Source: https://www.scribd.com/document/231712719/El-derecho-al-olvido-en-Google-sustento-juri-dico
Timestamp: 2016-10-29 00:22:42+00:00

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BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet Music26/06/14 10:19 CURIA - DocumentosPágina 1 de 25 file:///Users/Gerardo/Desktop/CURIA%20-%20Documentos.webarchive
«Datos personales — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de dichos
datos — Directiva 95/46/CE — Artículos 2, 4, 12 y 14 — Ámbito de aplicación material y territorial —
Motores de búsqueda en Internet — Tratamiento de datos contenidos en sitios de Internet — Búsqueda,
indexación y almacenamiento de estos datos — Responsabilidad del gestor del motor de búsqueda —
Establecimiento en territorio de un Estado miembro — Alcance de las obligaciones de dicho gestor y de
los derechos del interesado — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos
7 y 8»
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE,
por la Audiencia Nacional, mediante auto de 27 de febrero de 2012, recibido en el Tribunal de Justicia
el 9 de marzo de 2012, en el procedimiento entre
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente, los Sres. M. Ile!i"
(Ponente), L. Bay Larsen, T. von Danwitz y M. Safjan, Presidentes de Sala, y los Sres. J. Malenovsk#,
E. Levits, A. Ó Caoimh y A. Arabadjiev y las Sras. M. Berger y A. Prechal y el Sr. E. Jara!i$nas,
– en nombre de Google Spain, S.L., y Google Inc., por los Sres. F. González Díaz, J. Baño Fos y
B. Holles, abogados;
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– en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. E.-M. Mamouna y el Sr. K. Boskovits, en calidad
– en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el
Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. I. Martínez del Peral y Sr. B. Martenczuk, en
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO
L 281, p. 31), y del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo
2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Google Spain, S.L. (en lo sucesivo, «Google
Spain»), y Google Inc., por un lado, y la Agencia Española de Protección de Datos (en lo sucesivo,
«AEPD») y el Sr. Costeja González, por otro, en relación con una resolución de dicha Agencia por la
que se estimó la reclamación del Sr. Costeja González contra ambas sociedades y se ordenaba a Google
Inc. que adoptara las medidas necesarias para retirar los datos personales del Sr. Costeja González de su
índice e imposibilitara el acceso futuro a los mismos.
respecta al tratamiento de los datos personales y la eliminación de los obstáculos a la libre circulación
de estos datos, enuncia lo siguiente en sus considerandos 2, 10, 18 a 20 y 25:
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derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y contribuir [...] al
bienestar de los individuos;
(10) Considerando que las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales
tienen por objeto garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente
del derecho al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[,firmado en Roma el 4
de noviembre de 1950], así como en los principios generales del Derecho comunitario; que, por lo
tanto, la aproximación de dichas legislaciones no debe conducir a una disminución de la
protección que garantizan sino que, por el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel
de protección dentro de la Comunidad;
presente Directiva, es necesario que todo tratamiento de datos personales efectuado en la
Comunidad respete la legislación de uno de sus Estados miembros; que, a este respecto, resulta
conveniente someter el tratamiento de datos efectuados por cualquier persona que actúe bajo la
autoridad del responsable del tratamiento establecido en un Estado miembro a la aplicación de la
legislación de tal Estado;
establecimiento, sea una simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un
factor determinante al respecto; que cuando un mismo responsable esté establecido en el territorio
de varios Estados miembros, en particular por medio de una empresa filial, debe garantizar, en
particular para evitar que se eluda la normativa aplicable, que cada uno de los establecimientos
cumpla las obligaciones impuestas por el Derecho nacional aplicable a estas actividades;
(20) Considerando que el hecho de que el responsable del tratamiento de datos esté establecido en
un país tercero no debe obstaculizar la protección de las personas contemplada en la presente
Directiva; que en estos casos el tratamiento de datos debe regirse por la legislación del Estado
miembro en el que se ubiquen los medios utilizados y deben adoptarse garantías para que se
respeten en la práctica los derechos y obligaciones contempladas en la presente Directiva;
distintas obligaciones que incumben a las personas [...] que efectúen tratamientos- obligaciones
relativas, en particular, a la calidad de los datos, la seguridad técnica, la notificación a las
autoridades de control y las circunstancias en las que se puede efectuar el tratamiento- y, por otra
parte, en los derechos otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento de ser
informadas acerca de dicho tratamiento, de poder acceder a los datos, de poder solicitar su
rectificación o incluso de oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias».
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a) “datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el
“interesado”); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios
elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica,
b) “tratamiento de datos personales” (“tratamiento”): cualquier operación o conjunto de operaciones,
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a
los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;
d) “responsable del tratamiento”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier
otro organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del
tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén
determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el
responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados
por el Derecho nacional o comunitario;
«Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento total o parcialmente
automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales
contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.»
del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo responsable del tratamiento
esté establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias
para garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el
Derecho nacional aplicable;
c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y recurra, para
el tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, situados en el territorio de
dicho Estado miembro, salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines de
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tránsito por el territorio de la Comunidad Europea.
7 El artículo 6 de la Directiva 95/46, titulado «Principios relativos a la calidad de los datos», incluido en
el capítulo II, sección I, de dicha Directiva, tiene el siguiente tenor:
manera incompatible con dichos fines; no se considerará incompatible el tratamiento posterior de
datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando los Estados miembros
que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o
para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados;
superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten
ulteriormente. Los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas para los datos
personales archivados por un período más largo del mencionado, con fines históricos, estadísticos
f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento
o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés
o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al
apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva.»
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«En lo referente al tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos o de
expresión artística o literaria, los Estados miembros establecerán, respecto de las disposiciones del
presente capítulo, del capítulo IV y del capítulo VI, exenciones y excepciones sólo en la medida en que
resulten necesarias para conciliar el derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de
las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto
momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le
conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa.
En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no podrá referirse ya a
esos datos;
aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente
tratamiento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de
— poderes efectivos de intervención, como, por ejemplo, el de [...] ordenar el bloqueo, la supresión
o la destrucción de datos, o incluso prohibir provisional o definitivamente un tratamiento [...]
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Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso
4. Toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier persona, o cualquier
asociación que la represente, le presente en relación con la protección de sus derechos y libertades
respecto del tratamiento de datos personales. Esa persona será informada del curso dado a su solicitud.
diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999,
p. 43088).
presentó ante la AEPD una reclamación contra La Vanguardia Ediciones, S.L., que publica un
periódico de gran difusión, concretamente en Cataluña (en lo sucesivo, «La Vanguardia»), y contra
Google Spain y Google Inc. Esta reclamación se basaba en que, cuando un internauta introducía el
nombre del Sr. Costeja González en el motor de búsqueda de Google (en lo sucesivo, «Google
Search»), obtenía como resultado vínculos hacia dos páginas del periódico La Vanguardia, del 19 de
enero y del 9 de marzo de 1998, respectivamente, en las que figuraba un anuncio de una subasta de
inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social, que mencionaba el nombre
del Sr. Costeja González.
enlaces de La Vanguardia. En este marco, el Sr. Costeja González afirmaba que el embargo al que se
vio sometido en su día estaba totalmente solucionado y resuelto desde hace años y carecía de relevancia
16 Mediante resolución de 30 de julio de 2010, la AEPD desestimó la reclamación en la medida en que se
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refería a La Vanguardia, al considerar que la publicación que ésta había llevado a cabo estaba
legalmente justificada, dado que había tenido lugar por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y tenía por objeto dar la máxima publicidad a la subasta para conseguir la mayor concurrencia
de licitadores.
datos del que son responsables y actúan como intermediarios de la sociedad de la información. La
AEPD consideró que estaba facultada para ordenar la retirada e imposibilitar el acceso a determinados
datos por parte de los gestores de motores de búsqueda cuando considere que su localización y difusión
puede lesionar el derecho fundamental a la protección de datos y a la dignidad de la persona entendida
en un sentido amplio, lo que incluye la mera voluntad del particular afectado cuando quiere que tales
datos no sean conocidos por terceros. La AEPD estimó que este requerimiento puede dirigirse
directamente a los explotadores de motores de búsqueda, sin suprimir los datos o la información de la
página donde inicialmente está alojada e, incluso, cuando el mantenimiento de esta información en
dicha página esté justificado por una norma legal.
19 El mencionado tribunal expone en el auto de remisión que estos recursos plantean la cuestión de cuáles
son las obligaciones que tienen los gestores de motores de búsqueda en la protección de datos
a) Debe interpretarse que existe un “establecimiento”, en los términos descritos en el art. 4.1.a)
de la [Directiva 95/46], cuando concurra alguno o algunos de los siguientes supuestos:
miembro una oficina o filial destinada a la promoción y venta de los espacios
publicitarios del buscador, que dirige su actividad a los habitantes del Estado,
— cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro
como su representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos
que guardan relación con los datos de los clientes que contrataron publicidad
con dicha empresa,
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empresa matriz, radicada fuera de la Unión Europea, las solicitudes y
requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las autoridades
competentes en relación con el respeto al derecho de protección de datos, aun
cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria?
b) ¿Debe interpretarse el art. 4.1.c de la [Directiva 95/46] en el sentido de que existe un
“recurso a medios situados en el territorio de dicho Estado miembro”:
— cuando un buscador utilice arañas o robots para localizar e indexar la
información contenida en páginas web ubicadas en servidores de ese Estado
— cuando utilice un nombre de dominio propio de un Estado miembro y dirija las
búsquedas y los resultados en función del idioma de ese Estado miembro?
c) ¿Puede considerarse como un recurso a medios, en los términos del art. 4.1.c de la
[Directiva 95/46], el almacenamiento temporal de la información indexada por los
buscadores en internet? Si la respuesta a esta última cuestión fuera afirmativa, ¿puede
entenderse que este criterio de conexión concurre cuando la empresa se niega a revelar el
d) Con independencia de la respuesta a las preguntas anteriores y especialmente en el caso en
que se considerase por el Tribunal de Justicia de la Unión que no concurren los criterios de
conexión previstos en el art. 4 de la [Directiva 95/46]:
¿Debe aplicarse la [Directiva 95/46], a la luz del art. 8 de la [Carta], en el país miembro
donde se localice el centro de gravedad del conflicto y sea posible una tutela más eficaz de
los derechos de los ciudadanos de la Unión [...]?
2) Por lo que respecta a la actividad de los buscadores como proveedor de contenidos en relación
con la [Directiva 95/46]:
a) En relación con la actividad [de Google Search], como proveedor de contenidos, consistente
en localizar la información publicada o incluida en la red por terceros, indexarla de forma
automática, almacenarla temporalmente y finalmente ponerla a disposición de los
internautas con un cierto orden de preferencia, cuando dicha información contenga datos
personales de terceras personas, ¿Debe interpretarse una actividad como la descrita
comprendida en el concepto de “tratamiento de datos”, contenido en el art. 2.b de la
b) En caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa y siempre en relación con una
actividad como la ya descrita:
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¿Debe interpretarse el artículo 2.d) de la [Directiva 95/46], en el sentido de considerar que
la empresa que gestiona [Google Search] es “responsable del tratamiento” de los datos
personales contenidos en las páginas web que indexa?
¿Puede la [AEPD], tutelando los derechos contenidos en el art. 12.b) y 14.a) de la
[Directiva 95/46], requerir directamente [a Google Search] para exigirle la retirada de sus
índices de una información publicada por terceros, sin dirigirse previa o simultáneamente al
titular de la página web en la que se ubica dicha información?
¿Se excluiría la obligación de los buscadores de tutelar estos derechos cuando la
información que contiene esos datos se haya publicado lícitamente por terceros y se
mantenga en la página web de origen?
3) Respecto al alcance del derecho de cancelación y/oposición en relación con el derecho al olvido
¿Debe interpretarse que los derechos de supresión y bloqueo de los datos, regulados en el
art. 12.b) y el de oposición, regulado en el art. 14.a) de la [Directiva 95/46] comprenden que el
interesado pueda dirigirse frente a los buscadores para impedir la indexación de la información
referida a su persona, publicada en páginas web de terceros, amparándose en su voluntad de que
la misma no sea conocida por los internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea
que sea olvidada, aunque se trate de una información publicada lícitamente por terceros?»
tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 debe
examinarse en el sentido de que la actividad de un motor de búsqueda como proveedor de contenidos,
que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera
automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un
orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en el sentido
de dicha disposición, cuando esa información contiene datos personales. En el supuesto de que se
responda afirmativamente a esa cuestión, el tribunal remitente desea saber, además, si la letra d) del
mencionado artículo 2 debe interpretarse en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda debe
considerarse «responsable» de dicho tratamiento de datos personales, en el sentido de esa disposición.
globalmente sin seleccionar entre datos personales y el resto de información. En su opinión, además,
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aun suponiendo que esta actividad deba ser calificada de «tratamiento de datos», el gestor de un motor
de búsqueda no puede considerarse «responsable» de ese tratamiento, ya que no conoce dichos datos y
no ejerce control sobre ellos.
23 En cambio, el Sr. Costeja González, los Gobiernos español, italiano austriaco y polaco y la Comisión
Europea sostienen que dicha actividad implica claramente un «tratamiento de datos», en el sentido de la
Directiva 95/46, que es distinto del tratamiento de datos realizado por los editores de los sitios de
Internet y persigue objetivos distintos al de éste. A su juicio, el gestor de un motor de búsqueda es
«responsable» del tratamiento de datos efectuado por él desde el momento en que es él quien determina
la finalidad y los medios de dicho tratamiento.
24 Según el Gobierno helénico, la actividad controvertida constituye tal «tratamiento», pero, en la medida
en que los motores de búsqueda sirven de simples intermediarios, las empresas que los gestionan no
pueden considerarse «responsables», salvo en los casos en los que almacenan datos en una «memoria
intermedia» o una «memoria oculta» por un período de tiempo que supere lo técnicamente necesario.
25 A este respecto, ha de señalarse que el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 define el «tratamiento
de datos personales» como «cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante
procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización,
conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por
transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión,
26 En lo que atañe, en particular, a Internet, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que la
conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a datos personales debe considerarse un
«tratamiento» de esta índole, en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 (véase la
sentencia Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, apartado 25).
27 En cuanto a la actividad controvertida en el litigio principal, no se discute que entre los datos hallados,
indexados, almacenados por los motores de búsqueda y puestos a disposición de sus usuarios figura
también información relativa a personas físicas identificadas o identificables y, por tanto, «datos
indexación, «conserva» en sus servidores y, en su caso, «comunica» y «facilita el acceso» a sus
usuarios en forma de listas de resultados de sus búsquedas. Ya que estas operaciones están recogidas de
forma explícita e incondicional en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46, deben calificarse de
«tratamiento» en el sentido de dicha disposición, sin que sea relevante que el gestor del motor de
búsqueda también realice las mismas operaciones con otros tipos de información y no distinga entre
éstos y los datos personales.
artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 deben calificarse de tal tratamiento también en el supuesto de
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que se refieran únicamente a información ya publicada tal cual en los medios de comunicación. En
efecto, señaló a este respecto que una excepción general a la aplicación de la Directiva 95/46 en tal
supuesto dejaría esta última en gran medida vacía de contenido (véase, en este sentido, la sentencia
Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, C-73/07, EU:C:2008:727, apartados 48 y 49).
aunque la modificación de datos personales constituye, ciertamente, un tratamiento, en el sentido de
ésta, en cambio el resto de operaciones que se mencionan en ella no precisan en modo alguno de que
estos datos se modifiquen.
32 En cuanto a si el gestor de un motor de búsqueda debe o no considerarse «responsable del tratamiento»
de los datos personales efectuado por dicho motor en el marco de una actividad como la controvertida
en el litigio principal, debe recordarse que el artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46 define al
responsable como «la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo
33 Ahora bien, el gestor del motor de búsqueda es quien determina los fines y los medios de esta actividad
y, así, del tratamiento de datos personales que efectúa él mismo en el marco de ésta y, por consiguiente,
debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento en virtud del mencionado artículo 2, letra d).
34 Por otro lado, es necesario declarar que sería contrario, no sólo al claro tenor de esta disposición sino
también a su objetivo, consistente en garantizar, mediante una definición amplia del concepto de
36 Además, es pacífico que esta actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la
difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo
una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían
encontrado la página web en la que se publican estos mismos datos.
la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede
hallarse en Internet que les permita establecer un perfil más o menos detallado del interesado.
fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales, el gestor de este
motor, como persona que determina los fines y los medios de esta actividad, debe garantizar, en el
marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que dicha actividad
satisface las exigencias de la Directiva 95/46 para que las garantías establecidas en ella puedan tener
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pleno efecto y pueda llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los interesados, en particular,
de su derecho al respeto de la vida privada.
sitio, sea excluida total o parcialmente de los índices automáticos de los motores, no significa que la
falta de tal indicación por parte de estos editores libere al gestor de un motor de búsqueda de su
40 En efecto, esta circunstancia no modifica el hecho de que el gestor determina los fines y los medios de
este tratamiento. Además, aun suponiendo que dicha facultad de los editores de sitios de Internet
signifique que éstos determinen conjuntamente con dicho gestor los medios del mencionado
tratamiento, tal afirmación no elimina en modo alguno la responsabilidad del gestor, ya que el artículo
2, letra d), de la Directiva 95/46 prevé expresamente que esta determinación puede realizarse «sólo o
conjuntamente con otros».
41 Del conjunto de las consideraciones precedentes se desprende que procede responder a la segunda
cuestión prejudicial, letras a) y b), que el artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46 debe
42 Mediante su primera cuestión prejudicial, letras a) a d), el tribunal remitente desea que se aclare si es
posible aplicar la norma nacional que traspone la Directiva 95/46 en circunstancias como las
muchos países existen versiones locales adaptadas al idioma nacional. La versión española de
Google Search se presta a través del sitio www.google.es, dominio que tiene registrado desde el
16 de septiembre de 2003. Google Search es uno de los motores de búsqueda más utilizados en
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sino que también aprovecha esta actividad para incluir publicidad asociada a los patrones de
búsqueda introducidos por los internautas, contratada, a cambio de un precio, por las empresas
que desean utilizar esta herramienta para ofrecer sus bienes o servicios a éstos.
espacios publicitarios que se generan en el sitio de Internet «www.google.com». Google Spain
tiene personalidad jurídica propia y domicilio social en Madrid, y fue creada el 3 de septiembre
de 2003. Dicha empresa dirige su actividad fundamentalmente a las empresas radicadas en
España, actuando como agente comercial del grupo en dicho Estado miembro. Tiene como objeto
social promocionar, facilitar y procurar la venta de productos y servicios de publicidad «on line»
a través de Internet para terceros, así como la comercialización de esta publicidad.
personas relacionadas con los clientes de servicios publicitarios que en su día contrataron con
filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del motor, que dirige su
actividad a los habitantes de ese Estado, o
representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación con
los datos de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa, o
fuera de la Unión, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las
autoridades competentes en relación con el respeto al derecho de protección de datos personales,
aun cuando dicha colaboración se realice de forma voluntaria.
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46 Por lo que respecta al primer requisito, el tribunal remitente señala que Google Inc. gestiona técnica y
administrativamente Google Search y que no está probado que Google Spain realice en España una
47 El Sr. Costeja González, los Gobiernos español, italiano, austriaco y polaco y la Comisión consideran
que, habida cuenta del vínculo indisociable entre la actividad del motor de búsqueda gestionado por
Google Inc. y la de Google Spain, ésta debe considerarse un establecimiento de aquélla, en el marco de
cuyas actividades se lleva a cabo el tratamiento de datos personales. En cambio, según Google Spain,
Google Inc. y el Gobierno helénico, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 no se aplica
en el supuesto de que se esté ante el primero de los tres requisitos enumerados por el tribunal remitente.
48 Sobre este particular, procede recordar, en primer lugar, que el considerando 19 de la Directiva aclara
que «el establecimiento en el territorio de un Estado miembro implica el ejercicio efectivo y real de una
actividad mediante una instalación estable», y «que la forma jurídica de dicho establecimiento, sea una
simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un factor determinante».
50 Para cumplir el requisito establecido en dicha disposición, es necesario además que el tratamiento de
datos personales por parte del responsable del tratamiento se «lleve a cabo en el marco de las
51 Google Spain y Google Inc. niegan que éste sea el caso, dado que el tratamiento de datos personales
controvertido en el litigio principal lo lleva a cabo exclusivamente Google Inc., que gestiona Google
Search sin ninguna intervención por parte de Google Spain, cuya actividad se limita a prestar apoyo a la
actividad publicitaria del grupo Google, que es distinta de su servicio de motor de búsqueda.
de una interpretación restrictiva (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, C-324/09,
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55 Habida cuenta de este objetivo de la Directiva 95/46 y del tenor de su artículo 4, apartado 1, letra a),
procede considerar que el tratamiento de datos personales realizado en orden al funcionamiento de un
motor de búsqueda como Google Search, gestionado por una empresa que tiene su domicilio social en
un Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado miembro, se efectúa «en el
marco de las actividades» de dicho establecimiento si éste está destinado a la promoción y venta en
dicho Estado miembro de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven para rentabilizar
el servicio propuesto por el motor.
57 Sobre este particular, es necesario recordar que, como se ha precisado en los apartados 26 a 28 de la
presente sentencia, la propia presentación de datos personales en una página de resultados de una
58 En tales circunstancias, no se puede aceptar que el tratamiento de datos personales llevado a cabo para
el funcionamiento del mencionado motor de búsqueda se sustraiga a las obligaciones y a las garantías
previstas por la Directiva 95/46, lo que menoscabaría su efecto útil y la protección eficaz y completa de
las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas que tiene por objeto garantizar
(véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, EU:C:2011:474, apartados 62 y 63), en particular, el
respeto de su vida privada en lo que respecta al tratamiento de datos personales, al que esta Directiva
concede una importancia especial, como confirman, concretamente, su artículo 1, apartado 1, y sus
considerandos 2 y 10 (véanse, en este sentido, las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros,
C-465/00, C-138/01 y C-139/01, EU:C:2003:294, apartado 70; Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293,
apartado 47, e IPI, C-473/12, EU:C:2013:715, apartado 28 y jurisprudencia citada).
59 En la medida en que el primero de los tres requisitos enumerados por el tribunal remitente basta por sí
mismo para concluir que un establecimiento como Google Spain cumple el criterio recogido en el
a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y
cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.
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Sobre la segunda cuestión prejudicial, letras c) y d), relativa al alcance de la responsabilidad del
gestor de un motor de búsqueda en virtud de la Directiva 95/46
62 Mediante su segunda cuestión prejudicial, letras c) y d), el tribunal remitente desea saber, en esencia, si
los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el
sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, el gestor de un motor de
del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen
información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se
borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en sí misma
en dichas páginas sea lícita.
64 Según el gobierno austriaco, una autoridad de control nacional únicamente puede ordenar a tal gestor
que borre de sus ficheros información publicada por terceros si anteriormente se ha declarado la
índices y de su memoria intermedia información que contiene datos personales publicada por terceros,
sin dirigirse previa o simultáneamente al editor de la página web en la que se ubica dicha información.
dicha información se publicara de forma lícita y que siga figurando en la página web de origen carece
de relevancia sobre las obligaciones de dicho gestor con arreglo a la Directiva 95/46. En cambio, para el
66 Con carácter previo, procede recordar que, como se desprende de su artículo 1 y de su considerando
10, la Directiva 95/46 tiene por objeto garantizar un nivel elevado de protección de las libertades y los
derechos fundamentales de las personas físicas, sobre todo de su vida privada, en relación con el
tratamiento de datos personales (véase, en este sentido, la sentencia IPI, EU:C:2013:715, apartado 28).
efectúen tratamientos —obligaciones relativas, en particular, a la calidad de los datos, la seguridad
técnica, la notificación a las autoridades de control y las circunstancias en las que se puede efectuar el
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fundamentales que, según reiterada jurisprudencia, forman parte de los principios generales del
Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y que están actualmente recogidos en la Carta
(véanse, en particular, las sentencias Connolly/Comisión, C-274/99 P, EU:C:2001:127, apartado 37, y
69 De este modo, el artículo 7 de la Carta garantiza el respecto de la vida privada, mientras que el artículo
8 de la Carta proclama expresamente el derecho a la protección de los datos personales. Los apartados 2
y 3 de este último precisan que estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base
del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley,
que toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su
rectificación y que el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente.
70 En relación con el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, éste dispone que los Estados miembros
garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento, en su caso, la
rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de
la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos. Esta última
aclaración, relativa al supuesto del incumplimiento de algunos requisitos recogidos en el artículo 6,
apartado 1, letra d), de la Directiva 95/46, tiene carácter de ejemplo y no es taxativa, de lo que se
desprende que la falta de conformidad del tratamiento, que puede ofrecer al interesado el derecho
garantizado por el artículo 12, letra b), de dicha Directiva, puede también derivarse del incumplimiento
de otros requisitos de legalidad impuestos por ésta al tratamiento de datos personales.
artículo 13 de la Directiva 95/46, todo tratamiento de datos personales debe ser conforme, por una
parte, con los principios relativos a la calidad de los datos, enunciados en el artículo 6 de dicha
Directiva, y, por otra, con alguno de los principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos,
enumerados en el artículo 7 de la Directiva (véanse las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros,
EU:C:2003:294, apartado 65; ASNEF y FECEMD, C-468/10 y C-469/10, EU:C:2011:777, apartado
26, y Worten, C-342/12, EU:C:2013:355, apartado 33).
que sean «recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente
de manera incompatible con dichos fines», que sean «adecuados, pertinentes y no excesivos con
relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente», que sean «exactos
y, cuando sea necesario, actualizados», y, por último, que sean «conservados en una forma que permita
la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los
que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente». En este marco, el mencionado responsable
debe adoptar todas las medidas razonables para que los datos que no responden a los requisitos de esta
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74 Esta disposición permite el tratamiento de datos personales cuando es necesario para la satisfacción del
interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se
comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales
del interesado, en particular, su derecho al respeto de su vida privada, en lo que respecta al tratamiento
de datos personales, que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la Directiva.
De este modo, la aplicación del mencionado artículo 7, letra f), precisa de una ponderación de los
derechos e intereses en liza de que se trate, en cuyo marco debe tenerse en cuenta la importancia de los
derechos del interesado, que resulta de los artículos 7 y 8 de la Carta (véase la sentencia ASNEF y
76 Según dicho artículo 14, párrafo primero, letra a), los Estados miembros reconocerán al interesado el
derecho a oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f) del artículo 7 de la
los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga
otra cosa. La ponderación que ha de efectuarse en el marco de dicho artículo 14, párrafo primero,
letra a), permite así tener en cuenta de modo más específico todas las circunstancias que rodean a la
situación concreta del interesado. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el
77 El interesado puede dirigir las solicitudes con arreglo a los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero,
letra a), de la Directiva 95/46 directamente al responsable del tratamiento, que debe entonces examinar
debidamente su fundamento y, en su caso, poner fin al tratamiento de los datos controvertidos. Cuando
el responsable del tratamiento no accede a las solicitudes, el interesado puede acudir a la autoridad de
control o a los tribunales para que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen a dicho
gestor las medidas precisas en consecuencia.
78 A este respecto, procede recordar que se deriva del artículo 28, apartados 3 y 4, de la Directiva 95/46
que toda autoridad de control entenderá de las solicitudes de cualquier persona relativas a la protección
de sus derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales y que dispone de poderes
de investigación y de poderes efectivos de intervención, que le permiten, en particular, ordenar el
bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, o prohibir provisional o definitivamente un tratamiento.
79 Deben interpretarse y aplicarse a la luz de estas consideraciones las disposiciones de la Directiva 95/46
que regulan los derechos del interesado cuando la autoridad de control o los tribunales conocen de una
solicitud como la controvertida en el litigio principal.
80 A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que, como se ha afirmado en los apartados 36 a 38 de
la presente sentencia, un tratamiento de datos personales como el controvertido en el litigio principal,
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efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, puede afectar significativamente a los derechos
fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales cuando la búsqueda
realizada sirviéndose de ese motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de una persona
física, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de
no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este
modo establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate. Además, el efecto de la
Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida
en tal lista de resultados carácter ubicuo (véase, en este sentido, la sentencia eDate Advertising y otros,
C-509/09 y C-161/10, EU:C:2011:685, apartado 45).
81 Vista la gravedad potencial de esta injerencia, es obligado declarar que el mero interés económico del
gestor de tal motor en este tratamiento no la justifica. Sin embargo, en la medida en que la supresión de
vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información de que se trate, tener
información en cuestión, es preciso buscar, en situaciones como las del litigio principal, un justo
equilibrio, en particular entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada con
arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta. Aunque, ciertamente, los derechos de esa persona protegidos
por dichos artículos prevalecen igualmente, con carácter general, sobre el mencionado interés de los
internautas, no obstante este equilibrio puede depender, en supuestos específicos, de la naturaleza de la
información de que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del
interés del público en disponer de esta información, que puede variar, en particular, en función del
papel que esta persona desempeñe en la vida pública.
83 En efecto, como se ha afirmado en los puntos 35 a 38 de la presente sentencia, en la medida en que el
tratamiento de datos personales llevado a cabo en la actividad de un motor de búsqueda se distingue del
efectuado por los editores de sitios de Internet y se añade a éste y afecta de modo adicional a los
derechos fundamentales del interesado, el gestor de este motor, como responsable del tratamiento, debe
garantizar, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que dicho
tratamiento cumple los requisitos de la Directiva 95/46, para que las garantías que ella establece puedan
tener pleno efecto.
84 A este respecto, cabe señalar que, habida cuenta de la facilidad con que la información publicada en un
sitio de Internet puede ser copiada en otros sitios y de que los responsables de su publicación no están
siempre sujetos al Derecho de la Unión, no podría llevarse a cabo una protección eficaz y completa de
los interesados si éstos debieran obtener con carácter previo o en paralelo la eliminación de la
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tratamiento que lleva a cabo el gestor de un motor de búsqueda. De este modo, no puede excluirse que
el interesado pueda en determinadas circunstancias ejercer los derechos recogidos en los artículos 12,
letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 contra el gestor, pero no contra el editor de
dicha página web.
la ponderación de los intereses en conflicto que ha de llevarse a cabo en virtud de los artículos 7,
letra f), y 14, párrafo primero, letra a), de la mencionada Directiva puede divergir en función de que se
trate de un tratamiento llevado a cabo por un gestor de un motor de búsqueda o por el editor de esta
página web, dado que, por un lado, los intereses legítimos que justifican estos tratamientos pueden ser
diferentes, y, por otro, las consecuencias de estos tratamientos sobre el interesado, y, en particular,
sobre su vida privada, no son necesariamente las mismas.
87 En efecto, en la medida en que la inclusión, en la lista de resultados obtenida tras una búsqueda llevada
a cabo a partir del nombre de una persona, de una página web y de información contenida en ella
relativa a esta persona facilita sensiblemente la accesibilidad de dicha información a cualquier
internauta que lleve a cabo una búsqueda sobre el interesado y puede desempeñar un papel decisivo
para la difusión de esta información, puede constituir una injerencia mayor en el derecho fundamental
al respeto de la vida privada del interesado que la publicación por el editor de esta página web.
prejudicial, letras c) y d), que los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva
95/46 deben interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas
disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un
motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda
efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que
contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta
publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.
Sobre la tercera cuestión prejudicial, relativa al alcance de los derechos del interesado garantizados
por la Directiva 95/46
89 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si los artículos
12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de
que permiten al interesado exigir al gestor de un motor de búsqueda eliminar de la lista de resultados
publicadas legalmente por terceros y que contienen datos e información verídicos relativos a su
persona, debido a que estos datos e información pueden perjudicarle o que desee que estos datos e
información se «olviden» tras un determinado lapso de tiempo.
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90 Google Spain, Google Inc., los Gobiernos helénico, austriaco y polaco y la Comisión consideran que
debe darse una respuesta negativa a esta cuestión. Google Spain, Google Inc., el Gobierno polaco y la
Comisión alegan a este respecto que los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la
91 El Sr. Costeja González y los Gobiernos español e italiano son de la opinión de que el interesado puede
oponerse a la indexación de sus datos personales por un motor de búsqueda cuando la difusión de estos
datos por la intermediación de éste le perjudica y de que sus derechos fundamentales a la protección de
dichos datos y de respeto a la vida privada, que engloban el «derecho al olvido», prevalecen sobre los
intereses legítimos del gestor de dicho motor y el interés general en la libertad de información.
92 En relación con el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, cuya aplicación está sometida al requisito
de que el tratamiento de datos personales sea incompatible con dicha Directiva, es necesario recordar
que, como se ha señalado en el apartado 72 de la presente sentencia, tal incompatibilidad puede resultar
no sólo de que los datos sean inexactos, sino en particular, de que sean inadecuados, no pertinentes y
excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén actualizados o de que se conserven
durante un período superior al necesario, a menos que se imponga su conservación por fines históricos,
93 Se deduce de estos requisitos, establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras c) a e), de la Directiva
95/46, que incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo,
incompatible con dicha Directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines
para los que se recogieron o trataron. Éste es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no
incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 y con
arreglo al artículo 14, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva, ha de señalarse que cada tratamiento
de datos personales debe ser legítimo, en virtud del artículo 7, durante todo el período en el que se
controvertido en el litigio principal, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho
a que la información relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por
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una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre. A este respecto,
cabe señalar que la apreciación de la existencia de tal derecho no presupone que la inclusión de la
97 Ya que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta,
solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general
anuncios que mencionan el nombre de esta persona y relativos a una subasta inmobiliaria vinculada a
un embargo por deudas a la Seguridad Social, es preciso considerar que, teniendo en cuenta el carácter
sensible de la información contenida en dichos anuncios para la vida privada de esta persona y de que
su publicación inicial se remonta a 16 años atrás, el interesado justifica que tiene derecho a que esta
de autos no parece existir razones concretas que justifiquen un interés preponderante del público en
tener acceso a esta información en el marco de tal búsqueda, lo que no obstante incumbe comprobar al
órgano jurisdiccional remitente, el interesado puede, en virtud de los artículos 12, letra b), y 14, párrafo
primero, letra a), de la Directiva 95/46, exigir que se eliminen estos vínculos de la lista de resultados.
99 De las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la tercera cuestión prejudicial
que los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en
esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados, obtenida tras una
búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho
presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al
interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de
la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general
mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el
interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en
acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin
embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el
interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el
interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que
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gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que
hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.
1) El artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en
el sentido de que, por un lado, la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar
información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática,
almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un
orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en
el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales, y,
por otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho
tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d).
2) El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de
que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un
establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro,
en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el
Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de
espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los
disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el
gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida
tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web,
publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el
supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de
estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma
4) Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben
interpretarse en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas
disposiciones, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la
información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a
su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su
nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión
de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado.
Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de
la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del
público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos
prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de
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búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada
información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal
no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el
justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión,
acceso a la información de que se trate.
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