Source: http://enelvolcan.com/jul2013/268-algunos-efectos-sociales-de-la-iniciativa-de-megamineria-toxica-en-morelos-narrativa-de-un-proceso-en-curso
Timestamp: 2018-01-21 12:48:59+00:00

Document:
Algunos efectos sociales de la iniciativa de megaminería tóxica en Morelos. Narrativa de un proceso en curso
Para nosotros, la idea de desarrollo es una batalla de conceptos…
Bernardo Vásquez Sánchez, indígena zapoteca, líder comunitario e
integrante de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO)
en San José del Progreso, Oaxaca, opositor a la megaminería tóxica,
asesinado el 15 de marzo de 2012
http://www.miningwatch.ca/es/news/asesinato-de-ind-gena-oponente-minera-canadiense-provoca-protesta-en-la-embajada-de-canad-en-la
Ciertamente, aunque llegan a ser los más evidentes, los efectos nocivos de la megaminería tóxica no se limitan a la afectación de la flora y fauna, del agua, del aire, de la tierra… En lo que sigue se presenta y analiza información sobre algunas implicaciones sociales y antropológicas de la iniciativa de minería a tajo abierto de la empresa “Esperanza Silver” en el estado de Morelos. Entre otros materiales relacionados, En el Volcán publicó ya en su número 19, de marzo de 2013 (pp. 32-37), un esbozo de las afectaciones previsibles de índole sanitaria y en su número 18 otras reflexiones relevantes en cuanto a las implicaciones arqueológicas. A pesar de su relevancia crítica y de su estrecha relación con las afectaciones sociales, no me ocupo aquí de las implicaciones propiamente ecológicas.
La información de base proviene de diversas entrevistas y testimonios, de observación participante y de un proceso de revisión biblio-hemerográfica y documental. Antes de pasar propiamente al tema es conveniente hacer algunas puntualizaciones. Aunque resulte muy elemental, cabe de entrada reconocer la pertinencia de la minería como actividad económica humana. Las observaciones críticas a la megaminería tóxica no provienen de ninguna “cruzada antiminera” ni de fundamentalismo alguno en contra de la tecnología como tal o en contra de los metales, como han tratado de hacer creer los publicistas a pago de las empresas que impulsan la vertiente más tóxica de la minería, respecto a todo cuestionamiento que se hace a sus iniciativas. Ningún ser humano vive al margen de los minerales, incluso a nivel fisiológico. En este texto se emplea el término de megaminería tóxica precisamente para destacar una modalidad de industria minera particular por la gravedad e irreversibilidad de sus efectos.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en su cometido central de investigar, proteger y difundir el patrimonio cultural de México, requiere necesariamente una perspectiva integral de dicho patrimonio, que hoy ya no es posible abordar ni comprender escindido de su dimensión biológica: los procesos civilizatorios tienen un sustrato territorial y emergen a partir de realidades ecológicas particulares, de tal forma que no existe un “patrimonio cultural” aislado sino, de manera sistémica, un patrimonio biocultural vinculado estrechamente y a permanencia con la vida.
Ahora bien, ante diversas iniciativas energéticas y extractivas que actualmente están generando afectaciones socio-ambientales severas en todo el planeta, se impone la necesidad de aproximaciones no atomizadas que partan de la ya amplia revisión crítica del concepto del “desarrollo”, el cual es a menudo invocado como eje argumentativo para justificar proyectos que se encuentran lejanos a la naturaleza “sustentable” con que se les publicita y presenta.
La invocación mecánica del “desarrollo” y su manejo descontextualizado y esquemático ha sido cuestionado radicalmente, no sólo por sus usos políticos, sino por sus connotaciones conceptuales contradictorias (Latouche, 2009a y b); ello se agudiza cuando se le presenta al margen de la realidad biocultural que sustenta los procesos civilizatorios. Incorporado como eje de políticas públicas y de intervención impulsadas por el gobierno estadounidense en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el concepto de desarrollo tiene implicaciones que han sido ya ampliamente problematizadas por su componente intrínseco, basado en la idea de un aporte siempre ilimitado de recursos. La lógica de ese desarrollo, que ubica como ”externalidades” inevitables los diversos efectos pretendidamente soslayables de afectación biocultural, hace imprescindible una profunda reflexión sobre sus implicaciones y alcances, dados los elementos de contradicción que el concepto de “desarrollo” encierra hoy respecto al referente del Bien Común que aun preside teóricamente el ejercicio y el sentido de las instituciones públicas.
La defensa del patrimonio biocultural requiere hacer operativa una reconceptualización que ha derivado en las actuales propuestas de decrecimiento, las cuales rescatan lógicas viables de bienestar ejemplificables en aportes de culturas originarias, que, por ejemplo, anteponen la lógica del “vivir bien”, a la del “vivir mejor”, perspectiva ésta última que conlleva el crecimiento acumulativo sin límites, heredero del viejo ideal máximo del Progreso, un crecimiento acumulativo permanente tan inviable como emblemático del modelo económico dominante.
El “desarrollo” es invocado reiteradamente para rebatir la oposición que suscita entre las poblaciones los proyectos de gran plusvalía que nunca son sometidos a una verdadera consulta popular. La política de las imposiciones necesita justificaciones, y en ellas el argumento del “desarrollo” es muy preciado. Sin embargo, ¿“desarrollo” para quién? Y antes de ello, ¿de qué “desarrollo” se está hablando? ¿no tenemos ya evidencias incontestables de los frutos amargos que cierto “desarrollo” nos brinda de manera selectiva y sistemática?
La idea de un desarrollo descontextualizado bioculturalmente, referencial sin embargo para el modelo exacerbado de acumulación diferencial de capital que caracteriza a la economía actual, se encuentra en la raíz de la reducción del mundo a la mera calidad de fuente de recursos y también en el origen de la comercialización a ultranza de la cultura como un aditamento más del mercado. Carlos Marx no se equivocó cuando identificó como rasgo esencial del capitalismo su capacidad para convertir cualquier cosa en mercancía. Esta perspectiva no sólo explica la pretensión reiterada de abordar al patrimonio cultural –y biológico- predominantemente como una cosa vendible, como una mercadería inventariable y privatizable, sino la pretensión de proyectar toda otra perspectiva que difiera de ella como atentatoria al “desarrollo”, sin reparar en el problema distributivo de esos recursos y de los beneficios de ese desarrollo. Quien en la vida sólo ve meros recursos… acaba siendo un mero recurso.
El “desarrollo” que se anuncia no implica procesos de redistribución de bienes y de oportunidades: al contrario, en muchos casos documentados, ese “desarrollo” agudiza la exclusión y la desigualdad en escenarios sociales específicos e impulsa patrones relacionales que impulsan el dominio de la lógica instrumental y el dominio del individualismo centrado en el cometido de acumulación.
Se trata del “desarrollo” característico de una modernidad hoy claramente en crisis, tal como se ha entendido e instrumentado de manera sistemática desde mediados del siglo pasado, evidenciado de manera reiterada en las afectaciones ambientales y sociales de diverso tipo, agudizadas en el transcurso de los últimos decenios. Es en el marco de este rubro general que se encuentran las afectaciones que atentan contra el patrimonio identitario del país.
En este alcance ya global, cabe sin duda tener en cuenta la estrecha relación existente entre el patrimonio biocultural -incluido aquel evidente y manifiesto en vestigios arqueológicos- y las condiciones de vida de la población, la cual de manera continua genera y reproduce cultura en su vida cotidiana. Así, una visión atomizada del patrimonio cultural resulta hoy no solamente distorsionada, sino peligrosa, por sus sesgos y consecuencias.
De ahí que, ante situaciones actuales y concretas de afectación previsible, como es el caso emblemático de las iniciativas de megaminería tóxica, el INAH no puede regirse solamente por las implicaciones evidentes de afectación en el campo significativo y evidente de la arqueología, aunque el marco legal actual condicione y refleje esa visión atomizada que soslaya la relevancia y el alcance global del patrimonio biocultural con su diversidad de ámbitos y actores sociales.
NATURALEZA GLOBAL DE LA INICIATIVA DE MEGAMINERÍA TÓXICA EN MORELOS
Cabe recordar someramente algunas de las características generales de la iniciativa minera de la empresa “Esperanza Silver” en Morelos y explorar su contexto. El mapa siguiente presenta su ubicación tal como es consignada por la misma empresa.
Mapa 1. Ubicación, Proyecto de tajo abierto de la minera “Esperanza Silver”, Cerro Jumil, Morelos, 2012.
Fuente: Turner y cols, 2012:4.
La firma de capital canadiense “Esperanza Silver de México” inició sus labores de prospección minera en Morelos en el año 2002, con el antecedente de otras prospecciones por parte de empresas extranjeras realizadas en la década anterior (Turner y cols, 2012:9). La misma empresa reconoce en sus reportes la existencia de viejas estructuras que en la zona remiten a muy antiguas explotaciones mineras (Fotos 1-2) y que han sido mencionadas en estudios arqueológicos.
Fotos 1-2. Vestigios de explotaciones mineras antiguas, El Jumil, Mpio. de Temixco, Morelos.
Fuente: Turner y cols, 2012:9.
La empresa partió de la compra de una concesión minera que adquirió de otra compañía, denominada “Cruz del Sur”. Dicho elemento es significativo, porque en la base de funcionamiento de este tipo de iniciativas, existen por lo menos dos rubros especulativos financieros que marcan la operación en este giro económico. Uno de ellos es la existencia de un sistema de financiamiento por parte de empresas crediticias internacionales que posibilita la conformación y operación de dichas compañías mineras, constituyendo en sí un rubro de inversión muy relevante (Fundar, 2002). El segundo rubro especulativo corresponde a la especulación inherente a la prospección previa a la adquisición de concesiones, las cuales se convierten así en rubros de inversión. Esto es, las empresas mineras se apoyan, entre otros, en dos niveles de operadores que no necesariamente forman parte de las mismas: los financiadores crediticios y quienes se dedican a especular mediante la detección de territorios promisorios para la extracción y la consecuente obtención y compra-venta de concesiones mineras (Fundar, 2002).
Para tener una idea de contexto, cabe mencionar que la iniciativa que nos ocupa en Morelos se aprecia gráficamente en contrastación con otras ubicadas en el norte de Guerrero, en una amplia extensión que abarca la zona de Carrizalillo, afectada ya a su vez en términos arqueológicos por la empresa Goldcorp (minas “Los Filos” y “El Bermejal”) (Mijangos, 2013). La extensión de concesiones en esa región es significativa de la ubicuidad del proceso y de la magnitud de intereses en juego (Mapa 2).
Mapa 2. Concesiones de tajo abierto del área de Guerrero que colinda con el suroccidente morelense (“Guerrero Gold Belt Trend”) y ubicación de la iniciativa “Cerro Jumil”, 2013.
Fuente: Minaurum Gold Inc., http://www.minaurum.com/s/Guerrero.asp?ReportID=514912
En el mapa previo se puede apreciar la proporción entre las 15,000 hectáreas de las concesiones de “Esperanza Resources” y el resto de las concesiones obtenidas por otras ocho empresas mineras de origen extranjero. [1] Desde el inicio de sus operaciones de exploración in situ, la empresa Esperanza Silver, al percatarse del potencial aurífero de la región elegida, adquirió nuevas concesiones colindantes entre sí, hasta llegar a obtener siete en total, abarcando un total de 15,025 hectáreas (Mapas 3 y 4, Cuadro 1). Nótese la extensión de la concesión VI, colindante con el Estado de México en el extremo norponiente.
Concesiones mineras otorgadas a la “Esperanza Silver” en los municipios de Temixco, Miacatlán y Xochitepec, Morelos, 2013.
Mapa 4. Ubicación de las concesiones de la “Esperanza Silver” para su proyecto de minería a tajo abierto en los municipios de Temixco, Miacatlán y Xochitepec, Morelos, 2013.
Fuente: Turner y cols., 2012:5.
El mapa 4 hace evidente la existencia de varios asentamientos humanos en el interior las concesiones (pueblo de Xochicalco), además de su vecindad con áreas urbanas y con el aeropuerto de Cuernavaca, como es el caso de Alpuyeca, la Unidad Morelos, Coatetelco, Cuentepec, Miacatlán y otras más.
Ahora bien, la empresa “Esperanza Silver” también es significativa, no sólo porque se inscribe en un patrón mundializado, en el cual las empresas de megaminería tóxica de capital canadiense son mayoría en su rubro, sino por las características altamente depredadoras y tóxicas de su operación (Delgado-Ramos, 2010). Estos elementos implican el manejo de fuertes capitales que operan en condiciones propicias, resultantes de los altos niveles de precariedad tanto en lo que respecta al nivel de vida de los pobladores que viven en la superficie de las concesiones -denominados técnicamente “superficiarios” [2], como en lo que respecta a los referentes legales y normativos, que les permiten generar explotaciones con un alto nivel de plusvalía y desequilibrio en los procesos de extracción de recursos minerales, en favor de las empresas. Estos son todos elementos que desembocan en un encuentro altamente desigual y asimétrico, donde son precisamente la cobertura legal permisiva y la precariedad local los principales pivotes que posibilitan la concreción el proceso.
La actual Ley Minera en México no es una excepción, sino que se encuentra de hecho en el polo extremo de la permisividad legalizada, porque brinda condiciones sumamente ventajosas para una labor extractiva radical y desequilibrada, al exigir pagos simbólicos a las empresas por aquello que sacan del país, y al otorgar de manera expedita y prácticamente irrestricta las concesiones que las empresas demandan, amparadas además en la disposición de origen colonial, de otorgar prioridad a la Ley Minera respecto a otros rubros.
Una expresión ya extrema de lo anterior es la concesión denominada “Esperanza V”, de 278 hectáreas, que corresponde al subsuelo del núcleo central de la Zona Arqueológica de Xochicalco, otorgada el 15 de mayo de 2009 por la Secretaría de Economía. Que una empresa foránea de minería a tajo abierto, ajena además a nuestra cultura, solicite la concesión del subsuelo de una zona arqueológica como Xochicalco puede entenderse por el alcance depredador neto de sus iniciativas. Lo que no resulta comprensible en un primer momento es que el Estado Mexicano sea cómplice factual de la depredación, al otorgar dicha concesión sin escrúpulo alguno a pesar del riesgo de afectación evidente, en este caso, a un componente emblemático del patrimonio cultural. A su vez, desde la perspectiva institucional del INAH, ante dicha concesión, sus autoridades de arqueología no reaccionaron en absoluto, negando inclusive tener conocimiento de la misma a pesar de disponer de la información correspondiente, que le fue aportada por la propia empresa.
Respecto a las concesiones obtenidas por la empresa minera, el cuadro 1 sintetiza su extensión, fecha de registro y vigencia:
Cuadro 1. Concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía a la empresa “Esperanza Silver” en los municipios de Temixco, Miacatlán y Xochitepec según extensión, fecha de otorgamiento y vigencia, Morelos, México, 2002-2009.
Cabe destacar que la empresa refiere haber hecho un pago por impuestos, para el año 2011, de 360,074 pesos, lo que equivale a unos 30,000 dólares para el total de las siete concesiones, lo que corresponde aproximadamente el pago anual de dos dólares por hectárea. Si comparamos esta cifra con la plusvalía que la empresa pretende generar, se puede comprender el carácter irrisorio y meramente simbólico de sus montos fiscales de pago. La empresa calcula un flujo neto de ingresos a conseguir en tres años y medio de explotación, de cerca de 185 millones de dólares, calculando la onza de oro en 1,150 dólares y la de plata en 21 (Turner y cols., 2012:ES2).
A su vez, las siete concesiones otorgadas afectarían directamente los núcleos urbanos de Tlajotla, Palpan, Palo Grande y El Rodeo del municipio de Miacatlán, a las colonias de Palo Bolero, La Calera, Loma Bonita, Las Flores, Francisco Villa, Santa Cruz Milpillas y Las Palmas de Alpuyeca, municipio de Xochitepec, además de encontrarse en colindancia con Tetlama y la Unidad José María Morelos del municipio de Temixco (Mapa 4). Afectarían también a los núcleos agrarios de los bienes comunales de Tetlama, Cuentepec, Miacatlán y Alpuyeca, y los ejidos de Tetlama, Palpan, Tlajotla, Palo Grande, Miacatlán, Coatetelco y Xochitepec, los cuales, de ser sometidos a relaciones contractuales con la empresa a cuyo modelo de acuerdo se alude más adelante, significa en los hechos la concreción de un despojo territorial.[3]
Este es muy en breve el escenario del caso que nos ocupa, similar a otros en el país y en América Latina (Delgado-Ramos, 2010): un elevado, casi inconmensurable flujo de capital externo, asociado a una práctica ausencia del Estado como garante del Bien Común, manifiesto ello en la naturaleza entreguista de la actual Ley Minera. A lo anterior se suma la condición de abandono en que se encuentra buena parte de nuestras comunidades campesinas e indígenas, además del clima de violencia e impunidad[4] por el cual atravesamos actualmente, y la falta de instancias ciudadanas y de gobierno con la suficiente madurez para enfrentar la problemática que emana de este contrastante encuentro, no sólo de economías, sino de referentes culturales e identitarios.
El extractivismo externo de recursos, radical y desequilibrado, no es un fenómeno sociocultural nuevo en México: ha marcado buena parte de la historia patria. A diferencia de la expoliación inicial centrada en productos naturales como la vainilla, el cacao, el lináloe o el henequén, todos ejemplos de especies de origen nacional que fueron luego llevadas a cultivo fuera del país, ni los recursos energéticos fósiles como el petróleo, el carbón o el gas ni los recursos minerales son por supuesto susceptibles de cultivo. De ahí la relevancia de la modernización tecnológica en este rubro industrial; por ello, lo nuevo es el alcance tecnológico que se ha logrado desarrollar en el campo de la minería, pero también, de manera complementaria, el nivel de desarrollo mismo del aparato legal y político subordinado al interés de las empresas, al grado de que, en términos de una perspectiva global y para fines operativos, las concesiones no corresponden a las extensiones del subsuelo con que ya cuentan las empresas: son instancias del propio aparato de Estado las que se encuentran en los hechos concesionadas, aplicando puntualmente, como agentes expeditos de las compañías mineras, su misma lógica empresarial.
El cabildeo intensivo entre legisladores y funcionarios, la desinformación sistemática, la ingeniería de conflictos emergen como simples recursos operativos en esa lógica. Todos estos elementos se pueden documentar en el caso de la empresa “Esperanza Silver” en Morelos.
Ante la naturalización legislativa del despojo, el cometido institucional del INAH se topa en condiciones desfavorables, que no va a poder enfrentar sin una estrategia específica y multifactorial, aplicada a diversos ámbitos y con el consurso de la población misma y de los trabajadores de la institución.
LIMITACIONES DEL ESQUEMA VIGENTE DE LAS “MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL”
La figura denominada “Manifestación de Impacto Ambiental” (MIA) es determinante en el proceso de autorizaciones requeridas a cualquier obra que implique potencialmente daño ambiental, de modo que las empresas mineras de tajo abierto necesitan recibir de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) su visto bueno para la marcha de sus operaciones obteniendo la aprobación de dicha figura. Sin embargo, desde la protección del patrimonio biocultural, la estructura que conforma las MIAs presenta varias insuficiencias estructurales.
Como reflejo de la marginación legal en que se encuentra el patrimonio biocultural la MIA no lo abarca en su integridad; tampoco existe en sí la figura correspondiente a una “Manifestación de Impacto Cultural”, como tampoco una “Manifestación de Impacto Sanitario” ni una “Manifestación de Impacto Socioeconómico y Político”, de tal forma que el rubro del “impacto ambiental”, a pesar de su amplitud teórica, resulta insuficiente en el momento de determinar las diversas facetas potenciales de afectación provenientes de iniciativas de potencial nocivo global, como las de megaminería tóxica, las de obtención de energía a partir de tecnologías contaminantes y altamente demandantes de agua, o las de comunicaciones carreteras ahí donde se afectan irreversiblemente extensiones significativas por sus características ambientales únicas. Existe así una suerte de soslayo respecto a los rubros no específicamente “ambientales” que es preciso resolver en los formatos actuales a fin de que las “Manifestaciones de Impacto” tengan una naturaleza integral, incluyente y exhaustiva.
El formato actual de las MIAs no contempla en su trascendencia y alcance los impactos de tipo sanitario (Riojas y Pacheco, 2013); no demanda la obligatoriedad de descartar rigurosamente las posibles implicaciones de las explotaciones mineras de tajo abierto por metales preciosos en el rubro de la salud pública antes de que se generen; las MIAs no demandan en su evaluación el concurso de salubristas. Tampoco existe una Norma Oficial Mexicana que se ocupe de las implicaciones específicas de índole sanitaria ante iniciativas de impacto ambiental previsible. Así, ha quedado a discreción del criterio de los evaluadores de la Semarnat el peso asignado a los efectos culturales, sanitarios, socioeconómicos y políticos de dichas iniciativas. Este sesgo tiene implicaciones graves en términos de la vulneración a la calidad de vida y a los derechos humanos de las comunidades afectables por la megaminería tóxica.
Hay que destacar que la Semarnat en su oficio de resolución de la MIA de la empresa emitido el 5 de junio (véase más adelante) no respondió a ninguna de las observaciones hechas en cuanto a la MIA de la empresa en el rubro sanitario, tanto las formuladas por el Dr. Horacio Riojas, del Instituto Nacional de Salud Pública, como las formuladas por un investigador del INAH en ese rubro (Hersch, 2013); ambas presentaciones fueron hechas y entregadas formalmente a la Semarnat el 21 de febrero.
Otros rubros de insuficiencia respecto a las MIAs son de procedimiento en al menos tres aspectos: a) el que refiere a quién realiza dichos estudios, dado el sesgo inevitable existente, al ser realizados por empresas seleccionadas, contratadas y pagadas por las mismas compañías mineras, b) el hecho de que dichas manifestaciones no se sometan sistemáticamente a consulta pública, pues dicho procedimiento se realiza solamente en caso de ser solicitado por terceros, y c) el que los procedimientos de consulta pública de las MIAs se encuentran sometidos a presiones por parte de las mismas empresas, acotando las posibilidades de deliberación y cuestionamiento informado, además de la inequidad que implica privilegiar a las empresas en el formato de presentación, permitiéndoseles expresar abiertamente falsedades evidentes y acotando o pasando completamente por alto las observaciones críticas. Todos estos elementos resultaron evidentes en el caso de la iniciativa de la Esperanza Silver.
Con anterioridad a la última MIA presentada, la empresa presentó otras cuatro para la fase de exploración, pero ninguna de ellas fue expuesta a las comunidades y a la ciudadanía en consulta pública, por lo que no existe el consentimiento previo, libre e informado a las comunidades afectables.
El 21 de febrero del año en curso, la empresa se vió obligada a presentar públicamente su MIA relativa al proyecto denominado “Mina Esperanza Tetlama, Morelos” correspondiente a una explotación minera a cielo abierto abarcando 692.92 hectáreas, como resultado de una petición expresa de grupos ambientalistas del estado.[5] El formato de presentación operado por la SEMARNAT posibilitó la manipulación y acarreo evidente de habitantes de Tetlama, comunidad que constituye la punta de lanza de la iniciativa minera a partir de la primera etapa de explotación. Dotados de camisetas y despensas, los habitantes de Tetlama llevados por la empresa ocuparon prácticamente todos los espacios disponibles en la presentación llevada a cabo en la ex Hacienda de Temixco (Foto 3).
Foto 3. Pobladores de Tetlama llevados por la empresa a la presentación de su MIA, Exhacienda de Temixco, Morelos, 21 de febrero de 2013.
Otros pobladores no contaron con espacio para atender el evento. Grupos especiales de empleados jóvenes de Tetlama, coordinados por personal de la empresa con radios, interrumpían vociferantes todas las ponencias que cuestionaban la iniciativa minera, con la actitud reiteradamente complaciente de los representantes de la Semarnat. Este proceder ha marcado una pauta continua en el proceso: la intervención de los personeros de la minera ha sido cada vez más de confrontación y descalificación de los opositores internos y externos, utilizando grupos especiales de habitantes de dicha comunidad contratados para ese fin.
Desde la entrega de la MIA generada por la empresa canadiense hubo una irregularidad, ya que se presentó en la modalidad de MIA “específica” y no como MIA “regional”, a pesar de involucrar un radio de efectos que no se circunscribe a la comunidad de Tetlama: la explotación pretendida en su primera etapa se encuentra ubicada a solo 12 kilómetros de Cuernavaca, a 6 de Temixco, a 3.5 de Xochitepec y a 5 de Miacatlán, todos ellos municipios con alta densidad demográfica. El total aproximado de la población afectable se ha calculado en cerca de 561,000 habitantes.[6] Esta maniobra de soslayar la dimensión regional de la afectación ha sido eje en la iniciativa minera, aparejada a la perspectiva que minimiza sus diversos efectos nocivos.
IMPACTO SOCIOANTROPOLÓGICO
La denominada “ingeniería de conflictos” constituye una vertiente sistemática de operación de las empresas de minería de tajo abierto ampliamente descrita en México y otros países (Fundar, 2002; Mining Watch Canada, 2013). Consiste en el diseño e instauración de confrontaciones para agredir, amedrentar e incluso eliminar físicamente a opositores, y donde la empresa recurre a operadores locales.[7]
La empresa Esperanza Silver ha establecido exitosamente un eficaz sistema de injerencia sistemática en la vida de la comunidad de Tetlama, permeando directa e indirectamente la vida comunal mediante otorgamiento de bienes y dinero a las autoridades locales, a las autoridades municipales, a las instancias locales como las escuelas y el centro de salud, y a sectores de la población. La empresa realiza pagos y donaciones en efectivo y en especie[8].
Foto 4. Reparto de regalos por parte de la empresa, Tetlama, Morelos, 9 de mayo de 2013.
Sin embargo, estas medidas no son las únicas adoptadas in situ: ante la emergencia de movimientos de oposición a su iniciativa, la empresa ha generado grupos de choque evidenciados ya en diversos espacios, como es el caso de la reunión informativa que diversos investigadores del INAH y de la UAEM realizaron en el Museo de Xochicalco el 14 de febrero y luego en la referida reunión del 21 de ese mes.
La intimidación inicial, expresa en las agresiones verbales ya referidas, se incrementó focalizada a los pobladores locales opuestos a la minera. Esta escalada de violencia por parte de la empresa a través de sus personeros no ha sido cuestionada ni enfrentada por instancia gubernamental alguna, ni municipal, ni estatal, ni federal.
El clima de violencia y de confrontación generado ha colocado a los opositores a la minera en condición de hostigamiento permanente. En este proceso, la connivencia de las autoridades municipales de Temixco se ha traducido en la asignación de policías municipales que amedrentan a los opositores y apoyan a quienes están de acuerdo con la minera en Tetlama. La empresa misma donó a la policía municipal un módulo de vigilancia adscrito al Sector 8 del municipio, al tiempo que las unidades municipales hostigan por la noche a los opositores mediante reflectores en sus casas, los detienen sin causa e incluso los han fotografiado.[9]
Ninguna de estas acciones de intimidación y amedrentamiento se ha dirigido a los pobladores locales que apoyan a la minera. Estas medidas han ido en escalada: para el día 4 de junio, la casa de la Sra. Alejandra Ramírez, opositora a la mina, fue allanada cuando se encontraba en un acto de denuncia en Cuernavaca sin que interviniese la policía: los intrusos no sólo se llevaron 20,000 pesos en efectivo y destruyeron pertenencias en el interior de la morada, sino que dejaron pintas en el exterior de la misma, con amenazas explícitas ligadas a la condición opositora de la agredida, con los siguientes mensajes textuales (denuncia no. de averiguación TX01-701-2013, Agencia del Ministerio Público de Temixco):
“Digan sí a la mina putas”
“Nosotros fuimos pagados para aser este puto desmadre”,
“Los tenemos bien vigilados putas”
“Esto les va a pasar a todos las que digan no a la mina putos”
“Dejen tragar pendejas”
Otros opositores han sufrido acciones de vandalismo extremo en sus exiguos negocios, en hechos no conocidos antes en Tetlama, al tiempo que algunos de los empleados locales de la minera han comunicado expresamente a los opositores amenazas de secuestro.
INJERENCIA DE LA EMPRESA DE CAPITAL CANADIENSE EN LA DINÁMICA POLÍTICA DE LAS POBLACIONES CAMPESINAS: EL CASO DE TETLAMA Y DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO
Al interior de núcleos familiares, los integrantes de algunas unidades domésticas se encuentran divididos en relación con las propuestas y el proceder de la empresa minera. Aunque ha ido mermando, hay una mayoría de habitantes que percibe a la empresa positivamente frente a las condiciones económicas precarias. Todo cuestionamiento a la misma constituye para ellos una amenaza a esas expectativas, en un proceso cuidadosamente provocado por la minera.
La población de Tetlama tiene la particularidad de haber conocido de primera mano la operación del tiradero de basura que durante más de treinta años recibió una considerable cantidad de desechos de los municipios de Cuernavaca, Xochitepec, Jiutepec, Zacatepec y Temixco. La obtención de recursos por este medio ha marcado la historia económica reciente de la comunidad, que de alguna manera se habituó a tener vecina un área de acumulación de desechos a cielo abierto con la serie de consecuencias ambientales y sociales que implica. El olor nauseabundo, la proliferación de fauna nociva y la contaminación del aire y del agua se fueron integrando progresivamente a la cotidianidad de una población marginada. Los residuos sólidos depositados en el tiradero a cielo abierto implicaron además por años la quema generadora de dioxinas y furanos, compuestos altamente tóxicos.[10]
Aunque entre esas consecuencias se encuentra de manera notoria la generación de procesos tóxicos y la contaminación severa por lixiviados, la llegada de ingresos por el pago de facilidades para depositar esa basura ajena en terrenos de la comunidad contribuye a generar una determinada disposición local ante iniciativas externas de alcance colectivo. Este antecedente opera ahora a favor de la iniciativa minera, que guarda similitudes con la iniciativa del basurero, cuyo cese operativo fue complejo y altamente conflictivo, afectando también de manera directa a la vecina comunidad de Alpuyeca hasta el día de hoy.
Si bien Tetlama no ha sido una comunidad exenta de conflictos internos, como sucede en mayor o menor grado con toda comunidad humana, el grado de confrontación y de rompimiento de la trama social generado por los intereses de la minera no existía antes de la llegada de la “Esperanza Silver”. Las divisiones son ya en muchos casos irreversibles. La ausencia de programas productivos y comunitarios que respondan al interés y la perspectiva misma de los habitantes de Tetlama ha facilitado indudablemente la situación.
Ante el dictamen adverso que sufrió la minera respecto a su MIA a inicios del mes de junio, y ante la aparición de un movimiento social que en unos cuantos meses se abocó a denunciar los efectos nocivos de la iniciativa en diversos foros y a generar instancias organizativas de reflexión a nivel local ante las amenazas diversas inherentes a la iniciativa minera, la empresa no sólo incrementó tanto sus acciones de intimidación a los opositores internos y externos, sino sus maniobras francamente injerencistas de tipo político. Así, impulsó una protesta llevada a cabo el 23 de mayo contra el INAH en la Ciudad de México, calumniando a varios de los investigadores que desde la Delegación Morelos han cuestionado con fundamento la iniciativa minera desde diversos puntos de vista.
El texto de la carta dirigida al INAH expresa la instrumentación de las autoridades locales, mediante un discurso evidentemente generado por terceros. Este mismo modelo fue aplicado luego a otra maniobra, que consistió en el acarreo de personas de Tetlama a la ciudad de Cuernavaca el 19 de junio, con el fin de presentar al gobernador del estado su inconformidad por no apoyar la instauración de la mina, repitiendo la calumnia pública mediante carteles de factura evidentemente empresarial contra varios de los opositores externos, incluidos tres de los investigadores del INAH e incluso de amenaza a los medios de comunicación (fotos 5 y 6).
Fotos 5 y 6. ¿Qué prefieres, 500 delincuentes o 500 mineros?. Algunos de los carteles expuestos por habitantes de Tetlama a favor de la mina, incluyendo menciones calumniosas a académicos opositores a la misma, Cuernavaca, Morelos, 19 de junio de 2013.
La misma consigna de que “el cianuro no mata”, repetida una y otra vez por los empleados de la minera que irrumpieron en la reunión informativa referida del 14 de febrero, reiterada en carteles en la citada manifestación en Cuernavaca, fue escrita junto con otras consignas en muros de Tetlama. De acuerdo con testimonios locales, la empresa distribuyó la pintura mediante una de sus camionetas. No se trata de acciones aisladas ni de origen local, sino de medidas de factura empresarial. A pesar de los testimonios y denuncias al respecto, la empresa de capital canadiense no ha recibido señalamiento ni amonestación alguna por parte de las diversas autoridades.
A su vez, la empresa ha financiado anuncios televisivos donde proclama que su iniciativa minera carece por completo de efectos nocivos de cualquier especie. Este tipo de falsedades develadas en la resolución misma de la Semarnat, tampoco han sido motivo alguno de señalamiento. A pesar del discurso del gobernador del estado en contra de dicha iniciativa, en los hechos el proceder de la estructura de gobierno ha sido en general inercial e insuficiente. Sólo a partir de presiones provenientes del movimiento social contra la mina es que el gobierno estatal inició algunas medidas de cuestionamiento a la minera, sin estrategia clara y sin articulación entre diversas dependencias. En ese sentido, las dependencias sanitarias y educativas del estado han brillado por su ausencia. Ello explica que la empresa opere con impunidad mediante la serie de intervenciones atentatorias ya mencionadas.
Un testimonio al respecto es el de una habitante de Tetlama, quien inquirió al médico adscrito al centro de salud de la localidad acerca de si el cianuro es tóxico. El facultativo le respondió que por supuesto. La inquirente le preguntó entonces por qué advierte sobre los riesgos de la hipertensión arterial y de la diabetes a los pacientes y no habla del cianuro, a lo cual el médico le confió que no está dispuesto a exponerse a represalias por parte de la empresa minera.
Como parte del incremento de las acciones de amedrentamiento dirigidas a los opositores, al día siguiente de la “Caravana por la vida” organizada por el movimiento social contrario a la iniciativa minera, varios participantes en dicho movimiento fueron seguidos por vehículos no identificados; días después, una de las activistas de la ciudad de Cuernavaca más destacadas en el trabajo organizativo del movimiento social contra la megaminería tóxica fue secuestrada en dicha ciudad Cuernavaca junto con tres de sus hijas por un día, sufriendo amenazas expresas relacionadas con su participación en el movimiento oposicionista; luego, el domicilio de uno de los investigadores del INAH fue allanado por sujetos que sustrajeron una computadora. El día 17 de junio, la hija de uno de los líderes opositores a la minera de Tetlama fue sometida a un intento de secuestro en Cuentepec con la participación connivente de un policía de Temixco.[11]
A su vez, la empresa ofreció apoyo económico a uno de los líderes de la Unidad Morelos, asentamiento colindante con Tetlama, a propósito de su campaña para ser elegido como representante de dicha Unidad. Lo mismo hizo ofreciendo recursos para la compra de votos a propósito de la elección de ayudante municipal de Tetlama, llevada a cabo el reciente 29 de junio.
Estas injerencias claramente ilegales no sólo constituyen elementos de grave alcance para la trama social de la región, sino que han derivado en un clima de confrontación, impunidad, miedo y apatía.
Sin duda, la injerencia de la empresa ha significado ya un atentado contra los lazos de comunalidad y reciprocidad existentes en Tetlama, aunque no se trate de una comunidad nahua-hablante en el estado, como lo son Cuentepec, Tetelcingo, Santa Catarina o Xoxocotla. Cuentepec sí se encuentra directamente visualizada en la iniciativa minera por las concesiones que ha obtenido la empresa de su subsuelo.
Aunque el caso de Tetlama es el más avanzado en cuanto a la irrupción de la minera, la compra de voluntades se ha llevado a cabo en diversas comunidades de la región, lo que refleja claramente la idea que tiene la empresa –y que oculta- de la amplitud del radio de extensión territorial del ámbito de afectación de su iniciativa. Esta compra de voluntades ha significado el impulso activo y sistemático a posiciones de individualismo y de descontextualización respecto al entorno ambiental y comunitario, las cuales no sólo minan elementos de comunalidad propios de la cultura campesina e indígena, sino que inciden negativamente en la condición ciudadana de sus habitantes.
Un problema básico tiene que ver con la campaña sistemática de desinformación entablada por la empresa. No sólo se ha ocupado de proyectar una imagen falsa de sus efectos en el área, hecho ya de por sí preocupante, sino que ha impedido de manera deliberada y en la medida de sus posibilidades que los habitantes de Tetlama sean informados de manera más objetiva sobre el alcance de daño ambiental, sanitario y patrimonial de su iniciativa. Así, en la exposición sobre este tema llevada a cabo en el Museo de Xochicalco, los empleados de la empresa intentaron sabotear la presentación; por ejemplo, cada vez que se mencionaba al cianuro o al consumo de agua, algunos de los asistentes interrumpían a gritos. Fue gracias a la prudencia de los investigadores y al hecho de que se conminase con firmeza luego a los vociferantes a expresarse de manera ordenada que la situación no desembocó en incidentes mayores.
El mismo proceder llevó a cabo la empresa en la presentación pública de su MIA el 21 de febrero en Temixco, donde además, en el momento en que se iniciaron las ponencias que cuestionaban a la MIA, los asistentes acarreados desde Tetlama fueron llevados fuera del recinto para que no escuchasen los cuestionamientos respectivos. En esa ocasión, el representante legal de la empresa, paradójicamente, señaló de manera explícita como “agitadores” y “envenenadores” a quienes llevan a cabo procesos de información pública sobre los efectos nocivos previsibles de la iniciativa minera. [12]
La empresa prtetende proyectarse como respetuosa del medio ambiente y preocupada por el empleo de los habitantes de Tetlama, por su salud, su educación y su bienestar en general. La construcción activa de esta perspectiva ha implicado la satanización de todo aquel que emita un cuestionamiento a la iniciativa minera.
¿Cómo analizar los efectos que genera este tipo de desinformación? Se trata de una ignorancia construida en función del interés económico de la empresa y de sus empleados. Pero además de esa desinformación cuidadosamente generada, de acuerdo con los testimonios recibidos, impera el miedo entre los opositores locales y en particular entre los integrantes más vulnerables de sus familias. El clima de temor permea a los mismos profesores y personal médico asignados la comunidad. Estos hechos suceden en la ausencia absoluta de una propuesta de información e intervención por parte de las instancias educativas y sanitarias del gobierno estatal.
Se trata entonces de una afectación contra el bienestar de la población y también contra sus derechos humanos. La información, en síntesis, resulta subversiva para los fines de la empresa.
CONTRATOS QUE LA EMPRESA IMPONE Y OTROS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL
De acuerdo con información proveniente del movimiento social generado en Morelos contra la iniciativa de la empresa, ésta ha impuesto a los núcleos agrarios de Palpan, Tlajotla, Pueblo Grande, Miacatlán, Coatetelco, Cuentepec y Alpuyeca, todos comprendidos dentro de sus concesiones mineras, contratos discrecionales que favorecen desequilibradamente a la empresa:
“…Con una oferta de cien mil pesos, la empresa se presenta con un contrato ya elaborado con las autoridades de los comisariados de bienes comunales o ejidales –según corresponda-, para que éstos autoricen el permiso de ocupación temporal anual de sus tierras comunales y/o ejidales con el propósito de realizar la etapa de exploración, sin una consulta previa, libre e informada y aprovechándose de la desinformación reinante en las comunidades para imponer un convenio entre ejido y empresa, enteramente beneficioso para ésta. Ejemplos:
- En la cláusula 7ª del contrato empresa-núcleo agrario, se consigna que “éste contrato de exploración es prorrogable un año más, con opción a suscribir un contrato que incluya el establecimiento de una mina y la explotación de material por un tiempo mayor”.
- En su cláusula 18º, el contrato anuncia que “al término de ese contrato, la empresa procederá a la entrega de la tierra ocupada y en caso de no hacerlo pagará como pena convencional, la cantidad de 5000 pesos”. En esta cláusula, no especifica si el pago será al otro día de que no entregue la tierra ocupada o a los 15 años. De cualquier manera, anuncia el despojo que pretende efectuar a los núcleos agrarios…”[13]
Las relaciones clientelares y de patronazgo establecidas por la empresa en Tetlama tienen a su vez un claro efecto de control social. Dicha relación clientelar se ha establecido desde el inicio de las operaciones de prospección de la minera; en 2005, los pagos anuales sumaron 1,400,000 pesos, repartidos entre cien comuneros, además del pago de 2,500 pesos por hectárea de sus parcelas de cultivo, de lo que corresponde a cerca de 7,500 pesos mensuales otorgados a cada comunero, si se toma en cuenta que detentan un promedio de tres hectáreas cada uno. Esta relación de pago tiene ya años de llevarse a cabo, con los efectos de dependencia que naturalmente genera.
En cuanto a las relaciones de patronazgo, la empresa Esperanza Silver contrata a setenta comuneros o familiares de comuneros a través de su subsidiaria, la “Compañía Minera Miacatlán”. Estas relaciones favorecen exclusivamente a un grupo o colectivo de la comunidad por sobre todos los demás, resultan una estrategia bien conocida para fomentar la división intracomunitaria, mermar la cohesión social y focalizar la resistencia, en el marco de las estrategias de ingeniería del conflicto ya referidas.[14]
Mediante las relaciones de patronazgo y clientelares establecidas entre comuneros de Tetlama y la empresa Esperanza Silver, la empresa cuenta con un grupo de choque que sirve, tanto para intimidar a opositores, como para llevar a cabo una campaña de confrontación abierta y pública, tanto contra el gobierno que se ha manifestado en desacuerdo contra la imposición de una mina a tajo abierto en la entidad como hacia opositores y activistas en contra de la minera. Es el caso de un ex convicto, actual trabajador de la empresa, quien ha estado intimidado y lanzado amenazas públicas hacia los opositores a la mina, tales como: "carnalitos no se preocupen, si se va la empresa vienen los levantones y los secuestros".[15]
Otra modalidad de uso de la inversión como mecanismo de control social es aprovechar la escasa disponibilidad de agua mediante la oferta de parte de la empresa de establecer un pozo para la comunidad, a condición de que sea aprobado su proyecto minero. Así, las casas-habitación de Tetlama están recibiendo desde el 19 de mayo de 2013, 15 minutos de dotación de agua dos días a la semana, en forma diferencial según la ubicación de cada casa. El sistema operativo del agua depende de la Junta Rural de Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable de San Agustín Tetlama, Temixco, Mor. Algunos miembros del comité del agua anunciaron a los habitantes que, si se abría la mina, la empresa haría otro pozo; de lo contrario se seguiría abasteciendo lo mínimo.[16]
INTERVENCIÓN DEL INAH
El mapa 5 refleja el conflicto territorial respecto a la figura de la concesión “Esperanza V” ya referido.
Mapa 5. Poligonal de Xochicalco (delimitada en amarillo) y Concesiones de Esperanza Silver
En el balance actual del proceso, el análisis del resolutivo presentado por la Semarnat el 5 de junio pasado donde rechaza la MIA de la empresa[17], permite destacar que tres fueron los elementos básicos planteados para fundamentar la resolución: a) el insuficiente abasto de agua, de la cual la empresa pretendía ocupar 760,000 metros cúbicos al año provenientes del subsuelo (Oficio de Resolución Semarnat, pág. 13); b) la interferencia de la explotación minera con la operación del aeropuerto y c) la advertencia hecha formalmente por el INAH acerca de la afectación potencial de vestigios arqueológicos[18]. Entre otros elementos aducidos se mencionó también el que respecto a la pila de lixiviación de cianuro, no se hizo una evaluación hidrogeológica detallada del sitio (Oficio de Resolución Semarnat, pág. 14) y que la empresa tampoco consideró el riesgo al relleno sanitario (pág. 28).[19]
Tanto en el texto de su MIA como en otros documentos, la empresa consignaba el apoyo del INAH para su iniciativa. Así, por ejemplo, en uno de sus documentos, la empresa señala textualmente:
“Esperanza ha colaborado con la autoridad arqueológica nacional Mexicana (Instituto Nacional de Arqueología y Historia o INAH) (sic) para llevar a cabo una detallada revisión del sitio. Como resultado, en enero de 2011 el INAH emitió un comunicado caracterizando el uso potencial de la tierra en tres grupos: (1) áreas liberadas para la minera, (2) áreas de las cuales se excluye a la minería, y (3) áreas requeridas de mayor estudio. Las áreas que corresponden a la categoría 2, áreas excluidas de la minería, abarcan la cima del Cerro Jumil. El plan de la mina que se presentó en el Estudio Económico Preliminar ha incorporado dicha restricción. Las áreas para mayor estudio se encuentran ahora (enero de 2012) siendo investigadas por el INAH” (Turner y cols., 2012, pág. ES5).
A su vez, la minera presentó en su MIA para autorización de explotación un gráfico con las instancias sociales que la favorece, considerando al INAH como una instancia “con alta afinidad al proyecto minero” (Gráfico 1).
Gráfico 1. Ubicación del INAH en la percepción empresarial minera de las fuerzas políticas en la región. Manifestación de Impacto ambiental, Esperanza Silver de México.
Nótese la mención al INAH en el extremo superior derecho, énfasis en rojo. Fuente: MIA, Esperanza Silver.
Estos elementos y otros ya mencionados ilustran el grado de confianza que ya tenía la empresa en la disposición oficial del INAH para satisfacer sus expectativas. La comunicación del INAH de mayo pasado a la Semarnat, la cual forma parte de los principales elementos que determinan la resolución negativa a la MIA de la empresa, constituye un giro importante respecto a la línea permisiva que había seguido el Instituto y con la cual contaba la empresa, al haber financiado las exploraciones mismas del Instituto. El giro adoptado por el INAH y manifiesto en el comunicado que hizo a la Semarnat en el mes de mayo de 2013, constituye una medida fundamentada y correctiva que, en síntesis, dignifica a la institución.
PERSPECTIVAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Tomando en cuenta la cantidad de recursos económicos de la empresa y la vigencia de sus concesiones, la resolución de la Semarnat hecha pública el 5 de junio desaprobando la MIA de la empresa constituye solamente un paso en todo este proceso. La amenaza está lejos de terminar. Es previsible que nuevas iniciativas de la minera se lleven a cabo para continuar o adecuar sus proyectos si tomamos en cuenta la extensión de sus concesiones. La misma dinámica de obtención de concesiones muestra que un importante área de interés por el potencial de extracción de oro y plata se ubica en la concesión VI, ubicada hacia el norponiente de la región (Cuentepec, Palpan, Tlajotla) (Mapas 3 y 6). Es evidente que se trata de una región ya altamente considerada en los planes de la minera, lo que hace de particular relevancia su exploración actualizada en términos arqueológicos.
Mapa 6. Concesiones de minería a tajo abierto en el estado de Morelos.
En el Mapa 6 se puede apreciar la extensión y ubicación de la Concesión VI de Esperanza Silver al norponiente de Xochicalco. Dicha concesión VI se encuentra prácticamente equidistante de Miacatlán y de Chalma en el estado de México, y más cerca de Cuernavaca que el resto de las concesiones. En su dimensión estatal, el Mapa 6 permite apreciar que el caso de la Esperanza Silver es solamente un botón de muestra que demanda un enfoque anticipatorio, integral y sistemático por parte del INAH respecto al estado y el país. Lo que opera para Morelos opera para el resto de la República. Nos encontramos emplazados ante un desafío de dimensiones históricas que medirá en su justo peso el alcance de nuestro compromiso ciudadano e institucional.
En términos sociales y antropológicos, la iniciativa minera de la empresa “Esperanza Silver” ha generado las siguientes acciones y efectos evidenciables:
Rompimiento de la trama social en la comunidad de Tetlama. Confrontación interna, cotidiana y de violencia en ascenso entre pobladores anuentes a la empresa y pobladores opositores a su iniciativa.
Utilización de las fuerzas policiacas municipales a favor de los intereses de la empresa.
Agresiones ya consumadas, promovidas por la empresa, a opositores de la comunidad de Tetlama, de otras comunidades aledañas y de sectores académicos y sociales en oposición. Intimidaciones, calumnias, amenazas. Allanamiento de moradas, daño en propiedad ajena. Casos de robo y uno de secuestro cuya autoría por parte de la empresa no ha sido descartada.
Desinformación sistemática. Maniobras para impedir a pobladores de Tetlama el acceso a la información. Difusión permitida de falsedades en eventos públicos y en medios de comunicación.
No se llevaron a cabo consultas públicas, previas e informadas conforme al Convenio 169 de la OIT antes de otorgar las concesiones. Antes de dicho otorgamiento tampoco se analizaron los conflictos agrarios existentes, incluyendo los relativos a la tenencia de la tierra.
La empresa ha aprovechado no solamente la precariedad económica y laboral de los pobladores de Tetlama, sino el antecedente de permisividad generada en la comunidad respecto a iniciativas de afectación ambiental negativa, a partir de los ingresos a la comunidad provenientes del establecimiento del basurero, que por años contaminó la región y que aún genera problemas de índole sanitaria.
Lo anterior implica actos ilegales que no han sido investigados a suficiencia aunque ya existan denuncias penales realizadas respecto a varios de ellos.
Toda la gestión misma previa a la explotación tiene en sí un efecto nocivo múltiple. Las labores de intrusión política y social de la empresa, simultáneas a sus tareas de exploración minera en sí, tienen un componente de afectación social que ha sido soslayado.
El requerimiento legal de someter a consulta las iniciativas externas a las comunidades indígenas tal como se establece en el Convenio 169 de la OIT es otro ejemplo violación de disposiciones legales.
RECOMENDACIONES GENERALES DESDE EL INTERÉS DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL
Desde el cometido institucional del INAH y comprendiendo al patrimonio cultural del país de manera objetiva e incluyente, tomando en cuenta además los elementos arqueológicos analizados en otros trabajos (consúltese por ejemplo el núm. 19 de la revista En el Volcán (enelvolcan.com), resulta pertinente formular las siguientes recomendaciones:
Por su magnitud y relevancia actual, es preciso que el INAH establezca un sistema específico de atención y seguimiento al tema de la minería de tajo abierto en sus afectaciones diversas al patrimonio cultural.
Ese sistema ha de contar a su vez con un mecanismo permanente de monitoreo de todas las concesiones que ha otorgado la Secretaría de Economía. Este sistema ha de efectuar a permanencia no solamente un cotejo de las implicaciones de afectación arqueológica de todas las concesiones ya otorgadas en el país, sino una labor anticipatoria de previsión que implique la consulta obligatoria de parte de la Secretaría de Economía al INAH antes de otorgar cualquier concesión, lo cual orienta y dinamiza el sentido del registro arqueológico.
Ese sistema ha de analizar detenidamente y con una perspectiva integral la actual Ley de Minería y generar un diagnóstico especializado de la misma señalando y rechazando los elementos que de la misma afectan al cometido de la institución.
A partir de ese proceso, el INAH ha de diseñar e instaurar una estrategia de sensibilización, información y cabildeo hacia diversos sectores (dependencias, legisladores, población, etc) a fin de impulsar las modificaciones necesarias en dicha ley a efecto de garantizar que no afecte al patrimonio cultural del país.
En términos inmediatos, es preciso que en el caso de la iniciativa minera que nos ocupa, se lleve a cabo un programa de prospección y registro arqueológico específico en toda la extensión de la concesión minera otorgada ya a la empresa, y en particular a la concesión no. 6 ubicada al norponiente de la zona arqueológica de Xochicalco, reconociendo que se trata de un área de vulnerabilidad actual. Esto es, el INAH ha de aplicar una estrategia anticipatoria en cada entidad de la República tomando en cuenta la situación actual.
Por la relevancia de su cometido institucional, es preciso que el INAH impulse a nivel legislativo la figura de una Manifestación de Impacto Cultural (MIC) con el mismo estatuto de requerimiento legal obligatorio que tiene la actual MIA[20], y que a estas dos se añada a su vez, desde una perspectiva de epidemiología sociocultural y por su relevancia orgánica para el mismo patrimonio cultural, la figura de una Manifestación de Impacto Sanitario (MIS). La conjunción de dichas figuras permitirá establecer un dispositivo de protección acorde con la magnitud de efecto múltiple potencial de las iniciativas de megaminería tóxica y de otras iniciativas ambientales. Resulta evidente que la instancia actual de la Semarnat no dispone de todas las competencias necesarias para evaluar los riesgos diversificados que estas iniciativas conllevan.
Los estudios de impacto ambiental deben de ser pagados por las empresas interesadas, pero quienes los llevan a cabo deben de ser elegidos objetivamente por una instancia gubernamental autónoma respecto a los intereses de las mineras.
La Ley Minera actual, así como su reglamentación en cuanto a exploraciones y concesiones debe someterse a una revisión exhaustiva, dada su incongruencia con la realidad social y ambiental del país. Dicha ley es inconstitucional porque no respeta los derechos de los pueblos ni su integridad medioambiental y patrimonial.
Se debe de prevenir y atender toda intimidación a los activistas y opositores y reparar los daños ocasionados por la confrontación y ruptura del tejido social en Tetlama producto de la ingeniería del conflicto social promocionado por la empresa. Se debe de llevar a cabo la reparación total de los diversos daños ocasionados durante todas las fases de exploración.
El INAH tiene que reforzar y dinamizar sus vinculaciones interinstitucionales e intersectoriales con las dependencias federales y estatales encargadas de la salud, la educación y el medio ambiente.
Es evidente que el INAH requiere no sólo reestructurar sus instancias centrales del área de arqueología y del área jurídica que participaron en la previa política respecto a las iniciativas de minería a tajo abierto, evidentemente ajena al cometido institucional en este tema, sino poner en práctica mecanismos de control interno que permitan el apego permanente a dicho cometido.
Los funcionarios e investigadores de campo del INAH deben de tener expresamente prohibido todo trato preferencial con corporaciones con intereses particulares en el INAH, del tipo de la enunciada, si no es con la presencia de representantes legales de la Institución; es preciso a su vez prohibir que las corporaciones paguen directamente al INAH proyectos e investigaciones, o al menos reglamentar este tipo de "compensaciones".
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Mijangos, Miguel Angel. “La nueva fiebre del oro. Comunidades afectadas por la empresa minera Goldcorp. Tribunal Popular Internacional de la Salud”, Rev. En el volcán, núm. 21, pp. 6-26 , mayo de 2013. Disponible en: http://www.enelvolcan.com/may2013/251-la-nueva-fiebre-del-oro-comunidades-afectadas-por-la-empresa-minera-goldcorp-tribunal-popular-internacional-de-la-salud (consultado: julio 15, 2013).
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Riojas, H. y L.E. Pacheco, “Efectos y riesgos a la salud poblacional”, Coloquio La minería a tajo abierto y sus efectos a diversa escala, Museo Cuauhnáhuac, Cuernavaca, 18 de marzo de 2013.
Turner, D. y cols., Preliminary Economic Assessment. Techical Report. Update 2011, Cerro Jumil Project, Morelos, Mexico, Golder Associates/Esperanza Resources Corporation, Lakewood, Colorado, enero de 2012.
[1] La empresa Minaurum afirma respecto al publicitado “Cinturón de oro de Guerrero”, que se trata de una prolífica área minera que se extiende por más de 60 km en el estado, en la cual, en el transcurso de los años noventas, se descubrieron cerca de 250,000 onzas de oro, cantidad que ahora es calculada en más de 21 millones de onzas (595,339 toneladas), calculando un incremento de 600,000 onzas (21 toneladas) añadidas a ese total que se están descubriendo cada año (Minaurum Gold Inc., http://www.minaurum.com/s/Guerrero.asp?ReportID=514912).
[2] La figura del “superficiario” postulada en la literatura técnica relativa a la minería de tajo abierto resulta altamente significativa: “superficiario” es el ocupante de la superficie, cuya característica básica desde la perspectiva de la megaminería tóxica es la de estorbar al proceso. De ahí que desde el interés foráneo, el estatuto ideal del “superficiario” es el de subciudadano, cuya condición política marginal y cuyas necesidades inmediatas posibilitan prevenir su oposición a la instauración de la mina.
[3] Resumen Ejecutivo presentado por el Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras por Metales Preciosos, al Tribunal Permanente de los Pueblos, Cuernavaca, 22 de junio de 2013.
[4] Sin tomar en cuenta el fenómeno del subregistro, de enero de 2012 a abril del 2013, el estado de Morelos ocupó ya el primer lugar en la tasa de secuestros y de robo con violencia en el país, habiendo ocupado el primer lugar en 2010 y 2011 por extorsión (Secretaría de Gobernación, Incidencia delictiva, Tasas por cada 100,000 habitantes, Sistema Nacional de Seguridad Pública (sic), México, 2013.
[5] Cabe destacar que el mismo INAH no fue quien solicitó dicha presentación, ni entregó por escrito objeción alguna respecto a las cuatro MIAs presentadas por la empresa en su periodo de exploración.
[6] Resumen Ejecutivo presentado por el Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras por Metales Preciosos, al Tribunal Permanente de los Pueblos, Cuernavaca, 22 de junio de 2013.
[7] La relación de asesinatos denunciados en México con involucramiento de empresas mineras canadienses incluye al menos los casos de: a) en Chicomosuelo, Chiapas: Mariano Abarca, el 27 de noviembre de 2009 (empresa Blackfire Exploration; http://www.miningwatch.ca/es/news/informe-revela-respaldo-de-diplomacia-canadiense-letal-proyecto-minero-de-empresa-blackfire); b) en Buenaventura, Chihuahua: Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Urrutia, el 22 de octubre de 2010 (empresa MAG Silver; http://www.miningwatch.ca/es/news/solidaridad-internacional-con-las-familias-de-dos-activistas-asesinados-quienes-se-opusieron-al); c) en San José del Progreso, Oaxaca: Bernardo Vázquez Sánchez, 15 de marzo de 2012 (empresa Foortuna Silver Mines; http://www.miningwatch.ca/es/news/asesinato-de-ind-gena-oponente-minera-canadiense-provoca-protesta-en-la-embajada-de-canad-en-la).
[8] Algunos ejemplos de lo anterior: en ese sentido, la empresa entregó: a) En escuelas públicas de Tetlama, un bono de $500 pesos a maestros por el día del maestro -15 de mayo de 2013-, desde nivel preescolar hasta secundaria; b) En la escuela primaria de Cuentepec, en junio, pagó el vestuario de estudiantes para la ceremonia de clausura de fin de cursos; c) En la plaza pública de Cuentepec, el 29 de mayo de 2013 se entregaron despensas y productos básicos a bajo costo; d) En la plaza pública de Tetlama, el 14 de febrero, realizó una rifa de 50 pantallas planas de TV entre comuneros; e) En la plaza pública de Tetlama, el 9 de mayo, regaló a todas las madres una vajilla a cambio de su firma, supuestamente de recibido, pero cuya hoja carecía de rúbrica que confirmara que éste era su fin; f) En las escuelas pública de Tetlama, el 30 de abril, entregó regalos a todos los niños (Resumen Ejecutivo presentado por el Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras por Metales Preciosos, al Tribunal Permanente de los Pueblos, Cuernavaca, 22 de junio de 2013).
[9] En octubre de 2012 la empresa donó a la comunidad de Tetlama una caseta móvil, la cual, el ayudante municipal de Tetlama, incondicional a la empresa, valiéndose de la reunión del grupo de mujeres de Oportunidades para la obtención de firmas de anuencia de la comunidad, propone que se disponga para instalar un módulo de policía. El módulo de policía entra en funciones en enero de 2013; su rótulo es: “Módulo de protección ciudadana, Sector 8, Honorable Ayuntamiento de Temixco, Morelos. Módulo donado por Esperanza Silver”. El operador del módulo de vigilancia del sector 8 de la policía municipal se articula con la patrulla municipal de Temixco No. 150 u otras, la cual realiza rondines en la comunidad. Adicionalmente, el grupo de trabajadores (comuneros) pagados por Esperanza Silver que realizan guardias para vigilar el cerro “El Jumil”, también se articulan con el módulo de seguridad municipal vía telefónica, para amedrentar a cualquiera que pretenda acercarse al cerro El Jumil. Desde entonces, la población de Tetlama, pero en particular, los habitantes opositores a la minera sufren la injerencia que, con fines de control e intimidatorios, realiza la policía municipal. Como afirman miembros del grupo opositor de habitantes de Tetlama: Antes no había módulo de seguridad pero no había represión dentro de la comunidad.
Hay indicios concretos de que dicho dispositivo policial tiene entre sus funciones vigilar y amedrentar a los opositores a la mina. Así, el pasado 30 de mayo, habitantes de Milpillas realizaron una reunión a cielo abierto para deliberar las acciones a realizar después de recibir una intimidación por parte del entonces secretario de Bienes Comunales de Tetlama, por haber bloqueado con piedras el camino de acceso de la empresa y poner mantas que decían “No a la mina”. La patrulla de policía municipal de Temixco número 150 arribó al lugar y sacó fotografías de los habitantes reunidos sin aclarar el fin de las mismas. El día 7 de junio de 2013, la misma patrulla No. 150 asignada al módulo de seguridad No. 8 del municipio de Temixco, sacó una fotografía a una menor de edad, hija de un opositor a la mina, al salir ésta del bachillerato de Cuentepec, donde realiza sus estudios. La referida patrulla 150, 166 y otras asignadas a la vigilancia de Tetlama, al realizar sus rondines, utilizan en la noche reflectores de luz que alumbran exclusivamente el interior de las casas de los opositores (Resumen Ejecutivo presentado por el Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras por Metales Preciosos, al Tribunal Permanente de los Pueblos, Cuernavaca, 22 de junio de 2013).
[10] Véase http://www.jornada.unam.mx/2007/03/20/index.php?section=sociedad&article=037n1soc
[11] El viernes 14 de junio de 2013, desconocidos –el grupo de choque- allanaron por tercera vez el local de venta de comida propiedad de uno de los opositores a la mina en Tetlama, destruyendo las puertas, robándose las mesas, sillas y vajillas y rompiendo la taza del baño del local. El lunes 17 de junio, una mujer que abordaba como copiloto el auto tsuru color azul con placas de Guerrero No. PHX5432 se aproximó en la comunidad de Tetlama a una adolescente de 15 años, para invitarla a abordar el auto para llevarla a donde ella se dirigía,
el bachillerato de Cuentepec. Al desistir la joven, el auto tsuru siguió la camioneta de pasajeros en que se subió la menor hasta el bachillerato de Cuentepec. Antes de ingresar al bachillerato, un policía le preguntó a qué horas terminaban las clases, a lo que ella contestó que no tenía ese dato, que se lo preguntara al director (Resumen Ejecutivo presentado por el Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras por Metales Preciosos, al Tribunal Permanente de los Pueblos, Cuernavaca, 22 de junio de 2013).
[12] Como fuente de referencia, cabe señalar que el mismo oficio resolutivo de la Semarnat del 5 de junio menciona en su página 7 que la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Semarnat (UCPAST) solicitó y obtuvo permiso para video grabar el evento del 21 de febrero.
[13] Resumen Ejecutivo presentado por el Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras por Metales Preciosos, al Tribunal Permanente de los Pueblos, Cuernavaca, 22 de junio de 2013.
[17] Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/03865, dirigido al C.P. Francisco Gameros Trejo, representante de la empresa “Esperanza Silver de México”, firmado por Alfonso Flores Ramírez, Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, D.F., 5 de junio de 2013.
[18] El INAH planteó que el art 2 de la LFMZAAH establece que es de utilidad pública la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural. Al respecto, la DGIRA planteó no ser competente respecto a las zonas arqueológicas, pero el art 35 bis de la LGEEPA (pp. 25-26) establece que la resolución de la Secretaría solo se referirá a los aspectos ambientales de las obras y actividades de que se trate, siendo que en su art. 3 fracción I define “Ambiente” como “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados”. De lo anterior, se determina que las estructuras arqueológicas, además de formar parte del paisaje, son elementos constitutivos del ambiente y de acuerdo al INAH-CONACULTA hasta ahora no es posible descartar alguna afectación a las mismas. El INAH planteó a su vez que “la explotación minera que se pretende realizar en terrenos colindantes a la zona, podría poner en riesgo la seguridad del sitio y sus visitantes” (p. 26) y que “el INAH está llevando a cabo trabajos de investigación y exploración en el área en la que pretende la empresa desarrollar las actividades mineras, colindante a la zona arqueológica de Xochicalco… existen áreas donde la empresa tiene interés, que aún no han sido exploradas a fin de determinar la existencia del patrimonio arqueológico. El INAH ha decidido que un cuerpo colegiado de expertos lleve a cabo un nuevo recorrido en la zona a fin de tener los elementos para descartar que la actividad minera afecte el patrimonio arqueológico y garantizar la integridad del sitio (…) y que “la explotación minera conlleva necesariamente la pérdida de los elementos materiales que existen; además, los métodos pretendidos ponen en peligro el patrimonio arqueológico ubicado en la colindancia. El INAH concluye que la explotación minera es incompatible con la conservación del patrimonio arqueológico, con fundamento en lo dispuesto en los arts. (…) de la Ley orgánica del INAH, LFMZAAH y LFPA, así como el lo dispuesto por el Manual General de Organización del INAH… DOF el 17 de enero de 2011…” (p. 27).
[19] Otros elementos fundamentales a destacar en la resolución son que la empresa no consideró la disponibilidad real del agua subterránea considerando que su extracción duraría al menos 11 años (p. 24) La Conagua planteó efectos negativos a los ecosistemas y a los usuarios de las aguas superficiales, incluida la afectación de otras diversas corrientes de agua (p. 25) y la ocupación de cauces tributarios no considerados (p. 25).
[20] La no exigencia de una Manifestación de Impacto Cultural o de una figura similar como requerimiento formal en las iniciativas ambientales de impacto global expresa un proceso de naturalización de la marginalidad de “la cultura” como un asunto menor y escindido de la realidad actual.

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