Source: https://es.scribd.com/doc/138268048/LEY-1523-DE-2012
Timestamp: 2017-12-12 16:24:39+00:00

Document:
Descripción: Ley nueva colombiana den gestion del riesgo
Ley nueva colombiana den gestion del riesgo
LEY 1523 DE 2012 (Abril 24) Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: CAPÍTULO I Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Artículo 1°. De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. Parágrafo 1°. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. Parágrafo 2°. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos. Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades. Artículo 3°. Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión del riesgo son: 1. Principio de igualdad: Todas las personas naturales tendrán la misma ayuda y el mismo trato al momento de atendérseles con ayuda humanitaria, en las situaciones de desastre y peligro que desarrolla esta ley. 2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas. 4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social. 5. Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de
voluntariado y de utilidad común. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. 6. Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la gestión del riesgo deben ser respetuosos de las particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la misma. 7. Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales. 8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 9. Principio de sostenibilidad ambiental: El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres. 10. Principio de gradualidad: La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad que se beneficia.
11. Principio sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración. 12. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. 14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.
15. Principio de oportuna información: Para todos los efectos de esta ley, es obligación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas. Artículo 4°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entenderá por: 1. Adaptación: Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En el caso de los eventos hidrometeorológicos la Adaptación al Cambio Climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados del clima y su variabilidad. 2. Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos. 3. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 4. Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.
que exige al municipio. 6. 9. causa daños o pérdidas humanas. generando una alteración intensa. la prestación de servicios o los recursos ambientales. que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia. la infraestructura. rehabilitación y reconstrucción. los bienes. materiales. Calamidad pública: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas. el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre. Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad. económicas o ambientales. causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo. distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la emergencia. rehabilitación y reconstrucción. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas. los medios de subsistencia. o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. el análisis y evaluación del riesgo. . grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. 8. 7. en el respectivo territorio. los medios de subsistencia. económicas o ambientales. Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo. los medios de comunicación y de la comunidad en general. materiales. los bienes. causa daños o pérdidas humanas. Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad. generando una alteración intensa. que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado. El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo. que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más).5. la infraestructura. grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población. la prestación de servicios o los recursos ambientales.
15. servicios ambientales y recursos económicos y sociales. 13. medios de subsistencia. reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre. Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación. Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención. el control y seguimiento y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización. Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. la regulación y las especificaciones técnicas. la planificación sectorial. bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza. y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad. ejecución. los estudios de prefactibilidad y diseño adecuados. los bienes y la población. entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. impedir o evitar que se genere. Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias. así como para la posterior recuperación. en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza. construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad. cuando sea posible. Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través de la planificación ambiental sostenible. seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo. el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. la . 11. impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. 12. Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas. 14.10. el ordenamiento territorial.
cuando sea posible. información pública y el manejo general de la respuesta. servicios públicos. albergues y alimentación. 17.preparación para la recuperación posdesastre. equipamiento. La recuperación tiene como propósito central . la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial. capacitación. como accesibilidad y transporte. y la vulnerabilidad existente. centros de reserva y albergues y entrenamiento. Recuperación: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación. entiéndase: rehabilitación y recuperación. los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. 20. seguridad y convivencia. la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación. 16. 18. búsqueda y rescate. evaluación de daños y análisis de necesidades. aspectos financieros y legales. Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. sistemas de alerta. que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza. entre otros. extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos. con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta. salud y saneamiento básico. reparación o reconstrucción del área afectada. telecomunicaciones. 19. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Protección financiera: Mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la atención de emergencias y la recuperación. Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación.
socio-natural tecnológico. Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural. entiéndase: prevención del riesgo. telecomunicaciones. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza. la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 25. búsqueda y rescate. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. 23. entre otros. para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio. en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo. Es fundamental para la planificación ambiental y territorial sostenible. biosanitario o humano no intencional. los bienes. Reglamentación prescriptiva: Disposiciones cuyo objetivo es determinar en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están o van a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas.evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado. seguridad y convivencia. la infraestructura y los recursos ambientales. albergues y alimentación. evaluación de daños y análisis de necesidades. está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes. 24. información pública y el manejo general de la respuesta. Reglamentación restrictiva: Disposiciones cuyo objetivo es evitar la configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. 21. 22. salud y saneamiento básico. aspectos financieros y legales. la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas. extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos. servicios públicos. por . los medios de subsistencia. Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como accesibilidad y transporte.
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia. Desarrollar. . Objetivo General. mecanismos. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física. Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en particular. procesos. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. mejorar la seguridad. ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. así como la información atinente a la temática. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. es el conjunto de entidades públicas. Objetivos del Sistema Nacional. estrategias. recursos. 2. planes. sociales. seguridad económica. económica. el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible. en adelante. seguridad ecológica y seguridad social. 26. Son objetivos del Sistema Nacional los siguientes: 1. económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. sistema nacional. Artículo 6°. así como de sus sistemas físicos. seguridad jurídica o institucional. Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. Artículo 5°.consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano. 27. mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo mediante acciones como: a). de políticas. y para efectos de la presente ley. Objetivos específicos: 2.1. normas. social. que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país. instrumentos. privadas y comunitarias.
2. Desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: a). percepción y toma de conciencia. Análisis y evaluación del riesgo incluyendo la estimación y dimensionamiento de sus posibles consecuencias. Recuperación. Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de riesgo existente. 2. sus orígenes. llámese: rehabilitación y reconstrucción. entre otros. b). bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible. b). e). sistemas de alerta. con fines de información pública.b). c). Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia del riesgo. 2. entiéndase: amenaza. c). c). llámese: rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas. Comunicación del riesgo a las entidades públicas y privadas y a la población. causas y transformación en el tiempo. Identificación de los factores del riesgo. Preparación para la respuesta frente a desastres mediante organización. Respuesta frente a desastres con acciones dirigidas a atender la población afectada y restituir los servicios esenciales afectados. así como los factores subyacentes. Desarrollar. exposición y vulnerabilidad.3. ambientales y físicas. Preparación para la recuperación. . d). evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de vida. Monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. equipamiento y entrenamiento. capacitación. Intervención prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación de nuevas condiciones de riesgo. mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres mediante acciones como: a). d).
3. . II Estructura: Organización. 2. territoriales. Los sistemas de información. ambientales. culturales y participativas. sociales. El Presidente de la República. Instancias de Dirección del Sistema Nacional. Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Artículo 8°. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas. Las entidades públicas. en los ámbitos sectoriales. Por su misión y responsabilidad en la gestión del desarrollo social. 4. 2. Entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro. económico y ambiental sostenible. El Alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción. son: 1. Principales Componentes del Sistema Nacional. Son integrantes del sistema nacional: 1. La estructura organizacional. Artículo 9°. CAPÍTULO. Por su intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas. 3. institucionales y proyectos de inversión. El Gobernador en su respectiva jurisdicción.Artículo 7°. Los principales componentes del Sistema Nacional. La Comunidad. 3. Los Instrumentos de planificación. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre. Son instancias de dirección del sistema nacional: 1. Los mecanismos de financiación. sociales y ambientales. que se describen en los siguientes capítulos. Integrantes del Sistema Nacional. 4. 2.
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo.Artículo 10. la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción. así como integrar en la planificación del desarrollo departamental. está investido de las competencias constitucionales y legales para conservar la seguridad. Parágrafo 1°. Artículo 11. Será el agente del Presidente de la República en todos los asuntos relacionados con la materia. están a cargo de las competencias de coordinación. la tranquilidad y la salubridad en todo el territorio nacional. El alcalde. es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio. proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad. Artículo 14. Los Gobernadores y Alcaldes. incluyendo el conocimiento y la . Artículo 13. El Presidente de la República Conductor del Sistema Nacional. concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento. En consecuencia. lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. Parágrafo 2°. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Son conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad. Como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. como conductor del desarrollo local. Los gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo. Los gobernadores y la administración departamental son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. En consecuencia. Artículo 12. Los Gobernadores como jefes de la administración seccional respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio. Los Gobernadores en el Sistema Nacional.
3. en adelante el Consejo Nacional. cuyo propósito es optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas. El Presidente de la República o su delegado.reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. deberán integrar en la planificación del desarrollo local. Parágrafo. Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Artículo 15. Consejos departamentales. el cual será la instancia superior encargada de orientar el sistema nacional. acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres. Los alcaldes y la administración municipal o distrital. privadas y comunitarias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo. 2. tantas veces como sea necesario. El Consejo Nacional estará integrado por: 1. 1. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Artículo 16. Los Ministros o sus delegados. 5. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. 6. especialmente. durante las situaciones de desastre. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. El sistema nacional cuenta con las siguientes instancias de orientación y coordinación. . de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. Créase el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. Instancias de Orientación y Coordinación. distritales y municipales para la gestión del riesgo. 3. a través de los planes de ordenamiento territorial. quien lo presidirá. 4. Este consejo se reunirá por lo menos dos veces al año en condiciones de normalidad y. 2.
El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 4. debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Aprobar el plan nacional de gestión del riesgo. en sus subdirectores. 6. los directores de los departamentos administrativos. . 3. Parágrafo 3°. Parágrafo 2°. El Consejo Nacional invitará. Aprobar la estrategia nacional de respuesta a emergencias. Funciones Generales del Consejo Nacional. Los ministros únicamente podrán delegar su participación en los viceministros y. agremiaciones. Cuando el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo sea convocado para tratar temas relacionados con la preparación. organismos de asistencia humanitaria y organizaciones no gubernamentales. que tengan en sus programas posgrados en cualquiera de sus modalidades en manejo. 2. Son funciones del consejo nacional las siguientes: 1. empresas de los sectores productivos. el Director Ejecutivo de la Cruz Roja colombiana y un representante de la junta nacional de bomberos. asociaciones profesionales. 5.4. Parágrafo 1°. administración y gestión del riesgo. respuesta y rehabilitación frente a situaciones de desastre. Orientar y aprobar las políticas de gestión del riesgo y su articulación con los procesos de desarrollo. Asesorar al presidente de la República en los temas y elementos necesarios para motivar la declaratoria de estado de emergencia por grave calamidad pública de que trata el artículo 215 de la Constitución Nacional. harán parte del Consejo el Director de la Defensa Civil colombiana. Artículo 17. que ejerce la Secretaría del Comité. Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de desastre nacional y retorno a la normalidad. Aprobar los planes de acción específicos para la recuperación posterior a situaciones de desastre. cuando lo considere pertinente a representantes de las universidades públicas y privadas.
3. Artículo 20. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Está integrado por: 1. Los Comités Nacionales para la gestión del riesgo. resoluciones. Artículo 18. El Director del Departamento Nacional de Estadística. evaluación y control del sistema nacional y los resultados de las políticas de gestión del riesgo. de reducción del riesgo y de manejo de desastres. actuación y seguimiento de la gestión del riesgo. DANE o su delegado. o su delegado. DNP o su delegado. circulares. las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales en el sistema nacional. 2. Comités Nacionales para la Gestión del Riesgo. Artículo 19. las siguientes: 1. 8. Establecer las directrices de planeación. Articular los intervinientes privados. Ejercer el seguimiento. . de que trata el artículo 15 de la presente ley son instancias de asesoría. que se incorporan al presente artículo. 3. quien lo presidirá. 2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Director del Departamento Nacional de Planeación. bajo la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. además de las funciones establecidas en el Decreto-ley 4147 de 2011. Elaborar y hacer cumplir la normatividad interna del sistema nacional.7. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. entiéndase: decretos. Articular los niveles nacional y territorial del sistema nacional. planeación y seguimiento destinadas a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento. conceptos y otras normas. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo. Crease el Comité Nacional para el conocimiento del riesgo como una instancia interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica la implementación permanente del proceso de conocimiento del riesgo.
mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité. 5. Parágrafo 1°. Parágrafo 2°. El Director de la Dirección General Marítima. Orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus diferentes factores. que tengan en sus programas de maestrías o de doctorados en manejo. El comité podrá invitar a representantes de otras entidades públicas. 2. 10. que serán convocados a través de la Secretaría. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Son funciones del Comité Nacional para el conocimiento del riesgo las siguientes: 1. o su delegado. Un Gobernador delegado por la Federación Nacional de Departamentos. IGAC o su delegado. exposición de personas y bienes. Artículo 21. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. universidades públicas y privadas. La Secretaría del Comité la ejercerá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. privadas. o su delegado. Asocars. El Director del Instituto de Hidrología. para el sector privado.4. Meteorología y Estudios Ambientales. Un Alcalde delegado por la Federación Colombiana de Municipios. vulnerabilidades. Parágrafo 3°. los titulares podrán delegar su comparecencia en funcionarios del siguiente rango jerárquico. 6. Ideam o su delegado. 8. debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional o de organismos no gubernamentales. Para los funcionarios. Funciones. entiéndase: amenazas. 7. El Director del Instituto Colombiano de Geología y Minería. administración y gestión del riesgo. . mediante acto administrativo de delegación. 9. Ingeominas. Dimar. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de conocimiento del riesgo en el país.
9. Orientar la formulación. entiéndase: amenazas. Asesorar el diseño del proceso de conocimiento del riesgo como componente del sistema nacional. seguimiento y evaluación del plan nacional para la gestión del riesgo. . 7. implementación. Formular lineamientos para el manejo y transferencia de información y para el diseño y operación del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo. Orientar las acciones de comunicación de la existencia. Orientar la realización de análisis y la evaluación del riesgo. 11.3. Orientar la identificación de los factores de riesgo de desastre. 8. Orientar la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 6. vulnerabilidades. Propender por la articulación entre el proceso de conocimiento del riesgo con el proceso de reducción del riesgo y el de manejo de desastres. Propender por la armonización y la articulación de las acciones de gestión ambiental. 15. con énfasis en los aspectos del conocimiento del riesgo. seguimiento y evaluación de la estrategia de respuesta a emergencias. 4. adaptación al cambio climático y gestión del riesgo. 10. 5. Orientar la formulación. Orientar las acciones de monitoreo y seguimiento del riesgo y sus factores. 13. Fomentar la apertura de líneas de investigación y formación sobre estas temáticas en las instituciones de educación superior. 12. implementación. alcance y dimensión del riesgo al sistema nacional y la sociedad en general. exposición de personas y bienes. el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional Ambiental. Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la recuperación posterior a situación de desastre. 14.
3. Créase el Comité Nacional para la reducción del riesgo como una instancia interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica la implementación permanente del proceso de reducción del riesgo de desastres. 6. mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité.Artículo 22. 4. 7. El Director Ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. . mediante acto administrativo de delegación. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo. Parágrafo 2°. Un representante de las universidades públicas que tengan en sus programas de especialización. debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado. Parágrafo 1°. maestría y doctorados en manejo. que serán convocados a través de la Secretaría. 5. administración y gestión del riesgo. Asocars. Fasecolda. maestría y doctorados en manejo. En el comité podrá invitar a representantes de otras entidades públicas. privadas o de organismos no gubernamentales. El Director Ejecutivo del Consejo Colombiano de Seguridad. Un representante de las universidades privadas que tengan en sus programas de especialización. Esta está integrado por: 1. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. quien lo preside. Para los funcionarios. los titulares podrán delegar su comparecencia en funcionarios del siguiente rango jerárquico. 2. 8. El Presidente de la Federación Colombiana de Municipios o su delegado. administración y gestión del riesgo. debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Un representante de la Federación de Aseguradores Colombianos. para el sector privado.
Orientar las acciones de intervención correctiva en las condiciones existentes de vulnerabilidad y amenaza. seguimiento y evaluación del plan nacional para la gestión del riesgo. 10.Parágrafo 3°. implementación. Orientar y asesorar el desarrollo de políticas de regulación técnica dirigidas a la reducción del riesgo. 4. Orientar la aplicación de mecanismos de protección financiera. créditos. Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Orientar la intervención prospectiva para evitar nuevas condiciones de riesgo. Orientar y articular las políticas y acciones de gestión ambiental. Asesorar el diseño del proceso de reducción del riesgo como componente del sistema nacional. entiéndase: seguros. 3. planificación del desarrollo y adaptación al cambio climático que contribuyan a la reducción del riesgo de desastres. Orientar la formulación. Artículo 23. 2. ordenamiento territorial. bonos CAT. Propender por la articulación entre el proceso de reducción del riesgo con el proceso de conocimiento del riesgo y el de manejo de desastres. Funciones. entre otros. 7. en los aspectos de reducción del riesgo y preparación para la recuperación. 9. 8. fondos de reserva. 5. Artículo 24. Créase el Comité Nacional para el Manejo de Desastres como una instancia interinstitucional del sistema nacional que asesora y planifica la . Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de reducción del riesgo en el país. Son funciones del Comité Nacional para la reducción del riesgo las siguientes: 1. La Secretaría del comité la ejercerá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 6. Orientar la formulación de los planes de acción específicos para la recuperación posterior a situación de desastre.
Un representante de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia. privadas o de organismos no gubernamentales. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. Para los funcionarios. 5. Parágrafo 1°. 2. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado. 8. El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado. quien presidirá. 7. los titulares podrán delegar su comparecencia en funcionarios del siguiente rango jerárquico. Funciones. que serán convocados a través de la Secretaría. El Director de la Cruz Roja Nacional o su delegado. 2. Son funciones del Comité Nacional para el manejo de desastres las siguientes: 1. 3. Parágrafo 3°. 9. El Comandante de la Armada Nacional. Artículo 25. para el sector privado. El Director General de la Defensa Civil o su delegado. . La Secretaría del Comité la ejercerá la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Comité podrá invitar a representantes de otras entidades públicas.implementación permanente del proceso de manejo de desastres con las entidades del sistema nacional. mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría del Comité. 1. El Director General de la Policía Nacional o su delegado. Asesorar la formulación de la estrategia nacional de respuesta a emergencias. El Comandante del Ejército Nacional o su delegado. Parágrafo 2°. mediante acto administrativo de delegación. Orientar la formulación de políticas que fortalezcan el proceso de manejo de desastre. 4. 6.
Orientar la preparación para la recuperación. Dirección y Composición. distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. distrital o municipal y representantes del sector privado y comunitario. Asesorar la puesta en marcha de la rehabilitación y reconstrucción de las condiciones socioeconómicas. Artículo 27. Asesorar el diseño del proceso de manejo de desastres como componente del sistema nacional. Artículo 28. Propender por la articulación entre el proceso de manejo de desastre con el proceso de conocimiento del riesgo y el de reducción del riesgo. destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo. Coordinar con el comité de reducción del riesgo de manera que la reconstrucción no reproduzca las condiciones de vulnerabilidad. como instancias de coordinación. planeación y seguimiento.3. 7. 5. ambientales y físicas. Instancias de Coordinación Territorial. 8. Los consejos territoriales están dirigidos por el gobernador o alcalde de la respectiva jurisdicción e incorporarán a los funcionarios de la gobernación o alcaldía y de las entidades descentralizadas del orden departamental. Comisiones Técnicas Asesoras de los Comités. Los consejos territoriales están conformados por: . implementación. asesoría. 9. bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible. de reducción del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente. Orientar la formulación. 6. seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo con éntasis en los aspectos de preparación para la respuesta y recuperación. ecosistemas e infraestructura y la restitución de los servicios esenciales. Asesorar la ejecución de la respuesta a situaciones de desastre con el propósito de optimizar la atención a la población. Los comités nacionales podrán establecer comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias. los bienes. Créanse los Consejos departamentales. 4. entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Artículo 26.
8. 5. El Gobernador o Alcalde o su delegado. El delegado departamental de bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de bomberos del municipio. distritos y municipios con población superior a 250. Parágrafo 1°. Un representante de cada una de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible dentro de la respectiva jurisdicción territorial. En todo caso. Un secretario de despacho departamental o municipal. siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro . 7. podrán convocar a representantes o delegados de otras organizaciones o a personalidades de reconocido prestigio y de relevancia social en su respectiva comunidad para lograr una mayor integración y respaldo comunitario en el conocimiento y las decisiones de los asuntos de su competencia. Los consejos territoriales tendrán un coordinador designado por el gobernador o alcalde. Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados. 9. Artículo 29. El Comandante de Policía o su delegado de la respectiva jurisdicción. El director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana dentro de la respectiva jurisdicción.1. 4. profesionales. Los Consejos Territoriales podrán invitar a sus sesiones a técnicos. existirá una dependencia o entidad de gestión del riesgo.000 habitantes. promover y garantizar el flujo efectivo de los procesos de la gestión del riesgo. El director o quien haga sus veces de la defensa civil colombiana dentro de la respectiva jurisdicción. quien lo preside. 6. cuyo nivel jerárquico deberá ser igual o superior a jefe de oficina asesora. 2. 3. Funcionamiento de los Consejos Territoriales. Parágrafo 1°. el coordinador deberá vigilar. expertos. El Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo. representantes de gremios o universidades para tratar temas relevantes a la gestión del riesgo. En los departamentos. Así mismo. designado para ello por el Gobernador del Departamento o el Alcalde.
6° y 75 de la Ley 617 de 2000. Asociación de Consejos. asesoría. tendrá en todo caso. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema Nacional. Parágrafo 1°. que para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas regionales. además de las funciones establecidas por . Las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios deberán adoptar los procesos de la gestión del riesgo en el marco de su desempeño en la planificación del desarrollo. Parágrafo 2°. Sus actuaciones estarán orientadas por el principio de concurrencia y definidas en el marco de un plan de acción. como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo. Igualmente. Artículo 30. seguimiento y evaluación de temas específicos en materia de conocimiento y reducción del riesgo y manejo de desastres. Comités y Comisiones Técnicas. siguiendo la misma orientación del nivel nacional. Artículo 31. Los consejos territoriales deben aunar esfuerzos de manera permanente o transitoria para coordinar y mantener los procesos de gestión del riesgo en áreas que rebasan los límites territoriales de sus respectivas circunscripciones o para afrontar desastres en territorios que cubren parte de las jurisdicciones asociadas o que se definen a partir de un elemento físico determinable como las cuencas hidrográficas. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible. reducción del riesgo y de manejo de desastres. coordinar el desempeño del consejo territorial respectivo. en cumplimiento de la política nacional de gestión del riesgo y de forma articulada con la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal. rango igual o superior a jefe de oficina asesora y su objetivo será el de facilitar la labor del alcalde como responsable y principal ejecutor de los procesos de la gestión del riesgo en el municipio.de las disposiciones de los artículos 3°. Parágrafo 2°. estudio. Si dicha dependencia o entidad existiere o fuere creada. de conformidad con sus competencias. así como de escenarios de riesgo específicos. Los consejos departamentales deben promover. quien la dirija. asesorar y hacer seguimiento al desempeño de las asociaciones de consejos territoriales del orden municipal en su respectiva jurisdicción. Los consejos territoriales podrán establecer comités para la coordinación de los procesos de conocimiento del riesgo. investigación. y coordinar la continuidad de los procesos de la gestión del riesgo. podrán crear comisiones técnicas asesoras permanentes o transitorias para el desarrollo. gestión ambiental y ordenamiento territorial.
harán parte de estos las autoridades ambientales locales. programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional. de ordenamiento territorial y de desarrollo. por tanto. CAPÍTULO.la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen. coordinación. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido en la Ley 99 de 1993. no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los consejos territoriales de gestión del riesgo. Los tres niveles de gobierno formularán e implementarán planes de gestión del riesgo para priorizar. Parágrafo 4°. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas. Parágrafo 3°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones. III Instrumentos de Planificación Artículo 32. Parágrafo 1°. Parágrafo 2º. en desarrollo de los principios de solidaridad. en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo. concurrencia y subsidiariedad positiva. en lo relativo a los comités territoriales. como parte del . de gestión ambiental. Planes de Gestión del Riesgo. reducción del riesgo y de manejo del desastre. y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y. en virtud que ambos procesos contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de desastres en su territorio. deben apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en la implementación.
posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. Artículo 34. mediante las cuales se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo. El Plan Nacional de Gestión del Riesgo abordará las acciones necesarias para la identificación y análisis del riesgo. Parágrafo. La decisión aprobatoria deberá contar con la mayoría absoluta de los asistentes al consejo nacional. Artículo 33. El Gobierno Nacional reglamentará en un plazo no mayor a noventa (90) días. acciones. reducción del riesgo y de manejo de desastres. el monitoreo de los factores de riesgo. en el marco de la planificación del desarrollo nacional. Es el instrumento que define los objetivos. la preparación para la respuesta a emergencias.ordenamiento territorial y del desarrollo. Elaboración y evaluación del plan. sistemas de información. el procedimiento de expedición y actualización del plan nacional de gestión del riesgo que será de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades responsables. programas. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El plan nacional y sus actualizaciones serán adoptados mediante decreto expedido por el Presidente de la República. así como las actualizaciones del mismo. consolidación de la política nacional de información geográfica y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE y el fortaleciendo institucional. la protección financiera. El seguimiento y evaluación del Plan está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales. La Contraloría General de la . así como para realizar su seguimiento y evaluación. la reducción de los factores de riesgo mediante la intervención correctiva y prospectiva. incluido el voto del Presidente de la República o su delegado. es la instancia encargada de elaborar el plan nacional de gestión del riesgo con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales. la comunicación del riesgo. entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. responsables y presupuestos. entre otras. Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Unidad presentará el plan al Consejo Nacional para su aprobación. la preparación para la recuperación. Parágrafo.
el manejo general de la respuesta y definición de estados de alerta. estará a cargo del seguimiento y evaluación en lo Fiscal y la Procuraduría General de la Nación en lo Disciplinario. Artículo 36. La estrategia nacional para la respuesta a emergencias. La Unidad presentará el plan al Consejo Nacional de gestión del riesgo para su aprobación. así como las actualizaciones del mismo anualmente.República. incluido el voto afirmativo del Presidente de la República o su delegado. Artículo 35. La estrategia nacional para la respuesta a emergencias. búsqueda y rescate. Parágrafo. es el marco de actuación de las entidades del sistema nacional de gestión del riesgo para la reacción y atención de emergencias. se centrará principalmente en la optimización de la prestación de servicios básicos durante la respuesta como accesibilidad y transporte. seguridad y convivencia. Se refiere a todos los aspectos que deben activarse por las entidades en forma individual y colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a emergencias de manera oportuna y efectiva. La decisión aprobatoria deberá contar con la mitad más uno de los asistentes al consejo nacional. Elaboración de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias. evaluación de daños y análisis de necesidades. posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. en los tres niveles de gobierno. entre otros. comunicaciones. . como una acción de preparación para la respuesta que busca la efectividad de la actuación interinstitucional. información geográfica. es la instancia encargada de elaborar la estrategia nacional para la Respuesta a emergencias con los insumos provenientes de los tres comités nacionales de gestión del riesgo y de los consejos territoriales. servicios públicos. extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos. Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias. aspectos financieros y legales. La estrategia nacional y sus actualizaciones serán adoptadas mediante decreto expedido por el Presidente de la República. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. información pública. en un plazo no mayor a noventa (90) días. albergues y alimentación. salud y saneamiento básico.
Los planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta departamentales. Parágrafo 1°. distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo. serán adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde. incluirán en los contratos respectivos la obligación de incorporar el componente de reducción del riesgo y deberá consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del Riesgo del municipio o el departamento en el cual se va ejecutar la inversión. Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio. distrital o municipal y demás herramientas de planificación del desarrollo. Parágrafo. un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción. de manejo de cuencas y de desarrollo departamental. según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días. estos deberán ser revisados y actualizados en cumplimiento de la presente ley. Los programas y proyectos de estos planes se integrarán en los planes de ordenamiento territorial. según sea el caso. . deberán considerar las acciones específicas para garantizar el logro de los objetivos de la gestión del riesgo de desastres. bien sea a nivel nacional. Parágrafo 2°. Planes departamentales. Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación y elaboración de planes. Las autoridades departamentales. y sus actualizaciones. programas y proyectos de desarrollo regional y urbano. en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta nacionales. El plan y la estrategia. distrital o municipal. a efectos de prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos de inversión pública en el territorio nacional. En los casos en que la unidad territorial cuente con planes similares. Artículo 38. distritales y municipales.Artículo 37. distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de respuesta. Este análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras de formulación. deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión. departamental. posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley.
Artículo 40. distritales y municipales. Las entidades territoriales en un plazo no mayor a un (1) año. Los planes de ordenamiento territorial. señalamiento. procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. Artículo 41. entre otros. Ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno. los programas y proyectos prioritarios para estos fines. en lo relativo a la incorporación efectiva del riesgo de desastre . posterior a la fecha en que se sancione la presente ley. seguirán las orientaciones y directrices señalados en el plan nacional de gestión del riesgo y contemplarán las disposiciones y recomendaciones específicas sobre la materia. Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio. no haya incluido en su proceso de formulación de la gestión del riesgo. Integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo. Parágrafo. estando vigentes. la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo. la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en alto riesgo. deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo. En particular. incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997. departamentales. tales como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo.Artículo 39. delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales. regionales. Los distritos. incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos. áreas metropolitanas y municipios en un plazo no mayor a un (1) año. considerar. el riesgo de desastres. de conformidad con los principios de la presente ley. posterior a la fecha en que se sancione la presente ley. Los organismos de planificación nacionales. deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo municipal y departamental que. económico y socioambiental y. en especial. socio naturales o antropogénicas no intencionales. o normas que la sustituyan. y por consiguiente. deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico.
Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. oportunidad. físicos. La ayuda humanitaria deberá proveerse teniendo en cuenta los principios de calidad. Artículo 42. en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. incluyendo el apoyo en situaciones de desastre que sean explícitamente requeridas por el Gobierno Nacional deberán ejercerse teniendo como objetivo central el fortalecimiento del sistema nacional y de las entidades públicas. Parágrafo. privadas y comunitarias que lo integran. así como los que se deriven de su operación. deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia. Artículo 43. La Cooperación Internacional en la Gestión del Riesgo. El Estado a través de sus órganos de control ejercerán procesos de monitoreo. El Control en la Gestión del Riesgo de Desastres. Artículo 44. La Cooperación Internacional en materia de gestión del Riesgo de Desastres.como un determinante ambiental que debe ser considerado en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. establecerá un plan estratégico para fomentar y gestionar recursos jurídicos. pertinencia y eficacia que rigen a nivel internacional a las instituciones que se encargan de prestarla. de tal forma que se aseguren las asignaciones y apropiaciones de fondos que sean indispensables para la ejecución de los programas y proyectos prioritarios de gestión del riesgo de desastres en cada unidad territorial. El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad para la Gestión del Riesgo. empleando para . evaluación y control en la gestión de riesgo de desastre. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos. que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad. humanos y técnicos de Cooperación Internacional y diplomacia humanitaria. financieros.
IV Sistemas de Información Artículo 45. CAPÍTULO. permitirá: 1. con el propósito de fomentar la generación y el uso de la información sobre el riesgo de desastres y su reducción y la respuesta a emergencias en el territorio nacional y ofrecer el apoyo de información que demandan los gestores del riesgo en todos los niveles de gobierno. 4. en general.tales fines los medios establecidos por la ley. privadas o comunitarias velarán por la correcta implementación de la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales y territoriales en cumplimiento de sus propios mandatos y normas que los rigen. departamental. Parágrafo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. el cual debe mantenerse actualizado y funcional mediante la integración de contenidos de todas las entidades nacionales y territoriales. 2. Adaptar. soluciones tecnológicas y procesos para el manejo de la información para la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. Contribuir a la construcción. Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. Acceder a la información relacionada con la gestión del riesgo de desastres de todo el país. protocolos. Todas las entidades públicas. distrital y municipal. . distribución y apropiación del conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país. estándares y tecnologías que definen la infraestructura colombiana de datos espaciales. en el marco de las políticas. El Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. vulnerabilidades y riesgos del país. 3. Contribuir a la generación de los elementos de información e interacción para el seguimiento de las amenazas. y la sociedad a través de los mecanismos de veeduría ciudadana. deberá poner en marcha. adoptar y promover estándares. un sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres.
distritales y municipales. Parágrafo. y en general. nacional. 8. 7. garantizando la interoperabilidad con el sistema nacional y la observación de estándares establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. todos aquellos temas a los que la ley les haya otorgado el carácter de reserva. CAPÍTULO. Privilegiar el trabajo conjunto para producir. Responder a las necesidades de información sobre las estadísticas de afectación y de apoyos brindados por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en las situaciones de emergencia. Las autoridades departamentales. Articular los sistemas de información de las entidades nacionales. privacidad. Departamentales. deberá estar disponibles para su uso por parte del sistema nacional de información para la gestión del riesgo en las condiciones propicias para tal fin. V Mecanismos de Financiación para la Gestión del Riesgo de Desastres . compartir y usar información geográfica necesaria para soportar el desarrollo del país. distrital y municipal. almacenan y comunican. la respuesta y la recuperación en los ámbitos. Sistemas de Información en los Niveles Regionales. distritales y municipales crearán sistemas de información para la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de su jurisdicción en armonía con el sistema nacional. Distritales y Municipales. reserva estadística. departamental. Artículo 46. la preparación. La información relacionada con la gestión del riesgo que las entidades públicas desarrollan. Las entidades productoras y usuarias de la información deben garantizar la observancia de las limitaciones de acceso y uso referidas al derecho de habeas data. los asuntos de defensa y seguridad nacional.5. departamentales. procesan. 6. Contribuir a la divulgación de información relacionada con el conocimiento del riesgo. la prevención.
Sus objetivos generales son la negociación. instituciones públicas y/o privadas del orden nacional e internacional. Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Los aportes presupuestales y las donaciones que reciba se mantendrán en dicha cuenta como una reserva especial hasta tanto cumplan los fines establecidos por la ley. con independencia patrimonial. administrativa. Estos objetivos se consideran de interés público. contable y estadística conforme a lo dispuesto por dicho Decreto. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres desarrollará sus funciones y operaciones de manera directa subsidiaria o complementaria. gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres. administrar e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a cualquier título por personas naturales o jurídicas. a través de mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres. obtención. Parágrafo 1°. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres podrá recibir. inversión. preparación.Artículo 47. administración. se denominará en adelante Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y continuará funcionando como una cuenta especial de la Nación. bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación. . recaudo. Tales recursos deberán invertirse en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastres. respuesta. concurrencia y subsidiariedad. El Fondo Nacional de Calamidades creado por el Decreto 1547 de 1984 y modificado por el Decreto-ley 919 de 1989. La Junta Directiva incorporará directamente al presupuesto del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres los recursos que reciba y que no correspondan a aportes del Presupuesto General de la Nación. Parágrafo 2°. rehabilitación y reconstrucción. El Fondo podrá crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo.
Patrimonio autónomo. La ordenación del gasto del Fondo Nacional de gestión del riesgo y sus subcuentas. El Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres será administrado y representado. Artículo 49. de que trata el Decreto 4702 de 2010. Administración y representación. Subcuenta Colombia Humanitaria. entre ellos la aplicación de los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 serán expedidos por el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. sin perjuicio de la ordenación del gasto que se encuentra dispuesta para la ejecución de los recursos destinados para la atención de la emergencia ocasionada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011. según corresponda. la retribución que corresponde en los términos que señale la Superintendencia Financiera de Colombia. percibirá con cargo al Fondo Nacional. Por la gestión fiduciaria que cumpla la sociedad. estará a cargo del Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. a título de comisión. modificado por el artículo 70 de Decreto-ley 919 de 1989. condiciones de pobreza y desigualdad de la zona. Los bienes y derechos de la Nación que hacen parte del Fondo Nacional constituyen un patrimonio autónomo con destinación específica al cumplimiento de los objetivos generales señalados en el artículo 47 de la presente ley. Los criterios de distribución contendrán como mínimo indicadores de vulnerabilidad y amenaza ante desastres. Además se tendrá en cuenta en el manejo del Fondo las directrices. lineamientos e instrucciones de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. . en los términos previstos en el artículo 3° del Decreto 1547 de 1984. Parágrafo 2°. serán establecidos por el Consejo Nacional de manera pública en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. La expedición de los actos administrativos que se genere por virtud y/o consecuencia de la contratación que adelante la Fiduciaria. Parágrafo 1°. o por el Gerente Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.Artículo 48. La Sociedad Fiduciaria administrará los bienes y derechos del fondo de manera independiente de los bienes de la Sociedad Fiduciaria y de los bienes y derechos que hagan parte de otros fideicomisos que administre.
Subcuenta de Reducción del Riesgo. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de conocimiento del riesgo de desastres en áreas o sectores estratégicos y prioritarios para el país. asignarán y ejecutarán con base en las directrices que establezca el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. respuesta y recuperación. Parágrafo 3°. Subcuentas para apoyar el financiamiento de la gestión del riesgo. . Artículo 51. Los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la administración de los bienes. Subcuenta de Conocimiento del Riesgo. Los recursos del Fondo Nacional se orientarán. entiéndase: rehabilitación y reconstrucción y con reservas suficientes de disponibilidad inmediata para hacer frente a situaciones de desastre. 2. Recursos. reconstrucción y recuperación. prevención. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de proyectos de prevención y mitigación del riesgo a nivel nacional y territorial. garantizará que en todo momento el Fondo Nacional cuente con recursos suficientes que permitan asegurar el apoyo a las entidades nacionales y territoriales en sus esfuerzos de conocimiento del riesgo. Créanse las siguientes subcuentas del Fondo Nacional: 1. La Junta Directiva establecerá la distribución de estos recursos en las diferentes subcuentas de acuerdo con las prioridades que se determinen en cada uno de los procesos de la gestión del riesgo. derechos e intereses del fondo se someterán al régimen aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado. prioritarios para el país. y con las previsiones especiales que contemplen los planes de acción específicos para la rehabilitación. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.Artículo 50. sin perjuicio del régimen de contratación previsto para las situaciones de desastres o de similar naturaleza y a evitar la extensión de los efectos. mitigación. Parágrafo 1°. Parágrafo 2°. Los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres estarán sujetos a las apropiaciones que para el efecto se asignen en el Presupuesto General de la Nación y estén contenidos en el Marco de Gastos de Mediano Plazo – MGMP.
3. en adelante Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. A través de esta subcuenta. así como para brindar apoyo económico en la ejecución de la respuesta a emergencias cubriendo las siguientes fases: a) El período de inminencia de desastre y b) el período de la emergencia que incluye la atención de los afectados y la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta. 4. . 3. 2. Indicar la destinación de los recursos y el orden de prioridades conforme al cual serán atendidos los objetivos del Fondo frente a las disponibilidades presupuestales del mismo. Subcuenta para la Protección Financiera. adecuado manejo y óptimo rendimiento. 5. el Ministerio de Hacienda y Crédito Público gestionará. existentes en cada caso. La Junta Directiva del Fondo Nacional podrá realizar los traslados de recursos entre subcuentas de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional para esos efectos. Parágrafo. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la protección financiera. Subcuenta de Recuperación. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la rehabilitación y reconstrucción post desastre de las condiciones socioeconómicas. Velar por el cumplimiento e implementación de los objetivos del Fondo. Artículo 52. con excepción de la subcuenta para la protección financiera. Señalar las políticas generales de manejo e inversión de los recursos del Fondo y velar por su seguridad. estará integrada de conformidad con lo dispuesto en el Decreto-ley 4147 de 2011 y tendrá las siguientes funciones: 1. Junta Directiva del Fondo Nacional. Los recursos de esta subcuenta serán destinados a apoyar el financiamiento de la preparación para la respuesta a emergencias y de preparación para la recuperación a nivel nacional y territorial. La Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades. ambientales y físicas bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible. Subcuenta de Manejo de Desastres. adquirirá o celebrará los instrumentos o contratos con entidades nacionales o extranjeras que permitan la protección financiera frente al riesgo de desastres.
constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional. por motivos diferentes a la gestión del riesgo. respuesta. las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres. con el propósito de invertir. Las entidades del orden nacional. 7. Apropiaciones presupuestales para la gestión del riesgo de desastres. Recomendar los sistemas idóneos para atender situaciones de naturaleza similar. incluirán a partir del siguiente presupuesto anual y en adelante. Los recursos destinados a los fondos de los que habla este artículo. regional. rehabilitación y reconstrucción. distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional. calificadas por la propia junta. los casos en los cuales los recursos pueden transferirse a título gratuito y no recuperable. Artículo 53. Determinar. departamental. en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. cuando las circunstancias lo requieran y teniendo en cuenta el objeto y objetivos del Fondo. serán de carácter acumulativo y no podrán en ningún caso ser retirados del mismo. distrito o municipio. . El Fondo podrá crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo. destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre. Las administraciones departamentales. Absolver las consultas sobre las materias relacionadas con el objeto y objetivos del Fondo que le formule el Gobierno Nacional o la Sociedad Fiduciaria administradora del Fondo.4. En todo caso el monto de los recursos deberá guardar coherencia con los niveles de riesgo de desastre que enfrenta el departamento. Podrá determinar las necesidades de personal para el cumplimiento de las funciones de la Gerencia. Fondos Territoriales. distritales y municipales. preparación. Podrá establecer mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres o calamidad. como cuentas especiales con autonomía técnica y financiera. 5. Parágrafo. 6. Artículo 54.
la infraestructura. Artículo 56. los medios de subsistencia. de la colectividad nacional y de las instituciones de la Administración Pública Nacional. Desastre. en el mismo acto. b). y pondrá en vigor las normas pertinentes propias del régimen especial para situaciones de desastre. Declaratoria de situación de desastre. Cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de las personas. materiales. la prestación de servicios o los recursos ambientales. Para los efectos de la presente ley. 2. generando una alteración intensa. c). causa daños o pérdidas humanas. la clasificará según su magnitud y efectos como de carácter nacional. Existirá una situación de desastre nacional: a). regional. Nacional. Existirá una situación de desastre departamental cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y . Cuando se hayan producido efectos adversos en uno (1) o más departamentos y su impacto rebase la capacidad técnica y los recursos de las administraciones departamentales y municipales involucradas. que exige al Estado y al sistema nacional ejecutar acciones de respuesta. distrital o municipal. VI Declaratoria de Desastre. rehabilitación y reconstrucción.CAPÍTULO. Calamidad Pública y Normalidad Artículo 55. se entiende por desastre el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas. las redes de servicios nacionales en su totalidad o en parte significativa de las mismas. departamental. Previa recomendación del Consejo Nacional. 1. el Presidente de la República declarará mediante decreto la existencia de una situación de desastre y. Departamental. los bienes. en todo el territorio nacional o en parte considerable del mismo. Cuando la emergencia tenga la capacidad de impactar de manera desfavorable y grave la economía nacional. el distrito capital y otros centros urbanos de importancia regional en la red de ciudades. grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. económicas o ambientales.
De igual manera. Parágrafo 2°. mientras no se haya declarado que la situación ha vuelto a la normalidad. previo concepto favorable del Consejo Departamental. Para los efectos de la presente ley.grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes de un (1) departamento y de la administración pública departamental. Artículo 58. Distrital o Municipal. el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas. 3. la prestación de servicios o los recursos ambientales. las previstas en las normas del régimen especial que se determinen. ejercerán las competencias que legalmente les corresponda y. los bienes. La declaratoria de una situación de desastre podrá producirse hasta dos (2) meses después de haber ocurrido los hechos que la justifican. Producida la declaratoria de situación de desastre. Las declaratorias de h situación de calamidad pública se producirán y aplicarán. causa daños o . Parágrafo 1°. el Presidente de la República. de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. El desastre de orden distrital o municipal puede presentarse en todo el distrito o municipio o en parte sustancial del territorio de su jurisdicción. se entiende por calamidad pública. Calamidad pública. pertinente. los medios de subsistencia. Artículo 57. Los gobernadores y alcaldes. Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo. podrá modificar la calificación que le haya dado a la situación de desastre y las disposiciones del régimen especial que deberán ser aplicadas. Al efecto. será de cumplimiento obligatorio las normas que el decreto ordene y específicamente determine. la infraestructura. en particular. en lo. podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. las autoridades administrativas. Declaratoria de situación de calamidad pública. hasta tanto se disponga que ha retornado la normalidad. El desastre de orden departamental puede presentarse en todo el departamento o en parte sustancial de su territorio rebasando la capacidad técnica y de recursos de los municipios afectados. Existirá una situación de desastre municipal o distrital cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos protegidos de los habitantes del municipio o distrito impactado y de la administración pública distrital. rebasando su capacidad técnica y de recursos.
los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. la integridad personal. la salud. Solidaridad. distritos y municipios podrán colaborar con otras entidades territoriales de . Artículo 60. materiales. la prestación de los servicios públicos esenciales. municipio. tendrá en consideración los siguientes criterios: 1. en el respectivo territorio. económicas o ambientales. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida. La tendencia de la emergencia a modificarse. políticas y administrativas. Los departamentos. grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población. la vivienda. la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. o departamento ejecutar acciones de respuesta. 4. según sea el caso. 7. social. 6. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. la subsistencia digna. que exige al distrito. la familia. 3. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. 2. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad pública. 5. rehabilitación y reconstrucción. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. corporaciones autónomas.pérdidas humanas. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. agravarse. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad. reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. la vigencia de las instituciones. económico y ambiental. Artículo 59. generando una alteración intensa.
su mismo rango o de rango inferior o superior cuando tales entidades se encuentren en situaciones declaradas de desastre o de calamidad pública. en general. elaborarán planes de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas. Parágrafo 1°. manejo complementario del orden público. bajo la coordinación y control de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial. todo aquello que haga efectivos los principios de concurrencia y subsidiariedad positiva en situaciones de interés público acentuado. dentro del respectivo ente territorial. recursos físicos a través de redes esenciales. de acuerdo con las orientaciones establecidas en la declaratoria o en los actos que la modifiquen. El seguimiento y evaluación del plan estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cuando se derive de una declaratoria de desastre. Plan de acción especifico para la recuperación. distrital. El plan de acción específico. Parágrafo. en relación con la rehabilitación y la reconstrucción. Declarada una situación de desastre o calamidad pública y activadas las estrategias para la respuesta. Cuando se trate de situación de calamidad pública departamental. en lo nacional. el plan de acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el consejo departamental. intercambio de información sobre el desastre o su inminente aparición y. La colaboración puede extenderse al envío de equipos humanos y materiales. la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones. y alcaldías en lo territorial. municipal respectivo. las gobernaciones. que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución. distrital o municipal. Los primeros auxilios en situaciones de desastre o calamidad pública deberán ser prestados por cualquier persona o entidad. los . Parágrafo 2°. Artículo 61. Por las oficinas de planeación o entidad o dependencia que haga sus veces. elaboración conjunta de obras. cuando se trate de declaratoria de calamidad pública.
las normas especiales habilitadas para la situación de desastre. según su naturaleza y competencia las entidades y organismos que participarán en la ejecución del plan de acción específico. En el acto administrativo que declare la situación de desastre o calamidad pública. durante la respuesta. Participación de entidades. Cuando se trate de declaratoria de situación de calamidad pública. previo concepto del respectivo consejo para la gestión del riesgo.resultados de este seguimiento y evaluación serán remitidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. el gobernador o alcalde. rehabilitación y reconstrucción. Artículo 64. mediante decreto. durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción. previa recomendación del Consejo Nacional. Para ello expedirá el decreto respectivo. Retorno a la normalidad. Igualmente. Modificación de la declaratoria. decretará que la situación de desastre ha terminado y que ha retornado la normalidad. El Presidente de la República. coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. Artículo 63. El gobernador o el alcalde podrán modificar los términos de la declaratoria de calamidad pública. las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la dirección. total o parcialmente. previa recomendación del consejo territorial correspondiente. durante la ejecución de las tareas de rehabilitación y reconstrucción y la participación de las entidades públicas. declarará el retorno a la normalidad y dispondrá en el mismo cómo continuarán aplicándose las normas especiales habilitadas para la situación de calamidad pública. El Presidente de la República podrá modificar los términos de la declaratoria de desastre y las normas especiales habilitadas para la situación. se determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan. privadas y comunitarias en las mismas. Sin embargo. se señalarán. Artículo 62. El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública y de doce (12) meses para la declaratoria de situación de . podrá disponer en el mismo decreto que continuarán aplicándose. Parágrafo.
desastre. podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término. ocupación. Régimen normativo. Medidas especiales de contratación. para la gestión del riesgo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para . y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. demolición de inmuebles e imposición de servidumbres. se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo. VII Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública Artículo 65. derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo. de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública. relacionados directamente con las actividades de respuesta. Artículo 66. previo concepto favorable del Consejo Nacional o territorial. incentivos para la rehabilitación. Parágrafo. administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad. adquisición. reconstrucción y el desarrollo sostenible. en la misma norma se determinará el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes. control fiscal de recursos. Declaradas situaciones de desastre o calamidad pública. conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de esta ley. según el caso. moratoria o refinanciación de deudas. la magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública. la naturaleza. los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes. solución de conflictos. empréstitos. créditos para afectados. expropiación. con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. suspensión de juicios ejecutivos. Las normas versarán entre otras materias sobre contratación del Estado. Los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del decreto presidencial o del acto administrativo que declaró la situación de desastre o calamidad pública. CAPÍTULO. en estos casos. reubicación de asentamientos.
Parágrafo. Parágrafo 1°. En todo caso no se podrá exceder la capacidad de pago de la entidad prestataria. Distrital o Municipal. poseedor o tenedor del inmueble. Ocupación temporal de inmuebles. incluyendo la respuesta. Los contratos de empréstito externo o interno que requieran celebrar el Gobierno Nacional. deberán soportar las servidumbres legales que fueren necesarias para adelantar las acciones. están obligados a de desastres. quien podrá interponer únicamente el recurso de reposición. Contratación de empréstitos. Artículo 67. las entidades descentralizadas del orden nacional. La imposición de servidumbres se hará mediante acto administrativo motivado. obras y procesos necesarios para atender la emergencia y adelantar las acciones de rehabilitación y reconstrucción. las firmas del representante de la entidad prestamista y del Presidente de la República o del respectivo mandatario Departamental. quienes podrán delegar la suscripción en el Ministro. los propietarios. Imposición de servidumbres. solo necesitarán para su celebración y validez. además de los requisitos establecidos por la Constitución Política. Artículo 68. distritos y municipios o las entidades descentralizadas del orden departamental. en el cual se fijará el valor de la indemnización que corresponde y se notificará al propietario. La ocupación temporal debe ser ordenada por la autoridad pública competente y se deben otorgar garantías de notificación y . distrital o municipal con el fin de atender situaciones de desastre o calamidad pública declaradas. el concepto previo de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. poseedores y tenedores de inmuebles y mejoras en áreas geográficas determinadas en la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública. Contra dicho acto procederán las acciones contencioso-administrativas del caso. o en los Secretarios de Hacienda. En desarrollo de la función social de la propiedad. Artículo 69. para el caso de las entidades territoriales.los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. los departamentos. Los bienes fiscales y los bienes de propiedad particular en las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de situación de desastre o calamidad pública. rehabilitación y reconstrucción.
Parágrafo 2°. su actuación será realizada como particulares en ejercicio de funciones públicas. que en ningún caso podrá ser superior a un (1) año.posibilidad de elevar recursos. En el caso de las entidades privadas. Parágrafo 3°. La comunicación deberá indicar el plazo para manifestar el consentimiento del propietario. el cual deberá ser reparado de manera expedita y completa. se procederá a la ocupación con el concurso de las autoridades de policía. El plazo para que el propietario. La ocupación temporal deberá limitarse al espacio y tiempo estrictamente indispensables y causar el menor daño posible. las habitaciones o edificaciones que se ocuparán y el tiempo probable que dure la ocupación. En la misma comunicación hará una estimación del valor de los perjuicios que pueden causarse y que ofrece pagar. poseedor o tenedor manifieste su aceptación o disenso respecto de la medida y del valor estimado de los perjuicios no podrá ser inferior a cinco (5) días hábiles. Procedimiento y condiciones de la ocupación. Las entidades públicas o privadas encargadas de las labores de manejo de desastres acatarán las disposiciones ordenadas para la ocupación temporal. poseedor o tenedor del inmueble la necesidad de la ocupación temporal. Parágrafo 2°. Si no se obtuviere el consentimiento para la ocupación temporal o no se llegare a un acuerdo sobre el valor estimado de los perjuicios en el plazo señalado en la comunicación. Artículo 70. para esto serán investidos temporalmente de esas funciones públicas de ocupación por la autoridad pública competente. De igual manera se cancelarán las expensas en las que haya incurrido el propietario. Parágrafo 1°. La decisión de ocupar temporalmente un inmueble o unas mejoras se comunicará personalmente y mediante escrito dirigido y entregado en la dirección conocida del propietario. Simultáneamente se fijará edicto en lugar público de la sede de la alcaldía por el término de cinco (5) días hábiles. La entidad pública a cargo de la emergencia comunicará por escrito al propietario. poseedor o tenedor. Al vencimiento de la notificación por edicto empezará a correr el término prescrito en el parágrafo 1°. poseedor o tenedor por causa de la ocupación temporal. la extensión requerida del terreno. poseedor o tenedor y su valoración de los perjuicios probables. se procederá a la ocupación en forma inmediata y se procurará notificar a los interesados a . En caso de necesidad perentoria.
El oficio contendrá la . el Gobierno Nacional a través de cualquiera de sus Ministerios o Departamentos Administrativos. Adquisición de predios. por negociación directa con los propietarios o mediante expropiación por vía administrativa. previas las autorizaciones estatutarias o legales respectivas. previa indemnización. poseedores o tenedores afectados por la medida de ocupación temporal. los propietarios. Negociación directa. Artículo 73. se surtirá la etapa de negociación directa. Entidades del Orden Nacional. La demora en cumplir este mandato será causal de mala conducta para el funcionario o funcionarios que dilaten la entrega. en la cual se aplicará el procedimiento siguiente: 1. En todo caso. poseedores o tenedores podrán iniciar inmediatamente las acciones judiciales encaminadas a la restitución del bien y la reparación del daño inferido. podrán ejercer las acciones contencioso-administrativas a que haya lugar dentro de los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo. contados a partir de la fecha en la que concluya la ocupación temporal. Artículo 74. poseedor o tenedor ni el pago de los perjuicios y gastos. que no consientan expresamente con ella o que habiéndola aceptado consideren que el valor del daño efectivamente causado fue superior a la indemnización por perjuicios pactada. El representante legal de la entidad pública adquirente. Esta modalidad de ocupación no precluye la aceptación posterior por parte del propietario.la mayor brevedad posible. Declarada una situación de desastre o calamidad pública y hasta tanto se declare el retorno a la normalidad. Los propietarios. Las mismas acciones serán procedentes cuando se trate de ocupación inmediata de inmuebles. podrán adquirir total o parcialmente los bienes inmuebles o derechos reales que sean indispensables para adelantar el plan de acción específico. Previa a la declaratoria de expropiación. expedirá el oficio por medio del cual se dispone la adquisición de un bien inmueble o de derechos reales mediante negociación directa. Restitución oficiosa. Artículo 72. procede la restitución de oficio del inmueble. Acciones contencioso-administrativas. Transcurrido un (1) año sin que la ocupación haya terminado. las Entidades Territoriales o las Entidades Descentralizadas de cualquier nivel administrativo. Artículo 71.
2.identificación precisa del inmueble o de los derechos reales. Vencido dicho término. no podrán concederse licencias de urbanismo. 4. Este avalúo. o en defecto de una dirección comercial. Los inmuebles y derechos reales afectados quedarán fuera del comercio a partir de la fecha de la inscripción. y mientras subsista dicha inscripción. 5. construcción ni permisos de funcionamiento industrial o comercial sobre el inmueble objeto de la oferta de compra. se dejará constancia escrita a cualquier persona que se encontrare en el predio y se oficiará a la alcaldía del lugar de ubicación del inmueble. término durante el cual la entidad adquirente publicará el texto completo del oficio y la oferta en un periódico de amplia circulación nacional o local. la oferta surtirá efectos respecto del propietario y de los demás titulares de derechos constituidos sobre el inmueble. y ordenará el avalúo de los bienes o derechos. La oferta de compra. determinará el precio máximo de adquisición. . Con fundamento en el avalúo. al lugar del predio donde se le entregará a cualquier persona que allí se encuentre o se fijará en la puerta de acceso. el representante legal formulará oferta de compra a los titulares de los bienes o derechos reales que se pretende adquirir. 3. El avalúo será revisado a solicitud de la entidad pública interesada. según las circunstancias de la propiedad. que es requisito necesario de la oferta y negociación. las oficinas de catastro o el realizado por peritos privados inscritos en las lonjas de propiedad raíz o asociaciones equivalentes. mediante telegrama que contenga los elementos sustanciales del oficio y la propuesta. El representante legal de la entidad pública hará la oferta de compra del bien o bienes inmuebles o derechos reales de conformidad con avalúo administrativo previo que efectúe el Instituto "Geográfico Agustín Codazzi". Si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición de la oferta no fuere posible comunicar personalmente la oferta. en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente por parte de la entidad adquirente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su comunicación. junto con el edicto se enviarán por correo certificado a la dirección del titular cuando figure en el directorio telefónico. para que se fije al día siguiente de su recepción y por un término de cinco (5) días hábiles en lugar visible al público. El oficio y la oferta de compra serán inscritos en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble.
Parágrafo 1°. Expropiación por vía administrativa. Si no fuere expedida tal resolución. En el contrato de compraventa se fijarán las fechas para la entrega real y material del inmueble y para el pago del precio. o cuando el titular de los derechos guarde silencio en los términos para decidir sobre la oferta o suscribir la escritura de compraventa. Los plazos respectivos no podrán superar 30 días calendario. Dicho lapso podrá ser prorrogado por un término igual por justa causa que obre a favor de cualquiera de las partes. 7. Si la oferta es aceptada. Agotada la etapa de negociación directa. Para esos efectos se aplicará el procedimiento siguiente: 1. 9. se aplicará el artículo 16 de la Ley 9 de 1989. deberá suscribirse el contrato de compraventa dentro de los diez (10) días hábiles siguientes e inscribirse la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos del lugar. Artículo 75. podrá decretar la expropiación del inmueble y demás derechos reales constituidos sobre el mismo. Parágrafo 2°.6. mediante resolución motivada. El avalúo a que se refiere este artículo se practicará teniendo exclusivamente en cuenta los factores y variables correspondientes a la época anterior a la declaratoria de desastre o calamidad pública. El representante legal de la entidad pública expropiante deberá expedir resolución motivada de expropiación por vía administrativa dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se agotó la opción de negociación directa. Se entenderá que el propietario renuncia a la negociación y rechaza la oferta de compra cuando no hubiere acuerdo sobre el precio y la forma de pago. En los eventos en que el propietario del bien o el titular del derecho real sea un incapaz o dicho bien forme parte de una sucesión. el representante de la entidad. El término para aceptar o rechazar la oferta será de cinco (5) días hábiles contados a partir de su comunicación personal o de la desfijación del aviso en la alcaldía. Los actos administrativos a que se refiere este artículo solo serán susceptibles del recurso de reposición. las inscripciones que se hubieren efectuado en las oficinas de registro de instrumentos públicos . 8.
La resolución deberá incluir la forma de pago en los términos del artículo 29 de la Ley 9ª de 1989. o en su defecto. 3. Contra la resolución que ordene la expropiación administrativa. 7. procederá únicamente el recurso de reposición. 6. en la sede de la entidad expropiante y en el lugar de ubicación del inmueble. La resolución de expropiación se notificará personalmente al propietario. sin necesidad de pronunciamiento judicial o administrativo algún. 4. En el acta de la diligencia de entrega se insertará la parte resolutiva de la resolución. La resolución que decreta la expropiación deberá determinar el valor de la indemnización de acuerdo con el avalúo administrativo que efectúen el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" o las oficinas distritales y municipales de catastro. y sin que haya lugar a la oposición. 2. a su representante legal o apoderado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición de la resolución o. También se enviará a la dirección del propietario registrada en la oficina de catastro respectiva. de no ser posible la notificación personal se hará por edicto fijado durante cinco (5) días hábiles en lugar visible al público en la alcaldía del lugar. se procederá a la entrega del bien. Dicha acta se .quedarán sin efecto alguno y se cancelarán de pleno derecho. Notificada la resolución que decrete la expropiación. el avalúo por los peritos privados de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 75 de la presente ley. la cual se llevará a cabo con el concurso de las autoridades de policía. Adicionalmente. quienes están en la obligación de apoyar a la entidad expropiante. este se entenderá negado y el acto recurrido quedará en firme. Transcurridos veinte (20) días hábiles sin que la autoridad administrativa expropiante hubiere expedido la resolución que resuelve el recurso de reposición. Durante el término de notificación por edicto la entidad expropiante publicará el edicto en un periódico de amplia circulación nacional o local. se enviará copia del edicto por correo certificado a la dirección del propietario que figure en el directorio telefónico y a la puerta de acceso a la propiedad según las circunstancias. 5. el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
En este caso. conforme a las normas de policía aplicables. Artículo 77. sólo procede el recurso de reposición. entiéndase que existen motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición mediante expropiación de los bienes indispensables para la ejecución de los planes de acción específicos para el manejo de desastres y calamidades públicas declaradas. la demolición de toda construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad o la salubridad de los habitantes de la misma o de otras personas. Copia de la resolución a que hace referencia el inciso anterior será fijada por el mismo término en el inmueble cuya demolición se ordene. procederán la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar de ubicación del inmueble. Declaratoria de utilidad pública e interés social. dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. junto con la resolución en copia expedida y autenticada por la entidad. fijación que suplirá la notificación personal si ella no puede realizarse. 8. podrán ordenar. La orden será impartida mediante resolución motivada que será notificada al dueño o al poseedor o al tenedor del respectivo inmueble. ante el alcalde respectivo quien resolverá de plano. Los alcaldes de los distritos y municipios comprendidos dentro de las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de una situación de desastre o calamidad pública. Contra la resolución que ordene la demolición de un inmueble por causa de desastre o calamidad pública. Artículo 76. previo informe técnico de los respectivos Consejos. Parágrafo 1°. el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación personal o de conclusión del término de fijación de la resolución en el inmueble. Orden de demolición. el término para practicarlas pruebas no excederá de diez (10) días hábiles y será improrrogable. salvo que deban practicarse pruebas de oficio o a solicitud de parte.inscribirá en la oficina de registro correspondiente. . Contra la resolución que ordene una expropiación administrativa en desarrollo de la presente ley. Para todos los efectos relativos al procedimiento de expropiación por vía administrativa.
se procederá a la inmediata demolición del inmueble. Artículo 80. respecto de los cuales pese una medida de decomiso preventivo o en proceso de extinción de dominio o se encuentren extinguidos. el uso de los bienes. luego de haberse agotado el recurso de reposición. las personas que sean afectadas por la misma orden deberán ser incluidas en el plan de acción al que hace referencia esta ley. El Gobierno Nacional podrá disponer en forma directa o a través de convenios interinstitucionales con terceras entidades. para ser administrados por estas. Una vez ejecutoriada la resolución que ordene la demolición. Transferencia de recursos. Cuando por circunstancias de especial urgencia se haya prescindido del régimen de notificación y recursos en la vía gubernativa. Corresponde a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. En el documento que ordene la transferencia se indicará de manera expresa la destinación de los recursos. Cuando se trate de bienes sobre los cuales no exista una medida de extinción de dominio de carácter definitiva. La administración de dichos recursos será responsabilidad del jefe de la respectiva entidad a la cual se le efectuó la transferencia y estarán sujetos al control fiscal ejercido por las respectivas Contralorías. del orden nacional o territorial y entidades privadas cuyo objeto social tenga relación directa con las actividades que se requieran para atender la calamidad o desastre. los cuales se girarán a cuentas abiertas especialmente para la atención del desastre o calamidad pública declarada. Ejecución de la demolición. Disposición de bienes. diseñar los procedimientos administrativos y operativos que para . El Fondo Nacional podrá transferir recursos de sus cuentas o subcuentas a entidades públicas. la autoridad podrá proceder a la demolición en forma inmediata. Artículo 79.Parágrafo 2°. la disposición de los bienes solo podrá realizarse de manera provisional. En caso de existir una orden de demolición. con el exclusivo fin de atender las necesidades relacionadas con los motivos de la declaratoria de la situación de desastre o calamidad pública. y estarán exentas de cualquier gravamen. Artículo 78. sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora.
En los proyectos de desarrollo urbano se definirán las condiciones para la construcción y reubicación de viviendas. Artículo 81. De igual manera. el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos para atender la declaratoria de situación de desastre. Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones están obligados a permitir el acceso y uso de sus redes e infraestructuras al operador que lo solicite en forma inmediata con el fin de atender las necesidades relacionadas con los motivos de declaratoria de situación de desastre para garantizar la continuidad en la provisión de los servicios y redes de telecomunicaciones. Parágrafo.la ejecución de las transferencias de recursos. Proyectos de Desarrollo Urbano. La negación a la solicitud de acceso y uso a que se hace referencia en este artículo por parte del proveedor generará las sanciones que sobre el . y de servicios públicos domiciliarios. La Comisión de Regulación de Comunicaciones a solicitud de parte o de manera oficiosa. la extensión o ampliación de la infraestructura para el sistema vial. rurales o de expansión urbana. ya sea que se trate de predios urbanos. la formulación y concertación. todo operador o proveedor de servicios públicos que tenga infraestructura estará obligado a permitir el acceso y uso de la misma en forma inmediata. la aprobación y la adopción de proyectos de desarrollo urbano de que trata el presente artículo. Artículo 82. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para el anuncio. de conformidad con el reglamento que para tal fin expida el Ejecutivo. Redes y servicios de telecomunicaciones. y la ejecución de espacios públicos y equipamientos colectivos. el control administrativo de su utilización y legalización de los mismos deban darse. ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan. el desarrollo de otros usos. de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos en el ámbito de sus respectivas competencias. El Gobierno Nacional podrá promover. podrá imponer una servidumbre provisional en forma inmediata para garantizar el uso de las redes e infraestructura ante la negativa del proveedor respectivo.
costos. El Gobierno Nacional podrá requerir de los contratistas y concesionarios del Estado la maquinaria.particular reglamente el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. . de conformidad con las normas que para tal efecto se dicten. tiempos y demás materias relacionadas con el presente artículo. La refinanciación se aplicará únicamente para las obligaciones contraídas antes de la fecha de ocurrencia de la situación de desastre y para los pagos con vencimientos a partir de esa fecha. Artículo 86. Artículo 84. cuando este método constituya la forma más eficiente de mitigar el impacto generado por la necesaria atención de emergencias que amenacen la vida y demás derechos de la población. La suspensión de las restricciones que disponga el Gobierno Nacional no podrá durar más de seis (6) meses. Invías. Artículo 83. Parágrafo. Emergencias viales. precios. El Instituto Nacional de Vías. el equipo y personal que se encuentre a su disposición para atender de manera inmediata las emergencias viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de actividad o de influencia. El Gobierno Nacional podrá suspender transitoriamente. siguiendo entre otros las siguientes reglas: 1. El Gobierno Nacional en un plazo no mayor a noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley. contados a partir de la expedición del decreto de suspensión. reglamentará lo pertinente a las zonas de actuación. lnvías. o la entidad que haga sus veces podrá intervenir las vías que no están en su inventario y donde sea preciso para atender las situaciones de emergencia que requieran de su atención. y mientras se restablecen las condiciones de tránsito vial en el país. Las entidades públicas de financiamiento adoptarán los programas de refinanciación de las obligaciones que tengan contraídas con ellas las personas afectadas por la situación de desastre que haya sido declarada. Refinanciación. las restricciones de horario de tipo ambiental establecidas para la operación de las pistas de los aeropuertos nacionales y/o internacionales en el territorio nacional. Levantamiento de restricciones. Artículo 85.
7. según los casos. ni para que subsista la responsabilidad de los deudores o codeudores. los procesos de ejecución singular. entiéndase por afectados los usuarios de crédito contraído antes de la declaratoria de la situación de desastre. 4. La solicitud deberá ser presentada por el deudor antes dentro del plazo que determine el Gobierno Nacional. La refinanciación no implica renovación de las correspondientes obligaciones y por consiguiente. conforme al reglamento que para ese fin debe dictar la entidad acreedora. se suscribirán las respectivas adiciones en los mismos documentos en que consten las obligaciones. sin perjuicio de que se opte por otorgar nuevos documentos. Suspensión en procesos ejecutivos. para adelantar cualquier tipo de actividades en la zona o área de influencia de la situación de desastre. entablados por las entidades públicas de que trata el artículo anterior contra personas afectadas por el desastre.2. 3. Artículo 87. Artículo 88. subsidiarios o solidarios y de los fiadores. teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de las respectivas obligaciones. 6. La condición de afectado será reconocida por la misma entidad pública acreedora. ni exceder de veinte años. Si se trata de créditos de amortización gradual y el nuevo plazo implica variaciones en las cuotas periódicas. Durante los primeros seis (6) meses contados desde la declaratoria de la situación de desastre. y se aplicarán previo estudio de cada caso. Usuarios de crédito afectados. No habrá lugar a intereses ni mora durante el lapso comprendido entre la fecha de declaratoria de la situación de desastre y aquella en que se perfeccione la renegociación. la cual no deberá ser mayor de noventa (90) días. El nuevo plazo no podrá ser superior al doble del plazo pendiente. no se requiere formalidad alguna para que se opere la renovación de garantías hipotecarias o prendarias existentes. por . Las condiciones de las obligaciones refinanciadas no podrán ser más gravosas que las originales. 5. Para los efectos previstos. mixtos o con título hipotecario o prendario. Todas las condiciones y modalidades de la renegociación se establecerán en las normas que para el efecto se dicten.
Artículo 89. Las normas de régimen especial en las entidades territoriales consultarán también lo dispuesto en la reglamentación que expida el Presidente de la República para conservar así la armonía en la gestión del riesgo de desastres en todos los órdenes de la Administración Pública. . privadas o comunitarias para atender una situación de desastre o calamidad pública declarada se destinarán conforme a lo dispuesto en el plan de acción específico. Destinación y administración de donaciones. en ejercicio de las facultades constitucionales a él conferidas por el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política reglamentará la presente ley. Para ello deberán ajustarse a los principios y definiciones de esta ley. Las asambleas departamentales. en el evento en que aquella providencia ya se hubiere dictado. Reglamentación de la ley. en ejercicio de sus atribuciones. CAPÍTULO. VIII Disposiciones finales Artículo 90. y a las disposiciones que trae sobre régimen especial. Parágrafo. o antes de efectuar la nueva subasta.obligaciones contraídas antes de la fecha en que se declaró la situación de desastre. se suspenderán hasta por seis (6) meses si así lo solicita el deudor. Para el ingreso de las mercancías al país destinadas a los damnificados en situaciones de desastre o calamidad pública se aplicará lo dispuesto en los artículos 204 y 391 del Decreto 2685 de 1999 y demás normas concordantes. para tales situaciones. reglamentarán las medidas especiales que podrán tomar los gobernadores y alcaldes en situaciones de calamidad pública. Los bienes de cualquier naturaleza donados a entidades públicas. desde el momento en que adquiera firmeza el auto que disponga el remate de bienes debidamente embargados y evaluados. El Presidente de la República. Reglamentación Territorial. Artículo 91. los concejos distritales y municipales. Los bienes donados al Fondo Nacional se destinarán de conformidad con las directrices que imparta la Junta Directiva del Fondo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
los medios de comunicación cumplirán su función de manera responsable. Artículo 94. El Presidente del honorable Senado de la República. Artículo transitorio: declaratorias anteriores. Control para Recursos de Desastres. Artículo 96. Juan Manuel Corzo Román. . Facúltese a la Contraloría General de la República. quedan en condiciones de retorno a la normalidad. En el marco de lo que en materia de libertad de prensa y situaciones de desastre consagran la constitución política y las leyes. que quedará así: "65.Artículo 92. Artículo 93. antes del 30 de noviembre de 2010. 4°. en especial la Ley 46 de 1988 y el Decreto-ley 919 de 1989. para ejercer control posterior excepcional sobre el manejo de los recursos propios del municipio o departamento. cualquiera fuere su carácter. deróguense los artículos 1° y 5° a excepción del parágrafo 2°. los cuales estuviesen destinados para la atención de desastres. Todas las zonas del territorio nacional declaradas en situación de desastre o calamidad pública. cuando estos provengan del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Vigencia. Faltas. modificado por el Decreto-ley 919 de 1989. con excepción de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 70 del Decreto-ley. Adiciónese el siguiente numeral al artículo 48 de la Ley 734 de 2002. el artículo 2° del Decreto 4830 de 2010 y mantendrán plena vigencia los artículos 2°. los artículos 6°. 9° y 10 del Decreto-ley 4702 de 2010 y los artículos 1° y 3° del Decreto-ley 4830 de 2010. 7° y 8° del Decreto 4702 de 2010. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Libertad de prensa. De igual manera. Articulo 95. 3°. Conservarán su vigencia los Decretos 4579 y 4580 de 2010 y los Decretos Legislativos expedidos en virtud del Decreto 4580 de 2010. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastre en los términos establecidos en la ley". 2° y 3° del Decreto 1547 de 1984. así como también los artículos 1° inciso primero.
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo. La Viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. . Dada en Bogotá. a 24 de abril de 2012. La Ministra de Vivienda. Ciudad y Territorio. Federico Rengifo Vélez.El Secretario General del honorable Senado de la República. encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. REPÚBLICA DE COLOMBIA .GOBIERNO NACIONAL Publíquese y cúmplase. Adriana Soto Carreño. Beatriz Elena Uribe Botero. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Simón Gaviria Muñoz. C. Germán Vargas Lleras. JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN El Ministro del Interior. Emilio Ramón Otero Dajud.. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes. Juan Carlos Echeverry Garzón. D. El Ministro de Hacienda y Crédito Público.
NOTA: Publicado en el Diario Oficial 48411 de abril 24 de 2012. .
pdc_hualhuas (1).pdf
La Planeación Estatal
More From Miguel Angel Piragauta
Tendencias_Eje_Tecno_económico_(Versión_Ajustada_Dic_22-09)
Clasificacion Del Suelo Santiago de Cali
Santiago de Cali - Valle Del Cauca Simulacro 5 de Octubre

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 artículo 209
 Artículo 4
 Artículo 6
 Artículo 5
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 11
 Artículo 14
 Artículo 13
 Artículo 12
 Artículo 15
 Artículo 16
 artículo 215
 Artículo 17
 Artículo 20
 Artículo 18
 Artículo 19
 artículo 15
 Artículo 21
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 26
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 34
 Artículo 33
 Artículo 36
 Artículo 35
 Artículo 38

Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 49
 artículo 70
 artículo 47
 artículo 3
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 56
 Artículo 55
 Artículo 58
 Artículo 57
 Artículo 60
 Artículo 59
 Artículo 61
 Artículo 64
 Artículo 63
 Artículo 62
 Artículo 65
 Artículo 66
 artículo 13
 Artículo 67
 Artículo 68
 Artículo 69
 Artículo 70
 Artículo 73
 Artículo 74
 Artículo 72
 Artículo 71
 artículo 16
 Artículo 75
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 75
 resolución 
 Artículo 77
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 76
 resolución 
 resolución 
 Artículo 80
 resolución 
 Artículo 79
 Artículo 78
 Artículo 81
 Artículo 82
 Artículo 86
 Artículo 84
 Artículo 83
 Artículo 85
 Artículo 87
 Artículo 88

Artículo 89
 artículo 189
 Artículo 90
 Artículo 91
 Artículo 94
 Artículo 96
 Artículo 93
 artículo 70
 artículo 48
 artículo 2