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Timestamp: 2019-05-22 20:59:44+00:00

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El método jurídico en palabras de Filippo Grispigni, es "la serie ordenada de los medios por los cuales se llega al conocimiento profundo del sentido de las normas jurídicas."
1 Filippo Grispigni, Derecho Penal Italiano, t. I del vol. I, pág. 22.
2 Francisco Romero, Lógica, págs. 141 y 142.
3 Cita de Geny transcrita por E. García Máynez, Introducción al Estudio del Derecho, pág. 324.
4 Citado por J. Bonnecase, La Escuela de la Exégesis en el Derecho Civil (traducción de José M. Cajica Jr.), volumen XII de la Biblioteca Jurídico-Sociológica, Puebla, México, 1944, pág. 195.
5 El matrimonio de hecho establecido por la Constitución Política de 1945 ha sido substituido por la actual con una equiparación a las consecuencias jurídicas del matrimonio contrato: "Las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre personas con capacidad legal para contraer enlace, producen efectos similares a los del matrimonio en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes y en lo que respecta a los hijos nacidos de ellas". Segundo párrafo del artículo 194.
6 Véanse las definiciones de Bonnecase, Elementos de Derecho Civil, tomo I, pág. 641; y de Colin y Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, Instituto Editorial Reus, tomo I, volumen II, Madrid, 1942, pág. 541.
7 Véase Reinhart Maurach, Derecho Penal, parte general, tomo I (trad. Jorge Bofill Genzsch y Enrique Almone Gibson), Editorial Astrea, Buenos Aires, 1994, pág. 362.
Por regla general, esta liberación del deudor se produce a consecuencia de extinguirse la obligación, y por eso se habla de modos de extinguir “las obligaciones”. Con todo, ello no es efectivo tratándose de la prescripción extintiva, pues en este caso, lo que se extingue es la acción para exigir la ejecución de la prestación, pero no la obligación misma, que subsiste sin solución de continuidad como natural.
Todos los modos de extinguir están regulados en el Libro IV del Código Civil. La resolución, está tratada en el título IV, “De las obligaciones condicionales y modales” (artículos 1473 a 1493). A su vez, siete de ellos están reglamentados de manera consecutiva, títulos XIV a XX: el pago (artículos 1568 a 1627); la novación (artículos 1628 a 1651); la remisión (artículos 1652 a 1654); la compensación (artículos 1655 a 1664); la confusión (artículos 1665 a 1669); la pérdida de la cosa que se debe (artículos 1670 a1680); y de la nulidad y rescisión (artículos 1681 a 1697). La transacción está regulada como contrato, en el título XL (artículos 2446 a 2464), mientras que la prescripción liberatoria o extintiva está normada al final del Código, título XLII (más específicamente en los artículos 2514 a 2524).
Conforme al artículo 1567, inciso 1º, la obligación puede extinguirse por una “convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula”.
No hay sin embargo un problema de nulidad de por medio, sino el mero consentimiento de las partes. La ley, en efecto, emplea impropiamente la expresión “darla por nula” refiriéndose a la convención objeto de la resciliación. No hay en realidad vicio alguno de nulidad, estamos ante una obligación plenamente válida.
Tratándose de las obligaciones contractuales, el mutuo consentimiento es una aplicación del aforismo “las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen”.
En armonía con el precepto citado, el art. 1545 también dispone que el contrato puede ser “invalidado” por consentimiento mutuo.
“desahucio” (artículo 1951). El artículo 26, letra e) de la Ley N° 20.820, que regula el Acuerdo de Unión Civil, permite también a cualquiera de los convivientes civiles para poner término al contrato de manera unilateral.
En su virtud, la obligación se tiene por no contraída, por inexistente, pero no “por nula”, según lo aclaramos.
La ley alude también a la resciliación en el artículo 728, cuando establece que una de las causales de cancelación de la posesión inscrita de un inmueble, es aquella que opera “por voluntad de las partes”.
Entre las partes, la resciliación tiene efecto retroactivo, pues la voluntad de las partes es regresar al estado anterior al del contrato. Por ende, efectuando las prestaciones mutuas, las partes serán restituidas a la situación previa a la celebración del contrato. Así, por ejemplo, si se rescilia una compraventa sobre un inmueble, el comprador restituirá materialmente el predio, el vendedor restituirá el precio y se cancelará la inscripción vigente a favor del comprador, reviviendo aquella en favor del vendedor (art. 728: “Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes,…”).
Artículo 1568: El pago efectivo “es la prestación de lo que se debe”.
Vulgarmente se entiende por pago (del latín “pacare”, apaciguar, satisfacer) la entrega de una suma de dinero. Jurídicamente paga el que da la cosa debida, ejecuta el hecho prometido o se abstiene del hecho prohibido.
El pago efectivo, se denomina también “solución”, del latín “solvere”, que significa desligar, romper el vínculo que ataba al deudor con su acreedor.
Art. 1574: “El que paga contra la voluntad del deudor, no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado; a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción”.
Sin embargo, el artículo 2291, pareciera estar en contradicción con el artículo 1574, al disponer el primer precepto que “El que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado, no tiene demanda contra él, sino en cuanto esa gestión le hubiere sido efectivamente útil, y existiere la utilidad al tiempo de la demanda”. Diversas opiniones se encuentran para resolver tal contradicción.
Impropiamente el artículo 1575 dice que el pago “no es válido”, sugiriendo con ello que adolecería de nulidad. No hay tal sin embargo; lo que ocurre es que no se extingue la obligación. Por lo tanto:
· En lo que respecta al dueño de la cosa, el pago es “res inter alios acta” y conserva su dominio. Podrá por ende reivindicar la cosa pagada (arts. 898 y 1815).
b) Que el que paga tenga capacidad para enajenar: art. 1575 inc. 2°. La disposición es una aplicación del principio general de la tradición (art. 670: “facultad e intención de transferir el dominio”).
iii) Cuando la cosa pagada es “fungible” -consumible, en realidad- y el acreedor la ha consumido de buena fe; ésta consistirá aquí en la ignorancia del acreedor de que la cosa fuere ajena.
ii) El pago de cosa “fungible” -consumible en realidad- , consumida de buena fe por el acreedor, hecho por quien no tuvo la facultad de enajenar.
Esta materia tiene gran importancia. De ordinario es indiferente quién hace el pago. Pero es siempre fundamental establecer a quién debe hacerse el pago. Si el deudor paga a quien no corresponde, el pago no extinguirá su obligación. Deberá pagar nuevamente, esta vez al verdadero acreedor, sin perjuicio de su derecho para repetir lo indebidamente pagado. Se aplica aquí el aforismo “el que paga mal paga dos veces”.
b.3) Si la cosa se deteriora por culpa o durante la mora del deudor o por el hecho de personas por quienes es responsable, el acreedor puede pedir la resolución del contrato (erróneamente, la ley habla de “rescisión del contrato”), con indemnización de perjuicios. Lo anterior demuestra que en este caso, el acreedor no está obligado a recibir la cosa.
Debemos atenernos a las normas contenidas en la Ley N° 18.010, referida a las “operaciones de crédito de dinero”. La deuda de dinero constituye una deuda de género y pertenece a la categoría de las Obligaciones de dar. Hoy en día es una materia que se trata en el ámbito del derecho comercial.
* Concepto: art. 1599: “La consignación es el depósito de la cosa que se debe, hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre acerca de la persona de éste, y con las formalidades necesarias, a manos de una tercera persona.” * Formas de la consignación: art. 1601.
Art. 1608. Dispone el artículo 1608: “La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga”.
En todo caso, el artículo 1610 no es taxativo. En efecto, en diversas disposiciones del Código Civil se contemplan otros casos de subrogación legal: artículos 1366, 1965, 1968, 2231, 2295, 2429 y 2466. Así también, el artículo 87 de la Ley 18.092, sobre letra de cambio y pagaré, dispone: “Cualquier tercero extraño a la letra podrá pagarla y se subrogará en todos los derechos del portador emanados del documento. El portador deberá dejar constancia en la letra del nombre de la persona que le hizo el pago”.
Como explica Arturo Alessandri, este caso corresponde a una situación muy curiosa. Para explicarlo, proporciona el siguiente ejemplo: Pedro compra en un remate judicial un inmueble, sobre el cual pesaban cuatro hipotecas. Ocurre que de éstas, sólo tres se purgaron (conforme a lo dispuesto en el artículo 2428 del Código Civil y en el artículo 492 del Código de Procedimiento Civil), subsistiendo la cuarta, por cualquier causa (porqué no se notificó al acreedor hipotecario, por ejemplo). Con posterioridad, estando ya el inmueble en el patrimonio del adjudicatario, el acreedor hipotecario cuya hipoteca subsistió, demanda al actual propietario, momento en el cual las hipotecas que éste pago reviven en él y deben pagárseles cuando se verifique el remate. Agrega Alessandri que estamos ante una situación anormal, porque un individuo es acreedor hipotecario de su propia propiedad. Concluye el autor citado: “Evidentemente, no es acreedor hipotecario ni tiene interés en serlo, mientras el inmueble está en su poder. Pero la subrogación presenta interés y tiene utilidad cuando al actual poseedor se le viene a desposeer o a causar una evicción en el inmueble, porque entonces las hipotecas que estaban en estado latente, reviven y el poseedor, invocando los créditos hipotecarios como subrogados en las hipotecas que pagó se paga de ellas cuando la propiedad se saque a remate.”[3]
El pago efectivo extingue la obligación de una manera absoluta, erga omnes; por eso no se le llama simplemente “pago” sino “pago efectivo”; se extingue efectivamente el vínculo obligatorio.
El pago con subrogación, por su parte, extingue la obligación de una manera “relativa”, no extingue la deuda erga omnes, sino sólo respecto del acreedor que recibió el pago. La deuda continúa vigente entre el deudor y el subrogado que ocupa el lugar del acreedor. Sólo cambia la persona del acreedor.
Se define en el artículo 1625: “Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo indispensable para una modesta sustentación, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna”.
A esta tesis de la novación, adhiere Alessandri, quien expresaba al efecto: “si bien esta nueva obligación que recae sobre la cosa que el deudor ofrece en pago, ha vivido sólo un instante, un minuto si se quiere, el instante en que se efectúa el pago y la entrega de esa misma cosa; pero el hecho de que esta nueva obligación que viene a reemplazar a la antigua haya vivido un instante, no altera la naturaleza jurídica de la operación, ni obsta para que n sea una verdadera novación por cambio de objeto.”
Cabe advertir que en el derecho nacional, en los últimos años la dación en pago ha sido tratada como una modalidad del pago y no como una novación. En efecto, dispone el artículo 1792-22, en relación al régimen de participación en los gananciales, que "Los cónyuges, o sus herederos, podrán convenir daciones en pago para solucionar el crédito de participación en los gananciales. / Renacerá el crédito (...), si la cosa dada en pago es evicta, a menos que el cónyuge acreedor haya tomado sobre sí el riesgo de la evicción, especificándolo”.
Dispone el precepto que “La novación es la substitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida”.
Una nueva obligación sustituye a la antigua, la que se extingue, y por ello la novación es un modo de extinguir las obligaciones. Pero al mismo tiempo, se crea una nueva obligación, y por ello el art. 1630 alude al “contrato de novación”.
- Intención de novar o “animus novandi”.
El “animus novandi” es esencial en la novación: art. 1634.
En realidad los casos mencionados en el artículo 1654 hacen suponer la liberación del deudor, pero no por la vía de la remisión, sino que por medio del pago, pues los actos enunciados suelen ser los que realiza el acreedor después que se le satisface su crédito (especialmente cuando se “cancela” el titulo).
En el negocio bancario, diariamente la institución tiene gran aplicación en las llamadas cámaras de compensación, a través del “canje de cheques”.
Requisitos: 1° Que las partes sean personal y recíprocamente deudoras. La compensación consiste en la extinción de obligaciones mutuas: artículos 1655 y 1657. Sin embargo, no basta que las partes sean recíprocamente deudoras, sino que además deben serlo “personalmente”, por obligaciones propias.
Una obligación es líquida cuando es cierta en cuanto a su existencia y a su cuantía. Es también líquida la obligación “liquidable”, es decir, la que puede liquidarse fácilmente mediante simples operaciones aritméticas.
Impide la compensación la concesión de “esperas”: son una convención mediante la cual las partes fijan un plazo para cumplir la obligación vencida o prorrogan el estipulado.
artículo 1661: “La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de tercero. / Así, embargado un crédito, no podrá el deudor compensarlo, en perjuicio del embargante, por ningún crédito suyo adquirido después del embargo”. Es una aplicación del art. 1578.
La compensación extingue las obligaciones recíprocas “hasta concurrencia de sus valores”. Si ambas obligaciones son del mismo valor, se extinguirán íntegramente; si son de diferente valor, se extinguirá la menor y subsistirá la otra, deduciendo el valor de la menor.
La confusión se aplica también a los derechos reales: artículos 763 N° 6 (al confundirse las calidades de único fideicomisario con la de único fiduciario); 806 (extinción del usufructo por consolidarse con la propiedad); 885 N° 3 (extinción de la servidumbre “Por la confusión, o sea la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño”); y 2406 (se extingue el derecho de prenda “cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título”).
Art. 1665: “Produce iguales efectos que el pago”. Se extinguirán también los accesorios de la obligación.
Expresa el artículo 1259: “Las deudas y créditos del heredero beneficiario no se confunden con las deudas y créditos de la sucesión”.
Señala el artículo 1669: “Los créditos y deudas del heredero que aceptó con beneficio de inventario no se confunden con las deudas y créditos hereditarios”.
a) Destrucción material o “funcional” de la cosa debida. De acuerdo al artículo 1486 inciso final, no es necesario la destrucción material de la cosa (la cosa podría perder su aptitud para destinarla a sus funciones naturales).
2°.- La acción para pedir la destrucción de una obra nueva, a que se refiere el artículo 937 (norma medioambiental prevista en el Código Civil “avant la lettre”).
8°.- La acción de partición : artículo 1317. Mientras dure la indivisión, la acción de partición podrá entablarse, y en tal sentido, es imprescriptible. Si prescribiera, los comuneros quedarían impedidos de solicitar la partición, en otras palabras, estarían obligados a permanecer en la indivisión. La comunidad sin embargo, puede tener término porque una persona -comunero o extraño- adquiere por prescripción el dominio exclusivo de la cosa común. Con la salvedad que para una parte de la doctrina, ello sólo podría acontecer tratándose de un tercero y no de un comunero, porque entre comuneros no correría prescripción. Refutando tal posición se dice que no correrá prescripción adquisitiva mientras los comuneros se reconozcan mutuamente la calidad de copropietarios; pero desde que alguno de los comuneros posee el bien común en forma exclusiva, desconociendo el derecho de los demás, podría adquirirlo por prescripción. La prescripción no puede afectar la acción de partición directamente y servir para consolidar un estado de indivisión. En otras palabras, la acción de partición no se extingue por prescripción extintiva. Pero la prescripción adquisitiva que ponga fin al estado de comunidad extinguirá la acción de partición por vía consecuencial. En resumen, “si no hay indivisión sin acción de partición, tampoco hay acción de partición sin indivisión”.
* Renuncia de la prescripción: artículo 2494. La renuncia puede ser expresa o tácita, “pero sólo después de cumplida”.
* Concepto de suspensión: se basa en el principio “en contra del que está impedido para actuar no corre plazo”.
+ Art. 1216, acción de reforma del testamento, prescribe en 4 años, contados desde que los interesados “tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios”.
* El plazo de prescripción lo fija la ley y en principio, expresa Meza Barros, no puede ser alterado por las partes, ni aumentado o disminuido. Abeliuk matiza esta opinión, distinguiendo según se trata de ampliar o de reducir el plazo de prescripción. Rechaza la posibilidad de ampliar el plazo, “ya que importaría una cierta forma de renuncia a ella, como si, por ejemplo, se conviene una prescripción de 100 años. La conclusión es que las partes no pueden ampliar los plazos de prescripción, salvo que la ley expresamente lo autorice, como ocurre con la acción redhibitoria (Art. 1866)”. Pero sí admite las convenciones “que disminuyen los plazos de prescripción, pues no hay renuncia a ésta, y antes por el contrario, la estabilidad buscada se obtiene con anterioridad a lo previsto por el legislador”.[12] [13] Rodríguez Grez rechaza la posibilidad de que pueda convenirse una ampliación o restricción de los plazos de prescripción: “Los plazos de prescripción, toda vez que están referidos a la extinción de un derecho por no ejercerse, son de ‘orden público’. Esto significa que ellos deben considerarse elementos esenciales de la estructura del sistema jurídico y, por ende, no se encuentran a disposición de las partes. Cualquier estipulación no autorizada expresamente en la ley, relativa a la fijación, extensión o restricción de un plazo de prescripción, adolece de objeto ilícito y está sancionada con la nulidad absoluta (artículo 1682 del Código Civil)”.[14]
“Interrúmpense:
En ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2515.”
• Artículo 1216, respecto de la acción de reforma de testamento. Para Pablo Rodríguez Grez (a diferencia de Somarriva), se trata de una acción sujeta a caducidad. Afirma que la razón para darle este carácter es la expresión de la ley en cuanto a que la acción podrá intentarse “dentro de los cuatro años contados desde el día...”. Tiene presente que la acción de reforma de testamento no puede intentarse después de 4 años a partir del día en que se tuvo conocimiento del testamento y de la calidad de legitimario. Por consiguiente, el juez podría, sin necesidad de oponerse la prescripción, negar lugar a dicha acción si en los autos respectivos existe constancia evidente de que han transcurrido más de 4 años contados en la forma que la ley establece. Si lo que decimos es efectivo -señala Rodríguez Grez-, y el tribunal está facultado para rechazar la demanda sin que se haya opuesto la excepción de prescripción, ciertamente que la acción caduca y no prescribe.[18]
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[1] En la práctica, sin embargo, es frecuente observar resciliaciones de contratos de compraventa cuyos efectos se cumplieron íntegramente, y los conservadores de bienes raíces no suelen hacer mayor cuestión sobre el punto. Con todo, en el contrato que se rescilia, debiera existir al menos una obligación no totalmente cumplida al momento de la resciliación. Otro punto que se ha prestado a discusiones, dice relación con si es o no necesario, practicar una nueva inscripción registral, cuando se rescilia un contrato de compraventa recaído en un inmueble. La mayoría de los Conservadores, practica una nota marginal en la última inscripción, recobrando vigencia la inscripción precedente, o sea, la del vendedor. Concordamos con tal práctica, atendido el tenor del artículo 728 del Código Civil, que no exige practicar una nueva inscripción, cuando la inscripción es cancelada “por voluntad de las partes”.
[2] Claro Solar, Luis, “Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado”, Tomo duodécimo, Santiago de Chile, Imprenta Nascimento, 1939, pp. 231-233.
[8] Ramos Pazos, René, “De las Obligaciones”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1999, p. 390.
[11] Tal es la doctrina mayoritaria. Sin embargo, otros piensan que se interrumpe civilmente la prescripción con la sola interposición de la demanda, considerando que el artículo 2503 no exige notificación de la acción, sino sólo “intentar” un recurso judicial, expresión que aludiría a presentar la respectiva demanda. Algunos fallos han admitido esta doctrina, pero resulta muy discutible. Sólo a partir de la notificación de la demanda existe juicio y por ende se manifiesta la voluntad del acreedor en orden a “intentar” una acción.
[16] Indica Ramos Pazos que “Respecto a lo dicho en el número 2 del artículo 2523, se ha fallado que se refiere al requerimiento extrajudicial (R.D.J., t. 64, sec. 1a, pág. 236), pues si hay demanda judicial, se aplican las reglas generales de los artículos 2503 y 2518. Esta es también la opinión de Emilio Rioseco (...) hay fallos en sentido contrario (R.D.J., t. 78, sec. 2a, pág. 73)”: René Ramos Pazos, “De las obligaciones”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, año 1999, pág. 450.
[20] Cfr. nuestro apunte de “Sucesorio 11 (defensa de las Asignaciones) ”.

References: artículo 194
 artículo 1567
 artículo 26
 artículo 728

Artículo 1568
 artículo 2291
 artículo 1574
 artículo 1575
 resolución 
 artículo 1608
 artículo 1610
 artículo 87
 artículo 2428
 artículo 492
 artículo 1625
 artículo 1792
 artículo 1654

artículo 1661
 artículo 1259
 artículo 1669
 artículo 1486
 artículo 937
 artículo 1317
 artículo 2494
 artículo 2515
 Artículo 1216
 artículo 728
 artículo 2503
 artículo 2523