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Timestamp: 2017-09-19 13:21:38+00:00

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Aula Sapientia: COMENTARIOS AL ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO
COMENTARIOS AL ARTÍCULO 263 DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO
En el marco de las numerosas definiciones que se han propuesto sobre el acto administrativo, Garrido Falla señala que solo los actos administrativos que emanan de la administración pública, tienen valor formal de actos administrativos; sólo estos actos interesan al Derecho Administrativo (GARRIDO FALLA, FERNANDO. EL ACTO ADMINISTRATIVO, VOL I, MADRID, 1960, P 433) El Profesor Enrique Sayaguez Lazo define el acto administrativo como la declaración unilateral de voluntad de la administración, que produce efectos jurídicos subjetivos (SAYAGUEZ LAZO, ENRIQUE. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO I, P 142)
Allan Brewer Carías definió el acto administrativo como aquella manifestación de voluntad realizada por una autoridad pública, actuando en ejercicio de la función administrativa, con el objeto de producir determinados efectos jurídicos [CFR BREWER CARÍAS, ALLAN. LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA JURISPRUDENCIA VENEZOLANA. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, CARACAS, 1964, P 117]
Esbozadas así algunas de las principales definiciones de acto administrativo, sin pretender agotar en estas líneas el ámbito de acción y aplicación del mismo en la teoría de la actividad administrativa, interesa ahora destacar que los actos administrativos producen sus efectos desde la fecha en que se dicten por la autoridad competente, salvo disposición en contrario, por consiguiente, la producción de sus consecuencias, tendrá lugar a partir de ese momento, que coincide con el final del procedimiento administrativo; sin embargo estos efectos pueden quedar en suspenso, o bien puede que no se materialicen de forma inmediata. La suspensión de la ejecución del acto procede en cualquier grado e instancia de procedimiento, pues se trata de una garantía del administrado frente a la prerrogativa administrativa; es decir, que la suspensión de los efectos del acto está íntimamente relacionada con los principios de ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo; el primero de ellos conlleva la posibilidad de que el acto administrativo sea ejecutado, mientras que el segundo envuelve la cualidad inherente por virtud de la cual la autoridad administrativa, para hacer efectiva su decisión, no está obligada a solicitar la intervención de las autoridades judiciales, sino que pueden alcanzar ese fin mediante la actuación de los propios órganos de la Administración. La doctrina calificada ha señalado que la suspensión es el medio cautelar que tienen los particulares para evitar que se ejecute un acto administrativo, por ello, se ha expresado que se trata de una medida cautelar clásica del contencioso administrativo en general y que va dirigida fundamentalmente a detener en el tiempo el atributo de ejecutoriedad de los actos administrativos. La suspensión del acto administrativo en opinión de Fiorini, se refiere a la ejecutoriedad del mismo, en esta medida no se impugna el acto en su contenido de arbitrariedad, sino sólo se tiende paralizar sus efectos [CFR FIORINI BARTOLOMÉ. QUÉ ES EL CONTENCIOSO. ABELEDO PERROT. BUENOS AIRES, 1997, P 276] mientras se encuentre pendiente el proceso judicial en su contra [CFR MÓNICA VILORIA M. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO CON ESPECIAL REFERENCIA A LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS. II JORNADAS DE DERECHO PÚBLICO. UNIVERSIDAD MONTE AVILA, 2003]. Entre los antecedentes más remotos del tratamiento de la suspensión de efectos, con anterioridad a la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de fecha 04 de diciembre de 1967 se señaló: “Observa la Corte que tal situación configura un conflicto entre una decisión judicial y una administrativa, el cual exige la decisión de la cuestión previa planteada por la demandante, pues de no hacerlo así en esta oportunidad, la ejecución de la Resolución impugnada podría acarrear un gravamen irreparable para el caso de que la decisión que dicte este Supremo Tribunal, al resolver ahora el fondo del asunto, sea favorable a las pretensiones de la actora” [CSJ BREWER CARÍAS, ALLAN. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA, TOMO V VOL 2. CARACAS, 1978, EN ESTADO DE DERECHO Y CONTROL JUDICIAL, MADRID, 1987,P 537]. Sobre los efectos suspensivos de los actos administrativos en vía judicial, la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia publicada en la Gaceta Oficial Nº 1.893 Extraordinario de fecha 30 de Julio de 1976, en su artículo 136 señalaba: “A instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Al tomar su decisión, la Corte podrá exigir que el solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio. La falta de impulso procesal adecuado, por el solicitante de la suspensión, podrá dar lugar a la revocatoria de ésta, por contrario imperio” En el entorno de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.942 de fecha 20 de Mayo de 2004, encontramos una disposición que, si bien no reproduce en forma exacta los requisitos exigidos por el artículo 136 de la Ley derogada; en efecto, el artículo 19 señala: “En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y el Tribunal Supremo de Justicia podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estimen pertinentes para resguardar la apariencia de buen derecho invocada y garantizar las resultas del juicio, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva…” Ahora bien, ¿cuál es el alcance correcto de los efectos suspensivos de los actos administrativos de contenido tributario de acuerdo a las normas del Código Orgánico Tributario?
No existe una definición clara de lo que debemos entender por acto administrativo de contenido tributario, sin embargo, éste puede conceptualizarse a través de las premisas fundamentales del procedimiento de determinación de la obligación tributaria, cuando el Código Orgánico Tributario faculta igualmente a la Administración Tributaria productora del acto, de efectuar tareas de determinación y por consiguiente formación constitutiva del acto tributario sobre bases ciertas y presuntivas (cfr Código Orgánico Tributario arts 130 y siguientes); en el entorno constitutivo de formación del acto administrativo tributario de primer grado, podemos mencionar el acto constitutivo sancionatorio, entre los cuales se encuentran las resoluciones de imposición de sanción pecuniaria, así como el acta de reparo fiscal producto del procedimiento de fiscalización y la resolución culminatoria de sumario administrativo, así como los resultantes de los procedimientos administrativos de segundo grado, como las resoluciones decisoras de recursos jerárquicos y de revisión, en su caso. Tratándose de estos actos propios del procedimiento administrativo tributario, no encontramos mayor dificultad en cuanto a la suspensión de sus efectos (ejecutividad, ejecutoriedad, legitimidad), pues aun cuando el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos señala: “ La interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo prueba en contrario..”
El ejercicio de los recursos judiciales contra los actos de contenido tributario, ha atravesado muchas fases o etapas, con anterioridad a la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1983, el contribuyente debía cancelar o afianzar para poder recurrir; como antecedente citamos la Ley de Impuesto sobre la Renta del año 1966 publicada en la Gaceta Oficial Nº 1.069 de fecha 23.12.1966 en su artículo 129 según el cual:
Para la admisión del recurso previsto en este Capítulo, el recurrente deberá pagar o garantizar previamente en la forma prevista en el artículo 120, el monto de la liquidación impugnada…”
“Art 235. la interposición del recurso no suspende los efectos del acto recurrido.
No obstante, la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria respectiva o quien actúe por delegación de ésta, podrá en cualquier momento, a petición de parte interesada, acordar parcial o totalmente la suspensión de los efectos del acto recurrido, en el caso de que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentare en la nulidad absoluta del acto o en la apariencia de buen derecho. En estos casos se exigirá la constitución de garantía suficiente. El funcionario que lo acordare será responsable administrativa, civil penalmente por la insuficiencia de la garantía.”
Publicado por juan carlos colmenares zuleta en 17:43
COMENTARIOS A LA LEY ORGÁNICA DE REGISTRO CIVIL En...

References: ARTÍCULO 263
 ARTÍCULO 263
 Resolución 
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 19
 resolución 
 artículo 87
 artículo 129
 artículo 120