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Timestamp: 2016-10-24 14:05:43+00:00

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Del plazo de ejecución de las resoluciones judiciales y económico-administrativas y sus efectos en cuanto a la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria. | Lealtadis Abogados
Del plazo de ejecución de las resoluciones judiciales y económico-administrativas y sus efectos en cuanto a la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria. 31 marzo, 2016 | 0
Del plazo de ejecución de las resoluciones judiciales y económico-administrativas y sus efectos en cuanto a la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.
Finalmente el TEAC, en su resolución de fecha 10 de septiembre de 2015, da su brazo a torcer –y mira que le cuesta- e impone a la Administración Tributaria la obligación de que la ejecución de las resoluciones judiciales o administrativas que les afecten se realice, como mucho, en el plazo máximo de seis meses que regula el artículo 150.7 LGT –antes art. 150.5 LGT-, si es que el que le queda en sede de inspección, computado conforme lo dispuesto en el número 1 del citado precepto, resulta ser inferior. Y lo que es más importante, con el efecto, de que de no hacerlo así no se tendrán por interrumpidos los plazos de prescripción. O lo que es lo mismo: la duración por más de seis meses del procedimiento de ejecución elimina el efecto interruptivo de la prescripción del procedimiento inicial del que las actuaciones dimanan. Lo cual, a la vista de lo que vienen durando los procedimientos de revisión, provoca en gran número de ellos la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación -art. 66 a) LGT- al haber transcurrido cuatro años desde el día siguiente a aquel en que finalizó el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación (art. 67.1 LGT)
Con ello el TEAC acata por fin la doctrina sentada por el Tribunal Supremo sobre el ámbito de aplicación de lo dispuesto en el articulo 150.5 LGT, ahora encuadrado en el número 7 del citado precepto, como venimos diciendo. Dicha doctrina ha sido recogida en las Sentencias del TS de 30 de enero de 2015, recurso nº. 1198/2013 (NFJ058528) y de 18 de junio de 2015, recurso nº. 3531/2014 (NFJ059097)-.
En las citadas resoluciones judiciales se indica que aunque el plazo máximo que señala el artículo 150.5 –ahora 150.7- sólo ha sido previsto para los casos de anulación por razones formales que determinen la retroacción de las actuaciones, hay que reconocer que el legislador ha guardado el más absoluto silencio sobre el plazo que se ha de respetar cuando la anulación lo sea por razones sustantivas o de fondo. En estos casos, ninguna disposición de la Ley General Tributaria obliga a la Inspección de los Tributos a practicar la liquidación en un plazo máximo, por lo que nos encontramos con una laguna legal que el Tribunal Supremo está llamado a integrar mediante una interpretación analógica del entonces artículo 150.5 de la Ley General Tributaria, tarea que no viene impedida por el artículo 14 de la misma, donde la prohibición de la analogía sólo impide extender más allá de sus estrictos términos el hecho imponible, las exenciones y los demás incentivos o beneficios fiscales.
Los supuestos de anulación por razones de fondo o sustantivas no son técnicamente de retroacción de actuaciones, pero no existen motivos suficientes para no tratarlos como si lo fueran a los efectos que nos ocupan. Resultaría ilógico que, cuando se produce una estimación por razones de fondo, supuesto en el que la Inspección de los Tributos debe limitarse a liquidar de nuevo sin practicar ninguna diligencia, se entienda que está habilitada para hacerlo en el plazo de prescripción, mientras que cuando el éxito de la impugnación lo es por razones de forma generadoras de indefensión, caso en el que debe practicar nuevas actuaciones, está legalmente obligada a completarlas y aprobar la nueva liquidación en un plazo netamente inferior.
Por ello, y sentado el criterio de que sólo estamos ante una efectiva retroacción de actuaciones cuando la anulación ha tenido lugar por motivos de forma, se ha de entender que en las sentencias de 4 de abril de 2013, 12 de junio de 2013 y 18 de octubre de 2013, antes referidas, al hablar de “retroacción” o de “retroacción material” el Tribunal Supremo lo hacía a los únicos efectos de aplicar también el límite temporal y las consecuencias del citado artículo 150.5 a los casos de anulación de las liquidaciones por razones de fondo.
Puestos a buscarle un pero a la doctrina del TS comentada, me cabe la duda de cómo casar adecuadamente la interpretación que se realiza de lo regulado en el artículo 150.7 LGT con la doctrina sentada por el TS en relación a la eficación interruptiva de la prescripción de los actos nulos y anulables, que como bien es sabido viene a concluir que los recursos o reclamaciones instados contra actos declarados nulos de pleno derecho carecen de eficacia interruptiva de la prescripción (sirva por todas la Sentencia de 29 de junio de 2009), no así la de los actos aquejados de anulabilidad, que carecen de fuerza interruptiva de la prescripción, pues el TS concluye que:
“1º.- La anulación de una comprobación de valores (como la de una liquidación) no deja sin efecto la interrupción del plazo de prescripción producida anteriormente por consecuencia de las actuaciones realizadas ante los Tribunales Económicos Administrativos, manteniéndose dicha interrupción con plenitud de efectos (Cfr. STS de 19 de abril de 2006 ). 2º.- La anulación de un acto administrativo no significa en absoluto que decaiga o se extinga el derecho de la Administración Tributaria a retrotraer actuaciones, y volver a actuar, pero ahora respetando las formas y garantías de los interesados (FD Tercero)».” Y si ello es así, la única forma de casar ambas doctrinas pasa a nuestro juicio por entender que lo dispuesto en el art. 150.7 LGT -en cuanto a que el mismo otorga un plazo concreto para ejecutar las resoluciones judiciales o económico-administrativas que afecten a una actuación inspectora y sobrepasado este ha de entenderse no interrumpida la prescripción-, se refiere realmente a resoluciones judiciales o administrativas que hayan decretado la anulabilidad de la actuación inspectora, porque va de suyo que si lo acordado fue la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado en sede de inspección, la falta de eficacia interruptiva de la prescripción va unida a la propia resolución judicial o económico-administrativa desde el mismo momento en que la misma adquiere firmeza.
Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Almería

References: resolución 
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 14
 artículo 150
 artículo 150
 resolución