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Timestamp: 2019-07-23 14:38:04+00:00

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La Orden PRE/ 1490/2012, de 9 de julio, que desarrolla la normativa comunitaria y los requisitos tanto para la inscripción en el Registro Central de Extranjeros como para la obtención de la Tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión establece la necesidad de poder acreditar recursos suficientes, para sí y para los miembros de su familia, debiendo realizarse una valoración de la suficiencia de medios de manera individualizada y en todo caso, teniendo en cuenta la situación personal y familiar del solicitante (artículo 3 2.c. 2ª).
En la práctica sin embargo esta valoración individualizada no está teniendo lugar, produciéndose denegaciones de tarjetas comunitarias en aquellos casos en los que el ciudadano Español tiene reconocida legalmente una discapacidad; por considerarse por parte de las Delegaciones Gobierno que las pensiones no contributivas de invalidez, no son una acreditación suficiente de los recursos necesarios para la obtención de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
Esta actuación por parte de la Administración supone una discriminación y atenta contra el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como al ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad, recogido en el Real Decreto Legislativo de 1/2013, de 29 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Así se establece en su artículo 63 que dispone que: “se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas”.
Por tanto cuando al cónyuge de un ciudadano español con discapacidad reconocida legalmente y con su matrimonio inscrito en el Registro Civil español, se le deniega la tarjeta comunitaria por este motivo, está sufriendo una discriminación directa al no valorase de manera individualizada su situación personal y familiar.
Denegación de la Tarjeta Comunitaria Permanente por Falta de Recursos Económicos.
En la actualidad son numerosas las denegaciones de tarjetas permanentes comunitarias por no poder acreditarse por ninguna de las partes ingresos económicos; pero sin embargo la normativa no exige este requisito para poder acceder a la misma.
Es necesario distinguir entre: la petición inicial de la tarjeta comunitaria; para la cual, conforme con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero, se exige entre los requisitos la acreditación de medios económicos por parte del familiar comunitario que da derecho a la misma; y la tarjeta comunitaria permanente.
La tarjeta comunitaria (de cinco años) no ha de renovarse, sino que el titular tiene derecho transcurrido ese plazo a solicitar una tarjeta permanente; al igual que ocurre con los Certificados Permanentes de los ciudadanos comunitarios y la normativa que regula la concesión de las mismas, articulo 10 del Reglamento, no establece entre sus requisitos la acreditación de medios económicos.
En conclusión el titular de una tarjeta comunitaria de cinco años, tras la caducidad de la misma, no presenta una solicitud de “renovación”, sino de solicitud de “tarjeta permanente” y no está obligado a acreditar recursos económicos.
En caso de denegación por esta causa, nuestro consejo es que el interesado recurra la misma ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Estimado Recurso de Alzada concediendo la Tarjeta Comunitaria pese a la Existencia de Antecedentes Penales.
ESTIMADO RECURSO DE ALZADA POR EL QUE SE CONCEDE LA TARJETA COMUNITARIA PESE A QUE EL SOLICITANTE LE CONSTABAN ANTECEDENTES PENALES POR UN DELITO DE VIOLENCIA DE GENERO, LESIONES Y MALTRATO FAMILIAR.
En el presente caso el interesado solicitó la correspondiente tarjeta comunitaria por haber contraído matrimonio con una ciudadana Española y le fue denegada por constarle antecendentes penales originados por un delito de violencia doméstica, lesiones y maltrato familiar contra su anterior esposa. Los antecedentes no estaban cancelados pues aunque se había cumplido la pena de prisión impuesta aún tenía en vigor una orden de alejamiento hasta el año 2.025.
Se aportó numerosa documentación acreditando el arraigo laboral y familiar del solicitante así como el cumplimento de parte de las penas y su reinserción en la sociedad, siendo valorado de forma positiva por la Administración que finalmente estimó el Recurso de Alzada interpuesto.
Elena Abella Díaz
Abogado desde 1997
Experta en Derecho Administrativo y Extranjería
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Acompañamos Resolución Denegatoria, Parte del Recurso de Alzada interpuesto y Resolución Estimatoria por la que se concede la Tarjeta Comuntaria pese a los antecedenes penales existentes con penas pendiente de cumplimiento.
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Demanda frente a Bankia que fue presentada el 15 de Julio de 2014 y admitida a trámite por Decreto de 8 de Septiembre de 2014, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Leganés.
Escrito de Bankia mediante el que acepta nuestra pretensión, por la que se le reclama la cantidad de 300.000 euros más intereses.
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References: Real Decreto 
 artículo 63
 artículo 4
 artículo 7
 Real Decreto 
 Resolución 
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