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Timestamp: 2020-01-25 08:50:21+00:00

Document:
BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1985-26398
Documento consolidado BOE-A-1985-26398
«BOJA» núm. 112, de 28/11/1985, «BOE» núm. 302, de 18/12/1985.
BOE-A-1985-26398
https://www.boe.es/eli/es-an/l/1985/11/28/6/con
Última actualización publicada el 24/07/2019
Modificación publicada el 18/05/2016
Modificación publicada el 02/09/2015
Modificación publicada el 09/11/1993
Modificación publicada el 31/12/1992
Modificación publicada el 12/07/1989
Modificación publicada el 30/01/1989
Modificación publicada el 27/01/1989
Modificación publicada el 15/11/1988
Modificación publicada el 25/10/1988
Texto inicial publicado el 28/11/1985
TEXTO CONSOLIDADO: «Última actualización publicada el 24/07/2019»
Incluye la corrección de erratas publicada en BOJA núm. 112, de 28 de noviembre de 1985.
LEY DE ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
1. La presente Ley de Ordenación de la Función Pública Andaluza pertenece a la categoría que un lenguaje político usual denomina leyes institucionales, concepto que intenta evocar una función vertebradora y configuradora de los medios básicos para el ejercicio del poder político.
2. La Ley se sitúa claramente en un contexto integrado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la existencia de unas bases legislativas establecidas por las Cortes Generales al amparo de la reserva del artículo 149.1.18 de la Constitución, parcialmente desarrollada por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Dicho contexto, inexcusable por imperativo legal, es conveniente por razones de diversa índole, pero todas resumibles en la necesidad de que el Estado de las Autonomías se asiente sobre un conjunto integrado de Administraciones Públicas que en el pleno ejercicio de sus competencias propias no resulte creador de una lógica de compartimentos estancos, que a la larga provoquen resultados indeseables tanto para los intereses generales del Estado como para los de las Comunidades Autónomas.
En este marco y con estas referencias, la presente Ley es pieza esencial de consolidación de nuestras Instituciones Autonómicas, consolidación que se mueve dentro de un impulso general de modernización, al tiempo, de la Administración Pública.
3. Consolidar y modernizar la Administración son exigencias de la reciente historia de nuestra Comunidad Autónoma. Las circunstancias políticas y administrativas de la época de la preautonomía y de los primeros años de vigencia de la Constitución han provocado la transferencia de medios personales, que arrastraban consigo un régimen, ya que no incompatible con las peculiaridades autonómicas, manifiestamente inadecuado a las mismas. Las necesidades del servicio han obligado, por otra parte, a la Junta de Andalucía a reclutar un personal especializado que completara de alguna manera los vacíos producidos por el automatismo de las transferencias estatales, pero es claro que se trataba de remedios coyunturales, como provisional ha sido también, por naturaleza, el fragmentario régimen que al respecto se ha ido dictando en materia de Función Pública.
La Comunidad Autónoma de Andalucía no renuncia a la herencia recibida, cuyos méritos y resultados parece ocioso ponderar, aunque proclama su intención de crear una nueva planta de su Función Pública, de acuerdo con su identidad propia y que responda a las necesidades organizativas y sociales de Andalucía en estas últimas décadas del siglo. La Función Pública de que actualmente dispone no está adaptada ni a los tiempos que corren ni a las peculiaridades de la Comunidad. Sin romper con una tradición, respetable por más de un concepto, hay que ser conscientes de que la sociedad exige hoy de la Administración unas actividades y unas formas de comportamiento que no pueden satisfacer con las fórmulas recibidas.
La presente Ley aspira a alinearse en la mejor corriente de las expresiones progresistas atendiendo a un objetivo fundamental: estructurar la Función Pública de la Junta de Andalucía desde la perspectiva de los intereses de la Administración, a la que aquélla sirve, sin desequilibrar por ello el status personal de sus servidores. Por ello, desde sus primeros artículos se deja bien claro que el sistema se vertebra sobre los intereses generales y no sobre los individuales o colectivos del personal.
4. La indicada perspectiva se expresa en la estructura de la Ley y vivifica cada uno de sus artículos. Los rasgos más notables del sistema que se introduce pueden resumirse en los siguientes términos:
a) El sistema se apoya en la relación de puestos de trabajo que se recoge en la Ley de 2 de agosto de 1984. La relación de puestos no debe ser un documento formal en el que se recojan los puestos heredados a lo largo de una tradición no siempre racional, sino la expresión de las necesidades reales, presentes y futuras, de la Junta de Andalucía; o sea, el repertorio de los medios personales que se consideran adecuados para la realización de las tareas que la Junta asume. Concebida así la relación, como un punto de partida dinámico y no como una consagración de lo existente, a partir de ella se estructura la Función Pública y se determina los derechos y obligaciones del personal, cualquiera que sea la naturaleza de las categorías en que se encuentra jurídicamente dividida: funcionarios, laborales y eventuales.
b) La eficacia nucleadora de la relación de puestos de trabajo encuentra, como es lógico, dos dificultades iniciales: por un lado, las limitaciones presupuestarias, que establecen un techo que, por razones obvias, no puede ser desbordado, y por otro, el desajuste entre los efectivos hoy existentes y las necesidades definidas. A tal propósito y con intención de lograr un reajuste de estas contradicciones, en la Ley se establecen diferentes mecanismos, cuya novedad merece resaltarse.
En primer lugar, se habilita a la Administración para que en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la Ley, proceda a un reajuste entre el personal y la relación de puestos de trabajo, de tal manera que puedan ser trasladados a cada puesto los funcionarios más adecuados para cada uno de ellos, con independencia del que estén actualmente ocupando.
c) El segundo eje de carácter complementario de la Ley está constituido por los Cuerpos de funcionarios. La Junta de Andalucía integrará a sus funcionarios en los Cuerpos propios de la Comunidad que se especifican en una adicional del texto normativo. La Ley se preocupa de precisar el papel que tales Cuerpos van a cumplir dentro de la Función Pública de Andalucía para reducirlos estrictamente a un mejor servicio de los intereses generales, sin dar margen a la influencia de intereses corporativos inadmisibles y de tal forma que complementen, y no sustituyan, a lo que constituye la médula del sistema, es decir, la relación de puestos de trabajo.
d) Los funcionarios están, como se ha repetido, al servicio de la Administración, postulado que no obsta al convencimiento de que los individuos precisan de un estímulo permanente para excitar su diligencia. El mejor estímulo es la carrera que se abre a los más capacitados y celosos, una carrera que se instrumenta a través del reconocimiento del grado personal y de sus efectos de todo orden y a través también de la posibilidad de acceder a otros puestos de trabajo más gratificantes. A lo cual hay que añadir los estímulos derivados de un acceso saltuario a otros grados y a otros Cuerpos de los que, en principio, son accesibles por el procedimiento ordinario.
f) Particular atención se dedica a los sistemas de provisión de puestos de trabajo y de selección del personal. Producida una vacante, habrá de proveerse de acuerdo con las técnicas de provisión entre los efectivos del personal existentes en la Junta de Andalucía, y las vacantes resultantes se ofertarán al público mediante los correspondientes sistemas de selección. Tales son las líneas fundamentales que en el articulado de la Ley se especifican a través de una casuística muy matizada. El acceso tiene lugar de ordinario a través de los niveles básicos de cada Grupo o Cuerpo, que será el escalón inicial de la carrera posterior de cada funcionario, y, por otro lado, se conceden facilidades especiales al acceso de quienes no siendo funcionarios de la Junta de Andalucía (por cuya razón no pueden participar en los concursos internos previos) son funcionarios de otras Administraciones Públicas y, en cuanto tales, disfrutan presumiblemente de unos conocimientos y de una experiencia que interesa captar a la Función Pública de Andalucía.
5. La Ley es perfectamente consciente de que la nueva planta de la Función Pública no se logra con la mera publicación de un texto legal. Con él se abre sencillamente un proceso, cuyos eslabones reglamentarios, junto con la aparición de la relación de puestos de trabajo, irán completando la obra que ahora se inicia y que exige una atención constante y tenaz del Ejecutivo. En definitiva, no se gobierna mediante leyes sino por la voluntad política cotidiana del Gobierno. Pero a partir de este momento, la Administración de la Junta de Andalucía va a contar con unas pautas normativas inequívocas y con una tarea que el legislador le ha marcado. Existe, pues, un sistema de Función Pública y una orden al Ejecutivo de que lo cumpla con eficacia, iniciativa y escrupulosidad.
La presente Ley dictada al amparo del artículo 148.1.1 de la Constitución y de los artículos 13.1 y 15.1.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, tiene por objeto desarrollar legislativamente, para la Comunidad Autónoma de Andalucía, los preceptos básicos, y sus temas conexos, establecidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
En lo no previsto en la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen se aplicarán supletoriamente la legislación estatal vigente.
3. Su ordenación y gestión estarán presididas por los principios de objetividad, economía y eficacia, que inspirarán el desarrollo reglamentario de la Ley y los actos administrativos de su ejecución. La Junta de Andalucía velará por que su personal desarrolle sus actividades concretadas conforme a los intereses del servicio y actúe siempre con objetividad, diligencia, profesionalidad, imparcialidad, sometimiento pleno a la Ley y atención a los administrados.
1. La Función Pública de la Junta de Andalucía está constituida por las personas integradas en la Administración de la misma y de sus Organismos Autónomos, por una relación de servicios profesionales y retribuidos, en los términos en que esta Ley se señalan, con independencia de la Administración Pública de donde, en su caso, procedan.
g) Aprobar la relación de puestos de trabajo con su correspondiente clasificación de niveles, así como los intervalos asignados a cada Cuerpo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.3 i) de esta Ley.
Se modifica el apartado 2.g) por el art. 60 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-992
Texto original, publicado el 28/11/1985, en vigor a partir del 18/12/1985.
c) Cuidar el cumplimiento de las normas generales en materia de personal, asegurando que la organización y funcionamiento de la Función Pública se atengan a los principios establecidos en el artículo 2 de la presente Ley.
i) Aprobar las modificaciones de la relación de puestos de trabajo en los casos que reglamentariamente se establezcan.
Se añade la letra i) al apartado 3 por el art. 60 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-992
Cualquier medida relativa al personal que pueda suponer aumento en el gasto será preceptivamente informada por la Consejería de Hacienda, a la que corresponderá en todo caso la determinación de modificaciones en las dotaciones presupuestarias.
2. La Comisión Técnica de Personal es un órgano técnico colegiado de coordinación, documentación y asesoramiento para la elaboración y ejecución de la política de la Función Pública. Su composición, funcionamiento y atribuciones serán reguladas reglamentariamente.
Se deroga el apartado 3 por la disposición derogatoria única.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Ref. BOE-A-2007-19819
Última actualización, publicada el 31/10/2007, en vigor a partir del 31/01/2008.
La Función Pública de la Junta de Andalucía se estructura básicamente por medio de la relación de puestos de trabajo y de las plantillas presupuestarias.
La Junta de Andalucía, a través de la relación de puestos de trabajo, racionaliza y ordena su Función Pública, determina sus efectivos reales de personal de acuerdo con las necesidades de la organización y de los servicios, trazando previsiones para su evolución futura, precisa los requisitos exigidos para su desempeño y clasifica y valora cada uno de ellos.
1. Los puestos de trabajo figurarán en una relación, en la que individualmente aparezca cada una o de ellos con las siguientes circunstancias mínimas:
a) denominación;
b) características esenciales;
c) ente, departamento y centro directivo en que orgánicamente esté integrado;
d) adscripción a funcionarios o laborales en atención a la naturaleza de su contenido;
e) requisitos exigidos para su desempeño; y, además, tratándose de funcionarios;
f) indicación de si el puesto de trabajo es de libre designación;
g) nivel en que ha sido clasificado, y
h) complemento específico, con indicación de los factores que se retribuyen con el mismo y su valoración resultante.
Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social, así como los puestos de las áreas de expresión artística y los vinculados directamente a su desarrollo, servicios sociales y protección de menores.
Los puestos correspondientes a áreas de actividades que requieran conocimientos técnicos especializados cuando no existan Cuerpos de funcionarios cuyos miembros tengan la preparación específica para su desempeño.
4. La relación de puestos de trabajo, que es pública, será aprobada por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero de la Presidencia, de acuerdo con las normas y directrices dictadas a tenor de lo establecido en el artículo 6 de esta Ley.
Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 11.1 de la Ley 3/1991, de 28 de diciembre . Ref. BOE-A-1992-5523
Última actualización, publicada el 31/12/1991, en vigor a partir del 01/01/1992.
1. En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía se determinarán las plantillas presupuestarias o relación de plazas que correspondan a cada una de las categorías de personal y, tratándose de funcionarios, ordenadas por Grupos.
3. A efectos de esta Ley se entiende por plaza el puesto de trabajo con dotación presupuestaria.
1. Las dotaciones presupuestarias del personal funcionario se distribuirán en los siguientes conceptos:
a) retribuciones básicas correspondientes a cada uno de los Grupos;
b) complemento de destino asignado a los puestos de trabajo de cada nivel;
c) complemento específico correspondiente a los puestos de trabajo que lo tengan asignado;
d) complemento de productividad, globalmente dotado, con pormenorización, en su caso, por Departamentos, servicios o programas;
e) gratificaciones, globalmente dotadas, y f) indemnizaciones, globalmente dotadas.
2. Las dotaciones presupuestarias del personal eventual consistirán en una cantidad global que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 30/1984, el Consejo de Gobierno aplicará y distribuirá en su caso.
1. En la Consejería de la Presidencia existirá un Registro General de Personal, en el que, en coordinación con el Registro Central a que se refiere el artículo 13 de la Ley 30/1984, se inscribirá todo el personal y en el que se anotarán todos los actos que afecten a la vida administrativa del mismo, que reglamentariamente se determinen, pero sin que pueda figurar dato alguno relativo a raza, religión u opinión. La utilización de los datos del Registro estará sometida a las limitaciones previstas en el artículo 18.4 de la Constitución.
2. Son funcionarios quienes han sido nombrados con tal carácter de acuerdo con la legislación vigente. Son eventuales quienes ocupan puestos de trabajo expresamente calificados como de confianza o asesoramiento especial. Son interinos quienes ocupan, con carácter provisional, puestos de trabajo que puedan ser desempeñados por funcionarios. La relación jurídica de todos ellos está regulada íntegramente por el Derecho Administrativo.
3. El personal laboral es el contratado con tal carácter. Su régimen jurídico está sometido al Derecho Laboral, pero en todo caso le será de aplicación los principios del artículo segundo de la presente Ley.
[Bloque 23: #sp]
Sección Primera. Funcionarios
Se modifica el apartado 1 por el art. 73 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-2572
1. La creación de nuevos Cuerpos y las especialidades de los mismos o la supresión y refundición de cualesquiera de los previstos en la disposición adicional quinta deberá hacerse por Ley, en la que, como mínimo, se determinará:
b) titulación exigida para el ingreso;
c) características funcionales, y
d) regulación, o establecimiento de directrices para la regulación reglamentaria de las cuestiones que necesiten de un tratamiento especial separado de las normas generales de la presente Ley.
Sección Segunda. Carrera administrativa de los funcionarios
Todo funcionario posee un grado personal, correspondiente a uno de los treinta niveles en que están clasificados los puestos de trabajo. El grado personal se consolida por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o durante tres con interrupción. Si durante el tiempo en el que el funcionario desempeña un puesto se modificase el nivel del mismo, el tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho puesto hubiese estado clasificado.
2. Excepcionalmente, la Consejería de la Presidencia, de acuerdo con los Departamentos en su caso afectados, podrá acordar, por razones de preferencia en la atención de los servicios, la provisión de otro u otros puestos de entre los que figuren en la relación y no estén ocupados por falta de dotación presupuestaria. En este caso se precisará si el puesto vacante que no sale a provisión debe ser dado de baja en la relación, por considerarse que ya no es necesario para el servicio, o si debe seguir figurando en ella en espera de su ocupación posterior cuando las dotaciones presupuestarias lo permitan.
3. Las retribuciones de los puestos de trabajo ocupados al amparo del número anterior no podrán exceder de las dotaciones presupuestarias.
2. Como excepción, la Consejería de la Presidencia, a propuesta de la Consejería en cuyo Departamento se encuentre el puesto vacante podrá disponer que éste se cubra mediante los sistemas de selección para acceso a la Función Pública, debiendo precisarse el Cuerpo en que, en tal caso, se integrará el seleccionado. En ningún caso se entenderá que la ocupación del puesto de trabajo constituye un derecho adquirido para el funcionario.
a) A los funcionarios de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales de Andalucía, que pasen a desempeñar puestos de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía, mientras permanezcan en ésta, les será de aplicación la presente Ley.
El Consejo de Gobierno aprobará el correspondiente baremo con sujeción a los criterios expuestos en los párrafos anteriores.
Se añade el apartado 3 por el art. 1.1 de la Ley 2/2016, de 11 de mayo. Ref. BOE-A-2016-5051
Se deja sin efecto el apartado 3 por Resolución de 28 de septiembre de 2015 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto. Ref. BOJA-b-2015-90689
Se añade el apartado 3 por el art. 1.1 del Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto. Ref. BOJA-b-2015-90540
Modificación publicada el 14/10/2015, en vigor a partir del 14/10/2015.
Modificación publicada el 02/09/2015, en vigor a partir del 03/09/2015.
En ambos supuestos se reservará al funcionario el puesto de trabajo de origen, cuyo nivel seguirá computándose a efectos de la consolidación del grado. Si el puesto ocupado es de nivel superior al de origen, el tiempo de permanencia en el mismo podrá computarse tanto para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto de origen, como para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto de trabajo ocupado por destino o traslado, una vez, en este último caso, que el funcionario obtenga por concurso un puesto de dicho nivel.
3. Si por resolución motivada y con audiencia del interesado, resultare que un funcionario no desempeña eficazmente su puesto de trabajo, podrá ser trasladado por el Consejero de su Departamento a cualquier otro para el que reúna los requisitos exigidos, situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente y con sujeción a lo previsto en el artículo 23.1.
Los traslados previstos en este número no tendrán carácter de sanción disciplinaria aun cuando supongan una disminución económica por variación de las cuantías correspondientes a los conceptos retributivos del nuevo puesto de trabajo.
Igualmente podrá asignársele el desempeño de puestos de inferior nivel, siempre que corresponda a su Cuerpo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2.c) de la Ley 30/1984. Mientras permanezca en tal situación, el funcionario tendrá derecho a percibir un complemento personal equivalente a la diferencia entre el complemento de destino del puesto de trabajo que ocupa provisionalmente y el correspondiente a un puesto inferior en dos niveles a su grado personal.
5. Los funcionarios deberán contar con dos años de servicio activo en la Junta de Andalucía para poder participar por primera vez en concurso de provisión de puestos de trabajo, debiendo permanecer en los puestos de trabajo obtenidos por concurso un mínimo de dos años para participar en sucesivos concursos, salvo en el ámbito de una Consejería u Organismo Autónomo o en el supuesto previsto en el apartado 3 de este artículo, así como por supresión del puesto de trabajo y por cualquier otra causa de adscripción provisional sin reserva de puesto.
Se añade el apartado 5 por la disposición adicional 11.2 de la Ley 3/1991, de 28 de diciembre . Ref. BOE-A-1992-5523
[Bloque 36: #st]
Sección Tercera. Eventuales
4. Los funcionarios que ocupen puestos de naturaleza eventual pasarán a la situación de servicios especiales.
Se añade el apartado 5 por el art. 20 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-1221
[Bloque 38: #sc]
Sección Cuarta. Interinos y situaciones de interinidad
1. Desocupado un puesto de trabajo por inexistencia o ausencia de su titular, si razones de oportunidad o urgencia así lo aconsejasen, podrá ser ocupado de manera provisional, y hasta tanto no se proceda al nombramiento ordinario de su titular o tenga lugar la reintegración de éste a sus funciones, por cualquier persona ajena a la Función Pública que reúna la titulación y requisitos funcionales exigidos para el mismo.
4. En el caso de nombramiento para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea o de otros fondos de carácter finalista, los que tengan por objeto la prevención y lucha contra el fraude fiscal o el control, verificación y justificación de fondos de la Unión Europea, el plazo máximo de duración de la interinidad se hará constar expresamente en el nombramiento y no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los que se adscriba ni ser superior a tres años, ampliables hasta doce meses más.
Se añade el apartado 4 por la disposición final 10 de la Ley 3/2019, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2019-12122
Se modifica el apartado 3 por la disposición final 2 de la Ley 7/1996, de 31 de julio. Ref. BOE-A-1996-20268
Última actualización, publicada el 24/07/2019, en vigor a partir del 25/07/2019.
Modificación publicada el 01/08/1996, en vigor a partir del 01/08/1996.
1. En los mismos supuestos y con los mismos límites temporales del artículo anterior, también podrá destinarse, con consentimiento del interesado, al puesto de trabajo desocupado cualquier funcionario de la Junta de Andalucía que reúna las condiciones de titulación y requisitos funcionales exigidos para el puesto.
4. El cese se producirá por las mismas causas señaladas en el número tres del artículo anterior, regresando el funcionario con destino provisional a su puesto de origen, que le habrá sido reservado.
3. La duración será fijada de antemano en atención a la naturaleza de los trabajos a desarrollar, pero sólo implicará reserva de puesto de trabajo si es por tiempo no superior a un año. Al extinguirse una comisión de servicios concedida por tiempo superior a un año sin que el funcionario haya sido adscrito provisional, interino o definitivamente a un puesto de trabajo, éste será considerado en la situación de excedencia que le corresponda.
4. Al personal de la Función Pública de la Junta de Andalucía se le computarán en ésta, a todos los efectos, los servicios prestados en comisión en otras Administraciones Públicas; no obstante, y con independencia del puesto que esté ocupando en comisión, para la consolidación del grado únicamente se tendrá en cuenta el nivel del puesto de origen.
5. Con independencia de lo previsto en el párrafo 3, el Consejo de Gobierno podrá autorizar comisión de servicios, con reserva de plazas por tiempo superior a un año, por razones de interés público.
Redactado conforme a la corrección de erratas publicada en BOJA núm. 122, de 21 de diciembre de 1985.
[Bloque 42: #sq]
Sección Quinta. Laborales
También podrán celebrarse contratos laborales de carácter temporal para la realización de trabajos imprevistos, urgentes y no permanentes, que no correspondan a un puesto de trabajo presupuestariamente dotado. Su formalización corresponde al Consejero en cuyo Departamento vayan a prestarse los servicios.
Se modifica por el art. 74 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-2572
[Bloque 47: #sp-2]
Sección Primera. Oferta de empleo público y pruebas selectivas
1. Serán objeto de oferta de empleo público, como instrumento de planificación de recursos humanos, las vacantes presupuestariamente dota das cuya cobertura se considere necesaria y que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes. Las vacantes de personal funcionario se agruparán por grupos, cuerpos, especialidades y, en su caso, por opciones de acceso, y las de personal laboral por grupos y, en su caso, por categorías.
2. No obstante lo anterior, el Consejo de Gobierno puede incluir para su provisión en la oferta las plazas que hayan quedado vacantes o sustituirlas por otra u otras de igual o diferentes Grupos, que figuren igualmente en la relación de puestos de trabajo, pero sin que en ningún caso el montante global de las retribuciones de las plazas ofertadas pueda superar las cuantías presupuestariamente señaladas para este concepto. Estas alteraciones se reflejarán en las plantillas presupuestarias del ejercicio siguiente.
3. Las plazas ofertadas habrán de mantenerse en plantilla hasta que se resuelva la oportuna convocatoria.
Se modifica el apartado 1 por el art. 37 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-1973
Se suspende durante el año 1999 la vigencia de este artículo lo indicado en la disposición transitoria 1.1 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1999-2942
Se suspende durante el año 1998 la vigencia de este artículo lo indicado en la disposición transitoria 2.1 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-2572
Se suspende durante el año 1997 la vigencia de este artículo lo indicado en la disposición transitoria 2.1 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre . Ref. BOE-A-1997-3701
Se suspende durante el año 1996 la vigencia de este artículo lo indicado en la disposición transitoria 3.1 de la Ley 7/1996, de 31 de julio. Ref. BOE-A-1996-20268
Se suspende, durante el año 1994, la vigencia de este artículo lo indicado en la disposición transitoria 2.1 por Ley 9/1993, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-5192
Se prorroga la suspensión durante el año 1995. Véase el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre sobre prórroga del presupuesto de la comunidad autonóma de Andalucía para el ejercicio 1995, publicado en BOJA núm. 208, de 30 de diciembre de 1994.
Se suspende durante el año 1993 la vigencia de este artículo lo indicado en la disposición transitoria 3 de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1993-6761
Modificación publicada el 31/12/1992, en vigor a partir del 01/01/1993.
La publicación de la oferta obliga a la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso para las plazas vacantes comprometidas en la misma, con la posibilidad de un aumento de hasta el 10 por 100 adicional para prever el supuesto de que en el intervalo que media hasta la resolución se produzcan nuevas vacantes.
Se suspende durante el año 1999 la vigencia de este artículo lo indicado en la disposición transitoria 1.1 de la Ley 11/1998, de 28 de diciembre . Ref. BOE-A-1999-2942
Se suspende durante el año 1997 la vigencia de este artículo lo indicado en la disposición transitoria 2.1 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-1997-3701
Se suspende durante el año 1994 la vigencia de este artículo lo indicado en la disposición transitoria 2.1 por Ley 9/1993, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-5192
Se prorroga la suspensión durante el año 1995. Véase el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre sobre prórroga del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para el ejercicio 1995, publicado en BOJA núm. 208, de 30 de diciembre de 1994.
Se añade el apartado 4 por el art. 1.2 de la Ley 2/2016, de 11 de mayo. Ref. BOE-A-2016-5051
Se deja sin efecto el apartado 4 por Resolución de 28 de septiembre de 2015 que publica el Acuerdo del Congreso de los Diputados por el que se deroga el Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto. Ref. BOJA-b-2015-90689
Se añade el apartado 4 por el art. 1.2 del Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto. Ref. BOJA-b-2015-90540
Se modifica por el art. 75 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-2572
Las convocatorias serán publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», sin perjuicio de que pueda difundirse un extracto de las mismas en otros medios de comunicación. En ellas se harán constar, como mínimo, los siguientes datos:
a) número y características de las vacantes;
b) requisitos exigidos para presentarse a las pruebas;
c) sistema selectivo y formas de desarrollo de las pruebas y de su calificación;
d) programas, si es que se trata de oposición o concurso-oposición;
e) baremos de valoración, si es que se trata de oposición o concurso-oposición;
f) composición del órgano de selección;
g) calendario para la realización de las pruebas, que habrá de concluir en todo caso antes del 1 de octubre del año en curso, y
h) indicación de la oficina pública donde estarán de manifiesto las sucesivas comunicaciones, sin perjuicio de que puedan publicarse en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» o notificarse directamente a los interesados.
3. La selección del personal laboral fijo, previa a la contratación, se realizará por el sistema de concurso, salvo cuando por la naturaleza de las tareas a realizar o por el número de aspirantes, resulte más adecuado el de concurso-oposición o el de oposición.
4. Cualquiera que sea el sistema selectivo, podrá preverse que el acceso esté condicionado, en una fase posterior, a la celebración de la oposición, concurso-oposición o concurso, a la realización de unos cursos de formación o especialización, o a las de unas prácticas por un período determinado. En la convocatoria se precisará en todo caso si la admisión a tales cursos o prácticas da derecho al acceso posterior a la Función Pública o si, por el contrario, éste se encuentra condicionado por la superación de dichos cursos o período de prácticas.
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 3 de la Ley 7/1996, de 31 de julio. Ref. BOE-A-1996-20268
Última actualización, publicada el 01/08/1996, en vigor a partir del 01/08/1996.
1. La Comisión de selección designada en la convocatoria estará integrada por personas, funcionarios o no, idóneas para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos, y que, en todo caso, habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida a los candidatos y que sea del área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlos.
2. No obstante lo anterior, cuando el proceso de selección conste de las dos fases aludidas en el número cuatro del artículo 39, podrá admitirse a los cursos complementarios mayor número de asistentes que el de plazas convocadas. En este caso, la limitación de los aprobados se refiere a los resultados definitivos del curso o prácticas, que serán valorados, bien por la Comisión inicial o por otra que reglamentariamente se determine, de acuerdo con la convocatoria.
[Bloque 56: #ss-2]
Sección Segunda. Pruebas selectivas y provisión de puestos de trabajo
4. Aquellos puestos de trabajo no correspondientes al nivel básico que no hayan podido ser cubiertos mediante la selección prevista en el artículo 25.2, o por los funcionarios referidos en el párrafo anterior, podrán ser ocupados con carácter provisional, además de por los sistemas extraordinarios de provisión contenidos en esta Ley, por los funcionarios de nuevo ingreso. Todos estos figurarán necesariamente en la siguiente convocatoria de provisión interna.
Se modifica por la disposición adicional 11.1 de la Ley 3/1991, de 28 de diciembre . Ref. BOE-A-1992-5523
[Bloque 60: #cv-2]
En el caso de que un funcionario preste sus servicios sucesivamente en diferentes cuerpos, escalas, clase o categoría de distinto grupo de clasificación tendrá derecho a seguir percibiendo los trienios devengados en los cuerpos anteriores.
c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año por un importe mínimo cada una de ellas de una mensualidad del sueldo y trienios se devengarán en los meses de junio y diciembre.
Dentro de las disponibilidades presupuestarias, se procurará que la cuantía de estos complementos se adapte al entorno social y, eventualmente, al territorial, tendiéndose a la homogeneidad con las retribuciones salariales del sector privado.
c) El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Su cuantía, que no podrá exceder de un porcentaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada órgano, aparecerá determinada globalmente en los Presupuestos por Departamentos, servicios o programas. Corresponde al Consejero o jefe de la Unidad a la que se haya asignado la cuota global la concreción individual de las cuantías y de los funcionarios que hayan merecido su percepción, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Gobierno, sin que en ningún caso esta percepción implique derecho alguno a su mantenimiento. Las cantidades percibidas por cada funcionario serán de conocimiento público del resto del personal del Departamento u Organismo interesados así como de los representantes sindicales. Reglamentariamente se determinarán criterios objetivos técnicos para la valoración de este complemento.
Se modifica el apartado 2.b) por la disposición adicional 16 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre . Ref. BOE-A-1994-5192
Los eventuales únicamente percibirán la retribución que se determine por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con las dotaciones presupuestarias establecidas al respecto.
2. En la negociación de estas retribuciones se procurará, dentro de las disponibilidades presupuestarias, su homogeneidad con las del sector privado, en consideración al entorno social y, eventualmente, al territorial.
d) En los demás supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días.
En los supuestos arriba indicados el importe diario será el resultado de dividir el importe mensual de la retribución de que se trate entre el número de días naturales del mes al que dicha liquidación corresponda.
a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada día de servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses entre ciento ochenta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) para el periodo comprendido entre el día 1 de diciembre al 31 de mayo, o ciento ochenta y tres días, para el período comprendido entre el día 1 de junio y 30 de noviembre.
Se añade la letra d) al apartado 1 y se modifica el apartado 2.a) por el art. 130 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-1739
Se añade por la disposición final 1 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre . Ref. BOE-A-1998-2571
Una vez aprobada la Ley en que se regule el régimen del personal de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de acuerdo con ésta, se determinarán reglamentariamente las competencias que correspondan en esta materia a los órganos superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como la nueva composición, que al efecto haya de establecerse, del Consejo de la Función Pública.
[Bloque 67: #da-2]
2. Los contratos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales, cuyo objetivo sea la entrega de una obra o de un resultado, se someterán a la legislación administrativa de contratos, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la normativa civil o mercantil, y no serán retribuidos con cargo al capítulo presupuestario de personal.
3. La celebración de los contratos previstos en el número anterior se acordará por el Consejo interesado mediante resolución en que se especifique su objeto, se justifique su oportunidad por insuficiencia o falta de adecuación o conveniencia de no utilización de los medios con que cuenta el Departamento correspondiente, y se precise si va a adjudicarse directamente o por concurso. Procederá la adjudicación directa cuando no sea posible promover concurrencia en la oferta o se den en el contratante elegido circunstancias de particular idoneidad. La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones señaladas en el pliego de cláusulas administrativas que en cada caso ha de redactarse con carácter previo a la oferta.
[Bloque 68: #da-3]
[Bloque 69: #da-4]
[Bloque 70: #da-5]
A.1 Cuerpo Superior de Administradores.
A.1.1 Administradores Generales.
A.1.2 Administradores de Gestión Financiera.
A.2 Cuerpo Superior Facultativo.
A.2.1 Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios.
A.2.2 Investigación Agraria y Pesquera.
A.4 [Sic] Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía.
A.4.1 Farmacia.
A.4.2 Veterinaria.
B.1 Cuerpos de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía.
B.1.1 Administración General.
B.1.2 Gestión Financiera.
B.2 Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la Junta de Andalucía.
B.2.1 Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios.
B.2.2 Desarrollo Agrario y Pesquero.
C.1 Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía.
C.2 Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta de Andalucía.
C.2.1 Agentes de Medio Ambiente.
D.1 Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.
D.2 Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía.
D.3 Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la Junta de Andalucía.
E.1 Cuerpo de Subalternos.
E.2 Cuerpo de Oficios varios.
Se modifican los grupos A y B por la disposición adicional 3 de la Ley 1/2003, de 10 de abril. Ref. BOE-A-2003-10292
Se modifica el grupo A por el art. 61.4 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-992
Se modifica el grupo C por el art. 23 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-1221
Se modifican los grupos A y B por el art. 39.6 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-1973
Se modifica el grupo A por el art. 76.9 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-1998-2572
Se modifica el grupo D por el art. 41.9 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre . Ref. BOE-A-1997-3701
Última actualización, publicada el 22/05/2003, en vigor a partir del 05/08/2003.
[Bloque 71: #da-6]
Se añade por el art. 38 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2000-1973
[Bloque 72: #da-7]
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de Acceso a determinados Sectores de la Función Pública de los Nacionales de los demás Estados Miembros de la Unión Europea, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía determinará los Cuerpos, especialidades, puestos y plazas de la Administración de la Junta de Andalucía a los que no puedan acceder los nacionales de dichos Estados.
2. El titular de la Consejería de Justicia y Administración Pública determinará el sistema de acreditación de los requisitos que para ser admitido a los procedimientos de selección se establecen en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 17/1993.
Se añade por el art. 24 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2002-1221
[Bloque 74: #dt-2]
Mientras no se apruebe un sistema de homologación nacional de funcionarios, cuerpos y niveles, de los aludidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el acceso a la Función Pública o el desempeño de puestos de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía, por funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas, previstos, respectivamente, en los artículos 44 y 25.4 de esta Ley, precisarán un informe de la Comisión Técnica que homologue a estos efectos los méritos funcionariales alegados por los candidatos, incluido el grado personal consolidado. Hasta el momento de la constitución de dicha Comisión Técnica, el informe será redactado por la Dirección General de la Función Pública, a la que en todo caso corresponde valorar los méritos particulares de los candidatos señalados en el citado artículo 44, que serán comunicados a la Comisión de selección.
[Bloque 75: #dt-3]
[Bloque 76: #dt-4]
2. Hasta el momento de la consolidación de este grado, los procedimientos de provisión de puestos de trabajo se resolverán sin consideración a grado personal alguno.
[Bloque 77: #dt-5]
2. Mientras se aprueba este Reglamento, las oposiciones y concursos que hayan de celebrarse se ajustarán al vigente Reglamento de 19 de diciembre de 1984, en cuanto no se opongan a esta Ley, con las siguientes precisiones:
a) únicamente será precisa la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de la convocatoria, en la que aparecerá la Comisión que ha de resolver las pruebas, pudiendo comunicarse directamente a los interesados las demás resoluciones individuales o mediante anuncio en los tablones de una oficina pública, especificados en la convocatoria;
b) las Comisiones empezarán a actuar dentro de los quince días siguientes a la aprobación definitiva de las listas de aspirantes admitidos;
c) los Presidentes serán personalmente responsables del cumplimiento de los plazos;
d) no se interrumpirán las actuaciones por inasistencia de los vocales, con tal que exista mayoría en la Comisión;
e) no se interrumpirán las actuaciones por inasistencia del Presidente que será sustituido automáticamente por el suplente, cualquiera que sea el estado del procedimiento, y
f) en los tribunales tendrán representación las Centrales Sindicales de mayor implantación y representatividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
[Bloque 78: #dt-6]
1. El personal contratado administrativo que esté ocupando puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma a la entrada en vigor de la presente Ley adquirirá automáticamente, la condición de interino. En dicha situación permanecerá, como máximo, hasta que el puesto sea provisto por funcionario de carrera o suprimida en la relación de puestos de trabajo, sin más derechos que los que se le reconocen en los apartados siguientes.
2.1 Quienes estén prestando o hayan prestado servicios como contratados administrativos de colaboración temporal o como funcionario de empleo interino en la Función Pública de la Junta de Andalucía, y participen en las correspondientes pruebas de acceso, tendrán derecho a que se les tengan en cuenta, como méritos específicos del baremo de la convocatoria, los servicios efectivos prestados en la Administración Pública, siempre que el nombramiento como funcionario de empleo interino o la contratación administrativa de colaboración temporal se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.
Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará en las convocatorias para acceso a los Cuerpos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, contemplados en la disposición adicional quinta de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, que se realicen en virtud de las tres primeras ofertas de empleo público, incluida la correspondiente al año 1988.
2.2 (Anulado).
2.3 (Anulado).
Se declara inconstitucionales y nulos los apartados 2.2 y 2.3 por Sentencia del TC 302/1993, de 21 de octubre. Ref. BOE-T-1993-26834
Se mantiene la suspensión de la vigencia y aplicación del apartado 2.2 por auto del TC de 4 de julio de 1989. Ref. BOE-A-1989-16436 y del apartado 2.3 por auto del TC de 4 de julio de 1989. Ref. BOE-A-1989-16435
Se suspende la vigencia y aplicación del apartado 2.2, en la redacción dada por la Ley 6/1988, de 17 de octubre. Ref. BOE-A-1988-25432, desde el 5 de enero de 1989 para las partes en el proceso y desde el 30 de enero de 1989 para los terceros, por providencia del TC de 16 de enero de 1989 que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 39/1989 Ref. BOE-A-1989-2140.
Se suspende la vigencia y aplicación del apartado 2.3, en la redacción dada por la Ley 7/1988, de 2 de noviembre Ref. BOE-A-1988-26755, desde el 5 de enero de 1989 para las partes en el proceso y desde el 27 de enero de 1989 para los terceros, por providencia del TC de 16 de enero de 1989 que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 38/1989. Ref. BOE-A-1989-1968
Se modifica el apartado 2 por el art. 1 de la Ley 7/1988, de 2 de noviembre. Ref. BOE-A-1988-26755
Se modifica el apartado 2 por el art. único de la Ley 6/1988, de 17 de octubre. Ref. BOE-A-1988-25432
Última actualización, publicada el 09/11/1993, en vigor a partir del 09/11/1993.
Modificación publicada el 12/07/1989, en vigor a partir del 12/07/1989.
Modificación publicada el 30/01/1989, en vigor a partir del 30/01/1989.
Modificación publicada el 27/01/1989, en vigor a partir del 27/01/1989.
Modificación publicada el 15/11/1988, en vigor a partir del 15/11/1988.
Modificación publicada el 25/10/1988, en vigor a partir del 14/11/1988.
[Bloque 79: #dt-7]
2. Asimismo, los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas que, a la entrada en vigor de la presente Ley, estuviesen desempeñando puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en situación administrativa de supernumerario o cualquier otra situación similar, así como en comisión de servicio, respecto a su Administración de origen, podrán solicitar la regularización de su situación en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de la misma, integrándose plenamente en la organización de la Función Pública de la Junta de Andalucía.
[Bloque 80: #dt-8]
Sevilla, 28 de noviembre de 1985.
[Bloque 84: #ir]
Véase la disposición adicional 2 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-1739

References: artículo 149
 artículo 148
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 18
 Resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 21
 resolución 
 Resolución 
 artículo 39
 artículo 25
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 44