Source: https://www.scribd.com/document/336119816/SENTENCIA-DEL-TRIBUNAL-CONSTITUCIONAL
Timestamp: 2017-01-24 11:33:16+00:00

Document:
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinoCK DE¿UNAL CONSTITUCIONAL
EXP N ° 0773 I -2013-PHC/TC
CARMEN MARÍA VILLANUEVA
En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blume
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera,
pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Sardón de Taboada
que se agrega.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Walter Tolentino Villanueva en
representación de Carmen María Villanueva Polinar contra la resolución expedida por la
Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, de fojas 175, de fecha 17
de julio de 2013, que declaró infundada la demanda de autos.
Con fecha 3 de abril de 2013, Walter Tolentino Villanueva interpone demanda de
habeas corpus a favor de Carmen María Villanueva Polinar y la dirige contra los jueces del
Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Salazar Flores y
Colmenares Urupeque, y contra los jueces de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Tumbes, Torre Muñoz, Cerrón Rengifo y Guillermo Felipe. Alega
n de los derechos al debido proceso y de defensa, por lo que solicita que se
las las resoluciones dictadas el 15 de agosto y el 6 de diciembre de 2012,
vamente, por los emplazados.
Manifiesta que por resolución de fecha 15 de agosto de 2012 (f. 2), el Juzgado Penal
Colegiado de Tumbes, por mayoría, condenó a Carmen María Villanueva Polinar y otros a
quince años de pena privativa de la libertad por el delito contra la salud pública --- tráfico
ilícito de drogas; que interpuesto el recurso de apelación, la Sala Penal de Apelaciones de
la Corte Superior de Justicia de Tumbes confirmó la apelada mediante resolución de fecha
6 de diciembre de 2012 (f. 19); y que, por resolución N.° Dieciséis, de fechal4 de enero de
2013 (f. 38), se declaró inadmisible el recurso de casación.
Alega que la favorecida es quechuahablante y que entiende mínimamente el idioma
castellano, por lo que se debió asignarle un intérprete durante el proceso penal seguido en
su contra. Sostiene que tampoco contó con un intérprete al rendir su declaración en las
diligencias preliminares, y que dicha declaración fue introducida como prueba en el juicio
oral. Señala también que la favorecida es una persona iletrada y que las resoluciones
cuestionadas se han limitado a exponer un relato de hechos relacionados con el hallazgo de
la droga en un ambiente diferente del ocupado por Carmen María Villanueva Polinar.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, al
contestar la demanda señala que el proceso penal contra la recurrente ha respetado las
garantías del debido proceso y que la justicia constitucional no puede ser una instancia más
UNAL CONSTITUCIONAL
EX P N ° 07731-20 I 3-11-1C/TC
., en la que se pretenda extender nulidades o impugnaciones de un proceso judicial ordinario.
A fojas 125 de autos, obra el acta de la diligencia de toma de dicho a la favorecida, la
misma que se llevó a cabo el 13 de mayo de 2013 y se registró en audio. En dicha
diligencia, Carmen María Villanueva Polinar hizo referencia a su estado de salud de ese
momento, al lugar donde la policía la intervino, al trabajo que tenía, a que no sabe ni leer
ni escribir, que habla quechua y que recientemente no entiende el español, que su hijo tiene
24 años y habla español. Asimismo, el juez dejó registro de la participación de una interna
que se constituyó en el ambiente donde se llevó a cabo la declaración y manifestó que
conoce a la favorecida desde su ingreso y que sí habla bien el español.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de
Tumbes, mediante resolución de fecha 29 de mayo de 2013 (f. 134), declaró infundada la
demanda por considerar que en la toma de dicho se acreditó que la favorecida habla y
entiende los idiomas castellano y quechua; que ella misma declaró que su hijo habla
español y que otra interna declaró que siempre se comunicaron en español; también se
consideró que la favorecida durante el proceso penal en su contra haya contado con la
asesoría de tres abogados y que no se ha acreditado que haya necesitado un intérprete.
A su turno, la recurrida confirmó la apelada por similares fundamentos.
elimitación del petitorio y determinación de la controversia
1. Del contenido de la demanda queda establecido que el petitorio del hábeas corpus está
dirigido a que se declare la nulidad de la resolución expedida por el Juzgado Penal
Colegiado de Tumbes, de fecha 15 de agosto de 2012, que, por mayoría, condenó a
quince años de pena privativa de la libertad a Carmen María Villanueva Polinar por el
delito contra la salud pública -- tráfico ilícito de drogas; así como de la resolución
confirmatoria de fecha 6 de diciembre de 2012, expedida por la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Se alega la vulneración del
derecho de defensa, toda vez que la demandante es quechuahablante y debió ser asistida
por un intérprete.
2. En tal sentido, la controversia en el presente caso está vinculada con el desarrollo del
proceso penal seguido a la favorecida y las garantías otorgadas a su defensa tomando en
cuenta su condición de quechuahablante. No obstante, este Tribunal observa que
Carmen María Villanueva Polinar también es una persona analfabeta, por lo que
considera que dicha situación ha podido incidir de manera negativa en el ejercicio
debido de su defensa, en la medida que tendría limitaciones para la comprensión de su
situación jurídica. Por ello, en atención a lo prescrito por el artículo VIII del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal es de la opinión que el
pronunciamiento a emitir en el presente caso, si bien tiene como eje principal el análisis
de una supuesta afectación al derecho de defensa, ello no se podrá llevar a cabo sin
TRI NAL CONSTITUCIONAL
FXP N ° 07731-2013-PHC/TC
POTINAR
verificar cuáles habrían sido las consecuencias de procesar penalmente a una persona
quechuahablante y analfabeta sin la debida asistencia técnica para el efecto.
§. Sobre el derecho de defensa
3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 inciso d) reconoce
el derecho de defensa como aquel "derecho del inculpado de defenderse personalmente
o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente
con su defensor". En tanto que el artículo 139 inciso 14 de la Constitución lo enuncia
del siguiente modo: "El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente, y por escrito, de la
causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un
defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por
cualquier autoridad".
4. Sobre el derecho de defensa, este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia que
"constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el
ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este
último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de
interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de
los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las
, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés" (Cfr.
N.° 5085-2006-PA, 4719-2007-HC, entre otras).
Asimismo, cabe recordar que el contenido esencial del derecho de defensa queda
afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta
impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios
necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.
§. Sobre el derecho a usar el propio idioma ante cualquier autoridad mediante un
6. Lo establecido en los fundamentos precedentes referido al derecho de defensa no sería
posible si, en el seno de un proceso, no se nombra intérprete a aquella parte que tiene
como idioma propio uno distinto al castellano y, en consecuencia, no tiene la
posibilidad de entender el idioma usado en los tribunales, a fin de ejercer su derecho de
defensa constitucionalmente protegido.
7. En esa línea, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.3
ha dejado establecido las siguientes garantías mínimas para las personas: "a) A ser
informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella", y "t) A ser asistida
gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el
tribunal". En tanto que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce
en el artículo 8.2.a el "derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el
TRIBpONAL CONSTITUCIONAL
EXP N ° 07731-201 3-nicrrc
1 UMBES
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal".
8. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión consultiva
0C-16/99 del 1 de octubre de 1999 ha señalado que "la evolución del procedimiento ha
sido constante y notable en el medio siglo transcurrido después de la Segunda Guerra
Mundial. De esto hay abundantes testimonios. El derecho a contar con defensa en el
proceso se ha visto ampliado y enriquecido por el derecho a disponer de abogado desde
el primer momento de la detención. El derecho a conocer los motivos del procedimiento
se ha ensanchado con el derecho a disponer de traductor cuando no se conoce el idioma
en el que aquél se desarrolla". En tanto que en la Opinión Consultiva 0C-17/2002, de
28 de agosto de 2002, ha precisado que el derecho de defensa "incluye varios derechos;
contar con el tiempo y los medios para preparar la defensa, tener intérprete o traductor,
ser oído, conocer la acusación e interrogar y presentar testigos".
9. La Constitución, como ya ha tenido ocasión de precisar este Tribunal en las SSTC N.°
4719-2007-11C y 4789-2009-11C, no es solo una obra normativa, sino que en su
dimensión cultural es "expresión de un estado de desarrollo cultural, medio de la auto
representación cultural del pueblo, espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus
esperanzas", que contiene en su seno distintas reglas como expresión de su identidad
cultural fundada en la diversidad. De ahí que el artículo 2 inciso 19 de la Constitución
establece en su segundo párrafo que "Todo peruano tiene derecho a usar su propio
ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este
derecho cuando son citados por cualquier autoridad". Con esta norma
ucional se busca asegurar el respeto de los derechos culturales y las garantías
iínimas de los procesados, a fin de que puedan ejercer sus derechos fundamentales
como es el caso del derecho de defensa.
10. Por tanto, se desprende de lo expuesto que el ejercicio del derecho de defensa no es
posible si al recurrente no se le designa traductor o intérprete, y —acorde a la
Convención Americana— que este derecho es una garantía mínima del procesado para el
respeto de su derecho al debido proceso y a su identidad cultural, en consecuencia, para
su validez. Así lo ha entendido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
cuando ha señalado que "toda declaración de una persona que no comprenda o no hable
adecuadamente el idioma en el cual esta le es tomada, carece de valor" (Informe sobre
la situación de los Derechos Humanos de un sector de la población nicaragüense de
origen Mismito, 1983. Parte II, secc., D, párr. 17 d).
§. El derecho de las personas analfabetas a no dejar de ser asistidas por un abogado y
a una debida defensa acorde a su condición
1. Para las Naciones Unidas, una persona analfabeta es aquella que no puede leer ni
escribir un breve y simple mensaje que guarda relación con su vida diaria] . También lo
es, aquella que solo puede leer pero no escribir, o puede escribir pero no leer. A pesar de
Consulta en línea http://unstats.un.orakinstiklemographielproduets/soeind/illiteraev.htm
EXP N ° 07731-2013-PHC/TC
1 UM BES
que existe la obligación constitucional del Estado peruano de garantizar la erradicación
del analfabetismo (artículo 17 in fine), y que la educación básica es un derecho
fundamental; si bien es cierto en las últimas décadas este derecho es ejercido por la
mayoría de personas, en el Perú todavía hay muchos niños y jóvenes que no asisten a
los centros educativos. Así lo demuestran las últimas cifras sobre analfabetismo del
Instituto Nacional de Estadística e Informática2:
PERO: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD, 2007 - 2015
2015 ni
PI f.-norma:14n ore' nono.
Fuente' Instituto Nacional do Estadistica o Informática - INEI
PERÚ: TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS
AÑOS DE EDAD SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 2015 — II Trimestre
2015 Pi
P: Información prellimmar para e] año 2015
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática INEI
12. Como se aprecia, a pesar de que el analfabetismo se ha ido reduciendo (5.7 %), todavía
Consu lw
en linea https://www. i nei. gol). pchned ia/MenuRecursivo/publicaciones digitales/Est/Lib I 292/1i bro. pd
EXP N 07731-2013-PHC/TC
no podría afirmarse que el Perú es un país libre de este si se toma en cuenta que la ONU
fija como parámetro para el efecto un porcentaje no superior al 5%. Por lo que la
obligación constitucional de articular desde el Estado las medidas necesarias para
alcanzar esa concreta política pública educativa como es la erradicación total del
analfabetismo, debe ser cumplida de manera comprometida y efectiva. Más aún porque
la alfabetización constituye un requisito necesario para la defensa, desarrollo de
habilidades y materialización de derechos implicados en el ejercicio de una ciudadanía
plena. Hace posible que las personas puedan acceder, elegir y apropiarse de las
oportunidades que ofrece la vida en sociedad, y a la vez, enriquecerla, a través de su
participación activa3.
13. Ahora bien, en el marco de las relaciones procesales, es decir, tratándose de
controversias judiciales, el Estado tiene la obligación de procurar a las personas
analfabetas una protección especialmente garantista, ello, por cuanto, al estar
desnaturalizada su capacidad de comprensión por no contar con las herramientas
cognitivas necesarias, tal condición especial las coloca en una situación de desventaja
frente a la otra parte. Con dicha protección, el Estado no solo justifica su inacción social
en materia educativa, sino que habilita la posibilidad de que las personas analfabetas
asistan a un proceso en mejores condiciones y puedan exigir de manera efectiva el
respeto de sus derechos.
14. En tal sentido, a partir del contenido del derecho al debido proceso y del deber
constitucional de garantizar la defensa de las personas en juicio, más aún, cuando se
rsonas analfabetas, este Tribunal entiende que entre dicho derecho y tal deber
a relación que bien puede ser expresada en el derecho de las personas
tas a no dejar de ser asistidas por un abogado y, por tanto, a recibir una debida
nsa acorde a su condición en los procesos judiciales. Es decir, se puede considerar,
sin necesidad de apelar a la cláusula de los derechos no enumerados o derechos no
escritos recogida en el artículo 3 de la Constitución que está reservada solo para
aquellas especiales y novísimas situaciones que supongan la necesidad del
reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más alto nivel y que, en
modo alguno, pueda considerarse que está incluido en el contenido de algún derecho
constitucional ya reconocido en forma explícita (Cfr. STC N.° 0895-2001-AA, F.J. 5);
que el derecho de defensa supone la existencia del derecho que tienen las personas
analfabetas a no dejar de ser asistidas por un abogado y, por tanto, a recibir una debida
defensa acorde a su condición en los procesos judiciales.
15. En tal sentido, corresponderá al Tribunal Constitucional determinar el contenido
esencial de dicho derecho, es decir, ese núcleo mínimo que resulta indisponible y, por
consiguiente, proyectado como vinculante, directamente, desde el artículo 139 incisos
14 y 16 de la Constitución. Por tanto, a criterio del Tribunal, prima facie y sin perjuicio
de ulteriores precisiones jurisprudenciales que pueda ser de recibo realizar, pertenece al
Cfr. Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (1993) "El analfabetismo en América
Latina". En línea: http://www.siteal.iipe-oei.org/sites/default/files/siteal datodestacaclo20130218.pdf
g)CA bo
II II IIII
contenido esencial del derecho fundamental a ser asistida por un abogado y a recibir una
debida defensa acorde a su condición, el derecho de toda persona analfabeta a:
a) Recibir la asistencia técnica de un abogado libremente elegido o uno de oficio; y,
en este último supuesto, a que el Estado no renuncie en ninguna circunstancia a su
deber constitucional de otorgar defensa.
b) Que la autoridad judicial promueva las medidas necesarias a fin de que pueda
conocer la naturaleza, el objeto y alcances del proceso seguido en su contra.
c) Que la autoridad judicial le garantice el conocimiento de las principales decisiones
emitidas en el proceso, no siendo suficiente el acto de notificación para dicho
§. Análisis del caso
16. Como ya se ha señalado en el fundamento 2 supra, la controversia en el presente caso
está vinculada con el desarrollo del proceso penal seguido a la favorecida y las garantías
otorgadas a su defensa, tomando en cuenta su condición de quechuahablante y
17. De los documentos que obran en autos, este Tribunal advierte que: i) a pesar de que la
favorecida declaró ser quechuahablante y que entiende mínimamente el español (f. 4),
también ratificó su abogado (f. 13), el Juzgado que sentenció no le asignó
ete tal como su condición lo exigía; ii) en el voto singular emitido en la
condenatoria por el juez Burneo Carrasco (f 18), este señaló que en la
estigación penal se había incurrido en varias irregularidades atribuidas al Ministerio
Público y a la Policía, y advirtió también de la ausencia del abogado defensor en la
mayor parte de las actuaciones; y, iii) a fojas 78 obra el acta de lectura de sentencia
expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes
donde se dejó constancia de la ausencia del abogado defensor a la audiencia.
18. Adicionalmente el Tribunal verifica que la negativa de la recurrente a rendir
declaraciones (f. 4), no solo se debió a su limitación para comunicarse en el idioma
castellano, sino también a su falta de comprensión de lo que estaba ocurriendo en el
proceso penal por ser una persona analfabeta.
19. Al respecto el Tribunal observa que las autoridades jurisdiccionales no otorgaron una
debida tutela en la medida que no ofrecieron las garantías necesarias, a fin de que el
derecho de defensa de la recurrente en su calidad de analfabeta y quechuahablante se
encuentre plenamente protegido. En opinión del Tribunal, la autoridad judicial debió
asignar un intérprete a la favorecida para que pueda comunicarse correctamente y sin
limitaciones con el objeto de que pueda ser oída en el proceso; asimismo, debió exhortar
al abogado para que no deje de asistir a ninguna de las audiencias y le comunique a la
favorecida todo lo ocurrido en cada una de las etapas del proceso, dejando expresa
20. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso se ha vulnerado el
derecho de defensa de la favorecida Carmen María Villanueva Polinar.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
1. Declarar FUNDADA la demanda; y, en consecuencia nula la resolución expedida por el
Juzgado Penal Colegiado de Tumbes, de fecha 15 de agosto de 2012, en el extremo que,
por mayoría, condenó a quince años de pena privativa de la libertad a Carmen María
Villanueva Polinar por el delito contra la salud pública — tráfico ilícito de drogas; así
como nula de la resolución confirmatoria de fecha 6 de diciembre de 2012, expedida por
la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes.
2. Ordenar el inicio de un nuevo juzgamiento por el delito contra la salud pública — tráfico
ilícito de drogas a la favorecida, el mismo que debe estar orientado por las garantías del
debido proceso, preservándose una especial protección a su derecho de defensa de
conformidad con lo señalado en esta sentencia.
3. Precisar que la expedición de la presente sentencia no genera como consecuencia la
puesta en libertad de Carmen María Villanueva Polinar.
RRERA
cer hico:
JANET/OTARt3LA SA 1TILLANA
reta da Relatora
3UNAL CONSTITUCIONAL
(1s3OCA nez.,00
s'eQt
EXP. N.° 07731-2013-PHC/TC
CARMEN MARIA VILLANUEVA POLINAR
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA
Con el debido respeto hacia la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito el
siguiente voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo de la
sentencia de mayoría.
De conformidad con el artículo 2, inciso 19, de la Constitución Política del Perú, todo
peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, mediante un
Sustentándose en tal dispositivo constitucional, la recurrente sostiene que, al ser
quechuahablante, debió asignársele un intérprete en el proceso penal seguido en su
contra por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Ciertamente, el derecho de defensa se vulneraría si, en el seno del proceso penal, no se
hubiera asignado un intérprete a un procesado que tiene como idioma uno distinto al
Empero, en el presente caso no había tal necesidad, puesto que la recurrente conocía el
castellano: en la sentencia de fecha 15 de agosto de 2012 (fojas 62) se señala que, en el
acto de instalación del juzgamiento, se le preguntó si reconocía su responsabilidad en el
delito imputado, y manifestó que se consideraba inocente.
Además, en la sesión de fecha 17 de julio de 2012, la recurrente señaló nuevamente que
era inocente y que no declararía en el juicio. Así, se dispuso la lectura de las
declaraciones efectuadas en la investigación preparatoria. En la de fecha 14 de
noviembre de 2011, la recurrente señaló que entiende a medias el castellano.
En el considerando noveno de la sentencia, los jueces superiores señalaron que durante
el juicio oral la recurrente respondió las preguntas que le efectuaron y en ningún
momento se acercó a su abogado para que le traduzca o aclare lo que no comprendía.
Finalmente, en el acta de toma de dicho de la sentencia (fojas 125) la recurrente
manifestó que su hijo habla castellano, de lo cual se deduce que comprende este idioma
para comunicarse con él. Además, otra procesada que conoció a la recurrente manifestó
que se comunicaba con ella en idioma castellano.
Por estos motivos, considero que la demanda debe ser declarada INFUNDADA.
Lo cr, u
----JAnl.-...T O TRO LA
More From This UserSentencia Poder JudicialAgendaCP13-1-2017-4PROYECTO DE LEY 841Casacion Laboral 7945 2014 CUSCOCase of a.h. and Others v. RussiaResolución Administrativa 012 2017 CE PJResolución SBSSentencia de Corte Suprema (Sunat-Savia)Resolución Suprema N° 001-2017-MTCCasación N° 326-2016-LambayequePleno CasatorioCASACION 11642-2015 TACNARESOLUCION TOCACHESENTENCIA CORTE EUROPEACAS. Nº 12470-2014 CUSCOCAS. Nº 12470-2014 CUSCOCasación_Nro 720_30-11-2016tmp_12294-Casación_Nro 720_30-11-2016-904842135.pdfSENTENCIA TEDHDecreto Leg. 1353Resolucion Nadine HerediaDecreto Legislativo 1323Decreto Legislativo 1342Decreto Legislativo N° 1348Cas. 326-2016 SPP-Lambayeque
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulSENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL by La LeyEmbedDownloadDescriptionSENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALSENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: © All Rights ReservedDownload as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less
RelatedCas. 854-2015 SPP-Ica by La LeyCas. 326-2016 SPP-Lambayequeby La LeyD.Leg 1352by La LeyCAS. Nº 12470-2014 CUSCOby La LeyDecreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio la violencia familiar y la violencia de géneroby David Torres PachasCasación Nº 1075-2015 Limaby La LeyDecreto Legislativo que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentesby Fidel Francisco Quispe HinostrozaCasación N° 326-2016-Lambayequeby La LeyResolucion Nadine Herediaby La LeyDecreto Legislativo que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la seguridad ciudadanaby Fidel Francisco Quispe HinostrozaCASACION 11642-2015 TACNAby La LeyProyecto de Ley N° 793-2016-CRby La LeyDecreto Legislativo N° 1313by La LeyRecurso de Nulidad N° 347-2016 Punoby La LeyDecreto Supremo N° 399-2016-EFby La LeyDecreto Legislativo Nº 1295by La LeyDecreto Legislativo Nº 1265by La LeyDecreto Legislativo N° 1341by La LeyDecreto Legislativo Nº 1245by La LeyPleno Casatorioby La LeyCasación N° 38-2016 Limaby La LeyCasación N° 1622-2015 Arequipaby La LeyDecreto Legislativo N° 1277by Naty BazoRecurso de Nulidad Nº 2692-2014 Ucayaliby La LeyResolución N° 0000001095-2016-ONP-TAPby La LeyCasación N° 363-215 Santaby La LeyCasación Nº 2370-2015 Cuscoby La LeyDecreto Legislativo Nº 1253by La LeySimilar to SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALCas. 854-2015 SPP-Ica Cas. 326-2016 SPP-LambayequeD.Leg 1352CAS. Nº 12470-2014 CUSCODecreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio la violencia familiar y la violencia de géneroCasación Nº 1075-2015 LimaDecreto Legislativo que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de AdolescentesCasación N° 326-2016-LambayequeResolucion Nadine HerediaDecreto Legislativo que modifica el Código Penal a fin de fortalecer la seguridad ciudadanaCASACION 11642-2015 TACNAProyecto de Ley N° 793-2016-CRDecreto Legislativo N° 1313Recurso de Nulidad N° 347-2016 PunoDecreto Supremo N° 399-2016-EFDecreto Legislativo Nº 1295Decreto Legislativo Nº 1265Decreto Legislativo N° 1341Decreto Legislativo Nº 1245Pleno CasatorioCasación N° 38-2016 LimaCasación N° 1622-2015 ArequipaDecreto Legislativo N° 1277Recurso de Nulidad Nº 2692-2014 UcayaliResolución N° 0000001095-2016-ONP-TAPCasación N° 363-215 SantaCasación Nº 2370-2015 CuscoDecreto Legislativo Nº 1253Precedentes Del Tribunal FiscalCasación N° 2937-2011 ArequipaSENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AboutBrowse booksSite directoryAbout ScribdMeet the teamOur blogJoin our team!Contact UsPartnersPublishersDevelopers / APIMembershipsJoin todayInvite FriendsGiftsSupportHelpFAQAccessibilityPressPurchase helpAdChoicesLegalTermsPrivacyCopyrightCopyright © 2017 Scribd Inc. .Terms of service.Accessibility.Privacy.Mobile Site.Site Language: English中文EspañolالعربيةPortuguês日本語DeutschFrançaisTurkceРусский языкTiếng việtJęzyk polskiBahasa indonesiaYou're Reading a Free PreviewDownloadAboutBrowse booksSite directoryAbout ScribdMeet the teamOur blogJoin our team!Contact UsSupportHelpFAQAccessibilityPressPurchase helpAdChoicesPartnersPublishersDevelopers / APILegalTermsPrivacyCopyrightMembershipsJoin todayInvite FriendsGiftsStay ConnectedCopyright © 2017 Scribd Inc. .Terms of service.Accessibility.Privacy.Mobile Site.Site Language: English中文EspañolالعربيةPortuguês日本語DeutschFrançaisTurkceРусский языкTiếng việtJęzyk polskiBahasa indonesiaAre you sure?This action might not be possible to undo. Are you sure you want to continue?CANCELOKWe've moved you to where you read on your other device.Get the full title to continueGet the full title to continue reading from where you left off, or restart the preview.Restart preview{{ title }}{[ if (!is_document) { ]}{[ } ]}{[ if (typeof authors !== undefined && authors.length) { ]}by {[ for (var i=0; i < authors.length; i++) { ]}{[ if (i > 0) { ]}, {[ } ]}{{ authors[i].name }}{[ } ]}{[ } else { ]}{[ if (is_article || is_issue) { ]}from {{ publication.name }}{[ } else { ]}{{ publisher.name }}{[ } ]}{[ } ]}{{ length }}{[ if (typeof download_url !== undefined && download_url) { ]}Download{[ } ]}{{ title }}Collection{{ formatted_count }}View collectionscribd

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 artículo 8
 artículo 139
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 2
in fine
 artículo 3
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 artículo 2