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Timestamp: 2020-02-28 03:55:21+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA C-153 DE ABRIL 5 DE 1995
SENTENCIA C-153 DE 05 DE ABRIL DE 1995
CONTENIDO:CONSULTA, EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ETAPAS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:282 DE JUNIO DE 1995, PÁG.674
Sentencia C-153 de abril 5 de 1995
EXTRACTOS: «Se transcribe a continuación el texto del artículo 184 del CCA, subrayando los apartes de dicha norma son objeto de la acusación:
La consulta se transmitirá y decidirá previo un término común de cinco (5) días para que las partes presenten sus alegatos por escrito.
El principio de la doble instancia como regla general, reconocido antes a nivel legal, tiene en la Constitución Política una consagración expresa en los arts. 29, 31 y 86. La segunda de estas disposiciones de modo general regula el principio y prohíbe además la reformatio in pejus en los siguientes términos:
Sobre el punto es ilustrativa la Sentencia C- 345/93 en la cual se dijo:
“Asi pues, el artículo 31 superior establece el principio de la doble instancia, de donde se deduce el de apelación de toda sentencia, pero con las excepciones legales, como lo dispone la norma constitucional. Excepciones que se encuentran en cabeza del legislador para que sea él quien las determine, desde luego, con observancia del principio de igualdad, que no permite conferir un tratamiento desigual cuando no sea razonable o justo”.
La doctrina admite que el recurso de apelación hace parte de la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para intervenir en la causa para obtener la tutela de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia en que hubiere podido incurrir el a quo. Su procedencia se determina en los estatutos procesales, atendiendo a la naturaleza propia del proceso y de la providencia y la calidad o el monto del agravio inferido a la respectiva parte.
La naturaleza propia del recurso de apelación, según la delimitación conceptual que se ha hecho, se acomoda a las exigencias del principio de igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución, pues constituyendo un mecanismo o garantía general de impugnación no le es dable al legislador, en principio, establecer diferentes tratamientos en relación con los sujetos procesales intervinientes en el correspondiente proceso judicial; en otras palabras, las condiciones y requisitos para tener derecho el recurso de apelación deben ser uniformes para dichos sujetos.
La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir, utilizando una discrecionalidad sin limites, pues los derroteros que debe observar el legislador para desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución.
Del examen de los diferentes estatutos procesales que regulan la consulta, deduce la Corte que ella ha sido instituida con diferentes propósitos o fines de interés superior que consultan los valores, principios y derechos fundamentales constitucionales, como son:
— La protección de los derechos mínimos o ciertos e indiscutibles del trabajador que, a manera de principios básicos, contiene el artículo 53 de la C.P. Es así como en materia laboral procede la consulta contra las sentencia de primera instancia, que no sean apeladas, “cuando fueren totalmente adversas al trabajador” (art. 69 CPL).
— El interés colectivo, asociado a la defensa de los derechos y del patrimonio de las entidades públicas. En la virtud, es viable la consulta en relación con las sentencias que fueren adversas a la Nación, a los departamentos o los distritos especiales o a los municipios, o que impongan una condena a cargo de cualquier entidad pública o la providencia que la liquide (arts. 69 CPL., 386 CPC y 184 CCA).
— La protección de algunos sujetos procesales que se encuentren en alguna situación o posición desventajosa, desde el punto de vista de sus derechos procesales, los representados por curador ad litem, a quienes se les decreta la interdicción, o tengan la condición de campesinos con intereses vinculados a la explotación de pequeñas propiedades rurales, etc. Es decir, personas que de algún modo se encuentra en una situación de debilidad manifiesta o indefensión que reclama la protección estatal a través de la figura de la consulta (arts. 386 CPC y 12 del D. 508/74).
— La moralidad y eficacia en la administración de justicia, cuando se trata de precaver o proteger los derechos de terceros y evitar la posible comisión de fraudes procesales (por ejemplo la consulta en procesos de pertenencia, y declaraciones de bienes vacantes y mostrencos, art. 407-11 CPC).
— El interés de la sociedad en que se investiguen ciertos delitos que por su gravedad afectan bienes jurídicos prevalentes y se impongan las condignas sanciones a los infractores de la ley penal, e igualmente el respeto a la legalidad sustancial y a los derechos y garantías constitucionales de los procesados. Es así, como el art. 206 del CPP expresa:
“Providencias consultables. En los delitos de conocimiento de los fiscales y jueces regionales, son consultables cuando no se interponga recurso alguno, la providencia mediante la cual se ordena la cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación, la providencia que ordena la devolución a particulares de bienes del imputado o sindicado presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible o que sea objeto material del mismo y las sentencias que no sean anticipadas”.
Concordante con los criterios expuestos, esta Corte en la Sentencia C-055/93 dijo, en relación con la consulta “que ésta es un mecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate”(2).
La pretensión de los demandantes se reducen a que se declaren inconstitucionales los apartes demandados del art. 184 del CCA que regulan lo relativo a la consulta de los autos sobre liquidación de condenas en abstracto dictados en primera instancia por los tribunales administrativos que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública, cuando no fueren apelados por la administración, y los demás apartes que contienen aspectos básicos de la regulación de la consulta, con el fin de que so pretexto de garantizar la justicia, la efectividad de los derechos, el principio de igualdad, el principio de la doble instancia y el acceso a la justicia, se consulten, en todos los casos, las sentencias de primera instancia.
La intención, no disimulada por los actores es que de prosperar las pretensiones de la demanda se eliminen de la norma del artículo 184 del CCA los apartes acusados, con el propósito de que se permitan en todos los casos las consultas de las sentencias dictadas en primera instancia cuando no fueren apeladas por cualquiera de las partes; pero advierte la Corte, además, que de accederse a dichas pretensiones se estaría contrariando el espíritu del legislador, pues este no tuvo en ningún momento la intención de generalizar la consulta para todas las sentencias.
a) Los fundamentos o supuestos de hecho que tuvo el legislador en cuenta para instituir la consulta en los procesos contencioso administrativos son objetivamente diferentes, porque los intereses públicos involucrados en este tipo de controversias son distintos a los intereses privados que igualmente resultan comprometidos en éstas.
Por lo expuesto, no encuentra la Corte que la disposición acusada viole los preceptos que se invocan como transgredidos, ni ninguna otra norma constitucional.
Declarar EXEQUIBLES los apartes: “... y los autos sobre liquidación de condenas en abstracto ...que impongan una obligación a cargo de cualquier entidad pública... por la administración” y “ La consulta se entenderá siempre interpuesta a favor de las mencionadas entidades” contenidos en los incisos primero y tercero del artículo 184 del CCA.
(Sentencia C-153 de abril 5 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

References: artículo 184
 artículo 31
 artículo 13
 artículo 53
 artículo 184
 artículo 184