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Timestamp: 2019-02-21 07:21:20+00:00

Document:
15 de septiembre de 2016 (*)
19 Considerando que por servicios se ha de entender, con arreglo al artículo 60 [CE, actualmente artículo 57 TFUE], tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración; que esta característica no se da en las actividades que realiza el Estado, sin contrapartida económica, en el cumplimiento de su misión, principalmente en los ámbitos social, cultural, educativo y judicial [...]».
«(18) Los servicios de la sociedad de la información cubren una amplia variedad de actividades económicas que se desarrollan en línea; [...] Los servicios de la sociedad de la información no se limitan únicamente a servicios que dan lugar a la contratación en línea, sino [que] también, en la medida en que representan una actividad económica, son extensivos a servicios no remunerados por sus destinatarios, como aquéllos que consisten en ofrecer información en línea o comunicaciones comerciales, o los que ofrecen instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos. Los servicios de la sociedad de la información cubren también servicios consistentes en [facilitar un acceso a una red de comunicación].
3. El presente artículo no afectará la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los sistemas jurídicos de los Estados miembros, exijan al prestador de servicios [...] poner fin a una infracción o impedirla, ni a la posibilidad de que los Estados miembros establezcan procedimientos por los que se rija la retirada de datos o impida el acceso a ellos.»
a) [...] la Directiva [2000/31], en general, y [a] los artículos 12 a 15 de esta última en particular;
(2) Los prestadores de servicios en el sentido de los artículos 8 a 10 no están obligados a controlar la información que transmitan o almacenen ni a investigar circunstancias que remitan a una eventual actividad ilícita. Las obligaciones de retirada de información o de bloqueo de su uso impuestas por las leyes generales no se verán afectadas en caso de falta de responsabilidad del prestador de servicios con arreglo a los artículos 8 a 10. [...]»
2) Quien cometa la infracción con dolo o negligencia deberá indemnizar al perjudicado por los daños y perjuicios causados. [...]»
3) Si el requerimiento extrajudicial está justificado, [...] se podrá exigir el reembolso de los gastos necesarios. [...]»
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, primera parte de la frase, de la Directiva 2000/31, en relación con el artículo 2, letra a), de dicha Directiva y el artículo 1, punto 2, de la Directiva 98/34, en el sentido de que “normalmente a cambio de una remuneración” significa que el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar si:
2) ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, primera parte de la frase, de la Directiva 2000/31 en el sentido de que “facilitar acceso a una red de comunicaciones” significa que para que una facilitación de acceso sea conforme con la Directiva basta con que se produzca el resultado de facilitar acceso a una red de comunicaciones (por ejemplo, Internet)?
3) ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, primera parte de la frase, de la Directiva 2000/31, en relación con el artículo 2, letra b), de dicha Directiva, en el sentido de que para “suministrar”, a efectos del citado artículo 2, letra b), [de dicha Directiva], basta con que simplemente se ponga a disposición de forma efectiva el servicio de la sociedad de la información, es decir, en el presente caso, que se facilite una [red local inalámbrica] WLAN abierta, o es necesaria también, por ejemplo, una “promoción”?
4) ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, primera parte de la frase, de la Directiva 2000/31, en el sentido de que “no responsable de los datos transmitidos” significa que en principio, o, en cualquier caso, en relación con una primera infracción de derechos de autor constatada, están excluidas las eventuales acciones de cesación, indemnización, reembolso de gastos del requerimiento extrajudicial y costas judiciales que el afectado por una infracción de sus derechos de autor puede ejercitar contra el proveedor de acceso?
9) ¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, primera parte de la frase, de la Directiva 2000/31, teniendo en cuenta la actual protección de los derechos de propiedad intelectual como derechos fundamentales, que se derivan del derecho de propiedad (artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), y la normativa que se establece en las Directivas 2001/29 y 2004/48, y teniendo en cuenta la libertad de información y el derecho fundamental del ordenamiento jurídico de la Unión a la libertad de empresa (artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea), en el sentido de que no se opone a una resolución de un órgano jurisdiccional nacional [...] por la que se condena al proveedor de acceso, so pena de multa coercitiva, a abstenerse, en lo sucesivo, de permitir a terceros poner a disposición, a través de una conexión a Internet concreta, una determinada obra protegida por derechos de autor o partes de la misma, para su consulta electrónica en plataformas de intercambio de archivos en Internet (peer-to-peer), y se deja al proveedor de acceso la elección de las medidas técnicas concretas necesarias para cumplir ese requerimiento judicial?
41 No obstante, de lo anterior no puede deducirse que una prestación de naturaleza económica realizada con carácter gratuito no pueda constituir en ningún caso un «servicio de la sociedad de la información» en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2000/31. En efecto, la remuneración de un servicio efectuado por un prestador en el marco de su actividad económica no es necesariamente abonada por las personas que disfrutan de él (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Papasavvas, C‑291/13, EU:C:2014:2209, apartados 28 y 29).
42 Así sucede en particular cuando una prestación efectuada con carácter gratuito es llevada a cabo por un prestador con fines publicitarios respecto a los bienes vendidos o los servicios realizados por dicho prestador, puesto que el coste de dicha actividad queda integrado en el precio de venta de esos bienes o servicios (sentencia de 26 de abril de 1988, Bond van Adverteerders y otros, 352/85, EU:C:1988:196, apartado 16, y de 11 de abril de 2000, Deliège, C‑51/96 y C‑191/97, EU:C:2000:199, apartado 56).
50 En segundo lugar, ni de las demás disposiciones de la Directiva 2000/31 ni de los objetivos perseguidos por ella se desprende que la prestación de acceso a una red de comunicaciones deba satisfacer requisitos adicionales, como la existencia de una relación contractual entre el destinatario y el prestador de dicho servicio o que éste utilice medios publicitarios para promocionar dicha prestación.
82 Además, puesto que, por una parte, dicho requerimiento impone al proveedor de acceso una carga que puede afectar a su actividad económica, y, por otra parte, puede limitar la libertad de la que disponen los destinatarios de dicho servicio de disfrutar de un acceso a Internet, debe declararse que tal requerimiento vulnera el derecho a la libertad de empresa del primero, protegido por el artículo 16 de la Carta, y el derecho a la libertad de información de los segundos, cuya protección garantiza el artículo 11 de la Carta.
95 En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las medidas adoptadas por el destinatario de un requerimiento judicial, como el que es objeto del procedimiento principal, en ejecución de éste deben ser lo suficientemente eficaces para garantizar una protección efectiva del derecho fundamental de que se trata, es decir, que deben tener como efecto impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable, el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurren a los servicios del destinatario de dicho requerimiento de acceder a esas prestaciones puestas a su disposición en violación del mencionado derecho fundamental (sentencia de 27 de marzo de 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, apartado 62).

References: artículo 60
 artículo 57
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 12
 resolución 
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 11