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BOE.es - Documento BOE-A-1973-220
Documento BOE-A-1973-220
Decreto 215/1973, de 25 de enero, por el que se aprueba el pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 41, de 16 de febrero de 1973, páginas 2998 a 3011 (14 págs.)
BOE-A-1973-220
https://www.boe.es/eli/es/d/1973/01/25/215
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de enero de mil novecientos setenta y tres.
Cláusula 2. Conocimiento por parte del concesionario del contrato y sus normas reguladoras.
Cláusula 4. Puntos a contemplar por los pliegos particulares.
d) Extremos que debe comprender la proposición y documentos que habrán de acomp	ñarla.
Sección 1.ª Concursos
Cláusula 5. Convocatoria de concursos.
Corresponde al Ministerio de Obras Públicas convocar, en nombre del Estado español los concursos para la adjudicación de las concesiones administrativas de construcción, conservación y explotación de autopistas con arreglo a las condiciones que se establezcan en los correspondientes pliegos de bases.
Cláusula 6. Posibilidad de concursar.
Podrán presentar ofertas a los concursos las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no se hallen comprendidas en circunstancia alguna de las contenidas en los apartados uno al siete del artículo cuarto de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril.
Cláusula 7. Oferta.
Se entiende por oferta el conjunto de documentos formados por la proposición y su documentación complementaria, según se describe en las cláusulas 8 y 9.
Cláusula 8. Extremos que deben comprender las proposiciones.
En las proposiciones a presentar por los concursantes figurarán necesariamente los siguientes extremos, sin que en ningún caso puedan solicitarse beneficios distintos de los que figuren en los pliegos de cláusulas.
a)	Una relación de los promotores, personas físicas o jurídicas, de la futura Sociedad concesionaria.
b)	Sumisión a las disposiciones a que se alude en la cláusula 1.
c)	Un proyecto de Estatutos de la futura Sociedad concesionaria en el que se definan todos aquellos extremos cuya concreción queda a la iniciativa particular y con sujeción a los principios que figuran en la sección 2.ª del capítulo III del presente pliego, así como los que pudieran imponerse en los pliegos particulares.
d)	Las modificaciones o adiciones que a juicio del concursante, y en base al anteproyecto aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, supongan una mejora del mismo. Tales modificaciones o adiciones solamente podrán referirse a características estructurales, a la disposición de enlaces previstos sin alterar su ubicación y a las áreas de servicio y mantenimiento.
e)	Un plan de realización de las obras en ritmo anual y tiempo máximo para su íntegra ejecución, entendiéndose por tal la construcción terminada en condiciones de inmediata puesta en servicio.
4. Plazo para la apertura al tráfico.
f)	Volumen de inversión total previsto para la construcción de la autopista. Este concepto será entendido en su más amplia acepción y será calculado mediante la agregación de las siguientes partidas: costes de estudios técnicos y económicos, de proyectos, de expropiaciones e indemnizaciones y reposición de servicios y servidumbres, de construcción de las obras e instalaciones, de dirección y administración de obra, costes financieros durante el período de construcción y, en general, de todos los bienes, cualquiera que fuere su naturaleza, que sea necesario construir o adquirir por estar directamente relacionados con la autopista y que contribuyan a que ésta preste servicio.
g)	Capital social previsto para la futura Sociedad, con expresión de cantidad y porcentaje que representa sobre la inversión total prevista para la construcción de la autopista. Este porcentaje no podrá ser inferior al límite que se determine en los pliegos de cláusulas particulares. Asimismo se hará mención expresa, en su caso, de la parte de capital social a suscribir por personas naturales o jurídicas de nacionalidad extranjera o de nacionalidad española residentes o domiciliadas fuera de España.
h)	Cuantía de los recursos ajenos tanto nacionales como extranjeros, previstos para completar la financiación, con expresión de la proporción que guarden entre sí y que, en todo caso, habrá de ceñirse a los límites establecidos en los pliegos de cláusulas particulares.
i)	Procedimientos y garantías ofertados para la obtención de los medios de financiación indicados en los puntos anteriores, de conformidad con lo que a este respecto se disponga en los pliegos particulares.
j)	Plazos y cuantías porcentuales de los beneficios tributarios cuyo disfrute puede solicitar, en su caso, el concesionario, sin que estas cifras rebasen las que figuren en los pliegos de cláusulas particulares.
k)	Plan de amortización, descompuesta por tramos susceptibles de explotación independiente, en su caso, a los efectos del artículo 13, apartado a), de la Ley 8/1972.
En este plan figurará de forma específica el régimen que el ofertante prevea para la amortización de las diferencias habidas en cada ejercicio, de la fase de explotación, entre los gastos totales producidos, incluidos los financieros, y los ingresos procedentes de la explotación. En los pliegos particulares se fijará el período máximo a que podrá extenderse la amortización de tales diferencias.
l)	Cantidad para la que se solicita, en su caso, aval del Estado, de acuerdo con lo que establece el artículo trece, apartado b) de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, sin rebasar las condiciones que figuren en los pliegos de cláusulas particulares.
m)	Cuantías totales de los beneficios excepcionales cuya solicitud figura autorizada en los pliegos de cláusulas particulares y a los que hacen referencia los apartados e) y f) del artículo trece de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, así como los importes anuales en caso de entregas fraccionadas y las cuantías de reintegro e intereses a devengar con las condiciones que impongan los pliegos de cláusulas particulares.
n)	Sistema de peaje a adoptar con especificación expresa de todos los posibles movimientos a realizar por los usuarios de la autopista, indicando la ubicación de las estaciones de peaje y referencia específica en cada tramo, sobre si el sistema es abierto, cerrado o mixto.
o)	Proposición concreta sobre la cuantía de las tarifas y peajes, a cuyo efecto los concursantes deberán incluir en sus ofertas un cuadro discriminado de todos los posibles movimientos compatibles con el sistema adoptado y para cada categoría de vehículo, indicando el importe de los peajes en pesetas para cada caso,
p)	Proposición sobre el tiempo de duración concreta de la concesión, expresado en años, a contar desde el otorgamiento de la misma, sin que en ningún caso pueda exceder de cincuenta.
q)	Cifras propuestas por el concursante para la ejecución de las obras, descompuestas para cada tramo susceptible de explotación independiente, a las que quedará limitada convencionalmente la responsabilidad patrimonial de la Administración, incrementadas, en su caso, por los aumentos de las modificaciones de los proyectos aprobados, producidas a requerimiento de la misma, en cada uno de ellos, para todos los supuestos en que proceda valoración y en especial para los contemplados en el capítulo IX de este pliego.
r)	Cantidades previstas para el abono de las expropiaciones detalladas por tramos susceptibles de explotación independiente, que ostentarán el valor máximo a aplicar en cada uno de ellos a todos los efectos para los que proceda su valoración y en especial para los supuestos contemplados en el capítulo IX de este pliego.
s)	Propuesta sobre la ubicación y explotación de las áreas de servicio de la autopista, con referencia a aquéllos a prestar en cada área, así como sobre la ubicación de las áreas de mantenimiento y de reposo, y su número.
t)	Plan económico-financiero de la futura Sociedad, que será dividido, a efectos de su presentación, en dos partes:
1. Previsiones de resultados económicos, acompañadas de la comprobación de la viabilidad económica del proyecto, cálculo del rendimiento de la inversión y fundamentación del nivel de tarifas propuesto para alcanzar el equilibrio económico durante el período concesional.
En este programa se especificarán los ingresos y gastos de explotación, financieros y autorizaciones.
En este programa se considerarán como disponibilidades monetarias las aportaciones de capital, el volumen de préstamos con el período de financiación máximo previsto en la cláusula 46, los fondos procedentes de amortizaciones y saldo de resultados y como gastos las inversiones y amortizaciones financieras. La presentación formal de ambos programas se hará siguiendo los modelos que se inserten en los correspondientes pliegos particulares.
Cláusula 9. Documentación complementaria,
1. Tratándose de personas naturales de nacionalidad española, se unirá testimonio notarial o fotocopia legalizada del documento nacional de identidad. La comparecencia por representantes se justificará, además, con primera copia de la escritura de mandato.
2. Las personas jurídicas de nacionalidad española e índole privada acreditarán su personalidad y capacidad legal con testimonio de los Estatutos sociales y certificado del Registrador Mercantil que acredita la vigencia sin contradicción de los extremos consignados en los Estatutos. La persona natural firmante de la proposición a nombre de la Entidad de que se trate habrá de acreditar su capacidad para tal acto mediante unión del poder notarial a su favor otorgado o si se tratara de algún órgano con facultad de obligar a la Entidad, con certificación sobre la vigencia de su nombramiento para el desempeño del respectivo cargo, expedida por el Secretario del Consejo de Administración u órgano colegiado directivo de la Empresa concursante, con el visto bueno de su Presidente.
3. Las Corporaciones de Derecho público no comprendidas en alguno de los apartados del artículo primero de la Ley de Entidades Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958, habrán de acreditar su capacidad para el concurso mediante la incorporación de certificación del órgano directivo, individual o colegiado de la persona, funcionario o autoridad que, según los Estatutos o Leyes reguladoras de su institución, tengan competencia para autorizar la concurrencia al concurso. La persona natural firmante de la proposición acreditará su personalidad en la forma habitual y su representación con certificado del Secretario de la Corporación o, en su caso, con poder notarial debidamente bastanteado.
b) Declaración de los concursantes de no estar comprendidos en ninguna de las causas de incompatibilidad o incapacidad para contratar con el Estado que enumeran los apartados uno al siete del artículo cuarto de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril.
La fianza a que se refiere este epígrafe será devuelto a los interesados inmediatamente después de la resolución del concurso.
Cláusula 10. Admisión de ofertas.
La admisión de ofertas terminará el día y hora que se señala en los pliegos de bases de los concursos, sin que el plazo fijado sea inferior a sesenta días naturales contados a partir de la fecha de publicación de los pliegos de bases y cláusulas en el «Boletín Oficial del Estado».
Tanto las proposiciones como la restante documentación que las acompañe y cuyo concurso constituye la oferta, se entregarán en sobres cerrados y lacrados, en cuyos anversos figurará el nombre y domicilio del concursante, la firma y el nombre de la persona que suscribe la proposición y una leyenda que diga «Oferta para el concurso convocado por el Estado para la adjudicación de la concesión administrativa de construcción, conservación y explotación de la autopista (título de la autopista de que se trate)».
En un sobre se incluirá únicamente la proposición que abarque los extremos señalados en la cláusula 8 de este pliego y en cuyo anverso debe figurar la leyenda adicional: «Proposición».
En otro sobre se reunirá la documentación reseñada en la cláusula 9, figurando en el anverso la leyenda adicional: «Documentación complementaria».
Se entregará a cada lidiador el correspondiente resguardo de haber efectuado su entrega, en el que constará el día y la hora en que tuvo lugar y el número de sobres, con su título, que la componen.
Cláusula 11. Apertura de proposiciones.
Dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas, a la hora y lugar que se señale, tendrá lugar en la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, ante la Mesa de Contratación designada al efecto por el Ministerio de Obras Públicas, el acto público de apertura de los sobres que contienen la «Documentación complementaria» de todos los ofertantes, reseñando los documentos que cada uno aporte.
La Mesa procederá seguidamente a examinar la documentación señalada en el párrafo anterior y rechazará todas aquellas ofertas en las que sea incompleta la citada documentación o cuando ésta no reúna las condiciones requeridas.
A continuación se procederá a la apertura de los sobres que contengan las proposiciones de las ofertas admitidas, dándose lectura de viva voz a cada una de aquellas. Terminada la lectura correspondiente a la última proposición se levantará acta de la sesión sin hacer adjudicación del concurso.
Cláusula 12. Adjudicación de los concursos.
Las proposiciones definitivamente admitidas serán estudiadas por una Comisión designada al efecto por el Ministerio de Obras Públicas en el correspondiente pliego de bases con una representación del Ministerio de Hacienda.
En su función de estuche e información, la Comisión a que la presente cláusula se refiere podrá solicitar de los concursantes las explicaciones y datos que estime necesarios, sea por vía de aclaración o de información o por la de ampliación. Dicha solicitud podrá versar, tanto sobre los datos técnicos como sobre los económicos y financieros, siempre y cuando estén relacionados con el objeto del concurso y no supongan interferencia en otras actividades o aspectos del concursante. En todo caso, las eventuales informaciones adicionales que se soliciten se considerarán reservadas hasta la resolución del concurso.
El Decreto de adjudicación se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», considerándose este acta como notificación a los interesados, a todas los efectos.
Cláusula 13. Otras formas de adjudicación.
En los supuestos de contratación directa a que se refiere el artículo séptimo de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, las ofertas que se soliciten deberán ajustarse a lo dispuesto en las cláusulas 6, 7, 8 y 9 del presente pliego.
Sección 2.ª Sociedad concesionaria
Cláusula 14. Legislación aplicable.
La Sociedad, que revestirá necesariamente la forma de anónima, se regirá por la legislación general y, en particular, por la Ley de Sociedades Anónimas, con las especialidades que figuren en el presente pliego y los particulares, sin serle de aplicación los artículos 111 de la Ley de Sociedades Anónimas y 185 del Código de Comercio.
Cláusula 15. Denominación y objeto.
La Sociedad, cuya denominación será libre, pero que reflejaría necesariamente su calidad de concesionaria del Estado, tendrá por exclusivo objeto el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de la gestión de la concesión administrativa en los aspectos de construcción, conservación y explotación de la autopista.
Se comprenderá como formando parte del objeto social las actividades dirigidas a la explotación de las llamadas «áreas de servicio». No obstante, esta suerte de actividades deberá ceñirse a la cobertura de las necesidades de la propia autopista, tal y como aparezcan definidas en los proyectos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas.
Cláusula 16. Nacionalidad y domicilio.
La Sociedad concesionaria tendrá nacionalidad española, cualquiera que sea el origen de los capitales que la formen y la de sus accionistas y estará sometida al ordenamiento jurídico español y a la jurisdicción de los Tribunales españoles.
El domicilio de la Sociedad, que radicará necesariamente en el territorio español, deberá señalarse expresamente en los Estatutos y tendrá la consideración de domicilio oficial.
Cláusula 17. Duración.
La duración de la Sociedad vendrá determinada por el número de años de duración de la concesión, de tal forma que, extinguida ésta, aquélla se entenderá disuelta de pleno derecho y sin necesidad de acuerdo de los socios o declaración expresa.
Cláusula 18. Plazo de constitución y comienzo de las operaciones sociales.
En el plazo de dos meses a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Decreto de adjudicación, el adjudicatario del concurso procederá a la constitución en forma legal de la Sociedad concesionaria. La fecha de constitución será también la del comienzo de sus operaciones.
a) Las acciones que se emitan como contravalor de las aportaciones patrimoniales a la Sociedad serán nominativas en todo caso, sin que pueda modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el período concesional.
b) Las personas naturales y jurídicas, no públicas, de nacionalidad extranjera, y las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española residentes o domiciliadas fuera de España, podrán ostentar la titularidad de acciones de la Sociedad concesionaria, siempre que en ningún caso el montante total de las así poseídas alcance el 50 por 100 del capital social, sin perjuicio de las disposiciones vigentes sobre regulación de la participación extranjera en Sociedades españolas. Este porcentaje podrá quedar afectado por las disposiciones que, en el futuro, el Gobierno pueda dictar en la materia.
a) Queda prohibida la transformación de la Sociedad concesionaria en otro tipo de Sociedad cualquiera, debiendo mantener la forma unánime hasta que proceda su disolución.
b) La fusión del concesionario con otra Sociedad, las absorciones que haga de otras Sociedades, o su absorción por una tercera, deberán ser objeto de previa autorización por el Gobierno, que concederá o negará el permiso sin derecho a recurso ni reclamación alguna.
a) La Sociedad concesionaria se disolverá por cualquiera de las causas especificadas en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas, excepto la tercera, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado d) de la cláusula 28, y, siempre, por extinción de la concesión.
Sección 3.ª Fianza de construcción
Cláusula 22. Cuantía de la fianza.
La cuantía de la fianza definitiva correspondiente a la fase de construcción, a que alude el artículo noveno de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, será la que resulte de la aplicación del porcentaje que señalen los pliegos de cláusulas particulares de la concesión.
Cláusula 23. Constitución de la fianza.
Cláusula 24. Disposición de la fianza.
El incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las obligaciones impuestas en el contrato para la fase de construcción determinará que se proceda de inmediato contra la fianza constituida. La aplicación de la fianza se hará siempre por el Ministerio de Obras Públicas. El concesionario viene obligado, en este caso, a completar la fianza en el plazo máximo de un mes.
Cláusula 25. Devolución de la fianza.
Terminadas las obras de construcción, y transcurrido el plazo de garantía correspondiente a cada tramo, procederá la devolución de la fianza, siempre que no exista motivo que determine su retención.
Sección 4.ª Contrato
Cláusula 26. Formalización del contrato.
Dentro del plazo que fije el Decreto de adjudicación, una vez constituida la Sociedad y prestada la fracción de la fianza de construcción correspondiente al tramo, cuyas obras se inicien, en primer lugar, se procederá al otorgamiento del contrate entre la Sociedad concesionaria y el Ministerio de Obras Públicas, ante el Notario que designe el Ilustre Colegio Notarial de Madrid.
Cláusula 27. Requisitos del contrato.
a)	Autoridad administrativa y Sociedad intervinientes, con referencia a su competencia y capacidad jurídica, respectivamente.
b)	Exposición detallada del servicio que haya de ser prestado por el concesionario, la cual le obligará en la explotación del mismo.
c)	Tarifas que tendrá derecho a percibir el concesionario y procedimiento de revisión de las mismas.
d)	Plazo de duración del contrato.
e)	Definición de las obras que hayan de ejecutarse, con referencia a los respectivos proyectos o anteproyectos, las cuales obligarán al concesionario en la ejecución de aquéllas.
f)	Plazo total de ejecución de las obras y, en su caso, los parciales que se establezcan y, en particular, los plazos de garantía.
g)	Fianzas a prestar por el concesionario.
h)	Las cláusulas que sean consecuencia de las modificaciones de los anteproyectos, válidamente propuestas por el adjudicatario en su oferta, y que hayan sido aceptadas por la Administración en el Decreto de adjudicación.
i)	Garantías especiales prestadas o a prestar por el concesionario.
j)	Derechos y obligaciones de las partes.
k)	Beneficios económico-financieros y tributarios concedidos al adjudicatario.
l)	Cualquier otra cláusula que la Administración estime en cada caso establecer, de conformidad con los pliegos de cláusulas particulares y, en especial, las penalidades en que puede incurrir el concesionario.
m)	Sumisión expresa del concesionario a la Ley de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión y las normas que la desarrollen, a lo dispuesto en el presente pliego, así como a los preceptos de la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento y al pliego de cláusulas particulares de la concesión.
Sección 1.ª Recursos financieros
Cláusula 28. Especialidades del capital social.
Las normas legales de aplicación a las Sociedades Anónimas se complementarán por las especiales contenidas en el presente capítulo:
a)	El capital social se cifrará, como mínimo, en la cantidad que determine el porcentaje en la inversión total prevista para la construcción de la autopista, establecido en el Decreto de adjudicación, de acuerdo con la oferta presentada al concurso por el concesionario, ateniéndose a los valores mínimos que fue el pliego de cláusulas particulares, y siempre dentro del límite mínimo establecido en el número 3 del artículo 8.º de la Ley 8/1972.
b)	Dicho capital se incrementará al objeto de mantener el porcentaje ofertado cuando se produzca una inversión mayor que la prevista.
c)	Durante todo el período concesional, el capital social no podrá ser inferior a las cifras resultantes de los anteriores apartados a) y b).
d)	En el caso de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la tercera parte del capital social, éste habrá de ser ampliado, a fin de evitar la disolución social prevista en el artículo 150, apartado 3, de la Ley de Sociedades Anónimas.
e)	Las posibles inversiones de la Sociedad que no formen parte del activo sujeto a reversión serán financiadas en su integridad con capital social.
Cláusula 29. Desembolsos de capital.
El capital social podrá desembolsarse en una o varias veces, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, sin que, en ningún caso, la cifra de capital social desembolsado represente una proporción, respecto del total de recursos movilizados, inferior al porcentaje que para la suscripción de cenizal social señale el Decreto de adjudicación, de acuerdo con la oferta presentada.
Cláusula 30. Aportaciones no dinerarias.
En la valoración de las aportaciones no dinerarias intervendrá la Delegación del Gobierno, que podrá exigir su emisión dentro del primer año de incorporadas al concesionario. Esta intervención no enerva el derecho de los socios para impugnar aquéllas, de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas.
Para realizar la inversión total en la autopista, el capital social se completará con recursos ajenos. En los Decretos de adjudicación, atendiendo a los pliegos particulares y a la proposición del concesionario, deberá fijarse la proporcionalidad en que habrán de encontrarse los recursos nacionales con los extranjeros, así como los topes o límites máximos que podrán alcanzar una u otro.
Cuando la situación de los mercados de capitales así lo aconseje podrán modificarse las normas fijadas en el Decreto de adjudicación, por acuerdo del Consejo de Ministros, previa conformidad de la Sociedad concesionaria.
Cuando por el Ministerio de Hacienda se juzgue conveniente la contratación de crédito exterior por el propio Estado o por una agencia o Instituto estatal, o la utilización de créditos ya contratados para este fin, la Sociedad concesionaria recibirá la contrapartida en pesetas que corresponda, en condiciones tales que permitan cubrir el costo de la operación y su amortización, sin perjuicio de considerar la deuda de la Sociedad concesionaria con el Estado como tal deuda en pesetas, aunque se incluyan las cantidades así obtenidas, a efectos de determinar el porcentaje de créditos exteriores que la Sociedad concesionaria venga obligada a lograr.
El concesionario podrá apelar al crédito en el mercado de capitales, tanto exterior como interior, mediante la colocación de obligaciones, bonos u otros títulos semejantes.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8, apartado 2, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, el concesionario podrá rebasar el límite de emisión impuesta en el artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, fijándose la capacidad de emisión de obligaciones en la proporción sobre el capital desembolsado que se señale en el Decreto de adjudicación, de acuerdo con la oferta presentada.
No se imputarán, a los efectos de este límite, las emisiones garantizadas con hipoteca constituida a favor de los tenedores presentes y futuros de estos títulos, las garantizadas con prenda de efectos públicos y las garantizadas con el aval del Estado, de la Provincia o del Municipio.
Cláusula 33. Préstamos no representados por títulos-valores.
Cuando la situación de los mercados de valores interior o exterior así lo aconseje, la Sociedad concesionaria podrá solicitar y obtener préstamos no representados por títulos-valores, cuyo vencimiento sea anterior al término del plazo de duración de la concesión.
Sección 2.ª Beneficios tributarios
Cláusula 34. Cuantías y plazos.
Los beneficios tributarios de entre los señalados en la Ley 8/1972, de 10 de mayo, que en cada caso podrá disfrutar el concesionario quedarán reflejados en cuantías porcentuales y plazos en los Decretos de adjudicación, según la oferta del adjudicatario, de acuerdo con lo que, al respecto, señalen los pliegos de cláusulas particulares.
Sección 3.ª Beneficios económico-financieros
Cláusula 35. Amortización de la autopista.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13, apartado a), de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, el concesionario podrá disfrutar de la facultad de amortizar los elementos del activo perecederos durante el período concesional o sujetos a reversión según un plan basado en el plan económico-financiero adjunto a la proposición presentada al concurso, cuando en los pliegos particulares y el Decreto de adjudicación se conceda dicha facultad.
Cláusula 36. Aval del Estado.
La Sociedad concesionaria, si así lo solicita, podrá disfrutar del aval del Estado de acuerdo con lo establecido en el apartado b) del artículo 13 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, cuando en los pliegos particulares y en el Decreto de adjudicación se conceda dicha facultad.
Cláusula 37. Seguro de cambio.
A los efectos del seguro de cambio a que se refiere el artículo 13, apartado c), de la Ley 8/1872, de 10 de mayo, el instituto Español de Moneda Extranjera practicará las liquidaciones pertinentes en la forma y condiciones que establezcan, en su caso, los pliegos particulares y el Decreto de adjudicación.
Cláusula 38. Regímenes de excepción.
Excepcionalmente, y cuando así se señale en los pliegos particulares y Decretos de adjudicación, el concesionario podrá disfrutar, si así lo solicita, de los beneficios a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 13 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, que podrán consistir en subvenciones a fondo perdido, bien en metálico, bien en aportaciones no dinerarias, anticipos reintegrables o ambos, en las condiciones y casos que se señalan en aquellos apartados.
Sección 4.ª Tarifas y peajes
Cláusula 39. Tarifas.
Los peajes así obtenidos podrán redondearse a múltiplos de cinco pesetas por defecto o por exceso, de forma que en cada grupo tarifario los redondeos en tramos sucesivos se compensen en la medida de lo posible.
El concesionario vendrá obligado a entregar al usuario que lo solicite un justificante del pago efectuado, en el que conste tanto el recurrido realizado corno la cantidad abonada.
Cláusula 41. Recorridos de abono.
Cuando determinados tramos sean recorridos individualmente y su escasa longitud la aconseje, podrán fijarse peajes de cuantías superiores a los resultantes de la aplicación estricta de las tarifas.
Cláusula 42. Discriminación de vehículos.
Cláusula 43. Bonificación en los peajes.
El concesionario podrá establecer, previa autorización de la Administración, con carácter general y objetivo, sistemas de descuentos, abonos o bonificaciones en los peajes con los que considere obtener el máximo aprovechamiento comercial en la utilización de la autopista.
Cláusula 44. Exenciones de peaje.
Cláusula 45. Revisión de tarifas y peajes.
El concesionario tendrá derecho a la revisión de las tarifas únicamente en los casos y forma que a continuación se establecen:
a) Las revisiones tendrán como fundamento los incrementos de los precios de los elementos integrantes del costo del servicio. A estos efectos operará la siguiente fórmula polinómica:
El coeficiente Kt se aplicará a les tarifas inicialmente aprobadas en el Decreto de adjudicación (T0), obteniéndose así la tarifa revisada para el momento t (Tt).
Tt = Kt • T0
Los símbolos empleados representan los índices de los elementos citados en el Decreto 3050/1970, de 19 de diciembre.
b) El procedimiento de revisión de tarifas se ajustará a los siguientes trámites:
El concesionario solicitará dicha revisión del Ministerio de Obras Públicas cuando se produzca aumento en los precios de alguno de los elementos que determinan la revisión. El cálculo de la revisión se efectuará de acuerdo con las normas siguientes:
El coeficiente Kt se calculará a través de los índices de precios para revisión de contratos de obras del Estado que publica periódicamente el Gobierno.
Dicho coeficiente se aplicará con carácter único para toda la autopista objeto de la concesión, y en el caso de que ésta se encuentre ubicada en más de una provincia se tomarán como índices las medias aritméticas de los correspondientes a cada una de las provincias afectadas.
Como índices iniciales (subíndices cero) para efectuar la revisión en cualquier momento se tomarán los correspondientes a la fecha de publicación del Decreto de adjudicación.
Solicitada la revisión por el concesionario, el Ministerio de Obras Públicas procederá a su comprobación. El Ministerio de Obras Públicas someterá el expediente al Gobierno, que resolverá de la forma que proceda.
c) Las tarifas serán revisadas con tres meses de antelación a la fecha de puesta en servicio de cada tramo y posteriormente a su entrega al uso público, cada dos años, como máximo.
No obstante lo anterior, y a pesar de los aumentos de los precios que pudieran producirse, no habrá lugar a la revisión cuando la tarifa revisada represente un incremento inferior al cinco por ciento de la vigente, aprobada para cada tramo.
d) Las longitudes de los tramos de recorrido a los que han de aplicarse las tarifas así revisadas y los peajes resultantes, después de redondeos, en su caso, deberán ser previamente aprobados por la Administración e incluidas sus cuantías en el Reglamento de Servicio de la autopista.
e) El concesionario podrá presentar simultáneamente con su petición de revisión de tarifas las propuestas de los peajes correspondientes.
Sección 5.ª Plan económico financiero
Cláusula 46. Período de financiación.
El plan económico-financiero, presentado al concurso formando parte de la proposición y aprobada por el Decreto de adjudicación de la concesión, constituirá la base económico-financiera de ésta.
Cláusula 47. Revisión y modificación del plan económico-financiero.
Terminada la construcción de la autopista en todos sus tramos el concesionario procederá en el plazo de tres meses al reajuste del plan económico-financiero presentado en la oferta, a la vista de la inversión realizada. Dicho plan será aprobado por la Administración sin que en ningún caso el reajuste autorizado exceda de los límites señalados en la oferta, en lo relativo a la responsabilidad patrimonial de la Administración en los casos de valoración y liquidación.
Sin perjuicio de lo anterior, el plan económico-financiero podrá ser modificado en los supuestos y con los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de lo de mayo.
Sección 6.ª Plan contable
Cláusula 48. Contabilidad.
La Sociedad concesionaria deberá adoptar un plan contable de acuerdo con la actividad económica de construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje que constituye su objeto, siéndole de aplicación los principios generalmente admitidos por la técnica contable internacional, siempre que no estuvieren en contraposición con los preceptos legales españoles
Cláusula 49. Normalización contable.
Cláusula 50. Censura previa de cuentas.
Sin perjuicio de las funciones de los censores de cuentas, la Delegación del Gobierno revisará, con carácter de censura previa, las cuentas del concesionario, sin cuyo requisito no podrán tener acceso a la Junta general la Memoria, el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de beneficios.
Si el Estado tuviere participación accionaria en la Sociedad, la Delegación del Gobierno gozará de las facultades que le atribuye el apartado 3 del artículo 36 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.
Cláusula 51. Liquidación de ejercicios.
Sección 7.ª Tasas y exacciones parafiscales
Cláusula 52. Abono de tasas.
a)	Por ocupación y aprovechamiento de bienes de dominio público, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 134/1960.
b)	Por confrontación de proyectos y obras, la que se indica en el Decreto 139/1960.
c)	La prestación de informes y demás actuaciones facultativas que hayan de efectuarse como consecuencia de disposiciones en vigor o de los propios términos de la concesión, devengaren las tasas establecidas para las mismas en el Decreto 140/1960.
d)	Asimismo, el concesionario vendrá obligado al pago de las demás tasas y tributos parafiscales legalmente vigentes que se devenguen con motivo de la prestación de servicios graduados que pudiera solicitar de la Administración.
Sección 8.ª Distribución de beneficios
Cláusula 53. Imposibilidad de repartir beneficios antes de la puesta en servicio.
Cláusula 54. Distribución del beneficio.
a)	Dotará la reserva legal, si la cuenta del beneficio lo permitiere, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas,
b)	Si el beneficio fuese superior al 10 por 100 del capital nominal destinará a reservas el 50 por 100 del exceso sobre dicho porcentaje.
El concesionario podrá disponer de las reservas señaladas en el apartado b) para su reparto entre los socios solamente cuando el beneficio líquido repartible del ejercicio no alcance a cubrir el 6 por 100 de interés al capital desembolsado, deducido el Impuesto sobre las Rentas del Capital, y sólo por la cantidad precisa para completar el dividendo activo hasta dicho tope.
Cláusula 55. Materialización de reservas.
Las reservas a que se refiere la cláusula anterior, una vez construida la totalidad de la autopista, y saldadas todas las deudas existentes, deberán materializarse debidamente, mediante la creación en el activo de las cuentas adecuadas, que reflejen la inversión en los fondos públicos, que señale al respecto el Ministerio de Hacienda, y títulos-valores seguros a juicio de la Delegación del Gobierno.
Sección 1.ª Expropiación
Cláusula 56. Inscripción de bienes y derechos expropiados.
El concesionario viene obligado a inscribir en el Registro de la Propiedad, y a favor del Estado, la totalidad de los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión y sean susceptibles de ello, y a solicitar del mencionado Registro la extensión de las notas marginales prevenidas en el artículo 32, norma 1.ª, y artículo 6, párrafo 2.º, del Reglamento Hipotecario, sin perjuicio de la inscripción independiente de su derecho de concesión, que deberá llevarse a cabo con arreglo a los artículos 31 y 60 y siguientes del mismo Reglamento.
Cláusula 57. Valoración de expropiaciones.
En los casos en que proceda la valoración de los bienes y derechos expropiados, y singularmente en los supuestos contemplados en el capítulo IX de este pliego de cláusulas, dicha valoración tendrá un límite máximo que se aplicará cuando la realidad de lo abonado por dicho concepto sea superior el mismo. Este límite será la cantidad prevista para el pago de las expropiaciones, según lo especificado en el apartado r) la cláusula 8.
Cláusula 58. Deslinde y amojonamiento.
Ocupados todos los terrenos correspondientes a la zona de dominio en un tramo de autopista, de acuerdo con lo definido en el artículo 20, 1, a), de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, el concesionario solicitará de la Administración, en el plazo de un mes, que se efectúe el deslinde de los terrenos mencionados. Llevado éste a cabo por la Administración, el concesionario procederá, en el plazo máximo de dos meses, al amojonamiento definitivo de los lindes de la zona de dominio.
Cláusula 59. Vigilancia de terrenos y bienes.
A partir del momento de la ocupación y hasta la extinción de la concesión, el concesionario responderá de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos, cuidando especialmente de mantenerlos libres de intrusiones y no permitiendo ni consintiendo alteración en los lindes ni que nadie deposite en los terrenos material alguno ajeno a la concesión. De las infracciones a estos preceptos deberá dar cuenta inmediata el concesionario a la Administración.
Sección 2.ª Servidumbres y servicios afectados
Cláusula 60. Modificación de servidumbres existentes por razón de servicios públicos.
En relación con lo establecido en el artículo 18, apartado 1, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, referente a la modificación de servidumbres existentes por razón de otros servicios públicos, el concesionario incluirá en los proyectos correspondientes a la autopista las obras necesarias para su reposición, siendo competente la Administración para resolver sobre si las mismas mantienen las características funcionales y técnicas de las servidumbres sustituidas.
Cláusula 61. Costo de las variaciones e indemnizaciones de perjuicios e incidencias por reposición de servicios y servidumbres.
En relación con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 2, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, se estará a lo dispuesto en las normas generales reguladoras de los supuestos contemplados, subrogándose el concesionario en los derechos y obligaciones que en las mismas se reconozcan a la Administración del Estado, en tanto no se promulguen normas que desarrollen o complementen la mencionada Ley.
Sección 3.ª Indemnizaciones
Cláusula 62. Indemnizaciones por expropiación de terrenos afectados.
En el supuesto contemplado en el artículo 20, apartado 1, c), de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, si la Administración acordase la expropiación total o parcial de los terrenos afectados, el pago de las indemnizaciones que de dichas acciones se derivaren en cuanto se refieran a bienes y derechos que queden afectos a la concesión por ampliación o modificación de la autopista corresponderá, en tacto caso, al concesionario.
Cláusula 63. Indemnizaciones por utilización de la zona de servidumbre, perjuicios o prohibición de construir.
La utilización de la zona de servidumbre en los supuestos especificados en el artículo 20, apartado 1, b), de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, en los casos en que resulte indemnizable, lo será por cuenta del concesionario, excepto aquellas utilizaciones que se deriven de imposición de la Administración relacionadas con actuaciones no directamente exigidas por los fines de la concesión.
La misma sistemática será aplicable en los casos en que se deriven los perjuicios reales y cifrables a que alude el apartado 4, b), del artículo 20 de la citada Ley.
Las indemnizaciones que en su caso procedan, derivadas de la prohibición de construir a que alude el apartado 4, c), del artículo 20 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, serán, asimismo de cuenta del concesionario.
Cláusula 64. Presentación y aprobación de proyectos.
El concesionario deberá presentar al Ministerio de Obras Públicas, para su aprobación, los proyectos de los distintos tramos de la autopista, de acuerdo con el plan de realización de obras que hubiese sido aprobado.
Estos proyectos reunirán los requisitos exigidos al efecto por la Ley de Contratos del Estado y deberán ser presentados con seis meses de antelación, cuando menos, a la fecha de iniciación de las obras del tramo a que se refieran.
Cuando las obras admitan fraccionamiento podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, siempre que éstas puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización de la Administración a la vista de la fundada conveniencia para el referido fraccionamiento.
La aprobación de todos los proyectos corresponderá al Ministerio de Obras Públicas, previo cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5.º de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.
Cláusula 65. Modificaciones de las obras.
En cualquier caso, corresponderá al Ministerio de Obras Públicas autorizar la redacción de las correspondientes modificaciones de los proyectos, así como su aprobación, una vez presentadas.
Cláusula 66. Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada.
Realizada por el Ministerio de Obras Públicas la comprobación de que las obras de un tramo se ajustan los proyectos y demás especificaciones técnicas aprobadas, el concesionario procederá en el plazo máximo de un año, contado a partir del día de la puesta en servicio de dicho tramo, a elaborar un documento único, titulado «Estado de dimensiones y características de la obra ejecutada», que defina con detalle las obras tal como quedaron en la fecha de entrada en servicio.
Este documento, previos los trámites correspondientes y la resolución que en su caso proceda, constituirá la base para la comprobación de la obra o, cualquiera de sus partes o instalaciones, así como para cualquier futura actuación entre el Ministerio de Obras Públicas y el concesionario en relación con el tramo.
En ningún caso procederá la devolución de la fianza de construcción correspondiente a cada tramo antes de la aprobación del correspondiente estado de dimensiones y características.
Sección 2.ª Ejecución de las obras e instalaciones
Cláusula 67. Requisitos previos.
Previamente a la contratación con terceras personas de las obras o instalaciones o a la iniciación de las mismas, si se ejecutan directamente por el concesionario, deberán estar debidamente aprobados los proyectos del tramo o fracción de que se trate.
Si el concesionario opta por realizar directamente las obras de cualesquiera tramos o fracciones comunicará tal decisión a la Administración, indicando detalladamente los tramos o fracciones que se propone construir. En tal caso deberá realizar directamente con organización y medios propios un volumen de obra cuyo presupuesto exceda, al menos, del ochenta por ciento del presupuesto del tramo o fracción de que se trate.
Cláusula 68. Licitación de las obras.
La apertura de proposiciones presentadas a los concursos será pública, ante una Mesa de Contratación, designada por el concesionario, y a la que asistirá preceptivamente como Interventor el Delegado del Gobierno o persona por él designada.
Cláusula 69. Control de las obras.
El control de las obras que realice directamente el concesionario, se ejercerá por la Administración o Entidad por ella contratada, siendo de cargo del concesionario todos los gastos que de ello se deriven,
Cláusula 70. Utilización de bienes que aparezcan como consecuencia de la ejecución de las obras.
El concesionario podrá utilizar gratuitamente, pero sólo para la ejecución de las obras de la autopista y con la previa autorización de la Administración, las rocas, los minerales y los manantiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de la obra, aparezcan en terrenos de dominio público afectos a la autopista.
Cláusula 71. Objetos hallados en terrenos de la concesión.
El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos afectos a la concesión, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros.
Cláusula 72. Terminación de las obras.
A los efectos indicados se entenderá por terminación de las obras su completa realización, con sujeción a los proyectos aprobados. de forma que el tramo o tramos construidos se encuentren en estado de su inmediata puesta en servicio.
Cláusula 73. Prórroga de plazos.
En relación con lo estipulado en el artículo 26, 4.º, de la ley 8/1972, de 10 de mayo, se entenderán supuestos de fuerza mayor únicamente los que siguen:
a)	Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b)	Los daños causados por los terremotos y maremotos.
c)	Los que provengan de los movimientos del terreno en que estén construidas obras o que directamente las afecten.
d)	Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada en tiempo de guerra, sediciones populares o robos tumultuosos.
e)	Inundaciones catastróficas producidas como consecuencia del desbordamiento de ríos y arroyos, siempre que los daños no se hayan producido por la fragilidad de las defensas que se hubieran debido construir en cumplimiento del contrato.
f)	Cualquier otro de efectos análogos a los anteriores, previo acuerdo del Consejo de Ministros.
Será requisito indispensable para el reconocimiento del derecho a prórroga que se establece con el mencionado artículo 26, 4.º, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, que el concesionario lo solicite por escrito dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se produzca el hecho que pudiera dar origen a la prórroga.
Esta prórroga sólo podrá aplicarse a plazos relativos a la fase de construcción, sin que, en ningún caso, puedan deducirse peticiones de ampliación del plazo concesional.
Cláusula 74. Valoración de obras.
La responsabilidad patrimonial de la Administración en todos los casos, y singularmente en los supuestos de liquidación contemplados en el capítulo IX de este pliego de cláusulas, quedará limitada convencionalmente a la cantidad prevista para el costo de las obras en la oferta presentada por el concesionario, incrementada, en su caso, por los aumentos de las modificaciones de los proyectos aprobados producidas, a requerimiento de la Administración,
Cláusula 75. Plazo de garantía de las obras.
Durante él, el Ministerio de Obras Públicas, siempre que el concesionario no ejecute las obras señaladas como incompletas, no realizadas o que resulten defectuosas, podrá aplicar la fianza a su ejecución por la propia Administración.
Sección 1.ª Fianza de explotación
Cláusula 76. Cuantía de la fianza.
La cuantía de la fianza de explotación, a que alude el artículo 14, 2, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, será para cada tramo la que resulte de la aplicación del porcentaje que señalen los pliegos de cláusulas particulares de la concesión.
Cláusula 77. Constitución de la fianza.
La fianza definitiva de explotación se constituirá en la Caja General de Depósitos, en metálico o en títulos de la Deuda Pública, o mediante aval, con los requisitos y condiciones señalados en la vigente Ley de Contratos del Estado y en el Reglamento para su aplicación.
Cláusula 78. Disposición de la fianza.
El incumplimiento por el concesionario de cualquiera de las obligaciones impuestas en el contrato para la fase de explotación, determinará que se proceda de inmediato contra la fianza constituida. La aplicación de la fianza se hará siempre por el Ministerio de Obras Públicas. El concesionario viene obligado, en este caso, a completar la fianza en el plazo máximo de un mes.
Cláusula 79. Devolución de la fianza.
La extinción de la concesión determinará la devolución de la fianza de explotación, siempre que aquélla no tenga lugar por incumplimiento, quiebra o extinción de la personalidad jurídica, destrucción total de la autopista por dolo o culpa del concesionario, abandono o renuncia, y una vez solventadas todas las obligaciones frente a la Administración concedente y, en particular, las que se refieren al perfecto estado de la autopista en punto a su conservación.
La fianza se pondrá a disposición del concesionario en el plazo máximo de un año, contado desde la fecha de expiración de la concesión.
Sección 2.ª Conservación de la autopista
Cláusula 80. Reparación o sustitución de elementos.
Cláusula 81. Comprobación del estado de la autopista por el Ministerio de Obras Públicas.
Sin perjuicio de la inspección técnica que el concesionario establezca para vigilar el estado de la autopista, el Ministerio de Obras Públicas comprobará periódicamente dicho estado. El informe que emitan sus técnicos servirá de base para que dicho Departamento exija la reparación o sustitución de los elementos deteriorados o desgastados, señalando plazo y condiciones de los materiales a emplear. Esta resolución no podrá alterar el trazado o condiciones especiales de la autopista, limitándose a exigir la reposición de las cosas a su primitivo ser y estado.
Cláusula 82. Áreas de mantenimiento.
Cláusula 83. Obras de conservación.
La Administración será competente para exigir la adopción de medidas por parte del concesionario conducentes a producir las mínimas interferencias en la libre y normal circulación por la autopista.
Estas medidas podrán referirse a fijación de horarios, señalización, precauciones de seguridad, plazo máximo de ejecución y cualquier otra que la Administración estime conveniente, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere, en su caso, derivarse para el concesionario frente a terceros.
Sección 3.ª Áreas de servicio
Cláusula 84. Superficies, localización y distancias entre áreas.
Se considerarán áreas de servicio las zonas colindantes con la autopista ocupadas por las instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las necesidades del tránsito por la misma, tales como estaciones de gasolina, hoteles, restaurantes, etc.
Las áreas de servicio no podrán ocupar superficie superior a seis hectáreas a cada lado de la autopista, ni inferior a dos hectáreas, siendo, en todo caso, la superficie media inferior a cuatro hectáreas a uno y otro lado de la autopista. La distancia entre dos áreas consecutivas no será inferior a 30 kilómetros, ni superior a 40. No obstante, estas distancias pueden condicionarse excepcionalmente a la funcionalidad del conjunto de la autopista y de cada uno de sus tramos, así como a circunstancias específicas que concurran, tales como el paisaje y la conservación de la naturaleza.
La Sociedad concesionaria someterá al Ministerio de Obras Públicas, previamente a la presentación de los proyectos, un estudio general de la localización de las áreas de servicio elaborada, de acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes y en los pliegos particulares. A la vista de dicho estudio, el Ministerio de Obras Públicas establecerá las especificaciones que procedan, a las cuales deberá atenerse el concesionario.
Cláusula 85. Explotación de las áreas.
La Sociedad concesionaria explotará los servicios comprendidos en estas áreas y podrá hacerlo mediante arriendo o cualquier otra clase de cesión temporal a terceros, sin exceder del final del plazo de duración de la concesión,
Los contratos celebrados con terceras personas con fines de explotación de los servicios comprendidos en estas áreas no podrán restringir ni vulnerar, directa o indirecta-mente, las condiciones establecidas en el presente pliego ni los derechos de los usuarios de la autopista. Y previo a su otorgamiento se remitirá al Ministerio de Obras Públicas un ejemplar del proyecto de contrato para su aprobación.
En todo caso, los terceros contratantes quedarán obligados frente al concesionario, único responsable ante la Administración de la gestión del servicio.
Cláusula 86. Gestión de las áreas en casos de extinción.
Cuando por cualquiera circunstancia expirase la concesión antes del tiempo por el que fue otorgada inicialmente, la Administración respetará los derechos de los terceros contratantes con el concesionario en orden a la gestión de los servicios complementarios; no obstante, en caso de subrogación de la Administración, ésta tomará a su cargo los efectos del contrato de explotación solamente a partir del momento en que tenga lugar tal subrogación.
En todo caso, llegado el término de la concesión, se entenderán resueltos de pleno derecho todos los contratos concertados entre el concesionario y los gestores de los servicios de las áreas de este nombre, quedando las instalaciones fijas en poder de la Administración.
Si la Administración decidiere la continuidad en la explotación de estos servicios, las personas que hubieran sido titulares de los mismos hasta el término de la concesión tendrán derecho de tanteo para subrogarse en la posición del nuevo adjudicatario de los servicios, cualquiera que sea el procedimiento de contratación elegido por la Administración.
Sección 4.ª Sistemas de seguridad y control
Cláusula 87. Sistemas de seguridad.
Cláusula 88. Sistemas de control.
El concesionario instalará en todos los accesos de la autopista un sistema de cómputo de vehículos usuarios de la misma, que discrimine su clase en función de la tarifa que se les haya aplicado.
El Ministerio de Obras Públicas podrá controlar y vigilar dichos sistemas, pudiendo imponer al concesionario la adopción de las medidas que aseguren su perfecto funcionamiento.
Cláusula 89. Estadísticas de tráfico.
El concesionario deberá aforar el trafico de vehículos por la autopista. Para ello, sin perjuicio de su propia iniciativa, deberá adoptar el sistema de cómputo de datos que ordenen los Servicios competentes del Ministerio de Obras Públicas, respondiendo de su veracidad absoluta. Tales datos estarán a la disposición del Ministerio de Obras Públicas, sin restricciones de ninguna clase.
Igualmente se permitirá el acceso de la Administración a las dependencias donde estén establecidas las máquinas o sistemas de control estadístico.
Sección 5.ª Policía de la autopista
Cláusula 90. Vigilancia en las zonas de servidumbre y afección.
El concesionario, estará obligado a vigilar el exacto cumplimiento de las normas que limitan la propiedad privada por razón de la autopista en las zonas de servidumbre y afección, debiendo poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquiera infracción de dichas normas que advierta. En caso de incumplimiento de lo anterior, será responsable subsidiario de los perjuicios que puedan irrogarse a la Administración, con independencia de las sanciones reglamentarias que puedan corresponderle.
Cláusula 91. Vigilancia en la zona de la autopista.
El concesionario mantendrá en perfecto estado la autopista y las instalaciones de las áreas de servicio, dentro de las normales condiciones de pulcritud y cuidado estético, obedeciendo las indicaciones que sobre el particular le hagan las autoridades encargadas de la policía de carreteras, en cuya función colaborara activamente.
El concesionario procurará la perfecta aplicación en la autopista de todas las normas y Reglamentos emanados de la Administración sobre usos de carreteras, dando cuenta a la autoridad competente de la comisión de las infracciones que advierta.
Sección 6.ª Prestación del servicio
Cláusula 92. Reglamento de servicio.
El proyecto de Reglamento de servicio de la autopista, mencionado en el artículo 28, quinto, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, deberá ser presentado por el concesionario al Ministerio de Obras Públicas, para su aprobación, con tres meses de anterioridad, al menos, a la fecha efectiva de la puesta en servicio del primer tramo o tramos que se abran al tráfico.
La Administración podrá imponer en el acto de aprobación del citado proyecto las prescripciones que estime oportunas, que quedarán incorporadas al Reglamento definitivo.
Sección 1.ª Puesta en servicio de la autopista
Cláusula 93. Condiciones para la puesta en servicio.
Terminadas las obras de la autopista o de alguno de sus tramos, serán condiciones para la puesta en servicio las siguientes.
a)	Cada tramo cuya explotación pretenda iniciarse independientemente ha de contener en su origen y fin enlaces de la autopista definitivamente construidos.
b)	Estos enlaces conectarán directamente con la vía de la que la autopista es itinerario alternativo.
c)	No se permitirá la apertura independiente al tráfico de ningún tramo que no incluya, al menos, un área de servicio totalmente construida y en condiciones de poderle entregar al uso público simultáneamente con el tramo de autopista.
d)	Cualquier tramo deberá ser abierto al tráfico con el sistema de peaje establecido como definitivo.
Cláusula 94. Solicitud de apertura al tráfico.
Un mes, el menos, antes de la fecha señalada para la apertura al tráfico de la autopista o de cada uno de sus tramos, el concesionario deberá solicitar del Ministerio de Obras Públicas la autorización para la puesta en servicio.
En caso de que el ritmo de ejecución de las obras permitiera adelantar alguna de las fechas de apertura, el concesionario podrá optar por solicitar con un mes de anticipación, al menos, la respectiva autorización. En tal caso, la puesta en servicio deberá producirse en la fecha señalada por el concesionario, constituyendo ésta, a todos los efectos, la fecha de apertura del tramo.
Cláusula 95. Acta de comprobación de las obras.
Solicitada por el concesionario la autorización de puesta en servicio y designado por la Administración un representante, se citará al concesionaria para el reconocimiento de las obras. Dicho reconocimiento se extenderá al tramo o tramos de autopista, instalaciones de peaje, áreas de servicio y mantenimiento, iluminación y ventilación, en su caso, sistemas de seguridad y control y cualesquiera otras objeto de contrato.
Comprobado el estado satisfactorio de las obras e instalaciones y su ajuste a los proyectos y demás especificaciones técnicas aprobadas, se levantará la correspondiente acta, que suscribirán el representante de la Administración y la representación legal del concesionario. Si las obras o instalaciones se encontraran incompletas o defectuosas, el representante de la Administración hará constar una descripción pormenorizada de las omisiones o defectos observados.
Dicha acta se extenderá por triplicado, remitiéndose un ejemplar al Ministerio de Obras Públicas.
Cláusula 96. Autorización de la puesta en servicio.
Reconocidas las obras de un tramo o tramos, comprobado su ajuste a los proyectos y demás especificaciones técnicas y redactada el acta correspondiente, el Ministerio de Obras Públicas autorizará su puesta en servicio.
No obstante lo anterior, si las obras o instalaciones resultaren incompletas o defectuosas, el Ministerio de Obras Públicas podrá, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento se deriven, bien señalar nuevo plazo para su terminación o bien autorizar la puesta en servicio del tramo o tramos de que se trate si a juicio del citado Departamento pudieran éstos ser entregados al uso público. En este último caso, la resolución por la que se autorice la puesta en servicio señalará los plazos límites improrrogables otorgados para completar o subsanar las obras o instalaciones, indicando las nuevas sanciones que pudieran corresponder si se reiteraren incumplimientos.
En cualquier caso, la fecha de autorización de puesta en servicio se tomará como inicial en el cómputo de tiempo para todos los efectos dependientes de un término o plazo desde entonces.
Cláusula 97. Imposición de sanciones.
No se considerará eximido el concesionario de responsabilidad en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de las incidencias de los contratos que celebre con terceras personas.
Cláusula 98. Incumplimientos y sanciones durante la fase de construcción.
a)	Retraso en los plazos de presentación de los proyectos.
b)	Retraso en los plazos de iniciación de las obras.
c)	Retraso en los plazos de terminación de las obras.
d)	Retraso en los plazos de apertura al tráfico.
e)	Cualquier otro incumplimiento de obligaciones o plazos señalados en los pliegos o impuestos por resolución administrativa.
Las cuantías de las sanciones no podrán exceder de las señaladas en el artículo 138 del Reglamento General de Contratación del Estado, y se aplicarán sobre la base de los presupuestos totales del tramo o tramos de que se trate.
Cláusula 99. Incumplimientos y sanciones durante la fase de explotación.
a)	Negligencia en la conservación de los elementos integrantes de la autopista.
b)	Deficiencias en la señalización y balizamiento.
c)	Retrasos en la ejecución de las obras de conservación.
d)	Interrupción total o parcial del tráfico por la autopista sin previa autorización de la Administración.
e)	Negligencia en la prestación de los servicios al usuario.
f)	Cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas.
g)	Cualquier otro incumplimiento de obligaciones o plazos señalados en los pliegos o impuestos por resolución administrativa.
El incumplimiento de estas normas facultará al Ministerio de Obras Públicas para la aplicación de multas de hasta cincuenta mil pesetas por día de incumplimiento o retraso.
Cualquier demora producida, no imputable al concesionario, dará derecho al otorgamiento de prórrogas de los plazos convenidos. Para el reconocimiento de este derecho el concesionario deberá solicitarlo por escrito dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que ocurra el suceso determinante de la demora, y siempre con quince días, al menos, de anticipación de la fecha en que expire el plazo que se pretende prorrogar.
Cláusula 100. Adopción de medidas por parte de la Administración.
Con independencia de las sanciones a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas anteriores, la demora por parte del concesionario en remediar las situaciones derivadas de sus incumplimientos facultarán a la Administración en cualquier momento para la adopción de las medidas pertinentes destinadas a subsanar las deficiencias y, caso que de dichas medidas se deriven gastos, a proceder contra las fianzas correspondientes.
Cláusula 101. Modificaciones al anteproyecto.
Si como consecuencia de la aprobación de los proyectos redactados por el concesionario la Administración introdujera modificaciones en los mismos que entrañaren contradicción con el anteproyecto aprobado y válidamente modificado en su caso, éstas darán origen a aumento de las tarifas autorizadas o a las compensaciones que sean pertinentes, de modo que se mantenga el equilibrio económico-financiero de la Sociedad concesionaria.
Cláusula 102. Modificaciones de las obras.
Las modificaciones de obras impuestas por la Administración dentro de los límites establecidos en la cláusula 65, y que supongan contradicción con los proyectos aprobados, producirán los mismos derechos y efectos señalados en la cláusula anterior, y su reconocimiento y aprobación corresponderá asimismo al Gobierno.
Cláusula 103. Ampliación de la autopista.
La ampliación de la autopista a que hace referencia el artículo 25 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, que será obligatoria para el concesionario, podrá consistir en aumento del número de carriles de las calzadas, establecimiento de nuevos enlaces, implantación de nuevos ramales de autopista o de sus accesos, nuevas áreas de servicio y, en general, cualquier tipo do elemento viario que contribuya a remediar la insuficiencia, causa de la ampliación.
Sección 1.ª Duración de la concesión
Cláusula 104. Fijación del plazo de duración de la concesión.
El plazo de duración de la concesión será el que determine el Decreto de adjudicación, de acuerdo con la proposición ofertada, que habrá de ceñirse a lo que al respecto se indique en los pliegos particulares, sin que en ningún caso pueda rebasarse el límite que figura en el artículo 30 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo.
Sección 2.ª Cesión de la concesión
Cláusula 105. Requisitos necesarios para la cesión.
Si el concesionario optare por ejercitar el derecho de cesión a que se alude en el artículo 31 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, deberá solicitarlo mediante instancia dirigida al Ministro de Obras Públicas, a la que acompañará:
La cesión de la concesión requerirá, en todo caso, que el primitivo empresario haya realizado la explotación durante un período mínimo de cinco años, contados a partir de la fecha de puesta en servicio del último tramo construido, y no surtirá efectos en tanto no se formalice el negocio en escritura pública.
Sección 3.ª Extinción de la concesión
Cláusula 106. Cumplimiento del plazo por el que se otorgó la concesión.
La concesión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley 8/1072, de 10 de mayo, se extinguirá por cumplimiento del plazo por el que se otorgó, a tenor de lo que se especifica en la presente cláusula:
a) La concesión terminará el día que se cumpla el número de años por el que se hubiere otorgado.
Expirado el período de concesión, el servicio revertirá a la Administración.
b) Sin perjuicio de las inspecciones normales dirigidas a asegurar la perfecta conservación de la autopista, con un año de antelación a la fecha de extinción de la concesión, el Ministerio de Obras Públicas exigirá del concesionario la adopción de aquellas medidas que requieran la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad para la prestación del servicio a que están destinadas.
c) Iguales medidas se aplicarán a las instalaciones de las áreas de servicio. El concesionario se responsabiliza frente a la Administración del buen estado de las instalaciones fijas de dichas áreas, respondiendo del cumplimiento de esta obligación.
d) El concesionario hará entrega a la Administración de la totalidad de las obras e instalaciones de la autopista. Esta medida abarcará no solamente a los inmuebles por naturaleza, sino también aquellos bienes que, aun siendo susceptibles de traslado sin deterioro de la cosa inmueble a la que estén unidos, concurran a satisfacer necesidades de la explotación.
e) La fianza de explotación no será devuelta al concesionario en tanto las instalaciones de la autopista no alcancen el grado de mantenimiento normal exigido o en tanto no se integren los bienes que deban completarlas. El Ministerio de Obras Públicas podrá aplicar, la fianza a la reparación de los bienes deteriorados o a la adquisición de los indebidamente retirados, devolviendo la diferencia, si la hubiere.
Cláusula 107. Incumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario.
a) El incumplimiento de las obligaciones impuestas al concesionario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32, 2, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, podrá determinar la extinción de la concesión, según lo que se dispone en la presente cláusula.
2. Por graves deficiencias en el cumplimiento de plazos de presentación de proyectos y construcción de los tramos de la autopista, de acuerdo con los planes ofertados y aprobados de proyectos y obras. Por grave deficiencia se entenderá la demora voluntaria en la presentación de los proyectos o en la construcción por tiempo superior a tres meses. Todo ello se encenderá sin perjuicio de lo establecido en el artículo 138 del Reglamento General de Contratación del Estado.
4. Por percibir peajes superiores en un 10 por 100 a los autorizados, o el manifiesto incumplimiento de las órdenes de la Administración, como consecuencia de cobros superiores a los autorizados en el caso de porcentajes inferiores al anteriormente reseñado.
5. Por grave descuido en la conservación de la autopista, siempre que tal conducta dé lugar a la realización de obras de restauración por la propia Administración en más de una ocasión, con cargo a la fianza del concesionario.
6. Por no prestar fianza en los plazos y condiciones señalados, o por no complementarla, cuando se haya procedido contra la misma, en el plazo de un mes, contado desde el acto de disposición.
d) Si el Gobierno declara la resolución de la concesión la fianza será inmediatamente incautada, sin perjuicio de la exacción de las multas que se hubieran ya impuesto por incidencia del concesionario en alguno de los supuestos que arrastran penalización, conforme a las normas contenidas en los pliegos.
e) La Administración devolverá al concesionario cuyo contrato hubiese sido declarado resuelto por incumplimiento la totalidad de las inversiones hechas en la autopista por razón de expropiación de terrenos, realización de obras de construcción y actos de incorporación de bienes que sean necesarios para la explotación. La liquidación se verificará de acuerdo con los principios que a continuación se señalan, siempre sin superar los límites máximos a que, en cuanto a responsabilidad patrimonial, se refieren los preceptos correspondientes de este pliego:
1. Las expropiaciones se indemnizarán por lo realmente pagado a los expropiados en su momento, deducida la cuota de amortización que en función del número de años corresponda.
2. Las obras de construcción se satisfarán en base a lo realmente ejecutado y definido en los proyectos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y a los precios que en ellos figuren, deduciendo la cuota de amortización que en función del número de años corresponda.
3. Los bienes inmuebles incorporados a la concesión que no figuren en los presupuestos de obra se evaluarán en atención a su estado de uso.
f)	Si el concesionario hubiese contado entre sus recursos con créditos de terceras personas, nacionales o extranjeras, no se le abonará sino aquella parte de la indemnización que restare después de solventar las obligaciones contraídas con las mismas, entre las que tendrán carácter preferente aquellas que, de alguna manera, estuvieran garantizadas por el Estado Si los recursos ajenos de la Sociedad estuvieran garantizados con hipoteca de la concesión, el producto de la liquidación se retendrá para ser puesto a disposición de los acreedores hipotecarios en solvencia de sus respectivos créditos.
g)	Los titulares de explotaciones complementarias en las áreas de servicio de la autopista, caso de resolución por incumplimiento del contrato de concesión, continuarán en el pacífico disfrute de sus derechos, conforme a los contratos convenidos con el concesionario, en cuya posición se subrogará la Administración a partir del día siguiente a la declaración de la resolución.
Si del incumplimiento del contrato por parte del concesionario se derivare perturbación del servicio público estimada por la Administración y ésta no decidiere la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el empresario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.
Cláusula 108. Extinción de la personalidad jurídica del concesionario.
Según lo dispuesto en el artículo 32, 3, de la Ley 8/1072, de 10 de mayo, la extinción de la personalidad jurídica del concesionario será causa de resolución de la concesión, con pérdida de la fianza constituida por aquél.
Cláusula 109. Quiebra del concesionario.
La quiebra de la Sociedad concesionaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32, 4, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, determinará la extinción de la concesión y la pérdida de la fianza.
Análogamente al caso, anterior, la Administración se hará cargo del servicio, liquidando las inversiones hechas por el concesionario en terrenos, obras e instalaciones, con arreglo a lo dispuesto para el caso de resolución por incumplimiento.
Cláusula 110. Mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario.
El mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario extingue la concesión en cualquier tiempo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32, 5, de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, con arreglo a las condiciones del convenio que se suscriba entre ambas partes.
Cláusula 111. Rescate del servicio por la Administración.
El rescate del servicio hecho por la Administración es causa de extinción de la concesión, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32, 8, de la Ley 899í2, de 10 de mayo.
El acuerdo de rescate se adoptará por el Consejo de Ministros. En ningún caso dicho acuerdo podrá adoptarse antes de que transcurra el 25 por 100 del período concesional.
Cláusula 112. Otras causas de extinción.
La destrucción total de la autopista por caso fortuito o por fuerza mayor extinguen la concesión, si bien el concesionario podrá recobrar la fianza que hubiera prestado, una vez solventadas sus obligaciones para con la Administración. No habrá lugar a devolución de fianza si la destrucción ocurriese por dolo o culpa del concesionario, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier orden en que incurriese.
La destrucción parcial de la autopista por caso fortuito o fuerza mayor, si fuera superior al 25 por 100 de su trazado, dará derecho al concesionario para optar entre la extinción de la concesión, con devolución de fianza, a la suspensión de sus efectos por el tiempo que tarde en la reconstrucción.
Los porcentajes de autopista destruida se entienden referidos a su trazado, medido longitudinalmente, tal y como queda delimitado para toda la concesión.
Los efectos previstos en esta cláusula se producirán cualquiera que sea el estado de construcción de la autopista, de tal manera que la destrucción de alguno de los tramos en construcción o explotación estando otros pendientes no aminorará la estimación de porcentajes, referidos en todo caso a la totalidad del trazado,
b) Se presumirá el abandono cuando el concesionario, sin causa justificada, deje de prestar servicio durante más de cuarenta y ocho horas seguidas, mediante la retirada de su personal y desatención absoluta del servicio. El abandono supone la incautación del servicio por la Administración, con pérdida de la fianza para el concesionario.
c) La renuncia deberá ser pura y simple y hecha por escrito ante el Ministerio de Obras Públicas. Esta renuncia autorizará a la Administración para la incautación del servicio sin devolución de fianza. Si la renuncia se hiciere en favor de persona determinada, tal acto se interpretará como de cesión de la concesión, disciplinándose sus efectos por lo establecido para este supuesto.
Sección 4.ª Suspensión de la concesión
Cláusula 113. Caso de estado de guerra o subversión grave.
En caso de producirse las circunstancias declaradas por el Gobierno a que se alude en el artículo 33, 1 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, y la autopista quedare destruida total o parcialmente, se estará a lo dispuesto en las cláusulas 112 y 114 del presente pliego.
Si no se produjere ninguna clase de destrucción se reanudarán sus efectos al término de la situación que diera origen a la declaración que en su día adoptare el Gobierno.
Cláusula 114. Caso de destrucción parcial de la autopista.
La suspensión de la concesión por destrucción parcial de la autopista, contemplada en el artículo 33, 2 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, habrá de entenderse referida a cuando la destrucción no alcance al 25 por 100 del trazado, en cuyo caso el concesionario estará obligado a la reconstrucción de las zonas destruidas en el plazo que le señale el Ministerio de Obras Públicas.
Si el concesionario, producida una destrucción parcial de la autopista superior al 25 por 100 de su trazado optare por la suspensión de sus efectos por el tiempo que tarde en la reconstrucción, ésta se hará a sus expensas y en los plazos y con los sistemas de ejecución que le señale el Ministerio de Obras Públicas.
Fecha de disposición: 25/01/1973
Fecha de publicación: 16/02/1973
Fecha de entrada en vigor: 17/02/1973
las cláusulas 40 y 43 y SE AÑADE la 40 bis y 43 bis, por Real Decreto 1337/2018, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2018-14802).
la cláusula 8.d) del pliego, por Real Decreto 488/2012, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2012-3163).
SE PRORROGA durante el año 2000 las tarifas y peajes en las autopistas de la Administración General del Estado, por Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2000-6279).
la cláusula 84 del Pliego, por Real Decreto 114/1998, de 30 de enero (Ref. BOE-A-1998-3727).
la cláusula 45 del Pliego de cláusulas Generales por Real Decreto 210/1990, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-1990-4366).
por Real Decreto 1876/1981, de 20 de agosto (Ref. BOE-A-1981-19772).
Reglamento Hipotecario de 14 de febrero de 1947 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1947-3843).

References: artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 150
 artículo 8
 artículo 150
 artículo 8
 artículo 111
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 36
 artículo 32
 artículo 6
 artículo 20
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 5
 resolución 
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 14
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 artículo 138
 resolución 
 artículo 25
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 138
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 33
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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