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Timestamp: 2020-01-23 05:10:55+00:00

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Sentencia de Sala Tercera de la Corte, 21-12-2018 - Jurisprudencia - VLEX 774008877
Sentencia de Sala Tercera de la Corte, 21-12-2018
*180001011295PE*
Exp: 18-000101-1295-PE
Res: 2018-00908
SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.
Vista la presente Solicitud de Prórroga de Prisión Preventiva, en causa seguida contra Eylier Antonio González Alvarado y Luis Esteban Pérez Villarevia, por el delito de Infracción a la Ley de Psicotrópicos, en perjuicio de La Salud Pública, y;
I. Mediante escrito visible de folios 33 al 35, del legajo del recurso de casación, la Licda. Elena Romero Morales, Fiscala Auxiliar de Flagrancias de Pérez Zeledón solicita ante esta Sala la prórroga de la prisión preventiva de los justiciables Eylier Antonio González Alvarado y Luis Esteban Pérez Villarevia, debido a que la medida cautelar vence el 28 de diciembre de 2018.
II. COMPETENCIA EXCEPCIONAL DE ESTA SALA PARA AMPLIAR PLAZOS DE PRISION PREVENTIVA EN ASUNTOS DE SU CONOCIMIENTO. El numeral 258 del Código Procesal Penal, establece dentro del marco de competencias de esta Cámara la ampliación excepcional de la prisión preventiva en los casos sometidos a su conocimiento, más allá de los términos ordinarios y extraordinarios dispuestos en el numeral 258 del Código Procesal Penal. La indicada prórroga puede ser ordenada por un lapso de hasta seis meses, con la finalidad de que se conozcan y resuelvan los recursos de casación formulados por las partes. En relación con el caso específico del Procedimiento Expedito de Flagrancia, esta Sala ha establecido que la forma en que debe llevarse a cabo el conteo de los plazos de prisión preventiva es la siguiente: “Tal y como ha sido señalado por esta Sala en anteriores oportunidades (resoluciones 2013-00401, de las 10:00 horas, del 22 de marzo, 2013-000673, de las 16:22 horas, del 13 de junio y 2013-893, de las 10:25 horas, del 12 de julio, todas del 2013), tratándose del procedimiento expedito de flagrancia, el plazo ordinario de prisión preventiva definido por el legislador, es de quince días, pudiéndose prorrogar por seis meses con el dictado de la sentencia condenatoria. Fuera de tales plazos procede la prórroga extraordinaria por el plazo de 15 días hábiles, por parte de Tribunal de Apelación de Sentencia. Pero subsiste, en todo caso, la posibilidad establecida por el artículo 258 del Código Procesal Penal, de ampliar la prisión preventiva tanto por parte del Tribunal de Juicio como del Tribunal de Apelación de Sentencia (según el caso) “…para asegurar la realización del debate o de un acto particular…” en cuyos casos, “…la privación de libertad no podrá exceder del tiempo absolutamente necesario para cumplir la finalidad de la disposición…” (párrafo tercero del artículo 258 del Código Procesal Penal)… La Sala de Casación Penal, conforme al artículo 258 –párrafo final– del Código Procesal Penal, tiene una facultad excepcional de ampliación de los plazos de prisión preventiva, “…en los asuntos de su conocimiento (…) hasta por seis meses más allá de los términos de ley autorizados con anterioridad…” (Resolución 2018-0290, de las 11:40 horas del 4 de mayo de 2018). Del estudio de los autos se determinan las siguientes circunstancias de interés: En cuanto al agotamiento de los plazos dispuestos por ley. a) Los encartados Eyler Antonio González Alvarado y Luis Esteban Perez Villarevia fueron detenidos el día 5 de marzo de 2018 y quedaron en libertad el día 6 de marzo de 2018. b) Mediante sentencia 330-TFPZ-2018, del 22 de mayo de 2018 se ordenó la prisión preventiva de ambos acriminados por un plazo de seis meses con vencimiento el día 22 de noviembre de 2018. c) No consta en el expediente la existencia de la prórroga de la prisión preventiva del 23 al 26 de noviembre, no obstante, los imputados se mantuvieron privados de libertad. d) Mediante resolución 868-TFPZ-2018, de las 18:35 horas del 27 de noviembre de 2018, el Tribunal de Flagrancia de Pérez Zeledón ordenó la prórroga de la medida cautelar del 27 de noviembre al 13 de diciembre, lo que unido al periodo indicado en el punto anterior completó el periodo de 15 días hábiles, para un total de 21 días naturales. De esta manera se agotó el plazo ordinario de prisión preventiva. d) El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, mediante voto 2018-567, de las 11:14 horas del 12 de diciembre de 2018, ordenó una nueva prórroga por 15 días naturales, que abarcan desde el vencimiento el 13 de diciembre al 28 de diciembre de 2018, con lo que también venció el plazo extraordinario de la medida cautelar. En cuanto a asuntos pendientes de conocimiento por parte de esta Sala. En el presente proceso el Defensor Público Roberto Madrigal Zamora, quien representa al acusado Luis Esteban Pérez Villarevia, formuló recurso de casación en contra de la resolución 2018-536, de las 15:34 horas del 16 de noviembre de 2018, emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago (cfr. f. 50 a 86 del expediente virtual), el cual se encuentra pendiente de resolución, debido a que el expediente fue remitido a esta Sala hasta el día 18 de diciembre de 2018, mediante oficio 2018-582-TASPC (cfr. f. 94 y 95 del expediente digital) y recibido el día 20 de diciembre de 2018 (cfr. f. 1 del legajo de recurso de casación). Con base en lo indicado se concluye se esta Sala es competente para conocer de la solicitud de prórroga de prisión preventiva que fue planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se dispone lo que de seguido se indicará.
III. EN EL CASO CONCRETO: Estima esta Sala que en la presente sumaria resulta procedente la prórroga de la prisión preventiva en contra de los acusados Eyler Antonio González Alvarado y Luis Esteban Perez Villarevia, debido a que las circunstancias que dieron origen a la medida cautelar no han variado. Consta en el expediente la sentencia del Tribunal Penal de Flagrancias de Pérez Zeledón Nº 330-TFPZ-2018, de las 19:32 horas del 22 de mayo de 2018, en la que se dispuso lo siguiente: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 6, 9, 142, 184, 265 a 267, 360 a 365, 367 y 368, todos del Código Procesal Penal, 1, 30, 31, 45, 50, 51, 71, del Código Penal, articulo 58 de la Ley de Psicotrópicos, se declara a EYLIER ANTONIO GONZÁLEZ ALVARADO Y LUIS ESTEBAN PÉREZ VILLAREVIA autores responsables del delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE PSICOTRÓPICOS cometido en perjuicio de SALUD PUBLICA, imponiéndosele en tal carácter una pena de 8 AÑOS DE PRISIÓN a cada imputado, pena que deberán descontar en el establecimiento carcelario que indiquen los reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva sufrida si la hubiere.” De lo expuesto se colige la probabilidad de participación de los acusados en los hechos delictivos, pues aunque la sentencia no ha adquirido firmeza, existe un pronunciamiento de una autoridad jurisdiccional que determinó que existen elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal, con lo que se cumple el primer requisito establecido en el artículo 239 del Código Procesal Penal. Por otra parte, la imposición de la medida cautelar inicialmente se justificó por la existencia del peligro de fuga, dada la debilidad de arraigos laborales de los imputados, lo que no ha sufrido ningún tipo de variación. Dicha circunstancia se une a la existencia de una sentencia condenatoria en la que se impuso a los endilgados una alta pena privativa de libertad, propiamente de ocho años de prisión, lo que no permite el acceso al beneficio de ejecución condicional de la sanción, por lo que en caso de que la sentencia adquiera firmeza necesariamente implicaría la reclusión de los imputados en un centro penal para el descuento de la sanción, aspecto que por sí mismo viene a agravar el peligro procesal de fuga, dada la posibilidad de que la situación referida sirva como estímulo para evadir el proceso. Al respecto, la Sala Constitucional, mediante resolución 2011-015279 de las 16:14 horas del 8 de noviembre de 2011, dispuso lo siguiente: “En lo que a este particular atañe, ya la Sala ha señalado en múltiples ocasiones que el simple dictado de la sentencia condenatoria en una causa penal, puede tomarse como causa suficiente para dictar – o incluso, prorrogar - la prisión preventiva de un imputado. En detalle, se ha aceptado que el hecho de que a una persona se le condene a descontar una pena de prisión, puede constituir base suficiente para revocar una excarcelación concedida o, acordar una prisión no dispuesta en las fases anteriores al debate, pues esa circunstancia hace variar el estado en que se encontraba el sometido a juicio antes de que se produjera la condenatoria y, en algunos casos, constituye la causa de una evasión a la acción de la justicia. No es propiamente que el estado de inocencia de que goza el encausado mientras una sentencia firme no disponga lo contrario, decaiga, es que la situación del acusado frente al proceso cambia, y eso, puede alterar la relación de aquél con los fines del proceso y en consecuencia, puede motivar que se disponga la restricción a la libertad, para protegerlos”, criterio que es compartido por esta Cámara y que justifica la extensión del encarcelamiento preventivo de los acusados. Con base en lo expuesto se ordena la prórroga de la prisión preventiva de los imputados Eyler Antonio González Alvarado y Luis Esteban Perez Villarevia por el plazo de tres meses, que van del 28 de diciembre de 2018 al 28 de marzo de 2019, tiempo que se estima suficiente para que se resuelva el recurso de casación planteado. Lo dispuesto obedece a que la medida cautelar resulta necesaria, pues a través de esta se asegura la presencia de los imputados en las restantes etapas del proceso; es idónea, debido a que permite neutralizar el peligro procesal de fuga que permanece latente; y también resulta proporcional, tomando en consideración que el plazo que se ordena unido al que han descontado los justificables no se acerca al monto de la sanción impuesta.
Se ordena la prórroga de la prisión preventiva de los imputados E. A. G. A. y L. E. P. V., por el plazo de tres meses que abarcan del 28 de diciembre de 2018 al 28 de marzo de 2019. Notifíquese.
(Mag. suplente)
Ronald Cortés C.
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NOTA DEL MAGISTRADO JORGE ENRIQUE DESANTI HENDERSON
Si bien es cierto concuerdo con los demás compañeros en cuanto a que esta Sala resulta competente para conocer de la prórroga de la prisión preventiva de los justiciables, considero conveniente aclarar que como lo he venido externando en otras resoluciones, estimo que esta Cámara también resulta competente para prorrogar la prisión preventiva en aquellos casos que se encuentren sometidos a su conocimiento, independientemente de que se hayan agotado los plazos ordinarios y extraordinarios dispuestos en la ley (Ver resolución 2018-00892 de las 11:15 horas, del 7 de diciembre de 2018). Lo anterior debido a que cuando el numeral 258 del Código Procesal Penal dispone que la Sala puede prorrogar la prisión preventiva hasta por seis meses “más allá de los términos de ley autorizados con anterioridad”, no se está estableciendo un requisito adicional o condicionando a que deben haber expirado los plazos ordinarios y extraordinarios de prisión preventiva, sino de que la potestad de la Sala va más allá, con independencia de los términos o alcances regulados previamente. Es decir, la Sala tiene competencia para ampliar la prisión preventiva en asuntos sometidos a su conocimiento, en que los plazos ordinarios y extraordinarios de prisión preventiva se han agotado y con mayor razón en aquellos donde tiene un asunto bajo su conocimiento y no han vencido los indicados plazos. Aunado a lo anterior, estimo que la interpretación expuesta es armónica con los principios de juez natural, preclusión de etapas o fases procesales, celeridad e interpretación restrictiva en materia de medidas cautelares que coartan la libertad personal, establecidos en los ordinales 2, 3, 4 y 10 del Código Procesal Penal, toda vez que resultaría ilógico que la Sala no pueda conocer de la prórroga de la prisión preventiva en los casos de su conocimiento, como el estudio de un recurso de casación, debido a que existan plazos pendientes de vencer, pues ello implicaría una declaratoria de incompetencia y la remisión de la causa a otra autoridad, lo cual responde a un malentendido de la garantía de juez natural, desprovisto de una lectura gramatical, sistemática y finalista del ordinal 258 ibídem, y ajeno a la idea de que las medidas cautelares más gravosas como la prisión preventiva, merecen resolverse por un juez con la mayor prontitud, con miras a que se defina la situación procesal del imputado y se garanticen los fines del proceso.

References: artículo 258
 artículo 258
 artículo 258
 resolución 
 resolución 
 artículo 239
 resolución 
 resolución