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Los problemas de determinación del ámbito de actuación contra la violencia de género – El blog del abogado blog
Derecho, Moral y ética
Los problemas de determinación del ámbito de actuación contra la violencia de género
03/01/2020 03/01/2020 Alberto Infante Caballero
La determinación del ámbito de actuación contra la violencia de género es uno de los temas más candentes en la actualidad en la mayoría de países civilizados.
En cuanto a España, hay que señalar en primer lugar que “el reciente RDL 9/18 de 3 de agosto de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha afrontado la ampliación de los sujetos legitimados para acreditar la situación de violencia de género que permite a la víctima acceder a derechos de índole social, laboral y económico, más allá de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal, confirmando un sistema que ya se
atisbaba en la normativa autonómica sobre la materia. Los presupuestos que deben concurrir, las garantías para los afectados, los mecanismos de control, la colisión entre las autoridades de los distintos órdenes o
los efectos vinculados a su reconocimiento son sólo algunos de los problemas que el nuevo sistema puede provocar y que, sin duda, reclaman una reformulación de las previsiones legales.
Entre las novedades introducidas por el Real
Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género en la
Ley Organica 1/2004 de 28 de diciembre sobre medidas de protección integral contra la Violencia de Género se encuentra la ampliación de los sujetos legitimados para certificar las situaciones de violencia de género que permiten acceder a los derechos de contenido laboral, social, administrativo y económico que regula la propia norma, de forma que la víctima pueda afrontar el proceso por violencia de género que padece
rompiendo lazos de dependencia con el agresor, con la oportuna cobertura
económica y adaptaciones laborales y sociales a su situación. A tal efecto se ha procedido a la reforma del artículo 23 LO 1/04 dando entrada a tal fin no sólo a las Administraciones Públicas que el propio
precepto prevé, sino también y de forma no poco relevante, a los sujetos que las disposiciones de las distintas Comunidades Autónomas en sus respectivas normativas sectoriales ya habían previsto y, sobre todo, a los que pudieran prever en el futuro.
No cabe duda de que tanto las previsiones autonómicas anteriores como aquéllas que ahora gozan de cobertura en la legislación nacional provocan una profunda tensión con los derechos y principios del Derecho Penal y del proceso penal que, incluso aunque lo que se pretenda sea dar cobertura a situaciones de necesidad, deberían haber reclamado una ponderación más sosegada y reposada, pues en todo caso parten de que lo que se acredita es una
situación de violencia de género, lo que reclama la existencia de una víctima pero también de un presunto autor/responsable, de un hecho que pueda reputarse como tal, veremos si penalmente o no, provocando además la afectación de derechos de terceros, ajenos a víctima y agresor.
Cabe plantearse, en suma, si existen razones para ampliar la legitimación los títulos que acreditan la situación de víctima de violencia de género y si efectivamente el sistema, tal y como definía inicialmente el
artículo 23 de la LO 1/04, no ha satisfechos los fines que perseguía y, al mismo tiempo, no ha dotado de la necesaria certidumbre y seguridad jurídica a la materia, pero sobre todo a las propias víctimas de violencia de género.
Breve examen de la regulación anterior a la reforma
Bajo la rúbrica “Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las trabajadoras” el artículo 23 LO 1/04 en su redacción originaria disponía que:
Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
Tanto jurisprudencialmente como por el
propio Ministerio Fiscal, en particular en la Instrucción 2/05 sobre acreditación por el Ministerio Fiscal de las situaciones de Violencia de Género, a la que se remite expresamente la Circular 4/05 Fiscalía
General del Estado relativa a los criterios de aplicación de la LO 1/04, se habían perfilado suficientemente los títulos acreditativos de tales situaciones, que la nueva normativa pretende ampliar. Así, se distinguían dos títulos habilitantes:
El informe del Ministerio Fiscal
La propia redacción del precepto respondía adecuadamente a la sistemática de la violencia de género y ofrecía el protagonismo indudable que le correspondía a la orden de protección en un sistema de protección integral de las víctimas que, como recordada de forma muy ilustrativa la Fiscalía General del Estado en el primero de los documentos citados, reclamaba y reclama de un sistema normativo de asistencia a la víctima en el ámbito jurídico, económico, social, laboral y administrativo, asentado en los principios de solidaridad social. Definida en el artículo 544 ter LEcrim, al que de igual forma se remite el artículo 62 LO 1/04, los presupuestos sobre los que la tutela cautelar, penal y civil, que en el mismo se prevén ,la configuraban como el mejor
instrumento para acreditar las situaciones de violencia de género y al mismo tiempo para justificar la necesidad y procedencia de las medidas que la víctima podía obtener en otros sectores del ordenamiento
jurídico respecto de los que el Juez del orden jurisdiccional penal no podía pronunciarse. En efecto, no sólo por los presupuestos para su adopción, sino sobre todo por su momento procesal y por las garantías que rodean la decisión tomada al respecto, difícilmente puede encontrarse en nuestro ordenamiento jurídico otro recurso más idóneo, hasta el punto de que incluso, como se verá, la legitimación al respecto
del Ministerio Fiscal se calificaba por el artículo 23 LO 1/04 como excepcional y en todo caso en defecto de orden de protección. Así lo había entendido, en todo caso, el Ministerio Fiscal, como demuestran las
normas antes referidas, en particular la aún vigente Instrucción 2/05.
En cuanto a los presupuestos que la orden de protección reclama para su adopción podemos sintetizar los siguientes:
La pendencia de un proceso penal en el que el conocimiento de la notitia criminis puede estar vinculado a la denuncia previa de la víctima, pero también de cualquier otra forma de las admitidas en nuestro Derecho. No debe olvidarse que nos encontramos ante un delito público, que no requiere para su persecución la denuncia de la víctima, siendo especialmente relevante al respecto las previsiones de la LO 1/04 como complemento del artículo 2 LEcrim;
La existencia de una situación de violencia de género. Aunque se han realizado diversos esfuerzos al respecto, absolutamente desbordados por las legislaciones autonómicas, el concepto de violencia de género que resulta del artículo 1.1 y 3 de
la LO 1/04 no ha sido modificado desde su redacción originaria, de forma que integrando ambos apartados resulta que por violencia de género debe entenderse la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, comprendiendo todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.
Por otro lado, se debe señalar que “la violencia de género representa un mecanismo de control cuyo origen es la jerarquía sexual pero que, a su vez, garantiza y alimenta la misma. Una jerarquía sexual según la cual las mujeres tienen un mandato de obediencia y sumisión a los varones.Puede recibir otras denominaciones como violencia sexista, violencia machista, maltrato a mujeres, terrorismo machista o violencia doméstica. En cuanto a esta última denominación existe cierta polémica respecto a su utilización en la medida que no identifica la ideología o el sistema que origina la violencia y, por tanto, impide intervenir desde las estrategias necesarias para
erradicarla. A su vez, nombrar la violencia por uno de los contextos donde se produce (el ámbito doméstico) invita a identificar el problema como un asunto tal (doméstico o privado), en vez de conceptualizarlo como un problema público.
La violencia se ejerce sobre las mujeres independientemente de su estado civil, de su procedencia, de su clase social o de su cultura, si bien es cierto que pueden existir
factores que incrementen la prevalencia, el único factor de riesgo es ser mujer.
Como veremos en el siguiente apartado (ciclo de la violencia), el recurso a la violencia es una conducta premeditada para controlar, dominar y someter a las mujeres en general o a una mujer en particular.La Declaración de Naciones Unidas del año 1975 como “Año Internacional de la Mujer” inició el compromiso internacional para erradicar la violencia de género. Casi dos decenios después, se produjeron dos hitos internacionales que transformaron el panorama:
La Conferencia sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, reconoció que “los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”y, en consecuencia, la violencia ejercida contra las mismas será considerada una violación de los derechos humanos.
La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada en 1993, permitió contar con una definición exhaustiva de la violencia de género, evidenciando tanto las diferentes formas y contextos en los que se produce como la responsabilidad de los estados y
poderes públicos en prevenir, investigar, castigar a los autores y proteger y reparar a las víctimas.
Cualquier intervención en esta materia debe abordar no sólo mecanismos prevención de la violencia, protección a las víctimas, persecución de los agresores sino atender la magnitud y el origen del problema. Por ello es preciso activar mecanismos en la socialización cultural para:
Vencer las resistencias del patriarcado frente a la igualdad de mujeres y varones. Resistencias que se traducen en acciones violentas frente a la pretensión igualitaria.
Reformular las construcciones identitarias patriarcales: la identidad femenina (como ser dependiente y
cuidador) y masculina (como ser autónomo y protector). Porque la
protección puede fácilmente devenir en control y la dependencia en sumisión.
Desnaturalizar la jerarquía sexual y la violencia contra las mujeres producto de la misma.
Como señala la OMS, la violencia es una cuestión de apreciación donde la cultura desempeña un papel determinante para establecer los límites entre los comportamientos abusivos y los que no lo son”.
La violencia de género representa un mecanismo de control cuyo origen es la jerarquía sexual pero que, a su vez, garantiza y alimenta la misma. Una jerarquía sexual según la cual las mujeres tienen un mandato de obediencia y sumisión a los varones.
Puede recibir otras denominaciones como
violencia sexista, violencia machista, maltrato a mujeres, terrorismo machista o violencia doméstica. En cuanto a esta última denominación existe cierta polémica respecto a su utilización en la medida que no identifica la ideología o el sistema que origina la violencia y, por tanto, impide intervenir desde las estrategias necesarias para erradicarla. A su vez, nombrar la violencia por uno de los contextos donde se produce (el ámbito doméstico) invita a identificar el problema como un asunto tal (doméstico o privado), en vez de conceptualizarlo como un problema público.
Como veremos en el siguiente apartado (ciclo de la violencia), el recurso a la violencia es una conducta premeditada para controlar, dominar y someter a las mujeres en general o a una mujer en particular.
La Violencia contra las mujeres es:
Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Artículo 1. Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (diciembre 1993).
La Declaración de Naciones Unidas del año 1975 como “Año Internacional de la Mujer” inició el compromiso internacional para erradicar la violencia de género. Casi dos decenios después, se produjeron dos hitos internacionales que transformaron el tratamiento de la violencia de género (Para un análisis más exhaustivo consultar apartado 2.7. Evolución del tratamiento de la violencia de género):
La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada en 1993, permitió contar con una definición exhaustiva de la violencia de género, evidenciando tanto las diferentes formas y contextos en los que se produce como la responsabilidad de los estados y poderes públicos en prevenir, investigar, castigar a los autores y proteger y reparar a las víctimas.
Vencer las resistencias del patriarcado frente a la igualdad de mujeres y
varones. Resistencias que se traducen en acciones violentas frente a la
pretensión igualitaria.
Reformular las construcciones
identitarias patriarcales: la identidad femenina (como ser dependiente y
El problema es que “convivimos con la violencia de género. Una afirmación dura pero real. De ahí que resulte tan complicado la percepción del riesgo,
incluso, para las propias víctimas y su entorno. Y, de ahí, que la identificación del mismo por parte de los profesionales que trabajan en este ámbito no resulte fácil. Y es que la predicción del riesgo –identificación y detección del riesgo objetivo– en materia de violencia de género se ha articulado (y se articula) bajo las premisas de un modelo normativo de lo humano ‘varón’ que no ve amenazada su integridad física y moral ni su vida a través de actos que, normalmente, se suelen concretar en empujones, insultos, vejaciones, humillaciones, ridiculizaciones, amenazas, etc. Actos a los que si bien en cualquier otro tipo de violencia interpersonal no cabría prestar mayor atención, en el ámbito de la violencia de género resultan cruciales ya que forman parte de un ‘continuum’ cuyo objetivo es el dominio y control de la víctima en su dimensión personal, familiar y
laboral/profesional por parte del agresor”.
EL PERIODICO: https://www.elperiodico.com/es/opinion/20180124/por-que-es-tan-dificil-la-prediccion-del-riesgo-en-violencia-de-genero-6574607
EL DERECHO: https://elderecho.com/la-acreditacion-las-situaciones-violencia-genero
URJC ONLINE: https://urjconline.atavist.com/la-violencia-de-genero
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 artículo 544
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