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Timestamp: 2018-12-11 15:16:56+00:00

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Afectados por la dependencia: Alzhéimer: incapacitación jurídica y tutela
En el Ordenamiento jurídico español se diferencia entre “capacidad jurídica” y “capacidad de obrar” de las personas, de cara a la calidad jurídica de los actos de una personas.
La capacidad jurídica parte de que toda persona, por el mero hecho de serlo, es sujeto de derechos y obligaciones a lo largo de toda su vida.
La Capacidad de obrar es la capacidad de realizar actos jurídicos con validez en el tráfico jurídico, teniendo, por lo tanto, no sólo validez, sino eficacia.
Algunas personas con capacidad jurídica no tienen capacidad de obrar, porque tienen alguna discapacidad. Según el artículo 1 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, son personas discapacitadas “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Son incapaces en sí mismas, pero otra persona puede ejercer el derecho en su nombre.
Los principales caracteres de la capacidad jurídica son que la tienen todas personas, independientemente de sus circunstancias o condiciones personales, las cuales no tendrían incidencia alguna a la hora de ser sujeto de derechos y obligaciones en el tráfico jurídico.
Los principales caracteres de la capacidad jurídica son los siguientes:
Universal. El carácter es común y alcanza a todo ser humano.
Incondicional. No se requiere requisito alguno para dicha condición.
Ininmutable. Perdura durante toda la vida de la persona. No admite graduación alguna.
Las circunstancias particulares de cada persona pueden afectar directamente en la capacidad de obrar; pueden limitarla. La discapacidad puede afectar a la capacidad de obrar. Sin embargo, la limitación a la capacidad de obrar no puede operar automáticamente, necesita de una sentencia judicial que lo disponga expresamente o bien una previsión legal (como ocurre en caso de los menores de edad).
En conclusión: quien carece de una capacidad natural de autogobernarse, por cualquier circunstancia natural, ostentará plenamente la capacidad jurídica, pero podrá ver limitada su capacidad de obrar. En ese caso nadie podrá actuar en su nombre, sino no es mediante una incapacitación legal dictada por un juez mediante sentencia.
La capacidad de obrar puede ser condicionada y limitada si las condiciones de la persona así lo requieren, pero la incapacitación jurídica solo la puede decidir como decimos el juez. La incapacidad viene configurada en nuestro Ordenamiento jurídico como una limitación parcial o absoluta de la capacidad de obrar, pero tiene que ser declarada judicialmente, mediante sentencia (art. 199 del Código Civil).
Los motivos los recoge el Código Civil en su artículo 200. En él se apunta a la presencia de “enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”. Solo en esos casos se puede iniciar un procedimiento judicial de incapacitación, mediante el cual será el juez el que decida si efectivamente se dan las causas para la incapacitación y las consecuencias que esta tendrá para los actos realizados por la persona incapacitada.
¿Qué supone la incapacitación?
Suspender la capacidad de obrar en determinados actos que se denominan jurídicos y que dichos actos sean válidos y eficaces en el tráfico jurídico.
Los principales caracteres de la capacidad de obrar según las profesoras Elena Comes Muñoz y Blanca M.ª Escalonilla Morales tienen naturaleza:
Específica, que es propia de cada persona, afectando, por tanto, las especiales circunstancias de cada una de ellas.
Condicionada ya que solo se dan si concurren determinados presupuestos de inteligencia, madurez y experiencia.
Variable, ya que admite la graduación distinguiendo entre la capacidad de obrar plena, limitada o incapacidad de obrar.
En conclusión, cuando una persona no pueda gobernarse a sí misma por causa de una enfermedad o discapacidad de cualquier tipo, se puede iniciar un procedimiento judicial de incapacitación. Iniciado el proceso, solo el Juez la puede autorizar mediante sentencia.
En España las medidas de protección a las personas con discapacidad se contemplan en el artículo 49 de la Carta Magna. A partir de la misma han surgido una serie de leyes como la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (conocida como LISMI) y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (conocida como LIONDAU). En dicha legislación se contempla que la incapacidad es una situación derivada de una enfermedad o discapacidad física o psíquica, de carácter permanente, que priva a algunas personas de su capacidad de obrar. Como medida de protección de estas personas que no poseen una voluntad consciente y libre, ni suficiente discernimiento para adoptar las decisiones adecuadas en la esfera personal y/o en la de administración de sus bienes, la Ley ha previsto la declaración de incapacidad.
El Código Civil (art. 200) no determina las enfermedades o deficiencias que dan lugar a la incapacitación, pero exige como requisitos ineludibles que las mismas sean persistentes en el tiempo, no meramente temporales, y que impidan a la persona gobernarse.
La declaración judicial de incapacitación se entiende en un sentido positivo y protector de la persona. Tiene la finalidad de posibilitar que personas que, o bien carezcan de capacidad suficiente de obrar o con su capacidad disminuida, puedan actuar a través de sus representantes legales o con la debida asistencia, buscando siempre la protección jurídica y, en definitiva, el mayor beneficio de los mismos.
El procedimiento de incapacitación es contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), regulado como un cauce procesal específico (arts. 748 y ss.) para sustanciar y conocer la acción de incapacitación. De estos artículos se desprende una serie de principios que inspiran y guían el proceso.
No puede existir incapacitación de ninguna persona sin la correspondiente sentencia judicial (art. 199 del CC).
La sentencia es el acto que constituye, individualiza y gradúa la incapacitación.
La sentencia especifica los actos que la persona declarada incapaz podrá realizar o no por sí misma.
Según lo dispuesto en el artículo 760 dela Ley de Enjuiciamiento Civil: “La sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de esta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763”.
Los pronunciamientos de una sentencia aportarán:
La declaración de la incapacidad total se determina siempre que se compruebe que la persona sujeta al procedimiento no tiene la capacidad para la realización de las ABVD (actividades básicas de la vida diaria), ni para administrar sus bienes.
Si no fuera necesario esta medida, la sentencia declarará la incapacidad parcial. Que estipula que la persona puede realizar determinados actos por sí misma y que tiene la capacidad de adoptar determinadas decisiones que conciernen a su persona; pero que, para actos de mayor trascendencia o complejidad, necesita el auxilio de otra persona, señalando la sentencia cuáles son dichos actos.
La sentencia individualizará la protección que necesita cada persona, a sus especiales condiciones, insuficiencias y necesidades de apoyo. La incapacitación deberá inscribirse en el Registro Civil y, si fuere necesario, en el Registro de la Propiedad.
La sentencia determinará la persona o institución que va a ejercer la guarda del incapaz, nombrando tutor o curador al interesado, o bien, prorrogando o rehabilitando la patria potestad de sus progenitores, en el caso de menores de edad.
La sentencia puede contener otros pronunciamientos como son:
El Derecho de sufragio activo. El artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/1983, de19 de junio, establece que “carecen de sufragio los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho a sufragio”.
Esterilización (el fin último de esta medida es que la persona declarada incapaz pueda vivir su sexualidad con libertad, evitando el posible riesgo que pudiera tener para su descendencia). Es decir, el juez deberá proceder al examen del tema, pero adaptándolo al caso concreto.
Dictámenes periciales necesarios
El juez puede contar con dictámenes periciales para poder formar su opinión, que le llevará a decidir sobre la posible incapacidad de la manera más concreta y acertada posible. Habitualmente existe un médico forense adscrito al juzgado, que es el que se encarga de realizarlo, si bien el juez puede nombrar otros.
Es la figura jurídica encargada de la guarda y custodia de menores o personas declaradas judicialmente incapacitadas, teniendo la obligación de velar en todo momento por el bienestar y el interés del tutelado. La tutela tiene una especial vocación para los casos en que se haya sentenciado que existe una incapacidad total, pero expresando las actividades que comprende. Puede ser:
Tutela total sobre la persona y bienes (la más común). En este caso el tutor actúa tanto en la esfera personal de la persona declarada incapaz (tutelado) como en la esfera patrimonial, administrando y gestionando sus bienes.
Tutela parcial sobre bienes, cuando el tutor limite su actuación a representar en la esfera patrimonial al tutelado, bien porque la persona tutelada mantenga su autogobierno o porque la tutela sobre la persona haya recaído en otro tutor distinto.
El tutor debe velar en todo momento por el interés y bienestar del tutelado, concepto este que no sólo abarca el ámbito material, es decir, de la correcta administración de los bienes del tutelado, sino que va más allá, procurando la atención moral y personal del mismo.
Al tutelado
Se le exige respeto y obediencia al tutor, obligación que se mantendrá siempre que dure la tutela.
Se centra en los requisitos legales y, en especial la diferencia que puede darse entre personas físicas y jurídicas a la hora de ejercer labores de tutela.
Requisitos que deben cumplir las personas físicas
• Debe tener la capacidad de obrar plena.
• No estar en situación de ninguna de las incapacidades especiales que estipula el artículo 241 del Código Civil. Son los privados o suspendidos de la patria potestad o su ejercicio; los removidos de una tutela anterior; los condenados por cualquier delito; las personas de mala conducta o que no tuvieran manera de vivir conocida; los que tuvieran enemistad manifiesta con el tutelado; los que tuvieran importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes o los que adeudaren sumas de consideración; los quebrados o concursados no rehabilitados, salvo que la tutela sea solamente de la persona; las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho; los que estén cumpliendo pena privativa de libertad; los excluidos expresamente por el padre o por la madre en sus disposiciones en testamento o documento notarial.
Constitución del cargo de tutor
El ejercicio de la tutela comienza con la toma de posesión, en virtud de su nombramiento por decisión judicial. Una vez finalizado mediante sentencia el procedimiento de incapacitación, el juez declara a una persona como tutor, que debe tomar posesión aceptando el nombramiento, asumiendo la representación legal del tutelado con arreglo a las leyes y a las previsiones contenidas en la sentencia. La toma de posesión se realiza ante el juez y éste le informará al tutor de las obligaciones que conlleva el nombramiento, tanto en la esfera personal como en la patrimonial. Una vez aceptado el cargo, comienza a ejercer la tutela, siempre bajo la autoridad del juez.
El Código Civil exige una serie de obligaciones de carácter previo al ejercicio del cargo de tutor: obligatorias y potestativas (en función de lo que decida el juez para el caso concreto)
La realización de un inventario: que comprende los bienes a los que alcance la tutela. Si la tutela es total, abarcará todos y cada uno de los bienes y, si es una tutela de persona, no se hará inventario y si el caso es una tutela parcial del patrimonio, incidirá sobre los bienes que queden afectados por la misma. El inventario se debe realizar una vez se haya tomado posesión del cargo de tutor, en un plazo de 60 días (prorrogables); la formación del mismo se realiza de manera judicial, con la intervención del Ministerio Fiscal y citación de las personas que el juez estime convenientes. Si el tutor no incluyera en el inventario los créditos que tuviera contra el tutelado, se entiende que renuncia a los mismos.
Fianza: el Código Civil atribuye la potestad al juez para imponerla o no, según los casos, al igual que una vez impuesta retirarla, con justa causa, como forma de asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones que se le encomiendan como tutor.
Depósito: como garantía complementaria se puede exigir el depósito de determinados bienes, como, por ejemplo, dinero en metálico, joyas, objetos preciosos o valores mobiliarios. El depósito se podrá hacer en establecimientos públicos o privados y, si el juzgado lo estimara conveniente, en la Caja General de Depósitos, Caja o Banco solvente, cajas de seguridad de bancos o notarías, dependiendo del tipo de objeto a depositar. Los gastos que se produzcan serán por cuenta de los bienes del tutelado.
Se pueden dividir en tres momentos temporales distintos:
Antes de iniciar la tutela: el artículo 229 del Código Civil establece que quien esté obligado a promover la constitución de la tutela, los parientes obligados a promover la misma, así como las personas bajo la que se encuentre, serán responsables solidarios de la indemnización de daños y perjuicios causados, si no observaran su obligación.
Durante el ejercicio de la misma: el tutor debe informar anualmente al juez sobre la situación de la persona bajo su tutela, así como rendir cuentas de su administración. Esta rendición de cuentas anual no obsta para que el juez o el Ministerio Fiscal puedan en cualquier momento exigir del tutor informe sobre la situación del incapacitado, así como de la gestión y administración de sus bienes. Si la actuación fuera considerada incorrecta, podrá dar lugar a la remoción como tutor.
En la extinción: existe la obligación de presentar una rendición de cuentas. Dependiendo del resultado, se podrá observar la posibilidad de responder por parte del tutor de los daños y perjuicios que se hayan podido producir al tutelado; además, tendrá la responsabilidad de responder por mora en el pago del saldo deudor resultante de las cuentas finales.
Desde la constitución del cargo de tutor, la labor del juez es una función indirecta. Solo tiene lugar mediante el control del ejercicio de la tutela de la actuación del tutor. Tanto en la esfera personal del tutelado como en la patrimonial existen determinadas actuaciones que requieren una autorización judicial: Autorización judicial en materia personal.
Autorizaciones judiciales en materia patrimonial:
Internamiento del tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.
Celebrar contrato de arrendamiento como arrendador, por tiempo superior a seis años.
Celebrar contratos de préstamo, lo mismo como prestamista que como prestatario.
Hacer gastos extraordinarios en los bienes del tutelado.
Aceptar una herencia sin beneficio de inventario.
Formular una demanda judicial en nombre del tutelado (excepto por razones de urgencia o de escasa cuantía).
Todo acto de disposición a título gratuito de bienes y derechos del tutelado a favor de otra persona.
No aceptación de todo acto a título gratuito.
Toda renuncia de derechos.
Actos de disposición de bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios.
Contratos de carácter dispositivos susceptibles de inscripción en todo Registro (Propiedad, Mercantil, etc.).
Disposición de créditos contra terceros o adquisición de créditos contra el tutelado.
Contratos de transacción o arbitraje.
Para ampliar la información se pueden acudir al informe “Aspectos jurídicos de interés para familiares de personas con Alzheimer”.
Publicado por Fco. Javier en 2:41
Etiquetas: Alzhéimer incpacidad jurídica tutela

References: artículo 1
 artículo 200
 artículo 49
 artículo 760
 artículo 763
 artículo 3
 artículo 241
 artículo 229