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﻿ Sentencia 2003-00168 de agosto 2 de 2013
SENTENCIA 2003-00168 DE 02 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN DE SIMULACIÓN. LOS ACREEDORES ESTÁN LEGITIMADOS PARA IMPUGNAR POR SIMULACIÓN LOS CONTRACTOS O NEGOCIOS JURÍDICOS QUE LES CAUSEN UN PERJUICIO CIERTO Y ACTUAL. LA ACCIÓN DE SIMULACIÓN ES UNA GARANTÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PRENDA GENERAL, YA QUE LA ENAJENACIÓN FICTICIA DE ELEMENTOS DEL ACTIVO PATRIMONIAL DE UNA SOCIEDAD PUEDE GENERAR LA PÉRDIDA DE VALOR DE LAS CUOTAS DE CAPITAL Y LA DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SOCIO DEUDOR EN UNA EVENTUAL LIQUIDACIÓN DE AQUELLA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACREEDOR, SOCIEDAD, SIMULACIÓN ABSOLUTA
Sentencia 2003-00168 de agosto 2 de 2013
Ref.: Expediente 13001-3103-005-2003-00168-01
Bogotá, D.C., dos de agosto de dos mil trece.
1. Dados los contornos de la impugnación extraordinaria, en cuanto a los antecedentes basta memorar, que don Esteban Bonfante Milano, invocando su condición de acreedor de la señora Ayda Mónica Rhenals Flórez, quien es socia mayoritaria de “Ayda Flórez & Cía. S. en C.”, pidió declarar la “simulación del contrato” mediante el cual esta dijo vender a “Inversiones Minarete Ltda.”, un predio ubicado en la ciudad de Cartagena, argumentando que no se pagó suma alguna por concepto de precio y que el convenio se hizo para defraudar sus derechos; además porque su deudora no tiene bienes suficientes para la satisfacción del crédito.
2. El ad quem denegó la aludida pretensión, al estimar que el demandante no tenía legitimidad, toda vez que no probó que tuviera alguna acreencia a su favor y a cargo de las sociedades que celebraron la plurimencionada compraventa.
3. En el plenario obran los siguientes elementos de juicio con relevancia y trascendencia para la decisión que se está adoptando:
a) Escritura pública 3155 de 19 de diciembre de 2002 de la Notaría 2ª de Cartagena, en la que consta el “contrato de compraventa” impugnado por simulación, el cual tuvo por objeto “una casa de habitación de familia con sus anexidades y dependencias, junto con el solar en el que se encuentra edificada, ubicada en la carrera segunda o Av. San Martín, barrio Bocagrande, distinguida con el # 12-125”, con un área el lote de terreno de 808 mts2, registrado al folio de la matrícula inmobiliaria 060-54486, habiéndose estipulado como precio la suma de $ 797.000.000, cuyo pago se acordó así: $ 427.000.000 en efectivo, que la tradente declaró tener recibidos y el saldo de $ 370.000.000, “asumiendo la deuda que la sociedad vendedora tiene contraída con la Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas representada en los créditos hipotecarios 337446-7-90 y 511128-8-90, los cuales se compromete a pagar en su totalidad en los mismos plazos y condiciones otorgados a la sociedad vendedora y por cuyo concepto se encuentra hipotecado el inmueble” (fls. 16-24, cdno. 1).
b) “Certificado de tradición y libertad” expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, donde aparece en la anotación 19 de 20/12/2002, la inscripción del reseñado título (fls. 8-9, cdno. 1).
c) “Certificado de existencia y representación” de la sociedad “Ayda Flórez y Cía. S. en C.”, emitido el 26/02/2003, por la Cámara de Comercio de Cartagena, donde figura que su capital social es $ 20.000.000, dividido en veinte mil cuotas por un valor nominal de $ 1.000 cada una y, que tienen la calidad de socias Aida Flórez de Rhenals, Aida Mónica Rhenals Flórez y Angelina M. Fernández Rhenals, con diecisiete (17), dieciocho mil trescientas diecisiete (18.317) y mil seiscientas sesenta y seis (1.666) cuotas, por valor de $ 17.000, $ 18.317.000 y $ 1.666.000, respectivamente (fls. 10-12, cdno. 1).
Así mismo figura anotación en ese documento atinente a “[q]ue el Juzgado 3º Civil del Circuito de Cartagena mediante oficio 1711 de fecha 10 de diciembre de 1999, inscrito (…), en fecha 2 de marzo de 2000, bajo el Nº 4478 del libro respectivo, comunica que se decretó el embargo de las cuotas que tiene Ayda Mónica Rhenals Flórez en la sociedad denominada Ayda Flórez y Cía. S. en C.”.
d) “Certificado de existencia y representación” de “Inversiones Minarete Ltda.”, expedido por la nombrada entidad, en donde aparece se constituyó “por escritura pública 2900 del 27 de noviembre de 2002, otorgada en la Notaría 2ª de Cartagena (…) inscrita el 6 de diciembre de 2002” y, que sus socias son: Ayda Flórez vda. de Rhenals, Angelina María Fernández R. y Sabine Fernández Rhenals (fls. 13-15, cdno. 1).
e) Constancia del Juzgado 3º Civil del Circuito de Cartagena, la cual alude a la “acumulación de una demanda ejecutiva” formulada por “Esteban Bonfante Milano” contra “Ayda Mónica Rhenals Flórez”, a otra impetrada por Juan Manuel González Garavito, frente a aquella y Roy Fernández Corsi (fl. 110, cdno. 1).
f) Igualmente copia autenticada expedida por el citado despacho judicial, correspondiente al mencionado “proceso ejecutivo acumulado”, verificándose que la “demanda inicial” se presentó el “29 de octubre de 1999”, se pidió y decretó como medida cautelar el embargo de “las cuotas de capital de propiedad de Mónica Rhenals Flórez, en la sociedad Ayda Flórez y Cía. S. en C.”, habiéndose librado “oficio 1711 de dic. 10/99” para hacerla efectiva (fls. 89-398, cdno. 3).
La ejecución promovida por el señor “Esteban Bonfante Milano” está apoyada en un pagaré que a su favor otorgó “Ayda Mónica Rhenals Flórez”, el “6 de agosto de 1998” por $ 150.000.000, con plazo para su pago de un (1) año, habiéndose librado mandamiento de pago el “7 de marzo de 2003”, actuación que el tribunal ratificó en auto de “13 de mayo de 2005” al revocar la decisión del a quo que la había invalidado al considerarla ilegal.
g) Certificación del Juzgado 6º Civil del Circuito de Cartagena, en la que se menciona que cursó proceso ejecutivo mixto promovido por Jairo Rojas Zota frente a “Ayda Rhenals Flórez y Roy Fernández Corsi”, donde se adjudicó el predio hipotecado al demandante y que además “se presentó demanda por Esteban Bonfante Milano, a quien se cita como acreedor hipotecario”, habiendo sido inadmitida, sin que se hubiese subsanado (fl. 107, cdno. 1).
h) Interrogatorio que contestó el accionante a instancia de su contraparte, donde manifestó que las sociedades demandadas no le adeudan suma alguna de dinero y precisó que “la persona que me debe un dinero desde hace más de 8 años es la señora Mónica Rhenals Flórez, mediante una hipoteca en primer grado y que para mala fortuna la misma al salir del registro de instrumentos públicos salió en segundo grado” (fls. 283-286, cdno. 2).
i) Avalúo comercial del inmueble objeto de la compraventa impugnada, denominado edificio Minarete, elaborado el 27 de marzo de 2007, por el perito Carlos Amor Buendía, en el cual especifica que lo integran 2 locales, 12 apartamentos, 8 garajes internos y 5 externos y su valor para el citado año es de $ 2.936.500.000 y para 2002 equivale a $ 2.193.575.674,88 (fls. 243-270, cdno. 1).
j) Certificados de tradición y libertad de algunas de las reseñadas unidades residenciales y de ciertos parqueaderos del citado inmueble, en los que obra anotación de la constitución del reglamento de propiedad horizontal por parte de “Inversiones Minarete Ltda.”, según la escritura pública 2400 del 08/09/2004 de la Notaría 2ª de Cartagena, instrumentos aportados en la inspección judicial practicada el 9 de febrero de 2007 (fls. 192-213, cdno. 1).
k) Documentos remitidos por la DIAN —administración local de Cartagena—, en los que al referirse a la compraventa entre las personas jurídicas accionadas, en cuanto a “Ayda Flórez y Cía. S. en C.”, indica que “no aparece declarando renta por el año gravable 2001” y que “analizadas comparativamente las declaraciones de renta de los años 2000 y 2002, no se puede tampoco determinar que dicha operación de venta se haya registrado o declarado por el contribuyente” y precisa que según “la declaración de renta del año 2002, es evidente que el contribuyente no declaró suma alguna por concepto de compraventa de bienes inmuebles”, habiendo “declara[do] ingresos solo por la suma de ciento sesenta y siete millones quinientos ochenta y seis mil pesos ($ 167.586.000), los cuales, además de corresponder a su actividad económica, están muy por debajo del precio informado por la notaría” (fls. 58-61, cdno. 2).
En cuanto a “Inversiones Minarete Ltda.” dicha entidad reportó similar información (fl. 352, cdno. 2), aunque precisó que “presentó por primera vez declaración de renta por el año gravable 2002, declarando en la misma activos fijos totales por setecientos noventa y siete millones de pesos ($ 797.000.000), valor este que es igual al que aparece reportado por la doctora Eudenis del Carmen Casas Bertel en el reporte SIEF 2002 de la sociedad Ayda Flórez y Cía. S. en C.” (fls. 67-70, cdno. 2).
5. El planteamiento puesto a consideración de la Sala por el casasionista, se funda esencialmente en la aseveración de que el actor en su condición de “acreedor” de la socia con mayor interés económico en la sociedad que intervino en calidad de vendedora, en el convenio cuestionado, está legitimado para solicitar la “declaración de simulación” y por lo tanto, la deducción del ad quem expresada en sentido opuesto, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema, infringe de manera directa la ley sustancial que gobierna el citado instituto jurídico.
6. En ese contexto y dada la vía escogida por la censura para orientar los embates, se torna necesario aludir a aspectos concernientes al entendimiento de la acción promovida y al fenómeno en que se sustenta, al igual que su finalidad, lo mismo que la incidencia de tales aspectos en punto de la “legitimación” para impugnar un “negocio jurídico”, específicamente por un “tercero” cuando invoca la calidad de “acreedor”.
6.1. En primer término, resulta importante precisar que la “acción de simulación” tiene por fin obtener una declaración del juez que ponga al descubierto la realidad que se oculta tras la falsa apariencia de un determinado “acto o contrato”, ya sea porque carece de todo contenido verdadero, en cuanto no se ha querido darle existencia real o cierta a “convenio” alguno, o porque se ha ocultado íntegramente el “acuerdo” para el cual se expresó el consentimiento, o solo se ha fingido respecto de ciertos elementos, por ejemplo, la naturaleza del “negocio jurídico”, o lo atinente al precio, o la interposición de persona como parte del mismo.
6.2. En lo atinente a la “simulación”, esta corporación en la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Expediente 2006-00005, rememoró algunas ideas que contribuyen a su comprensión y en tal sentido expuso:
“Con base en el artículo 1766 del Código Civil, primordialmente, la jurisprudencia desarrolló la figura de la simulación en sus dos vertientes, la absoluta que se configura cuando se aparenta un pacto que en realidad no existe y la relativa en el caso de que las partes, a pesar de que tienen un interés contractual, disfrazan frente a terceros su verdadera naturaleza, condiciones o partes.
(…) ‘la simulación constituye un negocio jurídico, cuya estructura genética se conforma por un designio común, convergente y unitario proyectado en dos aspectos de una misma conducta compleja e integrada por la realidad y la apariencia de realidad, esto es, la creación de una situación exterior aparente explicada por la realidad reservada, única prevalente y cierta para las partes (…) En consecuencia, si de simulación absoluta se trata, inter partes, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior inherente a la situación contractual aparente y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado, y, en caso de la simulación relativa, esa misma realidad precisa, entre las partes, la prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente, ora los sujetos; a este respecto, lo aparente no está llamado a generar efecto alguno entre las partes y, frente a terceros, in casu, dentro del marco de circunstancias concretas se definirán las diferentes hipótesis que pueden suscitarse entre estos conforme deriven derechos del titular real o del titular aparente en la cual, por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de esta, la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas negociales’ (Sent. jul. 30/2008, Exp. 1998-00363, reiterada en la del 6 de marzo de 2012, Exp. 2001-00026, entre otras)”.
6.3. En el ámbito de su finalidad, cuando la “acción” en comento es ejercida por los acreedores, se ha catalogado como un mecanismo auxiliar de las prerrogativas de que ellos disponen para la protección de su derecho y, según criterio que mantiene vigencia, la Corte Suprema en el fallo de 2 de julio de 1993, Expediente 3570, G.J. Nº 2464, pág. 44, sobre ese particular expresó:
“De acuerdo con el artículo 2488 del Código Civil ‘toda obligación da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677’.
Este precepto, como bien sabido es, constituye la consolidación de muy antigua y nobilísima evolución del poder de coerción de que el acreedor se encuentra investido, evolución que alguien llamó ‘dulcificación del derecho’, y es expresión de lo que de manera descriptiva se ha denominado como el derecho de garantía general del acreedor en el conjunto de facultades que, en diversa graduación o escala, la ley le confiere en relación con los bienes que integran el patrimonio económico del deudor, entre ellas la más prominente: la ejecución forzada del crédito insatisfecho.
Razona la doctrina, empero, que si el acreedor que busca la satisfacción de sus créditos sobre los bienes que conforman el patrimonio general del deudor, está dotado de medios tendientes a conservarlos, medios que asumen la categoría de auxiliares de la acreencia, y que sin ellos podría esta hacerse frustránea, cabe precisar que cuando la prenda general del deudor se menoscaba en perjuicio del acreedor, la ley otorga remedios para obtener su reconstitución, haciendo que judicialmente si es necesario, vuelvan al patrimonio de aquel, adquiriendo tales remedios igualmente el carácter de auxiliares del crédito que sin su existencia harían nugatorio el derecho crediticio.
Doctrinariamente, entonces, se ha dicho que derechos auxiliares del crédito son:
a) Las medidas conservativas o de precaución; b) La acción pauliana; c) La nulidad absoluta; d) La pretensión de simulación; e) La acción oblicua o subrogatoria, y f) El beneficio de separación, acciones —pretensiones— todas que implican legitimar al acreedor para desconocer eficacia a los negocios de su deudor en cuanto conduzcan a lesionar su derecho, lesión que configura su interés para obrar.
En efecto, opina la doctrina: ‘(…) persiguen los derechos auxiliares una doble finalidad perfectamente bien diseñada; unos de estos derechos auxiliares tienen por objeto conservar intacto el patrimonio del deudor, mantenerlo en su ser, evitar que salgan de manos del deudor los bienes que lo componen, que esos bienes no se destruyan ni menoscaben en forma alguna; y otros tienen por objeto hacer ingresar a ese patrimonio bienes que deben formar parte de él, y que el deudor no quiere hacer incorporar para perjudicar al acreedor, o que ha hecho salir del patrimonio, con el propósito también de perjudicarlo. En el primer caso, lo que se persigue es mantener la integridad del patrimonio, evitar que los diversos elementos que lo formen, puedan ir saliendo y reducirlo a la nada; en el otro caso tienden a aumentar el patrimonio del deudor, a acrecentarlo: ¿cómo? Con los bienes que deben entrar a él y que el deudor no quiere hacer entrar, o con los bienes que pertenecieron a ese patrimonio y que el deudor hizo salir (…)’ (Alessandri Rodríguez, Arturo, Derecho Civil, Teoría de las Obligaciones, pág. 142)”.
6.4. En cuanto a la “legitimación del acreedor” para demandar la “simulación” frente a un determinado “acto o contrato”, deriva de la existencia o vigencia del crédito para cuando promueva la acción y el “interés jurídico” se lo otorga el perjuicio cierto y actual irrogado por el “acuerdo simulado”, ya sea porque le imposibilite u obstaculice la satisfacción total o parcial de la “obligación”, o por la disminución o el desmejoramiento de los “activos patrimoniales” del deudor.
Sobre esa temática, la doctrina jurisprudencial de esta corporación, en el fallo de 30 de noviembre de 2011, Expediente 2000-00229, al examinar aspectos atinentes a la controversia planteada por dos “socios comanditarios” concerniente a la impugnación por “simulación relativa” de unos convenios celebrados por la persona jurídica a la cual estaban vinculados, en lo pertinente sostuvo:
“Si bien es verdad que, en principio, la legitimidad para promover la acción dirigida a obtener que se declare la simulación de un contrato, está radicada en quienes fueron parte del mismo, también lo es que tanto la jurisprudencia de la Corte, como la doctrina, nacional y foránea, han admitido que es viable, en ciertos supuestos, que un tercero al respectivo negocio jurídico, eleve dicha solicitud.
(…), [e]n lo concerniente a la legitimación para solicitar la simulación, de tiempo atrás y en forma reiterada ha sostenido esta corporación que son titulares no solo las partes que intervinieron o participaron en el acto simulado, y en su caso sus herederos, sino también los terceros, cuando ese acto fingido les acarrea un perjuicio cierto y actual: ‘Puede afirmarse, que todo aquel que tenga un interés jurídico protegido por la ley, en que prevalezca el acto oculto sobre lo declarado por las partes en el acto ostensible, está habilitado para demandar la declaración de simulación. Ese interés puede existir lo mismo en las partes que en los terceros extraños al acto, de donde se sigue que tanto aquellas como estos están capacitados para ejercitar la acción. Mas para que en el actor surja el interés que lo habilite para demandar la simulación, es necesario que sea actualmente titular de un derecho cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por el acto ostensible, y que la conservación de ese acto le cause un perjuicio’ (G.J. tomo CXIX, pág. 149). (…) En razón de la naturaleza de la acción simulatoria puede decirse entonces que podrá demandar la simulación quien tenga interés jurídico en ella, interés que ‘debe analizarse y deducirse para cada caso especial sobre las circunstancias y modalidades de la relación procesal que se trate, porque es esta un(sic) conflicto de intereses jurídicamente regulado y no pudiendo haber interés sin interesado, se impone la consideración personal del actor, su posición jurídica, para poder determinar, singularizándolo con respecto a él, el interés que legitima su acción’ (G.J. tomo LXXIII, pág. 212)’ (Cas. civil, Sent. ago. 27/2002, Exp. 6926; (…).
En un caso en el que el tribunal, para desestimar la acción de simulación intentada, adujo, entre otros motivos, la falta de interés del allí demandante, la Corte, en el fallo de casación que desestimó el recurso extraordinario, puntualizó: ‘Y lo anterior se entiende con mayor facilidad, si se recuerda que ‘en los casos en que la ley habla del interés jurídico para el ejercicio de una acción, debe entenderse que ese interés venga a ser la consecuencia de un perjuicio sufrido o que haya de sufrir la persona que alega el interés’; es más, con ese perjuicio ‘(...) es preciso que se hieran directa, real y determinadamente, los derechos del que se diga lesionado, ya porque puedan quedar sus relaciones anuladas, o porque sufran desmedro en su integridad’. Así se ha expresado esta corporación, añadiendo que ‘el derecho de donde se derive el interés jurídico debe existir, lo mismo que el perjuicio, al tiempo de deducirse la acción, porque el derecho no puede reclamarse de futuro (...) en las acciones de esa naturaleza tales principios sobre el interés para obrar en juicio se concretan en el calificativo de legítimo o jurídico, para significar, en síntesis, que al intentar la acción debe existir un estado de hecho contrario al derecho’ (G. J. LXII P. 431)’ (Cas. civ., Sent. nov. 17/98, Exp. 5016)”(1).
Igualmente, en el fallo de 5 de septiembre de 2001, Expediente 5868, sobre la aludida temática se expuso:
“(…) La naturaleza de la simulación, que al fin de cuentas es una acción de prevalencia, (…), ha determinado que tanto la doctrina como la jurisprudencia, se hayan preocupado de elucidar quiénes tienen interés para el ejercicio de tal acción, pues lo cierto es que el contrato no puede quedar expuesto a que cualquier persona que tuviera conocimiento del acto, pudiera asistirle interés para hacer prevalecer la verdad. Concretamente la jurisprudencia de la corporación ha exigido para ese efecto que el demandante exhiba un interés jurídico, serio y actual, que no es otra cosa que la titularidad de un derecho cierto cuyo ejercicio se halle impedido o perturbardo por el acto ostensible, que por ser fingido su declaración de simulación se reclama (G.J. CXCVI, 2º semestre, pág. 23)”.
7. En procura de verificar si en este caso en particular, concurren los aludidos presupuestos concernientes a “la legitimación y el interés jurídico del demandante” para deprecar la pretensión de simulación del “negocio jurídico” a que se ha hecho mención, deben considerarse los siguientes aspectos:
a) La persona jurídica que participó en calidad de “vendedora” en el “contrato tildado de simulado”, es una “sociedad de personas”, caracterizada por tener una estructura organizacional de índole cerrada, situación esta que dificulta u obstaculiza la presencia de extraños entre sus “socios”, lo que es comprensible en virtud de que en la práctica se torna adecuado el conocimiento personal y la confianza que exista entre los “asociados” para procurar el eficaz funcionamiento de la compañía, aspectos estos que armonizan con la orientación de la misma regulación legal sobre dichas personas jurídicas, la cual involucra elementos intuitu personae para facilitar su formación y operatividad, entre otros temas, en lo atinente a su constitución, administración, aprobación de decisiones, responsabilidad.
b) Para el caso de las “sociedades en comandita”, clase a la que corresponde la que intervino como tradente en el “convenio impugnado”, se torna pertinente acotar que de conformidad con el artículo 323 del Código de Comercio, “se formará siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, socios comanditarios” y al tenor del precepto 332 ibídem, “[l]as utilidades sociales se distribuirán entre los socios gestores y comanditarios en la forma estipulada en el contrato. A falta de estipulación, las utilidades se repartirán entre los comanditarios a prorrata de sus cuotas o acciones pagando previamente el beneficio de los socios gestores”; así mismo, según el canon 336 ejusdem, en cuanto a “las decisiones de la junta de socios cada gestor tendrá un voto. Los votos de los comanditarios se computarán conforme al número de cuotas o acciones de cada uno. Las decisiones relativas a la administración solamente podrán tomarlas los gestores, en la forma prevista en los estatutos”.
c) Así mismo se resalta, dada la relevancia frente a los supuestos aducidos por el demandante para pedir la “simulación”, atinentes a que es titular de un crédito no satisfecho y beneficiario del embargo de las “cuotas de capital” de la “socia con participación mayoritaria en la compañía vendedora”, que al tenor del numeral 7º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, dicha medida cautelar tiene por finalidad impedir la “transferencia o gravamen de dicho interés, ni reforma o liquidación parcial de la sociedad que implique exclusión del mencionado socio o la disminución de sus derechos” y también de conformidad con el inciso 3º del ordinal 6º del reseñado precepto, autoriza recaudar las sumas de dinero por concepto de “dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan”.
8. En ese contexto, es evidente que con relación a “negocios jurídicos de disposición de activos” celebrados por la respectiva “sociedad en comandita”, se torna imperioso reconocerle “legitimación al acreedor del socio” cuyas “cuotas de capital” se hallan embargadas a favor de la ejecución para el cobro de su crédito, a fin de que pueda ejercitar la “acción de simulación”, como garantía auxiliar de protección del “derecho de prenda general” reconocido en el artículo 2488 del Código Civil, toda vez que la enajenación ficticia de “elementos del activo patrimonial de la sociedad”, puede traer como consecuencia la pérdida de valor de las “cuotas de capital” si por ejemplo el convenio fuere simulado y también porque esos actos repercuten en la disminución de la participación del socio deudor en una eventual liquidación de la sociedad.
Las reseñadas circunstancias, evidencian de manera ostensible la generación de perjuicio no solo para los “acreedores” de la compañía, sino respecto de quienes ostentan esa calidad con relación a los “socios” que tengan “cuotas de capital”, cuando hayan obtenido el decreto de medidas cautelares sobre esos “derechos patrimoniales de su deudor” con antelación al contrato atacado, de donde emerge el “interés jurídico” que faculta a los nombrados “terceros” para promover la “acción de simulación” frente a “negocios jurídicos anómalos de disposición de activos celebrados por la respetiva sociedad”.
9. En este caso en particular, los hechos acreditados en las instancias y no susceptibles de cuestionar en este escenario extraordinario, dada la vía seleccionada para impugnar el fallo del tribunal, permiten inferir que el actor está legitimado para pedir la “simulación absoluta del contrato de compraventa” a que se hizo mención en los antecedentes, toda vez que para cuando se realizó la venta impugnada, su “acreencia” estaba vigente y exigible, se había promovido juicio ejecutivo para el cobro de la misma, y a su favor se encontraban embargadas las “cuotas de capital” que la “socia deudora” tiene en la “sociedad demandada”, no existiendo condiciones reales que otorguen seguridad que por efectos de dicha medida se logre la cancelación de las respectivas obligaciones, toda vez que se transfirió el “principal elemento del activo de la sociedad” en la que “la deudora es socia comanditaria con el mayor número de cuotas de capital”; además no se conoce que en su haber tenga otros bienes que ofrezcan respaldo para la satisfacción del “crédito” en cuestión.
También cabe acotar, que a pesar de que la prenombrada “deudora” constituyó hipoteca para garantizar a “Esteban Bonfante Milano” la señalada “acreencia”, el inmueble gravado se adjudicó a Jairo Rojas Zota, en su condición de “acreedor de mejor derecho”, en proceso que se adelantó en el Juzgado 6º Civil del Circuito de la nombrada ciudad.
Adicionalmente, es válido argumentar que el criterio esbozado no se opone a la seguridad jurídica indispensable en la actividad de los negocios, porque en esencia se ratifican los parámetros trazados de tiempo atrás por la jurisprudencia a fin de reconocer legitimación a los acreedores para impugnar por simulación los “actos o negocios jurídicos” que les causen un perjuicio cierto y actual, aunque se amplía la posibilidad de accionar ante circunstancias especiales como las halladas en este caso en particular, en procura de reforzar la protección del “derecho de prenda general” y, bajo el entendido de que se trata de generar posibilidades para enfrentar situaciones anómalas o irregulares.
10. Así las cosas, se concluye que el tribunal no aplicó un adecuado entendimiento de las normas sustanciales acogidas por la jurisprudencia de esta corporación, concernientes a la “legitimación e interés jurídico del acreedor” para promover la “acción de simulación” y, en consecuencia, los cargos planteados alcanzan prosperidad, dando lugar casar el fallo impugnado.
1. Al concurrir los presupuestos procesales de rigor y no observándose motivo de nulidad que imponga invalidar lo rituado, se considera que el asunto es apto para el fallo de fondo tendiente a resolver la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia de 13 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado 5º Civil del Circuito de Cartagena, recurso al que adhirió el actor en aspectos que adelante se especificarán.
2. En la citada decisión, se desestimó la defensa de “falta de legitimación en la causa de la parte activa”, consecuentemente declaró la simulación del contrato impugnado; ordenó volver las cosas a su estado inicial, “restituyendo la sociedad Inversiones Minarete Ltda. a la sociedad Ayda Flórez y Cía. S. en C., el inmueble objeto de la negociación, y a su vez restituirá la sociedad Ayda Florez y Cía. S. en C. el valor del inmueble negociado a la firma Inversiones Minarete Ltda.”; dispuso cancelar la respectiva escritura pública, al igual que su registro, como también la inscripción del fallo y, condenó en costas al actor.
Esencialmente en la sustentación se sostiene, que obran en autos indicios demostrativos “de que la negociación en cuestión no se hizo con la verdadera intención de desprenderse del dominio por parte del vendedor ni de adquirirlo por parte del comprador”, concretamente lo consignado en la prueba pericial, donde se estableció que el valor del inmueble para 2002 equivalía a $ 2.193.575.674,88 y su venta se realizó por $ 797.000.000, advirtiendo una diferencia protuberante y, de otro lado lo informado por la DIAN, respecto de las declaraciones de renta de las sociedades que aparecen celebrando el contrato, resaltando que del análisis comparativo de los instrumentos que ahí reposan no se puede “determinar que dicha operación de venta se haya registrado o declarado por el contribuyente”, o que se haya “declar[ado] suma alguna por concepto de compraventa de bienes inmuebles”, e infiere que el citado convenio “no fue real, puesto que si así hubiese sido, justamente los contratantes a manera de prevención hubieran cumplido con la declaración patrimonial a que estaban obligados, el vendedor a declarar el ingreso por dicha venta y el comprador a declarar el nuevo inmueble que ingresaba a su patrimonio”.
3. La parte demandada aspira que sea revocada la decisión impugnada y expresa su inconformidad en varios escritos allegados ante el tribunal, enfatizando que la venta fue real, tanto así que el mismo juez ordenó a la tradente la devolución del precio y en el “informe de la DIAN” se indica que en el 2002 Inversiones Minarete Ltda., declaró como activos fijos la suma de $ 797.000.000, la que coincide con el “valor de la venta del edificio y no existe prueba que desvirtúe esta declaración”; en cuanto al indicio tomado a partir del dictamen pericial, asevera que lo transferido fue una casa de familia, según lo indicado en la escritura pública y el avalúo recayó sobre un edificio con doce apartamentos y dos locales, por lo que no procedía establecer el precio para 2002, disminuyendo el fijado para 2007 en el porcentaje del IPC durante cada uno de los años anteriores a este.
Alude también a los hechos que de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia permiten construir indicios demostrativos de la simulación y sostiene que para el caso las probanzas incorporadas no son aptas para tal efecto y en ese sentido, descarta que haya habido ocultamiento del negocio; reafirma que el precio de la negociación correspondía al avalúo comercial para la época y que la compradora con posterioridad efectuó algunas ventas a Isaac Constructora Ltda., además se verificó que esta tenía la posesión del inmueble.
En cuanto al reconocimiento de la confesión ficta de las accionadas, la estima improcedente, porque no se cumplieron los requisitos legales, toda vez que se omitió calificar las preguntas del interrogatorio y tampoco se dejó la respectiva constancia en el acta; además sostiene que obran elementos de juicio que desvirtúan algunos de los hechos fundamento de las pretensiones y otros no prueban que hubo fingimiento del convenio.
4. El procurador judicial del actor en la oportunidad para alegar expuso su adhesión a la apelación de su contraparte “para que se determine en forma expresa la forma de simulación declarada, (…) que es la de simulación absoluta” y plantea que “debe revocarse el numeral tercero de la sentencia, por cuanto si no hubo en realidad contrato, por igual no hubo precio”.
Resalta en sus alegaciones, aspectos teóricos de la simulación y la forma válida para su demostración, enfatizando que las representantes de las demandadas no comparecieron a la audiencia para la declaración de parte, razón por la que las preguntas asertivas insertas en los pliegos y en los hechos de la demanda, se dan por probados; así mismo lo establecido en la peritación, en cuanto a que el precio de venta del inmueble es tres veces menor al valor comercial; al igual que lo comunicado por la DIAN; la relación de afinidad entre las socias de las empresas contratantes; la inejecución del contrato; la no justificación de la enajenación a título oneroso y la conducta procesal de las convocadas; deduciendo que esos elementos de juicio “arrojan la inexcusable conclusión de la simulación que se investiga”.
5. Teniendo en cuenta que se alegó la “simulación absoluta” del plurimencionado “contrato de compraventa”, para la prosperidad de la pretensión, el actor tiene la carga de demostrar esencialmente que ese negocio jurídico es aparente, en virtud de no haber tenido las partes la intención de celebrarlo ni de ajustar ningún otro acuerdo negocial.
6. Cabe acotar, que dadas las circunstancias que rodean esa clase convenios, en orden a desentrañar la verdadera voluntad de quienes se anuncian como contratantes, de manera principal se acude a la prueba indiciaria, respecto de la cual el precepto 248 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que “[p]ara que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso” y a su vez el 250 ídem, enseña que su apreciación deberá hacerse en conjunto, “teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso”.
Acerca de ese tema, esta corporación en sentencia de 4 de agosto de 2010, Expediente 2002-00623, reiteró que “(…) ‘[e]n tratándose de la simulación contractual, es bien sabido que quienes acuden a ella despliegan su mayor esfuerzo por ocultar o destruir todo rastro que sirva para develar dicha apariencia, de suerte que para demostrar cabalmente la verdad de las cosas la prueba indiciaria presta una enorme utilidad, pues a partir de la acreditación de determinados hechos podrá inferirse la irrealidad del negocio celebrado, llegándose así al convencimiento de que el acuerdo que se exteriorizó no era un reflejo fiel de la voluntad de los contratantes”.
Así mismo, en fallo sustitutivo de 14 de agosto de 2006, Expediente 1997-2721, se expuso:
“(…), al demandante no le basta lanzar simples hipótesis o conjeturas, sino que le corresponde demostrar que el negocio jurídico criticado difiere de su genuina intención. Así, en la simulación absoluta, demostrando que el contrato jamás se ha celebrado, ni ningún otro, y en la relativa, develando el verdadero negocio ajustado.
Por supuesto que como se trata de acreditar contra lo que deliberadamente exteriorizaron los contratantes, que se presume cierto, para satisfacer esa carga probatoria se acude, en la generalidad de las veces, a la prueba indiciaria, según la cual a partir de la existencia de un hecho conocido se deduce uno desconocido. En tal caso, como lo tiene explicado la Corte, la prueba indirecta debe ser ‘completa, segura, plena y convincente’, porque ‘de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume en los negocios’(2).
En todo caso, para que los indicios puedan recibirse como prueba en un caso concreto, también se exige que estos salgan ‘avante frente a pruebas infirmantes o contraindicios’(3), no solo porque el hecho conocido puede estar contrarrestado por otros medios, sino porque ese mismo hecho es factible que indique algo probable, pero, a su vez, algo que lo contradiga, y como en este último evento ambas cosas no pueden ser verdades a un mismo tiempo, según el principio de contradicción, el juez, en la tarea de sopesar un indicio, tiene que ‘confrontar los dos extremos, de manera tal que de su cotejo pueda deducirse cuál de los dos es el pertinente’’”(4).
7. En la causa petendi básicamente se resaltan como hechos indicadores de la “simulación”, los atinentes a que el precio señalado en el título “no corresponde al valor real del inmueble”, ya que este es superior tres veces; así mismo que la compradora no pagó suma alguna por ese concepto y por ende la vendedora no recibió ningún valor; además, que la tradente continúa en posesión del bien, percibiendo arrendamientos de cada uno de los apartamentos y que existe parentesco entre las socias de las compañías contratantes.
8. Al analizar las pruebas legal y oportunamente recaudadas, en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se verifica que el actor no satisfizo la carga impuesta por el canon 177 del ordenamiento ut supra, en cuanto a probar el supuesto de hecho concerniente a que el “negocio jurídico” en cuestión es fingido, en virtud de que las sociedades que en el mismo aparecen interviniendo, no tuvieron la intención de celebrarlo, ni de concretar algún otro acuerdo.
9. No obstante que el juez de primer grado tuvo un criterio contrario al señalado, se advierte que ello derivó de haber incurrido en desatinos en la valoración de los medios de convicción, así:
a) Se observa que el “dictamen pericial” mediante el cual se efectuó el “avalúo del predio”, en este aspecto carece de eficacia probatoria, debido a que adolece de grave error, ya que al fijar el “precio” para la época del “contrato impugnado” (2002), toma en cuenta las características físicas y de conservación que el mismo presentaba para 2007, al igual que algunos factores con impacto en la comercialización de la propiedad raíz vigentes para esta última anualidad y, a pesar de haber descontado del “avalúo que estableció para 2007” el monto equivalente a cada uno de los porcentajes del IPC causados entre los reseñados períodos de tiempo, esa operación se torna inadmisible, dado que no existe coincidencia en las condiciones materiales de la edificación en una y otra época, y el método utilizado no refleja el valor histórico de los bienes.
Se infiere que el inmueble no tenía similar estructura en los citados años “2002 y 2007”, porque en la aludida “escritura pública 3155 de 19 de diciembre de 2002”, donde consta la venta se menciona “una casa de habitación de familia con todas sus anexidades y dependencias, junto con el solar en el que se encuentra edificada”, con “área construida 1.167 m2”; en tanto que el experto en la pericia elaborada el “27 de marzo de 2007”, al identificar el bien precisa que “el edificio Minarete de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal, consta de doce (12) apartamentos, dos (2) locales comerciales, ocho (8) parqueaderos internos y cinco (5) externos” y, acerca de cada unidad señala su conformación, linderos, área e indica que el “estado actual de los locales comerciales” es bueno y se hallan arrendados; el “apartamento 1-D (…) se encuentra desocupado por encontrarse en remodelación”; los “apartamento[s] 2-A, 2-D, 3-A, 3-D, 4-A (…) presenta[n] un buen estado de conservación, en la actualidad se encuentra[n] desocupado[s] por encontrarse en remodelación total”; los “apartamento[s] 2-B, 2-C, 3-B, 3-C, dúplex 4-B, dúplex 4-C, apartaestudio 4-D (…) buen estado de conservación, en la actualidad se encuentra[n] alquilado[s]” y, el “área total de construcción: 1.906,50 m2”.
Ante esa circunstancia, diáfanamente se evidencia que el elemento de juicio aducido por el juzgador a quo, para resaltar las protuberantes diferencias en el “precio registrado en la escritura pública” y el “avalúo comercial” dado por el perito designado en el proceso, carece de eficacia y por ende, no es válido que le haya dado la connotación de indicio.
b) Ahora, la información enviada por la DIAN, con relación a la accionada “Ayda Flórez & Cía. S. en C.”, indica que presentó su “declaración de renta correspondiente a los años gravables 2000 y 2002”, sin que del análisis comparativo de las mismas hubiere podido “determinar que dicha operación de venta se haya registrado o declarado por el contribuyente”, aunque precisa que al revisar la de “2002” verificó que “no declaró suma alguna por concepto de compraventa de bienes inmuebles”, empero que vistos los datos sobre el “valor de los activos fijos depreciables” durante los señalados años, aparece una diferencia de $ 472.318.000 y al respecto comenta que este valor “no es muy claro [para] determinar si corresponde a la operación de venta del edificio entre las dos sociedades demandadas, primeramente porque no existe la declaración de renta del año 2001 y adicionalmente por el hecho de que esta disminución puede obedecer a diferentes razones, e incluso, siendo la venta la razón de la disminución, esto no implicaría que la venta hubiese sido realizada a la sociedad Inversiones Minarete Ltda.”, resaltando también que dicho monto dista mucho del precio de la venta reportado por la notaría.
Y con relación a la demandada “Inversiones Minarete Ltda.”, se expresa que “presentó por primera vez declaración de renta por el año gravable 2002, declarando en la misma activos fijos totales por setecientos noventa y siete millones ($ 797.000.000)”, especificándose también que “el contribuyente informa además, préstamo al sector financiero por valor de trescientos setenta millones de pesos ($ 370.000.000), deudas con particulares por cuatrocientos ocho millones de pesos (408.000.000) y el capital social (…)” y, concluye que “no declaró suma alguna por concepto de compraventa de bienes inmuebles”.
Como puede observarse, los documentos remitidos por la mencionada entidad oficial, contienen datos reveladores de algunas situaciones patrimoniales de las citadas compañías, que pueden guardar relación con la operación de venta que está siendo impugnada, por ejemplo, la disminución de los “activos fijos en 2002” en cuanto a la vendedora y la “declaración de activos fijos” en ese mismo año por la adquirente, por suma igual al precio de compra del predio; cosa diferente es que no se alcance a obtener certeza sobre la “celebración de la compraventa”. Por lo tanto, resulta desfasado inferir que es “un indicio más” de que el aludido convenio “no fue real”, puesto que no existe un hecho debidamente probado para sustentar tal deducción.
c) En lo concerniente a la cancelación del precio por la “compradora”, aparece que se acordó efectuarlo así: $ 427.000.000 en efectivo y $ 370.000.000, asumiendo la deuda que la “vendedora” tenía con la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas y en la informe remitido por el hoy Banco AV Villas (fls. 93-95, cdno. 2), figura que para diciembre de 2000 el saldo de ese crédito ascendía a $ 300.431.153, habiéndose culminado de pagar en abril de 2005 y aunque continuó figurando la antes nombrada como “deudora”, no se estableció que después de la “venta del inmueble” hubiere ella realizando los pagos de las cuotas; luego no representa ese hecho un “indicio” para desvirtuar la existencia del reseñado elemento del “contrato”.
d) En punto de la “confesión ficta” de las representantes legales de “Ayda Flórez y Cía. S. en C. e Inversiones Minarete Ltda.”, que el apoderado del actor reclama se le reconozca eficacia, no es procedente hacerlo, toda vez que no se cumplieron plenamente los requisitos del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “[l]a no comparecencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito. (…). En ambos casos, el juez hará constar en el acta cuáles son los hechos susceptibles de confesión contenidos en el interrogatorio escrito, en la demanda, en las excepciones de mérito, o sus contestaciones, que se presumen ciertos” (se resalta).
Obsérvese, que el a quo en las respetivas actas de 23 y 24 de enero de 2007 (fls. 188 y 189, cdno. 1), aunque expresó que las convocadas no se habían presentado, omitió calificar las preguntas del interrogatorio escrito aportado (fl. 187, cdno. 1) y dejar constancia de los hechos susceptibles de confesión contenidos en las mismas, por lo que no se satisfizo adecuadamente el procedimiento para darle valor a dicha forma de confesión.
Acerca de esa temática, esta corporación en fallo de 14 de noviembre de 2008, Expediente 1999-00403, sostuvo:
“(…) Tampoco llama a dudas, en línea de principio, que la confesión ficta está sujeta a las exigencias del artículo 195 ibídem, concretamente, a las concernientes con su validez, y, desde luego, a los requisitos generales establecidos por el ordenamiento procesal para la producción regular de cualquier medio probatorio, amén que es indispensable que de la no concurrencia del citado a la audiencia, de su actitud renuente o evasiva frente al interrogatorio, según sea el caso, quede atestación escrita en el acta de la audiencia. Y por mandato del artículo 22 de la Ley 794 de 2003, modificatorio del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, en ella se harán constar, igualmente, los hechos susceptibles de confesión. Por lo demás, es diáfano que esta reclama para su validez que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; que verse sobre hechos personales suyos o ajenos de que tenga conocimiento; que estos produzcan consecuencias jurídicas que le son adversas o favorezcan a su contrincante; y, por último, que los mismos sean susceptibles de ser probados por ese medio de persuasión. (…)” (se resalta).
e) Con relación al parentesco existente entre las “socias de la compañía vendedora Ayda Flórez y Cía. S. en C.”, como también el hecho de que dos de ellas, esto es, “Aida Flórez vda. de Rhenals y Angelina María Fernández R.”, sean “socias” de la “compradora Inversiones Minarete Ltda.”, si bien es cierto que esas circunstancias pueden crear un ambiente favorable para la realización de “negocios irregulares” entre las dos empresas, para el caso, no se cuenta con evidencias que así lo confirmen; por el contrario, obran probanzas indicativas de que el “contrato cuestionado”, no es fingido, sino verdadero.
Sobre el particular, obsérvese que está acreditado que la “compradora” realizó algunos actos de aquellos que otorga el “derecho de dominio”, pues sometió el inmueble al régimen de propiedad horizontal, constituyendo el respectivo reglamento mediante “escritura pública 2400 de 08-09-2004 de la Notaría 2ª de Cartagena” y lo registró el “28-09-2004” y, transfirió en dación en pago la propiedad a Isaac Constructora Ltda., de los “apartamentos 1-D, 2-A, 2-C, 2-D, 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 4-A, 4-B, 4-C y los garajes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7”, según “escritura pública 1024 del 25-05-2005 de la Notaría 9ª de Barranquilla”, inscrita dos días después, así aparece en los folios de matrícula inmobiliaria aportados al proceso (fls. 195-213, cdno. 1).
Ahora, como antes se mencionara, en el título donde consta la venta, se indicó que el área construida era de “1.167 mts2” y para marzo de 2007 cuando se rindió el dictamen pericial, equivalía a “1.906,50 mts2”, lo que implica una diferencia de “739.50 mts2” y aunque no se probó quien adelantó las obras que marcan esa diferencia, es factible descartar que lo hubiere hecho la “tradente Ayda Flórez y Cía. S. en C.”, al no acreditarse que aquella continuara con la posesión.
Así mismo, en la inspección judicial practicada por el Juez de primera instancia el 9 de febrero de 2007 (fls. 192-194, cdno. 1), el vigilante de la edificación le informó que quien podía autorizar el ingreso ahí era el personal de la “Inmobiliaria Michel”, habiendo concurrido el señor Jhon David Isaac Cure, en calidad de representante legal de “Isaac Constructora”, luego de lo cual se pudo revisar el inmueble, sin que se hubiere hallado ahí oficinas de la “vendedora”.
10. Son suficientes los planteamientos esbozados, para evidenciar que no se demostró la “simulación” pedida por el actor y por lo tanto, habrá de revocarse en ese aspecto el fallo apelado, ya que no se encuentra ajustado a derecho.
11. En virtud de que se mantendrá el “punto primero” de la parte resolutiva de la sentencia del a quo, el cual es favorable al accionante, dado que se reconoce su legitimación para pedir la “simulación”, con apoyo en el numeral 4º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se le libera del pago de las “costas procesales en segunda instancia”, empero al no prosperar sus pretensiones, se impondrá dicha condena con relación a la “primera instancia”, de conformidad con el ordinal 1º del citado precepto y no habrá lugar a que las cancele respecto de la impugnación extraordinaria, por haber prosperado esta, según lo previsto en el inciso final del canon 375 ibídem.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 7 de junio de 2012, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario promovido por Esteban Bonfante Milano contra Ayda Flórez y Cía. S. en C. e Inversiones Minarete Ltda.
Actuando la Corte como tribunal de instancia,
1. Revocar el fallo proferido el 13 de octubre de 2009 por el Juzgado 5º Civil del Circuito de Cartagena, salvo en cuanto a los siguientes puntos: “Primero: declarar no probada la (…) falta de legitimación en la causa de la parte activa, propuesta por la parte demandada” y “sexto: En su oportunidad procédase al archivo del expediente”, los cuales se mantienen.
3. Condenar al actor al pago de las “costas procesales en primera instancia” y se le exonera de su cancelación en los trámites de la apelación y la impugnación extraordinaria.
4. Cancelar la inscripción de la demanda sobre el inmueble objeto del proceso. Líbrese el respectivo oficio.
(2) Sentencia de 11 de junio de 1991 (CCVIII-437).
(3) Sentencia 111 de 15 de octubre de 2003.
(4) Sentencia 134 de 27 de junio de 2005.

References: artículo 1766
in casu
 artículo 2488
 artículo 1677
 artículo 323
 artículo 681
 artículo 2488
 artículo 210
 artículo 195
 artículo 22
 artículo 210
 artículo 392