Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd247-2010.html
Timestamp: 2016-10-20 20:53:14+00:00

Document:
Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jur�dico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
Publicado en BOE n�m. 57 de 06 de Marzo de 2010
Vigencia desde 07 de Marzo de 2010
Vigente desde 7/Marzo/2010
�Modificaci�n del Real Decreto 997/2003, de 25 julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jur�dico del Estado
�Supresi�n de �rganos
�Retribuci�n de unidades y puestos de trabajo con nivel org�nico inferior a subdirecci�n general
�Modificaci�n del Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio
�Habilitaci�n para el desarrollo reglamentario
La Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur�dica al Estado e Instituciones P�blicas, tal y como expresa su exposici�n de motivos, pretendi� dar eficaz respuesta a la necesidad de instrumentar una asistencia jur�dica al Estado acorde con los postulados de una Administraci�n moderna, austera, eficaz y con sometimiento pleno a la Constituci�n y al resto del ordenamiento jur�dico. El Real Decreto 997/2003, de 25 julio, que ahora se modifica, por mor de la habilitaci�n normativa contenida en la disposici�n adicional quinta de la citada ley, coadyuv� a la consecuci�n de ese objetivo adaptando la regulaci�n del Servicio Jur�dico del Estado a las necesidades de una asistencia jur�dica eficiente, actual y de calidad. Tras varios a�os de vigencia de la ley y el reglamento que la desarrolla, se ha puesto de manifiesto la necesidad de atenci�n a determinadas situaciones que exig�an una reforma normativa: la experiencia en el funcionamiento de determinadas unidades de la Abogac�a del Estado y la necesidad de reforzar la coordinaci�n en la llevanza de determinados asuntos por su aumento cualitativo y cuantitativo constituyen los pilares de este proyecto.
Por tanto, el objetivo b�sico de esta reforma es la atenci�n eficiente e inmediata a las demandas que plantea la asistencia jur�dica integral al Sector P�blico estatal. Ello exige un instrumento que, superando el modelo tradicional de asignaci�n org�nica de efectivos dentro del Servicio Jur�dico del Estado, posibilite una mayor flexibilidad que permita adaptarse a las necesidades de cada momento: los Departamentos especializados.
Los cambios propuestos en la organizaci�n del centro directivo obedecen a varias razones:
La experiencia acumulada durante el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del Reglamento del Servicio Jur�dico del Estado ha venido a subrayar la utilidad y creciente importancia de la Inspecci�n de los Servicios, a trav�s de sus funciones de auditor�a (encuestas de calidad, estudios de cargas de trabajo, control de la implantaci�n y uso de las aplicaciones inform�ticas espec�ficas, control de dedicaci�n, etc.), en el impulso de la constatable mejora de la prestaci�n de la asistencia jur�dica por el Servicio Jur�dico del Estado.
A ello se une que, en el futuro, tendr�a que ocuparse de las sofisticadas tareas de evaluaci�n del desempe�o que impone el art�culo 20 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B�sico del Empleado P�blico, con importantes consecuencias en los �mbitos retributivos, formativos, de carrera y promoci�n profesional e incluso de cese en puestos de trabajo obtenidos por concurso que establece dicha norma legal.
En aras a la constatada y necesaria relevancia de las funciones de auditor�a, que tiene su causa no s�lo en la mencionada aplicaci�n de la normativa sobre la funci�n p�blica, sino en el incremento de la calidad, eficacia y atenci�n de la asistencia jur�dica prestada y su concreta evaluaci�n, es necesario descargar a esta Subdirecci�n de las funciones propias de la Abogac�a del Estado en el Ministerio de Justicia, conviti�ndola as� en la Subdirecci�n General de Coordinaci�n y Auditor�a.
Tales funciones propias de la Abogac�a del Estado en el Ministerio de Justicia se asumen por el Gabinete de Estudios, soluci�n m�s racional que la adoptada hasta ahora por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque permite integrar las funciones de producci�n y propuesta normativa con el asesoramiento directo y permanente a los �rganos proponentes; y en segundo t�rmino, porque racionaliza la asistencia jur�dica en el Departamento de adscripci�n de la Abogac�a del Estado, hasta ahora bifurcada entre el titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado y la Abogac�a del Estado en el Ministerio.
Por otra parte, la fusi�n de la Abogac�a del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Abogac�a del Estado ante el Tribunal Constitucional en la Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos, supera la fragmentaci�n entre la aplicaci�n del derecho interno y la aplicaci�n de los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, que recordemos, son par�metro interpretativo de los derechos fundamentales y libertades p�blicas por mor de lo dispuesto en el art�culo 10.2 de la CE. La organizaci�n tradicional del Servicio Jur�dico del Estado en el �mbito Constitucional y de Derechos Humanos, que distingue dos unidades, se compadece mal con la evidente interrelaci�n en las materias contenciosas y consultivas de cada una de ellas. En particular, el agotamiento de las v�as judiciales previas de �mbito nacional, que se suele exigir como condici�n para acudir a los tribunales internacionales de salvaguarda de los derechos humanos -especialmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos-, se traduce en un previo recurso de amparo, de modo que los procesos suscitados ante el Tribunal Constitucional y ante estos tribunales se hallan en muchos casos �ntimamente relacionados. Se consigue as�, que una misma unidad conozca del recurso de amparo como v�a de agotamiento de los recursos internos y de la eventual demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por otro lado, la atribuci�n de funciones de preparaci�n de informes, estudios y memorias que, en coordinaci�n con los dem�s �rganos de la Administraci�n General del Estado competentes por raz�n de la materia, hayan de ser presentados ante los �rganos de tratados y otros mecanismos de Naciones Unidas responsables de la salvaguarda de los derechos humanos, es manifestaci�n del compromiso de la Abogac�a del Estado en una correcta y eficaz asistencia al Reino de Espa�a en tan fundamental materia, lo que habr� de redundar en un incremento en la correcta aplicaci�n y constante perfeccionamiento en la aplicaci�n de los instrumentos internacionales sobre protecci�n de derechos humanos.
En consecuencia, se inserta la Unidad �Abogac�a del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros organismos internacionales competentes en materia de salvaguarda de derechos humanos�, ahora dependiente directamente de la Abogac�a General del Estado, en la Subdirecci�n General de la Abogac�a General del Estado denominada hasta ahora �Abogac�a del Estado ante el Tribunal Constitucional�, que pasa a denominarse �Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos�.
La introducci�n en el Reglamento del Servicio Jur�dico del Estado de la posibilidad de constituir �Departamentos� pretende conseguir la especializaci�n de los Abogados del Estado por materias, favoreciendo de este modo la continuidad en la llevanza del proceso y su control, el contacto con el organismo representado y defendido y la mayor integraci�n entre la funci�n contenciosa y consultiva, adem�s de servir de eficac�simo instrumento de salvaguarda del principio de unidad de doctrina, cuya consecuci�n encomienda al Gobierno la disposici�n adicional quinta de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre.
Este instrumento a�na el necesario mantenimiento de una organizaci�n jerarquizada -que asegure el principio de unidad de criterio- y de una estructura estable de personal, con la realidad de que la prestaci�n de la asistencia jur�dica depende, en su intensidad y en la capacidad de reacci�n, tanto de la especializaci�n por �rdenes o materias como de la relaci�n de confianza con el cliente-Administraci�n.
Ello exige una flexibilizaci�n en la asignaci�n de recursos humanos seg�n las circunstancias concretas que se puedan plantear. Para asegurar la rapidez en la respuesta adaptativa, se concept�an los Departamentos como una mera reasignaci�n de efectivos mediante el instrumento de la Relaci�n de Puestos de Trabajo.
Correlativamente con el objetivo de mejorar la adaptabilidad de los recursos humanos en aras de la mayor eficacia, se modifica la previsi�n reglamentaria que permite la designaci�n especial de Abogados del Estado para determinados asuntos y la formaci�n de grupos de trabajo. Dicho art�culo, en su redacci�n original, introduc�a ya un margen para esta flexibilidad en la adaptaci�n, que se mejora. A partir de ahora, la designaci�n especial de Abogado podr� comprender la coordinaci�n de determinadas �reas jur�dicas y dicha designaci�n podr� hacerse, no ya a un Abogado del Estado, sino a un �rgano integrado por �stos.
Otras modificaciones obedecen a la necesidad de actualizar las remisiones normativas que efect�a el reglamento o las referencias a los propios �rganos y unidades cuya denominaci�n u organizaci�n quedan alteradas por esta reforma.
Finalmente, un tercer grupo de modificaciones son meras precisiones t�cnicas o matizaciones organizativas que la pr�ctica de m�s de seis a�os en la aplicaci�n del Reglamento del Servicio Jur�dico aconseja.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y de la Ministra de la Presidencia, previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 5 de marzo de 2010,
Modificaci�n del Real Decreto 997/2003, de 25 julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jur�dico del Estado El Reglamento del Servicio Jur�dico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 julio, queda modificado en los siguientes t�rminos:
Uno. El p�rrafo i) del apartado 3 del art�culo 1 queda redactado del siguiente modo:
�i) La promoci�n de trabajos de investigaci�n y la organizaci�n de actividades que tengan por finalidad el conocimiento y difusi�n de materias y cuestiones jur�dicas de �mbito nacional o internacional, as� como la organizaci�n de actividades de formaci�n y perfeccionamiento del personal del Servicio Jur�dico del Estado, en coordinaci�n con el Centro de Estudios Jur�dicos, el Instituto Nacional de Administraci�n P�blica y otros centros de formaci�n de funcionarios.�
Dos. Se suprime el actual p�rrafo l) del apartado 3 del art�culo 1, quedando la redacci�n de los p�rrafos j) a p) del siguiente modo:
�j) La asistencia jur�dica en materia de Derecho de la Uni�n Europea, as� como la representaci�n y defensa del Reino de Espa�a ante los �rganos jurisdiccionales de la Uni�n Europea.
k) Cuanto se relacione con la representaci�n y defensa del Estado, organismos aut�nomos, restantes organismos y entidades p�blicos, sociedades mercantiles estatales o fundaciones con participaci�n estatal, cuando as� corresponda legal o convencionalmente, y �rganos constitucionales ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales o extrajudiciales en el extranjero.
l) La representaci�n y defensa jur�dica del Reino de Espa�a ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, correspondi�ndole el estudio y preparaci�n de informes, observaciones y memorias que hayan de presentarse ante aqu�l, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protecci�n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos. Le corresponden tambi�n las mismas funciones ante cualesquiera �rganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales vigentes en Espa�a.
m) La asistencia jur�dica del Reino de Espa�a en otros organismos internacionales.
n) La gesti�n de los servicios de registro, archivo y estad�stica; la gesti�n econ�mica, financiera y presupuestaria del Servicio Jur�dico del Estado, as� como la administraci�n y gesti�n del Cuerpo de Abogados del Estado, la publicaci�n peri�dica del escalaf�n de dicho Cuerpo y cualesquiera otras funciones dentro del �mbito econ�mico-financiero y de personal que no est�n atribuidas a otros �rganos superiores por el ordenamiento jur�dico.
�) La propuesta de resoluci�n de los distintos procedimientos para la provisi�n de puestos de trabajo adscritos al Servicio Jur�dico del Estado y reservados en exclusiva al Cuerpo de Abogados del Estado.
o) La inspecci�n de los servicios dependientes de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n General del Servicio Jur�dico del Estado y, en su caso, el ejercicio de la potestad disciplinaria.
p) El ejercicio de las restantes funciones que le atribuya el ordenamiento jur�dico.�
Tres. El apartado 1 del art�culo 3 queda redactado del siguiente modo:
�1. La Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, bajo la superior direcci�n de su titular, se organiza en las siguientes Subdirecciones Generales:
a) Subdirecci�n General de los Servicios Consultivos, que tiene encomendadas las funciones que corresponden al centro directivo respecto del asesoramiento jur�dico de la Administraci�n General del Estado y de sus organismos aut�nomos, as� como, en su caso, de los restantes organismos y entidades p�blicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participaci�n estatal, comunidades aut�nomas y corporaciones locales. En especial, le corresponde proponer al titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado la aprobaci�n de los informes sobre expedientes de lesividad aludidos en el art�culo 1.3.d). Igualmente, le compete velar por la efectividad del principio de unidad de doctrina en el �mbito consultivo, mediante la formulaci�n de criterios generales de asesoramiento jur�dico para las Abogac�as y los Abogados del Estado.
b) Subdirecci�n General de los Servicios Contenciosos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo en lo relativo a la representaci�n y defensa del Estado y sus organismos aut�nomos, as� como de los dem�s organismos y entidades p�blicas, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participaci�n estatal, comunidades aut�nomas y corporaciones locales, en su caso, y los �rganos constitucionales, ante cualesquiera jurisdicciones y �rganos jurisdiccionales, a los conflictos de jurisdicci�n y conflictos y cuestiones de competencia y a los procedimientos prejudiciales y extrajudiciales en que est� interesado el Estado, organismos, entidades, sociedades y fundaciones y dem�s entidades y �rganos mencionados. Le corresponde igualmente el informe de las reclamaciones previas a la v�a judicial civil y laboral, en los casos en que se solicite el dictamen del centro directivo, y de los expedientes para el pago de costas a que fuera condenado el Estado cuando se suscite controversia. Igualmente, le compete velar por la efectividad del principio de unidad de doctrina en el �mbito de las funciones contenciosas, formulando criterios generales de actuaci�n en juicio para las Abogac�as y los Abogados del Estado.Le corresponde asimismo el ejercicio de las funciones atribuidas al centro directivo en lo relativo a la representaci�n y defensa de los �rganos y entidades antes referidos cuando as� corresponda legal o convencionalmente, ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales y extrajudiciales en el extranjero, con excepci�n de lo previsto en los apartados d) y f) de este art�culo, con la colaboraci�n de la Abogac�a del Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci�n.
c) Gabinete de Estudios, que tiene a su cargo el informe en Derecho de los anteproyectos y proyectos de disposiciones que se sometan a consulta de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, o cuando afecten o puedan afectar al Servicio Jur�dico del Estado, su organizaci�n, funcionamiento y r�gimen de actuaciones, la elaboraci�n de los anteproyectos normativos que le encarguen o que promueva la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, los informes, dict�menes o estudios que por su �ndole especial as� se considere conveniente, as� como la asistencia a los correspondientes �rganos superiores y directivos del departamento, cuando as� lo requieran, para la preparaci�n de la Comisi�n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Igualmente, corresponde al Gabinete de Estudios la promoci�n de trabajos de investigaci�n y la organizaci�n de actividades que tengan por finalidad el conocimiento y difusi�n de materias y cuestiones jur�dicas de �mbito nacional o internacional, as� como la organizaci�n de actividades de formaci�n y perfeccionamiento de los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado, en coordinaci�n con el Centro de Estudios Jur�dicos, el Instituto Nacional de la Administraci�n P�blica y otros centros de formaci�n de funcionarios.Le corresponden igualmente las funciones propias de una Abogac�a del Estado de departamento ministerial respecto del Ministerio de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 6.2 de este reglamento.
d) Subdirecci�n General de Asuntos de la Uni�n Europea e Internacionales, a la que corresponde la direcci�n jur�dica y la representaci�n y defensa del Reino de Espa�a ante los �rganos jurisdiccionales de la Uni�n Europea, y ante la Corte Penal Internacional, de conformidad y seg�n los procedimientos previstos en la Ley Org�nica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperaci�n con la Corte Penal Internacional; dicha direcci�n jur�dica, representaci�n y defensa se extender� a los �rganos constitucionales y a los organismos aut�nomos, restantes organismos y entidades p�blicos, sociedades mercantiles, estatales o fundaciones con participaci�n estatal, cuando as� corresponda legal o convencionalmente. Le corresponde, asimismo, la asistencia jur�dica en materia de Derecho de la Uni�n Europea. En particular, dicha Subdirecci�n prestar� asistencia jur�dica a la Representaci�n Permanente de Espa�a ante la Uni�n Europea, de conformidad con el Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, de creaci�n de la Representaci�n Permanente de Espa�a ante las Comunidades Europeas. Por �ltimo, le corresponde colaborar con los �rganos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n en la asistencia jur�dica en los procedimientos de infracci�n abiertos por la Comisi�n Europea contra el Reino de Espa�a. Todo ello con la excepci�n de lo previsto en el apartado f) de este art�culo 3.1.Esta Subdirecci�n General se halla integrada, bajo la Jefatura de su Subdirector General, por la Abogac�a del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea, por los Abogados del Estado que, en su caso, pudiesen actuar de conformidad con lo previsto en el art�culo 1.5 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur�dica al Estado e Instituciones P�blicas, as� como por los Abogados del Estado que presten servicio como Consejeros Jur�dicos en la Representaci�n Permanente de Espa�a ante la Uni�n Europea y cualquier Abogac�a del Estado que se cree para la asistencia jur�dica del Reino de Espa�a ante Organismos Internacionales, con excepci�n de lo previsto en el apartado f) de este art�culo 3.1.Los Abogados del Estado de la Abogac�a del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea ser�n nombrados Agentes del Reino de Espa�a por el Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n.Todo ello sin perjuicio de las funciones atribuidas por su normativa a la Asesor�a Jur�dica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n como �rgano asesor en materia de Derecho Internacional, que colaborar� con esta Subdirecci�n General mediante el asesoramiento en esta materia.
e) Subdirecci�n General de Coordinaci�n y Auditor�a, a la que corresponde la direcci�n y coordinaci�n de las relaciones con las entidades a las que el Servicio Jur�dico del Estado preste asistencia jur�dica en virtud de convenio, la coordinaci�n de la actuaci�n de los Abogados del Estado-Secretarios de los Tribunales Econ�mico-Administrativos, as� como las dem�s funciones de coordinaci�n que el titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado le encomiende, y la funci�n de inspecci�n o auditor�a de la Abogac�a General del Estado y sus unidades y Abogados del Estado dependientes.
f) Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos, a la que corresponde la representaci�n y defensa en juicio ante el Tribunal Constitucional del Estado y sus organismos aut�nomos y, cuando as� corresponda legal o convencionalmente, de los restantes organismos y entidades p�blicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participaci�n estatal, y de los �rganos constitucionales en los t�rminos legalmente establecidos, as� como, en su caso, de las comunidades aut�nomas y de las corporaciones locales; del mismo modo, desarrollar� el asesoramiento sobre cuestiones procesales o de fondo derivadas del planteamiento o tramitaci�n de procedimientos constitucionales; as� como, en particular, el asesoramiento, cuando lo solicite el Gobierno o cualquiera de sus miembros, sobre la constitucionalidad de los anteproyectos y proyectos de disposiciones de cualquier rango que hayan de someterse a su aprobaci�n, y el examen e informe en Derecho, a petici�n del Gobierno o de cualquiera de sus miembros, de las disposiciones o resoluciones de las comunidades aut�nomas que sean susceptibles de impugnaci�n ante el Tribunal Constitucional.Tiene adem�s a su cargo las funciones de representaci�n y defensa jur�dica del Reino de Espa�a ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el estudio y preparaci�n de informes, observaciones y memorias que hayan de presentarse ante aqu�l, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protecci�n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus Protocolos. Le podr�n corresponder tambi�n todas o algunas de las mismas funciones ante cualesquiera �rganos de tratados responsables de la salvaguarda de los derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales vigentes en Espa�a. Igualmente, podr� prestar el asesoramiento jur�dico necesario en el estudio y preparaci�n de informes, observaciones y memorias que hayan de presentarse ante cualesquiera otros mecanismos de Naciones Unidas responsables de la salvaguarda de los derechos humanos.Esta Subdirecci�n General est� integrada, bajo la Jefatura de su Subdirector General, por la Abogac�a del Estado ante el Tribunal Constitucional, y la Abogac�a del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros �rganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos.Los Abogados del Estado destinados en esta Subdirecci�n General tendr�n el car�cter de Agentes del Reino de Espa�a a los efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y ser�n nombrados por real decreto a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, y de Justicia.En el ejercicio de las funciones encomendadas, estos Abogados del Estado, tendr�n las siguientes competencias:
1.� Recabar de los �rganos judiciales, Departamentos Ministeriales y de las autoridades del Estado, comunidades aut�nomas y Administraciones p�blicas, en general, las informaciones de hecho as� como la colaboraci�n que sea necesaria para la correcta representaci�n en los asuntos que afecten al Reino de Espa�a, bien ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros �rganos de derechos humanos del Consejo de Europa, bien ante cualesquiera otros �rganos de tratados y otros mecanismos de Naciones Unidas responsables de la salvaguarda de los derechos humanos.
2.� Cuando les sea solicitado, asesorar a la representaci�n del Reino de Espa�a ante el Consejo de Europa y ante las Naciones Unidas, en los asuntos y procedimientos sobre derechos humanos que conciernan a aqu�l.
3.� Asesorar a las autoridades del Estado en todas las cuestiones de car�cter jur�dico que afecten al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a sus protocolos, as� como a los dem�s tratados internacionales en esta materia.
La Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos ejercer� sus competencias sin perjuicio de la coordinaci�n con los dem�s �rganos de la Administraci�n General del Estado competentes por raz�n de la materia, en particular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n.
g) Secretar�a General, que tiene a su cargo las funciones de asistencia al titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado en materia de gesti�n de los servicios de registro, archivo y estad�stica, gesti�n econ�mica, financiera, presupuestaria y de r�gimen interior del centro directivo, as� como la administraci�n y gesti�n del personal incluido en la relaci�n de puestos de trabajo de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, la confecci�n anual del escalaf�n de dicho cuerpo para su posterior inserci�n en el "Bolet�n Oficial del Estado" y cualesquiera otras funciones dentro del �mbito econ�mico-financiero y de personal que no est�n atribuidas a otros �rganos.�
Cuatro. El apartado 3 del art�culo 3 queda redactado del siguiente modo:
�3. Depender�, igualmente, de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, org�nica y funcionalmente, la Abogac�a del Estado ante el Tribunal de Cuentas.�
Cinco. El apartado 6 del art�culo 3 queda redactado del siguiente modo:
�6. Todos los Abogados del Estado integrantes del Servicio Jur�dico del Estado a los que se refieren los apartados anteriores de este mismo art�culo, as� como los Abogados del Estado adscritos al Servicio Jur�dico de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, depender�n org�nica y funcionalmente de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado y estar�n incluidos en su relaci�n de puestos de trabajo.
La adscripci�n de los Abogados del Estado que deban prestar servicio en el Servicio Jur�dico de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria se efectuar� de conformidad con lo establecido en la disposici�n adicional tercera del Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Justicia.�
Seis. Se introduce un nuevo apartado 7 en el art�culo 3:
�7. Los servicios de inform�tica de la Abogac�a General del Estado, sin perjuicio de su integraci�n org�nica en la Secretar�a General, dependen funcionalmente de forma directa del titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado.�
Siete. Se deroga el art�culo 6. �Abogac�a del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros �rganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos.�
Ocho. Cambia la numeraci�n de los art�culos siguientes: 7, que pasa a ser 6; 8, que pasa a ser 7; 9, que pasa a ser 8:
�Art�culo 6
Abogac�as del Estado de los departamentos ministeriales �Art�culo 7
Abogac�as del Estado en la Administraci�n perif�rica del Estado �Art�culo 8
Abogados del Estado adscritos al Servicio Jur�dico de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria Nueve. El apartado 1 del art�culo 6 queda redactado del siguiente modo:
�1. En cada ministerio, excepto en los de Justicia y Defensa, existir� una Abogac�a del Estado, que tendr�n el car�cter de servicios comunes y, por tanto, estar�n bajo las competencias de direcci�n, organizaci�n y funcionamiento que respecto a estos servicios otorga la legislaci�n a los subsecretarios.�
Diez. El art�culo 8 queda redactado del siguiente modo:
�Art�culo 8
Abogados del Estado adscritos al Servicio Jur�dico de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria Los Abogados del Estado adscritos al Servicio Jur�dico de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria se regir�n por lo previsto en el Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Justicia.�
Once. Se introduce un nuevo art�culo 9 con la siguiente redacci�n:
Departamentos 1. La organizaci�n antes descrita no ser� �bice para que, mediante la aprobaci�n de la correspondiente relaci�n de puestos de trabajo, puedan configurarse Departamentos por �rdenes jurisdiccionales y/o por materias, dependientes org�nica y funcionalmente de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, que asuman la llevanza de algunos de los procesos y/o el ejercicio de algunas de las funciones consultivas atribuidas al Servicio Jur�dico del Estado.
2. Su organizaci�n, incardinaci�n y funciones se concretar�n en cada caso por el titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado en la iniciativa para la modificaci�n de la relaci�n de puestos de trabajo presentada al �rgano competente para su propuesta o aprobaci�n.�
Doce. El apartado 2 del art�culo 40 queda redactado del siguiente modo:
�2. En las reclamaciones en v�a administrativa que se formulen a causa, en consecuencia o con referencia a actuaciones procesales ante los tribunales extranjeros, la orden resolutoria de la reclamaci�n corresponde al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, previo informe de la Abogac�a del Estado en el Departamento, o de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado si es otro el departamento, organismo, entidad p�blica, sociedad mercantil o fundaci�n con participaci�n estatal interesados. La orden resolutoria se comunicar� a los interesados por los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n y, en su caso, su contenido podr� formalizarse con sujeci�n a las prescripciones de la Ley del Foro.�
Trece. El art�culo 50 queda redactado del siguiente modo:
�Art�culo 50
Funciones contenciosas y encuadramiento org�nico de la Abogac�a del Estado ante el Tribunal Constitucional El desempe�o de las funciones encomendadas al Abogado del Estado por la Ley Org�nica del Tribunal Constitucional se llevar� a cabo a trav�s la Abogac�a del Estado ante el Tribunal Constitucional, integrada en la Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado.�
Catorce. El art�culo 51 queda redactado del siguiente modo:
�Art�culo 51
Comunicaci�n de la Abogac�a del Estado ante el Tribunal Constitucional con los �rganos ejecutivos del Estado El Ministro de Justicia encauzar� las relaciones entre los �rganos del Estado afectados y la Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos a trav�s del titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, salvo que razones de urgencia aconsejaran la comunicaci�n directa.�
Quince. Los apartados 1 y 2 del art�culo 52 quedan redactados del siguiente modo:
�1. El Gobierno, por motivos excepcionales y o�do el titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, podr� acordar que un abogado en ejercicio, especialmente designado al efecto, act�e por los �rganos ejecutivos del Estado, como Abogado del Estado "ad hoc", en un procedimiento determinado de los establecidos en el cap�tulo II del t�tulo II o en los cap�tulos II, III y IV del t�tulo IV de la Ley Org�nica del Tribunal Constitucional.
El Abogado designado por el Gobierno asumir�, en el desempe�o de sus servicios, las funciones del Abogado del Estado y se ajustar� a las disposiciones de este Reglamento.
2. En el caso citado en el apartado anterior, as� como en el supuesto de asunci�n de asuntos por el titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado de acuerdo con lo previsto en el art�culo 12 de este reglamento, y en aquellos en los que de acuerdo con lo previsto en el art�culo 70 se atribuya la representaci�n y defensa a un Abogado del Estado no adscrito a la Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos, el titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado comunicar� al Tribunal Constitucional, con la antelaci�n necesaria, el nombre o nombres de quienes han de llevar a cabo las actuaciones ante �ste.�
Diecis�is. El art�culo 54 queda redactado del siguiente modo:
�Art�culo 54
Formulaci�n de demanda en el recurso de inconstitucionalidad 1. En el recurso de inconstitucionalidad, el Abogado del Estado formular� la demanda a tenor de las instrucciones que reciba por conducto del titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado.
2. Si acordada la interposici�n del recurso estuviera a punto de vencer el plazo establecido para ello y no hubiese recibido instrucciones al respecto, se formular� la demanda en la forma m�s adecuada en derecho, con observancia, en todo caso, de lo prevenido en el art�culo 33 de la Ley Org�nica del Tribunal Constitucional.
La Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos dar� inmediata cuenta de la presentaci�n de la demanda al titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, la que, a su vez, sin la menor dilaci�n, lo comunicar� al correspondiente �rgano ejecutivo del Estado.�
Diecisiete. El apartado 3 del art�culo 56 quedar� redactado del siguiente modo:
�3. En caso de dictarse por el tribunal pronunciamientos reiterados de otorgamiento de amparo en asuntos de an�loga naturaleza que afecten a �rganos o Administraci�n defendidos por el Abogado del Estado, �ste elevar� comunicaci�n detallada al titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, a fin de que por �sta se adopten o propongan las medidas oportunas.�
Dieciocho. El art�culo 60 quedar� redactado del siguiente modo:
Comunicaci�n con el titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado Los Abogados del Estado que tengan encomendadas las funciones a que este cap�tulo se refiere deber�n observar, adem�s de las prevenciones anteriormente establecidas, las siguientes:
a) El titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado podr� requerir la copia de cuantos escritos procesales formulen, con el fin de que pueda ejercer las funciones de direcci�n que le son propias.
b) Remitir�n al titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado copia de las sentencias del tribunal que le sean notificadas, as� como de aquellos autos y providencias de mayor importancia.
c) Cuidar�n de cumplir e interesar�n que se cumplan las normas procesales aplicables.�
Diecinueve. Los apartados 4 y 5 del art�culo 61 quedar�n redactados del siguiente modo:
�4. La jefatura de la Inspecci�n de los Servicios de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado corresponde al titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado y se ejercer� por la Subdirecci�n General de Coordinaci�n y Auditor�a, sin perjuicio de la facultad de avocaci�n que a aqu�l corresponde en los t�rminos previstos legalmente.
5. El Subdirector General de Coordinaci�n y Auditor�a ser� miembro de la Comisi�n Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios de los Departamentos Ministeriales.�
Veinte. Los apartados 2 y 3 del art�culo 63 quedar�n redactados del siguiente modo:
�2. Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, el Subdirector General de Coordinaci�n y Auditor�a podr� encomendar a las Inspecciones de los Servicios cometidos espec�ficos en materia de inspecci�n de �reas funcionales o sectores de actividad, as� como otras de cualquier naturaleza de la competencia de la Inspecci�n de los Servicios de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado.
3. Los anteriores criterios de organizaci�n no impedir�n la actuaci�n de las Inspecciones de los Servicios en las tareas de inspecci�n que se les encomienden por el titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado o el Subdirector General de Coordinaci�n y Auditor�a, fuera de la zona o �mbito asignados.�
Veintiuno. El apartado 3 del art�culo 64 quedar� redactado del siguiente modo:
�3. Los Abogados del Estado encargados de la inspecci�n comunicar�n de forma inmediata al Subdirector General de Coordinaci�n y Auditor�a cualquier acto que contravenga lo establecido en este art�culo y, en particular:
a) Cualquier actuaci�n tendente a menoscabar la independencia del personal inspector respecto de los �rganos y personal sometidos a control.
b) Los actos que comporten obstrucci�n o falta de colaboraci�n en el desarrollo de las actuaciones de inspecci�n.
La negativa, obstrucci�n o falsedad en la comunicaci�n de la informaci�n requerida o en el acceso a los datos solicitados para la realizaci�n de las actuaciones de inspecci�n.�
Veintid�s. El apartado 1 del art�culo 70 queda redactado del siguiente modo:
�1. El titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado podr� designar especialmente a uno o m�s Abogados del Estado, o a alguno de los �rganos integrados por Abogados del Estado a que se refiere este reglamento, para que se encarguen de uno o varios asuntos o actuaciones concretas, o de la coordinaci�n de la asistencia jur�dica con relaci�n a determinadas materias o asuntos. Dicha designaci�n ser� comunicada al Abogado del Estado-Jefe, que la tendr� en cuenta para la distribuci�n del trabajo en la respectiva Abogac�a del Estado, o al superior jer�rquico del �rgano designado, en su caso.�
Supresi�n de �rganos 1. Quedan suprimidos los siguientes �rganos directivos: la Subdirecci�n General de Asistencia Jur�dica Comunitaria e Internacional, la subdirecci�n denominada Abogac�a del Estado en el Ministerio de Justicia y la subdirecci�n denominada Abogac�a del Estado ante el Tribunal Constitucional.
2. Los mismos son sustituidos, respectivamente, por la Subdirecci�n General de Asuntos de la Uni�n Europea e Internacionales, la Subdirecci�n General de Coordinaci�n y Auditor�a, y la Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos.
No incremento del gasto p�blico La aplicaci�n de las disposiciones contenidas en este real decreto no supondr� incremento del gasto p�blico y se asumir� con los recursos de que dispone el Ministerio de Justicia.
Retribuci�n de unidades y puestos de trabajo con nivel org�nico inferior a subdirecci�n general Las unidades y puestos de trabajo de nivel org�nico inferior a subdirecci�n general que resultan afectados por las modificaciones org�nicas establecidas en este real decreto subsistir�n y ser�n retribuidos con cargo a los mismos cr�ditos presupuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura de este real decreto.
Modificaci�n del Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio El art�culo 3 del Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, queda modificado en los siguientes t�rminos:
Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado 1. La Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, con nivel org�nico de subsecretar�a, es el �rgano directivo de los servicios de asistencia jur�dica al Estado y otras instituciones p�blicas, con las competencias y funciones contempladas en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur�dica al Estado e Instituciones P�blicas, y en el Reglamento del Servicio Jur�dico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio.
a) El asesoramiento jur�dico a la Administraci�n General del Estado y a sus organismos aut�nomos, as� como, cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las dem�s entidades y organismos p�blicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participaci�n estatal. En particular, le corresponde el asesoramiento jur�dico del Ministerio de Justicia.
b) La representaci�n y defensa del Estado y de sus organismos aut�nomos, de los �rganos constitucionales y de las dem�s entidades enumeradas en el p�rrafo precedente, ante el Tribunal Constitucional y los tribunales de todo orden jurisdiccional, as� como en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales, en los t�rminos de la legislaci�n vigente.
c) La asistencia jur�dica en materia de Derecho de la Uni�n Europea, as� como la representaci�n y defensa del Reino de Espa�a ante los �rganos jurisdiccionales de la Uni�n Europea, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante cualesquiera �rganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos. Asimismo, la asistencia jur�dica del Reino de Espa�a en otros organismos internacionales, as� como cuanto se relacione con la representaci�n y defensa del Estado, organismos aut�nomos, restantes organismos y entidades p�blicas, sociedades mercantiles estatales o fundaciones con participaci�n estatal, cuando as� corresponda legal o convencionalmente, y �rganos constitucionales ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales o extrajudiciales en el extranjero.
d) La promoci�n de trabajos de investigaci�n y la organizaci�n de actividades que tengan por finalidad el conocimiento y difusi�n de materias y cuestiones jur�dicas de �mbito nacional o internacional, as� como la organizaci�n de actividades de formaci�n y perfeccionamiento del personal del Servicio Jur�dico del Estado, en coordinaci�n con el Centro de Estudios Jur�dicos, el Instituto Nacional de Administraci�n P�blica y otros centros de formaci�n de funcionarios.
e) La gesti�n econ�mico-financiera y presupuestaria del Servicio Jur�dico del Estado, as� como las funciones de administraci�n y gesti�n de los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado que no est�n atribuidas a otros �rganos superiores.
2. La Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado se organiza en las siguientes Subdirecciones Generales, con las funciones establecidas en el Reglamento del Servicio Jur�dico del Estado, aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio:
a) La Subdirecci�n General de los Servicios Consultivos.
b) La Subdirecci�n General de los Servicios Contenciosos.
c) El Gabinete de Estudios.
d) La Subdirecci�n General de Asuntos de la Uni�n Europea e Internacionales.
e) La Subdirecci�n General de Coordinaci�n y Auditor�a.
f) La Subdirecci�n General de Constitucional y Derechos Humanos.
g) La Secretar�a General.
3. Depender�n, asimismo, de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, org�nica y funcionalmente, las siguientes unidades con nivel org�nico de subdirecci�n general:
a) La Abogac�a del Estado ante el Tribunal Supremo.
b) La Abogac�a del Estado ante la Audiencia Nacional.
c) Las Abogac�as del Estado de los departamentos ministeriales.
4. Depender�n, igualmente, de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, org�nica y funcionalmente, las siguientes unidades, con las funciones que establece el Reglamento del Servicio Jur�dico del Estado:
a) La Abogac�a del Estado ante el Tribunal de Cuentas.
b) Las Abogac�as del Estado en la Administraci�n perif�rica del Estado.
c) Depender�n asimismo, org�nica y funcionalmente, de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado los Abogados del Estado adscritos, en la forma prevista en la disposici�n adicional tercera, al Servicio Jur�dico de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y las Abogac�as del Estado que existen en los distintos organismos y entidades p�blicos.
5. Para la representaci�n y defensa del Reino de Espa�a ante los �rganos jurisdiccionales de la Uni�n Europea, los Abogados del Estado ser�n nombrados como agentes por el Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n.
Los Abogados del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros �rganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos tendr�n el car�cter de Agentes del Reino de Espa�a, a los efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y ser�n nombrados por real decreto a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, y de Justicia.
6. La unidad especial en el Servicio Jur�dico del Estado creada por el Real Decreto 915/1994, de 6 de mayo, actuar� bajo la superior dependencia del Ministro de Justicia y la inmediata del titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, y desempe�ar� las funciones previstas en el art�culo 3 del citado real decreto.
7. La organizaci�n antes descrita no ser� �bice para que, mediante la aprobaci�n de la correspondiente relaci�n de puestos de trabajo, puedan configurarse Departamentos por �rdenes jurisdiccionales y/o por materias, dependientes org�nica y funcionalmente de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado, que asuman la llevanza de algunos de los procesos y/o el ejercicio de algunas de las funciones consultivas atribuidas al Servicio Jur�dico del Estado.
Su organizaci�n, incardinaci�n y funciones se concretar�n en cada caso por el titular de la Abogac�a General del Estado-Direcci�n del Servicio Jur�dico del Estado en la iniciativa para la modificaci�n de la relaci�n de puestos de trabajo presentada al �rgano competente para su propuesta o aprobaci�n.�
Habilitaci�n para el desarrollo reglamentario Se habilita al Ministerio de Justicia para desarrollar lo previsto en este real decreto.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto