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Timestamp: 2018-12-14 15:35:04+00:00

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﻿ SENTENCIA 2006-00169/38988 DE MAYO 2 DE 2017
SENTENCIA 2006-00169 DE 02 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN POR RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD MEDIANTE LA IMPOSICIÓN DE CAUCIÓN. EN PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EN LOS CASOS EN LOS QUE NO SE PRIVÓ EFECTIVAMENTE DE LA LIBERTAD AL DEMANDANTE, SINO QUE SE VIO OBLIGADO AL PAGO DE UNA CAUCIÓN PRENDARIA PARA CONSERVARLA MIENTRAS ESTUVO VINCULADO AL PROCESO PENAL CONSTITUYEN UN DAÑO INDEMNIZABLE, DADO QUE, SE HA SOSTENIDO QUE EL SOMETIMIENTO A LOS RIGORES DE LA INVESTIGACIÓN PENAL, AUN SIN QUE SE PRIVE EFECTIVAMENTE DE LA LIBERTAD AL PROCESADO, VULNERA SUS DERECHOS, COMOQUIERA QUE SU PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO FUE DESVIRTUADA, ES DECIR, PERMANECIÓ INDEMNE Y SI SE RESTRINGIÓ LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, CONDICIONÁNDOLA AL PAGO DE LA CAUCIÓN PRENDARIA. ES DE ADVERTIR QUE NO SE REPROCHA A LA ADMINISTRACIÓN LA INVESTIGACIÓN, SINO LA MEDIDA RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD QUE CAUSÓ AL ACTOR UN DAÑO QUE NO TENÍA QUE SOPORTAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, CAUCIÓN PRENDARIA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, DAÑO ANTIJURIDICO
Sentencia 2006-00169/38988 de mayo 2 de 2017
Proceso: 200012331000200600169 01 (38.988)
Actor: P. E. M. M. y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros
Descriptores: Indemnización por restricción de la libertad mediante la imposición de caución. Ausencia de dolo o culpa grave. Autonomía del juicio de responsabilidad.
Bogotá D.C., dos de mayo de dos mil diecisiete.
(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales y sus datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia).
Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo del Cesar, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como lo definió la jurisprudencia de esta Corporación.
Efectivamente, sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 Constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta Corporación.
Finalmente, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(11).
Corresponde a la Sala determinar —en función de los hechos probados— si el señor P. E. M. M. tiene derecho a la reparación por el daño causado, dado que se lo mantuvo sub judice para a la postre precluir la investigación iniciada en su contra.
De donde amén de tener presente que la presunción de inocencia no fue desvirtuada, es menester analizar la conducta del actor en el marco de los hechos debidamente probados en la investigación adelantada en su contra y resolver conforme a las previsiones que gobiernan la responsabilidad patrimonial del Estado, en razón de la autonomía de juez para resolver sobre la reparación, en el marco de los artículos 2º, 85, 90 y 95 Constitucionales, al igual que de los artículos 414 del Decreto 2700 de 1991, 65 y 68 de la Ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil(12).
3. Hechos probados. Juicio de responsabilidad.
Para una mejor comprensión de los hechos que rodean la litis, conviene referir el material probatorio allegado al trámite, del que se extractan los siguientes hechos probados(13):
3.1. El señor P. E. M. M. es hermano de las señoras N. S. M., M. R. C. M., Y. del R. C. M. y M. E. C. M.(14).
3.2. El señor P. E. M. M. celebró un contrato con la gobernación del Cesar, con el objeto de pintar el colegio nacionalizado B. R. T., por valor de $ 18.157.405. El acta de inicio data del 6 de julio del 2000 y el plazo para de ejecución era de 30 días(15).
3.3. El señor T. R. S. P. formuló denuncia ante la Fiscalía, en contra del señor P. E. M. M., en razón de que el 9 de mayo de 2001 convinieron en la compra de una cuenta de cobro por valor de $ 9.078.072, suma esta adeudada por el departamento del Cesar, en razón del contrato ya referido.
De acuerdo con la denuncia, antes de concretar la negociación, el denunciante indagó el tema con el tesorero departamental, quien aprobó la oferta el 16 de mayo de 2001, de manera que el primero hizo entrega del precio al señor P. E.:
Antes de concretar el negocio con el señor M. M., indagué la veracidad de la propuesta ante el dr. A. Y. P. A., tesorero departamental, a quien se le presentó a su consideración el documento que para la mayor ilustración me permito transcribir:
“Valledupar 9 de mayo de 2001, dr. A. Y. P., tesorero departamental del Cesar, yo, P. M. M., con C.C. xx.xxx.xxx de V., autorizo al señor T. R. S. con C.C. x.xxx.xxx de R. para que en mi nombre retire, endose y cobre el cheque por nueve millones setenta y ocho mil setecientos dos pesos con cinco centavos ($ 9.078.702,5), por concepto de pintura general del colegio nacionalizado B. R. T. (la L.). Atentamente, P. E. M. M.”.
El señor tesorero A. Y. P. A., después de leer cuidadosamente el documento lo aprobó, avaló y radicó con su firma el 16 de mayo de 2001.
Según la denuncia, se convino que la entrega del dinero que adeudaba el departamento se haría en el mes de marzo de 2002. Ante el impago de la obligación(16), el señor T. R. presentó una petición(17) para que se le informara si esa cuenta ya había sido pagada, a lo que la administración respondió que el 13 de octubre del 2000 el señor P. E. recibió la suma de $ 8.697.397 y el 20 de junio de ese mismo año $ 7.461.268, por concepto de pintura general del mentado colegio(18).
Señala el mismo escrito que, el 16 de abril de 2002, el demandante se presentó en la casa del señor T. R., con la finalidad de justificar la mora en el pago de la suma adeudada, para lo que allegó una carta dirigida al gobernador, por la que lo indagaba sobre la falta de pago de la cuenta de cobro objeto de la negociación. El denunciante nuevamente inquirió sobre el particular y esta vez la gobernación respondió que a favor del señor P. E. no existía ninguna cuenta por pagar(19).
3.4. En posterior ampliación de denuncia, el señor S. P. reiteró lo manifestado en la denuncia(20).
3.5. En diligencia de indagatoria, el señor P. E. M. M. manifestó que no comprendía porqué se negaba el pago de la cuenta en comento, cuando el tesorero dio el aval para que la suma adeudada se pagara al señor T. R. y que él no recibió el pago(21),(22).
3.6. Por auto del 14 de abril de 2003, la Fiscalía Diecisiete Delegada ante los jueces penales municipales de Valledupar impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en contra del señor P. E. Señaló la fiscalía(23):
De las declaraciones del sindicado se puede colegir que su conducta iba encaminada a conseguir un provecho ilícito de carácter patrimonial, por cuanto se deduce de las probanzas obrantes en el infolio, que este no tenía cuenta pendiente en la tesorería departamental del Cesar, cuando hizo la negociación con el denunciante, ya que en dicho evento se indujo y mantuvo en error a la víctima.
Del acervo probatorio recaudado hasta el momento, tenemos que el sindicado vendió a la denunciante una cuenta de cobro que no existía, porque de conformidad con la documentación allegada al proceso, esta ya había sido cancelada por el tesoro departamental.
En ese sentido, la situación jurídica que ocupa la atención de la Fiscalía, como ya dijomos (sic), será definida sin lugar a dudas con medida de aseguramiento, pues más que indicios graves de responsabilidad aparece en el plenario pruebas documentales de que la cuenta ya no existía a favor del sindicado cuando este la vendió al denunciante, las cuales ya hemos analizado.
Estas pruebas son igualmente indicativas de responsabilidad del encartado y tiene plena credibilidad para esta agencia fiscal, ya que la víctima no tiene ningún interés en querer perjudicarlo, sino más bien de afirmar un hecho verdadero.
3.7. Mediante depósito judicial del 28 de noviembre de 2003, el señor P. E. consignó la suma determinada como caución, por valor de $ 332.200. El documento cuenta con acuse de recibo por parte de la Fiscalía Diecisiete Local(24).
3.8. Durante el desarrollo de la investigación se dispuso prueba pericial grafológica, sobre la firma del señor P. E. M. M. en distintos documentos, a efectos de determinar la autenticidad de la impuesta en el reverso del cheque CL413752, librado para pagar la cuenta objeto de la negociación. En las conclusiones del estudio grafológico se indicó(25):
La firma endosante que ostenta el reverso del cheque 7832753, a nombre de P. E. M., conlleva características idénticas a las que se exhiben en las firmas auténticas del citado señor como las que obran en sus acopios caligráficos aportados (siete folios) y material extraproceso y por ende la precitada signatura es auténtica.
La firma cuestionada que como de P. E. M., obra en el reverso del cheque CL413752, no exhibe características similares a las firmas y manuscritos del citado señor vistas en sus muestras de escritura y firmas extraproceso aportadas para la presente.
3.9. El este (sic) investigador precluyó la investigación seguida en contra del demandante, por proveído del 10 de septiembre de 2004, para lo que adujo(26):
El sindicado en sus descargos admite haber vendido la cuenta al denunciante asegurando que él no ha recibido de la tesorería departamental el dinero de la cuenta que vendió, que no ha recibido cheque alguno.
Milita en el paginario la relación de gastos presupuestales del departamento, donde se constata que el implicado recibió por concepto de acta final de contrato 113-32000 mediante orden 3497 cheque 752, la suma de $ 8.697.897 y el comprobante de egreso 3497, donde se constata que dicha suma corresponde al acta final de la obra del contrato 113-32000 referente a la pintura del colegio de la L. C., B. R. T., la cual le fue cancelada el 13 de octubre de 2000.
Del acervo probatorio recaudado se tiene que el sub judice vendió al denunciante una cuenta de cobro, que al parecer ya había sido cancelada por el tesoro departamental.
Ahora en cuanto a la probable responsabilidad del sindicado, existe en las sumarias sindicación directa que les hace el denunciante, en la denuncia y posterior ampliación, así como la documentación obrante en la instrucción, pero, así mismo se cuenta con los dictámenes de los estudios grafológicos realizados por el Labici del Cuerpo Técnico de Investigaciones en Bucaramanga, comprobándose con el 4352-4 de junio 22 de 2004, que el cheque 7832753 conllev (sic) características idénticas a las que exhiben las firmas auténticas del encartado, tal como las que obran en sys (sic) acopios caligráficos aportados y material extraproceso y por ende la signatura en litigio es auténtica, pero que el cheque CL 413752 no exhibe características similares a las firmas y manuscritos del sindicado, vistas en sus muestras de escritura y firmas extraproceso aportadas para el estudio, es decir, P. E. M. M., no endosó ni cobró el cheque equivalente al 50% final del contrato (…) no se pudo comprobar si la rúbrica fue estampada por el sindicado, pero se comprobó que los números que acompañan estas, no fueron estampados por él, por lo que surge la duda acerca de si el encartado, firmó o no recibiendo el dinero equivalente a la cuenta que vendió al denunciante, o si como lo dice su defensor, lo hizo otra persona, lo cual claro está habría sido con anuencia del tesoro departamental.
A juicio de esta delegada, de los estudios grafológicos realizados con los documentos dubitados, las muestras manuscriturales (sic) tomadas al sindicado y los documentos extraproceso, surge la duda a cerca (sic) de si este cobró o no la cuenta que había vendido al denunciante.
Como quiera que existe medida de aseguramiento vigente en contra del sindicado y depósito judicial legalmente constituido, se procederá en aras de la decisión que aquí se toma, a la revocatoria de la medida asegurativa y una vez quede ejecutoriada esta resolución a realizar la devolución de la caución prendaria constituida al sindicado.
3.10. El señor P. E. M. M. trabajo como supernumerario en la Registraduría Nacional del Estado Civil, para la circunscripción electoral del Cesar, en los siguientes periodos(27):
• 17/10/2003 al 21/10/2003. Sueldo: $ 619.329
• 01/03/2002 al 15/03/2003. Sueldo: $ 584.272
• 03/12/2001 al 16/12/2001. Sueldo: $ 431.667
• 10/07/2000 al 09/11/2000.
3.11. Dentro de este asunto rindieron testimonio los señores M. C. A. de B.(28), J. A. A.(29) y B. R. M. A.(30), quienes manifestaron que el señor P. E. era su vecino, un hombre correcto y que nunca conocieron que tuviera inconvenientes distintos al acá reseñado.
3.12. Dentro de la audiencia de interrogatorio, el demandante indicó que no estuvo físicamente privado de la libertad en ningún momento, pero que debió permanecer en su casa y pagar una caución(31).
3.13. La Fiscalía Diecisiete Local delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Valledupar solicitó a la coordinación de la Unidad Local de Fiscalías la entrega del título judicial correspondiente a la suma consignada por el señor P. E. por concepto de caución, el cual ascendía a la suma de $ 332.200(32).
Análisis de responsabilidad.
Primeramente, se pone de presente que en este caso no se privó efectivamente de la libertad al demandante, sino que se vio obligado al pago de una caución prendaria para conservarla mientras estuvo vinculado al proceso penal. En oportunidades anteriores, esta Corporación consideró que el sometimiento a los rigores de la investigación penal, aun sin que se prive efectivamente de la libertad al procesado, vulnera sus derechos, comoquiera que su presunción de inocencia no fue desvirtuada, es decir, permaneció incólume y sí se restringió la libertad de locomoción, condicionándola al pago de la caución prendaria(33):
2. La libertad como garantía de todas las facetas del individuo y no sólo frente a la detención carcelaria.
La Carta de Derechos, entendida como ese sistema de valores que debe guiar e informar la interpretación del resto del ordenamiento jurídico, tiene en el artículo 13 Constitucional un punto de referencia incontestable. En efecto, luego de ocuparse de la vida (art. 11) y de la integridad personal (art. 12), la Constitución en un solo texto provee a la garantía de las dos grandes categorías de derechos: los derechos de libertad y los derechos de igualdad, dentro de los cuales pueden ubicarse todas y cada una de las múltiples clasificaciones que han intentado de antaño formularse de los derechos.
Por manera que, la libertad no sólo puede verse conculcada cuando la persona ha sido recluida en centro carcelario (se resalta) sino que tiene otras manifestaciones como son, por ejemplo, la detención domiciliaria y la medida de aseguramiento que establezca dentro de las obligaciones restricciones para salir del país o cambiar de domicilio.
3. Protección constitucional e internacional de la libertad para fijación de residencia y libertad de locomoción.
[E]l artículo 24 prevé dos expresiones de la libertad personal en cabeza de los colombianos, que revisten el carácter de derechos fundamentales:
i) la libertad de locomoción o circulación que comprende el sentido más elemental de la libertad inherente a la condición humana, esto es, la facultad de desplazarse y transitar por todo el territorio nacional y de entrar y salir del país sin que para su ejercicio sea menester permiso de autoridad alguna, derecho fundamental protegido internacionalmente por múltiples convenios y tratados en su dimensión negativa o defensiva, vale decir, en tanto límite al ejercicio del poder del Estado en defensa de la libertad del individuo(34) (artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948(35), el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968(36) y el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante la Ley 16 de 19712(37)); y
ii) la libertad de fijar domicilio que entraña la facultad autónoma e inalienable de toda persona(38) para definir el sitio donde desea vivir, expresión de la libertad que constituye también manifestación del derecho constitucional fundamental a la personalidad jurídica (C.N., art. 14) y del libre desarrollo de la personalidad previsto en el artículo 16 eiusdem por cuya virtud se excluyen las imposiciones externas e injustificadas respecto de decisiones relativas a la esfera particular y al rumbo de la vida de cada persona(39).
El mismo canon constitucional autoriza a la ley para establecer limitaciones a este derecho de libertad, de modo que las restricciones que impongan las diversas autoridades públicas, sólo podrán establecerse con arreglo a lo dispuesto por el legislador.
Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, estima la Sala que aun cuando el legislador nacional estableció en el artículo 35 del Decreto 2700 de 1991 (CPP, art. 414) algunos eventos en los cuales objetivamente se entiende la injusticia de la detención frente a quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente i) porque el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió, iii) o la conducta no constituía hecho punible, eventos en los cuales se tendrá derecho a ser indemnizado, ello no significa que en otro tipo de situaciones, independientemente de que no se subsuman en alguno de estos tres eventos, no haya lugar a declarar la responsabilidad del Estado, cuandoquiera que una decisión judicial cause un daño antijurídico a un administrado.
Si bien el legislador dio un tratamiento normativo especial a unas situaciones que considera reprochables y que cobijó bajo la genérica denominación de “detención injusta”, ello no impide que otro tipo de afectaciones de los derechos de libertad, como es el caso de sus manifestaciones de locomoción y domicilio, sean susceptibles de reproche ante esta jurisdicción, en orden a que se declare la responsabilidad de la administración, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 90 Superior.
Para la Sala es claro que si se exonera a un sindicado bajo el supuesto de que quedó establecido en el plenario que él no cometió el hecho del que se le acusa, la restricción a la libertad de locomoción y de residencia a la que se le sometió, le produjo un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar y, por consiguiente, hay lugar a indemnizarlo. Lo que a juicio de la Sala compromete la responsabilidad de la administración en estos eventos es la antijuridicidad del daño padecido por la víctima, como que ésta no tiene el deber de padecerlo.
De manera que, las obligaciones derivadas de la medida cautelar dineraria (caución prendaria) la obligación de no cambiar de domicilio ni salir del país sin previa autorización de la autoridad judicial respectiva, a la postre pueden generar un daño antijurídico cuando se establezca, entre otras hipótesis que la conducta no fue cometida por el sindicado. En tanto esa decisión judicial revela el daño anormal que se hizo padecer al sindicado.
La limitación de las libertades de locomoción y de residencia no es, pues, una carga que todos los ciudadanos deban soportar por igual, por tanto cuando se demuestre que el administrado no cometió el hecho que sirvió de base a la medida cautelar y acredite los perjuicios que la misma le ocasionó, habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado al haber sido impuesta a un ciudadano una carga desproporcionada, que causa a una persona un daño antijurídico, de todo lo cual se deriva la responsabilidad del Estado (se destaca).
Vistos los anteriores hechos que se encuentran debidamente acreditados, se tiene que la Fiscalía General de la Nación inició la instrucción en contra del señor P. E. M. M., con ocasión de la denuncia que en su contra interpuso el señor T. R. S. P., por el delito de estafa.
Con la finalidad de no ser privado de la libertad, con ocasión de la decisión del 14 de abril de 2003, el demandante pagó una caución por valor de $ 332.200 (ver párr. 3.7), no obstante, permaneció sub judice hasta el 30 de agosto de 2005, fecha en la que se desató la alzada en contra de la providencia que precluyó a su favor la investigación.
Toda la instrucción tuvo lugar por cuanto el señor P. E. celebró un contrato con la gobernación del Cesar, cuyo objeto era el de pintar el colegio nacionalizado B. R. T., por valor de $ 18.157.405 (ver párr. 3.2), por el que se dio un anticipo del 50% y el saldo fue objeto de negociación con el señor T. R. S. P.
De acuerdo con el dicho del denunciante, antes de aceptar la oferta recibida del señor P. E., referida a la compra de la cuenta de cobro correspondiente al valor, aun sin pagar el contrato mencionado, se consultó al Tesorero departamental sobre la viabilidad de la negociación. Este, a su vez, dio aval a la misma(40).
Se encuentra probado también que, luego de conocerse que la cuenta fue pagada, en el trámite de la instrucción, el estudio grafológico al cheque entregado por la gobernación por el valor objeto de la negociación ($ 9.078.702,50), descartó que el endoso correspondiera al demandante, de lo que se deduce que el señor M. M. no cobró el instrumento, esto es, no recibió el valor. De manera que se impuso la preclusión de la investigación seguida en su contra (ver párrs. 3.8 y 3.9).
Establecido lo anterior, se advierte que, en efecto, le asiste razón al apelante, en el sentido de pretender la reparación por la investigación a la que estuvo sometido bajo el apremio de caución prendaria, imputable a la Fiscalía General de la Nación, entidad que adoptó la medida de aseguramiento. Es de advertir que no se reprocha a la administración la investigación, sino la medida restrictiva de la libertad que causó al señor P. E. M. M. un daño que no tenía que soportar. Finalmente, dado que tampoco se advierte que la conducta del actor respondió a las reglas de convivencia, en cuanto su comportamiento se ajustó a lo socialmente esperado, tiene derecho a ser reparado.
Lo anterior, en la medida en que el demandante adquirió la obligación de garantizar la existencia del crédito(41), dio cuenta del contrato y del crédito a favor que el adquirente confirmó con la tesorería la que además convino en la cesión de la cuenta, al punto que tal como lo afirmó el denunciante en su escrito dirigido a la fiscalía, el “tesorero A. Y. P. A., después de leer cuidadosamente el documento lo aprobó, avaló y radicó con su firma el día 16 de mayo de 2001” (ver párr. 3.3).
Esto es, se demostró que el demandante se comprometió a pintar el colegio nacionalizado B. R. T., cumplió lo convenido, como lo demuestran las actas de inicio y terminación que obran en el infolio (ver párr. 3.2), negoció el producto de su trabajo y si bien cobró lo suyo, no recibió lo negociado con el señor S. P.
Concluye la Sala, entonces, que la responsabilidad reclamada en el libelo deviene en imputable a la Fiscalía General de la Nación, pues fue el ente que adoptó la decisión relacionada con la restricción de la libertad del señor P. E. En consecuencia, establecida la responsabilidad excluyente del ente mencionado, los demás integrantes del extremo pasivo serán exonerados.
Cabe precisar al respecto que de la interpretación integral de la demanda, se concluye que el actor aboga por que se le indemnice el daño efectivamente causado, esto es, la restricción de su libertad, en cuanto se le impuso una caución para conservarla; lo anterior aunque en las pretensiones se trata de la privación de la libertad. Esto es así porque al tiempo de la petición fue claro en dejar sentado que gozó de libertad bajo fianza.
Siendo de este modo las cosas, se concluye que la sentencia proferida por el a quo debe revocarse, pues el daño sufrido por el señor P. E. M. M. es a todas luces antijurídico e imputable a la Fiscalía General de la Nación, que lo sometió a una investigación y al pago de una caución para poder mantener su libertad, de manera restringida, precluyéndose a su favor la instrucción, sin que se advierta de parte del antes nombrado culpa grave o dolo.
5. Los perjuicios a indemnizar.
La Sala deberá liquidar los perjuicios morales de conformidad con la jurisprudencia reiterada para la tasación(42), sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que, cada proceso comporta circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, de manera que se trata de acudir a criterios orientadores del arbitrio del juez, en orden a preservar el derecho a la igualdad. Así, se cuenta con la siguiente tabla:
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad Víctima directa, cónyuge o compañero(a) permanente y parientes en el 1º de consanguinidad Parientes en el 2º de consanguinidad Parientes en el 3º de consanguinidad Parientes en el 4º de consanguinidad y afines hasta el 2º Terceros damnificados
Superior a 12 meses e inferior a 18 90 45 31,5 22,5 13,5
Superior a 9 meses e inferior a 12 80 40 28 20 12
Superior a 6 meses e inferior a 9 70 35 24,5 17,5 10,5
Superior a 3 meses e inferior a 6 50 25 17,5 12,5 7,5
Superior a 1 meses e inferior a 3 35 17,5 12,25 8,75 5,25
No obstante lo anterior, el demandante no fue privado de la libertad ni un solo día, de manera que la Sala le reducirá la indemnización en un 50%. Esto, en consideración a que, no obstante no estar recluido en establecimiento carcelario, el demandante se vio sometido al rigor de la instrucción de su libre circulación, esto es, hubo una restricción a su libertad(43):
…en relación con la acreditación del dolor moral padecido por el detenido y de la cuantía del perjuicio, con ocasión de la restricción injusta de la libertad a la que fue sometido, si bien la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado unos parámetros que operan como criterios orientadores para liquidar las condenas por daños morales, los mismos pueden variar —ser incrementados o disminuidos— según el caso concreto, en razón de la magnitud e implicaciones del padecimiento(44). En efecto, las pautas jurisprudenciales en la materia constituyen una guía, ante la dificultad de fijar reglas para gobernar una valoración que no las admite y precisamente por ello, si el caso concreto lo amerita, el juez se deberá apartar y condenar por montos superiores a los tradicionalmente empleados. En todo caso, es claro que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse, razonablemente, que todo aquel que se encuentra injustamente vinculado a un proceso penal en el que le es impuesta medida de aseguramiento, padeció una afección de orden moral por la detención sufrida que debe ser indemnizada.
Empero, como en el caso bajo examen si bien, se impusieron restricciones a la libertad no se dispuso la privación, considera ajustada a derecho fijar la indemnización en el 50% de lo que correspondería de acuerdo con los parámetros antes relacionados por el término que estuvo vigente la medida de aseguramiento y posterior condena en primera instancia.
Así las cosas, en consideración a que la libertad condicional se extendió del 14 de abril de 2003 al 30 de agosto de 2005, es decir, más de 18 meses, al señor P. E. M. M. se otorgará una indemnización de 50 smlmv y a cada una de sus hermanas, por ser sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, la suma equivalente a 25 smlmv para cada una.
5.2.1. Daño emergente:
Se probó dentro de este asunto que el demandante pagó una caución por la suma de $ 332.200, a efectos de no ser privado de la libertad. Se considera que, aun cuando la suma fue devuelta, la Fiscalía debe proceder al pago de los intereses de plazo, certificados por la Superintendencia Financiera, causados entre la entrega del dinero y su devolución, esto es, durante el término en el que esta suma se encontraba en depósito.
En la medida en que se desconoce la fecha en la que la suma le fue devuelta al demandante, la condena se hará en abstracto para que la parte actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo promueva el incidente que allí se menciona, a efectos de que se haga el cálculo de estos intereses. Se tendrá como fecha inicial aquella en la que la suma se consignó y la final será aquella que se acredite como la de entrega del dinero por parte de la condenada al señor P. E.
En consideración a que el señor M. M. gozó de libertad provisional, considera la Sala que trabajó y obtuvo su sustento, dado que este tipo de medida no restringe la prestación personal de servicios y tampoco el ejercicio de profesiones liberales, excepto que se aportara prueba en contrario, que no es el caso.
Así las cosas, tal como lo precisa el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil(45), la sola afirmación atinente a las dificultades para obtener un empleo resulta insuficiente para acreditar el perjuicio reclamado, de donde lo procedente es negar este pedimento.
No hay lugar a la imposición de costas, toda vez que de las actuaciones del proceso no se colige la existencia de temeridad o mala fe en los términos del artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 6 de mayo de 2010, con base en las consideraciones antes esbozadas.
1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Fiscalía General de los perjuicios sufridos por el señor P. E. M. M.
2. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General a pagar, por concepto de reparación de perjuicios morales:
• P. E. M. M.: 50 smlmv
• N. S. M.: 25 smlmv
• M. R. C. M.: 25 smlmv
• Y. del R. C. M.: 25 smlmv
• M. E. C. M.: 25 smlmv
3. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad de daño emergente, la suma que se establezca dentro del trámite incidental que deberá promoverse en la forma y términos señalados en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, acorde con los parámetros señalados.
3.(sic) ABSOLVER a la Nación - Rama Judicial y a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo expuesto.
6. Expedir por Secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.
11 En el precedente jurisprudencial es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe computarse desde “la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión”. Para el caso concreto, la decisión por la que se determinó la preclusión de la investigación seguida en contra del demandante —10 de septiembre de 2004—, fue confirmada por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal el 30 de agosto de 2005, mediante proveído que no tenía recursos. Sea del caso anotar que la demanda en el caso sub examine fue presentada el día 27 de enero de 2006, por lo cual no se había cumplido el término de dos años de caducidad de la acción consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
12 Cabe recordar que la primera instancia absolvió adoptando la configuración del in dubio pro reo, en el sentido de que si bien en la absolución penal no se pudo concluir que la responsabilidad penal recayera sobre el actor, ello tampoco excluye que no hubiese cometido el hecho, porque el material probatorio no da respaldo a tal afirmación.
13 El proceso penal fue trasladado al plenario por solicitud de la parte actora que, además, allegó copia de las decisiones relevantes adoptadas. Con relación a la apreciación de las declaraciones allí rendidas, la jurisprudencia tiene dicho: “…la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —la Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración, según la interpretación más estricta que pueda hacerse de las formalidades establecidas en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, según las cuales la ratificación de las declaraciones juramentadas trasladadas sólo es necesaria ‘… cuando se hayan rendido en otro [proceso], sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior…’”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 11 de septiembre de 2013, exp. 20.601, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Con aclaración de voto de la ponente de esta decisión.
14 Folios 2 al 10 del cuaderno principal.
15 Folio 92 del cuaderno principal. Acta de suspensión a folio 93 y reanudación de la obra a folio 95. El acta de recibo de la obra se encuentra a folios 96 al 97 y se especifica que queda un saldo a favor del contratista por valor de $ 9.078.702,50. El acta de liquidación se halla a folio 98 y se firmó el 12 de septiembre del 2000.
16 Folio 18 del cuaderno principal. Autorización por parte del señor P. E. al señor T. R. para que reclamara la suma adeudada.
17 Folios 15 al 17 del cuaderno principal.
18 Folios 19 al 23 del cuaderno principal.
19 Folios 12 al 14 del cuaderno principal.
20 Folios 23 y 24 del cuaderno principal.
21 Folios 44 al 47 del cuaderno principal.
22 Comoquiera que se trata de un medio de prueba distinto al testimonio, ya que en este se requiere que su deponente declare bajo la gravedad de juramento, en los términos del inciso final del artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, la versión preliminar y la indagatoria se tienen en cuenta y son analizadas por su relevancia y en conjunto, a fin de crear convencimiento sobre los hechos acaecidos de los que trata este asunto. Sobre la valoración de las indagatorias, véase Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia P.I. 11001-03-15-000-2011-00125-00(PI), Demandado: Néstor Iván Moreno Rojas, C.P. Eduardo Gómez Aranguren. En igual sentido, Sentencia P.I. 110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960 (acumulados), Demandado: Eduardo Carlos Merlano, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En sentido contrario, sentencia de 4 de febrero de 2010, exp. 18109, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 22943, C.P. Hernán Andrade Rincón.
23 Folios 61 al 65 del cuaderno principal.
24 Folio 11 del cuaderno principal.
25 Folios 130 al 132 y 138 al 140 del cuaderno 2.
26 Folios 81 al 86 del cuaderno principal. Esta decisión fue confirmada por auto del 30 de agosto de 2005, proferido por la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal, folios 87 al 91 del cuaderno principal: “… indefectiblemente surge la duda, dado que no cuenta el proceso con una prueba que permita establecer certeramente que P. E. M. M., fue la persona que recibió el cheque correspondiente a la cuenta que había vendido a T. R. S. P., siendo ello así, lo procedente es precluir la investigación tal como lo hizo el a quo, dado aplicabilidad al principio del in dubio pro reo…”.
27 Folios 99 y 100 del cuaderno principal. Certificación expedida por la entidad.
28 Folio 282 del cuaderno principal.
29 Folio 283 del cuaderno principal.
30 Folio 284 del cuaderno principal.
31 Folios 285 al 286 del cuaderno principal.
32 Folio 203 del cuaderno 2. Solicitud elevada el 13 de septiembre de 2005.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, exp. 16075, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada por la Sección Tercera, Subsección B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 20322 y en sentencia del 30 de julio de 2015, rad. 08001233100020090017401 (37.457), con ponencia de quien sustancia este fallo.
34 [9] Lo cual no supone que su goce efectivo implique exclusivamente el freno a las acciones del Estado, en tanto en veces pueden tener una faceta positiva o de orden prestacional (C. Const., Sent. T-595/2002, M.P. Cepeda).
35 [10] “toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado”.
36 [11] “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él …”.
37 [12] “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
38 [13] De acuerdo con el Código Civil el domicilio es un atributo de la personalidad (C.C., art. 76) que consiste la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella, es entonces el lugar en el cual que escoge libremente una persona para los efectos de ejercer sus derechos y de cumplir sus obligaciones.
39 [14] Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
40 Tal es la afirmación del demandante en la denuncia.
41 Código Civil, artículo 1965. Responsabilidad del cedente. El que cede un crédito a título oneroso, se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión, esto es, de que verdaderamente le pertenecía en ese tiempo; pero no se hace responsable de la solvencia del deudor, si no se compromete expresamente a ello; ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino sólo de la presente, salvo que se comprenda expresamente la primera; ni se extenderá la responsabilidad sino hasta concurrencia del precio o emolumento que hubiere reportado de la cesión, a menos que expresamente se haya estipulado otra cosa.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 36.149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2015, rad. 08001233100020090017401 (37.457), con ponencia de quien sustancia este fallo.
44 Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, exp. 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, exp. 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
45 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

References: artículo 15
 artículo 129
 artículo 90
 artículo 136
 resolución 
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 12
 artículo 22
 artículo 16
 artículo 35
 artículo 90
 artículo 172
 artículo 177
 artículo 55
 artículo 172
 artículo 115
 artículo 136
 artículo 136
in dubio
 artículo 229
 artículo 175
in dubio
 artículo 1965