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Timestamp: 2019-12-16 05:29:33+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 255/11 de Corte Constitucional, 6 de Abril de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 283534291
Decreto legislativo 128 de 2011, por el cual se adoptan medidas especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria para los damnificados o afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011. Revisión de constitucionalidad. Como quiera que el fundamento jurídico de la norma que se revisa es el decreto 020 de 2011, por el cual se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional , que fue declarado inexequible por la corte constitucional en la sentencia c-216/11, se configura el fenómeno jurídico denominado inexequibilidad por consecuencia, por la desaparición de la norma que daba soporte al desarrollo del decreto analizado. Inexequible.
C-255-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-255/11
Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 128 de 2011 por el cual se adoptan medidas especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria para los damnificados o afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011.
en el proceso de revisión constitucional del Decreto Legislativo 128 de 2011, por el cual se adoptan medidas especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria para los damnificados o afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011.
En cumplimiento de lo previsto en el parágrafo del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el día 21 de enero de 2011, el Presidente de la República, remitió a esta Corporación copia del Decreto Legislativo N°128 de 2011 por el cual se adoptan medidas especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria para los damnificados o afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011, expedido el 20 de enero de 2011, para efectos de su revisión constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 7° de la Carta Fundamental.
Avocado el conocimiento por este Despacho, se ordenó mediante auto de treinta y uno (31) de enero de dos mil once (2011) oficiar al S. General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a fin de que dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir del recibo de la comunicación, se sirva presentar los argumentos que, según la motivación del decreto, justifican la medida decretada a la luz de los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, motivación de incompatibilidad, no discriminación y demás requisitos que señalan los artículos 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 46 y 47 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción, Ley 137 de 1994.
En el mismo auto también se ofició al Ministro de Hacienda y Crédito Público para que en el término de tres (3) días, contados a partir del recibo de la comunicación, (i) sustentara su posición respecto de la compatibilidad del decreto con la Constitución y la Ley 137 de 1994; (ii) identificara el número estimado de beneficiarios de las medidas previstas; (iii) determinara cuáles son las zonas francas afectadas y cuál es la cifra estimada de las pérdidas sufridas; (iv) indicara cuáles son los nuevos plazos previstos para la presentación de declaraciones y para el pago de los impuestos de renta y patrimonio de los beneficiarios de las medidas; (v) señalara los beneficios o medidas en materia tributaria, aduanera y cambiara concebidos para pequeños propietarios, arrendatarios y aparceros afectados por el fenómeno de La Niña; (vi) indicara si las medidas adoptadas generan una reducción de los ingresos fiscales del Estado, cuál es la cuantía estimada, y qué medidas se van a tomar para contrarrestar los efectos de las mismas; y (vii) indicara en cuánto tiempo se ampliará el plazo para el cumplimiento de la demostración de inversión y generación de empleo y demás condiciones del Plan Maestro de Inversión que beneficia al usuario operador de zona franca damnificada o afectada por el fenómeno de La Niña, especificando qué se entiende por demás condiciones del Plan Maestro de Inversión.
Por último, se ordenó que una vez vencido el término anterior el proceso fuese fijado en lista de la Secretaría General por el término de cinco (5) días, con el fin de permitir a los ciudadanos defender o impugnar el Decreto referido en los términos del artículo 37 del Decreto 2067 de 1991.
El siguiente es el texto del Decreto No 128 del 20 de enero de 2011, tal como aparece publicado en el Diario Oficial N° 47.958
Que según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam, en varias regiones del país se mantienen las alertas debido a los efectos del Fenómeno de La Niña relacionadas con deslizamientos de tierra, inundaciones y crecientes súbitas. A nivel de inundaciones se mantienen anegados los municipios de Campo de la Cruz, Manatí, Santa Lucía y S. en el Atlántico, debido al rompimiento del Canal del Dique. Igualmente persisten los niveles altos en la parte media y baja de la Cuenca del río M., desde Barrancabermeja hasta la desembocadura en el mar Caribe; en las cuencas media y baja del río Cauca y su confluencia con el río M., en especial las zonas ribereñas bajas en la Depresión Momposina Sucreña y la Cuenca del río Catatumbo en Norte de Santander, en donde se reportan niveles muy altos y superiores a las cotas de inundación y rupturas de los jarillones en varios sectores que generan inundaciones lentas afectando a los pobladores y zonas cultivables.
ARTÍCULO 5o. PLAZOS ESPECIALES PARA LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE DECLARACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Los damnificados o afectados por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, responsables y agentes de retención de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y A.N., podrán presentar las declaraciones del impuesto sobre las ventas del sexto bimestre de 2010 y primer bimestre de 2011 y de retención en la fuente de los periodos diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, hasta el día 2 de mayo de 2011, independientemente del último dígito del NIT. En consecuencia, en estos casos no aplicarán los plazos señalados en los Decretos 4929 de 2009 y 4836 de 2010.
La Dirección de Impuestos y A.N. efectuará el control sobre estas declaraciones, realizando las verificaciones de rigor, entre otros, sobre los registros oficiales de damnificados elaborados por el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 6o. FACULTADES PARA MODIFICAR PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LAS DECLARACIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL PATRIMONIO Y PARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. El Gobierno Nacional podrá modificar los plazos fijados para la presentación de las declaraciones y para el pago de los impuestos de renta y patrimonio administrados por la Dirección de Impuestos y A.N., respecto de los contribuyentes beneficiarios de que trata el artículo 1o de este decreto.
El Gobierno Nacional y la Dirección de Impuestos y A.N., según el caso, podrán ampliar los plazos para el envío de información por parte de los damnificados obligados a enviarla.
ARTÍCULO 7o. FACILIDADES PARA EL PAGO. El Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas o los Directores Seccionales de Impuestos o de Impuestos y A., podrán mediante resolución conceder a los beneficiarios de que trata el artículo 1o de este decreto, facilidades para el pago del impuesto sobre la renta y complementarios de periodos gravables 2010 y anteriores, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar en relación con el mismo impuesto bajo las siguientes condiciones:
En seis (6) cuotas iguales.
Para el efecto, el contribuyente deberá solicitar por escrito ante el Subdirector de Gestión de Recaudo y Cobranzas o los Directores Seccionales de Impuestos o de Impuestos y A. la facilidad de pago, señalando en forma expresa el plazo solicitado que en todo caso no podrá ser superior al 31 de diciembre de 2011 e indicando los períodos objeto de la solicitud.
La habilitación provisional hasta el día 30 de junio de 2011 de instalaciones o áreas geográficas para el desarrollo de las actividades aduaneras. En todo caso los usuarios aduaneros y usuarios de zonas francas deberán garantizar el ejercicio sin restricciones de la potestad aduanera, así como la seguridad y control de las mercancías bajo control aduanero.
La ampliación del plazo hasta por el término de tres (3) meses adicionales del establecido en el artículo 115 del Decreto 2685 de 1999 o en las normas que lo modifiquen o adicionen, para las mercancías que se encuentren en término de almacenamiento en la fecha de entrada en vigencia del presente decreto.
Respecto de las mercancías que hayan sido afectadas por la ola invernal y que puedan ser reutilizadas, la autorización para su venta por los Usuarios de Z.F., en cuyo caso se pagarán tributos aduaneros atendiendo el estado en que se encuentren al momento de presentar la correspondiente declaración de importación. Esta autorización solamente se podrá otorgar hasta el día 30 de junio de 2011.
La ampliación hasta el 31 de diciembre de 2011 de la vigencia de las inscripciones, habilitaciones, calificaciones o declaratoria de Zonas Francas, cuyo vencimiento se produzca hasta el 30 de junio de 2011.
La ampliación hasta el día 31 de diciembre de 2011 de los plazos para el suministro o entrega de información aduanera y cambiaria que deba ser presentada ante la Dirección de Impuestos y A.N..
PARÁGRAFO 1o. En todos los casos para hacer uso de las condiciones previstas en este artículo deberá informarse a la Dirección de Impuestos y A.N. que se cumplen los requisitos señalados en el artículo 1o del presente decreto, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que deberá realizar la autoridad aduanera.
ARTÍCULO 9o. AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DEMOSTRACIÓN DE INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO. El usuario operador de Z.F. damnificada o afectada por el Fenómeno de La Niña 2010-2011, podrá solicitar ante la Dirección de Impuestos y A.N. a más tardar el 30 de junio de 2011, la ampliación o modificación de los plazos concedidos para acreditar el cumplimiento de los compromisos de inversión y generación de empleo, así como las demás condiciones del Plan Maestro de Inversión.
Informe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República[1]
Por medio de oficio recibido en la Corte Constitucional el 04 de febrero de 2011, en representación del S. General del Departamento Administrativo la Presidencia de la República intervino la Secretaria Jurídica para solicitar a esta Corporación la declaración de exequibilidad del Decreto 128 de 2011. Sus argumentos se resumen a continuación:
1.2.2. Las medidas adoptadas en el Decreto 128 de 2011 cumplen con el requisito de necesidad porque son indispensables para enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia, y las atribuciones ordinarias del Ejecutivo no permiten alcanzar los fines que se propone la medida excepcional, por cuento en el Decreto 4825 de 2010 se adoptaron medidas tributarias encaminadas a la generación de los recursos requeridos para mitigar los gravísimos efectos de la ola invernal, creándose el nuevo impuesto al patrimonio y una sobretasa al impuesto al patrimonio preexistente al fenómeno de La Niña 2010-2011 que ya se había establecido en la Ley 1370 de 2009.[2]
Respecto de los beneficios de tipo tributario señala que los lugares y plazos para presentar las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente ya habían sido fijados de manera general por el Decreto 4836 del 30 de diciembre de 2010, de manera que resulta imperiosa la necesidad de establecer plazos especiales para la presentación y pago de declaraciones de retención en la fuente y del impuesto sobre las ventas para los damnificados, considerando que previamente al cumplimiento de esas obligaciones tenían que reconstruir sus contabilidades y la documentación que la conforma y soporta, así como la consecución de los recursos dinerarios destinados a la satisfacción de sus obligaciones tributarias.
En relación con los beneficios de tipo aduanero y cambiario, afirma que a la fecha, la Dirección de impuestos y A.N. ha recibido reporte como Z.F. Afectada por el fenómeno de La Niña, la denominada Z.F. del Pacífico S.A. ubicada en la Carretera Yumbo-Aeropuerto Km 6 en el municipio de Palmira en el V. delC., la cual cuenta con 28 usuarios con un monto patrimonial aproximado de treinta y un mil quinientos dos millones de pesos ($31.502.000.000), dedicados principalmente a los sectores de industria manufacturera, farmacéutica, energía, fertilización, agroquímicos, industria de alimentos y operaciones logísticas.
La cifra estimada de pérdidas hasta la fecha, de conformidad con la información suministrada por el Usuario Operador de la misma, es de ciento treinta millones de dólares (USD$ 130.000.000).
1.2.4. Posteriormente, hizo una relación detallada de los artículos que conforman el Decreto 128 de 2011, para concluir que tales medidas permiten el restablecimiento económico de la población damnificada.
1.2.4.1. Sobre la procedencia de decretar beneficios tributarios dirigidos a las personas afectadas por la situación que originó la declaratoria de emergencia, como lo prevé el Artículo 1, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado y ha considerado su exequibilidad, en las sentencias C-876 de 2002[3] y C-172 de 2009[4]. Señala además que este artículo resulta ajustado a la Carta porque determina claramente como beneficiarios de las disposiciones tributarias adoptadas, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto al patrimonio, los usuarios aduaneros y usuarios de zonas francas, damnificados por el fenómeno de La Niña 2010-2011, que se encuentran en los registros oficiales elaborados por el Gobierno Nacional.
Respecto de las fórmulas adoptadas en un decreto de desarrollo del estado de emergencia, la Corte, en la sentencia C-172 de 2009[5], para efectos de declarar su exequibilidad, ha sostenido que las mismas deben cumplir efectivamente la finalidad de conjurar la crisis que originó el estado de emergencia e impedir la extensión de sus efectos.
1.2.4.3. Argumenta, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, que el Gobierno mediante los artículos 5, 6, 7 y 9 del Decreto 128 de 2011, en desarrollo del deber de solidaridad, estableció plazos para la declaración y el pago de impuestos que a su cargo tuvieren las personas afectadas por la ola invernal, objeto de la norma, que se encuentran en el sentido expuesto por la Corte en la sentencia T-448 de 2010.[6]
Finalmente, aduce que el artículo 8 del decreto bajo análisis, contiene una medida de menor alcance que la exclusión de derechos de aduana, dirigida a la reactivación económica de las personas y zonas afectadas por la emergencia invernal, a través de la implementación de disposiciones flexibles de tipo aduanero y cambiario, que permitan conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. En este sentido, señala que en la sentencia C-172 de 2009,[7] la Corte declaró la exequibilidad de un decreto dictado en desarrollo del estado de emergencia que excluía el pago de derechos de aduana a los afectados por la situación fáctica excepcional que originó la emergencia.
Informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público[8]
En la intervención de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, se anexó el oficio UJ-0174-2011 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscrito por el J. de la Oficina Jurídica, en el que se da respuesta a las preguntas formuladas por la Corte en el Auto del 31 de enero de 2011, respuestas que fueron integradas al informe del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, antes presentado.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante comunicación escrita del 4 de febrero de 2011,[9] absolvió las preguntas formulas por la Corte, en los siguientes términos:
(i) Hizo alusión a la compatibilidad del Decreto 128 de 2011 con la Ley 137 de 1994, afirmando que los hechos desencadenados como consecuencia del fenómeno de La Niña, generan un gran impacto en el orden económico, social y ecológico, que requieren acciones inmediatas que permitan conjurar la emergencia y calamidad que atraviesa el país. Afirmó en este sentido, que las medidas tributarias, aduaneras y cambiarias establecidas en el decreto que ahora se estudia, están encaminadas directa y específicamente a evitar la agravación de la situación, así como a conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Al respecto señala los mismos argumentos a que hiciera referencia en su oficio, el J. de la Oficina Jurídica del mismo Ministerio, en relación con las medias específicas consagradas en el Decreto. En relación con el número estimado de beneficiarios de las medidas provisionales, la interviniente señaló que el registro de los Damnificados por la Emergencia Invernal 2010-2011, será elaborado en colaboración con las alcaldías y gobernaciones, en la herramienta que para el efecto diseñará el DANE, de acuerdo con las directivas presidenciales números 03 de enero 13 de 2011 y 04 de enero 28. Dicho registro será necesario para determinar con precisión el número de declarantes del impuesto de renta y del impuesto al patrimonio que serían beneficiados con la medida.
(ii) Respecto a las zonas francas afectadas y la cifra estimada de pérdidas sufridas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afirmó que según la información suministrada por la Dirección de Impuestos y A.N., a la fecha sólo se había recibido el reporte de una zona franca afectada por el fenómeno de La Niña, a saber, la denominada Z.F. del Pacífico, la cual cuenta con 28 usuarios con un monto patrimonial aproximado de treinta y un mil quinientos dos millones de pesos ($31.502.000.000), dedicados principalmente a los sectores de industria manufacturera, farmacéutica, energía, fertilizantes, agroquímicos, la industria de alimentos y operaciones logísticas.
A continuación presentó el listado de usuarios de la Z.F. del Pacífico:
ALCOMERCIO S.A. ALMACENAMIENTO Y COMERCIO DE CARGA INTERNACIONAL
INGENIERIA INTEGRADA DEL OCCIDENTE LTDA
OIL CHEMICAL LTDA EN CONCORDATO
IND.BIENES
TERMOVALLE S.C.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
IND. BIENES Y SERVICIOS
KRAFT FOODS COLOMBIA S.A.S.
MERCADOS & KAPITALES S.A. USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS.
TRIADA EMA S.A SUCURSAL COLOMBIA
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLES- CODECOM S.A.-
FOGEL ANDINA S.A.
SEATCO INTERNACIONAL S.A.
PRECIUOS METAL GROUP DE COLOMBIA S.A.
APOYO LOGISTICO ZONA FRNACA S.A.
PROCESOS INDUSTRIALES COMPLEMENTARIOS SAS- PROINDUCOM SAS
SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR S.A. SERVICOMEX S.A.
OPERADORES Y COMERCIALIZADORES EN COMERCIO EXTERIOR LTDA. -OPERCOMEX-
CONSTRUCTORA DE ZONAS FRANCAS DE OCCIDENTE LTDA.
MAGNUN ZONA FRANCA S.A. PALMIRA
LOGISTICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.
GLOBALOG ZONA FRANCA LTDA
VALLEY SERVICES S.A.S.
(vii) En lo relacionado con la ampliación del plazo para el cumplimento de la demostración de inversión y generación de empleo y demás condiciones del Plan Maestro de Inversión que beneficia al usuario operador de la Z.F. afectada por el fenómeno de La Niña y la aclaración de lo que se entiende por demás condiciones del Plan Maestro de Inversión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, afirmó que para el cumplimiento de los compromisos relacionados con el Plan Maestro de Inversión, éste dependerá del tiempo que se demoren en la reconstrucción de las instalaciones en donde se desarrolla el proceso productivo o de servicios, la instalación y montaje de los activos fijos de producción tales como maquinaria y equipo en los casos que lo requieran, adicionado con el término de producción de los bienes según sea el caso. Debido a esto, para la interviniente los términos aludidos que se otorguen dependerán de la evaluación individual de los casos, teniendo en cuenta, entre otros criterios los procesos productivos, los sectores y actividades económicas que desarrollan el estado en que quedaron las instalaciones y el grado de afectación que sufrieron cada uno de los proceso[s] que allí se realizaban.
Por último, en relación con qué se entiende por demás condiciones del Plan Maestro de Inversión, señaló que conforme el artículo 392 del Decreto 2685 de 1999, el Plan Maestro de Desarrollo General de Z.F. es el documento que contiene una iniciativa de inversión. En este sentido, hizo referencia a los objetivos de esta inversión y afirmó que una vez aprobado el mencionado Plan Maestro por parte de la Comisión Intersectorial y se haya declarado la existencia de la zona franca, se convertirá en el marco de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos allí establecidos y que deben estar en concordancia con lo previsto en los artículos 393-2, 393-3, 393-4, 393-24 del Decreto 2685 de 1999, según sea el caso.
INTERVENCIÓN CIUDADANA[10]
El ciudadano H.R.V. intervino dentro del término de fijación en lista con el propósito de proponer algunas reformas a la normatividad ambiental.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION[11]
El Procurador General de la Nación, A.O.M., mediante concepto No. 5117 del 7 de marzo de 2011 solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad por consecuencia del Decreto 128 de 2011 a partir de su promulgación, puesto que en el Concepto 5093, rendido en el trámite del expediente RE-173, se solicitó a la Corte declarar inexequible el Decreto 020 del 7 de enero de 2011, Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón de grave calamidad pública.
Por tanto, los decretos dictados dentro de este estado de emergencia, como el que ahora se examina, resultan inconstitucionales por consecuencia o efecto de la desaparición de la vida jurídica del título que sustenta la expedición de los mismos.
La inexequibilidad por consecuencia del Decreto 128 de 2011 y efectos de esta decisión
Mediante sentencia C-216 de 2011,[12] la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, por el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, fundamento jurídico del decreto que ahora se revisa.
Lo anterior implica que los decretos legislativos de desarrollo expedidos al amparo de la segunda declaratoria de emergencia, declarada inexequible, carecen de sustento jurídico. Cuando esto ocurre, la Corte debe proceder a declararlos inexequibles, sin que sea necesario analizar el cumplimiento de los requisitos formales o materiales. Así, se configura la inconstitucionalidad por consecuencia ante la desaparición de la norma que daba soporte a los decretos de desarrollo.[13]
En el fondo ocurre que, declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley.
Desde luego, la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que se hubieren proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, mas no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política. [14]
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte en la materia, lo procedente en estos casos no es la inhibición para decidir sobre la constitucionalidad de las normas expedidas al amparo de un estado de excepción indebidamente declarado, sino el pronunciamiento sobre su constitucionalidad y el alcance de esa decisión.[15] De lo contrario, el período comprendido entre la expedición de un decreto legislativo y la declaratoria de inexequibilidad de la norma en que se basó aquel, estaría sustraído del control judicial en grave detrimento de los principios inherentes a un Estado Social de Derecho.
En consecuencia, la presente sentencia tendrá efectos hacía el futuro, tal y como lo prevé el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia: Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 128 de 2011, por el cual se adoptan medidas especiales en materia tributaria, aduanera y cambiaria para los damnificados o afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011.
[1] Folios 16 a 32 del expediente.
[2] Folio 43 del expediente.
[3] MP. Á.T.G.. SV. Á.A.R..
[4] MP. C.P.S.. SPV. Clara E.R.G.; AV y SPV. L.E.V.S..
[5] MP. C.P.S.. SPV. Clara E.R.G.; AV. y SPV. L.E.V.S..
[6] MP. H.A.S.P..
[7] MP. C.P.S.. SPV. Clara E.R.G.; AV. y SPV. L.E.V.S..
[8] Folios 37 a 39 del expediente.
[9] Folios 42 a 48 del expediente.
[10] Folio 97 del expediente.
[11] Folios 60 a 67 del expediente.
[12] MP. J.C.H.P. (Unánime).
[13] Ver entre muchas otras las sentencias C-488 de 1995 (MP. J.G.H.G.. SV. C.G.D.; SV. A.B.C. y A.M.C.); C-187 de 1997 (MP. E.C.M.. SV. J.G.H.G.; y SV. C.G.D.); C-802 de 2002 (MP. J.C.T.. SV. J.A.R.; SV. Marco G.M.C. y R.E.G.; SV. A.B.S.; AV. J.C.T.); C-619 de 2003 (MP. Clara I.V.H.. SV. Marco G.M.C.; AV. L.C. de Quiñones); C-672 de 2005 (MP. J.C.T.); C-253 de 2010 (MP. N.P.P.); y C-289 de 2010 (MP. N.P.P.. AV. A.H.S.P.; AV. G.E.M.M. y J.I.P.P., entre otras.
[14] Sentencias C-488 de 1995 MP. J.G.H.G.. SV. C.G.D.; SV. A.B.C. y A.M.C. y C-289 de 2010 (MP. N.P.P.. AV. H.A.S.P.; AV. G.E.M. y J.I.P.P., entre otras.
[15] La Corte ha rechazado la posibilidad de adoptar fallos inhibitorios en estos eventos. Al respecto, ver por ejemplo los salvamentos de voto a las sentencias C-127 de 1997 (MP. J.G.H.G.. SV. C.G.D.) y C-137 de 1997 (MP. H.H.V.. SV. J.G.H.G.; y SV. C.G.D., en las cuales la Corte desestimó esta alternativa.
Sentencia nº 05001-23-31-000-2002-04112-01 de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 19 de Noviembre de 2015

References: artículo 215
 artículo 241
 artículo 37

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6
 artículo 1

ARTÍCULO 7
 resolución 
 artículo 1
 artículo 115
 artículo 1

ARTÍCULO 9
 Artículo 1
 artículo 8
 artículo 392
 artículo 45
 artículo 241