Source: http://www.libertadidioma.com/2006/20060801.htm
Timestamp: 2018-11-15 04:31:38+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Martes 1 Agosto 2006
El Estatut, en manos del Constitucional
Editorial ABC 1 Agosto 2006
EL PP presentó ayer el recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña. Mariano Rajoy y la dirección del PP cumplen así un compromiso coherente con el criterio político que han mantenido a lo largo del debate estatutario. La oposición popular se ha basado en la denuncia de los efectos negativos de este nuevo Estatuto sobre la definición nacional de España y el Estado de las autonomías, y por su naturaleza de reforma constitucional encubierta.
Culminado el proceso legislativo, con la aprobación de la ley y su posterior refrendo popular, el recurso de inconstitucionalidad lleva las críticas del PP a una institución cuya función es, precisamente, velar por la constitucionalidad de las leyes. Por otro lado, el recurso de inconstitucionalidad -plasmado en un largo escrito que desgrana las principales vulneraciones que, a juicio del PP, comete contra la Constitución de 1978- tiene un claro apoyo en los debates técnicos que provocaron los sucesivos borradores del Estatuto. Recuérdese que el Gobierno eludió la opinión del Consejo de Estado por temor a un dictamen en contra, pero, al mismo tiempo, recibió opiniones muy negativas de expertos contratados por el PSOE y el Ministerio de Administraciones Públicas. En términos similares se manifestó el Consejo General del Poder Judicial, limitando su informe a la quiebra del principio de unidad jurisdiccional. Puede, además, que el recurso del PP no sea el único, a tenor de las palabras del Defensor del Pueblo, quien no lo ha descartado.
La proximidad de las autonómicas en Cataluña hace aún más oportuno el recurso interpuesto por el PP, visto que ya se han desatado las primeras polémicas entre nacionalistas y socialistas, e igualmente se anticipan los resultados del modelo confederal que instaura el Estatuto en propuestas políticas y en leyes autonómicas. No sólo se están preparando leyes inaplicables en Cataluña -Régimen Local, Estatuto básico de la Función Pública-, sino que ya se han aprobado otras que anticipan la quiebra de amarras con las instituciones comunes -como la ley catalana de Colegios Profesionales-. Además, los partidos catalanes no dudan en armarse electoralmente a cuenta del Estatuto, bien sea por el escándalo del aeropuerto de El Prat -cuya gestión reclaman los partidos nacionalistas-, bien sea por el anuncio de que ambos gobiernos van a poner en marcha la comisión bilateral entre Cataluña y Estado, lo que ha desatado las críticas de CiU.
Lo cierto es que este Estatuto nació, ante todo, como una componenda entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas. Es una creación política, pensada para dar réditos a sus promotores, y como tal va a ser utilizado, como una fuente de beneficios electorales que lo justificaron todo, incluso confirmar a la sociedad catalana que su nuevo Estatuto está animado por las expectativas de una clase política absorbida por el afán de perpetuar el régimen de reparto del poder.
Contra el estatuto más sucio
EDITORIAL Libertad Digital 1 Agosto 2006
Hay que reconocerle a Zapatero cierta habilidad para hacer pasar por razonable y centrado lo más radical de entre sus iniciativas políticas, aun si descontamos que siempre resulta más agradecido hacerlo con la inmensa mayoría de los medios de comunicación ejerciendo de palmeros del poder. En el caso del Estatuto, unas mínimas rebajas de enero le permitieron publicitar como "limpio como una patena" un texto que, si bien ya no parecía un cerdo tras revolcarse en su pocilga, sí tenía el aspecto de un niño tras jugar al fútbol en un campo embarrado.
Era necesario, pues, que la única fuerza de oposición política en España denunciara ante el Tribunal Constitucional el ataque frontal a la Carta Magna que supone el proyecto personal de Zapatero. No sólo consagra una "nación" que no existe, reconociendo derechos y deberes distintos a los del resto de españoles. No sólo otorga a la comunidad autónoma catalana la capacidad de vetar leyes del Estado o de negociar su financiación de igual a igual con éste, colocando a una parte al mismo nivel del todo. No sólo segrega el poder judicial, aspirando a convertir al poder judicial en un nuevo siervo del nacionalismo.
El Estatuto catalán es, como se demostró en la violenta campaña para su magra aprobación, un proyecto destinado a la exclusión del disidente, del no nacionalista. Dibuja un régimen en el que se legisla sobre los aspectos más íntimos de la vida, como la elección del idioma o el uso del tiempo libre, para tener controlados a unos habitantes de Cataluña que pasan de ser ciudadanos a convertirse en súbditos. Es, pues, una Cataluña subsidiada, cada vez más ahogada por sus políticos, que empieza a olvidar lo que significaba ser una sociedad de emprendedores, la que más tiene que perder con la aprobación de su liberticida constitución propia.
Sin embargo, lo cierto es que se echa en falta algo más de convencimiento por parte del PP. El recurso ha sido presentado, no al día siguiente de la publicación en el BOE del Estatuto, sino el 31 de julio, con media España regresando o yéndose de vacaciones, por quienes no parecen las dos personas de más talla política y mediática dentro del partido. Mientras tanto, Piqué no deja de suspirar porque CiU, uno de los responsables del texto que se supone que el PP considera inconstitucional e inadmisible, le dé algún carguito tras las elecciones de noviembre. Es de desear, por el bien de España y principalmente de los catalanes, que el recurso prospere. Pero resulta difícil saber por qué tantas personas firmaron en aquella campaña por el referéndum cuando Rajoy ni siquiera considera este recurso de suficiente importancia como para ser él quien anuncie su presentación.
Si los magistrados del Tribunal Constitucional están por la labor de ejercer de juristas y no de empleados de los partidos políticos, será difícil que el texto de Zapatero se mantenga en pie tras el dictamen que habrán de hacer tras el recurso del PP.
El escaso apoyo recibido en el referéndum, por debajo del 50%, impide que se les pueda presionar con la excusa de que es "la voluntad del pueblo catalán". La única esperanza de que en España sigan vigentes las leyes y la Constitución se encuentra en el más politizado de los tribunales. No es de extrañar que muchos consideren nuestro régimen con un muerto mal enterrado.
EL GOBIERNO DEL SILENCIO, EL GOBIERNO DE LA INACCIÓN
Editorial minutodigital 1 Agosto 2006
En muy poco tiempo, el Gobierno del Sr. Rodríguez nos ha acostumbrado al silencio, a la dejación de sus obligaciones y a la inactividad política.
Recientemente, varias declaraciones, desde el Presidente a Jáuregui, insisten en la necesidad del silencio y la falta de información para seguir adelante con las negociaciones con la ETA. En el culmen del despropósito, han llegado a sostener que para el dialogo es necesario el silencio informativo. ¿Podrá haber mayor contradicción en un Gobierno que prometió transparencia e información? Estos silencios, vergonzosos en democracia, son buena muestra de la predisposición del PSOE a jugar con la voluntad popular. Solicitó autorización a las Cortes para negociar presumiendo de ser el único Gobierno que se había preocupado de tener puntualmente informado al pueblo soberano. Sin embargo, después de la humillante votación en las Cortés, no hemos tenido más que rumores y ninguna certeza.
Sin embargo, el silencio se acompaña también de inactividad. En la huelga del personal de tierra del aeropuerto de Barcelona hemos podido ver a un Gobierno noqueado. Ante la brutal huelga, con la toma de las pistas por parte de los empleados del aeropuerto, el Sr. Rodríguez no respondió con contundencia. Simplemente cedió ante todas las peticiones que se le presentaron.
Tanto la negociación con la ETA, como el comportamiento ante la huelga del personal de tierra, como la reacción ante los atentados del 11-M demuestras una sola cosa: el Sr. Rodríguez Zapatero se niega a utilizar la fuerza del derecho, pues parece que siempre que el Gobierno se ve requerido al uso legítimo de la fuerza, prefiere claudicar. Por tal motivo, los españoles más radicales han tomado nota: no hay que convencer con argumentos, hay que utilizar la violencia si se quiere obtener algo del PSOE.
Esta forma de actuar responde a un patología enfermiza del nuevo socialismo: su falta de convencimiento en los principios y los valores democráticos. El 11-M les sirvió de trampolín para llegar al poder y no quieren perderlo por una minucia para ellos como pudiera ser el derecho de información de los votantes. Tampoco se sienten con la fuerza moral, que como Gobierno debe tener, de hacer cumplir la ley, aunque para ello deban tomar posturas aparentemente contrarias al supuesto talante y dialogo del que presumen.
Cuenta atrás para el Estatut
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 1 Agosto 2006
POR muy nacionalistas que sean y se sientan Pasqual Maragall, Artur Mas, Josep Lluís Carod-Rovira y tantos cuantos pretenden vallar la finca catalana para convertirla en predio propio y exclusivo, no podrán sustentar su devoción centrífuga en su condición de aborígenes. Cataluña, para su bien, ha sido cruce permanente de caminos y puerto de todas las rutas y arribadas mediterráneas. De ahí su jugosa grandeza cultural y artística. No cabe en Cataluña un Evo Morales blandiendo su condición aimara como gran argumento político. Los catalanes no son, ni en parte tan siquiera, como los maoríes en Nueva Zelanda. De ahí que resulte chusco que el próximo día 9, fecha para la entrada en vigor del nuevo Estatuto catalán, coincida con el «Día Internacional de las Poblaciones Indígenas». Para desgracia de los predicadores separatistas, no hay indígenas catalanes, aunque se pierden en la memoria de los tiempos familias y apellidos, unidos a esa tierra y, por ello, al Reino de Aragón y todos sus precedentes.
La entrada en vigor del Estatut estará marcada por la sombra que en él proyecta el recurso que, en nombre del PP, ayer presentaron ante el Tribunal Constitucional Soraya Sáenz de Santamaría, valor ascendente, y Federico Trillo, gloria descendente. Sin mucha prisa, pero, parece, con gran solvencia, las cabezas jurídicas del partido de Mariano Rajoy, entre las que destacan con brillo las dos citadas, han encontrado tres decenas de leyes generales de Estado con las que colisionará, en letra y espíritu, la aplicación del texto refrendado, sin entusiasmo, por los catalanes. Teniendo en cuenta que el verano es a la transgresión política lo que la nocturnidad a la penal, conocida la premeditación con la que ha cursado esta historia, sólo queda por demostrar la alevosía para valorar la «gran obra» que, al alimón, han levantado Maragall y Zapatero.
Se demuestra, al margen de la perversión política que supone el caso, la chapuza jurídica en que se envuelve. Ni el Gobierno debió tramitar asuntos tan trascendentes para el país, como el que nos ocupa, sin una mínima colaboración y/o entendimiento con el otro gran grupo nacional, ni el Congreso acertó al revisar el texto remitido por el Parlament, sin las correspondientes notas y previsiones de colisión legislativa que se producirán a partir del día 9. La acción política es un ánimo moral, con cimiento ideológico, que no puede ignorar las cuestiones técnicas y jurídicas que se derivan de sus actos, sin entrar en el territorio de la irresponsabilidad; tal como ha inspirado, amparado y rematado el presidente Zapatero.
De hecho, se está modificando la Constitución vigente, lo que, sin previo aviso ni método adecuado, constituye una insensatez temeraria al margen del calificativo más técnico que merece el caso. No incrementará ello el nivel de la certeza jurídica que se requiere para el sosiego y buen funcionamiento de la nación; pero, ¿puede tener rendimiento electoral? En ese caso, vale. Aquí vale todo.
Miguel Ángel Loma minutodigital 1 Agosto 2006
La fórmula es tan simple como repetida por su probada eficacia. Se fija un objetivo, se concreta en un mensaje con dos ideítas que resulten fácilmente asimilables por la masa, se agita todo y se distribuye machaconamente desde los medios de comunicación por los voceros del régimen. Como es obvio, la última parte es la trascendental; tan trascendental como el que los sujetos receptores del mensaje tengan buenas tragaderas. El mensaje actual es claro: con un gobierno simpaticón y tolerante, y no como el que presidía el belicoso tío del bigote, ha llegado el momento maduro de la paz. Los pobrecitos etarras llevan tres años sin asesinar y, eso, para quienes se alimentan de la muerte, es garantía suficiente de ayuno salvífico. Da igual que ni se arrepientan ni renuncien a sus pretensiones;ante la invocación del sagrado nombre de la paz todos debemos plegarnos, y el pueblo español... es tan generoso.
El principal obstáculo a este montaje también es obvio: las víctimas del terrorismo, salvo contadas excepciones. Por eso se intenta permanentemente dividirlas y se margina su participación en «el proceso», un proceso de negociada traición. «No pueden ser interlocutores porque están afectadas por el dolor y el odio»; esto no se dice exactamente así, pero es parte implícita del mensaje gubernamental. Se las patea el estómago dialogando con los asesinos, a la vez que se las menciona mucho en todas las declaraciones repitiendo insistentemente que siempre estarán presentes en la memoria, que muchas gracias por los servicios prestados, que no sabéis cómo os comprendemos, etc., etc.; y luego se las intenta comprar con ayudas y subvenciones económicas. Cree el ladrón.
Mientras tanto, la masa de ciudadanos españoles con derecho a voto sestea, pasa y pasea. Ya se sabe, mientras la sangre no te salpique directamente, tú mira para otro lado. A la masa se la movilizaba para que se manifestase con las manitas pintadas de blanco cantando aquello de «Eta escucha, aquí tienes mi nuca» y otras memeces de similar rima; pero ahora lo que toca es la amnesia: «Eta escucha, el pueblo está en la ducha», que hace mucho calor y no es cosa de alterarse. ¿Y aquello del espíritu de Ermua? Pues eso..., si la misma palabra lo dice: mero espíritu evanescente, y ya se sabe el valor que tiene el espíritu en una cultura laica. Sin necesidad de alterar apellidos nos han pegado el cambiazo: hemos pasado de Miguel Ángel a Pepiño; de Blanco a Blanco y tiro porque me espanto.
Como todo no se puede controlar, hay algún fleco que se escapa y el lobo asoma la patita sin disimulo. La actitud de Chapote ante los tribunales se convierte en un chapapote que destroza mil pretendidos discursos de paz. Pero rápidamente el inefable ministro de Justicia sale al quite para tranquilizar a la parroquia: hay etarras buenos y susceptibles de rehabilitación, y otros malos que no saldrán de la cárcel. Los buenos son los que eligen a las víctimas y, sin necesidad de mancharse las manos de sangre, encargan a tipos como Chapote la ejecución de las faenas. Repartiendo rosas y besos entre los cercanos a los asesinos, aparecen en escena los faranduleros progresistas, los que viven del cuento cultureta y de las subvenciones. Éstos sí que han sufrido y se han jugado la vida denunciando el terror etarra. ¡Pedazo de intelectuales comprometidos!
Zapatero y su partido se sienten los dueños del tablero («contamos con la mayoría de votos y, por lo tanto, quien se enfrente a nuestra política se enfrenta al pueblo soberano»), y modifican las reglas del juego a su conveniencia. No recuerdo en qué parte del programa socialista se incluía la negociación con los terroristas, pero el caso es que nos toca tragarnos a los criminales de ETA como animales democráticos de compañía; a Otegui, como hombre de paz; a Carrillo, Carod y Zerolo, como referentes éticos, y al pasotismo ciudadano, como ejemplo de tolerancia del nunca bien ponderado pueblo español. Vale, a la fuerza ahorcan. Pero que no pretendan vendernos su insensata irresponsabilidad, su cobardía y entreguismo bajo el ropaje de graves razones de Estado, altura de miras, patriotismo y generosidad. Que estos socialistas, no es que hagan de la necesidad virtud, sino que son capaces de transformar sus miserias morales en causas de beatificación.
¡Ha llegado la sacrosanta hora de la paz y del diálogo! Pues muy bien, que dialoguen, que dialoguen mucho. Y como estas cosas también requieren de su ritualismo, que se busquen un lugar simbólico y evocador, pero a la vez relajado y tranquilo. No sé..., bajo el árbol de Guernica quizás sea ya una imagen muy gastada..., habría que buscar otro árbol..., sí, un buen escenario para estos diálogos podría ser bajo el árbol donde le descerrajaron los dos tiros en la nuca a Miguel Ángel Blanco. Que organicen allí mismo unas buenas merendolas veraniegas con productos de la tierra: frutos secos, nueces y cosas así; y que bendiga la mesa Setién. Y como dicen que del roce nace el cariño, si después de tanto diálogo y de tanto tender puentes de entendimiento con los asesinos la relación va a algo más profundo, no hay problema: siempre nos quedará Gallardón.
Diplomados y manipulados
En aquella época en que nos tomábamos por revolucionarios, sentíamos un desprecio visceral por los diplomas. Aquellos papelujos documentaban la sumisión, a veces inevitable pero que nunca debía aceptarse de buen grado, a las convenciones de la sociedad burguesa. Era común decir que, de acabar la carrera, el título se colgaría en el cuarto de baño. No sé si ése será el sitio adecuado para esos diplomas que Zapatero ha decidido que se entreguen a las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil. Pero sí que su posesión significa el sometimiento a una operación propagandística y política de este gobierno. Una en la que las víctimas sólo han jugado un papel: el de instrumentos para la manipulación sentimental.
Zapatero no lanzó esta campaña instigado por aliados como IU y ERC. El principio se sitúa antes, durante la mayoría absoluta de Aznar. Sus promotores escribían en las páginas de su periódico de cabecera y hablaban por las ondas de su emisora piloto. Ahí se urdiría la leyenda de la amnesia de la Transición y las deudas pendientes que ahora repiten como buenos papagayos los dirigentes del PSOE. Casi treinta años después del fin de la dictadura y tras diversas medidas de reconocimiento y compensación, el
asunto resultaba sospechoso. Y con razón. Se resucitaba una versión maniquea de la historia con el fin de atribuir una culpa colectiva a la derecha por la Guerra y la dictadura, y de dañar a la derecha actual, que presentaban como heredera de la de otrora. A la vez, se recuperaba la conexión con una narración narcisista que exoneraba a la izquierda de toda responsabilidad en el desastre, y que permitía rehacer un prestigio maltrecho tras los años negros del felipismo.
Los cerebros de la operación sabían lo que se hacían, pero al pasar de la propaganda a la ley llegaron los obstáculos. Unos, de orden jurídico. Otros, de conveniencia, no fuera a ser que revisando juicios se visualizara que la represión fue obra de personas con nombres y apellidos cuyos sucesores pueden estar en cualquier parte, hasta en el Partido Socialista; de ahí un artículo 7.3, que ordena omitir la identidad de esos "colaboracionistas". Otros escollos aparecieron en la opinión. Pese a la sobredosis de reportajes sesgados, la mayoría piensa que no es justo, tratándose de una guerra civil, honrar únicamente a las víctimas de un bando. De modo que Zapatero hubo de envainarse la ley de buenos y malos, dejarla en un descafeinado discutible y disfrazarla de lagarterana. Así, tras el parto de los montes, la dirigencia socialista ha tenido que apelar al espíritu de la Transición que pretendía destruir, y decir que no se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas, omitiendo lo esencial: que las han abierto ellos mismos.
Pero la reconciliación no significa olvidarse del pasado. Ni se olvidó durante la Transición, y por eso fue como fue, ni debe sepultarse ahora bajo siete llaves, como sugiere el PP. Del pasado hay que ocuparse. Ha de conocerse y debatirse. Pues el pasado siempre es una discusión. Lo inaceptable es que un gobierno imponga una versión de los hechos que reproduce de pe a pa la vieja propaganda de uno de los bandos. La consciente y utilitaria falsificación.
Dicho todo esto, me quedan algunas dudas. No, por cierto, la relativa al diploma. Ni para colgarlo en el retrete lo querría. Debe de ser algún desarreglo mío, pero nunca me he visto como víctima del franquismo. Víctimas me parecían las gentes que aceptaban el régimen y vivían dócilmente bajo su férula. Aquel manso rebaño en el que balaban algunos de los más conspicuos antifranquistas de hoy en día. Lo que me pregunto es cuántos miembros del gobierno y aledaños podrán acceder al diploma de marras. Y también si se lo darán a los integrantes de los grupos terroristas que actuaron bajo la dictadura. Doy por supuesto que los asesinados por las izquierdas durante la Guerra no entrarán en el reparto.
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo
Estábamos, como quien dice, a punto de siesta, vale decir en ese adelanto agosteño de un fin de semana alargado por la festividad de San Ignacio, cuando el secretario general de los socialistas vascos decidió enviar un mensaje a Batasuna. Eligió el domingo para explicar al partido abertzale que está retrasando su vuelta a la legalización y que debe darse un poquito más de prisa si quieren participar en las instituciones y en una mesa de partidos. Otegi le respondía ayer que su legalización «no garantiza el desarrollo del proceso», mientras la mesa de partidos, sí, y que por eso, lo que es urgente de verdad es la constitución de la mesa y que el único impedimento es el PSOE «que pone ahora la legalización de Batasuna como condición indispensable».
No dice verdad Arnaldo Otegi al señalar que es una condición de ahora. Hasta la saciedad habían dicho Patxi y todos, absolutamente todos los suyos, que jamás se sentarían con un partido ilegal. Cuando lo hicieron en el hotel Amara Plaza, la víspera de San Fermín, explicaron que sólo una vez y la puntita nada más, pero que para la segunda reunión tenían que estar legalizados.
Patxi los quiere dentro de la democracia. Ellos, más modestos y prácticos, se conformarán con estar dentro de las instituciones, especialmente de los ayuntamientos, pero ha bastado que detecten las prisas de sus interlocutores socialistas para que se hagan de rogar.
Ésta es una constante en todos los 'procesos de paz' que los etarras han mantenido con gobiernos españoles. No es que hagan ascos al acercamiento de los presos, un detallito de buena voluntad, o a la legalización de su partido en este caso, pero son menudencias. Ellos a lo que van es a la negociación política, porque tienen la seguridad de que lo otro caerá por añadidura.
Concluida la ronda de conversaciones de todos con todos menos el PP, se registran algunas coincidencias notables: Batasuna, el PNV, EA, Aralar y la inflorescencia de Madrazo son partidarios de abolir la Ley de Partidos. El PSE, de mantenerla en plan creativo: difuminar sus bordes y pedir asesoría a Atutxa para que les explique cómo se debe cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003, que ilegaliza, disuelve, borra la inscripción, ordena la paralización de todos los actos y dispone la liquidación de los bienes de Batasuna. También están de acuerdo todos los interlocutores del PSE en la autodeterminación. Algunos, es el caso de EA, con más radicalidad que el propio Arnaldo: Begoña Errasti ni siquiera acepta negociar otra cosa que no sean los plazos de aplicación. Otegi, en cambio, mostraba ayer su pragmatismo al explicar que sin el PSE «la mesa no tendría sentido». Natural. ¿De dónde iban a cobrar todos los comisionistas, si no?¿Dónde se ha visto una timba sin la figura del 'primo'? s.gonzalez@diario-elcorreo.com
La reconversión de Montilla
Como Pablo en los Evangelios, Montilla se acaba de caer del caballo y parecería haber recobrado el sentido común. Pero al contrario que Pablo de Tarso, Montilla no deja la vida golfa para entregar sus días al servicio de los demás, sino para convencer a los demás una vez más de que den sus votos al proyecto nacional catalanista del PSC.
Ahora no toca Cataluña, ni la nació, ni la identidad. El empacho del Estatuto les ha disparado las alarmas que tienen distribuidas entre la militancia. De ahí viene el título de la campaña: "Ahora es la hora de los catalanes", una estrofa del himno nacional de Cataluña, "Els Segadors". Pero como las risotadas han llegado hasta Cornellá y las connivencias entre el título de la campaña y la emisión de 1.100.000 CDs con dicho himno son descaradas, Montilla se ha puesto a justificar lo injustificable. La última vez en El País con el artículo "¿Por qué es la hora de los catalanes?".
"Se ha hablado mucho de Cataluña y poco de los catalanes. Conviene ahora invertir el orden. Debemos dedicar nuestros esfuerzos a imaginar el futuro más que a recordar el pasado". Lástima que no se le haya ocurrido antes. ¡Con el tiempo que ha tenido!
Ahora bien, no entiendo una cosa: ¿Por qué él y el resto del PSC han insultado y satanizado como enemigos de Cataluña a todos los que durante años hemos defendido eso mismo? ¿Por qué han engañado a los ciudadanos definiéndonos como enemigos de Cataluña? ¿Por qué ahora sí vale ese discurso y antes no? Sólo se me ocurren dos cosas: Ha recobrado el juicio de golpe o nos está engañando.
Del primer caso pronto tendremos pruebas concluyentes. Un día después de las elecciones autonómicas del 1 de noviembre se habrá de formar Gobierno. El PSC no tendrá mayoría absoluta para formar Gobierno en solitario; ni siquiera ganará las elecciones, por las razones que hemos explicado en artículos anteriores. La pregunta no es si pactará de nuevo con el nacionalismo de toda la vida sino con cuál de ellos. ¿Reeditará el Tripartito o formará coalición con CiU como quiere Zapatero?
De algo deben estar seguros: pacte con quien pacte, sus energías políticas se quemarán de nuevo con la cuestión nacional. ¿O creen que ERC, ICV o CiU podrían sobrevivir sin ella? Ni siquiera Maragall se lo calla. El pasado 25 de julio abogó de nuevo ante un grupo de empresarios por reeditar el Tripartito: "Es posible, es necesario y es probable".
Me inclino, sin embargo, por la segunda opción: nos está mintiendo. José Montilla es quién es porque desde sus primeros pasos políticos se sumó a las tesis catalanistas del nacionalismo. Sin esa aceptación, nunca hubiera llegado a donde está. Este argumento sirve para cualquier otro dirigente con pesebre dentro del PSC. Quienes se resistieron lo más mínimo a esa condición para hacer política, ya hace tiempo que fueron marginados del poder en su partido o están fuera. Dos ejemplos históricos: Pepe Castellanos, fundador de la Federación del PSOE en Cataluña o Julio Villacorta, eterno excluido dentro del Consell Nacional del PSC por sus ideas no nacionalistas.
No se hagan mala sangre, la respuesta a la pregunta de por qué es la hora de los catalanes, con la que titula su artículo de El País, es evidente: porque ya no puede seguir engañando a su electorado con la murga de la cuestión nacional. Puro tactismo. Fíjense si no en su trayectoria: la tendencia catalanista es constante. ¿A quién querrá engañar?
Si de verdad quisiesen preocuparse por los problemas sociales que tan bien sabe vender en el artículo, no malgastarían 293.000 € en 1.100.000 CDs con el himno de "Els Segadors" para introducir de matute el eslogan de su campaña en las casas de todos los catalanes. Eso además de no cambiar un ápice su discurso nacional catalanista, es pura corrupción. Se utiliza dinero público para dar soporte subliminal a una campaña partidista a la presidencia de la Generalitat. En cuanto a la estrofa de "Els Segadors", "Ara es l`hora dels segadors", nadie en Cataluña se tragará que ha sido una mera coincidencia.
Un terrorista es un terrorista
Por VALENTÍ PUIG ABC 1 Agosto 2006
LOS hubo que tardaron demasiado en aceptar y advertir la corrupción de la Autoridad Palestina bajo el liderato de Arafat, y así fue como el fundamentalismo de Hamás ganó allí las elecciones. Son prácticamente los mismos que prefirieron ignorar -como las Naciones Unidas- que el terrorismo chiita de Hizbolá plantaba sus arsenales en el sur del Líbano, desde donde comenzó la agresión contra Israel. Por idénticas razones, hay quien se resiste a aceptar que Hizbolá tiene por objetivo las bajas civiles, mientras que Israel -puesto de nuevo en el punto de mira de la crítica- hace lo que puede para que las víctimas civiles sean las menos posibles, incluso en el caso sangriento de Qana, ya bajo investigación. Pero un proporcionalismo ejecutado por un Estado de Derecho, y por uno de los ejércitos más capacitados del mundo, carece de credibilidad; mientras que el terrorismo de Hizbolá, fomentado por un Estado teocrático y despótico como Irán, resulta ser el ideal de la agresión discriminada. La desproporción asombra, pero no a una opinión pública europea -y menos todavía a la española-, que acoge crédulamente lo que proceda de las terminales del terror más activo en Oriente Medio. Sea como sea, un terrorista es un terrorista.
Mientras tanto, el jeque Nasrallah, líder de Hizbolá, pudiera estar refugiado en la embajada iraní en Beirut. O en Damasco. Es lo que le corresponde, entre otras cosas, porque Teherán paga al año cien millones de dólares para que Hizbolá exista, y porque Siria es el corredor de paso de las armas que van de Irán hacia el sur del Líbano. El sueco Magnus Ranstorp, del Colegio de Defensa Nacional de Estocolmo, es un de los mejores expertos en la estructura de Hizbolá. Calcula que en la cúpula de Hizbolá operan siete personas, dos de ellas pertenecientes a la embajada de Irán en Beirut, con consultas a Siria. Así fue orquestada la intervención iraní en la «intifada» palestina del año 2000. Fruto de la experiencia previa, Hizbolá ha entrado a fondo en los modos de la guerra psicológica y ha organizado sus bases en el Líbano, con el criterio de movilidad constante, al amparo de la población civil y de una acción de guerrilla, ubicada en instalaciones subterráneas, sin ejército uniformado, inidentificable como objetivo militar desde el lado israelí. Se le supone un activo de no más de seis mil soldados que disparan sus misiles -un arsenal calculado en 12.000- desde casas, escuelas y mezquitas. Habitualmente usa escudos humanos, en algún caso incluso observadores de la ONU. Su actual popularidad en el extremismo de la calle árabe supera la de Al Qaida. Hay quien supone que la actuación de Hizbolá repercutiría favorablemente en su presencia electoral en el Líbano, con los vientos de la demografía soplando a su favor. Según fuentes de los servicios secretos de Israel, Hizbolá ha puesto en alerta sus «células durmientes» en el extranjero.
La inanición del Estado libanés es notoria. Mientras tanto, Hizbolá ha actuado contra Israel pensando que estaba en situación de debilidad, o bajo una intensa presión de la escena internacional. En Oriente Medio, cualquiera sabe que la peor provocación es aparecer como débil. Las flaquezas de la comunidad internacional favorecen la fortaleza de Irán. El espejismo libanés casi siempre dura poco. Un despliegue internacional pudiera retirar a Hizbolá del sur libanés, pero no de los suburbios de Beirut. Los poderes están en Teherán, y Hizbolá es la mano ejecutora. Contribuyen las imágenes de televisión, sesgadas en muchos casos, de forma deliberada o espontánea. En la medida en que Israel ponga coto a los misiles de Hizbolá, la estabilidad de Oriente Medio será de uno u otro signo, aunque lo que ocurra en Hizbolá, en caso de ser vencida militarmente, es otra incógnita, desde luego no tan significativa como el calendario de la bomba nuclear iraní, que concrete en su día la reanudación del imperio persa. vpuig@abc.es
El miedo de los liberales
Por EDURNE URIARTE ABC 1 Agosto 2006
Un país es atacado militarmente por otro y en España se organizan manifestaciones en contra del país agredido. Con el apoyo del partido del Gobierno. Pero el asunto es aún más grave. Se trata del ataque de un grupo terrorista de inspiración fundamentalista englobado en un red internacional, apoyada, entre otros, por Al Qaeda, que tiene como objetivo la eliminación de Israel y la guerra contra Occidente. Y el Gobierno español, una buena parte de nuestros partidos y otra de los intelectuales piden responsabilidades a Israel.
Si lo anterior es escandaloso, la timorata reacción de los liberales españoles, políticos o intelectuales es preocupante. Nadie ha osado salir a la calle por una de las causas más claras y necesarias del liberalismo occidental que es la denuncia del fundamentalismo islámico. Pero los liberales españoles ni siquiera se han atrevido a expresarse con determinación en los foros públicos. La mayoría, intimidada por el efectismo del discurso de la paz, ha sido incapaz de denunciar que la condena a Israel y los pretextos para Hizbolá nada tienen que ver con el pacifismo. Resultado: Hizbolá, un pariente cercano de Al Qaeda, ha ganado la batalla de la opinión pública española.
El disfraz del pacifismo ha sido eficaz una vez más para que el progresismo español haya presentado este debate como un enfrentamiento entre pacifistas y belicistas. Y para eludir un posicionamiento nítido en lo que es, en realidad, una guerra ideológica entre dos usos de la fuerza, el de terroristas y gobiernos fundamentalistas o el de los gobiernos liberales. En esa disyuntiva, el conflicto entre Hizbolá e Israel es, más que nunca, mucho más que un conflicto regional. Es parte de un conflicto global en el que, queramos o no, estamos en el mismo lugar que Israel. Así lo ha entendido Al Qaida con su pronunciamiento del pasado jueves, y todo el fundamentalismo islámico, sea chií o suní. Fuera de sus batallas internas, el objetivo común, ha recordado Al Zawahiri, es el mismo, y la acción de Hizbolá forma parte de ese objetivo.
La victimización de Hizbolá no es compasión inocente. Es parte de una ideología en la que la denuncia del imperialismo americano acerca al fundamentalismo a las revoluciones de la izquierda. Véanse, por ejemplo, los textos de Tariq Ali (El choque de los fundamentalismos, Alianza, 2005), un musulmán «moderado» que interpreta el mundo como un choque de fundamentalismos, el de Osama Bin Laden y el de Bush, las dos partes comparables del conflicto. Comparables, pero ni siquiera iguales. Porque, escribe, Tariq Ali, el 11-S, el 11-M y el 7-J son respuestas a nuestra responsabilidad en Iraq, y la violencia islamista, una consecuencia del sufrimiento que estamos infligiendo al mundo musulmán. La salida, por supuesto, el diálogo.
Es una construcción ideológicamente situada en las antípodas de los valores de la libertad, pero el liberalismo español ha sido enredado y silenciado de nuevo.
La civilización en juego
Larry Elder Libertad Digital 1 Agosto 2006
Nada menos que la civilización está en juego.
Depurar las responsabilidades
José Javaloyes Estrella Digital 1 Agosto 2006
La muerte de 37 niños libaneses en Canaá junto a 17 adultos, al desplomarse el edificio en cuyos sótanos estaban refugiados tras huir de Tiro, ha traído la indignación del mundo, como no podía ser menos. Definen a la guerra sus horrores, pero el que trae este suceso supera con mucho el porte normal de ellos. Tanto, que ha traído la suspensión durante 48 horas de los bombardeos israelíes, para abrir un compás de investigación sobre lo ocurrido, pues el colapso del edificio, al parecer, sobrevino seis horas después de las últimas operaciones de castigo contra las fuerzas de Hezbolá, empotradas tácticamente entre la población civil, para que ésta opere como escudo humano, capaz de pesar, en principio, como factor de equilibrio frente a la superioridad palmaria del Ejército de Israel.
Después de Canaá, el conflicto del Líbano comienza a ser otra cosa desde su propia presentación. Todo clama para que se depuren las responsabilidades políticas por lo sucedido; responsabilidades que ni se agotan ni se sitúan primordialmente en el lado israelí, sino que alcanzan de lleno también a su antagonista, Hezbolá y su jeque Nasrala, que trae el título y el mérito, por sí mismo y por sus armadores, de haber comenzado esta guerra con la muerte de ocho soldados judíos y el secuestro de otros dos, para utilizarlos como rehenes.
Lo que ahora está sobre la mesa y oculta los demás componentes del problema es la inmoralidad radical y monstruosa de la muerte de 37 niños, sepultados bajo los escombros del edificio en que permanecían refugiados por sus cuidadores: mujeres en su mayoría y en su mayoría también, posiblemente, sus madres. Tanto es el peso del suceso que el Gobierno de Israel asigna la absoluta prioridad, en estas horas dramáticas, al esclarecimiento y la depuración de las responsabilidades. Todos somos conscientes de lo mucho que se juegan Israel y sus aliados, especialmente Estados Unidos, en esta situación.
La guerra como tal tiene sus límites, sus reglas. Y alguien, en este caso, se los ha saltado y las ha violado. Contra Israel, desde el primer momento, se ha esgrimido el cargo de la desproporción entre el daño inicialmente recibido y los medios aplicados en su respuesta; pero ello es algo que se corresponde genéricamente en el plano de la dialéctica entre los títulos del Estado para replicar a quien le arremete y las justificaciones, reales o supuestas, de quienes no siendo Estado, como Hezbolá y toda organización terrorista, guerrillera o revolucionaria, hacen armas contra un poder estatal, que es el único al que el Derecho de Gentes reconoce titularidad para el ejercicio de la fuerza militar.
Radical y previamente inmoral, es la instalación de Hezbolá, como fuerza armada, entre la población civil del sur del Líbano. Y, de otra parte, radicalmente inaceptable, en términos de Derecho Internacional, es que el monopolio de la fuerza correspondiente al Estado libanés, venga siendo violado, secuestrado como los dos soldados israelíes, por la fuerza de los mandatarios de Irán y Siria. Hezbolá es un cuerpo extraño en el cuerpo de la comunidad internacional dentro del Oriente Medio.
Beneficiaria política de lo sucedido en la mañana del domingo en Canaá, la organización armada del chiísmo libanés tiene pendiente, sin embargo, que se averigüe —más allá de su responsabilidad por utilizar la población civil como escudo y como coartada moral— de dónde procedía la explosión y cómo sucedió, finalmente, el derrumbe del edificio de tres plantas en que se habían refugiado las víctimas.
Pero el Consejo de Seguridad de la ONU, que no ha conseguido una Resolución condenatoria de Israel por su campaña en el Líbano, por la oposición norteamericana, sí alcanzaba ayer, a propuesta ruso-china, un acuerdo sobre Irán, con sólo la oposición de Qatar, para que cese con su programa nuclear antes del 31 de agosto, y para que en caso contrario se le apliquen sanciones políticas y económicas. Y algo más que simplemente curioso es el hecho de que la Resolución incluya una advertencia a la comunidad internacional para que no se suministre a Irán materiales o tecnologías susceptibles de ser utilizados tanto en su programa nuclear como en su industria misilística, que suministra a Hezbolá la cohetería que dispara sobre Israel desde el sur del Líbano. jose@javaloyes.net
Carlos Semprún Maura Libertad Digital 1 Agosto 2006
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 1 Agosto 2006
Dicho simple y llanamente, el aeropuerto de El Prat es una porquerí­a. Hace años que los barceloneses lo sabemos y miramos con asombro envidioso y provinciano las instalaciones de Barajas. Ahora, por si no hubiera bastante con aguantar tal teatro de la pretenciosidad posmoderna, tal festival de la confusión y las malas maneras, las consecuencias –tóxicas– del mercado cautivo y los atropellos de toda clase, unos maleantes que se dicen trabajadores de Iberia han secuestrado a miles de ciudadanos. Aunque la responsabilidad máxima del secuestro (que ha dado sus frutos, pues los malhechores han conseguido que se les prolongue siete años su infeliz contrato) es de la ministra de Fomento. De fomento de los secuestros.
Aprovechando el caos y la general indignación del momento, los nacionalistas catalanes –es decir, la clase política local– reivindican el inmediato cambio de titularidad. Es el cuento chino de siempre: las autonomías, por definición, controlan mejor, gestionan mejor, defienden mejor nuestros derechos. Hay un ejército de crédulos y pusilánimes que gracias a esa monserga han favorecido el vaciado competencial del Estado. Contra lo que ellos creen, el vaciado competencial de una instancia no redunda en el crecimiento proporcional de las instancias que vienen a sustituirla sino en un crecimiento mucho mayor. A más aparatos burocráticos, más extensión de lo público sobre lo privado. A más administraciones, más intervencionismo. Pero la prestación básica que esperamos los administrados, que es la defensa de nuestra seguridad y de nuestros derechos, sigue sin cubrirse a pesar de la hipertrofia administrativa.
Debe ser el reflejo de haber sido una empresa pública lo que lleva a tantos trabajadores de Iberia a pisotear los derechos ajenos sin remordimientos. Ninguna de las reclamaciones que he presentado en Iberia en toda mi vida, ninguna de las que ha presentado nadie que yo conozca, ha llegado a nada. Se pierden siempre en el Castillo de Kafka. Su personal administrativo nos desprecia, se dirige a nosotros de forma impertinente; sus pilotos se creen que son la elite del país; su personal de tierra no tiene problema en montar una huelga salvaje, reventar las vacaciones de decenas de miles de personas, ocasionarle pérdidas astronómicas a la economía y poner en peligro la seguridad en las pistas.
Sólo conocen la imposición por la fuerza de sus intereses. La vía de hecho. La era dorada de los fuera de la ley no ha hecho más que empezar en España. Son las ventajas del Zapaterismo. Hoy se imponen unos abertzales de izquierdas (ejem), mañana un colectivo criado a las ubres del Estado. Ya se sabe.
Agapito Maestre Libertad Digital 1 Agosto 2006
¿Qué lecciones pueden sacarse del acto de salvajismo vivido en el aeropuerto de Barcelona? Primero que estamos ante dirigentes sindicales salvajes, que no les importa pisotear los derechos de miles de ciudadanos para que se satisfagan sus demandas. La utilización de los viajeros como rehenes es propia de sociedades cerradas. En segundo lugar, esa conducta salvaje debería hacernos recordar una obviedad: el sindicalismo español lleva muerto muchos años. No ha conseguido sobrevivir con dignidad fuera de las consignas de los políticos. Por desgracia para los derechos laborales, los sindicatos españoles siguen siendo meras correas de transmisión de la izquierda partidista. Amortizada la función política que tuvieron durante la Transición, nunca supieron adaptarse a las nuevas circunstancias de una democracia moderna, menos todavía supieron hallar su lugar en el nuevo mundo laboral surgido de la globalización.
De fracaso en fracaso, pero apoyados por una legislación injusta que los mantiene sin tener que responder ante nada y ante nadie, el sindicalismo español ha quedado reducido a pagar miles de nóminas de burócratas sin otro oficio que mantener un cuento de otro siglo. Sobreviven de los impuestos de los españoles que, en su inmensa mayoría, están hartos de este fraude sindical, que está favorecido por una ley patética al servicio del "bipolio" sindical. A estos sindicatos de irresponsables, sin embargo, les pedimos responsabilidades cuando provocan un caos como el del aeropuerto de Barcelona. No nos damos cuenta de que eso es un sinsentido. Es absurdo pedir responsabilidad a quien ha hecho de la irresponsabilidad su norma de comportamiento. El sindicalismo serio y eficaz en España sigue siendo un desiderátum.
La tercera lección política del caos del aeropuerto de Barcelona es evidente: un Gobierno populista y "revolucionario" requiere de sindicatos salvajes y dispuestos a romper el discurrir normal de la vida ciudadana. Los sindicatos españoles, que habían perdido buena parte de sus funciones por una absoluta inoperancia e ineptitud de sus cuadros dirigentes, han visto su gran oportunidad con el Gobierno de Zapatero. En efecto, la "mediación" del Gobierno, en realidad la intervención arbitraria y de acuerdo con los violentos, es para que sean cubiertas todas las exigencias de los huelguistas sin importar su irracionalidad. He ahí una prueba más de que Zapatero –por si no era suficiente su negociación con los asesinos de ETA– sólo atiende, negocia y transige con los violentos, con los salvajes. La concesión hecha hace sólo unos días a los pilotos de Iberia por la intervención del Gobierno es el modelo seguido por los huelguistas de Barcelona. En las dos ocasiones la mediación de la ministra de Fomento no pudo ser más lamentable, porque solventó el problema concediéndole todo a los violentos.
Otras dos enseñanzas laterales, o sea, irónicas podemos extraer del caos creado por los huelguistas contra los pasajeros. Por un lado, José Montilla, ministro de Industria y de Turismo, parece que nunca se ha considerado miembro del Gobierno sino un delegado de la Generalitat, toda vez que ha declarado que él no tenía nada que decir sobre el asunto del aeropuerto, "porque era una competencia del Gobierno de Madrid". Segundo, Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, no ha culpado, como hizo cuando la nevada, a los pasajeros de la desgracia de soportar una huelga salvaje. Es un salto cualitativo en el populismo ramplón de este Gobierno. En todo caso, lo más grave del caos del aeropuerto de Barcelona, es que nos han dejado ver el rostro salvaje de unos sindicatos-basura.
El PP espera que el TC resuelva su recurso contra el Estatuto antes de las generales
CRISTINA DE LA HOZ. MADRID. ABC 1 Agosto 2006
El PP culminó ayer ante el registro del Tribunal Constitucional su impugnación del Estatuto catalán por entender que se trata de un texto con vocación de «constitución paralela» que invade las competencias del Estado, que tiene «obsesión reguladora» y se trata, además, de una norma de «ínfima calidad», según explicaron ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación la responsable popular de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, que recupera así para el partido su papel de jurista.
Se trata de 408 folios -firmados por cien diputados encabezados por su jefe de filas, Mariano Rajoy- en los que se cuestionan un total de 114 artículos, prácticamente la mitad de los que componen el texto estatutario. El PP reclama al TC que dé al recurso una tramitación urgente y prioritaria «por su propia importancia como parte del bloque de constitucionalidad y porque del Estatuto se deriva la reforma de más de 30 leyes generales», explicó Trillo. También por tratarse, agregó, de un texto «modélico respecto del proceso de revisión del resto de los Estatutos».
«Encrucijada histórica»
«El Constitucional está en una encrucijada histórica», sentenciaron los recurrentes, que explicaron que el recurso viene inspirado en su mayoría por la propia jurisprudencia consolidada del Alto Tribunal.
Tras afirmar que la génesis del texto catalán es netamente nacionalista, Trillo y Sáenz de Santamaría expresaron su deseo de que las deliberaciones del TC no se alarguen más allá de las próximas elecciones generales (marzo de 2008) y que, en todo caso, «acataremos esa sentencia y pediremos que lo haga todo el mundo». Por su parte, el «número dos» popular, Ángel Acebes, dijo esperar que el TC impida «que los daños sean irreparables».
Los recurrentes anunciaron su intención de remitir una copia del recurso al presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, al tiempo que comentaron que el líder del PP catalán, Josep Piqué, ha participado en el proceso de elaboración del recurso sobre todo en los capítulos de financiación e intervencionismo económico.
Los principales capítulos del recurso son los siguientes:
Preámbulo y Título Preliminar. El concepto de «nación» que se atribuye a Cataluña con sus derivadas -autogobierno, símbolos nacionales, derechos históricos y relación bilateral- son el grueso de este apartado. Además de la jurisprudencia del TC, también se ha echado mano en numerosas ocasiones del debate de los constituyentes, en el que quedó claro, explicó Sáenz de Santamaría, que «la Constitución no permite la aplicación del concepto «nación» nada más que a España».
Lengua catalana. Con la Constitución en la mano «no puede verse como un deber sino como un derecho». Este principio es de aplicación a todos los afectados, esto es, ciudadanos de Cataluña, amén de empresas, Administración del Estado, jueces, magistrados, notarios, registradores y colegiados. También hay un rechazo expreso a que sea la única lengua vehicular de la enseñanza.
Derechos y deberes. No pueden ser distintos a los que consagra la Constitución. El recurso está fundamentado en «los principios de igualdad y de libertad». Se impugna la regulación del derecho a la vida, el intervencionismo en la vida económica y social así como en los medios de comunicación.
Poder Judicial. Es donde se manifiesta de manera más clara, a juicio del PP, «la pretensión del Estatuto de convertirse en una constitución». Se trata de configurar un poder judicial «propio que rompa la unidad del Poder Judicial del Estado», que garantiza el trato igual ante la Ley de todos los españoles.
Competencias. Es el apartado más amplio del recurso. Se expone una argumentación general contra el blindaje de competencias así como contra la limitación de la capacidad del Estado para dictar legislación básica. Se recurre de manera pormenorizada un amplio elenco de títulos competenciales como Cajas de Ahorro, colegios profesionales, comercio, consultas populares, educación, inmigración, infraestructuras, juego, medios de comunicación u obras públicas.
Bilateralidad. Si la bilateralidad, aducen, fuera el modelo de relación del Estado con las 17 Comunidades, el modelo sería «inviable», más propio de un Estado confederal. Rechazo a la «posición singular» de Cataluña.
Relaciones internacionales. El Estatuto establece una «posición determinante» de Cataluña a la hora de diseñar la voluntad del Estado. «El único sujeto de derecho internacional debe seguir siendo el Estado».
Financiación. Se pretende diseñar un modelo que «nuestra Constitución no ampara» dado que afecta al modelo de solidaridad interregional.
PLAZO MÁXIMO HASTA EL 31 DE AGOSTO
Irán rechaza el ultimátum del Consejo de Seguridad para que suspenda su programa nuclear
El embajador de Irán en la ONU, Javd Zarif, ha dicho este lunes que la demanda del Consejo de Seguridad de que suspenda su programa nuclear es "ilegal" y que su país continuará con sus actividades de enriquecimiento de uranio. Horas antes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba una resolución que exige con carácter obligatorio a Irán que suspenda sus programas de enriquecimiento de uranio y le da como plazo máximo para ello el 31 de agosto próximo. La resolución ha sido adoptada con el voto afirmativo de 14 de los quince miembros del Consejo y el voto en contra de Qatar, el único país árabe que integra este órgano de la ONU.
EFE Libertad Digital 1 Agosto 2006
La resolución, que fue elaborada por Alemania, Francia y Reino Unido, exhorta a Irán a cumplir con todas las demandas y resoluciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), a fin de asegurar que el propósito de sus programas nucleares tiene fines pacíficos.
En este sentido, se exige a Teherán que suspenda todas sus actividades de enriquecimiento de uranio y de reprocesamiento, y se dice que la AIEA verificará su cumplimiento con un informe que deberá presentar el 31 de agosto. En el texto también se expresa la convicción de que la suspensión de estos programas contribuirá a la búsqueda de una solución diplomática y negociada.
De este modo, se apoya el trabajo realizado por los seis países que negocian el tema iraní y por el Alto Representante en Política Exterior de la Unión Europea (UE), Javier Solana, quien presentó el pasado 6 de junio un paquete de incentivos a Irán. En el documento, también se pide a los Estados miembros que, acorde a sus legislaciones nacionales, ejerzan vigilancia y eviten transferir materiales y tecnología a Irán que puedan servir para enriquecer uranio o para su programa balístico.
Tras la votación, el embajador de Qatar, Nassir Abdulaziz Al-Nasser, subrayó que Irán debe cumplir con sus obligaciones con la OIEA, pero consideró que la medida de presión adoptada este lunes no es la adecuada en "un momento tan convulsionado" en Oriente Medio. Recordó que el Gobierno iraní todavía no ha rechazado el paquete de incentivos de la comunidad internacional y opinó que hubiera sido mejor darle tiempo a que dé una respuesta. "No queremos ver cómo otro volcán hace erupción en la región", destacó.
El embajador de EEUU, John Bolton, manifestó que "Irán debería seguir los pasos adoptados por el Consejo y suspender la construcción del reactor nuclear". Asimismo, afirmó que "la mejor forma para Irán de salir del aislamiento internacional es aceptar la resolución", ya que en su opinión "las armas de destrucción masiva no dan más seguridad, sino todo lo contrario".
El embajador de Reino Unido, Emyr Jones Parry, dijo que el largo historial de actividad nuclear de Irán plantea dudas acerca de si es sólo para fines civiles. El embajador de Rusia, Vitaly Churkin, se mostró más moderado e indicó que el propósito de la resolución es reforzar el papel que la OIEA debe desempeñar en el contexto de los programas nucleares de Irán e hizo un llamamiento a que acepte el paquete de incentivos. "Esperamos que Irán revise el contenido de esta resolución y tome las medidas necesarias para su cumplimiento", indicó.
Hasta el momento, Irán no se ha pronunciado sobre la oferta de incentivos propuesta por la comunidad internacional, y señaló que daría una respuesta el próximo 22 de agosto. Este paquete de incentivos incluye tecnología nuclear de punta para uso civil, un reactor de agua ligera, así como ventajas económicas y garantías de seguridad regional.
El embajador iraní, Javad Zarif, indicó que el Consejo de Seguridad adoptó una declaración presidencial y una resolución sin escuchar al gobierno iraní ni siquiera esperar a que dé una respuesta. "(La resolución) es un intento por parte de algunos países del Consejo para impedir que Irán ejerza su derecho inalienable de desarrollar programas nucleares por fines pacíficos", destacó.
Tras rechazar el documento, el embajador insistió en que Irán "está determinado a seguir desarrollando sus actividades de enriquecimiento de uranio sólo para fines pacíficos", y dijo que, por motivos históricos y religiosos, "rechazan la fabricación y el uso" de armas de destrucción masiva. "El programa nuclear iraní no supone amenaza alguna para la paz y la seguridad mundial", concluyó el embajador, quien agregó que la única manera de resolver las dudas es a través de la reanudación de negociaciones.
'EL PAÍS"PIDE LA CENSURA DE LA INFORMACIÓN SOBRE ETA
Minuto Digital 1 Agosto 2006
El diario progre prefiere someterse a los intereses del Gobierno socialista que a los de sus cada vez menores lectores. En un editorial, aprueba “un cierto apagón informativo” sobre las negociaciones con ETA y la actividad terrorista. Rodríguez, Jesús Polanco y Josu Ternera se sienten a gusto en la oscuridad.
Como en las dictaduras, el periódico adicto al régimen da consejos al resto de la prensa sobre lo que deben escribir o callar. Ayer, el diario ‘El País’ justificó en un editorial el ocultamiento de informaciones que perturben la negociación entre el Gobierno socialista y los etarras.
La frase, miserable para un medio de comunicación, era la siguiente: “Un cierto apagón informativo puede ser conveniente para el éxito del empeño, siempre que exista una clara conciencia de cuál es el objetivo y cuáles los límites de un proceso que cada uno pretende caracterizar según su conveniencia”.
¿Por qué la cadena SER y ‘El País’ no aplicaron “un cierto apagón informativo” en los días entre los atentados del 11-M y las elecciones generales del 14-M? Entonces, el periódico progresista se apuntó a la tesis de que los ciudadanos tenían derecho a saber todo lo descubierto antes de votar. Ahora, en cambio, defiende la censura; por supuesto por el bien general.
¿Pretende ‘El País’ que las televisiones no emitan las imágenes del asesino ‘Txapote’ coceando su jaula en la Audiencia Nacional ni de las sedes del PSOE y del PP quemadas por la ‘kale borroka’? ¿No es “conveniente” la exclusiva del ‘ABC’ de que el teléfono móvil desde el que Joseba Imanol Elosúa recibió el chivatazo de que era seguido por su presunta pertenencia a una red de extosión de ETA pertenecía a la Comisaría General de Información de la Policía?
‘El País’, diario fundado por el periodista franquista Juan Luis Cebrián, ignora el artículo 20 de la Constitución en el que se reconoce el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Con su editorial, el periódico progre se sitúa, voluntariamente, entre los medios que suministran “información veraz”, o sea, que mienten. Luego Polanco y Cebrián se sorprenderán de la bajada de las ventas.

References: artículo 7
 Resolución 
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 artículo 20