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Timestamp: 2020-07-10 14:21:12+00:00

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Los Peligros Del Populismo Penal | Delito | Derecho penal
Populismo Punitivo, Castigo y Control en América Latina
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Definiendo el populismo penal
Los efectos del populismo penal sobre la garantía constitucional del debido proceso
Populismo penal y casación
El populismo penal se agudiza en una democracia iliberal
¿Hacia dónde nos lleva el populismo penal? La necesidad de reivindicar el Derecho Penal liberal
Cómo salir del populismo penal y caminar el sendero de la seguridad ciudadana en democracia y libertad
Necesitamos más Derecho y menos democracia
La defensa de la Constitución contra el populismo penal
Llevando el Estado a su propia legalidad: la lucha por el Derecho y el Derecho de la lucha (“Derecho en acción”)
Por una ciencia crítica del Derecho
A modo de conclusión: el fin del Derecho Penal
En nuestro medio, el nombre de Eduardo Jorge Prats es sinónimo de joven jurista de profundo pensamiento y pasión por la participación de la sociedad en los asuntos públicos. Cada día se afianza el reconocimiento a su aporte doctrinal como constitucionalista y de seguro un sitial privilegiado le espera al lado de nuestros grandes maestros del derecho.
Por ello, no es extraño que nuestras instituciones, mancomunadas en fortalecer las aspiraciones de eficiencia y calidad de nuestro sistema
de justicia, se honra al poner a disposición de la sociedad dominicana, de los operadores del sistema de justicia, de las autoridades publicas
y la comunidad académica, esta nueva obra de Eduardo Jorge, que
estamos seguros colmará las expectativas de todos los investigadores, juristas y personas comprometidas con el avance de nuestros propósitos compartidos.
En el trabajo que hoy presentamos, Los peligros del populismo penal,
el constitucionalista está presente mostrando la inevitable relación que
existe entre el derecho constitucional y el derecho penal, pero más que nada la incuestionable naturaleza política del populismo penal.
El populismo penal, explica Jorge Prats, es una estrategia comunicativa
desplegada por los actores políticos y del sistema penal para calmar el
clamor popular ante la inseguridad ciudadana. Se trata de una ideología demagógica que propugna por la disminución de las garantías penales
y procesales, la disminución de la imputabilidad juvenil, el aumento de las penas y la inflación o expansión punitiva mediante la aprobación de leyes que desbordan la capacidad operativa real del sistema penal.
En nuestro país, la expresión más evidente del populismo penal es el reclamo popular de “mano dura” contra la delincuencia.
La cultura autoritaria que tradicionalmente ha delineado el discurso y
la práctica institucional dominicana es un caldo de cultivo que potencia
los efectos corrosivos del populismo penal, desde la disolución del
principio de legalidad penal y el quiebre del principio de culpabilidad, hasta el decisionismo judicial y el desmonte del debido proceso, ni que decir de la criminalización de la pobreza y la deshumanización de los infractores. Ello explica las acusaciones y condenas penales en base
a la aplicación analógica de la ley penal; la condena sin pruebas o
con pruebas incorporadas de contrabando al proceso; y el que la pobreza se haya convertido en un peligro de fuga, y, peor aún, la legitimación social y hasta oficial de la eliminación de “delincuentes” en unos “apropiados” intercambios de disparos.
En la base del populismo penal está la deconstrucción del propio derecho penal, mediante la introducción de la lógica schmittiana del amigo-enemigo. A partir del mal llamado “derecho penal del enemigo”, teorizado por Jakobs, subyace un “no derecho”, una guerra
sucia contra la criminalidad que legitima la conversión del Estado en criminal y reduce los delincuentes a “no persona”. Se trata, pues, de un abandono radical del principio de superioridad ética del Estado y
el retorno de la inocuización al derecho penal. El derecho no conoce
amigos ni enemigos, sólo conoce personas. De ahí que la construcción del derecho penal de enemigos encierra una contradicción insostenible desde el punto de vista teórico. Es más honesto asumir la realidad en sus propios términos: el derecho penal del enemigo no es derecho, es un fenómeno de naturaleza política contaminado con la ideología bélica.
El aporte del presente trabajo consiste en sacar a la luz los peligros del
populismo penal, a partir de la definición de las características que lo
definen, de la mano tanto de sus propulsores (y precursores) como de la de sus críticos, para sumarse a la tradición de juristas liberales que han reaccionado con valentía contra un signo involutivo de nuestra época.
Estamos, pues, frente a un jurista comprometido, que crítica el ser con la mirada en el deber ser. Jorge Prats concluye con una invocación de los principios del derecho penal, y de la mano de Ferrajoli rescata la función pacificadora del derecho como instrumento de defensa de los débiles; un derecho penal que debiera fungir como la “última ratio”.
Pasado Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia
Todos estamos familiarizados con el populismo político y sus consecuencias. Las reformas económicas estructurales emprendidas
a partir de los 80 y el hegemónico discurso político neoliberal han
terminado de desacreditarlo, a pesar de lo que pudiera indicar el renacimiento de la izquierda populista (Chavez, Evo Morales y Kirchner). Lo interesante es que, aún en los países en donde se han asentado las reformas neoliberales (Europa y Chile, por citar dos ejemplos), el único populismo que no ha sido desterrado de la arena pública es el “populismo penal”.
1. Definiendo el populismo penal.
¿Qué se entiende por populismo penal? La expresión ha sido
popularizada –valga la redundancia- por el jurista francés Denis Salas. Con ella se alude a la estrategia que despliegan los actores políticos y del sistema penal cuando hay problemas de inseguridad ciudadana
y que consiste en calmar el clamor popular mediante apelaciones al
aumento de las penas, el endurecimiento de los castigos, la disminución de la imputabilidad penal juvenil, y la aprobación de una serie de leyes que posteriormente, a la hora de la implementación, no tienen un impacto real en la prevención y disminución del delito.
La República Dominicana no escapa al influjo del populismo penal como se evidencia claramente en los reclamos por una modificación del Código Procesal Penal, por el restablecimiento de la pena de muerte, la propuesta de las castración química como sanción contra los agresores sexuales, la solicitud de que los menores de edad sean juzgados como adultos, y, en sentido general, el clamor por “mano dura” en la policía.
El populismo penal es anti garantista porque propugna por la disminución de las garantías; es maniqueo porque orienta al combate de la criminalidad como cruzada contra el mal; es panpenalismo porque considera al Derecho Penal como remedio de todos los males sociales, como sanalotodo social; y es simbólico y demagógico porque sólo crea la ilusión de que soluciona los problemas vía la intervención penal.
2. Los peligros del populismo penal.
El populismo penal, como discurso y como práctica, se radicaliza
cuando se mezcla con una serie de tendencias y hábitos institucionales
y culturales que caracterizan el sistema penal dominicano. De manera
que podríamos decir que el populismo penal se caracteriza en República Dominicana por los siguientes rasgos, que a su vez constituyen sus mayores peligros para el Estado de Derecho y la protección de los derechos de las personas:
2.1. La disolución del principio de legalidad penal.
El principio de legalidad está consagrado por el Artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.
El principio de legalidad significa que no hay delito sin ley (nullum crimen sine lege). No hay delito sin ley porque no importa cuán nociva, desde
la óptica social, sea una conducta, el Estado sólo podrá tomarla como motivo de sanciones penales si así lo ha establecido expresamente la ley. Ello explica por qué cuando, a raíz de la expansión del servicio eléctrico, comenzaron a proliferar las conexiones ilegales, hubo necesidad de legislar para combatir así el fraude eléctrico, pues éste no encajaba en la figura penal tipo del robo. Ello permite entender, además, por qué, frente a la emergencia de fraudes realizados a través de mecanismos electrónicos (ej. internet) o mediante la manipulación de instrumentos de pago (tarjetas de crédito y de débito), se requiere una legislación penal que expresamente contemple estas nuevas figuras delictivas. El principio de legalidad protege a las personas frente a todo castigo por una conducta que no haya sido declarada de modo expreso punible con anterioridad al hecho. Como bien expresa Roxin, “que con ello en alguna ocasión pueda quedar impune una conducta especialmente refinada, socialmente nociva y por ello merecedora de pena, es el precio que ha de pagar el legislador por la falta de arbitrariedad y la seguridad jurídica (es decir, por la calculabilidad de la aplicación de la potestad punitiva del Estado)”.
El principio significa también que no hay pena sin ley (nulla poena sine lege). En otras palabras, no basta con que la conducta sea punible por
mandato expreso y anterior al hecho del legislador. Se requiere, además, que el legislador con anterioridad a la conducta haya establecido la clase de pena y su posible cuantía. Ello se infiere de la disposición convencional que establece que “tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito” de donde resulta claro que es inconstitucional toda agravación posterior
retroactiva de la pena.
populismo penal ha implicado en los países en donde se ha asentado
la modificación de la legislación penal para endurecer las penas o para penalizar conductas anteriormente despenalizadas. Por eso se
dice que el populismo penal es panpenalista en la medida en que entiende que el Derecho Penal no es la ultima ratio sino la solución ideal para todos los problemas sociales.
A pesar de que el legislador dominicano no ha escapado a los influjos del populismo penal, como se evidencia en las últimas legislaciones penales adoptadas, principalmente la propuesta de Código Penal, los populistas penales no han necesitado de cambios legislativos porque cuentan con adeptos dentro de la judicatura dispuestos a licuar el principio de legalidad penal, disolver los tipos penales y adecuarlos a las necesidades crecientes de penalización. En otras palabras, algunos jueces dominicanos, muy estrictos a la hora de interpretar las leyes en el ámbito civil o administrativo, son bastante creativos a la hora de aplicar la ley penal y así vemos cómo pueden sancionar muchos delitos de corrupción, económicos o electrónicos no previstos en la ley bajo los antiguos tipos penales de la estafa, el abuso de confianza o el robo.
Surge así un Derecho Penal “dúctil” que no se compadece con una disciplina que, como la penal, exige un estricto apego a la ley penal escrita y estricta, que prohíbe la aplicación de la ley penal por analogía y que solo admite atemperaciones cuando se trata de aplicar de modo más favorable al justiciable la ley penal, principalmente cuando esta última choca con valores, principios y derechos constitucionales.
2.2. El decisionismo judicial.
Esto nos lleva a la segunda carácterística del populismo penal en nuestro país. Muchos jueces penales, a pesar de que la obligación de motivar es de carácter constitucional y de que ha sido consagrada 4 en la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, fallan intuitivamente los casos, sin tomar en cuenta las pruebas y sin resistirse
a la presión popular o del aparato burocrático en aras de conservar
sus puestos. Otros son influidos por las líneas que bajan los voceros de la judicatura o las organizaciones ciudadanas que presionan en los tribunales por sus políticas públicas en detrimento de la independencia
y la imparcialidad judicial. Se entiende que ningún juez es removido de su puesto por condenar a un acusado sino más bien por liberarlo por insuficiencia de pruebas o violación del debido proceso.
Esto se evidencia a diario. Jueces que condenan sin pruebas o mediante pruebas introducidas de contrabando en el proceso. Ciudadanos que, sin ser formalmente acusados o habiendo siendo excluidos en los procedimientos preliminares, son incluidos como acusados por tribunales superiores en flagrante violación de todos los principios del debido proceso. Apertura de más de un procedimiento penal en violación a la garantía de que nadie puede ser procesado más de una vez por los mismos hechos.
Todo esto ocurre sin que los tribunales superiores, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, censuren estas flagrantes violaciones cometidas por los jueces y sin que ningún abogado se atreva a realizar una crítica jurisprudencial porque sólo las sentencias de la Suprema Corte se publican y porque, fundadamente o no, muchos temen las represalias de los magistrados. Para muchos, se vive en un clima de terror judicial preventivo.
2.3. La criminalización de los pobres y los excluídos
El sistema penal activa y perpetúa una criminalización selectiva en base
a estereotipos donde los segmentos sociales más pobres y excluidos resultan ser los sospechosos habituales. Las víctimas preferidas del populismo penal son los más pobres porque son los más vulnerables y
los más excluidos. Y esto es lógico y natural: el sistema penal reproduce las desigualdades del sistema social y las repotencia, por lo que las consecuencias prácticas de la política criminal la sienten principalmente los marginados y los excluidos sociales, aquellos que, por su condición socioeconómica, son estereotipados como delincuentes peligrosos. Se es peligroso y, por ende, culpable porque se es pobre.
2.4. La deshumanización de los infractores.
2.4.1. El Derecho Penal del enemigo.
Günther Jakobs, una de las máximas autoridades mundiales en teoría penal, afirma que, para el poder penal del Estado, no todos los ciudadanos son personas, sino que están “las personas y los enemigos”. Estos últimos, que pueden ser tanto terroristas como violadores reincidentes, en realidad no son considerados por el Derecho delincuentes, sino poco menos que animales peligrosos, algo que, por lo demás, Jakobs en cierto modo legitima, al explicar que el postulado de que todos somos personas frente al Derecho no puede sostener un sistema penal real.
“El derecho penal del enemigo –según el jurista alemán- pena la conducta de un sujeto peligroso en etapas previas a la lesión, con el fin de proteger a la sociedad en su conjunto, y esto quiebra la relación lógica tradicional entre pena y culpabilidad”. Según Jakobs, el supuesto Derecho Penal ideal, para el cual todos somos iguales, contradice las medidas que los Estados adoptan con los sujetos altamente peligrosos. Jakobs no es un cualquiera. Es catedrático de Derecho Penal y Filosofía
6 del Derecho en la Universidad de Bonn y también lo ha sido de las universidades de Bochum, Kiel y Regensburg. Es miembro ordinario de la Academia de Ciencias de Westfalia del Norte y miembro
correspondiente de la Academia Bávara de Ciencia. Entre sus obras destacan “La imputación objetiva en derecho penal” y “Sociedad, norma y persona”, todas de venta en las librerías dominicanas.
¿Qué es lo que significa este Derecho Penal del enemigo? El mismo Jakobs responde: “Es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo fenómeno se da en el ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos privados. Por ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, la posibilidad de registro de viviendas o la instalación de micrófonos o instrumentos para escuchas telefónicas”.
Las consecuencias de la teoría del Derecho Penal del enemigo ya son visibles en la práctica: desde Guantánamo hasta la justificación de la tortura, desde el recorte de las garantías procesales a los acusados hasta el uso de la guerra con fines penales. Los otrora enemigos son hoy delincuentes y los delincuentes ya no son personas sino enemigos. Ya no hay que violar la ley penal, para sufrir la sanción: basta la etiqueta de “peligroso” para que los mecanismos de neutralización penal se activen y extirpen al individuo de su comunidad.
Si esta tendencia se acentúa, el futuro es ominoso. Ya lo explicaba hace unos años el filósofo francés Jean Baudrillard: “Se pueden ver estos mecanismos en la película reciente de Steven Spielberg, ‘Minority Report’. Sobre la base de prevenir crímenes futuros, comandos policiales interceptan al criminal antes de que el acto haya pasado. Es exactamente el escenario de la guerra de Irak: eliminar el futuro acto criminal en el huevo (el uso de Saddam de armas de destrucción masiva). La pregunta que es irresistible es; ¿el crimen presumido hubiera tenido lugar? No se sabrá jamás ya que todo habrá sido prevenido. Pero
lo que se perfila a través de él es una desprogramación automática de todo lo que hubiera podido pasar, una suerte de profilaxis a escala mundial, no solamente de todo crimen, sino de todo hecho que pudiera perturbar un orden mundial dado como hegemónico. Ablación del ‘Mal’ bajo todas sus formas, ablación del enemigo que no existe como
tal, ablación de la muerte. ‘Cero muerte’ se convierte en el Leitmotiv de
seguridad universal”.
Derecho Penal que combate enemigos y no castiga personas, que
interviene preventivamente antes que se cometa una infracción, ya no es Derecho. El Derecho Penal solo puede penar personas por sus actos
y no enemigos por su pensamiento. Esto es otra cosa: guerra pura y
dura, “terror sin equilibrio”, “prevención implacable bajo el signo de la
seguridad” convertida en “una estrategia planetaria”. El “Derecho” de enemigos no es más que el triunfo de los enemigos del Derecho.
El populismo penal conduce directamente al Derecho Penal del enemigo y pone el Derecho Penal en manos de sus enemigos. Como el populismo penal desea responder a la expectativa de las víctimas, se tolera la deshumanización de los autores, los que son sistemáticamente asimilados a los “monstruos”, “predadores”, en fin “enemigos de la sociedad”. Todo esto es legitimado por un discurso penal autoritario en donde el imputado es presentado como una “no-persona”, como un ser que no merece protección jurídica, pues es simple “nuda vida” (Giorgio Agamben). El populismo penal contribuye a la deshumanización de los infractores porque éstos principalmente son los pobres. La legitimidad de este aparato de reproducción de la desigualdad social vía el sistema penal se funda en la asunción del pobre y del marginado como una clase social peligrosa. El etiquetamiento de este tipo de delincuente permite excluirlo del sistema de garantías penales (inviolabilidad de la
8 vida, prohibición de torturas, debido proceso) y tratar al mismo como un infrahumano conforme a la misma lógica del campo de concentración, como bien ha explicado Agamben, sobre las huellas de Foucault.
2.4.2. La excepción permanente.
El 17 de marzo de 1976 Michel Foucault dictó una clase en el Colegio
de Francia en donde definiría un concepto tan actual que la humanidad
y la democracia liberal se juega su destino en su comprensión. Como
siempre, el anfiteatro estaba repleto: quinientas personas –estudiantes, profesores y curiosos- que debían repartirse en trescientos asientos. Decenas de grabadores están listos en el escritorio del profesor para captar la voz fuerte de Foucault. El hombre se quita la chaqueta, aparta los grabadores para colocar sus papeles, y arranca a toda máquina. El concepto aparece delineado desde el inicio de su clase:
Hoy la realidad del biopoder es evidente en los campos de
Guantánamo. Allá permanecen “detenidos” cientos de seres humanos
a quienes el gobierno de George Bush ha denominado “combatientes
ilegales”. Con esa denominación, se quiere decir que su actividad
terrorista no solo le coloca fuera de la ley –tanto fuera de los pactos de derechos humanos como de las leyes de la guerra- sino también fuera de la humanidad. Y esto es lo que explica el trato cruel e inhumano contra estos prisioneros documentado por la Cruz Roja y organismos internacionales de derechos humanos: privados de comida, agua y sueño; golpeados y amenazados con pistolas; intimidados con perros; expuestos a frío y calor constantes; torturados con música a todo volumen y luces cegadoras durante 24 horas.
Los talibanes son situados en Guantánamo para colocarlos fuera de la ley. De hecho, el propósito de Guantánamo es asegurarse que todo el proceso esté fuera de los procedimientos normales y de las garantías del debido proceso. Se trata de un estado de excepción global declarado por el ejecutivo estadounidense lo que demuestra claramente que, como bien afirmaba Carl Schmitt, “soberano es quien decide la excepción”. Pero… ¿quedará limitada la excepcionalidad del biopoder al campo de Guantánamo? Si nos fijamos como la tortura ha
10 sido incorporada de manera natural al discurso liberal, no cabría duda que la fuerza expansiva de la excepcionalidad puede alcanzar tierra firme. Ya hay quienes favorecen legalizar la tortura, eso sí, como bien
afirma el constitucionalista Alan Dershowitz, con previa autorización judicial.
Cuando un estado soberano decide defender su sociedad contra
enemigos difusos como los terroristas, y ello lo hace con los instrumentos que aseguran el poder biológico y disciplinario sobre la vida, es preciso “llegar a un punto tal que la población íntegra se exponga a la muerte”, como bien nos recuerda Foucault. Allá nos conduce el Derecho Penal del enemigo como expresión más radical del populismo penal. No por azar, en la Alemania nazi, antes de construirse los campos de concentración.
se limitaron las garantías penales y procesales. La eliminación de estas garantías es el paso previo para tener una población desprovista de derechos, “seres que no merecen vivir” y que pueden ser encerrados y aniquilados en campos de exterminio.
2.5. La expansión del Derecho Penal.
El Derecho Penal aparece en el populismo penal no como la ultima
ratio sino como el mecanismo ideal para ordenar la sociedad. Por eso
se sancionan desde los delitos bagatela hasta aquellas conductas que
bastaría con que fuesen reprimidas civil o administrativamente para que se alcanzasen los objetivos de pacificación social del ordenamiento.
A fin de cuentas, el Código Penal se convierte en el compendio de
fracasos de una sociedad.
2.6. El quiebre de la función de la pena y el destierro del
El populismo penal conduce a concebir el fin de la pena al margen del
principio de culpabilidad. Un ejemplo reciente ilustra esta aseveración:
Según Ricardo Rojas León, “hace siglo y medio que fue superada la contribución retribucionista, que asignaba a las sanciones la función de ‘compensar’, ‘expiar’ o ‘borrar’ el delito mediante un castigo” y, de la mano del gran Claus Roxin, observa que “el centro de gravedad de la función que se le asigna a la pena se ha desplazado de la prevención especial a la general”. Esta prevención general consiste en que la pena sea, “por sus consecuencias, (…) capaz de intimidar, de disuadir a otros eventuales infractores o autores de los delitos cuya comisión se pretende evitar o reducir”. De ahí concluye Rojas León que “una sanción contra un delito como el fraude bancario tiene que ser lo suficientemente ejemplarizadora como para desincentivar su repetición”, pues “si un fraude bancario es sancionado con una pena ínfima el juzgador lo que estará haciendo es incentivar la comisión de nuevos fraudes bancarios”.
Esta teoría de la prevención general es muy socorrida en los casos de delitos económicos pues en estos casos el infractor puede hacer una ponderación de costos y beneficios de su actuación, en la medida que, en los mismos, el infractor cumple a cabalidad el modelo de sujeto que actúa racionalmente.
La prevención general como fin de la pena presenta, sin embargo, peligros insoslayables. El más grave de ellos es que los jueces, preocupados por el efecto intimidatorio de las penas que imponen, se ven tentados a abandonar el principio de culpabilidad, adoptando un criterio decisionista que parte de una sensibilidad extrema a las situaciones emotivas o subjetivas de la comunidad. Por si esto fuera poco, la prevención general conduce a instrumentalizar a la persona en la medida en que se usa la pena como sufrimiento impuesto a un ser humano en aras de los fines sociales de otros hombres. En otras palabras, la prevención general conduce al terror penal.
Es por lo anterior que autores como Roxin proponen una teoría de la pena que precisa la función que cumple la pena en cada momento
de su existencia. En el momento de la norma penal, es decir, de la consagración a nivel legislativo del ilícito penal, la pena cumple una función de prevención general; en el momento de la imposición de la pena por el juez, los fines preventivos están limitados por la culpabilidad del autor en un caso particular; y en el momento de la ejecución penal adquieren relevancia los fines de resocialización.
En otras palabras, no se puede recurrir a cualquier fin de la pena, sino que, en función del momento en que nos encontremos, unos fines resultan preponderantes sobre otros. De ahí que, aunque la pena de un determinado delito busque los fines preventivos de que no se cometan otros delitos similares, no por ello puede justificarse que, en un caso concreto, se imponga la pena máxima que exigirían tales propósitos preventivos. El límite de la imposición judicial de la pena es el principio de culpabilidad. El delito no puede construirse sin culpabilidad del autor y tampoco con cualquier forma de culpabilidad. Es cierto que la pena debe ejercer un efecto preventivo pero este criterio no puede fundar la imputación penal. La determinación judicial de la pena no puede ser arbitraria e irracional pues se trata de un acto jurisdiccional que debe estar basado en Derecho y rigurosamente fundado sobre criterios racionales.
Pues bien, el populismo penal conduce a una visión preventivo-general de la pena que hace que el juez, guiado exclusivamente por los fines de intimidación, imponga la pena como confirmación de la amenaza penal y deje de lado la cuestión esencial de la culpabilidad del autor.
2.7. Mano dura o la disminución de las garantías.
Por otro lado, el populismo penal apela abiertamente a la “mano dura”, es decir, a la política de reducción de las garantías penales y procesales,
la cual se asocia con una aparente eficacia en la persecución criminal.
Pero esta política nunca ha sido eficaz en términos reales. A lo más que ha conducido es a tranquilizar a la sociedad, la cual se siente segura en virtud de una política criminal simbólica. Se trata de un Derecho Penal de la emergencia, de las soluciones fáciles y cosméticas, de la lógica bélica que convierte al delincuente en un enemigo al cual no hay que juzgar y condenar sino eliminar por cualquier medio.
¿Por qué es popular la política de mano dura? La respuesta es sencilla:
la vigencia de una cultura autoritaria permite a los políticos captar votosde un electorado sediento de soluciones radicales. Por su parte, los operadores del sistema penal –en especial sectores policiales-, con el apoyo expreso o tácito de algunos medios de comunicación, se sienten descargados de responsabilidad y expresamente autorizados para combatir la delincuencia con más delincuencia.
Y es que, en el fondo, lo que la mano dura significa es el retorno
al sistema de venganza privada, tomarse la justicia en las manos, saltarse los procedimientos legales establecidos para la protección de los presuntos inocentes y las víctimas y ejecutar a cuanta persona se considere un “antisocial”.
Sin embargo, hay todo un sector, cada día más extendido, de la doctrina
penal y de la opinión pública que critica el discurso y la política de la mano dura. Más allá de la evidente injusticia e ilegalidad de éstos, por lo menos desde la óptica de un Estado de Derecho, es claro que la mano dura no logra controlar la criminalidad. Ello así, en primer lugar, porque el actual sistema reproduce ad infinitum el número de delincuentes y de estereotipos delincuenciales fundados en la pobreza
y en la marginalidad. En segundo lugar, porque la mano dura no
14 enfrenta la delincuencia organizada, transnacional y de cuello blanco que, por su poderío, escapa a una política diseñada para combatir sectores vulnerables. Y, en tercer lugar, porque esta política perpetua
el atraso policial e impide la reforma, tecnificación y fortalecimiento del
Se puede decir, en consecuencia, que la mano dura ha sido un fracaso
la mejor evidencia de ello es que, tras cientos de muertos, heridos
lisiados a consecuencia de “intercambios de disparos” y disparos a
las rodillas, lo que hemos llamado nuestra “guerra sucia”, el nivel de violencia y criminalidad, lejos de haber disminuido se incrementa, como revelan los reportes de la prensa y las precarias estadísticas disponibles. El único éxito que puede exhibir la mano dura es la percepción de seguridad que produce una política que se inscribe claramente en la lógica del cortoplacismo del Derecho penal simbólico y del autoritarismo
Algún día se escribirá la historia de esta política doblemente criminal. Cuando eso ocurra, se sabrá como los “incontrolables” del régimen de los Doce Años se alimentaron de las fuerzas que condujeron durante 30 años la represión trujillista y cómo los escuadrones que han ejecutado miles de supuestos delincuentes desde 1978 hasta la fecha son las mismas bandas paramilitares recicladas. Esa guerra sucia, que se cuenta en número de cadáveres, de viudas, de hijos y padres victimizados, revela no solo el clima de violación de los derechos fundamentales que ha caracterizado nuestra vida democrática sino, además, el nivel de incompetencia de las autoridades encargadas de
persecución y castigo.
es que la añorada mano dura no solo es conculcadora de las
libertades públicas sino que tampoco enfrenta verdaderamente ni las
causas ni los efectos de la criminalidad. Muy por el contrario, la fomenta, como bien revela un estudio de FLACSO en donde aparece clara la relación entre complicidad e incompetencia policial, por un lado, y criminalidad por otro. Por eso, hay que apoyar los esfuerzos destinados
a lograr una policía no sólo garantista sino también eficaz. El país quiere
una policía con recursos humanos y materiales adecuados que pueda prevenir y combatir la violación a la ley a través de la capacidad
disuasiva, basada en el entrenamiento, la logística, el poder de fuego
y la superioridad técnica y numérica, y que, además, se encuentre
debidamente articulada con el Ministerio Público y el resto del sistema penal.
2.8. El Derecho Penal simbólico.
El populismo penal propicia la asunción del Derecho Penal como Derecho simbólico. Esta función simbólica del Derecho Penal implica que, más allá del cumplimiento real y efectivo de las normas penales, lo que se busca es la producción en la opinión pública de la impresión de un legislador atento y decidido. En otras palabras, se busca no tanto una mayor protección penal de bienes jurídicos sino un mayor efecto retórico a través de la consagración de nuevos tipos penales o de llamados al decisionismo judicial. Los cambios legislativos que proponen los populistas penales asumen a la ley como simple mecanismo de comunicación, lo cual demuestra que estamos en presencia de una sobrepuja demagógica más que ante un legislador preocupado por la aplicación efectiva de las disposiciones votadas.
Es importante señalar respecto a los efectos simbólicos del Derecho Penal lo indicado por Jesús María Silva Sánchez: “Por mucha que sea
trascendencia de lo simbólico en nuestro entorno social, a la larga
simbólico no es suficiente. Así, una nueva norma o un incremento
de penalidad que, en principio, han tenido importantes efectos en cuanto al establecimiento o reestablecimiento de la confianza de la población en el ordenamiento jurídico, a medio o largo plazo pierden
16 toda fiabilidad con su inaplicación o su ineficacia. En definitiva, pues, la legislación simbólica es rechazable pues, a corto plazo, cumple
funciones educativas/promocionales/de integración, que ya hemos valorado negativamente; y a largo plazo, redunda incluso en una pérdida de fiabilidad del ordenamiento en su conjunto, bloqueando las funciones instrumentales del mismo”.
2.9. El populismo mediático.
El populismo penal es un aliado de los medios de comunicación. Todo populismo penal es populismo mediático. Esta mezcla es fatal porque el código de los medios –la noticia- corrompe el código de la justicia penal que es la presunción de inocencia.
En otros países, los jueces se atreven a ser impopulares porque se sienten inmunes a los clamores de linchamiento provenientes de la ciudadanía. Por eso, hay una tensión entre prensa y justicia que es sana y que sirve de real contrapeso de los poderes. En República Dominicana, sin embargo, muchos jueces son aliados incondicionales de los medios y sus decisiones están pesadas en la balanza de la opinión pública que indica sobre quien recae la presunción de culpabilidad. Por eso, muchos piensan que, ante jueces populistas, el único camino parecería ser la desobediencia civil y la resistencia legítima a la opresión judicial.
2.10. El discurso y los medios de la guerra.
Uno de los signos más ominosos del populismo penal es que el Estado adopta el discurso y los medios de la guerra, otrora restringidos al campo de las relaciones interestatales, al ámbito interno de las naciones. La tendencia inició en Estados Unidos cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en los 70 y se extendió a América Latina donde ya la tendencia había asomado y alcanzó su máxima expresión
con la doctrina de la seguridad nacional de los regímenes burocrático- autoritarios que prevalecieron en la región desde temprano en los 60 hasta finales de los 80.
Cuando el Estado adopta con relación a los que habitan en su territorio los medios y el discurso de la guerra, lo que prevalece es la lógica del amigo/enemigo (Schmitt). Con dos datos fundamentales que tipifican
moderno Estado policial: el enemigo es difuso porque está disperso
cambia constantemente y ello obliga a una guerra indefinida, una
guerra permanente. Cuando el enemigo es el guerrillero o el terrorista, el Estado olvida las leyes de la guerra y se involucra en una guerra sucia que conduce a y habilita el terrorismo de Estado. Si el enemigo es el delincuente, se eliminan las garantías del debido proceso y se generaliza el estado de excepción. Como bien expresa Raúl Zaffaroni, “así como la guerrilla habilitaba el terrorismo de estado y el consiguiente asesinato oficial, el delito habilitaría el crimen de estado”.
El discurso de la guerra contra la delincuencia obvia, sin embargo, un
dato importante: quienes mueren pertenecen a los estratos más pobres
y excluidos de la población. Incluyendo a los policías, que, después
de las víctimas de los delitos, es el segmento poblacional que corre mayores riesgos de vida en el sistema penal. Quizás detrás de todo
haya una lógica perversa de control social: que se maten los pobres y los excluídos entre ellos.
Esta ideología de la seguridad ciudadana a la cañona es una de
las mayores amenazas al Estado de Derecho contemporáneo. Y ello así por varias razones: porque recorta las garantías constitucionales
y generaliza el estado de emergencia constitucional; porque socava
la independencia judicial y convierte al juez en un ejecutor de la
política criminal trazada por el ejecutivo; porque potencia los miedos
y los espacios paranoicos; porque aumenta la violencia e impide la
resolución alternativa de los conflictos; porque criminaliza a los excluidos
y evita resarcir a las víctimas; porque devalúa la dignidad humana;
porque fomenta el autoritarismo al proyectar a los críticos de los abusos del poder como representantes de los delincuentes; porque aumenta la violencia y la exclusión social; y porque obstaculiza lograr la seguridad ciudadana sin desmedro de las libertades.
Ante esta situación, ¿qué hacer? O para interrogarnos en palabras de Luigi Ferrajoli, “¿cuáles son, más allá del derecho de resistencia, los remedios para las lesiones de los derechos fundamentales producidas por la criminalidad y la impunidad de los mismos estados que deberían garantizarlos? En otras palabras, ¿qué defensas tiene el ciudadano del estado ‘delincuente’ en el caso de que sea inefectivo frente a él el Derecho Penal y el Derecho Procesal interno?”. En teoría, el Derecho Internacional de los derechos humanos debería bastar para domesticar el Estado delincuente y los “macropoderes salvajes”. El verdadero problema, sin embargo, es que precisamente la globalización del estado de excepción tras 11/9/01 ha vuelto inefectivo el Derecho Internacional al punto de su evanescencia y, por si fuera poco, la erosión progresiva del principio de soberanía dificulta una respuesta estatal a la cuestión
2.11. El populismo penal como el discurso de la posmodernidad autoritaria: de la limitación de la ciudadanía a la eliminación de la condición de persona.
Finalmente, debemos referirnos a una característica esencial del populismo penal como la retórica del nuevo Derecho Penal. El discurso populista penal se legitima en la proclamación de un estado de excepción global por los Estados Unidos, que no ha tardado en ser validado por muchas de las potencias europeas. Este estado de excepción mundial se funda, en el plano penal, en las siguientes medidas:
• Adopción de una legislación antiterrorista en un tiempo récord que permite un gran margen de maniobra a la policía y a los cuerpos de orden público.
• Iniciativa destinada a que se implanten, en distintas partes del mundo, tribunales militares norteamericanos que puedan juzgar a quienes sean considerados terroristas.
• Solicitud de inmunidad respecto de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional para los militares norteamericanos que sean detenidos en cualquier parte del mundo y acusados de crímenes de guerra y/o semejantes.
• Supresión del secreto en las comunicaciones entre detenidos y sus abogados.
• Posibilidad de detención indefinida sin cargos.
• Prohibición a las partes de un proceso para que puedan tener acceso a los documentos de la acusación.
• Derogación de la necesidad de que una actividad probatoria demuestre claramente la culpabilidad de un acusado de terrorismo (pues basta con “la convicción razonable del
20 tribunal”).
• Desaparición del recurso de apelación en este tipo de procesos.
• Debate y aprobación a la necesidad de recurrir a ciertas formas de tortura con autorización ejecutiva o judicial, con la finalidad de evitar un mal mayor.
• Controles y requisas a pasajeros y turistas que accedan al territorio norteamericano.
• Mayores controles migratorios.
A este Derecho de excepción sus propiciadores con orgullo le llamaron el “Derecho de la selva”. Las expresiones más tangibles y elocuentes de este Derecho son Guantánamo y Abu Graibh. Estas son “zonas del no Derecho”, lugares en donde rige sin límites el poder absoluto de la presidencia imperial.
Es preciso enfatizar que el populismo penal y el Derecho Penal del enemigo que éste conlleva como expresión más radical pone en entredicho las nociones de personalidad jurídica y de ciudadanía. El sociólogo Thomas H. Marshall no imaginaba cuantas confusiones se originarían cuando en 1950 definió la ciudadanía como “un status atribuido a quienes son miembros de pleno derecho de una determinada comunidad”. Con esa definición, se asoció al status de ciudadano el conjunto de derechos que, en sentido general, desde la Revolución francesa, se atribuyen a las personas, de modo que se asimiló el status de la ciudadanía política al status de la personalidad jurídica. Es por esa confusión subyacente en la doctrina sociológica de la ciudadanía que muchos hablan de “derechos ciudadanos” como equivalentes de “derechos fundamentales” o “derechos humanos”.
Pero lo cierto es que, conforme a los ordenamientos jurídicos positivos nacionales y supranacionales, los derechos políticos se atribuyen al ciudadano y el resto de los derechos fundamentales se confieren a las personas, independientemente de si son ciudadanos o no. Cuando se niega esto, cuando se confunde ciudadano con persona, como hace
la sociología desde Marshall, se legitima la exclusión del sistema de derechos fundamentales de los no ciudadanos.
Más coherente nos parece la posición de Hannah Arendt cuando afirma que los derechos humanos parecerían no tener sentido al margen de la ciudadanía política. En efecto, “el ser humano que ha perdido su lugar en una comunidad, su status político en la lucha de su época y la personalidad legal que hace de sus acciones y de parte de su destino un conjunto consistente, queda abandonado con aquellas cualidades que normalmente sólo pueden destacar en la esfera de la vida privada y que deben permanecer indiferenciadas, simplemente existentes, en todas las cuestiones de carácter público”. En otras palabras, para Arendt, quien pierde el status de ciudadano queda reducido a la simple “bios” de Foucault, a la “nuda vida” de Agamben.
Esta tesis de Arendt fue acogida bien temprano por la jurisprudencia constitucional norteamericana, la que llegaría a decir, a través del voto minoritario discordante del juez Warren de la Suprema Corte, en el caso Pérez vs. Brownell (1958), lo siguiente: “La ciudadanía es el derecho básico del hombre, en cuanto es nada menos que el derecho a tener derechos. Suprímase ese bien inestimable y lo que queda es un apátrida, humillado y degradado a los ojos de sus compatriotas. No tiene derecho a la protección jurídica de ninguna nación, y ninguna nación afirmará sus derechos en su nombre”.
¿Podemos concordar con Arendt y admitir que la ciudadanía es el derecho a tener derechos? Pensamos que no, pues confundir el status del ciudadano con el de la persona a lo que conduce es a negar la universalidad de los derechos fundamentales, condicionando éstos, como bien explica Ferrajoli, “a la ciudadanía con independencia del hecho de que casi todos, exceptuados los derechos políticos y algunos
22 derechos sociales, son atribuidos por el derecho positivo –tanto estatal como internacional- no solo a los ciudadanos sino a todas las personas”.
La evidencia más clara de que son las personas y no los ciudadanos los
verdaderos titulares del más amplio número de derechos es el empeño
los propulsores del Derecho Penal del enemigo por negar la cualidad
persona a determinadas categorías de seres humanos. Para Jakobs,
“los enemigos no son efectivamente personas”. A estos enemigos, sean terroristas o narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco o criminales internacionales, no hay que respetarles las garantías constitucionales mínimas que aseguran un proceso y pena justos. Se olvida así que, como bien señala Ferrajoli, “la razón jurídica del estado de derecho, en efecto, no conoce enemigos y amigos, sino solo culpables o inocentes”.
Pero por lo menos los teóricos del Derecho Penal del enemigo son sinceros y reconocen que la persona y no el ciudadano es el sujeto por antonomasia de la universalidad de los derechos fundamentales.
Reservando las garantías constitucionales a los amigos y negándoselas
a los enemigos, reconocen que el verdadero derecho a tener
derechos es intrínseco a la persona y no al ciudadano. Pensar que solo el ciudadano tiene derechos a lo único que nos conduce es a un nacionalismo basado en “la exclusión del otro” (Habermas), pues, para tener derechos, habría que ser ciudadano, en tanto que la ciudadanía sólo tiene sentido si y solo si existen no ciudadanos. El Derecho Penal del enemigo, sin embargo, erosiona la base misma de la convivencia humana en un Estado de Derecho pues niega la condición de persona jurídica dotada de derechos a los seres humanos reales y concretos. De este modo, tanto la personalidad jurídica de una persona moral como la de una persona física son una simple ficción jurídica que el Derecho puede echar de lado cuando está en presencia de un “enemigo”.
3. Los efectos del populismo penal sobre la garantía constitucional del debido proceso.
3.1. La transformación del sistema procesal penal.
La entrada en vigor del Código Procesal Penal activó mecanismos sociales de rechazo previsibles si partimos de que dicha ley significó una transformación radical de la política criminal y del sistema de justicia penal, por siglos atrapados en las redes de una cultura autoritaria y de una política criminal basada en el Derecho penal simbólico, en la negación de las libertades y en la criminalización de la pobreza.
Si hacemos caso a los portavoces de la nostalgia del orden sin libertad, la implementación del nuevo Código ha conllevado un aumento de la criminalidad y la violencia, las que estaban en absoluto control en el viejo régimen procesal. La realidad es que hoy la criminalidad y la violencia son ostensibles por la transparencia inherente a la reforma policial, que ha mostrado que carecemos de una policía efectiva, y por la consagración de la presunción de inocencia como código operativo de la justicia penal, que revela las deficiencias de una acusación que no está en condiciones de probar la culpabilidad y de unos jueces que sólo pueden condenar de manera decisionista y no en base a pruebas que nunca llegan a juicio.
Lo cierto es que el viejo Código propiciaba una fiscalía débil, una jurisdicción de instrucción anfibia (mitad policía, mitad justicia) que congelaba los expedientes, una justicia que sólo despachaba
prescripciones (evidencia dramática del colapso de una justicia en
24 mora estructural como demostró el proceso de liquidación de los casos penales instruidos bajo el viejo Código de Procedimiento Criminal),
un sistema carcelario en donde los presuntos inocentes esperaban en la sala judicial de la cárcel preventiva (que actuaba como pena anticipada sin juicio), y un régimen normativo incapaz de lidiar con los casos complejos y la criminalidad organizada (pues estaba preocupado únicamente por los delitos bagatela). El Código nuevo, bien aplicado y con operadores del sistema dotados de recursos materiales y humanos adecuados y suficientes, permite, sin embargo, concentrar los esfuerzos de la política criminal en la delincuencia que más daño hace a la sociedad.
Hasta ahora, hemos vivido en la ilusión de que hay justicia porque presuntos culpables guardan prisión provisionalmente y tenemos la única policía del mundo que, presionada por la opinión pública, atrapa en menos de 24 horas a los sospechosos habituales, lo que explica por qué en República Dominicana es imposible que surja el género literario de la novela policial: los detectives solo son necesarios cuando los culpables no son descubiertos antes de que se enfríe el cuerpo de la víctima. Este espejismo de eficacia esconde, sin embargo, una impunidad estructural que sólo puede ser combatida con una policía y una justicia garantistas pero efectivas. Con el Código Procesal Penal y los recursos humanos y materiales necesarios (porque la justicia cuesta), están sentadas las bases para la transformación de la justicia penal y para la implementación de una política criminal cónsone con un Estado de Derecho.
3.2. El retorno del autoritarismo penal.
No hay dudas que la República Dominicana dio un salto dialéctico al aprobar y poner en vigor el Código Procesal Penal que derogó el anacrónico Código de Procedimiento Criminal. Tras toda una vida
republicana caracterizada por un desfase entre el modelo acusatorio y
garantista plasmado en la Constitución de 1844 y el modelo inquisitorio
y autoritario de la legislación procesal adjetiva, los dominicanos
decidimos hacer realidad uno de los más viejos ideales del Estado de Derecho: la existencia de una justicia penal pública, imparcial, oral, contradictoria, rápida y basada en la presunción de inocencia.
El impacto de la nueva legislación no tardó en hacerse sentir. La rapidez de los procesos, el rediseño de las salas de audiencia que eliminó el infame “banquillo de los acusados” y equiparó arquitectónicamente
a las partes en el proceso, y el control judicial de las medidas de
coerción sobre los imputados son todas consecuencias positivas del nuevo régimen procesal penal. Sin embargo, el influjo de una perniciosa cultura jurídica inquisitorial y ritual y la resistencia de los poderes a la nueva legislación gracias a la fuerza expansiva del populismo penal han condicionado la vigencia efectiva de muchas de las disposiciones del Código Procesal Penal.
Para muestra bastan algunos botones. Comenzando por la imposición de las medidas de coerción. Ya sabemos que el Código no solo ha sometido a control judicial la imposición de las mismas sino que ha consagrado todo un menú de opciones de coerción que van desde la presentación de garantías económicas y la obligación de presentarse
a juez periódicamente hasta la prisión preventiva. Sin embargo, lo que
vemos en la práctica judicial que sufrimos todos los días es que tanto
Ministerio Público como los jueces solo saben solicitar y establecer
prisión preventiva como medida de coerción. Peor aún, a pesar de
que el Código es claro en cuanto a que tales medidas solo proceden si
solo si existen elementos de pruebas suficientes, hay peligro de fuga
la infracción está reprimida con pena privativa de libertad, los jueces
26 acostumbran a despacharse con resoluciones que imponen medidas de coerción, sin estar reunidas todas y cada una de estas circunstancias
o no estar configuradas conforme la descripción que el propio Código
ofrece. Se trata de jueces “sin embarguistas”: reconocen que existen estas garantías a favor del justiciable, pero, sin embargo, en aras de la seguridad pública imponen las medidas de coerción a pesar de que éstas no proceden, como lo admiten –para asombro de todos, incluyendo los fiscales- muchas veces en sus resoluciones.
Otro ejemplo de desnaturalización de los preceptos del Código Procesal Penal lo ofrece la disposición que ordena que las personas arrestadas deben ser llevadas en un plazo de 24 horas ante un juez para que ordene la prisión o la puesta en libertad. Jueces y fiscales se han puesto de acuerdo para considerar que este plazo legal es violatorio del plazo de las 48 horas establecido por el Artículo 8, numeral 2, de la Constitución. Con esta interpretación medalaganaria
y autoritaria, estos operadores del sistema judicial pasan por alto
adrede que los derechos fundamentales, en este caso la libertad física, deben ser interpretados a favor de la persona (in dubio pro homine) y
a favor de la libertad (in dubio pro libertate), como bien ha establecido la jurisprudencia internacional de los derechos humanos. Sobra indicar que esta jurisprudencia, como bien ha establecido la Suprema Corte de Justicia en su Resolución 1920-2003, -despectiva y peyorativamente bautizada por los jueces y fiscales trujillistas como el Poema 20, en alusión a que esta resolución es tan solo poesía, como los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda- es vinculante para la República Dominicana.
Estos ejemplos evidencian que la cultura procesal inquisitorial está erosionando, en las propias narices de la Suprema Corte de Justicia
y de la sociedad civil que ha impulsado la reforma procesal penal, los
precarios logros que para la libertad, el debido proceso y el Estado de Derecho conquistó el Código Procesal Penal. Si no se produce una reacción jurisprudencial rápida frente a esta lamentable evolución, en
pocos años estaremos en iguales o peores condiciones que cuando intervino la reforma. Porque, como bien lo saben los abogados de todos los tiempos, una norma jurídica perfectamente válida es irrelevante cuando no es socialmente efectiva. Y aquí, como en muchas áreas de nuestro Derecho, el ser está eliminando el deber ser al extremo de que ya comienza a exigirse no lo que es debido sino lo que fácticamente imponen los poderes penales salvajes.
4. Populismo penal y casación.
El populismo penal ha hecho perentoria la necesidad de lograr penas mayores en sede judicial suprema para legitimar así la lucha contra la criminalidad, lo cual nos ha llevado también a una crisis del recurso de casación.Los signos de esa crisis son más que evidentes. A juicio del Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, la casación penal constituye un “tercer grado de jurisdicción” (Diario Libre, 20 de febrero de 2008, pág. 24). A estas conclusiones arriba, al comentar la doctrina jurisprudencial de nuestro más alto tribunal de justicia, en virtud de la cual la casación supuestamente ha variado su naturaleza después de la aprobación del Código Procesal Penal. De ahí que los jueces supremos pueden conocer no solo el Derecho sino también los hechos de la instancia penal.
Si apoyamos esta tesis, no hay dudas que la casación ha mutado radicalmente: ésta siempre ha sido un recurso mediante el cual la Suprema Corte de Justicia juzga si el Derecho ha sido mal o bien aplicado por los jueces del fondo, lo cual le permite mantener la
28 uniformidad del Derecho en su aplicación por los jueces. Ya lo dijo el maestro Hipólito Herrera Billini al cumplir la casación medio siglo:
Que el Artículo 427 del Código Procesal Penal disponga que “para lo relativo al procedimiento y la decisión sobre este recurso, se aplican, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias, salvo en lo relativo al plazo para decidir que se extiende hasta un máximo de un mes, en todos los casos”, no quiere decir que el legislador haya pretendido convertir la casación en un segundo recurso de apelación. El mismo Código es claro en cuanto a que la casación “procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos” (Artículo 426), lo cual queda reafirmado por la propia Exposición de Motivos donde los autores del anteproyecto del Código Procesal Penal señalan que “la casación se presenta como un recurso destinado a controlar el apego de las sentencias a las normas” jurídicas, siendo en todo caso una “casación limitada porque muchas de sus funciones ya las cumple la apelación.”
¿Pueden extenderse los poderes de los jueces de casación al extremo de que le permitan dictar directamente la sentencia del caso, como se permite en la apelación según el Artículo 422 del Código Procesal Penal? Entendemos que una respuesta positiva colocaría a los imputados en una situación de indefensión pues el recurso de casación no constituye “un medio adecuado para conseguir la revaloración del material probatorio”, ya que “el tribunal de casación no puede revalorar
las pruebas o modificar los hechos por cuanto no ha participado del debate, de donde si lo hiciera estaría contradiciendo el principio de inmediación, núcleo central de los juicios orales” (Jorge González Novillo y Federico Figueroa).
El Código Procesal Penal no ha transformado la casación. Esta sigue siendo la casación francesa y la única que existe aún en los países que no siguen el modelo galo y se adscriben al nuevo proceso penal:
una que “tiene por objeto superar los errores de derecho en que pudieran haber incurrido los tribunales de juicio” y que “no resulta ser propiamente una tercera instancia” (Di-Masi Obligado). En ningún caso, la casación puede implicar, como bien afirma Julio B.J. Maier, “un quebrantamiento de los principios que gobiernan el juicio oral y público” que permita “que jueces que no lo han presenciado dicten (…) una nueva sentencia”.
democracia iliberal.
5.1. Los problemas democráticos de la democracia.
Uno de los grandes errores que hemos cometido en América Latina es pensar que los problemas asociados a las democracias realmente existentes en la región se resuelven con más democracia. Quien piense así es tan iluso como el médico que entiende que es posible bajar la fiebre en un paciente aumentando la temperatura de las colchas con
30 la que éste se arropa: pero ya la sabiduría popular nos dice desde hace siglos que la fiebre no está en la sábana.
Asumir que los problemas presentes en las democracias realmente existentes se solucionan perfeccionando los mecanismos democráticos tiene como presupuesto la creencia de que estas democracias no
funcionan bien en la práctica y que hay que acercar el funcionamiento real de las mismas al modelo teórico-político que le sirve de fundamento. Pero la democracia acarrea problemas y peligros que no son fruto de
un mal funcionamiento de ella sino que están inscritos en el código operativo del sistema político democrático.
Estos problemas y peligros surgen de un hecho fundamental ya explicado por Carl Schmitt en su obra “El concepto de lo político”:
“las fuerzas de la democracia […] no son nada liberales ya que son
esencialmente políticas y conducentes, incluso, a Estados totales”. Y
es que hay una diferencia radical entre liberalismo y democracia: el
liberalismo parte de que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente –de donde nace la necesidad de limitar al
poder mediante la división de poderes y la garantía de las libertades-,
tanto que, en la democracia, como todo el poder deriva del pueblo,
se acepta, en principio, como legítima ninguna limitación al poder
popular -que todo lo quiere y todo lo puede-, limitación que siempre será una subversión al derecho absoluto del pueblo a autodeterminarse.
Es por lo anterior que, como bien explica Schmitt en “La crisis de la
democracia parlamentaria”, “la dictadura no es antagónica con la
democracia”. Es más, podría afirmarse que una democracia llevada
a su máxima expresión es necesariamente dictadura, dictadura
soberana, dictadura regida por el gran y único soberano que es el pueblo. O mejor: “una dictadura no es posible si no sobre una base democrática”. Por eso, afirma Schmitt, el comunismo y el fascismo son, como toda dictadura, antiliberales, “más no necesariamente antidemocráticos”. La democracia, cuando no está sujeta a los límites de la Constitución, es necesariamente “democracia iliberal” (Fareed Zakaria) o “democradura” (Schmitter). Una dictadura no democrática
puede, sin embargo, respetar ciertas libertades y ser, por tanto, una “dictablanda” o “dictadura liberal”.
Pero la peor dictadura es la del pueblo o, para decirlo con las palabras de Juan Bosch, la “dictadura con respaldo popular”. Y es que la dictadura de un hombre pesa menos que la de un millón de personas. Pero ojo:
desde Napoleón hasta Chávez, la dictadura democrática, la que se legitima con plebiscitos y referendos regulares, siempre desemboca en la dictadura de un hombre. Y es que la dictadura plesbicitaria no requiere al final la participación popular. Ya lo afirma Schmitt en “Sobre el parlamentarismo”: “La opinión unánime de cien millones de particulares no es ni la voluntad del pueblo ni la opinión pública. Cabe expresar la voluntad del pueblo mediante la aclamación […] mediante su existencia obvia e incontestada, igual de bien y de forma aun más democrática que mediante un aparato estadístico”. Quien dude esto que le pregunte a Jesús y a Barrabás.
Detener la tendencia de la democracia a concentrar e intensificar el poder requiere entonces acudir al constitucionalismo. Este no es más que una tecnología de limitación del poder mediante su división –para que el poder frene al poder (Montesquieu)- y su sumisión al Derecho. Esto requiere la construcción de instituciones para la libertad por una república de personas libres (Kant) que impida la tiranía de la mayoría (Toqueville) y la democracia totalitaria (Marcuse) o mesiánica (Talmond). Se busca así un Estado fuerte (Hayek) que, garantizando las libertades de todos, evite la coerción, las políticas de muerte y la violencia de los macropoderes salvajes (Ferrajoli), de los poderes invisibles (Bobbio), fácticos y privados, del fascismo social (Sousa dos Santos). De repúblicas aéreas (Bolívar) debemos pasar a ser repúblicas gobernadas por leyes y no por hombres.
La razón liberal.
Para muchos resulta un contrasentido oponer democracia y liberalismo como lo hace Carl Schmitt pues, para la gran mayoría y como parece derivarse del sentido común cristalizado por las democracias realmente existentes, toda democracia es liberal y todo liberalismo es esencialmente democrático. Pero lo cierto es que, como bien afirma una pensadora de credenciales antifascistas incuestionables como Chantal Mouffe, “por un lado, tenemos la tradición liberal constituida por el gobierno de la ley, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la libertad individual; por el otro, la tradición democrática, cuyas ideas principales son las de la igualdad, la identidad entre gobernantes y gobernados y la soberanía popular. No hay una relación necesaria entre esas dos tradiciones diferentes, sino solo una articulación histórica contingente”.
El código operativo de la democracia –el principio de mayoría-, si no es sujeto a los correctivos constitucionales del liberalismo destinados a limitar y controlar el poder de las mayorías a través de las garantías de los derechos fundamentales y la división de los poderes, conduce, necesariamente, a la tiranía democrática. Esos correctivos no pueden ser dejados a la contingencia de que la defensa de los mismos forme parte de las demandas populares como sugiere Ernesto Laclau en “La razón populista” al señalar que “no hay razón para pensar que un populismo que incluye los derechos humanos como uno de sus componentes es excluido a priori”. Aunque la lucha por los derechos fundamentales pueda ser en un momento histórico determinado una demanda popular apremiante, como lo demuestra el tránsito del autoritarismo a la democracia en la Latinoamérica de los 80, lo cierto es que los populismos tienden a intensificar los rasgos perversos de la democracia y lo que Pedro Francisco Bonó llamaba “las tendencias absolutistas” de las mayorías.
Lo más adecuado para nuestras sociedades es afincar regímenes políticos basados en la razón liberal que, por definición, es mucho más inclusiva que la razón democrática. Recordemos que las democracias asoman a la historia como regímenes profundamente excluyentes. Ello es así no por pura casualidad: es que las democracias se fundan en la homogeneidad y por eso excluyen del cuerpo político a los extraños y
a los desiguales (los extranjeros, los esclavos, las mujeres, los pobres, los étnicamente diferentes). En contraste, el liberalismo es profundamente inclusivo: los derechos se garantizan a todos sin distinción. Por eso, la razón liberal puede acoger tanto la razón democrática de los derechos de la participación política como la razón socialista de los derechos a acceder a bienes sociales básicos. Reformulando a Norberto Bobbio, podríamos hablar entonces de un liberalismo democrático y social que es lo que, en el fondo, está presente en la cláusula constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.
En otras palabras, de lo que se trata es de consolidar una democracia reconciliada con el hecho de que no puede haber un poder absoluto, aunque venga del pueblo, no sometido ni a límites ni a reglas constitucionales. La soberanía popular habrá que entenderla entonces no como que el pueblo pueda hacer lo que le venga en ganas sino
como significando que el poder pertenece al pueblo y por tanto nadie,
ni siquiera sus representantes, puede apropiarse de ella. Por su parte,
tomando en serio el reto de Laclau de retornar a la categoría política de pueblo –aunque llegando a conclusiones opuestas a las de él- al pueblo habrá que entenderlo no como un macro-sujeto dotado de una omnímoda voluntad general unitaria sino como “una pluralidad heterogénea de sujetos dotados de intereses, opiniones y voluntades distintas y en conflicto entre sí” (Ferrajoli).
34 La razón liberal es la única que nos puede conducir a gobiernos de leyes, limitados y garantes de los derechos de todos. La razón populista
como expresión máxima de la razón democrática es utópica y totalitaria por las mismas razones dadas por su precursor Rousseau: “No es posible imaginar al pueblo continuamente reunido para ocuparse de los asuntos públicos (…) Si hubiese un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Pero un gobierno tan perfecto no es propio de hombres”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
5.3. De nuevo Schmitt.
Hemos citado varias veces a Carl Schmitt. A este autor hay que leerlo como comen los japoneses el pez globo: con cuidado. Y es que el gran jurista y pensador político alemán, mal (y más) conocido como el gran ideólogo de la destrucción de la República de Weimar y del ascenso de Hitler al poder, seduce con su prosa al mismo tiempo académica, apasionada, analítica y profética. Sus grandes frases, que condensan sus ideas, son una muestra de cómo el razonamiento del lector puede ser secuestrado por el estilo del autor: “soberano es quien decide sobre la excepción” es una de esas sentencias que atrapan al menos incauto de los lectores.
Nadie como Schmitt comprendió –para explotarlas- las debilidades del liberalismo: su vano intento de suprimir lo político, la subsistencia del poder constituyente aún en los ordenamientos constitucionales plenamente positivizados, los peligros de la partidocracia, la pretensión de que los derechos valen por el solo hecho de estar constitucionalizados sin importar las estructuras institucionales que le sirven de soporte, la criminalización del adversario internacional, y el retorno del discurso mundial de la guerra justa.
Es por lo anterior por lo que, antes de leer a Schmitt, hay que familiarizarse con el manual de cómo leerlo sin morir en el intento. Sin
embargo, cuidándonos del veneno autoritario de este autor, es preciso intentar hacer un uso liberal de su pensamiento. El pensador alemán es, en gran medida, el enemigo interno del liberalismo y, como no hay cosa mejor que conocer a nuestro adversario, vale la pena estudiar a Schmitt.
A pesar de que para Schmitt el liberalismo es, en lo esencial, “una
crítica liberal de la política”, el alemán es de los pensadores modernos que más insiste en el hecho de que el liberalismo es una tecnología de limitación del poder. Por eso, como ya hemos visto, una democracia técnicamente puede existir sin ser liberal y puede haber liberalismo sin democracia. De ahí no hay que inferir que ambos no pueden coexistir,
como se evidencia en todo Estado Constitucional de Derecho, pero hay que estar conscientes de la tensión entre ambos polos porque de lo contrario caeremos en el absurdo de pretender resolver los problemas de la democracia con más democracia.
Schmitt se equivoca, sin embargo, al pensar que el liberalismo es una doctrina que supone naturalmente bueno al hombre cuando existe un
realismo liberal que entiende que al poder hay que limitarlo porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente (Lord Acton), que hay que restringir al poder porque “es una experiencia eterna que todo hombre investido de autoridad abusa de ella” (Montesquieu). Quizás el problema de nosotros los dominicanos ha sido precisamente pensar que basta con elegir a los hombres más buenos
y más justos para que desaparezca el fantasma del autoritarismo
cuando, en realidad, “si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario” (Madison).
¿Es posible limitar el poder solo desde abajo, desde la sociedad?
36 Los redactores del Informe Nacional PNUD 2008 en sus conclusiones entienden que sí, al considerar que es imposible que las elites se reformen por sí mismas, sin presión de ciudadanos empoderados. No
obstante, la gran lección de la vida y obra de Schmitt es que, cuando no hay elites que se adscriben a los valores liberales y democráticos, el Estado Constitucional pierde una de sus bases fundamentales. Todo indica que sistemas democráticos liberales solo pueden ser cocinados como la arepa, desde arriba y desde abajo. En todo caso, la dificultad es la misma que detectó hace tiempo Madison: “Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres y para los hombres, la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados; y luego obligarlo a que se regule a sí mismo”.
Los dominicanos somos buenos schmittianos porque exageramos las pretensiones del liberalismo para desmeritar el régimen que tenemos cuando en todo liberalismo realmente existente salen por doquier los defectos porque, como bien señalaba Madison, “la imperfección humana no puede producir obras perfectas”. A pesar de las debilidades del liberalismo, no todas detectadas por el ojo crítico de Schmitt, esta ideología sigue siendo la más adecuada para alcanzar la sociedad más libre, democrática y justa.
5.4. Democracia, liberalismo y populismo penal.
Pues bien, todo lo anterior viene a colación pues solo el liberalismo puede concebir un Derecho Penal que reconozca garantías al imputado que, es a fin de cuentas, el único Derecho Penal que puede llevar todavía el nombre de Derecho sin avergonzarse de sí mismo. Pero, y esa es la gran paradoja, el liberalismo no basta por sí solo para que el Derecho Penal no mute en Derecho Penal del enemigo, como bien revela el caso de los Estados Unidos, que bajo el furor de la guerra contra el terrorismo ha renegado de todas las garantías del justiciable. Sin embargo, en una democracia liberal, como la norteamericana, la
extensión del populismo penal y del Derecho Penal del enemigo que lo caracteriza tiene límites personales, temporales y espaciales: no puede regir contra todas las personas, no lo puede hacer todo el tiempo –a pesar de que se habla de la “excepción permanente”- y muchas veces
no abarca todo el territorio –por eso la necesidad de restringir el mismo
territorios ultramar como Guantánamo.
problema del populismo penal es que, en aquellos países de precaria
tradición liberal, tiene una fuerza expansiva que puede arrollar con
todo el ordenamiento jurídico, como veremos a continuación.
6. ¿Hacia dónde nos lleva el populismo penal? La necesidad de reivindicar el Derecho Penal liberal.
Por el momento, todo va bien. Las víctimas del populismo penal son los sospechosos habituales: los acusados de fraude bancario, corrupción, narcotráfico, y violencia intrafamiliar. Pero ojo: hay un populismo de derecha que exige la penalización del aborto y de la marginalización social, hay otro de izquierda que aplaude la castración química de los criminales sexuales. Lo que importa es el castigo: las garantías constitucionales del justiciable son simple estorbo.
La experiencia comparada revela, sin embargo, que el populismo penal es expansivo y que muy pronto el círculo de las víctimas se amplía. Eso sí, no nos equivoquemos: el populista penal tiene un olfato agudo que le permite distinguir donde se encuentra el locus del poder. Por eso, el
38 populista evita sistemáticamente toda confrontación real con el poder, principalmente con el político. Y cuando ataca al poder económico es porque olfatea un cambio de vientos.
Pero el castigo no debe alcanzarse de cualquier manera como quiere
el populismo penal. Como bien afirma Daniel R. Pastor, “se desprecia
a sí misma una sociedad que está dispuesta a alcanzar sus fines
transgrediendo las reglas que ella se ha impuesto”. Y es que, en un Estado de Derecho, la paz jurídica es basada en la idea de que es preferible una cierta cuota de impunidad que violentar las formas jurídicas que son las garantes de la libertad.
Ante este populismo penal, solo podemos insistir en que desde el Derecho Penal no es posible cambiar la sociedad. A fin de cuentas, no puede haber fundamento jurídico de la pena a nivel nacional como no puede haberlo de la guerra en el plano internacional. Por eso,
el Derecho Penal sólo puede tener por misión humanizar la acción
punitiva de las agencias estatales. Su función es y solo puede ser limitar
el poder punitivo del Estado y evitar que éste termine erosionando las
garantías últimas del Estado de Derecho. Es, como afirma Zaffaroni, “un apéndice indispensable del derecho constitucional de todo estado constitucional de derecho”, que protege a las víctimas y a los presuntos inocentes que quedan atrapados en las redes del sistema penal.
El Derecho Penal es y solo puede ser –si quiere seguir siendo Derecho-,
como entiende Zaffaroni, aquella “rama del saber jurídico que, mediante
la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema
orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo, para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho”. De ese modo, “la función más obvia de los jueces penales y del derecho penal (como planeamiento de las decisiones de éstos), es la contención del poder punitivo. Sin la contención jurídica (judicial), el poder punitivo quedaría librado al puro impulso de las agencias ejecutivas y políticas y, por ende, desaparecería el estado de derecho y la república misma”.
Y, siguiendo todavía a Zaffaroni,el Estado de Derecho es aquel Estado
que somete a Derecho a todas las personas y como estado de policía
el que somete a todos “al poder del que manda”. El Derecho Penal, por tanto, busca hacer progresar el Estado de Derecho, que no existe en estado puro y deja subsistir a su interior al estado de policía. “No hay estados de derecho reales (históricos) perfectos, sino solo estados de derecho históricos que contienen (mejor o peor) los estados de policía que encierran”. Como prueba de lo que afirma Zaffaroni, sólo hay que ver como el Estado de Derecho en los Estados Unidos, progresista en los 60 y parte de los 70, comienza a involucionar con los virajes jurisprudenciales de la Suprema Corte en contra del debido proceso de los delincuentes hasta llegar a la infamia de la legitimación de la tortura en la guerra contra el terrorismo.
Dado que la función del Derecho Penal es contener al estado de policía latente en mayor o menor medida en todo Estado de Derecho, “referirse a un derecho penal garantista en un estado de derecho es una grosera redundancia, porque en él no puede haber otro derecho penal que el de garantías, de modo que todo penalista, en ese marco, se supone que es partidario de las garantías, esto es, garantista”.
Por eso, hay que oponerse a que se hable de “enemigos” en el Derecho Penal, como pretende Jakobs sobre los pasos de Schmitt. “El verdadero enemigo del derecho penal es el estado de policía, que por su esencia no puede dejar de procurar el absolutismo”. Que se trate a ciudadanos como enemigos en la práctica –o lo que es lo mismo, que se disminuyan los derechos de los ciudadanos para individualizar a los enemigos- no nos debe conducir a erigir ese trato como el deber ser. “La resistencia jurídico penal a la admisión del concepto de enemigo en el estado de derecho debe ser frontal, -afirma Zaffaroni- aunque las limitaciones del poder jurídico en ese momento no permitan eliminarlo”.
40 El dilema del Derecho Penal al día de hoy es si se debe incorporar el discurso bélico del populismo penal mediático, que pide una guerra total contra la delincuencia a costa de las garantías constitucionales de
los presuntos inocentes, o definitivamente enfrentarlo. Si quiere seguir siendo Derecho y no una “ciencia asquerosa” (Carrara) que “se limita
a racionalizar el poder punitivo del Estado para justificarlo”, no le
queda otro camino que enfrentarlo. Ello implica asumir, en oposición a quienes aspiran convertir a República Dominicana en la colonia penal de Kafka, que la ciencia penal es “un saber digno y humano, que cumple la inestimable función de preservar el estado de derecho” y que constituye “un apéndice indispensable del derecho constitucional de todo estado constitucional de derecho”.
7. Cómo salir del populismo penal y caminar el sendero de la seguridad ciudadana en democracia y libertad.
Los populistas penales se presentan como abanderados de la seguridad ciudadana. Como es de esperar en un país que a duras
penas comienza a abandonar una cultura político-jurídica autoritaria que hunde sus raíces en la colonia y en los gobiernos dictatoriales que hemos padecido en nuestra historia republicana, la apelación a
la seguridad ciudadana se plantea en términos de seguridad versus
libertad. Se ignora así, consciente o inconscientemente, el hecho de que no puede haber seguridad sin libertades ni derechos sin orden, por lo menos no en un ordenamiento que se precie de democrático y de liberal.
Oponerse al populismo penal no significa que no se esté consciente de que la reestructuración de nuestras instituciones de seguridad es una de las reformas pendientes desde la caída misma de la tiranía de Trujillo y es quizás su ausencia lo que explica en gran medida la larga
y tortuosa transición dominicana: mucho tiempo después de muerto el
dictador, las mansas instituciones democráticas coexisten junto con las cimarronas prácticas de seguridad de la Era de Trujillo.
Contrario a lo que vulgarmente se piensa, quienes proponen la reforma del aparato de seguridad no quieren desmontarlo sino tan
solo reestructurarlo a la luz de lo que debe ser y es la seguridad en las sociedades democráticas contemporáneas. Y es que no puede haber verdadera democracia donde no hay seguridad, pero no puede haber seguridad donde el ciudadano tiene que cuidarse del propio aparato tanto como de los propios peligros contra los que éste debe proteger
Aquí hemos vivido durante mucho tiempo en el mito de que nuestro sistema de seguridad es efectivo. Y hasta se alaba la supuesta eficiencia policial en resolver crímenes que, en cualquier país civilizado, tomaría meses o años resolver. Ignoramos así que necesitamos fortalecer la institución policial, dotándola de recursos humanos y materiales adecuados a sus importantes tareas, pero, sobre todo, que hay que domesticar el aparato policial mediante su sumisión al ordenamiento jurídico. Una sociedad decente no tolera que sus miembros sean fusilados en “intercambios de disparos” ni mutilados en operaciones “quirúrgicas” por quienes deben velar por su seguridad.
En realidad, el aparato de seguridad ha sido privatizado, como queda demostrado al constatarse que el espionaje telefónico y electrónico es una de las industrias más lucrativas en el país, con la mirada indiferente, la anuencia o el aplauso de las autoridades. Un Estado que se respete ejerce el monopolio sobre el uso del espionaje legítimo y evita la feudalización de esta tarea indispensable para la seguridad.
La amenaza terrorista, el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la corrupción pública y otros crímenes transnacionales
obligan a fortalecer el aparato de seguridad. Ahora bien, gobernantes
ciudadanos debemos entender que este fortalecimiento pasa por
democratización del aparato de seguridad y por el control legal y
judicial de su actividad. No podemos ser engañados por el espejismo propiciado por los populistas penales que quieren que escojamos entre seguridad y libertad y que pretenden que adoptemos como lema de nuestras fuerzas de seguridad “ninguna libertad para los enemigos de la libertad”. Esto representaría un suicidio para la democracia y el primer paso para la dictadura.
¿Cuáles deben ser los pilares de un sistema de seguridad ciudadana en una república democrática y de derechos? Independientemente de los programas de lucha contra la pobreza que deben emprenderse para enfrentar la problemática de la marginalidad y la exclusión social, un eficaz sistema de seguridad ciudadana se funda en tres elementos básicos: una legislación que permita enfrentar las nuevas formas de criminalidad, una justicia rápida y eficaz y unas fuerzas policiales modernas, capaces y cercanas a la gente.
Enfrentar a una delincuencia cada día más organizada, transnacional
y violenta implica aprobar un nuevo Código Penal que contemple las
nuevas y más graves formas de criminalidad, endureciendo las penas para las ofensas más graves y despenalizando los delitos bagatela que desperdician los escasos recursos del sistema penal.
Como el simple agravamiento de las penas no implica una disminución de la criminalidad, porque lo que disuade al criminal no es tanto la gravedad de la pena sino la certidumbre y rapidez de la condena, como claramente lo demuestran los estudios comparados de la región, la clave radica en lograr una justicia penal más ágil y eficaz. Y este es precisamente el segundo pilar de un buen sistema de seguridad ciudadana que se puede construir sacando provecho del nuevo Código Procesal Penal, el cual permite utilizar procedimientos abreviados para
ciertos delitos, incorporar agentes encubiertos en las investigaciones, adoptar mecanismos especiales para los procesos complejos y aplicar nuevos e incrementados poderes de los fiscales. Lógicamente esto requiere recursos materiales, entrenamiento de los fiscales en el acopio, preservación y presentación de las evidencias en juicio y coordinación de esfuerzos entre todos los actores del sistema penal.
El tercer pilar de la seguridad ciudadana es la policía. Hay que incrementar el ridículo número de efectivos policiales y mandarlos a las calles, más motivados, mejor pagados y mejor entrenados. Esto requiere hacer de la policía una carrera atractiva para nuestros mejores bachilleres y modernizar el cuerpo policial, incorporando equipos tecnológicos más avanzados y adoptando una organización más funcional. Hay que fortalecer las policías municipales –esenciales
para la vigilancia de lugares públicos como escuelas y plazas públicas-,
y acercar la policía a los ciudadanos mediante la creación de las
juntas locales de seguridad en donde se integran las organizaciones comunitarias y del barrio. Hay que priorizar la política de prevención
del delito enfatizando la lucha contra la violencia intrafamiliar, el tráfico de personas, el narcotráfico, los atentados contra la seguridad escolar,
y los robos con violencia. Este pilar requiere una Ley de Seguridad
Ciudadana que sistematice la reforma policial y la construcción de un sistema de prevención del delito.
Hay que estar conscientes de que la seguridad ciudadana tiene una insoslayable dimensión internacional. Por eso hay que fortalecer la cooperación judicial internacional, apostar por un control efectivo de nuestras fronteras marítimas, aéreas y terrestres y adoptar una política de inmigración efectiva y adecuada a los requerimientos del ordenamiento supranacional de derechos humanos.
Finalmente, la seguridad ciudadana, contrario a la prédica del populismo penal y de su Derecho Penal simbólico, se construye no
con discursos sino con recursos humanos y materiales y con una firme voluntad política. El día que el Estado ponga los recursos y la voluntad donde se pone ahora solo las palabras, los ciudadanos podremos realmente recuperar el perdido control de nuestras vidas y salir de
la lógica del miedo cotidiano y colectivo que nos agobia y que es el
caldo de cultivo del virus del populismo penal.
8. Necesitamos democracia.
Durante toda nuestra vida republicana, los dominicanos hemos luchado por el establecimiento y consolidación de un sistema democrático que garantice la participación política de todos, la libre elección de nuestros representantes y el ejercicio de las libertades de pensamiento y expresión que sirven de base a la formación de la voluntad popular. Ello explica nuestra reacción frente a los intentos de continuismo presidencial y a los traumas electorales y nuestros esfuerzos por construir un sistema electoral que garantice comicios libres y transparentes.
Mucho se ha avanzado en este sentido, principalmente tras la crisis de 1994. Mucho es lo que falta por avanzar, particularmente para garantizar la igualdad de los partidos, la transparencia del financiamiento electoral, la fidelidad y rapidez en el conteo de los votos y la prohibición del uso de los recursos del Estado en las campañas. Estas deficiencias, como lo es también la preeminencia de una cultura jurídico-penal populista y autoritaria, no pueden ser solucionados, sin embargo, con más democracia. De hecho, la democracia puede contribuir a exacerbar aún más estos problemas.
Y ello es así por una razón estructural inherente a todo Estado
Democrático de Derecho, a la cual hemos aludido antes: la permanente
tensión entre el principio democrático y el principio del Estado de Derecho. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El Estado de Derecho es la garantía de los derechos de todos, incluyendo las minorías, frente a los poderes del Estado, aún emanen de las mayorías populares. Por eso, es perfectamente posible una monarquía o una autocracia que respete los derechos de las personas, salvo los derechos políticos, como es imaginable una democracia iliberal en donde no estén preservados los derechos de los individuos frente a las mayorías electorales.
El Estado Democrático de Derecho opera un compromiso entre estos dos principios que Carl Schmitt –a la luz de la experiencia de Weimar- considera mutuamente excluyentes y Jûrgen Habermas ve como perfectamente reconciliables –desde la perspectiva de las contemporáneas democracias realmente existentes. Este compromiso, no obstante, requiere los instrumentos de alta precisión que el constitucionalismo ha diseñado: separación de poderes, principio de legalidad, seguridad jurídica, control judicial de la actuación de los poderes, debido proceso y responsividad (accountability) de los representantes del pueblo.
Precisamente las grandes carencias de nuestra democracia radican en la ausencia –o deficiencia- de estos instrumentos de control del poder democrático. Y es esta ausencia de control lo que explica la gran distancia que existe en República Dominicana entre el deber ser del ordenamiento jurídico y el ser de la facticidad política. La brecha entre normatividad y realidad nunca podrá ser estrechada desde la óptica del principio democrático porque lo que el poder democrático quiere siempre es más poder para el pueblo en tanto que lo que el Estado de Derecho desea es menos poder a través del control del mismo.
46 Ahora que el poder es de todos y no de un solo hombre es mucho más necesario que nunca consolidar los mecanismos de control del poder.
Esto pasa necesariamente por someter a Derecho el poder punitivo del Estado que es a lo que se opone en el fondo el populismo penal.
Democracia no solo es gobierno del pueblo sino también gobierno de las leyes. Un gobierno sin leyes sigue siendo tan gobierno de los hombres como las viejas autocracias. Si por gobierno democrático, debemos entender el reino absoluto de las mayorías, entonces lo que necesitamos los dominicanos es sencillamente más Derecho y menos democracia.
Y, precisamente, desde hace milenios, la pregunta política fundamental ha sido saber si es mejor ser gobernado por buenos hombres o por buenas leyes. La respuesta a esta cuestión siempre ha sido clara para los clásicos. Para Platón, “allí donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de autoridad, yo veo la pronta ruina de la ciudad; en cambio, donde la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus esclavos, yo veo la salvación de la ciudad”. Por igual, Aristóteles entiende que es mejor ser gobernado por una ley que “no tiene pasiones” que por un alma humana para la cual “las pasiones son connaturales”.
Lo cierto es, sin embargo, que las democracias realmente existentes, en mayor o menor medida y en todos los países del mundo, pero
principalmente en aquellos en donde existen grandes desigualdades socioeconómicas, ha devenido en un mercado político dominado, como ya lo observaron Max Weber y Joseph Schumpeter, por el político transformado en empresario, cuyas ganancias se miden en votos acumulados conforme la capacidad de satisfacer los intereses de una clientela a partir del uso de los recursos públicos. En consecuencia, la terrible paradoja de la democracia es que la responsividad de los políticos solo aumenta en la medida en que responden efectivamente las demandas de sus clientes.
Ocurre entonces que quien vota por un partido no lo hace porque esté convencido de las ideas de ese partido o sus candidatos, sino
porque éstos puedan satisfacer sus intereses. Por ello prevalece el voto de intercambio sobre el voto de opinión y ello quizás explique por qué muchos electorados son insensibles a las campañas negativas contra sus candidatos preferidos. Hoy, para citar a Norberto Bobbio, “la única opinión verdadera es la de quienes no votan porque entendieron
o creen haber entendido que las elecciones son un rito que puede
ser pasado por alto sin graves daños, y como todos los ritos, como
por ejemplo la comida de los domingos, a fin de cuentas son una aburrición”.
Ante este panorama desolador marcado por la conversión del ciudadano elector en cliente y por la pasividad de los ciudadanos
conscientes, ante esta privatización de la arena pública, ¿cuáles son las vías para retomar las ideas que dieron vida al gobierno democrático, al gobierno de leyes democráticamente aprobadas (per leges) y al gobierno sometido a las leyes (sub leges)? ¿Cómo evitar el gobierno de los hombres? Weber pensó que la clave era combinar el carisma del jefe con la legitimidad democrática –lo que nuestro Euribíades Concepción
48 denominó el “pitcher taponero”-, pero ello conduce indefectiblemente
al cesarismo democrático, al bonapartismo, al despotismo democrático,
a la democracia plesbicitaria.
El problema de la solución weberiana es que intenta enfrentar los problemas de la democracia con más democracia. Y está claro que lo que necesitamos es más Derecho con democracia de calidad, más frenos y contrapesos que nos liberen de las ataduras de la democracia clientelar. Necesitamos un Estado social que le robe los clientes a los partidos mediante la garantía de los derechos sociales fundamentales vía procedimientos jurídicos formalizados que erradiquen la discrecionalidad y el oportunismo de un Estado prestacional clientelar. Necesitamos autoridades independientes que tutelen una economía social de mercado al margen de la arbitrariedad político- coyuntural. Necesitamos una representación legislativa popular que pueda controlar los desmanes de la rama ejecutiva. Necesitamos una justicia independiente que sirva de contrapeso a los poderes políticos. Necesitamos un Defensor del Pueblo que, con su prestigio moral, censure los atropellos de las autoridades. En fin, necesitamos que el Estado no solo sea democrático sino también sobre todo de Derecho.
9. La defensa de la Constitución contra el populismo penal.
El Derecho Penal es Derecho Constitucional concretizado. Por eso, la
lucha contra el populismo penal y la erosión de garantías que éste
implica requieren de un Derecho Penal plenamente constitucionalizado
de una jurisdicción constitucional dinámica y siempre dispuesta a
defensa de las garantías penales y procesales consagradas en la
La constitucionalización del Derecho Procesal Penal.
Uno de los grandes aportes del Código Procesal Penal ha sido el de acercar el sistema procesal penal vigente al modelo constitucional del proceso. En este sentido, se puede afirmar que la nueva
legislación contribuye a la constitucionalización del proceso penal y
del Derecho Procesal Penal. Pero
constitucionalización? Lo que sigue, más que un estudio del modelo constitucional del proceso que no cabría en el espacio conferido por los editores de este ensayo, es un intento de aproximación al significado del fenómeno de la constitucionalización del Derecho y, en particular, del Derecho Procesal Penal.
¿qué significa este fenómeno de
9.1.1. La constitucionalización del Derecho.
Antetodounaaclaración.PorconstitucionalizacióndelDerechodebemos entender un proceso y no un estado. No hay Derecho plenamente constitucionalizado ni Derecho que carezca de elementos mínimos de constitucionalización. Un Derecho en vías de constitucionalización se caracteriza por la creciente penetración de las normas constitucionales en todas las ramas del Derecho, de modo que la Constitución es capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales. Pero la constitucionalización es una cuestión de grado: el Derecho de un país puede estar más o menos constitucionalizado y esto depende de cuántas y cuáles condiciones de constitucionalización estén satisfechas al interior de dicho Derecho. La constitucionalización del Derecho es, en consecuencia, la impregnación constitucional del Derecho, de modo que todos los ámbitos jurídicos quedan, en mayor o menor grado, conformados y determinados constitucionalmente.
La constitucionalización del Derecho viene marcada por una serie de condiciones cuya presencia en un determinado ordenamiento
jurídico permiten medir hasta qué punto un Derecho está más o menos constitucionalizado. Al margen de la existencia de una Constitución rígida y de un mecanismo de control jurisdiccional de constitucionalidad,
datos que acompañan al sistema constitucional dominicano desde 1844 hasta la fecha, las condiciones de constitucionalización más importantes son cuatro: (i) la fuerza vinculante de la Constitución, (ii) la interpretación extensiva de la Constitución, (iii) la aplicación directa de la Constitución
y (iv) la interpretación de las leyes conforme la Constitución. Estas tres condiciones están presentes en el caso dominicano, en particular en el Derecho Procesal Penal, situación que reconoce el Artículo 1 del Código Procesal Penal que dispone lo siguiente:
“Primacía de la Constitución y los tratados. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República
y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos
jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley”.
9.1.2. La fuerza vinculante de la Constitución.
Una efectiva constitucionalización del Derecho requiere que la cultura jurídica de la comunidad interpretativa conformada por los poderes públicos, así como por los juristas, abogados, profesores de Derecho, litigantes, academias, organizaciones ciudadanas y medios de comunicación comulgue con la idea de que todas las normas constitucionales, sean reglas o principios, de carácter programático o no, son normas jurídicas vinculantes y susceptibles de producir efectos jurídicos. En este sentido, hay que resaltar el hecho de que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que “en un Estado constitucional y democrático de derecho, el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales constituye la dimensión sustancial de la democracia”;
que “forman parte de nuestro derecho interno el conjunto de garantías mínimas reconocidas por nuestra Constitución, así como la normativa supranacional conformada por los Tratados y Convenciones internacionales que reconocen derechos fundamentales”; que “los jueces están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria de sus decisiones, realizando, aún de oficio, la determinación de la validez constitucional de los actos y de las reglas sometidas a su consideración y decisión”; que “el bloque de constitucionalidad encierra entre sus principios y normas una serie de valores como el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia y otros que, al ser asumidos por nuestro ordenamiento jurídico, se configuran como patrones de razonabilidad, principio establecido en el Artículo 8 numeral 5 de nuestra Constitución”; que “una norma o acto, público o privado, sólo es válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado dentro de los principios constitucionales”; que “la validez formal de las leyes y, en general, de las normas y de los actos de autoridad está determinada por el hecho de que las mismas se hayan adoptado siguiendo el mecanismo establecido en la Constitución y conforme a los principios, normas y valores considerados supremos por hallarse en la Constitución o por tener su rango dentro del bloque de constitucionalidad” (Resolución 1920-2003 del 13 de noviembre de 2003); es un claro indicador de que nuestro más alto tribunal de justicia considera que todas las normas constitucionales, independientemente de su estructura o contenido normativo, son normas jurídicas genuinas, vinculantes y susceptibles de producir efectos jurídicos, tanto frente al Estado como en las relaciones inter privatos.
9.1.3. La interpretación extensiva de la Constitución.
52 Un Derecho constitucionalizado es aquel en donde la Constitución no se interpreta restrictiva y literalmente. Allí donde no se reconoce que
la Constitución está preñada de valores y de principios que deben ser interpretados y aplicados extensivamente, amplios espacios de la vida social, política y económica del país quedan al margen de la Constitución. La Suprema Corte de Justicia se ha inclinado por una
interpretación extensiva de la Constitución al establecer que las normas
y los actos deben interpretarse “con sujeción a los supremos principios,
escritos y no escritos, que sirven de base a nuestra Constitución política
y ninguna estipulación que se aparte de esos principios puede ser
aplicada por nuestros tribunales” (S.C.J. 20 de enero de 1961. B.J. 606.
9.1.4. La aplicación directa de la Constitución.
Si para que la Constitución se aplique se requiere la intervención del
legislador, entonces el ordenamiento jurídico no está plenamente constitucionalizado pues al juez solo le queda el camino de aplicar únicamente la ley, aplicándose la Constitución sólo después de haber
sido concretizada mediante leyes. Se produce entonces una “legalización del Derecho” y no una constitucionalización. Tenemos entonces “Estado Legal de Derecho” y no Estado Constitucional de Derecho. De ahí
la importancia de que el Artículo 1 del Código Procesal Penal haya
establecido que las normas y principios constitucionales “son de
aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción
y prevalecen siempre sobre la ley”. Ese Artículo no hace más que
recoger lo que es obvio y harto evidente en la tradición constitucional dominicana: las normas constitucionales producen efectos directos y deben ser aplicadas por cualquier juez en ocasión de un litigio que deba resolver. Como bien ha establecido la Suprema Corte de Justicia, cuando los jueces proceden así “no están invadiendo atribuciones de otros organismos, ni violando los principios fundamentales de la separación de poderes sino dando cabal cumplimiento a las facultades que se le otorgan para examinar y ponderar no sólo la regularidad de
las leyes, sino también sus alcances y propósitos” (S.C.J. 15 de marzo de 1969. B.J. 670. 608).
9.1.5. La
Si al juez sólo se le permitiese optar por inaplicar una norma por
inconstitucional o admitir su constitucionalidad, la constitucionalización del Derecho es frenada. Pero cuando el Derecho, como es el caso del dominicano, permite al juez, frente a dos posibles interpretaciones de una norma, optar por la interpretación constitucionalmente adecuada,
se produce no solo una armonización de las normas con la Constitución
sino también un enriquecimiento del contenido de las normas a través de su interpretación conforme a la Constitución. Este es el criterio que sustenta nuestro más alto tribunal de justicia, quien considera que se impone la aplicación del bloque de constitucionalidad, “armonizando los significados de la ley que no le fueren contradictorios, con los principios, normas y valores que lo integran” (Resolución 1920-2003 del 13 de noviembre de 2003). De este modo, la Suprema Corte de
Justicia intensifica la constitucionalización del Derecho no sólo a través de la eliminación de las normas inconstitucionales del ordenamiento sino también mediante la integración y concretización constitucional de sus normas. Esta pauta interpretativa es recogida también por el Código Procesal Penal al disponer en su Artículo 25 que “las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente” y que “la analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado
o el ejercicio de sus derechos y facultades”. Y es que los derechos
fundamentales, en este caso, los derechos del imputado, deben ser
54 interpretados a favor de la persona, a favor de la mayor protección de los derechos fundamentales, a favor de su máxima eficacia y a favor de su posición preferente, pautas interpretativas que derivan
del Artículo 8 de la Constitución donde se establece que la finalidad principal del Estado es “la protección efectiva de los derechos de la persona humana”.
9.1.6. La internacionalización de los derechos fundamentales, del derecho a un debido proceso y del Derecho Procesal Penal.
Un dato fundamental del ordenamiento jurídico dominicano que permite
entender en todo su significado el proceso de constitucionalización del proceso penal es el hecho de que la Constitución vía los Artículos 3 y 10 incorpora al bloque de constitucionalidad el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y es que si “la República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general
y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan
adoptado” (Artículo 3) y si los derechos fundamentales enumerados en
la Carta Sustantiva no están limitados a los consagrados expresamente
en el texto “y por consiguiente no excluye otros derechos y deberes de igual naturaleza” (Artículo 10), ello supone que a partir de los enunciados constitucionales de derechos es preciso concretar vía interpretación normas conformes con las disciplinas sustantivas de los sistemas internacionales. Los derechos constitucionales tienen, pues,
un contenido que es el resultado de su definición constitucional con la definición realizada en los sistemas internacionales, en el entendido de que, en caso de contradicción, prevalecerán los sistemas externos.
El sentido de los Artículos 3 y 10 de la Constitución es incorporar los
convenios y declaraciones internacionales de derechos humanos como parámetros determinantes de la validez de las normas internas de concreción de los preceptos constitucionales. La Constitución reconoce, por tanto, derechos cuyo contenido viene sólo parcialmente definido de manera directa por el constituyente, el cual se remite implícitamente, a
los efectos de la definición de cada singular derecho, a las previsiones internacionales.
Pero, más aún, los derechos consignados en todas las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas y ratificadas por el país, vía el Artículo 10 de la Constitución, quedan incorporadas en el texto constitucional como lo que la doctrina denomina “derechos implícitos”. De modo que, por decisión expresa del constituyente, emerge un “bloque de constitucionalidad”, en el cual se insertan los derechos fundamentales y principios expresamente reconocidos en la Constitución y los derechos fundamentales reconocidos en los convenios internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el país y que devienen implícitamente, vía los Artículos 3 y 10, en derechos constitucionalizados. Este bloque sirve como parámetro para llevar a cabo el juicio de constitucionalidad de las normas y actos de modo que éstos pueden ser inconstitucionales si contravienen una norma que, a pesar de no estar escrita en la Constitución, forma parte del bloque de constitucionalidad.
El carácter distintivo de los tratados internacionales sobre derechos humanos fue señalado en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las reservas a la Convención sobre Genocidio, emitida el 21 de mayo de 1951, en la que se observó que, en este tipo de convenios, los Estados no tenían intereses propios, como es lo corriente en la mayor parte de los tratados, por lo cual en esta clase de instrumentos internacionales no puede hablarse de “ventajas o desventajas individuales de los Estados”, siendo el interés prevaleciente un interés común, el de “preservar los fines superiores que son la razón de ser de la convención”. En igual sentido se pronunciaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inspirada en decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos (Austria v.
Italy, Application No. 788/60, European Yearbook of Human Rights, 1961, Vol. 4), en lo que constituye la mejor caracterización del carácter sui generis de los tratados internacionales sobre derechos humanos:
los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en
particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales
del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente
a su propio Estado como frente a los Estados contratantes. Al aprobar
estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción” (El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana, Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982).
Los tratados internacionales sobre derechos humanos gozan de un
rango constitucional en aplicación de las disposiciones de la cláusula de los derechos implícitos (Artículo 10) y con relación a las normas infraconstitucionales. Sin embargo, en la medida en que las normas constitucionales vulneren los preceptos del Derecho convencional en materia de derechos humanos, estos preceptos adquieren un rango jurídico supranacional y supraconstitucional. Y es que la República Dominicana ha decidido, al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al ratificar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscribirse y ser fiel a un principio fundamental en materia de derechos humanos: la sumisión de las autoridades nacionales a los órganos jurisdiccionales del sistema interamericano de derechos humanos, los cuales son el árbitro final de
su vigencia y de sus violaciones. La Constitución es el orden supremo del
país en la medida que vaya más allá de la Convención Americana en la protección de los derechos fundamentales, la cual tan solo establece un nivel mínimo de protección. Los derechos fundamentales reconocidos en la Convención quedan incorporados al bloque constitucional vía los Artículo 3 y 10 de la Constitución y complementan los demás derechos consignados en la Carta Magna. Sin embargo, si la Constitución
vulnera las normas de la Convención ésta adquiere ipso facto un rango supraconstitucional, sirviendo como parámetro para evaluar la constitucionalidad de la Constitución o de la ley que declara la necesidad de reforma constitucional por parte del juez nacional o su ilegitimidad a la luz de la Convención por el juez interamericano.
Esta doctrina del bloque de constitucionalidad de los derechos fundamentales nacionales y supranacionales ha sido consagrada por la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia. Para nuestro más alto tribunal de justicia, la existencia de este bloque de constitucionalidad acarrea una serie de consecuencias: (i) a dicho bloque está “sujeta la validez formal de toda legislación adjetiva o secundaria”; (ii) por la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1999 el Estado dominicano reconoce “no solo la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales” supranacionales; y (iii) los jueces nacionales “están obligados a aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como fuente primaria de sus decisiones”.
Parte medular de este bloque de constitucionalidad es el conjunto de garantías destinadas a asegurar un debido proceso de ley. Estas garantías, listadas en la Resolución 1920-2003, coinciden con los principios fundamentales del Código Procesal Penal y con los derechos fundamentales del justiciable consignados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. De modo que podríamos afirmar que los principios fundamentales del Código Procesal Penal no son más que Derecho Constitucional concretizado y forman parte del bloque de constitucionalidad en la medida en que no contradicen la normativa constitucional y supraconstitucional. Y los derechos que conforman este bloque de constitucionalidad deben ser aplicados conforme las pautas
58 interpretativas trazadas por la jurisprudencia constitucional comparada e internacional. Entre esas pautas interpretativas se encuentran la de que debe adoptarse siempre la norma más favorable para la persona
la que favorezca la mayor eficacia del derecho fundamental. Así, si
Constitución es más garantista respecto al derecho a no ser juzgado
dos veces por una misma causa que la Convención Americana, el derecho constitucionalmente consagrado sobre el derecho fundamental
reconocido a nivel supranacional. Del mismo modo si el Código Procesal Penal restringe la potestad de las autoridades de arrestar a las personas en cuanto al límite temporal de un modo más riguroso (24 horas) que la Constitución (48 horas) prima la norma adjetiva. Y, naturalmente, si el Código Procesal Penal permite el recurso de apelación por parte del fiscal de la decisión de primera instancia que descarga al imputado, evidentemente que prima el derecho al recurso consagrado por la Convención Americana que básicamente es un recurso del condenado
y no de las autoridades.
La adopción del Código Procesal Penal y de la Resolución 1920- 2003 marcan un giro copernicano en el Derecho Constitucional y en el Derecho Procesal Penal dominicano. A partir de estos instrumentos, la constitucionalización del Derecho se intensifica en la medida en que se reconoce la primacía constitucional sobre la ley adjetiva procesal, se constitucionaliza el contenido de la ley procesal, se hace formar parte de la normativa constitucional la supranacional y, en consecuencia, pasan a formar parte de la norma constitucional no solo la legislación supranacional sino también la interpretación que de ésta rinde la jurisprudencia internacional. Podríamos sintetizar este proceso afirmando que el proceso penal se abre a la Constitución y la Constitución al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
9.2. El rol de la justicia constitucional en la lucha contra el
Según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la actualidad existen más de 150 acciones en inconstitucionalidad pendientes de
fallo, lo que es una muestra de una mora judicial crónica que no se compadece con el hecho de que la Suprema Corte es y debe ser lo que ella misma se ha autoproclamado: “guardiana de la Constitución”. Si se compara este dato con las estadísticas de las jurisdicciones constitucionales latinoamericanas, veremos que el performance de la SCJ deja mucho que desear. En Colombia y Costa Rica, por solo citar dos ejemplos de modelos de jurisidicción concentrada en una instancia jurisdiccional, las acciones en inconstitucionalidad y los amparos constitucionales ascienden a decenas de miles por año, los cuales son fallados puntualmente por los jueces constitucionales.
Se nos dirá que esto es una evidencia de la necesidad de crear un tribunal
o una sala constitucional para hacer frente a la demanda ciudadana
de justicia constitucional. Y puede ser así, no lo negamos. Sin embargo, nuestro sistema, en teoría, debería ser mejor que el colombiano o el costarricense porque se evita la colisión entre el tribunal o sala constitucional y el tribunal supremo, al tener competencia el pleno de jueces supremos para conocer de las acciones en inconstitucionalidad. Pero la Suprema Corte ocupa la mayor parte de su tiempo fallando casaciones de violación a la ley de tránsito o casaciones civiles. Y lo que es peor: en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, nuestro tribunal supremo es sumamente tímido sino reaccionario en la
protección de las garantías constitucionales. Prueba de ello es la escasa
y contra garantista jurisprudencia casacional en materia de amparo.
Y, por si esto fuera poco, mucha de la jurisprudencia que emana de
la Cámara Penal es contradictoria con la letra y el espíritu del Código
Procesal Penal y el bloque de constitucionalidad reconocido por los jueces supremos en su Resolución 1920-2003.
Pero, si fijamos nuestra atención en las actuaciones de la SCJ como tribunal constitucional, el panorama no es menos desolador.
60 Lejos están los tiempos en que la SCJ amplió el ámbito del control de constitucionalidad y la legitimidad procesal para accionar en
inconstitucionalidad. Las decisiones supremas son en su gran mayoría confirmatorias de los actos impugnados por inconstitucionales. Y el procedimiento constitucional ha dado vaivenes que no contribuyen a la certidumbre jurídica: por ejemplo, del criterio liberal de que no se requiere el dictamen del Ministerio Público en las acciones en inconstitucionalidad se ha pasado, al parecer, al criterio restrictivo de que éste es indispensable. La ausencia de un procedimiento constitucional establecido por el legislador no justifica ni la tardanza en rendir los fallos constitucionales ni estos vaivenes que pueden ser subsanados mediante una reglamentación dictada por la propia Suprema Corte.
Por la tardanza en fallar las acciones en inconstitucionalidad y por el contenido de gran parte de sus fallos que legitiman las arbitrariedades estatales, el tribunal supremo se ha negado a controlar el poder, que es el código operativo de la justicia constitucional. De modo que más que a la judicialización de la política, que es un signo de la salud de una democracia constitucional, hemos arribado a una politización de la justicia, por la renuncia a ejercer con todas sus implicaciones el control de constitucionalidad.
Es por ello que nuestro más alto tribunal de justicia, contrario a otras jurisdicciones constitucionales latinoamericanas, no se ha legitimado frente a la población con posiciones progresistas y activistas respecto al control del poder punitivo del Estado, las libertades individuales, los derechos sociales y los derechos de las minorías, que llenen los vacíos dejados por la debilidad de los movimientos sociales y las fallas estructurales de la representación política. Por eso muchos, con razón o sin ella, comienzan a verla como simple tribunal político y no como verdadero tribunal ciudadano. De ahí a pensar que la defensa de la Constitución es un asunto demasiado serio para dejarlo solo en manos de los jueces constitucionales hay un solo paso que se da necesariamente con un Derecho en acción, vivo, emancipatorio y contrahegemónico.
10.Llevando el Estado a su propia legalidad: la lucha por el Derecho y el Derecho de la lucha (“Derecho en acción”)
10.1. La crisis de la legalidad.
El populismo penal sienta sus raíces en medio de una crisis del principio de legalidad. Hay, sin embargo, un clamor generalizado en la República Dominicana por el respeto de las leyes. Desde las juntas de vecinos que combaten las arbitrariedades de los ayuntamientos o exigen el respeto de las normas medioambientales hasta los partidos que reclaman unas finanzas públicas ordenadas y el respeto de las normas electorales, en todas partes, el clamor es único: hay que retornar al Estado a su propia legalidad.
Dirán muchos que nunca el Estado dominicano ha respetado la legalidad. Y es cierto: pero en el sentido de que, como bien expresa Luigi Ferrajoli, en los Estados de Derecho realmente existentes siempre existe una brecha entre el deber ser de la legalidad y el ser de la realidad político-social. Pero precisamente el Estado Constitucional es el modo en que se critica desde dentro del sistema esta brecha y se lucha jurídicamente para estrecharla y para acercar la facticidad a la normatividad. Esa brecha puede ser más grande de un un gobierno a otro. En todo caso, nadie puede negar la característica fundamental del Estado de Derecho, como bien afirmaba hace mucho tiempo Carl Schmitt:
62 “En un sistema moderno, es decir, industrializado, bien organizado, con división del trabajo y altamente especializado, la legalidad significa un determinado método para el trabajo y el funcionamiento de los
organismos públicos. La manera de tramitar los negocios, la rutina y los hábitos de los funcionarios, el funcionamiento hasta cierto punto calculable, la preocupación por la conservación de esta especie de existencia y la necesidad de ‘cubrirse’ frente a una instancia que exija responsabilidades, todo esto forma parte del complejo de una legalidad concebida de una manera burocrático-formalista. Cuando un sociólogo como Max Weber dice que la ‘burocracia es nuestro destino’, nosotros debemos añadir que la legalidad es el modo de funcionar de esta burocracia”.
Si la burocracia es nuestro destino y si el único modo de funcionar
de esta burocracia en una democracia constitucional es la legalidad,
a menos que se quiera derivar en un Estado totalitario donde las
decisiones se legitiman en función de la voluntad del líder/jefe o del partido único, ¿cómo lograr someter a la Constitución, a las leyes y
al Derecho al Estado? En primer lugar, solo la existencia de un Poder
Judicial independiente, capaz de enfrentar al poder para su control,
sin temor a las presiones de políticos, partidos o grupos de presión, es garantía efectiva de la legalidad. De ahí que todo Estado de Derecho
es Estado Judicial de Derecho en donde la política, para no convertirse en guerra fraticida, se judicializa.
Pero esto no basta. El poder más fuerte en todo Estado es por definición
la rama ejecutiva. Ella fue la que en principio monopolizó todos los
demás poderes del Estado y es ella la que todavía retiene la facultad de ejecutar por la fuerza las decisiones estatales. Si este poder, en particular su rama administrativa y policial, no es sometido a la
legalidad y al control judicial, no hay en realidad Estado de Derecho
ni sometimiento del Estado a la legalidad. Es precisamente la ausencia de control sobre la actividad policial del Estado lo que hace débil nuestro Estado de Derecho. Si a esto sumamos la irresponsabilidad de un Estado inembargable y que desacata consuetudinariamente las
sentencias que le son adversas, está claro cuáles son las verdaderas causas de nuestro hiper presidencialismo: nadie es responsable por los atropellos del Estado policial contra los ciudadanos.
10.2. La lucha por el Derecho.
¿Cómo activar la revolución de la legalidad? Una de las realidades insoslayables para todos aquellos que vivimos en República Dominicana es la gran distancia que existe entre lo que dictan las normas jurídicas y el comportamiento de los agentes estatales y los ciudadanos. Esto origina que la gran mayoría de la gente sienta que vive, como dijo el constitucionalista Carlos Santiago Nino con relación a Argentina, en “un país al margen de la ley”, o, para utilizar un término más filosófico, en “una sociedad anómica”, (Antonio María Hernández).
¿Qué hacer para que dejemos de ser un país sin normas vividas y cumplidas por todos? Descartadas están las vías de siempre: la “idealista-normativista” de esconderse tras la mampara de las normas (afirmando que lo que importa es el deber ser y no el ser) y la “realista escéptica” de afirmar la preeminencia de la realidad (sin importar lo que ocurra en la práctica con la normatividad).
Hay, sin embargo, una manera de construir puentes entre el deber ser que no se cumple en la práctica y la realidad que se niega a ser sometida a Derecho. O, en otras palabras, hay modos que permiten a una sociedad convertir la normatividad del Derecho en la normalidad de la facticidad (Heller). ¿Cómo se logra que las normas se cumplan de un modo más efectivo en la práctica y que el Derecho no sea un simple supuesto ideal desprovisto de valor real para los ciudadanos? 64 La respuesta nos la dio Hostos hace un siglo cuando afirmó que los derechos fundamentales:
“Son medio de progresión social, porque el desenvolvimiento de dignidad que promueven en el individuo, trasciende por necesidad al todo que la suma de individuos constituye; y una sociedad compuesta de individuos que ejercitan concienzudamente su derecho se elevará progresivamente a la más alta concepción de su destino y dirigirá todas sus fuerzas, materiales, morales e intelectuales, a la búsqueda de medios cada vez más racionales y más humanos para acercarse al elevado fin que ha concebido”.
Lo que Hostos con preclara visión afirmó es lo que el jurista alemán Peter Häberle, en su tesis doctoral, señalaría 70 años después que nuestro constitucionalista, al expresar que “los derechos fundamentales como instituto dependen de lo obrado por una pluralidad indeterminada de individuos”. Los derechos son efectivos, tienen vigencia social, cuando fruto del obrar personal y colectivo devienen en realidad social. Los derechos se convierten en regla por medio de su constante ejecución:
la libertad vive a través de su reivindicación.
Pero… ¿cómo pueden los individuos ejercer “concienzudamente su derecho” como quería nuestro Hostos? Este aseguramiento de los derechos solo puede ser el fruto de un obrar colectivo en el que se unen iniciativas “desde arriba” –de los sectores con seguridad, dinero y poder- y “desde abajo” –desde los sectores más empobrecidos, débiles y vulnerables-. “Aunque estas dos clases de iniciativas se han apoyado entre sí –como bien explica el filósofo norteamericano Richard Rorty- la gente que está abajo siempre corre los riesgos, recibe los palos, sufre los mayores sacrificios y hasta a veces es asesinada. Pero su heroísmo no daría sus frutos si las personas que viven más tranquilas, gente con buenos estudios y relativamente libre de riesgos no se hubieran comprometido en la lucha. Quienes sufren palizas de muerte a manos de matones o linchamiento de masas, habrían muerto en vano si la gente que vive más segura y tranquila no hubiera echado una mano”.
Hacer efectivo el Derecho requiere la lucha por el Derecho, asumir el Derecho como lucha y diseñar un Derecho de lucha por el Derecho
y los derechos. Tomar los tribunales por asalto, entablar acciones
colectivas y amparos populares, llevar las escuelas de Derecho a la calle, acercar los juristas a los pobres y a las comunidades de base, entrenar para el reclamo, son parte del arsenal de quienes quieren acabar con la ilegalidad estructural. Lo que se busca es, a fin de cuentas, hacer realidad la incumplida “garantía social” del Artículo 23 de la Constitución francesa de 1793: la “acción de todos para asegurar a cada uno el goce y la conservación de sus derechos”. Sólo el Derecho de la lucha y la lucha por el Derecho permitirán combatir el populismo penal que nos acogota.
10.3. El Derecho en acción.
No son pocas las ocasiones que la gente se pregunta: “¿por qué se insiste en modificar legislaciones y aprobar nuevas leyes si las normas que tenemos no se cumplen en la práctica?”. Esta cuestión ha atormentado por años a los juristas y esahora que la teoría del Derecho comienza
a atisbar una respuesta: la brecha entre, para utilizar los términos de Jurgen Habermas, la normatividad (el deber ser) y la facticidad (el ser) únicamente puede ser estrechada allí en donde la comunidad de ciudadanos y profesionales del Derecho cotidianamente “lucha por
el Derecho” (Ihering), de modo que la normatividad paulatinamente
se transforme en normalidad (Heller). O para decirlo en los términos de la escuela del realismo jurídico norteamericano: solo allí donde el “law in the books” (el Derecho de los libros) se transforma en “law in action” (Derecho en acción) puede hablarse de aplicación efectiva del Derecho.
Este Derecho en acción no es ajeno a nuestra tradición jurídica. Ya hace más de un siglo nuestro gran Eugenio María de Hostos, antes de
que en Europa se hablase de la teoría institucional de los derechos fundamentales, señalaba que éstos “son medio de progresión social, porque el desenvolvimiento de la dignidad que promueven en el individuo, trasciende por necesidad al todo que la suma de individuos constituye; y una sociedad compuesta de individuos que ejercitan concienzudamente su derecho se elevará progresivamente a la más alta concepción de su destino y dirigirá todas sus fuerzas, materiales, morales e intelectuales, a la búsqueda de medios cada vez más racionales y más humanos para acercarse al elevado fin que ha concebido”.
Lo que Hostos entendía era que es el operar difuso en el medio social lo que instituye el conjunto de derechos y garantías fundamentales, dando vida así a comportamientos sociales similares y uniformes. De ahí que el Derecho y los derechos reciben su impronta subjetiva a consecuencia del obrar de una pluralidad de sujetos, o sea por el ejercicio individual y social de los derechos fundamentales. En consecuencia, los derechos y las leyes que los organizan son efectivos, tienen vigencia social, cuando no son únicamente algo dado, preexistente, organizado e institucional, sino cuando,fruto del obrar personal, devienen en realidad vital.
Curiosamente, como nos recuerda el constitucionalista español Francisco Rubio Llorente, “no son, por lo general, individuos virtuosos y socialmente útiles, sino elementos marginales y socialmente reprobados los que, a veces con escándalo de aquellos, pero para beneficio de todos”, contribuyen a afirmar los derechos fundamentales en la vida colectiva, como bien revelan los precedentes jurisprudenciales sobre el derecho a un debido proceso aquí y en el extranjero que casi siempre han sido establecidos en relación a pobres, feos, desagradables, malos, marginales y excluidos. Es a través del obrar personal de los individuos que el Derecho y los derechos se asientan como institutos y que se logra la “garantía social” enunciada por el Artículo 23 de la Constitución
francesa de 1793 y definida como la “acción de todos para asegurar a cada uno el goce y la conservación de sus derechos”.
Asumir el Derecho como Derecho en acción significa, aparte de que el que no grita no mama (o en términos jurídicos que no se tiene el derecho que no se reclama),que la lucha por el Derecho requiere, para ser fructífera, un Derecho de la lucha. De ahí la importancia de garantizar la aplicación efectiva de los derechos, de conceder legitimación colectiva y popular a los accionantes como ya lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia y de suministrar defensa pública gratuita y técnica a los litigantes más pobres. El Derecho en acción conlleva, además, el fortalecimiento de la capacidad real de accionar legal de las organizaciones ciudadanas, tomar los tribunales por asalto para convertirlos en locus de las políticas públicas, orientar las clínicas jurídicas de las universidades hacia la práctica de asistencia legal a los sectores empobrecidos y concentrar la enseñanza del Derecho en el estudio de los precedentes jurisprudenciales y no solo del Derecho de los libros. Solo de ese modo el ser estará más cerca del deber ser y el Derecho se convertirá en norma viva de la nación y sus ciudadanos.
10.4. El Derecho en acción es un Derecho de la lucha por el
Ya hemos visto que uno de los grandes males dominicanos es la gran brecha que existe entre el deber ser de las normas legales y el ser de las prácticas sociales: el hecho de que vivimos en un país al margen de la ley. Ante esta situación, hemos afirmado que los juristas no podemos permanecer indiferentes, a menos que queramos desechar las normas
como instrumentos obsoletos y a la dogmática jurídica como pensamiento
68 inútil. Por eso, insistimos: la erosión de las garantías constitucionales por el populismo penal requiere la lucha por el Derecho, asumir el
Derecho como lucha y diseñar un Derecho de lucha por el Derecho y los derechos.
Y es que la ciencia jurídica no puede permanecer indiferente ante la
inefectividad social de las normas. La Constitución es clara en cuanto
a que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de
los derechos de las personas (Artículo 8) y ella no se conforma con proclamar los derechos pues condena toda situación que tienda a quebrantar la igualdad que debe reinar entre todos los dominicanos (Artículo 100). En otras palabras, a la Constitución no le basta con la validez formal de las normas y con la igualdad formal de las personas sino que ella requiere la aplicación efectiva de éstas.
Por eso hemos afirmado, que la Constitución dominicana es una Constitución dirigente, que contiene un programa de acciones que deben ser desplegadas por el Estado a los fines de que los derechos se tutelen efectivamente y que reine la libertad individual y la justicia social que requieren las personas para perfeccionarse progresivamente. Es por ello que hablamos de un Derecho Constitucional de la efectividad, un Derecho Constitucional de la pobreza, un Derecho Constitucional de las garantías sociales. El Derecho Penal también tiene que partir de un delincuente y de un justiciable socialmente situado.
Pero… ¿en qué consiste el Derecho de lucha? El Derecho de lucha consiste en no cruzarse de brazos frente a la inexistencia de garantías de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución, asumiendo que allí donde hay un derecho debe haber una acción legal que lo garantice. ¿No está consagrado expresamente en la Constitución el derecho que se reclama ante el tribunal? El Derecho de lucha asume que es un derecho implícito en virtud de los Artículos 3 y 10 de la Constitución. ¿No hay un procedimiento legal establecido para hacer efectivo ese derecho? El Derecho de lucha asume que ese derecho es tutelable a través del amparo que es el recurso sencillo y rápido que
quiere y manda el Artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para la tutela judicial de los derechos. ¿No es
lo suficientemente efectivo el mecanismo de protección del derecho
contemplado por la ley? El Derecho de lucha, a partir del mandato de
efectividad del Artículo 8 de la Constitución y del Artículo 25.1 de la CADH asume que ese mecanismo es inconstitucional por inefectivo. ¿No ha sido reconocida esa inefectividad por ningún tribunal dominicano? El Derecho de lucha se orienta por el método de interpretación comparativo y asume los precedentes de las grandes cortes de justicia
y los más prestigiosos tribunales constitucionales como pauta que orienta la interpretación.
11. Por una ciencia crítica del Derecho.
El Derecho de la lucha implica asumir el Derecho como ciencia crítica.
Y es que la dogmática jurídica, para cumplir con eficacia su cometido,
tiene que tener un fuerte componente crítico. En el caso de la dogmática constitucional, y del Derecho Penal que es su apéndice, este componente es acentuado porque, para utilizar las palabras del constitucionalista colombiano Carlos Bernal Pulido, el Derecho Constitucional es, sobre todo, un “Derecho de los Derechos”, una ciencia crítica que, contrario
a la política o a la sociología, efectúa su crítica desde el interior del sistema jurídico.
La crítica no debe ser algo circunstancial y episódico para los juristas,
sino que es consustancial al rol que desempeña el Derecho y la
dogmática jurídica. Como bien afirma Rafael Ciprián, “la verdadera democracia, no la caricatura que tan acostumbrados nos tienen, se fortalece con el libre ejercicio de la crítica. Nadie contribuye más al fortalecimiento de las instituciones, ya sean del orden público o del privado, que los cuestionadores de sus deficiencias”. Más aún, afirma que “nadie puede privar a los ciudadanos del derecho de vigilar y cuestionar la conducta y los pronunciamientos de sus gobernantes”. “La función de la crítica es generar cambios”. Por eso, entiende que “los jueces no pueden vivir bajo el terror de que analicen y critiquen sus sentencias” y “menos perseguir al que lo hace”. Y es que “el juez que le teme a la crítica es porque no está seguro de lo que hace y porque oculta cosas indebidas”. “Las autoridades públicas –dice- se fortalecen cuando son capaces de recibir con madurez y sin bajezas de espíritu las opiniones que se emitan sobre las instituciones que representan”.
La crítica, principalmente del Derecho, es un derecho fundamental, como bien se deriva del Artículo 8.6 de la Constitución que afirma que los límites a la libertad de expresión nunca podrán entenderse como que puedan “coartar el derecho a análisis o crítica de los preceptos legales”. No por azar, añadiríamos, la sana crítica es el patrón para evaluar las pruebas en el proceso penal y no el acatamiento ciego de una arbitraria íntima convicción del juez. “La verdad procesal es (…) lo que se prueba en el juicio”, para utilizar las palabras de Rafael Ciprián.
Solo la crítica jurídica ejercida deliberadamente permitirá fortalecer las defensas del ordenamiento jurídico contra las fuerzas autoritarias del populismo penal que amenazan con enterrar las libertades públicas que con tanto esfuerzo y sangre arrancamos al poder de los dictadores y de los caudillos los dominicanos y dominicanas que queremos vivir no solo en democracia sino también en libertad. Si aceptamos acríticamente los postulados del populismo penal, acabará erosionándose el precario
Estado de Derecho que, con tanto esfuerzo, construimos los dominicanos cada día.
12. A modo de conclusión: el fin del Derecho Penal.
Los ciudadanos tenemos una confianza excesiva en la pena y en las funciones que desempeña en nuestras sociedades. Desde quienes defendemos el medio ambiente hasta los que combatimos la violencia intrafamiliar, sin olvidar los que luchamos contra el terrorismo, la xenofobia y los delitos económicos, todos pensamos que el Derecho Penal es la solución a los males que nos aquejan. Pero hay que estar claros en una cosa: el Derecho Penal sirve muy poco para mejorar al mundo y, como afirma Daniel R. Pastor, “de cómo hacer de un país o del mundo un sitio de igualdad, cultura y bienestar los penalistas saben poco y nada”.
Esa confianza ilimitada en la capacidad del poder punitivo de resolver todas las situaciones, ese panpenalismo que parte de la creencia de que la pena, en sí misma, es algo bueno, nos hace olvidar el único fin que puede tener el Derecho Penal desde Beccaría hasta nuestros tiempos. Como bien expresa Ferrajoli:
“El fin general del derecho penal […] puede identificarse en una palabra con el impedir que los individuos se tomen la justicia por su mano o, más en general, con la minimización de la violencia en la sociedad. Razón de la fuerza es el delito. Razón de la fuerza es la venganza. En ambos
72 casos se da un conflicto violento resuelto mediante la fuerza: mediante la fuerza del reo en el primer caso, mediante la de la parte ofendida en el segundo. Y la fuerza es en ambos casos arbitraria e incontrolada:
no sólo, como es obvio, en la ofensa, sino también en la venganza, que es por su propia naturaleza incierta, desproporcionada, desenfrenada, dirigida a veces contra el inocente. La ley penal se dirige a minimizar esta doble violencia, previniendo mediante su parte prohibitiva la razón de la fuerza manifestada en los delitos y mediante su parte punitiva la razón de la fuerza manifestada en las venganzas u otras posibles reacciones informales.
“Está claro que, entendido de este modo, el fin del derecho penal no es reducible a la mera defensa social de los intereses constituidos contra la amenaza representada por los delitos. Es, más bien, la protección del débil contra el más fuerte: del débil ofendido o amenazado por el delito, así como del débil ofendido o amenazado por la venganza; contra el más fuerte, que en el delito es el delincuente y en la venganza es la parte ofendida o los sujetos públicos o privados solidarios con él. Más exactamente –al monopolizar la fuerza, delimitar sus presupuestos y modalidades y excluir su ejercicio arbitrario por parte de sujetos no autorizados-, la prohibición y la amenaza penales protegen a las posibles partes ofendidas contra los delitos, mientras que el juicio y la imposición de la pena protegen, por paradójico que pueda parecer, a los reos (y a los inocentes de quienes se sospecha como reos) contra las venganzas u otras reacciones más severas. Bajo ambos aspectos la ley penal se justifica en tanto que ley del más débil, orientada a la tutela de sus derechos contra la violencia arbitraria del más fuerte. Las dos finalidades preventivas –la prevención de los delitos y la de las penas arbitrarias- están conectadas sobre esta base: legitiman conjuntamente la ‘necesidad política’ del derecho penal como instrumento de tutela de los derechos fundamentales, definiendo éstos normativamente los ámbitos y límites en cuanto bienes que no está justificado lesionar ni con los delitos ni con los castigos”.
Un Derecho Penal concebido así solo le queda la posibilidad de ser un Derecho Penal mínimo, “ultima ratio” a la que se acude allí donde han
fracasado todos los demás instrumentos del ordenamiento jurídico (las políticas públicas, la responsabilidad civil, las sanciones administrativas, los órdenes disciplinarios de los colegios profesionales). Como la pena es la más dura de todas las intromisiones estatales en la esfera individual, ésta sólo debe intervenir allí donde instrumentos menos duros han sido insuficientes. Si no quiere ser más que el catálogo de nuestros fracasos sociales, Derecho Penal simbólico para calmar las inquietudes de quienes siempre exigen lo políticamente correcto, el Derecho Penal, necesariamente para seguir siendo Derecho, no es ni debe ser la continuación de la política social por otros medios.
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