Source: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/leyes/RD180103.htm
Timestamp: 2018-10-16 06:24:10+00:00

Document:
MINISTERIO PRESIDENCIA, Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre
BOE 10 enero 2004, núm. 9
Seguridad general de los productos.
El punto de partida de toda la regulación es el deber general de no perjudicar ni poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, lo que se convierte en el deber de poner en el mercado únicamente productos seguros. Numerosos reglamentos, completados con otras especificaciones técnicas de carácter no obligatorio, códigos de buenas prácticas y otros elementos a los que se refiere esta disposición tienen el sentido último de establecer cuándo un producto es seguro y cuándo es peligroso. A este respecto, la incorporación de la directiva sólo requiere señalar unos criterios de evaluación, sin necesidad, desde luego, de habilitar la aprobación de esas otras normas que ya existen en nuestro derecho y que cuentan con una base legal suficiente. En cualquier caso, sí es importante observar que, incluso la conformidad con todas esas normas, no excluye por completo la posibilidad de comprobar que un producto es peligroso y la necesidad de actuar en consecuencia.
Todos los deberes que este Reglamento regula han de ser cumplidos espontáneamente por los sujetos sobre los que recaen. Todavía en esa situación, la Administración pública puede limitarse a advertir de la inobservancia del deber y a requerir su cumplimiento, sin que ello, que naturalmente no crea ningún nuevo deber, necesite de formalidades especiales. Pero, en determinadas circunstancias, lo anterior puede no ser suficiente. Para tal hipótesis, la directiva impone que en todos los Estados miembros haya autoridades competentes para ejercer potestades que garanticen la salud y seguridad de las personas adoptando las medidas adecuadas, entre las que enumera las más destacadas y típicas, como son las prohibiciones de comercializar y la retirada y recuperación administrativa de los productos inseguros. Nuestro ordenamiento atribuye ya en leyes estas potestades a la Administración pública. Sin embargo, se ha considerado necesario introducir una regulación reglamentaria básica que desarrolle aquellas normas legales y cuyo contenido se ajuste rigurosamente a lo pretendido por la directiva. Se incluye así una mención específica al principio de cautela, en el marco de la Comunicación de la Comisión de 2 de febrero de 2000, sobre el recurso al principio de precaución, que permite actuar, aunque no haya una certidumbre científica total sobre la peligrosidad del producto.
Finalmente, la disposición procede a la regulación de los sistemas de comunicación entre los órganos administrativos españoles competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado y entre éstos y las instancias comunitarias, que, a su vez, sirven de cauce para las autoridades competentes en todos los Estados miembros.
Dentro de estos sistemas de comunicación debe destacarse la red de alerta, instituida con la finalidad de transmitir cualquier información relativa a la existencia de un riesgo grave generado por un producto sometido al ámbito de aplicación de esta disposición y que constituye una de las piezas claves para garantizar una eficaz protección de la salud y seguridad de los consumidores en un entorno de comercio internacional tan intenso como el existente en la actualidad.
1º Las características del producto, entre ellas su composición y envase.
2º El efecto sobre otros productos, cuando razonablemente se pueda prever la utilización del primero junto con los segundos.
3º La información que acompaña al producto. En particular, el etiquetado; los posibles avisos e instrucciones de uso y eliminación; las instrucciones de montaje y, si procede, instalación y mantenimiento, así como cualquier otra indicación o información relativa al producto.
4º La presentación y publicidad del producto.
5º Las categorías de consumidores que estén en condiciones de riesgo en la utilización del producto, en particular, los niños y las personas mayores.
1º El fabricante de un producto cuando esté establecido en la Comunidad Europea. Se considerará también fabricante toda persona que se presente como tal estampando en el producto su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo, o toda persona que proceda al reacondicionamiento del producto.
2º El representante del fabricante cuando no esté establecido en la Comunidad Europea o, a falta de representante establecido en la Comunidad, el importador del producto.
3º Los demás profesionales de la cadena de comercialización, en la medida en que sus actividades puedan afectar a las características de seguridad del producto.
1ª Acordar y proceder a su retirada del mercado y, como último recurso, su recuperación de los consumidores.
2ª Acordar y proceder a su destrucción en condiciones apropiadas.
4. Salvo que el requerimiento de la Comisión Europea prevea otra cosa, se prohibe la exportación desde España de los productos inseguros afectados por estas medidas.
2. Se crea la Comisión Técnica para la Seguridad de los Productos, adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, como órgano técnico de asesoramiento y estudio en este ámbito.
Esta comisión emitirá los informes que potestativamente le soliciten los órganos administrativos competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercadosobre la eventual existencia de riesgos en los productos y las medidas adecuadas para hacerles frente. En la emisión de sus dictámenes se tendrán en cuenta únicamente criterios técnico-científicos, actuando a tal efecto con independencia funcional, y podrá dar audiencia a los interesados y solicitar los datos, ensayos o análisis que considere necesarios.
4. Los miembros deberán ser personas con experiencia en materia de seguridad de los productos, de reconocido prestigio en este campo y no incursos en las causas de abstención y recusación establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1º Uno a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre el personal a su servicio.
2º Uno a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre el personal a su servicio.
3º Uno a propuesta del Ministerio de Economía, entre el personal destinado en la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.
4º Uno a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre el personal a su servicio.
5º Tres a propuesta de la Comisión de Cooperación de Consumo, entre candidatos presentados por las Comunidades Autónomas.
6º Dos a propuesta de la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación.
7º Dos a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios.
8º Dos a propuesta del Comité de contacto sobre seguridad de los productos.
5. El presidente, cuyo voto tendrá carácter dirimente, es el Director del Instituto Nacional del Consumo. El secretario será designado por el presidente entre funcionarios de dicho organismo y tendrá voz pero no voto.
7. Si la comunicación no reúne los requisitos exigidos en este Real Decreto o por cualquier caua se considerase insuficiente, el Instituto Nacional del Consumo solicitará, en el plazo más breve posible, al órgano que la remitió las aclaraciones, subsanaciones o informaciones adicionales necesarias. Tras recibir la comunicación y, en su caso, la información complementaria, este organismo la transmitirá inmediatamente al resto de órganos administrativos competentes, y si el riesgo no tiene unos efectos limitados al territorio español o puede resultar de interés su conocimiento en el ámbito de la Comunidad Europea, a la Comisión Europea a través del sistema RAPEX.
1. Se crea el Comité de contacto sobre seguridad de los productos como órgano específico de diálogo con los productores y distribuidores interesados sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de los productos.
2. Este comité estará compuesto por 12 miembros, un secretario y un presidente.
3. Los 12 miembros serán nombrados por la Ministra de Sanidad y Consumo por un período de tres años renovable, con arreglo a la siguiente distribución:
a) Dos a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre personal a su servicio.
b) 10, entre los propuestos por las asociaciones empresariales más representativas en el sector de la producción y distribución de productos que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto.
4. El presidente será el Director del Instituto Nacional del Consumo. El secretario será designado por el presidente entre funcionarios de dicho organismo y tendrá voz pero no voto.
5. El presidente podrá citar para cada sesión expertos sobre los temas que vayan a tratarse, que tendrán voz pero no voto.
6. La asistencia a este comité no generará ninguna retribución o indemnización a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
7. Las funciones del comité serán las siguientes:
a) Servir de instrumento de comunicación recíproca entre el Instituto Nacional del Consumo y los empresarios en materia de seguridad de los productos.
b) Actuar como foro de estímulo para la actuación voluntaria de productores y distribuidores ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores.
c) Informar en el procedimiento de elaboración de las disposiciones que se desarrollen en el ámbito de este Real Decreto.
d) Cooperar en la elaboración de los códigos de buenas prácticas a los que se refiere la disposición adicional segunda.
e) Nombrar los representantes del sector empresarial en la Comisión Técnica para la Seguridad de los Productos.
8. En todo lo no previsto en este Real Decreto, este Comité de contacto se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Este Real Decreto se dicta con carácter de norma básica al amparo del artículo 149.1.16ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad, y en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 24, 25.2 y 3, 26 y 31.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y artículos 3 y 5.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Se exceptúa de lo anterior el apartado 4 del artículo 15, que se dicta al amparo del artículo 149.1.16ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de sanidad exterior.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 15
 artículo 149