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Timestamp: 2017-01-23 10:18:06+00:00

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Lecturas disyuntivas sobre desarrollo, instituciones y representaciones en los Estudios de Opinión by Idespo Una - issuu
ISSN 1659-1674
Nº 5, febrero, 2010
Lecturas disyuntivas
sobre desarrollo,
Presentación. Equipo de estudios de opinión
Fragmentos de una narrativa del desarrollo: el ajuste
estructural en los estudios
de opinión. Luis Gómez Ordóñez
Percepción y actitudes de la
población costarricense hacia
la Asamblea Legislativa durante los años clave de aprobación del TLC y su agenda
de implementación. Luis Ernesto Aguilar Carvajal
Fotografía con fines ilustrativos / Mainor Solís
El objetivo del Instituto de Estudios Sociales en Población
(IDESPO-UNA) es promover y generar propuestas de transformación de las sociedades, mediante la investigación científica en el contexto social, económico y político, en procura
del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.
En la búsqueda de condiciones de igualdad, justicia y equidad, la
misión del IDESPO-UNA es la de contribuir con el desarrollo de
la sociedad, produciendo y diseminando información estratégica
de su población, mediante acciones académicas integradas, tanto
en el contexto nacional como internacional.
De esta manera se busca cumplir con el objetivo específico
de ofrecer a las instituciones públicas y privadas información
estratégica sobre las variables demográficas, socioeconómicas
y culturales que caracterizan el desarrollo de la sociedad costarricense.
El Programa de Estudios de Opinión constituye uno de los
procesos académicos más sistematizados y antiguos que tiene
el IDESPO-UNA. Dentro de este programa se realizan las encuestas de Opinión e las series Pulso Nacional y Pespectivas
Una investigación sobre la opinión de la ciudadanía respecto
del tema que sea, debe comprender, al menos, dos caras, a saber:
por un lado, se trata de recuperar las percepciones y consideraciones de la ciudadanía como punto de partida para generar
una opinión pública y, por otro lado, devolver a esa ciudadanía
una información ciudadana que le sea oportuna, productiva y
efectiva. Ambas caras constituyen lo que podemos denominar
una opinión pública informada.
Una opinión ciudadana oportuna es aquella que es accesible
cuando se requiere y está disponible en códigos descifrables
por cualquier ciudadano o ciudadana. Es productiva cuando es
susceptible de generar y movilizar procesos de toma de decisión, con criterios y orientaciones claras; y es efectiva cuando
es verificable por cualquier persona y susceptible de producir y
potenciar su incidencia política.
Esta es una publicación periódica del IDESPO-UNA, que
comprende aproximadamente cinco números al año.
Las opiniones expresadas por los autores en sus artículos
no representan la posición del IDESPO
Los textos desarrollados en las páginas siguientes surgen como parte
de una propuesta de trabajo a lo interno del equipo de investigadoras/es del Programa de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional
de Costa Rica. En el caso de los documentos compilados en el presente Aportes, ambos tienen como eje problematizador un ejercicio
de hermenéutica del dato desde una lectura que ha de entenderse
como disyuntiva en la propuesta de cada investigador, pues la interpretación se da desde un corte transversal, el cual permite darle
seguimiento e historicidad a las reflexiones y encuestas relacionadas con las temáticas demarcadas.
Salvando las diferencias, el carácter divergente propio de la forma
de mirar, en cada una de estas investigaciones rescata como preocupaciones comunes una lectura que parte de la contextualización
política de los datos, de los discursos y de su substrato epistémico.
Aún cuando resulta discernible que cada texto es autónomo por sí
mismo, al leerse en conjunto como sugiere la posibilidad de esta
compilación, el espectro de interpretaciones adquiere otra connotación. Se enuncia desde voces y lugares distintos una lectura de
lo fragmentario de las narrativas del desarrollo y se propone una
lectura acerca de las percepciones e imaginarios que inaugura la
aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y República Dominicana (TLC-EU-CA-DR) y la
Agenda de Implementación del mencionado proyecto, del cual
Costa Rica hace parte.
Por un lado, es posible pensar como intertexto manifiesto en ambos documentos la discusión acerca del TLC, en el primero como
parte de una estrategia y de un paisaje dentro de las narrativas del
desarrollo y en el segundo acerca del carácter indefectible de este
acontecimiento en cuanto ruptura simbólica y operativa en las formas de representar y entender la legitimidad de la Asamblea Legislativa, de la institucionalidad, así como de los demás llamados
“poderes del Estado” y de su presunto equilibrio.
No obstante, lo que es posible sostener como elementos articuladores en ambas propuestas es en primera instancia una aproximación
en dos planos al llamado desarrollo. Primero, se parte ubicando el
marco de los estudios de opinión, y específicamente la agenda de
investigación, la construcción y elaboración de los datos; y por otro
lado, la necesidad de posicionar las implicaciones que políticamente tienen los procesos que se asocian al discurso desarrollista; en el
caso específico del correlato institucional para la Asamblea Legislativa, los partidos y la ciudadanía en su acepción más amplia.
A su vez, es posible ubicar en concordancia con lo anterior el anclaje institucional del desarrollo, en este caso leído desde el polimorfo carácter de las narrativas del desarrollo en el cual se sustenta
y articula una interpretación acerca de las prácticas de instituciones, actores, sectores y medios.
Por ello, en ambos textos aparece como una preocupación medular
el juego de representaciones inherentes a las formas de dar explicación a las acciones de los/as sujetos. Todo ello desde los estudios
de opinión como un lugar desde donde construir derivas de sentido
y claves interpretativas para comprender fenómenos como el desarrollo y la legitimidad institucional de instancias como la Asamblea
FRAGMENTOS DE UNA NARRATIVA
DEL DESARROLLO: EL AJUSTE
ESTRUCTURAL EN LOS ESTUDIOS DE
Investigador: Luis
Gómez Ordoñez
“El problema ya no es declararse anticapitalista. El problema es de vida o muerte
si el capitalismo se reconstruye después de su propio intento fallido de suicidio. El
problema fundamental del capitalismo es haber generado sujetos moldeados por el
éxito y el éxito por las ganancias, y la felicidad por la posesión de objetos. Subjetividades de muerte bajo la convicción (o la mala fe) de ser generadores de vida y de
bienestar”. (Retórica del desarrollo y la colonialidad del saber) Walter Mignolo1.
El Ajuste Estructural forma parte de una constelación de narrativas del desarrollo en el
paisaje neoliberal2 que su vez se encuentran intrínsicamente relacionadas con la emergencia del discurso del Consenso de Washington, como manifiesto en el cual se articula
a manera de programa o de agenda propedéutica una serie de puntos entre los que se
destacan como fragmentos –y nodos de acción– la reforma fiscal y los tratados de libre
comercio (liberalización del comercio). Siendo ésta una estrategia de ajuste consensuada
en otras latitudes, pero acogida y apropiada de formas particulares en la ejecución de los
El tema remite a discusiones que con frecuencia es más posible ubicar en el plano de
la política económica que en el de los estudios de opinión, sin duda su especificidad y
densidad epistémica podrían asumirse en ese ámbito; poblado de nociones, conceptos,
discursos y debates fronterizos con respecto a la ideología, intereses e implicaciones que
representan y se convierten en objeto de los estudios de opinión. Esto se debe a que esas
nociones pasan al caudal de lo público, las esferas de la opinión pública, la difusión en los
medios de comunicación, la apropiación y defensa por parte de actores sociales, de grupos
políticos circunscritos a las coordenadas del gobierno en turno o de quienes lo adversan,
pero también de la sociedad, de los grupos de personas que lo convierten en tema de
sus conversaciones y preocupaciones inmediatas. Precisamente, la reforma fiscal en tanto
proyecto de ley o los tratados de libre comercio como modelos de desarrollo3, interpelan
1	Mignolo, W. (2009) Retórica del desarrollo y de la colonialidad del saber. En página 12. Recuperado 19 de mayo
de 2009. http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-124958-2009-05-18.html
2	Parafraseando el título del texto de Reguillo (2007) Formas del saber. Narrativas y poderes diferenciales en
el paisaje neoliberal. En publicación: Cultura y Neoliberalismo.
3	Una tesis fuertemente sostenida por la segunda administración Arias Sánchez es la centralidad del Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y Republica Dominicana (TLC-CA-EU-RD),
presentada durante su gestión como un elemento medular para la estrategia de desarrollo del país, pues
contiene los axiomas de la liberalización del comercio y las finanzas, elementos claves en la narrativa del
desarrollo y los intrincados relatos del ajuste, el consenso y neoliberalismo.
a las personas de distintas formas, la primera desde la economía personal o familiar, pues los impuestos son de omnisciente presencia
en la cotidianidad, o bien desde el segundo punto, los tratados de
libre comercio que refieren a los cambios y rutas de continuidad en
cuanto al estilo del desarrollo que se ha venido implementando con
mayor constancia desde la década de los ochentas.
En el caso de Costa Rica es visible a partir de los Programas de Ajuste
Estructural (PAES por sus siglas)4 aprobados y puestos en vigencia
desde la administración del presidente Monge Álvarez (1982-1986),
luego en la primera gestión de Arias Sánchez (1986-1990) y finalmente en la Figueres Olsen (1994-1998). Cada administración aprobó un Programa de Ajuste Estructural, y en el caso de Arias Sánchez
en los ochentas y de Figueres Olsen en los noventas hubo implementación de varios puntos incluidos en los PAES.
Los mencionados programas fueron desarrollados primordialmente
como un conjunto de medidas tendientes a adecuar a las economías
de los llamados países en vías de desarrollo a los cambios de la escena
económica mundial5 según los organismos financieros internacionales6, específicamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Las dos primeras entidades siguen una agenda definida primordialmente por Estados Unidos y Europa, pues los representantes
de estas dos regiones económicas son quienes toman las decisiones
en cuanto a las personas que presiden estas entidades, por tanto el
peso de la ideología, los imaginarios y discursos sobre el desarrollo en
estas regiones adquiere medular importancia en la comprensión de
sus políticas y de prescripciones del ajuste estructural.
Es necesario aclarar que hay varios telones de fondo para comprender
las narrativas del desarrollo, de ahí este fragmento específico relacionado con el ajuste estructural y su lugar en los estudios de opinión.
4	El ajuste estructural aparece como una alternativa planteada por los organismos
financieros internacionales en un contexto de crisis económica en América Latina, la llamada “década perdida” –en referencia a la situación económica– de
los ochentas, según la CEPAL (Dabène, 1999).
5	Recuérdese que en algunos casos se planteaba como imperativo asumir el paquete incluido en los PAES para acceder a los créditos de estos organismos.
6	No se puede omitir dentro de este recuadro el papel de la AID y del gobierno
estadounidense de la época, pues para 1985 este último había propiciado una
iniciativa llamada “Plan Baker”, “que consistía en retomar las prescripciones tradicionales del FMI en cuanto al ajuste, pero añadiendo que los alumnos aventajados se
verían recompensados con nuevos prestamos de la banca privada (20.000 millones de
dólares a lo largo de tres años) y con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y del Banco Mundial (9.000 millones de dólares durante tres años), (Dabène,
1999:201), dicho plan nunca tuvo previsto abordar la dimensión política de los
problemas y la misma responsabilidad de EUA, con su política de mantener
tipos de interés altos, un dólar sobrevalorado que financiaba su déficit absorbiendo al mundial, y además, presuponía que la salida a la deuda de los países
latinoamericanos era la entrada de inversión privada y que se debían aplicar las
propuestas del FMI a pesar de que estas habían sido adversadas por sus previsibles consecuencias.
La primera de las condiciones de emergencia de la narrativa en sí
misma, que es pertinente historizar a partir de los acontecimientos
de la década de los ochentas7, es la narrativa del desarrollo del enfoque favorable al mercado. Las primeras recetas del ajuste estructural se plasman al inicio de la década, lo cual se combinará luego del
Consenso de Washington8 con el decálogo los elementos básicos
inherentes a una política del desarrollo desde esas latitudes. Esto
tiene un profundo eco en la jerarquía y discursos que se hilvanan
desde los organismos financieros internacionales, aspecto que resultaría incomprensible si no se tiene en cuenta los giros epistémicos
dentro de las teorías económicas y las concepciones referentes al
desarrollo de la época. De hecho, el agotamiento del enfoque hacia
las necesidades básicas (1968-1978) se hacía patente en la crítica
de los teóricos neoclásicos9 que volvían como contrarrevolucionarios y habían conseguido su lugar en la ortodoxia de las universidades estadounidenses, en los “think tanks”10. En las estructuras
de los organismos financieros internacionales y los gobiernos en
EUA e inclusive en muchos países de América Latina, a posteriori
7	La crisis económica de esa época se caracterizó primordialmente por retrocesos
en el Producto Interno Bruto de los países latinoamericanos, desigualdad en la
distribución de las rentas, caídas en la cotización de los principales productos de
importación, contracción en la inversión pública a consecuencia de altas tasas
de endeudamiento, las salidas fueron devaluaciones, y las que se propusieron en
un primer momento como parte del ajuste estructural como lo son las privatizaciones, reducción del gasto público, reformas fiscales y apertura comercial y
financiera como alternativas.
8	Bustelo (1999:158) al contextualizar la historia de las teorías del desarrollo
económico consigna al respecto del Consenso de Washington: “tal planteamiento puede observarse en los informes anuales del Banco Mundial y su incidencia se
reflejó enseguida en los Programas de Ajuste Estructural de esa institución”. Habrá
pues un antes y un después de este discurso, pues sus diez puntos adquieren
concreción en los PAES de la década de los noventas.
9	Entre los autores se pueden contar Bhagwati, Krueger, Lal y Little, quienes criticaron con fuerza la intervenciones estatales en la economía, la industrialización
por sustitución de importaciones y defendieron las tesis de la reducción del peso
del Estado en la economía y la apertura comercial y financiera para los países
que en su cartografía mental denominan tercer mundo (ver Bustelo, 1999: 157172). Sin embargo estos ecos datan de Ludwin Von Mises para quien la sociedad y la historia están fundamentadas en la actividad/acción humana, que por
extensión ocurre en el entorno del mercado, todo intercambio tiene lugar en
ese espacio según el autor, la interacción humana es reducida a relación mercantil, y por ende la propiedad privada será clave para fundamentar el mercado
libre, queda como corolario que la propiedad privada y el mercado libre son
entes cuasi naturales, contingentes a la acción humana, en esta concepción se
evidencian las construcciones mitológicas detrás de la supuesta naturalidad del
El autor antes señalado, fue el mentor de Friedrich Von Hayeck, quien dirigirá el prestigioso London School of Economics, y ganará el premio Nobel de
economía en 1974 y tendrá relación con Milton Friedman, quien fuera Nobel
de economía posteriormente, asesor de Reagan en los ochentas, y de varios
gobiernos dictatoriales en el cono sur (Saxe, 1999:91-118), en donde se implementaron ajustes estructurales, algunos como “tratamientos económicos de
choque” y con el financiamiento para las reformas proveniente de fondos de los
10	El llamado “think tank” es un centro de pensamiento que opera de forma cercana o paralela a universidades prestigiosas en EUA o bien con fondos gubernamentales y privados provenientes de transnacionales, su labor, pensar, generar
información, producir saberes para los objetivos del gobierno, sus instituciones
y las presuntamente desterritorializadas transnacionales.
se verá cómo a la narrativa del desarrollo del enfoque favorable al
mercado le resultará indispensable la propuesta del Consenso de
Es pertinente agregar que esta disquisición no es más que el pretexto de los fragmentos de una narrativa del desarrollo en los estudios
de opinión11, pues este es un recuadro de las sinuosas imbricaciones
del discurso económico sobre el desarrollo y la recurrencia al registro de la historia. En este caso son literalidad y contexto, substrato
de los fragmentos que en este trabajo se pretenden abordar, porque
si bien puede parecer moderadamente clara la relación entre discursos y esferas en lo referente al ajuste estructural, la vinculación
al Consenso de Washington y el desarrollo sólo es discernible en
tanto imaginario de las sociedades que los sustentan. Por ello es
que se identifica como una de las formas de acceso a este campo
desde los estudios de opinión, que no sólo dan cuenta del “estatuto
de nominalidad”12, sino que a su vez refieren a los sentidos y formas
de apropiación que tiene una narrativa del desarrollo. En este caso
la forma de darle sentido al abstracto y naturalizado constructor
del desarrollo puede leerse a partir de los fragmentos de este, de
las partes que se filtran a la discusión en espacios públicos o de
difusión mediática de esos elementos que se liberan de los arcanos
secretos de la jerga de científicos sociales, economistas y políticos
que les dan otras cargas semánticas. Así, en los estudios de opinión
es posible vislumbrar “las formas de significar del otro” y también el
sedimento que queda de estos otros discursos, pero pensadas desde
las preocupaciones que les son propias a la población encuestada.
Pese a ello, lo que es posible ver en este caso, queda acotado por los
objetivos que se pusieron a los instrumentos al diseñarlos y por la
coyuntura que pesó tanto en motivaciones iniciales de los estudios
que se miran en retrospectiva como en las mismas posibilidades
interpretativas del dato. Es desde este suelo del que se parte, de
una narrativa a la que de momento sólo es posible acercarse en
sus fragmentos. Fragmentos que hablan de las tensiones entre las
partes que componen la totalidad de los discursos y prácticas aludidos en las narrativas del desarrollo. Éstos pueden tanto remitir al
arquetipo occidental de lo asintótico como al impulso de verse en
perspectiva con respecto a la promesa de un horizonte, aspecto en
constante tensión.
11	Otra tesis sobre el tema de las narrativas del desarrollo; como pertenecientes al
discurso científico-económico y político, saberes técnicos sobre el desarrollo, y
lo que es posible recuperar desde los estudios de opinión percepciones acerca de
la forma en que se vivencian los procesos de desarrollo. No obstante, la forma
en que se vivencian y son entendidos esos procesos y discursos asociados al
desarrollo son parte de la narrativa, son un fragmento y desde ahí se articulan
rupturas que fundan otras narrativas ante las se crean desde el poder hegemónico.
12	Estatuto de nominalidad refiere a la inscripción simbólica de un discurso o
acontecimiento en el imaginario, la forma en que éste se inscribe es la que
permite nombrarlo y asumirlo dentro de una trama relacional o narrativa.
Ahí reside la importancia de pensar la narrativa del desarrollo desde sus fragmentos en la opinión, remitiendo a un campo de sentidos
y tensiones constantes, en este caso desde el ajuste estructural. Este
no es otra cosa más que un imperativo en lo cotidiano de ajustarse a la estructura, de adecuar las preocupaciones cotidianas a las
imposiciones que bien pueden ser impuestos o aparentes fórmulas
liberadoras de aranceles, y por tanto, garantes de cambios ante una
escena que se presenta como inmóvil13 o de inercia inducida ante
los cambios; que se plantean como necesarios, aunque la direccionalidad de lo que se plantea como necesario difícilmente se ponga
En el espacio que concierne a los estudios de opinión, lo prístino de
las fórmulas y decálogos de consensos pactados en distantes latitudes y de los ajustes a una estructura ajena adquiere otros sentidos,
éstos amarran preguntas y objetivos de esta investigación, ya que
estos sentidos y formas de significar la narrativa del desarrollo se
encuentran las aristas de su misma legitimidad, su condición de
posibilidad. Si se piensa en esos sentidos, sus fragmentos se pueden
encontrar desde lo concreto, en ese campo minado de preocupaciones, dudas y de certezas que no se acaban en el decir de la factibilidad del mismo discurso del desarrollo y sus propuestas. El ejemplo paradigmático puede ser el Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos, pues a partir de este fragmento de la narrativa del
desarrollo neoliberal, de ajuste y consenso, se definiría el alcance
y la vigencia misma del desarrollo, la concepción neoliberal en el
imaginario; aunque este aspecto no deba darse por manifiesto en el
discurso de la población encuestada al respecto del tema.
Se parte de las siguientes preguntas generadoras y objetivos para
desarrollar las temáticas del presente estudio, cuyo trabajo se centra
en una revisión de los datos recopilados en las encuestas y documentos levantadas dentro del programa de Estudio de Opinión del
Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional14, dentro del proyecto Pulso Nacional, específicamente los
números 38, 41, 51 y 56 ubicados en un corte temporal que inicia
en 2005 y concluye en 2008.
13	La distancia entre el inmovilismo mediáticamente construido y el efectivamente percibido puede estar en lo que Solís (2006:11-12) llama: “la tesis del
inmovilismo (…) la interpretación del presente desde una idea de inmovilidad se podía
comprobar en experiencias cotidianas diversas. Las calles llenas de huecos y atiborradas de autos, las largas filas y las listas de espera en los hospitales públicos, y la lentitud
de los trámites judiciales y de los trámites públicos en general, eran algunas de las
vivencias inmediatas contra las cuales se podía afirmar que efectivamente, el principal
problema del país era su parálisis (…) El diagnóstico del inmovilismo alimentó un
ambiente propicio para la tensión y la pesadumbre” .
14	El Programa de Estudios de Opinión funciona desde 1992 y tiene dos proyectos,
encuestas de Pulso Nacional que se realizan mensualmente y otro denominado
“Perspectivas Ciudadanas”, que se realiza semestralmente.
¿Cuáles son las dimensiones discernibles del ajuste estructural desde los estudios opinión?
¿Qué elementos constituyen el ajuste estructural como discurso y
propedéutica política y con qué aspectos se han identificado desde
los estudios de opinión?
¿De qué manera han sido dimensionados y entendidos los elementos constituyentes del ajuste estructural en la opinión pública?
Entender las formas en que se perciben las dimensiones del ajuste
estructural desde los datos aportados en los estudios de opinión que
incluyen datos en referencia al Pacto Fiscal y al Tratado de Libre
La primera es la llamada presunción de verdad, que en este texto parte de problematizar las nociones de verdad inherentes a las
construcciones de los números, la ciencia15, sus leyes y la objetividad, y como son apropiadas por las instancias que median16 en
términos del saber, conocimiento e información. Por otro lado, la
forma en que los sujetos que se apropian de esa información; la
verdad difundida se presenta como legítima por el discurso ciencia económica, pero al ser leída es validada a partir de los mismos
procedimientos de “matemización”17 de la realidad. No obstante, la
presunción de verdad sufre una ruptura en los estudios de opinión
que son distintos interpretativamente y parten de la construcción
cotidiana del segmento poblacional tomado en cuenta en la muestra de la encuesta. Por ello, la verdad de existir, existe sitiada –o
verdad situada– acorde a contextos y coyunturas, anegada por su
insoportable peso, lo líquido de las relaciones, como metáforas que
al menos de forma provisoria permiten tomar distancia del mecanicismo cuando se intenta leer la opinión en un estudio. Al decir esto
no se pretende desterrar el criterio de validez del dato existente en
la investigación cuantitativa, sino más bien agregar a la discusión
criterios de reflexividad para pensar los alcances y limitaciones de
datos e interpretaciones.
1.	Identificar cómo son percibidos los elementos constituyentes del ajuste estructural los datos de los estudios de opinión
en relación al Pacto Fiscal y al Tratado de Libre Comercio.
2.	Comprender de qué forma han sido dimensionados y entendidos los elementos del ajuste estructural en los estudios
3.	Analizar la forma en que han sido dimensionados los elementos del ajuste estructural con respecto a los datos sobre
el Pacto Fiscal y el Tratado de Libre Comercio en los estudios de opinión.
I.	Metodología: aproximaciones a los estudios de opinión en
tres movimientos epistémicos
Las dudas y objetivos planteados anteriormente dan cuenta de la
necesidad de señalar las posibilidades de lectura, de hermenéutica
del dato y de la elaboración del mismo en los informes de investigación. Ello desde el método y su lugar en los estudios de opinión.
En concordancia con lo anterior se proponen tres puntos de partida, que ante todo son movimientos epistémicos y opciones metodológicas en los cuales se podrían ubicar tendencias limítrofes en
El segundo movimiento es el de semantización de las tendencias,
pues todo ejercicio de lectura de las medidas de tendencia central
es per se hermenéutico. Semantizar la tendencia consiste en tratar
de encontrar sentido acorde a la coyuntura y al acervo epistemológico con que se lee.
Y el tercer movimiento consiste en dar cuenta de que en los estudios
de opinión, ya sea que se asuma de forma manifiesta o no, hay una
apuesta por historizar lo inmediato, el acontecimiento partiendo
del dato que bordea las lindes de lo cotidiano, y que implica tratar
de narrar, articular y dar sentido al acontecer en su inmediatez, leer
las coyunturas in situ –en el momento en que éstas se están dando–
o en diferido cuando el influjo y la significación de lo sucedido ha
cambiado al agregarse otras variables, informaciones y discursos.
15	Žižek, (2009) señala que la ciencia en las sociedades contemporáneas se constituye como un refugio ante la incertidumbre del cambiante entorno y da esperanza, funciones secularizadas de la religión, y en ello puede residir su poder en
la capacidad misma de fabricar certezas y esperanzas como sucedió por ejemplo
con las prescripciones del ajuste estructural y con el Consenso de Washington.
16	Entre las cuales habrán de considerarse la misma institución universitaria y los
medios de comunicación con su agenda y andamiaje, y el mismo gobierno que
en su discurso articula regímenes de verdad y saberes que en este caso son los de
las narrativas del desarrollo, y los fragmentos acá destacados de la reforma fiscal
y el libre comercio, aristas ajuste estructural de corte neoliberal.
17	La matemización de lo empírico tiene que ver con la mathesis “entendida
como ciencia universal de la medida y el orden” (Foucault, 2007:63) y ha de
considerarse que “la relación de toda mathesis con el conocimiento se da por la
posibilidad de establecer entre las cosas, aún las no mensurables, una sucesión
ordenada.” (Ibídem).
Por las características particulares de la investigación que subyace a
este documento, se hace necesario aclarar la importancia de los tres
movimientos epistémicos arriba citados para acercarse a los fragmentos de las narrativas del desarrollo, pues predomina la revisión
de fuentes documentales y bases de datos de las encuestas: “Percepción de la Población Costarricense sobre la Asamblea Legislativa
y el Tratado de Libre Comercio” (Pulso Nacional N° 38)18, “Percepción de la Ciudadanía Costarricense sobre la Población Adulta Mayor” (Pulso Nacional N° 41)19, “Percepción de la Población
Costarricense de la Asamblea Legislativa y el Gobierno” (Pulso
Nacional N° 51)20, y “Percepción de la población costarricense de
la Asamblea Legislativa y el Gobierno” (Pulso Nacional N° 56)21.
Por ello, en lo concreto, los tres momentos epistémicos, son pautas
metodológicas en la hermenéutica de los datos, en donde se analiza
lo que se presenta como verdad, la semantización de las tendencias
y la historización de lo inmediato y los acontecimientos como elementos estructurantes de la narrativa y sus fragmentos.
Aspectos metodológicos sobre la población encuestada.
En las encuestas anteriormente mencionadas la población de estudio estuvo conformada por personas de 18 años y más, residentes en
viviendas particulares con teléfono en el territorio nacional. En el
caso de las encuestas Pulso Nacional 38, 41 y 51 se seleccionó una
muestra aleatoria de teléfonos en forma sistemática, y las personas
se eligieron mediante una muestra de cuota probabilística distribuida por sexo y grupos de edad.
En todas las anteriores encuestas el tamaño de la muestra es de 600
personas, dicho tamaño de muestra se calculó buscando obtener un
error máximo de 4 puntos porcentuales con un 95% de confianza
en la mayor parte de las variables en estudio.
18	Bustos, A. Padilla, R. Pernudi, V. et al. (2005). Percepción de la población costarricense de la Asamblea Legislativa y el Gobierno. OPS 38. Instituto de Estudios
Sociales en Población (IDESPO). Universidad Nacional, Costa Rica. Heredia,
19	Bustos, A. Padilla, R. Pernudi, V. et al. (2005). Percepción de la ciudadanía costarricense sobre la población adulta mayor. OPS 41. Instituto de Estudios Sociales
en Población (IDESPO). Universidad Nacional, Costa Rica. Heredia, Costa
20	Sandoval, I. Pernudi, V. Gutiérrez, I. et al. (2007). Percepción de la población
costarricense de la Asamblea Legislativa y el Gobierno. OPS 51. Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO). Universidad Nacional, Costa Rica.
21	Sandoval, I. Pernudi, V. Gómez, L. et al. (2008). Percepción de la población costarricense de la Asamblea Legislativa y el Gobierno. OPS 56. Instituto de Estudios
II.	Narrativas del desarrollo: gnoseología y cartografía
Como vástagos de la matriz epistémica del binomio modernidad/colonialidad emergen los conceptos de crecimiento, progreso; ineludiblemente relacionados con la dinámica expansionista de los imperios
de otrora. Pero estas nociones presentes en la incipiente ciencia moderna de orden positivista, son los arquetipos conceptuales de lo que
en occidente se nominará como desarrollo, el crecimiento da cuenta
no sólo de las pretensiones cuantificadoras, o de la compulsiva necesidad de sucesión presente en la historiografía de aquella época, sino
que a su vez se convierte en una suerte de “constante ontológica22” de
un ser condenado a crecer, pues esta es su ineludible dinámica; y por
otro lado, el progreso remite a una construcción de un futuro siempre “por-venir”, una promesa post-puesta y únicamente ubicable en
temporalidades futuras, en el caso América Latina y de otras regiones
ubicadas en el mal llamado “tercer mundo”23.
Vale la pena considerar la tesis que quizás no exista “el tercer mundo” y en su defecto exista el “mundo de los terceros”, los otros ausentes, sobre quienes se toman decisiones, no importa si consienten
o no, pues son una entidad entre la periferia y la carencia que da
sentido al statu quo. La identidad de esos otros se domicilia en los
márgenes del desarrollo y a partir de ello este discurso explica su
marginalidad. Tampoco tiene caso que el mundo de los terceros
esté conformado por dos terceras partes de la humanidad o que partir de éste se puedan derivar universos disyuntivos que den origen a
otros mundos (terceros mundos).
La lateralidad del tercer mundo instituye el espacio para pensar
las narrativas del desarrollo del ajuste estructural, pues la episteme
del binomio crecimiento/progreso, y el subsiguiente parto del desarrollo –y sus (per)versiones: subdesarrollo, maldesarrollo, sindesarrollo– requería coordenadas. Una cartografía de un imaginado en
esferas escindidas, pero que a la vez fuese espacio donde pudiesen
encontrarse o bifurcarse el discurso desarrollista que luego los designará como eufemísticos “países en vías de desarrollo”.
22	Del origen del ser, pues según el evolucionismo lo que permite subsistir a las
especies en las acepciones más tradicionales del conocimiento científico es su
desarrollo, que también podría ser entendido como capacidad para adaptarse
al entorno. Corolario, el ser “es” en tanto se desarrolla, el desarrollo por tanto
remite al mismo devenir del ser, pero este desarrollo está supeditado a las posibilidades de expansión y extensión, de la vida misma, el territorio o la aparición
de habilidades más complejas.
23	En la década de 1950 el término fue acuñado por el demógrafo y economista
Alfred Sauvy, tercero en la noción de éste se refería “a la configuración del monopolio del poder de la antigua aristocracia/nobleza/(alto)clero –los Primeros y los Segundos Estados durante el anciene regime- a expensas de los comunes y ordinarios (el
Tercer Estado).” (Carmen, 2004:35-36) Por tanto el término designa diferencias
de estatuto y poder sociales, en aquel contexto los/as “comunes” excluidos de
cualquier ejercicio significativo de poder con respecto al rey sol (reil soleil), pero
homólogo en este momento con los poderes que monopolizan los príncipes del
Estado moderno y los mercaderes de transnacionales y corporaciones.
“En vías de desarrollo” condenados a abordar indefectiblemente los
últimos trenes de la modernidad24, a asumir aquello que se entiende
por desarrollo como el fin de la historia, la finalidad del devenir. En
las dos últimas décadas del siglo XX la travesía es en el vagón de las
narrativas del desarrollo del ajuste estructural, en éstas confluyen
con el discurso del “fin de la historia”25 que ve el cenit de la historia
en el triunfo de la democracia liberal y el capitalismo de mercado,
lo cual está implícito en las programas de ajuste estructural durante la década de los ochentas, en la cual ya resultaba previsible la
constitución de la unipolaridad del pensamiento. Esta visión luego
sería patente tras caída la cortina de hierro, el principio del fin del
socialismo –comunismo– de Estado en Europa del Este, y que era
referente de otras utopías y mitologías sobre el desarrollo.
Este decenio marcado por la confrontación y binarismo es el escenario del ajuste estructural de primera generación. El discurso
del “fin de la historia” destila unidireccionalidad en tanto plantea
como únicas alternativas26 la democracia liberal y el capitalismo
de mercado, estos últimos puntos serían axiomas de la agenda27 de
desarrollo prevista en el Consenso de Washington y de los PAES de
segunda generación28, influidos por éste.
24	La frase ha sido acuñada por Néstor García Canclini (2002) en un ensayo intitulado Latinoamericanos buscando lugar en este siglo. En este caso la modernidad
refiere a los procesos de modernización.
25	Acuñado por el ideólogo del Departamento de Estado estadounidense Francis
Fukuyama que parte de la lectura que hace Alexandre Kojève del joven Hegel
quien en “la fenomenología del espíritu” propugna que cuando la filosofía culmina, la historia también, pues para Hegel la finalidad del asunto es plantear
una historia autoconsciente, y él ve eso como el triunfo de los valores de la
Revolución Francesa y la batalla de Jena circunscrita como acontecimiento a
la misma (Feinman, 2008:129-130). En los tres autores el thelos en tanto fin se
impone, la diferencia entre el joven Hegel y Fukuyama reside en que el primero
afirma los valores de un orden aún incierto, volátil y en constante cambio,
mientras que el segundo afirma los impulsos más reguladores y legitimadores
de la modernidad tradicional, pues el liberalismo y el mercado fueron aparatos
conceptuales y valorativos claves en procesos como la conquista y la colonia
precedentes y actuales. No obstante “la teoría de Fukuyama, basada en Hegel,
duró poco, dado que el armamentismo norteamericano necesitaba una nueva hipótesis
de conflicto. Apareció Huntington e inventó el choque de civilizaciones. Otra vez la
guerra era posible” (Ibídem).
26	Planteamiento que en sí mismo es contradictorio, pues la opción-única es en si
misma una no-opción.
27	Lo cual se puede constatar en lo contenido en los diez puntos programáticos
del Consenso de Washington: (1) disciplina fiscal; (2) prioridades del gasto
público; (3) reforma fiscal; (4) liberalización financiera; (5) tipos de cambio;
(6) liberalización comercial; (7) inversión directa extranjera; (8) privatización;
(9) desregulación; (10) derechos de propiedad.
28	Cuando se habla de ajuste estructural de primera y segunda generación, la
distinción tiene que ver con el momento histórico en que son enunciados y
a sus características particulares, pues los primeros son preescritos durante la
crisis de los ochentas y los segundos se enmarcan en una estrategia por encauzar las economías de los países latinoamericanos al nuevo estilo de desarrollo
estadounidense luego de la caída de los llamados socialismos reales, y además
porque los segundos articulan una preocupación por ámbitos como las finanzas
y los derechos de propiedad (entre los que se pueden incluir la cuestión de
la propiedad intelectual), una suerte de monopolización de la economía del
conocimiento y un impulso hacia la especulación, y su vez la desregulación y el
desmantelamiento del aparato estatal.
Neoliberalismo, Consenso de Washington y Ajuste Estructural serán pues, los tres discursos instituyentes de la narrativa del desarrollo, los tres comparten el mítico supuesto de la ciencia moderna de
la aproximación asintótica infinita29, que exige que la realidad se
aproxime a idealizaciones que nunca se pueden alcanzar de manera
efectiva. En este caso, la premisa es alcanzar el crecimiento económico como estadio ideal del desarrollo. Dicha presunción parte
de lo óptico, pero la acotación corresponde a la dimensión de la
episteme y el método, pues la mathesis presente en el pensamiento
occidental y la ciencia moderna como criterio de medida y orden
cambia, pero se mantiene constante no sólo en los axiomas matemáticos que sustentan la ciencias económicas en el caso del monetarismo y de las operaciones para estimar indicadores de desarrollo,
sino que a su vez en la misma empiria que lo traduce por ejemplo en
nociones como “mecanismos de funcionamiento perfecto” o bien
el “equilibrio general”, que como teoría neoclásica es substrato –o
cieno según se prefiera– para estos discursos.
Por ello, se ha de considerar que en primera instancia toda idealización producida como aproximación asintótica infinita es estática, y
segundo la idealización opera en un ámbito donde tiempo y espacio
se abstraen en tanto racionalizaciones, estimaciones y especulaciones. Lo cual en concreto plantea la tensión de adecuar la realidad
en consecuencia con un modelo que no cuestiona la mitología que
lo instituye, ni las metáforas de las que sirve en tanto discurso30.
Mismo que tiene poder en tanto es apropiado por actores que lo
asumen como entidad articuladora de sentidos instituidos, que a
su vez remite a los lugares desde donde son dichos estos discursos y
las relaciones de poder propias de estos espacios que se plantean a
sí mismas como precisas, objetivas y presuntamente neutrales políticamente.
De ahí que es pertinente anotar en los discursos instituyentes de
la narrativa del desarrollo dos formas de (re)negación del acontecimiento político; la primera relacionada con la concepción postpolítica, la cual “involucra el modelo de la negociación comercial y la
transacción estratégica.” (Žižek, 2001:206) que (mal) entenderá la
transmutación de los elementos de la política –como lo pueden ser
29	El concepto “es tomado de la teoría matemática del límite. En la matemática se
habla de curvas asintóticas (o asíntotas) cuando los valores del conjunto imagen de una función se aproximan cada vez más a un mayor valor fijo o parámetro, sin que lleguen a igualarse nunca. Cada ordenada de la curva está distante
del valor fijo al cual se aproxima, aún cuando la distancia se haga infinitamente
pequeña” (Himkelammert y Mora, 2008:569)
30	Reguillo rememora una precisión de Bourdieu sobre el discurso, pues este “(…)
había advertido que el poder del discurso no está en el discurso (…) y hace
énfasis en el proceso mediante el cual un sujeto se apropia de las propiedades de
una institución o de una posición de enunciación privilegiada y desde ese lugar
de privilegio reviste su discurso de un efecto de autoridad no sospechoso.”
el comercio y la estrategia– por la translocación de lo político en
La segunda forma de la mencionada (re)negación reside en la concepción biopolítica que “designa como su objetivo principal la regulación de la seguridad y el bienestar de las vidas humanas (…) Esto implica que con la administración especializada, despolitizada y socialmente
objetiva, y con la coordinación de los intereses como nivel cero de la
política, el único modo de introducir la pasión en este campo, de movilizar activamente a la gente, es haciendo uso del miedo, constituyente
básico de la subjetividad actual” (Žižek, 2008:55-56). La biopolítica
es una política del miedo, por ello podría resultar comprensible la
exaltación del miedo con respecto a las derivas en la aprobación
de la Reforma Fiscal y del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, ambos fragmentos de la narrativa del desarrollo del ajuste,
discernibles en los datos e informes de los estudios de opinión citados en el apartado de metodología de este documento.
III.	Las fórmulas del ajuste estructural y su eficacia simbólica
El Consenso de Washington es un saber que ha repercutido en la
producción de agendas de desarrollo, que a su vez influyeron en los
programas de acción para los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional,
de este último viene el diseño de los llamados Programas de Ajuste
Estructural, que implícitamente contienen elementos del decálogo
A su vez el ajuste estructural debe asumirse como parte de una estrategia de post-modernización, de las funciones políticas, sociales
y económicas del Estado; que representa en su lógica misma, los
procesos más radicales de racionalización de la modernidad, observados en las metas abstraídas de cálculos y estimaciones numéricas
sobre el mejor desempeño de la economía. Lo que automáticamente supondría mejoras en las condiciones sociales y de subsistencia
de la población, pero atados a una suerte de escatología numérica,
al “thelos del mathema”.
Y precisamente es en este punto donde reside la eficacia performativa de la narrativa del desarrollo del ajuste estructural, pues entraña un poder de representación claramente delegado en discursos
e instituciones, lo primero se observa en el discurso del Consenso de Washington31 –relacionado como se ha señalado antes con
31	Reguillo (2007) llama representaciones nodales “a aquellas que vehiculizan
sentidos políticos fundamentales para la sociabilidad: la democracia, derechos
humanos, ciudadanía, violencia, conﬂicto, diferencia, apertura de mercados.” Y
por ello se considera atinente incluir al Consenso de Washington dentro como
una representación nodal articuladora de los sentidos políticos fundamentales
del desarrollo en su acepción neoliberal.
los PAES– y lo segundo en las instancias que enuncian el discurso
como los organismos financieros internacionales, pero también en
los organizaciones que son sujetas del mismo como los Estados que
se ven interpelados ante estas medidas, lo cual configura escenarios
del desarrollo a partir del poder de representación32 instituido.
IV.	Las dimensiones del ajuste estructural
Las dimensiones del ajuste estructural son comprensibles en tanto
es posible establecer una distinción analítica entre los llamados
en este documento PAES de primera generación elaborados por
los organismos financieros internacionales durante la década de
los ochentas, y su acento primordialmente centrado en la estabilización, pues estos son “programa[s] a corto plazo cuyo objetivo
fundamental es corregir desequilibrios macroeconómicos tales como el
déficit de la balanza de pagos y la inflación. Estos programas vinculan
a los países con el FMI, el cual ofrece préstamos a corto plazo a cambio
de que se adopten medidas en relación a la reducción del crédito, a la
liberalización de los precios y a la devaluación de la moneda local” (Posas, 2000:496). Los que se han venido llamando PAES de segunda
generación son los que ponen acentuación en el ajuste estructural,
son de mediano plazo e igual dan acceso a los créditos del BM y de la
AID en tanto se hayan puesto en marcha las medidas de los PAES de
primera generación, centrados primordialmente en la estabilización
antes expuesta.
Los supuestos que entrañan están intrínsecamente relacionados con
fundamentos y argumentaciones de corte neoliberal o de la economía neoclásica. Así, se propugnaría un enfoque favorable al mercado,
partiendo de la atracción de inversión extranjera directa, desregulación del mercado por parte del Estado (liberación de precios, tasas
de interés y mecanismos de control de las inversiones), integración
en el mercado internacional (asumir el libre comercio como bandera, reducción de tasas arancelarias y mecanismos de protección a
la producción interna), y creación de incentivos para las empresas
que inviertan en el país (instauración de subsidios y zonas francas en
concordancia con la producción y exportación del país).
A estos rubros se aúnan las medidas referidas a priorizar el gasto público y los mecanismos de privatización solapada de los PAES de primera generación, y las posteriores preocupaciones sobre la disciplina
y reforma fiscal, la liberalización financiera, los tipos de cambio y la
propiedad intelectual, y se tiene todo el recuadro de medidas contenidas en el Consenso de Washington como el denominador de las
políticas del gobierno estadounidense, del BM y del FMI.
32	Ha de considerarse que “El poder de representación configura imaginarios, conduce
colectivos, compromete voluntades y produce imperativos en cuyo nombre se actúa.”
(Reguillo, 2007).
Ante este recuadro cabe definir o intentar poner en contexto lo
que se va entender por Consenso de Washington para exponer el
contenido de cada una de las medidas del decálogo de éste y su
lugar dentro del discurso del ajuste estructural como narrativa del
Williamson (1999) anota que el Consenso de Washington es el
“mínimo denominador común de las reformas que consideró Washington
debería acordar que necesita América Latina desde 1989”, la opinión
del autor no es para nada desdeñable si se tiene en cuenta que fue
él el ideólogo del Consenso de Washington y quien ha tenido que
lidiar con interpretaciones del consenso que lo definen como “manifiesto” y que en su uso corriente lo consideran como “prescripciones políticas basadas en los principios del mercado y del monetarismo”
o bien como “una codificación del nuevo imperialismo”33, ante este
atolladero el autor propone tres salidas, pues al hacer una revisión
de los usos del discurso del consenso, se encuentra ante lo que él
denomina como un dilema semántico con tres posibilidades: (a)
asumir la insistencia en los usos originales; (b) abandonar el uso del
término; (c) avalar un post-Consenso de Washington.
5.	Tipos de cambio34: se propone le necesidad de un tipo de
cambio unificado (en las transacciones corrientes), que
permita fijar un nivel suficientemente competitivo para
promover un crecimiento rápido de las exportaciones de
productos no tradicionales, hecho de forma tal que los exportadores tengan garantías en términos de su competitividad.
6.	Liberalización comercial: la propuesta es eliminar restricciones cuantitativas que se substituirían por aranceles, mismos que deberían reducirse de forma progresiva hasta un
40% aproximadamente35.
7.	Inversión directa extranjera: la propuesta es abolir los impedimentos y barreras de entrada de empresas extranjeras,
debería competir con las empresas locales en un plano de
igualdad. Este rubro no sólo se refiere a las empresas sino a
la inversión extranjera directa y las restricciones existentes
8.	Privatización: se parte de que “puede ayudar a aliviar la presión sobre el presupuesto, tanto en el corto plazo por los ingresos
producidos por la venta de la empresa y en el largo plazo en
la medida en que la inversión no necesita ser financiada por el
gobierno” (Williamson, 2002a) y por ello las empresas estatales debería privatizarse.
9.	Desregulación: la propuesta es que los gobiernos eliminen
reglas y normativas que impiden la entrada libre o tienden a restringir36 la competencia, ello asegurando que estas
disposiciones estén justificadas en criterios de seguridad,
protección ambiental y supervisión bancaria de las instituciones financieras.
Teniendo en cuenta lo anterior se propone una lectura de los puntos acotados dentro de este discurso, se sigue la formulación del
decálogo del Consenso de Washington a partir de los textos de Williamson (2002a; 2002b):
1.	2.	Disciplina fiscal: significa reducir los déficits presupuestarios, medirlos adecuadamente con la inclusión de los gobiernos locales, las empresas estatales y el banco central,
deben ser claramente acotados para que no se financien con
los impuestos de la inflación.
Prioridades del gasto público: implica orientar el gasto a
áreas y sectores desatendidos de la economía capaces de
generar altos rendimientos, que contribuyan a mejorar la
renta, la atención en servicios de salud y educación a nivel
3.	Reforma fiscal: ésta debe tender a ampliar la base imponible
y recortas tipos marginales.
4.	Liberalización financiera: el objeto es alcanzar un tipo de
interés real moderadamente positivo, aboliendo tipos de
interés preferentes a los clientes privilegiados, ello para alcanzar tipos de interés determinados por el mercado.
33	Los fragmentos entrecomillados son consignados por el mismo Williamson en
el texto de 1999 “What should think about the Washington Consensus? ���
Paper prepared as a background to the World Bank’s World Development Report
34	Williamson (2002a) originalmente planteaba que “Al igual que los tipos de interés, los tipos de cambio pueden ser determinados por las fuerzas del mercado, o
su adecuación puede ser juzgada en función de si su nivel parece coherente con los
objetivos macroeconómicos”.
35	Dicha acotación Williamson la hace la forma en que Europa se liberalizó –o
inició procesos de liberalización en el sentido estricto en el escenario de reconstrucción tras la segunda guerra mundial– en la década de los cincuentas, en este
caso hay una extrapolación de la experiencia europea en cuanto a liberalización
comercial hacia el contexto latinoamericano al que Williamson se está refiriendo.
36	El autor enumera: “Entre los más importantes mecanismos de regulación económica están los controles sobre la creación de empresas y nuevas inversiones,
las restricciones a los flujos de inversión extranjera y la salida de remesas de
ganancias, los controles de precios, las barreras a la importación, la asignación
discriminatoria de crédito, las altas tasas de impuesto de sociedades en combinación con discrecionales impuestos, mecanismos de reducción, así como los
límites sobre el despido de empleados” (Williamson, 2002a), tanta regulación
para Williamson genera oportunidades para la corrupción, aunque este fenómeno no tiene una etiología ligada in sensu strictu con la regulación.
10.	Derechos de propiedad: consiste en que el sistema legal asegure derechos seguros de propiedad, que no resulten tan onerosos en costos y que pueda extenderlos al sector informal.
Estos diez instrumentos de política económica instrumentalizan de
forma consistente la propuesta de una narrativa del desarrollo neoliberal, y se encuentran también presentes en el proyecto de ley de
Reforma Fiscal de la coyuntura 2005 y que fue un punto recurrente
de los discursos del presidente Pacheco de la Espriella (2002-2006),
ahí disciplina y reforma fiscal convergían.
Por su parte el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
Estados Unidos y República Dominicana (TLC-CA-EUA-RD)
contiene capítulos en los cuales hay concordancia con los aspectos
anteriormente expuestos, como consigna el cuadro A.
Concreción por capítulos del TLC-CAEUA-RD
Capítulo 12. Servicios Financieros
Capítulo 1. Disposiciones Iniciales
Capítulo 2. Definiciones Generales
Capítulo 5. Administración Aduanera y
Capítulo 10. Inversión
Capítulo 13. Telecomunicaciones
Capítulo 3. Trato Nacional y Acceso de
Mercancías al Mercado
Capítulo 7. Obstáculos Técnicos al
Capítulo 9. Contratación Pública
Capítulo 11. Comercio Transfronterizo de
Capítulo 14. Comercio Electrónico
Capítulo 16. Laboral
Capítulo 17. Ambiental
Capítulo 15. Derechos de Propiedad
Fuente: Elaboración propia37.
37	A partir del texto: CONARE (2004). Texto del Tratado de Libre Comercio en
Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. CONARE. San José.
V.	Leyendo espejos trizados: disyunciones, datos y resultados
Contra la concepción tradicional que ubica al dato como prístino reflejo de la realidad se propone en este apartado una lectura
disyuntiva de los datos y estudios que suscintamente se mencionaron en anteriores apartados del texto.
El dato acá es ventana de realidades que se presentan como trizadas
en el espejo de las instancias que median y de las personas que las
leen, les dotan de sentidos, aún cuando sea por fragmentos. Ello
comprende lo que se alcanza a ver por la mirilla de lo cotidiano y
de las coyunturas, pues estos datos refieren a esos apartados que problemáticamente se han venido revisando de la narrativa del desarrollo, que en lo concreto refieren a prácticas y discursos que según
donde se posicionen se pueden asumir consecuentes o paralelas a
estas políticas –a las formas propedéuticas derivadas o se encuentran contenidas de forma explícita en el Consenso de Washington–; lo que se lee por fragmentos son las partes de la narrativa, que
en la forma de los datos adquieren concreción en referencia al Plan
Fiscal en coyuntura durante la administración de Abel Pacheco de
la Espriella (2002-2006) y del Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana, presente
en la en la época Pacheco de Espriella y la segunda gestión de Arias
Sánchez (2006-2010).
El espejo roto da cuenta de las imágenes de realidades trizadas, fragmentadas por las tensiones del ajuste estructural y que del cual es
pertinente leer en su horizonte y como parte de ese todo que se
presenta como desarticulado, por tanto el ajuste a la estructura es
tanto narrativa como materialidad concreta en instituciones y formas de subjetividad engendradas en el telar de estas décadas.
VI.	Sobre gobiernos, carencias y estilos de desarrollo: narrativas y postales del declive
En el Cuadro 1 se presentan diversos aspectos para comprender las
cartografías del declive de la institucionalidad y de las funciones
del Estado38. En una primera lectura se podrían ubicar las relaciones entre apartados como los referidos al rubro fiscal (disciplina y
reforma), y priorización del gasto público presentes en la propuesta
Una segunda lectura, puede dar más consistencia a lo planteado,
pues los datos ponen entre paréntesis cualquier criterio de presunta
efectividad aún pensando en esos términos. El balance en lo que
38	Lo cual es una lectura del lugar desde donde lo percibe la población encuestada
y de la forma en que se construyen las representaciones del declive como fenómenos que han abordado los estudios de opinión.
corresponde en modernización de las instituciones públicas (49,1%
en desacuerdo con las acciones realizadas por el gobierno) pone
en evidencia que en relación al tema hay una marcada división de
criterios. Y si se piensa siguiendo este criterio el desacuerdo persiste
cuando se lee sobre el control de la inflación (47,8%), control del
gasto público (47,1%), y mejoras en la situación fiscal (45,9%).
desacuerdo cuando se leen los datos en cuanto al impulso de mejoras salariales (54,8%), ese imaginario fundante en el que salud y las
garantías sociales eran medulares de la segunda República parece
diluido ante las manifestaciones del influjo de un discurso sobre el
desarrollo asumido en las últimas décadas, y su relación con eso que
se ha llamado narrativa del desarrollo.
Puede pensarse como una tesis un tanto aventurada y para la cual
se requerirían más datos, que la consistencia de las matrices de los
fragmentos de la narrativa del desarrollo caen ante el peso de lo
percibido. La coherencia y la continuidad de más de veinte años
de políticas de ajuste estructural se pone en entredicho no por el
estancamiento o la inercia estatal, lo cual había sido asumido como
un a priori y que no se lee como consecuencia de las reformas propuestas desde la narrativa del desarrollo, sino por las contradicciones que implicaba su implementación o por los costos políticos de
La última escena, la que remite al ámbito de la seguridad ciudadana
en la cual la población encuestada deja ver su desacuerdo (51,6%)
sobre las acciones implementadas por el gobierno, lo que resulta
discernible del dato es la carencia de seguridad.
La segunda República fundada entre silencios, olvidos y pactos garantes de salud y seguridad social, se manifiesta en contradicciones cuando al respecto del tema de salubridad se observan datos
que reconocen acuerdo en que se han conseguido mejoras en las
condiciones de salud (48,4%), pero se ve también la imagen del
equipamiento de los hospitales en la cual la población encuestada
manifiesta su desacuerdo (49,6%). El balance sigue en el plano del
No obstante, podría resultar importante considerar el lugar que se
ha venido dando a la seguridad y al reclamo por las mejoras en ese
ámbito en el discurso de los gobernantes, y analizar la tesis en la que
ésta se convierte en nodo a partir del cual articular una propuesta
y montar un nuevo eje discursivo para la narrativa del desarrollo
vigente. El espacio hilvanado por la carencia de seguridad y la institución del miedo adquiere los contornos de una empresa política
y de la emergencia de viejos actores renovados a la vera de este discurso rescatado del deván de encuestas y de recurrentes imágenes
violentas en los medios. Para esta labor es necesario recurrir a datos
de otra naturaleza y otros procedimientos, pero no es una tesis que
se deba descartar de entrada, pues la lectura de la inseguridad tiene
usos políticos diversos.
Distribución porcentual de entrevistados/as según cuán de acuerdo están con que el gobierno
ha realizado las siguientes acciones. 2007
Ha mejorado las condiciones de salud
Ha mejorado el equipamiento de los hospitales
Ha tenido suficiente control sobre la inflación
Ha impulsado mejores condiciones salariales
Ha ejercido control del gasto público
Ha mejorado la situación fiscal
Ha modernizado las instituciones públicas
Ha mejorado la seguridad ciudadana
Fuente: IDESPO-UNA. Programa de Estudios de Opinión. Pulso Nacional N° 51 “Percepciones de la población costarricense
sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, Abril 2007.
Porcentaje de menciones acerca de los principales problemas a
los que debe dar prioridad el gobierno. 2007
Inseguridad ciudadana (delincuencia, robos)
Pobreza y desigualdad ayudar a la gente pobre
Falta de empleo, abrir más posibilidades de trabajo
Alto costo de la vida, control de la inflación
La inmigración, controlar más migraciones
Problemas fiscales, bajar los impuestos
Problemas salariales, aumentos salariales
Defensa de grupos vulnerados
Alto costo de los combustibles, alzas en el petróleo
Fomentar mejores condiciones para el turismo
Rechazo del TLC
Debe leerse con atención los desplazamientos en cuanto porcentajes e importancia atribuida a los rubros correspondientes a problemáticas como la inflación (6,6%), los problemas salariales (2,0%),
de vivienda (6,4%), fiscales (2,4%), la aprobación (2,6%) o el rechazo (0,5%) del TLC.
Fuente: IDESPO-UNA. Programa de Estudios de Opinión. Pulso Nacional N° 51
“Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, Abril 2007.
La desregulación por su parte viene a reconfigurar las condiciones
legales cuando se piensa en el plano de las inversiones, las garantías
a los inversionistas y en las (contra) reformas laborales40, los telones del empleo cambian, ya no sólo en las formas de carencia del
mismo, sino en su calidad y temporalidad.
En el Cuadro 2, la lectura de los problemas inicia por el problema
de inseguridad ciudadana (65,4%), le subsiguen la pobreza y la
desigualdad (26,0%), problemas en el sistema de salud (18,3%),
problemas en el sistema educativo (15,5%), falta de empleo
(14,9%) y mal estado de la infraestructura pública (10,6%). Los
primeros cuatro dan cuenta de problemas estructurales, que
han sido instrumentados en campañas electorales. El tema de
inseguridad, como se anotó antes, articula ese esfuerzo por ponerse
en la palestra; en la periferia instancias que mudan de lugar la lista
de aquello a lo que debe dar prioridad el gobierno, la lista como tal
remite a un ejercicio de clasificación de la urgencia y la importancia
con respecto a los problemas.
Lo estructural referido en temas como la desigualdad, lo referente
a la falta de empleo y las carencias del sistema salud y de educación, aparecen como pendientes en su atención a nivel estatal. La
percepción de los mencionados problemas refiere a su vez precisamente a una imagen de Estado que es producto de la materialidad y
consecuencias de un estilo de desarrollo determinado.
Se puede hacer paréntesis y acotar que son precisamente estas áreas
en las que el ajuste estructural en las fórmulas de la “priorización
del gasto público”, privatización y la desregulación, tienen consecuencias particulares. Cuando se habla de priorización del gasto
público se utiliza un eufemismo para nombrar una forma justificada
de reducción de presupuestos en educación pública y salud, pues lo
asintóticamente ideal es reducirlos a lo primario (universalización
del acceso a la educación primaria y atención primaria en servicios
de salud)39. En consecuencia con ello, la privatización se propone para alivianar el peso sobre el presupuesto del Estado; en cierta forma son propuestas complementarias, por un lado el Estado
iniciaría un proceso de reducción presupuestaria en sector salud y
educación y por el otro emergen empresas que los convierten en
servicios. Una inversión discursiva e ideológica convirtió derecho
en servicio, en ese tránsito lleno de los nuevos criterios mercantiles
de eficacia y competencia para evaluar educación y salud obnubiló
la discusión sobre el acceso.
El crecimiento de la desigualdad y la pobreza no parece extraño en
condiciones en las cuales la discusión de las lógicas, priorización del
gasto público, privatización y desregulación hilvanan como conse39	“La educación primaria es mucho más relevante que la educación universitaria,
y la atención primaria de salud (especialmente el tratamiento preventivo) más
beneficiosas para los pobres que a los hospitales en la ciudad capital (…) con
los últimos aparatos de alta tecnología médica (…)” (Williamson, 2002a) la
idea que subyace es ayudar a los menos favorecidos, opera la concepción de un
contexto latinoamericano poblado por pobres, y con pobres con el mismo nivel
y en la misma dimensión y causalidad de pobreza.
40	Las que se han podido gestar y operan como cambios en códigos y normas de
empresas, o bien las que se plantean como eventuales reformas a la legislación
laboral, cuando estas en la lógica de menoscabo de derechos de organización,
de jornada, salario y condiciones de trabajo.
cuencias previsibles problemas de accesibilidad en lo referente a
salud y a educación y de menoscabo de derechos laborales.
Distribución porcentual de entrevistados/as según cuán de
acuerdo están con el que el gobierno ha modernizado las instituciones públicas. 2008.
Distribución de personas entrevistadas según si han escuchado
acerca de la reforma fiscal. 2005.
N/S - N/R
Fuente: IDESPO-UNA. Programa de Estudios de Opinión. Pulso Nacional n° 56
“Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, marzo 2008.
VII.	Plan Fiscal
El plan fiscal presente en la coyuntura de 2005 y la de años precedentes articulaba en su discurso la fuerza de la necesidad de una
reforma en el plano de la recaudación de impuestos, por ello no es
extraño que este sea el aspecto más sobresaliente (25%) dentro de
lo que las personas encuestadas conocían sobre el mencionado plan
(Cuadro 3), y que de forma subsiguiente el tema implicará también
que se lo asociase con el fortalecimiento de los impuestos existentes
y la formulación de más impuestos (20,6%) y que de forma subsiguiente se ubicará la disyuntiva en la cual esto perjudicaría a la
población pobre (6,4%) y el tema de fondo, el discurso del control
sobre la evasión fiscal (5,6%) quedará relegado en referencia a los
primeros cuatro aspectos conocidos.
Fuente: IDESPO-UNA. Programa de Estudios de Opinión. Pulso Nacional N° 38
“Percepciones de la ciudadanía costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central”, Abril 2005.
Distribución porcentual de entrevistados/as, según aspectos
que conocen del proyecto de ley de Pacto Fiscal. 2005
Recaudación, cobro de impuestos
Fortalecimiento y formulación de más impuestos
Pago de impuestos que perjudica al pobre
Control, mayor control sobre evasión
El plano de la propuesta política del Plan Fiscal subyacía la idea
esbozada por Williamson (1999; 2002a; 2002b) en el Consenso de
Washington en relación con ampliar la base disponible en lo referente a recaudación y de esa forma asegurar el financiamiento del
Estado en lo que correspondía a materia fiscal. Pero el escenario era
otro, el declive del Estado –o de lo que se podría llamar función y
papel del Estado– y la constancia de la imagen de inercia hacían
más prolijo el suelo para asumir las imágenes centrales que la expuestas en el anterior cuadro. La de la formulación de más impuestos perjudicaría eventualmente “al pobre”, situación que abandona
retratos de periferia y comienza a poblar en la escena cotidiana y
adquiere más fuerza en los medios. Por otro lado, el núcleo del discurso del plan se puede observar vigente en la idea general de la
recaudación, el cobro y el mayor control sobre la evasión.
VIII.	TLC y narrativas del desarrollo
Los datos expuestos en el Gráfico 3 indican una tendencia hacia la
polarización en cuanto al carácter únivoco del TLC como forma
de desarrollo para Costa Rica, lo que hace evidente la centralidad
que tiene este tratado dentro del discurso del desarrollo, y que al
menos pareciera coexistir con dos concepciones de desarrollo desde
la lectura de este dato.
Distribución porcentual de entrevistados/as según si consideran
que la única forma que Costa Rica se desarrolle es aprobando el
TLC con EE.UU. 2005
Porcentaje de personas que consideran que se presentan ciertas
situaciones con la aprobación del TLC. 2005. (n=600)
Mayores fuentes
Fuente: IDESPO-UNA. Programa de Estudios de Opinión. Pulso Nacional N°
41“Percepciones de la población costarricense acerca de la población adulta mayor”, Octubre 2005.
Los escenarios de la eventual aprobación del TLC remiten con
preponderancia a la expectativa de la atracción de las inversiones,
tema objeto del apartado de la llamada inversión extranjera en el
discurso del Consenso de Washington, y núcleo operativo en los
cambios en cuanto a la (re)composición que preveían los PAES.
La otra imagen de ese escenario es el aumento de las fuentes de
empleo, elaborada a partir de la relación que se había venido estableciendo entre el aumento de la inversión y la emergencia de
empleos, imaginario que cambia con fuerza del año 2007 al 2008
(ver el primer rubro del Cuadro 4 sobre la distribución porcentual
de la población entrevistada según opinión de cuál es la principal ventaja del TLC), período en el que dicha expectativa pasa de
40,8% al 24,7%, aunque en los demás rubros anotados el porcentaje aumenta de un año a otro, salvo el que se refiere en los beneficios
Pero esto difiere en relación con las desventajas que se exponen
(Cuadro 5), el imaginario de la quiebra nacional se materializa con
más fuerza en 2008 (30,3%) que en 2007 (25,7%), en los otros
rubros como el de la percepción de las asimetrías de Costa Rica en
el que se va de 5,0% a 8,5%, en el de las repercusiones en el empleo
por atraer mano de obra extranjera (de 1,9% a 2,9%) y en los que
refieren al impacto en el coste de las medicinas (de 1,5% a 1,7%),
el aumento en los precios (de 1,5% a 2,9%), saturación de productos (1,2% a 4,5%), competencia desleal entre países vecinos (1,2%
a 1,6%), impacto cultural, leída como pérdida de identidad (de
1,0% a 2,0%) e incertidumbre en la negociación de los tratados (de
0,7% a 0,8%). En todos estos de forma fragmentaria hay aumentos
en los porcentajes atribuidos de un año a otro, en el cual se ponen
en evidencia las consecuencias que de un año a otro con respecto a
las condiciones del año en que fue ratificado. En 2007 la coyuntura
de la decisión vía referendo y la discusión entre posiciones que estaban a favor o en contra inclinaba el péndulo de la opinión pública
en otra dirección, si se tienen en cuenta el acceso diferencial a los
medios y los juegos con los imaginarios de la esperanza en la aprobación (las consecuencias positivas posibles en ese discurso, más
inversión, más empleo) y el miedo a la no aprobación (el confuso
escenario en donde no había propuesta articulada con respecto a
ésta en términos de desarrollo en los términos de la discusión del
tratado y de los supuestos que ha venido naturalizando el sistema en
su acepción neoliberal, sus narrativas, poderes y estructura).
El tema de las sanciones comerciales, se puede encontrar relacionado con la complejidad de las consecuencias de un tratado que suponía mecanismos cuestionables para garantizar su implementación y
el respeto por las normas dispuestas entre los países.
Distribución porcentual de la población entrevistada según
opinión de cuál es la principal ventaja del TLC, por año. 2007
Año de encuesta
Más empleo, más trabajo
Exportación, mayor exportación
Apertura de mercados y productos
Más mejoras en productos: diversos
Todo más competitivo: más competitividad
Más desarrollo, permitirá a Costa Rica salir
Mayor inversión, solidez en la inversión
Beneficios al país, beneficios a Costa Rica
Los aranceles bajarán, menos impuestos
Habrá más empresas, industrias
No está informado
opinión de cuál es la principal desventaja del T.L.C, por año de
encuesta. 2007-2008
Impacto económico, quiebra nacional
Privatización: instituciones se privatizarán
Problemas sociales como: pobreza, desempleo,
crisis, deudas
Costa Rica tiene grandes asimetrías que lo
ponen en desventaja
Pérdida de la autonomía, cultura, identidad
Costa Rica es un país pequeño, no preparado
Impacto ambiental: contaminación
Solo favorece a unos pocos, a las grandes
Afecta el empleo nacional, se trae a
Productos como las medicinas subirían de
Pagar más impuestos, los precios aumentaran
Saturación de productos, saturación de
Competencia desleal entre países vecinos
Impacto cultural, alteración cultural, pérdida
Incertidumbre en la negociación, tratados no
Se exportarían los mejores productos de Costa
Rica a Estados Unidos
Distribución porcentual de las personas entrevistada según
cuán informados se sienten de la agenda de implementación por
año. 2007-2008. (n=600)
Grado de información / año
“Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, Abril 2007. Pulso Nacional n° 56 “Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”. Marzo 2008.
situaciones con la aprobación del TLC. 2005.
Fuente: IDESPO-UNA. Programa de Estudios de Opinión. Pulso Nacional N° 41
“Percepciones de la población costarricense acerca de la población adulta mayor”,
Los porcentajes en cuanto a la información que poseen las personas entrevistadas con respecto a la agenda de implementación no
varía substancialmente, lo cual puede indicar que el tema del tratado desplazó al de la agenda, que esta última haya sido relegada en
cuanto a difusión y discusión aunque fuera clave para implementar
lo dispuesto en el TLC.
IX.	Epi-logos: a manera de conclusión
Las narrativas del desarrollo pueden ser entendidas a partir de dos
distinciones, una primera que las ubicaría como conjunto de discursos de orden científico-económico-político, saberes técnicos
sobre el desarrollo orquestados desde el poder.
La segunda acepción parte de que las narrativas del desarrollo corresponden a un campo en el cual imágenes, representaciones, discursos y prácticas en relación al desarrollo tienen lugar. Se parte de
las formas de significación y apropiación de estos discursos, pero a
su vez estaría relacionada con la creación de nuevas narrativas del
desarrollo. Y en este sentido no resultan excluyentes entre sí, pero
sí de diferentes implicaciones cuando se consideran en relación con
los estudios de opinión. Para la primera lo que es posible recuperar
desde los estudios de opinión son las percepciones acerca de la forma en que se vivencian los procesos de desarrollo.
No obstante, la forma en que se vivencian y son entendidos esos
procesos y discursos asociados al desarrollo son parte de la narrativa, son un fragmento y desde ahí se articulan rupturas que fundan
otras narrativas ante las que se crean desde el poder hegemónico.
Y es en ese lugar donde tiene sentido la lectura de esos fragmentos
de la narrativa del desarrollo en relación a los datos aportados por
los estudios de opinión, pues las dimensiones del ajuste y los puntos
del Consenso de Washington han adquirido concreción en el itinerario de la escena política y en el imaginario de las personas.
Por ello se parte de los estudios de opinión como un lugar donde
es posible ver percepciones con respecto al Plan Fiscal y al Tratado de Libre Comercio, y se parte de la consideración de que estos
proyectos forman parte de la narrativa del desarrollo neoliberal en
la complejidad de sus dispositivos de representación y de discurso.
Son estos dos los que en sentido estricto pueden considerarse como
fragmentos de la narrativa del desarrollo, la percepción que se construye de ambos fenómenos leída en sus contextos y coyunturas particulares es la que dota de sentido a la narrativa del desarrollo.
Se parte del reto de pensar las tensiones entre las narrativas, la
epistemología y la semántica del desarrollo en la cultura desde la
significación, representación y percepción del ajuste estructural en
Sin embargo, cuando se piensa en los principales problemas a los
que el gobierno debe dar prioridad, la responsabilidad y la resolución de los mismos es atribuida al Estado, su causa se ubica en lo
estatal y no es posible ver que el lugar que tienen las narrativas del
desarrollo y ajuste estructural, al menos no desde lo que los datos revisados aportan. A pesar de ello, sí es posible acotar la existencia de
un mecanismo que invisibiliza y desplaza la causalidad y la atención
en la opinión pública a partir de cuatro procedimientos: (I) la naturalización de los discursos desarrollistas, del ineludible carácter del
desarrollo y su necesariedad; (II) la implementación secuenciada
de formas de entender el desarrollo desde el razonamiento instrumental y su omnisciencia en el ámbito científico y comunicacional,
lo cual crea criterios de implementación en dispositivos discursivos
del desarrollo presentes en la cotidianidad; (III) la imposibilidad
de distinguir entre la lógica de desarrollo del Estado y la del ajuste
estructural cuando el primero ha adoptado la segunda como propia,
pues ambos no parecen diferir substancialmente en racionalidad y
discurso. Por estas tres razones entre otras es comprensible que no
aparezcan en la discusión, ni en la preocupación inmediata de las
personas las narrativas del desarrollo y el ajuste estructural cuando
se piensa en los principales problemas que afronta el gobierno o el
país, pero si el Estado.
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PERCEPCIÓN Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN
COSTARRICENSE HACIA LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DURANTE LOS AÑOS CLAVE
DE APROBACIÓN DEL TLC Y SU AGENDA DE
En el marco de los estudios del Programa de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Sociales
en Población (IDESPO), el presente documento pretende hacer un análisis de cómo se comportó la
opinión pública y la percepción con respecto a la Asamblea Legislativa en la coyuntura de la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC).
Ello en el entendido de que el aporte sirva para la discusión y la creación de una conciencia ciudadana bien formada y preparada; en la esperanza de que con ella se logre trascender el ámbito de las
demandas y se podrá pasar al de la formulación de propuestas. Todavía más, en aras de transformar
esta información, introducida en espacios de diálogo abierto y democrático (clima de opinión), para
generar una potente opinión pública que impulse a las autoridades públicas y las burocracias privadas
a abrirse a promover una participación ciudadana real.
De esta manera y partiendo de que en el Pulso Nacional 29 “Lo que saben los y las costarricenses sobre
el TLC-Centroamérica y Estados Unidos” se había iniciado una reflexión en ese sentido. La hipótesis
de fondo que guía este trabajo es una situación que nunca se discutió públicamente: el golpe que
pudo representar en términos de legitimidad para la Asamblea Legislativa, los partidos políticos y el
sistema democrático representativo, la convocatoria a un referendo para resolver quizás el tema más
escabroso y significativo para la presente administración. En ese tanto, el presente documento hace
una retrospectiva para conocer como evolucionó la percepción hacia la Asamblea Legislativa del
2005 –último año de la administración Pacheco y cuando el TLC empezaba a ventilarse como un
tema de urgencia– al 2008, año de discusión y aprobación de las leyes de implementación y en que
se cierra el arduo proceso de aprobación del TLC.
El presente documento tiene como base las encuestas realizadas dentro del programa de Estudio de
Opinión del IDESPO41, para los años 200542-200843, en el proyecto de Pulso Nacional. La población
de estudio de esta encuesta estuvo conformada por personas de 18 años y más, residentes de vivienda
particular con teléfono. Los tamaños de muestra varían entre 600 y 800 personas. La selección de
estas muestras se hace de forma aleatoria.
41	Instituto de Estudios Sociales en Población.
42	Pulso Nacional N° 38 “Percepción de la ciudadanía costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central,
43	Pulso Nacional N° 56 “Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno, Marzo
Cuando el tamaño de muestra es de 600, el error de muestreo es de
4% a un 95% de confianza y cuando es de 800, el error de muestreo
es de 2.9% a un 90% de confianza.
II.	El contexto de la Asamblea Legislativa durante la aprobación del TLC
El lento proceso que se preveía: las voces de alerta
El objetivo general que guío el presente trabajo fue:
•	Analizar la percepción de la opinión pública acerca del
papel de la Asamblea Legislativa específicamente en la coyuntura de la aprobación del TLC (2005-2008).
Los objetivos específicos señalados con este fin fueron los siguientes:
•	Contextualizar la opinión de distintos sectores sociales con
visibilidad en los medios de comunicación con respecto a la
Asamblea Legislativa en ese período.
•	Determinar los niveles de confianza y de satisfacción de la
opinión pública con respecto a la Asamblea Legislativa.
•	Determinar la percepción acerca de la labor, la representatividad y transparencia de la Asamblea Legislativa.
•	Identificar la percepción acerca del papel de los partidos
políticos y cómo se vincula a la percepción que se tiene de
Partiendo de que vivimos bajo un régimen democrático representativo donde los partidos políticos cumplen un papel fundamental
que establece un marco institucional y unas reglas del juego acerca
de cómo acceder al poder político y a la toma de decisiones. Adjuntamos la hipótesis, de que el proceso de aprobación del TLC constituyó una clara muestra de cuestionamientos no sólo del papel de la
Asamblea Legislativa, si no además del papel de los partidos políticos
y de una institucionalidad representativa que ha venido desvinculándose cada vez más de los ciudadanos que se supone representan,
y pensamos que la opinión pública deja entrever esto. Las siguientes
páginas sumarán un análisis en sentido empírico por momentos y
en otros supondrá una reflexión buscando plantear ideas alternativas
que puedan ayudar a aproximarnos a la comprensión de lo ocurrido
durante esta coyuntura que recién llegó a su fin.
La preocupación por la lentitud del Congreso comienza a tener un
fuerte eco en el proceso de discusión de la Reforma Fiscal, lo que
terminó eventualmente concatenándose con el tema del TLC y
el temor que generaba el retraso en sectores favorables al mismo.
Ya en diciembre del 2004, el presidente de la Unión de Cámaras,
Samuel Yankelewitz, expresó su temor de que la aprobación del
TLC siguiera el mismo camino de la reforma. Las voces de distintos actores públicos comenzaban a alertar de las dificultades que
enfrentaban los trámites legislativos tan solo con la oposición de
una fracción libertaria representada por cinco diputados disidentes
en relación a la reforma que se planteaba. Se intuye tras esas voces
una noción de democracia que aboga por un trámite que restara
posibilidad a grupos políticos opositores. Es decir, un sentido de
democracia que favoreciera la imposición de los muchos sobre los
supuestamente pocos opuestos, deslegitimando discursivamente el
derecho de esos pocos de servir como contrapesos, elementales en
el control del poder y en el impedimento de un poder ilimitado (La
Nación, 8 de diciembre de 2004).
El Pulso Nacional 38 del año 2005, incorporó un ítem que midió la
opinión pública acerca de la actuación de la Asamblea Legislativa
en referencia a la Reforma Fiscal (ver Gráfico 1). Las voces de alarma de sectores visibles en la prensa nacional encontraban oídos en
la población, posterior al paso empedrado del que fuera el primer
punto de agenda en la administración Pacheco, la credibilidad del
ente parlamentario parecía seriamente cuestionada. Un 84,6 por
ciento de los entrevistados creían que la actitud de los diputados
y las diputadas en la negociación de la reforma había sido poco o
nada responsable. La aprobación del Tratado de Libre Comercio
quedaría en manos eso sí, de una Asamblea Legislativa “renovada”
(por lo menos en nombres) después de la elección presidencial en
que sería reelecto Óscar Arias Sánchez, sin embargo, los partidos
políticos llamados al juego legislativo serían básicamente los mismos, lo que se daría es una redistribución de pesos de poder. Quizás
los datos más importantes fueron un mayor respaldo hacia al PAC
y el descalabro del PUSC que salía en ese momento de ocho años
consecutivos en el poder aquejado por serias acusaciones de corrupción en dos de sus principales líderes y expresidentes de la República. Frente a este panorama, quizás era posible prever que muchos
de los problemas de su antecesora administración serían heredados
al nuevo parlamento de la administración Arias.
Distribución porcentual de las personas entrevistadas según su
opinión acerca de cómo creen que ha sido la actitud de los diputados y las diputadas en la negociación de la Reforma Fiscal,
“Percepción de la ciudadanía costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central”, Abril 2005.
En julio del 2005, La Nación empezaba a avizorar algunos de los
puntos de lo que sería la campaña a favor del TLC (Rojas, J. y
Barquero, M.; 2005: 29 de julio). Empezaban las informaciones en
cuanto a los empleos, exportaciones y oportunidades económicas
que se estaban perdiendo por el retraso en la aprobación en Asamblea Legislativa y la desventaja competitiva en la que quedábamos
frente a las naciones en que ya empezaba a ser implementado. No se
trata aquí de discutir la veracidad de esas informaciones si no simplemente de narrarlas, sin dejar de reflexionar, eso sí, sobre el efecto
de esos discursos en la opinión pública y en el por qué de que esos y
no otros discursos –que también los había– fueran los privilegiados.
Nuevamente este asunto puede parecer evidente como para ser discutido, sin embargo, caeríamos en el error de naturalizarlo. Finalmente uno tendría que plantearse la imposibilidad real de que en
nuestro sistema democrático los medios de comunicación puedan
ser utilizados también como espacios para argumentar y contraargumentar sobre asuntos de interés público, que es esencialmente algo
que es necesario visibilizar, por más evidente que pueda parecer a
la mayoría. Más bien, habría que plantearse por qué la toma de posición de un medio de comunicación nos resulta un hecho natural,
no como una realidad a cambiar si no más bien a develar como
discurso ideológico.
También en julio comenzaba a plantearse una polarización que
apuntaba a la oposición al tratado ligándola con el movimiento
sindical, quienes comenzaban también a ser ligados con un franco
discurso contra la institucionalidad democrática costarricense. Los
primeros en ofrecer declaraciones que renegaban de que fuera en la
Asamblea Legislativa donde tuviera que discutirse el TLC, fueron
precisamente en grupos sindicales. Son los primeros en poner en
duda la “capacidad moral” de los diputados para discutir el acuerdo,
cuando todavía estábamos bajo la administración Pacheco. Hasta
ese momento el discurso de la Cámara de Exportadores abogaba
porque el TLC se resolviera por la vía legislativa lo antes posible y
“no en las calles”.
Sin embargo, nuevos personajes comienzan a repetir pronto antiguos discursos. Mayi Antillón, diputada del Partido Liberación
Nacional, ya culpabilizaba en febrero del 2007 al Partido Acción
Ciudadana de la lentitud de la Asamblea Legislativa en el trámite
del TLC. La valoración de la actitud política de los opositores se
calificaba de radical y se destacaba discursivamente como contraposición a la capacidad de crear acuerdos de los 38 diputados entre
oficialistas, libertarios y socialcristianos principalmente, que constituían una “mayoría calificada”. Abogaba además, por la necesidad
de un procedimiento abreviado para el trámite legislativo del Tratado de Libre Comercio que acortará los plazos en la discusión de
proyectos. Validaba en su discurso los principios democráticos de
expresar criterios diversos y contrapuestos, criticando la actitud del
PAC no de expresar su oposición sino de retrasar procesos usando
Este tipo de posiciones que ponían la responsabilidad en los adversarios en la asumida lentitud en la disputa es frecuente durante
todo el proceso. La capacidad de llegar a acuerdos entre posiciones,
ya en sí mismas cercanas cuando no idénticas, no debería completar la experiencia democrática y quizás la incapacidad para escuchar y llegar a acuerdos precisamente con quienes se tiene una
posición distinta, lo cual viene a ser el problema central que no se
entrevé en los criterios de Antillón. Las estructuras de poder en un
régimen democrático basado en un pulso de fuerzas entre partidos
políticos, que es lo que se valida en su discurso, parecen reducir las
capacidades de diálogo entre posiciones en conflicto privilegiando
las “mayorías calificadas” como recurso para pasar por encima de
criterios opuestos.
En marzo del 2007, el embajador estadounidense Mark Landagle
(La Nación, 15 de marzo de 2007), hablaba a medios nacionales sobre la urgencia de aprobar el Tratado si se quería participar del mercado global, y continúan las alusiones al hecho de estarse quedando
atrás con respecto a otros países de la región. Hay un discurso en
cuanto a la necesidad inmediata que lejos de llamar a la reflexión
y al debate, convoca a una acción rápida influida por el temor al
retraso y a un estado de emergencia. Landagle fue incluso enfático
en cuanto a que “no hay otra opción para la prosperidad” fuera de
la ratificación del CAFTA para Costa Rica.
En ese momento la acción de ratificarlo recaía aún sobre los 38
votos requeridos para su aval en la Asamblea Legislativa (mayoría
calificada). El TLC se encontraba aún en la corriente legislativa
donde se esperaba fuera resuelto sin mayores complicaciones. Aunque la línea de estos discursos no nos parezcan sorpresivas, tampoco
podríamos caer en el error de naturalizarlas, pues subyacen a ellos
la praxis como una forma ideológica que invita a actuar siguiendo
líneas de acción previamente impuestas desde modelos de desarrollo y que convierte a la política en un asunto económico, como lo
señalara Solís (2006), donde la rapidez atropella cualquier debate.
Este último es incluso señalado como un problema de gobernabilidad, que da forma a otra línea discursiva que aboga por un poder sin
trabas como única forma de enfrentarse a los retos “económicos”
de la globalización. En pocos momentos, los discursos apuntaron al
TLC como un asunto político que debiera ser discutido, esta posibilidad fue abierta frente al referéndum.
En cuanto a la forma en que se plantea la misión legislativa, se
omite la necesidad de debate alguno y se alude al número necesario de diputados para ratificar en una acción rápida el Tratado.
Forma en que va a ser tratada la democracia en nuestro país desde
múltiples opiniones, donde nunca se trata de un espacio político de
divergencia, de participación y de argumentación, donde incluso
pequeños grupos puedan ser capaces no sólo de establecer sus argumentos libremente (lo que ocurre en algún grado) en un espacio
público institucionalizado, sino –y lo que es más importante– que
se les permita persuadir, convencer e incidir en la toma de decisiones. Señalar que ese pudiese ser el posible papel de la Asamblea
Legislativa, sería en sí mismo faltar a la historia que esta institución
tiene, pero no deja de ser un punto importante de señalar y al que
no deberíamos renunciar particularmente en una instancia legislativa, pero para ello tendríamos que estar frente a una concepción
de la política preocupada por escuchar antes de actuar.
El llamado a referendo: la Asamblea Legislativa de tercer orden
Desde el año 2005 comenzaron a escucharse una serie de criterios
que abogaban porque la aprobación del TLC no podía ser tomada
desde la Asamblea Legislativa, si no que debía pasar por las urnas.
Alimentado por esa coyuntura el Pulso Nacional 38 del año 2005
(ver Gráfico 2) preguntaba a las personas entrevistadas si para la
aprobación del Tratado consideraban necesaria una consulta popular (referéndum), ya desde aquel entonces un 89,5 por ciento
consideró que sí lo era.
opinión sobre si es necesario hacer una consulta popular (referéndum) para la aprobación del TLC. Abril 2005
En abril del 2007 se consolida ese clamor guiado por ciertos sectores sociales opuestos al TLC. Una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones autorizó el llamado a la consulta popular, esto
obligó a un viraje estratégico por parte del gobierno quien hasta
ese momento había creído firmemente en que el TLC debía ser
ratificado en la Asamblea Legislativa. Un decreto promulgado ese
mismo mes, sacó oficialmente el Tratado de la corriente legislativa
enviándolo a referendo, tratando de apurar precisamente un procedimiento que ya con la resolución del Tribunal parecía de todas
formas inevitable. La decisión más importante para el actual gobierno pasó del parlamento a una consulta popular. Sin pretender
oscurecer el valor de esta última como instrumento democrático, lo
cierto del caso es que el referendo deja disminuida o en evidencia la
poca credibilidad en la Asamblea Legislativa como espacio de toma
de decisiones importantes. En adelante el órgano legislativo perdió
protagonismo en el proceso y esto se evidenció en las múltiples
declaraciones de diputados que hacían ver que lo que se jugaba en
el referendo era lo más importante, frente a cualquier cosa que se
llevara a cabo dentro de la institución parlamentaria.
En septiembre del 2007 (Vizcaíno, I.; 26 de septiembre de 2007),
diputados oficialistas y de bancadas a favor del TLC, suspenden el
debate legislativo para trabajar en la campaña del referendo. Existe una opinión expresada por los mismos diputados que vacía de
significado la institución legislativa y refuerzan en ella la idea del
espacio donde las palabras no tienen efecto. En diferentes momentos y desde diferentes actores lo que encontramos es el discurso
acerca de la Asamblea Legislativa como un lugar estéril por donde
las decisiones importantes no pasan. La diputada socialcristiana
Lorena Vásquez lo señaló como el lugar donde “se habla de cualquier estupidez” y además lo relacionó con “un circo”. Ahondar en
el significado explícito parece un ejercicio poco relevante, sin embargo, se reproduce aquí un planteamiento que ya había aparecido
en el memorando que Kevin Casas y Fernando Sánchez enviaran
al presidente y el ministro de la presidencia –y que terminara con
la renuncia de Casas a su cargo, en la Asamblea Legislativa sólo se
ven asuntos de tercer orden. Y por otro lado, otra interpretación
apunta a que el TLC se había convertido en un fin, cuya consecución hacia necesario el uso de casi cualquier medio. Lo que refleja
una vivencia de la política donde los temas no se establecen como
metas si no como fines; haciendo esta distinción en el sentido en
que las metas necesariamente pasan por emitir juicio siempre necesario acerca de los medios utilizados, y donde el fin buscado no
escatima en los medios una vez echado a andar el proceso.
La agenda de implementación: La vía rápida frente al “obstruccionismo”
Posterior al referendo y con la ratificación del tratado fruto de ese
proceso, el mismo vuelve a la Asamblea Legislativa ahora con un
proceso democrático a cuestas que lo legitimaba.
Esto ocurre no sin que surgieran nuevas polémicas, en las cuales
nuevos discursos con viejas ideas retoman posiciones si se quiere
moralizantes sobre cuál debía ser el papel de la Asamblea Legislativa y de las distintas fracciones, incluso cuando el ajustado resultado
había dejado en evidencia una clara fractura en la población.
Esto se refleja en el Pulso Nacional 56 del año 2008, donde evidentemente una vez llevado a cabo el referendo, un importante sector
de la población estaba de acuerdo con que la aprobación de las
leyes de implementación le correspondía a la Asamblea Legislativa
(78,0%). Pero el asunto no era tan claro en la opinión pública con
respecto a si el resultado del referendo implicaba automáticamente
la aprobación de la agenda de implementación. Con respecto a este
tema el nivel de acuerdo refleja resultados similares al resultado
final de la consulta del 8 de octubre del 2007, sin que evidentemente podamos asegurar a ciencia cierta si este comportamiento
efectivamente concuerda con lo que las personas votaron en aquel
momento. Sin embargo, un 49,2 por ciento dijo estar de acuerdo
con que sí implicaba la automática aprobación de la agenda de im-
plementación frente a un 44,5% que dijo que no estaba de acuerdo
(ver Cuadro 1). Lo que sí podemos evidenciar es que efectivamente
el referendo no acaba con la polémica que se abrió y se complicó
a lo largo de un proceso complejo, en el que es difícil hablar de
que en algún momento las diferencias se hayan visto efectivamente
zanjeadas.
nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Marzo 2008.
Algunas personas dicen que
respecto a la aprobación del
TLC, implica automáticamente la aprobación de la
agenda de implementación.
La aprobación de las leyes de
implementación corresponde
“Percepción de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, marzo 2008.
Ante este panorama el criterio de la mayoría se convierte en los
discursos del poder en una forma impositiva que nuevamente impide el debate en instancias legislativas y las acusaciones de entrabamiento terminan abogando por reformas al reglamento legislativo
que terminen en menos palabras y más decisiones. Las acusaciones sobre el PAC sopesan su actuación al romper el quórum en la
Asamblea como algo reprochable, cuando esa forma de proceder
ha sido utilizada por fracciones minoritarias y de oposición desde
Sin embargo, detrás de ambas posiciones, hay más en común de lo
que muchas veces efectivamente se reconoce, hay en ambas una
renuencia en ver el uso de la palabra como una forma efectiva de
hacer política. Romper el quórum efectivamente supone una forma de negar y negarse el uso de la palabra, es decir, atender a la
idea de que dialogar no cambia el resultado, esto es entendible si
reconocemos que en la Asamblea la línea de partido deja en ocasiones pocas posibilidades reales para que los diputados tomen una
posición por sí mismos o podríamos pensar quizás que su posición
efectivamente está en la del partido. En la Asamblea Legislativa el
uso de la palabra no faculta un necesario diálogo entre partes, como
antes habíamos introducido, por lo que nuevamente es un criterio
de mayorías lo que termina validando cualquier proceso que en ella
se genere sin que necesariamente medie debate alguno. Desde ahí
surgen voces motivadas por la urgencia que señalan al PAC como
irrespetuoso de la institucionalidad parlamentaria y de esta manera
parece haber un llamado por menos debate y más decisiones.
Al señalar en la oposición a “pequeños grupos” de “obstruccionistas”
se vuelve a utilizar un criterio de mayoría que busca desplazar las
pocas formas válidas de oposición dentro de un espacio confinado,
donde verdaderamente no se puede hablar de un diálogo efectivo,
que es más político y democrático que una mayoría impuesta, pues
no hay espacio para persuadir o convencer con argumentos. No se
trata aquí tampoco de defender las formas de hacer oposición desde
el PAC, que igualmente como dijimos, cae en una postura que poco
valida el diálogo. Uno lo que podría señalar es un mal endémico o
un círculo vicioso que llena de silencio el espacio donde debería
haber palabras y existir debate. Este último vuelve a aparecer bajo
calificativos de “asfixiante”, “incapacitante” y “peligroso”, donde
“decidir” es puesta como la función principal de los diputados.
Siguiendo en esta línea de reflexión, en el editorial del 14 de junio
del 2008, La Nación volvía por antiguas críticas y acusaba de las
dificultades legislativas en la toma de decisiones, no a la naturaleza
de esas decisiones sino al proceso engorroso bajo el que marchaba
la Asamblea en la aprobación de las leyes de implementación. La
llamada vía rápida acordada gracias al criterio de los 38 diputados
de la llamada Alianza a favor del TLC, refleja nuevamente una
concepción del poder que aboga más por la agilidad y la obtención
de fines rápidos, donde los medios se conviertan en simples plataformas para esos fines.
Bajo la coyuntura a lo que se apela es a la necesidad de una “consideración más expedita” y “amplia”, específicamente en el tema
de las reformas y adición de varias normas que regulan materias
relacionadas con propiedad intelectual, el último escollo para el
cumplimiento de compromisos previos para la entrada en vigencia
del Tratado. En este contexto el uso de la palabra “consideración”
está en función de un fin, el cual es que el TLC entre a regir en la
brevedad, la palabra pierde sentido en cuanto a tan siquiera una
pretensión de pensar o juzgar como actividades reflexivas y deliberativas que permitan proponer alternativas, pues lo que se deja
ver es que se consideraba que en este contexto la decisión ya había
sido previamente tomada y ya no estaba a merced de juicio alguno.
Cuando se hablaba de una “amplia consideración”, en otros pasajes
del editorial, se hablaba más de una actividad que parece remitida
a pulir o detallar sobre un asunto cuya naturaleza no está en discusión, sino la forma más rápida de hacerla funcionar.
Si pretendemos no confundir momentos, posterior al referendo,
durante la aprobación de las leyes de implementación, había razones suficientes para sostener que la decisión ya había sido tomada
(por lo menos ya había un proceso democrático de por medio que
generó movilizaciones y una exposición pública del tema, la calidad en cuanto a la discusión que generó esa exposición pública es
difícil de juzgar desde este análisis, sin embargo, el acento emocional de la campaña –cuyos símbolos en ambos bandos fueron unos
corazones– reflejan que la búsqueda de razones pareció estar en un
segundo plano). Es decir, en este momento del proceso ya era difícil
plantear la necesidad de debate o discusión, efectivamente para lo
que había voluntad política era para generar un paso expedito, sin
embargo, lo que señalamos acá, es que ese paso expedito siempre
fue una voluntad desde el poder, donde la discusión más bien se
convirtió en trámite engorroso.
Aún con lo señalado, se sostiene desde el Editorial, que la “negociación política” en la Asamblea Legislativa terminó constituyéndose
y reforzándose como instrumento legítimo en la toma de decisiones.
En el contexto, el hablar de negociación política aparece circunscrito nuevamente a la facultad de sumar mayoría de 38 diputados
para llevar a cabo ese trámite ágil. En otras palabras, la negociación
capaz de llegar a los fines y donde la oposición aparece nuevamente
responsabilizada del “alambicado proceso de toma de decisiones” y
de la “lentitud” que entraba la aprobación en un “tiempo razonable” de las leyes de implementación. La negociación deviene como
instrumento legítimo sólo cuando favorece los procesos e intereses
igualmente legitimados desde el poder.
El balance del proceso y el regreso al orden
En noviembre del 2008, luego de la aprobación de las leyes de implementación, La Nación en su editorial hacía un balance del proceso de aprobación del tratado. El texto estaba nuevamente lleno
de alusiones a la lentitud del proceso, donde se acusaba de la misma
especialmente a la Asamblea Legislativa y sus procedimientos entrabados. A la par se emitieron alusiones a la ingobernabilidad, la
falta de liderazgo especialmente durante la administración Pacheco. Dentro de las acusaciones, las alusiones a la “polarización” y a
los sectores organizados opuestos al tratado, acusados a la vez de
beligerancia política, respaldan nuevamente el deseo o la fantasía
de un poder sin restricciones y atrasos, un poder sin discusión y
oposición donde la praxis en la obtención de fines que se promulgan como “beneficio común”, no plantean tan siquiera la posibilidad de otras alternativas.
En ese mismo sentido, el ministro de la presidencia en diciembre
del 2008, recapitulando acerca del proceso de aprobación del TLC,
volvía a hacer hincapié en la necesidad de acelerar los procesos de
toma de decisión, alegando que Costa Rica estaba aquejada por un
mal, entendido por él como la “adopción de la indecisión como
método para enfrentarnos a la vida”. Con esto se hace una valoración del proceso de aprobación de “cuatro años y medio”, en que
es la “ausencia de decisión” lo que supuestamente nos caracteriza.
El TLC había sido aprobado en ese momento por medio del primer
referendo llevado a cabo en nuestro país, es decir, no podía hablarse
de que no se hubiese tomado una decisión, por el contrario, pocas
decisiones habían pasado por un número tan amplio de costarricenses en el pasado, a no ser por la elección de representantes (dígase
presidentes y diputados). Aunque no se manifiesta sobre ese proceso
democrático, la apelación por un poder público en que debe prevalecer la cualidad de la eficiencia y donde se debe –a futuro– facilitar
la toma de decisiones oportunas del legislativo y el ejecutivo, deja
entrever la idea de que este tipo de decisiones debían tomarse en el
centro del Estado. Este diagnóstico del proceso es la base que utiliza
el ministro para establecer la necesidad de una Asamblea Constituyente, donde lejos de dejar ver la necesidad de participación de
diferentes sectores políticos, hace ver que son los partidos políticos
quienes deben asumir el papel protagónico en esa tarea.
Quizás uno de los aprendizajes más importantes que uno podría
rescatar del proceso que acabó con la aprobación legislativa de las
leyes de implementación, es que existen grupos organizados dentro
de la sociedad civil que abogan por la necesidad de espacios que
les permitan formar parte de la toma de decisiones. Desde el punto
de vista expresado por el ministro, se rescata una visión de lo político donde lo que se debe hacer es restablecer el orden donde los
partidos políticos instalados en las instituciones públicas, son los
llamados a tomar decisiones rápidas y oportunas, donde esos partidos son quienes siguen representando, discursivamente al menos,
los intereses comunes, discurso que ya no tiene eco en buena parte
III.	Confianza en la Asamblea Legislativa y la satisfacción
con sus funciones durante los años de aprobación del
En las diferentes mediciones que los Pulsos Nacionales y las Perspectivas Ciudadanas44 han llevado a cabo acerca del nivel de confianza que la población tiene en las instituciones costarricenses,
una de las más golpeadas por la opinión pública es precisamente la
Asamblea Legislativa. Este elemento de entrada nos ayuda a entender un poco el panorama sombrío en que se mueve esta institución
a la vista y valoración de los ciudadanos. Sin embargo, siguiendo
44	El Programa de Estudios de Opinión tiene dos proyectos: Pulso Nacional y el
de Perspectivas Ciudadanas.
la línea de reflexión que empezamos a elaborar con el contexto
esbozado en el primer apartado, hay que entender que el proceso ha marcado y prácticamente tomado a la Asamblea Legislativa
en el comportamiento de la opinión pública. Ello desde el 2005,
con la entrada en corriente legislativa del TLC, al 2006, cuando el
proceso toma seriedad con la administración Arias, su aprobación
efectiva mediante el referendo en el 2007 y hasta la aprobación
definitiva de las leyes de implementación en el 2008. La imagen de
la institución va estar inevitablemente relacionada con los logros,
derrotas, tensiones y cuestionamientos a los que se ha visto expuesta en relación a este proceso.
Como podemos ver en el Gráfico 3, el porcentaje de personas que
dice tener poca o ninguna confianza en la Asamblea Legislativa
siempre es superior al 80 por ciento de los entrevistados, ese va a
ser siempre el dato más importante. El año en que esa desconfianza
llega a niveles más altos es en el 2005, con la desgastada Asamblea
Legislativa del último año de la administración Pacheco. Aquejada
como ya mostramos por críticas a su actitud pasiva frente al tema
del TLC y su lentitud endémica plasmada en el proceso de Reforma Fiscal en que se vio enfrascada a lo largo de los previos cuatro
años. Otros datos que reflejan lo anterior los podemos encontrar
en el Cuadro 2, en ese mismo año un 75,6 por ciento de las personas entrevistadas decía estar poco o nada satisfecha con la función
legislativa de aprobar leyes, que es precisamente una de sus principales funciones y la que en ese momento se le demandaba con más
ahínco, tanto en relación al proceso de Reforma Fiscal como de
aprobación del TLC. Un porcentaje aún mayor de 84,1 por ciento
expresaba tener poca o ninguna satisfacción en la transparencia en
las labores legislativas, ello también en el 2005.
El mejor momento de la Asamblea en estos años, aunque aún así la
desconfianza es de un 83,7 por ciento, fue en el 2006 por un ligero
momento de optimismo que siempre genera el cambio de gobierno,
donde se abren siempre en unas cuantas personas algunas expectativas de cambio o un beneficio de duda.
En abril del 2007, precisamente el mismo mes en que, como ya
vimos, se convoca a referendo, la confianza en la Asamblea ya había vuelto a caer (92 por ciento de los entrevistados manifestaban
tener poca o ninguna confianza frente a un 7,9 por ciento que manifestaba tenerla). Esa imagen afianza la idea de que una decisión
considerada de suma importancia para el país no podía ser tomada
en el seno de una institución cuyos intereses se sienten alejados de
la misma población que se supone debe representar. Con la victoria
del “SÍ” en el referendo, la confianza tiene una ligera recuperación
que vuelve a perderse ya en el 2008, precisamente en el momento
en que el TLC estaba de vuelta en la Asamblea y donde discursos
renovados de lentitud en el ente legislativo comenzaban nuevamente a resonar en el ambiente nacional. De abril del 2007 a marzo
del 2008, como vemos en el Gráfico 4 se hace evidente que un alto
porcentaje de la población considera que los diputados y diputadas
cumplen poco o nada con sus funciones, sin que esto varíe mayor
cosa de un año al otro. Las cifras más importantes dentro del orden
de ideas que hemos venido señalando atañe al 90,4 por ciento para
el 2007 y 91,1 por ciento en el 2008 de los entrevistados que consideraban que la Asamblea no cumplía con su función de promover
la elaboración y aprobación de políticas, una visión semejante a la
expresada por muchos sectores políticos relevantes que hablaban
de la indecisión destacada en la Asamblea. Por otro lado, un dato
que parece siempre relevante es el alto porcentaje de personas, 93
por ciento en el 2007 y 93,8 por ciento en el 2008, que considera
que los diputados y diputadas no proveen representación a sectores poco escuchados, este divorcio con los excluidos y necesitados
siempre supone un reflejo de los problemas de representatividad,
que en un sistema democrático como el nuestro, supone un escollo
grande para la legitimidad.
Un último aspecto a destacar es también el importante porcentaje de
74,2 y 77,3 que para esos mismos años consideraban que los diputados no cumplían con la función de debatir los problemas nacionales,
esto ya es un dato relevante aún cuando el mismo no nos permita
comprender las múltiples formas o significados que puede adquirir el
debate para cada persona. Sin embargo, sin importar esa noción que
se tenga, ciertamente se opina en un alto porcentaje, que la Asamblea no debate a pesar de ser precisamente el espacio representativo
cualificado para hacerlo, esto en un contexto como el del TLC es
muy significativo nuevamente en términos de legitimidad.
Porcentaje de personas entrevistadas según el nivel de confianza
que tienen de la Asamblea Legislativa. Abril 2005–Marzo 2008
Nov. 2007 2008
La aprobación de leyes
Transparencia en las labores legislativas
Fuente: IDESPO-UNA. Programa de Estudios de Opinión. Pulso Nacional n°38
Porcentaje de las personas entrevistadas según cuánto
consideran que los diputados y diputadas cumplen con las
siguientes funciones. Abril 2007-Marzo 2008
Proveer representación a
sectores poco escuchados
Resolver problemas específicos
y aprobación de políticas
promesas del partido
Ejercer control sobre
Debatir los problemas
“Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno, abril 2007. Pulso Nacional n° 56 “Percepción de la población costarricense
sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, marzo 2008.
IV.	40,0%
Distribución porcentual de personas entrevistadas según el
grado de satisfacción con funciones que realiza la Asamblea
Legislativa. Abril 2005
Labor, representatividad y transparencia
Haciendo un balance en las calificaciones obtenidas en el año
2005, 2007 y 2008 por la Asamblea Legislativa en las consultas
realizadas desde el programa (ver Cuadro 3), podemos encontrar
que las mismas tuvieron para cada año un saldo negativo, donde
el 2005 fue sin duda el año más dramático en este sentido, pues un
alto porcentaje de los entrevistados, un 74,3 por ciento, calificó la
labor de la misma como mala o muy mala. Las posibles razones para
que esto ocurriera ya han sido discutidas en repetidas ocasiones durante este documento.
Posterior al cambio de gobierno, el balance de las calificaciones
tiende a equilibrarse aunque siempre con un saldo negativo en la
imagen de la Asamblea. Es importante reflejar como en el 2007
y 2008 cuando aumentó el porcentaje de personas que calificó la
labor de la Asamblea como buena o muy buena, las principales razones fueron que se consideró que hubo una mejoría en cuanto a
la toma de decisiones desde la institución y porque se elaboraron y
se aprobaron en ese período leyes de interés nacional (ver Cuadro
4). En este sentido, además de la consideración que hemos venido
haciendo de lo que significa el TLC para la percepción que durante
estos años se tuvo de la entidad parlamentaria, habría que contemplar que el dato si se quiere poco común, es la visión reforzadamente negativa que se tuvo de la Asamblea Legislativa en el 2005.
Lo que viene con el inicio de la administración Arias es un balance o una vuelta a la normalidad en nuestro país. Si hay algo que
muestra el contexto que elaboramos en el primer apartado de este
documento, es que la administración Pacheco concluye dejando
una extendida preocupación por la ingobernabilidad e indecisión
que caracterizó el período. La misma que ha hecho que incluso el
gobierno de Pacheco haya sido valorado –por círculos políticos, sociales, económicos y hasta académicos– en múltiples ocasiones de
forma muy negativa, asumiendo que en el mismo no ocurrió nada
porque todas las decisiones relevantes (TLC incluido) fueron postergadas. Con la administración Arias la sensación de inmovilidad
ciertamente parece acabarse, sin importar cuáles sean las opiniones
que despierten las políticas del actual gobierno. Lo cierto del caso
es que uno podría encontrar un cierto consenso en que con su llegada las cosas nuevamente empezaron a moverse. Por lo menos en
lo que al TLC respecta no cabe ninguna duda, aunque no fuera
con la velocidad que los mismos funcionarios ahora en el poder
hubieran deseado. Este cambio de administración y de un capítulo
de parálisis endémica a uno de lentitud, donde ciertamente se han
dado múltiples muestras de voluntad por acelerar procesos, marca
los resultados en cuanto a la calificación otorgada a la Asamblea
Pero volvamos ahora a analizar las razones tras las malas calificaciones otorgadas a la labor legislativa, que como dijimos son las
que tienen más peso en el balance. La principal razón por la que
se otorgó una calificación negativa al Congreso en los tres años
(ver Cuadro 4) fue siempre la lentitud en la aprobación de leyes
y la toma de acuerdos, escalando en el 2008, momento de trámite
de las leyes de implementación, a un importante 40,5 por ciento.
Hasta aquí se hace eco a una opinión muy difundida en medios de
comunicación y desde muy distintos sectores de la sociedad. A la
par de esta se destacan otras opiniones que responden a un trabajo
inadecuado, que se mantiene cercana a un 20 por ciento en los tres
años en que se realizó la consulta, una preocupación por la pérdida
de tiempo que fue disminuyendo del 2005 al 2008 (19,2 por ciento
en el 2005, 18,1 por ciento en el 2007 y 12 por ciento en el 2008)
y un factor también relevante, porque responde nuevamente a la
sensación de distanciamiento entre representantes y ciudadanos,
es la noción de que en la Asamblea Legislativa se defienden intereses personales y de partido por encima de los intereses del pueblo.
Aquí además se comienza a presentar una imagen deteriorada de
los partidos políticos en la opinión pública en la que luego nos detendremos un poco más.
Distribución porcentual de las personas entrevistadas según
como califican la labor que ha realizado la Asamblea Legislativa,
por año. Abril 2005-Marzo 2008.
“Percepciones de la ciudadanía costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central”, Abril 2005. Pulso Nacional N° 51 “Percepciones de la población
costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, abril 2007. Pulso Nacional N° 56 “Percepción de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa
y el Gobierno”, marzo 2008.
Al consultar a las personas en el 2006 –cuando aún el TLC era
un asunto por resolver en la Asamblea Legislativa– sobre cuánto
consideraban que los diputados efectivamente representaban a los
electores, el 78,4 por ciento contestaron que poco o nada (ver Gráfico 5). Lo que está aquí, en la base de la opinión pública, es un problema de representatividad de las personas en la entidad legislativa.
En el 2007 y 2008 (ver Cuadro 5), al consultársele a la ciudadanía
sobre qué opinaban que era lo que más influía en los diputados,
el porcentaje más alto en ambos años (32,7 por ciento y 36,3 por
ciento respectivamente) abogaba porque era el beneficio personal y
de grupos con dinero o poder lo que marcaba una mayor influencia,
seguido por la opinión de que eran los intereses de sus partidos políticos lo que más los influía (23,5 por ciento y 24,2 por ciento). Se
Distribución porcentual de las personas entrevistadas, según razones del porqué califican la labor de la Asamblea Legislativa como
buena/muy buena o mala/muy mala. Abril 2005-Marzo 2008.
Razones de muy bueno/bueno
Mejor labor en la toma de decisiones / ha trabajado mejor
Porque se elaboran y aprueban leyes de interés nacional
Labor social de apoyo y favorecimiento al pueblo
Acciones políticas contra corrupción
Lentitud en aprobación de leyes y toma de acuerdos
Cometen errores, trabajo inadecuado: no ejercen las funciones
Pierden el tiempo en cosas sin importancia
Defienden interés personal y de partidos, no los del pueblo
No solucionan problemas sociales (pobreza, costo de vida)
No se preocupan por las necesidades de los sectores mayoritarios
Inercia o pasividad en cuanto a la toma de acciones
Razones de muy malo/malo
Fuente: IDESPO-UNA. Programa de Estudios de Opinión. Pulso Nacional n° 38 “Percepciones de la ciudadanía costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno
Central”, Abril 2005. Pulso Nacional n° 51 “Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, abril 2007. Pulso Nacional n°56 “Percepción de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, marzo 2008.
impone, tras estas opiniones de que los intereses de los representantes y de los partidos políticos no coinciden con los intereses colectivos de la nación, una noción de individualismo que es llevada a las
altas instituciones y una concepción de lo político desvinculado de
los intereses de la ciudadanía. El poder como una esfera de la que el
ciudadano común se encuentra desvinculado y un cuerpo político
fragmentado entre los intereses de distintos grupos.
El régimen político, como forma institucionalizada de acceder al
poder que en Costa Rica pone el peso particularmente en los partidos políticos como vía legítima para acceder al mismo, es cuestionado en la opinión de quienes ven en ellos grupos con intereses
particulares en sí mismos que no reflejan más los intereses colectivos que se tienen como nación. Ello también está relacionado con
la agenda pública en tanto rango de opciones sustantivas que se
le brindan al ciudadano para escoger entre programas y gobiernos
que efectivamente lo representen (ver PNUD, 2004). Cuando un
78,4 por ciento de las personas consideran que los diputados los
representan poco o nada como electores, estamos hablando también de un problema de opciones. Esto se agrava si consideramos,
según datos del 2006, que poco más de la mitad de los entrevistados
(50,2 por ciento) consideraron poco o nada posible la rendición
de cuentas en las instituciones públicas costarricenses (ver Gráfico
6). La sensación de distancia o de injerencia sobre las decisiones y
las prácticas del Estado quedan claramente evidenciadas y frente a
ello, los nuevos procesos de democratización lejos de dar más poder
al ciudadano en las comunidades, se centran en dar más poder a los
partidos políticos a lo largo y ancho de nuestro sistema democrático
(ver Solís y Avendaño, 2001).
cuanto consideran que los diputados/as representan a sus electores. Noviembre 2006.
percepción de cuán posible es que se pueda pedir rendición de
cuentas a nuestras instituciones públicas. Noviembre 2006.
Nada Posible
Fuente: IDESPO-UNA. Programa de Estudios de Opinión. Perspectivas Ciudadanas N° 26 “Percepciones de la Ciudadanía costarricense sobre Democracia y Legitimidad Institucional”. Noviembre 2006.
opinión sobre lo que es lo que más influye en los diputados (as)
a la hora de tomar sus decisiones. 2007-2008.
Beneficio personal o beneficio de grupos con
dinero o poder
Interés de su partido político
Los intereses del país, su compromiso con el
pueblo costarricense
Presión política: fracciones mayoritarias, Poder
La falta de acuerdos entre los diputados
Conocimiento acerca del tema que se trate
17.9 14.0
“Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, abril 2007. Pulso Nacional N° 56 “Percepción de la población costarricense
Acerca de cuál debía ser la principal tarea de la Asamblea Legislativa (ver Cuadro 6), en abril del 2007, cuando el TLC era un tema
en efervescencia, un 43,2 por ciento de los entrevistados hablaba
de resolver los problemas nacionales, seguido de debatir, analizar
y buscar consensos con un 25,8 por ciento y tramitar, aprobar, actualizar, reformar y mejorar leyes con un 18,1 por ciento. En ese
contexto, la opinión pública parece estar ante todo preocupada por
la solución de problemas, incluso más que por el debate y análisis.
Tramitar, aprobar, actualizar, reformar, mejorar también parece hacer eco de una mejor administración de tiempo y resolución antes
que un llamado a la reflexión que estaría inmersa en el debate y el
análisis. Parece haber un llamado a soluciones rápidas antes que
pensadas y en ese sentido evidencia una preocupación centrada
más por la eficiencia en la resolución de problemas que por la calidad de los procesos democráticos dentro de la sociedad que lleven
Un cambio en la codificación de las respuestas nos permite precisar
diferencias cualitativas en cuanto a lo que refieren los problemas
nacionales que necesitaban solución a los ojos de la opinión pública en el año 2008, siendo la principal tarea por resolver la inseguridad ciudadana, el porcentaje más alto para ese año con un 22,3
por ciento de los entrevistados, problema que de la misma forma
responde más a una ramificación de un asunto más medular como
lo son los problemas de desigualdad y pobreza creciente en nuestra sociedad; lo que parece pasar desapercibido en la percepción
de los entrevistados. El discurso del crimen se convierte en una
pantalla de humo que impide ver problemas que en su esencia son
causa del mismo. Detrás de la amenaza se evade el discutir sobre un
modelo de desarrollo económico impulsado desde el poder político
que crea, en su puesta en práctica, serios problemas de distribución
de la riqueza y de oportunidades lo que degenera muchas veces en
Distribución porcentual de las personas entrevistadas según opinión de las principales tareas a las que debe dedicarse la Asamblea
Legislativa durante el año. 2007-2008
Resolver los problemas nacionales
Debatir, analizar, buscar consensos
Tramitar, aprobar, actualizar, reformar,
Mejorar la eficiencia: más consenso, más
Cumplir con promesas que hicieron en
Mejores valores éticos y de honestidad
Resolver problemas relacionados con la
“Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno, abril 2007. Pulso Nacional n°56 “Percepción de la población costarricense
V.	Asamblea y partidos políticos
Si hay una coyuntura que atraviesa la Asamblea Legislativa de
cabo a rabo tanto en la administración Pacheco como durante la
administración Arias y por esta misma razón el proceso de negociación del TLC, tiene que ver con el abanico de partidos que hoy
día hacen parte del poder legislativo. Habría que hacer la salvedad
de que esa multiplicación de partidos políticos en el parlamento
no necesariamente se traduce en una oferta real de mayores opciones dentro de la agenda pública para los ciudadanos, pero si marca
una intención manifiesta de los electores de distribuir el poder y
no centrarlo en solo dos opciones, como resultó por largo tiempo
cuando se gozaba de un bipartidismo más estable, con el PLN y el
PUSC como protagonistas.
La misma desconfianza acerca de los intereses manifiestos dentro de
los partidos políticos y esa percepción de divorcio entre estos y los
intereses nacionales hacen buscar opciones en otras formaciones
políticas. Esta práctica de dividir el poder entre distintas bancadas
ha sido centro de críticas, si hay algo a lo que se ha acusado también como responsable de la lentitud endémica de la Asamblea, es
precisamente a esa pluralidad de partidos con intereses diversos que
plantean disputas que a lo interno han impedido la toma de decisiones ágiles y veloces. Tras ese punto de vista lo que se privilegiaría
es la necesidad de acelerar procesos frente a la opción de un debate
y un diálogo, que inevitablemente llevaría más tiempo en cuanto
debería tomar en cuenta posiciones divergentes y lograr acuerdos y
consensos. Puede yacer detrás de esto, y lo planteamos solo como
una hipótesis necesaria de corroborar por otras vías que trascienden
los resultados aquí expuestos, una noción de que un poder centralizado produciría efectivamente más eficacia aunque deje de lado el
debate. Si tomamos en cuenta el dato de que efectivamente lo que
las personas privilegian es que la Asamblea resuelva efectivamente
los problemas nacionales, podríamos encontrar aquí terreno fértil
para posturas autoritarias que faculten la resolución de los problemas y logren destrabar la institucionalidad. Esto se puede ver manifiesto en el 2007 y 2008 (ver Gráfico 7), cuando la opinión pública
señalaba que la relación entre diputados de las distintas fracciones
de la Asamblea Legislativa no había permitido que se tramitaran
más proyectos, se perdiera menos tiempo ni se diera un mayor consenso en las decisiones, incluso estas posiciones se reforzaron aún
más en el 2008 con respecto al 2007.
En los años 2005, 2007 y 2008 se consultó cómo esa situación de
pluralidad de partidos –en que ninguno tenía mayoría absoluta–
había beneficiado o perjudicado la labor legislativa (ver Cuadro 7).
De forma ascendente durante esos años (59,1 por ciento en el 2005;
60,9 por ciento en el 2007 y 66,5 por ciento en el 2008), es decir,
conforme fue endureciendo el trámite del TLC llegando a su punto
más alto con el trámite de las leyes de implementación, la opinión
de la población comenzó a inclinarse mayoritariamente porque esa
distribución de poder había perjudicado esa labor. Lo que se puede
traducir a la idea de que entre más posiciones contrapuestas en el
poder, más se entorpece la labor de las instituciones, en este caso,
de la Asamblea Legislativa. Las razones aludidas para justificar esa
posición hablaban principalmente de la imposibilidad de llegar a
acuerdos que fue la más aludida y que fue en aumento también
entre quienes defendían esa opinión (ver Cuadro 8).
Aunque una mayoría en incremento opina lo contrario, hay un
porcentaje de personas que más bien aboga porque la ausencia de
mayoría absoluta ha sido más bien beneficiosa, principalmente porque permite una mayor discusión e impide que un único partido sea
el que tenga el poder (ver Cuadro 8).
Distribución de la población entrevistada según si creen que
la relación entre los diputados de las distintas fracciones de la
actual Asamblea Legislativa NO ha permitido que se den algunas
situaciones. 2007-2008.
2008 (n=600)
2007 (n=600)
Se pierda menos
Se dé un mayor
consenso en las
Distribución porcentual de las personas entrevistadas según si
creen que la ausencia de una mayoría absoluta de alguno de los
partidos políticos en la Asamblea Legislativa ha beneficiado
o ha perjudicado su labor. Abril 2005-Marzo 2008.
Ni beneficiado ni perjudicado
Ha perjudicado
(n=600) (n=600) (n=600)
Viendo el Cuadro 9 y recordando el cambio de administración
que se diera en el 2006, la satisfacción con los partidos políticos
en la Asamblea Legislativa es bastante baja, el Partido Liberación
es el único que mantiene una mejora sostenida de una consulta a
otra, en los años 2005, 2007 y 2008. En el 2005 tenía solo un 22
por ciento de satisfacción en la opinión pública, en el 2007 pasa
a 42,7 por ciento y sube aún más en el 2008 a 47,2 por ciento. La
reelección de Óscar Arias significó en su momento un nuevo aire
para un partido político que había perdido por primera vez en su
historia dos elecciones consecutivas frente al partido de oposición.
Aún con un resultado electoral ajustado, el proceso devuelve credibilidad en el partido y sin duda el posterior triunfo en el referendo
resultó en una victoria política que deja al PLN como la principal
fuerza política en este momento. Sin embargo, en lo que va de gestión, aún con la lentitud que tanto aquejan en el discurso, el PLN
ha logrado hacer prevalecer su agenda política de desarrollo y esto
pasa por haber logrado sendos triunfos a través de la movilización
de la población en distintos momentos desde el 2006.
El PUSC presenta una leve mejoría en el 2008 con un 24 por ciento de opiniones satisfactorias con respecto al 23 y 19 por ciento que
presentara en el 2005 y el 2007 respectivamente, sin embargo, los
sonados casos de corrupción de sus expresidentes hacen su futuro
El gran perdedor del proceso del referendo fue el PAC que ve diezmada la satisfacción en la opinión pública con respecto a los anteriores dos años, llegando tan solo a un 24 por ciento de satisfacción
en el 2008 (su mejor momento fue en el 2007 en la coyuntura previa al referendo, donde alcanzó un 41 por ciento de satisfacción).
El Gráfico 8 muestra cómo, además de una opinión poco satisfactoria que tiene siempre un mayor peso a nivel de todos los partidos
políticos representados en la Asamblea, para un amplio sector de la
población de 80,2 por ciento que representaban 481 personas del
total de entrevistadas para el año 2005, la situación que en ese momento atravesaban los partidos políticos era un factor perjudicial
para la labor de la Asamblea Legislativa; para un 76,2 por ciento
era una situación muy perjudicial. De la misma forma, si vemos el
Cuadro 10 se le suma a la desconfianza en los partidos políticos la
percepción de que los representantes de los mismos en la Asamblea
Legislativa conocen poco o nada sus funciones como diputados.
Esta pregunta fue planteada en el 2005, 2007 y 2008 con resultados
muy similares para los tres años.
Ante este panorama nos encontramos ante partidos políticos que
generan poca confianza y poca satisfacción a la población durante
toda la coyuntura de aprobación del TLC. Muchas de las opiniones
Distribución porcentual de las personas entrevistadas según razones del porqué la ausencia de una mayoría absoluta de alguno de
los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, ha beneficiado o ha perjudicado su labor. 2005-2008.
Razones por las que ha perjudicado
Imposibilita que se llegue a acuerdos y se aprueben leyes
Se requiere de la mayoría o bipartidismo para la toma de decisiones
Su labor no es buena, no se aprovecha la diversidad
Prima el interés de los partidos y no los de interés general
El proceso de aprobación de leyes se retarda, es lento
Razones por las que ha beneficiado
Permite mejor discusión, revisión de propuestas y proyectos
Permite que el poder no recaiga en un solo partido
Permite mayor participación para llegar a mejores niveles
Permite que se tomen decisiones que favorezcan el país
Permite la libertad de expresión y renovación de ideas
Permite hacer efectiva la democracia / hay más democracia
Central”, Abril 2005. Pulso Nacional N° 51 “Percepciones de la población costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno”, abril 2007. Pulso Nacional N° 56
Porcentaje de personas entrevistadas satisfechas e insatisfechas con la labor de los partidos políticos. 2005-2008*
Partido Bloque Patriótico
satisfecho /
Muy satisfecho /satisfecho
*Los porcentajes se calculan solo para quienes conoce que existe el partido político.
reflejadas en los medios de comunicación de parte de diferentes
sectores de la sociedad encuentran asidero en la opinión pública.
Ante los múltiples cuestionamientos era difícil que la Asamblea
Legislativa lograra la legitimidad necesaria para una decisión tan
importante como lo suponía la aprobación del Tratado. Quizás aquí
lo que habría que comprender es que detrás de las serias dificultades
enfrentadas por la estancia legislativa debería existir un cuestionamiento del régimen político y el papel central que dentro del mismo ocupan los partidos políticos. El problema de legitimidad de la
Asamblea Legislativa parece estar entroncado a la percepción negativa que han venido ganando los partidos políticos en la opinión
pública. No obstante, aún con las múltiples críticas al parlamento,
por lo que se aboga desde el poder central es por lograr trámites más
ágiles como la gran solución, sin que se cuestione en sí mismo el
desgaste de los partidos políticos como parte del problema.
Finalmente como señaláramos previamente en este documento, en
las palabras escritas por el Ministro de la Presidencia y en su balance del proceso de aprobación del TLC, lo que podemos ver es un
llamado al orden, donde los partidos políticos mantengan el poder
y el control en la toma de decisiones. Dar pie a tal postura es hacer caso omiso de los momentos más interesantes y reveladores del
proceso enfrentado. El atraso y lentitud tan señalados en el proceso
pudieron venir precisamente del enfrentamiento con grupos que
queriendo ser parte de la decisión tuvieron que abrirse brecha entre
los portillos institucionales, que afortunadamente los hay, para hacer sentir su inconformidad en la toma de decisiones centralizadas
del poder. Lejos de procesos más centralizados de decisión siempre
enmarcados en un contexto partidario monopolizado por ciertos
sectores, habría que pensar en nuevos espacios que incluyan a los
ciudadanos que de forma colectiva buscaran incidir en la toma de
decisiones. Los problemas enfrentados por la Asamblea Legislativa
no encuentran respuestas tan solo desde su propio seno, si no que
obliga a pensar en la forma en que esta organizado el sistema democrático costarricense ante las nuevas demandas ciudadanas de
participación activa en la toma de decisiones.
Distribución porcentual de las personas entrevistadas que
consideran que la situación actual que atraviesan los partidos
políticos ha beneficiado o ha perjudicado la labor de la Asamblea Legislativa. Abril 2005. (n=600)
N/S-N/R
“Percepciones de la ciudadanía costarricense sobre la Asamblea Legislativa y el Gobierno Central, Abril 2005.
Distribución porcentual de personas entrevistadas según
cuánto consideran que los y las representantes
de los diferentes partidos políticos conocen
sus funciones como diputados, 2005-2008.
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Sofía Solano Acuña
Jáirol Núñez Moya
Esta obra se terminó de imprimir en agosto 2010
0434-10–P.UNA
Lecturas disyuntivas sobre desarrollo, instituciones y representaciones en los Estudios de Opinión
Los textos desarrollados en las páginas siguientes surgen como parte de una propuesta de trabajo a lo interno del equipo de investigadoras/es del Programa de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional de Costa Rica. En el caso de los documentos compilados en el presente Aportes, ambos tienen como eje problematizador un ejercicio de hermenéutica del dato desde una lectura que ha de entenderse como disyuntiva en la propuesta de cada investigador, pues la interpretación se da desde un corte transversal, el cual permite darle seguimiento e historicidad a las reflexiones y encuestas relacionadas con las temáticas demarcadas.

References: resolución 
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