Source: https://dgii.gov.do/legislacion/prevencionLavado/preguntasFrecuentes/Paginas/default.aspx
Timestamp: 2020-07-06 11:25:16+00:00

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​​​​​​​Preguntas frecuentes sobr​​e Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva​​
Descargue aquí las preguntas frecuentes sobre PLAFT
1.​ ¿En qué consiste el Lavado de Activos?
Manipulación del mercado.​
​Asimismo, se considera como infracción precedente o determinante toda infracción grave sancionable con una pena punible no menor de tres (3) años.​
​El delito de Lavado de Activos es la propia infracción penal; es el mecanismo a través del cual se oculta o disimula la naturaleza o el verdadero origen, ubicación, propiedad o control de dinero provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera, para introducirlos como legítimos dentro del sistema económico de un país.
Hay que delimitar que hay diferentes tipos de autoridades competentes, es decir, hay autoridades competentes garantes de la prevención, otras de la persecución y otras de la sanción del LA/FT y proliferación de armas de destrucción masiva.
Conforme a lo indicado en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, se considerarán autoridades competentes las siguientes:
Junta Monetaria, la Superintendencia de Seguros
Este listado no es limitativo, por esto la ley indica que cualquier autoridad a la que se le atribuya la potestad reguladora o supervisora de una actividad o sector económico sujeto a esta ley es considerado autoridad competente.
La Unidad de Análisis Financiero​ (UAF) es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley No. 72-02 contra El Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones. Conforme al artículo 91 de la Ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, es un ente técnico que ejerce la Secretaría Técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La UAF está provista de personalidad jurídica de derecho público, con independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información. Adscrita como una Unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero, relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y el financiamiento del terrorismo.
7.¿Cuál es el vínculo entre Impuestos Internos y la UAF?
Conforme el numeral 2 del artículo 2 de la Ley No. 155-17, ambas entidades son reconocidas como Autoridad Competente para la garantía de la prevención, persecución y sanción de la Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Conforme el numeral 17 del artículo citado, Impuestos Internos es un órgano supervisor de Sujetos Obligados No Financieros para el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de PLA/FT/PADM. Dentro de esas obligaciones se encuentra la remisión de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) y Reportes de Transacción en Efectivo (RTE), información que es recibida por la UAF para Análisis financiero, relativo a posibles infracciones al Lavado de Activos, infracciones precedentes y el financiamiento del terrorismo.
8. ¿Cuál es la labor de Impuestos Internos a partir de la promulgación de la Ley 155-17?​
Impuestos Internos, conforme el numeral 17 del artículo 2 de la Ley No. 155-17, es supervisora en aquellos casos en los cuales el Sujeto Obligado sea una sociedad, empresa individual o persona física que se dedique a una actividad comercial para la cual no existe un organismo regulador estatal específico como los mencionados anteriormente, incluyendo las sociedades fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública.
Impuestos Internos conforme a la ley está investida con facultades de regulación, supervisión, vigilancia, fiscalización, requerimiento de información, inspección extra situ e in situ, y de aplicación de sanciones sobre los Sujetos Obligados y su personal, de conformidad a lo establecido en la ley.
Conforme al numeral 24 del artículo 2 de la Ley No.155-17, los Sujetos Obligados son personas físicas o jurídicas que, en virtud de la misma ley, están obligados al cumplimiento de ciertas medidas para prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, deben implementar los mitigadores de riesgos necesarios a los fines que al momento de hacer negocios o de entablar una relación comercial puedan evitar ser utilizados para lavar activos.
10. ¿Cuál es el marco legal para los Sujetos Obligados No Financieros supervisados por Impuestos Internos?
Reglamento 407-17 para la aplicación de medidas en materia de Congelamiento Pre​ventivo de Bienes o Activos relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento y con la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
​Norma No. 05-18, que establece el Régimen Sancionador Administrativo de los Sujetos Obligados No Financieros Sujetos a la Regulación y Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos.​​
11. ¿Quiénes son los Sujetos Obligados de Impuestos Internos?​
Los agentes inmobiliarios, cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
a. Compra, venta o remodelación de inmuebles.
b. Admini​stración del dinero, valores u otros bienes del cliente.
c. Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores.
d. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.
e. Creación, operación o administración de Personas Jurídicas u otras estructuras jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.
f. La constitución de Personas Jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales.
g. Actuación como agente de creación de Personas Jurídicas.
h. Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras Personas Jurídicas;
i. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra Persona Jurídica o estructura jurídica;
j. Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista nominal para otra persona.
5. Las empresas o Personas Físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor.
6. Las empresas constructoras.
La UAF ha publicado una guía a los Sujetos Obligados que permite categorizar las operaciones que deben ser examinadas con más detalle, a fin de determinar si deben realizar un Reporte de Operación Sospechosa, en base a la experiencia operativa. Para ver esta guía h​aga clic aquí​.​
Ambos Reportes deben ser enviados a la UAF, a través de su portal de internet: Unidad de Análisis Financiero.​ A estos fines los Sujetos Obligados deberán registrarse para validar sus datos y obtener el acceso a la plataforma ​Ver Guía para registrar un nuevo usuario.
Los RTE deben ser enviados dentro de los primeros diez (10) días calendarios de cada mes y deben ser enviados en el formato indicado en el​Instructivo de Llenado Formularios RTE - APNFDs.​
Los ROS deben ser comunicados dentro de los cinco (5) días hábiles después de realizada o intentada la operación. Ver Instructivo de Llenado Formularios ROS - APNFDS​.
17. ¿Cómo debe ser remitida la Información Estadística para Análisis de Riesgo a Impuestos Internos​?
1. Volumen y monto transado especificando por categorías de clientes;
2. Cantidad de clientes especificando:
Tipo de cliente, ya sea persona física o jurídica o PEPS; ​
3. Categoría de riesgos que tiene la entidad, estableciendo el número de clientes que pertenecen a cada una.
4. Cantidad y monto de las transacciones realizadas con clientes extranjeros, domiciliados o no en la República Dominicana.
18. ¿Qué debe incluir un Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
Conforme a lo indicado en Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, su reglamento y las normas sectoriales, los Sujetos Obligados deberán contar con un manual que describa las políticas y desarrolle los procedimientos para la prevención y control del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en riesgos, el cual deberá ser aprobado por la más alta directiva del Sujeto Obligado y estar disponible en caso de ser requerido por Impuestos Internos, el cual deberá contener como mínimo, lo siguiente:
Descripción de los servicios que ofrece el Sujeto Obligado, identificando las actividades propias del negocio que son más proclives para ser utilizadas para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y que, por tanto, ofrecen mayores riesgos.
Información general sobre los aspectos conceptuales del delito del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Establecer lineamientos para el inicio de las relaciones contractuales, los procedimientos para la identificación y aceptación de clientes, contenido del expediente del cliente y la procedencia de los fondos, de acuerdo con la categoría de riesgo definida por el Sujeto Obligado.
Determinar las directrices para la debida diligencia, conocimiento del Beneficiario Final y el monitoreo de operaciones de aquellos clientes que, por su perfil, las actividades que realizan o la cuantía y origen de los recursos que administran, puedan exponer al Sujeto Obligado a un mayor grado de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Definir procedimientos para la selección, contratación y capacitación de su personal, que contribuyan a minimizar la utilización del Sujeto Obligado en actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Establecer el procedimiento para el reporte de información, garantizando la confidencialidad de la información reportada, conforme a lo previsto en la normativa vigente, así como los procedimientos para la conservación de los expedientes de los clientes, y su disponibilidad para las autoridades competentes.
Determinar las acciones disciplinarias por el incumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención y control del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva establecidos en las leyes vigentes y en la presente Norma, así como el proceso sancionatorio que adoptará el Sujeto Obligado.
Procedimientos de evaluación periódica externa sobre el cumplimiento de la regulación y las políticas y procedimientos de gestión de riesgo para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva adoptada por el Sujeto Obligado.
19. ¿Es obligatorio contratar un Oficial de Cumplimiento de forma exclusiva o puede cualquier persona dentro la empresa desempeñar estas funciones?
Cualquier individuo que desempeña o ha desempeñado, durante los últimos tres (3) años altas funciones públicas, por elección o nombramientos ejecutivos, en un país extranjero o en territorio nacional, incluyendo altos funcionarios de organizaciones internacionales.
Incluye, pero no se limita a jefes de estado o de gobierno, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios, así como aquellos que determine el Comité Nacional de Lavado de Activos previa consulta con el Ministerio de la Administración Pública.
Los cargos considerados PEP serán todos aquellos funcionarios obligados a presentar declaración jurada de bienes. Se asimilan todas aquellas personas que hayan desempeñado o desempeñen estas funciones o su equivalente para gobiernos extranjeros.
Las Normas Generales emitidas por Impuestos Internos han delimitado un mínimo de documentos, no limitativos, que deberán ser exigidos a los clientes identificados como PEP, a saber:
Cédula de Identidad Personal o Pasaporte en caso de ser extranjero.
Documentación que sustente la información proporcionadas por el cliente (Ej. Recibos y facturas de servicios públicos).
Evidencia de verificación de informaciones suministradas por el cliente.
Referencias comerciales​
Deben obtener la aprobación de la alta gerencia y/o consejo de administración antes de establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) su relación comercial con una persona expuesta políticamente (PEP).
Deben adoptar medidas razonables para identificar el origen de los fondos o activos de los clientes y beneficiarios finales identificados como una persona expuesta políticamente (PEP).
Deben realizar un monitoreo intensificado sobre esa relación de negocios.​
Los Sujetos Obligados tienen la obligación legal de registrarse en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de su portal de internet: Unidad de Análisis Financiero.​ Ver Guía para registrar un nuevo usuario.​
El Oficial de Cumplimiento es la persona responsable que servirá de enlace con la UAF e Impuestos Internos.​
24. ¿Cómo hago la remisión a Impuestos Internos del Oficial de Cumplimiento designado y registrado en la UAF?
Una vez completado su registro ante la UAF, el Sujeto Obligado deberá notificarlo a Impuestos Internos, a través del correo electrónico prevencionlavadoactivos@dgii.gov.do, hasta tanto sea habilitada la plataforma en el portal web de Impuestos Internos.
La calidad de Sujeto Obligado en este sector está ligada al tipo de actividad comercial que se realiza. En este sentido, el párrafo II del artículo 16 del Reglamento No. 408-17 de la Ley No. 155-17 indica que las empresas constructoras solo están obligadas a realizar Debida Diligencia del Cliente cuando intervengan en la compra y venta de bienes inmuebles. No obstante, es altamente recomendable que puedan contar con un programa simplificado de prevención, el cual, ante la eventual variación del modelo de negocio, puedan ir revisando y ajustando, a los fines de mitigar los riesgos identificados.
A los fines de aplicación de la ley, son considerados Sujetos Obligados aquellos comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, cuando, conforme el párrafo III del artículo 16 del Reglamento de Aplicación No. 408-17, sus transacciones sean realizadas por un monto igual o superior a los quince mil dólares estadounidenses (US$15,000.00) o su equivalente en pesos dominicanos o en cualquier otra moneda, ya sea en una sola operación, en varias operaciones en 24 horas o en varias operaciones que parezcan estar relacionadas.
Es importante distinguir que, en nuestro país, el Notario debe ser abogado de profesión. Ambas figuras son consideradas Sujetos Obligados por la ley y el estándar internacional en materia de PLAFT, por lo que un mismo sujeto puede recaer en distintas categorías de riesgo en atención a la función que se desempeñe.
En ambos casos, la calidad de Sujeto Obligado se adquiere cuando se llevan a cabo las actividades detalladas en el Art. 33, literal (e) de la ley.
30. ¿Qué debe hacer el abogado/notario que solo realiza las actividades descritas en el Art. 33 de forma ocasional?
La calidad de Sujeto Obligado (SO) en este sector la otorga la realización de las actividades descritas en el inciso e del Art. 33 de la Ley No. 155-17, por lo que al prestar estos servicios, aun sea de manera ocasional, deberá cumplir con las obligaciones descritas en el marco legal y las normas sectoriales, con relación a ese cliente o trabajo específico, entre las cuales está registrarse como SO en la UAF y posteriormente en Impuestos Internos. Esto debe ser realizado independientemente de la periodicidad con la que el Sujeto Obligado realice esta función.
La confidencialidad de todas las informaciones que se intercambian entre las Autoridades Competentes, Supervisores y Sujetos Obligados está estrictamente regulada por la Ley No.
155-17. Las sanciones penales y administrativas establecidas ante la infracción o el incumplimiento del deber de confidencialidad le son aplicables a las Autoridades Competentes, a los Supervisores y a los Sujetos Obligados.
Con relación a las Autoridades Competentes y/o Entes Supervisores, el numeral 4 del artículo 4 de la Ley No. 155-17 indica que “El servidor público que, en razón de su función, reciba información de los Sujetos Obligados o de la Unidad de Análisis Financiero, y lo divulgue públicamente o a terceros no autorizados por la ley, será sancionado con una pena de prisión de dos a tres años de prisión mayor, multa de veinte a cuarenta salarios mínimos e inhabilitación temporal de cinco años para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera, y participantes del mercado de valores”.
De igual forma, el numeral (5) del artículo 91 de la Ley le confiere a la UAF la función de “Garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y genera”. En ese mismo sentido, el párrafo del artículo 97 agrega lo siguiente: “El Director y todo el personal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no podrán, incluso después de cesar en sus funciones, revelar que se ha transmitido o solicitado alguna información a la UAF de acuerdo con la presente ley, salvo solicitud del órgano jurisdiccional o autoridad competente de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
El numeral 3 del artículo 4 de la Ley No. 155-17, establece que “El empleado, ejecutivo, funcionario, director u otro representante autorizado de los Sujetos Obligados que revele a sus clientes, proveedores, usuarios o terceros no autorizados por la ley, los reportes de operaciones sospechosas u otra información relacionada entregada a la Unidad de Análisis Financiero, será sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión mayor, multa de doscientos a cuatrocientos salarios mínimos e inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar asesoría o ser contratado por entidades públicas o entidades de intermediación financiera, y participantes del mercado de valores”.
En adición a lo indicado anteriormente, el literal (h) del artículo 69 de la ley reconoce como una Falta Administrativa Muy Grave “El incumplimiento de la obligación de adoptar, por parte del sujeto obligado, las medidas adecuadas para mantener la confidencialidad sobre la identidad de los empleados, directivos o agentes que hayan realizado un reporte a la Autoridad Competente, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o a los órganos de control interno”. El incumplimiento de esta disposición podría conllevar una multa al SO de dos millones un peso (RD$2,000,001.00) a cuatro millones de pesos dominicanos (RD$4,000,000.00).​
Conforme el literal (b) del artículo 25 de la Norma No. 02-18, que regula la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en las Personas Físicas o Jurídicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de Vehículos de Motor, Barcos y Aviones, aquellos clientes cuya operación o transacción de compra y venta de vehículos de motor haya sido realizada a través de una entidad de intermediación financiera del país debidamente autorizada por su autoridad competente serán susceptibles de medidas de debida diligencia simplificada.
a. ​Reducir la periodicidad del proceso de revisión documental.
b. Reducir el seguimiento de la relación de negocios y el escrutinio de las operaciones que no superen un umbral cuantitativo.
​​​​​​​​​34. ¿Qué es el Beneficiario Final?
Se considera como Beneficiario Final a las Personas Físicas que ejercen el control efectivo final o son propietarios últimos de una Persona Jurídica o ente sin personalidad jurídica. También se considera como Beneficiario Final a la Persona Física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción, aun cuando la Persona Física no aparezca como titular o como la persona que formalmente controla esa operación.
Consideraciones Importantes: La identificación del Beneficiario Final forma parte del fortalecimiento del deber formal de inscripción y actualización de datos en el Registro Nacional de Contribuyentes y registros especiales acorde al literal C del artículo 50 del Código Tributario modificado por la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Al mismo tiempo como medida de control y monitoreo de las informaciones de los contribuyentes en beneficio de la transparencia fiscal, intercambio de información con fines tributarios, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Base Legal: Código Tributario, Art. 50, Párrafo II del Literal C modificado por la Ley No. 155-17.
35. ¿Quiénes tienen la obligación de registrar la información del Beneficiario Final?
36. ¿Cuándo debo de informar sobre modificaciones del Beneficiario Final?
Se debe informar modificaciones del Beneficiario Final si surge algún cambio en la información del mismo por parte de la entidad declarante. Se debe notificar a la Administración Tributaria en un plazo no mayor a 6 meses a través del Formulario de Registro y Actualización de Datos de Sociedades (RC-02 y anexos) o a través del Formulario Registro y Actualización de Datos del Patrimonio Separado (RC-03 y anexos) según corresponda.
Importante: Si no existen cambios en​ la información del Beneficiario Final o de otros datos en la declaración jurada anterior, se debe registrar la información en la última casilla del Anexo H-2 de la Declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta de Sociedades o en el dorso del Anexo C de la Declaración Jurada para Instituciones Sin Fines de Lucro, según corresponda.
37. ¿Cuáles tipos de Beneficiario Final deben identificarse en los formularios o declaraciones?
Beneficiario Final por control accionario: Todas las Personas Físicas que tienen una participación igual o mayor al 20% de las acciones de una Persona Jurídica. Cuando exista una cadena de titularidad, es decir, varias entidades que son a su vez propietarias de la entidad declarante, se debe informar la Persona Física final con participación indirecta igual o mayor al 20% de las acciones de la entidad.
Beneficiario Final por control efectivo: Son las Personas Físicas que poseen el control accionario inferior al 20% pero ejercen control sobre la sociedad declarante o a través de una cadena de control efectivo. Se entiende como control efectivo cuando la entidad ejerza influencia en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad directamente, por intermedio o con el concurso de otras entidades, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios.
38. ¿Cuáles datos se solicitan en los formularios para la identificación del Beneficiario Final?
Los datos solicitados en los formularios para la identificación del Beneficiario Final son los siguientes:
Cédula, Pasaporte, o Identificación Tributaria del país de residencia fiscal.
Domicilio (del país de residencia fiscal), calle, número, sector, estado o provincia, ciudad y país.
Participación accionaria.​​

References: artículo 2
 artículo 91
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 91
 artículo 97
 artículo 4
 artículo 69
 artículo 25
 artículo 50
in Fine