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Timestamp: 2018-02-21 03:22:58+00:00

Document:
Resolución de la corte interamericana de de Derechos Humanos de 28 de febrero de 2011 Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia Supervisión de Cumplimiento de Sentencia Visto
CORTE INTERAMERICANA DE de Derechos Humanos
1. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada el 1 de julio de 2006 (en adelante “la Sentencia”) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) en el caso de las Masacres de Ituango.
2. La Resolución sobre supervisión de cumplimiento de Sentencia dictada por la Corte el 7 de julio de 2009, mediante la cual declaró:
Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 50, 54 y 72 de la […] Resolución, el Estado ha cumplido con la obligación de:
a) implementar, en un plazo razonable, programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario permanentes dentro de las fuerzas armadas colombianas (punto resolutivo vigésimo primero de la Sentencia);
b) publicar en un diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de la Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva del Fallo (punto resolutivo vigésimo segundo de la Sentencia), y
c) pagar los montos ordenados por concepto del reintegro de costas y gastos generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos (punto resolutivo vigésimo quinto de la Sentencia).
Que de conformidad con lo señalado en el Considerando 71 de la […] Resolución, el Estado ha cumplido parcialmente con su obligación de pagar a las personas señaladas en los anexos I, II y III de la Sentencia por concepto de la indemnización por daño material e inmaterial (puntos resolutivos vigésimo tercero y vigésimo cuarto del Fallo).
Que de conformidad con lo señalado en […] la […] Resolución, las siguientes obligaciones se encuentran pendientes de cumplimiento:
a) llevar adelante las diligencias necesarias para proveer justicia en el caso (punto resolutivo decimoquinto de la Sentencia);
b) brindar gratuitamente el tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas ejecutadas en el caso (punto resolutivo decimosexto de la Sentencia);
c) realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los ex habitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hayan visto desplazados puedan regresar a El Aro o La Granja, según sea el caso y si así lo desearan (punto resolutivo decimoséptimo de la Sentencia);
d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso, con presencia de altas autoridades (punto resolutivo decimoctavo de la Sentencia);
e) implementar un programa habitacional, mediante el cual se provea de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran (punto resolutivo decimonoveno de la Sentencia);
f) fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos de La Granja y El Aro, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan acerca de los hechos que dieron lugar al caso (punto resolutivo vigésimo de la Sentencia);
g) publicar en el Diario Oficial, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados del Fallo, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la Sentencia (punto resolutivo vigésimo segundo del Fallo), y
h) pagar a las personas señaladas en los anexos I, II y III de la Sentencia por concepto de la indemnización por daño material e inmaterial (puntos resolutivos vigésimo tercero y vigésimo cuarto del Fallo).
El escrito de 17 de noviembre de 2009, mediante el cual la República de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”) remitió su tercer informe sobre el cumplimiento de la Sentencia.
El escrito de 5 de abril de 2010, mediante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en (adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) remitió sus observaciones al informe del Estado (supra Visto 3).
La Resolución del Presidente de la Corte de 29 de abril de 2010, mediante la cual convocó al Estado, los representantes y la Comisión Interamericana a una audiencia privada de supervisión de cumplimiento, con el fin de analizar la implementación de la medida de reparación dispuesta en el punto resolutivo décimo sexto de la Sentencia, referente al tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico, así como medidas de reparación similares ordenadas en otros siete casos respecto de Colombia1.
La audiencia privada de supervisión de cumplimiento celebrada el 19 de mayo de 2010 en la sede del Tribunal acerca de la medida de reparación sobre tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico.
La Resolución de la Corte de 25 de mayo de 2010, mediante la cual resolvió autorizar al Estado la entrega de un porcentaje de la indemnización establecida a favor de los tres hijos de la señora María Oliva Calle, víctimas menores de edad, con destino específico a la compra de una vivienda.
El escrito de 26 de julio de 2010, mediante el cual los representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”) presentaron sus observaciones al informe del Estado y cierta información requerida en la resolución de 7 de julio de 2009.
Las comunicaciones de 23 de agosto, 7 de septiembre y 5 de octubre de 2010, mediante las cuales los representantes, el Estado y la Comisión Interamericana, respectivamente, se refirieron a la solicitud presentada al Tribunal por los representantes para que el Estado realice un pago adicional para la adquisición de una vivienda para tres víctimas menores de edad.
La Resolución del Presidente de la Corte de 22 de diciembre de 2010, mediante la cual convocó al Estado, los representantes y la Comisión Interamericana a una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de Sentencia.
La audiencia privada de supervisión de cumplimiento de la Sentencia celebrada el 25 de febrero de 2011 durante el XC Período Ordinario de Sesiones de la Corte2.
Colombia es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana”) desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.
El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones3.
En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.
El artículo 69 del Reglamento del Tribunal4 estipula que:
Los Estados Parte en la Convención que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por la Corte en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento del caso5.
a) Sobre el punto resolutivo decimosexto de la Sentencia
En cuanto a la obligación del Estado de brindar el tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas ejecutadas en los hechos de este caso, el Tribunal recibió información, por parte del Estado y de los representantes de las víctimas, sobre la implementación de esta medida de reparación en el marco de la audiencia privada de supervisión de cumplimiento (supra Visto 6). Al respecto, el Tribunal se pronunciará oportunamente sobre toda la información recibida en el trámite de supervisión conjunta de los ocho casos colombianos.
b) Sobre el punto resolutivo vigésimo segundo de la Sentencia
Respecto a la obligación de publicar en el Diario Oficial los hechos probados y la parte resolutiva de la Sentencia, el Estado señaló que el 28 de abril de 2009 se realizó la publicación de los apartes pertinentes de la Sentencia y adjuntó copia de la publicación6, por lo que solicitó a la Corte que “decrete el total cumplimiento de esta medida de reparación”. Al respecto, los representantes manifestaron que conocían la publicación, la cual fue realizada con una letra muy pequeña. La Comisión ya había “hecho notar el cumplimiento estatal de [esta] obligación” en sus observaciones al tercer informe estatal (supra Visto 4).
La Corte observa que esta medida de reparación ha sido cumplida por el Estado.
c) Sobre los puntos resolutivos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de la Sentencia
En relación con la solicitud de información completa y específica requerida por el Tribunal mediante Resolución de 7 de julio de 2009, a fin de corroborar el cumplimiento de la obligación de pagar las indemnizaciones señaladas en los anexos I, II y III de la Sentencia de 1 de julio de 2006, por concepto de daño material e inmaterial, el Estado indicó que “[e]l reconocimiento de personas que no [estaban] relacionadas en la [S]entencia, obedec[ió] a que el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos [(los representantes)] acredit[ó] ante [el] Ministerio [de Defensa Nacional] el parentesco de los beneficiarios con las víctimas, en cumplimiento del párrafo 358 de la [S]entencia”. Al respecto, el Estado remitió un listado de personas que fueron reconocidas mediante Resoluciones dictadas por el Ministerio de Defensa Nacional y que no figuraban en los anexos de la Sentencia, describiendo sus nombres y parentesco con las víctimas.
Los representantes manifestaron, en términos generales, “que toda la información remitida por el Estado en materia de pago de indemnizaciones es correcta, sin embargo a efectos de declarar el cumplimiento de la medida en cuanto al Anexo III, deberá tenerse en cuenta que el programa de vivienda hace parte del mismo y aún no se ha cumplido”. A su vez, manifestaron que solo queda pendiente el caso de la señora Mercedes Barrera, cuyo análisis se realizará posteriormente (infra considerando *).
En relación con la alegada falta de pago a favor de los familiares de la víctima Omar Ivan Gutiérrez Nohava, el Estado indicó que en la liquidación de la Sentencia se dejaron de reconocer los pagos a siete de sus familiares efectuados por el Estado mediante Resolución 1459 de 12 de septiembre de 2005, en la que ordenó el pago de perjuicios reconocidos en el acuerdo conciliatorio, los cuales fueron mayores a los valores establecidos en la Sentencia de la Corte. El Estado indicó que igual situación se presentaba con dos familiares del señor Otoniel de Jesús Tejada, ya que mediante Resolución 1458 de 12 de diciembre de 2005 se ordenó el pago de perjuicios reconocidos en el acuerdo conciliatorio que superan las indemnizaciones fijadas por la Corte. Los representantes no controvirtieron la información presentada por el Estado.
Respecto de los reclamos presentados directamente al Tribunal por Marta Marleny Barrera Pino, y que fueran detallados en el párrafo considerativo 63 de la Resolución de la Corte de 7 de julio de 2009, el Estado informó que “a la fecha no ha [sido presentada] reclamación alguna”. Por su parte, los representantes informaron que nunca la han representado y que de acuerdo a los sistemas de información de la jurisdicción contenciosa, ningún abogado la ha representado en demandas en contra del Estado.
En cuanto a la situación informada al Tribunal respecto al señor José Marcelino Barrera Sucerquia e indicada en el párrafo considerativo 64 de la Resolución de la Corte de 7 de julio de 2009, el Estado indicó que fue pagada la indemnización a su favor mediante Resolución 5898 de 28 de diciembre de 2007. Adicionalmente, los representantes informaron que “una vez [tuvieron] conocimiento de la supuesta discrepancia del [señor] Marcelino con lo recibido por él y lo pagado al Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos por concepto de honorarios, [le contactaron] para conocer directamente su versión”. Al respecto, los representantes informaron que el señor Marcelino les explicó que otra beneficiaria, la señora Rosa Posada, le había indicado que en “el 2005 habían pagado una plata” y que reclamara porque a él no se le habían entregado. Finalmente, en relación con todas esas discrepancias, los representantes indicaron que el señor Barrera Sucerquia indicó “que le había parecido bien [el pago de honorarios] y que no sabía que lo del 2005 era por una demanda dentro del país que él nunca hizo”. Los representantes adjuntaron una declaración del señor Barrera ante notario de fecha 9 de marzo de 2010, donde consta lo afirmado7.
En relación con las discrepancias acerca de las indemnizaciones recibidas por la beneficiaria Rosa María Posada George, el Estado indicó que informó a la beneficiaria, mediante oficio de 9 de junio de 2008, acerca de los valores que había pagado por la muerte del señor Marco Aurelio Aleiza. Los representantes por su parte, indicaron que la señora Posada es analfabeta y que, “movida por odios y problemas con la esposa y los hijos del [señor] Aurelio Aleiza –padre de sus hijos- ha firmado con su huella digital varios memoriales enviados a la […] Corte por alguien desconocido, manifestando que el abogado que tramitó los procesos internos no le pagó lo que le correspondía”. Los representantes indicaron que a la señora Posada se le cobró el 30% de honorarios, de conformidad con el acuerdo oral previo que, según los representantes, la beneficiaria pretendería desconocer.
Respecto de la señora Mercedes Barrera, cuyas indemnizaciones se fijaron en la Resolución 1946 de 19 de mayo de 2008 emitida por el Ministerio de Defensa, el Estado informó que el monto fue depositado en una cuenta bancaria para que sus herederos puedan solicitar su entrega, gestión que hasta la fecha no se habría realizado. En la audiencia privada, los representantes indicaron que los herederos de la señora Mercedes Barrera no han podido tener acceso al monto depositado a su favor porque la Tesorería del Ministerio de Defensa no lo permitiría sin el correspondiente trámite sucesorio, lo cual, en su opinión, es imposible de cumplir puesto que, por la forma en que ocurrieron los hechos, no existen certificado de defunción de la víctima ni otros documentos necesarios para esos efectos. Los representantes propusieron durante la audiencia privada que el Estado asuma la obligación de expedir el registro civil de defunción de la señora Mercedes Barrera para poder dar cumplimiento al requisito de seguir el trámite sucesorio. El Estado no se refirió a la dicha propuesta.
En relación con el depósito de indemnizaciones establecidas a favor de menores de edad, el Estado informó que: a) entregó, a sus respectivos representantes, los rendimientos financieros generados a favor de Juan Carlos Calle Fernández, Deysi Tatiana Calle Fernández, Johan Daniel Calle Fernández, Cristian de Jesús Calle Fernández, y Juan Felipe Zuleta Cossio; b) respecto de Nelson Adrián Palacio Jaramillo, Francisco Daniel Córdoba, Eliana Julliet Gutiérrez Jiménez, y Juliana Andrea Gutiérrez Jiménez tienen a la fecha el capital depositado a su favor y los intereses generados; y c) entregó los valores determinados a favor de William Alejandro Villa Henao, Omar Alveiro Calle Fenández, Carlos Adrian Zuleta Cossio, y Julio Eliver Pérez Areiza, dado que habían cumplido la mayoría de edad. Los representantes no se refirieron en particular a lo informado por el Estado.
Por otro lado, el Estado, los representantes y la Comisión no hicieron referencia alguna a lo señalado en la Resolución de 22 de diciembre de 2010 (supra Visto 10), respecto de la solicitud al Estado de proceder inmediatamente en los términos acordados para completar la adquisición de la vivienda a nombre de los menores de edad Deisy Tatiana, Johan Daniel y Cristian de Jesús Calle Fernández. En consecuencia, la Corte entiende que habrían llegado a un acuerdo al respecto y que este aspecto se ha cumplido.
El Tribunal observa que el Estado ha realizado los pagos debidos. No obstante, la Corte toma nota del asunto por resolver en cuanto al tema sucesorio para que los herederos de la señora Mercedes Barrera puedan acceder al monto depositado, por lo cual solicita al Estado y a los representantes que presenten información al respecto. En estos términos, el Estado ha cumplido con lo dispuesto en los puntos resolutivos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de la Sentencia, con la referida salvedad, respecto de lo cual la Corte deberá ser oportunamente informado. El Tribunal solicita al Estado que en sus informes sobre este tema se pronuncie respecto a la propuesta de los representantes (supra Considerando 17).
d) Sobre el punto resolutivo vigésimo de la Sentencia
En lo referente a la obligación de fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos de La Granja y El Aro, el Estado señaló que “por medio del Consejo Superior de la Judicatura realizó las actividades administrativas internas a que había lugar para contratar la elaboración de las placas con el texto sugerido por el Estado”. Al respecto aclaró que al momento de realizar estas diligencias, el Estado no contaba con la respuesta de los representantes. El Estado “lament[ó] no haber llegado a un acuerdo sobre el asunto con los representantes de las víctimas” e indicó que esperaba “contar con su colaboración para la instalación de las placas y la participación de las víctimas en ese evento”. En la audiencia privada, el Estado señaló que “la Corte […] avaló las gestiones del Estado y [las] placas ya están elaboradas y listas para ser llevadas al acto solmene” de conformidad con el texto que informó al Tribunal, por lo que sigue a la espera del acuerdo con las víctimas para su colocación.
Los representantes aclararon que la razón por la cual “no respondi[eron] por escrito a la propuesta del Estado” fue porque abordaron “el tema […] equivocadamente […] como [una medida de reparación cuyo cumplimiento estaba] unido al acto público” de reconocimiento estatal de responsabilidad. En cuanto a los textos que el Estado propuso para el contenido de las placas, señalaron que les “parecen inadmisibles, por cuanto no se compadecen con lo que la Corte declaró probado en la Sentencia del caso, en particular la participación directa de miembros del Ejército en los hechos de El Aro y la participación de paramilitares actuando en connivencia con miembros de la fuerza pública en el caso de La Granja”. Además, propusieron un texto que, en su opinión, debería inscribirse en las placas. Los representantes reconocieron y valoraron que “el Estado se haya abstenido de imponer un criterio unilateralmente” y solicitaron a la Corte que “el Estado pued[a] –para este caso particular y previo acuerdo del texto- concretar con las víctimas y familiares a través de sus representantes, el mejor momento y lugar para la fijación de las placas conmemorativas, sin que se entienda que está incumpliendo este aspecto de la Sentencia”. Durante la audiencia enfatizaron que el texto “es inadmisible” y que “no lo van a avalar”, por lo que solicitaron al Estado que “abra la posibilidad de [negociar] el texto”.
El Tribunal tiene presente que en la Resolución de 7 de julio de 2009 (supra Visto 2) claramente se indicó que si los representantes no presentaban observaciones a la propuesta del Estado en el plazo de tres meses, se entendería que estarían de acuerdo con aquélla, por lo que éste podría proceder a su realización. Los representantes tardaron un año en enviar sus comentarios al texto propuesto por el Estado para la elaboración de las placas, lo cual hicieron luego de vencido el referido plazo. La Corte observa que durante la audiencia el Estado hizo constar su disposición para negociar la colocación de las placas, mientras que los representantes manifestaron que están abiertos a dialogar también sobre el texto. En consecuencia, el Tribunal solicita al Estado, a la Comisión y a los representantes que informen si pueden llegar a un acuerdo acerca del contenido de las placas, en atención a los términos de la Sentencia, así como las modalidades de colocación.
e) Sobre los demás puntos resolutivos de la Sentencia
Respecto de los demás puntos resolutivos pendientes de cumplimiento (supra Visto 2), durante la audiencia el Estado presentó información actualizada acerca de: los avances en las investigaciones y procesos abiertos para determinar y eventualmente sancionar a los responsables de los hechos; sobre las medidas adoptadas para garantizar condiciones de retorno a los corregimientos de El Aro y La Granja; los programas estatales de apoyo socioeconómico para víctimas desplazadas, inclusive lo relativo a las resoluciones de autoridades de del Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) para dar cumplimiento a los acuerdos entre el Estado y las víctimas relativo a la implementación de un programa habitacional; y ciertas modalidades del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Por su parte, los representantes expresaron sus puntos de vista y propuestas sobre las modalidades de cumplimiento de las referidas obligaciones estatales. La Comisión se refirió a algunos alcances de la forma en que consideraba debían investigarse los hechos y reconoció y alentó el espíritu de cooperación entre el Estado y los representantes para el resto de medidas pendientes de cumplimiento.
La Corte valora positivamente la voluntad y disposición del Estado para lograr un acercamiento de diálogo y concertación con los representantes encaminado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Sentencia que se encuentran pendientes, si bien observa que existen discrepancias acerca de la forma en que deben cumplirse. De conformidad con lo manifestado durante la audiencia tanto por el Estado como por los representantes, así como su voluntad expresada en cuanto a concertar las gestiones de coordinación necesarias, el Tribunal queda a la espera de información actualizada, específica y puntual al respecto.
Al supervisar el cumplimiento de los puntos pendientes en este caso, la Corte valora la utilidad de la audiencia celebrada al efecto, la cual ha quedado plasmada en la buena voluntad y espíritu de cooperación mostrado. La Corte considerará el estado general del cumplimiento de los puntos pendientes de la Sentencia dictada en el presente caso, una vez que reciba la información pertinente.
en ejercicio de las atribuciones del Tribunal de supervisión de cumplimiento de sus decisiones, y de conformidad con los artículos 33, y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 30 del Estatuto de la Corte y los artículos 31 y 69 del Reglamento de la Corte,
De conformidad con lo señalado en los párrafos considerativos 9 y 19 de la presente Resolución, el Estado ha cumplido con la obligación de:
publicar en el Diario Oficial, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados del Fallo, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la Sentencia (punto resolutivo vigésimo segundo del Fallo), y
pagar a las personas señaladas en los anexos I, II y III de la Sentencia por concepto de la indemnización por daño material e inmaterial (puntos resolutivos vigésimo tercero y vigésimo cuarto del Fallo), en los términos de los párrafos considerativos 12 a 19 de esta Resolución.
Según lo señalado en el párrafo considerativo 8 de la presente Resolución, el Tribunal supervisará de manera conjunta, a través de la supervisión de cumplimiento de la medida de reparación sobre atención médica y psicológica ordenada en ocho casos colombianos, la obligación estatal de brindar el tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas ejecutadas (punto resolutivo decimosexto de la Sentencia).
De conformidad con lo señalado en los Considerandos 23 a 26 de la presente Resolución, las siguientes obligaciones se encuentran pendientes de cumplimiento:
llevar adelante las diligencias necesarias para proveer justicia en el caso (punto resolutivo decimoquinto de la Sentencia);
brindar gratuitamente el tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas ejecutadas en el caso (punto resolutivo decimosexto de la Sentencia);
realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los ex habitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hayan visto desplazados puedan regresar a El Aro o La Granja, según sea el caso y si así lo desearan (punto resolutivo decimoséptimo de la Sentencia);
realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso, con presencia de altas autoridades (punto resolutivo decimoctavo de la Sentencia);
implementar un programa habitacional, mediante el cual se provea de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran (punto resolutivo decimonoveno de la Sentencia); y
fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos de La Granja y El Aro, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan acerca de los hechos que dieron lugar al caso (punto resolutivo vigésimo de la Sentencia);
1. Requerir al Estado de Colombia que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, señalados en el punto declarativo tercero supra, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2. Solicitar al Estado de Colombia que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 19 de abril de 2011, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en los Considerandos 19, 23 a 26, así como en el punto declarativo tercero de la presente Resolución.
3. Solicitar a los representantes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto Resolutivo anterior, así como cualquier información relevante, en el plazo de dos y cuatro semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de dicho informe.
4. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes de las víctimas.
1 Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109; Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132; Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140; Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163; Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165 y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192.
2 A esta audiencia comparecieron: a) por el Estado: Francisco Javier Echeverri Lara, Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Juan Carlos Forero Ramírez, Vice Fiscal General de la Nación; Hernán Jaime Ulloa Venegas, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos; Gloria Beatriz Gaviria Ramos, Jefe de Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Protección Social; Alex de Jesús Salgado Lozano, Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional; Elena Ambrosi Turbay, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional; Hernando Castañeda Ariza, Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación; Jorge Alexander Vargas Mesa, Director Ejecutivo del Fondo Nacionalización de Vivienda; César Vegara Gutiérrez, Asesor de la Subdirección de Atención a Población Desplazada-Acción Social; Paulina Gómez Borda, Encargada de Negocios a.i., de la Embajada de Colombia en Costa Rica; Felipe Medina Ardila, Coordinador del Grupo Operativo Interinstitucional; Claudia Paola Redondo Polo, Asesora del Grupo Operativo Interinstitucional; Orlando Páez Barón, Inspector General de la Policía Nacional; John Henry Arango Alzáte, Coordinador del Grupo de Derechos Humanos de la Policía Nacional; y Daniel Vásquez Franco, Director del Sistema Habitacional del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. Además, comparecieron: b) por la Comisión Interamericana, Lilly Ching Soto, asesora; y c) por los representantes: John Arturo Cárdenas Mesa; Juliana Bravo Valencia; Erick Benjamín Aldana Mendoza; y María Victoria Fallon Morales, del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH).
3Cfr. Caso Baena Ricardo y Otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003, Serie C. No. 104, párr. 131; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de diciembre de 2010, considerando tercero, y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. . Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de diciembre de 2010, considerando tercero.
4 Reglamento de la Corte aprobado en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.
5 Cfr. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2004, Considerando quinto; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución del Presidente en ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de diciembre de 2010, Considerando octavo, y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, supra nota 3, Considerando sexto.
6 Cfr. Diario Oficial de la República de Colombia de 28 de abril de 2009 páginas 17 a 23 (expediente de supervisión de cumplimiento, tomo II, folios 761 a 767).
7 Cfr. declaración extraproceso No. 00.1641 de 9 de marzo de 2010 rendida por el señor José Marcelino Barrera Sucerquia (expediente de supervisión de cumplimiento, tomo III, folios 1177 y 1178).

References: Resolución 
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 resolución 
 Resolución 
 artículo 68
 artículo 67
 artículo 69
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 30
 artículo 68
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