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Timestamp: 2020-06-02 05:47:19+00:00

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Condenan a una notaria por no informar en una compraventa de las cargas fiscales que pesaban sobre unas fincas · Noticias Jurídicas
06/06/2017 18:22:11 | poderjudicial.es | NOTARIOS
En una sentencia (sentencia AP Cantabria 125/2017 de 23 de febrero), que aún no es firme –la notaria ha recurrido ante el Tribunal Supremo-, el órgano de apelación respalda la resolución del Juzgado de Primera Instancia nº5 de Santander que estimó parcialmente la demanda de los compradores.
Un tema discutido fue la cuantía del daño, pretendiendo la parte actora recuperar más de 80.000 euros aportando documentación en la que no se desglosan los conceptos de estas cantidades. El daño causado se circunscriben a las afecciones fiscales conocidas a la fecha de la escritura de compraventa y cuyo pago los actores han acreditado, no las causadas por las escrituras posteriores, no conocidas por la notaria, y menos las de la propia compraventa, agrupación y posterior segregación de las fincas adquiridas.
No sirve una advertencia genérica y formal
La sentencia de instancia, de 21 de abril de 2016, señala que no consta en la escritura que la notario hiciera advertencia expresa de las afeccione fiscales ni de la nota marginal sobre el aplazamiento del pago del impuesto. Solo contiene la mención genérica y formal de que "se han hecho las reservas y advertencias legales", totalmente insuficiente.
Es cierto que la notario no podía conocer si esas afecciones continuaban realmente vigentes, pero lo que sí pudo y debió hacer fue advertir sobre su existencia, aunque la demanda alegue que los adquirente conocían esta situación.
Existe una obligación de asesorar debidamente a los otorgantes (cita la resolución de la DGRN de 26 de octubre de 1995 y la STS de 14 de mayo de 2008), que consiste en la actividad de comunicación. Esta actividad de asesoramiento jurídico especializado se califica de contractual, por lo que un comportamiento negligente es indemnizable conforme los artículos 1.101 y siguientes del Código Civil. Recuerda el tribunal que el artículo 146 del reglamento notarial prescribe la responsabilidad civil del notario respecto de los daños y perjuicios ocasionados por dolo, culpa o ignorancia inexcusable.
¿Prejudicialidad penal?
La Audiencia aborda la posible suspensión de las actuaciones en la vía civil por prejudicilidad penal, conforme al artículo 10.2 de la Ley Orgánicas del Poder Judicial, derivada de la interposición de una demanda por presunta estafa.
Basándose en el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entiende que en este caso no se dan los presupuestos para la suspensión del procedimiento, pues la pretensión de la actora no se basa en comportamientos de apariencia delictiva, o que la decisión futura del tribunal penal influya decisivamente sobre la resolución del pleito civil.
Argumenta que no se aprecia litispendencia y que entre las actuaciones penales y el proceso civil no hay identidad subjetiva, y que tampoco existe una prejudicialidad civil.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 146
 artículo 10
 artículo 40
 resolución