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TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Juicio de amparo directo.
Amparo directo en revisión 5465/2014
quejosO: Q
SECRETARIA: M.G. ADRIANA ORTEGA ORTIZ
COLABORÓ: NICOLÁS CONTRERAS VELÁZQUEZ
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de abril de dos mil diecisiete, emite la siguiente:
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 5465/2014, promovido contra el fallo dictado, el 2 de octubre de 2014, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el juicio de amparo directo **********.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si la interpretación del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizada por el tribunal colegiado de conocimiento fue o no correcta.
De la información que consta en el expediente, se advierte que en el mes de enero de 2012, Q —en adelante el “quejoso” y/o “recurrente”— estuvo un momento a solas con la víctima que, en esa fecha, tenía 12 años, en el domicilio ubicado en **********, Estado de México, y le impuso la cópula vía vaginal.
Por esos hechos, se inició la investigación correspondiente en la que llevadas a cabo las diversas etapas de juicio, el 24 de abril de 2013, el Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó sentencia condenatoria contra el quejoso y le impuso las penas de 5 años de prisión y 200 días multa.
Inconformes con esa determinación, el sentenciado y la madre de la víctima interpusieron recurso de apelación que conoció la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca **********. La Sala dictó sentencia el 20 de junio de 2013 y modificó la resolución de primera instancia sin afectar las penas señaladas.
Juicio de amparo directo. El 14 de marzo de 2014, el quejoso promovió juicio de amparo contra la sentencia del tribunal de apelación.
El 2 de mayo de 2014, el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo directo, registró el asunto con el número ********** y lo admitió a trámite. Seguido el procedimiento legal, el 2 de octubre de 2014, se dictó sentencia que concedió la protección constitucional al quejoso para que la autoridad responsable estableciera el monto de la multa de acuerdo con los lineamientos ahí citados.
Recurso de revisión. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso, el 30 de octubre de 2014, recurso de revisión que fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 11 de diciembre de 2014, el presidente de la Suprema Corte admitió el recurso con reserva del estudio de procedencia, ordenó registrarlo con el número 5465/2014 y lo turnó al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrante de la Primera Sala, para la elaboración del proyecto de resolución; asimismo, requirió notificar a las partes.
El 30 de enero de 2014, el presidente de esta Primera Sala tuvo por recibido el expediente, señaló que la Sala se abocaba al conocimiento del asunto y que se enviarían los autos a la ponencia de su adscripción para la elaboración del proyecto respectivo.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme al Punto Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. El recurso se interpuso contra una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en un juicio de amparo directo en materia penal, lo cual es competencia exclusiva de esta Primera Sala y no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo correspondiente. La sentencia impugnada se notificó personalmente al quejoso el 21 de octubre de 2014, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente. El plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió, entonces, del 23 de octubre al 5 de noviembre de 2014. No se cuentan dentro del cómputo los días 25 y 26 de octubre y 1 y 2 de noviembre por haber sido sábados y domingos, respectivamente. Dado que el recurso de revisión se presentó el 30 de octubre de 2013, se promovió de manera oportuna.
Esta Primera Sala considera que el quejoso está legitimado para interponer el presente recurso de revisión, pues se le reconoció la calidad de quejoso en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia, la decisión adoptada en la sentencia de amparo directo sí pudiera afectarle o perjudicarle de forma directa.
A fin de dar respuesta a la materia del presente recurso de revisión, es imprescindible hacer referencia a los conceptos de violación, a las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios.
Demanda de amparo. El quejoso planteó los siguientes conceptos de violación:
El acto reclamado vulnera los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El tribunal de apelación tuvo, erróneamente, por acreditados los elementos del delito y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, pues los datos de prueba resultan contradictorios.
La acción desplegada por el quejoso no transgredió el bien jurídico tutelado por la norma; es decir, la seguridad sexual de la víctima, dado que las relaciones sexuales que sostuvo con ella fueron voluntarias. Así, la conducta desplegada es atípica, en términos de la fracción II, del artículo 15, del Código Penal vigente.
Los medios demuestran que si bien se auto-determinó sobre su actuar sexual, su pretensión no fue agotar la descripción típica, sino iniciar una familia en pareja y compartir un estado de vida con la víctima y el hijo nacido de esa relación. Además, la unión entre el quejoso y la víctima no surge a partir del yacimiento sexual, sino que se originó antes.
El acto reclamado separó a su familia y desconoce la obligación del Estado y de la sociedad de proteger a la familia. El acto reclamado no reconoce el derecho del quejoso y de la víctima a contraer matrimonio y a formar una familia.
Existen diversos criterios de autoridades internacionales que señalan que la separación de un niño de su familia es una grave violación a sus derechos humanos.
El acto reclamado vulnera el artículo 1° de la Constitución porque el resultado es la desintegración familiar provocada por la autoridad responsable. Asimismo, el hijo del quejoso y la víctima debe contar con la posibilidad de invocar sus derechos ante los tribunales.
El acto reclamado vulnera los derechos a la supervivencia y el desarrollo, así como a la no discriminación, ambos del niño hijo del quejoso y la víctima, consagrados en los artículos 6 y 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el derecho de aquel de ser beneficiado de todos los derechos que consagra en su favor dicha Convención.
La sentencia también vulnera la natural realización de los derechos del niño, ya que atraviesa el periodo de más rápido crecimiento y cambio en su ciclo vital, y afecta el artículo 5 de la mencionada Convención, donde se establece la función de los padres y de su familia de ocuparse de la atención y cuidado de los niños y niñas.
El quejoso y su hijo son descendientes directos de un indígena mazateco, que es su padre, originario de la población ubicada en la Sierra del Pozo de Águila, ubicado en el Municipio de Teotitlan de Flores Magón, Estado de Oaxaca, donde conservan sus propias instituciones sociales, económicos, culturales y políticas; que habla mazateco y castellano. Arguye que, aunque no habla regularmente mazateco, dada la discriminación y racismo existente, sí conserva parte de sus costumbres culturales y sociales.
No obstante que la familia del quejoso vive fuera de la comunidad y han cambiado las formas de vida tradicional, es innegable que la dimensión cultural en que fue socializado y educado por sus padres tiene implicaciones tanto para su relación matrimonial con la víctima, el hecho de vivir en unión libre en la casa de sus padres, la diferencia en sus edades entre ambos, la imputación y el proceso mismo.
Por ello, solicita que esa circunstancia se tome en cuenta conforme al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.
Sentencia de amparo. Las principales razones del tribunal colegiado para conceder el amparo al quejoso fueron las siguientes:
Son inatendibles las argumentaciones vertidas en torno al daño que se afirma causa la sentencia reclamada al hijo de la víctima y del quejoso, pues al haberse desechado la demanda respecto del niño, no es dable estudiar aspectos relacionados con el mismo, a efecto de verificar si la sentencia reclamada lo agravia, pues ello dejó de ser parte de la litis.
Por otro lado, en el escrito de amparo el quejoso se autoidentificó como descendiente directo de un indígena mazateco, quien es originario de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, y hablan mazateco y castellano. El quejoso aduce que ya no habla mazateco, dada la discriminación y racismo existente; sin embargo, dijo que conserva parte de las costumbres culturales y sociales de dicha comunidad. Esto a pesar que su padre, madre y hermanos viven fuera de la comunidad y cambiaron su vida tradicional. Argumenta que la forma en que fue socializado y educado por sus progenitores tiene implicaciones en la relación matrimonial con la víctima, en la relación de sus edades, la imputación delictiva efectuada, así como el proceso mismo. Por ello, solicitó se tomara en cuenta el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.
Estas manifestaciones deben desestimarse, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los conceptos de "persona indígena" o "pueblo indígena", empleados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien tienen un significado de sustrato esencialmente antropológico y sociológico, también poseen uno jurídico tendente a identificar a los destinatarios de las prerrogativas que la Ley Fundamental establece en favor de dicho sector.
Por ende, la "autoconciencia" o la "autoadscripción" realizada por el propio sujeto, debe ser el criterio determinante para establecer cuándo una persona es indígena.
De esta forma, será persona indígena quien se autoadscriba y reconozca a sí mismo como tal, lo cual implica asumir como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de esas comunidades.
Circunstancia que no deviene ilegal ni arbitraria, mucho menos ambigua o imprecisa, al ser congruente con el artículo 2º, párrafo tercero, constitucional y acorde con los criterios utilizados en instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Sin embargo, a fin de evitar excesos, fraudes a la ley e inseguridad jurídica contra la víctima u ofendido, para que sea eficaz la autoadscripción de un sujeto a una comunidad indígena, ésta debe realizarse en las primeras etapas del proceso penal.
Por tanto, cuando la calidad específica de indígena fuera manifestada ante el tribunal colegiado de circuito que conozca del amparo directo interpuesto contra el fallo definitivo, esta manifestación no tendrá la fuerza suficiente para ordenar la reposición del procedimiento penal respectivo.
En el caso, una vez efectuada la revisión a los discos versátiles digitales enviados por la Sala responsable, no se advierte que el quejoso, en las audiencias intermedia o de juicio, haya manifestado la situación que ahora propone, tan es así que ante el Tribunal de Juicio Oral, al referir sus generales a partir del minuto trece, manifestó no pertenecer a algún grupo indígena [disco versátil digital denominado “AUDIENCIA DE JUICIO- - -06 DE FEBRERO DE 2013- - - 09:00 HORAS.”]; y en segunda instancia tampoco fue alegada tal situación.
Por tanto, en esta instancia constitucional no se pueden tomar en consideración las costumbres y especificidades propias de las personas indígenas, pues, se insiste, esa información debió aportarse en el procedimiento penal.
Máxime que el peticionario manifestó que la persona indígena es su padre, quien, junto con su madre y hermanos, vive fuera de la comunidad, pero conserva parte de las costumbres culturales y sociales. Además, en las múltiples audiencias desahogadas, se advierte que el quejoso habla y entiende el español, así como que está inmerso en la sociedad en la que se desenvolvía, tan es así que trabajaba en una pizzería. Así, es dable concluir no existía sospecha de tal situación.
Por ende, si el quejoso omitió informar tal circunstancia a las autoridades de instancia, éstas estaban imposibilitadas para activar en su favor las prerrogativas diseñadas específicamente para dicho sector.
La decisión aquí adoptada se apoya en las jurisprudencias 1a./J. 58/2013 (10a.) y 1a./J. 59/2013 (10a.), publicadas en las páginas 278 y 287, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): Constitucional, Penal, Décima Época, Registros: 2005027 y 2005032, respectivamente.
Aun y cuando no se alegan violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, se destaca que con el dictado de la sentencia controvertida en la presente instancia no se vulnera el derecho fundamental previsto en el artículo 14 de la Constitución General de la República, que consagra las formalidades esenciales del procedimiento previo a la emisión del acto reclamado.
Las penas impuestas al sentenciado no se aplicaron por analogía o mayoría de razón, al fundamentarse en leyes exactamente aplicables al caso; esto es, el artículo 273, párrafos primero, tercero y quinto del Código Penal para esta Entidad Federativa; tampoco se aplicó la ley retroactiva en su perjuicio, debido a que la punición del hecho antisocial fue conforme a la legislación sustantiva vigente en la época de comisión del ilícito.
Asimismo, se observaron los principios rectores del proceso penal de corte acusatorio.
Por otro lado, la sentencia reclamada tampoco vulneró el numeral 16 Constitucional, pues la Sala responsable invocó los fundamentos de derecho que estimó aplicables, tanto los que contienen la descripción típica del delito atribuido al peticionario, como los relativos al grado de participación.
Asimismo, se expusieron las causas, motivos o razones tomados en consideración para estimar demostrado el delito de violación equiparada, atribuido al quejoso y plenamente acreditada su responsabilidad en la comisión de tal hecho delictuoso.
En razón de que el quejoso cuestiona la valoración de las pruebas realizada por el tribunal de apelación, se destaca que conforme al sistema penal acusatorio oral no existe, como sí se preveía anteriormente, una valoración libre y tasada de las pruebas [mixta], ya que ahora, bajo una perspectiva de libre apreciación, la norma constitucional y el código procesal aplicable facultan al juzgador a realizar una justipreciación no reglamentada o sujeta a factores determinados para establecer el alcance de las pruebas, sino que le confiere una prerrogativa amplia en el ejercicio de su facultad jurisdiccional para establecer, bajo argumentos y consideraciones en las que exponga las causas de su proceder, qué valor le merece cada una de ellas, como se aprecia del contenido de la fracción II, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal, en relación con el 343 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.
En efecto, constitucionalmente, la facultad de apreciar las pruebas corresponde a la autoridad responsable; por tanto, el juicio de amparo, en modo alguno, puede concebirse como una tercera instancia en la que se lleve a cabo una nueva justipreciación, pues ello implicaría sustituirse a las autoridades judiciales en las funciones que tienen encomendadas.
Así, tratándose de valoración de pruebas, al órgano de control constitucional sólo le corresponde verificar si el ejercicio respectivo realizado por la responsable al apreciar el material probatorio se ajusta a los principios de la lógica y a las normas legales y a los hechos respectivos.
De ahí que, se insiste, si la Sala Colegiada Penal aportó los argumentos, parámetros y factores que consideró al momento de valorar los medios de convicción e invocó, además, los preceptos adjetivos que prevén los requisitos de las pruebas apreciadas, resulta evidente que cumplió con la garantía de fundar y motivar la sentencia controvertida.
De esa forma, una vez examinadas las constancias que integran la causa de donde emana el acto reclamado, incluyendo la sentencia que en esta vía se reclama, así como los discos que contienen registro de las audiencias llevadas a cabo, se advierte que la Sala responsable apreció correctamente el material probatorio aportado por el ministerio público y la defensa durante el juicio oral, ya que lo examinó de manera libre, atendiendo a la sana crítica y a las máximas de la experiencia, y correctamente tuvo por acreditado el hecho delictuoso de violación equiparada.
En el acto reclamado fueron debidamente observadas las exigencias previstas por la legislación procesal para dictar una resolución de condena.
La Sala Penal responsable correctamente tuvo por acreditados los citados elementos del delito, así como la responsabilidad penal del sentenciado.
La Sala responsable correctamente tuvo por acreditado que el quejoso desplegó una conducta consistente en copular a la víctima quien contaba con doce años de edad, lo que evidentemente afectó el desarrollo psicosexual de la menor.
Se estima correcto que en el acto reclamado se tuviera por acreditado el delito de violación equiparada, previsto en el artículo 273 del Código Penal del Estado de México. También, con apego a derecho, se tuvo por acreditada la responsabilidad penal del quejoso como autor material.
Igualmente con apego a derecho, se concluyó que la conducta era dolosa en términos del artículo 8, fracción I, del Código Penal del Estado de México; lo mismo que antijurídica, al no estar amparada por causa de justificación o de exclusión del delito, además de que afectó el bien jurídico protegido; también culpable, en tanto el aquí quejoso cuanta con capacidad psicológica que le permitió conocer la antijuridicidad de su conducta, al inexistir prueba de que al desplegarla estuviera inmerso en una causa de inimputabilidad.
Esto último con independencia de que en la demanda de amparo se “autoidentificara” como descendiente directo de un indígena zapoteco, y arguyera que sus costumbres incidieron en la relación que sostuvo con la víctima, pues tal circunstancia no puede atenderse en esta instancia constitucional, al no haber sido introducida en el procedimiento penal.
Los argumentos del quejoso encaminados a sostener que nunca abusó de la víctima, ya que siempre hubo consentimiento de ésta y fue con el objeto de formar una familia son infundados, pues pretenden justificar la relación sexual. En el caso, sin embargo, se analiza el delito de violación equiparada porque la cópula se impuso en una persona menor de quince años. Aunque el cuarto párrafo del artículo 273 del Código Penal para el Estado de México permite la extinción de la acción penal cuando la persona ofendida sea menor de quince años y mayor de trece, haya dado su consentimiento para la cópula y no concurra modificativa, exista una relación afectiva con el inculpado y la diferencia de edad no sea mayor a cinco años entre ellos, en el caso no se actualizan todos los elementos cualitativos exigidos por la norma penal.
Es intrascendente que la pasivo haya otorgado su consentimiento para tener relaciones sexuales, ya que tenía doce años. También es irrelevante, para el caso a estudio, la relación que la víctima tenía con sus padres.
El alegato de discriminación con base en la edad que padece la víctima en su derecho a formar una familia no puede ser analizada en este juicio. En todo caso, esa circunstancia agraviaría a la pasivo y por tanto, su análisis no es factible dado el principio de agravio personal y directo.
Fue correcta la individualización de la pena que confirmó la Sala responsable. Esta individualización no viola los derechos humanos del quejoso, ya que se le consideró un grado de punición mínimo.
Lo mismo sucede con la sanción pecuniaria de 200 días multa. No obstante, en suplencia de la queja, se advierte que en el acto reclamado se indicó la cantidad a la que asciende la misma, ya que no se tomó en cuenta el salario mínimo de la época de los hechos. Por ende, se concede la protección constitucional para que esa cuestión sea subsanada.
Es correcto que la Sala responsable estimara que la multa impuesta se sustituye, en caso de insolvencia, por doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, o en el supuesto de insolvencia económica e incapacidad física del sentenciado, por doscientos días de confinamiento.
En el acto reclamado se estimó correcto que en primera instancia se absolviera al sentenciado del pago de la reparación del daño, al no haberse acreditado su procedencia y monto en términos del artículo 29 del Código Penal del Estado de México; lo cual evidentemente no lo agravia. Dicha determinación, no obstante, se estima incorrecta. Conforme al artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se debe absolver al sentenciado del pago de la reparación del daño cuando se haya emitido una resolución de condena. Al respecto, no se realiza mayor pronunciamiento, pues lo decidido por la Sala responsable favorece la situación jurídica del quejoso.
El que se ordenara la amonestación del peticionario de garantías para prevenir su reincidencia, así como la suspensión de sus derechos políticos y civiles, tampoco viola sus derechos fundamentales.

References: artículo 2
 resolución 
 artículo 86
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 273
 artículo 20
 resolución 
 artículo 273
 artículo 8
 artículo 273
 artículo 29
 artículo 20
 resolución