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Timestamp: 2017-02-27 20:24:34+00:00

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COLEGIO ABOGADOS LITIGANTES GUADALAJARA DE BUGA
AGREMIACION ABOGADOS DE GUADALAJARA DE BUGA
COLEGIO ABOGADOS LITIGANTES DE GUADALAJARA DE BUGA
CARRERA 14 NO. 6 42 OF. 201
TEL. 2281326
CEL. 3104356614
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ESTADOS JUDICIALES DICIEMBRE 7-2011
DICIEMBRE 07 DE 2011 ESTADO No 220SALA CIVIL – FAMILIA NO HUBO ESTADO SALA LABORAL2011-00189-01 ORDINARIO OSCAR CARABALI ESTUPINAN INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO 1317 DEL 15-NOVIEMBRE-11 QUE SENALO FECHA PARA PROFERIR AUD PUB DE JUZGAMIENTO SE ORDENA QUE POR SECRETARIA PASE AL MAG QUE CORRESPONDE2010-00064-01 ORDINARIO JOSE RUBIEL VERGARA INVERSIONES AGROINDUSTRIALES DEL CAUCA LTDA FALLO 19-DICIEMBRE-11 2:00 PM2007-00021-01 ORDINARIO ISABEL GRABADOS DE ZULETA Y HELIODORO ZULETA GALVIS ALFONSO VARELA VICTORIA FALLO 19-DICIEMBRE-11 2:30 PM2010-00125-01 ORDINARIO PROTECCION S.A. JOSE FERNANDO GOMEZ HORMAZA Y OTROS FALLO 19-DICIEMBRE-11 3:00 PM2005-00112-01 ORDINARIO SILVIA KATHERINE ANGULO VERA PORVENIR S.A. MUNICIPIO DE B/VENTURA FALLO 19-DICIEMBRE-11 3:30 PM2008-00122-01 ORDINARIO ARNULFO BANGUERO INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y MUNICIPIO DE PALMIRA FALLO 19-DICIEMBRE-11 4:00 PM2007-00126-01 ORDINARIO GLORIA YANED NIETO ORREGO LUIS EVELIO MELO RUIZ FALLO 19-DICIEMBRE-11 4:30 PM2007-00278-01 ORDINARIO CARLOS ROMULO TRIANA ESPINOSA SONIA ELIZABETH OVIEDO FAJARDO Y OTRO FALLO 19-DICIEMBRE-11 1:30 PM2005-00258-01 ORDINARIO ROSAIDA OLAVE MONTES TELECOM EN LIQUIDACION FALLO 19-DICIEMBRE-11 8:30 AM2005-00170-01 ORDINARIO EDGAR MIRANDA MARTINEZ HARINERA DEL VALLE FALLO 19-DICIEMBRE-11 9:30 PM2006-00175-01 ORDINARIO LEONARDO VARGAS RAMIREZ DORIS CECILIA RODRIGUEZ Y HECTOR CHAVARRIAGA FALLO 19-DICIEMBRE-11 11:30 AM2003-00125-01 ORDINARIO ANGEL MARIA MOSQUERA POTES JAIME APARICIO Y OTROS FALLO 16-DICIEMBRE-11 4:30 PM2005-00004-01 ORDINARIO JORGE IVAN MENDOZA HOSPITAL ULPIANO TASCON SE ORDENA LA EXPEDICION INTEGRA Y AUTENTICA DEL AUTO INTERLOCUTORIO 142 DEL 23-NOVIEMBRE-11 SOLICITADO A ESTE DESPACHO POR EL DEMANDANTE2008-00068-01 ORDINARIO JOSE ALVARO LOPEZ VILLEGAS MUNICIPIO DE PALMIRA OBEDEZCASE Y CUMPLASE LO RESUELTO POR LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA QUIEN EN PROV DEL 23-AGOSTO-11 NO CASA LA SENT, SE DECLARA EJECUTORIADA LA SENT 069 DEL 02-SEPT-10 Y SE FIJAN AGENCIAS EN DERECHO A FAVOR DE LA PARTE DDA Y A CARGO DE LA DTE POR LA SUMADE$ 1,071,000 ,2008-00196-01 ORDINARIO JOSE VICENTE PIEDRAHITA ALZATE MUNICIPIO DE PALMIRA OBEDEZCASE Y CUMPLASE LO RESUELTO POR LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA QUIEN EN PROV DEL 23-AGOSTO-11 NO CASA LA SENT, SE DECLARA EJECUTORIADA LA SENT 032 DEL 11-MAYO-10 Y SE FIJAN AGENCIAS EN DERECHO A FAVOR DE LA PARTE DDA Y A CARGO DE LA DTE2008-00078-01 ORDINARIO JAIRO BENAVIDES SALAZAR MUNICIPIO DE PALMIRA SE APRUEBA LA ANTERIOR LIQUIDACION DE COST AS, SE ORDENA EL REGRESO DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE ORIGEN2010-00244-01 ORDINARIO LUZGABRIELABUENO GRUPO GEMA INVERSIONES FALLO 14-DICIEMBRE-11 9:00 AM2010-00027-01 ORDINARIO ALBEIRO MURIEL ESCOBAR EMISA S.A. Y MUNICIPIO DE CALIMA COMO LA DRA TREJOS SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS Y LA DRA YAYA ESTA DE PERMISO LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO ANTECEDETE POR EL CUAL SE FIJO FECHA PARA DECIDIR DE FONDO EL ASUNTO EL DIA 7-DICIEMBRE-11 Y EN SU LUGAR DISPONE FIJAR FECHA FALLO PARA EL DIA 14-DICIEMBRE-11 9:30 AM2009-00031-01 ORDINARIO IRMA LUCIA QUINTANA ASOCIACION DE VIVIENDA COMUNITARIAS UNIDAS DE FLORIDA COMO LA DRA TREJOS SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS Y LA DRA YAYA ESTA DE PERMISO LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO ANTECEDETE POR EL CUAL SE FIJO FECHA PARA DECIDIR DE FONDO EL ASUNTO EL DIA 7-DICIEMBRE-11 Y EN SU LUGAR DISPONE FIJAR FECHA FALLO PARA EL DIA 14-DICIEMBRE-11 10:00 AM2010-00077-01 ORDINARIO EDUARDO ZUNIGA LERMA EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO COMO LA DRA TREJOS SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS Y LA DRA YAYA ESTA DE PERMISO LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO ANTECEDETE POR EL CUAL SE FIJO FECHA PARA DECIDIR DE FONDO EL ASUNTO EL DIA 7-DICIEMBRE-11 Y EN SU LUGAR DISPONE FIJAR FECHA FALLO PARA EL DIA 14-DICIEMBRE-11 10:30 AM2007-00498-01 ORDINARIO MANUEL DE LA CRUZ RUIZ JHON FREDDY YAZO ROMAN COMO LA DRA TREJOS SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS Y LA DRA YAYA ESTA DE PERMISO LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO ANTECEDETE POR EL CUAL SE FIJO FECHA PARA DECIDIR DE FONDO EL ASUNTO EL DIA 7-DICIEMBRE-11 Y EN SU LUGAR DISPONE FIJAR FECHA FALLO PARA EL DIA 14-DICIEMBRE-11 11:00 AM2007-00082-01 ORDINARIO ANA ELISA SIERRA NAVARRO FABIAN ALBERTO PALACIOS Y OTRA COMO LA DRA TREJOS SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS Y LA DRA YAYA ESTA DE PERMISO LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE SE DEJA SIN EFECTO EL AUTO ANTECEDETE POR EL CUAL SE FIJO FECHA PARA DECIDIR DE FONDO EL ASUNTO EL DIA 7-DICIEMBRE-11 Y EN SU LUGAR DISPONE FIJAR FECHA FALLO PARA EL DIA 14-DICIEMBRE-11 11:30 AM2010-00067-01 EJECUTIVO ELVIRA CASTRO HERNANDEZ INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES REVOCA EL AUTO 290 DEL 12-AGOSTO-10 Y EN SU LUGAR ORDENA A LA JUEZA DE EJECUCION DE CUMPUMIENTO AL ART 335 DEL CPC Y DAR EL TRAMITE PREVISTO EN EL ESCRITO PRESENTADO POR LA APODERADA JUDICIAL DE LA DTE QUE OBRA A FOLIOS 2 AL 5 DEL EXP NO COMO UNA NUEVA DEMANDA SINO INCORPORANDO LA PETICION AL PROCESO EJECUTIVO ORIGINARIO A EFECTOS DE DAR CUMPUMIENTO A LA NORMA CITADA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE CAUSARAN NUEVOS INTERESES MORATORIOS POR LAS MESADAS DEJADAS DE PERCIBIR A PARTIR DE SEPT 2009 Y SIGTES, SIN COSTASJUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO 2011-0189 EJECUTIVO PORVENIR S.A. MARIA FERNANDA GALLEGO Y OT 2011-0308 EJECUTIVO JULIO CESAR GARCIA MPIO DE YOTOCO 2009-0296 EJECUTIVO RAUL RAMIREZ ALEXANDER RIASCOS ROJAS 2011-0176 ORDINARIO MARIA CRISTINA VELASQUEZ COMEDICAL DE COL. 2008-0086 ORDINARIO GERMAN NARVAEZ DIAZ JAC. ACUEDUCTO EL PLACER 2010-0050 ORDINARIO JOHN FREDY VELEZ AVICOLA LA ERMITA LTDA 2009-0138 ORDINARIO FERNELLY AGUDELO BBVA HORIZONTE PENSIONES 2011-0047 ORDINARIO FRANCISCO ESCOBAR Y OT TECNIMONTAJES DEL VALLE Y OT 2007-0088 EJECUTIVO GILBERTO DOMINGUEZ TORRES AGROPEC. LA SUIZA Y OT 2010-0269 ORDINARIO HAROLD HURTADO OCAMPO FERNANDO DIAZ RAMIREZ Y OT 2010-0081 ORDINARIO RAQUEL PINZON Y OT ANGEL JAIME GRAJALES 2009-0269 ORDINARIO ANA DELIA TELLEZ ANGEL JAIME GRAJALES 2011-0251 INC. DESACATO HEBERTH DOMINGUEZ TORRES CAPRECOM EPS 2009-0383 EJECUTIVO REINALDO CHAVARRIA RESTREPO ISS JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO2011-0423 ACC ELECTORAL JANETH BARON GONZALEZ OIMER SANCHEZ DUARTE NO COMPETENTE – TCA CALI2011-0427 ACC ELECTORAL EDILSON PAEZ LONDOÑO REGISTRADURIA TRUJILLO – COMISION ESCRUTADORA INADMITE DEMANDA JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO NO HUBO ESTADO JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION NO HUBO ESTADO JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO2009-0053 INC. DESACATO MARIA NANCY MARIN CAJANAL EICE 2011-0015 EXPROPIACION INCO GILBERTO RAMIREZ MONTES 2010-0118 EXPROPIACION INCO GERMAN ORTIGOZA CASTAÑO 2011-0067 ABREVIADO HUGO ALIRIO VALENCIA SOC. TRANSP. GUACARI LTDA 2011-0127 HIPOTECARIO APDO MARIA MOSQUERA 2000-0612 HIPOTECARIO BCO DAVIVIENDA S.A. ROSALBINA VILLAMIL PARRA Y OT + 1 AUTO JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO2006-0068 REGULAC. HONORAR. JUAN RAMON PEREZ CRUZ ELENA PATIÑO DE GRAJALES 2003-0003 EJECUTIVO FISCALIA GRAL DE LA NACION JAIRO ENRIQUE GARZON Y OT 2008-0021 DIVISORIO FLOVER ANTONIO GALLEGO AMPARO BLANCO R. Y OT 2009-0117 ORDINARIO LUIS ENRIQUE SAAVEDRA ESPERANZA OCAMPO FISCAL JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO2007-0095 REVISION CONTRATO WALDIMIRO PINEDA MONTERO GRANAHORRAR S.A. 2004-0050 ORDINARIO CESAR TULIO GOMEZ EPS SOS Y OT 2010-0075 PERTENENCIA JOSE ELIECER PLAZA HER. ANTONIO MILLAN P. Y OT 2004-0050 ORDINARIO APDO HAROLD MORENO 2011-0141 PERTENENCIA CONSUELO GIL SERNA MARIA DOLORES RAMIREZ Y OT 2010-0099 EJEC SINGULAR MEDITRAUMA LTDA CLINICA GUADALAJARA DE BUGA 2010-0050 PERTENENCIA MELVA SAAVEDRA DOMINGUEZ HER. JOSE VICENTE PIEDRAHITA TRASLADO ART 108 CPC 2004-0050 ORDINARIO CESAR TULIO GOMEZ Y OT EPS SOS LIQUIDACION COSTAS JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL2001-00175-00 EJECUTIVO ELECTRICOS DEL VALLE LTDA WILDER BARONA TRIANA 2002-00449-00 EJECUTIVO NELSON RAMIREZ SANCHEZ (Cesionario) Herederos de JOSE GERARDO PEREA M. 2004-00125-00 VERBAL AMANDA MARIN MORALES y OTRO BANCAFE BUGA 2006-00387-00 SUCESION CARMEN GENNIS CASANAS POTES CARMEN GERTRUDIS POTES DE CASANAS 2007-00226-00 EJECUTIVO BANCO AV-VILLAS ANDRES SALOMON CUBILLOS QUINTERO 2007-00377-00 EJECUTIVO JOSE NOEL LONDONO RAMIREZ AIDA LUZ RAMIREZ 2007-00530-00 EJECUTIVO TITULIZADORA COLOMBIANA S.A. JESUS ARMANDO GUTIERREZ CRUZ y OTRO 2009-00291-00 EJECUTIVO WILMER DELGADO ROJAS CILIA INES BEJARANO HOLGUIN 2009-00305-00 EJECUTIVO BBVA COLOMBIA CARLOS ALBERTO QUINONEZ 2009-00374-00 EJECUTIVO HERNANDO BETANCOURT MARIN MARIO GERMAN GARCIA 2011-00003-00 INT. DE PARTE LUIS EDUARDO CACERES GONZALEZ BERTHA ELIAS VILLALOBOS 2011-00077-00 EJECUTIVO COONALSE LTDA AMANDA FRANCO TABORDA 2011-00096-00 EJECUTIVO COONALSE LTDA HECTOR SANTAMARIAJ GALVIS 2011-00142-00 EJECUTIVO COOPERATIVA "COONALSE" EYDER STELLA NOGUERA POTES 2011-00361-00 EJECUTIVO BANCO POPULAR S.A. EUGENIO ARIZA ALMANZA 2011-00364-00 EJECUTIVO CONJ. "TORRES DE SAN ANTONIO" TRASLADO ART 108 CPC 2011-0166 EJECUTIVO FERNANDO GOMEZ CASTRILLON ALBA RUTH BADILLO LIQUIDACION COSTAS EDICTO - SENTENCIA 2011-0350 ABREV REST. INM FERNEY MONTOYA RODRIGUEZ ANGELIA MARIA DELGADO JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 2009-0239 EJECUTIVO HARLEY RENGIFO MENDEZ ALEXANDER BALANTA 2011-0339 RESTITUCION GUILLERMO ARANGO ARISTIZABAL MAGNOLIA GIRALDO 2010-0479 EJECUTIVO LIBARDO CASAS GIL FULMER LENIS Y OT 2011-0366 EJECUTIVO APDO MARIA MENDOZA 2011-0368 EJECUTIVO APDO CLAUDIA GUERRERO 2011-0369 EJECUTIVO APDO CARLOS SANCHEZ 2011-0370 EJECUTIVO APDO ADRIANA BOTERO 2011-0336 RESTITUCION APDO JORGE HTO REINA 2009-0256 EJECUTIVO APDO ADRIANA ROMERO 2011-0349 EJECUTIVO APDO CARLOS BETANCOURTH 2011-0308 EJECUTIVO APDO MARIA ZUÑIGA 2011-0148 EJECUTIVO APDO CLAUDIA GUERRERO 2010-0240 EJECUTIVO APDO JAIRO PELAEZ 2011-0317 RESTITUCION APDO DIANA BETANCOURT 2008-0365 EJEC MIXTO BCO COOMEVA MAURICIO JAGUA VIDAL 2009-0007 EJECUTIVO APDO ADRIANA ROMERO TRASLADO ART 108 CPC 2009-0196 EJEC SINGULAR MONICA MARIA PEREZ AIDE IDEL DE ARMAS MOLANO LIQUIDACION CREDITO JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL 2011-0376 EJECUTIVO APDO CLAUDIA GUERRERO 2011-0421 EJECUTIVO APDO MARIA PARRA 2011-0417 EJEC HIPOTECARIO APDO MARIA MOSQUERA 2011-0418 EJECUTIVO APDO LUZ RAMIREZ 2009-0448 EJECUTIVO ADELFO NAVARRETE VILLA JESUS ADRIAN PAYAN Y OT 2011-0406 EJECUTIVO CARLOS A. FRANCO 2011-0333 EJEC MIXTO APDO OSCAR CARDONA 2011-0255 EJECUTIVO OFELIA OSPINA DE VELASQUEZ APDO ALBEIRO GUARIN VELASQUEZ 2009-0014 EJEC MIXTO INVERSORA PICHINCHA LINA MARIA MEJIA Y OT 2011-0399 EJECUTIVO RUBIELA CARVAJAL M. 2011-0426 EJECUTIVO MARIA JOSEFA CRUZ 2011-0366 EJECUTIVO PATRICIA VELASCO MALDONADO TRASLADO ART 108 CPC 2009-0258 ORD REV. CONTRATO ADONAIN TAPASCO RAMIREZ Y OT BCO BBVA COL. S.A. LIQUIDACION COSTAS JUZGADO 1 DE FAMILIA 2010-0405 ORDINARIO GLORIA IDALY NUÑEZ SUC. FRANCO S. MORA CH. 2011-0445 PETICION HERENCIA CRUZ E. TABORDA B. Y OT JOSE M. TABORDA FLOREZ Y OT 2004-0070 SUCESION MARIA R. MUÑOZ ARIAS Y OT CTE. PRESENTACION MUÑOZ G. 2011-0272 IMPUGNACION ALAN ESTEBAN REINA MEN. ESTEFANIA REINA JARAMILLO 2011-0245 LICENCIA JUDICIAL LILIANA ROJAS HIDALGO MEN. VALENTINA CAÑAS ROJAS Y OT 2011-0377 INVEST PATERNIDAD DEF FLIA LUIS MAURICIO DIAZ 2011-0333 SUCESION ANA MARIA GIL Y OT CTE. LUIS CARLOS ARENAS 2011-0274 FILIACION ANGELA PATRICIA VIERA MARIA LILIANA TORRES Y OT 2011-0344 ORDINARIO LUZ ESTELLA BLANDON JOSE ALEXANDER PALACIOS 2011-0026 ORDINARIO MARIA EUGENIA GOMEZ JAVIER ALVAREZ TRIVIÑO TRASLADO ART 108 CPC 2009-0321 DIVORCIO OSCAR CASTILLO LARRAHONDO LUZ MARIA SARRIA LIQUIDACION COSTAS EDICTO – SENTENCIA INVEST PATERNIDAD DEF FLIA OSCAR DE JESUS BERMUDEZ INVEST PATERNIDAD DEF FLIA ANDRES FELIPE TOUZARDT JUZGADO 2 DE FAMILIA 2011-0326 FIJAC. CTA ALIMENT. LUZ MILA M. ARBOLEDA VICTOR HUGO GONZALEZ 2011-0312 LIQUID SOC CONY OSCAR ALBERTO VARGAS MARIA CECILIA PELAEZ 2011-0077 ORD REF. TESTAM. FABER HERNAN POTES MIRIAM POTES Y OT 1998-3279 SUCESION CLEMENTINA RODRIGUEZ WENCESLAO PLAZA CAMACHO 1998-0260 ALIMENTOS MARIA ORFILIA GOMEZ MARIO DE JESUS MEJIA
SENTENCIA TUTELA 135 DEL 2010
Sentencia T-135/10 Referencia: expediente T-2.430.622Accionante: Luz Marina Vargas CastilloAccionado: Municipio de Ibagué- TolimaMagistrado Ponente: Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELOBogotá, D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil diez (2010).La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente, SENTENCIAen la revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué –Tolima-, el 1 de septiembre de 2009, en el cual se confirmó el fallo dictado por el Juzgado Trece Penal Municipal de la misma localidad, el 29 de julio de 2009, dentro del trámite de la acción de tutela presentada por la señora Luz Marina Vargas Castillo, por intermedio de apoderado judicial, contra el Municipio de Ibagué.I. ANTECEDENTES1. La solicitudEl 15 de Julio de 2009, la señora Luz Marina Vargas Castillo presentó acción de tutela contra el Municipio de Ibagué, para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y a la confianza legítima, que, según afirma, han sido vulnerados por la entidad, al declararla como ocupante indebida del espacio público, y ordenar su desalojo de la caseta ubicada en el mismo, en la que desarrollaba una actividad comercial.2. Hechos relevantesLa accionante señala que por un período de 7 años, ha sido poseedora de una caseta ubicada en la carrera 4, con calle 20, del Municipio de Ibagué, en la que desarrolla la actividad comercial de venta de frutas y verduras, de la cual derivaba los ingresos económicos necesarios para atender sus necesidades y las de su núcleo familiar, integrado por sus dos hijas, quienes dependen económicamente de ella.Afirma que la ocupación del espacio público en el que desarrolla su actividad comercial, se ha producido con la tolerancia de la administración municipal de Ibagué. Asevera que, durante todo el período de permanencia en ese lugar, ha pagado cumplidamente “los Impuestos emitidos por la Secretaría de Hacienda Municipal (Dirección de Rentas Sección Industria Y Comercio)”, y el servicio “de energía eléctrica principalmente”. Indica que, en el mes de octubre de 2008, el Director del Espacio Público y Control Urbano de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Ibagué, en cumplimiento del Decreto 0280 del 26 de marzo de 2003, “por medio del cual se prohíbe el ejercicio de nuevas ventas en el espacio público de la ciudad de Ibagué y se regulan transitivamente las existentes”, inició, en su contra, un “proceso de ocupación indebida del espacio público”.En el trámite del citado procedimiento administrativo, el 10 de octubre de 2008, la administración municipal, efectuó una visita al lugar donde estaba ubicada la caseta, en la que la accionante desarrollaba su actividad económica. A su vez, el 15 de octubre de 2008, se llevó a cabo una diligencia de descargos, en la que la demandante informó que la citada caseta, instalada en el espacio público, no era de su propiedad, que la había ocupado por un período superior a 7 años, y, además, que no contaba con permiso o documento alguno para ejercer la actividad en ese lugar. La actuación referida, culminó con la expedición de la Resolución número 0032 del 3 de marzo de 2009, en la que se resolvió:“Declarar Ocupante Permanente e Indebida de bien de Uso Público o áreas constitutivas de espacio público a la señora LUZ MARINA VARGAS Identificada con C.C. 38.261.974 DE Ibagué Tol. Con la caseta destinada a la venta de frutas ubicada en la carrera 4ª calle 20, plaza la 21. Con la caseta venta de frutas en la ciudad de Ibagué (sic)” En consecuencia se ordenó “al ocupante indebido de Espacio Público restituir al Municipio de Ibagué, en un término de cinco días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia la zona de espacio público mediante el retiro o la destrucción de una caseta anclada al piso ubicada en el anden en ocupación permanente de espacio público…”.En ese acto administrativo, la entidad le indicó a la accionante que, contra el mismo, procedía el recurso de reposición ante el director de la Oficina de Espacio Publico y Control Urbano, y el recurso de apelación ante el Secretario de Gobierno Municipal. Sin embargo la demandante no hizo uso de los recursos de la vía gubernativa.La accionante manifiesta que, posteriormente, presentó una solicitud de revocatoria directa de la Resolución número 0032 del 3 de marzo de 2009, la cual fue resuelta negativamente por la entidad, por medio de la Resolución número 0225 del 13 de mayo de 2009.Por lo anterior, la demandante considera que, con la actuación desplegada por la administración municipal de Ibagué, se están vulnerando sus derechos fundamentales, razón por la cual solicita que sean amparados.3. Pruebas que obran en el expedienteDentro del expediente se encuentran como pruebas relevantes, las siguientes:• Copia del comprobante del pago de impuestos, efectuado por la señora Silvia Elizabeth Salas Peña a la Secretaría de Hacienda Municipal de Ibagué (Folio 28).• Copia del carné de la señora Luz Marina Vargas, que acredita su inscripción en el Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, en el nivel 2 (Folio 27).• Copia del expediente Radicado No 671 de noviembre de 2008, por el cual la Dirección de Espacio Publico adelantó proceso contra la señora Luz Marina Vargas (Folios 60 a 87).• Copia de la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda de Ibagué, al señor Gonzalo Rodríguez, en la que se indica que “revisados los archivos físicos de la dependencia de Industria y Comercio, se encontró registro a su nombre, con una Venta Ambulante de Frutas, ubicada en la Carrera 4ª. Con (sic) calles 20 y 21 ésta ciudad (sic) inscrita en esta dependencia desde 01-01-1990, según fotocopia del Recibo de Caja No. 20086 del 21de mayo de 1997, canceló los años 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, en la Base de datos se encuentran los pagos por los años 1998 y 1999 respectivamente.” • Copia del Decreto 0280, del 26 de marzo de 2003, expedido por el Alcalde de Ibagué, “por medio del cual se prohíbe el ejercicio de nuevas ventas en el espacio público de la ciudad de Ibagué y se regulan transitivamente las existentes.” (Folios 46 a 52).• Copia del Decreto 0314 del 24 de abril de 2006, expedido por el Alcalde de Ibagué, “Por medio del cual se establece un procedimiento y se fija una fecha relacionada con el principio de la confianza legítima en el municipio de Ibagué”. (Folios 53 a 56)• Copia de la Resolución número 0032, del 3 de marzo de 2009, expedida por el Director del Grupo de Espacio Público y Control Urbano del Municipio de Ibagué, “Por medio de la cual se decide proceso por ocupación de espacio público, Decreto 640 de 1937”. (Folios 69 a 72)• Copia de la Resolución 0225, expedida por el Director del Grupo de Espacio Público y Control Urbano del Municipio de Ibagué, “Por medio de la cual se resuelve sobre la Revocatoria Directa de la Resolución 0032 del 03 de marzo de 2009”. (Folios 81 a 86) • Copia del Decreto 640 de 1937, expedido por el Presidente de la República, “Por el cual se reglamenta el artículo 208 de la Ley 4ª de 1913, sobre restitución de bienes de uso público”. (Folios 57 a 59)• Declaración rendida por el señor Arnulfo Cerquera Rojas, en el trámite de la presente acción de tutela (Folios 88 a 90).4. Fundamentos de la acciónLa accionante considera que el Municipio de Ibagué vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y a la confianza legítima, al expedir la Resolución número 0032 del 3 de marzo de 2009, en la que la declara ocupante indebida del espacio público, y ordenó su desalojo de la caseta que ocupaba en este. Así, asevera que con esa actuación, el Municipio de Ibagué desconoció su derecho al debido proceso, en la medida en que no revocó el permiso para vender en el espacio público, mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado. Estima que se encuentra amparada por el principio de confianza legítima, en la medida en que ha ocupado durante 7 años, en el espació público, la caseta ubicada en la carrera 4, con calle 20, del Municipio de Ibagué, sin que la entidad se opusiera a ello, y así mismo, afirmó que ha pagado los impuestos municipales que por ese hecho se han causado, y los servicios públicos allí consumidos. Lo anterior, en su concepto, la protege en aplicación del principio de confianza legítima, conforme con lo que la jurisprudencia constitucional ha señalado para el efecto.Manifiesta ser una persona de 45 años, madre cabeza de familia, de la cual dependen sus dos hijas, y que de su trabajo, como vendedora de frutas y verduras, obtiene los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia. De igual manera, informa que su labor comercial se ha desarrollado durante el período anotado, sin que la administración municipal se hubiese manifestado al respecto, razón por la cual, considera que su actividad está cobijada por una aparente legalidad, fundamentada precisamente, en la tolerancia de la misma por la entidad, lo que le ha creado expectativas favorables, y causado en su favor “derechos adquiridos para poder desarrollarla”, impidiéndole con ello a la administración desconocerlos, como lo ha hecho. Sostiene que con su actuar, la administración está desconociendo la jurisprudencia constitucional sobre la materia, en la que se ha señalado que los planes de restitución del espacio público ocupado por comerciantes informales, deben estar precedidos de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, de modo que se asegure el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales de los comerciantes informales que ocupan el espacio público, a través del ofrecimiento de alternativas económicas o de reubicación para el desarrollo de su actividad productiva. De igual forma, estos procesos se deben ejecutar de manera tal, que no se lesione desproporcionadamente el derecho fundamental al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni que se les prive, a quienes no cuentan con oportunidades de inserción laboral formal, de los únicos medios lícitos de subsistencia a los que tienen acceso. 5. Pretensiones del demandanteLa accionante solicita que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y a la confianza legítima, y que como consecuencia de ello, se ordene al Municipio de Ibagué que la autorice a continuar trabajando desarrollando su actividad comercial de venta de frutas y verduras, en el espacio público, específicamente, en la carrera 4 con calle 21, Plaza la 21, salvo que la administración municipal le ofrezca un plan de reubicación para el efecto. 6. Oposición a la demanda de tutelaEl 16 de julio de 2009, el Juzgado Trece Penal Municipal de Ibagué, resolvió asumir el conocimiento de esta acción de tutela, y dispuso que de la misma se diera traslado al Municipio de Ibagué, sujeto accionado en esta causa, para que se pronunciara con relación a los hechos y pretensiones en ella contenidos.La entidad inició por indicar que el interés general en el espacio público está consagrado en los artículos 63 y 82 de la Constitución Política. En esa medida, señala que los bienes de uso público se caracterizan por ser inalienables, inembargables e imprescriptibles. Con relación al caso de la demandante, asevera que ella “no es titular de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado”, para el uso del espacio público que ocupa, y que su recuperación es el ejercicio del deber que le asiste a las autoridades municipales en la protección de los bienes de uso público, en defensa del interés de la comunidad.En lo tocante con el principio de confianza legítima, manifiesta que por virtud de aquel, se concilian el deber de las autoridades en la conservación y preservación del espacio público y los derechos al trabajo y a la igualdad de las personas que ejercen el comercio informal en éste, como quiera que la administración con sus actuaciones ha generado expectativas que deben ser protegidas por el ordenamiento.En ese contexto, la administración del Municipio de Ibagué, conforme con los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional, y en cumplimiento de una Sentencia en la que se decidió una acción popular en la materia, expidió el Decreto 0280 del 26 de marzo de 2003, en el que señaló los requisitos que los vendedores ambulantes debían cumplir a efectos de verse cobijados por el principio de confianza legítima, y considerárseles beneficiarios de planes de reubicación. Al efecto dispuso el artículo 7 de la norma en cita que “Sobre la base de la buena fe de los vendedores debe tenerse en cuenta las siguientes pruebas que determinan la configuración de la confianza legítima:1 Carnés2 Las licencias3 Permisos autorizaciones concedidas por la administración 4 Promesas incumplidas5Demás actos administrativos expedidos por autoridades competentes de los que se haya derivado expectativa favorable para el vendedor.”En ese orden de ideas, considera que la accionante no cumple con los requisitos anotados, para considerársele amparada por el principio de confianza legítima. En efecto, señala que el pago de impuestos que, según afirma, realizó, fueron efectuados en realidad por el señor Gonzalo Rodríguez, “de donde claramente se infiere que no es la aquí accionante quien ha realizado los pagos a la Secretaría de Hacienda, como también se muestra por medio de un documento de pago, expedido por la SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL con recibo No. 30090 expedido a nombre de SALAS PEÑA NILVIA ELIZABETH (…)”.Adicionalmente, asevera que el procedimiento administrativo que terminó con la expedición de la Resolución número 0032 del 3 de marzo de 2009, por la que se le declaró a la accionante ocupante indebida del espacio público, respetó el debido proceso, como quiera que se le informó de su iniciación y se le dio la oportunidad de intervenir para rendir descargos, así como se le indicaron los recursos que procedían contra esa decisión, sin que hiciera uso de los mismos. Con fundamento en lo anterior, el Municipio de Ibagué solicitó no tutelar los derechos fundamentales de la accionante. II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN1. Primera instanciaMediante Sentencia del 29 de julio de 2009, el Juzgado Trece Penal Municipal de Ibagué, resolvió denegar la solicitud de amparo constitucional formulada por la accionante. Consideró que, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, le corresponde a las autoridades adoptar las medidas necesarias para evitar la ocupación irregular del espacio público, y garantizar su preservación, retirando a quienes lo usan indebidamente, como por ejemplo en el caso de vendedores informales. Sobre este particular, señaló que si bien le corresponde al Estado recuperar el espacio público irregularmente ocupado, los cambios que ello implique, no pueden sorprender de forma repentina a las personas que tienen “expectativas ciertas, razonables, evidentes y fundamentadas en el ordenamiento que los ciudadanos tienen frente a esas actuaciones.”En punto del caso bajo estudio, estimó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para perseguir la revocatoria de un acto administrativo que, en este caso, declaró a la accionante como ocupante indebida del espacio público, como quiera que para el efecto, existen las acciones contencioso administrativas.Además, señala que la accionante no acreditó su calidad de “comerciante informal, ambulante o estacionaria autorizada por la ALCALDIA DE IBAGUE, para el uso del espacio público.”En complemento, advirtió que la demandante no había cumplido con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que se le considerara cobijada por el principio de confianza legítima, en la medida en que no contaba con un permiso para ocupar el espacio público, que desarrollaba el comercio en el mismo, gracias a “una cesión” efectuada por un tercero para el efecto (Gonzalo Rodríguez), y que no acreditó el pago de impuestos desde el año de 1999. Por otra parte, para el fallador, el proceso administrativo por el cual se declaró a la demandante ocupante irregular del espacio público, respetó su debido proceso, como quiera que se le comunicó su iniciación, tuvo las oportunidades para intervenir y se le informaron los recursos que procedían contra el acto que ordenó su desalojo, sin que hiciera uso de los mismos. 2. ImpugnaciónInconforme con la decisión adoptada por el a-quo, el accionante solicitó la revocatoria del fallo con base en los mismos argumentos expuestos en su escrito de contestación a la tutela. 3. Segunda InstanciaEl Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, mediante Sentencia del 1 de septiembre de 2009, confirmó la decisión de primera instancia. Al efecto, indicó que la afectada no cumplía con los requisitos jurisprudenciales para considerársele vendedora ambulante o estacionaria protegida por el principio de confianza legítima, como quiera que, conforme con la contestación de la entidad accionada y la declaración rendida por el señor Arnulfo Cerquera Rojas, no contaba con autorizaciones previas, ni licencias o promesas incumplidas por el municipio. Prueba de ello es que la accionante, teniendo la oportunidad para acreditar su calidad en el proceso administrativo que a la postre terminó con su declaratoria de ocupante indebida del espacio público, no probó que le asistía el derecho para permanecer allí, y en sentido contrario, manifestó en la visita al lugar, no ser la propietaria de la caseta ni contar con un permiso que le permitiera ejercer la actividad comercial. Consideró, que si bien se probó que la señora “N. Elizabeth Salas Peña” pagó unos impuestos a la administración, y que por esa circunstancia esa persona tenía la expectativa de ser reubicada, la misma no podía cederla, permutarla o venderla a la demandante en esta causa.Finalmente, estimó que la acción procedente para controvertir la Resolución 0032 del 3 de marzo de 2009 es la de nulidad y reestablecimiento del derecho y no la acción de tutela, por su carácter residual y subsidiario.III. FUNDAMENTOS JURIDICOS1. CompetenciaLa Corte Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar la sentencia de segunda instancia proferida dentro de este proceso, con fundamento en lo establecido por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, y en cumplimiento de lo ordenado por el Auto del 22 de octubre de 2009, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez de esta Corporación.2. Procedibilidad de la Acción de Tutela2.1. Legitimación activaEl artículo 86 de la Constitución Política, establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En el presente caso, la señora Luz Marina Vargas Castillo es una persona mayor de edad que actúa, a través de apoderado judicial, en defensa de sus derechos e intereses, razón por la cual se encuentra legitimada para presentar la acción. 2.2. Legitimación pasivaEl Municipio de Ibagué, Tolima, en su condición de autoridad pública, está legitimado como parte pasiva en el presente proceso de tutela, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, en vista de que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en cuestión.3. Problema jurídicoVista la situación fáctica, a la Sala le corresponde establecer si el Municipio de Ibagué, vulneró los derechos fundamentales de la accionante al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y a la confianza legítima, al dictar un acto administrativo en el que la declara como ocupante indebida del espacio público, y ordena su desalojo de la caseta ubicada en el mismo, sin ofrecerle una alternativa de reubicación.Ahora bien, como quiera que, en el presente caso la demandante estima que el agravio a sus derechos proviene de un acto administrativo proferido por el Municipio de Ibagué, contra el que proceden las acciones contencioso administrativas, la Corte analizará la procedencia de la acción de tutela en estos eventos, a la luz de las normas pertinentes, y de la jurisprudencia constitucional en la materia.Esclarecido el punto anterior, si la Corte concluye que es procedente, a efecto de resolver la cuestión planteada, reiterará la jurisprudencia constitucional relativa (i) al conflicto que se presenta en la protección del espacio público, frente al derecho al trabajo de quienes lo ocupan indebidamente ejerciendo actividades comerciales informales; y (ii) el principio de confianza legítima que, en determinadas circunstancias, cobija a estos trabajadores.4. Procedencia de la acción de tutela4.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo judicial, preferente y sumario, de protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos se vean amenazados o vulnerados por las acciones u omisiones de las autoridades públicas, o, excepcionalmente, por los particulares. Esta acción se caracteriza por ser residual y subsidiaría, lo que significa que su procedencia para la protección de los derechos fundamentales está sujeta a (i) que no exista otro mecanismo de defensa judicial previsto en el ordenamiento para ese efecto, o que existiendo no sea eficaz, en el caso concreto, para su protección; o (ii) cuando se promueve como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.4.2. Específicamente, con respecto a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, reitera que la acción de tutela será improcedente en esta hipótesis, salvo que el juez constitucional aprecie en concreto que, no obstante aquellos existen, de cara al caso concreto no son eficaces para la protección de los derechos fundamentales. La norma en cita dispone: “ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.” Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional ha indicado que “en virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial" a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela.” Y ha señalado que “la acción de tutela procede a pesar de existir otro medio de defensa judicial, cuando: i) se considera que éste es ineficaz debido a que no resuelve el conflicto de manera integral, o ii) éste no es lo suficientemente expedito frente a la exigencia particular de una protección inmediata...” 4.3. De lo expuesto se puede concluir que, en principio, la accionante cuenta con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, para controvertir el acto administrativo dictado por el Municipio de Ibagué, que la declaró como ocupante indebida del espacio público, del cual considera proviene la vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, vista su situación fáctica, la Corte advierte que este mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento para la protección de sus derechos no es eficaz para el efecto, en atención a sus circunstancias. En efecto, la Sala aprecia que, en este caso, se trata de una mujer que, durante 7 años, se ha dedicado a ser vendedora informal en el espacio público, única actividad de la cual derivaba los ingresos que le permitían satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, integrada por sus dos hijas que dependen económicamente de ella, recursos de los que resultó privada por cuenta del desalojo del que fue objeto por parte de la administración municipal de Ibagué, por lo cual es claro que requiere de una protección urgente de sus derechos, que no puede ser provista a través del ejercicio de las acciones contencioso administrativas, con mayor razón, si se tiene en cuenta la prolongada duración de estos procedimientos. Hechos que no fueron controvertidos por la entidad accionada durante el trámite de esta acción y, en aplicación del principio de buena fe, serán tenidos por ciertos.Por lo anterior, la Corte encuentra que en este caso, la acción de tutela es procedente para la protección de los derechos fundamentales de la accionante, como quiera que requiere de una protección urgente de sus derechos que, en su caso, no se le puede procurar con las acciones contencioso administrativas. 5. Conflicto que se presenta en la protección del espacio público, frente al derecho al trabajo de quienes lo ocupan indebidamente ejerciendo actividades comerciales informales. Reiteración de jurisprudenciaLa controversia relacionada con la ocupación indebida del espacio público por parte de vendedores informales, ha sido objeto de estudio por parte de esta Corporación, en abundante jurisprudencia . 5.1. Al respecto, el artículo 82 de la Constitución Política, establece que “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.”En concordancia con esta norma, el artículo 63 Superior, dispone que “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”5.2. La Corte ha advertido que son legítimas “las conductas tendientes a tratar de proteger el espacio público y el legítimo interés de las ciudades, de proteger los derechos y los intereses de la colectividad y en especial de los peatones. Así las cosas, la función de regular el uso del suelo y del espacio público corresponde a una verdadera necesidad colectiva y, por tanto, no es apenas una facultad sino un deber de prioritaria atención. ” En complemento de lo anterior, esta Corporación ha concluido que no es posible que los particulares exijan el reconocimiento de derechos en relación con el espacio público, como quiera que “se trata de un bien inalienable, imprescriptible e inembargable” , que se caracteriza especialmente, por excluir la posibilidad de que las personas pretendan que ingresen a su patrimonio derechos reales sobre éste.Con relación a esta materia, la Corte en la Sentencia T-772 de septiembre 4 de 2003 , señaló que “En virtud del artículo 82 de la Constitución, el Estado tiene el deber de “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular...”. La consagración de este deber constitucional es reflejo de la importancia otorgada por el Constituyente a la preservación de espacios urbanos abiertos al uso de la colectividad, que satisfagan las diversas necesidades comunes derivadas de la vida en las ciudades y poblados y contribuyan, igualmente, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, permitiendo la confluencia de los diversos miembros de la sociedad en un lugar común de interacción. Por su destinación al uso y disfrute de todos los ciudadanos, los bienes que conforman el espacio público son “inalienables, imprescriptibles e inembargables” (art. 63, C.P.); esta es la razón por la cual, en principio, nadie puede apropiarse del espacio público para hacer uso de él con exclusión de las demás personas, y es deber de las autoridades desalojar a quienes así procedan, para restituir tal espacio al público en general.”5.3. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha estimado que el núcleo principal de este debate constitucional, radica, esencialmente, en la tensión que se genera a partir del deber de las autoridades estatales de proteger la integridad del espacio público, el cual está destinado al uso común, y prevalece frente al interés general; y la realización del derecho constitucional al trabajo de las personas que, frente al reconocimiento de la realidad que los ubica en un estado de marginalidad y exclusión del mercado laboral, sólo tienen la opción de dedicarse a actividades comerciales informales, que desarrollan en aquel .5.4. En cumplimiento del deber constitucional y legal del Estado, de preservar el espacio público, el ordenamiento jurídico prevé diversos instrumentos de naturaleza policiva, destinados a la realización de tal fin. Sin embargo, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, su ejercicio no puede ser irrazonable o desproporcionado, y debe observar los límites que le impone el respeto por los derechos de las personas que, si bien, ocupan indebidamente el espacio público a efecto de desarrollar actividades productivas para su subsistencia, lo hacen amparadas por la tolerancia de la administración pública, lo que les crea una expectativa fundada de estabilidad y de que su actuación se ajusta a derecho. En esa medida, este Tribunal ha indicado que el ejercicio de las potestades administrativas, en orden a recuperar el espacio público, debe guardar armonía y observar los demás mandatos constitucionales, especialmente, el respeto por los derechos fundamentales de quienes puedan resultar afectados por esas actuaciones. Por esa razón, en cualquier plan o política de recuperación del espacio público que adelanten las autoridades, que implique limitación de derechos para las personas que, como se ha venido señalando, desarrollan actividades informales en el mismo, para percibir recursos que les permitan subsistir, debe tener previstas medidas alternativas que las protejan. En ese sentido, la Sentencia SU-360 de mayo 19 de 1999 , señaló que: “…las autoridades no pueden apuntar a un solo objetivo de carácter policivo en el momento en que se deciden a cambiar las condiciones que han generado ellas mismas, para el ejercicio de una actividad o para la ocupación de zonas de uso público, porque ellas son, por mandato constitucional, también las responsables de las alternativas que en este sentido se puedan desplegar para darle solución a los problemas sociales de sus propias localidades. En ese sentido no pueden buscar culpables solo en los usurpadores del espacio público sino en su propia desidia en la búsqueda de recursos efectivos en la solución de problemas sociales. Sea cual fuere la responsabilidad, la actuación de las autoridades policivas tiene que ser razonable.”5.5. En ese orden de ideas, la Corte ha indicado que le corresponde al juez constitucional, analizar las circunstancias de cada caso, para determinar si las actuaciones de la administración, en materia de recuperación del espacio público, han sido razonables, en cuanto han consultado los principios constitucionales, de tal forma que los derechos de las personas que pudieren ser vulnerados por esa razón, fueron protegidos . 5.6. Específicamente, la jurisprudencia ha fijado el alcance y límites del deber de protección estatal del espacio público, estableciendo requisitos que deben observarse, en ejercicio de esa función, particularmente, frente a la ocupación indebida del espacio público por parte de vendedores informales, cuando quiera que ellos se encuentren amparados por el principio de confianza legítima, cuyo contenido y elementos pasan a exponerse en el siguiente capítulo.6. El principio de confianza legítima que, en determinas circunstancias, cobija a los trabajadores informales que ocupan el espacio público6.1. El artículo 83 de la Constitución Política, dispone que “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”6.2. Con fundamento en este precepto, esta Corporación ha indicado que las relaciones entre los sujetos deben estar gobernadas por el principio de buena fe, lo que significa, por una parte, que tienen el deber de proceder con lealtad en su desarrollo, y, por otra, que les asiste el derecho a esperar que los demás actúen de la misma forma. Este principio, que orienta todas las relaciones jurídicas, adquiere especial importancia, en aquellas en las que la administración pública interviene, en razón al poder público del que está investida. El principio en cita, debe iluminar todas las actividades del Estado, y del mismo se derivan otros, como el de confianza legítima .La jurisprudencia constitucional ha señalado que por virtud del principio de confianza legítima las autoridades públicas, están imposibilitadas para modificar de manera inconsulta las reglas que gobiernan sus relaciones con los particulares . La aplicación del principio comentado, supone la existencia previa de expectativas serias y fundadas, cuyo nacimiento debe derivarse de actuaciones precedentes de la administración, que generen la convicción en el particular, de estabilidad en el estado anterior. Sin embargo, de este principio no se puede deducir que las relaciones jurídicas que generan expectativas en los administrados sean intangibles o inmutables; por el contrario, no puede perderse de vista que su utilización no implica el desconocimiento de derechos adquiridos, y solamente se aplica a situaciones jurídicas susceptibles de alterarse, de tal forma que la modificación de las mismas no puede acontecer de manera abrupta o intempestiva, exigiéndose por esa razón de las autoridades, la adopción de las medias necesarias para que el cambio de circunstancias transcurra de la forma menos traumática posible para el afectado . Ahora bien, el principio de confianza legítima se conjuga con el principio de respeto por el acto propio, también derivado del de buena fe, según el cual, la administración pública tiene el deber “de actuar en sus relaciones jurídicas con los particulares de manera consecuente con sus conductas precedentes, de manera que los administrados no se vean sorprendidos con conductas que, por ser contrarias, defrauden sus expectativas legítimamente fundadas.” Gracias a estos postulados, y al valor ético de la confianza que ellos incorporan, un acto intempestivo del Estado, no puede sorprender a los particulares sin tener en cuenta su situación concreta.En ese orden de ideas, como se venía explicando, el principio de confianza legítima, se cimienta, específicamente, sobre tres bases: “(i) la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; (ii) una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; y (iii) la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad.” En esa medida, este postulado obliga a las autoridades y a los particulares a guardar coherencia en sus actuaciones, a respetar los compromisos adquiridos previamente, y garantiza la estabilidad y prolongación de la situación que, objetivamente, “permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico” .Lo anterior, no puede entenderse como una limitación para las autoridades estatales, que les impida tomar decisiones encaminadas a proteger los bienes públicos. Lo que ello significa, es que el Estado no puede aplicar intempestiva y sorpresivamente medidas que vulneren expectativas legítimas, o derechos en algunos casos, fundamentados en la convicción objetiva de juridicidad de la conducta desplegada.6.3. El principio de confianza legítima, ha sido de trascendental importancia, en el tratamiento que la jurisprudencia constitucional le ha dado al tema de la ocupación indebida del espacio público, por parte de trabajadores informales. En efecto, en aplicación de este principio, se ha procurado el respeto de los derechos de las personas que irregularmente ocupan el espacio público en ejercicio de actividades comerciales, en aquellos eventos en los que la administración, dando prevalencia al interés general, ha adelantado planes o programas para su recuperación, lo cual se ha materializado en el ofrecimiento de medidas alternativas de reubicación para aquellos que resulten afectados por estas actuaciones .Con esta línea interpretativa, la jurisprudencia ha dado respuesta a la problemática que plantea la tensión, entre el deber del estado de recuperar el espacio público y los derechos de múltiples vendedores informales que durante extensos períodos lo han ocupan irregularmente, y que han visto desconocida su buena fe, por actuaciones intempestivas e inconsultas de las autoridades públicas, en el sentido de ordenar su desalojo. En este punto, es en el que se concilian, por una parte, el cumplimiento de los deberes estatales en la materia y los derechos e intereses de los particulares afectados por estas medidas. Sobre este particular la Corte ha manifestado que “La denominada confianza legítima tiene su sustento en el principio general de la buena fe. Si unos ocupantes del espacio público, creen, equivocadamente claro está, que tienen un derecho sobre aquél porque el Estado no solamente les ha permitido sino facilitado que ejecuten actos de ocupación, y han pasado muchos años en esta situación que la Nación y el Municipio contribuyeron a crear, es justo que esos ocupantes no queden desamparados porque estamos en un Estado social de derecho. Pero, es necesario aclarar, la medida de protección que se dé no equivale a INDEMNIZACION ni a REPARACION, como tampoco es un desconocimiento del principio de interés general.” Lo anterior, no implica que las autoridades públicas no puedan adelantar acciones dirigidas a recuperar el espacio público, por el contrario, es su deber conforme con la Constitución y la ley. De esta forma, descendiendo en la materia de los vendedores informales que ocupan el espacio público, los planes que persigan su recuperación, deben prever la posibilidad de reubicar a los comerciantes que demuestren estar cobijados por el principio de confianza legítima, la cual se configura con actos expresos de los organismos públicos “como la expedición de licencias o permisos, sino que se concreta incluso por la tolerancia y permisividad de la administración en el ejercicio prolongado de las actividades comerciales en el espacio público. ” Concretamente, en la Sentencia T-729 de agosto 25 de 2006 , la Corte fijó los criterios que permiten la aplicación del principio de confianza legítima, al caso de vendedores informales, que ante la imposibilidad estatal de garantizar una política de pleno empleo, deben recurrir a la ocupación del espacio público, cobijados, frecuentemente, por una apariencia de juridicidad en razón a las acciones u omisiones de las autoridades, como por ejemplo, la expedición de licencias, o la simple tolerancia de su uso indiscriminado.En esa oportunidad la Corte señaló que para acreditar la condición de beneficiario del principio de confianza legítima en las condiciones anotadas, debía probarse que “(i) exista la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público, lo que para el caso propuesto se acredita a partir de la obligación estatal de proteger la integridad del espacio público y los derechos constitucionales que son ajenos a su preservación; (ii) la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre administración y los ciudadanos, la cual es connatural a los procedimientos de restitución del espacio público ocupado por vendedores informales; (iii) se trate de comerciantes informales que hayan ejercido esa actividad con anterioridad a la decisión de la administración de recuperar el espacio público por ellos ocupado y que dicha ocupación haya sido consentida por las autoridades correspondientes y [iv] la obligación de adoptar medidas por un periodo transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad, deber que la jurisprudencia constitucional relaciona con el diseño e implementación de políticas razonables, dirigidas al otorgamiento de alternativas económicas que garanticen la subsistencia de los afectados con las medidas de restitución del espacio público” .Tales criterios fueron aplicados por esta Corporación, entre otras, en la Sentencia T- 053 de enero 24 de 2008 , en la que se estudió el caso de una vendedora informal, que durante 22 años ocupó el espacio público en el Municipio de Cali, Valle, y que, como consecuencia de un programa adelantado por la administración para su recuperación, fue desalojado de éste. En esa providencia, señaló esta Corporación “que la decisión adoptada por la autoridad demandada desconoce abiertamente el principio de confianza legítima del que es titular la accionante y, de contera, vulnera sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital. En efecto, la señora Aida Pinto aduce estar ocupando el espacio público objeto de la medida de recuperación desde hace más de 22 años, manifestación que no obstante ser planteada dentro del trámite administrativo adelantado por la accionada y en el presente proceso de tutela, no fue controvertida por la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Cali, por lo que la Sala la tiene por cierta. A la misma conclusión arriba esta Corporación, al considerar que la autoridad administrativa accionada prosiguió con la medida de desalojo por cuanto la actora carecía del respectivo permiso que la acreditara para ocupar el espacio público, desconociendo la jurisprudencia de esta Corte en el sentido de que el principio de confianza legítima se configura no sólo por actos expresos de la administración sino también por actos omisivos de permisión y tolerancia en el uso del espacio público.De esta forma, la Sala encuentra probado el requisito de la preexistencia del comerciante en la zona a recuperar por la administración, como quiera que esta última ha sido permisiva con la ocupación del espacio público por parte de la señora Aida Pérez y su esposo Jesús Quimbaya…”.En consecuencia, ordenó a la administración del Municipio de Cali, establecer “un plan contentivo de medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicar a la accionante, de manera que pueda seguir ejerciendo su actividad comercial, con el cumplimiento de las exigencias legales. En todo caso, se advertirá a la autoridad demandada que, en un término no superior a ochenta (80) días hábiles, contados desde la notificación de este fallo, deberá haber reubicado efectivamente a la actora en condiciones idóneas para que pueda continuar trabajando.” 6.4. Finalmente, como corolario de todo lo expuesto, se puede afirmar que la tensión existente entre la necesidad de proteger el espacio público como deber constitucional y legal del Estado, y la realización del derecho al trabajo de quienes desarrollan irregularmente actividades comerciales en este, con la convicción fundada, en las acciones u omisiones de las autoridades públicas, de que su actuar es acorde con el ordenamiento, se concilia gracias a la aplicación del principio de confianza legítima, el cual si bien, no confiere un derecho adquirido para permanecer en él, sí obliga a la administración a ofrecer programas de reubicación.Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala pasa al análisis del caso concreto.7. Caso concreto7.1. De acuerdo con las pruebas que hacen parte del expediente, está acreditado que la accionante ocupó, por un período de 7 años, esto es desde el año 2002, una caseta en el espacio público del municipio de Ibagué, en la que ejercía la actividad de vendedora informal, de la cual derivaba los recursos económicos, con los que satisfacía sus necesidades básicas y las de su familia, integrada por sus dos hijas, las cuales dependen económicamente de ella.Así mismo, se probó que el Municipio de Ibagué, en el año 2003, decidió iniciar un proceso policivo de recuperación del espacio público, y para ello, expidió el Decreto 0280 del 26 de marzo de 2003, “por medio del cual se prohíbe el ejercicio de nuevas ventas en el espacio público de la ciudad de Ibagué y se regulan transitivamente las existentes”, que reguló la situación de los vendedores informales que con anterioridad a éste, estaban ocupando el espacio público; estableció el procedimiento aplicable a estos eventos; y prohibió las nuevas ventas en aquel.También se encuentra probado, que en aplicación del Decreto 0280 de 2003, y de sus modificaciones, en el mes de octubre de 2008, la administración municipal inició en contra de la accionante un “proceso de ocupación indebida del espacio público”. En el trámite del citado procedimiento administrativo, el 10 de octubre de 2008, la accionante informó que había utilizado la citada caseta por un tiempo superior a 7 años, la cual ocupaba el espacio público sin que tuviera permiso o documento alguno para ejercer la actividad comercial en el mismo. En consecuencia, el Municipio de Ibagué expidió la Resolución número 0032 del 3 de marzo de 2009, en la que resolvió:“Declarar Ocupante Permanente e Indebida de bien de Uso Público o áreas constitutivas de espacio público a la señora LUZ MARINA VARGAS Identificada con C.C. 38.261.974 DE Ibagué Tol. Con la caseta destinada a la venta de frutas ubicada en la carrera 4ª calle 20, plaza la 21. Con la caseta venta de frutas en la ciudad de Ibagué (sic)” Y procedió a ordenar “al ocupante indebido de Espacio Público restituir al Municipio de Ibagué, en un término de cinco días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia la zona de espacio público mediante el retiro o la destrucción de una caseta anclada al piso ubicada en el anden en ocupación permanente de espacio público…”.Para el efecto, la entidad consideró que la demandante no estaba cobijada por el principio de confianza legítima, y por esa razón no le ofreció alternativa alguna relacionada con su posible reubicación.7.2. Vista la situación fáctica, le corresponde a la Sala establecer si el Municipio de Ibagué, vulneró los derechos fundamentales de la accionante al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y a la confianza legítima, al dictar un acto administrativo en el que la declaró ocupante indebida del espacio público, y ordenó su desalojo de la caseta ubicada en el mismo en la que desarrollaba una actividad de venta informal, sin ofrecerle una alternativa de reubicación.7.3. Tal y como se expuso, gracias a la aplicación del principio de confianza legítima se ha resuelto la controversia suscitada a partir de la necesidad de que el Estado cumpla con su deber de proteger y recuperar el espacio público y la protección del derecho al trabajo de las personas que ejercen actividades de comercio informal en las zonas que lo comprenden, con la convicción fundada en las acciones u omisiones de las autoridades, de que su actuar está acorde con el ordenamiento. En tal sentido, por virtud del postulado anotado, los programas de recuperación del espacio público deben ser respetuosos de los derechos de quienes lo ocupan indebidamente, en especial, del debido proceso y del derecho de defensa, y debe prever planes alternativos de reubicación para los que, conforme con la jurisprudencia, estén amparados por el principio de confianza legítima, lo cual se configura, no solo por actos positivos de la administración, como la expedición de licencias o de permisos, sino, además, por la tolerancia de la autoridades, con respecto a la ejecución prolongada en el tiempo de las actividades comerciales en el espacio público. 7.3.1. En esa dirección, la jurisprudencia constitucional ha señalado las circunstancias que deben concurrir para que las personas, en las condiciones descritas, se amparen por el principio de confianza legítima, los cuales son: (i) que se presente la necesidad imperiosa de proteger el interés público, lo que para el caso coincide con la obligación del Estado de proteger la integridad del espacio público y los derechos constitucionales de quienes lo ocupan; (ii) que se presente una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los particulares, por causa de los procedimientos policivos de restitución del espacio público; (iii) que se trate de vendedores informales que hayan ejercido la actividad comercial en el espacio público con anterioridad a la decisión del Estado de recuperarlo, y que esa ocupación haya sido consentida o tolerada por la administración. De su conjunción, nace la obligación estatal de adoptar medidas transitorias, que, sin traumatismos para los particulares, adecuen la situación precedente a la nueva realidad, lo cual se materializa en la formulación y aplicación de políticas razonables dirigidas a ofrecer alternativas productivas a los afectados por los programas de recuperación del espacio público, que les permitan subsistir. 7.4. Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que el Municipio de Ibagué desconoció que la accionante estaba amparada por el principio de confianza legítima, y con ello vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso tal y como se pasa a explicar.7.4.1. Con respecto a los dos primeros elementos que deben concurrir para que se dé aplicación al principio de confianza legítima, la Corte advierte que en el caso examinado se configuran. Ello, como quiera que se trata de un conflicto entre la administración de Ibagué y un particular, que implica la afectación de los derechos fundamentales de éste, al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso, quien, en su calidad de vendedora informal, ocupó el espacio público, a efecto de conseguir los recursos necesarios para procurar su subsistencia y la de su familia, el cual a su vez debe ser recuperado por mandato constitucional y legal. Ahora bien, el programa de recuperación del espacio público desarrollado por el Municipio de Ibagué genera un desequilibrio significativo en relación con la demandante, al privarla del ejercicio de la actividad laboral que le proveía los ingresos familiares.7.4.2. Por su parte, la demandante manifestó en la acción de tutela que por más de 7 años, para el momento de su presentación, había ocupado una caseta ubicada en el espacio público del Municipio de Ibagué, en la que desarrollaba su actividad de venta informal de frutas, gracias a la cual obtenía los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, hecho que no fue controvertido por la entidad accionada, y que en aplicación del principio de buena fe, se tendrá como cierto. Ahora bien, los jueces de instancia decidieron negar el amparo, entre otras razones, con el argumento de que la ocupación del espacio público por parte de la accionante, y la solicitud de protección de su situación, tenía origen en una cesión celebrada entre aquella y un tercero, sin embargo, en el expediente no existe prueba de que tal negocio hubiese existido. Por el contrario, conforme con la información que reposa en el expediente del proceso administrativo que se surtió a efecto de ordenar su desalojo, y, específicamente, con el acta de descargos, del día 15 de octubre de 2008, la accionante directamente ocupaba el espacio público, y cuando se le preguntó sobre el tiempo por el que se había prolongado esa situación, señaló que ello había ocurrido por un período superior a 10 años. En esa medida, advierte la Sala, que la administración del Municipio de Ibagué por virtud de la Resolución número 0032, del 3 de marzo de 2009, declaró ocupante indebida del espacio público a la accionante, y ordenó su desalojo de la caseta en la que ejercía su actividad comercial, sin considerarla amparada por el principio de confianza legítima, y sin ofrecerle una alternativa de reubicación que le permitiera desempeñarse en otra actividad productiva gracias a la cual pudiera percibir ingresos para su subsistencia y la de su familia. Ello, con el argumento de que no tenía permiso expedido por la autoridad, no había pagado impuestos por ese hecho durante su estadía, y por haber accedido a la ocupación por virtud de una cesión de un tercero.Sin embargo, la Sala observa que el Municipio de Ibagué no tuvo en cuenta que, conforme con las reglas jurisprudenciales, son beneficiarios del principio de confianza legítima quienes, como en el caso de la accionante, venían desarrollando actividad comercial en el espacio público previamente a la adopción de la decisión de la administración de recuperarlo, siempre que la ocupación haya sido consentida o tolerada por las autoridades estatales, lo que en este caso se cumple, en la medida en que la demandante comenzó a ejercer su actividad de vendedora informal en el año 2002, y el Decreto 0280, por el cual se adopta la decisión general de recuperarlo, data del año 2003.En complemento de lo anterior, se debe precisar que la protección que brinda el principio de confianza legítima, nace, no solo por acciones positivas de la administración, sino además, por sus actos omisivos de permisión en la utilización irregular del espacio público. En ese orden de ideas, encuentra esta Corporación que la administración de Ibagué, durante 7 años, esto es hasta el año 2009, fecha en la que en relación con la accionante se expide el acto administrativo que la declaró ocupante indebida del espacio público, fue tolerante de su conducta, en el sentido de permitirle ejercer su actividad de venta informal en el espacio público, sin manifestar objeción alguna y sin adoptar medida alguna para evitarlo. Así, la Sala encuentra probado en este caso, el requisito de preexistencia de la ocupación del espacio público por la accionante, a la decisión de la administración de Ibagué de recuperarlo, de lo cual surgieron expectativas para la accionante de que su actuar tenía visos de juridicidad, fundadas en la actitud omisiva de la entidad con respecto a la misma.Por lo anterior, si bien, en principio la autoridad respetó el debido proceso de la accionante durante el trámite del proceso administrativo policivo de restitución del espacio público, este Tribunal estima que la entidad vulneró los derechos fundamentales, cuya protección se reclama, al no aplicar a su caso el principio de confianza legítima y haberla privado de la posibilidad de ser beneficiaria de una alternativa de reubicación, que le permitiera seguir desempeñando su actividad comercial para obtener los recursos para su subsistencia y la de su familia.7.5. Ahora bien, como se expuso, de la aplicación de este principio no nace para el beneficiario un derecho a permanecer en el espacio público, sino que con él se protege una expectativa, a través del ofrecimiento de medidas alternativas. Por ello, la Corte no puede acceder a la pretensión de la demandante de que se le permita continuar ejerciendo su actividad comercial en el lugar en el que habitualmente lo hacía.7.6. Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la providencia de segunda instancia que confirmó el fallo de primera, por el cual se negó la protección, y, en su lugar, tutelará los derechos fundamentales de la accionante al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso, y ordenará a la entidad que, en el término de cinco días, le ofrezca un plan que contenga medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicarla en un lugar en el que pueda ejercer una actividad productiva, acorde con el ordenamiento jurídico. En todo caso, se advertirá a la autoridad demandada que en un término máximo de treinta días, contados desde la notificación de esta providencia, deberá haberla reubicado efectivamente, en condiciones idóneas para que pueda continuar trabajando. Finalmente, la Corte aclara que la protección de los derechos fundamentales de la demandante no implica la interrupción o suspensión de los planes y programas que la administración del Municipio de Ibagué adelante para la recuperación del espació público, en cumplimiento de su deber constitucional y legal en la materia.IV. DECISIÓNEn mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la ConstituciónRESUELVEPrimero. REVOCAR la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2009, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, Tolima, en la que se confirmó la sentencia dictada el 29 de julio de 2009, por el Juzgado Trece Penal Municipal de Ibagué, Tolima, mediante la cual se negó el amparo solicitado, y en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y al debido proceso de la señora Luz Marina Vargas Castillo. Segundo. ORDENAR al Municipio de Ibagué que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a ofrecerle a la señora Luz Marina Vargas Castillo un plan que contenga medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicarla en un lugar en el que pueda ejercer una actividad productiva, acorde con el ordenamiento jurídico.Tercero. ADVERTIR al Municipio de Ibagué que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta providencia, deberá haber reubicado a la señora Luz Marina Vargas Castillo, en condiciones idóneas para que pueda seguir trabajando.Cuarto. Por Secretaría General, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELOMagistradoJORGE IVÁN PALACIO PALACIOMagistradoNILSON ELIAS PINILLA PINILLAMagistradoMARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANOSecretaria General
ESTADOS JUDICIALES BUGA, NOVIEMBRE 4 - 2010
GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA.NOVIEMBRE 05 DE 2010 ESTADO No 198SALA CIVIL – FAMILIA2007-0494 ORDINARIO ROSA MIREYA MARTINEZ LUZ STELLA MARMOLEJO TRASLADO X 5 DIAS 2008-0530 ORDINARIO LUZ DARY ORREGO SERGIO GRAJALES AGUDELO TRASLADO X 5 DIAS 2003-0123 EJEC HIPOTECARIO CISA LUIS JORGE GUTIERREZ Y CIA AUTO ACLARATORIO 2008-0406 LIQUID SUCESORIAL LUIS HEBERT MONTOYA VICTOR HUGO MONTOYA AUTO ADMITE RECURSO APELAC 2008-0406 LIQUID SUCESORIAL LUIS HEBERT MONTOYA VICTOR HUGO MONTOYA TRASLADO X 5 DIAS 2007-0068 ORDINARIO ESPERANZA FLETCHER GARCIA SOC TRANSP LOS TOLUES S.A. TRASLADO X 5 DIAS TRASLADO ART 108 CPC 15693 EJECUTIVO LEASING DE OCCIDENTE S.A. PROCAMPO S.A. SALA LABORAL2006-0198 CONSULTA JUAN DE JESUS LEON FERNANDO VARGAS AVOCA/TRASLADO X 5 DIAS 2008-0113 ORDINARIO ROSALINA COLONIA RAFAEL RANGEL AVOCA/TRASLADO X 5 DIAS 2007-0514 ORDINARIO JAIME HERNAN GUZMAN IND. LICORES DEL VALLE AVOCA/TRASLADO X 5 DIAS 2008-0200 FUERO SINDICAL MPIO DE CARTAGO SINTRAMUNICIPIO DE CARTAGO AVOCA/TRASLADO X 5 DIAS 2009-0014 ORDINARIO ANA DOLORES BRICEÑO FUND HOSP SAN JOSE DE BUGA AVOCA/TRASLADO X 5 DIAS 2007-0279 ORDINARIO GLORIA BERNAL SANCHEZ PARRA ESQUIVEL Y CIA S EN C. AVOCA/TRASLADO X 5 DIAS 2010-0281 RECURSO QUEJA JOSE FORTUNATO S. ROJAS ISS DECL INPROC. REC. QUEJA/SIN EFECTO ACTUACION/DEVUELVE JDO ORIGEN 2010-0286 RECURSO QUEJA JOSE MARIA ENRIQUEZ ISS DECL INPROC. REC. QUEJA/SIN EFECTO ACTUACION/DEVUELVE JDO ORIGEN 2010-0276 RECURSO QUEJA REMIGIO MOSQUERA ISS DECL INPROC. REC. QUEJA/SIN EFECTO ACTUACION/DEVUELVE JDO ORIGEN 2007-0283 ORDINARIO CLARA ROSA WILCHES ISS FALLO 11 NOVIEMBRE 2010 2006-0300 ORDINARIO TEODORO MANCILLA MONTAÑO MONTOYA ECHEVERRY Y CIA FALLO 11 NOVIEMBRE 2010 2007-0070 ORDINARIO PEDRO LUIS OCAMPO RUBEN VALLEJO GALLEGO Y OT FALLO 11 NOVIEMBRE 2010 2006-0289 ORDINARIO GENNITH NEREIDA MONTAÑO ISS FALLO 11 NOVIEMBRE 2010 SENTENCIA X EDICTO 2009-0090 FUERO SINDICAL RAUL LOPEZ CARDONA MPIO DE PALMIRA REVOCA SENT APELADA JUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO 2009-0310 EJECUTIVO ROSARIO TRUJILLO ISS 2007-0056 EJECUTIVO ELISEO MORENO SANTAMARIA SOC ADM PORVENIR S.A. 2010-0058 ORDINARIO ROMULO MONTENEGRO CARDONA MPIO DE CALIMA – DARIEN 2010-0019 ORDINARIO BLANCA LUCIA URBANO ISS 2010-0200 ACOSO LABORAL JOSE ANCIZAR GALLEGO FERNANDO GUTIERREZ gerente Hosp. San José de buga 2010-0033 ORDINARIO DIEGO ARANGO GALINDO INGENIO PICHICHI S.A. 2006-0056 EJECUTIVO MARIA GLADIS ORTIZ HOTEL LOS FARAONES 2009-0094 ORDINARIO JOSE LUIS ALARCON COSMITET LTDA 2007-0230 ORDINARIO AURORA CARRILLO GARCIA TRANSP CUNCHIPA S.A. TRASLADO ART 108 CPC 2009-0310 EJECUTIVO ROSARIO TRUJILLO ISS JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO2009-0075 REORGANIZACION LUIS HERNAN GOMEZ 2010-0138 INC. DESACATO LUIS FELIPE AGUILAR ISS 2009-0044 HIPOTECARIO TITULARIZADORA COL. S.A. RAMON ALFONSO VELASCO 2010-0120 HIPOTECARIO JOSE GERMAN SERNA APDO MIGUEL ZABALA 2009-0107 EJEC SINGULAR BCO BBVA MARIA HELIA VELEZ 2002-0114 EJEC SINGULAR RODRIGO DOMINGUEZ GIL MARIA MELANIA YUNDA DE P. JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO NO HUBO ESTADO JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO2010-0018 PERTENENCIA EDGAR ORDOÑEZ MUÑOZ HER. ANTONIO MILLAN PEREZ Y OT 2010-0038 PERTENENCIA BERTHA SAAVEDRA DOMINGUEZ HER. ANTONIO MILLAN PEREZ Y OT 2010-0019 PERTENENCIA FEDERMAN HUERTAS Y OT HER. ANTONIO MILLAN PEREZ Y OT 2010-0014 PERTENENCIA ARMANDO CARVAJAL CALERO HER. ANTONIO MILLAN PEREZ Y OT 2010-0016 PERTENENCIA OBALDO OCORO HER. ANTONIO MILLAN PEREZ Y OT 2010-0044 PERTENENCIA BLANCA EDILIA DIAZ FIRMA MORIMITSU Y ASOC SCS 2009-0064 ORDINARIO MARIA PATRICIA AZCARATE CESAR AUGUSTO OSORIO 2008-0099 EJEC HIPOTECARIO KARINA VERUSHKA FINA ARCON LTDA 1998-0050 EJEC SINGULAR ALEXANDER DEL CAMPO JOSE LEONEL VALENCIA JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO NO HUBO ESTADO JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO TRASLADO ART 108 CPC 2009-0277 REPARAC DIRECTA MARIA NANCY MARIN MPIO DE RIOFRIO DAR APLIC ART. 228 CPC 2010-0259 NULIDAD Y RESTABLEC ALEXANDRA QUICENO TABARES NACION – DIAN DAR APLIC ART. 228 CPC JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL2008-0143 EJECUTIVO BCO POPULAR S.A. JOSE EISENHOWER RODRIGUEZ 2007-0166 EJECUTIVO BCO POPULAR S.A. LIBARDO BARBOSA RODRIGUEZ 99-541 EJECUTIVO LIGIA RAMIREZ DE VALENCIA LUZ DIDIA POTES 2009-0019 ACC TUTELA MARIA NOHEMY GONZALEZ NUEVA EPS 2006-0300 HIPOTECARIO BCO AV VILLAS DIEGO FERNANDO HENAO Y OT 2008-0042 EJECUTIVO LADY YANNETH ROLDAN GLADIS GONZALEZ 99-581 EJECUTIVO LUIS EDUARDO PANTOJA ORFILIA OROZCO CARDONA 2008-0257 EJECUTIVO BCO DAVIVIENDA RAMIRO PEREZ RUIZ 2004-0125 VERBAL AMANDA MARIN MORALES Y OT BANCAFE 2007-0413 EJECUTIVO MARIA DEL SOCORRO FRANCO NELSON MAURICIO PARDO Y OT 2010-0442 EJECUTIVO BCO DE OCCIDENTE ALEXANDER BUENO OLIVEROS 2003-0432 EJECUTIVO BCO CAJA SOCIAL NOLBERTO RUIZ ECHEVERRIA Y OT 2007-0410 EJECUTIVO BCO POPULAR S.A. MARIA ELENA ARREDONDO Y OT 2010-0439 EJECUTIVO GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ AMPARO HERNANDEZ JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 2010-0358 EJECUTIVO APDO JOSE L. BONILLA 2009-0539 HIPOTECARIO FDO NAL DEL AHORRO JOSE OCTAVIO CASTAÑEDA 2008-0237 EJECUTIVO CARLOS ARTURO FRANCO OSCAR HENRY GRANOBLES 2010-0348 SUCESION JOSE EIDER ACOSTA Y OT CTE. ANA LUZ D. ARISTIZABAL 2009-0540 HIPOTECARIO FDO NAL DEL AHORRO MARIA DEL S. RODRIGUEZ 2010-0354 EJECUTIVO APDO MARIA RAMON 2008-0366 EJECUTIVO JAIRO DAVID LOAIZA FUND. WWB COL. 2010-0425 EJECUTIVO APDO RODRIGO CACERES 2010-0370 EJEC MIXTO APDO CARLOS SANCHEZ 2010-0019 EJEC MIXTO APDO PAOLA ANGARITA 2007-0472 HIPOTECARIO BCO DE BOGOTA Y OT CLAUDIA PATRICIA RAMOS 2009-0351 EJECUTIVO ALEJANDRO HENAO ARISTIZABAL SAMUEL BEDOYA ZULUAGA 2010-0220 HIPOTECARIO BANCOLOMBIA HERNANDO JOSE MONTOYA 2010-0080 EJECUTIVO COOP EL FUTURO LTDA OSCAR GOMEZ MARMOLEJO 2009-0022 EJECUTIVO CAROLINA PEREZ ARISTIZABAL JOSE EFREN FERNANDEZ 2007-0273 EJECUTIVO LUZ MILA ARBOLEDA GRANBANCO S.A. TRASLADO ART 108 CPC 2009-0022 EJECUTIVO CAROLINA PEREZ ARISTIZABAL JOSE EFREN FERNANDEZ RECURSO REPOSICION JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL NO HUBO ESTADO JUZGADO 1 DE FAMILIA 2010-0371 CORREC REGISTRO ALFONSO GUZMAN 2010-0242 DIVORCIO JENNY ALEJANDRA LONDOÑO KAREL FELIX CROES 2007-0045 INTERD. JUDICIAL OMAIRA VILLADA INT. JOSE H. CASTILLO VILLADA 2010-0080 DIVORCIO SANDRA MARIA GONZALEZ JUAN CARLOS POSADA -2010-0116 INTERD. JUDICIAL SANDRA LILIANA ROJAS INT. PEDRO A. ROJAS 2010-0238 INVEST PATERNIDAD DEF FLIA OSCAR BERMUDEZ 2010-0366 ORDINARIO GLORIA IDALY NUÑEZ SUC. DE FRANCO MORA CH 2010-0332 INTERD. JUDICIAL AMPARO MERA BARRERA INT. MARIA ELISA BARRERA DE M. JUZGADO 2 DE FAMILIA 2010-0404 INVEST PATERNIDAD ICBF CARLOS BRAND CABAL 2010-0402 PRIV PATR POT CLAUDIA MILENA CASTRILLON HENRY ESPINEL CALZADA 2010-0375 NOMBR. GUARDADOR ELIZABETH CASTAÑEDA C. INT. FREDY CASTAÑEDA C. 2010-0338 LIQUID SOC CONY JUAN MORENO RAMIREZ Y OT 2010-0270 EJEC ALIMENTOS MARIBEL CARDENAS MUÑOZ DERLEY CASTAÑO RENGIFO 2010-0264 NOMBRE CURADOR ICBF 2010-0262 LIQUID SOC CONY ELIDA MERCEDES ARCE HUGO FERNEL CASTAÑO 2010-0252 SUCESION MIRIAM POTES POTES CTE. JOAQUINA POTES GIL 2010-0244 INVEST PATERNIDAD ICBF HEBERT COLORADO GUAMANGA 2010-0208 EJEC ALIMENTOS GLORIA NAIDU FERNANDEZ GERMAN HTO POSADA 2010-0187 EJEC ALIMENTOS MARIA DEL SOCORRO TORO SAULO ORTEGA LOZANO 2010-0053 ORD. PET HERENCIA HAROLD H. LIBREROS Y OT KATERINE GONZALEZ Y OT 2010-0050 EJEC ALIMENTOS CARMEN YANETH LEDEZMA JORGE HTO FRANCO 2009-0027 DIVORCIO BLANCA MARGARITA GOMEZ ROBERTO HORACIO GONZALEZ 2009-0025 REVISION CTA ALIM. ALEJANDRO HERNEY MONCAYO EIVAR EUGENIA GONZALEZ 2008-0511 PRIV PAT POT MARIA AGUEDA MADRID DE O. HTO OCAMPO JIMENEZ TRASLADO ART 108 CPC EJEC SINGULAR GLORIA STELLA GAVIRIA CARMEN ELENA LOZANO Y OT RECURSO REPOSICION SENTENCIA X EDICTO 2005-0156 SUCESION ELSY ADRIANA GIRALDO CTE. ANTONIO JOSE CASTAÑEDA 2010-0201 INVEST PATERNIDAD DEF FLIA DONAL JAMES MARIN ESTIMADO USUARIO.
ESTADOS JUDICIALES BUGA, NOVIEMBRE 5 - 2010
ESTADOS JUDICIALES BUGA OCTUBRE 28 DEL 2010
ESTADOS JUDICIALES GUADALAJARA DE BUGA OCTUBRE 28 DE 2010 ESTADO No 193SALA CIVIL – FAMILIA2003-0019 ABREVIADO NELLY ESCOBAR DE MONTAÑO RAMIRO GARCIA IDROBO DECLARA NULIDAD 2005-0041 ORDINARIO CARMEN ROSA AGUDELO INGENIO CARMELITA TRASLADO X 5 DIAS SALA LABORAL2007-0103 ORDINARIO FERNANDO AGUDELO HERNANDEZ READY FRUIT INC. FALLO 05 NOVIEMBRE 20102008-0053 ORDINARIO ERNESTO MICOLTA ANGULO INTEREC S.A. FALLO 30 NOVIEMBRE 20102000-0244 CONSULTA JOSE ISAAC VILLA PRONAVICOLA S.A. AVOCA/TRASLADO X 5 DIAS2010-0089 ACC TUTELA SANDRA MILENA TIGREROS DEPTO ADM. D. A. S. ORDENA ARCHIVOJUZGADO 1 LABORAL DEL CIRCUITO 2010-0020 ORDINARIO LUZ MERY GALLEGO FUND HOSP SAN JOSE Y OT 2010-0018 ORDINARIO CARMEN ELISA QUINTERO FUND HOSP SAN JOSE Y OT 2009-0219 ORDINARIO LUIS HERNEY LOAIZA CONSTR. COMASTER Y OT 2010-0014 ORDINARIO DIEGO ARANGO GALINDO INGENIO PICHICHI 2010-0030 DESP COM No 017 NELSON ANTONIO OSORIO ISS 2010-0031 DESP COM No 016 REINALDO GRANOBLES ISS 2008-0269 ORDINARIO MARIA BARBARITA BERMUDEZ MARTHA E. ROMAN 2010-0125 ORDINARIO CARLOS HTO RAMIREZ CARLOS HERNAN RINCON 2010-0023 ORDINARIO ESTEBAN SILVA ARRIEROS SEGURIDAD LTDA 2009-0359 ORDINARIO LUIS ALFREDO RINCON ISS 2010-0005 ORDINARIO MARIA PATIRCIA GOMEZ CORP. TECNICOPROFES. DEL VALLE 2009-0227 ORDINARIO DANILO HERNANDO GOMEZ JUAN DE LA CRUZ CASTAÑO 2010-0048 ORDINARIO LEONARDO BECERRA DAIZ BCO CAFETERO EN LIQUIDAC. 2009-0368 ORDINARIO ETELVINA HERNANDEZ FRANCO CAMARA DE CIO DE BUGA 2007-0198 ORDINARIO MIGUEL SANTIAGO GONZALEZ BCH EN LIQUIDACION JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO2010-0144 ORDINARIO CAROLINA PRIETO MONTOYA APDO JULIO C. PEREZ 2010-0093 EJEC SINGULAR AGUAS DE BUGA S.A. ESP FUND HOSP SAN JOSE JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO2010-0081 ACC TUTELA PAULA ANDREA CRUZ ICFES 2010-0076 ACC TUTELA FELIX OMAR MOSQUERA ICFES 2008-0446 EJECUTIVO TEODORO MAURICIO FINA ARCON LTDA JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO2009-0078 DIVISORIO PABLO ANDRES GUERRERO BERTHA EULALIA GUERRERO Y OT 2008-0071 ÉJEC SINGULAR GILBERTO CALLE LLANO Y OT APDO CARLOS ALBERTO ARBOLEDA 2010-0070 PERTENENCIA LUIS EDUARDO HOLGUIN SOC BERTHA LIGIA LOPEZ DE P Y OT 2008-0010 ÉJEC SINGULAR BERTHA CATALINA GONZALEZ LIBARDO ALBERTO MEJIA 2010-0074 PERTENENCIA MARIA ARACELLY RAMIREZ MARIA MARLENE BOHORQUEZ Y OT JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO TRASLADO ART 108 CPC 2008-0397 REPARAC DIRECTA MARTHA DOLLY BERRIO PONAL REPOSICION 2009-0092 REPARAC DIRECTA OLIVIA LUCIA LOPEZ HOSP SAN BERNABE Y OT INCIDENTE NULIDAD JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO NO HUBO ESTADO JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL TRASLADO ART 108 CPC 2007-0270 EJECUTIVO JOSE VALENTIN VIVAS HECTOR FABIO ARANGO LIQUIDACION COSTAS 2009-0549 EJECUTIVO BCO BBVA MARIA EUGENIA CIFUENTES LIQUIDACION COSTAS JUZGADO 2 CIVIL MUNICIPAL 2010-0217 RESTITUCION ALEJANDRO TASCON SALCEDO DIEGO MOLINA 2009-0447 EJECUTIVO LEASING COFICOLOMBIANA S.A. JOSE VICENTE BERMUDEZ 2010-0020 EJECUTIVO ALVARO VILLA ALVAREZ VICENTE PUENTES MANZANO Y OT 2010-0380 EJECUTIVO LEONISA VALENCIA DE TOLEDO MARIA LUISA VIVEROS 2010-0130 EJECUTIVO BCO POPULAR LEONIDAS BUITRAGO VARGAS 2010-0438 HIPOTECARIO BCO BBVA COL APDO JOSE TOMAS ESQUIVEL 2008-0519 SANEAMIENTO ANA MARIA GIRALDO Y OT LIBIA PATRICIA BARONA Y OT 1009-0110 SUCESION MIRIAM VALERO PRIETO CTE. MARIA GRACIELA SANCHEZ 2010-0452 EJECUTIVO ROSA ELENA MARIN DE ESTRADA APDO ALBA GRACIELA QUINTERO 2007-0555 EJECUTIVO MARIA ALIX SALAZAR ISRAEL OYOLA 2009-0097 SUCESION PATRICIA EUGENIA POTES JULIA MARIA ARANA DE P. Y OT 2010-0201 VERBAL LUIS ENRIQUE JARAMILLO LUIS EDUARDO ORTIZ 2008-0062 HIPOTECARIO GILBERTO SERNA BOTERO BERTHA LIGIA ARZAYUS 2009-0533 HIPOTECARIO ADIELA JARAMILLO DE PUERTA CLARA INES ARZAYUS 2010-0179 HIPOTECARIO RICARDO ZUÑIGA CHAPARRO ORLANDO MONTOYA JIMENEZ 2010-0445 EJECUTIVO PEDRO JOSE GUERRERO APDO JAIME ARTURO PENILLA 2009-0030 HIPOTECARIO BBVA COLOMBIA PIEDAD SOGAMOSO DE REINA Y OT JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL 2000-0234 HIPOTECARIO TIBERIO ALZATE ALBA TERESA ROMERO 2000-0542 EJECUTIVO BLANCA OLIVA GARCIA RAFAEL QUINTERO GARCIA 2009-0235 ORDINARIO COLTANQUES LTDA JOSE VICENTE BERMUDEZ 2009-0391 EJECUTIVO IVAN ALONSO BEDOYA MABEL NATALIA RIOS Y OT 2009-0580 EJECUTIVO JAIRO ROMULO ESCOBAR CARLOS HTO ZULETA Y OT 2010-0137 EJECUTIVO APDO JENNY BRAND 2010-0331 SUCESION APDO MARIA COLMENARES 2010-0343 EJECUTIVO APDO HEBERT REINA 2010-0101 EJECUTIVO APDO JOSE BETANCOURTH 2010-0149 EJECUTIVO APDO RAFAEL VARELA MENA 2010-0291 EJECUTIVO CARLOS ALBERTO TORRES GUSTAVO LOZANO JUZGADO 1 DE FAMILIA 2010-0227 DIVORCIO JUAN RAMON PEREZ GLORIA STELLA NARANJO 1982-2915 ALIMENT – FIJACION LUZ MERY ANGEL DE BEJARANO FLORENTINO BEJARNAO 2010-0228 ACC TUTELA DELIO DE JESUS CORTES ISS 2003-0134 DIVORCIO ALVARO MEJIA CARVAJAL CIELO LILIANA COBO 2000-0377 SUCESION EMILSE ARCE DELGADO SUC. EUMENIDES ARCE I. 2010-0174 DIVORCIO JOSE MANUEL GONZALEZ ISLENE OSORIO GARCIA 2010-0299 SUCESION ROSALINA SOTO DE CONDE Y OT SUC. GRACIELA CANIZALEZ 2010-0373 IMPUGN PATERNIDAD JOSE ANDRES ALZATE LUIS FELIPE ALZATE 2010-0374 DIVORCIO JOSE ELIAS AGUILAR YAMIN RODRIGUEZ MUÑOS 2010-0375 DIVORCIO SANDRA ERIKA LOPEZ JHON WILLIAM BARBOSA 2010-0376 INTERD. JUDICIAL ISABEL CAMPOS DE VASQUEZ INT. ADAN VASQUEZ CALDERON 2004-0428 DIVORCIO MARIA L. CUELLAR SALDARRIAGA MANUEL A. DOMINGUEZ CASTILLO JUZGADO 2 DE FAMILIA 2010-0391 CANC. PATRIMONIO HEBERTH RAUL SALAS 2010-0289 LIQUID SOC CONY SANIRA RIVERA GRANOBLES 2010-0234 NOMBR. GUARDADOR NELSON ORTIZ HERRERA 2010-0171 NOMBR. GUARDADOR ICBF 2010-0069 EJEC ALIMENTOS JANNETH VALENCIA CASTAÑO VALENTIN ARAGON MORALES 2009-0341 LICENCIA JUDICIAL WILFREDO RIOS PEÑA 2008-0125 ORD DECL UMH TEODARDO PEREA MARIA DEL PILAR MOYA Y OT SENTENCIA X EDICTO 2010-0170 LIQUIDAC SOC CONY CARMENZA GUAPACHA VERON JAIME HTO PESCADOR EDICTO FIJADO 25 OCTUBRE 2010-0286 INVEST PATERNIDAD DEF FLIA JADER HTO OSORIO EDICTO FIJADO 27 OCTUBRE.

References: Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 208
 Resolución 
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 5
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 85
 artículo 82
 artículo 63
 artículo 82
 artículo 83
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 36