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Timestamp: 2019-09-20 19:09:54+00:00

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﻿ SENTENCIA C-899 DE OCTUBRE 7 DE 2003
SENTENCIA C-899 DE 07 DE OCTUBRE DE 2003
CONTENIDO:LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN EL PROCESO PENAL. SE DECLARAN EXEQUIBLES ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 38, 48 Y 57 ASÍ COMO EL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 52 Y EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL LEY 600 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, PROCEDIMIENTO PENAL
Sentencia C-899 de octubre 7 de 2003
Sentencia C-899 de 2003
Ref.: Expediente D-4562
ART. 38.—Extinción. La acción penal se extingue por muerte, desistimiento, amnistía, prescripción, oblación, conciliación, indemnización integral y en los demás casos contemplados por la ley.
ART. 42.—Indemnización integral. En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.
ART. 48.—Requisitos. Quien pretenda constituirse en parte civil dentro del proceso penal, si no fuere abogado titulado, otorgará poder para el efecto.
ART. 52.—Rechazo de la demanda. La demanda será rechazada cuando esté acreditado que se ha promovido independientemente la acción civil por el mismo demandante, que se ha hecho efectivo el pago de los perjuicios, que se ha producido la reparación del daño o que quien la promueve no es el perjudicado directo.
ART. 55.—Extinción de la acción civil. La acción civil proveniente de la conducta punible se extingue en todo o en parte, por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil.
3. Evolución jurisprudencial sobre la parte civil en el proceso penal.
La explícita consagración del derecho al acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) llevó inicialmente a la Corte a considerar que uno de los derechos de las víctimas era participar en el proceso penal en que se investiga el delito. En Sentencia T-275 de 1994 la Corte reconoció que la parte civil en el proceso penal militar tiene derecho no sólo al resarcimiento del daño, sino “al ‘restablecimiento del derecho’ y dentro de este concepto está el lograr lo justo”; a lo cual agregó:
“La participación de las víctimas o perjudicados en el proceso penal no se justifica solamente por la perspectiva de lograr un bien patrimonial como reparación, sino, además, y especialmente, por el derecho que tienen las personas de acercarse a la verdad. Contribuir en la definición de la verdad y en el rechazo a la falsedad, es tan importante como lograr lo válido, lo útil, lo interesante” (Sent. T-275/94, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Este primer impulso se vio interrumpido en el año de 1995 cuando la corporación declaró la exequibilidad de un artículo del derogado Código de Procedimiento Penal —Decreto 2700 de 1991— que impedía la constitución de parte civil en el proceso penal hasta antes de proferida la resolución de apertura de la investigación. La Corte determinó que la función de la parte civil en dicho proceso se limitaba a obtener la indemnización de los perjuicios producidos por el delito, situación que confería a las pretensiones de la víctima un cariz netamente económico y la despojaba de cualquier iniciativa para hallar la verdad procesal y para obtener la realización de la justicia. En dicho fallo —Sentencia C-293 de 1995— la corporación sostuvo lo siguiente:
“Al respecto debe la Corte observar que la citada norma hace parte de un capítulo (el II del libro I del Código de Procedimiento Penal) que se ocupa de la acción civil, y que fija los alcances de ésta en el artículo 43 al disponer en su parte pertinente: “La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por el hecho punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil, o dentro del proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, o por los herederos o sucesores de aquéllas, o por el Ministerio Público o el actor popular cuando se afecten intereses colectivos" (subrayas de la Corte). De ese modo, fuera de toda duda, está precisando el legislador qué es lo que con la citada institución se persigue. Y para abundar en claridad acerca de su finalidad inequívoca, agrega en el inciso segundo: “Si el titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus bienes, y optare por ejercitarla dentro del proceso penal, se constituirá en parte civil mediante demanda presentada por su representante legal" (subrayas fuera del texto). Con la expresión subrayada quiere la Sala destacar que se trata de un mecanismo diseñado con fines esencialmente patrimoniales, pues nada distinto puede buscar una acción indemnizatoria (hasta aquí, subrayas del original).
“Si a lo anterior se agrega que los intereses que la víctima o sus herederos persiguen son de naturaleza económica, mientras que el derecho que el sindicado tiene en jaque es la libertad, la alegada desigualdad entre las partes se desvanece por completo. Y no se insista en que la víctima o sus herederos pueden pretender es el esclarecimiento de la verdad, al margen de los valores patrimoniales, porque, tal como más atrás quedó dicho, la acción civil tiene en nuestra legislación una finalidad pecuniaria (desde luego legítima), y la ausencia de normas que apunten a intereses más altos no hace inexequibles las reglas que la consagran” (Sent. C-293/95, M.P. Carlos Gaviria Díaz) (subrayas fuera del original).
“En este orden de ideas, ha de entenderse que los principios citados son una consecuencia del derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, el cual no puede ser interpretado como una simple atribución formal de acudir a las autoridades judiciales, sino como una garantía que obliga al juez de la causa a resolver integralmente sobre el fondo del asunto planteado. Así, las víctimas y perjudicados con el delito, como manifestación del derecho a acceder a la administración de justicia, tienen también un derecho constitucional a participar en el proceso penal que el Estado está en la obligación de adelantar, derecho que no debe limitarse a la declaratoria de responsabilidad penal, sino que, además, ha de extenderse a la obtención de la reparación del daño cuando éste se encuentre probado.
“Ya esta corporación había tenido oportunidad de señalar que ‘las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa (2) ’. Ha de suponerse que ese derecho no sólo abarca a los presuntos responsables sino que se extiende también a las víctimas y perjudicados por el delito” (Sent. C-277/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(2) Sentencia C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
No obstante y contradiciendo con ello la posición del fallo anterior, en el mismo año la Corte produjo la Sentencia SU-717 de 1998, en donde reiteró la posición asumida en el fallo C-239 de 1995, y sostuvo que a la parte civil en el proceso penal sólo la asiste el propósito resarcitorio, toda vez que el Estado es el único encargado de verificar que se imponga la sanción correspondiente por el delito cometido.
Dado lo anterior, la corporación añadió que si el fin del afectado es encontrar la verdad, “entonces no requiere de la acción civil para lograr su plena realización, porque para tal fin basta el cumplimiento del deber previsto en el artículo 95-7 de la Carta Política, según el cual toda persona debe colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, que en el proceso penal (cuya iniciación debe promover cualquier ciudadano mediante la denuncia), tiene como fin primordial, precisamente el de establecer la verdad sobre los hechos materia de investigación y juzgamiento, y sobre la autoría de los mismos”.
En el año 2000 —Sentencia C-163 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz— la Corte tuvo oportunidad de resolver una demanda dirigida contra varios de los artículos del Decreto 2700 de 1991 que reproducían algunas de las figuras procesales demandadas en la presente acción de inconstitucionalidad. En dicha oportunidad, la Corte se limitó a reiterar su jurisprudencia en el sentido de que “los derechos de las víctimas a acceder al proceso penal, y en particular a la indemnización de los perjuicios, no sólo es una manifestación de los derechos de justicia e igualdad, sino que se constituyen también en una expresión de los deberes constitucionales del Estado (3) ”, pero no atinó a resolver el conflicto jurisprudencial relativo a cuáles son tales derechos.
(3) C-469 de 1995, T-536 de 1994, C-277 de 1998, T-275 de 1994, SU-717 de 1998, C-038 de 1996, C-293 de 1995.
No obstante, en Sentencia T-694 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Sala Primera de Revisión de tutelas de la Corte retomó la línea jurisprudencial trazada por la Sentencia T-275 de 1994 al asegurar que “los derechos de participación y de acceso a la administración de justicia, le confieren a la parte civil en el proceso penal una serie de derechos y obligaciones similares, en principio, a los que ostentan los restantes sujetos procesales. En consecuencia, debe entenderse que desde el momento en el cual una persona es reconocida como “parte civil”, adquiere el derecho a participar activamente en todas las diligencias que se realicen, lo cual implica, entre otras cosas, el derecho a solicitar las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la responsabilidad del sindicado, así como el derecho a recurrir las decisiones que afecten sus intereses”.
En el mismo sentido, en el 2001, la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-740, M.P. Álvaro Tafur Galvis, en donde reconoció que en el proceso penal militar, la actuación de la parte civil “se establece de manera precisa, limitando su actuación al impulso procesal para contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos y (sic) que el tema del resarcimiento de perjuicios se concentra en la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, excluyendo expresamente la competencia de la justicia penal militar en este campo.” En el mismo sentido, en la Sentencia C-1149 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte había dicho, en materia de justicia penal militar, que “El acceso a la administración de justicia no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de éstos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido”.
“De un lado, las víctimas de los delitos tienen un derecho a la verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de derechos humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos constitucionales (C.P., art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas trascienden el campo puramente patrimonial” (Sent. T-1267/2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) (subrayas fuera del original).
De igual modo, en Sentencia C-1149 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte advirtió que “[e]l acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) no es sólo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de éstos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido”, providencia que fue reiterada por la Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en la que se afirmó que “las víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino que comprende el derecho a que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. El derecho a saber la verdad implica el derecho a que se determine la naturaleza, condiciones y modo en que ocurrieron los hechos y a que se determine los responsables de tales conductas. El derecho a que se haga justicia o derecho a la justicia implica la obligación del Estado a investigar lo sucedido, perseguir a los autores y, de hallarlos responsables, condenarles. De ahí que ostenten la calidad de sujetos procesales”.
Finalmente, siguiendo la línea argumentativa trazada por la última jurisprudencia, en Sentencia C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, la Corte adoptó de manera definitiva la doctrina vigente en torno a los derechos de la parte civil en el proceso penal. La corporación estudió la exequibilidad del artículo 137 del Código de Procedimiento Penal vigente —Ley 600 de 2000— que señala las facultades procesales de la parte civil en las diligencias penales. En un extenso estudio de la legislación nacional e internacional, la Corte arribó a la conclusión según la cual “la víctima o perjudicado por un delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia”. Los términos de la sentencia de la Corte fueron los siguientes:
“...en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia —no restringida exclusivamente a una reparación económica— fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible si a las victimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.
“1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos (4) .
(4) Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios.
“3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito (5) .
(5) Casi todos los sistemas jurídicos reconocen el derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica, en particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser solicitada bien dentro del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas romano germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en los sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial Dalloz, 1995, págs. 532 y ss.
“Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización. Ello puede ocurrir, por citar tan sólo un ejemplo, cuando se trata de delitos que atentan contra la moralidad pública, el patrimonio público, o los derechos colectivos o donde el daño material causado sea ínfimo —porque, por ejemplo, el daño es difuso o ya se ha restituido el patrimonio público— pero no se ha establecido la verdad de los hechos ni se ha determinado quién es responsable, caso en el cual las víctimas tienen un interés real, concreto y directo en que se garanticen sus derechos a la verdad y a la justicia a través del proceso penal” (Sent. C-228/2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett).
4. Análisis particular de los cargos de la demanda.
El primero de ellos es que la indemnización de perjuicios ha sido considerada por la jurisprudencia como una vía legítima para extinguir la acción penal, lo que significa reconocer que la misma es instrumento judicial idóneo para realizar el ideal de justicia propuesto por el constituyente.
A.1. La indemnización de perjuicios en el proceso penal.
Para empezar, mediante Sentencia C-746 de 1998, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del artículo 28 de la Ley 228 de 1995, que establecía la extinción de la acción penal por indemnización integral en los delitos de hurto simple, hurto de uso, hurto entre condueños, estafa, lesiones personales, emisión y transferencia ilegal de cheque, abuso de confianza, aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, sustracción de bien propio y daño en bien ajeno, salvo cuando existieren circunstancias de agravación.
“La extinción de la acción penal por reparación integral del daño posee la virtud de asegurar en cierto modo la justicia material, porque permite el resarcimiento del daño en favor de la víctima, evita todo sufrimiento nocivo e innecesario al autor del hecho punible e impide que se le estigmatice como delincuente. En otros términos, dicho instrumento logra un equilibrio que satisface la proporcionalidad entre el resultado del ilícito y la pena con la mediación del fiscal o del juez” (Sent. C-746/98, M.P. Antonio Barrera Carbonell).
También en Sentencia C-1490 de 2000, al estudiar la exequibilidad de algunos artículos de la Ley 44 de 1993, por la cual se modificaron otras disposiciones de las leyes 23 de 1982 y 29 de 1944, relativas a delitos cometidos contra las normas sobre derechos de autor, la corporación analizó la exequibilidad de un artículo que permitía extinguir la acción penal por indemnización de perjuicios cuando la víctima desistiera de la misma. Pese a que en este caso la norma condicionaba la extinción de la acción penal al requisito del desistimiento de la víctima, las razones esbozadas por la Corte para declararla exequible tuvieron en cuenta que la indemnización integral, por sí misma, constituye criterio válido para terminar el proceso de responsabilidad penal contra quien repara el daño.
De igual manera, la Corte Constitucional declaró exequibles los incisos primero y segundo del artículo 97 de la Ley 599 de 2000, mediante fallo contenido en la Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En dicha oportunidad la Corte analizó la constitucionalidad de la medida que permite fijar el monto máximo de la tasación de perjuicios para efectos de determinar la indemnización por el hecho ilícito, análisis que parte de la base de que la indemnización integral es mecanismo idóneo para extinguir la acción penal.
Finalmente, por Sentencia T-1062 de 2002 de la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte, esta corporación sostuvo que era “consecuente con la especial protección a las víctimas de hechos punibles” el que la Constitución permitiera que “que la acción penal se extinguiera por la reparación integral del daño”, a lo cual agregó:
“La indemnización integral es una de las denominadas causales específicas de preclusión y cesación del procedimiento. La aplicación de ésta depende de la voluntad de los sujetos procesales (6) .
(6) Bernal Cuéllar, Jaime y Montealegre Lynett, Eduardo, El proceso penal, Universidad Externado de Colombia, 2002, pág. 515.
“Puesto que es pecuniaria la naturaleza de la pretensión indemnizatoria, ésta se debe regular conforme a los principios generales del derecho privado, así el trámite sea adelantado por un juez penal. En efecto, teniendo en cuenta que este procedimiento se debe regir por los parámetros del derecho privado, al conocer del adelantamiento de este, los titulares de la acción civil pueden disponer de su derecho en el sentido de decidir renunciar a éste o realizar una transacción sobre el mismo, decisión que debe ser respetada por el juez penal a pesar de que con ésta no se dé una reparación plena del daño. En consecuencia, aun en estas condiciones el juez debe decretar la extinción de la acción penal” (7) (Sent. C-1062/2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(7) Ibídem, pág. 517.
“En desarrollo del artículo 2º de la Carta, al adelantar las investigaciones y procedimientos necesarios para esclarecer los hechos punibles, las autoridades judiciales deben propender el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de bienes jurídicos de particular importancia para la vida en sociedad. Esta corporación ha reconocido que dicha protección no se refiere exclusivamente a la reparación de los daños que le ocasione el delito, sino también a la protección integral de sus derechos a la verdad y a la justicia. Así lo señaló esta corporación en la Sentencia C-228 de 2002 (8) , entre otras razones, para garantizar el principio de la dignidad humana:
(8) Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte señaló que a la luz de la Constitución en el proceso penal ordinario los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible comprendían tanto el derecho a una reparación económica como los derechos a la verdad y a la justicia y, por lo tanto, declaró exequible el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia; Así mismo, declaró exequibles los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo que fue declarada inexequible. Igualmente declaró exequible el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que una vez la víctima o los perjudicados se hayan constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente; y el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión que limitaba la oportunidad para la constitución de la parte civil exclusivamente “a partir de la resolución de apertura de instrucción” que fue declarada inexequible. Esta sentencia recogió la concepción amplia de los derechos de la parte civil en la justicia penal militar reconocida en las sentencias C-740 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, que establecía a quién se debía dar traslado para alegar una vez vencido el término probatorio establecido para el procedimiento especial regulado por dicho artículo en los siguientes términos: “Declarar EXEQUIBLE el inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, en el entendido que deberá darse traslado para alegar a la parte civil, en caso de que ésta se hubiere constituido en el respectivo proceso”; C-1149 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, donde la Corte examinó los derechos de la parte civil dentro del proceso penal militar y resolvió: “TERCERO. Declarar EXEQUIBLE el artículo 305 de la Ley 522 de 1999 bajo el entendido de que puede buscar otros fines como la justicia, el efectivo acceso a ella y la reparación del daño, salvo la expresión “exclusivo el impulso procesal para”, que se declara INEXEQUIBLE”; y la Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett donde la Corte reiteró, en un proceso relativo al juzgamiento de un general por los hechos ocurridos en Mapiripán, que las víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino el derecho a que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. Igualmente, para proteger los derechos tanto del procesado como de la parte civil en el proceso penal militar la Corte declaró inexequibles los artículos 578 y 579 de la Ley 522 de 1999, mediante los cuales se reguló el procedimiento especial abreviado, Sentencia C-178 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
“El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que “Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”, las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón de la comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica”.
“Si bien la Carta refleja una concepción amplia de la protección de los derechos de las víctimas de un hecho punible, ésta no disminuye la importancia del derecho de la parte civil a la indemnización de los daños que se le hayan ocasionado. Por ello señala la Constitución que tal derecho se debe garantizar aun en caso de amnistías o indultos generales por delitos políticos (C.P., art. 250, num. 1º). Así lo establece el artículo 150, numeral 17 de la Carta (9) , que señala que cuando el legislador decide eximir de responsabilidad civil a los favorecidos con tales beneficios, el Estado deberá asumir las indemnizaciones a que hubiere lugar.
(9) Constitución Política, “artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar”.
“De ello resulta que si bien la indemnización de daños es sólo uno de los elementos de la reparación a la víctima y que el restablecimiento de sus derechos supone más que la mera indemnización, en todo caso la Carta protege especialmente el derecho de las víctimas a la reparación de los daños ocasionados por la conducta punible” (Sent. C-916/2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
“Una interpretación distinta de la anterior, como es la del Tribunal Superior, conduce a admitir que el legislador puede imponer obligaciones no sólo injustas sino de imposible cumplimiento” (CSJ, S. Penal, nov. 21/88) (subrayas fuera de texto).
“La reparación de los daños ocasionados por el delito, cuando es integral, en los términos del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, esto es, por abarcar no solamente lo que cuantitativamente representan los daños y perjuicios ocasionados con el punible, sino también a los ofendidos o perjudicados identificados en el proceso, es una causal de improcedibilidad de la acción penal y extinción de la acción civil...” (CSJ, Sent., feb. 24/2000, S. de Cas. Penal, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).
A.2. Los derechos a obtener reparación integral del daño y a intervenir en el proceso penal para averiguar la verdad del ilícito y para que se haga justicia son garantías compatibles entre sí.
Es tema recurrente en la jurisprudencia de la Corte que una de las competencias exclusivas del legislador es la de regular las formas propias de cada juicio y, en ese contexto, la de determinar la estructura de los procesos judiciales, señalando al efecto los derechos que le asisten a las partes y la forma de hacerlos efectivos.
Adicionalmente, la Corte ha reconocido que cuando se aplica en materia penal, el principio anterior se estructura sobre la base de la política criminal del Estado, política que es el resultado de la evaluación de una “multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada” (10) . En este caso, la política criminal, definida por la Corte como “el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción” (11) , sirve de fundamento al diseño de los procedimientos sobre los cuales se erige la sanción y represión al delito.
(10) Cfr. Sentencia C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
En este campo, el legislador cuenta con un amplio margen de regulación en virtud de su libre potestad de configuración, libertad que se ejerce, sin embargo, hasta el límite esencial de los derechos fundamentales. Por ello la Corte ha dicho que la ley puede “describir los comportamientos que considera nocivos para la vida en sociedad y precisar las sanciones que se impondrán a quienes incurran en dichas conductas, pero también puede establecer otras consecuencias jurídicas derivadas de la ocurrencia del delito, como lo es el establecimiento de la responsabilidad civil derivada de un hecho punible” (12) .
(12) Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
En desarrollo del mismo principio, la Corte Constitucional sostuvo que la ley puede determinar libremente cuáles son las causales de extinción del proceso penal, siempre y cuando en dicha regulación se respete la integridad esencial de los derechos constitucionales. En este sentido, la jurisprudencia constitucional acepta que “[d]efinir las causales de extinción del proceso penal, es una competencia exclusiva del legislador, que las establece previo el ejercicio de ponderación que efectúa de los fenómenos de la vida social que tipifica como delitos y del mayor o menor daño que, en su criterio, ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado social” (13) . Por ello, en otra de sus providencias adujo.
(13) Sentencia C-1490 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
“Lo cierto y definitivo de estas distinciones, es que la competencia radica exclusivamente en el legislador, quien en ejercicio de sus atribuciones y, en concordancia con la política criminal fijada por el Estado, es el encargado de establecer los nuevos hechos punibles, y determinar la jerarquía de los mismos, así como, establecer las sanciones y los procedimientos aplicables a los hechos punibles...” (C. Const., Sent. C-301/99, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
Así, por ejemplo, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 97 de la Ley 599 de 2000 que establecía un monto máximo para la indemnización de perjuicios en materia penal. Al precisar que tal límite opera únicamente para los perjuicios morales, la Corte resaltó que el legislador podía establecer restricciones a este tipo de garantías, ya que “la reparación integral de los perjuicios ocasionados por la conducta punible no es un derecho absoluto”, dada la “la potestad de configuración del legislador para regular la reparación de perjuicios sin desconocer que ésta debe ser una indemnización justa” (14) .
(14) Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
En la sentencia citada la Corte Constitucional también abordó el tema de la posibilidad de establecer ciertas restricciones a los derechos de la parte civil en el proceso penal. Por ello, la corporación aceptó que el límite a la indemnización por los perjuicios morales cumple varias finalidades, algunas de las cuales son garantizar el derecho de defensa del sindicado e impedir que una indemnización de perjuicios excesivamente onerosa “transforme la justicia penal en una justicia esencialmente vindicativa o retaliatoria”.
A.3. La indemnización integral de los perjuicios y los derechos a la verdad y a la justicia son garantías inescindibles y esenciales para lograr los fines constitucionales que persigue la parte civil.
Por último, al establecer que la indemnización integral de perjuicios extingue el proceso penal, el legislador no desconoce los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia. Esto, porque, en primer lugar, dicha indemnización tiene implícito un ideal de justicia que consiste en reparar el daño causado por el delito, dejando “a la víctima y a los perjudicados por el hecho punible en la situación más próxima a la que existía antes de la ocurrencia del mismo” (15) . En segundo término, porque el derecho de las víctimas a obtener la verdad y la justicia en el proceso penal no es absoluto y, por tanto, puede estar sometido a limitaciones razonables.
(15) Sentencia C-916 de 2002.
Para deducir la proporcionalidad de la medida, repárese en que la indemnización de perjuicios no extingue la acción penal en cualquier clase de delitos. El artículo 42 del Código de Procedimiento Penal establece que dicha indemnización sólo extingue la acción penal en “los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes” (16) .
(16) La expresión resaltada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-760 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.
Por ello, son sólo algunos delitos culposos —los delitos que admiten desistimiento, las lesiones personales transitorias y los delitos contra el patrimonio y los derechos patrimoniales de autor— las conductas elegidas para tal favorecimiento, quedando claro que con ello el legislador pretende privilegiar la restitución del orden económico y social, al tiempo que sacrifica la sanción por la sanción misma. La interpretación correcta es que la ley prefiere dar por terminado un proceso en el que el orden social no ha sido gravemente afectado o en el que la conducta no responde a la voluntad positiva de causar el daño —dolo—, en lugar de sancionar a la víctima y de ocasionar, por dicha sanción, un perjuicio mayor para el orden social. En este orden de ideas, resalta lo dicho por la doctrina penal en el sentido que la indemnización de perjuicios en el proceso es un mecanismo para desjudicializar conflictos sociales, mecanismo que responde a los postulados de la criminología crítica (17) .
(17) Curso de criminología de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, citado por Bernal Cuéllar y Montealegre Lynett en “El proceso penal”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 4ª edición, 2002, pág. 517.
“En efecto, en el primero, el de las contravenciones, el legislador atendió la circunstancia de que se trata de hechos punibles de menor trascendencia jurídico-social que los delitos, mientras en la segunda, la del artículo 39 del Código de Procedimiento, si bien impuso la preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por indemnización integral, para el caso de delitos culposos, o de delitos contra el patrimonio económico, exceptuando el hurto calificado y la extorsión, sin condicionarla al desistimiento del ofendido, lo hizo por tratarse de conductas culposas, que como tales admiten un tratamiento más benévolo por parte del Estado y de la sociedad, tanto es así, que en el caso de los delitos contra el patrimonio económico, quiso condicionar la extinción de la acciones al monto de los daños, señalando que la norma en cuestión era aplicable siempre y cuando el monto de los mismos no excediera los doscientos salarios mínimos legales mensuales, expresión que fue declarada inexequible por esta corporación” (C-490/2000, M.P. Fabio Morón Díaz).
Adicionalmente, de la lectura del cuarto inciso del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal es posible inferir que no podrá extinguirse la acción penal por indemnización integral si dentro de los cinco años anteriores se ha decretado, respecto del mismo procesado, resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación de procedimiento por indemnización integral. Ello quiere decir que un mismo individuo no puede solicitar la extinción de la acción penal por indemnización integral dos veces en un lapso inferior a cinco años. La razón es, precisamente, evitar la reincidencia consuetudinaria en conductas afectivas del orden jurídico. El compás de espera conferido por la ley respecto de la posibilidad de indemnizar los perjuicios para obtener la terminación del proceso penal da cuenta también de que el legislador ha sido prudente al diseñar esta figura procesal. Como lo sostiene la doctrina, “El término de cinco años busca evitar que las personas hagan del delito una profesión y, cada vez que sean sorprendidas, puedan obtener la terminación del proceso mediante el fácil expediente de la indemnización” (18) .
(18) Bernal Cuéllar, Montealegre Lynett. Ob. cit., pág. 519.
En atención a lo explicado, y por los cargos analizados en esta primera parte de la sentencia, la expresión “indemnización integral”, contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, así como el artículo 42 del mismo código, serán declarados exequibles.
B. Segundo cargo de la demanda. La indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de la acción penal no vulnera el principio de igualdad constitucional.
Ciertamente, para poder señalar que la ley penal ha establecido un beneficio jurídico en función de la capacidad económica del individuo habría que identificar en el texto de la ley un elemento diferenciador de contenido económico —un criterio de comparación o tertio comparationis— que indique cómo el patrimonio de las personas sujetas a la ley penal determina la adquisición del beneficio de la extinción de la acción penal. En otras palabras, para ubicar el debate en el terreno de la igualdad se requeriría encontrar en la ley demandada una diferencia de trato evidente a partir de la cual pudiera decirse que la ley otorga a los individuos diferentes consecuencias jurídicas según su capacidad económica.
Sería indispensable encontrar, por ejemplo, un elemento similar al contenido en el artículo 369 de la Ley 600 de 2000, que fue declarado inexequible por la Corte en la Sentencia C-316 de 2002 (19) , y que establecía una cuantía mínima para la caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. En dicha ocasión la Corte encontró que al fijar un monto mínimo a la caución prendaria, el legislador dejaba por fuera de la regulación aquellos individuos sub judice incapaces de pagar un salario mínimo legal mensual para acceder al beneficio de la libertad provisional.
En efecto, el demandante supone en su argumentación que la figura procesal podría ser desviada o mal utilizada por quienes, pretendiendo evadir el proceso penal, indemnicen el daño aún siendo inocentes. No obstante, para la Corte es un hecho que la posibilidad referida no constituye una práctica avalada por la norma sino contraria a su misma filosofía, razón por la cual no puede considerarse que tal sea un vicio de inconstitucionalidad proveniente de su texto. En resumidas cuentas, una norma jurídica no puede ser atacada con el argumento de que el mal uso de sus prescripciones podría tener efectos inconstitucionales.
C. Tercer cargo de la demanda. La indemnización integral de perjuicios como causal de extinción de la acción penal no constituye prisión por deudas. Reiteración de jurisprudencia.
El tercer cargo de la demanda sugiere que constituye una manifestación de la proscrita “prisión por deudas”, el hecho de que no pueda extinguirse la acción penal de quien no puede indemnizar el daño irrogado. Dicho cargo también está dirigido genéricamente contra la indemnización integral como causal de extinción de la acción penal, es decir contra el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal.
“De tal principio no puede estar excluido aquel que incurre en la comisión de un hecho punible. Del delito nace la obligación de resarcir los perjuicios que con él se han generado.
“La condición de que se trata en este proceso no es inconstitucional pues no implica —como lo asegura el demandante— la exigencia de pagar una deuda civil bajo el apremio de una pena privativa de la libertad sino el requerimiento a quien es beneficiado con una eventual inejecución de la pena para que atienda, de todas maneras, la obligación de reparar el daño causado con el delito. Esta, como la pena, tiene por fuente el hecho punible, pero no se confunde con la pena y, por tanto, no desaparece por la sola circunstancia de que dicha pena pueda dejar de aplicarse. Más todavía: el subrogado penal es una excepción a la regla general de que la pena sea cumplida en todo su rigor; tal cumplimiento tampoco libera al condenado de la obligación que, por razón del delito, ha contraído con los perjudicados.
“La Constitución Política que, como lo declara su preámbulo, aspira a realizar un orden justo, parte del enunciado criterio y, más aún, expresamente exige su observancia aunque se trate de delitos políticos cuyos autores hayan sido favorecidos con amnistía o indulto (C.P., arts. 150, num. 17, y 201, num. 2º).
“Así, pues, los artículos impugnados encajan dentro de la filosofía y el sentido de la condena de ejecución condicional y en modo alguno quebrantan el artículo 28 de la Constitución Política” (Sent. C-008/94, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
D. Cuarto cargo. Pese a que la víctima tiene derecho no sólo a la indemnización de perjuicios en el proceso penal, ésta debe manifestar una intención indemnizatoria si su interés es participar en el proceso penal en calidad de parte civil.
“... ha de concluirse que no procede la constitución de parte civil dentro del proceso penal, cuando la víctima o sus causahabientes hayan promovido una acción civil en un proceso aparte. Pues se reitera el derecho que tiene el afectado con el delito a reclamar su indemnización dentro del proceso penal, o en su defecto abstenerse de utilizar la vía penal e irse por la vía civil, con el propósito de obtener del juez el reconocimiento de los perjuicios, cuando éstos se encuentren debidamente probados, lo cual tiene su soporte constitucional en el derecho de las víctimas a participar en el proceso penal y en la obligación estatal de restablecer los derechos afectados con el ilícito o el reato.
“En este orden de ideas, no entiende la Corte, como sostiene el demandante, que “el legislador privilegió la naturaleza y función de la ritualidad y procedimientos penales frente a las disposiciones civiles que gobiernan los procesos”, pues los artículos 46, 50 y 55 del Decreto 2700 de 1991, desarrollan simplemente la idea según la cual, quien ejerce la acción civil ante una cualquiera de las autoridades judiciales donde pueda intentarlo, ya no podrá formularla ante otros, lo cual impide que el afectado con el hecho punible formule las reclamaciones de estirpe civil o patrimonial, lesionando el derecho del infractor o presunto responsable a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. A juicio de la corporación, cuando el afectado con el hecho punible presenta su reclamo civil ante la justicia penal, debe probar en ese escenario procesal, los perjuicios sufridos y allí se debe decidir de fondo lo debatido. Empero, si el perjudicado intenta la acción civil ante la jurisdicción civil, ya no podrá hacerlo ante la justicia penal. En consecuencia, ejercida la acción civil ante un juez civil, ésta ya no puede promoverse ante un fiscal o ante un juez penal, lo que no significa que si el hecho que origina el proceso civil pueda dar lugar a investigación penal, el afectado no pueda presentar denuncia o noticia criminal, ante la autoridad competente, aun cuando haya ejercido la acción civil”.
“Es tan clara la naturaleza civil, que no penal, de los perjuicios ocasionados con el delito, que su resarcimiento puede pretenderse alternativamente por la vía civil o mediante el ejercicio paralelo de la acción civil dentro del proceso penal; ejercicio que es facultativo para la persona perjudicada patrimonialmente con la delincuencia, porque de su voluntad dependerá instaurarla o no, aunque es preciso reconocerlo, esta última parte ha sido modificada parcialmente por cuanto a partir del Código Procesal de 1987 se consagró la norma rectora del restablecimiento del derecho que se conserva en la actual normatividad procesal y que tiene una amplia reglamentación a lo largo y ancho de la codificación, que impone al juez, entre otras imperativas obligaciones, la de condenar en concreto en aquellos casos donde se hubieren producido perjuicios” (Sent. 80/87, M.P. Édgar Saavedra Rojas) (negrilla fuera del texto original).
La jurisprudencia dijo a este respecto:
“... la posibilidad de acudir al proceso penal para obtener la indemnización de perjuicios constituye una forma de hacer efectivo el principio de economía procesal. Así, acudiendo a dicha alternativa, el Estado evita la doble marcha de la administración de justicia dirigida a resolver una responsabilidad bivalente que tiene una fuente común: el delito.
“Vinculado con lo anterior, la posibilidad de ejercer la acción civil dentro del proceso penal también constituye vía idónea para evitar la producción de fallos contradictorios. Así, la medida procesal tiende a evitar que, por ejemplo, el juez penal encuentre probado el hecho dañoso cuando el juez civil considere que éste no existió” (Sent. C-570/2003)
“Dentro de las opciones que la ley le otorga al perjudicado, éste puede optar por la que mejor se acomode a sus aspiraciones e intereses jurídicos y patrimoniales, pero sometido desde luego a los resultados favorables o desfavorables que esa opción pueda hacia el futuro proporcionarle. De otra forma se patrocinarían condiciones inaceptables desde el punto de vista procesal y jurídico, que le permitirían al afectado transitar por dos jurisdicciones diferentes en busca del resarcimiento más favorable y prevalido de una doble oportunidad de sacar avante su aspiración resarcitoria, en condiciones que ciertamente no se adecuan a un proceso justo y de equidad para las personas naturales o jurídicas que se vean involucradas en cada accionar del afectado, con perjuicio del principio de la cosa juzgada el que en todo caso se vería afectado con el fallo definitivo posterior (C.E., S. de lo Contencioso Administrativo. Secc. Tercera. Santafé de Bogotá, D.C., sep. 24/93. C.P. Dr. Daniel Suárez Hernández. Ref. Exp. 8201. Actor: Marta Lucía Cristancho de Molano. Demandado: La Nación – Policía Nacional) (negrillas fuera del original).
Con fundamento en lo anterior, esta corporación concluye lo siguiente. No es inexequible que el artículo 48 establezca como requisito de la demanda de constitución de parte civil, “la manifestación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible”. Del análisis precedente es claro que el Estado no ha concedido en patrocinar el ejercicio simultáneo de dos acciones en cuyo fundamento primero existe la misma finalidad.
Finalmente, la Corte encuentra que el demandante no formula un cargo pertinente ni suficiente contra el artículo 55 del Código de Procedimiento Penal, norma que dispone que “la acción civil proveniente de la conducta punible se extingue en todos o en parte, por cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil”.
E. Quinto cargo de la demanda. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria en el proceso de responsabilidad civil.
E.1. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria.
De conformidad con el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, dichas causales son: a) haberse declarado que la conducta causante del perjuicio no se realizó, b) haberse declarado que el sindicado no cometió dicha conducta, c) haberse establecido que el sindicado actuó en estricto cumplimiento de un deber legal y d) haberse determinado que el sindicado actuó en legítima defensa.
“Y para entrar de una vez en materia, quizá la manera más clara para demostrar lo errado del criterio del ad quem en el punto, consiste en reproducir el artículo 55 de la Ley 50 de 1987 —vigente para la época de los hechos—, que por lo demás coincide con el precepto 57 de la Ley 81 de 1993 que después rigió; reza así la norma:
“Texto del que surge sin el menor género de duda que cuando emana de alguna de las cuatro causales allí descritas, la absolución penal surte, sin más, efectos de cosa juzgada erga omnes . Tajante es la disposición: declarado aquello, “la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse”: Para negar, pues, la incidencia del fallo penal en la acción civil en tales casos, preciso sería desconocer abiertamente el precepto en cuestión.
“Y desde luego que para evadir lo perentorio del precepto de bien poco sirve aducir, cual lo hace el ad quem, que no opera en eventos tales la cosa juzgada porque “(...) regularmente el juez penal solo puede sentenciar en relación con el aspecto doloso del implicado, ya que la mera culpa no acarrea esa responsabilidad penal”; pues razonamiento tal sólo se explica si se echa al olvido que conforme a la ley penal la culpabilidad asume las formas del dolo, la culpa o la preterintención, facetas entre las cuales no hace el citado artículo 55, para los efectos de la cosa juzgada, diferenciación de ninguna clase; de manera que si la conducta culposa es de aquellas expresamente determinadas como punibles en la ley (cuéntanse en ellas el homicidio y las lesiones personales), entonces la decisión absolutoria penal que al respecto y por las causas determinadas en el comentado precepto llegare a proferirse, produce todos los efectos allí previstos.
“La premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones en el ámbito jurídico en general, y particularmente en el campo civil y penal, (...) avista la eventualidad, inconveniente como la que más de que haya sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la lógica, la verdad no puede ser sino una sola. Muy grave se antoja por cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, lo condenase al abono de perjuicios.
“Puesta en guardia ante semejante despropósito, la legislación ha pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los cuales destaca el secular principio de la cosa juzgada penal absolutoria, consagrado positivamente en el ordenamiento patrio, así, el artículo 55 del Decreto 50 de 1987 (...).
“Pronunciamientos penales semejantes se imponen por igual a toda la sociedad, son decisiones que por tocar el honor y la libertad de los hombres, deben quedar a salvo de cualquier sospecha de error, y no pueden ser desconocidos por absolutamente nadie (...).
“Es entendible que el primeramente llamado a respetar decisión semejante sea el propio Estado (...) por suerte que la jurisdicción, así sea de otra especialidad, debe corearla a una, y vedada se encuentra por tanto para tocar el punto que así ha sido definido, pues ya es cosa juzgada, con efectos universales” (Cas., oct. 12/99).
“En suma, pues, dadas las hipótesis previstas en la norma comentada, su aplicación, bien al contrario de lo estimado por el tribunal, se impone ineludiblemente”. CSJ, Sala Casación Civil, M.P. Manuel Ardila Velásquez, 24 de noviembre de 2000, expediente 5365.
E.2. Sentencia penal absolutoria por cumplimiento estricto de un deber legal.
En efecto, establecido por el juez penal que el ejecutor de la conducta actuó con sujeción estricta al deber impuesto por la ley —esto es, descartada la extralimitación, la desviación, la falta de competencia, la desproporción, la torpeza, la ineficiencia, la impericia, etc.—, la sentencia correspondiente funda la absolución en la ausencia del elemento de culpabilidad. En otras palabras, la sentencia penal absolutoria que se funda en haber actuado el causante del daño en estricto cumplimiento de un deber legal implícitamente establece que en el desarrollo de la conducta no se cumplieron los elementos del dolo o la culpa exigidos por el tipo penal infringido.
Para explicarlo con la terminología del Código Penal, la absolución del infractor por haber actuado en estricto cumplimiento de un deber legal extingue la acción civil porque el juez penal descarta que el resultado típico sea “producto de la infracción al deber objetivo de cuidado” y que el agente “debió haberlo previsto, por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo” (C.P., art. 23).
Esta figura tal como está consagrada en la norma propuesta, comprende las teorías desarrolladas por el Consejo de Estado sobre responsabilidad extracontractual por falta o falla del servicio, daño especial o riesgo (negrillas no originales)” (20) .
(20) Agusto Ramírez Ocampo. “Ponencia para segundo debate de la nueva Constitución Política de Colombia” en Gaceta Constitucional Nº 112, 3 de julio de 1991, págs. 7 y 8.
En interpretación de las consideraciones anteriores, la jurisprudencia nacional ha recabado en el concepto de daño antijurídico, haciendo énfasis en que la licitud o ilicitud de la conducta del Estado no son factores que determinen la antijuridicidad del daño. El daño resulta antijurídico y, por tanto, indemnizable, si la víctima no estaba en la obligación de soportarlo, no si la actividad perjudicial del Estado fue jurídica o antijurídica. En otras palabras, “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo” (21) .
(21) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993. Expediente 8163. Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.
“En la responsabilidad del Estado el daño no es solo el resultado de una actividad irregular o ilícita, sino también del ejercicio de una actuación regular o lícita, pues lo relevante es que se cause injustamente un daño a una persona. Como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, la licitud o ilicitud no se predica de la conducta de sus agentes, sino solo del daño” (Sent. C-430/2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell).
Ciertamente, el artículo 90 de la Constitución Política establece dos tipos de responsabilidad patrimonial. El primero, referido a la responsabilidad del Estado, funda su estructura en el daño antijurídico, ya explicado. De conformidad con dicho régimen, el Estado es patrimonialmente responsable por el daño irrogado por cualquiera de sus agentes, cuando la víctima no estuviere obligada a soportarlo. El daño antijurídico es la fuente de la responsabilidad del Estado frente al particular afectado, responsabilidad que no consulta la conducta del agente que causa el daño.
El segundo tipo de responsabilidad de que trata el artículo 90 es el de la responsabilidad del agente. Mientras el Estado responde por el daño antijurídico, su agente solo lo hace cuando la conducta dañosa proviene del dolo o la culpa grave. El agente estatal no responde ante el particular sino ante el Estado, mediante la denominada acción de repetición, por lo cual a la víctima del perjuicio le es irrelevante, para efectos de la indemnización, si la conducta del agente fue realizada con dolo o culpa. Probar el daño antijurídico le basta para obtener la indemnización. En cambio, la determinación del grado de culpa con que actúa el agente estatal incide en la posibilidad que tiene el Estado de repetir contra éste a fin de recuperar el dinero que tuvo que pagar como consecuencia de la condena que le fue impuesta. Si el agente actúa con dolo o culpa, el Estado repite contra él.
“3.5. Según el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución, solo en el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial del daño antijurídico, que haya sido determinado por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, puede aquél repetir lo pagado contra éste. Ello significa, en consecuencia, que los perjudicados no pueden reclamar directamente del funcionario la indemnización por el daño. Con ello se garantiza, de un lado, la reparación al perjudicado, porque queda debidamente asegurada con el respaldo patrimonial del Estado, y, de otro, se consigue que pueda establecerse dentro del proceso el dolo o la culpa grave del funcionario en los hechos dañosos, para efectos de la acción de repetición” (Sent. C-430/2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell).
E.3. Sentencia penal absolutoria por legítima defensa.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la última causal de improcedencia de la indemnización de perjuicios —por haberse dictado sentencia absolutoria sustentada en la legítima defensa del procesado—, el demandante sostiene que aunque la legítima defensa objetiva podría dar lugar a enervar la responsabilidad civil del procesado, la legítima defensa subjetiva no lo permite, pues en ella el perjuicio irrogado tiene origen en un error de conducta de su autor, lo que impide que se lo exima de responsabilidad civil.
ART. 32.—No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:
La legítima defensa subjetiva o putativa (del latín “putate”, que significa pensar, suponer o juzgar) se produce cuando quien pretende defenderse lo hace frente a una agresión que no existe, contra una ofensa ficticia. “Aquí ocurre un fenómeno muy curioso de cambio de papeles: el que cree que se defiende es, en realidad, un agresor; y el que fue tomado por un agresor termina finalmente defendiéndose legítimamente de la agresión real que sufre” (22) , señala Muñoz Conde al definir el fenómeno.
(22) Cfr.: “Legítima defensa putativa”, Muñoz Conde, en “Derecho Penal Europeo”, págs. 183 y ss. Ed. Bosch, año 1996.
Ahora bien, dado que en la legítima defensa subjetiva la agresión es imaginaria, ficticia o supuesta, la conducta de quien despliega la actividad defensiva no puede ser más que atribuible al error. Un error sobre la antijuridicidad de la conducta defensiva gracias al cual, quien cree ser objeto de un ataque asume como legítima su propia defensa. De allí que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia considere esta institución como “casual de inculpabilidad por error sobre la antijuridicidad de la conducta” (23) .
(23) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso 12343, M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote, 14 de diciembre de 1999.
Atendiendo a las razones anteriores, el cargo de la demanda no está llamado a prosperar, pues a la luz del artículo 57 del Código de Procedimiento Penal la legítima defensa subjetiva no constituye causal de exoneración de responsabilidad civil, premisa de la cual parte el actor para controvertir la disposición normativa.
1. Por los cargos propuestos por el demandante, declarar EXEQUIBLES la expresión “indemnización integral”, contenida en el artículo 38 del Código de Procedimiento Penal —Ley 600 de 2000—, así como el artículo 42 del mismo código.
2. Por los cargos propuestos en la demanda, declarar EXEQUIBLE el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal —Ley 600 de 2000—.
3. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos expuestos, las expresiones “la manifestación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la demanda, de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil, encaminado a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible”; “daños y perjuicios de orden material y moral que se le hubieren causado, la cuantía en que se estima la indemnización de los mismos y las medidas que deban tomarse para el restablecimiento del derecho, cuando fuere posible”, así como “las pruebas que se pretendan hacer valer sobre el monto de los daños, cuantía de la indemnización y relación con los presuntos perjudicados, cuando fuere posible”, contenidas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal.
4. Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 52 del Código de Procedimiento Penal, por los cargos expuestos, a excepción de la expresión “o que quien la promueve no es el perjudicado directo” respecto de la cual se INHIBE por ausencia de cargos.
5. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 55 del Código de Procedimiento Penal por inepta demanda.
6. Declarar EXEQUIBLE las expresiones “o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”, contenida en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal —Ley 600 de 2000—, únicamente por los cargos analizados en esta providencia.

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