Source: http://registromundo.blogspot.com/2011/04/
Timestamp: 2017-09-21 12:28:25+00:00

Document:
abril 2011 ~ registromundo
2:12:00 p. m. Registro Mundo
Entevista: Victoria Montenegro con Victor Hugo Morales 26042011
Entrevista: Victor Hugo Morales con el Ex Juez Marquevich
http://www.divshare.com/download/14712944-e52
http://www.divshare.com/download/14713887-735
Victor Hugo Morales 29042011 voces
http://www.divshare.com/download/14713091-3e8
Nacida el 31 de enero de 1976
Desaparecida entre el 10 y 13 de febrero de 1976
BNDG: 5 de julio de 2000
Hilda nació el 1° de octubre de 1957 en Metán, provincia de Salta. Roque el 16 de agosto de 1955 en la misma ciudad. Ambos militaban en el PRT-ERP. Su familia y compañeros los llamaban "Chicha" y "Toti". El 31 de enero de 1976 nació la hija de la pareja, Hilda Victoria, en la ciudad de Buenos Aires. La niña fue secuestrada junto con sus padres entre el 10 y el 13 de febrero de 1976 en Lanús, zona sur del Gran Buenos Aires. En 1984 Abuelas de Plaza de Mayo recibió informaciones sobre un represor apodado "El Gordo José", quien tendría en su poder una niña hija de desaparecidos. Se trataba del coronel Hermán Antonio Tetzlaff, jefe del grupo de tareas del CCD "El Vesubio". Junto a su esposa, Carmen Eduartes, habían inscripto a la niña como hija propia con un certificado falso expedido por el médico Juan Carlos Zucca. Con la presunción cierta de que la niña sería Hilda Victoria Montenegro, en 1988 se inició la acción judicial correspondiente en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro. Este proceso se vio dilatado por el permanente cambio de domicilio de la pareja apropiadora. Finalmente, la joven se analizó y el 5 de julio de 2000 confirmó que era hija de Hilda y Roque. En junio de 2001 la joven se reencontró con su familia biológica.
http://www.youtube.com/watch?v=hf7J6aS23iQ
http://www.youtube.com/watch?v=LeJ-tCz9FyU
EL PAIS › VICTORIA MONTENEGRO, HIJA DE DESAPARECIDOS, DECLARO POR PRIMERA VEZ CONTRA SU APROPIADOR Y REVELO EL ROL DE ROMERO VICTORICA
En la causa sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Montenegro denunció que el fiscal de Casación Juan Martín Romero Victorica le filtraba información al coronel Herman Tetzlaff, su apropiador y asesino de su padre biológico.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-167026-2011-04-26.html
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La peor mentira de Clarín: 10 años de impunidad
Hace una década, Abuelas de Plaza de Mayo denunció a Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de dos hijos de desaparecidos durante la dictadura cívico militar. La causa ya tuvo tres jueces y hoy se cumplen diez años de aquella presentación judicial. Pero la verdadera identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera sigue siendo el secreto mejor guardado por el grupo mediático más grande de la Argentina.
30.04.2011 | 21.11 |
Marcela y Felipe Noble Herrera.
Hace una década, Abuelas de Plaza de Mayo denunció a Ernestina Herrera de Noble por la apropiación de dos hijos de desaparecidos durante la dictadura cívico militar. La causa ya tuvo tres jueces, pero el ADN de Marcela y Felipe sigue sin ser comparado.
El 30 de abril de 2001 fue lunes y lo más llamativo en las portadas de los diarios era la ausencia de los resultados de los partidos de fútbol. Una huelga de jugadores había provocado la suspensión del Torneo Clausura. Esa mañana, temprano, la abogada Alcira Ríos entró en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Roberto Marquevich, con una denuncia bajo el brazo. La firmaba Estela Barnes de Carlotto, en su carácter de presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y en ella requería que se investigara la filiación de dos niños adoptados por la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Las Abuelas tenían indicios firmes de que podía tratarse de hijos de desaparecidos durante la dictadura a quienes se les había robado la identidad.
Hoy se cumplen diez años de aquella presentación judicial y la verdadera identidad de Felipe y Marcela Noble Herrera sigue siendo el secreto mejor guardado por el grupo mediático más grande de la Argentina, que utiliza todo el poder económico, de lobby y de desinformación que posee para mantenerlo en las sombras. Para hacerlo, entre otras cosas, logró la destitución del juez original de la causa y la complicidad de su reemplazante, Roberto Bergesio, que cajoneó el proceso durante más de ocho años. Desde principios del año pasado, la tercera jueza del caso, Sandra Arroyo Salgado, trata infructuosamente de establecer la filiación de los dos jóvenes mediante la comparación de su material genético con el de cientos de familiares de desaparecidos que están guardados en el Banco Nacional de Datos del Hospital Durand. Hasta ahora lo han evitado mediante chicanas jurídicas y ardides concretados con la ayuda de personal judicial y policial.
Un terrorífico cuento de hadas. La historia era digna de un cuento infantil, pero nadie intentó comprobarla ni le preguntó nada. El 13 de mayo de 1976, Ernestina Herrera de Noble se presentó en el Juzgado de Menores Nº 1 de San Isidro y dijo que unos días antes, más precisamente el 2 de mayo, había tenido la sorpresa de encontrar en la puerta de su casa, en Laprida 2789 de esa localidad, una caja de cartón donde había una niña. Como testigos de lo que relataba, la directora de Clarín presentó a Yolanda Echagüe de Aragón, una presunta vecina, y a Roberto García, supuesto jardinero de una casa vecina. También dijo que quería adoptar a la niña. Para la jueza de familia Ofelia Hejt fue suficiente e inició los trámites correspondientes.
En esos trámites andaba Ernestina Herrera de Noble cuando el 7 de julio de ese mismo año visitó nuevamente el Juzgado y se encontró con otra sorpresa. Un rato antes de su llegada, se había presentado una señora con un bebé en brazos. Ante la jueza Hejt, la mujer se identificó como Carmen Luisa Delta y dijo que era madre de un varoncito nacido el 17 de abril y que quería entregarlo en adopción. Mientras estaba en una oficina, esperando que la jueza la recibiera, la directora de Clarín se cruzó con un secretario del Juzgado que le contó la triste historia. Conmovida, apenas estuvo frente a frente con la jueza, la señora de Noble pidió la guarda del niño. Ofelia Hejt –una jueza que entró a la magistratura de la mano de la dictadura y se fue junto con ella– se la concedió ese mismo día.
Poco después –en un plazo récord para un país como la Argentina, donde los trámites de ese tipo suelen ser tan lentos cuanto farragosos–, Ernestina Herrera de Noble pudo adoptar a los dos niños, a quienes inscribió como Marcela y Felipe Noble Herrera, otorgándoles el apellido de su marido a pesar de que éste había fallecido más de siete años antes, en enero de 1969. Tenía millonarias razones para hacerlo así. Las irregularidades cometidas en esas adopciones, como se verá más adelante, son groseras.
Durante años fue un secreto a voces –aunque sin repercusión en los medios de comunicación– que los hijos adoptados de esa manera por Ernestina Herrera de Noble en los primeros meses de la última dictadura podían ser hijos de desaparecidos, entregados por los jerarcas militares a la directora de Clarín en el marco de la red de complicidades –que también incluyó la apropiación de Papel Prensa– establecida entre los dueños del “gran diario argentino” y los genocidas con uniforme.
Las primeras denuncias, apenas recuperada la democracia, hicieron que las Abuelas comenzaran a investigar el tema. En 1993, ante la cantidad de denuncias y con fuertes indicios, pidieron una reunión con Ernestina Herrera de Noble. “Ella no las recibió jamás, pero sí lo hizo Héctor Magnetto, que al principio creyó que iban a pedirle una contribución. Cuando supo cuál era el asunto se molestó bastante y respondió que la señora de Noble no podía tener hijos de subversivos”, recuerda Alcira Ríos. En una segunda reunión, el CEO de Clarín intentó extraerles información. Les dijo que él sabía que los chicos adoptados por Ernestina no eran hijos de desaparecidos y que les revelaría sus orígenes si, a cambio, le informaban quiénes eran los autores de las denuncias. El diálogo se cortó.
Kelly por López Foresi (o viceversa). No era la primera vez que Magnetto intentaba frenar el tema. Sabía que era su punto –política, judicial y éticamente– más vulnerable y tenía experiencia en defenderlo sin reparar en las armas. Desde hacía años.
El monopolio a la defensiva. Mientras en Abuelas seguían investigando, otra denuncia llevó, por primera vez, el caso a la Justicia. En 1995, Ana Elisa Feldman de Jaján acusó a Ernestina Herrera de Noble por apropiación de menores. El sorteo judicial puso la causa en manos del juez Roberto Marquevich. Junto con su denuncia, Jaján aportó las actas de nacimiento con que se habrían iniciado los trámites de adopción. “En verdad, las pruebas que habían aportado los Jaján eran tan contundentes como para que se abriera, por primera vez, una pesquisa a fondo. Se trataba de las actas de nacimiento con las que se habían iniciado los expedientes de adopción de Marcela y Felipe que, a simple vista, contenían una cantidad de irregularidades tal que llamarían la atención de cualquier iniciado en el derecho”, dice Pablo Llonto, ex periodista de Clarín y abogado querellante en representación de dos familias de desaparecidos. Sin embargo, en juez Marquevich la rechazó por poco consistente.
A esa altura, la preocupación de Magnetto y Ernestina Herrera de Noble iba en aumento. No sólo por la posibilidad de que se abriera una nueva causa judicial, ahora con más elementos, sino también por el impacto que causaría en la imagen de Clarín la difusión de la historia – por entonces desconocida– del misterioso origen de los hijos adoptivos de la directora.
En abril de 1998 –cuando uno de los temas recurrentes entre los periodistas argentinos era la inminente salida del diario Perfil–, el director de una consultora especializada en la capacitación de ejecutivos de empresas para el contacto con el periodismo en situaciones críticas recibió una sorprendente llamada del gerente de Comunicaciones Externas de Clarín, Ramiro Costa.
–Necesito que prepares un curso para algunos directivos del Grupo –dijo el hombre después de los saludos de rigor.
–No entiendo. Ustedes son gente de medios, tienen medios propios –fue la respuesta del estupefacto consultor.
–De acuerdo. En unos días te contestamos –le respondió Costa.
–¿De qué se trata? –preguntó el periodista, que por entonces trabajaba en el diario Crónica.
–Sí, pero dame un tema concreto… –insistió el periodista.
La elección de Noticias (de una “nota al estilo de Noticias”) no era caprichosa. El anuncio de la salida del diario Perfil había tensado al máximo las relaciones entre Clarín y la empresa periodística de la familia Fontevecchia, tradicionalmente dedicada a la publicación de revistas y que nunca antes había incursionado en el mercado con un diario. Por esos mismos días, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, había mantenido una reunión tan dura cuanto reservada con Jorge Fontevecchia en un hotel céntrico de Buenos Aires.
–Vengo a aconsejarle que no se meta en el mercado de los diarios –disparó el hombre de Clarín.
–Me tengo que meter en el mercado de los diarios porque ustedes se metieron en el de las revistas –le contestó el director de Perfil, refiriéndose a la remozada edición de Viva, la revista dominical que se vendía con el diario Clarín.
El diálogo era una virtual declaración de guerra y los estrategas de Clarín sabían muy bien cuál era el punto más débil de las defensas de su propio Grupo, aquel que Editorial Perfil podía llegar a atacar para causarles el peor daño: el origen de Felipe y Marcela.
La guerra fue corta. El diario Perfil, aparecido el 9 de mayo de 1998, duró menos de tres meses en la calle. La historia más temida por Magnetto no fue publicada en las páginas del efímero diario rival. Hoy, Fontevecchia es un aliado incondicional de Magnetto en su enfrentamiento con el Gobierno Nacional.
Ahora sí, las Abuelas. Cuando, finalmente, el 30 de abril de 2001, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo presentó su denuncia en el Juzgado Federal N°1 de San Isidro, el abogado de Ernestina Herrera de Noble, Eduardo Padilla Fox, fue a ver de qué se trataba. “Seguramente creía que se trataba de otra acusación de la señora de Jaján, pero allí le comunicaron que era una denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, y entonces comenzó a preocuparse –recuerda Alcira Ríos–. Me vino a ver para decirme que el caso sería un escándalo y que ‘la Señora’ no podía ser culpable. Yo le respondí: ‘Es muy sencillo. Que los chicos se hagan el análisis correspondiente en el Banco Nacional de Datos Genéticos, y si se comprueba que no son hijos de padres desaparecidos la denuncia se cae, porque para nosotras no tiene ningún tipo de sustento’. Pero él me respondió con evasivas”.
Padilla Fox tenía razones para preocuparse. La denuncia de Abuelas era mucho más consistente que la de Jaján y, en casos similares –como el de Victoria Montenegro, apropiada por el coronel Herman Tetzlaff–, al juez Roberto Marquevich no le había temblado el pulso para firmar la orden judicial de toma compulsiva de muestras de ADN para que fueran comparadas en la Banco Nacional de Datos Genéticos
Marquevich trabajó rápido y con eficacia. En poco tiempo comprobó que las adopciones de Felipe y Marcela Noble Herrera estaban plagadas de irregularidades. Su enumeración es elocuente:
Con esas pruebas en la mano, el 17 de diciembre de 2002, el juez Marquevich ordenó la detención de Ernestina Herrera de Noble por los delitos de “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento público falso”, durante los trámites de adopción de sus dos hijos. La directora del Grupo Clarín pasó tres días detenida en la División de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Cavia 1350, en Palermo, y luego beneficiada con la detención domiciliaria. Con llamativa celeridad, quince días después la Sala II de la Cámara Federal de San Martín ordenó su excarcelación, pero ya nada sería igual: el caso había tomado estado público.
La directora de Clarín se vio obligada a dar explicaciones a la opinión pública. El 12 de enero de 2003, en una carta abierta publicada en Clarín, se refirió al origen de Marcela y Felipe: “… muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió. Fue su primera y única declaración pública sobre el tema en casi tres décadas de democracia.
Clarín contraataca. Marquevich pagó cara la audacia de poner en evidencia a la dueña del monopolio mediático más grande de la Argentina. El Consejo de la Magistratura lo suspendió el 11 de diciembre de 2003 y dos años después fue procesado por el delito de “haber obrado en forma ilegítima” cuando detuvo a la viuda de Noble. “Fue una presión del Grupo Clarín sobre el Consejo de la Magistratura. El encargado de visitar a varios consejeros fue (el director de Relaciones Institucionales de Clarín), Jorge Rendo. De esta manera, la causa pasó a manos de otro juez que dilató las cosas”, dijo a Miradas al Sur Pablo Llonto.
Alcira Ríos sabía desde mucho antes que Clarín venía operando para desplazar a Marquevich. Poco después de la detención de Ernestina Herrera de Noble, recibió una insólita propuesta del abogado de la directora de Clarín.
–Doctora, ayúdenos a sacar a Marquevich de la causa, que si se la sacan se la van a dar al juez del Juzgado 2, el doctor Bergesio, que es un muy buen juez, nosotros ya hablamos con él y es muy serio –la encaró Padilla Fox.
–De ninguna manera, doctor.
–¿Por qué? Si es muy buen juez.
–Para nada, porque actuó en el Camarón.
Dicen quienes lo conocen, que Conrado Bergesio no suele exhibir entre sus credenciales su paso por el tristemente célebre Camarón, el fuero antisubversivo creado por la dictadura de Lanusse en mayo de 1971, también conocido como “ la cámara del terror”.
Los interesados en poner a Bergesio a cargo de la causa Noble tenían en sus archivos (los archivos de los grandes diarios argentinos suelen ser muy completos) otro dato que lo pintaba como el hombre ideal para ocuparse de un caso de apropiación indebida de hijos de desaparecidos. En 1998, el antiguo empleado del Camarón había pedido el juicio político de su colega Roberto Marquevich por no haberle concedido la prisión domiciliaria al genocida Jorge Rafael Videla, procesado por el robo de bebés. Marquevich había sostenido que el beneficio previsto para las personas mayores de 70 años sólo puede ser aplicado a los condenados y no a los procesados, como era Videla. Entonces Bergesio buscó un pelo en la sopa y mostró un caso similar en el que Marquevich, a su juicio, había dictaminado de manera opuesta al concederle arresto domiciliario a una señora llamada María del Carmen Eduartes. En el pedido de juicio político, Bergesio no dijo que el caso de la señora Eduartes tenía una diferencia abismal con el de Videla: la mujer era cuadripléjica, no iba a fugarse a ningún lado, ni tampoco podía actuar para encubrir su propio delito.
Con la causa que investigaba la filiación de los chicos adoptados irregularmente por Ernestina Herrera de Noble en sus manos, Bergesio hizo lo que Clarín esperaba de él: la puso a dormir. Durante casi siete años no avanzó siquiera un paso.
Recién el 30 de diciembre de 2009, obligado por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, convocó a Marcela y Felipe Herrera Noble para que se les extrajera sangre en el Cuerpo Médico Forense. Pero era una jugada con trampa.
Los jóvenes se presentaron voluntariamente, ya que se trataba de una medida conveniente a la estrategia de los abogados del Grupo Clarín: facilitar muestras de ADN para que fueran comparadas –fuera del Banco Nacional de Datos Genéticos– con las de las familias Gualdero-García y Miranda-Lanoscou, apenas dos de los más de veinte grupos de familiares de desaparecidos entre los que podrían encontrarse sus familias biológicas. Como la defensa de la viuda de Noble tiene la certeza de que ni Felipe ni Marcela tienen relaciones de filiación con ninguna de esas dos familias, la jugada apuntaba a que, una vez establecida la inexistencia del vínculo, Bergesio ordenara destruir las muestras y cerrara la causa.
Los rápidos reflejos de las Abuelas de Plaza de Mayo –que, igual que la fiscal Rita Molina, se opusieron a la medida y anunciaron que pedirían el juicio político del magistrado– impidieron que la maniobra se consumara. Puesto entre la espada y la pared por los querellantes y por el texto de la Ley de Recolección de ADN, al día siguiente Bergesio pegó un volantazo en la causa y allanó los domicilios de Marcela y de Felipe Noble Herrera e incautó cepillos y ropa. Meses después esas muestras debieron desecharse por ser poco confiables.
Chicanas judiciales hasta el fin. Estas últimas medidas no le sirvieron a Bergesio para evitar que la Cámara Federal de San Martín lo apartara de la causa, que en febrero del año pasado quedó en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Una de las primeras medidas que tomó la nueva magistrada fue enviar copia del expediente al Consejo de la Magistratura para que éste evaluara si el juez debe ser sometido a juicio político por su accionar en el caso. Miradas al Sur intentó entrevistar a Bergesio para este informe. Su respuesta fue casi castrense: “Negativo”, dijo antes de cortar.
Privado de su mejor aliado en la causa, La directora de Clarín y Magnetto se sintieron contra las cuerdas. En mayo de 2010, Arroyo Salgado apartó de la causa a dos de los seis abogados de la defensa de Ernestina Herrera de Noble y los denunció penalmente por prevaricato, un delito que tiene penas de uno a seis años de inhabilitación. Durante toda su actuación en la causa, Bergesio no se había dado cuenta de que Jorge Anzorreguy –hermano del jefe de la Side menemista– y Horacio Silva, defendían al mismo tiempo a la imputada, Ernestina, y a sus hijos adoptivos, que a los efectos de la causa son posibles víctimas. Los letrados venían haciendo presentaciones idénticas para una y otros, lo cual generaba un conflicto de intereses. “Ambas asistencias técnicas –señaló Arroyo Salgado– han efectuado presentaciones en forma concomitante con idéntico objeto y alcances, que sólo se distinguen por la identidad de los signatarios”. El ex camarista Gabriel Cavallo asumió entonces la defensa de la viuda de Noble.
Ese mismo mes, la jueza ordenó la toma compulsiva de muestras de ADN de Felipe y Marcela, mediante un allanamiento. Avisados por integrantes del mismo grupo de policías que iba a realizar el procedimiento, los dos jóvenes contaminaron sus ropas y enseres personales, por lo que los perfiles, al ser analizados en el Banco nacional de Datos Genéticos, resultaron inservibles.
Desde entonces y hasta ahora, los abogados de la viuda y de los dos jóvenes, han apelado todas y cada una de las medidas de la jueza tendientes a establecer la identidad de Felipe y Marcela. El circuito para cada medida es el mismo: la resolución de la jueza es apelada ante la Cámara, la de la Cámara ante Casación y la de Casación ante la Corte. De esta manera, las demoras se multiplican y la causa se estira constantemente. “Esto va a seguir así hasta que alguien les diga que no, porque hasta ahora, cada vez que apelan, se les eleva la apelación. Así se hace interminable, que es lo que ellos buscan”, dijo Pablo Llonto a Miradas al Sur.
La apuesta del Grupo Clarín es llegar a las elecciones de octubre sin que la causa avance. Apuestan – igual que con la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa y la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –a que un cambio de gobierno les vuelva a dar poder de presión para cerrarla o cajonearla definitivamente. Es una apuesta tan desesperada como de improbable concreción. Mientras tanto, las chicanas judiciales se le van agotando. Al final del camino está la verdad. Una verdad que, más allá del dolor que pueda causarles, liberará a Felipe y Marcela del peso de un origen desconocido. Y a Ernestina Herrera de Noble la llevará a donde debe estar.
http://www.elargentino.com/nota-136884-La-peor-mentira-de-Clarin-10-anos-de-impunidad.html
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ECONOMIA › EL ABOGADO QUE ENCABEZA LA ESTRATEGIA DE LA ANSES CONTRA TECHINT DESMENUZA LAS RAZONES DEL CONFLICTO
“Fueron contra un decreto totalmente vigente”
Ricardo Nissen comanda el equipo jurídico de la Anses. En esta entrevista con Página/12 revela cómo fue la asamblea en la que el holding bloqueó el ingreso de directores por el Estado, anticipa los próximos pasos de la pulseada y explica las razones del Gobierno.
“El desconocimiento que hizo Techint del DNU 441 fue una maniobra ilegítima pero, además, burda. La asamblea de accionistas debería suspenderse porque fue en contra de un decreto totalmente vigente”, interpretó Ricardo Nissen, quien encabeza la estrategia judicial de la Anses contra Siderar. En diálogo con Página/12, el prestigioso abogado analizó la actuación de los principales accionistas de la compañía y dio su visión sobre las razones del conflicto. “Con la presencia del Estado, la empresa tiene que adaptar su funcionamiento a una legalidad extrema. Puede ser que esas sean cuestiones que molesten y por eso no se permita el ingreso de directores por parte de la Anses”, manifestó.
–¿Cuál es el objeto de designar directores estatales en empresas privadas?
–Todos los directores, a diferencia de los accionistas, tienen libre acceso a la empresa, es decir que pueden revisar los papeles sin tener que pedir permiso. Mientras los accionistas sin representación sólo se enteran sobre cómo va la sociedad y cuánto es la ganancia cuando se presentan los balances, los directores tienen la información día a día. En el caso de Siderar, la Anses a lo sumo podrá designar tres directores sobre once. Como siempre estará en minoría, no puede tomar las decisiones, pero sí adquiere una capacidad para fiscalizar de un modo totalmente superior. Los directores de la Anses podrían especializarse en áreas diferentes.
–¿Por qué la empresa se niega a aceptar un director propuesto por el Gobierno?
–Ningún director del Estado podría avalar políticas que no se correspondan con la legislación. En ese sentido, la empresa tendría que adaptar su funcionamiento a una legalidad extrema. Puede ser que esas cuestiones molesten y por eso no se permita el ingreso de directores.
–Si se excluye a Siderar, las otras asambleas de accionistas que tuvieron lugar desde la promulgación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 441 no desconocieron la normativa.
–Siderar fue la primera que se negó de forma rotunda, ilegítimamente, a través del desconocimiento de la vigencia del decreto, que es una maniobra burda y tonta. Es inentendible lo que hicieron.
–¿Qué argumentos utilizó la empresa para justificar el sistema que propuso de votación por doble cómputo para la Anses, por un lado, con el 5 por ciento, como era antes del DNU, y, por el otro, por casi el 26 por ciento, acorde con la nueva legislación?
–El argumento es tan burdo que me da vergüenza. Dijeron que tenían dudas sobre la constitucionalidad del DNU 441, entonces “para evitar cualquier problema” hicieron el doble cómputo. Por la misma razón pasaron la asamblea a un cuarto intermedio a la hora de designar directores. En ese momento les dije que no podían decir que quieren analizar la constitucionalidad de un decreto que está vigente, porque eso es justicia por mano propia. En todo caso, para tomar esa decisión necesitaban una resolución judicial que suspendiera los efectos del DNU 441. La situación era inverosímil, aunque estaban los estudios de abogados más grandes de Buenos Aires.
–¿Por qué cree que usaron ese doble cómputo y no pasaron desde un primer momento la asamblea a cuarto intermedio, sin tener que exponerse a la votación de cada punto?
–Para mí, se jugaron a que un futuro amparo que presentaran lograra una resolución judicial a su favor. Entonces, si ya en la asamblea computaban los votos tanto como si el DNU existiera como si no lo hiciese, la potencial decisión del juez podría dejar en pie la parte de la votación que desconoció el DNU. De esa manera evitaban tener que hacer una nueva asamblea, aprobar de vuelta los balances y la distribución de dividendos. Según mi experiencia, ellos tenían que aprobar sí o sí los estados contables y la distribución de dividendos, porque si no hubieran pasado a cuarto intermedio al comienzo de la asamblea. El cuarto intermedio lo pasaron al 11 de mayo, para tener tiempo de meter la demanda de inconstitucionalidad y tener una resolución judicial.
–¿Por qué la propia Anses se opuso en la votación a que Siderar distribuya más dividendos cuando el Gobierno critica a la empresa justamente por no repartir las ganancias?
–Respecto de la distribución de dividendos, en primer lugar el directorio propuso repartir unos 400 millones sobre los 1700 millones de ganancias en 2010 y el resto enviarlo a “Resultados no asignados”. Después, Ternium, el accionista controlante, propuso distribuir 1500 millones y pasar 175 millones a “Resultados no asignados”. La representante de la Anses se opuso por diversas razones. En primer lugar, ya había votado en contra en el punto de los estados contables, y sobre ganancias que surgen de estados contables impugnados no se puede votar a favor. También manifestó su repudio al doble cómputo. Pero además se opuso porque en realidad no había 1700 millones de pesos para distribuir, sino que existían unos 6800 millones, provenientes de detracciones que en otros ejercicios hizo Siderar a la distribución de ganancias.
–¿Por qué la forma en la que se trató la distribución de dividendos fue otro de los argumentos utilizados para pedir la nulidad de la asamblea?
–Porque de acuerdo con la jurisprudencia, todos los años hay que explicar a los accionistas la causa por la cual se decide no distribuir la totalidad o una parte de las ganancias de ese ejercicio o de los anteriores. Pero cuando pedimos discutir la distribución de los 6800 millones nos dijeron que esa cuestión estaba afuera de la orden del día. Eso es una vergüenza. Y si esta situación no lo remarcábamos nosotros, iba a pasar totalmente desapercibida. El Estado no es el responsable de que no se distribuyan dividendos, de que no se le paguen 15 mil pesos a cada trabajador, en primer lugar porque la Anses sólo se opuso, sin determinar el resultado de la votación. En realidad, los únicos que privan a los trabajadores y a los accionistas de recibir esos dividendos son las autoridades de Siderar, que hicieron una asamblea que es nula desde todo punto de vista porque desconocieron el decreto 441.
–¿Por qué Siderar mantiene 6800 millones sin distribuir?
–En este país durante los últimos 20 años retener ganancias y no repartirlas al accionista minoritario es un deporte nacional, pero es contrario a la ley. Cuando se aprueba transferir fondos a cuentas como “Resultados no asignados”, el directorio luego puede utilizar ese dinero de forma discrecional para pagar mejores honorarios, por ejemplo. Los dividendos se tienen que distribuir, porque las sociedades se hacen para ganar plata. También se puede retener ganancias, pero tiene que estar bien justificado. Siderar propone distribuir 1500 millones de pesos cuando tienen inmovilizados 6800 millones.
–¿Qué pasará con las decisiones que tomó la cuestionada asamblea de Siderar?
–La resolución de la CNV declaró ineficaz e irregular a los efectos administrativos esa asamblea. Una política prudente aconseja no continuar con el cuarto intermedio, porque la CNV no va a reconocer su validez. Por eso creo que la asamblea no va a continuar. Y si el juez resuelve, ante la presentación de la Anses, que la asamblea es ilegítima, el directorio tendrá que convocar a una nueva asamblea.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-166824-2011-04-23.html
El Grupo T
El Grupo Techint consolidó su liderazgo con la colaboración relevante de recursos públicos. Durante varias décadas obtuvo contratos de obras públicas, gasoductos, caminos que implicaron un desarrollo sostenido de su área de ingeniería y construcción. Recibió millonarios subsidios por regímenes de promoción industrial con exenciones impositivas, por el fomento de exportaciones industriales y por preferencias arancelarias que brindaron protección del importado. Se benefició de la licuación de pasivos financieros, a través de la regulación de la tasa de interés o del sistema de seguros de cambio para la deuda externa privada. Aprovechó la Ley de Compre Nacional que implicó que el Estado pagara sobreprecios amparados en esa norma. Contabilizó ganancias extraordinarias por su participación activa en privatizaciones, por ejemplo con su inversión en el consorcio de Telefónica que se quedó con la mitad de ENTel. La enajenación de activos estatales también afianzó el corazón de su grupo, la siderurgia, con su desembarco en empresas proveedoras de insumos básicos de esa actividad (producción y transporte de gas, petróleo y energía eléctrica) y con la compra de Somisa. Con las privatizaciones, el grupo logró acceder a un notable grado de integración vertical en el rubro energético y siderúrgico. Además, consiguió una concentración y diversificación de sus negocios que resultó en un extraordinario crecimiento patrimonial. De ese proceso de consolidación empresaria, para la familia Rocca fue fundamental apropiarse de Somisa porque pasaron a dominar un sector estratégico de la economía.
Previo a la privatización, Techint mantenía una relación privilegiada con Somisa, empresa estatal que le vendía la materia prima a precios más bajos que los vigentes en el mercado y le otorgaba subsidios directos, además de establecer acuerdos de precios en ciertos mercados donde ambas competían. Techint, con Siderca y Propulsora Siderúrgica, creció al amparo de los beneficios que, para el sector, implicaba el impulso que a la siderurgia transmitía Somisa. En los dos años anteriores a la privatización, Somisa se ubicaba entre las 30 empresas de mayor facturación anual del país; era la primera empresa en cuanto a su aporte a las exportaciones agregadas de productos siderúrgicos con aproximadamente un 35 por ciento del total; representaba cerca del 60 por ciento de la capacidad de reducción y producción de acero y más del 50 por ciento de la capacidad y la producción de acería; y en la fabricación de bienes finales tenía una presencia importante en la manufactura de distintos laminados no planos y, en especial, planos en frío y en caliente y monopolio en hojalata. Este detalle revela que Somisa tenía un elevado grado de integración vertical de su producción y ejercía un fuerte liderazgo en el mercado siderúrgico local. Su privatización fue una transferencia al grupo Techint de una empresa líder en exportaciones del sector y en distintas áreas del mercado del acero.
En estos días de tensión por la aspiración del Estado de ejercer en forma plena sus derechos políticos y económicos por su tenencia accionaria en Siderar (fusión de Siderca y Somisa), se presenta oportuna repasar esa privatización para poner en perspectiva ese debate y a la vez amortiguar embates excitados del establishment. Antes de la privatización, el interventor de la compañía, el sindicalista de los plásticos Jorge Triaca, realizó el “trabajo sucio” de reducir la plantilla. En diciembre de 1990, la planta sumaba 11.600 empleados; a fines de diciembre del año siguiente, sólo quedaban 5285. Esos despidos masivos provocaron una bonanza pasajera en San Nicolás y alrededores por las indemnizaciones cobradas y un boom de instalación de kioscos que luego la mayoría quebró. Además de esa “racionalización”, esa administración estatal provocó a un importante déficit económico-financiero. Somisa había registrado históricamente buenos desempeños económicos y a partir de la gestión de Juan Carlos Cattáneo, primero, y de Triaca, después, comenzó a contabilizar un déficit operativo de cerca de un millón de dólares por día, acumulando una deuda de unos 500 millones de dólares en apenas dos años. Esa pérdida estuvo asociada a la exportación de productos siderúrgicos a menos del 10 por ciento de su valor real a un trader extranjero y a la compra de gas, carbón, chatarra y otros insumos a precios muy superiores. Esos fuertes quebrantos prepararon el terreno para impulsar y justificar la venta, pero también para provocar una importante subvaluación de la compañía.
El proceso final de la privatización de Somisa fue encarado por una nueva intervención estatal a cargo de María Julia Alsogaray. La principal restricción del pliego de licitación fue prohibir la participación de dos empresas siderúrgicas locales (Acindar y Techint) en un mismo consorcio. Esos dos grupos lo resolvieron en forma sencilla: hubo una sola oferta presentada por el consorcio liderado por Techint, acompañado por las empresas brasileñas Usiminas y Campanhia Vale do Río Doce y la chilena Cap. Acindar ingresó a la empresa después de la licitación al adquirir las tenencias accionarias –minoritarias– que se encontraban en poder de un banco de capitales ingleses (el Chartered West LB Limited), desvirtuando así las condiciones originales de la privatización. Las bases de la venta fijaron que el 80 por ciento del paquete accionario quedaba en manos privadas y el 20 por ciento restante, al Programa de Propiedad Participada (PPP) para los trabajadores, porcentaje que facilitó el acompañamiento de la UOM a esa privatización. Esa tenencia fue luego licuada por operaciones de fusiones y ampliaciones de capital dispuestas por Techint. Con la enajenación de Somisa se consolidó un oligopolio siderúrgico local: el grupo Techint y Acindar pasaron a ejercer una posición dominante en ese mercado. Empresas de Techint monopolizaron la producción local de productos planos y de tubos sin costura, mientras que Acindar desplegó su hegemonía en el mercado de los no planos excluidos los tubos sin costura.
En el documento “Somisa. Una industria en reconversión”, de Juan A. E. González, se plantea el interrogante sobre cuánto se debería haber pagado por Somisa y lo efectivamente desembolsado por Techint. En esa investigación se precisa que la empresa acumulaba un stock de producción elevado que quedó para el nuevo dueño privado. La intervención había estimado un valor teórico de Somisa de 450 millones de dólares, mientras que la consultora contratada para su tasación lo elevó a un máximo de 750 millones. Finalmente, la única oferta fue por 152,1 millones de dólares, abonando en efectivo 140 millones de dólares –base fijada por el Gobierno– y el resto en títulos de la deuda pública. El pago era 100 millones al momento de la posesión y el resto en dos cuotas. En su investigación, Rodríguez se pregunta “¿cuánto pagó por la empresa Techint?” Responde que a esa cifra se le restó 130 millones de dólares, valor que se le dio al stock de producción acumulado, aunque señala que según estimaciones de los entonces diputados Pedro José Novau y Eduardo Santín, ese stock equivalía a 270 millones de dólares. “¿Un regalo no?”, provoca Rodríguez, además de informar que “al otro día de la licitación los nuevos dueños comenzaron a tener sus beneficios, cuando se les adjudicaron cinco créditos equivalentes a la misma suma que debían pagar por hacerse cargo de Somisa”.
Ante esta historia de estrechos y sospechosos vínculos con el Estado a lo largo de varias décadas, que le permitió consolidar un poderoso conglomerado empresario, la presencia de directores de la Anses en una empresa del grupo Techint es poco significativa en perspectiva a ese recorrido. El debate adquiriría más trascendencia si a partir del rechazo de la familia Rocca a la persona designada por el Estado para ser director de Siderar se provocara una revisión no prevista por el Gobierno de cómo se formó un oligopolio siderúrgico para terminar evaluando sus consecuencias sobre un sector estratégico para el desarrollo nacional.
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-166915-2011-04-24.html
EL PAIS › LA HISTORIA NO CONTADA DEL CONFLICTO CON TECHINT
El rol de un Estado que no quiere ser el socio bobo garante de la rentabilidad empresarial está en el fondo del debate con Techint y Clarín. Desde la recuperación del sistema previsional, que fue un ruinoso negocio para el país, claman por los derechos de propiedad y la seguridad jurídica. Un conflicto de tres años que se aceleró con la muerte de Kirchner y la declaración de guerra de Techint, que exige una devaluación que vuelva a licuar el salario.
El chisporroteo entre el Estado y Techint es la manifestación pública de una disputa política que lleva tres años y se acentuó con la muerte de Néstor Kirchner. En noviembre, la transnacional italiana presionó al gobierno de la presidente CFK para que realizara una nueva devaluación, que hubiera implicado un brusco descenso en los ingresos populares, como ocurre en promedio cada siete años desde la dictadura militar, según el cálculo de Martín Redrado. Su principal accionista, Paolo Rocca, también cuestionó en noviembre la política del gobierno y su presunta pretensión de injerencia en las decisiones de inversión del holding.
De Mussolini al paraíso
El grupo fundado por el asesor siderúrgico de Benito Mussolini, el capitán de artillería Agostino Rocca, con capitales alemanes e italianos que fugaron de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, tiene sedes en Milán y en los paraísos fiscales de Luxemburgo y las Antillas Holandesas, para no pagar impuesto a las ganancias distribuidas. Desde allí controla un centenar de empresas en más de veinte países, que emplean a 40.000 trabajadores. En estas condiciones, es una proeza de relaciones públicas y propaganda haber instalado que se trata de un grupo nacional, líder de la industria argentina. El actual gobierno también realizó aportes a esa ficción, con discursos ingenuos ante la sonrisa satisfecha de los italianos. A mediados de 2008, la presidente CFK acompañó a Paolo Rocca en la inauguración de la universidad corporativa de Techint en Campana y arrojó flores retóricas sobre el grupo. Pero pocos meses después, el gobierno nacional recuperó la administración pública del sistema previsional. Su privatización en 1994 desfinanció al Estado, lo impulsó al endeudamiento con los mismos bancos que recibieron el negocio de las jubilaciones, consumió en gastos administrativos y comisiones una porción exorbitante de los aportes de los trabajadores y dejó al margen de cualquier protección a quienes no tuvieran un empleo que les permitiera soportar esas exacciones. Pero Techint y su principal socio político, el Grupo Clarín, impulsaron una declaración de la Asociación Empresaria AEA, según la cual al poner fin a esta situación escandalosa se afectaban la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. En 2009, Techint comunicó la posibilidad de no pagar a su vencimiento obligaciones negociables por 22 millones de dólares de su Transportadora de Gas del Norte, lo que agitaría el fantasma de un nuevo default soberano de la Argentina, en un pésimo momento internacional. La insignificancia de la cifra para una transnacional revela la índole política de la jugada. El gobierno respondió con la designación de un veedor, quien detectó en el balance de 2008 recursos genuinos para hacer frente al compromiso y presentó una denuncia penal contra los responsables de una declaración irregular del default.
Tampoco aceptó la solicitud de Rocca de que la ANSES comprara la cuarta parte del paquete accionario de TGN, que estaba en manos del fondo inversor del Bank of America, Blue Ridge, alegando que no habría dinero estatal para socorrer a una empresa cuyos incumplimientos justificaban rescindir el contrato de concesión. Entre diciembre de 1996 y la eliminación del régimen de capitalización, en 2008, Siderar había colocado acciones a las AFJP por 2.680 millones de pesos, equivalentes al 25,97 del paquete accionario. Pero Rocca siempre se opuso a la designación de un director estatal por la minoría en representación de esas acciones, obtenidas por la ANSES al expropiarse las AFJP. En cambio ofreció nombrar por la mayoría al ex ministro Aldo Ferrer. La ANSES también había declinado una solicitud del Grupo Clarín para financiarle con fondos previsionales el soterramiento de los cables de sus operadoras Multicanal y Cablevisión, ya que no se trataba de una inversión reproductiva y generadora de empleo, sino apenas el acatamiento demorado a una ley de 2005. Ante esta negativa oficial, el Grupo Clarín consiguió fallos judiciales y omisiones legislativas que pospusieron hasta ahora el cumplimiento de la ley. En 2008, al desatarse la peor crisis global en un siglo, la familia Rocca anunció que debido a las condiciones de mercado suspendería la construcción de un nuevo alto horno de fundición de palanquilla y un tren de laminado continuo. En su anuncio a la Bolsa de Comercio dijo que continuaría la ampliación cuando se recuperara la demanda, local e internacional, y que había ordenado a los subcontratistas que suprimieran los puestos de trabajo correspondientes a ese proyecto. Eran 2.400 cesantías. El gobierno nacional, cuya política maestra frente a la crisis fue la preservación del empleo, respondió que no toleraría un solo despido y dictó la conciliación obligatoria con las uniones de obreros de la construcción y metalúrgicos. Techint utilizó esta situación para presionar al gobierno: si intercedía ante el presidente de Venezuela, teniente coronel Hugo Chávez, y éste indemnizaba la expropiada participación del grupo italiano en Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), invertiría ese dinero en SIDERAR. El gobierno hizo la gestión, consiguió que los despidos se convirtieran en suspensiones rotativas, pagó parte de los sueldos con el programa REPRO y aceptó que la obra se reprogramara a más largo plazo, pero no que quedara paralizada, en cuyo caso estudiaría las condiciones jurídicas para una eventual expropiación. El gobierno cumplió su parte pero Techint no invirtió en ese proyecto los fondos pagados por Venezuela.
Palabra de PRO
La versión del Grupo Clarín sobre la resistencia de Techint a la designación de directores por la minoría estatal no coincide con la secuencia de los hechos, que aquí se reconstruye en base a diálogos con funcionarios del gobierno nacional y de la propia Techint. Clarín sostiene que Techint había propuesto la designación por consenso del economista Benny Kosacoff, a quien menciona como ex profesor del ministro de Economía, Amado Boudou, pero dice que la presidente CFK lo rechazó y en cambio dispuso el dictado del decreto 441, que incrementó la representación estatal en los directorios en forma proporcional a las tenencias accionarias, y designó a Axel Kicillof, que los italianos no aceptaron. Pero Kosacoff nunca fue profesor de Boudou, el ministro jamás llevó esa propuesta a Olivos y la crisis se desató mucho antes. En setiembre de 2010, el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, dijo en un reportaje con el diario inglés Financial Times que el gobierno de Cristina “está entrando en una fase confiscatoria”. Y el de Techint, Paolo Rocca, pronunció en noviembre un discurso incendiario en la conferencia anal de la UIA y se retiró sin esperar a que llegara Cristina. Se opuso a cualquier distribución de ganancias y protección laboral y presionó por una nueva devaluación.
En sus comunicaciones internas la Organización Techint utiliza siglas para referirse a personas y entidades. Paolo Rocca es identificado como PRO. Durante la reunión anual para directivos y empleados, realizada a fines de noviembre de 2010 en el Hotel Sheraton, luego de la entrega de medallas a quienes cumplían 25 años de servicios, PRO se jactó de que Techint había instalado en tiempo récord en México un laminador de acero peregrino o continuo con el que apunta a fortalecer el pie que puso en Norteamérica con la adquisición hostil de la acería estadounidense Maverick. Un alto ejecutivo de Techint cuenta que los conflictos allí fueron enormes: “Se violaron reglas a nivel institucional, se llegó a accionistas por medios cuestionables, se quiso implementar la misma desregulación laboral que en 1997 se hizo al erigir SIDOR en Venezuela: donde a cada obrero despedido se le abonaron apenas mil dólares”. Igual que en la UIA, abogó por el cambio de paradigma económico productivo y se quejó por “los problemas de productividad que tiene el país”, o sea por los niveles de protección a la mano de obra en el actual contexto político. Dijo que la productividad laboral había crecido a una tasa anual del 4 por ciento y los salarios en dólares a un ritmo de 22 por ciento al año. Omitió cualquier referencia a la rentabilidad excepcional obtenida en esos mismos años y dijo que era “necesario actuar” sobre el tipo de cambio, los aranceles y la protección antidumping. También objetó el proyecto de ley reglamentaria del artículo 14 bis de la Constitución sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas “con control de la producción y colaboración en la dirección”.
Cristina tomó nota, buscó el destino más agradable para Aldo Ferrer y a pocos días de la reunión del Sheraton le ofreció la embajada en París. El Senado le dio el acuerdo el 15 de diciembre y Ferrer se reunió con el elegido para sucederlo, el macroeconomista Axel Kicillof, para transmitirle su experiencia como presidente del directorio de Techint. Pero en enero, cuando Amado Boudou transmitió el nombre del candidato a Techint, su operador político Luis Betnaza puso mala cara. Dijo que no podía tomar una decisión en ausencia del CEO de la compañía, Daniel Novegil, quien saltó a esa posición luego de dirigir la operación del grupo en Venezuela. Volvieron a reunirse en febrero, al regresar Novegil al país. Recién allí contraofertaron con el nombre de Kosacoff: sería otro “candidato de consenso”, como Ferrer, designado en la propuesta de la mayoría. Boudou nunca mencionó su nombre ante la presidente, porque sus instrucciones eran estrictas: dada la manifiesta hostilidad pública del holding, no era admisible repetir el procedimiento que derivó en la designación de Ferrer a propuesta de los Rocca. Recién este mes, cuando Betnaza y Novegil rechazaron el nombre de Kicillof. Clarín lo demonizó como camporista, La Nación como marxista. El 14 de abril Cristina firmó el decreto 441, que consagra el ejercicio pleno de los derechos que corresponden al accionista minoritario en defensa de sus intereses, que en este caso son los del sistema previsional. Techint no lo aceptó, la Comisión Nacional de Valores declaró ineficaz e irregular la asamblea de accionistas y ambas partes recurrieron a la Justicia. El Estado aduce que el decreto 441 tiene plena vigencia (aunque los abogados de empresas extranjeras reunidos en el Colegio de la calle Montevideo lo cuestionen) y que la antigua ley de sociedades impide en sus artículos 66 y 70 mantener una cuenta de resultados no asignados y exige una fundamentación precisa para constituir un fondo de reserva, ya que la razón de ser de la empresa privada para el inversor minoritario es la distribución de dividendos. En el caso de Siderar, esa cuenta ilegal supera los 1700 millones de dólares y la empresa sólo propuso distribuir 1500 millones de pesos.
Clarín también afirmó el viernes que el 11 de mayo, al reanudarse la asamblea de accionistas que pasó a cuarto intermedio, los directores de Siderar por el Programa de Propiedad Participada votarían a favor de la propuesta estatal. Sostuvo que para ello, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás, Naldo Brunelli, había puesto dos condiciones: que entre los directores estatales no hubiera ningún camporista y que la ANSES aprobara la distribución de dividendos propuesta por el holding itálico. Funcionarios del gobierno nacional que mantuvieron contacto con Brunelli y con el director por el PPP, Francisco Cudos, negaron que existieran tales condiciones. Cudos preside junto con el director suplente de Siderar, Cayetano Raúl Berterame, la sociedad anónima ISA (Inversora Siderúrgica Argentina), creada por Brunelli para manejar el paquete accionario de los obreros, muchos de los cuales le vendieron sus acciones. Oriundo de Concordia, Berterame integró durante los setenta los grupos universitarios de la derecha peronista y de los guardianes de hierro que, luego del asesinato del obispo Carlos Ponce de León, en 1977, apoyaron la erección del monumental templo a la Virgen del Rosario, que habría aparecido en la villa Pulmón o El Campito. En su biografía del cura obrero Jorge Galli, Rafael Restaino escribió que “se dejó de luchar por el prójimo como proponía el obispo y quienes seguían sus lineamientos, para esperar sólo la salvación rezando”. El periodista Carlos del Frade agrega en su trabajo “La Iglesia y la construcción de la impunidad” que “Somisa pasó a integrar el patrimonio del poderoso grupo Techint. Más de 8.000 despidos y 174 millones de dólares en indemnizaciones y retiros voluntarios sirvieron de anestesia para los obreros metalúrgicos. La secuencia de los hechos en San Nicolás es una síntesis de la historia social del país y de la región: sacerdotes comprometidos - movimiento obrero organizado - terrorismo de Estado - ajuste - milagros individuales - anestesia social - olvido y silencio promovido desde la jerarquía misma”.
Durante un encuentro en la Casa de Gobierno, a la que acudieron junto con el miembro del secretariado nacional de la UOM e intendente kirchnerista de Quilmes, Francisco Gutiérrez, Brunelli y Cudos explicaron su voto junto con la empresa porque se trataba de aprobar su propia gestión en el directorio. Además Techint ha tenido la astucia de que también los hombres de la UOM dependan de su buena voluntad, ya que en un canje de acciones los dejaron por debajo del mínimo requerido para designar un director propio. El holding les planteó que si ingresaban los directores de la ANSES sería a expensas de los del PPP. Durante esa visita, Brunelli y Cudos se comprometieron a oponerse a la demanda judicial contra el decreto 441 y a apoyar el 11 de mayo la propuesta de la ANSES. “Sin condiciones”, dicen. Brunelli también se preocupó por negar que tenga una empresa que provee a Siderar de los sándwiches y las gaseosas del refrigerio. “Soy vegetariano”, bromeó. Uno de sus últimos negocios conocidos fue la construcción de un Anfiteatro para 15.000 personas con un crédito del Banco Mundial. En San Nicolás todos conocen la serie de empresas que creó para prestar distintos servicios a Siderar. Estas son algunas de esas muestras del sindicalismo empresario:
- Jurafer, transporte de productos siderúrgicos con unos treinta camiones.
En tres semanas se sabrá si la versión más fiel sobre la posición de Brunelli es la del gobierno o la del Grupo Clarín.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166883-2011-04-24.html
Directores Estado empresas / techint / Zaiat Alfredo

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 artículo 14