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Timestamp: 2014-04-24 23:49:41+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0132/2013-L - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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Expediente:2011-23633-48-AAC
Departamento:Cochabamba
En revisión la Resolución 05/11 de 19 de abril de 2011, cursante de fs. 50 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ismael López Ortega contra Saúl Cruz Pardo, Alcalde del Gobierno Municipal de Tiquipaya.
Por memorial de acción de amparo constitucional presentado el 1 de abril de 2011, cursante de fs. 13 a 17 vta., manifiestó lo siguiente:
Fue designado como personal de planta en el cargo de Auxiliar de la Policía Municipal de Tiquipaya por la autoridad demandada, Alcalde Municipal, habiendo sido asegurado bajo el registro 82-1226-LOI y formulario AVC-4 de la “Caja Nacional de Salud” beneficio que le favorece tanto a su esposa e hija de un mes y medio de nacida. El 5 de febrero de 2011, “por memorándo J.RR.HH. H.A.M.T. 006/2011” se le agradeció por sus servicios sin considerar que gozaba de la inamovilidad laboral, por esta situación no pudieron ser atendidas su esposa e hija en la Caja Nacional de Salud (CNS), poniendo en riesgo su vida y salud, señalando que no existió causal que amerite su destitución.
Posteriormente, el 10 de febrero del mismo año, presentó memorial solicitando se deje sin efecto el memorando de despido, haciendo conocer que su esposa se encontraba en estado de gravidez por lo cual que gozaba de la protección de la Constitucion Política del Estado y el Decreto Supremo (DS) 012 de 19 de febrero de 2009, referente a la inamovilidad laboral en su fuente de trabajo, solicitud que no fue atendida manteniendo la decisión de destitución.
El accionante considera como lesionados los derechos a la vida, al trabajo, a la inamovilidad laboral y a la salud, a la seguridad social, citando los arts. 15, 35, 45, 46, 48.VI, de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela de acción de amparo constitucional y se disponga: a) Dejar sin efecto el memorándum de agradecimiento de servicios RR.HH. HAMT 006/2011 de 5 de febrero; b) La restitución inmediata a su fuente laboral; y, c) La cancelación de sueldos devengados.
Efectuada la audiencia pública el 19 de abril de 2011, según consta en acta cursante de fs. 48 a 49 se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ratificó el contenido íntegro de su demanda de acción de amparo constitucional.
I.2.3. Informe de la Autoridad demandada
Saúl Cruz Pardo, Alcalde del Gobierno Municipal -ahora Autónomo Municipal de Tiquipaya, presentó informe escrito cursante de fs. 23 a 25 vta., manifestando que: 1) Solicitó denegar la protección solicitada o declarar “improcedente dicho recurso” por la cesación de los supuestos hechos vulnerados, y por la falta de los requisitos de admisión de forma y contenido, la inobservacia a las reglas y sub reglas establecidas tanto para la improcedencia como en la Admision, por no haberse agotado los recursos ordinarios en este caso las impugnaciones a través de la Ley de Municipalidades, previsto en el art. 56.II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); 2) Conforme establece el art. 96 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) entre las causales de improcedencia del recurso de amparo se encuentran entre ellas la cesacion de los efectos del acto reclamado, para el caso de autos el supuesto acto ilegal u omisión indebida, antes de la presente acción ya habían cesado de acuerdo a la resolución de 17 de marzo de 2011, que emitió la autoridad demandada por la cual restituye a su cargo al accionante notificadole el 18 de marzo del mismo año; 3) La presente acción es improcedente, lo que ameritaba desde un inicio el rechazo “in limine”, indicando la autoridad demandada que no tenia conocimiento sobre su descendencia; 4) Incumplimiento de los requisitos de admisión y la improcedencia del recurso.
Por resolución 05/11 de 19 de abril de 2011, cursante de fs. 50 a 53 vta., el Juez de Partido Penal Liquidador y de Sentencia de Quillacollo del Distrito Judicial -ahora departamento- de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, concede la tutela solicitada disponiendo: dejar sin efecto el memorando de destitución “000499 J.RR.HH.H.A.M.T 006/2011 de 5 de febrero, por mandato constitucional y la Ley 975 de 2 de marzo de 1988, ordenando la inmediata restitución al cargo de auxiliar de la Policía Municipal de la Alcaldia Municipal de Tiquipaya, y cancelación de sus salarios devengados, al igual que los subsidios y derecho a la lactancia de la menor nacida, hasta el año de vida, bajo los siguientes fundamentos: I) Era funcionario público auxiliar de la Policía Municipal dependiente de la Alcaldía Municipal conforme establece el memorando 000439 JRRHH HAMT 0043/2010 de 1 de junio, al haber sido despedido el 5 de febrero de 2011, por memorando 0000499 J.RR.HH.M.T. 06/2011; II) Sin tomar en cuenta a la esposa e hija menor de un año del accionante conforme los certificados de nacimiento y matrimonio ni existió pronunciamiento a la solicitud de restitución a su fuente de trabajo misma que no fue atendida; III) La autoridad demandada el 17 de marzo, restituyó al ahora accionante en el cargo de auxiliar de la Policía Municipal de Tiquipaya, en base al informe emitido por asesoría legal, del informe presentado por la autoridad demandada se establece que fue restituido a sus funciones; y, IV) Por el certificado de nacimiento se evidencia que el accionante tiene una hija menor que tiene derecho al subsidio familiar y otros beneficios que la ley otorga, por ello el accionante denuncia estos hechos en los que se aprecia actos ilegales que han vulnerado sus derechos fundamentales.
Por mandato de las normas previstas por el art. 20.I y II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011; la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conformó la Sala Liquidadora Transitoria, posesionando a los Magistrados de la misma, el 15 de febrero de 2012, a objeto de la liquidación de las acciones tutelares ingresadas a los Tribunales de garantías, hasta el 31 de diciembre de 2011, modificada por disposición transitoria segunda del Código Procesal Constitucional vigente desde el 6 de agosto de 2012. Con la referida competencia, se procedió al sorteo de la presente causa, dictándose Resolución dentro de plazo.
Del análisis del expediente y la prueba aportada, se concluye lo siguiente:
II.1.Fotocopia de certificado de nacimiento de Nardy Liz López Medrano, de 10 de febrero de 2011, estableciéndose la relación filial (fs. 4).
II.2.Fotocopia de certificado de matrimonio emitido el 24 de noviembre de 2009, de Ismael López Ortega y Lía Medrano Rodríguez (fs. 5), registro de la recién nacida (fs. 6) y certificado médico de la madre en gestación emitido por Mirtha Vera Rojas, ginecóloga obstetra C.R.M.V-840 (fs. 7).
II.3. Formulario de filiación a la CNS, y carnet de asegurado de Ismael López Ortega 821226-LOI, que fue expedido el 10 de febrero de 2009 (fs. 8 a 9).
II.4.Memorando J.RR.HH.H.A.M.T. 0043/2010 de 1 de junio, de designación en el cargo de Auxiliar de la Policía Municipal; y, memorando J.RR.HH.H.A.M.T 006/2011 de 5 de febrero, de agradecimiento por los servicios prestados (fs 10 a 11).
II.5. Memorial de 10 de febrero de 2011, dirigido al Alcalde Municipal de Tiquipaya, suscrito por el accionante en el cual solicita se deje sin efecto el memorando J.RR.HH.H.AMT.006/2011, a cuyo efecto acompañó prueba documental, señalando como domicilio la Secretaria de su despacho a los efectos de conoce las providencias (fs.30 vta.).
II.6. Informe legal de 14 de marzo de 2011, emitido por Julio Mercado, Asesor Legal remitido a Saúl Cruz Pardo, Alcalde Municipal, por la que se recomienda en previsión del art. 46.I.2, 48.VI de la Constitución Política del Estado, en estricta sujeción con el art. 2 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009, Reconsiderar la restitución del accionante a su fuente de trabajo (fs. 34 a 35 ).
II.7. Resolución de 17 de marzo de 2011, emitida por Saúl Cruz Pardo, Alcalde Municipal, por la cual se determinó dejar sin efecto el memorando J.RR HH.H.A.M.U.T. 006/2011, de agradecimiento de servicios ordenándose su restitución al puesto que fue designado como servidor público (fs. 32), determinación con la que fue notificado el 18 del citado mes y año, -en el domicilio señalado mediante memorial de 10 de febrero del mismo año-, diligencia que fue practicada por Carla Mendizabal, Secretaria General de la Municipalidad de Tiquipaya, en presencia del testigo de actuación (fs. 32 vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral, a la vida, a la salud y seguridad social por cuanto la autoridad demandada agradeció sus servicios mediante Memorando J.RR.HH.HAMT. 006/2011 de 5 de febrero, por Saúl Cruz Pardo, Alcalde Municipal del Gobierno Autónomo de Tiquipaya, sin considerar que tenía una niña recién nacida, no obstante ello el accionanate solicitó se deje sin efecto la destitución y se disponga su inmediata reincorporación a su fuente laboral, sin lograr revertir la decisión. En consecuencia corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional La acción de amparo constitucional es una acción tutelar de carácter extraordinario, cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, establecida en el art. 128 de la C.P.E, y procede: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.
La SC 0769/2011-R de 20 de mayo, al respecto estableció que: “… La acción de amparo constitucional consagrada por el art. 128 de la Constitución Política del estado (C.P.E.), se instituye por la ley fundamental como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley.
De conformidad a la disposición constitucional citada y en aplicación y vigencia de la Constitución Política del Estado, la acción de amparo constitucional es una acción de defensa de todos lo derechos fundamentales y garantías previstas en la Ley Fundamental y en los Pactos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por nuestro Estado Plurinacional (art. 410 de la CPE), salvo los derechos a la libertad y a la vida -cuando éste se encuentre vinculado a la libertad- que esta bajo la protección de una acción específica como es la acción de libertad.
En este sentido, la acción de amparo constitucional tiene carácter extraordinario, una tramitación especial y sumaria; la inmediatez en la protección y no reconoce ningún fuero, privilegio ni inmunidad con relación a las autoridades o personas demandadas.
Consiguientemente, esta acción de defensa tienen por única el resguardo de los derechos fundamentales de quien acude buscando tutela, lo que determina su alcance en relación a la protección de derechos y garantías constitucionales y no asi de principios; empero, por la misma naturaleza jurídica del amparo constitucional como acción extraordinario de defensa no puede omitirse considerar e resguardo y materialización de los principios ordenadores de la administración de justicia en cada caso concreto, por ende, es viable la protección de principios constitucionales. Vía amparo constitucional- cuando de ella emerjan lesiones a derechos fundamentales o garantías constitucionales. (En ese mismo sentido las SSCC 0107/2010-R, 0485/2010-R y 0584/2010-R, entre otras)”.
III.2.Improcedencia de la acción de amparo constitucional por cese del acto reclamado Al respecto la SCP 1057/2012 de 5 de septiembre estableció: “Teniendo presente que el alcance y finalidad de la acción de amparo constitucional es tutelar o proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la persona agraviada por el acto ilegal u omisión indebida; es decir, restablecer el derecho(s) conculcado. En ese marco, la Ley del Tribunal Constitucional, estableció tres casos en los cuales deberá declararse la 'improcedencia' de la acción, al indicar: '…cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado' (art. 96.2), al respecto la SC 0847/2010-R de 10 de agosto, recogiendo el razonamiento efectuado por la jurisprudencia constitucional, precisó: '… vale decir que, cuando se denuncia un acto ilegal u omisión indebida y éstos cesan con anterioridad a la celebración de la audiencia del recurso, sin mayor análisis se deberá denegar la tutela por la cesación de la causa que lo motivó, pues implica la desaparición del objeto del recurso'.
De lo manifestado, se concluye que la protección que brinda la presente acción tutelar no se activa cuando los efectos de la resolución o acto impugnado hubieren cesado, por lo tanto, cuando el acto hubiere quedado revocado o anulado el amparo es improcedente; porque se supone que el acto lesivo de los derechos y garantías de las personas ha desaparecido”. (Las negrillas nos pertenecen).
Al respecto el art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece: (Improcedencia). La Acción de Amparo Constitucional no procedra:
1.Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas.
2.Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.
3.Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno.
4.Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreo de la contitucion Política del Estado o la Ley, tutelado por la Accion de Cumplimiento.
5.Cuando los derechos y garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Proteccion de Privacidad o Popular.
Conforme determina el Código Procesal Constitucional, el Juez o tribunal de garantías tiene la obligación de establecer si procede la acción tutelar o por el contrario si se presenta alguna causal que imposibilita el desarrollo de la acción prevista en la norma citada determinará declarando la improcedencia.
III.3.Análisis del caso concreto El accionante manifesta que ejerció el cargo de Auxiliar de la Policía Municipal de Tiquipaya, y el 5 de febrero de 2011, se le agradeció por sus servicios sin considerar que su esposa se encontraba en estado de gravidez, por lo que gozaba del derecho a la inamovilidad laboral, por ello mediante memoriales de 10 y 25 de febrero del mismo año, formuló reclamos en los cuales solicitó se deje sin efecto el memorando de agradecimiento de servicios por gozar de inamovilidad laboral prevista en el art. 48.VI de la CPE, que no sólo protege la inamovilidad laboral, sino el trabajo en si mismo como el medio por el cual proveerá de subsistencia para él y su familia incluido el menor que constituye el interés superior protegido por el Estado.
Por memorial de 10 de febrero de 2011, el ahora accionante solicitó a la autoridad demandada deje sin efecto el memorando de despido a cuyo fin adjuntó el certificado de nacimiento de su hija, asimismo señaló como domicilio la Secretaría del despacho de dicha autoridad (fs. 30).
Por su parte Julio Mercado, Asesor Legal de la Alcaldía Municipal, emitió informe de 14 de marzo de 2011, en el cual recomendó al Ejecutivo Municipal en aplicación de los arts. 46.I.2, 48.VI, de la CPE, y en estricta sujeción del art. 2 del DS 012 de 19 de febrero de 2009, reconsiderar la restitución del accionante a su fuente laboral, en virtud al informe legal, bajo ese entendimiento la autoridad demandada mediante Auto de 17 de marzo de 2011, determinó dejar sin efecto el memorando de agradecimiento de servicios ordenándose la restitución a su fuente laboral, con dicha determinación se practicarón las diligencias de notificación en secretaria de la Alcaldía Municipal, tal como se advierte de la diligencia practicada por Carla Mendizabal, Secretaria General de la Municipalidad de Tiquipaya, en presencia del testigo de actuación conforme cursa a fs. 32 vta.; en consecuencia, la notificación fue practicada en el domicilio señalado en el memorial; por lo tanto, el accionante tuvo pleno conocimiento de la determinación de la restitución a su fuente laboral.
De la relacion de los actuados procesales se evidencia que la autoridad demandada dejó sin efecto el memorando de agradecimiento de servicios antes de la presentación de la demanda de acción de amparo constitucional, cuya data es de 1 de abril de 2011, estableciéndose que los actos y efectos reclamados cesaron consiguientemente el acto aducido de ilegal y vulneratorio en este caso, quedó sin efecto antes de la celebración de la audiencia de amparo contitucional el 19 abril del mismo año; en esa dinámica procesal corresponde denegar la tutela solicitada por la cesación de los actos vulneratorios lo que implica la desaparición del objeto de protección de la acción tutelar, por lo que se establece el cese del acto reclamando, conforme al Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En consecuencia el Juez de garantías, al haber concedido la acción amparo constitucional no ha compulsado correctamente los datos del proceso
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Liquidadora Transitoria, en virtud de lo dispuesto en el art. 20.II de la Ley 212 de 23 de diciembre de 2011, en revisión resuelve:
REVOCAR la Resolución 05/11 de 19 de abril del 2011 cursante de fs. 50 a 53 vta., pronunciada por el Juez de Partido Penal Liquidador y Sentencia de Quillacollo, del Distrito Judicial -ahora departamento- de Cochabamba y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos expuestos por la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
No interviene la Magistrada Dra. Blanca Isabel Alarcón Yampasi, por ser de voto disidente.

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