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﻿ Sentencia 2008-00508 de abril 6 de 2011
SENTENCIA 2008-00508 DE 06 DE ABRIL DE 2011
CONTENIDO:RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA PARTICULARES. LA POTESTAD SANCIONADORA DEL ESTADO APLICA A AQUELLOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL ESTADO EN VIRTUD DE UNA RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA O DE SUJECIÓN, PUES AÚN SIENDO JUEZ DE PAZ, UN PARTICULAR PUEDE SER SUJETO DISCIPLINABLE A LA LUZ DE LA FUNCIÓN SOCIAL QUE CUMPLE COMO ADMINISTRADOR DE JUSTICIAES DECIR, NO POR TENERSE CON LA ADMINISTRACIÓN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL SE ESTÁ EXENTO DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, PUES BIEN PUEDE SUCEDER QUE EL JUEZ DE PAZ POR RAZÓN DE LA DELEGACIÓN QUE LE HICIERA LA COMUNIDAD ASUMA EL EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ABUSO DE CONFIANZA, RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA PARTICULARES, FALTAS DISCIPLINARIAS, FUNCIÓN PÚBLICA, JUEZ DE PAZ, SENTENCIA CONDENATORIA
Sentencia 2008-00508 de abril 6 de 2011
Rad.: 500011102000200800508 01/1941F
Aprobado según Acta 035 de la misma fecha.
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de las decisiones proferidas en primera instancia por los consejos seccionales de la judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en relación con las investigaciones adelantadas contra jueces de paz, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º de la Carta Política y 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996.
2. Cuestión previa. Prolegómenos a propósito de la aplicación de las leyes 270 de 1996 y 734 de 2002 para jueces de paz.
Sea lo primero señalar, que en sentir de quien en esta oportunidad cumple la misión de ser ponente, los jueces de paz y reconsideración son sujetos disciplinables conforme al procedimiento y faltas señaladas en la Ley 734 de 2002, así como del catálogo de deberes y prohibiciones que contempla la Ley 270 de 1996, ante los vacíos que presenta la Ley 497 de 1999, pues existe una condición necesaria de que los jueces de paz se encuentran en desarrollo de una función judicial, sin que resulte entonces necesario, como consecuencia jurídica del proceder por el que son llamados a juicio, la imposición de una remoción que, indistintamente de la gravedad y modalidad de la falta, se les restringe su ejercicio en la encomiable labor de administrar justicia.
Lo anterior para indicar que no necesariamente toda conducta por la que sean sancionados los jueces de paz, ameritaba una remoción en el cargo, pues más allá de la exégesis de la norma, en el presente caso, debe acudirse holísticamente al método clásico de interpretación sistemático propuesto y desarrollado por Savigny, según el cual se introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que, conjuntamente con otras normas, se encuentra vigente; que, por tanto, siendo parte de este sistema, y no pudiendo desafinar ni rehuir del mismo, el significado y sentido de la norma jurídica podrá ser obtenido de los principios que inspiran ese sistema.
Es por ello quizás que en el derecho disciplinario, el operador jurídico tiene una gran amplitud para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios.
Al punto, la Corte Constitucional señaló:
“... en materia disciplinaria el fallador goza de una mayor amplitud para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas reprochables, pues por lo general la descripción de las faltas disciplinarias deben ser objeto de complementación o determinación a partir de la lectura sistemática de un conjunto de normas jurídicas que desarrollan deberes, mandatos y prohibiciones(12)” (negrillas fuera de texto).
Ahora bien, es menester recordar que la justicia de paz es una jurisdicción especial consagrada en la Constitución Política, como mecanismo para la atención y solución de los conflictos que se presentan en las comunidades.
En efecto, la introducción de la figura a la Constitución Política en su artículo 247, junto con otra forma alternativa de resolución de conflictos, obedeció no solo al imperativo de descongestionar la rama judicial para atender con más eficacia las necesidades ciudadanas de administración de justicia, sino también a un replanteamiento fundamental de la relación existente entre el Estado —en particular, aunque no exclusivamente, la administración de justicia— y la sociedad: tanto desde la perspectiva genérica de la consagración del Estado social de derecho en tanto fórmula política fundamental, como desde el punto de vista específico de la introducción de una serie de mecanismos alternativos a la justicia formal para la resolución de los conflictos sociales.
Fue deseo entonces del constituyente consolidar un modelo nuevo de interacción entre la ciudadanía y el poder público, que, entre otras, fomentara un acercamiento progresivo de los mecanismos formales de promoción de la convivencia a las realidades sociales en las que habrían de operar.
La figura de los jueces de paz también es reflejo de la filosofía democrática y participativa que inspiró al Constituyente de 1991. En esa medida, la creación de los jueces de paz fue prevista como un canal para que el ciudadano participe, en virtud de sus calidades personales y su reconocimiento comunitario, en la función pública de administrar justicia, jugando así un rol complementario al que asignó la Carta a las demás autoridades y particulares que participan de dicho cometido estatal.
Ahora bien, los jueces de paz estando definidos por el artículo 247 superior, se encuentran clasificados en el capítulo 5 del título VIII ídem como una jurisdicción especial dentro de la rama judicial, que cumplen la función pública de administrar justicia. En coherencia con la disposición constitucional en cita, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia —Ley 270 de 1996— incorpora en los artículos 11 y 12 a los jueces de paz dentro de la rama judicial del poder público.
Debe decirse igualmente que la Ley 497 de 1999 que desarrolló el precepto constitucional a que se alude, debe interpretarse a la luz de los debates que se surtieron en el Congreso durante su proceso de formación, ya que en ellos se fijaron las características, las condiciones y la naturaleza del cargo de los jueces de paz. Así, verbi gratia, con base en distintas opiniones profesionales que se expusieron ante el Congreso, se dedujo que no se trataba de un juez que fallaba en derecho o tuviera obligatoriamente formación profesional, sino de una persona imparcial que gozaba de reconocimiento de su comunidad y decidía en equidad, amén de que, su función era netamente voluntaria.
Haciendo un análisis del derecho comparado y tomando como base la larga tradición del Perú en el trabajo que vienen realizando los jueces de paz, se quiso en nuestro país, a través de la Ley 497 de 1999, tratar de copiar en cierta forma su modelo en la materia, siempre respetando el postulado constitucional del artículo 247 de la Carta trascrito, que, valga decir, dejó una amplia facultad al legislador para que regulara el asunto.
Igualmente, los jueces de paz, a pesar de ser considerados como una figura relativamente nueva en nuestro sistema de derecho colombiano, es una institución que remonta sus orígenes a civilizaciones ancestrales y ha estado presente en el reino de Gran Bretaña, y en países como España, Argentina, Venezuela y México (esta última adoptada mediante la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del D. F.), entre otros. Para poner un ejemplo de esta figura en lo que al régimen disciplinario se refiere, en el derecho español, los jueces de paz a pesar de ser de otra categoría y de no exigírseles el título de abogados, son considerados como miembros de ese cuerpo único de jueces y magistrados.
Por lo mismo, el artículo 17 de la Ley 497 de 1999 establece que el ejercicio del cargo de juez de paz es compatible con el desempeño de cargos públicos, de donde necesariamente debe decirse que si bien no es un servidor público, no lo es menos que se trata de un particular con una relación especial de sujeción con el Estado al estar investido transitoriamente de la facultad de administrar justicia como servicio público esencial.
Sin embargo, la incorporación de particulares al régimen disciplinario obedece a la necesidad de crear mecanismos adecuados para el juzgamiento de los mismos cuando su conducta atente contra la legalidad, sin perder de vista que se encuentren en el ejercicio de actividades íntimamente relacionadas con el cumplimiento de los fines del Estado que en principio deben cumplir organismos o funcionarios del sector público.
Entre los particulares que quedan sometidos al régimen disciplinario se encuentran aquellos que desarrollan funciones públicas, entendiéndose por estas las actividades que por su naturaleza son de aquellas que corresponde cumplir a la entidad para desarrollar los fines que le fueron encomendados y que por razones administrativas o estructurales se desplazan hacia personas que no se encuentran vinculadas a ella como servidores propiamente dichos (relación legal y reglamentaria o contrato de trabajo), lo cual bien puede generarse a través del nombramiento que como a los jueces de paz les hace la comunidad, pues aunque a través de este medio no se genera subordinación ni dependencia con la administración de justicia, sí es posible que su ejecución conlleve el ejercicio de una actividad netamente pública.
Al respecto, la Corte Constitucional se pronunció indicando que los particulares son sujetos disciplinables cuando son titulares de funciones públicas:
“(...) cuando el particular es titular de funciones públicas, correlativamente asume las consiguientes responsabilidades públicas con todas las consecuencias que ella conlleva, en los aspectos civiles y penales, e incluso disciplinarios, según lo disponga el legislador(13)”.
Así las cosas, la potestad sancionadora del Estado aplica a aquellos que prestan sus servicios al Estado en virtud de una relación legal y reglamentaria o de sujeción, pues aún siendo juez de paz, un particular puede ser sujeto disciplinable a la luz de la función social que cumple como administrador de justicia; es decir, no por tenerse con la administración una relación contractual se está exento de responsabilidad disciplinaria, pues bien puede suceder que el juez de paz por razón de la delegación que le hiciera la comunidad asuma el ejercicio de una función pública.
Al punto, la Corte Constitucional igualmente expresó:
“... En el caso de un particular que presta un servicio público, se ha precisado que este se encuentra sometido al régimen especial fijado por el legislador para la prestación del servicio público de que se trate así como al control y vigilancia del Estado. Ello no implica, sin embargo que ese particular por el simple hecho de la prestación del servicio público se encuentre sometido al régimen disciplinario.
... El particular que presta un servicio público solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado y estas sean asignadas explícitamente por el legislador(14)”.
Es claro que el ejercicio de las funciones públicas no está supeditado necesariamente a la condición de empleado o trabajador del Estado, sino que los particulares pueden participar de ellas bajo cualquier forma de acceso al servicio y por su ejercicio deben responder disciplinariamente; situación que los coloca, como se dijo ab initio, como sujetos disciplinables conforme al procedimiento y faltas señaladas en la Ley 734 de 2002, así como del catálogo de deberes y prohibiciones que contempla la Ley 270 de 1996, ante los vacíos que pudieran presentarse en la Ley 497 de 1999, pues existe una condición necesaria de que los jueces de paz se encuentran en desarrollo de una función judicial.
En virtud de la competencia y aplicabilidad de las leyes 270 de 1996 y 734 de 2002, procede la Sala a emitir pronunciamiento que en derecho corresponde, con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.
Después de hacer un exhaustivo análisis del tema de los jueces de paz y la aplicación de la normatividad para dicho caso, en donde también se estudiaron ítems objeto de la apelación, entramos a otro aspecto materia de controversia, en donde fácilmente se puede colegir el problema jurídico a tratar, procediendo esta corporación a decidir si declara la nulidad, confirma, revoca, o modifica, la sentencia del 12 de marzo de 2010, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual impuso sanción de destitución del cargo de juez de paz e inhabilidad general por el término de diez (10) años al señor Alirio Benito, en su condición de juez de paz de la comuna 8 de Villavicencio, para la época de los hechos, al haberlo hallado responsable de la falta contenida en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que al tenor literal reza:
17. Actuar u omitir a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.
Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses”.
Lo anterior, por encontrarse demostrado que él siguió actuando en ejercicio de su cargo, aun conociendo que se encontraba inmerso en una inhabilidad, pues fue condenado a la pena principal de 21 meses de prisión como autor material responsable del delito de abuso de confianza.
Analizado el plenario anterior, no cabe la menor duda para esta corporación, que el disciplinable, de manera consiente desatendió el mandato previsto en el artículo 15 literal a) de la Ley 497 de 1999, así como los previstos en el artículo 38 numeral 3º de la Ley 734 de 2002 y artículo 6º inciso 2º de la Ley 190 de 1995, toda vez que pese a estar ostentando el cargo de juez de paz y posteriormente enterarse que se había proferido en su contra sentencia condenatoria, siguió ostentando el cargo pese a la inhabilidad en la cual estaba incurso, contrariando ostensiblemente los postulados legales.
De acuerdo con lo precedente, es claro que el señor Alirio Benito en su calidad de juez de paz de la comuna 8 de Villavicencio, cometió la falta a él endilgada en primera instancia “numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002”, pues reíterase, omitió comunicar sobre su inhabilidad sobreviviente, y siguió ejerciendo el cargo pese a ello, amen que la sentencia proferida en su contra no solo lo condenó a la pena principal de 21 meses como autor material del delito de abuso de confianza, sino que además, se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos.
Razones anteriores más que suficientes para que el juez de paz tuviera que renunciar a su fuero y por contera evitar el quebrantamiento de sus deberes funcionales, lo que a todas luces no realizó, pues este bajo el pretexto de seguir colaborando con la comunidad y sostener que él es inocente del delito de abuso de confianza por el cual se le condenó, siguió en el cargo de juez, cuando tales argumentaciones no pueden ser de recibo para la Sala y mucho menos para evadir los postulados legales.
Ahora bien, a los jueces de paz, contrario a lo indicado por el censor, sí es viable aplicarle la normatividad consagrada en la Ley 734 de 2002, pues estos cumplen la función de administrar justicia y por ende hacen parte de la rama judicial del poder público, tal y como se explicara de forma amplia y precisa al inició del acápite de las consideraciones de este proveído, por lo tanto, en ningún momento se le está trasgrediendo ningún derecho al señor Alirio Benito, pues al caso que hoy ocupa la atención de esta superioridad, siempre se le dio aplicación a la normatividad que rige este tipo de asuntos y la cual estaba vigente.
Hay que dejarle en claro al apelante, que era su deber como administrador de justicia, tener en claro cada uno de sus deberes y derechos, dentro de los cuales estaba, dar aviso sobre la inhabilidad sobreviniente, así estuviera de acuerdo o no con la condena impuesta, pues si en su sentir se consideraba inocente, tal debate debió desplegarlo ante la autoridad competente, lo que no lo eximia de informar de manera oportuna sobre la situación por la cual estaba atravesando, para así cumplir fielmente con el ejercicio de su función, tal y como lo preceptúa el artículo 6º de la Ley 190 de 1995, que al tenor literal reza:
“ART. 6º—En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, al servicio público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio.
Sí dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar”.
Por lo tanto no era viable seguir ostentando al cargo bajo el argumento de que él no cometió el delito o en su defecto que cuando él se posesionó no tenía ningún tipo de inhabilidad, pues como se dejara anteriormente sentado, existe una norma que regula el tema de las inhabilidades sobrevinientes, situación esta que fue la que acaeció para el caso del señor Alirio Benito.
Asimismo, siendo la administración de justicia el ejercicio de un servicio a la sociedad, esencial e imprescindible, el incumplimiento de los deberes y obligaciones que lo constituyen afecta negativa y directamente su prestación, lesionando indiscutiblemente la imagen de la justicia, su credibilidad y eficacia, constituyendo descrédito para la misma, pues la afrenta no solo es contra uno de los pilares del Estado social de derecho sino también, contra los usuarios de este servicio a quienes se les debe respeto y efectividad, incluidas la entidades que forman parte de la estructura del Estado.
Atendidos los criterios señalados en el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, de cara a la realidad procesal y atendiendo a lo hasta aquí expuesto, encontramos que la sanción impuesta al señor Alirio Benito, se encuentra conforme a derecho, pues es palmario que la conducta desplegada por el juez de paz fue dolosa, en el entendido que a sabiendas de la inhabilidad de la cual estaba investido, siguió ostentando el cargo bajo argumentos sin ningún sustento legal, por tanto, debe darse aplicación al parágrafo del artículo 44 in fine, y, con sustento en ello, se procederá a confirmar la sanción impuesta, al clasificarse la misma en los parámetros que consagra el numeral 1º del artículo 44 ibídem.
Finalmente, es viable argüir por parte de esta Sala, que si bien en la queja la señora aduce varios hechos por los cuales se le debe investigar al señor Alirio Benito, dentro de los que está el trato irrespetuoso y malos modales, ello no obsta para que la Sala Disciplinaria, dentro de las etapas propias para investigar los hechos, se dé cuenta de varias circunstancias que en su criterio constituyen un quebrantamiento al régimen disciplinario, como en este caso ocurrió, al allegarse como medios probatorios la condena impuesta por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Villavicencio, y confirmada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad, por lo que se procedió a imputarle el cargo acá analizado, más cuando en la misma denuncia la dolida adujó que todo juez de paz debe tener una hoja de vida intachable, no siendo plausible por parte del libelista esgrimir que se le sancionó por hechos no mencionados en el escrito inicial, cuando a todas luces ello no fue de esa manera.
Con fundamento en lo anterior y comoquiera que se encuentra plenamente establecida tanto la ocurrencia de la conducta mediante la cual ineludiblemente el señor Alirio Benito, faltó a su deber de observar las normas trascritas, razón por la cual esta superioridad confirmará la sentencia del 12 de marzo de 2010, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual le impuso sanción de destitución del cargo de juez de paz e inhabilidad general por el término de 10 años, en su condición de juez de paz de la comuna 8 de Villavicencio, pues la misma responde a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fijó el precepto legal en cita, para la individualización de la sanción, permite confirmar en su integridad la sanción.
1. CONFIRMAR la sanción de destitución del cargo de juez de paz e inhabilidad general por el término de 10 años, por encontrarse probado el cargo formulado (L. 734/2002, art. 48, num. 17) contra al señor Alirio Benito, juez de paz de la comuna 8 de Villavicencio para la época de los hechos, como autor responsable de la incursión en la FALTA GRAVÍSIMA en la modalidad DOLOSA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
3. Ejecutoriada la presente sentencia, comuníquese a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a las presidencias de las salas administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y al Tribunal Superior de Cali, conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 734 de 2002.
(12) Corte Constitucional. Sentencia T-1039 de 2006, Expediente T-1400910. M.P. doctor Humberto Antonio Sierra Porto, de fecha 5 de diciembre de 2006.
(13) Corte Constitucional. Sentencia C-563 de 1998, Expediente D-1989. M.P. doctores Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz, de fecha 7 de octubre de 1998.
(14) Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2003, Expediente D-3982. M.P. doctor Álvaro Tafur Galvis, de fecha 28 de enero de 2003.

References: artículo 247
 resolución 
 resolución 
 artículo 247
 artículo 247
 artículo 17
 artículo 48
 artículo 15
 artículo 38
 artículo 6
 artículo 48
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 44
in fine
 artículo 44