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Timestamp: 2019-05-25 18:06:00+00:00

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www.losgenoveses.net : María del Coro Cillán. Noticias
NOTICIAS SOBRE LA SUSODICHA
La juez Coro Cillán, inhabilitada 15 años por un delito de prevaricación
LA JUEZ CILLÁN NIEGA HABER COMETIDO PREVARICACIÓN EN EL CIERRE DE UNA DISCOTECA
EL PODER JUDICIAL SUSPENDE A LA JUEZ CORO CILLÁN
La jueza Coro Cillán, ‘heroína de la conspiranoia del 11-M’, imputada por prevaricación
UN TRIBUNAL ADMITE LA QUERELLA DEL FISCAL CONTRA LA JUEZ CILLÁN POR TRATO DE FAVOR A UN "AMIGO ÍNTIMO"
LA AUDIENCIA DE MADRID ARCHIVA EL 'BULO' DEL 11-M CONTRA EL JEFE DE LOS TEDAX.
EL PODER JUDICIAL APOYA A LA JUEZ CILLÁN TRAS EXPEDIENTARLA
CORO CILLÁN CITA A DECLARAR A LOS ALTOS CARGOS DE RENFE EN 2004
‘La Gaceta’ vuelve a cargar contra la Fiscalía por abortar el empeño de Coro Cillán de reabrir el 11-M
El CGPJ incoa expediente a la jueza que intenta reabrir el 11-M
EXPEDIENTADA UNA JUEZ POR FAVORECER "A UN AMIGO ÍNTIMO"
El CGPJ abre expediente a la juez Coro Cillán por tres faltas muy graves
El CGPJ pide a la Fiscalía que investigue a la juez María del Coro Cillán
‘LA GACETA’ ACUSA A LA FISCALÍA DE ACOSAR A LA JUEZ CORO CILLÁN POR INTENTAR REABRIR EL CASO DEL 11-M
“EL PRINCIPIO DE ACONFESIONALIDAD DE ESPAÑA ES PAPEL MOJADO”
El juez abre diligencias previas contra los organizadores de la 'procesión atea'
Archivada la querella de Montes contra Lamela por denuncia falsa
LA MAGISTRADA CORO CILLÁN PODRÍA SER SANCIONADA POR NUEVOS RETRASOS
Proponen expedientar a la magistrada Coro Cillán por retrasos indebidos
El Tribunal Supremo anula una sanción de dos años de suspensión a una magistrada de San Sebastián
LA JUEZ DONOSTIARRA CORO CILLÁN TARDA NUEVE MESES EN DICTAR UNA SENTENCIA
LA JUEZ CORO CILLÁN, TRASLADADA A OTRA SECCIÓN DE LA AUDIENCIA DONOSTIARRA
Como cualquier persona sin techo ni recursos, la jueza Coro Cillán ha pasado, hasta hace poco, las noches acurrucada en el interior del intercambiador madrileño de Plaza de Castilla, al lado del juzgado que dirigió durante cinco años como magistrada. El frío del último invierno lo combatió con los cafés que le preparaba un haitiano que regenta un puesto en la estación. Llegó a ser internada por los Servicios Sociales, pero pudo escapar gracias a un amigo abogado. Desde la pasada semana se repone en el hospital de una caída y explica a Interviú los motivos de su desgracia. | Sigue leyendo.
Siempre fue una jueza polémica. Resucitó el fantasma de la conspiración en torno a los atentados del 11 M cuando instruyó durante dos años una causa contra el jefe de los Tedax por falsear pruebas. Pero ni siquiera sus detractores podían imaginar las calamidades que está sufriendo María del Coro Cillán García de Iturrospe (San Sebastián, 1949) después de ser expulsada de la carrera judicial por un delito de prevaricación. Sin casa, en la más completa soledad, con la pensión embargada para hacer frente a numerosas deudas, la magistrada se ha visto abocada a pernoctar en la calle. Coro Cillán matiza, con vehemencia, que al raso no ha dormido nunca: “La solución más correcta que encontré fue meterme en el intercambiador de Plaza de Castilla (uno de los más grandes de Europa, que conecta metro y varias rutas de autobuses). No veo nada malo en ello. Después de juzgar toda mi vida a delincuentes, en el intercambiador he conocido a gente decente y amable”, explica Coro Cillán a interviú.
La semana pasada esta revista pudo visitar a la magistrada en el hospital donde está ingresada por unas complicaciones tras sufrir una caída. Está visiblemente desmejorada, ha perdido mucho peso; presentaba desnutrición cuando fue ingresada, según ha podido saber interviú. Pero se muestra lúcida y hace gala de una prodigiosa memoria. “Mis compañeros de la judicatura han puesto el grito en el cielo cuando se han enterado de mi situación. El juez Adolfo Carretero se puso como una fiera. «¿Pero cómo vas a quedarte en el intercambiador?», me decía. Y le contesté que antes de quedarme en la puta calle, prefiero estar allí, que puedo tomarme un café con leche y además me dan un dulce”.Sin embargo, los rigores del invierno no los ha podido evitar la jueza Cillán, que primero asegura que fueron dos meses, los pasados febrero y marzo, los que estuvo pernoctando en la estación; y después se corrige: “Solo fueron unos días”.
Recuerda la magistrada a una vigilante del metro muy servicial: “Era búlgara, guapísima, y me decía: «Coro, métete así para que no tengas tanto frío»”.Para explicar cómo ha llegado una magistrada de renombre a compartir hueco en los pasillos del intercambiador de Plaza de Castilla con personas sin recursos, Coro Cillán esgrime razones peregrinas: “No había habitaciones libres en los hoteles, no quedaban, y entonces pensé que podía meterme en el intercambiador. Total, a las cinco y media de la mañana abren unos salones de espera para la gente que llega en tren y se está muy bien. Hay aseos aunque no hay duchas”.
https://www.elmundo.es/madrid/2014/09/17/541981c122601d42218b4584.html
Contrató como administrador judicial de una discoteca a "un amigo íntimo"
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la juez de Instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán García de Iturrospe, a una pena de inhabilitación de 15 años para ejercer cualquier cargo público, al haberla encontrado culpable de un delito de prevaricación en la administración judicial de la discoteca madrileña Moma. Igualmente se la condena a 18 meses de multa a razón de 15 euros diarios.
Las sanciones y el juicio contra la juez se abrieron a raíz de una denuncia en la que uno de los propietarios de la discoteca acusaba a la magistrada de colaborar con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento. Los magistrados, en su sentencia, le dan la razón y consideran que Cillán colocó, además, como administrador judicial de la discoteca a un "amigo íntimo" y le concedió un sueldo de 2.500 euros mensuales.
El Consejo General del Poder Judicial había suspendido cautelarmente el pasado mes de abril a la juez tras la apertura de juicio oral contra la juez.
En el juicio, Coro Cillán conocida por reabrir en falso el caso del 11-M , aseguró que acordó que se precintara la discoteca Moma en septiembre de 2011 a raíz de la denuncia de uno de los socios. El objetivo era evitar, según ella, que hubiera otra muerte como la del joven Álvaro Ussía en 2008, a manos de un portero de la discoteca El Balcón de Rosales. El 21 de septiembre de 2011, cuando Cillán se encontraba de guardia, recibió una denuncia de Alberto Vos, socio de la discoteca Moma 56 S. L., contra Fernando Robes, también socio. En ella se pedía el precinto del local y un cambio de administradores.
En contra del criterio de la fiscal de guardia, que alegó una falta de comprobación de los hechos denunciados, Cillán cerró y siguió tramitando el asunto en vez de enviarlo a otro juzgado, como recogen las normas de reparto de asuntos vigentes entre juzgados de instrucción. Al día siguiente, nombró a un administrador judicial y dos días después nombró a otros tres administradores, entre ellos Francisco Javier Caballero, con un sueldo de 2.500 euros. La fiscal que estaba de guardia el primer día, Soledad García, alegó que Caballero era su supuesto “novio”.
Así, la justicia sostiene que Cillán prevaricó, ya que dictaminó varias resoluciones injustas. "No eran sostenibles jurídicamente", asevera el tribunal madrileño y añade que no cumplían "los mínimos parámetros de motivación".
Declara que precintó el Moma para evitar otro homicidio como el del joven Álvaro Ussía
El fiscal solicita 20 años de inhabilitación para la magistrada
La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid María del Coro Cillán García, conocida por reabrir en falso el caso del 11-M o llevar la investigación del caso Ussía, ha negado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haber cometido el delito de prevaricación en la administración judicial del que se la acusa por haber precintado la discoteca Moma en septiembre de 2011. La magistrada ha declarado que acordó cerrar el local a raíz de la denuncia de uno de los socios para evitar que se produjera otro caso como la muerte del joven Alvaro Ussía, quien falleció en 2008 a manos de un portero de El Balcón de Rosales.
"No me confieso autora de los hechos tal como están relatados. No he cometido ningún delito de prevaricación", ha subrayado en el primer día del juicio oral la acusada, para quien el fiscal solicita 20 años de inhabilitación. Cillán estaba de guardia en los juzgados de plaza de Castilla el 21 de septiembre de 2011 cuando recibió una denuncia de un grupo de socios de la discoteca madrileña en la que se pedía el precinto del local y un cambio de administradores. Otros socios se negaban. Cillán aceptó cerrarlo en contra del criterio de la Fiscalía y siguió tramitando el asunto en vez de enviarlo a otro juzgado que ya había intervenido en el conflicto.
Además, nombró como uno de los administradores a un supuesto amigo íntimo suyo y le concedió una minuta de 18.000 euros al mes que después redujo. “Por mis santos cojones se precinta Moma”, dijo el día de la guardia a la fiscal, según declaró esta después ante la inspección del Poder Judicial. El fiscal Conrado Saiz aseguró, además, que, en su opinión, la magistrada no tenía “capacidad para llevar el juzgado” porque presentaba “una inestabilidad preocupante”.
En su declaración de hoy, Cillán ha afirmado que ordenó la entrada y registro y el precinto de Moma como medida cautelar urgente, a propuesta del fiscal, después de recibir en su despacho a un abogado que no conocía y que iba a presentar una denuncia en relación a Moma por peleas entre los porteros y la desaparición de ordenadores. La juez ha negado haber "coaccionado" al fiscal, antes de afirmar que la fiscalía informa y el juez decide lo que considera oportuno en beneficio de la tutela judicial efectiva.
Cillán ha señalado que acordó un precinto de ocho horas, como "medida preventiva", porque los porteros no estaban asegurados, para cumplir las normas de derecho laboral y porque "más vale prevenir que lamentar". La procesada ha asegurado que acordó la administración judicial de Moma sin vulnerar derechos fundamentales ni perjudicar a ninguno de los accionistas. En la primera sesión del juicio, el tribunal ha desestimado la exclusión de Moma como acusación particular "como perjudicado por los hechos denunciados" en el proceso, como solicitó el fiscal. Como cuestión previa, el Ministerio Público ha pedido la exclusión de la discoteca Moma como acusación particular por considerar se ha dedicado a hacer "una defensa cerrada" de la acusada y "entorpecer el avance del procedimiento en la fase de instrucción", sin imputarle nada a la procesada.
El letrado de Moma ha señalado que la magistrada dictó alguna resolución que pudo ser "injusta" y pudo haber cometido "prevaricación" en el nombramiento de los administradores de la discoteca. El abogado de la juez se ha mostrado en contra de la exclusión de nadie, desde el punto de vista de la validez y la ortodoxia del proceso, para evitar nulidades y recursos de casación.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió cautelarmente el pasado mes de abril a la juez tras la apertura de este juicio oral contra ella, que se prolongará hasta el viernes. Tras la declaración de la acusada, está previsto que el martes, miércoles y jueves comparezcan los testigos y se espera que el viernes tengan lugar las pruebas pericial y documental, las conclusiones e informes definitivos.
El expediente disciplinario en el CGPJ se inició en diciembre de 2011 por la presunta comisión de tres faltas muy graves y una más de carácter grave en relación con la clausura de la discoteca y la designación de los administradores judiciales. Uno de los propietarios del local denunció ante el Poder Judicial que la magistrada estaba colaborando con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento. Así, según el denunciante, sus socios le denunciaron por administración desleal y la juez Cillán, de acuerdo con ellos, acordó el precinto del local. Al día siguiente nombró administradores judiciales y, horas después, siempre según el denunciante, la juez cenó en un restaurante de Madrid con el abogado de sus socios. Posteriormente incluyó entre los administradores judiciales a un amigo de la propia Cillán.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/16/madrid/1379330083_392960.html
El Tribunal Superior de Madrid abrió juicio oral contra ella por prevaricación
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido suspender cautelarmente a la jueza Coro Cillán por el juicio oral abierto contra ella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de prevaricación. La Comisión Permanente del Consejo ha desestimado las consideraciones de la jueza, que alegó haber presentado un incidente de nulidad contra el auto de apertura de juicio oral.
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El Consejo General del Poder Judicial ha tomado la decisión de suspender cautelarmente a la jueza Coro Cillán después de escuchar tanto sus alegaciones como las del Ministerio Fiscal. Es una suspensión se produce con motivo de la apertura de juicio oral contra ella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un supuesto delito de prevaricación.
La Comisión Permanente del Poder Judicial suspende cautelarmente a la magistrada después de rechazar sus alegaciones. Según fuentes judiciales, Coro Cillán solicitó no ser suspendida alegando que había presentado un incidente de nulidad contra el auto de apertura de juicio oral en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algo que rechaza el Poder Judicial, señalando que existen muchos precedentes similares a este caso.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió juicio oral contra la jueza Coro Cillán la semana pasada, acusada de haber incurrido en un delito de prevaricación durante el proceso judicial de la discoteca madrileña Moma. Según denuncia la Fiscalía, Coro Cillán se hizo cargo del caso incurriendo en irregularidades y entregando finalmente la administración judicial de la entidad a un conocido suyo, con su correspondiente sueldo.
Coro Cillán también ha copado portadas por alentar las teorías de la conspiración en torno a los atentados del 11-M, reabriendo investigaciones judiciales que a las que ya había dado carpetazo tanto la Audiencia Nacional como más tarde el Tribunal Supremo
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/poder-judicial-suspende-juez-coro-cillan/csrcsrpor/20130403csrcsrnac_10/Tes
El Tribunal Superior de Madrid abre juicio oral a Coro Cillán por presunto trato de favor a un amigo
El Poder Judicial inicia el proceso para apartarla cautelarmente
La magistrada ha sido sancionada reiteradamente desde 1999 y ha seguido impartiendo justicia
La juez Coro Cillán ha sido sancionada disciplinariamente en repetidas ocasiones a lo largo de los últimos 13 años por retrasos reiterados y graves en su actuación profesional: no dictaba sentencia o lo hacía injustificadamente tarde —en algún caso, más de tres años después de la vista—. Sin embargo, ha seguido impartiendo justicia. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial inició ayer los trámites para suspenderla cautelarmente, una vez más. Esta vez la causa es aún más grave: en un auto dictado el pasado 19 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto juicio oral contra ella por un presunto delito de prevaricación. En el auto se le requiere, además, que preste una fianza de 17.000 euros para asegurar "la responsabilidad civil que pueda declararse".
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/26/actualidad/1364306461_495298.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/14/actualidad/1363292197_695387.html
La titular del Juzgado de Instrucción número 43, la jueza Coro Cillán, presentada por ‘El Mundo’ y ‘La Gaceta’ como la ‘heroína de la conspiranoia’ por sus intentos de reabrir el proceso judicial del 11-M, ha sido imputada por prevaricación continuada por el Tribunal Superior de Madrid en el ‘caso Moma’, por dar “un trato de favor”a una de las partes implicadas.
Coro Cillán deberá hacer frente a una fianza de 17.000 euros por su eventual responsabilidad civil y podría estar cerca del banquillo, después de que la Fiscalía, que se querelló contra ella, presente su escrito de acusación.
El Mundo, a favor de Cillán
El Mundo da cuenta de la imputación de la polémica jueza, aunque calificando la actuación del magistrado del Tribunal Superior de Madrid, Emilio Fernández Castro, contra la jueza de “severísima” y precisa que lo ha hecho a partir de “la instrucción realizada por otro magistrado y sin haber escuchado personalmente a Cillán”. Como ha contado ELPLURAL.COM con anterioridad, Coro Cillán “se posicionó (en el caso Moma) desde un principio a favor de la parte denunciante con una serie de resoluciones en beneficio de la misma”, según la acusación de la Fiscalía.
Trato de favor a amigos
Una inspección del Poder Judicial realizada a la jueza concluyó que las decisiones de Cillán en este caso pretendían dar un “trato de favor” hacia amigos suyos (uno de ellos, “íntimo”). La investigación aportó testimonios sobre almuerzos y reuniones extraprocesales de la juez con una de las partes del proceso para gestar supuestamente el precinto y cambio de administradores de la discoteca Moma en favor de sus amistades. La jueza pidió “vehementemente” a la fiscal de guardia que se posicionara a favor del cierre de la discoteca y a pesar de no conseguirlo aplicó esa medida cautelar, sin practicar ninguna diligencia ni oír a la parte denunciada.
“Por mis santos cojones…”
La fiscal del juzgado, Soledad García, que estaba de guardia con Cillán el día del precinto de la discoteca, declaró que la jueza ignoró su opinión de que antes de cerrar el local debía comprobarse la veracidad de la denuncia. Según García, la magistrada afirmó: “Por mis santos cojones se precinta Moma”. La jueza siguió adelante con el caso, a pesar de que no le correspondía a ella.
La Gaceta denunció acoso de la Fiscalía contra Cillán
En diciembre del año pasado, La Gaceta acusó a la Fiscalía de “acosar” a la jueza por intentar reabrir el caso del 11-M, a raíz de de la inspección del Consejo General del Poder Judicial al Juzgado del que es titular Cillán con motivo del caso Moma. Incluso el entonces director del diario, Carlos Dávila, defendió en su columna a la jueza contra el supuesto “acoso” que estaba padeciendo. “Hay una juez que ha reabierto, por un vericueto legal, la mayor matanza terrorista de la historia de España, y esta juez, de la que se cuenta y no se acaba, pero que los tiene donde hay que tenerlos, ha empezado a descubrir cosas que no le gustan nada a Rubalcaba y, desde luego, a aquel juez, Gómez Bermúdez (…) La juez está siendo cercada, acosada, porque se ha vuelto curiosa”, escribió Dávila.
Una heroína para Pedro J. Ramírez
En marzo de 2011, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, llegó a afirmar que la juez es la que iba a acabar con la carrera de Rubalcaba por su empeño en reabrir este caso. Tanto El Mundo como La Gaceta han dado a Coro Cillán un carácter de heroína por sus intentos fallidos de reabrir el caso del 11-M. La jueza citó a declarar a los máximos cargos de Renfe en 2004, alegando que había irregularidades en el caso, a partir de una demanda del sindicato ultraderechista Manos Limpias. La Fiscalía de Madrid rechazó sus intentos y zanjó que el caso había sido objeto de enjuiciamiento y sentencia firme.
http://www.elplural.com/2012/10/24/la-jueza-coro-cillan-%E2%80%98heroina-de-la-conspiranoia-del-11-m%E2%80%99-imputada-por-prevaricacion/
La Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella por delito continuado de prevaricación interpuesta por la Fiscalía de Madrid contra la juez Coro Cillán por su actuación en relación con la famosa discoteca madrileña, Moma, 56. La fiscalía le imputa haber actuado arbitrariamente al otorgar un supuesto trato de favor a "un amigo íntimo" en el asunto de esta discoteca, que cayó en su juzgado, el número 43 de Madrid, estando ella de guardia.
Cillán es la juez de Madrid que durante los últimos años intentó reabrir, sin éxito, el caso de los trenes de la muerte de Atocha, el 11-M, a pesar de que ya estaba juzgado y sentenciado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La admisión a trámite de la querella, de la que será informado el Consejo General del Poder Juidicial, no implica la suspensión inmediata de Cillán en sus funciones. Hasta 2011, el órgano de gobierno de los jueces tenía por costumbre apartar inmeditamente a un juez de su juzgado si un fiscal se querellaba contra él y la querella era admitida a trámite. Desde 2011, en cambio, el Consejo se ampara en la normativa que indica que la suspesnión tendrá lugar solo cuando un tribunal entienda que "hay lugar a actuar" contra el querellado, bien emitiendo un auto de procesamiento o decidiendo sentarle en el banquillo. Pero no antes. Fue la norma que se aplicó en el caso del juez Garzón.
Según la querella de la fiscalía, Cillán, estando de guardia el 21 de septiembre de 2011, asumió una denuncia de uno de los socios de Moma con otra otro. El denunciante pedía, como medida cautelar urgente, el precinto del local. Desde el primer momento, resalta el fiscal, la juez "se posicionó a favor de la parte denunciante, dictando una serie de resoluciones judiciales en beneficio de la misma, a pesar de ser consciente de que dichas resoluciones resultaban arbitrarias, inmotivadas, y sin la mínima base fáctica que las pudiera justificar".
Reseña la fiscalía que Cillán, justo después de asumir la denuncia, "instó vehementemente de la Fiscal que desempeñaba funciones de guardia, la emisión de un informe favorable a las pretensiones de la parte denunciante". La fiscal, sin embargo, se opuso a dicha petición, al entender que antes era necesario una "comprobación de los hechos denunciados", habida cuenta de que, además, "ya constaba otra denuncia" entre las mismas partes de la que habia conocido otro juzgado de Madrid, el 38. Es decir, sobre ese tema "existía ya un pronunciamiento judicial de fondo en relación con las diferencias existentes entre denunciante y denunciado, toda vez que, en fecha 06/07/11, el mismo denunciante había interpuesto, y básicamente por los mismos hechos, otra denuncia contra el mismo socio denunciado, que recayó en el Juzgado de Instrucción 38, interesándose en aquella ocasión y como medida cautelar el lanzamiento de quienes ocupaban el inmueble donde la entidad MOMA desarrollaba sus negocios".
El juez del 38, al que también se habían pedido medidas cautelares, sobreseyó el tema tras una exhaustiva investigación en la que llegó "a la inequívoca conclusión de que la administración de hecho de la sociedad MOMA por parte del denunciado aparecía justificada". Y que, en todo caso, las partes debían dirimir sus diferencias en la via civil.
El fiscal señala que, aunque Cillán era consciente de la resolución del juzgado 38 y del informe desfavorable del fiscal", y "sin practicar ninguna diligencia de comprobación complementaria" ni dar "audiencia a la parte denunciada" ordenó ese día el precinto de Moma y arrebató la administración al denunciado.
Le reprocha el fiscal a Cillán que, tras precintar el local, debió enviar la causa a reparto del Decanato, pues la misión del juez de guardia se limita a la adopción de la medida cautelar, pero no puede quedarse con el asunto, y menos aun si ya ha sido resuelto por otro juzgado. Aún así, y pese a que era "consciente de que carecía de competencia" ordenó "a un agente judicial", que había enviado el asunto a reparto, que lo "rescatara" con el fin de "incorporar las diligencias como un procedimiento más de su juzgado".
La querella prosigue así: "El 22 de septiembre, es decir, al día siguiente de la guardia, levantó el precinto acordado, procediendo a decretar mediante auto la administración judicial de la sociedad, nombrándose para ello, sin dar audiencia al Ministerio Fiscal, a un administrador judicial, sin que el auto en que se acordaba medida de tal transcendencia estuviera mínimamente fundamentado". "A pesar de que se vulneraron las normas de reparto y de que en cualquier caso debiera haberse inhibido a favor del Juzgado de Instrucción nº 38, como reiteradamente se le puso de manifiesto en numerosos Informes por parte del fiscal (…) la querellada", sostiene el fiscal, "continuó instruyendo el procedimiento, dictando providencia en fecha 30/09/11 en la que se nombró a tres administradores judiciales para que actuaran mancomunadamente". Uno de ellos fue "don Francisco Javier Caballero Dotres, con el cual la magistrada", dice la fiscalía, "tenía una relación de íntima amistad; acordando, asimismo, por auto de 20/10/11, nombrar administrador único al Sr. Caballero Dotres, ante la renuncia de los otros dos administradores judiciales". Llegó a fijar para él un sueldo de 18.000 euros al mes, que luego redujo.
Y no sólo eso: "la magistrada querellada ordenó la apertura en fecha 18/10/11 de una cuenta corriente en la sucursal de la entidad Banesto, sita en la Calle Capitán Haya nº 43, a fin de canalizar en la misma los ingresos y gastos derivados de la administración judicial, siendo la cuenta la nº 0030-1845-19-0001858271, figurando como titular de la misma la Entidad "MOMA 56 S.L., y como apoderado D. Francisco Javier Caballero Dotres; sin que haya constancia de que en el procedimiento instruido se reflejara documentalmente la apertura de la reseñada cuenta, así como los movimientos habidos en la misma".
Finalmente, "con fecha 7/11/12, el mismo día en que tuvo conocimiento de que por la Fiscalía se requería de su Juzgado la remisión de testimonio completo de las actuaciones, dictó una providencia remitiendolas" al Decanato para reparto.
Recuerda la fiscalía "la jurisprudencia del Tribunal Supremo", que señala que el "delito de no se produce por la aplicación errónea del derecho sino por dictar, a sabiendas, una resolución injusta". Y que tal injusticia "puede derivar de razones de fondo y también existirá cuando haya importantes defectos de forma o procedimiento".
La fiscalía pide que se cite para declarar a la fiscal Soledad García Serrano; a la secretaria Sacramento Fernández Vivancos; a la también secretaria Celia García Moreno Carrobles; a Ángeles Añover López (gestor procesal del Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid); a Segundo Pérez García, gestor procesal del mismo juzgado; a Luis Quesada Carcelén, tramitador procesal del Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid; a fiscal del Juzgado 43 Conrado Saiz Nicolás, y al denunciante que sufrió la supuesta arbitrariedad de Cillán.
http://blogs.elpais.com/voto-particular/2012/05/un-tribunal-admite-la-querella-del-fiscal-contra-la-juez-cill%C3%A1n-por-trato-de-favor-a-un-amigo-%C3%ADntimo.html
www.elpais.es 30.04.12
El juzgado de instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es Coro Cillán, lleva dos años investigando el caso
La Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento libre del caso que durante dos años lleva investigando el juzgado de instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es Coro Cillán, para ver si un jefe policial de los Tedax -nombrado durante el Gobierno de José María Aznar (PP)- delinquió durante la investigación original de los atentados 11-M. El comisario de los artificieros Juan Jesús Sánchez Manzano estaba imputado por supuesta ocultación, manipulación de pruebas (restos de explosivo), encubrimiento y omisión de perseguir el delito en relación con el mayor atentado en España (que costó la vida a 191 personas) fruto de una querella interpuesta por la Asociación Ayuda a Víctimas del 11-M.
Esta organización pretendía la reapertura de las investigaciones de los atentados de los trenes de Madrid, alegando que se ocultaron intencionadamente pruebas por parte de elementos policiales, lo que impidió conocer la marca del explosivo utilizado. La denuncia de la asociación, cuyos términos son recogidos en el auto de archivo, reproduce punto por punto lo que se ha venido en llamar la teoría de la conspiración del 11-M, que sostiene la existencia de una confabulación de policías, políticos y terroristas para la ejecución del atentado y la explotación de sus resultados con fines políticos.
La Audiencia Provincial de Madrid, en un profundo y extenso auto de 29 folios, entiende que la denuncia que plantea la citadas asociación en relación con la obtención y custodia de pruebas de los atentados del 11-M es cosa juzgada material, y reprocha a la juez Coro Cillán que haya tardado dos años en resolver las reiteradas peticiones de archivo de la causa solicitadas por María Ponte, la abogada de Sánchez Manzano.
La resolución de la Audiencia de Madrid añade, además, que este tema ya fue archivado por el Juzgado de Instrucción 6 de Madrid, cuyo titular es Ramiro de Dios, y que la actual instructora, Coro Cillán, debió inhibirse en favor de este órgano. Y que si las partes estaban disconformes con la decisión del juez Ramiro de Dios debieron recurrir su resolución entonces. Efectivamente, el juzgado número 6 archivó una querella de un partido de ultraderecha en la que se acusaba a las mismas personas por los mismos delitos.
Por ello, la Audiencia entiende que el caso ya está juzgado (archivado por el número 6) y que no puede reabrirse de forma eterna por diferentes juzgados por denuncias por los mismos hechos de organismos diferentes. “El juzgado 43 reproduce todo lo que el hizo el de instrucción 6 de Madrid, por lo que procede archivar también este porque de otra forma lo aquí imputados podrían verse abocado a procedimiento sin fin”, argumenta la audiencia.
Dado que a lo largo de estos dos años se han sumado otras ocho acusaciones al proceso, la Audiencia deja abierta la posibilidad para que recurran el sobreseimiento decretado entonces por el Juzgado de Instrucción 6 o para que se recurra en casación ante el Tribunal Supremo. "Consideramos en esta segunda instancia que los hechos que se denunciaron por el partido político Alternativa y de los que conoció el Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid en sus diligencias previas son los mismos hechos que fueron denunciados por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M y de los que está conociendo el Juzgado Número 43 de Madrid".
El Juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional decretó el sobreseimiento de otra denuncia en relación con los explosivos del 11-M tras indicar: “Por mucha que sea la insatisfacción o impotencia que el resultado de las pruebas periciales genere en las partes procesales, no es posible volver a discutir sobre su necesidad, pues el proceso viene regulado legalmente y no se pueden practicar cualquier prueba en cualquier orden o momento, ni se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar al resultado que satisfaga los intereses de las partes".
La Sección 17 de la Audiencia Provincial entiende que la narración de los hechos de las dos denuncias, la formulada ante el juzgado de instrucción 6 de Madrid y la interpuesta ante el 43, son "absolutamente coincidentes" en cuanto a la supuesta ocultación de Sánchez Manzano y la perito de las pruebas obtenidas en los doce focos de las explosiones de los trenes del 11-M.
Con esta resolución, el tribunal de la Audiencia de Madrid da un varapalo a la juez a la juez Cillán por haber tardado casi dos años en responder a las peticiones de archivo solicitadas por la defensa del comisario Sánchez Manzano. Y le reprocha que asumiera el conocimiento de los hechos "a pesar de ser los mismos que los conocidos en su día y previamente por el Juzgado de Instrucción número 6". El auto también rechaza que la causa sea enviada a la Audiencia Nacional al tratarse de un delito de encubrimiento de hecho terroristas.
El juzgado de instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es Coro Cillán, lleva dos años y medio investigando si un jefe policial de los Tedax nombrado por el Gobierno de José María Aznar (PP) delinquió en el caso del 11-M. El comisario Juan Jesús Sánchez Manzano está imputado por supuesta ocultación, manipulación de pruebas (restos de explosivo), encubrimiento y omisión de perseguir el delito en relación con el mayor atentado en España, que costó la vida a 191 personas.
- Admisión de la querella. Antes de que la juez Cillán imputara a Sánchez Manzano, en otro juzgado vecino (el número 6 de la plaza de Castilla) ingresó una querella del partido Alternativa Española contra el mismo policía y por hechos parecidos, basados en el libro Titadyne, donde se culpaba al jefe de los Tedax de manipular las pruebas y mentir ante los tribunales. "Mediante técnica retorcida y taimada se viene a identificar a una serie de personas con los pretendidos hechos delictivos... No puede evitarse que un análisis razonado de la denuncia y del libro permita concluir la espuria utilización de la jurisdicción penal con la pretensión de que se abran diligencias penales", escribió el juez para rechazar la querella. La segunda denuncia contra Sánchez Manzano, que recayó en el juzgado de Cillán, tuvo más éxito. Acusaba al policía de irregularidades en la recogida de muestras y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa.
- La supuesta ocultación de pruebas. La juez ha descubierto que el 11 de marzo de 2004, los agentes de la Brigada Provincial de Tedax de Madrid y de la Unidad Central de Tedax recogieron muestras o vestigios de las explosiones, pero no lo documentaron convenientemente, aunque los Tedax de Madrid, dirigidos por el policía Cáceres Vadillo, culpan a los de la Unidad Central, cuyo jefe era Sánchez Manzano. La juez también investiga por qué analizaron las muestras en las instalaciones de los Tedax en lugar de remitirlas a la Policía Científica, vulnerando supuestamente el protocolo. Ante la juez, el jefe de Policía Científica durante el 11-M, el comisario Corrales, declaró: "Cuando había atentados, hacíamos el trabajo conjunto. Tedax recogía la parte de explosivos y la policía científica buscaba huellas, restos biológicos... Unas veces Tedax nos dejaba las muestras y otras veces se las llevaban para su analítica. El laboratorio de los Tedax tenía capacidad para hacer las analíticas correspondientes. Lo que nos remitió Manzano, lo analizamos y lo devolvimos. Y nos quejamos porque no sabíamos de dónde eran los restos". La cadena de mando y los tedax que han declarado ante el juzgado negaron a la juez que "Sánchez Manzano ocultara o mandara ocultar restos de las explosiones", u ordenara "destruir muestras, cambiar informes o modificar conclusiones en una pericial".
- ETA en la sombra. Hace varios meses, la sombra de ETA planeó sobre la investigación abierta en el juzgado de Cillán. Germán González, general de Brigada de la Guardia Civil con destino en Gipuzkoa cuando ocurrió el atentado del 11-M, declaró el pasado 23 de noviembre. La juez le preguntó: "¿Tienes usted constancia del reparto de panfletos en San Sebastián, junto a una herriko taberna?". El general contestó: "No tengo constancia, pero no es raro". También declaró que ignoraba si había podido haber "reuniones en Austria [sic] o Suiza para las negociaciones con ETA". Ningún mando policial de los que intervino en la investigación del 11-M, nombrados por el PP, ha dado credibilidad a la participación de ETA en ese atentado. Pero en el juzgado 43 la sombra de ETA sigue presente.
- Complot en Ginebra. Hace solo 10 días, la juez Cillán citó a declarar a un policía, el inspector Mosquera, suspendido de funciones y condenado por los tribunales en 2009. Mosquera había sostenido ante otra juez de Lugo que un amigo suyo, agente del CNI, conocido como Walter, le había contado que antes del 11-M se habían reunido en Ginebra servicios secretos marroquíes, búlgaros, franceses, y también espías españoles junto a un dirigente del PSOE y a un policía para montar el atentado. En su declaración ante Coro Cillán, el policía añadió que el comisario jefe de Retiro le dijo que cuando llegó a Leganés tras la explosión del piso en el que se suicidaron siete de los terroristas del 11-M, "allí estaba Rubalcaba". La juez citó al comisario jefe de Retiro, quién declaró: "Estuve en Leganés. No vi por ningún lado al señor Rubalcaba. Ni estaba ni creo que hubiera pintado nada allí (...) El inspector Mosquera ha estado implicado, procesado y condenado por un hecho que sucedió recientemente. Pienso que debería haber pasado algún tipo de revisión".
- El desguace de los trenes. La irrupción del sindicato ultraderechista Manos Limpias como acusación popular resucitó otro tema recurrente de la teoría de la conspiración: alguien ordenó el desguace de los trenes donde explotaron las bombas solo unos días después del 11-M para destruir pruebas. Pese a que Sánchez Manzano no tiene relación con aquellos hechos, la juez aceptó esta nueva vía de investigación, para lo que citó a declarar al presidente de Renfe en 2004, Miguel Corsini (que no acudió), y a otros directivos de Renfe.
El Supremo ya rechazó en 2006 una querella contra el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, a los que Manos Limpias atribuía la orden de destruir los vagones. "A lo largo de las actuaciones obran los distintos autos y pormenorizados dictámenes periciales sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas. Hay un informe completísimo conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por razones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión, una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias, corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello", sentenció el Supremo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer una declaración institucional, con la que no estaban de acuerdo algunos de sus vocales tras leer su contenido, en la que censuraban que algunos medios de comunicación, en referencia a EL PAÍS aunque sin citarlo expresamente, atacaban supuestamente a la juez Coro Cillán. La magistrada tiene abierto un expediente por este organismo debido a que ha podido incurrir en una falta muy grave en la gestión de su propio juzgado.
El Poder Judicial investigó la denuncia del abogado de un empresario de discotecas contra la juez, que había decidido el precinto del negocio y había nombrado administrador a un supuesto amigo suyo. Durante los primeros trámites para aclarar lo ocurrido, el Poder Judicial interrogó a los compañeros de Coro Cillán, incluido un fiscal que trabaja en los casos del juzgado, quienes llegaron a manifestar que la juez era víctima en alguna de sus actuaciones de la ingesta de bebidas alcohólicas, lo que le hacía en ocasiones confundir delitos y testigos.
Vocales disconformes
El pleno del CGPJ debatió ayer durante dos horas y media la supuesta filtración del contenido de las investigaciones, publicado por EL PAÍS, y acordó censurar ese hecho. Pero en la redacción final del comunicado, según manifestaron a este periódico vocales disconformes con el contenido del mismo, se optó por afirmar que dichas informaciones "afectan gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la Magistrada Dña. Coro Cillán García de Iturrospe", sin explicar que correspondían a las declaraciones textuales de sus compañeros de juzgado y que el propio Consejo le ha abierto un expediente que puede terminar en la expulsión de la juez de la carrera judicial.
"En consecuencia", terminaba el comunicado, "el Consejo rechaza por vejatorias tales informaciones", formuladas, entre otros, por un fiscal y recogidas por EL PAÍS, "y manifiesta su apoyo a la referida magistrada", a la que ha expedientado por una falta muy grave. La juez Coro Cillán mantiene abierta desde julio de 2009 una causa contra el jefe de los Tedax en el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano, donde confluyen todas las teorías conspirativas sobre el atentado que ya fueron desechadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo.
La juez Coro Cillán ha citado a declarar al presidente de Renfe en 2004, Miguel Corsini, y al actual director general de Ferrocarriles, Manuel Niño, que estaba también al frente de la empresa en aquella fecha. La polémica juez, que es aplaudida por la derecha mediática por su empeño en reabrir el caso del 11-M, especialmente por ‘El Mundo’ y ‘La Gaceta’, está siendo investigada por el Consejo General del Poder Judicial por posibles irregularidades en la instrucción de otro proceso judicial.
Según cuenta hoy El Mundo, la juez Coro Cillán en una providencia notificada ayer a las partes, cita también para mañana “a quien fuera director general en Europa de la mercantil Maxam Europe”, la empresa que fabrica la dinamita de la marca Goma 2 Eco, que, según la sentencia, estalló en los trenes. En 2004, esta compañía tenía la denominación Unión Española de Explosivos.
Interrogó a seis funcionarios de Renfe
La semana pasada, la juez, que ignorando la sentencia en firme en este caso se ha propuesto investigar si fueron ocultadas pruebas fundamentales, ha interrogado la semana pasada seis funcionarios de Renfe para preguntarles por qué fueron desguazados los trenes siniestrados.
La Gaceta, El Mundo y Cillán
La jueza está siendo aupada desde La Gaceta y El Mundo como una especie de heroína capaz de dar alas a la conspiranoia alrededor de la matanza de Atocha. El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, llegó a decir de Cillán que sería la única capaz de acabar con Rubalcaba. Por su parte, el diario de Intereconomía sigue de cerca con mimo los pasos de la magistrada y ha acusado a la Fiscalía de perseguir a Cillán, a raíz de la apertura de una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Las supuestas irregularidades de la jueza
La investigación parte de una denuncia de una secretaria del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, del que el titular la juez, por presuntas irregularidades en su actuación en el proceso de la discoteca madrileña Moma. Hay indicios de que la juez dio un trato de favor a amigos y a un supuesto novio en este caso.
Graves denuncias contra Cillán
Como parte de la inspección a la labor de la juez, han salido a relucir testimonios de una secretaria y dos fiscales del juzgado, que han acusado a Cillán de trabajar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que le provocan, según esas declaraciones, un estado “irascible” y una “inestabilidad preocupante”, y le llevan a “confundir personas y delitos”.
La jueza ya fue sancionada
No es la primera vez que se mira con lupa el trabajo de Coro Cillán. En 1999 fue sancionada por retrasos injustificados en su gestión y dos años después volvió a cometer esta misma falta. Según publicó El País, contra la juez hubo denuncias por ocultar a sus compañeros de tribunal borradores de sentencia o no incluir en las mismas los argumentos acordados durante la deliberación de asuntos judiciales, cuando ella actuaba como ponente.
Su pasado franquista
A la jueza le acompaña, además, un pasado político franquista. En 1979 fue como número dos por Guipúzcoa en las listas de Unión Floral del País Vasco, una coalición que reunió a franquistas y ultraderechistas.
www.elplural.com 26.01.12
www.elpais.es 21.01.12
El informe de la Inspección del Consejo del Poder Judicial sobre la juez Coro Cillán que ha dado lugar a que se le abriera un expediente disciplinario por tres faltas muy graves y una grave describe serias irregularidades supuestamente cometidas por la magistrada en relación con la firma Moma 56, SL. Entre ellas, adoptar decisiones judiciales que implicarían un trato de favor de Cillán hacia amigos suyos (uno de ellos, "íntimo"). El trato de favor habría sido otorgar la gestión y administración de tres locales de ocio de Madrid a sus amistades con la intención de forzar posteriormente su venta por 900.000 euros. La Fiscalía de Madrid investiga además, a petición del Consejo, si lo acontecido con esta discoteca en el juzgado de Cillán, el 43 de Madrid, constituye prevaricación.
En las minuciosas diligencias hechas por el Poder Judicial constan testimonios sobre almuerzos y reuniones extraprocesales de la juez con una de las partes del proceso para gestar supuestamente el precinto y cambio de administradores del local en favor de sus amistades. Existían diferencias entre los socios de estos establecimientos y, antes de la intervención de Cillán, el Juzgado 38 de Madrid había archivado una denuncia entre ellos. La juez, en escritos al Consejo, niega haber mantenido tales reuniones y las relaciones de amistad que se le atribuyen con una de las partes. Los hechos que describe la Inspección del Consejo en su informe, al que ha tenido acceso este periódico, arrancan el pasado 21 de septiembre. Cillán -la juez que en la actualidad investiga si hubo encubrimiento y falso testimonio en los atentados del 11-M- estaba ese día de guardia. Y acogió una denuncia "por administración desleal" interpuesta por Alberto Vos en representación de Moma 56, SL. El denunciado era Fernando Robes Ibarra, que en ese momento administraba Moma 56, que abarca una discoteca, un restaurante y una sala de fiestas. Vos creyó disponer de hechos nuevos y se fue al juzgado de guardia de Cillán. Como medida cautelar, pidió el precinto del local y de las oficinas, argumentando que Robes podía estar destruyendo cuentas.
La fiscal de guardia Soledad García se opuso al precinto. Sostuvo que, antes de adoptar una medida así, había que ver si era verdad lo que se decía en la denuncia. Cillán no le hizo caso y "sin audiencia de la parte denunciada, acordó el precinto del local y de las oficinas". Henry Joseph Feltenstein, abogado del denunciado, se presentó en el juzgado para pedir a Cillán que revocase la orden y explicarle que el asunto ya había sido resuelto por el juzgado 38. La juez citó al día siguiente a todas las partes, menos a la fiscal, para interrogarles.
Las normas de reparto de los juzgados de Madrid permiten al juez de guardia adoptar medidas cautelares (por ejemplo, un precinto). Si bien, hecho esto, debe remitir forzosamente el asunto "al Juzgado Decano para su reparto". Cillán no lo hizo. Se quedó con las diligencias. Fue una "decisión explícita" suya, dicen los inspectores. Tras precintar el local, nombró "administrador judicial íntegro de Moma 56 a Pedro Rodríguez Fernández", con el que mantiene "una relación de amistad" y al que puso un sueldo mensual "en concepto de honorarios de 18.000 euros". Según los inspectores, lo hizo de "manera absolutamente inmotivada". Días después, designó a otros dos administradores más, Juan Antonio Flores y Francisco Javier Caballero Dotres, también "sin motivación". Finalmente, dejó solo como administrador "a Caballero Dotres", con un sueldo de "2.500 euros mensuales". Los inspectores sostienen que Dotres es "amigo o amigo íntimo" de la juez.
Además, añaden que las diligencias desarrolladas en este asunto por Cillán son "una sucesión de escritos, documentos y comparecencias, sin resolución efectiva de las cuestiones planteadas (...), que reflejan el escaso rigor en la instrucción". Y consideran "anómalo" que mantuviera en su poder la causa en contra "de lo que disponen las normas de reparto" del Decanato y pese a que el asunto le había correspondido con anterioridad al Juzgado 38. También le reprochan que obviara en el proceso al fiscal, que se opuso al precinto del local.
Los inspectores del Consejo señalan que está "constatado" que la juez Coro Cillán "ha obstaculizado la labor" de la secretaria de su juzgado, "mostrando un celo excesivo en el control, trámite y custodia" de las diligencias que abrió estando de guardia en relación con la discoteca Moma 56. Por este juzgado han desfilado varias secretarias. Una de ellas se había quejado ante sus superiores de que Cillán escondía en el armario algunas causas para que ella no las controlase. La juez lo niega.
Según los inspectores del Poder Judicial, el "comportamiento" de Cillan respecto a la secretaria en el asunto de Moma 56 ha sido "anómalo" al señalar comparecencias "en horario de tarde, y efectuando personalmente gestiones en la apertura de una cuenta corriente" de la administración judicial de la citada discoteca.
Uno de los abogados de las partes denunció que la juez le había faltado al respecto en el juzgado. Los inspectores señalan que no pueden acreditar este extremo. No obstante, recogen en su informe que tanto "la secretaria judicial, Celia García Moreno", como "fiscales adscritos" al juzgado 43 han puesto de manifiesto "que el comportamiento de la magistrada pudiera estar en ocasiones influido por la posible ingestión de bebidas alcohólicas".
www.elpais.es 09.01.12
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ha respondido a la intención de la juez Cillán de admitir una demanda de Manos Limpias sobre la destrucción de los vagones explosionados que “se trata de una cuestión que ya ha sido resuelta, con más o menos acierto, pero dilucidada por el Tribunal Supremo y admitiendo que fueron destruidos por Renfe una vez finalizados los informes periciales”.
Una sentencia firme
La Fiscalía entiende que “admitir como objeto de este procedimiento el interés que dichos vagones podían tener para la investigación de la Audiencia Nacional no deja de ser una revisión de la instrucción judicial que ya fue objeto de enjuiciamiento y de sentencia firme”.
La Gaceta dice que Cillán mantiene viva la instrucción
Pero La Gaceta insiste, en su edición de este miércoles, en que Cillán “mantiene viva la instrucción de los atentados del 11-M” y “está dispuesta a llegar hasta el final para esclarecer una cuestión crucial: quién ordenó destruir, desguazar y, en su caso, reparar los trenes explosionados en ese día fatídico”.
Cillán pretende tomar declaraciones a cargos de Renfe y la Policía
La polémica magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, pretende tomarle declaración a los que participaron en el desguace de los vagones, a directivos de Renfe y del Cuerpo Nacional de Policía, entre otros cargos. Cillán menciona en su informe al director general de Emfesa, que es la empresa que ejecutó el desguace; Carlos Simón Fernández, director general de Remimfer, la empresa encargada de realizar el presupuesto de reparación general de trenes e instalaciones después de los atentados; y a Mariano Garrido García, director gerente de Renfe Cercanías, entonces.
En diciembre, La Gaceta acusó a la Fiscalía de acosar a la juez
El pasado 8 de diciembre La Gaceta acusó a la Fiscalía de acosar a la juez por intentar reabrir el caso del 11-M, con motivo de una inspección del Consejo General del Poder Judicial al Juzgado del que es titular Cillán. El director del diario de Intereconomía, Carlos Dávila, en su columna escribió: “Hay una juez que ha reabierto, por un vericueto legal, la mayor matanza terrorista de la historia de España, y esta juez, de la que se cuenta y no se acaba, pero que los tiene donde hay que tenerlos, ha empezado a descubrir cosas que no le gustan nada a Rubalcaba y, desde luego, a aquel juez, Gómez Bermúdez (…) La juez está siendo cercada, acosada, porque se ha vuelto curiosa”.
El caso de la discoteca Moma
Al día siguiente se supo que detrás de la inspección del Consejo General del Poder Judicial no había ningún acoso relacionado con el 11-M, sino una denuncia presentada por una secretaria de la magistrada por “irregularidades en un determinado procedimiento penal”, como reconoció el propio diario de Intereconomía. El procedimiento en cuestión trataba del cierre de la discoteca madrileña Moma y la queja de la secretaria judicial se basaba en que la juez no le pasaba los autos del caso.
Pedro J. también la mostró como heroína
Coro Cillán ha sido convertida por parte de la derecha mediática en la heroína de la teoría conspiranoia sobre el 11-M. En marzo del año pasado, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, llegó a afirmar que la juez es la que iba a cabar con la carrera de Rubalcaba por su empeño en reabrir este caso.
La trayectoria franquista de Cillán
Sin embargo, no parece que su trayectoria política ni profesional la eleven a la condición de heroína. Como contó ELPLURAL.COM, en 1979 Coro Cillán se presentó como número dos de las listas de Unión Foral del País Vasco por Guipúzcoa, una coalición que integraron conocidos ministros de Franco.
Irregularidades en su trayectoria profesional
En cuanto a su trayectoria profesional, según informaciones publicadas en El País, Coro Cillán fue sancionada por retrasos injustificados en el año 1999, y en 2001 volvió a cometer esta misma falta. El Poder Judicial reflejó 34 retrasos graves en procesos civiles y 14 en penales.
Reiteradas faltas
Según la citada fuente, en algunos casos, la juez celebraba las vistas y se tardaba luego más de tres años en redactar las sentencias. Y en calidad de oponente, Cillán escribía borradores de sentencia que luego no entregaba a sus compañeros de tribunal o que eran rechazados por éstos por no recoger los argumentos acordados durante la deliberación del asunto del que se tratara.
Se le suspendió por dos años
Una de estas faltas de la juez provocó que el instructor y el fiscal solicitaran su separación definitiva de la judicatura debido a reiteradas sanciones anteriores, pero el pleno del Consejo consideró que los hechos no tenían entidad suficiente para la máxima sanción que se le puede imponer al juez”, y se le aplicó la suspensión de funciones durante dos años
www.elplural.com 04.01.12
La magistrada nombró administrador a su novio en la mercantil que investigaba
El CGPJ incoa expediente a la jueza que intenta reabrir el 11-M. EFE/Emilio NaranjoLa Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por unanimidad, abrir un expediente disciplinario a la jueza de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, por cuatro faltas muy graves de las previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial por su actuación en las diligencias que abrió en relación con una discoteca madrileña.
El acuerdo decide también remitir a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una copia del informe del Servicio de Inspección y del acta de la visita que realizó al Juzgado a raíz de las denuncias recibidas. Así lo podrá incorporar a las diligencias que ya tiene abiertas sobre la actuación de la magistrada, que ha adquirido relevancia pública en los últimos meses al investigar las querellas presentadas contra el que era responsable de los Tédax cuando se produjeron los atentados del 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano.
Entre las diligencias que ha acordado figura solicitar a la Audiencia Nacional una copia de la resolución por la que el instructor de los atentados, Juan del Olmo, ordenó destruir los trenes, lo que se ha interpretado como una posibilidad para reabrir el sumario del 11-M por los partidarios de las teorías de la conspiración. Y ello, pese a que hasta el Tribunal Supremo avaló la instrucción realizada por la Audiencia en su sentencia.
Pero el expediente que se ha abierto a la jueza Cillán ha llegado en otras diligencias: las que abrió el 21 de septiembre, cuando se encontraba de guardia, por una denuncia presentada en nombre de la mercantil Moma 56 contra quien ejercía de hecho la administración de la entidad.
El Servicio de Inspección del Consejo es muy crítico con la actuación de la magistrada en esta causa y considera que podría haber cometido cuatro faltas muy graves o, en su defecto, en su modalidad grave.
Una es por "inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas". Inspección la basa en que quiso mantener el conocimiento de la causa, pese a saber que otro juzgado tenía conocimiento previo de los mismos hechos, y por tener una relación de "amistad especial o íntima" con el administrador judicial nombrado al frente de la mercantil y con el perito judicial o el letrado de la parte denunciante.
Además, tuvo un "celo excesivo en el control, trámite y custodia del asunto", lo que llevó a la secretaria a presentar una denuncia, porque le impedía realizar su función de custodia de los autos y supervisar los plazos de los recursos.
Para Inspección, no "ha existido un efectivo control respecto de las medidas acordadas" por la magistrada, "siendo materialmente la causa una sucesión de escritos [...] que reflejan el escaso rigor en la instrucción del asunto". Y ello es constitutivo de otra falta muy grave de "desatención o retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".
Del examen de las diligencias se deduce, según el Consejo, que la jueza trató de situar al margen del procedimiento al fiscal y obstaculizó el trabajo de la secretaria, lo que también podría suponer una falta muy grave de "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales" o de una grave de "exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia".
El informe de Inspección, que lo único que no considera acreditado son los insultos que dijo haber recibido un letrado, añade que algunos testigos han asegurado que el comportamiento de la jueza "pudiera estar en ocasiones influido por la posible ingestión de bebidas alcohólicas".
Las faltas muy graves se castigan con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.
www.publico.es 21.12.11
La Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial abrió ayer un expediente disciplinario a la magistrada Coro Cillán, del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid, por cuatro supuestas faltas graves y muy graves. En concreto, por haber tomado supuestamente decisiones relacionadas con la discoteca madrileña Moma que favorecerían a un "amigo íntimo suyo". Decisiones que adoptó aprovechando que estaba de guardia en Madrid. El asunto ha sido remitido a la Fiscalía de Madrid por si de los hechos se derivasen responsabilidades penales. También va a ser investigada por "exceso o abuso de autoridad" respecto a la secretaria de su juzgado por supuestos insultos.
La denuncia que ha derivado en los expedientes abiertos ahora a Cillán fue presentada en octubre pasado por Fernando Robé Ybarra. Este expuso al Consejo que se hallaba imputado en el procedimiento 5659/2011, "el cual estaba siendo utilizado por sus socios para conseguir el traspaso del local con la absoluta colaboración de la magistrada" Cillán.
"El caso está ganado"
Cillar volvió a reunirse con los adversarios del denunciante en el pleito, según este, el pasado 7 de octubre. Uno de ellos afirmó que "el caso estaba ganado, porque su abogado es íntimo de la juez".
www.elpais.es 21.12.11
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy abrir expediente disciplinario a la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, por la presunta comisión de tres faltas muy graves y una más de carácter grave en el ejercicio de sus funciones.
Así lo han informado hoy fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que han señalado que la incoación del expediente a la magistrada tiene su origen en distintas decisiones adoptadas por ésta en relación con la administración judicial de la discoteca Moma, situada en la calle de José Abascal de Madrid.
Tanto el informe elaborado por el Servicio de Inspección proponiendo la apertura del expediente como el acta de la inspección realizada el pasado día 1 en el Juzgado de Coro Cillán han sido además remitidas al fiscal superior de Madrid, Manuel María Moix, para que los una a las diligencias de investigación que tiene abiertas el ministerio público.
Según las fuentes consultadas, uno de los propietarios del local denunció ante el Consejo que la juez estaba colaborando con sus socios para conseguir el traspaso del establecimiento, de modo que cuando el pasado 21 de septiembre éstos le denunciaron por supuesta administración desleal Cillán acordó el precinto de la discoteca y, al día siguiente, nombró a un administrador judicial.
Ese día, añadía el denunciante, la juez cenó en un restaurante de Madrid con el abogado de sus socios y posteriormente sustituyó a los administradores judiciales por otros, entre los que figura uno que tiene relación de amistad con la propia Cillán.
Además, tras adoptar las primeras medidas cautelares, la magistrada no remitió de inmediato el asunto al Decanato de los Juzgados de la plaza de Castilla para su reparto.
A esta denuncia se sumó otra de la secretaria judicial del Juzgado de Cillán, que aseguró que la juez guardaba bajo llave las diligencias sobre la discoteca, impidiéndole el acceso a las mismas, con el argumento de que tenía que resolver los recursos interpuestos.
Por último, el abogado del socio de Moma que denunció a la juez se ha dirigido al CGPJ para relatar que ésta, en presencia de otros abogados y con ocasión de una comparecencia celebrada el pasado 3 de noviembre, le insultó haciendo referencia incluso a su apellido, de origen judío.
La juez, en sus alegaciones, defendió su decisión de precintar el local para evitar la desaparición de pruebas y justificó su tardanza en enviar el asunto a reparto en su ausencia de Madrid para asistir a un curso de formación en Murcia.
También negó haber cenado con el letrado de uno de los socios del establecimiento -aunque reconoció haber coincidido y hablado alguna vez con él en una cervecería cercana al Juzgado- y aseguró que no mantiene con éste ninguna relación que pueda ser calificada de amistad íntima.
El expediente abierto ahora tratará de dilucidar si Cillán ha incumplido el deber de abstención "a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas" o ha incurrido en "desatención o retraso injustificado y reiterado" en la tramitación de la causa o en "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales", todas ellas faltas muy graves.
Las faltas muy graves pueden ser sancionadas con la expulsión de la carrera judicial.
También se investigará si ha cometido una falta grave consistente en el "exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración" respecto de la secretaria judicial, aunque se ha decidido archivar la denuncia relativa a la desconsideración con el abogado.
La juez Cillán instruye, entre otros causas, la que investiga al comisario Juan Jesús Sánchez Manzano, jefe de los TEDAX cuando se perpetraron los atentados del 11-M, por los delitos de ocultación de pruebas, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos tras una querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. EFE
www.efe.es 20.12.11
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado un expediente disciplinario a la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán, por cuatro posibles faltas de disciplina cometidas en relación diversas decisiones que afectaron a la administración judicial de la discoteca madrileña MOMA.
Además, se ha ordenado remitir al fiscal superior de Madrid, Eduardo Esteban, el acta levantada por la Inspección del Consejo tras una visita realizada recientemente a este juzgado, por si pudiera deducirse una posible responsabilidad penal de la magistrada y "para su unión, en su caso, a las diligencias de investigación" sobre la este asunto que actualmente se siguen en dicha Fiscalía.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Consejo, que han concretado que la Comisión Disciplinaria ha acordado este martes por unanimidad incoar el expediente disciplinario por tres faltas muy graves previstas en el artículo 417 (apartados 8, 9 y 14) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y por una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la misma Ley.
Así, los vocales han designado a un instructor, un magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según las mismas fuentes, para que investigue si Coro Cillán podrían haber incurrido en inobservancia del deber de abstención respecto al asunto de la discoteca -que fue una de las investigadas en el denominado 'Caso Guateque'.
Por otra parte, la Comisión Disciplinaria ha acordado archivar otra denuncia que se había presentado contra esta magistrada por trato desconsierado.
También se han encontrado indicios de que Cillán habría incurrido en "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales" por haber facilitado la entrada como administrador judicial de esa discoteca, durante el periodo en el que estuvo precintada, de su supuesto "novio".
La tercera falta muy grave, de confirmarse, sería la "desatención o el retraso injustificado" en la resolución de este asunto. También se la investigará indiciariamente por "exceso o abuso de autoridad".
El instructor del expediente deberá ahora investigar la denuncia y recabar el testimonio de la propia magistrada y la opinión de la Fiscalía antes de realizar una propuesta de sanción o archivo del expediente.
Si la propuesta final es de separación, suspensión o traslado de la magistrada, el asunto será remitido al Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes del órgano de gobierno de los jueces advierten que este trámite debe solventarse antes de seis meses, ya que si se supera este plazo el expediente habrá caducado y, aunque exista sanción, lo más probable es que si se recurre el Tribunal Supremo acabe archivándola.
En el juzgado que dirige Coro Cillán han recaído asuntos polémicos como es la posible destrucción de restos recogidos en los focos de los atentados del 11-M. La magistrada investiga al comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y a una perito de su unidad por posibles delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio.
En esta causa, la magistrada ha rechazado reiteradamente el archivo de la causa solicitado por el que fuera jefe de los artificieros y ha llegado a pedir a la Audiencia Nacional que le remita copia de la resolución por la que el magistrado Juan Del Olmo pudo ordenar destruir los restos de los trenes cuando instruyó el sumario por los atentados de Madrid.
Coro Cillán también tiene en sus manos la querella interpuesta por el exdirector general de la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), José Luis Rodríguez Neri, contra el director de Asuntos Jurídicos de la entidad, Pablo Hernández, por un presunto delito de falsificación de documento privado.
También le correspondió instruir la causa abierta contra Ana Rosa Quintana, Telecinco, Quarzo y los periodistas que participaron en la confesión televisiva de la mujer de Santiago del Valle, Isabel García Rodríguez, sobre la culpabilidad de su marido en el asesinato de Mari Luz Cortés. La magistrada archivó el pasado mayo este procedimiento.
www.europapress.com 20.12.11
Este jueves ‘La Gaceta’ publicaba que la juez Coro Cillán está siendo perseguida por la Fiscalía por su intento de reabrir el caso del 11-M. Se basaba en una inspección realizada en el Juzgado 43 de Madrid, del que es titular, por parte del Consejo General del Poder Judicial. Hoy el diario de Intereconomía admite que las razones para la inspección están lejos de espionajes o conspiraciones más propias de películas y que lo que hay en el fondo es una denuncia presentada por una secretaria de la magistrada por “irregularidades en un determinado procedimiento penal”.
'La Gaceta' admite que la inspección a la magistrada parte de una disputa laboral y no de una conspiración política .Curiosamente, el enemigo de Cillán no está extramuros de la plaza de Castilla, sino en su propio juzgado. Según ha podido saber este diario, quien la ha denunciado ante el Servicio de Inspección del CGPJ ha sido su secretaria judicial, Sacramento Fernández Vivancos, ex cuñada del secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido”, afirma La Gaceta.
La Gaceta y su director acusaron ayer a la Fiscalía de “acoso”
www.elplural.com 09.12.11
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha realizado una inspección por sorpresa a la juez Coro Cillán, que ‘La Gaceta’ ve como un acoso a esta magistrada por su investigación del 11-M. Su director, Carlos Dávila, afirma hoy que “está siendo cercada, acosada” por “descubrir cosas que no le gustan nada a Rubalcaba y, desde luego, a Gómez Bermúdez”, autor de la sentencia sobre la matanza de Atocha. Esta juez, que en 1979 fue como 'número dos' de las listas de Unión Foral del País Vasco por Guipúzcoa, una coalición que integraron los más conocidos de entre los ministros de Franco, intenta reabrir el caso sobre el 11-M.
En su escasa columna “En el día de hoy“, Carlos Dávila escribe hoy: “A ver si ahora va a resultar que una vez se marche esta tribu de incapaces y de qué sé yo más cosas, va a empezar a desvelarse el atentado del 11 de marzo de 2004 (…) De pronto, hay una juez que ha reabierto, por un vericueto legal, la mayor matanza terrorista de la historia de España, y esta juez, de la que se cuenta y no se acaba, pero que los tiene donde hay que tenerlos, ha empezado a descubrir cosas que no le gustan nada a Rubalcaba y, desde luego, a aquel juez, Gómez Bermúdez (…) La juez está siendo cercada, acosada, porque se ha vuelto curiosa”.
www.elplural.com 08.12.11
La juez niega que la mujer fuera violentada física o psíquicamente por declarar que su marido mató a la niña onubense
La juez Coro Cillán ha archivado la causa abierta contra Ana Rosa Quintana y su programa de la mañana por supuestas presiones a Isabel García para que declarase que su marido, Santiago del Valle, había matado en enero de 2008 en Huelva a la niña Mari Luz, una declaración que contradecía a lo que había manifestado en el juicio.
La sentencia asegura que en "ningún momento" ni Ana Rosa Quintana, Gestevisión Telecinco, la productora Cuarzo ni otros ocho periodistas "violentaron ni física ni psíquicamente" a la mujer ni que la entrevista, celebrada el 25 de febrero mientras el marido estaba siendo juzgado, se hiciese "en contra de su voluntad".
La sentencia considera que Isabel García no fue objeto de coacciones para hacer las declaraciones que hizo ni "actuase violentada" para ello. La juez Cillán explica que si la mujer estaba nerviosa "alterada y llorando" era por la naturaleza de lo que estaba contando -la participación de su marido en la muerte de la pequeña Mari Luz- y no porque estuviera sufriendo "algún tipo de forzamiento para que preste su declaración televisiva".
Además, "se aprecia una plena conformidad" de Isabel García para permanecer con los entrevistadores y aparecer en el programa de Quintana.
La juez determina que no hubo ningún tipo de deslealtad, obstrucción a la justicia o intimidación a la mujer, "ya que no ha existido una violencia o intimidación o intento de influir por los imputados directa o indirectamente" en Isabel García. La sentencia insiste en que la mujer acudió voluntariamente a la entrevista porque "le hacía ilusión" estar en el plató de Quintana y que también acudió a Canar Sur, Antena 3 y Radio Huelva.
Isabel García asegura en su testimonio recogido en el auto que cobró entre 600 y 800 euros del programa de Ana Rosa y viajó a Madrid con todos los gastos pagados y siempre escoltada por periodistas de la productora de la famosa presentadora. La productora Cuarzo ha negado el pago de cualquier cantidad por esta entrevista a Isabel García.
www.elpais.es 04.05.11
El presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL), Luis Vega, uno de los organizadores de la procesión atea, prohibida por la Delegación del Gobierno, ha declarado a ELPLURAL.COM que uno de los objetivos de esta iniciativa era “comprobar el estado de salud de la aconfesionalidad del Estado incluida en nuestra Constitución”. Esta prohibición que, en su opinión, “nos lleva al comienzo de la transición”, confirma que ese principio “es papel mojado” porque “España está dominada por la Iglesia católica”.
El presidente de AMAL ha anunciado a ELPLURAL.COM que ya han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisión de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de la capital de prohibir su manifestación.
Una crítica a la Iglesia, no a los creyentes
Los laicos no gozan del mismo derecho que los católicos
La “rapidez” de la juez María del Coro Cillán
Los diez denunciantes
Este lunes, los diez firmantes de esa primera denuncia conjunta, entre los que están siete abogados, han ratificado en los juzgados su escrito, en el que califican de “escarnio religioso” la iniciativa laica.
La querellas de Abogados Cristianos y HazteOir
Además de esta denuncia, los organizadores de la procesión atea abortada enfrentan la querella interpuesta por la Asociación Estatal de Abogados Cristianos , que les acusa de “provocación, discriminación, odio y violencia por motivos referentes a la religión”. El pasado miércoles, la asociación HazteOir se sumó a esta cruzada, alegando delitos de manifestación ilícita, contra los sentimientos religiosos y de genocidio.
¿Quién es la juez María del Coro Cillán?
En marzo pasado, ELPLURAL.COM contó cómo el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, consideraba a Del Coro Cillán la única juez que puede acabar con la carrera de Rubalcaba, al referirse a su empeño en reabrir el caso del 11-M.
Orígenes políticos franquistas
En 1979, una joven María del Coro Cillán se presentó como número dos de las listas de Unión Foral del País Vasco por Guipúzcoa, una coalición que integraron los más conocidos de entre los ministros de Franco. La imagen de Coro, como le llaman sus amigos, ha vuelto a ser actualidad por su intento de reabrir el caso del 11-M.
Europa Laica advierte: “Se está potenciando el anticlericalismo radical”
El presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, ha valorado, en declaraciones exclusivas para ELPLURAL.COM, la prohibición de la procesión atea, que ha considerado “un ataque contra la libertad y los principios democráticos” recogidos en la Constitución.
“Pretenden estar en otro mundo ajenos a las necesidades y las diversas forma de pensar de la gente. Se está potenciando el anticlericalismo radical, que no contribuye a la convivencia. Las manifestaciones de estudiantes en las capillas universitarias son una muestra”, ha afirmado Delgado.
www.elplural.com 18.04.11
www.publcio.es 14.04.11
La magistrada del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid entiende que el ex consejero actuó correctamente, ya que "toda persona que presencia un delito está obligado a ponerlo en conocimiento del juez"
La titular del Juzgado número 43 de Madrid ha dictaminado el “sobreseimiento libre y el archivo” de la querella interpuesta por el doctor Luis Montes contra el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, por un presunto delito de denuncia falsa.
Según los doctores Montes y López Varas, que presentaron la demanda el 28 de enero de 2009, Lamela denunció unos hechos presuntamente delictivos que ocurrieron en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, ciñéndose a un informe técnico supuestamente falsificado.
La magistrada Coro Cillán refleja en el auto que "los hechos puestos de manifiesto en los escritos de querella no son constitutivos de presupuestos fácticos que se puedan incardinar en ningún tipo penal". Sobre Manuel Lamela, entiende que "toda persona que presencia la perpetración de un delito está obligada a ponerlo en conocimiento inmediato del juez de instrucción". Así, recoge que "el denunciante tuvo conocimiento de primera mano del contenido del informe realizado por la Comisión de Evolución", que seguidamente explica que los hechos que reflejaba dicho informe "muy bien pudieron ser concebidos como presuntamente delictivos".
La juez también ha archivado la denuncia contra los médicos que firmaron el mencionado informe. El fallo explica que "se puede discrepar o incluso negar" de su contenido, pero eso no significa que la realización del mismo constituya un delito, porque “la verdad científica no puede ser entendida como una verdad monolítica y absoluta". El caso estaba archivado, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó a la magistrada tomar declaración a tres inspectores asesores del Comité de Expertos, Mariano Villanueva, Francisco Ramos y Ana Martínez.
Hay que recordar que el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid relevó a Montes y a su equipo de las Urgencias del Severo Ochoa el 11 de marzo de 2005 por unas denuncias que les acusaba de 400 homicidios por la presunta práctica de sedaciones irregulares.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés determinó en 2007 que se produjo mala praxis médica, aunque no se pudo demostrar la relación entre ésta y las muertes que se habían producido por lo que la causa se archivó. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid corroboró el sobreseimiento y ordenó que se suprimiera toda referencia a la posible mala práctica médica de los profesionales del Severo Ochoa.
http://derecho.publicacionmedica.com/noticia/archivada-la-querella-de-montes-contra-lamela-por-denuncia-falsa 18.04.11
www.elplural.com 14.03.11
La magistrada de la Audiencia de Guipúzcoa Coro Cillán vuelve a estar en la cuerda floja. Inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han propuesto a este órgano la apertura de un expediente disciplinario por una posible falta muy grave debida a retrasos injustificados, según informaron a Efe fuentes de la Administración de Justicia.
Esta magistrada, destinada en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa desde noviembre de 2007, ya ha sido sancionada en dos oportunidades por dilaciones indebidas en la tramitación de asuntos judiciales, aunque finalmente ambas fueron anuladas por el Tribunal Supremo (TS). En el año 2002, Cillán fue sancionada con dos años de suspensión por los mismos motivos, pero la afectada recurrió ante el alto tribunal, que en 2007 consideró que la sanción le fue impuesta fuera de plazo y ordenó que se le restablecieran sus derechos.
En 2003, mientras Cillán cumplía la anterior sanción, el CGPJ acordó por unanimidad volver a suspenderle de sus funciones por otro año más. Pero luego, en 2006, el Tribunal Supremo entendió que aunque sí se había producido una disfunción notable en la labor de la jueza ésta no era de la máxima gravedad. Sustituyó la suspensión por una multa de 1.800 euros.
Antes de estas dos sanciones, Cillán ya había sido multada en septiembre de 1999 por el excesivo retraso en dictar sentencias. La magistrada solicitó hace unos meses su traslado al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid. La plaza le ha sido concedida por el CGPJ, pero primero debe dictar las decenas de resoluciones que tiene pendientes.
www.elpais.es 05.10.2008
Inspectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han propuesto a este órgano la apertura de un expediente disciplinario a la magistrada de la Audiencia de Guipúzcoa Coro Cillán por una posible falta muy grave debida a retrasos injustificados, han informado hoy a Efe fuentes de la Administración de Justicia.
Esta magistrada, destinada en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa desde noviembre de 2007, ya ha sido sancionada en dos oportunidades por dilaciones indebidas en la tramitación de asuntos judiciales, aunque finalmente ambas fueron anuladas por el Tribunal Supremo (TS).
En el año 2002, Cillán fue sancionada con dos años de suspensión por los mismos motivos, pero la afectada recurrió ante el alto tribunal, que en 2007 consideró que la sanción le fue impuesta fuera de plazo, por lo que ordenó restablecer los derechos de la magistrada.
En 2003, mientras Cillán cumplía la anterior sanción, el CGPJ acordó por unanimidad volver a suspenderle de sus funciones por otro año más, aunque luego, en 2006, el Tribunal Supremo entendió que aunque sí se había producido una disfunción notable en la labor de la jueza ésta no era de la máxima gravedad, y sustituyó la suspensión por una multa de 1.800 euros.
Antes de estas dos sanciones, Cillán había sido multada en septiembre de 1999 por el excesivo retraso en dictar sentencias cuando era magistrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
La inspección que ha motivado ahora la última propuesta de sanción fue realizada a principios del pasado verano, tras las quejas suscitadas por la demora de la magistrada en dictar sus resoluciones, que incluso ha llevado a la Fiscalía de Guipúzcoa a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.
La propuesta de expediente derivada de esta inspección deberá ser tratada próximamente por el nuevo Consejo del Poder Judicial que fue renovado el mes pasado y que será el encargado de pronunciarse sobre este asunto
De forma paralela a este procedimiento, la magistrada ha solicitado su traslado al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, plaza que le fue concedida por acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 22 de julio, si bien este mismo órgano retrasó el 3 de septiembre su cese en la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa hasta que Cillán dicte las decenas de resoluciones que tiene pendientes en este órgano judicial.
Para ello, el CGPJ ha concedido a la jueza un plazo de tres meses, al término del cual 'perderá su derecho al nuevo destino' en Madrid si no consigue ponerse al día en sus asuntos pendientes.
Algunas de estas causas en las que Coro Cillán había sido designada ponente han empezado ya a ser notificadas, si bien en todas ellas la postura de la magistrada ha quedado recogida en la sentencia en forma de voto particular y ha prevalecido la opinión mayoritaria de los otros miembros del tribunal.
Según han señalado a Efe fuentes jurídicas, algunas de las partes implicadas en varios de estos casos han expresado su extrañeza por los votos particulares de la magistrada que, en ocasiones, resultan contradictorios y que incluso han llegado a estar referidos a hechos distintos a los enjuiciados.
www.efe.es 04.10.2008
CORO CILLÁN Tres años para dictar sentencia
www.elpais.es 20.03.2008
Considera que el CGPJ no respetó en el expediente los plazos legales La juez, destinada ahora en Cáceres, podría solicitar su plaza en Donostia
El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impuso hace cinco años a la magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa Coro Cillán por un retraso injustificado en la tramitación de diversas causas. El alto tribunal ha dejado sin efecto la suspensión e insta a que el CGPJ adopte «cuantas medidas sean necesarias», tanto de carácter económico como de otra índole, para restablecer el derecho de la juez.
La magistrada fue sancionada en 2002 por el pleno del CGPJ, al considerar que había incurrido en una falta muy grave. El pleno del máximo órgano de gobierno de los jueces tomó esta decisión a propuesta de la Comisión Disciplinaria, después de que apreciara un retraso injustificado y reiterado de la magistrada en 34 procedimientos de apelaciones civiles y en 14 penales.
La representación legal de la magistrada recurrió la sanción ante el Tribunal Supremo. La defensa de Coro Cillán alegó que la incoación del expediente se produjo mediante un acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial con fecha de 12 de marzo de 2001, mientras que la imposición de la sanción data del 23 de enero de 2002. En consecuencia, estimó que la resolución del procedimiento disciplinario se dictó cuando ya había transcurrido el plazo de seis meses previsto por la ley para este tipo de trámites.
Procedimiento caducado
Ahora, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la juez sancionada y considera que el acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de los jueces en el que desestimó un recurso a la sanción es «contrario a derecho» y debe ser anulado, toda vez que fue dictado cuando el procedimiento ya había caducado. El alto tribunal considera que el acuerdo sancionador se tomó después de haberse superado el plazo legalmente previsto y sin que por el instructor del caso ni el CGPJ se hicieran constar las circunstancias que justificaban la tardanza. De esta forma, el TS deja sin efecto la sanción de dos años de suspensión contra la juez y acuerda que se tomen las medidas necesarias para que se restablezcan los derechos de la magistrada.
Esta es la segunda sentencia en la que el Supremo se pronuncia en favor de Coro Cillán. El alto tribunal ya anuló en 2006 otra sanción de un año de suspensión de empleo y sueldo que el CGPJ impuso a la magistrada, igualmente por un retraso injustificado y reiterado de la magistrada en 32 procedimientos civiles y penales de la Sección Primera. El alto órgano judicial, en la resolución favorable a la juez, consideró que si bien se dio una «disfunción notable en el normal desempeño de la función jurisdiccional por parte de la magistrada» no había datos que permitieran concluir que «nos encontramos ante una infracción de la máxima gravedad». De esta manera, el Tribunal Supremo anuló la sanción por falta «muy grave» y la rebajó a «grave», con lo que sustituyó la suspensión de un año por la multa de 1.800 euros.
A pesar de que Tribunal Supremo ha dejado sin efecto las sanciones de suspensión de empleo y sueldo, el caso es que Coro Cillán ha permanecido sin ejercer durante tres años. Recientemente, se incorporó a la carrera judicial y actualmente se encuentra destinada en Extremadura. En las actuales condiciones y tras esta última resolución del Supremo, la magistrada podría incluso reclamar la plaza que ostentaba en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
http://www.diariovasco.com/prensa/20070728/aldia/tribunal-supremo-anula-sancion_20070728.html
La magistrada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa Coro Cillán, adscrita desde el pasado mes de enero a la Sección Primera, ha tardado nueve meses en dictar una sentencia en la que absuelve a dos hombres de un presunto delito de tráfico de drogas por considerar que no hay pruebas suficientes para condenarles.
El juicio se celebró en julio de 2000, cuando Cillán todavía realizaba sus labores en la Sección Segunda, presidida por el juez Luis Blánquez, con quien no mantiene una buena relación. Sin embargo, la magistrada, ponente en el caso, no ha emitido su resolución, de cinco folios, hasta finales del pasado abril.
Cillán ha sido noticia en varias ocasiones por atrasos en sus resoluciones. Así, en septiembre de 1999, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó imponer una sanción de 100.000 pesetas a la entonces juez de la Sección Segunda por una falta calificada como grave consistente en dictar sentencias con un retraso injustificado.
El pasado mes de enero, la juez Cillán fue trasladada a la Sección Primera de la Audiencia guipuzcoana bajo el argumento de que era preciso reforzarla, aunque tras la decisión, según fuentes de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, planeaban la forma de trabajar de la magistrada y sus malas relaciones con Blánquez.
Dos meses más tarde, en marzo, el Consejo General del Poder Judicial decidió abrir expedientes disciplinarios a Cillán y Blánquez, al entender que la magistrada podría haber incurrido en 'retraso injustificado' de asuntos y considerar que el juez puede ser responsable de una presunta 'intromisión por presiones' en la actividad jurisdiccional de su compañera y de haber contribuido de forma consciente a prolongar la citada demora.
Los expedientes del CGPJ están ahora pendientes de resolución.
Mientras tanto, Coro Cillán, nueve meses después de celebrarse la vista oral, ha absuelto a P.J.D.M. y A.J.A. del delito contra la salud pública que les imputaba el fiscal, quien solicitaba para el primero la pena de seis años de cárcel y multa de 25.000 pesetas, mientras que para el segundo pedía cinco años de prisión y sanción de 25.000 pesetas.
La magistrada, según recoge en su resolución judicial, cree probado que los imputados eran adictos a sustancias estupefacientes, principalmente heroína y cocaína, pero considera que, en base a la prueba practicada, no ha quedado demostrado que fueran traficantes.
www.elpais.es 04.05.2001
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 1 de diciembre la incorporación del juez José Olla a la Sección Segunda de la Audiencia de San Sebastián y el traslado, en comisión de servicios, de la magistrada de la misma Coro Cillán a la Sección Primera.
Olla, hasta ahora destinado en un juzgado de Tolosa, tomará posesión de su cargo el próximo lunes, ocupando el puesto de Cillán, quien deja la Sección Segunda tras mantener una tensa relación con su presidente, Luis Blánquez. Éste elaboró a fines de 1998 un informe en que acusaba a la magistrada de actuar 'conforme a impulsos ajenos al normal quehacer jurídico'.
Cillán fue multada en septiembre de 1999 por el excesivo retraso en dictar sentencias tras una inspección del CGPJ que afectó también a los otros dos jueces de la Sección Segunda, Luis Blánquez y Luis Tovar, que no resultaron sancionados. El entonces presidente de la Audiencia, José Luis Barragán, calificó de muy baja la sanción de 100.000 pesetas impuesta a Cillán y presentó su dimisión. Su cargo fue ocupado por Victoria Cinto, que también preside la Sección Primera.
www.elpais.es 04.01.2001

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 417
 artículo 418
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución