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Timestamp: 2017-12-12 04:48:50+00:00

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Fijémonos por ejemplo como en las noticias, cuando a nivel periodístico se cuenta algún suceso donde por fin la administración cesa en una omisión y satisface necesidades de la comunidad con ocasión de alguna acción popular, lo máximo que se comenta al respecto es que el Consejo de Estado ordenó….. o que el Tribunal de Calí dispuso….. pero no se cuenta que fue con ocasión de una acción popular y eso obedece o a que los dueños del poder no son partidarios de ese mecanismo o a que hay mucha ignorancia aún sobre el tema y por ende se requieren incentivos notorios para masificarlo pues con ese mecanismo se pueden lograr no solo mega obras sino soluciones sencillas pero que generan inmenso bienestar a las comunidades cuando se contrarrestan carencias sensibles sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad (barandas de puentes; servicios públicos en lugares marginales; reubicación de comunidades que estaban sometidas a riesgos inmensos para su vida, honra y bienes; eliminación de obstáculos para la movilidad, etc. ). Pero no, a las acciones populares no se les da trascendencia mediática pues sus detractores corren el riesgo que verdaderamente se incentive su uso, sobre todo si la gente se entera de los beneficios incluso personales que pueden logarse cuando prospera la acción. Antes de la acción popular regulada en la Ley 472 del 98, en la práctica judicial, ¿qué tan comunes eran las acciones populares? (del 1005 C.C. por ejemplo), ¿cuántas acciones populares conocía un juzgado por año y por década? Quizás la respuesta generalizada sea: ¡ninguna! Y ese desuso del mecanismo en buena medida obedece a que el incentivo previsto para ellas no era atractivo pues aunque existía, partía de unas bases que lo hacían poco funcional y que entonces, en conclusión, a las acciones populares se acudiera casi exclusivamente cuando entre los derechos vulnerados se encontraban los derechos propios, o los de alguien cercano al círculo personal del accionante o los del cliente del abogado, pero difícilmente un ciudadano del común iba a poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional simplemente para generarle mejores condiciones de vida a comunidades abstractas e impersonales, y no porque careciera de altruismo para velar por los intereses difusos sino porque para hacerlo se requieren unos presupuestos que difícilmente concurren espontáneamente, a saber: tener la intensión, el conocimiento, disponibilidad de tiempo y recursos para investigar y obtener algunas pruebas, redactar debidamente el memorial, obtener información sobre la pasiva y antecedentes del caso, radicar la demanda, hacerle seguimiento a la admisión, notificación, contestación, fijación y celebración de la audiencia, práctica probatoria, recursos, etc, etc….. y lo que es más difícil, lograr eficazmente que la demanda prospere, sobre todo si ha de enfrentarse con un demandado poderoso ya sea en términos económicos, intelectuales, políticos, etc…. Lo dicho no implica que el incentivo sea de obligatoria aceptación, pues se trata de un beneficio renunciable o que en el mejor de los casos (voluntariamente o por ser el actor una entidad pública) puede cederse a la Defensoría del Pueblo para el respectivo Fondo y en todo caso, debemos tener claro que no porque se busque obtener un incentivo se pierde lo altruista de la acción pues el incentivo es apenas una manera legítima que encontró el propio Estado para hacer atractivo el uso de la acción que en sí misma lleva implícita la búsqueda del beneficio colectivo.
La tarea de acometer una acción popular exitosa no es fácil, cuesta gran esfuerzo, dedicación, desgaste, riesgos y todo eso se puede traducir en dinero, ah y además cuesta dinero pues hay que ver el tiempo que se debe dedicar a la preparación y desarrollo procesal de una buena acción popular, ese tiempo debe restársele al que ordinariamente se emplearía en procurarse los medios de subsistencia para sí mismo y para sus dependientes, más los costos elementales de la obtención de pruebas mínimas: certificados, fotografías, correos, mensajería, papelería, entrevistas con potenciales testigos, transporte; adicionalmente, cuando se emprende un trabajo como es la lucha por la protección de los derechos colectivos y en general cualquier trabajo que se quiera exitoso, debe obrarse con pasión suficiente para no desfallecer luego del primer esfuerzo, dado que el camino es largo y complejo, de tal modo que debe sumarse un esfuerzo emocional que también desgasta…… Pues bien, todo ese esfuerzo debe retribuirse, debe existir algún incentivo tangible y suficiente para que ese desgaste de los recursos propios tanto materiales como emocionales resulte atractivo aún más allá de la satisfacción personal por el logro de lo propuesto y el bienestar general, pues en buena medida ese ciudadano está cumpliendo una función pública, está llenando vacíos de Estado en la comunidad o está logrando que el Estado funcione como debería funcionar, sacrificando sus propios medios para el bienestar de una colectividad abstracta y difusa, lo cual si no se premia implicaría desequilibrio en las cargas públicas pues si es la colectividad la que se beneficia ¿por qué ha de ser un particular, ajeno a la causa del problema quien solitario se sacrifique? ¿No merece acaso alguna retribución por su sacrificio?
Piénsese que si no existiera esa retribución que incentive la actuación probablemente los casos en que el mecanismo se utilice serían tan pocos que volvería a quedar en desuso la acción popular y quién perdería?: La colectividad. Ah pero entonces, si mantenemos ese incentivo muchas personas van a seguir usando el mecanismo y el mecanismo incluso será usado muchas veces por las mismas personas y la acción popular se va a convertir en un negocio donde solamente se busca el incentivo y entonces el incentivo es censurable… Pues ¡no!. No por eso el incentivo debe ser censurado pues debemos tener siempre a la vista una premisa consistente en que el incentivo no se obtiene por haber demandado indiscriminadamente sino por haber logrado una sentencia en que se protejan los derechos colectivos, lo cual significa que efectivamente ellos se estaban vulnerando por parte del demandado y que gracias a la labor del actor han sido restablecidos de tal modo que quien gana realmente es la sociedad y ese es un fin del Estado y quien logra que el estado funcione y logre sus fines merece ser premiado e incentivado a seguir haciéndolo.
Cuando ante cierta problemática social el Estado permanece inerte, el actor popular debe despertarlo y ponerlo a funcionar, debe encender la maquinaria jurisdiccional para hacer que la administración funcione debidamente cuando no lo está haciendo, porque si observamos bien, siempre que se esté vulnerando un derecho colectivo estaremos frente a una omisión administrativa, aunque el vulnerador directo eventualmente sea un particular pues es el Estado con su omisión el que se lo esta permitiendo, y esa tarea de activar eficazmente la máquina para que se beneficie la colectividad merece premios y merece ser incentivada.
Además, si el incentivo hace que personas determinadas de modo recurrente acudan a la acción popular, es porque de un lado el incentivo está cumpliendo su función, y de otro, los actores han obtenido victoria en logar la protección de los derechos colectivos y eso los incentiva y les ha enseñado que vale la pena esforzarse por la colectividad en tanto haciéndole bien a la sociedad a la vez obtienen beneficio personal concreto pues, no podemos perder de vista que como se ha expuesto, si han de prosperar sus pretensiones en lo económico será porque efectivamente han logrado prosperidad para sus pretensiones en lo colectivo y eso significa que están haciendo bien su trabajo pues de lo contrario no lograrían incentivo o premio, es más si obraran temerariamente serían multadas y condenadas en costas, entonces ¿por qué censurar a quienes benefician a la sociedad?.
De otro lado, si el ejercicio de las acciones populares de alguna manera se profesionaliza, claro sin que ello impida que cualquiera pueda ejercerlas, los procesos van a ser no solo eficaces sino eficientes, el desgaste del aparato judicial será menor y la probabilidad de éxito en la protección de los derechos colectivos aumentará; y al contrario, si eliminamos el incentivo y dejamos la acción popular solo para que sea ejercida por quien cuente con medios suficientes como para dedicarse ad honorem a luchar por la justicia y el bien común y a pelear contra Leviatanes y molinos de viento, el mecanismo se mudará al cementerio de normas y si no se convierte en letra muerta al menos dormitará por largos periodos estériles como ocurría con la acción popular anterior a la Ley 472 del 98.
Nuestra sociedad gracias a la acción popular está siendo cada vez más civilizada, entendido esto como más respetuosa del ordenamiento y eso va calando en nuestra cultura y los resultados son visibles en nuestras ciudades donde como efecto de los incentivos que han generado multitud de procesos ha mejorado ostensiblemente el manejo y cuidado del espacio público, el acceso a los servicios públicos, la protección al medio ambiente, la movilidad, etc…. No obstante los incentivos requieren de una regulación especial para su dosimetría en consideración a aspectos como eventual pacto de cumplimiento, nivel de intervención del actor en el proceso, impacto social de la sentencia obtenida, etc., pero en general los incentivos deben subsistir pues son los que mantienen la acción popular viva y si se le llega a quitar el incentivo se le rompería una vértebra y todos perderíamos. Jurisprudencialmente se ha reconocido que el incentivo anima al actor a hacerle frente a una contraparte que en muchas oportunidades será económicamente poderosa y dispondrá de todos los recursos necesarios para enfrentar la relación procesal; es un reconocimiento a la labor diligente que realiza el actor en defensa de los derechos colectivos; es un premio para quien se arriesga a asumir los costos de un proceso que redundará en beneficios para toda la comunidad.
Finalmente, con ánimo de exaltarla, acudo a la bella presentación que hizo la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad de los incentivos previstos en los artículos 39 y 40 de la Ley 472 del 98 (Sentencia C – 459 de 2004 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería) en la cual enseñó lo siguiente: … teniendo la solidaridad tantos móviles para su ocurrencia, no es de esperar que ella siempre despunte por generación espontánea, dado que, si bien la espontaneidad para dar de sí a quien lo necesita es una importante fuente de solidaridad, es de reconocer que ésta puede ser válidamente inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada por el Estado en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social. (…) Bajo este esquema conceptual las acciones populares combinan el deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la potestad del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar y, en general, estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social.
Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues, según se vio, la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. Es decir, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber de solidaridad, el Congreso prevé un estímulo que resulta válido frente a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos, el cual resulta proporcionado al tenor de los topes limitativos del monto del incentivo a decretar judicialmente. De suerte tal que, a tiempo que el demandante reporta un beneficio para sí, la sociedad misma se siente retribuida con la efectiva reivindicación de sus derechos e intereses colectivos.
** COLABORACION DE ASELEG, PARA LA COLECCIÓN "COMO DEMANDA LOS QUE DEMANDAN" DE LA EDITORIAL EL CLUB DE TOBBY.
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Soy arquitecto urbanista de la UPB Medellín adicionalmente con dos años de pregrado en derecho en la universidad de Sabaneta Ant.
Durante tres años, he tratado de socializar la ACCIÓN POPULAR en el circuito judicial de Medellín, pero ha sido una tarea incomprendida, estigmatizada y solamente mirada con la filosofía (maña) de que se quejo Cochise, cuando dijo que “en Colombia se muere más gente de envidia que ………..”
Leer una ponencia como la de suya, es un alivio, en ella muestra usted un conocimiento de la realidad del costo que implica en este país, defender la legalidad, defender lo publico, y sobre todo cuando a los que se imputa la violación de las normas son generalmente empresas poderosas acostumbradas a la ley del monte.
En estos tres años he demandado la ILEGAL EXPLOTACIÓN DEL PAISAJE como parte fundamental del ESPACIO PUBLICO, hecho que se genera mediante la violación de las limitaciones y condiciones legales a que se deben someter los que pretendan la colocación de PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL.
Gracias a que la administración local esta infectada por los propietarios de las empresas denominadas VALLEROS, nunca había habido el mas mínimo control, generando igualmente una intolerable contaminación visual que afecta hasta el paisaje más bello como son las verdes montañas. Paisaje envidiado en muchas latitudes del planeta.
Desde que apareció en el escenario local un ciudadano y una acción judicial independiente a la administrativa, La ciudad incremento la captación del impuesto de publicidad exterior visual en el primer año en 450 MM y sucesivamente en mas de 600 MM al año. Pero como se quejaba Cochise, la envidia no ha permitido que los actores, estigmatizados injustamente, continuemos con esta altruista labor, con el chisme de que están ganando, cuando el incentivo lo paga el infractor ambiental (Art. 5 ley 1333).
Otro chisme es que la acción popular tiene congestionado el sistema judicial, esto es otra mentira, puesto que en Medellín las acciones populares no alcanzan el 3.0% de los procesos en los juzgados.
Por estas razones GRACIAS POR SU PONENCIA y espero que la misma sea escuchada por Colombianos "cultos" que entiendan que, la participación ciudadana es el mejor antídoto contra la corrupción.
Pero que la misma no existirá si se convierte en una carga adicional en contra de los actores.
BERNARDO HOYOS MARTÍNEZ CC 8.696.644
CEL 3 0 0 6 1 9 2 7 8 8 Medellin.
bernardo hoyos m. 17/08/2010 a las 05:34
De estas lineas no se desprende nada diferente a la genialidad del autor. Me estoy iniciando, como un "civil" en el tema de las acciones populares y tener un punto de vista tan neutral, solo me da un brinda un poco mas de interes moral para seguir adelante.
Alejo 13/09/2010 a las 22:12
Aclaro que no soy el autor del artículo, pero ciertamente debemos unirnos en defensa de ésta vital herramienta del Estado de Derecho.
ELIPHAS HARKONNEN 14/09/2010 a las 04:00
Definitivamente este artículo muestra el por qué no se deben quitar los incentivos de ley, pues es claro que de hacerlo, absolutamente nadie interpondrá acciones populares, pues es obvio que nadie, coloquialmente hablando, "va a dejar la comodidad de su sofá y la deliciosa sensación de ver su programa de TV favorito para ir a buscar pruebas para una acción popular a cambio de absoltamente nada".
La acción popular es una excelente herramienta para lograr que los derechos de todos no se vean conculcados a causa de la inoperancia del Estado o de la desatención de la ley en pro de beneficio propio por parte de particulares.
Desde 2007 me he dedicado por completo, como oficio escogido, a hacer acciones populares. Gracias a ello, hoy puedo demostrar que nuestra sociedad es un poquito mejor, pues he logrado obtener protección de derechos colectivos que se encontraban vulnerados por la innopia estatal y en muchos casos también, por la injustificada violación de la ley por parte de particulares.
Gracias a este largo proceso se ha logrado:
1 Obtener orden judicial para adecuar espacios públicos en las ciudades de Medellín, Sabaneta y Tarazá, los cuales no son aptos para el tránsito peatonal de personas con discapacidad. Dentro de dichos espacios, tenemos 13 puentes peatonales (Av. Guayabal barrio Campoamor y Zoológico Santa Fé; Av. Las Vegas, INEM, PoliJIC y CC Mayorca (Sabaneta); Autopista Norte puentes UNAL, Tránsito de Medellín, Terminal del Norte, Feria de Ganado, barrio Toscana; Av. El Poblado, puente CC San Diego; puente peatonal La Macarena; puente de la Av. San Juan sobre el río, costado sur, puente sobre el Río Tarazá, en Tarazá Antioquia.
2 Adecuar edificios públicos para que sean accesibles a personas con discapacidad, ente los cuales tenemos Edificios Atlas (Juzgados Administrativos) Cosmos (Procuraduría Regional de Ant.) y Minprotección Social.
3 Que particulares incumplidores de la ley se allanen a su cumplimiento, adecuando las intalaciones de sus establecimientos de comercio para que sean accesibles a personas con movilidad reducida, entre los cuales tenemos: Oficina Confiar Carabobo; Diego Ramirez Telas Decorativas en el barrio Laureles; Supermercados Olímpica en Carabobo; Banco Caja Social en el Parqe Berrío, Restaurante La Brasa Roja en la Av. Nutibara, Bertolotti Telas en la Av. Jardín, Comfama sede administrativa en El Palo; Banco AVVillas en Bolivar, Mansión Polo en el barrio Laureles, Floristería Hojas Blancas en San Juan, Almacenes Makro en Av. San Juan, Cerca EPM Makro.
Además se ha logrado el cierre de plaza de mercado del Municipio de Zaragoza (Ant.) en la cual se expendían derivados de la pesca sin el cumplimiento requisitos sanitarios, precaviendo la ocurrencia de un daño contingente a una población de más de 30.000 personas y aminorando el impacto negativo en el afluente Río Nechí.
Son muchos logros, cierto es, y eso me satisface pues son logros que la comunidad puede disfrutar; sinembargo y como dice Bernardo Abel Hoyos, todo lo anterior mucha gente lo mira con el filtro que manifestó Cochise Rodríguez (la envidia), pues en vez de mirar los beneficios generales para la comunidad, incluídos ellos, en forma tendenciosa e inmediata hacen el cómputo de cuanta plata se ha ganado el actor popular, sin siquiera pensar en los costos que 3 años dedicados a esta actividad, sin ningún apoyo económico claro está, han generado para el mismo... como si adelantar una acción popular (muchas más en mi caso) fuera cuestión gratis en cuanto a costos y erogaciones, eso sin contar el sostenimiento de quien las interpone y sus dependientes.
Germán Vargas, Fabio Valencia, el mismísimo Álvaro Uribe (que se comprometió ante los industriales y magnates del paisa tumbar los incentivos) así como el ponente del proyecto actual (que con seguridad es una marioneta del poder político y económico) no tienen idea de lo que es la herramienta constitucional de la acción popular y para qué sirve, pues con seguridad ellos desde sus grandes solios no padecen las viscisitudes que padecen el resto de la comunidad, en especial de aquellos que padecen movilidad reducida.
Esperemos pues que esta propuesta no se cuaje (aunque con el poder de los citados con seguridad lo hará) y que si lo hace, la Honorable Corte Constitucional decida, como lo ha hecho en dos ocasiones anteriores ya, declarar incostitucional dicha iniciativa, pues evidentemente la misma va en contra de los intereses de todos los integrantes de la comunidad. ¬¬U
Jorge Mario Dueñas 06/10/2010 a las 16:54
El proyecto de Ley 956/09 Cámara - 169/10 Senado, cuya autoría es de Valencia cossio, es un sofisma por medio del cual. los corruptos quieren abolir las acciones populares y la participación ciudadana contra la corrupción y la ineficiencia administrativa.
Francisco E. Rojas 07/12/2010 a las 02:49
Tengo que decir que las acciones popualres tienen asidero en que los gobiernos no hanhecho nada para cumplir con las peticiones de lacomunidad durante muchos años, es por eso que estas acciones son excelentes para reclamar derechos y dignificar la vida de la comunidad a la cual nunca se le ha hecho caso. El incentivo por la moralidad administrativa en cuanto ataca la corrupción no debe quitarse, precisamente porque va contra la corrupción. Los corruptos quieren que no se les denuncie, eso es lo que defienden. Muchos casos ha habido en Manizales, sobre asuntos de corrupción donde el que se beneficia es el mismo estado, en cuanto deben los corruptos devolver los dineros al estado. Entonces por qué el mismo estado ataca el incentivo, cuando es beneficiario de la propia ley, en cuanto recupera el dinero?. Es un estado perverso, el atacar un incentivo, cuando lo que se ataca es la propia corrupción que proviene de las instituciones. Eso es insólito. Les ha hecho mucho daño las demandas, porque nunca hacian obras, ni cumplían con nada y entonces la comunidad ha acudido a esta ley para hacer cumplir las cosas. Simplemente se ha tomado una medida de acabar con los incentivos para no permitir que la comunidad denuncie. Creo que entonces el estado debe pagar por la administración de justicia porque una comunidad no va a denunciar para que un proceso dure dos años o mas y se desgaste en una justicia que no sirve en la celeridad y debido proceso. la justicia es aburridora en eltiempo, muchas acciones populares no tienen objetivo cuando el juez falla a los años cuando el daño se ha hecho presente. Es problema de la justicia. A los alcaldes no les conviene que la gente denuncie su falta de cumplir con los planes de desarrollo o de lo que prometen. Ganan los mentirosos del estado y pierde la comunidad eso es lo que sucede en estos casos.
enrique arbelaez mut 15/12/2010 a las 16:13
Y lo peor de todo es el fundamento que alegan, " LA SOSTENIBILIDAD", o sea que es la veeduría ciudadana y no la corrupción rampante la culpable de los deficits fiscales..... definitivamente apague y vamonos.
ELIPHAS HARKONNEN 15/12/2010 a las 20:15
MUY BUENO EL PUNTO DE VISTA... CLARO ESTA QUE LA LUCHA INCANSABLE DE UNOS POCOS POR MANTENER EL INTERES EN LAS ACCIONES POPULARES SE VINO A PIQUE CON LA SANCIÓN PRESIDENCIAL DE LA LEY 1425 DE 2010. ENTONCES DONDE ESTA EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE ESE INCENTIVO, CUANDO EL GOBIERNO SIMPLEMENTE LO DESMONTO DE UN MOMENTO A OTRO...???
LEIDY PABON 11/01/2011 a las 23:51
BUENAS TARDES, ESPREO SE ENCUENTRE BN.
MI PRESGUNTA INICIAL ES, SI LOS INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LOS ACCIONANTES DE LAS POPULARES, EN LA ACTUALIDAD ESTAN EL GOBIERNO OBLIGADO A PAGARLOS? Y EN QUE NOS FUNDAMENTEMOS PARA RECLAMARLOS?
Omais Samir Coneo 25/01/2011 a las 22:22
Osmais, lo que entiendo es que te refieres a una accion popular fallada antes de la derogatoria de los incentivos, en ese caso deben pagar el mismo, pues a la fecha del fallo se encontraban vigentes, es decir era una situación configurada bajo el amparo de ese aparte de la Ley.
ELIPHAS HARKONNEN 26/01/2011 a las 03:44
Me parece muy importante estos espacios de opinion, pero es importante que trasciendan de ser un simple comentario, que se demande la insconstitucionalidad de la ley 1425 de 2010, y esperamos que la H. Corte Constitucional que a pesar que no son los mismos juristas que declararon la exequibilidad de los incentivos mediante la sentencia C - 459 DE 2004, sean diferentes los argumentos que se le expongan a los H. Magistrados que promuevan la derogatoria de la citada ley.
lo que considero es que el congreso debio expedir una ley donde exija que se allegue prueba con la demanda de haber acudido previamente a la administracion o agotar via gubernativa, ello realmente si regularia el abuso del derecho, mas no quitar el incentivo, es mas, debe existir un proyecto de ley donde se promueva un incentivo en las acciones de cumplimiento o simple nulidad, las administraciones deben contar con rubros destinadas a los incentivos de acciones protectoras de derechos.
Shirley Ramirez 06/02/2011 a las 22:56
LEGALIDAD DEL INCENTIVO DE LAS ACCIONES POPULARES.
Pretendiendo el legislador de la Ley 1425 de 2011, de eliminar el incentivo de las Acciones Populares, lo que hizo fue crear el reconocimiento y reafirmación de la existencia reglamentaria de un efecto sin causa.
La pretensión de la Ley en general, es que sus sentencias, se sustenten mediante hechos concretos, por cuanto no puede darse un hecho sin causa o una sentencia sin sus soporte delito como contrapartida de sus causas; de ahí, que en la Ley no puede haber una causa sin efecto y/o una sentencia sin su delito, son contrapartidas ente si, no puede existir la una sin la otra.
El caso pretendido por el legislador de la Ley 1425/11., de eliminar el incentivo que fija la Ley 472 el su artículo 34 eliminando los artículos 39 y 40, lo que creo fue un hecho sin causa y no dejo una causa sin efecto, con lo cual sustento el reconocimiento legal de su existencia del artículo 34.
Es este un hecho, patético, de una madre de familia que le retiran sus hijos (art. 34), aparentemente le quitan la potestad de sus hijos (art. 39 y 40), más no sí, no deja de tener el derecho a la potestad jurídica de sus hijos, sobre los cuales siguen sus derecho ante la ley, no hay un desligamiento de madre, esto se daría solo cuando la madre fallece. (Vulgarmente se denota cuando dice: Muerta la perra se acaba la chanda), aquí quisieron matar la perra quitándole los cachorros, quedando viva la perra con su chanda.
Así pues, sigue vivo el artículo 34 de la ley 472, el cual crea el incentivo, con el objeto de reparar los perjuicios que se hará “in genere” y se liquidará en el incidente previsto en el artículo 307 del C.P.C. en tanto, se le dará cumplimiento a las ordenes y demás condenas.
Ante estos hechos, el citado artículo 34, ordena proferir sentencia en (20) veinte días bajo la sentencia acogida en su orden de hacer o no hacer la condena al pago de perjuicios cuando se haya causado el daño, al igual de que debe exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho, bajo estas pretensiones, fija el mismo artículo de sentencia, fijar el monto del incentivo para el actor popular.
Estando en un Estado Democrático de Derechos, las leyes no pueden ser déspotas, ni se puede legislar para usurpar del espíritu de la Ley, quizá, sea esta una parte metafórica con sentido figurado, de demostrar la existencia plena de la vida jurídica que prevalece hoy sobre el artículo 34 de la Ley 472 que rige sobre los incentivos de las Acciones Populares, sin que le quepa objeción de reparo alguno. Nelsongil2009@hotmail.com
NELSON GIL 19/04/2011 a las 03:10
2010-01-21 11:58:19
EDICTO DE ACCION POPULAR CONTRA EL IGAC OFICINA DELEGADA DE TULUA: RAMA JUDICIAL DEL PODER P�BLICO JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE BUGA VALLE. La suscrita secretaria del Juzgado Primero del Circuito Administrativo de Guadalajara de Buga Valle, INFORMA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE TULUA (V), QUE POR AUTO 920 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2009, SE ADMITIO LA DEMANDA INSTAURADA DE ACCION POPULAR CON RADICACION 2009-00356, INSTAURADA POR EL SE�OR CARLOS EDUARDADO CAICEDO VALENCIA Y NELSON GIL, EN CONTRA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI y DONDE SE VINCULO AL MUNICIPIO DE TULUA VALLE POR LA ACTULIZACION CATASTRAL REALIZADA EN EL A�O 2009 CUYA VIGENCIA RIGE PAREA EL A�O 2009 EN TULUA VALLE. En dicha acci�n demandan se protejan el derecho de los contribuyentes y la moralidad administrativa. SE LE INFORMA A LA COMUNIDAD SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PRESENTE ACCION POPULAR, PUBLICANDO EN UN MEDIO MASIVO DE COMUNICACI�N O MECANISMO EFICAZ, HABIDA CUENTA DE LOS EVENTUALES BENEFICIOS, EN LA FORMA ORDENADA EN LOS INCISOS 1 Y 2 DEL ARTICULO 21 DE LA LEY 472 DE 1988. SE FIJA EN LA CARTELERA HOY DOCE (12) DE ENERO DE DOS MIL DIEZ (2010). FIRMADO POR : MERCEDES QUINTERO CRUZ. Secretaria. DEFIENDASE ANTE EL IGAC Y LA DE LA ACTULIZACION CATASTRAL �NO SERA FALSO POSITIVO? COMUNICA A LA OPINION P�BLICA SE�OR PROPIETARIO DE INMUEBLE BIEN SEA CASA, LOTE O FINCA EN TULUA. Se�or propietario de inmueble, cuando desconocemos la realidad informativa y nos damos por desentendidos de sus causas, es porque no nos importan los hechos, pero cuando comenzamos a vivir sus efectos no hacemos m�s que lamentarnos, se�or propietario despierte y salga de su letargo reaccionando desde ya, analizando lo que es la aplicaci�n de la Actualizaci�n Catastral del a�o 2008 para el a�o 2009 y hoy el incremento del 3% m�s sobre el aval�o para el 2010; se sabe de la poca atenci�n que presta la gente en Tulu� sobre estos hechos, cuando se nos ha complacido a los tulue�os anualmente con un sin n�mero de eventos manteni�ndonos bajo la sumisi�n y letargos para pensar, hemos sido complacientes y apaciguantes durante las �ltimas tres d�cadas que llevamos viviendo; venimos igualmente siendo apaciguados con sofismas de distracciones culturales, rematados con festividades navide�as y sepultados con descuentos a principio de cada a�o. �Ser� �ste un majestuoso mensaje de a�o nuevo 2010? Pero si una majestuosa vivencia de transcendencia y manejo desconocida, es una magna vivencia ejecutada como estocada hasta un fondo sin dolor ni limite por descabelladores tradicionales, al parecer son solo ejecutores por tradici�n, quienes al parecer no van m�s all� de sus funciones mecanizadas y robotizadas; al parecer son ejecutadas por seres sin capacidad de an�lisis ni razonamiento, al parecer ejecutan sus funciones desconociendo los principios que la ley les ordena; al parecer quiz� fueron mal programados y los dejaron sin funciones propias ni autonom�a para regular sus propias funciones; as�, �stos seres en su letargo, vienen violando el valor y derecho adquirido sobre los inmuebles de cada uno de sus propietarios .(Art�culo 58 C.N.). �Qu� es la Actualizaci�n Catastral? Consiste en esto y m�s, aparte de: actualizar las nuevas mejoras que sobre su predio previamente formado (Formaci�n Inicial) se encuentren en el momento de realizar la nueva Actualizaci�n Catastral quinquenal, que consiste igualmente en actualizar mediante la incorporaci�n al Catastro Municipal las nuevas mejoras realizadas durante el anterior quinquenio y encontradas en la reciente Actualizaci�n Catastral, estas nuevas mejoras encontradas se aval�an en sus partes individuales mediante los procedimientos previstos por el IGAC, cuyo proceso es independiente a la Actualizaci�n del Aval�o y de la parte antigua que consiste en un incremento solo del 5% en sus partes. (Ley 14/83 y Decreto 4787/2008). Se�ores y Se�or propietario, entiendan que: La Actualizaci�n Catastral quinquenal no se aplica para los municipios, sino en los municipios; su aplicaci�n es para los predios donde se realizan nuevas mejoras sujetas de realizarles la Actualizaci�n Catastral quinquenal sobre el bien inmueble, en cabeza del titular del bien e independientemente del municipio. Es aqu� bajo �stos principios que se da la violaci�n a la Ley 14/83, al Decreto 4787 de 2008, al art�culo 58 de la Constituci�n Nacional y al debido proceso, ante �stos hechos. Se aprecia y deduce claramente que lo que se realiz� fue una nueva Formaci�n Catastral cubierta a trav�s del manto de la Actualizaci�n Catastral sobre los antiguos predios ya formados. Se�or propietario solo me queda recordarle de su apoyo y que en �ste momento est� en curso, una ACCION POPULAR en contra del INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI Oficina Delegada de Tulu� para que se suspenda la Resoluci�n 6.22-000-069-2008 correspondiente a la Actualizaci�n Catastral de la vigencia del a�o 2009, de la cual esperamos resultados a mediados de febrero o marzo del a�o en curso. Se�or propietario, las anteriores Actualizaciones Catastrales de los a�os 83, 88, 95 y 2001 al parecer se manejaron bajo los mismos principios que la del 2008, de lo cual, desafortunadamente no se puede realizar reclamo alguno por cuanto ya prescribi� su reclamo y ante estos hechos no podemos seguir viviendo bajo sofismas y letargos, dejando as�, que se sigan violando los principios del debido proceso de las Actualizaciones Catastrales posteriores sobre el predio, su derecho a la igualdad, a la defensa de su valor adquirido, bajo la aplicaci�n dada al inmueble con Ley 14/83, con el Decreto 4787 de diciembre 19 de 2008, la violaci�n al art�culo 58 de la Constituci�n Nacional, concebidas bajo la Actualizaci�n Catastral reciente con aplicaciones indemostrables e ilegales en su aplicaci�n de la actualizaci�n del aval�o para el a�o 2009. Ante estos hechos y creando vida metaf�rica, los mejores toros indultados aprenden de sus vivencias pasadas. ESTOCADA DE NAVIDAD Y A�O NUEVO En aras de de las transcendencias de manejos mecanizados para determinar en medio de apuros y compromisos adquiridos limitados por sus propias acciones de manejo, al IGAC en Tulu�, le toco y sometido a realizar la Actualizaci�n Catastral quinquenal que se establece mediante la Ley 14 de 1983, teniendo en cuenta y al parecer bajo una transcendencia de manejo tradicional ha realizado y sigue �ste mismo evento desde las actualizaciones anteriores durante tres d�cadas as�: a�os 83 al 90, a�os 91 al 2000 y a�os 2001 a 2010���������������������.���������������������... Estos eventos de aplicaci�n realizados por el IGAC, no los concebimos cuando nos encontr�bamos en los alrededores de la plaza, desde d�nde se encuentran capoteadores dando estocadas a los toros mansos de Tulu�, que sin cuernos son atacados por sus verdugos como banderilleros, aplic�ndoles punzadas no permitidas y desconocidas para que no se defiendan; hoy me encuentro vi�ndolos desde las barreras como capotean y aplican sus estocadas banderilleras a todo el mundo en Tuluᅅ����������.. Quiz�, es �sta una manera de manifestar las heridas, que �stas aplicaciones del IGAC dejan, soy uno de los heridos como todo el mundo en Tulu�, a�n cuando a algunos les duela m�s que a otros, hoy los tulue�os nos encontramos pagando las heridas del pasado; me siento muy lesionado entre tanto mal herido, que he decidido levantarme con otro mal descabellado y nos hemos pronunciado en defensa propia y personal para recuperar nuestros derechos (mediante Acci�n de Tutela) y se nos han violado nuestros derechos adquiridos por ley sin que se nos reconozcan las heridas. Ahora hemos recurrido a una mayor instancia no solo en defensa nuestra, sino, en defensa de todos los toros tulue�os que anualmente siguen recibiendo la nueva estocada anual, lesionados anualmente de manera indefinida, violado en su honra de buena fe de todos los toros lesionados en Tulu� como buenos contribuyentes�������������. Se acusa as� de todo esto, con una ACCION POPULAR que se encuentra en curso, ante un juzgado Administrativo, en procura de acabar de manera definitiva y frenar la Acci�n que causa semejantes heridas������................... Amigo propietario de inmueble sea cual sea casa o finca, ah� te encuentras t� entre los lesionados, puedes llegar a tener un saldo cr�dito a tu favor en los impuestos que has cancelado, y como buen contribuyente puntual te lo pueden abonar para el presente a�o 2010; en �stas mismas condiciones pueden encontrarse todos los contribuyentes en Tulu�, la gente con quien vives, la gente que te brinda apoyo cuando lo necesitas, se encuentra la gente que madruga, la que te acompa�a al trabajo, se encuentran todos los campesinos que tienen su parcela, los que cortan ca�a en los ingenios, los que guardan un ladrillo para levantar una pared, los que sacan y guardan un mont�n de arena de rio para su casa, los que madrugan a levantar la comida para sus hijos, los que llevan sus hijos a elevar cometas, todos los de (asoagr�n) Santa la cruz y farf�n, los propietarios de los diferentes barrios; en fin todo aquel que tiene su vivienda en Tulu�. Hoy todos los tulue�os nos encontramos heridos porque no hay quien pronuncie una palabra por los tulue�os a favor de �sta causa y sus hechos, no hay quien haga tomar conciencia a estos verdugos del IGAC para que cumplan con lo que ordena la ley 14/83 y sus Decretos Reglamentarios, de ah� que sean injustos con el patrimonio de los tulue�os bajo la b�squeda pretenciosa de equiparar el valor comercial con el Aval�o Catastral; bajo estas pretensiones, es que se ha violado el debido proceso en todo su contexto establecido por la Constituci�n Nacional y la leyes que establecen el control del aval�o Catastral bajo sus principios generales; bajo estos hechos se nos vienen dando durante tres d�cadas la gran estocada catastral a los tulue�os���������������������������.. Espero, sea �sta una manera metaf�rica, real y precisa de decir para hacer entender, qu� es la ACTUALIZACION CATASTRAL EN TULUA y sus efectos, quiz� Usted mismo Se�or propietario, sabr� entender que �ste no es un cuento, que es una realidad que bajo un sentido metaf�rico se puede entender, en la que Usted, �sta siendo igualmente estocado............................................................................... Es por lo cual, NELSON GIL Y CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA recurrimos a su apreciaci�n y sea para Usted �ste un argumento de su conciencia, con el que Usted mismo puede debatir y apoyar de buena fe con su participaci�n en defensa de sus derechos haci�ndose conocedor y difundiendo �sta informaci�n a todo propietario, amigo, familiar y conocido poseedor de bien inmueble en Tulu� y su �rea rural; Se�or propietario, bajo toda �sta apreciaci�n inicie su reclamo, no guarde m�s silencio despu�s de conocer la realidad vivida que socava nuestro patrimonio, cosa que viene haci�ndose a trav�s de la Ley 14/83 y sus Decretos reglamentarios mal aplicados y que en unos a�os m�s, tienden a dejarnos sin vivienda por la descompensaci�n y costo de vida que sigue en decadencia ante el de las �pocas de los a�os dorados de los a�os 70 al a�o 2000. Como en una ocasi�n pasada de predilecciones, cuando se ve�a no solo una predicci�n moment�nea; esperamos as� mismo, no sea esto un viento de guerra en la que batallen los que no se crean nuevos ricos patrimoniales y se defiendan por estar ya engrosando una nueva lista real de pobres ricos patrimoniales; lucha para crear si una tormenta que cambie la conciencia de injustos y se coseche y conserve la conciencia de pago de los justos tulue�os, como buenos contribuyentes que si hemos sido en Tulu�; Ustedes saben que los tulue�os somos de los mejores pagadores del valle, saben que aqu�, no existe el fraude sino conciencia de pago��������������.������������������������. No queda m�s, que reclamar sobre nuestros derechos, que escuchemos la voz de los defensores que se pronuncien porque no habiendo m�s quien se pronuncie, de alguna manera esperamos la voz de alguien que sea escuchado por los tulue�os, pidiendo as� justicia por la negaci�n de igualdad de derechos como lo establece la ley y las normas reglamentarias en nuestros casos de la ACTULIZACION CATASTRAL. Gracias Se�or propietario, de toda manera y por lo que de alguna manera pueda Usted pronunciarse y opinar ante un magno mensaje ya no de navidad, pero si como venturoso y����������. FELIZ a�o nuevo* *****2010!!!**** nelsongil2009@hotmail.com caecava@hotmail.com RAZONES PARA APOYAR ACCION POPULAR CONTRA EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI OFICINA DELEGADA DE TULUA. Actualizaci�n Catastral: Consiste en incorporar las nuevas mejoras que se encuentren sobre el predio para actualizarlo en sus partes a incorporar a la c�dula catastral, por parte del IGAC en concordancia con la Ley 14/83 y lo expuesto mediante el Decreto 4787 de 19 de noviembre de 2008. Formaci�n Catastral: Consiste en la incorporaci�n inicial al sistema catastral del IGAC los nuevos predios y/o mejoras en sus partes que se encuentren sobre el predio en un momento dado o cuando corresponda hacer una Actualizaci�n Catastral Quinquenal, tal como lo establece la Ley 14/83. Ejemplos: 1�).- Los predios ya formados sin nuevas mejoras antes del a�o 2008, s�lo se les incrementa el 5.0% del aval�o del a�o inmediatamente anterior. (Art.2� Decreto. 4787/08). 2�).- Los predios que incorporen nuevas mejoras en sus partes, se les realiza formaci�n parcial en sus partes nuevas incorporadas e incluidos los formados en el a�o 2008, se les incrementa s�lo el 5.0% del aval�o del a�o inmediatamente anterior para el a�o 2009. (Art�culos 1� y 2� Decreto 4787/08, Ley 14/83). NOTA: OJO!!!!!!. La Actualizaci�n Catastral, es para los predios en cabeza del titular, quien es el responsable del gravamen y no para los municipios, por cuanto no son los municipios los responsables del gravamen. Son �stos los hechos sobre los cuales se dan dilaciones sobre la reclamaci�n del aval�o determinado mediante la reciente Actualizaci�n Catastral del a�o 2008 para la vigencia del a�o 2009. Art�culo 65. Resoluci�n 2555 de 1988. Valores subjetivos e intangibles de los inmuebles. Para el aval�o catastral no se tendr�n en cuenta los valores hist�rico, art�stico, afectivo, �good will�, y otros valores intangibles o de paisaje natural que pueda presentar el inmueble. Articulo 58. Constituci�n Nacional. Se garantizan la propiedad privada y los dem�s derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Nelsongil2009@hotmail.com:
2010-01-25 11:54:39
DOS PRUEBAS REINAS CON SUS PECADOS DE LA RECIENTE ACTUALIZACION CATASTRAL EN TULUA: 1�).- Reconocer que la Actualizaci�n Catastral se circunscribi� bajo lo preceptuado en el art�culo 1� del Decreto 4787 de noviembre19 de 2008, cuando �ste es para la Formaci�n Inicial, parcial y/o total del predio. 2�).- Reconocer que el art�culo 2� del Decreto 4787, es solo para los municipios donde no se realiza Actualizaci�n Catastral, cuando su aplicaci�n es para los predios ya formados independientemente del municipio. Razones: R/1�)- Actualizar: Es hacer algo, es poner al d�a, es dar actualidad. R/1�).- Actualizaci�n Catastral: Para �ste evento es poner al d�a lo realizado en la Formaci�n Previamente realizada con anterioridad a la Actualizaci�n Catastral Quinquenal (Ley 14/83). R/2�).- La Actualizaci�n Catastral, no es para los municipios, su aplicaci�n se realiza en los municipios sobre los predios para ser sujetos de grav�menes de impuestos etc., es por lo cual que su aplicaci�n es independientemente del municipio. Ante estos dos hechos, se puede instaurar una acci�n de cumplimiento. Nelsongil2009@hotmail.com caecava@hotmail.com
2010-02-26 19:12:46
A LA OPINION P�BLICA DE LA COMUNIDAD TULUE�A, SIGUE EN ESPERA entre el 16 y 20 de marzo del 2010. La comunidad tulue�a, sigue en espera de que el Juzgado (Administrativo) Primero del Circuito de Guadalajara de Buga determine mediante su fallo de decisi�n sobre reclamaci�n de ACCI�N POPULAR contra el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI de la oficina delegada de Tulu�, con el fin de que se decida sobre la revocaci�n de la Resoluci�n 6.22-000-069-2008 de la ACTUALIZACION CATASTRAL para la vigencia del a�o 2009 en Tulu�. Esta reclamaci�n se dio por parte de los Se�ores NELSON GIL y CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA quienes despu�s de evaluar la aplicaci�n de la reciente ACTUALIZACI�N CATASTRAL en Tulu�, han concluido y decidido en representaci�n de la ciudadan�a de Tulu�, interponer mediante �ste recurso para que se decida por la Justicia la demostraci�n de la veracidad lo que ha sido una nueva ACTUALIZACION CATASTRAL en sus partes en Tulu� como lo ordena la Ley/83 en su art�culo 4� y para los predios que no incorporaron nuevas mejoras les asiste el derecho de una ACTUALIZACION DE CONSERVACION DEL AVALUO con aplicaci�n del el art�culo 2� del Decreto 4787 de 2008. Hoy los tulue�os comienzan a entender que la aplicaci�n de la ACTUALIZACION CATASTRAL en Tulu�, se realiz� mediante un evento de una nueva FORMACION CATASTRAL generalizada y no de Formaci�n en sus partes a incorporar como lo establece la ley 14 de 1983 en su art�culo 4� y el Decreto 4787 de noviembre 19 de 2009 en su art�culo 2� (para quienes no se les encontr� mejoras en la reciente Actualizaci�n Catastral). Hoy se espera que igualmente los tulue�os entienden que la CONSERVACION DEL AVALUO CATASTRAL es para mantener y denunciar dentro de sus t�rminos los cambios f�sicos que sobre el predio se presenten por parte del IGAC y el contribuyente, el no hacerlo de alguna manera por las partes, no puede conllevar de ninguna manera a que se tomen decisiones por encima de la Ley para que mediante una ACTULIZACION CATASTASTRAL se sustituya por una nueva FORMACION CATASTRAL generalizada en su aplicaci�n bajo lo preceptuado en el art�culo 1� del Decreto 4787 de 2008, ni que se realice por encima del art�culo 4� de la ley 14/83 y dem�s normas determinantes. La reciente ACTUALIZACION CATASTRAL sustituida as� mediante una nueva FORMACION CATASTRAL generalizada en Tulu�, ha tra�do unas consecuencias de presunci�n y cumplimiento que todav�a la comunidad desconoce en sus razones l�gicas, muchos tulue�os desconocen que son los nuevos ricos patrimoniales, que sobre ellos hoy pesa y les asiste una obligaci�n con la DIAN y el Municipio, que si no se identifican con estas obligaciones en �ste a�o 2010, el pr�ximo a�o 2011 los comenzar�n a buscar los chepitos de la DIAN y el Municipio por sus nuevas obligaciones y sanciones tributarias y patrimoniales que por presunci�n legal se les ha creado a trav�s de la reciente ACTUALIZACION CATASTRAL sustituida mediante nueva FORMACION CATASTRAL generalizada en Tulu�. As� que Se�ores ciudadanos tulue�os, despertemos del letargo que hemos sido sumidos a trav�s de los dichosos y famosos descuentos tributarios municipales, por la sumisi�n y decadencia del desconocimiento de la aplicaci�n de la ACTULIZACION CATASTRAL reciente y como las anteriores que ordena la Ley 14/83 y entonemos bajo la realidad que los hechos de presunci�n legal, que son hechos v�lidos por un t�rmino de tiempo permitido para convertirse en una nueva acci�n legal, como las ya descritas consecuencias de un nuevo enriquecimiento patrimonial, grav�menes y m�s grav�menes. NELSON GIL CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA. Nelsongil2009@hotmail.com caecava@hotmail.com
MUNICIPIO DE TULUA, ALERTA, ALERTA COMUNICADO A LA OPINION P�BLICA SOBRE ACCION POPULAR EN CONTRA DE LA ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA. MEDIANTE EL SIGUIENTE COMUNICADO TRANSCRITO TEXTUALMENTE: EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO BUGA VALLE DEL CAUCA Sustentaci�n No. 126 Proceso No. 2009-00356 Acci�n: POPULAR. Demandante: CARLOS EDUARDO CAYCEDO Y NELSON GIL. Demandado: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI SECCIONAL VALLE Y MUNICIPIO DE TULUA VALLE. Guadalajara de Buga Valle, veintid�s (22) de febrero de dos mil diez (2010). Para que tenga lugar la diligencia de pacto de cumplimiento, que trata el art�culo 27 de la ley 472 de 1998. C�tese al se�or Agente del Ministerio P�blico y al Defensor del Pueblo. Por lo anterior se, DISPONE: 1.- C�TESE por el medio m�s expedito para que comparezcan a la Audiencia especial de Pacto de Cumplimiento referida en el art. 27 de La ley 472 de 1998, a todas las partes de esta acci�n, para el d�a 18, a las 9.00 A.M. del mes de junio de 2010. 2.- Se advierte a los citados, que la inasistencia injustificada a la Audiencia, les acarrear� las consecuencias previstas en el inciso 2�. Del Art�culo 27 de la Ley 472 de 1998. C�tese al se�or Agente del Ministerio p�blico y al Defensor del Pueblo. 3.- RECONOCER personer�a a la Abogada MARIA HELENA JARAMILLO ESCOBAR, para actuar en �ste asunto, y que represente a los interesados del INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI de conformidad al memorial poder obrante al folio 92 del cuaderno principal. 4.- RECONOCER personer�a al abogado WILLIAM ALBERTO REBELLON BETANCOURTH, para actuar en �ste asunto, de conformidad, para que represente los intereses del MUNICIPIO DE TULUA VALLE y con las facultades otorgadas en el memorial, obrante a folio 143 del cuaderno principal. N O T I F I Q U E S E. El Juez. _______________________________ Firmado por el Juez DR: ALVARO PEREZ GARCIA. NOTA: Se recuerda a la opini�n P�blica interesada y que se sienta lesionada en concordancia a la ACTUALIZACION CATASTRAL del 2008-2009 realizada en Tulu� y demandada mediante Acci�n Popular interpuesta por NELSON GIL Y CARLOS EDUARDO CAICEDO, con el fin de que se de la nulidad a la resoluci�n 6.22-000-069-2008 del IGAC Seccional de Tulu�; que pueden hacer acto de presencia en apoyo a que se de el restablecimiento del derecho sobre la propiedad privada en concordancia a lo establecido en el articulo 58 de la Constituci�n Nacional y el art�culo 65 de la Resoluci�n 2555 de 1988 del IGAC, mediante la aplicaci�n del art�culo 2� del Decreto 4787 de noviembre 19 de 2008 a todos aquellos predios que no son sujetos de nueva Formaci�n Catastral por incorporaci�n de mejoras inexistentes y del art�culo 1� por incorporaci�n de mejoras parciales o en sus partes como lo indica el art�culo 4� de la Ley 14/83, reclam�ndose igualmente mediante la Acci�n Popular que la Actualizaci�n Catastral se aplica en concordancia al Decreto 4787 bajo lo expuesto en los art�culo 1� y 2� a los predios que son los sujetos del gravamen y en cabeza del propietario quien es el responsable del gravamen, t�ngase en cuenta que la Actualizaci�n Catastral no es para los municipios, que se realiza en los municipios a los predios independientemente del municipio. Ante estas razones se requiere del apoyo de los afectados mediante la Actualizaci�n Catastral en Tulu�. Nelsongil2009@hotmail.con caecava@hotmail.com
2010-03-19 18:27:44
ALEGATOS DE CONCLUSION -- ACCION POPULAR CONTRA IGAC TULUA-- POR ACTULIZACION CATASTRAL 2008-2009. MUY INTERESANTE PARA OTROS MUNICIPIOS. DOCTOR: ALVARO PEREZ GARCIA. JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA. E.S.D. REFERENCIA: ACCION POPULAR. ACCIONADOS: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, MUNICIPIO DE TULUA. ACCIONANTES: CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA Y NELSON GIL. RADICACION: 00356-2009 CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA Y NELSON GIL, mayores de edad y vecinos de la ciudad de Tulu� (v), identificados como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, obrando como accionantes en el proceso de la referencia, mediante el presente escrito y de forma respetuosa nos permitimos elevar ante su despacho, a portas de decidirse el asunto de la referencia y apelando a su prudente criterio, las siguientes consideraciones a fin de que se tengan en cuenta al proferir el fallo correspondiente, conforme al escrito de mandatorio, las pretensiones incoadas deben ser declaradas a favor por las siguientes razones: A LOS HECHOS: 1).- A LOS HECHOS PRIMERO Y SEGUNDO. Manifiesta la apoderada del IGAC referente a la publicaci�n de la Actualizaci�n Catastral. �Lo� que no es cierto que dicha publicaci�n se halla hecho por mandado del Decreto 4787 de 2008, el cual ordena el reajuste anual de los aval�os para el a�o 2009. La actualizaci�n Catastral se adelant� conforme al mandato del art�culo 5� de la ley 14/83 y la publicaci�n conforme a lo dispuesto al art�culo 91 de la Resoluci�n 2555 de 1998 y se explica la normatividad que lo rige. Justificaci�n que carece de valor, porque en ninguna parte de nuestro escrito hemos dicho que se public� por mandato del Decreto 4787 del 2008, sino, que el proceso de Actualizaci�n Catastral se realiz� acorde con lo dispuesto en el art�culo 1� del Decreto 4787 del 19 de Diciembre de 2008. Que rige para la totalidad de los predios urbanos y rurales del ente territorial, independiente de que los predios hubiesen tenido o no modificaciones o de que no hubiesen sido objeto de labores de Conservaci�n Catastral en el periodo comprendido entre una actualizaci�n y otra, seg�n resoluci�n No. 76-834-505-20 anexa y tambi�n se confirma en la resoluci�n No. 76-834-1184-20 anexa en la parte que se le aclara al recurrente punto seis que manifiesta: Se le aclara igualmente que para el caso de los predios ubicados en el municipio de Tulu� se le da aplicaci�n a lo dispuesto en el Art�culo 1� del Decreto 4787 de 2008. Es de aclararle a su Se�or�a que �ste Decreto no solamente ordena el reajuste anual de los aval�os para el a�o dos mil nueve (2009) contemplados en la Actualizaci�n y Conservaci�n como lo manifiesta la Apoderada de la parte accionada, sino que tambi�n indica a quienes se les aplica la Formaci�n la cual est� contemplada en su art�culo 1� del citado Decreto 4787 de 2008. 2).- A LOS HECHOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO. Manifiesta la apoderada de la parte accionada: Nuevamente los accionantes confunden los conceptos, por ignorancia de la normatividad y de los procedimientos catastrales, aseverando, sin raz�n alguna, que al actualizar el Catastro del Municipio de Tulu� se violaron derechos colectivos para aquellos propietarios cuyos predios no hubieren sufrido mejoras. Evidentemente no se trata de hechos sino de meras apreciaciones subjetivas que arrojan los accionantes y de una interpretaci�n caprichosa de la legislaci�n, igualmente, tienen una confusi�n enorme entre los procesos de Formaci�n Catastral, Actualizaci�n de la Formaci�n Catastral y el de Conservaci�n de Catastro. Por lo que considera necesarios definirlos. Manifestaci�n que no compartimos, por ser infundada, pero antes de profundizar en el tema consideramos necesario definir los procesos de la Formaci�n Catastral, Actualizaci�n de Formaci�n Catastral y el de Conservaci�n del Catastro. FORMACION CATASTRAL (art�culo 11 del Decreto 3496 de 1983): Consiste en el conjunto de operaciones destinadas a obtener la informaci�n sobre los terrenos y edificaciones en los aspectos f�sico, jur�dico, fiscal y econ�mico de cada predio. La informaci�n obtenida se anotar� en la ficha predial y en los documentos gr�ficos, listados y formatos de control estad�stico que dise�en las autoridades catastrales. El proceso de formaci�n termina con la resoluci�n por medio de la cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha providencia, ordenan la inscripci�n en el catastro de los predios que han sido formados y establecen que el proceso de conservaci�n se inicia al d�a siguiente, a partir del cual el propietario o poseedor podr� solicitar la revisi�n del aval�o de acuerdo con el art�culo 9� de la Ley 14/83. CONSERVACION CATASTRAL (art�culo 12 del Decreto 3496 de 1983): Consiste en el conjunto de operaciones destinadas a mantener al d�a los documentos catastrales de conformidad con los cambios que experimenta la propiedad ra�z en sus aspectos f�sico, jur�dico, fiscal y econ�mico. La Conservaci�n se inicia al d�a siguiente en el cual se inscribe la Formaci�n o la Actualizaci�n de la Formaci�n en el Catastro, y se formaliza con la Resoluci�n que ordena la inscripci�n en los documentos catastrales del los cambios que se hayan presentado en la propiedad ra�z. ACTULIZACION DE LA FORMACION CATASTRAL (art�culo 13 del Decreto 3496 de 1983): Consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la Formaci�n Catastral, revisando los elementos f�sicos y jur�dico del catastro y eliminando en el �l elemento econ�mico la disparidades originadas por cambios f�sicos, variaciones de uso de productividad, obras p�blicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario. La Actualizaci�n de la Formaci�n Catastral se debe realizar dentro de un periodo m�ximo de cinco a�os, a partir de la fecha en la cual termina la Formaci�n de un Catastro, de conformidad con lo establecido en el art�culo 5� de la Ley 14/83 y el art�culo 11 del Decreto 3496 de 1983. La informaci�n obtenida y los cambios encontrados se anotar�n en los documentos catastrales pertinentes. El proceso de Actualizaci�n termina con la Resoluci�n por medio de la cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha providencia ordenan la renovaci�n de la inscripci�n en el catastro de los predios que han sido actualizados y establecen que el proceso de conservaci�n se inicia al d�a siguiente a partir del cual el propietario o poseedor podr� solicitar la revisi�n del aval�o de acuerdo con el art�culo 9� de la ley 13/83. Es de aclarar a su Se�or�a, que cuando le definen los procesos de Formaci�n, Actualizaci�n de la Formaci�n y el de Conservaci�n, le definen los dos primeros Formaci�n y Actualizaci�n de la Formaci�n, pero el tercero no se lo definen sino que le colocan los objetivos de los resultados finales de la Conservaci�n Catastral, que consisten solo en mantener sus resultados. La parte accionada, tiene una interpretaci�n muy err�nea de la Ley al manifestar, que es dentro del proceso de Conservaci�n Catastral, o si se prefiere, en los intervalos entre cada Actualizaci�n Catastral, que se aplica el reajuste anual ordenado cada a�o por el Gobierno Nacional, y que para el a�o 2008, con vigencia fiscal 01-01-2009, correspondi� el 5,0%, ordenado por los art�culo 2� (urbano) y( 3� rurales) del Decreto 4787 de diciembre 19 de 2008, y que es el ajuste que pretenden los accionantes que se les aplique, contrariando lo dispuesto para el efecto por la legislaci�n especial catastral, pues en su extra�a l�gica, aseveran que los predios formados son solo aquellos que han tenido mejoras. (Pagina-folio 86 de la contestaci�n de la demanda de la primera parte). No puede entonces aceptarse la tesis dada por la entidad IGAC en representaci�n de su apoderada, que el reajuste anual ordenado cada a�o por el Gobierno Nacional y que para el a�o 2008 con vigencia fiscal 01-01-2009, correspondi� el cinco por ciento (5%) ordenado en los art�culo 2� y 3� del Decreto 4787 de 2008, es solamente aplicable cuando se da el proceso de Conservaci�n Catastral, porque tambi�n se puede dar en sus partes en los procesos de la Actualizaci�n de la Formaci�n cuando el predio no ha sufrido cambios f�sicos, variaciones de uso o productividad, obras publicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Nuestra pretensi�n en concordancia al art�culo 1� y 2� en relaci�n de que, s� se realizaron mejoras adicionales, se realice Formaci�n en sus partes, y si no realiz� mejoras, se le aplique el art�culo 2� del Decreto 4787 de 2008 en sus partes, porque no se pueden desconocer los art�culos 58� de la C.N. y 65 de la Resoluci�n 2555 de 1988 del IGAC. Cabe destacar aqu�, que bajo los principios de la Ley 14/83 en su art�culo 4� la Actualizaci�n Catastral se realiza en sus partes a Actualizar de �reas encontradas y que no han sido denunciadas en su momento por el propietario del bien inmueble, igualmente el art�culo 58� de la Constituci�n Nacional, garantiza los derechos adquiridos sobre la propiedad privada, los cuales no pueden ser vulnerados por leyes posteriores. Pues la Ley es muy clara al anunciar su aplicaci�n (art�culo 4� Ley 14/83), para los fines de la Formaci�n y Conservaci�n del catastro, el aval�o de cada predio se determinar� por la adici�n de los aval�os parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones el comprendidas. Es por lo cual, que la aplicaci�n de la Actualizaci�n Catastral se debe hacer en sus partes existentes en el inmueble. Es esto lo que se reclama, ya que en su aplicaci�n de la Actualizaci�n Catastral, se desconoci� su principio de identidad de manera generalizada, dicho esto al reconocer el IGAC, que ciertamente la Actualizaci�n Catastral en Tulu�, se realiz� bajo lo preceptuado en el art�culo 1� del Decreto 4787 de 2008. Es decir, que a todos los predios los formaron nuevamente desconociendo as�, la parte hist�rica que ya hab�a sido formada, cuando se trae a precio de hoy el valor del inmueble. Por �sta raz�n, no existe el art�culo 2� del Decreto 4787 de 2008 por parte del IGAC. Tampoco puede aceptase como justificaci�n dada por la apoderada del IGAC, que el incremento del aval�o de un predio que no ha sufrido variaciones f�sicas por mejoras o desmejoras est� directamente relacionado en primer lugar con el uso del suelo normado en el Plan de Ordenamiento Territorial, y con el proceso de valoraci�n de la propiedad ra�z determinada por el auge econ�mico de los mercados, esta variaci�n depende de la variaci�n del predio dentro del Municipio, por cambios de uso o de productividad, construcci�n de obras p�blicas, aumento de la demanda de un segmento de la sociedad etc., lo cual en t�rminos generales se podr�a estimar en un porcentaje del 50%, los planes parciales se introducen dentro de las variables a estudiar, pero lo que realmente determina el valor comercial de los inmuebles es el proceso del mercado investigado. Porque ciertamente �ste estudio es aplicable, a los predios que se forman en relaci�n a sus partes nuevas formadas, y no a los predios que ya exist�an, pues las variables determinantes de �stos predios, ya han sido calificados en eventos anteriores a la reciente Actualizaci�n Catastral, y se han venido reajustando para traer a valor presente como se indica el informe del CONPES 3557. El reajuste anual de los aval�os catastrales tiene como prop�sito que la base del impuesto predial evolucione en correspondencia con el patrimonio del propietario o poseedores. Hist�ricamente, el reajuste de los aval�os catastrales se realiz� con base en la meta de inflaci�n. A partir del 2001. Con el fin de verificar de forma directa el comportamiento de los precios de los bienes inmuebles, el DANE y el IGAC han venido calculando un �ndice sobre el precio comercial de los bienes inmuebles de uso residencial, denominado �ndice de Valor Predial�IVP�(Ver informe del CONPES anexo). Mediante esta apreciaci�n, es el Estado quien viene trayendo a valor presente el valor del inmueble a�o por a�o, asumiendo as�, el valor comercial previsto mediante el IPC de cada a�o en concordancia a su Decreto Reglamentario para tal fin. Es por lo cual, no se puede desconocerse su tradici�n hist�rica y calificada como lo indica el art�culo 58� de la constituci�n nacional. Pues precisamente, el proceso de conservaci�n catastral es para mantener al d�a los documentos catastrales de conformidad con los cambios que viene trayendo la propiedad es sus aspectos f�sico, jur�dico, fiscal y econ�mico. (Art�culo 12 del Decreto 3496 de 1983). En una Actualizaci�n Catastral, la informaci�n obtenida y los cambios encontrados se anotar�n en los documentos encontrados pertinentes de acuerdo al art�culo 13� del Decreto 3496 de 1983, es esto lo que reclamamos en sus partes, que al parecer los cambios no aparecen anotados en la ficha catastral, puesto que no se reciben respuestas de las variables determinantes, porcentuales y de sus formulas y procesos con los cuales se determina el aval�o de la presente vigencia del 2009. Solamente se incrementa el aval�o sin demostraci�n alguna, tambi�n hay que tener en cuenta, que el acto administrativo que fija el aval�o se presume legal siempre y cuando permitan desvirtuarlo, situaci�n que no se da por variables indeterminadas en la c�dula catastrales, adem�s de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 31 del decreto 3496 del 83, los cambios individuales en el proceso de Formaci�n y Conservaci�n Catastral se notificaran al propietario del bien, quien podr� solicitar revisi�n del aval�o correspondiente, cuando el valor no se ajusta a las caracter�sticas y condiciones del predio (art. 30 ib.); situaci�n que no se dio ni en el proceso de Formaci�n ni en proceso de Conservaci�n Catastral. Pues en relaci�n a la Actualizaci�n, de la Formaci�n Catastral, el art�culo 5� Ley 14/83, consiste en un conjunto de operaciones en las que no se deben desconocer los datos previos que sobre el predio existen, los cuales, solo se les aplica el �ndice del IPC del (5%) cinco por ciento, previsto en el art�culo 2� del Decreto 4787 del 2008, y desde luego, son los nuevas mejoras las que se actualizan con los �ltimos c�lculos determinados de los �ndices como valores por los �ndices de precios de unidad de �rea para cada categor�a de terrenos y construcciones tomando como base los resultados de una investigaci�n estad�stica representativa del mercado inmobiliario, cuya metodolog�a deber� ser aprobada por el departamento administrativo Nacional de Estad�stica. Se aprecian as�, dos procesos simples de operaciones para sumarlos como es el de la parte antigua e hist�rica previas del inmueble, que es sujeto del cinco por ciento (5%) m�s la parte nueva que es sujeto de realizarle la Actualizaci�n Catastral con los �ltimos datos previstos para determinarle su �ltimo aval�o. Es as� como se determina la Actualizaci�n Catastral en sus partes, y por lo cual, se deben aplicar los dos art�culo 1� y 2� del Decreto 4787 del 2008, en sus partes del predio, y no desconociendo la parte antigua para as� realizarle como se hizo en Tulu�, de volver a formar los antiguos predios desconociendo su tradici�n hist�rica, dando aplicaci�n solo al art�culo 1� del Decreto 4787 del 2008. Que no se den, o se ajusten las apreciaciones previstas mediante los estudios realizados para este fin, no es culpa del propietario para que le apliquen aval�os imprevistos e indemostrables, al parecer bajo presunci�n de sus apreciaciones de que el predio puede con m�s aval�o, esa no es una raz�n �tica de la aplicaci�n de la Ley sobre la Actualizaci�n Catastral. Cabe destacar que el C�digo de R�gimen Municipal en su art�culo 187 establece: Los poseedores de predios o mejoras no incorporadas al catastro, tendr�n la obligaci�n de comunicar a las oficinas seccionales del Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi, o a las oficinas del catastro de Bogot�, Cali, Medell�n y Antioquia o a las tesorer�as municipales en donde no estuvieren establecidas dichas oficinas, tanto el valor como la fecha de terminaci�n y el valor de las mejoras con el fin de que dichas entidades incorporen estos valores con los ajustes correspondientes como aval�o del inmueble. Los terrenos y las edificaciones, o las fracciones de �rea de unos y otros, en el caso de que no fueren del todo homog�neos respeto a su precio, se clasificar�n de acuerdo a las categor�as de precio que defina el Gobierno Nacional en todo el pa�s. Si de la homogeneidad de trata, ZONA HOMOGENEA, es aquella en la que se identifican caracter�sticas en su entorno similares. Ejemplo, �reas industriales, �reas comerciales de diferente tipo de actividad comercial, �reas residenciales de diferente tipo o estrato residencial. Vemos que Tulu�, guarda en gran parte en su entorno de �reas definidas en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial, sobre todo en sus �reas residenciales con sus estructuras b�sicas ya cuantificada y calificadas en Actualizaciones Catastrales anteriores, en los que se encuentran muchos predios con sus �reas definidas, que adem�s su compleja estructura no permiten que se les realicen adici�n de mejoras, mucho menos que se les reformen. Este tipo de caso, se identifica plenamente en los conjuntos residenciales de varios niveles, edificios, centros comerciales, adem�s en diferentes predios aislados. Es por lo cual, dentro muchas zonas o �reas homog�neas residenciales de muchos predios de la ciudad de Tulu�, no se han dado variaciones f�sicas ni de obras p�blicas, ni de su uso o productividad sobre algunos y muchos predios. Desconocer estos procesos, es traer indebidamente a valor presente a los predios de muchas zonas o �reas urbanas de diferentes estrato y de tipo residencial, comerciales, conjuntos cerrados, edificios, que no han sufrido ning�n tipo de cambio f�sico o mutaci�n alguna, porque su estructura no lo permite y que todas sus identidades homog�neas como sus v�as, servicios p�blicos, �reas de esparcimiento, de salubridad, comerciales etc., ya fueron plenamente definidas, calificadas e incluidas en sus partes a los predios desde hace m�s de 20, 30, y m�s a�os. Por lo cual el uso de suelo no est� directamente sujeto a cambios en �ste caso, cuando estos vienen desde antes del POP en las mismas condiciones de uso, hoy no se les puede crear uso por presunci�n de que los predios est�n ligados con destinaci�n comercial y mucho menos, se les califique con el auge de valores econ�micos del mercado inmobiliario, cuando muchos predios son netamente de destinaci�n residencial y no de flujo comercial. Bajo estas apreciaciones no se puede traer a valor presente lo que no est� destinado a intercambios comerciales y destinaci�n especifica como son los predios residenciales y dem�s casos aqu� citados. A LAS EXCEPCIONES: Se demuestra claramente, a trav�s de la resoluci�n 76-834-505-20 y 76-834-1184-20 y los procesos dados en la contestaci�n de la demanda mediante su apoderada referente a los predios objetos de las reclamaciones en el agotamiento de la v�a gubernativa, donde se demuestra que de acuerdo al puntaje, en la ecuaci�n dada nos permite conocer que el metro cuadrado tanto en el �rea de terreno como en el �rea construida es igual tanto para la parte hist�rica como para la parte nueva. Se confirma as�, que ciertamente con la Actualizaci�n Catastral del 2008 para el 2009, si se determin� mediante el art�culo 1� del Decreto 4787 de 2008, desconociendo as�, la tradici�n hist�rica y existencia previa de los predios, con lo que se demuestra con certeza y firmeza que los aval�os se fijaron a precio de hoy desconociendo el �ndice de Valoraci�n Predial y su tradici�n hist�rica. Se demuestra as�, bajo estos principios que la Actualizaci�n Catastral, se realiz� indebidamente y solamente bajo lo dispuesto en el art�culo 1� del Decreto 4787 de 2008, que rige seg�n �stas resoluciones para la totalidad de los predios urbanos y rurales del ente territorial, independiente de que los predios hubiesen tenido o no modificaciones. La Actualizaci�n Catastral actual, es para renovar los datos encontrados sobre los predios para su Formaci�n o Actualizaci�n Catastral igualmente ante sus registros hist�rica de los predios y las reformas nuevas encontrados durante el quinquenio permitido en concordancia con el art�culo 5� de la Ley 14/83, sin desconocer lo previsto en su art�culo 4� de la Ley 14/83 que habla sobre las partes. Aspectos estos que no se tuvieron en cuenta en la Actualizaci�n, raz�n por la cual se comete una v�a de hecho con los propietarios de los predios que ya hab�an sido sujeto de aplicaci�n de la Formaci�n y que su parte hist�rica no fue tenida en cuenta en esta Actualizaci�n Catastral, violando con ello, el debido proceso consagrado en el art�culo 29� de la Constituci�n Nacional, por no dar cumplimiento a la normatividad que lo rige en la Actualizaci�n Catastral como la contemplada en los art�culos 4� y 5� de la Ley 14/83 y el art�culo 13 del Decreto 3496 del 1983. Vulnerando de esta manera, los derechos colectivos de los due�os de los predios que no han incorporado cambios que ameriten formaci�n alguna en sus partes y que sus predios ya fueron formados en la actualizaci�n pasada, pues, al generalizar su aplicaci�n se convierten en derechos colectivos porque se aplico sobre todos los inmuebles. Y teniendo en cuenta el art�culo 88� de la Constituci�n Nacional y el art�culo 4� de la Ley 472 de 1998 resultaron amenazados los derechos colectivos, atinentes de los propietarios, a que las autoridades, obren dentro del marco constitucional y legal y a la moralidad Administrativa. Por estas razones, la Acci�n Popular est� llamada a prosperar porque no se est� invocando derechos individuales y de contenido econ�mico como lo manifiesta la apoderada de la parte accionada y que para ello la Ley establece la Acci�n de nulidad contemplada en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo. De Usted atentamente, __________________________ ________________ CARLOS E. CAICEDO VALENCIA NELSON GIL C.c. No. 16.351.567 de Tulu�. C.c. No. 16.467.201 de B/ventura.
2010-03-25 13:24:32
NOTA: Se recuerda a la opini�n P�blica interesada y que se sienta lesionada en concordancia a la ACTUALIZACION CATASTRAL del 2008-2009 realizada en Tulu� y demandada mediante Acci�n Popular interpuesta por NELSON GIL Y CARLOS EDUARDO CAICEDO, con el fin de que se d� la nulidad a la resoluci�n 6.22-000-069-2008 del IGAC Seccional de Tulu�; que pueden hacer acto de presencia en apoyo a que se d� el restablecimiento del derecho sobre la propiedad privada en concordancia a lo establecido en el art�culo 58 de la Constituci�n Nacional y el art�culo 65 de la Resoluci�n 2555 de 1988 del IGAC, mediante la aplicaci�n del art�culo 2� del Decreto 4787 de noviembre 19 de 2008 a todos aquellos predios que no son sujetos de nueva Formaci�n Catastral por incorporaci�n de mejoras inexistentes y del art�culo 1� por incorporaci�n de mejoras parciales o en sus partes como lo indica el art�culo 4� de la Ley 14/83, reclam�ndose igualmente mediante la Acci�n Popular que la Actualizaci�n Catastral se aplica en concordancia al Decreto 4787 bajo lo expuesto en los art�culo 1� y 2� a los predios que son los sujetos del gravamen y en cabeza del propietario quien es el responsable del gravamen, t�ngase en cuenta que la Actualizaci�n Catastral no es para los municipios, que se realiza en los municipios a los predios independientemente del municipio. Ante estas razones se requiere del apoyo de los afectados mediante la Actualizaci�n Catastral en Tulu�. Nelsongil2009@hotmail.con caecava@hotmail.com
2010-03-31 23:15:38
� LA ACTULIZACION CATASTRAL ES PARA LOS PREDIOS O PARA LOS MUNICIPIOS ? � Qu� es el PROCESO DE FORMACION ? R/. El proceso de FORMACION, es el evento inicial de reconocimiento de Formaci�n predial cuando no hay informaci�n predial. � Qu� es el PROCESO DE ACTUALIZACION ? R/. Es el proceso Formaci�n que se realiza sobre un proceso de Formaci�n anterior, para actualizar las nuevas mejoras parciales que sobre la Formaci�n inicial se encuentren. R/. a).- Siendo la Actualizaci�n Catastral un evento que recae sobre el predio, cuyo responsable es el propietario o titular del bien, se sobre entiende que es para predios. R/. b).- En estos eventos de Formaci�n y Actualizaci�n, el municipio donde se realiza la Actualizaci�n Catastral quinquenal, es el beneficiario directo del gravamen. De ah�, que se deduce claramente que no tiene raz�n el Representante del IGAC, cuando en Tulu�, dijo en el aula o sal�n llamado �GUSTAVO ALVAREZ GARDEAZABAL� de la Unidad Central del Valle de Tulu�, a la pregunta del presente Se�or NELSON GIL, quien pregunto � A quienes se les aplica el art�culo 2� del Decreto 4787 de noviembre 19 de 2008 ? , a lo que de inmediato y casi aut�mata respondi� el delegado del IGAC: �Eso es para los municipios donde no se hizo actualizaci�n Catastral!. �Retir�ndose de mi proximidad, cambiando de tema con una serie de dilaciones, evadi� mi contra respuesta afirmativa: --Ese art�culo es para todos los predios que no hayan realizado nuevas mejoras--. Si a esto se puede llamar silogismo, su premisa esta claramente dada y amparada para su aplicaci�n, por lo preceptuado y establecido en los art�culos 1� y 2� del Decreto 4787 de noviembre 19 de 2008 para todos los predios que no incorporaron nuevas mejoras y/o en sus partes, para determinar el aval�o del a�o 2009. Se�or propietarios de Tulu�, siendo usted uno de los lesionados de la resiente Actualizaci�n Catastral del 2008-2009 de Tulu�, le aconsejo que se pronuncie y lea los comunicados y alegatos de conclusi�n de la Acci�n Popular interpuesta contra el IGAC sede de Tulu�, contra la resiente Actualizaci�n Catastral. Su pronunciamiento lo puede hacer enviando comunicado al JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE GUADALAJARA DE BUGA, direcci�n CARRERA 16 No. 6-40 Tel�fono No. 237-5503 antes del 18 de Junio de 2010 que es la fecha de conciliaci�n ante un Procurador Delegado y un Defensor del Pueblo, un representante del IGAC, un representante del Alcalde de Tulu� y los Accionantes; recuerde que es una audiencia p�blica en la que puede asistir todo propietario que se sienta lesionado de la resiente Actualizaci�n Catastral de Tulu� en concordancia a los hechos interpuestos por los Accionantes de la Acci�n Popular. Paginas con informaci�n: nelsongil2009@ caecava@
2010-05-26 19:57:20
ACTUALIZACION CATASTRAL A LOS PREDIOS DE TULUA REALIZADA EN EL A�O 2008 CUYA VIGENCIA RIGE PARA EL A�O 2009 MEDIANTE DECRETO 4787 DE DICIEMBRE 19 DE 2008: Art�culo 1.- Los aval�os catastrales de los predios urbanos y rurales formados o actualizados durante 2008, regir�n a partir de 1 de enero de 2009, en los municipios o zonas donde se hubieren realizado. En concordancia a las normas que rigen para realizar la �Actualizaci�n Catastral� dentro de los procesos en su aplicaci�n deben ce�irse en concordancia con la Ley 14/83 y sus normas reglamentarias y bajo la apreciaci�n ce�idas con los siguientes eventos y para con el: Art�culo 1� del Decreto 4787 de diciembre 19 de 2008. T�ngase en cuenta que la �Actualizaci�n Catastral� pueden presentarse los siguientes eventos: a) Puede presentarse una nueva �Formaci�n� total sobre el predio. b) Puede presentarse una �Formaci�n� parcial sobre el predio. c) �Se dio un debido proceso en estos dos casos? Los aval�os deben darse mediante procesos y sus c�lculos definidos y puntuales de formulas y sus procesos con los datos y registros que sobre la ficha catastral existen y no por recomendaciones de funcionarios delegados. OBSERVACIONES CATASTRALES: Dentro del punto a). Dentro de la �Actualizaci�n Catastral� puede presentarse una formaci�n inicial total con todos los juguetes de parte del IGAC que es dif�cil desvirtuar. Dentro del punto b). Desde luego, es lo que se denomina �Actualizaci�n Catastral�, su formaci�n debe darse en sus partes parciales en valores de �reas de terreno y �reas construidas, determinadas con sus �reas correspondientes para determinar sus valores y aval�os mediante formulas y procesos correspondientes para conocer su aval�o final. Dentro del punto c).- En Tulu�, ante �stos dos eventos de la reciente �Actualizaci�n Catastral� no podr�a desconocerse que la �Actualizaci�n Catastral� ser�a v�lida solo para aquellos predios como se indica en el presente punto a), y en relaci�n al punto b), los predios fueron nuevamente formados en su totalidad, se les desconoci� su parte previamente formada y se les realizo una nueva formaci�n y no como se indica en el punto b). Es aqu� en �ste punto b donde no se dio el debido proceso. Debi� tenerse en cuenta desde luego, que muchos predios no son sujetos ni susceptibles de incorporaci�n de mejoras por que su estructura no lo permite o no se les ha realizado, por lo que tampoco deben ser sujetos de aval�os indemostrables, son predios que por su existencia tienen y mantienen su tradici�n hist�rica, a los cuales se les debi� aplicar solo el art�culo 2� del citado Decreto 4787, es a estos predios a los que le asiste solo la actualizaci�n del aval�o catastral anual por no ser sujetos de �Actualizaci�n Catastral� que recae solo a los predios sujetos de nuevas mejoras independientemente del Municipio. Art�culo 2.- Los aval�os catastrales de los predios urbanos no formados y formados con vigencia 2008 y anteriores, se reajustar�n a partir del 1� de enero de 2009 en un cinco punto cero (5.0%). En concordancia a las normas que rigen para realizar la �Actualizaci�n Catastral� dentro de los procesos en su aplicaci�n deben ce�irse en concordancia con la Ley 14/83 y sus normas reglamentarias y bajo la apreciaci�n ce�idas con los siguientes eventos: Art�culo 2� del Decreto 4787 de diciembre 19 de 2008. T�ngase en cuenta que bajo �ste art�culo es solo con incremento del 5% de m�s. a) �La �Actualizaci�n Catastral� es para los predios o para los Municipios? b) �A cu�les predios se les aplica el 5%? c) Su aplicaci�n del 5% de m�s es igualmente para los predios rurales. OBSERVACIONES CATASTRALES: Dentro del punto a).- La aplicaci�n de la Ley cita claramente que la �Actualizaci�n Catastral� es para los aval�os de los predios en los municipios. El municipio es solo el beneficiario, el fin de esta aplicaci�n es de fortalecer sus recursos, de ah�, que la �actualizaci�n Catastral� es para los individuales y no para los municipios. Dentro del punto b).- Ante la pretensi�n de la legislaci�n de la Ley y de lo establecido en la norma en concordancia a lo citado en el anterior punto a), al art�culo 2� del citado Decreto 4787, a los predios que no tenido nuevas mejoras, se les aplica solo el 5% de incremento sobre el aval�o catastral para la vigencia del 2009. CONSERVACION DEL AVALUO CATASTRAL: Qu� es el IVP. El IVP es un �ndice anual, dise�ado para estimar los cambios de valor comercial de los predios, del pa�s en 22 ciudades, con destino econ�mico habitacional. El IVP es un referente potencial para que el Consejo de Pol�tica Econ�mica y Social (Conpes), emita el concepto sobre el cual debe fundamentase el Gobierno Nacional para expedir el Decreto anual de reajuste de los aval�os catastrales, en los predios del pa�s, para la vigencia del a�o siguiente, excepto la ciudad de Bogot�, cuya entidad catastral es independiente y aut�noma en la determinaci�n del incremento anual de los aval�o. El anterior reajuste, ser� aplicado �nicamente a predios formados, que no hayan sido objeto de formaci�n o actualizaci�n catastral durante el a�o. La �Conservaci�n del Aval�o Catastral� es un proceso distinto de la �Formaci�n� y de la �Actualizaci�n Catastral�, que tiene su propia existencia, con diferentes cualidades claras y sin confusi�n. Ante la �Conservaci�n del Aval�o Catastral� y lo preceptuado en el Decreto 4787 citado, no puede desconocerse la �Actualizaci�n y Conservaci�n del Aval�o�, dada en el art�culo 2�, a los predios que no han incorporado ni se les han encontrado nuevas mejoras, que consiste en el solo hecho de mantener y traer a valor el aval�o comercial actual. NACE LA PRESUNCION DE LEGALIDAD SOBRE EL AVALUO CATASTRAL: Ante la presunta �Actualizaci�n Catastral� realizada y dada sobre los predios en Tulu�, cuyos aval�os son indemostrables porque no tienen un proceso de demostraci�n legal como soporte final del aval�o de cada predio ya que en cada ficha catastral posee una informaci�n recopilada previamente para determinar de manera puntual y demostrar mediante sus valores previstos formulas y procesos con los cuales se deben dar los resultados de un valor final que es el aval�o catastral correspondiente; al no existir demostraci�n de sus procesos, se presume ante la l�gica de argumentos y aumentos porcentuales y ante las recomendaciones inequ�vocas de confirmaci�n sin demostraci�n alguna, se presume que la presunta legalidad de la �Actualizaci�n Catastral� con la cual solo se solo demuestra irracionalidad en su aplicaci�n, por cuanto no se ajusta en su raz�n de un debido proceso legal y demostrado, por lo cual no puede llamarse �Actualizaci�n Catastral�, porque en ning�n momento se demuestran los aval�os parciales incorporados en sus partes como lo indica la Ley 14/83 en su art�culo 4�, ni siquiera indican que (a x b) = c cuando solo confirman los aval�os por una recomendaci�n o sugerencia de un funcionario, cuando la ley no se rige por sugerencias ni recomendaciones, �stos hechos deben ser de puntualidades matem�ticas plenamente demostradas, NO se trata de pedir rebajas ni de decir que las cosas no valen, se trata es de que la aplicaci�n de la �Actualizaci�n Catastral� se ajuste a los requerimientos y normas previstas en la ley. A nadie en Tulu�, absolutamente a nadie se le ha demostrado bajo razonamien
NELSON GIL 19/04/2011 a las 03:14
RAZONES PARA LA “ACTUALIZACION CATASTRAL”, PARA LA “FORMACION CATASTRAL” Y PARA LA “ACTUALIZACION Y CONSERVACION DEL AVALUO”.
Para realizar la “Actualización Catastral” indicada por la Ley 14/83, debe tenerse en cuenta:
1).- Que el predio halla sido previamente “Formado“, con un mínimo de un año antes a la inscripción de su vigencia inicial. (Artículo 3º Ley 14/83).
Para este evento, es prescindible eliminar todas las posibles disparidades teniendo en cuenta que en la “Formación” inicial de todo predio se tienen que tener en cuenta todas las variables determinantes de su contorno y demás elementos físicos y jurídicos para traer a valor presente el avalúo catastral del predio, tal como lo indica la Ley 14/83 en sus artículos 4°,5° y 6°.
2).- Si el predio no existe en el sistema catastral al momento de realizar una Actualización Catastral, este predio es sujeto de realizarle una incorporación al sistema catastral mediante una “Formación Catastral” inicial. (Artículo 3º Ley 14/83).
De ahí, que la “Actualización Catastral” como tal, se realiza si y solo si, sobre los predios de manera individual predio por predio, que no se les encuentren nuevas mejoras, los cuales son objeto de solo el incremento del 5% como lo indica el artículo 2° del Decreto 4787 de diciembre 19 de 2008. O sea, actualización del avalúo y/o conservación del avalúo. (Artículo 12 Decreto 3496/83).
Si al momento de realizar la “Actualización Catastral” se encuentran nuevas mejoras sobre los predios a actualizar, estas nuevas mejoras serán formadas en sus partes como formaciones parciales tal como lo indica el artículo 4° de la Ley 14/83. O sea, son objetos de “Actualización Catastral” en sus partes y de “Formación Parcial” en sus partes, tal como lo indica el artículo 4° de la Ley 14/83.
No puede confundirse el avalúo, de la “Formación Catastral“ inicial, con el de la “Actualización Catastral” quinquenal, ni con el de la “Conservación del Avalúo”, puesto que primero: Proceden de eventos diferentes para determinar el avalúo como tal, por cuanto el avalúo de la “Formación” Inicial, nace de las primeras mejoras parciales o totales y variables determinantes del predio a inscribir por primera vez; segundo: El avalúo de la “Actualización Catastral” quinquenal, procede de una revisión quinquenal ordenada mediante la Ley 14/83, con el fin de actualizar y formar las nuevas mejoras que aparezcan sobre los predios a actualizar con los nuevos elementos físicos y jurídicos al igual que los de su contorno y de uso de suelo; tercero: Cuando sobre los predios no existe ningún nuevo elemento por actualizar desde años atrás al quinquenio, ni se les realiza en su contorno evento alguno que implique actualizar, no se puede en la “Actualización Catastral” quinquenal, crearle nuevas variables indeterminadas para crearle un nuevo avalúo, es por lo cual y por no existir nuevas mejoras que año por año, se trae a valor presente el avalúo año por año con el fin de recuperar el valor adquisitivo de la propiedad con el IPC por parte del Estado.
3).- En ninguna parte de la Ley se dice que los municipios en donde se realiza la “Actualización Catastral” quinquenal, tienen el beneplácito o el privilegio de desconocer las formaciones previamente formadas sobre los predios cuando en los predios se encuentren o no, nuevas mejoras parciales a incorporar dentro de la “Actualización Catastral”, si esto fuese así, se estaría así, desconociendo la tradición histórica del predio, es por lo cual reclamamos lo preceptuado en el artículo 58 de la Constitución Nacional, donde se garantizan los valores adquiridos sobre la propiedad privada los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, que es lo que se reclama, al igual que cuando no se encuentran nuevas mejoras sobre el predio se les aplique solo 5% del artículo 2º del citado Decreto 4787.
Debe tenerse en cuenta, que cuando ni en su contorno de los predios no se encuentre ningún nuevo elemento físico ni jurídico como lo indica el (artículo 4º y 5º de la Ley 14/83 y los citados en el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto 3496), no puede deducirse un nuevo avalúo, mucho menos realizarse una nueva “Actualización Catastral” mediante una nueva “Formación Catastral”, por lo cual, solo se mantiene su avalúo como lo indica igualmente el artículo 10 del Decreto 3496/83 con la aplicación del IPC del artículo 2º del citado Decreto 4787.
Uno de los hechos indemostrables de la reciente “Actualización Catastral” es asumir lo que no existe, al creer o suponer que el Decreto 4787 de noviembre 19 de 2008, ordena que así se hayan hecho o no nuevas mejoras, todos los predios se actualizan mediante el artículo 1º del citado Decreto 4787, cuando son muy explícitos en su orden de aplicación y explicación.
Los tres artículos del citado Decreto 4787, son muy específicos y muy puntuales en su texto y reglamentación, para que mediante diferentes apreciaciones se desconozca y se les realice a todos los predios en Tuluá una nueva “Formación” como “Actualización Catastral”.
Siendo el IPC parámetro definitivo y fijo del informe del CONPES para ser asumido por el Gobierno Nacional con el cual se rige para reglamentar mediante Decreto el incremento sobre la “Actualización Catastral”, no puede decirse que el IPC es excluyente con el citado Decreto 4787, por cuanto es de ahí donde nace el principio de legalidad del Decreto de la “Actualización Catastral”, por lo cual, son más bien estrictamente concordantes.
Cierto es que mediante sentencia del Consejo de Estado, sección 4, de febrero 10 de 2003, Rad. 12906, consejero GERMAN AYALA MANTILLA, quien defiende nuestra teoría al decir que: El reajuste del IPC o la inflación no es aplicable cuando el avalúo es el resultado de un proceso de Actualización de la Formación Catastral. (Entiéndase que en este caso de la Sentencia citada, dice que sobre el predio se realizaron nuevas mejoras totales, por lo cual el avalúo total del predio es objeto de Formación Catastral inicial), o sea, que no es por mejoras parciales.
Dilucidando esto, se concluye (sin desconocer: lo preceptuado en el artículo 4° de la ley 14/83, el artículo 12 del decreto 3496, el artículo 2º del Decreto 4787, el artículo 58 de la Constitución Nacional), que cuando un predio es Actualizado mediante Formación (Entiéndase que es Formación Inicial, así sea parcial), no le es aplicable el IPC en sus partes a formar, tratando así la ley de ser justa y equitativa, cuando Formar y Actualizar el avalúo son dos cosas distintas, solo cuando la Formación es total no caben los beneficios de favorabilidad de estos y les recaerá el peso que pesa sobre el avalúo determinado mediante “Formación Catastral” total.
NELSON GIL 19/05/2011 a las 03:34
Tuluá, mayo 25 de 2011.
ROGER ARIAS TRUJILLO.
JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA.
REFERENCIA: ACCION POPULAR.
ACCIONADOS: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI,
MUNICIPIO DE TULUA.
ACCIONANTES: CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA Y
RADICACION: 00356-2009
CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA Y NELSON GIL, mayores de edad y vecinos de la ciudad de Tuluá (v), identificados como aparece al pie de nuestras correspondientes firmas, obrando como accionantes en el proceso de la referencia, mediante el presente escrito y de forma respetuosa nos permitimos elevar ante su despacho, a portas de decidirse el asunto de la referencia y apelando a su prudente criterio, las siguientes consideraciones a fin de que se tengan en cuenta al proferir el fallo correspondiente, conforme al escrito demandatorio, las pretensiones incoadas deben ser declaradas a favor, por las siguientes razones:
1).- A LOS HECHOS PRIMERO Y SEGUNDO. Manifiesta la apoderada del IGAC referente a la publicación de la Actualización Catastral. “Lo” que no es cierto que dicha publicación se halla hecho por mandado del Decreto 4787 de 2008, el cual ordena el reajuste anual de los avalúos para el año 2009.
La actualización Catastral se adelantó conforme al mandato del artículo 5º de la ley 14/83 y la publicación conforme a lo dispuesto al artículo 91 de la Resolución 2555 de 1998 y se explica la normatividad que lo rige.
Justificación que carece de valor, porque en ninguna parte de nuestro escrito hemos dicho que se publicó por mandato del Decreto 4787 del 2008, sino, que el proceso de Actualización Catastral se realizó acorde con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 4787 del 19 de Diciembre de 2008, que rige para la totalidad de los predios urbanos y rurales del ente territorial, independiente de que los predios hubiesen tenido o no modificaciones o de que no hubiesen sido objeto de labores de Conservación Catastral en el periodo comprendido entre una actualización y otra, según resolución No. 76-834-505-20 anexa y también se confirma en la resolución No. 76-834-1184-20 anexa en la parte que se le aclara al recurrente punto seis que manifiesta: Se le aclara igualmente que para el caso de los predios ubicados en el municipio de Tuluá se le da aplicación a lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto 4787 de 2008.
Es de aclararle a su Señoría que éste Decreto no solamente ordena el reajuste anual de los avalúos para el año dos mil nueve (2009) contemplados en la Actualización y Conservación como lo manifiesta la Apoderada de la parte accionada, sino que también indica a quienes se les aplica la Formación la cual está contemplada en su artículo 1º del citado Decreto 4787 de 2008.
Cierto es que las autoridades catastrales tendrán y tienen la obligación de de formar los catastros y/o actualizarlos quinquenalmente en todos los municipios del país, etc., como lo indica el artículo 5º en concordancia con el artículo 4° de la misma Ley 14/83, sin desconocer nuevamente la “Formación Catastral” y la “Actualización Catastral” de los predios ya formados años atrás, que se supone hayan sido actualizados legalmente en sus partes y en concordancia con el artículo 58 de la Constitución Nacional.
Bien dice el IGAC que el Municipio para tal evento realizo un contrato con ellos, para realizar la “Actualización Catastral”, que consiste como indica la ley 14/83 Para realizar la “Actualización Catastral” consistente en actualizar las nuevas mejoras que existan sobre los predios ya formados y no realizar nuevamente una “Formación Catastral” entre lo antiguo como una nueva “Actualización Catastral”, por cuanto son dos cosas distintas, la primera consiste en actualizar las nuevas mejoras encontradas en el quinquenio en sus partes, es ahí donde se desconoce la “Formación Catastral” en sus partes tal como lo indica el artículo 4º de la ley 14/83.
Se reconoce desde un comienzo mediante su documento 6.22 del IGAC, que la “Actualización Catastral” se adelanto conforme al mandato del artículo 5° de la Ley 14/83 y su publicación conforme al artículo 91 de la Resolución 2555 de 1988. Desde aquí, comienza a denotarse y verse que no tuvieron en cuenta el artículo 4° de la Ley 14/83 y el artículo 58 de la Constitución Nacional.
En referencia a la transcripción de las leyes a que hace referencia la parte accionada, en especial, al artículo 8ª de la ley 44/90 se dice: El porcentaje de incremento podrá ser hasta el 130% del incremento índice del índice mencionado (IPC). Parágrafo:- Este reajuste no se aplicará a aquellos predios cuyo avalúo catastral haya sido formado o reajustado durante ese año.
Para tener una breve explicación, le cito un ejemplo su Señoría:
El 130% del 5% del IPC es == al 6.50%
Ósea: (5.0 x 130)/100 == 6.5% del IPC ó también a 0.065
Un avalúo del (2008) de 50.000.000 x 1.065 == $ 53.250.000 para el 2009.
Es lo que se debe y debió aplicarse a los predios en sus partes a formar no denunciadas.
Estas no son conjeturas, son razones lógicas de la Ley 44/90.
· Como nota de observación le hago denotar que la gente sospecha contrayéndose porque cree que es un 130% más sobre el avalúo, confundiéndose así:
· Un avalúo de 50.000.000 x 1.30 == 65.000.000 + 50.000.000 == $ 115.000.000
· Ósea, 150.000.000 / 50.000.000 == 2.30%
· Sin embargo, son este tipo de proporciones las aplicadas en Tuluá, a predios que no han realizado ningún tipo de mejoras, sin demostración alguna.
No se puede tratar de cubrir con razones subjetivas, extrañas e indemostradas cuando de lo que se trata no es que avalúo suba o baje, se trata es de que se aplique la ley plenamente demostrada.
Debe tenerse en cuenta que esta aplicación del 130% sobre el IPC, es como una presunta sanción establecida sobre el IPC y no sobre el avalúo determinado y es solo sobre las nuevas mejoras encontradas como nuevas con procesos plenamente demostrados.
Esto ha sido una forma de explicación que no entiende el contribuyente en las diversas resoluciones del IGAC, asumiéndola como explicación temeraria, ya que no entienda la razón de si es sobre el IPC y/o sobre el avalúo a determinar. Esto ni se demuestra ni se le explica a nadie de ni en resolución ni aritméticamente.
2).- A LOS HECHOS TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO. Manifiesta la apoderada de la parte accionada: “Nuevamente los accionantes confunden los conceptos, por ignorancia de la normatividad y de los procedimientos catastrales, aseverando, sin razón alguna, que al actualizar el Catastro del Municipio de Tuluá se violaron derechos colectivos para aquellos propietarios cuyos predios no hubieren sufrido mejoras. Evidentemente no se trata de hechos sino de meras apreciaciones subjetivas que arrojan los accionantes y de una interpretación caprichosa de la legislación, igualmente, tienen una confusión enorme entre los procesos de Formación Catastral, Actualización de la Formación Catastral y el de Conservación de Catastro”. Por lo que considera necesarios definirlos.
Manifestación ésta que no compartimos, por ser infundada, pero antes de profundizar en el tema consideramos necesario definir los procesos de la “Formación Catastral”, “Actualización de Formación Catastral” y el de “Conservación del Catastro”.
FORMACION CATASTRAL (artículo 11 del Decreto 3496 de 1983): Consiste en el conjunto de operaciones destinadas a obtener la información sobre los terrenos y edificaciones en los aspectos físico, jurídico, fiscal y económico de cada predio.
El proceso de formación termina con la resolución por medio de la cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha providencia, ordenan la inscripción en el catastro de los predios que han sido formados y establecen que el proceso de conservación se inicia al día siguiente, a partir del cual el propietario o poseedor podrá solicitar la revisión del avalúo de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 14/83.
CONSERVACION CATASTRAL (artículo 12 del Decreto 3496 de 1983): Consiste en el conjunto de operaciones destinadas a mantener al día los documentos catastrales de conformidad con los cambios que experimenta la propiedad raíz en sus aspectos físico, jurídico, fiscal y económico.
La Conservación se inicia al día siguiente en el cual se inscribe la Formación o la Actualización de la Formación en el Catastro, y se formaliza con la Resolución que ordena la inscripción en los documentos catastrales del los cambios que se hayan presentado en la propiedad raíz.
ACTULIZACION DE LA FORMACION CATASTRAL (artículo 13 del Decreto 3496 de 1983): Consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la Formación Catastral, revisando los elementos físicos y jurídico del catastro y eliminando en el él elemento económico la disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso de productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario.
La Actualización de la Formación Catastral se debe realizar dentro de un periodo máximo de cinco años, a partir de la fecha en la cual termina la Formación de un Catastro, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 14/83 y el artículo 11 del Decreto 3496 de 1983.
La información obtenida y los cambios encontrados se anotarán en los documentos catastrales pertinentes. El proceso de Actualización termina con la Resolución por medio de la cual las autoridades catastrales, a partir de la fecha de dicha providencia ordenan la renovación de la inscripción en el catastro de los predios que han sido actualizados y establecen que el proceso de conservación se inicia al día siguiente a partir del cual el propietario o poseedor podrá solicitar la revisión del avalúo de acuerdo con el artículo 9º de la ley 14/83.
Es de aclarar a su Señoría, que cuando le definen los procesos de Formación, Actualización de la Formación y el de Conservación, le definen los dos primeros Formación y Actualización de la Formación, pero el tercero no se lo definen sino que le colocan los objetivos de los resultados finales de la Conservación Catastral, que consisten solo en mantener sus resultados.
La parte accionada dice folio 86, tiene una interpretación muy errónea de la Ley al manifestar: Qué es dentro del proceso de conservación Catastral, o si se prefiere, en los intervalos entre cada Actualización catastral, que se realiza el reajuste anual ordenado cada año por el Gobierno nacional, y que para el año 2008, con vigencia fiscal 01-01-2009, correspondió el 5%, ordenado en los artículo 2º (Urbanos) y 3º (Rurales) del Decreto 4787 de diciembre 19 de 2008, y que es el ajuste que pretenden los accionantes que se les aplique, contrariando lo dispuesto para el efecto de la legislación especial catastral, pues en su extraña lógica, aseveran que predios formados son sólo aquellos que han tenido mejoras.
Ante esta aseveración, reiteramos que siempre hemos recalcado de manera distintiva los tres procesos, de los cuales reclamamos la formación en sus partes a formar, de los predios ya formados previamente que son a los que se les debe realizar la Actualización Catastral en sus partes nuevas.
Si de legislación especial se trata, la Constitución Nacional es norma de normas, enmarca dentro de sus normas los tratamientos que deben darse dentro de sus leyes y Decretos Reglamentarios, sin que ninguna institución que se rija por mandato de Resolución administrativa le asista el derecho de dar tratamientos especiales, ni preferenciales, mucho menos crear procesos indemostrados en los que ponen en juego los recursos de la comunidad y del mismo Estado, es por lo cual que todo proceso en que participan los recursos del Estado debe ser plenamente demostrados.
Nuestra pretensión en concordancia al artículo 1º y 2º en relación de que, sí se realizaron mejoras adicionales, se realice Formación en sus partes, y si no realizó mejoras, se le aplique el artículo 2º del Decreto 4787 de 2008 en sus partes, porque no se pueden desconocer los artículos 58º de la C.N. y 65 de la Resolución 2555 de 1988 del IGAC.
Cabe destacar aquí, que bajo los principios de la Ley 14/83 en su artículo 4º dice: la Actualización Catastral se realiza en sus partes a Actualizar de áreas encontradas y que no han sido denunciadas en su momento por el propietario del bien inmueble, igualmente el artículo 58º de la Constitución Nacional, garantiza los derechos adquiridos sobre la propiedad privada, los cuales no pueden ser vulnerados por leyes posteriores.
Pues la Ley es muy clara al anunciar su aplicación (artículo 4º Ley 14/83), para los fines de la Formación y Conservación del catastro, el avalúo de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones en el comprendidas.
Es por lo cual, que la aplicación de la Actualización Catastral se debe hacer en sus partes existentes en el inmueble. Es esto lo que se reclama, ya que en su aplicación de la Actualización Catastral, se desconoció su principio de identidad de manera generalizada, dicho esto al reconocer el IGAC, que ciertamente la Actualización Catastral en Tuluá, se realizó bajo lo preceptuado en el artículo 1º del Decreto 4787 de 2008.
Es decir, que a todos los predios los formaron nuevamente desconociendo así, la parte histórica que ya había sido formada, cuando anualmente se trae a valor presente hoy el valor del inmueble. Por ésta razón, desconocen el artículo 2º del Decreto 4787 de 2008 por parte del IGAC.
Tampoco puede aceptase como justificación dada por la apoderada del IGAC folio 87: El incremento del avalúo de un predio que no ha sufrido variaciones físicas por mejora o desmejora, está directamente relacionado en primer lugar con el Uso del Suelo normado en el Plan de Ordenamiento Territorial, y con el proceso de valorización de la propiedad raíz determinada por el auge económico de los mercados. Esta variación depende de la variación del predio dentro del Municipio, cambios de uso o de productividad, construcción de obras civiles, aumento de la demanda de un segmento de la sociedad etc., lo cual en términos generales se podría estimar en un porcentaje promedio del 50%. Los planes parciales se introducen dentro de las variables a estudiar, pero lo que realmente determina el valor comercial de los inmuebles es el proceso del mercado investigado.
Improcedente, es generalizar que los cambios de uso y productividad se asuman para todo Tuluá, cuando no se puede decir ni considerar que todos los predios son sujetos de estimaciones porcentuales por presunción, y más aún, cuando por estimaciones no se pueden dar consideraciones de variables, para ello, son los estudios de determinación de variables con formulas y procesos.
Porque ciertamente éste estudio es aplicable, a los predios que se forman en relación a sus partes nuevas formadas, y no a los predios que ya existían, pues las variables determinantes de éstos predios, ya han sido calificados en eventos anteriores a la reciente Actualización Catastral, y se han venido reajustando para traer a valor presente como se indica el informe del CONPES 3557.
El reajuste anual de los avalúos catastrales tiene como propósito que la base del impuesto predial evolucione en correspondencia con el patrimonio del propietario o poseedores. Históricamente, el reajuste de los avalúos catastrales se realizó con base en la meta de inflación. A partir del 2001. Con el fin de verificar de forma directa el comportamiento de los precios de los bienes inmuebles, el DANE y el IGAC han venido calculando un índice sobre el precio comercial de los bienes inmuebles de uso residencial, denominado Índice de Valor Predial—IVP—(Ver informe del CONPES anexo).
Mediante esta apreciación, es el Estado quien viene trayendo a valor presente el valor del inmueble año por año, asumiendo así, el valor comercial previsto mediante el IPC de cada año reglamentado mediante Decreto Reglamentario para tal fin. Es por lo cual, no puede desconocerse su tradición histórica y calificada como lo indica el artículo 58º de la constitución nacional.
Pues precisamente, el proceso de conservación catastral es para mantener al día los documentos catastrales de conformidad con los cambios que viene trayendo la propiedad es sus aspectos físico, jurídico, fiscal y económico. (Artículo 12 del Decreto 3496 de 1983).
En una Actualización Catastral, la información obtenida y los cambios encontrados se anotarán en los documentos encontrados pertinentes de acuerdo al artículo 13º del Decreto 3496 de 1983, es esto lo que reclamamos en sus partes, que al parecer los cambios no aparecen anotados en la ficha catastral, puesto que no se reciben respuestas de las variables determinantes, porcentuales y de sus formulas y procesos con los cuales se determina el avalúo de la presente vigencia del 2009. Solamente se incrementa el avalúo sin demostración alguna, también hay que tener en cuenta, que el acto administrativo que fija el avalúo se presume legal siempre y cuando permitan desvirtuarlo, situación que no se da por variables indeterminadas en la cédula catastral, además de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del decreto 3496 del 83, los cambios individuales en el proceso de Formación y Conservación Catastral se notificaran al propietario del bien, quien podrá solicitar revisión del avalúo correspondiente, cuando el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio (art. 30 ib.); situación que no se dio ni en el proceso de Formación ni en proceso de Conservación Catastral.
Pues en relación a la Actualización, de la Formación Catastral, el artículo 5º Ley 14/83, consiste en un conjunto de operaciones en las que no se deben desconocer los datos previos que sobre el predio existen, los cuales, solo se les aplica el índice del IPC del (5%) cinco por ciento, previsto en el artículo 2º del Decreto 4787 del 2008, y desde luego, son los nuevas mejoras las que se actualizan con los últimos cálculos determinados de los índices como valores por los índices de precios de unidad de área para cada categoría de terrenos y construcciones tomando como base los resultados de una investigación estadística representativa del mercado inmobiliario, cuya metodología deberá ser aprobada por el departamento administrativo Nacional de Estadística.
Se aprecian así, dos procesos simples de operaciones para sumarlos como es el de la parte antigua e histórica previas del inmueble, que es sujeto del cinco por ciento (5%) más la parte nueva que es sujeto de realizarle la Actualización Catastral con los últimos datos previstos para determinarle su último avalúo.
Es así como se determina la Actualización Catastral en sus partes, y por lo cual, se deben aplicar los dos artículo 1º y 2º del Decreto 4787 del 2008, en sus partes del predio, y no desconociendo la parte antigua para así realizarle como se hizo en Tuluá, de volver a formar los antiguos predios desconociendo su tradición histórica, dando aplicación solo al artículo 1º del Decreto 4787 del 2008.
Que no se den, o se ajusten las apreciaciones previstas mediante los estudios realizados para este fin, no es culpa del propietario para que le apliquen avalúos imprevistos e indemostrables, al parecer bajo presunción de sus apreciaciones de que el predio puede con más avalúo, esa no es una razón ética de la aplicación de la Ley sobre la Actualización Catastral.
Cabe destacar que el Código de Régimen Municipal en su artículo 187 establece: Los poseedores de predios o mejoras no incorporadas al catastro, tendrán la obligación de comunicar a las oficinas seccionales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o a las oficinas del catastro de Bogotá, Cali, Medellín y Antioquia o a las tesorerías municipales en donde no estuvieren establecidas dichas oficinas, tanto el valor como la fecha de terminación y el valor de las mejoras con el fin de que dichas entidades incorporen estos valores con los ajustes correspondientes como avalúo del inmueble.
Los terrenos y las edificaciones, o las fracciones de área de unos y otros, en el caso de que no fueren del todo homogéneos respeto a su precio, se clasificarán de acuerdo a las categorías de precio que defina el Gobierno Nacional en todo el país.
Si de la homogeneidad de trata, ZONA HOMOGENEA, es aquella en la que se identifican características en su entorno similares para homologar. Ejemplo, áreas industriales, áreas comerciales de diferente tipo de actividad comercial, áreas residenciales de diferente tipo o estrato residencial.
Vemos que Tuluá, guarda en gran parte en su entorno de áreas definidas en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial, sobre todo en sus áreas residenciales con sus estructuras básicas ya cuantificadas y calificadas en Actualizaciones Catastrales anteriores, en los que se encuentran muchos predios con sus áreas definidas, que además su compleja estructura no permiten que se les realicen adición de mejoras, mucho menos que se les reformen. Este tipo de caso, se identifica plenamente en los conjuntos residenciales de varios niveles, edificios, centros comerciales, además en diferentes predios aislados.
Es por lo cual, dentro muchas zonas o áreas homogéneas residenciales de muchos predios de la ciudad de Tuluá, no se han dado variaciones físicas ni de obras públicas, ni de su uso o productividad sobre algunos y muchos predios.
Desconocer estos procesos, es traer indebidamente a valor presente a los predios de muchas zonas o áreas urbanas de diferentes estrato y de tipo residencial, comerciales, conjuntos cerrados, edificios, que no han sufrido ningún tipo de cambio físico o mutación alguna, porque su estructura no lo permite y que todas sus identidades homogéneas como sus vías, servicios públicos, áreas de esparcimiento, de salubridad, comerciales etc., ya fueron plenamente homologadas, definidas, calificadas e incluidas en sus partes a los predios desde hace más de 20, 30, y más años atrás.
Por lo cual el uso de suelo no está directamente sujeto a cambios en éste caso, cuando estos vienen desde antes del POT en las mismas condiciones de uso, hoy no se les puede crear uso por presunción de que los predios están ligados con destinación comercial y mucho menos, se les califique con el auge de valores económicos del mercado inmobiliario, cuando muchos predios son netamente de destinación residencial y no de flujo comercial.
Bajo estas apreciaciones no se puede traer a valor presente lo que no está destinado a uso comercial ni ha presentado mutación alguna específica como son los predios residenciales y demás casos aquí citados.
Involucrar en el artículo 65 del la Resolución 2555 de 1988 del IGAC, no es capricho, aquí mismo el IGAC se contradice, al decir que este artículo no es del caso, pero en algunas ocasiones si se tienen en cuenta, - es o no es – (folio 85).
Con todo respeto su Señoría, a continuación y a para tener más claridad de lo preceptuado en los dos primeros artículos, le hacemos unos razonamientos en razón a sus aplicaciones individuales, para así concebir con claridad el objeto de sus enunciados.
En razón al artículo 1° se dictan los siguientes razonamientos:
Razones de Actualización y Formación según artículo 1° Decreto 4787:
a).- Razón: El avalúo se Actualiza, en sus partes nuevas y/o antiguas.
b).- Razón: El predio se Forma, en sus partes nuevas y/o antiguas.
c).- Razón: La Actualización se hace, a los predios en los municipios.
d).- Razón: La Actualización, no se hace a los municipios.
e).- Razón: La Actualización, se hace en los municipios.
Luego la aplicación de la razón se da, es a los avalúos de los predios en los municipios o sus zonas.
Luego así, la Actualización de los avalúos en sus partes parciales y/o totales, deben ser demostrados, al igual que las Formaciones parciales o totales.
Entonces, la parte nueva, se forma con avalúo nuevo. Igualmente
Entonces, parte antigua, se le aplica el artículo 2° Decreto 4787.
Se totalizan y se determina el nuevo avalúo en sus partes del 2009.
En consecuencia, la aplicación de la razón, no se da a los municipios, ni es para los municipios, porque recae es sobre los avalúos y los predios en cabeza del titular, quien es el responsable del gravamen ante el Municipio y el Estado, por estrictos benefactores de todos los gravámenes que se establecen a los bienes inmuebles bajo la responsabilidad de los titulares, no es el municipio el que le paga al Estado, es el contribuyente el que le paga al Municipio para que éste en su defecto le responda al Estado.
De ahí, se deduce y se concluye que, lo que se realiza solo con el artículo 1°, es solo la parte nueva del avalúo parcial y/o total y la parte nueva de la mejora parcial y/o total. Ósea, lo nuevo encontrado sobre el predio que se formo y la parte del avalúo que se actualizo.
Ante esto, no se puede hablar de complejidad ya que al IGAC le asisten los medios tecnológicos e informáticos más modernos del país, para demostrar por muchos años lo que viene realizando.
Artículo 2°.- Los avalúos catastrales de los predios urbanos no formados y formados con vigencia de 2008 y anteriores, se reajustarán a partir del 1° de enero de 2009 en un cinco punto cero por ciento (5.0%).
Razones de Actualización y Formación según artículo 2° Decreto 4787:
a).- Razón: Si no hay nueva mejora, no hay nuevo avalúo.
b).- Razón: Si no hay nueva mejora ni nuevo avalúo, no hay nueva Formación Catastral.
c).- Razón: Si el predio fue formado en 2008 o antes, se reajustara en un 5.0% a partir del 1° de enero del 2009.
d).- Razón: Se aplica solo el 5.0% por cuanto su valor adquisitivo ha sido traído a valor presente mediante el incremento del IPC año por año.
De ahí, se deduce y se concluye que, lo que se realiza solo con el artículo 2°, es solo para los predios que no han incorporado ningún tipo de nuevas mejoras y/o cambios y mutaciones por su uso según artículo 4º Ley/14/83.
Se demuestra así, que por más transcripciones de la serie de articulados que se han dado mediante el oficio 6.22 del IGAC, no se puede desvirtuar lo aquí expuesto mediante los anteriores razonamientos.
A LAS EXCEPCIONES:
A la pruebas testimoniales por parte del municipio de Tuluá, en cabeza de la Doctora ADRIANA RIVERA, Secretaria de Hacienda y el Doctor MAURICIO CASTAÑO, profesional universitario de Rentas del municipio, en diligencia de audiencia pública el día 4 de mayo de los corrientes, en una de sus alocuciones citan y traen a colación (ambos) una jurisprudencia que por cierto, es que mediante la misma Sentencia del Consejo de Estado, sección 4, de febrero 10 de 2003, Rad. 12906, consejero GERMAN AYALA MANTILLA, quien defiende nuestra teoría al decir que: El reajuste del IPC o la inflación no es aplicable cuando el avalúo es el resultado de un proceso de Actualización de la Formación Catastral. (Entiéndase que en este caso de la Sentencia citada, dice que sobre el predio se realizaron nuevas mejoras totales, por lo cual concordantemente, los predios formados antes de la Formación realizada se les es aplicable el reajuste del 5.0% en concordancia al artículo 2ª del citado Decreto 4787), por lo cual en el caso citado, el avalúo total del predio es objeto de Formación Catastral inicial), o sea, que no es por mejoras parciales y en este caso el predio si se formo en su totalidad al momento de realizar la Actualización Catastral.
Dilucidando esto, se concluye (sin desconocer: lo preceptuado en el artículo 4° de la ley 14/83, el artículo 12 del decreto 3496, el artículo 2º del Decreto 4787, el artículo 58 de la Constitución Nacional), que cuando un predio es Actualizado mediante Formación (Entiéndase que es Formación Inicial, así sea parcial), no le es aplicable el IPC en sus partes a formar, tratando así la ley de ser justa y equitativa, cuando Formar y Actualizar el avalúo son dos cosas distintas, solo cuando la Formación es total no caben los beneficios de favorabilidad sobre estos, por lo cual les recaerá el peso que pese sobre el avalúo determinado mediante “Formación Catastral” total, ósea, que no siendo este caso de la reciente formación del 2008 para el 2009, es este tipo de caso el que se forma en su momento, con el artículo 1° del Decreto 4787.
Siendo este un caso similar por no decir idéntico, a los preceptos en discusión de la Ley 14/83 y demás, lo citamos como ejemplo comparativo de la Formación y/o Actualización en discusión, y así vemos que por ser formado en su totalidad en el 2008, su avalúo nuevo rige desde el año 2009, pero si el predio hubiese sido formado antes del 2008, tendría que haberse actualizado su avalúo con el artículo 2° del Decreto 4787.
No puede decirse que el IPC es excluyente con el citado Decreto 4787, por cuanto es de ahí donde nace el principio de legalidad del Decreto de la “Actualización Catastral”, por lo cual, son más bien estrictamente concordantes.
Es de aclarar que en una Actualización Quinquenal, se dan los diferentes procesos destinados a mantener al día sus avalúos bien parciales y/o totales, como son los casos de Formación, Conservación y Actualización de la Formación.
a),- En el caso de la Formación total inicial no se aplica el reajuste del IPC determinado del año;
b).- En el caso de la Conservación del avalúo, si no hay nuevas mejoras por incorporar o cambios y/o mutación alguna, se le aplica el IPC determinado del año;
c).- En el caso de la “Actualización de la Formación”, si hay mejoras parciales por actualizar en sus partes nuevas, se actualizan sin el IPC y se hace de acuerdo a la metodología determinada y plenamente demostrada y sus partes antiguas se actualizan en sus partes con el IPC, sumando estos para determinar el avalúo plenamente demostrado en concordancia al artículo 4ª de la Ley 14/83.
Se demuestra claramente, a través de la resolución 76-834-505-20 en la que se indica textualmente: Que para mejor proveer, se realizo inspección a los documentos catastrales, verificando que los datos consignados en las fichas prediales y en la base magnéticas estén correctos, donde se manifiesta entre otros, que tal como lo afirma el recurrente, no se reportaron cambios en áreas ni en calificación de edificaciones de los predios motivos de solicitud.
Así pues, con lo anterior, se demuestra claramente, que la parte histórica no fue tenida en cuenta en la Actualización Catastral, como también se demuestra a través de la resolución 76-834-1184-20 y los procesos dados en la contestación de la demanda mediante su apoderada del IGAC referente a los predios objetos de las reclamaciones en el agotamiento de la vía gubernativa, donde se demuestra que de acuerdo al puntaje, en la ecuación dada nos permite conocer que el metro cuadrado tanto en el área de terreno como en el área construida es igual tanto para la parte histórica como para la parte nueva.
Se confirma así, que ciertamente con la Actualización Catastral del 2008 para el 2009, si se determinó mediante el artículo 1º del Decreto 4787 de 2008, desconociendo así, la tradición histórica y existencia previa de los predios, con lo que se demuestra con certeza y firmeza que los avalúos se fijaron a precio de hoy desconociendo el Índice de Valoración Predial y su tradición histórica.
Se demuestra así, bajo estos principios que la Actualización Catastral, se realizó indebidamente y solamente bajo lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 4787 de 2008, que rige según éstas resoluciones para la totalidad de los predios urbanos y rurales del ente territorial del municipio de Tuluá, independiente de que los predios hubiesen tenido o no modificaciones.
La Actualización Catastral actual, es para renovar los datos encontrados sobre los predios para su Formación o Actualización Catastral igualmente ante sus registros histórica de los predios y las reformas nuevas encontrados durante el quinquenio permitido en concordancia con el artículo 4º de la Ley 14/83 y el artículo 58 de la Constitución Nacional.
Aspectos estos que no se tuvieron en cuenta en la Actualización, razón por la cual se comete una vía de hecho con los propietarios de los predios que ya habían sido sujeto de aplicación de la Formación antes del 2008 y que su parte histórica no fue tenida en cuenta en esta Actualización Catastral, violando con ello, el debido proceso consagrado en el artículo 29º de la Constitución Nacional, por no dar cumplimiento a la normatividad que lo rige en la Actualización Catastral como la contemplada en los artículos 4º y 5º de la Ley 14/83 y el artículo 13 del Decreto 3496 del 1983 y demás normas concordantes.
En ninguna parte de la Ley se dice que el IGAC tiene el privilegio de favorabilidad para con los municipios en donde se realiza la “Actualización Catastral” quinquenal de aplicar o favorecer con beneplácito y de desconocer las formaciones previamente formadas (tradición histórica), sobre los predios cuando en los predios se encuentren o no, nuevas mejoras parciales a incorporar dentro de la “Actualización Catastral”, si esto fuese así, se estaría así mismo, desconociendo la tradición histórica del predio, es por lo cual reclamamos lo preceptuado en el artículo 58 de la Constitución Nacional, donde se garantizan los valores adquiridos sobre la propiedad privada los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, que es lo que se reclama, al igual que cuando no se encuentran nuevas mejoras sobre el predio se les aplique solo 5% del artículo 2º del citado Decreto 4787.
Por estas razones, la Acción Popular está llamada a prosperar porque no se está invocando derechos individuales y de contenido económico como lo manifiesta la apoderada de la parte accionada y que para ello la Ley establece la Acción de nulidad contemplada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.
CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA NELSON GIL
C.c. No. 16.351.567 de Tuluá. C.C. No. 16.467.201 de B/ventura.
NELSON GIL 14/06/2011 a las 02:45
BUENAS TARDES, ME GUSTÓ SU ARTICULO, YO APOYO LA NECESIDAD DE QUE EXISTA UN INCENTIVO DENTRO DE LAS ACCIONES POPULARES, QUISIERA QUE NOS CONTACTARAMOS A LA MAYOR BREVEDAD PUES COADYUVARÉ UNA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD JUSTAMENTE CONTRA LA LEY 1425 DE 2010, QUE ELIMINÓ DICHO RECONOCIMEINTO ECONOMICO, LA FIJACION EN LISTA ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL ACERCA DE ESTA DEMANDA VENCE EL 26 DE AGOSTO DE ESTE AÑO Y PODEMOS PARTICIPAR EN ELLA, PUES TODOS LOS NACIONALES ESTAMOS LLAMADOS A PARTICIPAR EN ESTA ACCION PUBLICA TELEFONOS 2396589 DE BOGOTÁ 3132880973.............
JULIAN ESGUERRA 23/08/2011 a las 01:09
Tuluá, noviembre 28 de 2011.
DR. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO.
Referencia: POSIBLE PREVARICATO EN ACCION POPULAR.
Cordfial saludo.
En aras de la mejor gestión de Administración de Justicia que hoy se rige desde su despacho a nivel nacional, le auguramos los mejores exitos en su gestión y en su vida honesta y limpia.
Igualmente bajo sus principios de honestidad, equidad y de justicia que desde su despacho se rige, le pedimos a su Señoría se delegue al procurador Delegado Regional No. 60 Dr. DOCTOR: EDUARDO SILVA OROZCO hoy ubicado en la calle 11 No. 5 – 54 Edificio Bancolombia de Cali, para que a titulo personal investigue a fondo la vulneración de derechos y el debido proceso por parte del IGAC se realizo en la Actualización Catastral en Tuluá en el año 2008 para la vigencia del año 2009, con la que se ha violado bajo pleno conocimiento de causa, en concordancia a la demostración de los hechos expuestos, e igualmente se investigue el dictamen del fallo sobre la Acción Popular, por parte del Juez de turno por cuanto omitio la consecución de los hechos y del proceso expuestos que demuestran de manera palpable e inojetable lo que indica la ley para dictaminar su fallo, por lo que en consecuencia consideramos que en nuestro caso se cometio prevaricato por omisión.
Entendemos que cuando se cita un hecho en el que se configura el prevaricato y/o se omite su existencia de forma diferente a como corresponde, se incurre en prevaricato, que en nuestro caso es por omisión.
Ante este hecho, la inobservancia de la jurisprudencia constitucional constituye el delito de prevaricato en la modalidad de contrariedad a la ley debido a que transgrede lo dispuesto por el articulo VI, tercer parrafo del Código Procesal Constitucional y por la Primera Disposición Final de la Ley 28301 – Ley Organica del Tribunal Constitucional los cuales establecen, de forma clara, que la interpretación de las normas del sistema jurídico que realiza el Tribunal Constitucional deben acatarse, bajo responsabilidad.
De tal manera que respetuosamente, le reiteramos y le solicitamos los accionantes en nombre de la comunidad tulueña que en espera de estos resultados, se sirva conocer a fondo e investigar de los hechos acaecidos sobre el proceso 2009-356 de la Acción Popular en contra del IGAC sede de Tuluá, por la Actualización Catastral realizada en el año 2008 para el año 2009 y que fue apelada dos días despues del fallo.
Ya que entendemos que se ven y se ha presentado conductas irregulares por las partes en cuestión, la primera al realizar la Actualización Catastral al no tener en cuenta lo que indica la ley para su gestión y la segunda al desconocer los alegatos con lo que se incurrio en un posible prevaricato por omisión, reitero, al no tener en cuenta las pruebas señaladas dentro de los alegatos de conclusión, aduciendose que dentro de la Acción Popular no existe vulneración de derechos y de que es una reclamación personal.
Para su pleno conocimiento, anexamos copia del recurso de apelación contra la sentencia No. 44 proceso 2209-356 del Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Guadalajara de Buga, y demás anexos como a continuación se describen los siguientes anexos:
1).- Fallo de Acción Popular Sentencia 44.
2).- Copia hoja pretenciones iniciales a la admisión demanda.
3).- Copia hojas de inadmisión inicial interlocutorio No. 868.
4).- Copia hoja pretenciones corregidas admintidas Nov/25/2009.
5).- Copia interlocutorio No. 920 de la admisión de la demanda.
6).- Copia de los alegatos de concusión (omitidos) por el Juez.
7).- Copia Recurso de apelación de sentencia 44.
8).- Copia Resolución 76-834-0515-20 donde se prueba la vulneración de derechos colectivos al generalizar a todos los predios con el artículo 1ª del referito Decreto 4787 (se confirma así, una nueva formación total).
Por lo anterior, agradecemos la atención y colaboración que le amerite la presente.
Accionante. Accionante.
NELSON GIL CARLOS EDUARDO CAICEDO VALENCIA.
C.c.No. 16.467.201 de B/ventura. C.c.No. 16.351.567 de Tuluá.
NELSON GIL 29/11/2011 a las 01:49
LO Que SE AVECINA PROXIMANTE.
ESTA EN DISCUSIÓN EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.
EL DILEMA DEL VALOR EQUIDISTANTE DEL PESO COLOMBIANO Y SU INELUDIBLE TRANSICION Y ENCRUCIJADA DUAL.
¿ ! ? Representación Equidistante. ¿ ! ?
NELSON GIL 21/10/2012 a las 19:51
Deja tu comentario Ponencia sobre la importancia de los incentivos para las acciones populares**

References: artículo 34
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 artículo 307
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 artículo 4
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 artículo 58
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 artículo 10
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 Resolución 
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