Source: http://parareflexionarypensar.blogspot.com/2012/07/
Timestamp: 2018-07-19 02:27:38+00:00

Document:
Para reflexionar: julio 2012
Prov. de Bs As: MONS. AGUER DENUNCIA PROTOCOLO ABORTISTA
En su reflexión televisiva semanal en el programa "Claves para un Mundo Mejor", Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Sociales, denunció que el Protocolo para "abortos no punibles" del Gobierno bonaerense "legaliza de hecho el aborto" en la Provincia.
Destacó el prelado platense que la decisión se funda en "el inicuo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 13 de marzo de este año", instancia en la que el más alto Tribunal, ignorando el derecho vigente y arrogándose atribuciones que no le competen, se permitió exhortar a la Nación y a las provincias a que adhirieran a su posición.
"Lo que ha ocurrido en la Provincia de Buenos Aires en estos días es gravísimo", afirmó. "El Estado se impone la obligación legal de realizar abortos en todos los establecimientos de su sistema de salud. Este Protocolo es inmoral, ilegítimo, ilegal e inconstitucional".
Señaló finalmente que en esta "decisión abortista del gobierno provincial se revela el costado oscuro, siniestro, de eso que se llama política de género".
"Hace algunos días el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ha publicado un protocolo para la atención integral de los abortos no punibles, que se promulgó por medio de la Resolución 3146 del mismo Ministerio".
"Con este acto se legaliza de hecho el aborto en la Provincia de Buenos Aires".
"El origen de esta medida está en el inicuo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 13 de marzo de este año, por el cual reinterpretó el artículo 86 del Código Penal y extendió la causal de violación como excusa para la despenalización del aborto a toda mujer que haya sufrido ese atentado y lo solicite"-
"En realidad, una resolución de la Corte tiene vigor respecto del caso particular que ha llegado hasta esa altísima jurisdicción; sin embargo la Corte se permitió exhortar a la Nación y a las provincias a que adhirieran a esa posición y de allí se siguen estos protocolos que se han aprobado ya en varias provincias".
"Pero en realidad la Corte no tiene derecho a inducir a semejante cosa y la Provincia de Buenos Aires no tenía por qué sentirse obligada a adoptar esa medida, digna de una severa reprobación".
"Por otra parte, hay que decir que medidas como ésta son inconstitucionales, porque la Constitución Nacional, reformada en 1994, ha incorporado a su texto tratados internacionales que proclaman el derecho a la vida de toda persona desde el instante de la concepción. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención de los Derechos del Niño. En este caso, cuando la Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño afirmó que, para nuestro país, se es niño desde la concepción hasta los 18 años. Estos tratados tienen jerarquía constitucional y están por encima de la legislación ordinaria y del mismo Código Penal".
"El Protocolo de la Provincia de Buenos Aires asume dos supuestos de legalización del aborto: el de peligro para la vida o la salud de la mujer gestante y el caso de violación"
"Respecto del peligro para la vida o la salud de la mujer se puede decir que hoy día, en el siglo XXI, la ciencia médica es tan eficaz en la atención del embarazo y del parto que prácticamente este supuesto no verifica en los hechos. Se puede asegurar la vida de la madre y del niño".
"Pero el Protocolo de la Provincia contiene una trampa, porque define la salud como el estado de bienestar total, completo, en el orden físico, psíquico y social. De tal manera que la mujer va a poder demandar el aborto porque, por ejemplo, la maternidad menoscaba su salud social. Vaya a saber uno qué se puede entender por salud social. ¿En qué queda el interés superior del niño, protegido por nuestra legislación? ".
"El otro supuesto, que es el de la violación, implica una discriminación injusta porque distingue negativamente, en cuanto al derecho a la vida, al niño que ha sido originado a través de ese atentado contra la mujer. Todos los otros niños tienen derecho a nacer, pero a él se le niega ese derecho".
"¿Por qué hay que cargar a la criatura con esta condena cuando, por otra parte, si el violador es condenado recibe una pena de prisión y luego saldrá libre? Al niño en cambio se le quita la vida. Además, para proceder al aborto basta la declaración de la mujer ante el médico que la tratará, sin otro requisito. Se pueden imaginar los casos de falsificación".
"Lo que ha ocurrido en la Provincia de Buenos Aires en estos días es gravísimo. El Estado se impone la obligación legal de realizar abortos en todos los establecimientos de su sistema de salud. Este Protocolo es inmoral, ilegítimo, ilegal e inconstitucional".
"Me llamó la atención que la foto del acto de la presentación muestra, en la pared, detrás de los funcionarios, un cartel que dice: "Área de Políticas de Género". En esta decisión abortista del gobierno provincial se revela el costado oscuro, siniestro, de eso que se llama política de género. En virtud de esa política se ha legalizado el aborto en la Provincia de Buenos Aires".
Prov. de Bs As: UN PROTOCOLO INMORAL E INCONSTITUCIONAL
El "Protocolo de Atención Integral de los Abortos No Punibles" dispuesto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires equivale, en la práctica, a aborto irrestricto en el distrito más poblado del país. El Ministerio de Salud provincial pervierte a la Medicina puesta ahora, en el ámbito público, al servicio de la exterminación del semejante inocente e indefenso.
No existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún supuesto válido de "aborto no punible"; se encuentra en cambio consagrado, de modo absoluto e intangible, el derecho a la vida de todo niño desde su concepción; y, ello, con jerarquía constitucional. De allí que el malhadado pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del pasado 13 de marzo, no puede ser tenido como una derivación razonada del derecho vigente, ni considerado el fundamento de ninguna disposición legal en el ordenamiento jurídico argentino.
A continuación el análisis jurídico de la Resolución que crea el "Protocolo de Atención Integral de los Abortos No Punibles":
Por Resolución del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires N° 3146/12, el gobierno de esa Provincia dispuso la aprobación de un "Protocolo de Atención Integral de los Abortos No Punibles", de aplicación en todo el territorio de la Provincia en los supuestos de "peligro para la vida o para la salud de la mujer", así como todos los casos en los que el embarazo sea producto de violación. Como veremos a continuación, dicha medida resulta abiertamente inconstitucional e ilegal y significa, en los hechos, una plataforma para la realización irrestricta de abortos "a requerimiento" en la provincia más poblada del país.
La medida descansa sobre tres falsas premisas: a) La supuesta vigencia de los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal, dispositivos que sostenemos son originariamente nulos e inconstitucionales y que, de todas maneras, se encuentran derogados desde la suscripción y ratificación del Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño; b) La aplicación erga omnes de las consideraciones del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "F.A.L s/ medida autosatisfactiva"; y, c) Que el sistema de salud pública tendría "la obligación legal de practicar la intervención a requerimiento y siempre que exista consentimiento informado de la mujer".
"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general desde la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
"la República Argentina declara...que se entiende por por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad".
Con ello, al significar el concepto de niño aquél alrededor del cual toda la Convención es vertebrada, la República Argentina quedó internacional e internamente obligada a reconocer todos y cada uno de los derechos que el instrumento internacional consagra, a favor de todos y a cada uno de los niños que habitan su territorio desde el momento de la concepción. Por lo tanto, a partir de ese instante "Todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida" (artículo 6.1), sin que quepa la más mínima posibilidad de que el principio sea atenuado o modulado por vía de interpretación, pues los términos de la norma son suficientemente categóricos. Va de suyo, no resulta admisible sostener al mismo tiempo como proposiciones igualmente verdaderas a) que todo niño (incluidos los por nacer) poseen derecho intrínseco a la vida y b) que algunos niños (los por nacer amenazados por las hipótesis de abortos no punibles) carecen de ese mismo derecho.
Correlativamente, la República Argentina quedó igualmente obligada a garantizar, también desde el instante de la concepción, "en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño" (artículo 6.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño".
"A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley..."
"...Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros".[1]
Confrontando también ese última disposición con los supuestos comprendidos en las vetustas hipótesis de "abortos no punibles" que contenía el Código Penal de 1921, forzoso es concluir que los pretendidos "derechos" o "intereses legítimos" que pudieran haber prevalecido antaño, deben hoy ceder frente al interés superior de los niños por nacer, que siempre ha de ser vivir.
No existe, pues, en nuestro ordenamiento jurídico ningún supuesto válido de "aborto no punible", verificándose, en cambio, y de manera terminante, absoluta e intangible, que se encuentra consagrado el derecho a la vida de todo niño desde su concepción; y, ello, con jerarquía constitucional.
Incluso desde la perspectiva de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el protocolo en cuestión vulnera directamente los preceptos del artículo 12, inciso 1°, conforme al cual se reconoce que todas las personas en la Provincia gozan del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y del artículo 36, inciso 2°, conforme al cual "Todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y a la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos".
Forzoso es concluir, entonces, en la completa inconstitucionalidad e ilegalidad del "Protocolo de Atención Integral de los Abortos No Punibles" aprobado en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por la Resolución Ministerial N° 3146/12.
En el protocolo que comentamos se enuncia que en los casos previamente mencionados, la interrupción del embarazo "no requiere autorización judicial", estableciéndose que "El Hospital y el/la médico/a tratante tienen la obligación legal de practicar la intervención a requerimiento y siempre que exista el consentimiento informado de la mujer".
El instrumento analizado dice también que todo personal "de los efectores de la salud afectados a temáticas de salud sexual y reproductiva y atención de la violencia sexual" debe conocer las instancias "para la atención y contención y/o eventual derivación a hospital de referencia para la solicitud (o práctica) de aborto no punible", disponiéndose que se debe "actuar con celeridad para que haya menor dilación posible en la evaluación del caso y si lo amerita la interrupción del embarazo". A continuación de lo cual se enuncia el deber de las direcciones de los hospitales en orden a arbitrar los medios necesarios para dar una respuesta expeditiva a la mujer que solicite un aborto por sí o por sus representantes, así como la "responsabilidad de brindar la atención y práctica solicitada".
Al respecto cabe señalar que aunque las trasnochadas y derogadas normas de los incisos 1° y 2° del Código Penal de 1921 hayan contemplado la impunidad del aborto practicado por un médico diplomado en los casos allí previstos, ello no quiere decir, ni determina, que esto pueda ser considerado un acto conforme con la medicina, ni que realizarlo sea responsabilidad u obligación legal de los facultativos. La práctica del aborto de ninguna manera puede ser considerada un "acto médico", ni propio del arte de curar, sino precisamente- todo lo contrario, pues la responsabilidad profesional del médico y de los demás profesionales de la salud, es siempre salvar vidas humanas, y de ninguna manera eliminarlas. Con particular referencia a la obligación de cuidado y protección que debe el médico a las personas por nacer, cabe recordar que el antiguo juramento hipocrático prescribía:
"...No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y santidad, mantendré mi vida y mi arte" [2]
Conservando el mismo sentido, modernamente, los egresados de las facultades de Medicina pronuncian el juramento hipocrático de acuerdo con la conocida "fórmula de Ginebra", acuñada por la Asociación Médica Mundial con sede en esa ciudad, que dice:
Que el derecho a la "objeción de conciencia" implica no ser obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas del individuo (Art.14, 19 y concordantes de la Constitución Nacional). [4]
Si como dice la Academia Nacional de Medicina la vida humana comienza con la fecundación, y terminar deliberadamente con una vida humana incipiente es inaceptable, pues representa un acto que va contra la única misión del médico ("proteger y promover la vida humana, nunca destruirla"), se concluye sin esfuerzo en que no resulta compatible la práctica del aborto con el arte de curar y los principios básicos de la ciencia y la práctica médicas que obligan y vinculan a todos los profesionales del país.
De allí que no sea legítimo que, nada menos que desde el Ministerio de Salud provincial, se postule convertir a los médicos en carniceros victimarios de seres humanos inocentes, no siendo en absoluto suficiente que en el instrumento se mencione el paliativo de la salvaguarda parcial de la objeción de conciencia, subordinada además- a su exteriorización previa ("a partir de la entrada en vigor del presente protocolo o al momento de iniciar sus actividades en el establecimiento de salud") y a la inclusión en un registro que, sin dudas, habrá de funcionar como una verdadera "lista negra".
Como hemos dicho, los supuestos abarcados por la medida alcanzan los casos de "peligro para la vida o para la salud de la mujer", así como todos los supuestos en los que el embarazo sea producto de violación, indicándose que en el primer grupo de casos, deberá constatarse la existencia del peligro de acuerdo con los conocimientos científicos de la medicina y los "estándares vigentes", recogiendo el criterio de que "la salud debe ser entendida como el 'completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones'. En los casos de violación, se dispone que "el/la médico/a tratante deberá solicitar declaración jurada de la mujer o su representante legal que se incluirá en la historia clínica no siendo necesario ningún otro requisito para realizar la práctica".
Complementariamente, se insiste en que "la práctica no debe ser judicializada en ningún caso" y que "cuando el embarazo sea producto de una violación a menor de 18 años el/la Director/a o quien éste/ésta designe al efecto deberá realizar la notificación pertinente ante el Servicio Local o Zonal de Protección de Derechos del Niño a fin de restituir derechos amenazados o vulnerados".
Además, para los casos en los que se tratare "de una beneficiaria menor de 13 años se deberá cumplir con la obligación de funcionario público notificándose a la UFI correspondiente la situación, sin que ello obstaculice el acceso a la práctica solicitada por su representante legal, consentida por la menor".
En relación a los casos en los que "el embarazo sea producto de un atentado al pudor de una mujer con discapacidad mental", el instrumento prescribe que deberá requerirse a) Declaración jurada de su representante legal, que deberá acreditar dicho carácter; b) Declaración de insania con firma certificada o dictamen médico de equipo interdisciplinario de salud mental.
En este sentido, resulta de interés recordar que en la Declaración de 1994 ya citada, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, luego de señalar que la vida humana comienza con la fecundación y reafirmar que terminar deliberadamente con una vida humana incipiente es inaceptable, pues representa un acto que va contra la única misión del médico ("proteger y promover la vida humana, nunca destruirla"), expresó que:
"3. Ante patologías de la madre o del feto que surjan durante el embarazo, la medicina moderna, utilizando la tecnología disponible en reproducción humana, cuenta con los medios para conservar la vida materna, el fruto de la concepción y combatir consecuentemente la mortalidad perinatal [7]
"...Basada en estos principios, y la situación actual de desarrollo de las Ciencias Médicas, especialmente en las ramas de la GinecoObstetricia, la Perinatología y la Neonatología, la Asociación Médica Nicaragüense Declara: Que no existe una situación, en la práctica médica actual, donde la vida humana, desde el momento de la concepción, deba ser intencionalmente destruida por medio del aborto con el propósito de salvar a la madre. Un médico debe hacer todo lo posible para salvar la vida de ambos pacientes, madre e hijo. Jamás debe intentar la muerte de alguno de ellos. Por tanto: No existe indicación alguna para determinar que un aborto sea terapéutico. Terapéutico significa que cura o intenta curar, en tanto el aborto no cura ninguna patología, y siempre produce la muerte de uno de los integrantes del binomio madrehijo, como es el niño concebido en el vientre materno..."[8].
"7. Cuando un ginecólogo no sepa qué hacer ante un problema de una embarazada, lo que sí debe saber con toda seguridad es qué NO hacer: matar directamente a su hijo12. El término aborto "terapéutico" es contradictorio, pues "terapia" significa curar, que es opuesto a matar. No se puede suprimir directamente al niño para salvar la vida de la madre: el médico nunca mata" [9]
Por otro lado, y atendiendo exclusivamente a la salud de la mujer, es sabido que el aborto legal conlleva los peligros de toda intervención quirúrgica, y que el riesgo de contraer cáncer de mama usualmente se duplica después de un aborto, incrementándose sucesivamente con la repetición de esta práctica. También que aumenta el peligro de que la mujer padezca de otras patologías como cáncer de ovario, hígado y/o de cuello uterino, perforación de útero, desgarros en el cuello del útero, placenta previa en ulteriores embarazos, endometritis y otras complicaciones inmediatas como infecciones, hemorragias, embolias, convulsiones, dolor abdominal crónico, problemas gastrointestinales. En el orden psicológico, una de las secuelas más frecuentes del aborto es lo que se denomina "síndrome post aborto", derivado del conflicto que provoca en la mujer el sentimiento maternal frente al papel de partícipe de la muerte de su hijo. Las alteraciones de conducta más frecuentes son el aumento del consumo de alcohol, ideación suicida, trastornos sexuales, llanto frecuente y depresiones [10].
Habida cuenta de ello, parece claro que de ordinario- existe más peligro para la vida o salud de la madre como consecuencia de un aborto provocado que como consecuencia de su embarazo, resultando evidente también que como se ha anticipado- resulta falso el supuesto fáctico sobre el que reposa la norma analizada.
En este sentido, además de lo señalado con relación a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061, continentes de disposiciones que salvaguardan claramente los derechos de los niños por nacer, vale la pena que nos detengamos en el texto de la Ley Provincial N° 13.298, pues este dispositivo denominado "Ley de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños", expresamente determina en su artículo 2°:
d) La pretendida "no judicialización" de los supuestos abarcados por el Protocolo, significa lisa y llanamente la privación, para las personas por nacer, del acceso a la justicia para la defensa de su inalienable derecho a la vida, lo cual es inaceptable, por contravenir directamente las disposiciones del artículo 18 de la Constitución Nacional, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que en su párrafo primero, resulta por demás categórico al establecer que
Asimismo, la pretendida "no judicialización" de los supuestos de aborto contemplados en el Protocolo, significa también la directa violación de las normas del Código Civil que establecen que las personas por nacer deben ser representadas en "todos los actos de la vida civil, que no fueren exceptuados en este Código" (artículo 62) por sus padres y a falta o incapacidad de éstos por los tutores que se les nombre y que cuando los intereses de dichos incapaces, en cualquier acto judicial o extrajudicial, estuvieren en oposición con los de sus representantes, dejarán éstos de intervenir en tales actos, haciéndolo en lugar de ellos, curadores especiales para el caso de que se tratare (artículos 57, inciso 1° y 61).
Va de suyo, la representación de las personas por nacer incluye, necesariamente, la posibilidad de defensa en juicio de su derecho a existir, lo que implica "judicializar" las situaciones en las que dicho derecho pudiera ser conculcado. Del mismo modo, al establecerse la representación promiscua de los incapaces por parte del Ministerio de Menores "en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación" (artículo 59), resulta claro que también esos funcionarios están obligados por la ley vigente (que no puede dejar de lado el Protocolo) a promover, llegado el caso, las acciones judiciales necesarias para la salvaguarda del derecho a la vida de sus asistidos por nacer, lo que nos lleva nuevamente a la necesidad ex lege de la "judicialización" arbitrariamente excluida por el ilegal Protocolo que comentamos.
Por fin, la pretensión de "no judicalización" conlleva la violación de los incisos a), b), c), e) y f) del artículo 54 de la Ley N° 24.946, que, como recuerda Anzoátegui, establecen con toda claridad el deber de los Defensores de Menores de intervenir en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte o pueda afectar a un niño, y entablar en defensa de éstos todas las acciones y recursos pertinentes; de requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona del menor de edad; de requerir a los jueces que adopten medidas tendientes a mejorar la situación de los niños maltratados o desatendidos por sus padres; y de pedir a la misma autoridad judicial las medidas necesarias para proteger en forma integral a los niños expuestos a riesgos inminentes y graves para su salud física y moral[11].
Queda a la vista, entonces, también esta pretensión "desjudicializadora" colisiona directamente con diversas normas del ordenamiento jurídico argentino vigente, ostensiblemente superiores en rango y calidad al Protocolo del que nos ocupamos y que, de una manera innoble, propicia, en los hechos, la abrogación de la garantía de acceso a la justicia y defensa en juicio de los niños por nacer y las leyes que, como hemos visto, regulan claramente el ejercicio de ese derecho en su favor.
No es ocioso recordar, en este sentido que la propia Corte en el fallo "F., A.l s/ medida autosatisfactiva" mencionó la posibilidad de los casos "prefabricados" y que estos mismos ya han comenzado a tener lugar tras ese pronunciamiento (vid. Notivida, Año XII, Nº 835, 13 de junio de 2012).
La categoría de "aborto no punible" repugna a la garantía de igualdad consagrada por el texto expreso del artículo 16 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional, según se ha visto. Además de ello, y en tanto importa la imposición de sumisiones o supremacías por las que la vida de los argentinos concebidos y por nacer quedan a merced de las personas de sus madres (o sus representantes, en caso de incapacidad) y los médicos diplomados que llevaren a cabo las prácticas abortivas en los supuestos de los dos incisos de la segunda parte del artículo 86 del Código Penal, la regulación normativa de esa deslucida categoría conlleva la sanción de nulidad y la responsabilidad y pena de los traidores a la Patria para quienes formulen, consientan o firmen actos por los que establezcan esas supremacías o sumisiones. Ello determina que, aún en la imposibilidad de juzgar a los integrantes del Congreso de la Nación que sancionara la Ley Nº 11.179, subsista la nulidad de dichos preceptos (que es absoluta e insanable), haciendo nacer responsabilidad personal e incursión en las penas mencionadas a cualesquier miembro del Congreso, Legislaturas provinciales o Gobernador de Provincia, que so pretexto de "reglamentar" los preceptos que reputamos nulos establecieran o dieran cauce a esas sumisiones o supremacías por la vía de "protocolos" o "guías de actuación médica".
Además de fundarse en una norma inconstitucional y derogada, la pretendida reglamentación de procedimientos para la realización de los llamados "abortos no punibles", ha sido pergeñada con invocación de defensa de supuestos derechos de la mujer gestante, pero desconociendo olímpicamente los de las personas por nacer expresamente consagrados por normas contenidas en tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la República Argentina que, en las condiciones de su vigencia, hoy gozan de jerarquía constitucional, que, inequívocamente, consagran de manera irrestricta la inviolabilidad de la vida humana inocente desde el momento de la concepción.
Y esto nos lleva a considerar, como necesaria consecuencias de esa índole de "reglamentaciones", que si con ellas el Estado (nacional, provincial o municipal) se desentiende del cumplimiento de aquellos deberes solemnemente asumidos en dichos instrumentos, resulta evidente que incurre en responsabilidad internacional y es pasible de ser demandado y aún condenado en esa sede [12].
En otro cuadrante, no podemos menos que hacer presente que no resulta admisible que el Estado, que en sus distintos niveles, funciones y poderes, debe ser el gestor del Bien Común y que debe servir a todos y cada uno de sus habitantes, elabore, diseñe y ponga en práctica procedimientos ordenados a provocar, aleve, sistemática e intencionadamente, la muerte de una parte sustancial de su población. No nos cansaremos de afirmarlo: tales "protocolos de actuación" constituyen una macabra plataforma sobre la cual pretende instalarse y asentarse en nuestro país la llamada "cultura de la muerte"; y ello no puede, ni debe ser admitido en un Estado de Derecho que se precie de tal y que vele, efectivamente, por el bienestar de todos sus habitantes, incluidos aquéllos seres humanos que, concebidos, están por nacer.
Con lo hasta aquí expuesto, entendemos que queda demostrado la ilegitimidad e inconstitucionalidad de las disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires con el invocado propósito de regular hipótesis de "abortos no punibles", pues, aunque el Protocolo que analizamos pueda amañarse con los términos del ilegal e inconstitucional pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en la causa "F., A.l s/ medida autosatisfactiva" (que carece de fuerza vinculante fuera del caso decidido), salta a la vista que el mismo se encuentra en ostensible contradicción con las normas de la Constitución Nacional, y de los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional y demás disposiciones de carácter nacional que hemos citado en salvaguarda de los derechos de las personas por nacer desde el instante de la concepción, vulnerando, además, los preceptos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la Ley Provincial N° 13.298 que, según hemos visto, también protegen a los niños desde ese instante primigenio.
2 vid. Hipócrates, "Juramento", en "Obras", Edit. Gredos S.A.  Edit. Planeta DeAgostini S.A., Barcelona 1995, página 11. El juramento continuaba con imprecaciones que indican claramente que se consideraba a este crimen como uno de los más graves que podían ser cometidos por un médico.
3 Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, declaración aprobada en Plenario Académico el 28 de julio de 1994, publicada como solicitada en los diarios "La Nación" y "Clarín" el 4 de agosto de 1994.
5 Iglesias, M "Aborto, Eutanasia y Fecundación Artificial", Dux Ediciones y Publicaciones, Barcelona, 1954, p. 96.
6 Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, declaración aprobada en Plenario Académico el 28 de julio de 1994, publicada como solicitada en los diarios "La Nación" y "Clarín" el 4 de agosto de 1994.
www.vidahumana.org/vidafam/vida/declaranica.html
9 Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FESGO), conclusiones del taller "Prevención del Aborto", realizado el 17 de abril de 2008.
10 Elliot Institute, PO Box 7348, Springfield, IL 62791 "A List of Major Physical Sequelae Related to Abortion", puede consultarse en el sitio web
11 Anzoátegui, Javier "El derecho de defensa en juicio de los menores de edad aún no nacidos."
12 Cfr. Gattinoni de Mujía, María "La responsabilidad internacional del Estado Argentino en la tutela efectiva de la vida. Un análisis de su control jurisdiccional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos", en Organización de los Estados Americanos, Jornadas de Derecho Internacional 2006, Secretaría General OEA, Washington DC, 2007.
Prov. de Bs As: MONS. AGUER DENUNCIA PROTOCOLO ABO...
Prov. de Bs As: UN PROTOCOLO INMORAL E INCONSTITUC...

References: Resolución 
 artículo 86
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 12
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 54
 artículo 16
 artículo 86