Source: http://www.slideshare.net/janypuente/fallo-hidroaysen-suprema
Timestamp: 2015-11-30 17:59:27+00:00

Document:
Fallo hidroaysen suprema
Trabajo en clase 16 - Fórmulas y Fu...
Salud ocupacional ( sedes)
Ii. errepublica
by Jon Ander Díez
Santiago, cuatro de abril del año dos mil doce. Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de lospárrafos segundo y tercero del considerando vigésimo, delmotivo vigésimo primero, del párrafo segundo del fundamentovigésimo noveno y de las motivaciones cuadragésima,cuadragésima cuarta y cuadragésima novena, que se eliminan. Y se tiene en su lugar y además presente: Primero: Que diversas personas naturales o jurídicasindividualizadas en la sentencia apelada han recurrido deprotección en contra de la Comisión de Evaluación Ambientalde la Región de Aysén, representada por su Presidenta PilarCuevas Mardones, por haber dictado la Resolución Exenta N°225, de fecha 13 de mayo de 2011, que calificófavorablemente el proyecto “Hidroeléctrico de Aysén”, cuyotitular es Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A., con lafinalidad de que se deje sin efecto la citada resolucióny/o se adopten las providencias necesarias para restablecerel imperio del derecho y asegurar la debida protección dequienes se sienten afectados, por estimar conculcadas lasgarantías constitucionales de los numerales 1, 2, 3, 8 y 24del artículo 19 de la Carta Fundamental. Segundo: Que en su oportunidad se dedujeron ante laCorte de Apelaciones de Coyhaique sendos recursos deprotección originados por la ya citada Resolución Exenta N°225, presentándose en algunos casos los mismos
intervinientes que en otros y citando similares argumentos.Todos los recursos fueron acumulados y desestimadosfinalmente por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, aldeclararse inhabilitados los magistrados del primertribunal de alzada. Tercero: Que de la lectura de la sentencia apelada puedeapreciarse que ésta analizó primero los aspectos comunesinvocados por los recurrentes, para luego tratar en formaseparada las alegaciones de los diversos recursosindividualizados por su número de rol asignado antes de laacumulación. Cuarto: Que el numeral 13 del Auto Acordado de estaCorte Suprema sobre la Tramitación del Recurso deProtección dispone la acumulación de autos cuando respectode un mismo acto u omisión se dedujeren dos o más recursos,aun por distintos afectados, para ser resueltos en unamisma sentencia. En consecuencia, la circunstancia que los actores aldeducir las respectivas apelaciones contra la sentencia queresolvió el asunto hayan abordado indistintamente los temasque les parecen gravosos, o que se hayan referido a algunosdiversos de aquellos que expusieron en sus presentacionesiniciales, antes de la acumulación, no es óbice para queesta Corte pueda conocer de ellos. En efecto, el recurso deprotección de garantías constitucionales constituye unaacción de protección para cualquier persona que se sienta
privada, perturbada o amenazada en aquellos derechos que elConstituyente estimó necesario cautelar en forma rápida yeficaz a través de un procedimiento desformalizado y en elcual, de acuerdo al Auto Acordado que lo rige, no esexigible para apelar ni la fundamentación ni la exposiciónde peticiones concretas, por lo que las alegacionesplanteadas en estrados por los apelados y hechas presenteen el escrito de fojas 1921 sobre cosa juzgada formal oinadmisibilidad de los recursos por haberse mutado losfundamentos o por carencia de ellos, deben serdesestimadas. Quinto: Que comenzando con el análisis de los diversosargumentos invocados por los apelantes, conviene partir porel tema de la competencia del órgano que dictó laResolución Exenta N° 225 de 23 de mayo de 2011 quecalificó favorablemente el Proyecto Hidroeléctrico deAysén, a saber, la Comisión de Evaluación Ambiental de laRegión de Aysén. Los actores han sostenido que el proyecto en cuestióninició su ingreso al Sistema de Estudio de ImpactoAmbiental ante la Comisión Regional del Medio Ambiente deAysén y que, con posterioridad a dicho evento, entró aregir la Ley N° 20.417 que creó el Servicio de EvaluaciónAmbiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, por loque se ha producido una derogación orgánica de la ComisiónRegional del Medio Ambiente, pese a lo cual dicho organismo
solicitó al titular del proyecto que respondiera elinforme consolidado de solicitudes de aclaraciones,rectificaciones y ampliaciones (ICSARA) N° 2, encircunstancias que dicho órgano estaba ya derogado. Ademásse argumenta que tampoco existe habilitación legal para quela evaluación y calificación ambiental la realice laComisión de Evaluación Ambiental, pues ello contraviene losartículos 6 y 7 de la Constitución Política de laRepública. Con posterioridad, al deducirse apelación en contra dela sentencia que resolvió el asunto, se argumentó que deconformidad al artículo 3° transitorio de la Ley N° 20.417los sucesores de la Comisión Nacional del Medio Ambienteson el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio deEvaluación Ambiental, por lo que la Comisión de EvaluaciónAmbiental, organismo recurrido por dictar la Resolución N°225 impugnada en autos, no fue considerada como sucesora dela CONAMA y en consecuencia no podía resolver lacalificación del proyecto pues correspondía que lo hicierala Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental. Sexto: Que es un hecho que el proyecto en cuestióninició su tramitación bajo la vigencia de lainstitucionalidad ambiental creada por la Ley N° 19.300 yque, antes de culminar su calificación, entraron enfuncionamiento los nuevos órganos creados por la Ley N°20.417. Lo anterior pudo originar problemas de temporalidad
sobre la vigencia de las instituciones encargadas deconocer y resolver los asuntos ambientales; sin embargo, lasola circunstancia que en este caso se haya solicitado porla COREMA al titular del proyecto que respondiera el ICSARAN°2, cuando dicho órgano ya debía haber cesado en suejercicio, no conlleva una ilegalidad o arbitrariedad de laactuación ni menos conduce a dejar sin efecto la resoluciónfinal, por cuanto la conducta de dicha comisión sólo tuvopor finalidad dar curso a la evaluación del proyecto que seencontraba pendiente y ello no conculca garantíaconstitucional alguna. En cuanto al organismo que resolvió la calificación delproyecto, cabe mencionar que de acuerdo al artículo 86 dela Ley N° 19.300 dicha misión le corresponde a una Comisiónpresidida por el Intendente e integrada por los SecretariosRegionales Ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, deEconomía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de ObrasPúblicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, deTransportes y Telecomunicaciones, de Minería y dePlanificación, y el Director Regional del Servicio, quienactuará como secretario. En la especie dicho organismo fuequien procedió a calificar favorablemente el proyecto y alhacerlo no ha incurrido en la incompetencia que se lereprocha, por cuanto el artículo 3° transitorio de la LeyN°20.417 dispone expresamente que los sucesores de laComisión Nacional del Medio Ambiente son el Ministerio del
Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, porlo que cabe entender que el sentido de la norma esprecisamente que la institucionalidad anterior seareemplazada por la que se ha citado, y dentro del Serviciode Evaluación Ambiental se comprende precisamente a laComisión de Evaluación Ambiental como el organismoencargado de calificar los proyectos, según consta delartículo 86 de la Ley N° 19.300 (modificada por la Ley N°20.417), norma que está inserta dentro del Título Final dela ley, párrafo sexto, que se refiere específicamente al“Servicio de Evaluación Ambiental”. Es decir, la Comisiónes un órgano del Servicio de Evaluación Ambiental. Séptimo: Que además no puede pretenderse, como se arguyóen un comienzo, que en virtud de las modificaciones legalespueda entenderse que no se consideró órgano alguno quecalificara el proyecto al haberse derogado orgánicamente alas Comisiones Regionales del Medio Ambiente, por cuanto laAdministración no pierde su potestad pública de resolverlos asuntos sometidos a su conocimiento y para los cualesse prevén los organismos de rigor. En consecuencia, que elproyecto haya sido calificado por el organismo al que en laactualidad le corresponde hacerlo bajo el imperio de lanueva normativa, no atenta contra las garantíasconstitucionales de los actores y es más, permite darcontinuidad a la función administrativa del Estado, como lo
prescribe el artículo 3 de la Ley N° 18.575, Ley OrgánicaConstitucional de Bases de la Administración del Estado. Octavo: Que otro tema en discusión consiste en ladenuncia sobre ilegalidad respecto al tratamiento otorgadoa los reparos y observaciones formulados por los serviciospúblicos con competencia ambiental que se pronunciaronsobre el proyecto, en el sentido si dichos reparos uobservaciones eran subsanables mediante adendas, comotambién si era procedente que fuese el Secretario de laComisión Regional del Medio Ambiente de Aysén quien, sin laexistencia de un acuerdo de dicho organismo, elaborara uninforme consolidado de solicitud de aclaración,rectificación y ampliación. Sobre este punto cabe señalar que dichas actuaciones severificaron en el mes de noviembre del año 2008, por lo queno resulta procedente que ahora se denuncien por medio delas acciones constitucionales de protección presentadas enjunio de 2011, es decir más de dos años después deverificadas, por cuanto ello va en contra del plazoestablecido para impetrar medidas de cautela y ademásporque deja en evidencia la falta de urgencia en lanecesidad de protección si se esperó que el procedimientollegase a su fin para impugnar los actos anteriores, máximecuando de ello dependía el curso que se iba a dar alproceso. A lo anterior ha de sumarse también que hubo en suoportunidad un pronunciamiento de la Contraloría General de
la República en orden a la legalidad de la forma como sesolicitó el ICSARA N° 1, dictamen que tampoco consta hayasido impugnado. En consecuencia, no resulta atendibleacoger estos planteamientos por haber perdido oportunidad. Sin perjuicio de lo anterior, tampoco consta que losorganismos públicos involucrados se hayan opuesto a laprocedencia de los ICSARAS; es más, cada vez que se les dioa conocer las respectivas adendas, ellos emitieron supronunciamiento sin cuestionar la legalidad delprocedimiento seguido. Noveno: Que otro aspecto debatido consiste en laviolación de los principios de contradictoriedad,imparcialidad y de participación ciudadana que acusan losactores, por cuanto refieren que la autoridad no considerólas observaciones realizadas por la comunidad al proyecto,y que al haberse omitido los contenidos mínimos del mismohasta la presentación de las adendas impidió a laciudadanía efectuar observaciones y eventualesreclamaciones, como lo permite la ley. Al respecto, los mismos actores reconocen que sepresentaron miles de observaciones al proyecto (fojas 65).Ello demuestra que la comunidad sí ha sido oída y, enconsecuencia, cumplidos los principios antes enunciados. Noobstante, los recurrentes dicen que tales observaciones nofueron ponderadas por tres argumentos dados por la Comisiónrecurrida y que ellos no comparten; sin embargo, la
circunstancia de no compartir los argumentos entregados porla autoridad al pronunciarse sobre los reparos formuladospor las distintas personas u organizaciones no permitecalificar de ilegal o arbitrario el acto impugnado pormedio de este arbitrio. Décimo: Que corresponde analizar la afectación delParque Nacional Laguna San Rafael. Los actores sostienen que de conformidad al artículo 10letra p) de la Ley N° 19.300 debe someterse al sistema deevaluación de impacto ambiental la ejecución de obras,programas o actividades en parques nacionales, en los casosen que la legislación respectiva lo permita. En este caso,refieren que no existe ninguna ley que autorice laejecución de una obra como la que se pretende en un parquenacional. Además argumentan que en el artículo 3° de laConvención para la Protección de la Flora, Fauna y BellezasEscénicas Naturales de los Países de América –Convención deWashington- que entró a regir en nuestro país en el año1967 se dispone que los límites de dichos parques no puedenser alterados ni enajenada parte alguna de ellos sino poracción de la autoridad legislativa competente; y en estecaso, permitir la ocupación de una parte del parque yautorizar como compensación aumentar la superficie de éstepor medio de una Resolución como la impugnada, y no através de una ley, implica una vulneración de la normativacitada. Se agrega también que la misma Convención prohíbe
la caza, matanza y captura de especímenes de la fauna y ladestrucción y recolección de ejemplares de la flora enestos lugares, como la prohibición de explotar los recursosexistentes con fines comerciales, lo que se verificará alinundar parte de dicho parque para el desarrollo de unaactividad precisamente comercial. Finalmente, se sostieneque de conformidad al artículo 15 de las Normas sobreAdquisición, Administración y Disposición de Bienes delEstado, Decreto Ley N° 1939 del año 1977, sólo puedendestinarse o concederse los parques nacionales en uso aorganismos del Estado o a personas jurídicas regidas por elTítulo XXXIII del Libro I del Código Civil para finalidadesde conservación y protección del Medio Ambiente, lo queaquí no sucede. Undécimo: Que la ejecución de un proyecto como el que sepretende en un parque nacional no se encuentra prohibidapor la ley. En efecto, la interpretación que debe darse alartículo 10 letra p) de la Ley N° 19.300 no consiste enexigir la existencia de una ley específica que autorice laejecución de una central hidroeléctrica en un parquenacional, sino en considerar que lo que busca la norma esque la actividad que se va a desarrollar sea lícita y nocontravenga el ordenamiento jurídico, pero en atención aque se desarrollará en un parque nacional u otra áreacolocada bajo protección oficial debe someterse a unestudio de impacto ambiental, tal como ha ocurrido en
autos. En consecuencia, cuando la norma estipula “… en loscasos en que la legislación respectiva lo permita”, ha deentenderse referida a que la actividad esté permitida porla ley. Duodécimo: Que en cuanto a la circunstancia que sepermita la afectación de un sector del parque y que comomedida de compensación se agreguen 100 hectáreas desuperficie colindantes a los actuales límites del ParqueNacional Laguna San Rafael, lo que involucra alterar loslímites del área sin que exista una ley para ello como lodispone la Convención de Washington, cabe precisar que laConstitución Política de la República consagra en suartículo 60 las materias que son objeto de ley, dentro delas cuales no se contemplan los límites de los parquesnacionales, de modo que no existe impedimento para que sumodificación se haga a través de un instrumento distinto alde una ley. Décimo tercero: Que en lo que se refiere a los otrosreproches formulados al respecto, cabe considerar que lazona de afectación corresponde a 18 hectáreas del parque enque no hay presencia de especies arbóreas o arbustivas bajocategoría de protección, y que tampoco se afectan valoresrelevantes de flora y de fauna, geomorfológicos opaisajísticos, según informó CONAF a través de su oficioordinario N° 344, de fecha 15 de noviembre de 2010. Loanterior permite concluir que no puede aseverarse la
utilización de recursos del parque con fines comerciales,pues éstos no se encuentran presentes en el área. Dichoorganismo sostuvo también que la inundación no atentacontra el espíritu de la Convención de Washington, ya queno afecta paisajes de incomparable belleza, formacionesgeológicas extraordinarias u objetos naturales de interéscientífico o histórico, ni causaría la extinción de lasespecies que ocupan la superficie a inundar. Estosargumentos fueron tomados en consideración por la Comisiónal momento de ponderar las observaciones efectuadas sobreeste punto, según consta a fojas 910 de la Resolucióncuestionada, de modo que no se advierte arbitrariedad oilegalidad en la decisión de permitir la afectación delParque Nacional Laguna San Rafael, a lo que debe sumarse lacircunstancia que según informan los titulares del proyectola zona de ocupación corresponde a laderas escarpadas en elmargen sur de los límites del mismo, ubicada en el sectoropuesto al ventisquero San Rafael y que representa unasuperficie no superior al 0,001% del área total, recibiendoen compensación 100 hectáreas de superficie colindantes. Décimo cuarto: Que en cuanto a hacer aplicable lo queprescribe el artículo 15 del Decreto Ley N° 1939, cabedesestimar tal argumento para el caso de autos por cuantodicha norma se refiere al evento en que la ocupación ytrabajo en los parques nacionales comprometan el equilibrioecológico, situación que aquí no se verifica.
Décimo quinto: Que otro de los temas abordados en losrecursos de apelación se refiere a la afectación del huemuly su hábitat. Se argumenta que se trata de una especie enpeligro de extinción y que el proyecto, no obstantereconocer la existencia de ella en las áreas de las cuencasde los ríos Báker y Pascua, incurre en tres deficiencias alutilizar una metodología incorrecta para la estimacióncuantitativa de individuos, para la caracterización de loscorredores biológicos o hábitat y no incorporar medidas decompensación adecuadas para su preservación. Décimo sexto: Que ha de tenerse presente que laimplementación de un proyecto como el de autos y comocualquiera de los enumerados en los artículos 10 y 11 de laLey N° 19.300 produce un impacto ambiental, es decir y talcomo se define en la letra k) del artículo 2 de la leycitada, una alteración del medio ambiente. Por ello se haceun estudio de este impacto para, entre otros fines, poderdescribir las acciones que se ejecutarán para impedir ominimizar sus aspectos significativamente adversos. Considerando lo anterior ha de aceptarse que en unproyecto de esta envergadura el medio ambiente sufrirá unaalteración, por lo que no puede pretenderse que la especiehuemul no se vea afectada de ninguna forma. Sin embargo, el proyecto -con el fin de dar cumplimientoa la legislación ambiental- ha propuesto medidas decompensación que han sido aceptadas por la Comisión
Evaluadora, las que consisten en la realización de unestudio de cérvidos cuyo objeto es contribuir alconocimiento de la biología de las dos especies de cérvidosnativos presentes en el sur de Chile, el huemul y el pudú,con el propósito de favorecer su conservación y la creaciónde un área para ello de una superficie total de 11.560hectáreas. Además, se dispuso que el estudio comprometidocuente con la aprobación de la autoridad competente y quesu presentación se efectúe durante el primer año de iniciode ejecución de las obras. Las medidas así adoptadas por la Comisión recurridadescartan ilegalidad o arbitrariedad de la decisión, porcuanto se han descrito las acciones necesarias paraminimizar los efectos adversos que pudieren originarse. Décimo séptimo: Que otro agravio invocado en lasapelaciones consiste en el denunciado por la AsociaciónGremial de Organizaciones de buzos mariscadores, algueros,exportadores de productos del mar y afines de Aysén y delas regiones adyacentes, quienes sostienen que en suoportunidad ingresaron a la oficina de Coyhaique de laComisión Nacional del Medio Ambiente un escrito deobservaciones al proyecto, considerando la suspensión delprocedimiento que se había decretado. Sin embargo, talesobservaciones no fueron ponderadas por la Comisión nitampoco fueron declaradas extemporáneas.
Décimo octavo: Que las observaciones efectuadas por losrecurrentes anteriormente mencionados consisten en que losproductos a cuya extracción dedican su actividad se veránafectados con la retención y disminución de nutrientes,como consecuencia de la instalación de las presas yembalses del proyecto y por la alteración de los flujos yciclos normales de los ríos Báker y Pascua; que se veráademás alterada la disponibilidad de alimentos de estosrecursos como consecuencia de la disminución del plancton yque considerando que los fiordos son sectores dereproducción de peces y reservorios de peces juveniles,ellos se verán fuertemente impactados. Décimo noveno: Que si bien es cierto que si lasobservaciones efectuadas por los recurrentes referidos fueconsiderada extemporánea debió así haberse declarado, no loes menos que la cuestión de fondo que los afecta sí fuetratada por la Comisión recurrida y ello impide adoptar unamedida de cautela en su favor. En efecto, según puedeleerse de fojas 957 en adelante del texto de la ResoluciónExenta N° 225, aparece como condición puesta al proyectopor el SEREMI del Medio Ambiente la presentación al SEA dela Región de Aysén de un Programa de Investigación para elmedio físico y biótico de la desembocadura del río Báker,fiordos y sectores marinos adyacentes que se puedan verafectados a raíz de las modificaciones del régimen desedimentación normal del río Báker, entre las presas B1 y
B2, como efecto sinérgico. Dicho programa deberápresentarse en el plazo de un año contado desde lanotificación de la resolución de calificación ambiental,implementarse desde el inicio de la fase de ejecución delproyecto y con al menos una duración de cinco años,financiado por el titular y ejecutado por una instituciónacadémica de reconocido prestigio y especialización en lamateria. Ello permite tutelar los intereses de los actores. Vigésimo: Que otro asunto abordado en las apelacionesdice relación con la predicción y evaluación de eventualessituaciones de riesgo. Se sostiene que casi todos lospronunciamientos al respecto están condicionados a laentrega de información adicional previa a la construccióndel proyecto y que muchas de estas condiciones o exigenciasrepresentan en realidad el requerimiento de aportar loscontenidos mínimos que el titular del proyecto ha omitidopresentar en el proceso de evaluación ambiental. Seargumenta que la evaluación de impacto ambiental constituyeun sistema preventivo al que debe someterse toda actividado proyecto susceptible de causar ese impacto y que de estanaturaleza preventiva se derivan algunas exigencias legalesy reglamentarias que se refieren a los contenidos mínimosque todo estudio presentado a evaluación debe contemplar. Dentro de estos riesgos y amenazas que no fueronevaluados se menciona a los fenómenos glofs y a lasfluctuaciones de caudal.
Vigésimo primero: Que el fenómeno glof (glacial lakeoutburst flood) consiste en términos simples en undesbordamiento de un glaciar con descarga de agua, roca ysedimento. Se argumenta por los recurrentes que el ríoBáker en su cabecera cuenta con dos lagos glaciares, Arco yCachet II, los cuales regularmente rompen las morrenas quelos contienen vaciando gran cantidad de agua en formarepentina arrastrando sedimentos e inundando los valles ríoabajo. Por lo anterior se sostiene que existe una situaciónde riesgo para los habitantes en el sentido que ambos lagosse rompan al mismo tiempo, situación que no ha sidoatendida por la titular del proyecto. El segundo fenómeno mencionado es la fluctuación decaudal de los ríos que se producirá con la operación de lascentrales. Estas fluctuaciones que en forma normal ocurrendurante el año según sea época de verano o invierno, alfuncionar las centrales se verificarán en un solo día y asíse registrarán fenómenos de crecidas y de bajo caudal enuna misma jornada. Lo anterior implica, en concepto de losactores, que se ignore cómo estas fluctuaciones afectarán alos ríos, desconociéndose las áreas de riesgo para la vidade las personas. Se afirma que la resolución impugnada condicionó elproyecto a evaluaciones posteriores, lo que impide a losinteresados no sólo realizar observaciones sino que ademásefectuar reclamaciones, ni podrán evaluarse estos temas por
organismos con competencia ambiental, como tampoco existerespuesta ante el evento que los resultados de estosestudios provoquen la necesidad del rediseño del proyectoya aprobado. Vigésimo segundo: Que la Comisión recurrida sujetó lacalificación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del“Proyecto Hidroeléctrico de Aysén” a una serie deexigencias y condiciones ambientales, según puede leerse afojas 664 y siguientes de la resolución, como son: a) Analizar el escenario de vaciamiento de los lagos glaciares Cachet II y Arco, independientemente de la probabilidad de ocurrencia y establecer el respectivo plan de acción al efecto, informando de ello a la Dirección General de Aguas de Aysén. b) Una vez que se cuente con la autorización sectorial de la Dirección General de Aguas para la construcción de la primera presa, se deberá presentar a la Dirección de Obras Hidráulicas para su aprobación un informe que dé cuenta de la condición inicial de la geomorfología fluvial previa a cualquier intervención en los cauces ubicados dentro del área de intervención que abarca el proyecto, a través de fotografías aéreas y topografías de control, y un análisis de zonas de riesgo en el cual se identifiquen aquellos sectores o infraestructura existente que puedan ser vulnerados o afectados por la agradación o degradación de riberas
y/o de fondo de lecho, en las etapas de ejecución y operación del PHA.Aprobado que sea por la Dirección de Obras Hidráulicas y laDirección General de Aguas de Aysén el informe presentado,el titular deberá presentar proyectos de obras demitigación en aquellos sectores de infraestructuraidentificados como vulnerables, un plan de seguimiento dela geomorfología fluvial en los cauces involucrados en elárea del PHA y un plan de acción a implementar ante laocurrencia de variaciones de la morfología fluvialgeneradas por la ejecución y operación del PHA,específicamente fenómenos de agradación o degradación delas riberas y/o lecho del cauce. Estos proyectos y planesdeberán estar aprobados por la Dirección General de Aguas yla Dirección de Obras Hidráulicas e implementados de modoprevio a la fase de construcción y operación de cadaembalse. Vigésimo tercero: Que la existencia de condicionesimpuestas al proyecto no atenta contra la legalidad niconstituye una arbitrariedad por parte de la autoridad quelas ha dispuesto ni menoscaba alguna garantíaconstitucional de los recurrentes. En efecto, los artículos25 y 25 quinquies de la Ley N° 19.300 suponen laposibilidad de que la Resolución de Calificación Ambientalestablezca condiciones a su titular. Además ha deconsiderarse que el órgano competente, después de analizar
en este caso todos los antecedentes presentados, llegó a laconclusión de que el proyecto podía calificarsefavorablemente, pero impuso la realización de estudios yplanes de acción previos a su materialización que deberánser sometidos a conocimiento de los órganos con competenciaambiental especializados en la materia, como son laDirección General de Aguas y la Dirección de ObrasHidráulicas. Lo anterior descarta las amenazas de riesgo que temenlos recurrentes, pues precisamente obliga al titular arealizar tales estudios y conforme a ellos implementar losplanes de mitigación en las áreas que aparezcan vulnerablesen forma previa al inicio de las obras. Además, en cuanto a la participación de los actores enlos estudios posteriores que se ordena realizar, cabeseñalar que éstos deberán someterse a la aprobación de laDirección General de Aguas y de la Dirección de ObrasHidráulicas, y ello obviamente debe efectuarse a través delinicio de un procedimiento administrativo ante dichosórganos, como el regulado en la Ley N° 19.880, queestablece las bases de los procedimientos administrativosque rigen los actos de los órganos de la Administración delEstado, y conforme al cual todos los que tienen la calidadde interesados de acuerdo a lo que prescribe el artículo 21de dicho cuerpo legal pueden participar activamente endicho procedimiento y realizar alegaciones y aportar
documentos u otros elementos de juicio como lo permite elartículo 10 de la misma ley y ejercer impugnaciones si elloresulta procedente de acuerdo a lo señalado en el artículo15 de ese texto legal. Por último, si producto de dichos estudios aparece quelas variables evaluadas variaron sustantivamente enrelación a lo proyectado, la resolución puede ser revisada,según lo permite el artículo 25 quinquies citado. Vigésimo cuarto: Que conforme a lo razonado cabeconcluir que quedan a salvo los derechos de losrecurrentes, por lo que no procede adoptar una tutela deemergencia en su favor. Vigésimo quinto: Que, finalmente, otro de los aspectoscontrovertidos dice relación con la alegada fragmentacióndel proyecto. Se sostiene que Hidroaysén, desde el punto de vista desu desarrollo operacional, ha fragmentado las obras yactividades que componen el proyecto en dos subproyectosdistintos: uno, el de las centrales y obras anexas; y otro,el de las líneas de transmisión. Se argumenta que es unhecho público y notorio la interdependencia de ambas obras,y que al someterlas a un estudio de impacto ambiental enforma separada se impide la determinación de los efectossinérgicos de todos los agentes que componen el proyecto.Lo anterior permitió además alterar la competencia delórgano encargado de conocer del estudio de impacto
ambiental, pues al presentarlo en forma separada elprocedimiento se inició ante la COREMA de la XI Región deAysén, en circunstancias que de haberse presentadocorrectamente en forma conjunta debió haber sido evaluadopor la CONAMA, como organismo nacional y por expresadisposición de la ley, en atención a que el impactorecaería en siete regiones del país. Vigésimo sexto: Que de la lectura del texto de la Ley N°19.300 como de la Ley N° 20.417 no puede concluirse que elordenamiento jurídico exija perentoriamente que ambosproyectos se presenten a evaluación en forma conjunta. Esmás, lo que prohíbe el artículo 11 bis de la Ley 19.300,incorporado por la Ley 20.417, es que a sabiendas sefraccione un proyecto o actividad con el objeto de variarel instrumento de evaluación o de eludir el ingreso alSistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que no seadvierte que en la especie haya ocurrido. En efecto, en su oportunidad el titular del proyecto delíneas de transmisión deberá presentarlo a evaluaciónambiental porque así lo exige el artículo 10 letra b) de laLey 19.300, y específicamente a un Estudio de ImpactoAmbiental en razón de lo expuesto en la letra e) delartículo 11 del texto citado. Vigésimo séptimo: Que además, si como producto de lapresentación y evaluación del proyecto de líneas detransmisión se verificare un efecto sinérgico en relación
al proyecto relativo a las centrales que no haya sidocontemplado, puede procederse a la revisión de laResolución de Calificación Ambiental de este último, talcomo lo permite el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300 que faculta la revisión excepcional de oficio o apetición del titular o del directamente afectado cuando,ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas ycontempladas en el plan de seguimiento sobre las cualesfueron establecidas las condiciones o medidas hayan variadosustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayanverificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidasnecesarias para corregir dichas situaciones. Vigésimo octavo: Que de lo relacionado con antelaciónpuede afirmarse que no se advierte ilegalidad oarbitrariedad en la decisión de la autoridad recurrida,pues ha dejado a salvo a los recurrentes respecto de losriesgos que ellos temen mediante la exigencia decondiciones previas al inicio de las obras, las que deberánser rigurosamente satisfechas constituyendo una salvaguardapara los intereses de los afectados, sin que esta Corteconstate la necesidad de una medida urgente de protecciónque lleve a acoger la acción impetrada. Vigésimo noveno: Que por todo lo expuesto los recursosde protección deducidos no pueden prosperar. Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo20 de la Constitución Política de la República y en el Auto
Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, seconfirma en lo apelado la sentencia de seis de octubre dedos mil once, escrita a fojas 1596. Acordada con los votos en contra de los Ministros señoraAraneda y señor Brito, quienes fueron de opinión de revocarla sentencia de que se trata y, en consecuencia, acoger losrecursos de protección deducidos en contra de la Comisiónde Evaluación Ambiental de Aysén, y dejar sin efecto laResolución N° 225 de 13 de mayo de 2011, que calificófavorablemente el Proyecto Hidroeléctrico de Aysén, cuyotitular es Centrales Hidroeléctricas de Aysén, por lasconsideraciones que se expresan a continuación: I.- Voto de la Ministro señora Araneda: 1°) Que en concepto de esta disidente ha de considerarseque el Proyecto Hidroeléctrico de Aysén pretende sudesarrollo en la Región de Aysén, del General Carlos Ibáñezdel Campo, en la provincia de Capitán Prat, comunas deCochrane, Villa O”Higgins, y Tortel. Su construccióncomprenderá un período de once años y cinco meses, en elcual se superpone la construcción de una o más centrales enforma simultánea. El desarrollo del proyecto considera laconstrucción del Complejo Hidroeléctrico, compuesto decinco centrales denominadas Báker 1, Báker 2 en el ríoBáker y Pascua 1, Pascua 2.1 y Pascua 2.2 en el río Pascua.Además, se contempla como central de apoyo la CentralHidroeléctrica del Salto, ubicada al sur de Cochrane. El
complejo tendrá una potencia total instalada aproximada de2.750 MW y producirá en conjunto una energía media anual deaproximadamente 18.430 Gw,h con 5.910 hectáreas desuperficie de embalse. 2°) Que dada la naturaleza del proyecto aludido, sutitular presentó un estudio de impacto ambiental, cuando seencontraban vigentes los órganos y procedimientoscontemplados en la Ley N° 19.300, de Bases del MedioAmbiente, y culminó con su calificación favorable realizadapor la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén, bajo lavigencia de las modificaciones introducidas por la Ley N°20.417. 3°) Que cualquiera sea el cuerpo normativo aplicable alproyecto, según la etapa del mismo, éste deber serestudiado y analizado por los organismos de rigor bajo elprisma de los principios ambientales que se han tenido a lavista al momento de legislar. No debe olvidarse que la LeyN° 19.300 constituyó una ley marco en materia ambiental quese hizo aplicable a todas las actividades o recursosrespecto de los cuales, posteriormente se crearon leyesespeciales, por ello y recurriendo a la historia de la leyen comento y según se indicó en el Mensaje Presidencial dela misma “…el camino que se ha adoptado es dar un marcolegal y preparar a los funcionarios del sector público paraque puedan hacer cumplir las disposiciones; y así poco apoco, desarrollar las legislaciones sectoriales.”.
Continuando con la cita del Mensaje Presidencial, losprincipios que permitieron dar coherencia a la ley y sinlos cuales se consideró que no se podía entender plenamentesu real alcance y pretensiones fueron: El principiopreventivo; el principio que quien contamina paga; elgradualismo; el principio de la responsabilidad; elprincipio participativo; y el principio de la eficiencia. 4°) Que en lo que interesa a esta decisión, resultatrascendente para esta disidente detenerse en el principiopreventivo. De acuerdo al Mensaje Presidencial, con el quese inicia el proyecto de la Ley N° 19.300 se dijo que:“mediante este principio, se pretende evitar que seproduzcan los problemas ambientales. No es posiblecontinuar con la gestión ambiental que ha primado ennuestro país, en la cual se intentaba superar los problemasambientales una vez producidos. Para ello, el proyecto deley contempla una serie de instrumentos.” Dentro de estosinstrumentos se citó el sistema de impacto ambiental y sedijo:“ El proyecto de ley crea un sistema de evaluación deimpacto ambiental. En virtud de él, todo proyecto que tengaun impacto ambiental deberá someterse a este sistema. Estese concreta en dos tipos de documentos: la declaración deimpacto ambiental, respecto de aquellos proyectos cuyoimpacto ambiental no es de gran relevancia; y los estudiosde impacto ambiental, respecto de los proyectos conimpactos ambientales de mayor magnitud. En virtud de estos
últimos, se diseñarán, previamente a la realización delproyecto, todas las medidas tendientes a minimizar elimpacto ambiental, o a medirlo, o incluso, a rechazarlo.”. 5°) Que en la perspectiva de lo enunciadoprecedentemente, a juicio de quien disiente, la Comisión deEvaluación Ambiental de Aysén, organismo recurrido en estaacción constitucional de protección, ha incurrido enilegalidad al dejar de aplicar el texto expreso de la ley yobviar los principios que la rigen, otorgando unacalificación favorable a un proyecto que no cumple con laobligación que prescribe el artículo 12 letras d) y e) dela Ley N° 19.300 y que obliga a considerar una predicción yevaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad,incluidas las eventuales situaciones de riesgo; comotambién las medidas que se adoptarán para eliminar ominimizar los efectos adversos del proyecto o actividad ylas acciones de reparación que se realizarán, cuando ellosea procedente. 6°) Que las ilegalidades antes citadas se manifiestan almenos en lo que dice relación a la afectación del ParqueNacional Laguna San Rafael y del huemul y a la ponderaciónde los efectos glofs y de fluctuaciones de caudal, en loscuales o bien no se han respetado las obligaciones legalesde exigir las debidas mitigaciones a los impactosreconocidos por el titular del proyecto o se ha permitidoque su titular pueda obtener una calificación favorable sin
que haya cumplido con el deber legal de identificarpreviamente el riesgo y así proponer la medidaindispensable de mitigación o eliminación. 7°) Que en efecto, en lo que dice relación al ParqueNacional Laguna San Rafael, el área que resultará afectadaes de 18,8 hectáreas que comprende 8,9 hectáreas de embalsey 9,9 hectáreas correspondientes a la zona de obras de lacentral Báker 2. Como medida de compensación el proyectoconsidera la incorporación de un retazo de, al menos, 100hectáreas en la misma ribera del río. Sin embargo, pese alas observaciones formuladas por el SEREMI de BienesNacionales en el ICSARA N° 2 y 3, el titular del proyectono dio respuesta al oficio N° 98, de 25 de abril de 2011,en el que se señaló por la autoridad citada que la medidade mitigación debía contener: la especificación ylocalización exacta de los terrenos que serán incorporados;la descripción de sus características, ecosistemas yrecursos; la identificación de la titularidad de losmismos, adjuntando los instrumentos que de cuenta de laspromesas de venta a favor del proyecto u otros que sepropongan; la propuesta de cesión o traspaso al Fisco; elcronograma que dé cuenta de los plazos considerados paracumplir con todas las etapas para el cumplimiento de lamedida y la administración y gestión del área decompensación.
Ello condujo a que el SEREMI aludido, a través deloficio N° 626, de 21 de abril de 2011, sobre la Adenda N° 3indicara que: “En virtud de los antecedentes aportados, eltitular no da respuesta a la observación planteada en elICSARA 2 y 3 a través de la Adenda 2 ni en la Adenda 3, yaque no garantiza ni acredita la disposición futura de losterrenos propuestos, mencionando sólo la adquisición de losmismos después de su aprobación. Por tanto se asume que eltitular deja en manos de terceros la efectiva aplicación dela medida compensatoria, correspondiendo a éste laresponsabilidad de disponer y asegurar la aplicación de lascompensaciones necesarias por los impactos generados por elproyecto” (página 313 de la resolución recurrida). De lo anterior puede colegirse palmariamente que, pese ala observación que hace la autoridad competente y quedenota la deficiencia e inexactitud de la medida decompensación propuesta el proyecto de todos modos fuecalificado favorablemente sin que, en concepto de quiendisiente, se haya cumplido con la exigencia de la letra e)del artículo 12 de la Ley N° 19.300 que obliga a que elEstudio de Impacto Ambiental contenga las medidas que seadoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversosdel proyecto y las acciones de reparación que serealizarán, pues claramente la medida propuesta resulta deltodo inexacta por lo que la autoridad debió en cumplimiento
de lo ordenado en el artículo 16 de la ley citada rechazarel estudio sometido a evaluación. 8°) Que una situación similar a la descrita, acontececon la especie huemul. En efecto, el proyecto reconoce laafectación de esta y otras especies, así el titularsostiene que “el proyecto alterará el hábitat de la faunaterrestre existente en las áreas de desarrollo de lasobras, y afectará directamente a las poblaciones a travésde la pérdida de individuos” (página 182 de la resolución). La medida compensatoria propuesta por el titular yaceptada por la Comisión, consiste en la realización de unestudio de cérvidos, cuyo objeto es contribuir alconocimiento de la biología de las dos especies de cérvidosnativos presentes en el sur de Chile, el huemul y el pudú,con el propósito de favorecer su conservación. Además, sepropone la creación de un área de conservación de 11.560hectáreas, y que el estudio aludido cuente con laaprobación de la autoridad competente, previo al inicio delas obras. De la lectura de la medida propuesta, puede advertirseque, pese a que se reconoce la afectación de la especie, lacual sabido es se encuentra en vías de extinción, sepropone la realización de un estudio que busca endefinitiva su conservación. Ello, a juicio de quiendiscrepa, debió realizarse en forma previa con el objetoque todas las autoridades con competencia ambiental
pudieren pronunciarse acerca del estudio en cuestión, desus resultados y de las medidas que conforme a él, resultenpertinentes para evitar el daño a la especie aludida y asídar debido cumplimiento al literal e) del artículo 12 de laLey 19.300, pues no puede aceptarse la realización de unestudio a posteriori para recién allí determinar cómo sepuede conservar la especie; ello no es aceptable. 9°) Que finalmente en lo que dice relación a lassituaciones de riesgo como son los fenómenos glofs y lasfluctuaciones de caudal de los ríos afectados –descritos enel considerando vigésimo primero del fallo del cual sedisiente- la autoridad recurrida calificó favorablemente elproyecto pero lo condicionó a que se “analizara elescenario de vaciamiento de los lagos glaciares Cachet 2 yArco, independientemente de la probabilidad de ocurrencia yestablecer el respectivo plan de acción al efecto,informando de ello a la DGA de Aysén. Una vez que el titular cuente con la autorizaciónsectorial de la Dirección General de Aguas para laconstrucción de la primera presa, deberá presentar para laDirección de Obras Hidráulicas para su aprobación losiguiente: a) Informe que dé cuenta de la condición inicial de la geomorfología fluvial previa a cualquier intervención en los cauces ubicados dentro del área de intervención que abarca el proyecto, a través de
fotografías aéreas y topografías de control, y un análisis de zonas de riesgo en el cual se identifiquen aquellos sectores o infraestructura existente que pueda ser vulnerado o afectado por la agradación o degradación de riberas y/o de fondo de lecho, en las etapas de ejecución y operación del PHA. b) Una vez aprobados por DOH y DGA Aysén el informe presentado, el titular deberá presentar proyectos de obras de mitigación en aquellos sectores de infraestructura identificada como vulnerable, un plan de seguimiento de la geomorfología fluvial en los cauces involucrados en el área del PHA, y un plan de acción a implementar ante la ocurrencia de variaciones de la morfología fluvial generadas por la ejecución y operación del PHA, específicamente fenómenos de agradación o degradación de las riberas y/o lecho del cauce. Estos proyectos y planes deberán estar aprobados por la DGA y la DOH, e implementadas previo a la fase de construcción y operación de cada embalse.” (páginas 665 y 666 de la resolución N° 225). 10°) Que la situación descrita infringe la Ley N° 19.300sobre Bases del Medio Ambiente. En efecto, la autoridadrecurrida ha resuelto contra texto expreso de la ley alobviar lo dispuesto en el artículo 12 letra d) que exige al
titular del proyecto considerar una predicción y evaluacióndel impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidaslas eventuales situaciones de riesgo y las medidas que seadoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversosdel proyecto o actividad y las acciones de reparación quese realizarán, cuando ello sea procedente. Aquí en cambio,se ha permitido al titular que -en forma posterior alestudio de impacto ambiental- analice las posibles zonas deriesgo e identifique las posibles zonas vulnerables y quedespués presente los proyectos de obras de mitigación. Ellose traduce en una renuncia por parte de la Comisión deEvaluación Ambiental a su obligación legal de velar por laprotección del medio ambiente y la seguridad e integridadde las personas que se pueden ver afectadas con esteproyecto. La situación descrita no se subsana con lacondición que estos estudios y planes a realizar en elfuturo sean aprobados por la Dirección General de Aguas yla Dirección de Obras Hidráulicas, pues tales organismosson sólo algunos de los que tienen competencia ambiental,lo que se traduce en que todos los demás organismos queparticiparon en la evaluación del proyecto no serán oídos oal menos no les es exigible pronunciarse. Además, ha de considerarse que la clase de fenómenoscuyo estudio se deja para el futuro son de ocurrencia en lazona de Aysén, como ejemplo de ello ha de tenerse presentesólo a título ilustrativo lo informado por el Diario La
Tercera en su versión on line sección “País” del díadomingo 29 de enero último, donde se da cuenta de laocurrencia del primer vaciamiento del lago Cachet 2 en esteaño. Así se informó que “Este fenómeno fue advertido debidoa la crecida del Lago Colonia, llegando a su peak de 6,6metros el viernes recién pasado. También se produjo unincremento en el lago Báker, registrándose un aumento en sucaudal de 3.746 m3/s”. Esto demuestra que era de relevanciaque el proyecto analizara estos escenarios en el estudiopresentado y no después. 11°) Que las ilegalidades descritas constituyen unaamenaza a las garantías constitucionales de los numerales 1y 8 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues alproceder como se ha hecho, el medio ambiente protegido porel ordenamiento jurídico, específicamente el ParqueNacional Laguna San Rafael y la especie huemul se venafectadas por el proyecto en cuestión sin que se adoptenmedidas claras, específicas y efectivas de mitigación ocompensación. Lo mismo sucede con la integridad física delas personas que viven en las comunas donde se emplaza elproyecto específicamente las aledañas al río Báker pues laautoridad recurrida ha permitido la calificación favorablede un proyecto pese a que no se encuentran totalmentedeterminadas las posibles zonas de riesgo y los planes demitigación correspondientes.
Lo anterior amerita la medida de protección requeridapor los actores que en concepto de esta disidente es la dedejar sin efecto la resolución N° 225, de 13 de mayo de2011, a fin de cautelar debidamente los derechos vulneradosa que se ha hecho mención con el objeto que el titular delproyecto cumpla con la legislación aplicable al caso. II.- Voto del Ministro señor Brito: 1.- Que, además de los razonamientos de disidencia delMinistro señor Crisosto, se tiene especialmente enconsideración que resulta particularmente grave la conductareprochada a la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysénde calificar favorablemente el Proyecto Hidroeléctrico deque se trata, estableciendo una serie de condiciones acumplir a futuro. En específico, se trata de la situacióndescrita en las páginas 665 y 666 de la Resolución N° 225que condiciona el proyecto a la realización de un análisisdel escenario de vaciamiento de los lagos interglaciares yluego establecer el respectivo plan de acción al efecto,informando de ello a la Dirección General de Aguas deAysén. También se le exige como condición un análisis de lageomorfología fluvial, de las zonas de riesgo condeterminación de zonas vulnerables, para luego presentarplanes de mitigación y planes de acción a implementar. 2.- Que tales condicionamientos, no son permitidos porla ley.
En efecto, ha de considerarse en primer término que laLey N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente, dentro de susobjetivos consideró darle un contenido concreto y undesarrollo jurídico adecuado a la garantía constitucionalque asegura a todas las personas el derecho a vivir en unmedio ambiente libre de contaminación. Se indicó además, enel Mensaje Presidencial con que fue presentado el proyectode ley, que éste entra a regular una serie de intereses enconflicto, y que en muchas ocasiones todos ellos estángarantizados en la propia Constitución. Sin embargo, se dapreeminencia al hecho que ninguna actividad –por legítimaque sea- puede desenvolverse a costa del medio ambiente.Ello importa, según se dijo, una nueva visión de la gestiónproductiva, que deberá ser desarrollada por las empresas.También el Mensaje Presidencial abordó los principios quesustentan al proyecto presentado, dentro de los cualesespecial relevancia tiene el “Principio Preventivo” que seconcreta a través de diversos instrumentos dentro de loscuales se considera el “Estudio de Impacto Ambiental” y asíse dijo categóricamente que “En virtud de estos últimos, sediseñarán, previamente a la realización del proyecto, todaslas medidas tendientes a minimizar el impacto ambiental, oa medirlo, o incluso, a rechazarlo”. En seguida, ya el texto de la Ley N° 19.300, nos entregauna serie de conceptos que permiten concluir que loscondicionamientos de estudios futuros no son permitidos.
Así, el artículo 2° letra i) de la ley define el Estudio deImpacto Ambiental como: “el documento que describepormenorizadamente las características de un proyecto oactividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación.Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción,identificación e interpretación de su impacto ambiental ydescribir la o las acciones que ejecutará para impedir ominimizar sus efectos significativamente adversos”. Laletra j) por su parte da el concepto de “Evaluación deImpacto Ambiental” como “el procedimiento, a cargo delServicio de Evaluación Ambiental, que, en base a un Estudioo Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impactoambiental de una actividad o proyecto se ajusta a lasnormas vigentes”. Por su parte el artículo 12 dispone quelos Estudios de Impacto Ambiental considerarán lassiguientes materias: d) “Una predicción y evaluación delimpacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas laseventuales situaciones de riesgo”; e) “Las medidas que seadoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversosdel proyecto o actividad y las acciones de reparación quese realizarán, cuando ello sea procedente”. Finalmente elinciso final del artículo 16 (modificado por la Ley N°20.417) dispone que “El Estudio de Impacto Ambiental seráaprobado si cumple con la normativa de carácter ambientaly, haciéndose cargo de los efectos, características ocircunstancias establecidos en el artículo 11, propone
medidas de mitigación, compensación o reparaciónapropiadas. En caso contrario, será rechazado.”. 3.- Que de lo relacionado resulta inconcuso afirmar quetanto los objetivos de la Ley N° 19.300, como susprincipios y articulados razonan sobre la necesidad que eltitular de un proyecto que requiere de un estudio deimpacto ambiental, deba necesariamente para cumplir con sudeber legal –antes enunciado- presentar a la entidadevaluadora el proyecto una descripción de las situacionesde riesgo o impacto y los planes de mitigación, enconsecuencia, no puede aceptarse que se haya permitido quedicha obligación se cumpla en el futuro, porque ellosignifica entonces que tales circunstancias han quedado almargen de la evaluación y se entrega la competencia paraconocer de ellas a la Dirección General de Aguas y a laDirección de Obras Hidráulicas que son órganos distintos alque prevé la ley como entidad de evaluación cual es laComisión de Evaluación Ambiental. 4.- Que si bien el fallo del cual se disiente citadiversos artículos que se han interpretado como permisivosde condicionamientos futuros, tal interpretación resultaerrónea a la luz de los principios rectores de lalegislación y de las normas citadas en forma previa. Enefecto, la circunstancia que la resolución que calificafavorablemente un proyecto establezca condiciones, ha deentenderse como requisitos habilitantes para la operación
de un determinado proyecto en orden a que los riesgos yeventuales medidas de mitigación ya evaluados seanmanejados en la forma como la autoridad lo ha aprobado y nootra, es decir es requisito previo la verificación de todaslas variables que causa el proyecto para así poder evaluarlos planes de compensación, mitigación o reparación quesean pertinentes y hecho aquello, establecer lascondiciones de ejecución. 5.- Que como muestra de lo anterior si bien el artículo25 quinquies de la Ley N° 19.300 habla de “condiciones”, noes menos cierto que prescribe que en forma excepcional laResolución de Calificación Ambiental puede ser revisada, deoficio o a petición del titular o del directamenteafectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variablesevaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobrelas cuales fueron establecidas las condiciones o medidas,hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado ono se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptarlas medidas necesarias para corregir dichas situaciones. Puede advertirse con nitidez que la norma habla de“variables evaluadas” y que hayan variado en relación “a loproyectado”, en consecuencia, es evidente que corresponde ala Comisión de Evaluación Ambiental conocer todas estasvariables las cuales deben se presentadas como parte delproyecto, porque sólo así puede tenerse un cabal
conocimiento de las ingerencias que el proyecto provocaráen el medio ambiente. 6.- Que al obrar como se ha hecho permitiendo estudiosfuturos de materias tan relevantes como son los análisis devaciamiento de los lagos interglaciares, la determinaciónde situaciones de riesgo o áreas vulnerables y losrespectivos planes de mitigación o seguimiento, constituyeuna ilegalidad del órgano recurrido que no solo vulnera lagarantía constitucional de vivir en un medio ambiente librede contaminación sino y lo mas importante constituye unaamenaza a la integridad física de los residentes de laszonas afectadas, de modo que este disidente estima lanecesidad de brindar la cautela constitucional pretendidapor los actores y en consecuencia dejar sin efecto laresolución N° 225, de 13 de mayo de 2011, que calificófavorablemente el Proyecto Hidroeléctrico de Aysén, con lafinalidad que su titular cumpla con las exigencias a que seha hecho alusión en forma previa a la calificación delproyecto, como lo permite el inciso tercero del artículo 16de la Ley N° 19.300. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Redacción a cargo del Ministro señor Carreño y de lasdisidencias sus autores. Rol N° 10.220-2011.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema,Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. PedroPierry A., Sra. Sonia Araneda B., Sr. Haroldo Brito C. ySra. María Eugenia Sandoval G. Santiago, 04 de abril de2012.Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.En Santiago, a cuatro de abril de dos mil doce, notifiqué enSecretaria por el Estado Diario la resolución precedente.
Jon Ander Díez
Trabajo en clase 16 - Fórmulas y Funciones
Boletin prensa - Tijuiliando.com

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 artículo 3
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 artículo 86
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 3
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 artículo 2
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 artículo 21
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 artículo 25
 artículo 11
 artículo 10
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 artículo20
 artículo 12
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 artículo 12
 artículo 16
 artículo 12
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 artículo 19
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 artículo 11
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