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enero 2013 - Blog Jurídico | Lefebvre – El Derecho
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Justicia incluirá la gestión de las tasas en el plus de productividad que cobren los secretarios judiciales
El CNSJ apoya el baremo porque aumenta su carga de trabajo y el SISEJ se opone a esta “zanahoria que les trata como recaudadores a comisión”
El Ministerio de Justicia ha remitido una nota informativa al colectivo de secretarios judiciales en la que se comunican los nuevos parámetros que se tendrán en cuenta para calcular las retribuciones variables por productividad en 2013, entre los que incluye la gestión de las tasas judiciales.
En la “nota informativa sobre la modificación de la resolución de productividad aplicable a las liquidaciones correspondientes a 2013”, a la que ha tenido acceso Europa Press, se incorporan las principales novedades que, “sin perjuicio de la aprobación final de la nueva resolución”, se incorporarán a la misma y deberán ser contabilizados con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero.
Para calcular la productividad, se tendrán en cuenta indicadores como la “gestión de las tasas judiciales”, de forma que se valorará el número de modelos de pago y las solicitudes de modificación de cuantía que requieran la supervisión por parte del secretario judicial.
Otros elementos para calcular la productividad durante el horario de audiencia pública se refieren a las peticiones tramitadas de cancelación de antecedentes penales y policiales, las liquidaciones de intereses y las comunicaciones remitidas a boletines oficiales y al Registro Mercantil. Además, se computarán los días naturales que realicen funciones de sustitución en otro órgano judicial.
Fuentes del Ministerio explicaron a Europa Press que la gestión de las tasas constituye un elemento más a tener en cuenta para medir la carga de trabajo que soportan los fedatarios públicos, la cual se ha visto incrementada con la entrada en vigor de la nueva ley.
VALORACIÓN DEL NUEVO INDICADOR
En esta línea, el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ), Rafael Lara, ha indicado que el sistema de productividad se revisa periódicamente y el Ministerio se puso en contacto con los colectivos de secretarios judiciales para recabar su parecer sobre los baremos a tener en cuenta.
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales expuso su respaldo a la inclusión de la gestión de tasas ya que conllevan “una dedicación muy superior” para el secretario al haberse extendido el gravamen a la mayoría de litigios, exceptuando el orden penal.
Lara ha explicado que el plus de productividad se refiere al complemento variable, que representa cerca de un 5 por ciento de la masa salarial.
Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha apelado a la “ética profesional” de estos profesionales para que “no rellenen en la autoliquidación de productividad del primer semestre de 2013 la casilla correspondiente –a las tasas– o, en caso de que el sistema no permita hacerlo, lo hagan con un valor 0” al considerar que el Ministerio trata de convertirles en “recaudadores a comisión”, en lugar de “reconocer mediante el estímulo de la productividad el peso de otras labores directivas” que realizan a diario en la Oficina Judicial.
“No podemos mirar hacia otro lado ante la especial mezquindad de este intento de estimular el cobro de unas tasas injustas y desproporcionadas, a través de una “zanahoria” como es un complemento de productividad en un contexto social de continuos recortes en las condiciones laborales de los empleados públicos y de toda la ciudadanía”, explican.
El SISEJ se niega así a “obtener ningún tipo de beneficio económico” derivado de “obstaculizar” a la ciudadanía en el acceso a un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva, según su portavoz Rafael Lafuente i Sevilla.
El juez podrá autorizar escuchas telefónicas durante un máximo de un año y ordenar destruir las copias en cinco años
El Supremo ha reconocido la “raquítica” e “insuficiente” regulación de la intervención de las comunicaciones en la actual LECrim
Los jueces podrán autorizar durante un plazo máximo de un año la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas en delitos perpetrados en el seno de una organización criminal, en los cometidos a través de instrumentos informáticos o en delitos dolosos castigados con una pena con un límite máximo de, al menos, tres años de prisión.
Además, la autoridad judicial ordenará el borrado y la eliminación de las grabaciones originales cuando se ponga fin al procedimiento mediante resolución firme, conservándose solo una copia bajo custodia del fiscal o del tribunal. En cualquier caso, acordará la destrucción de las copias cuando hayan transcurrido cinco años desde que la pena se haya ejecutado o el delito o la pena hayan prescrito.
Así se desprende de la propuesta del Código Procesal Penal, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido entregada al Ministerio de Justicia por la comisión de expertos designada para la elaboración de la norma que sustituirá a la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882.
Aunque la instrucción corresponda al fiscal, el juez será el encargado de aprobar todas las medidas que puedan afectar a los derechos fundamentales. En este contexto, se enmarca que la grabación de las comunicaciones sea acordada por la autoridad judicial con “plena sujeción” a los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
COPIA SIN DATOS DE LA VIDA ÍNTIMA
La resolución concretará el hecho objeto de investigación, en qué tipo delictivo se encuadra y quienes son los investigados o afectados por la medida, en caso de ser conocidos. La duración máxima inicial será de tres meses, aunque podrá ser prorrogada por el Tribunal de Garantías –figura de nueva creación– por periodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de un año.
La solicitud de prórroga se dirigirá por el fiscal al Tribunal de Garantías con una antelación suficiente a la expiración del plazo de las intervenciones, que se practicarán en secreto. Alzado el secreto y expirada la vigencia de esta medida, se entregará a las partes una copia de las grabaciones y transcripciones que no incluirá aspectos de la vida íntima de los afectados.
El Tribunal Supremo ha reconocido la “insuficiente” y “raquítica” regulación de las ‘escuchas’ en la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, contempladas en su artículo 579.
El alto tribunal ha decretado que la medida es adecuada cuando existe una “base real suficiente para estimar que se ha cometido o se va a cometer el delito que se investiga y la posible implicación de la persona concernida”, haciéndose eco de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a esta materia.
Sala (TC) valora las tasas judiciales “si están bien reguladas, bien establecidas y proporcionadas”
VALENCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) –
En una charla en Valencia.-
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, ha manifestado este jueves que valora la implantación de tasas judiciales con la condición de que éstas estén “bien reguladas, bien establecidas y sean proporcionadas“.
Sala se ha pronunciado así en Valencia, a preguntas de los periodistas, antes de impartir la conferencia ‘Aspectos relevantes en la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales’, que ha ofrecido en el Club de Encuentro Manuel Broseta.
El presidente del TC, quien ha comentado que no conoce el texto completo de la ley de tasas, ha dicho que esta norma “tendrá que tener sus justificaciones y su explicación, y si están justificadas y se explican bien y están bien reguladas, en este caso, están bien puestas”, ha dicho.
De lo contrario, ha continuado “admitirán todas las críticas que cualquier disposición permite a los ciudadanos y a los directamente interesados, que son los que tienen que acceder a los tribunales de justicia”.
“Se trataba de darnos traslado de lo que es la próxima Ley de Enjuiciamiento Criminal, un esbozo de las líneas de cómo iba a ser su funcionamiento. No se nos ha dado el texto”, ha concretado Antonio Roma, en declaraciones a Europa Press, tras una reunión celebrada esta mañana con el titular de la cartera de Justicia.
Dicho esto, el presidente de la Asociación de Fiscales ha indicado que Justicia les ha aclarado “algunas cosas” que podían afectar a la Carrera Fiscal como es el caso de las “sustituciones”. “Cuestiones de trámite que afectan a la Carrera Fiscal”, ha insistido Roma, al tiempo que ha subrayado que “esas fueron las líneas” que se han tratado en el encuentro “sin entrar en más detalle”.
Preguntado sobre si la AF le ha trasladado alguna petición al ministro de Justicia, ha contestado que la asociación le ha transmitido que le “interesa que se haga un estatuto orgánico del Ministerio Fiscal adaptado a los nuevos tiempos y que garantice, en negro sobre blanco, el principio de autonomía”.
“Entendemos que existe en este momento autonomía del Ministerio Fiscal, pero queremos que la ley efectivamente lo garantice por encima de las personas que ocupan los distintos cargos. Para nosotros, tanto la independencia como la instrucción con las debidas garantías por parte del Ministerio Fiscal son aspectos fundamentales”, ha concluido.
El TC anula la libre colegiación de funcionarios públicos aprobada por la Junta en 2002 por vulnerar competencias
En una sentencia dictada el pasado jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal decide “estimar” el recurso presentado por el Ejecutivo presidido por José María Aznar en marzo de 2002 y declara la “inconstitucionalidad y nulidad” de la disposición aprobada por la Junta para que no sea exigible el requisito de colegiación para dicho colectivo.
El Consejo de Ministros argumentaba que, “aunque estatutariamente ha asumido la competencia sobre Colegios Profesionales”, la Comunidad Autónoma de Andalucía debe realizar su ejercicio “de conformidad con las prescripciones básicas que en esta materia establezca el Estado, de acuerdo con las competencias que le reserva la Constitución” en su artículo 149.1.
El Consejo de Ministros acordó la presentación del recurso destacando también que la exención de colegiación al personal de las Administraciones Públicas de Andalucía “entra en colisión con la legislación básica estatal”, e incurre en un exceso competencial, con infracción del orden constitucional de distribución de competencias en la materia entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, según doctrina del propio TC.
“VULNERACIÓN” DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO En el recurso elevado por el Abogado del Estado, que actúa en representación del presidente del Gobierno, se señala que el inciso referido, “en cuanto que exime de la colegiación forzosa a los empleados públicos que realizan actividades propias de una profesión colegiada por cuenta de las administraciones públicas andaluzas, cuando sus destinatarios son ciudadanos o terceros, vulnera la competencia estatal para determinar los supuestos de colegiación obligatoria y sus excepciones, y la regulación estatal dictada en esta materia”.
Frente a ello, tanto la representación del Parlamento andaluz como la de la Junta de Andalucía negaron en sus respectivos recursos que el inciso del precepto mencionado incurra en la infracción constitucional que se le imputa, ya que rechazan la competencia del Estado para exigir la colegiación obligatoria a los empleados públicos de las administraciones andaluzas “cuando realizan sus actividades profesionales” por cuenta de éstas.
Asimismo, tanto la Junta como el Parlamento alegaron que la exención, por la legislación estatal, de la exigencia de colegiación a los funcionarios, “no discrimina, a estos efectos, entre quiénes son los destinatarios últimos de los servicios profesionales que realizan los empleados públicos, pues lo definitivo es que actúan dentro del ámbito de la función pública y bajo el régimen de organización, control y disciplina administrativa”.
“DEBATE” COMPETENCIAL El TC, que para resolver la “controversia” tiene en cuenta la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, en la redacción dada por la Ley 25/2009, concluye de los recursos que existe “un debate competencial” entre la Junta, que dice que “lo que está en discusión es la competencia de la comunidad para eximir de la colegiación a los funcionarios, personal estatutario y laboral que realizan su actividad profesional al servicio exclusivo de las administraciones autonómicas, cuando dicha actividad va destinada a terceros, usuarios del servicio público”. “Es ésta la competencia que la comunidad autónoma afirma tener, y que el Estado rechaza”, subraya el Constitucional.
Al hilo de ello, el TC pone de manifiesto que, como el artículo 1.3 de la Ley 2/1974 “no exime a los empleados públicos de colegiarse cuando realizan las actividades propias de una profesión para cuyo ejercicio se exige la colegiación, la exención general del deber de colegiación de los funcionarios, personal estatutario y personal laboral al servicio de las administraciones públicas de Andalucía ‘para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas’ vulnera lo establecido” en el artículo 3.2 de la citada ley, “que exige la colegiación forzosa para el ejercicio de las profesiones que determine una Ley del Estado”.
El Constitucional dice que, “tratándose de un supuesto de inconstitucionalidad mediata o de contradicción de la norma autonómica impugnada con la legislación del Estado, la conclusión a la que lleguemos sobre la inconstitucionalidad del inciso impugnado dependerá, en última instancia, de que la norma de contraste no haya excedido las competencias que ostenta el Estado”, pues “en caso contrario, la contradicción afirmada entre la norma autonómica y la estatal no conduciría a la declaración de inconstitucionalidad de dicho inciso”.
LA COLEGIACIÓN, “REQUISITO INEXCUSABLE” PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL De este modo, añade el TC, “si el Estado no tuviera competencia para imponer la colegiación forzosa para el ejercicio de determinadas profesiones y fijar las excepciones a dicha regla, el inciso impugnado respondería al ejercicio legítimo de la competencia autonómica en materia de colegios profesionales”.
En la sentencia, dice que la colegiación obligatoria “no es una exigencia” de la Constitución española, “sino una decisión del legislador al que este precepto remite”, argumentando que “en la medida en que éste decide imponerla para el ejercicio de determinadas profesiones, se constituye en requisito inexcusable para el ejercicio profesional y, en consecuencia, un límite que afecta al contenido primario del derecho reconocido” en el artículo 35.1 de la Constitución.
Así, “no estamos ante una condición accesoria, pues la obligación de colegiación es una de las que incide de forma más directa y profunda en este derecho constitucionalmente reconocido”.
Para concluir, razona el Constitucional que el inciso impugnado, “al eximir de la colegiación obligatoria a los empleados públicos cuando ejercen la profesión por cuenta de la Administración”, establece “una excepción no contemplada” en la Ley estatal de Colegios Profesionales.
“Siendo competente el Estado para establecer la colegiación obligatoria, lo es también para establecer las excepciones que afectan a los empleados públicos a la vista de los concretos intereses generales que puedan verse afectados, motivo por el cual debemos declarar que el inciso impugnado ha vulnerado las competencias estatales y, por tanto, su inconstitucionalidad”, concluye.
Asociaciones de jueces y fiscales anuncian una huelga para febrero si no hay una respuesta satisfactoria de Justicia
Las diferentes asociaciones de jueces y fiscales han anunciado este martes que convocarán una huelga en febrero si no obtienen una “respuesta satisfactoria” del Ministerio de Justicia a sus demandas en relación con el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, según estas organizaciones, “afecta a las garantías de independencia del Poder Judicial”.
Las organizaciones que conforman la comisión interasociativa han puesto de fecha límite el próximo 5 de febrero para que el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón atienda a sus demandas. De lo contrario, han asegurado que convocarán una huelga dentro de los diez días siguientes.
Entre sus reivindicaciones se halla la petición de un sistema de elección de vocales judiciales que garantice la independencia del Poder Judicial y evite intromisiones políticas. También reclaman garantizar las competencias del CGPJ y que este órgano pueda velar por la independencia de jueces y magistrados, “asegurando las salvaguarda de frente al poder político”.
Otra de las peticiones es una reforma “urgente” del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce la autonomía e imparcialidad de los fiscales frente al poder político y potencie al Consejo Fiscal. Asimismo, solicitan que el Poder Judicial esté “apartado del control y las injerencias políticas”.
RECHAZO A LAS TASAS JUDICIALES
Las organizaciones de jueces y fiscales piden una reglamentación sobre el sistema de sustituciones y bajas por enfermedad que no produzca las “disfunciones y dilaciones” que ha generado la nueva modificación de la ley orgánica.
El documento reclama que “no se legisle sin contar con la opinión de los colectivos jurídicos que tienen un mayor conocimiento de la realidad de la Justicia”, así como una modificación del sistema actual de tasas que, según estas organizaciones, “impide el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva”.
La comisión interasociativa redactará un documento donde se recojan los límites de la reforma del CGPJ que entienden que “no pueden ser traspasados”. Dicho documento lo enviarán tanto al Ministerio de Justicia como al PSOE ya que, argumentan, “han pactado el contenido del anteproyecto de dicha reforma” que tiene que ser retirada porque “acaba con la independencia del Poder Judicial”.
El Consejo de Ministros estudia hoy un informe sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
El Consejo de Ministros de este viernes estará presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y contará con la presencia de todos los miembros de su Gabinete.
Durante la reunión se estudiará un informe elaborado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sobre la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para su remisión a las Cortes.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 579
 artículo 149
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 35