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Timestamp: 2020-07-02 13:14:30+00:00

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Tu Blog de la Administración Pública: mayo 2011
Etiquetas: Constitución, Democracia, elecciones, Estado de Derecho, Movimiento 15-M, políticos
Con cierta frecuencia se señala la brecha que existe entre los ciudadanos corrientes y las instituciones políticas y sus dirigentes. Para ello se utilizan términos como falta de legitimidad, desafección o apatía que apuntan a que existe una dificultad creciente para que el ciudadano consienta el ejercicio del poder.
Puede parecer que nos hemos acostumbrado a que más de la mitad de los encuestados por el CIS otorguen a los partidos políticos una valoración entre 0 y 3 sobre 10 puntos; a que la satisfacción ciudadana sobre el funcionamiento de los servicios públicos esenciales haya empeorado en los últimos años; a que España no ocupe la misma posición internacional en economía que, por ejemplo, en educación o en democracia; a que en la percepción ciudadana sobre la corrupción hayamos pasado en el ranking mundial del puesto 23 en el 2006 al 32 en 2010; a que la confianza política haya caído casi 20 puntos en los últimos quince años, siendo muy significativo el desplome desde 2004; a que para más de la mitad de los españoles la política esté asociada al sentimiento de desconfianza; o a que la Encuesta Social Europea nos sitúe en 2009 en el último país en interés por la política o en los puestos de cola en la confianza en los políticos y en los partidos políticos. También parece que aceptamos que lo anterior no tiene que ver con que casi la mitad de la población no esté satisfecha con el funcionamiento de la democracia; ni que esté relacionado con la existencia de unas tasas de abstención que en las elecciones locales superan la tercera parte de los votantes. Sin embargo, la conclusión es que nos encontramos en una democracia debilitada, que algunos de sus elementos están en riesgo y otros en crisis.
El Movimiento 15-M presenta varias lecturas necesariamente provisionales a los pocos días de su nacimiento. Puede ser que se trate de una explosión espontánea de irritación ciudadana convocada a través de las redes sociales en un momento de máxima atención política del país. Pudiera ser que se tratase de lo anterior y que grupos radicales que cuentan con organización y objetivos precisos pretendan capitalizarlo. También, claro es, caben las teorías conspiratorias. Es posible que el Movimiento se disuelva tras las elecciones, aunque también que perdure en el tiempo bajo otras formas.
Suceda lo que suceda el 22 de mayo, las percepciones de los ciudadanos sobre el sistema político seguirán estando ahí, como también lo estarán los hechos: cinco millones de parados, un paro juvenil que duplica la media de la UE y una crisis económica a la que no se ve la salida del túnel. La mezcla de percepciones políticas sólidamente consolidadas con los duros hechos económicos y sociales es la que hace que deba ser considerado muy seriamente el Movimiento del 15-M como expresión de un amplio descontento popular. Hasta ahora no se había producido una cristalización entre la desafección ciudadana por el ejercicio del poder y la desesperanzada realidad objetiva. Esto ha permitido a los partidos políticos ignorar a los abstencionistas y a amplias capas de población, especialmente jóvenes, que no se implican formalmente en la democracia, no reformar las reglas del juego político y no permitir la entrada de nuevas expresiones ciudadanas. Así, se ha pasado de la apatía privada a la irritación individual y de aquí a la movilización pública.
Es inevitable tratar de considerar quién gana en esta situación en términos políticos. Es probable que la parte organizada del Movimiento se alinee con la izquierda en su sentido ideológico. Así parece corroborarlo algunas de las propuestas iniciales y la adhesión de algún partido político. En esta hipótesis aparecería la identificación de los causantes de la crisis actual con el capital y a éste con la derecha. De esta manera, se produciría una dilución de la mayor responsabilidad por la gestión de la crisis, que corresponde al Gobierno, y compartirla con los partidos políticos y especialmente con el Partido Popular.
Con ser lo anterior de interés, no es lo más importante. La clave de las crisis se encuentra en cómo se afrontan por aquellos que son el sujeto de las demandas, en este caso el Gobierno y los partidos políticos. Hay mucha diferencia en considerar al Movimiento del 15-M desde una óptica de partido (quién gana con esta situación) y minimizar la realidad que está en la base de la protesta o fundamentarla sólo en la crisis económica manteniendo una posición defensiva ante cualquier tipo de cuestionamiento; asumir el compromiso de la apertura, la reflexión y el debate con los manifestantes; o aceptar parte de la culpa por la situación actual, reconocer los fallos del sistema y comprometerse a tratar de reformarlo. Existe un gran riesgo en términos políticos en la primera opción y una ganancia futura en la tercera.
Habrá que esperar a ver si el 15-M tiene incidencia en las urnas del domingo. Lo que sí tiene posibilidades es, de mantenerse la movilización, de influir en las próximas elecciones generales. Si esto se produce en cualquiera de los dos casos no será porque el Movimiento del 15-M haya sido capitalizado por una corriente determinada, sino porque conecta con el sentir de una parte significativa de la ciudadanía y porque los responsables políticos no han satisfecho sus demandas. Los ciudadanos reclaman un nuevo estilo de hacer política y cambios en el funcionamiento de la democracia. En un estudio español de hace pocos años sobre qué demandaban los ciudadanos de los responsables públicos, destacaba: “que, de verdad, nos escuchen”.
Publicado en El Imparcial el 20 de mayo de 2002
Etiquetas: ciudadano, Crisis, Democracia, elecciones, Movimiento 15-M, partidos políticos
En la primera jornada o sesión del curso sobre la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, en la mesa redonda se plantearon algunas cuestiones que han sido tratadas en este blog, pero que pueden ser de nuevo comentadas. Por ejemplo; Eduardo Costa, en su ponencia sobre ingreso y provisión de puestos de trabajo se admiraba, con cierto tono crítico, del hecho de que para utilizar la forma del concurso como sistema selectivo se exigiera una ley de Les Corts. Dicha exigencia de una ley, proviene, en realidad del Estatuto Básico del empleado público que en su artículo 61.6 nos dice: Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
La crítica me hizo recordar en la primera ley valenciana de función pública, 10/1985, primera en pasar el tamiz del Consejo Superior de la Función Pública, se establecían unas limitaciones a la figura del concurso. En esta ley, como ya he dicho, tuve una contribución muy directa y lo que en ella se establecía era que Con carácter extraordinario, previa autorización del Consell, en puestos singulares que por sus especiales y concretas características no se ordenen en una de las clases previstas en el artículo 4 de esta Ley, y requieran una preparación muy cualificada, la selección y el acceso puede realizarse mediante el sistema de concurso con Tribunal y con respeto de todos los principios constitucionales señalados para las pruebas de habilitación.
Para la dotación de estos puestos en los Presupuestos Generales, será preciso acompañar el expediente de su clasificación.
¿Cuál es la razón de estas limitaciones? Yo puedo explicar las que en su momento se tuvieron en cuenta o comentaron a la hora de redactar el precepto de la primera ley valenciana. En dicho momento la presión de los cargos políticos y superiores de cada Conselleria para obtener recursos humanos era importante, siendo así que cualquier reclutamiento quedaba condicionado a las nuevas leyes de desarrollo de la legislación básica. Además, la pretensión no era sólo la de conseguir personal, sino que en la mayoría de los casos se trataba de colocar o traer a una persona que, por supuesto, según el proponente, no tenía rival y era un gran experto en la materia correspondiente. Al mismo tiempo se estaba pendiente de las transferencias de personal desde la Administración central y también existían expectativas del personal ya transferido y de funcionarios de la Administración local. Dados los antecedentes y aun considerándose la idoneidad del sistema para la movilidad entre el sector privado y el público o dentro del sector del personal laboral, ante la voracidad demostrada por los cargos políticos y los intereses existentes, creo que se impuso la desconfianza respecto del uso que se pudiera hacer del sistema; de ahí la restricción, menor que la actual, de exigir una previa autorización del Consell y limitarse a puestos no ordenados en las clases previstas en el artículo 4 de la ley. Clases previstas para la Administración especial y en los grupos A y B. El lector avisado ha de entender que las mencionadas clases no eran otra cosa que los cuerpos tradicionales, pero cuya constitución nunca se llevó a término.
Si bien la redacción del antiguo artículo 11 no lo establecía con claridad, su contenido se dirigía más al Sector de Administración especial que al de Administración general, al igual que las clases. Pero la realidad es que al leerlo en la actualidad, la redacción establecida no excluía la posibilidad de referirse a puestos de Administración general. Sea como sea, se hubiera interpretado como se hubiera interpretado, lo cierto es que yo, particularmente, no conozco que se hiciera aplicación del mencionado artículo 11 de la ley 10/1985.
Sin embargo el EBEP va mucho más allá y establece la exigencia de una norma con rango de ley para, con carácter excepcional, permitir el concurso. Personalmente no me cabe duda de que la desconfianza que ello supone respecto del sistema y de la gestión de personal es de origen funcionarial más que político, ya que, tampoco me cabe duda de que el político estaría encantado de ampliar la posibilidad de llevar personas del sector privado al público sin el freno de las pruebas selectivas y mediante un sistema laxo de mérito y baremos “ad hoc” para favorecer la llegada del candidato previsto. Se ampliaría pues el sistema permitido para los cargos políticos para una buena parte de la administración propiamente dicha. Personalmente ante la experiencia de la libre designación y otras, pienso que el sistema de mérito y capacidad y la igualdad en el acceso quedarían totalmente destrozados y como un mero campo de uso retórico como lo es hoy la referencia a la democracia.
¿Exagerada la exigencia? Inicialmente, pues, puede parecerlo ya que un sistema técnicamente apropiado queda prácticamente eliminado, pero la falta de garantía de imparcialidad y neutralidad del sector superior de nuestras Administraciones públicas, no permite pensar que la corrupción del sistema y el quebranto de principios fundamentales no fuera la consecuencia corriente.
Mediten los lectores qué cabe pensar de una ley o un legislador o del pacto tácito que establecen que no sólo las subdirecciones generales, cuyo nivel es una novedad de la vigente ley valenciana, sino las jefaturas de servicio con carácter general sean de libre designación. ¿De verdad, algún funcionario con una mínima experiencia piensa que eso garantiza algo? Ya se vio el resultado de la encuesta realizada al efecto un 96 por cien piensa que no. Sólo una cosa garantiza pues, la comodidad del sistema para políticos y funcionarios, ya que sí así se diseña legalmente es porque todos están conformes. ¿De qué sirve tanta mandanga (pues así hay que considerar la cuestión dadas estas decisiones legales) de los principios y fundamentos de actuación, de la formación permanente y de tanta clasificación de puestos? El legislador se convierte en clasificador regio y contradice los propios principios informadores y fundamentos de actuación que establece la ley. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se superan las contradicciones en el seno de una misma ley? Para mí aplicando los principios informadores y básicos sobre la decisión concreta y contraria a los mismos o apreciando si la aplicación del precepto supone dicha contradicción. Es decir, señores magistrados de lo contencioso cuando se discuta ante ustedes un nombramiento de libre designación, contrapongan éste con los principios del artículo 2 de la Ley valenciana vigente. Si hay contradicción con ellos, se puede anular, no hace falta anular el precepto legal, seamos valientes que la continua anulación de acciones inadecuadas y contrarias a la ley, pues eso son los principios que ella mantiene, dejen obsoletos los preceptos ilegales en el fondo y caigan por sí mismos. Eso es una forma de no convertir al malhadado Tribunal Constitucional en una instancia judicial más, colapsada e inaccesible por sistema. Pero esto es harina de otro costal.
Etiquetas: Estatuto del empleado público, funcionarios públicos, jurisdicción contencioso administrativa, Ley valenciana de función pública, libre designación, oposiciones, provisión de puestos
Había comentado que haría mención a las medidas que el gobierno valenciano tenía en mente realizar por razón de la crisis económica y que han sido objeto de referencia en la prensa y que se manifiestan cerca de la campaña electoral. Hay que tener en cuenta que muchos de los proveedores de la Administración autonómica valenciana no cobran y, por tanto, que la situación económica ha de ser delicada. Es destacable en este orden la noticia que aparecía el día 24 del pasado mes de abril de que el Consell ofrecía a los contratistas costear obras por 2000 millones. ¿Participación? ¿Externalización? ¿Financiación privada? El día siguiente se nos decía que los contratistas sólo estaban dispuestos a financiar obras que fueran rentables; totalmente lógico, las obras no rentables son las que se cargan al presupuesto público y si no hay rentabilidad mal van a surgir concursantes a una obra. Además, también, se hace referencia al análisis de la viabilidad de las obras o proyectos, lo que preocupa un poco más pues nos ofrece la imagen de una Administración incapaz de realizar este análisis o de calcular los precios según los cuales la concurrencia y la oferta, a efectos de adjudicación de las contratas, es posible. Cabe preguntarse si, en el fondo, no se produce una renuncia a la determinación del precio del contrato por la propia Administración y se deja en manos de los propios contratistas o no se cuenta con personal preparado para hacerlo.
También el día 28 el Conseller Blasco se refiere a que la "máxima austeridad" sera el lema del Consell y se contempla la simplificación de la Administración y la reducción del gasto. Espero que no desaparezcan los servicios de obras y contratos o las Oficinas de supervisión de proyectos y sean los empresarios los que ocupen la Administración, porque es cierto que reduciríamos organización pero no es tan claro que se redujera el gasto. El día 4 de este mes se nos ofrecen algunas medidas en este orden y, en concreto, se nos dice que se creará una Conselleria de Hacienda, partiendo de su separación de Economía, y mediante la unificación con la actual de Administraciones Públicas y en la que se ubicará una Junta General de Contratación y Compras; junta a la que ya había hecho referencia el día 26 de abril.
En resumen, se vuelve a soluciones clásicas en nuestra Administración estatal y se prefiere la reducción del gasto a las actuaciones descentralizadas o desconcentradas en cuanto a las licitaciones. No se sí se pretende que sólo haya un adjudicatario o se tratará de que nadie monopolice los suministros y que lo único que se unifica son las 140 cuentas a que se hace referencia. Supongo que los proveedores que ahora se diversifican ante la descentralización se preocuparán de evitar que a través de la unificación se produzcan actuaciones monopolísticas, pues hoy la acción administrativa y política también trata de ser equitativa y de repartir bienes y potenciar la actividad económica. Pero habrá que ver el desarrollo en su día de esta cuestión. En Sanidad tuve que asistir a múltiples mesas de contratación en hospitales y centros de salud y sólo algunos suministros, previa consulta con los hospitales, fueron objeto de contratación centralizada, tratando de satisfacer las necesidades y preferencias que los hospitales y médicos tenían respecto de determinados productos o materiales, con lo que abaratando precios sin embargo no se producía la circunstancia de que sólo hubiera un único adjudicatario. El numero de mesas que se conformaban, hacía que hubiera días en que los servicios jurídicos o la intervención no tuvieran personal bastante para acudir a ellas.
Clásica es también la propuesta de que hacienda y recursos humanos sean materias que se gestionen de modo unido, pues en buena parte los departamentos de hacienda siempre han tenido un peso específico en la gestión de aquéllos, en cuanto su número dependía de la dotación presupuestaria y a ella se han venido condicionando los incrementos de plantillas o relaciones de puestos. Pero no hay que olvidar que en los años sesenta, en el Estado, se pretendió que la Presidencia, a través del Ministerio de la Presidencia, asumiera un papel racionalizador en materia organizativa y en la administración de personal, de modo que se redujera el poder de Hacienda para reforzar el del presidente en orden a la política de personal y a la reforma de la Administración. esta idea de una gestión de hacienda y recursos humanos en la organización dependiente del presidente creo que se manifiesta en otros países, de modo que el poder radica en la Presidencia que además formula las políticas correspondientes. Lo cierto es que ahora los presidentes huyen del problema y la creación de departamentos de Administración pública, fue una forma de alejar responsabilidades. La unificación en Hacienda pese a que no conlleve la política económica presenta aspectos que pueden ser negativos y la convierte en el centro de toda negociación para conseguir recursos por parte de los departamentos y puede alejar al presidente de la gestión y del conocimiento de su Administración y dejarlo como un simple elemento político y de representación, preocupado de la imagen del partido y de las elecciones pero que no gobierna en realidad o, al menos, se desentiende de la administración y gestión que es una forma de no gobernar.
Esta visto que nuestra Administración pública es como el tapiz o telar de Penélope, se teje y desteje, continuamente y los problemas siempre son los mismos. Habrá que esperar a ver la realidad de todo lo antedicho y si sólo es fruto de las próximas elecciones y del programa electoral. Las medidas se presentan con una cierta racionalidad pero es posible que de llevarse a efecto se den algunos efectos perversos que lleven a destejer lo tejido.
Etiquetas: contratación administrativa, descentralización, elecciones, empresas, gasto público, Gobierno, Organización, participación, promesas electorales, reforma administrativa
Es indudable que pertenezco al grupo de los mayores y ancianos y no sólo por razones de edad, siempre presentes, sino por la incomprensión y falta de tolerancia con que afronto determinados comportamientos sociales, políticos y administrativos. Viene ello a cuenta del macrobotellón que el pasado día 5, jueves, se organizó en el campus universitario, zona lindante con el barrio en el que vivo o mal vivo, gracias a nuestra administración municipal. De buena mañana numerosos grupos de jóvenes con sus mochilas se proveían en los comercios del barrio de comida y bebida al efecto. La referencia que realiza el diario de las Provincias es clarificadora.
La vergüenza que me invade respecto de lo que vi y de lo que leo es profunda y la desazón que me produce el comportamiento de estos jóvenes también. Sé que en toda época los jóvenes estudiantes hemos sido objeto de una visión desfavorable de nuestros mayores y que en toda época aquéllos han sido mal considerados por razón de sus comportamientos, en buena parte, manifestativos de la falta de estudio y de alegrías demostrativas de su “dolce far niente” propio de privilegiados e irresponsables niñatos, frente a aquéllos que desde su primera juventud e, incluso niñez, tenían que enfrentarse con el duro cumplimiento de un trabajo diario y todavía de una posguerra no superada. En general, por ello, mal vistos por una buena parte de la sociedad. Mala imagen dábamos los estudiantes de derecho el llamado “día del borrego” cuando se recibía el primer día de curso a los novatos a golpe de paquetes de polvos de blanco de España, ensuciando la céntricas calles de Valencia y las columnas y paredes del claustro de la vieja Universidad o cuando, en horas de clase, el Club universitario permanecía lleno de estudiantes jugando a los dados o bebiendo cerveza u otras bebidas. Entonces estudiar en la universidad se podía considerar un privilegio, hoy resulta normal y corriente, la masificación y la falta de preparación actual constituye un problema social y futuro, ya que de la excelencia de aquellos que pueden acceder a los puestos de mayor responsabilidad depende lo que sea nuestra sociedad, nuestra nación y nuestro Estado y, por tanto, la vida de los españoles o de lo que nuestros políticos quieran que seamos, pues poco podemos hacer, salvo votar a quienes en realidad querríamos botar, mientras nos imponen su dictado general. En toda época, pues, cuecen habas. Pero la imagen que me ofrece la actualidad me resulta mucho más preocupante y exagerada que la de antaño. El número de estudiantes es mayor, la permisividad también y la actuación política, educativa y administrativa deplorables y la falta de trabajo acuciante.
La fiesta estudiantil, es ya diaria, la noche en Valencia nos muestra cada día los grupos de jóvenes, y prácticamente niños, preparados para dirigirse a los puntos de reunión y bebercio y a cualquier hora te despierta el grito del gamberro borracho o de la histérica y ridícula niñita de turno. Por ello choca que se lea, tras una fracasada, por prohibida, general paella callejera y alternativo botellón convocado a través de la red, que llevamos todo el año esperando este momento y por culpa de la Universidad o de nuestros representantes, nunca lo sabremos, no nos vamos a quedar sin celebrar la fiesta que no hace daño a nadie o el año que viene espabilarán y buscarán lugar donde hacer paellas porque les hemos demostrado que nosotros no vamos a dejar de hacer el día de la paella o como el gracioso de turno Tanto estudiar Óptica para acabar ciegos. Pues bien a estos tipos es probable que a través del partido de turno, fuente hoy segura de empleo, se los vean ustedes dirigiendo su sociedad, sin mérito ni capacidad, pero dictando a placer lo que los demás hemos de soportar, incumpliendo todas las leyes sin la menor consideración o ejecutándolas a su gusto y dominando todos los poderes públicos en una partitocracia absoluta y dictatorial.
Mientras, la pasividad municipal es evidente, no sea que los chicos se enfaden y no nos voten, y la ciudad se convierte, ocupada por borrachos, mal educados estudiantes pendientes de la fiesta continúa y, en su caso, de la consola de video juegos, gritones y estrafalarios, en el dominio de unos pocos, en zona de bebería y bebendurria, con mesas y sin ellas, en fumadero general, estercolero y letrina pública, mientras los impuestos los pagamos esos mayores a los que sí se nos hace daño, no sólo por que se afecta a nuestra vida, intimidad y descanso, sino porque moralmente nos resentimos pensando en el porvenir que aguarda a nuestros nietos y a nuestra sociedad, por esta y otras muchas cosas que están en la mente de todos ante el gobierno que nos somete a cambios del sentido de la ley y de nuestra Constitución al margen de los procedimientos legales, por la vía de hecho y del contubernio.
Como este mes hemos de votar, amiga Rita, popular en lo personal y político, y populista en general, quédate con el botellón, pero no con mi voto, porque no sólo de lo bueno eres responsable sino porque eres la cabeza de una administración plagada de vulgares concejales, ignorantes del derecho y de la ley y de una, al menos aparente, corrupción en la concesión de licencias y otros menesteres. Y dar gracias a que la oposición cuenta con un gobierno central que os supera en mucho en el despropósito y empeñado en cabrear a los valencianos, quizá porque vosotros estáis en el poder o por su incapacidad de conectar con nuestros sentimientos y, por qué no, por la gran “calidad” e “imparcialidad” de sus dirigentes. No olvidemos que estos políticos son responsables directos de la conformación de nuestra sociedad, primero porque en los parlamentos dictan las leyes que luego incumplen, por que dicen lo que ha de ser pero luego no hacen. Por tanto, en realidad, “desconfiguran” a troche y moche. ¿Cómo llamar a esto Estado de Derecho?, cuando tenemos una administración espuria, nada pública, propiedad de unos pocos y nada al servicio de la ley y del interés general declarado en las leyes. Esto es una dictadura de tomo y lomo, en la que algunos no contamos para nada, salvo para pagar, o en la que una parte de la sociedad y sus valores ha de ser eliminada en favor de la otra.
Etiquetas: Administración local, alcohol, contaminación acústica, elecciones, Estado de Derecho, Gobierno, interés general, ocio, orden público, partidos políticos, políticos, sociedad
LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA LEY DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA VALENCIANA: Neutralidad
Con motivo del Curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia al que me refiero en otro post, repaso lo escrito en su día para un libro, en preparación, de comentarios sobre la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana. La lectura de lo escrito me reafirma en la importancia que tienen estos principios, equivalentes a la de principios generales del derecho manifestados expresamente en la ley. Ya en su día me referí a los fundamentos de actuación del EBEP, de los que los principios de la ley valenciana son trasunto, si bien con algunos cambios o matices que pueden ser o no significativos según el alcance que se les otorgue.
La citada ley valenciana en su artículo 2.1 d) se refiere como principios informadores a la Objetividad, transparencia, integridad, neutralidad y austeridad. De ellos, hoy, sólo me voy a referir al de neutralidad ya que el Estatuto Básico no lo contempla, si bien puede entenderse que queda comprendido en el de objetividad o en el de imparcialidad, que sí se recoge en la ley estatal, junto con el de objetividad y profesionalidad (artículo 2.3 e) EBEP), el cual la ley valenciana contempla, en cambio, en el punto 3 de su artículo 1º refiriéndose a la actuación del personal empleado público, incluyendo, al parecer por la expresión "personal empleado", tanto a los funcionarios como al personal laboral.
La utilización de los dos términos neutralidad e imparcialidad lleva a preguntarse cuáles son sus diferencias y matices o si, en realidad, se pueden considerar de algún modo como equivalentes. Además, hay que considerar que, pese a lo dicho, al personal laboral no le puede ser de aplicación la imparcialidad como fundamento o principio informador u obligatorio de su actuación, ya que la propia ley valenciana en su artículo 17 nos dice que este personal mantiene una relación profesional de carácter permanente caracterizada por las notas de ajenidad, dependencia, voluntariedad y retribución. Quién es dependiente no puede ser imparcial.
Respecto del término neutralidad el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos lo define como cualidad o actitud de ser neutral. Y de neutral nos ofrece la siguiente acepción: Que no participa de ninguna de las opciones en conflicto. A mí, la verdad es que me resultan evidentes las conexiones con los conceptos de objetividad y de imparcialidad y, en cambio, no tanto la razón de la inclusión en la ley valenciana de un principio no contemplado en la estatal y las diferencias conceptuales que llevan a la misma.
Sólo hay dos consideraciones por las que me parecería justificada su inclusión. Una es la de que la actuación de los funcionarios no es siempre de corte jurídico o afecta a resoluciones administrativas propiamente dichas, sino que en los niveles superiores se desarrolla respecto de las decisiones y políticas públicas y en relación con el nivel político de la Administración, lo que lleva a destacar en este orden los funcionarios a la hora de valorar estas políticas, han de ser neutrales y actuar de modo neutral sin considerar otras opciones políticas posibles respecto de la concreta que se les propone. En una palabra, si políticamente se sintieran contrarios a la política que se les propone evaluar e informar, han de olvidarse de ello y centrarse exclusivamente en la viabilidad de la política atendiendo a la legalidad y la disponibilidad de recursos, etc. En este caso la utilización del término de neutralidad adquiere significado frente al de imparcialidad, ya que no se trata de resolver sobre un asunto en el que existen dos partes o intereses encontrados, sino simplemente de colaborar a la acción política.
La otra posibilidad, más remota y no expresa en la ley, sería la de considerar que la neutralidad significa que los funcionarios públicos como garantía de su imparcialidad no pueden afiliarse a los partidos políticos o sea pertenecer a ellos, prohibición no contemplada en nuestra Constitución ni en su desarrollo legal en orden a la función pública, si bien esta prohibición era factible de haberse considerado por el legislador que constituye una garantía para la imparcialidad en el ejercicio de la actividad funcionarial, tal como contempla el artículo 103.3 de la citada Constitución. Pese a esta posibilidad y lo opinable de su conveniencia o no, lo cierto es que no se puede considerar que el legislador valenciano puede regular por sí la materia, que debe considerarse como básica y competencia del legislador estatal. Por ello la inclusión del principio en la ley valenciana, salvo por la primera razón de las posible enumeradas viene a reiterar la idea de imparcialidad y la de objetividad en la que aquélla puede subsumirse.
Etiquetas: Artículo103 de la Constitución, empleados públicos, Estatuto del empleado público, función pública, garantías, Ley valenciana de función pública
MI HEMEROTECA: Una cuestión de falta de ética o moral
La contratación pública es uno de los campos, junto con el de las subvenciones y la creación de personas jurídicas regidas por el derecho privado en que la corrupción se muestra con más frecuencia e intensidad y ello es causa de que soluciones técnicas que reportarían mayor racionalidad y eficacia a las Administraciones públicas, no puedan ser aplicadas o fracasen, pues permiten eludir garantías que el Derecho administrativo o la actividad pública exige o porque las personas que actúan o prestan el servicio no tienen independencia o no actúan conforme a los principios básicos del ordenamiento jurídico o carecen de la moral exigible en el servicio político y administrativo al público. En relación con ello en 10 de marzo de 1993, en el diario Las Provincias, se publicaba este artículo mío:
El presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan José Lucas, discrepa de sus compañeros de partido que consideran que el mejor sistema de contratación pública es la subasta y pone como ejemplo que un buen número de obras no se ejecutan porque los adjudicatarios de obras por subasta realizaron ofertas temerarias que luego son imposibles de cumplir. Vamos que ocurre un poco como en política.
El hecho, desde mi punto de vista, pone de relieve que las cosas no son tan simples como a veces se plantean y en el caso de referencia de los contratos públicos, resulta que la experiencia de muchos años de administración pública han permitido concluir que la mejor oferta económica puede realmente no ser la mejor en el sentido global y que los aspectos técnicos de un proyecto y la seriedad y solvencia de la empresa son también factores determinantes a la hora de conceder una obra pública.
El problema es que la cuestión de la corrupción se ha evidenciado precisamente en el sector de los contratos y concesiones públicas, pero ello no tiene su origen en un defecto del sistema, internacional de otra parte, sino de la falta de ética y moral de las personas que prescinden de las leyes y sus finalidades para vulnerarlas y desviarse de los fines públicos y, también, del consentimiento de los afectados por las irregularidades, que las consienten por temor o que prefieren que en otra ocasión les toque a ellos la lotería.
¿Cuántos años llevamos así? ¿Qué soluciones se han adoptado? ¿Basta con cambiar las normas? Hoy en momentos de crisis, en que los adjudicatarios de contratos ni siquiera cobran, el problema se agudiza. Otro día comentaré algunas de las noticias que la prensa valenciana viene ofreciendo respecto de las soluciones que se plantean en orden a la crisis y también respecto de la contratación pública.
Etiquetas: contratación administrativa, corrupción, Crisis

References: artículo 61
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 103
 Artículo103