Source: https://es.scribd.com/document/101754162/Nuevo-Codigo-de-Procedimiento-Penal
Timestamp: 2017-10-21 07:05:02+00:00

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Cargado por Juan Salvador
EL TEXTO QUE SE DESARROLLA A CONTINUACIÓN ES EL DOCUMENTO ORIGINAL FORMULADO POR LA COMISIÓN REDACTORA DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
Y EN CONSECUENCIA CORRESPONDE AL PROYECTO PRESENTADO AL CONGRESO NACIONAL. POR TANTO, ALGUNOS TEMAS HAN SIDO OBJETO DE MODIFICACIONES DURANTE LA DISCUSION CONGRESAL QUE FINALMENTE DIO LUGAR AL ACTUAL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (LEY Nº 1970), POR LO QUE RESPETANDO SU REDACCIÓN ORIGINAL, LOS PRINCIPALES CAMBIOS SUFRIDOS APARECEN DESTACADOS CON LETRAS DE COLOR AZUL, AÑADIENDOSE EN LETRA COLOR ROJO LOS COMENTARIOS QUE CORRESPONDAN, SEGÚN EL CRITERIO DEL AUTOR, ARTURO YAÑEZ. EXPOSICION DE MOTIVOS En septiembre del año 1994 el Ministerio de Justicia organizó el Seminario sobre "Experiencias de Reforma Procesal en Latinoamérica, Perspectivas para Bolivia", cuya orientación se enmarcó en la tendencia ya consolidada en América Latina por fortalecer el Estado de Derecho; evento que concluyó con la recomendación general de la impostergable necesidad de iniciar un proceso de reforma estructural de la justicia penal, que comprenda una revisión global del Código de Procedimiento Penal vigente. Consecuente con los lineamientos del Seminario, el Ministerio de Justicia, en uso de la facultad conferida por el artículo 17 inc. f) de la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo, mediante R.M. Nº 15794 de 19 de diciembre de 1994, constituyó la Comisión Redactora del anteproyecto del Código de Procedimiento Penal, presidida por el Ministro de Justicia, Rene Blattmann Bauer y conformada por los abogados: Oscar Crespo Solíz, Amanda Arriarán de Zapata, José Cassab Salaues, Fernando Navajas Baldivieso, Reinaldo Imaña Arteaga y Angel Aruquipa Chui, quedando designado como coordinador general de la Comisión el Subsecretario de Derechos Humanos, Carlos Alarcón Mondonio y como relatores los abogados Reinaldo Imaña A. y Fernando Navajas B. Comisión que contó con el asesoramiento técnico de los Doctores Alberto M. Binder y Fernando Cruz Castro. La Comisión inició formalmente sus actividades en febrero de 1995, y su trabajo se basó en recomendaciones y lineamientos definidos en el referido Seminario, con relación a los principales problemas del proceso penal, a saber: 1. El sistema de justicia penal atraviesa una crisis estructural, cuyo aspecto más crítico es la retardación manifiesta que impide la realización de una justicia pronta y cumplida. 2. La carencia de un mecanismo apropiado de selección de acciones y delitos; que se traduce en una sobrecarga de trabajo de los jueces y tribunales penales. 3. La distorsión de la etapa de la instrucción por tres hechos esenciales: - Se reduce a una reproducción y ratificación de las diligencias de policía
judicial, que no constituyen propiamente una investigación porque se realizan en la mayor parte de los casos sin ningún tipo de control, ya sea funcional o jurisdiccional. - El juez instructor actúa en un rol dicotómico de investigador y contralor de los derechos y garantías del imputado; debido al carácter incompatible de estas funciones, ninguna de las mismas se cumple eficazmente. - El Ministerio Público no ejerce las atribuciones conferidas constitucionalmente, como son: investigar, recolectar elementos de convicción y fundar su acusación en la etapa del plenario, limitándose su actuación a una intervención meramente dictaminadora. 4. La ausencia de un verdadero juicio oral, público y contradictorio debido a que en la práctica el Juez de Instrucción ratifica todo lo actuado por la Policía Técnica Judicial, así como por la existencia de normas que impiden su real y plena vigencia, aunque paradójicamente otras disposiciones lo consagran. 5. Absoluta ineficacia del Estado para la persecución de la delincuencia organizada, la corrupción y los delitos verdaderamente graves, puesto que irracionalmente concentra sus esfuerzos persecutorios en la delincuencia convencional. 6. Proliferación de recursos provocando demora y arbitrariedad constituyéndose en un factor agravante de la retardación de justicia. El grave agotamiento y crisis del sistema de administración de justicia penal, incapaz para enfrentar con éxito la impunidad, incapaz para generar confianza en la ley y en las instituciones públicas, así como para resolver los conflictos, condujeron a reconocer la necesidad del cambio legislativo en la justicia penal. Entre los problemas detectados, los más graves requerían soluciones urgentes porque estaban conduciendo al sistema a un colapso inminente. En este sentido, desde el Ministerio de Justicia se ha proyectado e impulsado la promulgación de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales, que ha derogado las arbitrarias normas de nuestra legislación que permitían que el condenado habiendo cumplido la pena impuesta siga privado de libertad por no haber pagado las costas procesales y los daños civiles. No obstante que la figura de los detenidos por deudas se encuentra claramente proscrita en instrumentos jurídicos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y erradicada de la mayoría de las legislaciones; en Bolivia estaban vigentes normas dispersas que indebidamente establecían el apremio corporal contra el deudor en diversas situaciones jurídicas: incumplimiento de obligaciones tributarias, incumplimiento en el pago de beneficios sociales, multas electorales, honorarios profesionales adeudados al abogado y otras. Esta arbitraria situación ha sido corregida por la referida Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales promulgada el 15 de diciembre de 1994. Considerando la grave situación de los menores y ancianos privados de libertad, debida a la inversión del sistema penal y al incumplimiento de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley de
Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios, también desde el Ministerio de Justicia se proyectó e impulsó la promulgación de la Ley de Indulto para Menores y Ancianos Presos con el propósito de atenuar las graves consecuencias que la retardación de justicia y las deficiencias del sistema penitenciario producen en estos sujetos particularmente vulnerables al impacto del régimen carcelario. La retardación de justicia, que constituye el gran cáncer de nuestro sistema procesal, había permitido alcanzar situaciones absolutamente atentatorias con el Estado de Derecho, por ejemplo mantener privada de libertad a una persona que, después de varios años de proceso, eventualmente era declarada inocente o absuelta, o permitir que esté en detención preventiva un tiempo mayor al máximo de la pena que se le podría imponer por el delito por el cual se la procesaba. En las cárceles de Bolivia, la mayoría de los presos se encontraban en calidad de detenidos preventivos o formales, desnaturalizando el principio constitucional de que no puede existir pena alguna sin que antes se haya determinado la culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada. El principio constitucional de presunción de inocencia carecía de vigencia real debido a que el mayor número de reclusos estaba constituido por presos sin condena saturando los recintos penitenciarios y creando intolerables condiciones de hacinamiento carcelario. Estas dramáticas e injustas situaciones requerían de una solución pronta, por lo que el Ministerio proyectó una disposición legal tendiente a racionalizar el uso de la detención como medida cautelar y de eliminar las diferencias odiosas e injustificadas que no permitían a las personas en situación de pobreza obtener su libertad en el curso de un proceso penal. Así, se pudo lograr la promulgación de la Ley de Fianza Juratoria contra la Retardación de Justicia Penal el 2 de febrero de 1996. Este instrumento normativo incorpora como institución novedosa en nuestro ordenamiento jurídico la fianza juratoria que cumple cuatro funciones fundamentales: permite la libertad provisional de aquellas personas que por su estado de pobreza se encuentran imposibilitadas de otorgar fianza real o personal, permite la libertad provisional de aquellas personas que habían cometido delitos leves y que con gran probabilidad, si resultaren condenados al momento de la sentencia, esta no se ejecutaría por favorecerlas el perdón judicial o la suspensión condicional de la pena, establece límites temporales a la detención preventiva permitiendo así la libertad provisional automática al vencimiento de los plazos señalados e incorpora la libertad provisional en la Ley 1008, como forma de subsanar injusticias y eliminar los aspectos inconstitucionales de la misma. La Ley de Fianza Juratoria contra la Retardación de Justicia Penal establece claramente que "…la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad, la actuación de los tribunales de justicia y el cumplimiento de la ley..." Es así que se ha iniciado un proceso de cambio cualitativo en la regulación de las medidas cautelares y en la concepción del sistema de- administración de
justicia penal, para que se convierta en un sistema respetuoso de las garantías constitucionales y, a la vez, eficaz en la resolución de conflictos. Pretendemos ahora, consolidar y fortalecer este cambio con el Proyecto del Código de Procedimiento Penal. El Proyecto se inspira fundamentalmente en los principios republicanos que orientan el proceso y el sistema de administración de justicia, establecidos en nuestra Constitución Política del Estado, en los criterios universales de justicia proclamados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y otros pactos internacionales referidos a la materia. El Proyecto es una propuesta de cambio del sistema de justicia penal a nivel global, estructural, que se inscribe dentro de la corriente latinoamericana de modernización de la administración de justicia penal orientada por el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que ha sido elaborado por el instituto Iberoamericano de Derecho Procesal durante casi veinte años de trabajo por connotados especialistas de la materia. El referido Código Procesal Modelo para Iberoamérica teniendo como fuentes las leyes procesales de Francia, Italia, España y la Ordenanza Procesal Alemana, contiene una propuesta básica, concreta y operativa de un sistema penal que recoge los mecanismos mas aptos para solucionar los conflictos sociales que requieren de la justicia penal. En esta perspectiva y en coincidencia con las reformas introducidas en el resto de los países del continente y las corrientes modernas de derecho penal, la Comisión Redactora buscó introducir en la reforma procesal penal la instauración del sistema acusatorio, reflejado en el diseño constitucional del proceso penal, caracterizado por el sistema de juicio oral, y fundado en los principios de publicidad, inmediación, concentración, celeridad y economía procesal. El Juicio oral y público es entendido como el momento cumbre del proceso penal, la fase esencial del proceso para la comprobación del delito y la responsabilidad del encausado con plenitud de jurisdicción y desde esta perspectiva es que se ha estructurado todo el proceso penal. Como es usual y de buena técnica legislativa para la redacción del presente Proyecto se ha recurrido al derecho comparado, porque sería absurdo no aprovechar todo el bagaje de conocimientos acumulados durante años de estudios en Derecho Procesal Penal. Se ha consultado el derecho comparado, no con el fin de reducir el trabajo a la simple reproducción de normas sino con una meta mucho más práctica y estudiada que es reconocer los errores y aciertos de nuestro sistema, identificar las instituciones que han demostrado satisfacer de mejor manera problemas que son comunes a otros países para así formular un sistema sólidamente respaldado, acorde con nuestra realidad histórica. Así, entre otros antecedentes se ha tomado en cuenta, principalmente: la reforma a la Ordenanza Procesal Penal Alemana, el Código Procesal Penal de la Nación Argentina, el Código de Procedimiento Penal de la
Provincia de Córdoba, el Código de Procedimiento Penal de Costa Rica y el Código de Procedimiento Penal Italiano. Considerando las similitudes de la situación de la justicia penal en los países latinoamericanos en los que los problemas que se deben resolver son prácticamente los mismos, sin que por ello se hayan descuidado las particularidades propias de nuestra realidad nacional, también se han consultado las nuevas legislaciones sobre la materia recientemente, proyectadas en Latinoamérica y que también se inscriben en la corriente del Código Procesal Modelo para Iberoamérica, en especial: el Código Procesal Penal de Guatemala, en Anteproyecto de Código Procesal Penal del Paraguay, el Anteproyecto de Código de Procedimiento Penal de El Salvador y el Anteproyecto de Código de Procedimiento Penal de Chile. Es preciso anotar que no se dejó de tomar en cuenta el vigente Código de Procedimiento Penal de Bolivia de 1972, el Proyecto de Código Procesal para Bolivia elaborado por el Profesor Manuel López Rey y Arrojo y el Anteproyecto de Código de Procedimiento Penal elaborado por los Dres. Enrique Oblitas Poblete. Julio López y José Flores Moncayo para rescatar las instituciones adecuadamente reguladas e identificar sus errores y aciertos, para así evitar los primeros y fortalecer los segundos. Sin embargo, como estos cuerpos normativos respondían a otras necesidades y problemas, a los que el sistema inquisitivo adoptado no pudo dar una adecuada solución no se los siguió en sus líneas generales. En la redacción del Proyecto se ha tomado en cuenta la situación de la justicia penal de nuestro país, los problemas a los que había que dar respuesta y se ha procurado incorporar los mecanismos que en la práctica (nacional y extranjera) han demostrado ser los más idóneos para solucionarlos. No obstante que se plantea un cambio estructural y profundo, a nivel global y acorde con las necesidades identificadas, en la formulación de las normas se ha respetado nuestra tradición jurídica. Conviene aclarar que por tradición jurídica se entienden los principios y bases republicanos del sistema y no los usos o prácticas procedimentalistas que desnaturalizan el debido proceso: las formalidades rutinarias de la práctica forense no pueden confundirse con la tradición jurídica o la idiosincrasia del país. El Proyecto ha sido dividido en dos partes. En la primera, denominadaPARTE GENERAL, se desarrollan todas las instituciones procesales comunes, presentes en todos los procedimientos, estableciendo sus características, formas y finalidades. Comprende seis libros. En el Libro Primero: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES que consta de dos títulos se han regulado en primer término los principios y garantías constitucionales que orientan y forman el proceso penal, además de limitar el poder represivo del Estado mereciendo especial atención el principio de inocencia y todas sus manifestaciones, fundamentalmente el derecho que tiene el imputado de ser tratado como inocente desde el primer acto del procedimiento, el derecho que tiene a no declarar en contra de sí mismo y a guardar silencio, la aplicación de medidas cautelares en su contra sólo en casos absolutamente indispensables. Se establece que las garantías constitucionales y principios en él enumerados
deben ser siempre utilizados como fundamento de toda interpretación, y que su observancia es obligatoria en todo procedimiento que conlleve el ejercicio de la coerción penal estatal, tratando de evitar de este modo que a título de reprimir la criminalidad se violenten las garantías constitucionales y los derechos humanos fundamentales. Se establecen otros principios esenciales, tales como el "non bis in ídem", que prohibe que una persona sea perseguida más de una vez por el mismo hecho, o el de "legalidad de la prueba", que prohibe la utilización de pruebas obtenidas ilícitamente u originadas en procedimientos ilícitos, como el medio más eficaz para evitar que los órganos encargados de la investigación criminal, en su actividad persecutoria, incurran en violaciones a las libertades y garantías constitucionales. En segundo lugar, se regulan los fundamentos que gobiernan el régimen de las acciones que nacen del delito. Se reconoce la clasificación de la acción penal en pública y privada. La pública puede ser ejercida de dos formas: la primera, de oficio por el Ministerio Público respecto de la mayoría de los delitos y la segunda, a instancia de parte sólo en determinados casos, en cambio la privada sólo podrá ser ejercida por el damnificado sin intervención del Ministerio Público. Como emergencia de esta modificación del régimen de la acción se reordenaron los delitos de orden público y privado, ampliando el catálogo de estos últimos. Ante la incontrovertible verdad de que el Estado no tiene ni tendrá la capacidad de perseguir todos los delitos cometidos, que no cuenta con un mecanismo apropiado de selección de acciones y delitos y a fin de evitar los mecanismos de selección completamente arbitrarios que operan en la práctica, se establece: - El principio de oportunidad reglada, que permitirá al órgano acusador prescindir de la persecución de cierta clase de delitos en base a parámetros universalmente admitidos tales como delincuencia de bagatela, pena natural, saturación de la pena y cooperación internacional. - Salidas procesales alternativas, mediante mecanismos tales como la conciliación, suspensión del proceso a prueba, extinción de la acción penal en los delitos de contenido patrimonial por el resarcimiento del daño. - En consecuencia, se han ampliado considerablemente los motivos de extinción de la acción penal, mereciendo especial atención el caso de lajusticia comunitaria, al contemplarse como otro motivo de extinción de la acción penal, la forma en que los pueblos indígenas resuelven sus conflictos emergentes de delitos que afecten bienes jurídicos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas. Es así que en este Libro se encuentran normados los cimientos del proceso penal y permiten conocer Ia orientación de la reforma. En el Libro Segundo. LA JUSTICIA PENAL Y LOS SUJETOS PROCESALES, se han introducido modificaciones importantes en cuanto a la constitución y organización de los órganos judiciales, imprescindibles por la reforma estructural emprendida, a ello obedece el carácter orgánico de muchas de sus normas. Se redefine la competencia del Juez de Instrucción, dejándose de lado la
dualidad incompatible de funciones que le obliga a actuar como investigador y al mismo tiempo como contralor de los derechos y garantías del imputado. La instauración del sistema acusatorio implica acabar con la figura del juez inquisidor, y con ello el Proyecto ha sido intransigente al limitar las funciones del juez de instrucción primordialmente al control de las garantías constitucionales del justiciable, quedando expresamente prohibido de cumplir funciones de investigación. En lugar de los Jueces de Partido en lo penal, se crean los Tribunales de Sentencia, que son los que se encargarán de la substanciación del juicio oral y publico, estos son colegiados y están conformados por tres jueces técnicos. Se ha optado por tribunales colegiados porque estos satisfacen mejor las exigencias de un juicio oral como el estructurado por el Proyecto. Es asi que el sistema acusatorio, con el juicio oral y público, requiere de un órgano de administración de justicia colegiado, la decisión sobre si un hombre debe o no ser sometido al poder penal del Estado no puede recaer en manos de una sola persona. Por ello es imprescindible un modelo de decisión que permita una autentica deliberación para poder fundamentar la decisión final (sentencia) inmediatamente después de, concluida la producción de prueba. Por otra parle, en búsqueda de una democracia participativa en la que el ciudadano asuma un papel activo respecto a la vida institucional del país, se introduce la figura de los jurados, obedeciendo a la firme convicción de que de esta manera se acerca la justicia penal a la realidad social y se crea un electivo mecanismo de control social sobre las decisiones judiciales, contribuyendo así a la democratización del Poder Judicial. Este aspecto, uno de los más novedosos del Proyecto, origina lo que se ha llamado Tribunales de Sentencia Mixtos en la versión final denominados simplemente Tribunales de Sentencia, compuestos por jueces técnicos y por ciudadanos no profesionales en derecho que actúan como un tribunal colegiado en igualdad de condiciones, es decir con los mismos derechos, facultades y obligaciones desde el inicio del juicio hasta el dictado de la sentencia, pronunciándose conjuntamente -a diferencia del jurado clásicosobre la culpabilidad y la pena. Estos tribunales se han establecido para el conocimiento de determinados delitos, donde la infracción penal resiente con mayor intensidad el interés público. Esta innovación también en buena medida garantiza la independencia de la función judicial, pues se disminuye la manipulación política a que generalmente se hallan expuestos los jueces permanentemente. Por su importancia, el Proyecto le ha asignado un capítulo especial, en el que se regulan los requisitos e impedimentos para cumplir la función jurisdiccional, los mecanismos de selección, su integración a los tribunales técnicos, sus deberes y facultades, las sanciones en caso de incumplimiento, capacitación, etc. Merece destacarse la incorporación de los Jueces de paz como una forma de solucionar el deficiente acceso a la justicia, su incorporación también permite suplir en casos de extrema urgencia, la ausencia de jueces de instrucción en el lugar del conflicto, así como sustraer de la institución policial el juzgamiento de
las faltas y contravenciones. Los Jueces de paz no fueron finalmente contemplados en la redacción final de la Ley Nº 1970. Asimismo, se ha introducido a los Jueces de Sentencia, conformados por un solo juez técnico, encargado de la sustanciación y resolución de los juicios por delitos de acción privada, los juicios por delitos de acción pública sancionados con pena no privativa de libertad o con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de cuatro años o menos, además de otras atribuciones contenidas en el artículo 53 de la Ley Nº 1970. Con relación a los Jueces de vigilancia, ahora llamados jueces de ejecución penal, el Proyecto supera notablemente la idea de su papel como un mero inspector de los recintos carcelarios, asignándole funciones acordes a la judicialización del cumplimiento de la pena, en cuya virtud se desconcentran las atribuciones del juez de instancia, ampliándose las potestades y funciones del Juez de vigilancia, ahora juez de ejecución penal quien en adelante tendrá a su cargo todas las consecuencias emergentes de la ejecución de las sentencias condenatorias y de la calidad de vida del condenado al interior de los establecimientos penitenciarios. La instauración de un sistema verdaderamente acusatorio no se satisface sin una correcta ubicación del órgano acusador en el proceso penal, y que traduzca la necesaria diferenciación de las funciones estatales en el ejercicio de la coerción penal, donde las funciones de investigar y acusar, por una parte, y la de decidir por la otra, estén encomendadas a órganos estatales diferentes. Siguiendo esta premisa rectora del sistema acusatorio, el Proyecto redefine la ubicación y funciones de la Fiscalía, reservando para este órgano la realización de la investigación preliminar, cuya consecuencia lógica es que también la promoción de la acción penal quede a su cargo. De esta forma también se evita la incoherencia de que el fiscal acuse sobre la base de elementos probatorios que él no ha recogido. Se regula el funcionamiento de la Policía Técnica Judicial como un organismo auxiliar directo de la Fiscalía, que cumple funciones de investigación de los delitos, siempre bajo la estricta dirección y el control de la misma; se establece así la subordinación de todos los funcionarios policiales que ejerzan funciones de policía judicial, subordinación que se traduce en el deber de obediencia no sólo a la Fiscalía sino también a los órganos jurisdiccionales respecto a los procedimientos iniciados. Durante el plenario o juicio, el fiscal tendrá bajo su responsabilidad la iniciativa probatoria para el descubrimiento de la verdad. El ejercicio de la mayoría de las facultades de investigación, que antes detentaba autónomamente el juez, queda condicionado al pedido de las partes. Con relación al imputado se han incorporado también sustanciales modificaciones con el único objetivo de otorgarle su verdadero status al interior del proceso penal, es decir el de un verdadero sujeto procesal que ya no podrá ser tratado como un mero objeto de persecución. En el Proyecto se regula la inviolabilidad de la defensa, con sus manifestaciones: la defensa material que reconoce en favor del imputado el derecho a defenderse por sí mismo y la defensa técnica como un derecho
irrenunciable; asignando la debida importancia a la defensa material muy particularmente a su principal manifestación, cual es la declaración del imputado, la que en adelante, ya no podrá ser concebida como un medio de prueba incriminatorio sino como lo que realmente debe ser en un Estado de Derecho, es decir, como un medio esencialmente defensivo. En el entendido de que si bien es cierto que al Estado le interesa crear los mecanismos más idóneos para una eficaz persecución penal, no es menos evidente que, en la misma medida, también le interesa que el imputado sea defendido de la mejor manera posible. Por ello se regula la defensa técnica como un derecho irrenunciable y en este sentido se fortalece la defensa pública, puesto que el Estado tiene la obligación de proporcionar una eficaz defensa técnica no sólo en favor de, aquellas personas que debido a su situación económica no puedan procurarse un abogado particular, sino también aún en aquellos casos en que el imputado se niegue a designar un defensor particular. El texto final, contiene el capítulo relativo a la DEFENSA ESTATAL DEL IMPUTADO, introduciendo además de la Defensa Pública dependiente del órgano ejecutivo, a la Defensa de Oficio dependiente del Judicial y a otras formas de defensa y asistencia previstas por ley. Finalmente se reivindica el derecho que tiene la víctima de ser escuchada e informada de los resultados del procedimiento, aunque no haya intervenido como querellante. Se recupera así su condición de sujeto natural del proceso penal. El Libro Tercero, norma toda la ACTIVIDAD PROCESAL necesaria para alcanzar los fines genéricos del proceso, y se supera altamente la concepción puramente formalista que ha regido la conducta y el accionar procesal de todos los sujetos procesales. Esto no significa un abandono total de las formas que hacen a la validez de los actos procesales, significa en cambio su correcta jerarquización atendiendo a la importancia de la garantía que pretende asegurar, significa entender que la observancia de las formas no es un fin en si mismo, significa desechar aquellas formas que sólo se conservan por hábito y que no garantizan nada y que por el contrario únicamente han servido para entorpecer la marcha del procedimiento. Por otra parte, se ha tratado de dar plena vigencia al principio de la justicia pronta y cumplida a través de mecanismos idóneos que permitan un efectivo control de la retardación de justicia y siguiendo los principios establecidos en la Ley de Fianza Juratoria, se consagra el derecho que tiene toda persona a una decisión judicial definitiva en un plazo razonable, estableciéndose así que todo proceso tendrá una duración máxima computable desde el primer acto del procedimiento. El mecanismo propuesto para un efectivo control de la retardación de justicia, responde a la idea de que si el transcurso de los plazos produce electos sustanciales sobre los actos procesales en particular, con mayor razón debe producirlos respecto del proceso en sí y de todas aquellas medidas que
restringen la libertad antes de la condena; en esta perspectiva se tiene previstos como electos sustantivos: - la extinción penal cuando haya vencido el plazo máximo de duración del procedimiento sin haberse pronunciado sentencia definitiva. - la inmediata libertad cuando se haya solicitado la revisión o se haya impugnado una medida cautelar privativa de libertad y no sea resuelta dentro del plazo legalmente establecido. - la admisión de la solución propuesta por el recurrente, cuando los recursos no sean resueltos dentro de los plazos legalmente establecidos. La redacción final de la norma, mediante el artículo 133 contempla la extinción de la etapa preparatoria, permitiendo su ampliación cuando la investigación sea compleja en razón a que los hechos se encuentren vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales (artículo 132 bis del Código Penal. La primera parte del mismo artículo 133, prevé que todo proceso penal tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía. El Libro Cuarto, al regular los MEDIOS DE PRUEBA abandona el sistema de prueba tasada por ser inadmisible en un sistema acusatorio. Así se excluyen de los medios de prueba a las declaraciones del imputado, ya que han sido reguladas como la máxima expresión del derecho a la defensa y por eso se le ha dedicado un Capítulo especial que permite acabar con la aberrante concepción de considerarla como una prueba incriminatoria. Se han excluido también los indicios, presunciones y las tachas de los testigos. En resumen se acaba con todo vestigio de prueba tasada, para consolidar lasana crítica como el único sistema de valoración compatible con un régimen democrático y republicano, revalorizamos así la figura del juez porque se lo considera un ser pensante, porque este sistema establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero al mismo tiempo le exige que las conclusiones a que arriben sean el fruto racional de las pruebas en que se apoye, le obliga al juzgador a proporcionar razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que llega y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas. El Libro Quinto, constituye también una de las más importantes modificaciones, pues al ocuparse de las MEDIDAS CAUTELARES, no únicamente regula su tratamiento en la parte general tal como debe ser, sino sobre todo porque se amplía notablemente el espectro de éstas, de tal suerte que la detención preventiva sea la última ratio y lograr así que el principio constitucional que manda: "la libertad es la regla y la detención la excepción", sea al fin una realidad tangible. Toda vez que el imputado es reconocido constitucionalmente como inocente hasta la sentencia firme de condena, se debe reconocer también que la detención preventiva y las medidas cautelares en general sólo pueden tener como objeto asegurar o hacer posibles los fines del procedimiento penal.
Finalmente, el Libro Sexto se ocupa de los EFECTOS ECONOMICOS DEL PROCESO y en él se regula la imposición de las costas con criterios de ecuanimidad que tienen su base en la conducta procesal observada por los sujetos procesales. Si bien la legislación vigente reconoce el deber que tiene el Estado de reparar los daños emergentes del error judicial, sucede que por una parte, únicamente lo considera procedente como consecuencia del recurso de revisión y olvida la privación de libertad (detención preventiva) sufrida por una persona durante la tramitación del procedimiento y que más tarde es sobreseída o absuelta y, por otra parte, no establece un mecanismo que permita concretizar en la realidad tal reparación. El Proyecto supera las deficiencias anotadas extendiendo esta obligación también a los casos de privación de libertad sufrida durante el procedimiento, cuando el sobreseimiento o la absolución se funden en la inocencia del imputado y para hacer operativa la reparación adopta un sistema de cuantificación tasada, concediéndole al imputado la facultad de aceptar el sistema de cuantificación previsto o de recurrir a la vía civil en demanda de una reparación mayor. Obviamente en ningún caso podrá valerse de ambas vías. En éste libro, el Proyecto nuevamente se ocupa de la protección de los derechos de la víctima, esta vez de las víctimas que debido a su situación económico- social no pueden afrontar los costos ni las consecuencias propias del procedimiento, viéndose obligadas a resignar su derecho a una efectiva tutela jurídica, a resignar la reintegración de su derecho quebrantado por el delito. En salvaguarda de estos derechos el Proyecto crea el Fondo de Ayuda a las víctimas dependiente del Ministerio de Justicia, con el objeto de subsidiar a las organizaciones privadas que brinden asistencia jurídica o integral a las víctimas, así se dará además un destino cierto y útil a las multas impuestas, a las fianzas ejecutadas, a los bienes decomisados que no sean reclamados y a las costas en favor del Estado. La segunda parte denominada PROCEDIMIENTOS, distribuye su normatividad en cuatro libros que muestran el proceso penal en pleno movimiento. El Libro Primero disciplina el PROCEDIMIENTO COMUN con modificaciones sustanciales en dos de sus etapas trascendentales. Se asigna a la malograda y desnaturalizada instrucción su verdadero carácter, es decir el de una etapa preparatoria del juicio, por otra parte se regula el juicio oral, público y contradictorio según el diseño establecido en la Constitución Política del Estado. Al ocuparse del procedimiento común, consecuentes con el sistema adoptado, se termina con la figura del juez inquisidor, quien ya no podrá iniciar sumarios criminales de oficio. La investigación en su integridad está en manos del fiscal, quien además tiene la disponibilidad del ejercicio de la acción, con mecanismos de control jurisdiccional provocados por el querellante y la víctima, a su vez, la Fiscalía tiene a su cargo la dirección funcional de la Policía Judicial. En esta etapa, ahora denominada etapa preparatoria el juez de instrucción actúa como un contralor de las garantías constitucionales. De esta forma se
delimitan claramente las funciones de uno y otro, estableciéndose que el juez de la instrucción no podrá realizar funciones de investigación y por otra parle que el fiscal no podrá realizar funciones jurisdiccionales. En lo que se refiere al plenario de la causa, ahora correctamente denominada juicio, el Proyecto pretende rescatar la idea del "juicio", entendiéndola como el momento cumbre del proceso penal, donde la oralidad cumple un rol fundamental, ya que ella implica el contacto directo entre el juez y la prueba y la actuación directa de las partes frente al juez, garantizándose de esta manera la solvencia, fluidez y operatividad del debate contradictorio y la vigencia del principio de inmediación. La oralidad deja de ser utilizada tan sólo para la lectura de piezas escritas para convertirse en el instrumento al servicio de los fundamentales principios que forman y orientan el auténtico juicio penal. Se limita así la incorporación de prueba por su lectura y se establece la obligatoriedad que tiene el tribunal de dictar sentencia inmediatamente después de finalizado el debate y en la misma audiencia. Dado que nunca se ha dado la debida importancia a la individualización judicial de la pena, se introduce la cesura del juicio, previéndose la posibilidad de dividir la substanciación del juicio en dos partes: la primera, para discutir la existencia del hecho y la culpabilidad del acusado, y la segunda, para discutir la pena aplicable; esta división del juicio es optativa según las conveniencias del caso en particular, pero adquiere un carácter obligatorio cuando la pena que corresponda aplicar a resultas del juicio sea superior a los diez años y así lo solicite el imputado. La versión final del Código, no ha contemplado la cesura del juicio por lo que durante el mismo, se discute tanto la existencia del hecho, la culpabilidad del imputado y la pena aplicable. El Libro Segundo se ocupa de los PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO COMUN, los mismos que han merecido un particular tratamiento, especialmente en lo que se refiere a su simplificación, pues la mayoría de ellos constituyen imprescindibles variaciones al procedimiento común que encuentra su razón de ser en la complejidad del hecho delictivo en unos casos, y en otros, en la calidad de las personas sometidas a proceso, pero que de ninguna manera ameritan una regulación tan complicada como la contemplada en el actual Código que sólo ha contribuido al aseguramiento de la impunidad. Merecen destacarse los siguientes procedimientos especiales: - Procedimiento Abreviado. Cuya aplicación sólo puede ser solicitada por los acusadores, constituye una simplificación de los trámites procesales, ya que se elimina el debate oral, público y contradictorio, quedando el juez plenamente facultado para dictar la sentencia sobre la base de la admisión de los delitos por parte del propio imputado. El proyecto propuso la procedencia de este procedimiento, cuando el fiscal estimaba suficiente la imposición de una pena no mayor a cinco años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, lo que fue modificado en la discusión congresal.
- Procedimiento para Investigaciones Complejas. Teniendo en cuenta que así como la celeridad que debe primar en la substanciación de los inicios (justicia pronta y cumplida) no debe realizarse a costa de sacrificar las garantías constitucionales del justiciable, tampoco la celeridad puede constituir un obstáculo en la represión de la delincuencia organizada y de la delincuencia transnacional. Se ha disciplinado un procedimiento especial aplicable a las causas que revistan complejidad, debido a la multiplicidad de, los hechos, al elevado número de imputados o de víctimas o que se traten de causas de narcotráfico, delincuencia económica y financiera, corrupción de funcionarios públicos o cualquier otra forma de delincuencia organizada. La versión final del Código no contempla este procedimiento, sólo permite la ampliación del plazo máximo de duración de la etapa preparatoria tratándose de investigaciones complejas en razón a delitos vinculados a organizaciones criminales (artículo 132 bis del Código Penal). - Procedimiento para Faltas y Contravenciones. Consideramos imprescindible regular un procedimiento especial para el juzgamiento de las faltas y contravenciones, un procedimiento sencillo y expedito acorde al carácter de la infracción, pero acorde también a las exigencias de nuestra vida republicana, donde la protección de la vida, la dignidad y la libertad se constituye en un deber primordial del Estado. La Ley Nº 1970 no contempla procedimiento de ninguna naturaleza para el juzgamiento de faltas y contravenciones. - Procedimiento para Delitos Relacionados con Pueblos Indígenas. Ahora denominado justicia comunitaria. En concordancia con la reforma Constitucional se reconoce a las comunidades indígenas la voluntaria sujeción a su derecho consuetudinario, otorgándole plena vigencia a las soluciones alternativas a las que hayan arribado, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política del Estado en resguardo a los Derechos Humanos fundamentales. Para los casos en que deba intervenir la Justicia Penal oficial, por no haberse llegado a un acuerdo, se ha establecido un procedimiento especialdenominado Diversidad Cultural que permite un juzgamiento acorde con la realidad cultural del imputado, inclusive dando preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. El reconocimiento del Derecho consuetudinario y de la Justicia Comunitaria no impide a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos, asumir obligaciones y tener un fácil acceso a la justicia. - Procedimiento en Caso de Antejuicio y de Privilegio Constitucional. El Proyecto, como reflejo de una justicia que responde al ideal republicano, erradica una cultura totalitaria que ampara a funcionarios anquilosados en la estructura del Estado, que permite que se lo utilice como instrumento de dominación política al mantener privilegios odiosos, los variados e infranqueables obstáculos en la promoción y el desarrollo de la acción. Por ello y a efectos de una mayor eficacia en la lucha contra los delitos de cuello
blanco, se simplifica notablemente el procedimiento para el juzgamiento de delitos cometidos por autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. De la misma manera que en los anteriores casos, la versión final del Código sancionada por el Congreso Nacional, no contempla el anterior procedimiento, limitándose mediante el artículo 393 (Privilegio Constitucional) a remitirse a las disposiciones de la Constitución Política del Estado, siendo aplicables las normas del juicio oral y público establecidas en el Código. El Libro Tercero, al ocuparse de los RECURSOS regula coherentemente los medios de impugnación a las resoluciones judiciales. La apelación procede sólo en los casos estrictamente señalados por el Proyecto, siendo el recurso más importante de la etapa preparatoria, quedando excluida del juicio oral por la imposibilidad técnica y práctica de su admisión por quebrantamiento de la inmediación. Se clarifica el recurso de casación, por el cual el recurrente pide a un tribunal de mayor jerarquía que ejerza el control de la legalidad del decisorio, tanto respecto de las formalidades seguidas para dictarla como respecto a la correcta aplicación de la ley. Se modifica el trámite del recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, ampliándose las causales para su procedencia y definiéndose la competencia para sustanciarlo y resolverlo a los mismos tribunales que dictaron el fallo que lo motiva. Tal como lo hizo la Ley de Fianza Juratoria en lo que se refiere a la ley 1008, se suprimen las consultas evitando así dilaciones innecesarias y afirmando la independencia del juzgador. Al mismo tiempo se deja claramente establecida la prohibición de la "reformatio in peius" de modo que, cuando una resolución sólo haya sido impugnada por o para el imputado o condenado, no podrá ser modificada en su perjuicio. El Libro Cuarto desarrolla la EJECUCION PENAL, desconcentrando los poderes del juez de primera instancia y ampliando las potestades y funciones del Juez de vigilancia ahora Juez de ejecución penal, quien ya no es únicamente un inspector de recintos penitenciarios. Por lo tanto, se han redefinido las atribuciones del Juez de vigilancia, Juez de ejecución penal atribuyéndole competencia para resolver todos los incidentes propios del proceso penal de ejecución, estableciendo un procedimiento que posibilite la aplicación oportuna de los subrogados penales, asegurando al condenado una electiva defensa, de ahí que también este procedimiento esté regido por los principios de oralidad, publicidad e inmediación. El régimen establecido alcanza también a las medidas de seguridad. Descritos muy sintéticamente los lineamientos generales del Proyecto que ponemos a consideración de la sociedad en general, queda en evidencia que éste se encuadra dentro de las nuevas corrientes del derecho procesal moderno; sin embargo, queremos dejar expresa constancia de que no es el
puro modernismo lo que nos ha llevado a encarar la reforma procesal penal, no es la sola idea de ponernos a la par del derecho comparado la que nos ha impulsado a modificar profundamente el actual Código de Procedimiento Penal. En esta tarea nos inscribimos dentro de las corrientes más modernas del derecho procesal penal porque éstas permiten superar notoriamente la ineficacia e impotencia del sistema imperante para solucionar los conflictos cotidianos de la sociedad y afrontar los desafíos que la propia evolución social impone al derecho. Para satisfacer el constante reclamo de la sociedad toda, que no llega a comprender por qué el actual sistema de administración de justicia, lejos de solucionar sus conflictos los agrava, por qué la justicia penal en vez de disminuir la cuota de violencia que significa la comisión del delito, genera más violencia, por qué el proceso penal constituye en sí mismo una suerte de pena que la cumplen culpables o inocentes incluida la propia víctima. Pretendemos transformar la justicia penal no solamente por responder al cambio doctrinario que se ha venido sucediendo en los últimos tiempos, sino sobre todo, porque queremos vivir en un auténtico Estado de Derecho; porque deseamos fortalecer la democracia, porque anhelamos la paz social, porque queremos un mejor nivel de vida para todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, porque el hombre, y no las cosas, no los expedientes, es el verdadero protagonista del proceso penal. No debe olvidarse que la legislación penal refleja, más que ningún otro producto cultural, la sociedad en que se vive, por eso se tiene que a un Estado siempre se le puede decir "muéstrame tus leyes penales porque te quiero conocer a fondo". Estas exigencias reclaman la urgente modificación de todas las estructuras operadoras del sistema de justicia penal y creemos que el Proyecto que hoy presentamos es un trascendental punto de partida. En esta perspectiva abolimos el sistema procesal vigente (inquisitivo) por ser absolutamente contrario a la Constitución Política del Estado, porque no respeta la condición humana, porque hace del proceso penal un ejercicio arbitrario del poder, porque no protege ni a la sociedad ni a la víctima, porque olvida la igualdad de todos ante la ley, porque sólo contribuye a elevar cada vez más el alto índice de presos sin condena, porque favorece la corrupción y la impunidad. Adoptamos un nuevo sistema procesal (acusatorio) porque éste responde al diseño constitucional del proceso, permite viabilizar en la práctica todas las garantías constitucionales que limitan el poder penal estatal, tutela mejor los derechos e intereses de la víctima, fortalece la vigencia plena de los derechos humanos, los derechos de la sociedad y los intereses del Estado, y finalmente porque es consecuente con el Estado democrático vigente. Sustituimos la escritura por la oralidad, porque la oralidad agiliza la tramitación de las causas, evita el abuso de estrategias dilatorias, protege la economía de los litigantes, permite la solvencia, fluidez y operatividad del debate entre las partes, profundiza el conocimiento del conflicto, permite al juzgador conocer mejor la personalidad del acusado, de la víctima y comprobar casi de inmediato
la pertinencia, eficacia y veracidad de los medios probatorios, posibilita a los litigantes un efectivo control de las actuaciones judiciales, garantiza la imparcialidad del organismo jurisdiccional, evita el fraude procesal y la corrupción. Vale decir otorga transparencia y credibilidad a la función judicial. Sin embargo debemos finalizar, reconociendo sin reparos y dejando claramente establecido, que si bien el sistema acusatorio y el juicio oral establecido por el Proyecto, satisfacen las exigencias de la justicia penal que necesita Bolivia, en ningún momento consideramos que con su conversión en Ley de la República, se habrá operado la transformación de la justicia penal boliviana, indudablemente es un primer paso y por cierto muy importante, pero que necesita ir acompañado de muchos otros en su avance hacia la meta propuesta. La transformación de la justicia penal necesita además de una constante observación, de un permanente ajuste de sus instituciones de acuerdo a las necesidades que imponga su funcionamiento. La reforma procesal penal es un proceso constante e ininterrumpido. Por delante nos quedan muchas tareas por concretar. En el campo normativo, por ejemplo, es necesario realizar reformas complementarias a la Ley de Organización Judicial y a la Ley del Ministerio Público. La puesta en marcha del nuevo procedimiento requiere de una reformulación del presupuesto asignado a esta función estatal. Requiere también de una intensa capacitación de los diferentes operadores del sistema, exige profundización de los conocimientos jurídicos, acompañados de un cambio de mentalidad que nos permita entender al proceso penal como un instrumento de justicia, de pacificación, de resolución de problemas profundamente humanos donde están en juego los valores más intensos de la humanidad. Comisión Redactora del Nuevo Código de Procedimiento Penal
La reforma procesal penal de Bolivia(1)
Este trabajo es una visión general del proceso de reforma procesal penal en la historia de Bolivia, recuperado ahora que en el país se trabaja en las reformas de los códigos. Se de una breve revisión histórica de las principales reformas en la economía jurídica boliviana y luego se hace una descripción general de las principales características del nuevo Código de Procedimiento Penal de 31 de mayo de 1999 y su&nbsp; implementación.
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La Gaceta Jurídica / Arturo Yáñez Cortés 00:00 / 20 de abril de 2012
Reformas a la legislación procesal penal Habiendo la República de Bolivia logrado su independencia el 6 de agosto de 1825, se determinó mediante decreto de 21 de diciembre de 1825, la aplicación de las Leyes de las Cortes Españolas de 9 de octubre de 1812 y demás decretos expedidos por las mismas sobre la administración de justicia, mientras se arreglaban los códigos Civil y Penal, lo que fue ratificado mediante la “Ley Procedimental” de 8 de enero de 1827. En 1832 el Mariscal Andrés de Santa Cruz dictó un cuerpo de reglas procesales en materia civil y penal conocidas como el “Código de Procederes Santa Cruz”. Bolivia fue el primer país de Sudamérica en contar con legislación propia, constituyéndose en uno de los cuerpos legislativos más avanzados de su época, pese a lo cual, por la constante transformación que sufren el derecho y la sociedad, se promulgó un nuevo Código Procesal de 2 de junio de 1843 que abarcaba tanto materia civil como criminal, denominado “Leyes de Enjuiciamiento Ballivián”. En 1858 se introdujo una reforma más profunda mediante la “Ley Procesal Penal” de 8 de febrero de 1858, separándose definitivamente la legislación civil de la penal. Pretendió implantar el sistema procesal penal mixto de acuerdo con el modelo vigente en la época correspondiente al Código de Instrucción Criminal Francés con sus características del secreto en la etapa sumaria, publicidad en el plenario y la facultad judicial de apreciación de la prueba con libertad y sano criterio, entre otras. Para superar las deficiencias que presentó la anterior norma, se dictó serie de modificaciones: el 20 de marzo de 1878 la “Ley Suplementaria de Procedimiento Criminal”, la Ley de 13 de octubre de 1880, la Ley de 18 de noviembre de 1887 y la de 24 de octubre de 1890; generando cantidad de normas dispersas y contradictorias, hasta que el 6 de agosto de 1898 se dictó una nueva que rigió unos 75 años hasta el 6 de agosto de 1973 cuando se dictó el Código de Procedimiento Penal, que pretendió superar las deficiencias del sistema inquisitivo y en la práctica no ocurrió.
Por las graves deficiencias y distorsiones que la aplicación del Código de 1973 enfrentó a lo largo de estos más de 20 años, desde 1992, al influjo del movimiento de reforma de la justicia se discutieron y luego introdujeron modificaciones a la citada norma, atacando aspectos urgentes siendo las más destacadas las de la “Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales”, de 15 de diciembre de 1994, que declaró la improcedencia del apremio corporal tratándose de obligaciones de naturaleza fiscal, tributaria, seguridad social, honorarios de abogado, multas electorales y otras, que significaron poderosa fuente de extorsión del ciudadano y de corrupción funcionaria. Luego, el 2 de febrero de 1996 se sanciona la “Ley de Fianza Juratoria Contra la Retardación de Justicia Penal” que, ante la insostenible realidad del sistema de administración judicial y penitenciario, pretendió entre otros objetivos, racionalizar el uso de la detención preventiva como medida cautelar, introdujo la figura de la fianza juratoria para evitar la detención preventiva y mejorar el nivel de igualdad social y legal en las relaciones sociales derivadas del proceso penal, modificó una serie de artículos de la temida Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas que tenían una fuerte connotación de inconstitucionalidad, por ejemplo, la prohibición de libertad provisional en delitos relativos a sustancias controladas; finalmente estableció una serie de modificaciones procedimentales –supresión de la consulta de oficio, por ejemplo– tendientes a superar la crónica retardación de justicia. Lamentablemente, todas esas normas terminaron engullidas por el sistema y la cultura inquisitiva, la principal característica del sistema penal boliviano, por lo que ha sido necesario diseñar una profunda reforma, la que se encuentra contenida en el nuevo Código de Procedimiento Penal (ncpp) (Ley 1970 de 31 de mayo de 1999) que diseña un sistema acusatorio y oral en reemplazo del inquisitivo. Principales características del NCPP* Garantías constitucionales Conforme corresponde a un verdadero estado democrático de Derecho, el ncpp boliviano posibilita que la investigación de los delitos y la imposición de la sanción se cumplan dentro del estricto marco de los derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado (cpe) y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que sientan las bases que cualquier estado debe observar en su lucha contra la delincuencia. El nuevo Código regula con la amplitud necesaria todas las garantías que limitan el ejercicio del poder penal estatal, estableciendo sus diferentes manifestaciones y consecuencias, así como los derechos y obligaciones que generan, de modo que no se agoten en su sola formulación. Igualmente, se establece que las garantías constitucionales y principios enumerados en el nuevo Código deben ser siempre utilizados como fundamento de toda interpretación y de observancia obligatoria en todo procedimiento que conlleve el ejercicio de la coerción penal estatal, tratando de evitar de este modo que a título de reprimir la criminalidad se violentan las garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales. Unificación del sistema
Buscando el establecimiento de un único y verdadero sistema procesal penal que elimine la vigencia de otros subsistemas penales –con fuertes inclinaciones inconstitucionales– el ncpp establece su aplicación tanto a los delitos comunes previstos por el Código Penal como a los delitos relativos a sustancias controladas previstos por la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. Etapa preparatoria El necesario equilibrio entre el interés social de la persecución del delito y el debido respeto a la dignidad de la persona implica que se cuente con un sistema penal que garantice, por un lado, investigación eficiente y, por el otro, tenga adecuado control de garantías. El nuevo Código procesal delimita las funciones, estableciendo que el juez de instrucción, a fin de no comprometer su imparcialidad, no podrá realizar funciones de investigación y el fiscal, como responsable de la promoción de la acción penal, no realizará funciones jurisdiccionales. En ese sentido, el juez de instrucción deja de ser inquisidor para ser juez de garantías, controlando que en la investigación del delito los órganos de investigación criminal, el Ministerio Público y la Policía Nacional, en funciones de policía judicial no vulneren los derechos fundamentales de las partes. A su vez, el fiscal recuperará su calidad de acusador estatal, ejerciendo efectivamente la acción penal pública, dirigiendo y controlando a los órganos policiales encargados de la investigación del presunto hecho delictivo. Para ello, el nuevo instrumento crea el Instituto de Investigaciones Forenses (inif), dependiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General de la República, encargado de realizar con autonomía funcional los estudios técnico-científicos requeridos para la comprobación de los delitos. Juicio oral y público El ncpp adopta esta modalidad entendiendo al juicio como el momento cumbre del proceso penal, la fase esencial del proceso, que se realiza sobre la base de la acusación, en forma oral, contradictoria, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del encausado con plenitud de jurisdicción, cumpliendo los principios que estructuran esta etapa del procedimiento, es decir, inmediación, publicidad, continuidad y concentración. Se establece el desarrollo ininterrumpido del juicio con la presencia del juez y las partes desde su inicio hasta su conclusión, debiendo el tribunal dictar la sentencia inmediatamente concluido el debate y en la misma audiencia. Tribunales de sentencia El sistema acusatorio, con el juicio oral y público, requiere un órgano de administración de justicia colegiado, dado que la decisión sobre sí un hombre debe o no ser sometido al poder penal estatal no puede recaer en manos de una sola persona, especialmente tratándose de delitos de mayor gravedad. Por ello, es imprescindible un modelo de decisión que permita la deliberación para poder fundamentar la sentencia inmediatamente después de concluida la producción de prueba.
Por otra parte, en la búsqueda de una verdadera democracia participativa en la que el ciudadano asuma un papel activo respecto de la vida institucional del país, el ncpp introduce la figura de los jueces ciudadanos, obedeciendo a la convicción que de esa manera se acerca la justicia penal a la realidad social, diseñándose un efectivo mecanismo de control social sobre las decisiones judiciales y contribuyendo a la democratización del Poder Judicial. Para satisfacer ambos requerimientos (la garantía del ciudadano frente al poder estatal y la creación de efectivos canales democráticos de participación ciudadana), se establecen los tribunales de Sentencia, conformados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos, para el conocimiento de delitos de acción pública que tengan prevista pena privativa de libertad mayor a cuatro años, es decir, delitos que son de interés de la comunidad. Mientras que para el conocimiento de delitos de acción privada, aquellos de acción pública no sancionados con pena privativa de libertad o cuando ésta no supere cuatro años, además del procedimiento para reparación del daño cuando se haya dictado sentencia condenatoria y la extinción de acción penal en el caso de conflictos resueltos por comunidades indígenas; se establecen los juzgados de sentencia integrados por un juez. Justicia y diversidad cultural En concordancia con la reforma constitucional de 1994, que proclamó la naturaleza multiétnica y pluricultural del estado boliviano, el ncpp reconoce a las comunidades indígenas la sujeción a su derecho consuetudinario, otorgando plena vigencia a las soluciones alternativas a las que hayan arribado, sin más limitaciones que las impuestas en la cpe en resguardo de los derechos humanos fundamentales. Para los casos en que deba intervenir la justicia penal oficial, por no haberse podido aplicar la justicia comunitaria, el nuevo Código introdujo el respeto a la diversidad cultural del imputado, previendo variantes al procedimiento ordinario que permiten su juzgamiento acorde con la realidad cultural del mismo. No obstante, ese reconocimiento del derecho consuetudinario y de la justicia comunitaria no constituye de ninguna manera una negación a la facultad que tiene los miembros de dichos pueblos para ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos, asumir obligaciones y tener un fácil acceso a la justicia. Revalorización de la víctima Reconociendo su calidad de verdadera y primigenia protagonista del conflicto y dejando su concepción como simple justificativo de la persecución penal, el ncpp revaloriza a la víctima estableciendo mecanismos que reinvindican su derecho a ser escuchada e informada sobre sus derechos y los resultados del procedimiento, aunque no esté interviniendo como querellante. El instrumento debía posibilitar mejor, rápida y eficaz reparación del daño causado por el delito, brindándole a la víctima o damnificado la oportunidad de elegir la vía en la que decida hacerla valer. Para el caso que decida hacerlo mediante la vía penal, se regula un procedimiento especial y expedito de modo que pueda obtener una oportuna reparación. Medidas cautelares personales
De acuerdo con la cpe, el imputado debe ser considerado inocente hasta la sentencia de condena, por lo que el ncpp establece que la detención preventiva y las demás medidas cautelares solo pueden tener como objeto asegurar o hacer posibles los fines del proceso penal, dejando de lado propósitos sustantivos como ocurrió hasta no hace poco. Siguiendo las mencionadas directrices constitucionales, el nuevo instrumento procesal reestructura el régimen de medidas cautelares de la siguiente manera: - Les asigna una finalidad exclusivamente procesal. - Establece límites máximos para la duración de la detención preventiva cuyo plazo se computa desde la aprehensión en sede policial. - Redefine las causales para la procedencia de la detención preventiva. - Contempla medidas alternativas a la detención preventiva, como la detención domiciliaria, la prohibición de ausentarse del lugar que determine el juez, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la prohibición de comunicarse con determinadas personas siempre que no se afecte su derecho de defensa y la prestación de fianza juratoria, personal o económica. Control sobre la retardación Partiendo del principio constitucional en sentido que la celeridad es una condición esencial de la administración de justicia, se consagra el derecho que tiene toda persona a una decisión judicial definitiva dentro de un plazo razonable, estableciendo así que todo proceso penal tendrá duración máxima de tres años computables desde el primer acto del procedimiento, teniendo previstos como efectos sustantivos, los siguientes: - La extinción de la acción penal cuando se haya superado el plazo máximo de duración de la etapa preparatoria (6 meses). - La extinción de la acción penal cuando haya vencido el plazo máximo de duración del procedimiento sin haberse pronunciado sentencia definitiva. Sobrecarga de trabajo Ante la incontrovertible verdad que el estado no tiene ni tendrá la capacidad de poder perseguir todos los hechos presuntamente delictivos, que no cuenta con un mecanismo apropiado de selección de acciones y delitos y con el propósito de desterrar la selección arbitraria, injusta y violatoria de principios constitucionales que en la práctica ha venido operando, se establece: - Aplicación por parte del Ministerio Público de los criterios de oportunidad reglada, que permite al órgano acusador prescindir de la acción penal pública en cierta clase de delitos sobre la base de criterios universalmente aceptados como la delincuencia de bagatela, la pena natural, la saturación de la pena y la cooperación penal internacional. - Otras salidas procesales alternativas, mediante mecanismos como la conciliación, la suspensión condicional del proceso y la extinción de la acción penal en delitos de contenido patrimonial por el resarcimiento del daño.
. En todos los casos, el interés de la víctima resulta primordialmente protegido, estableciendo los mecanismos adecuados para hacer valer sus derechos en caso de no estar de acuerdo con la decisión, contemplando la posibilidad de convertir la acción penal pública en privada. Recursos En concordancia con la naturaleza del sistema adoptado, el nuevo Código regula los siguientes medios de impugnación: - La apelación incidental, respecto de los autos interlocutorios que son dictados en la etapa preparatoria. - De conformidad con el Pacto de San José de Costa Rica y a fin de respetar plenamente el principio de inmediación, se establece el recurso de apelación restringida como medio de impugnación de las sentencias. - Se procede al rediseño del recurso de casación, como recurso extraordinario tendiente a unificar la jurisprudencia ante fallos contradictorios, reservándose su conocimiento al máximo tribunal de justicia del país, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia. . Se modifica el trámite del recurso extraordinario de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, ampliándose las causales para su procedencia. . Se deja claramente establecida la vigencia del principio de la prohibición de la reforma en perjuicio del imputado cuando el fallo haya sido impugnado sólo por él o en su beneficio. Judicialización de la ejecución Se redefinen las atribuciones del antiguo juez de vigilancia ahora denominado juez de ejecución penal, atribuyéndole plena competencia para resolver todos los incidentes propios del proceso penal de ejecución, de modo que las sanciones se cumplan dentro de los límites establecidos en la sentencia. Para ello, se establece un procedimiento regido por los principios de oralidad, publicidad e inmediación, que además posibilitarán la aplicación oportuna de los beneficios que la ley otorga a los condenados asegurándoles una efectiva defensa también en ésta etapa. Vacación legal y vigencia Por la magnitud que el cambio del sistema procesal penal en Bolivia implica no solo para los operadores del sistema de administración de justicia sino para las instituciones y ciudadanía toda, el ncpp contempla la vigencia de una vacación legal de dos años entre su publicación y su vigencia plena, contemplando de manera intermedia dos momentos previos: la vigencia inmediata producida el 31 de mayo de 1999 cuando el instrumento fue publicado por la Gaceta Oficial produciéndose la recategorización de las acciones penales en delitos de acción pública, acción penal pública a instancia de parte y acción privada. Luego, el 31 de mayo de 2000, cuando se comenzó a aplicar el nuevo régimen de medidas cautelares, parte del nuevo régimen de salidas alternativas al proceso penal mediante la aplicación de criterios de oportunidad reglada y la suspensión condicional del proceso, el
nuevo régimen de prescripción de la acción penal y finalmente las disposiciones relativas al régimen de administración de bienes. Conclusiones Me permito concluir señalando que el fundamento esencial de la reforma procesal penal boliviana radica en la construcción de un verdadero estado democrático de derecho mediante la efectiva vigencia plena de un sistema procesal penal propio de un estado de esa naturaleza, en reemplazo del sistema inquisitivo o mixto reformado característico de un estado autoritario. Propósito que como hemos visto no se limita al mero reemplazo de un Código procesal por otro, sino que abarca un proceso mucho más complejo en sentido de transformar la cultura inquisitiva vigente no solo en los operadores del sistema sino en la propia ciudadanía, por otra que equilibre el respeto de los derechos y garantías de todos los ciudadanos y la represión del delito. Bibliografía: *Extractado en parte del folleto publicado por el Ministerio de Justicia y DD.HH., “Lineamientos Generales del nuevo Código de Procedimiento Penal”, 1999. Ministerio de Justicia y DD.HH., “Aspectos Básicos para la Implementación el nuevo Código de Procedimiento Penal”, 1998. Ministerio de Justicia y DD.HH., “Nuevo Código de Procedimiento Penal. Comentarios e Indices”, 1999. Ministerio de Justicia. Memorias de las Gestiones 1994 - 1997; 1997 - 1999. Ortega Alejandro - Rodríguez Douglas., “Código de Procedimiento Penal”, Editorial “Don Bosco”, Sucre - Bolivia, 1979. Ministerio de Justicia. Programa de Administración de Justicia USAID/BOLIVIA “Las Experiencias de Reforma Procesal en Latinoámerica y perspectivas para Bolivia”, La Paz, 1995. CIEDLA. Fundación Konrad Adenauer, “Un nuevo Sistema Procesal Penal en América Latina”, Schombohm Horst - LosingNorbert, Bs. As. Argentina, 1998. Nota 1. Ponencia preparada para representar a Bolivia en el “Primer Coloquio Virtual sobre Reformas Procesales Penales en América Latina” realizado del 31 de julio al 14 de agosto de 2000.
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References: artículo 17
 resolución 
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 artículo 133
 artículo 133
 artículo 393
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e contrario
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