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Timestamp: 2019-07-18 16:06:47+00:00

Document:
La arremetida del gobierno de Duque contra los asalariados, los sectores populares y medios exige una inmediata respuesta de organización y lucha
Carta abierta a las centrales obreras y demás organizaciones de masas
Bogotá, julio 2 de 2019
Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, y demás miembros del Comité Ejecutivo;
Federaciones, sindicatos y trabajadores afiliados;
El sábado 25 de mayo el presidente sancionó la Ley 1955 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, que había sido aprobado a las volandas por la plenaria de la Cámara de Representantes, y que el Senado acogió, el 3 de mayo, mediante un sonoro pupitrazo sin siquiera ojear lo que salió de la otra corporación.
Si bien el objetivo de esta comunicación es el de llamar a la más amplia unidad de los colombianos para derrotar las inminentes medidas contra el pueblo, que se derivan de la aprobación de dicho Plan y de otras determinaciones oficiales, no el de hacer un análisis exhaustivo del PND, es necesario mencionar que este profundizará los males que agobian al país: la dominación que ejercen sobre prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional la potencia norteamericana a través, principalmente, de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y un puñado de magnates financieros locales (Sarmiento Angulo, Grupo Empresarial Antioqueño, Santodomingo, Ardila, Gillinsky, entre otros) que han extendido sus tentáculos a casi todas las áreas económicas y a todo el continente, dominio que mantiene a Colombia en la postración y el subdesarrollo económico, y a las mayorías en una lacerante pobreza.
Como se ha podido ver en este primer año de gobierno, imperialistas y potentados están exultantes con el opaco tecnócrata sin trayectoria salido del cubilete de Uribe Vélez que ocupa la Casa de Nariño, cuya obsecuencia en materia económica se ha manifestado, aparte de esta Ley del Plan, en disposiciones como la Ley de Financiamiento de diciembre pasado y en su compromiso con la regla fiscal y las reformas antipopulares, evidente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) acabado de presentar al Congreso. Eso sin contar su saboteo a los acuerdos de paz, su obsequiosidad con exigencias gringas como las de extraditar a quien a ellos se les antoje, envenenar la atmósfera con glifosato y el suelo y el subsuelo y las aguas con el fracking, y su oficiosa labor de mandadero contra el pueblo y el gobierno de Venezuela, entre otras que no atañen directamente a esta misiva.
Entre las exigencias que vienen haciendo los organismos multilaterales y las asociaciones empresariales desde hace varios años están las de reformar los regímenes laboral, pensional, de salud y tributario, además de los de educación y justicia, entre otros. El gobierno de Santos alcanzó a avanzar en el cumplimiento de algunos de estos ucases; sin embargo, los cambios fundamentales aún están pendientes, entre otras razones, porque los propios mandamases no han podido convenir el definitivo contenido de ellos. Por ejemplo, los emisarios directos de los tiburones financieros como Asofondos y la ANIF exigen en materia pensional arrasar con el régimen de prima media y Colpensiones; mientras que Fedesarrollo, la entidad por excelencia en la que se incuban ministros de Hacienda y directores de Planeación, auspicia un sistema de pilares que les permita a las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP), mantener los 260 billones de pesos —concentrados en un 86 % en Porvenir y Protección, brazos de los grupos Aval y Empresarial Antioqueño, respectivamente— que se han apropiado del ahorro pensional para sus aventuras especulativas y percibir el grueso de las cotizaciones futuras, pero que, a la vez, le posibilite al estado retener una porción que coadyuve a satisfacer las exigencias de la regla fiscal, en últimas, al pago de la sempiterna deuda pública. Por su parte, el actual gobierno, luego de algunas señales contradictorias, rápidamente subsanadas, dejó claro su compromiso con esas reformas, particularmente la de las pensiones y la laboral, advirtiendo, por razones obvias, que solo las presentará pasadas las elecciones locales y regionales de octubre. Los encargados de Trabajo y Hacienda, los serviles uribistas Arango y Carrasquilla, se han dedicado a pulir la estrategia.
Estos, en marzo, crearon la Comisión de Reforma de Protección a la Vejez, integrada por sus respectivas Carteras, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Superintendencia Financiera, la Unidad de Regulación Financiera y Colpensiones ante la cual, que se sepa, ya han presentado sendas propuestas el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Fedesarrollo, Fasecolda, Asofondos y Anif, la consultora internacional Mercer, la Universidad de los Andes, y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).
El Comité Nacional Con Las Pensiones No y Salario Mínimo Digno, conformado a comienzos de 2018, en carta enviada en mayo de ese mismo año a las centrales sindicales, en una cartilla de divulgación, en conferencias, foros y en otros documentos y actividades expuso que los planes de reforma principales eran los de Asofondos, Anif y Fedesarrollo, y que por alguno de ellos o por su conjunción se inclinaría el gobierno para presentarle el proyecto al Congreso. Los cambios propuestos por esas entidades se orientaban a acabar, por uno u otro medio, con el régimen de prima media [1] administrado por Colpensiones; aumentar la edad, las semanas y el monto de la cotización; equiparar la edad de hombres y mujeres; reducir las tasas de reemplazo [2] y el monto de la pensión de sobrevivencia [3]; acabar la garantía de pensión mínima [4]; llevar el ingreso base de liquidación [5] a toda la vida laboral; convertir los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) [6] en el “eje y articulador” de todo el sistema de seguridad social en pensiones; apuntalar el predominio de los fondos privados.
La diferencia fundamental entre Fedesarrollo y Asofondos consiste en el planteamiento del primero de estatuir un sistema de pilares, desarrollado desde 1994 por el Banco Mundial, en el que todos los cotizantes están afiliados a los dos sistemas simultáneamente. El pilar uno, contributivo, va hasta un salario mínimo legal (SML), el cual se mantiene en manos del Estado bajo el sistema de reparto y entrega una pensión máximo de 1 SML; al pilar dos regentado por las AFP se cotiza, también obligatoriamente, sobre todos los ingresos superiores al mínimo, para una pensión eventual y complementaria a la otorgada por el estado. Los otros pilares serían el voluntario para los “excesos de ahorro”, a cargo de las AFP, y el no contributivo, es decir, Colombia Mayor, que se mantendría en las mismas míseras condiciones actuales. Por otra parte, los BEPS quedan como el centro de una reforma laboral propia de una “realidad laboral diferente a la clásica de contrato de trabajo escrito formal” y se hacen obligatorios para los contratos por tiempo parcial, días, a destajo, por obra realizada, todo dentro de un nuevo “paquete mínimo de protección social”. ANIF y Asofondos no ven con buenos ojos este sistema por la “afectación que tendría sobre el mercado de capitales”, es decir, que ellos no quieren tanto sino todavía más: no perder la tajada correspondiente a los aportes de quienes devengan apenas un salario mínimo, que corresponden a más o menos la mitad de los cotizantes. Sin mayores cambios, las anteriores propuestas son las mismas que esas entidades ya expusieron ante la flamante Comisión de Reforma a la Protección de la Vejez.
En los últimos meses en el debate público sobre pensiones ha aparecido Mercer, subsidiaria de Marsh & McLennan Companies, conglomerado trasnacional dedicado a la consultoría internacional y manejo de inversiones en salud, pensiones, gestión de riesgo, corretaje de seguros y reaseguros, que cotiza en la bolsa de Nueva York, y aparece listada entre las 500 empresas más grandes del mundo de las publicaciones Fortune y Forbes. En Colombia se alió con la revista Semana, hoy en manos de la familia Gillinski, uno de los grandes grupos financieros del país. Su propuesta la han presentado como la de un “jugador independiente y técnico” que recoge “lo mejor de los dos mundos”. Esta se basa también en el sistema de pilares, pero, a diferencia de la de Fedesarrollo, propone que todas las personas, incluidas las que tengan ingresos de un salario mínimo, aportarían tanto a un fondo global (pilar 1, que “podría” administrarlo Colpensiones) como a una cuenta de ahorro individual (pilar 2). Así, la cotización de 16 % de quien devengue el mínimo ($828.116) se dividiría en un 60 % ($79.499) para el fondo global y un 40 % ($53.000) para la cuenta de ahorro individual. Para quienes ganen 1,5 SML la anterior relación se invierte: 40 % de la cotización para el fondo global y 60 % para la cuenta de ahorro individual. De ahí en adelante va decreciendo la tasa correspondiente al fondo global (desde 4 SML en adelante es tan solo del 15 %). Los saldos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) [7], (hoy de 21 billones de pesos) irían al fondo global, con lo que podrían disponerse de inmediato para cancelar pensiones, como lo vienen exigiendo los banqueros. Las tasas de reemplazo resultarían incluso inferiores a las minúsculas existentes en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS): los asalariados que hayan cotizado hasta por 4 SML obtendrían una mesada apenas equivalente al SML. La consultora sostiene que “los flujos de recursos hacia Colpensiones y los fondos privados se mantienen, por lo que se respeta el ahorro pensional y su impacto en el mercado de capitales”; lo que significa que a las AFP se embolsillarían buena parte de la cotización de los asalariados de 1 SML; bajo esta propuesta a estas también se les permite mantener en sus arcas el capital que han acumulado. Es claro que, de un plumazo, sería abolido el régimen de prima media.
Mercer, en línea con el resto de financistas demanda que se “reestructuren” las reglas de rentabilidad mínima [8] de los fondos privados, que se incentive la generación de “retornos de largo plazo” es decir, que se puedan poner la mayoría de las cotizaciones en inversiones de alto riesgo; que se les paguen de manera “justa” las comisiones a todos los participantes del mercado, o sea que se les suba la tajada de la cotización a los fondos, las aseguradoras, las reaseguradoras, a toda clase de pirañas financieras.
Por su parte, Fasecolda, el gremio de las firmas aseguradoras, exige cambiar el sistema de calificación de pérdida de capacidad laboral y su revisión periódica; la utilización de las reservas del FGPM, —según cálculos de Asofondos a mediados del siglo estos ascenderían a 350 billones de pesos— para la contratación de las rentas vitalicias en el régimen de ahorro individual; elevar las tasas de suscripción de las pólizas; cubrir los riesgos de invalidez y muerte prematura, de rentabilidad, de longevidad; de “deslizamiento” del salario mínimo; que los cambios por fallos judiciales los cubra el Estado; que se hagan ajustes paramétricos a las pensiones de invalidez, sobrevivencia y vejez, a la edad, a la pensión de sustitución; que se flexibilice el régimen de inversiones.
De otro lado, en el PND el gobierno de Duque cimentó su propuesta de reforma en las orientaciones de las agencias imperialistas y los especuladores. En primer lugar, en las bases de este (artículo 2) se señala que la “divergencia de incentivos” entre los regímenes de prima media y el de ahorro individual conducen a un “indeseable arbitraje” por parte de los cotizantes; en lenguaje llano, que hay que detener el traslado masivo hacia Colpensiones, debido a la creciente conciencia de estos sobre la flagrante estafa de las AFP. El gobierno aduce también que la “equidad” en esta área se logra ligando la mesada de jubilación a las cotizaciones efectuadas, en otras palabras, al ahorro individual, lo que conduce a eliminar el régimen de reparto basado en la solidaridad intergeneracional. Para lograr este objetivo el sistema de pilares, en cualquiera de sus versiones, resulta ideal. En segundo lugar, convertir los BEPS en punto clave de su estrategia, como en efecto quedó estatuido en el artículo 193, el cual, en realidad, se constituye en toda una reforma laboral y pensional.
Dicho artículo establece el “piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo” integrado por el régimen subsidiado en salud, los BEPS como “protección” para la vejez, y un “seguro inclusivo” para cubrir riesgos laborales. La cotización para el nuevo régimen será de 15 % sobre el ingreso del trabajador o contratista y correrá a cargo exclusivo del patrón. A este sistema también podrán afiliarse los trabajadores independientes.
Semejante boquete acrecentará aún más la precarización laboral y llevará a que pululen toda clase de contratos basura por horas, a destajo, por obra o labor, etc., y a que los empresarios “formales” reduzcan mediante toda clase de triquiñuelas la paga mínima, con la consecuente eliminación de los llamados costos extrasalariales (primas, cesantías, vacaciones, etc.), que, en el PND, a tono con las letanías empresariales, se aduce que son los “más altos de la región”. Por ello no pasa de ser una burla inaudita la hipócrita disposición de que “los empleadores o contratantes” que aprovechen esta norma para desmejorar las condiciones actuales de sus empleados serán objeto de “fiscalización preferente” por parte de la inocua Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP); eso sí, rodeados de todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa; en tanto que a cualquier ciudadano al que se le acuse, por ejemplo, que está afiliado “ilegalmente” al régimen subsidiado de salud se le hará reo de proceso penal ante la Fiscalía General de la Nación. Obviamente, el espíritu de tal “piso de protección” es permitirles a los patrones birlar la normatividad laboral mínima supérstite. Exactamente esto sucedió cuando se les dio vida a las cooperativas de trabajo asociado, a las que fueron obligados a mudarse impunemente cientos de miles de trabajadores, incluidos una buena parte de funcionarios estatales, por ejemplo, en el sector de la salud. Para colmo, se establece que una vez finalizado el período de ahorro en BEPS “el ahorrador” podrá escoger entre una mísera renta vitalicia, o la devolución de lo ahorrado, caso en el cual se le descontará el aporte del 20 % que hace el gobierno sobre lo que cotice el trabajador.
También quedó incluida, en el artículo 198, la exigencia de Asofondos de suprimir la obligación de devolver los saldos a los cotizantes que al cumplir la edad de pensión no tengan los ahorros suficientes para recibir una pensión; en cambio, convertir ese ahorro en una pírrica anualidad vitalicia expresada en BEPS. Como en el caso anterior esto también será sujeto de reglamentación, pero, desde luego, los fondos privados a través de su “asesoría” obligatoria le impondrán al cotizante la aceptación del mecanismo.
Con respecto a la salud, uno de los más sentidos problemas de la población, debemos señalar que en el PND quedaron consignados buena parte de los cambios ordenados por los organismos multilaterales, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), y la patronal. El Plan, tanto en sus bases como en los artículos correspondientes al acápite “Equidad en salud”, colma de gabelas a esas intermediarias parásitas en cuyas arcas se queda una parte gruesa de los recursos públicos para salud: ofrece pagar directamente las deudas que estas tienen con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), y cuyo monto, en el colmo de la laxitud, estima entre $9 billones y $17 billones, con lo cual seguramente se presentará un nuevo saqueo del erario; les ofrece la administración de las llamadas zonas no sostenibles, las cuales se atienden, mediante subsidios a la oferta, con recursos propios de las entidades territoriales y del Sistema General de Participaciones; les permite mantener “la gestión” de los pagos con los dineros girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), por “servicios y tecnologías” no financiadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC); se les da la potestad de “certificar” a las IPS de acuerdo con sus resultados en salud para que el gobierno les haga los respectivos giros, lo que redundará en favoritismos, mayor corrupción, integración vertical abierta o encubierta y en más abandono de hospitales y centros de salud públicos. No sobra mencionar que en este apartado también se somete al chantaje a las entidades territoriales haciendo depender los giros para cofinanciar las deudas del rubro de salud del “esfuerzo fiscal” de estas, o sea, de acuerdo con las cargas adicionales que ciudades y departamentos les impongan a los esquilmados ciudadanos.
Mención aparte merece el artículo 242 sobre “solidaridad en el sistema de salud” en el que, so pretexto de la llamada focalización, se anuncia el fin del servicio de salud subsidiado, excepto para los “pobres o vulnerables”, los cuales serán escogidos a dedo y mediante el tráfico politiquero según las estipulaciones del Sisbén metodología IV [9], que empezará a regir en 2020. Los demás, es decir, la mayoría de la población de los estratos populares, deberán contribuir “solidariamente” de acuerdo con su “capacidad de pago parcial” a tarifas que oscilarán entre el 1 % y el 15 % de la UPC del régimen subsidiado, que hoy es de alrededor de $800.000. Con esto muchas personas quedarían cotizando aún más que una buena parte de los asalariados del régimen contributivo, además de que deberán adquirir seguros de “protección del ingreso” para los tiempos de enfermedad. Para completar, se amenaza con compulsarle copias a la Fiscalía para que se investigue penalmente a las personas que se beneficien ilegalmente del régimen subsidiado.
Semejantes disposiciones vienen a ahondar la pavorosa crisis de salud que padecen vastos sectores de la población a causa del nefasto sistema de intermediación y corrupción de las EPS —cuya expresión concentrada es el aberrante caso de Medimás con sus casi 5 millones de afiliados sin atención y la rampante violación de todos los derechos de sus miles de trabajadores en medio de la criminal complicidad del estado— y de reformas como la tributaria de 2012 (Ley 1607) que exoneró a los patrones de hacer el aporte del 8,5 % de la nómina a salud, lo mismo que de los parafiscales destinados al Sena y al ICBF. La situación es de tal gravedad que, hasta sectores de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, básicamente pensionados, vienen protestando masivamente para exigir la prestación digna del servicio. Igual sucede con los cerca de 350 mil maestros oficiales que padecen una profunda crisis en la prestación de la salud al punto que este es el principal motivo de los recurrentes y sucesivos paros regionales que viene librando el magisterio. Más aún, la inmensa masa de educadores y los mandos bajos y medios y el personal de base de las Fuerzas Militares y la Policía está amenazada con la supresión de lo que queda de sus regímenes especiales de pensiones.
Los servicios públicos domiciliarios tampoco escapan a la celada tendida por el gobierno duquista a las masas populares. Para solo citar unas pocas normas contenidas en el PND, el artículo 297 establece que los llamados subsidios a las tarifas de energía y gas domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3 se prorrogarán “como máximo” hasta 2022. Pero como el parágrafo de dicho artículo establece que se “implementarán” medidas de “eficiencia” presupuestal basadas en el cruce de la estratificación y la información socioeconómica (Sisbén IV), es predecible que la aún mayor elevación tarifaria buscada podrá aplicarse desde el próximo año. Ya en el recientemente presentado Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se muestran elaborados gráficos y cuadros con los que se pretende demostrar, al igual que se hace con las pensiones y la salud, que la mayoría de quienes reciben los subsidios hacen parte de los “deciles” de altos ingresos o no son pobres. Para ilustrar con un solo caso la extorsión que se prepara, uno de estos gráficos muestra que la tasa de pobreza de Bogotá es de 12 % mientras que los hogares beneficiados con subvenciones al gas y la luz alcanza el 75 %. Los sectores medios de la población deberán aumentarles $4 por kilovatio a las escandalosas tarifas que ya pagan para pagar las raterías cometidas por empresas como Electricaribe (artículo 311).
La espada de Damocles de la privatización pende también sobre la rama judicial en conjunto, pero en particular sobre sus trabajadores. De una parte, en las bases del PND, en el “Pacto por la legalidad”, se consignan párrafos y párrafos sobre la necesidad de estatuir sistemas alternativos de resolución de conflictos sin acudir a la rama judicial, modelos diferenciados de justicia local y rural, darles mayores responsabilidades a los consultorios jurídicos, al lado de medidas para impedir el “abuso del derecho de acción” e “identificar las causas del uso excesivo de la tutela”; de tal manera que el aparato judicial, antes que desgastarse en las “nimiedades” por las que las masas acuden a los despachos, pueda centrarse en garantizar el “emprendimiento” y la productividad del sector privado, lo que en realidad significa que se dedique a resolver las demandas del capital, por ejemplo, el sacrosanto derecho de ejecución de los deudores por el que claman los amos de las finanzas. Para lograr esto, y en general una normatividad todavía mas antidemocrática que la actual, el PND dispone que deben revisarse las normas generales y de procedimiento, así como “optimizar” la planta de personal, lo que se lograría haciendo más expeditos los mecanismos de sanción y despido de los funcionarios judiciales.
A todo lo anterior habría que agregarle la medida draconiana contenida en el artículo 51 del Plan de que “los gastos de personal de las entidades públicas nacionales no podrán afectar programas y servicios esenciales a cargo de la respectiva entidad”, y que deben ser consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal, norma con la que se chantajeará aún más a los empleados cuando busquen mejorar sus condiciones salariales y prestacionales. También son un peligro las facultades extraordinarias concedidas al presidente para fusionar entidades financieras públicas; reestructurar las Contralorías Delegadas; “simplificar o suprimir o reformar procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, vaguedad que puede utilizarse con aviesos propósitos de cierre de entidades y masacre laboral. Todo esto se complementa con las anunciadas privatizaciones del paquete accionario de Ecopetrol ya autorizado, de la totalidad de las acciones estatales en ISA y de otras entidades públicas.
Frente a este cúmulo de atentados, el movimiento Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno y demás firmantes de esta carta consideramos que hay que levantar, al menos, las siguientes banderas, que permiten unificar a las amplias masas de asalariados y sectores medios de la población:
defender con decisión las pensiones, las garantías que aún subsisten en la legislación laboral y el derecho a la salud;
revertir la privatización de la seguridad social en salud y pensiones y, por ende, abolir los fondos privados de pensiones y las EPS;
exigir el traslado de todos los asalariados a Colpensiones y el mantenimiento de los parámetros actuales del régimen de prima media;
exigir la reducción del 12 % al 4 % del aporte para salud de los pensionados y el reajuste anual de las mesadas en el mismo porcentaje de incremento del salario mínimo legal;
garantizar sin cortapisas y de inmediato la atención de los afiliados a Medimás y los derechos de sus empleados;
Oponerse al alza de los servicios públicos domiciliarios y a la supresión de los subsidios;
solidarizarse con las luchas del magisterio, los trabajadores judiciales, los demás empleados estatales, los estudiantes y el resto de sectores populares.
El movimiento Con Las Pensiones No y Salario Mínimo Digno en la citada comunicación de 2018 a las centrales sindicales les expresaba su preocupación frente a las anunciadas reformas y las instaba a llamar a sus afiliados a defender los derechos arduamente conquistados. Pero no se conformó con este llamamiento sino que desplegó hasta donde sus escasas fuerzas se lo permitieron una intensa actividad de agitación y propaganda: distribuyó decenas de miles de hojas volantes, llevó a cabo una veintena de plantones, se entrelazó con el naciente colectivo de víctimas de las AFP, constituyó comités en varias ciudades y departamentos, realizó un encuentro nacional en el que se presentaron ponencias no solo sobre las reformas a las normas pensionales y laborales sino a los tributos y al sistema de salud, se sumó a las actividades programadas a fin de año por el Comando Nacional Unitario. Ello nos permitió comprobar la enorme inconformidad y el profundo anhelo de organizarse y luchar contra tanta iniquidad que crece entre los asalariados y en general entre las masas trabajadoras y explotadas.
La actividad del movimiento, lo decimos con modestia, ayudó a airear la discusión que, los financistas y sus mandaderos políticos y de los monopolios informativos han venido orientando para crear un clima de inquina contra los trabajadores, acusándolos de ser los causantes de la desprotección de la vejez y del desempleo debido a sus “privilegios” pensionales, salariales y prestacionales y de lucrarse de un sistema de subsidios que desangra al estado y acogota a las empresas. La falaz campaña ha incluido el despropósito de que el salario mínimo es demasiado alto y que se requiere fijarlo por regiones, entre otras posibilidades, para hacerlo aún más exiguo.
El gobierno de Duque, como es sabido, en parte por las contradicciones políticas, en parte por el aprieto en que lo puso el movimiento estudiantil e incluso por la falta de acuerdo entre los impulsores de las reformas, decidió no presentarle al Congreso el paquete, excepto el tributario, el cual abordó bajo el sistema expedito de una ley de financiamiento que contenía, además de una nueva runfla de exenciones a los monopolios, el exabrupto de imponerles IVA de 18 % a los productos de la canasta familiar, medida que se hundió debido a la indignación que produjo entre las gentes y hasta por los cálculos electorales del partido gobiernista. La enmienda fue engavetada, pero el régimen del entenado de Uribe, más temprano que tarde, volverá a ponerla a la orden del día en ristra con las demás disposiciones ordenadas por los mandamases.
Por si algo faltara para probar que ya no hay marcha atrás en el plan reformista del gobierno, ahí está la entrevista concedida por el héroe de los Bonos de Agua a El Tiempo, el pasado 29 de mayo, en la que anuncia que hay que solucionar “de tajo” el problema, aboliendo el régimen de prima media. Incluso insinúa derogar la garantía de pensión mínima cuando dice que ni siquiera es sostenible el “primer pilar” que, en su momento, también propuso el santista Pardo Rueda.
Compañeros, estamos ante un momento histórico crucial para los asalariados y sectores medios de nuestro país; no es aceptable que los primeros obligados a encabezar el llamamiento a la unidad y al combate contra tamañas políticas reduzcan su accionar a comparecer en las espurias y prolíficas comisiones de concertación, cuya finalidad no es otra que la de embaucar al pueblo. Toda dilación para empezar a organizar la batalla es imperdonable. Es necesario que se dispongan medidas inmediatas para explicar la inminencia de estas reformas y su contenido, que se despliegue una sin igual labor de propaganda en ciudades y poblados, en zonas francas e industriales, en las dependencias oficiales, en fábricas y plantaciones; hay que convocar encuentros locales y regionales y crear comités cuya única tarea consista en encausar la pelea. Se hace indispensable programar un grande y representativo encuentro nacional a más tardar para el mes de agosto.
Esperando que la organización que ustedes presiden esté entre las que se pondrán al frente de esta batalla, les solicitamos comedidamente que nos concedan una reunión a la mayor brevedad posible a fin de recibir sus opiniones sobre esta comunicación y ponernos de acuerdo sobre el camino a seguir.
ALEJANDRO TORRES MIGUEL VIVAS
Vocero Vocero
Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal)
Sindicato de Trabajadores de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones (Sintracolpen)
Carlos Enrique Ribero
Asociación Sindical de Profesionales de las TIC (Asprotic)
Martha Ruiz Trujillo
Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad Industrial de Santander (Aspu-UIS)
Sindicato de Trabajadores Penitenciarios de Colombia (STPC) Seccional Santander
Sindicato de Trabajadores de la Productora de Alambres Colombianos, Proalco SAS (Sintraproalco)
Yudy Garzón
Sindicato de Trabajadores de Alfagres (Sintralfagres)
Jhon Breiner Londoño
Asociación Nacional de Trabajadores del Sector Aéreo y Servicios Aeroportuarios (Antsa)
Sindicato de Trabajadores de Servicios Aeroportuarios Integrados SAI S.A.S. (Sintrasai)
Alexander Costaín
Unión Bancaria Nacional (UBN)
Juliana Marcela Villar
Asociación Sindical Bancaria (ASB)
Unión Sindical De Empleados Del Sector Financiero Colombiano (Usesfc)
Julián Rozo Téllez
Asociación Sindical De Empleados Del Sector Financiero Colombiano (Asesfc)
Unión Nacional de Trabajadores de las Flores (Untraflores)
Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Facatativá (Sintraeaf)
Comité de Impulso a las Luchas Pensionales del Atlántico (Cilpa)
Asociación de Pensionados y Jubilados de la Electrificadora del Atlántico y Similares (Asopelis)
Asociación de Pensionados del Sena Atlántico (Apsat)
Organización Colombiana de Pensionados (OCP), Seccional Atlántico
Sociedad de Pensionados y Jubilados del Magisterio del Atlántico
Corporación de Jubilados y Pensionados de Epsa (Corjuepsa)
Corporación de Jubilados y Pensionados de Emcali (Cojupemcali)
Asociación Nacional de Pensionados de las Comunicaciones (Apencom), Seccional Valle
Colectivo Unidad Pensional Sur Occidente (Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo)
Colectivo Pensionadas por Derechos
Nueva Democracia Santandereana
Comité Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno de Santander
Doris Mariela Pérez Muñoz
Dirigente sindical de Bolívar
Carmen Tordecilla Mireli
Departamento de la Mujer CUT, Bolívar
[1] También conocido como sistema de reparto simple o de solidaridad intergeneracional, el cual se basa en que todas las cotizaciones ingresan a un fondo común con el que se pagan las pensiones de quienes adquieren el derecho; en Colombia es administrado por Colpensiones.
[2] Consiste en la relación porcentual entre el último salario del trabajador activo y el monto de su mesada pensional.
[3] Prestación consistente en que el pensionado fallecido hereda su derecho al cónyuge supérstite o al hijo o hijos menores o discapacitados.
[4] Derecho establecido en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 que consiste en que a quien cumpla los requisitos de edad y semanas cotizadas pero que por la razón que sea no alcance la pensión mínima establecida en el artículo 35 de la misma Ley, que señala que el monto de la pensión mínima de de vejez o jubilación no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente, el gobierno deberá completarle el faltante.
[5] Es el promedio del salario de los últimos diez años actualizado por el índice de precios al consumidor (IPC), utilizado en el régimen de prima media para liquidar la mesada pensional.
[6] Los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, se estatuyeron en el Acto Legislativo 01 de 2005 para personas mayores de 18 años con ingresos inferiores al salario mínimo, supuestamente para protegerlas en la vejez. Hasta ahora se han otorgado “beneficios” promedio de ochenta mil pesos bimestrales.
[7] Consiste en una bolsa que se constituye en el régimen de ahorro individial, administrado por las AFP, con el 1,5 % del ingreso base de cotización, bolsa que hoy tiene alrededor de veinte billones de pesos; su propósito es completar la pensión de hasta un salario mínimo legal de las personas que, aún cumpliendo la edad y las semanas, no tengan en su cuenta de ahorro individual los cerca de $200 millones que permiten recibir una “renta” vitalicia de un salario mínimo.
[8] Se trata de la obligación legal establecida en la Ley 100 de 1993 de que las AFP garanticen una rentabilidad mínima para sus distintos portafolios de inversión, cuyo cálculo le corresponde hacerlo a la Superintendencia financiera.
[9] Metodología adoptada mediante el documento Conpes 3877 de 2016, que empezará a regir a partir de 2020, con la que se reemplazará el anterior sistema de “focalización” de los subsidios estatales, que lo hacía con base en el “estándar de vida de los hogares” por uno basado en la “presunción de ingresos”. El fondo es negarles los servicios sociales del estado, excepto que se paguen, y elevarles las tarifas de los servicios públicos a millones de personas.
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References: artículo 193
 artículo 198
 artículo 242
 artículo 297
 resolución 
 artículo 51
 artículo 65
 artículo 35