Source: https://kantolibre.wordpress.com/2015/07/24/noticias-23-07-15/
Timestamp: 2018-03-19 01:23:57+00:00

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NOTICIAS 23-07-15 | kanto libre
La Unión Europea como recluta de la OTAN http://www.voltairenet.org/article188252.html
Posted by Redacción on julio 23rd, 2015
Viernes 24 de julio.- Marchas/mítines sectoriales o regionales en contra del decreto sobre la desaparición del IEEPO y creación del nuevo Instituto, contra las reformas estructurales y para denunciar la militarización del Estado hacia el MDTEO y al término rondas de Asambleas Delegacionales de información a las bases sobre esta nueva jornada de lucha.
Sábado 25 de julio. -ANR en la ciudad de Oaxaca para consolidar las fuerzas de la CNTE en torno a la problemática del MDTEO y proponer ahí que se vuelva a agendar la próxima ANRA en la próxima Asamblea.
La región movilizada en el plantón estatal junto con Valles Centrales coberturará esta acción nacional con una marcha (estas 2 regiones acordarán el punto de salida, el puro de llegada será el Edificio Histórico o Zócalo de la ciudad de Oaxaca).
Domingo 26 de julio.- Acción Global por Ayotzinapa con acciones en Chilpancingo, Guerrero, y en el D.F. a 10 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas.
Lunes 27 de julio.- Megamarcha en repudio de la militarización en Oaxaca y en contra del decreto sobre la desaparición del IEEPO y creación del nuevo Instituto propuesta por el Estado mexicano y en el marco de la segunda Guelaguetza oficial. A partir de las 07:00 horas del horario de la resistencia, saliendo del crucero de Viguera hacia el zócalo de la ciudad de Oaxaca.
Martes 28 y miércoles 29 de julio.- Se reagenda para estos días el Taller para los brigadistas estatales y nacionales por parte de la Secretaría de Orientación Política e Ideológica junto con CEPOS XXII.
Jueves 30 de julio.- Asamblea Estatal de PAAE’s con un delegado por cada delegación y centro de trabajo.
Que cada Nivel Educativo programe sus Asambleas Estatales de Nivel a partir del día sábado 25 de julio con la apertura a los directores, supervisores, jefes de sector y demás estructura “oficial” para cerrar filas en torno a la reforma y dar a conocer la ruta de esta nueva jornada de lucha y sobre cómo afrontar el próximo ciclo escolar.
ACUERDOS Y TAREAS SIGNIFICATIVAS:
Desconocimiento y repudio al decreto hecho por Gabino Cué de desaparición del IEEPO; asimismo apoyo total a los PAAE’S que laboran ahí. Por lo que es importante…
Que se agente en lo inmediato la Mesa estatal con Gabino Cué para que se exija la derogación del decreto de la desaparición del IEEPO y creación del nuevo instituto.
Contrarrestar el cerco mediático informativo a través de brigadas en las diferentes estaciones de radios comunitarias de nuestro estado.
Cooperar $20.00 por compañero del MDTEO para el Fondo de Resistencia.
Se reagenda el calendario referente a todos los procesos referentes al TEEA.
Programar Asambleas con los padres de familia de acuerdo a cada sector.
(18:06 h) 2015/07/23 De Redacción ADN 0 Saraí Jiménez Oaxaca de Juárez, 23 de julio.
El comité ejecutivo de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), convocó a los maestros de Valles Centrales para que participen en la marcha masiva regional que organizan mañana viernes 24 de julio a partir de las 10:00 horas. La movilización partirá del Monumento a la Madre hacia el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. El objetivo de esta marcha es para exigir respuestas inmediatas al pliego petitorio de la Sección 22, en rechazo a la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y para exigir respeto a los derechos de los trabajadores. Se espera que al llegar al Zócalo los profesores realicen un mitin político frente al Palacio de Gobierno.
*Emplazan al gobernador para que explique públicamente los compromisos para aceptar la reestructuración y desaparición del IEEPO. *Anuncian que el próximo 25 de julio se realizará en Oaxaca la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, con la presencia de líderes de 23 estados.
Tras condenar la reestructuración y desaparición del IEEPO, así como la imposición de la Reforma Educativa, la Asamblea Estatal de la Sección 22 de la CNTE exigió el retiro inmediato de la Policía Federal que ocupa la Ciudad de Oaxaca.
En conferencia de prensa, el líder del magisterio oaxaqueño Rubén Núñez Gines advirtió que los maestros se defenderán de forma legal y política contra la mal llamada Reforma Educativa y la violación a los derechos laborales y humanos que puedan sufrir.
“No permitiremos ningún otro acto de represión ni intimidación de parte del Gobierno Federal y Estatal; así mismo condenamos la militarización de Oaxaca y otros estados del país donde tiene presencia la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación”, sentenció.
En este sentido, el secretario general de la Sección 22 exigió la comparecencia en público del gobernador Gabino Cué Monteagudo para que explique al pueblo de Oaxaca sobre los motivos y compromisos que tuvo con el Gobierno Federal para la modificación del IEEPO y la militarización de la entidad.
Agregó que el magisterio oaxaqueño emprenderá la defensa legal y política de los trabajadores administrativos, jefes de área, coordinadores, entre otros, quienes laboran en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y que fueron privados de su centro de trabajo.
De igual forma demandó el respeto a los acuerdos firmados con las autoridades y sobre todo a los logros ganados en los 35 años de lucha de los maestros a favor de los propios trabajadores y en defensa de la educación pública.
Núñez Gines emplazó al Gobierno del Estado y a los diputados que integran la LXII Legislatura del Congreso local para que legislen y aprueben la Ley de Educación para el Estado de Oaxaca, ya que recordó que fue un acuerdo entre diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la iniciativa privada, padres de familia y maestros; la cual emanó de 38 foros regionales realizados en todo el territorio del estado de Oaxaca.
Respecto a las órdenes de aprehensión que existen contra integrantes de la Sección 22, el dirigente de los mentores dijo que no permitirán que ninguno de sus compañeros sea reprimido y detenido.
Además reconoció que fueron canceladas las cuotas sindicales de los préstamos personales que maneja la Sección 22 e incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también canceló las cuentas de varios maestros.
Anunció que el próximo 25 de julio estarán los distintos líderes de secciones sindicales que conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para llevar a cabo en Oaxaca la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.
Por ello, subrayó que se espera la presencia de representantes de maestros de 23 entidades del país, quienes vienen a refrendar la unidad y para planear las estrategias de lucha en defensa de la CNTE, ya que consideró que es un referente de lucha y defensa de los derechos los trabajadores, la educación pública y del pueblo de México.
Finalmente el representante del magisterio se pronunció por la presentación con vida de los 43normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos y de conciencia, la defensa del empleo y los derechos humanos del pueblo de México.
Carlos Urdiales 2015/07/23 De Redacción ADN 0 La Razón Oaxaca de Juárez, 23 de julio.
Apropósito del golpe del Estado al IEEPO, de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca. Un mico, género de primate del trópico amazónico, padecía un apetito voraz. Ante su premura, el animal tragó completo sin más un mango con todo y hueso. Satisfecho y realizada la digestión, el mico comenzó a padecer, a padecer en serio, gran dolor por la natural y necesaria evacuación del hueso tragado que por tamaño y consistencia le ocasionó sangrantes estragos en su escape digestivo. Recuperado del infame episodio, el primate sintió de nueva cuenta ese antojo desmedido de mango, pero en esa ocasión el mico tomó el fruto, lo peló, descubrió el hueso, lo puso en su recto, midió la proporción y, al saber que éste cabía por donde debía, lo deglutó alegremente. Moraleja: no tragues algo que no puedas expulsar. En 1992 Heladio Ramírez, gobernador de Oaxaca, creó el IEEPO, ofrenda burocrática y administrativa para el magisterio de su tierra. Un bastión político desde el cual la CNTE pudo operar para enfrentar por ratos y circunstancias al SNTE de Carlos Jongitud Barrios y después al de Elba Esther Gordillo. Una CNTE que, más que educación, ha vendido estabilidad y gobernabilidad a quien pasa por el gobierno de Oaxaca. Con aquélla todo, sin ella nada. Por apetito, tragó con todo y hueso. Diódoro Carrasco sucedió a Heladio. El nuevo gobernador tuvo como asesor y secretario técnico al hoy mandatario estatal, Gabino Cué Monteagudo, quien operó apoyos y recursos para la sección 22. Bajo sus auspicios se fortaleció la disidencia oaxaqueña expandiendo sus intereses y alcances. El apetito voraz. Hoy le toca al mismo personaje que amamantó a la criatura, intentar darle sepultura. Gabino Cué no pudo ser el insider que democráticamente pusiera orden para dar dimensión social y política al poder magisterial oaxaqueño; él los conoce, los patrocinó y padeció el secuestro a sus manos. No pudo. La CNTE dobló a Gabino Cué, pero se topó con la decisión presidencial de no cederle la reforma educativa. En conciencia se asumió, planeó y operó la decisión de echarlos, de expulsarlos del cuerpo estatal, aunque en ello vayan implícitos dolores y padecimientos políticos grandes. Pronto sabremos si al aplicar esta medida se tuvo el tino y si hubo el aprendizaje institucional de medir bien y pensarse las cosas antes de satisfacer apetitos inmediatos de gobernabilidad y corporativismo. A ver si la moraleja sirve. Tal parece que la decisión se instrumentó con talento, paso a paso desde la reforma misma, la SCJN y la declaratoria de constitucionalidad, la promoción a Mexicanos Primero y generar masa crítica de opinión pública para finalmente hacer el anuncio en plena cruda de la Guelaguetza disidente. Eso más los expedientes de los líderes en el escritorio del MP. urdiales@prodigy.net.mx Twitter: @CarlosUrdiales
Las y los miembros de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, en voz de la Presidenta Leslie Jiménez Valencia informaron a la Junta de Coordinación Política, integrada por el diputado Jesús López Rodríguez, Coordinador de la bancada del PRD y Presidente de la misma, a la diputada Natividad Díaz Jiménez, Coordinadora de la bancada del PAN así como el diputado Alejandro Avilés Alvarez, coordinador de la bancada del PRI, la decisión institucional, de diferir -hasta nueva fecha por definirse- la Sesión Ordinaria programada para este jueves 23 de julio.
La anterior medida obedece a la situación actual que vive la entidad por los recientes anuncios realizados por el Ejecutivo Federal y Estatal en relación al tema educativo.
Al mismo tiempo, refirió que esta medida institucional fortalece la comunicación responsable entre los actores políticos y sociales del Estado, y para no generar percepciones erróneas que dificulten el dialogo y la concertación .
Por ello, la Sesión programada se pospone hasta nuevo aviso a fin de garantizar las condiciones necesarias para ello y que no exista riesgo alguno para su realización.
(17:10 h) 2015/07/23 De Redacción ADN 0 24 Horas Oaxaca de Juárez, 23 de julio. Por una declaración de incompetencia, el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Oaxaca rechazó uno de los amparos solicitados por el secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Rubén Núñez. El líder interpuso un juicio de amparo, el pasado 17 de julio, ante un juez federal en contra de cualquier orden de presentación, localización o aprehensión girada en su contra tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y como por la Procuraduría General de la República (PGR). El pasado 7 de julio, la organización Mexicanos Primero denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Rubén Núñez, líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, por percibir un sueldo de fondos públicos sin dar clases, así como contra las autoridades federales y locales que han autorizado se les pague a los maestros que faltan a su grupo. Con información de Radio Fórmula
Miércoles, Julio 22, 2015 – 22:00
Deja 5 mil pesos en garantía.
Oaxaca.- El líder de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Rubén Núñez Ginés, promovió un amparo en el Juzgado segundo de distrito, contra actos del juzgado primero de distrito de Oaxaca de Juárez, esto derivado de una presunta orden de aprehensión que pesa en su contra por delitos federales.
El día 17 de julio presentó la solicitud de amparo, que recayó en el juicio de garantías 1000/2015, el cual le concedió la suspensión provisional siempre y cuando no sean delitos que por su propia naturaleza los considere el código federal penal como delitos graves.
Por lo anterior, el juzgado segundo de distrito le fijó como garantía para poder gozar de ese beneficio, la cantidad de cinco mil pesos.
Se presume que varios dirigentes de la Sección 22 también han promovidos diversos amparos en los juzgados de distritos en el estado.
Jue, 07/23/2015 – 16:33
El Gobernador del Estado, Gabino Cué, dijo que la reestructuración del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) no es una medida en contra de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues de los 81 mil 300 profesores que integran el gremio, el Decreto oficializado el pasado lunes, sólo afectará a 310 docentes que ostentaban cargos administrativos en el instituto desde hace 23 años, tiempo en que no dieron clases y conservaban sus plazas docentes.
Nadie, precisó el gobernador, puede sentirse traicionado, porque la medida no es en contra de las y los maestros, sino al contrario, es favor de la educación de los niños oaxaqueños.
Además, dijo, el gobierno de Oaxaca quiere que los maestros se capaciten, que aspiren a nuevas condiciones de trabajo, pero no a través de puntos ganados por asistir a las movilizaciones que promueve su sindicato, sino por méritos académicos. Y aclaró: “Es una transformación de la estructura orgánica del IEEPO. La gran mayoría de los docentes no tenían relación con el instituto, al contrario, los trámites que gestionaban ante dicha instancia se complicaban, porque las decisiones las tomaba la Sección 22”.
El Ejecutivo estatal explicó que en el “viejo” IEEPO, la decisión sobre el cambio de centro educativo de algún profesor la tomaba el sindicato, ni siquiera el director; mismo caso con las peticiones de aumento de horas y sustituciones de supervisores de zona, directores y subdirectores.
Cué dijo que hace 23 años se tomó una decisión que correspondió a las circunstancias de aquellos tiempos, “pero eso no podía continuar, mucho menos al margen de la nueva ley en materia educativa, la cual el estado tiene la obligación de cumplir”.
Finalmente, dijo que el rechazo de la Sección 22 a todas las medidas que intentan mejorar la educación, ha provocado que Oaxaca se ubique en el penúltimo lugar de aprovechamiento educativo.
“Si lo que querían unos cuantos maestros, era seguir teniendo privilegios en detrimento de la mayoría, pues ya no se podrá”, concluyó.
“SOMOS APARTIDISTAS Y SEGUIMOS EN LA LUCHA RESPETANDO NUESTROS PRINCIPIOS”, DIJO EL DIRIGENTE DE LA DISIDENCIA MAGISTERIAL, RUBÉN NÚÑEZ
Jue, 07/23/2015 – 12:03
Cuestionado sobre slas versiones de un supuesto problema de alcoholismo, Rubén Núñez comentó que, “en términos personales es un asunto que no podemos nosotros definir”.
Entrevistado en Radio Fórmula, el dirigente del magisterio disidente omentó que las cuentas bancarias de al CNTE están congeladas, así como los préstamos personales y algunas cuentas personales.
Nurit Martínez Carballo/EL UNIVERSAL
Jue, 07/23/2015 – 09:42
Jueves 23rd, julio 2015 / 10:02
Indígenas zoques demandaron al gobernador, Gabino Cué Monteagudo, realizar una defensa contundente ante las invasiones de talamontes y comuneros del estado de Chiapas o de los contrario, advirtieron que se declaran municipios autónomos.
Ante lo que consideran un abandono gubernamental, los comuneros de Santa María Chimalapa decidieron impedir la elección en el “ilegal” municipio Belisario Domínguez, asentado en territorio de Oaxaca donde quemaron el palacio municipal, las casillas, una patrulla y una ambulancia.
Además, aún mantienen retenidos a los capacitadores electorales del Instituto Electoral del estado de Chiapas, Amín Oscar Vázquez Escobar y Adael Cruz Arce, quienes serán entregados hasta que se instale una mesa de primer nivel e impedir que les arrebaten 124 mil hectáreas.
La base comunal de San Miguel Chimalapa y de las Congregaciones de Vista Hermosa, Cieneguilla, Los Limones, Zapata, Las Conchas, Cuauhtémoc Guadalupe, La Cristalina y El Porvenir, decidieron “autoorganizarnos por encima de intereses de grupo y de partidos políticos para defender el patrimonio que nos han heredado nuestros antepasados y que heredaremos a nuestros hijos e hijas”, explicaron.
Además, externaron su “total rechazo a la impune política invasora promovida desde hace 60 años y llevada adelante ahora por los gobiernos de Manuel Velasco y el municipal de Cintalapa, contando siempre con la protección y el aval que les brinda el gobierno federal”.
Advirtieron que entregaran a los ciudadanos chiapanecos a la Procuraduría General de la República (PGR), siempre y cuando se establezca una mesa de alto nivel en la cabecera municipal y se determinen acuerdos.
“El sábado en asamblea decidimos salir a defender lo que es nuestro, viajamos a bordo de 32 vehículos, fuimos más de 500 comuneros, aquí no hay líderes o dirigentes, esta defensa es de hombres y mujeres, ciudadanos zoques que queremos que el estado de Chiapas desaloje inmediatamente o nos iremos solos, la lucha la emprenderemos porque deseamos nuestra paz social, no queremos más conflictos”, puntualizaron.
uiero dejar constancia de que la sección 22 del sindicato de maestros de Oaxaca no es de mi simpatía. No me gustan sus estrategias ni los privilegios de que gozan sus dirigentes, que no sus maestros de base, quienes están por debajo de la situación de sus compañeros de gremio en otros muchos estados de la República. Pero no nos confundamos.
Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser, los académicos que todos los lunes analizaban la política mexicana e internacional en la emisión noticiosa de Carmen Aristegui, señalan que la resolución de un tribunal colegiado contra el amparo de la periodista la deja inerme ante la decisión unilateral de MVS de cancelar el programa y presupone una libertad de elección que en la práctica no existe. No en balde los principales promotores de esa sentencia fueron la Presidencia de la República, MVS y la CIRT.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La misma semana que el sistema penal y de justicia mexicano quedó exhibido internacionalmente por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa cerraron la posibilidad de que la periodista Carmen Aristegui y su equipo obtuvieran un amparo contra la decisión de MVS de sacarlos del aire desde el 15 de marzo pasado.
Esta decisión “lamentable” demuestra que “el Poder Judicial está sometido al poder presidencial” y trata de legalizar una “venganza política” contra Aristegui y su equipo, coinciden los investigadores Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo, quienes participaban como analistas en la mesa política de los lunes en la Primera Emisión de Noticias MVS con Aristegui.
Ambos, junto con la también académica y comentarista Denise Dresser, interpusieron otro recurso de amparo por considerar que con la censura a la conductora se vulneraron los derechos de las audiencias y la libertad de expresión. Dresser sentenció que en este país el sistema de justicia “le abre la puerta al Chapo Guzmán y le cierra en las narices a Carmen la posibilidad de regresar a la radio”.
Anteriormente, el juez octavo en materia administrativa, Fernando Silva Garza, consideró en su incidente de suspensión 672/2015 que el juicio de amparo de la periodista no era un asunto entre particulares sino un litigio “en el que es necesario establecer un balance adecuado entre la libertad contractual, de empresa, la libertad de expresión e independencia periodística de la parte quejosa”.
No obstante, el tribunal colegiado resolvió que “el aviso de terminación anticipada de un contrato no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que dicho aviso no cumple con los requisitos de ser unilateral y obligatorio”, pues “el procedimiento para la terminación anticipada del convenio fue previsto por ambas partes en los contratos que ambos presentan”.
En un comunicado público, Aristegui afirmó que con esta resolución “se pone fin a la batalla judicial en defensa de la libertad de expresión”.
Para ella, el tribunal colegiado contradice los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Se esperaba que en la resolución se actuara a la altura del nuevo paradigma de los derechos humanos y de la necesidad de establecer un estatus judicial a la defensa de la libertad de expresión”, añadió.
El miércoles 15, el día siguiente de que se dio a conocer la resolución, la jueza segunda de distrito especializada en telecomunicaciones, Silvia Cerón, rechazó los primeros 13 amparos interpuestos por radioescuchas que denunciaron la violación a sus derechos de audiencia con la salida forzada del aire del equipo de Noticias MVS Primera Emisión.
Según Cerón, “no puede afirmarse que se le está vulnerando su derecho a recibir una información plural y veraz, porque aun cuando el contenido específico sea el de su elección, el pluralismo informativo se entiende garantizado en la medida en que existan más medios de comunicación que difundan información contrapuesta, de entre los cuales el radioescucha podrá encontrarse nuevamente en la situación de elegir el que estime más conveniente”.
La resolución mencionada puede impugnarse ante un tribunal colegiado, pero no implicará la reinstalación de Carmen Aristegui, sino cuando mucho una orden al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que investigue si se violaron o no los derechos de las audiencias.
La jueza insistió en su resolución que el IFT no tiene por qué intervenir, ya que la censura al programa de Aristegui no implica “que se vulnera de facto el derecho a recibir una información plural y veraz, pues para que ello fuera así sería imprescindible que el contenido suprimido representara el único medio de información a disposición de la audiencia que garantizara la pluralidad y veracidad de sus contenidos”.
Esta resolución anticipó el futuro que podrían tener más de 2 mil amparos de ciudadanos descontentos con la decisión unilateral de MVS.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), controlada por los grandes concesionarios, y la Presidencia de la República realizaron un intenso cabildeo en el litigio de amparo de la periodista y en los de radioescuchas, para negar que sea un caso de censura o de violación a los derechos de información, libertad de expresión y derechos de las audiencias.
La Consejería Jurídica de la presidencia, a cargo de Humberto Castillejos, presentó ante el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Telecomunicaciones un recurso que calificó como “inadmisible” y “absurdo” pretender que los concesionarios de radio y televisión tengan que consultar a las audiencias para tomar decisiones sobre su programación:
“En el supuesto de determinar la procedencia de la demanda de amparo estaríamos frente al absurdo de que para suprimir o dejar cualquier programa, los concesionarios tuvieran que consultar a la audiencia, y en caso de omisión o estar en desacuerdo, los radioescuchas estarían legitimados para acudir al juicio de amparo o impugnar que se dejen de transmitir los programas de su preferencia, situación que sin duda resulta inadmisible.”
Prácticamente son los mismos argumentos de los concesionarios de MVS y la CIRT.
Para Meyer, la resolución del tribunal colegiado contra Aristegui “confirma que el sistema judicial mexicano, cuando está supeditado a otras consideraciones de carácter político, se ha doblado ante la Presidencia de la República.
“Esta decisión también confirma nuestra desconfianza hacia el Poder Judicial. Este aparato debería estar sustentado en el sentido común de la justicia y la decencia. ¿Cómo le vamos a pedir eso?”
Por eso, señala, si bien en el corto plazo “triunfan el peñanietismo y MVS porque disfrutan de las comodidades que les da el sistema de justicia tan deleznable, históricamente Carmen Aristegui y su equipo se salvarán. Ellos tienen la razón, pero ahora quien recibe el golpe es Carmen”.
Meyer comparó esta decisión de negarle el amparo a Aristegui con el golpe que sufrió en 1976 el equipo de periodistas encabezado por Julio Scherer, al ser expulsado éste de la dirección de Excélsior: “Son circunstancias diferentes, pero en esa época también se argumentó que se trataba de un conflicto entre privados y no de un caso de censura”.
Al respecto, Aguayo indica que “el golpazo” del tribunal colegiado “huele a justicia vasalla del presidente de la República”.
“Es un indicador de que están doblando la cerviz ante el equipo del presidente o ante el presidente. Se da en el contexto del escándalo de la impunidad y de la corrupción, confirmado por la fuga de El Chapo Guzmán”, añade.
Para él, la resolución confirma “el debilitamiento de un régimen que a lo más que llega es a golpear a quienes lo incomodan con sus críticas, aprovechándose de la docilidad de los poderes públicos”.
También comparó esta situación con el golpe a Excélsior: “Sigue habiendo la misma capacidad del poder para imponer su voluntad. Huele a podrido, a cloaca, mientras por las cloacas, literalmente, se les fuga El Chapo”.
A su vez Dresser cuestiona la decisión de la jueza Cerón, quien desechó los amparos de los radioescuchas argumentando que sí existe pluralidad en los noticiarios: “¿En qué país paralelo vive la jueza? Es como si no escuchara la radio, donde ya no se tocan temas espinosos para el gobierno como Tla­tlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, la Casa Blanca, la casa de Malinalco, etcétera. ¿Cómo nos comprueba esa pluralidad? ¿Qué evidencia tiene? Es pecar de ingenuidad o de mala fe”.
Desde su punto de vista, estas determinaciones judiciales envían un “pésimo mensaje” para la libertad de expresión:
“El gobierno federal y la jueza Cerón piensan la pluralidad informativa en un sentido muy distinto al de nosotros. Piensan en el número de noticieros y estaciones, pero no en profundidad ni en veracidad de las noticias ni en asuntos críticos que ya no se tocan. Cada vez hay un desfase mayor entre el país imaginario del peñismo y el país real.”
Por eso cuestiona: “¿Para qué demonios se aprobó una nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, si no existen jueces y magistrados que la interpreten correctamente, con la excepción del juez Silva García?”.
En paralelo al juicio mencionado, los abogados del Grupo MVS interpusieron otro de naturaleza mercantil en contra de Aristegui por generar “lucro indebido” al utilizar los contenidos informativos de MVS Noticias en el portal Aristegui Noticias.
Según el comunicado de MVS, desde el 31 de marzo pasado promovió una demanda mercantil ante el juez décimo cuarto de lo civil en el Distrito Federal por “uso indebido de propiedad intelectual e industrial” y supuestas violaciones a “derechos de autor, uso de recursos sin autorización y comprometer a la empresa”, ya que en el portal Aristegui Noticias, “sin derecho o autorización alguna, se incorporó videos que forman parte del contenido del programa Noticias MVS”.
La empresa alega que Aristegui Noticias “pobló de tráfico, obtuvo audiencia y comercializó indebidamente a través de la explotación mediante la monetización por venta de publicidad, obteniendo un lucro indebido”.
Desde que se dio a conocer esta demanda mercantil, Aristegui afirmó: “Nosotros no reprodujimos ningún otro contenido que no fuera el de nuestro programa. Dábamos crédito a la propia empresa, cuyos contenidos seguían teniendo efecto en nuestras audiencias. La marca MVS, lejos de verse dañada, se veía beneficiada, al ser retransmitidos sus contenidos”.
“MVS saca de la chistera esta demanda mercantil y pretenden que el contrato se rompa por una razón de esta naturaleza. Ya no saben qué inventar. Al rato van a decir que me robé los gises del pizarrón”, comentó la periodista en mayo pasado, al finalizar la segunda audiencia de conciliación en las instalaciones de MVS, con la presencia de José Woldenberg, el árbitro reconocido por ambas partes.
Esas reuniones concluyeron sin ningún avance. El juez octavo, Silva García, había emitido una serie de medidas cautelares a favor de Aristegui, haciendo valer el contrato firmado por ella y MVS, tomando en cuenta que los “lineamientos editoriales” emitidos por la empresa el 13 de marzo violentaban las garantías y la autonomía de la periodista, estipulados en el propio contrato.
La demanda mercantil de MVS, que sigue vigente, “parte del falso supuesto de que Aristegui no tenía autorización para utilizar los contenidos. Esto es falso. Esto empezó en abril de 2012, MVS promovía el portal y hasta en el Canal 52 (propiedad del grupo) aparecieron cintillos que remitían al portal de Aristegui”, afirma el abogado de la periodista, Xavier Cortina.
Cuando se dio a conocer el contenido del litigio mercantil, Aristegui señaló: “Es una cosa artificiosa, muy agresiva. Pudiera estar pensada con propósitos intimidatorios para mí”.
Fernanda Said Pretelini es una joven privilegiada. Aún no cumplía un año de abandonar la escuela cuando fue contratada con el nivel de subgerente en Pemex sin contar con experiencia dentro o fuera del gobierno en tareas de comunicación. Ha recibido alrededor de 59 mil pesos al mes, contando bonos y prestaciones, lo que representa cinco veces más de lo que gana cualquier joven egresado de su carrera, mercadotecnia. La sobrina del Presidente Peña Nieto recibió un préstamo de 80 mil 800 pesos cuando tenía apenas dos meses de haber ingresado y permaneció dos días más en Nueva York usando recursos públicos luego de una gira de trabajo.
julio 22, 2015 5:58 am
Por Sebastián Barragán y Rafael Cabrera
En ese mismo documento que entregó a Pemex para ser contratada describió su objetivo:
Entierran a menor víctima de enfrentamiento en Ostula, Michoacán.
Bajo el mando de Enrique Peña Nieto, las instituciones supuestamente “públicas” asesinan a sangre fría a sospechosos e intervienen sin control alguno las comunicaciones privadas. No es de ninguna manera gratuito que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez haya remitido su informe más reciente, sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. La orden de “abatir a los delincuentes en horas de oscuridad” convierte tanto a los altos mandos de seguridad como al mismo presidente de la República, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, en probables responsables de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha puesto el dedo en la llaga: “Desde el periodo de la ‘Guerra Sucia’ (…) las autoridades federales dispusieron del Ejército Mexicano para que se encargara de aplicar acciones de contrainsurgencia con el fin de acabar con la insurrección popular. Desde aquellos años las instituciones castrenses y las instancias encargadas de procurar y administrar justicia fueron utilizadas como estructuras delincuenciales para solapar y proteger a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad” (análisis completo disponible aquí: http://ow.ly/PnfPj).
El hecho de que el modus operandi de las fuerzas de seguridad se mantiene igual que hace 40 años comprueba una vez más que México jamás experimentó “transición democrática” alguna. La alternancia entre el PRI y el PAN en el poder presidencial no ha sido más que una gran cortina de humo que ha servido para distraer la atención del proceso de consolidación de un Estado criminal.
El informe del Centro Pro Juárez sobre Tlatlaya (disponible aquí:http://ow.ly/Pnh4Y) constituye un estudio de caso aplicable a la totalidad del país. La cantidad de masacres que se han vivido en México durante los últimos años demuestra que el gobierno federal utiliza la fuerza letal del Estado sin responsabilidad alguna. De acuerdo con el centro de derechos humanos, los documentos internos del Ejército establecen una “distinción tajante de la sociedad en tres grupos: los militares, la población civil y ‘los delincuentes’”, y autoriza a “abatir” a los supuestos integrantes de la tercera categoría.
Pero habría que recordar que la única institución facultada por las normas mexicanas para determinar si alguien es o no un delincuente es el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, las leyes nacionales prohíben tajantemente la aplicación de la pena de muerte. La ejecución a sangre fría de cientos de ciudadanos por las fuerzas del Estado constituye una grave violación al estado de derecho.
Resulta igualmente preocupante la utilización por el gobierno federal de la plataforma “Remote Control Sytem” de la empresa Hacking Team de Milán, Italia, para intervenir las comunicaciones privadas de los ciudadanos mexicanos. Tal y como ha informado la revista Proceso, esa empresa ha sido señalada por Reporteros Sin Fronteras como uno de los cinco “Enemigos Corporativos de Internet”, además de haber sido exhibida por Citizen Lab por la utilización de sus programas para la represión de grupos disidentes y periodistas en África y el Medio Oriente.
Resulta risible la “aclaración” ofrecida por el gobierno federal de que el programa de espionaje se utilizaría “en el marco de la ley” y que “sirve para escuchas legalmente autorizadas por el Poder Judicial de la Federación”. Un gobierno capaz de “abatir” a sangre fría a cientos de ciudadanos inocentes evidentemente no duda tampoco en intervenir de manera indiscriminada en la vida personal de los mexicanos con el fin de “abatir” la resistencia popular.
Queda meridianamente claro que Peña Nieto cuenta con el firme respaldo del gobierno de Barack Obama en su cruzada en contra de la sociedad mexicana. El reciente informe de derechos humanos del Departamento de Estado de EU tiende un manto de protección sobre Peña Nieto al indicar que casi todas las violaciones en la materia supuestamente se deberían a problemas a nivel local. Asimismo, el informe de la oficina de John Kerry desdeña olímpicamente el tema de la represión política al señalar con mala fe que en México no existen ni presos políticos ni detenciones arbitrarias de activistas sociales. El documento también dice que el gobierno mexicano “respeta generalmente” los derechos a la libertad de expresión y a la protesta, y que la elección presidencial de 2012 fue “libre, justa y transparente”.
El golpe a aquella revuelta social aceleró la convicción en algunos grupos de que las vías políticas y electorales estaban cerradas por los mismos que las proclaman y reivindican, pero no las respetan. En Oaxaca, y en otras entidades, como en el movimiento magisterial y en otros movimientos, esa fundada insatisfacción fue creciendo y, desde el activismo, fortaleciéndose. Hoy, el despliegue de contingentes armados en Oaxaca, el sobrevuelo constante de tantos helicópteros, la exhibición amenazante de equipo militar, la manipulación mediática uniformada, la cancelación de cuentas bancarias legítimas de la sección sindical, las órdenes de aprehensión contra líderes y las versiones de un baño de sangresi las circunstancias lo requieren, forman parte de la verdadera guerra de Peña Nieto (el comprador de helicópteros militares franceses de ataque en su reciente gira internacional), la guerra contra la oposición popular, la guerra contra quienes se defiendan de las políticas y reformas en curso, que golpean los bolsillos de las mayorías, lesionan profundamente el interés nacional y motivan a ciudadanos, grupos y movimientos a luchar contra un gobierno que consideran ya inaceptable.
El ex gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila está profundamente preocupado por el nivel de corrupción del que se ha ido enterando conforme se asoma a los detalles operativos de la delegación Cuauhtémoc, para cuya jefatura fue electo el mes pasado. Hay riesgos hasta de violencia física contra él, dijo uno de sus allegados, también estupefacto por la institucionalización de auténticas pandillas de hamponesque han convertido los cargos y las facultades de esa delegación en negocios particulares intocables.
Los indicios de la corrupción generalizada tuvieron una confirmación al saberse que empleados de confianza de esa demarcación estaban quemando y destruyendo papelería delicada. De oficinas claves comenzaron a salir bolsas negras de plástico con rumbo a basureros, de donde enviados de Monreal lograron rescatar una parte, con retacería de documentos, algunos destruidos manualmente y otros en máquinas trituradoras. El equipo del zacatecano colocó en mesas de trabajo tales rompecabezas y logró reconstituir algunos textos, con lo que confirmó la Operación Destrucción que pretende ocultar pruebas de las múltiples pillerías cometidas y, al mismo tiempo, obstruir gravemente el paso administrativo al nuevo delegado, proveniente del partido Morena.
Lo que se va conociendo en la Cuauhtémoc ratifica la profunda putrefacción de los servicios delegacionales en la capital del país, tomados los cargos y las funciones como auténtico botín de guerra por las facciones provenientes, a lo largo de años, del Partido de la Revolución Democrática, enclaves de extorsión y negocios particulares concesionados a los grupos que sostienen electoralmente una industria política capitalina, el bejaranismo en la Cuauhtémoc, y en otras más, como en el resto de las delegaciones otros jefes políticos de las corrientes del sol azteca envilecidas por ese mercantilismo implacable que impone funcionarios como recaudadores particulares. Tan sólo como uno de los múltiples botones de muestra: uno de los cargos menores, casi inadvertidos, que se pelean en las delegaciones es el del control de relojes checadores, pues los encargados de ellos cobran unos 200 pesos a la quincena a losaviadores por dar trámite diario a las tarjetas de asistencia sin que, obviamente, lo hagan esos privilegiados que simplemente se presentan a cobrar periódicamente.
Y, mientras Andrés Manuel López Obrador ofrece apoyo a los profesores de la sección 22, oaxaqueña, al tiempo que propone una alianza electoral para el año entrante (¡tan bien que iba!Gabino Cué, pero, ¡pobrecito!, sucumbió a las presiones y tentaciones), ¡hasta mañana, con Osorio Chong encabezando reuniones con gobernadores para afinar acciones conjuntas que lleven a recapturar a El Chapo!
El retrato de Joaquín “El Chapo” Guzmán difundido después de su fuga.
UXMAL, Yuc. (apro).- Aunque con pena, bien podría decirse que el mexicano más famoso en el mundo hoy en día ya no es Emiliano Zapata, o el premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, o los futbolistas Hugo Sánchez o el Chicharito, sino el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
De golpe, los dos principales operadores del gobierno de Enrique Peña Nieto quedaron exhibidos a nivel internacional en menos de una semana: su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien no pocos dentro del primer círculo peñista han querido golpear, pero que ante la fuga de Guzmán Loera quedó doblemente exhibido, y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que desde la disminución de los precios internacionales del petróleo no ha tenido ningún acierto, ahora humillado frente al pésimo estreno de la “madre de todas las reformas”, la energética.
El exceso en el cuidado de la imagen llevó a Peña Nieto y a su equipo a inmolarse en una serie de respuestas tardías frente a las crisis. Peña Nieto y su gobierno tardaron 10 días en responder al desafío de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; más de una semana en dar su propia versión del escándalo de la Casa Blanca que se la endilgó a su esposa, Angélica Rivera, con el consecuente declive de La Gaviota; y otra semana dilató en afirmar que nada gana con hacer “corajes” frente a la fuga de Guzmán Loera.
Nadie le pedía que demostrara furia, sino eficacia y responsabilidad.
El resto del gabinete se encuentra fracturado, confrontado y receloso ante la falta de señales claras: en Sedesol, la titular Rosario Robles, organiza el festejo del cumpleaños de Peña Nieto en Guerrero, pero siente que puede ser relevada en cualquier momento para darle cabida a Osorio Chong; en la Secretaría de Economía, el titular Ildefonso Guajardo anda como zombie; en la SEP, Emilio Chuayfett, se mantiene al mando “llueva o truene”, a pesar del descrédito frente a una reforma educativa mal planteada y operada; en la cancillería, se especula en cada momento la salida del titular José Antonio Meade para irse a la embajada mexicana en Washington o quedarse a organizar giras multitudinarias sin resolver la crisis de relaciones con Estados Unidos y El Vaticano; en Sagarpa, su titular Enrique Martínez, está más preocupado por sus múltiples negocios y su posible llegada a la dirigencia nacional del PRI; en la secretaría del Trabajo, Navarrete Prida mantiene un bajo perfil, y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, sobrevive a los propios audioescándalos que le tienen preparados.
Por Mayela Sánchez julio 22, 2015 – 00:05h 17 Comentarios
Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).— El decreto presidencial que el pasado 9 de julio firmó el Presidente Enrique Peña Nieto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad, ilustra una práctica que se han vuelto constante en el país: la afectación de pueblos originarios para favorecer la construcción de proyectos de infraestructura o inmobiliarios, recurrentemente para beneficio privado y siempre con el aval de las autoridades.
De acuerdo con Ortiz Becerril, el eje de los problemas que padecen los pueblos originarios en la capital del país tiene que ver con el territorio. Y es que la relevancia del territorio para un pueblo originario no se explica sólo por la propiedad de la tierra, sino por el significado que tiene, en tanto sustento de su identidad y de sus actividades comunitarias, expuso.
“El eje de la vida comunitaria es el territorio, entonces al hacer esto [obras de infraestructura] se divide el territorio, se cambia el uso de suelo […]. Claro que hay un fuerte impacto, se cambia la forma de vida comunitaria”, señaló.
En entrevista, explicó que la proliferación de megaproyectos y obras de infraestructura se extendió a partir de los años noventa, cuando la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte flexibilizó el marco legal mexicano con el propósito de atraer inversión extranjera. Más recientemente, esa misma práctica se repitió con la Ley Minera y la Ley de Hidrocarburos, como parte de las modificaciones legales de la reforma energética aprobada el año pasado.
“Hay un marco legal en México que favorece y permite la proliferación de estos proyectos”, señaló del Pozo en referencia no sólo a las obras de infraestructura, sino también a proyectos mineros, de extracción de hidrocarburos, inmobiliarios o turísticos. “Hay un marco que privilegia que esto suceda y que le da un trato preferencial a las empresas y los particulares por encima de los derechos humanos”.
Ortiz Becerril expuso que existen varios rasgos que definen a un pueblo originario como tal. Entre ellos, la organización comunitaria, que se desarrolla por la interacción de rituales como las festividades o la conformación de mayordomías; el trabajo comunitario; las redes de solidaridad y reciprocidad que crean con otras comunidades; y la memoria colectiva como instrumento de reproducción de su historia.
Sin embargo, hay una parte de la ciudadanía que desconoce su existencia, señaló Ortiz Becerril. Ese desconocimiento puede derivar en conflictos entre los habitantes de pueblos originarios y personas avecindadas, es decir que llegan a residir a los pueblos, si los segundos no comparten ni tienen interés en conocer sus tradiciones o ser parte de ellas.
El reconocimiento de un pueblo originario como tal no es asunto menor cuando se trata de la defensa de sus recursos y territorio, ya que de eso depende la aplicabilidad del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de consulta previa.
La Sederec impulsó una Iniciativa de Ley para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en el Distrito Federal, en la que incluye el derecho a la consulta para casos como la ejecución de obra pública que afecte sus territorios o recursos, el otorgamiento de concesiones y permisos sobre sus tierras y en los planes y programas de desarrollo. Según esa iniciativa, los resultados de la consulta serán respetados y serán vinculatorios.
En Azcapotzalco, al norte de la ciudad y asentamiento prehispánico en la ciudad, la implementación del proyecto Foro Estadio-Azcapotzalco, que implicaba la construcción de la Arena Ciudad de México, con un aforo de 10 mil personas, tuvo el rechazo de pobladores de los barrios San Bernabé Acolnohuac, San Martín Xochinahuac, Santa Bárbara Tetlanman y Santa Catarina Atzacualco, entre otras. La oposición fue porque consideraban que el proyecto sólo favorecería a la iniciativa privada y propiciaría el desplazamiento, además de afectaciones en los servicios públicos.
En octubre de 2013, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación respecto a las afectaciones provocadas por la construcción de la Arena Ciudad de México. En ésta, se refirió que se había vulnerado el derecho de a la consulta de los pueblos y barrios aledaños a la obra.
Otro caso es el de San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón. En mayo de 2014 fueron desplegados más de mil 500 granaderos para “resguardar” una obra hidráulica contra la que los vecinos protestaban. Los pobladores rechazaban la obra porque acusaban que su propósito era el desvío del agua del manantial de la zona hacia el área de Santa Fe. El 22 de mayo, los granaderos bloquearon todos los accesos y salidas del pueblo y encapsularon a los pobladores, lo que derivó en violentos enfrentamientos entre policías y pobladores y la detención de cinco de ellos.
Contrario a las agresiones y la campaña de desprestigio que hubo en contar de los habitantes de San Bartolo Ameyalco, nada se mencionó sobre su carácter de pueblo originario y, como tal, la violación a sus derechos a la consulta previa, al territorio y el derecho a la disposición de los recursos naturales.
En la Delegación Benito Juárez, la construcción del conjunto Ciudad Progresiva, que incluía la edificación de la Torre Mitikah, en el pueblo de Xoco también despertó la oposición de vecinos. El pueblo está en el listado de pueblos originarios de la Sederec.
Actualmente, Oswaldo Mendoza, habitante del pueblo, mantiene un proceso judicial para detener las obras del proyecto. Él también ha alegado que no existió una consulta a la comunidad para el desarrollo de la obra.
En el caso de San Francisco Xochicuautla, Lara Duque consideró que en la entidad el derecho a la consulta “no sólo no se respeta, sino que se agrede el derecho indígena”, porque en el decreto que firmó Peña Nieto aseguró que había habido un proceso de consulta, lo que él rechazó.
Del Pozo apuntó que el derecho a la consulta de las comunidades es un derecho que se viola “casi de oficio” en el país, pues el desarrollo de megaproyectos se ha hecho prácticamente al margen de la opinión de las comunidades afectadas. En ello, el investigador calificó el rol del gobierno como “muy cuestionable”, debido a que ha diseñado un marco legal favorable para las empresas y simula que protege los derechos humanos de las comunidades afectadas.
“Estamos viendo la complicidad que está teniendo el Estado mexicano, en realmente privilegiar a unos pocos y afectar de fondo los derechos sobre todo de los grupos más afectados, que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos indígenas, comunidades campesinas, y en vez de ser realmente el garante de esos derechos opera haciendo todo lo contrario”, criticó.
Acusan que el presidente de la república y legisladores son “serviles a los empresarios”
23 de Julio. Autoridades comunales y comisarios municipales de 13 municipios de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero informaron los pueblos de esa región la declararon “Territorio libre de minería” para evitar que empresas transnacionales exploten, contaminen y destruyan sus recursos naturales y su agua.
FOTO: HIJXS DE LA TIERRA
JULIO 23, 2015Tania L. Montalvo (@tanlmont)
La mina se encuentra a 350 kilómetros al sur de La Paz, en la región de Potosí. Este miércoles la minera canadiense South American Silver (SAS) demandó al Estado Plurinacional de Bolivia por 370 millones de dólares por el retiro en el 2012 de su concesión para explotar un yacimiento en el norte de la región de Potosí, al sur de La Paz. Según lo señalado por el Procurador General de esa nación, Héctor Arce, la minera presentó “una demanda de 370 millones de dólares, un monto absurdamente irrazonable, fantasioso, fuera de lugar, que Bolivia lo va a desvirtuar”. Lea aquí: Presentan proyecto de ley minera en Bolivia tras consenso La minera SAS es la central de la empresa minera Mallku Khota que realizó trabajos de exploración en la mina del mismo nombre y certificó la existencia de importantes reservas de plata e indio, pero cuyo permiso fue anulado en 2012 por el mandatario boliviano, Evo Morales. Las autoridades del Gobierno boliviano denunciaron a la empresa extranjera de haber utilizado de manera ilegal el valor de ese yacimiento para hacer crecer sus acciones en bolsas de valores internacionales. La SAS defendió en su momento que el yacimiento no tenía valor económico concreto antes de su exploración, pero que después de años de estudios sobre sus reservas de plata e indios se calculó que la mina estaba valorada en 2 mil millones de dólares. Según fuentes oficiales es muy difícil llegar a un acuerdo con la empresa canadiense porque el monto que demanda es elevado y tiene una actitud extorsiva en contra del Estado. Datos: La mina, que se encuentra a 350 kilómetros al sur de La Paz, en la región de Potosí, era explotada desde 2007 y fue objeto de fuertes disputas entre indígenas y mineros antes de pasar a manos de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol). CONTEXTO: El pasado 11 de julio, el mandatario Evo Morales nacionalizó los activos de la compañía minera canadiense South American Silver debido a las demandas de las comunidades indígenas que exigían detener el proyecto.
http://www.telesurtv.net/news/Minera-canadiense-demanda-a-Bolivia-por-retiro-de-concesion-20150723-0045.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. http://www.teleSURtv.net
¿Qué culpa tiene Washington en la crisis económica de Puerto Rico? http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150722_economia_puerto_rico_crisis_washington_lf
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dado a conocer las observaciones finales adoptadas sobre España el 20 de julio de 2015, después del examen del sexto informe periódico sobre la aplicación en este país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, informa la AEDIDH. El Comité, compuesto de dieciocho personas expertas independientes […]
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Resumen Latinoamericano / Agencias/ 23 de julio de 2015 – Los diputados helenos debaten en el Pleno las medidas de austeridad aparejadas al tercer plan de ayuda. La presidenta de la cámara equipara el plan de rescate con un “golpe de Estado” porque deja al Parlamento como “mera decoración”.
El debate de este miércoles ha tenido entre sus protagonistas a la presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopoulou, que ha tomado la palabra para decir que “nunca” votaría a favor del acuerdo porque deja al Parlamento griego como “mera decoración” frente a las presiones externas, según el portal de ‘Protothema’.
RED VOLTAIRE | ROMA (ITALIA) | 22 DE JULIO DE 2015
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