Source: https://es.scribd.com/document/80392971/Resolucion-NAPURI-Causa-Videla-y-otros-x-privacion-libertad
Timestamp: 2017-07-25 14:36:31+00:00

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Resolución NAPURI Causa Videla y otros x privación libertadCargado por sofiabloemIntereses relacionadosPeruPolicePoliticsHuman RightsGovernmentCalificación y estadísticas5.0 (1)Acciones de documentosDescargaCompartir o incrustar documentosInsertarDescripción: Resolución Napuri sobre el caso seguido contra Videla y otros por privación de la libertad en el marco del Plan Condór.Ver másResolución Napuri sobre el caso seguido contra Videla y otros por privación de la libertad en el marco del Plan Condór.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPoder Judicial de la Nación//Buenos Aires, Febrero 1 de 2012. AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa nro. 10697/08 “VIDELA JORGE RAFAEL y otros s/ privación ilegal de la libertad”, en trámite por ante esta Secretaría nro. 10 de este Tribunal; Y CONSIDERANDO: I. Inicio Las actuaciones llegaron a mi conocimiento por los testimonios remitidos a la Excelentísima Cámara del Fuero, en el marco de las actuaciones número 2510/08 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13 (fs. 21).
II Hecho denunciado La presente causa se inició con la denuncia y hoy parte querellante en autos, de Ricardo César Napuri Schapiro, quien entre otras cosas, en su presentación hizo saber que como parte de la operación Plan Cóndor, en la madrugada del 25 de mayo de 1978 en la ciudad de Lima y Arequipa, de la República del Perú, fueron secuestrados un grupo de ciudadanos peruanos conformado por José Luís Alvarado Bravo, Justiniano Aspaza Ordoñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Blanco Galdos, Humberto Damonte Larrain, Ricardo Diaz Chavez, Javier Diez Canseco Cisneros, Genaro Ledesma Izquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco, Guillermo Faura Gay, y el denunciante, todos ellos opositores a la dictadura instaurada en Perú, en cabeza del General Francisco Remigio Morales Bermúdez. Indicó, que fueron falsamente acusados de llevar a cabo actividades subversivas y de violencia, y que por dicho motivo fueron conducidos violentamente a la sede de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), y luego a la Base del Grupo 8 de la Fuerza Aérea en Lima, sin una orden judicial que funde las detenciones.
Expresó, que en la Base Aérea fueron sometidos a golpes, culatazos y otros tormentos por parte del personal militar peruano y que fueron informados que iban a ser trasladados en el avión Hércules de la Fuerza Aérea peruana, donde serían esposados a los asientos vigilados por hombres armados. Que, las autoridades militares les comunicaron que el avión tendría como destino Argentina y que serían entregados a militares argentinos que conformaban grupos de tareas de represión en el marco del denominado Plan Cóndor, en el que participan máximas jerarquías militares de otros países, con la cooperación de otras dictaduras de la región para acabar con los opositores. Así, el avión arribó el 25 de mayo de 1978 en el aeropuerto
“El Cadillal” de la ciudad de Jujuy, en el cual fueron entregados a una brigada antisubversiva del Ejército Argentino e ingresados al regimiento de infantería de Montaña Nº 20. Asimismo, se les comunicó que la situación era de prisioneros políticos y de guerra del gobierno argentino y que dicha situación estaba convalidada por las jefaturas militares y del gobierno de Perú y de Argentina. Que según su relato, en dicho regimiento fueron presionados por funcionarios de la Cancillería Argentina, por la Jefatura del Ejército y del Ministerio del Interior, a que aceptaran ser refugiados bajo el control directo de las fuerzas armadas. Así, ante la negativa, otra comisión de funcionarios del Ministerio les exigió que firmaran un documento de pedido de asilo voluntario dirigido al Gobierno Demócrata de las Fuerzas Armadas. Luego- a los pocos días- fueron trasladados a Buenos Aires, donde estuvieron incomunicados en el sótano del Departamento Central de la P.F.A., donde se los trató de “ablandar”, con el fin de que firmaran el documento de asilo voluntario dirigido al gobierno democrático de las Fuerzas Armadas. En el mismo contexto, indicó que por aquella época se estaba jugando en Argentina el XI Campeonato Mundial de Fútbol, y además en el exterior se estaba realizando una campaña que denunciaba los
hechos de los que eran víctimas, y manifestó lo siguiente “… fue evidente que la dictadura argentina quiso salir de esta cadena de delitos que cometían con ciudadanos peruanos, bajo una forma que ante prensa disfrazarían como “pedido de asilo”, en primer lugar y luego como “salida voluntaria del país”. Continuó diciendo “…. En su intento por lograr una salida legal, la dictadura argentina (Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior), en combinación con la Embajada Peruana en Buenos Aires, resolvieron que el consulado peruano nos otorgaran pasaportes de emergencia para nuestra salida de la Argentina”. Aclaró que, del Departamento de Policía fueron trasladados en móviles policiales al Aeropuerto Internacional de Ezeiza donde lo
“expulsaron”. Manifestó que Perú en aquel momento, formaba parte del llamado Plan Cóndor (fs. 1/6 y 17). Por último, adjuntó a su denuncia recortes periodísticos en los que se advierte:
Una jueza de Roma investiga la desaparición de veinticinco ciudadanos latinoamericanos de origen italiano ocurrida en la década de los 80 durante la Operación Cóndor, solicitando la detención de los generales Francisco Morales Bermúdez -ex presidente del Perú- y de Pedro Richter Prada ex primer ministro y jefes de los servicios secretos de Argentina sobre el funcionamiento del Plan Cóndor. Asimismo, se basan en un reporte fechado en 1978 de la CIA que textualmente dice” Los miembros originales (de la Operación Cóndor) fueron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros”. En ese contexto solicitó la detención de Morales Bermúdez. En lo referente a la Operación Cóndor, indican que era un sistema de inteligencia y de operativos secretos establecido por regímenes militares
en los años 70 y 80 para coordinar información de inteligencia con el fin de capturar, torturar y ejecutar a opositores políticos por medio de operativos combinados a través de las fronteras (fs.7/8).
Bermúdez, se adhirió al Plan Cóndor, basado en tres operaciones; la primera fue dirigida al Sr. Maguid Carlos Alberto por ser el economista de los montoneros, secuestrado en Lima y entregado a los militares argentina dentro del marco del Plan Cóndor. La segunda operación, era la entrega de nueve peruanos (incluido Javier
contenido de la nota periodística), al Ejército Argentino específicamente al Regimiento de Infantería de Montaña nro. 20 de Jujuy, en un avión militar peruano que partió a Lima, incluyendo en este caso a dos peruanos en Arequipa, Valentín Pacho y Justiniano Apaza. Estuvieron detenidos en un cuartel sin documentos personales hasta que fueron rescatados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, y echados de Argentina hacia diferentes países; y una tercera operación vinculada con el secuestro de Noemí Esther Gianetti de Molfino, María Inés Reverta, entre otros (9/10)
La nota periodística, revela entre otras cosas que el ex senador izquierdista Genaro Ledesma había revelado que el general Morales Bermúdez admitió el 29 de septiembre de 1975, durante un banquete que el Perú estaba incluido en la Operación Cóndor, y que el nombrado junto con otros doce detenidos fue obligado a abordar un avión militar que lo llevó al Regimiento 20 de Jujuy Argentina, donde permaneció deportado hasta que el voto popular lo eligió miembro de la Asamblea
Constituyente, al igual que otros varios deportados (fs. 11). En su ampliación de declaración testimonial, indicó que él era responsable político “Vanguardia Revolucionaria” y candidato a la Asamblea Constituyente de 1978, y que hasta el año 1948 revistaba en la Fuerza Aérea en Lima, y que le ordenaron reprimir desde el avión a los militares y civiles rebeldes del partido Aprista en El Callao- puerto-, e indicó que no había ingresado para matar ni militares ni civiles, y que lo expulsaron del país. Dijo: “en ese momento vine a Argentina, y con tan buena o mala suerte, fui apresado por Lombía y Amoresano, dos oficiales de la PFA del departamento político, eran Jefes de la Sección Especial de la
PFA, se encargaban de la represión a los adversarios políticos del gobierno, estuve un mes detenido, fui liberado por la gestión del Prof.Silvio Frondizi con quien luego formaríamos el grupo Mir -Praxis. Al momento de mi detención el gobierno denominado de la “segunda fase” presidido por el General Morales Bermúdez asumió una posición de derecha y pro-imperialista, este gobierno entró en crisis y ante una huelga general por reivindicaciones concretas en Mayo de 1978 reprimió a centenares de trabajadores y dirigentes sociales y políticos entre ello, a los trece dirigentes que fuimos secuestrados y trasladados en el avión militar según relato en mi escrito de querella. Cuando fuimos trasladados a la base aérea y nos comunican que íbamos a ir a la Argentina, nos negamos diciendo que en Argentina había una dictadura y por tanto nuestra vida corría peligro, yo personalmente aduje que secuestraría el avión en vuelo para llevarlo a otro destino. En respuesta fuimos golpeados brutalmente en la base militar y a nueve de nosotros nos trajeron engrillados o esposados a los asientos del avión, custodiados por guardia armada de la Policía de Investigaciones de Perú. En el aeropuerto “El Cadillal” de Jujuy nos recibió una brigada armada del Regimiento 20 de Montaña donde fuimos internados,
según el coronel jefe del regimiento, como prisioneros de guerra argentinos por un acuerdo entre los gobiernos y estados mayores de los respectivos gobiernos dictatoriales, Videla y Morales Bermúdez.” Agregó que “el gobierno peruano dio un comunicado oficial afirmando que los expulsaban por ser los dirigentes de la huelga general desatada en el país y por ser líderes sindicales y políticos opositores a su gobierno”. Que, “en el libro “Secuestro” de Alfonso Baella Tuesta que se aportó al tribunal, en la página 230 se encuentra el “Comunicado Oficial” donde el gobierno de las fuerzas armadas pone de manifiesto los nombre y motivos por los cuales deciden “extrañarlos”; ese documento se encuentra fechado en Lima el 25 de Mayo de 1978 y como dictado
por las Oficinas del Relaciones Públicas del Ministerio del Interior”. Dijo, que con respecto a la naturaleza de los deportados, fueron dos Almirantes ministros de Marina del gobierno de la primera fase del General Velazco Alvarado, y que el autor del libro era representante de la agencia de noticias DPA (Alemana) que criticaba al gobierno por derecha, y que había dos dirigentes sindicales como Apaza y Pacho, y que de ellos eran candidatos a la asamblea constituyente convocada por el propio gobierno. En relación con el traslado desde el aeropuerto de El Cadillal hasta el Regimiento de Montaña 20, indicó que fueron trasladados por vehículos blindados al Regimiento 20 de Montaña, y que se lo llamaba Regimiento Antisubversivo. Que, fueron alojados en una habitación preparada especialmente, que era el departamento de salud o sanidad del regimiento; y que el Coronel a cargo, Arana, le dijo “nuestra situación era la de prisioneros de guerra pero argentinos” eso porque los dos países estaban en guerra civil contra la subversión y que los dos gobiernos habían resuelto cambiar prisioneros de guerra, los peruanos vendríamos a la Argentina, en este caso nosotros, y los argentinos irían a las cárceles de la selva peruana, el tenebroso “SEPA”, que era una
cárcel que tenía la fama de que uno moría en vida en ella, nadie se podía escapar de allí. Agrego que en el regimiento lo amenazaron con la aplicación de la Ley de Fuga”. Añadió que “Todo el operativo desde nuestra llegada hasta que salimos de Argentina no duró más de un mes. En cuanto a los que nos hicieron la propuesta, no puedo dar más datos precisos, además, había en las propuestas que nos hacían un doble juego, por un lado la delegación de Buenos Aires que nos manifestaba que pidiéramos asilo formalmente y lo hacían de buena forma, cosa que nosotros rechazábamos, y por otro lado, a mi y a Genaro Ledesma nos trasladaron a Jujuy capital a una oficina militar o policial, y cuatro o cinco
personajes vestidos de civil nos pusieron un documento sobre la mesa donde decía que pedíamos asilo al gobierno democrático de las Fuerzas Armadas y que aceptáramos el destino que ellos decidirían, cuando nos negamos a firmarlo, yo lo rompí, cambiaron de actitud y con una violencia extrema nos dijeron que nos fusilarían a todos. Cuando volvimos al cuartel informamos a nuestros compañeros lo que nos podía esperar, entonces hicimos causa común de rechazar toda promesa de asilo, porque hasta ese momento algunos creían que era bueno aceptar el asilo que proponían. Después de este incidente, es que nos trasladan a los sótanos de la P.F.A. donde hubo un último intento de ablandamiento, allí nos pasaban sesiones de tortura y lo que nos podía pasar si no nos poníamos en caja, mientras tanto la presión internacional era grande, entonces para el gobierno de facto eso se tornó insoportable y es que se decide la expulsión del país”. Dio una descripción de cómo era el documento por el cual se pretendía que tuviese asilo político, y dijo que tenía una frase así como “Al gobierno democrático de las Fuerzas Armadas, de la tradición argentina de defensa de los derechos humanos que la fuerza armada reivindicaba como propia”, pero no tenía ningún sello oficial ni membrete toda vez que era un asilo voluntario.
Al serle preguntado sobre las circunstancias en las que se otorgó el pasaporte nro.526553 a su nombre -reservado en el tribunal-, respondió que: “cuando se pusieron de acuerdo el gobierno peruano a través de su representación diplomática y consular con el gobierno argentino, a través del funcionario peruano de apellido Ríos, el consulado proveyó el documento en blanco y se completaron, nosotros nunca fuimos al consulado a hacer ningún trámite, ellos vinieron donde estábamos en el Dpto. Central de la P.F.A a entregarnos pasaporte”. Indicó que “en la foja 11 en forma triangular se advierte el sello de salida de Argentina el día 9 de Junio de 1978 y la llegada a Francia se ve más abajo el sello forma rectangular el día 10 de Junio de
1978. Nos trasladó un grupo armado de la P.F.A. al aeropuerto, nosotros nunca pasamos por migraciones, nos llevaron hasta la puerta del avión de Air France con el auto, al piloto se le dijo que retuviera nuestra documentación hasta la llegada a destino y que allí nos recibiera la policía francesa como subversivos, en la puerta del avión protestamos ante el capitán que nos retuvo los pasaportes y a gritos nos dirigimos a los pasajeros diciendo que el gobierno francés se hacía cómplice del gobierno dictatorial argentino, los pasajeros quisieron bajarse del avión y ante esto el capitán nos pidió que esperáramos, habló por radio con autoridades de su gobierno y nos entregó los documentos y nos dijo que “Por orden de su gobierno viajaban en el avión como huéspedes privilegiados, de esta forma Francia respeta las tradiciones de los derechos humanos, Viva Perú, Viva La France”, los pasajeros aplaudieron y despegamos hacia París, cuando llegamos nos recibieron dirigentes de derechos humanos y estuvimos bajo la protección de un partido político, y mientras estábamos allí, en ausencia en Perú fuimos elegidos como diputados de la asamblea constituyente”. Al serle preguntado para que diga si volvió a Perú después de los acontecimientos que dieron origen a estas actuaciones, respondió: “no obstante haber sido elegido yo y varios de los dirigentes que también
fueron expulsados, diputados de la asamblea constituyente, el gobierno peruano se negó a repatriarnos, sólo lo autorizó bajo una enorme presión popular y por decisión de la asamblea constituyente que acababa de ser instalada, a recibirnos en el aeropuerto de El Callao en Julio de 1978, el sello del pasaporte dice 23 de Julio de 1978 en el folio 12”. Por último, agregó que ante su reclamo iniciado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, éste se ha expidió aceptando que formó parte del Plan Cóndor” (fs. 108/111). Con fecha 21 de septiembre del año 2009, le fue exhibido a Ricardo César Napuri, las fotografías referentes al Regimiento de Montaña 20, y al serle preguntado si reconocía el sitio, respondió: “… que fue trasladado en un camión cerrado y reconoció la enfermería
(fs.14), e indicó que la fachada era similar, y que el edificio de la guardia de fs.16 es el lugar donde lo llevaron y los habilitaron la enfermería donde estuvo todo el tiempo que duró nuestra detención (fs.5, 6 y 7)”. Por otra parte, y al serle exhibidas las fotografías de militares impresas y reservadas en este Juzgado, indicó: “podría ser el de fs.9, el que nos recibió en el Regimiento, pero no podría afirmarlo, es del tipo y contextura física…” – fs. 256Con fecha 15 de junio de 2011, se le exhibió la documentación que en copias remitió la Dirección Nacional de Migraciones a fs.360/361-que se encuentran reservadas en Secretaría-, y al serle preguntado para que diga si reconocía la rúbrica en el acta que reza “RENUNCIA AL ASILO POLITICO”, respondió: “si bien mi firma se parece a la que obra al pie, reitero como hice en mi anterior declaración que me negué a firmar un pedido de asilo político, nunca vi. el papel que se me exhibe y no estuve nunca en la Dirección Nacional de Migraciones, este papel no tiene ni fecha, mi derrotero cuando estuve detenido en Argentina fue desde el RIM – 20 de Jujuy a los calabozos de la Policía Federal y luego salimos del país como ya dije en mi anterior declaración. Yo no llené ese papel y siempre me negué a firmar ese pedido de asilo político que nos ofrecían. Nunca pasamos por migraciones, ni siquiera el día que salimos del país porque nos llevaron
en un camión a la puerta del avión directamente, y tampoco teníamos en nuestro poder en ese momento el pasaporte, recién se los entregaron arriba del avión el personal que nos había trasladado hasta allí situación, nos entregó el pasaporte”. (fs. 365).Conforme lo expuesto por la querella, resulta objeto de este sumario determinar la responsabilidad que les cabe a los imputados que serán mencionados en este decisorio, en relación a los hechos que se habrían desarrollado tal como se describió precedentemente, los cuales se encontrarían inmersos en el marco del “Plan Cóndor”, y que devinieran en la privación ilegal de la libertad calificada y torturas de los ciudadanos peruanos antes mencionados, la cual tuvo inicio en Perú el
comandante del avión, y como hicimos un escándalo por nuestra
24 de Mayo de 1978 y culminó en Buenos Aires en el mes de Junio/Julio del mismo año cuando éstos fueron “expulsados” de territorio Argentino, y fue perpetrada por funcionarios públicos (militares y fuerzas de seguridad).De acuerdo a la querella y demás constancias de autos, resultan imputados el General Francisco Remigio Morales Bermúdez, ex Presidente de Perú; Jorge Rafael del Ejército, y Miembro de la III. Contexto histórico En primer lugar, considero adecuado hacer un breve relato histórico que permita recordar (o conocer) el momento por el que atravesaba Perú y este país, que han enmarcado los hechos que son objeto de investigación. En Perú gobernaba la dictadura de Morales Bermúdez y el Comando Unitario de Lucha conformado por organizaciones sociales y políticas del movimiento popular, convocó un paro nacional, en donde piden una Asamblea Constituyente y el fin de la dictadura, para Videla, ex Teniente General, ex Presidente de Facto de la República Argentina, ex Comandante en Jefe Junta Militar; y Eduardo Albano Harguindeguy, Ex Ministro del Interior, General de División.-
mejorar salarios y frenar el alza de costo de vida que imperaba en dicha época. Como respuesta a dicho paro, el gobierno de Morales Bermúdez decretó el despido de los principales líderes sindicales. Así, en mayo de 1978 hacen pública la suspensión de garantías constitucionales, y a través de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) procedieron a seleccionar un grupo de personas para deportarlas. Las personas seleccionadas por el gobierno eran en su mayoría dirigentes sociales y políticos que lideraron también eran candidatos a la Asamblea Constituyente. Conforme las constancias reunidas en autos, se encuentra
“Paro”, y
probado que en el contexto de estos acontecimientos, en mayo de 1978 fueron secuestrados y expulsados del Perú, trece ciudadanos peruanos, a saber: Ricardo César Napuri Schapiro, José Luís Alvarado Bravo, Justiniano Aspaza Ordoñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Blanco Galdos, Humberto Damonte Larrain, Ricardo Diaz Chavez, Javier Diez Canseco Cisneros, Genaro Ledesma Izquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco, Guillermo Faura Gay; hecho ocurrido en el gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez. Los ciudadanos expulsados, eran opositores al régimen que imperaba en Perú. Dos de las trece personas privadas de la libertad, eran oficiales de marina, vice-almirantes velasquistas José Arce Larco y Guillermo Faura Gaig, y como periodista de derecha del Diario El Comercio, Alfonso Baella Tuesta, quién criticaba al gobierno. Paralelamente, en la Argentina imperaba la dictadura de Jorge Rafael Videla desde ocurrido el golpe de estado el 24 de Marzo de 1976.IV. Pruebas
A lo largo de esta investigación se recabaron las siguientes pruebas, las cuales permiten en esta instancia sostener el auto de mérito que aquí se dicta, a saber: A) Constancias documentales
1) Pasaporte peruano nro. 526553 a nombre de Ricardo Napuri
Schapiro, y pasaporte peruano nro.526558 a nombre de Humberto Damonte Larraín y copias certificadas del pasaporte peruano nro. 526555 a nombre de Ricardo Letts.
2) Copias simples del fragmento del libro “Secuestro” de Alfonso Baella
Tuesta y su original reservado en Secretaría. A fs.230 se puede observar lo que sería el “Comunicado Oficial” que da cuenta del “extrañamiento” de los trece peruanos, el cual dice: “El gobierno
Revolucionario de la fuerza Armada pone en conocimiento de la ciudadanía haber decidido extrañar a las personas que a continuación se indica, por la participación que les cupo en recientes actividades subversivas y de violencia: DE LA FUERZA ARMADA: Vicealmirante AP ® José Arce Larco; Vicealmirante AP ® Guillermo Faura Gaig; General de División EP ® Leonidas Rodríguez Figueroa; General de Brigada EP ® Arturo Valez Palacios; Mayor EP ® José Fernández Salvatecci; Capitán EP ® Eloy villacrez Riquelme. CIVILES: José Luis Alvarado Bravo; Justinano Apaza Ordónez; Alfonso Baella Tuesta; Hugo Blanco Galdós; Humberto Damonte Larraín; Ricardo Díaz Chávez; Javier Diez Canseco Cisneros; Genaro Ledesma Izquieta; Ricardo Letts Colmenares; Ricardo Napurí Schapiro; Valentín Pacho Quispe. Institucionalmente, se ha hecho necesario el extrañamiento de los mencionados oficiales en situación de retiro. Asimismo, el de los civiles indicados en la relación anterior, en resguardo del orden y de la tranquilidad pública. La decisión ha sido ejecutada en la madrugada de hoy, embarcado a las personas detenidas rumbo a la República Argentina, a excepción de los miembros del Ejército quienes no son habidos, razón por la que han sido impartidas las órdenes pertinentes para su cumplimiento. Lima, 25 de mayo de 1978-Oficina de Relaciones Públicas-Ministerio del Interior-
3) Recortes periodísticos del Diario Clarín de fecha 26 y 27 de mayo de
1978 (fs. 86/88). Del primero, se lee que los almirantes retirados José Arce Larco y Guillermo Craig quienes se desempeñaban en el gabinete del extinto presidente Juan Velazco Alvarado, junto con otro nueves dirigentes izquierdistas fueron deportados hacia la Argentina por el gobierno del presidente Francisco Morales Bermúdez. En el grupo también figuraba el periodista Alfonso Baella Tuesta. De la segunda nota, surge que se dio asilo político a once ciudadanos peruanos que arribaron al Aeropuerto de El Cadillal, provincia de Jujuy, y que fueron alojados en el Regimiento 20 de Infantería, y que once de los trece peruanos solicitaron asilo político mientras que los restantes pidieron dirigirse a Suecia y México, como ser Ángel Hugo
Blanco Galdos y Ricardo Díaz Chavez. Del mismo se lee lo siguiente: “Los trece ciudadanos peruanos fueron deportados por el gobierno que preside el general Francisco Morales Bermúdez luego de una ola de diez días de violencia política que azotó al Perú y que culminó con una huelga de 48 horas durante la cual se produjeron numerosos incidentes”.
4) Se recibieron los ejemplares del Diario Popular de fecha 26, 27 y 29
de mayo de 1978 a fs. 96 (los que se encuentran reservados); ejemplares del Diario Pregón de fechas 25 a 31 de mayo y 1 y 2 de junio del año 1978 a fs. 98. Copia simple de la nota periodística del Diario La Nación de fecha 27 de mayo de 1978 que reza “Para ser deportados buscan en el Perú a mas militares” a fs. 103. Todos estos ejemplares dan cuenta del arribo de un avión de la Fuerza Aérea Peruana a Jujuy.
5) Nota periodista del Diario Clarín del 31 de mayo de 1978 que reza
“Continúa la indagatoria a los peruanos expulsados”, del mismo que consta que arribaron trece ciudadanos peruanos a Jujuy, que fueron expulsados de su país prestaron declaración ante funcionarios del Ministerio del Interior procedentes de Capital Federal; y que por otra parte, surge que otorgaron trámite inmediato para dar asilo político.
6) Nota periodística del Diario Clarín del 13 de junio de 1978 que reza
“Dan asilo a 11 peruanos expulsados”, del que surge que desembarcaron en Jujuy trece ciudadanos peruanos alojados en el Regimiento 20 de Infantería, once de ellos solicitaron asilo político mientras que los restantes pidieron dirigirse a Suecia y México, Hugo Blanco Galdos y Ricardo Díaz Chavez. Por otra parte, se lee lo siguiente “una vez más, el gobierno de la Nación demuestra con hechos concretos su inveterado respeto por los derechos humanos” (…) “Los trece ciudadanos peruanos deportados por el gobierno que preside el general Francisco Morales Bermúdez luego de una ola de diez días de violencia política que azotó al Perú y que culminó con una huelga de 48 horas durante la cual se produjeron numerosos
incidentes. Dos de los deportados, los ex ministros Faura y Larco, se iban a presentar como candidatos del Partido Socialista Revolucionario para las próximas elecciones que se celebrarán el 18 de junio, tras retirarse de la actividad militar. El presidente peruano atribuyó a la acción de “agitadores internacionales” la ola de disturbios que se inició en protesta y los servicios públicos a la vez que aseguró que la temporaria suspensión de los derechos individuales dispuesta sería levantada”.
7) Nota periodística del Diario La Nación de fecha 26 de mayo de 1978
que reza “El gobierno peruano deportó a candidatos de izquierda” del que surge que once ciudadanos de diversos partidos de izquierda a las elecciones de la Asamblea Constituyente fueron deportados en esa fecha hacia la Argentina por el gobierno peruano.
8) Diario San Salvador de Jujuy del 1 de junio de 1978, nota periodística
que dice “Otorgan asilo político a once ciudadanos peruanos”, del que se lee que el gobierno argentino concedió asilo político a once ciudadanos peruanos que arribaron al aeropuerto de El Cadillal provincia de Jujuy, que fueron alojado bajo la protección del gobierno y ejército argentino en dependencias del Regimiento Nº 20 de infantería en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Que, el Ministerio del Interior, comunicó que esa medida se tomó en cumplimiento de lo
dispuesto por tratados que unen a la República Argentina con la República del Perú, y concedió a los trece ciudadanos peruanos el asilo político que solicitaron al gobierno argentino. Así, dos de ellos solicitaron ir uno a Suecia y el otro a México, y dan los nombres de las personas indicadas a lo largo de esta resolución que por honor a la brevedad doy por reproducidos. Por otra parte, surge que fueron trasladados en un avión de la Policía Federal Argentina, siete de los ciudadanos a los que se les concedió el asilo político en el país y sólo seis quedaron en Jujuy.
9) Nota periodística del Diario San Salvador de Jujuy del jueves 25 de
mayo de 1978, que reza “Vuelve la normalidad al Perú”, del que se lee que luego de una violenta huelga de 48 horas, que dejó secuela
de muertos, heridos y grandes pérdidas económicas y daños a la propiedad pública y privada volvió la normalidad, pero que Arequipa permaneció virtualmente paralizada debido a una huelga de transportistas y sindicalistas a pesar de la invocación de las autoridades para que se deponga esa actitud.
10) Nota periodística del Diario San Salvador de Jujuy del martes 30 de
mayo de 1978 que reza “Reafirmó Videla la decisión del ejército de concretar los objetivos del proceso”, del mismo se lee que el Teniente General Rafael Videla reafirmó la inquebrantable decisión del ejército de concretar los objetivos del proceso de reorganización nacional cuyo propósito final es la instauración de una verdadera democracia con plena vigencia de los principios republicanos.
11) Ejemplar del Diario Popular, del viernes 26 de mayo de 1978 en el
que consta una nota periodista que reza “ Llegaron al país 11 deportados peruanos”, del que surge que deportados arribaron al aeropuerto de El Cadillal, los que fueron recibidos por personal de la delegación local de la Policía Federal. Que, los deportados fueron Arce Larco y Faura Caig, quiénes se desempeñaban en esa época como ministros de marina y comandantes generales del arma del gobierno de Juan Velasco Alvarado. (Pagina 5).
12) Nota periodística del Diario Popular del sábado 27 de mayo de 1978
el que reza “Perú: otros 4 militares condenados al destierro”, en el que se lee que cuatro oficiales retirados del Ejército entre ellos dos generales que ayudaron a subir al poder al general Juan Velasco Alvarado en octubre de 1968, están siendo buscados por la policía política para ser desterrados del país. Surge, que otras trece personas incluidas dos ex ministros de marina fueron deportadas a la Argentina por participar en actividades subversivas y de violencia. Asimismo, indican que los miembros del ejército que son buscados para ser expulsados son generales retirados, que son candidatos para la asamblea constituyente cuya elección esta señalada para el 18 de junio. Por otra parte, indican que el grupo desterrado a la
Argentina en un avión militar peruano son las personas hoy nombradas a lo largo de esta resolución. (Página 5).
13) Nota periodística del Diario Popular del lunes 20 de mayo de 1978
que reza “Situación de 13 deportados peruanos”, se lee que los trece ciudadanos peruanos deportados se quedan en el país y esperan una resolución del Ministerio del Interior. Afirman que según voceros allegados a organismos de seguridad, los extranjeros eran definitivamente trece y no once.
14) Expediente nro 110.977/78 remitido por la Dirección Nacional de
Migraciones del Ministerio del Interior (fs. 106). Los pasaportes peruanos de Napurí y Damonte portan una leyenda que da cuenta que se les otorgó “Permanencia prorrogada hasta el día 22 de Junio 1978. Al solo efecto de hacer abandono del país ….Expte. N° 110977/78. Buenos Aires, 7/6/78. Fdo. Cte. Remigio Azcona. Director Nacional de Migraciones”.
15) Oficio del Ministerio de Defensa el cual da cuenta de las autoridades
del año 1978 del Regimiento de Montaña 20 con asiento en Jujuy (fs.115).
16) El Consulado General de Perú Buenos Aires, informa que si bien no
se registran antecedentes del pasaporte expedido bajo el nro 526553 otorgado el día 7 de junio de 1978 a Ricardo César Napuri Schapiro,
señalan que el pasaporte de color verde ha quedado en total desuso siendo los actuales de color bordo (fs.129).
17) El Ministerio de Relacionas Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, informa que no se registran antecedentes documentales entre el gobierno y argentino y peruano relativo a los trece ciudadanos peruanos detenidos ilegítimamente en Perú y trasladados de igual forma a Argentina; no obstante ello, remiten el expediente número 56993/2008 “secreto” del año 1972 respecto de Galdós” (fs.145).
18) El Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos informa que
“Hugo Blanco
no se registran antecedentes de la participación del gobierno peruano en el “Plan Cóndor”, y tampoco antecedentes de las detenciones de
los peruanos en dependencias de la Policía Federal Argentina (fs.125).
19) La Dirección de Asuntos Humanitarios del Ejército Argentino, remitió
un CD conteniendo 114 fotografías del personal militar retirado de acuerdo a la lista provista por el RIM 20 -Regimiento de Infantería de Montaña mecanizado 20- de Jujuy, y un CD conteniendo fotografías del establecimiento RIM 20, y un sobre conteniendo fotocopia del libro histórico año 1978 (fs.166/67).
20) El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos informa el
organigrama y autoridades de la Policía Federal Argentina entre el 25 de mayo y el 10 de junio de 1978 (fs.267/283); asimismo, se informa la nómina de los integrantes de la Delegación Jujuy de la P.F.A (fs.284)
21) El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto informa la nómina de funcionarios que prestaron servicios en el período que comprende esta investigación (fs.309/318);
22) El Ministerio del Interior informó que por resolución del Ministerio Nº
1221 de fecha 31/05/78, se concedió asilo político a Damonte Larrain Humberto, Alvarado Bravo Jesús José Luís, Napuri Schapiro Ricardo César, Pacho Quispe, Arce Larco José, Apaza Ordoñez Justiniano Romula, Baella Tuesta Alfonso, Fura Gaig Guillermo, Letts
Colmenares Ricardo, Ledesma Inquieta Genaro Alfonso y Diez Canseco Cisneros Javier. Asimismo, indican que Blanco y Díaz Chávez no aceptaron el ofrecimiento de asilo político, y que no consta la salida correspondiente a Baella Tuesta Alfonso, suscripto por Albano E. Harguindeguy- Ministro del Interior- (FS.360/361). B) Declaraciones testimoniales Respecto de los sucesos que aquí se investigan, se recibió declaración testimonial, además del querellante, respecto de los cuales seguidamente me referiré.A) Javier Diez Canseco Cisneros -dirigente político de la Unidad
damnificados ya mencionados, en la Embajada Argentina en Lima, Perú,
Democrático Popular al momento de los hechos-, entre otras cosas dijo que, en mayo de 1978, fue parte de un grupo de dirigentes políticos y sociales que impulsaban un paro nacional para el 22 o 23 de mayo o el 21 y 22 de mayo a puertas de las elecciones de la asamblea constituyente, y que a su vez era candidato a la asamblea por la unidad democrática popular y que había participado en un programa electoral para la asamblea constituyente en el que impulsó un llamado al paro. Que, en momentos en que se iba a reunir en la casa del Sr. Genaro Ledesma Izquieta fueron intervenidos y detenidos por la Policía de Investigaciones Departamento de Seguridad del Estado, y detenidos en las carceletas que esa dependencia policial tenía en el local de la prefectura de Lima. A los pocos días un grupo fueron trasladados al Grupo Aéreo Nro.8, y que eso ocurrió aproximadamente el 24 de Mayo de 1978. Se entero por el piloto de la fuerza aérea que uno de sus compañeros conocía Ricardo Letts Colmenares, que le comento que iban a ser traslados al penal en la Argentina. Iniciaron una acción de resistencia, que ocasionó el retraso del operativo de traslado hasta que llegaron elementos auxiliares de la policía de mayor número y fueron sacados a la fuerza del lugar hacia un avión “Antonof”, un avión ruso, donde fueron esposados a los asientos.
Fueron subidos al avión, indocumentados y en el grupo aéreo se encontraron con dos oficiales de la marina que iban a ser también deportados, un periodista de nombre Baella Tuesta, que eran los únicos que no eran de ideología de izquierda, los militares habían tenido algún conflicto con los mandos miliares de la junta y uno de ellos había sufrido un atentado con explosivos a su casa. Ese grupo fue llevado al avión y engrilletado tomaron el vuelo y aterrizaron en la ciudad de Arequipa, donde recogieron a otros dos dirigentes sociales, Valentín Pacho (dirigente obrero) y otra persona que no recuerda el nombre, ambos comprometidos con el paro. El grupo estaba conformado principalmente por dirigentes de izquierda, los dos marinos y el periodista.
Entre los deportados estaban Ricardo Letts Colmenares, Hugo Blanco Galdos, Ricardo Napurí Schapiro, Genaro Ledesma Izquieta, un periodista el diario La República, estaban los dos que fueron recogidos en Arequipa, y dijo que todos fueron entrevistados en el libro de Baella, “El Secuestro”, excepto él. Desde Arequipa volaron hacia Argentina, hasta llegar al aeropuerto de Jujuy, y dio detalles de cómo fueron recibidos. Dijo que había soldados argentinos armados con fusiles, de características fisonómicas parecidas a los peruanos, y les ordenaron llenar un formulario con los datos básicos porque estaban sin documentos y con un oficio cuyo contenido no conocían. Terminado ello, fueron subidos a un camión de la Fuerza Armada Argentina, seguido y precedido por un camión con soldados, en unos jeeps iban los oficiales, y fueron trasladados al cuartel del Regimiento de Montaña Nro.20 de Jujuy. Expresó: “… se esperó varios días hasta que llegó una persona con un grupo que entiendo estaba vinculado al ministerio de relaciones exteriores, nos reunieron y nos explicaron cual era nuestra situación, luego en forma individual se nos ofreció un asilo en Jujuy o la Argentina, hecho que nosotros, salvo Baella Tuesta, rechazamos,
porque no había condiciones de seguridad para nosotros por la situación que vivía argentina. No recibimos ningún elemento adicional ni de vestimenta ni de documentación. Dos o tres días después de esta visita, se convocó a una parte de los detenidos a una dependencia policial de Jujuy, ahí fueron Napurí Schapiro e Ledesma Izquieta, entre otros, yo no fui. Todo esto ocurrió aproximadamente en dos semanas desde nuestra llegada a Jujuy. En esta diligencia en la dependencia policial, Napurí y quienes lo acompañaban rechazaron el asilo, además tenía situaciones peculiares, le preguntaron de que iba a vivir y dónde, a lo que Napurí respondió que viviría en la plaza pública y que no tenía oficio que desempeñar en Jujuy.
Esto hizo que el resto no vayamos, dos días después se nos trasladó a Buenos Aires en unas avionetas pequeñas, nos bajaron el aeroparque, nos subieron a unos vehículos con ventanas oscuras y nos trasladaron a una dependencia policial, el equivalente a la policía de seguridad de Perú, había también dependencias de migraciones. En el lugar había celdas de aislamiento individuales de 2,10 por 0,80 mts., puertas con barras metálicas y luz a gran altura prendida permanentemente. El régimen allí cambió, se nos quito la correa de zapatos, libros, cualquier cosa que no implicara aislamiento, se nos alimentaba una vez al día en horas que no podíamos precisar y para ir a los servicios teníamos que llamar y nos acompañaban. Estando en esas condiciones escuchábamos los gritos de personas, algunas parecían que desvariaban, nos dijeron que era un brasileño que había hecho un movimiento contra un terrateniente, otras veces eran gritos de dolor, como de alguien que era golpeado. Había un pasillo que salía a un patio, ahí había una mesa de ping pong, estaban detenidos unos argentinos que habían supuestamente estafado al estado con una exportación ficticia unas guías telefónicas, estas personas tenían cocina, mesa de ping pong,
etc., y creo que pagaban para estar en estas condiciones, era un trato distinto al nuestro. Nosotros comíamos en papel periódico, nos daban unos frijoles negros en unas ollas, comíamos lo que nos daban y al día siguiente comíamos lo que sobraba. Después de varios días de mucha presión, de enviar notas demandando nuestro derechos, fuimos sacados de la celda y llevados a una celda vinculada a Migraciones, allí estaba un jefe de allí, una autoridad del ministerio de relaciones exteriores y el representante de ACNUR de Naciones Unidas, estábamos todos menos Baella y los dos marinos que tenían asilo en Buenos Aires, allí se nos dijo que no estábamos detenidos, lo que ocurría era que en Argentina se estaba llevando a cabo el mundial de fútbol, que no había lugar donde
alojarnos, y que estábamos libres y podíamos salir si teníamos el pasaje para irnos y el lugar que nos recibiera, y que teníamos acceso al teléfono. Eso provocó una reacción airada nuestra, yo recibí una carta desde Lima a través del responsable de ACNUR que estaba fechada varios días antes, y accedimos. A partir de ese momento cada uno buscó que país podía recibirnos, en el caso de cuatro de nosotros recibimos pasajes para ir a Francia, nos fuimos Ricardo Letts, Ricardo Napurí, Genaro Ledesma y yo. Cuando esto se resolvió, fuimos llevados al aeropuerto de Ezeiza que estaba todavía en construcción, nos llevaron a una dependencia policial en un sótano, esperamos y nos dieron un pasaporte para salir del país. En las celdas donde estuvimos había inscripciones hechas con uñas. Mi pasaporte tenía un sello rojo que decía “Expulsado” y que decía “Emitido en Argentina”. En las cedas del aeropuerto nos encontramos con una señora de apellido Lobos, creo, había estado mucho tiempo detenida y había canjeado su libertad con la salida del país, a ella la quería ver un
familiar suyo y la policía no lo quería permitir, entonces hicimos una protesta entre los cuatro y lo logramos, creo que iba a Italia o Francia. Luego fuimos llevados por la policía hasta el avión cuando ya había subido todo el pasaje, nos subieron al avión con una carta y pasaporte que entregaron al jefe de cabina y le pidieron que lo entregara a migraciones francesa, hubo una discusión allí en la escalinata misma, sobre qué hacer entre nosotros, y luego entre dos y el jefe de cabina protestando porque la compañía aérea se transformaba así en una extensión la dictadura militar, a lo que el jefe de cabina responde que son solidarios con quienes luchan por la democracia, y que cuando el avión levante vuelo nos entregaría el pasaporte y destruiría la carta, así subimos y al despegue esta persona cumplió su palabra, nos dio el
pasaporte y rompió la carta. El vuelo hizo una escala en Brasil, desde allí hablamos a Francia para que alguien nos recogiera porque no teníamos ni dinero ni nada mas que lo puesto, la ropa en Coordinación Federal no había sido lavada nunca, en Francia somos recibidos por un grupo de solidaridad troskista vinculada a Ricardo Napurí, y los pasajes de dos de nosotros son financiados por una iglesia evangélica, y el de Napurí y Ledesma por esta organización troskista, nos alojan en unas casas de familia y nos conectamos con un sacerdote peruano que vivía en París y que recogía ropa usada, nos facilita ropa, luego cada uno ve como resuelve su sobrevivencia en Francia. Al poco tiempo somos informados que habíamos sido electos constituyentes en Perú, el propio presidente de la asamblea Víctor Raúl Haya de Latorre, negocia nuestro retorno con pasajes pagados por el propio gobierno, y regresamos para juramentar nuestros cargos, pues la mayoría de los deportados de izquierda habíamos sido elegidos, los únicos que no fueron elegidos fueron Ricardo Letts y el periodista. Todos regresamos en fechas distintas y de lugares distintos. Yo hice una gira denunciando al gobierno peruano y la noticia de mi elección la tuve en Barcelona, había muchos exiliados argentinos, chilenos, que vivían la misma situación, así que había mucha
solidaridad. No recuerdo la fecha exacta de mi regreso pero creo que fue para agosto, ese fue mi primer período parlamentario, nosotros llegamos cuando la asamblea está ya instalada”. Al momento de serle exhibido el legajo conteniendo las fotografías del Regimiento de Montaña Nro. 20, indicó: “estructuralmente el lugar era una construcción de un solo piso, muy arbolado, así que estas fotografías se parecen bastante a este lugar. La fotografía Nro.14 correspondiente a la enfermería, es el lugar donde estuvimos detenidos”. Así, al serle exhibido el legajo conteniendo las 114 fotografías de militares del Regimiento Nº 20 y preguntado para que diga si reconocía alguna de las personas allí contenidas, respondió: “ha pasado mucho tiempo y me es imposible identificar fehacientemente a
alguien”. Expresó que respecto a los funcionarios de Cancillería, Jefatura del Ejército y del Ministerio del Interior que los entrevistaron en Jujuy, manifestó lo siguiente “no, no lo recuerdo, tampoco recuerdo que se hayan identificado cuando nos vinieron a ver”. Asimismo, al serle preguntado para que diga si podía precisar en que circunstancias se le había otorgado el pasaporte a su nombre y por medio del cual salió de Argentina, respondió: “el pasaporte me lo dieron en Ezeiza, no recuerdo cuando me sacaron la fotografía por ejemplo, creo que el trámite se inició en Coordinación Federal, después de la reunión con ACNUR y salimos en alguna oportunidad para hacer algún trámite”; asimismo, agregó que el pasaporte era similar al que se le exhibe de Napurí, y recordó que tenía un sello rojo que decía “EXPULSADO” de Argentina (fs.171/176). Por otra parte, señaló que reconoció el lugar donde estuvieron detenidos en Buenos Aires, y lo identificó como “Coordinación Federal”, por cuanto concurrió luego al lugar para reconocerlo por gestiones de la Embajada de Perú; en cuanto a la relación de la detención sufrida con lo conocido como “Plan Cóndor”, señaló: “ ya se había producido un antecedente en Perú de detención desaparición de un ciudadano argentino al que se le imputaba manejar la economía de
los montoneros e inmediatamente después de nuestro caso se produjo el de la señora Ester Gianotti de Molfino y otros ciudadanos argentinos que fueron detenidos en Lima y entregados al ejército argentino a través de la frontera boliviana. Estos dos hechos, en mi opinión están vinculados a operaciones del “Plan Cóndor”, y por ello creo que este hecho, el nuestro, puede estar también vinculado pero con las características que diferenciaban al régimen militar peruano, del de Chile, Argentina y Uruguay”.Finalmente, concluyó su testimonio señalando que “…yo tengo la impresión que nuestra suerte pudo haber estado vinculada, a la publicación el día 26 o 27 de Mayo en un diario de Jujuy de la foto del avión militar peruano en el aeropuerto de Jujuy, preguntándose que
hacía allí ese avión, hecho que en nuestra interpretación hizo pública una deportación que el gobierno peruano no admitía inicialmente. Señalo esto porque mi esposa fue el día 25 llevando alimentos a la dependencia policial donde habíamos estado presos, y se los recibieron, como si nosotros siguiéramos allí, ocultando nuestro traslado. Esa es la impresión que tuvimos.” b) José Luís Alvarado Bravo, declaró: “Morales Bermúdez formó parte del golpe de estado que encabezó Velazco y hizo una reforma agraria, en esa reforma tenía como ente representativo a la Confederación Nacional Agraria, yo era un especie de gerente de una cooperativa que formaba parte de esa confederación. A partir de eso, Morales Bermúdez se distancia de Velazco y encabeza el golpe y asume el gobierno. Cuando Morales Bermúdez fue ministro de Velazco firmó toda una serie de decretos que luego derogó cuando se hizo cargo del gobierno, Velazco fue un militar reformista. El 24 de mayo de 1978, habíamos organizado un paro nacional que quería repetir el éxito de uno del 17 del año anterior, yo desde mi lugar formo parte de esta organización.
El servicio de inteligencia nos ubicó a varios de nosotros, a mi creo que me detuvieron el día 23, cuando llevaba a mis chicos al colegio, me llevaron a la sede de la Prefectura, en una zona de seguridad del estado, entre el 23 y el 24 nos sacaron de ahí nos llevaban sin saber nosotros a donde, creímos que nos llevaban al SEPA y a uno de los que nos trasladaban se le escapa y dice “vamos a ver el mundial”, nos llevan hasta el grupo aéreo 8, nos sorprendió saber que nos podrían llevar a Argentina, ahí hicimos nuestra primera resistencia, había dos almirantes –Faura y Arce-, nos esposaron y nos llevaron hacia el avión, viajamos esposados, pararon en Arequipa donde trajeron a dos dirigentes sindicales, Pacho y Apaza, y luego seguimos vuelo sin saber donde, cuando bajamos sentimos el clima parecido a aquí, creímos que
estábamos en Salta, pero luego nos dijeron que era Jujuy, ahí nos condujeron al Batallón de Montaña nro.20, era de un grupo del ejército, nos acondicionaron la enfermería y allí nos alojaron y empezamos a sufrir el rigor del hambre, nos daban siempre lentejas con mondongo. Estuvimos como entre 12 o 15 días, de pronto se presentaron miembros de la cancillería y del ministerio del interior ofreciéndonos si queríamos asilo, para ese entonces nosotros sabíamos como estaba el régimen en Argentina, si nos exiliaban era para luego tirarnos en el Río de la Plata, fue la segunda vez que sentí que iba a morir. Los que se acogieron al asilo fueron los dos almirantes y Baella Tuesta, nosotros no, los que éramos de izquierda no aceptamos eso, luego vienen otros miembros del ministerio del interior y cancillería y nos empezaron a llamar por lista, a Apaza, Pacho, Hugo Blanco y Díaz Chávez los trasladaron a Buenos Aires, yo pensé que no iba a verlos más, luego nos trasladaron a nosotros también a Buenos Aires, llegamos a un aeropuerto que no era Ezeiza, parecía un base militar, cuando estábamos llegando a nuestro destino vi. por la ventanilla el nombre de una calle “San José”, creo que era una dependencia de policía, allí nos alojaron en celdas individuales, por las noches escuchábamos gritos, como de gente que era torturada, ahí tuve la tercera sensación que iba a morir, las celdas eran estrechas y altas y tenía una ventilación en el
techo, ahí tuve una bronconeumonía por el frío, me vio un médico una sola vez”. Continuó diciendo que, “….casi al final de nuestra estadía allí llegó un representante de ACNUR, a mi particularmente me visitaron miembros de la embajada cubana y me llevaron ropa, yo estaba con lo puesto desde que nos habían secuestrado, yo había estado hace poco en Cuba, el miembro de ACNUR hizo gestiones ante el alcalde la prisión, la noticia de nuestra detención se hizo conocida por la publicación de un diario de Jujuy, entonces desde varios lugares se interesaron por nosotros, por Hugo Blanco vinieron desde el Embajada de Suecia, por mi desde la cubana como dije, entonces vinieron desde el Consulado Peruano a extendernos el pasaporte, que en mi caso me lo retuvieron en
México cuando pedí asilo, yo fui de Buenos Aires a México, fuimos tres, Humberto Damonte, Díaz Chávez y yo. Hugo Banco estaba casado con una sueca y pidió asilo en Suecia. Los que salieron para Europa salieron antes, como Napurí y Diez Canseco, yo salí después, los almirantes que pidieron asilo salieron en libertad antes que todos, ellos lo aceptaron ni bien se lo ofrecieron en Jujuy, y a los dos de Arequipa los trasladaron a algún lugar del interior del país. Yo al igual que algunos de mis compañeros era candidato constituyente por el partido socialista, yo no fui electo en ese momento. Cuando llego a México me conceden el asilo y estoy allí hasta fin de año, primero estuvimos en un hotel y luego cada uno fue a casa de amigos, de quien nos pudiera recibir. En enero del año siguiente vuelvo a Perú, chequearon en migraciones si yo podía estar, se fijan si estaba requisitoriado, es decir, si tenía alguna orden de captura. La persecución durante la época de Morales Bermúdez fue terrible y para los que habíamos simpatizado con la reforma agraria de Velazco fue peor. La confederación estaba disuelta y me dediqué a un negocio de pesca, fue un año que mi familia vivió de la colaboración de los
amigos, el dueño de la casa que alquilaba no cobró el alquiler durante todo el tiempo que yo estuve detenido y fuera del país”. De igual forma, indicó que tampoco puede reconocer alguna de las personas que durante su privación tuvo contacto. Dijo que las personas no se identificaron ni con nombre ni jerarquía, solo indicaron que eran funcionarios de Cancillería, Jefatura del Ejército y del Ministerio del Interior. Al serle exhibido el legajo de fotografías del Regimiento de Montaña 20 (reservado en el tribunal), dijo que estuvo en Jujuy, pero que no puede reconocer puntualmente ninguna de las fotografías, e indicó que estuvo en el aeropuerto donde fueron llevados directamente al regimiento, y que sabe que estuvo allí porque así les fue informado y que
en el regimiento fueron alojados en la enfermería. En cuanto al pasaporte que les fue entregado y al exhibírsele el pasaporte reservado en autos respecto de Ricardo Napuri, indicó que era similar. Al serle exhibido el legajo de fotografías del personal del Regimiento 20, reconoció a la persona que aparece como número 42 bis, quién sería el que los recibió en el aeropuerto del Cadillal, y dio el detalle que cree que fue el odontólogo porque a Letts lo trataron por una muela. Finalizó su declaración señalando que “para que esto ocurriera tuvo que haber un acuerdo entre el gobierno de Morales Bermúdez y Videla, de otra forma no hubiera sido posible” (fs. 177/179). c) Humberto Damonte Larrain, al momento de los hechos era presidente del Comité Directivo de la revista Marka, presentó un escrito en el que comenzó su relato con el contexto político que atravesaba en mayo de 1978 el Perú, donde la dictadura militar presidida por el General del Ejército Francisco Morales Bermúdez, según su relato adoptaba medidas equivocadas y prepotentes, económica y socialmente erradas, lo que llevaron acrecentar la crisis y movilizaciones y protestas populares, lo que culminó con un acuerdo de un Paro Nacional Unitario para el día 22 y 23 de mayo, reaccionando el gobierno el día 20
declarando emergencia todo el territorio nacional, suspendiendo en consecuencia las garantías constitucionales, prohibiendo todas las publicaciones no diarias, así como los espacios periodísticos radiales y de televisión concedidos a los partidos políticos participantes en el proceso electoral. Dijo que el 24 de mayo fue detenido y apresado por la policía en la calle Moquegua del centro de Lima, y que fue conducido en las instalaciones policiales de la Av. España y quedó preso junto a decenas de personas y donde reconoció a Hugo Blanco, José Luís Alvarado, Javier Diez Canseco, Ricardo Letts, Ricardo Napurí y Genaro Ledesma y Alfonso Baella, fueron trasladados a la base de la Fuerza Aérea en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez conocido como Grupo Aéreo nro.
8. Que, también fueron conducidos prisioneros a la base aérea los Vicealmirantes de la Marina peruana, José Larco y Guillermo Faura Gaig, ex ministros del gobierno de Velasco Alvarado. Se enteraron que iban a ser deportados a Argentina, que aterrizaron en Arequipa en la base aérea donde subieron a dos nuevos prisioneros Justiniano Apaza Ordoñez Secretario General de la Federación de Choferes del Sur y Valentín Pacho, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Arequipa. Que, fueron entregados por la policía peruana al ejército argentino, sin pasaportes, con la ropa puesta, sin dinero. Del aeropuerto fueron conducidos a un cuartel militar situado en las afueras de Jujuy, donde fueron alojados en la enfermería a los civiles y en el casino de oficiales a los dos marinos. Expresó: “Durante nuestra permanencia en el cuartel militar de Jujuy cada uno de nosotros firmó un documento donde constaban nuestros datos personales, nombre y apellido, estado civil, profesión u ocupación (…) Además se los pidió que hiciéramos constar la razón por la cual creíamos que el gobierno peruano nos había deportado y si deseábamos permanecer en Argentina o preferíamos dirigirnos a otro país. En lo personal yo indiqué que prefería regresar inmediatamente al
Perú, que no tenía ningún temor en hacerlo y que, de no ser posible ese deseo podía quedarme en Argentina siempre y cuando fuera en la ciudad de Buenos Aires. El 29 de mayo llegó a Jujuy desde Buenos Aires una comisión de funcionarios del gobierno argentino conformada por el Secretario del Ministerio del Interior, el Viceministro de Relaciones Exteriores y un señor del Departamento de Migraciones, quienes procedieron a tomar nuestras huellas dactilares y demás datos de identidad, nos volvieron a interrogar sobre las razones de nuestra deportación, nuestras ideas políticas y nuestros deseos de quedarnos o salir de Argentina”. Manifestó: “… funcionarios de la policía de Jujuy quisieron
que aceptáramos asilo político en esa ciudad, algo que no habíamos pedido y no lo aceptamos. El sábado 3 de junio, luego de que la policía insistiera en que firmáramos una renuncia a un asilo en Jujuy que nunca habíamos pedido, fuimos llevados los seis prisioneros al aeropuerto y embarcados en un avión de la policía con destino a Buenos Aires. En esta ciudad fuimos recluidos en los calabozos de la policía argentina en la calle Moreno. Allí encontramos a Hugo Blanco y a Ricardo Díaz Chávez.”. Continuo diciendo en relación con el pasaporte que: “La embajada peruano nos entregó pasaportes. La embajada de México nos dio visa a todos los que se lo solicitamos y las autoridades argentinas nos permitieron llamar por teléfono para obtener pasajes para otro país que no fuera el Perú. Cada cual hizo gestiones para obtener los pasajes aéreos sin poder llamar al Perú dado que no había convenio con Argentina para ese efecto. En los días siguientes Hugo Blanco salió para Suecia, Napurí, Ledesma, Letts y Diez Canseco para Francia y los últimos en poder salir fuimos, Ricardo Chávez, José Alvarado y Damonte Larraín”. En lo que respecta a los funcionarios que los entrevistaron en Jujuy, dijo que no los podría reconocer.
Dio detalles en el lugar donde fue mantenido detenido en la dependencia policial de la calle Moreno 1417 de la Policía Federal Argentina, en el cuarto o quinto piso, que estuvieron alojados en celdas individuales pequeñas, sin baño, sin ventilación, mala alimentación. Señaló que “…la celda donde se encontraba era una zona bastante aislada . Eventualmente escuchaba voces y a veces gritos de dolor, (…..)También cerca había una habitación, sin celdas, con presos con ciertos privilegios, y por lo que puedo hablar con ellos estaban detenidos ahí aparentemente por delitos económicos”. Relacionado con el otorgamiento del pasaporte, indicó que se lo entregaron en el recinto donde estaba detenido en la policía de Buenos Aires, y que a foto se la tomaron en Jujuy.
En cuanto a la fecha en que salió del país, señaló que del registro migratorio estampado en el pasaporte surge que fue en fecha 12 de Junio y que lo hizo junto con Ricardo Díaz Chávez y José Luís Alvarado con destino a México, y que los pasajes los pagó el Instituto Cubano del Libro a raíz de los contactos comerciales que mantenía con el organismo cubano. Por último, y al exhibírsele las fotografías del Regimiento de Montaña 20 de Jujuy, reconoció la fotografía identificada como nro 7 “enfermería” como el lugar donde estuvo alojado 180/184 y 185/7). d) Ángel Hugo Blanco Galdos, declaró: “Yo estuve exiliado de Perú muchos años, retorné una vez y al poco tiempo volví a exiliarme, luego como se produjo acá un paro general que sacudió el ambiente, el presidente llamó a asamblea constituyente, mis compañeros me pusieron en la lista de candidatos, por eso pude regresar en 1978. Había un espacio gratuito de propaganda electoral en la televisión y antes de que me tocara hablar, se había producido un “paquetazo” un alza notoria en los precios de los productos de primera necesidad, eso estremeció al pueblo y la confederación de trabajadores de Perú convocó a un paro de 48 hs., luego me tocó ir a la televisión en el espacio de publicidad electoral, yo estaba deprimido por la situación (fs.
del país, yo dije que el pueblo había sufrido un gran golpe que fue el paquetazo, planté cual era la solución, que todos debíamos luchar juntos, y la confederación de trabajadores de Perú convoca para el paro, digo que todos tenemos que estar ahí, a eso convoqué al pueblo, yo me voy a mi casa luego de este programa, y antes de que pasaran 5 hs., la policía rodeó mi casa y me capturó y me condujo a la estación de policía. No recuerdo cuantos días estuve allí, trajeron a muchos compañeros de izquierda, de distintos partidos, como Napurí, Diez Canseco, Ledesma y otros, después nos llevaron a lo que se llama el grupo 8, el aeropuerto militar de Perú, también llevaron a dos almirantes ex ministros del gobierno de Velazco Alvarado, allí nos enteramos que nos llevaban a Argentina, nos choca esto porque sabíamos de la
situación de Argentina con la dictadura militar, nos resistimos, por eso nos arrestaron al avión militar y nos esposaron a los asientos del avión. Luego de ello, hicimos una escala en Arequipa para recoger a dos compañeros más, Apaza y Pacho, luego el avión aterriza en Jujuy, un oficial argentino nos gritó “ustedes son prisioneros de guerra”, nos llevaron al cuartel y nos alojaron en una habitación a todos juntos. Luego de transcurridos unos días, nos dijeron que quedábamos libres, yo me resistí salir, que si me querían matar que lo hicieran en prisión, yo dije que tenía asilo en Suecia, que no quería estar en Argentina por la dictadura. A los almirantes y al periodista Baella Tuesta y a mí, nos mandaron a Buenos Aires en una avioneta, yo no volví a ver a ninguno de los que trasladaron conmigo, a mi me llevaron a los calabozos de policía, yo ya los conocía porque había estado preso allí antes, era un lugar como el que aquí conocemos como de la policía secreta. Yo había estado allí por el año 1971/72, a los pocos días de estar allí llegaron los compañeros que habían quedado en Jujuy, estuvimos todos juntos, hasta que al final vino el embajador peruano, me dio un pasaporte y salí para Suecia, no recuerdo en que fecha fue eso, sí fue antes de que se realizaran las elecciones en Perú y durante el
mundial de fútbol de Argentina, yo no estuve en las elecciones, en ese momento estaba exiliado en Suecia”. Al serle preguntado si existió algún documento oficial que dispusiera el traslado y/o expulsión y/o deportación de la totalidad de los ciudadanos peruanos que llegaron al país en la forma que relata, respondió que lo desconocía. En cuanto a su estadía en el Regimiento de Montaña 20 de Jujuy, indicó que “nos trataron bien dentro de todo”. Que fueron alojados en la dependencia policía en Buenos Aires, respondió: “era un pasadizo donde había celdas, esta vez cuando ya estaba con mis compañeros podía salir de la celda, antes de que ellos llegaran no recuerdo si estuve en una celda solo”.
Al serle preguntado para que precise en que circunstancias se le otorgó el pasaporte a su nombre con el cual salió de Argentina, respondió: “no recuerdo si fue el cónsul o el embajador a la prisión a hacernos el trámite, mi nombre estaba solo como “Hugo”, yo le digo que era “Ángel Hugo” y esta persona lo arregla en el pasaporte, ese pasaporte ya no lo tengo, antes cuando uno pedía uno nuevo o lo renovaba, aquí se quedaban con el anterior”. Agregó que al momento de regresar al Perú asumió el cargo de diputado constituyente, porque ganó en la convención constituyente, pero como en Perú no lo dejaban volver, inició una gira por España, y toda Europa denunciando eso, y como eso ocasionaba desprestigio para el país, lo dejaron volver. Al exhibírsele el legajo de fotografías del Regimiento de Montaña 20 para que reconozca el lugar, respondió: “solo recuerdo el interior de ese lugar, parecía una residencia de oficiales, una sola vez nos dejaron salir a un espacio abierto”. De igual forma, al exhibírsele un legajo de fotografías de militares del Regimiento Nro.20, no reconoció a nadie. Por último, señaló “….que fue correcto que hiciéramos resistencia física antes de ser metidos al avión en Perú porque ese escándalo hizo que se conociera la noticia y se conociera en Perú
nuestra situación, y también que fue una suerte que un periodista tomara una foto del avión en Jujuy y así se conoció nuestra situación, trascendió nuestra detención” (fs.188/190). e) Genaro Alfonso Ledesma Izquieta, declaró “Como profesional del derecho, especialidad laboral, estoy en permanente contacto con los sindicatos mineros. En 1976 juntamente con Ricardo Napurí nos constituimos en el asiento minero de Marcona, de propiedad de la empresa norteamericana Marcona Mining, que producía cobre de alta calidad, pero que no permitía que en dicho asiento minero funcione un sindicato, entonces Napurí y yo, que ya éramos candidatos a la asamblea constituyente de 1978, nos constituimos al centro minero
mencionado y procedimos a llevar a cabo la asamblea general de trabajadores para formar el sindicato de obreros mineros, eso lo hacíamos a la medianoche porque la compañía no nos permitía entrar a hablar con los mineros, lo hacíamos a escondidas de la compañía, y nosotros en cierto modo como éramos candidatos intentamos que formaran el sindicato, hicimos la asamblea, se formó el sindicato y volvimos a Lima. Mas o menos cuando eran las 6 de las tarde, cada uno se volvió a su casa y me encuentro que en la puerta de mi vivienda me esperaba un grupo de policías, que de inmediato me llevaron a una prisión preventiva de la Av. España, donde funcionaba la Prefectura de Lima, el cuarto piso estaba habilitado para las detenciones, a poco rato veo que hacen ingresar también a Napurí y a otros, candidatos y dirigentes sindicales, y así pasamos esa noche y el día siguiente en ese lugar, aumentaba el número de detenidos y cuando eran las 7 de la noche, entraron varios policías a la cuadra donde estábamos, llamaron a 13 personas entre los que estaba yo, Napurí y otros más, y nos bajaron al primer piso para tomar un bus que nos llevó al grupo aéreo nro.8, aledaño al aeropuerto internacional Jorge Chávez, el bus que nos tuvo detenidos entró hasta la pista de aterrizaje, allí encontré a dos almirantes de la marina peruana, que tenían también la calidad de detenidos, y que
conforme a su reglamento los detenidos de alta graduación podían ir con su uniforme de gala. Yo me conocía con ellos, el más extrovertido me dice “que bien, el gobierno nos premia con un viaje a Buenos Aires para ver el campeonato del mundial de fútbol de 1978”, al escuchar al almirante Faura, empezaron a protestar Napurí y Ricardo Letts, que no aceptaban ir porque Letts estaba amenazado por la Triple A, no queríamos a ir a Argentina porque conocíamos del régimen dictatorial de Videla. Como a las 2 de la madrugada llega al grupo aéreo gran cantidad de policías con cadenas, y comenzaron a subirnos a un tremendo Hércules, a la fuerza, el primero que subió fue Letts que gritaba y lo subieron como 8 policías, luego lo subieron a Napurí, que también
hacía esfuerzo por resistirse, y así los trece seleccionados fuimos subidos al Hércules y cada uno de los presos fuimos amarrados por las cadenas al asiento del avión”. Continuó diciendo que el avión había aterrizado en Arequipa y lo hicieron subir a dos dirigentes sindicales, uno era Valentín Pacho, secretario general de la CGT, y otro dirigente de los choferes. Dijo, el avión aterrizó en el aeropuerto de Jujuy y que los policías peruanos procedieron a quitarles las cadenas, y en el extremo del aeropuerto había un grupo de militares que eran del Regimiento de Montaña, era un grupo antiterrorista. Manifestó: “Los policías peruanos nos entregaron al jefe, una persona alta y robusta, y firmaron el cargo de habernos recibido, los peruanos volvieron a la nave y regresaron a Perú. El jefe de los militares argentinos nos recibió con mucha dureza diciéndonos “el Ejército Argentino los recibe en calidad de prisioneros de guerra”, son palabras textuales, yo le repliqué “El Perú no está en guerra con Argentina, por lo tanto no podemos ser prisioneros de guerra” y con toda severidad el comandante me dijo “Silencio, y suban a los camiones”. Agregó que habían dos camiones del ejército argentino, en cuya parte delantera había soldados con metralletas y en la parte posterior también, y que habían camiones con soldados armados con
metralletas en camiones aledaños que apuntaban hacia el camión donde ellos se encontraban. Siguió diciendo “ empezó la marcha hacia el cuartel de montaña de Jujuy, atravesando la ciudad de Jujuy en un espectáculo impresionante, marchábamos nosotros en el camión y a nuestro lado iban los soldados argentinos listos a disparar su metralleta, luego cuando terminó de cruzar la ciudad, ingresamos hacia un patio al fondo del cuartel, ahí nos dijo el comandante que íbamos a permanecer todo el tiempo que fuera necesario, y nos dijeron que por ahí cerca había unos dormitorios de los soldados, nos habilitaron para estar cuatro en cada uno y que nos iban a dar el rancho del ejército como en efecto así ocurrió, pero separados los trece peruanos del resto de la tropa. Luego
comenzaron a tomarnos declaraciones, uno por uno, terminada esa etapa que duró casi una semana, eran interrogatorios muy largos, en razón de que la acusación que por la que habíamos sido deportados era muy larga, cargos infinitos, terminada la interrogación, otro jefe militar nos dijo hasta aquí llega la intervención del ejército, ahora pasan a estar en manos de la Policía Federal. Así ocurrió efectivamente, y la PFA nos trasladó vía aérea a Buenos Aires, llegando allí a dependencias de la PFA nos subieron al piso 11, y nos introdujeron a celdas individuales desocupadas, pero que demostraban que habían sido ocupadas por personas que estuvieron en la antesala de la muerte, porque en las paredes de las celdas había expresiones de angustia, tales como “ayúdame Dios mío” “soy inocente” “reclamo por mis hijos menores”, llamándome la atención que no existiera ninguna frase altisonante, por ejemplo “viva el comunismo” “viva la revolución “ “vivan los montoneros”, más bien eran frases de despedida, luego se apagaron las luces y quedamos en tinieblas, previamente nos despojaron de reloj, lapiceros, cordones de los zapatos, cinturón. Fue un tiempo en el que no sabíamos que hora y día eran, hasta que de nuevo se prendieron las luces y nos hicieron salir a un pequeño patio para que tomáramos alimento, hemos salido con gran desesperación para comer porque estuvimos días sin comer, nos
pusieron unas ollas con tallarines helados, imposibles de comer, dejamos las ollas y volvimos a las celdas con sensación de hambre, nuevamente se apagaron las luces y quedamos en tinieblas. Poco tiempo después volvió la misma ceremonia de almuerzo, no pudimos ingerir nada porque era algo imposible de comer, los fideos se habían ya malogrado, por suerte la mamá de Napurí, que es argentina, anoticiada de la situación, pudo llevar a su hijo un poco de pan y con ese pan paliamos el hambre. Luego se presentó un funcionario de la embajada peruana y argentina que sabían que estábamos en Bs.As., llevándonos algo para comer, luego se volvieron a repetir las declaraciones, pero ya se puso en marcha la solidaridad internacional, que proviene de un hecho insólito,
cuando el avión Hércules aterriza en Jujuy, un periodista le toma foto, era lago insólito, y al día siguiente sale en lo diarios que un raro avión peruano está en Jujuy, y ahí empezó la preocupación política. Nuestros familiares avisaron a las delegaciones de derechos humanos, desde París hubo un emplazamiento al gobierno argentino para que nos dejen en libertad, a lo que el gobierno argentino se negó, y ante la insistencia de Paris, el gobierno de Videla aceptó ponernos en libertad con la condición de que Francia compre nuestros pasajes, esa condición fue aceptada, los pasajes fueron comprados por la comisión de derechos humanos en París en Air France, el gobierno argentino demoró nuestra libertad y al final llegó la orden de que el gobierno nos bote, nos arroje de la Argentina, fuimos sacados a eso de las 6 de la mañana y llevados al aeropuerto de Ezeiza, a un rincón para parecer desapercibidos, cerca de las cinco de la tarde nos llevaron a una nave de Air France que estaba por salir a Paris, nos formaron en fila de uno y cada uno de los presos que salíamos rescatados, nos subieron a la nave y entre improperios feroces nos arrojaron dentro de la nave, esto alarmo al capitán de la nave que miraba atónito lo que pasaba y dijo en francés, que entendimos, que los miliares argentinos eran muy torpes, y para demostrar la hospitalidad de Francia, que estábamos en territorio francés, llamo a la azafata y pidió champagne para nosotros.
Son ironías imborrables, no teníamos para comer en Argentina y nos estaban dando champagne francés, nos parecía algo increíble. Al salir a Francia, nos salvamos del lanzamiento que Morales Bermúdez y Jorge Rafael Videla habían acordado, que era el lanzamiento de una persona al mar desde un avión en vuelo, por lo cual no quedaba resto alguno, ese sistema debía aplicarse con nosotros, lo que aprovechó Videla de aceptarnos como prisioneros de guerra con la condición de que Perú le permita el triunfo de Argentina en el campeonato mundial de fútbol, porque esto tenía importancia para Videla, necesitaban ese triunfo para limpiar la mala imagen de Argentina en el mundo.
En mi caso se me atribuyó ser un fomentador de huelgas mineras, esas huelgas producen el 50% de las divisas, entonces el gobierno de Morales Bermúdez se quejaba que había déficit fiscal a causa de las huelgas, pero las huelgas no eran por caprichos ni de los obreros ni de mi persona. En la época de Velazco se había creado la comunidad minera y había otro tipo de distribución de las regalías, Morales Bermúdez anula ese sistema y ahí empiezan los problemas. Yo era un perseguido en Perú a causa de mi asesoramiento jurídico a los sindicatos de obreros mineros, la protesta venía a causa de los actos de Morales Bermúdez. Llegamos a Paris, fuimos recibidos en el aeropuerto por compañeros y deportados que estaban allí, chilenos, argentinos, uruguayos, de gente que estaba en la misma situación que nosotros, la comisión de derechos humanos de la ONU nos ayudó junto con ellos a sobrevivir. Ante la brutalidad de la detención en Perú y el peligro de perder la vida en Argentina decidí en París buscar trabajo, para lo cual se necesitaba aprender francés, la comisión de derechos humanos de la ONU había habilitado academias gratuitas que generosamente nos enseñaban el francés, en el mes de Julio de 1978al dirigirme a la
academia, leí en un kiosco de periódicos en el diario L’Monde, que se realizaron las elecciones en Perú para la asamblea constituyente, señalando que el partido Aprista había ganado la presidencia y mayoría de escaños, luego lo que significaba una novedad, mi agrupación política llamada “Frente Obrero campesino Estudiantil del Perú” se había convertido en la primera fuerza de la izquierda al haber obtenido 14 diputaciones, y entre los elegidos estaba yo, me eligieron en ausencia. En estas condiciones, tuve que regresar al Perú, ya en uso de mi investidura legislativa y con todos los honores del caso, hice vuelo de París a Lima, siendo recibido en el aeropuerto internacional con una enorme multitud premiando así mi elección parlamentaria a pesar de la deportación y de la torpeza con la que habíamos sido tratados, me
incorporé al congreso hasta concluir relatar la constitución de 1979 y posteriormente participando de las elecciones generales de 1980, en que fui elegido Senador de la República, a partir de allí no he tenido ya mayores problemas con los gobiernos subsiguientes”. Al serle preguntado si recordaba quienes fueron los que los sometieron a los interrogatorios que mencionó, respondió: “fue en Jujuy y eran militares uniformados los que nos interrogaron, no se presentaban formalmente, y otra vez ya fue en la policía en Buenos Aires, y en las mismas condiciones”; señaló que en el momento de sus declaraciones vio que tenían su historia, sus antecedentes, como legajos personales. En lo que respecta al tema del pasaporte a su nombre indicó que “el pasaporte se extendió en Buenos Aires, la embajada peruana tuvo que darnos un pasaporte a cada uno y para eso ellos fueron hacia donde nosotros estábamos detenidos”. Al exhibírsele el pasaporte de Napurí, indicó que era similar al que le entregaron. De igual forma, al exhibirle el legajo de fotografías correspondiente al Regimiento de Montaña 20, reconoció la fotografía que reza “Entrada Unidad Av. Caídos por la Patria”, “edificio Nro. 2 Alojamiento de Tropa”, la que dice “Alojamiento Nro.3 de Tropa”, Edificio Nro13 Comedor de Tropa.
Al serle exhibido el legajo de fotografías de militares correspondiente al Regimiento de Montaña 20, respondió: “tal vez podría ser el de la fotografía nro.2 uno de los que vimos allí, la nro. 8 también podría ser y la nro.9 también, posiblemente haya visto al nro.31, el Nº.48 podría ser uno de los que nos tomó declaración; tal vez la nro.68 también, la nro. 90 también puede ser como uno de los que vi, la nro. 94 también, la nro.102 también puede ser, la nro.107, posiblemente el nro.111” (fs. 191/203, 234/399). Por último, expresó “que en defensa de los derechos humanos y de la persona humana y ante los delitos perpetrados por Francisco Morales Bermúdez, solicito honorable Poder Judicial de Argentina, que dicten orden de arresto contra Francisco Morales
Bermúdez…” (fs.198/203). f) Raúl Alfredo Wiener Fresco, declaró como testigo propuesto por la querella. En tal sentido y sobre los hechos investigados declaró: “mi profesión es periodista e investigador, conozco a Ricardo Napurí desde 1974 en forma personal, antes lo conocía como dirigente político, también conozco a la mayoría de los que fueron deportados, con excepción de los dos almirantes. Yo tenía una militancia política con Ricardo Napurí, pero en el año 1978 ya no militábamos juntos, en mayo de 1978 hubo un paro nacional en el país y fue el segundo luego de uno que se produjo en Julio de 1977, este último paro produjo a las pocas semanas de su ejecución, el levantamiento del estado de emergencia y toque de queda que en Perú llevaba un año, y también el llamado a una asamblea constituyente. El paro de Mayo de 1978 duró 48 hs. y fue más intenso aún que el anterior aunque con menos impacto político. La detención y posterior expulsión del país de estas trece personas fue una respuesta al paro nacional, todos eran personas con actividad pública, ninguno vinculado a actividad subversiva alguna, y
varios eran candidatos a la asamblea constituyente, entre ellos Ricardo Napurí. Yo me entero de estos hechos porque la familia de uno de los deportados, de Ricardo Letts, me lo comunica en un momento en que no sabíamos que había pasado con ellos, es recién cuando hay una noticia del exterior que nos enteramos que estaban en Argentina, y bajo riesgo porque estaban en una dependencia militar y que la detención era de naturaleza militar. En ese momento no había ningún medio de comunicación en Perú como para hacer una denuncia porque la revista de izquierda de esa época, la revista Marka, fue clausurada en la fecha de la detención, Letts y Damonte eran sus directores, e incluso también se cerró el
periódico “El tiempo” cuyo director, Alfonso Abella Tuesta también fue deportado. Lo que hubo a continuación fueron pronunciamientos de sindicatos, de organizaciones políticas, respecto de quienes estaban en Argentina en una situación equivalente a un secuestro, y luego por la presión internacional y en las vísperas del campeonato mundial de fútbol se los expulsa de la Argentina, y varios de ellos luego regresan como constituyentes por haber sido electos, entre ellos Diez Canseco, Ledesma, Blanco y Napurí. Yo lo que tengo para decir es poco. En este caso también estuvo involucrado el Señor Cesar Lévano que no fue deportado porque estaba enfermo, hicieron una huelga de hambre y eso provocó que no lo deportaran, la resistencia a la deportación fue muy fuerte y los sacaron en vilo y encadenados a los asientos del avión, y durante el viaje no les permitieron ni hacer sus necesidades fisiológicas, por eso ellos temían por sus vidas. He participado de eventos donde estuvieron Blanco, Diez Canseco y Ledesma donde denunciaron este hecho, este hecho es de cuando la jueza italiana abrió un proceso contra Morales Bermúdez, ellos ahí denunciaron su secuestro como parte del plan cóndor, que aquí en Perú se entiendo que tuvo tres momentos, secuestro desaparición y
asesinato de un ciudadano argentino Maguid en 1977, el secuestro de los trece peruanos que aparentemente iban a ser parte de un intercambio de prisioneros que llevarían de aquí a Argentina y desde allí hacia Perú, y finalmente lo que ocurre en 180 cuando se captura a militantes montoneros en Perú y se les tortura y luego aparece muerta la Sra. Molfino muerta en Madrid, Molfino habría dado hospedaje aquí en Perú a militantes montoneros. Para concluir quisiera decir que este es un proceso que requiere ser estudiado de esta manera, en Perú hubo un proceso militar entre 1968 a 1975 que era bastante distinto en su forma y orientación con respecto a las llamadas dictaduras del cono sur, y este gobierno militar entendía que la forma de afrontar la paz social era haciendo un
conjunto de reformas”. Expresó que en el año 1975, se produjo el relevo del Gral. Velazco por el Gral. Morales Bermúdez, aparentemente por razones de salud del primero y en una suerte de continuidad del régimen por Morales Bermúdez, pero que no fue así porque se rompió la continuidad del proceso anterior y se iba cambiando la correlación política dentro del régimen en particular desde Julio de 1976 en que se debían adoptar medidas económicas muy duras y se produjo una convulsión social y conspiración de velazquistas que fueron enfrentadas con el estado de emergencia, persecución, que le costó la vida a muchas personas. Dijo que “había dos ex ministros deportados que eran los más hostiles a Velázquez y José Luís Alvarado que era un dirigente gremial que luego fue como activista político asociado al gobierno de Velazco, lo que se producía en Mayo de 1978 era la consumación del cambio político y un cambio en el sistema de alianzas internacionales, y eso va a tener implicancias importantes para el Perú cuando aquí se inicia una etapa de violencia” (fs 204/6). g) Edmundo Dante Levano La Rosa –periodista-, declaró “En Mayo de 1978 hubo una redada de personajes de la izquierda peruana, así como de periodistas vinculados a la izquierda, de diversos
matices, yo fui uno de los presos, yo era periodista y dirigía un semanario, y cuando se produce esta redada yo padecía de unos cálculos renales muy dolorosos (…..) me iban a operar. Esto fue un viernes y el sábado a la madrugada viene la policía y me llevan preso. Yo les hice notar mi estado de salud (….) pero me llevaron igual. Me llevaron a la Prefectura de Lima allí había entre 30 o 40 detenidos políticos, gente de izquierda muy notoria (…..) entre ellos una persona destacada como Ricardo Napurí que tenía entonces militancia troskista”. Que, sus problemas hicieron que sus compañeros debido a su delicada situación, hicieron una huelga de hambre, lo que motivo que lo condujeran directamente al hospital y que esa actitud solidaria de sus amigos hizo que salvara su vida. Señaló “El hecho de que los presos
fueran peruanos, que no habían cometido delito alguno en Argentina y en algunos casos, como el mío tampoco conocían Argentina, no había justificación para que los mandaran allí, salvo el hecho de un convenio entre los gobiernos del Gral. Morales Bermúdez y el Gral. Videla, no hay justificación jurídica ni política para mandarlos a Jujuy” . Por último señaló “….no existían organizaciones de derechos humanos en Perú en aquella época, la actuación de esos organismos aquí es mucho más reciente y se remonta a la época del gobierno de Fujimori. Si bien las personas eran detenidas por motivos políticos durante el gobierno de Morales Bermúdez, uno sabía donde estaban, no desaparecían como ocurría en Argentina, además la justicia estaba muy sometida en la dictadura así que era en vano hacer denuncia alguna. Las personas que fueron detenidas, justamente era quienes denunciaban las situaciones que ocurrían en las dictaduras de Chile, Argentina, y detenerlas era una forma de neutralizarlas, y justamente por eso, cuando nos enteramos que íbamos a Argentina sabíamos que nuestra vida corría serio peligro” (fs. 207/9). h) Edmundo Cruz, dijo que investigó el secuestro en Lima de montoneros ocurridos entre el 12 y 13 de junio de 1980, que había sido
parte de una operación coordinada entre los gobiernos de Perú y Argentina. En el año 1998 se interesó en investigar el secuestro a raíz de las investigaciones que estaba llevando adelante el Juez Baltasar Garzón en España por delitos de lesa humanidad que se había cometido en Argentina durante la dictadura militar. Manifestó: “Me aboque a reconstruir estos hechos en base a dos fuentes, la información periodística de esa época y los actores civiles y militares peruano… Estas personas integrantes de montoneros había participado en el equipo combinado de agentes argentinos y peruanos que llevaron a cabo el secuestro (…) las autoridades peruanas revelan la existencia de un documento emitido por la Migración de Desaguadero
dependiente del Ministerio del Interior de Bolivia, que bajo el rótulo de constancia de extrañamiento, documenta la entrega de dichas personas por parte de las autoridades peruanas a las bolivianas, la cual se encuentra fechada el 17 de junio de 1980 y cuya copia aporta en este acto”. Indicó que esa constancia es un documento que esta mencionada en el comunicado publicado el día 20 de junio de 1980 en los periódicos “El Comercio” y “El expreso” y que fue reconocido por las autoridades peruanas. Expreso que el documento habla de cuatro personas que fueron secuestradas en Lima (fs. 220/221). i) Ricardo Letts Colmenares, adjuntó un testimonio por escrito que reza “El escenario general, los hechos, las responsabilidades penales”, donde explica el escenario general que se daba en Perú en el año 1975 en adelante, cómo fue secuestrado junto a Napurí, Diez Canseco, Ledesma Izquieta, entre otros, su alojamiento en el RIM 20 de Jujuy y en dependencias de la PFA en la calle Moreno, hasta que fue deportado de Argentina –fs.223/227-; asimismo, adjuntó las cartas dirigidas al Cuartel del Regimiento de Montaña Nº 20 San Salvador de Jujuy fechado el 2 de junio de 1978; una nota dirigida al Señor Jefe de la
División Migraciones, Inspector Mayor Taboada; y también acompañó un relato día a día entre el 1 y 6 de Junio de 1978, de todo lo que acontecía durante la detención padecida tanto en el RIM 20 como en dependencias de la Policía Federal Argentina.Todas las constancias acompañadas efectúan un relato de lo que aconteció durante el tiempo que permaneció detenido en la República Argentina hasta su salida del país.J) Marcelo Ricardo Roitbag, funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones, compareció a brindar explicaciones en función de las constancias que surgían del expediente nro.110.977/78 y de las constancias que resultan de
los pasaporte peruanos reservados en
Secretaría de Ricardo Napurí Schapiro y Humberto Damonte Larraín, en los cuales, a fs. 10 de los mismos, se hace referencia al expediente antes mencionado, cuya nota de fecha 7 de Junio de 1978 es suscripta por el Director Nacional de Migraciones por entonces, Cnel. Retirado Remigio Azcona. En relación a ello, Roitbag señala que en el expediente lo que constan son “habilitaciones de salida del país” de distintas personas, entre las cuales deberían estar las asentadas en los pasaportes de Napurí y Damonte, dado que ese expediente corresponde al día 7 de Junio de 1978; señala que ese tipo de actuaciones en la actualidad se encuentra digitalizada. En relación a la ausencia de la autorización en el expediente mencionado respecto de Napurí y Damonte, y lo asentado en sus respectivos pasaporte, señaló Roitbag que “en ese caso se habrá querido dar viso de regularidad a la salida del país de los nombrados, cuando incluso su ingreso al país habrá sido en forma irregular…..”.V.Análisis de los hechos y pruebas De las constancias reseñadas y detalladas, me encuentro en condiciones de afirmar que el hecho denunciado por la querella, ocurrió bajo las circunstancias narradas.
El devenir de la investigación permite sostener que los ciudadanos peruanos fueron víctimas en mayo de 1978 –mediante la privación ilegítima de su libertad-, del sistema de represión clandestina impartido en el gobierno peruano a cargo de Morales Bermúdez, con el aval y colaboración por parte del gobierno dictatorial Argentino a cargo de Jorge Rafael Videla, ello en el marco del denominado Plan Cóndor. Resultan fundamentales los testimonios brindados por las víctimas, en el que son coincidentes en la forma en que fueron maltratados y trasladados a este país, esposados a los asientos, para desembarcar en el Aeropuerto Civil Militar de El Cadillal de San Salvador de Jujuy, y de esta forma ser entregados a los oficiales del
Ejército bajo el rótulo de “delincuentes subversivos del Perú” e ingresados al Regimiento de Montaña 20. Se ha podido establecer a través de los distintos documentos y notas periodísticas de la época, que a los ciudadanos secuestrados se les exigió que firmaran un documento de pedido de asilo político voluntario, para lo cual de la lectura de las declaraciones surge que se negaron a firmarlo, pero que independientemente a ello, y aparentemente por la presión internacional que parece haber jugado a su favor, les terminaron entregaron pasaportes para culminar con sus expulsiones a distintos destinos, lo cual se encuentra acreditado no sólo con los testimonios sino también con los pasaportes de Napurí Schapiro y Damonte Larraín, y las copias del correspondiente a Letts, amén de las constancias del expediente nro.110.977/78, el cual revela la falsedad ideológica de lo asentado en los pasaportes antes mencionados respecto a la salida del país de los nombrados.Asimismo, dicho extremo no se condice con la resolución Nº 1221, suscripta por en ese entonces Ministro del Interior, Albano Harguindeguy (reservada en secretaría) del que surgiría que solicitaron asilo político los ciudadanos peruanos Faura Caig, Arce Larco y Baella Tuesta, Apaza Ordoñez, Pacho Quispe, Diaz Canseco Cisneros, Damonte Larrain, Ledesma Inquieta, Letts Colmenares y
Napuri Schapiro, al igual que la constancia del 29 de mayo de 1978, en el que surgiría que Ángel Hugo Blanco y Ricardo Díaz Chávez ante el ofrecimiento de asilo político, no lo aceptaron. Por otra lado mediante la nota en fotocopia (reservada en autos) del 8 de junio de 1978 dirigida a la División Control de Permanencia (Asilados políticos), se constataron las salidas del país de los ciudadanos peruanos Ángel Hugo Blanco Galdos y Arce Larco con fecha 24 de junio de 1978, de Apaza Ordóñez y Pacho Quispe el 12 de julio de 1978; de Napuri Schapiro, Diaz Canceco Cisneros, Letts Colmenares y Ledesma Inquieta el 9 de junio de 1978; de Bravo Alvarado y Diaz Chavez el 24 de julio de 1978. De esta manera, si bien los testimonios brindados por las
cuanto afirmaron no haber aceptado ser asilados
políticos y menos aún haber firmado algún documento que rece “Renuncia al asilo político”, las constancias documentales aportadas en autos de las cuales surgirían las renuncias en tal carácter firmadas a nombre de Díaz Canseco, Ledesma Inquieta, Letts Colmenares, Apaza Ordoñez, Pacho Quispe, Napuri, Alvarado Bravo, Damonte Larrain, dan cuenta por lo menos de que los nombrados estuvieron en el país en tiempo que se menciona, más allá de la forma “legal” bajo la cual se haya querido en aquél momento “disfrazar” o dar viso de licitud la estancia en el país de los ciudadanos peruanos deportados. Destáquese como otro elemento de prueba el pasaporte reservado a nombre de Napurí, el que posee un sello de salida de Argentina el 9 de junio de 1978 con llegada a Francia, el 10 de junio y un sello que se lee “… Permanencia prorrogada hasta el día 22 de junio de 1978…expediente nro. 110.977/78 Buenos Aires 7/6/78 firmado por el Cnel. Remigio Azcona Director Nacional de Migraciones” que, confrontado con el expediente remitido y reservado en secretaría, de una lectura total del mismo no obran registros ni a nombre de Napurí ni de los restantes ciudadanos peruanos respecto su estadía y salida del país, lo cual se corrobora con las constancias documentales reservadas en autos (ver
pasaportes de Napurí y Damonte Larraín); ello, a criterio de este Magistrado da cuenta de qué forma se trató de justificar la presencia y salida de los trece peruanos de este país. Otro indicio que prueba el hecho denunciado, es el comunicado oficial del Gobierno del Perú por el cual con fecha 25 de mayo de 1978, ponen en conocimiento a la ciudadanía la decisión de extrañar a las personas allí indicadas. Asimismo, lo concerniente a la situación de “asilados políticos” es desconocido por la Cancillería Argentina, así como el Consulado General del Perú, que al ser requerido por esta judicatura sobre dichos pasaportes expedidos en Buenos Aires, sólo indicaron que los pasaportes de color verde ha quedado en desuso.
De esta forma no quedan dudas que el hecho ocurrió bajo las circunstancias reseñadas por el querellante. Al mismo tiempo, y en el marco de los vejámenes que sufrían los ciudadanos peruanos, la Argentina integraba la Operación Cóndor, conocido como plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia, llevada a cabo en las décadas de 1970 y 1980. Dicha operación se sustentaba en un sistema de inteligencia y de operativos secretos establecidos por los regímenes militares, para coordinar información de inteligencia con el fin de capturar, torturar y ejecutar a opositores políticos por medio de operativos combinados entre los países miembros, y sin perjuicio de que Perú no haya formado parte “formalmente” de este siniestro cónclave, lo cierto es que distintos sucesos como el que aquí se investiga y otros tantos que se mencionarán, dan cuenta que los gobiernos de facto de Argentina y Perú coordinaron operaciones de inteligencia, y permitieron actividades relacionadas con el secuestro y detención ilegítima de distintas personas pertenecientes a fracciones políticas calificadas de “subversivas” para los respectivos regímenes, dentro de sus respectivos territorios, en un franco acuerdo de cooperación.-
En este orden de ideas, y si bien el Plan Cóndor fue básicamente integrado por Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia,la documentación reservada y aportada conformada por las notas periodísticas y copias fotostáticas de documentación militar reservadas en autos permiten demostrar que Perú cooperaba proporcionando información de inteligencia. Los elementos señalados me convencen que Jorge Rafael Videla, Francisco Remigio Morales Bermúdez y Albano Hargindeguy, no fueron ajenos a la detención y privación ilegal de la libertad de las personas indicadas a lo largo de esta resolución; y que el hecho fue cometidos al amparo y mediante la intervención desde ambos Estados, a través de una práctica generalizada basada en rotular
como delincuentes subversivos a las personas cuyas ideas políticas no concordaban con la ideología imperante en la época, constituyendo de esta forma una grave violación a los derechos humanos justamente porque fueron implementados y llevados cabo desde los Estados y por sujetos que respondían a ese poder. Por tales razones considero apropiado ordenar el llamado a prestar declaración indagatoria de Jorge Rafael Videla y Albano Eduardo Harguindeguy en orden a los delitos de lesa humanidad señalados, resguardando sus derechos y garantías. Destáquese que en el caso de Morales Bermúdez, a efectos de ser oído en declaración indagatoria, habré de disponer su detención preventiva la que será solicitada con fines de extradición vía exhorto diplomático, y que será analizada en los puntos siguientes. VI. Delitos de lesa humanidad. En este orden de ideas considero que corresponde entonces señalar que el hecho aquí investigado encuadra entre los que han sido descriptos en el derecho público internacional como “delito de lesa humanidad” dado que nos encontramos frente a la privación
ilegal de la libertad y vejámenes sufridos por los ciudadanos peruanos y por lo tanto atenta contra los derechos humanos, y resulta ser imprescriptible a la luz de las normas legales vigentes. Considero que aquí se reúnen dichos extremos toda vez que las privaciones ilegítimas de la libertad de los ciudadanos peruanos se han hecho bajo el amparo de un gobierno de facto que se manejó con total impunidad e ilegalidad deteniendo y manteniendo cautiva a un sinnúmero de personas, a quienes se los sometió a torturas y vejámenes, por ser opositores al régimen que imperaba para la época, muchos de las cuales han sobrevivido para testimoniarlo. De los hechos descriptos, puede inferirse que los motivos que determinaron el delito investigado se circunscriben a cuestiones de
persecución largo de
ideológicas y políticas, cuestiones éstas que rigieron esta resolución, un sinnúmero de detenciones,
conforme surge de las distintas notas periodísticas señalados a lo desapariciones, torturas, y demás delitos, que se orquestaron a modo de plan sistemático desde el aparato del Estado durante los períodos dictatoriales, y el suceso que nos ocupa ocurrió entre el 24 de Mayo de 1978 y el mes de junio/julio del año 1978 en que los ciudadanos peruanos fueron expulsados del país.Nótese que amén del hecho aquí investigado, fue uno de los tantos ocurridos en la etapa señalada, ya que además del hecho que motiva estas actuaciones, es de público conocimiento el caso de Noemí Esther Giannotti de Mofino, ciudadana argentina perteneciente a la organización Montoneros que fue secuestrada en Perú y trasladada en forma clandestina a España donde apareció asesinada; otro claro caso que da cuenta la participación de Perú en el Plan Cóndor es la desaparición de ciudadanos latinoamericanos de origen italianos durante la dictadura de Morales Bermúdez que habría sido investigado por una jueza de Roma, quién habría solicitado la detención de los generales Francisco Morales Bermúdez y de Pedro Richter Prada- ex ministro, ello, según dan cuenta distintos artículos periodísticos acompañados en autos-.
La República Argentina se comprometió con la protección de los derechos humanos con la suscripción de los siguientes documentos: 1) Carta de las Naciones Unidas del 26/06/1945; 2) Carta de Organización de los Estados Americanos del 30/04/1948; 3) Declaración Universal de Derechos Humanos del 10/12/1948; 4) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 02/05/1948.De los documentos citados deriva la obligación del Estado Argentino de castigar y juzgar los delitos de lesa humanidad derivados del derecho de gentes o ius cogens, que responde a normas consuetudinarias cuyo objeto es la protección de valores aceptados y reconocidos por la comunidad internacional, obligando a
los estados partes suscriptores de dichos acuerdos, a proteger los derechos humanos allí consagrados.A título de ejemplo vale mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos enumera un conjunto de derechos que se reconocen a los individuos, entre lo cuales corresponde citar: Art. 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de .opinión política o de cualquier otra índole.... Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Art. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Art. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenida, preso ni desterrado.La Constitución Nacional consagra la protección del Derecho de Gentes (art. 118), por ende, los documentos antes referidos y todos los tratados que fueran incorporados por la reforma constitucional de 1994 como integrantes de la Carta Magna a través del art. 75 inc.22, entre los que resulta también pertinente resaltar la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.-
Según la Convención sobre la Tortura, se establece la siguiente obligación de los Estados: Los Estados que, Partes de en la presente con Convención, principios CONSIDERANDO conformidad los
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la Justicia y la paz en el mundo. RECONOCIENDO que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana. CONSIDERANDO la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en particular el Art. 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. TENIENDO
EN CUENTA el Art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Art. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, TENIENDO EN CUENTA ASIMISMOS la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975.DESEANDO hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo. HAN CONVENIDO en lo siguiente: Art. 1.- A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de elle o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercito de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los
dolores o sufrimiento que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. Art. 2.- Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o de cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de
una autoridad pública como justificación de la tortura. Asimismo, deviene aplicable la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de Noviembre de 1968, aprobada por la República Argentina según ley 24.584 del 1 de Noviembre de 1995, habiéndose otorgado jerarquía constitucional según Ley 25.778.En su art. 1, la citada convención establece que Alos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.En este orden de ideas, la CSJN ha proporcionado parámetros a seguir en cuanto al Aderecho de gentes o ius cogens, la imprescriptibilidad de la persecución de estos delitos, la aplicación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad@, y la interpretación que cabe darle a esos tratados.La aplicación de dicha convención fue tratada en el fallo de nuestro máximo tribunal en el caso “Arancibia Clavel” Humanidad. sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa
En este orden de ideas, la CSJN señala: “El principio de no retroactividad de la ley penal ha sido relativo, rige cuando la nueva ley es más rigurosa pero no si es más benigna. Así, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad reconoce una conexidad lógica entre imprescriptibilidad y retroactividad (art. I). Ante el conflicto entre el principio de irretroactividad que favorecía al autor del delito contra el ius gentium y el principio de retroactividad aparente de los textos convencionales sobre imprescriptibilidad, debe prevalecer este último, que tutela normas imperativas de ius cogens, esto es, normas de justicia tan evidentes que jamás pudieron oscurecer la conciencia
jurídica de la humanidad” (Voto del Dr. Antonio Boggiano, A.38 XXXVII, Arancibia Clavel, Enrique Lautaro y otros s/ Asociación Ilícita....@causa 1516/93 B, 24/08/04, T327, P.3294).“No se da una aplicación retroactiva de la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, si los hechos por los cuales se condenó al encartado, ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de cometerse, pues en el marco de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, la citada convención ha representado únicamente la cristalización de principios ya vigentes para nuestro Estado Nacional como parte de la Comunidad Internacional” (in re, Arancibia Clavel, Lautaro...).La consagración positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacional permite considerar que existía Bal momento en que se produjeron los hechos investigados- un sistema de protección de derechos que resultaba obligatorio independientemente del consentimiento expreso de las naciones que las vincula y que es conocido como ius cogens. Se trata de la más alta fuente del derecho internacional que se impone a los estados y que prohíbe la comisión de crímenes contra la humanidad incluso en épocas de guerra. No es susceptible de ser
derogada por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribunales internos de los países independientemente de su eventual aceptación expresa. Estas normas del ius cogens se basan en la común concepción en el sentido de que existen conductas que no pueden considerarse aceptables por las naciones civilizadas” (Voto Dr. Juan Carlos Maqueda, in re, Arancibia Clavel, Lautaro). Otro de los lineamientos sentados por la CSJN en este sentido es la afirmación que la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los Estados sino de los principios del ius cogens del derecho internacional, y que en tales condiciones no hay prescripción de los delitos de esa naturaleza (Fallos
318:373). En este mismo orden de ideas, es doctrina de la CSJN que la costumbre internacional y los principios generales del derecho de gentes forman parte del derecho interno argentino (Fallos 43.321, 176:218, entre otros), motivo por el cual los tribunales nacionales deben aplicarlos en casos donde conocen, junto con la Constitución y las leyes (Fallos 7:282). VII. Sobre los hechos que se imputan a Francisco Morales Bermúdez, Jorge Rafael Videla y Albano Eduardo Harguindeguy y su calificación legal. La procedencia de la detención con fines de extradición de Morales Bermúdez Ahora bien, habiéndose circunscripto los hechos y las pruebas y calificados como delitos de “lesa humanidad” los aquí juzgados, corresponde circunscribir su calificación legal y en base a ello, analizar la procedencia de la detención con fines de extradición respecto del ex Presidente del Perú, Francisco Remigio Morales Bermúdez – durante la época reseñada-. En primer lugar corresponde destacar que el principio de justicia universal habilita el juzgamiento de Morales Bermúdez en este país. En tal sentido, me permito señalar que el Superior en casos
análogos y siguiendo los precedentes de la CSJN, ha dicho “….en materia penal tienen carácter subsidiario, o sea, que cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición de que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad…..” ( S. 1767. XXXVIII, c.17.768, “Simón, Julio Héctor y O. s/privación ilegítima de la libertad” del 14/06/05).Conforme las constancias reunidas en autos, considero que se encuentran reunidos los extremos necesarios para estimar con la convicción necesaria y exigida en este estadio del proceso, que Francisco Remigio Morales Bermúdez, en su carácter de funcionario público, presidente de Perú en el período en cuestión, habría participado
de la privación ilegal de la libertad de los trece ciudadanos peruanos Ricardo Cesar Napurí Schapiro, José Luís Alvarado Bravo, Justiniano Aspaza Ordoñez, Alfonso Baella Tuesta, Hugo Blanco Galdos, Humberto Damonte Larrain, Ricardo Diaz Chavez, Javier Diez Canseco Cisneros, Genaro Ledesma Izquieta, Ricardo Letts Colmenares, Valentín Pacho Quispe, José Arce Larco, Guillermo Faura Gay. El delito señalado se habría practicado con omisión de las formalidades prescriptas por la ley y abusando de sus funciones, las cuales tuvieron comienzo de ejecución en territorio peruano –donde se produjeron las detenciones- y se prolongaron en territorio de la República Argentina, con la colaboración y anuencia de las autoridades argentinas, donde los nombrados permanecieron detenidos hasta su expulsión a distintos países en los tiempos y formas ya señalados a lo largo de este decisorio.En este orden de ideas, se procederá a subsumir la actividad desplegada por Morales Bermúdez como incursa en un acuerdo criminal, en carácter de autor y en calidad miembro, que tuvo por objeto la privación ilegal de la libertad personal y torturas, entre otros ilícitos, conformado en este caso con las autoridades argentinas, puntualmente en este caso con Jorge Rafael Videla y Eduardo Albano Harguindeguy, a quienes también se le reprocharán los mismos ilícitos.
Las conductas se hallan previstas en los arts. 210 bis del Código Penal de la Nación, texto según ley 23077, el cual resulta aplicable por ser más benigno que el contemplado en el texto según ley 21.338 vigente al momento de los acontecimientos, en concurso real con el delito previsto y tipificado en el arts. 144 bis inc.1 -Ley 14.616- en función del art. 142 inc. 1° y 5°- y 144 ter, párr. 1 -Ley 14.616- del CP..La ley 26.082, aprobó el tratado de extradición que rige entre la República Argentina y la República del Perú, suscripto el 11 de junio de 2004 y conforme ello, en su artículo I: prevé la obligación de extraditar a las personas que hayan sido imputadas o procesadas o condenadas por las autoridades del Estado requirente con motivo de la comisión de un delito que de lugar a su extradición.
Así, el artículo II, indica que “darán lugar la extradición los delitos punibles con pena máxima privativa de libertad superior a un año o una pena más grave, conforme con la legislación de ambos Estados partes”; punto B prescribe: “el delito se haya cometido parcial o totalmente fuera del territorio del Estado recurrente, siempre y cuando bajo su ordenamiento jurídico, dicho Estado tengo jurisdicción sobre al hecho. Ahora bien, teniendo en cuenta el carácter de los hecho y su calificación legal, por lo cual, el delito reprochado por sus características, metodología y sistematicidad ha adquirido el carácter de delito de lesa humanidad, y consecuentemente su carácter de imprescriptible, por lo que hace necesaria su extradición. En este orden de ideas, el convenio vigente prescribe que “También darán lugar a extradición, conforme el presente Tratado, los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean parte” (conf. Art.31).Uno de los convenios signados por ambos países es el Estatuto de Roma, aprobado el 18 de Julio de 1998, el cual en su Preámbulo, sostiene que.... los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e
intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia......El Estatuto aprobado define los delitos de genocidio, lesa humanidad y los crímenes de guerra (conf. Arts. 6, 7 y 8, respectivamente), el cual se encuentra ratificado tanto por la República Argentina como la República del Perú, y consecuentemente los crímenes allí contemplados integran nuestro orden jurídico interno .Allí se incluye como crimen contra la humanidad la persecución por causas políticas, raciales, religiosas o étnicas junto al asesinato, el exterminio, la tortura y la esclavitud, cuando son cometidos en forma sistemática o a gran escala e instigados o dirigidos por un gobierno o cualquier otra organización o grupo.
En la Argentina, con el golpe de estado efectuado por las juntas militares el 24 de Marzo de 1976, se impuso un régimen de terror que efectuó el secuestro, detención arbitraria, tortura y eliminación, de miles de personas (el informe final de CONADEP acusó 30.000 desaparecidos), todo implementado y ejecutado desde el aparato del Estado bajo la falaz fachada de una lucha contra el terrorismo o subversión, con el único objeto de eliminar cualquier forma de liderazgo o pensamiento contrario a la doctrina oficial que pretendía instaurarse con el denominado Proceso de Reorganización Nacional liderado por las juntas militares.El llamado Terrorismo de Estado imperante, se caracterizó por la inobservancia del principio de legalidad, ya que toda la acción dirigida y orquestada desde el Estado de Facto actuó al margen de tal principio y en procura de sus fines, cometió un sinnúmero de delitos violatorio de los más fundamentales derechos humanos contemplados y protegidos por la comunidad internacional, siendo que los actos de terrorismo, entre ellos, los secuestros y persecuciones con fines políticos ideológicos, los tratos crueles e inhumanos, la reducción a la servidumbre, y tortura física y psicológica, son delitos de lesa humanidad y gozan de protección supranacional.-
El delito de terrorismo, bajo las distintas formas que se exponen (secuestro, tortura, tratos inhumanos o degradantes), es contemplado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos signado en la ciudad de New York, el 19 de Diciembre de 1966, aprobado en la República Argentina según ley 23.313 y goza de jerarquía constitucional (art. 75 inc.22 C.N.), también ratificado por el Perú el 11 de agosto del año 1977, obliga a los Estados Partes a reconocer y proteger todos los derechos inherentes a la dignidad humana.Asimismo, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1984, aprobada
por la República Argentina mediante la ley 23.338 y por la República del Perú que goza de jerarquía constitucional según art. 75 inc.22 C.N., intencionalmente a una persona dolores o establece en su Art. 1.....se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa personas o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.La presente Convención prevé y obliga a los Estados adheridos a proteger contra estos actos y también obliga a la persecución de los autores de dichos actos inhumanos.Esta Convención, ha sido ratificada también por la República del Perú el 29 de mayo de 1985, entrando en vigencia el 6 de agosto de 1988.Por último, deviene mencionar la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por las Naciones Unidad el 26 de Noviembre de
1968, ratificada por la República Argentina el 1 de Noviembre de 1995, con rango constitucional según ley 25.778, en la cual se establece que los Estados Partes.....se obligan a adoptar todas las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de hacer posible la extradición, de conformidad con el derecho internacional, de ....los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices....de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.... (Art. 3 en función del art. 2 con remisión al art.1.a y b).Los crímenes de lesa humanidad según la Convención, son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, porque son imprescriptibles por naturaleza.USO OFICIAL
“Esta convención sólo afirma la imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del Derecho Internacional Público vigente de origen consuetudinario. De esa manera, no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal, sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional, que tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos” (Conf. CSJN Fallo Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/homicidio calificado y asoc.ilícita..., rta.24/08/04, voto mayoritario).Según el fallo citado, la cuestión de prescripción en delitos de lesa humanidad no se opone al principio de legalidad en virtud de los principios de ius cogens.En consonancia con esta Convención, la Asamblea General de la ONU estableció según Resolución 3074 (XXVIII) del 3 de Diciembre de 1973, los siguientes principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o Crímenes de Lesa Humanidad: 1.- Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes
serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas. 2.- Todo Estado tiene el derecho de juzgar a sus propios nacionales por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. 3.Los Estados cooperarán bilateralmente y multilateralmente para reprimir y prevenir los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y tomarán todas las medidas internas e internacionales necesarias a ese fin. 4.- Los Estados se prestarán mutua ayuda a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento de los presuntos autores de tales crímenes, y, en caso de ser éstos declarados culpables, de su castigo.5.- Las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad
en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y serán enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas, por lo general en los países donde se hayan cometido esos crímenes. A este respecto, los Estados cooperarán entre sí en todo lo relativo a la extradición de esas personas.... Como corolario, señalo que tanto para la República Argentina como para el Perú, los convenios antes citados, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos, forman parte del derecho interno de ambos países, por ende, todos los derechos y garantías de los que gozan los seres humanos según estas normas y que fueron de alguna forma alterados, violentados y/o vulnerados, constituyen ilícitos penalmente reprochables en ambos Estados.En consecuencia, y dada la nacionalidad y residencia de Francisco Remigio Morales Bermúdez y a los fines aquí señalados, esta judicatura se encuentra en condiciones de solicitar –mediante exhorto diplomático a la República de Perú-, la detención provisoria con fines de extradición del nombrado.La medida será cumplimentada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, en virtud de los tratados mencionados, y que vinculan a la República Argentina y a la República de Perú en materia de extradición y cooperación penal.-
Por otra parte, y en virtud de la gravedad institucional y complejidad que involucran los hechos aquí investigados, y con el objeto de cumplimentar con la declaración indagatoria de Francisco Remigio Morales Bermúdez, y con el fin de proceder y/o asegurar la sujeción del imputado a este proceso y evitar posibles evasiones a la persecución penal aquí instruida, y sin perjuicio del pedido formal de extradición, es que habré de ordenar la captura internacional de Francisco Remigio Morales Bermúdez, siendo preciso a tal fin libare oficio al Sr. Jefe del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina a los propósitos señalados, adjuntándose copia certificada del presente decisorio que dispone la detención del nombrado.En cuanto a los consortes de causa, Jorge Rafael Videla y
Albano Eduardo Harguindeguy, considero que dado que los nombrados se encuentran detenidos a disposición del suscripto en otras investigaciones por delitos de lesa humanidad, y por lo tanto la sujeción a proceso no se encuentra en riesgo, habré de disponer su traslado a fin de prestar declaración indagatoria ante estos estrados.Es por las consideraciones expuestas que; RESUELVO: I.- SOLICITAR LA DETENCION PROVISORIA Y/O PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICION DEL CIUDADANO PERUANO FRANCISCO MORALES BERMUDEZ. A tal fin, líbrese exhorto internacional al Sr. Magistrado con jurisdicción en la ciudad de Lima, República de Perú, con jurisdicción y competencia en dicha ciudad. Dicha medida será cumplimentada a través de la Cancillería Argentina, en virtud de los tratados internacionales que vinculan a ambos países (Ley 26082).II.-DISPONER LA CAPTURA INTERNACIONAL DEL CIUDADANO PERUANO FRANCISCO MORALES BERMUDEZ, con fundamento en lo expuesto en el presente decisorio. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Jefe del Dpto. Interpol de la Policía Federal Argentina, acompañando al mismo copia del presente decisorio.-
III.- DISPONER EL LLAMADO A PRESTAR DECLARACION INDAGATORIA DE JORGE RAFAEL VIDELA Y ALBANO EDUARDO HARGUINDEGUY, en virtud de los hechos y calificación legal que se señalan en este decisorio, a cuyo fin se fija fecha para el próximo 22 y 23 de Febrero, respectivamente, disponiéndose a tal fin su traslado a esta judicatura a través de las autoridades del SPF.Notifíquese a los causantes mediante telegrama urgente a efectos de que designen defensor en el término de tres días de notificados, bajo apercibimiento de designar el Sr. Defensor Oficial que por turno corresponda.(art. 104 del CPPN), a la querella y al Sr. Fiscal.-
En la fecha se libró exhorto, oficio y telegrama. Conste.-
se notificó al Sr. Fiscal. Doy fe.-
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