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Timestamp: 2018-07-17 19:35:11+00:00

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Procesal Civil [69642] | Derecho Procesal Civil (UPO) | Unybook
Procesal Civil (2015)
pbc84
Grado Derecho + Criminología - 2º curso
TEMA 3: LA COMPETENCIA I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA La plenitud jurisdiccional de los juzgados y tribunales españoles es una exigencia que se deriva del derecho a la tutela judicial efectiva; pero no ejercen su potestad de forma universal, es preciso que el asunto venga atribuido a la competencia de los tribunales nacionales para que puedan conocer de los mismos.
1.- Extensión y límites de la jurisdicción civil española.
La aplicación de las normas de competencia internacional determina de qué asuntos conocen los jueces civiles españoles. Estas normas de competencia internacional van a ser aplicadas cuando en la relación jurídica litigiosa aparezca un elemento extranjero.
La extensión y límites de esta jurisdicción se determinará por lo dispuesto en la LOPJ y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte (art. 21.1 LOPJ: “Los Juzgados y Tribunales españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y entre españoles y extranjeros con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en los Tratados y Convenios Internacionales en los que España sea parte”).
Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: - Se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o ejecución conforme al Derecho Internacional Público.
- Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado.
- Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia internacional de los tribunales españoles únicamente pudiera fundarse en la sumisión tácita de las partes.
2.- La competencia: su fundamento.
La jurisdicción como potestad es indivisible. Pero la atribución de ésta a un único órgano jurisdiccional nos llevaría a impedir el cumplimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente en su faceta de acceso a la Justicia, pues no podría asumir esa carga de trabajo y no podrá ejercer correctamente la jurisdicción como función. Por ello, el legislador ha articulado la Planta Judicial, el organigrama de Juzgados y Tribunales que ejercen su función jurisdiccional en España, organizados por unos “criterios de competencia”. Que nos permiten individualizar el órgano jurisdiccional que debe dictar sentencia sobre el asunto.
3.- Criterios de determinación de la competencia y derecho al juez natural en el orden civil.
Primer criterio: aplicar las normas de jurisdicción por razón de la materia de la que dicho asunto trate; determinaremos conforme al artículo 9 LOPJ a qué orden jurisdiccional (civil, penal, social o contencioso-administrativo) compete dicho asunto.
En cuanto al orden jurisdiccional civil, el legislador establece que: “Los Juzgados y Tribunales del orden civil conocerán, además de las materias que le son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional”. Con lo cual podemos deducir que el orden jurisdiccional civil conoce: - Las materias de Derecho Civil (y Mercantil) “que le son propias”, que por exclusión, son aquellas no especificadas en los apartados 3, 4, y 4 del artículo 9 LOPJ.
- Cualquier materia que no venga atribuida de forma expresa a otro orden jurisdiccional.
Aunque la redacción del artículo 9 LOPJ tiene carácter excluyente, hay una excepción: las cuestiones prejudiciales (con los límites impuestos por el legislador a sus efectos) II.- COMPETENCIA OBJETIVA.
Una vez que, aplicando las normas de competencia genérica y competencia internacional, individualizamos que es el orden jurisdiccional civil español el competente para conocer del litigio, debemos determinar el órganos jurisdiccionales competente.
1.- Concepto y reglas de atribución.
Las normas de competencia objetiva sirven para determinar qué clase de Juez, entre los de un mismo orden jurisdiccional, conocerá del litigio en primera instancia (ab initio).
Las reglas de atribución de competencia objetiva son dos, y no tienen carácter alternativo sino que la primera prevalece sobre la segunda:  En razón de la materia: Atiende al asunto sobre el que versa el litigio. Se produce cuando una norma procesal otorga directamente a un determinado tipo de Juez o Tribunal el conocimiento en primera instancia de una determinada clase de asuntos, atendiendo a la tutela jurídica que el actor pretende. La regla general vigente es que la competencia objetiva para conocer de los asuntos civiles se atribuye a los Juzgados de Primera Instancia, salvo haya una norma que expresamente atribuya el asunto a otro tribunal.
 Por razón de la cuantía reclamada. Criterio subsidiario del anterior. Si no existen normas que atribuyan la competencia objetiva a un determinado órgano jurisdiccional, acudiremos a las normas de competencia conforme a la cuantía del pleito (cuantía litigiosa), que distribuye los asuntos entre los Juzgados de Paz y los de Primera Instancia. En virtud de este criterio, las reclamaciones dinerarias son competencia sea cual sea la cuantía, de los Juzgados de Primera Instancia, a excepción de que exista en el lugar un Juzgado de Paz y la reclamación sea inferior a 90 euros.
2.- Carácter y tratamiento procesal de las normas sobre competencia objetiva: Las normas sobre competencia objetiva deben tener rango de ley, y son de derecho imperativo, por lo que no pueden ser alteradas por la voluntad de las partes. La falta de competencia puede ser apreciada de oficio o a instancia de parte.
El Juez debe controlar su propia competencia para conocer del pleito, y si observa que se vulneran las normas sobre competencia objetiva, debe abstenerse de conocer del asunto e indicar qué juzgado o tribunal considera que es el competente para hacerlo. En este caso, el Secretario judicial dará vista a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de diez días, resolviendo el Tribunal por medio de auto Si el Juez no lo hiciera, y la falta de competencia objetiva fuera apreciada por un tribunal que conozca del asunto en segunda instancia (o en trámite de recurso extraordinario), éste puede determinar que el órgano jurisdiccional ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, y en ese caso decretará la nulidad de todo lo actuado.
B) A instancia de parte: la declinatoria.
Cuando se vulnera un presupuesto o requisito procesal, el mecanismo de defensa son las excepciones procesales. En el ámbito de la falta de competencia recibe el nombre de declinatoria, y tiene un régimen especial frente a las demás excepciones procesales:  Legitimado: Únicamente pueden plantearla el demandado y aquellos que pudieran ser parte legítima en el juicio.
 Órgano judicial ante el que se propone: mismo tribunal que conoce del pleito y al que se considere carente de jurisdicción o competencia. Podrá presentarse también ante el tribunal del domicilio del demandado, que la hará llegar al tribunal competente, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación.
 Momento procesal: hay que interponerla dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda (juicio ordinario), o en los cinco primeros días posteriores a la citación para vista (juicio verbal).
   Efectos: Suspende el procedimiento hasta que se resuelva, a excepción de medidas cautelares o diligencias de aseguramiento de la prueba.
Fundamentación: Se utiliza para denunciar la falta de jurisdicción, así como la ausencia de competencia de todo tipo. Si la declinatoria se funda en la falta de competencia territorial, habrá de indicar el tribunal que se considera territorialmente competente.
Procedimiento: Al escrito de declinatoria habrán de acompañarse los documentos o principios de prueba en que se funde, dándose traslado del mismo al demandante, que dispondrá de cinco días para alegar y aportar lo que considere conveniente. Pasado dicho plazo, el Juez tiene un plazo de cinco días para resolver.
III.- COMPETENCIA FUNCIONAL.
Mientras que la competencia objetiva y territorial nos permite conocer ab initio qué Juzgado o tribunal ha de conocer de un proceso aún por iniciar, los criterios de competencia funcional nos permiten determinar quién es competente para conocer de las incidencias que pueden producirse en un proceso ya iniciado, y los eventuales recursos que se planteen.
Es un criterio que atiende a la existencia de diversas etapas o fases dentro del proceso, incluso a la tramitación de incidentes que pueden ocurrir en cada una de ellas.
2.- Principales manifestaciones de competencia funcional.
- Por conexión: Salvo norma en contrario, el tribunal competente para conocer de un pleito, lo será para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare.
- La competencia funcional para conocer de los recursos viene determinada por la LEC para cada tipo de recurso.
3.- Carácter y tratamiento procesal de las normas sobre competencia funcional.
Las normas sobre competencia funcional son indisponibles, las partes no pueden dejar de observar su cumplimiento.
A) De oficio. La única referencia en la LEC al control de oficio de la competencia funcional viene regulada en los recursos, cuando establece que no serán admitidos a trámite los recursos dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos.
B) A instancia de parte. No dice nada la LEC sobre la reclamación a instancia de parte por falta de competencia funcional, habría que entender que se interpondrá por medio de declinatoria, pues ésta sirve para denunciar la falta de todo tipo de competencia. El único problema es que el momento procesal no viene regulado expresamente para la competencia funcional.
IV.- COMPETENCIA TERRITORIAL.
Una vez decidido qué órgano jurisdiccional es competente dentro de los del orden jurisdiccional civil español, para conocer de un asunto en primera instancia (competencia objetiva), tendremos que individualizar qué Juzgado o Tribunal será competente para sustanciar un concreto litigio.
Para ello se ha articulado un criterio competencial basado en la división judicial del territorio español; este criterio se denomina competencia territorial. Judicialmente el territorio español se divide en Estado, CCAA, Provincias, Partidos judiciales, y Municipios.
2.- Criterios de atribución de la competencia territorial: los fueros.
Reglas que el legislador utiliza para atribuir la competencia territorial: a) Legales: Establecidos por la propia Ley.
b) Convencionales: Creados por las partes litigantes, mediante el acuerdo, expreso o tácito, de someter su litigio a un determinado órgano jurisdiccional. Hay materias que no pueden ser sometidas a fueros convencionales.
3.- Carácter y tratamiento procesal de las normas sobre competencia territorial.
Los fueros legales imperativos son de estricta observancia tanto por las partes como por el tribunal. Operan por dos causas: o por la especialidad del objeto del proceso, o porque haya que tramitar el asunto por los cauces del juicio verbal.
El tribunal únicamente puede controlar de oficio su competencia territorial cuando sea de aplicación un fuero imperativo. A instancia de parte la reclamación por falta de competencia territorial será mediante declinatoria.
El resto de los fueros son de carácter dispositivo, y por tanto no precisan ser observados por las partes, que pueden someterse voluntariamente a otros tribunales que tengan jurisdicción y competencia. Por ello, las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción.
4.- Fueros convencionales.
Cuando no exista un fueron legal imperativo las partes pueden someter el litigio al conocimiento de un Juez distinto del que territorialmente les correspondería, siempre que tenga jurisdicción, y competencia objetiva y funcional. Este pacto se denomina sumisión. Será:  Expresa: cuando las partes han acordado expresamente, y con precisión, antes del proceso someter su controversia a los tribunales de una determinada circunscripción territorial.
 Tácita: cuando no existe acuerdo previo, pero el demandante interpone su demanda ante un Juzgado o Tribunal, con competencia objetiva para conocer del litigio, pero que territorialmente no es el señalado por la Ley para resolver el asunto. El demandado, en vez de interponer declinatoria, realiza cualquier otro acto que conlleve la continuación del proceso. Se considera que ambas partes se someten voluntariamente a un fuero distinto del que les correspondía. También se considerará tácitamente sometido al demandado que, emplazado o citado en forma, no comparezca en juicio.
5.- Fueros legales.
Son los establecidos por la Ley. Pueden ser de dos tipos: A) Fueros legales imperativos. (leer) Casos en los que las partes no pueden variar la competencia territorial mediante sumisión expresa ni tácita. Tampoco opera el fuero legal general ni fueros especiales.
- En los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles será tribunal competente el del lugar en que esté sita la cosa litigiosa. Cuando la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes circunscripciones, será tribunal competente el de cualquiera de éstas, a elección del demandante.
- En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante.
- En los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces, incapacitados o declarados pródigos, será competente el tribunal del lugar en que éstos residan.
- En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate.
- En los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio, será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca.
- En los juicios en materia de propiedad horizontal, será competente el tribunal del lugar en que radique la finca.
- En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor será competente el tribunal del lugar en que se causaron los daños.
- En materia de impugnación de acuerdos sociales será tribunal competente el del lugar del domicilio social.
- En los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante.
- En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante.
- En materia de patentes y marcas, será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia.
- En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativa, de cesación o de retractación, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, el de su domicilio; y si el demandado careciere de domicilio en el territorio español, el del lugar en que se hubiera realizado la adhesión.
- En las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relación con un procedimiento administrativo de apremio, será competente el tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones públicas en materia de competencia territorial - Cuando las normas del apartado anterior de este artículo no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente.
B) Fueros legales dispositivos.
A su vez son de dos clases: el fuero legal general y los especiales.
B.1.- Fuero legal general.
- De las personas físicas 1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, será Juez competente el de su residencia en dicho territorio.
2. En su defecto, en el lugar en que se encuentre dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si así tampoco se pudiera, en el lugar del domicilio del actor.
3. Los empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo, en cualquiera de ellos a elección del actor.
- De las personas jurídicas y de los entes sin personalidad 1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.
B.2.- Fueros legales especiales - En las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos será tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado, el del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes, o el del lugar donde se desempeñe la administración, a elección del actor.
- En las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será tribunal competente el que lo sea para conocer, o esté conociendo, de la obligación principal sobre que recayeren.
- En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de éste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor.
B.3.- Reglas especiales en los casos de acumulación de acciones y pluralidad de demandados - Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente - Cuando hubiere varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante.
TEMA 4: LAS PARTES PROCESALES I.- PARTES PROCESALES 1.- Concepto Parte procesal es aquel que pretende o contra quien se pretende la concesión de una tutela judicial concreta. Por ello las partes del proceso civil son dos: - El demandante (o actor): persona física o jurídica que interpone la demanda, solicitando una determinada tutela jurídica frente a otro; iniciando así el proceso civil.
- El demandado: persona (física o jurídica) contra la que se dirige la acción.
Se ejercita una pretensión que tiene como base un derecho o relación jurídica determinada; normalmente la relación procesal coincide con la de los titulares de la relación jurídica material que existe previa al proceso. Pero no siempre tiene por qué ser así, pues hay supuestos en los que las partes procesales no coinciden con las partes de la relación jurídicomaterial (ej.: reclamación a una compañía de seguros por tercero). La condición de parte procesal supone la asunción por las mismas de las expectativas y cargas inherentes al proceso y la afección al pronunciamiento jurisdiccional. Sólo las partes procesales asumen las expectativas y cargas que el proceso comporta. No es parte quien acuda al proceso en representación de otro, pues no defiende un interés personal.
El momento procesal para delimitar subjetivamente las partes es el de admisión de la demanda, por el cual se tiene por personado al demandante y, a su vez, también delimitado la persona contra la que se dirige la demanda (demandado). Puede que una vez iniciado el proceso, esta delimitación subjetiva se modifique, y alguien que en principio sería un tercero ajeno al proceso, pase a entrar en el mismo como litigante, ocupando la posición de parte, por tener un interés legítimo en el litigio; entrada que puede ser voluntaria o provocada por uno de los litigantes originarios. Son los casos de sucesión procesal y de intervención procesal.
Para ser parte en un proceso se exige tener capacidad para ser parte procesal, capacidad de obrar procesal y capacidad de postulación.
2.- Dualidad de posiciones.
El principio de dualidad significa que el proceso se entabla necesariamente entre dos partes enfrentadas. Cada parte, sin embargo, puede integrarse a su vez por una pluralidad de miembros. Todo aquél que no se integre en una de las dos partes, aunque intervengan en el proceso, tendrá la condición de tercero (testigos, peritos, etc.).
II.- CAPACIDAD PROCESAL.
1.- Capacidad para ser parte Actitud genérica, otorgada en abstracto para ser titular de la relación jurídica procesal, bien como demandante o bien como demandado, para ser titular en nombre propio, de los derechos y facultades procesales, y a su vez, para asumir obligaciones y cargas de naturaleza procesal que se generen en el proceso. En definitiva, implica la aptitud para ser titular de todos los derechos procesales y asumir las cargas y responsabilidades inherentes al proceso civil.
La capacidad para ser parte coincide con la capacidad jurídica que otorga el Derecho Civil: a quien el C.c. le reconoce capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, la LEC le reconoce la capacidad de ser titular de derechos procesales y de asumir cargas procesales. Por ello, podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles: - Las personas físicas.
- El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
- Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular sea privado de sus facultades de disposición y administración.
- Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca esta capacidad.
- El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que haya de intervenir como parte.
- Los grupos de consumidores o usuarios afectados cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de afectados.
- Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los participes, podrán ser demandadas. En todo caso, las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado.
2.- Capacidad de obrar procesal.
Puede definirse como la capacidad para comparecer por sí mismo válidamente en el proceso (coincide con la capacidad de obrar civil). Por eso la regla general: Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
Pero hay supuestos en los que la persona que no puede comparecer por sí mismo, debe hacerlo por representante; estos supuestos de integración de la capacidad de obrar (representación legal) son: - Personas físicas que no se encuentren en plenitud de ejercicio de sus derechos civiles: habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley. Si no hubiere persona que legalmente la represente o asista para comparecer en juicio, el tribunal le nombrará, un defensor judicial, que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona. Mientras se designa el defensor judicial, asume la representación del incapaz el Ministerio Fiscal.
- Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido- Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen.
- Por las masas patrimoniales o patrimonios separados comparecerán en juicio por medio de quienes, conforme a la ley, las administren - Las entidades sin personalidad comparecerán en juicio por medio de las personas quienes la ley, en cada caso, atribuya la representación en juicio de dichas entidades.
- Por las entidades sin personalidad comparecerán en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros Personas sometidas a concurso: se regirán por lo establecido en la Ley Concursal.
III.- LEGITIMACIÓN La legitimación "ad causam" es una condición para el ejercicio de la acción que implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad de derecho que se cuestione; esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.
Es un presupuesto de la acción: para dictar una sentencia sobre el fondo del asunto se requerirá legitimación activa por la parte demandante, y legitimación pasiva por la parte demandada. Otorga válidamente a un sujeto, en una relación jurídica procesal, la posición de demandante si es el titular del derecho cuya tutela se pide al Juez o tribunal, o bien la de demandado si es la persona concreta contra la que debe pedirse dicha tutela jurisdiccional.
El artículo 10 LEC considera “partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular”.
Distingue dos tipos de legitimación, dependiendo de la relación del sujeto que interviene en el proceso con el objeto de dicho proceso: ordinaria y extraordinaria.
A) Legitimación ordinaria.
Cuando las partes del proceso coinciden con los titulares de la relación jurídicomaterial subyacente. Se visualiza en una perspectiva de relación objetiva, entre el demandante y el objeto del proceso; más concretamente entre el derecho o situación jurídica en que se fundamenta la pretensión y el efecto jurídico pretendido. En su versión ordinaria se estructura en la afirmación de la titularidad de un derecho o situación jurídica coherente con el resultado jurídico pretendido en el "petitum" de la demanda.
En este caso el titular del derecho subjetivo privado (acreedor) coincide con el demandante, y el titular de la obligación (deudor), con el demandado.
Hay casos en que en el proceso no se discute la titularidad de un derecho subjetivo privado, siendo la LEC la que concede la legitimación de forma ordinaria, para que puedan ejercer una acción en atención a encontrarse los sujetos a los que se concede en una determinada situación jurídica donde existe un interés legítimo en obtener la tutela jurisdiccional que se pretende (ej.: los legitimados para ejercer una acción de incapacitación son únicamente los que establece el artículo 757.1 LEC).
Estos supuestos de legitimación otorgada legalmente de forma directa también son casos de legitimación ordinaria.
B) Legitimación extraordinaria.
Se concede a personas que no son titulares de la relación jurídico-material de la que trae causa el proceso. Se le denomina también legitimación indirecta, pues el que la ostenta no reclama un derecho o interés legítimo propio, sino de un tercero.
 Sustitución procesal: ejercicio en nombre propio de una acción por persona distinta del titular de la misma y por subrogación en la posición jurídica de éste, a través del cual la resolución que recaiga en el proceso (en que su interés jurídico ha sido asumido por el subrogado) le afectará como si él personalmente hubiese ejercitado la acción.
 Que exista un interés privado común.
Ejemplo: en un caso de cooperativa agraria, el juzgado reconoció su legitimación "ad causam" para reclamar por sí misma y en protección del interés colectivo de los socios la indemnización de los perjuicios sufridos por éstos o en sus cosechas a causa de productos defectuosos proporcionados a los mismos y adquiridos de un proveedor.
 Que exista un interés público.
En los dos últimos casos se trata de aplicar la misma regla que se aplica a cualquier sujeto de derecho a fin de reconocerle aptitud para ser parte en un proceso. Para poder considerar procesalmente legitimada a una persona que en principio parecería un tercero, no sólo debe acreditar estar defendiendo un interés colectivo o realizando determinada actividad, sino que debe existir un vínculo especial y concreto entre con el objeto del debate. Vínculo que habrá de calibrarse en cada caso y que se plasma en la noción de interés profesional o económico, traducible en una ventaja o beneficio cierto, cualificado y específico derivado de la estimación del recurso.
IV.- PLURALIDAD DE PARTES.
Se habla de pluralidad de partes cuando en la posición de demandante o demandado, o incluso en ambas a la vez, se integran más de una persona legitimadas. Hay dos supuestos: pluralidad de partes inicial, que se denomina litisconsorcio; y pluralidad de partes sobrevenida, que se denomina intervención procesal.
EL LITISCONSORCIO Cuando en una parte procesal se produce una pluralidad de integrantes, se unen bajo una figura procesal llamada litisconsorcio. Los efectos del litisconsorcio es que todas las acciones ejercitadas se sustancian en el mismo proceso y se deciden en una única sentencia.
Puede ser activo (pluralidad de demandantes), pasivo (demandados), o mixto. Podrá ser: - Voluntario: cuando se integran en una misma parte de manera voluntaria - Necesario: cuando el ordenamiento impone que la demanda se interponga contra varios sujetos, en razón al objeto del proceso.
1.- Litisconsorcio activo.
Supone la pluralidad de integrantes en la posición procesal de actor o demandante. Es siempre voluntario, ya que la decisión de interponer una demanda es un acto voluntario de los actores. Se produce cuando varios demandante deciden demandar a un solo demandado, por lo que supone la acumulación subjetiva de varias acciones individuales en una misma demanda; siendo necesario que exista un nexo común a dichas acciones: se entiende que el título o causa de pedir es idéntico cuando las acciones se fundamenten en los mismos hechos.
Además se exige para constituir el litisconsorcio voluntario que se cumplan todos los requisitos procesales exigidos en la LEC referidos a la acumulación de acciones.
2.- Litisconsorcio pasivo.
Supone que se interponga la demanda contra varios demandados. En este caso puede ser tanto voluntario como necesario.
Será litisconsorcio pasivo necesario, cuando la Ley exija que la demanda se interponga contra varias personas a la vez. Es el llamado litisconsorcio pasivo propio (obligaciones indivisibles). El litisconsorcio pasivo necesario exige llamar al juicio a todas las personas interesadas directamente o que puedan resultar afectadas por la solución que se dicte en el proceso, tratándose de una exigencia de naturaleza procesal fundamentada en la necesidad de cumplir con el principio de audiencia evitando la indefensión, al tiempo que se robustece la eficacia del proceso mediante la exclusión de resultados procesales prácticamente inútiles por no poder hacerse efectivos contra los que no fueron llamados a juicio y se impiden sentencias contradictorias no solo por diferentes sino además por incompatibles.
No demandar a todas las personas que deberían figurar en la demanda supone la falta de un presupuesto procesal, y se puede alegar como excepción procesal por los demandados.
Será voluntario cuando la Ley no obligue a que se demande a más de una persona, pero el demandante quiera ejercer su pretensión interponiendo la demanda contra más de un demandado. Es el llamado litisconsorcio pasivo impropio (ej.: obligados solidarios).
3.- Intervención de terceros.
Entrada de una persona, en un proceso ya iniciado, respecto al cual era un tercero ajeno a las partes. Tiene su fundamento en que la sentencia que resolverá la pretensión le afectará, de modo directo o indirecto. Hay dos clases: A) Intervención voluntaria.
Cuando el tercero solicita voluntariamente ser parte del proceso ya iniciado. Deberá acreditar un interés legítimo en el resultado del pleito. Si se le admite, pasa a asumir la condición de parte en el proceso. Dos supuestos: - Intervención litisconsorcial: el tercero afirma ser cotitular de la relación jurídico-material deducida en el proceso. Tiene un interés directo en el resultado del proceso, porque a su vez es titular de la relación jurídico material que se discute en dicho proceso.
Intervención adhesiva simple: el tercero solicita entrar en el proceso como parte, pero no es titular de la relación jurídico-material que subyace tras la relación procesal, sino que es titular de una relación jurídica material dependiente de la originaria. Tiene un interés indirecto en el resultado del proceso, pero es un interés cualificado, porque el resultado acabará afectando a su relación jurídica (eficacia refleja de la cosa juzgada). Ej.: un notario que interviene en un proceso entre coherederos por nulidad de testamento por defecto de forma.
La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.
También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa, que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el proceso. El Secretario judicial dará traslado de éstas a las demás partes, por plazo de cinco días. El interviniente podrá utilizar los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.
B) Intervención provocada.
Son las partes originarias quienes solicitan la entrada de un tercero en el proceso y que pase a tener la condición de parte (ej.: un heredero es demandado por deudas de la herencia, y llama a los demás coherederos para que pasen a ser también demandados).
El tercero no asume una obligación, sino una carga, pues si no quiere intervenir no tiene por qué hacerlo, pero asume las consecuencias que esa no intervención le depare tras el resultado del proceso.
Si es el demandante quien solicita la intervención de un tercero, debe realizar su solicitud en la demanda (ej.: demanda a inquilino de un piso por realizar obras y causar grietas en la pared: puede demandar al inquilino, y a su vez pedir que el propietario sea llamado al proceso en calidad de interviniente y ocupe la posición de demandado).
Si el demandado es quien lo solicita, ha de hacerlo en el plazo para contestar a la demanda (en los procesos que se sustancian por los trámites del juicio ordinario; si es verbal, debe hacerlo como máximo un día antes de la vista).
Cuando la Ley permita al demandado llamar a un tercero para que intervenga en el proceso, solicitará del Tribunal que sea notificada al tercero la pendencia del juicio. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo otorgado para contestar a la demanda o, cuando se trate de juicio verbal, al menos cinco días antes de la vista. El Secretario judicial ordenará la interrupción del plazo para contestar a la demanda o la suspensión del acto de juicio en caso de que éste fuera verbal, y acordará oír al demandante en el plazo de diez días, resolviendo el Tribunal mediante auto.
V.- SUCESIÓN PROCESAL.
Cambio, en un proceso ya iniciado, de un sujeto que integraba una parte, por otro sujeto que pasa a integrar la misma parte. Este sujeto ahora pasa a ser titular de la relación jurídico-procesal, y el sujeto que antes era parte deja de serlo. Supuestos: A) Sucesión procesal por muerte: el fallecido deja de ser parte y el heredero pasa a ser parte. Sólo en casos donde el objeto del litigio se haya transmitido mortis causa.
- La persona o personas que sucedan al causante podrán continuar ocupando en dicho juicio la misma posición que éste, a todos los efectos - Comunicada la defunción de cualquier litigante, el Secretario judicial acordará la suspensión del proceso y dará traslado a las demás partes. Acreditados la defunción y el título sucesorio y cumplidos los trámites pertinentes, se tendrá por personado al sucesor en nombre del difunto, teniéndolo el Tribunal en cuenta en la sentencia.
Cuando la defunción conste al Tribunal que conoce del asunto y no se personare el sucesor en el plazo de los cinco días siguientes, el Secretario permitirá a las demás partes pedir, con identificación de los sucesores y de su domicilio o residencia, que se les notifique la existencia del proceso, emplazándoles para comparecer en diez días Cuando el fallecido sea el demandado y las demás partes no conozcan a los sucesores o éstos no pudan ser localizados o no quisieran comparecer, el proceso seguirá adelante, declarándose por el Secretario judicial la rebeldía de la parte demandada.
- Si el fallecido fuese el demandante y sus sucesores no se personasen, se tendrá por desistido y dictará el Secretario judicial decreto en el que se ordene el archivo de las actuaciones, salvo que el demandado se opusiere. Si se debiese a que no quisieran comparecer, se entenderá que renuncia.
B) Sucesión por transmisión inter vivos del objeto litigioso: - Cuando se haya transmitido lo que sea objeto del mismo, el adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. El Secretario judicial dictará diligencia de ordenación por la que acordará la suspensión de las actuaciones y otorgará un plazo de diez días a la otra parte para que alegue lo que a su derecho convenga.
- Si ésta no se opusiere dentro de dicho plazo, el Secretario judicial, mediante decreto, alzará la suspensión y dispondrá que el adquiriente ocupe en el juicio la posición que el transmitente tuviese en él. Si hay oposición, resuelve el Juez mediante auto.
- La sucesión procesal derivada de la enajenación de bienes y derechos litigiosos en procedimientos de concurso se regirá por lo establecido en la Ley Concursal.
C) Sucesión en los casos de intervención provocada: - Cuando el demandado estima que es un tercero el que debe ocupar su posición; si se estima por el tribunal, el demandado deja de serlo y el tercero pasa a ser demandado.
- De la solicitud presentada por el demandado se dará traslado por el Secretario judicial a las demás partes para que aleguen lo que a su derecho convenga, por plazo de cinco días, resolviendo el Tribunal por medio de auto.
- VI.- POSTULACIÓN.
Supone la representación y defensa de la parte, de cara al proceso, por profesionales del Derecho. Exceptuando las especialidades del proceso laboral, en los demás órdenes jurisdiccionales la representación procesal la ejerce el Procurador y la Defensa el Abogado.
Cuando, no resultando preceptiva la intervención de abogado y procurador, el demandante pretendiere comparecer por si mismo y ser defendido por abogado, o ser representado por procurador, o ser asistido por ambos profesionales a la vez, lo hará constar así en la demanda.
La comparecencia en juicio será por medio de Procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio. Excepciones: podrán los litigantes comparecer por si mismos - En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2000 euros y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
- En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas.
- En los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
Para que el Procurador pueda representar al litigante, debe acreditarse la representación mediante: a) Poder notarial.
b) Apoderamiento apud acta ante el Secretario Judicial en la Oficina Judicial.
c) Designación de Procurador del turno de oficio por el Colegio de Procuradores.
El poder puede ser general para pleitos o poder especial para un asunto concreto o porque la LEC lo exija para determinados actos procesales.
Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado. Exceptúanse solamente: Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2000 euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
TEMA 6: LA DEMANDA I.- EL ACTO PROCESAL DE DEMANDA 1.- Concepto.
Acto procesal de parte por el que se ejercita el derecho de acción y se interpone la pretensión, dando inicio al proceso.
2.- Estructura e identificación de la acción.
Podemos distinguir en la demanda cuatro partes necesarias, a la que cabe añadir una más de carácter accesorio (que no necesariamente tiene por que reflejarse en todas las demandas, sólo cuando haga falta). Partes necesarias:  Encabezamiento.
Es el comienzo de la demanda. En él hay que determinar: o El órgano jurísdiccional que estimamos competente, objetiva y territorialmente.
o A continuación, procedemos a la designación de las partes, comenzando con la identificación del demandante, indicando sus datos personales y domicilio de notificaciones en caso de actuar sin representación procesal. En caso de intervenir Procurador y Abogado debe designarse expresamente a ambos profesionales.
Posteriormente se identifica a la parte demandada indicando cuantos datos esenciales conozcamos para su identificación (artículo 155 LEC).
o Se indica en el encabezamiento qué tipo de acción se ejercita contra el demandado.
 Hechos.
Suponen el relato fáctico en el que basamos la pretensión. Los hechos deben describirse de forma separada respecto a los fundamentos jurídicos. Se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar.
Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones o razonamientos si parecen convenientes para el litigante.
 Fundamentos de Derecho.
El demandante debe fundamentar su pretensión. Hay que separar por un lado los fundamentos jurídicos de carácter procesal de los relativos al fondo del asunto: o Jurisdicción y competencia o Postulación o Clase de procedimiento o Legitimación.
o Costas (suele ser el último apartado de los fundamentos de Derecho) Los referentes al fondo del asunto son aquellas normas sustantivas en las que se basa mi pretensión.
 El Suplico (o petición).
Es la parte final de la demanda donde se concreta qué tipo de acción ejercito y qué tutela jurisdiccional solicito concretamente. Una vez redactados los anteriores apartados, la demanda debe fecharse, firmarse y rubricarse por el demandante; si intervienen Abogado y Procurador, serán éstos quienes firmen y rubriquen.
Puede incluirse un último apartado, antes de las firmas, denominado “Otrosí”, destinado a incluir peticiones de carácter accesorio (ej.: que se emplace a la parte para proceder al apoderamiento apud acta del Procurador, cuando no hemos otorgado poder notarial previamente).
3.- Determinación del valor.
Teniendo en cuenta que el tipo de proceso puede fijarse en atención a la cuantía reclamada, el actor deberá cuantificar el valor de la pretensión en su demanda, siendo una exigencia legal de inexcusable cumplimiento. La cuantificación se hará conforme a los artículos 251 a 253 LEC y es revisable de oficio por el Secretario Judicial.
4.- Documentos que se han de acompañar a la demanda.
A) Procesales: o Acreditación de la representación procesal: hay que acompañar el poder del Procurador cuando la representación se otorga por alguno de estos dos medios.
o Acreditación de la representación legal que se atribuye el demandante, salvo cuando sea una persona física mayor de 18 años en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
o Documentos o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa.
o Cuando se exija al demandante haber interpuesto reclamación administrativa u acto de conciliación previos, debe acompañarse a la demanda los documentos justificativos de haber intentado estos actos procesales.
o Documento acreditativo de haber liquidado la tasa judicial.
La consecuencia de la no aportación de los documentos procesales exigidos es que no se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas, o no se hayan intentado conciliaciones, o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.
Todos aquellos relativos a probar la cuestión objeto del proceso que según la LEC tengan la consideración de documentos. A toda demanda habrán de acompañarse: o Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial.
o Los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas relevantes para el proceso.
o Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase.
o Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones. En caso de que alguna sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que aportar el dictamen con la demanda o la contestación, sino simplemente anunciarlo.
o Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada habilitados.
La no aportación de los documentos de carácter material que sirvan para fundamentar la pretensión, y que estuvieran (o pudieran haber estado) en poder del actor en el momento de interponer la demanda no implica la inadmisión de la demanda; pero conlleva que precluya la posibilidad de su aportación al proceso.
C) Documentos exigidos por la Ley en determinados procesos.
o Proceso por responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados por daños y perjuicios causados en el ejercicio de sus funciones: certificaciones y testimonios que acrediten haber terminado el proceso y haberse en él reclamado o recurrido.
o Proceso de reclamación de alimentos entre parientes: Los documentos que justifiquen cumplidamente el título en cuya virtud se piden alimentos.
o Proceso de retracto: Los documentos que constituyan un principio de prueba del título en que se funde la demanda de retracto.
o Procesos sobre posesión de bienes adquiridos mortis causa: El documento en que conste fehacientemente la sucesión mortis causa en favor del demandante, así como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario.
o Aquellos otros documentos que esta u otra Ley exija expresamente para la admisión de la demanda (ej.: La certificación del matrimonio en el proceso de nulidad, separación o divorcio).
La consecuencia de la no aportación de estos documentos exigidos es que no se admitirá la demanda a trámite por el Secretario Judicial.
5.- Efectos de la demanda.
Una vez presentada la demanda, el Secretario Judicial, previa a su admisión a trámite, controlará que reúne todos los requisitos necesarios para su admisión, pues únicamente podrá inadmitirse a trámite una demanda en los casos y por las causas expresamente reguladas.
El Secretario judicial, examinada la demanda, dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días.
Dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión en los siguientes casos: o Cuando estime falta de jurisdicción o competencia del Tribunal o Cuando la demanda adoleciese de defectos formales y no se hubiesen subsanado por el actor en el plazo concedido para ello por el Secretario judicial.
La interposición de la demanda (siempre que sea admitida a trámite) da inicio al proceso y produce una serie de efectos jurídicos en la interacción de las partes y el Juez, que se denomina genéricamente listipendencia. Se concreta en los siguientes efectos:  Efectos procesales: a) Perpetuatio iurisdictionis: Las alteraciones que una vez iniciado el proceso, se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del juicio no modificarán la jurisdicción y la competencia, que se determinarán según lo que se acredite en el momento inicial de la litispendencia.
b) Prohibición de mutatio libelli: no se puede modificar el contenido esencial de la demanda durante su tramitación procesal, sin perjuicio de poder formular alegaciones complementarias, en los términos previstos en la Ley. El contenido esencial viene determinado por el tipo de tutela jurisdiccional que se pida y los motivos en los que se fundamente la pretensión.
c) Litispendencia en sentido estricto: imposibilidad de iniciar un nuevo proceso entre las mismas partes y con el mismo objeto. Es una excepción dirigida a impedir la simultánea tramitación de dos procesos; es una institución presuntiva y tutelar de la cosa juzgada o de la univocidad procesal y del legítimo derecho de quien la esgrime a no quedar sometido a un doble litigio. La litispendencia exige identidad subjetiva, objetiva y causal entre el pleito en que se alega y otro anterior, es un anticipo de dicha figura procesal de la cosa juzgada, y por ello se exige, sin variación, alguna la identidad de ambos procesos a los sujetos, a las cosas en litigio y a la causa de pedir".
 Efectos sustantivos: También conlleva una serie de efectos materiales, como la constitución en mora del demandado, el carácter de litigioso de los bienes reclamados, o la interrupción de la prescripción de la acción ejercitada.
II.- DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL PROCESO EN LA DEMANDA.
1.- Concepto y fundamento El objeto del proceso es la pretensión, esto es, aquella concreta tutela jurisdiccional que se solicita. La naturaleza de la pretensión determinará necesariamente la del proceso.
2.- Delimitación.
Los elementos identificadores del objeto del proceso son dos: A) El petitum: Petición de tutela jurisdiccional que se solicita por el demandante al tribunal; puede ser declarativa (meramente declarativa, constitutiva, y condenatoria), ejecutiva o cautelar.
B) La causa petendi: Fundamento de la pretensión, referido a los hechos constitutivos jurídicamente relevantes, aquellos que conforman el supuesto fáctico de la norma cuya alegación hace el actor con base a la consecuencia jurídica que pide, de modo que de su alegación y prueba dependerá la estimación de la demanda. Complementariamente hay que tener en cuenta los hechos identificadores, que ayudan a individualizar la pretensión frente a otras similares.
3.- Clases de pretensiones.
a) Declarativa: se sustancia en un proceso en el que se solicita al juez una declaración o enjuiciamiento que suponga la preservación de derechos, intereses o situaciones jurídicas de derecho privado. A su vez la pretensión declarativa puede ser: a. Condenatoria: Se solicita al tribunal que declare la existencia de una prestación a cargo del demandado e imponga su cumplimiento. La sentencia es suficiente para iniciar un proceso de ejecución en caso de incumplimiento.
b. Constitutiva: El demandante persigue la creación, modificación o extinción de una situación jurídica (ej.: solicitar al tribunal que se reconozca mi condición de heredero).
c. Declarativa propiamente dicha: El conflicto se resuelve con una mera declaración judicial que satisface la tutela judicial pretendida. No modifica ni sustituye ninguna situación jurídica (ej.: instar la nulidad de una determinada cláusula contractual).
b) Ejecutivas: Se sustancian en el proceso de ejecución. El actor pretende la imposición al demandado, contra su voluntad y por medios coercitivos, del cumplimiento de una declaración de condena preexistente, e inserta en un título de los que según la LEC lleva aparejada ejecución.
c) Cautelares: Se sustancia en el proceso cautelar, y lo que pretende el demandante es el aseguramiento de una futura sentencia de condena.
III.- AMPLIACIÓN DEL OBJETO PROCESAL.
1.- ACUMULACION DE ACCIONES A) Concepto.
Supone el ejercicio conjunto por el demandante de dos o más acciones, de manera que se tramiten conjuntamente en un único proceso y se resuelva en una única sentencia.
B) Clases:  Objetiva: El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que no sean incompatibles.
 Subjetiva: Podrán acumularse las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos.
C) Requisitos:  Iniciativa del demandante: sólo puede solicitar acumulación de acciones el actor.
 Competencia y jurisdicción: el Tribunal que deba entender de la acción principal debe poseer jurisdicción y competencia por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas.
 Compatibilidad procesal: o que la Ley no prohíba la acumulación por razón de la materia del juicio o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir.
o que las acciones acumuladas se tramiten por el mismo cauce procedimental. Cuando sean pleitos por razón de la cuantía, debe tenerse en cuenta que a una acción que deba tramitarse por el juicio ordinario, puede acumularse una que deba tramitarse por los cauces del juicio verbal, pero no al revés.
 Compatibilidad sustantiva: Que las acciones no se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí. Sin embargo, el actor podrá acumular eventualmente acciones incompatibles, con expresión de la acción principal y de aquella otra u otras que ejercita para el solo evento de que la principal no se estime fundada.
 Conexión objetiva o subjetiva entre las acciones ejercitadas. También se acumularán en una misma demanda distintas acciones cuando así lo dispongan las Leyes, para casos determinados.
 Momento procesal: No se permite la acumulación de acciones una vez contestada la demanda. Pero antes de la contestación sí podrá ampliarse la demanda para acumular nuevas acciones a las ya ejercitadas o para dirigirlas contra nuevos demandados. El plazo para contestar a la demanda se volverá a contar desde el traslado de la ampliación.
 Control de la indebida acumulación: puede controlarse de oficio o a instancia de parte.
- De oficio: si el Secretario Judicial aprecia una acumulación indebida, se lo manifestará al demandante para que pueda alegar lo que a su derecho convenga, y finalmente será el tribunal quien resuelva sobre la admisión o no de la demanda.
- A instancia de parte: puede oponerse el demandado en la contestación a la demanda en el juicio ordinario, y al comienzo de la vista en el juicio verbal. Resuelve el tribunal lo que proceda en ambos casos.
D) Efecto.
La acumulación de acciones admitida producirá el efecto de discutirse todas en un mismo procedimiento y resolverse en una sola sentencia.
2.- LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.
Partimos de la regla general que la demanda, una vez admitida a trámite por el tribunal, no puede modificarse. Pero podemos encontrarnos dos excepciones: a) Acumulación de acciones sobrevenida: Antes de la contestación podrá ampliarse la demanda para acumular nuevas acciones a las ya ejercitadas o para dirigirlas contra nuevos demandados. En tal caso, el plazo para contestar a la demanda se volverá a contar desde el traslado de la ampliación de la demanda.
b) Alegaciones complementarias: Si precluidos los actos de alegación previstos en esta Ley y antes de comenzar a transcurrir el plazo para dictar sentencia, ocurriese o se conociese algún hecho relevante para la decisión del pleito, las partes lo podrán hacer valer, alegándolo de inmediato por medio de escrito de ampliación de hechos, salvo que la alegación pudiera hacerse en el acto del juicio o vista, sea por hechos nuevos, o hechos anteriores a la presentación de la demanda que se haya tenido posterior conocimiento.
3.- ACUMULACIÓN DE PROCESOS.
Dos o más procesos ya iniciados de forma independiente se unen en un procedimiento y se resuelven en una única sentencia. Puede ser acordada a instancia de parte o de oficio.
B) Presupuestos de admisibilidad 1º) Legitimación: o Regla general: puede solicitar la acumulación cualquiera que tenga la condición de parte en alguno de los procesos que se pretenda acumular.
o Excepcionalmente, puede un tribunal acordar de oficio la acumulación de procesos cuando sean incoados para proteger derechos de consumidores y usuarios, o en algunos casos de Derecho societario. También puede acordar el secretario judicial la acumulación de procesos de ejecución seguidos entre mismo acreedor y deudor.
2º) Conexión entre los procesos: - La sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro.
- Entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.
3º) Requisitos procesales:  Identidad del cauce procedimental: Sólo procederá la acumulación de procesos declarativos que se sustancien por los mismos trámites o cuya tramitación pueda unificarse sin pérdida de derechos procesales. Se entenderá que no hay pérdida cuando se acuerde la acumulación de un juicio ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los trámites del juicio ordinario, ordenando el Tribunal la acumulación, y de ser necesario, retrotraer hasta el momento de admisión de la demanda las actuaciones del juicio verbal que hubiere sido acumulado, para que siga los trámites previstos para el juicio ordinario.
 Respeto de las normas de competencia: o Cuando los procesos estuvieren pendientes ante distintos tribunales, no cabrá su acumulación si el tribunal del proceso más antiguo carece de competencia objetiva para conocer del proceso o procesos que se quieran acumular o Tampoco procederá la acumulación cuando la competencia territorial del tribunal que conozca del proceso más moderno tenga en la Ley carácter inderogable para las partes.
 Momento procesal oportuno: Para que sea admisible la acumulación de procesos será preciso que se encuentren en primera instancia, y que en ninguno haya finalizado el juicio.
C) Competencia para conocer del proceso acumulado.
Se atribuye al tribunal que estuviera conociendo del proceso más antiguo, que será ante quien se formule la petición de acumulación de procesos.
D) Procedimiento para efectuar la acumulación de procesos.
 Con procesos pendientes ante el mismo tribunal.
- A instancia de parte: la solicitud se formalizará por escrito, en el que se señalarán los procesos a acumular y el estado procesal en que se encuentran, exponiéndose las razones que justifican la acumulación. Se da traslado de la solicitud a las partes personadas, y si la petición cumple los requisitos y hay acuerdo entre las partes, el tribunal estimará la acumulación. Si no, resuelve el tribunal mediante auto.
- De oficio: el tribunal resuelve mediante auto, previa audiencia a las partes.
- Mientras se resuelve la acumulación no se suspende el curso de los procesos iniciados, excepto el acto del juicio (ordinario) o vista (verbal).
Aceptada la acumulación, el tribunal ordenará que los procesos más modernos se unan a los más antiguos, para que continúen sustanciándose en un solo procedimiento o los mismos trámites y se decidan en una misma sentencia. Si no se encontraran en la misma fase procedimental, el Secretario acordará la suspensión de los que se encuentren más avanzados, hasta que todos estén igualados.
 Con procesos pendientes ante distintos tribunales La primera parte de la tramitación es básicamente similar a la anterior, aunque el solicitante tendrá que señalar además qué tribunal conoce de cada proceso.
Si el tribunal decide admitir la acumulación, mandará en el mismo auto dirigir oficio al que conozca del otro pleito, requiriendo la acumulación y la remisión de los correspondientes procesos. Se da traslado a las partes litigantes para que puedan alegar.
Si el tribunal requerido se niega a la acumulación solicitada, dirimirá la controversia el órgano jurisdiccional superior.
- TEMA 7: POSICIONES DEL DEMANDADO ANTE LA DEMANDA I.- LA CONTESTACION A LA DEMANDA.
1.- Concepto Ante una demanda, el demandado puede: - Mantener una actitud totalmente pasiva: ni contestar ni personarse (rebeldía) - Personarse en la causa pero no contestar.
- Contestar a la demanda; aquí caben a su vez tres tipos de contestación: o Allanarse a la pretensión del demandante o Contestar limitando a oponerse a lo solicitado por el demandante o Contestar oponiéndose a la pretensión del demandante y a la vez introduciendo una nueva pretensión contra el demandante.
La contestación a la demanda es un acto procesal de parte, por el que responde a la pretensión ejercida por el actor en su demanda. Mediante la contestación a la demanda ya se determina de forma definitiva el objeto del proceso; el demandado puede oponerse, o bien puede aquietarse con lo solicitado en la demanda.
Se redacta en la misma forma que la demanda, y el demandado debe negar o admitir expresamente los hechos aducidos por el actor, pues el tribunal podrá considerar que el silencio, o las respuestas evasivas del demandado suponen admisión tácita de aquellos hechos, deducidos en la demanda, que le sean perjudiciales.
La oposición del demandado puede ser de carácter material, sobre el fondo del asunto (cuestiones de derecho sustantivo) o de carácter procesal o formales.
2.- La oposición en la forma Mediante el ejercicio de las denominadas excepciones procesales, a través de las que el demandado alega la existencia de un obstáculo de naturaleza procesal, que impide la válida prosecución del proceso. Dichas excepciones son: - Falta de jurisdicción, falta de competencia.
- Ausencia de capacidad para ser parte, capacidad procesal o representación, y postulación.
- Falta de legitimación, que comprende también el litisconsorcio necesario.
- Litispendencia.
- Cosa juzgada.
- Defecto legal en el modo de proponer la demanda o la reconvención.
- Falta de reclamación previa o conciliación extrajudicial cuando sea obligatoria su celebración.
- Sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje.
Por regla general, los defectos procesales son subsanables, pero su no subsanación da lugar al archivo del procedimiento. Las excepciones procesales se resuelven en la audiencia previa del juicio ordinario y al comienzo de la vista en el verbal.
3.- La oposición en el fondo Supone que el demandado realiza unas alegaciones con las que busca no ser condenado en la sentencia. Esta oposición en el fondo puede articularse de dos maneras: A) Negar simplemente los hechos alegados por el actor.
La defensa del demandado se limitará en este caso a negar los hechos deducidos por el actor, y con esta actitud procesal provoca como efecto el que tales hechos pasan a considerarse controvertidos, esto es, necesitados de prueba.
B) Introducir hechos no alegados por el demandante, para contrarrestar la pretensión.
Hechos nuevos en los que el demandando basará su defensa, atacando la eficacia de los hechos constitutivos (en los que el demandante basa su demanda). Estos hechos serán: - Impeditivos: nacen a la vez que los hechos constitutivos alegados por el demandante, impidiendo que desplieguen su eficacia jurídica.
Ejemplo: Se celebra un contrato entre dos partes, pero en una de ellas concurre un vicio del consentimiento.
- Extintivos: son alegados por del demandado pero han nacido con posterioridad a los hechos constitutivos alegados por el demandante; no impiden que nazca el derecho alegado por el demandante, pero sí suprimen o extinguen su eficacia jurídica. El demandado afirma que con posterioridad al nacimiento del derecho alegado, se ha producido un hecho que, contemplado desde una norma jurídica, extingue los efectos de tal derecho.
Ejemplo: alegar el pago la compensación, que son formas de extinción de las obligaciones.
- Excluyentes: contra-derecho que permite paralizar, enervar o destruir la pretensión del actor.
Parten de la válida constitución de la relación jurídica pero son contemplados por una norma jurídica que permite al demandado con su alegación y prueba enervar o excluir la eficacia jurídica de los hechos constitutivos del derecho pretendido por el demandante.
Ejemplo: Se alega la prescripción de la acción.
4.- El allanamiento Supone que el demandado se aquieta total o parcialmente a la pretensión del demandante. Es uno de los modos de terminación anormal del proceso.
5.- Impugnación de la cuantía.
El demandado podrá impugnar la cuantía de la demanda cuando entienda que, de haberse determinado de forma correcta, el procedimiento a seguir sería otro, o resultaría procedente el recurso de casación.
En el juicio ordinario se impugnará la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía en la contestación a la demanda y la cuestión será resuelta en la audiencia previa al juicio. En el juicio verbal, el demandado impugnará la cuantía o la clase de juicio por razón de la cuantía en la vista, y el tribunal resolverá la cuestión en el acto, antes de entrar en el fondo del asunto y previo trámite de audiencia del actor II.- FALTA DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA La LEC permite en algunos casos que el demandado, una vez se le ha notificado la demanda, realice otros actos procesales de alegación distintos de la contestación a la demanda, como pueden ser la interposición de declinatoria o el planteamiento de una cuestión prejudicial. En ese caso, dicho acto de alegación tiene como efecto el suspender el plazo para contestar, hasta que se resuelva la nueva cuestión planteada por el demandado.
Si el demandado, en el plazo para contestar a la demanda, no realiza ningún acto de alegación de los permitidos por la Ley, y cumple el plazo sin contestar, el único efecto procesal que se produce en ese momento es que ha precluido su oportunidad de presentar alegaciones a los hechos alegados por el demandante. Tampoco podrá aportar extemporáneamente los documentos que tendría que haber aportado en el momento de la contestación, pero no significa ni admisión de los hechos ni rebeldía, pues el demandado no muestra su conformidad con la demanda, ni mantiene una inactividad total en el proceso desde que fue emplazado.
III.- REBELDÍA 1.- Concepto.
Situación procesal del demandado que, tras ser emplazado en tiempo y forma, muestra una actitud procesal inicial totalmente pasiva, ni contesta ni realiza ninguna otra actividad procesal. Esta incomparecencia total e inicial en el proceso motiva que se dicte una resolución judicial en la que se decreta la rebeldía del demandando.
Únicamente puede declararse en rebeldía a quien no comparezca ante este primer emplazamiento. Si realiza cualquier acto procesal, no se podrá declarar en rebeldía, incluso aunque posteriormente no realice ningún otro acto procesal.
2.- Declaración judicial de rebeldía.
Es una situación de hecho, que únicamente tiene efectos jurídicos cuando sea declarada de oficio por el Secretario Judicial o por el Tribunal y notificada al demandado, bien por correo o bien mediante edictos. Su principal consecuencia es que hecha esta notificación, no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso.
- No se le notificará ninguna resolución más, excepto la que ponga fin al proceso.
- El proceso continúa normalmente, teniéndose en cuenta sólo las alegaciones y pruebas presentadas por el actor, pues la rebeldía no implica allanamiento ni admisión de los hechos.
4.- El proceso y la sentencia dictada en rebeldía.
- Al demandado rebelde que, por carecer de domicilio conocido o hallarse en ignorado paradero, hubiese sido citado o emplazado para personarse mediante edictos, se le comunicará la pendencia del proceso, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, en cuanto se tenga noticia del lugar en que pueda llevarse a cabo la comunicación.
- La comparecencia extemporánea del demandado no implica retrotraer las actuaciones.
- Si en la audiencia previa del juicio ordinario el demandado continúa sin comparecer, y la única prueba solicitada por el demandante es de carácter documental, el tribunal puede, sin necesidad de señalar posterior juicio oral, declarar los actos conclusos para sentencia.
- La sentencia se le notificará personalmente en su domicilio, si es conocido, o por edictos en caso contrario.
- Contra la sentencia sólo podrá utilizar el recurso de apelación, y el extraordinario por infracción procesal o el de casación, cuando procedan, si los interpone dentro del plazo legal.
- En los casos previstos en la LEC, puede ejercer el recurso de revisión de sentencias firmes.
IV.- RECONVENCIÓN.
Acto procesal del demandado por el que introduce una pretensión en el proceso, en forma de demanda, dirigida contra el demandante originario. De manera que el demandado pasa a ser también actor, recibiendo el nombre de reconviniente. La jurisprudencia del TS tiene reiteradamente declarado que será considerada como reconvención cualquier petición del suplico de la contestación a la demanda que no sea limitarse a pedir la absolución.
- Legitimación activa: únicamente puede reconvenir el demandado.
- Legitimación pasiva: únicamente puede reconvenirse contra el demandante originario, excepto que el reconviniente entienda que un tercero deba ser litisconsorte del primero.
- Competencia: Se solicita ante el Juzgado que conoce de la demanda originaria. Este tribunal, para admitirla, ha de tener competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía.
- Momento procesal: en los veinte días para contestar a la demanda, en el proceso ordinario, y con al menos cinco días antes de la vista si estamos ante un juicio verbal.
- Forma: Se realizará en el escrito de contestación a la demanda (juicio ordinario) o en un escrito específico de reconvención (juicio verbal). En ambos casos debe cumplir todo lo dispuesto para la demanda tanto en el aspecto formal como en el contenido.
- Compatibilidad procesal: no cabe cuando la acción del demandado y reconviniente deba sustanciarse en juicio de diferente tipo o naturaleza. Como excepción, sí puede reconvenirse en un proceso ordinario una acción que se tendría que tramitar por juicio verbal.
- Conexión entre las pretensiones: Sólo se admitirá la reconvención si existe conexión entre la pretensión reconvenida y las que sean objeto de la demanda principal. La reconvención va ligada a lo principal, y aunque su tratamiento procesal sea autónomo, el fondo no goza de independencia absoluta: ambas cuestiones están vinculadas por la regla de la conexidad 3.- Contestación a la reconvención.
El actor reconvenido podrá contestar en el plazo de veinte días desde la notificación de la demanda reconvencional. Las pretensiones que deduzca el demandado en la contestación o en la reconvención se sustanciarán y resolverán al propio tiempo y en la misma forma que las que sean objeto de la demanda principal.
V.- OTROS ACTOS DE ALEGACIÓN.
1.- Escrito de ampliación.
Si precluidos los actos de alegación previstos en esta Ley y antes de comenzar a transcurrir el plazo para dictar sentencia, ocurriese o se conociese algún hecho de relevancia para la decisión del pleito, las partes lo podrán hacer valer, alegándolo de inmediato por medio de escrito de ampliación de hechos, salvo que pudiera hacerse en el acto del juicio o vista, en cuyo caso se llevará a cabo en dichos actos.
Del escrito de ampliación de hechos el Secretario judicial dará traslado a la parte contraria, para que, en el plazo de cinco días, reconozca el hecho alegado o lo niegue. Podrá aducir cuanto aclare o desvirtúe el hecho que se afirme en el escrito de ampliación.
Si el nuevo hecho no fuese reconocido como cierto, se propondrá y se practicará la prueba pertinente y útil del modo previsto en la Ley según la clase de procedimiento cuando fuere posible por el estado de las actuaciones. En otro caso, en el juicio ordinario, se estará a lo dispuesto sobre las diligencias finales.
TEMA 8: LA AUDIENCIA PREVIA AL JUICIO I.- LA AUDIENCIA PREVIA AL JUICIO.
1.- Concepto, finalidad y contenido básico.
Es un acto procesal propio y exclusivo del juicio ordinario (no existe en otro tipo de procedimiento civil), cuyo momento procesal se sitúa entre la contestación a la demanda y la fase de juicio. Este trámite procesal supone convocar, por el Secretario Judicial, una audiencia de las partes, una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo para ello, para celebrarse en el plazo de veinte días desde su convocatoria. La audiencia previa tiene cuatro finalidades: - La primera es ver si las partes pueden alcanzar un acuerdo o transacción que ponga fin al litigio. Por ello en la convocatoria de audiencia previa que realiza el secretario judicial se informará a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su decisión al respecto y las razones de la misma.
- En defecto de acuerdo, y si el proceso debe continuar, la segunda finalidad es estudiar si hay algún obstáculo de naturaleza procesal que impida la válida prosecución del proceso.
- En caso que no exista obstáculo alguno, la tercera finalidad es fijar con precisión los hechos delimitadores del objeto del proceso, sobre los que versará la práctica probatoria y los debates del posterior juicio oral.
- Por último, la cuarta finalidad es proponer los medios de prueba y resolver sobre su admisión o inadmisión.
II.- EXAMEN DE PRESUPUESTOS Y EXCECPIONES PROCESALES.
1.- Conciliación.
Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio. Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo acordado.
En este caso, el tribunal examinará la concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus representantes debidamente acreditados, que asistan al acto.
Si no hubo acuerdo, el tribunal podrá invitar a las partes a que intenten un acuerdo que ponga fin al proceso a través de un procedimiento de mediación, instándolas a que asistan a una sesión informativa.
2.- Asistencia de las partes.
La comparecencia de las partes es necesaria así como la de su abogado. En caso de incomparecencia, las consecuencias son distintas dependiendo de quién sea: - Incomparecencia de ambas partes: se levantará acta señalando dicho extremo, y sin más trámites se pondrá fin al proceso.
- Incomparecencia del demandante: se da por concluido el proceso, mediante archivo de actuaciones, y sin dictar sentencia sobre el fondo del asunto; salvo que el demandado alegue interés legítimo en que el pleito continúe.
- Incomparecencia del demandado: Se celebra la audiencia únicamente con el demandante.
- La comparecencia del abogado es obligatoria según ley, de forma que su incomparecencia tiene los mismos efectos que la incomparecencia de la parte a la que defienden.
Las partes pueden comparecer en este acto procesal bien personalmente o bien mediante su procurador, que deberá estar expresamente apoderado para renunciar, transigir o allanarse. Si la parte representada y su procurador no comparecen personalmente, esta incomparecencia tiene los mismos efectos que la del abogado.
3.- Examen de los presupuestos procesales.
Si no hubiera acuerdo entre las partes, el tribunal resolverá sobre cualquier circunstancia (excepciones procesales) que las partes hayan planteado, y pueda impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo: - Falta de capacidad de los litigantes o de representación. Si la alega el demandado, debe manifestarla previamente en la contestación a la demanda; si la alega el actor respecto al demandado, debe hacerlo directamente en la audiencia previa. Cuando el defecto de capacidad o representación se considere insubsanable, se dicta auto de sobreseimiento del proceso, igual que si se pasa el plazo para subsanarlo. Si se subsana, seguirá la audiencia previa su normal tramitación.
- Cosa juzgada o litispendencia. Si el Juez estima alguna de estas dos excepciones directamente dictará auto de sobreseimiento.
Falta del debido litisconsorcio pasivo. Supone que la relación procesal no está bien constituida. El actor podrá subsanarlo presentando en la misma audiencia demanda contra los sujetos que el demandado estima que también deberían haber sido demandados. Si el Juez estima que efectivamente estas personas deben ser demandadas, se suspende la audiencia previa, y serán llamados a juicio, dándoles traslado de la demanda. Si el actor se opone a la excepción, y no acude a la audiencia previa con el escrito de demanda, resolverá el tribunal, que si estima dicha excepción, concederá al actor un plazo no inferior a diez días para demandar a los litisconsortes.
Inadecuación del procedimiento. Si el demandado alega que el procedimiento debe sustanciarse por un cauce distinto al del juicio ordinario, en atención a la cuantía reclamada, pueden las partes alcanzar un acuerdo sobre el valor de la cosa litigiosa en la misma audiencia. Si resulta una cantidad superior a 6.000 euros continúa celebrándose la audiencia previa. Si resulta inferior concluye la audiencia, pues se deberá sustanciar por los trámites del juicio verbal, archivándose el juicio ordinario.
Si el defecto es por razón de la materia, estas normas son indisponibles y de obligatoria observancia, por lo que no cabe acuerdo entre las partes: El Juez decide el procedimiento adecuado. Si decide que es el juicio verbal, se acaba en la audiencia previa, se archiva el proceso ordinario y pasa a ventilarse por el cauce del juicio verbal, señalándose directamente día para la celebración de la vista.
- Defecto legal en el modo de proponer la demanda o reconvención, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de la petición que se deduzca. Se admitirá en el acto de la audiencia las aclaraciones o precisiones oportunas. En caso de no formularse aclaraciones y precisiones, el tribunal sólo decretará el sobreseimiento del pleito si no fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las pretensiones del actor o frente a qué sujetos jurídicos se formulan las pretensiones.
- Ausencia de jurisdicción o competencia, siempre que se hubiera planteado mediante declinatoria en tiempo y forma. No se puede alegar por el demandado, de manera sorpresiva, en la audiencia previa, aunque sí puede controlarla de oficio el tribunal.
Si se plantea más de una excepción procesal se deben resolver por el orden descrito anteriormente. El juez resuelve sobre las excepciones procesales de forma oral en el mismo acto de la audiencia previa, aunque cuando sea objeto de la audiencia más de una excepción procesal el tribunal, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia, se pronunciará en un mismo auto sobre todas las suscitadas que no resuelva oralmente en la misma audiencia.
- III.- DETERMINACIÓN DEL OBJETO PROCESAL.
1.- Alegaciones complementarias.
Se permite a las partes, siempre que no alteren sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos expuestos en sus escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en relación con lo expuesto de contrario. No pueden introducirse de forma sorpresiva cuestiones nuevas que no estuvieran incluidas en los escritos iniciales de alegación. También podrán aclarar las alegaciones que hubieren formulado y rectificar extremos secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar éstas ni sus fundamentos. Igualmente, puede alegarse en la audiencia un hecho nuevo o de nueva noticia.
2.- Examen de los documentos presentados.
En la audiencia, cada parte se pronuncia sobre los documentos aportados de contrario, manifestando si los admite, impugna, reconoce o propone prueba acerca de su autenticidad. Si se han aportado dictámenes periciales, las partes manifestarán si los admiten, los contradicen o proponen su ampliación a algún extremo concreto.
Si las alegaciones realizadas de contrario lo requieren, podrá presentarse un informe pericial en este acto, o si tal necesidad viene suscitada por las alegaciones complementarias que se realicen en la propia audiencia previa, podrán presentarse en el plazo de al menos cinco días de antelación a la celebración del juicio o la vista.
3.- Fijación de hechos controvertidos.
Las partes deben fijar los hechos sobre los que exista conformidad y disconformidad entre los litigantes, para delimitar con claridad el objeto del proceso sobre el que versará la práctica probatoria y el debate. Si la controversia únicamente fuera de naturaleza jurídica, podrá resolver el juez sin necesidad de señalar juicio, dictando sentencia en los veinte días siguientes a la celebración de la audiencia.
IV.- SOLICITUD Y PROPOSICIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA.
Fijados los términos del debate, las partes propondrán al tribunal los medios de prueba de los que pretendan valerse para demostrar sus alegaciones; si es de carácter testifical, han de indicar si los testigos los presentarán directamente al juicio, o si necesitan que les cite por conducto judicial o se practique el interrogatorio mediante auxilio judicial. De ser admitida la testifical practicada por auxilio judicial, el tribunal acordará en el acto la remisión de los exhortos oportunos, dando un plazo de tres días para que presenten una lista de preguntas.
Cuando las pruebas propuestas puedan resultar insuficientes para esclarecer los hechos controvertidos, el Juez indicará a las partes los hechos, a su juicio, afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, ciñéndose a los elementos probatorios resultantes de los autos, podrá señalar las pruebas cuya práctica considere conveniente.
Tras la proposición y admisión de prueba se procederá por el tribunal al señalamiento del juicio. Cuando, de manera excepcional y motivada por razón de las pruebas admitidas, fuese de prever que el juicio no podrá finalizar en una sola sesión dentro del día señalado, la citación lo expresará así, indicando si las sesiones ulteriores se llevarán a cabo en los días sucesivos o en otros, con expresión en todo caso de la hora en que las sesiones del juicio hayan comenzar. Si la única prueba presentada y propuesta fuera de carácter documental y/o informes periciales sobre los que no se pida ratificación, terminada la audiencia previa y sin necesidad de celebrar juicio, el juez dictará sentencia en el plazo de veinte días.
Si cualquiera de los que hubieren de acudir al acto del juicio no pudiere asistir por causa de fuerza mayor, o motivo de análoga entidad, podrá solicitar nuevo señalamiento de juicio acreditando cumplidamente la causa o motivo.
TEMA 9: EL JUICIO I.- CELEBRACIÓN DEL JUICIO.
Acto oral y concentrado cuya finalidad es la práctica probatoria, en virtud del principio de inmediación, que obliga a que la prueba se practique en presencia de Juez que dictará la sentencia; así como que las partes formulen sus conclusiones ante el resultado de las pruebas.
2.- Comparecencia de las partes.
Las partes comparecerán en juicio representadas por procurador y asistidas de abogado; además se exige la intervención personal del demandante o el demandado cuando se haya de practicar el interrogatorio de dicha parte. Efectos de la incomparecencia:  Si no comparecen ambas partes el secretario judicial levantará acta haciéndolo constar y el tribunal declarará directamente el pleito visto para sentencia.
 Si sólo compareciere alguna de las partes, se procederá a la celebración del juicio con la parte que haya asistido.
3.- Estructura y desarrollo del juicio.
Comienza el juicio con el planteamiento de cuestiones previas en caso que las hubiere.
Una vez resueltas, o si no se plantean, se procede a la práctica de la prueba en este orden:  Interrogatorio de las partes.
 Interrogatorio de testigos.
 Declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o presentación de éstos, cuando excepcionalmente se hayan de admitir en ese momento.
 Reconocimiento judicial, cuando no se deba llevar a cabo fuera de la sede del tribunal.
 Reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes Practicadas las pruebas, se procede a conceder la palabra a las partes, comenzando por el demandante. Expondrán sus conclusiones, en las que harán un breve resumen de las pruebas en relación a los hechos controvertidos, exponiendo de forma ordenada, clara y concisa si considera los hechos relevantes admitidos y probados o inciertos. Al acabar las conclusiones, procederán a informar sobre los argumentos jurídicos en que sostengan sus pretensiones.
4.- Suspensión e interrupción del juicio.
Se habla de suspensión cuando aún no se ha iniciado la sesión del juicio, e interrupción cuando ya ha comenzado. El efecto procesal común es la necesidad de proceder a un nuevo señalamiento para reanudar o comenzar el juicio.
A) Suspensión: Las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días. Podrá suspenderse el juicio oral por: 1. Impedir la continuación de otra pendiente del día anterior.
2. Faltar el número de Magistrados necesario para dictar resolución o indisposición del Juez o Secretario judicial, si no pudiere ser sustituido.
3. Solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del Secretario judicial.
4. Imposibilidad absoluta y justificada de cualquiera de las partes para ser interrogadas, siempre que se produzca cuando no sea posible solicitar nuevo señalamiento.
5. Muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente, siempre que se produzcan cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento, cuando se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión.
6. Tener el abogado defensor dos señalamientos de vista para el mismo día en distintos Tribunales, resultando imposible su asistencia a ambos, siempre que acredite que intentó un nuevo señalamiento que evitara la coincidencia. Tendrá preferencia la relativa a causa criminal con preso y, en su defecto, la del más antiguo. Si ambos fuesen de la misma fecha, se suspenderá la vista del procedimiento más moderno. No se acordará la suspensión si la comunicación de la solicitud se produce con más de tres días de retraso desde la notificación del señalamiento que se reciba en segundo lugar.
Deberá acompañarse copia de la notificación del señalamiento.
7. Haberse acordado la suspensión del curso de las actuaciones o resultar procedente tal suspensión de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley.
B) Interrupción: Las vistas pueden interrumpirse cuando: - El Tribunal deba resolver alguna cuestión incidental que no pueda decidir en el acto.
- Se deba practicar alguna diligencia de prueba fuera de la sede del Tribunal y no pudiera verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión.
- No comparezcan los testigos o peritos imprescindibles citados judicialmente.
Después de iniciada la vista, se produzca alguna circunstancia que habría determinado la suspensión de la celebración, y así se acuerde por el Juez o Presidente.
TEMA 10. LA PRUEBA I.- CONCEPTO Y MEDIOS DE PRUEBA 1.- Concepto Actividad procesal encaminada a ofrecer al juzgador elementos de convicción suficientes que ratifiquen la realidad y certeza de los datos aportados al proceso por las partes.
2.- Naturaleza de la prueba.
Es una actividad de naturaleza eminentemente procesal, en cuanto se desarrolla dentro de un proceso, y va dirigida a lograr la convicción del juez. Como regla general, podemos afirmar que es una actividad de parte, pues éstas tienen que probar los hechos que alegan. Hay que tener en cuenta que el Juez tiene ciertas facultades en materia probatoria.
3.- Clases de prueba.
a) Prueba directa o indirecta.
La primera supone que la relación entre la fuente de prueba y el juez no necesita de ningún intermediario. La segunda, cuando para el conocimiento del objeto de la prueba, el Juez necesita valerse de un tercero; o bien, cuando la prueba de un hecho se logra mediante la prueba de otro hecho que hace presuponer la existencia de aquél (presunciones).
b) Prueba plena o semiplena.
La prueba plena es aquella que otorga el pleno convencimiento al Juez sobre la materia objeto de la actividad probatoria. La semiplena fundamenta simplemente una probabilidad de verosimilitud. Para dictar sentencia se necesita el pleno convencimiento, por lo que el juez necesita una prueba plena. La semiplena le basta para otros actos procesales en que se pide “un principio de prueba” o un “juicio de verosimilitud”.
c) Prueba principal, prueba de lo contrario y contraprueba.
Prueba principal es la que versa sobre los hechos alegados por cada parte, prueba de lo contrario es la que tiene por objeto desvirtuar la prueba de la contraparte y la contraprueba guarda relación con las presunciones. Si un hecho se da por existente en base a una presunción, la actividad tendente a desvirtuarlo, se denomina "prueba de lo contrario".
d) Prueba personal o real Esta distinción se basa en la fuente de prueba: las personales son el interrogatorio de las partes, el de testigos, la pericial e incluso el reconocimiento judicial; las de naturaleza real son la documental y los medios de reproducción de palabras, sonidos e imágenes.
3- Medios de prueba.
Instrumentos a través de los que se desarrolla la actividad probatoria. En nuestro Derecho Procesal están admitidos los siguientes: - Interrogatorio de las partes.
- Documentos públicos y privados.
- Dictamen de peritos.
- Interrogatorio de testigos.
También se admitirán los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, siempre que sean relevantes para el proceso.
II.- OBJETO DE LA PRUEBA.
1.- Objeto de la prueba (concepto).
Es la materia que debe probarse, y se concretará en aquellos datos introducidos por las partes en el proceso, principalmente los hechos, si bien pueden ser objeto de prueba concretas alegaciones jurídicas realizas por las partes.
2- Hechos no controvertidos, notorios y favorecidos por una presunción.
La regla general es que todos los hechos necesitan ser probados. Pero hay una serie de hechos que no tienen que ser probados: Los hechos admitidos por ambas partes: la admisión de un hecho inmediatamente lo convierte en no controvertido, que pasa inmediatamente a la sentencia como admitido en virtud del principio dispositivo.
- Los hechos notorios: hechos cuya realidad se conoce y se tiene como cierta en un determinado grupo social. Debe ser conocido por el Juez.
- Los hechos favorecidos por una presunción: en las presunciones legales existen uno o varios indicios y un hecho presumido. Probados los indicios, el hecho presumido queda probado. La presunción puede venir establecida en leyes procesales o sustantivas.
Respecto a la prueba de elementos jurídicos, si bien la regla que rige el proceso es iura novit curia, se aplica al conocimiento del derecho interno, escrito y general. Habrá que probar: - La costumbre, salvo que las partes estén conformes en su existencia y contenido, y no alteren las normas de orden público.
- Derecho extranjero, en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. No debe probarse el Derecho supranacional aplicable directamente en España.
- Derecho estatutario, excepto ante los Tribunales de la propia CCAA.
3.- Máximas de la experiencia.
Definiciones o juicios hipotéticos de carácter general procedentes de la experiencia.
Habrá que probarlas cuando el Juez no las conozca.
- III.- CARGA DE LA PRUEBA.
1.- La regla de juicio para el supuesto de hecho incierto.
Un hecho que no ha sido probado se tendrá por incierto. La regla de juicio es aquella que debe seguir el Juez en su sentencia, ante un hecho, para determinar el carácter, absolutorio o condenatorio, de la sentencia, conforme a las normas de la carga de la prueba.
En caso de hecho incierto la sentencia será absolutoria.
2.- La carga de la prueba. Distribución.
La carga de la prueba (onus probandi) indica la parte procesal a la que le incumbe probar un determinado hecho introducido en el proceso. La actividad probatoria no es una obligación, pues no puede imponerse coercitivamente; ni tampoco es únicamente un derecho, pues no ejercerlo comporta una consecuencia jurídico-procesal negativa: que no quedará probado el hecho alegado que necesitaba de dicha prueba.
La regla general es que el demandante debe probar los hechos constitutivos de su pretensión, mientras que el demandado ha de probar los hechos extintivos o impeditivos en los que funde su petición de no ser condenado. La consecuencia de no asumir esta carga procesal es que no se tendrá por probado el hecho alegado.
3.- Modificación, exoneración e inversión de la carga de la prueba.
La regla general sobre carga de la prueba puede alterarse bien por el juego de las presunciones, que invierte la carga de la prueba; o bien por una determinada norma legal que imponga una concreta distribución de la carga.
P. ej. En el proceso laboral existe un supuesto legal de modificación de la regla general de distribución de la carga: en aquellos procesos que versen sobre conducta discriminatoria por razón de sexo, lesión de la libertad sindical o cualquier otro derecho fundamental o trato discriminatorio, corresponderá al demandado probar objetiva y suficientemente las medidas que ha adoptado para evitar la concurrencia de tales hechos y su proporcionalidad.
En este caso el demandante únicamente tendrá que probar los indicios de trato diferente, pero probados éstos, al demandado le corresponderá probar que dicho trato no es ni lesivo ni responde a un trato discriminatoria.
IV.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
Actividad judicial de carácter intelectual que realiza el juzgador para determinar la eficacia de los medios de prueba practicados en orden a lograr el convencimiento y fijar definitivamente el hecho a los efectos de la resolución judicial sobre el objeto del proceso.
En la LEC coexisten dos sistemas: libre valoración de la prueba y algunos supuestos tasados que se denominan de valoración legal de la prueba.
La valoración de un medio concreto de prueba se denomina legal cuando la propia Ley indica al Juez cuándo un hecho ha de tenerse por probado.
- En el interrogatorio de las partes, si no lo contradice el resultado de las demás pruebas, en la sentencia se considerarán ciertos los hechos perjudiciales en que una parte haya reconocido intervenir personalmente.
- En la prueba documental, determinados documentos hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que intervengan en ella.
- Los documentos privados harán prueba plena de su contenido cuando no sea impugnada su autenticidad por la parte contraria, o si tras impugnarla queda finalmente demostrada.
Por contra, la libre valoración de la prueba significa que corresponde al Juez valorar la prueba practicada conforme a las denominadas reglas de la sana crítica, que aun no estando tasadas en la Ley, forman parte del contexto sociocultural vigente. Así, la LEC sostiene que el tribunal valorará según estas reglas los dictámenes periciales y las declaraciones de testigos.
Será en la sentencia donde el Juez debe señalar expresamente en atención a que pruebas ha obtenido su convicción.
V.- PROCEDIMIENTO PROBATORIO.
1.- Poderes del Juez y de las partes en los actos probatorios.
En el proceso civil rige como principio el de aportación de parte, a cada parte incumbe alegar los hechos que sostienen su pretensión, y la carga de probarlos. No obstante, el Juez tiene una serie de facultades en materia probatoria, que podemos resumir en las siguientes: - Cuando el tribunal considere que las pruebas propuestas pudieran resultar insuficientes para esclarecer los hechos controvertidos, lo pondrá de manifiesto a las partes indicando los hechos que podrían verse afectados por la insuficiencia probatoria. Al efectuar esta manifestación, podrá señalar también las pruebas cuya práctica considere conveniente.
- El Juez puede interrogar a la parte que ha sido llamada a declarar, y a los testigos, para obtener aclaraciones o adiciones.
- El tribunal podrá, de oficio, designar perito cuando la pericia sea pertinente en procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.
- A instancia de parte, podrá designar un perito.
- Práctica de las diligencias finales: excepcionalmente, el tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos.
3.- Proposición de prueba: Es un acto de parte, y en el que rige el principio procedimental de oralidad, por lo que serán propuestas de forma oral por las partes. El momento procesal oportuno para la proposición de prueba es:  En el proceso ordinario en la audiencia previa  En el juicio verbal al comienzo de la vista, a la que cada parte concurrirá con los medios de prueba de los que pretendan valerse; pero si las pruebas a practicar en el acto del juicio requieren diligencias de citación o requerimiento. Las pruebas correspondientes habrán de solicitarse, al menos con tres días de antelación a la fecha del juicio.
Las excepciones a este momento procesal de proposición de prueba son: - Los documentos, que deben aportarse con los escritos iniciales de alegación.
- Los informes periciales de parte, que deben aportarse con los escritos iniciales.
- Los casos de prueba anticipada y aseguramiento de prueba.
4.- Admisión e inadmisión de pruebas.
Es un acto del Juez. Tiene lugar tras la proposición de los concretos medios de prueba.
Admisión e inadmisión de prueba. Como regla general se admitirán las pruebas que se soliciten por las partes, inadmitiéndose únicamente aquéllas que sean inútiles (no esclarecen), impertinentes (no relación con objeto proceso) o ilícitas (violación derechos fundamentales).
5.- Práctica de la prueba.
La práctica de la prueba se rige por los principios de contradicción y publicidad, de oralidad, y de concentración y unidad de acto, que implica que todas las pruebas se practicarán en el acto del juicio y en la sala de vistas donde éste se esté celebrando.
Por ello el tribunal admitirá únicamente los medios de prueba que puedan practicarse en el acto del juicio. Sólo hay tres excepciones a este principio: - Práctica de prueba fuera de la sede judicial o del acto del juicio.
- Supuestos de prueba anticipada.
- Casos de aseguramiento de prueba.
A) Prueba anticipada.
Supone la proposición y práctica de un medio probatorio con anterioridad al momento procesal que legalmente se establece para ello, bien porque no puedan ser realizadas en el acto del juicio, o porque su realización presente graves dificultades en dicho momento.
El legislador permite que con carácter previo a la iniciación de cualquier proceso, el que pretenda incoarlo, podrá solicitar del tribunal la práctica anticipada de algún acto de prueba, cuando exista el temor fundado de que dichos actos no puedan realizarse en el momento procesal generalmente previsto.
Si el proceso no ha empezado aún, la petición de actuaciones anticipadas de prueba se dirigirá al tribunal que se considere competente para el asunto principal. Éste vigilará de oficio su jurisdicción y competencia objetiva, así como la territorial que se fundase en normas imperativas, sin que sea admisible la declinatoria. El peticionario en este caso debe designar la persona o personas a las que se proponga demandar en su día. Si el proceso hubiera comenzado, se dirige al juez que lo conozca.
La petición debe motivarse, y queda a criterio del juez decidir sobre su práctica, siempre con anterioridad a la celebración del juicio o vista, realizándose por el Secretario judicial el señalamiento para garantizar los principios de contradicción y publicidad. Efectos: - Las pruebas anticipadas y los materiales que puedan reflejar fielmente las actuaciones probatorias realizadas y sus resultados, quedarán bajo la custodia del Secretario del tribunal que hubiere acordado la prueba hasta que se interponga la demanda, a la que se unirán, o hasta que llegue el momento procesal de conocerlos y valorarlos.
- La prueba practicada anticipadamente podrá realizarse de nuevo si, en el momento de proposición de la prueba, fuera posible llevarla a cabo y alguna de las partes así lo solicitara. En tal caso, el tribunal admitirá que se practique la prueba de que se trate y valorará ambas según las reglas de la sana crítica.
- Cuando se practique prueba anticipada antes de incoarse el proceso, no se otorgará valor probatorio a lo actuado si el peticionario no interpone su demanda en el plazo de dos meses desde se practicó, salvo que se acreditare que, por fuerza mayor u otra causa de análoga entidad, no pudo iniciarse el proceso dentro de dicho plazo.
B) Aseguramiento de prueba.
Puede ocurrir que no sea necesario practicar el medio probatorio para garantizar el resultado, bastando con adoptar unas medidas de conservación de la fuente de prueba que asegure su estado para cuando sea necesario practicar el medio probatorio.
Consiste en la adopción de medidas dirigidas a evitar que la práctica de la prueba pueda verse frustrada ante eventuales circunstancias. Consistirán en las disposiciones que, a juicio del tribunal, permitan conservar cosas o situaciones o hacer constar fehacientemente su realidad y características. Para asegurar la prueba, podrán también dirigirse mandatos de hacer o no hacer, bajo apercibimiento de proceder por desobediencia a la autoridad.
El aseguramiento de pruebas se realiza sobre fuentes de prueba no personales. Tres requisitos para proceder al aseguramiento de una fuente de prueba: - Que la prueba que se pretende asegurar sea posible, pertinente y útil en el momento en que dicho aseguramiento se está solicitando.
- Que haya razones para temer que si no se procede al aseguramiento de la fuente de prueba, en el futuro no podrá practicarse el medio probatorio.
- Que la medida propuesta sea eficaz y proporcionada.
Si lo solicita el futuro demandante, tiene un plazo de veinte días desde la adopción de la medida de aseguramiento para presentar la demanda; si no la presente, se alza la medida y se le condena en costas además de abonar los posibles daños y perjuicios causados.
C) Prueba fuera de sede judicial o fuera del acto del juicio o vista.
Excepcionalmente, el Tribunal podrá acordar que determinadas pruebas se celebren fuera del acto de juicio o vista. El Secretario judicial señalará, con al menos cinco días de antelación, el día y la hora en que hayan de practicarse los actos de prueba que no sea posible llevar a cabo en el juicio o vista. Si la prueba no se practicare en la sede del Tribunal, se determinará y notificará el lugar de que se trate. Se realizará solo en el caso que se tuvieran por imprescindibles por su necesidad o utilidad, suspendiéndose en ese caso el procedimiento.
En cuanto a la práctica de la actividad probatoria en el juicio, salvo que el tribunal acuerde otro distinto, se practicarán en el juicio o vista por el orden siguiente: - Interrogatorio de las partes.
- Declaraciones de peritos sobre sus dictámenes o presentación de éstos, cuando excepcionalmente se hayan de admitir en ese momento.
- Reconocimiento judicial, cuando no se deba realizar fuera de la sede del tribunal.
- Reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes.
TEMA 11: La Prueba I.- LA PRUEBA POR DOCUMENTOS 1.- Concepto.
Medio probatorio basado en un documento, el instrumento escrito que contiene la relación o constatación de un hecho relativo a personas o actos. Se dividen en públicos y privados. Para la LEC, tienen carácter público: a) Documentos judiciales: Resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales.
b) Documentos referentes a relaciones jurídico-privadas civiles o mercantiles, cuando sean: - Autorizados por notario con arreglo a derecho.
- Intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar conforme a derecho.
- Certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales.
c) Documentos administrativos, en los siguientes casos: - Expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.
- Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, una AP u otra entidad de Derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de sus disposiciones y actuaciones.
Los demás documentos no relacionados en el listado anterior tienen naturaleza privada, por no reunir las solemnidades formales expresadas o no estar autorizado por funcionario público competente.
En cuanto al documento electrónico, fue creado por la Ley reguladora de la firma electrónica, que define a este documento como “la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en soporte electrónico según formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado”. Para que tenga naturaleza pública, debe venir firmado electrónicamente por funcionario facultado para dar fe pública, judicial, notarial o administrativa, siempre que actúen en el ámbito de sus competencias; y aquellos expedidos y firmados electrónicamente por funcionarios o empleados públicos en ejercicio de sus funciones aunque quien lo expide no esté revestido de la cualidad de dar fe pública.
2.- Procedimiento probatorio.
A) Aportación La regla general es que cada parte aportará los documentos de los que pretendan valerse, junto a su escrito inicial de alegaciones. Si no se presentan en dicho momento procesal, precluye la posibilidad de aportar el documento al proceso. Excepciones a esta regla: - El demandante puede presentar en la audiencia previa documentos cuya relevancia se haya puesto de manifiesto por el demandado en su contestación a la demanda.
- Ambas partes pueden presentar después de la audiencia previa aquellos documentos que se encuentren en una de las siguientes circunstancias:  Ser de fecha posterior a la demanda o a la contestación o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, siempre que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad a dichos momentos procesales.
 Tratarse de documentos anteriores a la demanda o contestación o, en su caso, a la audiencia previa al juicio, cuando la parte que los presente justifique no haber tenido antes conocimiento de su existencia.
 No haber sido posible obtener con anterioridad los documentos por causas que no sean imputables a la parte, siempre que haya hecho oportunamente la designación o anuncio del mismo.
- Después de la vista o del juicio, antes de dictarse sentencia, sólo pueden aportarse las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o notificadas ya formuladas las conclusiones, siempre que puedan ser condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso. Si quisiera aportarse otro tipo de documento, debe realizarse a través de las diligencias finales.
B) Forma de presentación.
Como regla general si el documento es público debe presentarse copia auténtica, certificación o testimonio, quedando siempre el original en un protocolo o archivo.
Excepcionalmente se permite su aportación por copia simple en soporte papel, pero en este caso sólo tendrá el mismo valor probatorio que el original si su autenticidad no fuere impugnada. Igualmente, puede presentarse en soporte electrónico imagen digitalizada incorporada como anexo, que habrá de ir firmado mediante firma electrónica reconocida.
Los documentos privados deben aportarse, en original o en copia autenticada por funcionario público; si se aporta copia simple, sólo tendrá el mismo valor probatorio que el original si su autenticidad no fuere impugnada.
C) Deber de exhibición de documentos.
Si se encuentran en poder de la parte contraria, la Ley concede al solicitante de la prueba la posibilidad de pedir al tribunal que se requiera a la parte contraria para que exhiba el documento, obligando la Ley a dicha parte a aportar al proceso el documento. A la solicitud de exhibición deberá acompañarse copia simple del documento y, si no existiere o no se dispusiere de ella, se indicará en los términos más exactos posibles su contenido.
Si la prueba es admitida, y el requerido no aporta dicho documento, podrá el tribunal estimar probadas las alegaciones del solicitante en relación con la misma.
Sólo se requerirá a los terceros no litigantes la exhibición de documentos de su propiedad cuando el tribunal entienda que resultan trascendentales para dictar sentencia. Las entidades oficiales están obligadas a emitir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos, salvo que sean expedientes legalmente declarados como clasificados.
3.- Eficacia de la prueba documental (valoración) La valoración probatoria dependerá si estamos ante un documento público o privado.
 Los documentos públicos recogidos en el artículo 317 LEC, hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce tal documentación y de la identidad de los intervinientes.
 El testimonio o certificación fehacientes de sólo una parte de un documento no hará prueba plena mientras no se complete con las adiciones que solicite el litigante a quien pueda perjudicarle.
 La fuerza probatoria de los documentos administrativos no comprendidos en la relación de documentos público del artículos 317 LEC (apartados 5 y 6), pero a los que las leyes otorguen el carácter de públicos, será la que establezcan las leyes que les reconozca tal carácter. En defecto de disposición expresa en tales leyes, los hechos, actos o estados de cosas que consten en los referidos documentos se tendrán por ciertos, a los efectos de la sentencia que se dicte, salvo que otros medios de prueba desvirtúen la certeza de lo documentado.
 Los documentos privados harán prueba plena únicamente cuando su autenticidad quede probada, bien tácitamente por no sea impugnada por la parte a quien perjudique, o bien de forma expresa por no haber quedado demostrada su falsedad. Cuando realmente no puede deducirse su autenticidad, queda su eficacia probatoria a libre valoración de Juez.
2. Reconocimiento judicial 1.- Concepto y naturaleza.
Es el único medio de prueba directo que regula nuestro Derecho Procesal, pues el juez no alcanza la percepción por un tercero, sino por sí mismo. Procede cuando para el esclarecimiento de los hechos sea necesario que el juez examine por sí mismo algún lugar, objeto o persona, y los demás medios probatorios sean insuficientes.
Si el objeto del reconocimiento puede efectuarse llevando a cabo su traslado a presencia judicial, el medio probatorio se practicará en el acto del juicio. Si no fuera posible, se suspenderá el juicio por el tiempo estrictamente necesario y el Secretario Judicial señalará fecha, lugar y hora para el reconocimiento. Sin perjuicio de la amplitud del reconocimiento que el tribunal estime, quien lo solicite habrá de expresar los extremos principales a que quiere que se refiera e indicará si pretende concurrir al acto con algún técnico en la materia. La otra parte podrá, antes de la realización del reconocimiento judicial, proponer otros extremos que le interesen y deberá manifestar si asistirá con alguna persona de las indicadas.
El reconocimiento judicial de una persona se practicará a través de un interrogatorio realizado por el tribunal, que se adaptará a las necesidades de cada caso concreto. En dicho interrogatorio, que podrá practicarse a puerta cerrada o fuera de la sede del tribunal, podrán intervenir las partes siempre que el tribunal no lo considere perturbador.
Del reconocimiento judicial practicado se levantará por el Secretario Judicial acta detallada, consignándose con claridad las percepciones y apreciaciones del tribunal, así como las observaciones hechas por las partes y demás personas. Se utilizan medios de grabación de imagen y sonido para dejar constancia de lo que sea objeto de reconocimiento judicial y de las manifestaciones de quienes intervengan en él, pero no se omitirá la confección del acta y se consignará en ella lo necesario para la identificación de las grabaciones, reproducciones o exámenes realizados, que habrán de conservarse por el Secretario judicial sin alteraciones.
La LEC no se manifiesta sobre si la valoración de esta prueba será de carácter legal o de libre valoración, pero hay que tener en cuenta que obviamente el Juez ha percibido directamente el resultado de la actividad probatoria.
III.- OTROS MEDIOS DE PRUEBA.
En cuanto a los instrumentos de reproducción de sonidos e imágenes, las partes pueden proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación o grabación. Al proponer la prueba la parte puede acompañar transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y resulten relevantes para el caso.
Respecto a instrumentos de archivo y reproducción de palabras, datos, cifras u operaciones matemáticas, estos deben ser aportados al tribunal para su examen, disponiendo para ello de los medios técnicos de reproducción precisos, de forma que se garantice el principio de contradicción en el juicio oral. Es un medio de prueba de libre valoración.
TEMA 12 I.- INTERROGATORIO DE LAS PARTES 1.- Concepto, naturaleza y objeto.
Medio probatorio por el que las partes declaran sobre los hechos y circunstancias de los que tengan noticia y guarden relación con el objeto del proceso.
A) Sujetos del interrogatorio de partes.
- Las partes. El sujeto del interrogatorio ya en un proceso concreto será la parte contraria a la que ha propuesto la prueba (no se puede pedir el interrogatorio de sí mismo).
- Excepcionalmente un tercero, cuando el titular de la relación controvertida no coincida con el de la relación jurídico-procesal (sustitución procesal); o bien cuando la confesión no se refiera a hechos personales, se admite la declaración de un tercero que conozca los hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
- Pueden ser tanto personas físicas, en cuyo caso están obligadas a declarar por sí mismas, como personas jurídicas, en cuyo caso declararán sus representantes legales.
B) Práctica del interrogatorio.
- Las preguntas deben formularse oralmente, en sentido afirmativo, con la debida claridad y precisión. Si se trata de una persona jurídica pública, se le remitirán por escrito a la sede oficial y la respuesta la presentarán de idéntica forma en la fecha que señale el tribunal.
- No pueden contener valoraciones ni calificaciones, teniéndose por no realizadas si no.
Admisión e inadmisión.
- La admisión de las preguntas las realizará el juez en el mismo acto.
- Se inadmitirán por inútiles o impertinentes; puede ejercerse la protesta por el proponente.
- La parte interrogada puede impugnar la admisión de una determinada cuestión.
Respuesta al interrogatorio.
- Las preguntas se contestarán personalmente por la parte a la que se interroga.
- No puede consultar ningún borrador de respuestas, aunque sí tiene derecho a consultar documentos o anotaciones siempre que el tribunal lo estime necesario.
- Siempre que sea posible debe contestarse afirmativa o negativamente a la pregunta. Si la pregunta requiere una respuesta más desarrollada, el declarante procurará concretar lo máximo posible su respuesta, debiendo ser ésta clara y precisa.
- Formuladas las preguntas por el Abogado del proponente, se concederá al de las demás partes la posibilidad de formular preguntas al declarante.
- El órgano judicial podrá hacer preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento.
Incomparecencia del declarante o negativa a contestar.
La parte de la que se pide el interrogatorio debe ser citada al juicio, apercibiéndole expresamente de los efectos de su incomparecencia, entre los que se contiene la imposición de una multa, pues es obligatoria. Si citada en tiempo y forma, no compareciera el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos les sea enteramente perjudicial.
El mismo efecto tendrá la comparecencia del declarante seguida de su negativa a contestar (salvo obligación legal de guardar secreto), o si contesta con evasivas.
4.- Eficacia probatoria En esta prueba se conjuga el sistema de valoración legal y el de libre valoración.
- Se tendrán como ciertos los hechos personales y desfavorables para el declarante que sean reconocidos por éste, siempre que las demás pruebas practicadas no lo contradigan.
- Para los hechos favorables o que no sean personales del declarante, se estará a las reglas de la sana crítica.
II.- PRUEBA DE PERITOS 1- Concepto.
Medio de prueba por el que una persona aporta sus conocimientos técnicos, científicos o prácticos para facilitar su valoración sobre los hechos relevantes, o su certeza.
Hechos o circunstancias relevantes en el asunto para los que sea necesarios un conocimiento técnico, distinto del jurídico.
3.- Requisitos del perito.
El perito es un tercero ajeno al proceso que posee conocimientos especializados que los aporta al proceso una vez estudiados los hechos u otros elementos de prueba.
- Puede ser persona física o jurídica, aunque en este último caso la pericia deberá ser realizada materialmente por una persona física.
- Como condición general poseerá título oficial si la materia se imparte en alguna titulación; en caso contrario, serán nombrados entre personas entendidas en la materia.
- Tiene derecho a cobrar honorarios por elaborar el dictamen, conforme a sus aranceles.
- Su deber principal es elaborar el dictamen, teniendo como otras obligaciones comparecer al juicio o vista, debiendo ser citados, y formular las aclaraciones o precisiones necesarias.
- Han de prestar juramento o promesa de decir verdad sobre lo actuado.
- Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo asunto.
4.- Pericia de parte.
 Si es aportado por las partes, debe realizarse en sus escritos iniciales.
 El demandado que no pueda aportar dictámenes escritos en la contestación deberá justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos dentro del plazo para contestar.
 Se entiende que el demandante siempre aportará el dictamen junto a la demanda, salvo que justifique la imposibilidad de hacerlo en tal momento.
 Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán los dictámenes de que pretendan valerse para su traslado a la parte contraria en cuanto dispongan de ellos.
 Aquellos cuya necesidad o utilidad venga suscitada por la contestación a la demanda o por lo alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio se aportarán por las partes, con al menos cinco días de antelación a la celebración del juicio o de la vista.
5.- Pericia judicial.
El tribunal puede designar un perito, de entre los adscritos al Juzgado si:  Una parte es beneficiaria de justicia gratuita, bastando con que anuncie en su escrito inicial su intención de valerse de perito. El tribunal procederá a dicha designación si admite la prueba. En los juicios verbales sin contestación a la demanda hay que anunciarlo mínimo diez días antes de la celebración de la vista.
 Una de las partes, aun no siendo beneficiario de justicia gratuita, solicita en sus respectivos escritos iniciales (proceso ordinario) o diez días antes de la vista (juicio verbal) que se proceda a la designación judicial de perito. El Tribunal procederá a la designación, siempre que considere pertinente y útil el dictamen pericial solicitado.
Será a costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordarse.
 El tribunal podrá, de oficio, designar perito cuando la pericia sea pertinente en procesos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, sobre la capacidad de las personas o en procesos matrimoniales.
 En el juicio ordinario, si a consecuencia de las alegaciones o pretensiones complementarias permitidas en la audiencia, las partes solicitan la designación por el tribunal de un perito que dictamine, lo acordará siempre que considere pertinente y útil el dictamen, y ambas partes se muestren conformes en el objeto de la pericia y en aceptar el dictamen del perito que el tribunal nombre. Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate de juicio verbal y las partes solicitasen designación de perito, con los requisitos del párrafo anterior.
6.- Procedimiento probatorio:  En el mismo día o siguiente día hábil a la designación, el Secretario judicial comunicará ésta al perito titular, requiriéndole para que en el plazo de dos días manifieste si acepta el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombramiento y el perito hará la manifestación bajo juramento o promesa de decir verdad sobre el objeto de la pericia.
 El perito puede solicitar la provisión de fondos necesarias, a cuenta de liquidación final, por su función. Transcurrido el plazo otorgado por el tribunal para el pago, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen sin que pueda procederse a una nueva designación.
 Los dictámenes se formularán por escrito, acompañados de los demás documentos, instrumentos o materiales adecuados para exponer el parecer del perito sobre lo que haya sido objeto de la pericia. Si no fuese posible o conveniente aportar los materiales e instrumentos, el dictamen contendrá las indicaciones suficientes. Podrán acompañar al dictamen los documentos adecuados para su más acertada valoración  Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, objetos o personas o la realización de operaciones análogas, las partes y sus defensores podrán presenciar uno y otras, si con ello no se impide o estorba la labor del perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen.
 El perito que el Tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar al Tribunal en el plazo que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará traslado por el Secretario judicial a las partes por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones oportunas. El Tribunal podrá acordar, mediante providencia, que considera necesaria la presencia del perito en el juicio o la vista para comprender y valorar mejor el dictamen realizado.
 En el juicio, el perito podrá ratificar su informe, aclarar extremos a las partes o al tribunal, o explicar el método seguido para la pericia.
7.- Recusación y tacha.
El perito debe elaborar su dictamen de forma objetiva, y para garantizar esta imparcialidad la LEC establece dos mecanismos: la recusación y la tacha.
a) Recusación Únicamente pueden ser recusados los peritos designados judicialmente; la recusación tiene como objeto que el perito no desempeñe su función en un concreto proceso. Causas: - Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto un dictamen contrario a la parte recusante, dentro o fuera del proceso.
- Haber sido defensor o representante de alguna de las partes, emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado, o haber intervenido en él como fiscal, perito o testigo.
- Haber prestado servicios al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.
- Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.
Momento procesal para proponer la recusación: - Si la causa fuese anterior a la designación del perito, el escrito de recusación debe presentarse en el plazo de dos días desde la notificación del nombramiento.
- Si la causa es posterior, pero anterior a la emisión del dictamen, ha de plantearse por escrito antes del juicio o la vista.
- Si es posterior a la designación y el perito emite dictamen, no cabe recusación; pero sí es posible ponerlo en conocimiento del Juez antes de dictar sentencia, y si se ha dictado, cabe ponerlo en conocimiento del tribunal competente en segunda instancia por vía de recurso.
b) Tacha Alegación por las partes de una circunstancia que pone en duda la imparcialidad de un perito, que ha sido propuesto por la parte contraria, e interviniente en juicio.
Al contrario de la recusación, la tacha no impide que el perito ejerza su función, sino que tiene por objeto advertir al juez de la existencia de una causa que puede influir en la objetividad del perito para que sea tenida en cuenta por el Juez en fase de valoración de prueba a la hora de dictar sentencia. Causas: - Ser cónyuge o pariente por consaguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de la parte, o de sus Abogados o Procuradores.
- Tener interés directo o indirecto en el pleito.
- Estar o haber estado en situación de dependencia o de contraposición de intereses con alguna de las partes, sus Abogados o Procuradores.
- Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus Procuradores o Abogados.
- Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que le haga desmerecer en el concepto profesional.
Momento procesal: La tacha está sometida a dos momentos procesales preclusivos, dependiendo del tipo de procedimiento: - En el juicio declarativo ordinario se solicitará en la audiencia previa.
- En el juicio verbal, no puede formularse después de la vista.
7.- Eficacia probatoria.
La prueba de peritos es de libre valoración.
II.- PRUEBA TESTIFICAL 1.- El testigo.
La prueba testifical es un medio de prueba en virtud del cual un tercero, ajeno a la relación jurídico-procesal, aporta al proceso su declaración sobre los hechos, presenciados o de los que tenga referencia, respondiendo a las preguntas que les sean formuladas.
Testigo es una persona física que tiene la condición de tercero respecto al proceso, y que aporta al mismo su versión sobre los hechos por los que es interrogado. La regla general es que toda persona puede testificar en juicio, excepto: - Los que se encuentren permanentemente privados de razón.
- Que estén privados del uso de sentidos que sean necesarios para percibir hechos cuyo conocimiento solo pueda alcanzarse a través de dichos sentidos.
- Los menores de catorce años, salvo que el tribunal entendiera que poseen capacidad de discernimiento suficiente para conocer y declarar verazmente Se denomina testigo-perito a aquél que, acudiendo al juicio en calidad de testigo, posee conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio, en cuyo caso el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los hechos.
3.- Objeto de la prueba de testigos.
Hechos controvertidos relativos a lo que sea objeto del juicio.
 Al proponer la prueba de testigos, se expresará su identidad, con indicación del nombre y apellidos de cada uno, su profesión y su domicilio o residencia.
 La regla general es que se depondrá en el momento del juicio, y en la propia sala de vistas pero excepcionalmente, por enfermedad u otro motivo justificado, podrá tomársele declaración en su domicilio, bien directamente, bien a través de auxilio judicial, según que dicho domicilio se halle o no en la demarcación del tribunal.
 Antes de declarar, cada testigo prestará juramento o promesa de decir verdad, con la conminación de las penas establecidas para el delito de falso testimonio en causa civil, de las que le instruirá el tribunal si manifestare ignorarlas.
 Las preguntas deben formularse oralmente, en sentido afirmativo, con la debida claridad y precisión. No pueden contener valoraciones ni calificaciones, y si las contienen se tendrán por no realizadas. El tribunal en el mismo acto rechazará las preguntas inútiles o impertinentes, e igualmente puede interrogar al testigo.
 Los testigos declararán separada y sucesivamente, por el orden en que vinieran consignados en las propuestas, salvo que el tribunal encuentre motivo para alterarlo.
No se comunicarán entre sí ni podrán unos asistir a las declaraciones de otros.
 Comienza preguntando el Letrado de la parte proponente, y a continuación, podrán los abogados de las demás partes plantear al testigo nuevas preguntas que reputen conducentes para determinar los hechos. También el Juez puede preguntar al testigo.
 Cuando los testigos incurran en graves contradicciones, el tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar que se sometan a un careo.
5.- Tachas.
Las tachas se habrán de formular desde el momento en que se admita la prueba testifical hasta que comience el juicio o la vista, sin perjuicio de la obligación que tienen los testigos de reconocer cualquier causa de tacha al ser interrogados por el Juez sobre sus circunstancias personales y relación con las partes.
Como regla general, cada parte podrá tachar los testigos propuestos por la contraria en quienes concurran algunas de las causas siguientes: - Ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que lo haya presentado o de su abogado o procurador, o hallarse relacionado con ellos por vínculo de adopción, tutela o análogo.
Ser dependiente del que lo hubiere propuesto o de su procurador o abogado o estar a su servicio o hallarse ligado con alguno por cualquier relación de sociedad o intereses.
- Ser amigo íntimo o enemigo de una de las partes o de su abogado o procurador.
- Haber sido condenado por falso testimonio.
Pero también la parte proponente del testigo podrá también tachar a éste si con posterioridad a la proposición llegare a su conocimiento la existencia de alguna de las causas de tacha establecidas en el apartado anterior.
La prueba de testigos es de libre valoración, pero el tribunal tendrá en consideración la posible tacha que se haya efectuado.
- Tema 13: Diligencias finales, sentencia y cosa juzgada 1. Las diligencias finales Diligencias probatorias que se practican una vez concluido el juicio.
a) A instancia de parte: - Cuando, por causas ajenas a la parte que la hubiese propuesto, no se hubiese practicado alguna de las pruebas admitidas.
- Pruebas pertinentes y útiles, sobre hechos nuevos o de nueva noticia.
- No se practicarán como diligencias finales las pruebas que hubieran podido proponerse en tiempo y forma por las partes.
b) De oficio por el Juez: Supuesto excepcional, ordenando que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes, siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir certeza sobre aquellos hechos. Las diligencias se llevarán a cabo en el plazo de veinte días y en la fecha que señale el Secretario judicial. Una vez practicadas, las partes podrán presentar escrito en que resuman y valoren el resultado. El plazo de veinte días para dictar sentencia volverá a computarse cuando transcurra el otorgado a las partes para presentar dicho escrito.
II.- LA SENTENCIA.
1.- Concepto y clases. Formación interna La sentencia es la única resolución judicial que pone fin al proceso pronunciándose sobre el fondo del asunto. Es un acto exclusivamente del juez, mediante el que resuelve la cuestión objeto del proceso poniendo fin al litigio e imponiendo esta solución a las partes.
En virtud del principio de inmediación, si el Juez ante el que se desarrolló el juicio oral no puede dictar sentencia deberá repetirse el juicio.
La sentencia se dictará dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio, notificándose a las partes. Una vez dictada y firmada no puede ser modificada, pero sí matizada o aclarada en algún punto de difícil comprensión, o suplirse cualquier omisión.
En relación a la pretensión ejercitada las sentencias pueden ser declarativas, constitutivas o condenatorias. Teniendo en cuenta su recurribilidad, diferenciamos entre sentencias firmes (no admiten recurso) y sentencias definitivas (recurribles).
Los requisitos de la sentencia son: a) Claridad: Su contenido debe ser comprendido sin dificultad y no puede contradecirse.
b) Precisión: Decide de forma inequívoca el objeto del proceso. En una sentencia condenatoria a cantidad dineraria, no es necesario realizar operaciones posteriores antes de ejecutarse.
c) Exhaustividad: Debe pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas, de lo contrario supondría dejar imprejuzgada la pretensión. Su justificación se encuentra en el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que el juez en ejercicio de su potestad jurisdiccional debe resolver todas las pretensiones planteadas. Este requisito no implica que el juez deba responder todas las cuestiones introducidas por las partes si se consideran accesorias. La falta de exhaustividad puede arreglarse con la subsanación y complemento de sentencias de la LEC.
d) Congruencia: Exigencia que supone la correlación entre el objeto del proceso delimitado por las partes en sus actos de postulación y la resolución judicial que pone fin al proceso; de manera que la sentencia debe pronunciarse únicamente sobre la pretensión. Ello implica que no puede el Juez conceder más de lo que se haya pedido. Este requisito tiene su fundamento en los principios dispositivo y de aportación de parte, que exigen que el pronunciamiento del juez se corresponda con el objeto del proceso fijado por las partes.
e) Liquidez: En las sentencias condenatorias al pago de una determinada cantidad debe determinarse ésta con exactitud, de forma que pueda procederse a su inmediata ejecución.
f) Motivación: El Juez debe razonar en su sentencia los motivos y pruebas que le llevan a pronunciar el fallo en ese sentido. La sentencia deberá expresar resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso. Declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión. Por último, deberá fundamentar los pronunciamientos del fallo.
La sentencia se pronuncia por escrito y tiene los siguientes apartados: encabezamiento, antecedentes de hecho, hechos probados, fundamentos de Derecho y fallo.
Los hechos probados y fundamentos de derecho contendrán éstos de forma separada y numerada. Finalmente, la sentencia, al notificarse a las partes, debe indicar los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo y requisitos para ello, así como los depósitos y las consignaciones que necesarios y la forma de efectuarlos.
III.- LA COSA JUZGADA 1.- Cosa juzgada formal y material El principal efecto de una resolución se denomina cosa juzgada. Hace referencia a determinados efectos procesales que produce la resolución firme dictada sobre un concreto objeto sometido a conocimiento judicial. El fundamento de esta institución procesal es triple: 1º) evitar que en procesos paralelos recaigan resoluciones contradictorias; 2º) que el demandado no pueda ser enjuiciado dos veces por lo mismo (non bis in idem); 3º) preservar la seguridad jurídica, otorgando confianza a los operadores jurídicos al evitar que se prolonguen indefinidamente las controversias.
Es un efecto interno de las resoluciones judiciales, en virtud del cual las partes y el tribunal no podrán desconocer lo decidido en la resolución que la ha producido. A este efecto se refiere el art. 207 LEC cuando dice que las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada «y el tribunal del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas». Esto significa que el tribunal queda vinculado por su propia decisión y en la continuación del proceso no podrá dictar resolución en la que decida de modo contrario a lo decidido en una resolución anterior pasada en cosa juzgada.
Todas las resoluciones posteriores han de partir del presupuesto lógico de lo decidido en las anteriores con fuerza de cosa juzgada. En el mismo sentido las partes no podrán pedir, en el desarrollo posterior del proceso, decisión judicial alguna que niegue estos efectos.
La cosa juzgada formal añade firmeza (no recurrible) e invariabilidad (contenido no variable) a las resoluciones. Supone que en la continuación del proceso no puede pedirse, ni el tribunal puede decidir, en contra de lo anterior (efecto negativo) y que todas las peticiones y resoluciones judiciales han de partir de la existencia de lo ya decidido (efecto positivo).
Sólo lo provoca la sentencia firme, siendo su efecto esencial. Alcanza a las pretensiones de la demanda, reconvención y pretensiones reconvencionales de compensación de cantidades y nulidad de negocios jurídicos. Consiste en un efecto vinculante de dicha sentencia para posteriores procesos, y se expresa de forma negativa y positiva.
2.- Naturaleza y sentido de la cosa juzgada (funciones).
El instituto de la cosa juzgada es de naturaleza exclusivamente procesal para proteger los principios de seguridad y certeza jurídicas. Con ello el legislador consigue una permanencia en el tiempo de la declaración judicial, de forma que un hipotético segundo proceso estará siempre vinculado a la sentencia dictada. Las funciones de la cosa juzgada material son: a) Negativa o excluyente: Exclusión de toda decisión jurisdiccional futura entre las mismas partes y con el mismo objeto. Se concretará en el principio non bis in idem. Lo que impide al tribunal es entrar a conocer de la cuestión nuevamente planteada. La LEC preceptúa que el objeto de ambos procesos sea “idéntico”; para que se dé esta identidad sustancial es necesaria la concurrencia de tres identidades: sujetos litigantes, petitum y causa petendi.
b) Positiva o prejudicial: Obligatoriedad de ajustar el pronunciamiento judicial de un segundo proceso, a la sentencia firme del proceso anterior, cuando ésta sea condicionante de la relación jurídica debatida en el segundo proceso. Trata de evitar que dos relaciones jurídicas totalmente conectadas entre sí se resuelvan de modo contradictorio.
3.- Sentencias que producen efecto de cosa juzgada.
Las sentencias firmes, aunque excepcionalmente, hay algunas sentencias firmes que no provocan el efecto de cosa juzgada: aquellas que ponen fin a los juicios verbales sobre tutela de la posesión o las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela que esta Ley califique como sumarias.
4.- Límites de la cosa juzgada.
La vinculación que produce la cosa juzgada material de una sentencia con un segundo proceso, no es absoluta, sino que requiere una serie de identidades entre ambos. La eficacia de la cosa juzgada tiene unos límites, referidos a la pretensión y sus elementos identificadores.
a) Límites subjetivos: Afecta a las partes del proceso donde se dicte la sentencia, o sea, ni favorece ni perjudica a quien no haya sido parte. Hay terceros a los que sí vincula: - Herederos y causahabientes, siempre que el título de adquisición de la cosa litigiosa sea posterior al momento de la litispendencia.
- A todos los socios en la impugnación de acuerdos societarios, aunque no hayan litigado.
- Determinados supuestos en materia de consumidores y usuarios.
- Efectos “erga omnes”: En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil b) Límites objetivos y temporales: - Alcanza a las pretensiones, entendiendo que alcanza a todo hecho constitutivo alegado.
- A la excepción de compensación.
- A los hechos determinantes de la nulidad absoluta del negocio en que se funda la pretensión.
- Se considerarán hechos nuevos y distintos los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que se formulen.
IV.- COSTAS PROCESALES.
Desembolsos económicos que han de realizar las partes y tienen causa directa e inmediata en la realización de un proceso determinado. Se incluyen: - Honorarios de Letrado y Procurador.
- Inserción de anuncios y edictos en boletines oficiales y prensa, cuando sea preceptiva.
- Derechos de peritos y demás abonos a terceros intervinientes en el proceso.
- Copias, testimonios y certificaciones que hayan de obtenerse por imperativo legal.
- Derechos arancelarios que se devenguen con motivo del proceso.
Como regla general, cada parte abonará las costas causadas a su instancia, y las comunes por mitad. Hay determinados supuestos en los que la LEC obliga a una de las partes a satisfacer la totalidad de costas generadas en el proceso (condena en costas).
Cuando hay condena en costas, la parte favorecida debe presentar ante el Secretario Judicial la oportuna tasación de las mismas, de la cual se da traslado a la parte condenada a su abono, que puede aceptarlas o impugnarlas. Finalmente, es el Secretario Judicial quien realiza la efectiva liquidación del importe de las costas procesales.
Tema 14: Terminación sin sentencia Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán acabarlo de varias formas antes de que se resuelva en sentencia, cuando la ley no lo prohíba.
1. Renuncia a la acción Acto procesal exclusivo del demandante por el cual desiste de la pretensión y renuncia al derecho ejercitado. El proceso termina con sentencia absolutoria para el demandado, y no se podrá reproducir la pretensión. Salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible, en cuyo caso el tribunal dictará auto mandando seguir el proceso.
2. Transacción Las partes, interviniendo ambas necesariamente, ponen fin al proceso alcanzando un acuerdo sobre la pretensión, debiendo ser este objeto de la transacción disponible.
No está sometido a un momento procesal concreto y concluye el proceso mediante auto, que incorpora como contenido el acuerdo alcanzado, homologándolo judicialmente. Está reconocido por la LEC como título ejecutivo, pudiendo una de las partes instar un proceso de ejecución si la otra no cumple. Además, el auto no produce efectos de cosa juzgada material.
3. Desistimiento Acto procesal exclusivo del demandante por el que manifiesta su voluntad de no continuar la acción en el proceso pendiente. Podrá realizarlo unilateramente antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para juicio. Si ya ha sido emplazado, se le dará traslado del escrito de desistimiento, y manifestará si lo acepta.
El desistimiento puede ser total o parcial, y expreso o tácito si incurre en alguna de las conductas que la Ley estima que equivalen a desistimiento.
Si tiene lugar en la primera instancia, concluye el proceso por medio de auto teniendo por sobreseído el proceso y archivando las actuaciones, pero como deja imprejuzgada la petensión, puede volver a incoarse un nuevo proceso.
Si se produce tras haberse dictado sentencia, su efecto es que la resolución recurrida deviene firme y no podrá plantearse nuevamente la cuestión.
4. Allanamiento El demandado muestra su conformidad con la pretensión. Puede ser total o parcial,.
continuando en este último caso el proceso respecto a la parte no allanada y dictándose auto acogiendo las que sí. El allanamiento total supone la conclusión del proceso dictándose por el tribunal sentencia sobre el fondo. Generalmente, debe ser expreso y puede realizarse en cualquier momento del proceso.
Se dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por el demandante siempre que el juez no entienda que se hace en fraude de ley o suponga una renuncia contra el interés general o en perjuicio de tercero.
Si resultase del compromiso con efectos de transacción previstos para los juicios de desahucio y el desahuciado no cumple con el plazo, quedará sin efecto y se llevará a cabo el lanzamiento sin más trámite y sin notificación alguna al condenado, en el día y hora fijadas en la citación es de fecha posterior, o en el día y hora que señale la resolución.
5. Sobreseimiento Resolución judicial en forma de auto que da por terminado el proceso, sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto por la existencia de algún obstáculo procesal que impide la válida prosecución y término del proceso.
El tribunal no se pronuncia sobre el fondo del asunto dejando imprejuzgada la pretensión, pero no puede incoarse un nuevo proceso entre las mismas partes con el mismo objeto, salvo que se haya dictado por ausencia de presupuestos procesales que, siendo subsanables, no se han subsanado.
6. Satisfacción extraprocesal de la pretensión o carencia sobrevenida del objeto Supone la conclusión del proceso por desaparición del interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida inicialmente por el actor o reconviniente, por haberse satisfecho fuera del proceso. Puede alcanzarse por varias vías como la transacción extrajudicial, el sobrevenir una carencia del objeto del proceso o el cumplimiento extrajudicial del demandado.
Cabe en cualquier momento del proceso y exige la concurrencia de ambas partes.
Concluye el proceso mediante auto con los mismos efectos que una sentencia absolutoria firme: tiene eficacia de cosa juzgada pero no es título ejecutivo.
Paralización del proceso Las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días.
Tema 15: Los recursos (15, 16 y 19 según los apuntes) 1. Concepto, distinción y medio de gravamen Los medios de impugnación son instrumentos al servicio de las partes para atacar una resolución que le ha causado un perjuicio al impugnante, intentando modificara, anularla o rescindirla. Debe distinguirse entre recursos y medios de impugnación de sentencias firmes.
El recurso es un medio de impugnación que tiene como objeto pedir que se revise una cuestión fáctica o jurídica sobre la que ya ha recaído una resolución definitiva pero no firme para sustituirla por otra más favorable. Los medios de impugnación stricto sensu son unos instrumentos procesales que permiten atacar sentencias firmes y no tienen como objeto una nueva cognición de cuestiones ya resueltas, sino que por medio de aquéllos se ejercita nuevamente una acción dirigida a eliminar los efectos jurídicos producidos.
Deben cumplirse unos presupuestos procesales para recurrir, que son: Competencia funcional, legitimación de las partes y el tercero interviniente, recurribilidad de la resolución, cumplir el plazo legal, exponer el motivo por el que se recurre e indicar el extremo concreto que se recurre (fundamentación) y, por último, la resolución debe causar un gravamen.
2. Efectos de los recursos Cuando se interpone un recurso se producen una serie de efectos procesales que los provocan todos los recursos, pero hay otra serie de efectos que dependiendo del recurso interpuesto podrán producirse o no.
Todos los recursos evitan la firmeza de la resolución. Sólo se pueden interponer contra sentencias definitivas, y hasta que no se resuelva, la resolución no podrá declararse firme. Está prohibida la reformatio in peius, de forma que la nueva resolución dictada no pueda causar nunca un perjuicio mayor que la recurrida. Los efectos no comunes en todo los recursos son: - Devolutivo: La resolución del recurso le corresponde a un órgano superior.
- Suspensivo: Paralización de la ejecución de la resolución recurrida mientras se resuelva el recurso. El obligado no tendrá que cumplirla mientras no se resuelva el recurso.
3. Clases de recursos Atendiendo a la competencia funcional para su resolución se clasifican en devolutivos o no devolutivos. El único recurso no devolutivo es el de reposición.
Atendiendo a los motivos por los que se interpone: - Extraordinarios: Cuando la Ley señala unos motivos que obligatoriamente tendrán que fundamentar un determinado tipo de recurso - Ordinarios: Cuando el recurrente puede alegar cualquier motivo o causa.
I.- El recurso de reposición 1.- Frente a resoluciones del juez Es un recurso ordinario, no devolutivo y no suspensivo que puede interponerse frente a providencias y autos no definitivos dictados por cualquier clase de tribunal. La competencia para resolver corresponde a quien dictó la resolución.
2.- Frente a resoluciones del Secretario Judicial Recurso ordinario, no devolutivo y no suspensivo que puede interponerse frente a diligencias de ordenación y decretos no definitivos, excepto en los casos en que la ley prevea que debe interponerse recurso directo de revisión.
II.- Recurso de revisión contra resoluciones del Secretario Judicial Recurso ordinario, devolutivo y no suspensivo que puede interponerse frente a los decretos definitivos dictados por el Secretario Judicial para poner fin al procedimiento y los decretos del Secretario Judicial que la Ley disponga.
La competencia para resolver corresponde al tribunal con competencia funcional en el proceso en el que ha recaído el decreto impugnado.
III.- Recurso de apelación Recurso ordinario y devolutivo. La competencia funcional para su resolución se atribuye a un órgano jurisdiccional superior al que dictó la resolución. Se suele hablar de doble instancia, siendo la segunda el tribunal que resolverá el recurso.
Son apelables las resoluciones dictadas por Juzgados de Paz o de Primera Instancia:  Todas las sentencias definitivas dictadas en cualquier clase de juicio, excepto las dictadas en juicios verbales cuya cuantía sea inferior a 3.000€.
 Autos definitivos y otros autos que la Ley señale expresamente.
La competencia para resolverlo corresponderá a los Juzgados de Primera Instancia cuando las resoluciones impugnadas hayan sido dictadas por los Juzgados de Paz, y las Audiencias Provinciales cuando hayan sido dictadas por los Juzgados de Primera Instancia.
Efectos  El recurrente persigue con la apelación que se revoque un auto o sentencia y que se dicte otro más favorable.
 La apelación contra sentencias desestimatorias de la demanda y contra autos que pongan fin al proceso carecerá de efectos suspensivos.
 Las sentencias estimatorias de la demanda, recurridas en apelación, son ejecutables provisionalmente en las condiciones previstas en la LEC.
 Si la infracción procesal alegada se hubiera cometido al dictar sentencia, el Tribunal de apelación, tras revocarla, resolverá sobre la cuestión.
 Si la infracción procesal fuere de las que originan la nulidad radical de las actuaciones o de parte de ellas, el Tribunal lo declarará así, reponiendo las actuaciones al estado en que se hallasen cuando la infracción se cometió, salvo que pueda subsanarse.
 Si el motivo del recurso fuera de carácter sustantivo el Tribunal de apelación, tras revocar la sentencia, resolverá sobre la cuestión pronunciándose sobre el objeto del proceso.
 La resolución no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el inicialmente apelado.
Tema 16: Recursos extraordinarios I. Recurso de casación Recurso extraordinario y devolutivo que tiene por objeto anular una sentencia que contiene una incorrecta aplicación o interpretación de una norma de derecho sustantivo.
Son recurribles en casación únicamente sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, siendo los motivos primordiales cuando:  Se dicten en procesos civiles para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el art. 24 CE.
 La cuantía del asunto exceda de 600.000€  No siendo la cuantía superior a ésta, o habiéndose sustanciado el proceso por razón de la materia, la resolución presente interés casacional. Esto es cuando la sentencia recurrida se oponga a la doctrina del TS, resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las A. Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que no existiese doctrina jurisprudencial del TS.
Si el recurso se funda en infracción de normas de Derecho Común, lo resolverá la Sala Civil del TS; y si se funda en infracción de normas de Derecho civil foral o especial propio de las CCAA, resolverá el TSJ de dicha CA.
Si la sentencia admite el recurso de casación interpuesto por vulneración de un derecho fundamental, la que ponga fin al recurso confirmará o casará la recurrida.
Si el recurso estimado se interpuso por interés casacional, casará la resolución impugnada y resolverá sobre el fondo del asunto.
II. Recurso extraordinario de infracción procesal El legislador busca con este recurso descargar de trabajo al TS al atribuir la competencia para resolverlo a los TSJ, y por otro lado, intensificar la tutela judicial ordinaria de los derechos fundamentales de naturaleza procesal.
Son recurribles en infracción procesal las mismas resoluciones que lo son en casación.
Sólo puede interponerse este recurso de manera autónoma contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en procesos cuyo objeto haya sido la tutela civil de derechos fundamentales o procesos cuyo objeto, independientemente de la materia, supere 600.000€.
Si se interponen conjuntamente, serán recurribles por infracción penal todas aquellas contra las que se permite el recurso de casación, pero deberá alegarse alguno de los motivos expuestos en el art. 469 LEC.
Si se interpone únicamente el recurso de infracción procesal, será competencia de la Sala de los Civil del TS; mientras que si se interponen ambos conjuntamente, el motivo de casación será el que determine la competencia para resolverlo.
Motivos del recurso Es un recurso extraordinario, de resolución preferente al de casación que tiene por finalidad sanear el procedimiento de posibles errores o defectos de naturaleza procesal.
Procede únicamente para denunciar vicios “in procedendo” consistente en la infracción de una norma de derecho procesal puesta de manifiesto en el momento procesal en que se produce.
El recurso debe expresar claramente la manera en que la infracción influyó en el resultado del proceso y que se justifique la efectiva indefensión que ocasionó al recurrente.
Los motivos por los que puede interponerse son: Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia, de las normas procesales reguladoras de la sentencia o de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determine la nulidad conforme a la ley o pueda producir indefensión; así como por la vulneración de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE.
III.- RECURSO DE QUEJA.
1.- Resoluciones recurribles.
Los autos en que el tribunal deniegue la tramitación de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o de casación.
2.- Competencia para resolver el recurso.
El Tribunal al que hubiera correspondido resolver el recurso no tramitado.
IV.- RECURSO EN INTERÉS DE LEY.
1.- Concepto y función.
Es un recurso extraordinario y devolutivo, cuya función consiste en buscar la unidad jurisprudencial.
2.- Resoluciones recurribles.
Sentencias que resuelvan recursos extraordinarios por infracción de ley procesal, cuando las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación de normas procesales. No procederá el recurso en interés de la ley contra sentencias que hubiesen sido recurridas en amparo ante el TC. Será competente para resolverlo la Sala de lo Civil del TS.
Podrán en todo caso recurrir en interés de la ley: El Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo; personas jurídicas de Derecho público que, por las actividades que desarrollen y las funciones que tengan atribuidas, acrediten interés legítimo en la unidad jurisprudencial sobre esas cuestiones; y las partes de los procesos cuya sentencia se recurre, que únicamente intervienen en trámite de alegaciones expresando su criterio jurídico.
La sentencia que se dicte en los recursos en interés de la ley respetará, en todo caso, las situaciones jurídicas particulares derivadas de las sentencias alegadas y, cuando fuere estimatoria, fijará en el fallo la doctrina jurisprudencial. En este caso, se publicará en el BOE y, a partir de su inserción en él, complementará el ordenamiento jurídico, vinculando a todos los Jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil diferentes al TS.
Tema 17: Revisión y Audiencia al rebelde I.- REVISIÓN CIVIL 1.- Concepto y fundamento.
No estamos ante un recurso, sino ante un medio de impugnación que además se dirige contra sentencias firmes. Se concreta en un auténtico nuevo proceso.
El legislador ha hecho prevalecer un criterio de justicia frente al de seguridad jurídica.
Por eso, el fundamento del juicio de revisión es el de evitar el perjuicio de una sentencia errónea o ilegal, aunque sea firme. La revisión no se fundamenta en una seguridad posterior que la sentencia es injusta o errónea, sino en la existencia de circunstancias de nueva aparición que hacen pensar que es posible que la sentencia sea injusta o errónea. Por eso le otorga legitimación para impugnarla únicamente al perjudicado por la sentencia firme.
2.- Motivos.
Las circunstancias en que puede razonarse la impugnación de una sentencia firme mediante el juicio de revisión son: - Si después de pronunciada, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se dictó.
- Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en proceso penal, o se declarare su falsedad penalmente.
- Si hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o peritos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento.
- Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude.
La causa alegada ha de conocerse con posterioridad a la firmeza de la sentencia; no es posible iniciar el juicio de revisión basado en hechos alegados o discutidos en proceso anterior.
3.- Resoluciones revisables, competencia y partes.
Lo son revisables las sentencias firmes. Será competente para conocer este proceso: - la Sala de lo Civil del TS, como regla general.
- las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ, cuando la sentencia firme aplicaba derecho civil, especial o foral, propio de la CA, o que así lo prevea el Estatuto de Autonomía.
En cuanto a las partes, la legitimación activa la tiene quien la parte perjudicada por la sentencia firme impugnada. Pasivamente, la tendrán como demandados cuantos hubieren litigado en el proceso anterior o sus causahabientes. El Ministerio Fiscal intervendrá ates de que se dicte la nueva sentencia para informar sobre si estimar o no la demanda de revisión.
- No podrá solicitarse la revisión después de transcurridos cinco años desde la publicación de la sentencia que se pretende impugnar. Se rechazará toda solicitud de revisión posterior.
- Dentro del plazo señalado se podrá solicitar la revisión siempre que no hayan transcurrido tres meses desde que se descubrieren los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere reconocido o declarado la falsedad.
- Hay que constituir depósito de 300 euros, sin el cual se rechazará de plano la demanda.
- Presentada y admitida la demanda de revisión, el Secretario judicial solicitará que se remitan al Tribunal las actuaciones del pleito cuya sentencia se impugne, y emplazará a cuantos en él hubieren litigado, o a sus causahabientes, para que en veinte días contesten a la demanda.
- Contestada la demanda de revisión o transcurrido el plazo anterior sin haberlo hecho, se dará a las actuaciones la tramitación establecida para los juicios verbales.
- También se dará traslado de las actuaciones al MF para su preceptivo informe. Tras la vista, la Sala dictará sentencia irrecurrible: a) Si estima la demanda rescindirá la sentencia impugnada. Mandará expedir certificación del fallo, y devolverá los autos al tribunal del que procedan para que las partes usen su derecho, según les convenga, en el juicio correspondiente. Habrán de tomarse como base las declaraciones hechas en la sentencia de revisión.
b) Si desestima la revisión, se condenará en costas al demandante y perderá el depósito.
II.- AUDIENCIA AL REBELDE.
1.- Concepto y requisitos.
Medio de impugnación que pretende rescindir una sentencia firme dictada en un proceso a un demandado declarado en rebeldía. Su finalidad es ofrecer la oportunidad de recibir en audiencia a quien no pudo intervenir en el proceso anterior y fue declarado rebelde contra su voluntad, bien por no tener conocimiento de la existencia del proceso o que teniéndola, por causa de fuerza mayor, no pudo comparecer. Requisitos: - Fuerza mayor ininterrumpida que impidió al rebelde comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en forma.
- Desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o emplazamiento se hubieren practicado por cédula pero ésta no hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa no imputable al mismo.
- Desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando el demandado rebelde haya sido citado o emplazado por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la CA, en cuyos Boletines Oficiales se publicasen.
La rescisión de sentencia firme a instancia del demandado rebelde sólo procederá si se solicita dentro de los plazos siguientes: - Veinte días desde la notificación de la sentencia firme, si se practica personalmente.
- Si no, cuatro meses desde la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme.
Dichos plazos podrán prolongarse si subsistiera la fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde comparecer, pero no cabe ejercitar la acción de rescisión una vez transcurridos dieciséis meses desde la notificación de la sentencia.
La pretensión del demandado rebelde de que se rescinda una sentencia firme se sustanciará por los trámites establecidos para el juicio ordinario, que podrá ser iniciado por las partes del proceso. Celebrado el juicio, en el que se practicará la prueba pertinente sobre las causas que justifican la rescisión, resolverá el tribunal mediante sentencia, no susceptible de recurso alguno. Si la sentencia dictada en rebeldía se estuviera ejecutando, el tribunal de la ejecución, previa petición de parte, deberá acordar la suspensión de su ejecución.
Tema 18: La ejecución forzosa I.- NOCIONES GENERALES.
Proceso en el que se sustancia este tipo de pretensiones, las ejecutivas, cuyo objeto es solicitar al órgano judicial que acuerde una serie de medidas contra la parte que, estando obligada a una prestación inserta en un título ejecutivo, no la ha cumplido voluntariamente.
El fundamento de la ejecución de las sentencias se encuentra en el artículo 24.1 CE, especialmente en la nota de efectividad con que reconoce el derecho a la tutela judicial.
Además supone una manifestación de la potestad jurisdiccional coercitiva.
Aunque lo más frecuente es que el proceso de ejecución venga precedido de un proceso declarativo, no siempre tiene que ser así, pudiendo acudirse a un proceso ejecutivo directamente con alguno de los títulos de ejecución del artículo 517.
Lo que sí es esencial es que para el ejercicio de una acción de ejecución se necesita indispensablemente un título ejecutivo.
2.- Naturaleza y principios.
El proceso de ejecución es de naturaleza jurisdiccional. En cuanto a sus principios configuradores, se encuentran: - Carácter sustitutivo: la actividad jurisdiccional ejecutiva es sustitutiva de la conducta que debiera haber realizado el obligado por el título ejecutivo. Si hay cumplimiento voluntario de la prestación impuesta, no hay proceso ejecutivo.
- En cuanto a las partes, los principios son idénticos a los que rigen los procesos declarativos: dualidad de partes, contradicción e igualdad de armas.
- En cuanto al proceso, rige también el principio dispositivo.
- Respecto al procedimiento, tiene vigencia el principio de escritura frente al de oralidad, y como hay una serie de actos que tienen que desarrollarse en momentos distintos, no es posible actuar bajo los principios de concentración y unidad de acto.
3.- Órganos de la ejecución: funciones del juez y funciones del secretario judicial.
El Tribunal que conozca de la ejecución lo hará según criterios de competencia funcional, y para su atribución habrá que atender al tipo de título ejecutivo en que se funda.
- Si consistiera en resoluciones judiciales, o dictadas por Secretarios Judiciales a las que esta Ley reconozca carácter de título ejecutivo, o transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción o acuerdo.
- Cuando el título sea un laudo arbitral, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado dicho laudo.
- Para la ejecución fundada en otros títulos, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar que corresponda con arreglo a las normas de competencia territorial.
- Si los bienes a ejecutar se encuentran hipotecados, la competencia no se atribuye conforme a estas normas generales, sino a una serie de especialidades.
El Secretario Judicial desde la reforma de la LEC del año 2009 ostenta competencias que antes pertenecían al Juez. Así, dictará decreto para: concretar los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, y la adopción de todas las medidas necesarias para la efectividad del despacho, ordenando los medios de averiguación patrimonial necesarios. Igualmente tendrá otra serie de facultades como la de dictar decretos o diligencias de ordenación para resolver incidentes en el transcurso del proceso de ejecución.
4.- Las partes en la ejecución.
Tienen la condición de parte en el proceso de ejecución quien pide y obtiene el despacho de la ejecución, que recibe el nombre de ejecutante, y la persona frente a quien se despacha dicha ejecución, que recibe el nombre de ejecutado. El ejecutante será quien aparezca como acreedor en el título ejecutivo. Generalmente sólo tendrá legitimación pasiva: - Quien aparezca como deudor en el mismo título.
- Quien responda personalmente de la deuda.
- El propietario de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede, siempre que ésta derive de la Ley o se acredite mediante documento fehaciente.
- No puede despacharse ejecución contra la comunidad de gananciales. La demanda ejecutiva podrá dirigirse únicamente contra el cónyuge deudor, pero el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al otro cónyuge.
- Título ejecutivo con deudores solidarios. Podrá pedirse que se despache ejecución, por el importe total de la deuda, más intereses y costas, frente a uno, algunos o todos los deudores.
- Puede ocurrir en un proceso de ejecución la sucesión procesal.
El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por procurador, salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de dichos profesionales II.- EL TÍTULO DE EJECUCIÓN.
La acción ejecutiva debe fundarse en un título de ejecución, entendiendo por tal una resolución judicial, arbitral, o un documento extrajudicial con las solemnidades formales legalmente exigidas, a los que la LEC u otra ley les reconozca virtualidad ejecutiva. La acción ejecutiva caduca a los cinco años desde que el título ejecutivo adquiere firmeza.
2.- Clases de títulos.
A) Títulos judiciales o equiparados.
- Sentencia de condena firme.
- Resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso.
- Auto de cuantía máxima en procesos indemnizatorios referentes a responsabilidad civil derivada del uso de vehículos a motor.
- Resoluciones judiciales a las que la ley reconozca como título ejecutivo.
- Laudos o resoluciones arbitrales y acuerdos de mediación elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
B) Extrajudiciales.
- Escrituras públicas, si es primera copia o segunda dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes.
- Pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos.
- Títulos al portador o nominativos que representen obligaciones vencidas y los cupones vencidos de dichos títulos, siempre que confronten con los títulos y éstos con los talonarios.
- Certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe copia de la escritura pública de representación de los valores o la emisión, cuando sea necesaria, conforme a la legislación..
- Otros documentos a los que la ley le reconozca carácter de título de ejecución.
Sólo puede acceder a un proceso de ejecución forzosa un título ejecutivo extrajudicial de cuantía superior a 300 euros; en caso que la condena sea a entregar cosa determinada, deberá ser computable a metálico por una cuantía superior a 300 euros.
III.- ESTRUCTURA DE LA EJECUCIÓN.
1.- La demanda ejecutiva.
Comienza a instancia de parte mediante el ejercicio del derecho de acción interponiendo la oportuna demanda. Su ejercicio está sometido a un plazo suspensivo: no se despachará ejecución de resoluciones procesales, arbitrales o acuerdos de mediación hasta los 20 días después de que la resolución haya sido notificada al ejecutado. Debe expresar:  El título ejecutivo en que se funda la demanda  La concreta tutela judicial que se pretende.
 Si la pretensión es dineraria, reflejar la cantidad por la que hay que despachar ejecución.
 Si el ejecutantelos conoce, bienes o derechos del ejecutado susceptibles de embargo.
 Si no los conoce, puede instar la adopción de medidas de averiguación judicial.
Documentos que deben acompañarla: - El poder del Procurador si no constaba ya en las actuaciones (o se hace apud acta).
- Título ejecutivo, salvo ejecución fundada en resolución judicial que conste en los autos.
- Cuando el título sea un laudo, el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquél a las partes.
- En caso de embargo de acciones u obligaciones, los documentos que acrediten las cotizaciones aplicadas para el cómputo en dinero de deudas no dinerarias.
- Documentos que la ley exija para el despacho de la ejecución.
- Otros documentos considere el ejecutante útiles o convenientes para el mejor desarrollo de la ejecución y contengan datos de interés para despacharla.
2.- Orden general y despacho de ejecución.
Se establece un plazo de espera, de modo que no se despachará ejecución de resoluciones procesales, laudos arbitrales, acuerdos de mediación o convenios aprobados judicialmente dentro de los 20 días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado. Este plazo de espera no es aplicable a las resoluciones de condena por desahucio.
No se despacha ejecución de sentencias declarativas ni de sentencias constitutivas.
Presupuestos procesales para el despacho de ejecución: Una vez presentada la demanda ejecutiva, si cumple todos los requisitos legales exigidos, la ejecución se autoriza y se despacha por medio de una resolución del Juez en forma de auto, que recibe el nombre de auto despachando ejecución. Dicho auto debe contener la orden general de ejecución. En dicho auto el Tribunal debe expresar: - La persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y la persona o personas contra quien se despacha ésta, y en caso de pluralidad de ejecutados, si la ejecución se despacha de forma mancomunada o solidaria.
- Si la pretensión es dineraria, la cantidad por la que se despacha la ejecución, formada por el principal más los intereses ordinarios y los moratorios vencidos. Se puede incrementar esta cantidad en un 30% en concepto de intereses y costas de la ejecución.
- Si hay más de un condenado-ejecutado, debe precisar si la ejecución se despacha de forma mancomunada o solidaria.
- Las precisiones necesarias respecto de las partes o del contenido de la ejecución, según lo dispuesto en el título ejecutivo y respecto de los responsables personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente afectos o a los que ha de extenderse la ejecución.
3.- Decreto del Secretario Judicial sobre actuaciones ejecutivas.
Una vez que se dicta el auto despachando ejecución por el juez, el Secretario Judicial dictará una resolución en forma de decreto en el que determinará: - Medidas ejecutivas a adoptar contra el ejecutado y, si fuera posible, el embargo de bienes.
- Medidas de localización y averiguación procedentes de bienes del ejecutado.
- Requerimiento de pago al ejecutado en los casos en que según la ley es preceptivo.
4.- Oposición por el ejecutado por motivos de fondo y por defectos procesales.
El auto que autorice y despache ejecución así como el decreto que en su caso hubiera dictado el Secretario judicial, junto con copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente al ejecutado. El ejecutado podrá presentar un incidente de oposición, por escrito, en el plazo de diez días. Motivos de oposición:  Por razones de fondo: a) Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, podrá oponerse a ella por escrito alegando y justificando documentalmente el pago, el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, la caducidad de la acción ejecutiva y los pactos y transacciones que hubieran convenido ejecutante y ejecutado siempre que consten en documento público.
b) Si el título ejecutivo es el auto de cuantía máxima (responsabilidad circulación vehículos a motor), podrá oponerse alegando culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo o concurrencia de culpas.
c) Si la ejecución se basa en un título no judicial, podrá oponer: - Pago, que pueda acreditar documentalmente.
- Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva - Pluspetición o exceso en la computación a metálico de las deudas en especie.
- Prescripción y caducidad.
- Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente.
- Transacción, siempre que conste en documento público  Por razones de forma(defectos procesales) El plazo para oponerse es de cinco días. Los defectos que puede alegar son: - Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda.
- Falta de capacidad o representación del ejecutante o no acreditación de ésta.
- Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia, el laudo arbitral, o el acuerdo de mediación, pronunciamientos de condena; - Nulidad radical del despacho de ejecución de títulos extrajudiciales, por no cumplir el documento presentado los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución.
- Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado notarialmente, la falta de autenticidad de éste.
5.- Suspensión de la ejecución.
La oposición del ejecutado suspende el curso de la ejecución cuando plantea oposición a un título ejecutivo extrajudicial, por cualquier motivo de oposición menos el de pluspetición.
No se suspende la ejecución cuando el título ejecutivo sea una resolución judicial, arbitral o acuerdo de mediación, o sea extrajudicial y se alegue pluspetición.
Tema 19: Medidas cautelares 1.- Fundamento.
Se ejerce en un proceso que tiene por finalidad asegurar la eficacia de la resolución que se dicte en un proceso principal con el que está relacionado aquél. Es una forma de garantizar la tutela judicial efectiva para el ciudadano.
El Tribunal podrá acordar como medida cautelar, respecto de los bienes y derechos del demandado, cualquier actuación, directa o indirecta, que reúna las siguientes características: - Instrumentalidad: en cuanto son instrumentos del proceso principal declarativo o de ejecución al que están subordinadas.
- Proporcionalidad: medida proporcional a la tutela pretendida en el proceso principal, y no susceptible de sustitución por otra medida igual de eficaz, pero menos gravosa o perjudicial.
- Temporalidad: mientras esté en curso el proceso principal al que el proceso cautelar va interrelacionado. Concluido el proceso principal, se levantan las medidas cautelares.
- Provisionalidad: cumplen su función de aseguramiento, desapareciendo cuando en el proceso principal se haya logrado una situación que hace inútil su mantenimiento - Modificabilidad: susceptibles de modificación incluso de alzamiento cuando se alteren las circunstancias o motivos que se tuvieron en cuenta para adoptarse.
Para adoptar una medida cautelar es necesaria la concurrencia de: a) Fumus bonis iuris: Apariencia del buen derecho. El solicitante de la medida acreditará mediante un principio de prueba el derecho que ejercita en el proceso principal, de forma que el Juez al que se solicita la medida pueda llegar a un convencimiento de probabilidad, en base al que entienda previsible que el resultado del proceso principal será probablemente favorable al solicitante de la medida cautelar. Implica que la existencia del derecho o interés jurídico afirmados ha de parecer suficiente para que quepa prever que la resolución principal declarará el derecho en sentido favorable al que solicita la medida cautelar El solicitante de medidas cautelares habrá de presentar con su solicitud los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios de prueba, que deberá proponer en forma en el mismo escrito.
b) Periculum in mora: Acreditar un riesgo real de que, mientras se sustancia el proceso de declaración el demandado pueda intentar maniobras fraudulentas que pongan en peligro o hagan imposible una futura ejecución. Es el peligro de daño que puede sufrir el demandante por la carga de tener que soportar la lentitud de un proceso para obtener la satisfacción de su pretensión principal. Este presupuesto se integra por aquellos riesgos que pueden amenazar la efectividad de la sentencia del proceso principal por la necesaria demora en emitirla, y que la medida cautelar se dirige precisamente a conjurar Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.
No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales no se han solicitado hasta entonces.
c) Caución por el solicitante: Los anteriores presupuestos son requisitos que deben darse en la esfera de la persona contra quien se solicita la medida, para que el Tribunal decida adoptar dicha medida. Para llevarla a efecto, hace falta un tercer presupuesto: que el solicitante preste caución suficiente para responder de los eventuales daños y perjuicios que le cause a la parte contraria, en caso que en el pleito principal se desestime la pretensión del demandante.
A) Legitimación: Todo actor, principal o reconvencional, podrá solicitar del tribunal, la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare. Las medidas cautelares previstas en la LEC no podrán en ningún caso ser acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo que se disponga para los procesos especiales. Tampoco podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas.
B) Competencia: Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares el que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal. Para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción procesal o de casación, será competente el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dichos recursos.
C) Tramitación: Se solicitarán junto con la demanda principal. Con posterioridad a la presentación de la demanda o pendiente recurso sólo podrán solicitarse cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos.
Podrán solicitarse antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad, aunque en este caso, quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción.
El Secretario judicial, de oficio, acordará mediante decreto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas.
La solicitud se formulará con claridad y precisión, justificando la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción. Se acompañarán a la solicitud los documentos que la apoyen o se ofrecerá la práctica de otros medios para acreditarlos. Para el actor precluirá la posibilidad de proponer prueba con la solicitud de las medidas cautelares.
El tribunal proveerá a la petición previa audiencia del demandado, aunque de forma muy excepcional puede adoptarse una medida cautelar inaudita parte, cuando concurran concurren razones de urgencia o la audiencia al demandado puede comprometer el buen fin de la medida cautelar.
Recibida la solicitud, el Secretario judicial, mediante diligencia, convocará a las partes a una vista, que se celebrará en los diez días siguientes sin necesidad de seguir el orden de los asuntos pendientes cuando así lo exija la efectividad de la medida cautelar. Terminada la vista, el tribunal, en cinco días, decidirá mediante auto sobre la solicitud de medidas cautelares.
Derecho Procesal Penal - Procesal Penal (2015) Apunte
Derecho Civil Patrimonial - Civil Patrimonial (2015) Apunte
Derecho procesal civil - Derecho Procesal Civil (2014) Apunte

References: artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 757
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e contrario
e contrario
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 artículo 317
e contrario
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 artículo 24
 artículo 517
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