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Carta Europea 1983
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PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL ESTADO VARGAS (POTEV)
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL ESTADO VARGAS (POTEV) DOCUMENTO TÉCNICO
1. LA SITUACIÓN CAUSAL
1.1 LA CREACIÓN DEL ESTADO VARGAS
EL EVENTO DE DICIEMBRE DE 1999
2. GRANDES MARCOS QUE REGULAN LA ELABORACIÓN DEL
Marco Jurídico de la Planificación del Desarrollo
2.1.2. Marco Jurídico de la Política Ambiental y de Ordenación Territorial
EL MARCO DE PLANIFICACIÓN
2.2.1. La Planificación Nacional del Desarrollo
2.2.2. La Planificación Ambiental y Territorial
3. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN
3.2. LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES
4. OBJETIVOS DEL POTEV
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO VARGAS Y ANÁLISIS
HISTÓRICO DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO
5.2. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
de Ocupación de Territorio del Estado Vargas
La saturación del espacio. Sus consecuencias
Evolución político territorial del Estado Vargas
6.1. LAS VARIABLES FÍSICO NATURALES-CONDICIONANTES DE LA
El Clima y las Zonas de Vida
6.1. 4. Amenazas
Grado de afectación de las Cuencas
Como respuesta ante la tragedia ocurrida en el Estado Vargas, en diciembre de 1999, causada por fenómenos hidrogeodinámicos de gran magnitud, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, tomo la decisión de ejecutar dos proyectos que se consideraron fundamentales para reducir la vulnerabilidad en el Estado Vargas. Estos proyectos para cuya ejecución se contó con el financiamiento del Programa Nacional de Gerencia Ambiental (Convenio de Préstamo 4253-VE del Banco Mundial), están constituido por los estudios para la elaboración del Plan de Ordenación Territorial del Estado, que debía incluir la variable riesgo y la preparación de los mapas de riesgos en escala adecuada para la ordenación territorial.
Los estudios iniciales para preparar el Plan de Ordenación Territorial del Estado Vargas se ejecutaron durante los años 2000 y 2001, por un grupo de consultores contratados individualmente y la responsabilidad directa de la Dirección General de Planificación y Ordenación Ambiental del MARN, entregándose el informe síntesis respectivo y los documentos individuales de los consultores en el primer semestre de 2001.
La evaluación de los documentos señalados permitió identificar la necesidad de complementar el informe síntesis del POTEV, en lo relativo a áreas marino- costeras y a riesgo, incorporando lo pertinente del estudio “Mapas de Riesgos El Ávila”; además de realizar la revisión y análisis del estudio denominado “Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del Eje Arrecife – Los Caracas”, realizado en el año 2001 para la Autoridad Única de Área del Estado Vargas por la firma ECOLOGY, antes de ser utilizado como respaldo técnico en el diseño del respectivo Decreto del Plan de Ordenación Territorial del Estado Vargas.
Los resultados de la evaluación referida, condujeron al inicio de una nueva fase, que es la que concluye con este documento, la cual se planteó como objetivo complementar el documento técnico de respaldo al Decreto del Plan de Ordenación Territorial del Estado Vargas, para lo cual se contrataron las siguientes consultorías: Informe sobre áreas marino costeras del Estado Vargas, Integración de lo que sea pertinente de los estudios de Mapas de Riesgos El Ávila al documento de respaldo técnico para el Decreto, Revisión e integración general de todos los estudios efectuados y redacción final del documento técnico de respaldo al Decreto de ordenación Territorial de Vargas, Redacción del proyecto de Decreto estableciendo el Plan de Ordenación Territorial de Vargas y Sistema de Información Geográfico del POTEV
Este Informe corresponde a la Consultoría denominada “Revisión e integración general de todos los estudios efectuados y redacción final del documento técnico de respaldo al Decreto de Ordenación Territorial de Vargas”, la cual se ejecutó mediante una serie de actividades cuya secuencia se describe en la parte metodológica.
Es importante acotar, que en el curso del proceso de revisión de los documentos elaborados en el lapso 2000 –2001, para la elaboración del Documento de Respaldo del POTEV, se produjo la instalación y funcionamiento de la Comisión Estadal de Ordenación Territorial de Vargas(COTEV), la cual conjuntamente con el equipo técnico de la Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y de técnicos de la Dirección de Ordenación del Territorio, se incorporaron al proceso de revisión, generando una interacción que se concretó en una serie de talleres de trabajo con el objeto de discutir el contenido del avance del POTEV, con especial énfasis en las propuestas, proyectos, acciones
y espacios síntesis de gestión.
Igualmente se produjo contacto con otros organismos no pertenecientes a la COTEV, tales como el Instituto del Patrimonio Cultural y el Consejo Legislativo del Estado, lo cual permitió incorporar la variable relacionada con el Patrimonio Cultural, tangible e intangible, al documento técnico de respaldo al POTEV y la información sobre minerales no metálicos, utilizada para la elaboración de la Ley de Minerales no metálicos del Estado.
Estas actividades se realizaron bajo la coordinación de la Dirección de Planificación y Ordenación del Ambiente del MARN, a través de la Geógrafo Alicia Hernández y la Urbanista Giselle Croce y la Urbanista Oly Becerra en representación de la Dirección Ambiental Estadal Región Capital, Secretaria Técnica de la Comisión, apoyados por las consultoras contratadas por el MARN para la Revisión y complementación del POTEV y para la elaboración del Proyecto de decreto.
El documento que se presenta a continuación, contiene los resultados de estas actividades y constituye el respaldo técnico al Plan de Ordenación del Territorio del Estado Vargas (POTEV), consta de nueve (9) capítulos, distribuidos en tres (3) volúmenes, en la forma siguiente: El Volumen I, contiene en primer lugar la situación causal, los marcos referenciales para la elaboración del POTEV, los lineamientos y objetivos y, finalmente, se inicia el diagnostico de la situación actual, que se concluye en el Volumen II, y, el Volumen III, contiene las propuestas especificas del POTEV.
La necesidad de abordar la tarea de formular el Plan Estadal de Ordenación del Territorio del Estado Vargas, concebido como un instrumento de planificación, gestión y participación, capaz de garantizar la implantación espacial y de desarrollo en la más diversas materias y horizontes temporales, surge con el hecho mismo de habérsele otorgado, la categoría de estado, mediante los mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico y, se potencia a partir de los eventos de origen natural que lo afectaron, durante el mes de diciembre de 1999.
El espacio territorial que hoy constituye el Estado Vargas, ha transitado por un largo y complejo proceso de evolución político territorial, que se inicia en 1560, con la fundación de la Villa del “Collado” y cuyos hitos mas relevantes están representados por la creación del Distrito Federal en 1864, el cual comprendía los Departamentos Libertador (Caracas), Vargas (la Guaira) y Aguado (Maiquetía);su posterior reorganización en 1901, cuando es dividido en dos Departamentos, Libertador y Vargas, que incluye todas las Parroquias del Litoral Central; la sanción de la Ley Orgánica del Distrito Federal, en 1986, que lo divide en dos Municipios Libertador y Vargas; en 1997, el Municipio Vargas se transforma en el Territorio Federal Vargas, y, finalmente, el 31 de diciembre de 1998 el Territorio Federal Vargas se convierte en estado Vargas, al entrar en vigencia la Ley Especial que Eleva a la Categoría de Estado al Territorio Federal Vargas, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial N° 36.488, de fecha tres de julio de 1998, denominándose desde entonces, estado Vargas, siendo su capital la ciudad de La Guaira y constituyéndose en la entidad estadal número 23 del país.
La culminación del proceso descrito, se fundamentó desde el punto de vista jurídico en el artículo 13 de la Constitución de 1961, vigente para el momento, que establecía la posibilidad de elevar a la categoría de estado a los Territorios Federales, mediante una ley especial. La Exposición de Motivos de la Ley Especial que Eleva a la Categoría de Estado al Territorio Federal Vargas, expresa que con dicha decisión se quiso dar respuesta al clamor de todos los sectores del hoy estado Vargas, que desde hace décadas reclamaban mayor autonomía y mecanismos de participación política y que ven en dicha condición la situación político, jurídica y administrativa ideal para garantizar el desarrollo económico, social, cultural y político que se merecen.
Con la creación del Estado Vargas, se producen consecuencias de orden jurídico, entre las cuales, a los efectos de este informe, se hace necesario mencionar el hecho de la necesidad de insertarse en el sistema de planificación territorial, previsto en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, que consagra entre otros instrumentos, los Planes Estadales de Ordenación del Territorio.
1.2. EL EVENTO DE DICIEMBRE DE 1999
Los eventos de origen natural que afectaron, durante el mes de diciembre de 1999, al Estado Vargas, precipitaron el inicio de algunas de las actividades preliminares previstas para la formulación del Plan, siendo las principales de estas, la realización de contactos de trabajo con las diferentes instituciones públicas que tienen participación en las tareas de recuperación del estado Vargas, entre otras: Autoridad Única de Vargas, CORPOVARGAS, Ministerio de Infraestructura, FONTUR, FUNDACOMÚN, Fondo Único Social, INAVI, CONAVI, HIDROVEN, HIDROCAPITAL, Gobernación y Alcaldía de Vargas, etc., así como la recolección de aquella información útil a los fines de los trabajos. Estos contactos, en buena medida, se realizaron en función de los dos proyectos que adelantó el MARN en este marco (Plan de Ordenación Territorial y Mapa de Riesgos), y condujeron a la conformación del COMITÉ TÉCNICO DE VARGAS, integrado con la participación de todas las instituciones involucradas, bajo la Coordinación de la AUAEV, y con un núcleo básico formado por tres personas, en representación de la propia AUAEV y de los dos proyectos del MARN (a través de sus Coordinadores Técnicos). En el seno de ese Comité se establecieron compromisos de trabajo vinculados a aspectos de la emergencia y al ABRAE de la zona más afectada (Área de Protección y Recuperación), definida como espacio de actuación de la AUAEV.
En este último sentido, es conveniente diferenciar, tanto temporal como espacialmente, las respectivas incumbencias institucionales y los instrumentos que las concretan. La AUAEV, tiene como ámbito de actuación la zona definida como Área de Protección y Recuperación, cuyo Decreto 1.062 se publicó en la Gaceta Oficial No. 37.072 y, temporalmente su actuación se extingue en el corto y mediano plazo, cuando se cumplan las acciones de protección y recuperación definidas.
Por su parte, los proyectos del MARN tienen un ámbito espacial mayor y si bien tienen vinculación y participación en este periodo más inmediato y las acciones correspondientes al mismo, su importancia y validez es como instrumentos de mediano y largo plazo; así se tiene, que el Mapa de Riesgos está concebido como parte de la generación de información básica cartográfica para la planificación y la gestión futura, mientras que el POTEV es un instrumento de planificación para las próximas dos décadas, siendo la herramienta fundamental en la orientación de las acciones vinculadas a la futura ocupación del territorio, tal como se le conceptualiza en la legislación vigente.
2. GRANDES MARCOS QUE REGULAN LA ELABORACIÓN DEL POTEV
La elaboración del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Vargas, supone la consideración de tres grandes marcos: el marco legal, el marco de planificación y el marco institucional, los cuales están estrechamente vinculados entre sí, pues el primero sirve de sustento a los dos restantes.
Las Políticas Estatales entendidas como el conjunto de objetivos, estrategias, directrices y medios, que ordenados de manera coherente, están dirigidas a la satisfacción de las necesidades colectivas, deben encontrar sustento en el ordenamiento jurídico, como resultado del Principio de Legalidad que sujeta la acción de los órganos administrativos a los límites establecidos por la norma jurídica.
El ordenamiento jurídico Venezolano, contiene un conjunto de instrumentos legales, que configuran el subsistema jurídico que sirve de fundamento a las políticas de desarrollo económico y social y, en estrecha vinculación con el anterior, el subsistema ambiental y de la ordenación del territorio, contiene las normas que sirven de fundamento a las actuales políticas de ordenación del territorio del Estado Venezolano. Dentro de este marco de político – jurídico, se inserta el Plan de Ordenación del Territorio del Estado Vargas.
Por ser la planificación del desarrollo la política mas general, a la consecución de cuyos objetivos, debe estar dirigida, la política de ordenación territorial, el análisis del marco legal se inició, por los recientemente sancionados instrumentos que le sirven de fundamento. Estos Instrumentos se señalan en el Cuadro N° 2. 1, que se inserta a continuación
Cuadro No. 2.1. Instrumentos Legales Básicos de la Planificación del Desarrollo
G.O. N°
Ext. 5453
Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Publicas
Ley de los Consejos Locales de Planificación Publica
De estos instrumentos, interesa destacar en este documento, los principios derivados del texto constitucional, y, en el Anexo 1, se incluye una síntesis de los aspectos de los demás instrumentos que deben ser considerados en la elaboración del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Vargas.
• El Estado Promotor y Planificador
La Constitución de 1999, establece un sistema económico de economía social de mercado, que se desarrolla sobre la libertad económica, pero que debe desenvolverse conforme a principios de justicia social, que requieren la intervención del Estado. En tal sentido el artículo 299, establece:
Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sostenibilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.
De esta disposición se evidencia que el sistema económico se fundamenta en la libertad económica, la iniciativa privada y la libre competencia, pero con la participación del Estado como ente promotor del desarrollo económico, regulador de la actividad económica y planificador con la participación de la sociedad civil.
La afirmación anterior se ratifica, con el contenido del artículo 112, ubicado en el Titulo III del texto constitucional, que se refiere a los Derechos Humanos, las Garantías y los Deberes, que en su Capitulo VII, establece el régimen de los derechos económicos y consagra la libertad de empresa y la iniciativa privada en la forma siguiente:
“Articulo 112.- Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin mas limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.“
Como puede observarse, en las dos disposiciones constitucionales transcritas, se atribuyen al Estado facultades planificadoras del desarrollo económico, añadiendo que la misma debe ser de carácter estratégico, democrática, participativa y de consulta abierta.
Dentro de las atribuciones del Presidente de la República, establecidas en el artículo 236, el numeral 18, le asigna la de “Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional. Por su parte, el artículo 187, numeral 8 establece que es de la competencia de la Asamblea Nacional, la aprobación de las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional.
para la Planificación y Coordinación de Políticas
El artículo 185 establece que el Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, el cual estará integrado por los titulares de la Vicepresidencia Ejecutiva y los Ministros, Gobernadores, un Alcalde por cada Estado y representantes de la sociedad civil.
De este Consejo dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, que tiene por objeto el financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades político – territoriales.
El artículo 166, por su parte dispone que en cada Estado se creará un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, presidido por el Gobernador e integrado por los Alcaldes, los directores estadales de los ministerios y una representación de los legisladores elegidos por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los Concejales y de las comunidades organizadas, incluyendo los indígenas, donde los hubiere. La organización y funcionamiento de este Consejo se establecerá por una Ley.
En el nivel municipal, el artículo 182, la Constitución crea el Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde e integrado por los Concejales, los presidentes de las Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley respectiva.
Los instrumentos jurídicos que pueden considerarse fundamentales o básicos para el desarrollo de las políticas ambientales y de ordenación del territorio, así como otros cuyas regulaciones se consideran fundamentales en la elaboración,
aprobación y posterior ejecución del POTEV, se enumeran en el Cuadro No. 2.2.
Cuadro No. 2. 2. Instrumentos Legales Básicos de la Política Ambiental
Desde el punto de vista práctico, una primera aproximación o punto de partida puede ser derivado de la propia Constitución de la República, pero además, de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (LOPOT), de la Ley Forestal de Suelos y Aguas (LFSA), y de las otras leyes señaladas en el cuadro anterior. A partir de esos instrumentos, de la manera más compartida posible, se prepararon, en una primera etapa, contenidos conceptuales y funcionales, que sirven de base legal no sólo para la formulación, discusión, aprobación y gestión del POTEV, sino sobre todo, para servir de soporte a la definición de los ámbitos espaciales y los mecanismos de cogestión, los cuales serán sometidos a una muy amplia discusión. El análisis de los mismos, se consigna en el referido Anexo 1, limitándonos en este punto a unas breves consideraciones sobre el texto constitucional.
Los alcances generales de la Constitución de la República
La Constitución en su preámbulo señala los objetivos del Estado, entre los que se incluye la consolidación del “equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”. Se concibe como un deber resguardar y proteger el ambiente (Artículo 127) y como un derecho individual y colectivo el disfrute de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. A tales efectos se determina que el Estado debe proteger el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica; y, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa
de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos y en donde el genoma de los seres vivos no sea patentado. Se establece de igual manera, que la educación ambiental es un deber del sistema educativo formal en todos sus niveles y modalidades y de la educación ciudadana no formal (Artículo 107).
De igual manera, se establece en el artículo 128, la obligación del Estado de desarrollar una política de ordenación del territorio que atienda las exigencias del desarrollo sostenible, la cual deberá contar con la participación ciudadana, enunciando, para ello, una serie de criterios a tener en cuenta, los cuales deben estar siempre orientados hacia el desarrollo sostenible.
La protección de los ecosistemas y la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad (ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar) entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios, entre otros de promoción y conservación ambiental (Artículo 326).
El ambiente es uno de los aspectos a ser contemplados en el establecimiento de la “política integral” en los espacios fronterizos (Artículo 15).
Igualmente se establece que la libertad económica es un derecho de los ciudadanos, siempre que no atente, contra el ambiente, entre algunas de sus limitaciones (Artículo 112), fundamentándose el régimen socioeconómico de Venezuela en los principios de protección del ambiente, entre otros (Artículo 299).
La Constitución prevé estados de excepción, es decir, circunstancias de orden, entre otros, natural o ecológico que afectan gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos o ciudadanas, a cuyo efecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos (Artículo 337). En tales casos, pueden restringirse temporalmente las garantías constitucionales. La declaratoria del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público.
En cuanto a los recursos naturales, destaca el planteamiento que define que todas las aguas son bienes del dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio (Artículo 304).
La actuación del Poder Público en materia ambiental se extiende hasta el campo de las relaciones internacionales, estableciéndose que a través de ellas la República promoverá la integración latinoamericana y caribeña, en función de la creación de una comunidad de naciones para la defensa de los intereses ambientales de la región (Artículo 153).
Se refiere igualmente a otros aspectos de Ordenación del Territorio y a las competencias de otros niveles de Gobierno (Regional y Municipal), así como a las debidas instancias de coordinación intra e ínter los niveles de Gobierno y la Sociedad.
2.2. EL MARCO DE PLANIFICACIÓN
De acuerdo con la ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, el proceso de ordenación del territorio debe desarrollarse en concordancia con la estrategia de desarrollo económico y social de la nación, por ello, en este punto se abordará la
revisión de los documentos que se refieren a la Planificación del Desarrollo, previstos en la Ley Orgánica de Planificación, elaborados por la actual administración, lo cual permitirá derivar aspectos sustantivos de carácter general y, en algunos casos, de los roles asignados al Estado Vargas, del papel estratégico de algunas de sus actividades económicas principales, - como lo son
el puerto y el aeropuerto, - de sus relaciones funcionales con el resto de la región
Capital y el País, así como la dinámica esperable en su evolución futura.
Los documentos que a la fecha de conclusión de este documento, contienen las políticas del Estado en la materia, elaborados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, son las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico
y Social de la Nación 2001 – 2007 y el Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001 – 2007, cuyo contenido se resume a continuación.
Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007 1
El modelo de desarrollo que se propone en este documento se fundamenta en el equilibrio de las fuerzas y factores que intervienen en la multidemensionalidad del
desarrollo nacional. Las actividades productivas diversificadas y sostenibles por su eficiencia y eficacia, deben ser capaces de garantizar la generación de beneficios económicos como formula de equidad en el acceso al bienestar para
1 Tomado de MPD(2001) Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación. www.mpd.gov.ve
toda la población. El perfil social del concepto de equilibrio se sustenta sobre la exigencia histórica de balancear adecuadamente el interés individual y el interés social, para superar la exclusión y marginalización de los mas débiles y procurar un mejor vinculo racional y justo en la distribución social de la riqueza y el ingreso nacional generado, de tal forma que el modelo será excluyente en la atención de las necesidades de la población.
Se plantea la solución pacífica de los conflictos de intereses, con fundamento en el respeto al derecho de los ciudadanos, frente a una gestión pública que deberá ser la expresión del consenso como base de la legitimidad del Estado.
Por otra parte, la motivación al logro y la disposición productiva de todos los agentes sociales del cambio será alcanzada por una sociedad que exigirá una participación corresponsable y democrática de todos los sectores, en todos los ámbitos y permanente en el tiempo.
La acción compartida y simultánea de toda la sociedad se manifestará en la desconcentración y descentralización de la toma de decisiones para llevar la dinámica del cambio a toda la nación en todo el territorio.
Por último, la expresión externa de este desarrollo exige la promoción de un entorno exógeno multipolar que garantice en las relaciones internacionales la neutralización de las tendencias hegemónicas y desequilibradas.
Las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007, proponen que en el mediano plazo esta noción de equilibrio se exprese en cinco equilibrios básicos, que pretende un balance entre los factores que afectan la vida del ciudadano y de la Nación como un todo orgánico. Estos polos se denominan: Equilibrio Político, Equilibrio Económico, Equilibrio Social, Equilibrio Territorial y Equilibrio Internacional. La práctica de estos cinco equilibrios supone la participación protagónica de todo el pueblo venezolano, sin discriminación alguna.
• Equilibrio Político
Se orienta a promover la transformación del marco institucional dentro del cual los actores políticos, sociales y económicos hacen sus planes y toman sus decisiones, es decir, consiste en sentar las bases para lograr un sistema político en el que se hagan efectivos los principios fundamentales consagrados en la Constitución: ser un Estado democrático y social de derecho y de justicia que mediante su ordenamiento jurídico y su acción garantice a sus ciudadanos la vida en libertad, donde impere la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y, en general el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Para lograr esos objetivos se lograran con la aplicación efectiva de dos principios:
participación y corresponsabilidad. Es necesario la participación corresponsable de la ciudadanía, ampliando la democracia representativa y logrando que exista mayor control de parte de la sociedad sobre los asuntos que la afectan directamente y dotar al Estado de mecanismo de retroalimentación constante. La acción del Estado debe orientarse a ser un agente activo en el estímulo y creación de organizaciones no gubernamentales, para crear una red de relaciones, fundamentadas sobre principios democráticos, participativos que contribuyan al desarrollo de la acción pública.
Se requiere fortalecer los mecanismos de control, por parte de la sociedad y de algunos organismos del Estado, sobre la Administración Pública y hacer que esta sea permeable, transparente y flexible, de forma tal que sea sensible a los reclamos y presiones de su entorno; sus acciones estén a la vista de la ciudadanía, para que puedan ser controladas y tengan capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades provenientes de su ambiente, para lo cual se requiere que en los procesos de transformación de la Administración Pública este comprometido y sea dirigido desde el mas alto nivel gubernamental.
Para construir esta nueva democracia se proponen tres objetivos fundamentales:
Consolidar la estabilidad social, desarrollar el nuevo marco jurídico – institucional y contribuir al establecimiento de la democracia participativa y protagónica. Para lograr estos objetivos debe desarrollarse la capacidad estratégica de regulación y gestión del Estado, una gestión pública que actúe en base a resultados y no a procedimientos, una alta capacidad de negociación y concertación del Ejecutivo, fortalecer el Estado de Derecho, una organización administrativa ágil y transparente, garantizar la participación ciudadana, construir el Estado Federal Descentralizado y establecer sistemas de rendición de cuentas.
Se orienta a desarrollar un modelo económico, en el lapso 2001 – 2007, que permita la producción global de riqueza y la justicia en su disfrute, es decir la construcción de una sociedad equitativa, justa y próspera, para lo cual es necesario establecer una economía humanista, autogestionaria y competitiva.
En esta etapa, deberán sentarse las bases de un modelo productivo capaz de generar un crecimiento auto - sostenible, promover la diversificación productiva y lograr la competitividad internacional en un contexto de estabilidad macroeconómica, lo cual debe facilitar una profunda y diversa reinsersión en el comercio internacional globalizado y se lograr la disociación de la dinámica petrolera y el desempeño económico interno, lo cual se logrará a partir de una política de sostenibilidad fiscal con dos vertientes: Eficiencia en el gasto público y fuentes adicionales de ingreso.
La eficiencia en el gasto público, debe vincularse a una mayor calidad del mismo, en el sentido de mejores servicios públicos (salud, educación, energía, agua, transporte, seguridad jurídica y personal), para lograr un ambiente de confianza propicio para la inversión y mejores índices de desarrollo humano para la población. Las fuentes adicionales se ingreso derivarán de las nuevas ramas agrícolas, industriales, y de servicios privadas, las cuales conformaran una nueva economía de exportación masiva de bienes y servicios. Los factores señalados unidos a una planificación realista, contribuirán a lograr la sostenibilidad fiscal, al producir un incremento significativo de la recaudación tributaria de origen no petrolero.
Los Planes de Desarrollo Sectorial, vinculados al marco general de políticas macroeconómicas deben tomar en cuenta las condiciones del contexto social y el nivel de desarrollo económico previo, por lo que se impondrán límites en la elección de los instrumentos de política económica que deben aplicarse.
Esta orientado, no sólo a corregir las enormes diferencias que afectan a nuestra sociedad con su gran carga de exclusión e injusticia social sino, también, al desarrollo pleno del ciudadano en los aspectos relativos al ejercicio de la democracia. Está dirigido a alcanzar y profundizar el desarrollo humano, mediante la ampliación de las opciones de las personas, el ofrecimiento de mayores y mejores oportunidades efectivas de educación, salud, empleo, de ingresos, de organización social y de seguridad ciudadana.
La lucha por la superación de las desigualdades sociales, debe asumirse como objetivos sociales y económicos contemplados en el Constitución, como condiciones para alcanzar la ciudadanía. De la misma manera, la lucha contra las desigualdades y la pobreza tendrá en cuenta la eficiencia económica, pero no subordinada a sus restricciones, por lo cual la política social será parte de un conjunto mas amplio de políticas, conformadas por la estrategia de desarrollo de los sectores productivos, la reconstrucción y fortalecimiento de las instituciones públicas, el desarrollo regional, la obtención de saldos favorables en los capitales de corto plazo, el incremento de la proporción de inversiones productivas sobre las financieras y la construcción de un sólido sector de economía social.
La reducción de la pobreza y de las desigualdades se configura como una estrategia para conferirle legitimidad a la democracia y profundizarla y para aumentar la eficiencia económica, al contribuir al aumento de la productividad laboral.
Una amplia política de incentivos fiscales que restablezca y mejore la tasa de acumulación del sector privado, se pondrá en marcha, conjuntamente con la ampliación del mercado por intermedio del desarrollo de la economía social.
La estrategia de atención integral para la promoción de la salud y la prestación de servicios educativos fundamentales, servirán también para enfrentar los aspectos críticos de la pobreza, mediante acciones dirigidas al contexto sociocultural y económico de los espacios locales y regionales, donde residen los pobres.
Se orienta a desarrollar un modelo de ocupación del territorio mediante la estrategia de descentralización desconcentrada, a partir del potencial y las restricciones ambientales y culturales del mismo. La desconcentración del país como objetivo requiere un proceso de modificación del patrón de poblamiento, producción, inversión, distribución y recaudación sólo concebible a mediano y largo plazo. La estrategia para alcanzar este objetivos se sustenta en la definición de ejes territoriales de desconcentración (Occidental, Orinoco – Apure y Oriental), que darán lugar a un nuevo equilibrio del territorio y a un nuevo concepto de su ordenación, y en la difusión y diversificación de la actividad productiva en la zonas mas idóneas de esos ejes, con el objeto de fijar en ellas un mayor volumen de población, garantizándole unas condiciones de vida dignas.
Se busca el aumento y la diversificación de la producción del país y, en lo posible, de la región que soporte la población, con la finalidad de incrementar el poder adquisitivo y el empleo. Por otra parte, esta estrategia se fundamentará en dos pilares: la formación de recursos humanos y la promoción de actividades atendiendo a las potencialidades y limitaciones de especialización de cada región, con asistencia técnica y financiera.
En los ejes de desconcentración se procurará mejorar la calidad de vida de los habitantes de la red de centros poblados, impulsando el mejoramiento de los servicios públicos como salud, educación, vivienda, infraestructura urbana, con la finalidad de densificar y eliminar en forma paulatina la visión de ciudad extendida.
En cuanto al desarrollo regional la dimensión ambiental, en sus dos vertientes:
protección del patrimonio natural y factor de desarrollo económico y social, deberá ser incorporada. Los recursos naturales y el ambiente no deben contemplarse solo desde la perspectiva de conservación, lo cual es importante, sin lugar a dudas, sino también como recursos necesarios para lograr mejor calidad de vida y desarrollo. Se propone pasar de una concepción puramente utilitaria o defensiva a una actitud positiva, que permita la rentabilidad social y económica de los recursos naturales y del ambiente, en el contexto del desarrollo sostenible, lo cual puede constituir, no solo una de las mejores formas de contribuir a la desconcentración, sino también de colaborar a la diversidad productiva mediante la potenciación de la industria y los servicios relacionados con el ambiente.
• Equilibrio Internacional
Se orienta a lograr la adecuada inserción de Venezuela en el ámbito internacional y el impulso a la integración de las naciones latinoamericanas y caribeñas, en lo económico, lo territorial y lo energético, mediante estrategias que permitan privilegiar el fortalecimiento de un modelo que permita la participación flexible y simétrica de Venezuela en la comunidad de naciones.
La premisa que servirá de punto de arranque, será la de vivir en un mundo en el cual las directrices del orden internacional son el resultado de una interacción equitativa en la toma de decisiones mundiales, desechando las manifestaciones que comprometen la libertad y la igualdad de participación de los distintos actores. El modelo democrático debe buscar relaciones de cooperación y estimular el consenso en cuanto a la necesidad de desarrollar políticas que permitan a los países de menor desarrollo relativo, enfrentar conjuntamente los problemas relacionados con el desarrollo económico y social con equidad.
Se promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de lograr la creación de una comunidad de naciones que permita en forma conjunta, defender los intereses económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales de la región.
Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001 – 2007 2
En concordancia con lo establecido en las “Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, el proceso de planificación regional propuesto se orienta a considerar el territorio como elemento fundamental para articular un modelo de desarrollo sostenible, a través de la “Estrategia de Descentralización y Desconcentración Territorial. Esta estrategia, como quedó expuesto, esta dirigida la construcción de una sociedad cuyas orientaciones fundamentales sean la democracia participativa, la transformación productiva y la equidad, en la búsqueda de un desarrollo más equilibrado y sostenible, lo cual generará una mejor distribución de población y actividades en el territorio, a fin de lograr mayor equidad en la distribución del ingreso, a partir del aprovechamiento de las potencialidades de las diferentes regiones.
2 Tomado de MPD (2001) Plan Nacional de Desarrollo Regional. www.mpd.gov.ve
De lo anterior surge la urgente necesidad de dar un nuevo enfoque a la descentralización, profundizando su proceso bajo la óptica de una estrategia desconcentradora; es decir, hacer uso de ella con el propósito de aprovechar las potencialidades del país para lograr una distribución más equilibrada y sostenible de las actividades productivas, las inversiones y la población en el territorio nacional. Esta estrategia diseñada por el Gobierno Nacional se sustenta en la búsqueda de cinco equilibrios, ya comentados: económico, social, político, territorial e internacional.
En el marco de esta estrategia desconcentradora, se considera que el modelo territorial es, sobre todo, el que condiciona el modo de vida de las personas, la calidad de vida, la cohesión social y también el impacto ambiental.
La noción de región como expresión de la dualidad socio-espacial, con un alcance y significado global, cuya expresión es un mosaico de lugares o zonas altamente individualizadas, que se conocen con el término genérico de región, es la utilizada por el Plan Nacional de Desarrollo, como unidad de planificación. De acuerdo con el documento que se comenta, desde el punto de vista del interés nacional, esta noción de región se relaciona, interna y externamente, con varios niveles geográficos: a) El mundial: constituido por una red de actividades económicas:
finanzas, comercio, inversión extranjera directa, corporaciones transnacionales, entre otras; b) el binacional y multinacional: representado por bloques de integración tales como la Unión Europea, el Grupo de los Tres, NAFTA, CARICOM, Comunidad Andina y MERCOSUR, entre otros; c) el nacional:
determinado por el Estado Soberano; d) el regional: emergente o reemergente; constituye una articulación de la economía y la política; e) el local: constituido por los estados y municipios, en donde se deben manifestar, en última instancia, los beneficios del desarrollo.
Las regiones son áreas subnacionales, cuya extensión es inferior al área del país y trasciende el límite de un estado, para abarcar un conjunto de estados, o porciones de éstos. Se caracterizan por algún nivel de desarrollo metropolitano o urbano con su correspondiente conurbación asociada. Son, en pocas palabras, un marco espacial común, compartido por un grupo de personas, que aloja una densa mezcla de actividades socio-económicas sujetas a fuerzas centrípetas o de polarización.
Para los efectos del Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007, el énfasis fundamental se centrará en el nivel regional, ya que la planificación del desarrollo territorial es, necesariamente, una actividad de nivel nacional, en la cual se usan las regiones como objetos de planificación con un espacio y un tiempo definidos por la acción o grupo de acciones concatenadas que se van a planificar sobre ese espacio.
La política territorial persigue, en síntesis, ocupar y consolidar el territorio, disminuyendo los desequilibrios territoriales, modificando el patrón de poblamiento, consolidando y diversificando la actividad económica a lo largo del país en armonía con la vocación específica y ventajas comparativas de cada región, racionalizando los criterios de inversión, distribución y recaudación de recursos públicos, e incentivando la inversión privada, planteándose los objetivos siguientes:
1. Aumentar las actividades productivas y la población en áreas de desconcentración.
El propósito fundamental de la política territorial en el período 2001-2007 estará destinado a fortalecer la capacidad para fijar e incrementar la población y las actividades económicas en las áreas de desconcentración (ejes de desarrollo y zonas especiales de desarrollo sostenible). A tales fines se deben lograr condiciones que permitan a la población alcanzar un adecuado nivel de calidad de vida y evitar su desplazamiento hacia grandes centros urbanos.
2. Incrementar la superficie ocupada
La diversificación productiva en sectores como agricultura y agroindustria, forestal, turismo, energía –entre otros- y la localización más racional de la actividad económica en las zonas de desconcentración con base al uso racional de los recursos naturales, la dotación de tierras e insumos para la producción y la infraestructura de apoyo a la misma, representan esfuerzos fundamentales para la ocupación y consolidación del territorio.
La agricultura, por su parte, está reconocida como una actividad empleadora y descentralizadora en términos territoriales. De los 40 millones de hectáreas con vocación agrícola que existen en el país, actualmente se ocupa escasamente alrededor de un millón, mientras se importa una gran cantidad de productos agrícolas. El aumento de la superficie cultivada y la protección de las áreas con
potencial agrícola son requerimientos para el desarrollo del país, en tanto garantes del abastecimiento de productos alimenticios para la población.
3. Mejorar la infraestructura física y social para todo el país.
Ocupar y consolidar el territorio de forma más equilibrada demanda la articulación de los centros de producción, con los centros de consumo y los centros de exportación a nivel nacional, por lo que se requiere emprender esfuerzos para la dotación y mejoramiento de la infraestructura de equipamiento urbano de los centros poblados; tal infraestructura es necesaria para garantizar las adecuadas condiciones de salud, educación y seguridad, sistemas de vialidad y transporte multimodal, redes de telecomunicaciones y sistemas de generación, transmisión y distribución de energía, que permitan el disfrute de una calidad de vida acorde con las exigencias de la sociedad contemporánea.
Para disminuir los desequilibrios territoriales, se debe modificar el patrón de poblamiento, los criterios de inversión, distribución y recaudación de recursos públicos e incentivar la inversión privada, acciones que conducirán a ocupar y consolidar el territorio de forma más equilibrada. A fin de lograr ese objetivo, se requiere actuar de manera coherente en las diferentes dimensiones.
1. Articular el territorio nacional a través de los ejes de desarrollo Occidental, Orinoco-Apure y Oriental.
2. Desarrollar y fortalecer, en los ejes de desarrollo y las regiones, un sistema de ciudades que se relacionen entre sí y con el resto del país.
3. Impulsar, a través de planes integrales, el desarrollo socioeconómico de las Zonas Especiales, a objeto del aprovechamiento de sus recursos para la expansión productiva y la generación de empleo con fines desconcentradores.
4. Promover el desarrollo de los Sistemas de Asociaciones Rurales Auto- Organizadas (SARAOS) como espacios del territorio orientados al desarrollo rural integrado, organizados para la participación autogestionaria de diferentes actores, creando relaciones a través de la cadena de producción agroindustrial con el fin de mejorar la calidad de vida.
5. Mejorar y desarrollar la infraestructura de comunicaciones y equipamiento urbano, de apoyo al sistema de ciudades, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población y a crear condiciones favorables a la inversión privada.
1. Aumentar y diversificar la producción de bienes y servicios en los ejes de desarrollo con base en las potencialidades y ventajas comparativas que poseen, a fin de contribuir a la generación de empleos y a incrementar el poder adquisitivo de la población.
2. Estimular la pequeña y mediana empresa en los diversos sectores de la producción de bienes y servicios, como estrategia para la formación de una cultura emprendedora y democratizadora del capital, a través de la asistencia técnica y financiera.
3. Establecer un programa de capacitación de recursos humanos, atendiendo a las especificidades de cada región.
4. Establecer un programa de incentivos para promover las inversiones en los ejes de desarrollo, en coherencia con los objetivos anteriores.
1. Impulsar -a través de la cogestión- el desarrollo de los diferentes servicios públicos, como elementos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población asentada y por asentarse en las ciudades a reforzar en los ejes de desarrollo.
2. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de programas y proyectos dirigidos al mejoramiento de las comunidades.
1. Establecer -dentro del marco del desarrollo sostenible- los programas dirigidos a la conservación, defensa, mejora y aprovechamiento de los recursos naturales ubicados en los ejes de desarrollo, de forma sostenible para las generaciones actuales y futuras.
2. Incentivar la participación de la sociedad civil organizada en el control de la gestión ambiental.
3. Establecer criterios de sostenibilidad que permitan evaluar -de forma oportuna y con calidad- los planes, proyectos y programas orientados al desarrollo económico y social en los ejes de desarrollo.
1. Impulsar la modernización de las instituciones y organismos de la administración pública central y descentralizada, con base en las exigencias del modelo de desarrollo sostenible que requiere el país.
2. Formular e instrumentar un plan de fortalecimiento institucional que contribuya a desarrollar las competencias que los gobiernos estadales y municipales, particularmente los ubicados en los ejes de desarrollo, tienen sobre el ámbito del territorio que les corresponde.
3. Formular e instrumentar un proceso de descentralización que permita la participación activa y corresponsable de la sociedad organizada en la toma de decisiones sobre su futuro en el espacio donde habitan.
4. Instrumentar mecanismos para la coordinación y seguimiento de los planes, programas y proyectos a ejecutarse en los ejes de desarrollo entre los tres niveles de gobierno (nacional, estadal y municipal).
1. Establecer lineamientos y acuerdos para la integración y seguridad nacional con los países vecinos que conforman las fachadas de integración Caribeña, Andina y Amazónica.
2. Diseñar y ejecutar planes de desarrollo sostenibles en las ciudades fronterizas ubicadas en los ejes de desarrollo, que permitan el intercambio económico, cultural y social con los vecinos en igualdad de condiciones.
• Imagen Territorial Deseada
Dentro de la imagen territorial a mediano y largo plazo, deseable factible, lograda como resultado del cumplimiento de objetivos socio-económicos que impulsen un desarrollo territorial armónico y sostenible y concebida conjuntamente con una estrategia de descentralización desconcentrada el Estado Vargas se orientaría por las siguientes características generales:
1. Las actividades ligadas a los mercados financieros nacionales e internacionales, las aseguradoras y grandes distribuidoras, así como las funciones estratégicas de las grandes empresas y multinacionales, tienen una fuerte tendencia a ubicarse en áreas metropolitanas de la franja centro- norte-costera (Caracas, Maracay, Valencia), donde cuentan con un dinamismo propio, cuya sostenibilidad puede requerir actuaciones públicas.
2. Se habrá establecido un sistema multimodal de transporte, estructurado alrededor de los grandes ejes de integración internacional Caracas-Caribe, Caracas-Bogotá y Caracas-Manaos.
3. Se elaborarán los planes de manejo correspondientes a las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, ABRAE, que ocupan cerca de 45% del territorio nacional, junto a las Zonas de Seguridad y Defensa Nacional, para poder hacer un uso óptimo de sus recursos agrícolas, forestales, faunísticos, turísticos y recreacionales, según lo establece el marco legal vigente.
4. Se manejarán las zonas protectoras con criterios de racionalidad, ya que cubren una superficie estimada de 100.000 kilómetros cuadrados y representan cuencas altas que abastecen de agua a las principales ciudades, Estas zonas protectoras son asiento de una numerosa población campesina que requiere de intensos programas para orientar el uso racional de los recursos naturales a fin de que puedan producir beneficios, evitando que las prácticas inadecuadas degraden las cuencas y aceleren la erosión y el empobrecimiento de los suelos, lo cual acentuaría, por ende, la situación de pobreza.
5. Será mejorado y consolidado coherentemente el eje Norte-Costero. Internamente, el Área Metropolitana de Caracas será fortalecida como centro de negocios nacional e internacional.
Para lograr la imagen objetivo, sobre la base de las condiciones geográficas, económicas, culturales y ambientales existentes, la estrategia del Gobierno Nacional, en el orden territorial, se apoya en los siguientes elementos:
• Fachadas de integración: Amazónica, Andina y Caribeña, que permitirán
favorecer tanto el desarrollo de las regiones fronterizas como la comunicación con los países vecinos, a través de la integración de los grandes ejes fluviales y del transporte ferroviario, terrestre, aéreo y marítimo.
• Dinámica regional: privilegiará las actividades productivas de acuerdo a la
vocación y potencial propios de cada región, tomando en consideración los sectores definidos como dinamizadores, es decir, pequeña y mediana industria, agricultura y agroindustria, minería, petróleo y petroquímica, turismo, e infraestructura y servicios. Las regiones a considerar son: Centro Occidental, conformada por Cojedes, Falcón, Portuguesa, Lara y Yaracuy; Central; conformada por Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Distrito Capital; Guayana, conformada por Amazonas y Bolívar; Occidental, conformada por Mérida, Táchira,
Trujillo y Zulia; Oriental, conformada por Anzoátegui, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta y Sucre; y, Los Llanos; conformada por Apure, Barinas y Guárico.
También plantea, este Plan de Desarrollo Regional una serie de líneas estratégicas derivadas de la estrategia global con relación a las fachadas de integración, la dinámica regional y las Zonas Especiales de Desarrollo Sostenible (ZEDES), es decir, los ejes de desconcentración, y los Sistemas de Asociaciones Rurales Auto-organizadas (SARAOS)
El área en estudio, es decir el Estado Vargas, se localiza en la Región Central y la Fachada Caribeña, a los efectos de la planificación territorial.
Es necesario igualmente una revisión detallada de las propuestas y acciones que, contenidas en Plan Nacional de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente (PNCDMA) o más sencillamente Plan Nacional del Ambiente (PNA) y en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio (PNOT), se refieran directa o indirectamente al Estado Vargas o, de manera más general al tipo de espacios, ecosistemas o recursos como los del Estado Vargas.
Esa visión detallada, está contenida en informes de consultoría más específicos de la temática; pero corresponde en este caso, tomar aquellos lineamientos y estrategias de planificación que apunten hacia la definición de espacios de actuación, gestión y participación, a las consideraciones sobre las cuencas hidrográficas, y otros temas vinculados.
En relación con el PNA, se cuenta con los documentos bases y una versión preliminar del mismo.
Existen propuestas que apuntan al combate de la degradación de recursos naturales en general, no sólo formando parte del PNA, sino también en otro tipo de documentos.
El objetivo general del PNA, consiste en aportar la dimensión ambiental a los procesos mediante los cuales se toman decisiones para alcanzar el desarrollo sostenible del país.
En ese gran contexto, sus objetivos específicos son los siguientes:
• Orientar la relación entre las actividades productivas y los recursos naturales renovables que las sustentan, de forma tal que se mantenga su capacidad de renovación.
• Dar solución a los problemas ambientales ya presentes en el territorio nacional y prever los que pudieran presentarse.
• Orientar la participación de Venezuela en la solución y prevención de los problemas ambientales de alcance planetario.
• Propiciar la consolidación de un marco institucional y legal cónsono con los objetivos precedentes.
• Propiciar la educación y la organización de la sociedad civil en todos sus estratos, a los fines de su participación activa en el logro de los objetivos precedentes.
• Orientar los procesos de investigación sobre la temática ambiental.
• Orientar la vinculación de la política ambiental con las políticas para el desarrollo económico y social, a fin de dar sentido concreto al objetivo del desarrollo sostenible.
Las motivaciones que han conducido a la elaboración del Plan Nacional de Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente son las siguientes:
• La calidad del ambiente se considera hoy como parte inseparable de la calidad de vida de los habitantes del país y del mundo y, por tanto, un derecho inalienable e imprescriptible de los mismos.
• Este derecho abarca, no sólo a las generaciones presentes, sino también a las venideras, cuya supervivencia tiene que ser asegurada mediante la permanencia de la capacidad de reproducción de los recursos naturales que sirven de base a todas las actividades productivas.
• Se afirma cada vez más la conciencia sobre la finitud y fragilidad del planeta y la necesidad de habitarlo y utilizarlo racionalmente, como hogar único de la humanidad.
• El nuevo paradigma de la globalización mediante el aprovechamiento de ventajas competitivas, implica utilizar procesos productivos que garanticen la calidad del ambiente como requisito para acceder a los mercados internacionales.
• La creciente toma de conciencia de la población del país determina que comience a exigir también sistemas de producción compatibles con el ambiente.
• Los problemas ambientales del país aumentan a un ritmo realmente preocupante.
• La apertura a las inversiones extranjeras demanda que se precisen las reglas de juego en materia ambiental.
Mientras que, los conceptos fundamentales que sirven de bases conceptuales al PNA, son:
Ambiente: En el sentido más amplio, es todo aquello, material o inmaterial, natural
o construido, que rodea interactivamente al Hombre y que, de una manera u otra y en mayor o menor medida, condiciona su vida. En un sentido más acotado a los fines del plan: los componentes naturales e ínter actuantes de dicho ambiente, tanto vivientes como no vivientes.
Desarrollo sostenible o sustentable: Un estilo o modelo de desarrollo se puede definir a través de las respuestas que un país da, en un cierto momento histórico,
a las preguntas sobre: qué producir, cuanto, para quien, con cual tecnología, con
cuales insumos y donde. El modelo de desarrollo sostenible en el que se inscribe el plan, intenta dar respuesta a estos interrogantes, guiándose permanentemente
por tres grandes propósitos:
• La conservación y mejora de la capacidad reproductiva de los recursos naturales renovables que sirven de base a cualquier actividad económica o social.
• El logro de niveles de rentabilidad razonables en el contexto de la economía nacional e internacional.
• Una distribución justa de los costos y beneficios de la producción entre aquellos que aportan capital y aquellos que aportan trabajo.
Así pues, el PNA sólo es concebible en el contexto de la planificación y la acción para el desarrollo sostenible o sustentable, concepto que intenta armonizar los criterios de crecimiento económico, desarrollo social, seguridad, soberanía y conservación del ambiente, para el bienestar de la población actual y futura. El PNA contiene, igualmente, desarrollos sobre los diferentes recursos y sistemas naturales.
El Plan vigente, fue publicado como Decreto No. 2.945 en la Gaceta Oficial No. 36.571 del 30/10/1998, pudiendo destacarse entre sus contenidos principales, que operan como lineamientos estratégicos para los demás planes, así lo considera el
Plan Nacional de Desarrollo Regional, en el cual se expresa que constituye “ una certera iniciativa, y su contenido es insumo de esta propuesta en aquellos aspectos, que contribuyen con la imagen objetivo perseguida y la estrategia de descentralización desconcentrada 3 ”. Entre los lineamientos del PNOT, que se consideran relevantes se destacan, los siguientes:
• Los Objetivos enumerados en sus artículos 1° y 2°
“Artículo 1. Objetivo General del Plan. “El Plan Nacional de Ordenación del territorio tiene como objetivo orientar la localización de la población, de las actividades económicas y de la infraestructura física, armonizando criterios de crecimiento económico, desarrollo social, seguridad y defensa y conservación del ambiente, basado en el conocimiento de las potencialidades y restricciones específicas de cada ámbito geográfico.”
Artículo 2. Objetivos Específicos del Plan. “Son objetivos específicos del Plan:
1. Apoyar la Transformación integral de la sociedad para hacerla mas competitiva y favorecer su inserción en el contexto internacional.
2. Contribuir a que las actividades humanas se ubiquen espacialmente de forma tal que la relación tecnología - ambiente sea, en cada caso, compatible con la necesidad de conservar el capital natural que les permite existir.
3. Consolidar la integridad territorial, la soberanía nacional y la seguridad alimentaria; así como, la educación para el reforzamiento de la identidad nacional de sus habitantes.
4. Apoyar las estrategias territoriales y urbanísticas orientadas a que el sistema de centros urbanos funcione como instrumento de eficiencia económica, equidad social, fortalecimiento político administrativo y ordenación territorial.
5. Racionalizar la expansión de la frontera de ocupación basándose en el aprovechamiento sostenible de los recursos existentes.
6. Apoyar los procesos de descentralización y desconcentración.
7. Contribuir a la incorporación de las comunidades indígenas al desarrollo nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución, de manera compatible con el desarrollo del resto de los habitantes. 4
8. Promover acciones dirigidas a proteger la población, la economía y el ambiente ante la ocurrencia de emergencias o desastres provocados por agentes naturales, técnicos o sociales.”
• La Imagen Objetivo definida en el artículo 3°
La Imagen Objetivo, propone el alcance de una situación derivada del alcance de los objetivos del Plan, algunos de cuyos componentes se expresan en el territorio, actividades económicas, modos de transporte, desarrollo sostenible, servicios a la población, etc. para todo el país y por tanto en Vargas.
3 MPD (2001) Plan Nacional de Desarrollo Regional (Pag. 7). www.mpd.gov.ve
4 Se refiere a la Constitución de 1961, la actual constitución consagra los derechos de los pueblos
indígenas en los artículos 119 al 126.
• La estructuración del territorio a que se refiere el artículo 4°
El artículo 4°, establece para el territorio nacional cinco espacios ordenación del
territorio que permiten definir las distintas acciones de ordenamiento Territorial, el
conformado por el Distrito
Federal, los Estados Miranda, Carabobo, Aragua y Vargas, donde se dará prioridad a las tareas de maximización de las economías de aglomeración, minimización de las economías de aglomeración, recuperación ambiental, saneamiento integral, preservación de las tierras agrícolas de categoría I, reubicación de actividades que generen deseconomías de aglomeración y reordenamiento y consolidación de servicios públicos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y de la competitividad internacional; sin que ello implique necesariamente la restricción o prohibición del aprovechamiento sostenible de recursos naturales o el desarrollo de otras actividades.”
Estado Vargas, se encuentra ubicado en el “
El sistema de centros urbanos, transporte y comunicaciones, artículos 7° al
El Litoral del Estado Vargas se encuentra dentro de la estructuración propuesta para el sistema urbano, como centro subregional de segundo orden.
Las actividades Turístico Recreacionales, artículos 16 y 17
El área comprendida entre Punta Maya – Los Caracas, es considerada como “Área de muy Alta Preservación (TR1)”, que son aquellas que por las características relevantes de sus recursos naturales y culturales, son capaces de generar corrientes turísticas nacionales e internacionales y cuya dinámica económica se basa principalmente en el desarrollo de la actividad turística.
Las actividades agrícolas, artículos 18 y 19.
Se consideran áreas agrícolas de máxima preservación, los valles costeros y las y las tierras montañosas de tradición cafetalera.
Las áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE), artículos 26 y
En el Estado Vargas se encuentran localizadas, total o parcialmente las siguientes ABRAE :
- Área de Protección de Obra Pública (APOP) del Sistema de Transmisión de Hidrocarburos Figueroa – Litoral.
- Área de Recuperación y Protección Ambiental (APRA) del Eje Arrecife – Los Caracas.
- Monumento Natural (MN) Pico Codazzi
- Parque Nacional (PN) El Ávila
- Zona Protectora del Área Metropolitana de Caracas
- Zona Protectora (ZP) del Litoral Central
- Zona de Interés Turístico (ZIT) Litoral de la Región Capital
- Zona de Seguridad (ZS) Agrupamiento de Policía Naval.
- Zona de Seguridad (ZS) Agrupamiento Simón Bolívar de la Infantería de Marina
- Zona de Seguridad (ZS) Área Terrestre y Marítima
- Zona de Seguridad (ZS) Centro de Adiestramiento Naval Felipe Santiago Estevez
- Zona de Seguridad (ZS)Comando de Guardacostas
- Zona de Seguridad (ZS) Comando de la Infantería de Marina, Escuela Naval y Circulo de las Fuerzas Armadas Sucursal Balneario Puerto Nuevo.
Las grandes obras de infraestructura, artículos 31 y 32
En este aspecto el PNOT, propone, entre otras las siguientes directrices: la construcción, rehabilitación o ampliación de la infraestructura de transporte, para asegurar la eficiente integración interurbana, interregional y del país con el resto del mundo, sujeta a las regulaciones ambientales; la consolidación de la vialidad rural y potenciar el uso de los terminales marítimos existentes.
Otros aspectos de este análisis, están contenidos en el correspondiente Informe detallado.
La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y su plan de acción, constituyen un documento orientador de las políticas para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, puesto que sus principales objetivos son incrementar el conocimiento, para asegurar su conservación y uso sostenible, mediante una serie de acciones, que permitan su integración a los planes de desarrollo nacionales, estadales y municipales, por cuanto, en el Contexto general de las políticas del Estado Venezolano, que concibe la existencia humana en una relación dinámica con la naturaleza, la planificación del desarrollo debe considerar la predecibilidad de los efectos del aprovechamiento de los recursos sobre la naturaleza.
Para lograr estos objetivos, se plantea quince (15) líneas estratégicas y un Plan de Acción, dentro de las cuales, algunas de ellas tienen incidencia en el área en estudio, pues se plantean para las regiones que se consideran prioritarias, para las ABRAE, para las regiones fronterizas, para humedales y el desarrollo de unos Programas de Prioridad Nacional.
Dentro de estas líneas estratégicas, la mayoría de las acciones son de aplicación nacional; pero encontramos algunas específicas para ciertas bioregiones.
Así en relación con:
La Línea Estratégica Uno: Acción 2: Definición de programas de bioprospección, esta referida entre otras bioregiones, a la Cordillera de la Costa y Marina.
Línea Estratégica Siete: Acción 2: Implementación de Programas de ecología reconstructiva y biorremediación, esta referida entre otras bioregiones, a la Cordillera de la Costa y Marina.
Línea Estratégica 14.2.: Acción 1: Programas sobre el conocimiento, conservación y uso sostenible de zonas áridas y semiáridas; esta referida entre otras bioregiones, a la Cordillera de la Costa.
Línea Estratégica 14.8.: Acciones 1,2,3 y 5, están referidas entre otras bioregiones, a la Marina.
Líneas Estratégicas 15. 1 y 15.2: Acciones: todas están referidas entre otras bioregiones, a la Marina.
2.3. EL MARCO INSTITUCIONAL
En el Estado Vargas, como en cualquier otra entidad federal, opera una diversidad de instituciones de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), es decir, las Unidades Desconcentradas de los diferentes Ministerios e Institutos Nacionales, la Gobernación del estado, Alcaldía (en este caso una sola, ya que hay un único Municipio), al tiempo que las expresiones legislativas regional y local.
Resulta obvio que en este trabajo, interesa, si bien una parte importante de esa instituciones, no la totalidad. Por lo demás, este tema ha sido ampliamente desarrollado en Informes de Consultorías específicas, que integran este proceso.
Aún así, se menciona a continuación, el grupo de instituciones públicas que tienen una mayor vinculación o injerencia con la Ordenación del Territorio en sus diferentes niveles de expresión, la temática ambiental y de recursos naturales.
De un lado están aquellas que la LOPOT define como integrantes de las Comisiones de Ordenación del Territorio (en este caso la estadal). La institucionalidad prevista en esta ley, para la elaboración y aprobación de estos Planes de Ordenación del Territorio, está contenida en el artículo 20, desarrollándose su expresión regional, etc., en los artículos siguientes. Para ello “Se crea la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, que estará presidida por el Jefe de CORDIPLAN (ahora Ministerio de Planificación y Desarrollo), y en la cual estarán representados los siguientes despachos: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia
(MRIJ), Ministerio de la Defensa (MD), Ministerio de Producción y Comercio (MPC), Ministerio de Infraestructura (MI), Secretaria del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (SECONASEDE). La secretaría técnica estará adscrita al MARN,
Una amplia red de instituciones aparece involucrada. Además de las indicadas en el artículo citado, se puede señalar:
• Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS).
• Ministerio de Energía y Minas (MEM).
• C. A. Hidrológica Venezolana (HIDROVEN).
• Empresas Hidrológicas Regionales.
• Gobernaciones de los Estados.
• Municipios y Mancomunidades.
Al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) le corresponden las funciones asignadas según la LOAC, y cumplir el papel de Secretaría Técnica de la Comisión correspondiente en cada caso.
En la estructura orgánica y funcional del MARN a escala nacional, las principales unidades, vinculadas con la temática en análisis, son:
− Dirección General de Planificación y Ordenación del Ambiente. La Dirección General de Planificación y Ordenación del Ambiente del MARN tiene bajo su responsabilidad, como Secretaría Técnica de la CNOT, de la formulación del proyecto de planes de OT, su ejecución y evaluación periódica.
− Dirección General de Cuencas Hidrográficas.
− Dirección Estadal Ambiental Región Capital.
− Dirección General de Calidad Ambiental.
− Dirección General de Equipamiento Ambiental.
− Dirección General de Educación Ambiental.
− Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional.
Por otro lado se encuentran las Instituciones creadas por el marco legal de la Planificación del Desarrollo, ya comentadas, tales como los Consejos Estadales y Locales de Planificación.
3. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL POTEV
En la actualidad está planteada la redefinición de los diferentes entes del Estado y de la función que le corresponde desempeñar en la relación estado / sociedad.
Este hecho pasa por entender los procesos participativos de la sociedad y los términos en que estos son definidos en el nuevo marco normativo constitucional, y plantea la apertura de nuevos canales de participación, que sirvan de vínculos reales para la construcción conjunta y no meramente consultiva, garantizando la acción protagónica de los órganos sociales y valorando las capacidades y talentos presentes en la sociedad.
En esa línea de pensamiento, se plantea la utilización como uno de los insumos para el diseño del modelo de gestión, los sistemas de cuencas hidrográficas, partiendo de la aceptación de la cuenca como el ámbito más adecuado de síntesis de la gestión ambiental y territorial, y de la relación de ésta gestión con los otros campos de las políticas públicas y la dinámica de los actores sociales.
El POTEV debe ser abordado como un instrumento de intersección entre los diversos campos de política que son responsabilidad de los diversos entes con competencia en ordenación del territorio (Políticas de Ordenación del Territorio, del Ambiente y de los Recursos Naturales), entendidas éstas, como relevantes e interrelacionadas con la política de Desarrollo.
En ese sentido, se desprenden del análisis precedente los siguientes lineamientos y directrices a ser utilizados en la elaboración del POTEV:
1. Los principios fundamentales derivados del texto constitucional, bases del ordenamiento jurídico, que se enumeran a continuación: Los valores superiores: la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social e individual y la preeminencia de los derechos humanos, la ética pública y el pluralismo político; el Estado Federal, regido por los principios de integridad territorial, cooperación, concurrencia y solidaridad; los ejes de transversalidad axiológica, entre los cuales destacan: el derecho a la participación ciudadana y la protección del ambiente y, paralelamente, el modelo de desarrollo económico basado en la equidad y la sostenibilidad , mediante la planificación estratégica democrática.
2. La jerarquía que otorga el texto de la constitución a la protección del ambiente, considerándolo un derecho y deber, de carácter difuso y transgeneracional; a la política de ordenación del territorio, a los estudios de impacto ambiental y a la obligatoriedad de incluir en todo contrato o permiso, una cláusula de compromiso para conservar el equilibrio ecológico y permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si este resultará alterado, en los términos que fije la ley, la cual se considerará incluida aún y cuando no se manifieste en forma expresa.
3. La repartición de las competencias en materia ambiental entre los tres niveles político territoriales, en el marco del régimen Federal regido por el principio de integridad territorial.
4. El ámbito espacial en el cual se ejerce la soberanía, esto es, el espacio geográfico conformado por el espacio continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de estos; el espacio aéreo, continental y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se encuentren.
5. La jerarquía constitucional de los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, dentro de los cuales se encuentran los relacionados con la protección del ambiente. La garantía de la tutela efectiva de los derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, incluido el derecho al ambiente.
6. La garantía de la libertad para el desarrollo de las actividades económicas,
sin mas limitaciones que las derivadas de la Constitución y de las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente
u otras de interés social.
7. La consideración de las aguas como bienes del dominio público,
insustituibles para la vida y el desarrollo, para lo cual la Ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico
y los criterios de ordenación del territorio.
8. La garantía de la seguridad alimentaria, con disponibilidad plena, suficiente
y oportuna en el ámbito nacional.
9. Debe mantener una articulación orgánica con el
Territorial y con el Sistema de Planificación Nacional del Desarrollo:
Sistema de Planes:
Plan Nacional de Ordenación del Territorio, cuyas directrices y lineamientos deberán ser tomadas en cuenta para la formulación del POTEV, cuyos resultados deberán ser coherentes con éste;
Plan Estadal, de cuyo desarrollo se trata;
Planes de las ABRAE, cuyos alcances deben ser revisados a la luz del POTEV, de un lado para entender su funcionamiento como un sistema lógico de protección, evaluando sus beneficios o servicios ambientales, en tanto que tal, y sobre las cuales, seguramente, surgirán propuestas de modificación o complementación;
Planes locales, se desarrollan a partir de las orientaciones del Plan Estadal.
Los diversos planes establecidos en la Ley Orgánica de Planificación
Todas aquellas instituciones que la Ley de Ordenación del Territorio y las leyes que regulan el Sistema de Planificación del Desarrollo prevén, particularmente el MARN como Secretaría Técnica y a la Gobernación del Estado como Autoridad competente y los Consejos Estadales y Locales de Planificación.
Por otra parte para diseñar, si es el caso, la propuesta institucional a que hubiese lugar para la gestión del POTEV. que garantice su implementación y la coordinación entre los diferentes entes con competencia en el Estado y la sociedad civil en general.
9.3. Sistema de Gestión de la OT:
Debe ser la referencia específica para la instrumentación de la gestión y de la inversión pública y privada, en todos los niveles; para el desarrollo de las actividades económicas con incidencia espacial que se desarrollan en el Estado y para la sociedad civil en general, considerando, los roles definidos en la Ley para cada una de las instituciones y de las Comisiones de Ordenación del Territorio a los diferentes niveles; así como el funcionamiento y normativa específica de la propia gestión del POTEV.
10. Debe ser lo suficientemente flexible para ajustarse a las variantes en los paradigmas, albergar los nuevos conocimientos científicos, que estos se expresen en una gestión dinámica y, en consecuencia, mantener su vigencia frente a los cambios.En el Plan de Ordenación del Estado Vargas (POTEV) intervienen nuevas variables definitorias de los usos del espacio o son utilizadas de manera diferente aquellas que hasta ahora han sido consideradas, así se tiene:
10.1. El cambio tecnológico como variable que introduce la dinámica en el tiempo en la definición de los usos del espacio;
10.2. La integración de las variables de amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los fines de definir los diferentes niveles de restricciones al uso;
10.3. La participación social, no sólo entendida en el sentido clásico de la consulta pública de los Planes, sino en la aprobación y en la cogestión de la ejecución, seguimiento y reformulación permanente;
10.4. La definición de espacios de gestión valorando las cuencas hidrográficas como ámbitos espaciales de síntesis;
10.5. La posible prestación y administración autónoma de ciertos servicios en subespacios funcionales del Estado.
10.6. El establecimiento, de ser el caso, de cargas poblacionales óptimas, de acuerdo a las capacidades y restricciones del medio natural y a las posibilidades de seguras de implantaciones humanas y a la prestación adecuada de servicios;
10.7. Nuevas opciones en el diseño e implantación de infraestructuras “amigables” con la naturaleza.
10.8. La definición de alcances diferenciados en el tiempo y en el espacio y otras variables de relevancia según la metodología específica de cada una de las componentes del POTEV.
11. Debe contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado Vargas.
El estudio para preparar el Plan de Ordenación Territorial del Estado Vargas se ha realizado en dos fases que se especifican a continuación
Fase 1: La primera fase se cumplió durante los años 2000 y 2001, entregándose el informe respectivo y los documentos individuales de los consultores en el primer semestre de 2001. La ruta metodológica utilizada en el proceso de formulación inicial del POTEV, fue la siguiente:
1. Diagnostico: El Diagnóstico de la Situación Actual se realizó mediante
Informes de Consultorías por áreas especificas, que sirvieron de base al Informe
Síntesis, preparado por el Coordinador General en equipo de trabajo con los Consultores.
2. Transición Diagnóstico / Propuestas: La identificación de problemas y
formulación de objetivos y acciones, fueron el resultado de un taller de trabajo en
el que participaron los diferentes integrantes del equipo del POTEV.
En el Taller, se utilizó la metodología zopp, desarrollada por la Cooperación Técnica Alemana para la evaluación y seguimiento de los proyectos que le son sometidos para su financiamiento. La aplicación de esta metodología condujo a la formulación de un “árbol de problemas” y de un “árbol de objetivos”, es decir:
una síntesis diagnóstica de la situación actual y, una visión de la situación objetivo deseable y factible del proyecto.
Para complementar esta visión se diseñó “un conjunto selectivo y organizado de acciones” que permitiesen garantizar el tránsito de la situación problema a la situación objetivo deseada y factible; planteándose, además, el itinerario lógico de su instrumentación.
3, Formulación del Plan: Para formular el plan se desarrollaron las siguientes actividades: El producto del taller antes descrito, permitió la elaboración de los Proyectos Estratégicos, mediante la agrupación de las acciones por proyectos. Igualmente, se definieron los Campos de Actuación del Plan, donde se clasificaron los proyectos y acciones, según campos prioritarios de actuación y, finalmente, se formularon las Propuestas por Áreas de Consultoría.
4. Preparación del Informe Final de la Fase 1: Con el producto de las diferentes actividades, se preparó el documento que se denominó “Síntesis del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Vargas (POTEV), el cual Incluyo, la síntesis diagnostica, el Plan, y sus instrumentos de gestión y seguimiento.
Fase 2: La evaluación de la Fase 1, permitió identificar la necesidad de complementar el informe síntesis del POTEV, en lo relativo a áreas marino- costeras y a riesgo, incorporando lo pertinente del estudio “Mapas de Riesgos El Ávila”; además de realizar la revisión y análisis del estudio denominado “Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Área de Protección y Recuperación Ambiental del Eje Arrecife – Los Caracas”, realizado en el año 2001 para la Autoridad Única de Área del Estado Vargas por la firma ECOLOGY, antes de ser utilizado como respaldo técnico en el diseño del respectivo Decreto del Plan de Ordenación Territorial del Estado Vargas.
En consecuencia, esta fase tiene como objetivo complementar el documento técnico de respaldo al Decreto del Plan de Ordenación Territorial del Estado Vargas, la elaboración del referido proyecto de Decreto y el Sistema de Información Geográfico, para lo cual se contrataron diversas consultorías las cuales se indican a continuación:
− Informe sobre áreas marino costeras del Estado Vargas
− Integración de lo que sea pertinente de los estudios de Mapas de Riesgos El Ávila al documento de respaldo técnico para el Decreto
− Revisión e integración general de todos los estudios efectuados y redacción final del documento técnico de respaldo al Decreto de ordenación Territorial de Vargas
− Redacción del proyecto de Decreto estableciendo el Plan de Ordenación Territorial de Vargas.
− Sistema de Información Geográfico del POTEV
Para la ejecución de la consultoría denominada “Revisión e integración general de todos los estudios efectuados y redacción final del documento técnico de respaldo al Decreto de Ordenación Territorial de Vargas”, se cumplieron las siguientes actividades:
1. Recopilación y revisión de información relacionada con el POTEV:
Se revisó la documentación existente y útil para preparar el documento de respaldo para el Decreto de Aprobación del Plan de Ordenación Territorial de Vargas, especialmente los estudios que se efectuaron en los años 2000 y 2001 para el Plan de Ordenación del Territorio de Vargas, los estudios del proyecto Mapas de Riesgos El Ávila y El Plan de Ordenamiento Territorial
del Área de Protección y Recuperación del Estado Vargas efectuado por la firma Ecology and Environment, S.A., para la Autoridad Única de Área del Estado Vargas. Esta revisión permitió detectar las áreas débiles y los vacíos de información y preparar un esquema inicial del contenido del Plan, en función del cual, se elaboró un Informe de Requerimientos para el MARN, donde se indicaba la forma de obtener la información faltante.
2. Discusión y Revisión del POTEV: Se sometió el documento producto de los estudios realizados en el lapso 2000 – 2001, al análisis de funcionarios y autoridades del MARN, de la Gobernación y del Municipio Vargas, y de las instituciones integrantes de la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, a través de consultas directas, de reuniones y de talleres, a fin de contar con las opiniones y recomendaciones necesarias que permitan la elaboración del documento definitivo.
2.1. Integración con la Comisión de Ordenación del Territorio del Estado Vargas: En el curso de este proceso de revisión, se produjo la instalación y funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorial del Estado Vargas(COTEV), la cual conjuntamente con el equipo técnico de la Dirección Estadal Ambiental del Distrito Capital y de los técnicos de la Dirección de Ordenación del Territorio, se incorporaron al proceso de revisión y formulación, generando una interacción que se concretó en una serie de talleres de trabajo con el objeto de discutir el contenido del avance del POTEV, con especial énfasis en las propuestas, proyectos, acciones y espacios síntesis de gestión.
Esta dinámica produjo la necesidad de que las consultorías individuales, que inicialmente se programaron para ser ejecutadas secuencialmente, se desarrollaran en forma paralela. Las correspondientes al Documento de Integración y al Proyecto de Decreto, se ejecutaron, además en permanente coordinación, entre sí y con los integrantes de la COTEV.
Los talleres realizados fueron los siguientes: Taller 1: Aspectos generales del POTEV: Taller 2: Espacios Síntesis de Gestión, Proyectos Estratégicos y Organización y Gestión; Taller 3:
Diversificación Económica, Infraestructura de Servicios, Grandes usos, ABRAE y Areas marino Costeras,: Patrimonio Cultural y Actividad Turística. Taller 4: Propuestas Relacionadas con la Gestión Ambiental, Desarrollo Institucional, Fuentes de Financiamiento, Investigación y Gestión de Riesgos.
2.2. Coordinación con otras Instituciones: Para solventar las debilidades detectadas, también se inicio una serie de contactos con otros organismos no pertenecientes a la COTEV, tales como el Instituto del Patrimonio Cultural y el Consejo Legislativo del Estado, lo cual permitió incorporar la variable relacionada con el Patrimonio Cultural, tangible e intangible, al documento técnico de respaldo y la información sobre minerales no metálicos, utilizada para la elaboración de la Ley de Minerales no metálicos del Estado.
Otras reuniones efectuadas fueron las siguientes: a) Organizada por CORPOCENTRO, con asistencia de la Ingeniero Yajaira Briceño Directora del Ministerio de Planificación y Desarrollo, para verificar la correspondencia del POTEV, con los lineamientos de la Planificación del Desarrollo y b) con el Sociólogo Omar Hernández, representante de la empresa responsable de elaborar las propuestas que servirán de base a la Ley de División Político Territorial del Estado.
3. Formulación del POTEV: Finalmente, se procedió a la Preparación del documento técnico definitivo del Plan de Ordenación Territorial del Estado Vargas, incluyendo en él las observaciones y recomendaciones pertinentes producto del proceso de análisis indicado en el punto anterior e incorporando los aportes productos de consultorías especificas y otros estudios, tales como Áreas Marino Costeras, Mapa de Riesgos, Minería, Patrimonio Cultural y el Plan de Ordenamiento y Reglamento de uso del Área de protección y Recuperación del Estado Vargas (Eje Arrecife – Los Caracas), así como el análisis de las leyes sancionadas después de diciembre de 2001 y de las Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001 – 2007 y del Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001 – 2007.
Todas las actividades descritas se realizaron bajo la coordinación de la Dirección de Planificación y Ordenación del Ambiente del MARN, a través de la Geógrafo Alicia Hernández y la Urbanista Giselle Croce y la Urbanista Oly Becerra en representación de la Dirección Ambiental Estadal Región Capital, Secretaria Técnica de la Comisión.
Los objetivos del POTEV, indicados en este documento son el producto de un análisis efectuado en varias etapas. En la primera etapa, es el resultado de un taller de trabajo en el que participaron los diferentes integrantes del equipo inicial del POTEV, como se describió en la parte metodologica, del cual resultaron sesenta y ocho objetivos, que constituyen una síntesis diagnóstica de la situación actual y, una visión de la situación objetivo deseable y factible del proyecto, los cuales se enumeran en el Anexo No.2.
En la presente etapa, de la formulación del POTEV, realizada en el año 2002, este conjunto de objetivos formó parte del análisis y revisión realizado en los talleres donde participaron los organismos que integran la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio del Estado Vargas y otras instituciones. Como producto de este análisis, se integraron aquellos objetivos coincidentes, resultando como objetivo fundamental y específicos del POTEV, los que a continuación se señalan:
Objetivo fundamental: Regular y promover el uso racional del espacio, a los fines de lograr el mayor bienestar de la población, la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, así como la seguridad y defensa nacional.
1. Mejorar la calidad de vida de la población, mediante la promoción del desarrollo socioeconómico del estado, en concordancia con las políticas de desarrollo nacional y regional, garantizando un patrón ordenado de ocupación con una mejor distribución de la población y una localización mas segura de sus actividades en armonía con las potencialidades y restricciones físico-naturales en su condición de estado costero.
2. Garantizar la óptima dotación de servicios públicos para el desempeño de
las actividades cotidianas de la población, a la vez que lograr espacios para el desarrollo de su especificidad histórica y cultural mediante la reducción de los problemas ambientales, especialmente el control de la contaminación
y el manejo adecuado de los desechos.
3. Ampliar y diversificar la base económica, a partir de la variedad de recursos
y oportunidades naturales del Estado Vargas reforzando la agricultura, la pesca y el turismo y la recreación.
4. Insertar las acciones de gestión de riesgos en el estado, mediante la consideración de las amenazas de origen natural y tecnológico, a las que esta expuesta la población y sus actividades productivas y reduciendo las condiciones de vulnerabilidad actuales.
5. Promover la localización de la población en lugares mas seguros y acordes con la capacidad de soporte del espacio, para conformar un sistema de centros que permita de manera equilibrada brindar servicios adecuados a la población y cumplir con las funciones estratégicas del estado.
6. Armonizar la ordenación territorial del Estado Vargas, con la planificación del desarrollo económico y social de la Nación y con la preservación y difusión de sus valores autóctonos, patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, costumbres tradicionales, arte popular y habilidad de sus pobladores.
7. Fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
8. Garantizar mediante programas de conservación de cuencas la utilización de tierras de alta calidad agro-ecológica, importante recurso natural para el desarrollo sostenible en la entidad federal.
9. Garantizar y consolidar el desarrollo de los recursos pesqueros que permita orientar la localización de actividades y servicios relacionados con la pesca.
10. Asegurar el abastecimiento de las demandas de agua para el desarrollo sostenible de la entidad mediante la evaluación de los abundantes recursos hidráulicos disponibles.
11. Promover el turismo y la recreación como actividades prioritarias y hacer del estado un polo para el turismo nacional e internacional.
12. Conservar la belleza natural para garantizar un ambiente de alta calidad escénica.
13. Conformar un sistema de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial que responda a sus objetivos de creación y contribuya plenamente al desarrollo económico y social del Estado Vargas.
14. Garantizar la gestión integral de la zona costera y el espacio aéreo y las actividades que en dichos espacios se desarrollan.
15. Desarrollar el marco institucional y legal del Plan de Ordenación del Estado Vargas, basado en la cogestión, propiciando que los ingresos derivados del aprovechamiento de los recursos, se reinviertan en su ejecución.
16. Desarrollar la gestión ambiental y territorial en el Estado Vargas como una experiencia referencial para la nueva política ambiental venezolana utilizando la cuenca como espacio de cogestión.
17. Utilizar la participación y la coordinación como elementos claves en la gestión, donde un conocimiento ambiental socialmente compartido, genere conductas que permitan aprovechar las potencialidades y atender a las amenazas del ambiente.
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTADO VARGAS Y ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
El Estado Vargas posee un paisaje geográfico constituido por una angosta faja de terrenos, cuya composición rocosa data de los períodos Precretáceos, época en la que permanecieron hundidos bajo las aguas del Caribe por muchísimo tiempo, para emerger luego en el período Terciario, con una composición geológica de neises y rocas esquistosas y algunos estratos calcáreos.
Forma parte de la serranía del litoral de la cordillera de la costa, que se extiende en sentido este oeste paralelamente a la costa. Los afloramientos predominantes se agrupan en tres tipos de materiales: roca meta sedimentaria de las formaciones Peña de Mora, Las Brisas y Tacagua, rocas ígneas básicas y material aluvial de origen reciente. El relieve se caracteriza por estar interrumpido en dirección oeste - este, por un abra profundo que da paso a la formación del Valle de Tacagua, con laderas de grandes pendientes que a menudo se internan en el mar. La Cordillera de la Costa posee una fila principal denominada Fila Maestra (en la zona comprendida a partir del Abra Tacagua), en dicha fila, se ubican varios topos y picos, siendo de los más importantes el pico de El Ávila (2.159 msnm.); la Silla de Caracas, con 2.478 msnm.; y el Pico Naiguatá con 2.765 msnm, éste último el más elevado de la Cordillera de la Costa.
Se extiende desde el río Maya, donde colinda con el Estado Aragua, hasta el río Chuspa donde limita con el Estado Miranda. Por el sur comienza con el Peñón de Gabante, al oeste, sigue la Fila Maestra de la Cordillera de la Costa hasta el Alto Irapa, para luego continuar en dirección norte por la Fila El Topito hasta el Cerro de Peonía, donde sigue por la fila hasta el Cerro Negro. Desde este punto, en dirección al este, corta la Quebrada de Tacagua y continúa por la Fila Maestra hasta el Pico de Capaya, donde nace el río Chuspa.
Tiene una extensión Territorial de 1.496,5 km 2 . Su clima tropical es muy cálido en las partes bajas por la influencia de la costa, y templado en sus zonas de montaña, lo que facilita contrastes estimulantes para los visitantes. Es definido como semiárido e isotermo, varía según la altitud, en las zonas inferiores a los 400 metros sobre el nivel del mar predomina las altas temperaturas tendiendo como media 26.1º C con precipitaciones poco frecuentes. A partir de esta cota se dan temperaturas mas templadas, con medidas anuales de 14.7C y lluvias mas frecuentes e intensas.
El Estado Vargas cuenta con un sistema hidrográfico entre cuyos ríos más importantes, se tienen el Chuspa el Caruao, formado por los brazos del río Grande y el Agua Caliente; el río Panecillo y el río La Sabana en La Sabana. los pequeños
ríos San Juan y Santa Clara río Urama. En Todasana se tiene el río del mismo nombre, igual sucede con Oritapo y el pueblo de Osma. En Los Caracas se encuentran El Botuco y Paradero; en Camurí Grande, Naiguatá, Anare y Uria, desembocan ríos que toman igualmente el nombre de la respectiva población. En Caraballeda los ríos Tanaguarena y San Julián, de mediano caudal. El río San José de Macuto que desemboca en Macuto, nace en Galipán. La Quebrada de Germán (que surge de Todo Flores y el río Osorio), se encuentra ubicada en La Guaira.
En Maiquetía la Quebrada de Mapurite y Algarín y el río Piedra Azul; el río La Pedrera en Mare, El Piache y el Mamo en Catia La Mar; en Carayaca, por su parte, se encuentran los ríos Maya, Limón, Petaquirito, Chichiriviche y Uricao.
Desde el punto de vista político administrativo, el Estado Vargas está dividido en once parroquias, estas son: Caraballeda, Carayaca, Carlos Soublette, Caruao, Catia La Mar, El Junko, La Guaira, Macuto, Maiquetía, Naiguatá y Raúl Leoni. Su capital es La Guaira.
5. 2.1 El proceso de Ocupación de Territorio del Estado Vargas
Antes de la llegada de los conquistadores españoles (1555), a lo que es hoy el Estado Vargas, los aborígenes formaban una población dispersa constituida por una serie de tribus independientes unas de otras, sin unidad social ni política y su cultura carecía de uniformidad. El grupo cultural más importante presente en este territorio era el grupo de los Caribes de la Costa, que se extendía a lo largo de la franja litoral Centro Norte y Nor-oriental del país. Su base de sustento era básicamente la agricultura.
Esta cultura se asentaba en lugares tales como Chichiriviche, Catia, Guaicamacuto, Amanaure, Naiguatá, Anarigua, Guaimacuare, Caruao, Chuspa, Aricagua e Higuerote. Estos asentamientos eran relativamente estables, distribuidos en aldeas semipermanentes.
El posterior afianzamiento de población en el área, durante la época de conquista, la colonia y la época republicana, dependió en gran medida de la existencia de estos grupos de población que, en diferentes épocas y períodos dieron origen a las actuales ciudades del Litoral Varguense, conservando inclusive sus nombres
primigénios o en otros casos cambiando como el de la ciudad de Caraballeda que se fundó en el sitio donde estaba inicialmente Amanaure. 5
La descripción de este proceso de ocupación del territorio en el Estado Vargas, desde el poblamiento aborigen, continuando con la época de la conquista y el periodo colonial, hasta arribar a la Venezuela Republicana y su desarrollo en el siglo XX, en el cual la ocupación del espacio del Estado Vargas ha sido determinada por el rol de liderazgo que jugo la Región Central y en particular la ciudad de Caracas como capital de la República de Venezuela y la nueva dinámica definida por el flujo monetario originado por la actividad petrolera que conlleva a la centralización del poder y la integración territorial, así como el papel que el Puerto y Aeropuerto y las diferentes actividades económicas tienen en este proceso, se explica en forma detallada en el Anexo 3.
5.2.2 La saturación del espacio. Sus consecuencias
El continuo proceso de ocupación que se describe en el documento respectivo y en el referido Anexo 3, llevó al límite de saturación al espacio del Estado Vargas, en virtud de sus restricciones principales: un territorio mayormente montañoso con pronunciadas pendiente, una estrecha franja litoral, poca disponibilidad de tierras planas, problemas para la dotación de servicios básicos, un territorio cuya mayor superficie pertenece al Parque Nacional El Ávila y a otras figuras jurídicas de protección. Este mismo proceso ha tenido sus consecuencias socialmente indeseables.
Paralelamente a la expresión física del acontecer económico de este territorio, se manifiesta también la aparición, la ampliación y la conformación de áreas marginales y barrios. En la medida en que las disponibilidades del recurso urbanizable, de por sí escaso, se hace más exiguo, se profundiza el problema. Este tipo de desarrollo no controlado (viviendas marginales) se ubica espacialmente en aquellos terrenos donde la pendiente es mayor al 40%, y en las inmediaciones de las quebradas existentes y en muchos casos sobre la cota 120, límite del Parque Nacional El Ávila.
Estos asentamientos eran más evidentes en las parroquias Catia La Mar, Naiguatá y Carayaca. La primera por ser el centro empleador principal y que ha mantenido esta característica a través de los años. Para 1983 la OMPU, evidencia en un estudio sobre desarrollos no controlados que entre 1976 y 1983 las parroquias donde habían aparecido barrios nuevos eran Maiquetía y La Guaira. Ya para 1990, estas dos parroquias junto con Catia La Mar concentraban el mayor número
5 “Relación de nuestra señora de Caraballeda con Santiago de León de Caracas”. En: relaciones geográficas de Venezuela.
L. Alvarado. pp. 307.
de barrios. Una cronología de la ocupación del territorio por las áreas marginales al nivel de parroquias puede observarse en el Cuadro N° 5.1.
Cuadro N° 5.1. Cronología de la ocupación del área de estudio
Antes 1.946
1.947 – 57
1.958 - 67
1.968 – 77
Después 1.978
Blanquita de Pérez 27 de Julio
Fuente: FUNDACOMÚN, 1978.
5.2.3 Evolución político territorial del Estado Vargas
El primer cabildo (Concejo Municipal) en lo que es hoy el Estado Vargas, se constituyó con la fundación de la Villa del “Collado” el 18 de Noviembre de 1560.
Después de la Independencia de Venezuela, en 1825, la Provincia de Caracas tenía varios cantones. El Cantón de La Guaira contaba con un Concejo Municipal. En 1850 se crea el nuevo Cantón de Maiquetía constituido por cuatro parroquias:
Maiquetía, Carayaca, Tarmas y Olivares. La Guaira tenía seis parroquias: Bolívar, Sucre, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Caruao; cada Cantón tenía su Concejo Municipal cantonal.
En 1864 se crea el Distrito Federal, y el nueve de Marzo de ese mismo año se establecen los Departamentos Libertador (Caracas), Vargas (La Guairas) y Aguado (Maiquetía) funcionando en cada uno un Concejo Departamental constituido por varios concejales designados y presididos por uno de ellos; en 1868 desaparece la figura del Distrito federal y se crea la del Estado Bolívar.
EL 17 de Julio de 1872, Antonio Guzmán Blanco, crea de nuevo el Distrito Federal, también aparecen los Concejos Municipales constituidos por miembros elegidos en votación popular y presididos por un Corregidor designado por el Ejecutivo Nacional. Desde esa fecha hasta 1900, las poblaciones experimentan cambios administrativos y de nombres; por decreto del 2 de Julio de 1900. los Departamentos Vargas y Aguado pasaron a formar parte del Distrito Federal y su capital será Caracas.
En 1901, mediante decreto del presidente Cipriano Castro, el Distrito Federal quedaba dividido en dos Departamentos: Libertador (Caracas) y Vargas (con todas las parroquias del Litoral Central).
En 1904, tenía además de los Departamentos Libertador y Vargas, a Guaicaipuro, Sucre e Isla de Margarita.
En 1936, el Distrito Federal estaba constituido por los Departamentos Libertador y Vargas con un solo Concejo Municipal ubicado en Caracas. El 7 de Enero de 1966 se crea la parroquia Catia La Mar por acuerdo del Concejo Municipal del Distrito Federal.
El 15 de julio de 1986, se puso el ejecútese a la nueva Ley Orgánica del Distrito Federal, que lo divide en dos Municipios: Libertador y Vargas, creándose para este último el Concejo Municipal y su capital es La Guaira.
En 1990 se hace reforma a la Ley Orgánica del Distrito Federal y al Concejo Municipal de Vargas, se eligen por votación directa a los concejales y alcalde, por primera vez el Municipio tendrá autonomía, además, a las ocho parroquias se le agrega la del Junko, creada años antes.
En 1997, el Municipio Vargas se transforma en el Territorio Federal Vargas contando con un solo municipio el cual consta de nueve parroquias: Carayaca, El Junko, Catia La Mar. Maiquetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Caruao. El Ejecutivo Nacional nombra un gobernador y demás autoridades dependientes de este.
El 1 de Enero de 1998 el Territorio Federal Vargas se convierte en estado Vargas siendo la entidad estadal número 23 del país, se nombra un gobernador y se designa una Asamblea Legislativa, posteriormente las autoridades son elegidas por votación directa.
El Estado Vargas tiene una superficie de 1.946,5 km 2, su capital es la ciudad de La Guaira, está constituido por un solo Municipio con su Concejo Municipal, tiene once parroquias, ya que a las nueve existentes se le agregaron las de Carlos Soublette y Raúl Leoni derivadas de las parroquias Catia La Mar y Maiquetía, respectivamente.
6.1. LAS VARIABLES FÍSICO NATURALES-CONDICIONANTES DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
El análisis del clima, junto a otras variables físico-naturales, tiene una importancia determinante en la ordenación territorial, por su marcada incidencia en la disponibilidad de agua, en las condiciones de habitabilidad, la capacidad productiva de la tierra, los riesgos de ocupación de los asentamientos humanos en áreas críticas y la determinación de los probables impactos generados por el aprovechamiento de los recursos naturales y la ocupación del espacio.
6.1.1. El Clima y las Zonas de Vida
El clima. Factor generador de fuertes contrastes territoriales
Para el análisis de las características climatológicas del Estado Vargas, se ha utilizado la información existente en el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), Dirección de Hidrología y Meteorología. La información disponible para el sector costero se considera suficiente y permite analizar en forma detallada sus características climatológicas. En la zona montañosa la situación es diferente, debido a la escasez de registros sobre algunos parámetros climatológicos, especialmente precipitación evaporación y temperatura, fue necesario la aplicación de ecuaciones para estimar datos, tales como en el caso de la fórmula de Gradiente Altimétrico, la cual relaciona la altitud sobre el nivel del mar con la temperatura media anual, y la ecuación de Thornthwaite para el estimado de la Evapotranspiración potencial
Para el análisis de precipitación regional se recopiló información para 25 estaciones climatológicas identificadas en el Cuadro N° 6.1. La evaluación de la distribución geográfica de la precipitación anual muestra fuertes contrastes a lo largo de la costa, donde destaca: 1) un sector seco desde Puerto Maya hasta Arrecife (600 mm/anuales), 2) un bolsón muy seco en los alrededores de Mamo (325 mm/anuales), 3) una franja seca desde Maiquetía hasta Anare (600-800 mm/anuales) 4) una zona ligeramente húmeda que comprende desde Los Caracas a La Sabana (1100- 1500 mm/anuales y 5) un sector muy húmedo conformado por Caruao y Chuspa (1800 mm/ año)
En la zona montañosa la cantidad de lluvia muestra variaciones más estrechas, como por ejemplo: Carayaca y Petaquire- Dique con 850-900 mm/año y el sector montañoso al norte de la Colonia Tovar con (1200-1400 mm/año). En la zona montañosa del Parque Nacional El Ávila, no existen estaciones climatológicas con registros que permitan un adecuado tratamiento de la caracterización climática en
la vertiente norte de la serranía ubicada dentro de los linderos de la entidad federal. No obstante, para cubrir algunos efectos en los bordes del área estudiada se utilizó la Estación Los Venados, a pesar de su corto periodo de registro.
Cuadro N° 6.1. Estaciones Climatológicas Utilizadas en el Área de Estudio.
Pp. mm
1.Puerto Maya
2.Puerto Cruz
3.Pto.Chichiriviche
4.Puerto Oricao
5.Mamo Esc. Naval
6. Maiquetía-Aerop.
7.Macuto
8.Caraballeda
9.Naiguatá
10.Anare
11.Los Caracas
12.Osma
13.Oritapo
14.Todasana
15.La Sabana
16.Caruao
17.La Guitarrita
18.El Portachuelo
19.Alto Ño. León
20.Colonia Tovar
21.Petaquire Dique
22.Carayaca
23. La Peñita
24.Hda. El Naranjal
25 Los Venados

References: artículo 13
 artículo 299

Artículo 299
 artículo 112
 artículo 236
 artículo 187
 artículo 185
 artículo 166
 artículo 182
 artículo 128

Artículo 2
 artículo 77
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 20