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Timestamp: 2019-02-15 20:50:32+00:00

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Distribución de la carga probatoria en las reclamaciones de un cliente a su abogado por el desempeño de su actividad profesional - El Derecho
Distribución de la carga probatoria en las reclamaciones de un cliente a su abogado por el desempeño de su actividad profesional
Foro 01-02-2014	Coordinador: Luis Antonio Soler Pascual
En el ámbito de las relaciones entre un abogado y su cliente pueden surgir diferencias tanto en el ámbito extrajudicial como en el judicial. Y en algunos casos el particular puede llegar a entender que ha sufrido un perjuicio por esta actuación, o que la forma en la que se ha llevado su conflicto con otro particular no se ha desempeñado la diligencia debida. En estos casos de conflictos entre un abogado y su cliente surge, pues, la cuestión atinente a si se produce una reclamación de un cliente a su abogado alegándose negligencia profesional en el desempeño de la defensa de los intereses de su cliente si la distribución de la carga probatoria conlleva que sea el abogado el que tenga que probar y acreditar que actuó con la diligencia debida en su actuación, o debe ser el cliente el que se vea obligado a acreditar la existencia de negligencia profesional. ¿Se trata en este caso de una probatio diabolica o puede estar en condiciones de demostrar el cliente que su abogado actuó con falta de diligencia? ¿Estamos en estos casos ante una responsabilidad contractual o extracontractual?
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 1, el 1 de febrero de 2014.
Para bien resolver la presente cuestión es necesario partir de una premisa: ...
Para bien resolver la presente cuestión es necesario partir de una premisa: que el cliente que demanda al abogado, al postularse como acreedor por título contractual o extracontractual (ya veremos), está gravado con la carga de concretar el criterio o criterios de imputación generadores de la responsabilidad, esto es, el hecho o hechos que determinan la negligencia del abogado. Otra cosa es la prueba de tales hechos. Y el cliente no observa la referida carga si se limita a sostener que contrató los servicios de un abogado y que se le ha sobrevenido un daño.
Una vez concretado el criterio o criterios de imputación, el problema estriba en decidir a quién compete la prueba de su existencia, cuestión que debe ser resuelta con apoyo en cuatro consideraciones. (1) La primera deriva de la naturaleza de la obligación asumida por el abogado, que indudablemente es de medios, de modo que, frente a lo que sucede con las obligaciones de resultado, la diligencia es el objeto mismo de la obligación, (2) Al no comprometerse un resultado, en principio deberá ser el acreedor quien demuestre la existencia de falta de diligencia en el deudor. (3) En las obligaciones de medios, en la jurisprudencia más reciente parece abrirse una línea de acuerdo con la cual, producido por la actividad profesional del deudor el resultado dañoso, es a éste a quien compete la prueba de la diligencia que constituye el objeto de la obligación. (4) La duda en torno a la existencia del criterio de imputación deberá tener especialmente presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponda a cada una de las partes en el litigio (art. 217.7 LEC -EDL 2000/77463-).
A la luz de las anteriores consideraciones, y sobre la base de los criterios de imputación que más comúnmente se denuncian en las demandas de responsabilidad profesional, cabe concluir lo siguiente.
1. En los supuestos de deficiente elección de acciones o excepciones, con omisión de las que debieron correctamente ejercitarse, la prueba de que las elegidas fueron acertadas corresponde al abogado.
2. Cuando el cliente sostiene que comunicó al abogado información relevante para la resolución del pleito, y éste niega haberla recibido, el especial deber de diligencia que pesa sobre el abogado, junto con la presunción de que el cliente colabora máximamente con el profesional, hacen presumir que el abogado no requirió esa información.
3. Idéntica conclusión se extrae en los supuestos de entrega de documentación: si el cliente disponía de ella, se presume que el abogado pudo recabarla.
4. Cuando transcurre un término sin que se ejercite el oportuno acto procesal, y tal omisión resulta objetivamente perjudicial para el cliente, sobre el abogado la carga de probar que tal omisión fue inocua para el cliente.
5. Las negligencias relacionadas con la elección de la estrategia profesional, al ser ésta decidida por el abogado, determina que sea éste quien deba probar que fue beneficiosa para el cliente.
6. La falta de impugnación de determinado acto del contrario o resolución judicial objetivamente perjudiciales para el cliente, precisamente por su carácter perjudicial, hace recaer sobre el abogado la prueba cumplida de que fue el cliente quien decidió no impugnar.
Por último, cabe afirmar la indiscutible naturaleza contractual de la responsabilidad del abogado, al producirse en el desempeño de un contrato de arrendamiento de servicios.
En cuanto a la primera de las cuestiones expuestas, debe ponerse de relieve q...
En cuanto a la primera de las cuestiones expuestas, debe ponerse de relieve que la responsabilidad del Abogado con su cliente tiene naturaleza contractual por lo general, y en concreto se configura como un arrendamiento de servicios (STS de 4-2-92 -EDJ 1992/953 y 23-10-92 -EDJ 1992/10376 entre otras).
Tal actuación lo es de medios, y no de resultado pues no se obliga a que tenga éxito la acción ejercitada por el letrado por encargo de su cliente, sino a ejercitar esta de forma correcta (STS 8-6-00 -EDJ 2000/14304-). Se obliga exclusivamente a desplegar sus actividades con la diligencia debida y acorde con la lex artis sin que por tanto se comprometa al resultado de la misma (STS de 23-5-01 -EDJ 2001/5999-).
Estas circunstancias en lo que a lex artis se refieren pueden encontrarse en el Estatuto General de la Abogacía aprobado por RD 658/01 de 22 junio -EDL 2001/23497 y en menor medida por la existencia de un Código Deontológico aprobado por el CGA el 30 junio 2000 -EDL 2000/85007-. Según el art 42 del Estatuto u0022son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y diligencia... El abogado realizara diligentemente las actividades profesionales que le suponga la defensa del asunto encomendado ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho asunto...
En el Estatuto de 2013 el art. 49 establece que el abogado deberá de cumplir con la máxima diligencia la misión de asesoramiento o defensa que le haya sido encomendada, procurando de modo prioritario la satisfacción de los intereses de su cliente.
Por otro lado en este caso no cabe hablar de una inversión de carga de la prueba, y corresponde al demandante a acreditar que el profesional ha actuado de forma negligente o contraria a una actuación normal (STS de 7-2-00 -EDJ 2000/515 o 7-2-1989). Ello nos lleva de conformidad con el art. 1104 CC -EDL 1889/1 que nos encontramos ante la necesidad de acreditar la ausencia de la diligencia debida que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar.
Para resolver la cuestión principal propuesta, es necesario determinar, en p...
Para resolver la cuestión principal propuesta, es necesario determinar, en primer lugar, ante qué tipo de responsabilidad nos hallamos, es decir, si es contractual o extracontractual. La responsabilidad derivada de la relación cliente-abogado, entendemos, que dará lugar a responsabilidad contractual, incluso en el caso de que el abogado haya sido designado de oficio. Hoy en día, ni la doctrina ni la jurisprudencia discute el carácter contractual de la relación abogado-cliente. Cualquiera que sea la óptica donde se contemple esta responsabilidad, es la contraída por el profesional cuando al desplegar su oficio incurre en un ilícito, esto es, contraviene, por las causas que sean, su prestación o actividad previamente demandada por quien ha concertado sus servicios; es decir, en definitiva, se trata de la responsabilidad por el ejercicio de su hacer de quien ha sido por su profesión requerido por otra persona, mediante la concertación de un negocio jurídico de corte arrendaticio, en términos generales; todo lo cual reconduce a que siempre en la actuación del responsable preexiste esa conexión con el destinatario de su conducta profesional.
Lo cual no es óbice para que el abogado pueda incurrir en responsabilidad extracontractual en su relación con terceras personas (testigos, peritos, jueces, otras partes, etc.), pero esta es otra cuestión.
Sentado lo anterior, es necesario resaltar que la prueba del daño (onus probandi) queda a cargo del cliente; tratándose de una responsabilidad subjetiva de carácter contractual, la carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido, y de la existencia y alcance de este corresponde a la parte que demanda la indemnización por incumplimiento contractual (STS de 14 julio 2005, rc. 971/1999 -EDJ 2005/116838 y 21 junio 2007, rc. 4486/2000 -EDJ 2007/80182-), sin que sea predicable, en estos casos, una supuesta inversión de la carga de la prueba; así, conviene recordar que la doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo es contraria a la objetividad de la responsabilidad de los profesionales, en especial de los médicos, y a la inversión de la carga de la prueba en el sentido de que deban estos probar que actuaron con la diligencia debida.
En definitiva, en el tema de la prueba en sede a la responsabilidad contractual-profesional, hay que reiterar que el principio general del art. 217 LEC -EDL 2000/77463 en un apoyo a sensu excluyente del art. 1183 CC -EDL 1889/1-, en torno a las obligaciones de hacer -como es la que asume el abogado conllevan a que será el actor -cliente reclamante, quien deba probar la acción, la voluntad o culpabilidad, el daño, y su nexo causal, pues mientras ello no acontezca se presume la diligencia del abogado o que éste ha obrado con la diligencia debida.
En primer lugar, me referiré a la naturaleza de la relación del Abogado con...
En primer lugar, me referiré a la naturaleza de la relación del Abogado con su cliente. Es doctrina jurisprudencial consolidada la que califica esta relación como la de un contrato que se desenvuelve normalmente en el ámbito de los contratos de gestión que contiene elementos tomados del arrendamiento de servicios y del mandato.
Ahora bien, el deber de defensa no implica una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta como regla general la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador
El deber de defensa debe ceñirse al respeto de la lex artis, esto es, de las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso. La jurisprudencia no ha formulado con pretensiones de exhaustividad una enumeración de los deberes que comprende el ejercicio de este tipo de actividad profesional del abogado. Se han perfilado únicamente a título de ejemplo algunos aspectos que debe comprender el ejercicio de esa prestación: informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos (STS de 14 julio 2005 -EDJ 2005/116838-).
En segundo lugar, en cuanto a la carga de la prueba cuando se entabla la acción para exigir responsabilidad al abogado construida en torno a los tradicionales elementos que caracterizan la responsabilidad subjetiva: daño, culpa y nexo causal, se viene manteniendo que recae en el cliente demandante la carga de probar, tanto la existencia de un daño indemnizable, como la falta de diligencia del letrado y, finalmente, el vínculo causal entre aquel menoscabo y el comportamiento negligente, contrario a los deberes profesionales.
El cliente-demandante debe alegar y probar que la defectuosa actuación profesional del abogado disminuyó en alguna medida las oportunidades de éxito de la acción sin que sea necesario demostrar la existencia de una relación de certeza absoluta sobre la influencia causal del incumplimiento de las obligaciones por parte del abogado en el resultado del proceso.
En ocasiones, se imputa al abogado, una vez admitida por las partes la relación contractual, la omisión de determinados trámites o actuaciones (por ejemplo, en los supuestos de falta de presentación de escritos en los plazos establecidos o de omisión de trámites exigidos por la ley como carga para hacer valer las respectivas pretensiones o cuando se omite la reclamación de algún concepto indemnizable con arreglo a la jurisprudencia consolidada), en estos casos, será de plena aplicación la regla establecida en el art. 217.7 LEC -EDL 2000/77463 sobre facilidad y accesibilidad a la fuente de prueba, encontrándose en mejor situación el demandado para acreditar la realización del trámite como hecho positivo sin que pueda imponerse al actor la prueba diabólica de un hecho negativo como es la falta de realización del trámite exigible.
También hemos de considerar la obligación que tiene el abogado, en cuanto profesional sujeto al RD Leg. 1/2007, de 16 noviembre -EDL 2007/205571-, de documentar con carácter previo a la prestación de sus servicios la relación contractual con su cliente según disponen los arts. 60 y ss. del indicado Real Decreto Legislativo. El cumplimiento de esta obligación facilita al cliente la prueba de la existencia del contrato, los servicios comprometidos y su precio de tal manera que, en atención a lo allí pactado, el cliente puede exigir la responsabilidad acreditando la negligencia profesional del abogado al no haber obtenido el resultado esperado o al haber perdido la oportunidad de conseguirlo.
En determinados ámbitos de responsabilidad civil, como es el caso de la resp...
En determinados ámbitos de responsabilidad civil, como es el caso de la responsabilidad profesional y entre ellas, la del letrado, la regla general es la de que la prueba de la relación de causalidad (así como la de la culpa) incumbe al cliente, y no al profesional, criterio que sin embargo tiene algunas excepciones, entre las que figuran las que derivan de aquellos casos en que se produce un daño o resultado anormal o desproporcionado entre la intervención profesional y el resultado o, simplemente, se da la situación de facilidad o disponibilidad probatoria.
En cuanto a este último aspecto cabe citar los casos de indicios muy cualificados por anormales, aquellos en los que la parte que se halle en mejor posición probatoria por su libertad de acceso a los medios de prueba, la mejor posición probatoria en el supuesto de que surjan complicaciones que no son consecuencia natural o previsible del propio curso del caso de que se trate no puede excusar de contribuir activamente a probar que no hubo negligencia o imprevisión por su parte, casos de obstrucción o falta de cooperación del profesional cuando el daño al cliente es desproporcionado, casos en los que se debían haber ofrecido explicaciones convenientes de los hechos o la apreciación más general de que la carga de la prueba recae sobre el profesional por ser quien se halla en una posición más favorable para conseguir su prueba.
Todos estos casos no comportan, al menos en sentido propio, la de un criterio de imputación de responsabilidad objetiva por una mala praxis del profesional, como el caso del letrado, fuera de los casos previstos en la ley sustantiva, ni la aplicación de una regla procesal de inversión de carga de la prueba en supuestos no previstos en la ley procesal, sino el reconocimiento de que la forma de producción de determinados hechos es susceptible de evidenciar en principio, con sujeción a reglas de experiencia, la concurrencia de la falta de medidas de diligencia, prevención y precaución exigible según las circunstancias (de especial intensidad en los casos de actividades creadoras de riesgos extraordinarios), sólo susceptible de ser refutada por parte de quien tiene en sus manos el dominio de la actividad y la proximidad y disposición de los instrumentos aptos para justificar lo ocurrido.
La existencia de un daño no esperable, injustificado, desproporcionado o anormal, incide, en suma, en la atribución causal y en el reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil en relación con el u0022onus probandiu0022 de la relación de causalidad y la presunción de culpa.
Esto, traído al caso de la responsabilidad del letrado implica que probados los hechos a los que tenga acceso el cliente, la prueba de la diligencia cuando se produce una circunstancia que sólo desde el conocimiento de quien constituye su origen, puede valorarse, incumbe al letrado pues si se presume por razón de su profesionalidad su cualificación, un resultado con pérdida de oportunidad de su cliente -presentación de escrito de recurso fuera de plazo, por ejemplo requiere trasladar al letrado la prueba de la justificación de tal circunstancia que debe considerarse, desde el punto de vista de la culpa, reprochable, salvo que el letrado pruebe lo contrario.
1.- El cliente que demanda al abogado, al postularse como acreedor por título contractual o extracontractual (ya veremos), está gravado con la carga de concretar el criterio o criterios de imputación generadores de la responsabilidad, esto es, el hecho o hechos que determinan la negligencia del abogado, aunque se precisan una serie de elementos o factores que determinarán la solución según cada caso:
a.- En los supuestos de deficiente elección de acciones o excepciones, con omisión de las que debieron correctamente ejercitarse, la prueba de que las elegidas fueron acertadas corresponde al abogado.
b.- Cuando el cliente sostiene que comunicó al abogado información relevante para la resolución del pleito, y éste niega haberla recibido, el especial deber de diligencia que pesa sobre el abogado, junto con la presunción de que el cliente colabora máximamente con el profesional, hacen presumir que el abogado no requirió esa información.
c.- Idéntica conclusión se extrae en los supuestos de entrega de documentación: si el cliente disponía de ella, se presume que el abogado pudo recabarla.
d.- Cuando transcurre un término sin que se ejercite el oportuno acto procesal, y tal omisión resulta objetivamente perjudicial para el cliente, sobre el abogado la carga de probar que tal omisión fue inocua para el cliente.
e.- Las negligencias relacionadas con la elección de la estrategia profesional, al ser ésta decidida por el abogado, determina que sea éste quien deba probar que fue beneficiosa para el cliente.
f.- La falta de impugnación de determinado acto del contrario o resolución judicial objetivamente perjudiciales para el cliente, precisamente por su carácter perjudicial, hace recaer sobre el abogado la prueba cumplida de que fue el cliente quien decidió no impugnar.
2.- Corresponde al demandante a acreditar que el profesional ha actuado de forma negligente o contraria a una actuación normal (STS de 7-2-00 -EDJ 2000/515- o 7-2-1989). Ello nos lleva de conformidad con el art. 1104 CC -EDL 1889/1- que nos encontramos ante la necesidad de acreditar la ausencia de la diligencia debida que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, tiempo y lugar.
3.- Es necesario resaltar que la prueba del daño (onus probandi) queda a cargo del cliente; tratándose de una responsabilidad subjetiva de carácter contractual, la carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación profesional, del nexo de causalidad con el daño producido, y de la existencia y alcance de este corresponde a la parte que demanda la indemnización por incumplimiento contractual
4.- El cliente-demandante debe alegar y probar que la defectuosa actuación profesional del abogado disminuyó en alguna medida las oportunidades de éxito de la acción sin que sea necesario demostrar la existencia de una relación de certeza absoluta sobre la influencia causal del incumplimiento de las obligaciones por parte del abogado en el resultado del proceso.
5.- Ello salvo el supuesto excepcional de la existencia de un daño no esperable, injustificado, desproporcionado o anormal, incide, en suma, en la atribución causal y en el reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil en relación con el onus probandi de la relación de causalidad y la presunción de culpa.
Esto, traído al caso de la responsabilidad del letrado implica que probados los hechos a los que tenga acceso el cliente, la prueba de la diligencia cuando se produce una circunstancia que sólo desde el conocimiento de quien constituye su origen, puede valorarse, incumbe al letrado pues si se presume por razón de su profesionalidad su cualificación, un resultado con pérdida de oportunidad de su cliente -presentación de escrito de recurso fuera de plazo, por ejemplo- requiere trasladar al letrado la prueba de la justificación de tal circunstancia que debe considerarse, desde el punto de vista de la culpa, reprochable, salvo que el letrado pruebe lo contrario.

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 Real Decreto 
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