Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-008-98.htm
Timestamp: 2017-11-22 01:58:24+00:00

Document:
T-008-98
Esta Corporación ha estimado que la validez constitucional de las declaraciones de testigos con reserva de identidad depende, por entero, de la aplicación cabal de las garantías que rodean la realización y valoración de la prueba, así como de la posibilidad cierta de que esta pueda ser ampliamente controvertida por la defensa técnica. Desde una perspectiva constitucional, la justicia regional no puede tener en cuenta la declaración de un testigo con reserva de identidad si ésta ha sido obtenida violando las garantías consagradas en las normas legales que establecen la mencionada figura. Al haber sido recaudada con violación al debido proceso constitucional, resulta nula de pleno derecho y, en consecuencia, debe ser excluida del expediente. El hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, no implica, necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como una vía de hecho. En efecto, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, no todo vicio implica la descalificación absoluta y definitiva del acto judicial. Esta Sala no puede menos que indicar que sólo en aquellos casos en los cuales la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual necesariamente habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción.
Actor: William Alberto Tulena Tulena
En el proceso de tutela T-145292 adelantado por WILLIAM ALBERTO TULENA TULENA contra la SALA DE DECISION DEL TRIBUNAL NACIONAL.
1. El 17 de julio de 1997, por intermedio de apoderado, William Alberto Tulena Tulena interpuso acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C., contra la sentencia de abril 15 de 1997, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional, por medio de la cual fue condenado a la pena principal de cincuenta y cinco años de prisión. El actor, consideró que la decisión judicial atacada constituía una vía de hecho que vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad personal (C.P., artículo 28), al debido proceso (C.P., artículo 29) y a la presunción de inocencia (C.P., artículo 29).
La sentencia impugnada se produjo en la segunda instancia del proceso penal cursado contra el actor, a raíz del homicidio de Héctor Aquiles Mazo Vergara, Luis Arturo Lucas Polo, Porfirio Manuel Ayala Suárez y César José Mesa Gutiérrez, líderes indígenas del Resguardo de San Andrés de Sotavento (Córdoba), ocurrido el 26 de marzo de 1994. Los antecedentes de la mencionada decisión judicial pueden resumirse como sigue:
1.2. Finalizada la etapa de investigación, el Fiscal Regional a cargo de la misma solicitó al juez regional de Medellín que William Tulena Tulena fuera declarado responsable del homicidio de los cuatro líderes indígenas y, en consecuencia, fuera emitida sentencia condenatoria en su contra. Por su parte, el agente del Ministerio Público estimó que el acervo probatorio no era concluyente en cuanto a la responsabilidad del procesado en los hechos que se le endilgaban, razón por la cual se hacía necesario absolverlo de todo cargo. Mediante sentencia de octubre 3 de 1996, el Juzgado Regional de Medellín absolvió al actor de los delitos que se le imputaban.
1.3. Luego de establecer y analizar cada uno de los posibles móviles que hubieran podido causar el múltiple homicidio (enfrentamientos de carácter político entre el Alcalde municipal y las autoridades del Resguardo de San Andrés de Sotavento; conflictos producidos por la tenencia de la tierra entre indígenas y terratenientes; rencillas políticas al interior del propio Resguardo; vinculación de los jefes indígenas con las fuerzas guerrilleras; y, presencia del paramilitarismo en la región), el juez de primera instancia no encontró vinculación alguna de William Alberto Tulena Tulena con alguno de esos móviles. De otra parte, el fallador regional desestimó, uno a uno, los indicios y pruebas circunstanciales en que se basaba la adscripción de responsabilidad al procesado.
En primer lugar, estimó que la incautación de la pistola Colt 45 en la hacienda "Los Naranjos" comprometía la responsabilidad de quien detentaba la tenencia efectiva del arma, es decir, del celador de la propiedad, mas no del propietario de la misma. Por otra parte, el hallazgo de unas pelucas y unas máscaras en la misma finca, supuestamente utilizadas por los asesinos de otro grupo de indígenas, encontró explicación en el hecho de que fueron llevadas allí por los hijos de Tulena con el fin de participar en unos carnavales locales. Así mismo, el juzgado consideró que el vehículo utilizado por los homicidas era distinto al que William Tulena usaba en sus correrías por la región. En efecto, mientras el primero era un campero Toyota de color blanco, el segundo era un Mitsubishi del mismo color. En torno a las versiones según las cuales algunas personas vieron entrar el campero blanco a la hacienda "Los Naranjos" la noche del crimen, el fallador de instancia afirmó que no podía darse credibilidad a las mismas, toda vez que se trataba de versiones de oídas que controvertían lo dicho por los trabajadores de la hacienda, según los cuales esa noche nadie había visto ni oído entrar ningún vehículo a la propiedad. De igual modo, el juzgado consideró que la declaración de una testigo, quien manifestaba haber sido informada de que William Tulena era quien había ordenado el asesinato de los líderes indígenas, gozaba de poca credibilidad, como quiera que la persona que había suministrado tal información, al ser interrogada por la Fiscalía, desmintió las afirmaciones de la declarante.
Por otro lado, el juzgador regional estimó que la declaración rendida por el testigo con reserva de identidad era inexistente, como quiera que, en el presente caso, las normas aplicables a este tipo de diligencias (Decreto 099 de 1991 y Decreto 2271 de 1991), según las cuales el agente del Ministerio Público debe estar presente durante la práctica del testimonio para constatar que la huella dactilar del testigo corresponda efectivamente a éste y que sea levantada un acta en la cual figure el nombre y otros datos personales del declarante, habían sido ignoradas. Además, consideró que no podía otorgarse mayor credibilidad al dicho del mencionado testigo secreto, quien afirmaba que el alcalde de San Andrés de Sotavento y Tulena habían pagado para que los indígenas fueran asesinados, toda vez que éste no era portador de un conocimiento directo, como que sus afirmaciones provenían de lo que, según él, le había sido revelado por uno de los trabajadores de la hacienda "Los Naranjos".
En suma, el juez de instancia consideró: (1) que en el proceso estaba ausente toda prueba incriminatoria directa; (2) que toda la inculpación se fundamentaba meramente en pruebas de carácter indiciario; (3) que el único hecho indicador cierto e incontrovertible, constituido por el hallazgo de la pistola Colt 45 en la hacienda "Los Naranjos", de propiedad del procesado, sólo era útil para probar la vinculación al homicidio del tenedor material del arma mas no de su propietario; (4) que la vinculación de Tulena al delito sólo se producía con base en sospechas y no en indicios, los cuales deben estar basados en circunstancias reales y conocidas y no en meras suposiciones; y, (5) que no había podido establecerse con certeza quién había segado la vida de los líderes indígenas asesinados. Con base en lo anterior el Juzgado Regional estimó que existía una duda razonable en favor del procesado que, en aplicación al principio constitucional de presunción de inocencia, (C.P., artículo 29), determinaba su absolución.
1.4. La Fiscalía Regional apeló la sentencia de primera instancia, a raíz de lo cual, por providencia de abril 15 de 1997, el Tribunal Nacional produjo sentencia condenatoria. William Tulena fue condenado a la pena principal de 55 años de prisión, tras haber sido encontrado responsable del delito de homicidio agravado en calidad de agente determinador.
El Tribunal estimó que el Juzgado Regional, al analizar los móviles del delito, había desestimado en forma superficial la hipótesis relacionada con el conflicto por la propiedad de la tierra que enfrenta a indígenas y terratenientes en la zona de San Andrés de Sotavento. Consideró que en el expediente obraba prueba de la cual se desprendía la participación de Tulena en el mencionado conflicto. En su criterio, logró demostrarse que el procesado había condicionado la venta de la hacienda "San José" a que los indígenas cesaran sus pretensiones sobre los fundos "La Unión", "Los Naranjos" y "La Argentina". Por otra parte, la viuda de uno de los líderes asesinados aseguró que, en una ocasión, en las dependencias del INCORA de la ciudad de Montería, William Tulena había amenazado a su marido con matarlo, si insistía en reclamar tierras de propiedad del primero. Así mismo, el informe del Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI- puso de presente que Tulena no tenía buenas relaciones con los miembros del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, a quienes trataba en forma agresiva y desdeñosa. Igualmente, indicó que resultaba demostrada la amistad íntima que unía a William Tulena con el alcalde de San Andrés de Sotavento, quien por móviles políticos, también se encontraba implicado en el delito. A juicio del fallador de segunda instancia, todo lo anterior conformaba un indicio grave del interés del procesado en la comisión del múltiple homicidio.
Además de encontrar probado el interés de Tulena en la ejecución del asesinato, el Tribunal Nacional consideró que las huellas materiales del delito también comprometían la responsabilidad del encartado. En primer lugar, estimó que estaba debidamente probado en el proceso que una de las armas homicidas era de propiedad del sindicado. A juicio del Tribunal, ninguno de los argumentos aducidos para desestimar este indicio era de recibo. Afirmó que el examen de balística había puesto de presente que el número de vainillas recogidas en el lugar del crimen correspondía al número de impactos de bala recibidos por el vehículo de los indígenas, lo cual controvertía las afirmaciones de quienes decían que algunas de las vainillas calibre 45 habían aparecido en el proceso "por arte de magia". En cuanto al argumento según el cual la incautación de la pistola Colt 45 tan sólo comprometía la responsabilidad de su tenedor material mas no la de su propietario, el Tribunal estimó que, si bien ambos resultaban implicados, Tulena lo estaba en mayor medida. A su juicio, el hecho de que el procesado hubiese entregado la pistola Colt 45 al celador era insustancial para desvirtuar su responsabilidad, toda vez que, según lo afirmó uno de los trabajadores de la hacienda en su testimonio, para las labores de vigilancia de la propiedad se utilizaban escopetas y no pistolas. Además, el Tribunal indicó que las reglas de la experiencia ponen de presente que las armas apropiadas para adelantar labores de cuidado de ganado y de celaduría nocturna son las escopetas, como las efectivamente halladas en "Los Naranjos" el día del allanamiento. Así mismo, consideró que esas mismas reglas de la experiencia indicaban que entregar una pistola Colt 45, sin permiso para su porte, a un trabajador raso que acaba de ser contratado, sólo es justificable si éste es una persona de la más absoluta e íntima confianza de su empleador. Adicionalmente, según versiones de los testigos, el anotado celador había sido contratado, entre otras actividades, con el fin de evitar que los indígenas del Resguardo de San Andrés de Sotavento asaltaran u ocuparan la finca. Con base en lo anterior, el Tribunal consideró que la confianza de William Tulena en su celador era evidente y, por ende, si éste participó como autor material de la masacre, lo hizo cumpliendo órdenes de Tulena quien, como se vio, tenía interés en la perpetración de ese delito. El juzgador de segunda instancia estimó que esto último resultaba corroborado por la desaparición del celador el día del allanamiento a la hacienda "Los Naranjos" y por las múltiples llamadas efectuadas ese día por William Tulena con el fin de enterarse en qué estado se encontraba la diligencia, las cuales sólo podían explicarse por el interés de Tulena en que su hombre de confianza no fuera aprehendido.
En opinión del Tribunal Nacional, existe un conjunto de hechos indicadores que "no son producto del azar", que concuerdan en "forma perfecta" y con "ajuste completo", cuya convergencia permite "deducir con lógica impecable" la responsabilidad intelectual de Tulena en la comisión de la masacre de los cuatro líderes indígenas. En efecto, en el curso del proceso logró probarse (1) que la pistola Colt 45 utilizada por los homicidas, entre otras armas, era propiedad de Tulena Tulena; (2) que la mencionada pistola había sido encontrada en una finca de propiedad de William Tulena; (3) que esta pistola se encontraba en manos del celador de la mencionada finca, cuyo paradero e identidad nunca fueron aportados por Tulena; (4) que el procesado había proferido amenazas uno de los indígenas asesinados; (5) que tales amenazas encontraban fundamento en los problemas que enfrentaban a Tulena con la comunidad indígena que reclamaba la propiedad de unas tierras cuya tenencia ostentaba aquel; y, (6) que el encartado pertenece "a ese grupo reducido de quienes por tener intereses económicos y políticos en peligro frente a las actividades legales desarrolladas por los indígenas, habían exteriorizado amenazas que estaban en capacidad de concretar".
Por otra parte, el fallador de segunda instancia estimó que la cadena indiciaria antes anotada resultaba fortalecida por otros medios de prueba recaudados en el proceso. En primer término, un testigo con identidad reservada afirmó que, a través de un trabajador de la hacienda "Los Naranjos", se había enterado de que el alcalde de San Andrés de Sotavento y William Tulena habían pagado para que la masacre fuera cometida. De igual forma, dos de las viudas y dos hermanos de las víctimas pusieron de presente en sus declaraciones que los vecinos de la finca "Los Naranjos" les habían comentado que el campero utilizado por los asesinos había sido visto con frecuencia en esa propiedad. Así mismo, afirmaron que la noche del crimen el mencionado vehículo entró a la mencionada hacienda, en la cual los asesinos dieron muerte a, por lo menos, uno de los indígenas que había llegado con vida.
En punto a la credibilidad de estos testimonios, el Tribunal Nacional consideró que ésta no resultaba desvirtuada por el hecho de que el conocimiento de los declarantes no fuera directo sino de oídas. Estimó que este tipo de testimonios no puede ser rechazado en forma general como quiera que existen casos, como el presente, donde resulta ajustado a derecho otorgarles plena credibilidad. De una parte, las mencionadas declaraciones coincidían con los resultados del examen de balística y con la prueba material recaudada y, por otro lado, los argumentos que tienden a impugnar su credibilidad carecían de asidero. En efecto, quienes afirmaban que esas declaraciones se produjeron bajo la influencia del testimonio secreto se equivocaban, toda vez que uno y otras tuvieron lugar en la misma fecha, motivo por el cual era imposible que tal influencia pudiera producirse. De igual modo, el Tribunal estimó que al testimonio del individuo conocido como el "Chico" Urango, quien desmintió la afirmación de una de las viudas según la cual Urango era quien le había informado que William Tulena había mandado matar a los líderes indígenas, debía otorgársele poca credibilidad, toda vez que, según el informe del CTI, el mencionado individuo era una persona de dudosa reputación que se desempeñaba como contratista de sicarios al servicio del alcalde de San Andrés de Sotavento y cuyo único objetivo radicaba en intimidar a los indígenas para que no testificaran en contra de Tulena Tulena.
2. El apoderado de William Tulena Tulena interpuso acción de tutela contra la decisión del Tribunal Nacional. A juicio del apoderado, la mencionada decisión constituía una vía de hecho por arbitrariedad en el juicio valorativo del acervo probatorio. En efecto, estimó que, en la anotada providencia, (1) se otorgaron efectos contra reo a pruebas nulas de pleno derecho; (2) no se evaluaron pruebas que mostraban una realidad objetiva favorable al procesado; (3) se ignoraron situaciones de hecho que hubieran permitido la aplicación del principio de in dubio pro reo (contraindicios de responsabilidad, pruebas de descargos, duda razonable, etc.); (4) la evidencia no fue balanceada en forma razonable; (5) se dedujo una responsabilidad que no emerge en forma clara y objetiva de las pruebas; (6) se consideraron como indicios separados los distintos elementos de un único hecho indicador; (7) se construyeron indicios sin la plena prueba del hecho indicador; y, (8) se dedujeron hechos indicados en forma absurda o bien contra las reglas de la experiencia.
2.2. Por otra parte, el apoderado de Tulena Tulena estimó que la sentencia del Tribunal Nacional presentaba un defecto fáctico constituido por un error manifiesto en el juicio valorativo de la prueba consistente, a su turno, (1) en la omisión absoluta de valorar ciertas pruebas relevantes; y, (2) en la valoración arbitraria de las pruebas recaudadas.
La omisión en la valoración probatoria se produjo al otorgarle plena credibilidad a los testimonios de oídas de dos de las viudas y dos hermanos de las víctimas, desacreditando así el dicho de los trabajadores de la hacienda que afirmaban que la noche del crimen ningún vehículo había entrado a la hacienda "Los Naranjos" y de la persona que ostentaba la custodia de la llave del candado de la puerta de entrada a ese fundo, que manifestaba que no se había desapoderado de esa llave en ningún momento. Asegura que lo anterior incide de manera determinante en la credibilidad de lo afirmado por los testigos de oídas y se ajusta a la jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual hay vía de hecho cuando el juez ignora la prueba u omite su valoración sin razón valedera (sentencia T-442 de 1994). De igual forma, pone de presente el silencio del fallo atacado acerca de la afirmación de un testigo que aseguró que una de las viudas le había ofrecido 50 millones de pesos si declaraba en contra de William Tulena. En suma, el apoderado considera que en la sentencia impugnada existe una "constante diabólica" consistente en cuestionar sistemáticamente y por cualquier nimiedad los testimonios de descargos y en otorgar plena credibilidad a las declaraciones de cargos, así éstas resulten seriamente controvertidas. En su opinión, lo anterior se inscribe dentro de la jurisprudencia constitucional que considera que es vía de hecho la ruptura del equilibrio procesal, la cual se produce cuando se ignoran pruebas que podrían ser esenciales para la causa del procesado, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria (sentencia T-329 de 1996).
El representante judicial del actor señala que la valoración arbitraria de la prueba por parte del Tribunal Nacional se produjo cuando esa Corporación seleccionó como hipótesis delictiva plenamente probada - entre las varias que se esgrimieron a lo largo del proceso -, precisamente aquella que comprometía a William Tulena. Sobre este punto, el apoderado indicó que la sentencia impugnada encontró la prueba del hecho indicador del interés del procesado en la comisión de la masacre, en la reclamación de los indígenas sobre las haciendas "La Unión", "La Argentina" y "Los Naranjos", de propiedad del encartado, sin dar credibilidad alguna a los testimonios de dos indígenas que desvinculaban a Tulena del enfrentamiento por la propiedad de las tierras, con el argumento de que las funciones desempeñadas por éstos dentro del Resguardo no les permitían estar al corriente de las reclamaciones que efectivamente estaba llevando a cabo la comunidad indígena. A su juicio, el hecho indicador del interés del procesado en la perpetración del delito está basado en suposiciones e inferencias y no en una prueba directa, lo cual constituye una vía de hecho al contravenir las reglas en que se funda el indicio, las cuales determinan la necesidad de que el hecho indicador haya sido probado y no meramente supuesto o inferido (C.P.P., artículo 302).
Así mismo, el apoderado de Tulena Tulena considera que la valoración arbitraria de la prueba se produce, cuando el Tribunal Nacional incurre en una petición de principio y extiende en forma insoportable la inferencia deductiva, al momento de construir el hecho indicador de la responsabilidad del procesado en la comisión del delito a partir de las huellas materiales del mismo. En su opinión, lo anterior acontece cuando la sentencia atacada considera que la presencia del celador en la hacienda "Los Naranjos" obedecía, básicamente, a la necesidad de prevenir que los indígenas se la tomaran por asalto, existiendo otras hipótesis explicativas razonables de esa presencia, dejadas de lado sin justificación alguna. De igual modo, estima que el Tribunal actuó en forma arbitraria cuando dedujo la responsabilidad de Tulena de la relación de dependencia laboral existente entre éste y el celador, toda vez que tal relación no permite la extensión de la responsabilidad penal, como quiera que ésta es de carácter subjetivo. Indica que la adscripción de responsabilidad al encartado a partir de los actos de su subalterno, parte del supuesto de que entre estos dos existía una relación de confianza evidente, la cual no está probada en forma directa sino que fue meramente deducida de otros elementos, lo cual viola la regla según la cual no es posible extraer indicios de indicios. A su juicio, lo anterior también ocurre cuando la sentencia acusada extiende la responsabilidad delictual derivada del indicio de posesión del arma homicida del celador a su patrono, apoyándose en el interés de éste en la comisión del homicidio; interés que, como se anotó, también resultó meramente deducido y no directamente probado.
De otro lado, el representante judicial de William Tulena estima que la decisión judicial atacada constituye una vía de hecho por violar el principio de unidad de los indicios (C.P.P., artículo 301). Opina que el conjunto de hechos indicadores señalados por el Tribunal Nacional para deducir la responsabilidad de su poderdante constituyen en realidad los distintos elementos de un mismo hecho indicador.
Igualmente, el apoderado del actor manifestó que la arbitrariedad en la valoración del acervo probatorio también se produjo cuando el Tribunal dio plena credibilidad a la declaración de una de las viudas, según la cual el "Chico" Urango le había dicho que William Tulena era quien había mandado matar a los líderes indígenas, a pesar de que Urango posteriormente desmintió tal afirmación.
Con base en el análisis anterior, el representante judicial de William Tulena Tulena manifestó que la sentencia acusada no demostraba la responsabilidad de su poderdante en la comisión del delito que se le endilgaba, toda vez que "las argumentaciones incriminatorias están cimentadas en sofismas, en violaciones palmarias a las reglas jurídicas de la inferencia indiciaria o en pruebas inexistentes". En consecuencia, la condena que se le impuso vulnera sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia (C.P., artículo 29) y a la libertad personal (C.P., artículo 28), como quiera que se encuentra privado de la misma en razón de una sentencia claramente injusta.
Por último, el apoderado del actor indicó que, si bien en el presente caso existía la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal Nacional, la acción de tutela era procedente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Fundándose en sendas declaraciones extra-juicio y en conceptos emitidos por profesionales de la psicología y del trabajo social, señaló que, en este asunto, el perjuicio irremediable se concretaba en las consecuencias negativas que la privación de libertad de William Tulena le ha acarreado a él y a algunos de sus familiares. En efecto, su hija menor de edad ha sufrido trastornos graves en el desarrollo de su personalidad y su anciana madre ha presentado una "progresiva crisis depresiva" que ha degenerado en "crisis epilépticas parciales". Aduce que el encarcelamiento de Tulena Tulena no sólo "ha producido un efecto psicológico letal para la armonía y la unidad de (su) familia", sino que, también, le ha ocasionado graves quebrantos de salud, como quiera que es víctima de afecciones cardíacas y de un "absoluto abatimiento moral".
En consecuencia, el representante judicial de William Tulena Tulena solicita: (1) que se tutelen en forma transitoria los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a la libertad personal de su poderdante; (2) que se suspendan los efectos y el cumplimiento de la sentencia de abril 15 de 1997, proferida por el Tribunal Nacional; (3) que se ordene, en forma inmediata, la puesta en libertad del actor; y, (4) que se otorgue vigencia al amparo constitucional durante el tiempo que tome la resolución del recurso extraordinario de casación.
3. Por providencia de julio 23 de 1997, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, denegó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el apoderado de William Alberto Tulena Tulena.
El Tribunal consideró que, en el presente caso, no era posible predicar una vía de hecho, toda vez que "en ningún momento la Sala de Decisión del Tribunal Nacional ha actuado de manera arbitraria o en contra de los postulados del derecho o la justicia". De igual forma, estimó que "la acción de tutela es una figura de carácter constitucional que se utiliza exclusivamente cuando se han vulnerado derechos fundamentales, y no existe otro medio de defensa judicial para efectos de su protección o, si éste existe, se trata de evitar un perjuicio irremediable, (…) pero, en este evento no se observa ningún tipo de daño que implique dichas características, cuales son su inminencia, la urgencia de las medidas que se deben adoptar, la gravedad del mismo y la impostergabilidad del amparo (…)". Por estas razones, el a-quo consideró que las pretensiones del actor podían ser ventiladas a través del recurso extraordinario de casación.
4. Impugnada por el representante judicial del actor, la decisión de primera instancia fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de septiembre 9 de 1997.
Juzga la Corte que el único punto que podría ser revisado en sede de tutela en este tipo de casos es el referente a la competencia del juez para proferir la decisión judicial atacada. En el presente caso, el Tribunal Nacional obró de conformidad con las normas que establecen su competencia para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias que emitan los jueces regionales en primera instancia (C.P.P., artículos 69, 126 y 195). A este respecto, la Corte señaló que las pretensiones del actor en torno a la ocurrencia de errores de hecho o de derecho o de vicios in procedendo o in iudicando dentro del proceso penal cursado contra William Tulena, sólo pueden ser solventadas por vía del recurso extraordinario de casación, razón por la cual ningún juez distinto a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia podría pronunciarse al respecto, so pena de usurpar las funciones de esa Corporación. De igual modo, la invocación de los derechos a la libertad y al debido proceso tampoco constituye razón suficiente para atacar la sentencia del Tribunal Nacional a través de una acción de tutela, como quiera que estos derechos pueden ser protegidos a través de los múltiples mecanismos ofrecidos por la Constitución y el procedimiento penal (habeas corpus, control sobre la legalidad de las medidas de aseguramiento, recursos de reposición y apelación, etc.).
1. El 15 de abril de 1997, la Sala de Decisión del Tribunal Nacional profirió sentencia condenatoria en contra de William Tulena Tulena, por considerar probado que participó en la masacre de cuatro ciudadanos colombianos, ocurrida el día 26 de marzo de 1994. Contra la citada decisión, el condenado, mediante apoderado, interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre su derecho al debido proceso, a la libertad personal y a la salud, así como sobre la salud psíquica y física de algunos miembros de su familia. En criterio del actor, la mencionada decisión constituye una vía de hecho judicial por violación del debido proceso y “arbitrariedad en el juicio valorativo del acervo probatorio”.
El juez de tutela de primera instancia encontró que la sentencia impugnada no constituía una vía de hecho. A su juicio, “en ningún momento la Sala de Decisión del Tribunal Nacional ha actuado de manera arbitraria o en contra de los postulados del derecho o la justicia”. Adicionalmente, consideró que no se presentaban las condiciones de procedibilidad de la acción, en tanto no aparecía demostrada la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable. En consecuencia, denegó por improcedente la tutela impetrada. El apoderado del actor impugnó la decisión alegando que el juez de instancia se limitó a hacer formulaciones dogmáticas sin aportar ninguna razón para fundamentar su decisión. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión de primera instancia. La sentencia del ad-quem, amparada en jurisprudencia anterior de la Corte Suprema de Justicia, se sustenta fundamentalmente en la siguiente tesis: la acción de tutela sólo procede contra providencias judiciales cuando quien profiere el fallo impugnado hubiese asumido “abusiva o arbitrariamente la causa” que lo origina, siempre que no se trate de una decisión definitiva, caso en el cual la acción perdería su naturaleza de “medida cautelar”.
2. En abstracto, parece que ningún operador jurídico discute que el ordenamiento atribuye a la Corte Constitucional la facultad de unificar la jurisprudencia constitucional (C.P., artículo 241), al Consejo de Estado la jurisprudencia contencioso administrativa (C.P., artículo 237) y a la Corte Suprema de Justicia la jurisprudencia ordinaria (C.P., artículo 235)[1]. Sin embargo, por razones sociológicas propias de la transformación constitucional, al momento de resolver los casos concretos, los tribunales más antiguos, cuya primacía resultaba indiscutible en el orden constitucional precedente, se niegan a adaptarse al cambio constitucional y, por lo tanto, a reconocer la competencia superior que la Carta le atribuye a la Corte Constitucional en materia de acción de tutela. Tal fenómeno no es exclusivo de nuestro país, como quiera que se ha presentado en todos los Estados que, en la segunda mitad del presente siglo, modificaron, en forma sustancial, la estructura constitucional del poder judicial. Sin embargo, lo cierto es que en esos Estados, más temprano que tarde, los más altos tribunales se adaptaron a los cambios constitucionales, lo que en nuestro país, al parecer, todavía no ha terminado de suceder.
4. Como lo indica la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, constituye vía de hecho judicial la decisión que se produce completamente al margen de las disposiciones que definen la competencia de los jueces. No obstante, esa no es la única causal que origina una vía de hecho. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al indicar que, si bien una vía de hecho judicial implica un defecto superlativo, ello no significa que sólo pueda originarse como efecto de un vicio formal como el que menciona la sentencia bajo revisión. A este respecto, la Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la acción de tutela contra una decisión judicial cuando (1) la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”.[2] Revisadas las decisiones pertinentes, parece claro que, implícita o expresamente, cada vez que esta Corporación confiere un amparo constitucional contra una sentencia judicial, lo hace fundada en uno de estos cuatro posibles defectos.
5. La Corte ha indicado que sólo hay lugar a la calificación del acto judicial como una auténtica vía de hecho si el vicio que origina la impugnación resulta evidente o incuestionable. Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o que
no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada. A este respecto, esta Corporación ha indicado: “La vía de hecho predicable de una determinada acción u omisión de un juez, no obstante poder ser imputada como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del imperio de la ley”[3].
6. Para que la acción de tutela proceda contra una decisión judicial, se requiere que el acto, además de ser considerado una vía de hecho, lesione o amenace lesionar un derecho fundamental. Ciertamente, puede suceder que en un proceso se produzca una vía de hecho como consecuencia de una alteración mayúscula del orden jurídico que, no obstante, no amenaza o lesiona derecho fundamental alguno. En estas circunstancias, pese a la alteración del orden jurídico, la tutela no puede proceder. La Corte se ha pronunciado en este sentido al afirmar que la vía de hecho se configura si y sólo si se produce una operación material o un acto que superan el simple ámbito de la decisión y que afecta un derecho constitucional fundamental[4].
8. Si la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio, es necesario demostrar la urgencia del amparo constitucional para evitar la consumación de un perjuicio de carácter iusfundamental. En otros términos, no cualquier daño habilita la procedencia de la acción. Para que ello suceda, es necesario que la lesión amenace producirse, de manera cierta, sobre un derecho fundamental. Así, por ejemplo, es indiscutible que la privación arbitraria de la libertad puede eventualmente dar lugar a una consumación continuada de perjuicios, en los términos de la jurisprudencia constitucional[5].
Pese a que parece reconocer que la libertad personal es un derecho fundamental, la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia objeto de revisión afirma que las lesiones en contra de tal derecho no pueden ser evitadas mediante la acción de tutela, toda vez que, para ello, existen el habeas corpus y los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. No obstante, si la privación de la libertad se produce como efecto de una vía de hecho judicial que determina la improcedencia de los recursos mencionados, nada obsta para que se defienda el derecho fundamental afectado mediante la acción de tutela, siempre que se cumplan los restantes requisitos de procedibilidad que exigen la Constitución y la ley.
11. Según el apoderado del actor, la decisión del Tribunal Nacional constituye una vía de hecho judicial por violación de las formas propias del proceso y por arbitrariedad en el juicio valorativo del acervo probatorio. En su criterio, el Tribunal actuó “de forma ostensible, flagrante y manifiesta en contra de la realidad probatoria del proceso, sin la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables; y finalmente, ignorando y valorando arbitraria, irracional y caprichosamente la prueba”. Al respecto, alega que la jurisprudencia impugnada: (1) otorgó efectos contra reo a pruebas nulas de pleno derecho; (2) no evaluó pruebas (contraindicios de responsabilidad, pruebas de descargos, duda razonable, etc.), que mostraban una realidad objetiva favorable al procesado y que hubieran permitido la aplicación del principio de in dubio pro reo; (3) la evidencia no fue balanceada en forma razonable; (4) consideró como indicios separados los distintos elementos de un único hecho indicador, construyó indicios sin la plena prueba del hecho indicador y, también, dedujo hechos indicados en forma absurda o bien contra las reglas de la experiencia; y, (5) atribuyó una responsabilidad que no emerge en forma clara y objetiva de las pruebas, en detrimento de la presunción de inocencia.
Sin embargo, una actuación judicial proferida al margen de la realidad probatoria o violatoria del debido proceso constitucional, puede implicar, en los eventos mencionados en los fundamentos 2 a 10 de esta sentencia, la configuración de una vía de hecho que habilitaría la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable de carácter iusfundamental. En consecuencia, entra la Sala a estudiar si, como lo afirma el apoderado del actor, la Corte se encuentra frente a una típica vía de hecho y si la misma debe ser conjurada con prontitud antes de que se configure un daño irreparable sobre alguno de los derechos fundamentales invocados por el demandante.
13. En el curso de la investigación, el funcionario instructor recibió la declaración de un testigo con reserva de identidad, quien afirmó que a través de uno de los trabajadores de la hacienda “Los Naranjos”, de propiedad de William Tulena Tulena, se había enterado que éste y el alcalde de San Andrés de Sotavento “habían pagado para que los indígenas fueran asesinados”. El mencionado testimonio fue practicado al margen de lo dispuesto en las normas contenidas en los Decretos 099 de 1991 y 2271 de 1991, según los cuales (1) el agente del Ministerio Público debe estar presente durante la práctica del testimonio para constatar que la huella dactilar del testigo corresponda efectivamente a éste, y, (2) debe levantarse un acta separada y reservada, en la cual figure el nombre y otros datos personales del declarante, con el propósito de permitir al juez una mejor valoración de la prueba o de que la defensa pueda llamar al testigo a contrainterrogatorio, entre otras razones.
Con base en la declaración mencionada se practicó un allanamiento a la hacienda “Los Naranjos”, dentro del cual fue encontrada una pistola Colt 45 de propiedad de Tulena Tulena, la cual fue utilizada para cometer la masacre que originó la investigación, según pudo establecer el examen de balística realizado posteriormente.
14. Corresponde a la Corte Constitucional definir si la valoración judicial de la declaración de un testigo con reserva de identidad, que ha sido obtenida por fuera de las normas legales aplicables (según las cuales (1) el agente del Ministerio Público debe estar presente para constatar que la huella dactilar del testigo corresponda efectivamente a éste y, (2) debe levantarse un acta separada y reservada, en la cual figure el nombre y otros datos personales del declarante), da lugar, por si misma, a la configuración de una vía de hecho judicial.
15. Según la sentencia C-053 de 1993 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), la aplicación de las disposiciones legales que permiten la existencia de testigos con reserva de identidad “no comporta una disminución o pérdida de idoneidad de la prueba, pues se ha mandado que el declarante deje estampada su huella digital al pie del documento que recoge las declaraciones rendidas y que el Ministerio Público certifique sobre la autenticidad de dicha huella respecto de la persona del testigo, al paso que en acta separada se señalará la identidad del declarante, junto con todos los documentos que puedan servir al juez o al fiscal para valorar la credibilidad del testimonio, aquí también bajo la firma de quien obre como agente del Ministerio Público y otra vez con inclusión de la huella y la firma del propio testigo. A lo anterior se agrega que, por expresa disposición de la norma, el juez y el fiscal conocerán la identidad del declarante para evaluar la prueba, medida encaminada a otorgar una mayor garantía en favor del reo”. Adicionalmente, en la misma providencia, la Corte consideró que “la identidad de los testigos no tiene que ser necesariamente conocida por el sindicado para garantizar su defensa mientras goce de todas las posibilidades de controvertir las pruebas que se esgrimen en su contra y de hacer valer aquellas que lo favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del derecho al debido proceso en lo relativo al régimen probatorio”.
En el presente caso, resulta claro que la inexistencia de la declaración del testigo con reserva de identidad no tendría, necesariamente, el efecto de cambiar la decisión impugnada. Ciertamente, el Tribunal Nacional tuvo en cuenta otros elementos de juicio tales como el hallazgo de una de las armas homicidas en una finca de propiedad del condenado; la presunta relación de subordinación y confianza entre quien era el tenedor de la mencionada arma al momento del allanamiento a la finca “Los Naranjos” - quien se encuentra huyendo de la justicia - y el señor Tulena Tulena; el conjunto de testimonios de oídas que afirmaban la participación del actor en la comisión del delito; el eventual interés del encartado en la ejecución de la masacre, etc. Con independencia del valor de cada uno de estos elementos de juicio - lo cual no puede ser definido por el juez de tutela -, lo cierto es que la prueba que debió ser excluida no resulta determinante a la hora de resolver el caso planteado.
17. El apoderado del actor considera que la sentencia proferida por el Tribunal Nacional constituye una vía de hecho, por error manifiesto en el juicio valorativo de la prueba. Fundamenta su aserto en los siguientes argumentos: (1) el Tribunal omitió en forma absoluta la valoración de pruebas relevantes, tales como las declaraciones de los trabajadores de la hacienda “los Naranjos” que afirmaban que la noche del crimen “permanecieron allí sin que ingresara ningún vehículo” o la declaración de un individuo que alegó que las viudas de las víctimas le ofrecieron cincuenta millones de pesos para que declarara que Tulena Tulena era quien había ordenado la masacre; (2) el fallador realizó un ejercicio arbitrario de valoración de la prueba, como quiera que mientras aplicó reglas flexibles para la valoración de los testigos de cargo, los testigos de descargo fueron desestimados a partir de estrictos parámetros de valoración; (3) de las múltiples hipótesis delictivas posibles, el Tribunal seleccionó y construyó arbitrariamente aquella que inculpaba al actor; (4) el fallador fabricó arbitrariamente las huellas materiales del delito, en desmedro de las leyes de la lógica y de la experiencia; y, (5) los elementos constitutivos de un único hecho indicador se tomaron como varios indicios separados, lo cual vulnera la regla de la indivisibilidad de los indicios.
18. La Corte Constitucional ha sido reiterativa al señalar que si bien el juez de tutela tiene competencia para evaluar el juicio probatorio llevado a cabo en una sentencia contra la cual se interpone una acción de tutela, la misma se limita a definir si pruebas claras y contundentes - y no simplemente pertinentes o relevantes - fueron evidentemente omitidas. En otras palabras, si el juez de la causa actuó como si las mencionadas pruebas no existieran. Al respecto, pese a su extensión, vale la pena transcribir el siguiente aparte de la sentencia ST-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell):
No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones”.
Sobre este mismo asunto, resulta adecuado citar el fragmento pertinente de la sentencia ST-336 de 1995 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa):
“No puede caerse en la ligereza de manifestar que por el hecho de que el juez no obre conforme con la opinión de quien se siente afectado por el acto judicial, incurra en una vía de hecho. Es decir, no puede predicarse como vía de hecho una interpretación legítima que el juez hace de la ley. La Sala recuerda que vía de hecho es aquella que contradice evidente, manifiesta y groseramente el núcleo esencial del derecho al debido proceso, y no el discernir sobre un hecho discutido. En el plano de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por la presunción de buena fe.”
En este mismo sentido se manifestó la Corte en la sentencia ST-055 de 1997 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) al indicar:
Concretamente, en punto a la valoración de los testimonios, la Corte señaló en la sentencia ST-055 de 1997 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz):
“La afirmación de que el juez constitucional debe guiarse por los principios de la cautela y la discreción cuando se trata del análisis del acervo probatorio debatido en una sentencia impugnada por supuesta violación de los derechos fundamentales, se hace aún más perentoria cuando las pruebas en discusión son fundamentalmente testimonios. En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc”.
19. En el presente caso, la Sala advierte que las pruebas que, según el apoderado del actor, dejaron de ser valoradas, no constituyen pruebas claras y contundentes de las cuales se desprenda, en forma manifiesta, una realidad objetiva e incuestionable. Adicionalmente, cabe indicar que el Tribunal Nacional no dejó de valorar las mencionadas pruebas. Simplemente les otorgó un alcance distinto al que el actor considera adecuado, lo que, con independencia de su corrección o incorrección, no puede ser objeto de la litis constitucional. En efecto, los testimonios de los empleados de la hacienda “Los Naranjos” sí fueron tenidos en cuenta en la sentencia. Sin embargo, fueron desestimados básicamente porque el fallador consideró que presentaban serias inconsistencias y contradicciones. Adicionalmente, la declaración de la persona según la cual las viudas de los cuatro indígenas asesinados le habían ofrecido cincuenta millones de pesos para que declarara en contra del actor sí fue valorada por el Tribunal Nacional, que la consideró de poca credibilidad habida cuenta de la reputación del testigo y de la imposibilidad de las viudas de disponer de tal cantidad de dinero. Es probable que al actor dicha valoración le resulte injustificada, pero lo cierto es que si llegare a existir alguna falla en la misma, ésta de ninguna manera ostenta la magnitud necesaria para originar una vía de hecho judicial. En suma, con respecto a este punto, no cabe reproche alguno por parte del juez de tutela.
En cuanto se refiere a la presunta utilización de reglas diferentes para valorar los testimonios de cargo y de descargo, la Sala estima que ello tampoco es motivo suficiente para la descalificación absoluta del acto judicial. En efecto, como quedó mencionado, la Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones que este tipo de cuestiones deben ser evaluadas a través de los recursos ordinarios o extraordinarios y no mediante la acción de tutela. En otras palabras, mientras la apreciación de un testimonio por parte de un juez se mueva dentro del ámbito de lo verosímil, ésta no puede ser cuestionada por el juez constitucional. En el presente caso, debe afirmarse que la apreciación del Tribunal Nacional se localiza dentro del ámbito de lo plausible y, por tanto, no es pasible de ser controvertida por esta Corporación.
En consecuencia, la Sala procederá a confirmar las decisiones objeto de revisión, pero exclusivamente por las razones expuestas en la presente decisión.
Primero.- CONFIRMAR, por las razones expresadas en esta providencia, la sentencia de septiembre 9 de 1997, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Segundo.- LÍBRESE comunicación a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, D.C., con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(Sentencia aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintidós (22) días del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998)).
En relación con el error manifiesto en el juicio valorativo de la prueba, esta Corte ha sido reiterativa en sostener que el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo. En efecto, esta Corte ha considerado múltiples veces[6] que sólo excepcionalmente, puede el juez de tutela entrar a decidir sobre la significación y jerarquización de las pruebas que obran en un proceso determinado; de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa, en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia.
[1] Sobre las competencias diferenciadas de cada una de las altas Cortes, véase, en general, la SC-037/96 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[2] ST-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[3] ST-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[4] ST-055/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[5] ST-150/95 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[6] SU-477/97 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía

References: artículo 28
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
in dubio
 artículo 302
 artículo 301
 artículo 29
 artículo 28
 resolución 
 artículo 241
 artículo 237
 artículo 235
in dubio
 artículo 36