Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15563
Timestamp: 2019-11-13 07:33:13+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2019-15563
Documento BOE-A-2019-15563
«BOE» núm. 261, de 30 de octubre de 2019, páginas 120366 a 120383 (18 págs.)
BOE-A-2019-15563
Mediante una certificación del acta de adjudicación de bienes inmuebles, expedida el día 21 de febrero de 2019, acompañada de mandamiento de cancelación de cargas, dictada en expediente administrativo de apremio, se recogía de enajenación mediante subasta de una finca, procediéndose a su adjudicación directa, tras haber quedado desierta la subasta en primera y segunda licitación, y se ordenaba la cancelación de cargas, consecuencia de la ejecución.
«Documento calificado
Amposta, a 29 de abril de 2019 (firma ilegible) Fdo. don Juan Antonio Tamarit Serrano.»
«El abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, AEAT), en ejercicio de las facultades y representación que legalmente tiene atribuidas, (…) por medio del presente escrito formula, dentro de plazo, de conformidad con los artículos 323 y concordantes de la Ley Hipotecaria, recurso gubernativo ante dicho Centro Directivo, frente a la calificación negativa del registro de la Propiedad de Amposta n.º 1, de 29 de abril de 2019, notificada a esta Administración el 8 de mayo de 2019, relativa a la certificación del acta de adjudicación directa de 27 de noviembre de 2018, que ha motivado los asientos número presentación 1481 y 1482 del Diario 59, con base en los siguientes
Primero. En Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT en Valencia, se ha tramitado procedimiento de enajenación de bienes, en virtud del expediente administrativo de apremio seguido contra Azuche Inmuebles SL, con NIF (…).
Localización: CL (…) Sant Carles de la Rápita, Tarragona
Descripción: Urbana: N.º 18. Plaza de aparcamiento señalada con el (…) del edificio sito en Sant Carles de la Rápita, con fachada (…). Superficie útil de 11,24 m2. Linda: (…)
Segundo. Previos los trámites reglamentarios, el 16 de abril de 2018 fue acordada la subasta del citado inmueble, señalándose para su celebración el 28 de junio de 2018.
Tercero. La subasta quedó desierta, iniciándose a continuación los trámites para su adjudicación directa, la cual se efectuó mediante acta de adjudicación directa n.º S2018R468600100704 de 16 de enero de 2019, a favor de R. V. B., con NIF (…), y R. V. J., con NIF. (…), por un importe de 3.300 €.
Cuarto. Presentada a despacho por el adjudicatario la citada documentación en el Registro de la Propiedad de Amposta n.º 1, el 8 de mayo de 2019 ha tenido entrada nota de calificación desfavorable expedida por el citado Registro con los siguientes defectos subsanables:
Primero. Exceso calificación registral con vulneración artículos 18 LH y 99 RH.
En consonancia, la calificación de la “congruencia de la resolución con la clase de expediente seguido“ implica examinar si el documento es coherente con el procedimiento elegido por la Administración Pública (es decir, si se ha adoptado una resolución propia del procedimiento de que se trate, y no una distinta) y si se han respetado los trámites esenciales del procedimiento, y, en particular, la audiencia del titular registral.
Igualmente, el registrador, a la luz del procedimiento elegido por la Administración Pública, debe analizar si se han dado los trámites esenciales del mismo. Esta calificación debe ponerse en inmediata relación con el art. 62.1 e) de la LRJPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de un procedimiento en el que la Administración Pública «ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Se requiere, pues, un doble requisito. A saber, ostensibilidad de la omisión del trámite esencial o del procedimiento y que ése trámite no se cualquiera, sino esencial. A tal fin, la ostensibilidad requiere que la ausencia de procedimiento o trámite sea manifiesta y palpable sin necesidad de una particular interpretación jurídica.
Pues bien, en el presente supuesto lo que hace el funcionario calificador es precisamente valorar si el procedimiento elegido es, o no, el que deberla haberse utilizado. Y, como ha quedado expuesto, tal posibilidad le está vetada, so capa de convertirle en juez.”.
4. Así pues, el registrador puede revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo, habida cuenta de los efectos que se derivan de la Inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que «Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa»), y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso-administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso- administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
Ante este similar supuesto, la Audiencia Provincial declaró que “es pues el Secretario o LAJ la autoridad competente para dictar el Decreto y para interpretar y aplicar las normas reguladoras de la subasta, del precio de remate y de la adjudicación, dictando el correspondiente Decreto, que el Registrador de la Propiedad calificará pero no puede revisar ni forzar su revisión”, añadiendo la «incompetencia del Registrador de la Propiedad para revisarla interpretación de las normas materiales y procesales de aplicación en el dictado de un Decreto de Adjudicación”, puesto que “la competencia para revisar la conformidad a Derecho del Decreto de Adjudicación presentado a inscripción corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales competentes para conocer de los recursos que contra dicho Decreto sean admisibles todo ello “incluso si compartiéramos la muy razonable interpretación (...) que hace la DGRN”.
5. Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que tras una subasta desierta ya no se pudiera acudir al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que el uso de este último suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Procedimiento que, además, y frente a lo que parece deducirse de la fundamentación del Registrador, no está derogado dado que, aún en la hipótesis de que no se pudiera acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, sí que resultaría factible dicha tramitación en los supuestos del artículo 107 del RGR y, en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) (“por razones de urgencia justificadas en el expediente”, o «en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente”).
Es decir, se elimina la adjudicación directa como procedimiento de enajenación porque, bajo el nuevo régimen, se maximiza la concurrencia y agilidad de las subastas, siendo el anterior un procedimiento inútil. Estos objetivos no son meras proclamas programáticas, sino que para ello se articula un régimen de subasta que ya no es presencial, con presentación y ordenación de ofertas electrónicamente, y durante un plazo de tiempo tan alargado –veinte días– que supone eliminar incluso el régimen de primera y segunda subasta. El espíritu y finalidad de la norma es claro: maximizar la concurrencia y evitar subastas desiertas, por lo que no es necesario que exista la adjudicación directa para ese supuesto.
El registrador de la Propiedad de Amposta número 1, don Juan Antonio Tamarit Serrano, emitió informe en defensa de la nota el día 11 de junio de 2019 y elevó el expediente a este Centro Directivo.
1. En el defecto apreciado en la nota de calificación, se plantea en este expediente si es inscribible en el Registro de la Propiedad una certificación de un acta de adjudicación directa acordada en procedimiento de apremio fiscal por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que concurren los siguientes antecedentes de hecho relevantes para su resolución:
– El bien adjudicado estaba valorado en 11.672,54 euros y fue adjudicado a don B. y don J. R. V. por 3.300 euros.
5. En primer lugar, y en relación con la afirmación de que la adjudicación directa se considera como un procedimiento de enajenación «equivalente a la subasta y al concurso», con apoyo en el hecho de su regulación en la Subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la Sección Segunda del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación, de cuya equivalencia se derivaría la inferencia de que la completa regulación de las modificaciones en los citados tres procedimientos de enajenación (y no sólo las normas de desarrollo de las subastas) entrarían en vigor conjuntamente el 1 de septiembre de 2018, pues no se compadece ni con el régimen transitorio de Derecho positivo incorporado en la referida disposición transitoria cuarta que sin ambigüedad ni anfibología alguna se refiere, no a la totalidad de los artículos comprendidos en la Subsección Quinta («enajenación de los bienes embargados») de la Sección Segunda («desarrollo del procedimiento de apremio») del Capítulo II del Título III del Reglamento General de Recaudación –artículos 97 al 107–, ni siquiera a todas las normas relativas a la subasta (licitadores, depósitos obligatorios, mesa de la subasta, subastas por empresas o profesionales especializados, etc.), sino exclusivamente a «las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado», siendo así que existe un precepto concreto de entre los reformados, el artículo 104 del Reglamento, que lleva por epígrafe precisamente el de «Desarrollo de la subasta», en el que se contiene la nueva regulación sobre la celebración de la subasta en forma electrónica a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, cuya entrada en vigor queda aplazada hasta el 1 de septiembre de 2018.
En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 11.672,54 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad de 3.300 euros, es decir el 28,27% de su valor de tasación. Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 107
 artículo 104