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Timestamp: 2019-11-22 19:04:25+00:00

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STS 623/2009, 8 de Octubre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 71474558
Número de Recurso: 1471/2006
Número de Resolución: 623/2009
GUARDA. CUSTODIA. ALIMENTOS. El deber de motivación es inherente al ejercicio de la función jurisdiccional y forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, porque está prohibida la arbitrariedad del juez y la forma de controlar la razonabilidad de las decisiones se efectúa por medio de la motivación, y todo ello para evitar que el derecho a la tutela judicial efectiva sufra una lesión. La respuesta a las peticiones formuladas en la demanda no debe ser ni extensa ni pormenorizada, pero sí debe estar argumentada en derecho, puesto que el juez no puede decidir según su leal saber y entender, sino mediante el recurso al sistema de fuentes establecido, tal como dispone el Art. 1.7 CC , lo que deriva de la sumisión de los jueces a la ley, establecida en el Art. 117.1 CE. En este sentido,""la motivación [...] ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidenci de las resoluciones. Se estima la casación.
Sentencia citada en: 770 sentencias, 16 artículos doctrinales
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, ante la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 6ª, por D. Argimiro , representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. Pilar Fuentes Tomás contra la Sentencia dictada, el día 8 de mayo de 2006, por la referida Audiencia en el rollo de apelación nº 105/2006, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Alicante, en el juicio verbal nº 432/05. Ante esta Sala comparecen el recurrente D. Argimiro , representado por el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro, la Procuradora Dª Blanca Berriatúa Horta, en representación de Dª Sofía y en calidad de parte recurrida. Asimismo es interviniente el Ministerio Fiscal.
PRIMERO. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Alicante, interpuso demanda de juicio verbal sobre guarda- custodia y alimentos a hijos no matrimoniales, contra D. Argimiro . El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia en los siguientes términos:
El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 15 de noviembre de 2005 y con la siguiente parte dispositiva: "FALLO: Que ESTIMANDO EN PARTE la demanda formulada por el Procurador Sr. NAVARRETE RUIZ, en nombre y representación de Dña. Sofía contra D. Argimiro , representado por la Procuradora Sra. FUENTES TOMÁS, debo acordar las siguientes medidas en beneficio de los hijos menores:
4.- No procede condena en costas a ninguna de las partes".
SEGUNDO. Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación Dª. Sofía . Sustanciada la apelación, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Alicante dictó Sentencia, con fecha 8 de mayo de 2006 , con el siguiente fallo: "Estimar en lo necesario el recurso de apelación interpuesto por Procurador Don Juan Navarrete Ruiz en representación de Doña Sofía contra la sentencia dictada por el Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nª Diez de la ciudad de Alicante en fecha 15 noviembre de 2005 y en los autos de los que dimana el presente rollo, y en su consecuencia REVOCAR COMO REVOCAMOS la misma y en su consecuencia DECLARAR COMO DECLARAMOS:
TERCERO. Anunciados recursos extraordinario por infracción procesal y de casación por D. Argimiro
, y recurso de casación por interés casacional por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia los tuvo por preparados y dicha parte, representada por la Procuradora Dª Pilar Fuentes Tomas, los interpuso ante dicha Sala, articulándolo en los siguientes motivos:
Al amparo de lo prevenido en el artículo 477.2.3º de la LEC de 2000, Infracción de los artículos 469.1.2º , en relación con el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Al amparo de lo prevenido en el artículo 477. 2.3º de la LEC de 2000 , por infracción del artículo 218. 2 de la LEC , en relación con el artículo 469.1.2º .
Al amparo de lo prevenido en el artículo 477. 2.3º de la LEC de 2000 , infracción del artículo 469.1.3º de la LEC , y del artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor .
Al amparo de lo prevenido en el art. 477. 2.3º de la LEC de 2000 , sobre jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
Al amparo de lo prevenido en el art. 477. 2.3º de la LEC de 2000 , infracción del artículo 92 del Código Civil , modificado por la Ley 15/2005, de 8 de julio .
Por Auto de fecha 12 de febrero de 2008, la Sala acuerda: "....1º) ADMITIR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de D. Argimiro , contra la Sentencia dictada, en fecha 8 de mayo de 2006, por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Sexta), en el rollo nº 105/2006 dimanante de los autos de juicio verbal nº 432/05, del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Alicante. 2) Tener por DESISTIDO al Ministerio Fiscal del recurso de casación interpuesto contra la citada sentencia ...".
El Ministerio Fiscal presentó escrito solicitando la desestimación de los motivos primero y segundo y tercero del recurso extraordinario por infracción procesal. En cuanto al recurso de casación solicitó la desestimación del primer motivo y la estimación del segundo.QUINTO. Se señaló como día para votación y fallo del recurso el dieciséis de septiembre de dos mil nueve, en que el acto tuvo lugar.
D. Argimiro y Dª Sofía tenían tres hijos, de edades entre 6 años y dos meses cuando se separaron en el año 2004.
En la contestación a la demanda, el padre demandado D. Argimiro alegó que debido a la profesión de ambos convivientes, se habían trasladado a vivir a Bruselas y que los respectivos domicilios estaban cercanos. Por ello pidió que se estableciera con carácter definitivo el sistema de custodia compartida que se había acordado con carácter cautelar en las medidas provisionales.
La sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Alicante, de 15 noviembre 2005 , acordó que los hijos menores quedaran bajo la guarda y custodia compartida de ambos progenitores, alternándose los tiempos de estancia con cada uno por periodos semanales. La sentencia se funda en argumentos de derecho comparado y en la conveniencia de los menores, debiendo tenerse en cuenta, además, que estas resoluciones no solo se acuerdan en los casos en que haya voluntad conjunta de los padres, sino en casos contenciosos, para favorecer la necesaria relación del menor con cada uno de sus progenitores y todo ello en interés del menor.
Dª Sofía apeló la sentencia de 1ª Instancia. La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6ª, de 8 mayo 2006 , estimó el recurso y acordó que los hijos menores quedaran bajo la guarda y custodia de la madre, con derecho de visitas del padre. Los razonamientos utilizados se reproducen a continuación. "[...]no procede en el caso presente, acceder o tener por conveniente el sistema de custodia compartida al que se llega en la sentencia, y no lo es porque si bien en el momento de presentación de la demanda existían unas circunstancias que podrían favorecer su establecimiento, no existieron en el transcurso del pleito, y tampoco ahora en la fecha actual. La actora [...] expuso que su domicilio familiar podía serlo el de Alicante [...], donde permanecería con sus hijos menores, y sin embargo con posterioridad, y así se desprende del auto dictado en las medidas provisionales, en 9 de junio de 2005 , en el mismo se indica que la pareja se trasladaría en julio a Bruselas, por razón de incorporarse al trabajo la madre, siendo que en la actualidad ambos deben residir en la citada localidad, y que incluso, como así se desprende del escrito de interposición del recurso, se desconoce el domicilio de ambos, la proximidad entre ellos, etc. lo que hace sumamente dificultoso el tener un desarrollo armónico de aquel sistema, y en el que las funciones de custodia sobre los hijos menores, y por las edades con que cuentan, no iban a serlo con la permanencia de estos en un domicilio estable, sino alternando su estancia en el domicilio del padre o de la madre por periodos semanales. Precisamente no es esto lo que puede proteger mejor el interés de los menores, como dice el artículo 92 CC , sino todo lo contrario, no dándose, a falta de acuerdo de los progenitores, las circunstancias idóneas para que el juez pueda acordar dicha custodia compartida aun a pesar del criterio contrario de la madre".
Recurre el padre D. Argimiro , interponiendo recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Ambos fueron admitidos por esta Sala en auto de 12 febrero 2008 . El Fiscal recurrió, desistiendo posteriormente. Figuran las alegaciones de la parte recurrida y las del Ministerio Fiscal
La Sala ha acordado admitir dicha prueba.TERCERO. Para la correcta argumentación de esta sentencia, se va a examinar previamente el motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal. Este motivo denuncia la infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, por defecto en la forma de motivarla y, por tanto, vulneración del artículo 218.2 LECiv . En ningún momento explicita la resolución recurrida qué circunstancias existieron en la presentación de la demanda, que luego dejan de concurrir y motivan el cambio del sistema de custodia. El cambio de domicilio no puede constituir esta alteración, porque es una cuestión conocida durante todo el procedimiento y tenida en cuenta en la 1ª Instancia para establecer el sistema de guarda y custodia compartida y no puede ser admisible una limitación de la libre circulación de personas en el territorio de la UE. La única razón es el desconocimiento del domicilio, que ya se ha demostrado que es falso. Insiste en que no es posible conocer los motivos que han fundado la decisión, porque la alusión al cambio de circunstancias y de domicilio y la utilización de la partícula etc. no satisface el requisito de la motivación.
La motivación de las sentencias es una exigencia constitucional establecida en el Art. 120.3 CE . Desde el punto de vista constitucional, el deber de motivación es inherente al ejercicio de la función jurisdiccional y forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, porque está prohibida la arbitrariedad del juez y la forma de controlar la razonabilidad de las decisiones se efectúa por medio de la motivación, y todo ello para evitar que el derecho a la tutela judicial efectiva sufra una lesión (STS 14 abril 1999 ). La respuesta a las peticiones formuladas en la demanda no debe ser ni extensa ni pormenorizada, pero sí debe estar argumentada en derecho, puesto que el juez no puede decidir según su leal saber y entender, sino mediante el recurso al sistema de fuentes establecido, tal como dispone el Art. 1.7 CC , lo que deriva de la sumisión de los jueces a la ley, establecida en el Art. 117.1 CE . En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que "la motivación [...] ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidenci de las resoluciones[...] (STC 77/2000, así como las SSTS 69/1998, 39/1997, 109/1992 , entre muchas otras).
La obligación de motivación de las sentencias está recogida en el Art. 218 LEC, cuyo párrafo 2 establece que "las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho" y todo ello, "ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón". La falta de motivación de la sentencia constituye un motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, tal como aparece en el Art. 469.1, 2º LEC , y su concurrencia da lugar a la nulidad, con reposición de actuaciones (Art. 476.2,4 LEC ).
Esta argumentación no es suficiente para justificar la negativa a la revocación de la guarda y custodia compartida acordada en la sentencia de primera instancia y ello por las siguientes razones: a) porque el cambio de las circunstancias no resulta justificado, no se dice cuáles son ni en qué pueden afectar al interés de los menores; b) porque el domicilio de los progenitores no es desconocido, y c) finalmente, pero no de menor importancia, porque la guarda y custodia compartida se funda básicamente en la no estabilidad del domicilio de los hijos, como se va a argumentar a continuación, por lo que no es razón fundamental nidecisiva para negar que concurra el interés del menor su no permanencia en un domicilio estable.
OCTAVO. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 476, 2, 4 LEC , al regular los efectos de la admisión de los recursos extraordinarios por infracción procesal, "la Sala anulará la resolución recurrida y ordenará que se repongan las actuaciones al estado y momento en que se hubiese incurrido en la infracción o vulneración"
DÉCIMO. El resultado final de los dos recursos determina que no haya lugar a pronunciarse sobre lascostas de las instancias, que quedan a expensas de lo que decida la nueva sentencia de apelación.
Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de D. Argimiro contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6ª, de 8 mayo 2006 .
Anular la sentencia recurrida y reponer las actuaciones de segunda instancia al momento inmediatamente anterior a dictar sentencia, para que vuelva a dictarse sentencia que en cualquier caso argumente sobre el interés de los menores en relación a la guarda y custodia compartida pedida, con arreglo a los hechos que considere probados según el planteamiento del litigio y la prueba practicada. La anulación afecta también a la declaración de las costas generadas.
No ha lugar a resolver el recurso de casación interpuesto también por D. Argimiro contra la misma sentencia.
No imponer especialmente a ninguna de las partes las costas causadas por los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.
Y que si contra la nueva sentencia volviera a interponerse cualquiera de los dos recursos, o ambos simultáneamente, se advierta de esta circunstancia al remitir las actuaciones a esta Sala para acordar su tramitación preferente a fin de evitar más dilaciones en la resolución del litigio.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios .- Jose Antonio Seijas Quintana .- Encarnacion Roca Trias.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMA. SRA. Dª. Encarnacion Roca Trias, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
STSJ Castilla-La Mancha , 27 de Enero de 2005
STSJ Castilla y León 61/2011, 17 de Febrero de 2011
STSJ Comunidad de Madrid , 12 de Mayo de 2003
STSJ Comunidad de Madrid , 1 de Junio de 2005

References: artículo 477
 artículo 218
 artículo 477
 artículo 218
 artículo 469
 artículo 477
 artículo 469
 artículo 9
 artículo 92
 artículo 92
 artículo 218
 resolución 
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