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Timestamp: 2014-09-16 00:51:18+00:00

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Sentencias constitucionales- Proceso de amparo contra resoluciones judiciales- Tutela procesal efectiva y debido proceso | Pensamientos de Derecho Constitucional
« La irrenunciabilidad de los derechos laborales. Enfoque constitucional, doctrinario y comparado
El Derecho Constitucional y los Tratados Internacionales- Conferencia »
14 noviembre, 2010 SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE
EXPEDIENTE: 156-07 DEMANDANTE: ELECTRONORTE S.A.
Demanda de amparo contra resolución judicial interpuesta por ELECTRONORTE S.A. contra los señores Jueces Superiores Marco Pérez Ramírez, Miguel Lozano Gasco y Lucía Deza Sánchez, en su condición de Vocales de la Sala Laboral de Lambayeque; contra la señora Juez Cecilia Izaga Rodríguez, del Tercer Juzgado Laboral de Chiclayo, y el Señor Franklin Zúñiga Anaya, por afectación del derecho a la tutela procesal efectiva y debido proceso. ANTECEDENTES En fecha veintisiete de julio de dos mil siete, la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte Sociedad Anónima – ELECTRONORTE S.A., debidamente representada por sus apoderados interpone demanda de amparo contra la Señora Juez del Tercer Juzgado Laboral, Cecilia Ízaga Rodríguez, y los Señores Jueces Superiores Marco Pérez Ramírez, Miguel Ángel Lozano Gasco y Lucía Deza Sánchez, y contra don Franklin Zúñiga Anaya y el Director Regional de Trabajo de Lambayeque, solicitando se deje sin efecto todo lo actuado en el proceso judicial N° 2005-251-3JL seguido por Franklin Zúñiga Anaya contra la Dirección Regional de Trabajo sobre Ejecución de Obligación de Hacer, y reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación de sus derechos de defensa y acceso a los órganos de administración de justicia, se disponga su notificación con la demanda, así como se declara inaplicable lo resuelto en dicho proceso.
1. El Tribunal Constitucional ha desarrollado la tesis de que en los procesos de amparo contra las resoluciones judiciales, éstas pueden ser revisadas más allá de la premisa clásica de afectación al debido proceso y la tutela judicial efectiva[1], para establecer que la afectación a otro derecho fundamental, es también objeto de contradicción en la vía de urgencia que representa el proceso también denominado de tutela o protección en el Derecho Comparado. Sin embargo, procede también a exigir, a efectos de que prospere el amparo, la configuración de los análisis de estándares de razonabilidad, coherencia y suficiencia respecto a la resolución judicial objeto de cuestionamiento. 2. Lo antes reseñado resulta de suma relevancia en atención a que define el contexto de los procesos de amparo contra resoluciones judiciales y por tanto, define cuáles deben ser los baremos y estándares para conceder tutela de urgencia. En ese orden de ideas, debemos considerar que los exámenes de razonabilidad, coherencia y suficiencia, resultan trascendentes en tanto del resultado de los mismos, podremos inferir si corresponde o no afectar constitucionalmente una decisión que goza de la investidura de la cosa juzgada.
4. Y en efecto, no cualquier afectación a un derecho alegado involucrará un enunciado de tutela restitutoria. Así, siguiendo las reglas de la ponderación de Robert Alexy y Carlos Bernal Pulido[3], será exigible medir los grados de afectación del derecho y determinar si el grado de afectación es elevado, medio o bajo y de esa forma definir, si se afecta el núcleo del derecho, o si existe incidencia de afectación en el contenido no esencial del derecho, en su contenido adicional[4] o bien se excluye la afectación del contenido constitucionalmente protegido y se halla la afectación en lo que también la doctrina denomina el contenido no esencial de un derecho. De suyo, si la afectación incide en los contenidos no esenciales o adicionales, no estamos en estricto ante un proceso constitucional que merezca tutela y de ahí, la orientación jurisprudencial constitucional de derivar a otras vías el análisis de las incidencias que no revistan vulneraciones constitucionales de urgencia. § El principio de efectividad de sentencias 5. La efectividad de las sentencias constituye un principio del Estado Democrático y Social de Derecho, pues la misma constituye que la decisión y mandato del juzgador, agotadas las instancias respectivas, se plasme en un resultado tangible de consecución del derecho pretendido. En ese sentido, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, partiendo de la misma base constitucional que contempla el inciso 2 de la Constitución de mil novecientos noventitrés, al prever que “ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución”. 6. En adición a ello, como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el arret “Hornsby c/ Grecia”, sentencia del trece de marzo de mil novecientos noventa y siete, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales “forma parte de las garantías judiciales”, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva, y vinculante quedase inoperante, causando daño a una de las partes (…)”. Resulta pues así difícil que puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen.
8. La vía de excepción habrá de referirse a una necesaria urgencia de tutela de derechos fundamentales por vulneración manifiesta, evidente e inobjetable de un derecho explícito o implícito que enuncia la Carta Magna. A su vez, la antinomia a solucionar implicará un conflicto entre dos normas del bloque de constitucionalidad y exigirá al juez constitucional la solución de la controversia bajo la orientación de tutela que permite la Lex Legum. 9. Lo antes acotado tiene relación directa con la concepción de que los derechos fundamentales no pueden ser considerados absolutos[5], precisamente porque constituye tesis del Estado constitucional que no existen zonas exentas de control constitucional.[6] 10. Es posible afirmar, bajo esta premisa, que aún la sentencia que reconociera una prestación determinada, pudiera relativizar su mandato de ejecución si identificamos un grado de vulneración ostensible a un derecho fundamental, con lo cual un mandato perdería efectividad. Contrariu sensu, si no existe el grado de afectación sustancial de un derecho fundamental, resulta prudente hacer mención a la necesidad de que los jueces constitucionales desestimemos los procesos de amparo contra resoluciones judiciales utilizados como deus ex machina,[7] es decir, aquellos procesos cuya interposición obedece a una petición de reexamen de las resoluciones emitidas en las instancias de mérito en sede ordinaria.
13. Entonces, constituye premisa esencial en esta verificación de afectación de derechos constitucionales si se han afectado los derechos invocados por un afectado y si se ha producido una sustancial afectación al debido proceso en su dimensión sustantiva y adjetiva. § Análisis del caso concreto § Delimitación de los petitorios 14. Resulta relevante en el caso de autos, examinado el petitorio de folios mil sesenta y dos y los actuados a lo largo del proceso, si corresponde declarar la violación de los derechos constitucionales de la parte demandante al derecho a la tutela procesal efectiva y debido proceso, y consecuentemente se deje sin efecto todo lo actuado en el proceso 2005-251-3JL, en los seguidos por Franklin Zúñiga Anaya contra la Dirección Regional de Trabajo de Lambayeque.
§ Análisis de las pretensiones 19. Salvando las omisiones acotadas y siendo posible determinar los petitorios formulados, debemos orientarnos al análisis de las pretensiones incoadas, en el orden expuesto previamente. § Pretensión de dejar sin efecto todo lo actuado en el proceso 2005-251-3JL
d) ¿Existe afectación al derecho de defensa y acceso al órgano jurisdiccional que nos e permita a la ahora demandante como litisconsorte necesario? 22. A juicio de este Tribunal, no podemos estimar vulnerado el derecho de defensa de modo sustancial si se ha producido un apersonamiento de la demandante al proceso, considerándosele como tercero con legítimo interés. Conviene a este respecto, retomar el criterio del grado de vulneraciones[10] y en criterio de valoración de fondo, es necesario admitir que representa un grado de afectación, a nuestro entender de nivel medio, no ser designado como litisconsorte necesario. Y resulta cierto ello en la medida que no existirá un mismo nivel de defensa del mismo nivel respecto al que concierne a un litisconsorte necesario.
26. La ratio decidendi de la resolución en comento, fundamento jurídico cuarto, argumenta, a nuestro juicio en forma consistente, que no existe vicio en el no emplazamiento de la ahora actora, y más aún, que” el proceso ya ha sido conocido en segunda instancia por la Sala Laboral, que ha resuelto la oposición al mandato de ejecución, revocándola y declarándola infundada (…).[11] 27. En consecuencia, nos encontramos frente a un pronunciamiento que no resulta unilateral, pues el derecho de defensa ha sido ejercido de modo regular y el apersonamiento de la emplazada, se ha producido sin que se hubiere configurado una agresión manifiesta a su derecho de defensa. 28. Constituye pues premisa matriz de este análisis que la figura del tercero con interés, no configura vulneración constitucional per se, y que la alegada indefensión no puede estimarse procedente en esta vía, al no haberse admitido el apersonamiento de la recurrente como litisconsorte necesario. De la misma forma, no se configura vulneración a los derechos al debido proceso y la tutela judicial efectiva al ser considerada la recurrente como tercero con legítimo interés, pues ésta efectivamente ejerce su derecho de defensa aunque de modo menos irrestricto que el litisconsorte necesario. Por último, ponderamos que no existe afectación al derecho de defensa y acceso al órgano jurisdiccional al no permitirse a la ahora demandante su apersonamiento como litisconsorte necesario. § Pretensión de que no resulte aplicable a la recurrente lo resuelto en el proceso judicial 2005-251-3JL
29. La recurrente alega no haber sido parte en el proceso sub litis, en virtud de la cosa juzgada relativa, que es aquella que solo produce efectos respecto de las partes del juicio y no en relación a las personas ajenas al mismo. 30. Esta pretensión nos lleva a plantearnos las siguientes interrogantes:
33. La segunda interrogante es igualmente absuelta en modo negativo, pues no podemos considerar a ELECTRO NORTE S.A., como ajena al proceso materia de examen, sino como parte involucrada en el mismo desde el propio momento en que la misma asume que le van a alcanzar los efectos de lo decidido por la Sala. Estos son los criterios rectores, con los cuales concuerda este Colegiado, que fluyen de los apersonamientos de la Juez Cecilia Izaga Rodríguez a folios mil seiscientos cincuenta y tres; del Director Regional de Trabajo a folios mil seiscientos sesenta y uno; del apersonamiento del Procurador Público del Poder Judicial a folios mil ochocientos ochenta y cinco; y de la contestación del señor Franklin Zúñiga Anaya a folios dos mil quinientos cinco. § Pretensión vinculada a la omisión de haberse emplazado como violatoria de los derechos a la tutela procesal efectiva y el debido proceso. 34. Este tercer petitorio de la demanda asume directa vinculación con los considerandos precedentes en la medida que ya hemos contestado premisas relacionadas directamente con la cuestión ahora planteada.
36. Estando a lo expuesto, no podemos negar en estricto una vulneración al derecho de la ahora demandante a que pudiera comparecer al proceso en la forma deseada, pero a su vez, tanto mayor es la satisfacción del derecho a que los jueces ordinarios hubieran ejercido su función dentro de los alcances de la impartición de justicia que enuncia el artículo 139 de la Constitución. § Cuestiones adicionales a definir
37. Sobre la base de los criterios expuestos, las cuestiones planteadas por la actora[14] pueden ahora sí ser respondidas con objetividad y debemos expresar los lineamientos que siguen. 38. Respecto al extremo a), enunciado en el fundamento jurídico 16 antes señalado, debemos indicar que los demandados no han asumido en forma indebida competencia exclusiva de los jueces contencioso- administrativos, en tanto han fallado sobre el fondo de la cuestión sub litis conforme a la resolución número ochenta y nueve, obrante a folios novecientos uno. 39. Con relación al extremo b), es pertinente indicar que como consecuencia de lo antes expuesto, esta Sala de Derechos Fundamentales desestima que los demandados hayan terminado ejecutando indebidamente a la Administración Pública. No se aprecia esto de autos, más aún cuando la pretensión de la actora sobre el pago ya efectuado[15], no constituye una demostración objetiva, evidente y palpable de que se le esté obligando al doble pago. Así se desprende del argumento 2.19 de la propia actora, cuando a folios mil setenta y cinco, sostiene que existe una lista de trabajadores apersonados, lo que conduce a un esquema de complejidad en la determinación de quiénes resultaron beneficiados y quiénes no con el pago. En otros términos, no es tarea del juez constitucional dirimir cuáles trabajadores resultaron beneficiados y quiénes no, pues ello resulta competencia de la justicia laboral ordinaria bajo los mecanismos habilitados por ley para tal efecto. 40. Es pertinente reforzar este argumento con la precisión de que el juez constitucional no puede efectuar un estudio de determinación de quiénes han resultado antes beneficiarios y quiénes ahora lo deben ser. Esto no es una cuestión constitucional strictu sensu, a excepción de que presentada una prueba evidente de que existe doble pago, incontrastablemente acreditada, y que ello venga a traducirse en afectación sustancial al derecho de propiedad. 41. En cuanto concierne al ítem c), consideramos, de la misma forma, que no se ha omitido emplazamiento formal alguno a ELECTRONORTE S.A. en el procedimiento administrativo 437-86-DI-SD/CHIC, en tanto conforme fluye de los actuados en el proceso 2005-251, el derecho de contradicción de la actora ha sido ejercido.
44. En el orden de ideas expuesto, concluye este órgano constitucional que no ha existido violación ni amenaza de los derechos constitucionales denunciados, procediendo en rigor declaremos infundada la demanda, en atención a la insuficiencia de los argumentos retórico- persuasivos invocados por la parte actora. DECISIÓN : Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 139 inciso 3, 200 inciso 2, parte in fine de la Constitución Política del Estado y 4 del Código Procesal Constitucional, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, DECLARA INFUNDADA la demanda interpuesta por ELECTRONORTE S.A., contra los SEÑORES JUECES SUPERIORES MARCO PÉREZ RAMÍREZ, MIGUEL LOZANO GASCO Y LUCÍA DEZA SÁNCHEZ, EN SU CONDICIÓN DE VOCALES DE LA SALA LABORAL DE LAMBAYEQUE; CONTRA LA SEÑORA JUEZ CECILIA IZAGA RODRÍGUEZ, DEL TERCER JUZGADO LABORAL DE CHICLAYO, Y CONTRA EL SEÑOR FRANKLIN ZÚÑIGA ANAYA Y OTROS (mencionados en la parte expositiva de la presente resolución), por afectación del derecho a la tutela procesal efectiva y debido proceso; consentida o ejecutoriada que sea la presente, dispusieron su publicación en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley, y ARCHÍVESE en su oportunidad por secretaría.
“§ Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales 22. (…) La intensidad del control constitucional de las resoluciones judiciales a través del proceso de amparo depende de la interpretación que se haga de la configuración constitucional del mencionado proceso. Así, desde una interpretación estricta del amparo, los jueces constitucionales examinan la constitucionalidad de la resolución judicial en base al expediente judicial ordinario, otorgando mérito constitucional suficiente a los actuados judiciales. En esta perspectiva, el juez constitucional asume lo resuelto por el juez ordinario iure et de iure. Luego de ello y con estos actuados indiscutibles se pasa a realizar un examen de la motivación y relevancia constitucional de la resolución judicial en función del derecho fundamental invocado. De otro lado, se parte de una interpretación flexible del amparo cuando el Juez constitucional adquiere plena jurisdicción sobre el fondo y la forma del proceso ordinario, realizando un examen constitucional de la motivación del fallo y de la relevancia de lo actuado judicialmente. Desde esta posición, el Juez constitucional asume competencia para examinar el juicio ordinario bajo un canon constitucional propio del supremo intérprete de la Constitución. Lo que significa la posibilidad de revisar todo el proceso que va desde el examen del acto lesivo, la validez o no de una norma legal, hasta el valor probatorio de las pruebas; es decir, revisando y reformando constitucionalmente la actuación judicial concreta que sea necesaria para determinar la constitucionalidad de la resolución judicial cuestionada.
23. No obstante, esta segunda perspectiva del proceso de amparo precisa que el Tribunal Constitucional establezca el canon interpretativo bajo el cual realizará el control constitucional de las resoluciones judiciales, sin que ello suponga convertir al Tribunal Constitucional en una cuarta instancia judicial y sí, más bien, a fin de reconocer que al Tribunal le corresponde, en el proceso de amparo, resolver, ponderadamente, sobre el fondo y la forma de los procesos judiciales ordinarios cuando estos hayan violado los derechos fundamentales tutelados por el proceso constitucional de amparo. Dicho canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.
(a) Examen de razonabilidad. – Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado. (b) Examen de coherencia. – El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio. (c) Examen de suficiencia. – Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.”
[2]Artículo 139° de la Constitución: Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.(…)
“ §2.4 El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 20. Tal como refiere Manuel Medina Guerrero, “en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales” (La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41)
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El precepto para las nulidades es muy claro, “donde hay indefensión hay nulidad” (Hugo Alsina. Sin perjuicio de ello, considero que el caso es oportuno para explicar en detalle la diferencia sustancial entre el litis consorte necesario y el tercero con interes, esbozar su naturaleza juridica de manera más exquisita hubiera constituido, tal vez, un mejor panorama; al respecto, el Tribunal Constitucional desarrolla la figura del litis consorte en su STC 0961-2004-AA/TC que señala en su 5ta Consideración:”…los litisconsortes son partes, en sentido estricto, de la relación jurídica procesal, a diferencia del tercero, que “(…) es el sujeto procesal eventual no necesario para la prestación de la prestación de la actividad jurisdiccional que, sin ser parte, tiene la “chance” de participar en una relación procesal pendiente en la medida del interés jurídico que ostenta y a través del instituto técnicamente denominado intervención de terceros”.
Un humilde comentario de quien, academicamente, lo aprecia.
15 noviembre, 2010 at 16:37	Responder	Estimado José. Veo que las opciones de respuesta, al parecer, están trabajando bien.
22 julio, 2011 at 12:13	Responder	Deja un comentario Cancelar respuesta
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El Derecho ¿ arte o ciencia? Bobbio y el ordenamiento jurídico
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