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Timestamp: 2017-12-12 00:37:34+00:00

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B.O.E. Nº 309 de 24/12/2004
Real DECRETO 2352/2004, de 23 de diciembre, sobre la aplicaciÃ³n de la condicionalidad en relaciÃ³n con las ayudas directas en el marco de la polÃ­tica agrÃ­cola comÃºn.
Los principios del desarrollo sostenible se encuentran recogidos tanto en la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola como en el Tratado de la UniÃ³n Europea, por lo que se integran en todas las polÃ­ticas pÃºblicas. La polÃ­tica agrÃ­cola comÃºn (en adelante, PAC), desde los aÃ±os 90, ha ido integrando progresivamente las nuevas demandas de la sociedad europea. En este sentido, el medioambiente, la salud pÃºblica, la sanidad y el bienestar animal son algunos de los nuevos condicionantes de la PAC. La actual reforma de la PAC ha seguido profundizando en esta temÃ¡tica: ha reforzado el concepto de eco-condicionalidad que se gestÃ³ en la Agenda 2000 y ha acuÃ±ado un nuevo concepto, la condicionalidad, que incluye no solo a las buenas condiciones agrarias y medioambientales, sino tambiÃ©n los denominados requisitos legales de gestiÃ³n. El Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regÃ­menes de ayuda directa en el marco de la polÃ­tica agrÃ­cola comÃºn, introduce la obligaciÃ³n de los agricultores y ganaderos que reciben pagos directos de cumplir con los requisitos legales de gestiÃ³n citados en su anexo III, y con las buenas condiciones agrarias y medioambientales enunciadas en su anexo IV. El citado reglamento deroga el Reglamento (CE) n.Âº 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regÃ­menes de ayuda directa en el marco de la polÃ­tica agrÃ­cola comÃºn, con excepciÃ³n de determinadas disposiciones en las que se establecen regÃ­menes facultativos y temporales especÃ­ficos. En EspaÃ±a se establecieron disposiciones de aplicaciÃ³n de este reglamento mediante el Real Decreto 1322/2002, de 13 de diciembre, sobre requisitos agroambientales en relaciÃ³n con las ayudas directas en el marco de la polÃ­tica agraria comÃºn, que se deroga por este real decreto. El Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003 obliga a los Estados miembros a definir los requisitos mÃ­nimos de las buenas condiciones agrarias y medioambientales. El Reglamento (CE) n.Âº 796/2004 de la ComisiÃ³n, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicaciÃ³n de la condicionalidad, la modulaciÃ³n y el sistema integrado de gestiÃ³n y control previstos en el Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regÃ­menes de ayuda directa en el marco de la polÃ­tica agrÃ­cola comÃºn y se instauran determinados regÃ­menes de ayuda a los agricultores, establece las bases del sistema de control de la condicionalidad y la base de las reducciones y exclusiones; serÃ¡n los Estados miembros los que deberÃ¡n establecer los sistemas concretos para controlar su cumplimiento. El incumplimiento de estas condiciones y requisitos supondrÃ¡ para el beneficiario de los pagos directos una disminuciÃ³n, e incluso exclusiÃ³n, de estos. El sistema de reducciones y exclusiones de las ayudas directas a travÃ©s de la condicionalidad tiene como objetivo constituir un incentivo para que los agricultores respeten la normativa existente en sus diferentes Ã¡mbitos, contribuyendo de este modo a que el sector agrario cumpla con los principios del desarrollo sostenible. Por todo lo anterior, resulta necesario establecer el conjunto de buenas prÃ¡cticas agrarias con un mÃ­nimo nivel de exigencias para todo el territorio nacional, y un sistema de control, que eviten distorsiones entre explotaciones y orientaciones productivas, pero que dispongan a su vez de la suficiente flexibilidad para permitir su adaptaciÃ³n a las distintas condiciones locales. En la elaboraciÃ³n de este real decreto han sido consultadas las comunidades autÃ³nomas y las entidades representativas de los sectores afectados. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 23 de diciembre de 2004,
ArtÃ­culo 1. Objeto de la norma y Ã¡mbito de aplicaciÃ³n.
Este real decreto tiene por objeto establecer las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deberÃ¡ cumplir el agricultor con arreglo a la condicionalidad de las ayudas directas de la polÃ­tica agrÃ­cola comÃºn, de conformidad con el Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regÃ­menes de ayuda directa en el marco de la polÃ­tica agrÃ­cola comÃºn, y, asimismo, establecer un sistema para la aplicaciÃ³n de los controles y las reducciones en los pagos, o su exclusiÃ³n, de conformidad con el Reglamento (CE) n.Âº 796/2004 de la ComisiÃ³n, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicaciÃ³n de la condicionalidad, la modulaciÃ³n y el sistema integrado de gestiÃ³n y control previstos en el Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003 del Consejo.
A los efectos de este real decreto, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las definiciones contenidas en el Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003 y en el Reglamento (CE) n.Âº 796/2004, asÃ­ como las siguientes:
a) Labrar la tierra: alterar y remover mediante implementos mecÃ¡nicos el perfil del suelo en una profundidad igual o superior a 20 cm.
b) Recinto SIGPAC o recinto: cada una de las superficies continuas dentro de una parcela con uso agrÃ­cola Ãºnico de los definidos dentro del Sistema de informaciÃ³n geogrÃ¡fica de parcelas agrÃ­colas (SIGPAC). c) Pendiente: la inclinaciÃ³n media del terreno calculada en un recinto SIGPAC a partir de un modelo digital de elevaciones, compuesto por una malla de puntos con una equidistancia entre estos de un mÃ¡ximo de 20 metros y una precisiÃ³n similar a la de la cartografÃ­a 1:10.000. d) Parcela de forma compleja: aquella en que las operaciones de laboreo se ven dificultadas por la existencia de Ã¡ngulos vivos y, en consecuencia, por mÃ­nimos y cambiantes radios de giro. e) Suelo saturado: aquel suelo en el que todos sus poros estÃ¡n llenos de agua. f) Terrazas de retenciÃ³n: los ribazos provistos de vegetaciÃ³n herbÃ¡cea, arbustiva o arbÃ³rea; las terrazas y zanjas de contorno en el caso de laboreo a nivel y las barreras vivas vegetales perpendiculares a la pendiente que, mediante el control de las escorrentÃ­as, protegen el suelo de la erosiÃ³n. g) Carga ganadera efectiva: el ganado, calculado en unidades de ganado mayor (UGM), que, por hectÃ¡rea de superficie forrajera, se mantiene principalmente a base a recursos naturales propios. h) VegetaciÃ³n espontÃ¡nea invasora: aquellas especies vegetales que, aunque no pongan en riesgo la capacidad productiva de los suelos agrÃ­colas a medio y largo plazo, amenacen con su proliferaciÃ³n, con romper el tradicional equilibrio agroecolÃ³gico de una finca o zona de cultivo determinada y con afectar por extensiÃ³n a los campos de cultivo circundantes. i) AlteraciÃ³n significativa de la estructura de los terrenos: aquellas actuaciones de reforma estructural que incluyen cambios de usos del suelo y modificaciÃ³n de elementos estructurales horizontales y verticales, llevadas a cabo en una superficie de mÃ¡s de cinco hectÃ¡reas, asÃ­ como la construcciÃ³n de infraestructuras. j) Explotaciones ganaderas en estabulaciÃ³n permanente y semipermanente: aquellas explotaciones que disponen de edificaciones y espacios donde se concentra el ganado destinadas a la guarderÃ­a o a la crÃ­a intensiva de todo tipo de animales. k) Agricultura de conservaciÃ³n: las diversas prÃ¡cticas agronÃ³micas adaptadas a condiciones locales dirigidas a alterar lo menos posible la composiciÃ³n, estructura y biodiversidad de los suelos agrÃ­colas, evitando asÃ­ su posterior erosiÃ³n y degradaciÃ³n. Entre diversas modalidades y tÃ©cnicas de agricultura de conservaciÃ³n se incluyen: la siembra directa -no laboreo-; el mÃ­nimo laboreo -laboreo reducido, en donde no se incorporan, o sÃ³lo parcialmente y en muy breves periodos, los residuos de cosecha-, y el establecimiento de cubiertas vegetales entre sucesivos cultivos anuales o entre hileras de Ã¡rboles en plantaciones de cultivos leÃ±osos. l) Refinado de tierras: aquellas operaciones de acondicionamiento de la superficie del suelo de los bancales y tierras de regadÃ­o, destinadas a mejorar la eficiencia de uso del agua y facilitar la prÃ¡ctica del riego, realizadas sobre parcelas de cultivo en las que se utilizan mÃ©todos de riego por superficie e inundaciÃ³n.
ArtÃ­culo 3. Requisitos legales de gestiÃ³n.
Los agricultores y ganaderos que reciban pagos directos estarÃ¡n sujetos al cumplimiento de los requisitos legales de gestiÃ³n contemplados en el anexo III del Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003, desde las fechas de aplicaciÃ³n que en Ã©l se citan, y cuya incorporaciÃ³n en la normativa estatal se relaciona en el anexo de este real decreto.
ArtÃ­culo 4. Buenas condiciones agrarias y medioambientales.
Los productores que reciban pagos directos estarÃ¡n sujetos al cumplimiento de las buenas condiciones agrarias y medioambientales que se relacionan:
1. Condiciones exigibles para evitar la erosiÃ³n. a) Laboreo adaptado a las condiciones de la pendiente.
A estos efectos, se tendrÃ¡n en cuenta los siguientes criterios:
1.Âº En las superficies que se destinen a cultivos herbÃ¡ceos, no deberÃ¡ labrarse la tierra en la direcciÃ³n de la pendiente cuando, en el recinto cultivado, la pendiente media exceda del 10 por cien.
2.Âº No deberÃ¡ labrarse la tierra en cultivos de viÃ±edo, olivar y frutos secos en recintos con pendientes iguales o superiores al 15 por cien, salvo que se adopten formas de cultivo especiales como bancales, cultivo en fajas, se practique un laboreo de conservaciÃ³n o se mantenga una cobertura de vegetaciÃ³n total del suelo. En caso de existencia de bancales, serÃ¡ obligatorio evitar cualquier tipo de labores que afecten la estructura de los taludes existentes. Lo dispuesto en los pÃ¡rrafos anteriores no serÃ¡ de aplicaciÃ³n en el caso de parcelas de cultivo de superficie igual o inferior a una hectÃ¡rea, en las de forma compleja y cuando por razones de mantenimiento de la actividad productiva tradicional se determinen y autoricen por la AdministraciÃ³n competente aquellas tÃ©cnicas de agricultura de conservaciÃ³n que se consideren adecuadas. En todos los supuestos, la implantaciÃ³n del cultivo se harÃ¡ lo mÃ¡s rÃ¡pidamente posible, para evitar que el suelo pueda verse afectado por la erosiÃ³n.
b) Cobertura mÃ­nima del suelo.
1.Âº Cultivos herbÃ¡ceos. En las parcelas agrÃ­colas que se siembren con cultivos herbÃ¡ceos de invierno, no se deberÃ¡ labrar el suelo entre la fecha de recolecciÃ³n de la cosecha anterior y el 1 de septiembre, fecha que se establece como referencia del inicio de la presiembra.
No obstante, para favorecer la implantaciÃ³n de la cubierta vegetal con cultivos herbÃ¡ceos y por razones agronÃ³micas, como las dobles cosechas, climÃ¡ticas y de tipologÃ­a de suelos, se podrÃ¡n establecer en ciertas zonas fechas de inicio de presiembra mÃ¡s adaptadas a sus condiciones locales, asÃ­ como tÃ©cnicas adecuadas de laboreo.
2.Âº Cultivos leÃ±osos.
En el caso de que se mantenga el suelo desnudo en los ruedos de los olivos mediante la aplicaciÃ³n de herbicidas, serÃ¡ necesario mantener una cubierta vegetal en las calles transversales a la lÃ­nea de mÃ¡xima pendiente.
No arrancar ningÃºn pie del resto de cultivos leÃ±osos de secano situados en parcelas de pendiente igual o superior al 15 por cien, en aquellas zonas en que asÃ­ se establezca, y respetar las normas destinadas a su reconversiÃ³n cultural y varietal y a los cambios de cultivo o aprovechamiento.
3.Âº Tierras de barbecho, de retirada y no cultivadas.
En las tierras de cultivo de retirada, tanto obligatoria como voluntaria, asÃ­ como en las destinadas al barbecho propiamente dicho, se realizarÃ¡n opcionalmente: prÃ¡cticas tradicionales de cultivo, de mÃ­nimo laboreo o de mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada, bien sea espontÃ¡nea bien mediante la siembra de especies mejorantes. Todo ello para minimizar los riesgos de erosiÃ³n, de apariciÃ³n de incendios, malas hierbas, plagas y enfermedades, de conservar el perfil salino del suelo, su capacidad productiva y favorecer el incremento de la biodiversidad. Las aplicaciones de herbicidas autorizados serÃ¡n efectuadas con aquellos que no tengan efecto residual y sean de baja peligrosidad.
Aquellas tierras distintas de las anteriores, esto es, no cultivadas, no destinadas al pastoreo ni utilizadas para activar derechos por retirada, deberÃ¡n cumplir las mismas condiciones de mantenimiento exigidas para el barbecho, si bien, en este caso, no se podrÃ¡n aplicar herbicidas. Por el contrario, podrÃ¡n realizarse cuantas labores de mantenimiento sean precisas para la eliminaciÃ³n de malas hierbas y de vegetaciÃ³n invasora arbustiva y arbÃ³rea. De forma alternativa a las prÃ¡cticas anteriormente seÃ±aladas y con fines de fertilizaciÃ³n, se podrÃ¡ incorporar una cantidad mÃ¡xima total de 20 toneladas por hectÃ¡rea (t/ha) de estiÃ©rcol o 40m3/ha de purÃ­n en un perÃ­odo de tres aÃ±os, siempre que el suelo posea una cubierta vegetal o estÃ© prevista su inmediata implantaciÃ³n, cumpliendo en todo caso lo dispuesto en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre la protecciÃ³n de aguas contra la contaminaciÃ³n producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. El control de las malas hierbas se harÃ¡ de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos para cada tipo de tierras.
4.Âº Ãreas con elevado riesgo de erosiÃ³n.
En Ã¡reas con elevado riesgo de erosiÃ³n, se deben respetar las restricciones, pautas de rotaciÃ³n de cultivos, incluidas las enmiendas orgÃ¡nicas, asÃ­ como los tipos de cubierta vegetal que se establezcan por la AdministraciÃ³n competente para evitar la degradaciÃ³n y la pÃ©rdida de suelos y hÃ¡bitat naturales.
c) Mantenimiento de las terrazas de retenciÃ³n.
Las terrazas de retenciÃ³n deberÃ¡n mantenerse en buen estado de conservaciÃ³n, con su capacidad de drenaje, asÃ­ como los ribazos y caballones existentes, evitando los aterramientos y derrumbamientos y, muy especialmente, la apariciÃ³n de cÃ¡rcavas, y se deberÃ¡ proceder a su reparaciÃ³n o a adoptar las medidas necesarias, en cada caso.
2. Condiciones exigibles para conservar la materia orgÃ¡nica del suelo. GestiÃ³n de rastrojeras y de restos de poda.
a) DeberÃ¡ respetarse la prohibiciÃ³n de quema de rastrojos en todo el Ã¡mbito nacional, salvo que, por razones fitosanitarias, sea promovida por la autoridad competente o autorizada por ella. La quema, que deberÃ¡ ser autorizada, estarÃ¡ condicionada al cumplimiento de las normas establecidas en materia de prevenciÃ³n de incendios, y en particular, las relativas a la anchura mÃ­nima de una franja perimetral cuando los terrenos colinden con terrenos forestales.
b) La eliminaciÃ³n de los restos de cosecha en el caso de cultivos herbÃ¡ceos y de los de poda de cultivos leÃ±osos deberÃ¡ realizarse siempre con arreglo a la normativa establecida.
3. Condiciones exigibles para evitar la compactaciÃ³n y mantener la estructura de los suelos. UtilizaciÃ³n de la maquinaria adecuada.
En suelos saturados, asÃ­ como en terrenos encharcados, salvo los de arrozal, o con nieve, no deberÃ¡ realizarse el laboreo ni pasar o permitir el paso de vehÃ­culos sobre el terreno, salvo en aquellos casos considerados de necesidad por la autoridad competente. A estos efectos, se consideran casos de necesidad los relacionados con las operaciones de recolecciÃ³n de cosechas, abonado de cobertera, de tratamientos fitosanitarios, de manejo y de suministro de alimentaciÃ³n al ganado, que coincidan accidentalmente con Ã©pocas de lluvias. En tales supuestos, la presencia de huellas de rodadura de vehÃ­culos de mÃ¡s de 15 cm de profundidad no superarÃ¡ el 25 por cien de la superficie de la parcela para el caso de recolecciÃ³n de cosechas y el 10 por cien en el resto de actividades. 4. Condiciones exigibles para garantizar un mantenimiento mÃ­nimo de las superficies agrÃ­colas.
a) ProtecciÃ³n de los pastos permanentes. 1.Âº No se podrÃ¡n quemar ni roturar los pastos permanentes, salvo para labores de regeneraciÃ³n de la vegetaciÃ³n, y en el caso de regeneraciÃ³n mediante quema serÃ¡ necesaria la previa autorizaciÃ³n y el control de la AdministraciÃ³n competente. En todo caso, serÃ¡ obligatoria la adopciÃ³n de medidas destinadas a la protecciÃ³n del arbolado en la zona de la quema y su entorno.
2.Âº Para garantizar el buen manejo de los pastos permanentes, el agricultor podrÃ¡ optar por mantener un nivel mÃ­nimo de carga ganadera efectiva que serÃ¡ siempre igual o superior a 0,1 UGM/ha. Por encima de este nivel mÃ­nimo se podrÃ¡n establecer, con arreglo al tipo de pasto y a las condiciones locales, los niveles mÃ­nimos y mÃ¡ximos de carga ganadera efectiva que se consideren mÃ¡s apropiados en funciÃ³n de distintos agro-ecosistemas. De forma alternativa, en caso de no alcanzar los oportunos niveles de carga ganadera efectiva, serÃ¡ requisito obligatorio realizar una labor de mantenimiento adecuada que evite la degradaciÃ³n del pasto permanente de que se trate y su invasiÃ³n por matorral.
b) PrevenciÃ³n de la invasiÃ³n de la vegetaciÃ³n espontÃ¡nea no deseada en los terrenos de cultivo.
SerÃ¡ obligatoria la limpieza de las parcelas de cultivo invadidas por vegetaciÃ³n espontÃ¡nea no deseada. La AdministraciÃ³n competente determinarÃ¡, para cada zona, el ciclo temporal y la lista de especies vegetales que es necesario eliminar.
Tal obligaciÃ³n quedarÃ¡ sin efecto Ãºnicamente en aquellas campaÃ±as excepcionales en las que, como consecuencia de condiciones meteorolÃ³gicas adversas, haya resultado imposible proceder en el momento adecuado a su eliminaciÃ³n.
c) Mantenimiento de los olivares en buen estado vegetativo.
No arrancar olivos y, en las zonas donde asÃ­ se establezca, respetar las normas que se establezcan para el mantenimiento de los olivares en buen estado vegetativo, su reconversiÃ³n cultural y varietal y para los cambios de cultivo o aprovechamiento.
5. Condiciones exigibles para evitar el deterioro de los hÃ¡bitat.
a) Mantenimiento de la estructura del terreno. Para mantener las particularidades y caracterÃ­sticas topogrÃ¡ficas de los terrenos tales como linderos y otros elementos estructurales, no se podrÃ¡ efectuar una alteraciÃ³n significativa de estos sin la autorizaciÃ³n de la autoridad competente. Se exceptÃºan de esta obligaciÃ³n la construcciÃ³n de paradas para correcciÃ³n de ramblas, regueros y bancales, asÃ­ como las operaciones de refinado de tierras que se realicen en aquellas parcelas que se vayan a dedicar al cultivo del arroz y otros de regadÃ­o.
1.Âº Para el caso de superficies de regadÃ­o que utilicen caudales procedentes de acuÃ­feros legalmente declarados como sobreexplotados, el agricultor deberÃ¡ acreditar su derecho mediante el correspondiente documento administrativo, expedido por la AdministraciÃ³n hidrÃ¡ulica competente.
2.Âº Los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier otro tÃ­tulo tengan derecho a su uso privativo estarÃ¡n obligados a instalar y mantener los sistemas de mediciÃ³n del agua de riego establecidos por los respectivos organismos de cuenca, de forma que garanticen una informaciÃ³n precisa sobre los caudales de agua efectivamente utilizados y, en su caso, retornados. 3.Âº No se podrÃ¡n aplicar productos fitosanitarios, fertilizantes, lodos de depuradora, compost, purines o estiÃ©rcoles sobre terrenos encharcados o con nieve y sobre aguas corrientes o estancadas. Se exceptÃºa de esta prohibiciÃ³n la aplicaciÃ³n de tratamientos fitosanitarios en parcelas de cultivo de arroz y en otros cultivos cuando la realizaciÃ³n de dichos tratamientos coincida accidentalmente con Ã©pocas de lluvias.
c) Almacenamiento de estiÃ©rcoles ganaderos.
Para evitar el riesgo de filtraciÃ³n y contaminaciÃ³n de las aguas superficiales y subterrÃ¡neas, las explotaciones ganaderas en estabulaciÃ³n permanente o semipermanente deberÃ¡n disponer y utilizar tanques de almacenamiento o fosas, estercoleros y balsas impermeabilizadas natural o artificialmente, estancas y con capacidad adecuada.
ArtÃ­culo 5. Pastos permanentes.
El agricultor o ganadero titular de superficies dedicadas a pastos permanentes se atendrÃ¡ a las exigencias previstas en la normativa comunitaria, asÃ­ como a las que establezcan, en su caso, las comunidades autÃ³nomas, al objeto de prevenir que la superficie total de pastos permanentes sufra una reducciÃ³n significativa con arreglo a lo previsto en el artÃ­culo 5 del Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003 y en el artÃ­culo 3 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004, en el que se recogen los mÃ¡rgenes de reducciÃ³n anuales admisibles respecto de la proporciÃ³n de referencia para el aÃ±o 2003. En el supuesto de rebasamiento en el nivel nacional de los citados mÃ¡rgenes y de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 4 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004, las autoridades competentes de las comunidades autÃ³nomas en las se haya producido dicho rebasamiento podrÃ¡n establecer las obligaciones de carÃ¡cter individual que sean necesarias, sin perjuicio de la competencia de coordinaciÃ³n que corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n.
ArtÃ­culo 6. CoordinaciÃ³n, control y pago.
1. El Fondo EspaÃ±ol de GarantÃ­a Agraria (FEGA), adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n, serÃ¡ la autoridad nacional encargada del sistema de coordinaciÃ³n de los controles de la condicionalidad, en el sentido del artÃ­culo 23.3 del Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003. 2. Los Ã³rganos competentes de las comunidades autÃ³nomas, como autoridades responsables en su Ã¡mbito territorial de las actividades de control, designarÃ¡n los correspondientes Ã³rganos u organismos de control para asegurar la observancia de los requisitos legales de gestiÃ³n en los Ã¡mbitos enumerados en el artÃ­culo 4.1 del Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003, asÃ­ como, en su caso, para velar por el cumplimiento de las buenas condiciones agrarias y medioambientales, salvo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 42.2 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004, el organismo pagador realice tambiÃ©n los controles de todos o algunos de los Ã¡mbitos de aplicaciÃ³n de la condicionalidad. Las funciones de control en el Ã¡mbito de la condicionalidad podrÃ¡n ser desempeÃ±adas por los organismos pagadores autonÃ³micos, siempre que la comunidad autÃ³noma respectiva garantice que la eficacia de los controles sea igual, al menos, a la conseguida cuando Ã©stos los realiza un Ã³rgano u organismo de control. 3. Las autoridades para el cÃ¡lculo de la ayuda, las reducciones y exclusiones y el pago de las ayudas son los organismos pagadores de las comunidades autÃ³nomas.
ArtÃ­culo 7. Sistema de control.
1. Las autoridades competentes de las comunidades autÃ³nomas comunicarÃ¡n al FEGA los Ã³rganos u organismos especializados de control o, en su caso, los organismos pagadores que ejercerÃ¡n esa funciÃ³n. El FEGA comunicarÃ¡ esta informaciÃ³n a todos los organismos pagadores. El organismo pagador competente para el pago de la ayuda comunicarÃ¡ a las autoridades de control correspondientes del Ã¡mbito territorial en el que radiquen las explotaciones la informaciÃ³n necesaria sobre los agricultores que soliciten pagos directos para que aquellas puedan realizar los controles pertinentes. 2. Los mÃ©todos que se aplicarÃ¡n para la selecciÃ³n de las muestras se ajustarÃ¡n a lo dispuesto en los artÃ­culos 44 y 45 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004 y a las siguientes normas:
a) Los controles se realizarÃ¡n sobre el uno por cien, como mÃ­nimo, del nÃºmero total de solicitudes de ayudas directas presentadas, porcentaje que se podrÃ¡ incrementar de acuerdo con el anÃ¡lisis de riesgo que se establezca, teniendo en cuenta las normas o requisitos, tipos de explotaciones o zonas del territorio.
b) Cuando de los controles sobre el terreno, efectuados durante una campaÃ±a, se deduzca un importante grado de incumplimiento en algÃºn Ã¡mbito de la condicionalidad, se incrementarÃ¡ el nÃºmero de controles que haya que realizar en el periodo de control siguiente. Las caracterÃ­sticas y amplitud de los controles se ajustarÃ¡n a lo dispuesto en los artÃ­culos 46 y 47 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004.
3. Los controles sobre el terreno efectuados deberÃ¡n ser objeto de un informe de control que se ajustarÃ¡ a lo dispuesto en los artÃ­culos 48 y 65 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004.
Los Ã³rganos u organismos encargados de la ejecuciÃ³n de los controles remitirÃ¡n los informes al organismo pagador de la comunidad autÃ³noma que deba efectuar el pago, asÃ­ como al FEGA, de acuerdo con lo previsto en los artÃ­culos 9.e) y 48.3 y en los plazos establecidos para ello en el Reglamento (CE) n.Âº 796/2004. 4. Las reducciones y exclusiones de los pagos efectuadas por los organismos pagadores se ajustarÃ¡n a lo dispuesto en el artÃ­culo 9.
ArtÃ­culo 8. Planes de control.
1. El FEGA, en colaboraciÃ³n con las comunidades autÃ³nomas, elaborarÃ¡ un plan nacional de control, en el que se recogerÃ¡ cualquier aspecto que se considere necesario para la realizaciÃ³n coordinada de los controles sobre el terreno y, en su caso, de los controles administrativos. Este plan se elaborarÃ¡ de conformidad con los criterios especificados en el Reglamento (CE) n.Âº 796/2004 y con las normas del artÃ­culo 7 de este real decreto. 2. Los planes autonÃ³micos de control ajustados a los criterios generales del plan nacional se comunicarÃ¡n al FEGA en el primer trimestre de cada aÃ±o.
ArtÃ­culo 9. ReducciÃ³n o exclusiÃ³n del beneficio de los pagos directos.
1. Cuando no se respeten las buenas condiciones agrarias y medioambientales o los requisitos legales de gestiÃ³n como consecuencia de una acciÃ³n u omisiÃ³n directamente atribuible al agricultor, el importe total de los pagos directos que se deba abonar se reducirÃ¡ o anularÃ¡ con arreglo a lo dispuesto en los artÃ­culos 66, 67, 68 y 71 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004. 2. Los importes de las retenciones efectuadas por incumplimientos de la condicionalidad que no se abonen a la SecciÃ³n GarantÃ­a del FEOGA en aplicaciÃ³n del artÃ­culo 9 del Reglamento (CE) n.Âº 1782/2003 corresponderÃ¡n a las comunidades autÃ³nomas de forma proporcional a las cuantÃ­as retenidas en cada una de ellas.
ArtÃ­culo 10. CoordinaciÃ³n y comunicaciones entre Administraciones pÃºblicas.
1. El FEGA, como organismo de coordinaciÃ³n de organismos pagadores, recibirÃ¡ la informaciÃ³n prevista en el artÃ­culo 76 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004, de la cual darÃ¡ traslado a la ComisiÃ³n Europea. 2. Para que se pueda cumplir lo establecido en el apartado 1 del artÃ­culo 76 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004 en los plazos previstos, las comunidades autÃ³nomas remitirÃ¡n al FEGA antes del 28 de febrero de cada aÃ±o, en relaciÃ³n con los regÃ­menes de ayuda por superficie, y antes del 31 de julio de cada aÃ±o, en relaciÃ³n con las primas ganaderas, un informe correspondiente al aÃ±o civil anterior, que recoja el estado de aplicaciÃ³n de los controles de los requisitos de condicionalidad, los organismos de control competentes encargados de los controles de los requisitos de condicionalidad, asÃ­ como la restante informaciÃ³n a que se refiere dicho apartado. 3. Para cumplir lo establecido en el apartado 2 del artÃ­culo 76 del Reglamento (CE) n.Âº 796/2004, la comunidades autÃ³nomas remitirÃ¡n al FEGA, antes del 30 de septiembre de cada aÃ±o, la informaciÃ³n relativa a la superficie declarada por los solicitantes como pastos permanentes, asÃ­ como a la superficie agraria total declarada. AsÃ­ mismo y en relaciÃ³n con el aÃ±o de referencia, antes del 30 de septiembre de 2005, las comunidades autÃ³nomas remitirÃ¡n las superficies de pastos permanentes declaradas por los productores en 2003 mÃ¡s las superficies declaradas como pastos permanentes en la solicitudes de ayuda de 2005 que no fueron declaradas para ninguna utilizaciÃ³n en 2003, salvo los pastizales que no se dedicaban a pastos permanentes en 2003, siempre que en 2005 sean pastos permanentes y como tales se hayan incluido en la solicitud de ayuda. Se deberÃ¡n descontar los pastos permanentes declarados en 2003 que se hayan forestado a partir de ese aÃ±o.
Queda derogado el Real Decreto 1322/2002, de 13 de diciembre, sobre requisitos agroambientales en relaciÃ³n con las ayudas directas en el marco de la polÃ­tica agraria comÃºn.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.13.Âª de la ConstituciÃ³n, que reserva al Estado la competencia en materia de bases y coordinaciÃ³n de la planificaciÃ³n general de la actividad econÃ³mica.
1. Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n para dictar, en el Ã¡mbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para la aplicaciÃ³n de este real decreto y, en especial, para realizar los cambios precisos, exclusivamente para la siguiente campaÃ±a, que se deriven de las modificaciones de la normativa comunitaria. Asimismo, se le faculta para modificar las fechas a que se refiere el artÃ­culo 10. 2. Asimismo, sin perjuicio de la aplicaciÃ³n de este real decreto, se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y AlimentaciÃ³n para dictar, en su caso, las disposiciones especÃ­ficas para la aplicaciÃ³n y adaptaciÃ³n del sistema de la condicionalidad de las ayudas directas a las peculiaridades propias de la Comunidad AutÃ³noma de Canarias.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a 1 de enero de 2005.

References: Real DECRETO 
 Real Decreto 
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