Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2010/09/
Timestamp: 2020-08-14 01:26:15+00:00

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JUSTICIA CIEGA: septiembre 2010
Málaga: STAJ, contra la "alfombra rosa" para los presuntos delincuentes "malayos"
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) manifestó este martes "sentirse ofendidos por el trato de favor" que han recibido los encausados del caso Malaya. Así, destacaron en un comunicado que el pasado lunes "acotaron el 90 por ciento de la entrada a esta sede para su acceso, incluyendo el acceso reservado para discapacitados, y dejando un resquicio de apenas 1.5 metros para la entrada de los más de 1000 trabajadores de la Ciudad de la Justicia de Málaga (CJM) y los 4000 ciudadanos que acuden diariamente a la mayor sede administrativa de Andalucía".
Por ello, señalaron su "profundo desacuerdo" con la actuación de la Consejería de Justicia de la Junta en la gestión de las vías de acceso a los tribunales, a la vez que pidieron "que se establezca, sin dilación, el normal orden de entrada a los tribunales".
Para STAJ, la Ciudad de la Justicia de Málaga "no puede convertirse en una bochornosa pasarela para aquellos que han cometido, presuntamente, el mayor expolio municipal perpetrado en la historia de España a la vez que condena a los demás usuarios a restringir su normal acceso".
Madrid: La huelga alcanza en Justicia una participación del 8,38%
La incidencia de la huelga general del 29 de septiembre en los órganos judiciales de Madrid capital ha sido muy escasa y el personal funcionario adscrito de la Comunidad Autónoma de Madrid ha seguido la huelga en un 8,38 por ciento. En la Audiencia Provincial de Madrid, que tenía 6 juicios señalados, cinco se han celebrado y uno se ha suspendido, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Los juicios que estaban señalados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; los Juzgados de Menores; Plaza de Castilla; y los Juzgados de lo Penal se han celebrado sin ningún tipo de incidencia.
En algunos casos, paradójicamente, la huelga ha surtido un efecto de agilización de algunos de los trámites habituales de los tribunales. Por ejemplo, en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid -uno de los más representativos a nivel nacional- se constató que, debido al descenso del tráfico, la Guardia Civil “fue más rápida de lo normal en el traslado de presos”. Tan sólo fueron suspendidas algunas vistas por la dificultad de algunos testigos para llegar al juzgado.
Fuente: que.es , expansion.com
Sevilla: El juez decano dice que ningún juicio se ha visto afectado por la huelga
El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha calificado de "escaso" el seguimiento que los funcionarios judiciales han hecho en la jornada del miércoles de la huelga convocada por los sindicatos CCOO y UGT, añadiendo además que la jornada de protesta no ha motivado la suspensión de ninguno de los juicios previstos.
Jiménez Ballester ha señalado que han sido "muy pocos" los funcionarios que han secundado la huelga, poniendo como ejemplo que, en el caso del Decanato, únicamente han faltado a su puesto de trabajo dos de los 60 funcionarios con los que cuenta este departamento.
El juez decano de Sevilla ha subrayado que el funcionamiento de los juzgados el miércoles "es de plena normalidad", más allá, según ha afirmado, de los problemas que hayan podido tener para acudir a los juzgados los ciudadanos y trabajadores de la Administración de Justicia debido a los problemas en el tráfico.
El escaso seguimiento se ha debido a que los sindicatos mayoritarios en la administración de Justicia -CSIF y STAJ- no secundaban el paro, pero en la Audiencia de Sevilla se ha dado la paradoja de que han trabajado con normalidad funcionarios afiliados a los sindicatos UGT y CCOO, convocantes del paro.
El seguimiento de la huelga general convocada ayer ha sido mínimo tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, según han informado fuentes de ambos órganos. La gran mayoría de los 538 empleados que trabajan en los Juzgados Centrales y en las Salas de lo Penal, Social y Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han acudido ayer a sus puestos de trabajo. Han faltado aproximadamente un 12 por ciento, entre 40 y 50 trabajadores.
En el alto tribunal se han celebrado las vistas señaladas con normalidad, y la actividad ha sido también la habitual en la Audiencia, si bien en este órgano no se habían señalado para ayer ningún juicio en previsión de que pudieran faltar demasiados funcionarios.
Todos los jueces centrales de lo Penal han acudido ayer a su puesto de trabajo, al igual que los secretarios judiciales de la Audiencia Nacional, mientras que en la Sala de lo Penal han parado los magistrados Nicolás Poveda, Ramón Sáez y José Ricardo de Prada y Javier Martínez Lázaro, si bien estos dos últimos han seguido la huelga desde su despacho, según han informado fuentes de este órgano.
La previsión de que el seguimiento de la protesta en este centro fuera más numeroso obligó a aplazar hasta hoy jueves la sesión inicialmente prevista del juicio contra 20 responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna conocida como Udalbiltza Kursaal. Tampoco se había señalado ninguna vista de extradición ni de apelación.
En situación parecida se ha desarrollado este miércoles la actividad en el Tribunal Supremo, donde la incidencia de la convocatoria contra la reforma laboral ha sido mínima, según los propios trabajadores de este órgano, que han expresado con sorpresa que esperaban un seguimiento mayor. Casi no han faltado funcionarios y en alguna Sala, como la de lo Contencioso-Administrativo, todos estaban ayer por la mañana en sus puestos.
Por ello, todas las vistas señaladas se han celebrado con normalidad en el alto tribunal, incluida la de la Sala de lo Penal, a puerta cerrada, para revisar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que en noviembre del pasado año rebajó en cinco años la condena que había sido impuesta inicialmente a María Rosario R.D., la 'Canguro' enjuiciada por la muerte de un bebé de seis meses ocurrida en agosto de 2007.
Silva teme que la nueva Ley de Planta obvie las circunstancias territoriales aragonesas
Aragón apuesta por la modernización de la Justicia pero "que se adapte a la realidad territorial de la Comunidad, y a su organización en comarcas para lograr un territorio equilibrado, no queremos que se legisle desde Madrid y nosotros simplemente pagar la factura". Así lo ha reiterado el consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, en el marco del Taller sobre Planta y Demarcación Judicial: "Reorganizar para ser más eficientes" que ha sido organizado por el Ministerio de Justicia en Madrid.
Rogelio Silva ha señalado que son necesarias estas reformas pero que se tenga en cuenta a la Comunidad autónoma "queremos una justicia moderna pero que se respete la realidad de Aragón". En este sentido ha indicado que en el último debate sobre el Estado de la Comunidad, se aprobó una resolución en la que se insta al Ejecutivo autónomo a que aplique el criterio comarcal en su propuesta para que el nuevo diseño de la Administración de Justicia no perjudique la vertebración y el equilibrio territorial en la prestación de los servicios públicos en Aragón.
Descienden un 15% las quejas por el trato recibido de los jueces
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contabilizado 14.998 quejas en su Memoria correspondiente al año 2009, a través de las que 15.342 demandantes denuncian a 15.770 órganos, alegando 18.606 motivos. En comparación con los datos de 2008, ha registrado un descenso del 15 por ciento en el número de reclamaciones por el trato recibido por parte de los jueces y un 18 por ciento en el de los secretarios judiciales.
En relación con los motivos de las quejas y reclamaciones, el 75,3 por ciento fueron relativas al funcionamiento de juzgados y tribunales (Carta de derechos), actuación profesional y modo de practicar actuaciones mientras que el 13,4 por ciento se centraron en mostrar su disconformidad con la resolución judicial.
Desde el punto de vista de quien formula la queja, el 58,5 por ciento se corresponden a hombres, el 37,5 por ciento a mujeres, el dos por ciento a otros, el 1,5 por ciento a personas jurídicas y el 0,5 por ciento a un organismo judicial.
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Cataluña: STAJ prevé un seguimiento escaso del paro el 29-S
Los sindicatos mayoritarios en la administración de justicia en Cataluña STAJ y CSIF, que no se han sumado a la convocatoria de huelga general, prevén que ésta tendrá un seguimiento mínimo en su sector si el paro en el transporte no impide a los funcionarios acudir a sus puestos de trabajo.
Según fuentes sindicales, la convocatoria de huelga en el sector la sustentan sólo UGT y CCOO, que ocupan, respectivamente, el tercer y cuarto puesto en número de afiliados entre los funcionarios de justicia de Cataluña, lo que hace prever un seguimiento desigual del paro en los juzgados.
Además, los servicios mínimos fijados para el ámbito judicial, del 100% en las guardias y en las causas urgentes, garantizarán, según fuentes de STAJ y CSIF consultadas, el normal funcionamiento de los juzgados y se estima que la incidencia del paro en la celebración de juicios será reducida.
De acuerdo con los servicios mínimos establecidos por el Departamento de Justicia, el próximo miércoles 29 acudirá a trabajar un funcionario por juzgado en el ámbito penal y uno para cada dos en el civil, mientras que las audiencias provinciales contarán con un administrativo por sección.
En el ámbito penitenciario, trabajará el 75% del personal de prisiones y los centros de internamiento de menores tendrán el 80% del personal de servicios, la asistencia sanitaria habitual y un 50% de los técnicos de los servicios de mediación y de ejecución de medidas en régimen abierto.
La desconfianza hacia los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, es el principal motivo que esgrimen los representantes de los sectoriales STAJ y CSIF para desvincularse de la huelga general del próximo miércoles, que en su opinión "llega tarde" porque el Gobierno ha aprobado ya las medidas económicas que se quieren combatir con el paro.
Además, portavoces de ambos sindicatos coinciden en señalar que el apoyo de CCOO y UGT al paro de funcionarios del pasado mes de junio fue insuficiente -a lo que achacan la escasa participación en esa huelga- y que ello ha motivado, en su juicio, el actual desencanto de los trabajadores públicos con las dos grandes centrales.
Los motivos económicos también imperarán entre los funcionarios de justicia a la hora de acudir a la huelga, dado que muchos son reacios a perder otro día de trabajo cuando el pasado mes de junio ya se les descontó una jornada laboral de la nómina, a lo que se suman las pérdidas por el recorte salarial que el Gobierno ha aplicado a los empleados públicos, según las mismas fuentes.
Aunque la ley impide en principio a jueces y fiscales secundar el paro -una interpretación muy discutida en el sector-, algunas agrupaciones de la judicatura, como Jueces por la Democracia (JD) y Unión Progresista de la Fiscales (UPF), han expresado su apoyo a la huelga general en respuesta a lo que consideran un golpe a los derechos sociales y laborales.
¿Crisis? CC OO y UGT se embolsan medio millón al año por la gestión de planes de pensiones
El universo de acción, y por ende, de enriquecimiento de los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT) resulta infinito. A las cuotas de sus afiliados, las millonarias subvenciones que reciben de distintos ministerios, especialmente del de Trabajo, la financiación estatal de cursos de formación continua o los sobresueldos de empresas públicas que ya recibe la mitad de los dirigentes de estos sindicatos de clase, hay que sumar otro importante caladero del que se nutren: Los planes de pensiones.
Desde el año 2004, con la llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, las centrales fueron designadas para formar parte de la firma que dirige el Plan de Pensiones de la Administración del Estado, con un accionariado del 30% (15% cada una). El 70% restante está en manos de la entidad financiera BBVA.
Sin embargo, ha sido en los últimos 12 meses cuando UGT y Comisiones Obreras han visto cómo incrementaban a mayor ritmo sus ganancias en concepto de comisiones por la gestión de este programa.
Según datos oficiales y perfectamente contrastados a los que ha accedido LA GACETA, las entidades que lideran Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo se han embolsado en dicho año la suma total de medio millón de euros. Resulta llamativo que estos sindicatos se estén lucrando con su presencia en el citado equipo rector del plan estatal de pensiones, cuando los propios funcionarios van a sufrir una congelación salarial de las mismas en toda regla en el entrante 2011.
En concreto, en el tercer trimestre de 2009, los principales convocantes de la huelga general del 29-S (condenada ya de salida prácticamente al fracaso) percibieron comisiones en esta materia por valor de 97.924,5 euros. Al siguiente trimestre, en alza, obtuvieron 100.946,7 euros. Y en lo que va del presente año, la cantidad contabilizada asciende, de momento, a los 331.395 euros.
La fórmula mágica para lograr semejante aumento de beneficio ha consistido en ir incrementado el porcentaje de gasto de gestión que afecta a las comisiones, pasando de un 10% a un 15% sobre un patrimonio que ronda los 500 millones de euros. Éste se compone de 583.342 partícipes. Por contra, otras entidades sindicales no alineadas con UGT y CC OO, que critican esta fuente de financiación “extra”, han venido denunciando que empleados públicos de la Administración General del Estado estén perdiendo parte del dinero abonado como “salario diferido” por el saldo negativo de las inversiones que acomete en su nombre la comisión denominada Gestión de Previsión y Pensiones (EGFP). Desde el inicio, la mayoría de los ejercicios se cerraron con pérdidas, que se elevaron, por ejemplo, a un acumulado del 6% en 2008. Según el sindicato CGT, la empresa Gestión de Previsión y Pensiones, que no es un órgano de la Administración Pública al uso, disponía el pasado año de una plantilla formada por 1 directivo, 15 técnicos y 3 administrativos.
A su vez, la caracterizaba una masa salarial de 1.315.692,94 euros, casi 70.000 euros de media, y ofrecía una incentivación anual para los puestos directivos de 246.842,98 euros. No obstante, UGT y CC OO, que integran también el accionariado de Fonditel, una de las gestoras que concurrió a la adjudicación del Plan General de Pensiones en 2004, sacan partido igualmente al sector privado. El pasado febrero, LA GACETA informó del celo con que Toxo oculta el hecho de presidir él mismo la Consultora de Pensiones y Previsión Social, Sociedad de Asesores SL, la cual que desde hace años acumula suculentos ingresos por la gestión de fondos de pensiones de sus afiliados, aquellos que no pertenecen a la función pública.
Fue el 1 de julio de 2005, cuando el consejo de administración le situó al frente del mismo, en sustitución de su compañero Fernando Puig-Samper. Este negocio que maneja Toxo, a cuya dirección llegó siendo secretario de Políticas Sectoriales, declaró en un solo ejercicio beneficios de 91.680 euros.
Castilla y León: La judicatura exige crear 29 juzgados y reforzar la plantilla
La judicatura de Castilla y León exige la creación en 2011 de 29 unidades judiciales y reforzar con siete magistrados la plantilla de las audiencias provinciales y de las salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, con sede en Burgos y Valladolid.
De esta forma, pretenden resolver parcialmente el atasco acumulado en los juzgados, que desde 2008 se ha incrementado en los de lo Mercantil y Social, según recoge el capítulo de necesidades de la Memoria Judicial de 2009.
El informe, aprobado por la Sala de Gobierno del TSJCyL y enviado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia, no se olvida de la atención a las víctimas de la violencia de género.
Los decanatos de León, Salamanca y Zamora entienden que en sus partidos judiciales sería preciso crear esta unidad específica o ampliar el número de juzgados de primera Instancia e Instrucción, una posibilidad que también se plantea desde Ponferrada, lo que serviría también para atender la comarca leonesa de Laciana.
Córdoba: Un 6% de las denuncias tramitadas ante el juzgado por maltrato se retira
El 6,3 por ciento de las 1.237 denuncias tramitadas ante los juzgados cordobeses por violencia de género en el último año fue retirado por las presuntas víctimas, según consta en la memoria estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al periodo que va de marzo de 2009 a marzo de este año, último balance oficial.
La cifra no es baladí si nos atenemos a que se trata de 80 denuncias sobre el total registrado por los tribunales. El Poder Judicial fija una ratio de renuncia por denuncia que en las últimas fechas viene aumentando en la provincia de manera progresiva.
La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Córdoba constató que existe un porcentaje cada vez más alto de denuncias de maltrato interpuestas por la propia Policía Nacional o Local, el colectivo médico en base a sus partes o testigos de las agresiones que siguen su curso judicial pese a la negativa de la mujer a denunciar.
Fuentes de la Fiscalía aseguraron que estas denuncias constituyen con los testimonios de los atestados practicados por los agentes, por el parte médico de un facultativo que atendió a la presunta víctima y que ve compatibles las heridas que presenta con una agresión y no con una caída como suelen explicar las lesiones las maltratadas, o de los testigos, una prueba de cargo válida en el juicio.
De hecho, con estos testimonios, muchos de ellos de testigos directos, un juez puede llegar a condenar a un sujeto pese a que no declare la mujer víctima de los supuestos malos tratos, según las fuentes judiciales consultadas. Asimismo, fuentes de Fiscalía confirmaron que estas denuncias se contabilizan como otras más, junto con las que interponen las víctimas de maltrato y no quedan en un cajón. La misma estadística del CGPJ es esclarecedora al respecto: en el último año contabilizado en Córdoba se ha pasado de un 14% a un 20% del total de denuncias tramitadas gracias a estas otras vías. El 80% restante corresponde a la víctima.
Navarra: El presidente del TSJ alerta sobre "las graves consecuencias que acarrearía" a la Justicia "un recorte presupuestario"
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, ha alertado sobre "las graves consecuencias que acarrearía" en la Justicia "un notable recorte presupuestario", y ha destacado que "el adecuado funcionamiento de los órganos judiciales" entraña un "considerable ahorro del gasto público". Así lo ha expuesto Fernández durante su intervención en el acto de apertura del año judicial 2010-2011, celebrado el viernes en el Palacio de Justicia de Pamplona y que ha contado con las principales autoridades judiciales, políticas, académicas y policiales de la Comunidad.
NAVARRA CUENTA CON UNA DELINCUENCIA "SOPORTABLE"
Galicia: Xunta y TSJ reclaman al Gobierno siete magistrados y tres juzgados más en 2011
El conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, han reclamado al Gobierno central la constitución de diez nuevas unidades judiciales en la comunidad autónoma el próximo año.
Rueda y Cadenas han presidido la reunión de la Comisión Mixta entre Xunta y TSJG en la que se decidió de forma "unánime" solicitar al Ministerio de Justicia la habilitación de estos nuevos equipamientos judiciales el año próximo.
La solicitud de la Comisión Mixta pasa por la puesta en marcha de tres nuevos juzgados, uno de Primera Instancia e Instrucción en Vilagarcía de Arousa y otro en Sarria, así como uno de lo Social en Vigo.
También reclaman cinco plazas de magistrado y, "cuando menos", dos jueces de adscripción territorial.
Tras la reunión, el conselleiro destacó la "unanimidad" en la propuesta y ha recordado que "va en la línea de los manifestado por las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia", que, ha recordado, en una reciente reunión en Valencia "reclamaron al Gobierno central que apueste cada vez más por figuras distintas de los juzgados tradicionales".
Rueda ha afirmado que estas diez nuevas unidades, si finalmente son concedidas por el Ministerio, se sumarían a las 13 de nueva creación que se ponen en marcha en 2010, y que estarán operativas antes de que acabe el año.
Así, ha destacado que tan sólo en dos años Galicia contará con 23 nuevas unidades judiciales, lo que considera "un buen porcentaje respecto a las demandas de los jueces", ya que el TSJG cifraba el año pasado en 36 nuevas unidades las necesidades de la planta judicial gallega.
En la reunión también se trató la implantación de la Nueva Oficina Judicial, sobre la que el titular de Presidencia dijo que se trata de un "enorme cambio" en la administración de justicia, y ha asegurado que la Xunta lo abordará "en colaboración con los jueces y con los sindicatos".
Por último, respecto al edificio de la Fábrica de Tabacos de La Coruña, el conselleiro ha revelado que ha recibido por fax una carta del alcalde de la ciudad en la que éste le anuncia que "no está dispuesto a hacerse cargo de la inversión necesaria para que una parte del edificio albergue el Archivo Histórico".
Com.Valenciana: La Generalitat culmina la adaptación informática de los juzgados
La Generalitat ha concluido la adaptación de la aplicación informática de gestión procesal de todos los juzgados de la Comunitat a los cambios que introduce la Nueva Oficina Judicial, según ha señalado en un comunicado el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco.
Blasco ha señalado que la Valenciana es una de las comunidades "que más prisa se ha dado en adaptar la herramienta informática que gestiona los trámites procesales tras la entrada en vigor, el pasado 4 de mayo, de la reforma llevada a cabo por el Ministerio de Justicia para poner en marcha la Nueva Oficina Judicial".
Lo que ha hecho la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas es introducir modificaciones en el programa Cicerone, para que todos los juzgados de la Comunitat puedan trabajar con un soporte informático adaptado a la nueva ley 13/2009.
Así, entre las actuaciones que se han llevado a cabo, se han ido incorporando las nuevas colecciones de trámites y modelos (las plantillas de documentos) a la citada ley, hasta conseguir la completa adaptación en todos los juzgados.
El conseller Blasco ha recordado que la Nueva Oficina Judicial se espera que esté implantada en todos los partidos judiciales en cuatro años y que una comisión de trabajo específica es la encargada de efectuar el seguimiento de dicha implantación.
Entre los cambios que conlleva este nuevo modelo judicial, el conseller ha señalado los cambios en la tramitación de los procedimientos de manera que los secretarios judiciales asuman tareas hasta ahora realizadas por los jueces, que se encargarán de la resolución de las controversias, la admisión de pruebas o la inadmisión de peticiones.
Además, la NOJ conlleva la puesta en marcha de grandes servicios comunes "para gestionar los recursos de manera más efectiva y que la tramitación sea más sencilla", ha añadido el conseller.
"Podemos decir que lo que esta semana hemos conseguido, antes que otras comunidades, es la adaptación y la efectiva puesta a disposición de las herramientas informáticas con las que trabajan los profesionales de la Justicia, para que puedan hacer mejor su trabajo, conforme a la nueva ley", ha concluido.
Río Negro, Argentina: Judiciales seguirán con el paro
Los trabajadores judiciales nucleados en SITRAJUR adelantaron que la próxima semana continuarán con medidas de fuerza, con tres días de paro y dos de retiro anticipado. El conflicto parece no tener solución ya que desde el Superior Tribunal de Justicia no hubo hasta ahora señales de acercar una propuesta al sector trabajador.
En el medio, se conocieron las declaraciones del gobernador Saiz, señalando que los empleados judiciales son los que mejor sueldo tienen dentro de la adminitración provincial.
Desde el Sitrajur se informó que el lunes habrá un retiro anticipado de los lugares de trabajo desde las 10, con batucadas y otras acciones en las dependencias judiciales.
El martes, miércoles y jueves se realizará paro de actividades, en tanto el miércoles habrá asambleas. El viernes la semana culminará con un nuevo retiro anticipado. En este caso, al igual que el lunes, la modalidad se repetirá en el turno tarde desde las 15,30.
En la última semana el conflicto mantuvo dispares niveles de adhesión, pero así y todo se vio resentido el funcionamiento del servicio de justicia en las diferentes circunscripciones.
La nota esta semana se dio el jueves, cuando en las elecciones de la CTA, central sindical de la que Sitrajur forma parte, no pudieron ingresar a los tribunales de Roca para que los afiliados pudieran votar. Como muestra de reacción ante esa adversidad, decidieron improvisar un cuarto oscuro en una camioneta estacionada frente al edificio judicial.
En tanto la puja continúa, también se conoció en la pasada semana la reacción del Colegio de Abogados de Bariloche, quienes decidieron promover acciones legales contra el presidente del Superior Tribunal de Justicia. La difusión de una foto del presidente del STJ, Victor Sodero Nievas, “desfilando” con un poncho criollo durante una visita a Corea, fue otra de las imágenes que quedaron como registro de la semana que termina. El mismo que había solicitado una tregua al gremio, la que de hecho no fue aceptada.
En tanto, el conflicto transitará por casi dos meses sin que aparezcan soluciones en el corto plazo. Constreñido el presupuesto judicial, todo pareciera indicar que se dilatará la situación sin perspectivas de aumento salarial en el corto plazo.
¿No hay dinero? Aído se gasta 280.000 euros en promover la igualdad en el arte
No hay dinero para funcionarios ni para pensionistas, pero sí subvenciones que manejan los ministros a su capricho. El Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad, dirigido por Bibiana Aído, ha convocado subvenciones por valor de 280.000 para proyectos que impulsen la igualdad de género en los ámbitos de creación, producción y difusión artística, conforme ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La institución explica en su resolución que se trata de una "nueva línea estratégica de subvenciones" con el objetivo "que apuesta por la igualdad de toda la ciudadanía en el acceso a los bienes culturales y por el establecimiento de acciones positivas que permitan sensibilizar a la ciudadanía, visibilizar a las mujeres y corregir las situaciones de desigualdad en la creación, producción y creación artístico-cultural".
Estas ayudas se imputarán al presupuesto del Instituto de la Mujer para el ejercicio 2010 y serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo: en un 50%, para las regiones del objetivo 'Competitividad regional y empleo' (Cantabria, Aragón, Baleares, Madrid, Navarra, Cataluña, Rioja y País Vasco) y, en un 80%, para el resto de las regiones españolas, con cargo al presupuesto de Lucha contra la discriminación 2007-2013.
Podrán optar a la subvención las personas o entidades que desarrollen programas de ayudas dirigidas al apoyo en la organización, puesta en marcha y participación en encuentros culturales y aquellos dirigidos a autores, intérpretes y agrupaciones, para la creación, dirección, producción, postproducción y exhiición de obras teatrales, cinematográficas, audiovisuales y plásticas, informa el BOE.
Almería: STAJ presentó sus reivindicaciones al consejero Pizarro
Aprovechando la visita del Consejero de Gobernación y Justicia para la inauguración del nuevo Edificio Judicial de Almería, las delegadas del STAJ le entregaron personalmente un escrito con quejas y reivindicaciones.
La ansiada Ciudad de la Justicia de Almería, piedra angular del proyecto de modernización de los tribunales almerienses, no comenzará a rodar hasta el próximo mes de enero, según confirmaron fuentes del sector. Aunque la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía anticipó la puesta en marcha de la nueva infraestructura para verano (septiembre, según matizó posteriormente el consejero Luis Pizarro), los ‘remates’ de la obra, su recepción y el traslado de órganos retrasará los plazos previstos, situación no exenta de controversia entre los profesionales de la Administración de Justicia en la ciudad.
De hecho, fuentes judiciales indican que los jueces capitalinos esperan el traslado del primer juzgado, el de Violencia de Género número Uno de Almería -como estaba previsto-, para el mes de enero, aunque queda por confirmar oficialmente la fecha.
Según los últimos datos conocidos sobre el proyecto, las obras están prácticamente concluidas e, incluso, se abrieron a principios de verano para un grupo de representantes de la Junta de Personal. Más aún, una empresa se emplea ya en algunos juzgados para empaquetar los numerosos enseres albergados.
Sin embargo, quedan pendientes cuestiones fundamentales como la licencia de primera ocupación, responsabilidad de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, colocación del mobiliario e instalación de equipos informáticos (servidores y redes son fundamentales para la nueva infraestructura judicial), elementos que dilatan la espera para la efectiva puesta en marcha.
Además, a estos problemas se une el bloqueo de las negociaciones en Sevilla entre la Junta de Andalucía y los sindicatos para la configuración de las plantillas de la denominada ‘nueva Oficina Judicial’. Este concepto hace referencia a una organización del trabajo que hace desaparecer los juzgados como tal, creando equipos más amplios y especializados. La cuestión no es baladí, porque pretende sacar mayor partido a la plantilla de funcionarios para reducir los excedentes de trabajo en los juzgados.
La mayor sede
La Junta anunció que Almería sería pionera en la utilización de esta nueva organización del trabajo con la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia. Así, un pliego adicional al proyecto permitió rediseñar la sede con esta estructura. Ahora bien, la dificultad de ejecución y las duras negociaciones colocan otra traba al plan almeriense.
Según datos oficiosos, los juzgados se irán como juzgados a la Ciudad de la Justicia y luego se transformaran en los llamados Servicios Comunes y Unidades de Apoyo.
La Ciudad de la Justicia de Almería será el edificio administrativo público más grande de la provincia. Tiene un presupuesto que supera los 30 millones de euros y albergará todos los órganos unipersonales de la capital, al margen de la Audiencia Provincial de Almería, que continuará en la sede de la Rambla, avenida Reina Regente.
Silva Moreira paseaba tranquilo por las calles de Bilbao, el 3 de agosto de 2007, cuando una dotación policial le pidió que se identificase. Los policías introdujeron sus datos en el ordenador central y allí figuraba una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión contra alguien que se llamaba prácticamente igual que él. La orden procedía de un tribunal situado a unos 1.000 kilómetros de Bilbao, la Audiencia Provincial de Almería.
El Juzgado de Instrucción 9 de Bilbao no creyó sus lamentos de inocencia y ordenó encarcelarle a disposición del tribunal andaluz. Fueron 173 días de impotencia y rabia. Un cautiverio alimentado además por la burocracia judicial. Hubiese bastado con cotejar sus huellas con las que figuraban en el sumario de Almería para aclararlo todo al instante. Pero acababa de comenzar agosto. Y tuvo que esperar hasta febrero de 2008 para abandonar las rejas, cuando el juez de Bilbao se cercioró de que todo era un error y archivó la causa. La policía le entregó un informe que acreditaba "sin género de dudas" (las huellas eran diferentes) que el Flavio Emilitín Silva encarcelado no era el Flavio Emilitín Silva buscado en Almería por quebrantamiento de condena.
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Pontevedra: Los Juzgados de lo Social registran un aumento de casos de despido con 260 expedientes al mes
Desde que se empezaron a notar los graves efectos de la actual situación de recesión, el Consejo General del Poder Judicial hace un seguimiento especial de los efectos que la crisis tiene en los tribunales. Los últimos datos actualizados por el CGPJ se refieren al primer trimestre del año y no son positivos. En lo que respeta a los órganos judiciales de Pontevedra, el 2010 comenzó igual de mal que el 2009, e incluso rompiendo algunas tendencias esperanzadoras que se habían detectado a finales del pasado ejercicio.
Así, las salas de lo Social de Pontevedra y Vigo iniciaron el año con un repunte de un 9% en el número de despidos que se resolvieron en los tribunales. En total, en los primeros tres meses del año 784 trabajadores acudieron al juzgado para denunciar sus despidos, frente a los 719 del año anterior. Lejos quedan cifras como los 414 despidos que se tramitaron en el mismo periodo de 2008 y más todavía los 340 de 2007. Además, se rompe una tendencia a la baja que se inició en julio del pasado año y que llevó a reducir el número despidos en los últimos tres meses de 2010 a 593.
58 concursos en tres meses
Algo similar ocurre con las empresas que entraron en concurso de acreedores en los tres juzgados de lo Mercantil de Pontevedra y Vigo. Hace tres años, en el primer trimestre de 2007, el número de firmas que presentaron la antigua suspensión de pagos se limitaba a 6 casos en toda la provincia. Entre enero y marzo de este año fueron 58, trece más que durante el mismo periodo de 2009. Al igual que ocurre con los despidos, lo peor es que esta cifra rompe una tendencia a la baja que se inició en la segunda mitad del pasado ejercicio. Ese año un total de 178 empresas estuvieron en proceso concursal en Pontevedra a lo que hay que añadir que, según los cálculos de los expertos, sólo un 15% de las sociedades que se acogen a este procedimiento salen a flote y no terminan en liquidación.
El único dato positivo se extrae de los embargos. En los primeros tres meses del año bajaron a 665, frente a los 809 del mismo periodo de 2009. No así las ejecuciones hipotecarias presentadas por impagos. Mientras que a principio de 2007 eran sólo 67 las que se tramitaban en los juzgados pontevedreses, actualmente la cifra es de 222 en estos primeros tres meses del año, cuatro más que en 2009.
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Ecuador creará el primer juzgado de los derechos de la naturaleza en Galápagos
El Gobierno de Ecuador prevé crear este año el primer juzgado de los derechos de la naturaleza, con sede en las Islas Galápagos, informó Projusticia, una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La meta del proyecto es que "se administre justicia a favor de la naturaleza" y por eso la primera experiencia será un sitio emblemático para el mundo, las Galápagos, declaradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, dijo la directora de Projusticia, Natasha Reyes.
En este archipiélago, situado unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador hay cuatro juzgados para atender demandas penales y civiles para una población de unos 20.000 habitantes.
Sin embargo, no existe un tribunal especializado en la protección del más valioso recurso de las Galápagos, como es su biodiversidad, señaló Reyes.
"La idea es que se convierta en el quinto juzgado de Galápagos y que tenga una dimensión de análisis única y exclusivamente en la protección de los derechos de la naturaleza", con capacidad para sancionar a los infractores, agregó.
Casos de pesca ilegal, daños ecológicos, atentados contra las especies y excesos del turismo, entre otros, podrían ser procesados en el nuevo juzgado, añadió Reyes, para quien, el nuevo código de procesamiento debe sancionar sin distinción a ecuatorianos y extranjeros que incurran en delitos contra la naturaleza.
"Este prototipo, que será único en el mundo, tiene que estar tan bien hecho, para que luego se reproduzca a lo largo de la geografía nacional, como por ejemplo, en la Amazonía", donde existe también una rica concentración de bienes naturales.
Por ello, Projusticia se ha empeñado en elaborar un modelo de gestión para el juzgado, además de un código con todas las tipificaciones legales que se refieran al cuidado de la naturaleza.
La iniciativa está también impulsada por organizaciones ambientalistas como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés), Sea Shepard y Conservancy International, además del Parque Nacional Galápagos (PNG), encargado de proteger la rica biodiversidad del archipiélago.
Según sus portavoces, la iniciativa podría constituirse en un ejemplo para reproducirlo en otros lugares del planeta con ecosistemas frágiles.
Reyes explicó que la creación del juzgado tiene su base en la nueva Constitución ecuatoriana, aprobada en referendo en septiembre de 2008 y que ella considera pionera en la defensa de los derechos de la naturaleza, un tema que tiene un capítulo exclusivo en la Carta Magna.
La creación de dicho juzgado está en manos del Consejo de la Judicatura, que también ha manifestado su interés de apoyar el proyecto, dijo Reyes.
El proyecto contendrá un espacio para la "sensibilización" de la ciudadanía en torno a los delitos de lesa naturaleza, así como para formar promotores de la justicia de la naturaleza entre la población.
La funcionaria incluso se atrevió a vaticinar que, si el proyecto resulta, como lo espera, éste podría convertirse en un modelo para otros países.
El procesamiento de este tipo de casos también podría generar jurisprudencia y doctrina jurídica, aplicable tanto en Ecuador como en el extranjero, reiteró.
Para Reyes, la creación del juzgado de la naturaleza es un "paradigma de ruptura" con un enfoque ligado a la protección del medio ambiente, que ahora aparece como "tarea urgente" para la humanidad.
"Es un sencillo pero contundente paso" hacia adelante en el camino para "lograr construir un mundo distinto" que presente mejores oportunidades para las futuras generaciones, añadió Reyes.
¿Crisis? La mitad de los dirigentes de UGT y CC OO cobra sobresueldos de empresas públicas y privadas
Cerca de la mitad de los miembros de las comisiones ejecutivas confederales de los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO) cobra sobresueldos y dietas de empresas públicas, cajas de ahorros y empresas privadas. El número de los dirigentes con cargo en las ejecutivas supera los 40 y una veintena de ellos aparece como asesores, consejeros, presidentes o vocales en no menos de 50 empresas, fundaciones y consejos.
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Justicia y el Gobierno de Cantabria firman el convenio "Ius+Red"
El ministro Francisco Caamaño, el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y el director general de Red.es, Sebastián Muriel, han suscrito este jueves un convenio de colaboración que contempla una inversión de 975.000 euros dirigida a la modernización tecnológica de la administración de justicia en la región. Se trata del convenio 'Ius+ReD', financiado a partes iguales por la administración central y regional, y que tendrá vigencia hasta 2012, aunque este mismo año se invertirá más de la mitad de la financiación prevista.
Permitirá complementar las actuaciones que ya desarrolla la Comunidad Autónoma en el marco de su apuesta para la modernización de la justicia. Entre otras cosas, contribuirá a la implantación en Cantabria del Expediente Judicial Digital, lo que significará la teletramitación efectiva.
El Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Justicia y la empresa pública Red.es colaborarán para conseguir que la teletramitación sea una realidad en todos los órganos judiciales de la región en el primer trimestre de 2011.
Según ha explicado Mediavilla esa teletramitación, que en la región se materializa a través del sistema Vereda, es ya una realidad en los juzgados de primera instancia de Santander, en las dos secciones civiles de la Audiencia Provincial y en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Además, esta semana ha comenzado el despliegue en los juzgados de lo penal, y a lo largo del primer trimestre de 2011 se extenderá a todos los órganos de los ocho partidos judiciales de la región, lo que supondrá un "avance sustancial" para la mejora de este servicio.
Con la firma del convenio con el Ministerio, no sólo se contribuye a financiar este despliegue, sino que además se garantiza que la aplicación informática sea compatible con las que utilicen los órganos judiciales del resto del país.
De momento, Cantabria es la primera comunidad autónoma con competencias en justicia que suscribe el convenio, pero según ha avanzado el ministro, en las próximas semanas se irán firmando con otras comunidades con las competencias transferidas. En su opinión, el hecho de que Cantabria sea la primera "no es casualidad", ya que el Gobierno regional está trabajando "intensamente" en la mejora tecnológica de la justicia.
Pero el convenio no se limita a la implantación del expediente judicial digital, sino que abarca más medidas dirigidas todas ellas a la consecución de una administración de justicia más accesible, ágil y eficaz, que permita además ahorrar tiempo y costes.
Entre esas medidas se encuentran las acciones necesarias para el despliegue de la Nueva Oficina Judicial, como la adaptación de los sistemas de grabación y el uso de la firma electrónica por los secretarios judiciales en las salas de vista.
En este sentido, el consejero cántabro ha señalado que ya se tienen las conclusiones del grupo de trabajo creado junto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en relación a la Nueva Oficina Judicial, que ahora se irá implantando "paulatinamente".
Tanto el consejero como el ministro han subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones en el proceso de modernización de la justicia. Además, Caamaño ha destacado que la "descentralización" es "muy positiva", porque "ha permitido estar más cerca de los problemas y encontrar las soluciones adecuadas a cada caso, una descentralización que, a su juicio, "es complementaria con la visión estratégica y de conjunto que corresponde al Ministerio".
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Degayón: "A la vista de las muertes, la Ley de Violencia habría que replanteársela"
Mil batallas, incluido año y medio como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional con motivo del atentado del 11-M sustituyendo al juez Juan del Olmo, han servido a Félix Degayón para ser nombrado magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba. Degayón recibió la toga de magistrado por parte del presidente de la Audiencia Provincial, Eduardo Baena, después de que el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, delegara este cometido desde Granada donde tienen lugar las toma de posesión.
—¿Cómo recuerda su paso por la Audiencia Nacional?
—Como una etapa intensa y satisfactoria. Difícil, desde luego, pero encantado la volvería a repetir. Lo que ocurre es que uno se va haciendo mayor y los traslados y los cambios ya cuesta asimilarlos. Es una etapa de la que estoy muy satisfecho al haber conocido los interiores de la Audiencia Nacional y haber podido aportar mi experiencia en la instrucción de los procedimientos competencia de la Audiencia Nacional.
—¿Cómo afrenta el siguiente paso?
—No descarto ir de nuevo a la Audiencia Nacional, pero ahora lo que necesito es adaptarme a la Audiencia Provincial, conocer su funcionamiento, seguir aprendiendo de las materias nuevas y de mis compañeros e intentar ganarme su confianza.
—¿Qué especialización llevará en la Sección Primera?
—La Sección Primera tiene la especialidad en materia de violencia de género; después, ya las materias comunes. Muchos de los asuntos pendientes son de violencia de género.
—¿Qué piensa de la Ley sobre Violencia de Género?
—En el Tribunal Constitucional se planteó la posible inconstitucionalidad de determinados aspectos de la ley, en la medida que podían suponer una discriminación en el tratamiento penal que se daba al hombre y a la mujer en el ámbito de la violencia de género, agravándose las conductas cuando el autor de los hechos era el hombre. Estas cuestiones se resolvieron y el TC estimó que la ley no era contraria a la Constitución porque estaba justificada la discriminación positiva. Lo que ocurre es que posteriormente por los tribunales se han venido matizando esos criterios en el sentido de que para poder apreciar esa situación de discriminación tiene que evidenciarse una superioridad machista del hombre sobre la mujer que justifique este distinto tratamiento punitivo. En definitiva, cuando se aprecie una posición de superioridad, de dominio, de humillación a la mujer. Que la conducta sea de mayor gravedad si la realiza un hombre sobre la mujer. En cuanto a otros aspectos de la ley son razones de política criminal las que deciden en cada momento cómo se actúa en el ámbito de la violencia de género; quizá a la vista de los resultados habría que replantearse alguna modificación, alguna reforma, alguna reorientación de la política legislativa puesto que las víctimas se siguen produciendo, los resultados fatales de muerte se siguen produciendo y eso quizá evidencie que debe abordarse la situación desde otra perspectiva que no haya sido tenida en cuenta y que permita disminuir si no eliminar estos supuestos.
—¿Cree en la mediación en el ámbito penal?
—Habría que hablar de mediación en todos los ámbitos, laboral, social, civil... Yo creo que la mediación en el ámbito laboral es fundamental, que incluso ahora se le ha atribuido al secretario judicial. En el ámbito penal es más complicado. Existe la figura de la conformidad por la aceptación de los hechos y, por consiguiente, la reducción de la pena en el acto del juicio, en otro sentido, es difícil. Sin embargo, en el ámbito civil por supuesto que es necesario fomentar la mediación.
—Cada vez son más y más graves los casos de menores... ¿Cree que hay que cambiar la ley?
—Lo que no podemos es estar reformando la ley cada vez que ocurre un suceso. Cuando se aprueba una ley, se hace con vocación de que permanezca un cierto tiempo. A las leyes hay que darles un tiempo para que se apliquen y pueda verse su resultado. Y no puede cambiarse cada vez que ocurre un suceso porque estaríamos en una constante inseguridad jurídica. En cualquier caso es una cuestión que incumbe al legislador ateniéndose a la realidad social. Una vez que la sociedad demande de forma constante un cambio, sería el momento de abordarlo.
—¿Qué piensa del cambio de la ley que otorga a los fiscales la investigación que actualmente llevan a cabo los jueces de instrucción?
—Creo que la instrucción la pueden acometer tanto fiscales como jueces, ambos están preparados. Creo que responde a razones de política legislativa criminal, de manera que, si llegado un determinado momento, el Parlamento sí lo cree necesario estaremos a lo que la Ley disponga.
—Pasó 12 años como juez decano; sigue esperando el Palacio de Justicia y que se alivien los «atascos».
—En este sentido, se van dando pasitos, pero sí que en los pueblos se han hecho edificios judiciales bastante aceptables. En Córdoba, todos demandamos que el proyecto salga adelante cuanto antes. Los atascos en los juzgados continúan. No soy el juez decano, no soy el más idóneo para hablar de este tema. Pero, hay determinados órganos jurisdiccionales que están más saturados que otros como Primera instancia, Civil o Penal. También la crisis y la nuevas reformas laborales van a hacer que los juzgados de lo Social acaben peor. El de lo Mercantil está que no da abasto. Es necesario un incremento de órganos judiciales.
—¿Qué opina sobre que el juez Garzón sea investigado?
—Por razones obvias no puedo entrar en esa materia. Lo que sí puedo decir al respecto es mi absoluta confianza en el Tribunal Supremo, mi admiración por la labor que viene realizando y que, como no puede ser de otra manera, acabará poniendo las cosas en su sitio.
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Madrid: El Ayuntamiento pasa la pelota de las bodas por la tarde al juzgado
El Ayuntamiento de Madrid se ha librado de oficiar bodas por la tarde al adelantar el horario de cierre a las 17.00 h. Y ahora quiere endosar esa responsabilidad a los juzgados, que sólo celebran enlaces por la mañana. El vicealcalde, Manuel Cobo, instó al Registro Civil a que se haga cargo de estos actos: "Podría haber una modificación del Registro Civil, que aumente su horario, y no tiene por qué ser el Ayuntamiento el que lo haga".
El Consistorio ha tomado la decisión de variar su horario (efectivo desde el pasado jueves) para ahorrar energía y ayudar a sus funcionarios a conciliar la vida laboral y familiar. Pero, como contrapartida, casarse por la tarde y por lo civil en Madrid es ya imposible. El Ayuntamiento era la única institución que ofrecía ese servicio. De hecho, la mayoría de bodas celebradas en dependencias municipales se programaban en horario vespertino: el 80% de las parejas de novios elegían la tarde por la comodidad para sus invitados y para organizar un banquete nocturno.
Mientras, el Registro Civil de la calle Pradillo (Chamartín) tampoco oficia bodas por la tarde y no tiene previsto modificar su programación. Sus funcionarios están disponibles para estos enlaces de lunes a viernes, entre las 12.30 y las 13.30 h.
Al tener un horario tan reducido, su agenda de bodas está colapsada. Durante el año pasado se celebraron allí 10.150 enlaces (unos 39 de media al día) y los funcionarios apuntan que "la lista de espera para casar es ya muy grande", según el portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Alberto García. Ahora advierten de que el cambio de horario municipal "puede hacer que muchas personas opten por casarse en los juzgados y el tapón sea todavía mayor".
La Iglesia, única opción
Desde ahora, a no ser que el Registro Civil atienda la petición de Cobo, los que quieran contraer matrimonio por la tarde sólo tendrán una opción: hacerlo a través de la Iglesia. Esto podría dar un empujón a los enlaces religiosos, que en los últimos años han caído en decadencia frente a las bodas civiles. Según datos del Instituto Nacional de Estadística referentes a la región, en 2009 se casaron por la Iglesia 8.614 parejas, casi 3.000 menos de las que lo hicieron por la vía civil.
Dívar defiende la unidad del Poder Judicial en la apertura del año judicial
Una vez más ninguna personalidad del mundo de la Justicia ha querido faltar a la inauguración del año judicial. El acto, presidido por su Majestad el Rey don Juan Carlos, ha contado con la presencia del presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes y varios presidentes de Audiencias Provinciales, vocales del CGPJ y diversos magistrados de los tribunales anteriormente citados, entre otros.
El primero en intervenir en la ceremonia fue el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido. En su discurso, con numerosas referencias al Rey, éste hizo un balance de la Memoria de la Fiscalía y se refirió a la lucha contra el terrorismo y el "compromiso" del Ministerio Público en esa lucha.
"La persistente acción de la justicia y las fuerzas del orden en la lucha contra el terrorismo constituye un referente continuo e invariable de nuestro compromiso con la ciudadanía", apuntó Pumpido antes de añadir que "la novedad en esta materia es que no hay novedad, digan lo que digan los terroristas y quienes los apoyan". "Seguimos y seguiremos cegando las vías de violencia en todos los tramos de su cruel recorrido", apuntó.
Asimismo, Pumpido ha subrayado que la institución que el representa "ofrece y aporta" su experiencia "con el objetivo de eliminar cualquier resquicio de la ley que ofrezca ventaja a quienes la desafían: seguiremos haciendo cuanto el Estado de Derecho nos permita para que ni los asesinos, ni sus testaferros, ni quienes sirven a sus intereses usurpen con su presencia las instituciones democráticas".
Además, y por segundo año consecutivo, Pumpido ha comenzado su intervención con una frase del presidente estadounidense Barack Obama: "En democracia, el cargo más importante es el de ciudadano", ha vuelto a repetir este martes el fiscal general.
Dívar pide prudencia
Después tomó la palabra para Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Tras unas palabras de recuerdo para las víctimas del terrorismo y para las recientes víctimas en Afganistán, la cabeza del tercer poder del Estado introdujo en su discurso varios toques de atención al Gobierno.
El primero de ellos se refirió a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dará un papel protagonista en la instrucción al Ministerio Público: "La anunciada reforma, de llevarse a cabo, habrá de ser abordada con suma prudencia", dijo. Esta advertencia de Dívar se produce días después de que el ministro de Justicia anunciase que el Ejecutivo ultima este reforma penal y que su intención es llevarla al Consejo de Ministros antes de que finalice 2010.
Más tarde, el presidente del Supremo se refirió de forma clara y tajante a las intenciones del Gobierno de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para sortear la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán y contentar a los nacionalistas. Dívar citó dicha sentencia para recordar que los magistrados reconocen "al CGPJ como único órgano de gobierno de jueces y magistrados". "De acuerdo, pues, con la Constitución", añadió, "ningún órgano, salvo el CGPJ, puede ejercer la función de gobierno de los órganos jurisdiccionales".
Acto seguido, el Rey don Juan Carlos daba por inaugurado el año judicial y era el turno para los corrillos con los periodistas. Esta vez, y a diferencia de en ocasiones anteriores, la seguridad de la Casa Real no ha permitido a los profesionales de los medios de comunicación que se acercaran a saludar el Jefe del Estado.
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Paraguay: Intervienen cárcel por producción de pornografía infantil
Las autoridades paraguayas ordenaron la intervención de la cárcel de Tacumbú, en Asunción, la principal del país, tras descubrirse que unos reclusos coaccionaban a menores a través de internet para abusar de ellas y filmarlas en esa penitenciaría. El Ministerio de Justicia y Trabajo decretó la intervención durante 60 días de ese centro penitenciario, que alberga a más de 3.000 reclusos, y suspendió a su director, Julio Acevedo.
La resolución fue emitida después de que la fiscal Teresa Martínez se incautara de materiales de pornografía infantil que habría sido filmada y producida en un pabellón de esa cárcel, donde se desarrolla un proyecto de inserción laboral de reclusos bajo la supervisión de voluntarios religiosos.
Martínez detalló a periodistas que los vídeos fueron hallados tras una denuncia de que un grupo de presos coaccionó a través de las redes sociales en internet a adolescentes, de entre 14 y 17 años, para obligarlas a entrar como visitantes y luego abusar de ellas y filmarlas.
Les pedían a las menores que les admitieran como amigos en sus redes sociales y cuando conocían su perfil empezaban a indagar sobre sus vidas y las amenazaban con atentar o secuestrar a sus familiares, detalló la fiscal.
La fiscal, quien no precisó la cantidad de adolescentes afectadas por el hecho, indicó que dictó la orden de captura para el presunto emisario, cuyo nombre no fue divulgado, y que otros tres presos también serán procesados por ello.
El Ministerio de Justicia y Trabajo reiteró la intención de cerrar esa penitenciaría por su estado de hacinamiento, en el marco de un proyecto de traslado de todos los reclusos fuera del área urbana.
Jaén: El sistema de notificación judicial telemática se extiende a la provincia
La Consejería de Gobernación y Justicia ha decidido extender a la provincia de Jaén el sistema de notificaciones telemáticas Lexnet, tras la experiencia obtenida en la provincia de Granada, donde hasta ahora se han realizado más de 22.000 notificaciones en los órganos de Primera Instancia.
El 19 de octubre del año pasado comenzó de manera oficial el envío de notificaciones telemáticas a los procuradores, por parte del juzgado de Primera Instancia número 11 de la capital granadina. Tras esta primera experiencia, el 9 de junio de 2010 se comenzó a implantar Lexnet en el resto de juzgados de Primera Instancia de Granada, donde hasta la fecha se han efectuado más de 22.000 notificaciones mediante dicho sistema.
Así lo explicó el secretario general para la Justicia de la Consejería de Gobernación y Justicia, Pedro Izquierdo, quien inauguró en Jaén unas Jornadas de Formación sobre Lexnet, junto con el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Felipe López, y la presidenta de la Audiencia Provincial de Jaén, Elena Arias Salgado.
Izquierdo resaltó que los órganos judiciales de la provincia de Jaén presentan una de las mejores tasas de resolución de asuntos de Andalucía. Por ello, según el secretario general para la Justicia, «la consejería de Gobernación y Justicia va a seguir trabajando para que esta situación se mantenga con el despliegue de Lexnet en los juzgados de Primera Instancia de Jaén, en una primera fase, y su extensión posterior al resto de juzgados y tribunales». De esta manera, Lexnet ya ha comenzado en todos los Juzgados de Primera Instancia de la capital jienense.
Lexnet es una herramienta informática que permite el envío telemático de las notificaciones de documentos judiciales como providencias, autos y sentencias.
Barcelona: El alcalde crea la Comisión Asesora de Justicia de Proximidad
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha creado la Comisión Asesora de Justicia de Proximidad del Ayuntamiento, formada por once expertos de prestigio entre los que figuran abogados, magistrados, catedráticos y juristas. La comisión tiene el encargo de elaborar y presentar antes de fin de año las propuestas concretas que Barcelona trasladará al Ministerio de Justicia para el desarrollo de la potestad de Barcelona en materia de Justicia de Proximidad.
Según informa en una nota de prensa el Ayuntamiento, Barcelona ofrecerá funcionar como ciudad piloto de la Justicia de Proximidad, con tribunales y servicios de nueva creación para resolver conflictos menores, alternativos a los tribunales tradicionales.
La nueva Comisión Asesora elaborará un documento de análisis y propuesta sobre Justicia de Proximidad y Tribunales Base, un nuevo concepto de tribunal que pueda dar cobertura a los asuntos menores, comunitarios y ciudadanos que ahora se tratan desde el sistema ordinario de Justicia.
El documento aspira a definir las tipologías de los asuntos que se puedan tratar en estos tribunales, incorporar temas específicos de las grandes ciudades y defender la agilidad y la eficiencia de estos organismos a medio camino entre la Justicia y la administración más próxima, que es el Ayuntamiento.
La comisión asesora también tiene el encargo de redactar otro documento sobre proximidad de la Justicia, con propuestas concretas sobre la mediación como instrumento de resolución de conflictos.
Además, elaborará la petición concreta para que en la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que se está tramitando- se desarrolle la Justicia de Proximidad prevista en la Ley de Régimen Especial del Municipio de Barcelona y a el Estatut de Autonomía de Cataluña.
Río Negro, Argentina: La protesta judicial ya lleva un mes y medio
Esta semana continúan las medidas de fuerza del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR). Con un sistema judicial prácticamente sin funcionamiento conforme se ha profundizado el reclamo en las últimas cinco semanas, el reclamo de los trabajadores del Poder Judicial no solo ha persistido sino que además fueron sumando adhesiones de trabajadores que, al principio, no se habían adherido a las medidas de fuerza.
La Comisión Directiva del Sitrajur anunció para esta semana la continuidad de las medidas de fuerza en reclamo de recomposición salarial otorgados a la Justicia Nacional. Las asambleas realizadas el viernes de la semana pasada en las distintas circunscripciones definieron la continuidad del Plan de Lucha para exigir la recomposición salarial del 10 por ciento correspondiente a enero de 2010, el 7 por ciento a mayo y el 8 a julio.
La continuidad de las medidas de protesta han generado diversa preocupación ante la afectación en el servicio de justicia, en tanto que se espera algún tipo de gestión desde el Superior Tribunal de Justicia para intentar destrabar el conflicto. La semana pasada se especuló con la posibilidad de una tregua que el presidente del STJ, Víctor Sodero Nievas pidió públicamente en una entrevista periodística, pero que se diluyó cuando los judiciales afirmaron que esperaban una invitación formal que, a la luz de los hechos, nunca llegó.
Las medidas de fuerza dispuestas en las anteriores semanas tuvieron un alto nivel de adhesión. “Ocurre que hay oficinas en donde es escaso el personal, entonces que adhieran uno o dos ya afecta al funcionamiento de ese sector en su conjunto” graficó un trabajador judicial.
Para definir la continuidad del plan de lucha, volverán a realizar asambleas resolutivas en toda la provincia el miércoles.
Fuente: rocadigital , bariloche2000 , diarioaldia
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Manacor: El Colegio de Abogados pide que se desbloquee la construcción del nuevo Palacio de Justicia
El Colegio de Abogados ha instado a los poderes públicos de Baleares a que desbloqueen la "urgente" construcción de los nuevos juzgados de Manacor y han mostrado su "inquietud" ante una eventual paralización de la misma. En un comunicado, la entidad colegial recuerda que los nuevos juzgados permitirán aumentar a doce el número de sedes judiciales y "acabar con las graves deficiencias que presenta la actual estructura judicial de la localidad".
El nuevo palacio iba a ser construido en la calle Pilar, pero la cesión del solar al Ministerio de Justicia fue denegada por el Ayuntamiento.
A pesar de que el Colegio se pronunció en contra de este emplazamiento en favor del edificio de Can Bauçà, la entidad cree "absolutamente necesario acabar con la actual dispersión de los juzgados de la localidad y llevar a cabo la reforma prevista", ya que, a su juicio, la actual situación deriva en "retrasos en la tramitación de expedientes, en desplazamientos y colas innecesarias y en la ausencia de espacios de trabajo dignos".
Por ello, y ante la posibilidad de que el proyecto pueda sufrir una nueva paralización, la corporación colegial solicita a los poderes públicos que "realicen un esfuerzo en aras de hacer realidad la construcción del Palacio de Justicia" y acabar con las carencias de los juzgados de Manacor.
Deficiencias que, en su opinión, "afectan seriamente, no solo a los trabajadores, operadores jurídicos y a los titulares de los siete juzgados actuales, sino también a todos aquellos ciudadanos que, por un motivo u otro, han de acudir a las sedes judiciales".
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Valencia de Alcántara reabrió su Palacio de Justicia

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