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Timestamp: 2017-03-25 09:50:43+00:00

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La Liga, Hijos Santa Fe y la Red de Abogados de Juicios Lesa Humanidad solicitamos audiencia en defensa Memoria, Verdad y Justicia ante la Comisión Interamericana por los DDHH – Liga Argentina por los Derechos del Hombre Ir al contenido
Repercusión en los Medios de Comunicación	La Liga, Hijos Santa Fe y la Red de Abogados de Juicios Lesa Humanidad solicitamos audiencia en defensa Memoria, Verdad y Justicia ante la Comisión Interamericana por los DDHH
Publicado por La LADH el 21 enero 2017	Buenos Aires, 16 de enero de 2017
Al Sr. Paulo Abrao
Ref: Solicitud de Audiencia en los términos del artículo 64
del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Seguimiento del Informe 28/92 sobre Argentina.
Los representantes abajo firmantes, intervinientes en el proceso de justicia en Causas de Lesa Humanidad, y atentos al seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones del Informe Nº 28/92 de esta Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos —en adelante, Comisión, Comisión Interamericana o CIDH—, nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar nos conceda una audiencia en los términos del artículos 64 del Reglamento de la CIDH, durante el 161º período de sesiones que tendrá lugar durante el mes de marzo de 2017.
En efecto, José Ernesto Shulman, Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) en representación del organismo que preside; Lucyla Puyol, Valeria Silva y Guillermo Munné en representación de H.I.J.O.S. Regional Santa Fé y Elizabeth Gómez Alcorta, Pablo Gustavo Llonto, Adriana Sonia Taboada y Eduardo Tavani, todos ellos en representación además de la Red Nacional de Abogados y Abogadas de Causas de Lesa Humanidad , nos vemos en la obligación de solicitar nuevamente a la CIDH una audiencia de seguimiento del Informe 28/92 sobre Argentina, vinculado con el proceso de verdad y justicia por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar que sufrió el país entre 1976 y 1983.
El artículo 62 del Reglamento citado estipula que: “Las audiencias podrán tener por objeto recibir información de las partes con relación a alguna petición, caso en trámite ante la Comisión, seguimiento de recomendaciones, medidas cautelares, o información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o más Estados Miembros de la OEA”. Por su parte, el artículo 64 señala que: “Las audiencias sobre peticiones y casos tendrán por objeto recibir exposiciones verbales y escritos de las partes sobre hechos nuevos e información adicional a la que ha sido aportada durante el procedimiento. La información podrá referirse a alguna de las siguientes cuestiones: admisibilidad; inicio o desarrollo del procedimiento de solución amistosa; comprobación de los hechos; fondo del asunto; seguimiento de recomendaciones; o cualquier otra cuestión relativa al trámite de la petición o caso”.
En este sentido, el objeto de la audiencia solicitada será aportar a la Ilustre Comisión Interamericana información actualizada respecto del estado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en aquel informe histórico, tal como se realizó en otras oportunidades a lo largo de estos últimos 25 años. En particular, proporcionaremos información actualizada sobre el avance y los obstáculos que se advierten en las causas judiciales por los crímenes de lesa humanidad que se sustancian en Argentina y en las políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de nuestro país. Ello por cuanto ante el nuevo escenario político tras la asunción del nuevo gobierno nacional se advierten algunas luces de alarma y preocupación que no pueden dejar de señalarse y corregirse.
I. Sobre la relevancia del Informe nº 28/92 de la CIDH para el proceso de verdad y justicia en Argentina
Como la Ilustre Comisión sabe, el proceso de verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos en Argentina ha sido, y continua siendo, un proceso paradigmático, considerado modelo por varios otros países de la región y del mundo. Para lograrlo, las víctimas, sus familiares y los organismos de derechos humanos han debido luchar fervientemente contra la impunidad y han tenido que denunciar en cada oportunidad los obstáculos que se iban presentando. Sin lugar a dudas, el Informe nº 28/92 de la Comisión Interamericana, así como el proceso de seguimiento a sus recomendaciones que continúa abierto desde entonces, es una de las bases fundamentales sobre las que se asienta este proceso de verdad y justicia.
Cabe recordar que en ese Informe, la CIDH señaló que las leyes nº 23.492 (punto final) y nº 23.521 (obediencia debida) que garantizaron la impunidad de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar (1976-1983) eran incompatibles con los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos, en particular con el artículo XVIII (derecho a la protección judicial) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y con los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dicho informe, así como su proceso de seguimiento abierto desde entonces, tuvo una influencia decisiva en la reactivación del proceso de justicia que, con marchas y contramarchas, prospera desde junio de 2006, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida al fallar en la causa “Simón” .
A lo largo del último año, sin embargo, los organismos de derechos humanos de Argentina hemos debido llamar la atención a las autoridades sobre algunos retrocesos que se estaban produciendo tanto en las causas judiciales como en las políticas públicas sobre memoria, verdad y justicia de los poderes ejecutivos y legislativos de nuestro país.
Teniendo en cuenta el rol fundamental que desempeña la Ilustre Comisión Interamericana en el seguimiento de este proceso, nos vemos en la obligación entonces de solicitar una nueva audiencia pública con miras a que la CIDH contribuya a superar estos obstáculos y, en definitiva, a que se continúe consolidando el proceso de justicia como una política de Estado imprescindible para el sostenimiento de la democracia, más allá de los cambios en los escenarios políticos.
II. Información sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina. Resultados obtenidos hasta el momento y principales obstáculos y desafíos
Los procesos abiertos para revisar, investigar, juzgar y reparar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar son uno de los acontecimientos más relevantes en materia de derechos humanos a nivel nacional a la vez que constituyen una de las bases fundamentales del Estado democrático contemporáneo. Como dijimos, el proceso de juzgamiento que se desarrolla en Argentina resulta inédito a nivel mundial toda vez que no se recurrió a tribunales especiales, ni se reformó la legislación interna para procurar justicia. Por el contrario, en el marco del orden jurídico vigente y con los jueces naturales encargados de administrar justicia, se procedió al juzgamiento de los responsables de tales crímenes.
De acuerdo con el último informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad que publicó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de Argentina, al 20 de diciembre de 2016 se registran un total de 585 causas, en las que son (o fueron, hasta su fallecimiento) investigados 2771 imputados. Desde 2006 a diciembre de 2016 se han dictado 173 sentencias en todo el país, de las cuales 87 se encuentran aún en instancia de revisión. Esto significa que al menos uno de los imputados recurrió su sentencia a una instancia superior (Cámara Federal de Casación Penal o Corte Suprema de Justicia de la Nación), y su resolución se encuentra pendiente. Los datos arrojan también que son 811 los imputados que han sido sentenciados (733 condenados y 78 absueltos), los que representan un tercio del total.
Los organismos de derechos humanos han manifestado preocupación por tales retrasos pero, hasta la fecha, y a pesar de las gestiones a las que nos referiremos más adelante, éstos aún no se han resuelto. Según la propia Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, a pesar del alto número de sentencias dictadas en forma sostenida durante los últimos diez años y de la cantidad de imputados en ellas sentenciados, en la actualidad se advierten algunos obstáculos al avance y profundización del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado.
En tal sentido, es importante poner los números en perspectiva. Durante el 2016 se dictaron 19 sentencias, y el total de imputados sentenciados en el año fue de 161 (136 condenados y 25 absueltos), superando así el total de sentenciados de 2015 que fue 127 (117 condenas y 10 absoluciones). Ahora bien, aunque la cifra total de sentenciados aumentó, disminuyó significativamente el total de “nuevos” sentenciados. En 2015, 114 de los 127 sentenciados lo fueron por primera vez, mientras que en 2016, sólo 95 de los 161 (78 condenados y 17 absueltos). Las cifras muestran además una mayor cantidad de imputados absueltos durante 2016, la mayoría de ellos luego de enfrentar su primer juicio.
Asimismo, durante el 2016 se profundizaron algunos obstáculos que conllevaban demoras en el avance de las causas. Según el informe de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, estos obstáculos representan “signos de agotamiento” de las investigaciones, que a esta altura exigen soluciones inminentes.
Entre los principales problemas de preocupación se pueden mencionar los siguientes:
1. La mitad de las causas se encuentran aún en etapa de instrucción. Hay un núcleo duro de casi el 50% de las causas en etapa de instrucción que se sostiene desde hace años, en tanto permanentemente se inician nuevas investigaciones pero sólo se elevan por cuenta gotas a la instancia de juicio. Y una vez elevadas, son también limitadas aquellas en las que comienza y termina el debate. Se registran 277 causas en etapa de instrucción de las cuales solo en 43 se presentó el requerimiento de elevación a juicio.
2. Se consolidó la baja en la cantidad de sentencias y de nuevos sentenciados por año. Es el fenómeno más evidente. Esta tendencia se percibe desde el 2014, después de haber alcanzado un pico de 25 por año en 2012 y 2013.
3. Sigue siendo muy baja la cantidad de juicios celebrados por año. Al 20 de diciembre de 2016 se encontraban en curso 16 juicios, de los cuales 5 habían comenzado entre 2012 y 2015. El caso extremo es el juicio por la mega causa ESMA Unificada, que inició en 2012 y lleva cuatro años de audiencias sin fecha programada de sentencia. En cuanto a la cantidad de personas procesadas que están siendo enjuiciadas, de las 248, 160 son juzgados por primera vez. En tanto en 2015 comenzaron 21 juicios, en 2016 apenas 18. Varios de estos juicios son las megacausas que tienen un promedio de extensión mayor al resto de los juicios, por la magnitud de los hechos juzgados, pero también porque la frecuencia de audiencias no supera, en la mayor parte de los casos, los dos días semanales.
4. Falta de juicios en agenda. El estancamiento de la cantidad de juicios celebrados y sentencias obtenidas por año no puede entenderse sin analizar lo que ocurre con las causas elevadas en todo el país. El universo de causas elevadas a juicio entre 2014 y la actualidad fue muy parejo: osciló entre 142 en diciembre 2014 y 119 en diciembre de 2016. Conforme surge del informe de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal, llegan a juicio por año alrededor de un 15% del total de causas elevadas. La principal causa de esta demora tiene que ver con la falta de disponibilidad de los Tribunales Orales y las dificultades en su integración, un problema que se extiende a todas las jurisdicciones, con mayor o menor impacto en la posibilidad de celebrar los juicios .
5. Se advierten importantes demoras en las etapas de instrucción y de revisión de las sentencias. Sólo el 25% de los condenados (un total de 187) tiene su sentencia firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es de 17% (13 imputados).
Estas y otras preocupaciones por el desaceleramiento en el ritmo de celebración de los juicios fueron puestas de manifiesto por los Organismos de Derechos Humanos y la Red Nacional de Abogados y Abogadas en Causas de Lesa Humanidad ante las autoridades judiciales correspondientes. En efecto, tanto en la Mesa de Discusión Institucional y Social que organizó en 2016 el Ministerio Público Fiscal de Argentina, como en las reuniones convocadas por la Comisión Interpoderes que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , los distintos actores que participaron manifestaron preocupación por la demora en la sustanciación de los procesos, y advirtieron sobre las consecuencias que esto genera en relación con el derecho de las víctimas a obtener una respuesta del Estado y con el derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable.
En esa línea, los organismos de derechos humanos y abogados querellantes en estos juicios decidieron presentar en septiembre de 2016 un petitorio ante el Máximo Tribunal de la Nación en el que se señalaba la preocupación por “el estado de emergencia judicial en causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad y la consideración por parte de los fiscales de la detección de signos de ʽagotamientoʼ que se vienen registrando en el sistema de justicia el ultimo año”. Asimismo, la presentación se vio motivada por la necesidad de “ratificar el compromiso de una de las cabezas del Estado, que en materia de lesa humanidad —según sus propias palabras— se trata de una ‘política de Estado que no tiene vuelta atrás y que forma parte del contrato social de los argentinos’” .
En particular, los representantes de organismos de derechos humanos, abogados, querellantes, operadores judiciales y funcionarios gubernamentales que asistieron a los distintos encuentros mencionados destacaron los siguientes obstáculos al avance de los juicios:
 Falta de integración de los Tribunales Orales.
 Atomización de las causas (reticencia de los jueces a acumular los casos).
 Poca frecuencia en las audiencias de debate (en algunas jurisdicciones los debates orales se desarrollan en una sola audiencia semanal y en muchos casos los horarios destinados a realizar las audiencias son muy reducidos). Al respecto, la combinación entre juicios grandes y complejos que demandan más tiempo y recursos junto con una menor cantidad de audiencias semanales o con audiencias más breves parecen provocar una especie de “agotamiento” en el ritmo de los juicios.
 Necesidad de actualizar la Acordada 1/12 de la Camara Federal de Casacion Penal. En tal sentido, resulta necesario unificar los criterios de los distintos Tribunales Orales en el uso de esta Acordada y actualizar este instrumento (ya sea a través de una nueva Acordada o de una ampliación/ reinterpretación de la existente).
Cabe señalar que el desaceleramiento del proceso de justicia resulta particularmente preocupante pues, a medida que transcurre el tiempo, aumenta considerablemente el número de fallecidos, por tratarse de un proceso de justicia que está teniendo lugar a 40 años de los hechos, en el que la mayoría de los actores centrales (testigos, víctimas e imputados) tienen edad avanzada .
Además del desaceleramiento del proceso de justicia, sigue siendo uno de los principales desafíos avanzar en la imputación penal de civiles que fueron responsables de delitos de lesa humanidad, en particular de empresarios y funcionarios judiciales.
Entre los pocos ejemplos a resaltar no podemos dejar de mencionar la sentencia dictada en 2016 contra el empresario Marco Antonio Levín, dueño de La Veloz del Norte, quien fue condenado a 12 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad y torturas padecidas por el entonces delegado gremial Víctor Manuel Cobos; así como el dictamen de la Procuración General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia en la causa en la que se investiga la responsabilidad del empresario Carlos Pedro Blaquier y el administrador Alberto Enrique Lemos .
Al respecto, la baja cantidad de imputados, sumada a las resoluciones que cuestionan la responsabilidad de civiles en casos donde existen grandes cúmulos de prueba, son elementos que dificultan el juzgamiento de estos imputados . A finales de diciembre de 2016, a horas de comenzar la feria judicial, el Tribunal Oral de San Martin dispuso la suspensión del inicio del debate en el que serían juzgados dos ex gerentes de la firma automotriz Ford y un ex jefe militar por el secuestro y las torturas a 24 trabajadores.
III. Información sobre el desmantelamiento y debilitamiento de agencias de apoyo al proceso de verdad y justicia
El proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad se ha sostenido y se ha profundizado a partir de una serie de decisiones políticas que permitieron reaccionar frente a una importante cantidad de obstáculos normativos y fácticos. Así como la necesidad de contar con la actuación del Ministerio Publico Fiscal generó la creación de una Unidad de Coordinación —hoy jerarquizada a Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad— que permitió la elaboración de una política centralizada de persecución penal, la detección de obstáculos y la socialización de soluciones —aspecto sobre el que nos referiremos en el próximo apartado—; el Poder Ejecutivo nacional creó oficinas específicas para colaborar en las investigaciones en distintos ámbitos. Así, por ejemplo, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se había instalado el Programa Verdad y Justicia y el Programa Nacional de Protección de Testigos . En el Ministerio de Defensa se había creado la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario . En el Ministerio de Seguridad funcionaba la Dirección Nacional de Derechos Humanos . Por su parte, en el ámbito específico de la Secretaria de Derechos Humanos se habían creado el Archivo Nacional de la Memoria , el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa y se habían constituido en querellantes en juicios claves. Finalmente, en el Banco Central de la República Argentina se había creado la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos .
Sin embargo, desde la asunción del nuevo gobierno nacional, se han llevado a cabo una serie de medidas que han provocado el desmantelamiento (total o parcial) o debilitamiento de varias de estas dependencias del Poder Ejecutivo que se encuentran vinculadas a las políticas de memoria, verdad y justicia, afectando la investigación sobre responsabilidad o complicidades con el Terrorismo de Estado, el aporte de pruebas a los procesos de justicia por delitos contra la humanidad. Cabe mencionar también la parálisis de algunas áreas, la reorganización del personal desaprovechando su experiencia y capacitación o la alarmante subejecución presupuestaria.
√ Así, por ejemplo, se han producido decenas de despidos de trabajadores/as de estas áreas, de modo tal que una parte central de las tareas que éstas desarrollaban se vieron mermadas o anuladas. A la fecha de esta presentación se han despedido a trabajadores/as que prestaban funciones en el Programa Verdad y Justicia, en el Centro Ulloa, en el Archivo Nacional de la Memoria, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y en la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central.
√ La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación desmanteló sus delegaciones de Córdoba y La Plata
√ El Programa Verdad y Justicia sufrió una reducción de sus funciones con su traspaso de la órbita del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en tanto esta última es querellante en las causas y podria ser cuestionada por sus informes en terminos de parcialidad.
√ Por su parte, el Poder Ejecutivo se retiró de la querella de algunos juicios emblemáticos, como en la causa contra el civil Alejandro Reynal, quien fue vicepresidente del Banco Central de la República Argentina entre 1979 y 1981, acusado por delitos de lesa humanidad. En el mismo sentido, a fines de diciembre de 2016, la Secretaría de Derechos Humanos, querellante e impulsora de la causa Papel Prensa, dispuso no apelar la decisión del juez que había sobreseído a los imputados bajo el argumento de que la venta de las acciones no fue fruto de un desapoderamiento extorsivo ni estuvo vinculada a delitos de lesa humanidad . La resolución del juez, no recurrida por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluriculturalidad, benefició al director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; a la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble; y al ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Mitre; así como al ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Juan Pío Podestá, y al intermediario en la operación de venta, Guillermo Juan Gainza Paz.
√ El Poder Ejecutivo ha dado muestras de estar a favor del otorgamiento del arresto domiciliario para los procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad, aun en aquellos casos en que no reúnen los requisitos exigidos por la ley. Un ejemplo paradigmático de esta connivencia con los imputados en estas causas es lo sucedido con el caso Miguel Osvaldo Etchecolatz, jefe policial bonaersense en la dictadura, uno de los principales responsables del accionar represivo de la Provincia de Buenos Aires condenado ya en 5 oportunidades y procesado en varias otras causas. Los médicos del Servicio Penitenciario Federal falsearon datos sobre la salud del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz que indujeron a error al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1. Hubo “una serie de desavenencias” sobre el peso de Etchecolatz “entre lo informado por el Cuerpo Médico Forense y las aseveraciones efectuadas por los médicos del SPF”. La SDHN, querellante en la causa, se negaba a cuestionar esta estafa a la administración de justicia.
√ En la misma línea, es preocupante lo ocurrido en relación con la habilitación de la Unidad Carcelaria 34, ubicada en un predio custodiado, controlado y organizado por el Ejército Argentino, y solo custodiada por el Servicio Penitenciario Federal . Vale recordar que el alojamiento de procesados o condenados por delitos de lesa humanidad en cárceles especiales ha traído como consecuencia la fuga y en algunos casos hasta la muerte de los detenidos .
√ El Decreto 721/16 del Poder Ejecutivo acota las funciones del Ministerio de Defensa en el control civil de las Fuerzas Armadas (designaciones, alta de personal para dar clases, retirados en servicio, etc.)
√ En el Ministerio de Seguridad de la Nación se desmanteló el GRUPO ESPECIAL DE RELEVAMIENTO DOCUMENTAL (GERD). Este Grupo especial auxiliaba a la justicia en aquellas causas en las que se investigaba la estructura orgánica de las fuerzas de seguridad durante el Terrorismo de Estado, analizaba legajos, producía informes, y tuvo un importantísimo aporte en el juicio sobre el esquema de trabajo y procedimiento en los denominados “vuelos de la muerte”.
√ También se inscribe en la lista de retrocesos la derogación de la Resolución 85/2013 del Ministerio de Defensa de la Nación que impedía que los presos por delitos de lesa humanidad fueran atendidos en hospitales militares .
√ Por su parte, el Programa Nacional de Protección de Testigos quedó a cargo de Francisco Lagos, quien fue subteniente de Caballería del Ejército, lo que a su vez fue motivo de alerta reciente por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus Observaciones Finales sobre el Quinto informe periódico de Argentina. En tal sentido, el propio Comité de Derechos Humanos ha expresado que “Preocupan al Comité́ las recientes medidas tomadas por el Estado parte que han debilitado las instituciones destinadas a la protección de testigos de delitos que implicaron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. En particular, pese a la explicación proporcionada por la delegación del Estado parte, el Comité́ expresa su preocupación por el nombramiento de un ex militar como director del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados. Al Comité́ le preocupa, asimismo, la falta de información sobre la investigación del caso Jorge Julio López (arts. 6 y 14) ”
√ También fue desmantelada la Agencia de noticias Infojus, del Ministerio de Justicia, que tenía entre otras funciones la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.
√ Además fue disuelta la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos del Banco Central —que se convirtió en un área sobre “Ética y Compliance”, despidiendo personal altamente calificado para la tarea. La Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos había sido creada en el 2014 como un área dedicada a la investigación de delitos económicos cometidos durante el Terrorismo de Estado. Llegó a conformar un acervo documental único sobre el Terrorismo de Estado en el sistema financiero durante la última dictadura cívico-militar. Esa documentación, que desde el retorno de la democracia nunca antes había salido a la luz, es un insumo central para las causas judiciales.
√ Asimismo, no puede dejar de resaltarse que a la fecha, la Comisión Bicameral de Complicidades Económicas, creada mediante la ley nº 27.217 sigue sin estar conformada y se retrasa su puesta en funcionamiento. En este sentido, en sus últimas Observaciones Finales sobre Argentina el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha manifestado al respecto “que lamenta los obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos y que dicha Comisión no haya sido implementada hasta el momento”.
IV. Información actualizada sobre el hostigamiento al Ministerio Público Fiscal y a otros funcionarios judiciales comprometidos con el proceso de verdad y justicia
Como fuera señalado, el Ministerio Público Fiscal desempeña un rol fundamental en el proceso de verdad y justicia. Más allá de la resistencia de algunos funcionarios judiciales en particular, la política institucional adoptada desde la Procuración General en los últimos años ha sido central para garantizar que los/as fiscales asumieran un papel protagónico en la investigación y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
En este sentido, en el año 2007 el entonces Procurador General de la Nación, Esteban Righi, puso en funciones la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos cometidos por la última dictadura . Esta Unidad fue jerarquizada en el año 2013 por la actual Procuradora Alejandra Gils Carbó, quien dispuso convertirla en una Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad .La Procuraduría —que cuenta a su vez con una Unidad Fiscal Especializada para causas de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado — se consolidó como una referencia ineludible para todos los actores que impulsan estas causas, y garantiza que el MPF participe activamente en cada una de las jurisdicciones tanto en la etapa de instrucción como en la de juicio y de recursos y avance decididamente en la persecución penal de la responsabilidad civil, judicial y empresarial.
Asimismo, durante los últimos años, la Procuradora Gils Carbó adoptó una serie de decisiones que consolidaron el papel del MPF en la defensa de los derechos humanos en general, tales como la creación de otras procuradurías, unidades fiscales y direcciones de apoyo especializadas en violencia institucional, trata de personas, violencia contra las mujeres, acceso a la justicia y asistencia a víctimas, entre muchas otras.
Ahora bien. Ya desde la campaña electoral de 2015, y con mucha mayor fuerza durante el primer año de su gobierno, el Presidente Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, se dedicaron a desplegar una fuerte campaña de presiones públicas que apuntó en primer término a lograr la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó —quien fue nombrada en 2012 conforme el procedimiento legal vigente —, a la vez que a degradar, y restar jerarquía y peso político institucional al Ministerio Público Fiscal en su conjunto.
Fueron contundentes en este sentido las múltiples declaraciones del Presidente, de su Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y de muchos otros funcionarios del actual gobierno actual contra Gils Carbó a fin de forzar su renuncia o amenazando destituirla por mecanismos no previstos en la ley y la Constitución Nacional, en vulneración a los principios de autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal. Las declaraciones de altos funcionarios públicos tuvieron eco en una enorme campaña mediática de desprestigio, así como en la proliferación de causas judiciales destinadas a horadar la legitimidad de la Procuradora y del Ministerio Público Fiscal en general.
En esta línea, apenas asumió, el Presidente emitió un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 257/2015) , mediante el cual restringió la autarquía económica y financiera del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Asimismo, y con el claro propósito de forzar la salida anticipada de Gils Carbó, el Poder Ejecutivo impulsó a principios de 2016 una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que no solo pretendía acortar el mandato de su titular, sino también limitar sus funciones así como las inmunidades y atribuciones de los/as fiscales en su conjunto. Este proyecto, con algunos agregados y reformas, obtuvo un dictamen favorable de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación durante el mes de octubre, aunque hasta la fecha no fue tratado en el recinto. Tal como manifestaron juristas destacados, asociaciones de magistrados, numerosas organizaciones especializadas en justicia y organismos de derechos humanos el proyecto era claramente inconstitucional por afectar la independencia y autonomía del MPF.
Entre los rasgos más destacados del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo se destaca la atribución de amplias facultades a la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización del Ministerio Público, al adjudicarle funciones de gestión y cogobierno del organismo . La gestión del MPF y en definitiva la política criminal quedaría así condicionada por la lógica política parlamentaria. Además el proyecto le asignaba un mandato limitado de 5 años a la Procuradora General, modificando la inamovilidad de la que goza hasta los 75 años —o hasta su renuncia o remoción por mal desempeño—, tal como la que tienen los jueces, fiscales y defensores federales. Este mandato limitado, además, no permitiría la planificación a largo plazo de las políticas del MPF y quedaría sometido a la lógica política de buscar el acuerdo para renovar el mandato, afectando así la autonomía del organismo, garantizada por la Constitución. El proyecto además establecía para los fiscales un requisito de 5 años de antigüedad en el cargo para ocupar ciertas funciones, lo que arbitrariamente excluía a ciertos titulares actuales de procuradurías o unidades fiscales especializadas, sin considerar su idoneidad ni el trabajo realizado durante su mandato, como es el caso de los titulares de las Procuradurías de Violencia Institucional o de la Unidad Fiscal especializada en la apropiación de niños durante la dictadura. Asimismo, el proyecto impulsado por el Ejecutivo pretendía limitar de la ley la Procuraduría de Defensa de la Constitución, e incorporaba una Procuraduría Antiterrorista, con una orientación preocupante en tanto el Ministerio Público ya cuenta con una unidad fiscal especializada en la investigación del ataque terrorista a la AMIA. También se omitían en el proyecto de ley áreas creadas recientemente en defensa de los derechos humanos como la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres o la Dirección General de Derechos Humanos. Otro de los rasgos preocupantes del proyecto de ley era la habilitación al Procurador General o a los fiscales de distrito de reasignar causas judiciales ante casos complejos y otras circunstancias vagas, habilitando una posible manipulación de causas concretas. Finalmente no se puede dejar de resaltar que el proyecto pretendía modificar el sistema de concursos de fiscales, limitando el jurado a solo tres integrantes, uno de los cuales sería un representante del gobierno, lo cual implica una mayor injerencia del Poder Ejecutivo sobre competencias propias del organismo.
Es por ello que los participantes en el proceso de Justicia advertimos que la intención de remover a Gils Carbó y debilitar la autonomía del MPF no puede leerse más que como un obstáculo al proceso histórico de memoria, verdad y justicia, y al rol que ha venido asumiendo en estos últimos años el Ministerio Público Fiscal en la protección de los derechos humanos.
Finalmente, tampoco puede dejar de llamarse la atención de la Ilustre Comisión Interamericana sobre el hostigamiento y las presiones que han venido sufriendo un conjunto de jueces y fiscales comprometidos con el proceso de verdad y justicia. Un caso paradigmático, sin duda, ha sido la embestida contra el juez federal Daniel Rafecas. Durante el mes de septiembre Rafecas fue objeto de una fuerte campaña mediática —encabezada por sectores oficialistas, del poder judicial, empresarios y ciertos periodistas— para forzar su destitución, con motivo de la intervención de Rafecas en una causa que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman, y que fue cerrada por el juez por “inexistencia de delito”, decisión confirmada por todas las instancias superiores, hasta hace pocas semanas. Ante tal campaña de presión contra el juez, nuevamente activistas y organismos de derechos humanos, entre miles de otras firmas, salieron a respaldar a Rafecas: “no podemos menos que rechazar de plano este grosero pedido de destitución contra el doctor Daniel Rafecas, por su intervención en aquel caso; intervención estricta, fundada, lógica y normativamente”. Luego de describir el pedido de remoción como una “persecución” y a Rafecas como un juez independiente, resaltan su compromiso con el trabajo con las garantías del Estado de derecho. “Reconocemos que la actuación de Daniel Rafecas ha sido con especial apego a las leyes y al igual que en la labor docente, ha demostrado un profundo compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y las libertades democráticas” .
V. Información sobre la postura negacionista de distintos funcionarios del gobierno
Ya a comienzos de 2016, un funcionario del gobierno porteño —que luego debió renunciar a su cargo— puso en discusión el universo de víctimas del Terrorismo de Estado . Esta discusión luego fue reeditada por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri y el Secretario de Derechos Humanos y Pluriculturalidad del gobierno nacional, Claudio Avruj, cuando se refirió a 7.010 desaparecidos, olvidando documentos históricos como los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos: “Se tienen computados 22.000 entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha”, decía el informe que el jefe de la DINA Chilena, Arancibia Clavel, envió a su país en 1978.
Este tipo de comentarios por parte de funcionarios de gobierno demuestran la intención deliberada de omitir hechos históricos atravesados por un grado extremo de injusticia y crueldad (negacionismo), y deslegitimar a víctimas, familiares y organismos de derechos humanos que hicieron de “los 30.000” una bandera de su lucha inclaudicable por verdad, memoria y justicia.
Es claro que el único registro fehaciente sobre la cantidad de víctimas del terrorismo de Estado está en poder de los responsables como en reiteradas veces y desde hace 40 años han dicho los sobrevivientes, sus familiares y los organismos de derechos humanos.
En esta misma línea negacionista del genocidio y que apunta a reinstalar la teoría de los dos demonios, en lugar de un terrorismo de Estado, se inscriben los encuentros de funcionarios nacionales con una organización que busca juzgar la lucha armada en los 70. En tal sentido, según se filtró en los medios de comunicación, el 14 de enero de 2016, el Secretario de Derechos Humanos y Pluriculturalidad de la Nación, Claudio Avruj, recibió en el predio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA a integrantes del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) , una organización de Familiares de militares y policías imputados o condenados por ser parte del terrorismo de Estado, quienes reivindican públicamente el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y el accionar de quienes en ese momento usurparon el poder y cometieron las graves violaciones a los Derechos Humanos entre 1976 y 1983”. La reunión referida, realizada en uno de los lugares más simbólicos del Terrorismo de Estado, generó un amplio repudio por parte de organismos de derechos humanos, pues esa organización recibida por una alta autoridad nacional reivindica la “teoría de los dos demonios” y se refiere a las víctimas del terrorismo de Estado como “terroristas subversivos”, por lo que su presencia en el ex centro de la Armada recuperado en 2004 resultaba un agravio a la memoria de los desaparecidos.
En reiteradas oportunidades hemos destacado el papel que ha tenido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y específicamente la CIDH, para enfrentar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras de la región. En efecto, la CIDH delineó los principios y estándares medulares acerca de las obligaciones que tienen los Estados en materia de lucha contra la impunidad y en particular sobre el contenido y alcance de los derechos a la justicia, a la verdad, y a la reparación integral de las víctimas de graves violaciones. En ese marco general, el Informe nº 28/92 sobre Argentina ha tenido particular relevancia toda vez que, como se mencionó, contribuyó a revertir la impunidad y lograr la reapertura del proceso de justicia.
Es por ello que los peticionarios entendemos esencial continuar con este proceso de seguimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe nº 28/92. Un acompañamiento firme y sólido de la CIDH contribuirá a lidiar con los obstáculos al avance de los juicios a la vez que fortalecerá el proceso de justicia. Es por esto que solicitamos se nos conceda una audiencia en el próximo período de sesiones.
Sin otro particular, aprovechamos esta oportunidad para saludarlo con especial consideración.
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