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Timestamp: 2019-06-18 08:44:21+00:00

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DERECHO ADMINISTRATIVO: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre la remoción de funcionarios de la Administración? – La Ley al Día
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DERECHO ADMINISTRATIVO: ¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre la remoción de funcionarios de la Administración?
1. Corte Suprema. Recurso de protección. Remoción de Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Decisión de remoción adoptada por órgano competente y motivada en cuestionamiento grave a la gestión administrativa del director.
2. Corte Suprema. Nulidad de derecho público. Remoción de altos directivos públicos. Facultad privativa de la autoridad para exigir la renuncia de los altos directivos públicos antes de concluir el plazo de nombramiento o renovación. Funcionarios que sirven empleos de exclusiva confianza mantienen sus cargos sólo mientras cuenten con ella.
3. Corte de Apelaciones de Santiago. Recurso de protección. Revisión de la legalidad y razonabilidad de los actos de la Administración. Remoción tanto del Contralor como del Subcontralor requiere un juicio de amovilidad previo. Vulneración del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad.
Recurso de protección. Remoción de Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Decisión de remoción adoptada por órgano competente y motivada en cuestionamiento grave a la gestión administrativa del director. Presunción de legalidad.
Ver Cita Online: CL/JUR/5174/2018
El Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros recurridos se alzan en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso de protección interpuesto por el ex-Director de dicha institución, por estimar arbitraria e ilegal la decisión de removerlo de su cargo. La Corte Suprema revoca la resolución impugnada y rechaza la acción constitucional deducida.
QUINTO: Que de lo anterior se sigue que la decisión de remoción del actor de su cargo de Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue adoptada por su Consejo, órgano competente para hacerlo conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del Reglamento de Funcionamiento del Instituto en relación con el artículo 9 de sus Estatutos y los artículos 1 y 8 N° 9 de la Ley N° 20.405; el que procedió en la forma que prescribe la ley, esto es, en sesión extraordinaria legalmente convocada conforme los artículos 11 de los Estatutos de la Corporación y 6 del Reglamento de Funcionamiento de su Consejo y mediante decisión sustentada en los hechos de que dan cuenta las tres razones o fundamentos que previamente, en la misma audiencia, se le dieron a conocer al actor, acordada por una mayoría superior incluso a la que exige esta última disposición. El acto, entonces, aparece suficientemente motivado en un cuestionamiento grave a la gestión administrativa del director y fue adoptado luego de oírse al actor y de deliberarse respecto de cada uno de los cargos que le fueron imputados, cual aparece en el Acta N° 405 antes referida. Asimismo, en cuanto acto emanado regularmente de un órgano de la Administración, él pudo ser impugnado por las vías declarativas pertinentes y, mientras ello no ocurra, le alcanza la presunción de legalidad que le reconoce el artículo 3° inciso final de la Ley N° 19.880.
SEXTO: Que lo anterior permite afirmar que, a los efectos de la presente acción cautelar, el acto recurrido se ejecutó dando cumplimiento a la normativa que regula la materia y procedimiento fundadamente, por lo que no cabe calificarlo como una decisión arbitraria o ilegal que hubiera provocado al recurrente privación, perturbación o amenaza de alguna garantía constitucional, no divisándose por ende cautela urgente que otorgar por esta vía breve y sumaria que contempla el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.
En efecto, tal como se indicara en el fundamento tercero, la Ley N° 20.405 reguló directamente la destitución de los consejeros, en cuanto a su cargo de tal, pero entregó a la reglamentación emanada del Consejo “todo asunto que sea necesario para el adecuado desarrollo de la labor del Instituto” (artículo 8° N° 9), potestad conforme a la cual se reguló la remoción del cargo de Director del Consejo. Es conforme a tal reglamentación que se siguió el procedimiento pertinente para la destitución.
Se diferenció nítidamente la remoción del cargo de consejero, que regula la ley y la destitución de la designación de Director, que regula la normativa interna, autoridad que, en este último caso, conserva el cargo de Consejero. Es por ello que no se advierten en el proceder impugnado arbitrariedad o ilegalidad, según se ha expresado.
SÉPTIMO: Que atendido lo razonado en los motivos que preceden, el recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al recurrente.
Nulidad de derecho público. Remoción de altos directivos públicos. Empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento. Facultad privativa de la autoridad para exigir la renuncia de los altos directivos públicos antes de concluir el plazo de nombramiento o renovación. Funcionarios que sirven empleos de exclusiva confianza mantienen sus cargos sólo mientras cuenten con ella. Inexistencia de motivos no constituye un vicio de nulidad del acto administrativo cuando el fundamento sea una ponderación subjetiva radicada en la autoridad competente.
Ver Cita Online: CL/JUR/7074/2017
Un exfuncionario público, removido de su cargo, deduce demanda de nulidad de derecho público en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación. El tribunal de primer grado rechaza la demanda, decisión que la Corte de Apelaciones confirma. La Corte Suprema concuerda con lo resuelto por los jueces del fondo, razón por la cual desestima el recurso de casacón en el fondo planteado por el demandante.
OCTAVO: Que interesa destacar lo preceptuado en el artículo 58 de la Ley N°19.882, en que los altos directivos públicos tendrán, en materia de remoción, la calidad de empleados de la exclusiva confianza de la autoridad facultada para disponer su nombramiento, quien puede exigir su renuncia antes de concluir el plazo de nombramiento o renovación, para lo cual se establece un derecho para el personal perjudicado para percibir la indemnización legal contemplada en el artículo 148 de la ley N° 18.834, que no está relacionada con la atribución de la autoridad para desvincular por petición de renuncia al funcionario, la cual puede fundar en razones de desempeño o de confianza.
NOVENO: Que según se desprende de las disposiciones transcritas y de los hechos atingentes que fueron establecidos por los sentenciadores del fondo, la petición de renuncia no voluntaria de un cargo de exclusiva confianza de la autoridad competente, constituye el ejercicio de una potestad discrecional entregada por la ley a la Administración, “facultad atribuida por ley para que el respectivo órgano frente a una determinada situación que motive su actuar, pueda optar libremente y dentro de los márgenes que fija el ordenamiento jurídico, la decisión que estime más razonable, conveniente, oportuna, eficaz y proporcionada, de acuerdo a los antecedentes que la justifican, evitando así incurrir en un acto u omisión arbitraria.” (Jaime Arancibia Mattar, “Concepto de discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia emanada del Recurso de Protección”, Revista de Derecho Público N° 60, Julio Diciembre de 1996, Universidad de Chile).
DÉCIMO: Que, de lo expuesto, puede advertirse que en atención a la naturaleza propia de los empleos de exclusiva confianza, los funcionarios que los sirven se mantienen en sus cargos sólo mientras cuenten con ella, dependiendo su remoción, consecuentemente, de la voluntad de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento; por ende, la petición de renuncia que se formula a estos funcionarios no constituye sino el ejercicio de una facultad privativa que expresa el propósito del superior de remover al afectado de su empleo, por estimarse que dicho servidor dejó de contar con la confianza requerida para el desempeño de esa plaza, según lo dispuesto en el artículo 58° de la Ley N°19.882, descartándose así el quebrantamiento a la citada disposición denunciada por el recurrente, por cuanto la interpretación otorgada por los sentenciadores del fondo, no se apartó de lo aquí razonado, sin que exista, por tanto, vulneración a su contenido, coligiéndose, finalmente, que la frase incluida en la solicitud de renuncia dirigida al demandante, no es más que una afirmación que cede frente al imperativo normativo.
Si bien se ha dicho por la doctrina que la inexistencia de los motivos invocados puede constituir un vicio que autoriza la nulidad del acto administrativo, especialmente en el ejercicio de sus facultades discrecionales, no lo es menos que tal afirmación cobra vigencia cuando la existencia del motivo es consustancial al acto, no así en el evento que el fundamento sea una ponderación subjetiva que se radica en la autoridad competente, y por ello autorizada, para disponerlo.
Recurso de protección. Caso Contraloría. Procedencia de la acción de protección para conocer de la remoción de Subcontralor. Revisión de la legalidad y razonabilidad de los actos de la Administración. Remoción tanto del Contralor como del Subcontralor requiere un juicio de amovilidad previo. Funciones jurisprudenciales del Subcontralor en primera y segunda instancia. Infracción del derecho de igualdad ante la ley. Discriminación respecto a otros funcionarios a quienes en las mismas circunstancias no se les ha pedido la renuncia. Infracción a la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales Contralor al declarar la vacancia del cargo de Subcontralor sustituye en el hecho al tribunal llamado por ley a conocer del juicio de amovilidad. Vulneración del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad. Subcontralor tiene derecho a la estabilidad en el empleo. Respecto a la estabilidad en el empleo hay una especie de propiedad protegida por la Carta Fundamental.
Ver Cita Online: CL/JUR/5799/2018
La Subcontralora General de la República deduce recurso de protección en contra del Contralor General de la República, por sí, y en representación de la Contraloría General de la República por la dictación de la resolución a través de la cual se declaró vacante su cargo. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de protección deducido, dejando sin efecto, en consecuencia la resolución recurrida y disponiendo la reincorporación de la agraviada a su cargo.
OCTAVO: (…)
Asimismo, no es posible soslayar los estándares de legalidad y de razonabilidad que permiten revisar los actos de la Administración. Así, el autor de Derecho Administrativo, Luis Cordero Vega, en sus “Lecciones de Derecho Administrativo (Segunda edición, página 630), plantea que el primero “supone verificar la legalidad formal de las actuaciones del organismo administrativo de que se trate, de modo que quien ejerza la competencia que se invoca y por medio del instrumento que justifica, efectivamente los tenga asignado por ley”, mientras que el segundo significa que “los jueces deben establecer si el acto de las Administración ha sido razonable, para lo cual deberán verificar que: (1) no ha sido dictado de una manera arbitraria o caprichosa; (2) no ha sido dictado en abuso de su potestad discrecional; (3) no ha violentado ningún derecho o garantía constitucional; (4) no ha actuado con exceso o abuso en las competencias legales que le han sido conferidas; (5) no ha actuado con desviación de fin o de poder; (6) que los supuestos de hecho sobre los cuales descansa la decisión se encuentran debidamente acreditados en el procedimiento administrativo.”. Lo anterior, entre otras fuentes, ha tenido como tal la jurisprudencia chilena en materia de recurso de protección (nota al pie de página).
Igualmente, Alejandro Silva Bascuñán en su Tratado de Derecho Constitucional, considera que “El recurso de Protección, establecido en el artículo 20 de la Carta, a favor de toda persona en contra de quien se afectare el legítimo ejercicio de sus derechos, puede interponerse en relación al desempeño del Contralor;” (Tomo IX, páginas 195/196).
De este modo, se desestima el argumento consistente en que la materia en cuestión no pueda ventilarse por esta vía ante esta Corte;
NOVENO: Que, concerniente a la legalidad o ilegalidad del acto emanado del Contralor General de la República, el artículo 4° de la Ley N° 10.336 de la Contraloría, establece que tanto el Contralor como el Sucontralor gozarán de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, e igualmente, que la remoción de uno y otro personero corresponderá al Presidente de la República, previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales señaladas para los Ministros de la Corte Suprema. (…)
DÉCIMO: Que, como consecuencia de lo razonado, no es posible atender a la legalidad del acto basado en que de acuerdo al artículo 148 de la Ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo) en cuanto tras disponer que en los casos de cargos de exclusiva confianza, la remoción se hará efectiva por medio de la petición de renuncia que formulará el Presidente de la República o la autoridad llamada a efectuar el nombramiento (el Contralor, en la especie), adiciona que si la renuncia no se presenta dentro de las cuarenta y ocho horas de requerida, se declarará vacante el cargo.
En lo que hace a la supuesta arbitrariedad del acto administrativo impugnado por esta vía constitucional, se recuerda que ha sido planteada, en verdad, en forma subsidiaria para el caso que se estimare que el Contralor actuó dentro de sus atribuciones en este preciso caso. De este modo, en este punto la Corte no se hará cargo de la “inexistencia” de razones objetivas que harían abusivo el ejercicio de la discrecionalidad de la autoridad;
UNDÉCIMO: Que, acerca de las garantías constitucionales que se denuncian en el recurso como infringidas, la de la igualdad ante la ley se hace consistir en que a anteriores subcontralores no se les aplicó el mismo trato que a la recurrente, es decir, que se les haya declarado vacante el cargo. Sobre el particular, a juicio de esta Corte en otros casos no se verificó esto porque las otras personas renunciaron ante la petición del Contralor, de modo que no pudo verificarse la situación de autos. En este sentido, no puede concluirse de que se haya infringido a través del acto administrativo que nos ocupa, el principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, como garantía constitucional. Distinto es el caso, el cual no fue rebatido en autos, que a otros funcionarios que como la subcontralor fueron citados por el fiscal a cargo de la investigación del caso Fraude en Carabineros, no se les haya pedido la renuncia como a ella. Esto marca una discriminación, pero que podría explicarse precisamente en el hecho de que la subcontralor no es una empleada en las mismas condiciones que los demás empleados, como hemos visto. Sólo que al no trazar esa diferencia en definitiva, lo que queda es que la discriminación existente carece de legitimidad.
Se dice en el recurso, que se ha infringido también la garantía constitucional del artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Carta Política, comoquiera que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. El informe del Contralor señala que no ha habido juzgamiento, por ende, no correspondería el amago de esta garantía. La recurrente, en cambio, sostuvo lo contrario, ya que el Contralor se habría arrogado para sí la ponderación de hechos y fundamentos que legalmente corresponden a entes diversos.
A juicio de la Corte, si bien no ha habido un procedimiento de por medio, sino una secuencia de actos puramente administrativos, lo cierto es que si en derecho lo que correspondía porque así lo dice la ley, y porque no hay otra forma de entenderlo mediante una interpretación lógica y sistemática era requerir en juicio de amovilidad la declaración de no observar la Subcontralor el buen comportamiento debido, para su posterior remoción por parte del Presidente de la República, el Contralor al proceder como lo hizo sustituyó en el hecho al tribunal llamado por ley a conocer del juicio de amovilidad, que debe ser tramitado en la forma que se sigue contra los Ministros de los Tribunales Superiores de justicia y por las causales señaladas para los Ministros de la Corte Suprema, esto es, de acuerdo con las normas que establece al efecto el Código Orgánico de Tribunales, de suerte que la declaración de vacancia del cargo de subcontralor equivale a la declaración que debía emanar del tribunal competente y que, en su caso, debía cumplir el Presidente de la República.
De esta manera, se configura, en concepto de estos jueces, la infracción a la garantía constitucional según la cual nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, dado que si bien el Contralor es un ente regular y reglado en su competencia y atribuciones, en la medida que en este caso actuó fuera de ellas, en contravención a la Carta Fundamental (Art. 6 y 7 de la Constitución), con ello infringió la garantía antes señalada, porque la declaración de vacancia del cargo de Subcontralor de la Contraloría General de la República, basado en la ausencia de renuncia ante la petición formulada en ese sentido por la autoridad del organismo, por haberse perdido la confianza, implica que los hechos omitidos en que se funda la pérdida de confianza, han sido valorados, esto es, juzgados, por el Contralor en lugar del tribunal competente.
Con relación al derecho de propiedad, el artículo 83 del Estatuto Administrativo contempla que todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo, salvo los cargos de exclusiva confianza. Si se atiende a que el cargo de subcontralor no es de exclusiva confianza, pues desempeña funciones, como se ha dicho, no sólo administrativas, entre las cuales la de subrogar al Contralor, sino también funciones jurisdiccionales, puesto que a estos efectos lo que interesa es la función desempeñada y no la pertenencia al Poder Judicial (como se desprende del artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales), resulta evidente que el Subcontralor tiene derecho a la estabilidad en el empleo, lo que le da derecho a gozar entre otras prestaciones, beneficios y asignaciones, a las remuneraciones de que trata el artículo 88. Este derecho a la estabilidad en el empleo lo contempla la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en el apartado sobre la Carrera Funcionaria, en términos que el personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él por causa legal (Art.46). Ahora bien, el artículo 19 N° 24 de la Constitución, asegura a todas las personas “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.” Como las cosas incorporales son derechos, no hay duda que en relación con la estabilidad en el empleo y las remuneraciones, a título de ejemplo, hay una especie de propiedad que igualmente que en el caso de las cosas corporales, protege la Carta Fundamental. Por otro lado, no puede obviarse que el artículo 100 del Estatuto Administrativo habla de la propiedad del cargo, cuando el funcionario debe ausentarse por causa legal del servicio, aun cuando los cargos son públicos, de manera que parece evidente que se trata de la estabilidad en el empleo, sobre el cual sí hay una especie de propiedad;

References: resolución 
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 58
 artículo 148
 artículo 58
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 artículo 4
 resolución 
 artículo 148
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 83
 artículo 5
 artículo 88
 artículo 19
 artículo 100