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Timestamp: 2020-07-15 02:23:26+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 512, de 03/05/2018
cve: DSCD-12-CO-512
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 512
Del señor secretario general de Universidades (Sainz González), para informar sobre los nuevos requisitos de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios publicados recientemente por la ANECA. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001046) ... (Página2)
Del señor secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (Lete Lasa):
- Para que explique las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito del deporte profesional. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/000299) ... (Página14)
- Para que explique las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para evitar la violencia en el deporte base. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/000300) ... (Página14)
- Para que aporte al debate y explique las propuestas para regular y ordenar las profesiones del deporte. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000733) ... (Página14)
- Para que aporte al debate sobre el aumento de la carga horaria semanal de Educación Física y la incorporación de la asignatura de Educación Física al currículo de segundo de Bachillerato. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000734) ... (Página14)
- Urgente. Para dar cuenta de la situación por la que está pasando la Federación Española de Fútbol así como de los mecanismos y políticas que piensa llevar a cabo para la transparencia y buena gobernanza en las federaciones deportivas españolas. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000917) ... (Página14)
- Urgente. Para que informe de la situación de la Real Federación Española de Fútbol en relación a las diferentes irregularidades que afectan a dicha entidad desde hace tiempo y que han llevado a la detención de su presidente Ángel María Villar en el marco de una operación anticorrupción. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000920) ... (Página14)
- Para informar de la actuación de dicho consejo en el conflicto entre los clubs de la ACB, así como la posibilidad de refundar la liga ACB. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000963) ... (Página14)
- Para que explique la posible influencia del Gobierno para mantener a Ángel María Villar frente a la Federación Española de Fútbol. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 212/000976) ... (Página14)
Del señor director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA (Arnáez Vadillo), para explicar los motivos de la paralización de las evaluaciones para la acreditación como profesor titular. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/000959) ... (Página25)
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES (SAINZ GONZÁLEZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS NUEVOS REQUISITOS DE ACREDITACIÓN NACIONAL PARA EL ACCESO A LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PUBLICADOS RECIENTEMENTE POR LA ANECA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001046).
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, buenos días. Vamos a dar comienzo a la tramitación del orden del día para el que hemos sido convocados. En primer lugar, va a comparecer el secretario general de Universidades, al que damos las gracias por venir, así como la palabra. Tiene la palabra don Jorge Sainz González para tramitar la primera de las comparecencias.
El señor SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES (Sainz González): Me complace estar de nuevo en la sede de la soberanía nacional, dando cumplimiento al control de la acción del Gobierno que realizan los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. En la primera parte de mi intervención explicaré cuál ha sido la intención del Gobierno con la modificación del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. En la segunda parte de mi intervención pondré de manifiesto cuál ha sido el camino seguido por la Aneca en la determinación de los criterios de acreditación, así como los datos concretos que adelantará en la comparecencia que se sustanciará más tarde el director de la Aneca. En la tercera parte de mi intervención haré referencia al periodo transitorio de evaluación de tramos de investigación, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Y terminaré mi intervención haciendo referencia a los principales planteamientos sobre la universidad en los que está trabajando el ministerio, los cuales muestran una clara intención de garantizar una carrera docente estable en la universidad. Es un adelanto de la otra comparecencia solicitada para hablar más en general de las ideas en el ámbito de las universidades por parte del ministerio, pero quiero adelantar algunas ideas para abrir una discusión, si quieren, de cara al futuro.
Con el Real decreto 415/2015, de 29 de mayo, se introdujeron modificaciones para facilitar y hacer más transparente la acreditación del Cuerpo de Catedráticos de Universidad y del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad. Este es el aspecto fundamental: la transparencia en el acceso a las carreras y a
la evaluación, porque hasta ahora había ciertas dificultades en la transparencia. Cuando llegaban los informes, estos venían firmados por expertos que nadie sabía quiénes eran y que los estudiaban en una Comisión; ahora, con el nuevo real decreto, esto se modifica sensiblemente. El nuevo real decreto hace que las comisiones de acreditación pasen de seis a veintiuna y por eso es necesario rediseñar los criterios de acreditación que tendrán que utilizar las nuevas comisiones de acreditación. El hecho de pasar de seis a veintiuna las comisiones es un aspecto importante, ya que permite que se desagreguen partes esenciales de las áreas, como ocurre, por ejemplo, con la de Ciencias Sociales y Jurídicas. La de Derecho, Economía y Sociología estaban juntas y ahora están por separado, lo que permite que la acreditación sea más ajustada a las necesidades de cada área. (El señor vicepresidente, Meijón Couselo, ocupa la Presidencia). Los criterios se han elaborado por profesores titulares y por profesores catedráticos de universidad, todos ellos elegidos por sorteo. Todos los participantes en el sorteo tienen un número mínimo de tramos de investigación y han acreditado su experiencia docente. Se ha garantizado la profesionalidad y la especialización de las comisiones de acreditación, así como la independencia en la definición de los criterios de acreditación. Los criterios los han elaborado íntegra y exclusivamente las veintiuna comisiones de evaluación creadas por el nuevo procedimiento. Cerca de trescientos profesores universitarios en activo, el 70% de los integrantes de las comisiones de acreditación, formaban parte de las comisiones del nuevo sistema, pues así se garantiza que el nivel de experiencia en evaluación sea muy alto. Las comisiones de acreditación han tenido libertad absoluta dentro de los márgenes de procedimiento y de lo regulado por el Real Decreto 415/2015 y no han recibido indicación o consigna alguna ni por parte del ministerio ni por parte de la Aneca, cuya intervención se ha limitado a coordinar y a homogeneizar y han podido consultar, si lo han considerado necesario, a otros expertos y profesores. Los nuevos criterios de evaluación del programa Academia entroncan con los que estaban en vigor hasta el momento, manteniendo el nivel de exigencia, detallándolo y singularizándolo en dimensiones que hasta ahora estaban poco diferenciadas entre el conjunto de méritos valorables. La Aneca ha buscado mayor claridad y concreción en la exposición de los criterios de evaluación del profesorado universitario, contemplando las diferentes trayectorias que pueden darse y garantizando siempre la seguridad jurídica en el procedimiento y la transparencia en la actuación de las comisiones de acreditación.
Señorías, el hecho de que el nuevo sistema de acreditación del profesorado universitario convence a la universidad académica lo encontramos en que no se ha producido un descenso en el número de solicitudes de acreditación para los cuerpos de profesores titulares y profesores catedráticos. Con los nuevos criterios de acreditación del profesorado universitario se han formalizado decenas de solicitudes de acreditación para titulares de universidad y catedráticos de universidad. Por otro lado, también se han formalizado decenas de solicitudes de acreditación automática de titulares de escuela para titulares de universidad. La modificación del sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios es el resultado de la experiencia acumulada por la Aneca. Con el nuevo baremo se aspira a conseguir una evaluación más equilibrada en los respectivos aspectos cuantitativos y cualitativos de los méritos del solicitante, permitiendo una valoración más justa y ponderando en la docencia la investigación del profesorado universitario. Quiero terminar esta parte de mi intervención indicando que recientemente la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional, mediante sentencia dictada el 19 de abril de 2018, ha desestimado el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por Comisiones Obreras contra el criterio de acreditación fijado por la Aneca en diciembre de 2016, de lo que se colige que los criterios de acreditación son proporcionados y se adecuan al sistema universitario actual.
Señorías, entro en la segunda parte de mi comparecencia parlamentaria. La Aneca constituyó un grupo de trabajo sobre los criterios de acreditación del profesorado permanente. Este fue el compromiso del ministro en sede parlamentaria. La Aneca ha querido y quiere garantizar la existencia de un cauce para canalizar todas las propuestas que se realicen desde la comunidad universitaria y desde clubes de universidades españolas; de este modo se hace real y efectiva la participación de todos los sectores sociales implicados en el diseño del espacio público universitario. A finales del año 2016 el ministro Méndez de Vigo se comprometió en sede parlamentaria a la apertura de un proceso de estudio de los criterios de acreditación del profesorado universitario. Este proceso se ha llevado a cabo bajo la coordinación de la Aneca. Han sido doce meses de un arduo trabajo pero que han tenido un fruto muy positivo con la publicación de los criterios de acreditación del profesorado universitario en el mes de noviembre de 2017. Tal como publicó el diario El País el 18 de noviembre de 2017, la Aneca ha tenido múltiples reuniones con sindicatos y clubes de universidades españolas para estudiar en profundidad los criterios de acreditación del profesorado universitario y estas mismas reuniones las ha tenido la Aneca con
las comisiones de acreditación del profesorado. Al final en total han sido diecinueve reuniones que han supuesto un importante trabajo a todas las comisiones y a todas las partes, a las que quiero agradecer el esfuerzo realizado. Quiero agradecer en la Comisión de Educación y Deporte el trabajo realizado por los sindicatos y clubes de universidades españolas y de modo muy especial quiero agradecer a las comisiones de acreditación y a la Aneca los esfuerzos por llegar a una solución de compromiso que permita poner en marcha el sistema de acreditación del profesorado que se contempla en el Real Decreto 415/2015 por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007 por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Que el Gobierno tiene voluntad negociadora no se puede negar. Comisiones Obreras, sin perjuicio de la consideración que le merece el actual sistema de acreditación del profesorado universitario, ha valorado positivamente que el ministerio admita una certificación de acreditación positiva y negativa y que en el caso de la certificación negativa esta sea motivada y razonada. También ha valorado positivamente la creación de comisiones de reclamación para cada una de las cinco grandes áreas antes de acudir a la vía judicial, con miembros diferentes de las que inicialmente valoran la solicitud de acreditación del profesorado universitario tal y como venía produciéndose hasta ahora. Señorías, tal como reconoce Comisiones Obreras en su comunicado de fecha 13 de noviembre de 2017, el Gobierno se compromete a seguir trabajando con los sindicatos y con todos los actores de la comunidad universitaria -como no puede ser de otra manera- para la mejora de estos criterios. El sistema de acreditación del profesorado universitario no es un modelo estático sino dinámico y, por ello, tienen mi palabra de que seguiremos estudiando todas y cada una de las propuestas que nos hagan llegar desde los diferentes grupos parlamentarios y desde la comunidad académica. Ahora bien, no podemos esperar a poner en marcha el sistema universitario, ya que todos los profesionales y profesores universitarios que tienen el deseo y la capacidad de seguir mejorando tienen que tener el derecho a poder presentar sus acreditaciones para mejorar en su vida profesional.
En cuanto a los números, voy a hacer un avance que estoy seguro de que el director de la Aneca remarcará más adelante en su comparecencia. El número de solicitudes recibidas fue de 2651, de las que 1159 ya están evaluadas. Podemos decir que las tasas de aprobados, que es la pregunta más relevante que nos hacen en estos casos, son similares a las que se venían dando con anterioridad al cambio del sistema. Se mantienen con una tasa positiva de aproximadamente el 67% para catedráticos de universidad y el 68% para titulares de universidad.
Entro en la tercera parte de mi comparecencia, que trata sobre el periodo transitorio entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. La Aneca, una vez publicados los nuevos criterios, dio un plazo de dos meses a los profesores cuyas solicitudes de acreditación estaban pendientes de evaluación para que pudiesen solicitar la aplicación de los criterios actualizados o que se mantuviese su evaluación con los criterios antiguos. En cuanto al silencio administrativo sobre el que me ha preguntado el Grupo Parlamentario Ciudadanos, podemos señalar que el artículo 15.6 párrafo tercero del Real Decreto 1312/2007 por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios indica que el transcurso de un plazo máximo de seis meses sin dictar y notificar la resolución tendrá efecto desestimatorio, sin perjuicio de la obligación positiva de resolver que recae sobre el órgano evaluador. Por ello, la Aneca informó a los profesores que solicitaron la acreditación que, una vez publicada la actualización de los criterios en la página web de la Aneca en la sede electrónica, las comisiones de acreditación procederían a emitir las evaluaciones en todas las solicitudes que estuvieran pendientes de resolución y me consta que todo esto se ha realizado ya.
Terminaría mi intervención recordando que la universidad española es de calidad, inclusiva, reconocida en el exterior y con elevada capacidad de formación de profesionales y áreas claras de excelencia, como vienen reconociendo todos los rankings internacionales. Creo que hay que reivindicar especialmente ahora su importancia para España y su papel en la transformación democrática y en el futuro de nuestro país. Tenemos que conseguir poner en valor nuestra universidad en la sociedad para que se traduzca en una mayor confianza en sus capacidades y en su futuro. Como reconoció ayer el presidente Rajoy en la Universidad de Burgos, la universidad española es el embrión de nuestro futuro y hay que seguir trabajando en ella y hay que seguir desarrollándola. El programa que venimos desarrollando con nuestro trabajo en la Secretaría General de Universidades surge de esta misma Comisión a través de la PNL aprobada mayoritariamente por los grupos parlamentarios denominada Estrategia Española para la Educación Superior y que debe servir como base para este salto de calidad que necesita la universidad en nuestro país. Para ello, el Ministerio de Educación ha diseñado un grupo de medidas para mejorar la calidad que paso a reseñar sumariamente.
La PNL empieza por centrarse en el estudiante universitario, para el que se desarrollan una serie de medidas que se deben traducir en una mejor formación, una mayor preparación, el incremento de la inclusividad y, sobre todo, un mejor futuro para estos estudiantes. Estamos trabajando con ellos en distintos aspectos, sobre todo manteniendo un diálogo que se centra en conseguir una mejor universidad y, en especial, una mejor universidad pública. Para ello necesitamos profesores incentivados y, por eso, desde el año 2015 para revertir las medidas existentes desde 2010 desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se impulsó la reforma de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, mediante el Real Decretoley 10/2015, de 11 de septiembre. Esta reforma normativa supuso la introducción en el sistema de universidades españolas de la promoción interna entre el Cuerpo de Profesores Titulares y el de Catedráticos de Universidad y se potenciaron los concursos de movilidad para el profesorado universitario, tema sobre el que recientemente ha hecho una pregunta el Grupo Parlamentario Ciudadanos. La promoción interna entre el grupo de profesores titulares de universidad y el grupo de profesores catedráticos de universidad no consume tasa de reposición, lo que ha aliviado las tasas de reposición restrictivas que como consecuencia de la crisis económica que ha padecido el sistema universitario español -recordémoslo- desde 2010. Asimismo, en el primer trimestre del año 2017 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decretoley 6/2017 de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos del personal docente no universitario y universitario, así como en el de otros colectivos de empleados públicos. Este Real Decretoley es de sumo interés para comunidad universitaria, porque se aprueba una tasa de reposición del 100% para el año 2017. Esta tasa de reposición se ha fijado para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad y para el de Profesores Titulares de Universidad, así como para el de Profesores Contratados Doctores.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 ha ido en la misma dirección que el real decreto apuntado. Se ha fijado una tasa de reposición del cien por cien en plazas para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en plazas para el Cuerpo de Profesores Titulares de universidad, así como en las plazas de Profesores Contratados Doctores. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, ahora mismo en tramitación, va en la misma dirección. Este tiene que ser un primer paso para definir un nuevo Estatuto del PDI, que debe estar consensuado entre las partes y que permite una visibilidad de la carrera, la transparencia de los objetivos y la flexibilidad en su desarrollo. La anteriormente trazada reforma del sistema de acreditación nos permite avanzar en la definición del Estatuto del Personal Docente e Investigador del sistema universitario español. Con los distintos interlocutores ya se han planteado diferentes conceptos que nos ha hecho llegar la Secretaría General de Universidades. Algunos ejemplos son la carrera horizontal, la evaluación académica global, la acreditación automática del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, el grado de excelencia en los cuerpos de catedráticos de universidad, las mejoras en el complemento de destino del profesor funcionario, la introducción de un concepto amplio de movilidad y, por último, en materia del personal docente interino, se fijaría de un modo concreto la regulación normativa de un personal docente interino para dar una mayor seguridad jurídica. Estos son algunos de los planteamientos que nos han venido realizando; no son todos pero sí algunos que queríamos destacar por la importancia que podrían tener para el profesorado universitario.
También hemos planteado y hemos sacado adelante las ayudas Beatriz Galindo, de las que ya hablé en la comparecencia que tuve la semana pasada. Son ayudas públicas dirigidas a fomentar la captación de personal docente e investigador en el sistema universitario español. Las ayudas Beatriz Galindo se articulan a través de un contrato de investigador distinguido entre la universidad y el investigador seleccionado por la universidad, previsto en el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 11 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El contrato de investigador distinguido tendrá una duración de cuatro años. Los contratos serán cofinanciados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la universidad correspondiente. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte financiará el contrato de investigador distinguido con la adjudicación de la ayuda Beatriz Galindo a la universidad. En la convocatoria de 2018 el ministerio distribuirá las primeras cien ayudas Beatriz Galindo entre las universidades públicas españolas. La cuantía mínima de aportación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a las universidades públicas será la siguiente. En la modalidad senior la ayuda mínima será de 90 000 euros, 65 000 de los cuales estarán aportados por el ministerio, mientras que en la modalidad junior serán 45 000 euros, de los 35 000 estarán financiados por el ministerio. La primera convocatoria de las ayudas se financiará con 21,6 millones de euros en cuatro años. Quiero agradecer a las comunidades autónomas la
recepción tan positiva que han hecho de las ayudas Beatriz Galindo participando diferentes modelos en la financiación de estas ayudas públicas y, por supuesto, al Grupo Ciudadanos, que ayudó a su desarrollo.
También estamos trabajando para conseguir una universidad mejor financiada, donde se puedan plantear planes a largo plazo para la universidad, donde se fija una inversión que esté sujeta a objetivos fijados para las administraciones y las universidades de forma conjunta. Para ello estamos creando una batería de indicadores a través del SIIU, del Sistema Integrado de Información Universitaria, entre los que vamos a presentar en las próximas fechas el informe de instrucción laboral en colaboración con los consejos sociales. Además estamos colaborando con universidades, comunidades autónomas y con la Intervención General de la Administración del Estado para terminar la implantación de la contabilidad analítica como recurso fundamental para conocer las necesidades de todas las universidades. Nosotros mismos estamos empezando a trabajar con la UNED en todos los sentidos anteriores.
Para seguir siendo competitivas -como recoge la PNL anteriormente citada-, las universidades tienen que modernizarse, ser flexibles y tener un futuro claro. Para eso creemos que hay que contar con un consenso de todos los involucrados para incrementar la transparencia del sistema, sus objetivos y sus responsabilidades dentro del mismo. Se han dado importantes pasos en este sentido, como la reciente puesta en marcha de la acreditación institucional en el ámbito universitario, con el objetivo de reducir la burocracia, aumentar la autonomía universitaria e incrementar la responsabilidad de centros y mejorar su capacidad de actuación. Esto es especialmente importante si queremos -como la PNL apunta- mejorar la internacionalización, la relación con la sociedad y la investigación. Para ello se han desarrollado programas como el anteriormente citado Beatriz Galindo, se ha impulsado la presencia de las europeas en el Programa Europeo de Redes Universitarias, que es ahora mismo el principal programa que está desarrollando la Comisión Europea en el ámbito de educación superior, con el compromiso que hay por parte del ministerio de un millón de euros vinculado a este programa y con el fuerte apoyo a Erasmus y a Erasmus Iberoamericano que se ha realizado a través de Sepie. Quiero indicar que en el desarrollo de la evaluación de la transferencia del conocimiento estamos muy avanzados y que se ha llevado a cabo con las propias universidades y con el Mineco. ¿Cuál es el objetivo de este programa? El objetivo es evaluar por primera vez en España la transferencia del conocimiento que se realiza en los docentes y en los investigadores universitarios. Para ello en las próximas semanas se celebrará un convenio que permitirá a las universidades desde su origen saber la adecuación y formación de estos profesores que se dedican a la transferencia universitaria, uno de los factores que ahora mismo necesita más desarrollo dentro del marco universitario. La Universidad española como institución nuclear de formación superior, como fuente principal de conocimiento y como institución con dimensión social irrenunciable está desde luego esforzándose en este desafío. La vocación última de las universidades pasa consecuentemente por promover una interrelación real con los agentes sociales en su ámbito. Para ello resulta necesario ejercer una ineludible responsabilidad social que conduzca al bienestar general y al bien común. La trasferencia del conocimiento denominada como tercera misión de la universidad constituye pues el fin último que persigue la transmisión del conocimiento.
Creemos que hay que mejorar las relaciones con la sociedad. Por eso yo estoy convencido de que podremos encontrar formas de hacer más fácil la relación entre empresas y estudiantes, siempre preservando la dignidad de ambos y dentro de un marco contractual transparente. Además, adicionalmente hay que plantearse la flexibilidad que puedan tener las universidades en su forma de gestión y su forma de futuro. Hay mucho trabajo por delante. Todos tenemos que aportar ya algo en este sentido, porque estamos seguros de que el resultado será en beneficio de todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias.
Pasamos ahora a la intervención de los grupos. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra, por haber solicitado además esta comparecencia, el señor Cruz Rodríguez por un tiempo de siete minutos.
Gracias, señor Sainz, por comparecer hoy aquí. Vaya por delante que valoro y agradezco que además de las cuestiones específicas que ha tratado hoy relacionadas con el tema de la convocatoria haya ampliado el foco de su intervención y haya planteado otras cuestiones de mayor calado, más generales. Como además tenemos otra comparecencia pendiente, si me permiten, yo voy a recoger el guante del final de su intervención y perseveraré en esa mirada en gran angular que usted nos ha propuesto. En ese
sentido, propondría una reflexión en la que obviamente estaría incluida la cuestión del profesorado, pero intentando enmarcarlo en lo que es la situación de la universidad hoy.
¿Y cuáles son los grandes problemas que tiene planteados en este momento la universidad española? Tal vez podríamos resumirlos en cinco: insuficiente financiación, unas plantillas de profesorado envejecidas y con un alto grado de precarización, unas tasas en algunos casos elevadas hasta el límite de lo insoportable, una investigación severamente recortada y una autonomía universitaria más que en entredicho. En el fondo los cinco problemas se dejan resumir en uno, el de la financiación, que estaría en el origen del resto. No voy a hacer referencia a este dato, a este hecho, porque además hemos tenido conocimiento de que el nuevo programa de estabilidad 2018-2021 que su Gobierno envió este lunes a Bruselas sigue bajando el porcentaje del PIB dedicado a educación y se prevé que sea el 3,89 en el año 2018 y el 3,7 en el año 2021. Pero vamos a dejar esto de momento de lado. Es verdad lo de la financiación, pero siendo verdad no es toda la verdad; es más, ni siquiera es la parte más importante de la verdad, porque lo que se evidencia año tras año, debate presupuestario tras debate presupuestario, es la inexistencia por parte del Partido Popular de una política universitaria para España. No quisiera dar a entender con mis palabras que ustedes simplemente se dedican a dar palos de ciego y a colocar sobre la marcha parches según les vayan surgiendo los problemas pero que todo ello no tiene intención ni propósito alguno. Matizo: ustedes no tienen modelo para la universidad pública, es cierto, pero es que no lo quieren tener, porque en el fondo el deterioro que la institución universitaria está sufriendo por su culpa ya les agrada. Ustedes están poniendo los medios para que el modelo de universidad pública de la que podemos estar muy orgullosos termine colapsando y se les ve francamente decididos a dejarla caer. ¿En beneficio de quién? Es un secreto a voces: de las universidades privadas. Me limitaré a recordarle un dato. Debido a lo inasumible para muchas familias de las tasas en determinados centros universitarios públicos, ya se ha empezado a producir un trasvase de alumnos desde estos a las universidades privadas. Nada tiene de extraño ya que somos el cuarto país más caro de Europa, tras Reino Unido, Irlanda y Holanda, en precios de matrícula, teniendo en contrapartida un gasto en ayudas al estudio que solo llega al 40% de la media de los países de la OCDE. Análoga tendencia encontramos en el caso de la investigación. La apuesta por la creación de centros al margen de las universidades es clara en los últimos años, y ya conocemos los efectos de esa política, que no son otros que la descapitalización y el empobrecimiento de los departamentos universitarios, abandonados desde todos los puntos de vista, incluyendo el propio mantenimiento de los edificios.
El retroceso en ingresos para la investigación en estas universidades está resultando abrumador; entre 2008 y 2015 ha descendido en un 21% la financiación pública. Entretanto, los recursos van siendo transferidos de manera creciente a institutos dedicados en exclusiva a la investigación, dejando asignadas a la universidad únicamente las tareas docentes, y empezamos a ver los efectos de tales políticas. Junto al hecho de que, de esta manera, los beneficios de la investigación vayan crecientemente a intereses privados, encontramos otro efecto sin duda perjudicial, porque no es solo que se esté reduciendo la universidad a las tareas docentes, sino que de ella se están detrayendo los mejores recursos humanos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). El éxodo de profesores hacia los mencionados centros de investigación hace que sus actividades docentes las tengan que asumir los profesores más jóvenes en situación laboral inestable. Ellos constituyen hoy el grueso de los docentes que imparten las materias del grado, situación, ciertamente, poco deseable, porque en vez de poder dedicarse a completar su formación, lo que redundaría en la calidad de la docencia, se ven obligados a asumir una carga lectiva excesiva y mal pagada. Esta devaluación de los grados era la premisa que necesitaban las universidades privadas para irrumpir en el mercado de los másteres, convertidos en el imaginario colectivo actual de nuestra sociedad en requisito poco menos que imprescindible para incorporarse en condiciones de mínima competitividad a un puesto de trabajo digno o, por qué ocultarlo, a un cargo de relevancia en algunas formaciones políticas.
Que ustedes están dejando caer la universidad pública lo prueba su actuación ante el escándalo del master full de la señora Cifuentes. Todo lo que ustedes como ministerio han hecho se resume en una sola palabra: nada. Le recuerdo las expresiones del señor Méndez de Vigo en una sesión de control al Gobierno al ser preguntado por este asunto. Abro comillas, "Deje que la universidad resuelva sus problemas, porque los resuelve bien". Cierro comillas. Abro de nuevo. "Dejemos a la universidad llevar a cabo lo que ha hecho". Frase un poco enigmática y cantinflesca para mi gusto, pero dejémoslo estar. ¿Quién ha provocado esta situación? ¿Quiénes han contribuido en mayor medida al desprestigio no solo de la Rey Juan Carlos sino, por extensión, de toda la universidad pública de este país? ¿Tal vez el señor Rafael Hernando o el señor Martínez-Maíllo que, de inmediato, pretendieron desviar lo ocurrido en la Rey Juan Carlos hacia el conjunto de la universidad pública, salpicando su prestigio? ¿Cómo puede ser que
ninguna autoridad ministerial saliera al paso de tales declaraciones para que -abro comillas de nuevo- "no se arrojaran sombras de duda sobre el mundo universitario" -cierro comillas-, como también había afirmado el ministro? El señor Méndez de Vigo ha justificado su clamorosa incomparecencia en dicho debate apelando a la autonomía universitaria. Según parece, para ustedes, la autonomía universitaria sirve para no defender a la institución cuando se la ataca. Pero es que el problema ha sido, precisamente, que en la Rey Juan Carlos no ha habido autonomía de la universidad, sino subordinación a determinados intereses políticos, los del Partido Popular, y se ha pervertido su condición de universidad pública poniéndola al servicio de los intereses privados de personas de ese partido.
Termino. Por cierto, tampoco parece haber habido mucha autonomía por parte de su ministerio que, con sus silencios y sus evasivas, ha demostrado una vergonzosa sumisión respecto al partido que sustenta al Gobierno, cuando su obligación es la de gobernar para todos los españoles. En la universidad pública no rige el principio que formulaba la señora Cospedal hace escasas semanas en Sevilla, cuando decía ...
La señora PRESIDENTA: Señor Cruz, tiene que ir terminando.
El señor CRUZ RODRÍGUEZ: -abro comillas- "hemos de defender lo nuestro y a los nuestros". Cierro comillas. Eso no vale cuando se gobierna, porque hay que defender lo de todos, que no es otra cosa que lo público, y la parte de ello que ustedes tienen la obligación de defender es la universidad pública, sí, esa que ustedes están empeñados en dejar caer.
Gracias, secretario de Universidades, señor Sainz, por su comparecencia. Yo sí me voy a ceñir al objeto de la petición, que tiene que ver con la agencia de acreditación, la Aneca, aunque tiene algunas conexiones con diversas cuestiones que ha planteado el portavoz del Partido Socialista. La Aneca es un organismo autónomo, cuyo estatuto fue aprobado en 2015 y, realmente, ha habido un cambio de los sistemas de acreditación pero no ha habido un cambio en las funciones. Hay que recordar que las funciones de la Aneca -el secretario general lo sabe bien- son la orientación, evaluación, certificación y acreditación no solo de los méritos de los profesores sino también de las enseñanzas conducentes a títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de las actividades docentes e investigadoras y de transferencia de conocimiento y gestión a los centros universitarios y a las actividades, planes de desarrollo, programas y servicios de gestión de centros de educación superior que impartan enseñanzas que se usen en España y en el extranjero.
He puesto el marco porque hay cosas que tienen que ver con las funciones de la Aneca y que yo no tengo claras. En primer lugar, me gustaría saber la opinión del secretario de Universidades sobre si los sistemas de acreditación de la Aneca, en especial aquellos que afectan al profesorado, son de carácter académico o profesional. Esto tiene importantes repercusiones porque, si son académicos, los determinan académicos, y si son profesionales, tienen que intervenir sindicatos, etcétera. Yo creo que esta cuestión debe estar clara desde el primer momento para no estar mezclando, desde mi punto de vista, dos cuestiones que están vinculadas pero que no deberían estarlo; una cuestión es la acreditación y otra cuestión es el estatuto docente, la carrera docente y el acceso laboral, que tendríamos que debatirlo en otra comparecencia. Me interesa mucho que me dé su opinión. Han cambiado ustedes los criterios de evaluación, como ha explicado la propia Aneca, pero luego se han dilucidado con sindicatos, por eso es importante tener clara la cuestión anterior. Me gustaría saber si para este cambio han hecho ustedes alguna revisión de lo que se hace en agencias extranjeras. También me gustaría que me explicara, si lo conoce, cómo funciona en algunos países que tienen sistemas de acreditación parecidos, si son académicas o si son profesionales sindicales.
Una cuestión a la que me ha contestado es que la promoción interna no consume tasa de reposición. Me gustaría saber su opinión sobre el sistema de la promoción interna y si considera que los procesos de promoción interna, tal y como están establecidos ahora mismo, garantizan la igualdad de oportunidades entre todos los españoles y entre todos los profesores. La tercera pregunta que tiene que ver con las funciones de la Aneca es la siguiente, porque hay una vertiente que, con los hechos que hemos
presenciado en las últimas semanas, se ha tenido poco en cuenta, que es quién controla al controlador. Porque la Aneca no solo acredita profesores, acredita también títulos. Dice la Ley de Universidades que corresponde al Estado la alta inspección y demás facultades conforme al artículo 149 de la Constitución, y le compete al Estado garantizar el cumplimiento de sus atribuciones en materia de enseñanza universitaria, sin perjuicio de las competencias propias de las comunidades autónomas. ¿No le parecería que esta misión de controlar al controlador debería desarrollarla la alta inspección educativa? ¿Por qué no se ha desarrollado en el ámbito universitario esta ley para evitar cuestiones como la que hemos tenido que presenciar, a pesar de que hayan derivado la cuestión a la agencia madri+d?
Veo la luz roja, pero quiero hacerle una última pregunta. Ha hablado usted del proceso de renovación de los tribunales de la Aneca. Me gustaría saber si con el cambio de criterio se están renovando estos tribunales y si hay algún miembro de los mismos que lleve más tiempo que el que estipula el real decreto o que no haya sido elegido por sorteo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alba Goveli.
Yo también pretendía ceñirme a la cuestión que nos ocupaba hoy, pero le agradezco que haya ampliado un poco más el foco y, si nos da tiempo, que también podamos dar aunque sea unas pinceladas sobre otras cuestiones que creo que son especialmente relevantes, sobre todo tras las noticias de estos últimos meses. Llevamos ya unas cuantas semanas, debido a los escándalos suscitados en la Universidad Rey Juan Carlos, presenciando, me atrevería a llamar, un estado de alarma social alrededor de nuestra universidad pública. En concreto, se han cuestionado desde los criterios de admisión del profesorado hasta la calidad de los títulos universitarios, tanto de máster como de grado. Por eso me parece muy relevante el asunto que nos ocupa porque, precisamente, la institución llamada a controlar la calidad de las titulaciones de la docencia, de los procesos de contratación y de gestión es la Aneca. Parece evidente, por tanto, y no hay más que leer el periódico para darse cuenta, que algo ha fallado en estos procesos de control y que ha escapado a las diversas evaluaciones externas a las que la Aneca se enfrenta regularmente. Consideramos que todo intento de mejora de la universidad pública debe pasar por una reforma de la entidad para que garantice su calidad, que de forma tan estrepitosa ha fracasado en el caso de la Universidad Rey Juan Carlos y del Instituto de Derecho Público.
Nos preocupa también, a raíz de lo que ha pasado este último año, la cuestión de los criterios, de cómo se están llevando a cabo las evaluaciones. Vemos que se está fomentando un modelo en el que prácticamente necesitamos profesores y profesoras orquesta que tienen que saber hacer un poco de toco y puntuar un poco de todo, con unos criterios cada vez más duros pero, paralelamente, en unas condiciones cada vez peores; en unas condiciones de extrema precariedad, sin tiempo ni recursos para puntuar en todo esto y para desarrollar todo el trabajo que se les exige, con especial preocupación en lo que respecta al caso concreto de las mujeres, que en muchos casos se ven obligadas a elegir entre continuar haciendo carrera docente o investigadora o ser madres y tener una familia, ya que en ningún caso, aunque lo quieran, ambas cosas son compatibles.
Hablaba usted de la participación y me ha parecido entender que hace una valoración muy positiva de este espacio que desde el ministerio se propuso para consensuar con todos los actores implicados la cuestión de los criterios. Usted citaba a Comisiones Obreras, que habrá valorado positivamente algunas cosas, pero muchos de los sindicatos involucrados señalaron -creo que sin excepción, además- la escasa receptividad de la Aneca para valorar los cambios en los criterios. Sí, aceptaron algunas propuestas, aquellas que mejoraban un poco el proceso pero sin tocar el corazón del mismo; unos criterios que consideramos que siguen siendo tan injustos y tan desproporcionados como lo han sido en el último año. ¿Cree usted de verdad que se ha escuchado a todos los actores implicados y que se han recogido de verdad las aportaciones, las opiniones y las demandas de todos ellos? ¿Cómo valorarían ustedes la realización de algún tipo de estudio, por ejemplo cualitativo, sobre el impacto que está teniendo la Aneca en el desempeño de las funciones investigadoras, docentes y organizativas de la universidad pública española por darle voz a aquellas personas que están especialmente afectadas por esta cuestión?
Hablaba antes el señor Cruz de si ustedes tienen o no un modelo. Yo me temo que sí que tienen un modelo; un modelo que asusta un poco. Estos cambios en los criterios me parece que son síntoma de ese
modelo por el que apuestan. ¿Podría afirmar que estos cambios en los criterios sugieren la voluntad del Gobierno de un cambio en la futura estructura de la plantilla del profesorado de nuestra universidad pública, buscando un mayor peso del personal contratado y una reducción del personal funcionario? ¿Es ese su modelo? ¿Es el modelo del Gobierno? Hablaba usted también de la tasa de reposición -y es una buena noticia- del cien por cien, pero yo me preguntaba qué pasa con todos esos puestos de trabajo que ya se han perdido. Si miramos los datos, volvemos a ver síntomas del modelo por el que parece que ustedes apuestan, un modelo en el que cada vez hay menos profesorado joven, en el que cada vez hay menos personal docente investigador y cada vez menos personal administrativo.
Veo que se me está acabando el tiempo, así que voy a cerrar con esto. Hablaba usted de prestigiar de nuevo la universidad pública y de que hay que mejorar la relación con la sociedad, pero me ha dado la sensación, cuando hablaba de mejorar la relación con la sociedad, que usted entendía sociedad por empresa. Me gustaría preguntarle si cuando habla usted de sociedad se está refiriendo única y exclusivamente a las empresas y si esto nos da a entender que dentro del modelo por el que apuestan también se contempla un cambio en el modelo de gobernanza y, como consecuencia, nuevos ataques a la autonomía universitaria. Si no es así, ¿cuál es su solución? ¿Cuál es la apuesta del Gobierno para prestigiar de nuevo nuestra universidad pública, que tan imprescindible es para la democracia?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alba Goveli.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña Ochaita.
La señora VALMAÑA OCHAITA: Gracias, señora presidenta.
Señor secretario general, muchas gracias por volver a comparecer con tan poco margen para informarnos de cuestiones que son realmente relevantes. Al hilo de su explicación sobre los nuevos criterios de la Aneca en cuanto a acreditación del profesorado, mi comentario es que los universitarios, quizá como pocos colectivos en este país, estamos acostumbrados a que se nos evalúe, por lo tanto, no nos asusta enfrentarnos a modificaciones en los criterios de evaluación, siempre y cuando sean claros y consensuados. Creo que esos dos elementos se han conseguido sobradamente. Usted nos lo ha explicado claramente y es cierto que se ha hecho una labor importante, por lo que le quiero felicitar a usted como responsable de universidades pero que hago extensivo a todo el ministerio en el trabajo que se ha desarrollado para conseguir esos acuerdos elementales que permitan trazar una carrera docente, un estatuto del profesorado universitario que aúne al mismo tiempo la calidad del profesorado y las legítimas aspiraciones de promoción profesional.
En un determinado momento estas noticias esperanzadoras, realmente buenas, que usted nos ha traído se han confundido con una serie de elementos que han introducido en el debate los compañeros de otros grupos políticos, y no puedo por menos de hacer referencia a ello. El Partido Socialista habla de la financiación de la universidad como el gran problema de la misma, pero parece que se olvidan de que la financiación de las universidades no está encomendada básicamente al Ministerio de Educación sino a las comunidades autónomas; comunidades autónomas, algunas de ellas, que sí es cierto que están poniendo en grave peligro a la universidad. Pongo el ejemplo de la comunidad autónoma de la que yo procedo, Castilla-La Mancha, donde sabemos que si el Gobierno del señor García-Page no corrige su deslealtad financiera con la universidad de Castilla-La Mancha las nóminas de los profesores corren un grave peligro este año. Por lo tanto, sí, pero pongamos el foco en aquellos que tienen la responsabilidad, que no son otros más que las comunidades autónomas. También apuntaba a una crisis de prestigio de la universidad. Lo que sucede es que las crisis de prestigio normalmente no se dan por hechos aislados y, desde luego, no por hechos que lo que hacen es devolver a la universidad, en su autonomía, la capacidad de resolver los conflictos que genere. Quiero recordar que esos conflictos que están saliendo sistemáticamente a la luz afectan a diferentes universidades y son de diferente naturaleza. Por ejemplo, la transparencia en la obtención de los títulos universitarios no se refiere solamente a los másteres, también a los doctorados, y ayuda mucho el hecho de que se facilite la publicidad de dichos doctorados, de las tesis doctorales. Quiero recordar que ahora mismo hay tesis oscuras que se obtienen en universidades privadas que no son de dominio público y que, por tanto, los universitarios no podemos entrar a conocer cuál es la calidad que ha dado lugar a ese título. Me refiero, como no puede ser de otra manera, al señor Pedro Sánchez. Por otro lado, en cuestiones que afectan al prestigio de la universidad, tenemos también algunos ejemplos muy lamentables, como el de premiar a un determinado señor con un puesto relevante en una candidatura que le permita obtener un puesto de diputado a cambio de una beca black -así la llaman los medios de
comunicación-, que no es otra cosa que dar dinero público a un señor por no hacer su trabajo, por no hacer un trabajo ni en el fondo ni en la forma; ni cumpliendo los requisitos del contrato ni cumpliendo con la aportación de un trabajo de investigación digno de tal nombre, como es el caso del señor Errejón.
Son casos que generan alarma social que hay que extirpar de las universidades y hay colaborar con ellas para que sean capaces de resolverlos, pero no podemos trasladar a la opinión pública que es la regla general en la universidad española. En la universidad española la mayor parte de los profesores quieren hacer su trabajo, hacen un buen trabajo y son personas entregadas. Por tanto, todo aquello que desde el ministerio contribuya a que esos profesores puedan realizar una legítima carrera universitaria que les permita afianzar sus puestos de trabajo, y hacerlo además con mayor calidad respecto a la selección del profesorado universitario, son medidas que deben ser bienvenidas. En este sentido, señor secretario general, quiero felicitarle por la aportación que sin duda desde el ministerio se está haciendo para conseguir un mayor prestigio de la universidad, así como una mayor calidad y seguridad en la selección del profesorado y en su promoción profesional.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Valmaña.
Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene de nuevo la palabra el secretario General de Universidades, señor Sainz González.
El señor SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES (Sainz González): Muchas gracias a todos los intervinientes, porque lo que sí he podido descubrir en todos ellos ha sido una preocupación real por la universidad, en especial por la universidad pública, que creo que todos los que estamos en esta sala consideramos factor transformador.
Como he dicho en mi anterior intervención, ayer estuve en la Universidad de Burgos, aprovechando que era día festivo y que yo soy de Burgos, donde se ha producido la cesión por parte del Ministerio de Cultura de un edificio para el desarrollo y ampliación de esa universidad. Allí estuvo también el presidente del Gobierno, que expresó su apoyo cerrado a la universidad como motor de futuro de nuestro país. Lamento que el señor Cruz no pudiera escucharlo, porque creo que le habría gustado tanto como me gustó a mí. También me gustó mucho la intervención del ministro de Educación, tras el estallido del famoso escándalo del máster, dirigida a los más de 110 000 profesores y al 1,5 millones de alumnos que todos los días trabajan duro por la universidad y por su futuro y que se preocupan por que nuestra sociedad avance y se construya. Es normal que cuando haya actos del ministro en universidades yo esté más atento que el señor Cruz a las declaraciones del ministro porque, entre otras cosas, para eso es mi jefe. En cualquier caso, el ministro siempre ha expresado su apoyo a los profesores de la universidad pública y a los estudiantes de las universidades, un apoyo cerrado que el señor Cruz echaba de menos pero que les puedo asegurar que desde el ministerio siempre se ha prestado. Yo lo he hecho en todos los actos en los que he intervenido y lo hice el día que presenté los presupuestos para universidades aquí, en el Congreso de los Diputados.
Le voy a hablar personalmente. Yo soy profesor de la universidad pública, de la Universidad Rey Juan Carlos, y creo que todos hemos visto con inquietud lo que ha ocurrido allí y estamos preocupados por este tipo de cuestiones. Usted reclamaba el papel de la autonomía universitaria y decía que era uno de los principales problemas de nuestra universidad. Como decía el ministro, la universidad tiene que ser madura y fuerte, y yo creo que lo es, para, a través de su autonomía universitaria, tomar las decisiones que correspondan. Estoy seguro de que la Universidad Rey Juan Carlos lo va a hacer, como lo hacen todas las universidades con los miles de problemas que se les plantean, ya que el ámbito universitario cuenta con más de 95 000 profesores y más de 1 millón de alumnos, lo cual genera muchos problemas en el día a día. Todos los que están en esta sala que son profesores de universidad o que han sido alumnos son conocedores de los problemas diarios que se producen, y la universidad responde bien. Yo creo que las universidades españolas son maduras y juegan un papel importante en nuestra sociedad.
El profesor Cruz ha hablado del programa de estabilidad. Aquí aparece una perversión que tenemos los economistas, la falacia del numerador y del denominador; todo depende del ritmo al que crezca el numerador y el denominador con respecto a otro extremo. Si la financiación de la universidad crece pero lo hace mucho más el PIB, el número que habrá al final será siempre más pequeño. Gracias a Dios, las perspectivas que tiene el Gobierno del Partido Popular en cuanto al crecimiento económico son importantes, lo cual beneficia este marco.
Es cierto que las universidades privadas están creciendo en cuanto al número de másteres, pero España sigue teniendo una tasa de transición del máster por debajo del 25%, tasa similar a la de otros países europeos,
nos manejamos dentro de ese marco. En este sentido, lo importante es el incremento de la financiación, y este año hemos incrementado la financiación para la universidad. Hemos sacado el programa Beatriz Galindo, y cuando se negoció este programa con Ciudadanos nos pusimos de acuerdo en que las personas que impartiesen docencia tenían que ser investigadores excelentes que estuvieran en la universidad española, porque esto se iba a traducir en mejores alumnos gracias al efecto positivo que iba a tener en ellos. Nuestro plan sobre la universidad está basado en la PNL que se aprobó aquí y que se centra en los alumnos. El objetivo es que nuestros alumnos sean mejores de cara al futuro, y para eso tendremos que desarrollar distintos ámbitos en los que ellos se formen. Estoy de acuerdo con usted en que para alcanzar este objetivo hay que incrementar y mejorar la autonomía universitaria, así como dar una mayor flexibilidad a todos los planteamientos para que las universidades sean responsables de sus resultados. También creo, como usted, que los mejores profesores tienen que dar clase en grado. Recuerdo que Paul Krugman, premio Nobel de Economía, decía que dar clase en grado era lo que realmente le animaba cada día a dar clases. A todos los que estamos aquí nos gusta dar clases en grado porque, entre otras cosas, las preguntas de los alumnos jóvenes son las que más te hace pensar, mientras que los alumnos de máster te hacen preguntas más técnicas que te generan otro tipo de ideas. Los alumnos de grado son los que formulan las preguntas más interesantes por lo que respecta al futuro de la investigación.
Creo en la investigación y le emplazo a una próxima comparecencia donde podremos hablar de ello, pero le puedo asegurar que creemos en la universidad pública. La universidad tiene que servir de escalera social, como lo fue en mi caso -no voy a ir más lejos- y como lo ha sido para muchos de los que estamos en esta sala, y lo seguirá siendo en el futuro. También creo que la universidad privada es importante y que tiene un papel que desarrollar, siempre y cuando sea de calidad. En ese sentido, le recuerdo que las becas Beatriz Galindo están destinadas exclusivamente a la universidad pública. Es un posicionamiento claro que hacemos de cara al futuro.
En cuanto a la Aneca, le agradezco a la profesora Martín el planteamiento. La diputada Alba Goveli se ha referido a lo que dijeron los sindicatos, que fueron muy claros: no les han dejado cambiar los criterios. Han tenido en cuenta aspectos de gestión, son los evaluadores los que han tenido en cuenta los criterios y los han revisado, son los evaluadores los que lo han hecho. Como he dicho en mi disertación inicial, parte de los evaluadores venían del sistema antiguo para mantener una continuidad en cuanto a la evaluación. La idea es ir renovando a los evaluadores, y se van renovando porque hay gente que se jubila, hay gente que pide no continuar, como el presidente de la comisión de Derecho, que ha pedido su cese para poder apoyar a su grupo parlamentario. Por lo que yo sé -y ahora se lo podrá preguntar al director de la Aneca-, se están renovando a través del sistema del sorteo, lo cual permite que haya un equilibrio entre el papel de género y el papel geográfico. Es importante que no todos los evaluadores se centren en una universidad porque eso genera ciertos problemas. Estamos de acuerdo en ese sentido.
Creo que han hecho un papel importante con la homogeneización de los criterios dentro de las áreas, sobre todo en cuanto a docencia y a experiencia profesional, que también es una parte importante, especialmente en áreas clave como la sanidad. Sé con seguridad que no hace falta que a usted se lo recuerde, pero el hecho de tener un jefe de servicio como profesor de universidad es muy importante porque ellos son los que tienen experiencia y son capaces de transmitir a los alumnos de medicina la experiencia profesional. En medicina hay que hablar mucho sobre este tema porque es mucha la experiencia que se está perdiendo en el ámbito de la sanidad. Es uno de los ámbitos que tenemos en la cabeza y habría que bajar al detalle pero, por ejemplo, hay que lograr que se contraten doctores en ciencias de la salud por su importancia de cara al futuro. Pero ese es otro tema. Como pueden ver, soy profesor de universidad y me enrollo con cualquier cosa, así que disculpen.
Los estatutos de la Aneca han supuesto un cambio sustantivo en la Aneca. En cuanto a la inspección, esta corresponde a las comunidades autónomas. Cuando las comunidades autónomas no entran a inspeccionar algún ámbito concreto, alguna vez ha entrado el Estado. Eso se ha hecho, pero en primer lugar son las comunidades autónomas las que tienen que entrar a través de su inspección educativa porque son ellas las que tienen reconocido este papel en casi todos los estatutos de autonomía. Nosotros lo hemos hecho cuando alguna comunidad ha dejado de hacerlo. Ha señalado usted que la gestión de las comunidades autónomas -y eso ya estaba cuando nosotros llegamos- corresponde a las agencias autonómicas y en este caso a la Fundación Madri+d, que es la que ha tenido que enmarcar este ámbito.
A la representante de Ciudadanos tengo que decirle que algunas de las preguntas ya las he comentado. En el ámbito de la igualdad de las mujeres -la profesora Martín y la profesora Valmaña pueden decirles que es cierto- ha habido que cambiar cosas. Por ejemplo, ahora mismo se está trabajando muchísimo en la paridad de las comisiones, que haya paridad dentro del sorteo de las plazas, que haya paridad, por ejemplo,
en sexenios y en acreditación. Hay veces que tenemos dificultades porque no hay mujeres, hay áreas donde conseguir mujeres es complicado y muchas veces hablamos con ellas y nos dicen que llevan trasteando en tribunales muchísimo tiempo. Pero seguimos trabajando en eso porque creemos que es fundamental. Concretamente hemos trabajado el tema de la contabilización de la docencia para las mujeres, tanto en el proceso de acreditación como en el tema de los sexenios, para equiparar a las mujeres que hayan estado de baja maternal y evitar que se sientan discriminadas en el desarrollo de su carrera profesional. Y cada vez que llega una medida concreta le puedo asegurar que mi equipo y yo estamos extremadamente sensibilizados con ella porque tenemos compañeras que han tenido problemas y no queremos que eso suceda. Creemos que las mujeres tienen que tener las mismas posibilidades y hay que potenciar su desarrollo económico. Además, sería una locura para un país dejar el 50% de su población fuera de los puestos de responsabilidad dentro del ámbito universitario. Esta es una opinión que compartimos todos los que estamos en esta sala y, del mismo modo que siempre se lo he dicho a los rectores y a los sindicatos, les pido por favor que cualquier cosa que vean en este sentido nos la hagan llegar y trataremos de ver cuál es la forma más rápida de igualar esas medidas. Es importante hacerlo.
En cuanto a los funcionarios, están empezando a recuperarse dentro del profesorado. La decisión de si hay más titulares o más contratados es algo que se tendrá que trabajar en el marco del estatuto del PDI y habrá que llegar a una posición de consenso entre todas las partes; no creo que sea el Gobierno el que lo tenga que decidir, todos los sectores involucrados deben decidir el futuro. Yo soy funcionario y esta fue una decisión personal: estaba trabajando en la empresa privada y me pareció que la universidad era un marco ideal para desarrollar mis capacidades. Tenía algo que aportar a la sociedad y decidí que la forma de hacerlo era siendo empleado público dentro de la universidad española.
En cuanto a la sociedad, cuando estamos hablando de transferencia nos dicen que estamos pensando solo en la empresa. Sin embargo, cuando hablamos de transferencia creemos que esta no se produce exclusivamente con la empresa, se produce también con la sociedad. Creemos que hay aspectos concretos de la sociedad -por ejemplo, en desarrollo social y en ámbitos concretos como mejora del patrimonio- en los que no estamos hablando de empresas sino de otros sectores sociales. Por tanto, cuando hablo de sociedad no hablo solo de las empresas, aunque creo que estas también se tienen que beneficiar porque es importante para la transformación de nuestro sistema productivo. El trabajo que están haciendo muchísimos profesores en este sentido es muy importante para el desarrollo de empresas. Hay empresas españolas que, gracias a profesores de universidad, son competitivas internacionalmente pero también creo que nuestra sociedad en el campo de las ONG, el tercer sector o el patrimonio también se están beneficiando de la contribución que hacen profesores universitarios y esto se tiene que evaluar. Estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea que no excluyo a la sociedad, la incluyo, incluyo todos los espectros de la sociedad, también la empresa. Como digo, lo considero importante y estoy de acuerdo con usted, estamos trabajando en ello y creemos que se puede hacer. Hay que dar más autonomía a la universidad, hay que darle flexibilidad para que trabaje en esta cuestión porque es bueno para el futuro.
Quedan muchas preguntas abiertas. Quiero agradecer el comentario que ha hecho la profesora Valmaña. Ella y yo hemos discutido muchas veces del sentido que tiene la universidad. Es cierto que la financiación -a excepción de la UNED y la Menéndez Pelayo, que están en un ámbito distinto y tenemos que plantear de una forma distinta- es algo que tratamos de impulsar ahora que se han producido mejoras en los presupuestos. Cualquier mejora es importante. He señalado en mi alocución inicial que estamos trabajando con la UNED en un modelo objetivo de financiación porque es importante para la universidad, para el futuro y es un compromiso de las universidades y las comunidades autónomas que hay que desarrollar. La universidad pública es una institución que ha transformado este país, que tiene que seguir transformándolo y es labor de todos hacerlo de cara a nuestro futuro. Yo tengo un crío de diez años y hablo mucho de él; esto es importante para mi hijo, para que tenga la posibilidad de tener una universidad de calidad que le pueda permitir labrarse un futuro. Cuando me preguntan muchos compañeros de universidad dónde quiero que estudie mi hijo, les digo que quiero que estudie en una universidad pública española, porque estoy seguro de que va a ser una universidad de calidad.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario general de Universidades, don Jorge Sainz González, por su intervención y por la contestación a las cuestiones planteadas.
En unos minutos daremos comienzo a la comparecencia del secretario de Estado para el Deporte. (El señor vicepresidente, Meijón Couselo, ocupa la Presidencia.-Pausa).
- PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE PROFESIONAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 212/000299).
- PARA QUE EXPLIQUE LAS MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA EVITAR LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE BASE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 212/000300).
- PARA QUE APORTE AL DEBATE Y EXPLIQUE LAS PROPUESTAS PARA REGULAR Y ORDENAR LAS PROFESIONES DEL DEPORTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000733).
- PARA QUE APORTE AL DEBATE SOBRE EL AUMENTO DE LA CARGA HORARIA SEMANAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LA INCORPORACIÓN DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA AL CURRÍCULO DE SEGUNDO DE BACHILLERATO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000734).
- URGENTE. PARA DAR CUENTA DE LA SITUACIÓN POR LA QUE ESTÁ PASANDO LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL ASÍ COMO DE LOS MECANISMOS Y POLÍTICAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO PARA LA TRANSPARENCIA Y BUENA GOBERNANZA EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000917).
- URGENTE. PARA QUE INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL EN RELACIÓN A LAS DIFERENTES IRREGULARIDADES QUE AFECTAN A DICHA ENTIDAD DESDE HACE TIEMPO Y QUE HAN LLEVADO A LA DETENCIÓN DE SU PRESIDENTE ÁNGEL MARÍA VILLAR EN EL MARCO DE UNA OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000920).
- PARA INFORMAR DE LA ACTUACIÓN DE DICHO CONSEJO EN EL CONFLICTO ENTRE LOS CLUBS DE LA ACB, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE REFUNDAR LA LIGA ACB. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000963).
- PARA QUE EXPLIQUE LA POSIBLE INFLUENCIA DEL GOBIERNO PARA MANTENER A ÁNGEL MARÍA VILLAR FRENTE A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 212/000976).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Vamos a dar comienzo a la segunda comparecencia del día de hoy.
Señorías, les informo de que hemos recibido un comunicado del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que dice que su diputada, doña Teresa Arévalo, no puede estar presente en esta Comisión por motivos de salud, por lo que decaen las comparecencias solicitadas por dicho grupo y pasamos al tratamiento de las que siguen vigentes.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor secretario de Estado para el Deporte, don José Ramón Lete.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Lete Lasa): Buenos días y gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco en esta Comisión para dar cuenta de las preguntas que me han sido formuladas. Si les parece bien, me voy a permitir contestarlas por orden cronológico y agrupadas por grupos. Teniendo en cuenta que han decaído las del Grupo de Unidos Podemos, empezaré contestando a Ciudadanos para acabar con el Grupo Socialista y voy a dejar para el final, puesto que es
un tema común y recurrente, la relativa al fútbol, contestando en última instancia a todos los grupos. Me refiero a la que tiene que ver con el expresidente y la situación de la Federación de Fútbol.
Empiezo, pues, contestando a la primera pregunta del Grupo Ciudadanos, sobre cómo piensa el Gobierno -y el CSD- salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito del deporte profesional. Una de las funciones básicas y principales del Consejo Superior de Deportes es realizar todas las actuaciones precisas para mejorar y desarrollar todas las facetas del deporte, así como facilitar y promover la participación de las mujeres. Con motivo de mi comparecencia en la Comisión de Presupuestos tuve la oportunidad en esta misma sede de dar datos, que no voy a repetir, sobre cómo ha ido creciendo la competitividad de las mujeres en cuanto al número de licencias, a deportistas de alto nivel y a resultados. No los voy a repetir, pero se trata de actuaciones del CSD que tienen que ver con la competición y la práctica de la actividad física, también en el ámbito de la mujer, con el fomento de la participación de las mujeres en los terrenos de juego y en los despachos y con su visibilidad en los medios de comunicación. En definitiva, se trata de objetivos que tienen una única finalidad: aumentar la participación de las mujeres en el ámbito del deporte.
Me voy a detener un poquito más en algunas acciones determinadas que tienen que ver con la pregunta que se me ha hecho. En cuanto a la primera, a la que también hice referencia en mi comparecencia, el BOE del pasado 7 de abril recoge una convocatoria que tiene que ver con el 0,5% de la venta centralizada de los derechos de televisión. Se dirige a las ayudas para la protección social del fútbol femenino, también del fútbol aficionado. Son ayudas para la protección social que tienen que ver no solamente con la protección del trabajador -en este caso de la deportista-, sino también con la del empleador y, por tanto, con la del equipo. Esta medida va dirigida a todas las deportistas que juegan en la primera división del fútbol femenino español. Pero ese 0,5% -en total suman casi 7 millones de euros, exactamente 6 937 511,41 euros- se dirige también al fomento del asociacionismo deportivo. Por tanto, no solamente las futbolistas, sino también los entrenadores, los preparadores físicos y los árbitros van a tener una partida específica con un objetivo: trabajar en proyectos no solo de inserción laboral, sino también para poder sufragar los gastos estructurales. Estamos hablando, pues, de una medida muy positiva, porque -insisto- no solamente las deportistas y sus técnicos van a beneficiarse de ella.
Ya anuncié -vuelvo a hacerlo ahora- que próximamente -estamos cerrando los últimos flecos- íbamos a publicar la convocatoria que tiene que ver con el 1% de las cuotas de los compromisos obligatorios establecidos por el real decreto-ley y que maneja el Consejo Superior de Deportes. Se dirige a la protección social de los deportistas y de las deportistas de alto nivel. Quiero recordar que la población potencial, según los últimos datos, es de 4067 deportistas y que hay más de 1500 mujeres, por lo que casi un 40% se benefician de esta medida. Insisto en que la protección social de los deportistas de alto nivel tiene como objetivo el apoyo a la protección social de las mujeres. Es una medida muy importante que se va a poder visualizar, visibilizar y ejecutar en próximas fechas. Y este 1% -estoy hablando de cuantías cercanas a los 14 millones de euros, 13 millones y pico- también se dirige al apoyo y a la preparación de las deportistas en competiciones internacionales. Son dos medidas tomadas por el propio consejo muy importantes en aras de la respuesta solicitada por el Grupo Ciudadanos.
No quiero olvidarme de otras medidas distintas, algunas adoptadas por el Gobierno y no por el consejo, como la que ha tomado la Sociedad Estatal de Loterías relativa a las quinielas. En la temporada pasada, exactamente en la jornada número 4, por primera vez en la historia un partido femenino, Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao, formó parte de la quiniela de dicha jornada. Y coincidiendo con la semana del 8 de marzo, concretamente el día 11, nada más y nada menos que siete partidos formaron parte de la quiniela de la jornada número 44. Tampoco me quiero olvidar de las medidas relacionadas con el proyecto Universo Mujer, que también tuve oportunidad de mencionar en esta sede con motivo de mi comparecencia en la Comisión de Presupuestos. Tienen que ver con la consolidación del deporte femenino, con un incremento del 1,3% respecto del año anterior; se quintuplica el presupuesto desde que se puso en marcha la subdivisión de Deporte y Mujer y hemos incorporado prácticamente 22 millones de euros a través de las donaciones del acontecimiento de excepcional interés público Universo Mujer, que han supuesto un empuje fundamental para muchas ligas femeninas, entre otras, fútbol, voley, balonmano, rugby y la recién incorporada triatlón. Estamos hablando de un aporte fundamental para salvaguardar la presencia de las mujeres en el deporte.
Por último, como decía, el presupuesto público, al que ya he hecho referencia. No solamente hemos consolidado el dinero directamente destinado a proyectos de mujer a través de los presupuestos, sino que por medio de las federaciones españolas hemos dedicado también una cuantía importante a ayudas
directas para que las mujeres puedan compatibilizar y conciliar su actividad personal y deportiva. En este caso me quiero referir a las ayudas por maternidad y por cuidado de hijos. Por supuesto también quiero hacer referencia al incremento que han tenido las federaciones españolas en estos últimos dos años, un incremento que se acerca casi al 6%, porque como decía casi el 40% de las mujeres deportistas de alto nivel son las destinatarias finales de dichas ayudas. Por lo tanto, aunque queda todavía mucho por hacer -lo sabemos, no nos resignamos y queremos seguir trabajando de manera directa y profundizar en las actuaciones que vamos a acometer en esta materia-, creo que hemos dado un paso de gigante.
En cuanto a la segunda pregunta, que tenía que ver con la violencia en el deporte base, un principio fundamental es que nada justifica ningún altercado violento en el deporte, y parece claro que mucho menos si es en el deporte de base. El señor diputado sabe bien que el deporte de base es una competencia exclusivamente autonómica. A pesar de todo le quiero decir que las comunidades autónomas tienen toda nuestra colaboración, todo nuestro apoyo y desde luego nuestra máxima contribución. Los hechos que desgraciadamente hemos podido ver por la inmediatez de los medios de comunicación -en este caso de las redes sociales- obligaron a que en la penúltima conferencia interterritorial manifestara nuestra preocupación a los responsables de las comunidades autónomas en este ámbito, y les ofreciera lógicamente todo nuestro apoyo. Sin perjuicio de las competencias autonómicas, aquí la labor de prevención que tiene que ver con la educación y la concienciación es tarea de todos. También es verdad que a nivel estatal y en el ámbito competencial del consejo, que no es otro que el que otorga la Ley 19/2007, que se refiere a competiciones oficiales de ámbito estatal, hemos avanzado y mucho. Creo que tenemos ya mucha experiencia y mucho trabajo adelantado, aunque insisto en que aquí no podemos bajar nunca la guardia. Espero que con el nuevo marco jurídico que hemos abierto, y en el que esta Cámara y el Senado están participando, podamos profundizar si fuera necesario en medidas legislativas para poder trabajar contra una de las lacras más importantes que hoy tiene el deporte.
Las preguntas de Podemos han decaído y la del fútbol la dejo para el final. Por lo tanto vamos a las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, que eran dos. Una tiene que ver con la situación de la ACB y la otra está relacionada con el fútbol e insisto en que la abordaré en última instancia de manera conjunta. Señor diputado, en el consejo ni ahora tenemos ni antes hemos tenido soluciones mágicas para resolver el problema del baloncesto. ¡Ya me gustaría tenerlas! Lo que hacemos en el consejo es actuar en el ámbito de nuestras competencias. El papel del consejo no es otro que el del apoyo, la colaboración y la mediación entre las partes, que por otro lado son varias. No solamente estamos hablando de la federación y la propia ACB, porque en la ACB hay varias partes; y no solamente eso, sino que -como todos ustedes conocen- tuvimos que mediar en los problemas que tenía la patronal con los deportistas, es decir, entre la ACB y la ABP. Por lo tanto aquí estamos ante una compleja problemática. Ha habido otros intentos antes de arreglar esta situación a través de la mediación, pero no ha sido posible. De hecho incluso en esta misma legislatura y conmigo al frente del consejo tuvimos antes del verano varias reuniones para buscar una solución definitiva y sostenible por el bien del baloncesto. En todo caso le quiero manifestar que tenemos dos objetivos fundamentalmente en este ámbito. El primero es proteger la competición nacional, como no podía ser de otra manera, con una finalidad única, que es proteger la selección. El segundo, y no menos importante, es proteger los intereses de nuestros baloncestistas. En este caso tenemos las herramientas que nos da la normativa. Tenemos la herramienta de la ley, del real decreto de federaciones, y también del convenio de coordinación entre la federación y la ACB. No le quepa ninguna duda de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que el baloncesto -en este caso, el baloncesto profesional- esté a la altura de lo que este deporte supone para el país y en el ámbito internacional. Eso supone que, según los datos que di en mi comparecencia de presupuestos, España es la segunda potencia en el ranking mundial absoluto en baloncesto masculino, es la segunda potencia mundial en el ranking en baloncesto femenino, y también es -mal que les pese a algunos; me refiero a las declaraciones que ha hecho estos días algún dirigente extranjero- la segunda potencia mundial en baloncesto femenino en categorías inferiores y la quinta en baloncesto masculino.
Por último como les decía voy a referirme a varias preguntas agrupadas que me han hecho con distintas consideraciones sobre la Federación Española de Fútbol y su expresidente. Una de ellas me la ha hecho el Grupo Parlamentario Ciudadanos y es muy particular, pero creo que cuando relate los hechos habré contestado a dicha pregunta que se refería exactamente a si el Gobierno tenía alguna actuación preferencial con el señor Villar. Yo simplemente le voy a hacer un relato de los hechos para que vean cómo está la situación. Como ustedes conocen perfectamente el 18 de julio la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil, bajo la supervisión y coordinación de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la dirección del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, y dentro del marco de la Operación Soule, detuvo al presidente de la federación en aquel momento, el señor Villar, y a uno de sus hijos. También se detuvo al vicepresidente económico y presidente de la federación tinerfeña, el señor Padrón, y al secretario de la federación tinerfeña. No tengo nada más que decir en cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto meramente judicial y el proceso penal. Solamente quiero decirles que, como no podía ser de otra manera y como venimos haciendo en todos los procedimientos en los que hay encausados -en este caso investigados- presidentes de federaciones, el consejo se ha personado en este procedimiento como acusación particular. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito judicial, pero me gustaría detenerme un poco más en lo que tiene que ver con el ámbito estrictamente disciplinario deportivo.
Si la detención se producía el 18 de julio, solamente siete días más tarde, el 25 de julio, la comisión directiva del consejo que presido acordó la suspensión cautelar y provisional del señor Villar, en aquel momento presidente de la federación española, y del vicepresidente económico. Todo ello de acuerdo con lo que dispone la Ley del Deporte, concretamente su artículo 10.2, y lógicamente, como también señala el propio texto legal, previa apertura de expediente por el Tribunal Administrativo del Deporte. En aquel momento se acordó la suspensión cautelar y provisional -que, insisto, no tiene carácter de sanción- por el plazo de un año revisable, aplicando analógicamente lo establecido en el artículo 22.2 del Reglamento de Disciplina Deportiva.
Con fecha posterior, exactamente el 22 de diciembre, el Tribunal Administrativo del Deporte en una resolución destituye al señor Villar de su cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por la comisión de una infracción muy grave de las tipificadas en el artículo 76.2. a) de la Ley del Deporte, en este caso por dos hechos probados, dos cuestiones completamente diferentes: por el incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general o de los reglamentos electorales, en este caso por no dimitir como presidente de la comisión gestora, habiendo aprobado su candidatura, y por infringir el deber de neutralidad. Todos estos hechos probados concluyeron que el TAD tomara la decisión de destituir al presidente de la federación española. Con esta destitución lógicamente caía, como no podía ser de otra manera, la suspensión cautelar, y esta es la situación que tenemos a fecha de hoy. Por lo tanto, como he tenido ocasión de establecer de forma reiterada, el consejo ni tiene candidatos ni apoya a candidatos, el consejo en este caso con los presidentes de las federaciones se limita a cumplir lo que establece la ley.
Me preguntaba el Grupo Socialista qué pensaba hacer, teniendo en cuenta la situación del fútbol, con la transparencia y la gobernanza en el ámbito de las federaciones deportivas. Evidentemente yo creo, que sin perjuicio de que actualmente ya existen medidas en este ámbito, el nuevo marco legal también nos tiene que servir para profundizar no solamente en la transparencia y en la nueva gobernanza, sino también en el control, en la democratización del sistema y en la financiación sostenible, bajo unos principios muy claros y alineados con la resolución del Parlamento Europeo de febrero del año 2017, el principio de la gestión, participación, transparencia, eficacia, ética y democracia. Yo creo que las federaciones españolas están obligadas a establecer unos estándares elevados de gobernanza y de transparencia. Por tanto estaremos lógicamente muy atentos a que esto se pueda llevar a cabo, pero para ser justos también hay que decir que todas ellas ya están sujetas a la Ley 19/2013, de Transparencia que, tanto en su artículo 6 como en el 8, establece las condiciones que tiene que defender y que debe dar suficiente información, tanto institucional como económica y presupuestaria.
Esto es todo lo que tengo que decir en esta primera fase.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor secretario de Estado para el Deporte.
Pasamos ahora a la intervención de los distintos grupos. Siguiendo el orden de aquellos que han solicitado las comparecencias, tiene la palabra en primer lugar y por un tiempo de siete minutos el señor Gómez García, del Grupo Ciudadanos.
Buenos días y bienvenido una vez más esta mañana, señor secretario de Estado para el Deporte, en la que hablamos de varios temas importantes para el deporte español, y uno de ellos es el deporte y la mujer, la defensa de los derechos de la mujer en el deporte. En este ámbito llama la atención que de un partido que luego reivindica en las manifestaciones, en las redes sociales y se pone detrás de la pancarta
hablando siempre del derecho de la mujer -algo que nosotros también compartimos y por eso hemos pedido esta comparecencia- no haya en el día de hoy ningún representante, porque la portavoz de deporte puede estar indispuesta o puede estar mala, pero llama la atención que no haya venido ningún otro miembro de ese partido a hablar de mujer y deporte. Eso sí, luego se pondrán en la pancarta, para eso sí que son muy eficientes. Yendo al tema hay que decir que en diciembre de 2016 este Congreso aprobó una proposición no de ley para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en el deporte, y en esa proposición no de ley había una serie de medidas, una serie de propuestas que se pedía al Gobierno que se llevaran a cabo. Eso es lo que le preguntamos: qué se ha hecho de todo eso. En ese momento había un tema candente, que era el de las cláusulas antiembarazo que se daban en muchos supuestos, aunque en principio se negó que eso existiera. En una pregunta escrita que le hice me contestaban desde el Gobierno que se habían puesto en contacto con los presidentes de las federaciones. Nosotros creemos que lo que le falta a este Gobierno es liderazgo y es iniciativa. No es una cuestión de dinero, usted nos ha relatado todas las propuestas que hay en los Presupuestos Generales del Estado, que nos parecen bien, pero sí creemos que falta liderazgo y falta iniciativa para luchar de verdad por la igualdad real y efectiva de la mujer en el deporte. ¿Por qué se lo digo? Porque no es cuestión de que esas cláusulas sean nulas, eso está claro, todos sabemos que esas cláusulas son nulas de pleno derecho, pero creemos que es insuficiente con que simplemente se ponga en contacto con los presidentes; creemos que tiene que hablar con las deportistas, que tiene que ir a verlas, porque a ellas por supuesto les da miedo denunciar. Pero ya no es solo eso, ya no es solo el tema de las cláusulas antiembarazo, vemos que hay falta de iniciativa, falta de control, falta de investigación en esa desigualdad real.
Al preparar esta intervención he podido observar que la Federación Española de Ciclismo tiene en su página web su logo de mujer y deporte, supongo que recibirá subvención por actividades relacionadas con la mujer y el deporte y a favor de esa igualdad. Mirando en su reglamento -aunque cuesta encontrarlo- vemos cómo por ejemplo los premios para el primer hombre de una prueba de la Copa de España son 300 euros y el premio para la primera mujer es de 100 euros. Así podemos seguir, pero es que resulta que los hombres reciben premio hasta el décimo puesto y para las mujeres solo hay hasta el quinto, y reciben 42 euros. Eso no es igualdad, y el Gobierno está subvencionando a dicha federación. No me quiero meter solo con la Federación de Ciclismo, es la primera que he encontrado, seguro que si me pusiera a investigar encontraría más donde no tratan igual por la misma prueba a los hombres que a las mujeres. Es decir, no es cuestión de dar dinero, es cuestión de ponerse a investigar. Por ejemplo, Finlandia investiga a su federación de fútbol por discriminación de género; eso es lo que están haciendo otros Gobiernos, que de verdad no haya discriminación, y se ponen a controlar a sus federaciones. Aquí vemos que sí hay discriminación.
Ahora usted me dirá que a la Federación de Fútbol no le dan dinero porque renuncia a las subvenciones. ¿Es igual el premio que reciben los jugadores que vayan al mundial de futbol masculino que al femenino? No. Pues eso no es igualdad, y yo creo que ahí puede hacer mucho el Gobierno para que reciban los mismos premios, reciban las mismas becas y reciban las mismas compensaciones hombres y mujeres, porque aunque al final una federación es una entidad privada, es una entidad que tiene una función pública, y por eso están reguladas por la ley y por eso tienen un control del Consejo Superior de Deportes. Por eso creo que falta liderazgo e iniciativa por parte del Consejo Superior de Deportes.
Ponía de ejemplo el ciclismo, y lo siento, porque es un deporte que practico, que me gusta, y supongo que por eso es la federación que he mirado. El Campeonato de España de Ciclismo se celebra en Castellón, y el domingo, en la página web, aparecía la prueba reina, la elite masculina, de 210 kilómetros; y el sábado ponen a las mujeres con los sub-23, y las mujeres hacen 120 kilómetros y los sub-23 hacen 160, no hacen ni los mismos kilómetros. ¿Eso es igualdad? No, eso no es igualdad. Las mujeres pueden hacer las mismas pruebas, los mismos kilómetros que hacen los hombres. Lo vemos en el triatlón: los Ironman los hacen igual las mujeres que los hombres, y muchas mujeres ganan a muchos hombres. Aquí no hay ningún problema, pero hace falta que se pongan a controlar. ¿Gana igual el equipo que gana la Copa del Rey que el equipo que gana la Copa de la Reina de fútbol? No. Ahí hay mucho por hacer. Faltan convenios colectivos. Me gustaría ver a los sindicatos mayoritarios -que el otro día hablaban de feminismo- hablar del deporte, porque no les oigo que digan nada. Faltan mujeres directivas. Usted me dirá que Marisol Casado, pero es la excepción que confirma la regla, la única que tenemos. Faltan técnicas. Faltan juezas o árbitros. La primera mujer árbitro de la historia lo ha sido en la Bundesliga. España está muy lejos de llegar a eso. No existen procedimientos para la reclamación de las deudas en el fútbol femenino. El
Gobierno tiene un papel fundamental para que las cadenas públicas, Radiotelevisión Española, hagan un seguimiento igualitario del deporte masculino y el deporte femenino, porque falta presencia en los medios. Usted no puede obligar a las cadenas privadas a que hagan el mismo seguimiento, pero sí a las cadenas públicas.
Paso a otros apartados.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene que ir acabando. Ha sobrepasado un minuto su tiempo.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Voy acabando.
Respecto a la violencia en el deporte queda mucho por hacer. El observatorio no está haciendo nada. Desde noviembre de 2010 no se reúne, no ha hecho ningún informe, no ha hecho ningún trabajo, no ha hecho ningún estudio. Me decían: es que las facultades son las mismas. Yo creo que no son las mismas. El observatorio serviría precisamente para ver qué está pasando en el deporte base. No se ha traído a ratificar el convenio del Consejo de Europa de la lucha contra la violencia en el deporte, y tendrían que traerlo a esta Cámara.
En cuanto a la Federación Española de Fútbol quería que nos dijera por qué hay un trato diferente entre el presidente de la Federación Española de Fútbol -me parece bien lo que han hecho, porque nadie puede justificar lo que ha hecho el señor Villar- y el presidente de la Federación Española de Taekwondo, que está imputado por los mismos delitos, o más, que el presidente de la Federación de Fútbol. ¿Qué pasa, que uno es más mediático que otro, y por eso a uno sí que se le pide la suspensión cautelar y al otro no? Creo que hay que tratar a todos igual. No voy a defender a Villar, pero...
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Ha superado su tiempo en dos minutos, señor Gómez.
El señor GÓMEZ GARCÍA: ...creo que hay que tratar -sí, señor presidente- a todos igual.
Simplemente para acabar quisiera manifestar que hemos presentado una proposición no de ley para la delimitación de los mandatos de los presidentes de federaciones, para que los imputados salgan de las federaciones. Esperamos que se apruebe por el Congreso y se lleve a ese proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Gómez García.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Antón Cacho. Espero que no exceda tampoco usted su tiempo.
El señor ANTÓN CACHO: Intentaré ajustarme al tiempo, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días, señor Lete. Bienvenido.
Ha pasado ya demasiado tiempo desde que solicitamos estas comparecencias y los asuntos que pretendíamos tratar han evolucionado de manera considerable, y por consiguiente la urgencia y la oportunidad de ser tratados han sido superadas por el devenir de los propios acontecimientos. Somos conscientes de que la ocupación intensiva de esta Comisión en el pacto de Estado para la educación ha impedido su comparecencia en tiempo y en forma. Aun así le agradecemos las explicaciones que nos ha aportado hoy.
Teníamos solicitadas dos comparecencias. Una para tratar los asuntos de las dos federaciones quizá más importantes de nuestro país, que son la de fútbol y la de baloncesto. Empezaré por la de baloncesto. Desafortunadamente los agentes que los representan han protagonizado en los últimos años diversos conflictos. Hemos visto conflictos continuos entre la Federación de Baloncesto y la Liga ACB, entre la Liga ACB y los sindicatos, entre la federación y la Euroliga. En estos conflictos como usted bien ha dicho ha intentado mediar el Consejo Superior de Deportes en todo momento, pero al parecer no ha tenido todo el éxito que todos hubiéramos deseado. De hecho ahora mismo no sabemos cuántos equipos va a haber en un futuro en la Liga ACB ni cuántos van a descender, ni tampoco tenemos claro qué es lo que va a pasar con las ventanas propuestas por la FIBA para las competiciones de la Selección Española. Me gustaría formularle algunas preguntas respecto a estos asuntos. En primer lugar, ¿cuáles son los criterios de oportunidad para plantear una reducción a dieciséis equipos de la Liga ACB? ¿Tiene el consejo algún criterio objetivo para hacer esa propuesta? Me gustaría saber -ya ha dicho que aquí lo primero son nuestras ligas y nuestra selección- si la evolución constante de la Euroliga, en la que se ve que cada año se aumentan el número de partidos y los clubes que participan, tiene algo que ver con esa decisión. Me ha parecido entender en su
intervención que no era así, pero me gustaría que me contestara. ¿Hay algún perjuicio respecto al deporte base en la eliminación de esos dos equipos de la Liga ACB? Estamos viendo, incluso el propio seleccionador se ha quejado, que faltan equipos de alto nivel en los que los jugadores españoles con proyección acaben compitiendo. ¿Puede perjudicar esta reducción a futuros talentos? Si el objetivo de esta reducción es simplemente reducir partidos, creo que cuatro partidos por equipo no es un criterio lo suficientemente contundente, teniendo en cuenta la ampliación de partidos en otras competiciones.
Comparto con usted que el baloncesto español está en uno de los mejores momentos de la historia, solo hay que ver los excelentes resultados que han obtenido los clubes integrados en la Liga ACB en las competiciones europeas en los últimos años: hemos estado prácticamente en todas las finales. Sucede lo mismo a nivel de selecciones. La Federación Española de Baloncesto ha hecho un trabajo extraordinario, así como las selecciones nacionales de todas las categorías, tanto a nivel masculino como femenino. Han cosechado éxitos importantísimos a nivel internacional. Desgraciadamente el conflicto vuelve a aparecer en las famosas ventanas. Los clubes que integran esa liga privada -la Euroliga- han decidido no respetarla, de la NBA ya lo podíamos sospechar, pero esta situación nos ha asustado y ha llegado a generar alguna incertidumbre sobre nuestra clasificación para el Mundial de Rusia. Afortunadamente los jugadores, el equipo directivo y el seleccionador han superado perfectamente estas convocatorias, aun así todos hemos tenido ciertas dudas al respecto. ¿Cómo se van a afrontar ahora las ventanas de verano, donde sí parece que van a poder competir jugadores de la Euroliga y de la NBA? ¿Cómo compensamos a estos jugadores, que nos han sacado en estos momentos del atolladero, a la hora de participar?
El reto que nos plantea esta situación es bastante complicado. Es difícil compaginar los intereses de nuestra selección y de nuestra federación con los intereses de una liga privada de la que forman parte clubes de nuestro país, que incluso lideraron esa creación. La pregunta es clara: ¿es posible compaginar los intereses de nuestra federación con los intereses de la Euroliga? Esa sería la pregunta para terminar.
La segunda comparecencia que solicitamos tenía por objeto la petición de información sobre la situación de la Federación Española de Fútbol. Lo primero que le tengo que decir es que a nuestro grupo le hubiera gustado, en primer lugar, que hubiera comparecido de manera voluntaria para explicar aquella situación en el momento oportuno o, si era imposible por las fechas o por la inconveniencia, que nos hubiera trasladado, aunque hubiera sido en reunión particular, lo que estaba sucediendo. Lamentablemente, nos tuvimos que enterar de toda esta operación por los medios de comunicación. Yo entiendo que ustedes son los responsables, que son el Gobierno y son los que tienen que tomar las decisiones, pero igual que sucede en otros asuntos en los que se nos informa puntualmente, creo que esta situación, más allá del impacto mediático que tuvo, tenía la suficiente potencia como para habernos reunido por los menos a los portavoces y habernos comentado cómo estaba. Probablemente nos hubiéramos ahorrado pedir estas comparecencias, que, por otro lado, llegan tarde. Es cierto que en estos momentos tenemos un proceso judicial abierto, y además de las tres personas que estuvieron en su día encerradas hay seis responsables territoriales de federación investigados. Por lo tanto, creo que hay que dejar a los tribunales que resuelvan esta situación. Ya veremos cómo acaba todo esto. No obstante, lo que a nuestro grupo le preocupa y lo que quiere analizar es cómo hemos podido llegar a esta situación; más que analizar si se ha hecho lo correcto -entendemos que el Gobierno ha hecho lo correcto en esta situación-, cómo se ha podido llegar a esta situación, es decir, si hemos hecho todo lo posible en los últimos años, incluidos otros Gobiernos... ¿Ya se me ha acabado el tiempo? (Risas).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Ahora mismo siete minutos.
El señor ANTÓN CACHO: Intento acabar.
... y si la nueva perspectiva, estas jornadas que hemos organizado entre todos los grupos políticos, nos permite hacer las modificaciones legislativas necesarias para evitar que esto vuelva a suceder. Estos son unos momentos claves. Estamos escuchando a los agentes más representativos del deporte español y las federaciones no pueden estar aparte. En la próxima jornada que se celebre en el Congreso serán las protagonistas y serán ellas quienes tengan que decir cómo quieren evolucionar. Comparto con usted que es imprescindible garantizar en esta nueva ley la transparencia y la buena gobernanza de estas entidades como gestoras de dinero público. Además, debemos intentar mejorar los procesos electorales, sobre todo con un objetivo: que todo el mundo que es protagonista del deporte se sienta representado en una federación. Especialmente me preocupa el papel de los propios deportistas. Aprovechemos estas jornadas parlamentarias y demos una solución definitiva a esto.
Si me permite un minuto más. Al no estar Podemos es posible aprovechar el tiempo...
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Déjelo en cuarenta segundos.
El señor ANTÓN CACHO: Termino.
Me gustaría hacer una referencia al asunto que ha tratado el compañero de Ciudadanos sobre la discriminación de la mujer. Quiero aprovechar esta comparecencia para denunciar una nueva discriminación que pudimos ver este mismo domingo. Había dos grandes eventos deportivos el domingo en nuestro país, uno era el Trofeo Conde de Godó y otro el Campeonato Europeo de Bádminton que se celebraba en Huelva. Lamentablemente, ¿saben cuál fue el que se retransmitió en la primera cadena? El masculino. Tuvimos la oportunidad de ver proclamarse campeona de Europa a una deportista y, a juicio de Televisión Española, no tenía la suficiente relevancia para ser retransmitido. Yo creo que este es un ejemplo más de esa discriminación que tenemos que empezar a romper. Más allá de todas las sugerencias que en diferentes comisiones y en diferentes PNL hemos desarrollado, queda mucho por hacer respecto al papel de la mujer en el deporte y...
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tendrá tiempo en otra ocasión, señor Antón.
El señor ANTÓN CACHO: Por favor, traslade esta queja, si puede, a los directivos de Radiotelevisión Española.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Antón Cacho.
Antes de dar la palabra al representante del Grupo Popular, quisiera decir, por lo que comentó antes el señor Gómez García, que la notificación que tenemos de la ausencia del Grupo de Podemos ha llegado a las nueve horas de esta mañana, con lo cual seguramente -y con esto no trato de defender a nadie- han tenido dificultades para buscar sustituto que pudiera defender estas comparecencias. (El señor Gómez García: Entre setenta y tantos debe ser complicado). Simplemente lo digo a título de inventario, señor Gómez García.
Ahora sí, le paso la palabra, porque no están el Grupo Parlamentario Vasco ni Esquerra Republicana, al señor González Muñoz.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señor presidente del consejo, quiero darle la bienvenida a esta su Comisión y agradecerle una vez más todos los pormenores que nos relata cada vez que comparece. La verdad es que para mí es un placer ejercer de portavoz del partido que sustenta al Gobierno, porque usted es muy detallista en todas y cada una de las explicaciones que, a petición propia o a petición de los grupos, tiene a bien darnos en el Congreso cada vez que comparece. Quiero agradecerle también las mesas de diálogo que usted ha establecido en esta Comisión, que parece que algunos portavoces olvidan. Las puertas del consejo están abiertas para todos -hay veces que vamos en grupo, aunque me consta que algunos van bastante más en privado que en grupo- y también es bueno poner a la luz pública que usted es bastante permeable a los grupos parlamentarios para todas estas cuestiones. Si alguna vez se echa en falta información, dudo que sea por falta de interés suyo, porque me consta que algunos portavoces, cuando han requerido esa información, han tenido su teléfono o su despacho abierto para poder reunirse con usted y tenerla de primera mano. También quiero recordar la cantidad de mesas que tenemos para asuntos en los que venimos trabajando conjuntamente.
Por no entrar en polémica y no rivalizar en esta cuestión, comparto con el portavoz del Grupo Socialista lo que decía sobre la denuncia de los eventos, pero al fin y al cabo también tenemos que poner las cuestiones en contexto. A mí me gustaría que se viera más el bádminton, pero lamentablemente coincide con el tenis. Si el bádminton hubiera estado por encima del tenis, imagínense las críticas que hubiera habido por la demanda que tiene el tenis. Todo es cuestionable, pero al final tendremos que ir al modelo de darle más preferencia en la televisión pública, en las distintas franjas de horario en las que lo permita la televisión pública, o plantearnos -que también sería valiente- decir a algunas privadas que tienen que dar difusión al deporte. Porque lo de la pública está muy bien, pero a las privadas no les queremos decir nada; a las privadas no somos capaces de decirles desde el Congreso de los Diputados: Oigan, que ustedes también tienen que dar este evento por la relevancia que tiene. Sería bueno que empezáramos a pensar que, dentro de la ley, en caso de coincidir algunos eventos muy específicos, las privadas podrían echar una mano a la televisión pública, que al final tiene la capacidad y los medios que tiene. De todas formas, comparto con usted que la mayor presencia en la televisión ayuda muchísimo a la difusión del deporte femenino.
No comparto algunas de las tesis del portavoz de Ciudadanos, que creo que ha estado un poco duro en esta cuestión. Es verdad que todo es mejorable en la igualdad de la mujer en el deporte, pero no cabe hacer demagogia con este asunto. Podemos estar de acuerdo en que si la prueba es la misma no sean distintos los premios para el masculino y el femenino; es más, aquí hemos llegado a estar de acuerdo en que incluso para las personas que hacen deporte adaptado los premios, las ayudas o las becas sean las mismas que para las personas que no hacen deporte adaptado. Creo que en eso estamos de acuerdo, pero decir que alguien cobra una cantidad y alguien cobra otra distinta es como decir: ¿usted está en contra de que Cristiano Ronaldo gane lo que gana? Al final será lo que genera. Lo que tenemos que intentar es que el deporte femenino genere más para que sus deportistas puedan estar mejor pagadas. Y eso no es entrar en decir... Yo ahora le puedo sacar una noticia que dice que Ciudadanos indemniza a su jefa de prensa por despedirla estando embarazada: 153 000 euros. Claro, algunos no van a la pancarta, pero son de los que por las aceras tocan las palmas a los que están en la pancarta. Al final yo puedo ser tan demagogo como usted, pero esa no es la realidad.
Lo que hay que ver es: Primero, ¿se vulneran derechos? Eso no se puede permitir. Segundo, ¿hay que equiparar las condiciones? Hay que equiparar las condiciones. Y, tercero, ¿hay que permitir y facilitar que el deporte femenino genere cada vez más recursos en sus distintas modalidades para que sus deportistas puedan estar cada vez mejor pagadas? Eso es lo que hay que generar, porque muchas veces se abre el debate y cuando hablas con los representantes de los clubes de fútbol te dicen que Cristiano o cualquier jugador -llamémosle equis, no pongamos nombres de estrellas- gana lo que gana porque genera lo que gana. Eso al final, lamentablemente, hoy por hoy el deporte femenino no lo genera, y lo que tenemos que intentar es hacer todo lo posible para que el deporte femenino lo vaya generando.
Estamos abiertos en lo referente a los premios. Yo creo que eso sería interesante. Yo no entraría en los matices de si las pruebas son 170 o 200 kilómetros, no se trata de eso; se trata de que al final todos los deportes tienen sus condicionantes. Nosotros no estamos aquí para regañar a las federaciones sino para hacerles el trabajo más fácil, para fiscalizarlas, para darles herramientas; no estamos aquí para meternos hasta en cómo organizan una competición, porque eso es intervencionismo puro y duro y, viniendo del ala más liberal de este Parlamento, esa faceta intervencionista me ha sorprendido. Dicho esto, le agradezco el tono de su intervención. Creo que compartimos muchísimas cosas y que en las jornadas parlamentarias en las que participamos los tres grupos, en las que discutimos programas que puedan solucionar estas cuestiones y que son tremendamente interesantes, vamos a acordar muchísimas cosas. Es verdad que en el ámbito deporte-mujer quedan muchas cosas por hacer, pero también creo que es el momento de mirar atrás y poner en valor todo lo que se ha hecho y se está haciendo por parte del Consejo Superior de Deportes. No es una cuestión de liderazgo ni de falta de actividad. De lo que aquí se adolece y no se adolece en otros países es de oportunismo político, que es muy distinto.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Sepa simplemente que ya se pasó en un minuto, pero los demás también se pasaron.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Hasta el minuto y cuarenta que se ha pasado el compañero del PSOE, tengo cuarenta segundos.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Sí, incluso un minuto.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Quiero acabar con una reflexión, y es que dejemos el oportunismo fuera del deporte. Yo creo que al final todo es más fácil cuando se habla de los temas como se tiene que hablar y en el contexto en el que se tiene que hacer. Tenemos mucho más que construir desde la unidad y el diálogo en las mesas de trabajo en las que estamos que desde la confrontación y sacando de contexto algunas cuestiones que no ayudan a corregir la situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor González Muñoz.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado para el Deporte.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Lete Lasa): Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré responder a todas y cada una de las cuestiones que se me han planteado, empezando por el Grupo Ciudadanos.
Señoría, voy a evitar leerle lo que tiene que ver con los derechos laborales, que es lo primero a lo que usted ha hecho referencia. No solamente tenemos el Estatuto de los Trabajadores, tenemos la Ley 3/2007, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y tenemos medidas más que suficientes para acabar con la situación de agravio hacia las mujeres a efectos laborales. Como comprenderá, el Consejo Superior de Deportes no depende del Ministerio de Trabajo ni tiene capacidad de inspección, inspección que, por tanto, no me corresponde en este caso a mí. No obstante, le puedo asegurar una cosa, y es que cuando nosotros tuvimos conocimiento de algunas situaciones que se denunciaban en la prensa -yo nunca he tenido conocimiento directo a través de ninguna deportista que se encontrase en esta situación-, yo me dirigí a los presidentes de las federaciones, exactamente con fecha 25 de enero del año 2017, recordándoles las obligaciones en este sentido.
Como le decía, no nos resignamos, y aunque hemos hecho muchas cosas, seguramente nos faltan muchas por hacer. También le puedo decir que, en el ámbito de los premios que da el Consejo Superior de Deportes a las federaciones por resultados se premian por igual los resultados de hombres y de mujeres, por tanto, ahí no hay distinciones. Respecto a Marisol Casado, entiendo que se refería a ella por ser la única presidenta en el ámbito internacional y miembro del Comité Olímpico Internacional, pero no me quiero olvidar del resto de presidentas directivas españolas -que las tenemos, y son tres- y de algunas otras que tenemos en comisiones y en comités internacionales -que también las tenemos-, aunque es verdad que hace falta mucho más. Nos hacen falta más árbitros, pero, según la federación internacional, tenemos, por ejemplo, a Alhambra, la mejor árbitro de rugby. En cualquier caso, nos hace falta muchísimo más y le recojo el guante en este sentido. Hemos hecho discriminación positiva en las convocatorias de subvenciones, damos puntos por incremento del número de licencias femeninas y damos puntos añadidos por la organización de proyectos en materia de mujer y deporte. Asimismo, hay un acontecimiento de excepcional interés público, que es el Proyecto Universo Mujer, dotado con 22 millones, con el consiguiente apoyo a las ligas femeninas. Estamos haciendo muchas cosas, pero seguramente tendremos que hacer más. No le queda duda de que vamos a profundizar y a reflexionar sobre estas cuestiones que usted me dice para ver en qué medida las federaciones deportivas, dentro del ámbito de su autonomía, pueden igualar los premios en función del sexo dentro de las competiciones.
En cuanto a la violencia, tiene razón respecto a que el observatorio no se ha reunido desde el año 2010. Quiero decirle que, cuando acabe la temporada habrá un pleno de la Comisión antiviolencia en el que reflexionaremos sobre la necesidad o no de abordar la cuestión del observatorio de la violencia y sobre tomar medidas. Lo que sí le puedo decir es que, a pesar de los efectos mediáticos desagradables -quiero creer que se refiere usted a algunos incidentes ocurridos en una comunidad autónoma, con padres pegándose en la grada, que nos sacuden la conciencia a todos-, la Comisión antiviolencia y los informes que tenemos nos dicen que el porcentaje va descendiendo de forma considerable. De hecho, en las temporadas 2015-2016 y 2016-2017 han descendido un 20% los casos de la Comisión antiviolencia, en el bien entendido -como he dicho en mi primera intervención- de que esto se refiere al deporte de ámbito estatal. Insisto en que estas situaciones nos preocupan y que compartimos esta preocupación con las comunidades autónomas, a las que les ofrecemos nuestro apoyo, les ofrecemos nuestros medios y les ofrecemos nuestros instrumentos, no solamente en el aspecto de la violencia sino en otros, como en los abusos y la protección a los deportistas menores. Estamos trabajando como nunca se había hecho antes en todos los ámbitos, por supuesto también en el de la estrategia de fomento de la actividad física, pero, insisto, todas las medidas que tomemos en esta materia serán insuficientes mientras no seamos capaces de que haya cero casos de violencia.
Se ha referido usted a la situación desigual de los presidentes de fútbol y taekwondo, pero créame que no lo es. En el caso del presidente de la federación de fútbol hay un auto del juez con una imputación de delitos muy graves que originaron su toma en consideración. En el caso del taekwondo, de momento, no hay ningún pronunciamiento de la fiscalía ni del juez, sino simplemente un auto de investigación por parte del juez. De momento no tenemos nada, lo cual no significa que la situación cambie. Esto se ha tratado en la comisión directiva, órgano competente para tratar estos asuntos, y, siguiendo las recomendaciones de la Abogacía del Estado, nos hemos personado en la causa. Según el informe de la Abogacía del Estado -en este caso, del juzgado de instrucción pertinente, que está en Alicante-, se ha determinado que no parece que este sea el momento para tomar decisiones en este sentido. Si cambia la situación, no tenga ninguna duda de que tomaremos las medidas que correspondan, como no puede ser de otra manera.
Yo me alegro de que ustedes hagan propuestas a través de PNL. En cuanto a limitación de mandato y otras cuestiones, las observaremos y estudiaremos en profundidad. Me gusta decir que hoy la modificación del marco jurídico de la Ley del Deporte es un papel en blanco. Usted sabe, porque me lo ha oído decir, que estoy completamente a favor de la limitación de mandatos. No sé si esto se tiene que reflejar en un texto legal o se debe respetar el principio de autonomía y organización de las propias federaciones, pero lógicamente estamos en un momento idóneo para tomar las decisiones que correspondan y será este Parlamento, a través de la iniciativa legislativa, el que lo haga.
En cuanto a las preguntas relacionadas con la ACB, me gustaría vivir, señor diputado, en un escenario un poco diferente; me gustaría que así fuera. Créame que cuando estuvimos a punto de buscar un acuerdo en la propia ACB -ya no me refiero al convenio con la federación, que es, si me permite la expresión, una guerra aparte-, se plantearon diversas opciones por parte del consejo, teniendo en cuenta que no es el consejo el que tiene la competencia para decidir cuántos equipos deben disputar la Liga ACB, que, por cierto, es tan privada como la Euroliga. Lo que le quiero decir es que no tenemos capacidad -el consejo no la tiene- para establecer el número de equipos que juegan en la ACB, pero créame si le digo que la propuesta, cuando se planteó esto, fue de hasta dos grupos y con muchos más equipos que los que decidió la ACB, en el ámbito de sus competencias, en una asamblea del mes de septiembre o de octubre del pasado año. Quien decide el número de equipos que componen la ACB no es el Consejo Superior de Deportes; me guste más o menos no es el consejo quien lo decide, es la ACB. Además, lo hace en función del pacto octavo del Convenio de coordinación entre la ACB y la federación, que por cierto está ya prorrogado; yo he instado tanto a la ACB como a la federación para que firmen un nuevo convenio. Como digo, este convenio de coordinación tiene ya cinco o seis años por lo menos y en su pacto octavo dice que la ACB podrá determinar si el número de equipos es dieciocho o dieciséis -lo dice textualmente-, y eso se lo comunicará a la federación para acordar cómo se hace esa transformación. En eso estamos ahora precisamente. Lo único que tengo que hacer -no me queda otra, lógicamente- es cumplir con la ley y con la norma y tengo que respetar las decisiones de otros órganos. Por lo tanto, aquí no me queda otra cosa que respetar esta decisión, pero respetando la decisión que toma la ACB, me guste más o menos, también tengo que respetar las decisiones que corresponden a la federación y, por tanto, también a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que definitivamente, por fin, abrió la Liga ACB.
Usted me preguntaba si el descenso podría perjudicar a los jugadores españoles o a la Liga española. No lo tengo muy claro, el tiempo lo dirá. Lo que sí es verdad es que hemos estado con una liga cerrada de facto durante mucho tiempo y por fin la hemos abierto, han subido dos equipos y van a subir otros dos este año -ya ha subido el primero, que es el Breogán, el otro se está disputando- y yo he instado tanto a la ACB como a la federación a que se pongan de acuerdo para que me digan cómo van a hacer esa transición a dieciséis.
¿Pueden convivir la Euroliga y la FIBA? Pues igual que conviven la Champions y la Liga. Hemos tenido la suerte de disfrutar de un partido extraordinario y ver cómo un equipo español, en este caso el Madrid, va a jugar la final de la Champions, y espero que esta tarde el otro equipo español -en este caso también de Madrid, el Atlético de Madrid- consiga jugar la final de la Euroliga. Como vemos, ambas conviven en el ámbito del fútbol. Eso es lo que me gustaría, que la Euroliga y la FIBA se pusieran de acuerdo para hacer posible algo que en el fútbol ya se ha hecho. ¡Ya me gustaría! Igual que me gustaría que la FIBA se pusiera de acuerdo con la NBA para que los jugadores españoles en la NBA pudieran venir a jugar con España. ¡Claro que me gustaría! Pero evidentemente esas son decisiones que no le corresponden al presidente del consejo. Si le correspondieran a este presidente, no tenga duda de que eso seguramente lo tendríamos arreglado. Lamentamos muchísimo, como he dicho, que la Selección Española no esté formada con los mejores jugadores, pero tampoco me corresponde a mí, le corresponde en este caso al seleccionador nacional convocar a los jugadores. En ese sentido, yo no tengo más que una capacidad limitada por la Ley del Deporte que ha aprobado esta Cámara; tampoco quiero más, pero sí me gustaría que pudiéramos resolver todo esto. Yo creo que sí es posible compaginar la Euroliga con la ACB y con las Ventanas. Algunos de ellos son desafíos que nos vienen desde fuera y que tienen una difícil y a la vez fácil solución, que es hacer un ejercicio de diálogo y de responsabilidad para buscar acuerdos en este sentido. Lo que sí quiero decirle es que esta situación del baloncesto se viene viviendo hace mucho tiempo. Lo que le he dado son los rankings de la propia FIBA y en categorías inferiores tenemos éxitos considerables.
En lo que tiene que ver con la Federación Española de Fútbol, yo también me enteré por la prensa de lo que había ocurrido en el ámbito judicial. Desde luego, me tienen a su disposición en sede parlamentaria
o en cualquier otra sede -como creo que así lo he demostrado- para darles cuenta de la situación detallada. Otra cosa no será, pero hemos abierto las puertas y las ventanas del consejo y creo que damos suficiente información en relación con esta cuestión.
Para terminar, seguramente si usted o yo fuésemos presidentes de Televisión Española tomaríamos medidas en un sentido o en otro en función de lo que nuestro consejo de administración nos pidiera, pero es verdad que usted y yo hemos disfrutado en persona del jolgorio del pabellón de Huelva, aplaudiendo los éxitos de nuestra número uno mundial, que es Carolina Marín, y es verdad que más de 100 000 espectadores pasaron por el Trofeo Conde de Godó y disfrutaron del undécimo triunfo de nuestro número uno mundial en el ámbito del tenis. No sé qué decisiones empujan a Televisión Española a retransmitir un encuentro u otro, pero sí quiero decirle que el partido de Carolina Marín se retransmitió en directo por Teledeporte. También quiero decirle que una o dos semanas antes se retransmitió en directo la Copa del Rey de Balonmano femenino en detrimento del Conde de Godó. Por lo tanto, sin interferir -no es mi intención- en la política que tiene que seguir el presidente de Televisión Española, creo que hemos tenido oportunidades detalladas de apoyar la visibilidad del deporte femenino. ¿Nos gustaría que fuera más? Estamos de acuerdo, y no solamente ahí sino también -como decía el representante del Grupo Parlamentario Popular- en las cadenas privadas.
Y ya para rematar, estoy a su entera disposición, insisto. No sé si una comparecencia solicitada por mí hubiera agilizado mi presencia hoy aquí, me temo que no -la agenda demuestra que se trabaja y mucho, y seguro que bien- pero estoy a su disposición para, en esta sede o en cualquier otra, darles cuenta de todos los asuntos relacionados con el Consejo Superior de Deportes, como creo que por otra parte estamos haciendo. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles a todos la buena sintonía y el diálogo existente en el ámbito del deporte. Esperemos que esto siga así.
Al representante del Grupo Parlamentario Popular no puedo más que agradecerle sus palabras acertadas en este ámbito.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor presidente del Consejo Superior de Deportes, señor Lete Lasa. Damos por finalizada esta comparecencia. Saben ustedes que la siguiente empieza a las doce y media. (Pausa).
DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN, ANECA (ARNÁEZ VADILLO), PARA EXPLICAR LOS MOTIVOS DE LA PARALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARA LA ACREDITACIÓN COMO PROFESOR TITULAR. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/000959).
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Damos comienzo a la última comparecencia del día en esta Comisión de Educación y, por lo tanto, vamos a dar la palabra al director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, Aneca, a don José Arnáez Vadillo, a quien agradecemos su presencia.
El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN, ANECA (Arnáez Vadillo): Muchísimas gracias, presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención agradeciendo su invitación a comparecer en esta Comisión para poder explicar algunas cuestiones relacionadas con el proceso de acreditación del profesorado, que es la razón por la que se me ha convocado. Como saben, en Europa la calidad de la educación superior es asegurada por agencias independientes que, siguiendo protocolos precisos y reconocidos, evalúan y acreditan las enseñanzas y los centros universitarios. En nuestro país de esta labor se encargan las agencias autonómicas y Aneca, pero además Aneca tiene la función de acreditar al profesorado que desea optar a las plazas de cuerpos docentes, catedrático y profesor titular, y también lo hace en el ámbito de su territorio a los profesores contratados y profesores de universidades privadas. Aquí me gustaría subrayar un hecho que creo que es importante, y es que Aneca ni convoca ni concede plazas, solo certifica que un profesor reúne los requisitos mínimos para poder presentarse a una plaza que convocará la universidad y que con sus criterios, con sus perfiles y con su comisión determinará qué profesor reúne las mejores condiciones para ocupar esa plaza.
El modelo de acreditación de profesorado fue regulado en el año 2007 y se ha modificado recientemente, en 2015. Esta nueva regulación de la acreditación cuenta con algunos aspectos habituales en este tipo de procesos y otros aspectos más novedosos que, si me permiten, quisiera comentar. En primer lugar, este nuevo modelo de acreditación lo que hace es suprimir el concepto de acreditación universal. En el modelo anterior un profesor se acreditaba y, en teoría, esa acreditación le servía para ocupar cualquier plaza de cualquier rama del conocimiento. Esto luego no se llevaba a cabo porque es obvio que si un profesor se acreditaba para Ciencias de la Salud no podía optar a una plaza de Arte y Humanidades, pero en cualquier caso, repito, el modelo era de acreditación universal. Ahora se opta por un sistema en el que la acreditación obtenida produce efecto en cinco ramas del conocimiento: Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.
El segundo aspecto de este modelo que me gustaría subrayar es que el procedimiento se inspira en la tradición académica de la evaluación por pares, es decir, tanto el diseño de los méritos a valorar como la propia evaluación es responsabilidad de comisiones compuestas por profesores, catedráticos y titulares, de las mismas áreas de conocimiento, que toman las decisiones de forma colegiada tras el estudio del currículum de los solicitantes. Por ello se han establecido comisiones mucho más cercanas al ámbito científico y académico de los solicitantes; hemos pasado de cinco comisiones en el modelo anterior a veintiuna en la actualidad. Las comisiones conocen el estado de la disciplina en el momento en el que se produce la evaluación. No es Aneca la que define los criterios, Aneca no marca directrices, y no elige arbitrariamente a los miembros de las comisiones, que son seleccionados por sorteo y aprobados por el Consejo de Universidades.
Otro aspecto importante a reseñar del nuevo modelo es que la docencia y la investigación son las dos dimensiones vertebradoras de un currículum del profesor universitario. Por ello una evaluación positiva en estas dos dimensiones hace innecesario tener en cuenta más méritos para conseguir la acreditación. Si se cumplen los criterios en docencia e investigación, automáticamente el profesor estaría acreditado, pero puede ocurrir que el solicitante no alcance el nivel mínimo exigible en docencia e investigación y siempre que esta insuficiencia no sea grave podrá compensar con otro tipo de méritos: transferencia del conocimiento, experiencia profesional, gestión o formación académica podrían complementar esas deficiencias detectadas en docencia e investigación. Yo creo que con el juego de todos estos elementos este nuevo modelo permite que haya diferentes situaciones, diferentes currículums que pueden encontrar encaje en el modelo actual de acreditación.
Un último aspecto que también me gustaría subrayar con respecto al nuevo modelo es que los criterios para la acreditación pueden revisarse; de hecho, el real decreto subraya y señala que esta revisión se llevará a cabo cada dos años. Esta revisión, si fuese necesaria -y aquí les doy mi opinión-, no implicaría en ningún caso una alteración sustancial del modelo, pues hay que asegurar al profesorado una cierta continuidad; los currículums no se improvisan, son actividades desarrolladas a lo largo del tiempo y tiene que haber una cierta estabilidad en los criterios, pero, repito, si se detectasen problemas o deficiencias, tendríamos capacidad para repensarlas en un periodo de dos años.
Señorías, el retraso en la aplicación del Real Decreto 415/2015, el que determina este modelo, ha sido debido a varios motivos -y aquí contesto a la pregunta que se me hace y por la que estaba justificada mi comparecencia en esta Comisión-, fundamentalmente a dos circunstancias: en primer lugar, la aprobación del real decreto coincidió con la transformación de Aneca de fundación a órgano autónomo, lo que obligó a poner en marcha nuevos órganos de gobierno y el nombramiento del nuevo equipo directivo, y, en segundo lugar -yo creo que esto es más determinante-, se hizo necesario el diseño por parte de las comisiones de los criterios a considerar en la evaluación del profesorado, siendo trabajados y valorados por diferentes agentes. Con respecto a este punto, y a lo largo de 2017, los criterios para la acreditación de profesores titulares y catedráticos de universidad fueron debatidos y propuestos, como no podía ser de otra forma, por las veintiuna comisiones de diferentes áreas de conocimiento, constituidas por profesores especialistas en procesos de evaluación de profesorado. Sus conclusiones -las conclusiones de estas comisiones- fueron puestas en común y debatidas por los presidentes y por los secretarios de las comisiones por ámbito, es decir, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Arte y Humanidades. La razón de esta puesta en común era buscar sistemas de homogeneización de los criterios, que era una de las metas o uno de los retos que mi equipo directivo definió como fundamental o importante para tener un corpus de criterios entendible, homogéneo y accesible. Los resultados de estas dos fases fueron debatidos con representantes de la CRUE y representantes sindicales. Para ello se convocaron, entre el 22 de marzo y el 8 de noviembre de 2017,
diecinueve reuniones en las que se recogieron las opiniones y las sugerencias de los participantes, enriqueciendo los documentos finales. Fueron diecinueve reuniones, que se llevaban a cabo también por ámbito de conocimiento, con los representantes sindicales y con la CRUE y ahí se intercambiaron muchísimas impresiones y opiniones, algunas de las cuales obviamente se recogieron en el documento de criterios. Finalmente Aneca diseñó e incorporó criterios de carácter transversal a todas las comisiones, como son los de gestión -pensamos que ahí Aneca jugó un papel importante, puesto que las gestiones son méritos transversales para todas las áreas de conocimiento- y algún otro aspecto puntual relacionado especialmente con la docencia. Se concluye, pues, que el proceso ha sido participativo, con el objeto de diseñar unos criterios que obedecen a lo requerido en el Real Decreto 415/2015 y ayudan a orientar a los solicitantes de la acreditación.
Como es lógico, el retraso en la aprobación de los criterios supuso también una paralización en el proceso de acreditación. Las comisiones estaban centradas en la elaboración de criterios y la comunidad universitaria había ralentizado, conscientes de esta realidad, la presentación de solicitudes. En estos momentos la situación está normalizada y se está procediendo a la evaluación de los expedientes presentados. Los criterios fueron aprobados en el mes de noviembre y a partir de esa fecha comenzó a funcionar todo el proceso de evaluación y acreditación de las solicitudes que habían sido presentadas y las que se presenten en los próximos meses. Del total de solicitudes presentadas a fecha de hoy, 2651, ya se han evaluado en estos tres primeros meses del año 1159 expedientes, es decir, el 43%. Los resultados son muy parecidos a los del modelo anterior. Surgió una cierta polémica en todo el proceso de diseño de los criterios acerca del mayor endurecimiento de estos criterios por parte de determinados colectivos. Yo en aquel momento señalaba que deberíamos tener resultados y datos objetivos para poder llegar a conclusiones de esas características. Los resultados, evidentemente, están demostrando que los porcentajes de acreditados favorables son, repito, parecidos a los del modelo anterior.
Les daré algunos datos. No me voy a extender mucho en ellos para no hacer muy extensa mi intervención. En cualquier caso, para catedráticos de universidad, en el Real Decreto de 2007 -vamos a denominarlo modelo antiguo- obtenían informe favorable el 67% de los expedientes, de las solicitudes. Con el modelo nuevo, de estos 1159 expedientes que ya hemos evaluado, que ya es una buena muestra, el porcentaje es del 67%; es decir, exactamente el mismo. Para titulares de universidad, el dato difiere dependiendo de si incorporamos en estos 1159 expedientes los expedientes automáticos, es decir los correspondientes a titulares de escuela universitaria que, cumpliendo los requisitos, pasan automáticamente a titulares de universidad. Luego estarían los evaluados a través de currículum, que es la vía normal. Si sumamos los expedientes automáticos y los normales, la tasa de éxito en este momento tomando como referencia estos 1159 expedientes sería del 80%, y en el modelo anterior era del 68%, pero, repito, en este 80% estarían los automáticos, que siempre tienen una tasa de éxito muy alta. Si eliminamos los automáticos, es decir, aquellos que se evalúan por el procedimiento normal -análisis del currículum por parte de la comisión-, el porcentaje de éxito estaría en torno al 68%, cuando en el modelo anterior era del 65%. Es decir, estaríamos tres puntos por encima del modelo anterior. Estos serían datos globales. Si esto lo analizásemos por ámbitos o por campos, los resultados también son positivos, en algunos casos muy positivos. Si nos fijamos en catedráticos de universidad, en Arte y Humanidades se han emitido un 80% de informes favorables con el nuevo modelo, cuando con el modelo anterior era el 69%, luego ha mejorado notablemente. En Ciencias el porcentaje es muy parecido, 75% en el modelo anterior y 71% en el modelo actual. En Ciencias Sociales y Jurídicas el éxito del modelo actual es bastante evidente, el 71% frente al 56%. Y en Ingeniería y Arquitectura el 63% con el modelo actual frente al 65%. Aquí es ligeramente por debajo. No señalo cifras de Ciencias de la Salud porque todavía la muestra es muy pequeña. En catedráticos se han evaluado muy pocos expedientes y no podemos ofrecer unos datos que sean fiables. Si miramos los datos de titulares de universidad, la tónica es muy parecida. En Arte y Humanidades, evaluados por el real decreto actual la tasa de éxito es del 63% y en el modelo anterior del 68%, un poco por debajo del modelo anterior. Sin embargo, se incrementa en el resto de las áreas: en Ciencias, 83% en el modelo actual frente al 74% por ciento en el antiguo; en Ciencias de la Salud, 76% frente al 53%; en Ciencias Sociales, 80% frente al 58%, y en Ingeniería y Arquitectura, 82% frente al 73%. Yo creo que los datos son lo suficientemente elocuentes como para poner de manifiesto que el modelo actual no contiene criterios mucho más exigentes, como se venía diciendo, que el modelo anterior.
Para terminar me gustaría señalar tres conclusiones que me parecen importantes de mi discurso. En primer lugar -esto lo acabamos de ver con los datos-, los resultados obtenidos en el modelo de
acreditación actual no difieren excesivamente del modelo anterior. Es más, en algunos ámbitos los resultados son ligeramente más positivos. Estos datos cuestionan las afirmaciones vertidas con relación al mayor endurecimiento de los criterios del nuevo modelo, y personalmente opino que el profesorado, en los ocho años transcurridos entre ambos modelos, ha orientado su currículum en la dirección que marcaba el estado de la disciplina. Obviamente ocho años en ciencia es mucho tiempo y es lógico que los criterios que se van exigiendo cada vez obedezcan a aspectos más concretos. Si quieren, luego podemos comentar esto en las preguntas. La segunda conclusión es que todo sistema de evaluación es controvertido y es percibido de diferente forma según circunstancias y casos, pero pueden estar seguros de que en Aneca se trabaja desde la autonomía, la transparencia y la objetividad, propiciando que sea la propia Academia quien determine los niveles mínimos exigibles para que un profesor pueda optar a una plaza convocada por las universidades. Se trata, en definitiva -esa es nuestra obligación-, de asegurar la calidad en la enseñanza superior. Y tercera conclusión -una conclusión muy importante desde mi punto de vista-, la acreditación es un instrumento de gran utilidad para el sistema universitario. Este proceso, además de avalar el currículum de un profesor universitario, introduce cohesión y homogeneización al sistema. Los profesores de las universidades españolas, a diferencia de los de otros países, reúnen un número y un tipo de méritos muy semejantes, desarrollen su actividad laboral en cualquiera de las universidades en nuestro país. De esta manera se garantizan unos altos niveles de calidad en las instituciones universitarias y desde luego garantizamos a la sociedad esa calidad del profesorado universitario.
Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y quedo a la disposición del presidente y de la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Arnáez Vadillo.
Pasamos ahora a la intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra por un tiempo de siete minutos, en nombre del grupo parlamentario autor, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Alba Goveli.
La señora ALBA GOVELI: Muchas gracias.
Le agradezco muy sinceramente su intervención, señor Arnáez, y el hecho de que la haya ilustrado con datos concretos ayuda mucho a encauzar el debate y a la reflexión. Debido a las noticias de las últimas semanas, es el momento idóneo para que se produzca esta comparecencia, puesto que parece que se está impulsando una campaña de desprestigio de nuestra universidad pública que nadie quiere. Hay que defenderla y qué mejor manera que hablando de lo bueno y de lo malo desde una institución llamada a controlar la calidad de nuestras titulaciones, de nuestra docencia y de nuestros procesos de contratación y gestión, como es la Aneca. Es evidente que algo ha fallado en los procesos de control y en las evaluaciones externas y es un buen momento para detectar esos fallos y en qué podemos avanzar para mejorar. Esto ha reavivado un debate que más o menos estaba latente -usted ha hablado de ello-, el debate en torno al sistema de evaluación en general y a los criterios en particular. Mi grupo lleva una larga temporada preocupado porque este sistema de evaluación no conduce a una diversificación de los perfiles del profesorado, que en realidad podría ser el objetivo. Hablaba usted de complementar el currículum y eso al final lleva a una especie de obligación del profesorado para puntuar un poco en absolutamente todo: docencia de grado y posgrado, estancias -muchas de ellas sin apoyo económico- en el extranjero, publicaciones, dirección de tesis, proyectos e investigaciones, incluso con rendimiento económico. El larguísimo listado de méritos valorables para cada área de conocimiento al final actúa como una lista de condiciones imprescindibles en las que hay que puntuar, todo esto en un contexto complicado para nuestros docentes e investigadores, muchas veces precario, con poco tiempo y con falta de fondos para investigar, y especialmente difícil -lo mencionábamos en la comparecencia anterior- en el caso de las mujeres si quieren conciliar la vida familiar y laboral. Al hilo de los datos que ha aportado, mucho me temo que si nuestro profesorado sigue consiguiendo esto no es porque sea fácil o igual de difícil que antes, sino gracias a sus esfuerzos sobrehumanos y a muchísimos sacrificios personales, que en la mayoría de los casos son bastante injustos y no se les deberían exigir. ¿Puede hacer una valoración más profunda al respecto?
Ha hablado de la necesidad de la estabilidad en los criterios. Interpreto que con esto viene a decirnos que actualmente los considera idóneos y que no cree que haya que cambiarlos. Sin embargo, en realidad no ha habido mucha estabilidad en esta última temporada a raíz del cambio y se han producido muchas quejas en torno a los nuevos criterios. Ha mencionado las reuniones mantenidas, algo que es positivo, con
la CRUE y con los sindicatos, pero me atrevería a decir que todos los sindicatos, tras esta serie de reuniones, se mostraron bastante insatisfechos por la escasa receptividad de Aneca para valorar cambios. Se limitó a aceptar algunas propuestas, las que contribuían a mejorar el proceso, pero sin tocar el corazón del mismo, unos criterios que ellos -los sindicatos- seguían considerando injustos y desproporcionados. Si puede, haga una valoración más extensa de cómo vivió este proceso y díganos qué opina.
¿Considera que se han escuchado las voces de todos los actores implicados, especialmente de quienes más sufren este tipo de cambios? Porque se están pidiendo cosas, como por ejemplo la adaptación de las titulaciones a la realidad cambiante de la cuarta revolución industrial, pero luego resulta que los protocolos de Aneca convierten todo intento de cambio en un proceso arduo e interminable, que desanimaría a cualquiera, incluso a los más voluntariosos.
Para terminar, quiero hablarle de una cuestión muy concreta que también nos preocupa: el índice de impacto. No es una cuestión menor -es un elemento fundamental que ha sido criticado- el sesgo de las revistas analizadas para determinar el índice de impacto. La selección es realizada por empresas privadas, con criterios me atrevería a decir que bastante poco transparentes, y además la cobertura de las revistas cubre de forma privilegiada el ámbito anglosajón, el idioma inglés, siendo bastante maltratadas todas nuestras lenguas oficiales y otras zonas geográficas, lo que se traduce en que los artículos más citados son publicados en revistas norteamericanas e inglesas. Se valoran tanto los artículos como la pertenencia a sus consejos editoriales y comités evaluadores, sin que se puntúen en modo alguno las publicaciones en repositorios públicos bajo fórmulas de acceso abiertas, acordes con el mandato del artículo 37 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Además, los elementos que se utilizan para identificar el factor de impacto en realidad no tienen mucho que ver con la calidad de los artículos en sí. Uno de los criterios para incluir las revistas en estos índices es que hayan sido citados muchas veces, de tal manera que revistas que estén fuera de esta situación, por muy buenas que sean, no van a estar presentes, por lo menos en el medio plazo y probablemente nunca, y campos que sean especialmente novedosos y que no hayan sido tan citados al tener menos revistas en torno a ellos se van a encontrar con el mismo problema. ¿Han valorado esta cuestión? ¿Tienen pensado abordarla? ¿Cómo lo harían? ¿Cuáles son exactamente los criterios para escoger las revistas? ¿Cómo valora la apuesta por repositorios de conocimiento público y de acceso gratuito?
Se me acaba el tiempo, así que termino ya. Mi grupo cree que existe la necesidad de introducir cambios en los criterios de evaluación de nuestra ciencia y que hay que apostar por la apertura de un proceso basado en dos ejes: en la transparencia y en una revisión de los baremos para mejorar su eficacia pero de forma participada y escuchando a todo el mundo. La apuesta firme por la democratización, la transparencia y una financiación digna que acabe con la precariedad son elementos fundamentales para garantizar aquello de lo que usted hablaba: la calidad de nuestra universidad pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Alba Goveli. Se ha ajustado usted al tiempo previsto.
Al no estar el Grupo Parlamentario Vasco ni Esquerra Republicana, en nombre de Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
Muchas gracias por su comparecencia, señor director de la Aneca. Le esperábamos desde hace tiempo por la importancia que tiene la agencia. Yo soy una defensora de la Aneca dentro de las limitaciones que pueda tener en muchos aspectos. Creo que ha ayudado a la convergencia del sistema universitario con Europa, que ha reducido muchísimo el clientelismo de las universidades -queda mucho, pero algo se ha hecho-, que garantiza un mínimo de calidad y de homogeneidad en los criterios de acceso al profesorado y que puede ser muy útil si se utiliza bien, aunque es verdad que se tienen que valorar algunas cuestiones -lo he comentado en la comparecencia anterior- no solo en el ámbito del profesorado, sino también en el de la acreditación de los títulos. Hay fallos en las agencias de acreditación y a veces es difícil valorar la excelencia porque es poliédrica. Es complejo evaluar.
Le voy a formular algunas preguntas que me planteo personalmente. Como usted sabe más que yo y está en este puesto ahora mismo, me gustaría que me las aclarara, pues creo que son el origen de algunas confusiones y de que se estén mezclando algunos temas. La primera pregunta es muy clara: ¿considera que las acreditaciones de la Aneca deben tener carácter académico o laboral? Esta es la pregunta del millón y, en virtud de la respuesta, tendremos que ir hacia un lado o hacia otro.
Entrando en la cuestión clave de los criterios, que es lo que nos trae aquí, me gustaría saber si han previsto ustedes, puesto que, como ha dicho, son dinámicos y se supone que se van a renovar, cómo afrontar futuros colapsos que se puedan generar, igual que el que se ha generado, porque se ha generado un colapso. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué se ha aprendido y cómo lo van a aplicar en el momento en que cambien estos criterios?
Me gustaría saber también si con los nuevos criterios la Aneca sigue teniendo la obligación de publicar los datos de los nuevos acreditados o no. ¿Los recientemente acreditados están ya publicados o se van a publicar? ¿Cómo se va a manejar esto? Es un ejercicio de transparencia esencial que como grupo político consideramos que es importante. Queremos saber también si las veintiuna comisiones que se han puesto en marcha están funcionando con la misma celeridad y hasta qué punto se están teniendo en cuenta las fechas de las acreditaciones conjuntamente. Sabe usted por qué lo digo: porque se ha generado desde mi punto de vista un perverso sistema en las universidades que no tiene que ver con la Aneca, sino con la provisión de plazas relacionadas con las fechas de la acreditación del profesor titular -este es otro tema para discutir en profundidad-, sobre todo en el ámbito de la promoción interna. Me consta que las comisiones no funcionan a la misma velocidad, lo cual estaría generando profundas desigualdades entre los profesores. Me gustaría también saber, en el ámbito de la composición de las comisiones, cómo se ha implementado el sorteo de renovación de estas comisiones. ¿En todas las áreas de conocimiento hay miembros suficientes que cumplan los criterios para poder acceder a estas comisiones unidos a los criterios de paridad? Tengo dudas, sobre todo en algunos ámbitos, de que esto se pueda cumplir. ¿Se ha producido ya la renovación efectiva? ¿Tiene constancia de miembros que repitan sistemáticamente por algún tipo de problema? Si esto fuera así, ¿cómo lo van a enmendar?
¿Considera usted -esta es una pregunta personal- que sería conveniente poner criterios de acceso a esas comisiones, de tal manera que sus miembros pudieran acreditar fehacientemente los mismos requisitos que se están exigiendo a las personas que piden la acreditación? ¿Tiene usted garantía de que todos los miembros que forman parte de esas comisiones los cumplen? ¿Hay alguna garantía de que los cumplen? Una pregunta muy importante para nosotros: ¿Qué tipo de control se realiza sobre la Aneca? ¿Quién controla al controlador ante situaciones como las que hemos vivido no solamente de acreditación del profesorado, sino de acreditación de títulos? ¿Cree usted que se debería desarrollar la alta inspección educativa para que pudiera ejercer sus funciones en el caso de una situación como la que se ha vivido recientemente? Aunque sé que afectaba a otra agencia de acreditación, podría afectar a la Aneca.
Ya me están haciendo señales de que se ha acabado el tiempo, pero tengo muchas más preguntas que le iré pasando por escrito.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Martín Llaguno.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Urquizu Sancho.
El señor URQUIZU SANCHO: Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias, señor Arnáez, por estar hoy aquí presente.
Como decía la compañera de Podemos, era una comparecencia demandada porque la Aneca juega un papel esencial en el sistema universitario español. Usted ha venido aquí a comparecer por las acreditaciones de los profesores titulares, pero han sucedido muchas cosas en los últimos meses que tendrían algo que ver con la agencia.
Repasando un poco el papel en las acreditaciones, el primer episodio lo encontramos el verano pasado, cuando más de mil profesores se vieron atrapados, puesto que no podían ser acreditados por la Aneca. Como usted ha relatado, se produjo un retraso que poco a poco están solventando. Preparando mi intervención reflexionaba sobre qué es lo que podría justificar ese retraso. Usted nos ha dado un argumento, pero podrían existir más argumentos. Podría ser que existiera una gran carga de trabajo en la evaluación de títulos de grado y de máster, aunque en el año 2016 se evaluaron 151 propuestas de máster, grado y doctorado nuevas, mientras que en el año 2017 fueron solo 86. Es decir, tuvieron menos solicitudes el año pasado y no tenían una gran carga de trabajo de evaluación de títulos; incluso por modificaciones de los ya evaluados tampoco había una gran carga de trabajo. Por eso, pensamos en mi grupo que quizá estaban haciendo otras cosas, que estaban en otras tareas. Es verdad que tendrían que haber estado en otras tareas en las que se les echó algo de menos. Voy a poner un ejemplo. El año pasado conocimos que un rector de una universidad pública española había plagiado un conjunto de textos y exigimos responsabilidades al Gobierno. Nos dijeron que no podían hacer nada
debido a la autonomía universitaria. Es verdad que quizá el ministerio o el ministro no tenían suficientes herramientas, pero ustedes sí que tienen un papel muy importante. De hecho, usted preside la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, que tiene mucho que ver con los sexenios. La primera pregunta que le hago es si se han planteado en algún momento que alguien que ha cometido fraude, como puede ser un plagio, pueda perder los sexenios e incluso la acreditación que tiene gracias a esos méritos. Eso tiene que ver con su agencia. ¿Hasta qué punto el artículo 19.2 del real decreto que regula su estatuto permitiría que una persona sea catedrática de forma fraudulenta, cuando no debería serlo porque sus publicaciones no son ciertas y han sido plagiadas? ¿Hasta qué punto ustedes podrían jugar un papel ahí? ¿Cree que habría sido posible que hubieran podido actuar? Si era posible, ¿por qué no actuaron en su momento?
Esto tiene que ver con un segundo elemento relacionado con esa universidad. Hemos visto de repente que algunos títulos en esa universidad parece ser que se conseguían de forma muy laxa, hasta el punto de que se podían convalidar dieciocho asignaturas de grado para obtener un máster. ¡Imagínense ahora cuántos estudiantes de grado irían a pedir másters evaluando sus carreras! Es un poco extraño. ¿Se han planteado ustedes revisar las acreditaciones y evaluaciones de esos títulos de máster y de grado que han estado funcionando y operando de esa manera? ¿Tienen pensado tomar algún tipo de medida en la evaluación de esos títulos universitarios? Se lo digo porque en el fondo los profesores y los estudiantes de esa universidad necesitan que les defiendan, especialmente aquellos que tienen que controlar la calidad de esa universidad. Seguramente esos profesores y esos estudiantes necesitan una Aneca fuerte que pueda evaluar que esos títulos cumplen con los requisitos. Por tanto, me gustaría saber si han pensado tomar algún tipo de medida.
Se lo digo también porque parece ser que el Partido Popular de CastillaLa Mancha quiere quitarles algunas de las tareas que ustedes tienen, porque hay una cierta polémica sobre la acreditación de un conjunto de títulos en la Universidad de CastillaLa Mancha. Por eso, me gustaría que en la siguiente intervención nos aclarara cuál es el procedimiento para poder acreditar un grado para que quede constancia. ¿Debe ser un Gobierno autonómico el que demande la acreditación de los títulos o tiene que ser la universidad la que demande a la Aneca qué títulos se acreditan y bajo qué forma? ¿Podría explicar brevemente el proceso? De paso, en el caso de que alguien lo solicitara mañana, ¿usted cree que hay tiempo suficiente para que un título se pudiera impartir el curso que viene, como parece ser que manifiestan en algunos lugares? ¿Cuál es la media de evaluación y acreditación de un título universitario?
Finalmente -porque veo que ya me toca acabar-, ha estado hablando brevemente del conjunto de criterios que hay en la evaluación. Permita que ponga en cuestión las cifras que ha dado por una sencilla razón. Es posible que sean muy coincidentes porque hay un proceso de autoselección: cuando uno solicita la acreditación a la Aneca es porque cree que ya cumple los criterios. Así pues, me gustaría saber cuál es la edad media para ser profesor titular y catedrático en España. ¿Es posible que la gente esté ahora retrasando ahora sus solicitudes porque ustedes han puesto los criterios mucho más exigentes que antes?
Y con esos criterios, otro elemento más. Si me permiten, para el futuro no cambien las reglas del juego a mitad del partido. Una carrera universitaria lleva mucho tiempo, no un año. Ustedes lo que hicieron fue cambiar las reglas a mitad del partido, de tal forma que hay gente que ha estado mucho tiempo trabajando en su propia carrera investigadora y de repente, de un año para otro, ha visto cómo los criterios se han cambiado. Por eso, les pediríamos que consideren la posibilidad de que en el futuro, cuando vuelvan a cambiar los criterios, establezcan un tiempo de demora o de transición para que a aquellos que llevan un tiempo trabajando bajo unas reglas del juego se les pueda evaluar con esas reglas y no con unas que han establecido de un día para otro.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Urquizu.
Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Alonso DíazGuerra.
El señor ALONSO DÍAZ-GUERRA: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. En primer lugar, en nombre del Grupo Popular quiero agradecer al señor Arnáez su comparecencia y felicitarle por la claridad y concreción de la misma.
Quiero comenzar mi intervención destacando la importancia de que sea una agencia estatal independiente a través del sistema de acreditación la que garantice unos mínimos de calidad y formación de los futuros docentes e investigadores. Coincido con usted -y creo que todos coincidimos- en que una de las fortalezas de nuestro sistema universitario es la certeza de la alta calidad del profesorado, donde el
sistema de acreditación por parte de una agencia independiente legitima esa calidad del profesorado y su homogeneización en el conjunto del sistema del Estado español. Como se ha expuesto, era necesario un cambio en ese modelo de acreditación y que esos criterios se adaptaran a la universidad del presente y del futuro. No es menos cierto que el sistema anterior ha sido útil en los ocho años que ha estado en vigor, pero había una gran demanda para que se actualizara y en que además se hiciera de manera más cercana al ámbito científico y académico de cada uno de los solicitantes. Quiero destacar el gran trabajo de homogeneización y clarificación de los criterios en las diferentes áreas realizado por la Aneca, por los profesores que han formado parte de las comisiones, por la propia CRUE y por las organizaciones sindicales. El nuevo sistema pretende equilibrar y fortalecer los criterios docente y los investigadores, pilares de la actividad universitaria en España. El modelo actual es más sencillo, más justo y más transparente que el anterior, y por supuesto continúa dejando margen de maniobra a las comisiones, como no podría ser de otra manera, aunque no creo que nadie de los aquí presentes cuestione la profesionalidad, independencia y cualificación de las personas que integran las diferentes comisiones de expertos.
Ante algunas de las críticas de los portavoces de otros grupos políticos, yo sí les pediría serenidad y reflexión, serenidad y reflexión para cambiar a mejor y no para volver atrás sin más, sin ninguna otra justificación. Por ello, como bien decía el compareciente, el nuevo modelo contempla una comisión de seguimiento en la que estén integradas la CRUE y las organizaciones sindicales para analizar los posibles desajustes y proponer medidas que mejoren el sistema con el paso del tiempo. Como bien ha explicado el director de la Aneca, se han mantenido multitud de reuniones con los sindicatos -creo que han sido más de nueve meses de reuniones-, donde además los propios sindicatos han reconocido acercamientos y han destacado cosas positivas en el nuevo modelo. Creo que es positiva la emisión de una certificación que acredite positiva o negativamente sin menciones y que además si la respuesta a la solicitud es negativa, sea motivada y razonada. También es considerada positiva la propia comisión de seguimiento, entre otras muchas cosas.
A raíz de la pregunta del portavoz del Grupo Socialista, yo quiero plantearle varias cuestiones. Una tiene que ver con mi tierra, Castilla-La Mancha, donde nos gobiernan políticos que esconden, eluden sus responsabilidades y las trasladan a otros para así engañar a los ciudadanos. Tenemos ahora al Gobierno socialista y podemita de García-Page que, después de culpar y desacreditar a la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora manifiesta que la responsabilidad de que Cuenca y Talavera no cuenten con los grados de turismo e informática depende de la Aneca. (Muestra un documento). Son palabras titulares del día de ayer, justamente el día de ayer. (El señor Camacho Sánchez: La autorización). Usted, como presidente de la Aneca, ¿tiene conocimiento de si desde Castilla-La Mancha se ha pedido la autorización de las titulaciones de grado en informática para Talavera y de turismo para Cuenca? Y también a raíz de la pregunta que le hacía el portavoz del Grupo Socialista, ¿nos podría clarificar si es más rápido que un título que ya está acreditado en otro campus de la misma universidad se pueda modificar para que se pueda impartir en otro campus y la disponibilidad que tiene la Aneca para tramitar lo más rápidamente posible esos títulos siempre y cuando sean solicitados, en primer lugar, y por supuesto sea una solicitud completa y adecuada a lo que prevé la normativa?
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Alonso Díaz-Guerra.
Tiene la palabra para contestar a los portavoces el señor Arnáez Vadillo.
El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN, ANECA (Arnáez Vadillo): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a todas sus señorías por sus preguntas, que han sido muchas, y voy a intentar responder a todas ellas. Comenzaré a contestar en el mismo orden de intervención de sus señorías y por tanto respondiendo al Grupo de Podemos.
El modelo actual, el modelo de acreditación de profesorado actual, mejora considerablemente el modelo anterior, que sí que era de puntos; el anterior sí que era una suma de micropuntos a partir de una amplia gama de méritos. En el modelo actual esto no ocurre así, de tal forma que donde el profesor tiene que focalizar fundamentalmente su actividad es en la docencia y en la investigación. Si cumple los requisitos de estos dos elementos, de estas dos dimensiones, ya estaría acreditado. Los otros elementos -gestión, transferencia, formación docente, etcétera- son adicionales, son para cubrir déficits. En ese sentido, el modelo actual permite focalizar la actividad del profesor universitario en los dos elementos que son básicos en la actividad universitaria: por un lado impartir las clases que le corresponden y, por otro, la
investigación. Es cierto que el real decreto establece que a los dos años se pueden revisar los criterios. La interpretación que yo hago al párrafo del real decreto de modificación de criterio cada dos años es que, efectivamente, si se detectase algún tipo de problema o desajuste, se debería trabajar en él, pero evidentemente no cambiar el modelo, porque ahí comparto lo que se ha dicho de que efectivamente un currículum académico no se improvisa, es fruto de una acumulación de méritos a lo largo del tiempo y además un tiempo amplio. Sería una locura, y además así me lo han manifestado los profesores cuando he ido por las universidades explicando los criterios -y ya llevo casi media docena-, me advierten que ¡ojo! con la modificación de criterios, no vayamos a volvernos todos locos y cada dos años pongamos el modelo patas arriba. Esto no puede ser, es inviable. Repito, sí que tenemos un acuerdo y un compromiso con CRUE y con sindicatos para que cada dos años se haga una evaluación de la situación y, repito, si existiese posibilidad de modificar alguna cuestión concreta, tendríamos que trabajar en ello, pero el modelo tiene que ser lo más estable posible.
He mencionado antes que las reuniones con los sindicatos han sido desde mi punto de vista muy fructíferas y muy largas en el tiempo, pues han sido diecinueve reuniones y les puedo asegurar que ninguna ha durado menos de cuatro o cinco horas. Ellos evidentemente han puesto sus planteamientos y sus posiciones encima de la mesa y las comisiones y Aneca las suyas, y entre ambas partes hemos intentado llegar a consensos y acuerdos. Personalmente pienso que se ha llegado a acuerdos, y no a pocos, a bastantes acuerdos. De hecho hay un documento que es clave y al que se daba mucha menos importancia, que es el documento de principios y orientaciones para la evaluación del profesorado, que fue plenamente consensuado por todas partes. No son los méritos concretos, pero es un documento en el que se establecen claramente las reglas del juego, que quedaban algo confusas a partir de la lectura del real decreto. Por ejemplo, cuál era el papel de la calificación A, excelente, dentro del proceso de acreditación, cuál era el papel de la calificación B, etcétera. Todos estos elementos que inicialmente, cuando se publica el real decreto, eran confusos, en esas reuniones quedaron clarificados y plasmados en un documento. Por tanto, yo creo que efectivamente ha habido un consenso y que la aportación no solamente de los sindicatos sino también de la CRUE y de las propias comisiones han enriquecido el texto. Por lo tanto, también pienso que se han escuchado todas las partes integrantes en el proceso de configuración de un currículum académico, es decir, profesores expertos, sindicatos, la propia CRUE, Aneca con su experiencia, etcétera, es decir, todos estos elementos.
El tema de los índices de impacto y de las bases de datos que se utilizan para las evaluaciones es muy interesante y además a mí me apasiona porque llevo trabajando mucho en este asunto. Yo parto de una premisa inicial, y es que uno hace ciencia para que se lea, es decir, la ciencia tiene que comunicarse, la ciencia tiene que ser leída, porque es lo que permite el avance. Por lo tanto, el investigador siempre buscará aquellas plataformas, aquellas revistas que le permitan tener una mayor visibilidad de lo que investiga. En el ámbito científico-tecnológico esto está muy claro. La propia academia lo tiene clarísimo. Es cierto que existen una serie de plataformas que corresponden o que están gestionadas por empresas privadas y que lo que hacen es un trabajo, de big data, de recogida de información acerca de cuántas veces se lee o se descarga un artículo y, a partir de ahí, te sirven de referencia unos índices correspondientes. Ahora mismo, cualquier profesor universitario, cualquier investigador del ámbito científico-tecnológico se apoya en estas bases de datos, donde están recogidas las revistas más leídas.
Otra cuestión distinta es la del ámbito de las ciencias humanas, jurídicas y sociales. Aquí sí que hay -lo tengo que reconocer- una mayor dificultad porque las reglas del juego no son tan claras como en el ámbito científico-tecnológico. Yo lo he dicho públicamente en universidades y se lo he dicho públicamente a mi equipo. Creo que en nuestro país se debería hacer un esfuerzo importante por diseñar una plataforma semejante a las internacionales que hemos mencionado -empresas privadas que todo el mundo conoce-, pero que el ámbito de revistas humanísticas, jurídicas y sociales, no sea simplemente un repositorio de revistas, sino que sea un lugar donde se refleje el impacto de las revistas, que es lo importante. Un repositorio no es nada, un repositorio acoge a todas las revistas que reúnen una serie de condiciones. Tiene que haber un impacto, tiene que haber un ranking de revistas, un posicionamiento de revistas. Lo creo sinceramente. Esta es una labor que deberíamos hacer entre todos y un compromiso que deberíamos asumir. Deberíamos trabajar en hacer una base de datos importante en el ámbito de las ciencias humanas, jurídicas y sociales que incorporase revistas, evidentemente, en inglés, porque es la lengua franca de la ciencia, pero también en español -haberlas, hay muchas~_. También es cierto, y esto hay que decirlo, que desde la perspectiva de la academia tenemos que hacer un fuerte esfuerzo para situar nuestras revistas en lugares bien posicionados de esas bases de datos que son habituales. Esto se
hace y se puede hacer. Hay bases de datos muy conocidas -no voy a dar nombres- que incorporan a un buen número de revistas españolas. ¿Cómo se ha conseguido? A base de seleccionar muchos los artículos por parte de los consejos editoriales, de hacer una evaluación por pares, de publicar de manera periódica, de incorporar investigadores internacionales. Son los elementos clave para posicionar adecuadamente a una revista. Es una labor que tenemos que hacer como academia. Tenemos que trabajar en esa dirección, sin olvidar lo importante que son todas las plataformas abiertas, que también juegan un papel significativo.
Respecto al Grupo Ciudadanos, su primera pregunta era cómo veía la acreditación, si como un perfil académico o como un perfil laboral. En estos momentos, porque así están diseñados el currículum y el historial de un profesor, es un perfil claramente académico. Es decir, se trata de que, a partir de un conjunto de méritos académicos, el profesorado vaya siendo acreditado para determinadas plazas que luego ocupará.
Se menciona el colapso cada dos años y si se hace una revisión. Creo que esto ya lo he mencionado antes. No se trata de volver a debatir los criterios, no se trata de establecer nuevos criterios, sino, simplemente, de conseguir que aquello que se muestra erróneo pueda ser mejorado, y estas son cuestiones de tipo puntual. Vamos a publicar, obviamente, como se ha hecho hasta ahora, los datos de los acreditados que vayan surgiendo. La política de mi equipo directivo y la mía propia es muy clara: máxima transparencia. Creo que lo que refuerza a una institución, lo que le da valor a una institución es la transparencia. En ese sentido, haremos todas aquellas políticas -y asumimos todas las sugerencias que nos vengan desde el Congreso- para trabajar en esta línea de máxima transparencia.
No hay un ajuste entre el trabajo de las comisiones y cuando las universidades ofertan sus plazas. Para empezar, el amplio número de universidades que tenemos en nuestro país hace que los concursos los diseñen en el tiempo de una forma u otra; es decir, cada universidad tiene sus ritmos temporales a la hora de sacar las plazas, pero, evidentemente, Aneca no puede estar atendiendo esta realidad. Repito que nosotros lo que hacemos, sencillamente, es certificar que un profesor reúne requisitos para ser acreditado. Todo lo que pase a partir de ahí ya no es responsabilidad de Aneca, ya depende de las universidades, ya depende de los plazos que establezcan las universidades y de las políticas de plantilla que hagan las universidades. Por eso, sería absurdo y no razonable que Aneca adecuase sus tiempos a esta realidad, porque entonces sí que nos colapsaríamos, estaríamos evaluando tres meses o cuatro meses cuando se convocan las plazas, incluso cometeríamos el error de identificar a Aneca con la plaza, y esto no puede ser en ningún caso. La filosofía del real decreto y la filosofía de la acreditación son muy distintas a lo que es la consecución de una plaza. Es, sencillamente, y repito, dar un certificado, un aval que indica que ese profesor podrá presentarse a cualquier plaza de funcionario, sea titular o catedrático de universidad, de una universidad española. Esta es la realidad. Nada más. Lo que ocurre después ya no es competencia de Aneca.
Respecto a la composición de las comisiones, quisiera decirles que en las próximas semanas vamos a proceder al sorteo de la mitad de su composición, tal y como marca el real decreto. El real decreto indica que cada dos años las comisiones serán renovadas en un 50%, y esto es lo que vamos a proceder a hacer en las próximas semanas, teniendo en cuenta que las comisiones actuales ya llevan funcionando dos años. Estas comisiones, como saben, se hacen por sorteo. Aneca realiza el sorteo. Por cada vocalía se seleccionan por sorteo tres nombres y será el Consejo de Universidades el que elija de entre esos nombres el que va a formar parte de la comisión. Estas comisiones están formadas por catedráticos y titulares de universidad. Los requisitos que se les exigen son los que marca la normativa, es decir, que dispongan, en el caso de las plazas de catedrático, al menos de tres sexenios Cneai y, en el caso de la plaza de titular, de dos sexenios Cneai. Son personas con experiencia, son personas formadas, obviamente. ¿Que hay una descompensación entre lo que se pide y el currículum del que dispone esa vocalía? Esto es muy complicado de comprobar. Repito: la ley dice tres sexenios. También puede ocurrir, y esto nos pasa en el mundo académico, que cuando uno obtiene una plaza de catedrático con un periodo de currículum amplio, con unos méritos que obedecen al periodo temporal de desarrollo de esa carrera académica, si queremos seguir avanzando tenemos también que exigir algo más de lo que los propios catedráticos en un momento determinado tienen en el currículum. En cualquier caso, quiero señalar que se cumple la normativa y la ley.
He dicho antes que Aneca está abierta a la mayor transparencia posible. ¿Quién controla al controlador? El que determine la normativa. No tenemos ningún inconveniente en que Aneca tenga algún sistema de control o de fiscalización. En cierta medida lo tiene, porque Aneca tiene un consejo rector, que
es el que marca las directrices principales -así lo dicen sus estatutos- de la política de la agencia. En ese consejo rector están representados todos los agentes del mundo universitario: están representados los rectores, están representados los sindicatos; están representados los estudiantes; están representados los consejos sociales. Es ese órgano el que, en todo caso, tiene que velar por que Aneca cumpla con las funciones que tiene establecidas en sus estatutos.
Respecto a las preguntas que me hacía el portavoz del Grupo Socialista, quiero señalar que en Aneca siempre hay mucha carga de trabajo, es así, pero ello no quita para que intentemos cumplir con la máxima honradez y en el menor tiempo posible nuestras funciones. Las agencias tienen unos objetivos muy tasados, no solamente Aneca sino las agencias autonómicas, y a veces es muy complicado ir más allá de esas exigencias que tienen asumidas las agencias.
En cuanto al fraude o al plagio, es cierto que nos llegan algunas solicitudes al respecto. Son cuestiones muy delicadas y es difícil quitarle a un profesor un sexenio o una plaza si los méritos que ha aportado no se corresponden con lo que se ha señalado por plagio, cosa que nos ha ocurrido. Yo creo que hay otras vías para que este tipo de acciones, de fraude y plagio en el caso de profesores, prosperen y se investiguen, incluso desde la alta inspección o pasando por los tribunales, pero nosotros no tenemos instrumentos para llevar a cabo un seguimiento de estas características.
Con respecto a la pregunta sobre el procedimiento para verificar los grados -con ello también respondo al Grupo Popular-, en Aneca no tenemos ninguna solicitud por parte del consejo de universidades de evaluar, verificar o modificar ningún título. No sería acreditación, estaríamos o verificando o modificando; verificando si se imparte un título como nuevo, y modificando si es un título existente en otra facultad de esa universidad que se va a impartir en otro centro pero de la misma universidad. El procedimiento es garantista, como no puede ser de otra manera, y es la universidad la que diseña una memoria de verificación que tiene que reunir todo un conjunto de elementos y de parámetros, es decir, los recursos disponibles desde un punto de vista del profesorado, los recursos e infraestructuras, las competencias, el programa, el tipo de profesor que lo va a impartir... Esa memoria tiene que remitirla la universidad al consejo de universidades, que es el que comprueba si la documentación es correcta y lo envía a la agencia como órgano técnico, porque Aneca no determina que se vaya a implantar o no un título sino que, técnicamente, determina que esa memoria de verificación cumple con los requisitos exigidos en la normativa y en las directrices que marca ENQA, que es la asociación de agencias europeas. Esa memoria de verificación pasaría por una comisión de evaluación de rama -si estamos hablando en este caso de turismo, la comisión que la evaluaría sería la de ciencias sociales- y una vez emitido el informe de esa comisión iría a la comisión de emisión de informe, que es la que definitivamente redacta ese informe. De ahí volvería, ya sea favorable o desfavorable, al consejo de universidades, que es el que nos ha solicitado la evaluación, y sería el consejo de universidades el que informaría a la comunidad autónoma para que implante el título si ha sido favorable y ha pasado por todos estos procesos. Todos estos procesos exigen un tiempo; nosotros estamos ahora mismo verificando en torno a los cuatro o seis meses porque es un proceso lento, de análisis, los ponentes de las comisiones tienen que estudiar las memorias que son gruesas, tienen que debatirlas, tienen que... Con esto quiero decir que si a fecha de hoy no tenemos ningún documento emitido por el consejo de universidades, difícilmente podemos emitir informe antes de los próximos seis o siete meses; para el curso que viene es imposible poder impartir estos títulos. Esto es así.
En cuanto a la edad de acceso del profesorado a las plazas, creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante porque en nuestro país se accede relativamente tarde a las plazas de funcionarios. Estamos hablando de que para titular de universidad el pico de solicitudes -no quiere decir que todas se fijen en este grupo- está entre los cuarenta y los cuarenta y cinco años para titular de universidad; para catedrático de universidad entre cincuenta y cincuenta y cinco. Creo que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para rebajar esta edad, para rejuvenecer nuestra universidad. Quiero señalar que nuestra universidad no es la más envejecida de Europa, tiene mucho más envejecimiento de su profesorado, por ejemplo, Italia o Grecia, pero estamos muy lejos, por ejemplo, de Holanda, donde el profesorado es muy joven. Hay que decir que cuando damos resultados de estas características estamos dando resultados de procesos que siguen una historia larga en el tiempo, porque un currículum, efectivamente, no se improvisa. Yo soy optimista puesto que en este momento hay articuladas -lo han sido a lo largo de los últimos años- todo un conjunto de medidas que creo que mejoran esto. Ahora mismo hay todo un conjunto de becas predoctorales y posdoctorales que permiten a los jóvenes acceder a un tipo de investigación, a un tipo de estancias en centros de calidad que acortan mucho la productividad. A mí me asombra muchísimo comprobar en mi entorno cómo estos jóvenes con treinta años tienen ya un bagaje de publicaciones
infinitamente superior al que se daba en mi época, lo cual quiere decir que es positivo y creo que tenemos que ir avanzando en esta línea de ir rejuveneciendo nuestra plantilla universitaria, especialmente los titulares de universidad, cuyo acceso tendría que ser bastante más rápido.
Se comentaba y es cierto, e incluso esto ocurre también en los sexenios, el hecho de que los resultados son tan excelentes porque uno se autoevalúa previamente. Esto es lo que pedían los sindicatos y la comunidad universitaria, ser capaces de, antes de presentar una documentación, poder autoevaluarse para presentarse. De todas maneras, los porcentajes de los que estamos hablando aquí, de en torno al 70%, son unos porcentajes bajos si los comparamos con sexenios. En sexenios, por ejemplo, en el ámbito de ciencias, obtienen el sexenio el 98% de los que lo solicitan. Esto evidentemente es una autoevaluación porque los criterios son muy claros; en el caso de ciencias, cinco artículos en revistas de impacto del Journal Citation Reports, si lo presenta el candidato, tiene sexenio asegurado. En el ámbito de las ciencias humanas, jurídicas y sociales los porcentajes sí que bajan, pero porque ahí sí que hay un nivel de incertidumbre importante ya que un candidato puede pensar que la revista equis es una revista de mucha calidad pero la comisión puede considerar que no es así. Como no hay un referente claro, se genera una cierta distorsión, pero en el ámbito científico, de la salud y el tecnológico esto no ocurre. Pero yo creo que esto es bueno, porque si un profesor cree que no reúne condiciones a partir de los méritos, lo que tiene que hacer es seguir trabajando, esperar a reunirlos y presentarse con la mayor seguridad posible.
Con respecto a la pregunta del Grupo Popular, creo que en cierta medida la he respondido en relación con el grado en turismo e informática, y sobre todo el procedimiento que se lleva a cabo para evaluar favorablemente un título. Me gustaría subrayar que los plazos son muy importantes porque es lo que garantiza el sistema. Es decir, además de seguir todos los procedimientos, tenemos que cumplir con la temporalidad que exige un proceso de estas características para garantizar de esta forma la calidad del programa y dar seguridad al estudiante, al profesor y a la propia institución, a la propia universidad, evitando así errores recientes que creo que no han de repetirse.
Aunque no se me ha preguntado sobre ello, me gustaría aprovechar este contexto, si no estoy fuera de tiempo, para hablar de dos cuestiones sobre las que me parece importante informar a la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Puede continuar.
El señor DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN, ANECA (Arnáez Vadillo): La semana pasada se puso en marcha la acreditación institucional. ¿Qué va a implicar esto? Que a partir de ahora una parte de la responsabilidad en el aseguramiento de la calidad de la oferta educativa pasa a los centros y a las facultades. Hasta ahora, lo que se hacía era acreditar títulos, lo que se va a seguir haciendo porque habrá universidades que lo prefieran, pero la acreditación institucional va a permitir, por un lado, transferir esa responsabilidad a los centros, que se planifiquen de manera más adecuada y, por otro -lo cual es muy importante-, reducir costes y reducir burocracia y trabajo para las universidades. Creo que este es un avance muy positivo dentro de este esquema. En Europa, este modelo ya está instalado en muchísimos países y es positivo. La otra cuestión es que estamos valorando -obviamente, debería ser así- la modificación de los mecanismos y de los criterios de lo que en nuestro programa llamamos PEP o programa de acreditación del profesorado contratado -contratado doctor y profesor ayudante- y del profesorado de universidad privada. ¿Por qué tenemos que reflexionar con un procedimiento abierto, participativo, etcétera? Porque tenemos que tener un modelo homogéneo. No podemos tener un modelo para funcionarios a partir de este sistema y que el PEP siga trabajando con puntos por ser un programa muy anticuado. Por tanto, hay que adaptarlos y, sobre todo, hay que pautarlos. Hay que conseguir que un profesor detecte en los criterios cuál es la carrera académica y que esta sea una carrera progresiva, que no tenga picos de bajada y de subida. Esto es muy importante y supone uno de los retos para los próximos meses; reto que queremos llevar a cabo de forma paulatina, meditada, pensada y participativa para de esta manera tener un programa de acreditación global que vaya desde profesor ayudante a catedrático con las mismas reglas de juego y, obviamente, con diferentes niveles de exigencia.
Una vez concluido el orden del día, se levanta la sesión.

References: Real Decreto 
 Real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 15
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 artículo 23
 artículo 149
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 10
 artículo 22
 resolución 
 artículo 76
 resolución 
 artículo 6
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 37
 artículo 19
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
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