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INFORME DE LA I.G.A.C. DE 14 DE DICIEMBRE DE PDF
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Montserrat Rubio Murillo
1 CONSULTA 7/2009. INFORME DE LA I.G.A.C. DE 14 DE DICIEMBRE DE Se resuelve consulta formulada por la Intervención Delegada de Industria sobre el criterio a seguir respecto de la aplicación de la retención del IRPF en el pago de las costas procesales que la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria debe satisfacer, como parte condenada a su abono, en aquellos casos en los que por parte de la Dirección General del Servicio Jurídico se oficia indicando el pago directo del importe de la tasación de costas al Abogado y Procurador de la parte vencedora y no al Juzgado. Asimismo y, por extensión, se pregunta si se pide factura con la aplicación del porcentaje que corresponda de IVA y la retención del IRPF, o, por el contrario, si no se pide factura y se paga lo que dice la tasación y se descuenta el IRPF Se ha recibido en esta consulta sobre el criterio a seguir respecto de la aplicación de la retención del IRPF en el pago de las costas procesales que la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria debe satisfacer, como parte condenada a su abono, en aquellos casos en los que por parte de la Dirección General del Servicio Jurídico se oficia indicando el pago directo del importe de la tasación de costas al Abogado y Procurador de la parte vencedora y no al Juzgado. Asimismo y, por extensión, se pregunta si se pide factura con la aplicación del porcentaje que corresponda de IVA y la retención del IRPF, o, por el contrario, si no se pide factura y se paga lo que dice la tasación y se descuenta el IRPF. -I- Concepto de costas procesales, condena en costas y titularidad del crédito derivado de la misma. Para resolver la cuestión, objeto de la presente consulta, debemos precisar con carácter previo dos conceptos básicos: 1. el objeto de la condena en costas, y, 2. la titularidad del crédito que implica. Las costas procesales son los desembolsos necesarios o imprescindibles cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en el proceso, que se originan por la propia actividad procesal y que son consecuencia directa o inmediata del proceso mismo. No obstante, una de las partes del proceso podrá resarcirse si se produce la condena en costas de la contraria mediante la correspondiente resolución judicial. Por tanto, la condena en costas es el pronunciamiento contenido en una resolución jurisdiccional constitutivo de la obligación de 1
2 ../.. Intervención Genera reembolso de las costas causadas al litigante. La condena en costas tiene naturaleza reparadora, atendiendo la exigencia de que el derecho no sufra detrimento patrimonial por el hecho de ser discutido en juicio. Por su parte, la tasación de costas es la liquidación de las costas procesales del proceso principal, o de algún incidente o recurso, que el condenado al pago ha de abonar a la parte contraria. Es una operación contable previa a la exacción de las costas, practicada por el secretario judicial, en la que se incluirán los siguientes conceptos: 1) Los honorarios de la defensa y los derechos y suplidos de la representación técnica cuando su intervención haya sido preceptiva. 2) La inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. 3) Los depósitos necesarios para la presentación de recursos. 4) Los derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. 5) Las copias, certificaciones, notas procesales, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley. 6) Los derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. Son presupuestos de la tasación de costas: que exista una resolución judicial firme que establezca la obligación de pagarlas; y que lo pida la parte beneficiada por la condena en costas. La tasación puede ser impugnada por las partes: la condenada al pago, alegando que hay partidas indebidas o excesivas; y la favorecida por la condena en costas, por no haberse incluido gastos debidamente justificados y reclamados o por no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios del abogado, perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel, o por no haberse incluido correctamente los derechos del procurador. Llegados a este punto damos respuesta a la segunda cuestión pues claramente se aprecia que el legitimado para reclamar las costas es la parte vencedora en cuanto que es la titular del crédito, sin perjuicio, de que efectúe su reclamación a través del procurador y abogado que le han representado y defendido en juicio. -II- Sobre la inclusión del IVA e IRPF Al respecto han existido interpretaciones divergentes. En primer lugar, sobre la inclusión o no del IVA, quienes se manifiestan a favor de la improcedencia de la inclusión del IVA suelen invocar la Resolución de la Dirección General de Tributos nº 100/2005, de 9 de marzo de No obstante, en este supuesto concreto que resuelve la Dirección General de Tributos, la entidad consultante se dedica a la gestión del cuadro de coaseguro del sistema de seguros agrarios combinados. Entre sus actividades interviene como parte en los procedimientos judiciales que se inician como consecuencia de la peritación y pago de los siniestros cubiertos, siendo condenada en costas en alguno de estos procedimientos, y formula las siguientes cuestiones: 2
3 1. obligación de la parte condenada en costas de practicar retención sobre los honorarios de abogados y procuradores de la parte vencedora, y, 2. sujeción al IVA. La Resolución precitada establece que.las cantidades que en concepto de costas judiciales se tasen a favor de una de las partes en un proceso judicial tienen para dicha parte el carácter de indemnización, y no constituyen por tanto la contraprestación de operación alguna gravada por dicho Impuesto realizada por la parte que las satisface en favor de la parte que las percibe, no debiendo ni pudiendo por ello repercutir esta última a aquella cantidad alguna en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, con ocasión del cobro de tales cantidades. Pero la cuestión de la que trae causa la presente consulta a la no radica, sin embargo, en si el citado pago debe gravarse o no con IVA, sino, lo que es muy distinto, en si el IVA que debe satisfacer la parte beneficiada por la condena en costas a su abogado y procurador por los servicios prestados, forma parte de la cantidad con la que debe indemnizarle el condenado en costas. Prosigue la Resolución de la Dirección General de Tributos considerando que Lo señalado anteriormente debe entenderse, en todo caso, sin perjuicio de la sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido de los servicios que pudieran haberle sido prestados a la parte que ha de percibir las cantidades en concepto de costas judiciales por empresarios o profesionales que actúen en el ejercicio independiente de su actividad empresarial o profesional (por ejemplo, abogados y procuradores), con independencia del hecho de que sea precisamente el importe de tales servicios el que haya de tenerse en cuenta para determinar las costas judiciales que habrá de satisfacerle la otra parte en el proceso. Con fundamento en el párrafo precedente ha habido interpretaciones que defienden que no se puede incluir en la tasación de costas el IVA que el abogado y el procurador han repercutido a su cliente, beneficiario de la condena, en la medida en que afirma que el importe de tales servicios (entendiendo excluido el IVA que los grava por cuanto no se menciona y es cosa distinta al puro importe de los servicios) es el que debe tenerse en cuenta para determinar las costas que habrá de satisfacerle la otra parte en el proceso. Sin embargo, en vía judicial dicha tesis no ha resultado acogida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que no considera que los honorarios y el impuesto que los grava sean cosa distinta, y, por lo tanto, ambos están incluidos en el concepto de costas que ofrece la LEC. Comparte esta conclusión la práctica totalidad de la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales. Por todo ello, procede la inclusión del IVA que abogado y procurador repercuten a su cliente, sin perjuicio de considerar las excepciones que la normativa tributaria contempla respecto a supuestos en los que no medie IVA entre el abogado, procurador y su cliente o aquellos en los que éste tenga derecho a deducírselo. 3
4 ../.. Intervención Genera Como afirman los autores El fundamento es claro y, en síntesis, radica una vez más en el esencial carácter compensatorio de las costas. Si ante dichos supuestos se incluyera el IVA en la tasación de costas, estaríamos hablando de indemnizar un daño que realmente no se produce, o, lo que también resulta reprobable, de amparar un evidente enriquecimiento injusto ya que, la parte beneficiada por la condena, cobraría dos veces -una de la parte condenada y otra al deducírselo (cfr. arts. 92 y ss. LIVA)- por el mismo concepto. No resultará procedente la inclusión de cantidad alguna en concepto de IVA en la tasación de las costas, en los supuestos en los que no proceda el impuesto como, por ejemplo, en los servicios prestados en régimen de dependencia o bajo el turno de oficio (ej. abogados de empresa y de las administraciones públicas conforme a los apartados 5º y 8º del art. 7 LIVA), o en aquellos en que no suponga un daño en la medida en que el cliente pueda deducírselo (como ocurre con la mayor parte de los profesionales autónomos y sociedades mercantiles cfr. arts. 92 y ss. LIVA). Así luce en la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2006 (RJ 2006\6363), al establecer que Es cierto que el abono del importe de las costas procesales por parte del litigante condenado en tal concepto,..., tiene carácter de indemnización y en consecuencia no está sujeta a IVA..., pero como tal indemnización, y a efectos del reintegro total de lo satisfecho por el litigante vencedor en costas, ha de comprender tanto los honorarios y derechos satisfechos como el impuesto devengado por los servicios recibidos, siempre que, como ocurre en el caso presente, la parte vencedora no puede descontar en forma alguna ni resarcirse del impuesto soportado, que lógicamente en tal caso ha de ser satisfecho por quien resultó condenado al pago de las costas. En segundo lugar y respecto de la aplicación de las retenciones de IRPF, la naturaleza indemnizatoria de la condena en costas abona una conclusión análoga a la precedentemente expuesta dado que la parte condenada en costas no satisface rendimientos profesionales, por lo que aquella en ningún caso estará obligada a practicar retención alguna a cuenta del IRPF. Las cantidades percibidas como indemnización están consideradas exentas de tributación según la normativa de este impuesto. Será, en su caso, la parte vencedora quien deba practicar la correspondiente retención sobre los rendimientos que satisfaga a sus abogados y procuradores si, conforme al art. 74 del Reglamento del IRPF, fuera sujeto obligado a retener. -III- Cuestiones prácticas relacionadas con el pago de costas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria cuando resulta condenada a su pago La Interventora Delegada de Industria pregunta como proceder, en el caso de imposición de las costas procesales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, según que las mismas deban ser satisfechas al Juzgado con fundamento en un auto firme, a los abogados o procuradores de la parte ganadora o a la propia parte ganadora. 4
5 Pues bien, como regla general se pagará al Juzgado el importe de la tasación de costas en la cuantía líquida que venga establecida en la resolución judicial firme respecto del abogado y procurador de la parte vencedora en juicio. No se pide factura a estos profesionales ni se deduce IVA ni se practica retención de IRPF, se abona exactamente lo que se establece en la tasación. En el supuesto de que la Dirección General del Servicio Jurídico dirija oficio a la Intervención indicando para el ingreso de las costas un número de teléfono del Abogado y/o Procurador de la parte vencedora en el pleito, en aquellos casos en que el propio Juzgado así se lo comunica, se ingresa a dichos profesionales el importe exacto de la tasación judicial. No se pide factura, ni se deduce IVA ni se descuenta IRPF. La tercera hipótesis que se cuestiona es el pago directo a la parte vencedora del importe de las costas, en su calidad de titular del crédito. Y, a este caso se equipara la reclamación del abono de su importe que la parte vencedora realice a través de su Abogado o Procurador, de conformidad con lo razonado en la Consideración -I-. Se aportarán facturas en las que se haga constar la cuantía a que ascienden los honorarios de la defensa y derechos de la representación técnica a satisfacer, incluido el porcentaje de IVA, en su caso, y, se abonarán en su total importe, sin descontar la retención del IRPF, porque será la parte ganadora quien la deba practicar, cuando proceda, según la normativa reguladora de este impuesto. Esto es, una vez satisfechas las costas a la parte vencedora, ésta deberá abonar al abogado y al procurador que la asistieron el importe que corresponda, reteniendo de tal cantidad, ahora sí, el porcentaje establecido en el artículo 93 RIRPF (que generalmente es 15%), siempre y cuando esta parte vencedora estuviera mencionada en el RIRPF como sujeto obligado a retener. Santander a 14 de diciembre de LA INTERVENTORA GENERAL Fdo.: Gema Uriarte Mazón 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 93