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Timestamp: 2017-06-26 03:41:33+00:00

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DERECHO Y SALUD: FALLO DE LA CORTE CONDENANDO AL GOBIERNO DE LA C.A.B.A A PAGAR ALOJAMIENTO EN CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD . DERECHO Y SALUD
FALLO DE LA CORTE CONDENANDO AL GOBIERNO DE LA C.A.B.A A PAGAR ALOJAMIENTO EN CONDICIONES DIGNAS DE HABITABILIDAD . Fallo: Procuración General de la Nación -I- La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala 2) resolvió -por sentencia del 6 de abril
de 2009 (fs. 337/340 de los autos principales, a la que me referiré en
adelante)- ordenar a la demandada (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) la provisión de un subsidio que permita a la actora y su grupo familiar
-Sonia Yolanda Q. C. y su hijo discapacitado J. H. Q. C.- abonar en forma
íntegra un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad, hasta tanto se
acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que el estado de
necesidad cesó. Ello así toda vez que el monto del subsidio establecido en el
decreto 960/08 , modificatorio del decreto
690/06 , y los términos de la
resolución 1554/MDSSGC/08 , frente a la acreditada
situación de vulnerabilidad de la amparista y su familia, podría resultar
insuficiente para garantizar el derecho afectado. A fs. 347/357, el representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires interpuso el recurso de inconstitucionalidad de los arts. 113 ine. 3° de la Constitución local y
27 y siguientes de la ley
local 402, que fue concedido -excepto respecto de la invocación de las
doctrinas de arbitrariedad y gravedad institucional- por entender que la
cuestión sometida al tribunal no se centró en el análisis de la obligación ya
cumplida por el gobierno local sino que resuelve el problema jurídico relativo
al modo en que la ciudad habrá de confrontar la posible subsistencia de la
situación de origen de la actora ("situación de calle") a la cual
atendía el programa asistencial ya cumplido (fs. 3721373). A fs. 397/437, el 12 de julio de 2010, se expidió el Superior Tribunal de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por voto de mayoría, se resolvió
hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; revocar la sentencia de fs. 337/340 y
reenviar la causa a la cámara de origen para que ". los mismos jueces que
entendieron en ella se expidan con el alcance señalado en el punto 16 del voto
de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis Francisco Lozano en la sentencia
pronunciada el 12 de mayo de 2010 en la causa 'Alba Quintana, Pablo el GCBA y
otros si amparo (art. 14 CCABA) si recurso de inconstitucionalidad concedido',
expte. n° 6754/09. Sin costas." Contra dicha resolución, la actora -con el
patrocinio de la Defensoría General del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires- dedujo el recurso extraordinario federal de fs.
454/473, contestado por la demandada a fs.477/482, que por resolución del 4 de
octubre de 2010 -según fs. 484/487-' fue denegado por el Superior Tribunal de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por entender que no se dirigía
contra una sentencia definitiva. Disconforme, la señora Q C, por derecho propio y en representación de su hijo
menor discapacitado, se presentó en queja ante V.E. c0tl fecha 13 de octubre de
2010, específicamente para demandar que el Gobierno local tutele de manera
adecuada su derecho constitucional a la vivienda digna. Los agravios, en resumen, son los siguientes:a) que se trata de una sentencia
definitiva porque los lineamientos que debería seguir la alzada al emitir un
nuevo pronunciamiento llevan a la desestimación del amparo; b) que las pautas
que debe tomar en cuenta la cámara parten de una interpretación irrazonable del
derecho humano a una vivienda digna; c) que no se garantiza el derecho a la
vivienda de manera plena sino como puramente asistencial; y d) se viola el
derecho a una tutela judicial efectiva. -III- Ante todo, cabe recordar que, a efectos de habilitar la instancia
extraordinaria, d recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o
equiparable, calidad de la que carece -en principio- la sentencia apelada toda
vez que deja subsistente el acceso a la revisión judicial una vez que la alzada
se pronuncie finalmente respecto de la solicitud de autos. Con arreglo a dicha doctrina, estimo que el recurso intentado no se dirige
contra una sentencia definitiva o asimilable a tal desde que el Superior
Tribunal, al revocar el pronunciamiento de la anterior instancia sólo estimó
que no surgía arbitrariedad o ilegalidad de las normas asistenciales en
relación con las atribuciones de la propia administración local para encarar la
elección de los mecanismos que aseguren el debido respeto del derecho a una
vivienda digna conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio y dio las
pautas qhe' podían enmarcar un pronunciamiento de la Juzada sin que se violara
el principio de división de poderes. Asimismo, estimar -como lo hace la queJosa- que una decisión de la cámara
resultará denegatoria de la acción intentada, es, a todas luces, una afirmación
dogmática, carente de fundamento y prematura. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, con posterioridad a la sentencia del
Superior Tribunal atacada, éste se pronunció -con fecha 12 de mayo 2010- en una
causa iniciada por la Asesoría General Tutelar de la Ciudad -por la que
solicitó la declaración de inconstitucionalidad y pérdida de vigencia de
diversas disposiciones del decreto 960/08 que modificó el programa de
"Atención para Familias en Situaciónde Calle" aprobado por el decreto
690/06- cuya resolucién conllevó el dictado del decreto local 167/2011 que
viene a sustituir y modificar las normas en juego en esta causa y que, a todo
evento, deberían ser evaluadas por los órganos judiciales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en cuanto resulten de aplicación al presente. Por lo demás, cabe destacar que no se configura en autos, en mi criterio,
gravedad institucional que justifique prescindir del requisito de sentencia
definitiva. -IV- En virtud de lo expuesto, opino que el recurso extraordinario federal es
inadmisible y que fue correctamente denegado. Buenos Aires, 26 de mayo de 201l. ES COPIA LAURA M. MONTI Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 24 de abril de 2012 Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por S. Y. Q. C. por sí y en
representación de su hijo menor J. H. Q. C. en la causa Q. C., S. Y. c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo", para decidir sobre su
procedencia. Considerando: 1°) Que S. Y. Q. C., por derecho propio y en representación de su hijo menor de
edad J. H. Q. C. -quien sufre una discapacidad producida por una encefalopatía
crónica no evolutiva-, inició una acción de amparo contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solicitó que la demandada cesara en su conducta ilegítima que, al denegarle la
inclusión en los programas gubernamentales vigentes en materia de vivienda y no
proporcionarle alternativas para salir de la "situación de calle" en
la que se encontraba junto a su hijo, violaba sus derechos fundamentales a la
salud, la dignidad y la vivienda reconocidos no sólo en la Constitución local,
sino también en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales
incorporados a su art. 75, inc.22 . A partir de lo expuesto, la peticionaria solicitó "una solución
condiciones que dignas nos permita acceder de habitabilidad, a una vivienda
preservándose en nuestra integridad familiar". Aclaró que, en el caso de
que decidiera brindarle un subsidio, su monto debía ser suficiente para abonar
en forma íntegra el valor de un lugar que cumpliera con las características
señaladas; pues los subsidios previstos por el decreto local 690/06 no
garantizaban adecuadamente sus derechos. Así lo estimó disponibilidad porque, de por recursos un lado, del estaban
ejercicio sujetos "a presupuestario la que corresponda" y, por otra
parte, eran parciales y limitados a seis cuotas de 450 pesos, a cuyo término
sólo podía solicitarse el pago de cuatro cuotas adicionales, a criterio de la
autoridad de aplicación, aún cuando los peticionarios demostraran que subsistía
su situación de desamparo. Ante tales circunstancias, la actora solicitó una medida cautelar, que fue
concedida y a la fecha se encuentra vigente (ver fs. 65/67, 261/262, y fs. 2 de
la versión taquigráfica de la Audiencia Pública llevada a cabo ante este Tribunal
el día 15 de septiembre de 2011). 2°) Que la Jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la acción de amparo.La
Sala II de la cámara del mismo fuero confirmó lo decidido y resolvió que
"frente a la acreditada situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran la amparista y su grupo familiar y a que el monto establecido [por
el decreto 960/08, modificatorio del decreto 690/06]. podría resultar
insuficiente para garantizar el derecho afectado .la demandada deberá
proveer.un subsidio que les permita, a la actora y a su grupo familiar, abonar
en forma íntegra un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad, hasta
tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir que su estado de
necesidad ha cesado". Esa sentencia fue revocada por el Superior Tribunal de Justicia local, que
interpretó las normas constitucionales y locales en juego y decidió reenviar la
causa a la cámara para que dictara un nuevo fallo, de conformidad con los
criterios fijados en su decisión. 3°) Que, como fundamento, el a quo sostuvo que las cuestiones discutidas en
este expediente guardaban sustancial analogía con las debatidas y resueltas por
ese Tribunal en la causa "Alba Quintana", del 12 de mayo de 2010, a
cuyos argumentos y conclusiones remitió. Según el citado precedente: Para determinar las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
materia de vivienda resulta imprescindible interpretar -además de la
Constitución local- la Constitución Nacional y, en particular, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ello es
así pues, "la necesariamente interpretación de pauta que para la de de él
la se haga norma servirá local, por aplicación de la regla hermenéutica, tantas
veces recordada por la CSJN, con arreglo a la cual de dos interpretaciones debe
optarse por aquella que armoniza mejor con la norma de rango superior". Según el PIDESC, los Estados parte no están obligados a proporcionar vivienda a
cualquier habitante de su país que adolezca de esa necesidad. Su deber se concreta en fijar programas y condiciones de acceso a una vivienda,
dentro de las posibilidades que sus capacidades económicas les permitan,
conforme el aprovechamiento máximo de los recursos presupuestarios
disponibles.A su vez, el Pacto impone una obligación de progresividad. Ello significa, que los países signatarios deberán adoptar medidas que
demuestren un avance en las políticas públicas destinadas a garantizar
plenamente los derechos allí reconocidos. Sin embargo, esta mejora tiene que
ser medida respecto al conjunto general de la población, y no según lo que
toque a cada individuo. Lo contrario supondría admitir que, por ejemplo, una
nueva política que afecta mayores recursos y duplica si invalidada los grupo el
beneficios de disponibles destinatarios podría sufre quedar cualquier
alteración en su prestación individual. Por último, el PIDESC impone a los Estados la obligación de asegurar la
satisfacción de, por lo menos, niveles mínimos y esenciales de cada uno de los
derechos. A partir de los criterios señalados, los Estados parte del PIDESC sólo tienen
el deber de garantizar el contenido mínimo del derecho a la vivienda, que
consiste en brindar "abrigo" a quienes carecen de un techo. Esta es
la garantía que nace del Pacto y a ello se limita la obligación de los países
signatarios. En tales condiciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha
cumplido con su deber en tanto proporciona a quienes se encuentran en "situación
de calle" una red de albergues y paradores estatales. Por ese motivo, no resulta inconstitucional que los subsidios previstos por el
decreto 690/06 (modificado por decreto 960/08) sean parciales y temporarios, ni
que los montos otorgados a sus beneficiarios resulten solventar el costo de una
vivienda digna. Sin perjuicio de lo expuesto, el otorgamiento de subsidios no es absolutamente
discrecional. Por el contrario, los jueces tienen el deber de controlar y
asegurar que la asignación de estos beneficios respete las prioridades
previstas por el bloque constitucional que rige la materia. Concretamente,
tanto el art. 31 de la Constitución local,
como las pautas emergentes del PIDESC, impiden subsidiar a un grupo, sin
subsidiar a otro sector que esté más necesitado.A tal fin, quien pretenda
obtener el subsidio debe cumplir con la carga de probar su situación
prioritaria en relación con otros posibles destinatarios del régimen. Desde esa perspectiva, los decretos 690/06 y 960/08 resultan cuestionables
previsiones claras que e ilegítimos, resguarden el pues no sistema contemplan
de prioridades referido, ni la igualdad entre iguales en el reparto de fondos;
otorgan una considerable discrecionalidad a la autoridad administrativa
encargada de aplicarlos para elegir a quiénes y cuánto dar; y en consecuencia
no se garantiza que el subsidio se otorgue a los más necesitados frente a los
que lo están en menor medida, conforme los parámetros constitucionales en
juego. 4°) Que, contra dicho fallo, la actora dedujo recurso extraordinario federal
que, denegado, dio origen a la presente queja. En su apelación sostiene que la interpretación realizada por el Superior
Tribunal de Justicia local vació de contenido a las normas constitucionales e
internacionales que reconocen y garantizan el derecho a una vivienda digna, lo
que las transforma en meras expresiones de deseos. Alega que la existencia de paradores estatales no es suficiente para garantizar
el umbral mínimo del derecho a la vivienda exigido por el PIDESC.Sostiene que,
en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los refugios y albergues sólo ofrecen
alojamiento nocturno, salubridad, no seguridad e reúnen higiene, condiciones y
no dignas permiten gozar de de privacidad o aislamiento. Asimismo, manifiesta que el programa de subsidios vigente no es adecuado para
atender situaciones de desamparo como la de la actora. Detalla que se trata de medidas de emergencia, que sólo se otorgan por un plazo
máximo de diez meses y por montos que no alcanzan para costear un lugar para
vivir. Por otra parte, se agravia por el alcance restrictivo que la sentencia apelada
otorgó al principio de progresividad. Sostiene que si la progresividad se mide con relación al conjunto general de la
población -y no respecto de la situación de cada individuo- resulta
prácticamente imposible evaluarla. Explica que regresiva ello a destinadas a culturales -de obligaría cotejar
todos forma a los tal afectados las todas los partidas derechos de por medida
presupuestarias económicos, determinar una si sociales la y regresión
denunciada puede entenderse subsanada o compensada-. Por último, considera que la demandada no realizó el máximo esfuerzo para
lograr, progresivamente económicos disponibles, la plena efectividad del
derecho reclamado y que las invocadas carencias presupuestarias no han sido
debidamente acreditadas. 5°) Que, con arreglo a lo establecido en la acordada 30/2007, el Tribunal llamó
a una audiencia pública de carácter informativo, la que tuvo lugar el 15 de
septiembre de 2011 y en la cual las representaciones letradas de cada una de
las partes fueron interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia,
conforme da cuenta el acta y los instrumentos incorporados al expediente. 6°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente admisible pues se
encuentra en juego la interpretación de normas de naturaleza federal (arts. 14
bis y 75, inc. 22, de la
Constitución Nacional) y la decisión adoptada es contraria a la pretensión de
la recurrente que se fundó en ellas (art. 14, inc.3° , de la ley 48). Cabe recordar,
en este punto, que en la tarea de establecer la inteligencia de preceptos
constitucionales y de normas federales, el Tribunal no se encuentra limitado
por las posiciones del a quo ni por los argumentos de las partes, sino que le
incumbe efectuar una declaración sobre el punto disputado, según la
interpretación que rectamente les otorgue (Fallos: 326:2880 ; 328:2694; 329:2876 y 3666, entre muchos
otros). Asimismo, la sentencia apelada resulta equiparable a definitiva, ya que la
cuestión federal que da sustento al planteo de la actora fue resuelta por el
Superior Tribunal local y, en este punto, la decisión quedará firme (Fallos:
301:1029; 311:1397). En efecto, el alcance que el a quo otorgó al derecho
constitucional a la vivienda digna y la validez del programa de subsidios de la
Ciudad ya no podrán ser discutidos ante la Cámara, cuya intervención se
limitará a aplicar los criterios fijados por el Superior Tribunal a las
circunstancias fácticas de la causa. 7°) Que no se encuentra debatido que la actora y su hijo menor de edad son
habitantes y residentes de la Ciudad de Buenos Aires, y que su situación
personal, económica y social no les permite, pese a sus razonables esfuerzos,
procurarse los medios para acceder a un lugar para vivir, con las condiciones
mínimas de salubridad, higiene y seguridad necesarias para preservar su
integridad física, psíquica y moral. También se ha acreditado que, si no se encontrara vigente la medida cautelar
otorgada en esta causa judicial, la actora y su hijo tendrían que estar
viviendo en las calles de la Ciudad. 8°) Que, ello establecido, es dable recordar el marco normativo en el que se
inserta la problemática bajo estudio, tanto en el orden federal como en el
local. I.Que, por una parte nuestra Constitución Nacional se ha reconocido que el
Estado debe otorgar los beneficios de la seguridad social en "que tendrá
carácter de integral e irrenunciable" y en especial se previó que la ley
establecerá "el acceso a una vivienda digna" (art. 14 bis, tercer
párrafo, tributario en este punto del art. 37 de la Constitución de 1949). A su
vez, la reforma operada en 1994 reforzó el mandato constitucional de tutela
para situaciones de vulnerabilidad como la que es objeto de examen al advertir
que el Congreso debe "legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen (.) el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos,
en particular respecto de los niños (.) y las personas con discapacidad
(.)" (primer párrafo del art. 75, inc. 23). Esta norma dirigida específicamente al legislador federal, debe igualmente
servir de pauta de orientación para toda autoridad estatal en su ámbito de
competencia, que deberá además contemplar -por expreso mandato constitucional-
el diseño de un régimen de seguridad social, especial e integral para proveer a
la "protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta
la finalización del periodo de enseñanza elemental." (segundo párrafo del
art. citado). II. Que en el plano internacional, se destaca la Declaración Universal de
Derechos Humanos -de rango constitucional, art. 75, inc. 22- que en su art.25
reconoce el derecho de toda persona "a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
sociales necesarios"."a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad" (apartado 1°) y estipula
que "la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales"
(apartado 2°). Resulta asimismo elocuente el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales en tanto en él los Estados Partes "reconocen el der
echo de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones "medidas de existencia" apropiadas para y asumen asegurar
el la compromiso de efectividad tomar de este derecho, reconociendo a este
efecto importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento" (art. 11.1). Por su parte, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
se encuentra plasmado el derecho de toda persona "a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el
vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que
permitan los recursos públicos y los de la comunidad" (art.XI). Finalmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño , se reconoce que "el
niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí
mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad" así
como su derecho a recibir cuidados especiales, comprometiéndose los estados a
alentar y asegurar, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al
niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de
la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él (art. 23). Asimismo, se hace expreso reconocimiento del derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud (art. 24) y a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art.
27.1). Sobre este último se estipula que los Estados partes "adoptarán medidas
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño
a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán
asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la
nutrición, el vestuario y la vivienda" (art.27.3). Por último, en su art.
3° la Convención marca como principio rector que "en todas las medidas
concernientes a los niños que bienestar tomen las social, administrativas o los
instituciones los públicas tribunales, órganos o privadas de las legislativos
autoridades una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño". III. Que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
-aprobada por la Argentina mediante ley 26.378, publicada en el B.O.del 9 de
junio de 2008- se establece que los Estados Partes tomarán "todas las
medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas",
debiendo tenerse especial consideración por la protección del interés superior
del niño (art. 7°, aps. 1 y 2). Asimismo, reconocen adecuado incluye mejora el se derecho nivel de de vida
alimentación, continua de establece las los Estados Partes personas con
discapacidad ellas para vestido sus que sus familias, lo adecuados, y y y
vivienda condiciones de vida, y que a un cual a la deberán adoptar las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin
discriminación por motivos de discapacidad. En ese mismo marco, se reconoce el
derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de
ella sin discriminación por discapacidad, debiendo los estados adoptar las
medidas para proteger y promover el ejercicio de este derecho entre ellas
"asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de
vivienda pública" (art. 28, ap. 2 especialmente punto d). En la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad -aprobada en nuestro país
por ley 25.280 , publicada en el B.O. del
4 de agosto de 2000- se estipula que los Estados Parte, a fin de lograr los
objetivos de la convención, se comprometen a adoptar medidas ".para
eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte
de las autoridades prestación gubernamentales o suministro de y/o entidades
bienes, privadas servicios, en la instalaciones, programas y actividades, tales
como (.), la vivienda" (art. 3°). IV. Que, en el ámbito específico del Estado demandado, en el art.31 de la
Constitución local se establece que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce
el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, y para ello se obliga
a ".[resolver] progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura
y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica
y con necesidades especiales de escasos recursos.". En línea con lo
señalado, en el art. 17 del referido texto se dispone que ".[corresponde a
las autoridades desarrollar] políticas coordinadas para superar las condiciones
de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos.
Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el
acceso a los servicios públicos para los que tienen menores
posibilidades". La Ciudad de Buenos Aires dictó distintas leyes y decretos orientados a hacer
efectivo el derecho a una vivienda digna reconocido en los preceptos
constitucionales. Así, por ejemplo, en la ley 341 se estableció que el Poder
Ejecutivo instrumentará políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y
permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional,
asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de
organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o
asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con
garantía se creó hipotecaria (confr. art. 1°). En igual sentido, en la ley 1251 el "Instituto de
Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objeto de ejecutar
políticas de vivienda de acuerdo a lo establecido en el art. 31 de la
Constitución local (confr. Art. 3º). Entre los principios rectores del accionar
del órgano se encuentra el de ".contribuir al acceso a la vivienda digna a
todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, imposibilitados por
razones económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los
medios regidos por el sector privado y que requieran de la participación del
sector público para lograrlo, priorizando lo enmarcado en el inc. 1 del Art.31
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." y el de
".Promover el efectivo ejercicio del derecho al hábitat y a la vivienda de
todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires." (confr. art.
4°, inc. a y c). Asimismo, mediante la ley 3706 se buscó proteger integralmente y hacer
operativos los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de
situación de calle (art. 1° ), para lo cual estableció
que ".Es deber del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
garantizar: art. 4°.c) La formulación e
implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda,
trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y
transversalmente entre los distintos organismos del estado.". Por otra parte, en el decreto 1234/04 se creó el Programa de
Apoyo Habitacional destinado a efectivizar la asistencia de personas en
situación de calle que se encontraran alojadas en hoteles en que se hubiera
dispuesto la clausura administrativa, a quienes se les otorgó la posibilidad de
optar, por única vez, entre percibir un monto en concepto de subsidio o de
mutuo con garantía hipotecaria, con el objeto de contribuir al logro de
soluciones habitacionales o a la adquisición de inmuebles destinados a
vivienda, respectivamente (confr. Arts. 1º y 4º). También, y a los efectos de paliar la problemática habitacional de las familias
en "situación de calle", se dictó el decreto 690/06 (y sus
modificatorios 960/08 y 167/11 ) en el que se creó el
programa "Atención para Familias en Situación de Calle" (art. 2°),
consistente en un subsidio destinado a mitigar la emergencia Autónoma de
habitacional Buenos de Aires los (art.residentes 3º). en el Además, la Ciudad
mencionado decreto 690/06, vigente para el momento en que la actora recibió el
subsidio habitacional en trato, establecía expresamente el deber de la
autoridad estatal de asesorar a la beneficiaria del subsidio para superar la
crítica situación habitacional en la que se encontraba inmersa (art. 3º). Si
bien la previsión que contenía este decreto fue denegada en este aspecto por su
modificatorio 960/08, lo cierto es que la resolución 1554/08 del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que administración
los a reglamenta, brindar obliga actualmente asesoramiento, y a a la
"realizar derivaciones a otros programas, elaborar los informes técnicos
que le sean solicitados y colaborar con el correcto funcionamiento del
Programa, asentando y comunicando cualquier observación que considere menester"
(art. 3, incs. b y e). 9°) Que, conforme a lo expuesto en el considerando anterior, el conformado
sistema por internacionales Autónoma de la de fuentes Constitución mencionados,
Buenos Aires la y la aplicable al Nacional, los Constitución legislación caso
tratados de local está la Ciudad dictada en consecuencia.De dicho sistema se
desprende el reconocimiento de un derecho de acceso a una vivienda digna y el
deber de protección de sectores especialmente vulnerables como las personas con
discapacidad y los niños en situación de desamparo, de modo que corresponde a
esta Corte establecer el alcance de dichos preceptos en relación al caso. 10) Que la primera característica de esos derechos y deberes es que no son me
ras declaraciones, sino normas jurídicas operativas con vocación de
efectividad. Esta Corte en reiteradas oportunidades ha sostenido que la Constitución
Nacional en cuanto norma jurídica reconoce derechos humanos para que éstos
resulten efectivos y no ilusorios, pues el llamado a reglamentarlos no puede
obrar con otra finalidad que no sea la de darles todo el contenido que aquélla
les asigne; precisamente por ello, toda norma que debe "garantizar el
reconocidos por internacionales pleno goce esta y ejercicio Constitución
vigentes sobre y de los derechos los tratados humanos" (Fallos: por
derechos 327:3677 ; 332:2043 ) y "garantizar",
significa "mucho más que abstenerse sencillamente de adoptar medidas que
pudieran tener repercusiones negativas", según indica en su Observación
General n° 5 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
constituye el intérprete autorizado del Pacto homónimo en el plano
internacional y cuya interpretación debe ser tenida en cuenta ya que comprende las
"condiciones de vigencia" de este instrumento que posee jerarquía
constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la Constitución
Nacional (Fallos: 332:709 ). 11) Que el segundo aspecto que cabe considerar es que la mencionada
operatividad tiene un carácter derivado en la medida en que se consagran
obligaciones de hacer a cargo del Estado. Este grado de operatividad significa que, en principio, su implementación
requiere de una ley del Congreso o de una decisión implementación.del Ello
Poder es así Ejecutivo porque que existe provoque la su necesidad de valorar de
modo general otros derechos, como por ejemplo la salud, las prestaciones
jubilatorias, los salarios, y otros, así como los relación recursos compleja
legitimado pasivo entre pasivo indirecto necesarios. el directo que es estos
titular que el En es el resto de supuestos la Estado de la hay pretensión, y el
una el legitimado comunidad que, en definitiva soporta la carga y reclama de
otros derechos. Por esta razón, esta Corte no desconoce las facultades que la
Constitución le asigna tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo
competencias, locales, para en el implementar ámbito los de programas sus
respectivas o alternativas destinadas a hacer operativo el derecho a la
vivienda y al hábitat adecuado. Es incuestionable que no es función de la
jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno. Que todo ello significa que las normas mencionadas no consagran una
operatividad directa, en el sentido de que, en principio, todos los ciudadanos
puedan solicitar la provisión de una vivienda por la vía judicial. 12) Que la tercera característica de los derechos fundamentales que consagran
obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad derivada, es que
están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. Lo razonable en estos casos está relacionado con el principio que "manda
desarrollar las libertades y derechos individuales hasta el nivel más alto
compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que conviven en
una sociedad dada, así como introducir desigualdades excepcionales con la
finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos
favorecidos (Rawls, John, "A Theory of Justice", 1971, Harvard
College)". Estos principios de igualdad democrática sectores y de
excluidos diferencia con deben respetados ser finalidad por tuitiva de los
quienes deciden políticas públicas. En el campo de las reglas normativas, ello significa que hay una garantía
mínima del derecho fundamental que constituye una frontera a la
discrecionalidad de los poderes públicos. Para que ello sea posible, debe acreditarseuna afectación de la garantía, es
decir, una amenaza grave para la existencia misma de la persona. Estos
requisitos se dan en el caso, ya que es difícil imaginar un estado más
desesperante: hay un niño discapacitado, con una madre en situación de calle. La perjuicio de razonabilidad las significa decisiones políticas entonces que,
discrecionales, sin los poderes deben atender a las garantías mínimas
indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de
extrema vulnerabilidad. interpretación Esta división de poderes, la permite
hacer discrecionalidad compatible política del la Poder Ejecutivo y del
Congreso, con las necesidades mínimas de los sectores más desprotegidos cuando
éstos piden el auxilio de los jueces. 13) Que, frente al contexto descripto, se impone dilucidar si, en el caso
concreto de la actora, la respuesta brindada por la demandada resulta adecuada
para garantizar, siquiera mínimamente, los derechos que las partes se encuentran
contestes que asisten a la señora S. Y. Q. C. y a su hijo. Así, cabe señalar que el compromiso normativo asumido por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la materia fue expresamente reconocido por la Ministra de
Desarrollo Social de esa jurisdicción, licenciada María Eugenia Vidal, en su
exposición ante esta Corte en la audiencia pública celebrada el 15 de
septiembre de 2011. En esa oportunidad expresamente precisó que ".El art. 31 de la
Constitución de la Ciudad reconoce el derecho a la vivienda y al hábitat
adecuado y habla de una resolución progresiva de este déficit. Ahora, lo que
está en discusión, creo yo, no es el reconocimiento del derecho a la vivienda y
al hábitat, y dentro de él al acceso a los programas de emergencia
habitacional, sino cómo este derecho se operativiza." (confr. pág.15). Que a la hora de examinar la respuesta que en materia habitacional prevé la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para atender a una situación extrema como la de
la actora, resultan ilustrativas las palabras de la citada Ministra que, en la
ya aludida audiencia, afirmó que ".dentro de los programas de vivienda
definitiva no hay uno específico para personas en calle." (pág. 18). De
manera que la asistencia para este sector se limita al alojamiento en hogares o
paradores o, en su defecto, en el ofrecimiento de un programa como el previsto
en el decreto 690/06 -y sus modificatorios-, que tiene un plazo de duración
máximo de diez meses y que, según las propias afirmaciones de la funcionaria,
en ningún caso es renovable sin sentencia judicial, aun cuando la situación que
originó el otorgamiento del beneficio no se hubiera modificado (confr. Pág.
21). Este menú de soluciones brindado por la demandada para dar cumplimiento a la
manda contemplada en los arts. 14 bis de la Constitución Nacional y 31 de la
Constitución local aparece como insuficiente para atender la particular
situación de la actora. En efecto, ante la ausencia de un plan de vivienda
definitiva y la imposibilidad de acceder a las líneas de crédito previstas en
la ley 341 por carecer de un ingreso mínimo que supere los $ 2.000, las
alternativas propuestas se reducen al alojamiento en el sistema de paradores,
hogares y refugios o a la entrega del beneficio previsto en el decreto 690/06. Respecto de la primera de estas opciones, se impone señalar que las condiciones
edilicias de estos lugares que carecen de habitaciones o baños privados y
alojan a más de una familia (confr. exposición de la Ministra, pág. 17), no
resultan adecuadas para la patología del niño que, tal como lo informó el
Defensor Oficial ante esta Corte, doctor Langevin, ha sufrido graves
afectaciones en su salud y su desarrollo evolutivo como consecuencia de haberse
alojado en hoteles con baños y cocinas comunes (pág.12). La especial atención
que demanda el niño y las graves consecuencias que su desatención trajo
aparejada fueron señaladas por el citado funcionario ante este Tribunal al
señalar que ".hasta hace muy poco J. no podía masticar, y esto no se debía
a su enfermedad. Se debía a que la madre no cuenta con una cocina donde pueda
elaborar los alimentos. Entonces, le tenía que dar papilla. La cocina es común
y J. molestaba con sus chillidos, que son su forma de comunicarse, y entonces
le tenía que dar papilla, y a los seis años no sabía masticar, pese a tener
toda la dentadura completa.En anteriores alojamientos no tenía un baño propio,
y por compartirlo contrajo hepatitis A. Entonces ha tenido que hacer sus necesidades en un tacho en la
habitación." (pág. 12). Tampoco el programa "Atención para Familias en Situación de Calle"
creado el decreto 690/06 en brinda una respuesta que atienda suficientemente a
la situación examinada en autos. En efecto, dicha asistencia no sólo no
constituye una solución definitiva familiar en al situación problema
habitacional de este grupo de extrema vulnerabilidad sino que se limita a
brindar un paliativo temporal, cuyo monto, en este supuesto, fue considerado
insuficiente por los magistrados intervinientes para atender a las necesidades
del caso. Que resulta evidente que el esfuerzo estatal realizado para garantizar los
derechos económicos, sociales y culturales que las normas constitucionales
garantizan a la señora S. Y. Q. C. y su hijo no es suficiente o adecuado ya que
ni siquiera atiende a las mínimas necesidades que la situación del grupo
familiar demandante requiere.Si bien puede admitirse que no hay una única
manera de responder al derecho de vivienda, lo cierto es que las alternativas
implementadas por la ciudad no dan una respuesta adecuada, definitiva y acorde
a las extremas circunstancias que debe afrontar la recurrente. 14) Que por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido en la audiencia
ante esta Corte que su tarea en casos como el presente está ceñida por un
presupuesto "inelástico", y que por esa razón "cada uno de estos
casos va chocando contra la limitación presupuestaria" que establece la
ley local (intervención del Procurador Monner Sans). Si bien es cierto que esta defensa ha sido extemporáneamente introducida por la
demandada en el curso de una audiencia con finalidad informativa, será
igualmente examinada por el Tribunal a fin de garantizar al máximo el derecho
de defens a y brindar un tratamiento exhaustivo a una controversia de
trascendencia institucional. Frente a este argumento, resulta pertinente observar que en el marco
Internacional de del Derechos Protocolo Económicos, Facultativo Sociales del y
Pacto Culturales (aprobado por la República Argentina por ley 26.663 publicada en el B.O. Del 12
de abril de 2011), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas ha fijado una serie de pautas para establecer cómo puede
entenderse el compromiso de los estados ".de adoptar medidas.hasta el
máximo de los recursos de que disponga." con el objeto de lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos, tal como lo
dispone -en cuanto al caso interesa- el art. 4.2 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, el Comité afirmó en primer término que "la ‘disponibilidad
de recursos’ aunque condiciona la obligación de adoptar medidas, no modifica el
carácter inmediato de la obligación, de la misma forma que el hecho de que los
recursos sean limitados no constituye en sí mismo una justificación para no
adoptar medidas.Aunque se demuestre que los recursos disponibles son
insuficientes, sigue en pie la obligación del Estado Parte de velar por el
disfrute más amplio posible habida de los cuenta derechos de las económicos,
circunstancias sociales y culturales, reinantes.los Estados Partes tienen el
deber de proteger a los miembros o grupos más desfavorecidos y marginados de la
sociedad aun en momentos de limitaciones graves de recursos, adoptando
programas específicos de un costo relativamente bajo" (punto 4 de la
Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el "máximo de los recursos
que disponga" de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto:
Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas, E/C. 12/2007/1). A continuación, advirtió que la garantía de los derechos reconocidos "no
exige forzosamente importantes asignaciones de recursos" (punto 7); más
precisamente, estableció que en el caso de que un Estado aduzca limitaciones de
recursos, el comité consideraría una serie de criterios objetivos para examinar el argumento entre los que vale
mencionar tres de ellos:a.) "el nivel de desarrollo del país"; b.)
"la situación económica del país en ese momento, teniendo particularmente
en cuenta si atraviesa un período de recesión económica"; y c.) "si
el estado intentó encontrar opciones de bajo costo" (punto 10 de la
Declaración citada). En este contexto, el argumento de la utilización de los máximos recursos
disponibles parece subordinado a un análisis integral por parte de la Ciudad de
la asignación de sus recursos presupuestarios, obligación primera que que surge
no de podrá los prescindir tratados a los de la que se comprometió la
Argentina, que es dar plena efectividad a los derechos reconocidos en sus
textos. 15) Que, como ya ha quedado expresamente de manifiesto, el caso en examen no sólo
es un simple supuesto de violación al derecho a una vivienda digna pues
involucra a un niño discapacitado que no sólo exige atención permanente sino
que además vive con su madre en situación de calle.Entran aquí también en juego
aspectos relativos a la situación en la sociedad de los discapacitados y la
consideración primordial del interés del niño que la Convención sobre los
Derechos del Niño impone a toda autoridad pública en los asuntos concernientes
a ellos, que no es admisible que pueda resultar notoriamente dejado de lado por
la demandada. En este sentido, la intervención estatal hasta el presente, no obstante
reconocer que es costosa para el Estado, no parece ser adecuada para resolver
la grave problemática que en el sub examine se plantea. Esta no sólo obedece a las condiciones del pequeño, sino a la imposibilidad de
que su madre trabaje sin que deba separarse de la criatura o dejarla en manos
de terceros sin preparación para su adecuada atención, lo que requiere una
intervención estatal en forma de atención global y especializada para el caso,
o sea, de asistencia al niño y a su madre, en forma que esta última pueda
ejercer alguna actividad rentable sin perjudicar ni poner en peligro la
integridad física y la salud del niño como tampoco su aspecto emocional
-elemental para su calidad de vida, considerando su padecimiento-, y que,
además, le permita en algún momento acceder a condiciones de convivencia
adecuadas a las particularidades del caso. Con relación a esta cuestión, es importante destacar que la propia normativa
local que rige esta materia pone en cabeza de la intervención de administración
los el distintos deber de programas articular públicos la que correspondan
actuar para que la actora y su hijo puedan superar su especial grado de vulnerabilidad
así como también el deber de asesorar a la primera en búsqueda de estrategias
integrales que le permitan encontrar una solución al problema habitacional que
motivó esta demanda, obligaciones que, en el caso, no fueron cumplidas en forma
acabada y total. No se trata en esta situación de evaluar el precio del servicio que paga el
Estado y dado su costo dar por cumplido el deber que leincumbe, conforme a un
estándar de realización de los derechos, sino de valorar su calidad en cuanto a
la adecuación a las necesidades del caso. Es decir, la inversión del Estado
debe ser adecuada, lo que no depende únicamente del monto que éste destina,
sino fundamentalmente de la idoneidad de la erogación para superar la situación
o paliarla en la medida de lo posible. Es evidente que ni la asistencia económica originalmente brindada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni la medida cautelar posteriormente
dispuesta en autos, que garantiza a la actora la suma de $ 1.700 para el pago
de una habitación en un hotel, resuelven la problemática planteada en el sub
examine pues no han garantizado adecuadamente a la señora S.Y.Q.C. la
posibilidad de acceder a un trabajo ni a una vivienda apta para un niño con el
grado de discapacidad de J.H.Q.C. Esta última circunstancia fue puesta de manifiesto por el Defensor Oficial en
la audiencia pública al detallar las condiciones edilicias del hotel Casona
Solé, del barrio de Floresta, donde la actora y su hijo se encuentran alojados.
Señaló el funcionario que se trata de ".una habitación en un hotel
familiar, de alrededor de tres metros por tres metros; no tiene ventanas -es
decir que carece de luz solar-; no tiene un lugar de juegos porque no se
permite a los niños jugar en los pasillos; se accede a través de un primer piso
por escalera, lo cual es una situación no recomendable para un chico en esta
condición, y la habitación misma tiene un altillo al cual no puede acceder. Tiene una sola cama matrimonial, en la cual pernoctan ambos." (pág. 11).
Cabe agregar que, según el mismo funcionario la calefacción de las habitaciones
es opcional y se debe abonar por separado (pág.12). De estatal es manera que considerable, aún no cuando parece el esfuerzo ser el
económico resultado de un análisis integral para encontrar la solución más
eficiente y de "bajo de costo", en los términos que recomienda el
Comité citado Naciones garantizar Unidas; la discapacitado tampoco protección
que, y conforme parece la ser el asistencia los adecuado integral compromisos
para al niño internacionales asumidos por el Estado Nacional en esta materia,
constituye una política pública del país. En este punto cabe recordar que ha
sostenido esta Corte que los menores, máxime en circunstancias en que se
desarrollo, encuentra a más de comprometida la especial su salud atención que y
su normal requieren de quienes están directamente obligados a su cuidado,
requieren también la de los jueces y de la sociedad toda; más aún si se tiene
en cuenta la consideración primordial del interés del niño que la Convención
sobre los Derechos del Niño, a la que ya se ha hecho mención, impone a toda
autoridad nacional en los asuntos concernientes a ellos (Fallos: 327:2127). En consecuencia, en la presente circunstancia se impone que el Estado
intervenga con asistencia social en forma integral, lo que incluso podría
requerir un esfuerzo patrimonial menor que el realizado en función de la medida
cautelar dispuesta.Debe advertirse que la ausencia de una planificación
coordinada y adecuada por parte de la demandada hace que en la actualidad deba
erogar, por una básica habitación en un hotel en el barrio de Floresta, valores
que exceden a los requeridos en el mercado inmobiliario por el alquiler de un
departamento de dos ambientes en el mismo barrio. 16) Que, de todos modos, el cese de la medida cautelar en las actuales
circunstancias empeoraría la situación de la demandante, por lo que se impone
su mantenimiento hasta que la demandada actúe en forma integral sobre la
situación planteada. Para ello, las circunstancias requieren la intervención urgente de equipos de
asistencia social de los que dispone el Estado local, que aseguren al niño la
atención y el cuidado que su condición precisa, preservando su salud y su
integridad física, sin que importe una internación u otra medida que interrumpa
la relación y el contacto materno-filial. La actora, como toda madre que carga
con la responsabilidad de un niño severamente discapacitado y que hasta el
momento, pese a toda la adversidad, ha sostenido y puesto de manifiesto el
vínculo afectivo y asumido la pesada tarea, tiene el elemental derecho de
trabajar libre de preocupaciones respecto del niño durante su desempeño
laboral, lo que no importaría para el Estado ninguna inversión extraordinaria,
sino el uso adecuado de sus propios servicios asistenciales especializados. Lo anterior debe complementarse con un trabajo que le permita su subsistencia y
la del niño, fuera del marco asistencial, puesto que éste es siempre una
situación precaria que en algún momento debe cesar. La intervención estatal,
pues, debe tener por objeto alcanzar esta sol ución y facilitar la superación
de la emergencia. Para ello, en el caso concreto, el Estado debe proveer a la
actora, tal como la normativa se lo impone, el asesoramiento y orientación
necesarios.Tampoco esto requiere una inversión estatal Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires dispone de equipos de asistencia social que tienen capacidad para
proveer este servicio, indicando a quienes recurrir e incluso ofreciendo los
servicios de la actora a los privados que puedan demandarlos. 17) Que a modo de conclusión corresponde señalar que los derechos fundamentales
que consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado con operatividad
derivada, están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial.
Que ello significa que, sin perjuicio discrecionales, los poderes de deben las
decisiones atender a las políticas garantías mínimas indispensables para que
una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad. Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al
recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y, en uso de la facultad
conferida en el art. 16 de la ley 48, se resuelve
ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que: 1) Intervenga con los equipos de asistencia social y salud con los que cuenta
para asegurar que el niño disponga de la atención y el cuidado que su estado de
discapacidad requiere y provea a la actora del asesoramiento y la orientación
necesarios para la solución de las causas de su problemática habitacional en
los términos de la resolución 1554/08 del Ministerio de Desarrollo Social de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2) Garantice a la actora, aun en forma no definitiva, un alojamiento con
condiciones edilicias adecuadas a la patología que presenta el niño, sin
perjuicio de contemplar su inclusión en algún programa de vivienda en curso o
futuro para la solución permanente de la situación de excepcional necesidad
planteada. Asimismo, y hasta tanto la demandada cumpla con lo ordenado, se dispone
mantener la medida cautelar. Agréguese la queja al principal, notifíquese y oportunamente, remítase. RICARDO
LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S.FAYT - ENRIQUE
SANTIAGO PETRACCHI (según su voto) - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI -
CARMEN M. ARGIBAY (según su voto). ES COPIA VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Considerando: Que el insfrascripto coincide con los considerandos 1° a 7° del voto de la
mayoría. 8°) Que el derecho a una vivienda digna se encuentra reconocido y garantizado
por la Constitución Nacional, tanto en su art. 14 bis, como en varios de los
tratados incorporados a la Carta Magna en el art. 75, inc. 22 (art. XI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, y art. 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales). En particular, Sociales y el Pacto
Culturales persona a incluso alimentación, Internacional de Derechos
Económicos, (PIDESC) reconoce "el derecho de toda un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia" (art. 11, inc. 1). Asimismo, corresponde señalar que el acceso a la vivienda digna está
íntimamente relacionado con otros derechos humanos fundamentales. De hecho, un
individuo que no tiene un lugar donde instalarse para pasar sus días y sus
noches y debe deambular por las calles no sólo carece de una vivienda, sino que
también ve afectadas su dignidad, su integridad y su salud, a punto tal que no
está en condiciones de crear y desarrollar un proyecto de vida, tal como lo
hace el resto de los habitantes (Fallos: 329:1638; 329:4918 y 331:453, entre otros). Finalmente, cabe recordar que el art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional;
la Convención de los Derechos del Niño, incorporada al art. 75, inc.22, de la
Ley Fundamental; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad aprobada -junto con su protocolo facultativo- por la ley 26.378 ; imponen al Estado deberes
adicionales de protección respecto de quienes, como el menor en este caso, se
encuentran en especiales situaciones de vulnerabilidad. 9o) Que esta Corte tiene dicho que la Constitución Nacional asume el carácter
de una norma jurídica y, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos
resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en debate un
derecho humano fundamental (Fallos: 327:3677; 330:1989 ). Por su parte, el PIDESC también impone obligaciones a los Estados, de modo de
evitar que sus previsiones se transformen en meras expresiones de deseos. A tal
fin, su art. 2°, inc. 1°, establece que "cada uno de los Estados Partes en
el presente Pacto separado como se compromete mediante a la adoptar asistencia
medidas, y la tanto por cooperación internacionales, especialmente económicas y
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos". En tales condiciones, el reconocimiento del derecho a una vivienda digna
importa, necesariamente, el deber concreto e inmediato del Estado de
reglamentarlo e implementarlo para garantizar su efectividad. 10) Que, además, esa reglamentación debe respetar tanto la finalidad como los
límites impuestos por las normas de jerarquía superior, en este caso, la
Constitución Nacional y el PIDESC. Por ello: a) Las medidas adoptadas deben ser
proporcionadas, esto es, adecuadas para alcanzar, a partir de la realidad que
pretenden regular, la finalidad impuesta por la Ley Fundamental (art. 28 de la
Constitución Nacional y Fallos:243:449 y 467; 248:800; 313:1638; 330:855 ; 334:516 , entre otros). Ello
implica que el Estado debe tener en cuenta las distintas capacidades
personales, sociales y económicas de los habitantes y, sobre esa base,
implementar políticas apropiadas y conducentes para lograr que todos tengan la
oportunidad de acceder a una vivienda digna. b) El diseño de las políticas
públicas debe tener en cuenta las normas y principios fundamentales del derecho
en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento jurídico
en su conjunto. En particular, tiene que respetar las prioridades que la
Constitución asigna a la satisfacción de los derechos fundamentales y a los
grupos más vulnerables de la población, tal como se señaló en el considerando
8o. c) El Estado debe realizar el mayor esfuerzo posible, en razón de lo
previsto por el PIDESC, para lograr, en forma progresiva y dentro de sus reales
capacidades y limitaciones económicas, la plena efectividad del derecho a la
vivienda digna de todos sus habitantes. 11) Que, sentado lo expuesto, cabe recordar que el Estado tiene un amplio
margen de discrecionalidad con respecto a qué medidas o políticas son más
oportunas, convenientes o eficientes para implementar el derecho de acceso a
una vivienda digna. Por ese motivo, siempre y cuando se respeten los límites señalados en el
considerando precedente, las políticas de acceso a la vivienda pueden variar o
fijar prioridades según las distintas necesidades y capacidades de los
habitantes, e incluso exigir algún tipo de contraprestación a quienes puedan
proporcionarla. En particular, cabe resaltar cuando se trata de personas que
están en condiciones de trabajar, la exigencia de un aporte -ya sea en dinero o
en trabajo- no sólo resulta constitucionalmente válida sino que, además,
contribuye a garantizar otros derechos fundamentales, tales como la dignidad
humana y el derecho a procurarse la satisfacción de las necesidades básicas y
vitales mediante el propio trabajo (art.6°, PIDESC). 12) Que, a partir de los criterios enunciados, corresponde determinar si la Ciudad
de Buenos Aires ha cumplido con sus deberes constitucionales respecto de la
actora y su hijo menor. De las constancias de la causa resulta que si bien la demandada ha implementado
varias políticas públicas en materia habitacional, dentro de los programas de
vivienda definitiva no hay uno específico para las personas en situación de
calle; y los créditos ofrecidos en el marco de la ley local 341 para adquirir
inmuebles exigen, entre sus requisitos, acreditar un ingreso mínimo de 2.000
pesos mensuales (ver fs. 5, 18 y 19 de la versión taquigráfica de la Audiencia
Pública del 15 de septiembre de 2011). En tales condiciones, las alternativas que la Ciudad ofrece a quienes no
cuenten con el ingreso mínimo mencionado, se limitan a la entrega de un subsidio
en dinero -en los términos del decreto 690/06 y sus modificatorios-, o a la
posibilidad de dormir en alguno de los paradores y albergues que provee la
Ciudad, en caso de que haya plazas disponibles. 13) Que el subsidio mencionado se concede por un plazo máximo de seis meses, y
sólo puede ser prorrogado excepcionalmente por cuatro meses más, al cabo de los
cuales no puede ser renovado bajo ningún concepto (según decreto 690/2006,
modificado por el decreto 167/2011). Esto implica que, al cabo de un máximo de
diez meses, quienes obtuvieron el beneficio quedan nuevamente en la calle y ya
sin ninguna alternativa para salir de esta situación.Eso es, precisamente, lo
que hubiera ocurrido con la actora y su hijo menor de edad si no se hubiera
dictado la medida cautelar a su favor en esta causa. Sumado a ello, el monto del beneficio (que va desde los 700 a los 1.200 pesos
mensuales) tampoco resulta suficiente para costear -en las reales condiciones
que exige el mercado a quienes carecen de garantías e ingresos comprobables- un
lugar para vivir con condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad. En efecto, tal como se acreditó en esta causa, la habitación en un hotel
familiar, que acepta menores de edad, y que reúne condiciones mínima s de
habitabilidad (dimensiones de 3 metros x 3 metros, sin ventanas, baño y cocina
compartidos, primer piso por escalera), ha tenido para la actora un costo
mensual de 1.700 pesos (ver fs. 3, 4, y 12 de la versión taquigráfica de la
Audiencia Pública del 15 de septiembre de 2011). 14) Que, por otra parte, la red de paradores estatales que provee la Ciudad de
Buenos Aires es una mínima contención que no puede ser razonablemente
equiparada a una vivienda digna; tanto es así que la propia ey local 3706
considera "en situación de calle a los l hombres o mujeres adultos/as o
grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o
espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o
permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno" (art.
2º). En efecto, se trata de lugares transitorios donde las personas deben,
generalmente, solicitar una plaza en forma diaria y en horarios determinados.
Tampoco permiten mantener la unidad familiar ya que, en su mayoría, no admiten
hombres, mujeres y niños en el mismo establecimiento (fs.5, 6, 17, y 18 de la
versión taquigráfica de la Audiencia). Estas características resultan especialmente inadecuadas para albergar
dignamente a un niño que, como se ha demostrado en esta causa, requiere especial
atención y cuidados. Por lo demás, los paradores tampoco resultan suficientes en número para
albergar, siquiera transitoriamente, al total de las personas sin techo de la
Ciudad de Buenos Aires. Según los dichos de la propia demandada, existen 7 paradores estatales, más
otros tantos privados con los que el Estado local tiene convenio. Estos
cuentan, aproximadamente, con un total de 1600 plazas. Sin embargo, son 7000
personas por año las que solicitan el subsidio, de las que actualmente 4500
están cobrando el beneficio por haber acreditado carecer de ingresos
suficientes para costear una vivienda (ver Audiencia Pública, fs. 17 a 19 de la
versión taquigráfica). Por último, cabe señalar que aunque la actora también alegó que las condiciones
de infraestructura, higiene, seguridad y salubridad de los paradores estatales
son precarias y deficientes, esta circunstancia no pudo ser tenida en cuenta
por el Tribunal en tanto no fue acreditada ni en el expediente ni en la
Audiencia Pública. A partir de lo expuesto, resulta evidente que aún cuando el gobierno provea
esta exigua contención, ello no modifica la realidad de desamparo de la actora
y su hijo. 15) Que, en tales condiciones, la Ciudad de Buenos Aires no ha cumplido
razonablemente el con derecho su a obligación una de vivienda implementar digna
en su jurisdicción, en los términos de lo señalado en el considerando 10. En efecto, políticas públicas encuentra en económica y la que demandada
permitan situación social -como de no que mayor la diseñó la ni población
vulnerabilidad actora y su implementó hijo- que se personal, tenga una
verdadera oportunidad de procurarse un lugar para vivir, con las condiciones
mínimas de salubridad, necesarias para preservar su integridad física, psíquica
y moral.En otras palabras, quienes carecen de un ingreso mínimo comprobable de
2.000 pesos no tienen la oportunidad de acceder a ningún programa que les
permita, ni inmediata ni progresivamente, acceder a una vivienda digna. Esta omisión inconstitucional resulta aún más grave si se advierte que los
derechos en juego y el sector de la población postergado son, precisamente,
aquellos a los que la Constitución Nacional asigna especial prioridad, tal como
se señaló en el considerando 8°. 16) Que, finalmente, cabe evaluar si la señalada falta de políticas públicas
adecuadas en materia de vivienda puede ser justificada por la carencia de
recursos económicos suficientes, alegada por el Gobierno de la Ciudad. Esta Corte tiene dicho que las carencias presupuestarias, aunque dignas de
tener en cuenta, no pueden justificar el incumplimiento de la Constitución
Nacional ni de los tratados internacionales a ella incorporados, especialmente
cuando lo que se encuentra en juego son derechos fundamentales (Fallos:
318:2002 y 328:1146 ). Es que, al distribuir sus recursos, el Estado no puede dejar de considerar los
principios de justicia social y protección de los derechos humanos que surgen
de la Ley Fundamental (arts. 75, incs. 19, 22 y 23; y Fallos: 327:3753 y 330:1989, considerandos
12 y 5, respectivamente). Por ese motivo, cuando se demuestra que el Estado, al elegir prioridades
presupuestarias, ha dejado en situación de desamparo a personas en grado de
extrema vulnerabilidad como se advierte en necesidades presunción el presente
vitales de que caso, básicas prima y facie que no pueden perentorias, no ha se
implementado procurarse impone la políticas públicas razonables, ni tampoco ha
realizado el máximo esfuerzo exigido por el art. 2° del PIDESC. Ello es lo que ocurre, precisamente, en este caso, donde se ha probado
holgadamente que el segmento más vulnerable de la población de la Ciudad no
tiene garantizadas soluciones mínimas y esenciales en materia habitacional.Se
suma a ello el hecho de que tampoco existen políticas públicas, ni a largo ni a
mediano plazo, destinadas a que estas personas logren acceder a un lugar digno
para vivir. 17) Que esta presunción, sin embargo, no implica que el Estado tenga
obligaciones más allá de sus reales capacidades económicas, ni tampoco que las
limitaciones de recursos no deban ser tenidas en cuenta al momento de
determinar el alcance de sus deberes. Por el contrario, el PIDESC ha sido redactado de modo tal de reflejar un
balance adecuado entre el objetivo de lograr la plena efectividad culturales, y
los de los derechos económicos, sociales y reales problemas de los Estados para
implementarlos. La presunción señalada simplemente implica que, para atribuir la falta de
cumplimiento de las obligaciones mínimas a una falta de recursos disponibles,
demostrar que ha realizado todo esfuerzo por satisfacer sus deberes, y no el
afectado que ve sus derechos insatisfechos. Esta carga probatoria en cabeza del Estado está doblemente justificada. Por un
lado, deriva de la ya señalada presunción de inconstitucionalidad.Por el otro,
responde a la incontrastable realidad de que es el Estado quien tiene y produce
la información presupuestaria, y no el habitante, para quien el acceso a esos
datos resulta notoriamente más dificultoso. A la luz de lo expuesto, la demandada debería haber acreditado, por lo menos,
que los recursos con que cuenta el Gobierno local han sido utilizados y
ejecutados al máximo nivel posible; y que la organización y distribución del
presupuesto ha tenido en cuenta la prioridad que la Constitución asigna a la
satisfacción de los derechos fundamentales. La Ciudad de Buenos Aires no ha cumplido siquiera mínimamente con esa carga
probatoria. No aportó información fehaciente y concreta sobre las restricciones
presupuestarias alegadas, y se limitó a realizar afirmaciones teóricas y
abstractas en el sentido de que los recursos económicos son escasos por
naturaleza, y que el Gobierno debe atender múltiples actividades y necesidades
de la población. 18) Que, por el contrario, las medidas adoptadas por la demandada revelan que
los recursos con que cuenta el Gobierno local han sido utilizados de manera
irrazonable desde el punto de vista económico. En efecto, la modalidad elegida por el Estado para enfrentar la alternativas
emergencia más habitacional del onerosas resulta y, mercado sin una de las
embargo, sólo otorga a sus beneficiarios paliativos parciales e inadecuados. Tal como ha quedado acreditado en esta causa, y se señaló en el considerando
12, quienes como la actora no tienen ingresos comprobables y carecen de garantías
no reúnen los requisitos exigidos por el mercado para alquilar una vivienda. Por ese motivo, no tienen otra opción que acudir a la renta de habitaciones en
hoteles familiares que, frente a la necesidad de estas personas, exigen el pago
de sumas excesivas por habitaciones pequeñas y precarias. Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara admisible la queja, se
hace lugar al recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada.Asimismo,
se hace lugar al amparo interpuesto y se condena al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a otorgar a la actora y a su hijo menor de edad una
solución habitacional considerandos del adecuada presente fallo, en los hasta
términos tanto se de los acrediten nuevas circunstancias que permitan concluir
que su estado de necesidad ha cesado (art. 16, segunda parte, de la ley 48). Notifíquese y devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI. ES COPIA VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando: 1º) La señora S. Y. Q. C. nacida en Bolivia en el año 1976, viajó a la ciudad
de Buenos Aires en el año 2000 en busca de trabajo y mejores condiciones de
vida, donde reside hasta la fecha. Tuvo diversas ocupaciones que le permitieron
subsistir y en el año 2005, nació su hijo J. H. Q. C. quien padece una
enfermedad que le provoca una incapacidad motriz, visual, auditiva y social. Por un corto tiempo, convivió con el padre del niño y su familia en Laferrere,
provincia de Buenos Aires, desvinculándose luego de ese grupo por lo que
regresó a la ciudad en compañía de su hijo. De ahí en más, se alojaron en diversos paradores, hogares y hoteles hasta que
finalmente quedaron en situación de calle, motivo por el cual recurrió al
Gobierno de la Ciudad y obtuvo su inclusión en el Programa de Subsidios
regulado por el decreto 690/06, modificado por los decretos 960/08 y 167/11. Finalizadas las diez cuotas previstas, pidió continuar con el beneficio, pero
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se negó con sustento en que no podía
excederse el tope normativo allí fijado, lo que la condujo nuevamente a
deambular por la ciudad de Buenos Aires. En estas condiciones y por medio del Ministerio Público de la Defensa de la
Ciudad de Buenos Aires, la señora S. Y. Q. C. interpuso la presente acción de
amparo por sí, y en representación de su hijo menor de edad J. H.Q. C. contra
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de que ambos pudieran
acceder a una vivienda adecuada y en condiciones dignas. Adujo que la demandada no reconocía su derecho a un techo pues les programas
había negado habitacionales la inclusión vigentes, a en pesar alguno de de
persistir los en situación de emergencia habitacional. Asimismo, peticionó que,
en forma provisional y como medida cautelar, se le ordenara que los incorporase
en alguno de ellos, solución que de consistir en un subsidio permitiese abonar
en forma íntegra el valor del alojamiento. Seguidamente, impugnó la constitucionalidad de los arts. 5º y 6º del decreto
690/06, en tanto fijan como subsidio un monto incompatible con el goce de un
derecho a una solución habitacional adecuada (fs. 1/63). La jueza de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario no
12 de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar demandada a que la medida incluyera
cautelar a la solicitada familia de la y ordenó actora a la "en un
programa de emergencia habitacional que asegure la unidad del grupo
familiar" y que permita costear una vivienda (fojas 65/67). 2º) La Sala II de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y
Tributario desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y confirmó el pronunciamiento anterior que hizo lugar a
la acción de amparo deducida por la señora S. Y. Q. C. (fs. 337/340). Para así decidir, refirió el Estado local se encuentra alcanzado por numerosas
normas que consagran el derecho a la vivienda y le imponen el deber de hacer.
Que resulta fundamental el art.2º del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en cuanto prevé que cada uno de los Estados
Partes se compromete a adoptar medidas.hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente.la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos. Asimismo dijo, que no corresponde al Poder Judicial expedirse respecto de
cuáles son las medidas a adoptar, sino sobre su constatada razonabilidad como
se en el caso encontraba concreto en autos y la concluyó que situación de
emergencia habitacional de la actora y su hijo, correspondía confirmar la condena
dispuesta en primera instancia, con el fin de otorgar certeza a la cobertura
que brinda auxilio económico al grupo familiar de la demandante. 3o) El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por mayoría,
inconstitucionalidad planteado hizo por lugar Gobierno al de recurso la Ciudad
de de Buenos Aires contra esa decisión, revocó el fallo y reenvió la causa a la
cámara de apelaciones que intervino previamente para que los jueces se expidan
respecto de la situación de la señora S. Y. Q. C. teniendo en cuenta lo
señalado en el punto 16 del voto de los señores jueces Ana María Conde y Luis
Francisco Lozano en el precedente "Alba Quintana" a cuyos términos
remitió (fs. 397/437). En esa sentencia, básicamente se sostuvo que el bloque normativo que regula el
derecho a la vivienda "no brinda derecho inmediato e irrestricto a obtener
una vivienda, los subsidios son medios paliativos que pueden ostentar carácter
parcial y temporario sin que corresponda a los jueces asignarlos aunque a ellos
toca asegurar que esa asignación respete las prioridades previstas en el art.31
CCBA, pudiendo presumirse que la vigencia accionante del cumple beneficio con
la carga debe de mantenerse probar cuando su el situación prioritaria en
relación con otros posibles destinatarios del régimen". Asimismo, se señaló en el fallo "Alba Quintana", que quienes no estén
en esa hipótesis pero pertenezcan al universo de individuos que toca al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asistir, "quedan alcanzados
por la obligación de brindar ‘abrigo’, como expresión mínima del derecho a la
vivienda contemplado en el bloque normativo aplicable (CCBA; CN y
PIDESC)". Tales asertos fueron fundados en que "no existe un derecho subjetivo
inmediata y de directa cualquier persona para exigir en forma de la Ciudad de
Buenos Aires la plena satisfacción de su necesidad habitacional. Sí, en cambio,
para que el universo de destinatarios a quienes el GCBA debe asistir, pueda
requerir cobertura habitacional través de hogares o paradores-". Al abordar puntualmente el tema de los subsidios habitacionales, se expresó que
las restricciones que surgen de las normas reglamentarias, resultaban
constitucionales, aún cuando fueran limitadas en el tiempo y en su monto
máximo. Empero, expresó, que lo que transformaría en inconstitucionales a tales
instrumentos, subsidios, por sería naturaleza que la distribución limitados, no
de esos respetara las prioridades establecidas en el art.31 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; situación que, puede ser presumida por
los jueces cuando el beneficio le era denegado a una persona que se hallaba
dentro del universo de personas con prioridad. Por los motivos anteriores, los doctores Ana María Conde y Luis Franciso
Lozano, en el punto 16 de su voto en la causa "Alba Quintana"
revocaron la sentencia de cámara dictada en ese expediente y ordenaron el
reenvío para que esos mismos jueces estableciesen si se daban las condiciones
previstas en el decreto 960/08, y si el actor había logrado demostrar estar
comprendido en alguna de las prioridades establecidas en la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acceder o mantener el beneficio del
subsidio, es decir si logró acreditar que el beneficio se había concedido a
personas con menores necesidades que las suyas. De no comprobarse esos presupuestos, los magistrados debían expedirse entonces,
en torno a la obligación de brindar al accionante un "abrigo" como
expresión mínima del derecho a la vivienda, lo que también requería de la apreciación
de cuestiones fácticas. 4º) Dicho pronunciamiento, originó el recurso extraordinario de la parte actora
(fs. 448/473 vta.), que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia
local con base en que la decisión impugnada no era definitiva en los términos
del art. 14 de la ley 48. Ello dio origen a la presente queja. 5º) Los agravios centrales de la amparista pueden resumirse de la siguiente
manera:a) Existencia de una sentencia definitiva. La apelante esgrime que si bien el Tribunal Superior de justicia de la Ciudad
ordenó a la Cámara de Apelaciones que emita un nuevo fallo, las condiciones y
pautas que determina la remisión al precedente "Alba Quintana", no
permiten a los jueces a quienes ordenan el reenvío la posibilidad de que le
reconozcan de manera plena y adecuada su derecho constitucional a la vivienda,
dado que tales líneas de pensamiento parten de una interpretación sesgada,
irrazonable e insuficiente de esa garantía y fijan un estándar de asistencia
minimalista que lo desnaturaliza como derecho humano y contradice su carácter
operativo. Sostiene tal afirmación, en que la cámara no podría apartase de lineamientos
tales como: I- Cumplir con los criterios de prioridad en la asignación de la ayuda estatal,
conforme la reglamentación que reputa constitucional plasmada en el decreto
960/08 y la resolución 1554/08 del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. II- Ponderar los efectos que su decisión tiene en la utilización de los
recursos presupuestarios. III- Que en su caso, ya no podrá "continuar recibiendo el importe del
decreto 960/08", puesto que la reglamentación dictada por la Ciudad
solamente ha previsto su prórroga por un plazo de seis a diez meses que ya se
han agotado, por lo que habría quedado comprendida dentro del grupo respecto
del cual la obligación de la demandada según el fallo, se limita a la
protección de un techo o albergue básico. IV- Que deberá cumplir con la carga
de probar su situación prioritaria, sin que los jueces puedan "asignar"
los subsidios ni "afectar" recursos, precedente dado que "Alba
la sentencia Quintana" impugnada que remite al afirma que dicha función
sólo le compete al órgano ejecutivo.b) La interpretación que hace el
antecedente en el que se sustenta el reenvío de la causa para ser nuevamente
fallada, desconoce el verdadero alcance, contenido y naturaleza operativa del
derecho constitucional a la vivienda reconocido en el orden nacional e
internacional, pues asigna al principio de progresividad un alcance restrictivo
que ignora el umbral mínimo para el efectivo goce del derecho, además de
impedir la evaluación de que en el sub lite, la demandada no realizó el máximo
esfuerzo para lograr con los recursos disponibles la plena efectividad del
derecho que ha reclamado. c) La remisión lisa y llana al precedente "Alba
Quintana" efectuada por la Corte local en la sentencia apelada resulta
incompatible con la exigencia de evaluación individual que requiere el sub
lite. Ello es así, porque el presente caso no es uno más de aquéllos en los que se
pide el acceso a una vivienda digna, dado que la peticionaria además de
encontrarse en una situación de extrema pobreza, es madre de un niño afectado
por una severa discapacidad, aspectos que en conjunto, exigían una especial
consideración. 6º) Cabe aclarar, que en el presente expediente las partes están de acuerdo en
que el niño J. H. Q. C padece una patología congénita de tipo neurológico que
se denomina encefalopatía no evolutiva, que afecta gravemente su desarrollo
intelectual. Que en consecuencia, sufre un severo retraso en el aspecto
cognitivo, y que tiene defectos auditivos y visuales: que requiere alimentarse,
(conf. atención para constante vestirse audiencia, fs. para deambular, para y
para comunicarse con los demás 11/12.). Asimismo, que hasta la concesión de la medida cautelar que se concedió, que aún
tiene vigencia, ambos se encontraban en situación de calle (fs.65/67, 261/262 y
2 de la versión taquigráfica de la Audiencia Pública llevada a ca bo ante este
Tribunal el día 15 de septiembre de 2011). 7º) Asiste razón a la recurrente en su afirmación de que la sentencia apelada
resulta equiparable a definitiva. Así lo creo, puesto que la Corte local ha
ordenado a los jueces de cámara la resolución del presente caso de conformidad
con los argumentos vertidos presupuestos en fácticos el precedente difieren
"Alba Quintana", substancialmente de los cuyos que motivan este
amparo, por lo que no sirven de base para abordar un aspecto central del caso,
cual es la discapacidad del hijo de la solicitante que aquí se plantea y exige
ser ponderada para resolver la causa. 8º) El recurso extraordinario es procedente, en cuanto la señora S. Y. Q. C. ha
fundado su derecho -entre otras consideraciones- en la particular situación que
se encuentra por tener un hijo con una severa discapacidad, de lo que se deriva
que a efectos de hacer efectivo su derecho a una vivienda digna debía
brindársele un trato preferente en la asignación de recursos (art. 14 bis de la
Constitución Nacional, Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad, art. 75 inciso 22) y la
resolución de la corte local ha otorgado fundamentos que no incluían ese
especial tratamiento (art.14.3 de la ley 48). En función de lo expuesto, la competencia de esta Corte ha patología quedado
del niño habilitada y la para delicada revisar si situación ante la económica
seria de la madre, el gobierno local demandado podía negarse a darle una
respuesta frente al reclamo habitacional que formuló en este expediente, sin
vulnerar a la vez sus derechos constitucionales. 9o) Adelanto mi postura en el sentido de que los extremos antes mencionados,
son relevantes para privar de validez a la negativa de la demandada al pedido
efectuado por la señora S. Y. Q. C., con apoyo en que la peticionaria no cumple
con los requisitos establecidos en los programas para los que ha afectado su
presupuesto público en materia de vivienda, sin que ello implique propiciar el
mismo temperamento respecto de otros pobladores de la ciudad que se encuentran
en otras condiciones. 10) A continuación, efectuaré una reseña que demuestra la voluntad de nuestro
Estado por dar al tema de la discapacidad una atención primordial, que se
traduce en brindarle a las personas con esta característica una protección
especial en términos constitucionales que implica una tutela más acentuada que
los coloque en una posibilidad efectiva de ejercer su derechos en condiciones
de igualdad con quienes no padecen discapacidad. Los instrumentos internacionales incorporados a la Carta Magna reconocen
"el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su
familia, incluso la alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora
continua de las condiciones de existencia" (Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11 inc. 1º); el derecho de
toda persona "a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios"
(Declaración Universal de Derechos Humanos, art.25); El derecho de toda persona
"a que su salud sea relativas preservada a la por medidas alimentación, el
sanitarias vestido, la y sociales, vivienda y la asistencia médica,
comunidad (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XI).
Por su parte, en la Convención Interamericana para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad -aprobada en
nuestro país por la ley 25.280 , publicada en el B.O.
estipula que los Estados Parte, a fin de lograr los objetivos de la convención,
eliminar se comprometen progresivamente la a adoptar medidas discriminación y
".para promover la integración por parte de las autoridades
gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes,
servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como (.) la
vivienda" (art. 3°). En la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad -aprobada
por la Argentina mediante la ley 26.378 , publicada en el B.O. Del
9 de junio de 2008- se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a
la protección social y a gozar de ella sin discriminación por discapacidad,
debiendo los Estados adoptar las medidas para proteger y promover el ejercicio
de este derecho, entre ellas "asegurar el acceso de las personas con
discapacidad a programas de vivienda pública" (art. 28, ap. 2,
especialmente punto d). Asimismo, se establece que los Estados Partes tomarán "todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas derechos con
discapacidad humanos condiciones con y libertades los demás gocen plenamente
fundamentales niños y niñas", de en todos igualdad debiendo los de tenerse
especial consideración por la protección del interés superior del niño (art.7o
apartados 1 y 2). En el orden interno, se han dictado numerosas normas sobre la materia tales
como la ley 24.901 y 22.431 entre otras, que
especialmente se refieren a la atención y asistencia integral de la
discapacidad. 11) Las pautas antes señaladas son las que gobiernan la causa sub examine, por
lo que frente al pedido aquí formulado de una vivienda digna, la ciudad debió
haber tratado a la actora y a su hijo de un modo distinto al establecido en el
régimen general, en atención a las graves patologías que este último padece. Es que involucrando el tema habitacional a las prestaciones financiadas con
dinero público, la demandada no podía prescindir al delinear sus políticas de
la condición especial que revisten las personas con discapacidad. De modo tal, que resultaba irrazonable incluir a la señora S. Y. Q. C. y al
niño dentro del mismo grupo en el que se encuentran otras personas sin
discapacidad a los efectos de aplicar a todas idénticas restricciones
presupuestarias. Dicha hermenéutica, se apoya en que el gobierno local en su carácter de
administrador de fondos públicos, tiene competencia para redistribuir, es decir
transferir o asignar dinero para ciertos y especiales grupos de personas. 12) En la medida que la decisión adoptada por la accionada en relación con la
peticionante y su hijo no ha seguido las anteriores directrices, ya que se
limitó a ofrecer las mismas prestaciones que al resto de las residentes de la
ciudad, corresponde obligarla a que atienda la problemática de vivienda
planteada en autos a partir de la aplicación de la regla de distribución
señalada en el considerando anterior. Ello así, dado que sólo le corresponde a este Tribunal en función de su
competencia apelada, establecer en el caso el enfoque con el que la demandada
debió haber abordado el reclamo de la actora para hacer efectivo su derecho
constitucional a una vivienda digna en función de su carencia absoluta de
recursos económicos y la severa iscapacidad del niño, lo que no incluye la
determinación de la prestación que debe otorgársele ni su cuantificación en
términos económicos. En consecuencia, es el gobierno local quien deberá establecer
la modalidad que adoptará para cumplir el compromiso a su cargo en el marco de
las líneas interpretativas fijadas en el presente voto. Por todo lo expuesto, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara admisible
la queja, procedente el recurso extraordinario interpuesto y se revoca la
sentencia apelada con el alcance indicado en los términos del presente fallo. Notifíquese y devuélvase. CARMEN M. ARGIBAY. ES COPIA en

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