Source: http://composi.info/informe-no-13311.html
Timestamp: 2018-11-16 11:58:17+00:00

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Informe No. 133/11
INFORME No. 133/111
PETICIÓN P-259-11
El 2 de marzo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Sandra L. Babcock del Center for International Human Rights de la Northwestern University School of Law y Kathryn M. Kase (en adelante, “las peticionarias”) contra Estados Unidos de América (en adelante, “Estados Unidos” o “el Estado”). La petición fue presentada en representación de Félix Rocha Díaz (en adelante, “la presunta víctima” o “el señor Rocha”), de nacionalidad mexicana, quien al momento de la presentación de la petición llevaba trece años privado de la libertad en el corredor de la muerte en el estado de Texas.
Las peticionarias sostienen que el señor Félix Rocha Díaz no fue informado en momento alguno sobre los derechos consulares establecidos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante, “Convención de Viena”); que la defensa proporcionada por el Estado fue ineficaz a lo largo de todo el proceso; que la inyección letal utilizada en el estado de Texas, debido a su composición y a la forma en que es administrada, provoca un sufrimiento excesivo; y que las condiciones de detención en el corredor de la muerte de Texas son inhumanas, presuntamente las peores del país. Al momento de la adopción del presente informe, el Estado aún no había presentado sus observaciones a los alegatos de las peticionarias.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar la posición de los peticionarios, y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 31 a 34 de su Reglamento, la Comisión Interamericana decide declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, “la Declaración Americana”). La CIDH decide además notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La Comisión Interamericana recibió la petición el 2 de marzo de 2011 y el 10 del mismo mes transmitió copia de las partes pertinentes al Estado otorgándole un plazo de dos meses para someter sus observaciones. El 30 de agosto de 2011 la CIDH reiteró la solicitud de información al Estado. Al momento de la adopción del presente informe, el Estado aún no había presentado sus observaciones.
En la mencionada comunicación de fecha 10 de marzo de 2011 la CIDH notificó además al Estado el otorgamiento de medidas cautelares a favor de la presunta víctima, y solicitó la suspensión de la ejecución hasta tanto se pronunciara sobre el fondo de la petición.
De acuerdo a lo indicado en la petición, Félix Rocha Díaz, ciudadano mexicano, fue condenado a la pena capital en noviembre de 1998 en el estado de Texas. La sentencia fue confirmada por la Corte Criminal de Apelaciones de Texas. Posteriormente se presentaron varios recursos a nivel estatal y federal. El último recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones del 5to Distrito el 17 de diciembre de 2010. De acuerdo a las peticionarias, al momento de la presentación de la petición ante la CIDH la presunta víctima se encontraba preparando una solicitud de certiorari para ser presentada a la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Las peticionarias alegan las siguientes violaciones por parte de Estados Unidos en perjuicio del señor Rocha: que no se cumplió con la obligación de notificar a las autoridades consulares sobre el arresto, detención o prisión de un nacional, establecida en el artículo 36 de la Convención de Viena; que la asistencia letrada fue ineficaz; que la inyección letal, método de ejecución actualmente utilizado en Texas, conlleva un riesgo de sufrimiento excesivo; y que las condiciones en las cuales está privada de libertad la presunta víctima, sumadas al llamado “síndrome del corredor de la muerte”, constituyen una pena cruel e inusual.
Las peticionarias manifiestan que el señor Rocha es uno de los ciudadanos mexicanos incluidos en la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 31 de marzo de 2004 en el Caso Avena y otros nacionales mexicanos (México v. Estados Unidos)2. Señalan que la Corte Internacional de Justicia estableció que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena y, como reparación, ordenó al Estado revisar y reconsiderar las respectivas condenas penales. Indican que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó que no eran auto ejecutables ni dicha sentencia ni el memorándum mediante el cual el Presidente de los Estados Unidos solicitó a las cortes estatales revisar las mencionadas condenas; y que por lo tanto la decisión de la Corte Internacional de Justicia no es vinculante3. Concluyen al respecto que, a pesar de las buenas intenciones del Poder Ejecutivo, el Congreso no ha aprobado la legislación necesaria para implementar el fallo del caso Avena.
De acuerdo a las peticionarias, es un hecho no controvertido que las autoridades no notificaron a la presunta víctima respecto de los derechos consulares previstos en el artículo 36 de la Convención de Viena, la cual se encuentra vigente en Estados Unidos desde el 24 de diciembre de 1969. Alegan además que el gobierno mexicano, de haber sido notificado, hubiera proporcionado asistencia al señor Rocha, ya que posee un programa especializado en proporcionar asistencia letrada a ciudadanos mexicanos condenados a pena de muerte en los Estados Unidos.
Respecto al segundo alegato, manifiestan las peticionarias que la defensa proporcionada por el Estado fue deficiente durante todo el procedimiento y que, de no haber sido por los errores de la defensa, el señor Rocha probablemente no hubiera sido condenado a la pena de muerte. Señalan que más de un miembro del jurado observó que la decisión de aplicar la sentencia a pena de muerte se debió a que el jurado conocía muy poco sobre la vida y los antecedentes familiares y sociales de la presunta víctima.
Al respecto, indican las peticionarias que no se le proporcionó al jurado un retrato completo del señor Rocha o información sobre las circunstancias que determinaron su accionar. Por ejemplo, se habría omitido prueba sobre las condiciones de extrema pobreza y violencia doméstica en que vivió la presunta víctima durante su infancia y adolescencia en el estado mexicano de Michoacán. Además, se habría omitido informar al jurado sobre el hecho que la presunta víctima acudió a enseñanza especial debido a importantes dificultades de aprendizaje. Señalan las peticionarias que dicha información, junto con testimonios de familiares y amigos, hubiera influido en la evaluación realizada por el jurado respecto a la culpabilidad del señor Rocha. Las peticionarias mencionan asimismo que la presentación de la defensa durante la etapa del establecimiento de la pena fue tan débil que la fiscalía declaró que “este es uno de aquellos raros casos en que no existen atenuantes. No existe discapacidad mental. No hay abuso infantil”.
En relación con el alegato relativo a la inyección letal, las peticionarias manifiestan que el método de ejecución empleado en Texas sometería al señor Rocha a un dolor y sufrimiento excesivo y evitable. De acuerdo a las peticionarias, ello se debe a los defectos existentes tanto en la composición de la inyección como en su aplicación. Señalan que hay prueba sustancial en el sentido que la inyección letal utilizada en Texas no cumple con el requisito según el cual el método de ejecución debe causar los “menores sufrimientos físicos o morales posibles”4. Indican las peticionarias que mientras en California, Florida y Missouri las cortes han suspendido temporalmente las ejecuciones mientras consideran si la inyección letal crea un riesgo inaceptable de sufrimiento, Texas ha continuado con las ejecuciones. Respecto a este punto, las peticionarias concluyen que la aplicación de la inyección letal al señor Rocha constituiría una pena cruel, infame e inusitada.
Por otra parte, las peticionarias alegan que las condiciones de detención en el corredor de la muerte de Texas son inhumanas. Señalan que las mismas son las peores condiciones de detención en el corredor de la muerte del país. De acuerdo a lo indicado en la petición, las personas privadas de libertad estarían en celdas individuales completamente segregadas de los demás internos, y no se les permitiría contacto físico alguno con sus abogados ni con sus familiares, ni siquiera antes de la ejecución. Señalan que a los internos con mejor conducta se les permitiría salir durante unas dos horas por día a una especie de “jaulas”. Según las peticionarias, a las personas privadas de la libertad en el corredor de la muerte no se les permite participar en actividad recreativa o grupal alguna. Asimismo, no se les proporcionaría a los internos artículos de higiene tales como jabón, shampoo y antisudoral, los cuales deben comprarse en la prisión. Por otra parte, señalan que la detención en el corredor de la muerte durante trece años constituye una pena cruel, infame e inusitada y que el agudo daño psicológico causado por el síndrome del corredor de la muerte ha sido internacionalmente reconocido.
Por último, indican que, debido a su desconocimiento del sistema legal estadounidense y a la falta de asistencia consular, el señor Rocha realizó declaraciones incriminatorias durante su primera conversación con la policía. Manifiestan al respecto que la presunta víctima fue interrogada mientras se encontraba hospitalizada luego de haber recibido seis tiros al ser arrestada por un crimen no relacionado a la presente condena. De acuerdo a las peticionarias, el señor Rocha renunció a su derecho de guardar silencio luego de haber sido sometido a una cirugía invasiva y estando aún bajo el efecto de fuertes sedantes, por lo que no estaba en posición de renunciar a sus derechos.
En relación con el agotamiento de los recursos internos, las peticionarias sostienen que se han agotados los recursos disponibles a nivel estatal y federal respecto a la alegada falta de notificación consular y a la presunta ineficacia de la asistencia letrada. Señalan además que si bien se está preparando una solicitud de certiorari para ser presentada a la Suprema Corte, el señor Rocha no puede esperar a agotar todas las posibles vías de revisión para presentar una petición ante la Comisión Interamericana, ya que podría ser ejecutado antes de que la CIDH tenga la oportunidad de considerar su petición.
Respecto a los dos restantes alegatos, indican las peticionarias que los mismos no fueron presentados ante los tribunales internos debido a que ello hubiera sido fútil, motivo por el cual aplicaría la excepción al agotamiento de los recursos internos. En relación con las condiciones de detención, señalan que tanto la Corte Criminal de Apelaciones de Texas como la Suprema Corte de los Estados Unidos han rechazado en forma reiterada el alegato según el cual las condiciones de detención en el corredor de la muerte constituyen una pena cruel e inusual. Asimismo, desde 1976 ninguna corte estadounidense habría reconocido que la alegada tortura psicológica y angustia causada por la prisión prolongada en el corredor de la muerte viola la Octava Enmienda. Respecto a la inyección letal, manifiestan que desde 2006 el estado de Texas ha ejecutado a trece personas que han cuestionado judicialmente el protocolo de la inyección letal, y que ningún tribunal ha establecido que dicho protocolo utilizado en Texas es inconstitucional.
En tal sentido, concluyen las peticionarias que, debido a la falta de razonables perspectivas de éxito, están exceptuadas de agotar los recursos internos respecto de estos dos alegatos. Manifiestan por otra parte que el señor Rocha estaría además impedido de presentar estos alegatos ante las cortes estadounidenses debido a la existencia de límites draconianos en la presentación de recursos “sucesivos” posteriores a la condena. Señalan al respecto que la Corte Criminal de Apelaciones de Texas ha interpretado dichos límites en forma estricta. Por ejemplo, ha establecido expresamente que las cortes no pueden entrar a considerar el fondo de un alegato presentado en forma “sucesiva” o “subsiguiente”, inclusive si no fue presentado anteriormente debido a la ineficacia de la defensa letrada.
Con base en todo lo anterior, las peticionarias alegan que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana en perjuicio de Félix Rocha Díaz.
El Estado no ha proporcionado sus observaciones sobre los alegatos de las peticionarias.
Las peticionarias se encuentran facultadas para presentar peticiones, en principio, por el artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto de quien Estados Unidos se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Declaración Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión Interamericana señala que Estados Unidos está sujeto a las obligaciones que impone la Declaración Americana de acuerdo con la Carta de la OEA, el Estatuto de la CIDH en su artículo 20 y el Reglamento de la Comisión Interamericana en su artículo 51. Estados Unidos es parte de la Organización de Estados Americanos desde el 19 de junio de 1951, fecha en que depositó su instrumento de ratificación de la Carta de la OEA5, y está sometido a la jurisdicción de la CIDH desde 1959, año en el que se creó este órgano. Por lo tanto, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Declaración Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Estados Unidos, Estado Parte de dicha Declaración. La Comisión Interamericana tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Declaración Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Declaración Americana.
El artículo 31(1) del Reglamento de la Comisión Interamericana establece que, para que sea admisible una petición, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, la solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional.
El artículo 31(2) del Reglamento de la CIDH prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando: la legislación interna del Estado de que se trata no cuente con el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
En relación con el presente caso, luego del rechazo del recurso de apelación directa, se presentaron varios recursos a nivel estatal y federal contra la sentencia y la condena a pena de muerte, los cuales fueron rechazados. De acuerdo a la información proporcionada, entre los alegatos presentados en los mencionados recursos figuran la alegada falta de notificación consular y la presunta ineficacia de la defensa letrada. Por lo tanto, las peticionarias han cumplido con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos respecto a estos dos alegatos.
La CIDH observa que en la petición se hace referencia a la futura posible presentación de una solicitud de certiorari ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Se alega al respecto que, de esperar a agotar dicho recurso adicional para acudir a la CIDH, el señor Rocha podría ser ejecutado antes que la Comisión tenga la oportunidad de pronunciarse sobre la petición. La Comisión Interamericana ha indicado que “el requisito de agotamiento de los recursos internos no significa que las presuntas víctimas tengan la obligación de agotar todos los recursos que tengan disponibles”. En tal sentido, “si la presunta víctima planteó la cuestión por alguna de las alternativas válidas y adecuadas según el ordenamiento jurídico interno y el Estado tuvo la oportunidad de remediar la cuestión en su jurisdicción, la finalidad de la norma internacional está cumplida”6. Asimismo, cabe indicar que al momento de adoptar la presente decisión, la CIDH no ha sido informada sobre la presentación del mencionado recurso.
Respecto a los alegatos relativos a la inyección letal y a las condiciones de detención en el corredor de la muerte, las peticionarias sostienen que están exceptuadas de agotar los recursos internos, ya que los tribunales estadounidenses han rechazado constantemente dichos alegatos. La Comisión Interamericana ha observado que los principios del derecho internacional mencionados en el artículo 31(1) de su Reglamento no se refieren solamente a la existencia formal de los recursos sino también al requisito de que sean adecuados y eficaces7. Los recursos deben ser adecuados, en el sentido de ser aptos para promover la corrección de una infracción de un derecho legal, y efectivos, en el sentido de producir el resultado para el que fueron concebidos8.
Con base en los alegatos e información proporcionada por las peticionarias, la Comisión Interamericana concluye que la presentación de recursos internos respecto a estos dos alegatos no habría tenido perspectivas razonables de éxito y, por lo tanto, no habría sido efectivo de acuerdo a lo establecido por los principios del derecho internacional. En tal sentido, se estaría en el supuesto de la excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 31(2)(b) del Reglamento de la CIDH.
El artículo 32(1) del Reglamento de la Comisión Interamericana requiere que las peticiones sean presentadas dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de notificación de la decisión definitiva. Sin embargo, en virtud del artículo 32(2) de dicho Reglamento, en aquellos casos en que resulten aplicables las excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, la petición deberá presentarse dentro de un plazo razonable, a criterio de la Comisión Interamericana. A tal efecto, la CIDH debe considerar la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos y las circunstancias de cada caso9.
En el presente caso, el último recurso interpuesto fue rechazado el 17 de diciembre de 2010 y la presente petición fue presentada el 2 de marzo de 2011. Por lo tanto, respecto a la alegada falta de notificación consular y a la presunta ineficacia de la defensa letrada, se cumple con el plazo de seis meses previsto en el artículo 32(1) del Reglamento. En relación con los otros dos alegatos, la Comisión Interamericana, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, concluye que los mismos fueron presentados dentro de un plazo razonable, por lo cual estos reclamos cumplen con el requisito establecido en el artículo 32(2) del Reglamento.
No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 33(1) del Reglamento de la Comisión Interamericana.
El artículo 34(a) del Reglamento dispone que las peticiones que se presenten ante la CIDH deben afirmar hechos que tiendan a establecer una violación de los derechos referidos en su artículo 27, en cuyo defecto la petición debe ser desestimada por ser “manifiestamente infundada” o “improcedente”, según lo dispuesto en su artículo 34(b). El criterio para analizar la admisibilidad difiere del utilizado para el análisis del fondo de la petición dado que la Comisión Interamericana sólo realiza un análisis prima facie para determinar si los peticionarios establecen la aparente o posible violación de un derecho garantizado por la Declaración Americana. Se trata de un análisis somero que no implica prejuzgar o emitir una opinión preliminar sobre el fondo de la cuestión.
Ni la Declaración Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen al peticionario identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. Corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad, qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos alegados son probados mediante elementos suficientes.
En el presente caso las peticionarias alegan que el señor Rocha fue arrestado, detenido y condenado a la pena capital, sin que se le hubiera notificado sobre sus derechos consulares previstos en el artículo 36 de la Convención de Viena. Asimismo, la defensa letrada nombrada por el Estado habría sido deficiente durante todo el proceso. De acuerdo a las peticionarias, de no haber sido por las omisiones y errores de la defensa, la presunta víctima no habría sido condenada a la pena de muerte. Por otra parte, sostienen que la inyección letal, método de ejecución empleado en Texas, no cumple con el requisito de causar el menor sufrimiento posible debido a su composición y a la forma en que es suministrada. Por último, alegan que las condiciones de detención en el corredor de la muerte de Texas son inhumanas y que la presunta víctima estaría sufriendo del llamado “síndrome del corredor de la muerte” debido a su prolongada privación de libertad.
La Comisión Interamericana, tomando en cuenta el nivel de escrutinio más riguroso que ha aplicado en los casos de pena de muerte10, observa que los alegatos de los peticionarios, en caso de ser probados, podrían caracterizar violaciones a los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana. La CIDH reitera la obligación más severa de verificar que toda privación de la vida que resulte de la aplicación de la pena de muerte cumpla estrictamente los requisitos de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos aplicables, incluida la Declaración Americana11.
En conclusión, la CIDH decide que la petición no es manifiestamente infundada ni improcedente y declara que las peticionarias han cumplido, prima facie, los requisitos establecidos en el artículo 34 del Reglamento de la Comisión Interamericana.
La Comisión Interamericana concluye que es competente para tomar conocimiento del presente asunto y que la petición es admisible, de conformidad con los artículos 31 a 34 de su Reglamento. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del asunto,
1. Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos I, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana;
2. Notificar a las partes la presente decisión;
Continuar con el análisis del fondo de la cuestión;
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 19 días del mes de octubre de 2011. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Felipe González y María Silvia Guillén, Miembros de la Comisión.
1 La Comisionada Dinah Shelton, de nacionalidad estadounidense, no participó en las deliberaciones ni en la decisión del presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión Interamericana. El Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana, consideró que debía abstenerse de participar en el examen y en la decisión de este asunto con base en el artículo 17.3 del Reglamento de la CIDH. El motivo expuesto por el Comisionado Orozco Henríquez fue que la presunta víctima en este caso es una de las personas incluidas en el Caso Avena y otros vs. Estados Unidos, presentado por México ante la Corte internacional de Justicia. La Comisión Interamericana aceptó la inhibición y por lo tanto el Comisionado Orozco Henríquez no participó en la deliberación ni votación de este caso.
2 International Court of Justice, Case concerning Avena and other Mexican nationals (Mexico v. United States of America), Judgment of 31 March 2004. Disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/128/8188.pdf.
3 Medellín v. Texas, 552 U.S. 491, 498 (2008).
4 Las peticionarias citan la Observación General No. 20, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 7 – Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 44 período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 173 (1992), párr. 6.
5 Véase también Corte IDH, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dentro del marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, OC-10/89, párr. 45 (14 de julio de 1989).
6 CIDH, Informe No. 60/11, Peticiones P-11.575 y otras, Admisibilidad, Clarence Allen Lackey y otros, Estados Unidos, 24 de marzo de 2011, párr. 139.
7 CIDH, Informe No. 105/09, Petición P-592-07, Admisibilidad, Grupo de Tratado Hul’Qumi’Num, Canadá, 30 de octubre de 2009, párr. 31.
8 CIDH, Informe No. 16/04, Petición P-129-02, Admisibilidad, Tracy Lee Housel, Estados Unidos, 27 de febrero de 2004, párr. 31.
9 CIDH, Informe No. 63/10, Petición 1119-03, Admisibilidad, Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros, Honduras, 24 de marzo de 2010, párr. 49.
10 Véanse CIDH, Informe No. 60/11, Peticiones P-11.575 y otras, Admisibilidad, Clarence Allen Lackey, 24 de marzo de 2011, párr. 158; Informe No. 77/09, Petición 1349-07, Admisibilidad, Orlando Cordia Hall, Estados Unidos, 5 de agosto de 2009, párr. 47; e Informe No.61/03, Petición 4446-02, Admisibilidad, Roberto Moreno Ramos, Estados Unidos, párr. 66.
11 CIDH, Informe No. 1/05, Caso 12.430, Fondo, Roberto Moreno Ramos, Estados Unidos, 28 de enero de 2005, párr. 43.

References: artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
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 artículo 23
 artículo 20
 artículo 51
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 27
 artículo 34
 artículo 36
 artículo 34
 artículo 17
 artículo 17
 Artículo 7
 artículo 64