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Timestamp: 2018-11-13 04:32:52+00:00

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2 de enero de 2009 issn 0787-0415 boletÍn 6120-07 - Página 4
El Consejo, aparte del Registro, fiscalizará el cumplimiento de las normas sobre tratamiento y protección de datos personales, conocerá de las reclamaciones que interpongan los titulares de datos, impondrá sanciones a los responsables que hubieren incumplido dichas normas, y, entre otras atribuciones, dictará instrucciones de carácter general o particular, respecto de las condiciones de legitimidad de un tratamiento de datos.
El nuevo artículo 26 que se introduce a la ley Nº 19.628 sobre protección de datos de carácter personal, establece el procedimiento para estos efectos; en el nuevo artículo 23 se establecen las infracciones, clasificadas según su gravedad, y en el nuevo artículo 24 las respectivas multas que podrá aplicar el Consejo.
Desde este punto de vista y leído el proyecto de ley como un esquema abstracto de regulación, no es distinto a otros sobre situaciones similares, excepto que no se utiliza la denominación de superintendencia.
Ahora bien, las superintendencias que se encuentran vigentes, operan sobre un universo limitado de instituciones que dan determinados servicios a sus clientes o afiliados, de manera tal que las instituciones son relativamente pocas y susceptibles de ser fiscalizados por las entidades respectivas. El Registro, en cambio, que estaría a cargo del Consejo, representará, como ya se ha dicho, un universo inmanejable de bases de datos a menos que el referido Consejo llegue a ser un organismo de dimensiones nacionales y preparada para operar con volúmenes que exceden, numéricamente, el universo de entidades que actualmente fiscalizan las superintendencias propiamente tales.
Éste resulta ser el obstáculo central de la forma como se ha concebido el proyecto de ley y que deberá ser analizado desde una perspectiva realista para evitar el nacimiento de un ente concebido en un mundo teórico que no funcionará en la práctica.
7.- Instrucciones particulares.
El Consejo para la Transparencia y Protección de Datos Personales tendrá la atribución, entre otras, de dictar instrucciones de carácter general o particular, respecto de las condiciones de legitimidad de un tratamiento de datos (letra d) del nuevo artículo 33 bis). Esta atribución merece algunos reparos.
Si se ha podido comparar al Consejo con una superintendencia, nada obsta a que el órgano pueda dictar instrucciones generales, aplicables a todos los organismos fiscalizados y en la medida que las instrucciones tienen por objeto permitir o facilitar dicha fiscalización.
Pero este Consejo podrá, además, dictar normas de carácter particular, respecto de las condiciones de legitimidad de un tratamiento de datos.
La expresión “tratamiento de datos” la utiliza la ley vigente para regular el que efectúan los organismos públicos (artículos 20 y siguientes). Respecto de otras bases, los artículos 4º y siguientes se ocupan de su regulación, que en su esencia, consiste en la utilización de los datos consignados en la base con autorización del titular. Parte importante de esta regulación, que incluso ahora se modificaría, se refiere a la forma como se debe otorgar dicha autorización y al deber de reserva por parte de quienes administran la base.
En este contexto, cabe preguntar qué alcance tiene la atribución que se le viene otorgando al Consejo para dictar instrucciones particulares sobre la legitimidad de un tratamiento de datos. Tal como se presenta la norma, el Consejo podrá determinar, respecto de un responsable específico de una base de datos, si un tratamiento es o no legítimo según las instrucciones especiales que se le hubieren dictado, y que podrían ser distintas para otras bases de datos.
Este esquema legal no parece aceptable por la amplitud de la atribución, y porque, en la medida que la utilización o tratamiento de los datos pueda ser remunerada y constituir una actividad económica protegida constitucionalmente, la forma de dictar dichas regulaciones necesariamente ha de ser mediante normas de rango legal (artículo 19 Nº21 de la Constitución).
Este aspecto del proyecto merece ser reestudiado y sustancialmente modificado.
La creación de un Registro Nacional de Bases de Datos a cargo del Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales es una idea que parece conveniente apreciada en abstracto; en la práctica, sin embargo, por la cantidad de bases de datos que ya operan el país, no va a ser posible que la ley se aplique en la forma que el proyecto intenta establecer. Adicionalmente, la obligación de registrar las bases de datos, incluso si se estima que algunas no quedarán comprendidas en dicha obligación (sin que se sepa cuáles), va a generar una burocratización innecesaria y perjudicial para el establecimiento de todo tipo, naturaleza, contenido y volumen de bases de datos, pues tal como se presenta el proyecto, ninguna base de datos podría operar sin inscribirse o sin que el Consejo la exima de inscripción; ello además, es una circunstancia que parece imposible de fiscalizar, empleando un conjunto razonable de medios y recursos.
Por otra parte, el Consejo, para poder ejercer sus atribuciones, en forma similar a una superintendencia, respecto de todas las bases de datos, deberá tener una dimensión administrativa que va a exigir la creación de un gran número de cargos lo que lo transformará en una ente burocrático y probablemente poco operativo.
Tal vez pudiera estudiarse una regulación más especifica para datos consignados en bases circunscritas a datos sensibles, que junto con generar algún interés económico en su tratamiento (por ejemplo, los fármacos más consumidos por determinados pacientes), constituyen aspectos concernientes directamente al ámbito privado de las personas, que queda comprendido en la garantía constitucional del respeto a la vida privada y protección de la honra de las personas. Fuera de este ámbito, el Registro que se propone crear no parece viable por los aspectos prácticos que presentaría en su funcionamiento.
1 Unos 376 millones de pesos.
2 Quedaría con la siguiente redacción:
Toda persona tiene derecho a controlar la información que le concierne, de modo de obtener un adecuado resguardo a sus derechos fundamentales, sin que ello obstaculice innecesariamente el libre flujo de los datos personales.
3 Quedaría con la siguiente redacción:
i) Fuentes accesibles al público, los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, cuyo acceso no se haya restringido o reservado sólo a los titulares e interesados en los datos personales que contiene, y que no hayan sido calificado como reservados o secretos en la normativa específica que les rija, tales como, la estadística de los censos; los listados telefónicos en los términos previstos por su normativa específica; las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que voluntariamente se hayan incorporado, consintiendo en el tratamiento público de sus datos, y que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, domicilio o residencia e indicación de su pertenencia al grupo; los diarios y boletines oficiales; y los medios de comunicación social.
El responsable del banco de datos deberá arbitrar las medidas necesarias para la correcta identificación por los titulares de datos, de la condición de fuente accesible al público.
4 Quedaría con la siguiente redacción:
Artículo 3°.- En toda recolección de datos personales que se realice a través de encuestas, estudios de mercado o sondeos de opinión pública u otros instrumentos semejantes, sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones que esta ley regula, se deberá informar a las personas del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas y el propósito para el cual se está solicitando la información. La comunicación de sus resultados debe omitir las señas que puedan permitir la identificación de las personas consultadas, las consecuencias jurídicas de su negativa, la finalidad para la cual se está solicitando la información, los destinatarios de los datos y la posibilidad de que éstos sean comunicados a terceros.
5 Disposición vigente:
6 Mera adecuación.
7 Quedaría con la siguiente redacción:
8 Disposición vigente:
9 Quedaría con la siguiente redacción:
10 Quedaría con la siguiente redacción:
Artículo 7°.- Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales o tengan acceso a estos de otra forma, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo.
11 Quedaría con la siguiente redacción:
Artículo 9°.- Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público, en los casos mencionados en el artículo 4º precedente.
12 El artículo 11, según el texto consultado de la página web de la Biblioteca del Congreso, es el siguiente:
13 Quedaría con la siguiente redacción:
Artículo 12.- Toda persona podrá solicitar al Registro Único Nacional de Bancos de Datos información sobre la existencia de tratamientos de datos de carácter personal que pudieren afectarle, sus finalidades y todos los antecedentes necesarios para la identificación del responsable del tratamiento. El Registro Único será de consulta pública y gratuita.
Toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente y las evaluaciones y apreciaciones que sobre dicha información hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses, así como los criterios de apreciación empleados, el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan comunicado los datos”.
En caso de que los datos personales sean erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, y así se acredite, tendrá derecho a que se modifiquen salvo que el responsable del registro o banco de datos acredite lo contrario.
En el caso de los incisos anteriores, la información, modificación o eliminación de los datos serán absolutamente gratuitas, debiendo proporcionarse, además, a solicitud del titular, copia del registro alterado en la parte pertinente. Si se efectuasen nuevas modificaciones o eliminaciones de datos, el titular podrá, asimismo, obtener sin costo copia del registro actualizado, siempre que haya transcurrido a lo menos seis meses desde la precedente oportunidad en que hizo uso de este derecho. El derecho a obtener copia gratuita sólo podrá ejercerse personalmente o debidamente representado.
14 El artículo 16 vigente contiene el procedimiento para requerir ante el responsable de un banco de datos, información sobre datos relativos al requirente, su procedencia, destinatario, el propósito de su almacenamiento y la individualización de las personas o instituciones a los cuales se hubieren transmitido.
15 El inciso segundo del artículo 19, en el cual incide la modificación quedaría con la siguiente redacción:
16 Artículo 22 vigente:
17 Artículo 23 vigente:
18 Quedaría con la siguiente redacción:
Asimismo, tiene por objeto velar por el adecuado cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales, por parte de organismos públicos y personas naturales, o jurídicas de carácter privado, junto con establecer un sistema único nacional de registro de los bancos de datos personales.
2. El Consejo: el Consejo para la Transparencia y Protección de Datos Personales.
19 Corresponde al artículo 2º, Nº1, letra a) de este proyecto de ley.
20 Inciso primero del artículo 1º.- El tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción del que se efectúe en ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, N° 12, de la Constitución Política.
21 Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2° (básicamente la Administración del Estado, la Contraloría y el Banco Central), deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:
22 Artículo 32 vigente:
23 Modificaciones de mera concordancia.
24 Artículo 49.- Las sanciones a entidades públicas previstas en este título serán aplicadas por el Consejo, previa instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo, ajustándose a las normas del Estatuto Administrativo. Con todo, cuando así lo solicite el Consejo, la Contraloría General de la República, de acuerdo a las normas de su ley orgánica, podrá incoar el sumario y establecer las sanciones que correspondan.
25 Esta modificación debe entenderse hecha al mismo artículo 49 del número anterior.

References: artículo 26
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 33

Artículo 3

Artículo 7

Artículo 9
 artículo 4
 artículo 11

Artículo 12
 artículo 16
 artículo 19
 Artículo 22
 Artículo 23
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 19
 Artículo 7
 artículo 2
 Artículo 32
 Artículo 49
 artículo 49