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Timestamp: 2018-12-16 08:30:48+00:00

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Boletin No. 33 :::: VISTA DE IMPRESION ::::
Boletin No. 33
Resumen: Corte Constitucional - Comunicados de Prensa
COMUNICADO No. 49
LA CORTE CONSTITUCIONAL AMPARÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA CONSULTA PREVIA Y AL AMBIENTE SANO DE LA COMUNIDAD AWÁ "LA CABAÑA", VULNERADOS CON LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS QUE GENERARON UNA AFECTACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE T-4926682 - SENTENCIA SU-123/18 (Noviembre 15) MM.PP. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimny Yepes
La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela de la comunidad indígena Awá fundada en los daños ambientales ocasionados por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la vereda La Cabaña, del Municipio de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo. Los accionantes alegaron que no se surtió la consulta previa, pese a que el proyecto les genera afectación directa.
COMUNICADO No. 48
Noviembre 14 y 15 de 2018
LA IMPOSICIÓN DE UNA TARIFA DE IVA DE 5% A LAS TOALLAS HIGIÉNICAS Y TAMPONES VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD, IGUALDAD Y JUSTICIA TRIBUTARIA PORQUE DISCRIMINA A LAS MUJERES CUANDO ESTABLECE UN IMPUESTO POR CONSUMIR PRODUCTOS INSUSTITUIBLES Y QUE TOCAN CON SU DIGNIDAD, CON LO QUE SE IMPACTA DESPROPORCIONADAMENTE, ESPECIALMENTE A LAS MUJERES MÁS POBRES
I. EXPEDIENTE D-12128 - SENTENCIA C-117/18 (Noviembre 14) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Norma acusada
LEY 1819 DE 2016 (diciembre 29)Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
ARTÍCULO 185. Modifíquese el artículo 468-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 468-1. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). Los siguientes bienes están gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%):
96.19 Compresas y tampones higiénicos".
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso mediante el Auto 305 de 2017.
Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE la partida 96.19 del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, que grava las toallas higiénicas y tampones con una tarifa de 5% de IVA. En consecuencia, INCLUIR ESTOS PRODUCTOS en el listado de bienes EXCLUIDOS del impuesto al valor agregado, contemplado en el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016.
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA Y LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SATENA S.A., DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 210 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, RESPECTO DEL ESTABLECIMIENTO POR EL LEGISLADOR DE SU RÉGIMEN JURÍDICO
II. EXPEDIENTE D-12046 - SENTENCIA C-118/18 (Noviembre 14) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
"LEY 1427 DE 2010 (diciembre 29)
ARTÍCULO 5º. RÉGIMEN APLICABLE A SATENA S. A. Todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Satena S. A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa.
ARTÍCULO 6º. RÉGIMEN LABORAL. Una vez ocurra el cambio de naturaleza jurídica de Satena S. A., la totalidad de los servidores públicos de Satena S. A. tendrán el carácter de trabajadores particulares y, por ende, a los contratos individuales de trabajo continuarán aplicándoles las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, con las modificaciones y adiciones que se presenten.
Primero.-LEVANTAR la suspensión de términos decretada dentro del presente proceso mediante el Auto 305 de 2017.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE del inciso primero del artículo 5° de la Ley 1427 de 2010, en el entendido que todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de SATENA S.A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán por las reglas del derecho privado, en armonía con los principios de la función administrativa.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 6º de la Ley 1427 de 2010, "por la cual se modifica la naturaleza jurídica de la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales - SATENA- y se dictan otras disposiciones", en relación con el cargo por violación del artículo 123 de la Constitución Política.
LA CORTE CONSTITUCIONAL REITERÓ QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CUENTA CON UN AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, EN DESARROLLO DEL CUAL PUEDE DEROGAR UN BENEFICIO TRIBUTARIO, CON EFECTOS HACIA EL FUTURO, DEJANDO A SALVO LAS SITUACIONES JURÍDICAS QUE SE HUBIESEN CONSOLIDADO, ASÍ LAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DE LOS CONTRIBUYENTES BENEFICIARIOS DE LA LEY 1429 DE 2010 FUERON SALVAGUARDADAS POR EL LEGISLADOR AL OTORGAR MEDIDAS TRANSITORIAS QUE FACILITAN LA ADAPTACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES A LA NUEVA REALIDAD FISCAL
III. EXPEDIENTE D-12030 - SENTENCIA C-119/18 (Noviembre 14) M.P. Alejandro Linares Cantillo
LEY 1819 DE 2016 (diciembre 29)Por la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
ARTÍCULO 100. Modifíquese el artículo 240 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 240. Tarifa general para personas jurídicas. La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia obligadas a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del 33%.
PARÁGRAFO 3o. Las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que hayan accedido a la fecha de entrada en vigencia de esta ley al tratamiento previsto en la Ley 1429 de 2010 tendrán las siguientes reglas:
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la presente sentencia, el parágrafo 3º del artículo 100 de la Ley 1819 de 2016, bajo el entendido de que el régimen de transición de progresividad de la tarifa del impuesto sobre la renta para las pequeñas empresas beneficiarias de lo dispuesto en el artículo 4 de la 1429 de 2010, solo se aplica a partir del año gravable 2017.
LOS CONTRIBUYENTES QUE PERCIBAN INGRESOS CONSIDERADOS COMO RENTAS DE TRABAJO DERIVADOS DE UNA FUENTE DIFERENTE A LA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA PUEDEN DESCONTAR, PARA EFECTOS DE ESTABLECER LA RENTA LÍQUIDA CEDULAR, LOS COSTOS Y GASTOS QUE TENGAN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD PRODUCTORA DE RENTA
IV. EXPEDIENTE D-12052 - SENTENCIA C-120/18 (Noviembre 14) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
LEY 1819 DE 2016 (diciembre 29) Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
ARTÍCULO 1o. Modifíquese el Título V del Libro I del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 336. Renta líquida cedular de las rentas de trabajo. Para efectos de establecer la renta líquida cedular, del total de los ingresos de esta cédula obtenidos en el periodo gravable, se restarán los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula.
Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 336 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1º de la Ley 1819 de 2016, en el entendido que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden detraer, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta.
LA CORTE SE DECLARÓ INHIBIDA PARA CONOCER DE FONDO SOBRE LA DEMANDA PROMOVIDA EN CONTRA DE LA LEY QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS PARQUES DE DIVERSIONES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, AL NO EXISTIR LA OMISIÓN INVOCADA POR EL ACTOR, EN ESPECIAL, AL NO CUMPLIRSE CON LAS CARGAS DE CERTEZA Y SUFICIENCIA, COMO REQUISITOS INDISPENSABLES EN LA FORMULACIÓN DE LOS CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
V. EXPEDIENTE D-11640 - SENTENCIA C-121/18 (Noviembre 14) M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
LEY 1225 DE 2008 (Julio 16) Por la cual se regulan el funcionamiento y operación de los parques de diversiones, atracciones o dispositivos de entretenimiento, atracciones mecánicas y ciudades de hierro, parques acuáticos, temáticos, ecológicos, centros interactivos, zoológicos y acuarios en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones
Artículo 4. Requisitos de operación y mantenimiento.
Artículo 7. Deberes y responsabilidad de los visitantes, usuarios y operadores de parques de diversiones, de atracciones y dispositivos de entretenimiento.
Artículo 8. Inspección, vigilancia y control. Modificado por el artículo 1 de la Ley 1750 de 2015.
Artículo 9. Sanciones. Modificado por el artículo 2 de la Ley 1750 de 2015.
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada por la Sala Plena de la Corte en el Auto 305 del 21 de junio de 2017.
Segundo.- Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 4, 7, 8 y 9 de la Ley 1225 de 2008, por ineptitud sustantiva de la demanda.
TRAS ANALIZAR LA DEMANDA PROMOVIDA EN CONTRA DEL TÉRMINO DE 20 DÍAS PARA RESOLVER LA IMPUGNACIÓN DE UNA TUTELA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DEL DECRETO 2591 DE 1991, LA CORTE ENCONTRÓ QUE EL MISMO ES PROPORCIONAL Y RAZONABLE TENIENDO EN CUENTA EL AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR Y DICHO PERIODO LE CONFIERE AL JUEZ QUE RESUELVE LA SEGUNDA INSTANCIA UN TÉRMINO PRUDENTE PARA DECRETAR NUEVAS PRUEBAS Y VALORAR CON DETENIMIENTO LAS RAZONES DE LA IMPUGNACIÓN
VI. EXPEDIENTE D-12428 - SENTENCIA C-122/18 (Noviembre 14) M.P. Carlos Bernal Pulido
DECRETO 2591 DE 1991 (noviembre 19)Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
Artículo 32. Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión "y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente", contenida en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD EN LOS CASOS DE NEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS. COMPETENCIAS JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
VI. EXPEDIENTE T-6622838 - SENTENCIA SU-124/18 (Noviembre 15) M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
La Sala Plena de la Corte Constitucional conoció de la acción de tutela formulada contra COOMEVA EPS, por la falta de autorización de un examen de panel genético denominado Centocáncer que había sido ordenado por el médico especialista a la paciente, dentro del tratamiento por cáncer de mama. De manera preliminar, la Corte verificó que en este caso había operado la carencia actual de objeto del amparo constitucional, por hecho superado, puesto que en sede de Revisión se pudo constatar que la EPS demandada le práctico a la accionante la prueba genética ordenada por el juez de primera instancia, lo cual, además, le permitió continuar con el tratamiento médico de su patología. De este modo, la pretensión de tutela del derecho fundamental a la salud de la accionante fue atendida durante el trámite de esta acción constitucional, por lo que la vulneración del derecho fundamental acusada fue superada.
COMUNICADO No. 47
Noviembre 7 y 8 de 2018
LA CORTE SE ABSTUVO DE PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA DEMANDA PROMOVIDA EN CONTRA EL ARTÍCULO 13.3 DEL DECRETO 028 DE 2008, QUE OTORGA A LA NACIÓN Y A LOS DEPARTAMENTOS LA FACULTAD PARA ASUMIR TEMPORALMENTE LAS COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES RELACIONADAS CON EL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP), AL OPERAR POR UN LADO EL FENÓMENO DE COSA JUZGADA RESPECTO DE LA SENTENCIA C-937 DE 2010 Y POR OTRO LA INHIBICIÓN
I. EXPEDIENTE D-12005 - SENTENCIA C-109/18 (Noviembre 7) M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
DECRETO 028 DE 2008 (enero 10)Por medio del cual se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.
Artículo 13. Medidas correctivas. Con el propósito de ejercer el control a los eventos de riesgo identificados en el presente decreto, además de las previstas para cada sector en las normas vigentes, son medidas correctivas:
PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-937 de 2010, en cuanto que declaró la exequibilidad del artículo 13 del Decreto 028 de 2008, por los cargos entonces analizados.
SEGUNDO.- INHIBIRSE de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los apartes demandados del ordinal 13.3 del Decreto 028 de 2008, por los cargos de violación al Preámbulo y del artículo 2º de la Carta Política.
LA SOLICITUD DE MEDIDA DE INHABILITACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS DE UN PARIENTE EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PODRÁ SER PRESENTADA IGUALMENTE POR AQUELLOS FAMILIARES CON PARENTESCO CIVIL
II. EXPEDIENTE D-12665 - SENTENCIA C-110/18 (Noviembre 7) M.P. Cristina Pardo Schlesinger
LEY 1306 DE 2009 (Junio 5) Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados
ARTÍCULO 32. LA MEDIDA DE INHABILITACIÓN. Las personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio, podrán ser inhabilitadas para celebrar algunos negocios jurídicos, a petición de su cónyuge, el compañero o compañera permanente, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y aún por el mismo afectado.
Declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el artículo 32 de la Ley 1306 de 2009, bajo el entendido que comprenden también a los familiares con parentesco civil extendido hasta el tercer grado.
LA CORTE CONSTITUCIONAL AL ANALIZAR EL ARTÍCULO 2354 DEL CÓDIGO CIVIL EN LO REFERENTE AL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS QUE CAUSEN LOS ANIMALES FIEROS, CONCLUYÓ QUE DICHA DISPOSICIÓN SE ENCUENTRA AJUSTADA A LA CONSTITUCIÓN AL NO DESCONOCER EL DERECHO DE DEFENSA DEL TENEDOR DE LOS MISMOS
III. EXPEDIENTE D-12050 - SENTENCIA C-111/18 (Noviembre 7) M.P. Alejandro Linares Cantillo
Artículo 2354. Daño causado por animal fiero. El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga; y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído.
Declarar EXEQUIBLE la expresión ", no será oído" del artículo 2354 del Código Civil, por los cargos analizados en esta sentencia.
ANTE LA FALTA DE CONFORMACIÓN DE UN CARGO POR INCONSTITUCIONALIDAD, LA CORTE SE DECLARÓ INHIBIDA PARA CONOCER DE LA DEMANDA PRESENTADA EN CONTRA DE LA NORMA QUE REGULA LA DETECCIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO MEDIANTE EL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y LA RESPONSABILIDAD QUE LE ASISTE AL PROPIETARIO DEL AUTOMOTOR CON EL CONDUCTOR
IV. EXPEDIENTE D-12519 - SENTENCIA C-112/18 (Noviembre 7) M.P. José Fernando Reyes Cuartas
LEY 1843 DE 2017 (14 de julio) "Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones"
ARTÍCULO 8. Procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento que se describe a continuación:
Parágrafo 1°. El propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor, previa su vinculación al proceso contravencional, a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, permitiendo que ejerza su derecho de defensa.
Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de mérito sobre la demanda contra el parágrafo 1° artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, "por medio del cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones".
LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REVISÓ EL CASO DE UNA CIUDADANA A LA QUE SE LE HABÍA NEGADO EL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN CONVENCIONAL POR LA VALORACIÓN QUE TIENE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DENTRO DE LA TÉCNICA DE CASACIÓN LABORAL, POR LO QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN PRIMACÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES REITERÓ EL PRECEDENTE DE LA SENTENCIA SU-241 DE 2015
V. EXPEDIENTE T-6550645 - SENTENCIA SU-113/18 (Noviembre 8) M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
En relación con la tesis que sobre las normas convencionales ha sostenido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que estas se allegan al proceso ordinario como un elemento de prueba y no como una norma de rango legal, por lo tanto, su interpretación compete a los jueces de instancia, pues ellos se encuentran amparados por los principios de sana crítica y libre formación del convencimiento, prevista en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, la Sala Plena aclaró que la jurisprudencia de esta Corporación, particularmente en la sentencia SU-241 de 2015, se analizó un asunto en el que, precisamente, se determinó que, contrario a la postura fijada por la Corte Suprema, las convenciones colectivas, si bien se arriman al proceso como medio probatorio, las mismas tienen el carácter de norma jurídica, de modo que deben interpretarse a la luz de los principios y reglas constitucionales, entre ellos el principio de favorabilidad.
LA SALA PLENA REITERÓ EL PRECEDENTE DE LA SENTENCIA SU-631 DE 2017, EN LOS CASOS DE TUTELA FORMULADA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL PROMOVIDA POR LA UGPP, TUTELANDO SOLO EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE ES EVIDENTE UNA RELIQUIDACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL CON FUNDAMENTO EN VINCULACIONES PRECARIAS
VI. EXPEDIENTE T-6487740 AC- SENTENCIA SU-114/18 (Noviembre 8) M.P. Alberto Rojas Ríos
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió nueve expedientes acumulados en contra de las providencias judiciales que resolvieron procesos en los que se cuestionaba si el IBL para computar las pensiones debía tener en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, con la inclusión de todos los factores devengados por el trabajador, o si, por el contrario, el cálculo del IBL debía realizarse con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio e incluyendo sólo aquellos factores respecto de los cuales el interesado efectuó cotizaciones al sistema de seguridad social.
LA CORTE AL ANALIZAR VARIOS CASOS DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL PROMOVIDOS POR LA UGPP EN TORNO AL TEMA DE RELIQUIDACIONES DE MESADAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, CONCEDIDAS CON BASE EN UNA INTERPRETACIÓN DEL IBL DIFERENTE A LA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993, REITERÓ EL PRECEDENTE DE LA SENTENCIA SU-631 DE 2017 EN LO QUE RESPECTA A LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO AL SER POSIBLE EJERCER EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
VII. EXPEDIENTE T-6544363- SENTENCIA SU-115/18 (Noviembre 8) M.P. Carlos Bernal Pulido
La acción de tutela se originó en el cuestionamiento formulado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de las sentencias proferidas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B (en primera instancia) y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B (en segunda instancia), al considerar que adolecían, por una parte, de un defecto sustantivo, por desconocimiento de la ratio decidendi de la sentencia C-258 de 2013 y el contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además de lo dispuesto por el Decreto 4040 de 2004 en cuanto a la incompatibilidad entre la bonificación por compensación y la bonificación por gestión judicial, para liquidar una pensión de vejez. Y, por otra parte, que, además, adolecían de un defecto por desconocimiento del precedente contenido en las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, de la Corte Constitucional.
LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ESTUDIÓ UN CASO EXCEPCIONAL EN EL QUE UN CIUDADANO SOLICITÓ EL AMPARO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES PRESUNTAMENTE VULNERADOS POR LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SU-813 DE 2007 AL NO HABER SIDO CITADO DENTRO DEL TRÁMITE EN EL QUE SE LE DESPOJÓ DE UNA VIVIENDA ADQUIRIDA A TRAVÉS DE REMATE A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL MISMO DURANTE LA ÉPOCA DEL UPAC
VIII. EXPEDIENTE T-1996887- SENTENCIA SU-116/18 (Noviembre 8) M.P. José Fernando Reyes Cuartas
La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó la situación de una persona que solicitó amparo constitucional de sus derechos al debido proceso, la igualdad en conexidad con la vivienda digna, la propiedad privada, la confianza legítima y la buena fe, al considerar que en el proceso de revisión del expediente T-1.518.046 que culminó con la emisión de la sentencia SU-813 de 2007 la Corte incurrió en varios defectos que llevaron a que sin citarlo al trámite se le despojara de la vivienda que había adquirido a través de remate a la entidad adjudicataria del mismo. La Corporación identificó como defectos anteriores al fallo, la falta de vinculación como tercero interesado en el trámite del expediente T-1.518.046; la indebida notificación a CISA de ese diligenciamiento, pues no se le permitió conocer los hechos de la demanda; y, por último, no contar con los elementos de juicio suficientes para emitir el fallo, ya que el expediente se hallaba en calidad de préstamo en el Tribunal Superior de Bogotá. En lo que concierne a los defectos posteriores al fallo, tienen que ver con no haberse considerado su condición de propietario con justo título; y privársele del bien que había adquirido en transacción comercial, ocasionándole perjuicios tanto a él como a su núcleo familiar.

References: ARTÍCULO 185
 artículo 468

Artículo 468
 artículo 185
 artículo 175
 ARTÍCULO 210

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 123

ARTÍCULO 100
 artículo 240

Artículo 240
 artículo 100
 artículo 4

ARTÍCULO 1

Artículo 336
 artículo 336
 artículo 1

Artículo 4

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 1

Artículo 9
 artículo 2
 ARTÍCULO 32
 artículo 86

Artículo 32
 artículo 32
 ARTÍCULO 13

Artículo 13
 artículo 13
 artículo 2

ARTÍCULO 32
 artículo 32
 ARTÍCULO 2354

Artículo 2354
 artículo 2354

ARTÍCULO 8
 artículo 8
 artículo 61
 ARTÍCULO 36
 artículo 36