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Timestamp: 2017-01-17 14:24:46+00:00

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Decreto Legislativo 1/1986, de 13 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de los Derechos Profesionales y Pasivos del personal que prestó sus servicios a la Administración Autónoma del País Vasco. TITULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y POSIBLES BENEFICIARIOS.
TEXTO REFUNDIDO DE LOS DERECHOS PROFESIONALES Y PASIVOS DEL PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS A LA ADMINISTRACION AUTONOMA DEL PASIS VASCO I
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la Ley 11/1983, de 22 junio, sobre Derechos Profesionales y Pasivos del Personal que prestó servicios a la Administración Autónoma del País Vasco.
Las peculiares vicisitudes que concurrieron en la formación y posterior desenvolvimiento del Gobierno Vasco desde su originaria constitución en 1936, en plena guerra, imposibilitaron el asentamiento de su Administración y la homologación formal de las situaciones del personal a su servicio con las existentes en otras Administraciones, incluida la Generalidad de Cataluña.
En consecuencia, las disposiciones dictadas por el Estado tendentes a reparar las injusticias y daños provocados por la guerra de 1936, a los funcionarios represaliados de la Administración Militar, Local y de la Generalidad (Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio; Decreto 2393/1976, de 1 de octubre, y Decreto 1081/1978, de 2 de mayo), no son de aplicación al personal que prestó servicios al Gobierno Vasco por carecer de aquella condición.
La proyección de esta Ley no se limita al reconocimiento de derechos a prestaciones, sino que también posibilita la reincorporación al servicio activo de quienes justificadamente aleguen una relación de servicios con el Gobierno Vasco y se hallen en situación que no permita admitir la extinción del servicio activo.
Por todo ello, esta Ley tiene como finalidad el reconocimiento de derechos y la concesión de beneficios a quienes se hallen dentro de las situaciones en ella previstas marcando criterios generales para la tipificación de la diversidad de situaciones que pueden presentarse y su adecuación al régimen jurídico actual según la regulación del Gobierno y del Parlamento Vasco, estableciendo, asimismo, los requisitos y procedimientos para la consecución del principio de equidad que inspira esta norma.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la Ley 8/1985, de 23 de octubre, por la que se complementa la Ley 11/1983, de 22 de junio, sobre derechos profesionales y pasivos del personal que prestó sus servicios a la Administración Autónoma del País Vasco.
La experiencia adquirida en la aplicación de la Ley 11/1983, de 22 de junio, sobre derechos profesionales y pasivos del personal que prestó sus servicios a la Administración Autónoma del País Vasco, aconseja que sea complementada en cuatro aspectos, a cuya operatividad obedece la existencia del presente Decreto Legislativo.
El primer aspecto se refiere a la extensión a nuevos beneficiarios de la prestación económica contemplada en el artículo 2.º de la Ley 11/1983, de 22 de junio. En efecto, dicho precepto creó el derecho subjetivo a una prestación económica, en concepto de cesantía y por una sola vez, para quienes desempeñaron altos cargos en la Administración Autónoma del País Vasco en el período señalado en el artículo 1.º de dicha Ley; dado que tales prestaciones se configuraron con el carácter de derecho personalísimo, únicamente adquirieron este derecho de contenido patrimonial los altos cargos sobrevivientes en la fecha de entrada en vigor de la referida Ley, ya que esta fecha fue la de constitución y, en consecuencia, adquisición del indicado derecho; lo cual ha originado que algunas expectativas no hayan llegado a materializarse por haber acontecido el fallecimiento de los altos cargos, posibles beneficiarios, antes de la entrada en vigor de la meritada Ley 11/1983. Ello ha motivado que esta Ley haga extensible la citada prestación económica al cónyuge y, en su caso, a determinados familiares del alto cargo correspondiente, conforme a las previsiones de su Título I. Dada la finalidad compensatoria y asistencial de la Ley 11/1983, se exige que el posible nuevo beneficiario del derecho, a que se refiere el artículo 1.º de esta Ley, sobreviva a la entrada en vigor de la misma, siendo esta fecha la determinante de las cuantías a tener en cuenta para el cálculo de la prestación, cuyo mayor importe respecto a las señaladas por los beneficiarios del artículo 2.º de la Ley 11/1983 se justifica en la diferencia de tiempos existente entre la citada Ley y la presente, como títulos jurídicos creadores de dichos derechos para los correspondientes beneficiarios, no produciéndose ninguna discriminación respecto a los de la Ley 11/1983 por haber podido percibir éstos la prestación económica en dicha fecha, a diferencia de los que lo sean a tenor de lo dispuesto en el Título I de la presente Ley.
El segundo aspecto se refiere a la asistencia médico-farmacéutica, contemplada en el Título II de la presente Ley. La Ley 11/1983 atribuyó una serie de derechos, sin que entre los mismos constate el de la asistencia médico-farmacéutica. Dada la finalidad compensatoria y asistencial de la Ley 11/1983, se atribuye el citado derecho de asistencia médico-farmacéutica, a cargo de la Comunidad Autónoma del País Vasco a los beneficiarios de la Ley 11/1983, así como el Tituló I de la presente, que no tuvieren derecho al mismo de la Seguridad Social ni de ningún otro sistema público de previsión, derecho que tendrá el mismo contenido que el de la asistencia médico-farmacéutica prestada en cada momento en el Régimen General de la Seguridad Social, en los términos señalados en esta Ley y demás disposiciones que la desarrollen; por otra parte, los beneficiarios de cualquiera de los derechos previstos en la Ley 11/1983, de 22 de junio, y en el Título I de la presente que tuvieren derecho a asistencia médico-farmacéutica de la Seguridad Social o de algún otro sistema público de previsión, pero, en conjunto, con un contenido inferior al señalado anteriormente, tendrán derecho a la asistencia que les falte para completarlo. Dado que este derecho trae causa de los previstos en la Ley 11/1983, de 22 de junio, y en el Título I de la presente, su reconocimiento no puede ser objeción en tanto no se hayan reconocido aquéllos.
El tercer aspecto se refiere a la cuantía de las pensiones, en la que se introduce una modificación motivada por razones de justicia. Cuando la unidad familiar a que pertenezca el beneficiario no perciba más ingresos que alguna de las pensiones de jubilación, viudedad u orfandad a que se refiere la Ley 11/1983, de 22 de junio, la cuantía de la misma será la señalada en el artículo 12, determinada sobre la base del salario mínimo interprofesional, siempre que aquélla sea superior a la que le corresponda conforme al sistema general establecido en dicha Ley. El derecho al percibo de esta cantidad se configura como un derecho diferente a lo demás, regulado en el Título III de la Ley, que únicamente tendrá operatividad a partir de la entrada en vigor de esta última. Su extinción no afectará al derecho a percibir la pensión conforme al sistema general de cuantías establecido en la Ley 11/1983, de 22 de junio, que se seguirá rigiendo por lo dispuesto en la misma.
La Ley aborda en su Título IV un cuarto aspecto relacionado con el plazo establecido en la Ley 11/1983, para el reconocimiento de los beneficios previstos en la misma. En efecto, la Disposición Adicional Primera de dicha Ley otorgó el plazo de un año a partir de su entrada en vigor o del hecho que diere lugar a la percepción de los beneficios para presentar la solicitud a que hacía referencia su artículo 7.º; por tanto, la adquisición de los derechos atribuidos por la Ley 11/1983 quedaba condicionada a que por los correspondientes interesados se solicitase su reconocimiento en el plazo del año a que se refería la Disposición Adicional Primera de la misma. Habiendo transcurrido ya el plazo del año a partir de la entrada en vigor de la Ley 11/1983, procede su reapertura por otro período igual, a fin de facilitar la posibilidad del reconocimiento de los derechos atribuidos por dicha Ley a quienes, por cualquier causa, no lo hubieran solicitado en el plazo que aquélla estableció inicialmente y que se encuentra en la actualidad caducado.
Dado el carácter complementario de la Ley 11/1983 y la presente, se ha considerado conveniente incluir una autorización para que el Gobierno proceda a su refundición, a cuya finalidad obedece la existencia de la Disposición Adicional.
Aun cuando esté pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley 11/1983, de 22 de junio, antes señalada, dado que no ha sido suspendida en su aplicación ni en su vigencia, no existe inconveniente alguno en que aquélla sea complementada con la presente, sin perjuicio de las posibles adecuaciones, en su caso, una vez haya sido dictada aquélla.
TITULO IÁMBITO DE APLICACIÓN Y POSIBLES BENEFICIARIOS
El ámbito de aplicación de este Decreto Legislativo queda limitado a quienes prestaron servicios en las condiciones que se determinan en el presente Título a la Administración Autónoma del País Vasco desde el 7 de octubre de 1936 al 6 de enero de 1978 en calidad de alto cargo, funcionario, contratado administrativo o laboral.
CAPITULO PRIMEROALTOS CARGOS
Los altos cargos de la Administración Autónoma del País Vasco en el período señalado en el artículo anterior y que no entren en el ámbito de aplicación de los artículos 37 y 38 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, serán beneficiarios de los derechos que les sean reconocidos en el presente Decreto Legislativo.
En el supuesto de que con anterioridad al 5 de julio de 1983 hubieran fallecido los beneficiarios a que se refiere el artículo anterior, serán beneficiarios su cónyuge y, en su defecto, los hijos menores de edad incapacitados física o psíquicamente, siempre y cuando le sobrevivan con posterioridad al 25 de noviembre de 1985.
Por analogía a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Gobierno, se consideran altos cargos de la Administración anterior, a efectos de este Decreto Legislativo, a los que desempeñaron las funciones de Directores y puestos que con otra denominación tuvieron análoga categoría en virtud de los correspondientes nombramientos.
CAPITULO SEGUNDOFUNCIONARIOS, CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS O LABORALES
1. Tendrán derecho a los beneficios previstos en el presente Decreto Legislativo quienes no siendo susceptibles de ser incluidos en el Capítulo primero del presente Título acrediten haber prestado servicios en calidad de funcionario, contratado administrativo o laboral, con carácter regular y continuado, y por tiempo no inferior a un año, en la Administración Vasca o en otras Administraciones y organizaciones por encargo y destino del Gobierno Vasco dentro del período comprendido entre el 7 de octubre de 1936 hasta el 6 de enero de 1978, en el que se instaura el Consejo General del País Vasco.
2. Excepcionalmente, cuando resulte acreditado que la interrupción de la relación de servicios en funciones administrativas civiles o laborales fuese debido exclusivamente a imposibilidad provocada por guerra o privación de libertad, el tiempo de servicios prestados se reducirá a ocho meses.
3. Dicha relación de servicios habrá de ser homologada por la Comisión prevista en el artículo 20 con las situaciones administrativas o laborales existentes en la actual estructura de la Administración Autónoma del País Vasco.

References: artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 29
 artículo 20