Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2014/139/3/
Timestamp: 2019-12-13 02:47:14+00:00

Document:
Diario de Sesiones 139/2014, de fecha 8/10/2014 - Punto 3 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 139/2014, de fecha 8/10/2014 - Punto 3
8L/CG-0020 COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA PROPUESTA LEGISLATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE CANARIAS.
El señor PRESIDENTE: Continuamos entonces, como decíamos. Comunicación del Gobierno sobre la propuesta legislativa de los municipios de Canarias.
El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola, para la presentación de la comunicación.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Señor presidente, señorías, buenas tardes. Quiero también saludar al presidente de la Fecam, a los alcaldes que le acompañan, que son miembros de la dirección de la Fecam, y a todas las personas que hoy están aquí para seguir este debate, esta comunicación, sobre la ley de municipios de Canarias.
Señorías, este segundo texto legislativo que debatimos hoy supone un hito en la historia democrática de Canarias. Es un texto novedoso y útil para los municipios. Por primera vez, la regulación del régimen y funcionamiento de los ayuntamientos en Canarias se ha desarrollado de una manera detallada y completiva, en un cuerpo legal específico para la materia.
Es un texto profuso, tiene 136 artículos, que viene a sustituir a la reducida regulación que ha estado vigente en un título de la Ley 14/90, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Una norma cuya principal virtud es su utilidad, porque viene a llenar vacíos legales derivados de la parca y escasa regulación que se contiene en ese título V de la ley del año 90 y que ha dificultado la gestión municipal, impidiendo alcanzar la máxima eficacia (abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente primero, Cruz Hernández).
La organización y funcionamiento de los municipios se ha regido después de la Constitución por la ley de bases de régimen local del año 1985, reformada en más de veinte ocasiones. En diciembre del 2013, hace ahora nueve meses escasos, las Cortes Generales aprobaron la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ese texto modifica la citada Ley 7/85 y pretende conectar el funcionamiento y el marco competencial local con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Según su propia exposición de motivos, la norma pretende evitar duplicidades, racionalizar estructuras, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa privada. Lo dice la propia Ley 27/2003: y favorecer la iniciativa privada.
Bien. El texto, desde el primer borrador que distribuyó el Gobierno de España, tuvo una amplísima contestación, incluso desde los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, lo que obligó a notables modificaciones antes de su aprobación. Pese a los cambios, el texto ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por miles de ayuntamientos y varios gobiernos y parlamentos autonómicos, entre los que se encuentra el Gobierno de Canarias.
Durante los últimos meses, numerosas circunstancias y problemas generados por la aplicación de esta ley en el funcionamiento municipal han venido resolviéndose, pues, a través de una serie de actuaciones coyunturales. El cuerpo legal que hoy presentamos llena esas lagunas, detectadas por los propios gestores municipales y trasladadas al equipo de la Viceconsejería de Administración Pública, que trabajó para colmar esas carencias y resolver así dificultades diarias en la gestión municipal.
La norma elaborada, partiendo del exquisito respeto al principio de la autonomía local, frontispicio de esta reforma, pretende dotar a los municipios de una normativa que garantice, en el presente y en el futuro, la capacidad y la suficiencia financiera para la correcta prestación de los servicios públicos municipales.
Su contenido refleja el convencimiento político de que son los ayuntamientos la Administración más cercana y próxima a la ciudadanía, una posición que debe ser tenida en cuenta siempre en el reparto competencial entre los tres niveles de las administraciones públicas y que tiene por objeto producir la máxima eficacia y eficiencia con la mayor calidad en la prestación de los servicios.
La redacción en paralelo de este texto y el relativo al de los cabildos insulares, que acabamos de examinar, ha permitido, ha permitido, alcanzar coherencia entre ambos textos, evitando solapamientos y duplicidades.
Se trata de una iniciativa legislativa que aborda el régimen jurídico de los municipios y todos los entes que forman el sector público municipal, es decir, las mancomunidades, los consorcios, las sociedades mercantiles públicas, las fundaciones, los organismos autónomos y otros.
Aproxima, aproxima a los municipios a la realidad de la Administración pública más ágil y moderna, potenciando la administración electrónica e incorporando la transparencia, como exige la demanda ciudadana en el siglo XXI.
Estas son algunas de las virtudes de la iniciativa legislativa que nos ocupa en este debate y que, como he dicho, es un hito histórico en Canarias. Al menos así lo ve el Gobierno.
Señorías, antes de entrar en el detalle del contenido de la propuesta legislativa, hagamos una breve referencia histórica a la evolución de los municipios en Canarias para luego expresar varias consideraciones sobre el contenido de la ley.
A partir de la conquista de las islas Canarias, no encontramos municipios, tal y como hoy los conocemos, hasta que llega la Constitución de 1812, porque con anterioridad a esa Constitución de 1812 cada isla, cada isla, era considerada un único núcleo territorial bajo la administración del cabildo histórico. Ejecutando el mandato de la Constitución de 1812, la Pepa, en la década de los años 20 del siglo XIX se comienzan a constituir los actuales términos municipales en Canarias y, por tanto, los primeros ayuntamientos, sobre la base de las antiguas pedanías, cuya división fue hecha fundamentalmente sobre los accidentes geográficos y orográficos, sobre todo los barrancos. Y es verdad, si ustedes ven por ahí los límites municipales, de los términos de los municipios de Canarias, verán que lo que separa a un término municipal de otro son los barrancos, y así viene desde los primeros años del siglo XIX. Salvando el caso de las villas exentas, que eran La Orotava y Santa Cruz de Tenerife, que tenían una independencia administrativa del cabildo de la isla respectiva. Al frente de estas villas exentas figuraba el denominado "corregidor", y a veces incluso alcalde, cuando todavía tenía funciones jurisdiccionales.
En lo que concierne a la organización y funcionamiento de los municipios -ya estamos en el siglo XX-, hemos de mencionar la Ley 8/1986 y luego la Ley 14/1990, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, conocida, como he dicho antes, como ley de cabildos, que en el plano teórico significaron una novedad pero que en la práctica tuvieron una reducida aplicación en los municipios, que disponían de reglamento orgánico, ya que la propia ley les situaba a estos reglamentos orgánicos por encima de la ley, cuestión que fue planteada y cuestionada por una sentencia del Tribunal Constitucional.
En nuestra opinión, las dos leyes citadas desaprovecharon, asimismo, la oportunidad -me refiero a la Ley 8 y la Ley 14/90, estas dos leyes-, desaprovecharon la oportunidad de dar regulación a las entidades supramunicipales y a las instrumentales filiales de los municipios. Olvidó absolutamente los organismos autónomos, olvidó las sociedades locales y ni siquiera reguló el procedimiento de elaboración y aprobación de los estatutos de las mancomunidades de municipios, cuya regulación dejaba la ley de bases de régimen local a cuenta de la legislación de la comunidad autónoma. Solo previó, y tímidamente además, las áreas metropolitanas en las conurbaciones de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, remitiendo su desarrollo, impropiamente, a disposiciones gubernativas. Estas lagunas las llena ahora el texto que se adjunta a esta comunicación.
El texto de la iniciativa que hoy presentamos está estructurado en 11 títulos, incluyendo el preliminar, y una parte final con 28 disposiciones.
El título preliminar recoge, lógicamente, el objeto de la norma, su ámbito de aplicación, el régimen jurídico, en función de la distinta naturaleza de cada ente. El título I regula el municipio, partiendo de que este es el ente primario del sector municipal, su núcleo esencial, proclama la autonomía municipal y parte del convencimiento, de todos los que hemos participado en la negociación del texto normativo, y esto es importante, de la necesidad de mantener en Canarias los ochenta y ocho municipios que existen hoy.
Mucho se ha hablado y debatido en esta legislatura sobre la necesidad de reducir el número de entidades locales. Este Gobierno, desde el primer momento, defendió la continuidad en Canarias de la actual distribución municipal, sustentada en criterios demográficos y orográficos, además de históricos y políticos. Y lo hace desde el convencimiento de la utilidad de dicha distribución territorial y, especialmente, desde la plena convicción de que solo con el diálogo y previo acuerdo, mediando la propia voluntad de los municipios y sus habitantes, puede impulsarse un proceso de fusión o segregación cuyo resultado sea realmente factible y útil. Por ello el texto que hoy debatimos reserva a la iniciativa de los propios municipios el inicio de cualquier procedimiento para la fusión o segregación. Tiene que ser a iniciativa del municipio.
En cuanto a las competencias municipales, esta propuesta legislativa está en plena armonía con la prevista para los cabildos. Establece como principios de atribución de competencias a los municipios los siguientes: garantía de la autonomía municipal -ese es el primero-, máxima proximidad, igualdad en el acceso a los servicios públicos y suficiencia financiera para darles cobertura. Con todo, y sin perjuicio de lo previsto en la legislación básica, la propuesta reconoce como competencias propias de los municipios aquellas que se les atribuyan por las leyes sectoriales de la comunidad autónoma en dieciocho materias concretas, entre las que voy a destacar algunas, no todas -no voy a hablar de las dieciocho-, pero sí que me resulta de interés resaltar las de consumo, educación, empleo, fomento y promoción del desarrollo económico y social municipal en el marco de la planificación autonómica, igualdad, juventud, servicios sociales, urbanismo y vivienda. Estas me parecen que son el núcleo esencial de las competencias de los ayuntamientos.
En su título II, el cuerpo legal aborda la aplicación de los principios de transparencia y de acceso a la información, en los términos que se establecen en las leyes estatal y autonómica de transparencia, y propicia la apertura de la Administración municipal a la ciudadanía, fomentando los procesos participativos.
Se detallan en el título III la regulación del estatuto de los miembros electos y otros aspectos organizativos, entre los que destacan la tipología de los órganos de participación vecinal bajo el principio de no duplicidad.
En el título IV se ordena y se regula el funcionamiento de otras entidades del sector público, como las áreas metropolitanas, consorcios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, mancomunidades, fundaciones, etcétera. Su creación, potestades y requisitos mínimos para su funcionamiento, entre otros aspectos, se desarrollan en este título para cada una de esas entidades jurídicas mencionadas, completando el ordenamiento jurídico base. Por eso nosotros insistimos mucho: esta ley es completiva, esta ley no reproduce lo que figura en las disposiciones básicas estatales; esta ley viene a completar en su regulación ese contenido básico establecido por el Estado.
El funcionamiento de los municipios ocupa el título V, en el que se especifican normas que rigen la gestión, convocatorias, órdenes del día, diario de sesiones, etcétera. Se trata de disposiciones comunes que intentan facilitar un funcionamiento ordenado, en tanto más racionalizado y sistematizado, y fomentar la difusión de la actividad que se realiza.
Este título V se completa con el contenido del VI, en el que, por primera vez, por primera vez, se desarrollan, en el ámbito municipal, normas de procedimiento que completan las básicas, recogidas en la regulación estatal. Estas normas se adaptan a las necesidades específicas de ese nivel municipal y vienen a cubrir lagunas que pretenden aumentar la seguridad jurídica en la actuación municipal. En este título se establecen las bases para la aplicación y eficiencia de la administración electrónica, propiciando así el desarrollo presente y futuro de la misma, lo que permitirá agilizar y mejorar la capacidad de respuesta de los ayuntamientos a las solicitudes y prestaciones de servicio.
El título VII regula el régimen jurídico. Contiene preceptos aplicativos de la legislación general, tanto local como de procedimiento común, referidos a los actos administrativos y los recursos que se puedan interponer en el ámbito local. Cabe destacar alguna novedad, como, por ejemplo, el reconocimiento de la capacidad de los alcaldes para resolver las reclamaciones previas a la vía judicial, con el afán de hacer viable su solución en la vía administrativa. Esto es novedoso, esto se recoge en esta normativa.
En cuanto a los títulos VIII y IX, están dedicados al patrimonio, a la contratación y a las haciendas municipales. Como principales novedades, destacamos la regulación del pago aplazado y la enajenación de bienes y derechos, la introducción de la posibilidad de pago en especie de tributos locales y la habilitación, a normas reglamentarias posteriores, de los títulos de intervención en el patrimonio local.
El título X, en ese título X se fijan los principios de financiación municipal, los principios de la financiación municipal, pero, además, en su parte final, recoge el compromiso de proceder a la revisión del sistema de financiación de las competencias municipales, para lo que se establece un plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, en caso de obtener el respaldo del Parlamento. Señorías, no puede disociarse la financiación local del sistema de financiación autonómica, hoy pendiente de revisión por el Gobierno de España, lo que condiciona la regulación de la financiación local, como ya me he referido en mis anteriores intervenciones como consecuencia del debate de la comunicación de la ley de cabildos. Abordar en estos momentos esta revisión en Canarias no es viable, ya que la financiación local está directamente ligada al sistema de financiación autonómica en todo el Estado. Un asunto que, como bien saben sus señorías, el Gobierno de Canarias ha reivindicado ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas durante toda esta legislatura sin que aún se haya iniciado ese proceso de revisión.
Otro hito histórico es el reconocimiento legal de un régimen especial para la isla de La Graciosa, que se contempla aquí, sin dejar de formar parte del municipio de Teguise, pero va a tener una autonomía de gestión la isla de La Graciosa por mor de una disposición que hemos introducido en esta ley de municipios.
Ahora viene una parte importante: el contenido de las disposiciones transitorias. Bien. En las disposiciones transitorias las propuestas que debatimos establecen dos mecanismos para solventar la confusión que se generó por aplicación, por la vigencia, de la Ley 27/2013. Así, por un lado, la transitoria primera viene a mantener la vigencia de las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y esto es muy importante, porque, por mor de esta disposición -la transitoria primera-, todas las competencias que tienen hoy los ayuntamientos en leyes sectoriales que ha aprobado el Parlamento de Canarias en distintas materias -consumo, servicios sociales-, todas se mantienen en vigor. De ahí la enorme importancia que tiene esta disposición transitoria, que viene a resolver un problema que creó la Ley 27. De este modo se elimina cualquier duda sobre el ejercicio de las competencias que estas normas sectoriales les asignan a los municipios y mantiene en el ámbito municipal competencias, por ejemplo, en servicios sociales, en igualdad y en juventud, entre otras.
Por otro lado, la propuesta también garantiza la continuidad de los servicios preexistentes a la entrada en vigor de la Ley 27. Con ello el texto evita que se dejen de prestar servicios que hoy están prestando los ayuntamientos y que, si aplicamos la Ley 27, dejarían de prestarlos. En este tiempo hemos buscado una solución provisional a través de unas circulares de la Viceconsejería de Administración Pública. Si no, en Canarias existiría, de verdad, un auténtico caos en cuanto a la prestación de servicios, porque la aplicación de la Ley 27 generaría, respecto de las competencias y de los servicios, múltiples problemas que creemos que, de forma provisional, han sido resueltos con estas circulares, pero se necesita un refrendo legal en la ley que estamos comentando.
Acabo, señorías, poniendo de manifiesto, como conclusión, que el Gobierno entiende que estamos ante una norma útil, práctica, que resuelve problemas del día a día en la gestión municipal, que mejora los sistemas de relación y coordinación entre la Administración autonómica y la municipal, detalla el funcionamiento municipal, mejora la transparencia y el acceso a la información, potencia la administración electrónica, impulsa la descentralización bajo el principio de máxima proximidad, garantiza la suficiencia financiera... Todo ello desde el máximo respeto -y esto no me cansaré de decirlo-, desde el máximo respeto a la autonomía local y con el previo consenso institucional negociado por el Gobierno y la Fecam.
Señorías, acabo señalando que, en nombre del Gobierno, quiero expresar la expectativa de que esta ley pueda ser aprobada en esta legislatura. Que obtener el respaldo de este Parlamento sería la merecida rúbrica a un trabajo que realice esta Cámara parlamentaria, que estoy seguro de que hará un muy buen trabajo, porque sus señorías hoy han mostrado una gran voluntad política de alcanzar un acuerdo. Espero que logremos también en esta ley alcanzar un acuerdo que nos permita terminar aprobando en este Parlamento una ley de municipios por unanimidad de la Cámara. Espero del trabajo de todos y confío en el buen hacer de todos los parlamentarios.
Señorías, recordar que, conforme al artículo 186, conforme a la comunicación previa que hemos visto en relación con los cabildos, está abierto el plazo de presentación de las propuestas de resolución por los distintos grupos parlamentarios, conforme al Reglamento.
Recordado eso, decir también y saludar a unas personas: al alcalde de San Sebastián de La Gomera y a un grupo de personas, de mayores, que nos acompañan en esta tarde, ya, de hoy en este Parlamento. Bienvenidos al Parlamento de Canarias, en nombre propio y de la Mesa y de todos los grupos parlamentarios, a esta, su casa, y espero que disfruten hoy del día en el Parlamento y en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
A continuación, para proseguir con el orden del día, en relación con esta comunicación, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez, por tiempo de quince minutos tiene usted la palabra.
Un saludo especial y afectuoso a la representación de la Federación Canaria de Municipios y también al grupo, no de personas mayores, pues casi de la quinta, que hoy nos acompañan en este pleno.
El valor de esta comunicación está esencialmente en que el texto que se nos propone se ha hecho de la mano de la Fecam, de la mano de los ayuntamientos. Ese es el gran valor y la fuerza de este texto, porque se hace de la mano de las organizaciones institucionales más pegadas al pueblo, a los ciudadanos y a sus problemas. Las instituciones que mejor interpretan esto que hacemos aquí de la política, porque son las instituciones que dan respuesta a los problemas de la gente día a día. Y no son precisamente las instituciones mejor tratadas por los parlamentos, ni el de España ni por este, porque son las únicas instituciones de la estructura de los poderes públicos que han tenido pocas reformas y las pocas que ha habido es para cortar las alas y complicarles la vida. Por eso quiero aprovechar para reconocer el trabajo en la transformación democrática, en el bienestar de Canarias y del Estado español, al municipalismo.
Yo pertenezco a una organización política esencialmente municipalista, porque interpretamos la política desde la base y como servicio a los ciudadanos y de todos los ámbitos institucionales son los ayuntamientos los que mejor interpretan los problemas de la gente.
Digo esto porque son los ayuntamientos los peor tratados de todas las estructuras de las administraciones públicas. Y voy a poner un ejemplo. Los ayuntamientos del Estado español tienen una estructura de gasto público de en torno al 12% del gasto total y prestan los servicios más sensibles, más inmediatos, que más condicionan la vida de la gente y, sin embargo, ¿saben ustedes cuál es la aportación de los ayuntamientos de España en esta cantinela del déficit público?, cero por ciento no, beneficio, positivo, superávit. Sin embargo, los ayuntamientos cada día tienen que pelear para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, porque el sistema político español, las leyes de estabilidad, también la racanería del Gobierno de Canarias, les hacen sufrir día a día porque no tienen capacidad de respuesta ante la ciudadanía que demanda servicios. Y hay que decir que de todas las estructuras públicas son las únicas que han cumplido a rajatabla en el equilibrio de ingresos y gastos y que hoy aportan superávit al conjunto de las cuentas públicas, y eso que prestan un servicio ineludible a la gente de a pie.
Por eso digo que el gran valor de esta comunicación está en que su contenido, el contenido de la norma que se nos propone, del texto que se nos propone, procede de un proceso de debate, de entendimiento y de acuerdo, y eso para nosotros es muy relevante y condicionante de nuestra posición política.
Pero, dicho eso, el procedimiento seguido por el Gobierno nosotros no lo compartimos. No lo compartimos porque tiene truco, porque tiene trampa, porque tiene dificultades, y ahora se las voy a enumerar.
Cuando una norma de estas características se hace -y se hace de la mano de los afectados-, se hace por consenso, es más rápido, es más eficaz, es más enriquecedor y es más seguro hacerlo como proyecto de ley. Y, sin embargo, no se ha elegido este camino por razones políticas. Por razones políticas, de oportunidad política. Y es legítimo, pero hay que decirlo claro. Se podía haber mandado esta iniciativa consensuada como proyecto de ley y disponer aquí del informe de la Dirección General de Presupuestos, de la oportunidad económica y del impacto que tiene en la igualdad de género y el informe del Consejo Consultivo y los informes de los servicios jurídicos de nuestra comunidad. Y no se ha elegido ese camino de forma intencionada. ¿Saben por qué?, porque a este Gobierno le ha cogido el toro, que andan de moda, se les ha pasado el tiempo. En los primeros tres años de la legislatura habremos generado menos actividad parlamentaria que en los últimos seis meses, y ahora se las voy a relatar.
De manera que, estando de acuerdo en las formas de elaboración del texto, estando de acuerdo en que es imprescindible actualizar, mejorar, la organización, la estructura competencial y también financiera -que no se toca- de los ayuntamientos... El procedimiento que ha elegido el Gobierno es un procedimiento que cumple con el papel que aquí apuntó el presidente del Gobierno hace ya casi cuatro años, pero que lo hace a final de la legislatura y por un procedimiento que ahora obliga a este Parlamento -y lo haremos, y lo haremos, al menos por nuestra parte no quedará-, a establecer una proposición de ley de los grupos parlamentarios, y a partir de ahí ir a la tramitación.
La actividad legislativa que tenemos pendiente es del siguiente tenor -lo digo para que la gente, la buena gente de la Fecam, de los ayuntamientos de Canarias, que tanta buena voluntad y esperanza han puesto en esta norma, sepa-:
Hay una proposición de ley de la radio y de la televisión pública de Canarias; hay una proposición de ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales; otra de no discriminación por motivos de identidad de género; otra sobre derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de la vida; otra en defensa del suelo agrario y la autonomía municipal de La Laguna; otra sobre órganos de gestión de las figuras de calidad de los productos agroalimentarios.
Proyectos de ley -esto son proposición de ley de los grupos parlamentarios-, proyectos de ley -y escuchen esta-: de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y los recursos naturales. ¡Ni les cuento el contenido de esta norma! Les da la vuelta a la estructura competencial, a la arquitectura del planeamiento, de la ordenación urbana, del medio ambiente.
Proposición de ley que regula la Prestación Canaria de Inserción. Ustedes son sufridores, bueno, primero los ciudadanos y luego ustedes. Para que vean el ritmo y la capacidad de este Gobierno y también del propio Parlamento en hacer leyes urgentes, necesarias e inaplazables, y además no complejas. La Prestación Canaria de Inserción, como ustedes bien saben, es una prestación básica, elemental, que nos coloca a la cola de España en este asunto y que soportan ustedes, porque la gestión de los expedientes la hacen los ayuntamientos y este Gobierno les ha recortado los recursos para esa gestión en esta legislatura. Se prometió -nosotros lo exigimos desde el principio-, se prometió, en julio del año 2013, modificar la PCI, la ley de la Prestación Canaria de Inserción. El plazo de enmiendas se cierra mañana. Hemos estado año y medio para una ley razonablemente sencilla, porque lo que hace es ampliar a los usuarios, cambiar las prestaciones y modificar los tiempos. Lo que no hace es poner más recursos, que es lo que necesita la PCI. Gestión eficiente y, por lo tanto, recursos a los ayuntamientos para su gestión; y, por tanto, rapidez y medios económicos. Todavía está pendiente de aprobación, se cierra mañana el plazo de enmiendas.
Ley -escuchen esta- de medidas tributarias, administrativas y sociales, que modifica más de treinta leyes: de la del transporte a la del tabaco, desde el medio ambiente...; es decir, 30 leyes se están tramitando a través de la ley de medidas administrativas, tributarias y sociales.
Ley, en tramitación, de la transparencia y de acceso a la información pública; ley sobre la tramitación preferente de las inversiones estratégicas, que tiene tela, porque les deja a ustedes como hermanos menores de la estructura de las administraciones públicas, porque decide el Gobierno.
Proyecto de ley de los cabildos de El Hierro, La Gomera y La Palma para modificar la ley turística; proyecto de ley del Cabildo de Tenerife en relación con los barrancos de Güímar; proyecto de ley de iniciativa legislativa popular en relación con la promoción de la salud y la sanidad públicas.
Escuchen lo siguiente: estatuto de autonomía nuevo. ¡Asunto menor! Reglamento de esta Cámara, que tendremos que adaptarlo y modificarlo a los nuevos tiempos. Esta mañana se comprometió aquí el Gobierno, y algún grupo parlamentario, a una nueva ley que reforme la ley turística. Y la ley de presupuestos, que vendrá la próxima semana y que determinará una parte de la actividad parlamentaria en el próximo mes y medio.
Y ahora la ley de ayuntamientos y la ley de cabildos. Casi nada. Más, nos quedan seis meses de trabajo efectivos, seis, habilitando enero. Nosotros lo que decimos es que, con este atasco legislativo, si esto va a la cola de las prioridades, no llegamos, no llegamos, a no ser que nos pongamos de acuerdo los grupos parlamentarios, que es nuestra propuesta, y digamos, "oiga, sobre las veinte normas que hay que tramitar en seis meses, vamos a priorizarlas", y nosotros creemos que esta es una prioridad. Pero lo que no vale es hacer esto, la de armonización, la de inversiones estratégicas, la ley administrativa, por supuesto la ley de presupuestos, que hay que hacerla... Hagamos un calendario realista. No les traslademos a ustedes esperanzas que luego se puedan frustrar y luego la responsabilidad no será del Gobierno sino de los grupos parlamentarios. Por eso les hablaba del truco.
Pero les digo una cuestión fundamental, determinante: estamos en un momento crítico de la política y del papel de lo público, crítico, y necesitamos repensar muchas cosas, también nuestra estructura competencial, nuestro funcionamiento, las competencias y la financiación. Tenemos un problema fiscal en Canarias gravísimo, gravísimo. Los ayuntamientos, con esta nueva ley; los cabildos, con la que esta mañana se apuntaba, si saliera tal como está; Canarias, con el supuesto estatuto que vamos a mandar ahora a las Cortes Generales y que se inicia la discusión esta semana; con todo eso, suponiendo que todo fuera perfecto, maravilloso, estupendo y consensuado, ayuntamientos, cabildos y Gobierno tenemos un problema común, y es el problema fiscal, el problema de la financiación. Y ese es un tema que hay que trabajar en esta tierra conjuntamente, como se cambian las normas. No tiene sentido cambiar normas estructurantes del poder político, de las competencias, de la organización de los servicios públicos y, en paralelo, no garantizar los recursos económicos que posibiliten el desempeño de cada cual de sus funciones. Y esta segunda tarea está por hacer. El Gobierno no tiene ni siquiera una opinión bien formada sobre cómo vamos a resolver el problema fiscal, el problema de financiación de nuestros ayuntamientos, de nuestros cabildos y de nuestro Gobierno. Y ese es un tema que a nosotros nos parece que hay que ensamblar con los temas organizativos y de funcionamiento que pretenden estas leyes.
Nosotros no entramos en el fondo de la ley, porque vamos a estar de acuerdo en el 99% de los contenidos, entre otras cuestiones porque nosotros hemos participado, como Nueva Canarias y como PIL, en el proceso de elaboración de la norma, porque estamos representados en la Fecam. Lo que decimos es el procedimiento y la oportunidad, y hacemos una propuesta de revisión del calendario legislativo de esta Cámara para que, sobre las veinte normas que están sobre la mesa y las que puedan venir, se gestionen de forma razonable. Nos quedan seis meses efectivos de funcionamiento de esta Cámara, no es razonable endosar en seis meses más trabajo, de más contenido, de más valor estratégico que en los tres años y medio anteriores. ¡No es razonable!, porque si no salen leyes malas. La ley de vivienda, la última que aquí aprobamos, yo sostengo, y lo he dicho en esta Cámara, que es una ley mala, que no resuelve los problemas que pretende, porque está hecha deprisa y corriendo, mezclando las cosas, confundiendo los temas, y ahí siguen los problemas un día sí y otro también.
Por eso nosotros planteamos que o bien se revisa el calendario legislativo o hacemos una propuesta a los ayuntamientos de Canarias. El problema fundamental, el urgente, que podía haber sido resuelto antes, como ha hecho la mitad de las comunidades españolas, es adaptar la legislación canaria a las exigencias y requerimientos de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que es una ley que nosotros rechazamos porque creemos que lo que ha hecho es meterse con el débil, con el que más necesidades tiene, para imponer un modelo limitado de prestación de servicios. Y eso se ha hecho en otros lugares con leyes de siete artículos, ustedes lo incorporan aquí, en el texto. Lo que decimos es, o revisamos el calendario legislativo y garantizamos que esta ley sea una prioridad frente a otras o hacemos una ley de siete artículos, como lo han hecho Madrid, La Rioja, Galicia o los decretos-leyes de las comunidades que pueden hacer decretos-leyes. Y que sepan ustedes que esta comunidad no puede hacer decretos-leyes porque el estatuto que estaba a punto de aprobarse en la etapa Zapatero se retiró para que no se modificara el sistema electoral, porque, si no, este Gobierno tendría los decretos-leyes, los tendría. Pero prefirieron sacrificar el autogobierno, los intereses de todos y de la mayoría para salvar un sistema electoral que lo que hace es reproducir el poder de los mismos para hacerlo igual de mal, que es lo que estamos viviendo.
Por lo tanto, señor consejero, entendemos el trabajo realizado, reconocemos el trabajo realizado. La utilidad de este trabajo es indiscutible. Sabemos que esto es un avance para el municipalismo en su conjunto y que resuelve, yo creo que de forma mejorable, el problema operativo, puntual, transitorio, y es que la Ley de Racionalización, la Ley 27/2013, se adecue, se organice para que la continuidad de los servicios se mantenga y en los servicios, digamos, delegados o en los servicios que no serían ni delegados ni propios se garantice la financiación. Para ese tema se puede hacer una ley en cincuenta días en este Parlamento, como lo han hecho, insisto, los parlamentos que no tienen decretos-leyes y lo podíamos haber hecho nosotros. Además, todos estos parlamentos resolvieron esto antes del verano, porque sabían que era urgente. Primero, la Ley 27/2013 la conocíamos, por dónde venían los tiros, podíamos haber trabajado. No se ha hecho, está aquí y cabe.
Vemos todo, ningún inconveniente, revisamos el calendario legislativo, pero si no somos capaces de llevar esto a buen término de manera rápida, la propuesta es hagamos una ley en cuarenta y cinco días, por el procedimiento abreviado y urgente, la consensuamos. No hay sino que copiar a Castilla y León, a La Rioja, a Madrid, a Andalucía o a Cataluña, porque todo el mundo hizo lo mismo, adaptó las leyes para poder garantizar la continuidad...
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señorías, señor consejero, representación cualificada hoy aquí de los ayuntamientos de Canarias, o priorizamos esto y dejamos otros asuntos pendientes, es nuestra oferta a los grupos parlamentarios, o nos concentramos en hacer una ley, que la podemos hacer sobre la marcha, sobre la marcha, para resolver el problema transitorio, coyuntural. Si queremos abordar el conjunto del tema, nosotros estamos dispuestos, pero nos parece que intentar sacar adelante en seis meses la ley más importante para los ayuntamientos, la ley más importante para los cabildos y la ley más importante para Canarias, que es el Estatuto de Autonomía, las tres leyes que estructuran todo el poder, toda la función, todo lo que determinan los poderes públicos canarios en seis meses de un golpe con diecisiete leyes más, no es razonable, no es responsable y no es sensato. Prioricemos la ley de municipios, y ahí estaremos colaborando por si se puede mejorar, pero reconociendo el trabajo realizado.
Por el Grupo Socialista Canario, doña Dolores Padrón, por tiempo de quince minutos, tiene usted la palabra.
La señora PADRÓN RODRÍGUEZ: Buenas tardes ya. Bienvenidos excompañeros, como exalcaldesa, pero desde luego una bienvenida a la Fecam -a la Federación Canaria de Municipios-.
Y, si me permite, el señor consejero ha hecho un relato histórico de cuál es el recorrido de los municipios de Canarias, pero yo quiero, y además estaba hablando con los compañeros alcaldes o excompañeros alcaldes en la antesala, hacer también un recorrido histórico de lo que ha sido la Federación Canaria de Municipios y lo que ha supuesto para el municipalismo canario.
Lo sé porque vengo del municipio más pequeño de nuestras islas y fue el municipio donde se sembró el germen de la colaboración entre ayuntamientos. Fue el municipio, en la asamblea de un hotel, el hotel San Felipe, con un alcalde, el alcalde Félix Real, y su secretario general, Juan José Acosta, los que comenzaron con un proceso de coordinación de los municipios canarios, que no fraguó, porque ya empezaban las AIC, estaban los problemas insularistas y demás, y algún otro problemilla, San Bartolomé, Adeje, y, por fin, con Carlos Espino, se logra componer una Fecam que nos llevó y que llevó a los ayuntamientos canarios a dar un plantón y un zapatazo a aquel Gobierno de Canarias, consiguiendo la ley del fondo, que ha supuesto que esta coordinación que se inició en este municipio se haya trasladado, porque ese 1% del fondo es para el mantenimiento de la Fecam, para que hoy podamos estar aquí discutiendo esta ley y la problemática más cercana que tienen los ciudadanos, la problemática de los ayuntamientos.
Por lo tanto, el problema de la financiación de las entidades locales no es un problema nuevo. El problema de la financiación de las entidades locales, de los ayuntamientos, es un problema que se ha puesto sobre la mesa muchas veces y que es una cuestión que siempre ha costado muchas batallas de los y las alcaldesas, muchas batallas de los responsables políticos de las corporaciones locales y a veces incluso un golpe de mano a los gobiernos autonómicos de turno.
Por lo tanto, yo los animo a que sigan en la senda de defender desde el municipalismo las necesidades que los ciudadanos y ciudadanas canarios les demandan tocando a la primera puerta, que es la puerta de los ayuntamientos. Por eso felicito, felicito, porque esta vez ha sido de manera consensuada después de treinta y un años, con un régimen jurídico que además no se adecua a los nuevos tiempos. Hay que resolver el problema de financiación y hay que resolver el problema derivado de una ley que no cree en el modelo descentralizado, que cree en un modelo centralista, que no cree en un modelo descentralizado de servicios sociales, que no cree en un modelo cercano al ciudadano, que no cree en que hay determinados servicios que no se pueden prestar de otra manera que en el ámbito donde se desarrollan los ciudadanos y ciudadanas y que, desde luego, en el ámbito insular son mucho más necesarios, nuestra condición de isla, nuestra condición de ultraperiferia aquí también tiene que estar reflejada. Y aquí ha habido un problema, y un problema que ha generado un Gobierno que entiende la política de manera centralista frente a otro modelo que entiende la política más cercana a los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias. Y los únicos capaces de llevar esas políticas a buen término -se lo aseguro-, por el contacto directo, son los ayuntamientos. Y en ese sentido felicito al consejero, felicito a la Fecam y soy consciente... Una ley consensuada, para llegar a consenso es evidente que hay que dejar cosas por el camino y que luego hay que seguir retomando, pero aquí la Fecam -la federación de municipios canarios- y el Gobierno han puesto por encima de todo los intereses de sus ciudadanos. ¿Y por qué?, porque saben que si no lo hacen así, ya hay cuatro comunicaciones de Administración Pública a los ayuntamientos, porque había ayuntamientos que iban a tener que cerrar servicios, porque los interventores y los secretarios de los ayuntamientos ya estaban diciéndoles a los alcaldes y alcaldesas, "mire, es que si usted no me cierra este servicio...". ¿Y de qué servicios estamos hablando? Servicios de violencia de género, servicios jurídicos, atención a las mujeres víctimas de violencia de género; servicios de educación infantil -sí, señor-, servicios de guarderías y escuelas de educación infantil; servicios educativos, las escuelas y universidades populares, que han hecho un gran trabajo con la población que todavía tiene déficits a la hora de la alfabetización funcional en nuestro territorio; servicios que tienen que ver con las ayudas que se prestan a las familias, de los ayuntamientos. Pues, es verdad, algunos entienden el ayuntamiento como un ente administrativo que solo está para generar papeles: otros lo entendemos como un recurso dentro de la comunidad, donde hay ciudadanos hay que acercarles las políticas y, desde luego, hay que plantearles resultados.
Dicho esto, sí digo que el problema de la financiación local es un problema al que hay que darle de cara y no ponernos de perfil, hay que plantear que es un problema real, porque nadie les dijo a los ayuntamientos, cuando estaban prestando los servicios que otras administraciones no prestaban, "no, no, no, en servicios de educación usted no actúe; no, no, no, no, no tiene competencias", "no, usted no actúe en servicios en materia de servicios sociales"; "no actúe en materia de vivienda, porque hasta ahí usted no llega". No, en la prestación de servicios nadie los paró, pero a la hora de financiar esos servicios sí que se ponen determinados reparos. Y no se puede utilizar, no se puede utilizar la coyuntura de crisis económica para darle la vuelta a todo el sistema, que tantos buenos resultados ha dado y tantos avances en estos años para los ciudadanos, en una mejoría de la calidad de vida social y democrática.
Pero, además, señor consejero, yo creo que es un hito histórico porque la ley de municipios no se puede desgajar tampoco de la ley de cabildos, de la ley de transparencia e incluso de los reglamentos, y muy importante, de participación ciudadana que usted viene planteando. Por lo tanto, en esto no se puede decir, "oye, pues yo con un decreto lo arreglo así rápidamente y tal...". Y ahora va a resultar que el que usted quiera que el Parlamento participe, que quiera que aportemos, pueda con... Ya le digo yo que nosotros tenemos toda la voluntad del mundo, y usted sabe que esta es una ley prioritaria porque está dentro de la columna vertebral de las reformas que usted ha planteado dentro del Gobierno y que para nosotros son prioritarias. Por lo tanto, mire, pues si hay que trabajar, los alcaldes y alcaldesas trabajan de día, de noche y a todas horas. Por lo tanto, con nosotros no hay problema.
Es verdad, y no le voy a negar, que hay un paquete de leyes y que habrá que priorizar, estoy de acuerdo con el portavoz de Nueva Canarias. Estoy de acuerdo, porque la realidad... Pero, desde luego, esta es prioritaria. Y, en ese sentido, yo querría destacar también que los ayuntamientos o las entidades locales están en un proceso también de renovación, pero el proceso de renovación no puede servir para ir para detrás. Lo que se llaman las smart cities o las ciudades eficientes, que es a lo que vamos, o las ciudades que tienen que utilizar las nuevas tecnologías, temas de eficiencia energética... No puede servir la reforma para decir, "oiga, usted no, usted no presta esos servicios y, si no puede, privatícelos". No, pero si es al contrario; si el Tribunal de Cuentas ha dicho que los municipios de menos de 20.000 habitantes que tienen servicios públicos funcionan muchísimo mejor que los que tienen los servicios privatizados. Si es que no podemos meter por la puerta de atrás la privatización de servicios con esta reforma. Hablo de la ley, hablo de la ley estatal. Por lo tanto, nos parece más que conveniente.
Y desde luego le voy a decir una cosa: no sé cómo lo ha hecho, sé que ha habido voluntad de las partes, pero es muy difícil encontrar un precedente de consenso como el que se ha dado en estas leyes, y desde luego no va a ser mi grupo el que va a poner aquí la pimienta en lugar de la guinda. Para nada, porque sabemos lo que nos estamos jugando. Y porque sabemos que los municipios también están en un proceso de transición, en un proceso de transición que conlleva entender el gobierno local, no como el gobierno de un alcalde o una alcaldesa; no, el principio de gobernanza local que desde la Unión Europea se plantea. La gobernanza implica participación, la gobernanza implica trabajo en red; por lo tanto, modificaciones también en el marco legal. La gobernanza implica transparencia, convertir a los ayuntamientos...; como decía el señor Carlos Lesmes, en una conferencia, el presidente del Tribunal Supremo, que los ayuntamientos, los parlamentos y todas la instituciones se conviertan en cajas de cristal, donde los ciudadanos sean receptores de información pero también sean generadores de información y colaboradores con el alcalde, con la alcaldesa y con la entidad local. Por lo tanto, entramos en un proceso de cambio, entramos en un proceso de cambio, y los gobernantes que no lo vean se quedarán atrás. Los ciudadanos y ciudadanas quieren entrar en este proceso de cambio y, para entrar, hay que generar marcos legislativos modernos, estables, pero sobre todo consensuados con las administraciones locales, porque desde luego, desde una posición absolutamente unidireccional, sin contar con aquellos que conocen la realidad, el día a día de los ciudadanos y los problemas que se tienen en los municipios, que al final son todos, no vamos a sacar adelante ningún proyecto.
Por eso ese valor, ese único valor que se les puede dar, que, bueno... Román decía: "el único valor..."; oiga, para mí el valor del consenso en este proyecto de ley es un valor que no se puede hacer de menos, porque es que sin consenso ninguna reforma local da resultado, es que sin consenso ninguna reforma en materia de entidades locales da resultado. Por lo tanto, el valor del consenso es un valor fundamental en la reforma de estos proyectos de ley.
Me gustaría que esta casi práctica unanimidad que se ha tenido de los ochenta y ocho ayuntamientos canarios, con independencia del color político de cada uno, nosotros pudiéramos en el Parlamento refrendarla. El Grupo Socialista, desde luego, está en esa línea, teniendo en cuenta que hay cuestiones como la financiación que es evidente que no hay que tratar de lado sino de frente.
Y es verdad, es verdad, es verdad que fue el señor Soria quien planteó el modelo de financiación actual (rumores en la sala). También es verdad que el modelo de financiación anterior, el modelo del señor Aznar, el modelo del señor Aznar, el modelo del señor Aznar, fue cuestionado desde el segundo día por los mismos y propios del Partido Popular y que, además, el señor Zapatero, nada más llegar al Gobierno, tuvo que hacer fichas complementarias, sobre todo en materia sanitaria. Todos sabemos cómo entiende la sanidad la derecha: como un negocio y no como un servicio público. Pero, bueno, no es el tema, no es el tema, no es el tema.
Es evidente que hay otro sistema de financiación y que no estamos de acuerdo desde Canarias, entre otras cosas porque por eso tenemos nuestro Régimen Económico y Fiscal, por eso tenemos nuestros fueros, por eso tenemos, tenemos a la Unión Europea con nosotros, con nosotros, porque necesitamos de un marco de financiación estable a nivel estatal que reconozca también las especificidades como archipiélago, las especificidades que tenemos: siete islas, siete hospitales, siete sistemas eléctricos, electricidad y energía subvencionada, problemas de salinización de agua, muchísimos problemas que no se tienen a nivel... Por eso se ha sido consciente y, en lugar de echar las campanas al vuelo y decir, "oye...", pues, no, tenemos que esperar, tenemos que esperar, porque se tenía que haber aprobado en el 2014. En el 2014 tenía que haber finalizado la negociación y aprobar la financiación, y no está. Por lo tanto, ¿cómo se va a comprometer usted? Es que entonces sería un disparate y desde aquí le hubiéramos dicho, "no, señor consejero, porque nosotros no estamos para engañar a ningún alcalde ni a ninguna alcaldesa". Por lo tanto, es evidente que este es un escollo, pero por lo menos los ayuntamientos no van a tener que cerrar ningún servicio.
Además, señor consejero, usted el 26 de noviembre de 2013, quiero recordar, ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada en el Senado, usted hablaba de incorporar una disposición que ponía: en Canarias el régimen y los criterios de atribución de competencias a los cabildos insulares y a los municipios se establecerá por la legislación territorial correspondiente. Usted dio su palabra y hoy está cumpliendo con su palabra.
Nosotros creemos que esta ley abre una puerta, desde luego...
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Cruz Hernández): Sí, señora diputada, tiene usted un minuto, para concluir.
La señora PADRÓN RODRÍGUEZ: Es una puerta abierta y consensuada con trabajo, sigilosamente, sigilosamente, con ayuntamientos, que es bien difícil poner de acuerdo alcaldes y alcaldesas de distinto signo, pero es un ejemplo que deberíamos seguir también desde estos escaños para seguir en esta línea, en toda esa batería de leyes que nos queda, y que desde luego todos tendremos como fin último, pues, llegar a las necesidades básicas de los ciudadanos, desde luego no pasando por encima de ninguna institución sino coordinando cabildos, ayuntamientos y comunidad autónoma.
A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Barragán. Por tiempo de quince minutos, tiene usted la palabra.
El señor BARRAGÁN CABRERA: Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también, en la tribuna, a los representantes de la Fecam y, efectivamente, también a las personas que hoy nos acompañan. Espero que les esté resultando algo atractivo un debate tan interesante como puede ser el debate sobre las competencias municipales, las competencias de los ayuntamientos, que tan próximo está a ustedes en el día a día.
Me comentaba el otro día un compañero, cuando estábamos preparando esto, y me decía, "oye, ¿tú te imaginas una gobernanza, es decir, un país, un Estado, sin el concepto territorial del municipio y sin el gobierno local en la fórmula del ayuntamiento? ¿Seríamos capaces de ver un Estado centralista, jacobino, donde todo estuviera dirigido desde una centralidad y desde allí se hubieran desplazado los delegados territoriales, los delegados del Gobierno, a tomar asunto de los asuntos municipales? Efectivamente, nadie hoy concibe una realidad como esta, que en otros momentos, pues, se pudo dar. Es decir, hoy la gente concibe el ayuntamiento, el municipio, como algo propio, como algo territorial propio. Conoce a los políticos, conoce a los funcionarios que día a día te atienden en el municipio, en el ayuntamiento. Y esa proximidad es lo que yo valoro hoy en este proyecto o en esta propuesta que usted nos hace aquí en forma de comunicación, pero que acompaña un texto articulado de ley.
Y hay tres cosas en las que me voy a centrar. Usted ha detallado ya la ley, los municipios no se están sorprendiendo absolutamente nada de lo que contiene el texto, han participado de este texto. Y me voy a centrar, por lo tanto, en tres apartados: el apartado de la financiación, el apartado de las competencias versus cabildos, en este apartado en que también ha surgido algún problema, y en la capacidad que tiene este Parlamento para sacar adelante la tarea que tiene encomendada, porque se ha dirigido a la tribuna con la preocupación de que esto que se está haciendo aquí hoy puede aparecer como una farsa y que no va a salir la ley en los tiempos y en los plazos en que este Parlamento puede sacar los textos legislativos.
En el tema de la financiación. Igual que con el tema de los cabildos, señorías. Cuando estamos reivindicando una revisión del sistema de financiación de las comunidades autónomas es porque hay transferencias que vienen del Estado que tienen que estar bien financiadas, para que cuando nosotros hagamos los repartos a cabildos y ayuntamientos podamos saber con qué recursos contamos para que lleguen también al destinatario final de la transferencia o la delegación. Ahora hay incertidumbre, hay un problema de financiación sobre estas tres políticas esenciales. Por poner algunas... y algunas de estas vienen o están planteadas como transferencias también en políticas sociales a los ayuntamientos y en servicios especializados a los cabildos. Y, por lo tanto, insisto, debemos hablar de financiación estatal.
Nos habíamos planteado un programa que era, cuando saliera la ley del Estado, la ley de sostenibilidad, un programa que era, el Gobierno, a mitad de este año, sacaba, impulsaba, la ley de reforma fiscal y, de forma paralela, la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas; y con ese ínterin -ya la reforma fiscal está en estos momentos debatiéndose en el Congreso de los Diputados-, y con ese ínterin podríamos haber llegado a esta presentación de hoy aquí con algún dato más que arrojara luz de si podíamos dibujar un poco mejor el apartado que habla, el artículo 9, de la suficiencia financiera en estas transferencias y delegaciones, en este caso a los ayuntamientos. Pero no ha sido así y lo que sería un error sería inventarnos la financiación, dibujar una financiación que nadie tendría a ciencia cierta capacidad para decir: esto es lo que tendría que ir a los ayuntamientos.
Nosotros gozamos en Canarias de un sistema de financiación, aparte del ordinario que viene por el Estado, que afecta a las corporaciones locales, como es nuestro REF, y también un Fondo de Financiación Municipal extraordinario, que decidió este Parlamento en un momento determinado que era conveniente que existiera de forma permanente y de forma actualizada, prácticamente por la Ley de Presupuestos, en los términos en que siempre se aprueba en la Ley de Presupuestos, como una cuestión de garantía, no como una cuestión que se pudiera quitar o poner a antojo de un político o de una mayoría parlamentaria, sino como una garantía. Y esos elementos forman parte de la financiación. Es verdad que puede haber discusiones, si con un sistema de transferencias y delegaciones mayor a cabildos y ayuntamientos deberíamos plantearnos un reparto distinto del REF, un reparto que descansara todavía más en esa parte transferida y menos en la comunidad autónoma. Pero toda esta teoría del reparto de un sistema de financiación hay que verlo con tranquilidad.
Pero también digo que el grupo parlamentario que represento está abierto a cualquier elemento en cuanto al sistema de financiación de la comunidad autónoma con las corporaciones locales de la comunidad autónoma. Hay que estar abiertos, hay que valorar que esto no debe plantearse como un obstáculo futuro, que lo que aquí aparece como eje, como base de lo que puede ser el ordenamiento de los municipios canarios, puede encontrarse con un obstáculo de "largo me lo fiais porque en el sistema de financiación es donde yo no me voy a poner de acuerdo". Abiertos completamente, nuestra vocación es municipalista también, también cabildista, pero sin olvidar también que tiene que haber una comunidad autónoma, un Gobierno autonómico que legisle en los términos que hoy estamos haciendo aquí, en este Parlamento de Canarias.
Y decía que en el tema de las competencias, señor consejero -el artículo 5 de esa propuesta de texto, que usted nos hace, nos sugiere que podamos adoptar los grupos parlamentarios, asumir y presentar como proposición de ley-, me gusta el artículo 6, el 7, el 8 y el 9. Da cuatro conceptos muy importantes:
Garantía de la autonomía municipal, no hay tutelaje, hay garantía de la autonomía municipal.
Máxima proximidad, es decir, todas las transferencias que se hagan tendrán que tener el concepto de máxima proximidad. Y esto es un dato importante, para lo que les voy a comentar ahora, sobre un tema que surgió anteriormente con la propuesta de cabildos, sobre las competencias parecidas o la nominación de competencias parecidas que aparecen en ambas leyes, en ambas propuestas de ley. Máxima proximidad es un elemento que ya diferencia dónde deben estar los ayuntamientos con esas competencias frente a las otras, que también está previsto que los cabildos puedan ser beneficiarios.
Igualdad de la ciudadanía en el acceso de los servicios públicos. Me parece otro concepto, desarrollado en el artículo 8, importantísimo a la hora de definir estas competencias.
Y de la que hemos venido hablando, suficiencia financiera. No se puede hacer un decreto de transferencias o de delegaciones en que no esté garantizado que los servicios financieros, es decir, que el dinero para hacer efectivo ese servicio ante los ciudadanos está junto con la transferencia.
Y, efectivamente, hemos detectado que, en la atribución de competencias propias y en las competencias que se les asignan como propias en las leyes sectoriales de la comunidad autónoma a los cabildos, los enunciados, los epígrafes, que son generales en una y en otra ley, hay algunas que son parecidas. Y aquí hay que explicar que, efectivamente, podemos encontrarnos con transferencias y delegaciones donde la única administración que lo hace es el ayuntamiento, de arriba abajo, es el cabildo, también de forma completa, o es la comunidad autónoma, de forma completa, y puede haber transferencias y delegaciones que sean concurrentes. Y yo creo que lo que nos están pidiendo los ciudadanos es que, cuando sean concurrentes, quede perfectamente claro cuál es el papel de uno y de otro a la hora de tomar las decisiones sobre esa competencia, que quede perfectamente claro, y eso, obviamente, tendrá que quedar perfectamente claro en los decretos de transferencias.
Y me quedo también con la última reflexión que se hacía aquí. Hay otro dato importante pero creo que usted lo ha resaltado de forma interesante cuando hablaba de la transparencia, de los elementos nuevos de transparencia, tanto para los propios miembros que forman parte de la corporación como para la ciudadanía, porque de ambas cosas hay en el texto, pero hay que recordar, una vez más, que, precisamente por un acuerdo entre las fuerzas políticas, también vimos que en la ley de transparencia que se está negociando en este Parlamento, en este momento hubo una voluntad de que ese texto recogiera, no de forma sectorial cada institución lo suyo, sino que recogiera de forma genérica todos los conceptos de transparencia que deberían afectarnos a todos, como servidores públicos y como ciudadanos.
(El señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, abandona la Presidencia que es ocupada por el señor vicepresidente segundo, Fernández González.)
Y termino con esa observación que se les hacía a los compañeros de la Fecam sobre la cantidad de leyes que hay en este Parlamento y que si eso podría ser un problema y dónde podrían estar las prioridades. De acuerdo con las prioridades, cuando llegamos a esta altura de la legislatura siempre nos marcamos prioridades, pero que sepan ustedes que lo que les han dicho sobre las veinte y pico leyes, y más que podrán entrar, en cada legislatura ha sido así. No es una novedad encontrarnos con este volumen de leyes y de este empaque en otras legislaturas. Vámonos a la legislatura donde el interviniente del Grupo Mixto fue presidente del Gobierno, porque ha dicho que hay poco rigor cuando las leyes se tramitan aquí si vienen todas juntas al final de la legislatura y que eso no da seguridad jurídica. Voy a hacer el cálculo de las leyes aprobadas a partir de octubre, del mismo mes en que estamos ahora, hasta el mes de abril del 2015, que es cuando termina esta legislatura desde el punto de vista de que aquí pueda salir una ley. En el 2002 se aprobaron dos leyes, al final -me refiero en octubre-, enajenación gratuita de una parcela, que es un tema menor, se modificó la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias; y en el 2003, es decir, el año de la finalización de la legislatura, leyes tan importantes como la Ley Canaria del Deporte, la de vivienda -¡esa que es mala por haberla tramitado en corto tiempo!-, la de Asociaciones de Canarias, la de declaración del barranco de Veneguera, la de Elecciones al Parlamento de Canarias, la de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias, que se aprobó en abril, al final de la legislatura -¡está mal hecha porque no hubo tiempo de finalizar la legislatura!, por lo visto teníamos que haberla dejado-, la de los Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario, la del Servicio Canario de Empleo, que se crea en esa fecha, la de Educación y Formación, la Ley de Educación y Formación Permanente de las Personas Adultas, la de Puertos de Canarias, la de Pesca de Canarias -esto es todo, insisto, aprobadas entre enero y abril del año que comienzan las elecciones- y la de Directrices de Ordenación General y Directrices del Turismo de Canarias, que se aprueba la última, del 13 de abril, prácticamente convocadas ya las elecciones. ¿Quiere decir que estas leyes están mal hechas, porque las aprobamos hasta el último minuto en que nos pagan el sueldo aquí? No, se puede hacer.
He puesto este ejemplo, pero pueden ustedes consultar la página web del Parlamento y ver que en cada proceso -en este Parlamento y en cualquier otro, nosotros no somos especiales en esto-, en cualquier parlamento autonómico o en el Congreso de los Diputados hay una acumulación de leyes, porque las leyes necesitan una tramitación interna, cuando son como proyectos de ley, y cuando son como proposiciones de ley la seguridad jurídica está garantizada también, porque tiene que pasar el informe del Consejo Consultivo, y tiene un trámite distinto. Pero, insisto, estamos todos aquí para trabajar, para sacar el conjunto de leyes que hay aquí y para hacerlas con las prioridades que tenemos que hacerlas. No se asusten. Y en aquella época también había un Grupo Mixto, había un Grupo Mixto también, de cuatro diputados, y no hubo ningún problema ni nadie se quejó porque aquí no pudiéramos sacar las cosas con la garantía del servicio, del mejor servicio público que hace este Parlamento cuando intenta aprobar las leyes.
Por lo tanto, la vamos a sacar adelante, la vamos a sacar adelante. Vamos a intentar que sea con el máximo consenso posible, como aquí se ha expresado por ahora por los portavoces intervinientes. Vamos a intentar ir de la mano de la Fecam, en el sentido de que cualquier enmienda, cualquier acción que aquí se pueda proponer, siempre cuente con el beneplácito del consenso con el que ya viene. ¡Lo único que faltaba es que sacáramos una ley de aquí que viniera con consenso y saliera sin el consenso de la Fecam desde aquí!
Y, por lo tanto, ese es nuestro compromiso, ese es nuestro compromiso de trabajo, y cuenten ustedes con que, antes de finalizar esta legislatura, esta ley, o en la que al final lleguemos a un acuerdo entre todos, saldrá de este Parlamento publicada para que la puedan poner en marcha desde el mismo día en que sale publicada en el Boletín Oficial de Canarias.
Tiene la palabra ahora el representante del Grupo Popular, don Asier Antona.
También quiero, lo hice en la anterior intervención, dar la bienvenida a los representantes de la Fecam y a los diferentes alcaldes y representantes de los ayuntamientos que hoy nos acompañan en un tema de vital importancia.
Quiero, antes de entrar en lo que va a ser el posicionamiento de mi grupo parlamentario, hacer algunas consideraciones de los que han intervenido, anteriormente a mi intervención.
¡Qué obsesión -y es una reflexión que tenemos que hacer todos-, qué obsesión enfermiza de emborrachar a leyes a este Parlamento! Leyes que no resuelven los problemas de los ciudadanos, leyes que complican más la vida a los ciudadanos. ¡Qué obsesión tenemos, los grupos parlamentarios y este Parlamento, de traer y competir a ver quién trae más proposiciones de ley, más PNL y más proyectos de ley!, ¡qué obsesión!, si lo que necesitamos en este Parlamento, señor Barragán, es deslegislar, es decir, revisar lo que tenemos, simplificar lo que hay y corregir aquellas cuestiones que, lejos de activar y de dar respuesta a los ciudadanos, ponen palos en las ruedas. Eso es lo que tendríamos que hacer, esa es la mejor contribución que sus señorías, que todos los grupos parlamentarios, podemos hacer. Y no, llegamos aquí diciendo "a ver quién llega más con qué más leyes" y al final competimos en que si en esta legislatura se presentan más proposiciones de ley o más proyectos de ley que en legislaturas anteriores, y eso mide el nivel de eficacia del Gobierno. Todo lo contrario, todo lo contrario: los ciudadanos quieren respuestas eficaces, pero que no mareemos ni inflemos la selva normativa que ya tenemos. Yo sé, señor Barragán, que, si no, no tendría usted sentido, pero yo le animo, a usted y a su grupo parlamentario, a que lejos de competir por borrachera legislativa hagamos lo contrario en la próxima legislatura: empecemos a revisar el marco legislativo que hay y empecemos a corregir aquellas leyes que no funcionan y también a dar más facilidades a cuestiones que nada tienen que ver con los problemas que hoy tenemos en Canarias.
Miren, yo soy un auténtico convencido de los municipios. Mi vida política la inicié en el año 1999 como teniente alcalde de mi ciudad, de Santa Cruz de La Palma, y sé muy bien cuál es la realidad municipal. Por tanto, hablo sabiendo muy bien cómo es gestionar los recursos y la política, la gestión, desde un ayuntamiento. Hoy tengo otra responsabilidad, pero eso no me hace despistarme de lo verdaderamente importante y de lo que uno sabe a lo que tiene que enfrentarse en el día a día en un ayuntamiento.
Yo estoy de acuerdo con usted, señor Rodríguez. La diarrea legislativa que le ha entrado a este Gobierno en los últimos meses no la puede parar absolutamente nadie, ni con una inyección ni con un supositorio que frene la diarrea legislativa que le ha entrado a este Gobierno. Un Gobierno que ha estado durmiendo el sueño de los justos, con una pereza absoluta, durante tres años y que ahora, como los malos estudiantes, deja para última hora lo que no han sido capaces de hacer en los tres años de legislatura. ¿Y eso no es tener prisa, señor Spínola? A eso nos referíamos. ¿Es que no es importante la reforma de la Administración local, no fue importante en el año 2011, cuando fue el discurso de investidura del presidente del Gobierno de Canarias?, ¿no fue importante? ¿Y qué ha pasado en el 2011 y en el 2012 y en el 2013 y hoy? Pues que al final han marcado otras prioridades y esto lo han dejado para último momento.
Señora Padrón, usted decía aquí que el problema de la financiación no es nuevo. Claro que no es nuevo, ¿y por qué entonces ustedes están reiteradamente insistiendo en que el problema de la financiación hoy la tiene el señor Rajoy y el Gobierno de España? ¡No es nuevo!, es un problema del sistema de financiación. ¡Claro que hay un problema en el sistema de financiación! ¡Claro que el sistema de financiación aprobado en el año 2009 es un mal sistema de financiación!, claro que sí, pero ¿quién aprobó ese sistema de financiación? Esa es la pregunta. Yo sé que tienen un sentimiento de culpabilidad, pero ese no es mi problema, señora Padrón, es un sentimiento de culpabilidad que les embarga y que ahora intentan justificar lo que no se puede justificar.
(El señor presidente se reincorpora a su lugar en la Mesa).
Miren, con todo el cariño que usted sabe que yo le tengo, señora Padrón -sabe que le tengo muchísimo cariño y además muchísimo respeto-, usted decía hoy cambiar modelos, y viene aquí y dice: han cambiado los tiempos para aplicar nuevos modelos; pero usted, sin embargo, el discurso sigue siendo un discurso casposo, un discurso de antes del muro de Berlín, esto de lo público, lo privado, la derecha, la izquierda. ¿Usted no se ha dado cuenta de que eso ya ha evolucionado, que el muro de Berlín cayó en el año 1989 y a partir de ahí hay otro paradigma en la política? Es que viene aquí y dice: hay que ver otro nuevo modelo y, sin embargo, utiliza el mismo discurso casposo del siglo pasado. Que ya no estamos en el debate de público-privado. ¿Sabe lo que quieren los ciudadanos del Puerto de la Cruz o de Valverde o de San Sebastián de La Gomera? No si la prestación es pública o privada, sino que la prestación sea con eficiencia y eficacia y se dé respuesta inmediata. ¡Eso es lo que quieren los ciudadanos, eso es lo que quieren hoy los ciudadanos!
Señor Barragán, decía usted algo así como que, claro, es que no podemos garantizar el sistema de financiación. ¿Y qué les decimos a los alcaldes?, ¿les decimos a los alcaldes "tomen, llévense ustedes esta bolsa de competencias pero el problema de la perras no es un problema mío, es un problema del Gobierno de España y es un problema...". Ojo, que lo recogen en su comunicación, porque tienen la cara de recoger en su comunicación que el problema del marco financiero lo resolverá el Gobierno que venga. Lo recogen aquí. ¡Hay que tener cara! Hay que tener cara de ponerles el caramelo a los alcaldes y decirles, "señores, ¿ustedes quieren más competencias", tomen competencias, pero el problema de las perras conmigo no, vengan ustedes y toquen a la puerta del consejero que venga en la legislatura que viene". Eso me parece una falta de respeto y este Gobierno lo plasma, además tiene la vergüenza de plasmarlo incluso en la comunicación que hace, en la disposición transitoria cuarta y en la disposición final segunda. ¡Es que tienen la cara de recogerlo en la comunicación, señor Spínola! ¿Usted les ha explicado esto a los alcaldes cuando se ha reunido con la Fecam? ¿Usted les ha dicho que existen dos disposiciones en las que usted no les garantiza las perras y el marco financiero para que puedan llevar a cabo las competencias?, ¿usted se lo ha dicho o lo ha escondido, o lo ha escondido?
Señor Barragán, claro que tenemos un margen de maniobra para garantizar el sistema financiero, los recursos económicos en la Comunidad Autónoma de Canarias. Se lo dije en la anterior intervención, el Fondo Canario de Financiación Municipal, competencia de este Gobierno. Y usted habla o dice: no, y el tema de los recursos del REF es un tema menor, es un tema menor. O no le ha dado la importancia que requiere, y que los cabildos lo han reivindicado siempre, señor Barragán. El problema de los recursos del REF es muy importante a la hora de afrontar también los recursos para garantizar las competencias de los cabildos y de los ayuntamientos y este Gobierno no ha querido llegar a un acuerdo en el reparto de los recursos del REF, porque no le interesa, ni con cabildos ni con ayuntamientos. Y eso también es garantizar el marco y la suficiencia financiera para que los ayuntamientos y los cabildos puedan prestar sus competencias.
Por tanto, yo no voy a incidir en la forma en que este Gobierno ha traído también la comunicación de esta reforma de los municipios canarios. Lo decía el señor Rodríguez, y estoy absolutamente de acuerdo: ante la pereza del Gobierno, las prisas ahora. Y por eso es mejor traerlo como comunicación del Gobierno y no como proyecto de ley, porque el proyecto de ley le obliga a tener informe de la necesidad y de la oportunidad, informe de los servicios jurídicos, informe del impacto presupuestario, del dictamen de legalidad del Consejo Consultivo, y todo esto se lo han querido saltar. Y vienen ahora a que los grupos digan: "como no hemos sido capaces de resolver los problemas nosotros, que ahora los grupos parlamentarios...". Poner la responsabilidad sobre los grupos parlamentarios. ¿Y sabe lo que le digo, señor Spínola?: que va a contar con el trabajo intenso del Grupo Popular. Lo vamos a hacer, vamos a trabajar intensamente. ¿Pero sabe por qué?, no por el desastre de este Gobierno ni por hacerle la tarea al Gobierno, porque creemos que los ciudadanos, que finalmente es a donde va cualquier norma, cualquier ley y cualquier iniciativa de nosotros, no tienen la culpa de que hayamos tenido un Gobierno perezoso durante tres años de legislatura, porque los ciudadanos no tienen por qué pagar la desgana y la apatía que este Gobierno ha tenido durante estos tres años de legislatura. Por tanto, el Partido Popular anuncia aquí que, con la misma intensidad que hemos dicho que vamos a trabajar, cuando se convierta en proposición de ley, la reforma de la ley de cabildos, la reforma de los ayuntamientos. Vamos a trabajar, pero vamos a trabajar, no pensando en qué es lo mejor para los ayuntamientos y para los cabildos, no, ¡no!, no vamos a trabajar en qué es lo mejor para los ayuntamientos y para los cabildos, vamos a trabajar en qué es lo mejor para los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Pensando en ellos, trabajando por ellos y no para intentar que los ayuntamientos y los cabildos nos aplaudan después del resultado final, no. ¿Saben por qué? -y lo voy a decir también-, porque nosotros hemos defendido siempre -y así lo establece también la ley nacional- que hay que racionalizar la Administración pública. Ustedes en esta comunicación no hablan nada de eso y no dan resultado a esto.
Hemos hablado de evitar duplicidades y les voy a decir una cosa, porque es bueno que los alcaldes lo sepan y el representante de la Fecam es bueno que lo sepa y lo transmita. Miren, a los ayuntamientos se les da un artículo 11 que llena de competencias el ámbito municipal, pero al mismo tiempo en la ley de cabildos se les da un artículo -el 9- a los cabildos. Las mismas competencias que se les dan a los ayuntamientos se les dan a los cabildos. ¿Y saben lo que me dice el consejero aquí?, dice: no, es que esto es una cuestión de competencias por funciones. ¡Explíquemelo!, explíqueme eso de competencias por funciones. Es decir, que una persona que va a pedir una prestación de servicios sociales, señor Spínola, le toca a la puerta al ayuntamiento y le dice el alcalde, "señor, yo puedo llegar hasta aquí y ahora coja usted la cartera y vaya al cabildo"; y entonces va al cabildo, toca a la puerta y dice: "mire, yo puedo llegar hasta aquí y usted ahora vaya al Gobierno de Canarias". ¿Esa es la seriedad que ustedes quieren en evitar la duplicidad? El señor Spínola dice: no, es que el tema de las competencias es un tema de funciones. ¡No!, una administración-una competencia. Se resuelve. Una administración-una competencia. ¿Quién asume los servicios sociales?, ¿el ayuntamiento?: el ayuntamiento en su totalidad. ¿Quién resuelve el tema de las escuelas infantiles?, ¿el Gobierno de Canarias, el cabildo y los ayuntamientos? No, una administración-una competencia, porque, de lo contrario, no hemos resuelto nada. ¿Qué le decimos al ciudadano de Valverde o de San Sebastián de La Gomera cuando vaya a tocar a la puerta del alcalde?: "mire, es que yo puedo llegar como Administración hasta aquí y todo lo que vaya de aquí para allá, aunque sea el mismo problema, vaya a otra Administración". No habremos entendido nada ni habremos resuelto nada de lo que estamos planteando. Pues ya está, señor Barragán, como está de acuerdo conmigo, vamos a hacer un trabajo intenso para corregir estas cuestiones que usted sabe.
¿Saben cuál es el resultado de toda esta maraña que hay? Que tenemos -escuchen bien porque esto es lo grave y por eso hay que contar la verdad a los ciudadanos, hay que contar la verdad a los representantes de los ayuntamientos y los cabildos-, tenemos que una misma competencia la pueden ejercer los ochenta y ocho ayuntamientos, los siete cabildos y el Gobierno de Canarias, ¡una misma competencia! ¿Qué hemos resuelto entonces?, ¿qué hemos resuelto entonces? ¿Ustedes creen que el Partido Popular va a ser cómplice de eso? No. ¿Qué hemos defendido?: que tenemos que corregir la duplicidad competencial que tenemos en esta tierra y que hay que racionalizar y que hay que evitar esa duplicidad. Si ustedes siguen empeñados en repartir las competencias como si fueran cromos, nosotros no vamos a participar en eso. ¡No vamos a participar en esto!
Ahora, ¿lo serio qué sería? Decir, miren, señores del ayuntamiento, en cultura, deporte, igualdad de género, medio ambiente, servicios sociales, transporte, urbanismo y actividades clasificadas, todas las competencias; "señores del cabildo, en planificación territorial, pa, pa, pa, pa, pa, todas las competencias; y solamente, el Gobierno de Canarias, asumimos estas competencias. Entonces ya habríamos dado un paso importante de clarificación del ámbito competencial, pero a día de hoy eso no está claro. Y, como no está claro, el Partido Popular no se puede poner una venda a lo que es un problema importantísimo.
Y acabo. Otro tema que no está claro y yo sé que ustedes lo quieren evitar, que es todo lo que tiene que ver con la suficiencia presupuestaria en todo esto. Es que es importante. Es que la esencia del debate este es decirles a los ayuntamientos que "te doy las competencias pero te aporto el dinero para ejercer las competencias". ¡Es que ese es el debate, es que ese es el debate!
¿Qué les decimos, señor presidente de la Fecam, a los alcaldes? Oye, que a mí el Gobierno de Canarias... vamos a aplaudir porque nos ha dado un montón de competencias. A mí me han venido, yo no sé dónde está el consenso, pero a mí me han venido a hablar alcaldes a decir, "oye, que nos quieren dar todas estas competencias, pero es que no podemos ni ejercer las que tenemos". Ese es el drama. Es que hay ayuntamientos hoy que no saben cómo mantener las escuelas infantiles, que es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ustedes quieren darles más a los ayuntamientos, pero, eso sí, perras, ninguna. Esa es la cuestión. O resolvemos ese problema o aquí de nada sirve que usted ahora traiga, glorioso, dos reformas de la Administración, la de cabildos y la de los ayuntamientos, señor Spínola. De nada sirve, créame. Sé que usted le ha dedicado a esto muchas horas, lo sé, me consta, sé que ha tenido muchísima voluntad, con nosotros no, pero con los alcaldes, la Fecam y la Fecai, sí. Esto de las fotos a usted también le ha contagiado el señor Rivero. Cada día nos gusta más una foto, que al final nos viene muy bien.
Pero lo importante, señor Spínola, y yo sé que usted es un hombre sensato, serio, riguroso, que sé que quiere llegar a un consenso, que cuando nos sentemos y convirtamos estas comunicaciones en proposición de ley, vayamos con la verdad por delante, porque si usted quiere intentar engañarnos, a nosotros no. Si usted ha intentado engañar a los ayuntamientos y a los cabildos, nosotros no nos prestamos al engaño, no nos prestamos al engaño.
Y para sentarnos a debatir y trabajar en una proposición de ley, que sepan que si va encaminada a evitar la duplicidad, cuenten con el Partido Popular. Si va encaminada a racionalizar las administraciones públicas y adecuarlas a los nuevos tiempos, cuenten con el Partido Popular. Si van trabajando para control del gasto público y soportar y apoyar el sistema de financiación, a esas competencias, cuenten con el Partido Popular. Si no es así, señor Spínola, si no es así, señor Spínola, usted entenderá que nosotros no podemos contribuir o asistir de comparsa a este texto. Porque también tenemos interlocución con los alcaldes, porque también tenemos interlocución con los presidentes de los cabildos y lo que nos transmiten es que nos resuelvan el tema competencial y el tema de perras. Y ya sé que Rajoy es muy malo, y ya sé que el Gobierno de España estrangula a las comunidades autónomas, eso ya lo sabemos, ¿y ahora qué? ¿Y nosotros qué vamos a hacer para un Rajoy tan malo y un Gobierno de España que nos estrangula?, ¿qué?, ¿seguir llorando por las esquinas y culpabilizar de todos nuestros problemas al Gobierno de España? ¿O haremos algo, señor Spínola, en el ámbito de sus competencias?
Tenemos una oportunidad y ofrezco el Partido Popular para ello, en el debate del proyecto de presupuestos. Si tienen sensibilidad con esto y los ayuntamientos y los cabildos, que se demuestre también en el marco presupuestario.
Turno de réplica para el Gobierno. Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.
De nuevo en la tribuna para seguir hablando de los municipios. Merece la pena, merece la pena hablar de los municipios y merece la pena comentar las intervenciones de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, y quiero hacer mis acotaciones, mis comentarios, mis observaciones sobre lo que cada uno de los grupos ha planteado en relación con esta comunicación.
Comienzo por el portavoz del Grupo Mixto, don Román Rodríguez, que ha hablado, empezó hablando en términos generales elogiosos para los ayuntamientos, que dedican un 12% del gasto total del Estado a la prestación de los servicios públicos, que no tienen déficit, que al contrario, que tienen superávit. Y, por tanto, hace un elogio, que yo comparto al cien por cien, a los ayuntamientos, a la manera en que están gestionando, a la manera en que están adaptándose a esta cruda realidad, que son los principios de la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera, en un marco económico muy difícil y muy complicado de crisis en el que han tenido que ajustar los gastos y, al mismo tiempo, cumplir con la normativa estatal de estabilidad presupuestaria.
Pero inmediatamente después usted ya empieza a hablar del Gobierno de Canarias y, cómo no, para criticarlo. Habla de la racanería del Gobierno de Canarias en cuanto a la financiación. Y yo creo que no puedo, de ningún modo, aceptar que usted hable de racanería cuando, en la difícil coyuntura económica que hemos tenido en esta legislatura, con la crisis que hemos soportado, con una menor financiación anual de 800 millones de euros, nosotros, con los ayuntamientos, nos hemos comprometido a mantener la dotación del Fondo Canario de Financiación Municipal. Esa financiación complementaria, que es básica, que es fundamental, para que los ayuntamientos sigan prestando los servicios que prestan en Canarias. Y hemos hecho un esfuerzo tremendo de diálogo que fructificó en un acuerdo en el 2012 para permitir un suelo de 206 millones de euros, que es lo que año a año el Gobierno les transfiere a las corporaciones locales. Por tanto, usted me entenderá que es absolutamente improcedente hablar de racanería en la cuestión de la financiación local, por lo que se refiere al fondo.
Me satisface enormemente que usted esté de acuerdo con el contenido de la ley, dijo, en un 99%. Me satisface. Y es verdad que es producto, y usted lo ha reconocido, de un trabajo intenso, ímprobo, de la Fecam y del Gobierno, y yo creo que, finalmente, ese trabajo de tanto tiempo va a dar sus frutos aquí, en este Parlamento, porque ustedes al final, como legisladores, tienen la última palabra sobre el contenido de esa ley. Por tanto, me congratulo de que usted esté de acuerdo con el fondo. Usted hace una crítica al procedimiento y, cuando hace una crítica a las formas, al procedimiento, usted habla de que el Gobierno hace truco-trampa, por no haber presentado un proyecto de ley sino traer aquí una comunicación para que ahora sean los grupos quienes suscriban una proposición de ley. Mire, ni hay truco ni hay trampa, hemos hablado con claridad sobre este asunto. Y yo ya lo dije en mi primera intervención referida a la ley de cabildos: "¿el Gobierno podía haber optado por traer un proyecto de ley?, sí, podía haber optado. Era una solución de las varias que tenía el Gobierno". Bien. ¿Por qué desechamos la vía del proyecto de ley y por qué hemos hecho una proposición de ley? Bien, en primer lugar, por razones de tiempo, porque queríamos darle -lo dije antes también- al Parlamento tiempo, tiempo para que aquí maduren las leyes. Y si las leyes están ya en el Parlamento desde septiembre y vamos a estar trabajando en el Parlamento hasta marzo o abril incluso, tenemos seis, siete meses para tratar a fondo estas leyes. De manera que es mejor esa fórmula, a juicio del Gobierno, que haber hecho lo contrario. Haber hecho lo contrario era tramitarlas como proyecto de ley, que es verdad que un proyecto de ley tiene que venir acompañado de un informe de acierto y oportunidad, de un informe de la Dirección General de Presupuestos, de un informe del servicio jurídico y de un informe del Consejo Consultivo. Bien, bien.
El informe del Consejo Consultivo va a estar, porque lo va a pedir el Parlamento, sobre la proposición de ley. Por tanto, ¿qué es lo que falta? ¿El informe de oportunidad?, ya el consejero está explicando aquí por qué es oportuno y necesario tratar una reforma de la ley de municipios. El informe del servicio jurídico va a quedar perfectamente suplido por el informe jurídico que haga el Consejo Consultivo de Canarias. Y en esta ley no es tan importante, desde mi punto de vista, un informe de la Dirección General de Presupuestos, porque estas leyes generales no implican de forma inmediata un coste; es decir, por aprobar la ley de municipios, por aprobar la ley de cabildos, hay que sacar una dotación presupuestaria con cargo al presupuesto del 2014, porque, si no, no se puede aprobar la ley, y que el director general, la directora general de Presupuestos diga, "no, mire usted, Gobierno, no, no, me niego o le hago un informe negativo como Dirección General de Presupuestos, porque usted, con esta ley, va a suponer un incremento del gasto público en el 2014". Primero, la ley no se va a aplicar en el año 2014; segundo, no tiene una incidencia directa en el presupuesto. Son leyes generales, establecen la organización, el funcionamiento, el procedimiento, el régimen jurídico; nada de eso tiene que ver con una incidencia económica. Por tanto, de verdad, no es importante un informe económico.
Y le voy a decir más, mire, perfectamente, si lo hubiésemos tramitado como proyecto de ley, hubiese entrado en la Cámara a lo mejor en diciembre, a lo mejor en diciembre. Bien, bien. Hubiesen tenido ustedes el mes de enero en adelante para tramitarlos. Ahora tienen más tiempo. Pero este Gobierno no ha querido hacer lo que hizo, por ejemplo, su Gobierno. Su Gobierno, cuando usted gobernaba, mandaba leyes, proyectos de ley, en el mes de marzo, en el mes de marzo del año 2003. Cuando las elecciones eran en mayo del 2003, cuando fueron en mayo del 2003, usted mandó a esta Cámara muchos proyectos de ley ¡en marzo! Quedaban, nada, dos plenos, y aun así se aprobaron leyes, nada más y nada menos que la ley de directrices, nada más y nada menos. Mire, yo en aquel entonces, le recuerdo, en aquel entonces el Partido Socialista estaba en la oposición y usted, en el mes de marzo, presenta una ley que da lugar a dos plenos extraordinarios, que se celebran en abril del 2003, a escaso un mes de las elecciones, para aprobar la ley de directrices. Y el Partido Socialista, que estaba en la oposición, votó a favor de la ley de directrices, igual que el resto de grupos parlamentarios. Y se aprobaron por unanimidad. Es una manera de actuar, es una manera de actuar. Nosotros hemos buscado esta otra, que nos parece igual de legítima y que permite al Parlamento poder analizar con más detalle los proyectos.
Por tanto, no es una trampa de tratar de evitar un informe de oportunidad o un informe de la Dirección General de Presupuestos. De verdad que no, eso no es importante. Lo verdaderamente importante será el informe que haga el Consejo Consultivo, que es el que va a garantizarle a esta Cámara la viabilidad jurídica de la norma y su adecuación al ordenamiento jurídico vigente.
Bien. Usted ha planteado una cuestión que no quiero desaprovechar, ha hecho una propuesta de aparcar la ley y hacer una ley corta, una ley de unos cuantos artículos para resolver los problemas competenciales que se derivan de la implantación de la Ley 27/2013, del Estado. Y le voy a decir que la posición del Gobierno es radicalmente contraria a esa fórmula. Mire, lo hicieron algunas comunidades autónomas, a través no de leyes, a través de la utilización de los decretos-leyes, por ejemplo Andalucía y alguna otra comunidad autónoma, vía decreto-ley, para resolver un problema puntual. Pero es que, don Román, con esta ley que estamos presentando estamos resolviendo los problemas de la Ley 27/2013, y lo hacemos a través del contenido de las disposiciones transitorias primera y segunda, y alguna otra, como por ejemplo la que establece la ultraactividad de los convenios. Pero en la transitoria primera y segunda nosotros garantizamos las competencias que hoy tienen los municipios y también los servicios que están prestando. Por tanto, ¿para qué voy a hacer una ley nueva de cuatro artículos si lo que voy a poner en esta ley de cuatro artículos lo tengo en esta ley, y además acordado y pactado con la Fecam?
Pero es que, además, hay otra razón de peso para huir de su propuesta, y es, con esta ley estamos resolviendo y colmando una cantidad inmensa de lagunas que tiene la legislación básica de régimen local. Si eso es así, si estamos colmando todas esas lagunas y además resolvemos los problemas que se derivan de la Ley 27, ¿para qué voy a hacer una ley de cuatro artículos? ¡No, no!, si llevamos muchos meses trabajando con la Fecam y hemos alcanzado un texto que lo resuelve todo, ¿para qué voy a hacer una cosa que resuelve una parte? Por tanto, creo que hay que desechar su propuesta.
Yo no voy a entrar como Gobierno en la revisión del calendario legislativo. Les compete a los grupos parlamentarios. Creo que hay que hacer el esfuerzo de intentar sacar adelante el mayor número de leyes, pero eso es algo que el Gobierno, respetando la autonomía del Parlamento, les corresponde a ustedes decidir la tramitación de todas las leyes. Eso sí, nosotros sí que queremos y el Gobierno pone especial énfasis en que el Parlamento apruebe estas dos leyes en esta legislatura. Ahí sí que quiero poner especial énfasis como Gobierno, el interés que tenemos en que las dos leyes estén publicadas en el Boletín Oficial de Canarias en esta legislatura.
Bien. Yo quiero agradecer la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque no lo hice, vino a completar mi intervención, cuando ha hecho ese meritorio reconocimiento a la Fecam, cuando ha recordado la historia de la Fecam, cómo nació la federación de municipios, que me parece que faltaba en esta Cámara un recordatorio a la Fecam. Y le agradezco en ese sentido su intervención.
Estoy de acuerdo con usted en que hay que resolver el problema de la financiación, que nosotros queremos resolver ligándolo al sistema de financiación autonómico y dándonos un plazo y un compromiso legal, que es en un año, en un año el Gobierno tiene que presentar aquí un proyecto de ley.
Y quiero también agradecer algo que usted ha dicho y que es muy cierto. Usted ha valorado el consenso, usted ha valorado el consenso, y no es fácil en estos tiempos en los que vivimos alcanzar consensos. Sé que es difícil, que es complicado, pero yo soy un consejero que en los años que llevo aquí como consejero, que son ya tres y medio, he buscado siempre el consenso y el acuerdo. Y lo he intentado en la ley de transparencia, y quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular el esfuerzo que ha hecho para buscar el consenso en la ley de transparencia; y quiero agradecer a Nueva Canarias el consenso que también ha mostrado en la ley de transparencia. Antes tramitamos desde la consejería una ley de creación de un colegio profesional y también se aprobó por consenso, por unanimidad de la Cámara, como espero que se apruebe la ley de transparencia, como también espero que se aprueben estas dos leyes, porque hay un trabajo que hemos generado durante meses y meses con la Fecam y con la Fecai que debe tener ahora su culminación en el acuerdo en el Parlamento. Y yo como consejero, por el talante que tengo, me voy a emplear a fondo, a fondo, ayudando en lo que pueda como Gobierno a todos los grupos parlamentarios para lograr el consenso en estas dos leyes.
Señor Barragán, usted en su intervención ha hablado de tres grandes aspectos: ha tocado el tema de la financiación, las competencias y luego la capacidad legislativa del Parlamento para aprobar el carrusel de leyes que en este momento están en trámite.
Decía usted, y comparto: es un error inventarnos la financiación. Claro, claro, no podemos improvisar. La financiación, el sistema de financiación de las corporaciones locales es tan importante que nosotros no podemos arriesgar una posición para dar vuelta como un calcetín dentro de unos meses cuando el señor Montoro plantee un sistema de financiación para las comunidades autónomas.
En segundo lugar, ha hablado de las competencias para referir la distinción entre competencia y función y para poner de manifiesto que algunas competencias se llevan a cabo por una única administración pero otras de forma compartida, y esto es básico en el sistema de funcionamiento de la comunidad autónoma.
Bien. Y paso ahora a hacer alguna referencia a la intervención de don Asier, como portavoz del Grupo Popular.
Vuelve a hablar de pereza. Mire, aunque usted repita cien veces la palabra "pereza" en la actuación del Gobierno en esta materia, cien veces que estará diciendo mentiras, porque si ha habido algo es actividad, ultraactividad, en esta materia, pero pereza, pereza... Lo ha repetido antes y lo repite ahora, porque quiere que ese sea un titular de su chat. No, no, no, no ha habido pereza, ha habido todo lo contrario. Mire, le voy a explicar, le voy a explicar, porque usted confunde a la gente, confunde a la gente. No voy a decir que lo haga intencionadamente, pero confunde a la gente. Dice que el Gobierno ha estado tres años sin hacer nada y ahora viene deprisa y corriendo. Pues, mire, voy a desmontar, voy a desmontarle esa afirmación que ha repetido cuatro veces, pero se la voy a desmontar con hechos. ¿Cómo? A ver, ¿tiene sentido que un Gobierno presente a esta Cámara, en los tres primeros años, un proyecto de ley o una iniciativa legislativa cuando el Gobierno de España ha anunciado que va a reformar la legislación básica en materia de régimen local? ¿A ustedes en la cabeza les cabe que el Gobierno, en el año 2012, hubiese presentado un proyecto de ley para luego tener que volver a cambiarlo absolutamente cuando entrara en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local? ¿Verdad que no? ¿Cómo nos pueden decir que hemos estado tres años sin hacer nada cuando hemos estado haciendo el trabajo a la espera de que las Cortes Generales aprobaran la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ley que aprueban en diciembre del 2013, diciembre del 2013. ¿Y sabe usted cuándo el Gobierno de Canarias entrega a la Fecam, a la Fecai y a los grupos parlamentarios un texto de ley de cabildos y de municipios? Solo tres meses después. En marzo del 2014, ya estaban encima de la mesa unas leyes adaptadas a la legislación básica del Estado. Entre marzo del 2014 y julio del 2014, el Gobierno ha estado reuniéndose con la Fecam día a día, analizando artículo por artículo, hasta que el 30 de julio de 2014 alcanzamos un acuerdo con la Fecam, después de analizar, cambiar mil veces el articulado, analizando artículo por artículo. Esa es la realidad, y lo hace el Gobierno el 30 de julio, cuando termina el acuerdo con la Fecam. El 5 de septiembre, teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil, el 5 de septiembre el Gobierno ya ha mandado al Parlamento la comunicación y hoy, 8 de octubre, la estamos debatiendo. Fíjese qué calendario, fíjese qué calendario hemos cumplido. Difícilmente podía acotarse en el tiempo este calendario. Luego, no hable usted más de pereza, no hable usted más de tres años perdidos, porque se lo he desmontado de cabo a rabo. Esa afirmación, de verdad, no cabe.
Y luego, mire, otra cuestión que me parece esencial. Usted, usted, señor Antona, tiene un problema de entendimiento del Estado autonómico. Usted, de verdad, ¿eh?, se lo digo sin ninguna acritud, pero, vamos a ver, habla de que yo he confundido aquí hablando de competencias por funciones. No, mire, una cosa son las funciones y otra cosa son las competencias, no mezcle usted competencias y funciones. Mire, España funciona desde el año 1978 de la siguiente manera: hay una distribución del poder, de forma tal que el Gobierno de España tiene una serie de competencias que están en el artículo 149 de la Constitución que son competencias exclusivas del Estado y hay otras competencias que son de las comunidades autónomas que están en el 148. Por tanto, ¿qué competencias hay en el mapa constitucional español? Uno, competencias exclusivas, bien del Estado, bien de la comunidad autónoma; dos, competencias compartidas, compartidas. Luego, las materias están compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Y luego hay competencias que son, las exclusivas del Estado pueden ser desarrolladas, la comunidad autónoma tiene desarrollo legislativo y ejecución. Pongamos un ejemplo: régimen de los funcionarios públicos. ¿Hay legislación básica?: sí. ¿Puede legislar la comunidad autónoma sobre funcionarios públicos?: sí, porque tiene las competencias de desarrollo legislativo y ejecución. Es un ejemplo. Régimen laboral: ¿quién tiene la competencia sobre el derecho laboral en España? ¿Competencia exclusiva?: sí, del Estado. ¿Qué competencia tiene la comunidad autónoma?: ejecución. ¿Podemos ejecutar la política laboral, la comunidad autónoma?: sí, porque tiene competencias. Luego, estamos hablando de una materia, que es derecho laboral, en la que hay una concurrencia de competencias. Luego, es muy normal lo que he explicado. En materia de igualdad o en cualquier materia puede haber competencias de la comunidad autónoma, del cabildo y del ayuntamiento; en servicios sociales... (se produce el corte del sonido por el sistema automático de cómputo del tiempo y la Presidencia le concede un minuto adicional).
No, no. Acabo ya, acabo ya.
Otro ejemplo es la enseñanza. En la enseñanza hay competencias del Estado, pero la comunidad autónoma tiene competencias de desarrollo legislativo. El otro día aprobamos una ley educativa en Canarias. Por tanto, eso es así.
Y luego también habla de que si nosotros vamos a engañar a la Fecam, que si la Fecam no ha tenido en cuenta una serie de disposiciones adicionales de la ley... Yo creo -también con respeto se lo digo- que eso es un insulto a la inteligencia, porque, mire, no puede usted venir aquí a decir que los representantes de la Fecam no se han estudiado la ley o que el Gobierno, de tapadillo, le ha colado no se sabe cuál disposición. Eso es francamente inadmisible y espero, en fin, no se lo voy a tener en cuenta porque, de verdad, creo que no es serio plantear que el Gobierno le haya colado una disposición a la Fecam sobre esta materia.
Las cosas están muy claras, la financiación está muy clara. No podemos resolverla en esta ley. Se debe resolver en el futuro modificando, no estas leyes, sino la Ley 9/2003, que es la ley que regula el bloque de financiación de las corporaciones locales, que es donde tenemos que tratar de resolver los problemas que tienen hoy los cabildos y los ayuntamientos en su financiación.
Y también quiero desmentirle algo que ha dicho. Usted ha dicho que hay un problema sobre la financiación o sobre el reparto de los recursos del REF. No, lo que hay es el cumplimiento estricto de una ley, que es la 9/2003, y hay también acuerdos que se han pactado desde el año 2012 entre ayuntamientos y cabildos. Es verdad que ha habido problemas de interpretación, es verdad que hay recursos. Por eso hay negociaciones continuas en el Gobierno, en el Gobierno, cabildos y ayuntamientos, y la solución a esa situación que hoy tenemos aquí pasa por una modificación pactada y negociada entre el Gobierno, cabildos y ayuntamientos para establecer en Canarias un nuevo marco de financiación de la comunidad autónoma, modificando la Ley 9/2003.
Turno de réplica para los grupos. Don Román Rodríguez, Grupo Parlamentario Mixto.
Yo sé que es fácil para algunos confundir el Gobierno con el Parlamento, es muy fácil, pero yo voy a repetir cosas que he dicho y que algunos no han entendido, porque solo oyen por uno, ¿no? El calendario legislativo al que yo me referí no es del Gobierno, no es esencialmente del Gobierno, es fundamentalmente nuestro, y cité seis proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, cinco proyectos de ley del Gobierno, la reforma estatutaria, que es una propuesta de los partidos que sustentan al Gobierno, la previsible reforma del Reglamento, que será, si la sacamos adelante, una propuesta nuestra, y apunté una ley que propondrá el Gobierno, porque es inevitable, la ley de presupuestos, y la ley de reforma turística, porque esta mañana discutíamos de ello. Y las que vengan, será legítimo, y puse las dos de los cabildos y las de iniciativa popular. Le adelanto: nosotros presentaremos proposiciones de ley antes de que finalice esta legislatura sobre asuntos básicos y lo harán otros grupos, porque me consta que hay grupos que están preparando proposiciones de ley, y también el Gobierno presentará otros proyectos. Yo eso no lo he discutido, yo lo que he discutido es que este calendario, el que propone el Gobierno, el que proponen los grupos, el que proponen los cabildos, el que proponen los ciudadanos y lo que viene, en cinco meses y medio es difícil de abordar. Y le hice la propuesta, no al Gobierno, sino a los grupos parlamentarios. Revisemos el calendario y prioricemos el trabajo. ¿Vamos a intentar hacerlo todo?, de acuerdo, pero prioricemos el trabajo. Y yo no me dirigía al Gobierno, primero porque tiene poco remedio, sino a los grupos parlamentarios.
Revisemos este tema, porque no es lo mismo unas leyes que otras. Es que no es lo mismo una ley de ayuntamientos, una ley de cabildos y un estatuto de autonomía, que es toda la estructura de poder público del archipiélago en tres leyes, sin enlazarlas, con un elemento determinante, que es nuestro problema principal, que es la financiación. ¿Podemos sacar adelante las tres leyes?, y treinta y tres y cuarenta, pero tenemos un problema fiscal en Canarias muy relevante, y sería deseable, si queremos acertar en la solución, hablar del problema fiscal, cómo financiamos a nuestros ayuntamientos, a nuestros cabildos y a nuestro Gobierno o a nuestras competencias. Y lo que he dicho es que, si el problema es de urgencia -en el caso municipal, lo entiendo, no, lo defiendo-, hay un vehículo fácil, rápido, que lo han hecho otros. La Comunidad de Madrid hizo una ley antes del verano, una ley, sobre esto; la Comunidad de Galicia hizo otra ley sobre esto antes del verano y la Comunidad de La Rioja, también; y las demás utilizaron el decreto-ley, que nosotros no tenemos, insisto, porque algunos se cargaron el estatuto, que nos hubiera permitido esta y otras ventajas para el autogobierno.
Lo que he planteado es, si los grupos nos sentamos y hacemos un análisis del calendario actual y previsible, donde por ahora el aporte del número de leyes no es el máximo, el del Gobierno, lo es más por proposiciones del propio Parlamento, he hecho una propuesta, que yo sé que ustedes no escuchan, ustedes se creen, no, tienen una mayoría y la imponen. Oiga, pues, sigan ustedes con esa mayoría. No les va a durar mucho, ¿eh?, también eso está muy claro. Es lo mismo que hace el PP a nivel español, tienen mayoría e imponen sus leyes. Pues ustedes también. Aquí ha habido leyes absolutamente estructurantes, totalmente decisivas, que las han impuesto por esa mayoría. Léase la Ley de Medidas Urgentes del año 2009, léase la Ley de Modernización y Renovación Turística en el año 2013. Por cierto, atacando, no, invadiendo competencias locales e insulares, porque una cosa es hablar y otra es dar trigo. Es decir, ustedes con las leyes y la práctica política invaden competencias de las corporaciones locales, porque aquí algunos creyeron que nacieron para ser presidentes de Gobierno y esto es para siempre. Y cuando estaban en los cabildos, los cabildos eran importantes y, cuando estaban en los ayuntamientos, los ayuntamientos eran importantes, y ahora los ayuntamientos y los cabildos son menores de edad.
Y les voy a poner dos ejemplos, les voy a poner dos ejemplos.
El Plan de Empleo Social. ¿Se acuerdan, señoras y señores alcaldes, plan de empleo social? Lo dice el presidente aquí, se enteran ustedes por los periódicos, porque lo dijeron ustedes públicamente; propone 75 millones de inversión, de una competencia estrictamente de la comunidad; les endosan a ustedes inicialmente dos tercios y al Gobierno un tercio; al final ustedes pelean y logran equilibrar 50-50; al final ha quedado 45-55. Es decir, el Gobierno, de una competencia propia, de responsabilidad exclusiva de la comunidad autónoma, les endosa a los ayuntamientos, porque tienen la presión de los ciudadanos todos los días en las puertas de sus consistorios, una responsabilidad propia y, además, tienen que financiarla mayoritariamente ellos. Y se enteran por los periódicos, porque ustedes no negociaron nada sobre el Plan de Empleo Social. Después sí. La Fecam aceptó, y hay que reconocerle la paciencia, la tolerancia y la generosidad de al final están financiando mayoritariamente el Plan de Empleo Social, que, por cierto, luego tiene otras derivas y es como la desigualdad de los ciudadanos frente a ese plan de empleo.
Y ni les cuento la ley de dependencia. Pero, bueno, es que ustedes tienen que repasar la gestión de su Gobierno y es bastante desastrosa. La ley de dependencia, que aprueba el Gobierno de España, el parlamento español, establece un conjunto de prestaciones en que compete, en la estructura competencial que tenemos, a los cabildos insulares la gestión de la dependencia. Pero ustedes, como se creen mejores que nadie, montan una estructura, contratan 200 trabajadores y la gestionan aquí. ¿Y saben cuál es el resultado?: ¡un desastre absoluto! El peor territorio de España en la gestión de la ley de dependencia, porque han hecho fatal el tema, porque nunca confiaron en los cabildos, porque, como no están ahora ustedes en los cabildos -o alguna persona en los cabildos-, los cabildos pasan a ser menores de edad.
Yo estoy de acuerdo con la necesidad de una ley de ayuntamientos, una necesidad de una ley de cabildos y sobre todo estoy de acuerdo con un nuevo estatuto político para Canarias. Pero las cosas hay que hacerlas bien y, si las quieren hacer con consenso, nosotros estamos dispuestos; si las quieren imponer, impónganlas. Ya las cambiaremos, ya las cambiaremos, y ya verán que no va a tardar mucho tiempo para cambiar algunas de las cosas. El planteamiento es, si ustedes quieren consenso, discutimos el consenso. Porque sí que le tengo que decir que en otra etapa, en esa ley de directrices, a la que usted hacía referencia, que trajimos aquí a final de legislatura, estuvimos tres años discutiendo con todo el mundo, tres años. Pero con los partidos políticos, el que les habla, porque esa era una propuesta del Gobierno, se sentó con los líderes de los partidos políticos y no la trajimos hasta no llegar al consenso con los partidos políticos, con los grupos parlamentarios, con los ayuntamientos, con los cabildos, con los colegios profesionales y así un largo etcétera, y se aprobó por unanimidad.
Yo no niego que el Gobierno nos pueda presentar, incluso cuando esté disuelto el Parlamento, a la Diputación Permanente, un proyecto de ley, porque gobernar significa responder a los problemas de cada día. Yo lo que estoy diciendo es que las veinte leyes que tenemos en estos momentos aquí, la mayoría iniciativas de este Parlamento, muy relevantes algunas, muy difíciles, necesitan una ordenación, una planificación y unas prioridades.
Los que se lean, porque les tocará a algunos de ustedes, la de armonización y simplificación, yo les aseguro que le da la vuelta a la articulación del sistema competencial de planificación territorial, urbanística y a los temas medioambientales. No se puede sacar una ley de esas características de esta manera. La van a sacar sin consenso. Nosotros no la vamos a apoyar. Yo no sé qué va a hacer el Partido Popular, allá ellos. Nosotros no la vamos a apoyar, porque eso es ingobernable, eso no hay quien lo entienda, hombre, ni armoniza ni simplifica, la lía. Pues nosotros lo que decimos, a los grupos parlamentarios, no al Gobierno: sentémonos, veamos las veinte leyes y digamos, oiga, la Ley de Presupuestos, por supuesto, porque es imperativo legal, y cojamos por orden y hagamos las cosas con racionalidad, porque van a venir más leyes del Gobierno, y será legítimo; van a venir más leyes de los grupos parlamentarios, y será legítimo; y pueden venir más leyes de los cabildos insulares, y será legítimo. Y eso es a lo que yo me refería.
Y luego les digo lo fundamental: de las tres grandes normas que se nos proponen, estatuto político para Canarias, ley de cabildos y ayuntamientos, esta es la que tiene un alto consenso y, además, la necesidad de resolver algunos problemas. Y yo digo, hay dos caminos: el camino de una ley solo para eso, que es el que ha elegido la mayoría de las comunidades, o, aprovechando que vamos a hacer una ley global, metemos ese asunto. Yo no he dicho que no, he dicho que estamos dispuestos a ese tema porque viene con un consenso. Yo lo que he dicho es que seamos rigurosos, manejemos los tiempos responsablemente. Y no es lo mismo empezar de cero ahora que haber trabajado esto durante ocho meses, un año, dos años o tres años, como se hicieron algunas normas. Y estas son las más importantes, la ley de ayuntamientos, la ley de cabildos, la ley de Canarias, el estatuto político son las más importantes. No hay ningunas otras, porque las demás son sectoriales, tan estructurantes, tan decisivas y tan estratégicas. Y adolecen de un tema muy importante, que son los cuartos, la financiación. Y hay que hablar de eso, de la fiscalidad tenemos que hablar. Tenemos que hablar del bloque de financiación canario y su futuro y su distribución, y tenemos que hablar de la financiación autonómica. Si no lo hacemos todo conjunto, yo les aseguro, y tengo alguna experiencia en el tema, que esto no transformará la realidad que necesitamos transformar. Sin recursos económicos, sin competencias y sin una estructura clara no avanzaremos en la función que tienen que desempeñar las administraciones públicas canarias, que son decisivas para la democracia, para el desarrollo y para el bienestar de Canarias.
Y lo que he hecho es una propuesta. Ya sé que ustedes están sobrados, ya sé que ustedes son buenísimos, ya sé que están ustedes en las encuestas que se salen, todo eso lo sé, y, por lo tanto, no escuchan a nadie. Oiga, allá ustedes, allá ustedes, si no quieren escuchar a nadie, pero yo les invito a hacer una reflexión...
El señor PRESIDENTE: Un minuto, sí.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ... con el calendario legislativo y a priorizarlo, a poner en primer lugar las cosas que son más transformadoras y en las que podemos alcanzar consenso. Si no, ustedes impondrán esa pírrica mayoría que tienen, cada día más desajustada, por cierto -y lo digo por lo que leo en los periódicos, que también es legítimo, cada día más desajustada, es decir, parece que están en tiempo de descuento-. Pero, oiga, nosotros ofrecemos la posibilidad de acuerdo. Lo queremos hacer sobre un análisis compartido, priorizando las leyes, las normas fundamentales. ¿Que lo quieren aceptar?, perfecto; si no, tiren ustedes pa'lante y nosotros estaremos en de lo que estemos convencidos y en lo de que no seremos críticos, porque esa es nuestra función. Y el año que viene, el nuevo Parlamento, pues, dirá quién es quién y cuál es el futuro de cada uno de nosotros.
Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña María Dolores Padrón.
La señora PADRÓN RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias.
No iba... yo creo que incluso las segundas intervenciones, que había quedado meridianamente claro el objetivo que se planteaba en el Parlamento, pero... Y está claro: yo no confundo para nada el Parlamento con el Gobierno. Bueno, pues, entonces hay que expresarse mejor, porque tampoco fuimos nosotros, los del Grupo Parlamentario Socialista, los que echamos para detrás el Estatuto de Autonomía. Y es más, recuerdo, señor consejero, que usted era diputado y recuerdo que se defendió en las Cortes, si no me falla la memoria. Por lo tanto, recuerdo que el Grupo Socialista siempre ha estado en la misma línea, El señor Rodríguez desapareció. Hemos estado siempre con una coherencia en estos temas que, desde luego, algunos tendrían que imitar.
Con respecto a lo que se plantea, porque creo que ha quedado claro el posicionamiento de mi grupo... Yo no entiendo muy bien los posicionamientos de los diferentes grupos, porque no sé si es que les impone la presencia de la Fecam o... Porque es como "sí, pero", y el "sí, pero", si es por, es un poco... Entonces a mí me tendrían que explicar si no es verdad que dentro de la directiva de la Fecam hay alcaldes del Partido Popular, hay alcaldes de Nueva Canarias, hay alcaldes del Partido Socialista, hay alcaldes de Coalición Canaria, y son ellos, los representantes de nuestros ayuntamientos, los que deciden que este es el texto consensuado. ¿Quién está planteando entonces una posición unidireccional? ¿O es que al final no están de acuerdo con la posición de sus alcaldes? ¿O puede ser que los que estén desautorizados sean los que estén hablando aquí y los alcaldes de sus partidos sean los que realmente tengan razón? Por lo tanto, alguna explicación hay que dar, porque es que este texto está consensuado por la directiva de la Fecam y por la Fecam. Entonces aquí hay algo que chirría, que chirría. O sea, que habría que explicarlo. Y buscar problemas donde no los hay lo único que conlleva es un supuesto rédito político, que yo creo que en este tema no van a encontrar.
Con respecto a las matizaciones que se hacían respecto... A ver, desde el Partido Popular nos han dicho cuál es su modelo -otra contradicción más, aparte de esta-, pues nos han planteado una ley que dice que, a los problemas de financiación...; lo que hace es que a los ayuntamientos, que además son muchos ayuntamientos, porque el discurso de la red... muchos ayuntamientos, que son muy gastones y todas esas cosas, que lo hacen de manera fina con determinados términos, pero al final vienen a decir que, por la mala gestión y demás, lo que hay que hacer es quitarles competencias y quitar ayuntamientos. Nosotros no. Pero, claro, eso puede ser que les quede algo de la votación en el título VIII de la Constitución, cuando ya se planteaban no plantear y descentralizar a las comunidades autónomas aquellos servicios para acercarlos a los ciudadanos.
Mire, con el tema de casposo, yo creo que lo que está desfasado es su término, porque, mire, igual el vintage, pero lo de "casposo" está desfasado. Y le voy a decir más: el empoderamiento de la ciudadanía no lo va a parar ni el Partido Popular ni nadie. Por lo tanto, va a ser la ciudadanía, a la que usted no va a poder llamar casposa, como no han llamado en Madrid a la marcha blanca, que se ha tenido que tragar el Gobierno autónomo madrileño y plantear y dar marcha atrás a la privatización de los servicios públicos, porque el empoderamiento de la ciudadanía no lo para ni el Partido Popular ni ningún partido. Por lo tanto, el término "casposo" creo que sobraba, que sobraba. Y, por lo tanto, van a ser los ciudadanos los que...
Porque, a ver, servicio público, servicio público, pues, por ejemplo en materia educativa y sanitaria, qué garantiza. No es verdad que los ciudadanos quieran... Mire, yo vengo del Puerto de la Cruz, ya se lo dije, y tenemos experiencia en eso de público-privado en determinados servicios. Lo que el ciudadano no quiere es que, cuando el privado quiera que le corte la luz, se la corta y si encima hay un gobierno que no plantea los bonos sociales al cien por cien para el tema de electricidad, pues, se quedará sin luz, porque hay un monopolio en la energía que lo permite. Lo que el ciudadano no quiere es que, cuando el servicio sanitario tenga el monopolio de toda la isla, pues, le corte el suministro y entonces el ciudadano se quede sin servicios, porque no es público. O sea, que no es casposo, son diferentes maneras de ver las cosas. Nosotros hablamos no solo de servicio público sino de derechos fundamentales, de derechos y de garantías de derechos fundamentales.
Y es evidente que en esta ley hay que plantear la financiación. Mire, nuestro punto de vista es claro. Nosotros siempre hemos defendido lo mismo, ya le dije. Es más, nosotros creemos que si hay una reforma del Estatuto hay que blindar a los ayuntamientos en el Estatuto de Autonomía con respecto a la financiación, y ahí afánense, y ahí afánense, porque a los ayuntamientos, igual que a cualquier Administración pública, hay que blindarlos en el Estatuto de Autonomía. Ahí nos vamos a ver, en ese terreno nos vamos a ver y vamos a ver dónde está cada cual.
O sea, que es evidente que las posiciones que se plantean desde la tribuna tienen posiciones...; por lo menos contradicciones flagrantes, que son las que he puesto sobre la mesa.
Yo creo que tenemos una oportunidad, y la teníamos ahora, la teníamos, de plantear... Yo no sé si entendemos el consenso como pensamiento único. El consenso no es pensamiento único. Y usted y yo, señor Antona, no nos vamos a poner de acuerdo, es evidente, usted tiene un planteamiento ideológico que nada tiene que ver con el mío, usted hace su argumentación y nosotros la nuestra, pero sí que debemos respetar los consensos que nos vienen dados, como mínimo. Y esta no es una ley impuesta, esta es una ley consensuada. Y no por mucho repetir que es una ley impuesta va a serlo. No, no, es una ley consensuada con la Federación Canaria de Municipios, y o estamos aquí o estamos allá, pero, entremedio, no, entremedio, no.
Por lo tanto, señor consejero, nosotros apoyamos el recorrido de esta comunicación, que espero acabe en un proyecto de ley, donde podamos opinar, donde podamos debatir sobre los temas que realmente interesen a los ciudadanos. Y, desde luego, sí le digo: este segundo turno yo creo que, cuando algo viene por consenso, incluso sobraba. Algunos no han querido que sobre porque prefieren hacer política, no política, política partidista, porque la política es algo bueno que hacemos todos, incluso con aquellos proyectos de ley que nos vienen de la mano de nuestros representantes municipales.
Lo que voy a decir se lo puede ahorrar el consejero.
Voy a intentar, voy a abrir un paréntesis, voy a imitar al señor Asier Antona durante un minuto y medio y después cierro esa imitación y hago mi intervención:
"Señor Asier Antona, señor Asier Antona, escúcheme, sí, sí, mire para mí, escúcheme, si usted lo que nos pide es que hagamos transferencias sin financiación, señor Antona, nosotros no estamos de acuerdo con lo que usted está diciendo; si usted lo que nos pide es que hagamos una modificación de la ley de ayuntamientos y que no tengamos en cuenta a los ciudadanos, señor Asier Antona, no esté de acuerdo con nosotros, no cuente con los nacionalistas para eso, señor Antona".
No, señor Antona, no se pueden hacer intervenciones en cosas que no ha dicho absolutamente ninguno de los grupos que han intervenido. Esa técnica, que es una técnica vieja parlamentaria, cada vez que la vaya a intentar se la voy a restregar en la cara. Usted antes comentó un tema relacionado, por ejemplo, con la financiación, que precisamente había dicho yo todo lo contrario y usted me estaba intentando arrojar lo contrario. No, no juegue a eso, tiene usted más altura política, y si a lo que se va a dedicar a partir de ahora es a eso, tenga en cuenta que yo le reconozco que usted lo hace mejor que yo.
Y ahora vamos a hablar de los temas de financiación que usted comentaba. Mire, señor Antona, hace escasas intervenciones aquí, en algún pleno, no recuerdo exactamente cuál -creo que estábamos hablando de un tema de financiación-, le dije: "señor Antona, nosotros hemos reconocido ya que nos equivocamos, que creímos que había un sistema de financiación...". Esta es la tercera o cuarta vez que lo digo en esta legislatura, pero, como usted hace, prácticamente nos arroja el tema y nunca ha dicho, dice, "por lo menos lo han reconocido". Es la cuarta vez, en Diario de Sesiones, que se lo reconozco. Cuando se habla de la política, a veces se habla de que nadie reconoce sus errores, nadie mete la pata y todo el mundo intenta escabullirse. Nosotros reconocemos que, con la mejor intención del mundo, creímos que ese sistema iba a ser bueno. Ya sabe que en el primer año de liquidación fue positivo y después viene la crisis, hay un problema importante y no da los resultados que nosotros esperábamos o por lo menos no los da para Canarias. Y eso lo hemos reconocido, señor Antona.
Una vez hecho esto, en el año 2011 empieza el debate de ustedes, ya en otro Gobierno, el año 2011, finales del 2011, principios del 2012, y ustedes coincidían en una visión que nosotros no alcanzamos a ver, según ustedes, en aquel momento, ¿no?, y nos decían: eso está mal y hay que corregirlo. Bueno, tienen ustedes mayoría absoluta. Les decía el otro día que ustedes llevan gobernando con mayoría absoluta desde el minuto uno y han querido modificar y han modificado todo lo que han querido, y la pregunta que les hacemos es que, si después de tres años siguen ustedes considerando que Canarias está mal financiada, que nos faltan 800 millones, que ese sistema hace perder a la comunidad 800 millones de euros anuales, la pregunta que uno hace es, dice, bueno, y si el que tiene la capacidad de presionar, de hacer cambiar esa ley es el Partido Popular, que además saca las leyes que quiere con la mayoría absoluta y sin consenso en el Congreso de los Diputados, la pregunta es por qué, en vez de estar diciéndonos aquí "esa ley anterior había que modificarla, la aprobaron ustedes y eso es lo que estamos padeciendo", por qué no nos liberan de ese error y nos ilustran aquí a todos los canarios diciéndonos que, por fin, el Partido Popular ha aprobado un sistema de financiación que corrige la metedura de pata de los nacionalistas canarios y del Grupo Socialista. Yo seré el primero que, aunque me lo diga así y me lo restriegue en la cara, le diré: "señor Asier Antona, tiene usted razón, el sistema que acaban de emplear corrige un error que nosotros también ayudamos a cometer". No me van a doler prendas pero háganlo, porque llevan tres años pudiendo hacer el cambio del sistema de financiación y no lo han hecho.
Y, mire, ¿el sistema de financiación por qué es importante? Si nosotros hemos estado gobernando la comunidad autónoma con déficit y hemos tenido que cubrir la financiación externa para financiar los tres últimos presupuestos, por lo tanto, los ingresos no superan el nivel de gasto ni igualan el nivel de gasto de la comunidad autónoma, señor Asier Antona, ¿cómo vamos a plantearnos un problema para garantizar la financiación de las transferencias con las corporaciones locales si no somos capaces de sostener nosotros en estos momentos, con financiación propia, los recursos de la comunidad autónoma, que tenemos que recurrir a financiación externa?, ¿cómo les vamos a decir a los cabildos, en este caso a los ayuntamientos, que saben que hemos mantenido el fondo...? Que fíjese usted que en otras comunidades autónomas podrían decir, "oiga, este es dinero mío, se lo quito, financio mis competencias, que son las que tengo que financiar, y no voy a crédito"; y además usted me aplaudiría porque dice, "oye, estás cumpliendo mejor que nadie el objetivo de déficit".
Señor Asier Antona, cuando estamos hablando de esto, no es por mandarle un arma arrojadiza con el sistema de financiación estatal, no lo entienda mal; lo que tiene que entender usted es que en este sistema, en el sistema de las competencias, de las transferencias que vamos a hacer, necesitamos conocer los números. Es que si usted es capaz de hacernos una propuesta, sin conocer los datos reales de cómo se va a comportar la financiación del Estado con respecto a la comunidad autónoma -y ya sabe que ahora con el sistema que tenemos ni siquiera tienes garantía de que lo que está previsto en los presupuestos se liquide definitivamente, porque puede evolucionar la economía de una u otra manera-, si lo sabe, con las entregas a cuenta, cómo podemos nosotros hacer un sistema y decir: estas transferencias que vienen, que ahora nosotros decidimos que vayan a las corporaciones locales, vamos a garantizarles los recursos. Por qué les voy a mentir a las corporaciones locales si no tengo el dato real para hacerlo.
Ahora, usted dice, y le ha dicho aquí a los alcaldes, mirándoles a los ojos: yo tengo la solución, yo no voy a dejar que esta ley se apruebe sin un sistema de financiación. Y el señor Román ha dicho que hay que hablar del sistema fiscal; si habla del sistema fiscal primero, sí. Pero la propuesta que nos hace el Partido Popular -que la veremos mañana, señor Asier Antona- no es una propuesta de decir "quiero que se garanticen los ingresos que tiene la comunidad autónoma en este momento, para poder atender todas esas cosas"; lo que nos propone, ya le diré la cifra exacta mañana, le voy a dar la primera, solamente del IGIC, 250 millones de euros menos para financiar. Y le recuerdo que este año vamos a pasar del 1% al 0,7, tres décimas de punto, en la financiación, es decir, la capacidad de endeudamiento que va a tener la comunidad autónoma.
Y dígame: si no podemos endeudarnos más, las necesidades de la comunidad autónoma, y si quiere le quito lo clásico, la policía y la televisión autonómica, ¿vale?, 70 millones... -vamos a cargárnoslas en este prepuesto, como ustedes proponen, porque ese es el argumento para el despilfarro-; si quitamos eso y encima aplico la bajada, me siguen faltando, solo de la bajada que propone del IGIC, 150 millones de euros, señor Asier Antona. Y mira hacia los alcaldes y les dice: y además hago la cuadratura del círculo, señores alcaldes, y encima rebajo el dinero de ingresos de la comunidad autónoma, lo rebajo, no me puedo endeudar, me cargo la televisión, me cargo la policía y encima me sobra dinero para dárselo a los ayuntamientos. Bueno, usted ha dicho que es capaz de hacerlo y, como uno no se las sabe todas, yo estoy dispuesto a escucharle, a escuchar esa propuesta de cómo se puede hacer, la propuesta de mañana de la PNL que ustedes tienen sobre el sistema fiscal, garantizar la financiación de la comunidad autónoma y, además, garantizar que las transferencias están bien hechas y con los dineros que deben irse a los ayuntamientos.
Si estamos pidiéndole, señor Asier Antona, que tiene que hacerse en una ley diferente, porque es que hasta en las transferencias del Estado se hace con un sistema de financiación diferente, en una ley diferente y con un sistema acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera... Y, por lo tanto, lo que le estamos pidiendo es "atienda usted a razones, déjese aconsejar, vamos a probar el esqueleto de lo que se está proponiendo en esta ley y sigamos discutiendo". Porque es que a los ayuntamientos, a las personas a las que usted se está dirigiendo intentando decirles que... ¡Es que los está tratando como a tontos!: ¿o usted piensa que ellos no saben perfectamente que el problema es la financiación? Pero también necesitan resolver otros problemas. Pero hay un marco, antes le comenté cinco o seis artículos donde se marcan las prioridades de cómo debe ser el dinero y las transferencias. Escuchemos eso también. Dado que la otra parte está dispuesta a sentarse, ¿por qué no se sienta usted también?
Y después una última cosa: díganos, por favor, porque no lo recuerdo, cuando usted nos habla de consenso con las fuerzas políticas, y en este caso con las instituciones, con quién aprobaron ustedes la ley, la ley que regula en estos momentos a nivel de España, porque se me ha olvidado, ¿no?, se me ha olvidado el amplio consenso que tienen ustedes en esa ley, para yo enterarme de por qué me piden esto aquí, en Canarias.
Señor consejero, no es que le quiera quitar el papel, pero parece que el consejero soy yo y ustedes son los grupos de la oposición, porque todas las referencias de los grupos parlamentarios las hacen a mi persona. De lo cual estaré encantado, de responder a estas cuestiones.
Miren, nosotros respetamos el procedimiento y las formas que ustedes han llevado para llevar esta comunicación, son legítimas, pero no nos quiera... en fin. Decirles que esto es incompatible con el consenso y el acuerdo. No estamos de acuerdo con las formas, por muy legítimas que estas sean.
Pereza. Parece que usted se enfada cuando le digo que es un perezoso. Oye, pues, déjeme que se lo diga: ¡este Gobierno ha demostrado una pereza absoluta en los tres años de gobierno!, ¡lo ha demostrado! Y no le tiene que parecer mal, señor Spínola. Es un gobierno perezoso, y eso es así porque, de lo contrario, ¿qué han hecho ustedes en estos tres años, cuando se subió el presidente del Gobierno de Canarias aquí a anunciar, a bombo y platillo, que iba a reformar la Administración pública en Canarias en el año 2011, qué ha pasado desde entonces? Y cuando ustedes y nosotros llegamos a un acuerdo de reformar la Administración pública en el año 2013, ¿qué ha pasado desde entonces? Que no han hecho absolutamente nada. O, mejor dicho, todo lo contrario, se han dedicado a ocupar el tiempo en otras cuestiones que no son estas. Es así, señor Barragán. Por tanto, hay que priorizar, yo estoy de acuerdo con el señor Rodríguez, vamos a priorizar. Y esa, señor Rodríguez, creo que no es la prioridad de este Gobierno.
Señor Spínola, usted es el que ha dicho las competencias por funciones; no he sido yo. A mí me parece muy raro, por mucho que haya concurrencias competenciales y competencias compartidas... Que eso es lo que pretende la ley nacional, es clarificar ese tipo de cuestiones, que esas competencias compartidas y la concurrencia competencial las clarifiquemos, porque, de lo contrario, liamos más al ciudadano. Un vecino que va a tocar a la puerta del ayuntamiento no sabe si puede llegar a pedir una prestación de los servicios sociales allí o tiene que ir al cabildo o se la tiene que dar el Gobierno de Canarias. Y eso es lo que tenemos que resolver, eso es lo que tenemos que resolver. No me hable usted de competencias compartidas y concurrencia competencial. Los ciudadanos lo que quieren es que se les preste de manera eficaz, el ayuntamiento, el cabildo o quien sea.
Mire, la Fecam. Señor Spínola, yo siento un profundo respeto por la Fecam; y le diré más: y tengo un profundo respeto por el presidente de la Fecam, que creo que está haciendo una labor y un trabajo importantísimo al frente de la Fecam. Lo digo públicamente y no es de mi fuerza política. Pero le reconozco el esfuerzo de liderar a los alcaldes de los municipios canarios. Se lo digo públicamente. Y, por tanto, no me ponga usted en cuestión que yo intente... no darle el valor del trabajo que ha hecho la Fecam. Todo lo contrario, han hecho un trabajo importantísimo, los del Partido Socialista, los de Coalición Canaria, los de Nueva Canarias y los del Partido Popular, todos han hecho un esfuerzo. Por tanto, mi reconocimiento y el reconocimiento de mi grupo parlamentario al trabajo que han hecho todos los ayuntamientos. Lo que yo le digo es que usted, con esta comunicación, pretende endosar a los ayuntamientos competencias que no van acompañadas de una partida, una ficha financiera. Es lo que le digo. Y que los alcaldes tienen un problema importante de mantener las competencias que hoy tienen en los ayuntamientos y que usted, Gobierno, en vez de resolverles para que sigan prestando esas competencias, les dicen, "no, y les vamos a dar más pero no les vamos a dar ni un duro más". Y ese es el problema en que nosotros queremos poner el acento en el tema de la Fecam.
Señor Rodríguez, usted ha puesto un ejemplo clarísimo, con el Plan de Empleo Social. ¿Qué ha pasado con el Plan de Empleo Social? Que una competencia, como bien decía el portavoz del Grupo Mixto, que era exclusiva del Gobierno de Canarias, se la endosó a los ayuntamientos, se enteraron por los periódicos, pero obligó a los ayuntamientos a modificar, casi finalizando el ejercicio presupuestario, los presupuestos del ayuntamiento. Para eso no tuvieron acuerdo ni consenso. Eso fue por la puerta de atrás. Venga, Plan de Empleo Social, yo invito y usted, ayuntamiento, paga. Y como ya sabemos los antecedentes de este Gobierno de endosar a los ayuntamientos y no darles perras, nosotros decimos, "ojo, los ayuntamientos, no sea que el Gobierno de Canarias quiera hacer lo mismo con el Plan de Empleo Social que con los comedores escolares, sin consenso y por la puerta de atrás". Eso es lo que queremos decirles.
Señora Padrón, es verdad que en la Fecam participan los alcaldes del PP. ¿Y...? Y sabe muy bien, y yo sé muy bien, la postura de los alcaldes del PP, que coincide con la postura del Partido Popular de Canarias y con el Grupo Parlamentario Popular. ¿Y...? ¿Es verdad o no es verdad que los alcaldes del PP, como el resto de los alcaldes, se han quejado de que está muy bien esto del caramelo de las competencias, pero que lo van a pasar jodido porque nadie les ha dicho cómo van a pagar estas competencias? Y perdone la palabra que he utilizado anteriormente, pero es así, porque así nos entienden también los ciudadanos.
Señora Padrón, cuando yo le decía lo del "discurso casposo", no se lo tome a mal, de verdad. Retiro el "discurso casposo", discurso demagógico.
Usted viene aquí hoy a hablar, estamos hablando de reforma de la Administración y usted me viene a hablar del título VIII de la Constitución. ¿Pero está usted todavía en ese debate? ¿De verdad que está usted todavía en ese debate? ¡Dígamelo de verdad! Porque cuando usted habla de privatización, mire, ¿quién ha privatizado el agua en Lanzarote?: el Partido Socialista. ¿Quién ha llevado la mayor privatización sanitaria?: la Junta de Andalucía, del Partido Socialista. Por tanto, ¿qué me va a hablar usted de privatización?, ¿qué me va a hablar usted de privatización?
Señora Padrón, decía usted: respeten los consensos y los acuerdos que nos vienen dados. ¿Pero usted cree que en el grupo parlamentario podemos decir "como ya hemos anunciado en una fotografía que esto viene con un acuerdo previo, oye, vamos a echarnos a dormir y vamos a intentar..."? Bien. Pues, como no es eso lo que usted quiso decir y lo está corrigiendo ahora (ante los gestos de la señora Padrón Rodríguez desde su escaño), lo que le quiero decir es que, por mucho acuerdo y consenso que el consejero haya anunciado, yo también quiero oír en esta Cámara a los alcaldes de los ayuntamientos canarios. Yo también. Hay que invitar a los alcaldes de los ayuntamientos a que expresen sus inquietudes y sus incertidumbres con esta modificación. Y yo invito a los alcaldes a que vengan y se suban a esta tribuna y digan, "oye, tenemos esta inquietud, esta preocupación, esta incertidumbre". Eso es buscar el consenso, el acuerdo, y esa es la participación que queremos desde el Grupo Popular. ¿O solo el consenso es una fotografía y un titular? Por tanto, los consensos dados son consensos que hay que ponerlos en marcha, en marcha y en la práctica.
Y ahora los tres últimos minutos los voy a dedicar al señor Barragán.
Señor Barragán, lo que sí le reconozco es que usted es mejor que yo en venir aquí a hacer el chiste fácil y ejercer de humorista, un show en el Parlamento. En eso sí es mejor que yo, de eso no le quepa la menor duda. Pero no ahora, lo ha sido siempre. Yo sé que usted viene aquí, de vez en cuando le entra esa fiebre humorística que tiene de vez en cuando con las intervenciones parlamentarias, y eso sí es verdad, se lo reconozco, que lo hace muchísimo mejor que yo. En eso sí estamos de acuerdo.
Pero, miren, el sistema de financiación. Es que no solo falta reconocerlo, señor Barragán. Dice: es que yo llevo ya cuatro veces, y ahí están los Diarios de Sesiones, reconociendo que el sistema de financiación es un mal sistema de financiación. ¿Y...?, ¿y qué responsabilidades han asumido con ese tema? ¿Cuál es la responsabilidad que ha asumido el Gobierno de Canarias y el Partido Socialista con ese tema? ¿O solamente es el reconocimiento de que se han equivocado?
Miren, ustedes tienen que decir la verdad de lo que hay y ustedes tienen que saber cuál fue el país que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. ¡Un país en la ruina! Sí, sí, es así! Un país por el que nadie apostaba y un país que solamente en el año 2011 gastó 90.000 millones de euros más de lo que ingresó. Y esa barra libre, esa barra libre de la que ustedes fueron cómplices durante la etapa del Partido Socialista, ha venido un Gobierno de España del Partido Popular a pagar la barra libre, y esa es la realidad, esa es la realidad, y usted lo tiene que saber.
Mire, usted habla de insensibilidad del Gobierno de España. ¿Y por qué no habla del Fondo de Liquidez Autonómico -del FLA-? ¿Y por qué no habla de lo que le ha ingresado el Gobierno de España en el pago a proveedores y por qué no habla también de la relajación del déficit público que el Gobierno de España le ha permitido a este Gobierno y que usted ha podido utilizarlo para otras cuestiones?
Miren, reforma fiscal, reforma fiscal, señor Barragán. Lo vamos a debatir mañana y lo va a debatir nuestro portavoz, Jorge Rodríguez, pero le voy a adelantar algo: ustedes están todo el día sacando pecho de que esta comunidad autónoma está en un crecimiento económico importante, que hemos controlado el déficit y que estamos creciendo económicamente; pues todos los libros de economía dicen que cuando hay un crecimiento económico y un control del déficit es bueno que hagamos una reforma fiscal. No como la que pretende Paulino Rivero, que es subir los impuestos a las familias, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. No eso sino todo lo contrario: rebajar la presión fiscal a los ciudadanos.
Y usted me dice, señor Barragán -fíjese usted que usted me quiso explicar un poco cómo lo hacemos-, dice: le invito, señor Antona, a que usted diga cómo hacemos esto con menos recursos del Estado y al final con una reforma fiscal que son menos ingresos. ¿Sabe cómo?, pues no haciendo, por ejemplo, lo que ustedes hicieron hace un mes: aprobando una agencia tributaria que cuesta a todos los canarios 42 millones de euros. Haciendo eso, 42 millones de euros les cuesta a todos los canarios la Agencia Tributaria. Y usted me dirá: ¿y es fundamental, en esta época de recesión y de problemas de pobreza y de problemas de desempleo, una agencia tributaria que les cuesta a todos los canarios 42 millones de euros? Pues nosotros creemos que no, que no es fundamental destinar 42 millones de euros de todos los canarios para pagar una agencia tributaria, para pagar un capricho más del presidente del Gobierno de Canarias. Y eso hay que decirlo. Por tanto...
El señor PRESIDENTE: Un minuto. Un minuto, don Asier, sí.
El señor ANTONA GÓMEZ: ... ¿de dónde sacamos más recursos públicos, económicos, entre otras cosas, para beneficiar a los ayuntamientos y a los cabildos?: adelgazando el gasto público que usted destina a fundaciones, empresas públicas, organismos públicos y agencias tributarias, que no sirven absolutamente para nada. 264 millones de euros le cuesta, Barragán, a todos los canarios -escuchen bien-, 264 millones, en el último presupuesto del 2014, les cuesta a todos los canarios mantener las fundaciones, los organismos públicos y las empresas públicas, que no sirven absolutamente para nada. Por tanto, de ahí queda un margen más que suficiente para adelgazar el gasto público y priorizar en la lucha contra la pobreza, en la lucha contra el desempleo, en un plan de choque contra las listas de espera sanitarias y, entre otras cosas también, en dar respuesta a los ayuntamientos y a los cabildos, que no solo quieren más competencias sino perras para ejercer de manera eficaz esas competencias.
El señor PRESIDENTE: Señorías, para concluir este asunto, tiene la palabra el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.
Voy a consumir ya muy poco tiempo en esta última intervención que va a cerrar el debate sobre la comunicación de la ley de municipios, entre otras cosas porque ya hemos hablado mucho, porque hemos reiterado los planteamientos, unos y otros, y desde luego no es este el momento de volver a incidir en cada uno de los asuntos, que creo que han quedado bien claros.
Ahora bien, ahora bien, sí que me parece, sí que me parece que hay algunas cuestiones que hay que puntualizar, y voy a empezar por el portavoz del Grupo Popular, que es el último que habló. Bien. No voy a entrar en el tema de las formas, eso ya está discutido y cada uno tiene su posición.
Sí que vuelve a incidir en el asunto de los perezosos, del Gobierno perezoso. Mire, estamos hablando de la ley de cabildos y estamos hablando de la ley de municipios, y la gente que nos está escuchando tiene que saber que este Gobierno, en tres meses, después de que se aprobó la ley básica del Estado, que fue en diciembre de 2013, tardó solo tres meses en elaborar los textos y que solo ocho meses después está aquí ya, discutiéndose, después de haber acordado con cabildos y ayuntamientos. Le voy a recordar a la gente algo que todo el mundo sabe, pero que es importante: el Partido Popular gobernó en Canarias veinte años, veinte años, y, sin embargo, en esos veinte años de gobierno del Partido Popular no sacaron adelante, en una única legislatura, una ley singularizada de cabildos insulares como dice el Estatuto de Autonomía. Lo ha hecho este Gobierno, este Gobierno lo ha hecho, y es lo que le duele. Lo que le duele es que en esta legislatura vamos a terminar, espero que con el acuerdo de todos, aprobando, con el consenso de todos, con la colaboración de todos, con las aportaciones de todos, una ley de municipios y una ley de cabildos.
La clarificación competencial, señor Antona, viene en la ley; es decir, gracias a esta ley, se van a clarificar las competencias. Luego, la señora esa que usted siempre cita, que vive en no sé qué municipio, va a saber, va a saber con esta ley qué va a hacer el ayuntamiento, qué va a hacer el cabildo y qué va a hacer el Gobierno de Canarias.
Otra cuestión que usted lanza aquí y confunde, confunde a mucha gente. Dice usted: "el Gobierno le va a endosar -es el término que ha empleado-, le va a endosar competencias a los ayuntamientos sin ficha financiera". Eso es falso, eso es falso, eso que ha dicho usted es falso. ¿Por qué es falso?, porque el Gobierno no le puede imponer a ningún ayuntamiento ninguna competencia sin que vaya acompañada de los medios materiales, sin los recursos humanos, sin los recursos financieros, porque lo prohíbe la propia legislación. No se puede transferir sin dotación presupuestaria ni una sola competencia, entre otras cosas porque sería rechazada por los propios ayuntamientos. O sea, por tanto, eso también que quede claro. Es imposible esa argumentación que usted hoy ha vuelto a resaltar.
Reforma fiscal. Sobre la reforma fiscal yo no me voy a extender, solo voy a decir una cosa, una frase nada más.
Mire, la reforma fiscal que plantea el Partido Popular supone menos impuestos a pagar por los ciudadanos. Menos impuestos significa menos recursos, pero es que si hay menos recursos los menores recursos afectan al bloque, al bloque de financiación. Lo que quiere decir es que va a haber menos recursos para el Gobierno de Canarias, para los cabildos y para los ayuntamientos. Así de claro. Es decir, que las reformas fiscales se pueden plantear como se quiera. De cara a la ciudadanía queda perfecto que vamos a rebajar los impuestos, hay que pagar menos impuestos, pero que sepamos que menos impuestos son menos recursos y, por tanto, menos dotaciones presupuestarias para los ayuntamientos, para los cabildos y para el Gobierno. Solo hago ese comentario.
Yo acabo ya, porque desde luego este último turno no lo voy a agotar, ni muchísimo menos. Acabo ya agradeciendo el debate, agradeciendo las intervenciones de los grupos parlamentarios. Creo que, en términos generales, han sido intervenciones constructivas, que buscan el consenso y el acuerdo. El Gobierno, señor Antona, el Gobierno no quiere imponer nada, usted ha hablado de que si el Gobierno va a imponer. Ya se lo aseguro, el Gobierno no va a imponer nada, el Gobierno lo que quiere es el consenso. Este consejero se va a dejar la piel para buscar el consenso y colaborar con todos los grupos parlamentarios. Estoy seguro de que, a pesar de que las elecciones están a la vuelta de la esquina, va a primar, va a primar la altura de miras y el sentido de Estado de todos los grupos. Yo creo que los ayuntamientos canarios se lo merecen. Creo que el futuro institucional de Canarias, el futuro institucional de Canarias, pasa por un reforzamiento del papel de las instituciones que son más cercanas a los ciudadanos, que son los ayuntamientos. Hagámoslo por ellos, comprometámonos con ellos y salgamos de estos debates con dos leyes que podamos aprobar antes de las próximas elecciones por unanimidad, una nueva ley de cabildos y una nueva ley de municipios.
El señor PRESIDENTE: Sí, señorías, no ha acabado, señorías, esto no ha acabado, por favor.
Muchas gracias, señor consejero, señor Hernández Spínola.
A partir de este momento, se abre un plazo de treinta minutos para las propuestas de resolución, que acaba a las cuatro y cuarto.
Después les quería informar de que esta tarde comenzaremos por la otra comunicación que queda y después pasaríamos a ver la creación de la subcomisión y que hoy es propósito, en cualquier caso, incluir y terminar con la interpelación, sea la hora que sea.
Cuatro y cuarto, sí, las propuestas, efectivamente. Las propuestas de resolución -no había terminado- es, si acabamos con la interpelación hoy, todo lo que sea de votación queda para mañana, todo, las propuestas de resolución lo primero, la moción y las PNL. Esta tarde (ante las manifestaciones de la señora Navarro de Paz desde su escaño.), esta tarde vemos, lo repito, vemos la comunicación del Gobierno, que me han dicho que es corta, sobre el tema este del reglamento de apuestas, después la subcomisión, que es corta, según el acuerdo de la Junta de Portavoces, las dos comparecencias y la interpelación, y todo lo de votación queda para mañana.
Efectivamente (ante nuevas manifestaciones de la señora Navarro de Paz.), a las cinco y media, por favor.
Muchas gracias. Cinco y media, por favor.
(Se suspende la sesión a las quince horas y cuarenta y dos minutos.)
(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y treinta y tres minutos.)
(El señor vicepresidente segundo, Fernández González, ocupa un escaño en la sala.)
8L/CG-0020 Sobre la Propuesta Legislativa de los Municipios de Canarias.

References: artículo 186
 resolución 
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 149
 resolución 
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