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Timestamp: 2019-01-22 19:43:45+00:00

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﻿ SENTENCIA 2008-04820 DE OCTUBRE 22 DE 2008
SENTENCIA 2008-04820 DE 22 DE OCTUBRE DE 2008
CONTENIDO:ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. REVOCATORIA DIRECTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:REVOCACIÓN DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONCURSO DE MÉRITOS EN LA CARRERA NOTARIAL
Sentencia 2008-04820 de octubre 29 de 2008
Rad.: 110011102000200804820 01 168T
Registro: 22 de octubre de 2008
Aprobado según Acta Nº 107
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el que fuera reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada a por el ciudadano Julio Humberto Meléndez Boada, contra la sentencia proferida el 27 agosto de 2008, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual se resolvió negar el amparo constitucional de suspender los efectos de las resoluciones 29 y 37 de 2008, proferidas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y su consecuente inclusión en el Acuerdo 142 del 9 de julio de 2008, expedido igualmente por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al considerar el a quo improcedente la acción constitucional impetrada en lo que respecta a los cuestionamientos elevados por la revocatoria directa del Acuerdo 142 del 9 de Julio de 2008.
El día 11 de agosto de 2008, el señor Julio Humberto Meléndez Boada instauró acción de tutela contra el Consejo Superior de la Carrera Notarial, exponiendo como argumentos de su accionar lo siguiente:
Relata el accionante que en la actualidad ejerce el cargo de Notario Único de Funza, desde hace 18 años. Afirma igualmente que se inscribió el día 25 de enero de 2007 para participar en el concurso público de Notarios ordenado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, para el Círculo Notarial del municipio de Funza Cundinamarca, participando en todas las etapas del mismo, una vez fue aceptada su documentación y aparecer en la lista de participantes aptos para participar en el mismo.
Anota igualmente que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, una vez surtidas todas las etapas del concurso, incluidas la de la entrevista, en virtud de las normas constitucionales y legales (1) que regulaban el mismo, procedió a expedir el Acuerdo 142 del 9 de julio de 2008, “Por el cual se integran las correspondientes listas de elegibles para la región de Bogotá”, y dentro de esa lista de elegibles aparece ocupando el primer puesto por haber obtenido 76.183 puntos, siendo por tanto el mejor entre los candidatos que se inscribieron para la Notaría de Funza.
Señala igualmente el accionante que dicho acuerdo es un acto administrativo de carácter particular que le generó unos derechos adquiridos para él, los cuales no le pueden ser desconocidos ni vulnerados por la accionada como en efecto lo ha realizado por medio de las resoluciones 29 y 37 de 2008, expedidas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, actos administrativos unilaterales que según el accionante configuran la violación del debido proceso, en tanto con ellos se desconoció lo estatuido en el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo.
Señala el actor que a través de las resoluciones antes citadas, el Consejo Superior de la Carrera Notarial ordenó la exclusión de su nombre de la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 142 de 2008, con el argumento de que él se encontraba inhabilitado para aspirar a dicho cargo, por haber sido sancionado por la Superintendencia de Notariado y Registro, según da cuenta la misma Procuraduría General de la Nación, sanción esta que le fue impuesta en el año 2000, consistente en una suspensión por el término de 6 meses en el ejercicio del cargo.
Con los anteriores argumentos el accionante considera que se la ha violentado sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, libertad de escoger profesión u oficio, igualdad, seguridad jurídica, buena fe, protección a la confianza legítima al haber sido excluido de la lista de elegibles del concurso de notarios, en la cual estaba ocupando el primer puesto, conforme lo refleja el Acuerdo 142 de 2008, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. Aduce igualmente que la sanción disciplinaria impuesta mediante Resolución 1456 del 29 de marzo de 2000 se encontraba prescrita al momento de la inscripción en el concurso y que por ello no puede considerarse vigente una sanción prescrita a la luz de la Ley 200 de 1995, norma vigente para la época de la suspensión, y por tanto no pueden existir para estos eventos sanciones disciplinarias intemporales.
Por todas esas razones depreca la protección a sus derechos fundamentales, violentados, por considerar que se le han desconocido los derechos particulares generados en virtud de la expedición del acto administrativo de carácter particular contenido en el Acuerdo 142 del 9 de julio de 2008, en el cual se integró la lista de elegibles para la región de Bogotá, y, en consecuencia, afirma que se produjo una revocatoria directa, unilateral, ilegal e injustificada sin mediar su consentimiento, lo cual genera la flagrante violación del principio constitucional del debido proceso, en tanto se desconoció el procedimiento establecido en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.
Señala el actor que la pérdida del empleo configuraría un perjuicio irremediable al no tener otra alternativa inmediata de trabajo, dada su avanzada edad, vulnerándosele el mínimo vital y el de su familia.
Finalmente solicita que se ordene, como mecanismo transitorio, la suspensión de los efectos de las resoluciones 29 y 37 de 2008, por medio de las cuales se le excluyó del concurso público para el nombramiento de notarios y, en consecuencia se le incluya nuevamente en el Acuerdo 142 del 9 de julio de 2008, constitutivo de la lista de elegibles para la región de Bogotá.
Por auto del 13 de agosto 2008 se admitió la tutela, ordenando notificar a la accionada, Consejo Superior de la Carrera Notarial, a través del Ministerio del Interior y de Justicia y de la Superintendencia de Notariado y Registro (c.o., fls. 15 a 17). Igualmente se ordenó vincular a quienes concursaron para el cargo de notario en el Círculo Notarial de Funza y que se encontraran en la lista de elegibles.
El 14 de agosto de 2008 el a quo decidió mediante auto interlocutorio negar la medida provisional solicitada por el accionante.
El 22 de agosto de 2008 el Magistrado Ponente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura ordenó que se publicara en la página web del Consejo Superior de la Carrera Notarial, la existencia de esta acción de tutela a efectos de dar a conocer la misma a quienes eventualmente pudieran salir afectados con la decisión que se tomará en el tramite de la presente acción de tutela, especialmente a quienes habían participado en dicho concurso.
El 26 de agosto de 2008, se notificó a los señores Pedro León Cabarcas Santoya, Oscar Antonio Hernández Gómez y José Miguel Rojas Cristancho, integrantes de la lista de elegibles para el nudo de Bogotá, según constancia dejada por el a quo, a través de uno de sus abogados asistentes.
El día 27 de agosto de 2008 se profiere sentencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, providencia esta que niega por improcedente la acción de tutela impetrada.
El día 15 de octubre del presente año, el Magistrado Ponente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, oficiosamente ordena la práctica de unas pruebas.
III. Intervención de las autoridades accionadas
La Superintendencia de Notariado y Registro y el Presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial a través de la jefe de la oficina jurídica de dicha entidad, doctora María Teresa Salamanca Acosta, contestó la acción de tutela y argumento como uno de los fundamentos para desestimar la acción impetrada el no cumplimiento del requisito de inmediatez, como presupuesto de procedibilidad de la misma, por cuanto según la Togada, por haber trascurrido más de 8 años después de la imposición de la sanción, el accionante no puede solicitar por vía de tutela que la misma sanción le sea revocada.
Sobre el procedimiento realizado para la exclusión del actor, señaló que mediante Acuerdo 79 del 12 de octubre de 2007, el Consejo Superior ordenó la apertura del procedimiento previsto en el inciso 2º del artículo 19 del Acuerdo 1 de 2006 con el fin de verificar si alguno de los aspirantes al concurso de la carrera notarial, estaba incurso en inhabilidad especial, para lo cual se contó con la certificación expedida por la Dirección de Gestión Notarial en la cual según la accionada, consta que el señor Julio Humberto Meléndez Boada fue sancionado disciplinariamente por la Superintendencia de Notariado, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 6 meses, por haberse aprovechado personalmente de dineros que recibió por pago de impuestos o en depósitos. Señala que igualmente la Procuraduría General de la Nación certificó, mediante oficio del 21 de noviembre de 2007, la existencia de una causal de inhabilidad en el aspirante, dada por la suspensión referenciada con efectos jurídicos a partir del 1º de junio de 2001.
Enuncia que al accionante, por habérsele suspendido en el ejercicio del cargo, lo inhabilita para conformar la lista de elegibles y para haber participado en el concurso público aludido, y por ello se le excluyó del concurso notarial, en atención a que la Ley 588 de 2000 en su artículo 4º, parágrafo 2º, prevé las causales inhabilitantes para participar en el concurso notarial, el haber sido sancionado disciplinariamente por faltas como notario consagradas en el artículo 198 del Decreto 960 de 1970.
Señala la accionada que, “A su vez el artículo 4º del Decreto 3454 de 2006, establece que el aspirante al concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial, no debe tener ningún impedimento para ser designado notario, así mismo no haber sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado, ni sancionado con penas de suspensión, destitución por faltas en el ejercicio del cargo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley 960 de 1970, en armonía con la Ley 734 de 2002 y las restantes normas que regulen la materia”.
A su vez manifiesta que las inhabilidades entendidas como requisitos para acceder al cargo de notario, tienen un propósito moralizador del Estado y de la función notarial, lo cual justifica la intemporalidad en su aplicación.
Se arrimaron al plenario las siguientes:
— Copia de la Resolución 29 del 19 de junio de 2008, emanada del Consejo Superior de la Carrera Notarial, mediante la cual se excluye del concurso notarial al ciudadano Julio Humberto Meléndez Boada (cdno. anexo, fls. 2-4).
— Copia de la Resolución 37 del 24 de julio de 2008, mediante la cual se confirma la Resolución 29 del 19 de junio de 2008 (cdno. anexo, fls. 5-10).
— Copia del Acuerdo 142 del 9 de junio de 2008, por medio del cual se conforma la lista de elegibles para el círculo notarial con los nombres de las personas que presentaron al entrevista en la ciudad de Bogotá (fls. 11-13 cuaderno anexo y el acuerdo completo ordenado de oficio en providencia emitida por este despacho).
— Copia de oficio fechado el 21 de noviembre de 2007, emitido por la Procuraduría General de la Nación, en donde se relacionan los inscritos al cargo de notario que poseen inhabilidades, entre los cuales se encuentra el señor Julio Humberto Meléndez Boada (cdno. anexo, fls. 15-21).
— Certificado de tiempo de ejercicio notarial HVN 19093850/0372, expedida por Diego Gerardo Farfán Guaqueta, director (e) de la Dirección de Gestión Notarial, expedida el día 5 de febrero de 2007, y de la cual se desprende que el señor Julio Humberto Meléndez Boada, no posee inhabilidad para ejercer funciones de notario (c.o., fls. 19 a 21).
— Certificado ordinario de antecedentes disciplinarios, distinguido con el Nº 3338657-4 expedido el día 30 de enero de 2007, por la Procuraduría General de la Nación, en el cual se hace constar que el señor Julio Humberto Meléndez Boada, no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.
— De oficio se arrimaron al proceso las siguientes:
— Acuerdo 4 y Acuerdo 72 de 2006; acuerdos 1, 3, 7, 9, 23, 53, 54, 71, 75, 79, 94, 95, 99, 96, 103, 106 y 117 de 2007 y aviso aclaratorio del Acuerdo 3 de 2007.
— Acuerdos 109, 111 a 116, 122 a 129, 132, 134 a 142, 145, 148 a 151, 155 y 156 de 2008.
En sentencia calendada el 27 de agosto de 2008, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, decidió negar el amparo deprecado por el ciudadano Julio Humberto Meléndez Boada, en relación con la suspensión de los efectos jurídicos de la exclusión del concurso de la carrera notarial, además de declarar la improcedencia de la misma frente a los cuestionamientos realizados al Acuerdo 142 del 9 de julio de 2008, emanado del Consejo Superior de la Carrera Notarial, en el cual se integró la lista de elegibles para las personas que presentaron entrevista en la regional de Bogotá.
Señaló en su momento el juzgador de instancia: "Descendiendo al caso en concreto, debe señalarse que el actor confunde lo que es la prescripción de la sanción disciplinaria con la inhabilidad de la que fue objeto, situaciones que son diametralmente distintas, y que, lógicamente, producen diversos efectos.
Es cierto, tal como lo señala el Dr. Meléndez Boada, que, tal como lo prevé el artículo 32 de la Ley 734 de 2002, la sanción disciplinaria prescribe en 5 años, sin embargo, y conforme lo refiere la accionada Superintendencia de Notariado y Registro, el hecho de que en contra del inculpado se haya proferido sanción disciplinaria, en cualquier tiempo, hace que se encuentre incurso en causal de inhabilidad, misma que, conforme lo ha señalado la misma Corte Constitucional, son intemporales, situación que fue declarada constitucional”.
La Sala de Instancia, conforme los argumentos traídos a colación, hace referencia a las sentencias C-1212-01 y C-373/2002.
Sobre la declaratoria de improcedencia precisó el a quo:
“Ahora, si considera el actor que su exclusión de la lista de elegibles no era procedente, pues de hacerlo se acudiría a la figura de la revocatoria directa de situación particular, para lo que era necesario contar con su consentimiento, debe la Sala señalar que el actor lo que pretende enervar es lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo 1 de 2006, en virtud del cual “...En cualquier etapa del concurso, si el Consejo Superior tuviere conocimiento a través de información seria, objetiva y confiable de la comisión de una conducta fraudulenta por parte de algunos de sus concursantes que tenga relación con su participación en el concurso, previo requerimiento de la persona comprometida y una vez rendidas las explicaciones pertinentes, si estas no fueren satisfactorias, procederá a suspender su participación en dicho concurso, con independencia de las acciones legales y penales a que hubiere lugar...", evento en el cual estaríamos ante una acción de tutela contra un acto administrativo de carácter general, y además que data de hace aproximadamente dos años (2) años...”.
VI. Impugnación al fallo
El actor impugnó el fallo de tutela el día 1º de septiembre de 2008, cuya revocatoria deprecó, aduciendo que a través de su exclusión del concurso de notarios se le causó un perjuicio irremediable al vulnerársele, entre otros, sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, libertad de escoger profesión u oficio, igualdad, seguridad jurídica, buena fe.
Señala que al inscribirse como notario obró con absoluta buena fe de no encontrarse inhabilitado, pues se había cumplido con la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por seis meses, con la consiguiente inhabilidad a la luz y dentro del marco legal vigente en el tiempo que se produjo.
Competencia. De conformidad con lo previsto en los artículos 86, 116 inciso 1º, 256.7 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver la impugnación deprecada dentro de la presente acción de tutela.
Problema jurídico. Se trata de establecer si el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al proferir las resoluciones 29 del 19 de junio de 2008 y 37 del 24 de julio de 2008, mediante las cuales se decidió excluir del concurso público y abierto para la provisión de notarios en propiedad, al señor Julio Humberto Méndez(sic), incurrió en violación de los derechos fundamentales del actor, amparables por la vía de la acción de tutela, por haberse supuestamente desconocido los derechos adquiridos por el accionante emanados del acto administrativo de contenido particular, denominado Acuerdo 142 de 2008, expedido el día 9 de junio del 2008, por el cual se integran las correspondientes listas de elegibles para la región de Bogotá.
Test de procedibilidad. Ha de precisarse, en primer lugar, que, tal como lo ha venido sosteniendo esta Colegiatura (2) , desde los inicios de la jurisprudencia constitucional sobre la naturaleza y fines de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha destacado sus características esenciales que la estructuran como un mecanismo excepcional de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que éstos se vean amenazados o vulnerados, sin que se la pueda utilizar como un medio alternativo, adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. En tal sentido, dicha corporación sostuvo lo siguiente:
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales” (3) .
De allí que la acción de tutela exija algunos presupuestos de procedibilidad, sin cuya concurrencia no es posible abordar el análisis de fondo del asunto. Es así como se tiene que acudir a lo reglado en el artículo 86 de la Carta Política, y a lo plenamente ilustrado por la jurisprudencia constitucional, en donde encontramos que la norma y la línea jurisprudencial trazada ha establecido que dicho mecanismo excepcional es una garantía de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre y cuando no se disponga de un medio judicial para hacer valer los mismos, previsión que aparece claramente desarrollada en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Es pertinente, por tanto, recordar y retomar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en cuanto destaca los elementos definitorios de esta acción constitucional, no sólo como medio procesal específico, sino también como excepcional, que implica que el afectado sólo puede acudir en ausencia de otro medio de defensa judicial, salvo cuando se haga uso de ella excepcionalmente con el propósito de evitar un perjuicio irremediable y, como es apenas lógico, como mecanismo transitorio.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, se expresó así en la Sentencia SU-067 de 1993:
“... la acción de tutela está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal complementario, específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos sean violados o se presente amenaza de su violación.
Es, en efecto, un mecanismo judicial de origen constitucional de evidente carácter residual que está previsto para asegurar la tutela efectiva y sustancial de los derechos constitucionales fundamentales, pues “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Se establece así un sistema complementario de garantía de aquellos derechos constitucionales fundamentales que, con determinadas características de sumariedad, preferencia y efectividad, impida en dicho ámbito la ausencia de su protección judicial, pues el constituyente quiso superar con sus previsiones, determinadas deficiencias de la organización del sistema judicial que, entre otras causas, por su carácter legislado, no garantizaba la plena, efectiva e integral protección de los derechos constitucionales fundamentales tan caros al Estado social y democrático de derecho y al constitucionalismo en todas sus evoluciones” (4) .
De lo expuesto, fácil es concluir que la primera labor que corresponde realizar al juez de tutela será precisamente superar el juicio de procedibilidad, por manera que sólo aborde el análisis de fondo del asunto si se evidencia la violación de los derechos fundamentales del accionante, la inexistencia de otros medios de defensa eficaces, o que existiendo ellos se arribe a la conclusión de la inminencia de un perjuicio irremediable, a efectos de avocar el asunto bajo el entendido de su transitoriedad, precisamente para evitar que se consume el perjuicio irremediable. Así que se abordará el fondo del asunto en el entendido que contrario a lo afirmado por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura, la acción impetrada por el señor Julio Humberto Meléndez Boada es procedente en tanto no posee otro mecanismo de defensa eficaz para hacer valer sus derechos y procurar que los mismos aducidos como violentados, le sean protegidos, para efectos de evitar que se consume un perjuicio irremediable, como se demostrará a continuación.
El fondo del asunto. Mediante Acuerdo 1 de 2006, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, encargado del Concurso Abierto y Público para el nombramiento de Notarios en propiedad y el ingreso a la Carrera Notarial, convocó a los aspirantes a dichos cargos; uno de los aspirantes inscritos lo fue y lo es el doctor Julio Humberto Meléndez Boada, quien se sometió a todas las fases o etapas del concurso, por cuanto aspiraba ocupar el cargo en propiedad de notario de Funza. Este acuerdo que reguló específicamente el concurso público de méritos de notarios de nuestro país, preciso las reglas con las cuales todos debían participar, señalando expresamente lo siguiente:
“ART. 4º—Requisitos generales. Las personas que aspiren a participar en el concurso para el ingreso a la carrera notarial, deben reunir y acreditar, en la fecha de su inscripción, las siguientes condiciones generales:
A la luz del artículo 11 del Decreto 3454 de 2006, la lista de elegibles por cada círculo notarial estará conformada por quienes hayan obtenido más de setenta y cinco (75) puntos en el proceso
C. Obras jurídicas. Por la autoría o coautoría de una obra en el área de derecho, se otorgarán cinco (5) puntos, conforme al artículo 5º literal g del Decreto 3454 de 2006.
2. Delitos contra la administración pública: Peculado por apropiación (art. 397), peculado culposo (art. 400), omisión del agente retenedor o recaudador (art. 402), concusión (art. 403), abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto (art. 416), abuso de autoridad por omisión de denuncia (art. 417), revelación de secreto (art. 418), utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva (art. 419), asesoramiento de otras actuaciones ilegales (art. 421) intervención en política (art. 422), favorecimiento (art. 446)
En cualquier etapa del concurso, si el Consejo Superior tuviere conocimiento a través de información seria, objetiva y confiable de la comisión de una conducta fraudulenta por parte de alguno de los concursantes que tenga relación con su participación en el concurso, previo requerimiento de la persona comprometida y una vez rendidas las explicaciones pertinentes, si éstas no fueren satisfactorias, procederá a suspender su participación en dicho concurso, con independencia de las acciones legales y penales a que hubiere lugar.
ART. 20.—Información y divulgación. Los aspirantes y todos los ciudadanos interesados podrán obtener información sobre el proceso de convocatoria, como mínimo, en el sitio web de la convocatoria, la línea única gratuita que se habilite por la Universidad encargada de la logística del proceso, y en el grupo de atención al ciudadano de la oficina asesora jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, ubicado en el primer piso de la Calle 26 número 13-49 Interior 201
ART. 22.—Vigencia y derogatoria. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, y deroga cualquier disposición anterior que le sea contraria”.
Para tales efectos debemos tener en cuenta la normatividad que regulaba este concurso de méritos, empezando por citar y transcribir las normas legales y reglamentarias pertinentes que para tales efectos fueron utilizadas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. Estas normas legales o reglamentarias son las siguientes:
i) Constitución Nacional: artículo 131:
ii) Decreto-Ley 960 de 1970: art. 165
iii) Decreto 2148 de 1993: art. 82
iv) Ley 588 de 2000:
v) Decreto 3454 de 2006, reglamentario de la Ley 588 de 2000: arts.
vi) Acuerdo 1 de 2006: Arts. 4º al 19:
vii) Acuerdo 4 y Acuerdo 72 de 2006; acuerdos 1, 3, 7, 9, 23, 53, 54, 71, 75, 79, 94, 95, 99, 96, 103, 106 y 117 de 2007 y aviso aclaratorio del Acuerdo 3 de 2007.
viii) Acuerdos 109, 111 a 116, 122 a 129, 132, 134 a 142, 145, 148 a 151, 155 y 156 de 2008.
ix) Código Contencioso Administrativo: arts. 69, 73 y 74.
De los Acuerdos citados, debemos recordar y transcribir textualmente el aparte pertinente del Acuerdo 142 de 2008, que dice:
“ACUERDO NÚMERO 142 DE 2008
Por el cual se integran las correspondientes listas de elegibles para la región de Bogotá
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 131 de la Constitución Política, el Decreto-Ley 960 de 1970, la Ley 588 de 2000, el Decreto Reglamentario 3454 de 2006 y en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el artículo 165 del Decreto-Ley 960 de 1970, y
Que los días 28, 29, 30 de marzo, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 de abril, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31 de mayo de 2008, se practicaron entrevistas en la ciudad de Bogotá en el concurso público y abierto para el nombramiento de los notarios en propiedad, ciudad en la que se congregó a los aspirantes a círculos notariales de los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Caquetá., Amazonas, Putumayo y San Andrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 del Decreto Reglamentario 3454 de 2006 y 18 del Acuerdo 1 de 2006.
Que la Universidad de Pamplona, operador logístico del concurso, entregó al Consejo Superior, los resultados de la prueba de entrevista practicada en las fechas anteriormente señaladas y el listado de aspirantes que obtuvieron más de 60 puntos en el concurso notarial.
Que en Acuerdo 96 de 2007, se decidió, en acatamiento al principio de transparencia, que los resultados de la prueba de entrevista, serían acogidos por el Consejo Superior y publicados por círculos notariales, en la medida en que se fueran surtiendo las correspondientes entrevistas, lo cual se ordenó en cuanto a la región de Bogotá en Acuerdo 140 de 2008.
Que para la conformación de la lista de elegibles se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley 588 de 2000, 92 del Decreto 2148 de 1983 y 11 y 12 del Decreto 3454 de 2006, su vigencia será de dos años contados a partir de la fecha de su publicación y se deberá conformar por círculo notarial con los nombres y documentos de identidad, de quienes en estricto orden descendente, hayan obtenido los mayores puntajes, teniendo en cuenta los mínimos fijados por la legislación vigente (Acu. 1/2006, art. 19).
Que el Decreto 926 de 2007, señaló como puntaje mínimo para clasificar a la lista de elegibles, el de 60 puntos obtenidos en las distintas pruebas de selección.
Que la lista de elegibles con los puntajes obtenidos, a términos de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 3454 de 2006, será publicada en un diario de amplia circulación nacional y en el sitio web del Consejo Superior y será comunicada a las autoridades indicadas en el artículo 161 del Decreto-Ley 960 de 1970, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha comunicación, provean en propiedad los cargos de notarios.
Que con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional C-421 del 31 de mayo de 2006, que ordenó al Consejo Superior dar acatamiento al artículo 131 constitucional en un término perentorio, y en cumplimiento a los principios de eficacia, eficiencia y transparencia, el Consejo Superior decidió que la lista de elegibles se deberá conformar a medida que finalicen las entrevistas en cada región y se consoliden las respectivas calificaciones.
ART. 1º—Confórmase la lista de elegibles por círculo notarial, de los aspirantes que presentaron entrevistas en la ciudad de Bogotá, con los nombres y documentos de identidad de quienes en estricto orden descendente, hayan obtenido los mayores puntajes, como resultado de la suma de las calificaciones correspondientes a las distintas fases del concurso, de acuerdo con el mínimo fijado en el Decreto 926 de 2007, a saber:
ART. 2º—Publíquese en un diario de amplia circulación nacional y en el sitio web del Consejo Superior, la lista de elegibles con los correspondientes puntajes.
ART. 3º—Comuníquese a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, a las autoridades indicadas en el artículo 161 del Decreto-Ley 960 de 1970, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a dicha comunicación, provean en propiedad los cargos de notarios.
ART. 4º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación”.
Lo anterior para poder entender o comprender si el mismo se trata o no de un acto administrativo de carácter particular, en la medida que su contenido expresa la voluntad de la administración —Consejo Superior de la Carrera Notarial—, y el contenido del mismo produce unos efectos jurídicos, los cuales han sido modificados o alterados unilateralmente por la misma autoridad, con la expedición de las resoluciones 29 y 37 de 2008.
Por estas circunstancias la Sala observa que el accionante supero satisfactoriamente todas las etapas o fases del concurso, y al haber concluido todo ese trámite y etapas del mismo, se encuentra con las decisiones unilaterales del Consejo Superior de Carrera Notarial que modifica el contenido del Acuerdo 142 el día 9 de julio de 2008, por medio del cual se integró la lista de elegibles para la región de Bogotá, al expedir las resoluciones 29 y 37 del 2007, por medio de las cuales se ordenó la exclusión del nombre del Dr. Julio Humberto Meléndez Boada, de la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 142 antes citado, y en el cual el accionante había obtenido un puntaje de 76.183 puntos, siendo él, el mejor entre los candidatos que se inscribieron para ocupar el cargo de notario en propiedad de Funza.
Para esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura nace la tarea de establecer si el Acuerdo 142 del 9 de Julio de 2008 es o no un acto administrativo de carácter particular por haber o no creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconoció un derecho de igual categoría y a partir de ese análisis y conclusión determinar si el Consejo Superior de la Carrera Notarial podía o no revocar la inclusión del accionante en la lista de elegibles en el cargo en propiedad de notario del municipio de Funza, en los términos contenidos en las resoluciones 29 y 37 de 2008 .
En ese entendido debemos recoger lo que en este aspecto ha señalado la Corte Constitucional frente a una situación consolidada de carácter subjetivo, cuando al hacer un examen de constitucionalidad al inciso segundo del artículo 5º de la Ley 190 de 1995 “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa”. En esa ocasión expreso en la sentencia de fecha 28 de junio de 2001, lo siguiente:
“Es decir que para esta corporación, atendiendo el principio de buena fe y la presunción de legalidad que ostentan los actos de la administración [7] , amen de tener en cuenta razones de seguridad jurídica y de respeto a las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona mediante decisiones en firme [8] , salvo una evidente violación del ordenamiento jurídico, un acto de carácter particular y concreto solo podrá ser revocado con el consentimiento expreso del particular.
Al respecto la Corte constata que de acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, ya sea que la revocatoria proceda con o sin el consentimiento del particular, ésta está sometida en todo caso al procedimiento establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo”. [9] .
Sobre la Revocatoria Directa de los actos Administrativos de carácter particular debemos tener en cuenta lo que expreso la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 24 del Decreto-Ley 2733 de 1958, en fallo del 5 de mayo de 1981, en tanto dicho criterio fue recogido por el Decreto 1 de 1984, cuando expreso lo siguiente:
Al repasar las causales de revocación directa previstas en el artículo 21 del Decreto 2733 aquéllas se reducen genéricamente a la ilegalidad, a la disconformidad con el interés público o al agravio injustificado a una persona en que pueda incurrir el acto revocable. En la práctica, como va a verse, el eventual enfrentamiento entre aquellas hipótesis de revocación y los supuestos de irrevocabilidad del artículo 24 ibídem, quedan reducidos a la cuestión de mérito que plantearía la disconformidad del acto con el interés público. Esto obedece a las siguientes razones:
En tal caso el deber a cargo de la administración de corregir un error manifiesto suyo, o de enmendar una situación aberrante y a todas luces antijurídica, como consecuencia de haber expedido un acto que adolece de ilegitimidad grave, flagrante y por ende ostensible, no puede estar condicionado al beneplácito de quien, diciéndose titular de los beneficios del acto írrito, no ha podido hacer derivar de éste ninguna situación jurídica concreta, ni derecho alguno de carácter subjetivo”.
Sobre este mismo tema de la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular el Consejo de Estado, recogiendo estos mismos precedentes jurisprudenciales, dijo lo siguiente sobre este mismo tema:
“Los criterios jurisprudenciales anteriores son perfectamente aplicables para interpretar el inciso segundo del artículo 73, ya que se requiere que se den unas condiciones espacialísimas(sic) para que la administración enmiende la situación aberrante y antijurídica que se presenta en su acto ilícito. Y en esta intelección de la norma es necesario hacer énfasis en el hecho de que la ocurrencia de medios ilegales debe ser debidamente probada. Es decir, se requiere que la actuación fraudulenta aparezca ostensiblemente, pues la revocación por ese motivo no puede ser fruto de una sospecha de la administración. Debe darse una evidencia de que el acto ilícito ha ocurrido por medios ostensiblemente fraudulentos y debidamente demostrados tal situación. Es por ello, que debe seguirse el procedimiento del artículo 74 del Código Contencioso Administrativo, el que a su vez remite a la actuación del artículo 28 (comunicación a los interesados de la actuación administrativa y citación) con el fin de que el administrado haga uso del derecho de defensa y contradicción. (Las negrillas son fuera de texto)
Se requiere pues para revocar el acto administrativo de carácter particular, sin autorización escrita del administrado, como ya lo ha señalado la Sección Tercera de esta corporación “que se trate de una abrupta abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta, debidamente probada....” [11] . Entendida tal actuación ilícita, como se dijo en párrafos antecedentes, como un vicio en la formación de la voluntad de la administración, que bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo” (5) .
Por otra parte, se debe estudiar y analizar si la actuación realizada por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en atención al procedimiento previsto en el inciso 2º del artículo 19 del Acuerdo 1 de 2006, era pertinente para proceder a verificar si podía o no excluir el nombre del accionante del concurso público y abierto para la provisión de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial, en virtud de la sanción de la que había sido objeto en el año 2000, según da cuenta la constancia expedida por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del aspirante Julio Humberto Meléndez Boada, quien fue sancionado disciplinariamente por la Superintendencia de Notariado y Registro con suspensión en el ejercicio del cargo de notario de Funza por el término de 6 meses, mediante resolución del 12 de julio de 2000, confirmada el 1º de junio de 2001.
De acuerdo a lo anterior, la Sala encuentra que el actor Julio Humberto Meléndez Boada, después de cumplir con los requisitos generales (Acu. 1/2006, art. 4º); de reunir los requisitos para aspirar a ser nombrado notario en círculos de tercera categoría (conforme a lo consagrado en el art. 5º y 7º del mismo acuerdo antes citado); de haber cumplido con los instrumentos de selección señalados en el artículo 8º del mismo acuerdo, es decir de haber surtido el tramite de análisis de méritos y antecedentes, prueba de conocimientos y entrevista, previa inscripción que para ello hizo, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 9º del tantas veces plurimencionado Acuerdo 1 de 2006; de haber acreditado el cumplimiento de los requisitos generales y específicos dispuestos en los artículos 10 y 11 del mismo acuerdo; de haber sido evaluado por la entidad contratada para tales efectos sobre los méritos y antecedes, conforme lo señala el artículo 12 del mismo acuerdo; de haber sido admitido para participar en el concurso, según acto administrativo publicado al tenor de lo regulado en el artículo 13 del plurimencionado acuerdo; de haber sido convocado a la prueba de conocimiento en los términos prescritos en los artículos 14 y 15; de haber sido calificado en la prueba de conocimiento mediante acto administrativo motivado conforme al artículo 16 del mismo acuerdo; de haber sido convocado a entrevista en la forma prescrita en el artículo 17; de haber presentado la entrevista en los términos señalados en el artículo 18 del citado acuerdo; y por haber superado todas estas pruebas fue incluido en la lista de elegibles para ocupar el cargo de notario en propiedad del municipio de Funza, obteniendo un puntaje de 76.183, ordenó su exclusión del concurso público y abierto para la provisión de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial, mediante la expedición de las resoluciones 29 del 19 de junio de 2008, confirmada el 24 de julio de esta anualidad, y 37 del 24 de julio de 2008, con fundamento en lo preceptuado en el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 588 de 2000. Norma esta que dice lo siguiente:
“ART. 4º— (…).
PAR. 2º—Quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como notario consagradas en el artículo 198 del Decreto-Ley 960 de 1970, no podrá concursar para el cargo de notario (6) .
La Sala debe dejar desde este instante la constancia que esta norma surtió el control de constitucionalidad antes de la entrada en vigencia de la Ley 734 de 2002, y sin que este último precepto hubiera sido considerado o estudiado por la Corte Constitucional.
El accionante depreca la protección de sus derechos fundamentales al ser excluido del concurso de Notarios, en atención que la sanción disciplinaria impuesta mediante resolución se hallaba prescrita al momento de la inscripción al concurso, por lo que no estaba incurso en causal de inhabilidad.
La Sala, en condición de juez de los derechos fundamentales, se propone abordar el estudio del asunto, para una vez dejar sentado que la lista de elegibles constituye un acto administrativo de carácter individual que produce efectos jurídicos para todas las personas allí relacionadas —incluyendo como es obvio al aquí actor—, con miras a verificar si con la exclusión del concurso público y abierto del aquí accionante, se incurrió en vías de hecho administrativas, veamos:
i) De la naturaleza jurídica de la lista de elegibles
Sobre este asunto en particular, resulta importante advertir que el Acuerdo 142 del 9 de junio de 2008 por el cual se “integran las correspondientes listas de elegibles para la región de Bogotá”, es un acto administrativo de carácter particular y concreto y, por ende, es bueno recordar lo que algunos tratadistas han definido como acto administrativo y entre ellas citamos las siguientes:
Gastón Jeze “El acto administrativo es una declaración de gobernantes, agentes públicos o simples particulares en ejercicio de un poder legal y con el objeto de producir efectos en derecho”.
Sayaguez Lazzo lo define así: “acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad de la administración, que produce efectos subjetivos”.
Marienhoff lo define de la siguiente manera: “acto administrativo es una declaración, disposición o decisión de las autoridad estatal, en ejercicio de sus propias funciones administrativas, productora de un efecto jurídico”.
Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, ensayan una definición determinándolo como la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo, realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria.
El Consejo de Estado define el acto administrativo desde distintos puntos de vista, uno formal, en donde determina que el acto administrativo “es todo aquel que emana de un órgano administrativo del Estado”; desde un punto de vista material, “es aquel que contiene medidas de alcance individual (acto subjetivo o acto condición)”; y desde el punto de vista funcional “es aquel que cae bajo el imperio del derecho administrativo por oposición a los actos de la administración, que dependen del derecho privado (7) .
En nuestro concepto el acto administrativo no es más que una manifestación unilateral de voluntades de la administración que produce efectos jurídicos (8) , por cuanto de ese mismo contenido unilateral surge una voluntad con fuerza ejecutiva que implica para las autoridades, en este caso, para el Presidente de la República la obligación unilateral de realizar las operaciones materiales indispensables con el propósito de hacer eficaz o ejecutar el ámbito externo de ese Acuerdo emanado del Consejo Superior de la Carrera Notarial y bajo ese entendido debemos dar alcance a todos los acuerdos y resoluciones que en virtud del concurso público de méritos de notarios ha realizado el Consejo Superior de la Carrera Notarial incluido en ellos el Acuerdo 142 de 2008 y las resoluciones 29 y 37 del mismo año por medio del cual excluyen el nombre del accionante Meléndez Boada de la lista de elegibles para ocupar el cargo de notario del municipio de Funza, por contener todos ellos una manifestación unilateral expresada por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, cumpliendo las ritualidades del Título I al IV del Código Contencioso Administrativo y desconociéndose el Título V del mismo código, para poder revocar los derechos adquiridos subjetivos otorgados al accionante en virtud de su participación en dicho concurso.
De lo anterior surge como consecuencia lógica que mediante el acto administrativo particular y concreto (Acu. 142, jun. 9/2008) el cual había creado una situación jurídica concreta (inclusión de lista de elegibles al accionante para concurso de notario luego de cumplir con los requisitos exigidos para el efecto) el cual dígase desde ahora, no podía revocarse sin su consentimiento, situación que la accionada no desvirtuó en este trámite.
Sobre este particular la jurisprudencia ha reconocido lo siguiente:
La acción de tutela resulta ser el medio de defensa más eficaz en los casos en los que la administración, motu propio, ha decidido revocar actos que tienen el carácter de particular y concreto, pues a través de esta acción constitucional se evita que se siga ocasionando la lesión de derechos fundamentales, y obliga a la entidad correspondiente a agotar los mecanismos legales que le han sido dados para obtener la revocación o modificación de dichos actos (Sent.-460-07).
Nótese que en este caso a contrario de lo considerado por la sentencia de primera instancia, la Corte Constitucional estima viable la acción de tutela cuando existe revocatoria directa del acto administrativo particular sin mediar consentimiento del particular para evitar violación al debido proceso y al derecho de defensa.
Ahora, si en ejercicio de sus competencias la administración consideró que el acto administrativo (Acu. 142, jun. 9/2008) debía revocarse por los aspectos conocidos en la demanda de tutela, jamás debió hacerlo de manera directa o unilateral sin aplicar o desconocer los procedimientos consagrados en los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo, en la medida que la administración tuviera fundadamente una razón justificada de las que trata el artículo 69 ibídem, para iniciar esa revocatoria directa, como anteriormente lo dejamos claramente señalado.
Para esta Sala, en síntesis, es claro que el acto administrativo particular y concreto (Acu. 142, jun. 9/2008), se expidió en legal forma, se notificó o surtió su principio de publicidad conforme a las normas del Acuerdo 1 de 2006 y produjo sus efectos jurídicos a favor de la lista de elegibles o quienes hacen parte de la misma y frente a esos derechos adquiridos mal puede la administración, en este caso el Consejo Superior de la Carrera Notarial pretender desconocer esos efectos jurídicos.
De hecho se estima prudente recordar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-347 de 1994, señaló:
“si bien cuando se está en presencia de un acto de contenido general, es procedente su revocabilidad, siguiendo el procedimiento del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, tratándose de actos administrativos, que hayan creado o modificado una situación de carácter particular y concreta, no podrá ser revocado sin el consentimiento del titular. Por ello, cuando la administración considera que el acto administrativo es contrario a la Constitución o a la ley, debe demandar su propio acto ante la jurisdicción contenciosa. Se manifestó en la sentencia:
“Dicho de otra manera, los actos administrativos expresos expedidos por la administración que reconocen un derecho subjetivo no son revocables por ésta sino en los términos ya indicados (CCA, art. 73, inc. 1º). En tal virtud cuando la administración observe que un acto de esta naturaleza es contrario a la Constitución o la ley debe proceder a demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (CCA, art. 149, inc. 1º), pero no podrá revocarlo directamente”. (Sent. T-437/94, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell) (se subraya).
De suerte que era la acción de lesividad el camino jurídico que debió adoptar la accionada para dejar sin efectos su propio acto.
ii) de las posibles vías de hecho administrativas
Al efecto, el estudio detenido de las resoluciones mediante las cuales la accionada expidió el citado auto de exclusión, así como las justificaciones esgrimidas por el Consejo Superior de la Carrera Notarial arrojan como única de las posibles hipótesis que avala la revocatoria de la lista de elegibles en el caso del autor, la manifiesta oposición del acto a la Constitución Política o a la ley previsto en el ordinal 1º del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo bajo el argumento de la inhabilidad intemporal que le cobijaba, en los términos del parágrafo 2º, del artículo 4º de la Ley 588 de 2000.
Se tiene al respecto que en verdad la vigencia de la norma en cita contentiva de tal inhabilidad no es clara al tenor de los siguientes postulados.
I. Del principio de legalidad
La Sala considera que los hechos que dieron lugar a la sanción disciplinaria que le fuera impuesta al ciudadano Meléndez Boada ocurrieron con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 588 de 2000, por lo que la aplicación de esta última, a los hechos aludidos, viola el principio de legalidad frente al concepto de la ley previa y preexistente; pues ninguna norma que estuviere rigiendo para cuando fue cometida la conducta objeto de reproche que dio origen a la sanción del aquí actor, preveía inhabilidad intemporal alguna para los aspirantes a notario.
Como se sabe el principio de legalidad de naturaleza fundamental y contenido en el artículo 29 de la Carta, enseña que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, de allí que no es claro cómo atribuir a una conducta efectos restrictivos de derechos con fundamento en una ley posterior a su ocurrencia, como aquí acontece con la Ley 588 de 2000.
II. De la vigencia de la inhabilidad intemporal
En este aspecto se hace necesario reiterar, aunque por otras razones, la dudosa “manifiesta ilegalidad” que sirvió de fundamento para la revocatoria directa de de la lista de elegibles, toda vez que no es claro que la prescripción contenida en el parágrafo 2º del artículo 4º de la Ley 588 de 2000 se encuentre vigente actualmente, por cuanto la misma puede estar en abierta contradicción con norma posterior que regula los aspectos de las inhabilidades de los servidores públicos, en especial las contempladas en la Ley 734 de 2002, teniendo en cuenta que el artículo 5º de la Ley 57 de 1887 permite realizar este ejercicio, en razón a que los artículos 53 y 58 de la Ley 734 de 2002, ordenamiento jurídico expedido posteriormente a la Ley 588 de 2000, consagró que los particulares que ejerzan funciones públicas eran objetos disciplinables por la Procuraduría General de la Nación y en dicho ordenamiento se contempló un capítulo especial para ser aplicado a los notarios.
Bajo el entendido de la vigencia de la ley en el tiempo, de la especialidad de la norma, como de la preferencia de la ley posterior a la anterior, en materia de inhabilidades para notarios, la Sala considera que se debe abstener de hacer pronunciamiento alguno, en el entendido que sobre la Ley 588 de 2000 existe precedente jurisprudencial constitucional el cual debe ser acatado hasta tanto esa misma corporación no se pronuncie sobre los aspectos relacionados con los notarios en el Código Único Disciplinario-Ley 734 de 2002.
Y en todo caso, la Sala considera que no se advierte de parte del aspirante Meléndez Boada ningún tipo de maniobra fraudulenta o dolosa encaminada a engañar a las autoridades del concurso, que es la exigencia que unánimemente ha recogido y reclamado la jurisprudencia de las altas cortes, citadas al inicio de estas consideraciones, así como el propio inciso segundo del artículo 19 del Acuerdo 1 de 2006.
Por las consideraciones antes expuestas, la Sala estima que los argumentos que sirvieron de base para la exclusión del concurso del actor, contenidos en las resoluciones 29 del 19 de junio de 2008 y 37 del 24 de julio de 2008 (vistas a fls. 2 a 10 del cdno. de anexos de la presente acción de tutela), desconocen abiertamente el principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
En tales condiciones, no es de recibo para la Sala la prédica del Consejo Superior de la Carrera Notarial referida a la revocatoria de un acto administrativo de indudable contenido particular, sobre la base de una aplicación del inciso segundo del artículo 19 del Acuerdo 1 de 2006, cuando como se dijo antes, no se observa que el señor Meléndez Boada hubiere realizado maniobra fraudulenta tendiente a obtener la expedición de este acto administrativo, de allí que la pluricitada revocatoria directa desconoció abierta y flagrantemente los preceptos consagrados en los artículos 69, 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo, para poder desconocer los méritos y los conocimientos de quien en franca lid obtuvo el primer puesto para ocupar el cargo de notario en el municipio de Funza, pues era obligación del Consejo Superior de la Carrera Notarial al hacer el análisis de méritos y de antecedentes de que trata el artículo 12 del Acuerdo 1 de 2006 rechazar al aspirante y no dejarlo presentar la prueba de conocimiento ni la entrevista de que tratan los artículos 14 a 17 del mismo acuerdo y no utilizar el mecanismo de las verificaciones relacionados con la experiencia y calidades del mismo, utilizando para ello las facultades conferidas en el inciso 2º del artículo 19 del citado acuerdo, ya que esa omisión de la administración no puede ser hoy asumida por el administrado, en este caso por el accionante, sin que le sean respetados sus derechos adquiridos, subjetivos emanados de esos actos administrativos, a más que como ya se indicó esta norma del concurso exige la conducta fraudulenta por parte del beneficiario del acto revocado, de la cual no ha existido siquiera la más mínima mención.
iii) De la revocatoria directa y del debido proceso
Consecuente con el discurso que se viene empleando, la actuación de la administración, contrario a la ya reseñada buena fe con que actuó el accionante Meléndez Boada, viola los principios de la confianza legítima y respeto por el acto propio, recientemente refrendados en la Sentencia T-248 de 2009, por haberse desconocido los derechos subjetivos a los cuales el aspirante se había hecho acreedor siguiendo estrictamente las reglas del concurso y agotando sus distintas etapas y obteniendo un acto administrativo favorable revestido de la presunción de legalidad.
Es que es la administración la llamada a dar ejemplo del respeto al principio de legalidad del orden jurídico vigente aplicando para ello las reglas y procedimientos previamente establecidos por el legislador, cuando quiera que se presenten los casos regulados en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, aplicando para ello los procedimientos establecidos en los artículos 73 y 74 del mismo código, los cuales, rezan lo siguiente:
Si a lo anterior agregamos los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Plena del Consejo de Estado, atrás citados en ésta providencia, encontramos que no se le puede imputar o hacer juicio de reproche de conducta fraudulenta alguna al señor Julio Humberto Meléndez Boada, en el decurso del proceso mediante el cual aspira a ser nombrado como notario e inscrito en propiedad en la carrera notarial que aquellos exigen; razón de más para desestimar los argumentos esgrimidos por la accionada y entrar a proteger los derechos fundamentales y de segunda generación que le han sido desconocidos o vulnerados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial en virtud de la expedición de las resoluciones 29 y 37 de 2008, las cuales se deberán dejar sin efecto, en la parte resolutiva de esta sentencia, advertida ya la naturaleza, ágil e inmediato de este singular mecanismo de protección iusfundamental.
De lo anterior surge como consecuencia lógica que mediante el acto administrativo particular y concreto (Acu. 42, jun. 9/2008) el cual había creado una situación jurídica concreta (inclusión de lista de elegibles al accionante para concurso de notario luego de cumplir con los requisitos exigidos para el efecto) no podía revocarse el mismo sin su consentimiento, situación que la accionada no desvirtuó en este trámite.
Para esta Sala es claro que al acto administrativo particular y concreto (Acu. 142, jun. 9/2008), se expidió en legal forma, se notificó o surtió su principio de publicidad conforme a las normas del Acuerdo 1 de 2006 y produjo sus efectos jurídicos a favor de quienes salieron ocupando el primer puesto en la lista de elegibles o quienes hacen parte de la misma y frente a esos derechos adquiridos mal puede la administración, en este caso el Consejo Superior de la Carrera Notarial pretender desconocer esos efectos jurídicos, con argumentos y aplicaciones de normas que no son claras en virtud de la Ley 734 de 2002 o que en gracia de discusión como lo expusimos en acápite antecedente, la administración no logró demostrar que el mismo acto administrativo se hubiera producido por maniobras fraudulentas provocadas o determinadas por el accionante como se puede observar de la parte motiva o considerativa de las resoluciones 29 y 37 de 2008.
En tales condiciones la determinación de instancia será revocada, se concederá al actor el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, para cuyo efectivo restablecimiento se dejarán sin efecto las resoluciones 29 y 37 de 2008 que lo excluyeron del concurso, y se ordenará al Consejo Superior de la Carrera Notarial restablecerlo en la lista de elegibles en el término máximo de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, facultándose al señor Gobernador de Cundinamarca para revertir los actos que hubiere podido producir, si este designó a otro u otros concursantes en el cargo al que eventualmente tiene derecho el accionante, una vez incluid en la lista de elegibles por parte de la autoridad aquí accionada.
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 27 de agosto de 2008 que negó por improcedente la acción de tutela instaurada por Julio Humberto Meléndez Boada.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso administrativo, al accionante Julio Humberto Meléndez Boada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR dejar sin efecto las resoluciones 29 del 19 de junio de 2008 y 37 del 24 de julio de 2008, con las cuales excluyeron del concurso al señor Julio Humberto Meléndez Boada, se ordena al Consejo Superior de la Carrera Notarial restablecerlo al lugar que corresponda en la lista de elegibles, y se faculta al señor Gobernador de Cundinamarca para revertir los actos que hubiere podido producir, si es que designó a otro u otros concursantes en el cargo al que eventualmente tiene derecho el accionante, una vez restablecido en la lista de elegibles por parte de la autoridad aquí accionada.
CUARTO: ORDENAR al Consejo Superior de la Carrera Notarial, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a incluir dentro de la lista de elegibles para la región de Bogotá, al señor Julio Humberto Meléndez Boada, en los términos en que se encontraba en el Acuerdo 142 del 9 de junio de 2008 y se ordene el envío de dicha lista de elegibles al nominador en los términos regulados en las normas que regulan el concurso público de méritos de la carrera notarial.
QUINTO: DISPONER notificar a las partes la presente providencia por los medios más expeditos.
SEXTO: Envíese el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Magistrados: Angelino Lizcano Rivera, Presidente—Henry Villarraga Oliveros—José Ovidio Claros Polanco—Julia Emma Garzón de Gómez—María Mercedes López Mora—Carlos Arturo Ramírez Vásquez (e)—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.
(1) Artículo 131 de la C.P.; Decreto-Ley 960 de 1970; Ley 588 de 2000; Decreto Reglamentario 3454 de 2006.
(2) Cfr. Sentencia con fecha 6 de julio de 2005, exp. 110010102000200500522 01 92, Acta Nº 89, M.P. Dr. Rubén Darío Henao Orozco.
(3) Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, expedientes D-056 y D-092 (Acumulados), M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, 1º de octubre de 1992.
(4) Corte Constitucional, Sentencia SU-067 de 1993, Exp. T-904, MM.PP. Drs. Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón 24 de febrero de 1993.
(5) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero, sentencia del 16 de julio de dos mil dos (2002), Radicación: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029); Actor: José Miguel Acuña Cogollo; Demandado: departamento de Córdoba.
(6) Aparte resaltado del parágrafo 2º declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-373 de 15 de mayo de 2002, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, “en el entendido que la inhabilidad no se extiende a quienes fueron condenados con sanción de multa conforme al Decreto-Ley 960 de 1970”.
(7) Todos los anteriores conceptos son extraídos del libro Teoría General del Acto Administrativo, primera edición 1995, Biblioteca Jurídica Dike–Carlos Ariel Sánchez Torres —páginas 17 a 40—.
(8) Así lo ha reconocido el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 14 de julio de 1993, C.P. Diego Younes Moreno, expediente AC-853.

References: artículo 86
 artículo 112
 artículo 77
 Resolución 
 artículo 73
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 198
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 32
 artículo 19
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 86
e contrario
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 131
 artículo 165
 artículo 11
 artículo 161
 artículo 131
 artículo 161
 artículo 5
 artículo 74
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 73
 artículo 74
 artículo 28
 artículo 19
 resolución 
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 198
 resolución 
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 29
 artículo 19
 artículo 12
 artículo 19
 artículo 69
 Artículo 131