Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212252.htm
Timestamp: 2019-03-22 14:20:52+00:00

Document:
201210-Sala Penal Segunda-2-252
AUTO SUPREMO Nº 252/2012-RRC
Expediente : La Paz 95/2012
Parte acusadora : Sergio Jordán Arroyo en representación de la empresa Amazonic Mad S.R.L.
Parte imputada : José Alberto Ovando Arteaga
Por memorial cursante de fs. 526 a 528 vta., Freddy Josefat Alarcón y Fátima Aliaga Vera en representación de José Alberto Ovando Arteaga, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 43/2012 de 31 de mayo, que cursa de fs. 519 a 523 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por la empresa AMAZONIC MAD S.R.L. representada por Sergio Jordán Arroyocontra el representado de los recurrentes, por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP).
Con base a la acusación particular cursante de fs. 7 a 20 y, desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 004/2011 de 30 de marzo, que cursa de fs. 376 a 383, la Jueza Segunda de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, condenó a José Alberto Ovando Arteaga a cumplir la pena de dos años y seis meses de reclusión, con costas y daños a cumplirse en ejecución de sentencia.
Por memoriales que cursan de fs. 398 a 419 y de fs. 430 a 438 vta., ambas partes interpusieron recurso de apelación restringida, siendo declarados improcedentes mediante Auto de Vista 06/2012 de 23 de enero, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La Paz, contra este fallo el representado de los recurrentes formuló recurso de casación como consta del memorial de fs. 499 a 501 de obrados, emitiéndose el Auto Supremo 065/2012-RRC de 19 de abril, dejando sin efecto la Resolución impugnada.
En cumplimiento de dicho Auto Supremo, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 43/2012 de 31 de mayo, cursante de fs. 519 a 523 vta., declarando improcedente la apelación restringida formulada por el recurrente, motivando la interposición del recurso de casación motivo de autos.
Del memorial que cursa de fs. 526 a 528 vta., se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:
Cuestionó, que el Tribunal de apelación pronunció nueva Resolución en idéntico sentido al Auto de Vista dejado sin efecto, razón por la que el primer recurso de casación no tendría sentido y se habría recurrido innecesariamente, solicitando que el presente recurso se resuelva con todo el rigor de la ley, por la retardación de justicia en que se incurrió, lo que significa un incumplimiento de deberes porque el Auto Supremo ha sugerido se aplique la doctrina legal aplicable, aspecto que ha sido omitido y no fue cumplido por el Tribunal de alzada.
Con ese antecedente, los recurrentes con similares argumentos de su primer recurso de casación, refirieren que, el Auto de Vista impugnado, está en contradicción con los precedentes contenidos en los Autos Supremos 384 de 26 de septiembre de 2005, y 308 de 25 de agosto de 2006, en sentido de que el Tribunal de alzada debió controlar que la valoración y análisis de la prueba se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica, que se invocó en el recurso de apelación restringida (en el fundamento de la Sentencia debería encontrarse la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y la ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas), aspecto que no se habría respetado. Concluye señalando que, es legal plantear un recurso por defectos de la Sentencia, por insuficiencia de fundamentación, por la existencia de valoración defectuosa de la prueba y cuando existan fundamentos no acreditados que sean fruto de la imaginación o de la parcialización del juzgador, invocando como precedentes contradictorios los Autos Supremos 14 de 26 de enero de 2007, 242 de 6 de julio 2006 y 183 de 6 de febrero de 2007.
Los recurrentes solicitan se resuelva estableciendo la doctrina legal aplicable que ineludiblemente deberá ser cumplida por las autoridades.
Mediante Auto Supremo 219/2012-RA de 18 de septiembre, cursante de fs. 535 a 537, este Tribunal declaró admisible el recurso, ante la observancia de los requisitos previstos por el art. 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
II.1. El 21 de mayo de 2010 (fs. 3 a 5 vta.), Sergio Jordán Arroyo en representación de AMAZONIC MAD S.R.L., formuló acusación particularcontra José Alberto Ovando Arteaga, por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, descritos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP.
II.2. El 30 de marzo de 2011 (fs. 376 a 383), la Jueza Segunda de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia condenatoria contra el imputado, siendo sancionado con la pena de dos años y seis meses de reclusión, más costas y daños a cumplirse en ejecución de sentencia.
II.3. El 15 de abril de 2011 (fs. 398 a 419), el imputado José Alberto Ovando Arteaga interpuso recurso de apelación restringida en sentido de que la juzgadora habría incurrido en aplicación errónea de las reglas de la sana crítica, y en razón a hechos no acreditados le impusieron una pena injustificada; también refirió, que existiría falta de motivación y fundamentación de la Sentencia, incumpliendo el art. 370 incs. 5) y 6) del CPP; además que, la acusación no habría sido demostrada con medios o elementos de prueba pertinentes, claros y suficientes para imponer una pena; asimismo, existiría violación a su estado de inocencia invocando los arts. 5, 6, 12, 407 y siguientes de la Ley Adjetiva Penal y 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
II.4. El 12 de agosto de 2011 (fs. 430 a 438 vta.), Sergio Jordán Arroyo en representación de Amazonic Mad S.R.L., interpuso apelación restringida contra la Sentencia 04/2011 de 30 de marzo, solicitando se confirme la Sentencia modificando la pena con la imposición de cuatro años y seis meses de reclusión en aplicación del art. 45 del CP.
II.5. La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de La Paz, emitió el Auto de Vista 06/2012 23 de enero de 2012, declarando improcedente ambos recursos, argumentando con relación a la apelación de José Alberto Ovando Arteaga, que no pueden ingresar a revalorizar la prueba, pues esa atribución le corresponde a los jueces y tribunales de sentencia; asimismo, con relación a la falta de fundamentación de la sentencia, señalaron que contiene la relación de hechos, objeto del juicio, la relación fáctica, la descripción de las pruebas introducidas a juicio oral, la relación probatoria, la fundamentación de la pena, así como su parte dispositiva, cumpliendo lo dispuesto por el art. 124 del CPP; en lo que respecta a la apelación de Amazonic Mad S.R.L., señaló que el Juez a quo aplicó correctamente el quantum de la pena (fs. 455 a 459 vta.).
II.6. El 23 de febrero de 2012 (fs. 499 a 501), José Alberto Ovando Arteaga presentó recurso de casación, señalando que, el Tribunal de alzada debió controlar que la valoración y análisis de la prueba se encuentre conforme las reglas de la sana crítica, que se habría invocado en la apelación restringida, aspectos que no se habrían respetado, además que existe defectos de la Sentencia por la insuficiente fundamentación respecto a la valoración defectuosa de la prueba; aspectos que serían contrarios a los precedentes invocados, pidiendo se resuelva estableciendo la doctrina legal aplicable.
II.7. El 19 de abril de 2012 (fs. 511 a 514 vta.), la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, emitió el Auto Supremo 065/2012-RCC de 19 de abril, en el que se estableció que la Sentencia 004/2011 de 30 de marzo, dictada por la Jueza Segunda de Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, adolece de fundamentación descriptiva en referencia a la prueba testifical de cargo y tampoco se realizó fundamentación intelectiva respecto a dichas declaraciones; asimismo, no se habría fundamentado como correspondía de qué forma se acreditó la concurrencia de los elementos normativos y descriptivos de los tipos penales atribuidos al imputado. Concluyendo que dicha omisión implica la existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, por fundamentación insuficiente, sin que el Tribunal de alzada haya ejercido el control de verificación de la correcta motivación de la Sentencia, por lo existiendo contradicción con los precedentes invocados, determinó dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido de casación.
II.8. Remitidos los antecedentes, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió "nuevo" Auto de Vista 43/2012 el 31 de mayo, argumentando que no pueden ingresar a revalorizar los hechos y las pruebas producidas en juicio oral, al no existir la doble instancia; asimismo, con relación a la falta de fundamentación de la sentencia, señalaron que contiene el encabezamiento, parte expositiva, relación de hechos, objeto del juicio, la relación fáctica, la descripción de las pruebas introducidas a juicio oral, la relación probatoria, la fundamentación de la pena, así como su parte dispositiva, observando congruencia en sus fundamentos y motivación correspondiente, cumpliendo lo dispuesto por el art. 124 del CPP (fs. 519 a 523 vta.).
Admitido como se encuentra el recurso de casación sometido al presente análisis, se ingresa a resolver la problemática planteada en los siguientes términos:
En el caso presente, los recurrentes sostienen en su recurso de casación, que el Auto de Vista impugnado que rechazó la apelación restringida formulada por su representado, contradice cinco resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, correspondiendo en primer término identificar sus fundamentos a efecto de verificar si existe o no contradicción con lo expuesto en el Auto de Vista impugnado.
En ese sentido, se tiene del análisis del Auto Supremo 384 de 26 de septiembre de 2005, que la problemática planteada estuvo referida al delito de Tráfico de Sustancias Controladas, habiéndose dictado Sentencia condenatoria, apelada la misma, por Auto de Vista se confirmó en parte la Sentencia y fue revocada la absolución de la imputada; denunciándose la revalorización de la prueba, ya que al no existir segunda instancia, constituye un defecto absoluto, por vulnerar los principios de inmediación y contradicción; estableciéndose como doctrina que el Juez o Tribunal de Sentencia son los únicos que tienen facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma, percibiendo y comprendiendo como se genera con la participación contradictoria de las partes; razón por la que el Tribunal de apelación se encuentra impedido de revalorizar la prueba, cuando su facultad es controlar que la valoración de la prueba hecha por el inferior se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica; vale decir, que en el fundamento de la Sentencia debe encontrarse la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y la ciencia del juzgador en la apreciación de las pruebas; y que, la inconcurrencia de uno de los elementos mencionados, la incoherencia, la contradicción o la imprecisión del fundamento de la apreciación de las pruebas, conlleva la reposición del juicio.
El Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, asumió como doctrina legal aplicable, la facultad del Tribunal ad quem, de ejercer el control de verificación de la correcta motivación de las sentencias, ante la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales, debiendo disponer lo que corresponda conforme las previsiones de los arts. 413 y 414 del CPP, destacando que el ordenamiento penal acoge el sistema de la sana crítica exponiendo la labor que debe ser desarrollada por el Juez o Tribunal en el proceso de valoración de la prueba, que permita garantizar a las partes el control del razonamiento del Juez o Tribunal y la correcta aplicación del sistema de valoración de la prueba para el posible control de legalidad ulterior.
El Auto Supremo 14 de 26 de enero de 2007, estableció que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir los antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en análisis, los fundamentos de las partes o hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico o camino de razonamiento, seguido por el juzgador a efecto de arribar a determinada conclusión, cumpliendo de esa manera con la previsión del art. 124 del CPP y asegurando la afectividad de una amplia gama de derechos constitucionales.
El Auto Supremo 242 de 6 de julio de 2006, puso en relieve que el recurso de apelación restringida es el medio legal a través del cual se efectiviza de manera real el derecho que tienen los sujetos procesales de impetrar la revisión del fallo cuando adolece de escasa fundamentación, teniendo en cuenta que conforme normas internas e internacionales, toda persona tiene el derecho de conocer en detalle los fundamentos de las resoluciones impugnadas a objeto de que compruebe la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, garantizando el debido proceso como fundamento esencial del Derecho Procesal Penal moderno y como exigencia del ordenamiento de los Derechos Humanos.
Finalmente, el Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, en la parte relevante establece que los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la Sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo, requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanable al tenor del art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP.
III.2. Sobre la obligatoriedad de la doctrina legal aplicable
El art. 180.II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
En este contexto, el recurso de casación previsto en el art. 416 del CPP, procede para impugnar Autos de Vista, dictados por los ahora Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; siendo la tarea principal de este Tribunal, el de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual, evitando de esta manera que se produzca una anarquía en la aplicación de la ley; además, esta labor se halla reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de éste Tribunal, la de sentar y uniformar jurisprudencia.
Asimismo es importante destacar que la doctrina legal aplicable establecida en los Autos Supremos y que constituye la interpretación de la Ley efectuada por este máximo Tribunal de Justicia, tiene como efecto fundamental su obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento; es decir, una vez puesto en conocimiento de las salas penales de los Tribunales Departamentales de Justicia, es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores, tal cual lo establece el art. 420 del CPP, dado que solo así se garantiza una protección efectiva e igualdad de los litigantes ante la ley; consecuentemente ningún juez o tribunal inferior podrá sustraerse de su cumplimiento bajo ningún motivo, puesto que obrar en contrario implica evidente vulneración a los principios de celeridad y economía procesal constitucionalizados bajo el concepto de justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones; y, en caso de evidenciarse su cumplimiento, el Juez o Tribunal será pasible de las responsabilidades que emerjan de tal inobservancia.
Teniendo en cuenta los motivos sobre los cuales este Tribunal abrió su competencia, y con los antecedentes hasta ahora citados, se tiene que:
III.3.1. Respecto a la denuncia de incumplimiento de la doctrina legal aplicable
Los representantes del recurrente, cuestionan la actuación del Tribunal de alzada señalando que se habría emitido nueva Resolución en idéntico sentido al Auto de Vista dejado sin efecto, habiendo sido innecesario el primer recurso de casación, pidiendo que se resuelva con todo el rigor de la ley, por la retardación de justicia en la que se incurrió en incumplimiento de sus deberes, ya que el Auto Supremo estableció doctrina legal aplicable, el cual no fue aplicado por los vocales a momento de emitir el nuevo Auto de Vista.
Con relación a esta temática, de antecedentes se tiene que mediante Auto de Vista 06/2012 de 23 de enero, emitido por la Sala Penal Tercera, se declaró improcedentes los recursos interpuestos por el imputado (representado de los recurrentes) y la parte querellante, argumentando con relación al primero, que no pueden ingresar a revalorizar la prueba, pues esa atribución le corresponde a los jueces y tribunales de sentencia; asimismo, con relación a la falta de fundamentación de la sentencia, señalaron que contiene la relación de hechos, objeto del juicio, la relación fáctica, la descripción de las pruebas introducidas a juicio oral, la relación probatoria, la fundamentación de la pena, así como su parte dispositiva, cumpliendo lo dispuesto por el art. 124 del CPP; con relación a la apelación de la parte querellante señalaron que el Juez a quo aplicó correctamente el quantum de la pena.
Frente a esta determinación los representantes del recurrente interpusieron recurso de casación, resuelto por Auto Supremo 065/2012-RRC de 19 de abril, que dispuso dejar sin efecto el referido Auto de Vista, manifestando que la Sentencia 004/2011 de 30 de marzo, adolecía de fundamentación descriptiva con referencia a la prueba testifical de Sergio Jordan Arroyo, Valeria Teodovich y Ricardo Arano Pucci, tampoco existiría la fundamentación intelectiva respecto a dichos testigos; asimismo, al transcribir las normas sustantivas contenidas en los arts. 345 y 346 del CP, no se fundamento por qué esa conducta es típica, antijurídica y culpable incurriendo en el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, por fundamentación insuficiente, sin que el Tribunal de alzada haya realizado un control de verificación de la correcta motivación de la Sentencia ante la evidente inobservancia del art. 124 del CPP; estableciendo como doctrina legal aplicable que "Una vez desarrollado el acto de juicio y agotadas las distintas actividades descritas por el Código de Procedimiento Penal, que hacen a su sustanciación, el Juez o Tribunal de Sentencia en observancia del derecho al debido proceso, deberá proceder a emitir la Sentencia que corresponda a través de una resolución debidamente fundamentada que comprenda una fundamentación descriptiva, fáctica, analítica o intelectiva y jurídica, lo que supone la precisión del conjunto de hechos que se tienen por ciertos o debidamente probados con los requisitos de claridad y precisión; la trascripción sintética pero completa del contenido de la prueba; la valoración propiamente dicha de la prueba o el análisis de los elementos de juicio con que se cuenta; la calificación jurídica de la conducta desplegada por el imputado, lo que importa analizar los elementos del delito como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, esto es la labor de adecuación o no del hecho al presupuesto normativo; y, la aplicación de la pena; incurriéndose en fundamentación insuficiente la ausencia de cualquiera de las fundamentaciones señaladas; por ende, en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP.
Ahora bien, el Tribunal de apelación, en ejercicio de la competencia asignada por el art. 51 inc. 2) del CPP, tiene el deber de verificar que el tribunal inferior al emitir la Sentencia haya desarrollado la debida labor de motivación, por lo que de constatar la concurrencia de fundamentación insuficiente, en consecuencia del defecto insubsanable señalado por el citado art. 370 inc. 5) del CPP; disponer la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal de Sentencia".
Ahora bien del análisis del "nuevo" Auto de Vista impugnado 43/2012 de 31 de mayo, se llega a establecer que los argumentos utilizados para declarar improcedente el recurso de apelación restringida, se basa esencialmente en que el Tribunal de alzada no puede ingresar a revalorizar los hechos y las pruebas producidas en juicio oral, al no existir la doble instancia, para tal efecto citó a dos nuevos Autos Supremos como son la 566 de 1 de octubre de 2004 y 436 de 15 de octubre de 2005; asimismo, con relación a la falta de fundamentación de la sentencia, señalaron que contiene el encabezamiento, parte expositiva, relación de hechos, objeto del juicio, la relación fáctica, la descripción de las pruebas introducidas a juicio oral, la relación probatoria, la fundamentación de la pena, así como su parte dispositiva, observando congruencia en sus fundamentos y la motivación correspondiente, cumpliendo lo dispuesto por el art. 124 del CPP; es decir, que el Auto de Vista ahora impugnado, contiene los mismos elementos y argumentos utilizados en el primer Auto de Vista 06/2012 de 23 de enero, que fue dejado sin efecto mediante Auto Supremo 065/2012-RRC de 19 de abril, con la única inclusión de los Autos Supremos 566 de 1 de octubre de 2004 y 436 de 15 de octubre de 2005, referidos a la defectuosa valoración de la prueba; evidenciándose que el Tribunal de alzada, específicamente los vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no dieron estricto cumplimiento a la doctrina legal aplicable establecido por este máximo Tribunal de Justicia, que como se tiene referido precedentemente es de cumplimiento obligatorio y debe ser acatado por jueces y tribunales inferiores; lo cual no sucedió en el presente caso, por lo que corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado.
III.3.2. Sobre la denuncia en sentido de que el Tribunal de alzada no controló que la valoración y análisis de la prueba se encuentre conforme a las reglas de la sana crítica
Como segunda temática, los representantes del recurrente, señalan que el Tribunal de alzada no realizó el control de la sana crítica, argumentando que la prueba judicializada no identificó ni demostró la existencia de los tipos penales acusados ni se tomó en cuenta lo declarado en juicio, aplicándose de manera incorrecta las reglas de la sana crítica haciendo referencia a la prueba documental que no demuestra la autoría en los delitos, de modo que la conclusión sobre su autoría no se halla respaldada por prueba. Además impetró el control de la valoración de la prueba al corresponder esa labor al Tribunal de apelación; también denunció falta de fundamentación de la Sentencia, así como la existencia de defectos en la Sentencia por insuficiente fundamentación, valoración defectuosa de la prueba y basamentos no acreditados, además de violación al estado de inocencia y quebrantamiento del principio "in dubio pro reo", invocando nuevamente los Autos Supremos: 384 de 26 de septiembre de 2005; 308 de 25 de agosto de 2006; 14 de 26 de enero de 2007; 242 de 6 de julio 2006 y 183 de 6 de febrero de 2007.
Respecto a esta problemática, se debe señalar que estos agravios ya fueron denunciados en el primer recurso de casación, los cuales fueron analizados y merecieron una respuesta a través del Auto Supremo 065/2012-RRC de 19 de abril, mismo que ahora es denunciado de falta de cumplimiento; por lo que existiendo un pronunciamiento respecto a estos motivos, este Tribunal considera que corresponde remitirse a dicha resolución a efectos de su cumplimiento por el Tribunal de alzada.
Conforme precisa el art. 418 del CPP, admitido el recurso, se pondrá en conocimiento de las salas penales de todas las Cortes Superiores de Justicia ahora Tribunales Departamentales de Justicia los antecedentes del caso para que se inhiban de dictar Autos de Vista en aquellos recursos en los que se debaten las mismas cuestiones de derecho; resuelto el recurso, las resoluciones en las que se establezca doctrina legal aplicable, será de cumplimiento obligatorio para los jueces y tribunales del Estado boliviano, siendo este su efecto relevante conforme lo establece el art. 420 del CPP, y sólo podrán modificarse a través de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación; y en caso de inobservancia como en el presente caso, se vulnera los principios de celeridad y economía procesal que han sido plasmados en el art. 115.II de la CPE y 3.7 de la LOJ, que establecen que el Estado debe garantizar una justicia sin dilaciones,
mandato expreso que ha sido absolutamente incumplido en el caso de autos por la inobservancia de la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 065/2012-RRC de 19 de abril.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, resuelve:
1º DEJAR SIN EFECTO el Auto de Vista 43/2012 de 31 de mayo, cursante de fs. 519 a 523 vta., de obrados y determina que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida.
2º DISPONE la remisión de fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes al Consejo de la Magistratura, a objeto de que se establezcan las responsabilidades del caso, en aplicación del art.17.IV de la LOJ.
Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer a los Jueces en materia Penal de su jurisdicción, la presente Resolución.

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in dubio
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