Source: https://es.scribd.com/document/110118153/Estado-Constitucional-y-Estado-Revolucionario-en-Venezuela-Autor-Fortunato-Gonzalez-Cruz
Timestamp: 2017-10-23 08:42:43+00:00

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Cargado por Ana Lia Silva
Fortunato González Cruz Director de CIEPROL-ULA RESUMEN. Venezuela tiene una Constitución que define un Estado Democrático, Social, de Derecho, de Justicia, Federal y Descentralizado. Distribuye el Poder en tres niveles territoriales y el Poder Nacional lo divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. En paralelo y en contra de la Constitución se trata de implantar un Estado Comunal o Socialista, mediante leyes orgánicas dictadas por la Asamblea Nacional o por el Presidente de la República mediante Decretos-Leyes de naturaleza orgánica. Se está produciendo un desmantelamiento de las instituciones estatales constitucionales por un modelo socialista, militarista autocrático. PALABRAS CLAVES. Constitución Venezolana. Revolución Bolivariana. Socialismo. Populismo. Militarismo. Poder Popular. I.- LOS FUNDAMENTOS POLÍTICOS DE LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA DE 1999. Las propuestas de diseño de la sociedad y la arquitectura del Estado son consecuencia de la posición conceptual que se adopte respecto de la naturaleza humana. ¿Somos seres genéricos o singulares? ¿Animales racionales o personas con dignidad? Tales reflexiones han preocupado a la filosofía, y la evolución de las ideas ha conducido a ciertas conclusiones de validez universal, aunque siempre existirán personas y grupos que pongan en cuestión estos valores esenciales. Entre las principales amenazas contra la humanidad en estos años iniciales del siglo XXI (y lo han sido siempre) están los fundamentalismos, gente apegada a fanatismos religiosos, extremismos políticos y desmedido afán de lucro y poder que todo lo corrompe. Respecto de la idea del hombre, una primera línea de reflexión parte de Aristóteles (1974, p. 44) quien afirmó que el Estado es una asociación que, como todas, se organiza con vista a algún bien; dice además: “La ciudad no se compone sólo de cierto número de individuos, sino que se compone también de individuos específicamente diferentes”. Si cada individuo es un ser único e irrepetible, con una dignidad personal no negociable, entonces el objeto de la sociedad y del Estado es la felicidad de cada individuo. Pero como la asociación entre los humanos es una condición natural –el hombre es un animal político- entonces la sociedad y el Estado buscan la felicidad de cada individuo tomando en consideración el bien del conjunto de la sociedad. Esta línea aparentemente simple abre reflexiones filosóficas y posiciones políticas que tras una andadura larga y compleja nos llega hasta nuestros días en el pensamiento católico, en Hábermas, Amartya Sen, Martha Nussbaum, Fernando Sabater, entre otros. 1
Quienes aún militan en el socialismo extremo de derecha o de izquierda colocan el bien colectivo como único y superior objetivo social y político, con lo cual desconocen caracteres esenciales de la naturaleza humana, que, como lo afirma Locke, tiene una tendencia egoísta, es decir, a apropiarse de aquellas cosas a las que ha incorporado su sudor. La propiedad vista desde la perspectiva que viene desde Aristóteles y pasa por John Locke es inherente a la persona y parte de su natural condición. “Hay en el hombre dos grandes móviles –dice Aristóteles- de solicitud y de amor, que son la propiedad y la afección” (p.47). Rousseau mantiene una posición semejante aunque atemperada por la mayor importancia que le otorga a la comunidad, que es el ámbito donde se ejercen todos los derechos. Simón Bolívar, cuyo pensamiento inspira la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela según reza el Preámbulo, dijo en el Discurso de Angostura luego de citar a Rousseau y a Montesquieu, a quienes sigue, que “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”. Para mayor abundamiento, la Exposición de Motivos de la Constitución señala que en materia de derechos humanos es de inspiración ius naturalista. Desde esta perspectiva filosófico-constitucional, el Estado está al servicio de la sociedad y la “Razón de Estado” tan defendida por juristas como Karl Schmitt no puede alegarse en Venezuela, si se quiere ser fiel a los valores constitucionales. Pese a que en el Preámbulo de la Constitución se copia la frase “Imperio de la Ley”, nada tiene que ver con el pensamiento positivista de Karl Schmitt, pues, en sentido contrario de lo que ha dicho Hábermas y últimamente Amartya Sen (2010), el problema crucial del Derecho para Karl Schmitt no es la validez de un sistema jurídico sino su eficacia, y la reducción del Estado a un puro fenómeno jurídico. La ley debe ser obedecida no por su contenido racional sino por haber sido sancionada por el soberano para establecer la paz y la seguridad. Esta no es la tradición constitucional venezolana. El positivismo jurídico pesa en la doctrina latinoamericana en general y en la venezolana en particular, pero respecto de las bases constitucionales la tendencia apunta al sostenimiento de los valores constitucionales en principios de la filosofía iusnaturalista y en el pensamiento clásico liberal, con la excepción de Cuba. Esta tendencia viene desde las primeras constituciones provinciales dictadas en Cundinamarca y Mérida, aquella aún monárquica y esta quizás la primera republicana entre las constituciones provinciales dictadas antes de la creación de los estados nacionales. (González.2011). En efecto, las primeras constituciones que surgen con la transformación del movimiento juntista en procesos constituyentes fueron redactadas por sacerdotes o personas ligadas a la Iglesia, con una sólida formación tomista y neo tomista, en particular influidos por la filosofía del jesuita Francisco Suarez. En la ruta de las políticas concretas hay tendencias exitosas y también patológicas: un liberalismo moderno calificado constitucionalmente como Estado Social de Derecho, y también un capitalismo salvaje, como lo calificó Juan Pablo II en numerosas intervenciones y documentos, que se manifiesta en algunos países sub desarrollados. En la línea que parte de Sócrates y llega con sus variantes y metamorfosis hasta Marx para quien el hombre es un ser genérico. Prevalece en esta línea el concepto de que se puede lograr la igualdad absoluta bien mediante el igualitarismo económico y político, como lo plantea Lenin, o bien mediante la educación como propone Gramsci. Las consecuencias del pensamiento de Platón –por ejemplo- es la eliminación de la familia y de las sociedades intermedias y entre tanto se realice la sociedad ideal, 2
el Estado asume un poder absoluto. Por este camino se llega a las utopías socialistas como especulaciones teóricas, pero en la historia real se hunde en las tenebrosas tiranías nacionalsocialistas, leninistas, maoístas o castristas, etapas supuestamente transitorias que devoraron varias generaciones y terminaron en estrepitosos fracasos. Este pensamiento jamás ha formado parte de las ideas constitucionales latinoamericanas ni venezolanas, con la única excepción de Cuba. En el territorio de los grises existen posiciones que toman elementos de ambas líneas de pensamiento. Es quizás la Doctrina Social de la Iglesia la que logra una síntesis al rechazar el liberalismo por convertirse en una idolatría de la riqueza y el colectivismo marxista por desconocer la dignidad de cada ser humano. Si bien parte de un radicalismo antropológico, la Doctrina Social de la Iglesia admite la corresponsabilidad de cada ser humano y de las organizaciones que crea para establecer unas relaciones sociales justas. La expresión constitucional de una doctrina como esta se acerca más a las constituciones que definen un Estado Social de Derecho, que es la tendencia constitucional moderna. Benedicto XVI dijo en Aparecida, Brasil, en su discurso de instalación de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe lo siguiente: “El sistema marxista, donde ha gobernado, no sólo ha dejado una triste herencia de destrucciones económicas y ecológicas, sino también una dolorosa opresión de las almas. Y lo mismo vemos también en Occidente, donde crece constantemente la distancia entre pobres y ricos y se produce una inquietante degradación de la dignidad personal con la droga, el alcohol y los sutiles espejismos de felicidad. Las estructuras justas son, como he dicho, una condición indispensable para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal.” (2007, p.15) Existen documentos de gran valor como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1952 que si bien no constituye un documento del que se pueda inferir un modelo de Estado, es sin duda un punto de partida fundamental. En América existen además de documentos que consagran los derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana del año 2001 de un gran valor político que define las bases de lo que debe ser un diseño de Estado para la plena vigencia de los derechos humanos. La propia Carta Democrática Interamericana reconoce que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia. Además, proclama a la democracia como un derecho de los pueblos americanos. Para determinar la línea filosófica que prevalece en la Constitución se cuenta con al menos dos declaraciones explícitas que no dejan lugar a dudas. La Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada mediante referendo el 15 de diciembre de 1999 y ratificada también mediante referendo el 2 de diciembre de 2007, señala de manera explícita una orientación ius naturalista en materia de derechos humanos. Los artículos 20 y 22 ratifican esta línea filosófica cuando disponen lo siguiente: “Artículo 20. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social.”
“Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.” De modo que es evidente la orientación de la Constitución basada en las tesis del personalismo sostenido por la corriente filosófica del Derecho Natural. En cuanto al modelo de Estado, la Exposición de Motivos reconoce una inspiración en el modelo federal cooperativo cuando afirma lo siguiente: “En cuanto a la estructura del Estado venezolano, el diseño constitucional consagra un Estado Federal que se define como descentralizado, para así expresar la voluntad de transformar el anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal con las especificidades que requiere nuestra realidad. En todo caso, el régimen federal venezolano se regirá por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que son característicos de un modelo federal cooperativo, en el que las comunidades y autoridades de los distintos niveles político territoriales participan en la formación de las políticas públicas comunes a la Nación, integrándose en una esfera de gobierno compartida para el ejercicio de las competencias en que concurren. De esta manera, la acción de gobierno de los municipios, de los estados y del Poder Nacional se armoniza y coordina, para garantizar los fines del Estado venezolano al servicio de la sociedad.” (2000, p.1) En el texto constitucional destacan los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 112, 115, 136 y 299, que en su conjunto establecen las bases de un Estado Democrático de inspiración liberal, una economía capitalista con una fuerte presencia del Estado para garantizar la justa distribución de la riqueza y el apoyo a los grupos sociales más desprotegidos. Se trata de un modelo de Estado propio de las llamadas “democracias occidentales”. Rondón de Sansó (2000, p-65) señala que los valores básicos del Estado venezolano son la libertad, la propiedad individual, la igualdad, la seguridad jurídica y material y la participación; y en cuanto a la Constitución Económica, destaca la búsqueda de un equilibrio entre las grandes corrientes económicas existentes en el mundo actual (p.284) que denomina de economía dirigida y de economía de mercado, una suerte de versión de la Tercera Vía a la venezolana. En líneas generales coincidimos con las diversas apreciaciones sobre el modelo político constitucional que analizan Luís Salamanca y otros en su interesante compilación. (2004) Por tratarse de las declaraciones más contundentes y claras en cuanto a valores y principios constitucionales, transcribo los artículos 2 y 3: Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad 4
popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
Unas primeras conclusiones de esta reflexión son las siguientes: 1. Respecto de las personas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene una base “ius naturalista” que se expresa en la consagración constitucional de los derechos humanos. 2. Respecto de la organización de la sociedad se apoya en las tesis del reconocimiento de la sociedad civil, la comunidad y la familia. 3. La Constitución define un Estado Social de Derecho y de Justicia. 4. La Constitución Política establece un modelo federal descentralizado, que es el modelo federal establecido en Venezuela desde la Constitución de 1811 atenuado mediante restricciones que lo afectan en un grado tan alto que lo desnaturaliza. El Poder lo distribuye en Poder Municipal, Poder Estadal y Poder Nacional, en ese orden. 5. En cuanto a la división del Poder Nacional, crea los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. 6. En lo político establece una democracia representativa con mecanismos de la llamada democracia participativa. 7. La Constitución económica se basa en el derecho de propiedad privada, de la libre concurrencia y de formas mixtas de propiedad. Define un Estado promotor, regulador de la actividad económica.
II. LA IDEOLOGÍA DEL PROCESO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. Las declaraciones constitucionales formales apuntan hacia una visión democrática mientras que el discurso político es radical, militarista, autocrático y antidemocrático. Existen varios documentos donde se afirma que el fundamento del nuevo proceso político está en lo que se llamó “el árbol de las tres raíces: Bolivariano, Zamorano y Robinsoniano” nunca bien explicado. Son varios los estudiosos del pensamiento que inspira el llamado “proceso” que lidera el presidente Chávez. Es recomendable la abundante bibliografía producida por Alberto Garrido (2005)1, donde se explica mejor la
Es abundante la bibliografía producida por Alberto Garrido sobre Chávez y la revolución que encabeza. Entre otros “La Guerra Asimétrica”(2005). Mérida. Ed. Alfa. “Notas sobre la Revolución Bolivariana” (2003) Caracas. Ed. Del autor. “La Historia Secreta de la Revolución Bolivariana” (2000). Mérida. Ed. Venezolana.
concepción del hombre, de la sociedad y del Estado del gobierno de Venezuela, que es una mezcla de extrema izquierda, de extrema derecha, populismo, militarismo y voluntarismo aún en proceso de cocción como lo ha afirmado en forma reiterada el líder del proceso. Escribe Alberto Garrido lo siguiente: “Chávez representa un pensamiento que llegó a romper con muchos de los paradigmas de la izquierda de la época, al extremo que hasta el día de hoy confunde a propios y extraños. Chávez fue marcado por las ideas del Partido de la Revolución Venezolana (PRV), brazo político de la guerrilla bolivariana venezolana (bolivarianismo entendido como emancipación continental contra EEUU, Tercer Ejército o Ejército de Bolívar -fusión Ejército- Pueblo- para impulsar la revolución nacional y continental, socialismo del siglo XXI definido como marxista-guevaristaindigenista-cristiano-gramsciano, lucha por el control de la energía entendida como confrontación intercivilizaciones). El PRV hizo de la irreverencia contra el establecimiento mundial una bandera (llegó a rechazar públicamente la invasión a Checoslovaquia en 1968). Chávez también adoptó las tesis sobre la multipolaridad y la posdemocracia de Norberto Ceresole, para finalizar asumiendo el socialismo radical de Fidel Castro, pero “a la venezolana” (Socialismo del Siglo XXI). Es legítimo estar de acuerdo o no con el pensamiento de Chávez, pero es imposible negar la confluencia de proyectos de ruptura con el sistema capitalista y con el imperialismo -encarnado en EEUU-, así como rasgos de originalidad, que van desde plantear la creación de una nueva civilización (Partido de la Revolución Venezolana) con valores distintos a la llamada civilización “occidental y cristiana” (posición que facilita la comprensión de la alianza estratégica Venezuela-Irán), hasta la utilización de una geopolítica petrolera que ha marcado la historia contemporánea”. (2007: pp.36-37). La lectura de este texto de Garrido permite comprender no solo las alianzas de Chávez con el fundamentalismo islámico, sino también con el ELN y las FARC de Colombia. Estas ideas mucho más radicales de un “socialismo del siglo XXI” son la esencia de la estrategia gubernamental expresada en los llamados “cinco motores”, uno de los cuales fue la propuesta de Reforma Constitucional sometida a referendo el 2 de diciembre del 2007. Vale recordar cada uno de estos motores. 1. Ley Habilitante: Vía directa hacia el socialismo. En el sitio Web aparece la siguiente frase del Presidente de la República, refiriéndose a todos los cambios legislativos que se propuso realizar: “…el Código de Comercio venezolano, símbolo del capitalismo, fue elaborado hace más de cien años: en 1904…¿Qué socialismo vamos a hacer con un Código de Comercio de esa calaña?” 2. Reforma Constitucional: Estado de Derecho Socialista. En el mismo sitio Web dice el Presidente de la República que “Vamos rumbo a la República Socialista de Venezuela y para eso se requiere una profunda reforma de la Constitución Nacional:” La Reforma tenía como objetivo transformar el modelo constitucional de 1999 para establecer un Estado Socialista Centralizado y avanzar en el desmantelamiento del modelo de libertades económicas y políticas, el fin del modelo federal y el comienzo de la construcción de un Estado Socialista semejante al cubano con sus adaptaciones de tiempo y circunstancias. Derrotado el proyecto 6
de reforma queda confirmada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con sus contradicciones entre sus valores y principios y su diseño institucional. 3. Moral y Luces: Educación con valores socialistas. Este motor se propone la implantación de un modelo educativo basado en las ideas del Ché Guevara. 4. La Nueva Geometría del Poder: El reordenamiento socialista de la geopolítica de la nación. Dice en Presidente en su página Web que es necesario buscar una nueva manera de distribuir el poder político, económico, social y militar sobre el espacio, y termina por cuestionar la distribución del Poder a tres niveles territoriales. 5. Explosión del Poder Popular: ¡Democracia protagónica, revolucionaria y socialista! La base del poder sería la comuna y su organismo el consejo comunal, articulado en una red sin dependencia alguna ni con los Estados ni con los Municipios, sino del Presidente de la República. En la práctica el gobierno de Venezuela incurre en graves contradicciones porque opera sobre la base de una confrontación dialéctica entre los valores y principios constitucionales, su modelo “ius naturalista” de derechos humanos y un diseño de Estado Federal y Descentralizado de inspiración “cooperativista” pero con matices desnaturalizadores; una práctica inspirada en lecturas sui géneris de Carlos Marx, Simón Bolívar, Fidel Castro, Ceresole y de Antonio Gramsci; y las improvisaciones del jefe del Estado con una estructura mental propia de un teniente coronel formado en la doctrina de la Seguridad Nacional. Tales contradicciones se asomaron en el texto constitucional pero en la cotidianidad del quehacer del gobierno asumen características dramáticas, en una monumental pérdida de oportunidades y en costosos fracasos. En el trabajo titulado “La incongruencia entre los valores y principios y las normas orgánicas en la Constitución venezolana de 1999” recordé que en el discurso de presentación del texto que se sometió a la plenaria, el constituyente Hermann Escarrá, elegido en las listas de Chávez, entre las grandes innovaciones del proyecto que presentaba, señaló la configuración de un Estado Federal que “no sea una cláusula retórica transaccional sino una realidad, y sólo será posible si se respetan los estados; si se respetan los municipios; si, más allá de la descentralización se produce una verdadera descentralización a lo largo y ancho de los ámbitos del poder”; dé nuevas fuentes de ingresos para los Estados”. (Pág. 7) aunque reconoció que mientras hubo acuerdos en fijar en cuatro años los períodos de los poderes públicos estadales y municipales, no lo hubo en cuanto a la duración del período presidencial fijado en seis años con reelección inmediata aunque con doble vuelta. Tampoco en el tema de la eliminación del Senado. En definitiva no se crearon las haciendas estadales, ni se le señalaron a estos competencias sustantivas, ni se estableció la doble vuelta y se terminó por eliminar el Senado. El Constituyente oficialista William Lara destacó la elevación a rango constitucional de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema político venezolano. Sin embargo, en el texto de la Constitución no aparece ni una sola vez la frase “partido político”. El Constituyente Alfredo Peña, también elegido en las listas de Chávez, dijo textualmente: “Esto no es ninguna revolución, ni tiene nada que ver con Khadafi, ni con Fidel Castro, ni nada por el estilo” (ANC. Nº 22, p.37) Uno de aquellos constituyentes, no obstante estar entonces comprometido con el oficialismo pero que no había asimilado el mensaje revolucionario, el Dr. Jorge Olavarria dijo, en tono premonitorio: “Les advierto que esta Constitución no se va a regodear en sí misma con auto alabanzas 7
como las que hemos escuchado a lo largo de los debates de esta Constitución, sino que va a ser examinada en escuelas de Derecho, va a ser examinada por especialistas en la materia, y con este pequeño preámbulo, con este abrebocas lo que estamos iniciando es la redacción de un documento que va a ser motivo de risa, de carcajadas, de burla, por las confusiones conceptuales y por los errores que contiene” (ANC.Nº 23, p. 5) Es particularmente ilustrativo el debate que se dio en la Asamblea Constituyente sobre el cambio de nombre de la República de Venezuela por República Bolivariana de Venezuela. La proposición apenas recibió 38 votos en su primera discusión y no hubo una sola intervención sólida y convincente en su defensa. En la segunda discusión las cosas ya estaban un poco más claras. Fue cuando el constituyente Eliécer Otaiza dijo: “Para mí esta no es una cuestión nominal; es una cuestión esencial para la revolución...de dónde viene esta revolución y hacia dónde pudiera ir esta revolución.” (ANC. Nº 42, p. 5) En este punto volvió a tomar la palabra el abogado constituyente Hermann Escarrá y señaló: “No se trata –y ojalá se interprete así- de bolivarianos y no bolivarianos, no se trata de revolucionarios y no revolucionarios; no se trata de héroes y villanos. Todos los que estamos aquí somos venezolanos y queremos que nuestra República se llame Venezuela, aún cuando esté inspirada en el más grande hombre que ha dado la humanidad como lo es Simón Bolívar". (6) III.- EL MONTAJE DEL ESTADO REVOLUCIONARIO En la Constitución Sin ser muy evidente ni explícito, la Constitución contiene algunos elementos contradictorios tanto con el Estado Liberal como con un Estado Socialista. Tanto el Preámbulo como las Disposiciones Fundamentales sobreabundan en adjetivos, grandilocuencia y barroquismo. La palabra “participativo” aparece en el texto constitucional 5 veces, “derechos” 153 veces, “garantizará” 35 veces. Pero “deberes” 19 veces, “partidos políticos” ni en una sola ocasión, como tampoco “representativo”, ni “sindicatos”. Tampoco aparece la palabra “revolución” ni “socialismo”. Los valores y principios se reiteran una y otra vez como para dejar remachada la idea de que se trataba de algo nuevo, con compromisos más profundos pero sin saber exactamente el significado de la discusión. Es conveniente señalar que la Asamblea Nacional Constituyente comenzó su trabajo sin un proyecto previo ni ideas claras, lo que resulta evidente en los debates. También que la Constitución está llena de conceptos jurídicos indeterminados. Se definen al Estado como “federal descentralizado, en los términos consagrados por esta Constitución” (Art. 4) y al gobierno como “democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables” (Art. 6) Obsérvese que el modelo político no se define como representativo. También señala como política de Estado a la descentralización (Art. 158). Estos principios se desarrollan en el articulado orgánico con el contenido que la mayoría de los constituyentes entendieron era el programa político del presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Los constituyentes tenían la posibilidad de optar entre diversos modelos de Estado y desarrollar instituciones más o menos federales, más o menos descentralizadas. De igual manera podían crear instituciones o mecanismos de gobierno más o menos democrático, participativo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. De modo que el auténtico modelo de 8
Estado y verdadero sistema de gobierno adoptados resultan tanto de las declaraciones formales contenidas en el Preámbulo y en las Disposiciones Fundamentales, como de las instituciones creadas en el articulado orgánico, las cuales resultan a la larga de mayor importancia para determinar la naturaleza del modelo político constitucional venezolano. Dicho en otras palabras, cada uno de los adjetivos calificativos tiene un significado específico, un contenido y un determinado alcance de acuerdo con el modelo institucional que adopten el Estado y el Gobierno, de modo que para determinar el modelo de Estado son de suma importancia tales principios, pero también el posterior desarrollo legislativo de las normas constitucionales, las interpretaciones de la Sala Constitucional y el ejercicio práctico y concreto del gobierno. Si bien en el texto constitucional existen graves contradicciones, mucho más son las que se observan en el proceso que comenzó justo a partir de su entrada en vigencia. Mediante interpretaciones retorcidas de la Constitución y de las leyes, la manipulación del sistema electoral, el uso de la violencia y del chantaje se ha ido apoderando de todos los instrumentos del poder para cambiar por vía legislativa las instituciones constitucionales que el pueblo venezolano se dio en su día. La centralización La primera década del gobierno del presidente Hugo Chávez se caracteriza, en relación con la definición constitucional de un Estado Federal Descentralizado, por un constante acoso a los Estados y a los Municipios y un desconocimiento absoluto del principio de la descentralización, definido en la Constitución como Política de Estado. (Art. 158) En efecto, ha existido una relativa tolerancia con aquellos estados y municipios cuyos ejecutivos están en manos de personas no afectas al proceso a los que se le respeta los mínimos constitucionales, mientras que los afectos al proceso han asumido un comportamiento de vasallos. En lo político, del modelo federal se mantiene la elección de los gobernadores y de los legisladores que conforman el Consejo Legislativo Estadal. Ya se dijo sobre la inexistencia de relaciones interinstitucionales en los casos de gobernadores no afectos al proceso bolivariano. Respecto de los Consejos Legislativos de los Estados, son cuerpos inocuos y de existencia apenas visible, carentes de materia sobre las cuales legislar por su precariedad competencial de los estados; además, se les ha arrebatado la totalidad de los servicios que le habían sido transferidos en salud, educación, puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas y otros servicios. Una de las competencias exclusivas de los estados que se les había respetado era la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos nacionales. Manuel Rachadell (2006) publicó un exhaustivo trabajo sobre las tendencias centralizadoras en la legislación en la que toma nota y analiza muchas de las decisiones contrarias a los estados y municipios, entre ellas las siguientes: La Reforma de la Ley de Licitaciones que impone los procedimientos nacionales a los Estados y Municipios. (Decreto Ley Nº 1521, del 13-11-2001); el Estatuto de la Función Pública del 11 de julio de 2002 que rige las relaciones de empleo público entre los funcionarios públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales; la Ley de los Consejos Comunales del 10 de abril del 2006; la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y por último la consideración de la Administración Pública como un sistema centralizado, en el que existe un ente rector ubicado en el nivel nacional, generalmente un Ministerio, y unos entes ejecutores que son organismos descentralizados funcionalmente, los institutos autónomos y las empresas del Estado, y territorialmente, los Estados y Municipios. Esta concepción se refleja en todas las leyes que han sido 9
sancionadas, en su mayoría dictadas por el Presidente de la República en ejercicio de la potestad legislativa delegada. Manuel Rachadell (2006) se refiere también a las instituciones del nuevo centralismo que desconocen la existencia de los Estados y Municipios, entre las que destacan el Plan Bolívar 2000 y las misiones a comienzos del 2003. Las Misiones se configuran como estructuras paralelas a los organismos del Poder Público definidos en la Constitución, incorporadas a la administración por el Decreto con rango de Ley Orgánica de la Administración Pública N° 6.217 del 15 de julio de 2008. El artículo 131 señala que el Presidente de la República puede crear misiones destinadas a atender a la satisfacción de las necesidades fundamentales y urgentes de la población, adscritas a un órgano o ente y el instrumento que las crea determinará su forma de financiamiento, funciones y organización. Entre las misiones están Barrio Adentro, Robinson, Sucre, Piar, Guaicaipuro, Miranda, Rivas, Che Guevara, Mercal, Identidad, Vuelvan Caras, Vuelvan al Campo, Hábitat, Zamora, Cultura, Árbol, Negra Hipólita, Madres del Barrio, Milagro, Sonrisa, Ciencia, Caricuao, Agro Venezuela, Amor Mayor, Hijos de Venezuela, Saber y Trabajo y la Gran Misión Vivienda Venezuela. El origen de las Misiones fue revelado por el Presidente de la República en la alocución que dirigió el 12 y el 13 de noviembre de 2004 a los responsables de alto nivel de su partido, “y ante oficiales generales, superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas”,2 sobre “las líneas estratégicas de actuación para los próximos años”, en un acto que se realizó en el teatro de la Academia Militar, y donde el Presidente expresó lo siguiente: “Hay una encuestadora internacional recomendada por un amigo que vino a mitad del 2003, pasó como 2 meses aquí y fueron a Palacio y me dieron la noticia bomba: “Presidente, si el referéndum fuera ahorita usted lo perdería.” Yo recuerdo que aquella noche para mí fue una bomba aquello, porque ustedes saben que mucha gente no le dice a uno las cosas, sino que se la matizan. Eso es muy malo. “No, estamos bien, estamos sobrados.” Entonces fue cuando empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé a pedirle apoyo a Fidel”.
El Proyecto de Reforma Constitucional del 2008 Las contradicciones quedaron mucho más en evidencia cuando el presidente de la República propuso la reforma de la Constitución. Tal como lo recomienda Antonio Gramsci hay que cuidar la legalidad revolucionaria en este siglo XXI en el que resulta particularmente difícil imponer una revolución por la fuerza, que sigue demandando períodos de transición muy distintos a la dictadura del proletariado. El propósito esencial de la reforma es y sigue siendo la permanencia del líder en la jefatura del Estado, quien tiene la posibilidad de ir construyendo el entarimado legal revolucionario. Por un exceso de confianza creyó que podía hacerlo por la vía de la reforma constitucional y adelantó un proyecto que resultó una dosis excesivamente fuerte que el pueblo rechazó el 2 de diciembre del 2008. El Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo del NO, pero jamás se han dado a conocer los resultados del escrutinio. La Reforma Constitucional propuso lo siguiente:
1. Severas restricciones a la libertad de pensamiento y al pluralismo político al pretender implantar un Estado hegemónico, totalitario de naturaleza socialista. 2. La reelección indefinida del Presidente de la República y la total concentración del Poder en él. 3. Un cambio de un sistema de economía libre por un modelo estatista al eliminar el derecho a la libertad. 4. Se desnaturalizaba el derecho a la propiedad privada. El artículo 115 de la Constitución vigente consagra el derecho de propiedad privada así "Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”. El articulo 115 que se proponía no hacía una declaración sobre el derecho a la propiedad sino que hacía una clasificación falsa de la propiedad en cinco tipos: Pública, Social, Colectiva, Mixta y Privada; cuando en la realidad solo corresponde a dos tipos: la Pública, que son las cuatro primeras, porque en ellas es el Estado quien ejerce el control; y la privada reconocida por parte del Estado únicamente con respecto a los bienes de uso y consumo, y medios de producción legítimamente adquiridos. 5. La seguridad ciudadana y el orden interno se ponían en manos de la Fuerza Armada Bolivariana. El Proyecto de Reforma del Artículo 328 de la Constitución modificaba el nombre de la Fuerza Armada y sus principios básicos. Se pasaba de una Fuerza Armada de carácter esencialmente profesional, sin militancia política,….., al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” a ser cuerpo politizado y totalmente ideológizado calificado de esencialmente patriótico, popular y antiimperialista. 6. La eliminación del modelo de Estado Republicano y Federal. La Propuesta de Reforma Constitucional de los artículos 16, 136, 156, 158, aumentaba el control central del presidente sobre el país, facultándolo para alterar la estructura del territorio y para someter a porciones de éste a un régimen militarizado, del mismo modo que le permitía la creación de los vicepresidentes y autoridades de los territorios o distritos. Se eliminaba la descentralización. 7. La eliminación de la soberanía popular que se colocaba en cabeza del presidente de la República. Aunque el Proyecto de Reforma reiteraba que la soberanía reside en el pueblo, decía que éste “la ejerce directamente a través del Poder Popular”. No obstante, el Poder Popular “no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población” (Art. 136). Es decir, su legitimación no es por vía de mecanismos democráticos de elección sino de asamblea. 8. Se desnaturalizaba el Municipio que tendía a desaparecer. Algunos de los artículos propuestos se refieren al desarrollo de un “Poder Popular”, esto tendría expresión en el plano espacial, sustituyendo al Municipio como “unidad política primaria de la organización territorial nacional” por la ciudad, a su vez integrada “por áreas o extensiones geográficas denominadas Comunas”, en este sentido el artículo 136 propuesto le confería al Poder Popular la potestad o misión del “autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley”. Se 11
trataba en la práctica de la sustitución del Poder Municipal, elegido y representativo, por uno controlado desde la presidencia de la República.
El proyecto de reforma no fue aprobada por los venezolanos, que prefirieron ratificar la Constitución de 1999; sin embargo, ha sido impuesta por vía de los Decretos Leyes en ejercicio del poder legislativo otorgado por Ley Habilitante ilimitada, lo que le ha permitido al Presidente dictar todas las Leyes Orgánicas que ha considerado necesarias. Las leyes que emanan de la pluma del Presidente en ejercicio de sus poderes legislativos extraordinarios forman el entramado del Estado Socialista, Estado Comunal o Estado Popular. El país ha sido sometido a un conjunto de acciones en ese sentido: 1. La reforma educativa impuesta en la Ley Orgánica de Educación que implanta la educación socialista. 2. La estatización de empresas claves especialmente en la industria y en la distribución de alimentos, la ocupación de fincas productivas, el control de las telecomunicaciones. 3. Una política internacional alineada en contra de los Estados Unidos y alianzas ideologizadas con Hezbolah, las FARC y otras organizaciones extremistas; con países comunistas Cuba, islamistas como Irán; y la promoción de alianzas basadas en el uso del petróleo como estrategia al servicio de la promoción del modelo político del proceso bolivariano. 4. La creación de la milicia bolivariana como parte de la Fuerza Armada Bolivariana. 5. El Plan de Desarrollo Económico y Social Socialista
El Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación. El Proyecto Nacional Simón Bolívar (2011) es el Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período 2007 – 2013, con las siguientes directrices: I. Nueva Ética Socialista: Propone la refundación de la Nación Venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión de los valores y principios más avanzados de las corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. II. La Suprema Felicidad Social a partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo modelo social, productivo, humanista y endógeno. III. Democracia Protagónica Revolucionaria en el que se consolidará la organización social para transformar la debilidad individual en fuerza colectiva. IV. Modelo Productivo Socialista con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de su división social, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza subordinada a la reproducción del capital. V. Nueva Geopolítica Nacional con la modificación de la estructura socio-territorial de Venezuela y su articulación interna del modelo productivo, a través de un desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable. VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial ya que el acervo energético del país posibilita una estrategia que combina el uso soberano del recurso con la integración regional y mundial. El petróleo continuará siendo decisivo para la captación de recursos del exterior, la generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo Socialista. 12
VII. Nueva Geopolítica Internacional con la construcción de un mundo multipolar que implica la creación de nuevos polos de poder.
IV.- ¿QUE ES EL PODER POPULAR? INCONSTITUCIONALIDAD DEL PODER POPULAR.
El llamado Poder Popular es un sistema político que tiene su centro de poder en el Presidente de la República y una compleja estructura que relaciona a las organizaciones sociales, sectoriales y comunitarias con dicho eje, regulado mediante normas jurídicas de naturaleza orgánica o insertadas en leyes que regulan distintas materia, sostenido por la lógica totalitaria, es decir, la identidad entre presidente y pueblo sin intermediaciones. Cuenta con abundantes recursos provenientes del presupuesto nacional y de fondos manejados a discreción por el presidente de la República. La Constitución venezolana no se refiere al Poder Popular. Como se dijo antes, distribuyó el Poder Público en tres niveles territoriales de gobierno como son el Municipal, el Estadal y el Nacional, y el Poder Nacional lo dividió en los tres poderes tradicionales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y agregó el Ciudadano y el Electoral, mas no el Poder Popular, expresión que no existe ni en la Constitución ni en su Exposición Motivos. La creación del Poder Popular y sus estructuras formó parte del Proyecto de Reforma Constitucional que el pueblo venezolano rechazó mediante referendo, ratificando el sistema democrático contenido en la Constitución de 1999. No obstante, el Poder Popular, el Poder Comunal y el Estado Socialista han sido creados mediante leyes y el desarrollo jurisprudencial de la Sala Constitucional, en fraude a la Constitución. Las leyes fundamentales del Poder Popular son las siguientes: Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de Planificación Pública y Comunal, Ley Orgánica de Contraloría Social, las reformas de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, de la Ley Orgánica de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, y de los Consejos Locales de Planificación Pública. Todas las leyes que han sido dictadas a partir de diciembre del 2010 le atribuyen competencias públicas o reconocen exclusividad en la representación de las comunidades a los órganos del Poder Popular, en particular a los consejos comunales y a las comunas. Entre ellas podemos mencionar la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la Ley de Tierras Urbanas, la Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación, Ley de Gestión Integral de la Basura y todas las que van siendo sancionadas o por la Asamblea Nacional o por el Presidente de la República mediante Decretos Leyes en ejecución de la Ley Habilitante. Recientemente fue publicada la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, publicada en Gaceta Oficial el pasado 2 de mayo de 2012, en la que se dispone en su artículo 1 que la Justicia de Paz Comunal es parte integrante del Sistema de Justicia, pero delimita su actuación en el ámbito del Poder Popular, sin derogar la vigente Ley de Justicia de Paz. En fin, como afirma Allan Brewer Carías es su estudio sobre este tema(2011) se va creando un Estado Paralelo que sustituye el Estado Constitucional. Este nuevo Estado de origen legislativo se apoya en los consejos comunales y en las comunas que sustituyen a los municipios en la gestión de los asuntos propios de la vida local y en el ejercicio de la democracia local a pesar que el origen de los voceros no es democrático. Si las leyes relativas al Poder Popular no fueron orgánicas en un principio ahora si reciben este rango porque se reconoce ya de manera explícita que son organizaciones estadales que pretenden asumir la representación de las comunidades. 13
La Ley Orgánica de los Consejos Comunales los define en el artículo 5 como “instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social”. De modo que ejercen el gobierno, gestionan políticas públicas y administran recursos del Estado, y a la vez asumen la representación de las comunidades para la construcción de una sociedad socialista en una mezcolanza inadmisible por ser evidentemente totalitaria, al confundir en una misma organización Estado y Sociedad. Además, solo caben allí los que desean construir la sociedad socialista, no todos los venezolanos, con lo cual se niega de entrada el pluralismo. La Ley Orgánica de las Comunas define a la Comuna en el artículo 5º de la siguiente manera: “Es un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.” Como queda claro en este artículo ya no se trata solamente de la participación política ni en los asuntos locales sino en el régimen de producción social determinado por el Plan Nacional. El origen de la autoridad política en los consejos comunales y en las comunas no se produce mediante el sufragio, contraviniendo el principio constitucional que dispone que toda autoridad emana del pueblo mediante votaciones personalizadas, libres y secretas. Este mecanismo está prohibido en estas leyes que disponen la selección de “voceros” mediante asambleas populares dirigidas por un representante del Poder Nacional que certifica la validez de la asamblea y avala el trámite para el registro de la organización en el Ministerio del Poder Popular de las Comunas, no en una oficina de registro ni en una notaría. En la práctica, el proceso de fundación de los consejos comunales está dominado por representantes del Poder Central y del Partido Socialista Unido de Venezuela que controlan las asambleas de ciudadanos, verifican en la famosa “Lista Tascón” y en los registros de su militancia si los asistentes están inscritos en ella, y luego sólo avalan los consejos comunales integrados por militantes de dicho partido. Los consejos comunales así organizados se inscriben en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas para obtener personalidad jurídica, ejercer la representación de la comunidad y recibir dineros del Estado. El Poder Popular organizado desde los consejos comunales y las comunas, que son agregados de los consejos comunales, surge de asambleas no democráticas y discriminatorias que eligen “voceros” escogidos por su compromiso político con el “proceso”; de aquí parte la construcción del entramado que de abajo hacia arriba supuestamente legitima desde un proyecto comunitario hasta la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A título de ejemplo véase el Artículo 4 de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno que señala lo siguiente: “A los fines de esta Ley, la sociedad organizada está constituida por consejos comunales, comunas y cualquier otra organización de base del Poder Popular.” La Constitución ordena integrar el Consejo Federal de Gobierno entre otros con representantes de la sociedad organizada, no del Poder Popular. Los recursos presupuestarios que deben distribuirse entre la República, los 23 Estados y los 335 Municipios de acuerdo con las disposiciones constitucionales, ahora, en cumplimiento de las leyes del Poder Popular, se dirigen en mayor cuantía hacia los consejos comunales, comunas, distritos motores 14
del desarrollo y demás organizaciones del Poder Popular, a costa de los presupuestos de los Estados y Municipios. V.- Conclusiones. Venezuela pasa por un proceso de rápida transición del modelo de Estado Democrático de Derecho a una mezcla del régimen socialista cubano con sus propios componentes entre los que destaca el militarismo, que tiene sus bases en la conformación de una sola entidad territorial autónoma, la República o el Estado, la eliminación de los Estados y de los Municipios con unas formas de organización que confunden lo social y comunitario con lo estatal y partidista. El modelo coloca en la cúpula del Poder, concentrado en el Ejecutivo Nacional, , incluso las judiciales como lo afirmaron ante el mundo los ex magistrados Eladio Aponte Aponte y Luís Velázquez Alvaray, en confesiones que exponen a la vergüenza todo el poder público venezolano (disponibles en youtube). Este modelo se ha ido estructurando al margen y en contra de la Constitución, mediante leyes dictadas, unas por la Asamblea Nacional, otras por el Presidente de la República en ejercicio de facultades legislativas mediante Ley Habilitante.
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Bases Filosóficas de la Constitución de la Provincia de Mérida de 1811. Autor
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Final Comunicado Ininco 11 04 2017-1
El Estado Social de Derecho y Justicia
Breve Reseña Histórica de Venezuela
Por Eduardo Contreras Chile y El Golpismo en Venezuela
la-economia-venezolana-ante-la-constituyente-por-anabella-abadi-m-y-carlos-garcia-soto.pdf
PERIODISMO COMUNAL_0
La historia constitucional venezolana.docx
Congreso Venezolano Se Prepara Para Discutir Ley Habilitante
Desarrollo Endogeno Basamentos Constitucionales
La Normativa Legal de Los Derechos Humanos
Notas Especialidad Merida
Los Derechos y las Garantías Constitucionales. Concepto. Evolución. Clasificación de los Derechos. Autor

References: Artículo 2
 Artículo 3
 artículo 131
 artículo 115
 Artículo 328
 artículo 136
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 Artículo 4