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Timestamp: 2017-06-26 10:30:11+00:00

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PUEBLO INDÓMITO: septiembre 2013
LEY DE SOCIALIZACIÓN DE EMPRESAS He aquí el texto del Decreto Ley sobre la socialización tal como fue aprobado por el Consejo de ministros:
a) Para las empresas privadas que tengan forma de sociedades de accionistas o de sociedades de responsabilidad limitada con un mínimo de
un millon de capital: el jefe de la empresa, la asamblea, el consejo de
administración y el colegio sindical;
Artículo 4. Asamblea, consejo gestor y Colegio sindical. En virtud de las disposiciones vigentes en los artículos 2.368 y siguientes del Código Civil sobre su reglamentaria constitución, participan en la asamblea los representantes de los trabajadores con un número de votos igual al del capital intervenido.
La asamblea nombra un consejo de administración formado en su mitad por los representantes de los socios, y la otra mitad por los representantes
de los trabajadores. La asamblea nombra, además, un Colegio sindical, entre cuyos componentes debe haber, por lo menos, un síndico titular y un suplente, propuestos por los representantes de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Civil para los Colegios sindicales.
El consejo gestor de las empresas privadas de capital social. sometidas a
un periódico y sistemático examen de los elementos técnicos, económicos
y financieros de la gestión:
d) Redacta el balance de la empresa y propone la repartición de los beneficios, ateniéndose a las disposiciones de la actual reglamentación y
En las sociedades de accionistas y a las de responsabilidad limitada con
un mínimo de un millón de capital, el jefe de la empresa es elegido de entre los socios con las modalidades previstas por las actas de constitución, estatuto y reglamento de las mismas sociedades.
El jefe de la empresa convoca la asamblea y la preside; preside, además,
el consejo de administración; representa a la empresa en las relaciones
con terceros. Tiene la responsabilidad y los deberes señalados en los artículos 21 y siguientes y todos los poderes que se le reconocen con el
estatuto, así como los previstos por las leyes vigentes, siempre que no
estén en contradicción con las disposiciones de la presente reglamentación.
Capítulo 2. Administración de las empresas de capital individual. Artículo 11. Consejo gestor.
En las empresas individuales, siempre que el capital invertido llegue al
millón y el número de trabajadores a cien, se constituye un consejo gestor compuesto, por lo menos, por tres miembros elegidos según el reglamento de la empresa, por cada una de las categorías de la empresa: operarios, empleados administrativos, empleados técnicos y dirigentes.
En las empresas individuales, el empresario, que asume la persona jurídica del jefe de la empresa con las responsabilidades y deberes establecidos en los artículos 21 y siguientes, está asistido en la gestión de la empresa por el consejo gestor, el cual deberá ajustar su actividad a las directrices de la política social del Estado. El empresario jefe de la empresa debe reunir periódicamente, al menos una vez al mes, el consejo para someterle las cuestiones relacionadas con la
producción de la empresa, y anualmente, al efectuar el cierre de la gestión, para la aprobación del balance y el reparto de los beneficios.
El jefe de la empresa propiedad del Estado es nombrado por decreto del ministro de Economía Corporativa de acuerdo con el ministro de Hacienda,
previa designación por el Instituto de Gestión y Finanzas y escogido de
entre otros elementos de la misma empresa o de empresas pertenecientes al mismo ramo de la producción que ofrezcan especiales garantías de reconocida capacidad técnica o administrativa. El jefe de la empresa tiene la responsabilidad y los deberes señalados en los artículos 21 y siguientes, y los poderes serán determinados por el Estatuto de cada empresa.
El balance de las empresas de propiedad del Estado y el proyecto de distribución de beneficios, aumento y reducción de capitales, así como las fusiones, concentraciones, selección y liquidación de empresas de propiedad del Estado, se efectúan a propuesta del Instituto de Empresas y
Crédito, oído el consejo de administración de las empresas interesadas,
previa aprobación del ministro de Economía Corporativa y de acuerdo con
el ministro de Hacienda y los otros ministros interesados.
Los actos fundacionales y los estatutos de las empresas de propiedad del
Estado, como sus correspondientes modificaciones, son aprobados por decreto del ministro de Economía Corporativa, de acuerdo con el ministro
A partir del 30 de Junio de 1944, todas las empresas de capital privado procederán a adaptar los estatutos a las normas contenidas en el presente decreto. Sus estatutos y reglamentos serán sometidos en el término de 30 días a la homologación del Tribunal territorial competente
que, comprobado la regularidad y la correspondencia por el presente decreto y otras leyes vigentes en la materia, ordenará la transcripción en el registro de empresas.
El jefe de empresa, ya sea ésta de propiedad privada o del Estado, es personalmente responsable ante el Estado de la marcha de la producción y
puede ser reemplazado o destituido a tenor de los artículos siguientes y
en los casos previstos por la vigente ley cuando su actividad no responda a las exigencias de los planes generales de producción y a las directrices de la política social del Estado.
Artículo 22. Sustitución del jefe de la empresa propiedad del Estado. En la empresa de propiedad del Estado, la sustitución del jefe de la empresa corre a cargo del ministro de Economía Corporativa de común acuerdo con el ministro de Hacienda, por orden o a propuesta del Instituto de Administración y Crédito o del consejo de administración o de síndicos, previa oportuna comprobación.
En las sociedades de accionistas, la sustitución del jefe de la empresa se efectúa por deliberación de la asamblea. En las restantes empresas de
capital social, la sustitución del jefe de la empresa se regula por los
estatutos fundacionales o reglamentos, aunque también puede ser promovida por el consejo de administración, mediante el mismo procedimiento previsto por los artículos 24 y siguientes relativos a las
empresas privadas de capital individual. Es facultativo del ministro de
Economía Corporativa proceder a la sustitución del jefe de empresa cuando éste demuestre no poseer sentido de responsabilidad o falte a los
deberes señalados en el artículo 21.
Artículo 24. Sustitución del jefe de empresa de capital individual. En las empresas privadas de capital individual, el empresario, jefe de la empresa, sólo puede ser sustituido previa sentencia de la Magistratura del Trabajo, organismo a quien compete señalar las responsabilidades. La declaración de responsabilidades puede ser provocada por el consejo de administración de la empresa, por el Instituto de Administración y Crédito, caso de estar interesado en la empresa, o por el ministro de Economía Corporativa, mediante instancia al Procurador del Estado cerca del Tribunal de Apelación competente de la demarcación.
Artículo 25. Procedimiento ante la Magistratura del Trabajo. La Magistratura del Trabajo, oído el empresario, el consejo de administración de la empresa, o del Instituto de Administración y Crédito, y vistos los oportunos comprobantes, declara mediante sentencia
la responsabilidad del empresario. Contra la sentencia se admite el recurso de Casación previsto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil.
Una vez dictada la sentencia que declara las responsabilidades del empresario el ministro de Economía Corporativa tomará aquellas medidas que juzgue más convenientes al caso, confiando, si fuese necesario, la administración de la empresa a una cooperativa formada por los empleados
Caso de que el consejo de administración de la empresa, ya sea propiedad
del Estado o privada, demuestre no tener suficiente sentido de responsabilidad en el cumplimiento de los deberes encomendados para adaptar la actividad de la empresa a las exigencias de los planes de producción y de la política social de la República, el ministro de Economía Corporativa, de acuerdo con el ministro de Hacienda, puede disponer, vistos los oportunos comprobantes, la disolución del consejo y
el nombramiento de un comisario que cuide temporalmente de la administración de la empresa. La intervención del ministro de Economía Corporativa puede ser por cuenta propia o a instancias del Instituto de Administración y Crédito, del jefe de la empresa, de la asamblea o de los sindicatos.
Al jefe de la empresa y a los miembros del consejo de administración de la misma, ya sea propiedad del Estado o privada, les pueden ser aplicadas las sanciones previstas por las leyes relativas a empresarios,
socios y administradores de las sociedades comerciales.
La propiedad de empresas que comprendan sectores básicos para la independencia política y económica del país, así como aquellas que suministren materias primas, energía y servicios indispensables al normal desarrollo de la vida social, puede ser asumida por el Estado según las normas del presente decreto. Cuando la empresa sea considerada
de actividades productivas diversas, el Estado puede asumir tan sólo una parte de la propiedad de dicha empresa. Por lo demás, el Estado puede participar en el capital de las empresas privadas.
Por el decreto del artículo precedente y por decretos sucesivos, las empresas que deban pasar a propiedad del Estado están sujetas al sindicato según procedimiento expuesto en la ley de 17 de Julio de 1942 núm. 1.100. La gestión extraordinaria de la empresa podrá ser confiada a
uno de los administradores de la misma en calidad de comisario del Gobierno.
Serán considerados nulos los negocios entre particulares que, en cualquier caso, modifiquen la relación de propiedad con respecto a los títulos de accionista que constituyen el capital de las empresas designadas para pasar a propiedad del Estado, efectuados desde el día de
entrada en vigor de la disposición que decide el traspaso de propiedad.
El capital de las empresas incorporadas a la propiedad del Estado es administrado por medio de un Instituto de Administración y Crédito, como
entidad pública con propia personalidad jurídica. La constitución del Instituto y la aprobación del correspondiente estatuto se realizarán mediante disposiciones separadas.
El Instituto de Administración y Crédito controla las actividades de las
empresas comprendidas en el artículo 30. según las directrices del ministro de Economía Corporativa, y administra, además, las participaciones del Estado en las empresas privadas.
La sustitución de las aportaciones de capital ya invertido en alguna empresa que pasa a propiedad del Estado con los títulos del Instituto de
Administración y Crédito se efectúa por un importe a la par al valor real de las mencionadas aportaciones de capital.
El valor real de las aportaciones de capital de las empresas que pasan a
propiedad del Estado será determinado por decreto del ministro de Economía Corporativa, de común acuerdo con el ministro de Hacienda, a propuesta del Instituto de Administración y Crédito, caso de desacuerdo con los administradores de la empresa. Contra el decreto del ministro de
Economía Corporativa se admite recurso, dentro de los sesenta días a partir de su publicación, al Consejo de Estado por parte de los administradores de la empresa o de un número de socios que por lo menos represente la décima parte del capital social.
Los títulos del Instituto de Administración y Crédito son nominales, negociables y transferibles y de rédito variable. Se emiten en series distintas correspondientes a los diversos sectores de producción. El rédito de cada una de estas series será determinado anualmente por el Comité de Ministros para el Ahorro y Ejercicio del Crédito, a propuesta del Instituto de Administración y Crédito, habida cuenta de la marcha de
los correspondientes sectores de la producción.
Se delega al Comité de Ministros para la Defensa del Ahorro y Ejercicio del Crédito, la limitación de negociabilidad de los títulos del Instituto de Administración y Crédito, emitidos en sustitución de las aportaciones de capital, y la inscripción en los libros del Instituto de
Crédito de los titulares de tales aportaciones, sin que se efectúe la consignación material de los títulos.
En el decreto que dispone el traspaso de la empresa al Estado se establecen las normas ejecutivas, la modalidad y términos necesarios y oportunos para la transferencia del capital al Estado y para la asignación y distribución de los títulos del Instituto de Administración
y Crédito a los que a ello tienen derecho.
Los beneficios que queden, una vez efectuadas las asignaciones indicadas
en el artículo anterior, serán repartidos entre los trabajadores: operarios, empleados administrativos y dirigentes. Esta asignación se efectuará teniendo en cuenta las remuneraciones que cada uno de ellos percibe durante el año. Con todos, el reparto no podrá exceder, en ningún caso, al 30% del total líquido que corresponda a los trabajadores
en concepto de retribución en el transcurso del ejercicio. El excedente
será destinado a una Caja de compensación, administrado por el Instituto de Administración y Crédito, y destinado a fines de carácter social y de producción. En disposición aparte, el ministro de Economía Corporativa, de común acuerdo con el ministro de Hacienda, aprobará el reglamento de dicha caja.
El presente decreto, que será publicado en la Gaceta _Oficial de Italia e
inscrito, con el correspondiente sello del Estado, en la colección oficial de leyes y decretos, entrará en vigor el día señalado por el correspondiente decreto del Duce de la Républica Social Italiana.
La autogestión obrera es un modo de organización empresarial en el que la dirección y la gestión de
cada empresa recae sobre sus trabajadores. La cogestión es una fórmula en la
que los trabajadores se hacen cargo parcialmente de tal dirección y gestión, conservando el
capital la otra parte de tales funciones. Lo que aquí se propone es una cogestión pública para la mediana y gran
empresa, pues el control de cada empresa recaería en sus trabajadores, pero
también en representantes del estado nacionalista elegidos para ese fin (no en el capital, pues es evidente que en un estado auténticamente nacionalista no tiene cabida la propiedad privada de la mediana y gran empresa).
Por un lado, es una cuestión de principio. Sin socialismo no hay nacionalismo, o
mejor, todo estado nacionalista debe incluir en su formación el principio
socialista. En caso contrario, no
habrá Volksgemeinschaft, sino lucha de cada cual en pos de intereses muy particulares. La mera titularidad
pública de la mediana y gran empresa no garantiza principio socialista alguno,
sino estatismo. Hay que introducir el principio socialista en los fundamentos
productivos de la nación. La cogestión pública obrera sirve a ello.
Por otro, es una política
que ayuda a conservar el poder nacionalista del gobierno y del propio estado.
económicas por las que la producción y/o distribución de determinados bienes y
servicios no puede realizarse sino por empresas de tamaño mediano o grande. Además, dado el actual nivel de conciencia del pueblo, el desarrollo del estado nacionalista no ha de oponerse a la presencia de la iniciativa
privada en aquellas actividades productivas que pueden ser realizadas a pequeña
escala. Un ejemplo perfecto de ello es la pequeña propiedad campesina,
sostenida a base del trabajo del propietario y de su familia. Otros serían el
pequeño comercio, o pequeños talleres artesanos. Cuando la actividad económica,
por razones de escala, requiere de empresas de mediano o gran tamaño, permitir
que siga operando la iniciativa privada se contrapone al correcto desarrollo
del estado nacionalista. Estas empresas privadas dejadas a su libre
desenvolvimiento se convierten en entidades de gran poder, que se desborda y,
conservando su naturaleza económica, devienen también poderes sociales y
políticos. Ante esta situación el estado nacionalista se halla amenazado
por unos intereses privados que
desvirtúan su esencia nacionalista.
¿Qué es una mediana empresa?
En nuestro ámbito, convencionalmente se caracteriza a una empresa como mediana
en función de tres variables:
número de empleados, facturación anual y
activos totales que reúnen. El criterio tradicionalmente más sólido resulta ser el número de
empleados y aquí una mediana empresa es aquella que tiene entre 50 y 250
empleados. Pero este es un criterio imperfecto; la hegemonía liberal ha traído
la lacra de la externalización, lo cual significa que una empresa puede tener
nominalmente un número de trabajadores bastante inferior al de aquellos que trabajan
efectivamente en ella y/o para ella en exclusiva. Un estado nacionalista
considerar como mediana empresa aquella con más de 10 empleados. Hay a quién
una empresa semejante puede no parecer muy grande, pero empresas de ese tamaño
en el contexto de una pequeña localidad pueden fácilmente ser “entidades
gran poder, que se desborda y, conservando su naturaleza económica, devienen
también poderes sociales y políticos”. El estado nacionalista debe nacionalizar
cualquier empresa de más de 10 empleados. Ese es el límite que tal estado debe
permitir a la iniciativa privada. Evidentemente, para evitar el fraude en esto, ningún individuo puede ser propietario de más de una empresa y ésta ha de tener un número no superior a los 10 empleados. Y tampoco puede ser un individuo propietario de una empresa a cuenta de otro.
Por tanto, la cogestión
pública de la mediana y gran empresa es positiva per se, pero también por el efecto de conservación del poder
político que tiene, a diferencia del estado actual de cosas, en el que el poder
político no es un auténtico poder y es subsidiario de determinados intereses
económicos (aparecen así en Europa los gobiernos de ocupación, que sustituyen a
los antiguos gobiernos de base nacional).
El tercer motivo es que la cogestión pública puede ayudar a plantear y llevar a cabo de una forma ordenada y justa el
necesario cambio de modelo económico. El capitalismo es un sistema
económico muy despilfarrador de recursos, como materias primas escasas y
Muchas mercancías se producen sin existir una necesidad real de
ellas, siendo esta necesidad artificialmente creada mediante la propaganda
económica o publicidad. Un estado nacionalista debe orientar la producción de una manera racional y siempre en función de las necesidades reales de la nación, campo que
incluye la industria armamentística, la investigación sobre energía y la
conquista espacial.
En la empresa yugoslava se
distinguen dos poderes, uno de gestión, que fija la política de la empresa, y
que reside en los consejos obreros y, sobre todo, en las asambleas de personal,
y otro de dirección, que ejecuta la política fijada por el primero, y que
reside en el personal directivo.
La asamblea de personal
adopta las principales decisiones de política general. El consejo obrero,
integrado por los trabajadores elegidos por el personal del centro en votación
secreta, supervisa y hace gestión ordinaria y elige al personal directivo.
A partir de 1974 se
instituyeron las llamadas “organizaciones básicas de trabajo asociado”,
compuestas por unidades de producción y gestión definidas y de menor tamaño que
la empresa, como un taller o un departamento. Son los sujetos básicos de la
Hay bastante polémica acerca
del éxito o del fracaso de este sistema, si se compara con otros de inspiración
comunista. Sí ha servido para combatir la organización tiránica típica tanto de
la empresa privada capitalista como de la empresa estatal comunista, así como
para mejorar la educación de los trabajadores. Los conflictos no han
desaparecido, como era fácil prever y existe ambigüedad con respecto a la
eficacia organizativa de este modelo, a pesar del evidente desarrollo económico
Codeterminación en la
República Federal de Alemania2
Las primeras industrias en
acceder a la codeterminación, a través de dos leyes, una de 1951 y otra de
1956, fueron las minera y metalúrgica, algo conocido como el modelo de la
“Montan-Mitbestimmung”. Es el modelo de codeterminación que llegó más lejos en
Alemania Occidental y, por lo tanto, el que más nos interesa aquí (la Ley de
Codeterminación de 1976, para empresas de más de 2.000 empleados excepto las
mineras y metalúrgicas, tiene mucho menor alcance). Se materializa en la
participación de los trabajadores en dos instituciones. Por un lado, en el consejo
de administración, que es un órgano de control, y en el que representantes obreros
(miembros del consejo de empresa así como sindicalistas) y representantes de
los accionistas tienen el mismo número de miembros, rompiendo el empate un
miembro en principio no vinculado a ninguna de las dos partes y considerado
neutral. Por otro, en la dirección de la empresa, elegida por el consejo de
administración, y en la que se crea la figura del director de trabajo, ocupado
de la gestión del personal y de los asuntos sociales, y que necesita
obligatoriamente de la confianza de los trabajadores.
Este modelo refuta la
afirmación de que la cogestión no puede ser rentable. República Social Italiana
En el Manifiesto de Verona,
aprobado por el congreso del Partido Fascista Republicano en el congreso
celebrado en dicha ciudad el 14 de noviembre de 1943, se acuerda poner en
marcha la cogestión obrera de las empresas, además de otras medidas tendentes a
transformar el estado en socialista. El punto 12 es el destinado a la cogestión
«En toda empresa
(industrial, privada, paraestatal y estatal) las representaciones de técnicos y
operarios cooperarán íntimamente, por medio del conocimiento directo de su
gestión, en la tarea de fijar salarios equitativos, así como en la justa
distribución de las ganancias entre el fondo de reserva, beneficio al capital
accionista y participación de los obreros en dichas ganancias.
En algunas empresas, esto
podrá implantarse concediendo más amplias prerrogativas a las actuales
Comisiones de fábrica. En otros casos, sustituyendo los Consejos de
Administración por Consejos de empresa compuestos de técnicos y operarios y de
un representante del Estado. Finalmente, también puede efectuarse mediante una
cooperativa parasindical».
Los puntos 10 y 11, por su
parte, sirven de base para la socialización de grandes empresas privadas.
Lo importante es que esto se
llevó a la práctica. Según Norling: «Esta política nacional-revolucionaria
podría haber quedado en mera especulación ideológica o de efectos
propagandísticos pero el gobierno fascista republicano inmediatamente se pone
en acción. El 13 de enero de 1944, unos meses después del congreso de Verona,
se promulga la ley de bases previa a la ley de socialización. “Premisa fundamental
para la creación de la nueva estructura de la economía italiana”, que se
materializa en el decreto ley de la socialización aprobado por el Consejo de
Ministros el 12 de febrero de ese mismo año. En esta ley se recogen principios
como la cogestión de las empresas, nacionalización de aquellas que se requieran
para el desarrollo de la economía nacional, reparto de beneficios, etc.»3.
El decreto ley comienza con la cogestión, al que dedica los 29 primeros
artículos. A partir del artículo 30 y hasta el 41 trata de la nacionalización
de las empresas privadas. Este artículo 30 dice así: «La propiedad de empresas
que comprendan sectores básicos para la independencia política y económica del
país, así como aquellas que suministren materias primas, energía y servicios
indispensables al normal desarrollo de la vida social, puede ser asumida por el
Estado según las normas del presente decreto. Cuando la empresa sea considerada
de actividades productivas diversas, el Estado puede asumir tan sólo una parte
de la propiedad de dicha empresa. Por lo demás, el estado puede participar en
el capital de las empresas privadas». Los artículos 42 hasta el 45, con el que
concluye, hablan del reparto de beneficios. A pesar de la oposición
de la burguesía italiana y del ejército alemán, el 22 de enero de 1945 se logra
socializar la importante empresa FIAT. A partir del 1 de febrero la
socialización se extiende a otras empresas. La derrota fascista ante la alianza
de las fuerzas de ocupación anglonorteamericanas y los marxistas italianos pone
fin a la socialización fascista y las empresas vuelven a manos de la burguesía.
J. Castillo, “La experiencia de autogestión yugoslava” en José Félix Tezanos: La democratización del trabajo. Sistema,
Hans-Werner Franz, “La codeterminación en la República Federal de Alemania” en
José Félix Tezanos: La democratización
del trabajo. Sistema, Madrid, 1987.
(3) Erik Norling. Fascismo revolucionario. Ediciones Nueva
República, Barcelona, 2010, pág. 54.
Una vez mas nuestros compatriotas necesitan nuestra ayuda .Esta vez se trata del caso de Fernando, hombre viudo y padre de dos hijos pequeños que está atravesando momentos realmente difíciles.
Fernando, ciudadano de Mérida, incansable trabajador hasta que la lacra
del paro y la injusticia social entró en su vida, necesita tu ayuda urgente para productos de primera necesidad, gastos, alimentos, ropa infantil y calzado para sus hijos... los cuales por si fuera poco llevan a cabo un tratamiento para el cual Fernando ha de desplazarse a
cientos de kilómetros cada cierto periodo de tiempo .
Desde aquí, sin más, solo os pedimos vuestro caluroso apoyo y necesaria muestra de ayuda con esta colecta que irá dirigida directamente a este compatriota que tanto lo necesita, poniendo a vuestra disposición su numero de cuenta, donde con cualquier aportación, por pequeña que parezca, se contribuirá grandiosamente a encender esa
llama de solidaridad perdida y tan necesaria en estos tiempos, más aun con nuestros vecinos y con nuestra gente .
Porque nadie esta a salvo del destino de Fernando en los tiempos donde el capital salvaje, arrollador de pueblos y gentes impera. Nosotros, solo nosotros, podemos reconstruir esta Patria con nuestra solidaridad y
estas pequeñas grandes acciones. ¡¡COLABORA!! JUAN FERNANDO GONZALEZ
Caja de Extremadura, 2048 1086 17 3400018596 , Firmado: ALTERNATIVA EMERITA
El 8 de diciembre de 1991, la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se disuelve formalmente como
unidad política, tras varios años de colapso económico, marcando uno de los
hitos principales del siglo XX. Las consecuencias de esta disolución, del
fracaso del principal representante de estado marxista en el mundo, nos dura
hasta la actualidad, y sin dudas estarán presentes por varias décadas. Esta
caída tuvo consecuencias tanto particulares -para los diversos partidos
comunistas, sobre todo marxistas-leninistas, para los historiadores marxistas y
pensadores comunistas entre otros, así como para los diversos países sometidos
por la URSS- como generales -aunque
muchas de ellas pasan desapercibidas, afectan al conjunto de países en la
actualidad-. Para los partidos comunistas, sobre
todo los marxistas-leninistas, la caída del bloque soviético significó muchas e
importantes pérdidas. La primera fue la perdida de financiación de muchos de
ellos. La segunda, es el final de una referencia, de un modelo político y de
estado que estos partidos consideraban el correcto. La tercera es la pérdida de
la visión de Revolución, el estado comunista se veía cada vez más inviable por
los propios marxistas, perdiendo afiliados y poder en la mayoría de países
Además de para estos grupos, para
los historiadores y teóricos marxistas, la caída de la URSS supuso el derrumbe
de todos sus esquemas mentales, ya que para el “socialismo científico”, es decir, el marxismo, el comunismo sería
un sistema que siempre sustituiría al capitalismo (igual que éste sustituyó al
feudalismo, y éste al esclavismo) y no podría volverse atrás. Ante estos,
algunos dijeron que el sistema de la URSS fue sovietismo, y no marxismo, para así poder seguir defendiendo ese
sistema demostrado ya caduco y decir que “el comunismo nunca se ha aplicado”. Para el mundo en general supuso
la victoria del capitalismo, la proclamación de Estados Unidos como única
potencia y a la que todos los países habrían de obedecer a partir de una serie
de alianzas con las que imponerse aquí y allí. En este sentido, la caída de la
URSS ha supuesto un golpe durísimo para el mundo occidental. Paso a explicar la afirmación
anterior. Con la URSS existía un Estado que aunque realmente fuera brutalmente
antihumano, desde fuera y con ayuda de la propaganda comunista, daba a entender
que en realidad se preocupaba por el obrero y por las condiciones laborales
(aunque realmente sabemos que esto para nada fue así). Por ello, los gobiernos
capitalistas temían una revolución comunista, por lo que maquillaban el
capitalismo con una serie de medidas sociales (seguridad social, sistema de
jubilación, educación pública…) que dieron lugar al conocido como Estado del Bienestar. Hoy en día, la falta de esta supuesta
alternativa al sistema (en realidad la hay, y está en la tercera vía o vía
Nacional Revolucionaria) hace que aprovechando la situación de crisis actual,
creada por las grandes finanzas y los capitalistas para su beneficio, los
Estados demoburgueses recorten en estos servicios, instalándose un
neoliberalismo salvaje que nos hará retroceder en condiciones sociales y de
calidad de vida hasta situaciones más propias del siglo XIX.
La caída de la URSS, dejó
constancia en los países que esta ocupaba que realmente el comunismo es un
sistema injusto, que deja en la miseria al pueblo y que solo beneficia
realmente a los dirigentes del Partido, a los burócratas.
Por ello, aunque oponiéndome
siempre al materialismo marxista y a su carácter antinacional, antihumano y al
final antiobrero, hay que reconocer, que la existencia de la URSS, plantándole
cara a los EEUU venía mejor al ciudadano medio que la desaparición de este
Ante los recortes de derechos y
prestaciones del Estado, no debemos renegar de él, lo que hay que hacer es conquistarlo,
nacionalizar a las masas, socializar a la Nación, enseñar y demostrar el Pueblo
que la única Revolución posible y Justa es la que nosotros traemos. Debemos
quitarles la venda de liberales y marxistas para poder llegar al Estado Social
a una República Nacional que permita que todos los ciudadanos vivamos
Twitter: @LigaJoven2013
Web: Liga Joven
[...] La Cuarta Teoría Política no es una invitación a un retorno a la sociedad tradicional, es decir, no es el conservadurismo en el sentido convencional. Hay mu­chas características de nuestro pasado cronológico que son agradables y muchas que no lo son. Del mismo modo, las formas tradicionales de sociedad también son distintas unas de las otras. Por último, en las diferentes sociedades contemporá­neas, las matrices étnicas y sociológicas, así como los contextos, también son di­ferentes unos de los otros. Por lo tanto, la Cuarta Teoría Política no debería imponer nada a nadie. Los partidarios de la Cuarta Teoría Política deben actuar paso a paso: la primera y más importante etapa es sostener el Basein como el su­jeto de nuestra teoría y la reversibilidad del tiempo. De esta manera, nos libera­ríamos para el desarrollo de los preconceptos. Nosotros podemos definir varios preconceptos con respecto a la reversibilidad del tiempo y del Dasein/Traiectum, por lo tanto podemos definir varios conceptos políticos del tiempo. Y cada uno de ellos puede situarse en un proyecto político actual, de acuerdo con los principios de la Cuarta Teoría Política. […]
Imágenes de las concentraciones en Sevilla, Valencia y Madrid.
¡Contra el imperialismo yankee!
¡Por la libertad de Siria!
El próximo sábado 5 de octubre tendrá lugar la presentación del libro El último José Antonio en Sevilla, con la presencia del autor y el editor. Tendrá lugar en la Librería Beta de la céntrica calle Sierpes a las 19 horas. Publicado por
El pasado viernes 30 de agosto, un grupo de patriotas revolucionarios sevillanos, se concentraron sobre la 1 del mediodía frente a la embajada estadounidense en la capital hispalense. Se encontraban, entre otros, miembros del MSR y el Frente Europeo de Solidaridad con Siria. Una vez allí, con banderas españolas y sirias, comenzó una protesta contra el ataque que el presidente estadounidense, y Premio Nobel de la Paz irónicamente, pretende realizar al pueblo sirio.
Recordemos que el Estado Sirio es el único laico en el Medio Oriente, tiene gran reserva de hidrocarburos, no existen bancos de los Rotchild y no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. ¡Sevilla con Siria!

References: Artículo 4
 Artículo 11

Artículo 22
 artículo 21

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 426
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30