Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-2000-p-c-135833
Timestamp: 2019-06-20 15:44:59+00:00

Document:
STC 8/2001, 15 de Enero de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 135833
Número de Recurso: 978/2000
RA 978-2000. Promovido por don Juan Baltasar P.C. respecto del Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante que denegó la suspensión de la ejecución de la pena de dos años de prisión por un delito de tentativa de violación Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: motivación suficiente de la resolución que acuerda sobre la ejecución de una pena de prisión.
Sentencia citada en: 977 sentencias, 22 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 978-2000, promovido por don Juan Baltasar P.C., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Soledad Muelas García y asistido por el Abogado don José Luis Martínez Domínguez, contra el Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante de 24 de enero de 2000. Este Auto desestima el recurso de súplica frente a la providencia de 24 de diciembre de 1999, en la ejecutoria 137/95, que deniega al recurrente el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en el sumario 1/93, procedente del Juzgado de Instrucción de Ibi. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito presentado en el Juzgado de guardia, el 18 de febrero de 2000, se interpone recurso de amparo contra la providencia de 24 de diciembre de 1999, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, y el Auto de 24 de enero de 2000, de la misma Sala, dictados en la ejecutoria 137/95.
Los hechos y circunstancias más relevantes para la resolución del presente amparo son los que a continuación se detallan:
El recurrente fue condenado por delito de tentativa de violación, concurriendo la atenuante de embriaguez no habitual, a la pena de dos años de prisión, accesorias legales y al pago en concepto de responsabilidad civil a la víctima de 500.000 pesetas. La pena no se ha ejecutado desde 1995, fecha en la que adquirió firmeza la Sentencia, tras la inadmisión del recurso de casación. En la ejecutoria 137/95 se suspendió la ejecución de la condena en espera de la resolución de un recurso de amparo interpuesto por el demandante (núm. 4115/95). Al ser inadmitido por providencia, y tras acordar el Tribunal sentenciador que se detuviera al recurrente para su ingreso en prisión, éste instó la suspensión de la ejecución de la condena, al amparo de lo dispuesto en los arts. 80 y 81 CP 1995, en escrito registrado el 24 de octubre de 1996.
Tras informe negativo del Ministerio Fiscal, de fecha 11 de noviembre de 1996, fundado en la naturaleza del delito y la forma de comisión, por providencia de 2 de diciembre de 1996 la Audiencia Provincial acordó la suspensión de la ejecución de la pena hasta tanto se resolviera el expediente de indulto sobre el caso y sin hacer ninguna referencia, según el quejoso, al beneficio del art. 80 CP 1995 solicitado.
Mediante providencia de 3 de junio de 1998, la Audiencia Provincial acuerda el ingreso en prisión del condenado, pues, revisando la ejecutoria, no constaba solicitud de indulto alguno.
En escrito de 12 de junio de 1998 el condenado recurrió en súplica la providencia anterior, alegando, entre otras cosas, que no había recibido respuesta alguna sobre la suspensión de la ejecución de la condena al amparo del art. 80 CP 1995 y reproduciendo los argumentos sobre su procedencia. Entre otros, que cumplía todos los requisitos del art. 81 del mismo CP (primer delito, pena inferior a dos años, haber satisfecho las responsabilidades civiles). Alegó, además, estar casado, haber tenido un hijo y disfrutar de un trabajo estable desde hace años, lo que le ha permitido satisfacer las responsabilidades civiles derivadas del delito. Por tanto, considera su nula peligrosidad social, como se acredita por un certificado de buena conducta del Alcalde de Ibi (Alicante), donde vive.
Tras el informe negativo del Ministerio Fiscal, de 23 de junio de 1998, en el que se instaba la ejecución de la pena, alegando que los errores producidos en la ejecutoria no habían causado indefensión y que, en todo caso, el mismo condenado pudo solicitar el indulto, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de súplica en Auto de 8 de julio de 1998. En dicho Auto se asumen los razonamientos expuestos en el informe negativo del Ministerio Fiscal, sin hacer ninguna mención, en opinión del ahora recurrente, a la denegación de la ejecución de la condena solicitada al amparo del art. 80 CP 1995.
Por medio de un escrito de 16 de julio de 1998, el recurrente volvió a solicitar la suspensión de la ejecución de la condena al amparo de los arts. 80 y 81 CP, reiterando y volviendo a exponer los argumentos de su petición de fecha 24 de octubre de 1996. En dicho escrito se insiste en la falta de respuesta, así como la importancia de la cuestión planteada, y se alega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y conculcación del art. 120.3 CE.
En providencia de 24 de julio de 1998 la Audiencia Provincial deniega de nuevo lo solicitado. La resolución es del siguiente tenor literal: "Dada cuenta; El anterior escrito y documentos únanse a la ejecutoria de su razón. Habiendo sido desestimado el Recurso de Súplica interpuesto contra la providencia de 3 de junio de 1998, por Auto de ocho de los corrientes, Auto que es firme, no ha lugar a los solicitado por el penado y estése a lo acordado en dicha providencia".
Contra esta última providencia se interpuso nuevamente recurso de súplica alegando otra vez la falta de respuesta a la cuestión de la suspensión de la ejecución de la pena al amparo del art. 80 CP, reiterando todos los argumentos de escritos anteriores. El 16 de septiembre de 1998 emitió informe negativo el Ministerio Fiscal en el que sostuvo: 1. Que el artículo 80 CP sólo exige que la resolución que conceda la no ejecución de la pena sea motivada, de manera que es discutible que también haya de ser motivada la denegación del beneficio. 2. Que el art. 80 no exige que se motive por Auto y no por providencia. 3. Que, en cualquier caso, "la resolución de 3.6.98 explica suficientemente las razones por las que no se accede a la suspensión". Mediante Auto de 22 de septiembre de 1998 se desestimó el recurso de súplica con los mismos argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal.
Contra dicho Auto se intentó recurso de casación, y además se solicitó indulto ante el Ministerio de Justicia. A pesar del informe negativo del Ministerio Fiscal, se volvió a dejar en suspenso la pena hasta tanto se resolviera el expediente de indulto y se inadmitió el recurso de casación. Denegado el indulto en resolución del Consejo de Ministros de 27 de agosto de 1999, se acordó de nuevo el ingreso en prisión del recurrente: providencia de 1 de diciembre de 1999.
Mediante escrito de 22 de diciembre de 1999 se volvió a solicitar de la Audiencia Provincial una respuesta sobre la solicitud del beneficio penitenciario a la que, en opinión del quejoso, no se había dado contestación desde 1996, alegando de nuevo su integración social, estar casado y ser padre de dos hijas. El Ministerio Fiscal emitió informe negativo (de 24 de diciembre de 1999) sobre la concesión del beneficio, fundado en la naturaleza del delito y la forma de comisión, con remisión a los informes anteriores. Por providencia de 24 de diciembre de 1999 se denegó la suspensión con una resolución del siguiente tenor literal: "Dada cuenta; Visto el anterior dictamen del Ministerio Fiscal y de conformidad con el mismo no ha lugar a la suspensión de la pena solicitada por la representación procesal del penado Juan Baltasar P.C., quien deberá cumplir la pena impuesta en la presente causa".
Una vez más el recurrente interpuso recurso de súplica reiterando los argumentos expuestos en ocasiones anteriores, incluida la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de las resoluciones. Por medio de un informe de 14 de enero de 2000 el Fiscal volvió a interesar la desestimación del recurso dada "la naturaleza y circunstancias del hecho y la forma de comisión".
Por Auto de 24 de enero de 2000 se desestimó el recurso de súplica, con el siguiente fundamento jurídico único: "Dada la gravedad de los hechos la Sala estima que es procedente que el penado cumpla la pena impuesta, pese a que haya indemnizado a la víctima, acordándose se libre orden a la Guardia Civil para que proceda a la detención e ingreso en prisión del penado Juan Baltasar P.C.".
En la demanda de amparo se alega la falta de motivación de las resoluciones que denegaron al recurrente el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, a pesar de haberse acreditado el cumplimiento de todos los requisitos del art. 80 CP 1995 y habiéndose acreditado la falta de peligrosidad social, tener un trabajo estable y una familia. Con diversas citas de jurisprudencia constitucional se alega que las resoluciones que limiten o restrinjan un derecho fundamental deben estar especialmente motivadas y que no caben pronunciamientos tácitos de denegación. Se cita la STC 13/1985, en el sentido de que toda resolución que limite o restrinja un derecho fundamental ha de estar motivada y que las medidas limitadoras habrán de ser necesarias para conseguir el fin perseguido. Se invoca también, especialmente, la STC 224/1992, que se refiere a la necesidad de motivación del beneficio de la condena condicional regulada en el art. 92.1 CP anterior.
La Sección Segunda de este Tribunal, por providencia de 10 de julio de 2000, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante y al Juzgado de Instrucción de Ibi, para que en el plazo de diez días remitieren, respectivamente, testimonio del rollo 45/93 y de la ejecutoria 137/95, y se emplazare a quienes fueron parte en el procedimiento 1/93,con excepción del demandante de amparo, para que pudieren comparecer en este proceso constitucional.
Recibidos los testimonios referidos, la Sala Primera acordó, por providencia de 10 de octubre de 2000, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que pudieren presentar las alegaciones que a su derecho conviniere.
Mediante escrito de 8 de noviembre de 2000, la representación procesal del recurrente reitera las alegaciones efectuadas en la demanda, precisando en este escrito que se ha infringido el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), habiendo resultado inútil la actuación diligente del demandante desarrollada en el curso del procedimiento ante la Audiencia, tendente a lograr una resolución fundada y motivada respecto de la suspensión de la condena que solicitaba, con la consiguiente indefensión derivada del desconocimiento de las causas que sustentaron la denegación.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de 20 de noviembre de 2000, interesa que se dicte Sentencia estimatoria del recurso de amparo, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente.
Por providencia de 7 de diciembre de 2000, se señaló para deliberación de la presente Sentencia el día 11 de diciembre de 2000, en el que se inició el trámite y que ha finalizado en el día de la fecha.
En la demanda se invocan los derechos a la defensa, el derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) y el derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE). Sin embargo, la queja se centra en la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva conectado con el derecho a la libertad, entendiendo que las resoluciones denegatorias de la suspensión de la ejecución de la condena no están motivadas, al no exteriorizar la ponderación de las circunstancias que la ley exige para ello.
Centrado el objeto de la pretensión de amparo en la falta de motivación de las resoluciones que aquí se impugnan, en cuanto deniegan la suspensión de la ejecución de la pena de dos años de prisión, ha de tenerse en cuenta que, como se expone en la STC 25/2000, de 31 de enero, recogiendo doctrina anterior, "la suspensión de la ejecución de la pena, al igual que la libertad condicional o los permisos de salida de Centros Penitenciarios, son instituciones que se enmarcan en el ámbito de la ejecución de la pena y que, por tanto, tienen como presupuesto la existencia de una Sentencia firme condenatoria que constituye el título legítimo de la restricción de la libertad del condenado. De manera que las resoluciones que conceden o deniegan la suspensión de la ejecución de la condena, si bien no constituyen decisiones sobre la restricción de la libertad en sentido estricto, sin embargo afectan al valor libertad en cuanto modalizan la forma en que la ejecución de la restricción de la libertad se llevará a cabo" (FJ 3). También hemos afirmado que la afección del valor libertad exige "motivaciones concordantes con los supuestos en los que la Constitución permite la afectación de este valor superior" (SSTC 2/1997, de 13 de enero, FJ 2; 79/1998, de 1 de abril, FJ 4; 88/1998, de 21 de abril, FJ4; 25/2000, de 31 de enero, FJ 7). En definitiva, la resolución que conceda o deniegue tal suspensión debe exteriorizar la ponderación de los bienes y derechos en conflicto. Una resolución fundada en Derecho requiere que el fundamento de la decisión no sólo constituya la aplicación no arbitraria de las normas adecuadas al caso, sino que contenga la exteriorización de la ponderación, de conformidad con los fines de la institución, de los bienes y derechos en conflicto (STC 25/2000, 31 de enero, FFJJ 2, 3 y 7).
El art. 80.1 CP 1995 dice que "los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad inferiores a dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto". Y el art. 81 establece como requisitos que el condenado haya delinquido por primera vez, que la pena impuesta no sea superior a dos años y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles.
Ahora bien, el art. 80 CP 1995, que requiere que la decisión de suspensión de la pena atienda a la peligrosidad criminal del condenado ¿lo que resulta acorde con la finalidad de la institución, la cual tiene como objetivo que la ejecución de las penas privativas de libertad se orienten en lo posible hacia la reeducación y reinserción social¿, no exige que sólo se tenga en cuenta la peligrosidad criminal de aquél, en el sentido de que su escasa o nula peligrosidad criminal conlleve siempre la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena; como tampoco el art. 25.2 CE impone que únicamente se consideren las necesidades de resocialización del condenado. Tanto la doctrina constitucional sobre el art. 25.2 CE, como las interpretaciones doctrinales sobre el art. 80.1 CP, se expresan en el sentido de que se trata de ponderar los otros fines de la pena, las necesidades de prevención general y seguridad colectiva.
En el presente caso ¿frente al resuelto en la STC 25/2000, de 31 de enero, en el que la suspensión se solicitaba con fundamento en los efectos negativos que el ingreso en prisión del condenado tendría para la evolución de su enfermedad, de forma que se alegaba el riesgo de afección de la integridad física (art. 15 CE) que la ejecución de la pena privativa de libertad conllevaría, además de la afección del valor libertad¿, el razonamiento de los Autos impugnados, a pesar de su concisión, desvelan el criterio que condujo a su adopción y cumplen la función de exteriorizar tal ratio decidendi. Se alude, por sí mismos y por remisión, a los informes del Ministerio Fiscal, a la naturaleza del delito, su forma de comisión y a la gravedad de los hechos, de lo que se deduce que dichos aspectos fueron relevantes para la denegación de la concesión del beneficio, no obstante las circunstancias alegadas por el condenado para justificar la eliminación o desaparición de su peligrosidad social. Existió una ponderación de los bienes y derechos en conflicto, si bien el resultado de tal ponderación resultó desfavorable para el quejoso.
Denegar el amparo solicitado por don Juan Baltasar P.C. .
AAP Madrid 312/2003, 19 de Septiembre de 2003
STSJ Extremadura , 27 de Febrero de 2004
SAP Córdoba 242/2012, 17 de Octubre de 2012
STSJ Extremadura 222/2011, 17 de Marzo de 2011

References: resolución 
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 artículo 80
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