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Timestamp: 2019-10-20 05:38:23+00:00

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Ejecutoria num. P. CXXXII/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26829383
Ejecutoria num. P. CXXXII/97 de Suprema Corte de Justicia, Pleno
Número de Resolución: P. CXXXII/97
Fecha de Publicación: 1 de Septiembre de 1997
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1342/96. LUIS FERNÁNDEZ CHABAT.AUDIENCIA. EL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA POR EL LEGISLADOR NO IMPLICA LA POSIBILIDAD ILIMITADA DE PROBAR.PRUEBA QUE DEBA DESAHOGARSE FUERA DEL DISTRITO FEDERAL. EL REQUISITO DEL OTORGAMIENTO DE UNA CAUCIÓN PARA EL SEÑALAMIENTO DE SU RECEPCIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE GRATUIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO DIRECTO EN REVISI�N 1342/96. L.F.C..
El Tribunal P. de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n es competente para resolver el presente recurso de revisi�n, con fundamento en lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n IX, de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracci�n V y 84, fracci�n II, de la Ley de Amparo y 10, fracci�n III, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, toda vez que se interpone contra una sentencia dictada en amparo directo por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y en la demanda de amparo se impugn� la inconstitucionalidad de los art�culos 291 y 300 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
S.�n se precisa en el resultando tercero del presente fallo, el agente del Ministerio P�blico que interviene solicit� se deseche el recurso interpuesto. Debe examinarse en primer t�rmino tal cuesti�n, pues de resultar fundado lo solicitado resultar�a innecesario conocer y examinar las dem�s cuestiones. Dijo al respecto:
En efecto, ante el origen del fallo que se combate, es menester si en este caso (sic) se satisfacen los requisitos que la propia C.F. y sus ordenamientos reglamentarios y concordantes, imponen al efecto, ya que lo que se cuestiona, y as� se plantea a vuestras Se�or�as, es revisar una sentencia dictada en amparo directo, en el que a pesar de lo que afirma el inconforme, no se someti� a la consideraci�n del a quo la interpretaci�n obligada a un precepto de la Carta Magna, sino que se relacionaron como violadas, en el acto reclamado, garant�as constitucionales. Para mayor ilustraci�n de los supuestos normativos condicionantes de la procedencia de esta instancia de alzada, es oportuno citar los preceptos de la Ley Suprema y los legales involucrados en forma determinante. A saber: A.�culo 107, fracci�n IX, constitucional: '... Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n, caso en que ser�n recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limit�ndose la materia del recurso exclusivamente a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales.'; A.�culo 10, fracci�n III, de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n: 'Del recurso de revisi�n contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habi�ndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violaci�n se haya planteado la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales.'; F.�n V del art�culo 83 de la Ley de Amparo: 'Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la Rep�blica de acuerdo con la fracci�n I del art�culo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n. La materia del recurso se limitar�, exclusivamente, a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras ...'. De las transcripciones anteriores, se revela la voluntad legislativa, en la que destaca que es indispensable para sustanciar la instancia de revisi�n, en trat�ndose de la impugnaci�n de una sentencia dictada en amparo directo, el evento de que, al emitir la resoluci�n correspondiente, el Tribunal Colegiado resolutor pronuncie una decisi�n que verse -efectivamente- sobre la real o presunta constitucionalidad o no de un precepto legal o cuerpo normativo sujeto a dicho an�lisis, merced al planteamiento expreso y, as�, solamente as�, pueda arbitrarse (sic) en un enjuiciamiento de garant�as de instancia �nica, impugnando una norma (sic). La otra alternativa reconocida por la C.�n y por su reglamentaria Ley de Amparo, en que habilitan la instancia ante el superior, es que en la sentencia cuestionada se haya realizado una interpretaci�n, esto es, un estudio, sea ex profeso u oficiosamente, respecto del sentido y alcance jur�dicos de un dispositivo de la Carta Magna, de suerte que se entienda, inobjetablemente, como la interpretaci�n directa de su texto literal (sic). A�n m�s, y sin que el suscrito suscite controversia en este ocurso, respecto de la falta de concordancia ... entre los supuestos de procedencia se�alados en la C.F., su ley reglamentaria en esta materia y las hip�tesis previstas en la L.O.�nica del Poder Judicial en cita, s�lo se destaca el hecho de que a la luz de las constancias de autos, en la que sobresale la propia sentencia en debate y el informe que sobre su acto de arbitraje rinde a ese H. cuerpo colegiado de justicia el tribunal a quo, es dable concluir en la improcedencia y, por ende, en decretar el desechamiento del recurso interpuesto, ya que no se satisfacen tales requisitos. En apoyo a las conclusiones de este representante del Ministerio P�blico Federal actuante, se invocan como criterios normativos los siguientes: Tesis XIV/89, P.. P�gina 21, Tomo III, Primera Parte, Octava �poca: 'AGRAVIOS EN LA REVISI�N. S�LO DEBEN EXAMINARSE SI EL RECURSO ES PROCEDENTE. El an�lisis de los agravios hechos valer en la revisi�n, s�lo puede realizarse si el recurso es procedente ...'. 'REVISI�N EN AMPARO DIRECTO, CONTRA SENTENCIAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. Para que proceda el recurso de revisi�n contra las resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en ellos se decida sobre la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o bien que se establezca la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n ...'. Tesis 470, visible a fojas 312 y 313 del volumen VI (sic), Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995. 'REVISI�N. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.'. P�g. 312, idem (sic).
Las razones expuestas por el representante social federal en el presente caso no resultan exactas; para corroborar lo anterior, se impone transcribir los art�culos 107, fracci�n IX, de la C.�n; 83, fracci�n V y 84, fracci�n II, de la Ley de Amparo; 10, fracci�n III y 21, fracci�n III, inciso a), de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, que establecen:
C.�n:
"A.�culo 107. Todas las controversias de que habla el art�culo 103 se sujetar�n a los procedimientos y formas del orden jur�dico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n, caso en que ser�n recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limit�ndose la materia del recurso exclusivamente a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales.
Ley de Amparo:
"A.�culo 83. Procede el recurso de revisi�n:
"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la Rep�blica de acuerdo con la fracci�n I del art�culo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n. La materia del recurso se limitar�, exclusivamente, a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras ..."
"A.�culo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisi�n, en los casos siguientes:
II. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se est� en el caso de la fracci�n V del art�culo 83.
L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n:
"A.�culo 10. La Suprema Corte de Justicia conocer� funcionando en P.:
"III. Del recurso de revisi�n contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habi�ndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violaci�n se haya planteado la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales."
"A.�culo 21. Corresponde conocer a las S.:
"III. Del recurso de revisi�n contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:
a) Cuando habi�ndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la Rep�blica, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violaci�n se haya planteado la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretaci�n constitucional; y ...
De los preceptos constitucionales y legales anteriormente reproducidos, se desprende que la procedencia del recurso de revisi�n en amparo directo se presenta, en un primer supuesto, cuando en la sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma general o realiza la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n, pero tambi�n cuando dicho �rgano colegiado omite realizar el estudio constitucional, habi�ndose planteado dentro de los conceptos de violaci�n en la demanda de amparo respectiva. En el presente caso, el Tribunal Colegiado de Circuito se pronunci� sobre la constitucionalidad de los art�culos 300 y 291 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, el cual se transcribir� en seguida, por lo que es inconcuso que el presente medio de impugnaci�n es procedente y, por lo mismo, deben analizarse los agravios formulados por el quejoso en la materia estrictamente constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia n�mero 2a./J. 3/96 de la S.unda Sala de este alto tribunal publicada en el Tomo III-Febrero de 1996 de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, a fojas 218 y siguientes y que es del tenor literal siguiente:
REVISI�N EN AMPARO DIRECTO, REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. La interpretaci�n arm�nica de lo dispuesto en los art�culos 107, fracci�n IX, de la C.F.; 83, fracci�n V, de la Ley de Amparo; 10, fracci�n III y 21, fracci�n III, inciso a), de la L.O.�nica del Poder Judicial de la Federaci�n, permite determinar que para la procedencia del recurso de revisi�n contra las resoluciones pronunciadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que en la demanda de amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o de un reglamento, o se hubiere planteado en los conceptos de violaci�n la interpretaci�n directa de un precepto de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; que al dictar sentencia el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, haya decidido sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnado; o bien, establecido la interpretaci�n directa de un precepto de la C.F., u omitido el estudio y decisi�n de estas cuestiones.
Las consideraciones de la sentencia recurrida en materia de inconstitucionalidad de leyes, se hicieron consistir en lo siguiente:
V. De los conceptos de violaci�n que hace valer el quejoso se considera que el primero de ellos es carente de fundamento, porque de ninguna manera puede considerarse que el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal resulte inconstitucional ni por ello que resulten ilegales las resoluciones de segunda instancia por las que se confirman dos diversos autos de primera instancia; uno, por el que se apercibi� a dicho amparista para que exhibiera un dep�sito, ya que de otra forma no se har�a el se�alamiento para la recepci�n de su testimonial que deb�a desahogarse fuera del Distrito Federal, as� como el otro prove�do por el que se hizo efectivo ese apercibimiento; se considera lo anterior, toda vez que si bien es cierto que el art�culo 14 de nuestro m�ximo ordenamiento legal prescribe la garant�a de audiencia, ordenando que se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento en todo juicio, igualmente resulta cierto que el precepto legal impugnado de ninguna manera puede considerarse inconstitucional, por el hecho de que prevea las reglas que deben regir el desahogo de la prueba testimonial for�nea, en tanto sus condiciones o formalidades no pueden reducirse a la circunstancia de que sean m�s o menos gravosas; de donde se desprende que aun cuando se acepte que el precepto legal que se impugna de inconstitucional pudiera limitar la posibilidad de defensa y la capacidad probatoria de las partes en un juicio, al permitir al J. correspondiente el determinar el monto de la cantidad de dinero que el oferente de una prueba, que tendr� que desahogarse fuera de esta ciudad, debe depositar como multa para el caso de que no se rinda tal probanza, e incluso, as� como que tambi�n le faculte a dicha autoridad para que en el caso de que no se haga tal dep�sito, no haga el se�alamiento para la recepci�n de la prueba respectiva, resulta obvio que eso no se contrapone al contenido del mencionado art�culo 14 constitucional, porque ya se ha mencionado que en el mismo se establecen generalidades y, por ello, nada con relaci�n a los lineamientos que se deben seguir en un juicio, ya que es la ley reglamentaria ajustada a la primera la que desarrolla las condiciones con respecto al ofrecimiento, admisi�n y desahogo de pruebas. Asimismo, debe se�alarse que este tribunal federal estima que el precepto legal impugnado, m�s que contraponerse a la C.F., resulta que se ajusta a lo ordenado por el art�culo 17 de la misma, con respecto a lo que establece ese precepto legal en el sentido de que los tribunales deber�n emitir sus resoluciones de manera pronta, ya que no hay duda de que la finalidad del legislador al establecer el cuestionado art�culo 300, es precisamente la de evitar que las partes contendientes retarden el procedimiento ofreciendo pruebas que tienen conocimiento de que finalmente no se desahogar�n, siendo ese el motivo por el que, en dicho precepto legal impugnado, se establece que el oferente de la prueba, que debe recibirse fuera de esta ciudad, debe depositar una cantidad de dinero, pero que incluso, en raz�n de lo que se ha precisado, s�lo servir� como multa en el caso de no rendirse tal medio de convicci�n; de donde adem�s se concluye que el contenido del dispositivo legal que se argumenta que es inconstitucional, se encuentra justificado, porque es obvio que si alguna parte contendiente en un procedimiento judicial tiene la seguridad de que una prueba for�nea que ofrece s� se desahogar� y que no la propone simplemente para retardar el procedimiento, no tendr� inconveniente en exhibir el dep�sito respectivo, ya que finalmente est� consciente de que el mismo se le devolver� despu�s de que se desahogue la prueba relativa, con lo que se viene a demostrar que el dispositivo legal impugnado de ninguna forma limita la garant�a de audiencia. De igual manera, es de establecerse que no puede considerarse que el referido art�culo 300 resulte contrario al art�culo 16 constitucional, puesto que el hecho de que permita al juzgador el fijar el monto de la cantidad respectiva que se debe depositar como multa para el caso de no rendirse una prueba for�nea, sin establecer los elementos que deben normar dicha facultad del juzgador, de ninguna manera implica que se falte al principio de que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, porque finalmente, trat�ndose de leyes, esos requisitos constitucionales quedan satisfechos cuando las mismas son elaboradas por los �rganos constitucionalmente facultados, que cumplen los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se se�alan en la C.F., por lo que de acuerdo con ello, no hay necesidad de que los preceptos legales de una ley deban ser forzosamente materia de una motivaci�n concreta cada uno de ellos; sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia que est� se�alada con el n�mero 146 y que puede consultarse en la p�gina 149 del Tomo I, Materia C.onal, del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n, relativo al periodo 1917-1995, la cual es del tenor literal siguiente: 'FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentaci�n y motivaci�n de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente est� facultado para ello, ya que estos requisitos, en trat�ndose de actos legislativos, se satisfacen cuando aqu�l act�a dentro de los l�mites de las atribuciones que la C.�n correspondiente le confiere (fundamentaci�n), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jur�dicamente reguladas (motivaci�n); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivaci�n espec�fica.'. Asimismo, debe establecerse que lo antes considerado queda corroborado porque no hay duda de que como ese dispositivo legal que se tilda de inconstitucional, deja a discreci�n del juzgador el fijar el monto del dep�sito respectivo, es claro que los motivos y las razones que tenga el mismo para establecer lo conducente se deber�n adecuar a cada caso concreto, aun cuando no lo establezca el precepto legal respectivo; por tanto, puede concluirse que no hay elementos para estimar que el mismo resulte contrario al art�culo 16 constitucional. Por otro lado, es de se�alarse que tampoco puede proceder lo que se sostiene en relaci�n con que el multicitado art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles sea contrario al segundo p�rrafo del art�culo 17 constitucional, que consagra la garant�a de impartici�n de justicia en forma gratuita, puesto que lo que proh�be ese dispositivo constitucional es que se cobre por el servicio de impartici�n de justicia, pero de ninguna manera establece que est� prohibido que a las partes contendientes de un juicio se les pueda imponer una multa cuando su proceder en el juicio respectivo tenga como finalidad el de retardar su tramitaci�n, que es en realidad el esp�ritu del precepto legal impugnado, por lo que tampoco puede decirse que su contenido vea impedida la garant�a de administraci�n de justicia; de donde tambi�n se desprende que es improcedente el alegato de que ya se ha establecido mediante jurisprudencia, que las leyes que establecen sanciones fijas e invariables,como las previstas por el art�culo 76 del C�digo Fiscal de la Federaci�n, resultan inconstitucionales, puesto que en el asunto de que se trata, adem�s de que no tiene aplicaci�n ese dispositivo legal, se puede advertir que en el precepto legal que se impugna en el caso, no se habla de que se debe establecer como dep�sito una cantidad fija e invariable, ya que tal monto debe sujetarse a lo establecido por la fracci�n II del art�culo 62 del C�digo de Procedimientos Civiles, que no habla de la imposici�n de multas por una cantidad fija e invariable. El segundo concepto de violaci�n que expone el quejoso es igualmente infundado, porque adem�s de que ya ha quedado perfectamente determinado que el art�culo 14 constitucional no establece nada en relaci�n con que no se debe limitar la capacidad probatoria de las partes contendientes en un procedimiento judicial y, por ende, tampoco puede proceder lo que se alega al respecto para comprobar que supuestamente resulta inconstitucional el art�culo 291 del C�digo de Procedimientos Civiles, debe agregarse que tampoco puede proceder lo que se argumenta para demostrar que ese precepto legal es inconstitucional, porque obliga, en todo caso, al oferente de una testimonial a proporcionar los nombres de los testigos, aun cuando los desconozca, en virtud de que efectivamente, como lo sostiene el solicitante de garant�as en su siguiente concepto de violaci�n, el precepto legal de referencia no establece en realidad que se desechar� una testimonial cuando no se precise el domicilio de los testigos respectivos, ya que del contenido de ese dispositivo legal se desprende que dicha sanci�n s�lo se establece para el supuesto de que las pruebas que se ofrezcan no se relacionen en forma precisa con los puntos controvertidos, de donde se desprende que al no existir la sanci�n respectiva en el precepto legal multicitado, para el supuesto de que no se se�alen los domicilios de los testigos correspondientes, tampoco puede estimarse que, con apoyo en el argumento ya precisado, tal dispositivo legal resulte contrario a los art�culos 14, 16 y 17 constitucionales.
Los agravios esgrimidos sostienen:
PRIMER AGRAVIO. Parte de la sentencia que lo causa: Considerando V, en la parte que a la letra dice: 'V. De los conceptos de violaci�n que hace valer ...' (lo transcribe). AGRAVIO. El Tribunal Colegiado, para sostener que el concepto de violaci�n primero es carente de fundamento y que de ninguna manera pueda considerarse que el art�culo 300 del C�digo de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal resulta inconstitucional, y que por ello no resultan ilegales las resoluciones dictadas en los tocas de apelaci�n 3634/94 y 3636/94, se vale de los siguientes argumentos: Primero. Que es cierto que el art�culo 14 de nuestro m�ximo ordenamiento legal prescribe la garant�a de audiencia, ordenando que se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento en todo juicio. S.unda. Que igualmente resulta cierto que el precepto legal impugnado (art�culo 300) de ninguna manera puede considerarse inconstitucional, por el hecho de que provea las reglas que deben regir en el desahogo de la prueba testimonial for�nea, en tanto sus condiciones o formalidades no pueden recurrir a la circunstancia de que sean m�s o menos gravosas. Tercera. Que el precepto tildado de inconstitucional (art�culo 300) no se contrapone al contenido del art�culo 14 constitucional, aun cuando se acepte que el precepto legal en cuesti�n pueda limitar la posibilidad de defensa y la capacidad probatoria de las partes en un juicio, al permitir al J. correspondiente determinar el monto de la cantidad de dinero que el oferente de una prueba que tendr� que desahogarse fuera de esta ciudad, debe depositar como multa para el caso de que no se rinda tal probanza; e incluso, as� como que tambi�n le faculte a dicha autoridad para que en el caso de que no se haga tal dep�sito, no haga el se�alamiento para la recepci�n de la prueba respectiva. Sobre estos argumentos del Tribunal Colegiado, el recurrente manifiesta: Primero. El Tribunal Colegiado pasa por alto que las garant�as consagradas en el segundo p�rrafo del art�culo 14 constitucional (garant�a de previa audiencia y respeto a las formalidades esenciales del procedimiento), no s�lo tienen un alcance gramatical, sino lo m�s importante, una finalidad y alcance protector que rebasa en mucho la simple letra del precepto en cuesti�n, pues si bien es cierto que a todo acto de privaci�n ha de precederle un juicio previo (garant�a de audiencia) no menos cierto es que esa garant�a no se cumple por el solo hecho de que exista el previo juicio, sino que es indispensable que ese juicio se tramite con respeto absoluto a las formalidades esenciales del procedimiento, y dentro de estas �ltimas se encuentra, sin lugar a dudas, la posibilidad irrestricta del gobernado, es decir, sin limitaci�n ni condicionamientos, para ofrecer pruebas que beneficien su causa, y para que dichas pruebas se desahoguen, a fin de quesean valoradas como en derecho proceda por el juzgador al momento de emitir la decisi�n correspondiente al litigio. S.undo. El quejoso no aleg� que el art�culo 300 del c�digo adjetivo fuera inconstitucional por el hecho de establecer las reglas relativas al desahogo de la prueba testimonial for�nea, tales como son: Que ello se solicite durante el ofrecimiento de pruebas; que se indiquen los nombres y residencias de los testigos que hayan de ser examinados o que se se�alen los archivos p�blicos o particulares donde se hallen los documentos que han de testimoniarse, o presentar originales. Lo que el quejoso aleg�, es que se condiciona la admisi�n de la prueba testimonial for�nea al dep�sito de una cantidad que el propio juzgador determina, en cuanto a su monto, como multa para el caso de no rendirse la prueba, y que sin ese dep�sito no se har� el se�alamiento para la recepci�n de la prueba, lo que indudablemente choca con el alcance y esp�ritu protector de las formalidades esenciales del procedimiento, pues, se repite, el art�culo 14 constitucional no autoriza se limite o condicione el uso y goce de las formalidades esenciales del procedimiento (derecho de ofrecer pruebas y derecho para el desahogo de las pruebas) al previo dep�sito de una cantidad de dinero que fije el juzgador como multa para el caso de no desahogarse la prueba. Tercero. El Tribunal Colegiado reconoce que el precepto cuestionado de inconstitucional s� puede limitar la posibilidad de defensa y la capacidad probatoria de las partes en un juicio, al permitir al J. correspondiente determinar el monto de la cantidad de dinero que el oferente de una prueba que tendr� que desahogarse fuera de esta ciudad, debe depositar como multa para el caso de que no se rinda tal probanza; e incluso, as� como que tambi�n le faculte para que en caso de que no se haga tal dep�sito, no se haga el se�alamiento para la recepci�n de la prueba respectiva. El Tribunal Colegiado soslaya el (sic) fundamental de la inconstitucionalidad del art�culo 300 del c�digo adjetivo, en el sentido de que el precepto en cuesti�n nulifica por completo la garant�a de audiencia, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y el debido proceso legal, pues el art�culo 14 constitucional no dice, ni de su alcance interpretativo se desprende, que deba condicionarse en forma alguna la recepci�n de pruebas en juicio, es decir, que se condicione su admisi�n o el se�alamiento para su recepci�n, al previo dep�sito de una cantidad de dinero que, en forma unilateral, determina el juzgador, y que sin dinero no hay se�alamiento para la admisi�n y recepci�n de la prueba, cuanto m�s que no todo justiciable tiene a su disposici�n las cantidades que el juzgador se�ala como dep�sito, como condici�n indispensable para calificar la admisi�n y el se�alamiento de recepci�n y desahogo de la prueba. Agrega el Tribunal Colegiado que: a) En el art�culo 14 constitucional se establecen generalidades (sic) y, por ello, nada en relaci�n con los lineamientos que deben seguirse en un juicio, ya que es la ley reglamentaria ajustada a la primera la que desarrolla las condiciones con respecto al ofrecimiento, admisi�n y desahogo de pruebas. b) Que el art�culo 300 del c�digo adjetivo, m�s que contraponerse a la C.F., resulta que se ajusta a lo ordenado por el art�culo 17 de la misma, en el sentido de que los tribunales deber�n emitir sus resoluciones de manera pronta. c) Que el contenido del art�culo 300 del c�digo adjetivo se encuentra justificado, ya que si el oferente de la prueba for�nea tiene la seguridad de que �sta s� se desahogar� y que no la propone simplemente para retardar el procedimiento, no tendr� inconveniente en exhibir el dep�sito respectivo, ya que finalmente est� consciente de que el mismo se le devolver� despu�s de que se desahogue la prueba relativa, con lo que se viene a demostrar que el dispositivo legal impugnado de ninguna forma limita la garant�a de audiencia. Sobre este particular la recurrente manifiesta: a) En el segundo p�rrafo del art�culo 14 constitucional se consignan garant�as individuales espec�ficas en favor de todo gobernado que resulte afectado por un acto de privaci�n (garant�a de previa audiencia, formalidades esenciales del procedimiento y/o debido proceso legal), sin que el precepto en cuesti�n diga que la ley reglamentaria pueda condicionar el uso y goce de dichas garant�as de los gobernados; en otras palabras, no se permite al legislador ordinario condicionar el uso y goce de las garant�as de previa audiencia, formalidades esenciales del procedimiento y/o debido proceso legal. La ley reglamentaria puede desarrollar los lineamientos conforme a los cuales ha de realizarse el ofrecimiento, admisi�n y desahogo de pruebas, y trat�ndose de pruebas for�neas, es correcto que se pida que el oferente solicite tal cuesti�n durante la etapa de ofrecimiento de pruebas, as� como que se indiquen los nombres y residencias de los testigos que hayan de ser examinados o que se se�alen los archivos p�blicos o particulares donde se hallen los documentos que han de testimoniarse, o presentar originales, pero lo que no es acorde con el esp�ritu protector del Constituyente, es que se condicione la admisi�n y se�alamiento para la recepci�n de las pruebas al dep�sito de una suma de dinero, pues para ello, el legislador ordinario ha instituido la figura de las costas judiciales a las cuales puede ser condenado quien interviene en un juicio cuando no rinda prueba para justificar su acci�n o excepci�n (art�culo 140 del c�digo adjetivo). M�s a�n, las multas, por inobservancia a cualquier ley o reglamento, no pueden instituirse en favor de particulares, en este caso, de la contraparte del quejoso, pues ello no lo permite el art�culo 14 constitucional ni ning�n otro dispositivo de la Carta Magna, pues al contrario, los art�culos 21 y 22 de la Carta Magna establecen limitantes a las multas administrativas o judiciales, multas que en ning�n caso se permite que se entreguen a un particular, ya que �stas, por su naturaleza, son parte de los aprovechamientos que integran el patrimonio del Estado, no de los particulares. b) La garant�a de justicia pronta y expedita no puede contraponerse a las garant�as de audiencia, formalidades esenciales del procedimiento y/o debido proceso legal. c) No se puede calificar a priori que una prueba se ofrezca para retardar el procedimiento. Lo que soslaya el Tribunal Colegiado es que no todo particular dispone de recursos para hacer el dep�sito cuantioso, por concepto de multa, para el caso de que no se desahogue la prueba for�nea, y con el contenido del precepto impugnado de inconstitucional, s�lo los ricos que litigan tienen el derecho para que se admita la prueba y se haga el se�alamiento para su recepci�n, y alguien dir�a: �eso le pasa a los pobres por no tener dinero para hacer el dep�sito ordenado por el J., para que pueda admitirse y efectuarse el se�alamiento del desahogo de la prueba! Contrario a lo que sostuvo el Tribunal Colegiado, el art�culo 300 del c�digo adjetivo s� es violatorio del art�culo 14 constitucional, por lo que debe revocarse este punto de la sentencia que se recurre. AGRAVIO. Dice el Tribunal Colegiado que el art�culo 300 del c�digo adjetivo no puede considerarse contrario al art�culo 16 constitucional, por el hecho de que permita al juzgador fijar el monto de la cantidad respectiva que debe depositarse como multa para el caso de no rendirse una prueba for�nea, sin establecer los elementos que deban normar dicha facultad del juzgador y que, en su caso, trat�ndose de las garant�as de fundamentaci�n y motivaci�n legales, los actos legislativos cumplen con ella por el simple hecho de que el Congreso que expide la ley est� facultado para dictar la norma. Es precisamente la falta de se�alamiento de los elementos que deben normar la facultad del juzgador para fijar el monto de la cantidad respectiva que debe depositarse como multa, para el caso de no rendirse una prueba for�nea, lo que convierte en inconstitucional, violatorio del art�culo 16 de la Carta Magna, al art�culo 300 del c�digo adjetivo. Para fijar el monto de la cantidad respectiva que debe depositarse como multa, para el caso de no rendirse una prueba for�nea, el juzgador debe tomar en cuenta las condiciones econ�micas del oferente de la prueba, la lejan�a del lugar en que ha de practicarse la prueba, la naturaleza de los derechos controvertidos y, precisamente, porque el precepto en cuesti�n no contempla estos elementos, es que hace nugatoria la garant�a de la debida fundamentaci�n y motivaci�n que debe observar todo acto de autoridad, en este caso, el juzgador puede fijar el monto y la cantidad que debe depositarse, sin efectuar ning�n razonamiento que motive esta determinaci�n, y de ah� que se viola el art�culo 16 de la Carta Magna. El criterio jurisprudencial invocado por el Tribunal Colegiado no opera frente al argumento de defensa vertido por el hoy recurrente en su primer concepto de violaci�n, en relaci�n con los motivos de inconstitucionalidad del art�culo 300 del c�digo adjetivo, frente al art�culo 16 constitucional. Cuando un precepto legal faculta a una autoridad, en este caso al juzgador, para determinar el monto de la cantidad respectiva que debe depositarse como multa para el caso de no rendirse una prueba for�nea, dicha ley, por seguridad jur�dica del gobernado, debe tambi�n fijar los lineamientos conforme a los cuales el juzgador habr� de fijar el monto de la cantidad que debe depositarse como multa. El argumento de inconstitucionalidad del art�culo 300 del c�digo adjetivo resalta cuando el propio Tribunal Colegiado dice: 'No hay duda que como ese dispositivo legal que se tilda de inconstitucional deja a discreci�n del juzgador fijar el monto del dep�sito respectivo, es claro que los motivos y las razones que tenga el mismo para establecer lo conducente se deber�n adecuar a cada caso concreto.'. Es cierto, el precepto cuestionado deja a discreci�n del juzgador fijar el monto respectivo, y en ning�n momento le marca los lineamientos que debe seguir para motivar y razonar la fijaci�n del monto del dep�sito respectivo, y de ah� que el precepto cuestionado s� resulte contrario al art�culo 16 constitucional, por lo que debe revocarse ese punto de la sentencia que se recurre. AGRAVIO. Dice el Tribunal Colegiado que el art�culo 300 del c�digo adjetivo no puede considerarse contrario al art�culo 17 constitucional, ya que este precepto no proh�be que a las partes contendientes de un juicio se les pueda imponer una multa cuando su proceder en el juicio respectivo tenga como finalidad retardar su tramitaci�n, que es en realidad el esp�ritu del precepto legal impugnado, por lo que tampoco debe decirse que su contenido vea impedida la garant�a de administraci�n de justicia (sic). El tribunal invierte los t�rminos de la inconstitucionalidad planteada, y en este punto hay que decirle que el art�culo 17 constitucional no permite que a los contendientes en un juicio se les pueda imponer una multa para beneficiar a la contraparte, y para aquellos litigantes que obran con la finalidad de retardar la tramitaci�n de un juicio, el legislador ordinario ha instituido la figura de la condena en costas, pero eso no es lo que se discute, lo que se discute es que el precepto inconstitucional no permite la imposici�n de multas en favor de particulares, y lo esencial, no puede condicionarse la admisi�n de una prueba ni el se�alamiento para su recepci�n, para su desahogo, al previo dep�sito de una cantidad de dinero como multa, tergivers�ndose as� el argumento de defensa esgrimido por el hoy recurrente en el primer concepto de violaci�n. Concluye el Tribunal Colegiado que tambi�n se desprende que es improcedente el alegato de que ya se ha establecido jurisprudencia que indica que las leyes que establecen sanciones excesivas, fijas e invariables, resultan inconstitucionales, como las previstas por el art�culo 76 del C�digo F.F., y que ese dispositivo no tiene aplicaci�n legal y que el monto a que se refiere el art�culo 300 del c�digo adjetivo debe sujetarse a lo dispuesto por la fracci�n II del art�culo 62 del C�digo de Procedimientos Civiles, que nos habla de la imposici�n de multas por una cantidad fija e invariable. Contrario a lo que sostiene el Tribunal Colegiado, s� se est� frente a multas excesivas pues, para fijar su monto, el juzgador no toma en cuenta las condiciones econ�micas del oferente de la prueba, la lejan�a del lugar en que debe desahogarse la prueba, la naturaleza de los derechos controvertidos o la falta de desahogo de la prueba por causa no imputable al oferente, siendo que no se establece un m�nimo definido de sanci�n, sino �nicamente montos m�ximos (60, 120 y 180 d�as de salario m�nimo), lo que equivale en realidad a que se permitan multas fijas y excesivas a discreci�n del juzgador, resultando inconstitucional el precepto cuestionado. SEGUNDO AGRAVIO. Parte de la sentencia que lo causa: Considerando V, en la parte que a la letra dice: 'El segundo concepto de violaci�n que expone el quejoso es igualmente infundado ...' (lo transcribe). AGRAVIO. El Tribunal Colegiado desvirt�a el concepto de violaci�n respecto de la inconstitucionalidad del art�culo 291 del c�digo adjetivo. El hoy recurrente sostuvo, en el segundo concepto de violaci�n, que el art�culo 291 del c�digo adjetivo, invariablemente, exige que el oferente de la prueba testimonial precise los domicilios de los testigos, aun cuando el oferente de la prueba desconozca dicho domicilio, lo que evidentemente contrar�a las garant�as consagradas en los art�culos 14 y 16 constitucionales pues, en estos casos, y cuando bajo protesta de decir verdad el oferente de la prueba manifiesta desconocer el domicilio de los testigos, no debe exigirse dicha formalidad, m�xime cuando el testigo o los testigos resultan familiares de la contraparte y se pide al juzgador requiera a esta �ltima para que proporcione los domicilios del testigo o los testigos, y de ah� que, sin un verdadero an�lisis del segundo concepto de violaci�n, el Tribunal Colegiado, sin mayor tr�mite, lo declara infundado, con el consecuente agravio al hoy recurrente, por lo que este Tribunal P. debe revocar este punto de la sentencia.
El primer agravio esgrimido por el quejoso se puede sintetizar de la siguiente forma:
El fallo recurrido es indebido, puesto que no consider� que el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal fuera violatorio del art�culo 14 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, no obstante que as� sucede, por los siguientes motivos:
El respeto a la garant�a de audiencia y, por ende, a las formalidades esenciales del procedimiento, se cumple con el establecimiento en la ley de la posibilidad irrestricta del gobernado, sin limitaci�n ni condicionamientos, para ofrecer pruebas que beneficien su causa, y para que dichas pruebas seanvaloradas, como en derecho proceda, por el juzgador en su sentencia.
Se condiciona el desahogo de la prueba testimonial for�nea al dep�sito de una cantidad que el propio juzgador determina, en cuanto a su monto, mismo que es aplicado como sanci�n en el caso de no desahogarse la prueba.
El precepto tildado de inconstitucional nulifica por completo la garant�a de audiencia, dado que se condiciona la admisi�n de una prueba al se�alamiento para su recepci�n, al previo dep�sito de una cantidad de dinero. d) La condena en costas sustituye el condicionamiento del previo dep�sito de una cantidad de dinero para admitir una probanza, en los t�rminos del art�culo 140 del c�digo adjetivo.
No se puede contraponer la garant�a de justicia pronta y expedita con la garant�a de audiencia.
No se puede calificar a priori que una prueba se ofrezca para retardar el procedimiento.
La exigencia de un dep�sito para desahogar una prueba for�nea resulta injusta porque s�lo favorece a los litigantes ricos.
Este agravio es infundado, en raz�n de lo siguiente:
El segundo p�rrafo del art�culo 14 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos establece:
Nadie podr� ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
El precepto reproducido contiene la garant�a de seguridad jur�dica de audiencia, consistente en la limitaci�n de procedimiento que se establece a la autoridad para extraer de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera jur�dica del gobernado. De esta forma, la autoridad que pretenda privar de los bienes jur�dicos enumerados en el propio art�culo 14 de la C.�n debe llevar a cabo un procedimiento seguido en forma de juicio donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, previamente al acto privativo.
Cabe recordar los antecedentes constitucionales de la garant�a de audiencia contenida en el segundo p�rrafo del art�culo 14 de la C.F. que anteriormente qued� transcrito.
En el Decreto C.onal para la Libertad de la Am�rica Mexicana, sancionado en Apatzing�n el veintid�s de octubre de mil ochocientos catorce, el cual aun cuando careci� de vigencia pr�ctica, por primera vez, en su art�culo 31, se menciona la garant�a de audiencia al se�alar:
"A.�culo 31. Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino despu�s de haber sido o�do legalmente." En el proyecto de C.�n de 1857, en su art�culo 26, se dec�a:
A.�culo 26. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sino por virtud de sentencia dictada por autoridad competente, y seg�n las formas expresamente fijadas en la ley y exactamente aplicadas al caso.
El texto aprobado por el Congreso qued� contenido en el art�culo 14 y redactado en la siguiente forma:
"A.�culo 14. No se podr� expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a �l por el tribunal que previamente haya establecido la ley."
La redacci�n entre el texto propuesto y el aprobado finalmente, vari� sustancialmente, porque los constituyentes consideraron que como se trataba de garantizar los derechos m�s importantes de toda persona (la vida, la libertad y sus propiedades), si se aprobaba el texto original podr�a interpretarse en el sentido de que se permit�a la pena de muerte, por lo cual estimaron que con la redacci�n final "Nadie puede ser juzgado ni sentenciado", se conservaba en el fondo la garant�a de dichos derechos.
En el proyecto de C.�n de mil novecientos diecisiete, propuesto por V.C., el art�culo 14 fue aprobado sin modificaci�n alguna y el texto sigue vigente a la fecha.
Por su parte, el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se�ala:
A.�culo 300. Cuando las pruebas hubieren de practicarse fuera del Distrito Federal o del pa�s, se recibir�n a petici�n de parte dentro de un t�rmino de sesenta y noventa d�as respectivamente siempre que se llenen los siguientes requisitos: 1o. Que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas; 2o. Que se indiquen los nombres y residencia de los testigos que hayan de ser examinados, cuando la prueba sea testifical; 3o. Que se designen, en caso de ser prueba instrumental, los archivos p�blicos o particulares donde se hallen los documentos que han de testimoniarse, o presentarse originales. El J. al calificar la admisibilidad de las pruebas, determinar� el monto de la cantidad que el promovente deposite como multa, en caso de no rendirse la prueba. Sin este dep�sito no se har� el se�alamiento para la recepci�n de la prueba.
El precepto adjetivo reproducido establece cuatro requisitos para la recepci�n de pruebas que se hubieren de practicar fuera del Distrito Federal o del pa�s. Dichos requisitos se refieren a la oportunidad del ofrecimiento, su preparaci�n y una cauci�n que debe ofrecerse y que se aplicar� como multa en caso de que la probanza ofrecida no se rinda.
Ahora bien, respecto a lo argumentado por el recurrente y que qued� sintetizado en el inciso a) de este considerando, debe se�alarse que no le asiste la raz�n. En efecto, el art�culo 14 constitucional establece como punto medular de la garant�a de audiencia el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, pero jam�s el art�culo constitucional en comento establece una posibilidad infinita, sin limitaciones ni condicionamientos, a la facultad de ofrecer pruebas del quejoso. Las formalidades esenciales del procedimiento son todos los mecanismos y etapas procesales que aseguran una adecuada defensa en el juicio, lo cual no se puede traducir en una potestad abierta de ofrecer todas las pruebas que estime procedentes el quejoso y el correspondiente deber del �rgano jurisdiccional de admitirlas, acordar su recepci�n, desahogarlas y valorarlas. Es l�gico y natural que, en aras de un adecuado equilibrio procesal y de respeto a los principios procesales, se establezcan requisitos para la admisi�n o recepci�n de pruebas, siendo que corresponde a los �rganos de control constitucional establecer si un determinado precepto legal asegura o no una adecuada defensa en el procedimiento o si, por el contrario, se deja en estado de indefensi�n al quejoso.
As�, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, las formalidades esenciales del procedimiento no se traducen en una posibilidad abierta e infinita de probar, sino en una serie de reglas que permitan a las partes probar los hechos constitutivos de su acci�n o de sus excepciones y defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no deje en estado de indefensi�n a las partes y, por el otro, asegure una resoluci�n pronta y expedita de la controversia. Sirve de apoyo a la anterior determinaci�n la tesis de jurisprudencia obligatoria n�mero 47/95 del Tribunal P., publicada en el Tomo II-Diciembre, de la Novena �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, a fojas 133, que expresa:
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garant�a de audiencia establecida por el art�culo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. �stas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privaci�n y que, de manera gen�rica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificaci�n del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resoluci�n que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejar�a de cumplir con el fin de la garant�a de audiencia, que es evitar la indefensi�n del afectado.
La tesis reproducida no establece una posibilidad infinita de probar, sino m�s bien de que se cumpla con esta etapa probatoria, por lo que puede concluirse, como lo hizo el Tribunal Colegiado a quo, que el establecimiento de reglas para el desahogo de la prueba testimonial for�nea no transgrede el segundo p�rrafo del art�culo 14 constitucional.
Por id�ntico motivo, debe estimarse que tampoco le asiste la raz�n al recurrente en lo referente al argumento sintetizado en el inciso b) de este considerando. El legislador ordinario se encuentra facultado por la C.�n para establecer en la ley la manera en la que se cumpla la formalidad procesal de ofrecer y desahogar pruebas. En la especie, no puede considerarse que se transgrede la garant�a de audiencia, al establecerse una cauci�n o garant�a para la recepci�n de una prueba for�nea que, en caso de no recibirse, se convierte en multa, dado que con ello se pretende evitar dilaciones procesales sin fundamento. Es l�gico suponer que si la prueba es necesaria y es real, no debe temerse la entrega de cualquier cantidad en dep�sito, dado que �sta volver� al oferente en cuanto se reciba la prueba. Ahora bien, no debe perderse de vista que los preceptos tildados de inconstitucionalidad rigen un procedimiento donde, por lo general, se ventilan controversias de derecho privado que est�n vinculadas con cuestiones de orden patrimonial; por ello, no debe sorprender que el legislador opte por establecer mecanismos pecuniarios para evitar, en lo posible, la prolongaci�n temporal innecesaria del proceso. Resulta l�gico que el legislador ordinario trate de evitar que mediante el ofrecimiento y admisi�n de una pruebafor�nea se propicie que una parte obtenga ventajas con la dilaci�n en la tramitaci�n del juicio que se traducen en inconvenientes para la contraparte. Derivado de lo anterior, se desprende que el argumento sintetizado en el punto c) tampoco resulta atentatorio de la garant�a de audiencia y, por lo mismo, no le asiste la raz�n al recurrente, cuando categ�ricamente se�ala que con la exigencia del dep�sito se nulifica por completo dicha garant�a. La cantidad entregada para la recepci�n de una prueba for�nea es tan s�lo un dep�sito, el que, por su propia naturaleza, es provisional y, tal como lo contempla el art�culo 300 del c�digo adjetivo civil del Distrito Federal, es tan s�lo un medio de impedir dilaciones en la administraci�n de justicia por el desahogo de una prueba, y que desde luego va a motivar la dilaci�n en el juicio; por ello, y para garantizar su veracidad y oportunidad, el legislador opt� por establecer este mecanismo.
El argumento expresado en el inciso d) es tambi�n infundado. La garant�a que se exige para la admisi�n de una prueba for�nea y la condena en costas no sanciona la misma conducta procesal indebida, por lo que no puede concluirse v�lidamente que se viola la garant�a de audiencia.
El mecanismo establecido en el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles responde a la finalidad de evitar que se reciban pruebas que no vayan a desahogarse, evitando la dilaci�n innecesaria del proceso, o sea que se trata de evitar una conducta espec�fica consistente en lograr la dilaci�n en el juicio a trav�s del ofrecimiento de una prueba inconducente. La condena en costas se encuentra contemplada en los art�culos 140 a 142 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que se�alaban:
"A.�culo 140. La condenaci�n en costas se har� cuando as� lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del J., se haya procedido con temeridad o mala fe.
"Siempre ser�n condenados:
"I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acci�n o su excepci�n, si se funda en hechos disputados;
"II. El que presentare instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;
"III. El que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenaci�n se har� en la primera instancia, observ�ndose en la segunda lo dispuesto en la fracci�n siguiente;
"IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaraci�n sobre costas. En este caso, la condenaci�n comprender� las costas de ambas instancias;
"V. El que intente acciones o haga valer excepciones notoriamente improcedentes y que as� lo declare la sentencia definitiva que se dicte en el negocio; y
"VI. El que oponga excepciones dilatorias notoriamente improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, con el fin de entorpecer la buena marcha del juicio."
"A.�culo 141. Las costas ser�n reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciar� el incidente con un escrito de cada parte, resolvi�ndose dentro del tercer d�a.
"De esta decisi�n, si fuere apelable, se admitir� el recurso en el efecto devolutivo."
"A.�culo 142. En los negocios ante los Jueces de paz no se causar�n costas cualquiera que sea la naturaleza del juicio."
De lo anterior se desprende que las costas son las erogaciones que las partes tienen que efectuar con motivo del proceso cuando se encuentran en alguna de las hip�tesis que dan lugar a la condena respectiva. En la materia procesal civil se siguen dos criterios esenciales: a) el sistema subjetivo, conforme al cual s�lo debe condenarse al pago de los gastos y costas a la parte que hubiere conducido el proceso con "temeridad y mala fe", y b) el sistema objetivo, de acuerdo con el cual se debe condenar siempre al pago de los gastos y costas a la parte que haya sido vencida en el juicio. En el primer supuesto se toma en cuenta un dato subjetivo, la conducta temeraria y de mala fe de una de las partes, la cual puede ser dif�cil de probar, en tanto que de acuerdo con el criterio objetivo, la prueba la constituye la propia sentencia con la que se acredita el hecho del vencimiento.
S.�n el recurrente, la temeridad o mala fe aludidas por el art�culo 140 del c�digo en comento, contemplan la conducta espec�fica de ofrecer pruebas sin raz�n. No obstante lo anterior, este supremo tribunal advierte que el art�culo 300 tiene un car�cter admonitorio y el 140 uno sancionador; sin embargo, no se deduce que por existir esta duplicidad de mecanismos se transgreda alguna formalidad del procedimiento.
Este alto tribunal, al resolver el amparo directo en revisi�n 1022/94, promovido por L.S.d.V., en sesi�n p�blica del tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco, estim� que el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal no resulta inconstitucional porque contiene una medida preventiva, para evitar el abuso de los t�rminos extraordinarios de prueba en los procesos civiles; y la sanci�n que contempla s�lo se actualiza cuando la prueba, para cuyo desahogo se solicit� el t�rmino extraordinario, no se reciba por causa imputable al oferente, sin que se impida que, en el evento contrario, esto es, cuando la prueba sea desahogada y no se logre esto �ltimo por causa no atribuible al oferente, �ste pueda obtener la devoluci�n de la cantidad exhibida como dep�sito.
El argumento expresado por el quejoso en el inciso e) es correcto, pero no por ello hace fundado el agravio. Efectivamente, no pueden contraponerse dos garant�as de seguridad jur�dica y, en todo caso, deben respetarse las dos, buscando un justo equilibrio entre ambas. El tribunal a quo sostuvo que no s�lo no se violaba la garant�a de audiencia, sino que se respetaba con la garant�a de acceso a la jurisdicci�n, contemplada en el art�culo 17 del C�digo Supremo, dado que se impart�a, con el mecanismo del art�culo 300, justicia pronta y expedita. Esto es, evitando la recepci�n indebida de pruebas for�neas, se evita la dilaci�n sin causa del proceso y se cumple adem�s con la garant�a del art�culo 17 constitucional que ordena:
Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil.
Las autoridades judiciales tienen el deber jur�dico tanto de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento como de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial. De esta forma, no puede dejarse en estado de indefensi�n al quejoso no recibiendo las pruebas que ofrezca, ni tampoco puede retrasarse indebidamente la resoluci�n de un proceso. Este Tribunal P. advierte, como lo hizo el a quo, que el mecanismo previsto en el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles del Distrito Federal no s�lo no transgrede la garant�a de audiencia, por las razones expuestas, sino que permite la soluci�n pronta y expedita de las controversias ventiladas en los tribunales. En este punto no se desprende que haya divergencia en lo sostenido por el Tribunal Colegiado y este aspecto del primer agravio, aunque es correcto en su planteamiento general, no es suficiente para concluir que sentencia impugnada es incorrecta. Lo mismo debe se�alarse respecto al inciso f) de este considerando, dado que lo aseverado por el recurrente se estima correcto pero no es el motivo por el que se neg� la protecci�n constitucional. Esto es as�, en virtud de que es indebido calificar con anterioridad al desahogo de una prueba y su pertinencia; sin embargo, este razonamiento no gener� el pronunciamiento del Tribunal Colegiado que neg� el amparo. En lo sintetizado en el inciso g) se expresa lo injusto de la exigencia de una cauci�n para el desahogo de una prueba for�nea, favoreciendo a los litigantes ricos.
Este argumento deviene inatendible, dado que no fue esgrimido dentro de los conceptos de violaci�n. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis n�mero 31 del Tomo VI del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, que establece:
"AGRAVIOS EN LA REVISI�N INATENDIBLES. No pueden tenerse como agravios en la revisi�n, las violaciones que no fueron invocadas en la demanda de amparo, dando lugar con ello a que no se oiga a las autoridades responsables."
Por otro lado, lo prescrito en el art�culo 300 que se examina resulta ajeno a la pobreza o riqueza de los litigantes, ya que su objetivo es evitar maniobras que tiendan a lograr una indebida dilaci�n del procedimiento. El �nico afectado, independientemente de su condici�n econ�mica, resulta finalmente el que se encuentre en la situaci�n de haber ofrecido una prueba inconducente y ello se deber� a su indebida conducta procesal y no a lo dispuesto en el precepto.
En el siguiente agravio, el recurrente se duele de que el Tribunal Colegiado haya estimado que el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no violaba el numeral 16 del c�digo supremo, por considerar que el legislador omiti� se�alar los elementos que deben normar la conducta del juzgador para fijar el monto de la cantidad respectiva que se debe depositar como multa para el caso de no rendirse una prueba for�nea. Este agravio es infundado.
El primer p�rrafo del art�culo 16 constitucional ordena: "Nadie puede sermolestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.".
El precepto reproducido consagra la garant�a de legalidad, consistente en el deber jur�dico de toda autoridad que se dirija al gobernado de hacerlo por medio de un mandamiento donde gr�ficamente conste el sentido de su actuar, am�n de que la autoridad debe estar constitucionalmente facultada para realizar dicho procedimiento y debe expresar en la orden escrita el precepto legal aplicable al caso y las razones, motivos o circunstancias que justifican su proceder.
Los antecedentes del precepto que se analiza, en la materia de legalidad, se remontan al art�culo 28 del Decreto C.onal para la Libertad de la Am�rica Mexicana, sancionado en Apatzing�n el veintid�s de octubre de mil ochocientos catorce, que estableci�: "Son tir�nicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley.".
En el art�culo 5o. del proyecto de C.�n Pol�tica de la Rep�blica Mexicana, fechado en la Ciudad de M�xico el diecis�is de junio de mil ochocientos cincuenta y seis, se estableci�: "Todos los habitantes de la Rep�blica, as� en sus personas y familia, como en su domicilio, papeles y posesiones, est�n a cubierto de todo atropellamiento, examen o cateo, embargo o secuestro de cualquier persona o cosa, excepto en los casos prefijados por las leyes y con la indispensable condici�n de que se proceda racionalmente y de que la autoridad competente exprese en su mandato escrito la causa probable del procedimiento, sostenida por la afirmaci�n, al menos de un testigo, y se�ale y describa el lugar que debe ser registrado o la cosa o persona que debe ser secuestrada. En el caso de delito in fraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus c�mplices, poni�ndolos sin demora a disposici�n de la autoridad inmediata.".
La redacci�n actual del art�culo 16, en la parte que se analiza, proviene del art�culo del mismo n�mero de la C.�n Pol�tica de la Rep�blica Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete. Cabe precisar que la redacci�n en esta parte del art�culo 16 de la C.�n de mil ochocientos cincuenta y siete no sufri� variaci�n ni en el proyecto de C.�n de V.C. ni en el texto aprobado por el Constituyente de mil novecientos diecisiete.
Trat�ndose de actos de autoridad legislativa, tal como lo expres� el tribunal a quo, esta Suprema Corte ha considerado que estos extremos se satisfacen a trav�s de la competencia del �rgano que emiti� la norma y en la necesidad social de la regulaci�n. En efecto, la tesis de jurisprudencia obligatoria 146, del Tomo I del Ap�ndice al Semanario Judicial de la Federaci�n 1917-1995, cuyo rubro es "FUNDAMENTACI�N Y MOTIVACI�N DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA." que fue citada y transcrita por el a quo, establece los lineamientos se�alados. As�, el Congreso de la Uni�n estuvo facultado para expedir el C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en uso de las facultades que le daba la fracci�n VI del art�culo 73 de la C.�n, que desde el texto original de la misma hasta la reforma publicada el veintid�s de agosto de mil novecientos noventa y seis, estableci� la potestad de dicho �rgano legislativo de emitir todas las disposiciones relativas al Distrito Federal, someti�ndose a las bases establecidas en la propia fracci�n.
Es evidente la necesidad de establecer el procedimiento de desahogo de las pruebas for�neas, por lo que es l�gico concluir que el art�culo 300 del c�digo adjetivo combatido s� respeta la garant�a de legalidad.
La presunta omisi�n del legislador no se vincula, como lo pretende el quejoso, con el art�culo 16 de la C.�n, sino m�s bien con el 22, el cual establece:
"Quedan prohibidas las penas de mutilaci�n y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
"No se considerar� como confiscaci�n de bienes la aplicaci�n total o parcial de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisi�n de un delito, o para el pago de impuestos o multas, ni el decomiso de los bienes en caso de enriquecimiento il�cito en los t�rminos del art�culo 109.
Queda tambi�n prohibida la pena de muerte por delitos pol�ticos, y en cuanto a los dem�s, s�lo podr� imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevos�a, premeditaci�n o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.
Sobre el tema de las multas excesivas este Tribunal P. ha sentado las tesis de jurisprudencia obligatoria n�meros 7/95, 9/95 y 10/95, publicadas en el Tomo II-Julio, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, que ordenan:
"MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ART�CULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL. Es inexacto que la 'multa excesiva', incluida como una de las penas prohibidas por el art�culo 22 constitucional, deba entenderse limitada al �mbito penal y, por tanto, que s�lo opere la prohibici�n cuando se aplica por la comisi�n de il�citos penales. Por lo contrario, la interpretaci�n extensiva del precepto constitucional mencionado permite deducir que si proh�be la 'multa excesiva' como sanci�n dentro del derecho represivo, que es el m�s dr�stico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensi�n y mayor�a de raz�n debe estimarse que tambi�n est� prohibida trat�ndose de il�citos administrativos y fiscales, pues la multa no es una sanci�n que s�lo pueda aplicarse en lo penal, sino que es com�n en otras ramas del derecho, por lo que para superar criterios de exclusividad penal que contrar�an la naturaleza de las sanciones, debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato constitucional, cuando son excesivas, independientemente del campo normativo en que se produzcan."
"MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De la acepci�n gramatical del vocablo 'excesivo', as� como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el art�culo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades econ�micas del infractor en relaci�n a la gravedad del il�cito; b) Cuando se propasa, va m�s adelante de lo l�cito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuant�a, tomando en cuenta la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia, en su caso, de �ste en la comisi�n del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para as� determinar individualizadamente la multa que corresponda."
MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON INCONSTITUCIONALES. Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuant�a, tomando en cuenta la gravedad de la infracci�n, la capacidad econ�mica del infractor, la reincidencia de �ste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanci�n, obligaci�n del legislador que deriva de la concordancia de los art�culos 22 y 31, fracci�n IV, de la C.F., el primero de los cuales proh�be las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.
Este Tribunal P. no aprecia que se est� frente al supuesto de una multa excesiva, dado que la interpretaci�n de una norma debe hacerse sobre el contexto de otras del mismo ordenamiento y, en el caso, al contrastar sus mandatos con los de la Ley Fundamental se concluye que no se est� frente a una violaci�n a la garant�a referida. En la especie, si bien el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece la potestad del J. de fijar una cauci�n como presupuesto para acordar la recepci�n de una prueba for�nea que se convierte en multa, en caso de no desahogarse, lo cierto es que los art�culos 62 y 63 del propio ordenamiento combatido establecen tanto los lineamientos que debe tomar el juzgador para establecer las sanciones como el procedimiento de defensa en su caso, al preceptuar:
"A.�culo 62. Se entender� por correcci�n disciplinaria:
"I. El apercibimiento o amonestaci�n;
"II. La multa, que ser� en los Juzgados de Paz, el equivalente, como m�ximo, de sesenta d�as del salario m�nimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la comisi�n de la falta; en los de lo Civil, de lo F. o del Arrendamiento Inmobiliario, de ciento veinte d�as del salario m�nimo, como m�ximo, y en el Tribunal Superior de Justicia de ciento ochenta d�as del salario m�nimo, como m�ximo, que se duplicar�n en caso de reincidencia;
"III. La suspensi�n que no exceda de un mes."
"A.�culo 63. Dentro de los tres d�as de haberse hecho saber una correcci�n disciplinaria a la persona a quien se le impuso, �sta podr� pedir al J. o Magistrado que la oiga en justicia; y se citar� para la audiencia dentro del tercer d�a, en la que se resolver� sin ulterior recurso."
De lo anterior, se desprende que al establecerse un m�ximo como sanci�n pecuniaria y al dotar al juzgador de esa facultad es l�gico desprender que �ste deber� razonar las causas y motivos, as� como las circunstancias particulares del caso, al establecer la multa y, por ello, es necesario concluir que no existe la inconstitucionalidad que se pretende porque el precepto combatido no establece los lineamientos que este Tribunal P. ha se�alado como caracter�sticos de una multa excesiva y de las leyes que los contienen.
En el tercer agravio, el recurrente se duele de que el Tribunal Colegiado haya estimado que el art�culo 300 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no viola el art�culo 17 de la C.�n al establecerse un condicionamiento a la admisi�n de pruebas y al establecer una multa excesiva.
El art�culo 17 constitucional, antes transcrito, establece la garant�a de seguridad jur�dica de acceso a la jurisdicci�n.
Dentro de la historia constitucional de M�xico, sobre los temas materia del art�culo 17 constitucional, destaca el art�culo 202 del Decreto C.onal para la Libertad de la Am�rica Mexicana, sancionado en Apatzing�n el veintid�s de octubre de mil ochocientos catorce, al se�alar tajantemente: "En el Supremo Tribunal de Justicia no se pagar�n derechos.".
En el art�culo 18 del Acta Constitutiva de la Federaci�n Mexicana del treinta y uno de enero de mil ochocientos veinticuatro se estableci�, en su parte conducente, lo siguiente: "Todo hombre que habite en el territorio de la Federaci�n, tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia.".
Otro importante antecedente de las prescripciones del vigente art�culo 17 se encuentra en el art�culo 28 del Proyecto de C.�n Pol�tica de la Rep�blica Mexicana, fechado en la Ciudad de M�xico el diecis�is de junio de mil ochocientos cincuenta y seis, al prescribir: "Nadie puede ser preso por deudas de un car�cter puramente civil. Nadie puede ejercer violencia para recobrar su derecho. Los tribunales estar�n siempre expeditos para administrar justicia.".
Dentro de los debates del Congreso Constituyente de mil ochocientos cincuenta y seis-mil ochocientos cincuenta y siete, la discusi�n gir� en torno a la prohibici�n de costas judiciales. S.�n se desprende de los antecedentes arriba indicados, este precepto se present� como art�culo 28 en el Proyecto de C.�n de mil ochocientos cincuenta y seis.
En la sesi�n de veintiuno de agosto de mil ochocientos cincuenta y seis, se aprob� la divisi�n del proyecto de art�culo, quedando, la primera parte, de la forma siguiente: "Nadie puede ser preso por deudas de un car�cter civil.", la cual fue aprobada por unanimidad de los 92 diputados presentes.
Los se�ores Z., G�mez, L., C., M., Ram�rez (don Ignacio), O., G., A.H., M., A., C., C.E., L. y B., presentaron en la sesi�n del veintid�s de agosto de mil ochocientos cincuenta y seis, la siguiente adici�n al art�culo: "Quedan abolidas las costas judiciales.". La cual fue admitida por una considerable mayor�a y pas� a la Comisi�n de C.�n.
Durante la sesi�n del veintis�is de enero de mil ochocientos cincuenta y siete, la Comisi�n de C.�n present� un dictamen consultando si la adici�n de muchos diputados, que pidieron la abolici�n de las costas judiciales, pasar� a la Comisi�n de la L.O.�nica de Justicia. En la sesi�n se insisti� en que suponer que la poca puntualidad en los sueldos equivalga a poner en subasta p�blica la administraci�n de justicia es hacer una gratuita ofensa a la magistratura de la Rep�blica. Textualmente se se�al�:
Si la raz�n del se�or B. ha de mantener las costas judiciales, ser�a preciso establecer costas administrativas, costas parlamentarias, etc�tera, porque todos los funcionarios est�n mal pagados y no es conveniente poner en subasta p�blica la fidelidad de los empleados, la conciencia de los diputados, la lealtad de los militares.
El dictamen fue aprobado.
El diputado I.R.�rez sostuvo:
Si la sociedad paga al gobierno �por qu� ha de tener que comprar la justicia? El pago de las costas es absurdo, es abusivo, es un contraprincipio insostenible.
D.F.Z., con la elocuencia que lo caracteriz�, insisti�:
"Triste es que el pueblo, a quien se llama soberano, contribuyendo a todas las cargas p�blicas, tenga que comprar la justicia como compra la gracia, los sacramentos y la sepultura.".
La adici�n que prohibi� las costas judiciales qued� aprobada por 66 votos contra 15.
El art�culo 17 de la C.�n Pol�tica de la Rep�blica Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, prescribi�:
Nadie puede ser preso por deudas de un car�cter puramente civil. Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estar�n siempre expeditospara administrar justicia. �sta ser� gratuita, quedando en consecuencia abolidas las costas judiciales.
Dentro del Mensaje y Proyecto de C.�n de V.C., fechados en la ciudad de Quer�taro el primero de diciembre de mil novecientos diecis�is, se propuso el siguiente contenido al art�culo 17:
Nadie puede ser preso por deudas de un car�cter puramente civil. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estar�n expeditos para administrar justicia en los plazos y t�rminos que fije la ley, y su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Este precepto fue aprobado sin mayor discusi�n en el Congreso Constituyente de 1916-1917 y fue aprobado por unanimidad.
En la sesi�n ordinaria de la C�mara de Senadores, celebrada el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis, se dio lectura a la iniciativa del Ejecutivo de la Uni�n, con el objeto de reformar los art�culos 17, 46 y 116, y derogar las fracciones VIII, IX y X del art�culo 115 de la C.�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. De la exposici�n de motivos de dicha iniciativa destacan las siguientes ideas:
"La garant�a a la acci�n jurisdiccional est�, pues, establecida en nuestra C.�n en beneficio y protecci�n del individuo, por lo que proponemos enriquecerla y adaptarla al presente, conservando los valores establecidos desde el art�culo 18 del Acta Constitutiva de la Federaci�n de 1824, y recogiendo los principios contenidos en los documentos actuales que atienden a los derechos humanos y a sus libertades fundamentales.
"La impartici�n de justicia que merece el pueblo de M�xico debe ser pronta, porque procesos lentos y resoluciones tard�as no realizan el valor de la justicia; debe ser gratuita, para asegurar a todos el libre acceso a ella; debe ser imparcial, para lograr que se objetive en sentencias estrictamente apegadas a las normas; y debe ser honesta, pues al juzgador se conf�a el destino de la libertad y patrimonio ajenos.
"Los tribunales de justicia deben ser independientes, para fortalecer en la realidad social el principio de divisi�n de Poderes y porque la independencia judicial constituye la primer garant�a de la jurisdicci�n, establecida no precisamente en inter�s del �rgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues s�lo cabe esperar justicia completa y estricta del J. jer�rquicamente libre, dependiente s�lo de la ley.
"La independencia judicial requiere que los Jueces, al actuar, no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisi�n del juez a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando �sta propende a la arbitrariedad.
"A la independencia objetiva se une el conocimiento de lo que se hace y la fe en lo que se hace, pues siempre hemos considerado que una verdadera y aut�ntica independencia judicial, se nutre en una real toma de conciencia del papel que el J. desempe�a en la aplicaci�n del derecho. Estas calidades son el esp�ritu de la autoridad moral del J., pues la autoridad formal le es conferida por la ley.
"El J. es s�mbolo de la justicia y guardi�n del derecho. Por ello los �rganos judiciales deben integrarse con procedimientos de selecci�n que permitan unir al conocimiento del derecho, la vocaci�n, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen J. no se improvisa, requiere del transcurso de a�os de estudio y pr�ctica en los tribunales, para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicaci�n de la ley.
"Selecci�n, formaci�n, eficiencia y preparaci�n adecuadas son, entre otros, los elementos indispensables para el correcto desempe�o de la funci�n jurisdiccional independiente.
"En cuanto a la estabilidad en el cargo, �sta proporciona a los servidores de la administraci�n de justicia la seguridad de que mientras su conducta sea apegada a derecho y obre con justicia, gozar� de permanencia en su puesto. Sin Jueces estables en el desempe�o de su cargo, la independencia en el ejercicio de la funci�n, se ve considerablemente disminuida.
"Finalmente, al J. debe garantizarse una posici�n social digna, proporcion�ndole bienestar econ�mico que permita su total entrega a su ministerio, sin preocupaciones de otra �ndole. Los �rganos de los Poderes Judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relaci�n con la importancia del servicio p�blico que prestan, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administraci�n de justicia.
"El nuevo texto del art�culo 17, que se propone, perfecciona y robustece la garant�a individual de acceso a la jurisdicci�n, al se�alar sus calidades: Independencia en sus �rganos, prontitud en sus procesos y resoluciones, que agote las cuestiones planteadas y sea completa, imparcial paraque asegure el imperio del derecho y gratuita para afirmar nuestra vocaci�n democr�tica.
Las bases que se plantean en esta iniciativa armonizan la necesidad de que los tribunales de justicia cumplan plenamente con los principios que se contienen en el art�culo 17 constitucional que se propone, con el respeto al principio fundamental de la autonom�a constitucional de los Estados. Para ello, las bases contienen la afirmaci�n y los medios para lograr la independencia del Poder Judicial, calidad de la cual deben surgir los restantes atributos de la impartici�n de justicia; y deja a las C.ones y leyes locales, la regulaci�n del Poder Judicial Local, para que ellas establezcan las especiales caracter�sticas y modalidades que m�s se adecuen a las particularidades geogr�ficas, etnogr�ficas, demogr�ficas y econ�micas de cada entidad federativa.
El texto aprobado por el �rgano revisor de la C.�n fue publicado el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete en el Diario Oficial de la Federaci�n y es como actualmente aparece.
El primer p�rrafo del art�culo 17 constitucional propiamente no contiene una garant�a individual, al no satisfacer los lineamientos conceptuales que doctrinaria y jurisprudencialmente se han establecido sobre el tema, y que b�sicamente se concretan en la idea de la existencia de un derecho subjetivo p�blico a favor del gobernado y el correspondiente deber jur�dico de la autoridad de respetarlo. En efecto, dicho p�rrafo por s� mismo no confiere al gobernado ning�n derecho subjetivo p�blico, sino al contrario, impone dos deberes que deber�n ser acogidos como delitos por el legislador ordinario en la elaboraci�n de los c�digos al sancionar la conducta prohibida por el Constituyente. Sin embargo, este primer p�rrafo cobra congruencia cuando se analiza con el restante contenido del art�culo, en especial donde se precisa el derecho de acci�n o de acceso a la jurisdicci�n y sus caracter�sticas. En ese sentido, el actual Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, don J.V.C. sostiene:
Por todo lo anterior, afirmamos y sostenemos que lo dispuesto por el art�culo 17, en el sentido de que ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, seguida de la declaraci�n de que los tribunales estar�n expeditos para administrar justicia, en su integridad conforma una garant�a individual del orden jur�dico, independientemente de la defectuosa redacci�n de dicha disposici�n que podr�a llevarnos a una conclusi�n contraria en un examen superficial de ella.
En la terminolog�a procesal, el p�rrafo en comento proh�be la autocomposici�n o venganza privada. Sobre el particular, el tratadista H�ctor F.F. recuerda:
"En la mayor�a de los pueblos primitivos, los agravios u ofensas cometidos contra el miembro de un grupo son vengados directamente por los miembros de ese grupo. Lo m�s com�n es que el homicidio acarree la muerte del ofensor, pero no s�lo con estos casos. As�, por ejemplo, entre los indios comanches, la muerte del caballo favorito de un hombre pod�a castigarse con la muerte del transgresor.
Una larga tradici�n de pensamiento nos dice que la soluci�n de los conflictos entre los seres humanos debe concentrarse en manos de una instituci�n fuerte e imparcial. Si la soluci�n de estos conflictos se deja a las partes, a la venganza privada, se corre entonces el riesgo de que la violencia se transmita de generaci�n en generaci�n y acabe por destruir a los grupos en conflicto mismos.
Con el surgimiento del Estado y el consiguiente monopolio de la fuerza se acaba esta forma de soluci�n de los conflictos, dando paso a la heterocomposici�n a trav�s del acceso a los �rganos que imparten justicia. El constitucionalista del siglo pasado don Jos� Mar�a L., al comentar el art�culo 17 de la C.�n de mil ochocientos cincuenta y siete, apunta:
"Establecer como regla general que el hombre tiene derecho de hacerse justicia por s� mismo, aun en los casos en que evidentemente la tiene, ser�a destruir en su base el orden social, sustituyendo en su lugar la m�s espantosa anarqu�a y en lugar del imperio de la ley el imp�o reinado de la fuerza."
No obstante lo apuntado anteriormente, como indica el propio F.F., el monopolio de la violencia leg�tima por parte del Estado no significa que est�n prohibidas todas las formas de autodefensa, es decir, de soluci�n de un conflicto por una de las partes. Hay algunas excepciones muy limitadas y que est�n sometidas, eventualmente, al control y la vigilancia del Estado, ya que si no cumplen ciertos requisitos, se convierten en actos il�citos. Es el caso de la leg�tima defensa en el derecho penal, que permite causar un da�o a un bien jur�dico protegido si �sta es la �nica manera de proteger otro de mayor valor; o la retenci�n de bienes que autoriza el C�digo Civil para el Distrito Federal en diversas hip�tesis, para garantizar el pago de una deuda; cabe citar tambi�n la huelga, como forma de lograr prestaciones laborales o la misma excluyente de responsabilidad penal de la leg�tima defensa.
El segundo enunciado del art�culo 17 constitucional es el central del precepto y consagra lo que doctrinariamente ha sido conocido como derecho de acci�n o de acceso a la jurisdicci�n. El gobernado tiene el derecho subjetivo p�blico de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones y los �rganos del Estado encargados de la jurisdicci�n tienen el correlativo deber jur�dico de tramitarlas y resolverlas. El derecho subjetivo p�blico contenido en este p�rrafo se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen los gobernados de acudir a los �rganos jurisdiccionales para dilucidar su pretensiones. Es a trav�s de esta prerrogativa que los gobernados pueden iniciar el proceso que deber� culminar con una resoluci�n. El incumplimiento del derecho subjetivo p�blico aqu� establecido se conoce como "denegaci�n de justicia".
Es menester destacar que el derecho de acci�n contenido en esta parte del numeral decimos�ptimo del C�digo Supremo no es m�s que un tipo o especie del derecho de petici�n consagrado dentro del art�culo 8o. constitucional que consiste en que todo gobernado pueda dirigirse a las autoridades con la certeza de que recibir� una respuesta a la solicitud que formula.
El tercer p�rrafo del art�culo en an�lisis corresponde propiamente a un mandato de la parte org�nica. El Legislador Constituyente ordena a los Poderes constituidos establecer, a trav�s de la legislaci�n ordinaria federal y local, los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. La exposici�n de motivos de la reforma de mil novecientos ochenta y siete se�ala sobre el particular (sic):
Una condici�n esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los �rganos de la justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. La divisi�n de Poderes es una primera garant�a de la independencia del Poder Judicial, que debe ser capaz de cumplir sus funciones sin injerencias indebidas de los otros Poderes. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo intervienen, por ejemplo, en la aprobaci�n de las leyes org�nicas de los tribunales o en el nombramiento de los Magistrados de mayor jerarqu�a, pero no pueden inmiscuirse en la elaboraci�n o revisi�n de sus fallos. El Poder Judicial goza tambi�n de otras garant�as funcionales, como el manejo aut�nomo de su presupuesto.
Doctrinariamente, a esos mecanismos se les conoce como garant�as judiciales, entre ellas destacan las de nombramiento, estabilidad, remuneraci�n, responsabilidad y carrera judicial.
Otra de las caracter�sticas del servicio p�blico de impartici�n de justicia en nuestro pa�s es la gratuidad, lo que implica la prohibici�n de costas judiciales. Se trata de una garant�a individual que opone el gobernado al Estado, impidi�ndole cobrar los derechos correspondientes por haber recibido un servicio p�blico, en este caso el de administraci�n de justicia.
D.J.V.C. aclara:
La gratuidad en la administraci�n de justicia tiene como contenido la eliminaci�n de la pr�ctica de cobrar al accionante el costo del aparato judicial, y de las personas que lo manejan. No es una referencia a las costas judiciales referidas en los c�digos de procedimientos, ya que dichas costas ?cuando se les decreta? constituyen de hecho una sanci�n impuesta a la parte perdidosa por haber obligado a su contraparte a litigar, no existiendo una base s�lida para la imposici�n del proceso. La prohibici�n constitucional no se refiere a estas costas judiciales, sino a la ya indicada obligaci�n por parte del Poder p�blico de proporcionar todos los elementos necesarios para la impartici�n de la justicia en forma gratuita. Si no fuere as�, las personas de escasos recursos no podr�n solicitar justicia dada su falta de capacidad econ�mica.
De lo expuesto se puede afirmar que ni de la interpretaci�n gramatical ni causal teleol�gica del art�culo 17 constitucional, se desprende, como lo pretende el recurrente, que el citado precepto proh�ba sanciones por una conducta procesal inadecuada ni rige nada en materia de pruebas. La gratuidad en la impartici�n de justicia se refiere a la imposibilidad en nuestro sistema jurisdiccional de establecer alguna contribuci�n por el servicio p�blico de administraci�n de justicia. As� lo ha reconocido el Tribunal P. al aprobar la tesis LXVII/95, publicada en el Tomo II-Noviembre, Novena �poca, del Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, a foja 154 que dice:
COSTAS JUDICIALES. PROHIBICI�N CONSTITUCIONAL DE LAS.? Lo prohibido por el segundo p�rrafo del art�culo 17 constitucional cuyo antecedente se halla en la C.�n de 1857, es que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en la administraci�n de justicia, una determinada cantidad de dinero, como contraprestaci�n por la actividad que realizan, esto es, que las actuaciones judiciales no deben implicar un costo directo e inmediato para el particular, sino que la retribuci�n por la labor de quienes intervienen en la administraci�n de justicia debe ser cubierta por el Estado, de manera que dicho servicio sea gratuito, y por ende est�n prohibidas las costas judiciales.
De esta forma, este agravio tambi�n deviene infundado, dado que la prohibici�n del art�culo 17 se refiere al servicio p�blico de administraci�n de justicia y el precepto constitucional en cita nada tiene que ver en materia de multas por conductas procesales inadecuadas.
? En su segundo agravio, el recurrente manifiesta que el art�culo 291 del C�digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es violatorio de garant�as porque se exige la formalidad de que al ofrecer la prueba testimonial se se�ale el domicilio de los testigos y, de no hacerlo, se establece como sanci�n el desechamiento de la prueba. Este agravio en su totalidad es infundado porque el recurrente atribuye a la omisi�n de una conducta procesal una consecuencia que la ley no establece.
El art�culo 291 ordena:
Las pruebas deben ser ofrecidas relacion�ndolas con cada uno de los puntos controvertidos, declarando el nombre y el domicilio de testigos y peritos, y pidiendo la citaci�n de la contraparte para absolver posiciones. Si no se hace relaci�n de las pruebas ofrecidas, en forma precisa, con los puntos controvertidos, ser�n desechadas.
El precepto reproducido establece el deber jur�dico de los litigantes de relacionar las pruebas ofrecidas con los puntos controvertidos, declarando el nombre y el domicilio de testigos y peritos, y pidiendo la citaci�n de la contraparte en el caso de la prueba confesional. Sin embargo, contrariamente a lo afirmado por el quejoso, la �nica omisi�n que tiene establecida una sanci�n, es la de no haber hecho la relaci�n de las pruebas ofrecidas en forma precisa, con los puntos controvertidos, estableci�ndose para este caso la consecuencia jur�dica del desechamiento de la probanza ofrecida. As�, el precepto combatido por inconstitucional no establece la hip�tesis de sanci�n que considera inconstitucional el recurrente, respecto al se�alamiento del domicilio de los testigos que, si bien se establece como un deber para el litigante, tambi�n es que el legislador no le estableci� ninguna consecuencia. De esta forma, no es posible analizar la constitucionalidad del precepto dada la falta de congruencia entre lo expresado por el recurrente y lo ordenado por el precepto tildado de inconstitucional.
El recurrente expresa en un tercer agravio, que las consideraciones vertidas por el a quo, respecto al an�lisis del s�ptimo concepto de violaci�n donde el quejoso expres� en s�ntesis la falta de fundamentaci�n y motivaci�n de la sentencia recurrida, son ilegales. El mismo resulta inoperante, pues la revisi�n en amparo directo no puede abordar cuestiones ajenas a las limitativamente se�aladas, o sea, a las que se refieren a la constitucionalidad de la ley. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis LXXV/89 del Tribunal P., publicada en la Octava �poca del Semanario Judicial de la Federaci�n, Tomo III, Primera Parte, a foja 182, que se�ala:
REVISI�N EN AMPARO DIRECTO. AGRAVIOS INOPERANTES SI SON AJENOS A LA CUESTI�N CONSTITUCIONAL PLANTEADA.? De conformidad con el art�culo 83, fracci�n V, segundo p�rrafo, de la Ley de Amparo, la materia del recurso de revisi�n contra resoluciones que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia de amparo directo, se limitar�, exclusivamente, a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En consecuencia, todo agravio ajeno a las cuestiones constitucionales examinadas en la resoluci�n recurrida resulta inoperante.
Dado lo infundado, inatendible e inoperante de los agravios, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.
? Se confirma la sentencia recurrida.
? La Justicia de la Uni�n no ampara ni protege a L.F.�ndez C., contra el acto que reclam� de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
N.�quese y c�mplase. Con testimonio de esta resoluci�n, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, arch�vese el toca.
P.�quense las consideraciones de la presente ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta.
As� lo resolvi� la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, funcionando en P., por unanimidad de diez votos de los Ministros A.A., A.G.�itr�n, C. y C., D�az R., G�ngora P., O.M., R.P., S.C., S.M. y presidente A.A.�n. El Ministro Gudi�o P. no asisti�, por estar disfrutando de vacaciones. Fue ponente el M.M.A.G.�itr�n.
Nota: Las tesis P. CXXV/97 y P. CXXVI/97, emanadas de esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo VI-Agosto, p�gina 41.
La tesis invocada en la parte final de esta ejecutoria aparece publicada como jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federaci�n y su Gaceta, Novena �poca, Tomo II-Diciembre, p�gina 174.

References: e contrario
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