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Timestamp: 2020-08-03 15:47:41+00:00

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Registro Oficial No 139 - Lunes 16 de Junio de 2014 Edicion Especial
Última modificación: Martes, 05 de agosto de 2014 | 15:25
Lunes 16 de Junio 2014 - R. O. No. 139
344-2009 Franklin Omar Vásconez Coca
699-2009 Edwin Geovanny Escobar Álvarez y otros
357-2010 Aída López Benavidez
785-2010 Delgilyov Oleksander y otro
298-2010 José Alejandro Medina en contra del Director Regional del SRI
301-2010 Imprenta Mariscal Cía. Ltda., en contra del Director General del SRI.
302-2010 Wilson Fabián Muñoz Andrade contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana
309-2010 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas
314-2010 Señor Fabio Micheletti representante legal de Megadatos S.A. en contra de la Administración Tributaria Aduanera Ecuatoriana
315-2010 Señor Nathanael Alberto Brown, representante legal de la Asociación de Iglesias Misioneras del Ecuador, en contra del Juzgado de Coactiva del Municipio del Cantón Atacames
317-2010 Ingeniero Carlos Leonardo Bowen, Padilla representante legal de Autoridad Portuaria de Manta, en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas
318-2010 Doctor Xavier Eduardo Granja Cisneros, representante legal de la Compañía Andinatel S.A., en contra del Director Regional Norte del Servicio de Rentas Internas
321-2010 Autoridad Portuaria de Manta, en contra del Director Regional del SRI.
326-2010 Señor Jaime Fernando Villavicencio León representante legal del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas
328-2010 Lidia Sehmollgruber, en contra del Recaudador de Coactivas del SRI
329-2010 Señor Juan Xavier Guevara Vasco en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas
No. 344-2009
SENTENCIADO: Franklin Omar Vásconez Coca.
DELITO: Tráfico ilegal de migrantes.
PONENTE: Dr. Luis Moyano Alarcón.
Art. 141 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Quito, Diciembre 5 del 2011; a las 15H00.
VISTOS: El procesado FRANKLIN OMAR VÁSCONEZ COCA ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por el Segundo Tribunal Pena de Pichincha en día 16 de abril de 2008 a las 12h00 en la cual se le declara culpable del delito tipificado y sancionado en el Art. 440.A del Código Penal, imponiéndole la pena modificada de UN AÑO, UN MES Y VEINTE UN DÍAS DE PRISIÓN. El recurso presentado por el recurrente fue debidamente fundamentado, habiéndose corrido traslado con el mismo al señor Fiscal General del Estado, quien contestó, de conformidad con lo que establece el Art. 354 del Código de Procedimiento Penal. Siendo el estado de la causa el de resolver para hacerlo se considera: PRIMERO JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- E Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación interpuesto de conformidad con la ley, en virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral la disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el R.O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral séptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R.O. No. 479 del 2 de diciembre del 2008; Resolución dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre de 2008, publicada en el R.O. No. 511 de 21 de enero del 2009 y el sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de Jueces Nacionales de esta Primera Sala de lo Penal, avocamos conocimiento del presente juicio penal. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera Acarrear su nulidad; por lo que te Tribunal de Casación declara la validez de esta causa penal.- TERCERO: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO.- Al momento de fundamentar su recurso FRANKLIN OMAR VÁSCONEZ COCA manifiesta que se ha dictado en su contra una sentencia condenatoria en la que se hace una falsa aplicación de la ley, ya que no se tomó en cuenta la aplicación del Convenio de La Apostilla, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, a más de las pruebas evacuadas en audiencia de juzgamiento lo que motivó que el Ministerio Público se abstuviera de acusarlo al igual que el Dr. Juan Genaro Mora, en su calidad de Presidente del Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha dictara voto salvado, en el que -según el casacionista- haciendo una correcta valoración de la prueba absolvió al compareciente, basándose en el Art. 36 del Código Penal. Señala que en la sentencia recurrida, se violaron los Arts. 303, 250, 252, 79, 83 y otros del Código Adjetivo Penal, al desconocer la prueba presentada en favor del recurrente, refiriéndose, particularmente a la autorización otorgada ante Notaría Pública de los Estados Unidos de Norteamérica. Añade también que se solicitó Asistencia Penal Internacional con fecha 8 de mayo de 2007, basándose en los Arts. 1, 3, 7 literal b), y 12 de la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal, dentro de los resultados de dicha asistencia se encuentran: ?1. Que el Sr., Elvis Segundo Yancha Lansaquisa, padre del menor Elvis Adrián Yancha Lasluisa, solicitó a. Francisco X. Corral que le ayude a llevar a su hijo menor a los Estados Unidos; .2. Que Francisco Corral, faltando a la verdad, y remitiendo un poder que si fue otorgado en los Estados Unidos, solicita al compareciente que lleve a su supuesto hijo, lo cual resultó un engaño; 3 Que el Sr. Elvis Segundo Yancha Lansaquisa padre del menor Elvis Adrián Yancha Lasluisa, nunca conoció al compareciente, esto es Franklin Omar Vásconez Coca.? Finaliza su escrito de fundamentación solicitando se case la sentencia impugnada. CUARTO: DICTAMEN FISCAL.- En lo principal de su dictamen el Fiscal General del Estado de ese entonces, Dr. Washington Pesántez Muñoz, manifiesta que se encuentra justificada y comprobada la infracción tipificada y sancionada en el Art. 440. A del Código Penal y la responsabilidad del recurrente como autor de la misma con las siguientes diligencias: 1.- Partida de nacimiento del menor Elvis Adrián Yancha Lasluisa, nacido en la ciudad de Ambato el 14 de mayo de 1999; .2.- Copias certificadas de la DINAPEN, sobre la entrega de dicho menor en el Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito y que dicho menor se encontraba acompañado de Franklin Omar Vásconez Coca; 3.- Oficio suscrito por la Agencia de Viajes ?Delgado Travel?, en el que se certifica la adquisición de pasajes a nombre del menor Francisco Javier Corral, no obstante que quién realmente viajaba era el menor Elvis Adrián Yancha Lasluisa; 4.- Testimonio del Cabo de Policía Víctor Hugo Pillicita Vargas, quién señala que realizó la experticia de los dos pasaportes teniendo como resultado que el pasaporte proveniente de Estados Unidos se encontraba a hombre de Corral Francisco Javier; 5.- Testimonio del Cabo de Policía Carlos Marcelo Benalcázar Ruiz, quién señala que como perito - documentólogo, establece que el sello de pasaporte de Francisco Javier Corral, no corresponde con el sello de la Policía; 6.- Testimonio de la Subteniente Policía María Belén Meza Burgos, que señala con detalle que cuando el se encontraba en el counter de salida de pasajeros a los Estados Unidos de Norteamérica en el Aeropuerto ?Mariscal Sucre? se acercó el Sr. Franklin Omar Vásconez Coca en compañía de un menor, habiendo establecido que en el pasaporte del Sr. Vásconez Coca no había ninguna novedad, pero que en el pasaporte del menor se detectaba a simple vista que no era igual al de la foto que constaba en el documento; 7.- Testimonios de: Cabo de Policía Alex Vicente Tapia Castillo, Cabo Primero de Policía Diego Eduardo Guayaquil Peñafiel, Sra. Mercedes Lasluisa Moreno, tía del menor, de la Sra. Clare Louise Margaret St. Lawrence, y finalmente del testimonio del acusado Franklin Omar Vásconez Coca. Señala -el Dr. Pesántez- que los miembros del Segundo Tribunal Penal de Pichincha han realizado una valoración ponderada y equilibrada en aplicación de las reglas de la sana crítica, de la prueba aportada en juicio, por lo que solicita se deseche el recurso de casación interpuesto. QUINTO: CONSIDERACIONES DE LA SALA.- La casación tiene carácter de un recurso extraordinario que solo procede en los casos expresamente determinados en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, el cual prevé tres motivos taxativos para la admisibilidad de este recurso por violación de la ley material, que son: contravención expresa de la ley; indebida aplicación o errónea interpretación, todos estos motivos refieren como se deja expresado en la ley sustancial, lo que hace que cada una de ellas tenga su propia individualidad con características y circunstancias que las diferencia o las distingue. No es posible en el recurso de casación efectuar una valoración de la prueba, esta es una facultad soberana del Juzgador de Instancia y precisamente por el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, el cual en su sentencia de mayoría ha declarado culpable a FRANKLIN OMAR VÁSCONEZ COCA por el delito tipificado y sanción o en el Art. 440.A del Código Sustantivo Penal, y más aún, si tomamos en cuenta que la sentencia ha sido atenuada en consideración a las condiciones impuestas en el Art. 29, en sus numerales 6 y 7 del Código Penal y en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 72 del mismo cuerpo legal. Se ha valorado el voto salvado del Dr. Juan Genaro Mora, miembro del Segundo Tribunal Penal Pichincha, quién ha considerado los resultados de la asistencia penal solicitada por la parte acusada a Estados Unidos para determinar la inexistencia del dolo en la conducta presentada por Vásconez Coca, dichos resultados se refieren a las siguientes condiciones: ?1.-Que el Sr, Elvis Segundo Yancha Lansaquisa, padre del menor Elvis Adrián Yancha Lasluisa, solicito a Francisco X Corral que le ayude a llevar a su hijo menor a los Estados Unidos 2.- Que Francisco Corral,? faltando a la verdad, y remitiendo un poder que si fue otorgado en los Estados Unidos, solicita al compareciente, que lleve a su supuesto hijo, lo cual resultó un engaño:3. Que el Sr. Elvis Segundo Yancha Lansaquisa, padre del menor Elvis Yancha Lasluisa, nunca conoció al compareciente, esto es Franklin Omar Vásconez Coca?. Situaciones de las que se infiere la falta de dolo en el accionar de Franklin Omar Vásconez Coca, motivo por el cual el Dr. Toainga -Fiscal de Pichincha- se abstuvo de acusar en la Audiencia de Juzgamiento ya que existe la prueba de desplazamiento de culpabilidad en virtud del engaño al que fue sometido el acusado; de igual manera el referido Juez valoró la falta de contacto previo al viaje del sujeto procesal con el menor y los continuos viajes que realiza Vásconez Coca al Ecuador, demostrando que ninguno de ellos está relacionado con este fin. Es necesario analizar la figura del desplazamiento de culpabilidad determinado en el Art. 36 del Código Sustantivo Penal, el cual nos indica:?Art 36. -Cuando la acción u omisión que la Ley ha previsto como infracción es, en cuanto al hecho y no al derecho, resultante del engaño de otra persona, por el acto de la persona engañada responderá quien le determinó a cometerlo?; de la norma indicada y en aplicación de ella al caso que nos ocupa se infiere que el acusado en la comisión del delito carecía de conocimiento de los hechos que se encontraba realizando teniendo estos, una calidad de resultados de un engaño presumiblemente doloso por parte de Francisco X. Corral, quién deliberadamente entregó por medio de su madre, al niño -cuya identidad no correspondía con la del propietario del pasaporte- y los documentos que acompañaban a éste. Descrita de esta manera la situación y en consideración a los resultados de la pericia practicada por la asistencia penal solicitada, nos encontramos frente a un desplazamiento de culpa en las condiciones ya descritas en el Código Penal; al respecto, se hace menester recordar la definición de error que nos da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: ?Concepto equivocado o juicio falso?, mientras que en el campo del derecho se le considera como una auténtica causa de inculpabilidad, en la que no existe dolo alguno, aunque contempla la posibilidad de que pueda provenir de culpa. Es preciso incluir lo que nos dice Aguado de la Cuesta al respecto: ?los supuestos de inexigibilidad, pueden ser agrupados dentro de tres categorías: [. . .J y una tercera en que la ¡inexigibilidad vendría dada por las circunstancias fácticas concretas del individuo en el momento de la comisión del hecho. ?Es decir, el nexo causal existente entre el acusado y el hecho fáctico del que se le acusa, genera duda en el órgano juzgador respecto a la responsabilidad del acusado, y más aún si tomamos en cuenta la existencia de acervo probatorio insuficiente para determinar su culpabilidad. Se hace menester, en este punto, determinar la importancia de la perspectiva que la Sala tiene sobre la duda razonable, figura, a la que se le considera en resolución N° 1112-2003 como un ?estado de indecisión respecto la existencia del delito y su responsabilidad; en el campo del derecho procesal penal sólo se puede castigar a una persona si se ha llegado a la plena certeza sobre su responsabilidad en la comisión del hecho imputado?. Basada en esta consideración la Sala observa que la insuficiencia probatoria es incapaz de desvirtuar la presunción de inocencia determinada en la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 76 numeral 2; o a su vez la aplicabilidad de la institución conocida como in dubio proreo, dicho precepto universal no solo debe aplicarse de , manera exclusiva y excluyente al momento de expedirse la sentencia, también debe aplicarse en cualquier estadio procesal, de tal forma, que el juzgador al observar en la cadena probatoria que no encuentra certeza acabada de la certeza de responsabilidad atribuida al acusado, ya sea porque aparecen motivos divergentes que disminuyen la probabilidad, cómo por ejemplo la prueba interrumpida, declaraciones inconexas excluyentes y/o contradictorias, insuficiencia de acervo probatorio dará como resultado una carencia de certeza, como en la que ha incurrido -a vista de la Sala- el Tribunal Juzgador. Esta certeza debe ser el resultado de la valoración razonable de los medios de prueba practicados en el proceso penal. La clase de certeza a la que se hace referencia, es definida por FRAMARINO ?La certeza es un estado subjetivo que el cual no debe considerarse como independiente de la realidad objetiva pues se trata de un estado sicológico producido por la acción de las realidades percibidas y por la conciencia de esas percepciones?, se erige, entonces, a partir de evidencias físicas y siguiendo la línea de GERMAN PABON, coincide la perspectiva de la Sala en señalar que estamos frente a un estado objetivo-subjetivo, en el que, la verdad objetiva es aprehendida por la mente en carácter de síntesis con ausencia de dudas, previa observación, previa valoración de los fenómenos averiguados, analizados por separado y en conjunto en sus múltiples interrelaciones, complementos y contradicciones. Finalmente debemos indicar que al arribar a la certeza es encontrarnos en el nivel de verificación, sin embargo, esto no significa el último estadio del proceso de conocimiento, ya que frente a la verdad absoluta relativa e internalizarla podemos también estar frente a niveles de rectificación. Máxime que ?la verdad y certeza no siempre coinciden, y el entendimiento puede tener por cierto lo que objetivamente es falso o dudar de lo que objetivamente es verdadero o tener por cierto lo que objetivamente es probable?. Por otro lado, nos encontraríamos frente al dilema de la exigibilidad de responsabilidad por parte del acusado frente al Estado, el cual debe en todo caso, exponer y expresar su capacidad de legitimación para la presunción de responsabilidad y posterior cumplimiento de la pena por parte del sujeto procesal mediante el dictamen fiscal, el cual en primer nivel fue absolutorio, mientras que en audiencia de juzgamiento fue abstentivo. Debemos de igual manera considerar la aplicación incorrecta del Art. 36 del Código Penal. Por todo lo expuesto y ?ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA?, esta Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, al tenor del Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, casa en su totalidad la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, se ABSUELVE al recurrente Franklin Omar Vascones Coca del delito acusado.- Notifíquese y Devuélvase.
Fdo.) Dres. Luis Moyano Alarcón, Hernán Ulloa Parada y Milton Peñarreta Álvarez, jueces nacionales de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico.
RAZÓN: En la ciudad de Quito, hoy día lunes cinco de diciembre del dos mil once, a partir de las dieciséis horas, notifiqué por boletas con la nota en relación y la SENTENCIA que anteceden a: FISCAL GENERAL DEL ESTADO, en el casillero judicial No 669; y, a DARÍOS ORDÓÑEZ, DEFENSOR PÚBLICO, en el casillero judicial No 1537.- Certifico. f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
RAZÓN: Certifico, que las dos (2) copias que anteceden, son fiel copia de sus originales.- Quito, enero 3 del 2012.
f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator, Primera Sala Penal, Corte Nacional de Justicia.
No. 699-2009
SENTENCIADO: Luis Antonio Uyaguari Uyaguari.
RECURSO: Revisión.
PONENTE: Dr. Luis Moyano Alarcón
Art. 141 Código Orgánico de la Función Judicial.
(699-2009) - Quito, 8 de Noviembre del 2011, las 10h00. VISTOS: Con fecha 15 de febrero del 2007 a las 10H00, el Primer Tribunal Penal de Loja declara a LUIS ANTONIO UYAGUARI UYAGUARI, autor responsable del delito tipificado en el Art. 512, numeral 1 en concordancia con el 514 inciso segundo del Código Penal, y le impone la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial. Sentencia de la cual interpone recurso de revisión atento a lo dispuesto en los Artículos 360 numerales 3, 4 y 6 del Código de Procedimiento Penal. Una vez concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, y siendo el momento procesal de resolver, la Sala considera: PRIMERO.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto de conformidad con la ley, en virtud de lo dispuesto en el artículo 184, numeral 1, y la Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. No. 449, de 20 de octubre de 2008; numeral séptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional, publicada en el R.O. No. 479, de 2 de diciembre de 2008; la Resolución dictada por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre de 2008, publicada en el R.O. No. 511 del 21 de enero del 2009 y el sorteo de ley respectivo. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear su nulidad; por lo que este Tribunal de Casación declara la validez de esta causa penal.- TERCERO: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN.- El recurrente LUIS ANTONIO UYAGUARI UYAGUARI sustenta el recurso en las causales 3, 4 y 6 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal; en el que manifiesta: ? Los señores Vocales del Primer Tribunal de lo Penal de Loja, al haber pronunciado la sentencia no tomaron en cuenta que la denuncia presentada en mi contra fue formulada por mi esposa la señora Germania Macas Puchaicela, y según la disposición del Art. 45 del Código de Procedimiento Penal indica que ? no se admitirá denuncia de un cónyuge contra el otro?, y tampoco se observo que el señor Agente Fiscal incumplió la norma del inciso segundo del literal b) de los artículos mencionados, al no haber exigido que bajo juramento la denunciante exprese si se encuentra comprendida en las prohibiciones de este artículo, por lo tanto la denuncia no cumple con los requisitos puntualizados en la disposición del Art. 50 del Código Adjetivo Penal. El informe médico legal emitido el día 10 de mayo del 2006 por la perito Dra. Mercedes León O. es incompleto pues no contiene los gráficos que los médicos legistas agregan a los informes, esto debido a que la perito es médica cirujano, no tiene la especialidad en médica legistas y pediatra. Hecho que los juzgadores no tomaron en cuenta al momento de pronunciar sentencia. El Dr. Rodrigo Montero Correa Agente Fiscal del Distrito de Loja durante la indagación previa y la instrucción fiscal inobservó la disposición del Art. 126 del Código de Procedimiento Penal que habla sobre el testimonio inadmisible que dice: ? no serán obligados a declarar los parientes del acusado, hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni de su cónyuge, pero en el presente proceso se llegó a admitir las versiones de mi esposa, de mi propia hija y de mi madre política, la señora María Leandra Pinta Paccha, y el señor Juez Tercero de lo Penal y los miembros del Tribunal de lo Penal, no observaron este particular llegando en esta forma a perjudicarme con una sentencia que la considero completamente injusta. Manifiesta además que: El Presidente del Primer Tribunal de Loja, en la providencia del cinco de febrero del dos mil siete, señala para el día lunes doce de febrero del dos mil siete para que se lleve a cabo la audiencia reservada de juzgamiento, y el señor Agente Fiscal acusador, en su escrito de prueba entre otras cosas solicita las declaraciones de mi esposa Germania Macas Puchaicela, de María Leandra Pinta Paccha, de Rosa Flor Uyaguari Jiménez, de Susana Elizabeth Uyuaguari Macas, esto es de mi propia hija de los peritos Dra. Mercedes León Ojeda y de la Dra. Angelita Chalaco Vega. Más sucede que el día de mi juzgamiento, mi esposa, mi suegra y mi hija no se presentaron a dar su declaración, a pesar de que el señor Secretario del Tribunal hace constar que se han presentado y han sido juramentadas, pero en el acta de audiencia reservada de juzgamiento del día doce de febrero del dos mil siete, a las 9H00, NO constan dichas declaraciones conforme obra a fojas 64,65 y 66 de los autos del proceso, por lo tanto se ha violado la disposiciones del Art. 119 del Código de Procedimiento Penal, que en forma textual dice: ? La prueba testimonial se recibirá por regla general en la etapa del juicio ante el Tribunal Penal? los testimonios que se rindan ante el Tribunal serán grabados y las grabaciones se agregarán al acta de la audiencia? Estas informaciones solamente tendrán valor de prueba, cuando sean ratificadas mediante testimonio rendido en la audiencia?. Las copias que solicitó el acusador Agente Fiscal y que se encuentran agregadas al juicio tampoco tiene valor alguno por cuanto el acusador NO PIDIO QUE SE LAS JUDICIALICE. Si no existen tales declaraciones, no existen actas de los testimonios con las firmas del declarante, del Presidente y del Secretario, conforme lo estatuye el Art. 120 de la ley de la materia. Dichas constancias procesales carecen de valor jurídico. La Dra. Mercedes León Ojeda, perito médico legal se excusó de asistir a la audiencia oral de juzgamiento, que ese día se presentó la Dra. Rosa Enith Rodríguez a dar su declaración sobre el informe médico realizado a la menor sin que esa médica haya realizado el examen médico legal, ni haya sido nombrada, ni posesionada del cargo de perito, ni haya emitido informe alguno. De la razón sentada por el Teniente Político de la parroquia el Cisne, se desprende que la autoridad no pudo notificar a los testigos para que declararen en la audiencia oral de juzgamiento, porque el despacho llegó a destiempo?. CUARTO: DICTAMEN FISCAL.- El Dr. Washington Pesantez Muñoz, Fiscal General del Estado al emitir su dictamen manifiesta: ?Contra la sentencia, Luis Antonio Uyaguari Uyaguari, interpone recurso de revisión que lo fundamenta en las causales 3, 4, y 6 del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, y manifiesta: ?Que la denuncia fue presentada por su esposa Germania Macas cuando el artículo 45 del Código de Procedimiento Penal no admite la denuncia de un cónyuge contra el otro; la que además no reúne los requisitos del artículo 50 del mismo Código. El informe médico legal emitido por la Dra. Mercedes León es incompleto debido que la perito no tiene especialidad en medicina legal. Que se inobservó el artículo 126 del Código Procesal Penal pues se aceptaron testimonios inadmisibles de familiares del acusado. Que el día del juzgamiento, la esposa, suegra y la hija del recurrente no se presentaron a dar su declaración, a pesar que el Secretario del Tribunal hace constar que si se presentaron, sin embargo, en el acta de la audiencia reservada no constan dichas declaraciones, violándose el artículo 119 del Código de Procedimiento Penal, lo que ocasiona que dichas constancias procesales carecen de valor jurídico. A la audiencia de juzgamiento se presentó la Dra. Rosa Edith Rodríguez a dar su declaración sin que haya realizado el examen médico ni haya sido nombrada para el cargo de perito; por lo mismo, fue condenado a una pena sin haberse comprobado conforme a derecho la existencia del delito?. Asimismo expresa que: ?De acuerdo a los fundamentos de impugnación que ha invocado el recurrente, debemos advertir lo siguiente: Los presupuestos de la causal tercera del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, están vinculados al hecho de que la sentencia tenga como sustento la información proveniente de documentos o testigos falsos, o de informes periciales maliciosos o errados; mientras que por la causal cuarta del mismo artículo, se haya establecido, o se llegue luego a comprobar, que quien haya recibido sentencia de condena no tenga vinculación subjetiva con los hechos constitutivos del delito, y por lo tanto, se haya enervado el fundamento del juicio de culpabilidad. De lo anterior deducimos entonces, que para el primer caso, la actividad probatoria dirigirse de manera directa y positiva a comprobar que quienes prestaron declaración en el juicio proporcionaron datos o información falsos, esto es, no correspondientes a la verdad histórica del hecho y los antecedentes que fueron materia de juzgamiento, produciéndose una disparidad entre el entorno fáctico de los acontecimientos y lo que informó el testigo; y de otra parte , que se acredite la falsedad material o ideológica de aquéllos documentos cuyo contenido orientó los términos y motivos de la decisión que se impugna. En consecuencia, tanto para acreditar la falsedad de aquéllos documentos, cuanto para justificar la hipótesis relacionada a informes periciales maliciosos o errados, se requiere ineludiblemente la práctica de nuevos exámenes técnicos y científicos dirigidos a evidenciar dicha falsedad, o mostrar que las conclusiones y diagnóstico esbozados en las iniciales actuaciones periciales, adolecen de evidentes errores de determinación o de concepción producidos por utilización inadecuada de métodos, por informaciones impertinentes y extrañas al objeto de la pericia, o por manipulación negligente o deliberada, de manera que, las conclusiones referentes al caso o materia examinada son absoluta o relativamente diferentes a las inicialmente señaladas. Pero sobre estas cuestiones, el recurrente no ha realizado actividad alguna de comprobación, puesto que la recepción de testimonios relacionados a la conducta del acusado, o sobre hechos absolutamente ajenos a los términos de la impugnación, resultan ciertamente inoficiosos en la pretensión de justificar la concurrencia de las causales que se han invocado en el recurso. CUARTO: En cuanto a la causal cuarta del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, advertimos también que el recurrente no ha introducido medio de prueba alguna, ni mucho menos que sea idóneo y suficiente para comprobar que el procesado no es responsable del delito por el que lo acusó y condenó, desde luego que las aportaciones testimoniales obtenidas en el término de prueba del presente trámite, relativas como se tiene dicho a cuestiones extrañas al objeto del proceso, no satisface el propósito de descartar la relación subjetiva o de responsabilidad entre el acto y su autor, ni mucho menos puede estimarse que con declaraciones referenciales se logre enervar el sustento jurídico del juicio de reproche que esbozó el Juzgador y que lo obtuvo del mérito de la información probatoria formulada en el proceso principal. Y sobre la causal sexta del Art. 360 del Código Procesal Penal respecto a la comprobación conforme a derecho de la existencia material de la infracción, es de señalar que en el considerando cuarto de la sentencia el Juzgador realiza su actividad de valoración y análisis de los medios de prueba materiales y testimoniales formulados en el juicio, en especial la información y explicaciones que ofrecieron los Peritos Rosa Edith Rodríguez y Angelita Chalaco Vega en relación al reconocimiento médico ginecológico y la evaluación sicológica que se practicaron a la ofendida, de cuyos resultados el Tribunal justificó los fundamentos de su conclusión para declarar la existencia objetiva del delito de violación que fue materia del proceso, sin advertir que sobre este específico tema existan actuaciones de comprobación cuyas conclusiones técnicas establezcan lo contrario. Finalmente, resultan inadmisibles e impertinentes al objeto de un recurso de revisión, y a las causales que expresamente ha invocado el recurrente, las alegaciones que se esgrimen respecto a que la denuncia no reúne los requisitos legales, o que no debía admitirse su formulación por parte del cónyuge del procesado, o que no procedía la recepción de testimonios de familiares del acusado, primero, porque el recurso puede prosperar fundamentalmente con la presentación de nuevos medios de prueba o nuevos hechos, y no con meras alegaciones, y en segundo lugar, porque el inicio de la acción penal mediante denuncia que formulen los familiares del procesado, y la recepción de los testimonios de dichas personas, está expresamente autorizado en los casos que señala el artículo 77 numeral 8 de la Constitución en actual vigencia, y que en similares términos lo contemplaba el artículo 24 numeral 9 de la Constitución de 1998. Solicita a la Sala resuelva desestimar el recurso de revisión propuesto por Luis Uyaguari Uyaguari?.- QUINTO: ANÁLISIS DE LA SALA Y RESOLUCIÓN.- 1) El recurso de revisión es un medio extraordinaria para remover una sentencia injusta pasada en autoridad de cosa juzgada (en base a las causales determinadas por la ley), mediante un nuevo examen para comprobar el error judicial en que ha incurrido el juzgador, es decir cuando el juez se ha equivocado ?en el análisis de los elementos del delito, haciendo constar lo que, en efecto no existió, u omitiendo lo que, en realidad existió, entonces, ha lugar al recurso de revisión por cuanto no se ha comprobado legalmente la existencia de la infracción y si de hecho se declara que existió la infracción, se ha cometido, no un error de derecho en la calificación sino un error judicial?. (Zavala Baquerizo).- Este recurso permite revocar una sentencia condenatoria en firme, ejecutada o ejecutándose, cuando concurran una de las causales determinadas en el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, para ello, la ley exige la presentación de nuevas pruebas, excepto la causal sexta del referido artículo 360 el citado cuerpo de leyes. Para el profesor CLARIA OLMEDO en su obra ?Derecho Procesal Penal?, es objetable considerar a la revisión como un recurso en sentido estricto expresando que: ?mejor parece considerarlo como una acción impugnativa que persigue la revocación de una sentencia firme y anulación del proceso en que se pronunció, fundándose en circunstancias nuevas para la causa por ser recién conocidas o haberse presentado con posterioridad?. Participamos de considerar a la revisión como un verdadero recurso, que permite rever una sentencia condenatoria que se encuentra en firme y que no puede ser impugnada por medios normales.- 2) La Sala en providencia de 25 de mayo de 2009, a las 10H30, abrió el término de prueba por diez días, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 362 del Código de Procedimiento Penal, tiempo en el cual, el recurrente ha presentado y ha practicado nuevas pruebas tendiente a probar las causales invocadas como lo exige el inciso final del artículo 360 del mencionado cuerpo de leyes; toda vez, que al ser la revisión un recurso que ataca la cosa juzgada, quien impugna, está en la obligación de presentar nuevos hechos que desvirtúen aquellos que fueron declarados como verdaderos por el juzgador, y permita a este Tribunal revocar el fallo que le afecta; pues el recurso se contrae a examinar el error judicial; y en el presente caso, se debió demostrar que el sentenciado no es responsable del delito de violación que se le acusa; no basta solo enunciar la causal o causales y presentar pruebas que no tengan nada que ver con los hechos materia de la infracción penal, o solamente hacer una alegación impugnatoria de la resolución del inferior al momento de interponer el recurso, sino para que prospere el recurso de revisión, la ley exige la presentación de nuevas pruebas, las mismas que desvanezcan totalmente que el recurrente no es responsable del caso que se acusa, situación que no ha ocurrido en el caso sub-júdice.- 3) En el caso que nos ocupa el pretendido error de hecho, que el condenado no es responsable del delito que se habría incurrido en la sentencia, con relación a la causal 3era, 4ta y 6ta del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, le corresponde el onus probandi o la carga de la prueba al recurrente, las mismas que no se encuentran probadas con las actuaciones durante la sustanciación de la revisión, los nuevos elementos introducidos en la etapa probatoria de manera especial los testimonios de Luis Huiracocha Zaquinaula, Porfirio Sisalima Uyaguari, y Víctor Hugo Sizalima Ullayuguari, solamente dan fe de la conducta anterior del procesado, suponen que es inocente, que es un hombre trabajador, y que lo conocen por ser vecino de la parroquia ?El Cisne?, las demás pruebas ya fueron apreciados y valorados por el Tribunal inferior, no existe nuevos elementos procesales donde se pruebe que el Primer Tribunal Penal de Loja, sin tener la certeza de la existencia del delito y de su responsabilidad, pronunció el fallo condenatorio imponiendo al sentenciado Luis Uyaguari Uyaguari, la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial como autor del delito de violación, de manera que, con las diligencias practicadas, por el recurrente no ha podido justificar las causales tercera, cuarta y sexta (cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que se refiere la sentencia) del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, que fue invocada por el sentenciado en su escrito de fundamentación.- Sobre la base de lo expresado, y por cuanto no hay mérito para la acción revisoría propuesta, al no haberse justificado el error de hecho, ni que el sentenciado no es responsable del delito cometido en la sentencia impugnada, en virtud de las consideraciones que anteceden esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, acogiendo el dictamen fiscal ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, por improcedente se desecha el recurso de revisión interpuesto por el sentenciado LUIS ANTONIO UYAGUARI UYAGUARI. Devuélvase el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley.- Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Luis Moyano Alarcón, Presidente, Hernán Ulloa Parada, Juez Nacional y, Milton Peñarreta Álvarez, Juez Nacional.- Certifico. f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
RAZÓN: En Quito, hoy día martes ocho de noviembre del dos mil once, a partir de las dieciséis horas notifiqué por boletas con la nota en relación y la SENTENCIA que anteceden a: FISCAL GENERAL DEL ESTADO, en el casillero judicial No 1207; a GERMÁN MACAS, en el casillero judicial No 4378; y, a LUIS ANTONIO UYAGUARI UYAGUARI, en los casilleros judiciales No 4912 y 5611.- Certifico.- f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.
RAZÓN. Certifico que las cuatro (4) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, enero 3 del 2012.
No. 357-2010
SENTENCIADA: Aída López Benavidez.
Quito, 29 de noviembre del 2011.- Las 11h00.
VISTOS: La sentenciada AIDA LOPEZ BENAVIDEZ, interpone recurso de casación de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha, de fecha 15 de abril del 2010, a las 9H15, donde se le impone la pena modificada de CUATRO AÑOS de reclusión mayor ordinaria, por ser autora del delito tipificado y sancionado en el inciso primero del Art. 257 del Código Penal. Fundamentado el recurso por la recurrente, y su contestación por el Fiscal General del Estado y siendo el estado el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación interpuesto de conformidad con la ley, en virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el R.O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral séptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R.O. No. 479 del 2 de diciembre del 2008; y, la Resolución dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre de 2008, Resolución No 1349-08-RA de la Corte Constitucional, y el sorteo de ley respectivo. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el expediente no se encuentran vicios que pudieran generar nulidad procesal, razón por la cual este Tribunal de Casación declara la validez de la presente causa penal. TERCERO: FUDAMENTACION DEL RECURSO: La recurrente al fundamentar el recurso en lo principal expresa lo siguiente: Este caso comienza por una denuncia presentada
por el señor Director del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Animal (SESA), ahora llamado AGROCALIDAD, que da comienzo a una indagación previa, y luego una instrucción fiscal llegando a la etapa de juicio, sin que para ello se haya cumplido con los requisitos del Art. 212 numeral 2 de la Constitución Política del Ecuador, anterior y la actual que se encuentra en vigencia, que dice: Que a la Contraloría le corresponde ?Determinar responsabilidades administrativas culposas y gestiones sujetas de responsabilidad penal relacionada con los aspectos y gestiones sujetas a su control?. Esta disposición Constitucional se encuentra aclarada y ratificada en la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia Publica en el Registro Oficial Nro. 154 del 19 de Marzo del 2010 y que me permito en su parte trascribirle: Art. 1.- Para el ejercicio de la acción penal pública, esto es, para el inicio del Instrucción Fiscal, por los hechos a los que se refiere el Art. 257 del Código del Procedimiento Penal, los artículos innumerados agregados a continuación de éste? se requiere el informe previo de la Contraloría General del Estado, en la que se determine indicios de responsabilidad penal. En el numeral QUINTO de la sentencia se dice ?La prueba material ?: En nuestro sistema procesal penal, de acuerdo al Art 91 del Código de Procedimiento Penal, consiste en los resultados de la infracción, en sus vestigios, en los instrumentos con los que cometió, todo lo cual debe ser recogido y conservado con la debida cadena de custodia, para ser presentado en la etapa de juicio mediante los correspondientes reconocimientos periciales y ser valorados por los tribunales penales? para establecer la materialidad de la infracción y condenar a una persona debe establecerse dos situaciones: a) Demostración conforme a derecho de la existencia del delito; y b) que el acusado es el responsable de la infracción, sin que la segunda pueda subsistir sin la primera; es decir que, si no se comprueba la existencia de la infracción, no cabe determinar la responsabilidad del acusado. En los juicios de peculado la materialidad de la infracción se prueba con el Informe de Auditoría realizado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. La materialidad o existencia de la infracción en el presente caso se trata de probar con un examen pericial que no cumple con estos requisitos. Por lo que se hace una falsa aplicación del Art. 91 del Código de Procedimiento Penal y del Art. 212 de la Constitución Política de la República, anterior en actual vigencia en concordancia con el Art. 39 de la ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en la que claramente se establece la Potestad exclusiva de la Contraloría General del Estado para DETERMINAR RESPONSABILIDADES CULPOSAS E INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL RELACIONADA CON LOS ASPECTOS Y GESTIONES SUJETAS A SU CONTROL, por lo que solicita se case la sentencia y se dicte a su favor sentencia absolutoria. CUARTO. DICTAMEN FISCAL.- El Dr. Alfredo Alvear Enríquez, Director de Asesoría Jurídica, Subrogante del Fiscal General del Estado, al emitir su dictamen dice: El Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha, el día 15 de abril de 2010, dictó sentencia condenatoria en contra de Aída Lucia López Benavidez, como autora del delito tipificado y sancionado en el Art. 257 del Código Penal, basado en la valoración y análisis de la prueba actuada y practicada en el juicio, por lo que le impuso la pena modificada de cuatro años de reclusión mayor ordinaria. De este fallo interpone recurso de casación la prenombrada sentenciada, fundamentada en lo que dispone el Art 349 del Código de Procedimiento Penal; aduce que en la sentencia impugnada se ha violado la ley, que existe falsa aplicación y errónea interpretación de las leyes vigentes, tanto en la forma como en el fondo. Alega que el Tribunal juzgador hace una falsa aplicación de los Arts. 91 y 312 del Código de Procedimiento Penal; 212 de la Constitución Política de la República de 1998, en concordancia con los Arts. 39, 65, 66,y 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en la que se establece la potestad exclusiva a este organismo de control, para determinar responsabilidades culposas e indicios de responsabilidad penal, Que el Tribunal llegó a la certeza de que la responsable del hecho ilícito es la acusada, con los testimonios de la perito contable Dolores Pazmiño Pavón, quien estableció los faltantes económicos, y perjuicios de AGROCALIDAD, y los valores que había sido depositados en la cuenta personal de la acusada en el Banco del Pichincha, No 351137500, de Azucena Consuelo Espinoza Salme, Ana Vintimilla Arízaga, Jefe financiera de AGROCALIDAD, testimonio de la sentenciada, quien reconoce la reposición que hizo de USD 9.626. Del texto del fallo, no se advierte que el Tribunal juzgador haya infringido alguna norma conforme lo establece el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicita a la Sala que declare improcedente el recurso de casación interpuesto por la recurrente. QUINTO: ARGUMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINARIOS: 1.- El recurso de casación es un recurso extraordinario y formal, cuya finalidad es el control de la legalidad de la sentencia; permite la manifestación de inconformidad de los sujetos procesales para conseguir la corrección de la sentencia y enmendar las equivocaciones en que hubiere incurrido el tribunal. En definitiva es un control que se efectúa al interior del proceso y su objeto fundamental es que se cumplan con las normas del debido proceso que conlleven a una decisión judicial justa y apegada a derecho. Es un recurso extraordinario porque las causales en las que puede basarse son excepcionales, que posibilitan la denuncia de la sentencia por ilegalidad, siendo necesario aclarar que toda sentencia busca la aplicación de la ley, pero en la casación lo que importa es que se corrijan los errores legales. 2.- En ese contexto, el Código Adjetivo Penal en el Art. 349 prevé que el recurso de Casación procede cuando se ha violado la ley de tres maneras: a) por contravenir expresamente a su texto. b) por haber hecho una falsa aplicación de la misma; c) por haber interpretado erróneamente. La primera implica contrariar su contenido, hacer lo que no dispone; se trata de una violación directa de la ley: La falsa aplicación puede darse aplicándola en un caso que no le corresponde, lo que constituye un error de la existencia de la norma o un error en la selección de ésta. Finalmente la interpretación errónea podría dar lugar a ir más allá del contenido de la norma, contrariar su espíritu, su alcance, lo que puede provenir de un falso raciocinio. 3.- En este contexto y antes de entrar a un análisis de la sentencia impugnada, es menester señalar: A. Que el peculado, según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas es: ?la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos, por aquel o a quien está confiada su custodia o administración? y según Sebastián Soler, el peculado: ?en cierto sentido, es una retención calific

References: Resolución 
 resolución 
in dubio
 artículo 184
 Resolución 
 artículo 360
 artículo 45
 artículo 50
 artículo 126
 artículo 119
 artículo 77
 artículo 24
 artículo 360
 artículo 360
 artículo 360
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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