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Timestamp: 2015-10-07 17:20:23+00:00

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En el marco del proceso de construcción de un Código de Ética para la Profesión Periodística, la Asociación de la Prensa Uruguaya adoptó el viernes 12 de abril el proyecto puesto a consideración de su Asamblea General Extraordinaria. A continuación reproducimos el comunicado emitido por la APU en el día de la fecha;
La Asamblea General de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) aprobó el viernes 12 de abril por amplia mayoría de presentes el Código de Ética de la Profesión Periodística, tras un exitoso proceso de debate, consulta y construcción de la primera autorregulación del periodismo en Uruguay.
Luego de más de dos horas de debate, los asambleístas concluyeron que la aprobación de este mecanismo es un paso histórico para la profesionalización de los periodistas y la mejora de la calidad de la información en los medios de comunicación.
La resolución que aprobó el Código de Ética estableció que es de plena observancia para todos los afiliados al sindicato; además, invita a los medios de comunicación y a otras gremiales vinculadas a la comunicación a adoptarlo como una referencia para el trabajo profesional.
La Asamblea estableció que el Tribunal Arbitral de la institución, un órgano estatutario y elegido por el voto de sus afiliados, será el encargado de promover y aplicar el código. El Tribunal podrá designar comisiones consultivas para el estudio de situaciones y casos concretos.
Todos los participantes esperan que esta herramienta contribuya a desarrollar mejores estándares en el ejercicio de la profesión periodística y mecanismos de autorregulación en los medios, mediante la creación de defensorías de audiencias y otro tipo de mecanismos para evacuar las inquietudes de las audiencias.
Desde el Grupo Medios y Sociedad
GMS exhorta enviar el expediente sobre la presunta compra de 11 radios por parte del magnate Ángel González a la Justicia COMUNICADO - Montevideo, 31 de octubre de 2012
Una nueva investigación periodística del equipo de No Toquen Nada (Océano FM) sobre la presunta compra y gestión de 11 radios AM y FM por parte del magnate Angel González, en fraude a la ley uruguaya y configurando una concentración de medios que no guarda antecedentes en la historia de la radiodifusión nacional. Los periodistas de No Toquen Nada avanzaron en dos asuntos cruciales: el empresario González estuvo en Uruguay en abril de 2011 y se reunió con el ministro Roberto Kreimerman, mientras la investigación estaba en curso.
Con la firma del subsecretario Edgardo Ortuño se archivó tres meses atrás el expediente donde se investigaban algunas posibles ilegalidades en concesiones de radio. La decisión de archivar el expediente y no enviarlo a la Justicia fue en contra de la visión de los abogados del ministerio y de la asesoría jurídica. Estuvo amparada en un informe del fiscal de gobierno Miguel Ángel Toma, fue recurrida por el Grupo Medios y Sociedad (GMS) en agosto de este año y el mismo todavía no ha sido evacuado por el MIEM. GMS reitera que los indicios y pruebas existentes sobre el funcionamiento de este conglomerado como un sólo grupo, viola la ley, si además este conglomerado esta en manos de un extranjero, es un grave antecedente para la radiodifusión de Uruguay. Se deja pasar una concentración inadmisible, incluso a la luz de las pobres normas anti concentración actuales, se violan los estándares internacionales de libertad de expresión y se asiste a la consecuencias de la concentración en Uruguay. Varias radios del interior como Real de San Carlos o Cenit de Rivera, fueron vaciadas de buena parte del contenido informativo local y retransmiten los contenidos de Montevideo, perdiéndose fuentes de trabajo, (como en radio Futura donde se hecho al personal) en radios de Montevideo y el interior.
La denuncia la realizó en 2009 el Grupo Medios y Sociedad. Allí se señaló que el propietario de todas las radios es el mexicano Ángel González.
En la legislación vigente sólo los ciudadanos uruguayos pueden ser titulares de frecuencias de radio y televisión. Además, un solo titular puede tener en concesión un máximo de tres frecuencias, y en el caso de tener tres, no puede tenerlas en la misma banda (AM o FM). Los denunciantes señalaron que se violaban estos y otros artículos de la normativa.
El decreto 734/78, que reglamentó la ley de Radiodifusión, en el artículo 15 establece que “las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de los servicios de radiodifusión, se otorgarán con carácter personal, quedando en consecuencia prohibida, sin autorización del Poder Ejecutivo, toda negociación que implique directa o indirectamente, un cambio en la titularidad de las mismas. (…) Cuando las autorizadas sean (…) personas individuales, la conducción de la emisora en cuanto a programas y funcionamiento corresponderá y será de la exclusiva responsabilidad de aquellas personas autorizadas por el Poder Ejecutivo”.
Respecto a la concentración, el artículo 12 establece que “una persona no puede ser beneficiaria a partir de la fecha, con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión; tampoco puede ser titular, total o parcialmente, de más de tres frecuencias de radiodifusión en total en las tres bandas citadas (AM – FM – TV)”.
El área jurídica del ministerio consideró que había indicios de que las 11 radios pertenecían a un mismo conjunto económico. Esa resolución fue respaldada por su sala de abogados, además de que la Ursec había hecho una observación similar en su resolución.
En lo que no parece haber confusión es en lo que dice el propio Fiscal de gobierno Miguel Ángel Toma que en parte de su informe destaca:
"La administración no tiene, salvo que la ley se lo dé, la potestad de determinar la existencia de conjunto económico. Vale decir que la prescindencia de la personalidad unida al concepto del conjunto económico solo puede decidirse en el terreno judicial, salvo ley expresa en contrario".
"En las dos presentaciones vistas está completamente vedado en el terreno del derecho administrativo común por ausencia de norma con lo que si la administración pretende movilizar el reconocimiento de un conjunto económico debería asistir a la justicia ordinaria". Sigue informe de No Toquen Nada – Océano FM extraído de Portal 180, 29 de octubre de 2012
Kreimerman desoyó pedido de revocar concesión de radios y archivó denuncia
El ministro de Industria Roberto Kreimerman archivó un expediente donde se investigaban algunas posibles ilegalidades en concesiones de radio. Su decisión de no continuar con el expediente o enviarlo a la Justicia fue en contra de la visión de los abogados del ministerio y de la asesoría jurídica. La decisión fue recusada por los demandantes.
Publicado el: 29 de octubre de 2012 a las 19:38 - Por: Redacción 180 - Informe de Gabriel Farías (No toquen nada)
Además, Kreimerman se reunió con el empresario mexicano denunciado en el transcurso de la investigación y nunca informó de esa reunión a quienes investigaban. El ministro dijo a No toquen nada que con el mexicano hablaron de la “realidad del país”. Escuche el informe en Océanofm.com
Ahora el Ministerio deberá responder a los demandantes, que interpusieron un recurso de revocación y jerárquico de la decisión del Ministerio de Industria de archivar la investigación. Paso a paso
En junio el Ministerio de Industria ordenó archivar una investigación a pesar de que su área jurídica encontró indicios de ilegalidad y recomendó revocar la concesión de las radios del ex Grupo Sarandí y ex Grupo del Plata.
En la legislación vigente sólo los ciudadanos uruguayos pueden ser titulares de frecuencias de radio y televisión. Además, un solo titular puede tener en concesión un máximo de tres frecuencias, y en el caso de tener tres, no puede tenerlas en la misma banda (AM o FM). Los denunciantes señalaron que se violaban estos y otros artículos de la normativa. El decreto 734/78, que reglamentó la ley de Radiodifusión, en el artículo 15 establece que “las autorizaciones para la instalación y funcionamiento de los servicios de radiodifusión, se otorgarán con carácter personal, quedando en consecuencia prohibida, sin autorización del Poder Ejecutivo, toda negociación que implique directa o indirectamente, un cambio en la titularidad de las mismas. (…) Cuando las autorizadas sean (…) personas individuales, la conducción de la emisora en cuanto a programas y funcionamiento corresponderá y será de la exclusiva responsabilidad de aquellas personas autorizadas por el Poder Ejecutivo”. Respecto a la concentración, el artículo 12 establece que “una persona no puede ser beneficiaria a partir de la fecha, con la titularidad total o parcial de más de dos frecuencias en cada una de las tres bandas de radiodifusión; tampoco puede ser titular, total o parcialmente, de más de tres frecuencias de radiodifusión en total en las tres bandas citadas (OM – FM – TV)”.
Luego del dictamen de los abogados, en dos instancias Kreimerman pidió una segunda opinión al fiscal de Gobierno, Miguel Ángel Toma, quien discrepó con la idea de revocar las licencias. Sin embargo, según el propio fallo del ministerio, Toma dijo que el tema se debe solucionar en el ámbito de la Justica Penal por falta de herramientas jurídicas. Kreimerman ignoró a los abogados del ministerio y también la posición de Toma y decidió archivar el expediente. El pasado viernes en No Toquen Nada el ministro reconoció que estuvo reunido en privado con el empresario mexicano Ángel González mientras este era investigado por el ministerio por ser el posible propietario de 11 radios de forma ilegal mediante testaferros.
La investigación se inició en 2009 por una denuncia del Grupo Medios y Sociedad ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. La ONG pidió a la URSEC que investigue si 11 radios de Montevideo y el interior fueron adquiridas por el empresario mexicano Ángel González a través de testaferros entre 2007 y 2008. La URSEC investigó y derivó el informe al Ministerio de Industria.
Se trata de las emisoras del ex Grupo Sarandí (Radio Sarandí, Sport 890, Integración Americana y Radio Disney) y del ex Grupo del Plata (Emisora del Plata, Futura FM, FM Total, Radio Real de San Carlos de Colonia, Emisora Cenit de Rivera, Emisora Santa Rosa de Canelones y La Pedrera FM de Rocha). El periodista y abogado Edison Lanza, uno de los demandantes, dijo a No toquen nada que “los contenidos que producen Sarandí, Sport y demás pasaron a ser emitidos en las 10 y 11 emisoras de todo el país” y que “la publicidad se comercializa a través de una sola empresa”, por lo que “las decisiones las toma un empresario solo, que es Coelho, que es justamente el titular de las acciones de las radios de Grupo Sarandí”. Es por eso que “la titularidad real de todas las radios” y las decisiones sobre la programación, según Lanza, “están en un solo grupo económico”.
Lo que se investigó es si un empresario mexicano controla 10 radios uruguayas sin autorización previa del gobierno. Hasta el 30 de julio de 2012 controlaba 11 emisoras, pero el ministerio revocó la concesión de Cenit FM de Rivera, que pertenecía a Miguel Sofía, por constatarse la ausencia prolongada del país del titular. La asesoría jurídica del Ministerio de Industria, en una decisión ratificada por la sala de abogados del ministerio, recomendó al ministro de Industria “dejar sin efecto las resoluciones que autorizaron la transferencia de titularidad de las emisoras involucradas”. Los grupos y las transferencias
El Grupo del Plata era dirigido por Miguel Sofía junto con su esposa Ana María Troncoso y su hija Virginia Sofía Troncoso. Miguel Sofía está prófugo de la Justicia, pero antes pudo vender sus radios.
La titularidad de tres de las emisoras del Grupo del Plata (Emisora del Plata, Futura y Real de San Carlos) fue transferida formalmente el 21 de enero de 2008 a José Carlos Molinari y Diego Martín de Luca, quienes serían testaferros del empresario mexicano Ángel González, según la demanda.
Las emisoras del Grupo Sarandí fueron transferidas el 3 de noviembre del mismo año a Fernando Coelho. Según los demandantes, es el representante del empresario mexicano Ángel González en Uruguay, que hasta el momento se desempeñaba como director de programación del canal de televisión de González en Argentina (Canal 9).
Ángel González preside el holding Albavisión. El grupo tiene presencia en 15 países latinoamericanos. Edison Lanza contó que González opera mediante la compra de emisoras de radio y televisión en toda la región. “Tiene tantos canales como emisoras de radio en todos los países de habla hispana. Le dicen “El Fantasma” González: opera en casi todos lados a través de testaferros o empresarios, pero es un muy poderoso imperio”, explicó Lanza.
Según la investigación de Grupo Medios y Sociedad, poco después de concretarse el cambio de titularidad, las ex radios del Grupo del Plata trasladaron sus estudios a la sede de las ex radios del Grupo Sarandí (Enriqueta Compte y Rique 1250) y, en conjunto, las radios conformaron un nuevo grupo y centralizaron la gestión en torno a la sociedad comercial Mont Soleil S.A.
La investigación del Grupo Medios y Sociedad logró confirmar que varias de las radios ofrecen y facturan publicidad a través de la sociedad comercial Mont Soleil. Esto fue ratificado por la Ursec.
Los acusados como testaferros del mexicano, lo negaron durante la investigación y afirman que son los verdaderos propietarios de las radios. Lanza, sin embargo, explicó como denunciante que hay pruebas del propio González, que llegó a Uruguay en un proceso de expansión de su grupo en el Cono Sur. “Tenemos el dato de que estaba tratando de comprar un canal de televisión”, dijo Lanza.
No toquen nada tiene también testimonios de periodistas de Futura FM y de radios del interior que fueron vaciadas. Se realizó una unificación del personal y centralización de la programación de las emisoras. Algunas radios se convirtieron en proveedoras de contenidos para los demás medios del grupo. Por ejemplo, las emisoras Cenit, Real de San Carlos, Santa Rosa y La Pedrera FM se convirtieron en repetidoras de programas producidos en Montevideo. Y en Montevideo, FM Total, del ex Grupo del Plata, comenzó a retransmitir Radio Sarandí. En base a la investigación presentada por los denunciantes y actuaciones propias, la Ursec encontró indicios de que las radios pertenecen a un solo grupo empresarial y pasó el caso a la órbita del Ministerio de Industria, donde recae la potestad de asignar o revocar concesiones. Los abogados del ministerio opinaron que había indicios de ilegalidad, pero el ministro pidió la opinión del fiscal de gobierno. Edison Lanza dijo que el Poder Ejecutivo se sacó la decisión de arriba. “Ante una situación que quema -porque uno no quería estar en los pies del que toma esa decisión- lo envía al fiscal de gobierno, quien emite un dictamen en el cual nosotros no compartimos una cantidad de conceptos y definiciones jurídicas que allí presenta, y en definitiva recomienda archivar”, explicó Lanza.
Después del informe del fiscal de gobierno, el Ministerio de Industria -en su última actuación de este caso- decidió archivar la denuncia. El ministro Kreimerman tenía varias opciones: sus abogados en el ministerio le recomendaron revocar las licencias pero él decidió pedir una versión más al fiscal de gobierno. Sin embargo, el fiscal dijo que el tema es materia de la Justicia ordinaria. Según el ministro, “las actuaciones que se llevaron a cabo a partir de la denuncia fueron de acuerdo a la ley, del análisis de lo que constaba, de la posible existencia de un grupo empresarial y la determinación de distintos elementos”. Kreimerman dijo que “en este caso se determinó que correspondía el archive no por el tema básicamente de los elementos aportantes sino también porque se entendía, de acuerdo a las opiniones jurídicas, que se debía investigar en el ámbito adecuado la existencia de ese grupo”.
Kreimerman puede enviar cualquier actuación sospechosa a la Justicia, más allá de lo administrativo. Los denunciantes dijeron a No toquen nada que si envían el caso a la Justicia se transparenta y se termina la historia. Pero el caso ya tenía algún viso de oscuridad: una reunión del mexicano González con Kreimerman durante la investigación no fue informada públicamente. ¿Qué quería González si no tiene medios en Uruguay, si las radios no son suyas? ¿Qué hablaron?
No toquen nada se lo preguntó a Kreimerman quien lo negó dos veces antes de decir que cree que sí.
Los demandantes interpusieron un recurso de revocación y jerárquico de la decisión del Ministerio de Industria de archivar la investigación. El Ministerio de Industria tiene 180 días para aceptar o denegar el recurso. En el caso de mantener la decisión, será la Presidencia de la República quien deberá decidir si revoca el recurso o mantiene archivada la investigación. Para los denunciantes hay un fraude a la ley. “El grupo económico es un indicio de que en realidad hay un testaferro que está utilizando su nombre para encubrir que la emisora tal es controlada por una persona o una empresa o un grupo”, dijo Lanza.
“Más allá de que González esté o no atrás, lo que se demuestra es que hay un empresario que controla 10 emisoras en forma directa o indirecta. ¿Eso no es ilegal? ¿No está prohibido hoy? ¿Por el solo hecho de que efectivamente estén a nombre de otra persona, que es Molinari, pero que nunca pisa las radios ni toma decisiones?”, expresó Lanza.
Según él, “hay un fraude a la ley” porque “en forma indirecta sí adquirieron esas 10 u 11 radios, y eso es público y notorio, porque basta ir a radio Real de San Carlos y ver que son los mismos informativos que Sarandí, por ejemplo”.
http://www.180.com.uy/articulo/29637_Kreimerman-desoyo-pedido-de-revocar-concesion-de-radios-y-archivo-denuncia
Algunas de los argumentos del GMS para presentar la denuncia ante URSEC Nota publicada en La Diaria el 17 de abril de 2012
ver nota completa en: http://www.infoycom.org.uy/?q=node/6399
Él manda
la diaria accedió a los descargos de los empresarios en diciembre ante el MIEM. Todos los involucrados niegan pertenecer a un "grupo económico", conocer o tener vinculación con González y piden el archivo del expediente alegando que no hay pruebas. Enfatizan en que la retransmisión de programación de otras radios o la centralización física de varias emisoras en una misma dirección (Enriqueta Compte y Riqué 1250) -aspectos subrayados por la Asesoría- no es indicio de la existencia de un grupo económico.
"Esta identidad de domicilio no obsta a que cada una de las emisoras que funcionan allí cuente con un espacio y estudio propio e independendiente, con una producción separada y con una conducción también independiente", explicó Fernando Coelho, señalado por GMS como el representante de González por ser quien "está a cargo" de sus emisoras en Uruguay. Coelho entiende que esto es un "infundio" y que no hay "detalles que hagan verosímil" la denuncia, a la que considera "absurda, maliciosa e infundada". Asimismo, en sus descargos asume la responsabilidad por la gestión de Sarandí Comunicaciones SA, que abarca Sarandí, Sarandí Sport, Disney e Integración Americana. Sin embargo, tras consultar a cuatro ex funcionarios de Futura FM, que también funcionaba en la mencionada dirección, todos reconocen a Coelho como el gestor de dicha emisora.
"Para mí, la figura de autoridad era Coelho. Lo que era sueldo, la parte económica o de los contratos era con él. Las veces que arreglé plata fue con él, y las veces que había que pedir permiso para algo fue con él, las licencias se las pedí a él. Había un encargado pero no tenía otra autoridad más allá de transmitir las órdenes de Coelho", afirmó a la diaria el periodista Diego González. Ante la misma consulta, su colega Ernesto Muniz señaló a la diaria que cuando fue despedido de la radio la persona que le dijo "hicimos todo lo posible y esto no funciona" fue Coelho. En esto y en la gestión del empresario en las otras emisoras que funcionan en el edificio coincidieron otros dos ex trabajadores de Futura que prefirieron mantener su anonimato por temor a las represalias en el medio. Por el contrario, en sus descargos José Carlos Molinari afirma que él y Diego de Luca son "los únicos responsables de la explotación" de Del Plata, Futura y Radio Real de San Carlos, y entiende que la denuncia es "descabellada".
Nota publicada por el semanario Búsqueda el 25 de marzo de 2010
ver nota completa en: http://www.infoycom.org.uy/?q=node/4466
Esto surge de las pruebas agregadas en la investigación del organismo regulador, así como de nuevos documentos y testimonios sobre esta operación.

References: resolución 
 artículo 15
 artículo 12
 resolución 
 artículo 15
 artículo 12