Source: http://bahiagris.blogspot.com.ar/2000/07/
Timestamp: 2017-11-17 19:25:47+00:00

Document:
El vicepresidente Carlos Alvarez dijo que era intolerable que se cerrara la investigación del robo de bebés y que la Justicia debía continuar su trabajo hasta esclarecer el último de los hechos. Graciela Fernández Meijide afirmó que la sociedad tenía derecho a la verdad y que debía respetarse a la Justicia. Ricardo Gil Lavedra recordó que la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, de rango constitucional, excluye la competencia de un tribunal militar, que no sería imparcial.
Estas son las primeras voces que desde el Poder Ejecutivo se oponen a la renacida prepotencia castrense. Antes, sólo legisladores como Juan Pablo Cafiero, Elisa Carrió o los socialistas de Alfredo Bravo habían rechazado la pretensión castrense de abortar todas las causas.
En cambio, Ricardo López Murphy avala la solidaridad institucional del Ejército con los militares que se niegan a colaborar con la Justicia y mantiene en actividad a los torturadores identificados en los juicios. Según otro diario, Federico Storani, también apoyó el respaldo del Ejército a los detenidos, aduciendo que no se les imputaba ningún delito, lo cual no es cierto. Ante una consulta, negó haber dicho tal cosa y anunció que emitiría una rectificación formal. Hasta ahora no lo hizo. En cambio, la intendencia de Bahía Blanca (que responde a su línea política) interrumpió su apoyo a los juicios por la verdad.
Fernando De la Rúa escribió en su libro “La Casación Penal” que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina debían ser juzgados por las Cámaras Federales, y ese es el mismo compromiso que el Estado nacional asumió ante la OEA. Pero ahora su gobierno propicia que la Cámara de Casación se apodere de esos expedientes y alienta la mesa del maquillaje reconciliatorio impulsada por el Ejército. Aunque sigue pregonando la independencia de la Justicia, el presidente ya le tomó el gusto a la comodidad de un supremo tribunal genuflexo que ponga música jurídica a la letra política de su gobierno. Los tres se están pareciendo al ex presidente Raúl Alfonsín más de lo que les gustaría admitir.
Gil Lavedra fue uno de los jueces que condenaron a Videla, Massera & Cía. y resistieron las presiones de Alfonsín para que la Justicia estableciera el punto final y la obediencia debida. Graciela, madre de un adolescente detenido-desaparecido, fue el pilar de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la secretaria principal de la Conadep. Alvarez preside un partido que siempre denunció los crímenes de la dictadura. Por eso era tan deprimente el silencio que guardaban y reconforta que lo hayan roto. Tales gestos, de fidelidad a sí mismos y a la historia que los condujo a donde están, enriquecen la construcción democrática y amigan a los políticos con la sociedad, que en forma abrumadora se pronuncia por la verdad y la Justicia y en contra de la impunidad.
LA CORTE SUPREMA TRABO EL JUICIO POR LA VERDAD EN BAHIA BLANCA
Un día antes de la feria judicial, el máximo tribunal dispuso que la Cámara Federal de Bahía Blanca remita todo el expediente del Juicio por la Verdad a la Cámara de Casación Penal. Se dispuso también la libertad del suboficial Santiago Cruciani, detenido desde hace casi dos meses en Mendoza. Los militares festejaban la decisión antes de que se conociera el contraataque de la Cámara bahiense.
La Corte Suprema de Justicia les dio ayer un motivo de alegría a los militares: le ordenó a la Cámara Federal de Bahía Blanca que remita el expediente del Juicio por la Verdad a la Cámara de Casación Penal. El objetivo es que en esa instancia se resuelva la queja de los uniformados que cuestionan el proceso porque consideran que se los obliga a declarar contra sí mismos. Casi en simultáneo, la Cámara de Casación dispuso la libertad del suboficial Santiago Cruciani, el torturador del centro clandestino “La Escuelita” de BB, detenido por negarse a prestar testimonio. La cámara bahiense decidió contraatacar de inmediato y anoche –según comprobó Página/12– planteó un conflicto de competencia ante la Corte Suprema y exigió que se restituya la prisión de Cruciani. Esa resolución opacó el júbilo que había invadido el Edifico Libertador.
Desde fines del año pasado, el Ejército empezó a plantear su “inquietud” por el desfile de militares citados para dar testimonio en los juicios abiertos en distintas cámaras federales para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos. Amparados en el evidente guiño del Ministerio de Defensa, los uniformados se ocuparon de empezar a delinear una estrategia defensiva común. El teniente coronel Julián Oscar Corres, quien había sido detenido en Bahía Blanca planteó ante Casación que “mientras se nos cita como testigos, después se pretende que nos autoincriminemos, lo cual es violatorio del artículo 18 de la Constitución”.
La sala IV de Casación, integrada por Amelia Berraz de Vidal, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Gustavo Hornos pidió entonces la totalidad del expediente a Bahía Blanca. El tribunal porteño apeló a la Corte Suprema porque dicen que la Cámara bahiense lo desconoce como tribunal de alzada y no le entregó toda la documentación requerida.
En una acordada extraordinaria, los seis ministros de la Corte Suprema presentes el jueves, Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez ordenaron a la Cámara de BB que cumpla con el requerimiento de Casación. A escasas veinticuatro horas de iniciarse la feria judicial, quedó en evidencia la intencionalidad política del pronunciamiento en un detalle de procedimiento: Nazareno, el presidente del cuerpo, le ordenó al secretario general de la Corte, Cristian Abritta, que adelantara por fax la resolución teniendo en cuenta que por la vía habitual de la bolsa de la Policía Federal recién llegaría el lunes.
Allegados a la Cámara de Casación repetían ayer que hasta ahora no hay ningún pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión que se empezará a analizar cuando reciban el expediente porque “esto es inédito”. En el Ejército, en cambio, mostraban su beneplácito por la resolución de la Corte. “Ahora van a tener que establecer un criterio único para tratarnos. No puede ser que en Córdoba, por ejemplo, se detenga a los oficiales y suboficiales que se niegan a declarar por 48 horas, fundándose en el Código Penal, mientras en Bahía Blanca a Cruciani se lo encarceló por tiempo indefinido usando como respaldo el Código de Justicia Militar”, detallaban los hombres cercanos al jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien ya confesó sin medias tintas que “los juicios por la Verdad no son el mecanismo más feliz” y envió al secretario general de la fuerza, Eduardo Alfonso a brindar su apoyo a los detenidos.
El fiscal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, consideró que “el jefe del Ejército, en lugar de aconsejar a sus hombres a declarar lo que sepa, lo cual no implica autoincriminarse, avala la decisión de no hablar –una insolencia ante la Justicia– y manda al general Alfonso. Como dijo el presidente de la Cámara de Bahía Blanca, Augusto Fernández, es como si frente a la detención del ex juez Francisco Trovato, el titular de la Corte hubiera ido a visitarlo a la cárcel. Eso sería un escándalo pero lo hace el Ejército y no pasa nada. Practican un espíritu de cuerpo al revés, en lugar de sacar a los elementos que contaminan, encubren a los que cometen delitos”. Cañón anticipó a Página/12 que pedirá ante la Cámara la continuidad del Juicio por la Verdad más allá de la decisión que se plantee en torno al envío o no del expediente a Casación, tal como dispuso la Corte Suprema.
El director ejecutivo del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Martín Abregú, señaló que “Lo particularmente grave es que se repita lo que ya hizo el gobierno radical de Raúl Alfonsín: sostener que iba a dejar el tema militar en manos de la justicia y por otro lado operar sobre los tribunales para obtener decisiones judiciales que tranquilicen a las Fuerzas Armadas. Todo esto no puede ocurrir sin la orden expresa o tácita del gobierno. Evidentemente, acá no se trata de que la Corte intervenga para decidir en calidad de qué se cita a los militares sino que interviene para solicitar un expediente completo que sólo se explica para detener el avance del juicio. En otras palabras satisfacer el deseo de los militares”.
Con la tradición de haber sido el único tribunal que planteó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y los indultos, los camaristas de Bahía Blanca se apresuraron a defender su competencia. Con la firma de Ricardo Planes, Angel Argañaraz, Luis Cotter y Haydee Fernández resolvieron plantear el conflicto de competencia ante la Corte Suprema. Fundamentaron el escrito en la obra La Casación Penal publicada por Fernando de la Rúa en 1994, a la sazón el presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Al plantear que la Cámara de Casación no tiene jurisdicción en la investigación abierta para conocer el destino de los detenidos-desaparecidos, el tribunal bahiense está obligando a la Corte Suprema a pronunciarse sobre la competencia. Se habilita así otra instancia que dejaría en suspenso la participación de la sala IV de Casación en el expediente hasta tanto falle el máximo tribunal.
La airada respuesta de los camaristas bahienses desmiente en sus fundamentos que se hayan negado a remitirle las “fotocopias de las piezas procesales de las causas requeridas necesarias para poder resolver el recurso” y aclara que “la Corte Suprema de Justicia sin pronunciarse sobre la competencia y el fondo del asunto”, ordenó la remisión de todos los originales “lo que esta Cámara Federal dispuso de inmediato”.
La orden de liberación de Cruciani dispuesta por la Cámara de Casación también fue severamente cuestionada por la Cámara bahiense, y exigieron que continúe en prisión. Defendido por el abogado Jorge Suter, ex juez en Bahía Blanca durante la última dictadura militar, al torturador Cruciani sólo le interesó la nota que recibió el director del Hospital Militar de Mendoza que ordenó su liberación.
Los quince días de feria judicial serán el escenario donde los militares se ocuparán de seguir ejerciendo su desenfadado poder de lobby ante jueces y funcionarios. Mientras tanto, la verdad sigue entrampada.
- La Corte Suprema ordenó a la Cámara Federal de Bahía Blanca que le remitiera el expediente del Juicio por la Verdad.
- Casi al mismo tiempo la Corte de Casación decidió la libertad al suboficial torturador
Santiago Cruciani, quien estaba detenido por negarse a declarar en el mencionado juicio.
- La Cámara bahiense reaccionó contra ambos pedidos. Le planteó a la Corte que la Cámara de Casación no es competente.
- Además ordenó la nueva detención del militar.
- La decisión de la Corte había producido euforia en el Ejército.
- El jefe de Ejército, Ricardo Brinzoni, viene diciendo que “los Juicios por la Verdad no son el mecanismo más feliz”.
- Incluso envió al secretario general de la fuerza, Eduardo Alfonso, a brindar su apoyo a los detenidos.
El regreso del doble discurso
La respuesta de la Cámara Federal de Bahía Blanca al rechazar las intimaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara Nacional de Casación, colocan un mínimo de racionalidad jurídica y de decoro institucional en un asunto que el Ejército y el gobierno han politizado al máximo.
Los periodistas no se enteraron en tribunales de la orden de la Corte sino por las eufóricas comunicaciones de los voceros militares y esto ya basta para caracterizar la situación.
Tanto la Corte como la Cámara de Casación han actuado de un modo arbitrario y prepotente. La Corte ordenó al tribunal de Bahía Blanca la remisión de todo el expediente (de unas 15.000 fojas) para que la Cámara de Casación entienda en el simple recurso de un coronel que considera afectados sus derechos constitucionales.
Pero la Cámara bonaerense ya había enviado al tribunal de Casación fotocopias de todo el expediente. El único propósito de la Corte ha sido entonces paralizar las audiencias del juicio por la verdad. Esto es inadmisible y escandaloso y responde a un plan que el gobierno había anunciado mediante trascendidos.
La Cámara de Casación, a la que hasta ahora nadie le ha atribuido competencia en el caso, ha dispuesto la libertad de un suboficial torturador.
Es discutible si el teniente coronel Corres, alias Laucha, debe ser obligado a declarar bajo juramento sobre hechos propios que podrían autoincriminarlo. También es legítimo opinar sobre la constitucionalidad o no del artículo del Código de Justicia Militar que para asegurar la disciplina castrense permite detener por tiempo indefinido al suboficial Cruciani, alias Tío, porque se niega a responder hasta cómo se llama.
Lo que no puede aceptarse bajo ningún concepto es esta operación comando, impulsada por el Ejército y apañada por el gobierno, para interrumpir un juicio cuya realización es un compromiso asumido voluntariamente por el Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. A tal punto esto tiene más que ver con la doctrina de la Seguridad Nacional que con el estado de derecho que la resolución fue ocultada incluso a uno de los jueces de la Corte. Si la prensa supo de lo decidido a través del Ejército, el ministro de la Corte Enrique Petracchi se enteró de lo ya resuelto por sus colegas a raíz de una consulta periodística.
El Poder Ejecutivo ha asumido sin beneficio de inventario al puñado de sabandijas con que el gobierno anterior copó la Corte Suprema. El argumento era que hasta las elecciones del año próximo no tendría fuerza en el Congreso para removerlos por juicio político. Pero ahora, además de tolerarlos se sirve de ellos, y los suplementa con sus propios incondicionales. Era previsible: lo único que ha cambiado es el gobierno.
Como tratadista, Fernando de la Rúa escribió que la Cámara de Casación no era competente en los juicios por la guerra sucia, que correspondían a las Cámaras Federales. Cómo presidente avala la estrategia castrense de servirse de la Casación para frenar los juicios por la verdad. Suena familiar.
Luego de diez años de estridente sinceridad menemista está de vuelta el doble discurso que condujo a la bancarrota del anterior gobierno radical. ¿Por qué habría de resultar mejor ahora que entonces?
Por segunda vez en tres meses, el Ejército respaldó a un militar que se niega a declarar en los Juicios por la Verdad: el secretario general del arma, general Alfonso, visitó a un suboficial detenido en Bahía Blanca.
El Ejército volvió a respaldar a los militares que se niegan a declarar en los Juicios por la Verdad. El secretario general de la fuerza, general Eduardo Alfonso, se subió ayer a un avión para volar hasta Bahía Blanca y hacer una visita solidaria al suboficial Armando Barrera, preso desde el viernes por negarse a declarar en la causa que lleva la Cámara Federal de esa ciudad para conocer el destino de los desaparecidos. La visita tuvo carácter oficial y fue decidida por el jefe del ejército Ricardo Brinzoni, quien comisionó a Alfonso “para que se interiorice sobre la situación y necesidades” del preso y le transmita el “apoyo institucional”.
La misión del secretario del Ejército tenía una segunda parte que quedó frustrada. Después de ver al detenido Barrera, el general Alfonso debía seguir rumbo a Mendoza para hacer una visita idéntica al suboficial Santiago Cruciani, quien cumple arresto domiciliario desde hace poco más de un mes por el mismo motivo de negarse a colaborar con la Justicia. Pero las malas condiciones del clima obligaron a postergar el vuelo que, según fuentes militares, se realizará “a más tardar el miércoles” de esta semana.
La mano derecha del jefe del Ejército viajó acompañado por el teniente coronel Gustavo Gorris. En los siete meses que Brinzoni lleva al frente de la fuerza, Alfonso ha adquirido una considerable experiencia en brindar este tipo de apoyos a los militares que se muestran esquivos con la Justicia. En abril, fue el encargado de llevar un respaldo similar a los camaradas detenidos por no colaborar en el Juicio por la Verdad de Córdoba.
Como en aquella oportunidad, ayer en el Ejército se insistió con el argumento de que las visitas “no son una forma de presión ni un cuestionamiento a los juicios”, sino que “indican la preocupación” de la fuerza “por la situación que están atravesando algunos de sus hombres, independientemente de la causa que se sustancia por las personas desaparecidas.”.
Los detenidos por la Cámara de Bahía Blanca son algo más que testigos directos de lo que sucedió en el centro clandestino de detención la Escuelita. El suboficial Santiago Cruciani –alias “Mayor Mario Mancini” o “El Tío”– fue señalado por varios testigos que declararon en el Juicio de la Verdad como interrogador y torturador. A finales de diciembre se convirtió en el primer militar que se negó a declarar en este proceso. Aunque en los Juicios por la Verdad no hay condenas contra quienes violaron los derechos humanos, Cruciani alegó que lo que diga puede llegar a perjudicarlo.
Antes de eso, el militar –que vive en Mendoza– había informado a los camaristas que no podría concurrir a Bahía Blanca por estar enfermo. Una comisión judicial se trasladó entonces más de mil kilómetros, sólo para escuchar de su boca que no estaba dispuesto a decir una palabra. La Cámara ordenó su arresto, que en atención a su esgrimida dolencia se convirtió en domiciliario. Así y todo, Cruciani presentó la semana pasada un hábeas corpus que fue rechazado por un juez federal y acusó a la Cámara por “privación ilegal de la libertad”.
El suboficial Armando Barrera, por su parte, fue guardia del mismo campo de concentración. “Es claro que por las funciones que cumplió puede aportar información muy precisa”, señaló ayer Mirta Mántaras, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén, querellante en la causa.
Barrera está detenido en la alcaidía de la Policía Federal, al igual que Cruciani, por tiempo indefinido. Los jueces le aplicaron el artículo 260 del Código de Justicia Militar, que rige para los uniformados que se niegan a colaborar con la Justicia. El encarcelamiento termina automáticamente si los testigos cambian de actitud.
El nuevo apoyo brindado a los militares renuentes generó indignación en los organismos de derechos humanos. “Desde la dirección de las Fuerzas Armadas se está reforzando una actitud corporativa que es muy peligrosa para la democracia”, advirtió Mántaras luego de recordar que “Cruciani es un torturador confeso que decidía sobre la vida y la muerte de la gente y hoy está con arresto domiciliario, en su casa, mirando cómodamente televisión”. La abogada también reprochó al Gobierno tener un doble discurso en su política de derechos humanos: “Suscriben en los foros internacionales que harán conocer la verdad a los familiares y a la sociedad, firman tratados y los rectifican, pero cuando llega el momento de aplicarlos siempre terminan impidiéndolo”.
Las visitas oficiales ordenadas por Brinzoni no pudieron llegar en mejor momento para los represores. Como publicó este diario en su edición del domingo, el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca corre peligro de quedar paralizado. Por una queja del teniente coronel Oscar Corres, que declaró en una de las audiencias orales y fue denunciado por falso testimonio, la Cámara de Casación exigió al tribunal que le envíe el expediente entero sobre el juicio. Los jueces bahienses están decididos a mantener su competencia, pero si Casación le da la razón a Corres, la causa terminaría en la Corte Suprema. Esto es justamente lo que reclaman los militares, retirados y en actividad, “preocupados” por las consecuencias de los procesos abiertos no sólo allí sino también en La Plata, Córdoba, Rosario y Santa Fe.

References: resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 260