Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-12842-de-mayo-27-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f701f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-21 13:07:39+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 12842 DE MAYO 27 DE 2004
SENTENCIA 12842 DE 27 DE MAYO DE 2004
CONTENIDO:ENTIDADES RECAUDADORAS DE IMPUESTOS. SANCIÓN POR EXTAMPORANEIDAD. CUANDO LA INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS HA SIDO ENTREGADA OPORTUNAMENTE PERO NO HA PODIDO SER VALIDADA POR LA AUTORIDAD TRIBUTARIA POR RAZONES TÉCNICAS O DE OTRA ÍNDOLE, NO SE PUEDE APLICAR LA SANCIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 676 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO A LA ENTIDAD RECAUDADORA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECAUDO DEL IMPUESTO, SANCIÓN POR IRREGULARIDAD EN EL RECAUDO DEL IMPUESTO, IRREGULARIDAD EN LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA, CONVENIO DE RECAUDO DEL IMPUESTO
PONENTE:WHITTINGHAM GARCÍA, ELIZABETH
Sentencia 12842 de mayo 27 de 2004
Ref.: Expediente 25000 2327 0002000-0841-01
Número interno 12842
Dra. Elizabeth Whittingham García
Bogotá, D.C., a veintisiete de mayo de dos mil cuatro.
Actor: Citibank Colombia C/UAE DIAN. Apelación.
Sanción por extemporaneidad en la entrega de información en medios magnéticos y paquetes de recaudo.
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del actor contra la sentencia de 5 de septiembre de 2001, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, desestimó las pretensiones de la demanda por medio de la cual se pide la anulación de la actuación administrativa con la que la subdirección de recaudación de la DIAN impuso una sanción por extemporaneidad en la entrega de información, medios magnéticos y paquetes de recaudo por el primer semestre de 1996, en la suma de $ 279.459.209, con base en 12.254 días de extemporaneidad en el cumplimiento de dicho deber.
El banco demandante presentó oportunamente la información en medios magnéticos correspondiente al recaudo de los períodos 1994 y 1995 en su condición de entidad recaudadora.
El 5 de marzo de 1996 la división de recaudación de la administración especial de personas jurídicas de Santafé de Bogotá solicitó al banco corregir la información de algunos paquetes reportados en los períodos antes mencionados, por presentar inconvenientes técnicos, tales como que habían quedado mal grabados, aparecían con fechas duplicadas o datos faltantes, que la entidad recaudadora procedió a efectuar, como se observa en el “anexo 1” del cuaderno 2 de antecedentes administrativos.
La subdirección de recaudo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales expidió pliego de cargos 00034 de 16 de junio de 1997 a la entidad actora, proponiendo la imposición de la sanción de extemporaneidad prevista en el artículo 676 del estatuto tributario, al haber advertido extemporaneidad en la entrega de cintas y paquetes de recaudo en el primer semestre de 1996.
Los descargos presentados por la sociedad el 30 de julio de 1997 no fueron estimados favorablemente por la administración, quien expidió la Resolución 483 del 29 de enero de 1998, por medio de la cual impuso a la sociedad una sanción de $ 279.459.209.
Contra dicho acto administrativo fue interpuesto el recurso de reposición procedente el 5 de mayo de 1999, fecha muy posterior que se explica por el hecho que la resolución sancionatoria fue enviada originalmente a una dirección errada que obligó a purgar la indebida notificación enviándola a la dirección correcta, el cual fue resuelto por el subdirector de recaudación mediante la Resolución 706 del 7 de febrero de 2000, confirmando en todas sus partes la resolución sancionatoria.
La contribuyente, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda solicitando la nulidad de las resoluciones 483 de 29 de enero de 1998 y la 706 de 7 de febrero de 2000, por medio de las cuales se impuso sanción por extemporaneidad en la entrega de información, medios magnéticos y paquetes de recaudo por el primer semestre de 1996, en la referida cuantía de $ 279.459.209.
La apoderada del demandante invocó como normas violadas los artículos 6º, 29 y 363 de la Constitución Política, y 676 y 683 del estatuto tributario.
Planteó el quebrantamiento de las normas citadas explicando que no se trata de un caso donde la entidad demandante obre como contribuyente o responsable, sino otro diferente, derivado del convenio de compromiso de recaudo suscrito por ella con la administración como consecuencia del cual se impuso una sanción o pena por el incumplimiento temporal en la entrega de los documentos recepcionados, según los términos señalados por el estatuto tributario. Bajo esta consideración, señaló que el presupuesto de hecho contenido en el artículo 676 de dicho estatuto, en materia sancionatoria, es la extemporaneidad en la entrega de los documentos recibidos y de los medios magnéticos de grabación de la referida información, de lo que colige que lo que allí se penaliza es exclusivamente la entrega inoportuna de los mismos.
Siendo esto así, acusó que no le asiste razón a la administración en la parte motiva de los actos acusados cuando justifica la imposición de la sanción, no por la entrega física inoportuna, sino por el hecho de una “entrega calificada”, entendida no solo en cuanto a la oportunidad sino a la forma y más específicamente a la eficacia en la lectura de la información, de acuerdo con una apreciación unilateral.
Señaló que la sanción prevista en la norma indicada no consagra sanciones diversas para los casos de cintas o paquetes de documentos, como tampoco una mora más allá del estricto tiempo del retardo. Discrepó por tanto del proceder administrativo al haber establecido una demora equivalente a 12.254 días (34.8 años), cuando la inspección se hizo sobre el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de 1996, o sea, un semestre calendario.
Y con base en lo anterior, concluyó destacando que la simetría en materia sancionatoria forzosamente conduce a inferir que al existir un límite punitivo representado en un valor absoluto no puede multiplicarse artificiosamente la sanción, como tampoco imponer una suma más allá de los topes señalados en el artículo 676 del estatuto tributario, concretamente de $ 150 mil por cada día de retardo. A su juicio, no puede identificarse como un “factor agravante” el número de los paquetes o cintas que son objeto de reporte o entrega.
La apoderada de la dirección de impuestos, se opuso a la prosperidad de las peticiones de la demanda y pidió que se denegaran las mismas, fundamentándose especialmente en las siguientes razones:
Manifestó que la entidad recaudadora no presentó oportunamente los documentos e información requerida, según lo señala la Resolución 770 de 1995 del Ministerio de Hacienda, y adujo además que en el presente caso hubo la debida proporcionalidad y razonabilidad en la sanción, considerando que la conducta realizada por la demandante fue un evidente incumplimiento que impidió atender los fines de la administración previstos en el artículo 209 de la Carta para la actividad administrativa y retardó el ejercicio de la actividad fiscalizadora de las oficinas de impuestos, que depende precisamente de la información suministrada por las entidades recaudadoras.
Recalcó que los términos fijados por el Ministerio de Hacienda para que los bancos cumplan con la obligación de enviar la información relacionada con el recaudo de los tributos, se encuentran previstos en una norma legal, concretamente el parágrafo del artículo 42 de la referida resolución que dispone que para que se dé por recibida se requiere que la información haya sido leída, aceptada y devuelta sin observaciones por parte de la DIAN.
Finalmente, destacó que no se desconoció de manera alguna el debido proceso, sino por el contrario, para la imposición de la sanción discutida, se siguió plenamente el procedimiento establecido en la legislación vigente.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, mediante la providencia de 5 de septiembre de 2001, desestimó las pretensiones de la demanda, basándose en las siguientes consideraciones:
Consideró que la extemporaneidad en el reporte de los documentos y demás información que se le exige a las entidades recaudadoras se debe entender como la interpretó la administración, esto es, como “información calificada” que requiere que sea leída, verificada y devuelta sin observaciones para que verdaderamente se entienda cumplido el deber de reportar, como lo menciona el artículo 42, parágrafo, de la Resolución 770 de 1995. Adujo al respecto que el banco actor no probó que la falta de lectura de la información reportada se debió a fallas imputables exclusivamente al ente fiscalizador y que, por el contrario, en autos obran pruebas de las que se infiere la existencia de errores en la información y la preocupación del obligado en subsanarlos.
Desestimó la acusación de la entidad actora sobre la lectura de la sanción prevista en el artículo 676 del estatuto tributario, sobre si la sanción se debe tasar en función de los documentos, de los paquetes de estos o de las cintas y, en contra de lo afirmado, con apoyo en jurisprudencia de la corporación relacionada con el contenido del deber de reportar por parte de las entidades recaudadoras bajo la vigencia de la Resolución 154 de 1988, antecedente inmediato de la Resolución 770 de 1995, apreció que la sanción se debe aplicar por cada día de retraso de cada uno de los paquetes o cintas que se deben presentar ante las oficinas de impuestos.
Así mismo, interpretó que la norma en cuestión tipifica dos hechos: la entrega extemporánea de los paquetes y la entrega extemporánea de las cintas, para lo que explicó que “si por vía de ejemplo, el banco envía los paquetes pero no envía las cintas, es obvio que da lugar a la sanción que prevé el artículo 676 del estatuto tributario y lo mismo se predica cuando envía las cintas pero no los paquetes, de manera que desde este punto de vista la Sala se aparta de la apreciación del banco pues no es razonable que si se da una de estas extemporaneidades proceda la sanción y cuando se den las dos al tiempo se convierta en una sola” (fl. 188, cdno. 1).
La entidad demandante recurre al fallo de primera instancia insistiendo en las acusaciones del libelo y solicitando un cambio jurisprudencial.
Indicó que la jurisprudencia original de la corporación, en relación con las situaciones de extemporaneidad en el reporte de información por parte de las entidades recaudadoras y particularmente la aplicación del artículo 676 del estatuto tributario, observó en su momento que esta disposición implica solo una sola sanción y no condiciona la extemporaneidad y su cuantificación a aspectos tales como el número de documentos a entregar, al número de paquetes, o a que la sanción se liquide independientemente por cada documento o paquete, pero que posteriormente, y en fallos reiterados —que por tanto entiende como la doctrina vigente—, la corporación cambió de criterio, dio relevancia y fundamentó sus decisiones apreciando que la norma en cuestión alude a la entrega de los documentos recibidos y de la información en medios magnéticos, además del hecho que la sanción se impone por cada día de retardo, aspectos que ha tomado en cuenta para dosificar la sanción en función de tales parámetros, doctrina esta que se tuvo en cuenta en la decisión del a quo y que por tanto ahora impugna, para que se retorne a la doctrina inicial.
Insistió en los argumentos expresados en su libelo, destacando que la obligación cuyo incumplimiento se sanciona es una sola que “de objeto múltiple o con dos prestaciones”, en relación con la cual únicamente puede aplicarse una sanción a riesgo de que se incurra en el yerro del “bis in idem”; que la lectura de que la información debe ser “calificada”, es decir, validada por la administración, viene a ser una interpretación extensiva no autorizada e ilegal del artículo 676, y que el desconocimiento del límite del valor absoluto señalado para la sanción lesiona su fórmula de tasación y dosificación requerida para una correcta imposición de la misma.
En esta oportunidad, la entidad demandante procedió reiterar los argumentos expuestos durante la actuación procesal y particularmente los expuestos con ocasión del recurso de alzada.
Por su parte, la demandada se opuso a las pretensiones del recurrente y pidió la confirmación de la sentencia de instancia apoyada particularmente en la interpretación de la corporación sobre el artículo 676 del estatuto tributario, en el sentido que la disposición en comento sanciona dos hechos irregulares, a saber, el incumplimiento de los términos para entregar los documentos recibidos y el de los términos para entregar la información en medios magnéticos, como consecuencia de lo cual estima que la entidad recaudadora debe ser sancionada si incumple los términos fijados para entregar documentos y también si entrega información en medios magnéticos por fuera del plazo previsto para el efecto, lo que conduce a que efectivamente deban sumarse los días de extemporaneidad respecto de las cintas, como de los paquetes aun cuando hayan sido recibidos el mismo día.
La recurrente, con base en lo previsto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, formuló petición de prejudicialidad y la suspensión del proceso en vista de que se formuló demanda de simple nulidad contra la Resolución 770 de 1995 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que sirvió de base a la administración para proceder a la sanción por extemporaneidad aquí discutida, la cual fue admitida en esta corporación y posteriormente fallada por medio de la sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 13290.
El Ministerio Público emitió su concepto afirmando que encuentra razonable el planteamiento de la apelante en el sentido de que la administración y el tribunal interpretaron erróneamente la sanción de que trata el artículo 676 del estatuto tributario y que se impone un cambio jurisprudencial, porque la tesis vigente se ha implantado con prevalencia en lo dispuesto en las resoluciones expedidas por el Ministerio de Hacienda y la DIAN, con desacato al contenido de normas superiores y desatendiendo claros preceptos constitucionales que ordenan el sometimiento a estas.
Advirtió que en las resoluciones acusadas la recepción, lectura y devolución con observaciones de la información aportada en medios magnéticos, estuvo sometida a las inconveniencias presentadas en la DIAN durante la implantación del proceso de recepción en línea, lo cual a pesar de no ser una situación prevista en la ley, no incidió en la administración para la determinación de la fórmula de graduación de la sanción.
Señaló que en materia sancionatoria la interpretación de las normas debe hacerse atendiendo al sentido expreso de las mismas, de suerte que si según ellas la entidad está obligada a presentar información dentro de los términos que fije el Ministerio de Hacienda, no hacerlo solo faculta a la administración a imponer sanción dentro del tope máximo señalado en la norma como pena por cada día de retraso.
En los términos anteriormente expuestos, corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la entidad actora contra la sentencia de 5 de septiembre de 2001, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, desestimó las pretensiones de la demanda en que se pide la anulación de la actuación administrativa con la que la subdirección de recaudación de la DIAN le impuso una sanción por extemporaneidad en la entrega de información, medios magnéticos y paquetes de recaudo, por el primer semestre de 1996, en la suma de $ 279.459.209, con base en 12.254 días de extemporaneidad en el cumplimiento de dicho deber.
Advierte la Sala que el a quo fundó su decisión, confirmatoria de la actuación administrativa, apreciando que la extemporaneidad en el reporte de los documentos y demás información que se le exige a las entidades recaudadoras se debe entender como la interpretó la administración, esto es, como “información calificada” que requiere que sea leída, verificada y devuelta sin observaciones para que verdaderamente se entienda cumplido el deber de reportar, como lo menciona el artículo 42, parágrafo, de la referida Resolución 770 de 1995.
El recurso de apelación, por su parte, acusa la improcedencia de la sanción por extemporaneidad en la entrega de información por parte de las entidades recaudadoras de impuestos de que trata el artículo 676 del estatuto tributario, mediante la apreciación de que se trata de varios hechos sancionables (entrega de documentos y entrega de información en medios magnéticos), se multiplica o acumulan los días de extemporaneidad en función del número de paquetes, documentos y cintas sin aplicar el límite señalado en la norma y porque el hecho de pretender sancionar el caso de que la información ha sido presentada con errores o de forma defectuosa constituye una interpretación extensiva e ilegal de la norma sancionatoria.
Expresa la disposición en controversia:
“ART. 676.—Extemporaneidad en la entrega de información. Cuando las entidades autorizadas para recaudar impuestos, incumplan los términos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para entregar a las administraciones de impuestos los documentos recibidos; así como para entregarle información en medios magnéticos en los lugares señalados para tal fin, incurrirán en una sanción hasta de veinte mil pesos ($ 20.000) (valores año base 1987), por cada día de retraso”.
La administración tributaria ha expresado durante el debate que en virtud de lo expresado de la anterior norma legal en concordancia con la Resolución 770 de 1995 del Ministerio de Hacienda, la entrega de la información debe cumplirse en las condiciones exigidas, es decir, teniendo en cuenta que la grabación debe cumplir los requisitos de calidad, forma y oportunidad estipulados por las normas legales, apreciación que hace con fundamento en el parágrafo del artículo 42 de la misma resolución, que dispone que “se dará por recibida la información en medio magnético, una vez que haya sido leída, aceptada y devuelta sin observaciones por la DIAN”.
Sin embargo, como lo expresó la apelante en su petición de prejudicialidad, el parágrafo de la anterior disposición fue objeto de una acción pública de nulidad, que se tramitó bajo el expediente 13162, decidiendo la Sala su ilegalidad con ponencia de la doctora María Inés Ortiz Barbosa mediante la sentencia del 28 de noviembre de 2002, al observar:
“Para la Sala, la interpretación que hacen el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN respecto de la aplicación de los artículos 676 y 801 del estatuto tributario no es acertada, ya que la conducta sancionable a que hace referencia el primero es la entrega de la información que incumpla los “términos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público...” así como “entregarle información en medios magnéticos en los lugares señalados para tal fin...” y en ningún aparte de este se alude a la entrega con errores o defectuosa, pues tal conducta se estableció como sancionable en el artículo 651 ibídem de manera general y en el caso de las entidades autorizadas para recaudar impuestos es aplicable por especialidad, el artículo 675 ibídem. Que expresamente consagra las sanciones cuando se encuentren inconsistencias en la información remitida por aquellas (...).
Así las cosas, pese a que en el artículo 801 del estatuto tributario se contemplen dentro de las obligaciones que deben cumplir las entidades recaudadoras, la de entregar la información requerida, en el artículo 676 ibídem se sanciona el incumplimiento de los términos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no puede dejarse al arbitrio de la entidad receptora de la información el momento en el cual debe entenderse recibida pues los administrados carecerían de la certeza necesaria para conocer cuándo cumplieron su obligación legal y la incertidumbre solo favorecería a las autoridades encargadas del recibo con lo cual se evidencia un desequilibrio en las cargas que deben soportar las entidades recaudadoras.
Resulta razonable para la Sala el cuestionamiento de la apoderada de la DIAN en el sentido de la inutilidad de una información defectuosa oportuna, pero ante el principio de legalidad de las sanciones prevalece precisar si está ajustado a derecho —y a los principios constitucionales y legales que rigen la actividad administrativa—, si cumplida la obligación formal pero evaluada la información esta resulta con errores una vez surtido el procesamiento, debe contarse el término que la autoridad receptora se tomó para ello teniendo en cuenta además factores como el volumen de la información, haciendo caso omiso de la presentación inicial. Para la Sala es evidente que la norma superior no fija término para que la administración lea, acepte y devuelva sin observaciones la información. Además si se analiza la redacción de las disposiciones demandadas, al entenderse la información entregada en el momento en que la DIAN la haya leído y aceptado, el hecho que se sanciona ya no depende de la ley —como debe ser— sino de la administración, debido a que a pesar de que se entreguen los documentos en los plazos y lugares establecidos, el tiempo de extemporaneidad incluiría el lapso que se demore la administración en la lectura y la aceptación o rechazo total o parcial de la información.
Teniendo en cuenta lo anterior debe precisarse que no se trata de permitir el cumplimiento de la obligación formal de informar de manera imprecisa o defectuosa o errónea, sino de evitar que dos conductas perfectamente tipificadas como sancionables por la ley, como son la extemporaneidad y los errores, se confundan o mezclen de tal forma que pierdan su identidad al momento de calificarse el hecho por el cual se va a castigar administrativamente a la entidad recaudadora. Es claro entonces que tanto el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como la DIAN equiparan, sin sustento legal, la extemporaneidad en la entrega de información en documentos y medios magnéticos a la entrega oportuna pero defectuosa, conducta esta, que como se dijo, también está consagrada como sancionable en el estatuto tributario pero independientemente y sin que sea asimilable a la extemporaneidad, como puede verse en los artículos 674, 675 y 676 mencionados”.
En vista de lo anterior, nuevamente advierte la Sala que no resulta procedente equiparar los días de extemporaneidad a que hace referencia el artículo 676 del estatuto tributario, como aspecto objetivo de la no presentación oportuna, con la fecha o momento en que la administración puede efectivamente dar lectura a la información y la acepte sin novedades, por lo que trae a colación otra decisión suya, concretamente la contenida en la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2002 dictada dentro del expediente 12827, con ponencia de la doctora Ligia López Díaz, donde además se precisó:
“La Sala considera pertinente advertir que de conformidad con el artículo 676 del estatuto tributario, se genera sanción cuando las entidades autorizadas para recaudar impuestos incumplen los términos para entregar la información en medios magnéticos, así como los documentos recibidos.
Pero si la extemporaneidad en la entrega de los formularios y recibos de pago se origina en la mora de la administración en el procesamiento y verificación de los medios magnéticos entregados dentro de los plazos legales, ello no amerita sanción. Tampoco es lógico que la entidad recaudadora resulte sancionada por un hecho que no le es imputable, como sería la demora de la administración al hacer la verificación del medio magnético”.
El tribunal en la decisión incoada, como ya se mencionó en otro aparte de la presente sentencia, apreció que el banco actor no probó que la falta de lectura de la información reportada se debió a fallas imputables exclusivamente al ente fiscalizador y que, por el contrario, “en autos obran pruebas de las que se infiere la existencia de errores en la información y la preocupación del obligado en subsanarlos”. Sin embargo y en oposición a lo anterior, la colaboradora fiscal en su concepto advierte que en las resoluciones acusadas la recepción, lectura y devolución con observaciones de la información aportada en medios magnéticos, estuvo sometida a las inconveniencias presentadas en la DIAN durante la implantación del proceso de recepción en línea que, sin embargo, no incidió en la determinación de la fórmula de graduación o dosificación de la sanción.
Revisados los antecedentes que obran en el expediente, en la respuesta al pliego de cargos previo a la resolución sancionatoria, la entidad recaudadora expresó sus descargos y señaló, entre otros varios aspectos que “con respecto a las cintas numeradas de la 2025 a la 2029, de la 1696 y de la 1756 a la 1758, se refieren a supuestas extemporaneidades de cintas que ya habían sido presentadas por el banco y debidamente aceptadas por la DIAN. No obstante lo anterior, la DIAN posteriormente solicitó al banco proceder a grabar nuevamente tales paquetes debido a problemas internos de validación. Como fruto de dicha situación, no solo Citibank sino también muchas otras entidades recaudadoras incurrieron en extemporaneidad de cintas durante un buen tiempo de los primeros meses de 1996...” (fl. 56, cdno. 1). Y en relación con los paquetes, la entidad recaudadora igualmente explicó en la misma oportunidad que “la DIAN supone una omisión voluntaria o culpable, es decir, una falta de colaboración debida por parte del banco. Pero para el año 1996 la supuesta extemporaneidad en que habría incurrido el banco se debe a causas muy distintas de una falta de colaboración o diligencia (...). Los cambios operativos en la recepción y validación de paquetes originaron durante todo 1996 muchos traumatismos, con supuesta extemporaneidad de la que no es responsable”, y señaló: “Para 1996 la DIAN implementó por primera vez el concepto de recepción y validación, en línea de paquetes, lo cual implica que la cinta magnética con la información correspondiente ya haya sido presentada por el banco al momento de presentar el paquete correspondiente. La implementación de dicho proceso en la DIAN ha tenido múltiples inconvenientes desde su inicio, perjudicando a las entidades recaudadoras en el sentido de que la DIAN no pudo dar recepción y validación oportuna a los paquetes aunque la cinta ya hubiere sido presentada (...). El nuevo procedimiento establecido por la DIAN, que solamente permite entregar los paquetes cuando la cinta ya ha sido entregada ante la DIAN, implica sujetar la entrega de la información física a la captura bajo las nuevas especificaciones técnicas con sus correspondientes desarrollos tecnológicos, con lo cual se está desconociendo que el banco tiene disponible para la DIAN los paquetes físicos para sus labores de revisión y fiscalización, a partir de la semana siguiente al día de recaudo” (fls. 57 y 58, cdno. 1).
Las anteriores explicaciones no fueron aceptadas por la administración. En la parte motiva de la Resolución 483 de 1998, se lee sobre las explicaciones antes referidas que “la regrabación en cinta de los documentos omitidos o la regrabación de la información inconsistente ameritan la imposición de la sanción por extemporaneidad por cuanto la entrega a que se refiere el proceso de recaudo no puede reputarse como simple entrega sino como entrega calificada, máximo si se tiene en cuenta que la información debe cumplir los requisitos de calidad, forma y oportunidad estipulados por la DIAN”. Y más adelante agrega: “El cambio anual de las especificaciones técnicas y de los programas de grabación de los diversos tipos de documentos, de conformidad con el artículo 46 de la Resolución 770, se suministran con suficiente anterioridad” (fls. 64 y 65, cdno. 1). Y en la parte motiva de la Resolución 706 de 2000, luego de confirmar las apreciaciones ya comentadas, la autoridad administrativa expresa que “razones como problemas técnicos y problemas en las lecturas de cintas, son hechos imputables directamente a la entidad recaudadora quien de antemano tiene conocimiento, de las especificaciones técnicas para la entrega de las cintas magnéticas. Adicionalmente cualquier clase de rechazo ya no se debería presentar por cuanto la actividad de recepción y recaudo se inició hace varios años y desde entonces esta clase de problemas han sido asumidos como errores imputables a la entidad recaudadora, las cuales no implantan de manera correcta en sus sistemas las especificaciones técnicas que la DIAN cumple con entregar” (fl. 96, cdno. 1).
Los anteriores aspectos hacen observar a la Sala que en el asunto de autos no ha habido una juiciosa reflexión sobre los límites razonables al deber de colaboración del administrado, de una parte, y la exoneración implícita del cumplimiento de determinados deberes por situaciones fortuitas o a cargo del otro obligado, como se aprecia que ocurrió por la solicitud de cambio de procedimientos en el reporte de la información ordenados por la autoridad administrativa, con lo cual se arribó a una situación de incumplimiento y sanción mecánica y formal, que fueron precisamente los aspectos particulares que la motivaron a anular el parágrafo del artículo 42 de la Resolución 770 de 1995, como ha sido reseñado.
Bajo los anteriores criterios, y en vista de que la nulidad del parágrafo del artículo 42 de la Resolución 770 de 1995 tiene efectos para la presente litis tal como ha sido jurisprudencia reiterada de la corporación, ya que se trata de una situación jurídica no consolidada y la discusión se ha centrado precisamente en este aspecto, la Sala accederá a las peticiones de la parte apelante, al comprobar que en el caso bajo análisis se presenta una errada motivación en la actuación administrativa sancionatoria acusada, al suponer equivocadamente aplicable la sanción prevista en el artículo 676 del estatuto tributario al caso de la presentación extemporánea de cintas y paquetes, que por razones técnicas u otra diversa no hayan podido ser validados por parte de la autoridad impositiva, cuando la información en medios magnéticos ha sido entregada dentro los términos previstos para el efecto.
Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. REVÓCASE la providencia apelada. En su lugar se dispone:
2. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución de Sanción 483 del 29 de enero de 1998 expedida por la subdirección de recaudación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y la Resolución 706 del 7 de febrero de 2002 expedida por la misma subdirección, acto mediante los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales impuso a Citibank Colombia sanción por extemporaneidad en la entrega de información en medios magnéticos.
A título de restablecimiento del derecho se declara que la demandante no está obligada al pago de la sanción impuesta en los actos que se anulan.
Magistrados: María Inés Ortiz Barbosa—Elizabeth Whittingham García—Ligia López Díaz—Juan Ángel Palacio Hincapié.

References: ARTÍCULO 676
 artículo 676
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 676
 artículo 676
 Resolución 
 artículo 209
 artículo 42
 resolución 
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 676
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 676
 artículo 676
 artículo 676
 artículo 676
 artículo 267
 Resolución 
 artículo 676
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 676
 Resolución 
 artículo 42
 artículo 651
 artículo 675
 artículo 801
 artículo 676
 artículo 676
 artículo 676
 resolución 
 Resolución 
 artículo 46
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 42
 Resolución 
 artículo 676
 Resolución 
 Resolución