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Timestamp: 2019-11-17 13:16:31+00:00

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Cesantes y perseguidos en el Ministerio de Educación de la Nación — Nuestras Voces
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Cesantes y perseguidos en el Ministerio de Educación de la Nación
Por Marcelo Horacio CASTAGNINO	para Mi Voz, el lugar donde opinan los lectores | 6 de julio de 2019
Un matrimonio de empleados del Ministerio de Educación de la Nación fue dejado cesante luego de 35 años de trabajo. La pareja denuncia que fue toda una campaña orquestada con el único objetivo de persecusión ideológica pero con alcances inimaginables que llegan a sumarios y procesamientos.
Mi nombre es Marcelo Horacio CASTAGNINO, con mi esposa nos desempeñamos durante 35 años en el Ministerio de Educación de la Nación en sendos cargos de planta permanente, con trayectorias llevadas a cabo en forma decente, honesta y con mucho trabajo, detentando ambos legajos impecables.
Hace 28 años que constituimos una pareja y tenemos dos hijas. El 27 de marzo del corriente año fuimos dejados Cesantes por medio de una Resolución Ministerial firmada electrónicamente por el señor Alejandro Finocchiaro, luego de toda una vida de trabajo, nuestros únicos ingresos eran los sueldos con los que manteníamos nuestra familia y pagábamos el alquiler de la vivienda dónde habitamos.
Somos una pareja que tenemos más de 55 años de edad, con nuestras hijas estudiando y una de ellas menor de edad, mi esposa tiene una afección cardiaca de base que se ha agravado en los últimos meses y mis hijas tienen problemas de salud. Nos han dejado literalmente en la calle, sin dinero, con la obra social que perdimos el 30 de junio, es decir que nos quedamos sin los especialistas médicos que atienden a mi esposa e hijas.
Estamos buscando trabajo desde hace dos meses pero no encontramos nada por nuestra edad, y debido a la crítica situación económica y social que atraviesa nuestro país. Nosotros fuimos agentes de carrera y no militábamos en partido político alguno, trabajamos durante las administraciones de todos los gobiernos democráticos desde el año 1984 hasta la actualidad, sin embargo nos armaron una causa relacionándonos con la gestión del gobierno anterior.
Todo comenzó el día 11 de enero de 2016, casualmente un mes después de la asunción de las nuevas autoridades, cuando ingresó un mail con una denuncia anónima en nuestra contra, cuyos destinatarios fueron los funcionarios políticos recién asumidos, y el suscripto, en el cual se me endilgan los 12 años de la gestión anterior; los ñoquis; las personas que trabajaban pocas horas o que tenían incompatibilidades horarias, etc, y además que yo cubría a mi esposa, entre otras barbaridades miserables entre ellas que le habían revisado su Facebook.
Inmediatamente, y ante la impotencia de leer esas injurias mortificantes, me presenté ante la nueva directora de la que dependía, quién también había recibido el mail, para dar la cara y aclarar la situación con la que se intentaba desprestigiarme y enlodar una carrera de años. Esta directora me dijo que me quedara tranquilo porque tanto ella como el Subsecretario no le darían entidad a una denuncia anónima. Honestamente no le creí, y no me equivoqué, ya que al mes siguiente el entonces Ministro Esteban Bullrich firmó una resolución ordenando la instrucción de un sumario administrativo.
Para abreviar les contaré que cuando nos citó la abogada sumariante para prestar declaración y nos mostró las pruebas que tenían en nuestra contra, pude advertir que todo estaba armado y direccionado, basándose en planillas de asistencia del último trimestre del año 2015, (todas aprobadas y certificadas por las autoridades salientes), pero de un sistema que en aquel momento adolecía de serias dificultades técnicas (errores), y valiéndose de fotos e imágenes de cámaras de seguridad vilmente editadas, se trató de endilgarnos que mi señora no había concurrido a trabajar durante dicho período, lo cual no se condice con la realidad.
Con ese criterio deberían haber sumariado al 90% del personal porque las inconsistencias del sistema eran de público conocimiento. No es un dato menor que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas cuando fue comunicada de dicha resolución para que tomara intervención, decidió ordenar su archivo por considerar que dicho tema no revestía importancia para ese organismo.
Mientras se sustanciaba el sumario solicité una entrevista con el entonces Secretario de Gestión Educativa, Maximiliano (Max) Gulmanelli, quién me recibió en su despacho, acompañado de su Subsecretario, el día 29 de julio de 2016. Durante esa reunión me explayé detalladamente sobre la situación que me aquejaba, y en más de una oportunidad me interrumpió para hacerme notar que ellos (por la gestión) no tenían problema en que los empleados tengan sus propias ideas políticas, pero que no militaran en sus lugares de trabajo. Finalmente me dijo que lo que había sucedido era una venganza en mí contra del gobierno anterior (¿¿??), y que me iban a ayudar.
A partir de allí la situación comenzó a agravarse ya que se inició una persecución hacia nosotros, me rebajaron el salario al quitarme el suplemento que cobraba por la coordinación que ejercía desde el año 2000, sacaron a las personas que tenía a mi cargo, me quitaron las funciones y trabajo, nos aislaron o ralearon de nuestros compañeros, hasta que finalmente disolvieron la Dirección Nacional de Gestión Educativa en dónde nos desempeñábamos, junto con las 4 direcciones de nivel y las 6 modalidades del sistema educativo.
Pero la cosa no terminó allí, en octubre de 2016 el señor Gulmanelli acudió a los Tribunales Federales de Comodoro Py y radicó una Denuncia Penal contra nosotros, más precisamente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 a cargo del Dr. Luis Rodríguez, Fiscalía del Dr. Carlos Storneli, trámite éste que la propia abogada sumariante consideró innecesario.
Luego de dicha denuncia tomé cabal conocimiento de quién era en realidad el señor Max Gulmanelli, cuya esposa de apellido Braun es prima hermana de Marcos Peña, venía de tener un oscuro desempeño como Director General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de CABA, entre otros cargos, además de ser integrante del Opus Dei y de haber presidido la Fundación Felices los Niños (Padre Grassi), todo ello, y más, puede verse en la web.
En diciembre de 2016 me presenté espontáneamente en el juzgado de Comodoro Py, porque no tengo nada que ocultar y me puse a derecho mediante acta agregada en autos. Lo más insólito fue que un juzgado le diera entidad a todo esto y que el Fiscal interviniente le dé curso al trámite, con todas las causas realmente graves e importantes que tiene la justicia para tratar.
En el mes abril de 2017 fuimos convocados con mi esposa a prestar declaración indagatoria en el 4° piso de Comodoro Py, pero como no teníamos abogado penalista, nos asignaron un defensor oficial. Dicho defensor tomó vista del expediente, y luego nos trasladamos a una oficina del 8° piso del edificio, en dónde se agregó otro abogado de la defensoría y nos hablaron con un tono “de apriete”, nos aconsejaron no declarar ese día y que se labraría una acta dónde rechazábamos todo y nos comprometíamos a presentar nuestros descargos en DIEZ (10) días. Acto seguido bajamos al juzgado del 4° piso y ante la empleada del juzgado en forma individual se llevó a cabo lo aconsejado anteriormente con nuestras firmas al pie.
Luego de 2 o 3 días sin tener noticias de la Defensoría los llamé por teléfono para saber que pasaba, y me respondieron que estaban con mucho trabajo con gente privada de su libertad y que nuestra causa era menor y podíamos esperar, les recordé que habíamos firmado un compromiso de 10 días. Ante el silencio, concurrí personalmente a la defensoría en la calle San Martín al 500 CABA, y allí los abogados asignados a nuestra causa me respondieron que estaban estudiando no presentar el descargo porque era complicado rebatir las pruebas en nuestra contra.
Finalmente, unos días después, me confirmaron que no presentarían el descargo, a lo que les respondí que nos dejarían indefensos ante el Juez, quién no nos escucharía verbalmente ni por escrito. El día 4 de julio de 2017, y ante el silencio de nuestros abogados, el Juez Luis Rodríguez dictó la resolución disponiendo nuestros Procesamientos, sin prisión preventiva, por el delito de defraudación contra la administración pública, trabando embargo contra ambos.
Aquella fría mañana de julio cuando me notifiqué de dicha resolución me corrió un escozor por el cuerpo y una impotencia absoluta al leer las barbaridades que allí se escribieron, y sobre todo ver los nombres de mis hijas y los de mis padres. Volví a la Defensoría Oficial para preguntarles si iban a apelar el procesamiento (algo de manual), pero me respondieron que solo apelarían el embargo, me quedé sin palabras.
A partir de ello me quedó absolutamente claro que todo estuvo direccionado desde el primer momento entre el ministerio, el juzgado y la defensoría, por algo no fue casual que un Secretario de Estado, en este caso Gulmanelli, fuera “personalmente” a Comodoro Py a llevar la denuncia a un juzgado y fiscalía determinados, y posteriormente concurrió a ratificarla, y para finalizar que el propio juzgado asignó una defensoría oficial que, casualmente, no se ocupó de defendernos.
Me equivoqué profundamente en creer en la justicia y debido a nuestra delicada situación económica no contratar un abogado particular. Por ello, y debido a la gravedad de nuestra situación procesal, me vi obligado a buscar un abogado penalista y endeudarme para pagar sus servicios. El nuevo abogado, a quién puse en autos de la situación, concurrió al juzgado y me llamó para decirme que no podía creer lo que había sucedido y la indefensión que habíamos tenido. Nuestro abogado presentó un recurso extraordinario ante Casación Penal, en cuyos argumentos afirma que el procesamiento fue decretado en forma prematura y arbitraria, cuando aún obstan medidas de prueba pendientes de producción y que allí se detallan puntualmente.
Los TRES (3) jueces en noviembre de 2017 fallaron concediéndonos el recurso porque se comprobó que no se había respetado la legítima defensa, casualmente de esto no se dice nada en el expediente administrativo ni se agregó copia de la resolución judicial. Esto habilitó a que el juzgado tratara el descargo, pruebas y testigos presentados oportunamente por nuestro letrado. Sin embargo, en diciembre de 2017 (un mes después) la Fiscalía interviniente lo desestimó y lo elevó a Juicio Oral al Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF 1), y desde entonces se encuentra radicado allí.
Mientras tanto, en el Departamento Sumarios del Ministerio de Educación quedó reservado el expediente administrativo acompañado de nuestros descargos presentados en febrero de 2017, a la espera de que se expida la justicia. Es importante remarcar que fuimos sumariados sin tener a la vista y acompañar nuestros legajos únicos al expediente, algo nunca visto desde mi experiencia en el Ministerio. Dicha situación se mantuvo hasta el mes de noviembre de 2018, cuando intempestivamente la abogada sumariante reactivo el trámite y citó a los testigos propuestos en nuestros descargos, como a nosotros también, para que respondieran el cuestionario de preguntas.
En la oportunidad, los testigos, ambos pertenecientes a la Dirección de Gestión Informática (ex Director y empleado) respondieron y explicaron cosas fundamentales tendientes a aclarar todo y de cómo se habían editado las imágenes por parte de la Dirección de Recursos Humanos para perjudicarnos, las cuales no fueron dejadas por escrito por la letrada sumariante. A ello cabe agregar que al inicio del sumario cuando le tomó declaración a los testigos que ella convocó, también tergiversó dichas declaraciones, con una animosidad sorprendente.
Por lo expuesto con nuestro abogado hemos pedido en diversas presentaciones y alegatos todas las nulidades correspondientes en diferentes etapas del sumario, porque es obvio que la investigación y las pruebas están viciadas de nulidades, hasta no quisieron identificar a la persona que envió los mails, cuando había personal idóneo para hacerlo, según surge del propio informe de la Directora de Gestión Informática. En todos los casos la abogada sumariante ha rechazado todo y en algunos casos sin analizar los términos y pruebas aportadas. Siempre, desde el principio, fue notorio advertir que la letrada sumariante fue coaccionada para actuar perjudicándonos, a tal punto que por consejo de nuestro abogado defensor la denuncié penalmente en diciembre de 2018, ratificando la misma en febrero de 2019, por numerosos delitos (incumplimiento de los deberes de funcionario público; abuso de autoridad; falsedad ideológica de instrumento público; falso testimonio agravado por haber sido prestado en un proceso penal; persecución política, judicial y administrativa, entre otras). Dicha denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, a cargo del Dr. Sebastián Casanello, Fiscalía del Dr. Carlos Storneli “casualmente”, quién en marzo pasado aconsejó desestimar la denuncia, lo cual quedó firme con la resolución de dicho juzgado de fecha 25 de marzo de 2019, es decir dos días antes del dictado de la Resolución Ministerial que nos dejó cesantes a nosotros. Asimismo, debemos mencionar que el gremio UPCN, del que mi esposa es afiliada hace 25 años, como ATE, no movieron un dedo para ayudarnos, por más que les fuimos a pedir su intervención, pero se ve que tenían compromisos con la gestión, porque siempre han sido oficialistas.
Hace 39 meses que junto con mi familia vivimos una pesadilla que ha terminado de la peor manera. Jamás imaginé que se atreverían a tanto, ni retirar mis objetos y papeles personales de la oficina me dejaron. No nos permitieron hablar con funcionario alguno para que nos escuchen, ya que los mismos establecieron zonas restringidas para los empleados, algo jamás visto en el ministerio. El destrato ha sido terrible para personas honorables que se desempeñaron durante 35 años en esa institución, que pasaron toda una vida trabajando, que mancharon nuestros apellidos y trayectorias y que fueron eyectados a la calle como delincuentes. No les importó dejar a una familia completa en la orfandad, sin dinero para alimentar a sus hijos, sin poder continuar con sus estudios y darles un techo, sin mencionar que nos dejaron desprotegidos sin la obra social que hemos pagado durante años y para colmo que aún no cuentan con la edad legal para jubilarse.
Por todo lo expuesto, y dado que toda esta situación ha quedado oculta tras los muros del Palacio Sarmiento, bajo el silencio cómplice de funcionarios y nuestros propios compañeros, es que considero fundamental hacerlo público para que la gente tome conocimiento.
Marcelo Horacio CASTAGNINO (DNI N° 16.584.156)
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