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Presencia institucional de la Abogacía en los asuntos cardinales del Estado de Derecho
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Gonzalo Duarte Reyes
1 SCEVOLA VII Edición del Premio de Investigación Jurídica para Jóvenes Abogados Presencia institucional de la Abogacía en los asuntos cardinales del Estado de Derecho Helena Arronis Seva En Madrid, a 30 de Mayo de 2015
2 PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LA ABOGACÍA EN LOS ASUNTOS CARDINALES DEL ESTADO DE DERECHO "Pero con una cosa me contento; que aunque pueda quitarme la esperanza, no me puede quitar el pensamiento". - Lope de Vega SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN; 2. LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL EN ESPAÑA. EN PARTICULAR, LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA; 2.1. Los organismos rectores de la Abogacía en España; 2.2. Los Colegios de Abogados. En particular, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM); 2.3. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE); 3. LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL EN OTROS PAÍSES. EN PARTICULAR: ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA E INGLATERRA; 3.1. La Abogacía Institucional en Estados Unidos. En particular, la American Bar Association (ABA) y otros actores de interés; 3.2. La Abogacía Institucional en la República Argentina. En particular, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la organización de los abogados en la Capital Federal; 3.3. La Abogacía Institucional en Inglaterra y Gales. En particular, el Bar Council of England and Wales y The Law Society ; 4. BREVE RESEÑA HISTÓRICA A LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL ESPAÑOLA DESDE SUS ORÍGENES. EN PARTICULAR, LA LABOR DEL ICAM; 5. LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL ESPAÑOLA Y LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO DESDE LA CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA; 5.1. La reacción de la Abogacía institucional ante asuntos cardinales del Estado de Derecho; 5.2. El silencio de la Abogacía Institucional ante asuntos cardinales del Estado de Derecho; 5.3. Una Propuesta para maximizar la acción de la Abogacía Institucional ante asuntos cardinales del Estado de Derecho; 6. CONCLUSIONES 1. INTRODUCCIÓN En todas las etapas de la historia, es posible encontrar personalidades que se sitúan a la cabeza de la sociedad para asumir el liderazgo en la lucha por el cambio. En la España franquista y en la transición, la Abogacía quiso asumir una función social y participar en la modernización jurídica del Estado. Por fortuna, España logró consolidarse como Estado social y democrático de Derecho 1 y, sin duda, la Abogacía española contribuyó en la configuración del mismo sobre los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Desde esos días, se ha trabajado para que los valores aludidos fuesen una realidad en la vida de los españoles, alcanzando un 1 Artículo 1.1 de la Constitución Española,
3 nivel de bienestar más o menos razonable. Sin embargo, en 2008, la crisis mundial sorprende también a España. Entonces, aquellos derechos y libertades, cuyo reconocimiento se daba por descontado, comienzan a peligrar. La precariedad llama a la puerta de gran parte de la ciudadanía. Palabras como «recate», «prima de riesgo», «deuda pública», «paro», «recortes», «manifestación», «paraísos fiscales», «amnistía fiscal», «corrupción», «preferentes», «cláusulas suelo», «desahucio», «imputado», «ERE», «independencia de los poderes públicos», «tarjetas opacas», «transparencia», «confianza» o, «regeneración», empiezan a repetirse en las conversaciones cotidianas de los españoles. El debate se abre, las redes sociales irrumpen y, junto a ello, la confusión aumenta. He aquí la necesidad de voces autorizadas que doten de rigor los debates y sacien a una sociedad civil viva que quiere saber y construir alternativas. A lo largo de este modesto trabajo, se hará una breve mención a la configuración de la Abogacía Institucional en España. Se pondrá el énfasis en el Consejo General de la Abogacía Española, por ser éste el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de Abogados de España, y en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por el protagonismo que históricamente ha tenido. Asimismo, se expondrá la función social de la Abogacía Institucional y otros actores de interés en tres países: Estados Unidos, Argentina e Inglaterra y Gales, para acabar, de nuevo, en España. Aquí se hará un repaso a la función social de la Abogacía Institucional desde sus orígenes, destacando el protagonismo que adquirió durante el franquismo y la transición. Para finalizar, se analizará con detalle su actuación ante los acontecimientos más recientes y se hará una Propuesta para potenciar la defensa del Derecho, de la libertad y de la Justicia en España. 2. LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL EN ESPAÑA. EN PARTICULAR, LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 2.1. Los organismos rectores de la Abogacía en España En España la organización institucional de la Abogacía está integrada por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), los Consejos de Colegios de 3
4 Abogados de las Comunidades Autónomas y los Colegios de Abogados. En términos generales, todos estos organismos rectores de la Abogacía española, cada uno de ellos en su ámbito respectivo, estarán sometidos para desarrollar sus funciones a los principios democráticos y a las normas generales y autonómicas que se dicten en materia de Colegios profesionales. En relación con lo anterior, el marco normativo fundamental que regula el ejercicio de la profesión de abogado es el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española (en lo sucesivo, el RDEGA). El artículo primero de este Estatuto General de la Aboacía Española (en adelante, el EGAE) define la abogacía como una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público. Además, este artículo establece que los organismos rectores de la Abogacía española son, en sus respectivos ámbitos: el Consejo General de la Abogacía Española, los Consejos de Colegios de Abogados y los Colegios de Abogados Los Colegios de Abogados. En particular, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) La naturaleza de los Colegios de Abogados es de corporación de derecho público 2 con personalidad jurídica propia. Están regidos por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, por las leyes autonómicas de Colegios Profesionales, por el Estatuto General de la Abogacía y por sus Estatutos particulares. Además, podrán aprobar normas internas y los órganos corporativos podrán adoptar acuerdos en el ámbito de sus competencias y, en todo caso, el régimen jurídico de los órganos colegiales tendrá que ajustarse a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, LRJPAC). Los Colegios de Abogados cuentan con la siguiente estructura orgánica que está prevista por el Estatuto General de la Abogacía Española: un Decano, que regirá la institución; la Junta de Gobierno, como órgano colegiado de gobierno; la Junta General, que es el órgano soberano de decisión del Colegio, integrada generalmente por todos los colegiados incorporados con anterioridad a la fecha de la convocatoria de la Junta 2 Vid. Artículo 2.1 del EGAE. 4
5 General; y la Asamblea Colegial, si así lo prevén los Estatutos particulares de cada Colegio. Los Estatutos particulares de cada Colegio de Abogados reproducen en términos similares todos ellos las funciones que les son atribuidas por el Artículo 4 del EGAE, y que ejercerán en su ámbito territorial, para la consecución de sus fines esenciales 3. De la lectura de estos artículos se infiere que la misión fundamental de los Colegios es garantizar el adecuado desempeño del ejercicio de la abogacía por sus profesionales y la mejora de sus prestaciones para la prestación de un servicio de calidad que, en definitiva, revierta en el interés general. Sin embargo, estos artículos, que han sido reproducido en los Estatutos particulares de cada Colegio de Abogados 4, también incluyen entre los fines esenciales de los Colegios y por ende de la Abogacía Institucional, [ ] la defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) El artículo 67 del EGAE dispone que El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los Ilustres Colegios de Abogados de España [...]. Es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines cuyos cometidos primordiales son la ordenación del ejercicio profesional de los abogados, velar por el prestigio de la profesión, exigir a los Colegios de Abogados y a sus miembros el cumplimiento de los deberes profesionales y deontológicos. Para conseguir todo lo anterior, el Consejo General de la Abogacía Española tiene atribuidas una serie de funciones (artículo 68 del EGAE) que, en definitiva, buscan la defensa de los derechos de los Colegios y de los abogados, velan por el correcto ejercicio de la profesión de abogado y el cumplimiento de sus obligaciones deontológicas. 3 Apartado primero del artículo 3 del EGAE. 4 Entre otros, vid.: art. 3.i) de los Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; art. 2 de los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña; art. 6 de los Estatutos del Ilustro Colegio Provincial de Abogados de Alicante; art. 3 de los Estatutos para el Régimen y Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Orihuela. 5
6 3. LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL EN OTROS PAÍSES. EN PARTICULAR: ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA E INGLATERRA Dada la extensión limitada de este trabajo, no es posible realizar un análisis completo de la situación de la Abogacía Institucional en el mundo. Únicamente se darán algunas pinceladas sobre la participación de la Abogacía Institucional en tres países: Estados Unidos, por su carácter de pontencia mundial; Argentina, pues es relativamente conocido el carácter reivindicativo de la Abogacía en este país; por último, Inglaterra y Gales por su destacable labor social La Abogacía Institucional en Estados Unidos. En particular, la American Bar Association (ABA) y otros actores de interés La participación de los profesionales del Derecho en los asuntos de interés general es especialmente palpable en Estados Unidos (EEUU). En este país proliferan las iniciativas y los foros que animan a los abogados a la reflexión sobre el estado de la Nación. En especial, se anima a los más jóvenes estudiantes, con el fin de que se conviertan en protagonistas del cambio. Entre ellas destacan las actividades de promoción que desarrolla la American Bar Association (ABA), el papel de ciertas asociaciones y ONGs y las publicaciones (revistas, foros, blogs, etc) de Harvard Law School. American Bar Association (ABA) En EEUU los abogados se concentran en la conocida American Bar Association. Fundada en 1878, es la principal asocación a nivel nacional de abogados, cuya misión es representar a sus miembros y servir a la sociedad promoviendo la Justicia, el buen ejercicio de la profesión y el respeto de la legalidad 5. Una de las áreas de trabajo de ABA es la de Governmental Affairs, esto es, hacer propuestas, informes y prestar asesoramiento sobre temas importantes para el adecuado desempeño de la profesión ante el Congreso y el Poder Ejecutivo 6. Para ello, ABA determina una serie de asuntos prioritarios sobre los que desarrollar su trabajo. Para la determinación de los asuntos, tiene en cuenta nueve criterios: (1) el interés de ABA como asociación profesional; (2) su importancia en el desempeño de la profesión; 5 Información disponible en su web, vid.: 6 Para profundizar, vid.: 6
7 (3) la percepción de la sociedad de la profesión de abogado; (4) la oportunidad de causar impacto; (5) las posibilidades de éxito; (6) la actualidad del problema; (7) la experiencia de los abogados en ese asunto; (8) su importancia para la sociedad; y (9) su importancia para la Administración de Justicia. Con base en estos criterios, ABA está trabajando en la actualidad en los siguientes asuntos: acceso a la Justicia; mejora del sistema judicial penal y protección de derechos; eliminación de la discriminación y protección de las libertades civiles; ley de sanidad; inmigración; independencia del Poder Judicial; independencia de la profesión de abogado; y, promoción de la International Rule of law 7. ABA manifiesta, entonces, su posición en relación con cada uno de estos asuntos y propone cambios, o muestra su rechazo sobre algunos de sus ámbitos. Por ejemplo, sobre Independence of the Judiciary 8, ABA, en primer lugar, expone su visión de la problemática en ese momento. En este caso, manifiesta su apoyo a la independencia del Poder Judicial y su oposición ante hechos que debilitan el proceso judicial. ABA señala dos importantes problemas que están afectando a este asunto. En primer lugar, los recortes de financiación que están sufriendo los Tribunales y que merman la capacidad de los mismos dilatando los procesos. Por ello, ABA urge al Congreso a que proteja al Poder Judicial de más recortes debido a la necesidad de reducir el déficit y que le conceda más fondos públicos para el adecuado desempeño de sus funciones legales y constitucionales. En segundo lugar, muestra su preocupación por las vacantes en la Administración de Justicia. Por ello, urge al Presidente y al Senado a que trabajen juntos para acelerar los nombramientos oportunos. ABA explica además cómo se han venido desarrollando los hechos: en el Congreso, Senado y ante otras instituciones públicas y lo documenta con datos, realizando, en cierto modo, una labor pedagógica con los ciudadanos 9. 7 Por promoción de la «International Rule of Law», ABA entiende lo siguiente: «[ ] the creation of and adequate funding for domestic and international agencies that promote the rule of law, including the prompt payment of U.S. assessments to the United Nations for its regular and peacekeeping expenses, and enactment of the International Violence Against Women [ ] supports ratification of certain international treaties, including the Convention on the Law of the Sea (LOS), the Rome Statute for an International Criminal Court, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the American Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child». 8 Independence of the Judiciary equivale a la expresión española de independencia del Poder Judicial. 9 Para conocer esta propuesta en detalle, Vid.: _the_judiciary/judicial_vacancies.html 7
8 Otros actores: las Asociaciones, las ONGs y Harvard Law School Dentro de este grupo destaca el papel de Cyrus R. Vance Center for International Justice que es una organización sin ánimo de lucro afiliada al New York City Bar Association. Cyrus Vance Center trabaja por la Justicia global implicando a abogados de todo el mundo para la defensa de la sociedad civil y el ejercicio profesional desde los parámetros éticos 10. Para lograr sus fines, proporciona representación legal a asociaciones de interés general, organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, colaborando estrechamente con firmas de abogados que prestan sus servicios Pro bono. Asimismo, presta servicios de formación para un exitoso desarrollo de los servicios Pro bono y el cumplimiento de los parámetros éticos. Por su parte, la prestigiosa Harvard Law School es un referente en el campo del Derecho, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo, por la excelencia de sus miembros y la calidad de sus trabajos. A través de sus publicaciones, foros y conferencias 11 marca tendencias legislativas y promueve cambios en las instituciones. Como ejemplo, entre muchos otros, cabe mencionar el reciente Congreso titulado Ending Institutional Corruption, donde expertos de diversas áreas que han estudiado la corrupción institucional explicaron sus investigaciones y abrieron un foro de debate para reflexionar y buscar soluciones a la problemática La Abogacía Institucional en la República Argentina. En particular, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la organización de los abogados en la Capital Federal La Federación Argentina de Colegios de Abogados De manera similar a lo que ocurre en España, los abogados argentinos están organizados en Colegios de Abogados que, a su vez, se integran en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) 13. El artículo 1º de su Estatuto 14 establece entre sus objetivos la labor de Propender al mejoramiento de la 10 Puede consultarse su labor en la página web: 11 Puede consultarse en línea algunas publicaciones a través del siguiente enlace: 12 Puede encontrarse información detallada sobre la citada Conferencia en el siguiente enlace: 13 Puede obtenerse más información en su web, vid: 14 Estatutos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Disponible en línea: 8
9 administración de justicia y al progreso de la legislación en todo el país y Afirmar los principios del régimen institucional argentino. La F.A.C.A. realiza Declaraciones públicas sobre asuntos que considera importantes para el interés general y la defensa de los valores de la República. Un caso reciente es la Declaración que hizo con motivo del fallecimiento del Fiscal Dr. Alberto Nisman el 19 de enero de En esta ocasión la F.A.C.A. mostró su solidaridad con los familiares y amigos del Dr. Nisman y expresó la gravedad de tal hecho dentro de un Estado de Derecho y dada la situación actual de la democracia en Argentina. Así, llama a los Poderes del Estado a que pongan todos los medios para determinar las causas de la muerte sin descartar ninguna. Reitera en esta misma Declaración su [ ] posición institucional de exigir y defender la independencia del Poder Judicial y de los funcionarios del Ministerio Público imprescindibles para el mantenimiento del valor Justicia y el sostenimiento de la República. Con posterioridad, F.A.C.A. volvió a reclamar una investigación independiente por parte del Poder Judicial y puso de manifiesto su voluntad por trabajar [ ] por el mandato constitucional de afianzar la justicia y de independencia de los poderes constitucionales 16. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: En 1986 se creó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal logrando así la abogacía de la Capital Federal su libre colegiación. Es relevante el papel que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal viene desarrollando en relación con los temas de actualidad social y política en Argentina, o como suelen calificarlos ellos, «hechos de dominio público 17». Entre sus promotores destaca la figura de Dr. Jorge Rizzo por su labor al frente de la entidad de abogados. Durante su mandato, el Colegio se posicionó sobre temas como la huelga de camioneros que tuvo lugar en 2012, se promovieron iniciativas legislativas como la Ley de Honorarios y foros de debate sobre el estado actual de la Justicia y sus perspectivas futuras. Recientemente, el Consejo Directivo ha aprobado por unanimidad en su sesión extraordinaria una Declaración en la que el Colegio manifiesta su preocupación [ ] 15 Declaración de F.A.C.A., Muerte de Nisman, (19 de enero de 2015). Recuperado de: 16 Declaración de F.A.C.A., Afianzar los valores republicanos, (12 de febrero de 2015). Recuperado de: 17 Declaración del C.P.A.C.F., Paro de Camioneros, (2 de noviembre de 2012). Recuperado de: 9
10 ante las designaciones inconstitucionales de los fiscales subrogantes realizada por la doctora Alejandra Gils Carbó en su calidad de Procuradora General de la Nación, en clara violación al artículo 3 de la ley y al régimen de subrogancias [ ] frente a los recientes hechos de gravedad institucional de público conocimiento, este Colegio, en cumplimiento con sus finalidades, exhorta a todos los funcionarios integrantes de los poderes del Estado a actuar con prudencia y suma responsabilidad en el desempeño de sus funciones 18. También ha puesto de manifiesto [ ] su rotundo rechazo a los ataques vertidos contra la figura del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Santiago Fayt, exhortando que se abstengan de tal accionar, respetando la independencia de los poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial y la Supremacía de la Constitución Nacional 19. Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: Por su parte, en el seno del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la defensa del Derecho, de la ética, del libre ejercicio de la profesión y de las libertades individuales ha estado presente en las casi nueve décadas de vida de este Colegio. Este Colegio se ha manifestado cuando ha considerado que el Derecho o las instituciones se han visto vulneradas. El ex presidente del Colegio, Dr. Adolfo Bioy decía que de las pareces del Colegio nunca fue necesario descolgar un cuadro ante cambios de gobierno. Su participación en temas de dominio público se canaliza a través de las Declaraciones de su Directorio 20, en representación de sus miembros y los discursos de sus Presidentes. Son numerosos los ejemplos de este tipo de Declaraciones Públicas que reflejan la posición institucional del Colegio respecto a temas importantes para la sociedad argentina y el Estado de Derecho La Abogacía Institucional en Inglaterra y Gales. En particular, el Bar Council of England and Wales y The Law Society En términos generales, puede decirse que la Abogacía Institucional en Inglaterra está compuesta por el Bar Council of England and Wales ( The Bar Council ), en lo 18 Declaración del C.P.A.C.F aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo en su sesión extraordinaria, (19 de enero de 2015). Recuperado de: 19 Declaración del C.P.A.C.F. sobre el Dr. Carlos Fayt, (15 de marzo de 2015). Recuperado de: 20 Disponibles en: 10
11 que se refiere a la defensa de los intereses profesionales de los barristers 21 y por The Law Society, para los solicitors 22. Ambas instituciones tienen como misión la defensa de los intereses de sus miembros (promover y mejorar los servicios que presta el Colegio y representar los intereses de sus miembros en cuestiones relativas a la prfesión), así como garantizar el respeto a los estándares éticos y normas deontológicas en la práctica de la abogacía. Asimismo, asumen el papel de interlocutores con el Gobierno, el Parlamento y el resto de poderes públicos en la elaboración de las leyes y adecuado funcionamiento del sistema judicial 23. Tanto The Bar como The Society Law participan con frecuencia en los debates parlamentarios y están en contacto con los poderes públicos: emiten informes técnicos y manifiestan su posición sobre una determinada materia 24. Igualmente, son actores comprometidos con la sociedad y lo así lo demuestran: servicios Pro bono, actividades de voluntariado (no relacionadas con la práctica de la abogacía) y a través del desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa. En definitiva, ambas instituciones desarrollan una labor social remarcable (a través de la prestación de servicios legales gratuitos y voluntarios, actividades educativas, etc) y llevan a cabo campañas con el fin de promover mejoras en el ejercicio de la profesión de abogados, acceso a la justicia o justicia gratuita, entre otras, y promover reformas legislativas. Sin embargo, no parece que exista una tendencia a posicionarse como institución en sí misma ante decisiones gubernamentales más o menos controvertidas que puedan afectar a la configuración del Estado de Derecho. 21 En nuestro país no existe la distinción entre las dos categorías de profesionales del derecho mencionadas, esto es, entre barrister y solicitor. Los barristers reciben formación centrada fundamentalmente en el ejercicio de la abogacía, es decir, se les instruye para representar a sus clientes en los tribunales superiores. Los barristers dedican también mucho tiempo a asesorar a sus clientes y a investigar causas, así como a ampliar sus conocimientos técnicos en su ámbito de ejercicio. 22 Un solicitor presta a sus clientes fundamentalmente servicios jurídicos cualificados de asesoramiento. Si estos, con posterioridad, necesitan que les representen en los tribunales superiores de Inglaterra o Gales, el solicitor, normalmente, informará al barrister para que éste se encargue de tal representación. 23 Vid.: y https://www.lawsociety.org.uk/about-us/who-we-are/ 24 Vid.: https://www.lawsociety.org.uk/policy-campaigns/ y 11
12 4. BREVE RESEÑA HISTÓRICA A LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL ESPAÑOLA DESDE SUS ORÍGENES. EN PARTICULAR, LA LABOR DEL ICAM Los orígenes de la Abogacía se remontan a la tradición grecolatina bajo las figuras de oradores, patronus, causídicos, togados y advocatus 25. De igual manera es remota la necesidad de su organización corporativa 26 que parte de la premisa según la cual se ha de garantizar un cuerpo de profesionales independientes, con una formación técnica y deontológica para la defensa de los derechos e intereses de los justiciables. En su etapa más temprana, en Roma, el ejercicio de la abogacía era considerado una profesión de honor. Dentro del ámbito jurídico castellano, desde el siglo XII ya se encuentran referencias a unos llamados voceros, definidos como hombres buenos dispuestos a llevar en juicio la voz de sus convecinos ignorantes o incapacitados 27. Alfonso X el Sabio inicia una tarea normalizadora en la que destaca su interés por institucionalizar la Abogacía por su funcionalidad pública 28, por lo que los abogados tendrán que tener los conocimientos técnicos en Derecho ( formación técnica ) y la calidad moral y social ( marco deontológico ) 29. En 1495 los Reyes Católicos promulgaron las Ordenanzas para Abogados y Procuradores que establecieron una auténtica deontología del oficio 30, mostrando, así, una clara intención moralizadora a través de estas Ordenanzas. En la Edad Moderna proliferarán en todos los estratos de la sociedad estamental los gremios, cofradías, colegios, hermandades, o congregaciones, teniendo, todas ellas, un importante carácter religioso. La finalidad esencial de las corporaciones de abogados era socorrer, ayudar y asistir a los abogados pobres, presos y enfermos, así como a las viudas y huérfanos de los mismos. Como consecuencia de este espíritu confradial de carácter religioso y caritativo de las Congregaciones surgió y se instauró lo que conocemos en la actualidad 25 BARABINO BALLESTEROS, José Mario, Nueva reseña histórica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Tirant lo Blanch, Valencia, Pp. 19 y BARABINO BALLESTEROS, Nueva reseña histórica, op. cit., p ALONSO ROMERO, María Paz, GARRIGA ACOSTA, Carlos, El régimen jurídico de la Abogacía en Castilla (siglos XIII-XVIII), Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, P. 12. Disponible en: file:///c:/users/usuario/downloads/regimen_abogacia_2014_reimp.pdf 28 BARABINO BALLESTEROS, Nueva reseña histórica, op. cit., p BARCIA LAGO, Modesto, Abogacía y ciudadanía: biografía de la Abogacía ibérica, Dykinson, Madrid, Pp ALONSO ROMERO, María Paz, GARRIGA ACOSTA, Carlos, El régimen jurídico, op. cit., p
13 como Turno de Oficio: los Abogados de pobres 31. En la etapa final del Reinado de los Austrias la abogacía experimenta una evolución hasta convertirse en auténticas corporaciones para la defensa de los intereses de sus asociados 32 y se instaura la institución de los estatutos de limpieza de sangre que no será abolida hasta Ya en la época contemporánea, en concreto, en el año 1838 por Real Orden de 28 de mayo se aprueban los Estatutos para el régimen de los Colegios de Abogados del Reino. Estos nuevos Estatutos introducen, entre otras novedades, las Juntas de Gobierno como órgano máximo rector del Colegio y se establecen las Juntas Generales como mecanismo de control y decisión de la organización colegial. Casi cien años más tarde, en septiembre de 1917 tuvo lugar en San Sebastián el I Congreso de la Abogacía Española. En 1930 se creó la Unión Nacional de Abogados de España, primera asociación libre de profesionales de la Abogacía 33. Será por Decreto de 19 de junio de 1943 cuando Francisco Franco, teniendo por Ministro de Justicia a Eduardo Aunos Pérez, cree el Consejo General de los Ilustres Colegios de Abogados que, entre otras funciones, representará a la profesión con carácter nacional 34. Tres años más tarde, el 28 de junio de 1946 se aprueba el Estatuto General de la Abogacía. En 1951 tiene lugar un hecho de relevancia que contribuiría a la democratización de la institución colegial: los cargos de Decano y Secreatrio pueden ser elegidos directamente 35, pues hasta esa fecha, eran nombrados por el Ministerio de Justicia. A partir de entonces, la actividad social de la Abogacía Institucional comienza a ser más evidente: se celebró en Madrid en julio de 1952 el IV Congreso Internacional de Abogados, promovido por la International Bar Association; tuvo lugar el III Congreso de la Abogacía en Valencia, en ; en 1962 presentó el Consejo General de los Ilustres Colegios de Abogados de España 37 el recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 1035/1959, de 18 de junio, por el que se convalida y regula la exacción de 31 BARABINO BALLESTEROS, Nueva reseña histórica, op. cit., p ALONSO ROMERO, María Paz, GARRIGA ACOSTA, Carlos, El régimen jurídico, op.cit. p PÉREZ BUSTAMANTE, Rogelio. La Abogacía española a través de sus congresos: Madrid: Consejo General de la Abogacía Española, 2004, p Artículo segundo del Decreto de 19 de junio de Disponible en: 35 ORDEN; de 26 de noviembre de 1951 por la que se modifican los artículos 58, 59 y 65 del Estatuto General de los Colegios de Abogados. Disponible en: 36 PÉREZ BUSTAMANTE, La Abogacía española a través, op. cit., p BARABINO BALLESTEROS, Nueva reseña histórica, op. cit., p
14 tasas judiciales 38. Estos acontecimientos, en cierto modo, anuncian el cambio que estaba empezando a fraguarse y que desembocaría en décadas de activismo apasionante de la mano de la Abogacía Institucional española. Hasta entonces, la labor de la Abogacía Institucional se circunscribe a objetivos corporativos. Sin embargo, la década de los años 60 y 70 marcan un punto de inflexión y muy especialmente, en lo que se refiere a la Corporación madrileña 39. A partir de este momento, se van a entremezclar cuestiones de carácter profesional con otras políticas debido a la situación de represión franquista en España. Los acontecimientos durante esta época demuestran que la Abogacía jugó un papel muy importante en el camino hacia la democracia y que el carácter mismo de la profesión les confería un sitio especial entre la oposición antifranquista 40. Importantes figuras de la Abogacía española participaron en el conocido Contubernio de Múnich 41, celebrado en 1962 en esa ciudad. La Abogacía española está, por tanto, presente en la vida política y social de la España de los años 60 y 70 que pagaría con vidas la conquista de derechos y libertades. En este sentido, en 1965 se abre el primer despacho de abogados laboralistas en Madrid. Asimismo, debemos a mujeres luchadoras el reconocimiento de los derechos de la mujer y su incorporación en la sociedad patriarcal de aquellos años. Y, en 1966, irrumpen los jóvenes abogados en el escenario colegial, político y social, como el Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio madrileño. Estos están dispuestos a involucrarse activamente en la defensa de derechos y libertadas, no limitándose a asuntos de interés jurídico y de índole profesional 42. En el VI Congreso Mundial de la Asociación de Jóvenes Abogados que tuvo lugar en octubre de 1968 en el Colegio de Abogados de Barcelona, se reivindicó, entre otras medidas, la firma y ratificación por parte de todos los países de los convenios sobre derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas 43. Año especialmente convulso fue 1969: la represión en nuestro país era insoportable. El estado de excepción que se promulgó a finales de enero de 1969 por las 38 BOE, núm. 148, de 22 de junio de BARABINO BALLESTEROS, Nueva reseña histórica, op. cit., pp PASCUAL, Elsa. Abogados antifranquistas: actores de la lucha para el regreso de la democracia a España y víctimas de la represión franquista. Verdad, justicia y reparación. Actas de I Congreso de Víctimas del Franquismo. Ecole Normale Supérieure de Cachan Universidad Bordeaux Se trata del IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en 1962 en Múnich. 42 BARABINO BALLESTEROS, Nueva reseña histórica, op. cit., pp Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1968, núm. 4, p Véase también: 14
15 protestas estudiantiles provocará la deportación de diecisiete abogados madrileños entre los que se encontraba Gregorio Peces-Barba. En mayo de ese mismo año, se produjo la huelga de abogados ante el Tribunal de Orden Público (TOP) debido a que los abogados sintieron que no estaba garantizado el derecho de defensa. La sucesión de incomparecencias, suspensiones de jucios, expedientes abiertos y condenas a los abogados en toda España, provocaría una reacción de los Colegios que reivindicarán la posición de sus colegiados frente al Ministerio de Justicia. Paralelamente, en junio, tuvo lugar el célebre Congreso de León, el IV Congreso de la Abogacía Española. Los convulsos acontecimientos que recorren el país se reflejan en la vida colegial y, muy especialmente en el Colegio madrileño. En julio de 1972, la Junta de Del Valle Iturriaga presentará su dimisión. Tras convocarse elecciones, el Ministerio de Justicia veta la participación de dos de las cuatro candidaturas que se presentaban. El resto de candidaturas renunciaron a presentarse lo que desembocó en el cese del proceso electoral. Un año más tarde, se reanuda el proceso y Antonio Pedrol Rius se erige como Decano de la corporación madrileña 44. Con Pedrol Rius como Decano del Colegio de Abogados de Madrid se incia una nueva etapa en la que la vieja poémica sobre la politización de la Abogacía encontrará en estos hechos su máxima expresión. Pedrol Rius se mantuvo al frente de la Corporación madrileña durante casi veinte años y dio protagonismo a la Abogacía institucional durante el periodo de la transición española a la democracia. Su figura es especialmente relevante para el objeto de este trabajo y puede tomarse como referencia a la hora de replantear el papel de la Abogacía Institucional en la actualidad. Durante gran parte de su mandato al frente del ICAM incorporó a la dirección abogados que, además, representaban a los grandes políticos. Esto despertó recelos en algunos sectores que se opusieron a su gestión 45, aunque Pedrol Rius siguió revalidando su mandato en posteriores elecciones. Debido a los conflictos que se generaron entre las diversas corrientes políticas, en especial con la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), finalmente, Pedrol apartó la política y tras 44 BARABINO BALLESTEROS, Nueva reseña histórica, op. cit., pp El País, (18 de octubre de 1992). 20 años al frente de los abogados. El País. Recuperado de: 15
16 ganar por última vez en 1991 proclamó Mientras yo esté aquí, aquí no gobernará ningún grupo político 46. Pedrol Rius participó en los principales asuntos de aquella época, en muchas ocasiones como representante de la Abogacía Institucional dotándole de protagonismo. Pedrol no dudó en manifestar su posición con firmeza sobre los asuntos cardinales del momento. A título individual, como representante de la Abogacía española, como Senador real o portavoz de las numerosas instituciones que presidía 47, lo cierto es que no desistió en su labor de defensa de los colegiados. Con mandato expreso o tácito de los mismos para pronunciarse, su legitimidad parece que no puede ser cuestionada, pues lo mantuvieron al frente de la Corporación madrileña durante casi veinte años. Por citar algunos ejemplos, particularmente enérgica fue su crítica al papel que la Constitución de 1978 confirió al Tribunal Constitucional, al que llegó a calificar como un suprapoder que primará de hecho sobre los demás poderes del Estado 48. Se opuso a la forma de composición del Tribunal y al modo de nombrar a sus miembros. Desde su punto de vista ello suponía que para arbitrar conflictos entre políticos se adjudica casi íntegramente a los políticos el derecho a nombrar esos árbitros. Tenía por seguro que El partido o partidos dominantes en la Cámara, afines además al Gobierno, no tropezarán con limitación alguna para llevar al Tribunal Constitucional a fieles y adictos partidarios. Pedrol abogaba, en definitiva, por un Tribunal Constitucional auténticamente independiente de los partidos. Más allá de sus artículos en los medios informativos y sus manifestaciones públicas, Pedrol tuvo una participación destacada en el juicio del golpe de Estado del 23 de febrero como observador. Además, asumió el papel de enlace entre el Colegio de Abogados de Madrid y los medios con el fin de mantener una opinión corporativa 49. En otro asunto, el caso Naseiro, al que también asistió como observador, enjuició 46 Julio M. Lázaro / Bonifacio de la Cuadra, (20 de noviembre de 1991). Pedrol gana las elecciones al Colegio de Abogados con casi votos de ventaja. El País. Recuperado de: 47 Antonio Pedrol Rius, (27 de septiembre de 1977). Los «cargos» de Pedrol Ríus. El País. Recuperado de: 48 Antonio Pedrol Rius, (19 de julio de 1978). El Tribunal Constitucional, ese preocupante suprapoder. El País. Recuperado de: 49 ABC, (13 de febrero de 1982). Pedrol Rius pide a los defensores una actitud respetuosa en el juicio. ABC. Recuperado de: ; El País, (19 de marzo de 1982). Pedrol Rius no enjuicia la intervención del defensor de Torres Rojas, Gerardo Quintana. El País. Recuperado de: 16
17 críticamente la actuación del juez Manglano. La importancia de este juicio, en palabras de Pedrol era que en este juicio se ventila la libertad de designación de abogado 50, y que, por tanto, era una cuestión de interés general y preocupación para la abogacía. Ademas, Pedrol recibió críticas por ocupar numerosos cargos institucionales. Sin embargo, él no dudó en defenderse con firmeza y explicar públicamente la realidad. Quizás sea éste uno de los hábitos que brillan por su ausencia en la realidad política, social e institucional de nuestros días. En estos años de transición de la dictadura a la democracia se vivieron momentos terribles de incertidumbre y convulsión en la esfera social, económica y política. Uno de estos acontecimientos fue la terrible e injusta matanza de los abogados del despacho laboralista de Atocha 55, la noche del 24 de enero de En fin, el fallecimiento de Pedrol Rius en diciembre de 1992 cierra una etapa apasionante, convulsa, incierta y luchadora de la Abogacía Institucional española. Le sucederá como Decano Luis Martí Mingarro que llevará a cabo una continuación de la modernización del Colegio. Tras Luis Martí fue elegido Decano Antonio Hernández-Gil y Álvarez-Cienfuegos, desde diciembre de 2007 hasta diciembre de Entonces, una mujer ocupó por vez primera en la historia de la Institución madrileña el cargo de Decana: Sonia Gumpert Melgosa. 5. LA ABOGACÍA INSTITUCIONAL ESPAÑOLA Y LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO DESDE LA CRISIS FINANCIERA EN ESPAÑA La crisis financiera y económica que irrumpió en España en 2008 y persiste en la actualidad ha marcado un antes y un después en la historia. Ha afectado a todos los pilares sobre los que se configura la vida de los ciudadanos, poniendo en peligro el Estado de Derecho. Es por ello que se tomará como punto de referencia para analizar la actitud de la Abogacía Institucional española ante los cambios causados por la crisis. En este sentido se pronunciaba Carlos Carnicer en Octubre de 2011 en su discurso inaugural del X Congreso de la Abogacía en Cádiz, alegando que "[ ] No nos correspondería a los abogados hablar de las posibles soluciones a la crisis económica si 50 El País, (9 de junio de 1992). Pedrol presenciará' el "caso Naseiro" como observador de la abogacía. El País. Recuperado de: 17
18 no fuera porque sus efectos se ceban en sus víctimas que son los últimos eslabones de la cadena. Los parados, los que pierden su vivienda pero mantienen la deuda, los extranjeros, los menores y discapacitados, los presos... en general las víctimas de todo tipo nos legitiman institucionalmente para pedir a los gobiernos soluciones, otras soluciones [ ] 51 ". Igualmente, conviene señalar que el análisis realizado en este trabajo se centra en el ICAM, por el papel preponderante que tradicionalmente ha desempeñado frente al resto de Colegios, y en el CGAE, por ser éste el órgano rector a nivel nacional. Así pues, dos figuras van a ser fundamentales en este análisis, pues están a la cabeza de las instituciones señaladas: la Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert Melgosa (desde diciembre de 2012), y el ya aludido Carlos Carnicer Díez (2001, reelegido en 2006 y 2011), Presidente del Consejo General. El contexto de crisis general ha propiciado el alzamiento de voces que critican el silencio de la Abogacía Institucional ante ciertos acontecimientos de relevancia social 52. Una actitud, la de la Abogacía, que resulta inadmisible para algunos, suficiente según otros, o indiferente para otros tantos. La sociedad española está necesitada de voces que arrojen luz sobre asuntos de interés general. Los ciudadanos, gracias a su mayor implicación e interés por la vida política, reclaman estar informados y conocer la realidad con transparencia. Por ello, la Abogacía tiene ahora la oportunidad de recuperar su tradicional posición como actor influyente en los asuntos de Estado y su peso frente a los poderes públicos. El objetivo no es restar importancia a la labor que viene desempeñando la Abogacía Institucional durante estos últimos años. Tampoco obviar que el ejercicio de una función social más intensa es una tarea delicada, pues el rigor jurídico puede verse empañado por ideologías políticas. Simplemente se trata de señalar que algunos sectores entienden que los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española tienen que adoptar una actitud más activa con actuaciones que vayan más allá de cuestiones puntuales o estrictamente relacionadas con el ejercicio de la profesión. Lo cierto es que tanto los Estatutos de los Colegios de Abogados, como el Estatuto General de la Abogacía Española atribuyen expresamente a estas Instituciones como fines esenciales, entre otros: la defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos 51 Legal Today, (27 de Octubre de 2011). Carnicer arranca fuerte en el Congreso de la Abogacía en Cádiz. Legal Today. Recuperado de: 52 Javier Cremades, (12 de noviembre de 2012). El futuro de la abogacía. El País. Recuperado de: ejemplo 18
19 Humanos, y la colabogación en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia 53. Para el desempeño de tales fines, los Colegios de Abogados tienen atribuidas, entre otras, las siguientes funciones: Informar, en los respectivos ámbitos de competencia, de palabra o por escrito, en cuantos proyectos o iniciativas de las Cortes Generales, del Gobierno, de órganos legislativos o ejecutivos de carácter autonómico y de cuantos otros Organismos que así lo requieran [ ] Colaborar con el Poder Judicial y los demás poderes públicos mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con sus fines, que les sean solicitadas o acuerden por propia iniciativa La reacción de la Abogacía institucional ante asuntos cardinales del Estado de Derecho El ICAM, como el resto de Colegios, recoge en sus Estatutos los fines y funciones aludidos con anterioridad, asumiendo, por tanto, esa misión 55. A modo de referencia, desde que se formó la actual Junta de Gobierno del ICAM las principales actuaciones que se han sucedido en relación con asuntos que pueden encuadrarse en lo que entendemos por Estado de Derecho, han sido: Justicia Gratuita y Turno de Oficio; Tasas judiciales; Jurisdicción universal; Derechos de la mujer; el Observatorio de la Justicia; y Asistencia a detenidos. Especialmente notable ha sido la reacción de la Abogacía ante la implantación de las Tasas y la situación de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio. En lo que se refiere a la situación de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio en la Comunidad de Madrid, el ICAM con su Decana a la cabeza iniciaron desde el 9 de marzo de una labor de protesta y denuncia para exigir de la Administración Autonómica, en palabras de la Decana: [ ] la atención adecuada y la financiación suficiente para que el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita sea digno de y para la ciudadanía madrileña 57. A esta campaña se han unido el Consejo de Colegios de 53 Articulo 3.1 EGEA 54 Articulo 4.1. b) y c) EGEA 55 Articulo 3, apartados h, i, j de los Estatutos del ICAM. 56 ICAM, (09 de marzo 2015). El Colegio inicia hoy acciones en el servicio de Turno de Oficio y Justicia Gratuita. Recuperado de : e_oficio_y_justicia_gratuita 57 Texto íntegro de la comparecencia de la decana en la Asamblea de Madrid, (17 de marzo de 2015). Disponible:http://web.icam.es/bucket/Comparecencia%20de%20la%20decana%20en%20la%20Asamble a%20de%20madrid.pdf 19
20 Abogados de la Comunidad de Madrid y el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares 58 para la [ ] dignificación de la profesión y del servicio a los ciudadanos ante una reiterada desatención de la administración regional. Las actuaciones se han materializado en forma de comparecencias ante los poderes públicos, negociaciones con los mismos, manifestaciones públicas y, lo último, la adopción de medidas más drásticas como la decisión de prestar servicios limitados durante un mes y medio, desde el 9 de marzo de Cabe añadir que a nivel nacional ya se sucedieron manifestaciones por la reforma propuesta por Gallardón, como la que tuvo lugar en julio de 2014 en Madrid 59. En cuanto a la implantación de las Tasas Judiciales 60, el actual equipo de gobierno del ICAM manifestó, desde el primer momento, la posición institucional del Colegio frente a las mismas, rechazando su pertinencia y demandando su supresión 61. Para ello ha adoptado una posición activa a través de manifiestos 62, demandando información a los poderes públicos 63, emitiendo informes, celebrando Mesas Redondas para analizar su impacto 64, convocando concentraciones 65 y manifestaciones para 58 ICAM. El Consejo de Colegios se une a las acciones emprendidas desde los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares por la dignificación de la Justicia Gratuita, (16 de marzo de 2015). Disponible :http://web.icam.es/actualidad/noticia/1696/el_consejo_de_colegios_se_une_a_las_acciones _emprendidas_desde_los_colegios_de_abogados_de_madrid_y_alcal%c3%a1_de_henares_por_la_di gnificaci%c3%b3n_de_la_justicia_gratuita_ 59 EUROPA PRESS, (24 de julio de 2014). Más de 700 abogados marchan en Madrid con togas negras en defensa de la justicia gratuita. El País. Recuperado de: 60 Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Disponible en línea: 61 Intervención de Sonia Gumpert Decana del Colegio de Abogados de Madrid en el Club Siglo XXI Comisión de Jóvenes : Abogacía, Colegio y Sociedad: Ética, confianza, independencia, (4 de febrero de 2013). Disponible en línea : DECANA-S-XXI-2013.pdf 62 Manifiesto de la Abogacía Española. Disponible en línea: OLA.pdf 63 Carta enviada al Excmo. Sr. Ministro D. Alberto Ruiz-Gallardón, (26 de diciembre de 2013). Disponible: 64 Web ICAM. El Colegio organiza una jornada sobre tasas judiciales, (15 de octubre de 2013). Disponible en : 65 Web ICAM. La Abogacía Madrileña exige la supresión de la Ley de Tasas en la concentración ante los Juzgados de Plaza de Castilla, (21 de noviembre de 2013). Disponible : 20SUPRESI%C3%93N%20DE%20LA%20LEY%20DE%20TASAS.pdf ; Concentración de la abogacía madrileña contra las tasas judiciales el 20 de noviembre en los Juzgados Plaza Castilla, (11 de noviembre de 2013). Disponible en: 20

References: Artículo 1
 Real Decreto 
 Artículo 2
 Artículo 4
 artículo 67
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3