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Timestamp: 2019-01-17 18:21:39+00:00

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Emilio Murillo Molina
1 InDret REVISTA PARA EL ANÁLISIS DEL DERECHO WWW. INDRET.COM Problemas de jurisdicción competente y de derecho aplicable en pleitos de responsabilidad civil extracontractual Facultad de Derecho Universitat Pompeu Fabra BARCELONA, MAYO DE 2009
2 Abstract En el ordenamiento jurídico español, quien sufre un daño en su persona o en sus bienes tiene derecho a una reparación en todos los casos en que el daño sea imputable a un tercero. En nuestro Derecho, el principio general es que el perjudicado o sus causahabientes, si la víctima del daño no sobrevivió al desastre, tienen una pretensión resarcitoria que pueden ejercitar ante los jueces de la jurisdicción civil. Como los daños pueden causarse por personas o entidades de derecho público o privado que pueden actuar de muchas formas y pueden afectar a cualquier tipo de bienes, es intuitivo que en un ordenamiento jurídico como el español, que cuenta con varios órdenes jurisdiccionales, más de uno pueda declararse competente para resolver una demanda de reparación de daños. El trabajo se dedica a tales conflictos de jurisdicción y a las posibles soluciones a los problemas que plantean. The Spanish law, like the civil law systems, has a specialized system of courts. In such a system, every claim has to be decided for the judges identified by the law as authorities to render the decision. Such organization causes practical problems in the Spanish law of torts, because the same damage can be solved in different ways by judges of different jurisdictions. The paper deals with these problems, and tries to provide solutions to the most common conflicts among jurisdictions. Title: The Judge who decides and the Law to be applied in Torts Claims in Spain Palabras clave: Responsabilidad civil extracontractual, jurisdicción competente Keywords: Tort Law, Specialization of Courts 2
3 Sumario 1. Cuatro regulaciones materiales 2. Cuatro regulaciones procesales 3. Un mismo supuesto de hecho 4. Responsabilidad civil derivada de delito o falta 5. Conflictos de competencia entre órdenes jurisdiccionales en pleitos de responsabilidad civil extracontractual 5.1. Conflictos de competencia entre los órdenes civil y contencioso-administrativo de la jurisdicción a) Responsabilidad civil derivada de delito o falta cometido por un funcionario o agente al servicio de la Administración b) Acción directa contra la compañía aseguradora de la Administración pública c) Responsabilidad civil de los concesionarios de servicios públicos 5.2. Conflicto de competencia entre los órdenes civil y social de la jurisdicción por la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional 5.3. Conflictos de competencia entre los órdenes social y contencioso-administrativo de la jurisdicción a) Responsabilidad por daños causados en centros sanitarios del sistema nacional de salud b) Consecuencias administrativas del accidente de trabajo o enfermedad profesional 6. Tabla de sentencias citadas 3
4 1. Cuatro regulaciones materiales El derecho español de daños está distribuido en cuatro regulaciones materiales diferentes: a) La civil, cuyo régimen jurídico básico es el previsto en los artículos 1902 a 1910 Cc., que prevé un régimen de responsabilidad por culpa para las reclamaciones por daños entre particulares. Muchas leyes especiales civiles, sin embargo, prevén un estándar de responsabilidad objetiva para los daños causados en sectores específicos de actividad. 1 b) La penal, que precedió en el tiempo al resto, prevista para la responsabilidad civil derivada de la comisión de delitos o faltas. Con frecuencia, la comisión de un delito o falta causa daños patrimoniales y no patrimoniales- a la víctima del delito. Quienes cometen delitos o faltas merecen el castigo penal, pero sus víctimas tienen derecho a una compensación por los daños sufridos. En el derecho español, por cuestiones históricas, la pretensión indemnizatoria de las víctimas de delitos o faltas está regulada en el Código Penal (en adelante, CP). El legislador ha previsto que, en muchos casos, el delincuente será insolvente y ha optado por un sistema de responsabilidad civil derivada de delito o falta que es, en lo fundamental, subsidiaria de la que corresponde al delincuente. Los artículos 109 a 122 CP y 61 a 64 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, prevén quién habrá de pagar en lugar del delincuente en caso de que éste no disponga de solvencia suficiente. Se pretende, de este modo, asegurar la compensación de la víctima del daño causado por un delito o falta. El carácter subsidiario de la responsabilidad civil regulada en las leyes penales la asemeja en ocasiones a una responsabilidad objetiva, pues quien ha de responder en lugar del delincuente no tiene otra defensa que demostrar la solvencia del autor del delito, algo que, en la práctica y en la mayoría de los casos, es imposible. c) La propia de las leyes administrativas, cuyo régimen legal básico está previsto en los artículos 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). La responsabilidad civil de las Administraciones públicas, denominada responsabilidad patrimonial por la doctrina administrativista, regula las reclamaciones entre Administraciones públicas y las de los particulares contra la Administración pública titular de un servicio público que causa daños. El canon de responsabilidad es objetivo, pues la Administración responde por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. d) El derecho español de daños también es, en parte, derecho laboral. La regulación española de las relaciones laborales no contiene normas generales en materia de responsabilidad civil, 1 La excepción más destacada al principio general de responsabilidad por culpa en las leyes civiles especiales es la responsabilidad objetiva por daños personales causados por vehículos a motor. prevista en el artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobada por Real Decreto- Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. 4
5 pero numerosas disposiciones -legales y reglamentarias- prevén la responsabilidad civil del empresario por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que sufren sus trabajadores. El régimen de responsabilidad que habrá de aplicarse en esos casos es el general de responsabilidad por culpa, aunque la especificidad de las relaciones laborales convierta la prueba de la diligencia del empresario en algo casi imposible. Sufrido un accidente por el trabajador en el desempeño de los trabajos encomendados, la responsabilidad de su empleador se presenta como algo casi automático. 2. Cuatro regulaciones procesales Cada una de las regulaciones materiales referidas cuenta con sus propias leyes procesales, aplicadas de forma exclusiva y excluyente por los jueces y tribunales de cada uno de los órdenes jurisdiccionales: a) Para la civil, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). b) Para la penal, El Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se promulgó la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). c) Para la administrativa, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). d) Para la social, el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (LPL). La distribución de asuntos entre cada uno de los cuatro órdenes jurisdiccionales y las relaciones entre ellos están regulados en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). La norma, que ha sido objeto de varias reformas desde su promulgación 2, dedica su artículo 9 al ejercicio de la potestad jurisdiccional que corresponde a cada uno de los cuatro órdenes: 1. Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley. 2 Desde su entrada en vigor la LOPJ ha sido reformada en muchas ocasiones, pero hay dos reformas de especial importancia para entender la evolución de los criterios de atribución de la competencia de jurisdicción en pleitos de responsabilidad civil extracontractual. Se trata de las reformas del artículo 9.4 LOPJ llevadas a cabo por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio y la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. La primera incluyó a los particulares codemandados en el precepto que atribuye la competencia al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo. A partir de su entrada en vigor, las demandas dirigidas contra la Administración y el particular que concurrió en la causación del daño debían presentarse ante los jueces de esa jurisdicción. La segunda hizo lo propio con las compañías aseguradoras de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Otra reforma, la llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, introdujo los juzgados de lo mercantil que forman parte de la jurisdicción social- en la organización judicial de nuestro país. 5
6 2. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional. ( ) 3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción militar. 4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Reales Decretos Legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva. También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas. 5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral. ( ) De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 LOPJ, la jurisdicción civil cuenta con una amplia atribución competencial pues a ella corresponden las materias estrictamente civiles y todas aquellas que no estén expresamente atribuidas a ningún otro orden jurisdiccional. Se trata de la denominada vis atractiva del orden jurisdiccional civil. Desde el año 2003, sin embargo, la atribución de competencias a la jurisdicción civil no es unívoca. Los artículos 86 bis y 86 ter LOPJ introdujeron en el esquema judicial español los juzgados de lo mercantil que conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora (cfr. artículo 86ter LOPJ). Algunas de las competencias atribuidas a los juzgados de lo mercantil se refieren a pretensiones indemnizatorias de víctimas de daños patrimoniales. Así, [l]as acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento y [l]as demandas en las que se ejerciten 6
7 acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas, competencias que, respectivamente, reservan a los juzgados de lo mercantil el apartado 6 del artículo 86 ter.1 y el artículo 86 ter.2.a LOPJ. En esos casos, la demanda de responsabilidad civil deberá plantearse ante los juzgados mercantiles de cada demarcación. El artículo 56.2 LOPJ atribuye a la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo una competencia muy particular: la de juzgar las demandas de responsabilidad civil contra determinadas autoridades. En virtud de esa competencia la Sala lo Civil es competente para conocer: De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado, Defensor del Pueblo y Presidente y Consejeros de una Comunidad Autónoma, cuando así lo determine su Estatuto de Autonomía. El resto de órdenes jurisdiccionales carecen de una atribución genérica de competencias. El artículo 9 LOPJ les atribuye el conocimiento de los asuntos que deberán ser resueltos de acuerdo con normativas sectoriales. A cada una de ellas (penal, administrativa y social) asigna la LOPJ un orden jurisdiccional específico. La LOPJ limita, así, la competencia de los órganos judiciales de cada uno de los órdenes jurisdiccionales: cada uno de ellos puede conocer sólo asuntos que les venga atribuidos por las leyes por cuyo cumplimiento deben velar. De allí que, como prevé el último párrafo del artículo 9 LOPJ, la falta de jurisdicción deba apreciarse de oficio: 6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando siempre el orden jurisdiccional que se estime competente Puede suceder, sin embargo, que órganos judiciales de diferentes órdenes jurisdiccionales se disputen la competencia sobre un mismo asunto. Cuando eso suceda, el juez que considere que no tiene competencia puede declinar el conocimiento del asunto o, si considera que la competencia le corresponde a él en detrimento de quien juzga el caso, requerirle para que deje de hacerlo (cfr. artículo 45 LOPJ). Es posible, sin embargo, que no exista acuerdo: que más de un órgano judicial se considere competente o que ninguno quiera asumir el conocimiento del asunto. En ese caso, la cuestión será resuelta por una Sala Especial de Conflictos de Competencia, que habrá de decidir la jurisdicción competente en el caso en el que se plantea. Así lo prevé el artículo 42 LOPJ: 7
8 Los conflictos de competencia que puedan producirse entre Juzgados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional, integrados en el Poder Judicial, se resolverán por una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actuará como Secretario de esta Sala especial el de Gobierno del Tribunal Supremo. Los Autos de la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo sólo son de aplicación a la cuestión que resuelven. No sientan doctrina en ninguna de las Salas del Tribunal ni pueden ser considerados como jurisprudencia a los efectos del artículo 1.6 Cc. Sólo la jurisdicción penal es inmune a las posibles reclamaciones sobre competencia procedentes de otros órdenes jurisdiccionales. Si el orden penal considera que es competente para conocer de un asunto, el resto de jueces y tribunales de otros órdenes jurisdiccionales deben acatar la resolución del juez penal que conozca del asunto, tal y como dispone el artículo 44 LOPJ: El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional La preferencia de la jurisdicción penal para el conocimiento de asuntos que puedan ser constitutivos de delito o falta se traduce en el efecto preclusivo que la acción penal tiene sobre procesos seguidos ante otros órdenes jurisdiccionales por los mismos hechos. Así lo prevé el artículo 114 LECrim: Promovido juicio criminal en averiguación de delito o falta, no podrá seguirse pleito sobre el mismo hecho; suspendiéndose, si le hubiese, en el estado en que se hallare, hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal. Unidad de la jurisdicción y especialización de jueces y tribunales El panorama descrito es el resultado de una opción legal por la especialización de jueces y tribunales. El modelo que es propio de Europa continental entiende que los jueces y tribunales impartirán mejor justicia si conocen siempre de asuntos relacionados con un mismo sector de actividad y en los que se discute la aplicación o interpretación de unas mismas normas. Así se entiende la afirmación del transcrito artículo 9.1 LOPJ: [l]os Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley. En defecto de atribución legal expresa, un juez o tribunal de un determinado orden jurisdiccional no puede afirmar su competencia para enjuiciar un asunto. Como se verá en las páginas siguientes, la arquitectura judicial se traduce, en ocasiones, en un perjuicio para el justiciable, pues ni todos los posible asuntos que se plantean han sido previstos por el legislador encargado de atribuirlos a uno u otro orden jurisdiccional, ni los asuntos para los que se reclama justicia se refieren exclusivamente a uno de los criterios empleados para distribuir la competencia entre órdenes jurisdiccionales. 8
9 Los conflictos entre órdenes jurisdiccionales son frecuentes, y más frecuentes las dudas de abogados y procuradores sobre el orden ante el que plantear una determinada reclamación. La situación afecta directamente a la tutela judicial efectiva, elevada al rango de derecho fundamental por el artículo 24 CE, y pone en tela de juicio el principio de unidad jurisdiccional proclamado por el artículo CE y reconocido por el artículo 3 LOPJ, conforme al cual [l]a jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta Ley ( ). 3. Un mismo supuesto de hecho En el ordenamiento jurídico español, quien sufre un daño en su persona o en sus bienes tiene derecho a una reparación en todos los casos en que el daño sea imputable a un tercero. En nuestro Derecho, el principio general es que el perjudicado o sus causahabientes, si la víctima del daño no sobrevivió al desastre, tienen una pretensión resarcitoria que pueden ejercitar ante los jueces de la jurisdicción civil. Como los daños pueden causarse por personas o entidades de derecho público o privado que pueden actuar de muchas formas (dolosa o negligente) y pueden afectar a cualquier tipo de bienes (materiales o personales), es intuitivo que en un ordenamiento jurídico como el español, que cuenta con varios órdenes jurisdiccionales, más de uno pueda declararse competente para resolver una demanda de reparación de daños. La división de asuntos entre los órdenes jurisdiccionales potencialmente competentes responde, en lo fundamental, a dos criterios: a) Uno, objetivo, que atiende a la calificación jurídica del daño. b) Otro, subjetivo, en función del régimen jurídico aplicable al responsable del daño. El primer criterio permite distinguir los casos que son competencia de la jurisdicción penal de aquéllos que pueden ser resueltos por el resto de jurisdicciones. El segundo criterio distribuye competencias entre las jurisdicciones civil, contencioso-administrativa y social. Por tanto: 1. En todos los casos, si la acción o la omisión que causó el daño está tipificada como delito o falta por el Código Penal, será competente, en principio, la jurisdicción penal. El artículo 23 LOPJ atribuye al orden jurisdiccional penal el conocimiento de las causas por delitos o faltas cometidos por españoles o por extranjeros en territorio nacional. 2. Si el causante de un daño es un particular ajeno al ejercicio de cualquier potestad pública, el civil será el orden jurisdiccional competente. 9
10 En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles son competentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.3 LOPJ: ( ) en materia de obligaciones contractuales, cuando éstas hayan nacido o deban cumplirse en España; en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España. ( ). 3. Si el causante del daño es un funcionario o un agente al servicio de una Administración pública y el daño es consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público, el orden jurisdiccional competente será el contencioso-administrativo. Conforme a lo previsto en el artículo 24 LOPJ: En el orden contencioso-administrativo será competente, en todo caso, la jurisdicción española cuando la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de carácter general o a actos de las Administraciones Públicas españolas. Asimismo conocerá de las que se deduzcan en relación con actos de los poderes públicos españoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes. 4. Si el daño es consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, la jurisdicción competente será la social. El artículo 25 LOPJ reserva al orden jurisdiccional social la competencia: 1º En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandando tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios, o de celebración del contrato; y además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español. ( ) 3º En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España. Ambos criterios, el de la calificación jurídica del daño y el del régimen jurídico que gobierna la relación en cuyo desarrollo se produce el daño, son extremadamente formales. El mismo supuesto de hecho es enjuiciado por cuatro jurisdicciones potencialmente competentes que lo enjuiciarán conforme a cuatro leyes procesales diferentes y, como se ha visto, con estándares de responsabilidad diferentes. En todos los casos, sin embargo, la pretensión de la víctima es la misma: obtener una compensación del daño que ha sufrido. La diversidad de regímenes legales y de jurisdicciones competentes tiene un efecto negativo obvio en el derecho español de daños: la falta de uniformidad en las decisiones sobre compensación de daños. Los mismos tipos de daños patrimoniales o no patrimoniales son enjuiciados de forma diversa por cada uno de los órdenes jurisdiccionales con base en normas legales que prevén consecuencias diferentes para el supuesto de causación de daños. 10
11 En el derecho español de daños la distribución de competencias entre órdenes jurisdiccionales atiende a los posibles responsables, no a las víctimas de sus accidentes. El criterio es si éste o aquél candidato a responder por un accidente es funcionario, empresario o particular para, en función del régimen jurídico que le resulta aplicable, asociar un estándar diferente de responsabilidad que será aplicado por un orden jurisdiccional específico. En ningún momento se atiende a la pretensión de la víctima. El criterio relevante es la infracción de ciertos deberes específicos por parte de un determinado agente; algo que deberá enjuiciar un juez especializado en la aplicación de las normas presuntamente infringidas. Las diferencias sólo desparecen cuando el daño es consecuencia de un delito o falta pero no por la naturaleza de la pretensión indemnizatoria ejercida por la víctima del daño, sino por la presunta naturaleza criminal de los comportamientos que, además, causaron daños a terceros. El derecho español de daños es un derecho de causantes, no de víctimas, al menos en lo que a la distribución de competencias entre órdenes jurisdiccionales se refiere. Con todo, la principal crítica que debe dirigirse al sistema diseñado por el legislador español no es sólo que convivan criterios diferentes para el enjuiciamiento de casos idénticos, sino que tales criterios, con frecuencia, se solapen. El solapamiento de órdenes jurisdiccionales potencialmente competentes es el problema práctico más grave del vigente derecho español de daños. 4. Responsabilidad civil derivada de delito o falta Si el daño se ha causado de forma dolosa o intencional y ha afectado a la integridad corporal de la víctima es inimaginable que el comportamiento del agente no esté tipificado como delito o falta en el Código Penal. Los daños corporales más graves cuentan con la protección de la jurisdicción penal. En estos casos, y por razones de economía procesal, el juez de esa jurisdicción que decidirá la responsabilidad criminal del delincuente- también se encarga de condenar al responsable civil a reparar los perjuicios patrimoniales causados por la comisión del delito o falta y, según lo requieran las circunstancias del caso, adoptará medidas restitutorias adicionales o de otro tipo, que no son estrictamente resarcitorias. Normas civiles en el Código penal En la historia española de la codificación, la penal precedió a la civil. La unificación en un mismo código de las normas penales planteó menos problemas políticos que la aprobación de un único código civil. La redacción de los preceptos sobre el matrimonio y la forma de coordinar un único código civil con las leyes civiles territoriales y los derechos históricos en materia civil retrasaron la aprobación de un Código civil que no fue promulgado hasta Como la codificación penal precedió a la civil, el legislador penal reguló las normas civiles sobre reparación de daños causados por delitos o faltas. Cuando, finalmente, se aprobó el Código civil, se respetó la existencia de normas de reparación de daños en el Código Penal. Por ese motivo, el 11
12 artículo 1092 Cc. prevé que [l]as obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal. Las normas del Código Penal que regulan la responsabilidad civil derivada de delito o falta son, sin embargo, normas de naturaleza civil sometidas, por tanto, a los principios civiles en materia de interpretación, carga de la prueba y prescripción. No es de aplicación a estas normas el principio constitucional de retroactividad de la norma sancionadora más favorable para el reo ni la presunción de inocencia. Así, entre otras, las SSTS, 2ª, (RJ. 1128), (RJ. 398), (RJ. 1564), (RJ. 1826) y (RJ. 7290). Por tanto, nada impide que el juez penal que haya de aplicarlas las integre con los preceptos que el Código civil y otras leyes civiles especiales dedican a la responsabilidad civil extracontractual. De igual modo, nada impide que un juez civil aplique las normas de responsabilidad civil contenidas en el Código penal, pues se trata, al fin y al cabo, de normas civiles. Sin embargo, la especialización de jueces y tribunales, a la que ya se ha hecho referencia, provoca de hecho cierta impermeabilidad entre cuerpos legales, de forma que es extraño que un juez penal acuda al Código civil para resolver la responsabilidad civil derivada de delito o que uno civil haga lo propio con las normas contenidas en los artículo 109 y siguientes del Código penal. El artículo 109 CP anuda la obligación de reparar los daños causados a la comisión de un delito o falta: 1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados. 2. El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil. En el mismo sentido, el artículo 100 LECrim, cuando dispone que: De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible. Ello es así, salvo que el perjudicado se reserve el ejercicio de su pretensión civil para demandar al causante del daño, una vez finalizado el proceso penal, ante la jurisdicción civil. El ordenamiento jurídico, sin embargo, presume que la acción civil derivada de delito o falta sigue siempre a la penal y que, salvo indicación en contra del perjudicado, el juez del orden penal deberá resolver ambas cuestiones: la responsabilidad penal del delincuente y la civil por los daños causados por el delito o falta. Así lo prevé el artículo 112 LECrim: Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar. 12
13 5. Conflictos de competencia entre órdenes jurisdiccionales en pleitos de responsabilidad civil extracontractual Si el hecho dañoso no está tipificado como delito o falta en el Código Penal, el criterio que utiliza el ordenamiento jurídico para decidir qué jurisdicción es competente no es objetivo sino subjetivo. En ausencia de delito o falta, ya no importa la calificación jurídica del daño causado sino quién sea el responsable del perjuicio. Se atiende ahora al régimen jurídico del causante del daño y la decisión sobre la jurisdicción competente depende, en lo fundamental, de si la actividad en cuyo desarrollo se ha producido un daño está sometida a reglas de derecho público o de derecho privado. El criterio subjetivo de atribución de competencia entre órdenes jurisdiccionales es el que plantea más problemas en la práctica. Con frecuencia, son varios los sujetos que causan un daño y, en ocasiones, cada uno de los responsables está sometido a un régimen jurídico diferente. La coincidencia de regímenes subjetivos diversos se traduce, en la práctica, en problemas de atribución de la competencia jurisdiccional para conocer la pretensión indemnizatoria de la víctima. Así sucede cuando la víctima en lugar de reclamar la reparación del daño a la Administración pública titular del servicio público que lo causó, se dirige contra la compañía aseguradora de la Administración o contra el personal contratado para la prestación del servicio público. En otro grupo de casos, el criterio subjetivo de definición de la competencia de cada orden jurisdiccional provoca confusión cuando un mismo responsable puede ser enjuiciado por más de un orden jurisdiccional. Así sucede cuando, por ejemplo, el funcionario que causa daños comete, además, un delito. La coincidencia de criterios de atribución de competencia es señaladamente relevante en la práctica en el caso de reclamaciones contra la Seguridad Social, que es una Administración pública que califica e indemniza las consecuencias de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional Conflictos de competencia entre los órdenes civil y contencioso-administrativo de la jurisdicción Cuando el causante del daño sea un funcionario o un agente al servicio de una Administración pública y el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público, el orden jurisdiccional competente será el contencioso-administrativo. Sin embargo, la víctima de un daño causado por un servicio público no puede demandar directamente a la Administración pública ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Con carácter previo, la víctima de tal daño deberá reclamar a la Administración pública su responsabilidad conforme a un procedimiento administrativo específico regulado en el Real Decreto 429/1993, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de 13
14 responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. El procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial finalizará con una resolución un acto administrativo- que denegará o reconocerá el derecho de la víctima a una indemnización y, en su caso, la cuantía que deba percibir. Una vez agotada la vía administrativa, la víctima del daño puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para, conforme a las previsiones de la LJCA, demandar a la Administración pública titular del servicio público que causó daños. Tradicionalmente, se ha entendido que la jurisdicción contencioso-administrativa es una jurisdicción revisora de actos administrativos y que, por tanto, la tutela de derechos individuales quedaba más allá de las funciones que debían atribuirse a sus jueces y tribunales. La función de la jurisdicción contencioso-administrativa era, se ha entendido por generaciones de juristas, evaluar la legalidad del acto administrativo impugnado y, en su caso, sanar sus deficiencias, formales o materiales. Tal concepción tenía dos consecuencias prácticas. La primera es que la única demandada en tales procesos podía ser la Administración pública, pues es la única posible productora de actos administrativos. La segunda es que los particulares que acudían a la jurisdicción contencioso-administrativa debían conformarse con sentencias que reconocieran su derecho a un nuevo procedimiento administrativo que debía discurrir por los parámetros establecidos en la sentencia. Las reformas llevadas a cabo por la LRJPAC y la LJCA han matizado la consideración de la jurisdicción contencioso-administrativa como un mero orden jurisdiccional revisor de actos administrativos y han asimilado la función de sus jueces y tribunales a la propia de sus homólogos en otras jurisdicciones. El proceso contencioso-administrativo ya no es únicamente una revisión de lo ya decidido por un órgano administrativo, sino que, como en todo proceso judicial, confluyen las posturas encontradas de Administración y administrado bajo el arbitrio de un juez o tribunal que aplicará la ley y dictará una sentencia que obligará al condenado a aquietarse o a llevar a cabo una determinada actividad. El cambio de concepción ha resuelto uno de los problemas más graves que planteaba la atribución competencial a la jurisdicción contencioso-administrativa de todas las demandas de reparación de daños contra la Administración pública. Históricamente habían planteado problemas las reclamaciones que la víctima del daño dirigía simultáneamente contra una Administración pública y un particular. Tal era el caso, señaladamente, de muchas demandas de responsabilidad por daños causados por servicios sanitarios defectuosos en las que la víctima del daño demandaba al hospital público y a los facultativos que la atendieron. Cuando eso sucedía, ni el procedimiento administrativo preveía la presencia del particular demandado ni el procedimiento judicial posterior contemplaba la posibilidad de que la jurisdicción contenciosoadministrativa enjuiciara a particulares. Existía, y así ha sido en el derecho español de daños durante décadas, un conflicto de competencia entre los órdenes civil y contenciosoadministrativo de la jurisdicción, pues ambos disponían de competencias en los casos en que se demandaba a una Administración y a uno o varios sujetos particulares. La jurisdicción 14
15 contencioso-administrativa era competente para conocer de las reclamaciones contra las Administraciones públicas y la civil lo era para determinar la responsabilidad de los particulares. Ante la falta de una atribución clara de competencia a un orden jurisdiccional, el civil asumió tradicionalmente el conocimiento de este tipo de asuntos, amparado en la vis atractiva que le reconoce el artículo 9.2 LOPJ. Era la forma de evitar que quien fue víctima de un daño, lo fuera también de los defectos de diseño del sistema judicial. 3 Tres reformas legales solucionaron el problema de los particulares demandados con una Administración pública. La primera fue llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la LRJPAC, y que añadió a la Ley una Disposición Adicional Duodécima conforme a la cual: La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso. La previsión normativa reservó a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de todas las demandas contra centros sanitarios públicos y privados concertados. Todas las reclamaciones por daños causados en centros asistenciales del sistema público de salud quedaban sometidas al procedimiento administrativo previo de responsabilidad patrimonial y a la posterior competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La segunda reforma vino de a mano de la vigente LJCA que, aprobada en 1998, incluyó en su artículo 2.e la previsión conforme a la cual corresponde a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de: La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social. Quedaba clara, así, la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para resolver las demandas de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. 3 La opción de los jueces y tribunales civiles era lógica. El particular no podía comparecer como demandado ante los órganos de jurisdicción contencioso-administrativa; e iniciar un proceso civil contra el particular demandado, paralelo al instado por los mismos hechos contra una Administración pública en la jurisdicción contenciosoadministrativa podía dar lugar a resoluciones contradictorias. Ante el desconcierto provocado por la insuficiencia de criterios legales, la jurisdicción civil, amparada en su competencia residual, conocía este tipo de asuntos. De allí que, en las últimas décadas, los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil hayan dictado en nuestro país tantas condenas de reparación de daños con cargo a Administraciones públicas, sobre todo a las sanitarias. 15
16 La tercera reforma, acaso la de mayor calado, fue la llevada a cabo por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que reformó determinados preceptos de la LOPJ, entre ellos el 9.4, ya referido. Tras la reforma, el precepto prevé que los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva. De este modo, el legislador ha blindado la competencia del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo para enjuiciar todas las demandas de reparación de daños contra una Administración pública. El objetivo perseguido durante estos años ha sido claro. El legislador español quiere que toda reclamación contra una Administración pública se ventile, en primer lugar, en un procedimiento administrativo previo que, en su caso, será revisado por la jurisdicción contencioso-administrativa. Las reformas legales han acabado con los conflictos de competencia entre los órdenes civil y contencioso-administrativo: éste será competente siempre que se demande a una Administración pública, aunque concurran otros sujetos, incluso privados. De la responsabilidad civil a la responsabilidad patrimonial de la Administración pública Las reformas legales llevadas a cabo desde el año 1999 han atribuido a la jurisdicción contencioso-administrativa muchos de los asuntos tradicionalmente conocidos por la civil. De hecho, la mayoría de accidentes en los que los jueces y tribunales del orden civil han decidido sobre el derecho de sus víctimas a cobrar una indemnización corresponden ahora al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La doctrina y la legislación administrativistas prefieren el término responsabilidad patrimonial para referirse a la responsabilidad por daños causados por una Administración pública. Se trata, así, de evitar el calificativo civil a una responsabilidad que es decidida en un procedimiento administrativo revisable ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Desde el punto de vista analítico, sin embargo, responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas son categorías equivalentes. La etimología delata una vez más la preferencia del vigente derecho español de daños por los causantes de daños. Tanto en el ámbito civil como en el administrativo el problema a resolver es idéntico: la pretensión indemnizatoria de la víctima de un daño. El protagonismo del derecho administrativo en el vigente derecho español de daños es un reflejo de la presencia del sector público, considerado en sentido amplio, en la economía española. Así, y en relación con el sector sanitario, uno de los candidatos natos a reclamaciones por daños, en el año 2008 el sistema público de salud gestionaba en España, directa o indirectamente,
17 hospitales con una capacidad total de camas (datos obtenidos de: Ninguna otra organización es capaz de generar un nivel de actividad semejante en el sector. Si todas las reclamaciones contra alguna de las actividades médicas desarrolladas en alguno de esos centros sanitarios han de ser finalmente conocidas por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, es normal que el derecho de daños vire hacia el derecho administrativo. En las relaciones entre los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo ya no cabe hablar, por tanto, de conflictos de competencia, al menos en el sentido en el que la LOPJ emplea el término. Las normas vigentes determinan la competencia del orden contencioso-administrativo siempre que se demande a una Administración. Sin embargo, la vida ha demostrado, una vez más, ser más compleja que el derecho y, a pesar de los esfuerzos del legislador, subsisten en el derecho español de daños tres tipos de reclamaciones que, aunque involucren la responsabilidad patrimonial de una Administración pública, no serán conocidas por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No se trata de conflictos de competencia, en el sentido técnico de la expresión, sino de supuestos que, a pesar de depender de la declaración de responsabilidad de una Administración pública, ni se resuelven con carácter previo en un procedimiento administrativo, ni son conocidos por los jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo. En la medida en que esos asuntos sean resueltos por jueces que no pertenecen al orden jurisdiccional contencioso-administrativo puede existir un conflicto, material en esta ocasión, sobre la forma de enjuiciar la responsabilidad patrimonial de la Administración pública que, directa o indirectamente, puede ser condenada a reparar el daño. a) Responsabilidad civil derivada de delito o falta cometido por un funcionario o agente al servicio de la Administración Si el funcionario, en el desempeño de sus funciones, cometió un delito o una falta, la Administración pública asumirá, subsidiariamente, la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo. Así lo dispone el artículo 121 CP: 4 El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados (...). 4 Aunque el precepto sólo se refiere a los delitos dolosos o culposos, la misma responsabilidad debe imponerse a los daños derivados de hechos tipificados como faltas. Así lo declaró la Sala Segunda del Tribunal Supremo a los pocos años de la entrada en vigor del vigente artículo 121 CP en las SSTS, 2ª, (RJ 1128) y (RJ 7290). 17
18 Como la responsabilidad deriva de la comisión de un hecho delictivo, la jurisdicción competente será, siempre y con carácter preferente, la penal, salvo que la víctima se reserve el ejercicio de acciones ante la jurisdicción civil, tal y como prevé el ya referido artículo CP. Caben, por tanto, dos posibilidades: 1. Si no hay reserva de acciones civiles, la jurisdicción penal condenará al funcionario delincuente y, si éste es insolvente, obligará a la Administración a cargar con las consecuencias patrimoniales del delito cometido por su subordinado. 5 El juez penal adoptará las medidas, compensatorias y de otro tipo (como, por ejemplo, suplir la inactividad de la Administración o declarar la nulidad de un acto administrativo), necesarias para eliminar las consecuencias dañosas del delito. Todas ellas decididas al margen de procedimiento administrativo previo de responsabilidad patrimonial. Los recursos que eventualmente plantee la Administración pública afectada contra ese tipo de medidas serán resueltos, a su vez, por jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal. 2. La víctima puede reservarse el ejercicio de las acciones civiles para, una vez finalizado el proceso penal, demandar la responsabilidad civil derivada del delito o falta cometido por el funcionario condenado. En ese caso, la jurisdicción que deberá resolver la demanda de la víctima es la civil, no la contencioso-administrativa, pues el CP no prevé una reserva de acciones civiles derivadas de delito o falta en beneficio de los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. La reserva, cuando la ejercite la víctima del delito, se referirá en todo caso a la jurisdicción civil, aunque, como se verá a continuación, la víctima sume en su demanda a la Administración en la que el funcionario condenado prestaba sus servicios. En efecto, nada impide que la víctima del delito, al entablar la acción civil posterior al proceso penal, demande también a la Administración. De hecho, no es impensable que así lo haga. Así, por ejemplo, en los casos en que el funcionario que delinquió era un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o un funcionario de prisiones que causaron daños al cometer un delito con claro abuso de su autoridad. Cuando la víctima ejercite su acción civil también contra la Administración pública, un juez civil decidirá, en el mismo proceso, la responsabilidad del funcionario derivada del delito o falta cometido y la responsabilidad civil de la Administración para la que trabajaba. En ese caso, a diferencia de lo que sucede con el juez penal, que en su caso declararía la responsabilidad civil del funcionario y la subsidiaria de la Administración, el juez civil no tiene por qué limitarse a la solución dada por el artículo 121 CP. Puede, en efecto, declarar la responsabilidad civil directa de la Administración por los daños causados por las personas 5 La regla del artículo 121 CP es una excepción al régimen general de responsabilidad directa de la Administración pública por los daños causados por sus funcionarios. La excepción no parece razonable: cuando el hecho dañoso es delictivo y, por tanto, más grave, la responsabilidad de la Administración ya no es directa sino subsidiaria. 18
19 que de ella dependen, y hacerlo al margen del procedimiento administrativo previo y en un proceso judicial civil y sólo recurrible ante los tribunales de esa jurisdicción. b) Acción directa contra la compañía aseguradora de la Administración pública La Administración pública puede contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra las eventuales responsabilidades a las que habrá de hacer frente. En ese caso, sucedido el accidente, la víctima del accidente puede demandar a la Administración y a su aseguradora y elevar así las probabilidades de que una u otra le paguen la indemnización por el daño sufrido. Este tipo de demandas, conjuntas contra Administración y aseguradora, han planteado tradicionalmente serios problemas de atribución de competencia de jurisdicción. Hasta el año 2003, el artículo 9.4 LOPJ se limitaba a prever que la víctima del daño debía presentar su reclamación ante los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo también en los casos en que se demandara conjuntamente a una Administración y a los particulares que hubieran concurrido a la causación del perjuicio. La previsión no contenía a las compañías aseguradoras de la Administración que, aunque eran particulares, no habían concurrido a la causación del perjuicio: se habían limitado a asegurar los daños causados. En los casos en que la víctima del daño demandaba conjuntamente a la Administración titular del servicio y a la compañía aseguradora de la responsabilidad se planteaba entonces un problema de competencia entre jurisdicciones. Conforme a la legislación vigente hasta el año 2003, la Administración no podía ser condenada por la jurisdicción civil y la aseguradora no podía ser demandada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ante la duda acerca del orden jurisdiccional competente, la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo declaró que el conocimiento de las demandas conjuntas contra Administración y aseguradora correspondía a los jueces y tribunales civiles, en virtud de la competencia residual que les reconoce el artículo 9.2 LOPJ. Así, entre otros, en el Auto (RJ. 2002/4086), por los daños que la víctima sufrió al resbalar en el vestíbulo de la estación de ferrocarriles de Barcelona-Sants y en el Auto , por los daños sufridos por un viajero en esa misma estación al apearse del tren. El régimen jurídico de RENFE En los Autos de y de , la Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo asumió que la Red Nacional de Ferrocarriles de España es una Administración pública, al menos a los efectos de atribución de competencia a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. En ambos casos, afirma la Sala, de no haberse demandado también a la aseguradora de RENFE, la competencia para decidir sobre su responsabilidad civil debería corresponder a la jurisdicción contencioso-administrativa. La conclusión a la que llega la Sala no viene amparada por la legislación que define el estatuto jurídico de RENFE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, 19
20 de Transportes Terrestres, RENFE es una entidad de derecho público que actúa en régimen de empresa mercantil con sometimiento al ordenamiento jurídico privado y su estatuto, aprobado por el Real Decreto 121/1994, de 28 de enero, la califica de una Entidad de derecho público que, actuando en régimen de empresa mercantil, ajusta su actividad al ordenamiento jurídico privado (artículo 1.1). Se trata, por tanto, de una de las entidades que reguló la Ley 6/1997, de 14 de abril, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, cuyo artículo 53.2 prevé que [l]as Entidades Públicas empresariales se regirán por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados por las mismas en esta ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. Es decir, se aplica a RENFE el derecho privado, salvo en determinadas cuestiones entre las que el legislador no incluyó la responsabilidad por los daños causados a los viajeros. En contra de lo que afirmó la Sala de Conflictos, la responsabilidad por los daños que pueda causar RENFE no debería quedar sometida al derecho administrativo y la competencia del orden contenciosoadministrativo. 6 El problema se solucionó, en parte, con la reforma de la LOPJ y de la LJCA llevada a cabo por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. La reforma añadió la última frase del vigente artículo 9.4 LOPJ que, desde entonces, prevé que los jueces y tribunales del orden contenciosoadministrativo, [i]gualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva. La misma reforma legal añadió una nueva letra c al artículo 21.1 LJCA que, desde entonces, prevé la legitimación pasiva de la compañía aseguradora de la Administración en todos los casos en que se demande a su asegurada. Conforme al precepto referido, se considerará en todo caso parte demandada a: Las aseguradoras de las Administraciones públicas, que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren. 6 Sin embargo, la Sala de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo parece convencida de lo contrario. Con argumentos muy similares a los empleados en los autos sobre RENFE, el Auto (JUR 2002\2485) afirmó que la competencia para enjuiciar una reclamación de daños y perjuicios contra la entidad Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa. La víctima del daño sufrió daños, el 15 de julio de 1995, al tropezar en un desagüe destapado del aparcamiento de la estación de Sant Boi de Llobregat. El proceso seguido por la víctima muestra bien el desafuero al que conduce la doctrina de la Sala de Conflictos sobre el tema. La víctima presentó su demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que se declaró incompetente e indicó a la víctima que debía dirigirse al orden civil. Presentada, de nuevo, la demanda ante la jurisdicción civil, la primera instancia se declaró incompetente, pues entendió que debían conocer el asunto los jueces de lo contencioso, a quienes, finalmente, la Sala de Conflictos atribuyó la competencia. Al final, el asunto volvía al mismo órgano judicial que 6 años antes se había declarado incompetente. 20

References: artículo 1
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 artículo 9
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 artículo 82
 artículo 9
 artículo 86
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 artículo 56
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 resolución 
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 artículo 42
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 artículo 23
 artículo 22
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 1092
 artículo 109
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 artículo 100
 artículo 112
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 resolución 
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 121
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 artículo 9
 artículo 9
 artículo 175
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 artículo 53
 artículo 9
 artículo 21