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Timestamp: 2018-06-25 19:50:40+00:00

Document:
Resolución Vinculante de DGT, V2124-15, 10-07-2015 | Iberley
Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2124-15 de 10 de Julio de 2015
Núm. Resolución: V2124-15
Ley 37/1992 arts. 4, 7-8º
Sujeción al IVA de las facturas emitidas por la consultante a la Comunidad Autónoma.
La consultante es una sociedad mercantil del sector público de una Comunidad Autónoma (100 por cien de capital público). Constituye su objeto social la realización de actividades y servicios tendentes a la mejora y crecimiento de la industria turística, del deporte y del comercio y la artesanía, a cuyo fin, desarrolla entre otras, la gestión de instalaciones deportivas que le son asignadas o puestas a su disposición por la Comunidad Autónoma, la elaboración de estudios, planes y proyectos en materia deportiva, la gestión y explotación de bienes inmuebles y servicios afectos al uso deportivo, así como la ejecución de obras de instalaciones y equipamientos deportivos.
La consultante tiene la consideración de poder adjudicador.
La Comunidad Autónoma encomendó a la consultante la construcción de una escuela pública de golf. La consultante tramitó el expediente de contratación adjudicándose a una empresa constructora la cual emite facturas a la consultante por el importe de las certificaciones de obra y la consultante factura a su vez a la Consejería respectiva.
1.- El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que estarán sujetas al citado tributo "las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.".
El apartado tres del mismo artículo 4 aclara que la sujeción al Impuesto se produce "con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular.".
Por otra parte, la letra a) del apartado uno del artículo 5 de la Ley del Impuesto otorga la condición de empresario o profesional a "las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.
No obstante, no tendrán la consideración de empresarios o profesionales quienes realicen exclusivamente entregas de bienes o prestaciones de servicios a título gratuito, sin perjuicio de lo establecido en la letra siguiente.".
Finalmente, el artículo 5, apartado dos, de la Ley 37/1992 define las actividades empresariales o profesionales como "aquellas que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.".
Los preceptos anteriores son de aplicación general y, por tanto, también aplicables a las sociedades mercantiles de capital público, como la consultante, que tendrá la condición de empresario a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido cuando ordene un conjunto de medios personales y materiales, con independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial mediante la realización continuada, a título oneroso, de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de tal actividad.
2.- Por otra parte, en cuanto a la calificación de la operación que realiza la empresa consultante, el artículo 8 de la Ley del Impuesto señala en su apartado dos, al definir el concepto de entrega de bienes, que también se considerarán como tales las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del artículo 6 de esta Ley, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 40 por ciento de la base imponible.
En consecuencia, las ejecuciones de obra con aportación de materiales tendrán la consideración de entregas de bienes o de prestaciones de servicios, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añado, según que el coste de tales materiales exceda o no del 40 por ciento de la base imponible del Impuesto correspondiente a la ejecución de obra en la que se utilicen los mismos.
Así pues, dado que parece que en el presente caso la empresa consultante aporta los materiales de la obra que ejecuta, la operación realizada tendrá la consideración de entrega de bienes a efectos del Impuesto.
De la breve descripción de hechos efectuada por el consultante parece inferirse que la construcción de la escuela de golf tiene la calificación de entrega de bienes, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, pues la empresa consultante aporta los materiales de la obra que ejecuta,
3.- No obstante lo anterior, el artículo 13.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (antiguo artículo 4.5 de la Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo, Sexta Directiva, norma derogada y sustituida desde el 1 de enero de 2007 por la referida Directiva 2006/112/CE), establece lo siguiente:
En cualquier caso, los organismos anteriormente citados tendrán la condición de sujetos pasivos en relación con las actividades que figuran en el anexo I, excepto cuando el volumen de éstas sea insignificante.".
El mencionado precepto comunitario ha sido objeto de interpretación en diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante, el Tribunal. En este sentido, ha de destacarse la de 11 de julio de 1985, Asunto Convenio Colectivo de Empresa de NEPTUNO TURISTICA, S.A. (HOTEL VULCANO)/84, Comisión contra Alemania, la de 26 de marzo de 1987, Asunto C-235/85, Comisión contra Holanda, o la de 17 de octubre de 1989, Asuntos acumulados C-231/87 y 129/88, así como más recientemente la de 16 de septiembre de 2008, C-288/07, Isle of Wigth Council.
De estas sentencias se deduce que, en síntesis, dos son los requisitos que abrirían paso a la aplicación del artículo 13.1 de la Directiva 2006/112:
a) que quien realice la operación sea un órgano de Derecho público y
b) que dicha operación suponga el ejercicio de una función pública desarrollada por el órgano de Derecho público.
La incorporación del mencionado artículo 13.1 de la Directiva 2006/112/CE al Derecho nacional se ha realizado a través del artículo 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que ha sido objeto de nueva redacción por la Ley 28/2014 de 27 de noviembre (BOE del 28) de modificación de la Ley del impuesto sobre el Valor Añadido). Este precepto establece la no sujeción de las siguientes operaciones:
"8º. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria.
Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.
En todo caso, estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios que las Administraciones, entes, organismos y entidades del sector público realicen en el ejercicio de las actividades que a continuación se relacionan:
l´) Las comerciales o mercantiles de los Entes públicos de radio y televisión, incluidas las relativas a la cesión del uso de sus instalaciones. A estos efectos se considerarán comerciales o mercantiles en todo caso aquellas que generen o sean susceptibles de generar ingresos de publicidad no provenientes del sector público.
m´) Las de matadero.".
El concepto de Administración pública recogido en el párrafo segundo y tercero del número 8º del artículo 7 de la Ley del Impuesto, se aplica a todos los efectos de este número, incluidos los párrafos cuarto, quinto y sexto del mismo número.
La entidad consultante que se rige en todas sus actuaciones por el ordenamiento jurídico privado y por la Ley de Contratos del Sector Público, no ostenta la condición de Administración pública a los efectos del artículo 7.8º de la Ley 37/1992.
La no sujeción prevista para las operaciones realizadas en virtud de encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo, se refiere a las prestaciones de servicios pero no a las entregas de bienes, como las que son objeto de la presente consulta que, en consecuencia, quedarán sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido
5.- Con respecto al sujeto pasivo de las ejecuciones de obra inmobiliaria, se debe tener en consideración lo establecido por el artículo 84 de la Ley 37/1992, que establece lo siguiente:
El artículo 24 quater del Reglamento del Impuesto, establece:
De acuerdo con los criterios sentados en la citada contestación y por lo que respecta al objeto de la consulta, este Centro Directivo le informa de que, para que resulte de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto pasivo en el supuesto referido en el artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley del Impuesto, es necesario que el destinatario de las operaciones referidas en el mismo actúe con la condición de empresario o profesional en los términos señalados en el artículo 5 de la misma Ley.
Por lo que respecta, en particular, a Comunidad Autónoma destinataria del bien, como en el presente caso, será necesario que ésta comunique expresa y fehacientemente al consultante si están adquiriendo el bien en su calidad de empresario o profesional.
No será necesaria, sin embargo, dicha comunicación en los supuestos en los que la citada Comunidad Autónoma no actúe con la condición de empresario o profesional, en cuyo caso no operará el supuesto de inversión del sujeto pasivo y la consultante deberá repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 37/1992
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 2257/2014, 08-03-2016
Orden: Administrativo Fecha: 08/03/2016 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Garzon Herrero, Manuel Vicente Num. Recurso: 2257/2014
Resolución Vinculante de DGT, V1344-15, 29-04-2015
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 29/04/2015 Núm. Resolución: V1344-15
Resolución Vinculante de DGT, V1534-16, 13-04-2016
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 13/04/2016 Núm. Resolución: V1534-16
Resolución Vinculante de DGT, V1724-16, 20-04-2016
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 20/04/2016 Núm. Resolución: V1724-16
Resolución Vinculante de DGT, V0842-17, 05-04-2017
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 05/04/2017 Núm. Resolución: V0842-17
Resolución Vinculante de DGT, V0678-17, 15-03-2017
Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 15/03/2017 Núm. Resolución: V0678-17

References: Resolución 
 artículo 4
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 artículo 5
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 artículo 8
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 artículo 13
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 artículo 13
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 artículo 7
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 Real Decreto 
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