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Timestamp: 2017-05-27 12:30:23+00:00

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pues tratándose de un sistema de partes adquiere mayor sentido un límite para el superior. es decir. ( ii ) evite que este último sea sorprendido con una sanción que no tuvo oportunidad de controvertir. del primer inciso del Acto Legislativo 03 de 2002 conduce a afirmar que la jurisdicción penal ordinaria es incompetente para conocer de aquellos delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo. el diseño constitucional de la garantía procesal de la no reformatio in pejus conlleva a que ésta constituya ( i ) un límite a la actividad del ad quem en el sentido de que le está vedado agravar la pena o sanción impuesta al condenado o afectado en un proceso o procedimiento administrativo. el nuevo modelo procesal penal. ya que aleja el temor al incremento de aquélla. En tal sentido. si bien deben respetarse los principios generales consagrados en la Constitución en relación con el debido proceso y las garantías judiciales. En suma. la extensión que el legislador operó de la garantía de la no reformatio in pejus es conforme con uno de los principios básicos del sistema acusatorio. y ( iii ) permita el ejercicio del derecho de defensa. a condición de que no vulnere alguna disposición constitucional. a cualquier situación. Nada obsta. y que a su vez. tanto menos y en cuanto. Por lo tanto. JURISDICCION PENAL ORDINARIA-Incompetencia para conocer de los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo Una interpretación sistemática del artículo 221 constitucional con la expresión “Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”. no le resultan igualmente aplicables los principios enunciados en el primer inciso del artículo 250 constitucional. cual es.NO REFORMATIO IN PEJUS-Aplicación en el nuevo sistema penal acusatorio La nueva articulación y estructura constitucionales del sistema acusatorio justifica extender el ámbito de aplicación de la garantía procesal de la interdicción de la reformatio in pejus. sin embargo. referidos de manera particular al sistema
. al igual que el respeto por los derechos de las víctimas. el principio de la limitación al superior se potencia mucho más en la filosofía y dinámica del nuevo sistema procesal penal. a toda decisión adoptada por un juez de control de garantías o de conocimiento que fuese susceptible de apelación por alguno de los intervinientes en el proceso. en la justicia penal militar. para que el legislador amplíe el ámbito de protección de dicha garantía constitucional. limitar las facultades del superior jerárquico en sede de apelación. justifican tal ampliación.
( ii ) adelantar un control posterior. y en relación con el mismo servicio. esta norma se aplica únicamente para la investigación de los funcionarios a que se refiere el numeral 4 del artículo 235 Superior. JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-No puede ser considerado jerárquicamente dependiente de la Corte Suprema de Justicia JUEZ DE CONTROL DE GARANTIAS-Desempeño magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá por
Cuando el legislador dispuso que en los casos que conozca la Corte Suprema de Justicia. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Competencia JUEZ DE constitucionales CONTROL DE GARANTIAS-Funciones
El Acto Legislativo 02 de 2003 creó la figura protagónica del juez de control de garantías asignándole competencia para ( i ) ejercer un control sobre la aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía. no guarda relación alguna. Título I “Jurisdicción y competencia”. para los cuales. allanamiento. con el contenido del artículo 250 Superior. por lo tanto. por cuanto. lo cual señala que se trata de una disposición mediante la cual se organiza el funcionamiento de la justicia penal ordinaria. según cual los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo. dentro del término de treinta y seis horas ( 36 ) siguientes sobre las capturas que excepcionalmente realice la Fiscalía. conocerán las cortes marciales o tribunales militares. el artículo 30 de la Ley 906 de 2004 se encuentra ubicado en el Libro I. como lo pretende hacer ver la demandante. Por el contrario. la función de juez de control garantías será ejercida por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. como ya se indicó anteriormente. la misma disposición les consagró un fuero sólo para la etapa del juzgamiento. ( iii ) ejercer un control previo sobre las medidas restrictivas de la libertad individual y ( iv ) llevar a cabo un control posterior sobre medidas de registro. no se viola la Constitución. Ahora bien. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
. se trata de un simple desarrollo del artículo 221 constitucional.procesal penal con tendencia acusatoria. con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. en lo que concierne a la aplicación o no del principio de oportunidad a los miembros de la fuerza pública. incautación e interceptación de comunicaciones.
como es aquella de decretar con efectos de cosa juzgada la ocurrencia del hecho generador de la extinción de la acción penal y en consecuencia. conducen a la Corte a considerar que tales decisiones únicamente pueden ser adoptadas por el juez de control de conocimiento. acordarle adicionales facultades judiciales a la Fiscalía General de la Nación. en los casos de leyes de amnistía. antes de la formulación de la imputación. cuya constatación no es meramente objetiva o automática. requiere de una valoración ponderada. PROCESO PENAL-Línea jurisprudencial sobre juicios en ausencia CONTUMACIA-Proceso penal acusatorio PROCESAMIENTO EN AUSENCIA-Sindicado que se oculta PROCESAMIENTO EN AUSENCIA-Sindicado que no se oculta DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE EN PROCESO PENAL-Naturaleza residual JUICIO EN AUSENCIA EN MATERIA PENAL-No se opone a la Constitución/DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE EN PROCESO PENAL-Requisitos de validez
. En otros términos. el carácter litigioso de las causales de extinción de la acción penal. al igual que la trascendencia que la misma ofrece. en todos los casos. ordenar el archivo de unas actuaciones. en el curso de una audiencia. por ejemplo. durante la cual las víctimas puedan exponer sus argumentos en contra de la extinción de la acción penal.INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda ACCION PENAL-Causales de extinción FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Facultad para archivar actuaciones penales/FISCALIA GENERAL DE LA NACIONFacultad para declarar extinguida la acción penal Al legislador le está vedado romper las reglas propias de los elementos esenciales del nuevo sistema acusatorio. La disposición acusada lesiona los derechos de las víctimas a acceder ante un juez para efectos de que sea este último quien decida si efectivamente se encuentran presentes o no los presupuestos para decretar la extinción de la acción penal. sino que.
Allen. en el caso Illinois vs. la Corte Suprema Federal resolvió que el derecho de un acusado a estar presente en el juicio no es impedimento para que. que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte. y se le hayan adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y
. JUICIO EN AUSENCIA EN MATERIA PENAL Y PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOSInterpretación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas JUICIO EN AUSENCIA Y DERECHO COMPARADO-Sistema acusatorio norteamericano En el derecho comparado el derecho a estar presente en el juicio oral se ha entendido en términos absolutos.
DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE EN PROCESO PENAL-Procedencia en el sistema penal acusatorio La declaratoria de persona ausente por parte del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de manera real y material y no meramente formal. facilitan el cumplimiento del principio de celeridad procesal. e igualmente. y ( iii ) la evidencia de su renuencia. Así. Bussman. la vinculación del imputado mediante su declaración de reo ausente sólo es conforme con la Carta Política si ( i ) el Estado agotó todos los medios idóneos necesarios para informe a la persona sobre el inicio de un proceso penal en su contra.En materia de juicios en ausencia. pese a la rebeldía o la ausencia real del procesado. ( ii ) existe una identificación plena o suficiente del imputado. bajo determinadas circunstancias. De igual manera en el caso de Maryland vs. se tiene que los mismos no se oponen a la Constitución por cuanto permiten darle continuidad de la administración de justicia como servicio público esencial. No obstante lo anterior. se reconoció el derecho del acusado a renunciar libremente a su derecho a encontrarse presente durante el juicio oral. dado que por estar ausente por lo general no basta con la constatación de su identidad física. el tribunal orden que se retire al acusado de la sala y continúe el juicio en su ausencia. en el sistema acusatorio americano.
no solamente pruebas. que esta norma general no se opone al artículo 29 Superior. sino también elementos materiales probatorios y evidencia física. al disponer que [T]oda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho. o las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia. trata de una disposición que inspira todo el trámite del nuevo proceso penal de tendencia acusatoria. no solamente durante el juicio sino en las etapas anteriores a él. REGLA DE EXCLUSION DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS CON VIOLACION DE LAS GARANTIAS FUNDAMENTALESAplicación en sistema penal acusatorio El artículo 23 de la Ley 906 de 2004. se le nombrará un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. y regula la cláusula general de exclusión. al disponer la nulidad de pleno
. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas. y por el contrario lo reafirma. la Corte considera que la declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías procesales y ser objeto de un estricto control judicial. En tal sentido. De igual manera. conlleva a que la regla de exclusión sea aplicable durante todas las etapas del proceso. es decir. De entrada advierte la Corte. por lo que deberá excluirse de la actuación procesal.razonables para obtener la comparecencia del procesado. y que por lo tanto no se agota con la actividad que despliega de manara obligatoria la fiscalía para demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia UNIDAD NORMATIVA-Integración REGLA DE EXCLUSION DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS CON VIOLACION AL DEBIDO PROCESO-Prueba inconstitucional y prueba ilícita REGLA DE EXCLUSION-Aplicable durante todas las etapas del proceso Una interpretación armónica del artículo 29 Superior con las nuevas disposiciones constitucionales mediante las cuales se estructura el nuevo modelo procesal penal de tendencia acusatoria. Una vez verificados tales requisitos. la persona será emplazada mediante un edicto que se fijará por el término de cinco días en un lugar visible de la secretaría del juzgado y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. con la posibilidad de excluir entonces.
derecho de la prueba y su exclusión cuando ha sido obtenida con violación de las garantías fundamentales. Ahora bien.P. carece de validez y debe ser excluido de la actuación. es decir. implicará el deber del funcionario que realiza la diligencia de ponerlos a disposición de la autoridad competente para el efecto. En otras palabras. de acuerdo a lo considerado anteriormente. y no solamente aquellas que dependan directa y exclusivamente. para que sean tenidos como evidencia material pero no como prueba de responsabilidad. DILIGENCIA Presupuestos DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO-
CLAUSULA DE EXCLUSION EN MATERIA DE REGISTROS Y ALLANAMIENTOS-Elementos materiales probatorios y evidencia física afectados por invalidez/CLAUSULA DE EXCLUSION EN MATERIA DE REGISTROS Y ALLANAMIENTOS-Inconstitucionalidad de la expresión “directa y exclusivamente” en relación con los elementos materiales probatorios y evidencia física afectados por invalidez La disposición acusada dispone. cuando se efectúe un allanamiento o registro. que tan sólo aquellos elementos probatorios y evidencia física que dependan de manera directa y exclusiva de ella carecen de validez y serán excluidos de la actuación.P. con violación del debido proceso. por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos para el efecto. por tratarse de una diligencia afectada de invalidez. se refiere a la nulidad de pleno derecho y la exclusión del proceso de la prueba obtenida contrariando la Constitución. NULIDAD DERIVADA DE PRUEBA ILICITA EN PROCESO PENAL-Criterios para determinarla En tal sentido. con fundamento en una orden viciada. establece determinados criterios para analizar si una prueba realmente deriva o no de otra. si en la diligencia inválida. es decir. así como las que sean consecuencia de las pruebas excluidas. es una fuente de exclusión de la prueba de conformidad con el artículo 29 Superior. de conformidad con el artículo 29 Superior. todo elemento probatorio y evidencia física que allí se encuentre y sea obtenida en la misma queda contaminada. se encontraren elementos o evidencias materiales no vinculadas con el proceso pero que ameriten otra investigación penal. con lo que se restringe el alcance del artículo 29 constitucional para los efectos del registro y allanamiento. Al respecto de los criterios determinados por el legislador en el artículo
. el artículo 455 del nuevo C. la que según lo considerado por la Corte.
En otras palabras. en el derecho comparado han conocido tales criterios. desaparición forzada o ejecución extrajudicial. que cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una prueba ilícita. se transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso. o cuyo vínculo con la prueba primaria inconstitucional o ilegal sea tan tenue que puede considerarse que ya se ha roto. apuntan todos ellos a considerar como admisibles únicamente determinadas pruebas derivadas que provengan de una fuente separada. por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los derechos humanos. lejos de autorizar la admisión de pruebas derivadas ilegales o inconstitucionales. sino que la prueba
. es decir. deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y sus derivadas. como queda ya comprometida la imparcialidad del juez que ha conocido del proceso. y ( v ) el descubrimiento inevitable. En efecto. Pero. consistente en que la prueba derivada es admisible si el órgano de acusación logra demostrar que aquélla habría sido de todas formas obtenidas por un medio lícito. como quiera que el vínculo entre ambas pruebas resulta ser tan tenue que casi se diluye el nexo de causalidad. el solo hecho de que fue practicada bajo tortura. debe en consecuencia proceder a su exclusión. según el cual si determinada evidencia tiene un origen diferente de la prueba ilegalmente obtenida. en el sentido de que por vínculo atenuado se ha entendido que si el nexo existente entre la prueba ilícita y la derivada es tenue.acusado. en estos casos. esta circunstancia por si sola hace que se rompa cualquier vinculo con el proceso. mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado. independientemente de si la prueba es trascendental o necesaria. NULIDAD POR VIOLACION DE LAS GARANTIAS FUNDAMENTALES EN PROCESO PENAL-Prueba obtenida mediante la perpetración de crímenes de lesa humanidad La Corte considera. Además. En efecto. independiente y autónoma. los criterios que señala el artículo 455 de la Ley 906 de 2004 para efectos de aplicar la regla de exclusión se ajustan a la Constitución por cuanto. por cuanto se han desconocido los fines del Estado en el curso de un proceso penal. cual es la realización de los derechos y garantías del individuo. entonces la segunda es admisible atendiendo al principio de la buena fe. En tal sentido. debe proceder además a remitirlo a un juez distinto. cuando quiera que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura. ( iv ) la fuente independiente. tradicionalmente en derecho colombiano se ha entendido que la aplicación de la regla de exclusión no invalida todo el proceso. desaparición forzada o ejecución extrajudicial. no se aplica la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud de la demanda por ausencia de cargo CAPTURA EN FLAGRANCIA-Procedimiento CAPTURA EN FLAGRANCIA-Autoridad a quien le corresponde decidir sobre la legalidad de la aprehensión/CAPTURA EN FLAGRANCIA-Posibilidad de la Fiscalía de dejar en libertad a quien haya sido ilegalmente capturado El procedimiento en caso de flagrancia. la medida es razonable ya que el fiscal se limita a constatar. adelantado por una autoridad que conserva ciertas facultades judiciales. frente a capturas que no cumplen con las condiciones constitucionales y legales de la flagrancia. encaminado a salvaguardar el goce del mencionado derecho fundamental. en consecuencia. en tanto que la Fiscalía adopta tan sólo una determinación sobre la concesión de libertad en casos en que no se cumplan los requisitos objetivos para decretar la detención preventiva o la captura en flagrancia sea ilegal. con base en criterios objetivos. articula lo dispuesto en el artículo 28 Superior con las nuevas disposiciones constitucionales del sistema acusatorio en la medida en que la decisión sobre la legalidad de la aprehensión realizada en flagrancia queda exclusivamente a cargo del juez de control de garantías. entiende la Corte que tal principio debe ser exceptuado cuando quiera que se pretenda hacer valer en un juicio oral una prueba que ha sido obtenida en flagrante desconocimiento de la dignidad humana. de todas formas.ilícita no puede ser tomada en cuenta al momento de sustentar una decisión. la decisión del fiscal de dejar en libertad al aprehendido se justifica en cuanto. de competencia exclusiva del juez de control de garantías. INIMPUTABILIDAD POR DIVERSIDAD SOCIOCULTURALÁmbito personal de aplicación
. De igual manera. No se trata. y por ende. del decreto de una medida restrictiva del ejercicio de la libertad individual. se le impone al ciudadano el compromiso de comparecer cuando sea necesario. regulado en el artículo 302 de la Ley 906 de 2004. Aunado a lo anterior. si el supuesto delito cometido por el aprehendido en flagrancia daría o no lugar a la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva por parte de un juez de control de garantías. No obstante lo anterior. sino de un procedimiento.
( iii ) la protección y reparación integral de los perjuicios ocasionados a las víctimas. en especial. FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Papel que debe cumplir en relación con las víctimas en el nuevo sistema procesal de tendencia acusatoria Cabe señalar que el Acto Legislativo 03 de 2002 asignó diversas responsabilidades a la Fiscalía General de la Nación en relación con las víctimas. ( ii ) la consecución de la justicia dentro del pleno respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales del procesado. de tal suerte que. lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. tales como ( i ) solicitarle al juez de control de garantías las medidas necesarias para “la protección de la comunidad. a mecanismos que flexibilicen la actuación procesal. con el fin de no congestionar el sistema penal. dentro del marco estricto de la ley. al igual que sucede en el modelo americano. y ( iii ) velar por la protección de las víctimas. CONCILIACION-Características CONCILIACION EN Realización ante Fiscal LOS DELITOS QUERELLABLES-
. aproximadamente un 10%. los jurados. sólo una pequeña parte de los procesos lleguen a la etapa de juicio oral. ( ii ) solicitarle al juez de conocimiento las medidas judiciales indispensables para la asistencia a las víctimas. de las víctimas”. ( iv ) la adopción de medidas efectivas para la conservación de la prueba. y ( v ) el recurso. tales como la negociación anticipada de la pena y la aplicación del principio de oportunidad.MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA INDIGENAS-Reintegración al medio cultural propio/MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA INDIGENAS-Inexistencia en el ordenamiento jurídico penal colombiano FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Fines en el nuevo sistema procesal de tendencia acusatoria Un examen sistémico de la reforma al proceso penal colombiano evidencia que la actividad investigativa Fiscalía General de la Nación se encamina a la consecución de los siguientes fines ( i ) la búsqueda de la verdad material sobre la ocurrencia de unos hechos delictivos. los testigos y los demás intervinientes en el proceso penal.
proceder a archivar las diligencias. Conclusiones. caso en el cual no podrá ser utilizado en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo conciliatorio.Por tratarse de delitos querellables y por ende el contenido de justicia afecta solo la esfera de la víctima y en tal medida admiten desistimiento. pueden admitirse las figuras de la declaratoria de persona ausente y la contumacia. de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública. a fin de que si hubiere acuerdo entre el querellante y el querellado. la persona puede renunciar a su derecho a hallarse presente durante la audiencia de formulación de la acusación. según el caso. La declaratoria de persona ausente por parte del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de manera real y material y no meramente formal. que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte. y en caso contrario. Con todo. que no se pueden adelantar investigaciones o juicios en ausencia. público. su ejecución debe estar rodeada de un conjunto de garantías y controles judiciales. o con el defensor que le designe el juez.
3. 3. sin que se oponga al nuevo esquema procesal penal que ella se surta ante un fiscal. consideró el legislador como una medida de política criminal que surtieran una etapa de conciliación. tanto menos en el marco de un sistema procesal penal de tendencia acusatoria caracterizado por la realización de un juicio oral. ejercer la correspondiente acción penal. Adicionalmente. y con el único propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de justicia en tanto que servicio público esencial. concentrado y con todas las garantías. 2. Solo de manera excepcional. contradictorio. la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. siendo mecanismos de carácter excepcional. Del examen de constitucionalidad de las normas acusadas. Es la regla general. la Corte extrae las siguientes conclusiones: 1. con inmediación de las pruebas. y se le hayan adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones
. casos en los cuales la audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su representación.
o declare la nulidad de lo actuado por violación del derecho fundamental al debido proceso. sino que igualmente éstas deben continuar por parte de la Fiscalía con posterioridad a esta declaración. 4. la persona será emplazada mediante un edicto que se fijará por el término de cinco días en un lugar visible de la secretaría del juzgado y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. habiendo sido citado en los términos ordenados por este código. En tal sentido. de conformidad con los términos establecidos en las conclusiones de esta sentencia. Cabe recordar. así como que el rol que juega el Ministerio público en estos casos se acentúa para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las garantías constitucionales en el proceso. no compareciere a la audiencia. y que por lo tanto no se agota con la actividad que despliega de manara obligatoria la fiscalía para demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia. esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. la Corte declarará exequible el artículo 127 de la Ley 906 de 2004 y la expresión “Si el indiciado. bien de oficio o a solicitud del acusado de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley 906 de 2004. realice una labor de ponderación en relación con el cumplimiento de la carga de ubicación del procesado. y constate que el Estado ha continuado con su labor de dar con el paradero del acusado. la Corte considera que la declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías procesales y ser objeto de un estricto control judicial. del artículo 291 de la Ley 906 de 2004.
. al momento de la citación para la celebración de la audiencia de formulación de acusación.suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. se le nombrará un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Una vez verificados tales requisitos. por el cargo analizado.”. a fin de que el juez de conocimiento. sin causa justificada así sea sumariamente. a fin de autorizar de manera excepcional el juicio en ausencia. En este orden de ideas. o del defensor respectivo. que la actividad del Sistema Nacional de Defensoría Pública debe encaminarse a que en materia de juicios en ausencia el Estado cumpla efectivamente con su deber de demostrar que adelantó todas las gestiones necesarias y pertinentes para localizar al investigado o enjuiciado. De igual manera.
y con el único propósito de dar continuidad y eficacia a la administración de justicia en tanto que servicio público esencial. que al fiscal le ha sido imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afecte. Solo de manera excepcional. la persona será emplazada mediante un edicto que se fijará por el término de cinco días en un lugar visible de la secretaría del juzgado y se publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local. la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. contradictorio. Conclusiones. En tal sentido. 3. siendo mecanismos de carácter excepcional. de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública. concentrado y con todas las garantías. se le nombrará un defensor designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. tanto menos en el marco de un sistema procesal penal de tendencia acusatoria caracterizado por la realización de un juicio oral. la Corte considera que la declaratoria de persona ausente debe estar rodeada de las debidas garantías procesales y ser objeto de un estricto control judicial. o con el defensor que le designe el juez. la Corte extrae las siguientes conclusiones: 1.3. que no se pueden adelantar investigaciones o juicios en ausencia. y se le hayan adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren la insistencia en ubicarlo mediante el agotamiento de mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. 4. la persona puede renunciar a su derecho a hallarse presente durante la audiencia de formulación de la acusación. De igual manera. casos en los cuales la audiencia respectiva se realizará con el defensor que haya designado para su representación. con inmediación de las pruebas. Es la regla general. y que por lo tanto no se agota
. pueden admitirse las figuras de la declaratoria de persona ausente y la contumacia. Del examen de constitucionalidad de las normas acusadas. Con todo. Adicionalmente. según el caso. su ejecución debe estar rodeada de un conjunto de garantías y controles judiciales. 2. La declaratoria de persona ausente por parte del juez de control de garantías sólo procederá cuando verifique de manera real y material y no meramente formal. público. Una vez verificados tales requisitos.
Cabe recordar.”. esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. bien de oficio o a solicitud del acusado de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley 906 de 2004. o declare la nulidad de lo actuado por violación del derecho fundamental al debido proceso. publicidad y celeridad. Así. del artículo 291 de la Ley 906 de 2004. de conformidad con los términos establecidos en las conclusiones de esta sentencia. la etapa de juzgamiento es pública. que la actividad del Sistema Nacional de Defensoría Pública debe encaminarse a que en materia de juicios en ausencia el Estado cumpla efectivamente con su deber de demostrar que adelantó todas las gestiones necesarias y pertinentes para localizar al investigado o enjuiciado. sin causa justificada así sea sumariamente. al momento de la citación para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. bien sea el interrogatorio del testigo. En este orden de ideas.
El juicio está regido por los principios de oralidad.con la actividad que despliega de manara obligatoria la fiscalía para demostrarle al juez de control de garantías el agotamiento de las diligencias suficientes y razonables para la declaratoria de ausencia. deben ser llevados a cabo oralmente. así como que el rol que juega el Ministerio público en estos casos se acentúa para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las garantías constitucionales en el proceso. la producción de la prueba o los alegatos. a fin de que el juez de conocimiento. o del defensor respectivo. a fin de autorizar de manera excepcional el juicio en ausencia. no compareciere a la audiencia. todo lo que sucede en el proceso. sino que igualmente éstas deben continuar por parte de la Fiscalía con posterioridad a esta declaración. De igual manera. con el propósito de consolidar la confianza de la ciudadanía en la
. realice una labor de ponderación en relación con el cumplimiento de la carga de ubicación del procesado. habiendo sido citado en los términos ordenados por este código.
El derecho de defensa se comienza a ejercer únicamente desde la formulación de la imputación. y constate que el Estado ha continuado con su labor de dar con el paradero del acusado. la Corte declarará exequible el artículo 127 de la Ley 906 de 2004 y la expresión “Si el indiciado. por el cargo analizado. con determinadas restricciones.
denominado inquisitivo o inquisitorio. sin el requerimiento de acusación particular. la efectividad de los medios de prueba disminuye con el transcurso del tiempo. surge en ésta la necesidad de crear un sistema eficaz que le permita neutralizar el daño ocasionado con el delito. 2003
. Tomo I.1 DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS INQUISITIVO Y ACUSATORIO. 1 Cardona Galeano. Bogotá. Juan Pablo. el juicio se debe llevar a cabo en el menor tiempo posible. Este sistema. Leyer. Manual de Derecho Procesal Civil.administración de justicia. e igualmente. que compartimos parcialmente con Cardona Galeano1 : a) Iniciación de la investigación de oficio. Sistema Inquisitivo Cuando el delito trasciende el campo de la ofensa privada para convertirse en un atentado contra la sociedad misma. y asimismo. Ed. Si se procedió en forma irregular la actuación procesal estaría viciada de nulidad por violación de las garantías fundamentales
Tesis 45 Javeriana 1. teniendo en cuenta que un proceso penal afecta severamente los derechos fundamentales del sindicado. implica los siguientes elementos. la identificación de los responsables para su juzgamiento y sanción y para la reparación de los perjuicios causados.
si la propia Corte ha concluido que la dignidad es un principio constitucional. el derecho a la vida. el derecho a la propia imagen o el derecho al mínimo vital. resulta tutelado de manera paralela o simultánea con el ámbito de protección de otros derechos fundamentales con lo cuales converge. el derecho al libre desarrollo de la personalidad. como el derecho a la igualdad.Diario Oficial No. el derecho al trabajo. Jurisprudencia constitucional. ARTÍCULO 1o. bienestar o integridad física). con aquellos con los cuales guarda una especial conexidad. no parece adecuado acudir a la artificiosa construcción de un llamado derecho a la dignidad. DIGNIDAD HUMANA. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA TITULO PRELIMINAR. Esta situación merecería una revisión frente a la determinación de la naturaleza jurídica de la dignidad humana. sobre todo. de 31 de agosto de 20041 RAMA LEGISLATIVA . Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana. el ámbito de protección del derecho (autonomía personal. basta la invocación y la protección de un derecho fundamental nominado o innominado específico. le corresponde una función integradora del ordenamiento jurídico. constituye un parámetro de
. Alcances. el derecho a la salud. para la solución correcta de los asuntos constitucionales. entre otros. al que como tal.PODER PÚBLICO Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 45. porque si bien. y un elemento definitorio del Estado social de derecho colombiano.657. PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTIAS PROCESALES. “En la mayoría de los fallos en los cuales la Corte utiliza la expresión “dignidad humana” como un elemento relevante para efecto de resolver los casos concretos. el derecho a la identidad personal. Más aún.
45.interpretación de los demás enunciados normativos del mismo y sobre todo es la fuente última. En la citada decisión se resolvió “declarar inexequible. tal como lo determinara la H. a la intención del legislador y a la estructura del Código que conforma un sistema de procedimiento penal nuevo de orientación acusatoria”.” ámbitos igualmente compartidos por otros enunciados normativos de la Constitución (artículos 12 y 16). atendiendo al real significado de la norma pertinente. la Ley 906 de 2004. sobre todo en lo relativo a la concepción antropológica del Estado social de derecho.32 Sin embargo. 1 Nota: Este es el texto aprobado por el Congreso de la Republica y que actualmente se encuentra vigente. sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial No. por el cargo analizado. Corte Constitucional en la sentencia C-925 de 2005. a manera de derrotero de interpretación. o el “principio de principios” del cual derivan el fundamento de su existencia-validez buena parte de los llamados derechos innominados.657 del 31 de agosto de 2004. pueden ser resueltas de acuerdo a los métodos de interpretación de la ley.” En la misma decisión. quedando sin efecto las modificaciones que se le hicieran en el decreto Decreto 2770 de 2004. en el entendido de que su texto único es el aprobado por el Congreso de la República. por los cargos analizados. Porque si bien la Sala ha identificado tres ámbitos concretos de protección a partir del enunciado normativo del “respeto a la dignidad humana. la Corte adelantó “Las posibles incongruencias o confusiones que puedan surgir del texto de la Ley 906 de 2004 que será declarada exequible. el cauce abierto por la Corte tiene una especial importancia en el desarrollo del principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de la realización de los fines y valores de la Constitución. una interpretación más comprensiva de la Constitución permite y exige la identificación de nuevos ámbitos de
En este sentido. considera la Corte que ampliar el contenido de la dignidad humana. con los propios de la dimensión social de la persona humana. sino como contenidos concretos. deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural. sino de sumarle una serie de calidades en relación con el entorno social de la persona. los ámbitos de protección de la dignidad humana. a una concepción normativista o funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella. porque permite racionalizar el manejo normativo de la dignidad humana. por que lo presenta más armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991. ciertos aspectos de orden circunstancial determinados por las condiciones sociales. porque abre la posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la Constitución. funcional y armónico con las exigencias del Estado social de derecho y con las características de la sociedad colombiana actual. como un verdadero derecho fundamental. que permitan dotarlo de un contenido apropiado.protección que justifican el tratamiento jurisprudencial del enunciado sobre la dignidad. al menos por tres razones: primero. resulta de especial importancia. además de su referente natural. De tal forma que integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la autonomía
. y tercero. En conclusión. 29. en relación con las circunstancias en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente. segundo. Con esto no se trata de negar el sustrato natural del referente concreto de la dignidad humana (la autonomía individual y la integridad física básicamente). con tal de pasar de una concepción naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a ciertas condiciones intrínsecas del ser humano. De tal forma que integrarían un concepto normativo de dignidad humana.
de tal forma que tanto las autoridades del Estado. la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades. la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle. bajo las condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo. Libertad que implica que cada persona deberá contar con el máximo de libertad y con el mínimo de restricciones posibles. De tal forma que conductas dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o un desconocimiento a la dimensión física
. como los particulares deberán abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio.individual). sino de un concepto de dignidad que además incluya el reconocimiento de la dimensión social específica y concreta del individuo. Así mismo integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de las condiciones materiales de existencia). El tercer ámbito también aparece teñido por esta nueva interpretación. la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas. la posibilidad de que toda persona pueda mantenerse socialmente activa. es así como integra la noción jurídica de dignidad humana (en el ámbito de la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona concretamente su integridad física y su integridad moral). De tal forma que no se trata sólo de un concepto de dignidad mediado por un cierto bienestar determinado de manera abstracta. y que por lo tanto incorpore la promoción de las condiciones que faciliten su real incardinación en la sociedad. bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad.
(Tutela No.. de las víctimas. LIBERTAD. Para la Sala la nueva dimensión social de la dignidad humana. en los términos señalados en este código. 881 de 2002. dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la
. se constituye en razón suficiente para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo. ARTÍCULO 2o. por petición de cualquiera de las partes.P. Corte Constitucional. en especial. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Magistrado Ponente: Dr. M. igualmente tanto las autoridades del 33 Estado como los particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para conservar la intangibilidad de estos bienes y sobre todo en la de promover políticas de inclusión social a partir de la obligación de corregir los efectos de situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a los mismos. El juez de control de garantías. ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad. Igualmente. diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002). en consonancia con la interpretación armónica de la Constitución. previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación. normativamente determinada. emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad.y espiritual de las personas se encuentran constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los predicados normativos de la dignidad humana.
Sobre la misma temática. resaltó la calara voluntad del constituyente de sustraerlo de la competencia para ordenar la privación de la libertad del investigado. la H. por cuanto consideró que la indeterminación de las condiciones en que se concibe la posibilidad de la captura por la Fiscalía General. la excepción se convierte en regla. atenta contra la presunción de inocencia y la garantía de la libertad.) A juicio de la Corporación. 250-1 C. en la
. razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito. numeral 1 de la Constitución política. Lo anterior. la norma acusada carece de claridad y precisión que exige la regulación del ejercicio de la facultad excepcional que restringe la libertad personal. . Corte Constitucional en la Sentencia C-1001 de 2005. con lo cual. el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. pues deja al arbitrio del fiscal la calificación de los “motivos fundados” y de las razones por las cuales no tuvo la oportunidad de solicitar la orden del juez para proceder a una captura.El aparte resaltado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-730-05. Álvaro Tafur Gálvis.P. la cual se reserva como regla general. viola el principio de legalidad de los artículos 29 y 250. al juez de control de garantías (art. <Aparte resaltado INEXEQUIBLE> En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación. y por ende. existiendo motivos fundados. Magistrado Ponente Dr.convirtieren en irrazonable o desproporcionada. Dijo el máximo tribunal constitucional: para la Corte la adopción de un sistema penal acusatorio implica un cambio fundamental en el papel que le corresponde cumplir al fiscal en el proceso penal y en tal sentido.
afirmado: “No obstante. Dr. reiteró el principio de la reserva judicial en tratándose de afectación de derechos fundamentales en el proceso penal. oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”. Preocupación fundamental de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sentencia C456 de 2006 – M. a partir de allí se establecieron luego garantías para resguardarla. C-634 de 2000 y C-774 de 2001. Así entonces. la posibilidad con que cuenta la Fiscalía General de 34 la Nación para realizar capturas de manera excepcional debe comportar el cumplimiento de presupuestos . Desarrollo constitucional del principio de libertad. principio y derecho fundante del Estado Social de Derecho. como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola. En sentencias C-301 de 1993. Dr. La H. Lo mismo ocurrió en las
. Jurisprudencia Constitucional. conforme con el numeral 1) del artículo 250 de la Constitución. ajustadas al principio de legalidad”. requisitos. Jaime Araujo Renteria. Alfredo Beltran Sierra. Es decir. la autoridad competente para efectuar excepcionalmente una detención. y por ello se dijo en su artículo 4º que ella “consiste en poder hacer lo que no daña a otro”. y. sustituyéndola. en el presente caso la Fiscalía General de la Nación.P. solo puede hacer uso de dicha facultad en situaciones con unas características claras y definidas .que declaró la inexequibilidad del artículo 300 de la ley 906 de 2005. la Corte afirmó que la libertad personal. Sentencia C-190 de 2006 M. límites e hipótesis claramente definidos en la ley . fue la de definir la libertad. Corte Constitucional reiteró jurisprudencia.P. comprende “*l+a posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios.
sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente. 17 y 28 se ocupa de la libertad personal. se establecen garantías para la libertad personal. para que éste adopte la decisión correspondiente en el
. por ello. principalmente en sus artículos 6. tanto en la una como en la otra. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes. tanto en una como en otra Constitución. y en la Constitución de 1991. como culminación de un proceso histórico que se hizo realidad con la ley de 21 de mayo de 1851. Así. ni reducido a prisión o arresto. finalmente. al igual que lo hacía la Constitución anterior en sus artículos 20. Nuestra Constitución actual. ni detenido. ni su domicilio registrado. La Constitución de 1991. a quien se atribuye esa competencia.Constituciones expedidas durante el siglo XIX tanto en Europa como en América y. como lo señalaba el artículo 23 de la Constitución anterior. precisó que la orden de privación de la libertad debe emitirse no simplemente por autoridad competente. con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. Toda persona es libre. en todas nuestras Constituciones se consagró expresamente el derecho a la libertad personal en su parte dogmática. se prohibieron también la servidumbre. así como la trata de seres humanos en todas sus formas. Nadie puede ser molestado en su persona o familia. los particulares pueden realizar cualquier acto que no les esté expresamente prohibido por la Constitución y la ley. sin lugar a dudas. además. hizo explícito en el artículo 28 que “Toda persona es libre” y. sino por “autoridad judicial competente”. lo cual determina claramente. y. 22 y 23. El artículo 28 de la Constitución Política señala: “ARTICULO 28. en ambas se encuentra proscrita la esclavitud.
ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. ni su domicilio registrado. prisión ni arresto por deudas. prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles.” (subrayas fuera de texto) Así. pues el
. En ningún caso podrá haber detención. sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. En ningún caso podrá haber detención. los que parcialmente coinciden con los que antes exigía el artículo 23 de la Constitución de 1886 que establecía lo siguiente:35 “Nadie podrá ser molestado en su persona o familia. es claro que la privación o restricción de la libertad que materialmente se ejecuta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. salvo el arraigo judicial. exigen i) motivo previamente definido en la ley. y advierte finalmente que v) en ningún caso podrá haber detención. El texto precisa así mismo que iv) la persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes. Pero esa privación o restricción de la libertad. no queda a la discreción de ésta.” Desde luego. en algunas ocasiones el interés superior de la sociedad exige la privación o restricción de la libertad personal. sino que exige la intervención de las otras dos ramas del poder.término que establezca la ley. y iii) que se realice con la plenitud de las formalidades legales. la reducción a prisión o arresto o la detención. establezca requisitos para el efecto. ii) mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Analizados estos requisitos. ni reducido a prisión o arresto. para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. en los Estados democráticos debe ser excepcional y no puede ser arbitraria. con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes. prisión ni arresto por deudas. ni detenido. De allí. que el artículo 28 de la Carta Política vigente.
ese derecho fundamental es susceptible de limitación. en consecuencia. que se realice luego de cumplido lo anterior la privación de la libertad con la plenitud de las formalidades legales. ha dicho la Corte en varias de sus sentencias que el principio de legalidad se convierte así en una garantía insustituible para la libertad individual. en virtud del cual no puede haber delito sin ley que lo defina ni pena sin ley que la determine. para que quien la practique lo haga luego con sujeción a las formalidades previamente definidas por el legislador. y. todo lo contrario. la dignidad personal. es realización concreta del principio de legalidad. que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal. además de la libertad. pues ésta sólo podrá ser afectada por los motivos previamente definidos en la ley. es garantía para la persona pues ello exige al funcionario el acatamiento estricto a los motivos definidos por el legislador y no autoriza a nadie distinto de los funcionarios jurisdiccionales la afectación de la libertad individual. supone que quien la ejecuta se someta a ellas para respetar. inmune a cualquier forma de restricción. los casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley. fluye del propio texto superior que en determinados supuestos. Que el motivo de la privación de la libertad sea previamente definido por la ley. También se deduce de lo expuesto que el Constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto. que la orden sea dada por escrito y por un juez. empero. Sobre el particular. y conforme a un procedimiento
.legislador define los motivos y el juez emite la orden escrita con sujeción a éstos. así como tampoco medidas cautelares no autorizadas por el legislador. siendo claro.
fluye del propio texto superior que en determinados casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley. todo lo contrario. sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación. Ha dicho la Corte: “*S+e deduce de lo expuesto que el constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto. delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28. perceptible al momento de crear el derecho legislado. inmune a cualquier forma de restricción. tratándose de la libertad individual. Sin embargo.también previamente señalado en ella. pues ha de desarrollarse con el respeto de los postulados y preceptos superiores y específicamente de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. en cuanto representante del pueblo. esa libertad del legislador. tarea ésta del legislador que además se encuentra limitada y puede ser objeto de control por parte del juez constitucional. tiene su límite en la propia Constitución que. que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal. y de los derechos
. adoptadas como respuesta a problemas latentes de la sociedad y que son el resultado de un proceso en el que normalmente se involucran consideraciones y valoraciones de naturaleza política. siendo claro. En la fijación de las condiciones en las que resulte posible la privación de la libertad. del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios. el legislador goza de un margen de apreciación inscrito dentro de la denominada libertad 36 de configuración que le permite. traducir en normas legales sus decisiones. en consecuencia.
contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo”. el legislador. al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho. que no obstante estarán sujetas a un control automático por parte del juez de control de garantías dentro de las treinta y seis horas siguientes (art. Al respecto la Corte sostuvo en la sentencia C-237 de 2005 que: “la cláusula general de la
. aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y. ese ente podrá realizar capturas sin orden judicial previa. en la que se estableció que por regla general la imposición de medidas restrictivas de la libertad. debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica. Ahora bien. la reserva judicial de la libertad fue reforzada en la reforma introducida en el Acto Legislativo 03 de 2002 al nuevo sistema penal. según lo establezca la ley. La única excepción a la necesidad de mandato judicial escrito fue establecida por el propio Constituyente de 1991 en el artículo 32 superior que regula los casos de la flagrancia. a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29. Así pues. que dispone que toda persona “se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable” y que quien sea sindicado tiene derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas.consagrados en la Constitución. en donde el aprehendido puede ser llevado ante el juez por cualquier persona. ante quien la Fiscalía General de la Nación. deberá ser decretada solamente por el juez de control de garantías.P). por lo tanto. 250-1 C. deberá presentar la solicitud pertinente y solo en casos excepcionales.
especialmente luego de la segunda guerra mundial. la hizo suya en el artículo 7º. ratificada por la ley 16 de 1972. y en Europa. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. su privación a través de autoridad judicial competente ( límite ) . 17 y 28. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y
. de ella se ocupó en su artículo 12. le consagró 37 su artículo 9º. La libertad encuentra así solo en la ley su posible límite y en el juez su legítimo garante en función de la autonomía e independencia que la Constitución reconoce a sus decisiones precisamente porque es al juez a quien le está encomendada la tarea de ordenar restringir el derecho a la libertad en los precisos términos señalados en la ley. la incluyó la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales. además el artículo 32 Constitucional permite la privación de la libertad en caso de flagrancia ( excepción )” Ha de concluirse sobre este punto que la intervención judicial se convierte entonces en importante garantía de la libertad. la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 10 de diciembre de 1948. Así por ejemplo. también ha sido preocupación principal la libertad personal. PRELACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. ARTÍCULO 3o. De la comunidad universal. de la misma manera que es a él a quien corresponde controlar las condiciones en las que esa privación de la libertad se efectúa y mantiene. en su artículo 5º.libertad personal así como su límite y sus excepciones fueron establecidas en la Constitución Colombiana de 1991 en los artículos 6 . Este último artículo preceptúa la libertad inmanente de toda persona ( cláusula general ) . pues en último será el juez el llamado a velar por el cumplimiento y efectividad de los mandatos constitucionales y legales en cada caso en particular. ratificado mediante la ley 74 de 1968. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
la Corte ha señalado: “En tales condiciones. aquellos tratados referidos a derechos humanos y que prohíben su limitación durante los estados de excepción. (….) La interpretación de los derechos constitucionales (entre ellos a la protección efectiva de los derechos fundamentales) de conformidad a lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Sobre el particular. por formar bloque de constitucionalidad. el inciso primero del artículo 93 de la Carta permite incorporar ciertos derechos y principios al bloque de constitucionalidad. debe admitirse que las normas que cumplan con los requisitos mencionados. ha señalado que el parámetro del control de constitucionalidad está definido por normas de rango constitucional (bloque de constitucionalidad stricto sensu) y por normas no contenidas en la Constitución pero que la integran a la hora de realizar el control de constitucionalidad (bloque de constitucionalidad latu sensu)” “El contenido del bloque de constitucionalidad latu sensu está definido de manera parcial en el artículo 93 de la Constitución. integran la constitución”. Alcances. Jurisprudencia Constitucional. el inciso segundo del artículo 93 superior (2) tiene otra finalidad pues esa norma completa y dinamiza el contenido protegido
. incluso cuando éstos no han sido reconocidos por el articulado constitucional. es imperativa según lo manda el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución.convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción. De acuerdo con el inciso primero primarán en el ordenamiento interno. pero para ello se requiere que sean derechos no limitables en estado de excepción (1). “La Corte constitucional. Por su parte. En este orden de ideas.
tal derecho deber ser interpretado con los tratados ratificados por Colombia. Esta Corte. el interprete debe escoger y aplicar la regulación que sea mas favorable a la vigencia de los derechos humanos. en varias sentencias. 13. Ello obliga a indagar sobre lo que realmente se incorpora por ésta vía. según la cual. acoger la interpretación que las
. pues no puede interpretarse una norma positiva de textura abierta (como las que definen derechos constitucionales) con otra norma que reviste las mismas características. conforme a ese inciso. en caso de conflictos entre distintas normas que consagran o desarrollan los derechos humanos. invocando como pretexto que el convenio en cuestión no los reconoce o los reconoce en menor valor. En ese contexto. Solo es posible (i) fundir ambas normas (la nacional y la internacional) y (ii). ha reconocido el carácter vinculante en el ordenamiento colombiano de ésta regla de hermenéutica. los convenios en ésta materia suelen incorporar una cláusula hermenéutica de favorabilidad. la Constitución dispone que la incorporación se realiza por vía de interpretación: “ …se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. puesto que. según la cual no puede restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos en un Estado en virtud de su legislación interna o de otros tratados internacionales.de un derecho que ya está consagrado en la Carta. en virtud de la regla hermenéutica sobre favorabilidad. Ahora bien. Ahora bien. el intérprete debe preferir aquella que sea mas favorable al goce de los derechos. la Corte concluye que el artículo 93-2 constitucionaliza todos los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos que ya aparecen en la Carta y.
Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger. en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de discriminación. se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.autoridades competentes hacen de las normas internacionales e integrar dicha interpretación 38 al ejercicio hermenéutico de la Corte. por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-799-05 de 2 de agosto de 2005. (Sentencia SU. la lengua. al respecto indicó: la obligación de los servidores judiciales establecida en el artículo 4 de la ley 906 de 2004 no es mas que el desarrollo del precepto constitucional contenida en el inciso final del artículo 13. que la jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos constituye una pauta relevante para interpretar el alcance de los tratados y por ende de los propios derechos constitucionales ”. Jaime Araujo Rentería. por sus condiciones de debilidad manifiesta. Por lo tanto. . la profesión. el origen nacional o familiar. Eduardo Montealegre Lynett. El sexo. en varias oportunidades. especialmente. como expresión del derecho a la igualada material que protege de manera especial. a las personas que estén en situación de desigualdad frente a los demás. no autoriza discriminaciones prohibidas por la constitución. Por ello esta Corte ha señalado. la raza. a aquellas personas que por su condición económica. la condición social. que se efectúan en cada
. sino medidas de protección permitidas por la Carta. el credo religioso. IGUALDAD. física o mental. Corte Constitucional) ARTÍCULO 4o. la opinión política o filosófica. Magistrado Ponente Dr.058 de 2003.El aparte subrayado fue declarado EXEQUIBLE. Magistrado Ponente Dr. expediente T509109.
39 Algunas precisiones sobre los principio de legalidad y de favorabilidad en materia penal y el
. El inciso 3° fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-59205 de 8 de junio de 2005. los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia. Al respecto consideró la Corporación que la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio única y exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. como quiera que ese principio constituye. ARTÍCULO 6o. de acuerdo con el precepto superior y las normas que integran el bloque de constitucionalidad. IMPARCIALIDAD.caso en concreto conforme a las leyes vigentes. aun cuando sea posterior a la actuación. la Corte Constitucional reiteró dicha tesis en la sentencia C-708 de 2005 del 6 de julio de 2005. un elemento fundamental del debido proceso. La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable. la aplicación retroactiva de la ley penal mas favorable. al declarar exequible apartes del inciso primero del artículo 533 de la ley 906 de 2004. Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. En ejercicio de las funciones de control de garantías. Así mismo. se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. LEGALIDAD. ARTÍCULO 5o. Álvaro Tafur Gálvis. preclusión y juzgamiento. Magistrado Ponente Dr. no impide la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución y consecuentemente en el caso de sucesión de leyes en el tiempo. Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al momento de los hechos. con observancia de las formas propias de cada juicio.
significado que a los mismos se ha dado en la jurisprudencia constitucional. por su parte.” Esto quiere decir que para poder legítimamente aplicar sanciones por parte del Estado. nulla poena sine praevia lege: esto es. cabe recordar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 15-1. no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e indicada en ella. y como salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos.nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como tal por la ley.. clara y precisa en la ley”. En este sentido ha dicho esa alta Corporación “no existe facultad. En materia penal dicho principio comporta varios elementos que la doctrina especializada reconoce como “los principios legalistas que rigen el derecho penal”. nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para esa función. La Constitución colombiana. como la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 9. nemo damnetur nisi per legale indicum. se refieren en forma particular y explícita a la preexistencia de los delitos y sus respectivas sanciones. deben respetarse estas garantías fundamentales del debido proceso. Al respecto. En el Estado de Derecho el principio de legalidad se erige en principio rector del ejercicio del poder. los cuales define de la siguiente manera: “ . definido o establecido en forma expresa. controlar la arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal”. destinadas a “proteger la libertad individual.. es decir que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal. función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito. en el artículo 29 establece que “Nadie podrá ser
(ii) el señalar anticipadamente las respectivas sanciones.juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. concreta e inequívoca las conductas reprobadas. obtuvo su asiento en el desarrollo y regulación del principio se legalidad en materia sustancial (artículo 6 de la ley 599 de 2000). sea más favorable al procesado o condenado. para su aplicación. . . En punto al principio de favorabilidad. así como (iii) la definición de las autoridades competentes y (iv) el establecimiento de las reglas sustantivas y procesales aplicables. ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. pudiéndose aplicar en su acogimiento una ley posterior al hecho cometido (retroactividad) o prorrogarle sus efectos aún por encima de su derogatoria o su inexequibilidad (ultractividad).Constituye un elemento fundamental del debido proceso que no puede desconocerse en ninguna circunstancia.Constituye una excepción al principio de la irretroactividad de la ley. siempre que en algún momento haya regido la actuación y que en uno u otro caso. pues el texto constitucional ni las normas que la desarrollan permiten hacer diferencias. todo ello en aras de garantizar un debido proceso. se tiene establecido por parte de esa alta corporación: .En ésta materia no cabe hacer distinción. así: El principio de favorabilidad. resaltando el carácter exceptivo del primero frente al segundo en el ámbito penal. para dejar en claro que si por el principio de legalidad la norma penal rige hacia el futuro una vez promulgada y de ésta forma el juzgamiento penal debe producirse de conformidad con las
. Este enunciado se explica mejor. dada su indiscutible importancia. exigiendo al legislador (i) definir de manera clara. entre normas sustantivas y normas procesales de efectos sustanciales.
. “ley penal” es comprensiva de normas de contenido sustancial que se encuentren en el derecho penal material. derecho penal de ejecución y derecho procesal penal. inciso segundo. . salvo que con posterioridad surja norma nueva que favorablemente modifique tales atributos para que ésta sea aplicada retroactivamente.986 como en la de 1991. toda la normatividad que lo regula en su descripción típica.40 También se reiteró en la normatividad legal (artículo 6. pero esencialmente para resolver conflictos entre leyes que coexisten de manera simultanea en el tiempo. cometido un delito. incluso reinterpretándose las normas de la ley 153 de 1887 con las normas del vigente artículo 29 de la C. Dentro de ese contexto normativo. el principio de favorabilidad en materia penal debe entenderse desde una perspectiva integradora y absoluta para que al lado de las normas que en el Código Penal describen y sancionan
. también en algunos supuestos cuando son contrapuestas. acompañan hasta el final a ese comportamiento y a su autor. En otros términos.Tratándose de derechos sustanciales como los que tienen que ver con la libertad personal.El principio de favorabilidad se proyecta para solucionar situaciones que se presentan en trámite procesal o de sentencia. de la ley 906 de 2004) que el principio constitucional no permite distinción en materia sustancial y procesal penal.N. en su sanción y en las normas procesales de efectos sustanciales. previsión que proyecta esa interpretación de la jurisprudencia Constitucional tanto en vigencia de la Carta de 1.leyes preexistentes al acto que se le imputa. sucesión o transito de leyes. la favorabilidad permite que una norma penal al ser mas benéfica al procesado o al condenado pueda aplicarse en forma retroactiva.
M. aquélla cuenta con la garantía constitucional que presume su inocencia. Jurisprudencia constitucional. Sigifredo Espinoza Perez. Jorge Luis Quintero Milanes. Alfredo Gómez Quintero. la presunción que favorece al procesado. De allí resulta
. entre otros. julio 19 de 2005. M. si las pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se lo permiten. M. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal. corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. se incorporen aquellas de naturaleza procesal de efectos materiales vigentes para el momento de la comisión del hecho o aquellas favorables de carácter posterior que tengan esa misma naturaleza. En consecuencia. mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado. febrero 16 de 2005.las conductas punibles. Es el Estado el que corre con la carga de la prueba y. M. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado.P. Marina Pulido Baron. “Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra. C-592 de 2005.P. Confrontar sentencias C-619 de 2001. C-200 de 2002. junio 1 de 2005. ARTÍCULO 7o. Auto de fecha 4 de mayo de 2005. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. en consecuencia. Radicación 23567.P. ver también los siguientes fallos de la Corte Suprema de Justicia: Rad.P. Radicación 23910. C-252 de 2002. Radicación 23660. más allá de toda duda. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA E IN DUBIO PRO REO. T-272 de 2005. 23006. es de su resorte impulsar la actividad procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar.
e) Ser oído. o segundo de afinidad. No debe demostrar su inocencia. En desarrollo de la actuación. una vez adquirida la condición de imputado.que éste. este tendrá derecho. en el caso de no poder entender o expresarse en el idioma
. ARTÍCULO 8o. asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. le es permitido callar. Sent. Le es lícito. en lo que aplica a: a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de su cónyuge. o segundo de afinidad. entonces. quien no está en la posición jurídica activa. en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal. José Gregorio Hernández Galindo.P. DEFENSA. la Constitución le asegura que no puede ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse personalmente comprometido. compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil. compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil. hacer o dejar de hacer. b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge. d) No se utilice en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos. que es justamente la que el debido proceso protege. Y en esa actitud. confesar o incriminar a sus allegados”. C-621/98 M. si no llegaren a perfeccionarse. c) No se utilice el silencio en su contra. f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente acreditado o reconocido por el juez. se halla exento de la carga de la prueba. decir o dejar 41 de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor. Más aún.
Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por él.oficial. . l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre. voluntaria y debidamente informada. h) Conocer los cargos que le sean imputados. contradictorio. g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer frente a las autoridades. concentrado. con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. contenida en el inciso
.El aparte subrayado una vez adquirida la condición de imputado. consciente. De manera excepcional podrá solicitar las prórrogas debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a las que deba comparecer.42 k) Tener un juicio público. i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de la defensa. si así lo desea. j) Solicitar. de ser necesario aun por medios coercitivos. en el cual pueda. tiempo y lugar que los fundamentan. por sí mismo o por conducto de su defensor. conocer y controvertir las pruebas. imparcial. o de un intérprete en el evento de no poder percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. expresados en términos que sean comprensibles. En el evento de los literales c) y j) requerirá siempre el asesoramiento de su abogado defensor. de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate. interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia. con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo. oral.
Estimó la Corporación judicial: la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación. señalándose que la extensión de la garantía de que una persona no esté obligada a declarar contra parientes hasta el cuarto grado civil. puso de presente que el propio Código señala los cauces y la oportunidad para ejercer el derecho de defensa en las distintas etapas del proceso. sería violatoria de este derecho. ni comprende la contradicción de la prueba que se hace en el juicio. Por tal motivo se resolvió condicionar la exequibilidad de la expresión acusada en este sentido. Así mismo. . Magistrado Ponente Dr. permite situar en condiciones de igualdad a los hijos adoptivos. fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-799-05 de 2 de agosto de 2005. la limitación establecida en este artículo.El aparte subrayado contenido en el literal: “l) Renunciar a los derechos contemplados en los
. cuando el investigado tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos. Así lo establece el propio Código por ejemplo desde la captura o inclusive desde antes. fue declarado EXEQUIBLE. por la Corte Constitucional mediante Sentencia C799-05 de 2 de agosto de 2005. Jaime Araujo Rentería.primero.el aparte subrayado ”o civil” contenida en el literal b) del artículo 8. pues además de ser mas garantista. La Corporación precisó que ello no significa un entorpecimiento de la actuación del Fiscal. en manera alguna vulnera la constitución. Jaime Araujo Rentaría. si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa solo se puede ejercer a partir del momento en que se adquiera la condición de imputado. Por ello. Magistrado Ponente Dr. . no obstante que el artìculo 33 de la Carta la circunscribe al grado de parentesco primero civil.
sin que la renuncia a esta etapa implique una violación automática de las mismas. la verificación de la libre e informada manifestación de voluntad del imputado y la observancia de las garantías constitucionales. de conformidad con el artículo 29 de la Carta. La Corte reiteró que todas las garantías propias del debido proceso resultan aplicables al nuevo sistema penal de tendencia acusatoria introducido mediante el Acto Legislativo 02 de 2003. entre los cuales está. voluntaria y debidamente informada”. es decir bajo el conocimiento y aceptación voluntaria de todas las consecuencias que ello implica. para conformar el sentido completo de la norma.literales b) y k) siempre y cuando se trate de una manifestación libre. En cuanto se refiere al segmento normativo demandado. la Corte consideró indispensable integrar la proposición jurídica con el resto de la frase demandada. voluntaria y debidamente informada. y no a la posibilidad de renunciar a cada uno de los principios que rigen dicha etapa. consciente. La Corporación precisó que lo que consagra esta disposición es la posibilidad del imputado o procesado de renunciar a una de las etapas del proceso. fue declarado exequible por la Corte mediante sentencia C-1260 de 2005. conforme a las consideraciones señaladas en la parte motiva de esa decisión. toda vez que para prescindirse de la misma se requiere que medien determinados presupuestos que se 43 sujetan al control del juez de conocimiento. a fin de que el proceso termine con sentencia anticipada. la celebración de
. Resaltó que la norma condiciona esa renuncia a la expresión libre. la del juicio. La Corte advirtió que. consciente. Esto significa que dichas garantías tienen plena vigencia tanto en la etapa de la investigación como del juicio.
se surtan de manera verbal y no por escrito pues el constituyente ha decidido que de esa forma se realizan de mejor manera los fines del proceso penal”. “un proceso penal es oral. sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido. Como principio. En otros contextos. En nuestro ámbito de cultura. ARTÍCULO 9o. la practica de las pruebas. no exime al juez de la valoración de los elementos materiales probatorios que obren hasta ese momento en el proceso. respecto de la responsabilidad del imputado o procesado. en cambio. En estos términos. impone que las pretensiones de la acusación y la defensa. el segmento normativo acusado del artículo 8º del Código de Procedimiento Penal no es contrario a la Constitución.acuerdos entre la fiscalía y el imputado o procesado para que se profiera sentencia anticipada y en consecuencia. ORALIDAD. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle mayor agilidad y fidelidad. de principio objetivo susceptible de optimizarse en el proceso penal. A estos efectos se dejará constancia de la actuación. hay que recordar que según Gimeno Sendra. aquella no se considera como un principio sino como un instrumento que permite realizar los principios del sistema procesal penal. si la fundamentaciòn de la sentencia se realiza exclusivamente mediante el material de hecho. la previsión constitucional de la oralidad le imprime el carácter de norma superior. introducido verbalmente en el juicio”. (tomado de “Los Nuevos fundamentos de las pruebas penales: una reflexión desde la
. se prescinda de la etapa del juicio. “En cuanto al principio de oralidad. Concepto del principio. la presentación de las conclusiones y la anunciación de la decisión que pone fin al proceso.
la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación.estructura constitucional del proceso penal colombiano – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. ACTUACIÓN PROCESAL.2006). peritos y demás intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos. respetando siempre los derechos y garantías de los intervinientes. Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales. El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva. El juez de control de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los actos irregulares no sancionables con nulidad. El juez dispondrá de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por desacato a las partes. testigos. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. Autor: José Joaquín Urbano Martínez . ARTÍCULO 10.
. sin que implique renuncia de los derechos constitucionales.
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