Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421131L.html
Timestamp: 2019-03-26 02:18:22+00:00

Document:
A.S. Nº 131
Auto Supremo: Nº 131
Expediente: SC-14-09-S
Proceso: Nulidad de Transferencia y otros
Partes: Patricia Canedo Álvarez y otros c/ Antonio Sánchez Bustamante Perou
1.- El recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Eider Suárez Suárez, en representación legal de Juan Antonio Esteban Sánchez Bustamante Perou, de fojas 361 a 365, contra el Auto de Vista Nº 197 de 14 de abril de 2008, de fojas 356 a 357, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, en el proceso ordinario doble sobre nulidad de transferencia, nulidad de medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas, cancelación de inscripción y daños y perjuicios, seguido por Patricia Canedo Álvarez de Suazo, María Claudia Canedo Velasco y Guillermo Alberto Canedo Boyle, en contra del recurrente, los antecedentes y;
2.1. Antecedentes del proceso.- Mediante sentencia de fecha 9 de febrero de 2007, de fojas 333 a 336 de obrados, pronunciado por el Juez de Partido Décimo Primero de la ciudad de Santa Cruz, se declaró probada en parte la demanda de fojas 43 a 45 vuelta, en lo que se refiere a la nulidad de documentos, cancelación de partida computarizada e improbada en cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios, como así también, declara probada en parte la demanda reconvencional de fojas 97 a 106 vuelta, en cuanto a la nulidad de minutas de transferencia e improbada en lo que se refiere a la acción reivindicatoria, negatoria y reconocimiento de derecho de propiedad, sin lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, sin costas.
Que, en grado de apelación, interpuesto por Eider Suárez Suárez, en representación de Esteban Sánchez Bustamante Perou, de fojas 339 a 341 vuelta de obrados, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, por Auto de Vista de fecha 14 de abril de 2008, se confirma la sentencia apelada.
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 361 a 365, Eider Suarez en representación de Juan Esteban Sanchez Bustamante Perou, interpone recurso de casación en el fondo y en la forma, en los términos que consigna dicho escrito.
3.1.- Fundamentos del Fallo.- Que, por mandato del artículo 106 del Código Procesal Civil, vigente por mandato de la disposición Transitoria Segunda, numeral 4 Ídem, en cualquier estado del proceso puede declararse de oficio la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente.
La precautela de los derechos y garantías constitucionales, es, en primer término, deber de la jurisdicción ordinaria, pues los jueces de la jurisdicción ordinaria son jueces constitucionales, a quienes incumbe el deber de resguardar y respetar los derechos fundamentales de las personas que intervienen en los procesos sometidos a su conocimiento, y en especial tienen el deber de tutelar los derechos fundamentales de las partes durante la sustanciación de los procesos judiciales y en la resolución de los mismos, conforme señala el publicista nacional José Antonio Rivera Santivañez, consiguientemente, es menester verificar, si la resolución de instancia impugnada, emerge de un debido proceso legal; por cuya razón, se efectúan las siguientes disquisiciones legales:
Ahora bien, con relación a las medidas preparatorias, según señala el procesalista argentino Lino E. Palacio, “Las medidas preparatorias tienen por objeto asegurar a las partes la posibilidad de plantear sus alegaciones en la forma más precisa y eficaz. Persiguen, esencialmente, la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso, o la comprobación de ciertas circunstancias cuyo conocimiento es imprescindible, o manifiestamente ventajoso desde el punto de vista de la economía procesal, para fundar una eventual presentación en juicio.”
Entre las medidas preparatorias de demanda, el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, prevé el reconocimiento judicial de firmas. Se trata de un procedimiento que en caso de incomparecencia del emplazado concluye con el pronunciamiento judicial que da por reconocido el documento y la efectividad del documento, conforme previene el artículo 319-2) del Código de Procedimiento Civil. Dado que se trata de una resolución judicial, esta es impugnable mediante recurso de apelación dentro del mismo procedimiento, pero no existe la posibilidad de impugnarlo por cuerda separada.
Entre las atribuciones de los Jueces de Partido en materia civil, que preveía el artículo 134 de la Ley de Organización Judicial (abrogada) vigente en el momento de la tramitación de la causa que se examina, no se encontraba la de revisar las decisiones emitidas en el trámite de medida preparatoria, sustanciadas en otro juzgado en materia civil. Tampoco el Código de Procedimiento Civil, abre la posibilidad de revisar las decisiones pronunciadas en medidas preparatorias en un ulterior proceso de conocimiento ordinario. Consiguientemente el Juez a quo no tenía facultad para revisar y en consecuencia anular la medida preparatoria de reconocimiento judicial de firma, pues si la parte demandante consideraba que en el trámite de reconocimiento de firmas se violó su derecho de defensa en juicio y el debido proceso o que incurrió en error de juzgamiento al pronunciar la resolución sobre el reconocimiento, correspondía que haga uso de los mecanismos procesales que la ley le reconoce ante el mismo juez que conoció y resolvió la medida preparatoria, pero de ninguna manera podía incorporar esa pretensión por cuerda separada ante otro Juez.
4.1.- La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 46 inclusive de obrados, disponiendo que el Juez a quo observe la demanda con relación a la pretensión sobre la que no tiene competencia.
4.2.- No siendo excusable el error en que ha incurrido el Juez a quo y el Tribunal ad-quem, se les impone responsabilidad de multa que se gradúa en Bs. 200 al Juez a quo y a cada uno de los vocales signatarios del fallo, a descontarse de sus haberes por habilitación, y sea a favor del tesoro judicial.
La suscrita Magistrada Dra. Ana Adela Quispe, esta de acuerdo con la resolución, sin embrago no coincide y por lo tanto esta disiente en la aplicación de la normativa y considera que se debe incluir el Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, ya que el mismo se encuentra en plena vigencia.
Libro Tomas de Razón Nº 131/2014

References: artículo 106
 resolución 
 resolución 
 artículo 319
 artículo 319
 resolución 
 artículo 134
 resolución 
 artículo 8
 Artículo 252