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Timestamp: 2019-09-18 07:29:22+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-11358
Documento BOE-A-2019-11358
«BOE» núm. 184, de 2 de agosto de 2019, páginas 83635 a 83650 (16 págs.)
BOE-A-2019-11358
En el recurso interpuesto por don G. E. M., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes número 2, don Joaquín Luaces Jiménez-Alfaro, por la que se suspende la inscripción de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio administrativo.
Mediante certificación administrativa, de fecha 4 de marzo de 2019, expedida por la Delegación Regional de Recaudación de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se acreditó el acuerdo dictado por dicha Delegación por el que se aprobaba la adjudicación directa de determinada finca, objeto de un procedimiento administrativo de enajenación, tras quedar desierta la previa subasta.
Presentada la referida certificación administrativa en el Registro de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
Hechos: Se presenta certificación expedida con fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve por la Jefa de la dependencia regional de recaudación de la Calle (…) de Madrid en la que consta que en procedimiento administrativo de apremio seguido por la Hacienda Pública contra doña J. S. N. se adjudica según acta de adjudicación directa el pleno dominio de la finca descrita a la doña M. J. H. G. y Don F. J. R. T. con carácter ganancial por la suma en el mismo indiciada.
Se trata de una adjudicación directa tras embargo de la AEAT. La subasta se celebró con primera y segunda licitación con fecha 11 de julio de 2018, quedando desierta.
Fundamentos de Derecho: No cabe la adjudicación directa tras el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre; que elimina dicha posibilidad (artículo 107 RGR) desde el uno de enero de 2018. La DT 4.ª, sólo se refiere a la normativa aplicable para la subasta electrónica.
San Sebastián de los Reyes, 4 de abril de 2019.–El registrador, Joaquín Luaces Jiménez Alfaro (firma ilegible).»
Contra la anterior nota de calificación, don G. E. M., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, interpuso recurso el día 24 de abril de 2019 atendiendo a los siguientes argumentos:
I (…)
2. En este sentido, aunque en relación con la calificación de documentos administrativos el registrador goce de mayor libertad que respecto de los documentos judiciales, la calificación nunca puede alcanzar la legalidad intrínseca de la resolución, puesto que ello supondría asumir facultades revisoras que exceden del ámbito de la función registral, en línea con lo preceptuado en el artículo 18 LH. Así, como ha señalado reiteradamente la DGRN, conforme al artículo 99 RH puede revisar la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con la clase del expediente seguido, las formalidades extrínsecas del documento presentado, los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, la relación de éste con el titular registral y los obstáculos que surjan del Registro, pero ello es así "con el exclusivo objeto de que cualquier titular registral no pueda verse afectado si en el procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el titular registral sufra, en el mismo Registro. las consecuencias de una indefensión procesal" (Resolución de 25 de abril de 2018).
En el mismo sentido incide la más reciente Resolución de 29 de julio de 2016, que abiertamente secunda la tesis que venimos defendiendo, al transcribir textualmente la doctrina citada, y concluir que no puede entenderse la existencia de defecto esencial ostensible en la resolución administrativa que ampara las operaciones contenidas en el documento calificado, en un supuesto de calificación de una licencia de segregación en la que como consecuencia de la misma la parcela originaria, ocupante por una edificación, resultaba disconforme con los usos e intensidades edificatorios permitidos por la ordenación urbanística en vigor, quedando en situación equiparada al régimen fuera de ordenación. Y ello por el hecho clave de que '"el titular registral tiene pleno conocimiento de la situación de fuera de ordenación".
4. Así pues, el registrador debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo. habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa") y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso­-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso­-administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
IV. 1. Enlazando con lo anterior, y sin perjuicio de lo alegado respecto a la vulneración de las normas reguladoras de la calificación registral, estimarnos que la interpretación realizada por el registrador de la normativa transitoria tampoco es acertada, siendo válida la actuación de la Agencia Tributaria.
Por ello, la entrada en vigor de toda la modificación tiene que ser necesariamente al unísono, careciendo de sentido suprimir la posibilidad de acudir a la adjudicación directa en caso de quede desierta la subasta mientras no hayan entrado en vigor las normas de desarrollo de las mismas de forma electrónica, puesto que bajo el régimen de desarrollo de subastas anterior no se maximizaba esa concurrencia, y la posibilidad de que quedasen desiertas era una opción contemplada por el propio legislador.»
El registrador de la Propiedad de San Sebastián de los Reyes número 2, don Joaquín Luaces Jiménez-Alfaro, emitió informe en el que mantuvo íntegramente su calificación y formó el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
Vistos los artículos 18 y 20 de la Ley Hipotecaria; 26 y 99 del Reglamento Hipotecario; 172 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 104 a 112 y las disposiciones transitorias tercera y cuarta del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, y su modificación por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre; las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 31 de octubre de 1995 y 21 de febrero de 2012, entre otras, y, de la Sala Primera, de 29 de julio de 1995 y 21 de marzo de 2003, entre otras, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de marzo de 1975, 7 de septiembre de 1992, 22 de octubre de 1996, 27 de enero de 1998, 20 de julio de 2001, 13 de diciembre de 2002, 20 de diciembre de 2005, 26 de marzo y 27 de octubre de 2008, 1 de junio de 2012, 15 de enero, 23 de septiembre y 20 de noviembre de 2013, 12 de febrero y 11 de julio de 2014, 30 de noviembre de 2016, 11 de abril y 10 de octubre de 2018 y 6 y 13 de febrero y 22, 23, 24 y 30 de mayo de 2019.
1. Se plantea en este expediente si es inscribible en el Registro de la Propiedad una certificación de un acta de adjudicación directa acordada en procedimiento de apremio fiscal por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En dicho procedimiento, habiéndose declarado desierta la subasta en primera y segunda licitación, se acordó mediante acta de fecha 12 de noviembre de 2018 la adjudicación directa de la finca objeto de ejecución.
El registrador suspende la inscripción, por entender que no resulta posible la práctica de la inscripción solicita por haber sido acordada la adjudicación directa en fecha en que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes hipotecados por el procedimiento de adjudicación directa, sin respetar la exigencia del precio mínimo de adjudicación que impone el artículo 107 del citado Reglamento, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018.
En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 11.340 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad muy inferior de 4.000 euros. Este hecho avala la conclusión antes expuesta sobre el perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe total del crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».

References: Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 99
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 107