Source: https://www.scribd.com/document/195208767/Diario-Del-5-de-Noviembre-de-2013
Timestamp: 2017-12-14 06:45:56+00:00

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AÑO lXXVII N° 207
BUENOS AIRES, ARGEntInA - marteS 5 DE noviemBre DE 2013
La prueba en la defensa del consumidor
Horacio L. Bersten
SUMARIO: I. Introducción.- II. La prueba en la redacción original de la ley 24.240.- III. La inserción de reglas explícitas
en materia de prueba.- IV. Relación entre las reglas de la LDC y del Cód. Procesal.
La ley 24.240 contiene reglas especíﬁcas en cuanto a la ﬁnalidad de la prueba, de su carga, su producción e interpretación, que se integran con las contenidas en el Código Procesal y eventualmente prevalecen, con el objeto de resguardar el orden público de consumo y preservar la vigencia e intangibilidad de las garantías constitucionales previstas en el art. 42 de la Constitución Nacional.
La cuestión de la prueba en los procesos de defensa del consumidor, como otros aspectos procesales y sustantivos de ese ámbito requiere no sólo de una comprensión del instituto específico y de su inserción dentro de reglas generales en materia probatoria, como de su adecuación a las normas constitucionales en que se sustenta el régimen tuitivo. En tal sentido, no es ocioso recordar que el legislador sólo dotó de la posibilidad de instar la apertura de los diversos procedimientos previstos en la ley 24.240 —es decir, judiciales, administrativos y arbitrales— al consumidor y a ciertos sujetos cuya representación la Constitución y la ley les otorga. (1) Ello indica, ineludiblemente, que estos procedimientos fueron establecidos de un modo expreso y deliberado, para otorgar una protección adicional a los consumidores y usuarios —en el marco de las relaciones de consumo—, en razón de que el orden jurídico considera especialmente valioso tal resguardo.
gistraba la existencia de otras disposiciones, contenidas en otros institutos del estatuto de consumo, en las que el legislador plasmó presunciones y hasta calificó medios de prueba, concretamente en materia de servicios públicos domiciliarios, de contratos de adhesión y de cláusulas abusivas, y en materia de procedimiento administrativo, que brevemente referenciamos: En cuanto a los servicios públicos domiciliarios: - La presunción que la interrupción de la prestación del servicio le es imputable al prestador y que la ausencia de responsabilidad de su parte en la ocurrencia del evento debe ser acreditada dentro del término de 30 días (art. 30), por lo que configura un plazo de caducidad. - La falta de inserción de constancias de deudas en las facturas hace presumir que el usuario no tiene deuda anterior alguna. (art. 30 bis). - Que el exceso de consumo (3) corresponde a un error de facturación (art. 31). Respecto de los contratos de adhesión y de cláusulas abusivas: - Ineficacia de limitaciones en materia probatoria: Conforme al art. 37, inc. c), las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor serán tomadas como no convenidas. - Restricción del valor probatorio de las convenciones: Las convenciones realizadas por las partes no valen por sí mismas, siendo inaplicable el art. 1197 del Código Civil, si se configuran cláusulas abusivas, según determina el art. 37 incisos a), b); y c) o incluso del contrato, si se producen las condiciones previstas en el tercer párrafo del mencionado artículo. Como consecuencia, los instrumentos adjuntados por las partes en el proceso no van a tener el valor indiscutible habitual en el
ámbito de concertación paritaria, sino que la norma fija límites a tales posibilidades, con ajuste a la regla que en el cotejo de las obligaciones convenidas por las partes no deban apreciarse ventajas sólo para el proveedor que redactara el instrumento. Respecto de las actuaciones administrativas: - Las constancias de las actas de inspección, así como las comprobaciones técnicas que se dispusieren, constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas (art. 45). Lo dispuesto no sólo tiene consecuencias en al ámbito de las actuaciones por ante la autoridad de aplicación, puesto que —en el caso de imponerse una sanción— es posible su revisión judicial; aunque en esa instancia no podrá desvirtuar tal presunción, sino se produce prueba en contrario. Las regulaciones mencionadas, con claro sentido tuitivo, tienen por objeto proteger a los usuarios y consumidores, determinando reglas en cuanto a quién debe producir la prueba, de qué tipo debe ser y cuáles son las consecuencias para cada una de las partes en los eventuales procesos que puedan articularse. Pero, cabe señalar, que poco tiempo después de la entrada en vigencia de la LDC, la jurisprudencia y la doctrina avanzaron decididamente en cuanto a la prueba, considerándola una cuestión de capital importancia en materia de relaciones de consumo, porque la preceptiva procesal general contenida en el Código de rito no daba cuenta de la complejidad de las relaciones de consumo y de la especial situación de debilidad estructural de los consumidores y usuarios en las relaciones de consumo. En tal sentido, es dable advertir que la jurisprudencia lo hizo muy rápidamente, en primer término en cuestiones relacionadas con servicios públicos (empezando por la telefonía fija), puesto que en los primeros años ‘90 del siglo pasado constituía el campo de las relaciones de consumo en que más se visualizaba el mentado desequilibrio estructural. Con acierto
II. La prueba en la redacción original de la ley 24.240
La ley LDC 24.240, en su redacción original, si bien disponía de un capítulo procesal —el XIII, “De las acciones”—, (2) no contenía disposiciones que estuvieran específicamente referidas a la prueba. En cambio, sí se re-
se sostuvo que “quien está en mejor posibilidad de probar deberá ser quien acredite con veracidad certera lo facturado, no pudiendo tomar una posición de mera expectativa la concesionaria del servicio público en su calidad de prestataria sobre una actividad de interés público general, como son las telecomunicaciones en la actualidad, y respecto de la cual ella tiene no sólo el monopolio, sino el control cuasi unilateral de los facturado”. (4) También en telefonía se han hecho pesar las presunciones como prueba en la facturación excesiva de pulsos telefónicos, atento a la desventaja en la que siempre se halla el usuario en estas circunstancias, puesto que “como la prueba directa de la sobrefacturación de pulsos telefónicos es imposible o extremadamente difícil, no se puede hacer incidir las consecuencias de tal circunstancia sobre la parte gravada con la carga de la prueba. Por ello, en tales supuestos adquieren pleno valor las presunciones que, en el caso, son graves, precisas y concordantes, pues la actora realizó repetidos reclamos, lo que demuestra que el problema fue reiterado y, recién dictada la medida de no innovar, el consumo de pulsos excedentes mostró una marcada reducción”. (5) También se dijo que “Frente a la sobrefacturación de un servicio —en el caso, el telefónico—, la carga de la prueba recae sobre la empresa prestataria del servicio, la cual se encuentra en mejores condiciones de aportar elementos a la causa para arribar a la verdad jurídica”. (6) En el mismo sentido, “la empresa prestataria del servicio telefónico carga con la prueba de la fecha en que fueron reparadas las averías denunciadas, por ser la única que cuenta o debe contar con los medios técnicos aptos para determinar aquellas circunstancias.”(7) Empero, también debe tenerse en cuenta que el consumidor no puede tener una actitud pasiva o meramente contemplativa, sino que debe arrimar los medios de prueba que estén a su alcance proporcionar. (8) En el servicio eléctrico y con motivo de daños ocasionados a las instalaciones y artefactos de usuarios que soportaron una sobrecarga de tensión, se sostuvo que “Dada la posiCOntInÚA En lA PÁGInA 2
DOCtRInA. La prueba en la defensa del consumidor
Horacio L. Bersten......................................................................................................................... 1
Mutuo acuerdo. Validez. Falta de prueba de vicios de la voluntad al momento de suscribirlo. Rechazo de la indemnización por daño moral. (CNTrab.)....................................................4 AdopciOn. Matrimonio que habría apropiado a un menor. Improcedencia del otorgamiento de su guarda. Relación afectiva con origen en un hecho ilícito. (CNCiv.).................6 Homicidio. Tentativa. Rechazo del agravante de concurso premeditado de dos o más personas. Inexistencia de una división de tareas ajustada a un plan homicida acordado con anterioridad. (CNCrim. y Correc.)........................................................................................7
nOtA A fAllO. La simulación del despido y el distracto
Ricardo J. Cornaglia.................................................................................................................... 5
Contrato de traBajo. Extinción del contrato de trabajo. Piloto de una línea aérea.
(21) Ello nos lleva a concluir que. 12/05/1998. S. La desigualdad existente entre las partes hace que los modos de llegar al conocimiento y esclarecimiento de la cuestión debatida siga un camino muchas veces complejo y no tan directo como en otros casos. 1027. sala IV. de la que sólo puede deducirse que la elusión está al servicio de dejar sin posibilidad de acreditación alguna al consumidor o usuario. dilucidar un asunto”. “Consumidores”. por eso suele hablarse de un derecho constitucional a la prueba”. “Carga de la prueba. el suministro de energía) y el daño”. que hace que los consumidores y usuarios no siempre conozcan con exactitud todas y cada una de las circunstancias de los productos y servicios contratados. Osvaldo. 42 C. LA LEY. s/incumplimiento”. 318. sala I. Horacio L. LA LEY. lo que tiene su correlato procesal en el principio de amplitud de la prueba. ED. La Ley. 65 LDC. “Schejtman.. Rubinzal Culzoni. conforme a las características del bien o servicio. 15/10/1998. (14) LORENZETTI. tanto jurídicas como técnicas. es decir se trata de “iluminar. DJ. qué es lo que efectivamente ha ocurrido y/o ocurre o puede ocurrir. 144. 2000-A. (15) De modo que la finalidad de la prueba en el proceso de defensa del consumidor consiste en poner en claro evidenciar. Argentina Stet France Telecom. JA. (10) CNFed. El párrafo 3° del artículo dispone que “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder. ej. (19) Conf. (4) CNCiv. salvo en casos de una evidente y demostrada improcedencia. que en otra época justificó el origen de las relaciones contractuales y eximía de indagaciones sobre la justicia de su contenido.. 706. (9) CNCiv. Ello determina que las pruebas que los consumidores y usuarios pretenden hacer valer en el proceso de defensa del consumidor pueden tener un mayor grado de amplitud y hasta — si se quiere— un eventual grado de imprecisión que no es dable esperar en litigios paritarios que suponen un mucho mayor conocimiento fáctico y técnico. (20) Y al decir del citado autor: “Pero en el proceso de consumo. la Cámara Nacional en lo Comercial. Evelina c. y otros”.. JA. no es dable defenderse alegando que el damnificado debe probar que los daños fueron provocados por deficiencias en la calidad del suministro imputable a la distribuidora no evitables por instalación de protectores. Comentada y Anotada”. (15) Conf. controles. que el que podría ocasionar una eventualmente dilatoria o improcedente... de las constancias existentes.A. el conocimiento técnico y la facultad unilateral de determinar consumos. encuentra como límite en el derecho del consumo al orden público económico de protección. (3) El exceso debe superar a un 75% al promedio de consumo. es carga procesal del proveedor acreditar con precisión suficiente la ruptura del nexo causal entre el hecho atribuido (en el caso. Ello lleva a extremar el principio de amplitud de la prueba en el ámbito de las relaciones de consumo. 10/06/1997. p. íd. quien en el 2003 —es decir antes de la reforma introducida por la ley 26. 1992-IV-744 y “Fuerza expansiva de la doctrina de las cargas probatorias dinámi- cas”.— que lo determina de un modo expreso. con especial relación a los procesos de consumo. Telecom. apunta a un fin. acreditarían la responsabilidad del propio proveedor o de algún otro miembro de la cadena de producción y comercialización. P. como de su carga. Mario. por lo que. 15/12/1998. Así se dijo que: “Corresponde hacer lugar a la demanda que reclama la devolución de las sumas que en concepto de consumo excedente de pulsos telefónicos le fueran facturadas al accionante durante los períodos reclamados. (19) Esta preceptiva cobra un papel trascendente en materia de consumo en razón de la asimetría informativa. también contiene disposiciones procesales. sólo pueden ser articuladas por el consumidor o usuario y los demás legitimados previstos en el art. desde un punto de vista etimológico es la acción de esclarecer. Telecom”. propia de las relaciones de consumo. p. conforme a las características del bien o servicio” (art.A. 304. LA LEY. Fed. 1998-A. que en casi todos esos casos el consumidor tenía imposibilidad de probar sus dichos. (21) Ob.) “En materia probatoria. pero en materia de derecho del consumidor tales recaudos se deben multiplicar. 31. como ocurre con la medición de consumos en telefonía. es mayor el riesgo que se corre de desvirtuar o limitar un principio constitucional al no hacer lugar a una medida de prueba. 187-647. Estos pronunciamientos interpretan el espíritu tuitivo de la CN reformada y de la L. 1999-II. Mercedes c. puesto que se consideró que cuando los elementos probatorios son proporcionados por el proveedor. introdujo reglas sobre prueba en su art. pero no hay duda de que las empresas proveedoras.. 2000-A. 16/09/1999. sin embargo. La inserción de reglas explícitas en materia de prueba La ley 26. (18) Fallos: 238:250. sala III. Con las arbitrales ocurre lo mismo y ni siquiera puede hacerse valer contra el consumidor una cláusula compromisoria previa —que en cambio es válida para el proveedor—. H. La misma sala: causa 7994 del 22/5/91. diccionario RAE. Ello lleva a sostener que se debe estar por su producción antes a que a la limitación en materia de prueba. 132-963. ante usuarios en orfandad probatoria .C. 1996-B. Finalidad de la prueba: El esclarecimiento. la no presentación de los análisis técnicos efectuados por una empresa productora de artículos masivos (p. sala II. En cuanto a las acciones judiciales de defensa del consumidor. ENTel”. Sin embargo. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos. Com. La posibilidad de producción de la prueba tiene que ver con la garantía misma de la defensa en juicio. carga u obligación individual. (9) No escapa..N. Jorge. 1999-III-302. poner claro y luciente algo. 45 sólo pueden ser iniciadas por denuncia del consumidor y asociaciones de consumidores o de oficio por la autoridad de aplicación. el art. 742/93 del 18/5/93. por cuanto el consumidor carece de la posibilidad de verificar los efectivamente realizados. por lo que no presentarlos en proceso significa la imposibilidad o una gran dificultad para el esclarecimiento. 06/06/2002. 2003. sostuvo que “La autonomía privada. puesto que persigue que el proceso tenga un sentido teleológico. en la medida en que quien tiene los datos puede probarlos.M. Civ. vendidos. “Banco Galicia y Buenos Aires c. (11) CNCom. (2) El Capítulo XIII está integrado por los arts. (12) MORELLO. tal como lo ha subrayado la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación”. III. Así. “Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba”. siendo muy cuidadosos a ese respecto. 55. Fed. en materia bancaria. (13) PEYRANO. “La finalidad de la prueba en el proceso civil”. 52 a 54 inclusive. “Biestro de Bover c. (17) MASCIOTRA. p. En un interesante y reciente trabajo Mario Masciotra dice que “el objetivo de la prueba es averiguar la realidad de los hechos litigiosos. LA LEY. Com. puesto que la totalidad de la prueba estaba en poder de la demandada. al claro y preciso criterio interpretativo que dimana de estos precedentes. (16) No puede olvidarse que conforme al art.”. entre muchas otras.361— expresó que “En esos casos la cuestión se resuelve por la regla de la distribución dinámica de las cargas probatorias. terminal automotriz. Telefónica de Argentina S. y apuntó al mismo rol del Juez en el proceso.. Ricardo Luis. 23/02/1999. y acercan un criterio de equidad. Telefónica de Argentina”. “Ruiz. (7) CNCiv. sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva. cuando determinó “Que. actualidad. y Com. Silvio c.A. Edenor”. Buenos Aires 2011-III. 303.723) (1) Las actuaciones administrativas previstas en el Pero los criterios constitucionales que dimanan de los fallos citados no se limitaron al ámbito de los servicios públicos. 1ª edición. se fue aún más lejos. según sea su actividad. que se establece en forma diferencial según se trate de servicios estacionales o no estacionales. “Irurzun. También lo hizo. Al Estado le importa identificar si existe o no una cuestión constitucional.347-S). el principio de la carga probatoria dinámica impone la prueba a la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla.. si de la prueba rendida se extrae la fuerte presunción de que la línea telefónica no fue utilizada durante los meses cuestionados y frente a ello la empresa telefónica opuso solamente sus propias mediciones que sólo constituyen verificaciones unilaterales de lo facturado y respecto de las cuales el consumidor se halla inerme e imposibilitado de todo control”(10) (el remarcado no es del original). (11) Prestigiosos autores como Morello (12) y Peyrano (13) sostuvieron la necesidad de revisar los paradigmas probatorios. para obtener su propia certeza sobre ellos” (17). por ejemplo. y Com. Sin embargo. estudios y ensayos llevados a cabo y de todas las circunstancias que los rodean. 53.N. etc. 8401 del 7/6/94. JA.D. Fed. “La protección a los usuarios de los servicios público”. no solo afectados. ilustrar el entendimiento.. no sólo en un proceso de consumo. Telefónica de Argentina S. y no deben ser desechadas y/o limitadas. JA. recogiendo así la opinión de la jurisprudencia y de doctrina a la que hemos venido haciendo referencia. máxime porque es una norma de orden público. Civ. El principio de amplitud de la prueba debe ser respetado en cualquier proceso. deben ser examinados cuidadosamente. con esa amplitud de miras deben ser evaluadas las pruebas ofrecidas por los consumidores o usuarios en el proceso de consumo. Eugenia c. encontrándose en la difícil situación de tener que probar que no había consumido o que la falla se había producido.” (. porque aun existiendo duda entre la producción o no de un determinado medio de prueba. Com. lo que era una orientación pasó a ser una directiva legal de la que no pueden separarse las partes y mucho menos el intérprete.” Pero en el ámbito del proceso de consumo. ofertados. que modificó de un modo amplio la LDC. que es su norte. ED. con el objeto de cumplir de tal modo con la adecuada protección de los art. (6) CNCon. Adm. importando una actitud reticente y de falta de colaboración. (5) CNCiv. Sobre el particular puede consultarse BERSTEN.. cómo son elaborados. Alfonso G. sala III. Derechos reservados (Ley 11. 717. entre otros trabajos. 1995-II-166. (8) CNFed. Como sostiene Gozaíni: “El derecho a probar es una parte del debido proceso. en “La Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada” directores Picasso y Vázquez Ferreyra. L. cuentan en su poder con constancias. contenido en el Capítulo XIV “De las asociaciones de consumidores” regula sobre la legitimación de éstas. sala “B”. Así. que tiene que sujetarse a ella. puesto que si esos elementos estuvieren presentes en el proceso.240). Nandor c. 53 LDC). 2002-3-1083. c. 2013-C. Augusto. LA LEY. que deben litigar contra quien posee las herramientas. estudios. 52 LDC. La Ley. No puede dejar de señalarse que ése debería ser el sentido que la jurisprudencia y la doctrina le asignan a la prueba en general. 16/12/1994. “El proceso de consumo” en “Ley de Defensa del Consumidor. fabricante de electrodomésticos) respecto de un producto puede III. Ricardo Lorenzetti. art. t. especialmente si son constancias unilaterales producidas sin ningún tipo de contralor del consumidor o de terceros no interesados. (20) GOZAÍNI. Ello importa que las partes puedan ofrecer y producir todas aquellas pruebas que hacen a los argumentos esgrimidos a través de sus escritos de interposición de la litis . 96. 1999-E. Reconocida o probada la falla del servicio energético. { NOTAS } Especial para La Ley. ley 24. pues ambos litigantes están obligados a colaborar en el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva”. la acción se otorga también a los consumidores y usuarios cuyos interesas se encuentren amenazados. De modo que la nueva norma estableció reglas explícitas y claras en cuanto a la finalidad de la prueba. 52. a los que no siempre tienen acceso los consumidores. La carga de la prueba: Los proveedores tienen como obligación legal a cumplir la de “aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder. puesto que.. mediciones.”. sala C. por lo que normalmente no hay dudas al respecto”. “Gader. en razón de ser el consumidor o usuario la parte débil de la contratación. el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales.316.Vázquez Ferreyra. (16) Esta directiva legal es trascendente. con más los intereses y cargos que la empresa telefónica cobra a sus clientes por mora en el pago de facturas (art. sala II. sala B. siempre y cuando no sean “manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias”. y que deben ser aportados en el juicio para lograr el esclarecimiento de la cuestión debatida. “Teubal de Alhadeff. cuenta con una norma específica —contenida en la ley que reglamenta los derechos previstos en el art. cit. la prueba no puede quedar como un deber. no existen reglas absolutas ni inamoviblemente rígidas. por su ligazón con el derecho de defensa. (14) consumidores y usuarios para hacer valer los derechos conferidos por el art. 1146. LA LEY. Buenos Aires. 42 C. entregados y/o prestados. reaseguro de la economía de mercado y garantía para prevenir inequidades. Las relaciones de consumo presentan multiplicidad de situaciones que no pueden ser abarcadas en un breve comentario. 572 (42. 2011.2 | marteS 5 DE noviemBre DE 2013 La prueba en la defensa del consumidor VIEnE DE tAPA ción de superioridad técnica de la demandada frente al usuario. tal como acontece con las empresas que contratan masivamente a través de formularios en los que consta claramente la finalidad. Fed. Santa Fe. profundizando de tal modo y ahondando en un sendero que fuere marcado por nuestro más Alto Tribunal en “Colalillo” (18). prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio”. Los nuevos conceptos de la imposición procesal y de la sujeción procesal”. . Existen una serie de elementos de prueba que sólo obran en poder de la parte “fuerte” de la relación. más allá de su ubicación formal. “Amoroso Copello. 61 del 1/12/92. dirigida por Picasso .
53. entendemos. puesto que el esclarecimiento de la cuestión debatida del que habla la norma tiene como destinatario al intérprete. en caso de conflicto debe prevalecer la norma de defensa del consumidor por sobre la preceptiva general. estimulando su producción. admite que en casos de duda se aplique la interpretación más favorable para el afectado (art. sino también en el propio art. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. no coartándola y eventualmente disponiendo de medidas de mejor proveer. Todo ello sustentado en que la condición de orden público de los derechos de consumidores y usuarios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado desde una perspectiva realista. es deber de los proveedores aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder. Procesal Lo expuesto nos lleva a considerar la relación existente entre las disposiciones del Código de rito y las de índole procesal contenidas en el art. (31) La recepción constitucional y legal de estos derechos responde a una necesidad in- eludible de protección del contratante débil en la relación de consumo. que la obligación de aportar lo reglado en el art. por lo que normalmente no hay dudas al respecto (Ricardo Luis Lorenzetti. cabe concluir que es mayor la exigencia de prosecución de la verdad. reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. en “Standard Bank Argentina S. que se trata de un régimen especial tuitivo brindado dentro del ámbito de las relaciones de consumo y que apunta a la protección de las personas que hacen esos actos. C.A. por lo que sus normas son de aplicación imperativa y deben tenerse como modificatorias de la legislación sustancial y procesal. que deberá hacerse en el momento oportuno. punto V del voto de la mayoría. no hay duda que de éstas resultan como conclusión lógica de lo allí preceptuado. “Halabi”. por cuanto esto evidenciaría un retaceo de la información necesaria para el proceso. De modo que resulta lógico y coherente concluir que la actitud obstructiva y reticente del proveedor demandado (22) encuentra su fundamento en evitarle consecuencias negativas para la posición que tiene asumida en el proceso. Buenos Aires. (33) Todo ello lleva a concluir que “la primacía del estatuto del consumidor por sobre las normas citadas se funda en la necesaria armonización entre las normas procesales y sustanciales. penal. relacionados con litigios paritarios. (37) COntInÚA En lA PÁGInA 4 (25) Conf. en todo aquello que esté regulado de forma incompatible. en cuanto otorga la protección a las personas de no declarar contra sí mismas. toda vez que la interpretación de las normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva. sala E. 16/02/2011. Santa Fe..240 a las que hemos venido haciendo referencia. (36) Remedio restrictivamente otorgado en materia de prueba. como correlato. (32) Conf. 04/10/2005. considerando la debilidad del consumidor o usuario. también pueden presentarse supuestos en los que puede entrar en colisión la interpretación sobre cuál deberá ser la disposición aplicable un caso concreto. CNCom. (25) Devis Echeandía nos orienta de un modo decisivo en la comprensión. Cabe acotar. (28) De modo que. no hemos de extendernos. 319. puesto que la primera de ambas tiene un rango que surge. c. Esta actitud. sala “F”. 42. en la obra colectiva “Defensa del consumidor”. sala E. y cuya existencia y contenido resultare manifiestamente verosímil. genera una presunción de que es absolutamente concordante y marcha por idéntico camino con lo dispuesto en el art. sino quién asume el riesgo de que falte . Procesal. sino en quien. a la vez. son de aplicación al ámbito de la prueba. Sáenz y Silva señalan que la norma “impone una carga de colaboración en la dilucidación de la verdad objetiva del caso. También. Buenos Aires. Bustos Carlos Elvio s/secuestro prendario”. “En esos casos la cuestión se resuelve por la regla de la distribución dinámica de las cargas probatorias. Ámbito de aplicación del estatuto del consumidor”. (23) Ob. Banco Meridian S. “Banco Comafi S. en cuanto establece que los proveedores “deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder. 53. puesto que permiten que los pequeños reclamos puedan ser satisfechos. en razón del carácter tuitivo otorgado al proceso de consumo. Sobre el particular. Fallo CNCom. en particular. Este tipo de procesos se sustentan en disposiciones de orden constitucional. Pero este es también el criterio que paulatinamente ha ido adoptando la jurisprudencia.”(34) Estas conclusiones. 06/03/2012. 35801/03.. Astrada. Cabe entonces acoger la producción de la medida propuesta por la actora.240 —texto según ley 26. Decíamos que la LDC reglamenta los derechos constitucionales de consumo contenidos en los artículos 42 y 43 C. sala C. que dimanan del propio texto de la LDC y que son válidas respecto de todos los institutos procesales y también los sustanciales. cit. Armando Valentín y otros s/daños y perjuicios (Acc. J. 53. 53 está dirigida solamente a una de ellas. (28) Como no es motivo del presente trabajo. (31) Plenario recaído en “Sáez González. sala “F” ant. p. Trán. pero la limitación del principio dispositivo es fácil de advertir en razón que la caducidad de instancia sólo podría ocasionar un desplazamiento de una asociación de consumidores actora por el Ministerio Público Fiscal (art. con el objeto de la dilucidación de lo ocurrido. La única diferencia que se advierte entre ambas es que mientras que la disposición contenida en art. en razón del esfuerzo adicional que ocasiona. sala “D”. Cód. administrativo. comentario al art. cuando nos dice que no se trata de fijar quién debe llevar la prueba. estableciendo que la LDC reglamenta esos derechos constitucionales. Por ello. 388 CPr. sino también comercial. pues de otro modo se vulneraría la exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza la C. (27) La actitud pro activa que requiere el art.marteS 5 DE noviemBre DE 2013 | 3 significar que el proveedor no cumple con determinados estándares de seguridad o calidad. c. (30) CNCom.. “Banco Comafi S. (33) Conf. conforme a las características del bien o servicio”. lo que impone una interpretación amplia. (34) CNCom. por imperativo de la disposición. con cita de Kielmanovich. 211. la cuestión es de ineludible planteamiento y de análisis. puesto que en general son complementarias —como ocurre con la mencionada correlación entre las obligaciones contenidas en el art. Osvaldo. GOZAÍNI. IV. y SILVA.. 83. Luis R. Les. 55186/2008. 52) o que la conciliación no sería posible sin dictamen fiscal y auto homologatorio fundado. de la Carta Magna y de los fundamentos de su misma normativa”. importaría incurrir en excesivo rigorismo formal que debe desecharse. 53 de la ley 24. (36) En esa oportunidad se sostuvo que “por lo demás. que muchas veces incluso puede estar relacionado con un accionar ilícito del proveedor. tal como acontece con las empresas que contratan masivamente a través de formularios en los que consta claramente la finalidad. en razón de las limitaciones que tiene el principio dispositivo en ese tipo de procesos. ausencia de prueba que existe en poder del proveedor no debe recaer en el consumidor o usuario demandante. en la obra “Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”. 2003.A.. por ende no estaríamos en los procesos de defensa del consumidor. sino que solamente puede estar dirigida a obstar la pretensión del consumidor o usuario. Ambas disposiciones son análogas y deben ser interpretadas de un modo integrativo y coherente puesto que en rigor existe entre ellas una relación que podría estimarse como de género y especie. de conformidad con el tercer párrafo del art. apartado 8)”. Por consiguiente las consecuencias que acarrea el incumplimiento de lo establecido en los dos casos es de naturaleza semejante. 53 con lo establecido en el art. 42 y 43 de la Constitución Nacional. “Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”. en el plenario de fecha 12 de marzo del 2012. con fecha 05/05/10. De tal modo.. debe ser leída como que estos datos son favorables a la postura de la parte débil y nunca de la parte reticente. en la medida en que quien tiene los datos puede probarlos. 42)... pro activa. colisiona —especialmente en lo referido a la amplitud de la prueba y no tanto con su faz evaluativa— con la práctica habitual de los Tribunales de Justicia y con los hábitos y costumbres que ella genera. p. El Juez deberá intentar conocer cuál fue la realidad de los hechos. s/ordinario” Expte. Alejandro Agustín”. Ello nos lleva a coincidir con Gozaíni.361—. al punto que se admitió la apertura de una queja por ese motivo. la consecuencia de no prosperar el camino colectivo sería que la maniobra realizada quede consolidada en desmedro de la parte más débil y generando una sensación de impunidad—. cercanía e injerencia en el proceso de consumo. 08/03/2012. como lógico. quien sostiene que en estos procesos “hay una presunción irrefrenable que. Relación entre las reglas de la LDC y del Cód. (24) Coincidimos con la postura de asimilar la obligación contenida en el art. 53 LDC. . Obviamente. (35) Citado por la CNCom. en los principios de lex posterior derogat prior y lex specialis derogat generalis. Es que la falta de presentación de un documento que se encontrase en poder de una de las partes. el riesgo de la { NOTAS } (22) Recordemos que en este tipo de procesos no puede ser nunca actor. Civil para su Defensa c. que la cita del distinguido procesalista proviene de procesos paritarios y en el caso que estamos tratando no lo son. 3º)”. (23) Cabe señalar que. Banco de la Provincia de Buenos Aires s/sumarísimo”. Procesal y la de aportar los elementos necesarios para el esclarecimiento de la cuestión que establece el art. 2011-III. que ponen de resalto el carácter constitucional de los derechos del consumidor. p. en tanto sostuvo que “No se presenta así sencillamente una contraposición entre una ley general (la 24. Desde el punto de vista normativo. por lo que sus disposiciones afectarán no sólo normas de derecho civil. Hernando. para superar ese escollo. 667. “La relación de consumo. 417 CPr. I. Unión de Usuarios y Consumidores c.”.240) y otra especial (el Código de Comercio). en cuanto al esclarecimiento de la cuestión y la primacía de la verdad de los hechos por sobre los aspectos puramente formales. Mamani Alejandro Agustín”. en “Consumidores Financieros Asoc. cit. Rodrigo. Osvaldo. 53 LDC no establece de un modo expreso obligaciones para el Juez de la causa. mediante la obtención de un conocimiento pleno de la cuestión litigiosa. 53 de la ley 24. La función del Juez en los procesos de defensa del consumidor adquiere aún mayor relevancia cuando en ellos se deducen acciones de incidencia colectiva. 53 guarda mucha cercanía con lo que resulta de lo previsto en el art. respecto del material aportado y con relación al que el proveedor debería contar en su poder (si eventualmente no lo hizo).A. II. cuando estemos en presencia de una acción de defensa del consumidor y. procesal. y que están contenidos en sus sistemas informáticos y/o contabilidad. etc. (26) DEVIS ECHANDÍA.. (24) SAÉNZ. (35) También se ha privilegiado lo dispuesto en el art. Ello determina una mayor presencia. citada. una solución contraria. 319. p. (27) GOZAÍNI. Martín Luján c. prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida. no sólo en razón de lo establecido en los arts.A.N. extensiva y sistemática del dispositivo legal. que en consecuencia. La Ley. Mamani. puesto que “la ley de defensa del consumidor regula lo que la propia Constitución Nacional denomina “relación de consumo” (art. Supermercados Norte y otros s/ordinario” Expte. porque el juez estará ausente en la aclaración”. Julia del Carmen c. tanto en sus aspectos sustanciales como adjetivos. c. 53 LDC no pueden ser consideradas como violatorias del principio contenido en el art. También. (32) Por eso es que el orden público otorga al consumidor un régimen especial derivado de su debilidad intrínseca en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios. tal como ya fue expresado por la Sala (fs. 18”. 12094/12095). 18 CN. El rol del juez: Si bien el art. las obligaciones contenidas en el art. (30) Postura que también sigue por carriles similares en el voto de la mayoría de la Cámara Civil. (37) CNCom. cuando se trata de un tema de prueba. donde no existiría posibilidad alguna de satisfacción de pretensión del proveedor. 2006. “Compendio de la Prueba Judicial”.N. Rubinzal-Culzoni. (26) En materia de acciones de defensa del consumidor..— Sin embargo. conforme a las características del bien o servicio que es motivo del litigio. en cuanto a la evaluación. en cuanto esa disposición impone —como consecuencia de la incomparecencia del absolvente— su confesión ficta. sala E. comentario art. 2007. “la prueba no puede ser vista como un proceso de acreditación de afirmaciones a cargo exclusivamente de las partes” puesto que de no concretarse esa intervención “es posible que el acierto logrado en los hechos personifique un absurdo. La Ley. “Benítez. 388 establece obligaciones para todas las partes que intervienen en el proceso. la Justicia no debería permanecer indiferente al desarrollo de estos procesos y ocuparse centralmente en la cuestión de la prueba. t. También que la falta de información por parte de una entidad financiera respecto de datos referidos a uno o más usuarios. la del art. 06/03/2012. 388 Cód. el conflicto debería resolverse sobre la base de la primacía de la norma especial de consumo. CNCom. si las circunstancias del caso o la necesidad de aclarar algún aspecto lo amerita. lo aconsejable consiste en la armonización de ambos órdenes de disposiciones y los mejores esfuerzos deben apuntar a ello. Fallos: 332:111. debería aportar los elementos de prueba. estableciendo algunas pautas interpretativas de indudable valía. 388. cubriendo la necesidad de acceso a la justicia —debido a que una simple ecuación de costo/beneficio desaconseja y torna irrazonable la acción individual (29) y. o Muerte)”. Sin mengua de que no siempre es tarea sencilla de llevar a cabo. (29) Conf. evitando de esa manera la proliferación de actitudes tendientes más a obstaculizar el reclamo de la contraria que a obtener la satisfacción de su pretensión”. y en la jerarquía constitucional de la Ley de Defensa del Consumidor. 18 de la Constitución Nacional. t. una vez despejado el interrogante sobre si estamos frente a una relación de consumo. 53 de los tribunales de justicia en los procesos previstos de defensa del consumidor se correlaciona con los aspectos precedentemente expuestos y se vincula con el criterio de amplitud de la prueba. 2ª ed.
Del Cerro. 2013 (abril). Bellusci de González Zavala. Procesal. con el objeto de proteger a su parte más débil. en “Constructora de Proyectos S. Florencia . 251.744 (t. 85. XL-C. Rechazo de la indemnización por daño moral. 109. admitida por el fallo plenario de la Cámara Comercial de la Capital Federal (44) y un fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. 52. “Derecho Procesal del Consumidor”. estamos ante un enriquecimiento de perspectivas que ponen en el centro a problemáticas que aquejan a gran número de personas. 855 del Código de Comercio. 3601). Terragona I Manresa (Catalunyacaixa)”. Para algunos el cambio operado es acelerado y para otros un tanto lento —esperando definiciones en otros temas aún pendientes—. 2013/08/30 . “Cuevas. 2013-D. prestar toda la colaboración necesaria para esclarecer el asunto. muy desiguales. Caixa d’Estalvis de Catalunya. La mayoría preconizó la primacía del art. acercando el derecho a la gente. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Candelaria. por sobre el plazo de un año contenido en el art. 377 del Código de rito en cuanto esta norma pueda entenderse opues- Ramírez Carbajo. 35. { NOTAS } (38) CNCom. o Muerte)”. esencialmente. Validez. tal como ocurre en la Unión Europea respecto de la tutela de los consumidores frente a las ejecuciones cambiarias (48).. 2ª reimp. ya que si bien los actores se encontraban en conflicto con el sindicato. en lo que aquí interesa. cit. Junyent Bas. que determina la obligación de probar a quien afirme la existencia de un hecho controvertido. La Ley.. 2005. afirmando que “la norma es contundente y de ella resulta que el legislador ha impuesto sobre el proveedor que resiste la pretensión de un consumidor dos cargas: primero aportar al proceso todos aquellos elementos. si se encuentra acreditado que ya había logrado ser contratado para desempeñarse como piloto en otra línea aérea y por ende no estaba disponible para continuar trabajando para la demandada. José Ignacio. y además como una derivación lógica de lo dispuesto en los arts. (41) Conf. Dos fallos casi contemporáneos de un mismo Tribunal se pronunciaron sobre el tema. sala C. que determina la competencia del Juez del domicilio del consumidor en las operaciones de crédito y la posibilidad de su declaración de oficio. pues no se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes (del voto en disidencia del doctor Rodríguez Brunengo). sala C. (49) Como con acierto pone de relieve HERNÁNDEZ. 421 y ss. Si el trabajador inició demanda ejecutiva contra la empleadora por incumplimiento del acuerdo de desvinculación que suscribieron en los términos del art. arts. 01/09/2010. que es de orden público y reglamenta derechos constitucionales.o. Procesal. y de su colaboración. Cód. acreditando el presupuesto de hecho invocado como fundamento de su pretensión o si. Roberto Luis y otros c.. En el primero de ellos (38). Autovisiones S. Falta de prueba de vicios de la voluntad al momento de suscribirlo. para obtener el claro discernimiento de los hechos. Victorino. (48) TJusticia Unión Europea. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores”.A. 2011 (octubre). aun cuando sostuvo que su voluntad estaba viciada al momento de su suscripción. este artículo y la interpretación de su posibilidad de declararla de oficio proporcionada por la jurisprudencia han terminado con una situación de indefensión de pequeños consumidores en ejecuciones llevadas adelante en jurisdicciones territoriales muy alejadas de su domicilio real. a través de los acuerdos que celebraron en los términos del art. (44) CNCom. s/ordinario”. encuadradas las relaciones de las partes dentro del ámbito del derecho del consumo. y segundo. 2013 (abril).Solá. campo en el que el esclarecimiento de la cuestión debatida es el centro explícito del debate y que puede requerir el aporte de elementos por parte del proveedor demandado. (39) Concluyendo: Como consecuencia de que las relaciones de consumo carecen de contenido paritario. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. 116. Corresponde declarar la nulidad de los acuerdos rescisorios celebrados en los términos del art. -	Véase en página 5. 377. 25. por ello no puede luego pedir su nulidad con fundamento en que su voluntad estuvo viciada al momento de suscribirlo.. “Los principios en el proceso de consumo”. El acuerdo extintivo celebrado por un trabajador en los términos del art. LXII-A. JURISPRUdeNCIA Contrato de trabajo Extinción del contrato de trabajo. que han generado y siguen generando una gran conmoción en criterios que están muy arraigados en el conocimiento de nuestros operadores jurídicos. XLVIII-D. puesto que el plenario de la Cámara Civil de la Capital Federal (47) al considerar que resulta aplicable a ese contrato el plazo de prescripción trienal del art. Piloto de una línea aérea.387 — CNTrab. 1976) (Adla.Benavente.A. siendo. (47) CNCivil en pleno. con la misma integración.4 | marteS 5 DE noviemBre DE 2013 ta a aquélla”. 1.592 (Adla. salvo la disposición del art. Eduardo Alberto c. Aerolíneas Argentinas S. Cód.. Les. 377 Cód. -	Debe desestimarse el reclamo por daño moral interpuesto por un trabajador. (45) SCBA. 2013-D. 1175). 93. Ondarcuhu. —en pleno— 29/06/2011. 26. La Cámara desestimó la acción incoada en todas sus partes. p. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo es válido. 52) y a la multa civil (art. (49) l Cita on line: AR/DOC/2787/2013 MAS INFORMACIÓN VIEnE DE lA PÁGInA 3 También existen pronunciamientos en cuanto a la carga de la prueba. (39) CNCom. requiriendo que los intérpretes desarrollen una labor que se comprometa de un modo directo con el conocimiento de la verdad al estimar que impartir justicia es algo más que cumplir con una sucesión de ritos formales. 2011 (abril). regulando de un modo diferente a varios institutos.839 (t. dicha conducta es un principio de ejecución que requiere que el acuerdo exista y sea válido. DCCyE. ya que resulta acreditado que existía una situación conflictiva generada por la entidad sindical y que su parte resultó ajena a las conductas persecutorias que los actores invocaron al demandar. 50 LDC. 1281. Carlos A. No puede dejar de señalarse que ése es el camino que han tomado las legislaciones más modernas y que la jurisprudencia comparada ha admitido y desarrollado. Mutuo acuerdo. 53 LDC por sobre el art. que. DCCyE. XXXVI-B. como del objeto debatido (42) y de las reglas de interpretación a seguir por el Juez.856 (Adla. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta válido. 12 y 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. (46) Lo propio ha ocurrido en materia del contrato de transporte terrestre de personas.com. El acuerdo extintivo celebrado por un trabajador en los términos del art. en cambio. no se acreditó que sus voluntades hayan estado viciadas al momento de celebrarse cada uno de los convenios. aclarando a nuestro entender de un modo definitivo la cuestión. “Aspectos procesales relevantes de la nueva ley de defensa del consumidor (ley 26. Julia del Carmen c. 42 y 43 CN. Baste señalar que la regla procesal contenida en el art. 21. José Ignacio. la LDC ha previsto reglas diferentes al derecho común. Procesal. “Mohamed Azíz c. respondiendo al interrogante sobre si debe prevalecer la regla contenida en el art. 2. pues no cabe responsabilizar a la línea aérea empleadora por conductas ajenas a su accionar. art. Ello tiene su traducción en la configuración de un procedimiento especial (40) . “Sobre la carga probatoria dinámica en el marco tuitivo de la Ley de Defensa del Consumidor y la obligacion de seguridad”. “Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. mediante el proceso como instrumento de acceso a la justicia. Ondarcuhu. 94. c. 36 LDC. s/ordinario”. LA LEY. 63. 52 bis). 5.A. en razón de considerar dirimente lo establecido en el art. -	4. 12/03/2012. -	3. Todo ello nos lleva a una última consideración: La reforma introducida mediante la ley 26. recaído en “Sáez González. 44).A. DCCyE. sala I. los que reproduce. Horacio L.361 (43) introdujo importantes modificaciones al texto original del estatuto de consumo. (46) La LDC no tiene una disposición general de competencia. debe primar lo dispuesto en el art.. 25/10/2012 en “Oribe Elisa c. corresponde que se pague sin reparos la diferencia insatisfecha. Salcedo. Alra S. LA LEY. Capítulo V. pero. “Aspectos procesales en la ley de defensa del consumidor”. . y en virtud de lo normado por los Cita on line: AR/JUR/53801/2013 COntEXtO DEl fAllO Citas legales: Leyes 20. en cuanto a la obligación de cada parte de aportar la prueba de los hechos a los que les atribuye efectos jurídicos. dado que en ellos se ha materializado un despido. (43) Votada por una muy amplia mayoría y observada por el PEN en su art. LXXIII-C. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. 53. 117. 2267). -	[El fallo in extenso puede consultarse en Atención al Cliente o en laleyonline. Nota a Fallo Hechos: Se interpuso recurso de apelación contra la sentencia que consideró válida y conforme a derecho la extinción del vínculo dependiente de los accionantes. LA LEY.o. 1980) (Adla. en comentario al fallo prec. sin duda. Armando Valentín y otros s/daños y perjuicios (Acc. Julieta. que altera a favor del consumidor o usuario reglas procesales con intervención obligada del Ministerio Público como fiscal de la ley y una ampliación tanto de los sujetos legitimados y de su representación procesal (41). “La prueba en la relación de consumo”. 377. en su trabajo “Protección de usuarios de servicios financieros”. (42) Puesto que la acción comprende también a los consumidores cuyos intereses se encuentren amenaza- dos y no sólo a los afectados (art.361) y su implicancia en el proceso judicial de daños”. (45) que sobre el mismo tema han desplazado jurisprudencia y doctrina muy antiguas respecto de los títulos de crédito. Francisco .ar] . Trán. En materia de prueba también asistimos a cambios de criterios de interpretación. sobre la base de la tutela adecuada de los derechos de los consumidores y usuarios. Los actores sostuvieron que fueron desvinculados en el marco de una discriminación sindical en la que participó la demandada y que su voluntad estuvo viciada al momento de la suscripción de los supuestos acuerdos. como sí tienen el Código de Defensa del Consumidor y la legislación española. 53. c. pero en esta nueva oportunidad su totalidad compartió exactamente la solución y los argumentos de mayoría del fallo anterior. deroga lo dispuesto en materia de distribución de cargas probatorias por el art. Tal vez éste ha sido el beneficio más tangible y concreto generado por la legislación de consumo en beneficio de decena de miles de pequeños consumidores. 2010-C. las que —más allá de ciertas imprecisiones en algunos puntos (entre los que no se encuentran los que son motivo de estas reflexiones)— se encuentran claramente orientadas a otorgar una mayor protección al consumidor.561 (Adla. Entre ellos el de la prueba. LLGran Cuyo. la sala volvió a pronunciarse. 14/03/2013. Casi de inmediato. 4179). Alejandro René”. el voto de minoría preconizó el rechazo de la demanda. Sin embargo. (40) Un tratamiento detallado de la cuestión puede verse en BERSTEN. 23/10/2012. 23. De esto se deriva que. Astrada. sala VII. debe aplicarse el aludido art. que no pueden obviar lo establecido de un modo expreso en la ley. s/ despido. Parte IV.
En el derecho del trabajo la libertad de contratación para rescindir el contrato pasa por dos planos muy diferenciados.ar. Voto del Dr.T. sino que. recibiera una indemnización menor a la propia del despido arbitrario. pues ya no valdrá ningún medio impugnativo tendiente a conmover el acto ostensible. so pena de nulidad. por vía de ese tipo de acuerdos.A.A. Cornaglia La Sala VII de la C. al que se lo supone de tracto sucesivo y vocación de continuidad. “Salto. puesto que el despido sin causa o arbitrario consiste en un ilícito..J. que se pusieron de moda a partir de políticas de personal de poderosas empresas. formulando un juicio de certeza en la sentencia sobre la existencia de la simulación o el fraude.eft-org. Rubinzal-Culzoni. reconoce la posibilidad de una negociación instrumentada.: “Vivas.T. es notoriamente inferior aun respecto a la indemnización que el Art. (3) El art. a partir de la política de desregulación y privatización de sus empresas. en los que la jurisprudencia debió poner coto a sofisticados mecanismos de simulación y fraude.T. que contara con la adhesión de la camarista Estela M. Nº 2000-1. Revista de Derecho Laboral. 241. básico.004/2006.T. declarando nulos por fraude a la ley acuerdos de ese tipo.. La conducta puede subsumirse en varias normas.N. Cuando las circunstancias que rodean al acuerdo desvinculatorio para el empleador responden a un fin que no reconoce con lealtad y. Es por ello que el órgano judicial puede revisar los acuerdos administrativos celebrados y a tenor del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo y la incidencia de la doctrina de los actos propios en el ámbito laboral debe examinarse con prudencia. o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. conforme concordantemente lo ordenan los arts. la sala VIIa. John Kenneth Galbraith. a las que se denominó bajo el rótulo de ‘retiros voluntarios’.marteS 5 DE noviemBre DE 2013 | 5 NOTA A fAllO La simulación del despido y el distracto Ricardo J.? La maniobra siempre se hace desde la perspectiva de la apariencia de legitimidad alcanzable. 19 de mayo del 2006.”. Aerolíneas Argentinas S. respondiendo a la requisitoria de un periodista afirmaba “Hay cuestiones que parece que los economistas no pueden solucionar. por Ana Barón. una solución sería asegurar un ingreso mínimo.” Sala VIa. Peugeot Citroën S. (1) Esa discutida norma ha merecido consideración especial en cuanto abre una puerta a la simulación y fraude que provoca numerosos litigios. lo dogmático sigue teniendo singular importancia cultural. y otro” Lexis No. al empleador las condicionantes le resultan realmente exigentes.723) (1) Lo hizo en la sentencia dictada en el mes de agosto pendencia. quienes previa o contemporáneamente a ser transferidas a particulares. sostuvo críticas advirtiendo que el precepto deja “.C. 955 del Código Civil: “La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. la Sala Va. en el año 2009. siendo lícito. debería en principio guiar la inteligencia de su aplicación. o las consecuencias de responsabilidades que pesen sobre el empleador. celebrado ante escribano público. Miguel Ángel c. Los llamados retiros voluntarios dan prueba de situaciones de este tipo. tales actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19. en el contrato de la relación de de{ NOTAS } Especial para La Ley. (8) Pero fue el Estado como empleador el que. por vía de la simulación. . 27 de septiembre de 1998). en la causa “Benavente. por ejemplo la pobreza.Casación Laboral”. por diversas razones..B. en oportunidad de su desCOntInÚA En lA PÁGInA 6 del 2013. pero también hay gente rica que no trabaja. en una de sus variantes. Ghione. pero cada vez menos gente se quiere hacer responsable de los más pobres”. (9) Destaca Scotti que “ello obedeció. 14/8/2001. admite una excepcional formal de disolución del contrato de trabajo. 241 de la LCT). 1047 CCiv. Entre las Salas de la C.. seguridades de incolumidad. Salas al que adhirieron unánimemente el resto de los integrantes de la Corte. la norma válida para el juicio de valor es la más favorable al trabajador. Fontana. continuó con esas prácticas. 452.T. resolvió la nulidad de un acuerdo de desvinculación. Conf. 390/76).744 (en todo lo positivo que al fraude de ella recepta). en sentencia del 10 de agosto del 2009.A.549 o mediante redargución de falsedad. (6) Prevé el art. sometiéndose (y obteniéndola) a la homologación del Ministerio de Trabajo de la Nación. que persiguen la simulación y el fraude laboral.T. Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes. a la eliminación de la gran mayoría.”. Este mismo procedimiento fue adoptado también por empresas privadas de gran o mediana envergadura que. a propósito de la relación que hay intereses en dar por extinguida sin consecuencias.C. dto. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.” (5) La escasez del empleo que sirve a la regulación a la baja del salario es la que determina considerar al despido en su contexto un acto ilícito del empleador. 241 de la L. Si dos normas refieren a una conducta. La decisión se tomó por mayoría. Sentencia del 9 de abril de 1985. al que adhirieron los magistrados Agustín Pedro Rímini Olmedo . sin que el empleador justifique su conducta demostrando que la ruptura no encubre un despido. 247 de dicho cuerpo legal establece para el supuesto de la causal de extinción relativa a la falta o disminución de trabajo -cuya invocada existencia y cumplimiento de los demás recaudos legales tampoco fue acreditado. Es una negociación que no puede suprimir o reducir los derechos reconocidos por la ley..069. El problema es que cada vez hay más riqueza en este país. El reemplazo de la renuncia al contrato de trabajo por esa figura jurídica contractual. podrán extinguir el contrato de trabajo. “El principio protectorio parte de la premisa de que el obrero sólo cuenta con su fuerza de trabajo como herramienta para incorporarse al mercado laboral y obtener los recursos necesarios para su subsistencia. normas de normas. en fraude a la ley. 12.: Tribunal Superior de Justicia de Santiago de Estero.. Dres. 13 y 14 de ese cuerpo normativo. (4) Sostiene el precepto: “Las partes por mutuo acuerdo. L. Diario Clarín. determine el juicio de valor necesario. 955 del Código Civil: “La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. “Extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo”. porque ella sirve al fin protectorio del sistema. Causa L 34.A. que obliga a observarla estrictamente y sin olvidar que objetivamente.. No siempre la jurisprudencia se manifiesta inteligente a nivel de asimilar el pensamiento crítico. lo cierto es que la misma se lleva a cabo a partir de una diferencia negocial de las partes. (4) Esa forma de arribar al distracto. Derechos reservados (Ley 11. s. abierta la posibilidad de instrumentar el acto con todos los ápices legales. desplazando a las otras. sancionada la ley. (7) Esa lectura de la norma. por cuanto en la jurisprudencia tiene cada vez más aceptación que el acuerdo en el distracto homologado por la autoridad administrativa puede ser revisado judicialmente. por el desequilibrio jurídico y económico existente entre ellos y donde prevalece la voluntad del empresario. en la que se sostuvo:”Si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo surgen violaciones al orden público que implican la renuncia de derechos (art. por las consecuencias alimentarías que acarrea y la condena a la marginalidad que puede implicar. bien podría decirse que se ofrecía a los empleados la posibilidad de extinguir el vínculo a cambio de una indemnización que -en términos generales. Héctor Jorge.sin computarse lo que corresponde al trabajador por indemnización sustitutiva del preaviso e integración del mes de la cesantía”. por lo que no puede afirmarse válidamente que la autonomía de la voluntad. ella sólo es posible a partir de recorrer el desfiladero de demostrar que no se están violando derechos sociales que tienen raigambre constitucional. si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzca inequívocamente el abandono de la relación.. en el Expediente No.A. 955 y concordantes del Código Civil. (Fuente: “Galbraith: las crisis son evitables”. La pluridimensión normativa de una conducta en el derecho del trabajo se rige por reglas precisas.C. despido”.N.tenía algún parecido con la prevista por la LCT para los despidos incausados. de la C. según la ejerza el trabajador o el empleador. (9) En el ejercicio de una rigurosa interpretación de la aplicación posible del art. lo que determina la necesaria relación de norma final que.o. en un mundo en el que el trabajo resulta un bien escaso. despido”. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente. sino la totalidad de las empresas estatales de servicios públicos. ha variado su criterio de resolución de las causas que giran en torno a la problemática cuestión atinente a la interpretación de los alcances del art. se encuentra además de la Sala VII. (Del voto del doctor Raúl Alberto Juárez Carol. con el aval legal.744 (t. (no sólo los propios del art.. que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Lo que implica el acceso judicial irrestricto a la revisión de lo acordado. a partir del voto de la camarista Beatriz I. San Martín y Rodríguez Villar. 43. o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. lo justifica a partir de su enunciación. por privar de alimentos e incrementar el desempleo. que sólo la justificación acabada del proceder lícito del empleador puede apagar. sostuvo: “Hay soluciones que son muy simples. con fundamento en el art. o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. para respetar el principio protectorio del derecho del trabajo”. lo que lo lleva a insertarse en una empresa ajena y se encuentra limitado en su capacidad de negociación. permitiendo a la autoridad evaluar hasta dónde el caso no está violando las cargas del deber de respetar la estabilidad. 148-587. que en definitiva permita sortear el pago de indemnizaciones por despido injustificado. p.. Pero si bien se admite en ella que la negociación es posible. Mientras el trabajador puede arribar al distracto sin otra carga que la de respetar el preaviso. el problema es que nadie quiere aplicarlas. o fechas que no son verdaderas. Pesa sobre el empleador la carga de esa prueba y cuando los antecedentes del distracto señalan la existencia de indicios de su interés por el mismo. 15 LCT) pueden ser declarados inválidos por el juez competente -art. Swift-Armour de Argentina S. Roberto Luis y otros c. Por ejemplo. para todos. Ferreirós y pese a la frontal disidencia del camarista Ernesto Rodríguez Brunengo. deseaban también reducir su nómina de trabajadores” SCOTTI. básicamente. en los autos “Carrizo. o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras.A. Se trataba de una trabajadora que. (2) La cuestión se viene agudizando. (8) La S.. se desprendieron de buena parte de su personal mediante diversas fórmulas. Luciana Beatriz y otras c/ Hogar Geriátrico Vida y/u otros s/ Diferencia de Sueldos.” (3) Conf. Por eso Enrique Fernández Gianotti. el orden público laboral se torna en su coyunda. Se logra así una especie de “blanqueo” que da. invocando esa norma. Sostuvo que “media afectación de un beneficio legalmente asegurado e irrenunciable en desmedro de los derechos del trabajador y en transgresión del artículo 12 de la LCT. jurista que colaboró con Norberto Centeno en la redacción de la Ley de Contrato de Trabajo 20. En la lectura de la norma. otorgándole a esas características del contrato a favor del trabajador protecciones propias del orden público laboral. “Jiménez. 12 LCT).N. Todo acuerdo oneroso de disolución prende una luz roja de presunción de cercanía al fraude o la simulación. Si bien la norma admite la negociación. cuya irrenunciabilidad queda consagrada en el art. sin previo agotamiento de la vía administrativa para su impugnación.”.Armando Lionel Suárez). 241 de la L.. sentó posiciones en la materia. la cuestión reclama el debido proceso de control del acto y el reparto dinámico de las pruebas en cuanto al mismo. Fortunata y otro v. (5) No cabe entonces una negociación admisible.A. 13/8480 y en www.” (7) Ver: La Ley. Es la simulación (6) la que encubre la verdadera naturaleza de un acto: ¿Qué se procura con la simulación y el fraude cuando se utiliza la vía del art. el principal cuenta con resortes que muy difícilmente puede equiparar el dependiente. Finexcor S. Se simula una renuncia condicionada e impuesta al trabajo con un común acuerdo que incluye sumas a percibir. pero menores que las indemnizaciones por el despido.. que admiten ese amplio criterio de revisión judicial del acuerdo homologado por la autoridad administrativa. 16. tiene el mismo alcance que el ámbito privado o civil donde rige en plenitud la doctrina de los actos propios. Editores. Algunas personas se abusarán. AyS Tº I p. Alberto c. s.A. que no son aquéllas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. si el importe abonado por el empleador en concepto de ‘bonificación’ por el ‘retiro voluntario’ convenido entre las partes sobre la base de la voluntad rescisoria del principal y formalizado mediante ‘renuncia’. Negri.C. o fechas que no son verdaderas. (2) Prevé el art. al no haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes (art.
. que pasamos a comentar en este trabajo y se publica adjuntamente. Relación afectiva con origen en un hecho ilícito. previos al distracto. s/ Control de legalidad” (expte. 43 y ss. en La Causa Laboral. V. y C. Como consecuencia de lo que he dejado expresado. 145/147 del expte. al no haberse satisfecho completamente los conceptos propios generados de la decisión. C. La empresa terminó haciendo causa común con el sindicato y facilitó el retiro negociado de los trabajadores repudiados por éste.140 del 28.6 | marteS 5 DE noviemBre DE 2013 te a una “justa composición de los derechos e intereses de las partes” (Esta sala en autos: “Clot. y el matrimonio C.. Cecilia. por ende. la aceptación de sus necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por si mismo y. cuando las mismas tuvieron origen en un hecho ilícito el cual. 145/147 que dispuso con carácter de cautelar la inmediata revinculación de la niña V. para desvincularse sin obligación de indemnización alguna en la medida que cumplía sus pautas. y de atenernos a las posiciones de los tres magistrados en sus votos. porque la habrían apropiado. la resolución debió pasar por el correcto tratamiento de los indicios y la carga dinámica de la prueba. indicaba para entonces un criterio estricto de valoración del art. A criterio del que escribe este comentario. Á.10/09/2009. Y si en el primer caso al que nos refiriéramos. La Ley Antidiscriminatoria enriqueció el derecho social y sirvió para fortalecerlo. la que nos lleva a la mejor doctrina de la Cámara. Así. Este concepto representa el reconocimiento del menor como persona. . 3° de la Convención de los Derechos del Niño)”. 3 por la doctora A. ha de tenerse en cuenta que en situaciones como la de autos donde se encuentran involucrados los derechos de menores la solución a la que arribe el tribunal debe atender al “interés superior del niño”. 2013/07/02. resulta pertinente y útil asociar dicho “interés del niño” con sus derechos fundamentales. 241. quienes además deberán informar de inmediato cuando se encuentren dadas las condiciones de egreso. La guarda de un menor no puede otorgarse a un matrimonio que lo habría apropiado.C. la estrictez y el rigor en la aplicación del art. No. Asociación de Abogados Laboralistas.. 41. año XXI. Constituía una férrea defensa del principio de estabilidad en los contratos.. por así imponerlo el sentido común y la Convención de los Derechos del Niño. E. “. con el matrimonio formado por J. adunando: “Aun cuando el acto se hubiera ajustado a las formalidades de ley al celebrarse mediante escritura pública. el vínculo entre V. Cita on line: AR/DOC/3841/2013 Adopción Matrimonio que habría apropiado a un menor.sala VII . dejando en consecuencia de apoyar un conflicto colectivo con la empresa. y esto demuestra el interés de la empleadora en celebrar los acuerdos desvinculatorios.C. una parte aceptó. no en los que no acatan las huelgas. 241.” A ese voto adhirió el Camarista Néstor Rodríguez Brunengo. ha hecho una correcta descripción de los hechos que dieron origen a la presente y las particulares circunstancias vividas por las niñas V.). sala D. en cuanto que no puede convalidarse la consolidación de relaciones afectivas por el simple hecho de que se encuentran consolidadas. vulnerando el debido proceso legal y el derecho de defensa de la niña”. Sin embargo. se debió a la conducta desplegada en un primer momento por su madre biológica y con posterioridad por el matrimonio C..446/11) alcanzó a ambas niñas. lo cierto es que se le parece demasiado. Sin perjuicio de ello. En esta inteligencia. y C. s/ Guarda” (expte. 998. Procesal Civ.. para desvincularse. b) De ese grupo de trabajadores. P. en lo que a V.8. a partir de conceptos modernos de carga dinámica de las pruebas y si se atiene uno a los votos vertidos en el fallo. resuelta con la discriminación como acto de expulsión del colectivo de la empresa. y V. y consecuentemente con lo decidido a fs. 2 de julio de 2013. 25 de las actuaciones principales (fs.803/12 sobre guarda. 40. los derechos de in- formación y expresión y la nulidad de los despidos. a) Autos: “C. respetando a ultranza los mecanismos legales a seguir en el distracto del trabajador que por razones de edad se encuentra en condiciones de jubilarse.L. por lo que tampoco se considera necesaria la audiencia requerida a fs. “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia”.C. en revista Doctrina Judicial. son hechos probados en la causa que se relacionan con el convenio celebrado los siguientes: a) Un grupo de trabajadores se enfrentaron al sindicato con personería gremial con motivo de una huelga de la que decidieron no participar y esto genera conflictos entre el personal. 236/238 del expte.977/07 “Arbo.D. lo cierto es que la ley 23. 9.T.488/12. n° 49. y sólo si se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en el art. 12 y 15 de la L. de la Nación” (expte. C. 133/138 contra la resolución de fs. por decisión judicial. pues no puede convalidarse la consolidación de relaciones afectivas cuando tuvieron origen en un hecho ilícito que. quienes aún son materia de evaluación en sede penal. la cuestiones que motivan la elevación de los diferentes expedientes a este tribunal. C. d) Previo al acuerdo se probó que el sindicato con personería gremial elevó una nota de repudio contra los actores a la empresa y (según surge del voto en disidencia del doctor Rodríguez Brunengo) llegó a confeccionar carteles de hostigamiento y hasta a colocar una lápida en la puerta de su sede. en este circunstancial caso no abonó. circunstancias estas que. C. V. el empleador podría intimarla en los términos de la ley.08). en cuanto a su vinculación con la simulación y el fraude fuera notorio.C. en función de interpretar la norma laboral con sentido tuitivo para los trabajadores. C. n° 88.. C. Debe establecerse en cada caso si la voluntad o acción de los padres o guardadores afecta los diversos derechos del niño o adolescente (Grossman. de la C. el tribunal no coincide con la solución alcanzada a fs. Esto termina por desencadenar un conflicto gremial. el acuerdo también se realizó mediante escribano público. cuando se encontraba en condiciones de jubilarse y la empleadora celebró el acuerdo sin haber cumplido con la intimación prevista en el art. (11) Ver del autor de este artículo: La relación entre la discriminación y la anulación del despido. en virtud de lo normado en los arts. C. por lo cual no corresponde una vinculación basada en un delito o engaño en perjuicio de una niña”. considero que la actora tiene razón al pretender la totalidad de las indemnizaciones correspondientes al despido incausado. sino desde un pago a cuenta (art. citados. n° 101. tutora de la niña V. Un conflicto que llega a que actos discriminatorios sucedan entre trabajadores y la patronal terminó favoreciendo la desvinculación de los discriminados.. corresponde aclarar que no se trata de una compensación cuyos requisitos no están cumplidos.446/11. La discriminación laboral. 2 bis del expte. 252 para que se retirara. En el caso “Benavente”. a fin de evitar subjetividades. y J. III – La jueza de grado en los decisorios dictados a fs. (11) l VIEnE DE lA PÁGInA 5 vinculación. M. mantenida a fs. V.803/12): Viene el expediente en virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio por la señora defensora de menores e incapaces de primera instancia a fs. revisten una gravedad tal que no pueden ser desconocidas y menos aún justificadas. 101/103.-T. T. n° 101.A. E. publicado en el diario La Ley.488/12): Viene el expediente a este tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. s/ diferencias de salarios”.. 1993-B-1089). entre trabajadores del mismo colectivo de trabajo. La Cámara revocó el decisorio. Sin perjuicio de lo cual. 117. si no es reparado. 42077 Causa 31. las que habrán de revocarse. y J. El caso “Benavente” es singular. Por lo general los actos discriminatorios con motivo de huelga recaen en los huelguistas. 252 de la L. 101/103. en el segundo. n° 88. a) segunda parte del Código Civil y requerir carpetas de adoptantes al RUAGA y DNRUA en el expte. la que tuvo que ser retirada. las analogías terminan con la firma de los acuerdos ante escribano. miércoles 23 de agosto de 2006. 1 bis de este expediente). pretende ahora. junio del 2009. como la decisión de declarar su estado de abandono y adoptabilidad —que se encuentra firme—. todo indicaba que la prueba de la discriminación se diera por cumplida y la causa del negocio fraudulento resultara los suficientemente probada. E. y N. “debe tenerse en cuenta el daño sufrido por la niña al suprimírsele su identidad en los primeros días de vida cuando fue apropiada ilegalmente por los pretensos guardadores. En razón de lo expuesto.T. que. Ha sido aplicada por la misma sala y por otros importantes tribunales del país. 2 bis por la cual se desestima el planteo de nulidad y suspensión de audiencia efectuado por la nombrada a fs. Si esto no es una intromisión de la empresa que afecta el principio de autonomía sindical. la que llevará a cabo con la supervisión y con la modalidad y frecuencia que los peritos designados en autos dictaminen. Efectivamente. resultará en interés del menor toda acción o medida que tienda a respetar sus derechos y perjudicial la que pueda vulnerarlos. que el tribunal coincide con la señora defensora de menores e incapaces de Cámara. en situación de desamparo moral y material configurativos de abandono en los términos del art. sorpresivamente y en forma arbitraria e infundada vincularla con el matrimonio de apropiadores. Es por ello. en todo lo que el mismo implica como figura proclive a las prácticas evasoras del orden público laboral.—. Considerando: I. corresponde que se pague sin reparo la diferencia insatisfecha. n° 67. en materia de discriminaciones. E..” La estricta sanción del fraude. V.. E. cuestión que no se encuentra acreditada en autos. C. s/Despido” — CNTrab. c) El repudio del sindicato hacia los actores coincidió con la decisión de acordar el distracto. lo cierto es que en el mismo se ha materializado un despido y. . o S.446/11. b) autos “C.V. iniciaron acciones considerándose despedidos. C. Efectivamente. 250 Cód. 241. Buenos Aires. E. 7 de diciembre de 2005. p. . en perjuicio directo de los derechos y garantías de las menores —V. tendrá Cita o n line: AR/JUR/57690/2013 2ª Instancia. que es lo que en definitiva sucedería de confirmarse el fallo apelado. C.T. n° 67. pues no se ha alcanzado verdaderamen{ NOTAS } (10) En autos SD 42077 SD. (10) En esa ocasión en su voto la Camarista doctora Estela Ferreirós sostuvo que el acuerdo celebrado era en fraude a la ley. II. E. tendrá consecuencias negativas respecto de la historia y subjetividad del niño.803/12. 260 L. J. Javier Eduardo c/ BBVA Banco Francés S.. Un grupo de trabajadores en ejercicio de sus derechos no avalan una huelga decretada por su sindicato con personería gremial y no la acatan. por cuanto la empleadora equivocó el camino en ese caso y no siguió formalmente el proceder que le brindaba el art. n° 162.-T. mantenida a fs. de lo que dan cuenta varios de ellos declarando como testigos. J. conformado por la patronal.. lo que resulta evidente es que conductas que refieren a posibles prácticas desleales y discriminatorias no han sido tenidas en cuenta por la mayoría de la Sala para mantenerse en su posición. de la expresión. no puede desconocerse que la institucionalización de V. S. para que la resolución de la causa transitara por un camino contrario al adoptado.592 queda vaciada de sentido cuando propone la prohibición del acto discriminatorio por causas sociales. como bien lo señala la señora defensora de menores e incapaces de Cámara en su fundado dictamen de fs. P. y Cpm. L. interpuestos contra las decisiones que se corresponden con cada una de las menores de autos. n° 88. y los restantes.A. ameritan que se trate en forma conjunta los recursos de apelación .. 252 de la L. Edit c. n° 67. firmar acuerdos invocándose el art.T. 240. esa misma Sala contribuyera a consolidar y que sin embargo. 411/413 y 552/556 del expediente 88. a criterio del tribunal. por lo que el decisorio resulta contrario al interés superior del menor (art. Entre los dos casos resueltos por la sala VIIa. de no ser reparado. en estos términos: “Jubilarse es una facultad a la cual puede acogerse la trabajadora.nació por la comisión de un delito. Glaxosmithkline Argentina S. — Buenos Aires. E. como bien lo sostiene la señora Tutora “ad litem” a fs. Aportes para la interpretación auténtica de la discriminación por la condición social en relación con la estabilidad de los trabajadores. año LXX.C. han sido criadas como hermanas y la medida decretada en los autos “C. “Resultan claramente contradictorias las decisiones dictadas por la a quo quien luego de declarar a la menor V.446/11. Improcedencia del otorgamiento de su guarda. Si esto no es un conflicto con un grupo de base y su sindicato. p. s/ control de legalidad. contra la resolución que en copia obra a fs. 424 del expte. 317 inc. s/ art.388 — CNCiv.. C. – Liminarmente cabe señalar que si bien ambas niñas J. se refiere. visualizarlo como discriminación resulta difícil. La Ley. en procura de superar la relativa indeterminación Hechos: La sentencia dispuso con carácter cautelar la inmediata revinculación de una niña con un matrimonio que había sido denunciado en sede penal.
R.). se desestima el pe- dido de guarda provisoria promovido a fs. M. E. llevaba un cuchillo en la mano—. es posible reconstruir la dinámica del enfrentamiento ocurrido: R. D. Ahora bien. 87/92. R. y que ello podía deducirse de las expresiones vertidas por éstos (fs. I. expte. Inicialmente habremos de efectuar una reseña de los hechos que dieron origen a la formación de la causa.. M. [pudiendo] decidir sobre el sí y el cómo o —más brevemente dicho—. Considerando: I. R. A este fenómeno la ley describe como “tomar parte” en el delito. en términos coloquiales.446/11). dando lugar a una coautoría concomitante. R. Es sabido que. debiendo en la instancia de grado procederse en forma inmediata con lo decidido a fs. se dirigió a Y. para luego agredirlo con un arma blanca. 656/667 y certificación que antecede). 133/138. pues si bien los imputados pudieron haber adoptado la decisión común de llevar adelante el hecho. 101/103. y un grupo de personas. una vez que la víctima individualizó al autor de las puñaladas. La controversia. Ahora bien. En tanto. D.. R. R. ya que la forma de actuar —al enterarse que el hermano de dos sujetos que habrían lesionado se presentó en el inmueble arengando a que lo lastimaran también a él. En suma. D. 101/103. atento al vínculo existente entre ambas niñas. Fue entonces cuando el damnificado corrió al edificio ubicado en Cochabamba . prometió usar a voz cantada para matar a otro. En este aspecto. ya que en forma previa había ingresado nuevamente a la casa de Saavedra. esta apreciación inicial debe ser sometida a una evaluación rigurosa bajo las reglas apuntadas en el acápite anterior. D.. alcanzó incluso a sus consortes de causa. 411/413 del expediente n° 88. s/ Control de legalidad” (expte. Al apelar el sobreseimiento de R. a su hermana. El tenor de esa participación permitirá precisar la intervención asumida por cada quien en el suceso. ya le abrí la panza a tu hermano. atento al vínculo existente entre ambas niñas ya que fueron criadas como hermanas (conf. En este sentido. 41/44 y fs. J. debiendo constatarse un aspecto subjetivo (decisión común al hecho) y uno objetivo (ejecución de la decisión mediante división de trabajo)... llevaban cuchillos. Parte General”. IV. S. Notifíquese a la defensora de menores e incapaces de Cámara y devuélvase a su Juzgado de origen. corresponderá revocar lo decidido a fs. respectivamente. n° 88. 2006. Va de suyo que en relación al primer suceso aludido?. 236/238 y fs. nro. D. Inexistencia de una división de tareas ajustada a un plan homicida acordado con anterioridad. Ad Hoc. de la Nación). en virtud del principio objetivo de la derrota (conf. y N. En punto a ello. D. l Homicidio Tentativa. se afirmó que el juez a quo parcializó el suceso y no ponderó en forma integrada las constancias de la causa. E.. por el ataque del que fuera víctima días antes un sujeto mencionado como “el chino” -que habita el edificio de Saavedra 1277 de esta ciudad-. y M.. R. . S. En razón de lo expuesto.389 — CNCrim. — Diego Carlos Sánchez. S. 411/413 del expte. 653vta..488/12). permitieron establecer que S. con la preeminencia que el art.. Por los fundamentos expuestos y dictámenes de la señora defensora de menores e incapaces de Cámara de fs. 144/145. M. y de acuerdo a la posición fijada al requerir la elevación a juicio con relación a I. golpeó con un palo en la cabeza a M. 363/378. Allí. D. 88. R. 22 de la Constitución Nacional les otorga. D. acaecidos el 21/11/2012. alrededor de las 16:00. y V. arribaron al edificio D. golpeando el primero en forma insistente la puerta de entrada a la vez que exclamaba frases tales como “salgan y ábranme a mí la panza” (fs.. advirtió que I. cuando se hallaba en la entrada del inmueble mencionado (13/14vta. consid.. poseía además un palo. mantenido a fs. S. Procesal Civ. el cuadro fáctico no refleja una división de tareas ajustada a un plan homicida acordado con anterioridad. R. R. en compañía de otras dos personas no identificadas. C. en su caso. El fiscal apeló el sobreseimiento. Si bien. 85/87 y 107/108vta. siendo que la consideración primordial del interés del niño. Recapitulemos. a los conceptos jurídicos que permitan dar marco a la discusión..). S. Debiendo mantenerse la vinculación entre J. En ese momento. Así el interés superior del menor subyace en todo el plexo normativo de que se trata (Fallo: 328:2870). el representante del Ministerio Público Fiscal se agravió del temperamento adoptado por considerar que las lesiones que sufrió D. Fs. concurren dos o más personas en la comisión de un hecho ilícito. y 651/655vta.488/12. O. 608/611). R. Para ser más precisos. Inmediatamente. COntInÚA En lA PÁGInA 8 Cita on line: AR/JUR/55942/2013 2ª Instancia. Las lesiones sufridas por la víctima no configuran el delito de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. disponiéndose el rechazo de la guarda promovida a fs. M. septiembre 13 de 2013. D. En el sumario se dictó el procesamiento de I. y la pareja de éste G. Los dichos del empleado de seguridad P. se resuelve: Revocar lo decidido a fs.. y Correc. C. Ediar. D. Instantes después egresaron del interior los hermanos R. s/ sobreseimiento. a efectos de resguardar el interés superior de V. D. R. y M. D. E. no estuvo presente durante este segundo tramo del hecho.). En esa línea. Hechos: Tres individuos concurrieron a un domicilio y agredieron a un hombre y a sus dos hermanos. que las presentes actuaciones fueron tramitadas in la intervención de la tutora de V. S. deberá mantenerse la vinculación entre J. la contribución a la ejecución es un presupuesto indispensable para la realización del resultado conforme al plan concreto. y recibiendo en la zona baja de la espalda del lado izquierdo la puñalada que habría arrojado R. en el inmueble sito en Saavedra 1277. R. cuchillos. habría propinado al mencionado un golpe en la cabeza con un trozo de madera al tiempo que le refería “dale! salí. D. ps. Entiende el recurrente que medió en el caso un reparto de tareas y que R. T. P. 430 y 431). a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado. habrían ingresado en la habitación que ocupa Miguel Angel S. con frecuencia. y esencialmente el de las normas penales. y V.446/11 —que se encuentra firme—. D. los hermanos R. G.Las costas de ambas instancias se imponen a los señores J. y Monge al menos en aquélla convergencia de voluntades que pudiera haber existido a la intención de dar muerte de I. R. sufrió lesiones leves respecto de las que decidió no instar la acción penal (fs. inc. E. en la intersección de las calles Alberti y avenida San Juan de esta ciudad. es precisar la ambigüedad que caracteriza el mundo de los actos y delimitar el ámbito de lo prohibido/ permitido. R. debiendo en la instancia de grado procederse en forma inmediata con lo decidido a fs.. aclaró que R. de acuerdo a lo manifestado por S. 211/213vta.. e intentó golpearla con un palo de madera.). — Patricia Barbieri. El tercero fue sobreseído. sobre la base del dominio del hecho. 42). Con costas de ambas instancias a cargo de los vencidos. no cabe más que admitir los agravios a estudio.446/11). y su mujer junto a otras personas. 2007. Asimismo y como fuera decidido por este tribunal en los autos “C. —quien. siendo aproximadamente las 21:00. R. . Y. C. vociferación que era acompañada por la propia arenga del aquí sobreseído. y su hermana Y. S. 10. le habría referido “le voy a abrir la panza a tu hermano” (fs. cuando habrían arribado al lugar los hermanos I. El objetivo de las normas jurídicas. las constancias del expediente reflejan que en la fecha citada. 145/147. se acercó para impedirlo siendo golpeado en su cabeza con una botella que utilizó M. R. que ya existía al momento en que egresaron de la finca con cuchillos y palos en sus manos. y C. I. Art. I. permitiendo la concreción del ilícito” (ver fs. L. Explicó que los nombrados integraron un grupo de al menos tres personas que desde el tipo subjetivo se reunieron con el propósito de causar la muerte de S. la imputación formulada por V. en el contexto en que fueron producidas. D. a partir del cotejo de los testimonios del damnificado y de su hermana... 493/501vta. N° 88. 85/87vta. 48 del expediente n° 101. D. S. M. sobre la base de un acuerdo común. La fiscalía afirmó la responsabilidad de R. también puede existir una coautoría por dominio funcional del hecho. ante lo cual se muñeron de distintas armas (palos. se encontraba junto a su hermano A. La Cámara rechazó el recurso. D. V.. 107/108vta. sala IV. S. lo fue en orden a los delitos de lesiones leves en concurso real con robo —este último hecho con motivo de la acumulación de otro proceso— (ver fs. como coautor del intento de homicidio de D. munidos de diversos elementos de ataque. es coautor quien hace un aporte que sea necesario para llevar adelante el hecho en la forma planeada (Rusconi. Entonces. V. etc) y egresaron de la misma y se abalanzaron sobre el damnificado y sus allegados— permitiría extender a todos la responsabilidad derivada de los actos específicos de quien ejecutó por mano propia la conducta del verbo típico (en este caso el de intentar dar muerte). s/ art. y C.S. con similares o diferentes roles. Se dice que “autor es quien retiene en sus manos el curso causal. A. cuando tal agresión no sólo se conformó por parte de las tres personas que al unísono ingresaron armados a esa habitación sino que para el caso de R. mantenido a fs. D. R. M. Rechazo del agravante de concurso premeditado de dos o más personas.. conforme surge de la declaración de fs. 25. a consecuencia de lo cual A. en tanto que Y.. En ese contexto. 1ra. fs. solicitando que el hecho fuera calificado como tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. D. de qué tipo.. en los términos en que ha sido planteada. el más Alto Tribunal ha sostenido que conviene tener presente que los menores. A. D. sino que desarrollaron actos individuales de naturaleza diversa. 250 CPC-Incidente de Familia” (expte. viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de estos casos (Fallos: 318:1269. en consecuencia. Uno de ellos golpeó a aquél con una botella. R. ahora te toca vos”. Se impone así la siguiente pregunta: la conducta que desplegó el imputado posee relevancia penal y. En esta última hipótesis. — Ana María Brilla de Serrat. No obstante. III. mencionó que R. sin lograrlo. S. D. se abalanzó hacia ella con su cuchillo. ed. “Manual de Derecho Penal. mientras que otro le dió dos puñaladas. y del acta de secuestro de fs. y Com. en su habitación. R. no era ajeno al conflicto que se desarrolló el 21/11/2012. Maximiliano: “Derecho Penal. impone examinar el caso bajo las reglas de la coautoría y participación. 117. S. en orden al delito de homicidio simple en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves —habiéndose elevado el sumario a juicio a su respecto— en tanto que el tempe- ramento incriminatorio decidido con relación a M. 322:2701. ni las restantes partes que representan los derechos e intereses de la niña en el expediente de control de legalidad y que lo aquí decidido resulta claramente contradictorio con los fundamentos tenidos en cuenta al momento de decretar el estado de abandono y adaptabilidad de V. por considerar que se encontraba en el escenario del hecho llevando consigo elementos de ataque y habiendo expresado en forma previa frases que daban cuenta de una intención de dar muerte a la víctima. Es dable destacar que. la doctrina ha receptado ampliamente la teoría final objetiva como herramienta para distinguir entre el autor y el partícipe. 87/92.marteS 5 DE noviemBre DE 2013 | 7 consecuencias negativas respecto de la historia y subjetividad de la propia niña.. 324:122) aplicando entonces los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado. encomendando a la magistrada proveer con carácter de urgente las diligencias ulteriores y las notificaciones pendientes. Fueron procesados por los delitos de homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves. 249 de las presentes y fs. llevaba en sus manos una cadena recubierta en material tipo plástico de sesenta centímetros de longitud (ver imágenes de fs. 2013/09/13. Parte General”. habría reclamado verbalmente a A. in fine y 654). 75. R. R. debiendo requerirse carpetas de adoptantes al RUAGA y DNRUA. 214/215 y 224). R. que merecen valoración individual. requieren también la de los jueces y de la sociedad toda. 68. N° 101. una primera aproximación a la problemática torna necesario referirnos. 417. Textualmente sostuvo que: “Debe ser materia de análisis y mérito las conductas de R. recibió una segunda puñalada -en la zona del esternónque habría sido propinada por I. actuó junto a su hermano y a M. aunque someramente. podría afirmarse que R. Cód. no es menor nuevamente destacar que era quien sostenía un arma filo cortante que I. siendo seguido por I. Algunas horas más tarde. debiendo requerirse carpetas de adoptantes al RUAGA y DNRUA.. II. a efectos de resguardar el interés superior de V. momento en el que D. configuraban el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa.446/11 —que se encuentra firme—. en los casos de coautoría puede ocurrir que cada uno de los intervinientes realice la totalidad de la conducta típica. Si a ello se suma.— Buenos Aires. Regístrese y agréguese copia certificada de la presente en los autos “C. como también en aquélla previa agresión en la que I. R. [sobre] la configuración central del acontecimiento” (ZAFFARONI. IV. 124/127vta.R.
deberá hacerlo saber al Juzgado. 18 de octubre de 2013 Irene Carolina Espeche. 07/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10. Secretaría Unica. Sirva lo proveído de muy atenta nota. piso 4°. 05/11/13 V. Christello. 8 de octubre de 2013 Vanesa D. accediéndose a un living y comedor. Fecho. 05/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10. cita y emplaza a herederos y acreedores de OLGA PANIAGUA a que en el plazo de treinta días comparezcan en autos a hacer valer sus derechos. 07/11/13 61549/2013. LA LEY: I. 17 de octubre de 2013 Viviana J. a cargo del Dr.Bs.N. Publíquese por tres días en el diario La Ley. Publíquese por dos días. 401 al 4/6/13 $ 57. PANIAGUA OLGA s/ SUCESION AB-INTESTATO. de los Inmigrantes 1950. LA LEY: I.974. distribuido en tres plantas. comunica por dos días en el juicio: “TRABADELLO. limitó el actuar de R. Pcia. sito en Libertad 731. a efectos de hacer valer sus derechos. Daniel Guillermo Alioto. Por escalera se puede también acceder desde el garaje. M. En desnivel. con algunos faltantes en baños. Buenos Aires. LA LEY: I. LA LEY: I. el cuadro fáctico plasmado no refleja una división de tareas ajustada a un plan homicida que hubiera sido acordado con anterioridad. 17 de septiembre de 2013 Olga María Schelotto. 12 de septiembre de 2013 Guillermo Auterio. 04/11/13 V. 04/11/13 V. de los Inmigrantes 1950. Rivadavia 130. toilette. sec. Nro. arancel 0. que mide 15 mts.926/13). Por escalera desde la calle. Buenos Aires. con un amplio ambiente o quincho con hogar/ parrilla.—. 388 al 4/6/13 $ 8. D. 04/11/13 PROPIEDAD DE LA LEY S. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de JOSEFA RODRIGUEZ y JOSE MARIA DIAZ. Publíquese por tres días en La Ley. 570/572 vta. cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de TORRE.— Carlos Alberto González. 07/11/13 El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N° 55. piso 9no. R. Secretaría Unica (Talcahuano 550. un comedor y cocina con su anafe y horno empotrado. 1 de octubre de 2013 Silvia R. sec. Martínez.— Alberto Seijas. Buenos Aires. LA LEY: I. con signos de haber estado dividido en dos ambientes. Publíquese por tres días en el diario La Ley. deberá hacerlo saber a este Juzgado. circunstancia que deberá ser subsanada.553/99. Notifíquese al Fiscal General. cual es. ubicado en Santa Teresita del partido de Gral. Por todo lo hasta aquí expuesto.I.30 horas en punto. Se deja constancia que entre las fs. Lezama. en cuanto fue materia de recurso. 05/11/13 V. Roberto R. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ALDO JOSE ANTONIO GOMEZ. Publíquese por tres días en el diario La Ley. MIRFAT HANNA de nacionalidad siria con D. y ejecutado de manera individual. Malagamba. Horacio Alejandro.E.. Según constatación de autos (fs. y en la planta alta. 04/11/13 V. Publíquese por tres días en el diario La Ley. Secretaría a mi cargo. Dicho extremo tampoco ha sido precisado por el recurrente. El presente edicto deberá publicarse por tres días en La Ley. Indicó. LA LEY: I. considera el tribunal que el temperamento liberatorio dictado resulta ajustado a derecho y a lo actuado en el legajo. de fondo. 31/10/13 V.). Publíquese por 3 días. Inclusive. en los autos caratulados: “PEREZ. sec. 4 de octubre de 2013 María Lucrecia Serrat. Secretaría única. devuélvase a la instancia de origen a fin de que se efectúen las restantes notificaciones. 10 de octubre de 2013 Diego Fernando Bagnato. sito en la calle Libertad 731. 18 de octubre de 2013 Juan Pablo Lorenzini. Capital Federal. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de CEROCCHI. Torti. 7° piso. lejos de reflejar una preordenación hacia un objetivo en común. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. se presentan como actos individuales de naturaleza diversa y que. de los Inmigrantes N° 1950.N. 07/11/13 El Juzgado Civil N° 95 cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de JORGE NELSON LOPEZ ROMERO. en lo Civil y Comercial. de fte x 30 mts. a las 10. fue un emprendimiento de I. sec. cita y emplaza por el plazo de 30 días. 05/11/13 V. Se trata de un chalet con frente a la calle Buenos Aires 178 de Santa Teresita del Monte. 31/10/13 V.— Mariano González Palazzo. No se admitirá la compra en comisión. Para ser publicado por el plazo de tres (3) días en el diario La Ley. 05/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 96. M.745. SUSANA HAYDEE a los efectos que hagan valer sus derechos. Secretaría del Dr.Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº5074180 Impreso en La Ley. si bien las circunstancias apuntadas podrían habilitar a sostener la concurrencia del primer elemento de la coautoría funcional. sec. sec.000. 06/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. que luego que su hermano recibió el primer ataque. Buenos Aires. con algunos bienes en su interior sin valor comercial alguno. a efectos de estar a derecho. LA LEY: I. 04/11/13 V.88. sec. Buenos Aires. Cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de Don PEDRO LEONARDO RUIZ MARZA a los efectos de hacer valer sus derechos. MARIA INES c/ FLORES. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de JOSE DI PAOLO. N° 73. Malagamba. 05/11/13 V. a cargo del Dr. Buenos Aires. todo ello a ﬁn de asegurar la estabilidad de su poder adquisitivo. 6 de septiembre de 2013 Eduardo Alberto Villante. 10 de octubre de 2013 Mariana G. LA LEY: I. piso 2°. P. 16 de octubre de 2013 María Constanza Caeiro. como los testigos no ubicaron a R. en los autos caratulados “QUIROGA CATALINA s/ SUCESION AB INTESTATO” (Exp. informa que la Sra. juez subrogante.643 ha iniciado los trámites tendientes a obtener la ciudadanía argentina. CABA. 07/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 73. Lavalle designado en plano 42-62-63 como lote doce de la manzana 138. 16 de octubre de 2013 Santiago Pedro Iribarne.. 86. Todo se encuentra en mal estado de uso y conservación. Para el caso de que el saldo del precio no sea integrado dentro de los 60 días corridos de practicada la subasta. Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión de dicho beneﬁcio podrá hacerlo saber a través del Ministerio Público. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión. LA LEY: I. merecen valoración individual desde el prisma legal. NORBERTO y RAMIREZ. 06/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22. no se estima posible otorgar características de coautoría a lo que. a cargo del Dr. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún impedimento que estimara podría obstar a dicha concesión. Capital Federal. 103. 15 de octubre de 2013 Soledad Calatayud. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110. sec. 07/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 3.25 % (Ac. a cargo del Dr. el mismo -a partir del vencimiento de dicho plazo. Santiago Pedro Iribarne. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 60.005 (123). Publíquese por tres días en La Ley. CARLOS ALBERTO s/ EJECUCION HIPOTECARIA”. no habiendo el aquí imputado intervenido de modo alguno en el hecho ajeno. 07/11/13 El Juzgado Nacional en lo Civil N° 80. 06/11/13 64314/2013. más allá de aludir a la presencia de otras personas que no identificó (fs. rematará en Jean Jaurés 545. sec. Secretaría Unica a mi cargo.809. sito en Av. 93960241. N° 92. sec. R. y un playroom y altillo. de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Piso 4ª. a efectos de hacer valer sus derechos. sec. Publíquese por dos días. el día 14 de noviembre de 2013. informa que la Sra. sec. LA LEY: I. Más allá de las expresiones que vertiera R. Buenos Aires. 172 y 173 se ha agregado erróneamente copia original de una declaración testimonial que no correspondería a este sumario. piso 6°. y sus muebles en bajo y sobre mesada. ingresó al domicilio de Saavedra (fs.853. CSJN 24/00). G. 24 de octubre de 2013 Dolores Miguens. de Buenos Aires. 14 de agosto de 2013 Guillermo N. de modo que habrá de recibir homologación. 17 de octubre de 2013 Viviana Silvia Torello. Exp. Buenos Aires. Buenos Aires. R. Maderna Etchegaray. RICARDO EUGENIO s/ SUC. en rigor. la decisión común al hecho. Arg. LA LEY: I. con dos puertas de acceso y con dos baños completos. que el martillero Miguel A. sito en Uruguay N° 714. Seña 30 %. a cargo de la Dra.devengará intereses y/o será pasible de adecuación por el mecanismo que resulte pertinente. 4° piso. sito en Libertad 731 9° piso de esta ciudad. . Secretaría Unica interinamente a mi cargo. LA LEY: I. 05/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 a cargo de la Doctora María I. R. sito en Av. 04/11/13 73765/2013. cita por el plazo de 30 días a herederos y acreedores de LEONIE DELFINA GARCIA OLANO. sec. 27/28. D. Buenos Aires. LA LEY: I. 05/11/13 El Juzgado de Primera Instancia Nª 4. e I . Osvaldo Onofre Alvarez. 24 de septiembre de 2013 Olga María Schelotto.N. Buenos Aires. sec. 05/11/13 V.A. GRIGORYAN OLGA de nacionalidad armenia.622. Comisión 3 %. que se compone el subsuelo de un garaje como para 3 vehículos. lavadero y baño. El presente deberá publicarse por tres días en La Ley. a cargo del Dr. CARDOZO VENEFRIDA s/ SUCESION AB-INTESTATO. Buenos Aires. Publíquese por dos días. se resuelve: Confirmar el punto I del auto de fs. 1050 AAC) Teléfono: 54-11-4378-4765 . Buenos Aires. otra habitación o cuarto de plancha. ARBA fs. 357) se encuentra libre de ocupantes y de ocupación. de esta ciudad. sito en Uruguay 714. Provincia de Buenos Aires. RODRIGUEZ JOSEFA Y DIAZ JOSE MARIA s/ SUCESION ABINTESTATO. Buenos Aires. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 51. sec. sito en Av. de esta ciudad. 450 m2. 6° piso). a efectos de que comparezcan a hacer valer sus derechos. 31/10/13 V. de los Inmigrantes 1950. D. As. de 10 a 12 y de 14. Avellaneda. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de NORBERTO ENEAS MALANGONE. del Departamento Judicial de San Isidro.30 a 16. letr. Rep.30 horas. de los Inmigrantes 1950 piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Publíquese por tres días en La Ley. cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de RICARDO EUGENIO PEREZ. el siguiente bien embargado. . cita y emplaza a herederos y acreedores de VENEFRIDA CARDOZO por el término de treinta días. S. En estas condiciones. con una barra de bar instalada. Secretaría N° 20. Secretaría N° 6. 13/14 y 226/228). 05/11/13 V. Diego Alberto Ibarra. N° 94. Es que. Debe ser puesto de relieve que tanto D. 04/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 47 Secretaría Unica.80 y Municipalidad fs. las acciones desplegadas el día del hecho por cada uno de los intervinientes. El comprador deberá constituir domicilio en esta ciudad. Deudas: Cosp fs. como tampoco se indicó que hubiera prestado una colaboración concreta al accionar que desplegó su hermano. en un rol de agresor hacia la persona del primero. al intento de agresión que emprendió en su contra con un palo de madera y en el que falló. de nacionalidad cubana ha solicitado la declaración de la “Ciudadanía Argentina”. Auterio. D. secretaría N° 20. con asiento en Av. Secretaría única a mi cargo. Buenos Aires. sito en Av. a cargo del Dr. Buenos Aires. Rey Daray. 04/11/13 V. LA LEY: I. por ende. El presente deberá publicarse por el plazo de 3 días en el diario La Ley. hace saber que YILIAN GARCIA MARTINEZ.223. Soaje. P. Callegari. Martín A. de esta ciudad. dentro del plazo de quince días. int. ABINTESTATO” (expte. N° 68. ROSA CRISTINA a los efectos que hagan valer sus derechos. además. Comercialización y Redacción: Tucumán 1471 (C. Y. a los efectos de que hagan valer sus derechos. Sup. int. Buenos Aires. 05/11/13 V. Juan Manuel Converset (h. a cargo del Dr. Base: $ 270. LA LEY: I. 64/65 y 104/106). 05/11/13 V. sec. D. 05/11/13 V. 382 al 3/6/13 $ 15. aux. M. San Isidro. un dormitorio chico y un amplio ambiente. LA LEY: I.I. Exhibición: 11 y 12 de noviembre de 2013.Administración. 05/11/13 V. Viviana J. piso 4to.87. al contado y mejor postor. En consecuencia. LA LEY: I. a cargo del Dr. se accede a una galería cubierta. En lo atinente al segundo tramo del hecho. Publíquense por tres días en el diario La Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. sec. S. sito en la Av. 49. Herman Bernardo Lieber. ha iniciado los trámites para obtener la ciudadanía argentina.062/2013) cita y emplaza por el término de 30 días a los herederos y acreedores de la Señora QUIROGA CATALINA.I. mencionó a un solo autor de las lesiones producidas —I. 06/11/13 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 55. matrícula 49. a herederos y acreedores de EDUARDO CARLOS BARRAL GALLO. todo en madera al igual que un pequeño living. l edICTOS El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nro. de los Inmigrantes 1950 piso 1°. LA LEY: I.8 | marteS 5 DE noviemBre DE 2013 VIEnE DE lA PÁGInA 7 Síganos en /thomsonreuterslaley @TRLaLey No coincide la sala con esa valoración.
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