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Timestamp: 2019-01-23 09:44:49+00:00

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﻿ Auto 2011-00343 de septiembre 29 de 2011
AUTO 2011-00343 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:ADMITEN DEMANDA DE NULIDAD CONTRA EL REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO PARA EL 2011. EL CONSEJO DE ESTADO ADMITIÓ LA DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA CONTRA EL DECRETO 033 DEL 2011, QUE REAJUSTÓ EL SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL PARA EL 2011. PARA EL DEMANDANTE, EL GOBIERNO EXPIDIÓ EL DECRETO 033 CUANDO YA HABÍA PERDIDO COMPETENCIA PARA HACERLO, TODA VEZ QUE LA LEY 278 DE 1996 ESTABLECE QUE CUANDO NO SE LOGRE EL CONSENSO SOBRE LA FIJACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO, DEBE HACERLO A MÁS TARDAR EL 30 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, COMPETENCIA, REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL
Auto 2011-00343 de septiembre 29 de 2011
Exp: 110010325000201100343 00
Núm. interno: 1294-11
Actor: Diego Enrique Sierra Yañez
Bogotá D.C., veintinueve de septiembre de dos mil once.
El señor Diego Enrique Sierra Yañez, en nombre propio y en ejercicio de la acción de que trata el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, solicita la declaratoria de nulidad del Decreto 33 de 11 de enero de 2011 que modificó el artículo 1º del Decreto 4834 de 30 de diciembre de 2010, por medio del cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal mensual.
El Presidente de la República en uso de las atribuciones que le confiere el inciso 2º del parágrafo del artículo 8º de la Ley 278 de 1996, fijó mediante el Decreto 4834 de 2010 como SMLM para los trabajadores de los sectores urbano y rural la suma de $532.500, norma que regiría a partir del 1º de enero de 2011.
El 11 de enero de 2011 el Gobierno Nacional mediante el Decreto 33, modificó el artículo 1º del Decreto 4834 de 30 de diciembre de 2010, fijando un nuevo Salario Mínimo por la suma de $535.600.
Para resolver, la Sala
Como la demanda reúne los requisitos formales es del caso ordenar su admisión y trámite.
La suspensión provisional es una medida de carácter cautelar, que busca restarle eficacia temporal a los actos administrativos demandados en acción de nulidad, durante el trámite del proceso.
El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo prescribe taxativamente los requisitos que deben cumplirse para la procedencia de la suspensión los cuales corresponden fundamentalmente a dos aspectos: la forma como debe formularse la petición, bien sea en la misma demanda o en escrito separado pero dentro de una determinada oportunidad; la manifiesta infracción que surja de una simple comparación, como condición fáctica que debe darse, para que la medida sea decretada y si la acción es distinta a la de nulidad se deberá demostrar el perjuicio de la ejecución del acto causa o podría causar . El tenor literal de la anterior normatividad, es el siguiente:
3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar aunque sea sumariamente, el perjuicio de la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.
Como se observa, la suspensión provisional es una medida procesal sujeta a condiciones y requisitos exigentes, pues además de solicitarse por escrito, el interesado debe demostrar la existencia de una manifiesta infracción entre el acto demandado y las normas violatorias invocadas. Por consiguiente, no le es dable al juzgador acceder a su decreto sino cuando encuentre visibles esos extremos, pues en los casos en que la materia ofrece dudas o exige examinar el fondo del asunto, no resultaría procedente esa medida.
Argumentos de la solicitud
La solicitud de suspensión provisional fue sustentada con los siguientes razonamientos:
La Ley 278 de 1996 artículo 8º establece que cuando no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo para el año inmediatamente siguiente, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, el gobierno lo determinará.
Mediante el Decreto 33 de 11 de enero de 2011 proferido por el Presidente de la República, se modificó el artículo 1º del Decreto 4834 de 30 de diciembre de 2010, fijando el salario mínimo legal vigente en la suma de $535.600.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 33 de 2011 cuando ya había perdido competencia para hacerlo, actuando así de manera arbitraria, es decir, fue expedido por fuera de los términos legales previstos por la Ley 278 de 1996 que otorgaban competencia residual al gobierno, por lo que acarrea la nulidad del acto demandado.
De las normas violadas
Las normas citadas como violadas disponen:
Normas violadas Acto demandando
Artículos 8º de la Ley 278 de 30 de abril de 1996
“Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales creada por el artículo 56 de la Constitución Política”. Decreto 33 de 11 de enero de 2011 “por el cual Por el cual se modifica el artículo 1º del Decreto 4834 del 30 de diciembre de 2010”.
ART. 8º—<Artículo condicionalmente exequible> Las decisiones de la comisión serán adoptadas por consenso. El voto de cada sector representativo será el de la mayoría de sus miembros.
...”. Que a falta de acuerdo tripartito para la fijación del aumento del salario mínimo para el año 2011 por parte de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno Nacional fijó mediante Decreto 4834 del 30 de diciembre de 2010 como salario mínimo legal mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de quinientos treinta y dos mil quinientos ($532.500) pesos moneda corriente.
Que las estimaciones de inflación esperada para finales de año 2010 informadas por el Banco de la República a la Comisión permanente de políticas salariales y laborales, fue en promedio del 2.7%, por lo que el Gobierno Nacional fijó un incremento salarial del 3.4%. Que la inflación reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el 5 de enero de 2011 para el año 2010 fue del 3.17%, por lo que se hace necesario modificar el artículo 1º del Decreto 4834 del 30 de diciembre de 2010.
Que la intención del Gobierno Nacional es incrementar el poder adquisitivo del salario mínimo legal vigente otorgando un incremento superior a la inflación esperada.
ART. 1º—El artículo primero (1º) del Decreto 4834 del 30 de diciembre del 2010 quedará así “Fijar a partir del primero (1º) de enero del año 2011, como salario mínimo legal mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de quinientos treinta y cinco mil seiscientos ($535.600,00) pesos moneda corriente”.
En el caso sub judice, estima la Sala que, no se ha causado ningún perjuicio susceptible de ser demostrado en la presente solicitud de suspensión provisional, y por lo tanto no se cumple con el requisito exigido en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo, ya que esta medida está sujeta a condiciones y requisitos exigentes como son la flagrancia y la violación de textos superiores. Por consiguiente, no le es dable al juzgador acceder a su decreto sino cuando encuentre visibles esos extremos pues en los casos en que la materia ofrezca dudas, carezca de requisitos o deba examinarse el fondo del asunto no resulta procedente la medida.
Además de la simple lectura del acto demandado con la norma aludida como violada, no observa la Sala la violación flagrante de preceptos superiores, en el presente caso se requiere de un estudio de fondo de todas las normas que se relacionan con la fijación del salario mínimo legal mensual, determinado por el Gobierno Nacional.
Por lo anterior, es del caso negar la suspensión provisional del acto demandado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. ADMÍTESE en acción de nulidad la demanda instaurada por Diego Enrique Sierra Yañez contra el Decreto 33 de 11 de enero de 2011 que modificó el artículo 1º del Decreto 4834 de 30 de diciembre de 2010, por medio del cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal mensual.
3. NOTIFÍQUESE personalmente la admisión de esta demanda al Ministro de Hacienda y Crédito Público.
4. FÍJESE el asunto en lista por el término de diez (10) días para los efectos previstos en el artículo 207-5 del Código Contencioso Administrativo.
5. No hay lugar a señalar suma alguna por concepto de gastos ordinarios del proceso.
6. NIÉGASE la suspensión provisional solicitada.

References: artículo 84
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 152
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 56
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 152
 artículo 1
 artículo 207