12) «Proyecto
de ley modelo sobre sociedad por acciones simplificada»12, mediante la cual se aprueba
el «Informe del Comité Jurídico Interamericano: Recomendaciones sobre la propuesta
de proyecto de ley modelo sobre sociedad por acciones simplificada»13. En dicha resolución, el Comité Jurídico reconoce la aparición de nuevas formas de organizaciones corporativas con relación a los negocios pequeños y a las pequeñas y medianas
empresas, considerando la contribución que estas nuevas formas de organizaciones
corporativas pueden realizar al desarrollo económico en los Estados miembros. Dicha
resolución y el informe que aprueba fueron transmitidos al Consejo Permanente de la
Organización para su debida consideración y envío a la Asamblea General.
Las SAS son entidades comerciales híbridas, reuniendo las características comerciales
de las sociedades en comandita y las sociedades por acciones, y gozan de una amplia
libertad contractual. En ese sentido, pueden tener personería jurídica, pueden estar
conformadas por uno o más accionistas y estar organizadas de la manera como dichos
Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General 2011, Secretaría General, Organización
de los Estados Americanos, Washington, D.C., OEA/Ser.Q/IV.42, CJI/doc.399/11, 5 de agosto de 2011, pp. 50-65.
Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General 2012, Secretaría General, Organización
de los Estados Americanos, OEA/Ser.Q, CJI/doc.425/12, 10 de agosto de 2012, p. 69.
CJI/doc.380/11 corr.1. En: Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General 2012,
Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, OEA/Ser.Q, CJI/doc.425/12, 10 de agosto de 2012,
accionistas lo determinen (libertad de estructura orgánica interna y gestión flexible).
Las SAS pueden a su vez constituirse mediante un documento privado o electrónico relativamente simple, contrario a la tradicional y costosa constitución mediante
escritura notarial y sus fundadores pueden escoger una duración ilimitada para la
misma. El acto de constitución de una SAS dota de responsabilidad limitada a sus
accionistas incrementando su libertad de contratación privada protegiendo al mismo
tiempo sus intereses por medio de normas relativas al abuso del derecho. No obstante
ello, la protección a terceros (acreedores, empleados, víctimas de cuasi-delitos, etc.)
queda garantizada con el levantamiento del velo corporativo. Las SAS también sustituyen la costosa y a veces ineficiente formalidad de los controles internos obligatorios
por una supervisión más efectiva y menos costosa de auditores externos.
En cuanto a las acciones, las SAS pueden emitir varias clases o series de acciones
(tienen una estructura flexible de capitalización), aunque tanto estas como cualquier
otro valor emitido no serían registrados ante ninguna bolsa ni negociados en mercado alguno. Además, están sujetas a normas simples sobre disolución y liquidación,
así como a reglas sencillas sobre resolución de controversias.
Dada la importancia del tema, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del
Consejo Permanente de la OEA incorporó esta materia en su agenda de trabajo
para el período 2014-2015 y celebró una sesión especial el día 4 de diciembre de
2014 para recibir al relator del Comité Jurídico Interamericano así como al profesor
Francisco Reyes Villamar, uno de los autores de la Ley colombiana. El tema fue analizado y discutido a profundidad por dicha Comisión y posiblemente la misma eleve
alguna recomendación al respecto para ser adoptada por la Asamblea General de la
OEA en el período ordinario de sesiones que celebre en junio de 2015.
4. Responsabilidad social de las empresas en el campo de los derechos
humanos y el medio ambiente en las Américas
El Comité Jurídico Interamericano en su 82 período ordinario de sesiones correspondiente a marzo de 2013 decidió incorporar en su agenda de trabajo, por propia
iniciativa, el tema de la «Responsabilidad social de las empresas en el campo de los
derechos humanos y el medio ambiente en las Américas». El Comité estimó que un
informe sobre la situación actual de la responsabilidad social empresarial en la región
serviría de insumo para elaborar posteriormente una guía de principios para su eventual adopción por los países miembros de la OEA.
La responsabilidad social de las empresas es un concepto que se aplica a una nueva
manera de hacer negocios, por medio de la cual las empresas tratan de encontrar un
equilibrio entre la necesidad de alcanzar sus objetivos económicos y financieros y
un impacto social y ambiental positivo en el marco de sus actividades. Para ello se
requiere de un sistema efectivo y eficaz de producción y distribución de los productos
dentro del respeto a las normas ambientales, laborales y de derechos humanos, respetando el entorno y las comunidades donde operan, buscando conservar el ecosistema así como las tradiciones y costumbres de dichas comunidades, contribuyendo
asimismo a su desarrollo económico y social.
En los últimos años, los países del Hemisferio han logrado en general un desarrollo económico positivo, acelerando los procesos productivos y de inversión, lo que
ha requerido y sigue requiriendo la adopción de políticas y legislación antes referidas sobre responsabilidad social a nivel empresarial. Asimismo, debido al proceso
de inserción de muchas empresas americanas en las economías de los países, estas
han enfrentado presiones para mejorar la calidad de sus productos o servicios de tal
manera que cumplan con los estándares legales y éticos necesarios. Obviamente se
han encontrado dificultades en este proceso tales como la poca capacidad de fiscalización en algunos casos, la resistencia de algunas empresas para aceptar cierto tipo
de regulaciones de carácter normativo y, no menos importante, la falta de estrategias
para la difusión y el estímulo. No obstante, se trata de un proceso en construcción
que avanza positivamente en la dirección correcta.
La Asamblea General de la OEA ha venido adoptando anualmente, desde 2001,
resoluciones en materia de responsabilidad social de las empresas. Si bien no existe
hasta el momento una regulación propia de carácter vinculante, la OEA ha reconocido directrices, principios e iniciativas que se han postulado en otros foros internacionales, recomendando a sus Estados miembros la plena implementación de los
mismos, mostrando especial interés en que las pequeñas y medianas empresas también se incorporen a esta tendencia de llevar adelante una política de responsabilidad
social empresarial acorde con sus propias necesidades y recursos. Por otro lado, diversos países en la región han ido avanzando en la promulgación de normas jurídicas
internas de carácter vinculante sobre la materia.
Debemos reconocer sin embargo que aún subsisten en la región prácticas negativas
en las cuales las actividades de algunas empresas se llevan adelante en el marco de
determinadas violaciones a los derechos humanos, a los derechos laborales de los
trabajadores, y al derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.
Desde el punto de vista del derecho internacional, un Estado puede incurrir en responsabilidad internacional cuando tolera que las empresas privadas violen determinados derechos de sus trabajadores o usuarios y de las comunidades donde operan así
como cuando el Estado no cumple con supervisar las condiciones de las concesiones
otorgadas a dichas empresas. Por ello resulta necesario que los Estados implementen
políticas eficientes de fiscalización y supervisión de las empresas en el desarrollo de
sus actividades y también que las propias empresas establezcan políticas para garantizar el respeto de los derechos humanos y del medio ambiente en el marco de sus
Es dentro de dicho espíritu que el Comité Jurídico Interamericano aprobó en marzo
de 2014 la resolución CJI/RES.205 (LXXXIV-O/14) «Responsabilidad Social de
las Empresas en el Campo de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente en
las Américas» mediante la cual aprueba el Informe que lleva el mismo título y la
Guía de Principios sobre esta temática, transmitiendo estos documentos al Consejo
Permanente de la OEA14. En dicho informe, el Comité Jurídico aborda las resoluciones de la Asamblea General de la OEA en la materia; se refiere a diversas conferencias
interamericanas que se han desarrollado para tratar el tema; examina las legislaciones
nacionales de países tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México y Perú; analiza algunos casos concretos de los que se puede extraer buenas prácticas así como otros casos de experiencias negativas que han sido llevados ante la Comisión y la Corte Interamericanas de
Derechos Humanos; y finaliza con las conclusiones antes referidas.
Creemos que la Guía de Principios que propone el Comité Jurídico Interamericano
es un instrumento valioso que puede servir de base para que los Estados miembros
de la OEA, en el marco de la Asamblea General, adopten un documento referencial
que contribuya con los esfuerzos que se llevan adelante en la región en el campo de
En ese sentido, el 29 de enero de 2015, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
del Consejo Permanente de la OEA, implementó un mandato de la Asamblea
General que le solicitaba la realización de una sesión especial para fomentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias en cuanto a la promoción y protección de
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Dicha sesión contó con la presencia
de los Estados miembros y expertos gubernamentales, del sector académico y de la
sociedad civil, así como de otros actores sociales y organizaciones internacionales15.
En dicha sesión, el Comité Jurídico Interamericano, a través del relator del tema,
doctor Fabián Novak, presentó el informe antes mencionado.
Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General 2014, Secretaría General, Organización
de los Estados Americanos, Washington, D.C., OEA/Ser.Q, CJI/doc.472/14, 25 de septiembre de 2014, pp. 60-85.
AG/RES.2840 (XLIV-O/14). En: Actas y Documentos del cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones, Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio de 2014, Volumen I, Secretaría General, Organización de los Estados
Americanos, Washington, D.C., OEA/Ser.P/XLIV-O.2, 24 de septiembre de 2014, pp. 153-156.
Particularmente creemos que este tema es de la mayor importancia y debe ser desarrollado con más profundidad en el seno de la Organización tomando como base la
propuesta del Comité Jurídico Interamericano, con el objetivo de darle a las empresas una propuesta de herramientas gerenciales y una metodología de gestión para que
sus actividades sean socialmente responsables. Pensamos que el tema no se limita y
no debe limitarse al ámbito del respeto de los derechos humanos, pues se debe incluir
propuestas tan concretas como por ejemplo la reducción de desechos y el uso razonable y proporcional de la energía, solo por citar un par de ejemplos. Limitar el ámbito
del tratamiento del tema al campo de los derechos humanos (determinar una violación y la reparación respectiva), deja por fuera una serie de medidas disuasivas como
la promoción de la «credibilidad» y la «confianza» que el público en general puede
tener con relación a las empresas que se califiquen de socialmente responsables. De
hecho, una gestión socialmente responsable y la promoción de la misma a través de
un conjunto de políticas públicas de «atracción», tiene como efecto un alto grado de
respeto por los derechos humanos sin limitar la temática a este solo aspecto.
5. Legislación modelo sobre protección de bienes culturales en casos de
El tema del derecho internacional humanitario ha estado presente en la agenda de la
Organización de los Estados Americanos desde hace muchos años, con sendas resoluciones aprobadas por la Asamblea General en las cuales se fijan estándares importantes y compromisos políticos que han contribuido al desarrollo progresivo del derecho
internacional en la materia en foros mundiales.
Fue la propia Asamblea General que en 2011, durante su 41 período ordinario de
sesiones, aprobó una resolución mediante la cual se insta a los Estados miembros y
a las partes involucradas en un conflicto armado a que respeten y cumplan sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, incluyendo las destinadas a la
protección a la vida, la integridad y la dignidad de las personas y los bienes protegidos,
así como el trato debido a los prisioneros de guerra16. También se insta a los Estados
miembros a que adopten las medidas legislativas o de otra índole que fuesen necesarias para cumplir con las obligaciones previstas en los tratados de derecho internacional humanitario de los que son parte, incluyendo adoptar disposiciones que
garanticen la protección de los bienes culturales contra los efectos de los conflictos
armados, que pueden incluir medidas de carácter preventivo relativas a la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia y la designación
AG/RES.2650 (XLI-O/11). En: Actas y Documentos del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones,
ibid, pp. 150-155.
de autoridades competentes17. En un intento de ayudar a los Estados miembros en
la adopción de dichas medidas legislativas, la Asamblea General solicitó al Comité
Jurídico Interamericano, en la misma resolución, que proponga leyes modelo que
apoyen los esfuerzos emprendidos por dichos Estados en la implementación de
­obligaciones derivadas de tratados en materia de derecho internacional humanitario,
con énfasis en la protección de los bienes culturales, en caso de conflicto armado, e
informe sobre los avances que se generen a la Asamblea General18.
En el marco de dicho mandato, el Comité Jurídico Interamericano nombró como
relatora a la doctora Ana Elizabeth Villalta de El Salvador, quien presentó informes de avance en los períodos ordinarios de sesiones del Comité correspondientes
a marzo de 2012, agosto de 2013 y finalmente un informe definitivo en marzo de
2013 el cual fue adoptado por el pleno del Comité Jurídico19.
Un concepto básico en esta temática y del cual debe partir cualquier análisis sobre
la misma es que los bienes culturales han de protegerse en todo momento, tanto en
tiempo de paz como en tiempo de guerra. En ese sentido, se hace necesario que los
Estados tomen las medidas preventivas y preparatorias en tiempos de paz para tener
así la capacidad de proteger los bienes culturales en caso de conflicto armado internacional y no internacional. De esta manera se hace conveniente contar con medios de
identificación y conservación así como de un personal especializado encargado de la
clasificación y salvaguarda, estableciendo los vínculos necesarios entre los sistemas de
protección civil y militar y las diversas entidades responsables, a fin de velar porque se
conozcan y respeten las reglas específicas destinadas a aplicarse durante los conflictos
El informe sobre la materia describe qué se entiende por bien cultural y se refiere
además a los principales instrumentos de derecho internacional humanitario que
protegen los bienes culturales. De estos instrumentos vale la pena mencionar la
Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso
de Conflicto Armado que es prácticamente el primer instrumento con vocación universal que establece un régimen de protección para estos bienes y el primer conjunto
de normas jurídicas consagrado enteramente a la protección de los bienes culturales.
Dicha Convención introdujo el concepto de bien cultural protegiendo todos aquellos
«Legislación Modelo sobre Protección de Bienes Culturales en Casos de Conflicto Armado», documento CJI/
doc.403/12 rev.5. En: Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General de la OEA 2013,
Ibid. pp. 51-66.
bienes que constituyen en esencia la manifestación de la cultura de un determinado
pueblo y que, en razón de su importancia, deben ser preservados de los efectos de una
guerra. Sin embargo, existen numerosos instrumentos jurídicos internacionales que
recogen estándares referidos a la protección de los bienes culturales. En ese sentido,
es entender del Comité Jurídico que la propuesta de una legislación modelo tiene por
virtud armonizar la aplicación de toda la normativa recogida en dichos instrumentos
con el fin de salvaguardar la protección de los bienes culturales en el hemisferio.
La legislación modelo propuesta por el Comité Jurídico Interamericano contiene
normas específicas sobre la protección general, especial y reforzada de los bienes
culturales. La protección general es la que se refiere a la salvaguardia y respeto de
todos los bienes culturales. La protección especial está referida a un número limitado de refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, de centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de gran
importancia. Finalmente, la protección reforzada está referida a aquellos bienes que
son patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad.
Si bien en materia de protección general la única causa posible de derogación de la
obligación de respeto de los bienes culturales es la «necesidad militar imperiosa», los
bienes sujetos a protección especial no están sometidos a excepción alguna. Estos
últimos, para gozar de dicha calidad, deben estar a suficiente distancia de un centro
industrial o de cualquier objetivo militar importante y no deben ser utilizados para
fines militares. Por otro lado, esta protección solo puede otorgarse a los bienes que
estén inscritos en el Registro Internacional de los Bienes Culturales bajo Protección
Especial, por lo que dicho registro presenta el carácter constitutivo de dicha protección. Asimismo, los bienes culturales bajo protección general o especial deben contar
con un signo distintivo para cada uno de ellos.
En cuanto al sistema de protección reforzada, este fue establecido en un Protocolo
Adicional de 1999 a la Convención de La Haya de 1954, mediante el cual se
establece que los bienes bajo este régimen deben ser inscritos en la nueva Lista
de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada debiendo cumplir con algunos
requisitos, a saber, que constituyan un patrimonio de la mayor importancia para la
humanidad; que estén protegidos por medidas nacionales adecuadas, tanto jurídicas
como administrativas que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y
garanticen su protección al más alto grado; que no sean utilizados con fines militares;
y, que hayan sido objeto de una declaración de la parte que lo controla en la que se
confirme que no se utilizará para esos fines. La utilización con fines militares de un
bien incluido en esta lista equivale a una grave violación al Protocolo de 1999 y el
Estado infractor queda sujeto a la sanción correspondiente.
El Comité Jurídico Interamericano no resuelve la pregunta, pero queda pendiente de
análisis si la obligación de protección que tienen los Estados con relación a los bienes
culturales puede ir más allá de un conflicto armado, es decir, si alcanza otras situaciones de violencia que no son precisamente un conflicto armado de carácter internacional o nacional como por ejemplo la coyuntura que vienen enfrentando algunos
Estados de la región y que sobrepasa los actos esporádicos y aislados de violencia.
Tal como señalamos anteriormente, el Comité Jurídico Interamericano adoptó su
informe final sobre la materia en su período ordinario de sesiones celebrado en marzo
de 2013 el mismo que fue incluido en su informe anual y enviado por separado a
la Asamblea General de la Organización. Si bien es cierto los órganos políticos de la
OEA aún no han dado su parecer con relación a dicho informe, el mismo incluye
una propuesta de Ley Modelo sobre Protección de Bienes Culturales en caso de
Conflicto Armado que de por sí se convierte en una guía legislativa o herramienta
para todos los Estados del hemisferio en caso que quieran adoptar legislación interna
en esta materia que esté en conformidad con las normas internacionales incluidas
en los numerosos instrumentos jurídicos internacionales que hasta el día de hoy
se han adoptado. En todo caso, la Organización de los Estados Americanos sigue
dando especial importancia a esta materia y en su más reciente resolución aprobada
en junio de 201320 instó a los Estados miembros a que adopten medidas legislativas
o de otra índole que fuesen necesarias para cumplir las obligaciones previstas en
los tratados de derecho internacional humanitario de los que son parte, incluyendo
adoptar disposiciones que garanticen la protección de los bienes culturales contra los
efectos de los conflictos armados, que pueden incluir medidas de carácter preventivo
relativas a la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia y
la designación de autoridades competentes. Asimismo, agradeció al Comité Jurídico
Interamericano por el informe presentado y encomendó a la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente que prevea en su agenda la consideración del mismo e informe sobre los resultados de su análisis a la Asamblea General21.
Desde hace algunos años, la Asamblea General de la OEA ha venido adoptando resoluciones sobre algunos temas
de manera bianual, siendo este el motivo por el cual la más reciente resolución sobre derecho internacional humanitario es de 2013 y no de 2014.
AG/RES.2795 (XLIII-O/13) «Promoción y Respeto del Derecho Internacional Humanitario». En: Actas y
Documentos del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones, la Antigua, Guatemala, del 4 al 6 de junio de
2013, Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C., OEA/Ser.P/XLIII-O.2, 3 de
octubre de 2013, pp. 159-164.
6. Guía de Principios sobre la Diversidad Cultural en el desarrollo del
El tema de la diversidad cultural en el desarrollo del derecho internacional es un
asunto que se discutió en el seno del Comité Jurídico Interamericano por varios
años. En efecto, en su período ordinario de sesiones correspondiente a marzo de
2009, el miembro del Comité Jurídico, doctor Freddy Castillo de Venezuela, presentó el ­documento titulado «La Diversidad Cultural en el Desarrollo del Derecho
Internacional»22 mediante el cual propuso la inclusión del tema en la agenda del
Comité, del cual resultó siendo relator. En junio de ese mismo año, la Asamblea
General manifestó su interés en el tema solicitando al Comité Jurídico Interamericano
que le informara del avance paulatino en su desarrollo.
En los períodos de sesiones posteriores del Comité Jurídico Interamericano, el relator
presentó sucesivos informes23, hasta que la Asamblea General en 2011, solicitó al
Comité que presente un informe final del tema24. En atención a ello, en agosto de
2011, el relator del tema presentó un documento que incorpora todos los aportes de
los demás miembros y enumeró una serie de principios generales de la diversidad.
Finalmente, en la sesión del Comité correspondiente a marzo de 2012, este aprobó
la resolución «Guía de Principios sobre la Diversidad Cultural en el Desarrollo del
Derecho Internacional»25 mediante la cual, considerando la importancia que la diversidad cultural ha venido adquiriendo en el derecho internacional así como la necesidad de establecer sobre el tema orientaciones básicas para su desarrollo, propone a
la Asamblea General de la OEA una Guía de Principios sobre la temática teniendo
como base el documento final del relator26.
Dicha guía de principios, desarrollada en 14 puntos, establece que el reconocimiento de la diversidad cultural a nivel constitucional y legal debe ir acompañado de
CJI/doc.325/09 rev.1. En: Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General 2009,
Secretaría General, Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C., OEA/Ser.G, CP/doc.4469/10, 24
Así, en agosto de 2009 el relator presentó el informe «Reflexiones sobre el tema de la diversidad cultural y el desarrollo del derecho internacional» (CJI/doc.333/09); en marzo de 2010 presentó el informe «La diversidad cultural y
el desarrollo del derecho internacional» (CJI/doc.351/10); en agosto de 2010 presentó el informe «Recomendaciones
a partir del informe anterior sobre la diversidad cultural y el desarrollo del derecho internacional» (CJI/doc.364/10);
y en marzo de 2011 presentó el informe «Recomendaciones sobre la diversidad cultural y el desarrollo del derecho
internacional» (CJI/doc.377/11).
AG/RES.2671 (XLI-O/11). En: Actas y Documentos del cuadragésimo primer período ordinario de sesiones,
CJI/RES.185 (LXXX-O/12). En: Informe Anual Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General 2012,
Ibid., pp. 56-57
«Guía de Principios sobre la Diversidad Cultural en el Desarrollo del Derecho Internacional», CJI/doc.404/12
rev.1 corr.1, En: Ibid., pp. 57-59.
­ rácticas interculturales signadas por la equidad, el equilibrio, el respeto y la toleranp
cia, siendo la aplicación efectiva de la diversidad cultural una herramienta adecuada
para el fortalecimiento de la democracia y sus elementos esenciales. Asimismo, la
diversidad cultural es entendida como un derecho de todos y no como un acto para
favorecer exclusivamente a un tipo de población sin perjuicio del deber de apoyar a
aquellas culturas que se encuentren en situación de postergación, riesgo o amenaza
de deterioro o pérdida.
La Guía de Principios también recomienda adelantar procesos efectivos para el mantenimiento de las lenguas que aún sobreviven y recuperar aquellas que se encuentran
en inminente peligro de desaparición, al existir en las Américas una variedad significativa y numerosa de lenguas. Como mecanismo idóneo para la preservación de las
mismas, se propone la educación intercultural bilingüe.
En otros campos, la Guía establece que la recuperación de espacios destruidos por
desastres naturales debe ser atendida, tomando en cuenta la tradición cultural del
entorno correspondiente y se propone la actualización permanente de los inventarios
culturales, la detección de amenazas al patrimonio y la reflexión sobre el modo como
el ordenamiento jurídico y las diversas disciplinas armonizan los principios básicos
de la diversidad cultural y dirimen las tensiones que la misma generan.
En el plano internacional, se reconoce que la diversidad cultural deber ser una pieza
esencial en los procesos de integración y cooperación en las Américas y se propone
difundir mediante los diversos medios posibles las normas de derecho internacional
de la diversidad de las expresiones culturales y contribuir con los Estados, con la
sociedad civil y con las diversas comunidades en esa tarea de promoción. Se sugiere
asimismo propiciar la creación de Fondos Regionales de la Diversidad Cultural en las
Américas o de algún mecanismo semejante para apoyar las políticas de promoción de
las industrias culturales nacionales o regionales.
En general pues, se trata de una Guía de Principios bastante ambiciosa aunque
propuesta de manera sucinta y objetiva. En todo caso, se constituye en un valioso
documento de apoyo a tres instrumentos internacionales que serían adoptados paralelamente en el marco de la OEA. Nos referimos a la Convención Interamericana
contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana
contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, ambas
adoptadas por la Asamblea General en 2013, y a la Carta Social de las Américas,
adoptada también por la Asamblea General en 201227.
La Carta Social de las Américas fue adoptada por la Asamblea General de la OEA en junio de 2012 mediante
resolución AG/RES.2699 (XLII-O/12). Para más información sobre el proceso de su adopción y contenido ver:
Negro Alvarado, Dante Mauricio (2015). «Los desarrollos jurídicos más recientes en el ámbito de la OEA».
7. Otros temas desarrollados por el Comité Jurídico Interamericano
Evidentemente los temas que hemos desarrollado anteriormente son muy importantes pero no cubren toda la agenda de trabajo del Comité Jurídico Interamericano en
los últimos tres años. Sin embargo, son aquellos temas que han finalizado con una
propuesta concreta ya sea de legislación modelo, guía legislativa o guía de principios.
Entre los otros temas que desarrolló el Comité Jurídico tenemos el de orientación
sexual, identidad de género y expresión de género. La Asamblea General de la OEA,
durante su 41 período ordinario de sesiones, solicitó al Comité un estudio sobre las
implicancias jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a la
orientación sexual, identidad de género y expresión de género, encomendando a la
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente que incluya en su
agenda la consideración del resultado tanto de este estudio como de otro que fue solicitado paralelamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos28. Después
de algunos años de estudio por parte de la relatora del tema, doctora Ana Elizabeth
Villalta, el Comité Jurídico Interamericano aprobó la resolución «Orientación sexual,
identidad de género y expresión de género»29 mediante la cual aprueba un informe
sobre la materia30 y transmitirlo al Consejo Permanente de la Organización.
Este tema se introdujo en la agenda de la OEA en 2008, año en el cual la Asamblea
General aprobó una resolución sobre la materia. Desde aquel entonces hasta la
última resolución de dicha Asamblea General, en 2014, el tema ha tenido una evolución importante y se han ido incorporando estándares valiosos para la protección
de los derechos humanos del colectivo LGBTI31. El informe del Comité Jurídico
Interamericano respalda la consagración de dichos estándares, y aunque aún queda
un camino largo por recorrer, creemos que la OEA no puede quedar rezagada en un
tema tan importante y tan actual en el Hemisferio32.
Otro de los temas que ocupó la atención del Comité Jurídico Interamericano fue el
de los lineamientos generales para la integración fronteriza o vecinal. Dicho tema
fue incluido en la agenda de este órgano por iniciativa propia en marzo de 2012
CJI/RES.207 (LXXXIV-O/14). En: Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General
2014, Ibid., p. 23.
CJI/doc.447/14. En: Ibid., pp. 23-28. Dicho informe vino acompañado con un voto disidente por parte del
miembro haitiano, doctor Gélin Imanés Collot, el cual figura en el mismo informe anual, pp. 28-33.
El colectivo LGBTI comprende a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersex.
Para mayor información sobre los más recientes desarrollos de la temática en el marco de la OEA ver: Negro
Alvarado, Dante Mauricio. Los avances más recientes en la protección de los derechos humanos del grupo LGBTI
en el ámbito interamericano. Derecho PUCP, 73, 2014, pp. 155-183.
y tuvo como relator el doctor José Luis Moreno Guerra, de Ecuador. En marzo
de 2014 el Comité Jurídico adoptó una resolución33 aprobando el informe final34
del relator, transmitiéndolo al Consejo Permanente. Dicho documento incluye 52
­recomendaciones específicas a los Estados miembros de la OEA sobre la ­materia
y contiene un anexo con consideraciones generales sobre cada una de dichas
Otro de los temas importantes que el Comité Jurídico tuvo en su agenda fue el de
las alternativas para la regulación del uso de sustancias psicotrópicas estupefacientes, así como para la prevención de la farmacodependencia. El Comité incluyó por
propia iniciativa el tema en su agenda en agosto de 2013, nombrando como relator
al doctor Fernando Gómez Mont de México. En agosto de 2014 el Comité Jurídico
aprobó su informe sobre la materia35. Algunas de las conclusiones más importantes
contenidas en este informe es que se debe revisar la lista de estupefacientes y otras
sustancias psicotrópicas, con base en criterios científicos, para que se clasifiquen en
razón del riesgo que genera su consumo personal de producir conductas violentas
para luego, y solo en función de ello, criminalizar dichas conductas. En cuanto a
su potencial adictivo, la regulación debe ser hecha desde un punto de vista médico
y sanitario. El Comité también opinó que debe reconocerse el derecho de los consumidores mayores de edad a decidir el consumo de dichas sustancias, cuando lo
realicen sin dañar a terceros o ponerlos en riesgo cierto. También sostuvo que debía
darse un trato no discriminatorio a los consumidores de dichas sustancias frente a
los consumidores de otras sustancias permitidas actualmente, tales como el alcohol
y el tabaco. Asimismo, el Comité Jurídico Interamericano indicó que debe implementarse campañas de información dirigidas a los consumidores sobre los riesgos que
implica dicho c­ onsumo con relación a la salud y el desempeño personal. En general,
el Comité Jurídico Interamericano planteó un cambio de enfoque y sugirió avanzar
en el aprendizaje institucional para lo cual podría considerarse la regulación del uso
de la marihuana o cannabis sativa en algunas circunstancias de las cuales se ocupó en
Finalmente, otro tema que ocupó la atención del Comité Jurídico Interamericano
fue el de la regulación del uso de la fuerza y la protección de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, tema
CJI/RES.206 (LXXXIV-O/14). En: Informe Anual del Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea General
2014, Ibid., pp. 37-38.
«Recomendaciones a los Estados Americanos para la Integración Fronteriza o Vecinal», CJI/doc.433/13 rev.1 En:
Ibid., pp. 38-49.
«Informe del Comité Jurídico Interamericano. Alternativas para la Regulación del Usos de Sustancias Psicotrópicas
Estupefacientes, así como para la Prevención de la Farmacodependencia, especialmente en relación a la Marihuana o
Cannabis Sativa», CJI/doc.470/14 rev.1, En: Ibid., pp. 100-108.
íntimamente relacionado con el derecho internacional humanitario. Este tema fue
incluido en la agenda del Comité en agosto de 2011, siendo su relator el doctor
Fernando Gómez Mont. En agosto de 2012, el Comité Jurídico Interamericano terminaba la consideración del tema con la aprobación de una Guía sobre el tema36.
Como hemos podido observar en las páginas anteriores, el Comité Jurídico
Interamericano ha tenido una agenda de especial relevancia y variedad en los últimos
años, y ha evacuado los mandatos de la Asamblea General así como los mandatos que
se ha otorgado a sí mismo, de una manera efectiva y oportuna. El desarrollo jurídico
en el sistema interamericano tiene como uno de sus ejes centrales a este órgano de
la OEA. Si consideramos que el Comité Jurídico está compuesto por once juristas
del mayor renombre en nuestro hemisferio y que los mismos son elegidos por la
Asamblea General de la OEA, órgano máximo de la Organización y que además
concentra la voluntad política de los Estados miembros del hemisferio, indudablemente estamos frente a una cantera de doctrina de la más alta y elevada importancia.
Dicha doctrina es fuente de derecho internacional y los documentos, informes y propuestas emanados del Comité Jurídico Interamericano, especialmente aquellos que
contienen leyes modelo o guías legislativas, están llamados a servir, sin lugar a dudas,
como directrices importantes para el desarrollo progresivo del derecho internacional
e interamericano.
Fecha de recepción: 23 de febrero de 2015
Fecha de aprobación: 17 de marzo de 2015
«Guía para la Regulación del Uso de la Fuerza y la Protección de las Personas en Situaciones de Violencia Interna
que no alcanzan el Umbral de Conflicto Armado», CJI/doc.401/12 rev.4. En: Informe Anual del Comité Jurídico
Interamericano a la Asamblea General 2012, Ibid., pp. 91-116.
7 Consejos Depende directamente de la Asamblea General, que al
1 1.3.1 Órganos de la Organización de los Estados Americanos
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References: resolución 
 artículo 54
 resolución 
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