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Ley 13230 - Santa Fe (Provincia de Santa Fe)
Ley 13230 - 24 de noviembre de 2011
RESUMEN: LEY DE ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
ARTÍCULO 1.- La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado de la Provincia de Santa Fe. Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado Provincial o al servicio del Estado Provincial o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
ARTÍCULO 2.- Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:
a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Provincial, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;
c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado Provincial, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;
f) Proteger y conservar la propiedad del Estado Provincial y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;
g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado Provincial para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;
ARTÍCULO 3.- Todos los sujetos comprendidos en el Artículo 1 deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función.
ARTÍCULO 4.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública:
ARTÍCULO 5.- Aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios.
ARTÍCULO 6.- Las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en los artículos precedentes regirán, a todos sus efectos, aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o egreso del funcionario público, durante los dos años inmediatamente anteriores o posteriores, respectivamente.
ARTÍCULO 7.- Estas incompatibilidades se aplicarán sin perjuicio de las que estén determinadas en el régimen específico de cada función.
ARTÍCULO 8.- Cuando los actos emitidos por los sujetos del Artículo 1 estén alcanzados por los supuestos de los artículos 5, 6 y 7, serán nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste se encontrará viciado de nulidad absoluta. Las firmas contratantes o concesionarias serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado Provincial.
ARTÍCULO 9.- Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural, si correspondiere.
ARTÍCULO 10.- Quedan excluidos de la prohibición establecida en el Artículo precedente, los regalos equivalentes a un monto inferior al estipulado en la reglamentación, que se realicen por razones de amistad o relaciones personales con motivo de acontecimientos en los que resulta usual efectuarlos, o los provenientes de entidades sin fines de lucro destinados a la capacitación y perfeccionamiento profesional y académico.
ARTÍCULO 11.- Créase la Comisión Provincial de Ética Pública, que funcionará como órgano independiente de los poderes estatales y actuará con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley.
ARTÍCULO 12.- La Comisión estará integrada por 5 miembros elegidos y designados por concurso de oposición y antecedentes por el Poder Ejecutivo de la provincia, con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Los miembros de la Comisión no podrán pertenecer al órgano que los designa y durarán cinco años en su función pudiendo ser reelegidos por un período.
ARTÍCULO 13.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:
c) Dictaminar de manera no vinculante si la conducta del inculpado que ha violado los deberes de ética en el ejercicio de la función pública debe permanecer o no en su cargo;
d) Exigir informes a los organismos competentes acerca del estado de los procesos iniciados;
f) Redactar el Reglamento de Ética Pública de la Provincia de Santa Fe, según los criterios y principios generales del Artículo 2 de la presente;
h) Proponer a la Legislatura de la Provincia dentro de los 120 días de entrada en vigencia de la presente ley, modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el Régimen de Contrataciones del Estado;
j) Requerir colaboración de las distintas dependencias del Estado Provincial, dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener los informes necesarios para el desempeño de sus funciones;
k) Dictar su propio reglamento interno de funcionamiento y elegir sus autoridades;
l) Elaborar un informe anual, de carácter público dando cuenta de su labor, debiendo asegurar su difusión.
ARTÍCULO 14.- Procedimiento. En caso de violaciones a la presente Ley, los responsables de cada jurisdicción o entidad, de oficio o a requerimiento de la Comisión Provincial de Ética Pública, deben instruir sumario o poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para deslindar las responsabilidades que en cada caso correspondan, con intervención de los servicios jurídicos respectivos.
ARTÍCULO 15.- Sanciones. La violación de lo establecido en la presente Ley hace pasible a los funcionarios públicos de la aplicación de las sanciones previstas en el régimen que le sea aplicable en virtud del cargo o función desempeñada, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales establecidas en las leyes.
ARTÍCULO 16.- Las resoluciones firmes recaídas en los sumarios sustanciados con motivo de las transgresiones a esta Ley deben ser comunicadas a la Comisión Provincial de Ética Pública, la que deberá llevar un registro actualizado de ellas.
ARTÍCULO 17.- Las autoridades de aplicación promoverán programas permanentes de capacitación y de divulgación del contenido de la presente ley y sus normas reglamentarias, para todas las personas que se desempeñen en la función pública. Asimismo, tendrán a su cargo el diseño y la distribución de materiales informativos para ser exhibidos en todas las dependencias públicas del Estado provincial. La enseñanza de la ética pública se instrumentará como un contenido específico de todos los niveles educativos.
ARTÍCULO 18.- La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.
ARTÍCULO 19.- Las normas contenidas en los capítulos I y II de la presente ley entrarán en vigencia a los ocho días de su publicación. Las normas contenidas en los capítulos III y IV de la presente ley entrarán en vigencia a los treinta días de su publicación. Las normas contenidas en los capítulos V y VI regirán a los noventa días de la publicación de la ley, o desde la fecha en que entre en vigencia la reglamentación mencionada en el Artículo 13 inciso f) si fuere anterior a la del cumplimiento de aquel plazo.
ARTÍCULO 20.- Los funcionarios y empleados públicos que se encuentren comprendidos en el régimen de incompatibilidades establecido por la presente ley a la fecha de entrada en vigencia de dicho régimen, deberán optar entre el desempeño de su cargo y la actividad incompatible, dentro de los treinta días siguientes a dicha fecha.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2011.
Ley 13235 - Santa Fe (Provincia de Santa Fe)
Ley 13235 - 24 de noviembre de 2011
RESUMEN: LEY Nº 12080 - DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES -, SE INCORPORA EL CAPÍTULO IV - TÍTULO I, ARTÍCULOS 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 26.
ARTÍCULO 1.- Incorpórase a la ley Nº 12080 - De las Campañas Electorales -, el Capítulo IV - Título I, artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, los que quedarán redactados de la siguiente manera: ”
“Artículo 16.- Espacios en emisoras de radiodifusión televisiva y sonora abierta o por suscripción. A los efectos de esta ley, se entiende por espacio de publicidad electoral, a la cantidad de tiempo asignado a los fines de transmitir publicidad política por parte de la agrupación.- Los espacios de publicidad electoral en las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, serán distribuidos por el Tribunal Electoral de la Provincia conjuntamente con la Autoridad de Aplicación de los procesos electorales del Poder Ejecutivo, entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen candidaturas para cargos públicos electivos, para la difusión de sus mensajes de campaña, de conformidad con lo establecido por esta ley.
Las agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, no podrán contratar o adquirir, por sí o por terceros, espacios en radio o televisión, para promoción con fines electorales, cualquier modalidad empleada.
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Tribunal Electoral de la Provincia. ”
“Artículo 17.- El Tribunal Electoral de la Provincia distribuirá los espacios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual entre las agrupaciones políticas que oficialicen precandidaturas para las elecciones primarias y candidaturas para las elecciones generales, para la transmisión de sus mensajes de campaña.
Los espacios de publicidad electoral por medio de radiodifusión sonora deberán abarcar las emisoras de amplitud modulada y emisoras de frecuencia modulada.”
“Artículo 18.- El Poder Ejecutivo solicitará, con la anticipación adecuada, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual el listado de los servicios televisivos y radiales autorizados por el organismo, y las autorizaciones correspondientes para el uso de los tiempos de emisión para la distribución de los espacios de publicidad electoral, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26522.
El Poder Ejecutivo, con la colaboración del Tribunal Electoral, elaborará un listado preliminar de medios audiovisuales que se encuentre en condiciones de difundir la publicidad de campañas electorales, ordenado por departamento y ciudad o localidad, en el que deberá constar: identificación del servicio de que se trate, su tipo o clase, área de cobertura, tiempo de programación y especificaciones técnicas estándares requeridas para los anuncios electorales.”
“Artículo 19.- De conformidad a lo establecido por la normativa aplicable, los servicios de comunicación están obligados a ceder el diez por ciento (10%) del tiempo total de programación para fines electorales.
I- Los espacios de radiodifusión y en los medios audiovisuales, serán distribuidos tanto para las elecciones primarias como para las generales de la siguiente forma:
a) cincuenta por ciento (50%) entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen precandidatos, correspondiendo la mitad de ese porcentaje entre todas las fuerzas que oficialicen candidaturas y la otra mitad también por igual entre aquellas fuerzas que hubieran obtenido como mínimo el tres por ciento (3%) del total del padrón electoral en la última elección de la categoría respectiva; y,
b) cincuenta por ciento (50%) restante entre todas las agrupaciones políticas que oficialicen precandidaturas, en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior para la categoría gobernador y vice.
II- Para la determinación de los porcentajes establecidos en los párrafos anteriores, se tendrán en cuenta los siguientes resultados:
a) elecciones primarias provinciales y locales, los resultados de la elección general anterior de la categoría gobernador y vicegobernador.
b) Elección provincial y locales, los resultados de la elección primaria de ese mismo año de la categoría de gobernador y vicegobernador.
c) Para las elecciones primarias locales y de renovación parcial de cargos concejales, el resultado obtenido en la elección general anterior de la categoría que se elige en cada distrito.
d) Para las elecciones generales locales y de renovación parcial de cargos a concejales, el resultado obtenido en la elección primaria de ese mismo año de la categoría que se elige en cada distrito.
La asignación de espacios en las elecciones primarias se realizará entre partidos políticos, alianzas o confederaciones que oficialicen candidaturas, quienes determinarán la forma de distribución interna, garantizando un porcentaje igual a cada una de las listas oficializadas. Los partidos, alianzas o confederaciones sólo podrán realizar publicidad de los candidatos que hubieren oficializado. Queda prohibida la transferencia a cualquier otro candidato o lista.
Si por cualquier causa una agrupación política no realizase publicidad en los servicios audiovisuales, no podrá transferir bajo ningún concepto, sus minutos asignados a otro candidato, o agrupación política para su utilización.”
“Artículo 20.- Los espacios de publicidad a distribuir de conformidad a lo establecido en el Artículo 19 y demás normativa concordante aplicable se realizará entre las agrupaciones políticas, por categoría de cargos a elegir, de la siguiente manera:
1- En el caso de elecciones provinciales:
a) para la campaña de Gobernador y Vicegobernador, el seis por ciento (6%) sobre la totalidad de los medios de la Provincia;
b) para la campaña a Diputados Provinciales, el dos por ciento (2%) sobre la totalidad de medios de la Provincia; y,
c) para la campaña de Senadores Departamentales, el dos por ciento (2%) sobre los medios del departamento.
2- En los casos que un municipio de primera categoría celebre elecciones en forma simultánea a las categorías provinciales, las proporciones de distribución del tiempo cedido por los medios de comunicación serán las siguientes:
a) para la campaña de Gobernador y Vicegobernador, el cuatro por ciento (4%) sobre la totalidad de los medios de la Provincia;
b) para la campaña a Diputados Provinciales, el uno y medio por ciento (1,5%) sobre la totalidad de medios de la Provincia;
c) para la campaña de Senadores Departamentales, el uno y medio por ciento (1,5%) sobre los medios del departamento;
d) para la campaña de Intendente, el dos y medio por ciento (2,5%) sobre la totalidad de los medios locales; y,
e) para las campañas de concejales, el medio por ciento (0,5%) sobre la totalidad de medios locales.
3- En los casos que un municipio de segunda categoría celebre elecciones en forma simultánea a las categorías provinciales, las proporciones de distribución del tiempo cedido por los medios de comunicación serán las siguientes:
a) para la campaña de Gobernador y Vicegobernador, el cuatro con cincuenta por ciento (4,50%) sobre la totalidad de los medios de la Provincia;
d) para la campaña de Intendente, el dos por ciento (2%) sobre la totalidad de los medios locales; y,
4- En los casos que una comuna celebre elecciones en forma simultánea a las categorías provinciales, las proporciones de distribución del tiempo cedido por los medios de comunicación serán las siguientes:
b) para la campaña a Diputados Provinciales, el dos por ciento (2%) sobre la totalidad de medios de la Provincia;
c) para la campaña de Senadores Departamentales, el dos por ciento (2%) sobre los medios del departamento; y,
d) para las campañas de comisiones comunales, el dos por ciento (2%) sobre la totalidad de medios locales.”
“Artículo 21.- La distribución de los horarios y los medios en que se transmitirá la publicidad electoral, se realizará por sorteo público en la Lotería de Santa Fe, para el reparto equitativo. A tal efecto el horario de transmisión será el comprendido entre las siete (7:00) horas y la una (1:00) del día siguiente.
Los anuncios electorales se emitirán en cuatro (4) franjas horarias y el tiempo total cedido se distribuirá en las siguientes proporciones:
Franja 1: de 7 a 12 horas, treinta y cinco por ciento (35%)
Franja 2: de 12 a 16 horas, treinta por ciento (30%)
Franja 3: de 16 a 20 horas, veinticinco por ciento (25%)
Franja 4: de 20 a 1 horas, diez por ciento (10%)
En la presente distribución se deberá asegurar a todas las agrupaciones políticas que oficialicen listas de candidatos, la rotación en todos los horarios y al menos dos (2) veces por semana en horario central en los servicios de comunicación audiovisual.
La publicidad electoral radiofónica y audiovisual para las elecciones primarias puede realizarse desde veinte (20) días anteriores a la fecha de las elecciones, para las elecciones generales puede realizarse desde veinticinco (25) días anteriores a la fecha de las elecciones. En ambos casos finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.”
“Artículo 22.- Los gastos de producción de los mensajes para su difusión en los servicios de comunicación audiovisual serán sufragados por las respectivas agrupaciones políticas.”
“Artículo 23.- Será obligatorio para las agrupaciones políticas la subtitulación de los mensajes que se transmitan en los espacios televisivos que se cedan en virtud de esta ley. Los partidos políticos que contrataren o adquirieren, por sí o por terceros, espacios en cualquier modalidad de radio o televisión, cualquiera sea su situación ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), para promoción con fines electorales, en violación a lo previsto en esta ley serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y cualquier otro recurso de financiamiento público o para campañas electorales por un plazo de uno (1) a cuatro (4) años.
Asimismo, las emisoras de radiodifusión sonora, televisiva abierta o por suscripción, no podrán emitir publicidad electoral que no sea la distribuida y autorizada por el Tribunal Electoral Provincial.
Serán sancionados con multa de igual monto al gasto contratado y hasta el décuplo de dicho monto, los directores y gerentes o representantes de medios de comunicación que aceptaren publicidad en violación a lo dispuesto en la presente ley. Asimismo la conducta será considerada falta grave y comunicada para su tratamiento a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada por la Ley 26.522.”
“Artículo 24.- El Poder Ejecutivo Provincial realizará los convenios pertinentes con el Poder Ejecutivo Nacional, y con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, necesarios para la implementación de la presente ley.
“Artículo 25.- El Poder Ejecutivo Provincial efectuará las imputaciones presupuestarias pertinentes para la implementación de esta ley.”
“Artículo 26.- El Tribunal Electoral de la Provincia deberá desarrollar un sistema informático que garantice la aplicabilidad de esta ley.”
ARTÍCULO 2.- Renumérase el artículo de forma de la ley Nº 12080, el que pasa a ser artículo 27 y queda redactado de la siguiente forma: ”
“Artículo 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente ley en el plazo de treinta (30) días.
Ley 13237 - Santa Fe (Provincia de Santa Fe)
Ley 13237 - 24 de noviembre de 2011
RESUMEN: LEY 12967- ADHESION A LEY NACIONAL Nº 26.061 DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.- SE MODIFICAN LOS ARTICULOS: 51, 58, 63, 65 Y 66. 3 Y SE INCOPORAN LOS ARTICULOS: 58 BIS, 66 BIS, 66 TER Y 66 QUTER.
ARTÍCULO 1.- Modifícanse los artículos 51, 58, 63, 65 y 66 de la ley Nº 12967, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
“Artículo 51: Las medidas de protección excepcional son aquellas medidas subsidiarias y temporales que importan la privación de la niña, niño o adolescente del medio familiar o de su centro de vida en el que se encuentra cuando el interés superior de éstos así lo requiera. Tienen como objetivo la conservación o recuperación por parte del sujeto del pleno ejercicio y goce de sus derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias y solo proceden cuando la aplicación de las medidas de protección integral resulten insuficientes o inadecuadas para su situación particular.
Estas medidas son limitadas en el tiempo, no pudiendo exceder de noventa días, plazo que debe quedar claramente consignado al adoptarse la medida y se pueden prolongar con el debido control de legalidad, mientras persistan las causas que les dieron origen.
Cumplido el plazo de un año y seis meses contado desde que quede firme la resolución administrativa por la que se adoptara originariamente la medida excepcional, la autoridad que ordenara la misma deberá resolverla definitivamente.
En el pedido de control de legalidad deberá informarse y acreditarse al Juez la fecha en que quedó firme administrativamente la resolución adoptada. El Juez consignará la fecha de inicio de la medida excepcional, de sus eventuales prórrogas y el plazo máximo de vigencia al momento de resolver el control de legalidad. En aquellos casos donde no se observe un lapso prudencial entre la fecha en que quede firme el acto administrativo y la efectiva separación del niño de su grupo familiar el Juez determinará excepcionalmente la fecha de inicio.
La Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, y las Delegaciones Regionales, son los organismos facultados para adoptar medidas de protección excepcionales con la debida fundamentación legal y posterior control de legalidad por la autoridad judicial competente en materia de familia.”
“Artículo 58: PROCEDENCIA. Una vez que el Servicio de Promoción y Protección de Derechos local, a través de sus equipos interdisciplinarios, determine que se han agotado o notablemente reducido sus posibilidades de intervención, a través de la aplicación de medidas de protección integral, y persista la situación de amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, puede solicitar fundadamente a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial la aplicación de una medida de protección excepcional.
En el pedido fundado debe constar un detalle circunstanciado de las medidas de protección adoptadas, una evaluación de las razones de su fracaso y una sugerencia fundada de la medida de protección excepcional que se estima conveniente adoptar.
El pedido fundado debe acompañarse de los informes de los profesionales del equipo interdisciplinario interviniente.”
“Artículo 63: REMISIÓN. Las actuaciones administrativas deben ser puestas a disposición del Juez o Tribunal Colegiado con competencia en materia de Familia a los fines de la realización del control de legalidad en el día siguiente hábil de adoptada la medida excepcional o de agotado el procedimiento recursivo, si se hubiese planteado. La Autoridad Administrativa en el marco de su competencia no requerirá patrocinio letrado a tal fin. Los trámites judiciales que demande el control de legalidad no obstan la aplicación urgente e inmediata de la medida, cuando la autoridad administrativa evaluare que la no aplicación urgente e inmediata implique un grave riesgo para la vida e integridad psicofísica de la niña, niño o adolescente.
De resultar necesario recurrir al empleo de la fuerza pública para el cumplimiento de la medida de protección excepcional, la Autoridad administrativa del ámbito regional o la Autoridad de Aplicación provincial requerirán a la autoridad judicial competente las órdenes respectivas.
El funcionario que no dé efectivo cumplimiento a esta disposición, será pasible de las sanciones previstas en el Capítulo IV del Código Penal.
El incumplimiento de las medidas excepcionales por parte de la niña, niño o adolescente no pueden suponerle sanción alguna.”
“Artículo 65: CONTROL DE LEGALIDAD. Recibidas las actuaciones por el Tribunal o Juzgado competente en materia de Familia, el Juez deberá en el término de tres días efectuar el control de legalidad de las medidas excepcionales establecidas en esta ley y sus prórrogas, adoptadas por la Autoridad administrativa del ámbito regional o por la Autoridad de Aplicación provincial, ratificándolas o rechazándolas por auto fundado en el que se ponderarán, tanto el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, como la razonabilidad de las medidas dispuestas.
Si se hallare vencido el plazo máximo de vigencia de la medida, el juez podrá fijar a la autoridad de aplicación un plazo máximo de diez días para el dictado de la resolución definitiva.
El Secretario Social de los Juzgados de Menores, llevará adelante la tarea que establece el artículo 176 de la ley 10160 vinculada a la actividad regulada por la ley 12967, bajo la dependencia de los Juzgados o Tribunales de Familia, quedando el resto de las atribuciones fijadas por dicha norma a cargo del Secretario Penal de los Juzgados de Menores.”
“Artículo 66: RESOLUCIÓN. Resuelta la ratificación de la medida, el Tribunal o Juez competente debe oficiar a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial que solicitó el control de legalidad, para que se apliquen las medidas continuando con el procedimiento administrativo.
Rechazada la medida por el Tribunal o Juez competente, éste debe oficiar a la Autoridad administrativa del ámbito regional o a la Autoridad de Aplicación provincial que solicitó el control de legalidad. En el curso del procedimiento la niña, niño o adolescente es reintegrado a la familia o centro de vida de donde fue retirado con motivo de las medidas de protección excepcionales.
La resolución adoptada debe ser notificada a la niña, niño o adolescente, su defensor privado si hubiera intervenido, el Defensor de Menores de Edad, los representantes legales, familiares o responsables del niño o la niña y sus defensores y demás partes del proceso. La resolución es recurrible.”
ARTÍCULO 2.- Incorpórase como artículos 58 bis, 66 bis, 66 ter y 66 quater a ley Nº 12967 los siguientes textos:
“Artículo 58 bis: MEDIDA DE PROTECCIÓN EXCEPCIONAL DE URGENCIA. Los trámites administrativos que demande la adopción de la medida de protección excepcional no obstan la aplicación urgente e inmediata de la medida, cuando el Servicio evaluare que la no aplicación urgente e inmediata de la medida implique un grave riesgo para la vida e integridad psicofísica de la niña, niño o adolescente. Se deberá solicitar fundadamente la medida por cualquier medio.
La Autoridad Administrativa indicada en el artículo precedente emitirá la orden respectiva consignando los motivos que justifican la urgencia. En caso de ser necesario se requerirá a la autoridad judicial correspondiente el empleo de la fuerza pública para efectivizar la medida acompañando la orden emitida. Se deberá formalizar el pedido en forma escrita y fundada cumplimentando todos los requisitos para confeccionar el expediente o legajo administrativo y reunir todos los medios de prueba e informes necesarios que fundamenten el pedido, en el plazo de cinco días hábiles desde que se ordenó la medida.”
“Artículo 66 bis: La resolución definitiva de la medida excepcional deberá ser comunicada al Juez interviniente para efectuar el control de legalidad previsto en el artículo 65 dentro del término de tres días contados desde que quede firme. La resolución administrativa deberá consignar específicamente las medidas definitivas que la autoridad de aplicación propone sean adoptadas por el órgano jurisdiccional.
El Juez podrá, por decisión fundada, ordenar la continuación de la medida excepcional debiendo en dicho caso fijar un plazo que no podrá exceder de los seis meses.
Si el Juez ratificara la finalización de la medida excepcional, citará a los padres, tutores, guardadores o responsables de los niños a comparecer a estar a derecho, expedirse sobre las medidas definitivas propuestas por la autoridad de aplicación y ofrecer prueba en el término de diez días, bajo apercibimiento de resolver sin más en caso de falta de contestación.
Asimismo, dará intervención al Defensor General y adoptará todas las medidas que considere pertinentes en orden a proteger el superior interés de los niños comprendidos.”
“Artículo 66 ter: En caso de oposición de los padres, tutores, guardadores o responsables de los niños a las medidas propuestas por la autoridad administrativa, el Juez nombrará un tutor especial para el o los niños y, previa aceptación del cargo, le correrá traslado tanto de la medida propuesta como de la oposición formulada, quien deberá evacuarlo y ofrecer prueba en el término de diez días. Si no hubiere oferta probatoria se dictará sentencia en el plazo de cinco días, caso contrario se proveerá la prueba ofrecida y designará audiencia de vista de causa en un plazo no mayor de treinta días, conforme lo establecido en el artículo 413 del Código Procesal Civil y Comercial.
Evacuado el traslado o producida la audiencia de vista de causa el Juez dictará sentencia en el plazo de cinco días, debiendo previamente haber tomado contacto personal con los niños y oírlos conforme a su edad.
Durante la tramitación del juicio de oposición se considerarán prorrogadas las medidas excepcionales adoptadas por la autoridad administrativa quien deberá continuar interviniendo hasta tanto se dicte sentencia definitiva o el Juez atribuya cautelarmente la guarda de los niños.”
“Artículo 66 quater: Si el o los niños fueren declarados en estado de adoptabilidad se procederá conforme lo previsto en la ley 13093 a los fines del otorgamiento de guarda preadoptiva.”
Ley 13242 - Santa Fe (Provincia de Santa Fe)
Ley 13242 - 24 de noviembre de 2011
RESUMEN: RECUPERACIÓN DEL SERVICIO FERROVIARIO EN LA PROVINCIA.- SE CREA LA “EMPRESA MIXTA FERROCARRILES DE SANTA FE SA” (EFESA) CON EL OBJETO DE PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS Y DE CARGAS EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA.
TEXTO COMPLETO: LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
REACTIVACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARO SANTAFESINO
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References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3
 Artículo 1

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8
 Artículo 1

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10
in fine

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13
 Artículo 2

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19
 Artículo 13

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 1
 Artículo 19

ARTÍCULO 2
 artículo 27

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 1
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 176
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 2
 resolución 
 artículo 65
 resolución 
 artículo 413