Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2003-21053.htm
Timestamp: 2017-12-15 02:19:33+00:00

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B.O.E. Nº 277 de 19/11/2003
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protecciÃ³n patrimonial de las personas con discapacidad y de modificaciÃ³n del CÃ³digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.
Son mÃºltiples los mecanismos que, en cumplimiento del mandato que a los poderes pÃºblicos da el artÃ­culo 49 de la ConstituciÃ³n, tratan de responder a la especial situaciÃ³n de las personas con discapacidad, ordenando los medios necesarios para que la minusvalÃ­a que padecen no les impida el disfrute de los derechos que a todos los ciudadanos reconocen la ConstituciÃ³n y las leyes, logrando asÃ­ que la igualdad entre tales personas y el resto de los ciudadanos sea real y efectiva, tal y como exige el artÃ­culo 9.2 de la ConstituciÃ³n.
Hoy constituye una realidad la supervivencia de muchos discapacitados a sus progenitores, debido a la mejora de asistencia sanitaria y a otros factores, y nuevas formas de discapacidad como las lesiones cerebrales y medulares por accidentes de trÃ¡fico, enfermedad de Alzheimer y otras, que hacen aconsejable que la asistencia econÃ³mica al discapacitado no se haga sÃ³lo con cargo al Estado o a la familia, sino con cargo al propio patrimonio que permita garantizar el futuro del minusvÃ¡lido en previsiÃ³n de otras fuentes para costear los gastos que deben afrontarse.
Esta ley tiene por objeto regular nuevos mecanismos de protecciÃ³n de la personas con discapacidad, centrados en un aspecto esencial de esta protecciÃ³n, cual es el patrimonial.
Efectivamente, uno de los elementos que mÃ¡s repercuten en el bienestar de las personas con discapacidad es la existencia de medios econÃ³micos a su disposiciÃ³n, suficientes para atender las especÃ­ficas necesidades vitales de los mismos.
En gran parte, tales medios son proporcionados por los poderes pÃºblicos, sea directamente, a travÃ©s de servicios pÃºblicos dirigidos a estas personas, sea indirectamente, a travÃ©s de distintos instrumentos como beneficios fiscales o subvenciones especÃ­ficas.
De esta forma, el objeto inmediato de esta ley es la regulaciÃ³n de una masa patrimonial, el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad, la cual queda inmediata y directamente vinculada a la satisfacciÃ³n de las necesidades vitales de una persona con discapacidad, favoreciendo la constituciÃ³n de este patrimonio y la aportaciÃ³n a tÃ­tulo gratuito de bienes y derechos a la misma.
Los bienes y derechos que forman este patrimonio, que no tiene personalidad jurÃ­dica propia, se aÃ­slan del resto del patrimonio personal de su titular-beneficiario, sometiÃ©ndolos a un rÃ©gimen de administraciÃ³n y supervisiÃ³n especÃ­fico.
Se trata de un patrimonio de destino, en cuanto que las distintas aportaciones tienen como finalidad la satisfacciÃ³n de las necesidades vitales de sus titulares.
Beneficiarios de este patrimonio pueden ser, exclusivamente, las personas con discapacidad afectadas por unos determinados grados de minusvalÃ­a, y ello con independencia de que concurran o no en ellas las causas de incapacitaciÃ³n judicial contempladas en el artÃ­culo 200 del CÃ³digo Civil y de que, concurriendo, tales personas hayan sido o no judicialmente incapacitadas.
La regulaciÃ³n contenida en esta ley se entiende sin perjuicio de las disposiciones que pudieran haberse aprobado en las comunidades autÃ³nomas con derecho civil propio, las cuales tienen aplicaciÃ³n preferente de acuerdo con el artÃ­culo 149.1.8.a de la ConstituciÃ³n espaÃ±ola y los diferentes estatutos de autonomÃ­a, siÃ©ndoles de aplicaciÃ³n esta ley con carÃ¡cter supletorio, conforme a la regla general contenida en el artÃ­culo 13.2 del CÃ³digo Civil.
Esta constituciÃ³n del patrimonio corresponde a la propia persona con discapacidad que vaya a ser beneficiaria del mismo o, en caso de que Ã©sta no tenga capacidad de obrar suficiente, a sus padres, tutores o curadores de acuerdo con los mecanismos generales de sustituciÃ³n de la capacidad de obrar regulados por nuestro ordenamiento jurÃ­dico, o bien a su guardador de hecho, en el caso de personas con discapacidad psÃ­quica.
La constituciÃ³n requiere, inexcusablemente, de una aportaciÃ³n originaria de bienes y derechos, si bien una vez constituido el patrimonio cualquier persona con interÃ©s legÃ­timo puede realizar aportaciones a dicho patrimonio, previÃ©ndose incluso la posibilidad de que tanto las aportaciones simultÃ¡neas a la constituciÃ³n del patrimonio protegido como las posteriores puedan hacerse a pesar de la oposiciÃ³n de los padres, tutores o curadores, cuando asÃ­ lo estime el juez por convenir al beneficiario del patrimonio. En todo caso, las aportaciones de terceros deberÃ¡n realizarse siempre a tÃ­tulo gratuito.
Sin embargo, cuando la persona con discapacidad tenga capacidad de obrar suficiente, y de acuerdo con el principio general de autonomÃ­a personal y libre desarrollo de la personalidad que informa nuestro ordenamiento jurÃ­dico (artÃ­culo 10.1 de la ConstituciÃ³n), no se podrÃ¡ constituir un patrimonio protegido en su beneficio o hacer aportaciones al mismo en contra de su voluntad.
Asimismo, cuando la aportaciÃ³n es realizada por un tercero, y por tercero se entiende cualquier persona distinta del beneficiario del patrimonio, incluidos los padres, tutores o curadores, constituyentes del mismo, el aportante podrÃ¡ establecer el destino que a los bienes o derechos aportados deba darse una vez extinguido el patrimonio protegido, determinando que tales bienes o derechos reviertan en el aportante o sus herederos o dÃ¡ndoles cualquier otro destino lÃ­cito que estime oportuno. Sin embargo, esta facultad del aportante tiene un lÃ­mite, ya que la salida del bien o derecho aportado del patrimonio protegido tan sÃ³lo podrÃ¡ producirse por extinciÃ³n de Ã©ste, lo que elimina la posibilidad de afecciones de bienes y derechos a tÃ©rmino.
Por otro lado, la existencia de este patrimonio, y el especial rÃ©gimen de administraciÃ³n al que se somete el mismo, en nada modifican las reglas generales del CÃ³digo Civil o, en su caso, de los derechos civiles autonÃ³micos, relativas a los distintos actos y negocios jurÃ­dicos, lo cual implica que, por ejemplo, cuando un tercero haga una aportaciÃ³n a un patrimonio protegido mediante donaciÃ³n, dicha donaciÃ³n podrÃ¡ rescindirse por haber sido realizada en fraude de acreedores, revocarse por superveniencia o supervivencia de hijos del donante o podrÃ¡ reducirse por inoficiosa, si concurren los requisitos que para ello exige la legislaciÃ³n vigente.
En cuanto a la administraciÃ³n del patrimonio, y el tÃ©rmino administraciÃ³n se emplea aquÃ­ en el sentido mÃ¡s amplio, comprensivo tambiÃ©n de los actos de disposiciÃ³n, se parte de la regla general de que todos los bienes y derechos, cualquiera que sea su procedencia, se sujetan al rÃ©gimen de administraciÃ³n establecido por el constituyente del patrimonio, el cual tiene plenas facultades para establecer las reglas de administraciÃ³n que considere oportunas, favoreciÃ©ndose de esta forma que la administraciÃ³n pueda corresponder a entidades sin Ã¡nimo de lucro especializadas en la atenciÃ³n a las personas con discapacidad, si bien ello con una distinciÃ³n, ya que:
Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el beneficiario del mismo, y a la vez tenga capacidad de obrar suficiente, se aplica sin mÃ¡s la regla general expresada.
En todos los demÃ¡s casos, las reglas de administraciÃ³n deberÃ¡n prever que se requiera autorizaciÃ³n judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, si bien se permite que el juez pueda flexibilizar este rÃ©gimen de la forma que se estime oportuna cuando las circunstancias concurrentes en el caso concreto asÃ­ lo hicieran conveniente y en todo caso sin que sea preciso acudir al procedimiento de subasta pÃºblica contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Dado el especial rÃ©gimen de administraciÃ³n al que se sujeta el patrimonio protegido, es perfectamente posible que, a pesar de que su beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente, la administraciÃ³n del patrimonio no le corresponda a Ã©l, sino a una persona distinta, sea porque asÃ­ lo ha querido la propia persona con discapacidad, cuando ella misma haya constituido el patrimonio, sea porque lo haya dispuesto asÃ­ el constituyente del patrimonio y lo haya aceptado el beneficiario, cuando el constituyente sea un tercero.
En cambio, cuando el beneficiario del patrimonio protegido no tenga capacidad de obrar suficiente, el o los administradores del patrimonio protegido pueden no ser los padres, tutores o curadores a los que legalmente corresponde la administraciÃ³n del resto del patrimonio de la persona con discapacidad, lo cual hace conveniente
que la ley prevea expresamente que la representaciÃ³n legal de la persona con discapacidad para todos los actos relativos al patrimonio protegido corresponda, no a los padres, tutores o curadores, sino a los administradores del mismo, si bien la representaciÃ³n legal estÃ¡ referida exclusivamente a los actos de administraciÃ³n.
Asimismo, la ley regula la extinciÃ³n del patrimonio protegido, la cual, dejando al margen el caso especial de que el juez pueda acordar la extinciÃ³n del mismo cuando asÃ­ convenga al interÃ©s de la persona con discapacidad, sÃ³lo se produce por muerte o declaraciÃ³n de fallecimiento de su beneficiario o al dejar Ã©ste de padecer una minusvalÃ­a en los grados establecidos por la ley.
En estos casos, se presta especial atenciÃ³n a los bienes y derechos aportados por terceros, los cuales se aplicarÃ¡n a la finalidad prevista por el aportante al realizar la aportaciÃ³n, si bien cuando fuera material o jurÃ­dicamente imposible cumplir esta finalidad se les darÃ¡ otra, lo mÃ¡s anÃ¡loga y conforme posible a la voluntad del aportante, en tÃ©cnica similar a la conmutaciÃ³n modal regulada por el artÃ­culo 798 del CÃ³digo Civil y atendiendo, si procede a la naturaleza de los bienes y derechos que integran el patrimonio protegido en el momento de su extinciÃ³n y en proporciÃ³n a las diferentes aportaciones.
Aspecto fundamental del contenido de la ley es el de la supervisiÃ³n de la administraciÃ³n del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
El primer aspecto que destaca de esta supervisiÃ³n es que el constituyente puede establecer las reglas de supervisiÃ³n y fiscalizaciÃ³n de la administraciÃ³n del patrimonio que considere oportunas.
En segundo lugar, la supervisiÃ³n institucional del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, respecto del cual se prevÃ©n dos tipos de actuaciones, a saber:
a) Una supervisiÃ³n permanente y general de la administraciÃ³n del patrimonio protegido, a travÃ©s de la informaciÃ³n que, periÃ³dicamente, el administrador debe remitirle.
b) Una supervisiÃ³n esporÃ¡dica y concreta, ya que cuando las circunstancias concurrentes en un momento determinado lo hicieran preciso, el Ministerio Fiscal puede solicitar del juez la adopciÃ³n de cualquier medida que se estime pertinente en beneficio de la persona con discapacidad. A estos efectos, el Ministerio Fiscal puede actuar tanto de oficio como a solicitud de cualquier persona, y serÃ¡ oÃ­do en todas las actuaciones judiciales que afecten al patrimonio protegido, aunque no sean instadas por Ã©l.
Por otro lado, la ley crea la ComisiÃ³n de ProtecciÃ³n Patrimonial de las Personas con Discapacidad, cuya funciÃ³n bÃ¡sica es ser un Ã³rgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las demÃ¡s que reglamentariamente pudieran atribuÃ­rsele.
Dada la importancia de esta ComisiÃ³n, y la especializaciÃ³n que sus funciones pueden requerir, se prevÃ© que en ella participen, en todo caso, representantes de la asociaciÃ³n de utilidad pÃºblica, mÃ¡s representativa en el Ã¡mbito estatal, de los diferentes tipos de discapacidad.
Por Ãºltimo, se adoptan dos medidas de publicidad registral importantes, ya que:
De un lado, cuando la administraciÃ³n del patrimonio protegido no corresponde ni al propio beneficiario ni a sus padres, tutores o curadores, la representaciÃ³n legal que el administrador ostenta sobre el beneficiario del patrimonio para todos los actos relativos a Ã©ste debe de hacerse constar en el Registro Civil.
De otro, se prevÃ© que en el Registro de la Propiedad conste la condiciÃ³n de un bien o derecho real inscrito como integrante de un patrimonio protegido.
Sin embargo, el contenido de la ley no acaba en la regulaciÃ³n del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, sino que ademÃ¡s se incorporan distintas modificaciones de la legislaciÃ³n vigente que tratan de mejorar la protecciÃ³n patrimonial de estas personas, aumentando las posibilidades jurÃ­dicas de afectar medios econÃ³micos a la satisfacciÃ³n de las necesidades de estas personas o que, en general, mejoran el tratamiento jurÃ­dico de las personas con discapacidad. Estas modificaciones se realizan siguiendo las pautas aconsejadas por la ComisiÃ³n General de CodificaciÃ³n.
De ellas, destaca en primer lugar la regulaciÃ³n de la autotutela, es decir, la posibilidad que tiene una persona capaz de obrar de adoptar las disposiciones que estime convenientes en previsiÃ³n de su propia futura incapacitaciÃ³n, lo cual puede ser especialmente importante en el caso de enfermedades degenerativas.
Efectivamente, si ya los padres pueden adoptar las medidas que consideren oportunas respecto de la persona y bienes de sus hijos menores o incapacitados, no se ven obstÃ¡culos para que esta misma posibilidad corresponda a una persona con capacidad de obrar suficiente respecto de sÃ­ mismo, para el caso de ser incapacitado.
Esta autotutela se regula introduciendo unos cambios mÃ­nimos en el CÃ³digo Civil, consistentes en habilitar a las personas capaces para adoptar las disposiciones que considere oportunas en previsiÃ³n de su propia incapacitaciÃ³n, y ello en el mismo precepto que regula las facultades parentales respecto de la tutela, y en alterar el orden de delaciÃ³n de la tutela, prefiriendo como tutor en primer lugar al designado por el propio tutelado, si bien sin modificar la facultad genÃ©rica que corresponde al juez de alterar el orden de delaciÃ³n cuando asÃ­ convenga al interÃ©s del incapacitado pero siempre que hayan sobrevenido circunstancias que no fueron tenidas en cuenta al efectuar la designaciÃ³n.
AdemÃ¡s, se garantiza, mediante los mecanismos oportunos que el juez que estuviera conociendo de la constituciÃ³n de la tutela pueda conocer la eventual existencia de disposiciones relativas a la misma, sean de los padres, sean del propio incapaz.
Complemento de esta regulaciÃ³n de la autotutela es la reforma del artÃ­culo 1732 del CÃ³digo Civil, con objeto de establecer que la incapacitaciÃ³n judicial del mandante, sobrevenida al otorgamiento del mandato, no sea causa de extinciÃ³n de Ã©ste cuando el mandante haya dispuesto su continuaciÃ³n a pesar de la incapacitaciÃ³n, y ello sin perjuicio de que dicha extinciÃ³n pueda ser acordada por el juez en el momento de constituciÃ³n de la tutela sobre el mandante o, en un momento posterior, a instancia del tutor.
Por Ãºltimo, se legitima al presunto incapaz a promover su propia incapacidad, modificÃ¡ndose, por tanto, el artÃ­culo 757.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
vida, entendiendo por tales los alimentos regulados por el tÃ­tulo VI del libro I del CÃ³digo Civil, y ello aunque el causahabiente no fuera una de las personas obligadas a prestarlos.
b) Se permite que el testador pueda gravar con una sustituciÃ³n fideicomisaria la legÃ­tima estricta, pero sÃ³lo cuando ello beneficiare a un hijo o descendiente judicialmente incapacitado. En este caso, a diferencia de otros regulados en la ley, como se aclara a travÃ©s de una nueva disposiciÃ³n adicional del CÃ³digo Civil, se exige que concurra la incapacitaciÃ³n judicial del beneficiado, y no la minusvalÃ­a de Ã©ste en el grado establecido en el artÃ­culo 2.2 de la ley.
c) Se reforma el artÃ­culo 822 del CÃ³digo Civil, dando una protecciÃ³n patrimonial directa a las personas con discapacidad mediante un trato favorable a las donaciones o legados de un derecho de habitaciÃ³n realizados a favor de las personas con discapacidad que sean legitimarias y convivan con el donante o testador en la vivienda habitual objeto del derecho de habitaciÃ³n, si bien con la cautela de que el derecho de habitaciÃ³n legado o donado serÃ¡ intransmisible.
AdemÃ¡s, este mismo precepto concede al legitimario con discapacidad que lo necesite un legado legal del derecho de habitaciÃ³n sobre la vivienda habitual en la que conviviera con el causante, si bien a salvo de cualquier disposiciÃ³n testamentaria de Ã©ste sobre el derecho de habitaciÃ³n.
d) Se reforma el artÃ­culo 831 del CÃ³digo Civil, con objeto de introducir una nueva figura de protecciÃ³n patrimonial indirecta de las personas con discapacidad. De esta forma, se concede al testador amplias facultades para que en su testamento pueda conferir al cÃ³nyuge supÃ©rstite amplias facultades para mejorar y distribuir la herencia del premuerto entre los hijos o descendientes comunes, lo que permitirÃ¡ no precipitar la particiÃ³n de la herencia cuando uno de los descendientes tenga una discapacidad, y aplazar dicha distribuciÃ³n a un momento posterior en el que podrÃ¡n tenerse en cuenta la variaciÃ³n de las circunstancias y la situaciÃ³n actual y necesidades de la persona con discapacidad. AdemÃ¡s, estas facultades pueden concedÃ©rselas los progenitores con descendencia comÃºn, aunque no estÃ©n casados entre sÃ­.
e) Se introduce un nuevo pÃ¡rrafo al artÃ­culo 1041 del CÃ³digo Civil a fin de evitar traer a colaciÃ³n los gastos realizados por los padres y ascendientes, entendiendo por Ã©stos cualquier disposiciÃ³n patrimonial, para cubrir las necesidades especiales de sus hijos o descendientes con discapacidad.
En tercer tÃ©rmino, se introduce dentro del tÃ­tulo XII del libro IV del CÃ³digo Civil, dedicado a los contratos aleatorios, una regulaciÃ³n sucinta pero suficiente de los alimentos convencionales, es decir, de la obligaciÃ³n alimenticia surgida del pacto y no de la ley, a diferencia de los alimentos entre parientes regulados por los artÃ­culos 142 y siguientes de dicho cuerpo legal.
La regulaciÃ³n de este contrato, frecuentemente celebrado en la prÃ¡ctica y examinado en ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, amplÃ­a las posibilidades que actualmente ofrece el contrato de renta vitalicia para atender a las necesidades econÃ³micas de las personas con discapacidad y, en general, de las personas con dependencia, como los ancianos, y permite a las partes que celebren el contrato cuantificar la obligaciÃ³n del alimentante en funciÃ³n de las necesidades vitales del alimentista.
Su utilidad resulta especialmente patente en el caso de que sean los padres de una persona con discapacidad quienes transmitan al alimentante el capital en bienes muebles o inmuebles en beneficio de su hijo con discapacidad, a travÃ©s de una estipulaciÃ³n a favor de tercero del artÃ­culo 1257 del CÃ³digo Civil.
El capÃ­tulo III de la Ley estÃ¡ dedicado a las modificaciones de la normativa tributaria, mediante las que se adoptan una serie de medidas para favorecer las aportaciones a tÃ­tulo gratuito a los patrimonios protegidos, reforzando de esta manera los importantes beneficios fiscales que, a favor de las personas con discapacidad, ha introducido la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y por la que se modifican las Leyes del Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes.
De este modo, la ley procede a modificar la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y otras Normas Tributarias, la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, al objeto de regular el rÃ©gimen tributario aplicable al discapacitado titular del patrimonio protegido por las aportaciones que se integren en Ã©ste y a los aportantes a dicho patrimonio por las aportaciones que realicen.
En cuanto al rÃ©gimen tributario aplicable al discapacitado titular del patrimonio protegido por las aportaciones que se reciban en dicho patrimonio, la ley establece que tales aportaciones tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de rendimiento de trabajo hasta el importe de 8.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto cuando el aportante sea contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas o que haya sido gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades de los aportantes con el lÃ­mite de 8.000 euros anuales, cuando el aportante sea sujeto pasivo de ese Impuesto. No obstante, sÃ³lo se integrarÃ¡n en la base imponible del titular del patrimonio protegido por el importe en que la suma de tales rendimientos de trabajo y las prestaciones recibidas en forma de renta a que se refiere el apartado 3 del artÃ­culo 17 de la Ley 40/1998, exceda del doble del salario mÃ­nimo interprofesional.
LÃ³gicamente, cuando la aportaciÃ³n se realice por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a favor de los patrimonios protegidos de los parientes, cÃ³nyuges o personas a cargo de los trabajadores del aportante, Ãºnicamente tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de rendimiento del trabajo para el titular del patrimonio protegido.
En cualquier caso, estos rendimientos de trabajo no quedan sujetos a retenciÃ³n o ingreso a cuenta.
TratÃ¡ndose de aportaciones no dinerarias, el discapacitado titular del patrimonio protegido quedarÃ¡ subrogado en la posiciÃ³n del aportante respecto de la fechas y el valor de adquisiciÃ³n del bien o derecho aportado, exceptuÃ¡ndose la posibilidad de aplicar la disposiciÃ³n transitoria novena de la Ley 40/1998 cuando el bien o derecho se transmita con posterioridad a la aportaciÃ³n al patrimonio protegido.
El rÃ©gimen tributario aplicable al titular del patrimonio protegido se completa con una norma de no sujeciÃ³n al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la parte de las aportaciones que tengan para el perceptor la consideraciÃ³n de rendimientos del trabajo.
En lo que se refiere al rÃ©gimen aplicable al aportante al patrimonio protegido de la persona discapacitada, se distinguen dos supuestos segÃºn que el aportante sea contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas o sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades.
De este modo, en el primer supuesto, se prevÃ© que las aportaciones realizadas por los parientes en lÃ­nea directa o colateral hasta el tercer grado, el cÃ³nyuge y
los tutores o acogedores, den derecho a practicar una reducciÃ³n de la base imponible del aportante que podrÃ¡ alcanzar, para estas aportaciones, un importe mÃ¡ximo de 8.000 euros anuales.
Las reducciones practicadas en la base imponible de los aportantes tendrÃ¡n, asimismo, un lÃ­mite conjunto, de manera que el total de las reducciones practicadas por todas las personas que efectÃºen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido no podrÃ¡ exceder de 24.250 euros anuales. A estos efectos, se introduce una clÃ¡usula de disminuciÃ³n proporcional de la reducciÃ³n aplicable en caso de que la concurrencia de varios aportantes supere el lÃ­mite conjunto establecido.
En cualquier caso, se establece que las aportaciones que excedan de los lÃ­mites anteriores puedan dar derecho a reducir la base imponible del aportante en los cuatro perÃ­odos impositivos siguientes, regla Ã©sta que resulta de aplicaciÃ³n tanto a las aportaciones dinerarias como a las no dinerarias.
En el segundo de los supuestos, esto es, cuando las aportaciones han sido realizadas por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a los patrimonios protegidos de sus trabajadores o de los parientes o cÃ³nyuges de los trabajadores, o de las personas acogidas por los trabajadores en rÃ©gimen de tutela o acogimiento, se prevÃ© que tales aportaciones dan derecho a la deducciÃ³n del 10 por ciento de la cuota Ã­ntegra prevista en el artÃ­culo 36 quÃ¡ter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. La aportaciÃ³n anual deberÃ¡ respetar, ademÃ¡s de los requisitos generales establecidos en el citado artÃ­culo 36 quÃ¡ter, el lÃ­mite de 8.000 euros anuales por cada trabajador o persona discapacitada, estando previsto que si excede de este lÃ­mite, la deducciÃ³n que corresponda podrÃ¡ aplicarse en los cuatro perÃ­odos impositivos siguientes.
En cuanto a la valoraciÃ³n de las aportaciones no dinerarias al patrimonio protegido, la norma remite a las reglas previstas en el artÃ­culo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se ocupa de regular la base de las deducciones por donativos, donaciones y aportaciones realizadas a las entidades beneficiarias del mecenazgo.
En los casos de aportaciones no dinerarias, y en concordancia con la finalidad perseguida en la constituciÃ³n de los patrimonios protegidos, la ley declara exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y del Impuesto sobre Sociedades, respectivamente, las ganancias patrimoniales y las rentas positivas generadas con ocasiÃ³n de la realizaciÃ³n de dichas aportaciones.
Por otro lado, la ley se ocupa de las consecuencias fiscales derivadas de la realizaciÃ³n de actos de disposiciÃ³n de los bienes o derechos integrantes del patrimonio protegido cuando tales actos de disposiciÃ³n se realicen en el plazo comprendido entre el perÃ­odo impositivo de la aportaciÃ³n y los cuatro siguientes, distinguiendo en funciÃ³n de la naturaleza jurÃ­dica del aportante.
De este modo, si quien realizÃ³ las aportaciones al patrimonio protegido del discapacitado fue un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, dicho contribuyente vendrÃ¡ obligado a integrar en la base imponible del perÃ­odo impositivo en que se produzca el acto de disposiciÃ³n, las cantidades reducidas en la base imponible correspondientes a las disposiciones realizadas mÃ¡s los intereses de demora que procedan.
Si las aportaciones al patrimonio protegido fueron realizadas por un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, Ã©ste habrÃ¡ de ingresar en el perÃ­odo impositivo en que se produce la disposiciÃ³n, la cantidad deducida en la cuota en el perÃ­odo impositivo en que se realizÃ³ la aportaciÃ³n.
En ambos casos, el titular del patrimonio habrÃ¡ de integrar en su base imponible correspondiente al perÃ­odo impositivo en que se produce la disposiciÃ³n, la cantidad que hubiera dejado de integrar en el perÃ­odo impositivo en que recibiÃ³ la aportaciÃ³n. Esta obligaciÃ³n se traslada al trabajador cuando la aportaciÃ³n la hubiera realizado un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades al patrimonio protegido de un pariente de aquÃ©l.
Finalmente, al objeto de asegurar un adecuado control de los patrimonios protegidos de las personas discapacitadas, se establece la obligaciÃ³n para el contribuyente titular de un patrimonio protegido de presentar una declaraciÃ³n en la que se indique la composiciÃ³n del patrimonio, las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas durante el perÃ­odo impositivo, remitiÃ©ndose en este punto a un posterior desarrollo reglamentario.
El conjunto de modificaciones en la normativa tributaria se completa con un nuevo supuesto de exenciÃ³n en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados que serÃ¡ aplicable a las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.
ArtÃ­culo 1. Objeto y rÃ©gimen jurÃ­dico.
1. El objeto de esta ley es favorecer la aportaciÃ³n a tÃ­tulo gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afecciÃ³n de tales bienes y derechos, asÃ­ como de los frutos, productos y rendimientos de Ã©stos, a la satisfacciÃ³n de las necesidades vitales de sus titulares.
Tales bienes y derechos constituirÃ¡n el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad.
2. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad se regirÃ¡ por lo establecido en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo, cuya aplicaciÃ³n tendrÃ¡ carÃ¡cter preferente sobre lo dispuesto para regular los efectos de la incapacitaciÃ³n en los tÃ­tulos IX y X del libro I del CÃ³digo Civil.
ArtÃ­culo 2. Beneficiarios.
1. El patrimonio protegido de las personas con discapacidad tendrÃ¡ como beneficiario, exclusivamente, a la persona en cuyo interÃ©s se constituya, que serÃ¡ su titular.
2. A los efectos de esta ley Ãºnicamente tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de personas con discapacidad:
a) Las afectadas por una minusvalÃ­a psÃ­quica igual o superior al 33 por ciento.
b) Las afectadas por una minusvalÃ­a fÃ­sica o sensorial igual o superior al 65 por ciento.
3. El grado de minusvalÃ­a se acreditarÃ¡ mediante certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resoluciÃ³n judicial firme.
ArtÃ­culo 3. ConstituciÃ³n.
1. PodrÃ¡n constituir un patrimonio protegido:
c) El guardador de hecho de una persona con discapacidad psÃ­quica podrÃ¡ constituir en beneficio de Ã©ste un patrimonio protegido con los bienes que sus padres o tutores le hubieran dejado por tÃ­tulo hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquÃ©llos y en los que hubiera sido designado beneficiario ; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artÃ­culos 303, 304 y 306 del CÃ³digo Civil.
2. Cualquier persona con interÃ©s legÃ­timo podrÃ¡ solicitar de la persona con discapacidad o, en caso de que no tenga capacidad de obrar suficiente, de sus padres, tutores o curadores, la constituciÃ³n de un patrimonio protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportaciÃ³n de bienes y derechos adecuados, suficiente para ese fin.
En caso de negativa injustificada de los padres o tutores, el solicitante podrÃ¡ acudir al fiscal, quien instarÃ¡ del juez lo que proceda atendiendo al interÃ©s de la persona con discapacidad. Si el juez autorizara la constituciÃ³n del patrimonio protegido, la resoluciÃ³n judicial determinarÃ¡ el contenido a que se refiere el apartado siguiente de esta ley. El cargo de administrador no podrÃ¡ recaer, salvo justa causa, en el padre, tutor o curador que se hubiera negado injustificadamente a la constituciÃ³n del patrimonio protegido.
3. El patrimonio protegido se constituirÃ¡ en documento pÃºblico, o por resoluciÃ³n judicial en el supuesto contemplado en el apartado anterior.
Dicho documento pÃºblico o resoluciÃ³n judicial tendrÃ¡, como mÃ­nimo, el siguiente contenido:
b) La determinaciÃ³n de las reglas de administraciÃ³n y, en su caso, de fiscalizaciÃ³n, incluyendo los procedimientos de designaciÃ³n de las personas que hayan de integrar los Ã³rganos de administraciÃ³n o, en su caso, de fiscalizaciÃ³n. Dicha determinaciÃ³n se realizarÃ¡ conforme a lo establecido en el artÃ­culo 5 de esta ley.
c) Cualquier otra disposiciÃ³n que se considere oportuna respecto a la administraciÃ³n o conservaciÃ³n del mismo.
ArtÃ­culo 4. Aportaciones al patrimonio protegido.
1. Las aportaciones de bienes y derechos posteriores a la constituciÃ³n del patrimonio protegido estarÃ¡n sujetas a las mismas formalidades establecidas en el artÃ­culo anterior para su constituciÃ³n.
2. Cualquier persona con interÃ©s legÃ­timo, con el consentimiento de la persona con discapacidad, o de sus padres o tutores o curadores si no tuviera capacidad de obrar suficiente, podrÃ¡ aportar bienes o derechos al patrimonio protegido. Estas aportaciones deberÃ¡n realizarse siempre a tÃ­tulo gratuito y no podrÃ¡n someterse a tÃ©rmino.
En caso de que los padres, tutores o curadores negasen injustificadamente su consentimiento, la persona que hubiera ofrecido la aportaciÃ³n podrÃ¡ acudir al fiscal, quien instarÃ¡ del juez lo que proceda atendiendo al interÃ©s de la persona con discapacidad.
3. Al hacer la aportaciÃ³n de un bien o derecho al patrimonio protegido, los aportantes podrÃ¡n establecer el destino que deba darse a tales bienes o derechos o, en su caso, a su equivalente, una vez extinguido el patrimonio protegido conforme al artÃ­culo 6, siempre que hubieran quedado bienes y derechos suficientes y sin mÃ¡s limitaciones que las establecidas en el CÃ³digo Civil o en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables.
ArtÃ­culo 5. AdministraciÃ³n.
1. Cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el propio beneficiario del mismo, su administraciÃ³n, cualquiera que sea la procedencia de los bienes y derechos que lo integren, se sujetarÃ¡ a las reglas establecidas en el documento pÃºblico de constituciÃ³n.
2. En los demÃ¡s casos, las reglas de administraciÃ³n, establecidas en el documento pÃºblico de constituciÃ³n, deberÃ¡n prever la obligatoriedad de autorizaciÃ³n judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a los artÃ­culos 271 y 272 del CÃ³digo Civil o, en su caso, conforme a lo dispuesto en las normas de derecho civil, foral o especial, que fueran aplicables.
No obstante lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior la autorizaciÃ³n no es necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente.
En ningÃºn caso serÃ¡ necesaria la subasta pÃºblica para la enajenaciÃ³n de los bienes o derechos que integran el patrimonio protegido no siendo de aplicaciÃ³n lo establecido al efecto en el tÃ­tulo XI del libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los constituyentes o el administrador, podrÃ¡n instar al Ministerio Fiscal que solicite del juez competente la excepciÃ³n de la autorizaciÃ³n judicial en determinados supuestos, en atenciÃ³n a la composiciÃ³n del patrimonio, las circunstancias personales de su beneficiario, las necesidades derivadas de su minusvalÃ­a, la solvencia del administrador o cualquier otra circunstancia de anÃ¡loga naturaleza.
4. Todos los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido, asÃ­ como sus frutos, rendimientos o productos, deberÃ¡n destinarse a la satisfacciÃ³n de las necesidades vitales de su beneficiario, o al mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido.
5. En ningÃºn caso podrÃ¡n ser administradores las personas o entidades que no puedan ser tutores, conforme a lo establecido en el CÃ³digo Civil o en las normas de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables.
6. Cuando no se pudiera designar administrador conforme a las reglas establecidas en el documento pÃºblico o resoluciÃ³n judicial de constituciÃ³n, el juez competente proveerÃ¡ lo que corresponda, a solicitud del Ministerio Fiscal.
7. El administrador del patrimonio protegido, cuando no sea el propio beneficiario del mismo, tendrÃ¡ la condiciÃ³n de representante legal de Ã©ste para todos los actos de administraciÃ³n de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido, y no requerirÃ¡ el concurso de los padres o tutor para su validez y eficacia.
ArtÃ­culo 6. ExtinciÃ³n.
1. El patrimonio protegido se extingue por la muerte o declaraciÃ³n de fallecimiento de su beneficiario o por dejar Ã©ste de tener la condiciÃ³n de persona con discapacidad de acuerdo con el artÃ­culo 2.2 de esta ley.
2. Si el patrimonio protegido se hubiera extinguido por muerte o declaraciÃ³n de fallecimiento de su beneficiario, se entenderÃ¡ comprendido en su herencia.
Si el patrimonio protegido se hubiera extinguido por dejar su beneficiario de cumplir las condiciones establecidas en el artÃ­culo 2.2 de esta ley Ã©ste seguirÃ¡ siendo titular de los bienes y derechos que lo integran, sujetÃ¡ndose a las normas generales del CÃ³digo Civil o de derecho civil, foral o especial, que, en su caso, fueran aplicables.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la finalidad que, en su caso, debiera de darse a determinados bienes y derechos, conforme a lo establecido en el artÃ­culo 4.3 de esta ley.
En el caso de que no pudiera darse a tales bienes y derechos la finalidad prevista por sus aportantes, se les darÃ¡ otra, lo mÃ¡s anÃ¡loga y conforme a la prevista por Ã©stos, atendiendo, cuando proceda, a la naturaleza y valor de los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido y en proporciÃ³n, en su caso, al valor de las diferentes aportaciones.
ArtÃ­culo 7. SupervisiÃ³n.
1. La supervisiÃ³n de la administraciÃ³n del patrimonio protegido corresponde al Ministerio Fiscal, quien instarÃ¡ del juez lo que proceda en beneficio de la persona con discapacidad, incluso la sustituciÃ³n del administrador, el cambio de las reglas de administraciÃ³n, el establecimiento de medidas especiales de fiscalizaciÃ³n, la adopciÃ³n de cautelas, la extinciÃ³n del patrimonio protegido o cualquier otra medida de anÃ¡loga naturaleza.
El Ministerio Fiscal actuarÃ¡ de oficio o a solicitud de cualquier persona, y serÃ¡ oÃ­do en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido.
2. Cuando no sea la propia persona con discapacidad beneficiaria del patrimonio o sus padres, el administrador del patrimonio protegido deberÃ¡ rendir cuentas de su gestiÃ³n al Ministerio Fiscal cuando lo determine Ã©ste y, en todo caso, anualmente, mediante la remisiÃ³n de una relaciÃ³n de su gestiÃ³n y un inventario de los bienes y derechos que lo formen, todo ello justificado documentalmente.
El Ministerio Fiscal podrÃ¡ requerir documentaciÃ³n adicional y solicitar cuantas aclaraciones estime pertinentes.
3. Como Ã³rgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscal en el ejercicio de las funciones previstas en este artÃ­culo, se crea la ComisiÃ³n de ProtecciÃ³n Patrimonial de las Personas con Discapacidad, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y en la que participarÃ¡n, en todo caso, representantes de la asociaciÃ³n de utilidad pÃºblica, mÃ¡s representativa en el Ã¡mbito estatal, de los diferentes tipos de discapacidad.
La composiciÃ³n, funcionamiento y funciones de esta ComisiÃ³n se determinarÃ¡n reglamentariamente.
ArtÃ­culo 8. Constancia registral.
1. La representaciÃ³n legal a la que se refiere el artÃ­culo 5.7 de esta ley se harÃ¡ constar en el Registro Civil.
2. Cuando el dominio de un bien inmueble o derecho real sobre el mismo se integre en un patrimonio protegido, se harÃ¡ constar esta cualidad en la inscripciÃ³n que se practique a favor de la persona con discapacidad en el Registro de la Propiedad correspondiente.
La misma menciÃ³n se harÃ¡ en los restantes bienes que tengan el carÃ¡cter de registrables. Si se trata de participaciones en fondos de inversiÃ³n o instituciones de inversiÃ³n colectiva, acciones o participaciones en sociedades mercantiles que se integren en un patrimonio protegido, se notificarÃ¡ por el notario autorizante o por el juez, a la gestora de los mismos o a la sociedad, su nueva cualidad.
3. Cuando un bien o derecho deje de formar parte de un patrimonio protegido se podrÃ¡ exigir por quien resulte ser su titular o tenga un interÃ©s legÃ­timo la cancelaciÃ³n de las menciones a que se refiere el apartado anterior.
Modificaciones del CÃ³digo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
ArtÃ­culo 9. Modificaciones del CÃ³digo Civil en materia de autotutela.
Uno. El artÃ­culo 223 del CÃ³digo Civil quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 223.
Los padres podrÃ¡n en testamento o documento pÃºblico notarial nombrar tutor, establecer Ã³rganos de fiscalizaciÃ³n de la tutela, asÃ­ como designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier disposiciÃ³n sobre la persona o bienes de sus hijos menores o incapacitados.
Asimismo, cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsiÃ³n de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrÃ¡ en documento pÃºblico notarial adoptar cualquier disposiciÃ³n relativa a su propia persona o bienes, incluida la designaciÃ³n de tutor.
Los documentos pÃºblicos a los que se refiere el presente artÃ­culo se comunicarÃ¡n de oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su indicaciÃ³n en la inscripciÃ³n de nacimiento del interesado.
En los procedimientos de incapacitaciÃ³n, el juez recabarÃ¡ certificaciÃ³n del Registro Civil y, en su caso, del registro de actos de Ãºltima voluntad, a efectos de comprobar la existencia de las disposiciones a las que se refiere este artÃ­culo.Â»
Dos. El pÃ¡rrafo primero del artÃ­culo 234 del CÃ³digo Civil pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«Para el nombramiento de tutor se preferirÃ¡:
1.Âº Al designado por el propio tutelado, conforme al pÃ¡rrafo segundo del artÃ­culo 223.
2.Âº Al cÃ³nyuge que conviva con el tutelado.
3.Âº A los padres.
4.Âº A la persona o personas designadas por Ã©stos en sus disposiciones de Ãºltima voluntad.
5.Âº Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.Â»
Tres. Se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo al artÃ­culo 239 con el contenido siguiente:
Â«La entidad pÃºblica a la que, en el respectivo territorio, estÃ© encomendada la tutela de los incapaces cuando ninguna de las personas recogidas en el artÃ­culo 234 sea nombrado tutor, asumirÃ¡ por ministerio de la ley la tutela del incapaz o cuando Ã©ste se encuentre en situaciÃ³n de desamparo.
Se considera como situaciÃ³n de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes que le incumben de conformidad a las leyes, cuando Ã©stos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.Â»
ArtÃ­culo 10. ModificaciÃ³n del CÃ³digo Civil en materia de rÃ©gimen sucesorio.
Uno. Se aÃ±ade un apartado 7.Âº al artÃ­culo 756 del CÃ³digo Civil con la siguiente redacciÃ³n:
Â«7.Âº TratÃ¡ndose de la sucesiÃ³n de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las reguladas en los artÃ­culos 142 y 146 del CÃ³digo Civil.Â»
Dos. Se modifica el artÃ­culo 782 del CÃ³digo Civil que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 782.
Las sustituciones fideicomisarias nunca podrÃ¡n gravar la legÃ­tima, salvo que graven la legÃ­tima estricta en beneficio de un hijo o descendiente judicialmente incapacitado en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 808. Si recayeren sobre el tercio destinado a la mejora, sÃ³lo podrÃ¡n hacerse en favor de los descendientes.Â»
Tres. Se aÃ±ade un tercer pÃ¡rrafo al artÃ­culo 808 del CÃ³digo Civil con la siguiente redacciÃ³n, pasando a ser cuarto el actual pÃ¡rrafo tercero:
Â«Cuando alguno de los hijos o descendientes haya sido judicialmente incapacitado, el testador podrÃ¡ establecer una sustituciÃ³n fideicomisaria sobre el tercio de legÃ­tima estricta, siendo fiduciarios los hijos o descendientes judicialmente incapacitados y fideicomisarios los coherederos forzosos.Â»
Cuatro. Se modifica el artÃ­culo 813 del CÃ³digo Civil, quedando redactado su segundo pÃ¡rrafo del siguiente modo:
Â«Tampoco podrÃ¡ imponer sobre ella gravamen, ni condiciÃ³n, ni sustituciÃ³n de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo de viudo y lo establecido en el artÃ­culo 808 respecto de los hijos o descendientes judicialmente incapacitados.Â»
Cinco. Los artÃ­culos 821 y 822 del CÃ³digo Civil quedarÃ¡n redactados en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 821.
Cuando el legado sujeto a reducciÃ³n consista en una finca que no admita cÃ³moda divisiÃ³n, quedarÃ¡ Ã©sta para el legatario si la reducciÃ³n no absorbe la mitad de su valor, y en caso contrario para los herederos forzosos ; pero aquÃ©l y Ã©stos deberÃ¡n abonarse su respectivo haber en dinero.
El legatario que tenga derecho a legÃ­tima podrÃ¡ retener toda la finca, con tal que su valor no supere, el importe de la porciÃ³n disponible y de la cuota que le corresponda por legÃ­tima.
Si los herederos o legatarios no quieren usar del derecho que se les concede en este artÃ­culo se venderÃ¡ la finca en pÃºblica subasta, a instancia de cualquiera de los interesados.
[ignorar]ArtÃ­culo 822.
La donaciÃ³n o legado de un derecho de habitaciÃ³n sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor de un legitimario persona con discapacidad, no se computarÃ¡ para el cÃ¡lculo de las legÃ­timas si en el momento del fallecimiento ambos estuvieren conviviendo en ella.
Este derecho de habitaciÃ³n se atribuirÃ¡ por ministerio de la ley en las mismas condiciones al legitimario discapacitado que lo necesite y que estuviera conviviendo con el fallecido, a menos que el testador hubiera dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresamente, pero su titular no podrÃ¡ impedir que continÃºen conviviendo los demÃ¡s legitimarios mientras lo necesiten.
El derecho a que se refieren los dos pÃ¡rrafos anteriores serÃ¡ intransmisible.
Lo dispuesto en los dos primeros pÃ¡rrafos no impedirÃ¡ la atribuciÃ³n al cÃ³nyuge de los derechos regulados en los artÃ­culos 1406 y 1407 de este CÃ³digo, que coexistirÃ¡n con el de habitaciÃ³n.Â»
Seis. El artÃ­culo 831 del CÃ³digo Civil quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 831.
1. No obstante lo dispuesto en el artÃ­culo anterior, podrÃ¡n conferirse facultades al cÃ³nyuge en testamento para que, fallecido el testador, pueda realizar a favor de los hijos o descendientes comunes mejoras incluso con cargo al tercio de libre disposiciÃ³n y, en general, adjudicaciones o atribuciones de bienes concretos por cualquier tÃ­tulo o concepto sucesorio o particiones, incluidas las que tengan por objeto bienes de la sociedad conyugal disuelta que estÃ© sin liquidar.
Estas mejoras, adjudicaciones o atribuciones podrÃ¡n realizarse por el cÃ³nyuge en uno o varios actos, simultÃ¡neos o sucesivos. Si no se le hubiere conferido la facultad de hacerlo en su propio testamento o no se le hubiere seÃ±alado plazo, tendrÃ¡ el de dos aÃ±os contados desde la apertura de la sucesiÃ³n o, en su caso, desde la emancipaciÃ³n del Ãºltimo de los hijos comunes.
Las disposiciones del cÃ³nyuge que tengan por objeto bienes especÃ­ficos y determinados, ademÃ¡s de conferir la propiedad al hijo o descendiente favorecido, le conferirÃ¡n tambiÃ©n la posesiÃ³n por el hecho de su aceptaciÃ³n, salvo que en ellas se establezca otra cosa.
2. CorresponderÃ¡ al cÃ³nyuge sobreviviente la administraciÃ³n de los bienes sobre los que pendan las facultades a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.
3. El cÃ³nyuge, al ejercitar las facultades encomendadas, deberÃ¡ respetar las legÃ­timas estrictas de los descendientes comunes y las mejoras y demÃ¡s disposiciones del causante en favor de Ã©sos.
De no respetarse la legÃ­tima estricta de algÃºn descendiente comÃºn o la cuota de participaciÃ³n en los bienes relictos que en su favor hubiere ordenado el causante, el perjudicado podrÃ¡ pedir que se rescindan los actos del cÃ³nyuge en cuanto sea necesario para dar satisfacciÃ³n al interÃ©s lesionado.
Se entenderÃ¡n respetadas las disposiciones del causante a favor de los hijos o descendientes comunes y las legÃ­timas cuando unas u otras resulten suficientemente satisfechas aunque en todo o en parte lo hayan sido con bienes pertenecientes sÃ³lo al cÃ³nyuge que ejercite las facultades.
4. La concesiÃ³n al cÃ³nyuge de las facultades expresadas no alterarÃ¡ el rÃ©gimen de las legÃ­timas ni el de las disposiciones del causante, cuando el favorecido por unas u otras no sea descendiente comÃºn. En tal caso, el cÃ³nyuge que no sea pariente en lÃ­nea recta del favorecido tendrÃ¡ poderes, en cuanto a los bienes afectos a esas facultades, para actuar por cuenta de los descendientes comunes en los actos de ejecuciÃ³n o de adjudicaciÃ³n relativos a tales legÃ­timas o disposiciones.
Cuando algÃºn descendiente que no lo sea del cÃ³nyuge supÃ©rstite hubiera sufrido pretericiÃ³n no intencional en la herencia del premuerto, el ejercicio de las facultades encomendadas al cÃ³nyuge no podrÃ¡ menoscabar la parte del preterido.
5. Las facultades conferidas al cÃ³nyuge cesarÃ¡n desde que hubiere pasado a ulterior matrimonio o a relaciÃ³n de hecho anÃ¡loga o tenido algÃºn hijo no comÃºn, salvo que el testador hubiera dispuesto otra cosa.
6. Las disposiciones de los pÃ¡rrafos anteriores tambiÃ©n serÃ¡n de aplicaciÃ³n cuando las personas con descendencia comÃºn no estÃ©n casadas entre sÃ­.Â»
Siete. Se aÃ±ade un segundo pÃ¡rrafo al artÃ­culo 1041 del CÃ³digo Civil con la siguiente redacciÃ³n:
Â«Tampoco estarÃ¡n sujetos a colaciÃ³n los gastos realizados por los padres y ascendientes para cubrir las necesidades especiales de sus hijos o descendientes con discapacidad.Â»
ArtÃ­culo 11. ModificaciÃ³n del CÃ³digo Civil en materia del mandato.
El artÃ­culo 1732 del CÃ³digo Civil quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 1732.
1.Âº Por su revocaciÃ³n.
2.Âº Por renuncia o incapacitaciÃ³n del mandatario.
3.Âº Por muerte, declaraciÃ³n de prodigalidad o por concurso o insolvencia del mandante o del mandatario.
El mandato se extinguirÃ¡, tambiÃ©n, por la incapacitaciÃ³n sobrevenida del mandante a no ser que en el mismo se hubiera dispuesto su continuaciÃ³n o el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por Ã©ste. En estos casos, el mandato podrÃ¡ terminar por resoluciÃ³n judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor.Â»
ArtÃ­culo 12. ModificaciÃ³n del CÃ³digo Civil en materia del contrato de alimentos.
Uno. Se crea un nuevo capÃ­tulo II dentro del tÃ­tulo XII del libro IV del CÃ³digo Civil, bajo la rÃºbrica Â«Del contrato de alimentosÂ», que engloba los artÃ­culos 1791 a 1797.
Dos. Los artÃ­culos 1791 a 1797 del CÃ³digo Civil quedarÃ¡n redactados en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 1791.
Por el contrato de alimentos una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutenciÃ³n y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisiÃ³n de un capital en cualquier clase de bienes y derechos.
[ignorar]ArtÃ­culo 1792.
De producirse la muerte del obligado a prestar los alimentos o de concurrir cualquier circunstancia grave que impida la pacÃ­fica convivencia de las partes, cualquiera de ellas podrÃ¡ pedir que la prestaciÃ³n de alimentos convenida se pague mediante la pensiÃ³n actualizable a satisfacer por plazos anticipados que para esos eventos hubiere sido prevista en el contrato o, de no haber sido prevista, mediante la que se fije judicialmente.
[ignorar]ArtÃ­culo 1793.
La extensiÃ³n y calidad de la prestaciÃ³n de alimentos serÃ¡n las que resulten del contrato y, a falta de pacto en contrario, no dependerÃ¡ de las vicisitudes del caudal y necesidades del obligado ni de las del caudal de quien los recibe.
[ignorar]ArtÃ­culo 1794.
La obligaciÃ³n de dar alimentos no cesarÃ¡ por las causas a que se refiere el artÃ­culo 152, salvo la prevista en su apartado primero.
[ignorar]ArtÃ­culo 1795.
El incumplimiento de la obligaciÃ³n de alimentos darÃ¡ derecho al alimentista sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 1792, para optar entre exigir el cumplimiento, incluyendo el abono de los devengados con anterioridad a la demanda, o la resoluciÃ³n del contrato, con aplicaciÃ³n, en ambos casos, de las reglas generales de las obligaciones recÃ­procas.
En caso de que el alimentista opte por la resoluciÃ³n, el deudor de los alimentos deberÃ¡ restituir inmediatamente los bienes que recibiÃ³ por el contrato, y, en cambio, el juez podrÃ¡, en atenciÃ³n a las circunstancias, acordar que la restituciÃ³n que, con respeto de lo que dispone el artÃ­culo siguiente, corresponda al alimentista quede total o parcialmente aplazada, en su beneficio, por el tiempo y con las garantÃ­as que se determinen.
[ignorar]ArtÃ­culo 1796.
De las consecuencias de la resoluciÃ³n del contrato, habrÃ¡ de resultar para el alimentista, cuando menos, un superÃ¡vit suficiente para constituir, de nuevo, una pensiÃ³n anÃ¡loga por el tiempo que le quede de vida.
[ignorar]ArtÃ­culo 1797.
Cuando los bienes o derechos que se transmitan a cambio de los alimentos sean registrables, podrÃ¡ garantizarse frente a terceros el derecho del alimentista con el pacto inscrito en el que se dÃ© a la falta de pago el carÃ¡cter de condiciÃ³n resolutoria explÃ­cita, ademÃ¡s de mediante el derecho de hipoteca regulado en el artÃ­culo 157 de la Ley Hipotecaria.Â»
ArtÃ­culo 13. IncorporaciÃ³n de una disposiciÃ³n adicional en el CÃ³digo Civil.
Se aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional cuarta en el CÃ³digo Civil.
Â«DisposiciÃ³n adicional cuarta.
La referencia que a personas con discapacidad se realiza en los artÃ­culos 756, 822 y 1041, se entenderÃ¡ hecha al concepto definido en la Ley de protecciÃ³n patrimonial de las personas con discapacidad y de ModificaciÃ³n del CÃ³digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.Â»
ArtÃ­culo 14. ModificaciÃ³n de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de procesos sobre la capacidad de las personas.
El apartado 1 del artÃ­culo 757 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 757.
1. La declaraciÃ³n de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cÃ³nyuge o quien se encuentre en una situaciÃ³n de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.Â»
ModificaciÃ³n de la normativa tributaria
ArtÃ­culo 15. ModificaciÃ³n de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y otras Normas Tributarias.
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2004, se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y otras Normas Tributarias:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artÃ­culo 15, que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«4. La base liquidable serÃ¡ el resultado de practicar en la base imponible, en los tÃ©rminos previstos en esta ley, las reducciones por rendimientos del trabajo, prolongaciÃ³n de la actividad laboral, movilidad geogrÃ¡fica, cuidado de hijos, edad, asistencia, discapacidad, aportaciones a patrimonios protegidos de las personas discapacitadas, aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsiÃ³n social y pensiones compensatorias, lo cual darÃ¡ lugar a las bases liquidables general y especial.Â»
Dos. Se aÃ±ade un apartado 4 al artÃ­culo 16, que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«4. Las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, regulado en la Ley de ProtecciÃ³n Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de ModificaciÃ³n del CÃ³digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, tendrÃ¡n el siguiente tratamiento fiscal para el contribuyente discapacitado:
a) Cuando los aportantes sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de rendimientos del trabajo hasta el importe de 8.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto.
Asimismo, y con independencia de los lÃ­mites indicados en el pÃ¡rrafo anterior, cuando los aportantes sean sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de rendimientos del trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades con el lÃ­mite de 8.000 euros anuales.
Estos rendimientos se integrarÃ¡n en la base imponible del contribuyente discapacitado titular del patrimonio protegido por el importe en que la suma de tales rendimientos y las prestaciones recibidas en forma de renta a que se refiere el apartado 3 del artÃ­culo 17 de esta ley exceda de dos veces al salario mÃ­nimo interprofesional.
Cuando las aportaciones se realicen por sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades a favor de los patrimonios protegidos de los parientes, cÃ³nyuges o personas a cargo de los empleados del aportante, Ãºnicamente tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de rendimiento del trabajo para el titular del patrimonio protegido.
Los rendimientos a que se refiere este pÃ¡rrafo a) no estarÃ¡n sujetos a retenciÃ³n o ingreso a cuenta.
b) En el caso de aportaciones no dinerarias, el contribuyente discapacitado titular del patrimonio protegido se subrogarÃ¡ en la posiciÃ³n del aportante respecto de la fecha y el valor de adquisiciÃ³n de los bienes y derechos aportados, pero sin que, a efectos de ulteriores transmisiones, le resulte de aplicaciÃ³n lo previsto en la disposiciÃ³n transitoria novena de esta ley.
A la parte de la aportaciÃ³n no dineraria sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se aplicarÃ¡, a efectos de calcular el valor y la fecha de adquisiciÃ³n, lo establecido en el artÃ­culo 34 de esta ley.
c) No estarÃ¡ sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la parte de las aportaciones que tenga para el perceptor la consideraciÃ³n de rendimientos del trabajo.Â»
Tres. Se modifica el apartado 1 del artÃ­culo 46, que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«1. La base liquidable general estarÃ¡ constituida por el resultado de practicar en la parte general de la base imponible, exclusivamente y por este orden, las reducciones a que se refieren los artÃ­culos 46 bis, 46 ter, 46 quÃ¡ter, 47, 47 bis, 47 ter, 47 quinquies, 47 sexies, 48, 48 bis y 48 ter de esta ley, sin que pueda resultar negativa como consecuencia de dichas disminuciones.
La base liquidable especial serÃ¡ el resultado de disminuir la parte especial de la base imponible en el remanente, si lo hubiere, de las reducciones previstas en el pÃ¡rrafo anterior sin que pueda resultar negativa como consecuencia de tal disminuciÃ³n.Â»
Cuatro. Se aÃ±ade un artÃ­culo 47 sexies que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 47 sexies. Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas discapacitadas.
1. Las aportaciones al patrimonio protegido del contribuyente discapacitado efectuadas por las personas que tengan con el discapacitado una relaciÃ³n de parentesco en lÃ­nea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, asÃ­ como por el cÃ³nyuge del discapacitado o por aquellos que lo tuviesen a su cargo en rÃ©gimen de tutela o acogimiento, darÃ¡n derecho a reducir la base imponible del aportante, con el lÃ­mite mÃ¡ximo de 8.000 euros anuales.
El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectÃºen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido no podrÃ¡ exceder de 24.250 euros anuales.
A estos efectos, cuando concurran varias aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido, las reducciones correspondientes a dichas aportaciones habrÃ¡n de ser minoradas de forma proporcional sin que, en ningÃºn caso, el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas fÃ­sicas que realicen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido pueda exceder de 24.250 euros anuales.
2. Las aportaciones que excedan de los lÃ­mites previstos en el apartado anterior darÃ¡n derecho a reducir la base imponible de los cuatro perÃ­odos impositivos siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos los importes mÃ¡ximos de reducciÃ³n.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior tambiÃ©n resultarÃ¡ aplicable en los supuestos en que no proceda la reducciÃ³n por insuficiencia de base imponible.
Cuando concurran en un mismo perÃ­odo impositivo reducciones de la base imponible por aportaciones efectuadas en el ejercicio con reducciones de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, se practicarÃ¡n en primer lugar las reducciones procedentes de los ejercicios anteriores, hasta agotar los importes mÃ¡ximos de reducciÃ³n.
3. TratÃ¡ndose de aportaciones no dinerarias se tomarÃ¡ como importe de la aportaciÃ³n el que resulte de lo previsto en el artÃ­culo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
EstarÃ¡n exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en el aportante con ocasiÃ³n de las aportaciones a los patrimonios protegidos.
4. No generarÃ¡n el derecho a reducciÃ³n las aportaciones de elementos afectos a la actividad que realicen los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas que realicen actividades econÃ³micas.
En ningÃºn caso darÃ¡n derecho a reducciÃ³n las aportaciones efectuadas por el propio contribuyente discapacitado titular del patrimonio protegido.
5. La disposiciÃ³n en el perÃ­odo impositivo en que se realiza la aportaciÃ³n o en los cuatro siguientes de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad determinarÃ¡ las siguientes obligaciones fiscales:
a) Si el aportante fue un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, dicho aportante deberÃ¡ integrar en la base imponible del perÃ­odo impositivo en que se produzca el acto de disposiciÃ³n, las cantidades reducidas de la base imponible correspondientes a las disposiciones realizadas mÃ¡s los intereses de demora que procedan.
b) Cualquiera que haya sido el aportante el titular del patrimonio protegido que recibiÃ³ la aportaciÃ³n deberÃ¡ integrar en la base imponible del perÃ­odo impositivo en que se produzca el acto de disposiciÃ³n, la cantidad que hubiera dejado de integrar en el perÃ­odo impositivo en que recibiÃ³ la aportaciÃ³n como consecuencia de la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el apartado 4 del artÃ­culo 16 de esta ley, mÃ¡s los intereses de demora que procedan.
En los casos en que la aportaciÃ³n se hubiera realizado al patrimonio protegido de los parientes, cÃ³nyuges o personas a cargo de los trabajadores en rÃ©gimen de tutela o acogimiento, a que se refiere el apartado 1 de este artÃ­culo, por un sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades, la obligaciÃ³n descrita en el pÃ¡rrafo anterior deberÃ¡ ser cumplida por dicho trabajador.
c) A los efectos de lo dispuesto en el apartado 5 del artÃ­culo 36 quÃ¡ter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, el trabajador titular del patrimonio protegido deberÃ¡ comunicar al empleador que efectuÃ³ las aportaciones, las disposiciones que se hayan realizado en el perÃ­odo impositivo.
En los casos en que la disposiciÃ³n se hubiera efectuado en el patrimonio protegido de los parientes, cÃ³nyuges o personas a cargo de los trabajadores en rÃ©gimen de tutela o acogimiento, la comunicaciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior tambiÃ©n deberÃ¡ efectuarla dicho trabajador.
La falta de comunicaciÃ³n constituirÃ¡ infracciÃ³n tributaria simple, sancionable con multa de 100 a 800 euros.
A los efectos previstos en este apartado, tratÃ¡ndose de bienes o derechos homogÃ©neos se entenderÃ¡ que fueron dispuestos los aportados en primer lugar.
No se aplicarÃ¡ lo dispuesto en este apartado en caso de fallecimiento del titular del patrimonio protegido, del aportante o de los trabajadores a los que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 36 quÃ¡ter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Cinco. Se aÃ±ade un apartado 5 al artÃ­culo 86 que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«5. Los contribuyentes de este impuesto que sean titulares del patrimonio protegido regulado en la Ley de ProtecciÃ³n Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de ModificaciÃ³n del CÃ³digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, deberÃ¡n presentar una declaraciÃ³n en la que se indique la composiciÃ³n del patrimonio, las aportaciones recibidas y las disposiciones realizadas durante el periodo impositivo, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan.Â»
Seis. Se aÃ±ade un nuevo apartado 5 a la disposiciÃ³n adicional decimocuarta, que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«5. Las personas que, de acuerdo con lo dispuesto en los artÃ­culos 3 y 4 de la Ley de ProtecciÃ³n Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de ModificaciÃ³n del CÃ³digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, intervengan en la formalizaciÃ³n de las aportaciones a los patrimonios protegidos, deberÃ¡n presentar una declaraciÃ³n sobre las citadas aportaciones en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan. La declaraciÃ³n se efectuarÃ¡ en el lugar, forma y plazo que establezca el Ministro de Hacienda.Â»
ArtÃ­culo 16. ModificaciÃ³n de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2004, se modifican el tÃ­tulo y el contenido del artÃ­culo 36 quÃ¡ter de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 36 quÃ¡ter. DeducciÃ³n por contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo, a mutualidades de previsiÃ³n social que actÃºen como instrumento de previsiÃ³n social empresarial o por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad.
1. El sujeto pasivo podrÃ¡ practicar una deducciÃ³n en la cuota Ã­ntegra del 10 por ciento de las contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, siempre que tales contribuciones se realicen a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsiÃ³n social que actÃºen como instrumento de previsiÃ³n social de los que sea promotor el sujeto pasivo.
2. Asimismo, el sujeto pasivo podrÃ¡ practicar una deducciÃ³n en la cuota Ã­ntegra del 10 por ciento de las aportaciones realizadas a favor de patrimonios protegidos de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros, o de sus parientes en lÃ­nea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de sus cÃ³nyuges o de las personas a cargo de dichos trabajadores en rÃ©gimen de tutela o acogimiento regulados en la Ley de ProtecciÃ³n Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de ModificaciÃ³n del CÃ³digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las aportaciones que generen el derecho a practicar la deducciÃ³n prevista en este apartado no podrÃ¡n exceder de 8.000 euros anuales por cada trabajador o persona discapacitada.
b) Las aportaciones que excedan del lÃ­mite previsto en la letra anterior darÃ¡n derecho a practicar la deducciÃ³n en los cuatro perÃ­odos impositivos siguientes, hasta agotar, en su caso, en cada uno de ellos el importe mÃ¡ximo que genera el derecho a deducciÃ³n.
Cuando concurran en un mismo perÃ­odo impositivo deducciones en la cuota por aportaciones efectuadas en el ejercicio, con deducciones pendientes de practicar de ejercicios anteriores se practicarÃ¡n, en primer lugar, las deducciones procedentes de las aportaciones de los ejercicios anteriores, hasta agotar el importe mÃ¡ximo que genera el derecho a deducciÃ³n.
c) TratÃ¡ndose de aportaciones no dinerarias se tomarÃ¡ como importe de la aportaciÃ³n el que resulte de lo previsto en el artÃ­culo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de rÃ©gimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
EstarÃ¡n exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasiÃ³n de las contribuciones empresariales a patrimonios protegidos.
3. Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros, la deducciÃ³n prevista en los apartados 1 y 2 anteriores se aplicarÃ¡ sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales y aportaciones que correspondan al importe de la retribuciÃ³n bruta anual reseÃ±ado en dichos apartados.
4. Esta deducciÃ³n no se podrÃ¡ aplicar respecto de las contribuciones realizadas al amparo del rÃ©gimen transitorio establecido en las disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados. Asimismo, no serÃ¡ aplicable en el caso de compromisos especÃ­ficos asumidos con los trabajadores como consecuencia de un expediente de regulaciÃ³n de empleo.
5. Cuando se efectÃºen disposiciones de bienes o derechos aportados al patrimonio protegido de los trabajadores, de sus parientes, cÃ³nyuges o personas a cargo de los trabajadores en rÃ©gimen de tutela o acogimiento, en los tÃ©rminos previstos en los pÃ¡rrafos b) y c) del apartado 5 del artÃ­culo 47 sexies de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, el sujeto pasivo que efectuÃ³ la aportaciÃ³n, en el perÃ­odo en que se hayan incumplido los requisitos, conjuntamente con la cuota correspondiente a su perÃ­odo impositivo, ingresarÃ¡ la cantidad deducida conforme a lo previsto en este artÃ­culo, ademÃ¡s de los intereses de demora.Â»
ArtÃ­culo 17. ModificaciÃ³n del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados.
Con efectos a partir del 1 de enero de 2004, se aÃ±ade un nuevo apartado 20 a la letra B) del artÃ­culo 45.I texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos JurÃ­dicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«20. Las aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas con discapacidad regulados en la Ley de protecciÃ³n patrimonial de las personas con discapacidad, de ModificaciÃ³n del CÃ³digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.Â»
DisposiciÃ³n adicional primera. Actos de jurisdicciÃ³n voluntaria.
Las actuaciones judiciales previstas en el capÃ­tulo I de esta ley se tramitarÃ¡n como actos de jurisdicciÃ³n voluntaria sin que la oposiciÃ³n que pudiera hacerse a la solicitud promovida transforme en contencioso el expediente.
DisposiciÃ³n adicional segunda. ExenciÃ³n en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Las comunidades autÃ³nomas podrÃ¡n declarar la exenciÃ³n en el Impuesto sobre el Patrimonio, de los bienes y derechos referidos en la Ley de protecciÃ³n patrimonial de las personas con discapacidad, de modificaciÃ³n del CÃ³digo Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
Esta ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.6.Âª, 8.Âª y 14.Âª de la ConstituciÃ³n.
DisposiciÃ³n final segunda. Desarrollo reglamentario.
El Gobierno aprobarÃ¡ las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta ley en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
La presente ley entrarÃ¡ en vigor al dÃ­a siguiente de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».

References: Real Decreto 
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 Real Decreto 
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