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Timestamp: 2019-07-16 14:19:07+00:00

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Informe 287. BOE agosto 2018 | Notarios y Registradores
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Informe 287. BOE agosto 2018
Admin, 01/08/2018
Bélgica: modificación convenio fiscal
Violencia de género. Reforma art. 156 Código Civil
Límites entre España y Portugal en el Guadiana y en el Miño
Bienes muebles: modelo de cláusula de protección de datos
Ministerio de Justicia: estructura orgánica
SECCIÖN II
Nuevo Director DGRN: Pedro Garrido Chamorro
Notarías: Convocadas las Oposiciones
INFORME Nº 287. (BOE AGOSTO de 2018)
IR A RESOLUCIONES DE AGOSTO
Resumen: Este real decreto fija, para el curso 2018-2019, los umbrales de renta y patrimonio y el importe de los diferentes componentes y cuantías de las becas y ayudas al estudio. También reduce la nota mínima.
El Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, determina los elementos estructurales básicos del sistema: las modalidades de las becas, las condiciones académicas y económicas, los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro y cuantos requisitos, condiciones socioeconómicas u otros factores sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a la educación.
Pero es a través de un real decreto anual donde se determinan dos parámetros cuantitativos: los umbrales de renta y patrimonio cuya superación implica la pérdida del derecho a la obtención de la beca o ayuda, y el importe de los diferentes componentes y cuantías de las becas y ayudas al estudio.
Así, pues, este real decreto establece para el curso académico 2018-2019 las cuantías de las becas y ayudas al estudio de los Ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y del Ministerio de Educación y Formación Profesional así como los umbrales de patrimonio y renta familiar por encima de los cuales desaparece el derecho a su obtención.
La exposición de motivos anuncia que se va a revisar en el futuro el actual modelo de becas y ayudas al estudio mejorando su financiación de manera que pueda incrementarse tanto el número de estudiantes becados como la cuantía de las becas.
Se reduce de 5,50 a 5,00 puntos la nota mínima requerida para obtener beca de matrícula en primer curso de estudios universitarios al tiempo que se incluye un nuevo componente ligado al rendimiento académico para todos aquellos becarios que obtengan una nota media igual o superior a 8,00 puntos.
Entró en vigor el 2 de agosto de 2018
PDF (BOE-A-2018-10941 – 17 págs. – 335 KB) Otros formatos
Resumen: se modifican el Convenio y Protocolo firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, que afectan al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio.
El Protocolo modifica el Convenio entre el Reino de Bélgica y el Reino España tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y el Protocolo firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 22 de junio de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 de diciembre de 2009.
Afecta a la expresión “Autoridad competente” (art. 3), procedimiento amistoso (art. 26), entrada en vigor y permanencia en vigor (la misma que el Convenio).
Entró en vigor el 24 de julio de 2018
PDF (BOE-A-2018-10992 – 2 págs. – 224 KB) Otros formatos
Resumen: este real decreto ley modifica la Ley Orgánica 1/2004 mejorando la participación de la víctima en el proceso penal y ampliando los modos de acreditar las situaciones de violencia de género, admitiendo algunos extrajudiciales como un informe de los servicios sociales. También amplía las ayudas y las hace compatibles con otras.
Se reforma el artículo 156 del Código Civil incorporando una excepción al ejercicio conjunto de la patria potestad, para casos de asistencia psicológica a menores, relacionados con violencia de género.
La Asamblea General de Naciones Unidas definió en 1993 la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Entre los artículos de la Constitución que proscriben esta lacra, se encuentran su artículo 14 (igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo), el artículo 15 (reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral) o el artículo 9.2 (obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas y remover los obstáculos).
La ley fundamental que regula esta materia es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que ha sido objeto de tres reformas anteriores a esta:
– por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de pensiones de orfandad;
– por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC, sobre asistencia jurídica gratuita,
– y por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, en relación con hijos menores de edad y menores sujetos a tutela o guarda y custodia de las víctimas de violencia de género.
También hay convenios firmados por España relacionados, siendo de especial importancia el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, que entró en vigor el 1 de agosto de 2014.
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una Proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Una Subcomisión en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, elaboró un informe en 2017 en el que se identifican y analizan los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y en el que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuación, entre ellas las principales reformas que deben acometerse. También la Comisión de Igualdad del Senado elaboró una Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género.
Acogiendo algunas propuestas de dichos Informe y Ponencia, el presente real decreto-ley modifica tres preceptos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, el 20, 23 y el 27, que no tienen dicho rango de ley orgánica, así como otros textos normativos, cuya reforma se considera urgente.
El art. 20 de la Ley Orgánica 1/2004 contiene tres tipos de medidas destinadas a mejorar la participación de la víctima en el proceso penal:
– Se refuerza la asistencia jurídica de las víctimas, contemplando no solamente que los Colegios de Abogados, sino también los de Procuradores, adopten las medidas necesarias para la designación urgente de letrados y procuradores de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género, que aseguren su inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.
– Se concede habilitación legal al Letrado de la víctima a fin de que pueda ostentar su representación procesal hasta la personación de la víctima en el procedimiento,
– Se permite a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas.
Acreditación de las situaciones de violencia de género:
El artículo 23 es objeto de modificación con una doble finalidad:
– concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de género;
– establecer otros títulos no judiciales habilitantes para los casos en los que no hay denuncia y, en consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto.
En concreto, estos son los títulos actuales habilitantes que dan lugar al reconocimiento de derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social:
– sentencia condenatoria por un delito de violencia de género (antes no incluido),
– una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima,
– informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios
– informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente (antes no incluido);
– por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos (antes no incluido).
En cuanto a las ayudas reguladas en el artículo 27, se cifran en seis meses de subsidio por desempleo (12 meses en caso de discapacidad). El presente real decreto-ley prevé la compatibilidad de estas ayudas con otras de carácter autonómico o local que las víctimas puedan percibir.
Se incluye en la Ley de Bases del Régimen Local, como una nueva competencia propia de los municipios (artículo 25):
Artículo 156 del Código Civil.
La D. F. 2ª añade un nuevo párrafo segundo en el artículo 156 del Código Civil, dedicado al ejercicio de la patria potestad, con la siguiente redacción:
Se argumenta en la Exposición de Motivos del siguiente modo: “el presente real decreto-ley incluye una modificación en el artículo 156 del Código Civil para dar cumplimiento a la medida 148, del Informe de la Subcomisión del Congreso que propone, desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad. En concreto la reforma que afecta al artículo 156 del Código Civil tiene como objetivo que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.”
Desde un punto de vista formal sorprende la utilización de un real decreto ley para modificar el Código Civil, de lo que no hay precedentes, salvo error, en los últimos años. Las reformas del centenario Código Civil, como regla general, tardan en fraguarse, interviniendo la Comisión General de Codificación, Sección I y los correspondientes debates en Congreso y Senado lo que permite una valoración sopesada con la intervención de los principales expertos, procedentes del mundo académico y de las profesiones prácticas del Derecho.
Resulta dudoso que la materia tratada pueda ser objeto de real decreto ley, por los límites que impone el artículo 86 de la Constitución a esta forma normativa. En concreto podría afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I (arts. 10 al 55), donde se encuentra el artículo 39.3 que dice: “3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.”
También es discutible la urgencia, pues el contenido añadido no deja de ser un mero desarrollo de lo ya previsto en el párrafo primero, al expresar que “serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme a… circunstancias o en situaciones de urgente necesidad”. Existen, además, en el propio artículo otros instrumentos para solucionar el problema: el párrafo, ahora tercero, permite acudir al juez en caso de desacuerdo, lo que es más fácil en casos como los presentes en que ya se encuentra judicializada la situación. También el último párrafo prevé que, si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva, salvo que el juez disponga otra cosa.
Se utiliza por primera vez el llamado “lenguaje inclusivo” (aparece por tres veces la expresión “hijos e hijas”) materia de importante calado, pues contradice la vocación del Código Civil de brevedad en el articulado, pudiendo, de generalizarse, hacerle perder en esta materia unidad de estilo. La solución contraria (cambiarlo todo) aún sería peor, pues afectaría a un gran número de artículos, mayor esfuerzo para opositores -que además tardarían más para decir lo mismo-, gasto en nuevos códigos, y posibles incongruencias de interrelación.
Al menos hay que reconocer que el Gobierno no ha descodificado.
En cuanto a los requisitos precisos para esta excepción al ejercicio conjunto de la patria potestad, han de darse los siguientes cumulativamente:
– Sentencia condenatoria o mero inicio de un procedimiento penal por las razones que se exponen contra un progenitor.
– Que no se haya extinguido la responsabilidad penal
– Necesidad de que los hijos menores precisen asistencia psicológica.
– Consentimiento de los mayores de 16 años.
Los nuevos medios de acreditación de las situaciones de violencia de género previstos en el referido artículo 23 serán aplicables solo respecto de solicitudes de reconocimiento de derechos motivadas por situaciones de violencia de género que hayan tenido lugar con posterioridad al 5 de agosto de 2018. incluidas aquellas que hubiesen sido iniciadas antes y se mantengan.
Entró en vigor el 5 de agosto de 2018.
PDF (BOE-A-2018-11135 – 8 págs. – 221 KB) Otros formatos Convalidación
Resumen: Se introducen dos modificaciones en el Reglamento de altas y bajas: informe preceptivo para solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio y obligación de cotizar durante los periodos comprendidos en las actas.
Esta pequeña reforma del mismo (dos artículos) trata de reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, buscando que los procedimientos de altas y bajas tramitados de oficio, por incumplimiento de la obligación de comunicarlas por parte de las empresas, puedan instruirse hasta su resolución en firme, sin verse obstruidos o afectados por actuaciones que pretendan distorsionarlos.
En el artículo 35 se modifica su apartado 7, estableciendo que no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas.
PDF (BOE-A-2018-11137 – 3 págs. – 164 KB)Otros formatos
Resumen: Este tratado establece las líneas de cierre que separan las aguas interiores del mar territorial en las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana y delimita los tramos internacionales de ambos ríos.
Es su preámbulo se expone que este tratado constituye una base para poder comenzar en un futuro una negociación de delimitación del mar territorial, zona económica exclusiva y ampliación de la plataforma continental más allá de las 200 millas.
Establece una línea que separa las aguas interiores del mar territorial en las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana y, seguidamente, apoyándose en dichas líneas, delimita los tramos internacionales de los dos ríos, de tal modo que, más allá de dichas líneas, no se aplican los tratados internacionales que afectan respectivamente al Tramo Internacional del río Miño y al Tramo Internacional del río Guadiana.
Se prevé que todos los puntos citados en su articulado sean monumentados, cuando ello resulte posible, mediante una señal apropiada.
Entró en vigor el 12 de agosto de 2018 con duración indefinida.
PDF (BOE-A-2018-11228 – 2 págs. – 159 KB)Otros formatos
Resumen: En esta Resolución, la DGRN ofrece un modelo de cláusula voluntaria, adaptada al Reglamento (UE) 2016/679 para incluirla en los modelos de contratos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles ya aprobados, sin que su uso exija una nueva aprobación expresa del cambio en el modelo.
Campana de Cádiz. Por María Núñez.
El artículo 10 de la Ordenanza del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles (actualmente integrado en el Registro de Bienes Muebles), dispone que para que puedan ser inscritos los contratos a que se refieren los artículos 2 y 4 y sus modificaciones, habrán de ajustarse a los modelos oficiales aprobados por la DGRN.
La aprobación debe solicitarse por las empresas o agrupaciones profesionales interesadas. Se someterá a la calificación previa del Registrador de Bienes Muebles Central y a informe de un Letrado adscrito a la propia DGRN.
Los modelos aprobados pueden tener carácter particular para determinadas empresas o asociaciones de empresarios, o bien carácter general para su uso por cualquiera.
En todo caso, implican un tratamiento de datos personales de los compradores o arrendatarios a los efectos de la debida cumplimentación, desarrollo y ejecución del contrato. Por ello, han de incorporar una cláusula relativa a la protección de datos de carácter personal. En ella se informa al consumidor o al profesional que suscribe el contrato de que sus datos serán tratados conforme a las disposiciones citadas y se le pide su consentimiento para ese tratamiento de datos con otras finalidades, haciendo constar así mismo los derechos que sobre sus datos puede ejercer frente al responsable del tratamiento.
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor en nuestro país el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Ello va a obligar a la revisión de las cláusulas de protección de datos incluidas en la mayor parte de los modelos de contratos.
Destaquemos algunos aspectos relacionados con la protección de datos:
– Fuera de las excepciones previstas en el Reglamento, el consentimiento para el tratamiento de datos “debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen”.
– Formas de esta aceptación: por ejemplo, puede ser una declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. Esto podría incluir marcar una casilla de un sitio web en internet, escoger parámetros técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la información, o cualquier otra declaración o conducta que indique claramente en este contexto que el interesado acepta la propuesta de tratamiento de sus datos personales.
– No valen como consentimiento: el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción.
– El responsable del tratamiento ha de dar determinada información al que cede sus datos, recogida en el artículo 13 del Reglamento. Por ejemplo, sus datos de contrato, fines del tratamiento y destinatarios de los datos.
– El tratamiento será lícito y posible siempre que sea necesario para el contrato que se celebra y con relación a dichos datos.
– Los interesados deben tener acceso con facilidad a su posible rectificación e incluso derecho al olvido.
– También deben tener derecho a que sus datos personales se supriman y dejen de tratarse si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
Consecuencia de lo anterior es que la cláusula que se redacte debe expresar de forma clara dicho consentimiento, evitando consentimientos presuntos o no suficientemente informados.
Esta Resolución pretende ayudar a la adaptación sencilla de los modelos de contratos ya aprobados al Reglamento, pues la mayor parte de ellos se ven afectados por el mismo.
El sistema utilizado es la aprobación, con carácter general, de una cláusula que pueda servir para la mayor parte de los modelos. Si la cláusula es aceptada por las empresas o asociaciones empresariales, bastará con introducirla en sus modelos de contratos en formulario aparte como condición particular citando de forma expresa esta resolución, consiguiendo el cumplimiento del citado Reglamento Europeo y evitando los retrasos y molestias derivados de seguir el proceso normal modificatorio.
La cláusula tiene tres partes que resumimos:
Primera. Información.
– El (arrendador/vendedor/financiador) ha informado a las personas físicas firmantes acerca de que los datos personales obtenidos serán objeto de un tratamiento de datos de carácter personal relacionado con la relación contractual.
– El responsable del tratamiento de los datos es el (arrendador/vendedor/financiador), ante el cual las personas legitimadas para ello pueden ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, limitación, portabilidad, cancelación y oposición
– El plazo durante el cual se conservarán los datos personales será el de duración del contrato con las posibles ampliaciones que se indican.
– La conservación de los datos se realizará conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Segunda. Consentimiento y derechos.
– Los firmantes interesados, debidamente informados, consienten expresamente su tratamiento y cualquier comunicación o cesión de dichos datos con las entidades del grupo con el fin de ofrecer y prestar a los firmantes otros servicios comerciales, financieros, de inversión, de previsión y de seguros.
– El interesado podrá retirar en cualquier momento este consentimiento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo. También podrá presentar, en su caso, las reclamaciones oportunas ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Tercera. Manifestación.
– Manifiesta el vendedor/financiador/arrendador que se ha facilitado debidamente al comprador o arrendatario, en lo que afecta específicamente al contrato suscrito, toda la información indicada en el artículo 13 del Reglamento, lo que incluye que él es el responsable del tratamiento, la finalidad del tratamiento y el modo en que el afectado podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento.
– Se informa igualmente que los datos facilitados podrán ser tratados para la elaboración de perfiles.
– El resto de la información se podrá consultar en una dirección de correo electrónica.
Modo de uso de la cláusula propuesta:
– La utilización de esta cláusula exige la previa supresión de la cláusula de tratamiento de datos actualmente inserta en sus modelos de contratos, que será reemplazada por la que ahora se ofrece, sin necesidad de recabar la aprobación del Centro Directivo.
– La cláusula deberá ser incluida de forma destacada, mediante la utilización de negrita o tipo distinto de letra, entre las Condiciones Particulares del contrato, pudiendo utilizarse formulario separado, citando de forma expresa la fecha de esta resolución, y no estará sujeta a calificación.
– Se autoriza al Registro de Bienes Muebles Central para la inclusión de la cláusula de tratamiento de datos que se aprueba en los modelos de contratos aprobados por Resolución de esta Dirección General de 21 de febrero de 2017.
Si una empresa precisa alguna cláusula más específica, tiene dos opciones:
– seguir el procedimiento ordinario de aprobación descrito del art. 10.2 de la Ordenanza.
– incluirla en el apartado «Otros Pactos», que será objeto de calificación por el registrador de bienes muebles provincial, si no se ha recabado su previa aprobación por parte de la DGRN. Su inclusión supondrá el dejar sin efecto cualesquiera otras cláusulas o menciones sobre tratamiento de datos personales incluidas en el modelo conforme a la legislación existente con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679. Será admisible usar en su redacción un modelo de «información por capas» en el que sea posible la inclusión en el contrato de una determinada información, complementada, especialmente cuando el contrato se celebre por medios electrónicos, con la incorporada a una dirección electrónica que le permita al afectado acceder a la restante información.
La resolución produce efectos desde el 11 de agosto de 2018.
PDF (BOE-A-2018-11464 – 5 págs. – 185 KB) Otros formatos
Resumen: El presente real decreto desarrolla la estructura del Ministerio de Justicia hasta el nivel de Subdirección General. En la DGRN las modificaciones afectan al Registro Civil y la concreción de cuándo tiene competencia respecto a Iniciativas normativas y procedimientos ante la Unión Europea.
Río Duero a su paso por Soria. Por JFME.
El Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, determinó la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia hasta el nivel de Dirección General. Después fue modificado por el Real Decreto 698/2018, de 29 de junio, que creó la Dirección General para la Memoria Histórica (ver resumen de los dos). Este RD lo vuelve a modificar en su D. F. 3ª.
El presente real decreto desarrolla la estructura del Ministerio de Justicia hasta el nivel de Subdirección General, incluyendo también las Gerencias Territoriales.
Se actualiza la organización interna de la Secretaría de Estado de Justicia, distribuyendo las funciones de las unidades dependientes de la Secretaría General de la Administración de Justicia entre la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos.
Se integra la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Gestión de Activos con el objetivo de modernizarla.
Se desarrollan las funciones, tanto internas como internacionales, que viene realizando la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos, especialmente como promotora del ejercicio del derecho de libertad religiosa y en materia de salvaguarda de los Derechos Humanos.
En el ámbito de la Subsecretaría, representante ordinaria del Ministerio, se desarrollan sus competencias. Tras la entrada en vigor el pasado 25 de mayo del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, se define la dependencia del delegado de protección de datos en el ámbito del Ministerio, correspondiendo el ejercicio de las competencias a la Subsecretaría.
Dependiendo de ella, se crea la Dirección General para la Memoria Histórica, con la que se pretende dar impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, modificada recientemente por el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto.
Y se precisa el régimen de suplencia de los titulares de los órganos directivos del Ministerio.
Competencias de la Dirección General de los Registros y del Notariado:
Se enumeran en el artículo 10. Hemos comparado su contenido con la redacción anterior y encontrado estas diferencias:
A) En Registro Civil:
– Ha de elaborar los proyectos legislativos sobre nacionalidad por residencia y por carta de naturaleza. Antes, todos los proyectos legislativos sobre nacionalidad.
– Aclara que el ejercicio de la dirección funcional del personal de dichos registros es independiente de su dependencia orgánica.
– Antes le correspondía la dirección y ejecución tecnológica de los Registros Civiles. Ahora, tan sólo su impulso.
– Las anteriores competencias a) a la d), ahora se distribuyen entre las letras a) a la f), pero son las mismas, salvo lo apuntado.
B) Notariado y Registros.
No hay cambios, salvo que las competencias se recogen ahora en las letras g), h) e i).
C) Iniciativas normativas y procedimientos ante la Unión Europea
Se desglosa ahora en cuáles con concreto le corresponde el conocimiento, seguimiento e informe de las iniciativas normativas y los procedimientos ante la Unión Europea, en coordinación con la Secretaría General Técnica cuando afecten a materias de su competencia:
k) El impulso de los proyectos legislativos del departamento en materia civil, mercantil, procesal y penal procedentes de encargos a la Comisión General de Codificación o derivados de la transposición de directivas europeas, de la adaptación del ordenamiento jurídico español a los reglamentos europeos o del cumplimiento de tratados o convenios internacionales celebrados por España en dichas materias.
l) La participación en la elaboración de las iniciativas normativas de transposición de otros departamentos ministeriales.
n) Cuestiones prejudiciales, los procedimientos de infracción en cualquiera de sus fases y otros procedimientos contenciosos ante la Unión Europea que sean responsabilidad del departamento.
No varían otras competencias -salvo la letra- como la gestión del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento, del Registro de actas de notoriedad de herederos ab intestato, la llevanza del Registro de Fundaciones de competencia estatal, del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, del Registro Central de contratos de préstamos declarados nulos; la asistencia a la Ministra en su condición de Notaria Mayor del Reino, la custodia de su protocolo y la llevanza del Libro Registro Civil de la Familia Real.
También se mantiene la distribución de competencias entre la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil (competencias de la a) a la f) y la Subdirección General del Notariado y de los Registros, que tiene el resto de competencias).
Real Decreto 725/2017, de 21 de julio (derogado)
Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto
i) La llevanza del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, del Registro de Mediadores e instituciones de mediación y del Registro Central de contratos de préstamos declarados nulos.
j) En coordinación con la Secretaría General Técnica, conforme al artículo 9.1.m), el conocimiento, seguimiento e informe de los proyectos normativos en la Unión Europea y en otros organismos internacionales, en cuanto afecten a materias de su competencia.
a) La elaboración de los proyectos legislativos sobre nacionalidad por residencia y por carta de naturaleza, en coordinación con la Secretaria General Técnica, y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos puedan afectar a dicha materia.
b) La tramitación y, en su caso, resolución de los expedientes de nacionalidad por residencia y por carta de naturaleza, así como el estudio y la resolución de cuantas consultas le sean efectuadas sobre dicha materia.
c) La elaboración de los proyectos legislativos sobre estado civil y ordenación y funcionamiento del Registro Civil, en coordinación con la Secretaria General Técnica, y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos puedan afectar a dichas materias.
d) La tramitación y, en su caso, resolución de los expedientes de reconocimiento o denegación de cuantas otras situaciones afectan al estado civil de los ciudadanos, y su inscripción en el Registro Civil. Asimismo, la tramitación y, en su caso, resolución de los recursos gubernativos contra los actos de los titulares del ejercicio de estas funciones, así como el estudio y la resolución de cuantas consultas le sean efectuadas sobre las anteriores materias.
e) La planificación de los Registros Civiles, la programación y distribución de los medios materiales y personales precisos para su funcionamiento, el ejercicio de la dirección funcional del personal de dichos registros, independientemente de su dependencia orgánica, así como su organización, dirección e inspección.
f) La planificación estratégica y el impulso de la dirección y ejecución tecnológica de los Registros Civiles, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas.
g) La elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias relativas al derecho notarial y registral, en coordinación con la Secretaría General Técnica, y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos pudieran afectar a dichas materias.
h) La organización, dirección, inspección y vigilancia de las funciones de la fe pública notarial y las de naturaleza registral en las materias de la propiedad, bienes muebles y mercantiles; la evacuación de cuantas consultas le sean efectuadas sobre aquéllas, así como la tramitación y resolución de los recursos gubernativos contra los actos de los titulares del ejercicio de las citadas funciones.
i) La ordenación del gobierno y régimen de los Cuerpos de Notarios y de Registradores, la organización de sus procesos de selección y de provisión de puestos, así como las relaciones ordinarias con sus respectivos organismos profesionales.
j) La gestión del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento y del Registro de actas de notoriedad de herederos ab intestato, bajo la dependencia del Registro general de actos de última voluntad.
k) La llevanza del Registro de Fundaciones de competencia estatal, del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación y del Registro Central de contratos de préstamos declarados nulos.
l) En coordinación con la Secretaría General Técnica, conforme al artículo 9.1, letras k), l) y n), el conocimiento, seguimiento e informe de las iniciativas normativas y los procedimientos ante la Unión Europea, en cuanto afecten a materias de su competencia.
m) La asistencia a la Ministra en su condición de Notaria Mayor del Reino, así como la custodia de su protocolo y la llevanza del Libro Registro Civil de la Familia Real.
a) La Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos a), b), c), d), e) y f) del apartado anterior.
b) La Subdirección General del Notariado y de los Registros, a la que corresponde el ejercicio de las funciones a las que se refieren los párrafos g), h), i), j), k), l) y m) del apartado anterior.
Queda suprimida la Subdirección General de Contratación y Servicios.
Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y directivos afectados por este real decreto continuarán vigentes hasta que sean expresamente revocadas o nuevamente otorgadas.
Se deroga expresamente el Real Decreto 725/2017, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.
La D. F. 3ª modifica de nuevo el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales:
– la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos no dependerá directamente de la Secretaría de Estado de Justicia, sino a través de la Secretaría General de la Administración de Justicia
– A la denominación de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones se le añade “ y Derechos Humanos”.
Entró en vigor el 26 de agosto de 2018.
PDF (BOE-A-2018-11838 – 22 págs. – 359 KB) Otros formatos
Resumen: Durante agosto el BOE ha publicado disposiciones de la Comunitat Valenciana, Navarra, País Vasco, Madrid y Aragón.
COMUNITAT VALENCIANA. Reforma del Reglamento de Les Corts aprobado por el Pleno en sesión de 18 de julio de 2018.
Mediante esta ley se acuerda una modificación de la regulación del reglamento, por una parte, limitando el número de propuestas de resolución; y, por otro lado, ofreciendo una regulación garantista de cara a su estructura y formalización.
Se modifican adicionalmente diferentes preceptos del Reglamento para asegurar, al mismo tiempo, el conocimiento de las propuestas de enmiendas por parte de todos los grupos y su tramitación.
Entró en vigor el 19 de julio de 2018. GGB
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NAVARRA. Decreto Foral Legislativo 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito; y el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria para reformar, a su vez, la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales; el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero regulado en el artículo segundo de la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo; y el gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, regulado el Texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, con el fin de que, en lo relativo a los mencionados Impuestos, se apliquen en la Comunidad Foral idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en el Estado.
Entro en vigor el 5 de julio de 2018. GGB
PDF (BOE-A-2018-10998 – 6 págs. – 217 KB) Otros formatos
PAÍS VASCO. Ley 2/2018, de 28 de junio, de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.
El capítulo I define los conceptos básicos y el ámbito de competencia objetiva que sirven para delimitar con claridad las competencias autonómicas. ia y la actividad cotidiana de los municipios y ciudades en las que se ubican los puertos.
Por su parte, la delimitación de espacios y usos portuarios se configura como un instrumento con fines delimitadores y organizativos, no urbanísticos.
El capítulo III de la ley crea un ente público de Derecho privado como instrumento central para llevar a cabo la política de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de puertos con usos náutico-recreativos y sus instalaciones conexas. Euskadiko Kirol Portuak se crea modificando la naturaleza jurídica de la sociedad pública instrumental Euskadiko Kirol Portua, S.A., que adquiere ahora la naturaleza jurídica de ente público sometido al Derecho privado, con personalidad jurídica propia y adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de puertos.
El capítulo IV, relativo al régimen jurídico de los puertos, regula en primer lugar los servicios portuarios.
Asociada a esta regulación de los servicios portuarios, la ley procede a una revisión general de la regulación relativa a las tasas portuarias, y procediendo para ello a modificar, en la disposición final primera, la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre.
La sección segunda de este capítulo regula la gestión del dominio público portuario.
Entrará en vigor el tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco» (5 de julio de 2018). GGB
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MADRID. Ley 2/2018, de 4 de mayo, de modificación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para la regulación de los desarrollos urbanísticos a través de fases o unidades funcionales.
Se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para aclarar y completar el régimen jurídico aplicable al desarrollo y ejecución de las obras de urbanización previstas en una unidad de ejecución, concretando la posibilidad de que estas unidades de ejecución se puedan llevar a cabo por etapas, siempre que las mismas constituyan fases o unidades funcionales independientes, así como los efectos jurídicos que produce la recepción de obras de urbanización por fases o unidades funcionales y su relación con las licencias de obras, primera ocupación, o con el funcionamiento de las actividades.
Así mismo la modificación prevé un régimen transitorio para, por un lado, regular el régimen que puede ser aplicado a aquellas unidades de ejecución en los que no se hayan previsto fases o unidades funcionales dentro de la misma, y sin embargo se haya procedido a la recepción parcial de obras de urbanización por parte del Ayuntamiento y, por otro lado, se prevé el régimen que debe aplicarse a las licencias o declaraciones responsables de obras, primera ocupación o funcionamiento de actividades que se encuentren en trámite o pendiente de admisión a la entrada en vigor de la Ley.
Entró en vigor el 19 de mayo de 2018. GGB
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ARAGÓN. Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón.
La ley contiene 103 artículos y se estructura en un Título preliminar, cinco Títulos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
El Título preliminar establece el objeto, el ámbito de aplicación, los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes públicos con la finalidad de alcanzar la igualdad de género y las categorías básicas, así como los conceptos relativos a la igualdad.
El Título I se centra en las competencias, funciones, la organización institucional y la coordinación entre las Administraciones públicas de Aragón.
En el Capítulo I se regulan las competencias y funciones.
El Capítulo II establece la organización institucional, cooperación, coordinación y consulta entre las Administraciones públicas de Aragón y precisa los órganos responsables para asegurar los objetivos de la ley.
El Título II regula las políticas públicas para la igualdad de género y consta de dos capítulos.
El Capítulo I contempla las medidas para la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas.
Por otro lado, el Capítulo II regula la promoción de la igualdad de género en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón y se ocupa de la participación y representación equilibrada en los órganos directivos y colegiados, la contratación pública, las ayudas y subvenciones y otras medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de género.
El Título III contiene las medidas de acción positiva para promover la igualdad de género en los diferentes ámbitos y se estructura en ocho Capítulos.
El Título IV está dedicado a las garantías específicas para la igualdad de género, entre las cuales incluye a la institución del Justicia de Aragón, la evaluación de la aplicación de la ley, la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro y acciones frente a la publicidad ilícita, frente a la discriminación por razón de género en los convenios colectivos y, en general, frente a la discriminación y desigualdad de género.
Finalmente, el Título V versa sobre la inspección y el régimen de infracciones y sanciones.
Entró en vigor el 30 julio de 2018. GGB
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ARAGÓN. Ley 8/2018, de 28 de junio, de actualización de los derechos históricos de Aragón.
Ley que procede a actualizar los derechos históricos de la comunidad autónoma.
Destacar el capitulo V que aborda Aragón y su derecho en tres artículos:
Art. 32: Principios de interpretación del Derecho aragonés:
Con fundamento en los antecedentes históricos de Aragón y en el Estatuto, son principios de interpretación del Derecho aragonés los siguientes:
a) Los títulos competenciales, en cuanto normas amparadas por un pacto, se interpretarán en el sentido más favorable a la autonomía de Aragón.
b) Las instituciones de Aragón evitarán aplicaciones literales de la norma que supongan fraude de Estatuto.
c) En la interpretación de las normas se tendrá en cuenta el sentido histórico de las palabras.
Art. 33: El conocimiento del Derecho y servicio público.
1. El acceso al conocimiento del Derecho propio por parte de los ciudadanos, los operadores jurídicos y los empleados públicos tendrá la consideración de servicio público.
2. Los poderes públicos deberán facilitar el acceso gratuito de los ciudadanos a la información sobre el Derecho aragonés y a las sentencias de los órganos jurisdiccionales radicados en Aragón, especialmente en soportes digitales.
3. El ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de su competencia exclusiva en materia de Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés, tendrá por objeto garantizar y promover la aplicación de este.
4. El ejercicio por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón de sus competencias en materia tributaria y fiscal tendrá por objeto garantizar y promover la aplicación del Derecho foral aragonés, sin que en ningún caso puedan adoptarse medidas que perjudiquen o desincentiven su aplicación. Del mismo modo, la Diputación General de Aragón velará para que las normas y actos del Estado en materia tributaria y fiscal no produzcan tampoco esos efectos negativos.
5. En Aragón, el procedimiento de habeas corpus recupera la denominación foral de «recurso de manifestación de personas», sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal.
Art. 34: La Comisión Aragonesa de Derecho Civil.
La Comisión Aragonesa de Derecho Civil es un órgano consultivo que tiene por objeto asesorar al Gobierno en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho civil aragonés como parte esencial del Derecho Foral de Aragón.
En el apartado 2 se especifican sus funciones.
Entró en vigor el 29 de junio de 2018. GGB
PDF (BOE-A-2018-11933 – 14 págs. – 300 KB) Otros formatos
Resumen: Destacan el relevo de Francisco Javier Gómez Gálligo y nombramiento de Pedro José Garrido Chamorro al frente de la DGRN, la convocatoria de las Oposiciones libres al título de Notario (100 plazas), que se celebrarán en Granada y Sevilla y dos jubilaciones.
Real Decreto 1016/2018, de 3 de agosto, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Gómez Gálligo como Director General de los Registros y del Notariado.
PDF (BOE-A-2018-11157 – 1 pág. – 143 KB) Otros formatos
Real Decreto 1018/2018, de 3 de agosto, por el que se nombra Director General de los Registros y del Notariado a don Pedro José Garrido Chamorro.
El Consejo de Ministros de hoy, 3 de agosto de 2018, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha nombrado nuevo Director General de los Registros y el Notariado a don Pedro José Garrido Chamorro, Notario de Madrid, tomando el relevo a Francisco Javier Gómez Gálligo, quien ha desempeñado el cargo durante los últimos cuatro años.
Recogemos datos de las reseñas de la web de la Moncloa y de la del Ministerio de Justicia:
Nació en 1960. Es licenciado en Derecho y y tiene estudios Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. En 1987 ingresó en el Notariado, Ejerció en Palma de Mallorca (1995-2003), donde llegó a ser decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares.
Posteriormente, ha ocupado diversos cargos en el Consejo General del Notariado, como vicesecretario (entre 2005 y 2012) y delegado de Seguros (entre 2005 y 2014), con funciones relacionadas con la gestión del seguro médico y la responsabilidad civil.
Es actualmente, notario de Madrid capital.
Ha publicado diversos estudios jurídicos en materias como las reservas de las sociedades mercantiles, el régimen del capital y las cuentas de las sociedades mercantiles, los costes y el valor económico de la seguridad jurídica preventiva, la adopción y la protección de menores, y, más recientemente, el impacto de las tecnologías que están impulsando la nueva revolución industrial (Inteligencia Artificial) en las actividades jurídicas y la respuesta empresarial que éstas deben ofrecer ante ese desafío.
Igualmente, ha participado en la organización y dirección de varios cursos sobre el sistema notarial y registral, dirigidos a profesionales de distintos países latinoamericanos, en el ámbito de las funciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ver reseña en archivo especial.
PDF (BOE-A-2018-11159 – 1 pág. – 143 KB) Otros formatos
Ya toca la convocatoria de Oposiciones libres al título de Notario, que se suelen celebrar cada dos años, alternando con las de Registros y, de hecho, el Director General de los Registros y el Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo firmó la Resolución que la convoca el 27 de julio de 2018, que se publicó en el BOE del 31 de agosto de 2018
Ha habido una corrección de errores en cuanto al importe de la tasa, que pasa a ser de 30,49 euros, ya que la Ley de Presupuestos, publicada en julio, aumentó las tasas en un 1%. Implica una ampliación de plazo hasta el 22 de octubre, salvo error.
Ver resumen de la Resolución de 27 de julio de 2018
PDF (BOE-A-2018-11985 – 5 págs. – 186 KB) Otros formatos
Se jubila al notario de Bilbao don Carlos Manuel Ramos Villanueva.
Se jubila a don Francisco Javier Navia-Osorio García-Braga, registrador mercantil Central III. Por otra Resolución del mismo día, también se le jubila como notario.
En AGOSTO se han publicado CUARENTA Y DOS. Se ofrecen en ARCHIVO APARTE.
Silueta del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, por Javier Serrano.
agosto 2018, ayudas publicas, Becas, Francisco Javier Serrano Femández, informe boe, informe boe agosto 2018, informe mensual, monasterio de el escorial

References: real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 156
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 23
 resolución 
 artículo 27

Artículo 156
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 156
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 86
 artículo 39
 artículo 23
 resolución 
 artículo 35
 artículo 10
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 resolución 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 10

Real Decreto 

Real Decreto 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Real Decreto 

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 Resolución 
 Resolución 
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