Source: http://www.slideshare.net/lvera50/informe-anualindh2013paraisbn
Timestamp: 2014-08-23 00:21:25+00:00

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9. informe-de-gestion-y-tapa-4
Resumen ejecutivo-ia2013 final
Encuesta Nacional de Derechos Human...
6. medios-de-comunicacion
Chile: Se viene nuevo Reglamento de...
Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2013
Chile: Se viene nuevo Reglamento de consulta indígena que mutila en 100 % la co……
Programa diplomatura-pi-2013-1-j
Udla 2013 catalina sepulveda, arturo soto
Derechos Humanos 699 views
Leonardo Vera López,
on Dec 09, 2013 Tweet
brandymaire
Leonardo, por las dificultades de leer en Slideshare, me podr'ias enviar el pdf a mi email: julio.cesar.perezp@gmail.com, te lo agradecer'ia.
Los debates entre las opciones presidenciales
han abundado en alusiones a temas de derechos
humanos en el país. Tanto la discusión sobre una
nueva Constitución, o una reforma sustancial a la
actualmente vigente, pasando por los derechos
laborales, a la seguridad, a la salud, entre otros,
han brindado la oportunidad de revisar, una vez
más, lo logrado y los desafíos pendientes en el
contexto de la profundización democrática del
país. La conmemoración de los 40 años permite
detenerse y analizar desde una perspectiva de
derechos humanos, los logros y los pendientes
de la democracia actual, en la perspectiva de
dar cumplimiento efectivo a las obligaciones del
Estado en materia de derechos fundamentales.
Este Informe Anual 2013 da cuenta de situaciones
de vulneración de derechos, como en el caso de
la violencia contra las mujeres, la calidad deficitaria
de las viviendas, o la falta de garantía de calidad
en la educación, lo que tensiona el vínculo que
existe entre los derechos humanos y la condición
de ciudadanía. Y es que en última instancia, el
respeto y garantía de los derechos humanos tiene
que ver con que todas las personas puedan vivir
en condiciones dignas y sin discriminación como
parte de una comunidad política. Es decir, uno
de los principales desafíos de la democracia en
materia de derechos humanos en la actualidad
dice relación con reconocer a todas las personas
como ciudadanos/as de primera categoría, en
igualdad de derechos y dignidad.
HUMANOS1 3
INFORME ANUAL 20
Este año se han cumplido 40 años desde el 11
de septiembre de 1973. A su vez, este año se han
desarrollado por quinta vez consecutiva elecciones
presidenciales, consolidando la característica más
propia de la democracia representativa.
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE • Informe ANUAl 2013
El presente Informe Anual 2013 da cuenta de la
situación de los derechos humanos en diversos
ámbitos en Chile, y realiza recomendaciones a
los diferentes poderes del Estado para garantizar
de modo efectivo el ejercicio de los mismos sin
discriminación, en cumplimiento con el artículo
3.1 de la Ley 20.405.
Consejo Instituto Nacional de Derechos Humanos
Equipo de redacción INDH
Silvana Lauzán Daskal
Dhayana Guzmán Gutiérrez
María de los Ángeles Villaseca Rebolledo
Catalina Navarro Politzer
Viviana Cáceres Draper
Registro de Propiedad Intelectual N° XXXXXX
Introducción y aspectos metodológicos	1.	Demandas en torno a la profundización democrática	15
1.	Autodeterminación y autogobierno indígena	19
2.	Territorios y derechos humanos 33
3.	Derecho a la participación	45
1.	3.	Acceso a la justicia	59
Reformas judiciales y acceso a la justicia	73
Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes	77
2.	Violencia hacia niños y niñas	3.	4.	Violencia y derechos humanos	1.	Violencia contra las mujeres	91
Personas privadas libertad y reinserción social	115
2.	Derechos de las personas jóvenes	127
3.	Pueblos indígenas en contextos urbanos	139
4.	Derechos de las personas migrantes	151
5.	5.	Ejercicio de derechos sin discriminación	1.	Derechos de las personas trans	165
179	Empresas y derechos humanos	183
2.	Derecho a una vivienda adecuada	195
3.	Derecho al agua	207
4.	6.	Derechos económicos, sociales y culturales	1.	Derecho a la educación de calidad	221
7.	Medios de comunicación social y derechos humanos	239
1.	243
Derechos humanos en el tratamiento de la noticia	Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos en el período 1973-1990	1.	8.	Recomendaciones	1.	9.	251
Violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos en el período 1973-1990 255
Recomendaciones 2013	Informe de gestión	265
INTRODUCCIÓN al informe anual 2013
El presente Informe Anual da cuenta de la situación de los
de acuerdo social indispensable para seguir profundizando
derechos humanos en diversos ámbitos en Chile, y realiza
la democracia en el país. En este ámbito, la labor de las or-
recomendaciones a los diferentes poderes del Estado para
ganizaciones no gubernamentales así como las acciones del
garantizar de modo efectivo el ejercicio de los mismos sin
Estado en materia de memoria han logrado cada vez con
discriminación, en cumplimiento con el artículo 3.1 de la Ley
mayor fuerza dar visibilidad y hacer cada vez más masivo el
reproche a las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas. Hoy, tanto las personas que se identifican con una
Este año se han cumplido 40 años desde el golpe de Estado
postura ideológica de izquierda como aquellas que se sien-
del 11 de septiembre de 1973. A su vez, este año se han
ten representadas por posiciones de derecha cuestionan las
desarrollado por quinta vez consecutiva elecciones presi-
violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Es-
denciales, consolidando la característica más propia de la
tado en aquel período, con independencia de las diferencias
de opinión aún vigentes en relación con la valoración de la
Los debates entre las opciones presidenciales han abundado
situación en que se encontraba el país antes del golpe. Un
en alusiones a temas de derechos humanos en el país. Tanto
ejemplo de ello han sido las reflexiones y los pedidos de
la discusión sobre una nueva Constitución o una reforma
perdón realizados por diferentes personeros políticos como
sustancial a la actualmente vigente, como los intercambios
el Ministro del Interior Andrés Chadwick o el senador Her-
sobre los derechos laborales, a la seguridad, a la salud, entre
nán Larraín, así como la carta abierta transversal elaborada
otros, han brindado la oportunidad de revisar, una vez más,
por académicos y analistas “sub40”, en donde llaman a “es-
lo logrado y los desafíos pendientes en el contexto de la
tablecer un estándar razonable de mínimos comunes demo-
profundización democrática del país. La conmemoración de
cráticos sobre los cuales construir una comunidad política.
los 40 años permite detenerse y analizar desde una pers-
A 40 años del golpe creemos que afirmar el rechazo incon-
pectiva de derechos humanos los logros y los pendientes de
dicional a la violencia política en todas sus formas, y afirmar
la democracia actual, en la perspectiva de dar cumplimiento
de modo igualmente incondicional la inviolabilidad de los
efectivo a las obligaciones del Estado en materia de dere-
DD.HH. de cada persona debieran ser mínimos comunes
transversalmente aceptados”. A esto se suma el pedido de
Hoy en Chile existe un reconocimiento generalizado de la
perdón por parte del senador Camilo Escalona, en relación
ocurrencia de violaciones sistemáticas a los derechos huma-
con su contribución a la polarización política del país en
nos en dictadura y la creencia de que ellas no van a repetirse
su momento. Según la encuesta del INDH existe hoy una
nunca más en el país. De acuerdo con la Segunda Encuesta
valoración de la democracia por sobre cualquier otra forma
Nacional de Derechos Humanos desarrollada por el INDH
de gobierno. Un 68,9% de las personas considera que este
en 2013, un 79,8% reconoce la ocurrencia de dichas viola-
régimen es preferible a cualquier otro, mientras que solo un
ciones y un 47% considera que estos crímenes no van a re-
15,4% manifiesta que “a la gente como uno le da lo mismo
petirse nunca más. Este es un hecho fundamental, y una base
un régimen democrático o autoritario”.
INFORME ANUAL 2013 / INTRODUCCIÓN al informe anual 2013
La dictadura ha tenido consecuencias que perduran en la
medidas para avanzar en dicho sentido, y a todos aquellos
actualidad, y recuerdan la importancia de la verdad, la justicia
quienes tengan información sobre las circunstancias y lugar
y la reparación en la reconstrucción y profundización de la
donde pudieran encontrarse las personas que fueron ob-
democracia. Diferentes hechos reproducidos en los medios
jeto de desaparición forzada y ejecución arbitraria, a entre-
de comunicación este año se han referido a las violaciones
garla dando una señal de humanidad para con los familiares
a los derechos humanos cometidas durante la dictadura,
de las víctimas y con la sociedad en su conjunto”; agregando
aportando información documental, así como información
que “No debemos olvidar que la tarea por la vigencia efec-
sobre experiencias de vida personales que contribuyeron a
tiva de los derechos humanos es permanente. En democra-
difundir y consolidar el conocimiento respecto de la bruta-
cia emergen otros desafíos y otras amenazas que afectan a
lidad de los crímenes perpetrados. Ejemplo de lo anterior
quienes convivimos en nuestro país. En consecuencia, cons-
es el intercambio cara a cara televisado entre el general
truir una cultura de respeto a los derechos humanos es un
(R) Juan Emilio Cheyre y Ernesto Lejderman (quien fuera
deber ineludible de todos y todas, así como de las institu-
entregado por Cheyre a un convento luego del asesinato de
ciones y órganos públicos en un Estado de Derecho, que
sus padres) o el caso de Pablo Athanasiu (quien recuperó
deben observar permanentemente sus instituciones para
su identidad real luego de vivir 38 años sin saber que era
profundizar la democracia, y la protección y promoción de
hijo de un matrimonio chileno-mexicano desaparecido, que
fue asesinado en Argentina por la dictadura de ese país). A
Este análisis obliga a reconocer que los derechos humanos
ellos se suma la decisión del Presidente Sebastián Piñera,
se violan en democracia. Tanto los derechos civiles y políti-
en septiembre de este año, de cerrar el Penal Cordillera
cos, como los derechos económicos, sociales y culturales
que albergaba a 10 condenados por violaciones a los dere-
pueden ser vulnerados, y con frecuencia lo son, aun en con-
chos humanos en dictadura. Esto ha dado lugar a debates
textos democráticos. Esta constatación refleja el proceso
que permiten continuar procesando lo ocurrido de forma
de expansión del debate y reconocimiento de los derechos
colectiva y abierta, contribuyendo a definirnos en torno al
humanos: si bien en sus inicios estos se solían relacionar casi
pasado y proyectándonos como comunidad política hacia el
en exclusivo con las violaciones ocurridas en dictadura, hoy
futuro a partir de un consenso básico, esto es, que nunca
el conocimiento sobre los derechos fundamentales es más
más en Chile se repita la tortura, la desaparición forzada, las
amplio, y es incorporado por la población como un com-
ejecuciones arbitrarias, las detenciones ilegales, el exilio y
ponente cotidiano de la vida democrática. De acuerdo con
la exoneración de miles de chilenos y chilenas. Dicho con-
la Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, así lo
senso requiere, sin embargo, ser fortalecido hacia el futuro
manifiesta el 48,5% de la ciudadanía que está de acuerdo en
con políticas públicas de memoria y educación en derechos
que los derechos humanos son fundamentales en su vida
humanos, herramientas que permiten mantener vigente la
cotidiana, el 16,4% que está muy de acuerdo con esa afir-
reflexión crítica sobre la inviolabilidad de la dignidad huma-
mación, y el 21,6% que se considera de acuerdo.
na, y los deberes del Estado en este ámbito.
En este ámbito, este Informe Anual 2013 da cuenta de si-
En el marco de la conmemoración por los 40 años del gol-
tuaciones de vulneración de derechos, como en el caso de
pe de Estado, el INDH realizó una declaración pública en
la violencia contra las mujeres, la calidad deficitaria de las
donde sostuvo, entre otras cosas, que “La búsqueda de la
viviendas, o la falta de garantía de calidad en la educación.
verdad, el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas,
En este ámbito, el Informe aborda con preocupación la si-
junto a la garantía de que nunca más en Chile se vuelvan
tuación de los niños y niñas indígenas que viven en comu-
a repetir hechos tan brutales como los vividos, constituyen
nidades mapuche en La Araucanía, que están expuestos a
el único camino posible para una convivencia democrática.
la violencia, lo que ha sido denunciado en distintas opor-
Reconocemos los avances registrados en estas últimas dé-
tunidades tanto por el INDH como por la Justicia, UNICEF
cadas y llamamos a todos los poderes del Estado a adoptar
y organizaciones no gubernamentales. La violación de los
derechos de niños, niñas y adolescentes a causa de los abu-
en el campo de la superación de la pobreza, las desiguales
sos sexuales, físicos y psicológicos que se han denunciado
condiciones de desarrollo de la población requieren de es-
también es parte de lo que releva este informe.
fuerzos adicionales que permitan mejorar las condiciones
de vida de las personas, acortando las brechas entre sec-
Estas situaciones tensionan el vínculo que existe entre los
tores y garantizando los derechos económicos, sociales y
derechos humanos y la condición de ciudadanía. Y es que
culturales de forma acorde a los estándares internacionales
en última instancia, el respeto y garantía de los derechos
de accesibilidad, asequibilidad, calidad y no discriminación. La
humanos tiene que ver con que todas las personas puedan
responsabilidad de alcanzar estos objetivos es principalmen-
vivir en condiciones dignas y sin discriminación como parte
te del Estado; no obstante, como lo señala este informe, los
de una comunidad política. Es decir, uno de los principales
diversos actores económicos y sociales pueden hacer una
desafíos de la democracia en materia de derechos huma-
nos en la actualidad dice relación con reconocer a todas
las personas como ciudadanos/as de primera categoría, en
En efecto, los actores privados tienen un rol central en el
desarrollo y crecimiento del país. A partir de dicho rol inciden en la mayor o menor vigencia de los derechos humanos,
Las violaciones a los derechos humanos en democracia son
pudiendo incluso llegar a vulnerar estos derechos. Si bien no
percibidas por la ciudadanía como tales. De acuerdo con
son ellos quienes tienen responsabilidades internacionales
la encuesta INDH, de los derechos que las personas men-
de responder frente a los órganos de justicia, sino el Estado
cionaron que creían que les habían sido vulnerados en el
chileno, esto no significa que no deban asumir compromi-
último año, el primero en encabezar la lista fue el derecho a
sos concretos tendientes a respetar los derechos humanos
la salud (25,6%), seguido por el derecho a vivir en un medio
en el desarrollo de sus acciones. Por su parte, le cabe al
ambiente libre de contaminación (23,7%); en tercer lugar se
Estado el deber de regular y fiscalizar de modo adecuado
mencionó el derecho a tener un trabajo y recibir un salario
y suficiente a los fines de desincentivar y prevenir las prác-
digno (20,8%) y en cuarto lugar, el derecho a una pensión
ticas que vulneren los derechos de la población, así como
digna (19,7%).
sancionarlas y repararlas cuando estas situaciones ocurran.
Este escenario requiere continuar la revisión de normas,
Un ejemplo de este escenario se da en el ámbito de los
instituciones y prácticas que no protegen, respetan o ga-
proyectos de inversión en el país. El INDH aborda este año
rantizan de manera adecuada o suficiente los derechos de
la cuestión del derecho al agua, ámbito en donde se expo-
acuerdo con los estándares a los que el propio Estado se
nen las tensiones en torno al uso y gestión de un recurso
ha comprometido. Como da cuenta este Informe, en la ac-
natural escaso, necesario para el desarrollo de actividades
tualidad existen normativas que requieren ser ajustadas a
productivas, y el impacto que ello tiene sobre los derechos
los fines de cumplir en forma adecuada con los principios
de pueblos indígenas así como de la población general. En
resguardados por los derechos humanos. Lo mismo ocurre
otros casos, la contaminación producto de las actividades
con algunos diseños institucionales o prácticas que ya no
mineras ha generado conflictos sociales que el INDH ha
son acordes a los estándares que la administración pública y
relevado en un estudio realizado en el año 2012. Allí se da
el gobierno deben cumplir en el marco de instrumentos de
cuenta de los conflictos socioambientales que se han pro-
derechos humanos y de buena gobernanza.
vocado entre 2010 y 2012 en el país, como consecuencia
En tercer lugar, cabe señalar el progresivo reconocimien-
de lo que personas y comunidades plantean –en ocasiones
to de los derechos económicos, sociales y culturales como
confirmadamente– como violaciones al derecho al medio
parte de los derechos humanos que deben ser garantizados
ambiente sano, a la salud, al acceso a información pública,
por el Estado. El reconocimiento de los DESC dice relación
entre otros. La responsabilidad sobre las afectaciones tiene
con la persistente desigualdad social que existe en Chile. Si
que ver, en muchos casos, con una deficiente regulación y
bien es cierto que el país ha tenido importantes avances
una escasa fiscalización por parte del Estado, pero también
con prácticas empresariales que en ocasiones no cumplen
de la verdad, justicia y reparaciones por las violaciones a los
las normas que regulan sus actividades. Así, el trabajo arti-
derechos humanos en dictadura, académicos, organizacio-
culado entre los distintos poderes del Estado, las empresas
nes de víctimas y familiares y el propio Ministerio de Justicia
y las organizaciones sociales y de la sociedad civil es un
plantearon al Congreso Nacional la necesidad de crear una
imperativo en un contexto que debe combinar la libertad
Subsecretaría de Derechos Humanos a los fines de cen-
de emprendimiento y el crecimiento sostenible con el res-
tralizar la gestión gubernamental en estos temas, que con-
peto y garantía de los derechos fundamentales de todas las
tribuya a coordinar el diseño, implementación y evaluación
de los planes y programas que se generan desde diferentes
organismos públicos, entre otras cosas. El Congreso no ha
En relación con el desarrollo del país y las condiciones para
avanzado en esta materia, cuya necesidad se hace evidente a
el ejercicio de ciudadanía, es necesario destacar el desafío
la luz de lo logrado y de aquello que aún resta por hacer. En
pendiente respecto de garantizar a la población de las di-
un sentido similar está pendiente la creación del Mecanismo
ferentes regiones del país las mismas condiciones para el
Nacional de Prevención contra la Tortura y la Defensoría
ejercicio de sus derechos y el acceso a bienes y servicios.
del Pueblo. Estas instituciones constituyen la infraestructura
Este Informe muestra, en su apartado sobre territorios y
que permitiría afrontar de manera más efectiva e integral
derechos humanos, cómo el centralismo político del país
las obligaciones internacionales del Estado y los desafíos en
incide en las condiciones para el ejercicio de derechos de
materia de derechos humanos presentes en la actualidad. En
ciudadanía, dejando en una situación de desventaja a las re-
este sentido, la experiencia comparada de otros países, con
giones por sobre la población que vive en Santiago. Las dife-
todas las limitaciones y reservas que pueden tener las com-
rentes manifestaciones sociales que han tenido lugar en las
paraciones de este tipo, permite identificar los potenciales
regiones en los últimos años han visibilizado no solamente
beneficios de robustecer la institucionalidad de derechos
la disconformidad y las demandas de la ciudadanía local en
estas materias, sino que han reactivado en la agenda pública
el debate sobre cuánto y cómo descentralizar políticamente
Por último, como resultado del análisis retrospectivo hay
el país a los fines de reconocer a la población en todo el
que mencionar la creciente relevancia y reconocimiento
territorio las mismas condiciones para el ejercicio de sus
que ha tenido el derecho internacional de los derechos hu-
derechos. Esto involucra ámbitos de regulación diversos y
manos por parte de los Estados y la comunidad internacio-
complejos relacionados con los diseños políticos, adminis-
nal. Sin desconocer que en este campo hay aún mucho por
trativos y fiscales, los que debieran ser abordados por el
mejorar en cuanto a su diseño institucional, su transparencia,
procedimientos y sostenibilidad financiera, y reconociendo
Es innegable que el Estado ha fortalecido a lo largo de es-
también que existen legítimas posiciones que cuestionan la
tos años la institucionalidad para hacer respetar y garantizar
preeminencia de su voz por sobre la de las voces soberanas,
los derechos humanos, y en ese sentido, cuenta hoy con
lo cierto es que el sistema regional e internacional de justi-
mejores herramientas para desarrollar medidas y tomar ac-
cia se ha ido sofisticando en sus argumentaciones, su trabajo
ciones necesarias en este ámbito. Algunos ejemplos de esto
ha sido más y más reconocido, y los Estados ajustan cada
son el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del
vez más sus conductas a los compromisos asumidos en los
Interior, la creación del Consejo para la Transparencia, del
instrumentos vinculantes y a los fallos dictados en su con-
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos así como
tra. Este año, el país fue examinado por el Comité para la
la del INDH, o la instauración de los tribunales ambientales
Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Uni-
(aún en proceso). No obstante lo anterior, el INDH se ha
das, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de
referido en otras oportunidades a los vacíos que persisten
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
en la institucionalidad de derechos humanos, que debilitan la
las formas de discriminación racial. El informe del Comité,
acción del Estado en este campo. Por ejemplo, en el ámbito
si bien reconoce algunos esfuerzos, destacó la persistencia
del problema de la discriminación racial en el país e insistió
tiene como objetivo ser difundido en forma amplia entre la
en las recomendaciones ya realizadas en el año 2009 y que
población. De este modo, el Informe Anual busca, sin perder
el Estado no ha cumplido en forma satisfactoria. De este
rigurosidad ni cierta profundidad en aspectos más técnicos,
modo, el sistema de protección de derechos humanos de
utilizar un lenguaje simple y claro.
las Naciones Unidas se ha constituido en un actor relevante
Al igual que en años anteriores, el INDH utilizó a los fines
a la hora de vigilar los derechos humanos de las personas
de elaborar este informe diversas técnicas de recolección
que viven en el país, contribuyendo a señalar las debilidades
de información. La con más frecuencia utilizada es el envío
(y las fortalezas, cuando procede) que se evidencian desde
de oficios a servicios y ministerios, que de acuerdo con la
el punto de vista de los consensos alcanzados entre Estados
Ley Nº 18.880 de procedimientos administrativos, obliga a
sobre lo que constituyen pisos mínimos para el ejercicio de
responder entre 10 y 20 días hábiles.
derechos. Adicionalmente, en sentencia de agosto de 2013,
En este ámbito, si bien en algunos casos no se han recibido
la Corte IDH condenó a Chile en el Caso García Lucero y
las respuestas en el tiempo que corresponde de modo de
otras vs Chile, a continuar y concluir, en un plazo razonable,
poder ser incorporadas en este informe1, cabe destacar el
la investigación por la tortura sufrida por un ciudadano du-
esfuerzo realizado por instituciones a los fines de responder
rante la dictadura.
en tiempo y de forma completa. Entre estas destaca Gendar-
Desde el punto de vista del trabajo del INDH como orga-
mería de Chile, mediante la Unidad de Promoción y Protec-
nismo estatal autónomo que vela por la promoción y pro-
ción de los Derechos Humanos, el Programa de Derechos
tección de los derechos humanos en Chile, este ha sido
Humanos del Ministerio del Interior, y el Ministerio Público.
reconocido este año a nivel internacional en el marco de
Especial mención merecen en este aspecto algunas munici-
la XXVI Reunión General del Comité de Coordinación de
palidades. El año 2013 ha sido, en este sentido, diferente al
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC), don-
2012 en la medida en que una proporción mayor de muni-
de el Instituto fue acreditado con la máxima calificación (A)
cipalidades han respondido los oficios enviados, como por
por parte de Naciones Unidas. A nivel interno, el INDH ha
ejemplo, las Municipalidades de Peñalolén, Independencia,
atravesado su primer proceso de recambio de su Consejo,
San Ramón, Valparaíso, Toltén, Nueva Imperial, Ercilla, Puerto
siendo elegidos cinco nuevos/a consejeros/a (uno por el Senado, dos por las organizaciones de la sociedad civil, uno por
Montt, Lago Ranco y Camiña, entre otras.
el Poder Ejecutivo, y uno por los Decanos y Directores de
También se realizó un análisis documental, esto es, el estudio
las Facultades de Derecho de las Universidades del Consejo
de textos académicos, de políticas públicas, de centros de
de Rectores y de las Universidades autónomas), permane-
estudios, así como de organizaciones no gubernamentales
ciendo dos consejeros que han sido reelegidos (una por el
tanto nacionales como internacionales, y de organismos re-
Senado y otro por la Cámara de Diputados), y reeligiéndose
gionales e internacionales de derechos humanos. Las refe-
por unanimidad a su directora por un segundo período de
rencias a ellos se encuentran en la bibliografía al final de
cada apartado, así como en las notas al pie.
En el caso del apartado del derecho a una vivienda digna,
también se utilizó como metodología de levantamiento de
información las entrevistas en profundidad. Esta técnica per-
Al igual que en años anteriores, este informe abarca el pe-
mite conocer experiencias de vida de las personas, que si
ríodo que va del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octu-
bien no admiten generalizaciones, aportan profundidad a la
bre de 2013. Este informe debe, de acuerdo con lo que
comprensión de un fenómeno y complejidades propias de
mandata la ley, ser entregado al Presidente de la República,
a las presidencias de ambas cámaras del Congreso, y a la
1	Eso ha ocurrido con los oficios enviados al Ministerio de Salud, al Ministerio de Vivienda y a la Superintendencia de Educación, entre otros.
presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero a la vez
En cuanto a la información estadística y sociodemográfica
que realizan las organizaciones de la sociedad civil, en las
contenida en este informe, en virtud de los cuestionamien-
tos de público conocimiento realizados a la metodología
Cada apartado tiene una estructura similar : se ofrece
utilizada para la implementación del Censo 2012, el INDH
inicialmente una reseña con antecedentes del año, que
decidió no utilizar la información de sus resultados, sino tra-
introduce en el contexto actual el derecho a analizar. A
bajar con las proyecciones al año 2013 del Censo realizado
continuación se revisan los estándares internacionales de
en el año 2002. Así, en las cifras estimadas de población y
derechos humanos, y el modo en que se encuentra regu-
otras descripciones sociodemográficas presentes en los ca-
lado a nivel nacional. A continuación se analizan, depen-
pítulos, los datos son aquellos disponibles y confiables desde
diendo el caso, diferentes aspectos como los planes y po-
el punto de vista estadístico. Siguiendo el mismo rigor me-
líticas desarrolladas, situaciones particulares o estadísticas
todológico, el INDH utiliza solo estudios cuantitativos cuyo
que permitan relevar el estado de cosas. En cuanto a las
nivel de confianza es superior al 95%.
recomendaciones, estas se presentan al final del informe y
En cuanto a la disponibilidad de información relevante
están organizadas en dos grupos: generales, que son aque-
para evaluar el desempeño del Estado en sus obligaciones
llas que tienen validez para todos los ámbitos bajo análisis,
de protección y garantía de los derechos humanos, este
y las específicas, que aluden a aspectos a abordar en cada
año se reitera el diagnóstico en relación con la falta de
producción de información suficiente en diferentes ámbitos. Por ejemplo, los distintos organismos públicos no
suelen registrar información relativa a la etnia o la edad
de las personas que constituyen su público objetivo (en
El primer capítulo sobre demandas en torno a la profun-
salud, educación, justicia, entre otros), o bien, si lo hacen,
dización democrática se compone de tres apartados: el
ocurre en ciertos ámbitos del trabajo de un servicio, pero
primero se refiere a las nociones de autodeterminación y
no en todos, generando distinta información según unidad
autogobierno indígena, el segundo aborda el derecho a la
de trabajo. Hay un desafío que persiste en el Estado, con
participación, en particular la participación política en el
sus diferentes niveles y ramas, en relación con la genera-
contexto de un año electoral, y el tercero analiza las bre-
ción de información que permita evaluar suficientemente
chas en el desarrollo y ejercicio de derechos en los territo-
las políticas y acciones del Estado.
rios, problematizando la cuestión del centralismo del país.
En relación con el desarrollo de los contenidos de este In-
El segundo capítulo del Informe aborda la cuestión del ac-
forme Anual 2013, el índice de contenidos fue aprobado por
ceso a la justicia, en particular en lo relacionado con la pro-
el Consejo del INDH en el mes de marzo, a partir de dife-
puesta de reforma a la justicia civil, y la referida al sistema
rentes consideraciones. Por un lado, se buscó dar cuenta de
la coyuntura del año y de los problemas que estaban siendo
El tercer capítulo se titula violencia y derechos humanos, y
debatidos –siempre que digan relación con los derechos
analiza la cuestión de la tortura en el país, la violencia física,
humanos– en el ámbito público. También se consideraron
sexual y psicológica ejercida contra los niños y las niñas, y
los temas que persisten desde hace largo tiempo, y aquellos
aquella violencia de que son víctimas las mujeres.
sobre los cuales el Estado de Chile debía rendir cuentas
ante los organismos internacionales de derechos humanos
El cuarto capítulo aborda las situaciones de discriminación
a lo largo del año. En la perspectiva de tener una mirada
que sufren grupos específicos como las personas privadas
prospectiva en este campo, el Informe también busca poner
de libertad, los y las jóvenes, las personas migrantes, trans
en agenda pública la discusión sobre temas cuyo abordaje
e indígenas urbanos. Todos estos colectivos, si bien dife-
por parte de los poderes del Estado está pendiente, y en
rentes entre sí, comparten el pertenecer a una o varias
este sentido pone especial atención a los planteamientos
categorías sospechosas de discriminación, lo que redunda
en vulneraciones y desventajas a la hora de ejercer sus
caso, a los hechos del año en materia de verdad, justicia y
derechos, como se da cuenta en los apartados.
reparaciones de las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas ocurridas durante la dictadura.
El informe revisa a continuación la situación de algunos derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a
El INDH da cuenta este año, en el marco de los 40 años
la salud, a una vivienda adecuada, al agua, y a la educación. En
desde el golpe de Estado, de un seguimiento a las recomen-
un plano diferente se aborda la relación entre empresas y
daciones realizadas por el Instituto en el ámbito de las viola-
derechos humanos, y las directrices que se han desarrollado
ciones a los derechos humanos en dictadura, al tiempo que
en los últimos años para incentivar que las acciones de las
realiza nuevas recomendaciones generales y particulares.
empresas sean respetuosas de los derechos fundamentales.
Por último se incorpora el informe de gestión, según el cual
Los dos últimos capítulos se refieren, en un caso, al trata-
se rinde cuentas de la gestión operativa, administrativa y
miento de los derechos humanos en las noticias; y en otro
1. Autodeterminación y autogobierno indígena
2. Territorios y derechos humanos 3. Derecho a la participación
Autodeterminación y autogobierno indígena
Fotografía: Enrique Cerda
en cumplimiento de este deber corresponde actuar con
pleno respeto al estado de derecho y a los estándares de
La falta de reconocimiento constitucional de la condición
derechos humanos a los que nuestro país se ha obligado.
pluricultural del Estado y la sociedad chilena representa un
Por su parte, el Poder Ejecutivo anunció el aumento de la
déficit institucional para encarar las relaciones con los pue-
presencia policial y el establecimiento de una zona especial
blos indígenas, aun cuando se hace referencia a la pluricultu-
de seguridad4 para reforzar los controles de identidad5.
ralidad en la ley indígena (INDH, 2010; INDH, 2011; INDH,
Por último, interpuso una querella criminal invocando la ley
2012). Esta falencia hace parte del conflicto intercultural en
18.314 que sanciona y tipifica conductas terroristas.
el país que, en el caso de La Araucanía, ha derivado en crecientes hechos de violencia con resultado de muertes1, lo
Representantes y dirigentes de organizaciones indígenas
que motivó un rechazo generalizado y transversal2.
mapuche6, en respuesta a la situación que se estaba viviendo
en la Región, convocaron para el 16 de enero del año 2013
El Consejo del INDH, mediante declaración pública, ha
la denominada “Primera Cumbre del Pueblo Mapuche” ce-
condenado todo tipo de violencia –sea cual fuere su ori-
lebrada en el cerro Ñielol, comuna de Temuco. La convoca-
gen– como forma de solución del conflicto en la región, ha-
toria fue amplia y se extendió a todas las fuerzas políticas,
ciendo un llamado a los tribunales de justicia y organismos
congresistas, el INDH, organizaciones indígenas mapuche y
policiales a desplegar todos los esfuerzos necesarios con el
representantes del Poder Ejecutivo, específicamente los go-
objeto de garantizar el acceso a la justicia, identificar a los
bernadores de las provincias de Cautín y Malleco, así como
responsables y sancionarlos según corresponda, recordan-
el Encargado de Asuntos Indígenas7. Los concurrentes indí-
do que “[e]l deber del Estado de garantizar los derechos
genas expresaron en un documento final la “[v]oluntad de
humanos exige no dejar estos hechos en la impunidad”
diálogo con el Estado chileno, sus instituciones, la sociedad
(INDH, 2013a)3. De manera adicional el INDH afirmó que
4	Esto mediante la llegada de 84 nuevos efectivos de Carabineros, más
46 funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales de la misma institución, y unos 50 detectives de la Policía de Investigaciones. A estas
fuerzas se sumó un helicóptero para vigilancia, y 4 nuevos carros policiales blindados (La Nación, 2013).
5	El Control de Identidad, de la forma prescrita en el Código Procesal
Penal (Art. 85) procede cuando existen indicios fundados de que se
cometió un delito, se ha intentado cometer o se dispusiere a cometerlo.
Además cuando el controlado pudiera suministrar informaciones para
la indagación de un delito y cuando el controlado esté disimulando su
identidad por encapuchado o emboce. El control de identidad da la
posibilidad de revisar las vestimentas, equipaje y vehículos. Además,
en caso de que no se pudiera corroborar la identidad en el lugar, se le
puede “conducir” a una unidad policial.
6	Consejo de Todas las Tierras; Ad-Mapu.
7	Sr. Matías Abogabir.
1	El día 4 de enero de 2013, en Vilcún, murieron el empresario agrícola
Bernard Luchsinger Lemp junto a su cónyuge Vivianne McKay González. Ese mismo día se conmemoraba la muerte en manos de la policía
uniformada del joven comunero Matías Catrileo.
2	El día 15 de enero de 2013, en la 126º Sesión de la Cámara de Diputados se presentaron tres proyectos de acuerdo: Proyecto de Acuerdo
Nº 811, por el que “se rechazan los actos de violencia producidos en
diversas regiones del sur del país”; Proyecto de Acuerdo Nº 813 que
“condena los actos de violencia en La Araucanía”; y Proyecto de Acuerdo Nº 814, mediante el cual se “propone la convocatoria a un acuerdo
nacional para la superación del conflicto histórico entre el Estado de
Chile y los Pueblos Indígenas”.
3	A esta declaración se sumaron las de diversas entidades de derechos
humanos de la sociedad civil y las de las propias organizaciones representativas del pueblo mapuche.
Demandas en torno a la profundización democrática / autodeterminación y autogobierno indígena
civil, los partidos políticos, los organismos de derechos hu-
la comunidad Mapuche en pos de sus reclamaciones territo-
manos, orientada a desplegar todos los esfuerzos necesarios
riales, sino también los delitos de violencia cometidos con-
tendientes a erradicar las causas fundamentales de las ten-
tra miembros de la comunidad Mapuche por los encargados
siones y controversias, en todas sus manifestaciones a raíz
de hacer cumplir la ley” (Emerson, 2013, pág. 11).
de la falta de una convivencia aceptable entre Mapuche y
Además, el Relator advirtió sobre la compleja situación que
no Mapuche”8.
se vive en La Araucanía, caracterizándola de volátil y con al-
Este apartado comienza revisando algunos hechos del año
tas probabilidades de agudizarse, “salvo que se tome acción
que dan cuenta de las complejidades de la relación del Es-
urgente para abordar, no solamente las manifestaciones de
tado con los pueblos indígenas, en particular con el pueblo
violencia, sino sus causas de raíz” (Emerson, 2013, pág. 3). A
mapuche, y que moldean las condiciones para el diálogo
juicio del Relator, entre los elementos que hacen parte de
en torno al autogobierno y la autodeterminación indígena.
las causas de este conflicto se encuentran la disputa terri-
Luego se revisan los estándares internacionales de derechos
torial insatisfecha de larga data, la gobernabilidad deficiente,
humanos referidos a estos temas y algunas experiencias
las violaciones a los derechos humanos, la discriminación y la
comparadas en la materia. Hacia el final se da cuenta de
exclusión política, económica y educacional. Señaló además
la situación nacional, en el caso de los diferentes pueblos
que “[d]esde el retorno a la democracia en Chile, ningún
Gobierno de cualquier tinte político ha tratado este tema
con la prioridad que se merece. Tal como se encuentran las
cosas hoy […], el Estado de Chile se encuentra en abando-
no de su deber de promover una solución pacífica y justa
al tema Mapuche. Este es un deber del Gobierno no sola-
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promo-
mente para con los Mapuches, sino también para con las
ción y la protección de los derechos humanos y libertades
comunidades de colonos en las áreas rurales de Araucanía
fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emer-
y Biobío, para con los encargados de hacer cumplir la ley
son, visitó el país en julio de 2013, centrando su misión de
en estas regiones y en quien el Estado confía la mantención
observación en la aplicación de la legislación antiterrorista
de la paz, y para con la comunidad en sentido amplio en
en conexión “a las protestas de activistas Mapuche por la
aquellas regiones quienes tienen derecho de esperar que el
reivindicación de sus territorios ancestrales y afirmación de
Estado cumpla con sus obligaciones de administración públi-
su derecho al reconocimiento colectivo como pueblo in-
ca en forma efectiva y sin discriminación a fin de mantener
dígena y el respeto a su cultura y tradiciones” (Emerson,
los principios que subyacen a la democracia representativa”
2013, pág. 2). El Relator hizo un llamado a no aplicar la legislación antiterrorista, pues a su juicio la ley ordinaria ofrece
(Emerson, 2013, pág. 5).
herramientas suficientes para abordar estos casos. Sin per-
El 29 y 30 de mayo de 2013 se realizó la audiencia de juicio
juicio de ello, señaló en forma expresa que “los derechos
ante la Corte IDH en el caso caratulado “Norín Catrimán
de aquellos que han sido víctimas de violencia rural (sea
y otros vs. Chile”9. En él se demanda al Estado de Chile por
en contra de personas o contra la propiedad) también se
haber impuesto condenas por delitos terroristas a autorida-
deben proteger. El Relator Especial actualmente no reco-
des ancestrales y dirigentes mapuche sentenciados el año
mienda ninguna amnistía general o impunidad por los actos
2002, en atención a una supuesta violación –entre otros–
de violencia. Las disposiciones de la legislación penal ordinaria
al principio de igualdad y no discriminación y al derecho
se debieran hacer cumplir en todos los casos. Esto incluye no
al debido proceso. Uno de los puntos debatidos entre los
solamente los casos de violencia cometidos por miembros de
representantes de las presuntas víctimas y del Estado giró
en torno al estatuto antiterrorista y su correspondencia con
8	De este encuentro surgió el documento “Pacto por la Autodeterminación Mapuche, cumplimiento y aplicación de los Tratados y los derechos fundamentales”.
9	Corte IDH. Caso 12.576 -Norín Catrimán y otros vs Chile.
las obligaciones propias del derecho internacional de los
entre todos los actores involucrados, orientado a superar
derechos humanos. La sentencia, pendiente a la fecha de
redacción del presente informe, sentará un precedente en
SEIA y Mesa de Consenso
El INDH ha recomendado a los poderes del Estado reformar la Ley 18.314 que determina conductas terroristas y
fija su penalidad. Ella representa una de las respuestas punitivas de mayor intensidad, cuya aplicación discriminatoria
Otros hechos que marcaron la agenda pública en 2013 fue-
conlleva la afectación ilegítima de derechos fundamentales.
ron la aprobación del Reglamento del Servicio de Evalua-
Asimismo, mantiene una deficiente definición de delito te-
ción de Impacto Ambiental y la finalización de la denomi-
rrorista que vulnera los principios de legalidad y tipicidad, y
nada Mesa de Consenso. Ambas iniciativas se inscriben en
establece normas excepcionales que representan una dis-
los esfuerzos del Estado por establecer una regulación al
minución a los estándares del derecho del debido proceso
deber de consulta previa en relación con toda medida legis-
(INDH, 2010; INDH, 2011; INDH, 2012). Cabe destacar
lativa o administrativa susceptible de afectar a los pueblos
que la Ley ha sido objeto de varias modificaciones , des-
indígenas, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio
tacándose las realizadas tras la huelga de hambre que el
169 de la OIT. En torno a ambas iniciativas el INDH ha emi-
año 2010 sostuvieron 34 comuneros mapuche acusados de
tido su opinión11 valorando los esfuerzos desplegados por
delitos terroristas a lo largo de 82 días. Sin perjuicio de ello,
la autoridad ambiental en un caso y los representantes del
el INDH ha señalado que corresponde a los órganos del
Poder Ejecutivo en el otro, constatando que se trata de ex-
Estado abstenerse de invocar y/o aplicar una norma que
periencias inéditas. Al mismo tiempo, el INDH ha expresado
presenta los problemas señalados con anterioridad. Por tra-
su preocupación por el limitado alcance de estos procesos
tarse de una legislación de excepción cuya sola invocación
considerando la importancia que estos temas entrañan para
por parte del Ministerio Público entraña una disminución
los pueblos interesados.
o rebaja de garantías, el INDH recomendó que se restituya
La adecuada implementación de la participación y consulta
la facultad del juez de garantía con el objeto de calificar los
indígena representa un desafío para el Estado y para los pro-
hechos antes de proceder de manera judicial en contra de
pios pueblos indígenas, los que deberán avanzar en definir
un imputado (INDH, 2011).
con plena autonomía a sus representantes para entablar un
Por último, las víctimas no mapuche, representadas por
diálogo con el Estado y, de esta manera, concurrir a la con-
la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, se reunieron
sulta previa.
con el INDH (28 de julio de 2013), oportunidad en la
En esta materia, el INDH ha sostenido que “[e]xisten argu-
que señalaron sentirse abandonadas por el Estado en su
mentos razonables para sostener que el deber de consulta
derecho de acceder a la justicia y a la seguridad personal
debe estar regulado por medio de una ley en sentido estric-
y de sus bienes. Los testimonios proporcionados al INDH
to considerando que estamos en presencia de un derecho
representan el descontento de un sector de la población
afectada por el conflicto, que observa con preocupación la
ineficacia de los órganos competentes en estas materias,
lo que eventualmente implicaría una afectación al derecho
de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. El
Estado debe atender estas demandas, a los fines de gene-
11	Para mayor información consultar los siguientes documentos: El deber de consulta Previa en la Propuesta de Reglamento del Sistema de
Evaluación Ambiental. Minuta aprobada por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos el 13 de mayo de 2013 – Sesión
Extraordinaria 152; y el Informe Misión de Observación Mesa de
Consenso Indígena. Agosto de 2013.
rar las condiciones que permitan un diálogo concertado
10	Las últimas dos corresponden a la ley 20.467, de fecha 8 de octubre
de 2010, y la ley 20.519 del 26 de junio de 2011.
humano12. [A] este respecto ha sostenido que toda regula-
Además el INDH sostuvo que “la propuesta de Reglamento
ción de derechos y garantías fundamentales debe ser una
restringe las medidas y las materias a consultar, al limitar la
materia entregada a la ley como garantía de un debate am-
susceptibilidad de afectación directa a ciertas hipótesis. Ello
plio que integre al Poder Legislativo, y que no quede sujeto a
no se condice con las obligaciones a cargo del Estado de so-
la discrecionalidad de las autoridades del momento. Ello por
meter a consulta previa cualquier medida susceptible de afec-
lo demás es consistente con las obligaciones de adecuar la
tar directamente a dichos pueblos” (INDH, 2013b, pág. 31).
legislación interna a los estándares internacionales en mate-
En el marco de los esfuerzos gubernamentales por reem-
ria de derechos humanos y al principio de legalidad en ma-
plazar el Decreto Supremo 124/2009 del Ministerio de
teria de protección de derechos fundamentales”13 (INDH,
Planificación de Reglamento Provisorio de Consultas, de
2013c, pág. 12).
modo de avanzar en regulación y ajuste de la normativa
En relación con el Reglamento del Sistema de Evaluación Am-
sobre consulta indígena a los estándares internacionales de
biental el INDH señaló que “[l]os instrumentos de gestión
derechos humanos, el INDH recibió una invitación de par-
ambiental, en el ámbito de los derechos de los pueblos in-
te de representantes de los pueblos indígenas y del Poder
dígenas deben considerar no sólo la ordenación del medio
Ejecutivo para participar en calidad de observador de las
ambiente, como bien jurídico sujeto a tutela, sino satisfacer y
negociaciones llevadas a cabo en la denominada “Mesa de
orientarse a garantizar los derechos colectivos que les asiste
Consenso para discutir la propuesta de gobierno para una
a los pueblos indígenas, incluido el derecho a decidir sobre
nueva normativa de consulta y participación indígena, de
el uso y goce de los recursos naturales que integran sus te-
conformidad a los artículos 6º y 7º del Convenio Nº 169 de
rritorios” (INDH, 2013b, pág. 16). Al analizar el Reglamento
la OIT” (En adelante la Mesa de Consenso)15.
publicado, el INDH expresó que “[e]l principio conforme al
La Mesa deliberó entre marzo y julio de 2013, sesionando
cual sólo se somete a consulta previa los Estudios de Impacto
en nueve oportunidades. A la Mesa concurrieron un total
Ambiental, es compatible con el Convenio 169 en la medida
de 44 representantes y dirigentes de los pueblos indígenas,
en que se garantice que todo proyecto susceptible de afectar
apoyados por ocho asesores/as de elección y confianza de
directamente a los pueblos indígenas ingrese efectivamente
los propios representantes de estos pueblos. Por parte del
como Estudio de Impacto Ambiental y adicionalmente se rea-
Gobierno participaron delegaciones de los Ministerios de
lice el proceso de consulta de conformidad a los estándares
Economía; Agricultura; Desarrollo Social; Energía; Minería;
internacionales que rigen la materia” (INDH, 2013b, pág. 29).
Justicia, Hacienda, Obras Públicas, Medio Ambiente; Secretaría General de la Presidencia; Corporación de Desarrollo
Indígena. En la Mesa se logró acuerdo en relación con 17
artículos16. Sin embargo, no se alcanzó acuerdo respecto
12	A este respecto la Corte Suprema ha señalado que “[c]onviene dejar
consignado que el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece para aquellos grupos con especificidad cultural propia,
un mecanismo de participación que les asegura el ejercicio del derecho esencial que la Constitución Política consagra en su artículo
primero a todos los integrantes de la comunidad nacional, cual es el
de intervenir con igualdad de condiciones en su mayor realización
espiritual y material posible. De ello se sigue que cualquier proceso
que pueda afectar alguna realidad de los pueblos originarios, supone
que sea llevado a cabo desde esa particularidad y en dirección a ella.
Ha de ser así por cuanto las medidas que se adopten deben orientarse
a salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, la
cultura y el medio ambiente de los pueblos interesados”. Rol 2582011, de fecha 13 de julio de 2011, Considerando Quinto.
13	El INDH ha analizado anteriormente el derecho a la consulta indígena. Para más información ver los Informes Anuales 2011 y 2012.
14	Ministerio del Medio Ambiente. Decreto Supremo Nº 40 que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Publicado en el Diario Oficial 12 de agosto de 2013. Entrada en vigencia 24 de diciembre de 2013.
de tres temas: i) el concepto de afectación directa, ii) las
medidas a ser consultadas y iii) la consulta en relación con
proyectos de inversión en tierras y territorios indígenas.
15	Igual invitación fue formulada al Sistema de Naciones Unidas quienes participaron en dicha calidad por intermedio de profesionales
de las Oficinas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
(ACNUDH) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
16	Los artículos fueron: 1) Objeto del Reglamento; 2) Consulta; 3)
Órganos a los que se aplica el Reglamento; 4) Pueblos Indígenas; 5)
Responsable de los Procesos de Consulta; 6) Sujetos e instituciones
representativas; 7) Asistencia Técnica / Rol de la CONADI; 8) Buena
fe; 9) Procedimiento Apropiado; 10) Carácter Previo; 11) Pertinencia de la Consulta; 12) Plazos;13) El Procedimiento de la Consulta;
14) Suspensión y Término del Proceso de Consulta; 15) Convocatoria; 16) Expediente; 17) derogación DS.124.
En agosto de 2013, el INDH dio a conocer el informe de
Carta de las Naciones Unidas (O’Donell, 2007). Existe cier-
observación del proceso llevado a cabo. En él se “[r]econoce
to consenso en que la libre determinación es un principio
y valora el proceso desarrollado en la Mesa de Consenso y
fundamental del ordenamiento jurídico internacional. No
los esfuerzos desplegados por quienes a ella concurrieron.
obstante, su interpretación e implementación ha sido una
Se trata de una experiencia inédita y compleja de creación
de las cuestiones más polémicas, en especial cuando se trata
de una instancia que de manera sistemática y concertada
de su ejercicio por parte de los pueblos indígenas (Anaya,
logró mantener conversaciones entre representantes de los
2005; Mackay, 1999; O’Donell, 2007).
pueblos indígenas y el Estado, en la perspectiva de alcanzar
Este reconocimiento se evidencia en el artículo 1 del Pacto
acuerdos en temas relevantes para las partes involucradas”
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en
(INDH, 2013c, pág. 10). En forma adicional señaló que “[l]a
el que se señala: “1. Todos los pueblos tienen el derecho
viabilidad de cualquier iniciativa que se adopte con el pro-
de libre determinación. En virtud de este derecho estable-
pósito de instaurar un mecanismo de consulta previa, va a
cen libremente su condición política y proveen asimismo a
depender de que el procedimiento seguido y los acuerdos
su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro
alcanzados se adecúen al estándar y principios que informan
de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremen-
la consulta previa. Ello es condición de legitimidad y validez
te de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las
de los esfuerzos desplegados” (INDH, 2013c, pág. 14).
obligaciones que derivan de la cooperación económica in-
En atención a que ciertos actores relevantes de los pueblos
ternacional basada en el principio del beneficio recíproco,
indígenas se marginaron de este proceso, el INDH conside-
así como del derecho internacional. En ningún caso podrá
ra que el esfuerzo desplegado debe entenderse como una
privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
primera etapa de un proceso que debe ser más inclusivo y
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que
participativo, y permitir restituir el diálogo sobre materias en
tienen la responsabilidad de administrar territorios no autó-
torno a las cuales aún no existe consenso (INDH, 2013c).
nomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio
del derecho de libre determinación, y respetarán este dere-
En este proceso, una discusión pendiente en nuestro país es
cho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las
la relativa al principio de autodeterminación. Se trata de un
Naciones Unidas”17.
desafío que busca sentar las bases para una convivencia interétnica e intercultural, que reconozca la pluralidad cultural
De conformidad con lo anterior, el contenido básico de este
de nuestra sociedad, en el contexto de la unidad territorial
principio es el derecho que tienen los pueblos a decidir y
del Estado. Este tema ha sido abordado en otras latitudes.
establecer en forma libre su condición política y a deter-
La experiencia comparada muestra que en lo que respec-
minar del modo que estimen su desarrollo económico, so-
ta a los pueblos indígenas, en un contexto de respeto del
cial y cultural. Un aspecto esencial para el ejercicio efectivo
derecho a la libre determinación, estos instan por arreglos
de este derecho, es el deber de garantizar la capacidad de
institucionales que no implican secesión.
decisión de los pueblos y, por tanto, de disposición de sus
autodeterminación indígena
Uno de los debates más intensos en los foros multilaterales
El derecho de los pueblos a la autodeterminación ocupa un
representar para las instituciones políticas y jurídicas de un
en materia de derechos de los pueblos indígenas, fue el referido al reconocimiento del principio de autodeterminación y
la fijación normativa de derechos colectivos de dichos pueblos. No obstante las legítimas aprensiones que ello pudiera
lugar preponderante en el derecho internacional, lo que se
evidencia en su reconocimiento como derecho fundamental
17	Artículo homólogo se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
en los principales instrumentos de derechos humanos y la
Estado, en los últimos decenios se ha configurado un corpus
Como una expresión del derecho a la libre determinación de
jurídico que avanza en dirección a reconocer la pluralidad
estos pueblos, la Declaración reconoce además el derecho
cultural como un valor a ser garantizado. En palabras del
de los pueblos indígenas a que se obtenga su consentimien-
actual Relator Especial sobre los derechos de los pueblos in-
to libre, previo e informado antes de que los Estados adop-
dígenas, James Anaya, “[e]n este nuevo régimen del derecho
ten decisiones que les afectan, entre las que se encuentran:
internacional se plantea un nuevo relacionamiento entre los
su traslado desde sus tierras y territorios (art. 10); la apro-
estados y los pueblos indígenas dentro del modelo plurina-
bación de proyectos que afecten sus tierras o territorios y
cional o pluricultural. Y dentro de este modelo, los pueblos
otros recursos, particularmente aquellos relacionados con
indígenas deben poder determinar sus propios destinos en
el desarrollo, la utilización o explotación de recursos mine-
pie de igualdad con los demás, participar en la toma de las
rales, hídricos o de otro tipo (art. 32.2); y “antes de adoptar
decisiones que les afectan, y estar seguros en sus derechos
y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afec-
individuales y colectivos” (Anaya, 2013). El mismo Relator ha
ten” (art. 19).
señalado que “[l]a autodeterminación se refiere a un con-
Por su parte, si bien el Convenio 169 no emplea la expre-
junto de normas de derechos humanos que se predican
sión “libre determinación”, muchas de sus disposiciones se
genéricamente a los pueblos, incluidos los pueblos indígenas,
relacionan con este principio. De esta manera, se consagran
y que se basan en la idea de que todos los sectores de la
en este instrumento el derecho de los pueblos a mantener
humanidad tienen el mismo derecho a controlar su propio
sus propias instituciones (arts. 4.1, 5(b) y 8.2); el derecho a
destino” (Anaya, 2005: 137).
establecer sus prioridades en materia de desarrollo y con-
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de
trolar su desarrollo económico, social y cultural (art. 7.1),
los Pueblos Indígenas reconoce de manera explícita en su
incluido el derecho a la subsistencia (art. 23); el derecho a la
artículo 3 el derecho a la libre determinación, en términos
integridad cultural y la prohibición de toda forma de fuerza
similares al artículo 1 del PIDCP y el PIDESC. Asimismo,
o coerción contra pueblos indígenas (arts. 3.2 y 5); así como
establece el derecho de autonomía o al autogobierno como
el derecho a mantener su sistema de derecho penal y sus
forma de concreción del derecho a la libre determinación
modalidades de transmisión sobre la tierra (arts. 9.1 y 17.1)
de los pueblos indígenas (art. 4). En esta materia, la Decla-
(O’Donell, 2007).
ración también les reconoce el derecho a conservar y re-
Para James Anaya, el derecho a la autodeterminación “se
forzar sus propias instituciones (art. 5); el derecho a definir
refiere a un conjunto de normas de derechos humanos
su propio desarrollo (art. 23); y a mantener y desarrollar sus
que se predican genéricamente de los pueblos, incluidos los
estructuras institucionales, costumbres o sistemas jurídicos
pueblos indígenas, y que se basan en la idea de que todos
los sectores de la humanidad tienen el mismo derecho a
En lo que refiere específicamente al derecho a la autono-
controlar su propio destino” (Anaya, 2005, pág. 137). Por
mía, de acuerdo con el artículo 4 de la misma Declaración,
ejemplo, una dimensión del derecho de libre determinación
“[l]os pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la
es la descolonización y/o la invalidación de la teoría de terra
libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al
nullius, por medio del que se reconocía el derecho preferen-
autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asun-
te de los Estados occidentales respecto de los ocupantes
tos internos y locales, así como a disponer de medios para
originarios18.
financiar sus funciones autónomas”. La autonomía, sería
El ejercicio de este derecho, sin embargo, se debe conciliar
entonces, la manifestación del derecho de libre determina-
con otro principio fundamental del derecho internacional,
ción en su dimensión interna, lo que significa que el pueblo
tiene la facultad de establecer su propio régimen político
18	Corte Internacional de Justicia. Western Sahara, Advisory Opinion,
1975 I.C.J. 12., párr. 68. La Corte negó valor a la teoría de la terra
nullius, que había predominado en el Derecho Internacional, previo al
interno y fijar las políticas que aseguren su existencia y
esto es, el de la integridad territorial y la independencia
autoridades, ejercer competencias que les corresponden,
política de los Estados, garantizado en el artículo 2.4 de la
administrar recursos, establecer tributos y participar de las
Carta de Naciones Unidas. De ahí que la Declaración de
rentas nacionales, todo ello dentro del marco legal y consti-
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
tucional (art. 287). Además, la Constitución colombiana es-
genas establezca que “[n]ada de lo contenido en la pre-
tablece cupos de participación electoral de estos pueblos,
sente Declaración […] se entenderá en el sentido de que
garantizando su representación en el Congreso de la Repú-
autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar
blica, mediante el establecimiento de un número adicional
o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial
de dos senadores a ser elegidos por comunidades indíge-
o la unidad política de Estados soberanos e independien-
nas20. Dicha participación fue determinante en la aproba-
tes” (art. 46.1).
ción, por parte del Congreso, de iniciativas legislativas de
protección de derechos indígenas en diferentes ámbitos,
Las tensiones que provoca el concepto de autodetermina-
incluyendo –entre otras materias– educación (Ley 115 de
ción se suelen basar en la percepción de que este implicaría
1994), salud (Ley 691 de 2001) y autonomía administrativa
la escisión o independencia del resto de la unidad territorial
de los resguardos indígenas (Ley 715 de 2001) (Moreno,
nacional, y en consecuencia, la formación de un Estado in-
2007; Padilla, 2011).
dependiente (Anaya, 2005). Sin embargo, como veremos a
continuación, es posible conciliar el respeto al derecho de
Otro caso es el de Nueva Zelanda. Allí los maoríes repre-
autodeterminación de los pueblos indígenas y la integridad
sentan aproximadamente el 17% de una población total de
territorial y política de los Estados.
4 millones de habitantes. Los derechos de los maoríes se
remiten al Tratado de Waitangi, un instrumento mediante
el cual los británicos obtuvieron la soberanía de Aotearoa
en 1840. El año 1975 se estableció el Tribunal de Waitangi,
instancia que fue creada como un órgano de composición
bicultural, con integración maorí, con el mandato de oír las
quejas y reclamos de estos pueblos que habían sido per-
El derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación
judicados por las leyes y políticas de la Corona (gobierno),
ha tenido un vasto desarrollo jurídico y ha sido garanti-
resultando en el incumplimiento del Tratado de Waitangi.
zado en diversos Estados. Entre otros ejemplos se puede
Aunque sus resoluciones no son legalmente vinculantes
citar el caso de Colombia, Estado que cuenta con un 3%
–salvo en lo referente a reclamos sobre plantaciones del
de población indígena. La participación política indígena
Estado y respecto de empresas del Estado–, desde su crea-
data de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró
ción hasta el 2005 había recibido 1.236 reclamos de parte
la Constitución Política de 1991, en la que los pueblos in-
de los maoríes. Sobre estos, el Tribunal había emitido 90
dígenas contaron con dos representantes del total de 70
informes que comprendían un total de 428 reclamaciones
elegidos para esta instancia19. El derecho de autonomía de
(Stavenhagen, 2006). Los acuerdos logrados hasta la fecha
los pueblos indígenas está recogido de diversas formas en
abordan una amplia gama de materias, entre ellas, el reco-
la Constitución de dicho país: se reconocen los territorios
nocimiento del daño causado al pueblo Maorí, así como
indígenas y se les otorga la calidad de entidades territoriales
una petición de disculpas del gobierno; una compensación
(ETI) para efectos político-administrativos (art. 286). Estas
financiera y comercial por el incumplimiento del Tratado
entidades tienen autonomía para la gestión de sus intereses,
de Waitangi; y una compensación cultural en general vincu-
disponiendo que estas pueden gobernarse por sus propias
lada al reconocimiento de la relación espiritual, cultural e
19	La participación indígena en esta Asamblea fue clave para incorporar en
esta carta derechos fundamentales de sus pueblos, como los relacionados con la propiedad colectiva de la tierra (resguardos), el derecho al
territorio, y a esferas importantes de autonomía en materia de gobierno de sus territorios y de ejercicio de funciones jurisdiccionales.
20	El Senado está compuesto por 102 senadores, 100 por voto popular
en todo el territorio, y dos elegidos por la circunscripción especial
histórica o tradicional de los reclamantes con el ambiente
natural, sitios, y áreas de interés.
El Estado chileno no ha asumido su condición pluricultural
En cuanto a la participación política, los maoríes han con-
a nivel constitucional. El ejemplo más cercano de formas de
tado con escaños especiales en el Parlamento desde la
participación y autonomía relativa se encuentra en las Áreas
aprobación de la Ley de Representación Maorí de 186721.
de Desarrollo Indígena (ADI), las que según la Ley 19.253 (en
A partir de 1993 se estableció el sistema de representación
adelante Ley Indígena) corresponden a “espacios territoriales
electoral mixto proporcional, que permitió a este pueblo re-
en que los organismos de la administración del Estado foca-
gistrarse en un padrón electoral creado para estos efectos.
lizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los
Este mecanismo se basó en criterios de autoidentificación
indígenas y sus comunidades”22. Las ADI son declaradas por
indígena, permitiendo a este pueblo asegurar cierto grado
el Ministerio de Desarrollo Social a propuesta de la Corpo-
de representación en esta instancia. A la vez, les permitió
ración Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), y para
no ser marginados de elegir a representantes en el padrón
su establecimiento deben concurrir los siguientes requisitos:
general. Desde entonces, el porcentaje de representación
“a) Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente
maorí en el Parlamento se ha incrementado. Al 2011, el total
las etnias indígenas; b) Alta densidad de población indígena; c)
de representantes maoríes alcanzaba a 21 del total de 121,
lo que constituye el 17,3% de su composición total, cifra
d) Homogeneidad ecológica, y e) Dependencia de recursos
levemente superior a su porcentaje de población.
naturales para el equilibrio de estos territorios, tales como
Otra experiencia interesante es la de Noruega, con una po-
manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna”23. Hasta el año
blación de entre 40 mil y 60 mil indígenas. El pueblo saami
2013 se han establecido un total de once ADI.
fue hasta hace poco objeto de políticas de asimilación en
Las ADI, si bien son un instrumento de gestión estatal con
ese país. Producto de sus reclamos por su exclusión, el des-
participación indígena, pueden constituirse en una expresión
conocimiento de los derechos sobre sus tierras y la imposi-
concreta del autodesarrollo y/o la autogestión. En este sen-
ción de proyectos de inversión, como la central hidroeléc-
tido, se busca la acción preferente del Estado y la sociedad
trica en Alta, los saami lograron que en 1987 el Parlamento
en espacios territoriales delimitados y con alta densidad de
noruego aprobara la Ley 56.1987 que crea el Parlamento
población indígena, para incentivar las capacidades propias
saami (Sámediggi). Dicha ley tiene por objeto “permitir al
de los pueblos indígenas en el uso de sus propios recursos
pueblo saami de Noruega salvaguardar y desarrollar su idio-
naturales, humanos, económicos y culturales, promoviendo
ma, cultura y forma de vida” (art. 1). Además, el artículo
así el desarrollo con identidad de acuerdo con las propias
21 establece que “la materia del Parlamento Saami es toda
definiciones de las comunidades involucradas.
aquella que, según el Parlamento, afecte particularmente al
pueblo saami”. De acuerdo con James Anaya, la ley le entre-
Cabe hacer referencia aquí a las reformas constitucionales24
ga funciones duales al parlamento entre las que se encuen-
que otorgaron a la Isla de Pascua la calidad de territorio es-
tran la de servir de cuerpo político electivo de los saami,
pecial. La última de ellas, que mandata en su artículo 126 bis
y la de desempeñar funciones administrativas que le son
delegadas por la ley, o celebrar acuerdos con la autoridad
22	Ley 19.253 que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [conocida como Ley Indígena], art. 26.
23	Ibídem.
24	Boletín 3955-07 Reforma constitucional que establece los territorios
especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández, de fecha
16 de agosto de 2005; y Boletín 6756-07 Modifica el artículo 126 bis
de la Constitución Política de la República, sobre territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández, de fecha 6 de
noviembre de 2009. La tramitación de estos proyectos dio origen a
las leyes 20.193 y 20.573, publicadas el 30 de julio de 2007 y el 6 de
marzo de 2012, respectivamente.
del Estado dentro de las áreas que afectan al pueblo Saami
(Anaya, 2011). En 1988 una reforma a la Constitución Política de Noruega estableció la responsabilidad del Estado de
crear condiciones para posibilitar que este pueblo preserve
su idioma, su cultura y formas de vida (art. 110a).
21	Su origen dataría, sin embargo, del Acta Constitucional de Nueva Zelanda aprobada por el Parlamento Británico en 1852.
establecer un “Estatuto Especial” para este territorio insular,
Respecto de los Rapa Nui, la Ley Indígena crea la Comisión
es consecuencia de la demanda del pueblo rapa nui por
de Desarrollo de Isla de Pascua (CODEIPA), que al igual
lograr una mayor participación política, autonomía y control
que las ADI es un instrumento de gestión del Estado con
sobre su territorio y sus vidas, así como de factores como
participación indígena, cuyo ámbito de competencia es: “1.
el aislamiento geográfico y riqueza patrimonial, arqueoló-
Proponer al Presidente de la República las destinaciones de
gica y natural de la isla. En cumplimiento de esta reforma
tierras contempladas en los artículos 3 y 4 del DL Nº 2.885
constitucional, en 2008 fue ingresado al Congreso Nacional,
de 1979; 2. Cumplir las funciones y atribuciones que el DL
por medio de un Mensaje Presidencial, una propuesta sobre
Nº 2.885 de 1979 entrega a la Comisión de Radicaciones.
Estatuto Especial de Gobierno y Administración para el te-
Para efectos de asumir estas funciones se establecen algu-
rritorio de la Isla de Pascua25, el que se encuentra sin discu-
nos criterios rectores: a) analizar las necesidades de tierras
sión –en su primer trámite constitucional en la Cámara de
urbanas y rurales de la población Rapa Nui o pascuense, b)
Diputados– desde diciembre de 2010. Este proyecto de ley,
evaluar el aporte que dichas tierras hacen al desarrollo de
sin embargo, se refiere a la situación especial de aislamiento
Isla de Pascua y la comunidad Rapa Nui o pascuense y c)
que afecta a Isla de Pascua, pero no reconoce derechos de
fomentar la riqueza cultural y arqueológica de Isla de Pascua;
autonomía al pueblo rapa nui, y les otorga escasa participa-
3. Formular y ejecutar programas, proyectos y planes de de-
ción en los cargos y órganos públicos que se crean para la
sarrollo tendientes a elevar el nivel de vida de la comunidad
administración del territorio. Además, propone reordenar
Rapa Nui, conservar su cultura, preservar y mejorar el me-
las autoridades que encabezan la dirección de la Isla, uti-
dio ambiente y los recursos naturales existentes en Isla de
lizando un modelo muy similar al resto del territorio, con-
Pascua; 4. Colaborar con la Corporación Nacional Forestal
virtiéndola en una unidad territorial similar a una “región”
en la administración del Parque Nacional de Isla de Pascua;
dependiente administrativamente del gobierno central.
5. Colaborar en la conservación y restauración del patrimonio arqueológico y de la cultura Rapa Nui o pascuense,
La Ley Indígena también contiene normas que reconocen,
en conjunto con las universidades y el Consejo de Monu-
por un lado, la autoridad tradicional indígena en el ámbito
mentos Nacionales, y 6. Preparar convenios con personas e
de su territorio y, por otro, instancias de participación in-
instituciones nacionales y extranjeras para el cumplimiento
dígena en la definición de su propio desarrollo, las que se
de los objetivos precedentes”28.
relacionan con la participación en el desarrollo y definición
de las políticas públicas a desarrollarse en las ADI (art. 27), la
La CODEIPA está integrada por un representante de los
concurrencia a instancias de participación que se reconocen
ministerios de Planificación y Cooperación, Educación, Bie-
a otros cuerpos intermedios (art. 34) y la participación en la
nes Nacionales y Defensa Nacional; por un representante
administración de las áreas silvestres protegidas (parques
de la Corporación de Fomento de la Producción, otro de
o reservas) ubicadas en las ADI (art. 35).
la Corporación Nacional Forestal y otro de la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena; el gobernador de Isla de
En el caso de los Huilliche, la Ley Indígena “reconoce en esta
Pascua; el alcalde de Isla de Pascua y seis miembros de la
etnia el sistema tradicional de cacicados y su ámbito terri-
comunidad rapa nui elegidos de conformidad al reglamento
torial. De acuerdo con la norma, las autoridades del Estado
dictado para tal efecto –el que establece un sistema de su-
establecerán relaciones adecuadas con los caciques y sus re-
fragio universal–, uno de los cuales deberá ser el presidente
presentantes para todos aquellos asuntos que se establecen
del Consejo de Ancianos. La CODEIPA es presidida por el
en el Párrafo 2º del Título III y en el Párrafo 1º del Título V”27.
gobernador y actúa como secretario técnico el jefe de la
Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua (artículo 68).
25	Boletín 5940-06, de fecha 2 de julio de 2008.
26	Para esto, corresponde a la Corporación Nacional Forestal (CONAF)
o al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y la CONADI, de común
acuerdo, determinar la forma y alcance de esta participación y los
derechos de uso de los indígenas.
27	Ley 19.253, art 61.
28	Ibídem, art. 67.
En materia de participación de los pueblos indígenas en las
asociación de comunidades o comunidad asignataria (art. 3),
instancias de representación establecidas en la Ley Indígena,
la que deberá asegurar la conservación de los recursos na-
preocupa al INDH que el Consejo Nacional de la CONA-
turales comprendidos en él y propender al bienestar de las
DI –órgano a cargo de la dirección superior de este servi-
comunidades, conforme a un plan de administración (art. 5).
cio– cuente con miembros indígenas que solo representan
El proceso de solicitud y constitución de los ECMPO ha
a cuatro de los nueve pueblos indígenas reconocidos por
sido complejo para las comunidades y asociaciones de co-
dicha ley. Preocupa también que de acuerdo con el artículo
munidades. A la fecha de redacción del presente informe,
41 de la mencionada norma, solo participan en el proceso
de acuerdo con la información de la Subsecretaría de Pesca,
eleccionario para definir tales representantes las comuni-
solo se ha constituido un ECMPO en el sector Punta Capi-
dades y asociaciones indígenas reconocidas por el mismo
tanes, comuna de Fresia, Región de Los Lagos29.
cuerpo legal. Sobre el particular, el INDH hace presente la
En otro orden de cosas, cabe resaltar que el Decreto Ley
importancia de avanzar hacia formas de representación que
Nº 701 de 1974 sobre fomento forestal ha sido modificado
incluyan a todos los pueblos indígenas reconocidos por la
recientemente para permitir a las personas naturales, comu-
ley, y en cuya elección participen todas sus instituciones re-
nidades indígenas o parte de estas que hayan sido beneficia-
rias de los programas de tierras, desafectar los predios res-
En este mismo ámbito, debe consignarse que el 1 de agosto
pectivos de las obligaciones establecidas en el mencionado
de 2013 ingresó a la Cámara de Diputados un mensaje del
decreto, sin verse expuestos a las consecuencias pecuniarias
Poder Ejecutivo que propone modificar la Ley Indígena con
previstas como resultado de dicha desafectación. Esta modi-
el fin de establecer atribuciones adicionales para los conseje-
ficación implica una manifestación concreta del principio de
ros indígenas integrantes del Consejo Nacional de CONADI
autodeterminación de los pueblos indígenas, en la medida
y para los miembros elegidos del pueblo Rapa Nui que inte-
que permite a los beneficiarios de mecanismos de amplia-
gran la CODEIPA. Además, el proyecto de ley propone crear
ción de tierras destinar estas últimas a los propósitos que
una dieta para los/as representantes del pueblo Rapa Nui
estimen más apropiados a sus prioridades de desarrollo o
en la CODEIPA, así como aumentar el monto que actual-
mente establece el artículo 43 del mismo cuerpo legal para
A la luz de los desarrollos normativos enunciados y de la
los consejeros elegidos por las asociaciones y comunidades
experiencia comparada revisada, el INDH estima necesario
indígenas que integran el Consejo Nacional de CONADI.
avanzar en el reconocimiento del principio de autodeter-
Otra norma que avanza en la dirección de reconocer auto-
minación de los pueblos indígenas, fortaleciendo y expan-
nomía a los pueblos indígenas en el país es la Ley 20.249 de
diendo los espacios institucionales que permitan encarnar
2008 que crea una nueva figura jurídica: el Espacio Costero
este principio. Un requisito para avanzar en esta dirección
Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). Esta normati-
es abrir el debate y concertar con los propios pueblos indí-
va fue el resultado de un largo proceso organizativo lidera-
genas un diálogo que encare este desafío.
do por los mapuche lafkenche.
Sin embargo, se trata de un debate que no parte de cero,
Los ECMPO son espacios marinos delimitados, cuya ad-
sino que encuentra orientación en las directrices y linea-
ministración es entregada a comunidades indígenas o sus
mientos que sobre la materia han entregado en años re-
asociaciones, cuyos integrantes han ejercido el uso consue-
cientes diversas entidades preocupadas por la realidad y de-
tudinario de dicho espacio (art. 2 letra e), a los fines de
rechos de los pueblos indígenas tanto en el ámbito nacional
mantener las tradiciones y la utilización de los recursos na-
turales por parte de las comunidades vinculadas al borde
costero. Cada ECMPO es entregado en destinación por el
29	Información disponible en el sitio web de la Subsecretaría de Pesca (http://www.subpesca.cl/institucional/602/w3-propertyvalue-50834.html), consultada el día 29 de agosto de 2013.
Ministerio de Defensa Nacional a la Subsecretaría de Pesca,
entidad que suscribe el respectivo convenio de uso con la
A nivel nacional constituyen insumos relevantes las pro-
en particular lo referido a la elaboración de una estrategia
puestas y recomendaciones formuladas por la Comisión
nacional para abordar las situaciones de conflictividad que
de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en particular aquellas
afectan la relación entre los pueblos indígenas –en particular
relativas a la necesidad de consagrar constitucionalmente
al pueblo mapuche y al Estado– y la conformación de una
los derechos colectivos de carácter político de los pueblos
Comisión Consultiva Nacional con participación de los dis-
indígenas30.
tintos actores involucrados33.
En el plano internacional es importante tener presentes las
recomendaciones formuladas por el Relator Especial sobre
los derechos de los pueblos indígenas, Sr. James Anaya, en
su informe de misión a Chile el 200931; las recomendaciones
del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
de Naciones Unidas a Chile en 2013, relativas a la necesidad
de avanzar hacia el reconocimiento constitucional de los
pueblos indígenas de conformidad a los estándares internacionales que les son aplicables32; así como las orientaciones
dadas al Estado tras concluir su misión a Chile, por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y
la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson,
30	Entre ellas, el derecho de participar de la formación de la voluntad
general de la nación, mediante la elección de sus propios representantes en el Congreso nacional; el derecho a participar en la integración y gestión del gobierno de nivel comunal y regional; el reconocimiento de sus instituciones e instancias propias organizativas de cada
pueblo; y de su derecho consuetudinario o propio (Comisión Verdad
Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, 2003).
31	“El Relator Especial valora las iniciativas tendientes a fortalecer la
participación de los pueblos indígenas en las estructuras del Estado y
urge al Estado a asegurar su participación en condiciones de igualdad
y tomando en cuenta sus formas tradicionales de organización, de
acuerdo con las normas internacionales” (Anaya, 2009, párr. 52).
32	El Comité recomendó al Estado de Chile sobre el particular “a) dar
prioridad al proceso de reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, como un primer paso hacia la resolución concertada de sus reclamos; b) cumplir su obligación de garantizar la consulta de los pueblos indígenas, como una medida de
participación efectiva en lo que respecta a toda disposición legislativa
o administrativa susceptible de afectar directamente sus derechos a la
tierra y a los recursos que poseen o que tradicionalmente han utilizado, consagrado en estándares internacionales; c) tomar en cuenta las
recomendaciones del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con la denominada Consulta Indígena; y d)
acelerar el proceso de adopción de un mecanismo institucionalizado
de consulta en concordancia con estándares internacionales” (CERD,
2013, párr.12).
33	“Es mi firme recomendación que la responsabilidad por el diseño e
implementación de la Estrategia Nacional debería ser devuelto a una
alianza entre el Gobierno y una nueva Comisión Consultiva Nacional.
Esta Comisión debiera incluir representantes de los principales partidos políticos, los grupos de interés más directamente involucrados
(los Mapuche, pequeños y grandes terratenientes rurales, e intereses
comerciales, además de las víctimas de la violencia rural), además del
Instituto Nacional de Derechos Humanos. La representación Mapuche en la Comisión debe reflejar un espectro lo más amplio posible
de los intereses de las comunidades Mapuche. Especialistas expertos
internacionales y regionales podrán asistir a la Comisión en la construcción del consenso sobre los principales desafíos y sus posibles soluciones” (Emerson, 2013, pág. 15).
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Territorios y derechos humanos
y más autonomía en las decisiones y manejo de recursos2.
La elección de las autoridades regionales hasta ahora de-
Las protestas en Magallanes a inicios de 2011 –originadas
signadas por el/la Presidente/a, como intendentes y gober-
como respuesta al aumento del precio del gas, asunto par-
nadores/as, forma parte de los aspectos en debate. En tal
ticularmente sensible para la región austral– marcaron el
sentido, constituye un avance la primera elección directa de
inicio de recientes movilizaciones en regiones y comunas en
los Consejos Regionales este año3. Esta entidad, que junto
demanda de mejores condiciones de vida. La población que
con el o la intendente constituye el gobierno regional, tie-
habita en lugares distintos a Santiago reclama un acceso más
ne facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras: puede
justo a bienes públicos como salud, educación y vivienda,
aprobar, modificar o sustituir los proyectos y proposiciones
conectividad y transporte, protección ante la contaminación
del intendente respecto de planes y estrategias regionales
y cuidado del medio ambiente, y mayores beneficios de los
de desarrollo, y decidir respecto de la distribución de los
recursos que producen sus territorios. Es así como el cues-
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que
tionamiento a las desigualdades territoriales ha estado pre-
corresponde a la región, entre otras potestades.
sente en las demandas de Huasco (mayo de 2009), Punta
Chile es un país fuertemente centralizado; existe coinciden-
Arenas (enero de 2011), Aysén (febrero de 2012), Quellón
cia en la literatura respecto del centralismo político y admi-
(mayo de 2013), Calama (junio de 2013), Corral (julio de
nistrativo característico de la tradición republicana chilena,
2013) y Tocopilla (agosto de 2013), entre otras ciudades.
donde Santiago ha sido, salvo breves períodos, la capital y el
El reclamo por una mayor participación en los beneficios
centro político y administrativo del país4. Las posibilidades y
del crecimiento económico y el desarrollo alcanzado, según
oportunidades de las personas dependen en buena medida
los índices macroeconómicos, se produce en momentos en
del lugar donde habitan; la información disponible muestra
que los procesos de regionalización y descentralización están en debate público: el tema es de obligatoria referencia
2	Por ejemplo, el petitorio de movimiento social de Calama incluía lo
siguiente: 5% de las utilidades de CODELCO para la administración
municipal, una compensación de 400 millones de dólares para infraestructura y urbanismo; renacionalización del agua, el litio y el cobre;
medidas paliativas por la contaminación minera, y más profesionales y
especialistas para el hospital de la ciudad.
3	Ley Nº 20.678 que modifica la Ley Nº 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, publicada en el Diario
Oficial el 19 de junio de 2013. El número de consejeros varía por región: aquellas con hasta 400 mil habitantes escogen 14 consejeros/as;
16 consejeros en las regiones de más de 400 mil habitantes; 20 en las
regiones de más de 800 mil habitantes; 28 en las regiones de más de
un millón quinientos mil habitantes; y 34 consejeros regionales en las
regiones de más de cuatro millones de personas.
4	La literatura es profusa. Además de los trabajos de CEPAL y PNUD
citados en este capítulo, se pueden consultar, entre otros autores, a
Eduardo Palma, Dolores Rufián, Luis Thayer Correa y Patricio Aroca.
en la campaña electoral en curso; y en el Parlamento está
en debate el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de
la regionalización del país1. La ciudadanía exige participación y poder de decisión en la definición de las prioridades
de desarrollo regionales, y mayores recursos para hacerlo
efectivo. Desde movimientos y organizaciones territoriales,
sociales y gremiales se indica la necesidad de mayores grados de democracia en los contextos regionales y locales,
1	Boletín 7963-06, ingresado el 5 de octubre de 2011 y actualmente en
Demandas en torno a la profundización democrática / territorios y derechos humanos
desigualdades en la distribución social y territorial del de-
desigualdades en Chile realizado por el Senado de la Repú-
sarrollo alcanzado. Según el Programa de Naciones Unidas
blica concluye que “las comunas con zonas aisladas6 presen-
para el Desarrollo (PNUD), “[h]ay marcadas diferencias en-
tan un comportamiento similar, ya que en cada una de ellas
tre las distintas regiones en lo concerniente al bienestar de
más del 50% superan los porcentajes nacionales de perso-
la población, las capacidades de sus gobiernos y las faculta-
nas tanto sin educación formal como con educación básica
des para adoptar decisiones. Existe también una tendencia a
incompleta. Adicionalmente, en estas comunas se presentan
reproducir la desigualdad, puesto que las regiones con ma-
condiciones similares desde el punto de vista del empleo, en
yor tasa de pobreza presentan los mayores retrasos en la
el cual predominan actividades ligadas al sector primario y
acumulación de capital humano. Estos elementos quedan de
terciario” (2012, pág. 206).
manifiesto al realizar un análisis desglosado a nivel subnacio-
Uno de los aspectos más críticos de la inequidad territo-
nal del logro de los ODM [Objetivos del Milenio] o en los
rial del país está determinado por el emplazamiento de
indicadores regionales del Índice de Desarrollo Humano”
proyectos de inversión, gran parte de ellos destinados a la
(PNUD, 2010, págs. 2-3).
extracción de recursos naturales o a la construcción de in-
Ejemplo de ello es el comportamiento del mercado laboral:
fraestructura. Dado que la economía del país depende de
en los últimos quince años, Biobío, La Araucanía y Los Ríos
manera importante de la explotación de materias primas
han compartido las menores tasas de participación laboral
–mineras, silvícolas, pesqueras, etc.–, tales proyectos de in-
y los mayores porcentajes de desempleo, mientras que en la
versión se emplazan mayoritariamente en aquellas regiones
Región Metropolitana, Aysén y Magallanes se observan, en
donde dichos recursos están ubicados (Meller, 2013). Una
cambio, las mayores tasas de participación y los más bajos
de las paradojas es que, según la legislación vigente –en par-
niveles de desocupación (Betancor, 2013). Al respecto, Fri-
ticular la normativa tributaria–, la mayor parte de las ganan-
golet señala que “[e]l mercado laboral es una fuente de con-
cias de tales actividades beneficia a Santiago, en tanto que
centración más potente aún que la propia matriz de pro-
los costos sociales y ambientales quedan en las localidades
ducción. Es notable la concentración de la masa de salarios
en la RMS [Región Metropolitana], y no solo en términos de
Es comprensible que esta realidad de inequidad genere
valor acumulado, sino que el promedio de renta anual [de
rechazo en la población regional, pues cuando sus voces
la población asalariada] casi duplica al promedio del país,
no son escuchadas suelen generarse conflictos. Por ello,
y es por lejos la mayor de todas las regiones. Mientras la
desde el punto de vista de las buenas prácticas de gobier-
remuneración promedio5 del país es de UF 161 (es decir
no, es relevante que existan mecanismos de participación
unos $340.000 por mes), en la RMS este valor se eleva a
ciudadana que permitan a las comunidades incidir en la
casi $600.000” (2013, pág. 12).
En materia de salud, la zona centro del país duplica la dis-
Otra fuente de conflicto es la inexistencia de una legis-
ponibilidad de especialistas: para 2010 el norte y el sur del
lación que permita, más allá de las iniciativas voluntarias
país mostraban tasas de 1.836 y 1.777 personas por médico
de responsabilidad social empresarial, que las empresas a
especialista público y privado, respectivamente, mientras en
cargo de estas inversiones compartan sus beneficios con
el centro la disponibilidad era de 1 por cada 878 personas
las comunidades locales y regionales afectadas. A ello se
(Fabregas, 2013). A nivel educacional, el estudio sobre las
6	Para este estudio se realizó un consolidado de comunas con zonas aisladas, a partir de la fusión de tres conceptualizaciones: i) las comunas
en que la habitabilidad está condicionada por factores geográficos y
una escasa infraestructura de conexión (MOP, 2004); ii) frontera crítica: aquellas comunas que se encuentran o poseen grandes desventajas
comparativas territoriales (físicas, económicas, demográficas, culturales y administrativas), respecto de las otras comunas de la región
(Ministerio de Defensa y Ejército de Chile, 1994); y iii) comunas con
aislamiento crítico (SUBDERE , 1999).
5	Para dar cuenta del salario promedio de la población regional, Frigolett
consideró la masa de remuneraciones pagadas a la población asalariada
formal de cada región. Este cálculo sitúa a las regiones Metropolitana (UF 282), Antofagasta (UF 249) y Atacama (UF 203) en los tres
primeros lugares del ranking, ordenamiento distinto al derivado del
Ingreso Promedio Per Cápita que se calcula a partir del PIB regional y
la población total de la región.
suman los daños causados por dichas inversiones, los que
una dimensión espacial de los fenómenos sociales y políti-
no siempre son adecuadamente compensados. Un estudio
cos” (Retamal, 2012).
realizado por el INDH identificó desde la perspectiva de
En este capítulo, el INDH revisa los estándares internacio-
derechos humanos 97 conflictos socioambientales que han
nales de derechos humanos en materia de territorios y des-
tenido lugar a lo largo del país entre enero de 2010 y junio
centralización. Luego presenta una síntesis de las normas y
de 2012. La gran mayoría de ellos se emplaza en localida-
principales políticas donde se observan problemas relativos
des rurales e indígenas apartadas del centro del país. Parte
a la desigualdad territorial, y de las percepciones sobre el
de las causas que generan estos conflictos están relacio-
problema que expresaron al INDH personas de organiza-
nados con los aspectos antes señalados (INDH, 2012b).
ciones y movimientos en algunas regiones del país.
Sobre estas materias es importante relevar dos hechos:
el primero, relacionado con la unanimidad de posiciones
de derechos humanos 8
entre las candidaturas presidenciales respecto del ordenamiento territorial y la ubicación de los proyectos de inversión en zonas determinadas; y segundo, la aprobación este
Los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y en
año del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
tal virtud –indica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos–
Ambiental7.
“establecen libremente su condición política y proveen asi-
Durante el 2012 y 2013, el INDH ha estudiado la descen-
mismo a su desarrollo económico, social y cultural” (art 1).
tralización y el desarrollo territorial desde la perspectiva de
Cada Estado tiene plena soberanía en la organización del
los derechos humanos, en particular, la preocupación por la
poder político y administrativo en el territorio de su juris-
desigualdad y discriminación que puede afectar el ejercicio
dicción. Aun cuando no se haga referencia a la forma de
de derechos de las personas en razón del lugar en que ha-
organización particular que deben adoptar o a la descen-
bitan. En este contexto, el Instituto ha revisado y sistemati-
tralización como un principio deseable de la gestión pública,
zado la legislación vigente, los proyectos de ley y las políticas
los instrumentos de derechos humanos establecen como
públicas en la materia de la última década, ha hecho una sis-
obligación de los Estados garantizar a todas las personas
tematización de los estudios y ha recogido la percepción de
que habitan un territorio el goce igualitario de derechos
organizaciones y movimientos sociales en algunas regiones
sin discriminación9, la participación en la decisión sobre los
del país (INDH, 2012a; INDH, 2013).
asuntos públicos10 y acceder a los beneficios del desarrollo11.
Esta iniciativa se enmarca en el interés por profundizar el
En materia de derechos civiles y políticos, el Comité de De-
análisis entre territorios y derechos humanos, entendiendo
rechos Humanos ha señalado a los Estados que, respecto de
por tales los espacios geográficos que se pueden determi-
la aplicación del instrumento en su territorio, “la obligación
nar en función de realidades culturales y sociales, econó-
prevista en el Pacto no se limita al respeto de los derechos
micas y ambientales, y no solo desde un punto de vista ad-
humanos, sino que los Estados Partes se han comprometido
ministrativo. Como señalan algunos/as autores, el territorio
es “un espacio con identidad socialmente construida. Esta
8	Todos los instrumentos vinculantes referidos han sido ratificados por
Chile y se encuentran vigentes.
9	Esta disposición forma parte sustancial de muchos de los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. En particular
el artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto
DESC, y el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos
10	Entre otros, el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y
artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
11	Entre otros, los artículos 11 y 28 del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; y el artículo 26 de la Convención Americana
definición tiene la particularidad de poner el acento en los
procesos sociales, económicos, culturales, históricos que dan
forma y sentido al territorio, en contraposición con otras
definiciones que tienen un contenido normativo” (Berdegué, y otros, 2011). La “[t]erritorialización hace referencia a
7	Decreto 40 del Ministerio del Medio Ambiente, publicado el 12 de
agosto de 2013 y que entrará en vigencia el 24 de diciembre de 2013.
también a garantizar el goce de esos derechos por todas las
Democrática Interamericana15, la Declaración sobre el De-
personas sometidas a su jurisdicción. Este aspecto exige que
recho al Desarrollo16, la Declaración del Milenio17, así como
los Estados Partes realicen actividades concretas para que
las Directrices del Programa de Naciones Unidas para los
las personas puedan disfrutar de sus derechos”12.
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) sobre Descentralización y Fortalecimiento de las Autoridades Locales18 y las
relativas al Acceso Universal a los Servicios Básicos19.
el Comité del Pacto DESC ha señalado que “[e]l ejercicio
de los derechos reconocidos en el Pacto no debe depen-
En la Carta Democrática, los Estados afirmaron que “[l]a
der del lugar en que resida o haya residido una persona, ni
participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a
estar determinado por él. Por ejemplo, no debe depender
su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad.
del hecho de vivir o estar inscrito en una zona urbana o
rural o en un asentamiento formal o informal, ni de ser un
ejercicio de la democracia...” (art. 6); “La democracia es in-
desplazado interno o llevar un estilo de vida nómada tra-
dispensable para el ejercicio efectivo de las libertades funda-
dicional. Es preciso erradicar, en la práctica, las disparidades
mentales y los derechos humanos…” (art. 7); “La democra-
entre localidades y regiones, por ejemplo, garantizando la
cia y el desarrollo económico y social son interdependientes
distribución uniforme, en cuanto al acceso y la calidad, de
y se refuerzan mutuamente” (art. 11); y, “[l]a promoción y
los servicios sanitarios de atención primaria, secundaria y
observancia de los derechos económicos, sociales y cultura-
paliativa” . Preocupación similar se constata en el sistema
les son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento
interamericano de derechos humanos, en particular res-
económico con equidad y a la consolidación de la democra-
pecto del ejercicio de los derechos económicos, sociales y
cia en los Estados del Hemisferio” (art. 13).
culturales. En los lineamientos para la formulación de indi-
En la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo se afirma
cadores de progreso en el goce de estos derechos se indica
que los Estados “tienen el derecho y el deber de formular
que “los procesos de descentralización administrativa sin
políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de me-
los suficientes recursos –económicos y humanos–, líneas de
jorar constantemente el bienestar de la población entera y
políticas y una buena articulación entre niveles de gobierno,
pueden crear situaciones de inequidad en el acceso a ser-
vicios públicos de calidad equiparable entre los habitantes
distribución de los beneficios resultantes de este”20, debien-
de diferentes regiones geográficas” .
do garantizarse, entre otras cosas, “la igualdad de oportuni-
Los asuntos relativos al territorio y los procesos de des-
dades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos,
centralización están vinculados principalmente con materias
la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda,
de democracia y desarrollo abordadas por la comunidad
el empleo y la justa distribución de los ingresos”21.
internacional. Cabe recalcar la interdependencia y refuerzo
mutuo entre el concepto de democracia y el de desarrollo
social y económico, como lo han destacado algunos documentos internacionales de carácter político como la Carta
15	Adoptada por la Asamblea General de la OEA en septiembre de 2001,
en Lima, y suscrita por Chile.
16	Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986.
17	Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 55/2, de 8 de septiembre de 2000.
18	Aprobadas por el Consejo de Administración de ONU-Hábitat mediante resolución 21/3, de 20 de abril de 2007.
19	Aprobadas por el Consejo de Administración de ONU-Hábitat mediante resolución 22/8, de 3 de abril de 2009.
20	Resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986.
21	Ibídem.
12	Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 3 sobre la
aplicación nacional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.
13	Comité del Pacto DESC. Observación general Nº 20 sobre la no
discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales.
E/C.12/GC/20, del 2 de julio de 2009, párr. 34.
14	OEA. Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso
en materia de derechos económicos, sociales y culturales. OEA/
Ser/L/V/II.129, 5 de octubre de 2007.
De manera específica, la descentralización ha sido abordada a
dichas directrices versan sobre gobernanza y democracia,
nivel internacional a través de las resoluciones22 del Consejo
facultades y responsabilidades de las autoridades locales, re-
laciones administrativas entre las autoridades locales y las
los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) antes mencio-
demás instancias de gobierno, y recursos y capacidades fi-
nadas, las que son el resultado de un proceso iniciado en la
nancieras de las autoridades locales.
Conferencia Hábitat-II, en 1996, ocasión en que los Estados
afirmaron que el desarrollo sostenible23 de los asentamientos
Normas y políticas nacionales
humanos puede lograrse “mediante una descentralización
efectiva de las responsabilidades y una asignación proporcionada de recursos a las instituciones más representativas de
La Constitución de la República dispone que el Estado de
los sectores interesados de la población y más cercanas a
Chile es unitario, sin perjuicio de lo cual concibe la adminis-
ellas, a fin de iniciar un proceso de ordenación urbana basado
tración estatal funcional y territorialmente descentralizada
en una visión común, que al mismo tiempo garantice y pro-
o desconcentrada (art. 3). El carácter unitario reside en la
teja los derechos humanos”24. Particularmente importante en
existencia de un solo centro de administración política y
este sentido es el principio de subsidiariedad, que “constituye
gubernamental que radica en el Presidente de la República,
la razón de ser del proceso de descentralización. Según este
quien es el Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. En la organi-
principio, las autoridades elegidas que están más próximas
zación territorial del poder esto se traduce en la atribución
a los ciudadanos deberán desempeñar las responsabilidades
del Presidente de nombrar y remover a los Intendentes y
públicas” (ONU-Hábitat, 2009, pág. 10).
Gobernadores (art. 32 N° 7); en los primeros se delega la
En relación con las Directrices sobre Descentralización y
función de gobierno de la región, y a los segundos corres-
Fortalecimiento de las Autoridades Locales, ONU-Hábitat
ponde estar a cargo de las gobernaciones provinciales, ór-
ha señalado que “la descentralización eficaz es un elemen-
ganos territorialmente desconcentrados del Intendente. No
to de la buena gobernanza y una expresión de la prácti-
ocurre lo mismo en el caso de las municipalidades, que son
ca democrática y de una administración pública eficiente.
corporaciones autónomas de derecho público, y que están
También se reconoce que las autoridades locales elegidas,
lideradas por un Alcalde y Concejales comunales directa-
conjuntamente con las autoridades nacionales y regionales,
mente elegidos por la ciudadanía de la comuna26.
son agentes decisivos de la gobernanza y la administración
La Constitución mandata a los órganos del Estado fortale-
democráticas que colaboran con las autoridades nacionales
cer la regionalización y el desarrollo equitativo y solidario
y regionales, pero tienen también sus propias esferas au-
entre las regiones, provincias y comunas (art. 3). En específi-
tónomas de actividad pública” (2009, pág. 7). En particular,
co, en las disposiciones sobre gobierno y administración interior del Estado, establece la obligación de observar como
22	Resoluciones 21/3 Directrices sobre Descentralización y Fortalecimiento de las Autoridades Locales y 22/8 Directrices relativas al
Acceso Universal a los Servicios Básicos, aprobadas por el Consejo de
Administración de ONU-Hábitat el 20 de abril de 2007 y el 3 de abril
de 2009, respectivamente.
23	Aquel que involucra “el desarrollo económico, el desarrollo social y la
protección del medio ambiente”. Plan de Acción Mundial de Hábitat II,
párr. 4.
24	Ibídem, párr. 177.
25	“La gobernanza tiene dos dimensiones: la política y la técnica. En su
dimensión política, requiere participación, adopción de decisiones y
liderazgo. En su dimensión técnica, requiere evaluación de las necesidades, planificación, negociación de contratos, aplicación de mecanismos contables, actividades de vigilancia y evaluación de los efectos. En ambas dimensiones se requiere transparencia y la capacitación
adecuada de los interesados directos pertinentes” (ONU-Hábitat,
2009, pág. 17).
principio básico “…la búsqueda de un desarrollo territorial
armónico y equitativo. Las leyes que se dicten al efecto deberán velar por el cumplimiento y aplicación de dicho principio, incorporando asimismo criterios de solidaridad entre
las regiones, como al interior de ellas, en lo referente a la
distribución de los recursos públicos” (art 115).
26	Estas normas constitucionales, que establecen los principios básicos
de la organización territorial del país, se encuentran desarrolladas
por las leyes, particularmente la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales
El fortalecimiento de la regionalización y la descentraliza-
compartir responsabilidades con el gobierno central en la
ción debe estar acorde a derechos humanos. En efecto, la
provisión de servicios de educación, salud, cultura, recrea-
Constitución reconoce en forma amplia y transversal, desde
ción, deporte, promoción del empleo, vivienda y asistencia
su artículo 1 y a través de diversos derechos fundamentales,
social” (Espinoza & Marcel, 1993, pág. 9).
el principio de igualdad, que es organizativo del poder del
Con la recuperación de la democracia, “las dimensiones
Estado así como un derecho fundamental de las ciudada-
geopolíticas y corporativistas del proceso de regionalización
nas y ciudadanos. Es finalidad del Estado “promover el bien
se debilitaron, surgiendo en su lugar, una fuerte demanda por
común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones
mayor participación de las regiones en las decisiones públi-
sociales que permitan a todos y a cada uno de los integran-
cas” (Espinoza & Marcel, 1993, pág. 31). A comienzos de los
tes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual
años noventa se introdujo la elección de alcaldes y concejales
y material posible, con pleno respeto a los derechos y ga-
en las municipalidades, y se crearon los gobiernos regiona-
rantías que esta Constitución establece” (art. 1 inciso 4) y
les27, así como nuevos instrumentos, “como las inversiones
“asegurar el derecho de las personas a participar con igual-
sectoriales de asignación regional (ISAR), que traslada[ron]
dad de oportunidades en la vida nacional” (art. 1, inciso 5).
al nivel regional la decisión sobre la asignación de recursos a
En una de las dimensiones de la descentralización, como es
proyectos específicos de inversión dentro de programas ad-
la fiscal, la Constitución Política alude en su artículo 115 al
ministrados tradicionalmente por el nivel central” (Espinoza
principio de solidaridad en la distribución de recursos públi-
& Marcel, 1993, pág. 8). Un año después, el 11 de noviembre
cos, tanto entre las regiones como al interior de ellas, y tam-
de 1992, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 19.175 Or-
bién a los criterios de equidad y eficiencia en la distribución
gánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Re-
entre regiones de las inversiones sectoriales de asignación
gional que abordó, entre otras, materias relativas al gobierno
regional. Del mismo modo, el artículo 122 de la Constitu-
de la región, a las competencias y atribuciones de los órganos
ción se refiere al principio de redistribución solidaria de los
constitutivos del gobierno regional, el mecanismo de elección
ingresos propios de las municipalidades del país.
de los miembros del Consejo Regional, y aspectos presupuestarios y patrimoniales de dicho gobierno (BCN, 2005).
Las disposiciones constitucionales descritas se han ido incorporando o modificando a medida que se ha ido avan-
Más recientemente se estableció la elección de los/as de-
zando en el proceso de regionalización y descentralización
legados/as a los CORES (Ley Nº 20.030 de 2009). Sin em-
en el país. En 1974 se adoptó una nueva división político-
bargo, lo central ha sido la “transferencia de competencias
administrativa que dividió el territorio en 13 regiones y 51
desde la administración central a otras administraciones,
provincias, las primeras a cargo de un intendente y las pro-
como es el caso de los gobiernos regionales y municipali-
vincias de un gobernador, ambos de la confianza exclusiva
dades. Esta desconcentración también se ha caracterizado
del Presidente de la República. Al mismo tiempo se estable-
por transferir atribuciones del ejecutivo a autoridades jerár-
ció una estructura institucional y administrativa de respaldo
quicamente inferiores con el objeto de administrar ciertas
a la administración regional para apoyar una gestión territo-
materias, claro está que estos organismos subnacionales no
rial más descentralizada: se crearon los Consejos Regionales
poseen facultades resolutivas y siempre se encuentran su-
de Desarrollo (COREDES), las Secretarías Regionales de
bordinadas al poder central” (Montecinos, 2013).
Planificación y Coordinación (SERPLAC), y las Secretarías
Regionales Ministeriales (SEREMI).

References: artículo
3
 artículo 3
 artículo 1

artículo 3
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 43
 resolución 
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 25

artículo 23
 artículo 26
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
	Resolución 
 artículo 1
 artículo 115
 artículo 122