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Timestamp: 2019-12-07 07:37:15+00:00

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Sentencia nº 370 de Suprema Corte de Justicia, del 9 de Abril de 2018. - Jurisprudencia - VLEX 735851401
C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 09 de abril del 2017, que dice así:
En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., A.A.M.S., F.E.S.S. e H.R., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 9 de abril de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia;
Sobre el recurso de casación interpuesto por la Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., con domicilio social en la Av. J.F.K. núm. 54, kilómetro 5 ½ de la Aut. D., representada por su apoderado especial señor J.C.A.V., dominicano, mayor de edad, casado, ejecutivo de empresas, titular de la cédula de Fecha: 9 de abril de 2018
identidad y electoral núm. 032-0008506-0, con domicilio en la calle República del Líbano núm. 17, S. de los Caballeros, provincia Santiago, contra la sentencia núm. 467, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 17 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al Licdo. I.M.C., en representación de los Licdos. J.L.R.E., J.T.V.D. y A.M.T. de la Cruz, en la formulación de sus conclusiones, en representación de la parte recurrente Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.;
Oído al Licdo. A.G., en la formulación de sus conclusiones, en representación de la parte recurrida K.P.P.L.;
Oído el dictamen de la Procuradora General Adjunta al Fecha: 9 de abril de 2018
Procurador General de la República, L.. C.B.;
Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por los Licdos. J.L.R.E., J.T.V.D. y A.M.T. de la Cruz, en representación de la parte recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 11 de marzo de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso;
Visto la resolución núm. 2707-2016, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de agosto de 2016, mediante la cual declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso, fijándose audiencia para el día 14 de noviembre de 2016, a fin de debatirlo oralmente, la cual se suspendió por razones atendibles, fijándose definitivamente para el día 11 de enero de 2017, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia;
Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y 242 de 2011; Fecha: 9 de abril de 2018
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; vistos los artículos 70, 393, 396, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; 408 del Código Penal Dominicano y las resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;
que el 30 de mayo de 2012, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Vega, le impuso como medida de coerción a la imputada K.P.P.L., la presentación de una garantía económica y la prohibición de salir del país sin autorización, en ocasión de la investigación planteada, por violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la Compañía Dominicana de Teléfonos S. A. (Claro, Codetel); Fecha: 9 de abril de 2018
que el 7 de febrero de 2013, el Ministerio Público del Distrito Judicial de la Vega, dispuso el archivo provisional del caso, en virtud al artículo 281 numeral 4 del Código Procesal Penal;
que el 29 de mayo de 2015, el Ministerio Público del Distrito Judicial de la Vega, presentó acusación en contra de la imputada K.P.P.L., por violación a los artículos 408 del Código Penal; y 4, 5, 6, 9, 10 y 18 de la Ley núm. 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología;
que para la instrucción del proceso fue apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la Vega, el cual emitió la resolución núm. 00467/2015, el 8 de septiembre de 2015, cuya parte dispositiva se lee de la siguiente manera:
PRIMERO: Declara la extinción de la acción penal en el proceso seguido a la imputada K.P.P.L., dominicana, soltera, hotelera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0096824-2, domiciliada y residente en la calle 8 de las Carolinas casa núm. 23, La Vega, inculpada de violar los artículos 405 y 408 del Código Penal que tipifican la estafa y el abuso de confianza en perjuicio de la Compañía Dominicana de Teléfonos Claro representada por el señor J.L.R.E., por haber transcurrido el tiempo máximo de Fecha: 9 de abril de 2018
la duración del proceso, y en consecuencia, dicta auto de no ha lugar en razón de la extinción; SEGUNDO: Ordena el cese definitivo de las medidas de coerción impuestas a la imputada K.P.P.L., con relación al proceso 595-2012-00580, consistente en el cese de la medida de coerción de fecha 30 de mayo de 2014, emitida mediante resolución núm. 415, por el Juez de atención permanente de La Vega, consistente en la prestación de una garantía económica a través de una afianzadora, por la suma de trescientos mil pesos (RD$300,000.00) y la prohibición de salir sin autorización del país; TERCERO: La presente decisión vale notificación a las partes del proceso; CUARTO: La presente decisión es apelable en caso de no estar conforme con la misma“;
c) que no conforme con esta decisión, el querellante interpuso recurso de apelación, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Vega, la cual dictó la sentencia núm. 467, objeto del presente recurso de casación, el 17 de diciembre de 2015, cuya parte dispositiva establece:
“ PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., debidamente representada por F.D.C.,
a su vez representado por J.L.R.E., en contra de la resolución número 000467 de fecha 8/9/2015, dictada por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega; en consecuencia, confirma la Fecha: 9 de abril de 2018
decisión recurrida por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Condena al pago de las costas penales; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal
Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, arguye el siguiente medio de casación:
Único Medio: Errónea aplicación de la ley y la Constitución, al entender la Corte de Apelación procedente la decisión de la Jueza de la Instrucción, que ordena la extinción por vencimiento del plazo máximo del proceso, establecido en el artículo 148 de la norma procesal penal, sin observar que el archivo provisional cesa el estado de estigmatización al perseguido, y razonablemente provoca la suspensión del cómputo del plazo referido. Violación al artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República, a los artículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al artículo 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Violación a los principios de razonabilidad de la ley, legalidad y de igualdad de todos ante la ley, al interpretar que el archivo provisional establecido en el artículo 281, numeral 4 del Código Procesal Penal, no suspende el conteo del plazo máximo del proceso
Considerando, que el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: Fecha: 9 de abril de 2018
“Errónea aplicación de la ley y la Constitución al entender la Corte de Apelación procedente la decisión de la Jueza de la Instrucción, que ordena la extinción por vencimiento del plazo máximo del proceso, establecido en el artículo 148 de la norma procesal penal, sin observar que el archivo provisional cesa el estado de estigmatización al perseguido, y razonablemente provoca la suspensión del cómputo del plazo referido. Violación al artículo 40, numeral 15 de la Constitución de la República, a los artículos 14.1 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al artículo 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Violación a los principios de razonabilidad de la ley, legalidad y de igualdad de todos ante la ley, al interpretar que el archivo provisional establecido en el artículo 281 numeral 4 del Código Procesal Penal, no suspende el conteo del plazo máximo del proceso. Tal y como se había argumentado inicialmente en el recurso de apelación al auto de no ha lugar, de un simple cálculo matemático puede observarse que a la fecha del archivo provisional fiscal, y tomando como punto de partida la medida cautelar a la imputada K.P.L. el día 30 de mayo de 2012, no habían siquiera mediado 10 meses del cómputo del plazo del proceso, que a nuestro juicio, quedó interrumpido por el cese de estigmatización que provocan las medidas de coerción y el proceso mismo, y que protege la figura de la extinción, que ha sido mal aplicada. No observó la Corte de Apelación, cuando referimos que dicha suspensión del cómputo del plazo se da, porque se ordenó en fecha 7 de febrero de 2013 el archivo provisional, en virtud del artículo 281, numeral 4 Fecha: 9 de abril de 2018
de la norma procesal que lo originaren. En el caso de la especie, lo fue la espera de elementos de prueba periciales que luego justificaron la presentación de una acusación. Que el archivo provisional puede ser modificado cuando varíen las circunstancias que lo fundamentaron; que en el caso de la especie, fue la espera de un informe de investigación que se evacuó en fecha 18/7/2014, sobre fraude cometido en contra de la querellante constituida en actor civil, Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro), realizado por el Departamento de Investigación y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), en el centro de atención a clientes en la ciudad de La Vega. Igualmente se lee, que cualquier archivo pone fin a las medidas de coerción contra el imputado, de suerte que para transitar libremente por la sociedad sin tachas, fichas, o cualquier estado de estigmatización. Como figura de estudio conexa y parecida (símil) a la extinción por vencimiento de plazos en materia procesal penal, está el análisis de la suspensión de la prescripción establecida en el artículo 48 de la norma procesal penal. La doctrina ha definido que el archivo fiscal es una suerte de salida procesal para suspender el proceso, al estimar que el resultado de la investigación resulta insuficiente para imputar o solicitar la desestimación, no es necesario ahondar en cuestiones básicas y conocidas sobre este instituto, más bien, centrarse en explicar por qué el archivo fiscal constituye una herramienta que puede ser utilizada para que el denunciado vea cumplida su garantía y su derecho a tener certeza sobre su situación jurídico-procesal. En definitiva, se mal aplicó la ley al asumirse irrazonablemente el artículo 148 del Código Procesal Penal, sin que se Fecha: 9 de abril de 2018
evaluase íntegramente, como sucede en procesos de mal comportamiento y tácticas dilatorias del imputado, el
hecho cierto de que medió un archivo provisional del caso,
que dejaba sin medidas cautelares y procesos de estigmatización al imputado durante el período que se mantuvo, y por lo tanto suspendido, tal cual expresa para
casos de prescripción de la acción penal el artículo 48, numeral 1 del Código Procesal Penal. Los anteriores
criterios jurisprudenciales, al igual del utilizado cuando
se ordena un nuevo juicio, equiparan la razón por la cual
se hace procedente no computar o calcular el tiempo del
archivo provisional justificado y no arbitrario, que medió
en este caso. Pues no operó como una dilación indebida, y
por otro lado, no sujetaba por ausencia de medidas cautelares del imputado a proceso alguno de afectación o estigmatización de derechos y libertades”;
Considerando, que al análisis de la sentencia emitida por la Corte a-qua, en razón de los vicios denunciados, se advierte que para fallar como lo hizo, expresó lo siguiente:
“No lleva razón el apelante en los vicios que le atribuye a la decisión recurrida, ello así porque soporta sus argumentaciones en figuras jurídicas totalmente divorciadas del caso que nos ocupa. El relato histórico del caso, revela que la imputada K.P.P.L. fue sometida a la acción de la justicia en fecha treinta (30) de mayo de 2012, cuando se le conoció una medida de coerción, por presunta violación del artículo 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la Compañía Claro-Codetel. En fecha siete (7) de febrero de Fecha: 9 de abril de 2018
2013, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La
Vega, archivó provisionalmente el caso imputado a la procesada K.P.P.L., en virtud de lo establecido en el numeral 4to., del artículo 281 del Código Procesal Penal, por lo que el caso permaneció en ese
estado invernal hasta el veintinueve de mayo de 2015,
fecha en la que el Ministerio Público y la parte querellante presentan acusación fiscal y alternativa, respectivamente. La parte recurrente basa sus argumentaciones jurídicas al sostener que el archivo provisional decretado por el Ministerio Público, suspendía el proceso, por la razón de que en ese momento
los elementos de prueba resultaban insuficientes para fundamentar la acusación y no existía razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos, motivo por el
cual no era posible computarle ese plazo de interrupción,
ya que había cesado la estigmatización que provoca la
medida de coerción y el proceso mismo, y que protege la
figura de la extinción. Pero, contrario a la fundamentación jurídica que contiene el recurso de
marras, la extinción de acción penal se produce por haber trascurrido más de tres años del inicio del proceso, hecho
que se constata desde el inicio mismo del conocimiento de
la medida cautelar llevada en contra de la imputada, y
que a la vez, es una causal totalmente distinta a la extinción penal por prescripción”;
y los medios planteados por la parte recurrente: Considerando, que el recurre establece, en síntesis, en su medio Fecha: 9 de abril de 2018
impugnativo, que la Corte a-qua hizo una errónea aplicación de la ley, puesto que, en el presente caso se declaró la extinción de la acción penal sin tomar en cuenta que con la existencia de un archivo provisional como ocurrió en la especie, dejó sin medidas cautelares y procesos de estigmatización a la imputada durante el período en que se mantuvo, y por tanto, suspendido el cómputo del plazo, tal como expresa para casos de prescripción de la acción penal el artículo 48, numeral 1 del Código Procesal Penal; es decir, que a criterio del recurrente, el archivo de referencia dispuesto el 7 de febrero de 2013, suspendió el cómputo del plazo, por lo que no procedía dictar la extinción de la acción penal;
Considerando, que en el presente caso el punto de relevancia lo constituye el hecho de que, a criterio del recurrente, en vista de que el 7 de febrero de 2013 el Ministerio Público ordenó el archivo provisional, el tiempo en que se mantuvo este archivo mantenía en estado de suspensión el cómputo del plazo; sin embargo, tal como estableció la Corte a-qua, el recurrente apoya sus alegatos en una figura totalmente diferente a la que se verifica en el caso ocurrente, esto en razón de que quien recurre manifiesta que en virtud al artículo Fecha: 9 de abril de 2018
48, numeral 1 del Código Procesal Penal, que establece la suspensión del cómputo de la prescripción cuando la acción penal no puede ser promovida ni proseguida legalmente, y que en el presente caso, el archivo provisional puso fin a la medida de coerción que le fue impuesta a la imputada; no obstante, en este proceso nos encontramos frente a una declaratoria de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso;
Considerando, que tal como fue consignado por la Corte a-qua, la extinción de la acción penal se produce por haber transcurrido más de tres años del inicio del proceso, hecho que se constata desde inicio mismo del conocimiento de la medida cautelar llevada contra la imputada, siendo esta una causal totalmente distinta a la extinción penal por prescripción, que no es más que el vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, y al vencimiento del plazo de un año cuando se trate de infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o penas de arresto;
Considerando, que en el caso se la especie, y por la solución que se le dará al presente caso, se hace necesario hacer las siguientes Fecha: 9 de abril de 2018
consideraciones de lugar: a) en el presente caso nos encontramos frente a una extinción de la acción penal por la llegada del plazo máximo del proceso, establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, el cual prevé un plazo máximo de 4 años; b) del contenido del texto legal se colige que el legislador ha fijado dos causales para la suspensión de dicho plazo, que es el estado de rebeldía del imputado y las suspensiones generadas como consecuencia de dilaciones indebidas o tácticas dilatorias provocadas por el imputado y su defensa; c) dentro de las causales de suspensión del plazo máximo el legislador no ha fijado como motivo de suspensión el pronunciamiento de un archivo provisional; d) que en el presente caso, la finalidad del archivo provisional dispuesto por el Ministerio Público fue sobre la base de una realización de un estudio especializado de manos de expertos en la materia; que dicho archivo provisional se mantuvo por un espacio de 2 años, 3 meses y 22 días, procediendo, en esas atenciones, el acusador público a presentar acusación; e) que para el conocimiento de la causa fue apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción, quien fijó audiencia para el día 8 de septiembre de 2015, fecha en la cual la defensa técnica de la imputada solicitó la extinción de la acción penal Fecha: 9 de abril de 2018
por el vencimiento del plazo máximo del proceso; que en esas atenciones, dicho tribunal, al ponderar el tiempo trascurrido desde la imposición de la medida de coerción a la fecha, pudo constatar que en el presente proceso habían sobrepasado los 3 años establecidos por el legislador en el artículo 148, numeral 11 del Código Procesal Penal; y
f) que el artículo 149 del Código Procesal Penal establece que una vez vencido el plazo que establece el artículo 148, los jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal;
Considerando que el artículo 44 del Código Procesal Penal, dentro de las causales de la extinción de la acción penal, prevé el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; el legislador establece un plazo de duración máximo del proceso penal, donde tanto las partes como el sistema están obligados a concentrar sus actuaciones a un marco temporal preciso; que a consecuencia de la llegada del plazo máximo previsto, se dispone la extinción de la acción penal. Es decir, que una vez transcurre el plazo establecido en el artículo 148, queda extinguida la acción penal por efecto de lo dispuesto en el artículo 44.11 del Código Procesal Penal;
Considerando, que el legislador ha fijado un plazo máximo de Fecha: 9 de abril de 2018
duración de los procesos penales, para evitar que el Ministerio Público mantenga contra un ciudadano un proceso abierto indefinidamente, bien sea mediante tácticas dilatorias o por negligencia, incapacidad u olvido;
Considerando, que si bien a la sociedad en su conjunto le atañe la ejemplarizadora sanción de las actuaciones ofensivas que le lesionan, esta debe efectuarse dentro de los plazos que la ley ha determinado; pues, aceptar lo contrario sería admitir que los procesos judiciales podrían prologarse ilimitadamente, en detrimento del supremo principio que consagra el derecho de todo ciudadano a una justicia pronta, imparcial y oportuna;
Considerando, que es una obligación del sistema atender a las pretensiones de las partes en un plazo razonable, y para ello, el legislador ha fijado las pautas para su fiel cumplimiento;
Considerando, que el principio de plazo razonable establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudente, y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, reconociéndosele, tanto al imputado como a la víctima, el derecho de presentar acción o recurso, conforme lo establezca el Fecha: 9 de abril de 2018
Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad, principio refrendado por lo dispuesto en nuestra Carta Magna en su artículo 69, sobre Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso;
Considerando, que el “plazo razonable” es reconocido por la normativa procesal penal vigente como una de las prerrogativas de que gozan las partes involucradas en un proceso penal, cuando en su artículo 8 dispone: “ Plazo razonable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código, frente a la inacción de la autoridad”;
Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, previo a su modificación, establecía lo siguiente: “Duración máxima. La duración máxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo solo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o rebeldía del imputado interrumpe el plazo de duración del proceso, el cual se reinicia cuando este comparezca o sea arrestado. La duración del proceso no puede superar el plazo previsto para la prescripción de la acción Fecha: 9 de abril de 2018
penal, cuando este es inferior al máximo establecido en este artículo”;
Considerando, que hacemos uso de esta norma sin vigencia actual, puesto que su proceso se desarrolló en su mayor parte, bajo el imperio de la misma, entrando en vigencia la modificación del Código Procesal Penal mediante la Ley 10-15, el 10 de febrero de 2015; tomando en consideración que la norma sólo puede ser retroactiva para favorecer al procesado, en la especie, la modificación le es menos favorable;
C., que el referido texto legal, además de señalar un plazo máximo para el proceso penal, impone la consecuencia en caso de sobrepasar el límite del mismo, cuando en el artículo 149 dispone que vencido el plazo previsto, los jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal;
Considerando, que en el presente caso estamos en presencia de una sentencia bien fundamentada, advirtiendo esta Sala una correcta aplicación de la ley; por lo que, se procede a rechazar los vicios denunciados y confirmar la sentencia recurrida;
Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal Fecha: 9 de abril de 2018
dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos;
Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; que procede condenar a la recurrente al pago de las costas, por haber sucumbido en sus pretensiones;
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., contra la sentencia penal núm. 467, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 17 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en consecuencia, confirma dicha decisión; Fecha: 9 de abril de 2018
Segundo: Condena a los Licdos. J.L.R.E., J.T.V.D. y A.M.T. de la Cruz, al pago de las costas;
Tercero: Ordena a la secretaria general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente decisión;

References: resolución 
 artículo 408
 artículo 281
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 148
 artículo 40
 artículo 24
 artículo 281
 artículo 148
 artículo 40
 artículo 24
 artículo 281
 artículo 281
 artículo 48
 artículo 148
 artículo 48
 artículo 408
 artículo 281
 artículo 48
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 148
 artículo 44
 artículo 148
 artículo 44
 artículo 69
 artículo 8
 artículo 148
 artículo 149
 artículo 427
 artículo 246