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2006 agosto 10 « LA ARGENTINIDAD….. AL PALO
Archive for 10/08/06
ARI MARCELA RODRIGUEZ DIPUTADA NACIONAL Y 100% ARISTA
Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en agosto 10, 2006
INSERCIÓN DE LA DIPUTADA MARCELA V. RODRÍGUEZ
Ref. Expte. Nº 101-S-2006
Una vez más, asistimos al tratamiento de un proyecto cuyo único objetivo es otorgar atribuciones propias e indelegables de este Cuerpo al Poder Ejecutivo Nacional.
En los últimos años, el proceso de concentración de poder en el Ejecutivo alcanzó niveles escandalosos. A la desmesurada e injustificada utilización de los decretos de necesidad y urgencia por parte de dicho Poder -de la que los últimos gobiernos democráticos hicieron uso y abuso-, se sumó una práctica no menos dañina a nuestras instituciones republicanas, consistente en la renuncia del Poder Legislativo al ejercicio de sus atribuciones y la consecuente transferencia de dichas competencias al Ejecutivo, bajo la modalidad de la delegación de facultades legislativas. El otorgamiento de los denominados “superpoderes” al Jefe de Gabinete de Ministros dentro de las leyes de presupuesto es paradigmático en este sentido.
Como resultado, nos encontramos con un Poder Ejecutivo todopoderoso, que contrasta con un Congreso cada vez más debilitado, mancillado y vaciado de poder.
Es dentro de este fenómeno de fortalecimiento del Poder Ejecutivo- vaciamiento de la rama Legislativa, que nos encontramos con esta propuesta, que cuenta con media sanción del Senado, y que consiste en reformar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Nº 24.156.
Conforme el proyecto en análisis, el Jefe de Gabinete podrá disponer en el futuro “de las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades”. Además, se prevé que queda exceptuado de lo establecido en el art. 15 de la Ley Nº 25.917[1].
Es decir, en la práctica, la única disposición de la Ley de Presupuesto que podría tendrá algún sentido, sería la que fije el total de gastos aprobados. El resto podría formar parte de un proyecto de declaración, en el que cada Cámara manifieste su “deseo” de que los recursos públicos sean gastados de cierta forma. Lo cierto es que la modificación al art. 17 de la Ley 24.156 impulsada, hace perder toda virtualidad al resto de la Ley, ya que no obliga por sí misma al Ejecutivo, quien en definitiva tendrá el poder de hacer y deshacer el Presupuesto aprobado a su gusto. Claro, que si se continúa subestimando el monto de la recaudación fiscal, tampoco la norma que fije el total de gastos aprobados tendrá alcance real, ya que al no incluirse en el monto aprobado la totalidad de la previsión de recaudación, existe un excedente cuyo destino también queda al arbitrio del Jefe de Gabinete de Ministros.
El propósito del proyecto no es otro que transferir en forma permanente al Jefe de Gabinete una atribución propia del Parlamento. De esta forma, se otorga estabilidad a lo que hasta ahora fue una pésima práctica que se ejercía en oportunidad de sancionar las leyes anuales de presupuesto, en clara violación a nuestro sistema democrático constitucional.
Es decir, se suma una nueva modalidad de concentración de poder en la rama Ejecutiva: al uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia y de facultades delegadas –que, resta aclararlo, exceden en la práctica ampliamente los supuestos admitidos en forma excepcional por nuestra Constitución-, se agrega ahora esta nueva forma de vulnerar la Constitución para obtener la suma del poder público, y que es la transferencia lisa y llana -ya no como delegación legislativa- de atribuciones propias.
Quiero poner de resalto que, como no escapa al conocimiento de nadie, el oficialismo cuenta con mayorías legislativas en ambas Cámaras, mayorías que han apoyado incondicionalmente todas las iniciativas de este gobierno. Tampoco puede invocarse válidamente temor por una supuesta emergencia que no existe, ya que existe superávit fiscal. Por tanto, cabe preguntarse cuál es el interés real detrás de las modificaciones impulsadas.
En primer lugar, se puede observar que una primera consecuencia será retirar del debate público el destino que el gobierno pretende otorgar a los recursos públicos. De seguirse el trámite previsto constitucionalmente, cada vez que el Ejecutivo considere necesario efectuar alguna reestructuración presupuestaria, debería enviar un proyecto al órgano competente (el Poder Legislativo), y es en este ámbito deliberativo donde, tras escuchar las distintas voces y posiciones al respecto, se debería decidir su pertinencia o no. Por supuesto, además de permitir exponer distintos puntos de vista y el pronunciamiento de las minorías, este procedimiento también asegura mayor transparencia y control público, ya que el tema tomaría conocimiento público.
Al poder modificar las partidas presupuestarias a través de una reasignación dispuesta por el Jefe de Gabinete, se obvian estas discusiones y las verdaderas finalidades y consecuencias de las modificaciones quedan ocultas.
Por otra parte, de esta forma también se consigue concentrar el poder no sólo a costa de las minorías, sino a costa de las filas propias, oficialistas. En efecto, con la reforma impulsada, el Ejecutivo se asegura que no tendrá que discutir con nadie, ni opositores ni oficialistas, y se niega todo tipo de poder de negociación que antes podrían tener legisladores y gobernadores. Otorgar el manejo exclusivo y discrecional del erario público significa tanto como otorgar la facultad de extorsionar a gobernadores, intendentes y legisladores, no sólo de la oposición, sino inclusive a los propios.
En lo que sigue analizaré los presupuestos jurídicos de nuestro sistema constitucional que vedan de plano una modificación como la propuesta, que significa la transferencia de una atribución propia e indelegable del Poder Legislativo.
El Congreso Nacional no puede transferir una competencia propia y exclusiva
El artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional, determina que corresponde al Congreso de la Nación fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, sobre la base del programa general de gobierno y el plan de inversiones públicas.
Como es sabido, el presupuesto de la Nación tiene dos funciones primordiales. Por un lado, establece los gastos que podrán efectuarse en el año al que se refiere, y por otro, determina cuáles serán los recursos que se destinarán para atender estos gastos. Respecto de los recursos, el presupuesto prevé los ingresos que formarán parte del tesoro nacional. En relación con los gastos, establece lo que el Estado debe pagar a través de la asignación de una partida presupuestaria determinada. Como consecuencia de ello, la administración no puede destinar partidas a fines distintos a los previstos en la Ley de Presupuesto. Esto surge del citado Art. 75, inciso 8 de la C.N., y está expresamente prohibido en la Ley de Administración Financiera, Ley Nº 24.516, por lo que los funcionarios que modifiquen el destino de los fondos previstos por la Ley de Presupuesto cometen el delito de malversación de fondos públicos.
La atribución de aprobar el presupuesto general de gastos es central en nuestro sistema democrático. En efecto, el Congreso de la Nación es el único órgano con legitimación democrática directa en el que se encuentra claramente representada la voz del pueblo y, además, constituye el ámbito de participación de las provincias en las cuestiones nacionales. A su vez, éste es el órgano deliberativo por definición en nuestro sistema democrático.
No puede perderse de vista que la aprobación del Presupuesto es una decisión de enorme relevancia para el país, pues en él se establecen las pautas del modelo social y económico adoptado (en definitiva, la aprobación del Presupuesto no es más que el sinceramiento e instrumentalización de cuáles son las prioridades socio-económicas para el país).
Además, la sanción de la Ley de Presupuesto por parte del Congreso de la Nación garantiza el ejercicio del control público de los gastos de gobierno, propio de un sistema republicano como el nuestro, establecido en el artículo 1º de la Constitución Nacional.
En este sentido se expidió Ekmekdjian al sostener que “El control público de los gastos y recursos de los dineros del Estado es fundamental para el sistema republicano”[2].
Por su parte, Quiroga Lavié sostiene al respecto que afirmar lo contrario a lo mencionado, “sería abandonar el sistema a su suerte y así nos ha ido a los argentinos gobernados bajo el reinado del descontrol”[3].
Por estas razones, el Congreso Nacional es el Poder del Estado que cuenta con la atribución –y la responsabilidad- de disponer de los recursos públicos del país. En este sentido, sostiene Ekmekdjian, en relación con el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que “La atribución de este inciso es una de las más importantes funciones del Poder Legislativo. El presupuesto general de gastos y cálculo de recursos es una de las leyes más trascendentes que sanciona el Congreso, ya que contiene la autorización para recaudar las rentas y para gastar en el ejercicio financiero anual. En otras palabras, el presupuesto contiene el programa del gobierno por el término de un año”[4].
La Corte Suprema de la Nación también se expidió en este sentido al sostener que “Es de la esencia misma del sistema económico constitucional que rige en la Nación y en todas las provincias que forman y que se halla consignado en las expresas disposiciones constitucionales, que el poder de disponer de los dineros públicos reside en el departamento legislativo del Gobierno, aun cuando corresponda al Ejecutivo, por la naturaleza sus funciones, hacer efectivas las disposiciones de aquél”[5].
Es de destacar que con la reforma constitucional de 1994 se incorporó al inciso 8 del artículo 75, la obligación del Congreso de dictar el presupuesto de conformidad con el régimen de coparticipación federal de impuestos previsto en el tercer párrafo del inciso 2 del artículo 75, lo que también se vería afectado si el Poder Ejecutivo tiene facultades de modificar las partidas asignadas por el Congreso sin tener en cuenta el límite aquí mencionado.
En virtud de lo expuesto, no existen dudas respecto de la atribución propia del Congreso para dictar la Ley de Presupuesto. Reafirman esta posición diversas normas constitucionales que muestran con toda claridad que la Ley de Presupuesto es una atribución exclusiva del Congreso Nacional.
En efecto, el inciso 10 del artículo 99 establece que el Presidente de la Nación, “supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la Nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales” (el resaltado es propio). Esta norma muestra con suma claridad la atribución del Congreso de la Nación de dictar la ley de presupuesto, de conformidad con la cual, el Presidente de la Nación debe realizar un control del ejercicio de la facultad del jefe de gabinete.
La pretensión de transferir esta atribución al Jefe de Gabinete o al Poder Ejecutivo, lleva al absurdo de colocar en manos de órganos no deliberativos o no representativos la decisión de disponer de los recursos del Estado Nacional.
La participación del órgano pluralista por excelencia es la mejor garantía contra los manejos discrecionales en cuestiones tan importantes como la asignación de recursos para cubrir los gastos existentes y para cumplimentar las obligaciones contraídas por el Estado Nacional. Por ello, la Constitución impone la necesidad de sujetar toda decisión financiera, que regule la relación entre gastos y recursos, al escrutinio y la discusión en el seno legislativo de los representantes del pueblo.
Esta participación activa de todos los representantes del pueblo es también la que ofrece las mayores garantías de que la decisión final asigne recursos para cubrir gastos de una forma más imparcial.
No se puede perder de vista que el presupuesto es una herramienta indispensable para satisfacer las obligaciones contraídas por el Estado y para efectivizar los derechos consagrados en favor de todos los habitantes de la Nación, y que toda decisión que pueda afectar derechos de una forma fundamental debe emanar del Poder Legislativo.
En consecuencia, el proyecto en análisis, que transfiere una atribución exclusiva e indelegable del Congreso Nacional al Jefe de Gabinete, constituye una clara violación a nuestra Constitución Nacional, que comprende el régimen republicano de gobierno.
El sistema republicano, que incluye la división de poderes, fue establecido como garantía de las libertades individuales. Es un sistema contra la “opresión” del poder tiránico. Por ello, no es dado a Poder alguno renunciar a sus atribuciones y resignarlas a favor de otro Poder. Las competencias asignadas a cada uno de los Poderes no constituyen prerrogativas de sus integrantes, que pueden decidir libremente ejercerlas o no, o renunciar a las mismas, o transferirlas, como aquí se pretende. Constituyen su deber y su responsabilidad. Es por ello que ni aún los propios legisladores podemos decidir “compartir” con el Poder Ejecutivo facultades que son propias y exclusivas de quienes integramos el Congreso Nacional.
La autorización efectuada al Jefe de Gabinete (quien ni siquiera es elegido mediante el voto popular y, por tanto, carece de una legitimación democrática directa) para que decida cuestiones centrales al desarrollo del país en contraposición a lo fijado por el Congreso, constituye una violación manifiesta a las normas constitucionales mencionadas.
De aceptarse una modificación como la propuesta, la sanción de las leyes de Presupuesto por parte del Poder Legislativo no será más que una burla, por cuanto se haría uso de una atribución que como legisladores nos corresponde pero en forma tan sola aparente, ya que el Jefe de Gabinete o el titular del Poder Ejecutivo podrán hacer caso omiso a las decisiones y limitaciones allí consignadas. En tales condiciones, el ejercicio de la función será una simulación, carente de significado real y práctico.
Al Poder Ejecutivo le está prohibido emitir normas de carácter legislativo
Además de la imposibilidad constitucional de que un órgano constituido, como el Congreso Nacional, decida transferir a otro órgano o persona atribuciones otorgadas en forma exclusiva y excluyente por el poder constituyente (como es la sanción del Presupuesto), encontramos en nuestro texto constitucional otras disposiciones que impiden al Poder Ejecutivo emitir normas de carácter legislativo.
Es decir, ni el Poder Legislativo puede traspasar competencias propias otorgadas por la Constitución, ni el Poder Ejecutivo puede ejercer atribuciones legislativas.
La regla general y pauta interpretativa que motiva la actuación del Poder Ejecutivo en el dictado de normas legislativas es su total prohibición, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Únicamente en casos excepcionales le está permitido al Ejecutivo emitir disposiciones de este tipo, bajo estricto cumplimiento de los requisitos fijados en la propia Constitución.
Nuestra Constitución contiene varias disposiciones expresas en relación con la cuestión que nos preocupa. La primera de ellas, es el artículo 1º, en el cual la Nación adopta el sistema republicano de gobierno que implica, fundamentalmente, la división y control del poder.
Otra norma de relevancia para la cuestión que nos ocupa, se encuentra en el artículo 99 inciso 3, cuando señala que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá, en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y “no se tratare de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos podrá dictar decretos de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán ser refrendados, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
La otra disposición es la contenida en el artículo 76 de la Constitución Nacional, que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en aquellas materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Finalmente, otra norma a tener en cuenta en este análisis es la vieja cláusula de defensa de la democracia que está contenida en el artículo 29 de la Constitución Nacional en cuanto establece que “El Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos quede a merced del gobierno o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”. Es el juego sistemático de estas normas del cual debe surgir la interpretación correcta de la Constitución Nacional en esta materia.
En primer lugar, corresponde decir que tanto el artículo 76 como el artículo 99 inciso 3, establecen un principio prohibitivo expreso en materia de legislación secundaria. Señalan claramente que no puede el Poder Ejecutivo asumir funciones legislativas ni puede el Congreso delegar estas funciones de modo tal que esta prohibición genérica ya nos señala la primera pauta de interpretación de esta norma constitucional. De la prohibición contenida en el primer párrafo se desprende claramente que la interpretación debe ser en un sentido estricto, es decir que en la duda debe estarse claramente por la prohibición y no por la habilitación. La habilitación, las materias y los contenidos allí especificados constituyen una excepción al principio prohibitivo expresado en el primer párrafo de ambos artículos, y que además se encuentra plenamente reforzado y sancionado penalmente por el artículo 29 de la Constitución Nacional.
La reserva de ley es un capítulo de lo que se ha dado en llamar reservas legislativas en general dispuestas en los textos constitucionales. Son aquellos ámbitos materiales de legislación que están asignados en forma exclusiva para su producción al Poder Legislativo. Esta dualidad se ordena sobre el principio de la supremacía de la ley, pero a la vez este criterio, como criterio puramente formal que podría dejar la iniciativa más vivaz del poder reglamentario, se complementa con el principio de las materias reservadas a la ley. Es decir, con la afirmación de que ciertas materias especialmente importantes han de ser objeto exclusivo de la regulación legal sin que el poder reglamentario general como poder independiente de la ley pueda entrar en ellos.
En nuestro sistema la reserva de ley absoluta refiere a aquellas materias donde el principio de legalidad es absoluto y no puede haber lugar a delegación legislativa ni asunción de facultades legislativas ni aún en urgencia por parte del Poder Ejecutivo en los supuestos de decretos de necesidad y urgencia. En cambio, la reserva de ley relativa comprende situaciones donde el principio de reserva de ley permite, sin embargo, la delegación de la potestad legislativa del Parlamento al Poder Ejecutivo. La reserva absoluta impide todo reglamento que no sea de ejecución. La reserva reforzada implica la obligación impuesta al Parlamento por la Constitución de darle a la ley un determinado contenido, en tanto la reserva relativa admite la remisión de una parte material de su contenido a condición de que la ley otorgue directrices para su conformación.
La Constitución de 1994 ha establecido reservas legales absolutas que aún ni la urgencia ni la emergencia pueden habilitar algún tipo de delegación y son las expresamente contenidas en artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional cuando veda absolutamente al Poder Ejecutivo dictar normas de carácter legislativo en materia impositiva, penal, régimen electoral y de los partidos políticos. Éstas deben interpretarse como reservas legales absolutas claramente establecidas en el texto constitucional. Obviamente la doctrina debe extenderse a todos los demás actos privativos del Poder Legislativo tales como la aprobación del presupuesto, la aprobación o rechazo de tratados internacionales, todo lo que pueda entenderse como leyes que signifique el desarrollo de derechos y garantías constitucionales.
Ni aún la emergencia puede hacer relativa estas reservas absolutas de ley que tienen justamente el objetivo de impedir que la delegación produzca una concentración del poder que convierta en tiranía a cualquier gobierno de turno y además esta es la única interpretación que cabe en función de la clara limitación y expresa sanción que surge del Art. 29 de la Constitución Nacional cuando prohíbe la concesión de facultades extraordinarias por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden merced de persona alguna, sancionando con la pena de infames traidores a la patria a los que la deleguen y aquellos que la consientan. Ésta es en consecuencia la única interpretación constitucional posible y que además tiene expreso respaldo en la intención constituyente.
Tal como lo sostiene Francisco Llorente en La Forma del Poder, “La estructuración del orden jurídico-constitucional a partir exclusivamente del principio de legitimidad democrática no permite prescindir de la noción de la reserva de ley. El ámbito reservado a la ley no es, ciertamente, en las constituciones democráticas, el acotamiento negativo de la potestad nemotética libre de un poder no legitimado democráticamente sino, por el contrario, una limitación que la Constitución impone al poder que el legislador democrático (y único) tiene para atribuir a la Administración la facultad de regular por sí materias determinadas. Su razón de ser no está en una división de la soberanía, sino, cabría decir, en la radical limitación de todos los poderes constituidos, en la necesidad de preservar la separación entre Legislativo y Ejecutivo, que no resulta ya ¨naturalmente¨ de su diverso origen y, por debajo de todo ello, como fundamento de la limitación y de la separación, en los valores supremos cuya vigencia la Constitución pretende asegurar”.
Este autor ha explicado que existen tres vías para acceder a esta cuestión. De acuerdo con la idea de democracia, deberían quedar reservadas a la representación popular, como único órgano con legitimación democrática directa, todas aquellas decisiones esenciales y políticamente importantes y, en especial, las que trazan las líneas básicas y las directrices del orden estatal y social. Quienes avanzan por la vía de la idea del Estado de Derecho, atribuyen al legislador la competencia exclusiva para regular todos los ámbitos de libertad conectados con los derechos fundamentales, con independencia de que se trate de relaciones internas o externas del Estado, pero entienden que los derechos fundamentales no sólo son derechos de libertad, sino elementos fundamentales de derecho objetivo, cuyo contenido de garantía prestacional ha de ser preservado por la ley. La tercera vía que se basa en la idea de forma y procedimiento legislativo pretende construirse no a partir de principios jurídicos y constitucionales, que naturalmente se aceptan, sino de la forma de la ley y del procedimiento legislativo. Lo que caracteriza a la ley como forma superior de creación del derecho en un sistema democrático es su modo de elaboración en el Parlamento, a través de la discusión y la negociación entre las distintas fuerzas políticas y en presencia constante de la opinión pública. Las materias reguladas por ley, las que constituyen la reserva de ley, deben ser todas aquellas y sólo aquellas respecto de las que resulte esencial este procedimiento de discusión pública y transacción entre las distintas fuerzas políticas presentes en la Cámara.
Pues bien, cualquiera sea la teoría de justificación de la democracia que adoptemos, la respuesta es la misma: la decisión de cómo comprometer el erario público debe ser adoptado necesariamente por el Congreso de la Nación, siguiendo el mecanismo de sanción de leyes previsto constitucionalmente.
En efecto, conforme a la primera de las posturas mencionadas, corresponde al Congreso adoptar aquellas decisiones esenciales, que definan el orden estatal y social. Sin lugar a dudas, la forma en que se van a distribuir los recursos estatales determina en forma decisiva el modelo de sociedad y de estado escogido, pues del reparto que resulte surge el orden de prioridades vigente en la sociedad. Decisiones de estas características deben ser adoptadas por el órgano que posee la representación popular.
En orden a la segunda de las posiciones expuestas, que tiene en cuenta la idea del estado de derecho, también le está vedado al Congreso la entrega de facultades excepcionales, y al Poder Ejecutivo su asunción. Y una condición inexcusable para la vigencia del estado de derecho es la separación de los poderes, principio que se erige como garantía de la totalidad de las libertades individuales.
Finalmente, la tercera de las posturas mencionadas por el autor citado atiende a una visión procedimentalista de la democracia. En virtud de esta teoría, el valor de la democracia está dado porque permite un debate robusto entre los diferentes sectores y con la presencia de la opinión pública, lo que propende a adoptar las mejores decisiones. En base a esta posición, una decisión tan trascendental para el conjunto de la sociedad, como lo es la distribución del tesoro nacional, debe ser adoptada únicamente por el parlamento, a través de un procedimiento que facilite la discusión pública y la transacción entre las distintas fuerzas. Estas características propias del sistema democrático se pierden si se otorga al Jefe de Gabinete la posibilidad de ordenar las reestructuraciones presupuestarias a su antojo, en razón que puede cambiar la asignación de partidas obviando para ello toda discusión y polémica sobre el asunto. Esto es más grave aún en este caso en el que el Jefe de Gabinete se puede apartar (como efectivamente lo viene haciendo en los últimos años) de la propia decisión que tomó el Congreso a la hora de sancionar la ley de presupuesto.
Es por ello que insistimos en considerar que la propuesta impulsada viola la Constitución Nacional por avasallar las facultades legislativas consagradas expresamente por la Ley Fundamental, conculcando el principio de legalidad.
De acuerdo con Adolf Merkl, el principio de legalidad es un principio estructural que determina la forma política al señalar a la Administración un lugar subordinado al de la legislación, pues el carácter de ejecución de la ley que es propio de la administración no puede ser afirmado sino es partiendo del principio de legalidad -que requiere reconocimiento jurídico positivo- y no al revés, como aquí se pretende.
Asimismo, Llorente ha expresado que “es la ley la que ha de establecer las determinaciones esenciales, el núcleo de régimen jurídico, cuando se trata de normas que inciden directamente sobre la esfera jurídica de los ciudadanos. No hay duda que ella toca a aquellas facetas concretas del ejercicio de la libertad que la Constitución protege especialmente, a los derechos de prestación que asegura como fundamentales, o a las instituciones que garantiza como base del sistema social y económico. Respecto del alcance de la reserva de ley (reserva reforzada, en cuanto obliga a preservar el “contenido esencial” de las libertades, derechos o instituciones garantizadas) consagrada como obligación del legislador pueden suscitarse dudas, pero sobre la necesidad de que la regulación haya de hacerse por ley y haya de abarcar, salvo cuestiones menores y complementarias, la totalidad de la materia reservada, no cabe duda alguna.
Por las razones anteriormente expuestas, la entrega por parte del Congreso de la Nación de la atribución de fijar la forma en que se destinarán los recursos públicos, para que el Jefe de Gabinete pueda modificar a su gusto el destino de las partidas consignado en la Ley de Presupuesto es absolutamente ilegítima, ya que constitucionalmente le está vedada semejante delegación, no sólo por la imposibilidad de renunciar a cualquiera de sus atribuciones, sino también porque implica autorizar al Jefe de Gabinete a emitir normas de carácter legislativo en materia presupuestaria, vedada absolutamente por nuestra Constitución.
La Constitución Nacional ha reservado para el Congreso de la Nación la función de establecer los recursos del Estado y su destino como única manera de posibilitar un espacio público, un espacio de discusión y de debate pluralista acerca de cuestiones sociales y económicas que afectan y determinan decisivamente sobre los derechos fundamentales del individuo. La cuestión es de una gravedad extrema y de alta política legislativa y lo que se pretende a través de esta ley es la transferencia de facultades legislativas excluyendo al Parlamento, y por ende a los ciudadanos que han delegado en ellos la regulación de sus derechos.
La delegación de facultades legislativas. Inconstitucionalidad.
Tampoco es posible justificar la propuesta alegando que estamos ante la presencia de una delegación de facultades, de las contempladas en el art. 76 de la C.N.
En efecto, aún si se considerara que no se trata de una transferencia lisa y llana de una atribución propia del Congreso de la Nación, y además se entienda que esta materia no forma parte de la zona de reserva legal absoluta, habría que concluir en que el proyecto es inconstitucional, por cuanto se ha hecho en clara violación al artículo 76 de la misma.
En efecto, con la modificación que se propicia al art. 37 de la ley 24.156 se prevé la posibilidad de que el Jefe de Gabinete pueda efectuar reestructuraciones presupuestarias, con la única limitación de que lo haga dentro del monto total aprobado por el Congreso, y sin quedar sujeto, siquiera, a las limitaciones del art. 15 de la Ley Nº 25.917.
Este tipo de delegación de atribuciones legislativas se encuentra terminantemente prohibida en la Constitución Nacional. En efecto, la delegación legislativa puede ser “propia” o “impropia”. Por la primera de ellas, se entiende la delegación de la atribución de “hacer la ley”. Esto es lo que sucede con la modificación que se propone al art. 37 de la Ley de Administración Financiera, lo cual se encuentra vedado por el artículo 76 de la Constitución, el que únicamente autoriza la denominada delegación impropia, que consiste en la posibilidad de delegar la atribución de dictar ciertos detalles de la ley, respetando las pautas establecidas por el propio legislador.
En efecto, el citado artículo 76 de la Constitución Nacional únicamente admite este tipo de delegación en el Poder Ejecutivo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, en forma excepcional bajo estricto cumplimiento de las exigencias allí previstas.
Estas exigencias son dos:
Que se fije un plazo para el ejercicio de las facultades delegadas;
Que se ejerzan dentro de las bases de la delegación que el Congreso debe establece
La modificación que se pretende introducir vulnera absolutamente todos los requisitos exigidos por la Constitución.
La modificación que se pretende introducir vulnera absolutamente todos los requisitos exigidos por la Constitución
En primer lugar, se advierte que no se ha probado fehacientemente la configuración de alguno de los supuestos excepcionales que habilitan la delegación legislativa. Es a todas luces insuficiente aducir razones de conveniencia a los fines de dotar al Poder Ejecutivo de las competencias propias del Poder Legislativo. En este sentido, Bidart Campos efectúa una serie de consideraciones sobre las excepciones contenidas en el art. 76 actual: “pese a las ambigüedades en el léxico del texto constitucional reformado (…) no es razonable suponer que la Constitución deja opción libre para usar de la delegación legislativa”. Es claro que estas excepciones deben ser interpretadas restrictivamente, precisamente porque son excepciones y no la regla general. Si se reconociera que la “reestructuración presupuestaria” (materia delegada en el proyecto) es una cuestión de “administración” en los términos del artículo 76, perderían todo sentido las cláusulas constitucionales citadas ya que prácticamente “todo” el Presupuesto puede configurar materia delegable, lo que se enfrenta a la idea de que nuestros constituyentes quisieron dejar en manos del Congreso –órgano plural por excelencia- la facultad privativa de sancionarlo, asignando los recursos de la Nación a los gastos necesarios y al cumplimiento de obligaciones. De la misma forma, dentro de una interpretación restrictiva de las excepciones a la prohibición por parte del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones de carácter legislativo, no basta la mera existencia de una cuestión de “administración” para habilitar la delegación sino que debe justificarse con muy buenas razones porque el Poder Ejecutivo podría enfrentar en mayor y mejor medida que el Legislativo ese tipo de cuestiones.
Menos discusión merece aún la improbable idea de que pudiera existir una situación de “emergencia pública” que habilitara la presente delegación. Como sostiene Arzuaga, la “emergencia pública” es una “situación fáctica excepcional que altera negativamente a la sociedad o alguno de sus sectores, impidiendo la concreción del bien común al desestabilizarla institucional, económica o socialmente. De allí que la emergencia pública no es una materia, sino una circunstancia imprevisible o que siendo previsible es inevitable, de tal manera que ella podrá referirse a distintas materias“. Claramente, resulta complejo acreditar una situación de emergencia pública para fundar la presente delegación legislativa, cuando el mismo gobierno que impulsa la iniciativa da cuentas de superávit y liquidez suficiente.
Además, y como surge con toda claridad, el proyecto en crisis no fija ningún plazo para el ejercicio de la facultad delegada, sino que, por el contrario. Se trata de una delegación “permanente”, por lo cual resulta manifiestamente inconstitucional
Finalmente, tampoco establece “las bases de la delegación”. Este requisito responde a la necesidad de superar la tensión existente entre la delegación legislativa y la división de poderes. Por ello, como ya se adelantó, el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo la función de legislar (artículo 29 y 76, y artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo), pero sí puede transferir, en ciertas ocasiones, ciertos poderes para llenar los detalles no contemplados en la ley. A tal fin, la norma delegante debe establecer un patrón inteligible o política legislativa, que sirva de guía al órgano delegado y le impida apartarse de sus funciones.
Lo que no puede hacer es una entrega en blanco de la competencia, sino que debe establecer con toda claridad los límites y condiciones bajo los cuales estas atribuciones serán ejercidas (conforme lo sostenido por la Corte Suprema en el leading case Delfino). Es decir, el Congreso debe indicar suficientemente el campo en el cual la administración ha de actuar, de manera tal que se sepa si aquella se ha mantenido dentro de la voluntad de la ley.
Éste fue el criterio sostenido por diversos miembros de la Convención Constituyente de 1994. Sostuvo al respecto García Lema que “el Congreso debe definir la materia de la delegación y suministrar un patrón o criterio claro para guiar al organismo administrativo al cual se transfieren facultades”. Posteriormente y ya en una obra doctrinaria, agregó este autor que “la idea que anima esta prohibición [de la delegación legislativa], es que el Congreso no está habilitado para delegar en bloque en el Presidente todas sus facultades legisferantes, porque ello está impedido por el Art. 29 de la Constitución… Como consecuencia de esa regla, la delegación legislativa tampoco puede importar la transferencia, lisa, llana y definitiva de legislar sobre ciertos asuntos. Este segundo principio, establecido en la doctrina, ha sido ahora reconocido normativamente en el mencionado artículo 76, cuando preceptúa que el Congreso debe fijar “las bases de la delegación’” (García Lema, La delegación legislativa, en la obra colectiva La reforma de la Constitución, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994, Págs. 400/402. (el resaltado es propio).
El constituyente Gregorio Badeni también se manifestó por una interpretación muy restrictiva del artículo 76 como medio de evitar agravios a la división de poderes: “de todas maneras y atendiendo al carácter excepcional de esta delegación, su interpretación deberá ser sumamente restrictiva y jamás podrá conducir al absurdo de anular en la práctica política, no solamente la doctrina de división de poderes sino también la jerarquía del Congreso y su razón de ser constitucional. El principio general para el análisis de la delegación legislativa resulta del artículo 99, inciso 3º de la Ley Fundamental que en su segundo párrafo establece que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.”
La modificación buscada a la Ley de Administración Financiera no cumple con este requisito, ya que autoriza al Jefe de Gabinete a hacer uso de una atribución propia (dictar el presupuesto), sin límites precisos y sin siquiera establecer en qué supuestos pueden apartarse de lo aprobado por el Congreso. En definitiva, lo que el Congreso de la Nación hace es librar un cheque en blanco.
Al respecto, Quiroga Lavié se pronunció en el mismo sentido que el aquí propuesto con relación al proyecto de presupuesto para el año 1995 que contenía una disposición similar a la aquí impugnada, aunque referida a una Ley de Presupuesto. Sostuvo entonces que “… reputamos inconstitucional el Art. 14 del proyecto de presupuesto elevado por el Ejecutivo para 1995, pues allí se establecía la libre disposición de las partidas por parte del Ejecutivo, sin bases ni límites de ninguna especie. Eso y no aprobar el presupuesto es lo mismo. En tal caso una legislación de esta naturaleza debe ser materia de control por parte de la justicia” (Constitución de la Nación Argentina Comentada, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2000, 3º Edición, p. 390. El resaltado es propio).
Como ya se ha señalado, la importancia de que sea el Congreso Nacional quien establezca la forma en que se aplican los fondos públicos radica en que es el órgano con mayor legitimidad de origen, por cuanto se encuentra conformado por legisladores que representan al pueblo y a las provincias, los cuales son elegidos en forma directa por la ciudadanía. Además, es el órgano deliberativo de nuestro sistema democrático por antonomasia, y por tanto es el ámbito en el que mejor pueden determinarse las prioridades del país.
En sentido coincidente se expresa el profesor Bernard Schwartz, uno de los más destacados especialistas estadounidenses en derecho administrativo, al señalar las razones por las cuales el Poder Legislativo no puede delegar sus funciones básicas: “...En un sistema representativo es función de los representantes del pueblo efectuar las decisiones difíciles que son necesarias para fijar las políticas públicas significativas. Cuando el Congreso delega sus poderes en forma global, con la sola limitación de un vago estándar de ‘interés público’, está abdicando su trabajo de realizar las decisiones difíciles sobre las políticas públicas. Si, en consecuencia, las elecciones respecto de las políticas públicas son retiradas del proceso político, también son retiradas del control popular. Permitir que los representantes del pueblo se saquen de encima la responsabilidad respecto de las decisiones en temas de políticas públicas en beneficio de los expertos administrativos, es permitirles votar a favor del paternalismo y en contra de la democracia…”[6].
La consagración de los denominados “superpoderes” en la Ley de Administración Financiera constituye una franca violación a la división de poderes, consagrada en la forma republicana de gobierno.
Es de recordar que la doctrina de la separación de los poderes es una garantía a las libertades individuales. Se sostiene al respecto que este principio “constituye una respuesta al problema relativo a si la conducta de los gobernantes … debe o no estar encuadrada y limitada por normas jurídicas de derecho positivo. Esa respuesta, y por tanto esa doctrina, se concreta en la afirmación de que –con la finalidad de asegurar la libertad de los seres humanos- la actividad estatal –es decir, la de aquellos que se imputa al Estado- no debe estar totalmente en las mismas y únicas manos, sino que debe estar repartida entre distintos órganos”[7].
La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 ya establecía en su artículo 16 que “La sociedad en donde no estén garantizados los derechos ni esté establecida la separación de poderes, carece de Constitución”.
Si la finalidad del principio de separación de poderes es controlar el poder, posibilitar la libertad y garantizar los derechos de las personas, la violación a este principio pone en serio riesgo los derechos de los individuos, e importa la violación a las garantías individuales. Así se ha manifestado la doctrina: “La finalidad perseguida no es otra que evitar el desborde del poder y el peligro para las libertades personales que suscitaría la centralización en la toma de decisiones públicas. Por eso la concentración del poder es rechazada enérgicamente en el Art. 29 de la Constitución Argentina”[8].
Como consecuencia de este principio, el artículo 29 de la CN prescribe que “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”.
Efectivamente, el artículo 29 fue concebido por los constituyentes como una declaración de defensa del sistema republicano consagrado en el artículo 1º de la Ley Suprema. Sostiene al respecto Gelli que “El Art. 29 de la Constitución Nacional, protege expresa y preferencialmente los derechos a la vida, al honor y a la integridad del patrimonio, de las arbitrariedades de los gobernantes y garantiza la división e independencia de los poderes como una seguridad de aquellos derechos”[9].
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre el alcance de las prohibiciones contenidas por el artículo 29 CN, y afirmó al respecto que “La finalidad de la norma ha sido siempre impedir que, alegando motivos de urgencia o necesidad, el Poder Ejecutivo asuma facultades extraordinarias y la suma del poder público, lo que inevitablemente trae aparejada la violación de los derechos fundamentales del hombre libre, que la propia Constitución Nacional garantiza”[10].
Los “superpoderes” al Jefe de Gabinete deben ser valorados institucional y políticamente dentro de este contexto, puesto que se trata de una violación a múltiples normas constitucionales con el objetivo de ampliar las facultades del Ejecutivo al extremo de que en los hechos, el Parlamento se transforma en un órgano vacío de poder (pues se ve privado de ejercer su función principal), y las decisiones en materia parlamentaria que de éste emanan son potenciales “expresiones de deseo” en tanto pueden ser alteradas según el arbitrio de un funcionario que no es elegido por el voto popular.
El principio republicano de división de poderes impide que el Poder Ejecutivo ejerza la función legislativa. Precisamente, lo que nuestra Constitución busca es impedir que unos pocos tomen arbitrariamente decisiones sobre lo que nos concierne a todos. Gobernar por decretos de necesidad y urgencia o a través del abuso de las facultades delegadas es ignorar a los representantes legítimos del pueblo. O en otras palabras: ignorar la democracia y a sus instituciones.
DIPUTADA NACIONAL ARI
[1] Dispone este artículo que “El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros Poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención.
Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras”.
[2] Ekmekdjian “Tratado de Derecho Constitucional”, T IV, ed. Depalma, Buenos Aires, p. 467.
[3] Quiroga Lavié “La potestad de contralor del Congreso de la Nación”, La Ley, 28 de septiembre de 1984.
[4] Ob. Cit. Pág. 466.
[5] C.S.J.N., Fallos 148: 81, caso “Dellepiane c. Provincia de Tucumán”.
[6] Administrative Law. A Casebook”, Little, Brown and Company, 1994, Página 118.
[7] Mario Justo López, Manual de Derecho Político, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1994, 2ª edición, p. 391. El resaltado es propio.
[8] María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2003, 2ª edición, p. 19. El resaltado es propio.
[9] Ob. cit., p. 261. El resaltado es propio.
[10] Caso registrado en Fallos 309:1689, considerando 6º del voto conjunto de los jueces Petracchi y Bacqué, en la denominada “Causa 13”; en igual sentido se pronunció el ministro Fayt en el caso “Basilio Arturo Lami Dozo”, Fallos 306 (1): 911, considerando 7º; el resaltado es propio.
ARI FAILDE
Failde cuestionó la idea de canjear armas por dinero
“La entrega de armas no puede convertirse en una mera transacción comercial”, señaló el vicepresidente del bloque ARI de la Legislatura porteña, al referirse a la iniciativa del Gobierno nacional de canjear armas por dinero
El diputado porteño Pablo Failde, vicepresidente del bloque ARI en la Legislatura y miembro de la Comisión de Seguridad, criticó la iniciativa del Gobierno nacional de canjear armas por dinero.
“La iniciativa del Gobierno nacional sobre el desarme, en líneas generales, está en consonancia con los proyectos que trabajamos en la Ciudad. Sin embargo, la entrega de dinero efectivo que ha simple vista resulta atractivo para el canje, desnaturalizaría la razón principal de cualquier programa de desarme: generar conciencia sobre lo negativo que es la tenencia de un arma de fuego para así bajar los alarmantes niveles de violencia”.
Según manifestó el arista, “la entrega de armas no puede convertirse en una mera transacción comercial, ni derivar en un plan canje para la compra de armas más nuevas”.
Finalmente, Failde lamentó que “el Gobierno nacional actúe espasmódicamente y sujeto a los vaivenes de la coyuntura en lugar de elaborar un plan integral de seguridad”.
Salud, de la retórica a las propuestas
Naturalmente, todos los actores sociales y políticos del área de salud manifiestan permanentemente la necesidad de “garantizar el derecho a la salud”, pero en los hechos no se concreta esta aparente voluntad política. Si no fuera trágico, podría hasta resultar una comedia de enredos los dichos y los consecuentes hechos de los sucesivos ministros de Salud de nuestra provincia.
Enumerar las falencias de la infraestructura hospitalaria provincial, vetusta y descuidada desde hace muchos años, parece redundante; la falta de concursos para los profesionales, la precarización laboral, el trabajo en negro, incluso ad-honórem, hacen que no se incentive a los trabajadores, que sin embargo son los que mantienen en pie los hospitales públicos y los Samcos en toda la provincia.
No tenemos el objetivo de remover a la circunstancial ministra para favorecerque los prestadores o los laboratorios puedan reemplazarla por alguien afín a sus necesidades. Pero más allá del diagnóstico que hemos realizado permanentemente de la salud provincial, hemos acercado proyectos y propuestas concretas para mejorar gradualmente la situación.
En este sentido consideramos que debe derogarse la ley Samco, que fue gestada durante la dictadura de Onganía. Por ella se delegó en la comunidad y sus instituciones la responsabilidad de la salud del conjunto de los santafesinos.
Responsabilidad que debe ser exclusiva del Estado, en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, con los aportes correspondientes en ese sentido.
Es imperativo garantizar la universalidad, que le permita acceder a losciudadanos a una prestación de calidad en el hospital público, tanto desde los extremos norte como Gato Colorado y Florencia hasta el mismo sur de Rufino y
Teodelina, pasando por todo el territorio, incluso por los centros urbanos más concentrados como Santa Fe y Rosario.
El otro atributo fundamental es la gratuidad, que permita que todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia puedan acceder a la atención sin ningún tipo de costo.
En Santa Fe hemos cambiado varias veces de ministros y ministras, pero hay unaconstante falta de planificación, de financiamiento adecuado, de optimización de recursos y de eliminación de aranceles que se descargan a los pacientes, o
aún peor en la falta de pagos a proveedores. Constatamos que hay carencia de médicos, enfermeras, mucamas, empleados administrativos, maestranzas, odontólogos, kinesiólogos, bioquímicos, psicólogos, por citar sólo algunos de
los mayores requerimientos.
Todos los ministros hablan del APS (atención primaria de la salud), que es laestrategia que debe utilizarse; pero ¿en cuántos lugares de la provincia el equipo de salud realiza tareas preventivas?, ¿en qué lugar van en busca de los
pacientes más necesitados, como los desnutridos, para conocer en qué condiciones viven?, ¿cómo prevenir enfermedades? Esto sólo se hace aisladamenteM y por la buena predisposición de algunos trabajadores o profesionales de la
La ciudadanía debe saber que en muchos hospitales no hay un control responsablesobre infectología y tratado de residuos patológicos. ¿Cuántas vidas de esas niñas/os, madres se pueden evitar, si la APS se aplicara correctamente, si formáramos y trabajáramos con promotores de salud? Por ello reiteramos, lo del ARI no es sólo diagnóstico y críticas constructivas, sino que hemos hecho decenas de aportes. Desde esta ley de salud que hemos abordado en líneas anteriores, a otros proyectos como parto humanizado, prevenir embarazo adolescente, aplicación de normas de la OPS (Organización Panamericana de laSalud) para las mujeres que llegan a los hospitales públicos con abortos iniciados, obligatoriedad de vacuna contra la Hepatitis A. Además, presentamos
iniciativas para que se regule la ley de salud mental, para dar mayor presupuesto a la producción estatal de medicamentos, en educación sexual, una correcta atención en post-abortos, anticoncepción quirúrgica. También abordamos
temas candentes como desnutrición, Chagas, medio ambiente, toxicidades, agroquímicos, meningitis y drogadicción; enfermedades oftalmológicas;prevención cáncer ginecológico; reclamo de estadísticas y censos en salud; mortalidad infantil; niñez en riesgo; drogadependencia, por citar las más mportantes de las propuestas del ARI en salud.
Por eso cuando nuestro gobernador se manifiesta admirado por la salud cubana, debería reflexionar que esto se consigue con iniciativa política de otorgar prioridad a la salud, planificación y presupuesto adecuado, funcionarios y personal capacitados y bien remunerados, no hay demasiados secretos
ARI MARCELA RODRIGUEZ DIPUTADA NACIONAL Y ARISTA 100%
NO HUBO ACUERDO CON LA OPOSICIÓN
Diputados no tratará hoy la legislación delegada
El oficialismo debió postergar el debate del proyecto de ratificación de la prórroga por tres años de las normas dictadas por facultades delegadas antes de la reforma de 1994.
El ARI, a través de Marcela Rodríguez, recordó que hace dos años había advertido que la prórroga podía estar convalidando cuestiones que no estaban siendo analizada y se podría estar haciendo “pasar gato por liebre”.
Pero la reacción del oficialismo se produjo especialmente por el cambio de posición de la UCR, a cuyos diputados se les recordó que en 2002 y 2004 ratificaron la legislación delegada como un trámite forma sin siquiera discutirlo.
Al tomar conciencia de que no podría alcanzar los dos tercios para tratar el asunto sobre tablas en la sesión de la fecha, Urtubey anunció que pedirá en el recinto una preferencia para que la ley salga la semana próxima por mayoría simple de los votos.
Proyecto Los derechos de los niños y adolescentes serán divulgados por ley El diputado Strada presentó una iniciativa para que se legisle sobre la promoción de de los derechos y garantías de los más chicos.
El diputado provincial por el ARI, Aldo Strada, ingresó este miércoles un proyecto en la Cámara baja que propone la sanción de una ley de promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
ARI AMERICA GONZALEZ (EX FREPASO)
La opinión del Congreso
MARIA A. GONZALEZ (ARI)
“Hay plata de sobra”
“Nosotros presentamos proyectos desde 2005 para que las jubilaciones puedan actualizarse por el índice general de remuneraciones. Como no nos lo aceptaron en el presupuesto, lo transformamos en proyecto de ley. Planteamos que el mínimo de las jubilaciones no puede ser menor al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. Esto es para que haya un equivalente con los aportes y la actividad que tuvo. La jubilación tiene un carácter sustitutivo al sueldo, por lo que lo lógico es que ante cada aumento de salarios tiene que haber un aumento de jubilaciones. Nosotros pedimos el aumento del 25 por ciento para todos, no únicamente para los menores de mil pesos. La Corte falla sobre los de mil pesos porque no han recibido ningún aumento. Pero en realidad la movilidad la establece la Constitución y les corresponde a todos. La ANSeS tiene superávit pero lo maneja Alberto Fernández para lo que él quiere. Tienen que actualizar las jubilaciones, porque plata hay de sobra.”
ARI LO PROYECTAN EN TIERRAS DEL FERROCARRIL
Un proyecto de ley para que las tierras del denominado “Corredor Verde del Oeste“…
… que comprende el soterramiento de vías del ferrocarril Sarmiento, pasen a ser destinadas sólo a “espacio público”, fue presentado en la Legislatura porteña.
El proyecto, para otorgarle uso “Unidad Parque (UP)” a estos terrenos, que totalizan unas 70 hectáreas, lleva la firma de once diputados y fues presentado para impedir posibles negocios inmobiliarios.
En conferencia de prensa, el legislador porteño por el ARI, Enrique Olivera, anuncio el Proyecto acompañado de diapositivas con distintos aspectos del propuesto “Distrito Corredor Verde del Oeste”.
Al quedar asignada esta superficie al uso público, para lo que será modificado el Código de Planeamiento Urbano, impedirá “el enorme riesgo que significa la posibilidad de que el tren quede soterrado y se vendan las tierras logradas y se levanten allí edificios”, consignó Olivera.
Según versiones periodísticas, el ONABE, organismo nacional que administra las tierras ferroviarias, estaría estudiando solventar las obras de soterramiento con la venta de esas tierras.
“Pero, ocurre que con esta ley aprobada, si el Gobierno nacional decide igual vender estas tierras, su uso quedará limitado al nuevo destino que dispondrá el CPU”, destacó el
La primera parte del proyecto “Corredor Verde del Oeste” ya está licitado y comprende el soterramiento de las vías en el sector comprendido entre las estación Once y la calle Gascón.
En el proyecto en cuestión se destaca “un componente esencial” a los “terrenos lindantes a las vías del ferrocarril, particularmente los de los barrios Caballito y Liniers, codiciados
por su alto valor inmobiliario”.
Otras de las ventajas que tendría la aprobación de este proyecto de ley, sería que “al quedar superados 23 cruces de barreras, se agilizaría el tránsito y también podría permitir
mayor frecuencia en el servicio de trenes, un beneficio que comprenderá unos 100 millones de pasajeros anuales”.
Los otros legisladores firmantes son: Guillermo Smith, Alejandro Rabinovich, Facundo Di Filippo, Liliana parada, Teresa de Anchorena, Fernando Cantero y Juan Manuel Velasco, todos del ARI y Jorge Sanmartino, de Recrear
ARI LOMAS DE ZAMORA
“Riachuelo, un río que mata”
Con la presencia del Diputado de la Ciudad de Buenos Aires Facundo Di Filippo (ARI), el Diputado Provincial de la Provincia de Buenos Aires Walter Martello (ARI), el abogado ambientalista Enrique Viale, representantes de ONGs ambientalistas de los municipios lindantes al Riachuelo y vecinos.
El encuentro consistirá en un debate sobre la problemática de la cuenca y sus posibles soluciones.
Martes 15 de agosto, 19 hs, en el salón auditorio de la Biblioteca Mentruyt. Italia 44, Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires.
Partido ARI Lomas de Zamora
ARI MARTA MAFFEI EN ROSARIO CHARLA DEBATE
La Diputada Nacional por el ARI Marta Maffei brindará una conferencia de prensa con motivo de la charla sobre “La Educación que queremos”. La misma se llevará a cabo el día 11 de agosto a las 17:00 hs., en la Delegación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, sita en calle Santa Fe 825 de la Ciudad de Rosario.
DEBATE POR UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN
Diputada Nacional por el ARI
“CHIQUI” GONZÁLEZ
Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario
Diputada Provincial por el ARI
Participemos para que la discusión por una nueva ley de educación no sea una ficción ni una imposición del gobierno.
EL DERECHO A LA EDUCACIÓNen el marco del ciclo
“DEFENDIENDO DERECHOS”
Actividad organizada por el bloque de diputados del ARI de Santa Fe
Nos convocamos a pensar, delinear, debatir y definir una plataforma común de derechos de los ciudadanos para los próximos años
VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2006 – 18:30 Hs.
AUDITORIO DEL BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
SAN MARTÍN 730 – 3º PISO
INSEGURIDAD EN EL TREBOL Y DPTO.SAN MARTIN
El ARI reclama en materia de seguridad pública y solicita prontas respuestas, ante los graves hechos delictivos acaecidos en El Trébol y el Dpto. San Martín
La Diputada Provincial del ARI Dra. Alicia Gutiérrez, acompañada por el Bloque del ARI, ha presentado un proyecto solicitando informes y respuestas ante los graves, preocupantes y lamentables hechos delictivos sucedidos durante los últimos meses, los cuales han creado pánico entre los pobladores, y que principalmente tuvieron lugar en la ciudad de El Trébol y en distintas localidades del Departamento San Martín, teniendo en general como víctimas a personas de la tercera edad.
La presentación de la Diputada se fundamenta situaciones poco comunes en la región, que en poco tiempo se han sucedido variados intentos de robos, hurtos calificados, privación de libertad con golpes y torturas, llegando en uno de ellos a la amputación de un dedo meñique de una señora de casi ochenta años de edad, y en otros casos hasta el asesinato.
La Diputada Gutiérrez cree factible que para la realización de estos hechos se hayan realizado trabajos de inteligencia previa, lo que haría suponer que no se trataría de hechos aislados, sino que estaríamos ante la presencia de organizaciones delictivas con violencia en su accionar., y que es muy probable que de no actuar con celeridad y eficacia, esta problemática delictiva se prolongue en el tiempo, como lo estarían indicando los seguidilla de sucesos descriptos.
También plantea Gutierrez que lo señalado hace pensar en probables falencias de la labor preventiva y del patrullaje policial, atribuible tal vez a la falta de recursos humanos y materiales, y/o a la inadecuada planificación de las acciones preventivas por parte de las autoridades superiores. La supuesta liberación de zonas planteadas por muchos vecinos, ameritan que el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial comiencen a dar respuestas serias, tanto en la inmediata toma de medidas para evitar que ocurran mas hechos de este tipo, como para investigar lo sucedido y actuar en consecuencia.
Expresa también que las políticas de seguridad pública deben estar fuera de todo tipo de compulsa política y deberían ser verdaderas políticas de estado que garanticen el derecho ciudadano a una seguridad integral, ejecutándose y llevándose a la práctica desde instituciones con manejo transparente, participativo, eficiente y eficaz.
ARI AVELLANEDA
PIDEN DETALLE SOBRE EL TRASLADO DE LAS FAMILIAS DE VILLA INFLAMABLE
Javier López Martínez, concejal del ARI, presentará en la próxima sesión un pedido de informe para aclarar cuestiones vinculadas al anuncio oficial sobre el traslado de 286 familias de un predio contaminado. Le preocupa el destino de aquellos que no entraron en la reubicación anunciada y espera que se apliquen criterios justos.
Luego de que, el 31 de julio último, el intendente Baldomero Alvarez de Olivera anunciara la compra de terrenos donde –según afirmó- serán trasladadas 286 familias del asentamiento denominado Villa Inflamable (eufemismo que ilustra la situación ambiental del barrio, instalado dentro del Polo Petroquímico de Dock Sud), diversas voces de Avellaneda han señalado huecos informativos en la difusión de la noticia.
Al respecto, el concejal del ARI Javier López Martínez, prevé presentar en la próxima sesión legislativa, un pedido para que se amplíe detalladamente cuál es el plan diseñado para el traslado de los beneficiarios.
“Esta es una situación que se repite”, señaló López Martínez, “tiempo atrás presentamos un pedido de informe sobre los anuncios sobre el traslado de 12 empresas del Polo Petroquímico para saber qué empresas eran, los motivos que impulsan el traslado, los criterios de evaluación que se usaron y sus resultados, además de los rubros de actividad y fecha de traslado”.
En diálogo con InfoRegión, el concejal del ARI explicó que, en breve, solicitará que se trate sobre tablas un nuevo pedido de informe, ahora sobre los traslados de las familias: “nos parece importante la decisión y vamos a acompañarla, pero nos surgen un montón de dudas y preguntas al respecto, porque hay varios detalles de los cuales no sabemos nada”, sostuvo.
Entre las informaciones que quedaron afuera de los anuncios oficiales, López Martínez enumera: “no sabemos cuál es el lugar exacto al que se trasladaría la gente, cuáles fueron los parámetros de evaluación adoptados para elegir a las 286 familias”, dice y agrega que “pediremos se nos informe si se adoptó alguna medida sanitaria de tipo toxicológica y de control de enfermedades, porque el tema no es sólo sacar a la gente del predio contaminado sino actuar sobre la salud, tanto ahora como luego de su reubicación. También queremos saber cuál es el plazo establecido para la construcción del nuevo barrio, si tiene partidas asignadas y el monto”.
Además, el edil piensa que el traslado tiene que ser íntegro y con criterios justos, ya que “no puede ser que saquen menos de la mitad de las familias y al resto los dejen donde están. Es fundamental conocer en qué plazo está programada la reubicación de los otros grupos familiares porque son más de 700 familias las que viven en Villa Inflamable”.
Por último, López Martínez se refirió también acerca del destino de las tierras hoy habitadas, señalando que se pregunta “si hay alguna medida que se vaya a adoptar para sanear el lugar, o si se va a hacer algún convenio con las empresas para solucionar la contaminación”. “En definitiva”, concluyó, “hay que reconocer que el problema ambiental compromete a las empresas que operan en ese lugar”.
ARI CARRIÓ-RODRIGUEZ-PÉREZ
Los diputados del ARI Elisa Carrió, Adrián Pérez y Marcela Rodríguez pedirán que la Justicia declare la inconstitucionalidad de los superpoderes
Los diputados Nacionales por el ARI, Elisa Carrió, Marcela Rodríguez y Adrián Pérez presentarán una acción judicial pidiendo la inconstitucionalidad de la Ley de superpoderes sancionada por el Congreso argentino, porque es hora de “terminar con una voracidad sin límites que todo lo coopta”.
“La Constitución es muy clara al establecer que la asignación y reasignación de partidas y recursos públicos es una facultad exclusiva y excluyente del Parlamento Nacional como ambito de mayor legitimidad democrática y de pluralidad de representaciones políticas, sociales y geográficas”, dijeron los diputados aristas al anunciar que la presentación judicial la harán los primeros días de la semana entrante.
Carrió, Rodríguez y Pérez sostienen que “mediante esta Ley el oficialismo le arrebatan facultades propias al Parlamento para que el jefe de Gabinete pueda hacer con el dinero de todos lo que quiera“.
Frente a un sistema corrupto y autoritario la alternativa es el liderazgo de Elisa Carrió
Los representantes del partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI) de todo el país, reunidos en la ciudad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa, declaramos:
Que, frente a un gobierno autoritario que avasalla las instituciones con una inusitada voracidad de poder, nos vemos obligados a alertar a la sociedad sobre los riesgos a los que se enfrenta nuestro país; y en este sentido, resulta imprescindible profundizar la construcción de una alternativa democrática y republicana basada en una igualitaria distribución del ingreso con un fuerte componente moral.
Que, como hemos venido sosteniendo a lo largo de nuestra breve historia, esa alternativa no se edifica con aquellos que participaron del saqueo de la Nación, pero tampoco con los que han hecho de su práctica política una contradicción constante de sus discursos. La Argentina del porvenir crecerá de la mano de los que han dado testimonios de lucha en su praxis y no sólo en sus palabras.
Que hoy mas que nunca, no podemos hacer lugar a aquellos que con excusas diversas y bajo un disfraz democrático, pretenden horadar el liderazgo de Elisa Carrió con el único fin de hacerle la venia a éste poder hegemónico de prácticas fascistas.
Que el ARI no nació, ni se convertirá en una oligarquía partidaria que se apropie de los valores que le dieron nacimiento para ponerlo a la mesa de saldos en la que se convirtió la política argentina.
Los militantes, dirigentes y legisladores del ARI seguimos creyendo, tal como lo expresamos en diciembre del 2003 e insistimos en noviembre del 2005, en la intransigencia como el único modo de enfrentar el actual sistema político, así como en nuevas prácticas y conductas (transparencia, prohibición de financiamiento privado empresario, políticas sociales universales y firme oposición al clientelismo) como el presupuesto ineludible de la conformación de cualquier tipo de acuerdo.
Así, comienza hoy, en la ciudad de Santa Rosa, una nueva etapa que asumimos en este acto: la responsabilidad de afianzar al partido ARI a lo largo y lo ancho del país como una herramienta consistente que permita garantizar el respaldo insoslayable que necesita nuestra líder para el arduo camino hacia la conducción de la Nación.
Como dijimos en la Declaración de Mendoza el 27 de mayo pasado, el ARI no conformará alianzas electorales con estructuras partidarias tradicionales, porque constituidas al sólo efecto de lograr mejores resultados electorales, volverán a fracasar estrepitosamente por no estar precedidas de un fuerte compromiso ético y un testimonio de principios y conductas.
Asumimos el compromiso de desarrollar una articulación entre la Junta Ejecutiva Nacional y las Juntas Provinciales, así como de éstas con las distritales, con el fin de desarrollar un diálogo efectivo que permita asegurar estrategias y acciones coherentes en todo el país.
Avalamos la generosa decisión adoptada por nuestra líder y candidata a Presidenta de los argentinos Elisa Carrió en su convencimiento de tomar una cierta distancia de la estructura partidaria con el objetivo de potenciar el necesario crecimiento de nuevos dirigentes y fortalecer el desarrollo democrático del ARI, así como nuestra confianza y respaldo a su liderazgo y su decisión de recorrer y dialogar con las asociaciones sociales, gremiales, religiosas, políticas, estudiantiles y culturales de cara al nacimiento de una nueva República.
Nuestra convicción y la de millones de argentinos es que, frente a un sistema corrupto, autoritario y excluyente que sólo busca la cooptación para acrecentar su poder, y que además pretende digitar una oposición dócil y cómplice, la única figura capaz de aglutinar y construir una alternativa republicana y con justicia social es Elisa Carrió.
Santa Rosa, La Pampa, 5 de agosto de 2006.
ARI MAFFEI EN ROSARIO
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN “DEFENDIENDO DERECHOS”
ARI MARCELA RODRIGUEZ DIPUTADA NACIONAL
LA PERSONA DE MAYOR CONFIANZA Y CAPACIDAD DEL ARI DE CARRIÓ
MARCELA RODRIGUEZ.
“Discrepamos”
Es una de las personas de mayor confianza de Elisa Carrió, con quien trabaja desde 1996, aunque ingresó a la política en los ochenta, en una comisión asesora del entonces presidente Raúl Alfonsín. Como diputada, este año, Marcela Rodríguez protagonizó una fuerte discusión con la líder del ARI por el proyecto de ligadura de trompas.
–¿Ese debate aceleró el paso al costado de Carrió?
–No, ya lo tenía decidido. Además, esa discusión de ligadura de trompas la tenemos hace diez años, sólo que esta vez se llevó al debate público.
–¿Cómo se puede conciliar la “intuición de liderazgo” de Carrió con las instancias democráticas del partido?
–Puede ser un dilema complejo. Ella tiene una intuición política. Lo que algunos llaman místico es una percepción de la realidad que le hace adelantarse a cuestiones que no vemos. Me parece que se pueden compatibilizar. Cuando tiene una intuición, la discutimos. También se puede equivocar, como cualquiera.
–¿El resultado es que confían en lo que plantea o se debate en conjunto?
–Depende también de cuán convencida está una de la posición contraria. Admito que en cosas concretas, hubo veces que pensé lo contrario. Cuando hacíamos amparos contra las privatizaciones, yo le decía que no tenía sentido. Ella me decía que siguiera. Y ganamos los posteriores. Tuvo razón y yo me equivoqué.
BASURA CERO EN EL 2020.
Presentan el proyecto aprobado en la legislatura de Buenos Aires y una carta de objetivos para nuestra ciudad.
Miércoles 10 h. Bar Olimpo. Mitre y Urquiza.
El concejal por el ARI Carlos Comi anunció que mañana brindara una conferencia de prensa junto a dirigentes de entidades ambientalistas y legisladores de la ciudad de Buenos Aires sobre el tema basura cero.
* Juan Manuel Velazco. Legislador del Ari. Autor de un proyecto sobre basura cero en la ciudad de Buenos Aires.
* Cecilia Allen. Gaia. Alianza Global Anti Incineración.
* Greenpeace Buenos Aires.
* Sergio Rinaldi. Taller Ecologista Rosario.
* Fernando Leva. La Comuna.
* Carlos Comi.
prensa – bloque ari
8 eago
Carrió ratificó su rechazo a conformar alianzas electorales
Carrió declaró a radio La Red que “democráticamente y por inmensa mayoría” la dirigencia del ARI “ratificó la intransigencia moral”, lo que definió como “no hacer acuerdos con la partidocracia tradicional” para enfrentar al oficialismo en las elecciones.
ARI SAN JUAN
La Cruzada y el ARI, cerca
Desde las distintas fuerzas políticas se encargan de poner un freno y aclarar que falta mucho. Sin embargo, las conversaciones pensando en un potencial frente electoral para el año 2007 ya comenzaron. ese es el caso del ARI y la Cruzada Renovadora, han mantenido charlas y que comparten la premisa de ser oposición al justicialismo a nivel provincial y nacional.
Los contactos fueron entre la presidenta del ARI en San Juan, Claudia Rosas, y la ex senadora Nancy Avelín. Las dos son amigas personales y, aunque aún no hay definiciones, la seguidora de “Lilita” Carrió dejó abierta la posibilidad de una sociedad con la fuerza que lidera el ex gobernador Alfredo Avelín. “Hablé con Nancy y un frente es algo posible, porque hay muchas coincidencias”, aseguró la titular del ARI.
Los acercamientos con la Cruzada no son los únicos que ha entablado el ARI. También hubo conversaciones con dirigentes bloquistas y radicales, pero no de carácter partidario. La idea es formar un frente electoral de oposición, intención a la que adhiere el ex radical Diego Seguí, que manifiestamente ha reconocido sus buenas migas con la fuerza que tiene a Carrió como candidata a presidente.
Rosas prefirió no dar nombres “porque cada dirigente está sujeto a una decisión partidaria”. De todos modos, fuentes calificadas dijeron que hubo charlas con el bloquista Juan Domingo Bravo, con Rubén Miranda, del Partido Socialista, y con el titular de la UCR, Alfredo Marún, aunque con este último hay diferencias sustanciales por las candidaturas nacionales.
ARI FERNANDO CANTERO DIPUTADO CIUDAD DE BUENOS AIRES
“Aníbal Ibarra nos sigue mintiendo”
Así ser refirió el Diputado Fernando Cantero Presidente del Bloque ARI de La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre las declaraciones que realizó el destituido ex jefe de Gobierno a distintos medios al enterarse de la medida que dictó la jueza de instrucción Maria Angélica Crotto que en una resolución compuesta de 156 carillas consideró insuficientes los elementos de prueba contra el ex funcionario, que había sido por “homicidio culposo” e “incumplimiento de los deberes de funcionario publico”
Ibarra sigue mintiéndole a la gente, y no asume su inutilidad, no pude ser que a esta altura de los acontecimientos nos siga faltando el respeto.
El se olvida que los Legisladores de las distintas salas (Investigadora, Acusadora y Juzgadora) conformadas por el mayoritario arco político lo declaró RESPONSABLE POLITICO
A mi me resulta muy difícil desvincularme de tanto dolor, y este señor con un fallo en 1° instancia se lava las manos y no asume su responsabilidad.
Nosotros vamos a acompañar a los familiares de las victimas de Cromagnon en las instancias posteriores del proceso, para que no se repita.
Fernando A. Cantero
ARI Jorge Bosque PARTIDO DE ECHEVERRÍA
El Radicalismo, Cambio Jujeño, MPJ y el PI rechazaron la reforma
El Radicalismo, ARI- Cambio Jujeño, Movimiento Popular Jujeño y el Partido Intransigente expresaron ayer su “NO rotundo” a la modificación de la Carta Magna provincial. Se habló de una posible “crisis de liderazgo” en el PJ, se aclaró que lo que persigue este ámbito es la reforma política y que ésta no es sinónimo de reforma constitucional, y se mencionaron a los “satélites del Oficialismo” como los únicos convocados a debatir este tema.
En conferencia de prensa efectuada ayer en un hotel céntrico, los máximos referentes partidarios de estos 4 sectores afirmaron de manera verbal y escrita las razones de rechazo a la pretensión del Justicialismo de modificar la Carta Magna, fundamentadas en impedir la reelección del actual gobernador.
En primer término, el presidente del Comité provincia de la UCR, Juan Carlos Robles, enfrentó la actitud oficialista de “venta de adhesiones” al resto de los partidos, y anticipó que otras agrupaciones políticas tomarán idéntica postura en los próximos días.
Al mismo tiempo, expresó que “las crisis cíclicas del PJ no pueden poner en vilo a la provincia” y dijo creer que actualmente se atraviesa una “posible crisis de liderazgo, donde no hay otra alternativa que no sea Fellner”.
Recalcó que la reforma constitucional debe hacerse en otra oportunidad, entendiendo que la única pretensión de consecución en el mandato “pone en peligro el sistema representativo, republicano y federal”.
Criticó además la metodología desarrollada por el Oficialismo para avanzar en la discusión del tema, afirmando que “no se puede resolver un problema de gestión llevando todo a la constitución”.
El “sí” a la reforma política
Emilio Guidi, referente del Movimiento Popular Jujeño, aclaró que la Reforma política que reclama la ciudadanía “no es sinónimo de Reforma Constitucional”. Por ello, manifestó la intención de perseguir una representatividad mayor de la ciudadanía, el fin de las listas sábanas y otros cambios que podrían efectuarse elaborando nuevas leyes y cumpliendo los lineamientos de la Carta Magna actual.
En tanto, expuso que “los únicos que fueron invitados a la ronda de consulta son los satélites del oficialismo”, minimizando los anuncios de una amplia convocatoria a debatir estos aspectos con el resto de los movimientos partidarios locales.
Finalmente, el representante de ARI-Cambio Jujeño Federico Medrano manifestó que el modelo perseguido por el PJ tiende a “resolver la crisis del partido gobernante”.
En cambio, se mostró a favor de un “cambio de conductas y el trabajo en nuevas normas para abrir las puertas de los partidos, recuperar la mística y la capacitación” en este ámbito.
Finalmente, remarcó la necesidad de reformular el Código Electoral, e impedir “que la crisis del Oficialismo se traslade al conjunto de la ciudadanía jujeña”.
ARI JUJUY CON RADICALES NO A LA REFORMA
Partidos de la oposición unidos para ratificar el NO a la Reforma
El día lunes al medio día los dirigentes de los partidos políticos: Movimiento Popular Jujeño, Partido Intransigente, Cambio Jujeño ARI y la Unión Cívica Radical, en una conferencia de prensa, ratificaron el no rotundo al Reforma Constitucional y en especial a la re reelección del gobernador.
La conferencia de prensa tuvo como objetivo principal repudiar la actitud adoptada por el justicialismo, que trata de “comprar adhesiones”, según las declaraciones de estos dirigentes políticos.
Juan Carlos Robles presidente de la UCR, afirmó que esta conferencia surgió de forma espontánea para evitar confusiones en la comunidad ante las declaraciones del justicialismo de haber conseguido adhesiones, es por ello que recalcó la postura del partido en contra de la reforma.
Agregó que no pude ser que la crisis cíclica que sufre el radicalismo mantenga en vilo la provincia.
Robles afirmó que la reforma debiera hacerse en otro momento, y que no debiera primar la necesidad de la reelección, por que esto pone en peligro al sistema democrático y al sistema republicano y federal.
Con respecto al sistema republicano federal sostuvo, que al no sancionarse la ley de coparticipación municipal, no hay federalismo en la provincia.
También agregó que la pretensión de la reelección,” lo único que hace es tender al unicato y concentración del poder público”.
“Queremos decir que no estamos de acuerdo con la reelección y con la metodología que se aplica desde el justicialismo” reiteró, agregando “que no estamos de acuerdo con la compra de voluntades que empezó a materializarse la semana pasada, que esto va quedar en la historia negra de la política de la provincia. Y las consecuencias las vamos a empezar a sufrir en los años próximos”.
Enfatizó “entendemos que debe cumplirse la constitución provincial vigente, por que si seguimos con esta metodología, los problemas de transporte y de medio ambiente deberían ser elevados ala constitución.”
También denunció que es mentira que esta gestión de gobierno es exitosa, sostuvo que al contrario, ya que tenemos una provincia estancada “Creo que esto deja en claro que llevamos 10 años de estancamiento y fracaso”.
Emilio Guidi, presidente del Movimiento Popular Jujeño, expuso que desde el PJ se está tratando de confundir a la opinión publica, haciendo de la reforma política que la comunidad demanda un sinónimo de reforma constitucional, “y esto no es así”.
Explicó que todas las demandas de la sociedad se pueden atender sin reformar la Constitución sino trabajando sobre la legislación vigente.
“Esto es una trampa, ya que lo único que se busca es la re reelección del gobernador”.
Guidi explica que esto atenta contra la democracia, por que consideró que “la alternancia del poder es lo que permite cambiar de rumbo a las diferentes políticas” sostuvo el presidente del Movimiento Popular Jujeño
ARI ENRIQUE OLIVERA
El objetivo del diputado porteño con esta iniciativa es impedir la comercialización de los terrenos públicos aledaños a las vías del ex Ferrocarril Sarmiento
La chaqueña Lilita Carrió, quien decidió dejar la conducción partidaria, logró que el ARI reunido en plenario durante el fin de semana definiera que será ella la candidata a presidente por el espacio
ARI RÍOA-GORBACZ DIPUTADOS NACIONALES
ARI injuria a la DiputadaCcarrió
Además, aclaró: “Todas mis actividades son a la luz pública, a mí me pueden controlar todo lo que quieran, que todo lo que hago, lo sabe todo el mundo”.
“Queremos estar representados en todo espacio donde se discuta sobre las Islas”
La funcionaria añadió que “el accionar de este Agente Interlocutor debe enmarcarse en la reivindicación de un espacio propio de acción internacional que, sin competir con la política del Estado Nacional, no confine a Tierra del Fuego a la inacción
“Nadie le podrá ganar a Kirchner en el 2007″, dijo Carrió
ARI FABIANA RIOS DIPUTADA NACIONAL
La diputada de ARI recela de la Policía Aeronáutica
Ríos no cree que el PJ apruebe la interpelación al ministro Pampuro
– La diputada nacional por el ARI, Fabiana Ríos impulsa el proyecto de interpelación al ministro de Defensa. Pero cree que el PJ en Diputados no lo aprobará. La legisladora cree que es “lo mejor que le puede pasar al Presidente y al país” porque sumará transparencia al escándalo de narcotráfico a España detectado en Ezeiza. Carrió insistió en la “existencia de una zona liberada” en Patagonia.
La diputada nacional de ARI, Fabiana Ríos que impulsa la interpelación legislativa al ministro de Defensa, José Pampuro por el escándalo del tráfico de drogas a España desde el Aeropuerto de Ezeiza, adelantó que el proyecto no prosperaría en la Cámara Baja, donde el oficialismo tiene la mayoría.
Ríos aclaró que espera que el bloque justicialista “acceda a la petición porque si ese bloque no quiere, la interpelación no se va a hacer”, admitió.
Ríos consideró que “el pueblo argentino, a través de sus representantes, tiene la libertad y la necesidad de saber qué está pasando en materia de seguridad aeroportuaria y en la Policía Aeronáutica Nacional”, indicó.
La diputada dijo que este es un tema que lleva un largo tiempo de tratamiento en el Congreso y señaló que “Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene el control del tráfico aéreo civil, en manos de una fuerza dependiente de una de las Fuerzas Armadas”.
En ese sentido Ríos señaló que “la PAN no está integrada en la Ley de Seguridad Interior” y que la fuerza “tampoco está encuadrada en la Ley de Defensa” porque tienen “su propio Decreto Ley de Creación que es de 1977”.
Para la diputada resulta “inadmisible” que el ministro Pampuro haya salido el martes pasado “a sostener al Jefe de la PAN, diciendo que se había hecho lo correcto y que si se había pasado droga era responsabilidad de una empresa privada”.
Entonces, Ríos acusó a Pampuro de “no hacerse cargo de las funciones que por reglamento de seguridad de aeronáutica le correspondían claramente a la PAN”.
Ríos recalcó que “en los últimos años el tema del narcotráfico se trata con un grado de hipocresía muy grande” y reclamó que el pedido de interpelación al ministro Pampuro “es lo mejor que le puede pasar al propio Presidente y al país para intentar aclarar este tema”.
Al proyecto de Ríos se suman las declaraciones realizadas hoy por la fundadora de ARI, Elisa Carrió a Radio Mitre recordando que “yo dije hace tres meses que en Aduana hay zonas liberadas en la Patagonia”.
La ex diputada destacó que “en Ezeiza la zona liberada la garantiza la Policía Aeronáutica, si es otro lugar la garantiza o la policía u otra fuerza encargada del control de las drogas o la Aduana o quien sea, pero lo cierto es que no hay Estado, es decir, si nadie ve por dónde pasa el bulto eso se llama zona liberada”.
ARI BLOQUE
Terrenos intrusados en la Margen Sur de Río Grande
Vecinos reclaman la colocación de canillas comunitarias y contenedores de basura en Río Grande
El bloque de ARI riograndense reclamó a la municipalidad que intervenga y brinde soluciones a las familias asentadas en la Margen Sur de aquella localidad. Venció ayer el plazo para que el municipio habilite una canilla comunitaria y contendores de basura en la zona. El concejal Gustavo Longhi analiza presentar un proyecto de ordenanza que exija al Ejecutivo cumplir con la disposición
15-2-2006 – (09:25) – El concejal riograndense, Gustavo Longhi (ARI) recordó al Ejecutivo municipal de esa localidad el vencimiento del plazo para que conecte una canilla comunitaria y disponga contenedores en los terrenos usurpados del Fondo Residual, ubicados en la Margen Sur. El edil adelantó que si el intendente no garantiza los servicios básicos a las familias presentará un proyecto de ordenanza que exija el cumplimiento de la disposición.
“El municipio debe brindar una solución urgente”, razonó el edil y aclaró que “no se trata de legitimar una situación irregular sino que se busca encontrar solucionar una necesidad primaria que hay que resolver”.
Longhi halló en el Ejecutivo municipal “escasa voluntad política para brindar una solución a las familias” y recordó que el bloque del ARI advirtió a los integrantes del Gabinete “la necesidad imperiosa de colocar el vital elemento que es el agua potable”.
El concejal admitió que el propietario de la tierra debe solucionar “la cuestión elemental de la urbanización” pero indicó que ante esta situación “es el municipio el que tiene una responsabilidad indelegable que es garantizarle condiciones mínimas a los ciudadanos que viven en Río Grande”.
ARI solicita la instalación sobre la calle Tolhuin de Río Grande de 2 canillas comunitarias y algunos contenedores para el depósito de basura.
ARI FABIANA RÍOS DIPUTADA NACIONAL
El pago por ‘zona fría’ es percibido por algunos trabajadores de Tierra del Fuego y, entre quienes reciben el beneficio, existen diferencias porcentuales.
DIPUTADOS 2005 Por 44 votos, pero falta escrutar una mesa
El ministerio del Interior le adjudicó al ARI la segunda banca en disputa
– El sitio web del ministerio del Interior le asigna al candidato de ARI, Leonardo Gorbacz la segunda banca en disputa en Tierra del Fuego. El escrutinio oficial le reporta al ARI 44 votos de diferencia sobre el empresario portuario Jorge Lechman, lo que revierte los 18 votos a favor del mopofista difundida por el búnker del MPF. Está pendiente Antártida donde Lechman le saca dos votos más a Lechman.
23-10-2005 – (22:45) – El sitio web del ministerio del Interior le asigna al candidato de ARI, Leonardo Gorbacz la segunda banca en disputa en Tierra del Fuego. El escrutinio oficial le reporta al ARI 44 votos de diferencia sobre el empresario portuario Jorge Lechman, lo que revierte los 18 votos a favor del mopofista difundida por el búnker del MPF.
Según fuentes extraoficiales, la mesa que falta escrutar corresponde a los electores de la Antártida, donde se impuso el candidato del Partido Federal Fueguino, Alejandro Bertotto. La diferencia sería irreversible porque en el continente blanco el ARI logró 9 votos y el MPF apenas 6.
El website del ministerio del Interior reporta los siguientes resultados oficiales, escrutadas 211 de la 212 mesas dispuestas en Tierra del Fuego.
Según la información sobre un padrón total de 76.940 electores, votaron 55.573, el 72,23%
El Frente para la Victoria obtuvo 16.893 votos, el 32,83% y ganó una banca que corresponde a la diputada nacional Rosana Bertone y el ARI obtuvo 9492, el 18,45%. El website oficial no indica la cantidad de votos en blanco, nulos y recurridos.
Resultados oficiales escrutadas 211 mesas de 212
Frente para la Victoria 16.893 votos, el 32,83%
Afirmación para una República Igualitaria, 9.492 votos, el 18,45%
Movimiento Popular Fueguino, 9.448 votos, el 18,36%
Partido Unión y Libertad, 8.321 votos, el 16,17%
Partido Humanista, 2.808 sufragios, el 5,46%
Partido Federal Fueguino, 1.985 votos, el 3,86%
Partido Socialista, 1.799 votos, el 3,50%
Partido Unidad Federalista, 704 votos, el 1,37%
ARI Leonardo Gorbacz
“Sinceramente pensé que la respuesta iba a ser otra, y que este ministro se iba a animar a cerrar las cajas de los hospitales en lugar de dedicarse a defenderlas. Si es cierto que los que pagan son menos del 1% de las personas, entonces está claro que no hay siquiera razones económicas para continuar con este mecanismo. En consecuencia está claro que las cajas están por convicción filosófica, ni siquiera por pragmatismo”, enfatizó el diputado. Y agregó: “si seguimos por este camino, en cualquier momento van a poner oficinas de acción social en las escuelas, para ver quien merece realmente educación gratuita y quien debiera pagar. Evidentemente, si Guidalevich fuera Ministro de Educación, estaría viendo quien puede pagar”.
Es porque mañana vence el mandato de los representantes de los abogados
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA APURA EN SECRETO EL TATAMIENTO DEL JURY CONTRA DE GAMAS
– Los consejeros quieren resolver mañana, en secreto, el pedido de jury contra el juez De Gamas solicitado por Poder Ciudadano. Tratan de destrabar la situación del magistrado antes de que el Consejo entre en receso porque se quedará sin dos de sus siete integrantes. Poder Ciudadano amplió hoy la denuncia contra el magistrado y la ong local, Participación Ciudadana presentará mañana un tercer pedido de enjuiciamiento. La diputada de ARI Marcela Rodríguez consideró que De gamas habría incurrido en el presunto delito de “manipulación de pruebas” durante el proceso de la AMIA.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego tratarán mañana en secreto, uno de los pedidos de juicio político presentado por la ong Poder Ciudadano en contra del juez Penal, Javier De Gamas Soler por su actuación en la causa que instruyó contra el director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Guillermo Worman, tras la denuncia radicada por el cortesano Ricardo Klass cuando le modificaron una reserva aérea en el Aeropuerto metropolitano.
Los consejeros buscan acelerar el tratamiento de la situación de De Gamas porque mañana expira el mandato de los representantes de los abogados de Ushuaia, Mario Vandoni y de Río Grande, Gerardo Agostino por lo que el Consejo de la Magistratura entrará en un receso hasta que la Justicia resuelva si permite incorporar al padrón electoral del Colegio de Abogados de ambas ciudades a los jueces y funcionarios del Poder Judiucial para que puedan participar de las elecciones de representantes de los letrados en el cuerpo que designa y remueve a los jueces de la provincia.
Poder Ciudadano amplió hoy ante el Consejo de la Magistratura el pedido de enjuiciamiento en contra de De Gamas, apelando a las presuntas irregularidades cometidas por el juez durante la instrucción de la causa cuestionada.
Por su parte, Worman sumará mañana un tercer pedido de enjuiciamiento contra De Gamas por las “irregularidades y arbitrariedades” en las que habría incurrido el juez en la sustanciación del proceso.
“De Gamas ordenó a la SIDE la pinchadura del teléfono celular de Participación Ciudadana, sin que el Fiscal lo solicite y dos días antes de que Aerolíneas Argentinas le informara el número de teléfono que habían registrado cuando se modificó la reserva de Klass, me parece que con esto no queda mucho más para decir de la actitud del juez”, razonó Worman.
Por su parte, la diputada nacional de ARI, Marcela Rodríguez, acusadora del juez federal Juan José Galeano en el Consejo de la Magistratura nacional, por su desempeño en el caso AMIA, aseguró a Botella al mar que si Galeano es hallado culpable de mal desempaño y destituido del cargo, “se agravaría la situación penal del magistrado y el ex secretario del juzgado, Javier De Gamas Soler quedaría en un estado de vulnerabilidad tal que puede ser denunciado penalmente por cualquier afectado”.
Cabe recordar que los familiares de las víctimas por el atentado terrorista en la AMIA, nucleados en Memoria Activa habían adelantado a este medio que “una vez que terminemos con Galeano iremos por la cabeza de De Gamas y de todos los cómplices y corruptos que los acompañaban”.
Rodríguez recordó que De Gamas tuvo una “participación muy activa” en el episodio que se constituye en uno de los principales argumentos para acusar a Galeano. Se trata de las filmaciones hechas al imputado Carlos Telleldín, donde Galeano y De Gamas aparecen negociando el pago de US$400.000 para que incrimine en el hecho a la Policía bonaerense.
La legisladora nacional calificó a la actuación de Galeano y De Gamas como “absolutamente irregular”, aunque aclaró que el Consejo de la Magistratura nacional se limita a evaluar el comportamiento de los jueces, pero no de los secretarios y mucho menos de los ex funcionarios del poder judicial federal.
La presunta irregularidad del procedimiento para reunir pruebas en la causa AMIA fue denostada no sólo por el Consejo de la Magistratura sino también por destacados juristas del foro porteño que publicaron una solicitada en 1997 pronunciándose en contra de “hacer Justicia a toda costa”.
Rodríguez consideró que tanto Galeano como De Gamas incurrieron en el presunto delito de “manipulación de pruebas” que incluye la destrucción de material de la causa, pero sostuvo que esa figura aún no está probada penalmente
ARI, Facundo Di Filippo
SOCIEDAD I CAUSA CROMAÑÓN
Marcan diferencias entre el juicio político y el sobreseimiento
Un legislador macrista sostuvo que la sentencia que recibió hoy Aníbal Ibarra “no tiene nada que ver” con la instancia que lo destituyó. Varios diputados porteños opinaron de igual forma. Por su parte, padres de las víctimas de la tragedia afirmaron que apelarán el fallo.
Legisladores porteños resaltaron hoy las diferencias entre un juicio político y uno jurisdiccional a partir de la decisión judicial de sobreseer en una de la causas por la tragedia de Cromañón al ex jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, en tanto los familiares de los chicos muertos advirtieron que apelarán el fallo.
“Son dos cosas muy distintas, nosotros destituimos a Ibarra mediante una herramienta que nos dá la Constitución que es el juicio político, y lo que hizo la justicia hoy es otra instancia que no tiene nada que ver eso “, explicó el macrista Daniel Amoroso.
A su turno, el abogado José Iglesias en diálogo con Télam anunció que van a “apelar el fallo de la jueza María Angélica Crotto por entender que tiene errores conceptuales importantes y porque la magistrada hizo un análisis ´naif´ sobre las alertas institucionales anteriores a la tragedia”.
Por otra parte, Iglesias recordó que “todas las cabezas de querella estamos pidiendo desde hace un año que se llame indagatoria a Ibarra, y ninguno de los jueces que intervinieron en la causa respondieron a este pedido”.
La diputada K, Beatriz Baltroc, que votó en contra de la destitución de Ibarra, afirmó que “era previsible que lo sobreseyeran ya que la justicia había tomado la misma decisión con el ex secretario de Seguridad al momento de la tragedia, Juan Carlos López”.
“Ahora hay que aceptar pacíficamente la decisión de la Justicia, tal como pasó cuando la Legislatura determinó que Ibarra debía ser separado de su cargo por mal desempeño”, agregó la legisladora.
Ibarra fue destituido en marzo de este año por la Legislatura porteña por las causales de mal desempeño durante la tragedia de la disco Cromañón, en la que murieron 194 chicos en diciembre de 2004.
El diputado del ARI, Facundo Di Filippo, expresó que “hay responsabilidades judiciales y políticas y para nosotros Ibarra fue responsable por mal desempeño porque no ejerció debidamente el poder de policía”.
En tanto, el diputado Jorge Enriquez sostuvo que “nada tienen que ver las responsabilidades penales y civiles con las políticas, es decir que la causales de mal desempeño por las que nosotros lo destituímos a Ibarra, son ajenas a esta decisión judicial”.
“Nosotros los diputados mediante el juicio político lo que demostramos es que Ibarra era inidoneo para ser jefe de Gobierno porteño”, precisó el legislador esta mañana en diálogo con Télam.
El ex diputado kirchnerista, Milcíades Peña, quien además perdió un ahijado la noche de la tragedia, advirtió que “Ibarra fue sobreseído en una de las tres causas en las que está procesado y es la que tiene que ver con las responsabilidades administrativas”.
“La justicia no lo desvinculó de las causas por asociación ilícita y por el manejo de la emergencia, en la cual se discute si hubo abandono de persona, además la jueza en el escrito dice claramente que no le corresponde a ella realizar una valoración política sobre el desempeño de Ibarra”, detalló Peña
VisitasRatificó sus denuncias sobre un pacto del legislador con el PJ “Zacarías se da el gusto de sancionar a los compañeros que no coinciden con él y amenaza con expulsarlos”, se quejó Morabes
Sigue latente la crisis en el ARI entrerriano.
La concejal de Concepción del Uruguay Adriana Morabes (ARI) reiteró sus críticas hacia el líder del ARI en la provincia, Juan Domingo Zacarías, y expresó que el legislador “realiza manejos similares a los de un patrón de un partido en vez de comportarse como presidente de una agrupación democrática”. Morabes relató que el legislador “se da el gusto de sancionar suspendiendo a los compañeros que no coinciden con él y amenaza con expulsarlos” a lo que agregó que “está tratando de hacer alianzas con el Partido Justicialista, tiene serias conversaciones con (Julio) Solanas y es afín a los sectores bustistas, y tenemos muchos elementos para probarlos”.
“Venimos cuestionando a Zacarías desde hace ocho meses y nos movemos con compañeros que no son afines a sus manejos”, disparó la edil en diálogo con el programa A quien corresponda (Radio Del Plata Paraná), para luego agregar que “realiza manejos similares a los de un patrón en vez de comportarse como presidente de una agrupación democrática, porque se da el gusto de sancionar suspendiendo a los compañeros que no coinciden con él y amenaza con expulsarlos”, denunció.
Asimismo, dijo que “el señor Zacarías fragua un congreso y nos saca como delegados nacionales, después hace otro congreso para reformar el estatuto del ARI”, y agregó que no obstante “después reformó la carta orgánica e incorporó a los concejales”.
En ese orden, Morabes ratificó que “Zacarías está tratando de hacer alianzas con el Partido Justicialista porque hay serias conversaciones con Solanas y es afín a los sectores bustistas, y tenemos muchos elementos para probarlos”, se quejó la legisladora quien citó como ejemplo de lo antedicho a “su accionar para con el proyecto de reforma de la Constitución y el apoyo de las modificaciones a la Ley 3.001”.
Sobre esta última iniciativa, afirmó que “no sé si Zacarías estuvo en el recinto pero dio el aval y los votos para que salga la reforma”, al tiempo que apuntó: “Nosotros lo que discutimos con Zacarías es metodología y política. Mi denuncia es que sigue insistiendo con acordar con (Lilita) Carrió que no quiere hacer alianzas, y eso debe darse con gente afín, que defienda los intereses de los pobres”, se quejó.
También criticó que Zacarías “hace cuatro meses que no va a ninguna reunión nacional. Saca comunicados, pero no asiste”, y dijo: “Esto no da para más y yo no puedo seguir discutiendo con el señor Zacarías por eso pedí que tome intervención la mesa nacional”.
Pronunciamiento desde el ARI Carrió llamó a defender el campo y la ganadería
La diputada nacional y líder del ARI, Elisa Carrió, llamó este domingo a “defender el campo y la ganadería”, al sostener que esos sectores son “imprescindibles” para el desarrollo de una “política estratégica nacional”.
SANTA ROSA-LA PAMPA, Agosto 07 (Por DyN, reproducción de CampoNOVA.com) Elisa Carrió realizó estas declaraciones durante un desayuno de trabajo con una veintena de asociaciones agropecuarias y ganaderas en un hotel de Santa Rosa, La Pampa, ciudad en la que se reunió el Plenario Federal de dirigentes del ARI para definir la estrategia electoral que adoptará el partido en el 2007. En un comunicado, se informó que la diputada nacional entregó a los ruralistas el Plan Ganadero Nacional que presentó en junio pasado y realizó consultas sobre “los problemas” que atraviesa el sector, una buena parte del cual está enfrentado con el Gobierno por las políticas agropecuarias oficiales.
La legisladora llamó a “defender el campo y la ganadería, sectores imprescindibles para desarrollar una política estratégica nacional”.
“El daño está hecho, pero es necesario que empecemos a pensar y a desarrollar una estrategia para el sector”, sostuvo Carrió, quien recordó que “el campo argentino financió el desarrollo del país, la expansión de la escuela pública y el nacimiento de miles de pueblos en todo el territorio”.
“Hay que terminar con el destrato, el prejuicio y el resentimiento hacia el sector”, reclamó.
Entre los dirigentes que participaron del desayuno estuvieron Jaime Murphy, de CARBAP Y CRA; César Hernández, de la Sociedad Rural de Santa Rosa; Mario Casuccio, de la Asociación Agrícola de Santa Rosa, y el presidente de la Asociación Rural de General Acha, Fernando Feito. También estuvieron pequeños y medianos productores de General Pico, Winifreda, Santa Rosa y General Acha.
Con ellos, Carrió analizó la problemática de la cadena de producción y comercialización de la carne y convinieron en que “el Gobierno no tiene política” para el sector y en la necesidad de impulsar un cambio en la comercialización
Carrió auténtica
“Los dirigentes políticos no estamos para ir a quejarnos a Mirtha Legrand”, dijo la diputada.
– La diputada nacional y líder del ARI, Elisa Carrió, reiteró hoy sus críticas al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien había denunciado ser blanco de “escuchas telefónicas” durante un programa de almuerzos televisados.
“Me parece tremendo que los dirigentes políticos se pongan en víctimas.
Yo cuando tengo que hacer una denuncia la hago. Los dirigentes estamos para representar y defender a la sociedad, pero no para ir a quejarnos en (Almorzando con) Mirtha Legrand”, consideró la legisladora en ese sentido.
Carrió, quien ya fuera confirmada como candidata presidencial de su partido para las elecciones del año próximo, probablemente enfrentará a Lavagna en esos comicios, quien aún no ha anunciado su postulación aunque numerosos sectores de la política nacional consideran que finalmente se lanzará.
Por otra parte, la diputada elogió la “intransigencia de principios” que, según consideró, demostró el ARI, al “resistir la hegemonía fascista del kirchnerismo y la tentación partidocrática y corporativa de Lavagna, (Raúl) Alfonsín y (Eduardo) Duhalde”.
Según consideró Carrió, si el ARI resiste y mantiene su “dignidad, va a llegar a ganar elecciones por el 60 por ciento
ARI ROSARIO JORNADA JUNTO A MARTA MAFFEI
Jornada del ARI
Para lograr una nueva ReconquistaContinuando con el ciclo de jornadas regionales de formación política del ARI, este jueves se realizará, en Tigre, una nueva reunión cuyo tema será “la contaminación de la cuenca del Río Reconquista”.
El jueves 10 de agosto, a las 17.30, se llevará a cabo la quinta jornada de formación política organizada por el ARI de zona norte, y en esta oportunidad ampliada a los distritos que componen la cuenca del Río Reconquista, incluyendo a sus organizaciones ambientales y sociales.
Se trata de vincular aquella Reconquista de Buenos Aires con la del río que lleva su nombre y que le aporta más del 30 % de la contaminación al Río de la Plata, del cual se extrae el agua para más de 14.000.000 de personas.
En este marco la celebración de la victoria criolla, sobre los invasores británicos, será resignificada como un acto de refundación de la identidad nacional para lograr una nueva RECONQUISTA: la de la organización popular en defensa de sus recursos naturales.
Como aquella, ésta sería una gesta regida por la necesidad de vencer las complicidades, vacilaciones y deserciones de los sectores dominantes y el Estado.
“EL PUEBLO HACE LA HISTORIA”
El jueves 10 de agosto, a las 17.30
CHARLA – DEBATE con la presencia de la
ARI Tigre: José C. Paz y Aníbal González. Rincón de Milberg
Ref.: a 2 cuadras de Avenida Liniers y Avenida Libertador (Puente Lima).
Avanza proyecto para indemnizar a exiliados políticos
Si prospera el apuro de los diputados oficialistas por convertir en ley la reparación monetaria de los exiliados por razones políticas en los ’70, Economía deberá desembolsar en breve una suma considerable e indefinida: oscilaría entre los 2.000 y los 3.000 millones de pesos, según quien haga el cálculo.
La Comisión de Derechos Humanos dictaminó, con amplia mayoría K, en favor del proyecto sancionado por el Senado en marzo del año pasado. Contempla un beneficio de 107,50 pesos por cada día de exilio forzado entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983. Podrían acceder al beneficio unas diez mil personas -por un máximo de 350 mil pesos-, siempre que prueben la persecución.
Dos solitarias voces opositoras, las de Marcela Rodríguez, del ARI, y de la radical Alicia Tate, objetaron que el resarcimiento sea equivalente a los ya otorgados a los presos políticos y los secuestrados en centros clandestinos, víctimas directas de la última dictadura. Y presentaron una contrapropuesta –avalada por sus bancadas– para que la Justicia evalúe el daño en cada caso, incluyendo al exilio interior. Es decir, los que no pudieron fugar por falta de medios. El macrismo se acoplaría a la postura.
Ésas son sólo algunas aristas de la tormentosa polémica que amenaza con dispararse cuando el tema aterrice en el recinto, previo paso por la Comisión de Presupuesto, el principal obstáculo que tiene delante. De hecho, una ampliación acrítica de las reparaciones a los afectados por la represión -y que el proyecto extiende a sus hijos- provocaría irremediables desigualdades.
Podría darse que un grupo aventajado por sus contactos internacionales califique como exiliado político -exhibiendo status de asilado o refugiado- y que parte de sus beneficios sean solventados vía impuestos por una mayoría de perseguidos imposibilitados de reunir pruebas. Sin contar al resto que se quedó en el país y fue privado de derechos civiles, políticos y sociales.
La organización armada Montoneros -peronista- ya había pasado a la clandestinidad, alzada contra las autoridades legítimas al igual que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de orientación marxista. La ley beneficiará a los conductores de ambas guerrillas -Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Enrique Gorriarán Merlo, entre ellos- tal como a los que debieron irse por defender sus ideas por medios legales.
Otra curiosidad: el proyecto presentado por el senador salteño Marcelo López Arias, con aval del Gobierno, no encontró resistencias en la Cámara alta. Se aprobó sin debate con 38 votos a favor y la única abstención del radical Rodolfo Terragno, quien se excusó para no votar una ley que lo beneficia por haber estado en el exilio.
Entre los abanderados del proyecto figura Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo.
“No estamos para ir a quejarnos a Mirtha Legrand”
La diputada nacional y líder del ARI, Elisa Carrió, reiteró ayer sus críticas al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien había denunciado ser blanco de “escuchas telefónicas” durante un programa de almuerzos televisados.
“Me parece tremendo que los dirigentes políticos se pongan en víctimas. Yo cuando tengo que hacer una denuncia la hago. Los dirigentes estamos para representar y defender a la sociedad, pero no para ir a quejarnos en (Almorzando con) Mirtha Legrand”, consideró la legisladora en ese sentido.
Según consideró Carrió, si el ARI resiste y mantiene su “dignidad, va a llegar a ganar elecciones por el 60 por ciento”.
“HAY QUE TERMINAR CON EL DESTRATO Y EL PREJUICIO CONTRA EL CAMPO”
Nadie imaginó esta realidad política, pero la Argentina produce estos fenómenos – Elisa Carrió se plantó y le dijo a los productores lo que querían escuchar
Acompañada por los dirigentes Rita Bustillo y Daniel Decristófano, la diputada de ARI se reunió en un desayuno de trabajo con representantes de asociaciones y productores agropecuarios pampeanos para debatir la problemática del sector, afectada por las recientes medidas dispuestas por el Gobierno.
Como era de esperarse, abundaron las coincidencias en cuanto a las prioridades del campo, tanto como las críticas a la administración de Néstor Kirchner. “Algunos dicen que soy de derecha porque defiendo al campo y la ganadería, pero hacerlo es imprescindible para una política estratégica nacional”, se despachó, mientras miraba de soslayo a los contados periodistas presentes.
Entre sorbos de café y medialunas, Carrió presentó a los empresarios un plan ganadero elaborado en conjunto con el legislador porteño Alejandro Rabinovich y miembros de su partido y se mostró muy crítica de la política cárnica del Gobierno.
“El daño está hecho, pero es necesario que empecemos a pensar y a desarrollar una estrategia para el sector”, sostuvo Carrió, y agregó: “El campo argentino financió el desarrollo del país, la expansión de la escuela pública y el nacimiento de miles de pueblos en todo el territorio; por eso hay que terminar con el destrato, el prejuicio y el resentimiento hacia él”.
En la larga mesa, la escuchaban con atención el vicepresidente de Carbap, Ramiro Ruiz; Jaime Murphy (CRA); César Hernández, de la Sociedad Rural de Santa Rosa; Mario Casuccio, de la Asociación Agrícola de Santa Rosa, y el presidente de la Asociación Rural de General Acha, Fernando Feito. También estuvieron pequeños y medianos productores de General Pico, Winifredo, Santa Rosa y General Acha.
“El Presidente está jugando a ponernos en contra a la gente, resucitando palabras que ya no existen, como «oligarquía vacuna»”, se quejó Murphy. “Las oligarquías existen, pero son ellos, el Gobierno”, le contestó la legisladora, sin poder reprimir la carcajada.
Carrió y los productores coincidieron en que “el Gobierno no tiene política para el sector” y en la necesidad de impulsar un cambio en la comercialización.
También hubo diversas críticas hacia la falta de control de los frigoríficos (Carrió los calificó de “mafiosos”) y en otros eslabones de la comercialización.
Los productores ganaderos dejaron en claro que la carne debería estar más barata en la góndola y que la comercialización debería hacerse por corte. “Hoy, la diferencia queda en la comercialización”, expresó el pequeño productor Mauricio Bagliani.
Hacia el final, y sin perder la sonrisa, Carrió dejó un reproche a los productores. “En las últimas elecciones, el campo votó masivamente a un gobierno que no tiene política para el sector”, destacó.
Le contestaron preguntándole por sus recientes frustraciones electorales. “El sistema hace todo lo posible para trabarnos el desarrollo”, dijo defendiéndose la dirigente de ARI
ARI AMRTA MAFFEI DIPUTADA NACIONAL
Cámara Baja prevé tratar el tema a partir del próximo miércoles. El proyecto cuenta con un amplio consenso y recibió dictamen de la comisión pertinente hace unos días. (Vote en la encuesta del día).
Se trata de un proyecto -que cuenta con un amplio consenso entre los diputados- que recibió días atrás dictamen de la comisión de Educación de la cámara baja.
Si bien la sanción de la ley de educación sexual fue postergada en varias oportunidades debido a las resistencias que generó en varios sectores, los diputados decidieron avanzar esta vez en un texto consensuado que, por ello, tiene grandes chances de ser debatido en las próximas semanas.
De esta forma, el debate sobre la ley de educación sexual se dará tras la sanción del proyecto conocido como anticoncepción quirúrquica, que contempla la práctica de la ligadura de trompas en las mujeres y vasectomía en los hombres en forma gratuita en hospitales, que generó una fuerte polémica.
En cambio, el consenso al que arribaron los legisladores fue producto de varios meses de trabajo por parte de los diputados y asesores que lograron elaborar un dictamen de mayoría que garantizaría la rápida sanción de esta iniciativa.
El texto fue elaborado en base a proyectos presentados por varios diputados de diferentes bloques entre los que se destacan la kirchnerista porteña Juliana Marino; del Peronismo Federal, María del Carmen Rico; del ARI, Marta Maffei y del PRO, Federico Pinedo, Roberto Lix Klett.
De acuerdo al proyecto, todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
La iniciativa contempla la creación de un Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación para incorporar esta temática desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de Educación Técnica no Universitaria.
El objetivo es asegurar la transmisión de conocimientos sobre los distintos aspectos vinculados con la educación sexual integral, promover actitudes responsables sobre sexualidad, prevenir los problemas vinculados con la salud general, sexual y reproductiva, y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
La titular de la comisión de Educación, la kirchnerista entrerriana Blanca Osuna, destacó la importancia del consenso logrado entre los diputados en torno al proyecto después de varios meses de debate y confió en que la iniciativa será tratada “a corto plazo en el recinto”.
“Es una muy buena ley. Hubo mucha conformidad. Se viene trabajando en asesores hace 4 meses y hace 2 meses comenzó a circular un primer borrador sobre el que se abocaron los legisladores para elaborar el texto definitivo”, enfatizó Osuna en declaraciones.
Desde el radicalismo, la diputada de la UCR bonaerense, Patricia Panzoni, dijo que la iniciativa tiene “un consenso absoluto” de los bloques parlamentarios y puso de relieve que el proyecto se trabajó “muy a conciencia por los diputados”, a la vez que consideró que el tema “debe ser tratado con naturalidad”.
En tanto, el titular del bloque de diputados nacionales del ARI, Eduardo Macaluse, coincidió en destacar la pluralidad lograda por los diputados en torno al texto y anticipó que esa fuerza respaldará el proyecto cuando sea tratado en el recinto de la cámara baja.
Entre otras cuestiones, la iniciativa establece que cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad socio-cultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.
Las diferentes jurisdicciones del país deberán organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables para ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad.
Asimismo, se establece que la ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente.
También, a través del texto se propone que la autoridad de aplicación establecerá en un plazo de 180 días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo máximo de 4 años.
Con sus críticas a Carrió por “correrse a un rol testimonial” luego de su decisión de dejar la conducción del partido, Melillo cotizó en el ranking de tomatazos del plenario federal del ARI de este último fin de semana. “Traidor”, fue lo más liviano que se escuchó en los pagos pampeanos, donde se realizó el encuentro. Probablemente, el más duro con Melillo fue el legislador Facundo Di Filippo, quien integró la Sala Juzgadora que destituyó al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. El otro integrante de la sala fue Guillermo Smith, que encabeza el ARI Capital provisoriamente hasta que se elija un nuevo titular el 29 de octubre.
En las filas de Carrió aseguraron que no habrá candidatos entre las figuras conocidas, sino que se buscará impulsar a nuevos dirigentes en consonancia con la decisión de Carrió de apartarse del partido “para que una nueva dirigencia crezca”.
En ese sentido, el que suena como posible candidato para estas internas partidarias es el chaqueño Fernando Sánchez, que comanda la comisión de Contralor Patrimonial del ARI. “Tiene el apoyo de Carrió. Es muy cercano a ella”, mencionan. El ARI capitalino se encuentra fragmentado en pequeños grupos, y la mayoría apoyaría a Sánchez. Esos grupos se están reuniendo todos los sábados a debatir para acordar una presentación conjunta en las internas. La corriente más destacada de este sector es Jóvenes por la Identidad (en la jerga interna, JXI), a los que se suman el grupo de Smith, y los Arancibia, que provienen del Frente Grande y son liderados por la diputada Delia Bisutti.
Por su cercanía con los planteos de la líder, se suele denominar a este sector “los Lilitos”. En tren de broma, también se los llegó a denominar “los Cornalitos”, en comparación con el Grupo Sushi de los De la Rúa (y en obvia alusión al bajo presupuesto de los militantes del ARI).
Hay dos grupos que no participarán de esta convocatoria, el del legislador porteño Alejandro Rabinovich y la corriente de Los Que No Bajan las Banderas, que encabeza Cantero desde sus épocas de militante radical. Sin embargo, todavía no han definido un candidato alternativo.
La resolución de las internas dará pistas de cómo se posicionará el partido ante la candidatura de Olivera, que viene dialogando con diversos sectores para sumarlos a su proyecto de llegar a jefe de Gobierno.
“Estamos entrando en la etapa de debate. El candidato que más fuerza tiene es Olivera”, aseguró Cantero. Aunque percibe las dificultades que puede traerles dado su perfil centrista, similar al de otros postulantes en danza, el dirigente porteño se muestra favorable a la candidatura de Olivera ante la escasez de opciones. “Yo creo que hay prejuicios. No hay tanta diferencia entre Enrique y (el jefe de Gobierno porteño, Jorge) Telerman o Norberto La Porta”, consideró Cantero
OLIVERA SE PERFILA COMO CANDIDATO DEL ARI EN LA CIUDAD
Más por descarte que por convicción
En octubre el ARI porteño elegirá sus nuevas autoridades luego de la renuncia de Fernando Melillo. El resultado dará una pauta de sus candidaturas. Enrique Olivera es el único que suena.
Carrió llevó a Olivera al ARI pese a las resistencias.
Tras la partida del titular del ARI Capital, Fernando Melillo, el panorama en el distrito donde el partido de Elisa Carrió tiene mejores chances electorales todavía es nebuloso. El primer paso para aclarar el panorama se producirá el próximo 29 de octubre en una interna en la que se renovará la mesa ejecutiva y todas las autoridades porteñas. Mientras tanto, se sigue discutiendo quién puede ser el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. Hasta ahora, suena únicamente el nombre del ex vicejefe de Gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Olivera. “El problema que tenemos es que Olivera tiene un perfil similar a (el precandidato y vicepresidente, Daniel) Scioli y a (Mauricio) Macri o (Horacio) Rodríguez Larreta. O, por lo menos, la sociedad lo percibe así”, explicó el titular de la bancada de legisladores porteños del ARI, Fernando Cantero.
Confirman que Carrió será candidata presidencial
El Plenario Federal del Partido en La Pampa anunció la decisión. Además, un documento publicado luego de las deliberaciones confirmó que no se formarán alianzas para los comicios del próximo año.
El ARI respaldó la candidatura de Carrió para 2007.
La diputada nacional Elisa Carrió será la candidata presidencial por el ARI en las elecciones de 2007, según lo determinó el Plenario Federal de dirigentes del partido.
Carrió es “la única figura capaz de aglutinar y construir una alternativa de representación y justicia social”, expresó el documento redactado por los jefes partidarios.
Por su parte, el pasado martes, la líder del partido había condicionado su candidatura presidencial a la decisión de los jefes partidarios. “Quizás el ARI encuentre otro candidato”, había señalado.
En el Plenario, que se llevó a cabo en un hotel de Santa Rosa y contó con la presencia de la diputada nacional, los referentes del partido trataron la organización del partido sin la conducción de Carrió y descartaron la posibilidad de concretar algún acuerdo electoral para las presidenciales de 2007
“En la mayoría de los casos la
renovacion de los contratos
aumenta en 100 por ciento
Luego de la devaluación el precio de los inmuebles han aumentando en 400 por ciento, sosteniendo en los hechos la paridad con la moneda estadounidense, mientras que los salarios se han mantenido congelados.
Esta dicotomía, entre valuación de las propiedades en dólares por un lado y congelamiento de salarios por el otro, ha afectado no sólo a quienes habían solicitado créditos hipotecarios, que en la gran mayoría de los casos perdieron las viviendas por los remates hipotecarios, sino también a la amplia franja de ciudadanos que alquilan.
No obstante los esfuerzos argumentales llevados a cabo por la Cámara Inmobiliaria de Rosario en diversas declaraciones públicas con relación a que los precios de “los alquileres se encuentran actualmente en una meseta” o que “han llegado a un punto de estancamiento”, la realidad ilustra lo contrario.
Así se vio reflejado en la encuesta destinada a inquilinos, realizada desde el 22 de junio al 22 de julio de 2006 por El Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular (CEMCP) y la Asociación de Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA).
La investigación indica que 39 por ciento de los encuestados no pudo, o no podrá, renovar los contratos como producto del aumento, que en la mayoría de los casos asciende a más del 100 por ciento con relación al canon anterior. Lo que implica que estas familias deban mudarse a inmuebles de menor calidad, a pensiones, a las periferias de la ciudad, que vuelvan a sus hogares de origen o directamente son expulsados a asentamientos irregulares.
En Rosario la oferta de inmuebles destinada a alquileres en la actualidad se ve claramente retrotraída, no obstante el llamado “boom” de la construcción que en los últimos dos años se produjo en la ciudad.
La situación se va a ver agravada aún más por la creación de una nueva organización que pretende nuclear a propietarios para destinar los inmuebles a locaciones temporarias, producto del auge turístico de la región. Esta iniciativa ya nuclea a setenta propiedades para ser alquiladas a 150 pesos por día.
Lo que debería resultar un beneficio para el conjunto de la ciudadanía, se expresa como un nuevo mecanismo de concentración de suelos y exclusión social de las mayorías siendo expulsados a las denominadas “periferias urbanas”.
Teniendo en cuenta que el pago de los alquileres es un servicio de primera necesidad para quienes no tienen la posibilidad económica de acceder a una vivienda propia, no pueden estar regidos por la ley de la oferta y demanda, impuesta arbitrariamente por los grandes capitales inmobiliarios del país, sino que el Estado debe inexorablemente intervenir para reestablecer el desequilibrio económico.
Hoy, intervenir implica generar acciones legislativas que promuevan la inclusión y el acceso de ciudadanos a vivir en sus propias ciudades o territorios, garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna.
(*) El autor es director del CEMCP, integrante del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y presidente del bloque de concejales ROdel ARI, en Rosario.
Carrió, durante su encuentro con los representantes del sector agropecuario
Lo dijo Carrió ante dirigentes y productores agropecuarios
ANTA ROSA .- Bien temprano, Elisa Carrió se dio el gusto en la mañana de ayer de abordar un tema que la apasiona ante un auditorio afín.
Acompañada por los dirigentes locales Rita Bustillo y Daniel Decristófano, la diputada de ARI se reunió en un desayuno de trabajo con representantes de asociaciones y productores agropecuarios pampeanos para debatir la problemática del sector, afectada por las recientes medidas dispuestas por el Gobierno.
Como era de esperarse, abundaron las coincidencias en cuanto a las prioridades del campo, tanto como las críticas a la administración de Néstor Kirchner. “Algunos dicen que soy de derecha porque defiendo al campo y la ganadería, pero hacerlo es imprescindible para una política estratégica nacional”, se despachó, mientras miraba de soslayo a los contados periodistas presentes, entre ellos de LA NACION.
Le contestaron preguntándole por sus recientes frustraciones electorales. “El sistema hace todo lo posible para trabarnos el desarrollo”, dijo defendiéndose la dirigente de ARI.
Arriesgó y logró apoyo partidario SANTA ROSA (De un enviado especial).-
“Lilita nos dejó un mensaje muy claro. Quiere que la dejemos de jorobar.” La frase, en boca de un dirigente de ARI bonaerense, define a las claras la sensación que quedó ayer entre los 150 dirigentes que participaron del plenario federal que ratificó el liderazgo de Carrió y el rechazo a “alianzas partidocráticas”.
Era evidente el hartazgo de Carrió por la crítica de algunos dirigentes porteños, bonaerenses y santafecinos a sus encuentros con dirigentes “de derecha”, como Ricardo López Murphy, Roberto Iglesias o Gabriela Michetti, a quienes la líder de ARI aprecia en forma personal.
Tampoco le gustaba que objetaran que ella calificara de “fascista” al Gobierno. “No pueden criticar que sea cristiana o que me guste Punta del Este y tomar sólo el costado progre. Yo soy así y así me tienen que querer”, ironizó anteayer.
Por ahora, Carrió sofocó la crisis interna. Y ayer logró el apoyo incondicional del partido hacia su política de “alianzas de conductas”, contra otras opciones opositoras -como la de Roberto Lavagna- y contra tentaciones de “cooptación” por parte de dirigentes del kirchnerismo.
“Ella sabe muy bien que Carrió sola es tanto o más que Carrió en ARI”, reconocen cerca de la líder arista.
Todos los dirigentes coincidieron en que sin ella, el partido caminaría hacia su desintegración. Una conclusión que Carrió -acusada de autoritaria por dirigentes que abandonaron sus filas- esperaba que sus partidarios sacaran por sí solos.
ARI PARTIDO
La conducción partidaria se reunió por primera vez sin su referente y firmó una declaración de respaldo público a su jefa
SANTA ROSA.- Acostumbrada a las apuestas a todo o nada, esas que desconciertan a partidarios y enemigos con igual intensidad, Elisa Carrió obtuvo ayer un fuerte y homogéneo respaldo de la conducción partidaria de ARI a su figura y a su candidatura presidencial para el año próximo.
Horas después de explicarles en una multitudinaria comida a dirigentes de todo el país las razones de su polémico “retiro simbólico” de la cotidianidad partidaria, la conducción nacional de ARI -reunida por primera vez sin su presencia- aprobó por unanimidad un documento en el que determina que el liderazgo de Carrió “es la alternativa republicana frente a un sistema corrupto y autoritario”. El documento también aclaró que el partido “no conformará alianzas con estructuras partidarias tradicionales”, las dos premisas que Carrió puso como condiciones para continuar vinculada con el partido que fundó en 2001.
La declaración partidaria, firmada en una reunión que duró seis horas, tuvo como objetivo responder en los hechos las duras advertencias que Carrió dirigió a sus compañeros de ruta a última hora de anteanoche, en el salón del Hotel La Campiña, en el que se desarrolló el plenario federal.
Luego de degustar entrada de fiambres y carne con puré, y micrófono en mano, la diputada fue al grano. “La responsabilidad es de ustedes, ahora tienen que elegir entre el acuerdismo y la intransigencia”, afirmó Carrió.
En casi 50 minutos de monólogo, la líder de ARI recordó que en 2001 y 2003 rechazó candidaturas, y que nunca quiso ser titular del partido.
Y la emprendió contra quienes, en ARI, insisten en la necesidad de trabar alianzas con el socialismo santafecino u otras agrupaciones.
“El peor problema de la política es la especulación. Ojalá ustedes no lo hagan porque eso los va a matar”, disparó. Y recurrió a una metáfora para condicionar su continuidad y evitar deserciones. “Tenemos dos caminos: seguir remontando la escalera que nos hace felices o el atajo, la senda de circunvalación que lleva al kirchnerismo, y que no saben lo bien que paga”, ironizó.
En su discurso, Carrió insistió en un tema que determinó en buena medida su paso al costado: las críticas recibidas por sus encuentros con dirigentes como Ricardo López Murhy o Roberto Iglesias, o las acusaciones de “fascismo” lanzadas sobre el gobierno de Néstor Kirchner. “Tienen que cuidar a las personas”, casi suplicó.
Carrió abandonó la comida pasada la medianoche. Si bien los dirigentes aristas siguieron la tertulia -que incluyó tango y animado baile hasta las 3- las palabras de su líder hicieron efecto horas después. Luego de incorporar a la diputada rionegrina Magdalena Odanda a la mesa nacional partidaria en el lugar de su líder, comenzaron a sucederse los discursos de respaldo.
“El partido, como herramienta, debería ser el principal sostén de la candidatura de Lilita”, afirmó la secretaria del partido, Elsa Quiroz. “Lo que más le dolió a Lilita fue la falta de confianza. Le tenemos que demostrar que apoyamos su liderazgo e intransigencia”, coincidió la diputada Susana García (Santa Fe).
“Queremos que nos digan quiénes cuestionan a Carrió”, insistió la bonaerense Elina Rosso, y recogió aplausos. “No veamos a los enemigos adentro”, respondió el jefe del bloque de diputados nacionales, Eduardo Macaluse, y pidió “márgenes de discrecionalidad” para Carrió, a quien definió como “una candidata de lujo”.
De todos modos, Macaluse, el diputado Carlos Raimundi y otros dirigentes pidieron que hubiera en el partido “un ámbito de discusión, sin que quienes se corran un centímetro sean tildados de traidores”. Raimundi fue más allá: “Más libertad para Lilita sí, pero con reglas para evitar las consecuencias malas que esto pueda tener”.
Ya en camino para Buenos Aires, Carrió le contó a LA NACION su “alegría” por el paso dado por el partido.
“Es bueno que se pueda dar el debate de manera pública y rechazar de manera mayoritaria el acuerdismo. Se terminó el cinismo político de quienes critican en off y no dan la cara”, advirtió.
ENCUENTRO PARTIDARIO EN LA PAMPA
El ARI rechazó alianzas y ratificó la candidatura a presidente de Carrió
A pesar de su alejamiento de la conducción, el partido confirmó su liderazgo. Además, descalificó las disidencias internas. Carrió no participó. Pero tampoco las diputadas Maffei y Ríos, dos de sus críticas.
EN OTRA. Carrió, ayer, con productores agropecuarios de La Pampa, mientras sesionaba el plenario del ARI
Sin fisuras, aunque con ausencias, el Plenario Federal del ARI ratificó la candidatura presidencial para el 2007 de Elisa Carrió. Y además, confirmó el rumbo de “intransigencia” y el liderazgo de la dirigente en esa fuerza política.
Así, el órgano partidario —que funcionó sin Carrió— en los hechos siguió la voluntad de su líder y rechazó cualquier tipo de alianzas “con las fuerzas políticas tradicionales“.
El día anterior Elisa Carrió pidió que “ojalá que los militantes decidan la intransigencia así seguimos construyendo juntos”. Si éste no era el camino, advirtió, se bajaba de la candidatura.
El documento fue pretencioso: “Comienza en la ciudad de Santa Rosa una nueva etapa: la responsabilidad de afianzar al partido ARI a lo largo y ancho del país”.
Pero el apoyo contundente de los presentes fue cruzado por el ruido de las ausencias: las diputadas nacionales Marta Maffei y Fabiana Ríos. Los voceros del ARI repitieron que el faltazo fue sólo por cuestiones de agenda. La coincidencia convirtió esas faltas en un dato político: esas legisladoras fueron quienes realizaron los más fuertes cuestionamientos internos a Elisa Carrió.
Como la líder confesó que estaba cansada de los cuestionamientos internos, algunos representantes de las provincias pidieron nombres: nadie los dio.
Pero el documento del Plenario aludió a las disidencias: “Hoy más que nunca podemos hacer lugar a aquellos que con excusas diversas y bajo un disfraz democrático, pretenden horadar el liderazgo de Elisa Carrió con el único fin de hacerle la venia a este poder hegemónico de prácticas fascistas”.
Mientras el plenario empezaba a sesionar, Elisa Carrió estuvo en otro lado: escuchó a los productores ganaderos pampeanos que le contaron los males por el cierre de las exportaciones de carnes y la intromisión del Gobierno.
Los temas que surgieron en el Plenario (que duró cuatro horas y tuvo cuarenta oradores aproximadamente) fueron múltiples. Muchos partieron de los dichos de Carrió cuando en la cena del viernes confió sus decisiones a dirigentes y militantes del ARI. Algunos apenas sobrevolaron.
El tema “intransigencia” fue monolítico: todos dijeron que era la razón de existencia del ARI y la receta para su permanencia.
El debate del liderazgo y el funcionamiento democrático del ARI fue el más transitado. “El liderazgo de Carrió es indiscutible. Por conducta y claridad”, dijo la diputada Susana García.
El diputado nacional Eduardo Macaluse, uno de los que más minutos habló, analizó: “Nosotros tenemos un candidato que vamos a votar con gusto. Otros no tienen ni candidato”. Así describió las ventajas del ARI, aunque admitió el sacudón por el paso al costado de Carrió.
Y reivindicó la intransigencia: “Nos dicen que no tenemos códigos. Lo que pasa es que tenemos principios. Y otros tienen códigos de barra”. Aludió a los dirigentes que se pasan de partido. Después habló de Carrió y aceptó que hay que darle un margen de “discrecionalidad” y “confianza”.
Pero Carlos Raimundi habló del equilibrio entre no cuestionar al líder y la necesaria disidencia interna: “Es un riesgo decir ‘cómo yo veo el camino, el que no me sigue es un traidor’. Cuidado. Eso es reducir la política a la categoría de revelación”.
Otro punto de análisis es la reivindicación del carácter testimonial del ARI que hizo Carrió. “Creo que debemos buscar el poder, además de ser testimonial“, dijo Alberto Muñoz, de Santa Fe. Allí el dilema es ir con el socialismo, una fuerza con chances.
Una cena con discurso, ronda y trencito
Elisa Carrió enfrentó a sus seguidores y dirigentes en una cena la noche del viernes. Fue en un salón del hotel La Campiña, el lugar donde el ARI realizó su plenario. Fue el único contacto que tuvo con los militantes partidarios: hizo una rueda de prensa y una charla pública en la Universidad de La Pampa. Y ayer estuvo con ganaderos y cuando se llevaba a cabo el plenario, pegó la vuelta.
Antes del peceto con salsa y puré, Carrió les dijo a sus seguidores: “Les voy a hablar con el alma”. Fue un discurso de casi una hora. En su mesa estaban la secretaria general del ARI, Elsa Quiroz, y los diputados Marcela Rodríguez y Adrián Pérez.
Elisa Carrió dijo que les había anticipado su salida de la conducción del ARI. Es más: dijo que jamás quiso estar. “Yo dije que no quería ser dueña de mi partido”, remarcó. Habló de su carisma: “No se ocupen de deslegitimarlo”, dijo con el misterio que tuvieron todas las referencias a traiciones y cuestionamientos.
Después dijo que en sus análisis políticos “no hay profecía. Hay intuición política”.
La cena tuvo cierto aire de solemnidad. Pero después de la medianoche (ya sin Carrió), fue fiesta. Apenas sonaron “Mil horas” y “La Balsa”, la pista se llenó. Los diputados Adrián Pérez y Carlos Raimundi salieron. Elsa Quiroz también aceptó. Todo terminó en ronda y trencitos hasta la madrugada
Artículo 1º: Agrégase el artículo 121 BIS a la Ley 7945 “Código de Procedimiento Laboral de la Provincia de Santa Fe”, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 121 BIS: Para el supuesto de los despidos sin invocación de causa, el procedimiento se ajustará a las normas siguientes:
a) Con la demanda, el actor ofrecerá toda la prueba de que pretenda valerse. Acompañará los documentos que obraren en su poder; si no los tuviere, los individualizará indicando su
contenido y el lugar donde se encuentren.
b) El demandado será emplazado para que conteste la demanda dentro del término de tres (3) días.
Si el demandado se domiciliara fuera del asiento del juzgado el plazo se ampliará teniendo en cuenta la distancia y medios de comunicación; no pudiendo excederse de diez (10) días dentro de la provincia; quince (15) en el resto del país o de cuarenta (40) en el extranjero.
Con la cédula de emplazamiento se le entregará copia de la demanda, bajo apercibimiento de que si no la contesta se dictará sin más trámite y conforme a derecho la sentencia que corresponda. Esta será notificada en la forma ordinaria o, en su caso, de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, Título II de esta ley. Si el domicilio del demandado no fuere conocido se lo emplazará únicamente a estar a Derecho.
c) En el escrito de responde deberá el demandado oponer todas sus defensas y excepciones y ajustarse en cuanto a la prueba, a los mismos requisitos previstos para el actor.
d) Fuera de los momentos indicados, no se admitirá ninguna otra prueba, como tampoco la de confesión o documental. El actor podrá, sin embargo, proponer la que fuere pertinente y relativa a los hechos nuevos que adujere el demandado en su respuesta, dentro de tres (3) días de notificada ésta.
e) Contestada la demanda, el juez fijará una audiencia para la vista de la causa, dentro de veinte (20) días, que sólo podrá ampliarse a un plazo no mayor a diez (10) días, siempre que se lo solicite en los escritos constitutivos del proceso. En aquel decreto se dispondrán las medidas conducentes a recibir antes de la audiencia toda la prueba admitida. A las partes incumbe urgir los trámites pertinentes para que aquélla se produzca en su
f) En la audiencia de vista de causa las partes informarán sobre el mérito de la prueba. A este fin, el juez concederá la palabra al actor y al demandado, respectivamente, o a sus procuradores, representantes legales o patrocinantes. La exposición de cada parte no podrá durar más de veinte minutos. La sentencia será dictada en la misma audiencia o
dentro de cinco (5) días.
g) Cuando después de dictada la sentencia se produjere prueba pericial o de informes, ofrecida en tiempo, se agregará a los autos y se tendrá como prueba de segunda instancia, sin necesidad de nuevo ofrecimiento.
h) Ninguna resolución que no sea la sentencia en lo principal o que dé por resultado la paralización del juicio es apelable; pero el tribunal de apelación podrá, al conocer de lo principal, reparar los agravios causados en los incidentes o en el procedimiento de primera instancia.
i) No procederá el emplazamiento previo para estar a Derecho, el arraigo del juicio, las excepciones como artículos de previo y especial pronunciamiento, la declaración de rebeldía, la representación del rebelde, el recurso de rescisión y el llamamiento de autos. En cuanto no esté previsto, regirán las normas generales siempre que sean compatibles con la naturaleza y carácter de este juicio.”
Artículo 2º: Agrégase como tercer párrafo al artículo 109 de la Ley 7945 “Código de Procedimiento Laboral”, lo siguiente:
“Depósito Previo: En el caso de sentencia condenatoria en cualquiera de los supuestos de pronto pago, los recursos se concederán únicamente previo depósito del capital, intereses y costas, que serán calculados provisoriamente al efecto, con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente. El depósito no será exigible en los casos de quiebra o concurso civil del demandado. El Juez podrá autorizar, a pedido de parte, que se sustituya la cantidad de dinero que correspondiere depositar, por su equivalente en títulos o valores de la Nación o de la Provincia que quedaran en la entidad bancaria encargada de los depósitos judiciales a la orden del mencionado Juzgado y a la resultas del juicio.”

References: artículo 37
 artículo 75
 artículo 1
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 99
 artículo 1
 artículo 99
 artículo 76
 artículo 29
 artículo 76
 artículo 99
 artículo 29
 artículo 99
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 99
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 99
 artículo 16
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 29
 resolución 
 resolución 

Artículo 1
 artículo 121
 resolución 

Artículo 2
 artículo 109