Source: https://fr.scribd.com/document/390388051/16
Timestamp: 2019-09-18 14:52:46+00:00

Document:
16 | Loi criminelle | Moralité
silva sanchez, jesus maria - la expansion del derecho penal. 1a edicion.pdf
La Cumpabilidad..2
Título: La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el régimen penal tributario y ambiental
Publicado en: Práctica Profesional 2012-169, 12/07/2012, 50
Cita Online: AR/DOC/2759/2012
1. Planteamiento del problema y su racional encuadre en el derecho penal económico
1.1 Síntesis sobre la evolución doctrinal sobre el tema.
Todos los autores nieguen o no la posibilidad de sancionar penalmente a las personas jurídicas, son contestes
en que la eventual responsabilidad debe surgir de una expresa disposición legal que así lo prevea. Es también la
postura de nuestro más Alto Tribunal, que exige desde antiguo tal circunstancia ("Entre Ríos, Extracto de Carne
Ltda. s/defraudación de derechos de aduana", C.S.J.N. 7.12.1984) (1).
Pueden sintetizarse las posturas de los variados autores sobre el tema, en dos básicas teorías. Ellas son:
a) De la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas: basada en la más pura dogmática penal, en base a la
incapacidad de estas de acción y culpabilidad y el principio de personalidad de las penas.
b) Pueden ser pasibles de responsabilidad penal: este criterio afirmativo que gradualmente se impone en el
mundo, la admite en base a una política criminal tendiente a contrarrestar la cada vez más acentuada delictuosidad
de la empresa. (ej: L.O.5/2010 artículo 31 bis que reforma el Código Penal Español). Esta tendencia mundial que
lidera el derecho anglosajón, tiene en especial cuenta la legislación y jurisprudencia de los Estado Unidos, que
admite la responsabilidad de las personas jurídicas desde 1991.
1.2. Legislación argentina.
En Argentina, de forma similar a otros países, se ha legislado sobre el tema de manera incongruente, algunas
veces responsabilizando a las mismas conjunta o supletoriamente a sus órganos o dependientes y otra en forma
inversa, sancionando primero a las personas físicas que las representen y luego a los entes ideales. No faltan las
leyes que únicamente sancionen a los representantes, con exclusión de la persona jurídica representada.
Las leyes especiales que prevén la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, tampoco son claras en
cuanto a la forma y límite de la imputación, mezclando normalmente la responsabilidad directa (por actuación de
sus órganos) con la indirecta o refleja (por actuación de sus dependientes).
Esta mezcla de teorías y conceptos puede verse claramente en las diversas leyes especiales que tratan el tema,
en especial por su importancia la Ley Penal Cambiaria (ley 19.359 y modificatorias — t.o. por decreto 480/95); el
Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias); la Pey Penal Tributaria (ley 24.769 y modificatoria ley 26.735);
Ley de Defensa de la Competencia (ley 25.156); Ley de Abastecimiento (ley 20.680) entre otras (2).
1.3. Presupuestos básicos para dilucidar el tema.
Partiendo de la teoría de que se puede sancionar a las personas jurídicas, la primera pregunta a responder es
¿qué naturaleza jurídica tienen dichas sanciones?.
El segundo interrogante surge si las sanciones a imponer tienen naturaleza penal y es el siguiente: ¿puede
adaptarse jurídicamente a los fundamentos dogmáticos constitucionales argentinos?. De ser afirmativa la
respuesta, surgen los siguientes interrogantes:
a) ¿Quién debe ser considerado autor material del ilícito? ¿la persona jurídica o la persona física actuante? Y
según sea la respuesta ¿cómo se solucionan los temas de reincidencia, extinción de la acción y rebeldía?
b) ¿Cómo se efectiviza el sometimiento de la persona jurídica al proceso? Y paralelamente ¿quién debe
legislar sobre el tema?, ¿la ley de fondo nacional o los códigos procesales locales?
c) ¿Es necesario sancionar a la persona física que cometió el ilícito para sancionar a la persona jurídica o se
trata de responsabilidades y sanciones independientes?
2. Naturaleza jurídica de la sanción
2.1. Barreras constitucionales a las teorías que aceptan la responsabilidad penal.
Los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional configuran, en mi opinión, una barrera insalvable para
considerar posible fundamentar la dogmática penal actual argentina de tales teorías (3).
Ello así por los siguientes fundamentos:
a) El artículo 18 establece el principio rector de culpabilidad para sancionar. Solo pueden ser culpables las
personas físicas, porque el término "habitante" solo es aplicable a ellas y el precepto "...sin juicio previo fundado
en ley anterior al proceso..." implica, necesariamente, el conocimiento de una norma antes de cometer el ilícito y
que fundamenta el reproche por a su violación voluntaria;
b) Los conceptos: "nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo", "ni arrestado..." y "las cárceles de la
nación serán sanas y limpias..." no son aplicables a las personas jurídicas, ni siquiera forzando una interpretación
c) El concepto "las acciones privadas de los hombres..." se refiere expresa, taxativa y únicamente a la conducta
Recientes fallos judiciales han adoptado la teoría de la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas. Así
a) La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, al expedirse en la causa "FLY MACHINE" del
28.11.2003, confirmó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, que había declarado la
nulidad de los requerimientos de elevación a juicio de la empresa. Sostuvo entre otros argumentos que: "...las
personas jurídicas no tienen capacidad de acción para cometer delitos, pues la conducta jurídica penal debe ser
evaluada desde un punto de vista psicológico y no normativo, de la que surge que el delito es una manifestación
humana que puede ser atribuida solo a una persona física, postura que se basa en la exigencia de identidad del
delincuente y del condenado. Ahora bien, si carecen de capacidad de conducta, puede decirse que son, además,
incapaces de culpabilidad y de pena. Ello es así pues, si la aplicación de una sanción funciona como una amenaza
psicológica para quien comete un delito, no podría sostenerse que un ente ideal pueda ser objeto de conminación
psicológica alguna. Por lo demás, la aplicación de una sanción a una persona de existencia ideal afecta el principio
de personalidad de la pena, la que no puede ser impuesta a todos los miembros de la sociedad sino solo al
individuo que delinque, es decir, a las personas físicas que hubieren intervenido en el hecho ilícito. En amparo de
estos principios de derecho criminal, queda claro entonces que los delitos previstos en el ordenamiento aduanero
pueden ser cometidos no por la persona jurídica, sino por sus miembros, obviando el interés que haya tenido la
sociedad en la comisión del suceso delictivo".
Interpuesto y concedido el recurso extraordinario contra el fallo, la mayoría de los miembros del Supremo
Tribunal, siguiendo el dictamen del Procurador Fiscal, rechazó el recurso por falta de fundamentación. Por el
contrario, el voto en disidencia del Dr. Zaffaroni, sí desarrollo in-extenso el tema. Sostuvo el prestigioso
doctrinario que: "...más allá de lo que pueda establecerse en ciertas leyes de naturaleza penal, el requerimiento de
conducta humana como presupuesto sistemático para la construcción del concepto de delito responde a una
máxima exigencia de racionalidad republicana dentro del método dogmático jurídico-penal y su definición se
haya condicionada por los contenidos que surgen de ciertos postulados de jerarquía constitucional, entre los
cuales se destaca nullum crimen sine conducta. Que en tal sentido, cabe relevar que de las expresiones "hecho del
proceso y de la causa" (art. 18 C.N.) y "las acciones" a que se refiere el artículo 19 constitucional —que, a
contrario sensu, serían acciones públicas (o privadas con implicancias públicas)— surge el principio de la
materialidad de la acción (nullia injuria sine accione), según el cual ningún daño, por grave que sea, puede
estimarse penalmente relevante sino como efecto de una conducta. Por lo demás, conforme la incorporación del
artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, se exige expresamente en varios textos de derecho internacional
de los derechos humanos que solo pueden configurar delitos las acciones u omisiones— arts. 11 párrafo 2 DUDH;
15 párrafo 1 PIDCyP; 9 CADH y 40 párrafo 2 ap. a CDN—. Que, por lo tanto, la construcción del concepto
jurídico-penal de acción haya un límite concreto en ciertas coordenadas constitucionales en cuya virtud los
delitos, como presupuestos de la pena, deben materializarse en conductas humanas, describibles en cuanto tales
por la ley penal. Que, en síntesis, la operatividad de la máxima constitucional "nullia injuria sine accione" impone
la delimitación del concepto jurídico-penal de conducta, sobre la base de un hacer u omitir que reconocería como
único sujeto activo al ser humano, respecto del cual puede reaccionar el Estado con las penas legalmente previstas,
excluyendo por ende a las personas jurídicas de acuerdo con el principio "societas delinquere non potest" (o
universitas delinquere nequit), el cual salva, además, los irrenunciables principios de culpabilidad y personalidad
de la pena".
Un destacado especialista en derecho penal aduanero que comulga con la teoría de responsabilizar penal y
aduaneramente a las personas jurídicas, criticó los fundamentos expuestos (4). Otros autores también
fundamentan la posibilidad de sancionar penal-aduaneramente a las personas jurídicas (5).
También resulta un interesante trabajo doctrinario sobre el tema y sobre defensa de la posibilidad de
responsabilizar aduanera-penalmente a las personas jurídicas, el realizado por el Dr. Cuello (6).
A posteriori del fallo FLY MACHINE, dos importantes libros sobre derecho infraccional aduanero, tocan
solventemente el tema: ellos son los de los Doctores Cotter (7) y Alais (8).
Otros destacados autores tratan dogmáticamente el tema (9). Cabe hacer notar que el Dr. González, con
anterioridad al trabajo de la cita, criticó, con profuso detalle de maestros del derecho penal, el voto del Doctor
Zaffaroni recaído en el fallo "FLY MACHINE"(10).
b) En el 2010, le tocó a la misma Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal, confirmar claros conceptos
sobre la imposibilidad de imputar penalmente a las personas jurídicas (11).
2.2. Naturaleza administrativa.
Estos fundados precedentes jurisprudenciales, cometen, en mi criterio, un solo error doctrinario. Dejan abierta
la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas conforme al derecho administrativo sancionador.
Soy de opinión que tal criterio configura en error doctrinario, dado que entre el derecho penal y el derecho
administrativo sancionatorio, solo hay diferencias cuantitativas y no cualitativas. Ambos tienen su origen en la
potestad punitiva del Estado y están sujetos a los límites represivos constitucionales.
El dejar abierta tal puerta, solo consigue desplazar, sin solucionar el problema de fondo, desde un concepto
estricto de derecho penal, a uno más amplio que también abarca al derecho administrativo sancionador. El
profesor Sainz de Bujanda enseña que: "...toda norma jurídica que contemple una infracción del orden jurídico,
asociando a esta una pena, tiene una naturaleza jurídico-penal, cualquiera que sea el texto positivo en que se
encuentre incorporada. De suerte tal que las diferencias entre las normas contenidas en el Código Penal y las
contenidas en otras leyes serían de tipo formal. En función de la mayor o menor gravedad que se le atribuye a la
infracción, con arreglo a una valoración político-social, se incorpora al Código Penal, o a la legislación
administrativa, atribuyéndose la calificación y aplicación de las sanciones a los órganos del poder judicial o a los
órganos de la administración actuando estos en el ejercicio de funciones jurisdiccionales."(12).
En numerosos artículos y conferencias he sostenido tal postura (13) y que la tendencia de transferir normas del
derecho penal al derecho administrativo, configura una lamentable "descriminalización" del derecho
penal-económico, inaceptable desde un punto de vista constitucional (14).
Este avance del derecho administrativo sobre el penal, configura una involución que se traduce en: a) Mayor
cantidad de leyes penales en blanco, con normas confusas que integran el tipo penal; b) Normas que prevén
severas sanciones y que el legislador o administrador denomina "contravenciones o faltas", que al considerarlas de
naturaleza administrativa, violan principios constitucionales; c) Sentencias condenatorias aplicables por la
administración, aunque prevean el control judicial suficiente; d) Apelación de esas sentencias ante tribunales sin
competencia penal; e) Leyes con normas represivas que aplican supletoriamente la ley 19.549 de procedimientos
administrativos, en vez del Código Procesal Penal, etc.
Lucidamente sostiene el profesor CASSAGNE, que este proceso quiebra el sistema jurídico (15).
Se recomienda sobre el tema, el exhaustivo trabajo realizado por el Dr. GARCIA PULLES (16).
2.3. Mí opinión.
He sostenido con anterioridad que descartada la posibilidad de sancionar penal o administrativamente a las
personas jurídicas, solo resta analizar si se puede fundar el reproche en principios generales del derecho (17).
La realidad nos muestra cotidianamente el auge de la delincuencia económica y de los medios corporativos
empleados para lograr ganancias espurias. Las empresas se ven beneficiadas por el obrar ilícito de sus órganos,
excediéndose en sus atribuciones, o bien de sus dependientes, en cumplimiento de directivas emanadas o
consentidas por los órganos. En estos casos, las personas jurídicas deben responder con sus patrimonios, en
cumplimiento de un deber de garantía social que les impone el Estado para funcionar.
Cabe preguntarse: ¿Por qué una persona jurídica que el derecho reconoce como distinta de las personas físicas
que la integran, dirigen o dependan de ella, debe ser garante por los ilícitos que cometieran?
En mi opinión, dicho deber de garantía debe fundarse jurídicamente en dos conceptos desarrollados
modernamente tanto por la dogmática penal como la civil. Ellos: a) El "dominio" del garante sobre la causa del
resultado y b) "La teoría del riesgo", que postula la responsabilidad de la persona que crea un peligro social con el
Los dos conceptos coexisten conjuntamente para fundar la responsabilidad de las personas jurídicas, no como
responsabilidad del "hecho ajeno", sino como responsabilidad del "hecho propio" por falta de control, pudiendo
hacerlo, de las personas físicas que utilicen su organización y patrimonio para delinquir. Cuando el Estado
autoriza o permite actuar a entes ideales, lo hace al solo efecto de que realicen actos lícitos. Si sus integrantes,
abusando de sus mandatos normativos, cometen ilícitos y la organización empresarial no los evita, pudiendo
hacerlo mediante el debido control, defrauda la confianza estatal y social y es pasible de reproche.
El único requisito a observar para responsabilizarlas, es que las personas físicas que las integran y/o dirigen
actúen en "beneficio" de ellas, ya que debe existir el nexo vinculante que permite la imputabilidad. Probada la
"relación funcional", estas son responsables por no ejercer el control efectivo que hubiera evitado el ilícito, ya que
tiene-o debería tener— el dominio de la actividad que despliega y por la cual fue autorizada a funcionar.
Entre invalorables trabajos doctrinarios sobre el tema, considero necesario, por su profundidad, destacar el del
Dr. MARTIN (18) y el del Dr. CESANO (19).
Cabe hacer notar que modernas normas en nuestro país adoptan la teoría expuesta. Así por ejemplo el artículo
48 de la ley 25.156 (ley de defensa de la competencia), dispone: "cuando las infracciones previstas en esta ley
fueren cometidas por una persona de existencia ideal la multa también se aplicará solidariamente a los directores,
gerentes, administradores, síndicos o miembros del consejo de vigilancia, mandatarios o representantes legales de
dicha persona de existencia ideal que por su acción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o
vigilancia hubieren contribuido alentando o permitiendo la comisión de la infracción. En tal caso, se podrá
disponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno [1] a diez [10] años a la
persona de existencia ideal y a las personas enumeradas en el párrafo anterior.".
También existen fallos tutelares del derecho al medio ambiente sano. Así por ejemplo la Cámara Federal de
San Martín, en la causa caratulada "Averiguación sobre contaminación del río reconquista", sostuvo que: "...para
estos casos la estructura de los delitos tradicionalmente llamados de comisión por omisión y, más modernamente,
impropios de omisión, brinda una solución adecuada al problema que se viene tratando; el agente que tiene la
obligación de actuar en determinado sentido (la llamada, posición de garante), mediante una omisión permite que
el resultado material se produzca. De aquí se deriva un poder de control sobre las cosas peligrosas y, en el caso de
delegación, un deber de cuidado en la elección de su personal según su capacidad y un deber de supervisión
general. El titular o directivo no puede librarse de esta posición de garante mediante la designación de garantes
auxiliares"(20).
Es más, aun en el ámbito del derecho penal nuclear y en relación a los delitos culposos, se comienza a analizar
como causal de responsabilidad de las personas el ejercicio negligente del dominio de una actividad que crea o
acrecienta un peligro para la sociedad (21).
3. Llamamiento al proceso de las personas jurídicas
Es absolutamente necesario para responsabilizar a las personas jurídicas por actos u omisiones de sus órganos
o dependientes, que sean sometidos al debido proceso, citándolas y recibiendo sus descargos por medio del
órgano capacitado legal y estatutariamente para hacerlo.
Pretorianamente, los tribunales han llamado a los entes ideales a prestar "declaración indagatoria" por medio
de sus representantes, lo que ha merecido acertadas críticas por ser este un acto personalísimo, en el cual el
imputado no puede ser sustituido ni representado.
En mi opinión, para superar todos los problemas procesales que implica forzar el concepto de declaración
indagatoria, debe hacerse la previsión legal, ya sean en las leyes de fondo o en los respectivos códigos procesales
provinciales, de aplicar supletoriamente las normas procesales civiles, efectuando sus descargos a modo de
"absolución de posiciones"(22). Es el espíritu sentado por los fallos "Bunge y Born", "Leiro" y "Serur Hnos."(23)
4. Derecho penal tributario
Recientemente, la ley 26.735 promulgada el 27 de diciembre de 2011, introdujo diversas modificaciones a la
ley 24.769.
Entre las más importantes se encuentra el agregado como segundo párrafo al artículo 14, referido a la
No he de desarrollar en el presente trabajo el primer párrafo del actual texto legal, porque no ha sido
modificado y ha sido solventemente expuesto por prestigiosos doctrinarios (24). Me limitaré al segundo párrafo
que textualmente dispone: "Cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre
o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes
1. Multa de dos [2] a diez [10] veces de la deuda verificada.
2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los cinco [5] años.
3. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier
otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cinco [5] años.
4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos
actos constituyan la principal actividad de la entidad.
6. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal. Para
graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la
omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de
dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona
jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un
servicio en particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4.".
En primer lugar cabe destacar la íntima relación entre el primer y segundo párrafo del artículo 14, dado que
ambos prevén el actuar ilícito en "nombre, con la ayuda o en beneficio" de una persona jurídica. Es decir, ante tal
hipótesis, la ley sanciona con pena de prisión a las personas físicas enumeradas en el primer párrafo y conjunta o
alternativamente a la persona jurídica, con las penas establecidas en el segundo párrafo. Cabe aclarar que el
segundo párrafo en vez de la palabra "ayuda" utilizado por el primero, consigna "con la intervención", pero a todas
luces implica el mismo concepto.
Como segundo comentario cabe reflexionar sobre la prudencia que deberán adoptar los jueces, al imponer o
no penas a las personas jurídicas por el accionar ilícito de sus órganos o dependientes. Ello así, porque muchas
veces el accionar de las personas físicas vinculadas con la organización empresaria, defraudan a ésta en beneficio
propio, circunstancia que transforma a la empresa en víctima del ilícito, descartando su responsabilidad. Pero aun
así, según la teoría que participo, puede ser sancionada por "defecto de organización", tal como prevé el inciso 6
para graduar las sanciones (incumplimiento de reglas y procedimientos internos y/o la omisión de vigilancia sobre
la actividad de los autores y participes). Esta responsabilidad por hecho propio, permite independizar la
responsabilidad de la empresa de la responsabilidad de la persona física interviniente en el ilícito, con la cual se
daría respuesta al interrogante siempre planteado por la doctrina: ¿Debe sancionarse previamente a la persona
física interviniente para poder así sancionar a la persona jurídica?. Considero que ésta fue la intención del
legislador al reiterar los conceptos: "cuando algunos de los hechos...". De no ser así, hubiera dispuesto
concretamente que, por ejemplo: "...en estos casos,...se impondrán las siguientes sanciones accesorias a la
entidad...".
Como tercer comentario, considero que a las sanciones previstas para ser impuestas en forma conjunta o
alternativa, hay que agregar la perdida de beneficios, su utilización u obtención prevista en el artículo 5° de la ley
(25). Esta previsión legal resulta más amplia que la prevista en el inciso 5° del agregado analizado.
En un excelente trabajo, el Dr. Pérez describe la relación existente entre la responsabilidad penal de las
personas jurídicas (agregado ley 26.735 al artículo 14) y la responsabilidad infraccional que ya preveía la ley
11.683 t.o. (artículo 54 y 55) (26). Esta relación conflictiva puede en el futuro traer problemas por afectación al
principio "non bis in idem". Este tema lo plantea solventemente el Dr. Viola (27), como asimismo la Dra. Marconi
(28). A solucionar ésta difícil armonización de normas y evitar la violación al principio "non bis in idem", tiende
el segundo párrafo del artículo 20 de la ley, cuya interpretación disímil por parte de la jurisprudencia, ha traído
severos problemas aún irresueltos (29). No se comparte el criterio que sostiene que el nuevo artículo 14 de la ley
24.769 (conforme redacción de la ley 26.735), modifica la ley 11.683, las leyes previsionales nacionales,
provinciales y de la CABA en materia sancionatoria (30). Solo configura una difícil armonización de normas.
Por último, coincido con los autores de un reciente libro que sostienen, entre otros importantes conceptos:
"...obliga a repensar la naturaleza del primer párrafo de este artículo 14...el principio de legalidad no debe ser
salvado, pues con la actual reforma no existe un vacío de punibilidad que impida imputar el hecho a la persona
jurídica y se deba recurrir a la persona física, aquel primer párrafo no supone la cláusula de actuar en lugar del
otro. Concluyendo, entendemos que el primer párrafo tiene una doble sanción: por un lado, establecer reglas de
imputación penal para las personas físicas en el ámbito de estructuras organizadas. Y por el otro establecer quien
puede con su conducta dar origen a la responsabilidad de las personas jurídicas (31).
5. Derecho penal ambiental
Sin duda alguna, la regulación sobre el medio ambiente y su relación con el desarrollo sustentable toma cada
vez más importancia a nivel internacional y nacional.
Así lo demuestran los 27 principios sentados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (CNUMAD), conocida regularmente como "Cambio de la Tierra", que se llevó a cabo en el año 1992
en Río de Janeiro (Brasil). La resolución 64/236 de la ONU convocó nuevamente a todos los países del mundo,
para una segunda conferencia a llevarse a cabo en el 2012, también en Río de Janeiro (Brasil), que se denomina
popularmente "Río +20", haciendo referencia al vigésimo aniversario de la primera. Es de esperar que la misma
evalúe el resultado de los principios establecidos, los amplíe y complemente, a efecto de lograr la mejor calidad de
Nuestro derecho positivo, acorde con la tendencia mundial, ha dictado numerosas normas sobre el tema, en
especial a partir de la recepción constitucional de 1994 del derecho a un ambiente sano y equilibrado (artículo 41).
Lamentablemente, tales regulaciones no se ven reflejadas en el cumplimiento comunitario. En el decir del Dr.
Lorenzetti, "cada vez más normas, cada vez menos efectividad"(32).
El derecho penal ambiental debe complementar las leyes ambientales de carácter administrativo, a efecto de
reprimir adecuadamente sus violaciones.
Únicamente la ley 24.051 de Residuos Peligrosos prevé un régimen penal (artículo 55 a 58) y aplicable en
exclusividad a las personas físicas enumeradas en su artículo 57.
Debería ampliarse el ámbito represivo a las personas jurídicas, de modo similar a lo ocurrido en el ámbito
tributario, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las veces, el generador u operador de los residuos
peligrosos es una persona jurídica (33).
Ello estaría más que justificando el "Programa para el estudio del delito ambiental", a que hace referencia el
Dr. Lugones (34).
Como conclusiones, a manera de síntesis, pueden señalarse las siguientes:
1) Cuando un ilícito haya sido cometido por los órganos o dependientes de una persona jurídica, con el fin de
beneficiar el patrimonio social y mediante el uso de sus medios o recursos, debe responsabilizarse en forma
primaria a las personas físicas que hubieren participado en el hecho. Con ello se lograría la efectividad de la
norma, porque solo las personas físicas sufren la coacción psíquica del reproche penal. De no ser así, se corre el
riesgo que el responsable, al verse respaldado por el patrimonio colectivo y considerar la imposibilidad de
reproche individual, se incentive a delinquir. Asimismo, debe contemplarse la posibilidad de aplicarles la figura
prevista en el artículo 301 del Código Penal (autorización de actos irregulares), porque con ello se valorizaría
convenientemente el deber de "obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios", tal como lo
exige el artículo 59 de la ley 19.550.
2) Paralelamente y en forma independiente a la pena a imponer a las personas físicas intervinientes, debe
sancionarse a las personas jurídicas que violen el "deber de garantía" que les impone el Estado para autorizarlas a
funcionar lícitamente. Este deber de garantía exige el debido control del riesgo de la actividad empresaria, que al
no ser ejercido idóneamente, pierde el dominio del accionar de las personas físicas que determinan o ejecutan los
actos que a ellas se les atribuye. Tal pérdida de control, es denominado por parte de la doctrina como "defecto en
la organización". Para el caso de que no existiera defecto de control y el ilícito se perpetrara pese a la diligencia
empresarial, podría no ser la persona jurídica responsable, por inexistencia del nexo causante entre acción e ilícito
y sería considerada víctima. En estos casos difíciles de evaluar, debe tenerse en cuenta la conducta post-delictual
de la empresa, cuando tome conocimiento del ilícito.
3) debe preverse en la ley de fondo, ya sea el Código Penal o leyes especiales, el llamado al proceso del ente
ideal en la persona física que la represente, con posibilidad de sustitución. No existe obstáculo constitucional
alguno para que cuestiones procesales fundamentales sean legisladas por leyes de fondo en lugar de los códigos
procesales locales. Con ello se evitaría el distinto tratamiento procesal que pueda afectar el derecho de defensa y el
1) Unificar las normas existentes en las distintas subramas del derecho penal económico, relacionadas con la
2) Modificar la Constitución Nacional, a efecto de posibilitar responsabilizar a las personas jurídicas y así
solucionar los límites dogmáticos penales impuestos por los actuales artículos 18 y 19.
3) Incentivar a nuestros legisladores a sancionar normas represivas para las violaciones al medio ambiente.
Obra como positivo antecedente, el capítulo III de la ley 25.612 (de gestión integral de residuos industriales y de
actividades de servicio), que lamentablemente fuera vetado por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto
1343/2002.
4) Incentivar a especialistas en derecho penal económico, para evaluar y profundizar el tema de
responsabilidad de las personas jurídicas, sirviendo el presente trabajo de modesto aporte de conceptos, que sin
duda alguna merecen mayor desarrollo doctrinal.
(1) BONZON RAFART, Juan Carlos, "Responsabilidad Penal e Infraccional de las Personas Jurídicas", ed.
Depalma, Bs. As., 1993, pág. 24 y 87.
(2) Para un detalle de la gran cantidad de leyes especiales, ver: BONZON RAFART, Juan Carlos, "Sanciones
administrativas y penales impuestas por la administración. Distinto tratamiento jurídico", Rev. E.D. t. 197-483.
(3) BONZON RAFART, Juan Carlos, "Derecho penal cambiario. Responsabilidad de las personas jurídicas",
Rev. Doctrina Penal Tributaria y Económica N° 20 de octubre de 2011. Ed. ERREPAR, Directora Dra. Teresa
Gómez, pág. 9.
(4) VIDAL ALBARRACIN, Héctor Guillermo, "Un paso atrás. La responsabilidad penal de las personas
jurídicas en los delitos aduaneros", Rev. Lexis Nexis (jurisprudencia argentina), numero especial de derecho
aduanero del 28.07.2004, pág. 73 y "La responsabilidad de las personas jurídicas en materia penal aduanera", Rev.
Jurisprudencia Argentina, numero especial de derecho aduanero del 7.05.2008, pág. 69.
(5) MEIROVICH, Gustavo D., "Lineamientos en materia aduanera respecto de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas", Rev. J.A. citada del 7.05.2008, pág. 60, entre otros.
(6) CUELLO, Eduardo, "La responsabilidad penal de las personas jurídicas", Rev. De Estudios Aduaneros
del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros N° 19, año 2007/2008, pág. 63.
(7) COTTER, Juan Patricio, "Las infracciones aduaneras", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 2011, pág. 109 y
(8) ALAIS, Horacio Félix, "Régimen infraccional aduanero" Ed. Marcial Pons, Bs. As., 2011, pág. 15 y
(9) ACEDO, Ignacio, "¿Yo señor?", "No señor", "Pues entonces ¿Quién...?". Análisis de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas en el delito de contrabando" y GONZALEZ, Ramón L., "Sobre los presupuestos
para la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas", Revista Doctrina Penal Tributaria y
Económica N° 6 de mayo de 2008, Ed. ERREPAR, Directora Dra. Teresa Gómez, págs. 119 y 95
(10) GONZALEZ, Ramón L., "La discutida cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas",
Rev. L.L. t.2006-D-329.
(11) Causa nro. 11.832, caratulada: "ZEN, Desio Michele s/rec. De casación", de fecha 5 de febrero de 2010
(reg. 15.256).
(12) SAIZ DE BUJANDA, F., "Ideas para un coloquio sobre la naturaleza jurídica de la infracción tributaria",
publicado en Hacienda y Derecho, Tomo II, Madrid, 1962, págs. 209/213.
(13) BONZON RAFART, Juan Carlos (ver cita n° 2) y "Derecho contravencional e infraccional tributario.
Diferencias y similitudes con el derecho penal tributario", Rev. De Tributación N° 2 de la Asociación Argentina
de Estudios Fiscales, pág. 59 y siguientes.
(14) BONZON RAFART, Juan Carlos, "Despenalización del derecho infraccional contravencional tributario
y aduanero", Revista Información Empresaria de la Cámara de Sociedades Anónimas N° 273, Noviembre de
1998, pág. 48 y sigtes.
(15) CASSAGNE, Juan Carlos, "Entorno de las sanciones administrativas y la aplicabilidad de los principios
del derecho penal", E.D. ejemplar del 21 de junio de 1991.
(16) GARCIA PULLES, Fernando, "La distinción entre delitos y faltas. El régimen jurídico circundante: una
nueva y acertada doctrina de la Corte" Rev. J.A. 2006-III-Suplemento del Fascículo nro. 10, pág. 3 y sigtes.
(17) BONZON RAFART, Juan Carlos, "Derecho penal cambiario. Responsabilidad de las personas
jurídicas", Revista Doctrina Penal Tributaria y Económica N° 20, de octubre de 2011, Ed. ERREPAR, Directora
Dra. Teresa Gómez, pág. 12 y sigtes.
(18) MARTIN, Adán Nieto, "La responsabilidad penal de las personas jurídicas: esquema de un modelo de
responsabilidad penal", Revista L.L. t. 2008-C-Sección Doctrina, pág. 1139.
(19) CESANO, José D., "Las estructuras típicas omisivas como instrumento de imputación para delitos
cometidos en el ámbito de la actividad empresarial", Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Abeledo Perrot,
abril 2009, pág. 602 y sigtes.
(20) Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, tomo 78-sum 361, pág. 144.
(21) Fallo del Tribunal Oral N° 1 de la Capital Federal, recaído en la causa: "STORCHI, FERNANDO Y
OTROS" del 2 de mayo de 2002, con excelentes comentarios de los Dres. AVILA, Juan (La realización del
resultado de la imputación objetiva), y ARCE AGGEO, Miguel A. (La construcción de la imputación en base a la
defraudación de roles en el ámbito de la organización en delitos culposos) ambos publicados en la Rev. L.L. t.
2007-E-pág. 490 y 504 respectivamente.
(22) BONZON RAFART, Juan Carlos, cita nro. 1, capitulo VIII, pág. 69 y sigtes.
(23) Misma cita anterior, págs. 70, 91 y 94 respectivamente.
(24) Entre otros trabajos: 1) MANONELLAS, Graciela Nora, "Manual de derecho tributario", Ed. L.L., Bs.
As., 2009, pág. 2034 y sig.; 2) ROBIGLIO, Carolina L. I., "El reproche penal al ente de existencia ideal", Derecho
Penal Tributario, tomo II, coordinadores Dr. ALTAMITANO y RUBINSKA, Ed. Marcial Pons, Bs. As., 2008,
pág. 947; 3) MEIROVICH, Gustavo D., "La responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿imputación objetiva
como alternativa?", misma publicación y tomo nro. II, pág. 993 y sig.; 4) MARCONI, Ana C., "La
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Societas deliquere non potest, ¿o potest?", en Tratado del
Régimen Penal Tributario, Ed. L.L., directores Dres. BERTAZZA y MARCONI, tomo II, pág. 237 y sig.; 5)
BERTAZZA, Humberto J. y MARCONI, Norberto J., "Responsabilidad penal tributaria de las personas jurídicas
de derecho público", misma publicación y tomo nro. IV, pág. 267 y sigtes.; 6) TESON, Miguel A.,
"Responsabilidad de los directores y administradores en materia penal tributaria (aspectos fiscales, societarios y
penales)", Revista de tributación nro. 15 de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Ed. ERREPAR,
director Dr. Vicente O. DIAZ, pág. 29 y sig.; 7) GORBEA, Fernando F., "Responsabilidad de los directores y
administradores en la legislación argentina", misma publicación nro. 6, pág. 69 y sigtes.; 8) SIMESEN DE
BIELKE, Sergio A., "Responsabilidad tributaria y previsional de los administradores de empresas", misma
publicación nro. 6, pág. 85 y sigtes.; 9) D'ALBORA, Francisco J., "Responsabilidad penal de los directores de
sociedades por los delitos tributarios", misma publicación nro. 6, pág. 119 y sigtes.; 10) GRILLO, Enzo A.,
"Algunas consideraciones acerca de la responsabilidad solidaria en el ámbito nacional y local", misma
publicación nro. 6, pág. 141 y sig.; 11) WAISBERG, Guido E., "La perdida de beneficios fiscales: ¿un caso
encubierto de responsabilidad penal de las personas jurídicas?", Revista de Derecho Penal Económico, tomo
2011-1., Ed. Rubinzal-Culzoni, director Dr. DONNA, Bs. As., 2011, págs. 157 y sigtes.
(25) Cfme. WAISBERG, Guido E., "La perdida de beneficios fiscales: ¿Un caso encubierto de
responsabilidad penal de la persona jurídica?", Revista Derecho Penal Económico, 2011-1 Derecho Penal
Tributario, Ed. Rubinzal-Culzoni, director Dr. DONNA, Bs As., pág. 157.
(26) PEREZ, Daniel G., "La crisis del principio societas dilenquere non potest a la luz del nuevo artículo 14
de la ley penal tributaria", Revista Doctrina Penal N° 22— edición especial, de febrero 2012, Ed. ERREPAR,
directora Dra. Teresa Gómez, pág. 127.
(27) VIOLA, José, "Apostillas de la ley 26,735", misma publicación cita 26, pág. 41 y sigtes.
(28) MARCONI, Ana Clara, "La responsabilidad de las personas jurídicas en la nueva ley penal tributaria",
Revista Práctica Profesional nro. 160 de febrero 2012, Ed. L.L., director Dr. BERTAZZA, pág. 1.
(29) BONZON RAFART, Juan Carlos, "Difícil armonización de fallos emanados de distintas jurisdicciones
que analizan idénticas bases fácticas", E.D. t. 173-1143; "Relación entre normas penales e infraccionales
tributaria", Revista del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal nro. 62 de diciembre de 2002, pág. 26
y "Difícil armonización entre normas penales e infraccionales tributarias y aduaneras", E.D. t. 200-648 y en
colaboración con la Dra. Carolina Vanella, "Consecuencias jurídicas del principio ne bis in idem en el derecho
penal económico", Revista doctrina Penal nro. 15 de junio 2010, Ed. ERREPAR, directora Dra. Teresa Gómez,
(30) TOZZINI, Gabriela I., "Ley 24.769, penal tributaria y previsional: su reforma por ley 26.735", Periódico
Económico Tributario, director Dr. ATCHABAHIAN, ejemplar del 13.3.2002.
(31) BORINSKY, Mariano H.; GARVAN GRENWAY, Juan P.; LOPEZ BISCAYART, Javier y TURANO,
Pablo N., "Régimen penal y tributario (ley 24.769 con las reformas de la ley 26.735)", Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs.
As., 2012, pág. 191.
(32) LORENZETTI, R.L., "Teoría del derecho ambiental", Ed. L.L., Bs. As., 2008, pág. 100.
(33) CESANO, José D., "Persona jurídica y criminalidad ambiental: algunas consideraciones dogmáticas y
político-criminales con relación al art. 57 de la ley 24.051", Revista J.A. t. 2003-III-1222.
(34) LUGONES, Narciso J., "Conclusiones inductivas sobre la responsabilidad penal de las personas
jurídicas en la legislación penal especial Argentina. Un tema de interés para el derecho penal en materia
ambiental", Rev. J.A. t.2002-III-968.
Resume n Penal
Ficha Napoli.docx
59405556 Delito Prevaricato Codigo Penal Peruano
Medios de Comunicacion y Punitivismo (Varona)
La Violencia Sexual Un Problema de Seguirdad Ciudadana Informe_21

References: artículo 31
 artículo 18
 artículo 19

artículo 75
 artículo
48
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 14
 artículo 14
 resolución 
 artículo 57
 artículo 301
 artículo 59
 artículo 14