Source: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160518/AnuncioC3B0-110516-0002_es.html
Timestamp: 2017-06-25 00:02:24+00:00

Document:
Ley del DOG nº 93 de 2016/5/18 - Xunta de Galicia
Pág. 19075
La situación actual demanda reforzar la apuesta de futuro por la economía social y dar un salto cualitativo que permita visibilizar el sector en toda su amplitud y que reconozca específicamente las importantes aportaciones que realiza a la sociedad, así como las oportunidades de mejora económica y social que ofrece. Es necesario destacar que las características de este sector le permiten afrontar las demandas, retos y desafíos de la sociedad y la economía global, adaptándose especialmente bien a las situaciones de crisis. Todas las personas pueden beneficiarse de las ventajas que la economía social proyecta sobre la sociedad, el territorio y la realidad económica. En particular, el colectivo de personas emprendedoras tiene a su disposición una interesante vía para llevar a cabo su proyecto y crear su propio empleo.
Pretende, igualmente, aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento enraizado en el territorio, teniendo como protagonistas a las personas. Por medio de la presente ley se integra al sector, hasta ahora disperso, situándose en un plano de participación que abre vías de interlocución capaces de mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo y la dinamización económica y social de Galicia. Se establecen, asimismo, mecanismos de coordinación entre los distintos agentes públicos y las entidades de economía social, los cuales facilitan concretar objetivos y aglutinar esfuerzos e incentivos para el desarrollo del sector. III
La Ley de servicios sociales de Galicia está sujeta genéricamente en sus artículos 2.4 y 29.2 al requisito de la autorización a las entidades que creen centros de servicios sociales, así como a las que gestionen programas y prestaciones de esta naturaleza. Y en sus artículos 59.d) y 68 atribuye respectivamente a la Xunta de Galicia competencias sobre la autorización de centros, servicios y programas sociales, y la determinación del régimen de autorización administrativa en materia de servicios sociales, difiriendo a su desarrollo reglamentario las condiciones y procedimientos para la obtención, revocación y suspensión de las autorizaciones. Ese reflejo legal en favor de la autorización para la creación y prestación de servicios, centros y programas sociales acogía una interpretación del régimen de registro y de autorización conciliable con las previsiones de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que se vio afectada por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, especialmente respecto al control administrativo, al declarar dicha ley genéricamente el libre acceso y ejercicio de todas las actividades económicas en todo el territorio nacional, con la única limitación de lo establecido en esa ley y de lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en tratados y convenios internacionales.
A mayores, también se tuvieron en cuenta en la redacción del presente texto legal la Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y la Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público de Galicia. En definitiva, de acuerdo con lo anterior, la exigencia del régimen de autorización, sometido a los principios de necesidad y proporcionalidad, suficientemente motivados legalmente, especificando su concurrencia, se encuentra circunscrita a que esas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa.
Sin perjuicio de lo anterior, el mantenimiento del régimen de autorización es una garantía necesaria para la prestación de determinados servicios sociales, fundamentada en razones imperiosas de salud pública, orden público, seguridad pública e interés general, que en suma se constituyen en una garantía para los usuarios. Finalmente, en el marco de la adaptación de la Ley de servicios sociales de Galicia a la legislación vigente operada a través de la presente ley, se modifica también el artículo 40.2.c) de dicha Ley de servicios sociales de Galicia, para su adaptación a la disposición adicional decimotercera, «Participación institucional», de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.
El cuarto y último capítulo se centra en la promoción, fomento y difusión de la economía social, de sus principios y valores, incorporando objetivos específicos para un eficaz despliegue de esta labor en todo el territorio gallego, entre los cuales es preciso destacar la especial referencia al cometido de impulso y dinamización del autoempleo, del emprendimiento de base cooperativa y de la colaboración empresarial. También la introducción de la formación en materia de economía social en el currículo de las distintas enseñanzas, la mejora de la formación y de la gestión empresarial, así como el estímulo de los procesos de innovación y de inmersión en las tecnologías de la información y las comunicaciones, constituyen objetivos básicos de este conjunto de medidas, que promueven, además, la utilización de herramientas que permitan poner en valor las aportaciones del sector a la sostenibilidad social y medioambiental.
La ley reconoce el papel de asesoramiento central que corresponde a los representantes del propio sector en el diseño de las políticas de fomento, y procura la incorporación del conjunto de entidades públicas a la labor de promoción de la economía social. De igual modo se prevé la colaboración de entidades privadas y ciudadanos en general. Se estimula el trabajo en red y colaborativo, en particular a través de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía social, creada por Decreto 225/2012, de 15 de noviembre, que regula su creación y funcionamiento. La financiación de los proyectos de emprendimiento es una de las dificultades más importantes con las que se encuentran sus promotores, por lo que se prevé el fomento de instrumentos financieros adaptados a las necesidades de las nuevas iniciativas de economía social.
La primera de las disposiciones finales modifica la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, con el objetivo fundamental de adecuar su texto a las previsiones y orientaciones de la presente ley, incidiendo en la promoción del autoempleo, en la ampliación de posibilidades de captación de financiación interna y, muy especialmente, en la creación de una nueva clase de cooperativa que responde a la preocupación por el alto nivel de desempleo existente entre la juventud gallega, y propone, asimismo, una solución que facilita el tránsito desde las etapas formativas al desarrollo profesional. Esta nueva clase de cooperativas está constituida mayoritariamente por jóvenes comprendidos entre dieciséis y veintinueve años, o treinta y cinco años en el caso de personas con discapacidad, que pongan en común su trabajo personal. Su creación trata de facilitar el acceso al autoempleo cooperativo, por lo que se simplifican los requisitos de constitución y se concibe como un paso intermedio, contemplándose una duración limitada en el tiempo y su conversión en cooperativa ordinaria. Esta modificación incide, asimismo, en incrementar las posibilidades organizativas de las asociaciones representativas del sector, permitiendo la constitución de uniones de cooperativas de distinta clase.
2. Se entenderá que una entidad desarrolla su actividad empresarial y económica principalmente en Galicia cuando esté inscrita en el registro gallego que le corresponda en razón a su naturaleza. Artículo 5. Principios orientadores
a) las sociedades cooperativas gallegas, b) las mutualidades,
c) las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica, d) las sociedades laborales,
e) las empresas de inserción, f) los centros especiales de empleo, g) las cofradías de pescadores, h) las sociedades agrarias de transformación, i) las comunidades y mancomunidades de montes vecinales en mano común, y
Las entidades de la economía social gallega podrán constituir asociaciones que representen y defiendan sus intereses, pudiendo agruparse entre sí, de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación correspondiente. A tal objeto, la Xunta de Galicia impulsará y promoverá la creación de entidades de integración del sector.
1. Se crea el Consejo de la Economía Social de Galicia como órgano consultivo y asesor para las actividades relacionadas con la economía social, especialmente en el ámbito de la promoción y difusión de la economía social. 2. El Consejo promoverá el diálogo, la coordinación y la colaboración entre todos los actores de la economía social, siendo la vía principal de participación de las entidades de la economía social.
3. Este órgano colegiado quedará integrado en la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de la consejería competente en materia de economía social, sin participar en su estructura jerárquica. Artículo 10. Funciones
Artículo 11. Composición 1. Integran el Consejo de la Economía Social de Galicia:
1º. Seis personas propuestas por el Consejo Gallego de Cooperativas de entre sus miembros representantes de las cooperativas en función de su representatividad en ese órgano.
2º. Una persona propuesta por la entidad de representación de las sociedades laborales más representativa.
3º. Una persona propuesta por la entidad de representación de los centros especiales de empleo más representativa.
4º. Una persona propuesta por la entidad de representación de las empresas de inserción más representativa.
5º. Una persona propuesta por la entidad de representación de las asociaciones y fundaciones más representativa.
6º. Una persona propuesta por la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores.
7º. Una persona propuesta por la entidad de representación de las comunidades y mancomunidades de montes vecinales en mano común más representativa.
1º. Una persona representante de la consejería competente en materia de economía social.
2º. Una persona representante de la consejería competente en materia de desarrollo rural.
3º. Una persona representante de la consejería competente en materia de desarrollo marino.
4º. Una persona representante de la consejería competente en materia de economía e industria.
5º. Una persona representante de la consejería competente en materia de empleo.
6º. Una persona representante de la consejería competente en materia de educación.
7º. Una persona representante de la consejería competente en materia de fundaciones y asociaciones.
8º. Una persona representante de la consejería competente en materia de política social.
9º. Una persona representante de la consejería competente en materia de igualdad.
f) Una persona designada conjuntamente por las organizaciones sindicales intersectoriales de la comunidad autónoma con derecho de participación institucional conforme a la normativa de aplicación. g) Una persona en representación de las organizaciones empresariales intersectoriales más representativas a nivel gallego. h) Una persona representante de los municipios de Galicia propuesta por la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
2. La duración del mandato de las personas integrantes del Consejo de la Economía Social de Galicia será de cuatro años, renovándose a la finalización de este período, sin perjuicio de su reelección. 3. Las personas integrantes del Consejo de la Economía Social de Galicia podrán ser sustituidas a iniciativa de la entidad u órgano al cual le corresponde realizar la propuesta de nombramiento.
2. Corresponde al Pleno el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 10 de la presente ley, aprobar las normas de régimen interno, constituir comisiones de trabajo y cualesquiera otras funciones que resulten precisas para el cumplimiento de sus objetivos. 3. Podrán crearse comisiones de trabajo para el estudio de cuestiones concretas y la elaboración de informes y dictámenes. Su creación y extinción se acordarán expresamente por el Pleno.
4. El funcionamiento del Consejo se ajustará a lo dispuesto en la presente ley, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, y se complementará con las normas de régimen interno aprobadas por el Pleno del Consejo. En todo caso, a las reuniones del Pleno o de las comisiones de trabajo podrán asistir, sin derecho a voto, una persona asesora por cada una de las entidades de la economía social, de la Administración general de la Comunidad Autónoma, de los municipios de Galicia y de las universidades de Galicia, representadas en el Consejo de la Economía Social de Galicia, así como las personas que autorice el correspondiente órgano.
5. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal e inexistencia de delegación expresa, la presidencia será sustituida por la vicepresidencia primera y esta a su vez, en los mismos términos, será sustituida por la persona titular de la vicepresidencia segunda. 6. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, los miembros titulares del órgano, salvo los de la presidencia y la vicepresidencia primera, serán sustituidos por las personas que les suplan.
1. La Xunta de Galicia reconoce de interés general y social la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas. 2. La Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades integrantes del sector público autonómico realizarán una política de fomento y difusión de la economía social que tendrá entre sus objetivos, además de los previstos en la Ley 5/2011, de economía social, los siguientes:
h) El fomento de los procesos de mejora de la competitividad y de la internacionalización de las entidades de la economía social, integrando la promoción de sistemas de producción y servicios eficaces con los objetivos sociales de cara a su consolidación en el tejido económico. i) La introducción de contenidos formativos en materia de economía social en el currículo de las distintas enseñanzas, en particular en los niveles previos al acceso al mundo laboral y en la formación para el empleo.
m) La remoción de obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de actividades económicas por parte de las entidades de la economía social. n) La simplificación de trámites administrativos para la creación de entidades de la economía social, en particular incorporando soluciones basadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La planificación de las actividades de fomento de la economía social tendrá especialmente en cuenta la existencia de programas europeos de colaboración y procurará la elaboración de programas específicos enmarcados en los distintos instrumentos comunitarios. Artículo 17. Lanzamiento de nuevas iniciativas de economía social
2. El Consejo de la Economía Social de Galicia coordinará sus actuaciones con las del Consejo Gallego de Cooperativas, a través de una comisión específica formada por seis personas, nombradas de forma paritaria entre las personas integrantes de cada uno de dichos órganos y una presidencia designada por la consejería competente en materia de economía social. La comisión se reunirá a iniciativa de su presidencia o a petición de cualquiera de dichos órganos, al objeto de formular propuestas de coordinación de actuaciones.
Las normas reguladoras del funcionamiento de los órganos consultivos de carácter económico y social, en particular del Consejo Económico y Social y del Consejo Gallego de Economía y Competitividad, así como de los órganos que se creen específicamente para la participación institucional en la definición de políticas activas de empleo y de desarrollo en los planos económico y social, determinarán la forma en la cual participarán en ellos las entidades de la economía social, cuya representación será designada por las entidades que integran el Consejo de la Economía Social de Galicia. Disposición adicional tercera. Informatización de los registros y administración electrónica
1. Se promoverá la plena integración de los avances tecnológicos en la gestión de los registros de entidades de la economía social, en particular la incorporación de los medios y procedimientos informáticos. 2. La tramitación de los procedimientos relativos a los registros administrativos de sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción podrán ser realizados por medios telemáticos.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio relativo al desarrollo de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, con respecto a los órganos consultivos y de participación
Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio relativo a la adaptación de la intervención administrativa prevista en la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, a la normativa estatal de unidad de mercado
«2. La asamblea constituyente deliberará y adoptará, como mínimo, los acuerdos sobre todos aquellos extremos que resulten necesarios para el otorgamiento de la correspondiente escritura de constitución, aprobando, en todo caso, los estatutos de la cooperativa y designando de entre los promotores a las personas que tengan que otorgar la escritura pública de constitución, cuyo número no podrá ser inferior a tres, debiendo estar entre ellos, al menos, el designado como secretario de la asamblea constituyente y los designados para desempeñar los cargos del primer órgano de administración». Tres. Se suprimen el último párrafo del apartado 1 y el contenido íntegro del apartado 3 del artículo 29. Por tanto, el artículo 29 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 29. Socios colaboradores
1. Los estatutos podrán prever y regular la existencia de socios colaboradores, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que, sin poder realizar plenamente el objeto social cooperativo, puedan colaborar en su consecución. Estatutariamente se determinarán los derechos y obligaciones, fijándose en todo caso la aportación obligatoria mínima, el desembolso de la misma, los requisitos para adquirir la condición de socio, su régimen de baja y el derecho al retorno cooperativo, y, en lo no previsto por estos, por acuerdo de la asamblea general. El conjunto de estos socios, salvo que sean sociedades cooperativas, no podrá superar un tercio de los miembros del órgano de administración, sin que en ningún caso puedan desempeñar los cargos de presidente y vicepresidente del mismo. Los socios colaboradores que aporten exclusivamente capital percibirán el interés pactado, que no podrá ser inferior al percibido por los socios, ni exceder en más de seis puntos del interés legal del dinero, sin que en ningún caso tengan derecho a percibir el retorno cooperativo. 2. También podrán ser socios colaboradores aquellas cooperativas con las que se hubiera suscrito un acuerdo de colaboración intercooperativo, en las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior».
«2. El acuerdo sobre cambio de denominación, cambio de domicilio y modificación del objeto social o del capital social mínimo se anunciará en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social de la cooperativa con carácter previo a su inscripción. La publicación de la inscripción de estos acuerdos en el Diario Oficial de Galicia será tramitada por el registro de cooperativas competente con carácter gratuito».
«Disposición adicional novena. Cooperativas juveniles
e) El acuerdo de transformación en sociedad cooperativa ordinaria deberá ser adoptado por la asamblea general por más de la mitad de los votos válidamente expresados, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones, y deberá elevarse a escritura pública e inscribirse en el Registro de Cooperativas. La transformación requiere el cumplimiento de todos los requisitos exigidos legalmente para la constitución de una cooperativa ordinaria de la clase que se trate y se realizará a través del procedimiento previsto en el artículo 74, en cuanto resulte procedente. f) La reducción del número de personas socias trabajadoras que tengan entre dieciséis y veintinueve años por debajo de la mayoría exigida para la constitución de cooperativas juveniles sin que se restablezca en el plazo de seis meses, y sin que se acuerde la transformación en cooperativa ordinaria, será causa de disolución, aplicándose lo dispuesto en el artículo 86, apartado d), y concordantes de la presente ley.
Disposición final segunda. Autorización para refundir textos 1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Xunta de Galicia, a propuesta del consejero o consejera competente en materia de trabajo, aprobará el correspondiente decreto legislativo que refunda la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, y sus modificaciones, incluyendo los correspondientes preceptos contenidos en esta ley.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia
«Por razones de salud pública directamente vinculadas con la garantía de la adecuada atención y protección de los usuarios de los servicios sociales, siempre que incluyan prestaciones ligadas a la salud de acuerdo con las respectivas normativas sectoriales que los regulan, la prestación de los servicios para personas mayores, con discapacidad y/o con dependencia, de los servicios para la infancia y la adolescencia, y de los servicios de acogida o inclusión está sujeta, con carácter previo al inicio de la actividad, a la correspondiente autorización dictada por el órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales, en los términos previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo. La prestación de los servicios que supongan el ejercicio privado de funciones públicas relativas al acogimiento residencial de menores o a la aplicación de medidas judiciales a menores, así como la prestación de servicios de educación infantil sujetos a autorización de conformidad con las leyes en materia educativa que los regulan, está sujeta con carácter previo al inicio de la actividad a la correspondiente autorización dictada por el órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales, en los términos previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo. La prestación de los restantes servicios sociales está sujeta, con carácter previo al inicio de la actividad y en los términos previstos en la presente ley y en su normativa de desarrollo, a la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, de acuerdo con lo previsto en la normativa sectorial de aplicación, sin perjuicio de las facultades de control, comprobación e inspección que corresponden al órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales. Dichas facultades de control, comprobación e inspección podrán ejercitarse en cualquier momento». Dos. Se modifica la letra c) y se añaden dos nuevas letras c bis) y c ter) en el artículo 40.2, las cuales quedan redactadas como sigue:
«Artículo 68. Régimen de la autorización, declaración responsable o comunicación previa
1. Los servicios, centros y programas de servicios sociales de titularidad pública y privada que se desarrollen en Galicia precisarán, con carácter previo, para su creación o construcción, inicio de actividades, modificación sustancial y cese de actividades obtener la autorización o presentar la correspondiente declaración responsable o comunicación previa ante el órgano con atribuciones en materia de autorización e inspección de la consejería de la Xunta de Galicia con competencia en materia de servicios sociales, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de unidad de mercado, en la presente ley y en la correspondiente normativa sectorial, sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias exigibles de acuerdo con la legislación vigente. 2. En el supuesto de servicios, centros y programas promovidos por los municipios o diputaciones, además de lo indicado en el apartado anterior, estos quedarán supeditados al cumplimiento de los requisitos siguientes:
3. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones y los procedimientos para la obtención, revocación y suspensión de las autorizaciones, así como el régimen de la declaración responsable o comunicación previa según lo previsto en la normativa sectorial de aplicación. Los procedimientos administrativos para la tramitación de las diferentes autorizaciones tendrán una duración máxima de seis meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución administrativa, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo en los procedimientos relativos a la obtención de las diferentes autorizaciones, con lo cual se producirá la caducidad en los procedimientos relativos a la suspensión y revocación de las autorizaciones administrativas.
A su vez, las referencias contenidas en la rúbrica del capítulo I del título VIII de la ley y en el artículo 70 al régimen de autorización administrativa se entenderán efectuadas al régimen de la autorización, declaración responsable o comunicación previa de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en la correspondiente normativa sectorial. Disposición final cuarta. Habilitación normativa

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 40
 Artículo 5
 Artículo 10

Artículo 11
 artículo 10
 Artículo 17
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 74
 artículo 86
 artículo 40
 resolución 
 artículo 70