Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0358_ES.html
Timestamp: 2019-07-24 07:21:35+00:00

Document:
Textos aprobados - Transparencia, responsabilidad e integridad en las instituciones de la Unión - Jueves 14 de septiembre de 2017
– Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus artículos 9 y 10,
4. Considera que los ponentes, los ponentes alternativos y los presidentes de comisión deberían publicar sus reuniones con los representantes de intereses que entren en el ámbito de aplicación del Registro de Transparencia en lo que respecta a los expedientes bajo su responsabilidad a través de una huella legislativa, y que toda excepción debe proteger la vida y la libertad de los informadores que actúen de buena fe;
5. Pide a la Mesa que ponga los medios necesarios para que los diputados puedan, si así lo desean, publicar en sus perfiles del sitio web del Parlamento sus reuniones con representantes de intereses;
6. Pide a la Comisión que extienda a todo el personal de la Comisión pertinente (jefes de unidad y niveles superiores) la práctica de reunirse únicamente con aquellas organizaciones o trabajadores autónomos que estén registrados en el Registro de Transparencia;
7. Insta a la Comisión a publicar las reuniones con organizaciones externas de todo el personal de la Comisión que participa en el proceso de elaboración de políticas europeas, observando la normativa sobre protección de datos correspondiente; para el resto del personal presente en estas reuniones, deberá publicarse referencia a la unidad o el servicio;
8. Apoya la petición de la Comisión de que las instituciones europeas y su personal, así como sus agencias, se abstengan de invitar como oradores a representantes de intereses no registrados que entren en el ámbito de aplicación del Registro de Transparencia, de patrocinar sus eventos o de celebrar tales eventos en instalaciones de la Unión, así como de permitirles participar en órganos de asesoramiento de la Comisión;
9. Pide a la Comisión que facilite a los ciudadanos, a través de una ventanilla única en línea, acceso a toda la información sobre representación de intereses en las instituciones europeas, declaraciones de interés, conflictos de interés confirmados y grupos de expertos;
10. Anima a la Comisión a desarrollar medidas para conseguir un mejor equilibrio atribuyendo más peso a los intereses infrarrepresentados;
11. Considera que los diputados al Parlamento Europeo que han sido nombrados ponente, ponente alternativo o presidente de comisión tienen una responsabilidad especial en lo que se refiere a la transparencia de sus contactos con representantes de intereses, dado el papel que desempeñan en la elaboración de la legislación de la Unión;
12. Considera que las entidades inscritas en el Registro de Transparencia deben efectuar obligatoriamente actualizaciones mensuales de los gastos de los declarantes en actividades que entran en el ámbito del registro cuando este gasto supere el umbral establecido para la categoría en cuestión;
13. Considera que debe obligarse a todas las entidades registradas a publicar en el Registro de Transparencia una lista de todos los donantes y sus respectivas donaciones cuando estas superen los 3 000 EUR, indicando anualmente tanto la naturaleza como el valor de cada donación; las donaciones cuyo valor supere los 12 000 EUR deberán notificarse inmediatamente;
14. Reitera nuevamente su llamamiento de reforzar el Registro de Transparencia de la Unión con un acto jurídico, si no es posible eliminar completamente todas las lagunas existentes y establecer un registro obligatorio de todos los representantes de intereses mediante un acuerdo interinstitucional; opina que la propuesta de dicho acto jurídico podría tener en cuenta los progresos conseguidos gracias a las modificaciones realizadas en el Acuerdo Interinstitucional y en el Código de Conducta del Parlamento; recuerda a la Comisión que en su Decisión de 15 de abril de 2014 le pidió que presentara antes de finales de 2016 una propuesta legislativa con vistas a la creación de un registro obligatorio sobre la base del artículo 352 del TFUE;
15. Reitera su solicitud al Consejo, incluidos sus órganos preparatorios, de que se adhiera al Registro de Transparencia lo antes posible; pide a todos los Estados miembros que introduzcan legislación que promueva la transparencia de la representación de intereses; pide a los Estados miembros que introduzcan normas para obligar a los representantes de intereses a dar prueba de transparencia cuando sus contactos con los políticos nacionales y las administraciones públicas tengan por objeto influir en la legislación europea;
16. Recuerda su decisión de 13 de diciembre de 2016 de retirar privilegios a quienes no quieren colaborar con las investigaciones o audiencias y reuniones de las comisiones que tienen una finalidad de averiguación; pide a la Comisión que siga modificando el código de conducta para las entidades registradas de modo que las incite a no proporcionar, de buena fe, información insuficiente o engañosa durante tales audiencias o reuniones de comisión; considera que las entidades registradas en el Registro de Transparencia deberían tener prohibido por el código de conducta emplear a personas u organizaciones que ocultan los intereses a los que sirven;
17. Considera que las sociedades de consultoría profesionales, los bufetes de abogados y los consultores que trabajan por cuenta propia deben indicar el volumen exacto de las actividades cubiertas por el Registro, reconociendo que, en algunos Estados miembros, algunas personas pueden encontrar impedimentos en su legislación nacional para cumplir los requisitos del Registro de Transparencia;
18. Insiste en que las entidades registradas, incluidos los bufetes de abogados y las consultorías legales, deben declarar en el Registro de Transparencia a todos los clientes en cuyo nombre realicen actividades de representación de intereses que entren en el ámbito de aplicación de dicho Registro; acoge positivamente las decisiones adoptadas recientemente por varios colegios de abogados, que han reconocido las diferencias existentes entre las actividades procesales de los abogados y las demás actividades cubiertas por el ámbito de aplicación del Registro de Transparencia; invita, además, al Consejo de la Abogacía Europea a animar a sus miembros a adoptar medidas similares, reconociendo que, en algunos Estados miembros, algunas personas pueden encontrar impedimentos en su legislación nacional para cumplir los requisitos del Registro de Transparencia;
19. Toma nota de que en algunos Estados miembros existen disposiciones estatutarias sobre las normas que rigen el ejercicio de profesiones que impiden de forma objetiva, en particular, que los bufetes de abogados se inscriban en el Registro de Transparencia revelando así la información sobre sus clientes que requiere el registro; percibe también, no obstante, un riesgo importante de que pueda abusarse de estas disposiciones estatutarias para eludir la publicación de la información requerida para una correcta inscripción en el Registro; se congratula, en este sentido, por la visible disposición de las organizaciones profesionales de abogados a colaborar para asegurar que, en interés de la profesión, la omisión de información se limite exclusivamente a lo que objetivamente permite la legislación; pide a la Comisión y al presidente del Parlamento Europeo que concreten esta buena disposición en una realización práctica y, tan rápidamente como sea posible, consagren el resultado en el Acuerdo modificado;
20. Pide a la Mesa que, de conformidad con el artículo 15 del TFUE y el artículo 11 del TUE, obligue a registrarse, para poder acceder a los edificios del Parlamento, a aquellas organizaciones o personas no registradas cuyas actividades entran dentro del ámbito de aplicación del Registro de Transparencia; considera que debe eximirse de esta obligación a los grupos de visitantes; subraya que el Parlamento, como cámara de representación de los ciudadanos europeos, debe mantener una política de puertas abiertas frente a los ciudadanos, y que no deben crearse obstáculos innecesarios que puedan disuadirles de visitar sus instalaciones;
21. Lamenta que, según Transparency International, más de la mitad de las inscripciones en el registro de representantes de intereses de la Unión en 2015 eran incorrectas, estaban incompletas o no tenían sentido;
22. Pide a la Mesa y a su secretario general que faciliten el proceso de reactivación necesario para las tarjetas de acceso de los grupos de interés estableciendo un mecanismo de reactivación específico para evitar unos tiempos de espera excesivos para poder entrar; pide que se suprima la limitación de acceso a las instalaciones del Parlamento a cuatro titulares de tarjeta simultáneamente;
23. Recuerda su Decisión, de 13 de diciembre de 2016, en su referencia a las tarjetas de acceso al entorno de los diputados, y pide a su secretario general que modifique las normas que rigen las tarjetas y las autorizaciones que conceden acceso a las instalaciones del Parlamento, de 13 de diciembre de 2013, para subordinar la entrega de una tarjeta de este tipo a cualquier persona mayor de dieciocho años a la firma previa de un documento por el que el firmante se comprometa a no participar en actividades que entran en el ámbito de aplicación del Registro de Transparencia;
24. Considera necesaria la introducción con carácter de urgencia de un sistema de control de las comunicaciones adecuado para garantizar que la información que proporcionan los declarantes es coherente, exacta, actualizada y exhaustiva; pide a este respecto que se aumenten de forma importante los recursos de la Unidad de Transparencia del Parlamento Europeo y de la Secretaría Común del Registro de Transparencia;
25. Considera que las declaraciones de las entidades registradas han de ser verificadas anualmente por la Unidad de Transparencia y la Secretaría Común del Registro de Transparencia mediante un muestreo aleatorio lo suficientemente importante como para que los datos sean coherentes, exactos, actualizados y exhaustivos;
26. Considera, con arreglo al artículo 4, apartado 2, y al artículo 5, apartado 2, del TUE, que las instituciones estatales democráticamente elegidas y controladas a nivel nacional, regional o local y sus representaciones en las instituciones europeas, así como sus órganos internos y asociaciones formales e informales y las organizaciones de coordinación compuestas exclusivamente de los mismos, no deben inscribirse en el Registro de Transparencia de la Unión si actúan al servicio del interés público, ya que son parte del sistema de gobernanza multinivel de la Unión;
27. Pide a las instituciones y los órganos de la Unión que todavía no cuentan con un código de conducta que lo redacten lo antes posible; lamenta que ni el Consejo ni el Consejo Europeo hayan aprobado todavía un código de conducta para sus miembros; insta al Consejo a introducir un código deontológico específico, que incluya sanciones, en el que se aborden los riesgos a los que están expuestos concretamente los delegados nacionales; insiste en que el Consejo debe ser tan responsable y transparente como el resto de instituciones; pide que se elaboren también códigos de conducta destinados a los miembros y al personal de los dos órganos consultivos de la Unión, a saber, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo; pide a las agencias de la Unión Europea que adopten directrices para la elaboración de una política coherente en materia de prevención y gestión de conflictos de intereses dirigida a los miembros de los consejos de administración y a los directores, a los expertos de los comités científicos y a los miembros de salas de recursos, y que adopten y apliquen una política clara en materia de conflictos de intereses, en virtud de lo previsto en la hoja de ruta para el seguimiento del enfoque común aplicado a las agencias descentralizadas de la Unión;
28. Considera que debe animarse a todos los funcionarios de la Unión, así como a los agentes temporales, asistentes parlamentarios acreditados, agentes contractuales y expertos nacionales, a que asistan a una formación sobre cómo tratar a los representantes de intereses y los conflictos de interés;
29. Subraya la necesidad de reforzar la integridad y el marco deontológico con unos códigos de conducta y unos principios éticos claros y fortalecidos, para permitir el desarrollo de una cultura de la integridad común y eficaz para todas las instituciones y agencias de la Unión;
30. Reconoce que el efecto «puertas giratorias» puede ser perjudicial para las relaciones entre las instituciones y los representantes de intereses; pide a las instituciones de la Unión que desarrollen un enfoque sistemático y proporcional para este problema; considera que toda la regulación relativa a las «puertas giratorias» debe aplicarse también al presidente del Consejo;
31. Pide que se refuercen las restricciones a los antiguos comisarios ampliando el «período de incompatibilidad» a tres años y convirtiéndolo en vinculante al menos para todas las actividades que entren en el ámbito de aplicación del Registro de Transparencia;
32. Considera que las decisiones sobre las nuevas funciones o cargos de altos funcionarios y antiguos comisarios han de ser adoptadas por una autoridad nombrada con la mayor independencia posible de aquellos a quienes afectan sus decisiones;
33. Pide que todas las instituciones de la Unión publiquen anualmente, respetando la normativa europea de protección de datos, información sobre altos funcionarios que han abandonado la administración europea y qué funciones o cargos han asumido;
34. Considera que, en el marco de la iniciativa «Legislar mejor», debería estudiarse la posibilidad de instaurar un período de incompatibilidad de dieciocho meses al término del mandato de los miembros externos y ad hoc del Comité de Control Reglamentario y de los miembros de la Junta Directiva del Banco Europeo de Inversiones, periodo durante el cual no podrían ejercer actividades de representación de los intereses de sus propios negocios, clientes o empleadores ante los miembros de los órganos de gobierno del BEI ni ante el personal del Banco;
35. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo en relación con los conflictos de intereses en los grupos de expertos, y apoya explícitamente la publicación en el registro de grupos de expertos de un CV lo suficientemente detallado y de una declaración de intereses de todos los expertos nombrados a título personal;
36. Apoya la petición del Defensor del Pueblo de que sea obligatorio estar inscrito en el Registro de Transparencia para poder ser nombrado miembro de un grupo de expertos en el caso de miembros que no sean funcionarios públicos y no reciban la totalidad o gran parte de sus ingresos de instituciones estatales, como universidades (siempre que estas no reciban financiación de representantes de intereses o partes interesadas económicas y comerciales);
37. Considera que una disposición que contuviera criterios generales para la delimitación de los intereses económicos y no económicos, tal y como recomienda el Defensor del Pueblo, y basándose en las declaraciones de intereses de los expertos, ayudaría a la Comisión a escoger a expertos que representaran intereses con un mejor equilibrio;
38. Insta a la Comisión a que publique todas las actas de las reuniones de los grupos de expertos en su sitio web, incluidas las distintas opiniones representadas;
39. Insta a la Comisión a garantizar que las consultas exploran cuestiones abiertas, y no buscan simplemente confirmar una orientación política escogida de antemano;
40. Considera que, en virtud de la ley electoral de la Unión, el nombramiento de los candidatos en los partidos debe realizarse democráticamente, de forma secreta y con participación suficiente de los miembros, y que las personas condenadas con sentencia firme por corrupción en contra de los intereses financieros de la Unión o de los Estados miembros han de perder el derecho de presentarse como candidatas en unas elecciones durante un periodo de tiempo proporcional a la gravedad del delito; observa que este procedimiento de descalificación existe ya en algunos Estados miembros; considera que un nuevo instrumento, como una directiva, podría establecer unos estándares comunes mínimos para las distintas prácticas y marcos legales dentro de los Estados miembros sobre la descalificación por corrupción;
41. Pide a la Comisión que, basándose en las buenas prácticas de los Estados miembros que cuentan con legislación para los ministros, presente una propuesta legislativa que establezca las obligaciones y los derechos en materia de transparencia de los comisarios, conforme al procedimiento de codecisión;
42. Pide que se transfiera al procedimiento de codecisión la prerrogativa de fijar la retribución de los comisarios, incluidos sus sueldos, que desde la creación de las Comunidades Europeas está a cargo exclusivamente del Consejo;
43. Señala que en algunos Estados miembros no existen leyes aplicables a los ministros y les prohíban ser titulares, total o parcialmente, de empresas;
44. Considera un conflicto de intereses grave que las empresas propiedad de cargos públicos de la Unión puedan solicitar fondos de la Unión o percibirlos en calidad de subcontratistas, y que estos empresarios y cargos públicos sean a la vez responsables de la utilización correcta de estos fondos y de su control;
45. Pide que la Comisión incluya en todos los futuros actos legislativos de la Unión relativos a los pagos una cláusula para asegurar que las empresas de los Estados miembros de la Unión y terceros países que sean propiedad de altos cargos no puedan solicitar ni obtener fondos de la Unión Europea;
46. Recuerda que, en su Resolución de 28 de abril de 2016 sobre el acceso del público a los documentos en el período 2014-2015(6):
47. Celebra la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia Europeo que refuerza el derecho del Parlamento a ser informado sobre los acuerdos internacionales, y el compromiso de las instituciones de dar seguimiento al apartado 40 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» negociando una mejor cooperación e intercambio de información; toma nota de que las negociaciones se iniciaron a finales de 2016 y, en este sentido, pide al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que se comprometan realmente y hagan todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo lo antes posible con el Parlamento sobre una mejor cooperación e intercambio de informaciones con el Parlamento durante todo el ciclo de vida de los acuerdos internacionales, pues esto ayudaría a dar una mayor legitimidad y control democrático a la acción exterior de la Unión;
48. Observa que, aunque existe un acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión, no existe ninguno equivalente entre el Parlamento y el Consejo;
49. Destaca los esfuerzos realizados recientemente por la Comisión para reforzar la transparencia de las negociaciones comerciales; opina, no obstante, que el Consejo y la Comisión deben todavía mejorar sus métodos de trabajo para colaborar mejor con el Parlamento por lo que respecta al acceso a los documentos, la información y la toma de decisiones en el marco de todas las cuestiones y negociaciones relacionadas con la política comercial común (como la información relativa a las negociaciones —incluidos el alcance, los mandatos y la evolución de las negociaciones—, la naturaleza mixta o exclusiva de los acuerdos comerciales y su aplicación provisional, las actividades y decisiones de organismos creados en virtud de acuerdos comerciales o de inversión, las reuniones de expertos y los actos delegados y de ejecución); lamenta, a este respecto, que el Consejo no haya puesto a disposición de los diputados al Parlamento Europeo y de los ciudadanos los mandatos de negociación para todos los acuerdos que se están negociando actualmente, pero celebra que, tras un año de negociaciones entre la Comisión y el Parlamento sobre el acceso a documentos relacionados con las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), se haya alcanzado por fin un acuerdo para conceder acceso a todos los diputados, lo que convierte a las negociaciones de la ATCI en las más transparentes hasta la fecha; celebra, en este sentido, la intención de la Comisión de utilizar la iniciativa actual de transparencia sobre la ATCI como modelo para todas las negociaciones comerciales, como se indica en la estrategia comercial «Comercio para todos» y de aplicarla;
50. Destaca que, tal como señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los imperativos de transparencia se derivan de la naturaleza democrática de la gobernanza en el seno de la Unión, y que, cuando la información confidencial no está al alcance del público, como es el caso de las negociaciones comerciales, sí debe estar a disposición de los diputados, que examinan la política comercial en nombre de los ciudadanos; considera, por tanto, que el acceso a la información clasificada es esencial para que el Parlamento pueda desempeñar su cometido en materia de control, sin descuidar su obligación de gestionarla correctamente; opina que deben establecerse criterios claros para asignar a los documentos la categoría de «clasificados», y que estos deben desclasificarse en el momento en que su clasificación ya no sea necesaria; pide a la Comisión que valore si puede hacerse público un documento de negociación en cuanto el documento en cuestión haya sido finalizado a nivel interno; observa que, según la jurisprudencia del TJUE, cuando a un documento originado en una institución de la Unión se le aplica una excepción al derecho de acceso público, la institución correspondiente debe exponer claramente las razones por las que el acceso al documento en cuestión podría menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por la excepción, y que este riesgo debe ser razonablemente previsible y no meramente hipotético; pide a la Comisión que aplique las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo Europeo en julio de 2014 por lo que respecta especialmente al acceso a los documentos relativos a todas las negociaciones y a la publicación de los órdenes del día y las actas de las reuniones celebradas con personas u organizaciones que entran dentro del ámbito de aplicación del Registro de Transparencia; pide a la Comisión que informe al Parlamento y al público sobre los proyectos de orden del día de las rondas de negociaciones previas a las negociaciones, los órdenes del día definitivos y los informes posteriores a las negociaciones;
51. Considera que la Unión debe tomar la iniciativa en la promoción de la transparencia de las negociaciones comerciales, no solo en lo que respecta a los procesos bilaterales sino también en lo que se refiere a los procesos plurilaterales y multilaterales cuando sea posible, con un nivel de transparencia no inferior al de las negociaciones organizadas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC); destaca, no obstante, que la Comisión debe convencer a sus socios en las negociaciones para que, por su parte, refuercen también la transparencia, con el fin de asegurarse de que se trata de un proceso recíproco en el que no se verá comprometida la posición negociadora de la Unión y de incluir el nivel de transparencia deseado en sus ejercicios de delimitación con posibles socios; destaca que una mayor transparencia redunda en interés de todos los socios negociadores y partes interesadas de la Unión en todo el mundo, y que este enfoque puede reforzar el apoyo global a un comercio regido por normas;
52. Recuerda la importancia de que el proceso legislativo de la política comercial común se apoye en las estadísticas de la Unión de conformidad con el artículo 338, apartado 2, del TFUE y en evaluaciones de impacto de la sostenibilidad, respetando los más estrictos criterios de imparcialidad y fiabilidad, un principio que debería regir todas las revisiones pertinentes en el marco de la política «Legislar mejor» de la Comisión; considera que unas evaluaciones de impacto por sector conferirían mayor fiabilidad y legitimidad a los acuerdos comerciales de la Unión;
53. Reitera la petición hecha a la Comisión en su Resolución de 12 de abril de 2016(7) de que redacte un código de conducta europeo relativo a la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, cuyo cometido sea guiar la acción de los representantes de la Unión en las organizaciones o los órganos internacionales; pide una mayor coherencia y coordinación de las políticas entre las instituciones mundiales a través de la introducción de unas normas generales de legitimidad democrática, transparencia, rendición de cuentas e integridad; considera que la Unión debe racionalizar y codificar su representación en las organizaciones/órganos multilaterales con miras a aumentar la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de la participación de la Unión en estos organismos, su influencia y la promoción de la legislación que ha aprobado mediante un proceso democrático; pide que se adopte un acuerdo interinstitucional con miras a formalizar los diálogos entre los representantes de la Unión y el Parlamento, que se organizarían con el Parlamento Europeo con objeto de establecer orientaciones en relación con la adopción y la coherencia de las posiciones europeas en el período previo a negociaciones internacionales importantes;
54. Considera que los datos sobre el presupuesto y el gasto en la Unión deben ser transparentes y estar sujetos a rendición de cuentas mediante publicación, también al nivel de los Estados miembros en relación con la gestión compartida;
55. Considera que las decisiones adoptadas en el Eurogrupo, en el Comité Económico y Financiero, en las reuniones «informales» del Consejo Ecofin y en las cumbres del euro deben institucionalizarse, en caso necesario, y ser transparentes y responsables, inclusive a través de la publicación de sus órdenes del día y actas, buscando un equilibrio entre la deseable transparencia y la necesaria protección de datos de la política financiera, monetaria o económica de la Unión o de un Estado miembro;
56. Toma nota de que en 2014 se concluyeron 40 asuntos relativos a personal de la Unión y miembros de las instituciones; subraya que se trata de una cifra baja que ilustra que el fraude y la corrupción no son endémicos en el seno de las instituciones de la Unión(8);
57. Destaca que, en 2014, la cifra más elevada de casos de fraude potencial notificados a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) guarda relación con la utilización de los Fondos Estructurales Europeos (549 de las 1 417 denuncias); subraya que la OLAF recomendó una recuperación de 476,5 millones EUR en concepto de fondos estructurales en 2014; toma nota de que las autoridades pertinentes recuperaron 22,7 millones EUR a raíz de las recomendaciones formuladas por la OLAF en 2014; pide a los Estados miembros que otorguen prioridad a la asignación adecuada de los fondos de la Unión y que redoblen sus esfuerzos por recuperarlos cuando no se hayan asignado adecuadamente(9);
58. Pide a la Comisión que presente una revisión del paquete de seis medidas y el paquete de dos medidas para conferir al Parlamento mayores competencias de control sobre la adopción de documentos esenciales del Semestre Europeo, y en particular unos medios efectivos para garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
59. Pide al Eurogrupo que incluya al Parlamento en el control de la aplicación de las condiciones contractuales acordadas con los beneficiarios de la asistencia financiera concedida por el Mecanismo Europeo de Estabilidad;
60. Celebra la investigación del Defensor del Pueblo Europeo acerca de la forma en que las instituciones de la Unión responden cumplidamente a la obligación de introducir normas que regulen la denuncia de irregularidades internas; lamenta las conclusiones del Defensor del Pueblo de que algunas instituciones de la Unión aún no han aplicado correctamente las normas relativas a la protección de los denunciantes de irregularidades; señala que, hasta la fecha, únicamente el Parlamento, la Comisión, la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo y el Tribunal de Cuentas han adoptado dichas normas; pide que el Parlamento estudie un mecanismo para proteger a los asistentes parlamentarios acreditados en caso de que denunciaran irregularidades;
61. Considera que la protección eficaz de los denunciantes es un instrumento fundamental contra la corrupción y reitera, por tanto, su petición a la Comisión, hecha el 25 de noviembre de 2015,(10) de que proponga, antes de junio de 2016, un marco legislativo de la UE para la protección efectiva de los denunciantes de irregularidades y de los autores de denuncias similares(11) que tenga en cuenta la evaluación de las normas nacionales para prever unas normas mínimas con que proteger a los denunciantes;
62. Pide a la Comisión que aplique estrictamente las medidas derivadas de su potestad discrecional y de excluir de la contratación pública, con un control adecuado de los antecedentes en todos los casos, y que aplique el criterio de exclusión con el fin de no contratar a las empresas en caso de conflicto de intereses, algo fundamental para proteger la credibilidad de las instituciones;
63. Opina que, con harta frecuencia, los denunciantes de irregularidades han sido más objeto de persecución que de apoyo, incluso en el seno de las instituciones de la Unión; pide a la Comisión que proponga una modificación del Reglamento por el que se rige la Oficina del Defensor del Pueblo, y que añada a sus competencias la de ser el punto de referencia para los denunciantes de irregularidades tratados injustamente; pide a la Comisión que proponga un incremento adecuado del presupuesto de la Oficina del Defensor del Pueblo que le permita acometer esta nueva y exigente labor;
64. Pide que la Unión solicite lo antes posible su ingreso en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), y que se mantenga informado al Parlamento sobre el curso de esta solicitud; pide a la Comisión que incluya en el informe una sinopsis de los principales problemas de corrupción en los Estados miembros, las recomendaciones para abordarlos y las medidas de seguimiento que ha de adoptar la Comisión, teniendo específicamente en cuenta el perjuicio que las prácticas corruptas causan en el funcionamiento del mercado interior.
65. Considera que debe prohibirse efectivamente a las personas acusadas de corrupción en la Unión, o a las empresas dirigidas o propiedad de personas que hayan cometido actos de corrupción o apropiación indebida de fondos públicos en beneficio de su empresa y hayan sido condenadas con sentencia firme por este motivo, celebrar contratos públicos con la Unión Europea ni ser beneficiarias de fondos de la Unión durante al menos tres años; pide a la Comisión que revise su sistema de inhabilitación; subraya que, en aras de una mejor protección de los intereses financieros de la Unión y de un control del público en general, debe publicarse por defecto una lista de las compañías excluidas por la Comisión de las solicitudes de fondos de la Unión;
66. Toma nota que, desde que se convirtió en miembro aprobado de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 12 de noviembre de 2008, la Unión Europea no ha participado en el mecanismo de revisión previsto en el marco de la Convención, ni ha dado el primer paso en la realización de la autoevaluación del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención; pide a la Unión que cumpla las obligaciones contraídas en virtud de la Convención realizando una autoevaluación sobre el cumplimiento de dichas obligaciones y participando en el mecanismo de revisión inter pares; pide a la Comisión que publique su próximo informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión y que incluya en estos informes un capítulo relativo a las instituciones de la Unión; pide a la Comisión que lleve a cabo nuevos análisis, tanto a escala de las instituciones de la Unión como de los Estados miembros, sobre el entorno en que se aplican las políticas, con el fin de detectar los factores críticos intrínsecos, las áreas vulnerables y los factores de riesgo que puedan desembocar en corrupción;
67. Recuerda su posición, de 16 de abril de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal(12) y pide que se adopte una decisión rápida al respecto;
68. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de establecer salvaguardias sistemáticas para evitar conflictos de intereses en el ámbito de la regulación de los productos industriales y la aplicación de las políticas; pide a la Comisión que se ocupe del conflicto de intereses estructural que existe actualmente en la evaluación de riesgos pública de los productos regulados, especialmente cuando la evaluación de esos productos se basa amplia o exclusivamente en estudios llevados a cabo por los solicitantes o terceras partes pagadas por los solicitantes, mientras que, con demasiada frecuencia, se ignora o se rechaza la investigación independiente; insiste en que los productores deben seguir aportando estudios, repartiéndose los costes entre grandes empresas y pymes en función de su cuota de mercado relativa para garantizar la equidad, pero que todos los asesores deben estar obligados a tener plenamente en cuenta en su evaluación los estudios científicos independientes revisados inter pares; pide a la Comisión, en particular, que revise su Comunicación de 2002 sobre principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas; sugiere que, con el fin de resolver los problemas derivados de la eliminación selectiva de los resultados de investigación desfavorables, se fije como requisito para la aportación a los procesos reglamentarios y normativos el registro previo de los estudios y ensayos científicos, indicando el ámbito y la fecha de finalización prevista; hace hincapié, en aras de un asesoramiento científico sólido e independiente para la elaboración de políticas, en la importancia de disponer de suficientes recursos para el desarrollo de unas competencias internas dentro de las agencias especializadas de la Unión, incluida la oportunidad de realizar investigaciones y ensayos que se puedan publicar, promoviendo así el atractivo de las funciones de asesoramiento en materia de regulación en el servicio público sin que los científicos teman ver perjudicadas sus perspectivas profesionales;
69. Pide a la Comisión que elabore un reglamento marco relativo a todas las agencias de la Unión, en virtud del cual se concedan al Parlamento competencias de codecisión en la designación o destitución de los directores de tales agencias y un derecho directo a interrogarlos y oírlos;
70. Destaca la necesidad de contar con expertos independientes en las agencias de la Unión y de que se conceda una mayor importancia a la eliminación de los conflictos de intereses dentro de los grupos de expertos de las agencias; toma nota de que, en la actualidad, los expertos de una serie de agencias, entre ellas la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), no perciben remuneración alguna; pide que los expertos de las agencias reguladoras que representan, por ejemplo, a organizaciones sin ánimo de lucro o al mundo académico, reciban una compensación adecuada; insiste en la importancia de disponer de suficientes recursos para el desarrollo de competencias internas específicas dentro de las agencias especializadas de la Unión;
71. Pide a la EFSA, a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) que revisen urgentemente sus políticas de independencia, a fin de garantizar expresamente su estricta independencia con respecto a los sectores económicos que regulan y evitar conflictos de intereses entre su personal y sus expertos;
72. Apoya la práctica consistente en que los Parlamentos nacionales inviten a los comisarios para formularles preguntas;
73. Recuerda que la capacidad de establecer comisiones de investigación es una característica inherente de los sistemas parlamentarios de todo el mundo y que el Tratado de Lisboa establece, en el artículo 226, apartado 3, del TFUE, un procedimiento legislativo especial para adoptar un reglamento sobre el derecho de investigación. Subraya que, de conformidad con el principio de cooperación leal, el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben acordar la aprobación de un nuevo reglamento;
74. Pide una decisión rápida del Consejo y de la Comisión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo de 23 de mayo de 2012 relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento(13);
(8) Informe de la OLAF de 2014 – Decimoquinto informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, 1 de enero a 31 de diciembre de 2014

References: artículo 352
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 338
 Resolución 
 artículo 226