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Timestamp: 2019-12-09 20:25:55+00:00

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STC 84/1999, 10 de Mayo de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 15354662
STC 84/1999, 10 de Mayo de 1999
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.886/1996
1. En nuestra jurisprudencia constitucional hemos señalado que, para apreciar la existencia de una prolongación artificial de la vía judicial precedente por la utilización de recursos inidóneos, la improcedencia del recurso previo debe derivar de manera terminante, clara e inequívoca del propio texto legal, sin dudas que hayan de resolverse con criterios interpretativos de alguna dificultad. También hemos declarado que no cabe estimar tal improcedencia si, atendidas las circunstancias, el recurso intentado busca o es la única forma razonable y habitual de reparar una supuesta indefensión. Y, finalmente, hemos considerado así mismo que tampoco existe improcedencia cuando de las circunstancias del caso se colija que el recurrente obra en la creencia de que hace lo correcto y, por consiguiente, actúa sin ánimo dilatorio, como así puede suceder en los supuestos en que sea la resolución judicial recurrida la que induzca, mediante su expresa mención, a la interposición del recurso (SSTC 224/1992, 253/1994, 19/1997 y 135/1997, entre otras). Conforme a la anterior doctrina, no cabe, en el presente caso, apreciar la alegada improcedencia manifiesta del recurso de casación intentado por la entidad actora, máxime cuando precisamente actuó siguiendo la indicación expresa del Tribunal Superior de Justicia, que le manifestó que, contra su resolución, cabía interponer el mencionado recurso, «en su caso», indicación que siguió la sociedad demandante, a la cual no le era exigible que incumpliese las instrucciones del órgano judicial, autor de la resolución, asumiendo el riesgo de incurrir en una falta de agotamiento de la vía judicial previa, que, eventualmente, podría impedir el acceso a esta jurisdicción constitucional, por aplicación del art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) LOTC [F. J. 2]. 2. Al igual que ocurrió en el caso de la STC 71/1998, en el supuesto ahora contemplado no se desprende, de las resoluciones aportadas como término de comparación, que la Sala Tercera del Tribunal Supremo haya realizado un juicio con fundamento en prejuicios discriminatorios, bien por razón de las personas intervinientes, bien por otras posibles circunstancias del litigio. No se deduce el alegado trato discriminatorio, ni tampoco la quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 C.E., en la medida que el Auto recurrido contiene una fundamentación que no puede tildarse de irrazonable, arbitraria o claramente errónea, sin que corresponda a este Tribunal Constitucional examinar o revisar la interpretación que haya de hacerse de la legalidad ordinaria, por ser ésta una función que se atribuye en exclusiva a los Tribunales del orden jurisdiccional competente [F. J. 3]. 3. En dicha Sentencia se rechazó que la declaración de inconstitucionalidad del art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 efectuada por la STC 173/1996 pudiera conducir a la estimación de los recursos de amparo entonces pendientes, directa o indirectamente dirigidos frente a dicho precepto, por supuesta vulneración del art. 14 C.E. Entre otros argumentos expuestos en los fundamentos jurídicos 6.º y 7.º de la STC 159/1997, a los que nos remitimos íntegramente, señalamos allí que la pura traslación, sin más, al ámbito posible del proceso constitucional de amparo de la declaración de inconstitucionalidad derivada de un proceso de este último género, no resulta posible cuando tal declaración se asienta en normas constitucionales excluidas de aquél (y que delimita el art. 53.2 C.E.). Y es que el proceso de amparo constitucional carece de otro ámbito posible que el de determinar si existe o no, en cada caso, una vulneración de los derechos y libertades a los que se refiere el expresado art. 53.2 C.E.; pues, «aun cuando pueda admitirse una pretensión directa de inconstitucionalidad sostenida por particulares, esta posibilidad queda doblemente limitada: de una parte por los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 30 C.E.; de otra, a los casos en que el recurrente haya experimentado una lesión concreta y actual de sus derechos (STC 41/1981, fundamento jurídico 1.º)» [F. J. 5].
Sentencia citada en: 101 sentencias, 5 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 2.886/96, interpuesto por la compañía mercantil «Juegomatic, S. A.», representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio García Martínez y bajo la dirección del Letrado don Enrique Segu Villuendas, frente al Auto de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1996, por el que se declara la inadmisión a trámite del recurso de casación núm. 6.905/95, formulado contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga de 29 de mayo de 1995, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1.626/93, relativo a 445 liquidaciones tributarias practicadas en concepto de gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego para el ejercicio de 1990, asimismo objeto del recurso. Han sido parte el Abogado del Estado y la Junta de Andalucía. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 17 de julio de 1996, el Procurador de los Tribunales don Antonio García Martínez, en representación de la entidad mercantil «Juegomatic, S. A.», interpuso el recurso de amparo del que se ha hecho mérito en el encabezamiento.
A) La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía de 27 de mayo y 8 de junio de 1993, por las que se desestimaron las reclamaciones económico-administrativas formuladas por «Tridisa, S. A.», y «Central de Promociones Tecnológicas, S. A.» (posteriormente, «Juegomatic, S. A.», en ambos casos en virtud de proceso de fusión por absorción de ambas compañías), contra los Acuerdos de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Málaga confirmatorios de las autoliquidaciones practicadas por el gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego correspondiente al ejercicio 1990, establecido en el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, correspondientes a un total de 445 máquinas recreativas tipo «B» en explotación. El recurso se fundamentaba, en esencia, en que el mencionado precepto legal infringía los arts. 9.3, 14 y 31 C.E. Tal gravamen venía a elevar la cuantía de la tasa por máquina recreativa tipo «B» en 233.250 pesetas, por lo que el desembolso adicional adeudado a Hacienda ascendía a 103.796.250 pesetas, 75.806.250 pesetas por Tridisa y 27.990.000 pesetas por «Central de Promociones Tecnológicas, S. A.».
C) La sociedad solicitante de amparo preparó e interpuso recurso de casación contra la anterior Sentencia. La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó providencia el 26 de abril de 1996, poniendo en conocimiento de las partes la posible concurrencia de la causa de inadmisión del recurso al no superar la cuantía de 6.000.000 pesetas, en atención a cada una de las autoliquidaciones. Presentadas por la entidad recurrente alegaciones, por Auto de la referida Sección Segunda de 14 de junio de 1996 se declaró la inadmisión del recurso. La fundamentación de esta decisión fue del siguiente tenor:
«Las objeciones opuestas por la parte recurrente a una determinada ley, en este caso la Ley 5/1990, de 29 de junio, al impugnar los actos dictados en su aplicación, no incluye el proceso entre los comprendidos en el artículo 39.2 y 3 de la Ley de esta Jurisdicción, que se refiere a las disposiciones generales con categoría inferior a la ley, únicas a las que alcanzan las potestades de anulación directa de los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, por lo que, independientemente de la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad de la ley, desde la perspectiva de la admisibilidad del recurso de casación en que ahora nos encontramos, el supuesto no es el del art. 93.3 de dicha Ley, sino el de su número 2 b), en el que si la cuantía no excede, como en este caso, de 6.000.000 de pesetas no cabe el recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
Es cierto que en otros procesos seguidos ante esta misma Sala, en los que se trataba también de impugnación de denegaciones de rectificación de autoliquidaciones practicadas por tasa fiscal sobre el juego, se ha admitido el recurso de casación aunque la cuantía de aquéllas no superase la cifra de 6.000.000 de pesetas, pero ello ha sido porque en aquellos casos se impugnaba también, por vía indirecta, la Circular 1/1992, de 7 de enero, de la Dirección General de Tributos, lo que sucede (quiere decir, no sucede) en el presente.»
3. En la demanda de amparo se denuncian dos infracciones de derechos fundamentales, una referida al Auto del Tribunal Supremo y la otra a las autoliquidaciones en su momento impugnadas:
A) Por lo que se refiere al Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, razona la sociedad demandante que en esta resolución judicial se ha infringido el principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley (art. 14 C.E.), causándole indefensión (art. 24.1 C.E.). El fundamento de esta afirmación se encuentra en que, en casos idénticos, la misma Sala y Sección admitió a trámite los recursos de casación núms. 3.997 y 4.003, interpuestos por «Gonper, S. A.», e «Interservi, S. A.», y en los recursos 4.889/94, 5.840/94 y 8.020/94, acordó la suspensión de la tramitación hasta que se resolviera la cuestión de inconstitucionalidad por parte de este Tribunal. La decisión judicial impugnada se adoptó sin que se motivara el cambio de criterio, pues la justificación expresada, cual es la no impugnación, a diferencia de los anteriores, de la Circular 1/92, de la Dirección General de Tributos, constituye un error y una confusión que debe tenerse por no puesta, y de la que se desprende la lesión de los mencionados preceptos constitucionales.
B) Por lo que se refiere a las autoliquidaciones por el gravamen de la tasa fiscal sobre el juego, se les imputa la infracción del principio de igualdad ante la Ley (art. 14 C.E.), en relación con el de capacidad económica (art. 31.1 C.E.), por las siguientes razones: 1VAL.) Por desconocer los principios de generalidad, capacidad económica e igualdad tributaria a los que está sometido todo tributo, lo que en sí mismo significaría la infracción del principio de igualdad. 2VAL.) Por someter a un trato discriminatorio a las empresas que se dedican a la explotación de máquinas recreativas con respecto a otros sectores empresariales, sin que exista un fin constitucionalmente protegible que lo justifique y sin que frente a ello pueda aducirse la imposibilidad de determinar los rendimientos reales obtenidos por las empresas del sector, al no ser esto cierto. Tampoco podría justificarse este trato en su condición de tasa, por cuanto con ello se incumpliría el principio de equivalencia. Por lo demás, no cabe olvidar que, más que una tasa, se trata de una exacción similar a un impuesto. Así lo han reconocido tanto el Tribunal Constitucional (STC 296/1994), como el Tribunal Supremo en numerosas Sentencias.
Además, tal conclusión se deduce de la propia legislación y del hecho cierto de que las Comunidades Autónomas imponen recargos, siendo así que el art. 157 C.E. sólo admite recargos autonómicos sobre impuestos estatales. 3VAL.) Porque dentro de la propia tasa se acusan enormes diferencias de trato: A otras actividades dentro del sector del juego se les aplica un porcentaje sobre los rendimientos obtenidos, mientras que a los titulares de máquinas recreativas se les impone una cuota fija desmesurada, determinada conforme a criterios desconocidos, deliberadamente ajenos a la capacidad económica real de cada empresa. 4VAL.) Porque la tasa y el gravamen complementario resultarían igualmente discriminatorios entre las mismas unidades que constituyen el objeto de la imposición, ya que la explotación de máquinas recreativas genera muy diversos rendimientos, en función de una serie de parámetros: Tipo de población, zona dentro de la misma, clase de establecimiento y, dentro de éste, superficie, categoría, etc. Ello supondría la existencia de capacidades económicas distintas, que no se tienen en consideración, con lo cual la carga tributaria se distribuye de un modo desigual entre las mismas empresas del sector. 5VAL.) Porque implica un trato desigual entre las empresas dedicadas a la explotación de máquinas del tipo «B» que hayan iniciado en distinta fecha su actividad: Es posible que alguna empresa societaria o empresario individual haya obtenido el permiso para operar en el sector ya avanzado el año y que, llegado el 30 de junio, se encuentre con que, sin haber explotado su inmovilizado desde primeros de año, haya de pagar retroactivamente un gravamen complementario igual al que se verá obligado a satisfacer su competidora, quien ya estaba presente en el mercado al comenzar el año.
4. Por providencia de la Sección Segunda de este Tribunal de 25 de octubre de 1996 se acordó admitir a trámite la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Tribunal Económico Administrativo Regional para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio del recurso de casación núm. 6.905/95, del contencioso-administrativo núm. 1.626/93 y de los expedientes que dieron lugar a las resoluciones de 27 de mayo de 1993 (reclamación núm. 29/1.353/91) y de junio de 1993 (reclamación núm. 29/1.354/91), interesando, al propio tiempo, el emplazamiento de quienes fueron parte en el procedimiento para que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Sostiene el Ministerio Fiscal que las circunstancias concurrentes en el presente recurso de amparo, en especial la expulsión del ordenamiento jurídico del precepto cuya aplicación determinó la deuda tributaria, obligan a abordar, en primer término, la violación del principio de igualdad en la aplicación de la ley por parte de los órganos administrativos, y, en tanto confirma dichos actos, por la decisión judicial. Considera el Fiscal que dicha alegación, si pudiera hacerse abstracción de la inconstitucionalidad del art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, carecería de contenido constitucional, pues no se ofrece un término de comparación adecuado: Sólo se alude, genéricamente a «otros sectores empresariales», sin demostrar que en otros supuestos idénticos haya habido un trato diferente no justificado, por lo que tal motivo debería ser desestimado. Sin embargo, continúa el Fiscal, no parece que pueda hacerse abstracción del hecho de que la norma aplicada haya sido declarada inconstitucional; lo paradójico del caso radica en que la denegación del amparo supondría la aplicación de una norma no vigente, cuya inconstitucionalidad tiene efectos ex tunc para situaciones jurídicas no consolidadas, pues si las sentencias de inconstitucionalidad tienen plenos efectos frente a todos (art. 164.1 C.E.) y el art. 40.1 de la LOTC establece límites o excepciones a la eficacia retroactiva de tales sentencias, la expresión «frente a todos» incluye al propio Tribunal, y el art. 40.1 LOTC permitiría dictar sentencia estimatoria del recurso de amparo, por la propia eficacia de la sentencia de inconstitucionalidad. Y tal resolución estimatoria conllevaría anular no sólo el Auto del Tribunal Supremo, sino también la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e incluso los actos administrativos impugnados, esto es, todos los actos de aplicación directa del art. 40.1 LOTC, ya que se trata de una situación jurídica no consolidada mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada.
Refiere esta representación que la única petición principal del suplico que tiene cabida en el presente proceso de amparo es la relativa al Auto de inadmisión del recurso de casación, ya que las otras peticiones no guardan relación con la causa petendi del recurso. Al respecto, señala que en la demanda de amparo se expresan dos razones que legalmente permitían el acceso al recurso. Por un lado, se alega que la cuantía del gravamen indebidamente liquidado asciende a 103.796.250 ptas., cuantía cuya devolución se solicita en el suplico de la demanda y que parece sugerirse como cuantía del «procedimiento contencioso». Sin embargo, ello no es así, por cuanto la suma corresponde a 445 diferentes autoliquidaciones, de distintos sujetos pasivos, si bien por su conexión se acumularon en vía contenciosa. La suma de tales cuantías no permite el acceso a la casación, sino sólo la de las cuantías que excedan de los límites cuantitativos de dicho recurso, sin que exista «comunicación» de cuantía en tales casos. Por tanto, por este concepto no está permitida la casación, sin que el recurrente haya objetado nada acerca de la afirmación de que ninguna de las liquidaciones exceda de tal límite.
La segunda razón en la que se pretende basar la casación es que su interposición se efectuó con arreglo al apartado 2. del art. 39 de la L.J.C.A. de 1956 y, por tanto, era perfectamente recurrible en casación conforme al art. 93.1 y 3 de la citada L.J.C.A. Sostiene el Abogado del Estado que el recurrente no impugnó en vía contenciosa ninguna disposición general, sino una serie de actos administrativos singulares, concretados en la confirmación o rectificación de las autoliquidaciones practicadas por el sujeto pasivo. Por tanto, tampoco por esta vía cabría entender procedente el recurso de casación.
Por lo que respecta a los precedentes judiciales que habrían admitido a trámite el recurso, señala el representante de la Administración que la justificación que ofrece el Auto al denegar la admisión a trámite el recurso, aunque adopta aparentemente el significado de razonar un cambio de criterio en las admisiones, en realidad no lo es. La Sala Tercera señala que en aquellos casos en que ha admitido la casación con cuantías inferiores es porque también ha confluido la impugnación de la Circular 1/92 de la Dirección General de Tributos. La referida Circular se impugnaba por «vía indirecta», siendo éste el objeto del recurso al amparo de lo establecido en el art. 39.2 L.J.C.A., que es el precepto en el que se ha pretendido amparar el recurrente, aunque haciendo jugar no una norma administrativa, sino una Ley. Por consiguiente, las manifestaciones del Auto impugnado no expresarían, como pretende el actor, las razones de un cambio de criterio, sino sólo los motivos por los que su recurso de casación no estaría en el caso de las resoluciones invocadas como precedentes.
Las razones aducidas por el demandante no son atendibles, pues, por un lado, el recurrente no justifica la causa por la que tacha al Auto de erróneo e imputa a la Sala un posible error argumental, y en segundo lugar, tampoco concreta los precedentes ofrecidos como término de comparación. Algunos de ellos son providencias de admisión a trámite de recursos de casación, pero sin que resulten datos que permitan suponer que son recursos en materia de tasa de juego, ni que su cuantía fuera inferior a la del límite de la Ley, ni que concurra cualquier otra circunstancia similar. Se trata, en suma, de ejemplos que no permiten una comparación, en los que no se determina su objeto, su materia, ni su cuantía, y tampoco son válidos los certificados del Secretario de la Sala acreditativos de la suspensión del trámite previo a la admisión. Por consiguiente, no se ve cumplida la acreditación de los presupuestos que permitirían formar un criterio sobre la justificación de una diversidad de trato, simplemente porque no se acredita la identidad de supuestos. Y aun en el caso de que existiera algún auto de admisión en la misma materia por la misma cuantía y sin otra diferencia relevante, ello no constituiría «doctrina consolidada» en el sentido exigido por este Tribunal (STC 383/1993), ya que la justificación más probable estaría, supuestamente, en un error o inadvertencia. En conclusión, el actor no presenta ninguna doctrina consolidada cuyo abandono se haya justificado; se limita a citar «casos» de admisión, pero no acredita un cuerpo de doctrina consolidada, en cuya virtud las impugnaciones sobre las tasas del juego hayan recibido un trato más favorable en el acceso a la casación que otras materias. Faltan, pues, en este aspecto los presupuestos en que podrían fundarse las lesiones de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.
10. Por providencia de 7 de mayo de 1999, se señaló el siguiente día 10 de mayo para deliberación y votación de la presente Sentencia.
1. La cuestión que se plantea en el presente recurso de amparo, que interpone la entidad mercantil «Juegomatic, S. A.», frente al Auto de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 1996, de inadmisión del recurso de casación interpuesto por la demandante frente a la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Málaga) de 29 de mayo de 1995, es sustancialmente similar a la resuelta por la STC 71/1998, a cuyos razonamientos jurídicos, en consecuencia, debemos remitirnos en su integridad.
En este recurso, como en el resuelto en aquella ocasión, la queja constitucional gira en torno a dos motivos impugnatorios. En primer lugar, se alega la quiebra de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la tutela judicial efectiva originada por la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir a trámite el recurso de casación preparado por la entidad solicitante de amparo (arts. 14 y 24.1 C.E.). En segundo lugar, se aduce la vulneración del principio de igualdad ante la ley en relación con el de capacidad contributiva que se imputa a la regla legal -el art. 38.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria- por la que se impuso un gravamen complementario de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite y azar, en particular, sobre las máquinas recreativas tipo «B», vicio que se comunicaría a los actos de aplicación de la referida disposición.
En efecto, esa resolución tuvo después lugar por la STC 173/1996, del Pleno, que estimó las cuestiones de inconstitucionalidad y declaró inconstitucional y nulo el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990.
Conforme a la anterior doctrina, no cabe, en el presente caso, apreciar la alegada improcedencia manifiesta del recurso de casación intentado por la entidad actora, máxime cuando precisamente actuó siguiendo la indicación expresa del Tribunal Superior de Justicia, que le manifestó que, contra su resolución, cabía interponer el mencionado recurso, «en su caso», indicación que siguió la sociedad demandante, a la cual no le era exigible que incumpliese las instrucciones del órgano judicial, autor de la resolución, asumiendo el riesgo de incurrir en una falta de agotamiento de la vía judicial previa, que, eventualmente, podría impedir el acceso a esta jurisdicción constitucional, por aplicación del art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) LOTC.
4. Sobre la segunda cuestión suscitada, que se dirige, en último término, contra el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, por la presunta discriminación que padecerían las empresas explotadoras de máquinas recreativas frente a otros sectores empresariales, decíamos en las SSTC 183/1997, 55/1998, 71/1998, 137/1998 y 36/1999, con remisión a lo afirmado en la STC 159/1997, que la creación (art. 38.2.2 de la Ley 5/1990) de un gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego para las máquinas recreativas tipos «B» y «C» no supone una discriminación contraria al principio de igualdad proclamado en el art. 14 C.E. frente a otro tipo de actividades económicas, en general, o del propio sector del juego en particular, alegación en la que se basa, esencialmente, el motivo impugnatorio ahora analizado.
Decíamos en aquellas resoluciones, que «no toda proclamación constitucional del principio de igualdad es reconducible, sin más, a la efectuada por el art. 14 C.E.», pues «específicamente no lo es, en cuanto aquí interesa, la del principio de igualdad en materia tributaria contenida en el art. 31 C.E., como así lo ha declarado con rotundidad este Tribunal en diversas ocasiones» (SSTC 19/1989, 33/1993 y 54/1993). Y añadíamos que, «si bien ello no significa que este Tribunal no pueda llegar a apreciar (...) una infracción del art. 14 C.E. por la Ley Tributaria, sí excluye claramente que, so capa de una invocación meramente "formal" del art. 14 C.E., en realidad el recurrente de amparo venga a apoyarse en el art. 31.1 C.E., precepto éste que, como se ha dicho, no puede servir de fundamento a una pretensión en este proceso constitucional, por imperativo del art. 53.2 C.E. y del art. 41.1 LOTC» (fundamento jurídico 3.). Concluíamos, así, que «de ello se desprende con claridad que la posible inconstitucionalidad que la recurrente imputa al art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, por su eventual contradicción con el principio de igualdad, no residiría realmente en una discriminación contraria al art. 14 C.E. por estar basada en una diferenciación de índole subjetiva, sino en una desigualdad fundada en elementos objetivos, que es la contemplada en el art. 31.1 C.E. Y, por tanto, la conclusión última sólo puede ser, a la luz de la doctrina antes expuesta, que nos encontramos ante una eventual desigualdad no susceptible de ser corregida por el cauce del presente proceso de amparo, aunque pueda serlo, en su caso, por el de otros procesos constitucionales, como el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad» (fundamento jurídico 4., in fine).
5. Finalmente, en la tan reiterada STC 159/1997 (y luego en la STC 183/1997), se especificaron los efectos sobre los recursos de amparo pendientes de la STC 173/1996 del Pleno de este Tribunal, que, como dijimos, declaró inconstitucional y nulo el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 por haber llevado a cabo «retroactivamente, un aumento de la deuda tributaria que puede calificarse de no previsible y carente de suficiente justificación, lo que conduce a estimar que en este caso se ha producido una vulneración del principio de seguridad jurídica garantizado por el art. 9.3 C.E.» (STC 173/1996, fundamento jurídico 5.).
Pues bien, en dicha Sentencia se rechazó que la declaración de inconstitucionalidad del art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 efectuada por la STC 173/1996 pudiera conducir a la estimación de los recursos de amparo entonces pendientes, directa o indirectamente dirigidos frente a dicho precepto, por supuesta vulneración del art. 14 C.E. Entre otros argumentos expuestos en los fundamentos jurídicos 6. y 7. de la STC 159/1997, a los que nos remitimos íntegramente, señalamos allí que la pura traslación, sin más, al ámbito posible del proceso constitucional de amparo de la declaración de inconstitucionalidad derivada de un proceso de este último género, no resulta posible cuando tal declaración se asienta en normas constitucionales excluidas de aquél (y que delimita el art. 53.2 C.E.). Y es que el proceso de amparo constitucional carece de otro ámbito posible que el de determinar si existe o no, en cada caso, una vulneración de los derechos y libertades a los que se refiere el expresado art. 53.2 C.E.; pues, «aun cuando pueda admitirse una pretensión directa de inconstitucionalidad sostenida por particulares, esta posibilidad queda doblemente limitada: De una parte por los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 30 C.E.; de otra, a los casos en que el recurrente haya experimentado una lesión concreta y actual de sus derechos (STC 41/1981, fundamento jurídico 1.) (ibid., fundamento jurídico 6., reproducido en la STC 183/1997, fundamento jurídico 4.)».
La aplicación de tal doctrina al supuesto aquí debatido lleva a la desestimación del amparo solicitado, por cuanto «ha de tenerse presente que en la STC 173/1996 la declaración de inconstitucionalidad del art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 se produjo sólo con fundamento en la violación del principio de seguridad jurídica contenido en el art. 9.3 C.E., y este principio, por imperativo de los arts. 53.2 C.E. y 41.1 LOTC, queda extramuros del proceso de amparo, como reiteradamente ha declarado este Tribunal (SSTC 165/1993, 233/1993 y 28/1994, entre otras). Lo que implica, en suma, que en el presente caso es improcedente tal remisión, en atención a los presupuestos de la jurisdicción de este Tribunal en el proceso de amparo» (fundamento jurídico 6., in fine).
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por «Juegomatic, S. A.».
SAP Zaragoza 114/2004, 24 de Febrero de 2004
STSJ Andalucía 909/2013, 2 de Mayo de 2013
STSJ Cantabria 597/2010, 15 de Julio de 2010

References: resolución 
 artículo 39
 resolución 
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in fine
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