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Timestamp: 2020-06-01 13:38:46+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 33, de 25/11/1993
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1993 Núm. 33 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 31 celebrada el jueves, 25 de noviembre de 1993 Página ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (Sesión secreta):
--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 005990) (Página 1507)
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley de concesión de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1993, para aplicar el Acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el período 1992-1996. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 18.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000004) (Página 1508) --Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 22.483.000.000 de pesetas, para financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 19.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000005) (Página 1510)
--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 20.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000006) (Página 1512) --Votaciones de los tres dictámenes anteriores (Página 1513) --Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (Página 1514)
Tramitación por el procedimiento de lectura única de iniciativas legislativas.
--Proyecto de Ley por la que se prorroga el plazo para ejercer la opción por la nacionalidad española, establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 30.1, de 2 de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000016) (Página 1514) --Proyecto de Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 31.1, de 2 de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000017) (Página 1516) --Votaciones de los dos proyectos de ley anteriores (Página 1525) --Elección de los Diputados a los que se refiere el punto tercero de la Resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992 (número de expediente 052/000001) (Página 1527)
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto.
Se somete a debate el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con caracter público.
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas (Página 1507)
Proyecto de ley de concesión de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1993, para aplicar el Acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el período 1992-1996 (Página 1508)
En relación con el proyecto de ley de concesión de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado, para aplicar el Acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el período 1992-1996, interviene el señor Rajoy Brey en relación con la enmienda presentada por el Grupo Popular. Anuncia la retirada de dicha enmienda, que por otra parte ya ha sido sometida a votación en diferentes ocasiones en este Pleno. Dado que no es posible realizar un debate de totalidad, que ya se celebró en el momento oportuno, se reserva intervenir en el turno de fijación de posiciones.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Ríos Martínez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Rajoy Brey, del Grupo Popular, y la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 22.483.000.000 de pesetas, para financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio (Página 1510)
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Ríos Martínez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Vidal i Sardo, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Madero Jarabo, del Grupo Popular.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de
13.464.683.902 pesetas, para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre derivadas de entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas durante los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989 (Página 1512)
El señor Hernando Fraile defiende la enmienda mantenida por el Grupo Popular. Manifiesta que, por tercera vez a lo largo del año, viene esta solicitud de crédito intentando compensar deudas que tenía la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con el Estado, relativas a beneficios pendientes de los años 1983 a 1987, con deudas que el Estado tenía con la Fábrica Nancional por labores oficiales entre los años 1986 y 1989. Señala que lo primero que salta a la vista es que el Estado ha estado dejando de ingresar miles de millones entre los años 1983 y 1987, lo que sólo puede deberse a una negligencia de la recaudación o a que el Estado haya estado financiando una mala gestión de la Fábrica Nacional que ha tenido como consecuencia que en este momento se hable de caída de beneficios, de reducción de plantillas y de productividad, de paralización de líneas de producción de reciente creación, y todo ello unido a la existencia de contratos blindados para fichar no a personas del exterior conocidas por su gran prestigio en el mundo de la empresa, sino directivos que ya pertenecían a la propia empresa y a los que primero se despide, luego se indemniza y, por último, se realiza este tipo de contratos.
Pero, sobre todo, hay un escaso rigor contable y presupuestario por el hecho de tardar tres años en traer este proyecto de ley, que responde a la obligación establecida en el artículo 56 de la Ley General Presupuestaria.
Expone finalmente que el contenido de su enmienda es de modificación del artículo 2, y lo que pretende es dar cumplimiento precisamente a ese artículo 56 de la Ley General Presupuestaria del año 1990 y a la propia exposición de motivos del proyecto de ley, en el que se habla de esta compensación.
En turno en contra, interviene el señor Padrón Delgado, en nombre del Grupo Socialista, diciendo que por enésima vez contesta al Grupo Popular, puesto que efectivamente este proyecto de ley se vio ya en la legislatura pasada, en la que se dieron explicaciones más que suficientes en Comisión, en el Pleno e incluso en el Senado. Sin embargo, parece que dichas explicaciones no fueron suficientes, ya que el Grupo Popular insiste en sus enmiendas.
Señala que se trata de una compensación sin ninguna consecuencia monetaria, habiendo sido examinado el proyecto por el Consejo de Estado, órgano institucional independiente, que no ha puesto reparos al proyecto.
Afirma que no tiene más argumentos que los ya expresados en ocasiones anteriores y, por tanto, si se consideran aquéllos insuficientes y se persiste en el mantenimiento de la enmienda, lo único que puede hacer es lamentar que tales argumentos no convenzan al Partido Popular.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Ríos Martínez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Padrón Delgado, del Grupo Socialista.
Se procede a las votaciones de los dictámenes debatidos anteriormente.
En relación al proyecto de ley de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales, se aprueba el dictamen por 277 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
Asimismo se aprueba el dictamen relativo a la concesión de un crédito extraordinario para financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, por 288 votos a favor y una abstención.
Finalmente se aprueba el dictamen relativo a la concesión de un crédito extraordinario para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, por 169 votos a favor, uno en contra y 118 abstenciones.
Inclusión de un nuevo punto en el orden del día (Página 1514)
El señor Presidente somete a decisión de la Cámara, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la inclusión en el orden del día de la presente sesión de la elección de los Diputados a los que se refiere el punto tercero de la Resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992. La Cámara aprueba por asentimiento la inclusión de dicho punto en el orden del día.
El señor Presidente anuncia que la elección en cuestión tendrá lugar una vez finalizado el debate y votación de los números 38 y 39 del orden del día.
Tramitación por el procedimiento de lectura única de iniciativas legislativas (Página 1514)
Proyecto de ley por la que se prorroga el plazo para ejercer la opción por la nacionalidad española, establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en materia de nacionalidad (Página 1514)
La señora Aguilar Rivero defiende la enmienda presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, consistente en prorrogar el plazo, no como dice el proyecto de ley hasta 1995, sino hasta 1997. El objetivo de la enmienda, al proponer la ampliación de este plazo, es básicamente para cumplir el propósito que el legislador se fijó en su día de beneficiar a los emigrantes y los hijos de los emigrantes en cuanto al ejercicio de opción por la nacionalidad española. Señala que, tal y como está la situación actualmente, con la ampliación del plazo sólo hasta 1995 no se puede garantizar el ejercicio de esta opción y de este beneficio tal y como se proponía el legislador inicialmente. Espera que sean tenidas en cuenta estas razones y que su enmienda sea aceptada en beneficio del objetivo que en su día fijó esta Cámara.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular interviene el señor Pillado Montero, manifestando que parten de la aceptación de la oportunidad del proyecto de ley, de que se prorrogue el plazo para el ejercicio de esta opción de nacionalidad, pero considera que el plazo de un año que se pretende es corto y, consiguientemente, que dicha prórroga no es suficiente, por lo que posiblemente el próximo año se encontrarían con la necesidad de aprobar una nueva prórroga.
Es por ello por lo que consideran más prudente que desde ahora la prórroga se establezca en dos años, ya que ningún perjuicio se sigue de ello y, en cambio, puede ser beneficioso.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Pérez Solano, del Grupo Socialista.
Proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (Página 1516)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, la señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller), que explica los motivos que han llevado al Gobierno a elaborar el proyecto en cuestión, así como los objetivos del proyecto y contenidos del mismo. Concluye justificando la solicitud de que el proyecto sea tramitado por el procedimiento de urgencia, afirmando que se trata de dar cumplimiento lo más rápidamente posible a nuestros compromisos comunitarios. La última disolución de las Cámaras impidió que el proyecto, que ya había sido aprobado por el Ejecutivo, pudiera ser remitido al Legislativo, obligando después a reproducir el procedimiento una vez constituidas las nuevas Cámaras. Se trataría ahora de no alargar la tramitación y que en breve podamos disponer de una ley con la que satisfacer nuestros compromisos comunitarios y cumplir nuestras obligaciones para con los ciudadanos y los sectores interesados.
El señor Fernández de Trocóniz Marcos defiende las enmiendas del Grupo Popular, manifestando que la normativa que hoy presenta el Gobierno a la Cámara es mala y llega tarde. Las modificaciones que ahora se introducen son pequeñas y lo único que hacen es permitir la descompilación de los programas de ordenador para facilitar su interoperabilidad entre los diferentes programas. Agrega que la Directiva de la Comunidad Europea exigía que los Estados miembros pusieran en vigor las normas correspondientes antes del 1 de enero de 1993 y, transcurrido un año desde esa fecha, el Gobierno les sorprende presentando un proyecto que es transcripción casi literal de la Directiva de la Comunidad, variando exclusivamente los rótulos del articulado.
Seguidamente expone el contenido de sus enmiendas, lamentando que el proyecto haya venido por el trámite de urgencia, impidiendo que las mismas fueran examinadas en Ponencia y Comisión. Ello no obsta a su voto favorable al proyecto de ley.
En defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Camp i Batalla. Expone el contenido de las mismas y, como el orador precedente, lamenta que la urgencia de este debate les impida plantear con mayor rigor su fundamentación.
El señor López Garrido defiende las enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza resaltando el retraso con que el proyecto viene a la Cámara, ya que desde el 1 de enero de este año tenía que estar incorporada en nuestro Derecho interno esta importante Directiva comunitaria, pero, como viene ocurriendo en demasiadas ocasiones, se produce nuevamente una tardía incorporación a nuestro Derecho interno de muchas directivas de la Comunidad. A pesar de todo, se trata de una Ley y una Directiva oportunas que van a permitir una eficaz protección judicial,
en su caso, de los derechos que en ellas se protegen. Concluye haciendo referencia al contenido concreto de las enmiendas de su Grupo Parlamentario.
En turno en contra de las enmiendas interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Naranjo González, que formula diversas consideraciones en torno al contenido del proyecto de ley, valorando el esfuerzo del Gobierno para presentar un texto acorde al espíritu y contenido de una Directiva comunitaria difícil de hilvanar para conseguir sus objetivos prioritarios, que son la armonización de las legislaciones de los Estados miembros y la protección de los programas de ordenador donde no están claramente protegidos.
Respecto al comentario de algunos Diputados sobre el retraso en la incorporación a nuestro Derecho de esta Directiva, alude a la complejidad y a veces farragosidad de su redacción y a la lenta puesta en común de una serie de intereses que han de ser tratados con el máximo cuidado como justificación para este retraso. En relación a las enmiendas presentadas a este proyecto agradece la posición conciliadora de los Grupos parlamentarios, y también en esta línea anuncia la mejor disposición del Grupo Socialista respecto de estas enmiendas, partiendo siempre de la complejidad y el respeto al texto de la Directiva comunitaria.
Replican los señores Fernández de Trocóniz Marcos, Camp i Batalla y López Garrido.
Para fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Mixto.
Votaciones de los puntos 38 y 39 del orden del día.
En relación con el proyecto de ley por el que se prorroga el plazo para ejercer la opción por la nacionalidad española, se aprueba por 298 votos a favor y cinco abstenciones.
Respecto al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva número 21/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas anteriormente, así como al texto del proyecto de ley, que es aprobado por 303 votos a favor y cuatro abstenciones.
Elección de los Diputados a los que se refiere el punto tercero de la resolución de la Presidencia, sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992 (Página 1527)
El señor Albistur Marín, en nombre del Grupo Mixto, expresa su protesta por el hecho de no poder estar presentes en la candidatura que se va a someter a votación, según les ha comunicado el portavoz del Grupo Socialista. Pide el amparo de la Presidencia y anuncia la presentación de los recursos que la ley les permita sobre el particular.
El señor Presidente manifiesta que se tienen que atener todos a las previsiones reglamentarias, y éstas son que los señores Diputados que tienen acceso a esta información son uno por cada Grupo Parlamentario de los constituidos de conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 del Reglamento de la Cámara. Puede entenderse que sea una regulación que no satisfaga a todos los miembros de la Cámara ni a todos los Grupos, pero es la que decidió la mayoría y a ella deben atenerse. La señora Aguilar Rivero, en nombre del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, desea hacer constar que, a la hora de confeccionarse las papeletas, ha habido un error en el orden de prelación de los Grupos de la Cámara. El señor Presidente manifiesta que no hay orden de prelación en esta candidatura y que el orden de proclamación de los resultados será el de los votos que obtenga cada uno de los candidatos.
Realizada la votación y verificado el escrutinio correspondiente, el señor Presidente da cuenta de los resultados, manifestando que, habiendo alcanzado los tres quintos exigidos para la elección, quedan elegidos los señores Solchaga Catalán, De Rato Figaredo, Roca i Junyent y Anasagasti Olabeaga, la señora Aguilar Rivero y el señor Olarte Cullén.
Se levanta la sesión a las doce y quince minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.
DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Núm. Reg.
005990)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
DICTAMENES DE COMISION SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE CONCESION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS A LAS SECCIONES 32 Y 33 DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1993, PARA APLICAR EL ACUERDO SOBRE EL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA EN EL PERIODO 1992-1996 (Número de expediente 121/000004)
El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas.
Proyecto de ley de concesión de créditos extraordinarios a las Secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1993, para aplicar el Acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el período 1992-1996.
Enmienda del Grupo Popular a este proyecto de ley. (El señor Rajoy Brey pide la palabra.) Señor Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Señor Presidente, vamos a retirar la enmienda, que, por otra parte, ya se ha sometido a votación en diferentes oportunidades en este Pleno.
No sé si estoy en el momento procesal oportuno para hacer una intervención sobre la totalidad del proyecto o la hago en otro momento.
El señor PRESIDENTE: El debate de totalidad del proyecto se celebró ya. Por tanto, no es el momento oportuno para hacerlo.
El señor RAJOY BREY: Entonces, señor Presidente, pido un turno para fijar posición.
El señor PRESIDENTE: Vamos a abrir un breve turno de fijación de posición sobre este proyecto, aunque reglamentariamente, no habiendo enmiendas, no sería procedente.
¿Algún otro grupo desea intervenir?
El señor RIOS MARTINEZ: Sí hay enmiendas, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ¿puede señalarlas?
El señor RIOS MARTINEZ: Hay seis enmiendas, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Estamos en el punto número 35 del orden del día, señor Ríos. Lo siento, enmiendas mantenidas de su grupo, no constan.
El señor RIOS MARTINEZ: Sí hay, señor Presidente. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, como saben, las enmiendas que se votan en Comisión y son rechazadas, si el grupo que las ha presentado quiere que sean debatidas en el Pleno, deb mantenerlas por escrito y el único escrito que consta es del Grupo Popular; de los otros grupos no ha sido mantenida ninguna enmienda. Para fijar posición en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, en nombre de Unión Valenciana, quiero fijar la posición respecto a este proyecto de ley haciendo constar, por lo menos en el «Diario de Sesiones», la voluntad de este Diputado de que Unión Valenciana ha mantenido en todo momento la financiación autonómica para nuestra Comunidad (Alicante, Castellón y Valencia) cifrada en la concertación económica, conciertos económicos que disfrutan ya algunas comunidades en este momento dentro del Estado español y que entendemos puede ser factible, y debe serlo, para todas aquellas comunidades que muestren su voluntad de tenerlos. Al mismo tiempo, deseo que conste en acta el desacuerdo completo frente al Fondo de Compensación Interterritorial, que ha reducido muy sensiblemente a la Comunidad Valenciana la aportación que el Gobierno tenía que haber hecho y que ha sido reducido en dos años en más del 60 por ciento. Quiero dar este testimonio como justificación en representación de los votantes que en Alicante, Castellón y Valencia han confiado en nuestra fuerza política.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tienen la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el objetivo de nuestro grupo en la tramitación de este crédito extraordinario fue fijado en el debate de totalidad con la enmienda a la totalidad y, en Comisión, nosotros estuvimos defendiendo la necesidad de que, a la hora de hacer frente a este nuevo sistema de financiación que en teoría iba a funcionar en el período 1992-1995, se consiguiese una equiparación a la media del gasto por habitante en todas las comunidades. Creíamos nosotros que debiéramos haber logrado apostar por las comunidades que estaban más distantes de esa media del gasto por habitante e intentar equipararlas. Por eso defendimos en Comisión seis enmiendas que iban dirigidas a incrementar los porcentajes de participación de las comunidades autónomas y el aumento de este crédito extraordinario que nosotros cifrábamos
debía pasar de un volumen de financiación de 1,4 billones, a un volumen de 1,5 billones de pesetas; y el crédito extraordinario, en lugar de 80.000 millones, hacerlo de 158.000 millones de pesetas. Queríamos conseguir con estas enmiendas que las comunidades autónomas recibieran un mayor volumen de dinero, sobre todo, las que en peor situación se encontraban (Andalucía, Cantabria, Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Extremadura); pretendíamos, por tanto, incrementar el volumen de participación para corregir ese desequilibrio. Por otro lado, pretendíamos incrementar el Fondo de Compensación en un volumen superior a los 21.000 millones de pesetas que proponía el Gobierno, para que el crédito extraordinario supusiera que el Fondo de Compensación pasara a ser de 55.000 millones de pesetas.
La distribución que nosotros proponíamos para este Fondo de Compensación significaba que comunidades como Galicia, en lugar de 3.600 millones pasara a 9.500; Andalucía, en lugar de 8.000, pasara a 22.000; Asturias, en lugar de 400 millones, pasara a 1.100 millones; Murcia pasara de 700 millones a 1.900 millones. En suma, incrementábamos el Fondo en todas las comunidades para conseguir que el porcentaje de participación sobre el volumen de inversión del Estado se aumentase hasta el 45 por ciento.
Lo cierto y verdad es que este proyecto, esta propuesta de crédito, empezó siendo, el 13 de noviembre de 1992, un suplemento de crédito y va a terminar un año después siendo la concreción de esta Cámara, de algo que debiera haberse recibido para el ejercicio de 1992. Esperemos que los fondos de nivelación, que los temas pendientes de finalización que el sistema no ha resuelto, lo sean en breve y sean resueltos, por lo menos, para lo que queda del período, puesto que los años 1992-94 no los vamos a ver; y que para 1995 y 1996 se puedan quedar y podamos hacer efectivo lo que es la corresponsabilidad, lo que es el fondo de nivelación de servicios y lo que es la financiación de la sanidad en las diversas comunidades.
En todo caso, nuestro voto no va a ser afirmativo a este proyecto de ley de crédito extraordinario porque lo consideramos raquítico e insuficiente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rajoy.
Es la tercera vez que a lo largo de este año se debate en esta Cámara este proyecto de ley y voy a limitarme a hacer dos observaciones desde nuestra conformidad general con el proyecto, que ya hemos expresado a lo largo de los debates celebrados en el mes de febrero y el pasado octubre. Son dos observaciones que en realidad consisten en dos recomendaciones al Gobierno.
Primera, estamos debatiendo a finales del año 1993, en el mes de noviembre, un crédito para abonar a las comunidades autónomas parte de la participación que a éstas corresponde en los ingresos del Estado del año 1992, una parte que, por otro lado, ya se ha abonado a las propias comunidades autónomas. Es decir, estamos ante un proyecto de ley para conceder un crédito extraordinario que se ha pagado en 1992, que se debate en 1993 y que, paradójicamente, entrará en vigor el año 1994, lo cual, como ya hemos señalado en otras ocasiones, no nos parece un sistema muy serio de gobernar y no dice, desde luego, nada bueno de quién asume las responsabilidades en el Ministerio de Hacienda. Por tanto, recomendación al Gobierno que hace el Grupo Popular con ocasión de este debate: cuando se trate de aprobar algún sistema de financiación, bien sea para las comunidades autónomas o para los ayuntamientos, que se aprueben con anterioridad al comienzo del ejercicio presupuestario en el cual deben entrar en vigor.
La segunda observación que quiero hacer, aprovechando la oportunidad que me brinda este debate, es un recordatorio al Gobierno. En el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, en el que se aprobó el actual sistema de financiación y del que trae origen este proyecto de ley, el Gobierno asumió el compromiso de que antes del 1.º de enero de 1993 entrarían en vigor fórmulas de corresponsabilidad fiscal, se daría solución a la aplicación del artículo 15 de la LOFCA y, por tanto, en los presupuestos se establecerían asignaciones para la nivelación de servicios mínimos en el territorio nacional, instrumento de solidaridad que establece nuestra legislación y que ignoro por qué razones el Gobierno socialista no ha querido poner en vigor. Por último, el Gobierno se comprometió a resolver determinados problemas presupuestarios relacionados con la financiación de la sanidad.
Estas ideas son sobradamente conocidas por todos los miembros de esta Cámara, el incumplimiento del Partido Socialista también y, por tanto, como portavoz del Partido de la oposición quiero que conste en el «Diario de Sesiones».
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, la señora Aroz tiene la palabra.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Socialista, quisiera expresar, una vez más, el apoyo a este proyecto de ley que se refleja en el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación al nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas para el quinquenio 1994-1998, tanto en lo que se refiere a la participación
en los ingresos del Estado como en los criterios del Fondo de Compensación Interterritorial.
Consideramos que es una falta de eficacia política repetir cuatro veces el debate, como ha pasado con este proyecto de ley, porque los argumentos pierden fuerza; nuestro grupo no va a insistir en los que ya ha dado en los debates anteriores.
Quisiera destacar únicamente que este acuerdo que hoy incorporamos al ordenamiento jurídico está suscrito unánimente por todas las comunidades autónomasy es un avance significativo en el perfeccionamiento del sistema de financiación de las comunidades autónomas a través del desarrollo de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 22.483.000.000 DE PESETAS, PARA FINANCIAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, EN EL MARCO DEL REAL DECRETO 808/1987, DE 19 DE JUNIO (Número de expediente 121/000005)
El señor PRESIDENTE: En relación con el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para financiar compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, hay mantenidas enmiendas del Grupo Popular que habían sido retiradas en Comisión.
¿Algún grupo desea fijar su posición en relación con este proyecto de ley? (Pausa.) El señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Brevemente, señor Presidente. Nosotros vamos a votar a favor de este proyecto de crédito extraordinario que viene a hacer frente a las deudas, por así decirlo, sobre la reforma de infraestructuras agrarias que tiene contraídas la Administración para la inversión de determinados fondos europeos que deberían haber llegado hace años.
Es cierto que esto se tramitó desde algunas comunidades autónomas y el tránsito que se dio entre el viejo decreto que regulaba la reforma de estructuras agrarias y el nuevo decreto produjo una desconexión entre las distintas administraciones y algunas comunidades autónomas continuaron concediendo, tramitando créditos de ayudas a los agricultores, y después no se ha podido hacer frente a los mismos desde la capacidad del propio Estado. Por tanto, este crédito extraordinario viene a hacer frente a las deudas que se tienen con unas personas que pidieron créditos entonces --con la seguridad de recibir estos dineros--, por los que están pagando intereses cada vez más altos, y que, con independencia de que no ha habido orden, concierto ni control sobre la efectividad de lo que se quería reformar, además, estas reformas estructurales no han tenido conexión con la estructura productiva. Nosotros creemos que es de justicia y por eso vamos a votar a favor.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Catalán (Convergència i Unió) celebra que el debate de este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de 22.483 millones de pesetas, para financiar el desfase de las previsiones financieras iniciales del Real Decreto 808/1987 y la cuantía real derivada de las peticiones realizadas por los agricultores, llegue al último trámite.
No vamos a repetir todas las vicisitudes de esta tramitación desde los meses iniciales del año 1991 hasta hoy porque son sobradamente conocidas y porque, a nuestro juicio, bien está lo que bien acaba, especialmente si al final se pueden corregir algunos errores e injusticias del texto inicial y si, además, se pueden reparar algunos perjuicios causados por el propio retraso en la tramitación. Ambas cosas ocurren en la aprobación del texto que hoy se somete a votación en el Congreso.
Nuestro Grupo ha mantenido desde el inicio del trámite hasta la última Comisión de Presupuestos, dos enmiendas. Una para que el período legal de vigencia del Real Decreto 808/1987 llegara hasta su modificacion por la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, por tanto la aplicabilidad del crédito extraordinario a todos aquellos expedientes tramitados durante este período. La segunda, para que fuera posible financiar el reintegro de las cantidades avanzadas por las comunidades autónomas.
Nuestro Grupo reiteró en Comisión ambas enmiendas, transaccionando con el Grupo Socialista un texto que soluciona, en parte, lo propuesto en nuestras enmiendas y logrando que todos los agricultores acogidos al Real Decreto 808/1987 pudieran cobrar las ayudas aprobadas. Además, por si el montante de este crédito extraordinario no fuera suficiente, con un suplemento de crédito al Presupuesto de 1994, se garantizará la liquidación final de toda la deuda.
Por todo ello, señorías, los votos de Convergència i Unió serán favorables a la aprobación del proyecto de ley de crédito extraordinario insistiendo, una vez más, en que se garantizan todos los pagos a los agricultores y a las comunidades autónomas.
Quiero recordar, señorías, el compromiso adquirido por todos los grupos de la Cámara, también por el Grupo mayoritario, en una moción que presentó nuestro Grupo para estudiar alguna compensación para aquellos
agricultores que han soportado mayores costes de financiación, causados por los más largos retrasos, desde la finalizacion de sus obras de mejora, hasta la percepción de las ayudas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular el señor Madero tiene la palabra.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, señorías, viene nuevamente a este Pleno el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 22.483 millones de pesetas, para financiar los compromisos adquiridos por el IRYDA, en el marco del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio.
Debido a un error material, señor Presidente, ha habido alguna duda respecto a la posición de mi Grupo en este tema, aquí y ahora, en este Pleno. Por ello, como principio y eje de mi intervención deseo, en nombre del Grupo Popular, dejar perfectamente claro que votaremos afirmativamente este proyecto de ley, tal como ya hicimos en la Comisión de Presupuestos, y consiguientemte decimos que las enmiendas que habíamos presentado fueron retiradas en el citado trámite de la Comisión al aceptar el texto transaccional que allí se nos ofreció. Nuestro voto afirmativo es lógico ya que el citado texto transaccional, que se nos ofreció por el Grupo Socialista recoge sustancialmente el contenido de las enmiendas que habíamos presentado. ¿Cuál es la línea argumental de nuestras enmiendas y del texto transaccional? Sencillamente es la corrección de una injusticia con el campo; es sencillamente, repito, que aquellos agricultores y ganaderos que habían solicitado y obtenido ayudas al amparo del Real Decreto 808 por fin puedan cobrar. Lo mismo puede decirse de aquellas comunidades autónomas que habían anticipado el pago que correspondía hacer al IRYDA. Por fin también estas comunidades autónomas podrán recuperar las cantidades que anticiparon en nombre y a cuenta del Ministerio de Agricultura. Exactamente esto, que cobrara todo aquel que tenía derecho, con obligación de pago reconocida por el IRYDA, es lo que mi Grupo pretendía con las enmiendas presentadas en su momento y cuyo contenido esencial, reitero, ha sido incorporado al texto del proyecto de ley que ahora se somete a debate en este Pleno.
Pese a todo, señorías, fijando la posición de mi Grupo debo decir que, aunque se remedie en buena parte una situación, por cierto generada por la imprevisión del Gobierno, no estamos seguros de que el problema quede resuelto de forma total por la sencilla razón de que no se sabe exactamente lo que se debe. Dicho de otra manera, el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario no sabe exactamente cuál es la cuantía total de las obligaciones contraídas al amparo del Real Decreto 808. Esto no es así porque lo digamos gratuitamente sino porque, tal como se especifica en la memoria del proyecto de ley, la cifra del crédito extraordinario comprende las cantidades debidas por el IRYDA hasta junio de 1991, y se estiman unos 5.000 millones de pesetas más a pagar en el segundo semestre del citado año 1991. Es decir, después de once meses, el IRYDA no sabe exactamente cuánto tiene que pagar por obligaciones reconocidas al amparo del Real Decreto 808. A pesar de ello, el Grupo Popular no quiere ser obstáculo para que se regularice una situación poco presentable y, aunque tal como hemos afirmado, el problema no se resolverá totalmente, sin embargo, es mejor esta solución que ninguna, si bien lo más acertado hubiera sido incorporar esta partida en los Presupuestos Generales del Estado, tal como el Grupo Popular pidió hace un año.
El tantas veces citado Real Decreto 808 quedó derogado al publicarse, en enero de 1992, el Real Decreto 1887, que, aunque no es tan ágil y eficaz como el anterior, está cumpliendo medianamente los objetivos por los cuales se publicó. Ahora bien, si se actúa desde el Ministerio con la ligereza que se hizo anteriormente, no hay que descartar, señorías, en modo alguno, que dentro de poco tiempo estemos poniendo nuevos parches como éste que ponemos ahora.
Dicho lo anterior, mi Grupo estima oportuno hacer una breve digresión de tipo formal. Hace un mes, el Grupo Socialista no creía en la oportunidad de nuestras enmiendas, y así lo manifestó su portavoz en el Pleno del 28 de octubre pasado.
Irónicamente se nos calificó incluso de taumaturgos. Pues bien, curiosamente el milagro se ha producido días después, pero en sentido inverso, al considerar la minoría mayoritaria que nuestras enmiendas eran dignas de ser tenidas en cuenta.
Cabe preguntarse, no obstante, si habrá influido en el cambio de actitud del Grupo Socialista la postura de Convergència i Unió. Desde luego, la coincidencia de nuestro Grupo y el Grupo Catalán ha sido notable a la hora de plantear enmiendas a este proyecto de ley. ¿Será esto lo que ha hecho girar 180 grados la postura de los Diputados socialistas? Quizá, como en la canción de Dylan, será mejor dejar la pregunta en el aire. En todo caso, señor Presidente, señorías, tal como señalaba al principio de mi intervención, lo realmente importante es que cuanto antes los agricultores y ganaderos que tienen derechos reconocidos obtengan ya, de una vez, aquellos préstamos y subvenciones que les concedió el IRYDA y que después de dos años y medio todavía no han recibido, con el evidente quebranto que para ellos ha supuesto esta demora injustificable, desde todo punto de vista. El mal ya está hecho, pero con este proyecto de ley quizá se evita un mal mayor.
Como últimas palabras, en nombre de mi Grupo, deseo reiterar al Gobierno y a los grupos que lo apoyan la necesidad perentoria que tiene el sector agrario de instrumentos legales y financieros ágiles y eficaces para
racionalizar las inversiones, para mejorar la actividad profesional y modernizar y hacer más competitivas nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Entendemos que es buena ocasión --y con esto termino, señor Presidente-- para pedir al Gobierno aquellas ayudas que el sector necesita y que por ahora no se le dan, desaprovechando, de paso, un parte de los fondos que desde Bruselas se nos ofrecen. Nos parece que el Ministerio de Agricultura sigue siendo cicatero y poco realista, pues al no ayudar debidamente al sector agrario está abocando a nuestros profesionales del campo a competir con sus homólogos de la Unión Europea en clara inferioridad de condiciones. Para que esto deje de ocurrir, aprovechamos la ocasión para solicitar del Ministerio de Agricultura la adopción de una postura más flexible e inteligente en favor del campo español, al tiempo que reiteramos nuestro voto favorable al proyecto de ley objeto de este debate.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madero.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, cuando creíamos que el debate correspondiente a este proyecto se había cerrado en Comisión la semana que estudiamos los Presupuestos Generales del Estado, nuevamente se han producido algunas intervenciones que obligan el Grupo Socialista a hacer alguna aclaración. En primer lugar, quiero manifestar que se presentó una enmienda transaccional que venía a recoger las aspiraciones y planteamientos de algunas comunidades autónomas que, cuando se les comunicó el agotamiento del crédito a que hacía referencia el Decreto-ley 808, de 1987, siguieron efectuando concesiones y avalando con su firma las peticiones correspondientes, mientras que otras comunidades autónomas que se ajustaron a lo ordenado por el Ministerio de Agricultura cancelaron todas estas operaciones. No obstante esto, y en atención a algunas de las enmiendas y planteamientos de algún partido y de alguna comunidad autónoma, el Grupo Socialista presentó alguna enmienda transaccional que viene a resolver el exceso de crédito de 4.000 millones de pesetas originado por estas cuatro comunidades autónomas y que viene a solucionar el 65 por ciento, puesto que el otro 35 está resuelto por la vía del Decreto que sustituyó al 808.
Quiero manifestar también que el 6 de octubre de este mismo año estaba agotado el crédito al que estamos haciendo referencia y se ha transferido a todas las comunidades autónomas, que han certificado la realización de las obras, las cantidades correspondientes. O sea, que están pagadas a las comunidades y éstas han tenido la obligación de pagar a los agricultores.
Por tanto, que no se hable de que una vez aprobado este crédito los agricultores van a cobrar, etcétera, puesto que el 6 de octubre estaba agotado el crédito mediante un anticipo del Tesoro que se había concedido. Es necesario, por tanto, manifestar estos hechos puesto que algunos portavoces han expuesto que el retraso en la tramitación está originando cargas y costes financieros para los agricultores.
Por estas razones, señor Presidente, manifestamos que, en atención a lo que hemos mantenido desde un principio y más con la enmienda transaccional, votaremos favorablemente este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Padrón.
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 13.464.683.902 PESETAS, PARA CANCELAR DEUDAS CON LA FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE DERIVADAS DE ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EFECTUADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 1986, 1987, 1988 y 1989 (Número de expediente 121/000006)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Hay mantenida una enmienda del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vuelve a venir hoy a esta Cámara, y ya por tercera vez a lo largo de este año, este proyecto de solicitud de crédito del Gobierno, intentando compensar deudas que tenía la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para con el Estado, relativas a beneficios pendientes desde el año 1983 hasta el año 1987, con deudas que el Estado tenía con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, relativas a labores oficiales entre los años 1986 y 1989. Lo primero que salta a la vista es que el Estado ha estado dejando de ingresar, señorías, y de percibir miles de millones entre los años 1983 y 1987, y eso solamente ha podido ser debido a dos causas: una, la posible negligencia de la recaudación; o bien, otra segunda, que el Estado haya estado financiando una mala gestión en la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; una mala gestión al día de hoy llega a unas consecuencias que hablan de caída de los beneficios, de reducción de plantillas y de productividad, de contratos de suministros para trabajos que podría estar realizando la propia empresa, la propia Fábrica, de paralización de líneas de producción de reciente creación y adquisición, todo ello unido a la celebración de contratos blindados no para contratar o fichar del exterior empresarios
o personas conocidas por su prestigio en el mundo de la empresa, sino directivos que ya pertenecían a la empresa y a los que primero se despide, luego se les indemniza y posteriormente se les realiza este tipo de contratos.
Pero, sobre todo, hay un escaso rigor contable y presupuestario porque, señorías, el hecho de que se haya tardado tres años en traer este proyecto de ley, que responde a la obligación establecida en el artículo 56 de la Ley General Presupuestaria del año 1990, demuestra, como decía antes, escaso rigor presupuestario. Nosotros hemos presentado una enmienda de modificación al artículo 2, una enmienda que lo que pretende es dar cumplimiento precisamente a ese artículo 56 de la Ley General Presupuestaria del año 1990 y también, por supuesto, a la exposición de motivos del proyecto de ley en que se habla de esa compensación. Queremos que se cumpla «stricto sensu» la letra de la ley y la letra de la exposición de motivos. Por ello solicitamos a la Cámara el apoyo y el voto para la introducción de esta enmienda de modificación, en la que se pretende claramente la compensación al Estado con un saldo favorable de 39.530.970 pesetas, que entendemos se debe contemplar ya en la redacción del propio proyecto de ley.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Padrón.
El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Contesto por enésima vez, puesto que este proyecto de ley se había visto en la legislatura pasada, se habían dado explicaciones más que suficientes en Comisión y en Pleno, había pasado al Senado, la disolución de las Cámaras impidió su aprobación, se planteó una enmienda de totalidad, se volvió a defender la misma por el Grupo Popular en la Comisión y nuevamente se trae al Pleno. Por lo visto, todas las explicaciones que se han dado referidas a la justificación de este proyecto de ley son insuficientes. Se ha hablado de que existe una compensación efectiva y monetaria, puesto que, efectivamente, este crédito no tiene ninguna consecuencia monetaria, pero que la Ley General Presupuestaria obliga a determinar en el articulado la manera de financiar el crédito.
Por otra parte, como se ha dicho, ya se ha efectuado la compensación por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y solamente falta la aprobación de este crédito para que Hacienda pueda efectuar la contabilización correspondiente. Esto está visto y examinado por el Consejo de Estado, un órgano institucional independiente que examina con lupa todos los proyectos de ley y, por tanto, hubiera puesto reparos si la forma en este articulado fuera incorrecta. A pesar de todo, el Grupo Popular, en su tenaz oposición y obcecación permanente a todo proyecto de ley que viene a la Cámara, sigue manteniendo y de hecho defendiendo en este turno una enmienda de totalidad.
Señor Presidente, este portavoz no tiene más argumentos que los ya expresados en anteriores ocasiones y, por tanto, si estas razones son insuficientes y se persiste en esta obstinación, lamento que estas palabras y todos los argumentos expresados no puedan convencer al Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
¿Algún Grupo desea fijar su posición en relación con este proyecto de ley? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor González Lizondo.
El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, desde Unión Valenciana vamos a apoyar este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario, al igual que vamos a apoyar también el anterior proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario al IRYDA, ya que, como ha comentado el señor Padrón, se llegó a una transaccional en la que todos los grupos estamos de acuerdo. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo. Estamos en el punto 37 y no en el 36.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a votar afirmativamente la propuesta de crédito extraordinario, puesto que se nos afirmó que su objetivo es un apunte contable, no tiene efectos monetarios, con independencia de las actuaciones que debamos llevar a cabo para hacer más transparente el funcionamiento presupuestario de la propia Fábrica, los déficit que pueda tener y la actuación que deba tener hacia el exterior. Como éste no es el momento y de lo que se trata es de llegar a una compensación que posibilitaba el artículo 56 de la Ley de Presupuestos, es por lo que vamos a votar afirmativamente este crédito extraordinario, aunque en su día presentamos una enmienda a la totalidad que retiramos ante la argumentación que se nos dio.
Por tanto, también votaremos en contra de la enmienda que ha defendido el Grupo Popular y que consideramos que no mejora el proyecto.
VOTACIONES DE LOS DICTAMENES DEBATIDOS ANTERIORMENTE:
Vamos a proceder a las votaciones de estos dictámenes.
Dictamen relativo al proyecto de ley de concesión de créditos extraordinarios a las secciones 32 y 33 de los Presupuestos Generales del Estado para 1993, para aplicar el Acuerdo sobre el sistema de financiación autonómica en el período 1992-1996.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 277; en contra, 12; abstenciones, una.
Dictamen del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para financiar los compromisos adquiridos por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en el marco del Real Decreto 808/1987, de 19 de junio.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 288; abstenciones, una.
Enmienda del Grupo Popular al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 122; en contra, 164; abstenciones, tres.
Dictamen del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para cancelar deudas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 169; en contra, uno; abstenciones, 118.
INCLUSION DE UN NUEVO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la inclusión, en el orden del día de la presente sesión, de la elección de los Diputados a los que se refiere el punto tercero de la Resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992.
¿Acepta la Cámara la inclusión de este punto? (Asentimiento.) Queda acordada la inclusión. Esta elección tendrá lugar una vez finalizado el debate y votación de los números 38 y 39 del orden del día. La votación se celebrará por llamamiento y papeletas.
TRAMITACION POR EL PROCEDIMIENTO DE LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PRORROGA EL PLAZO PARA EJERCER LA OPCION POR LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA, ESTABLECIDO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 18/1990, DE 17 DE DICIEMBRE, SOBRE REFORMA DEL CODIGO CIVIL EN MATERIA DE NACIONALIDAD (Número de expediente 121/000016)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día: Tramitación por el procedimiento de lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se prorroga el plazo para ejercer la opción por la nacionalidad española, establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra la señora Aguilar.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha planteado una enmienda que consiste en prorrogar el plazo no hasta 1995, como dice el proyeto que se nos remite, sino hasta 1997. El objetivo de esta enmienda de ampliación del plazo es básicamente cumplir el propósito que el legislador se fijó, en su día, de beneficiar a los emigrantes y a sus hijos en cuanto al ejercicio de la opción por la nacionalidad española. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Aguilar. Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señora Aguilar, puede continuar su intervención.
Como decía, nuestra enmienda tiene como objetivo garantizar el propósito del legislador que dio lugar a esta disposición en la reforma del Código Civil, y en este sentido consideramos que la ampliación hasta 1995 no garantizaría ese propósito, toda vez que la realidad actual
es la siguiente. En primer lugar, el Registro Civil central está teniendo en estos momentos prácticamente 200 peticiones de opción de nacionalidad al día. Es más, la sección de consulados del Registro Civil central, donde se inscriben las marginales de esta opción, sufre un colapso total en este momento. Tal y como está la situación actualmente, sólo con la ampliación del plazo hasta 1995 no se puede garantizar el ejercicio de dicha opción y de este beneficio, tal y como se proponía el legislador inicialmente. Además, el plazo que proponemos hasta 1997 también daría la oportunidad para cubrir el objetivo inicial, que dio lugar a la reforma de la disposición transitoria tercera, para iniciar una campaña de información entre los emigrantes y sus hijos a través del Consejo General de la Emigración y de los consejos residentes españoles en el extranjero que, junto con la campaña de información, permitiera llegar a todos los rincones para hacer posible que los hijos de los emigrantes españoles pudieran acceder a este beneficio de opción de nacionalidad y, por otra parte, tendríamos el plazo suficiente para evitar la situación que en estos momentos se da en el Registro Civil central.
En resumen, en función de la realidad actual y en función de cubrir el objetivo de garantizar el propósito que el legislador se marcó en su día a conceder, a través de la disposición transitoria tercera, el plazo que ahora pretendemos ampliar, por todas estas razones esperamos que nuestra enmienda sea atendida en beneficio del objetivo que en su día tuvo esta Cámara. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pillado.
El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve en mi intervención. Nuestra enmienda parte de la aceptación de la oportunidad del proyecto de ley de que se prorrogue el plazo para el ejercicio de la opción por la nacionalidad española en favor de los hijos de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Pero consideramos que el plazo de un año que se pretende con el proyecto de ley es corto, que esta prórroga no es suficiente y que, dada la posible desinformación de los afectados, posiblemente el próximo año nos encontraremos en la necesidad de tener que votar una nueva prórroga. Por ello creemos más prudente que ya, desde ahora, la prórroga sea de dos años. Ningún perjuicio se sigue de esto y, sin embargo, puede ser beneficioso. No cabe hablar aquí de desinterés de los afectados que, en ese caso, no ejercitarán la opción en favor de la nacionalidad española ni con prórroga ni sin ella. En cambio, puede haber --y los datos así lo demuestran-- personas interesadas por la nacionalidad española que tardan en enterarse de la posibilidad de la opción y es una pena que pierdan esta oportunidad y este derecho por una simple cuestión de plazo.
Por todo ello solicito de la Cámara que acepte la enmienda que proponemos, cuyo objetivo es que la prórroga del derecho de opción en favor de la nacionalidad española sea de dos años y no solamente de uno, como nos plantea el proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pillado.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) ¿Qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Camp.
El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Para dar nuestro voto faorable a la aprobación de este proyecto de ley, pues entendemos que las causas que lo justifican son de sobra razonables: implican establecer un plazo suficiente para poder cumplir los objetivos que en él se pretenden.
Hemos podido comprobar en la memoria que acompaña al proyecto de ley cómo ha aumentado desde el año 1991 hasta el presente, el número de expedientes, y parece razonable dicha petición.
También vemos razonable la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de ampliar el plazo en dos años, hasta el 7 de enero de 1996. Dicho plazo representará, de ser aprobado, haber establecido desde el 17 de diciembre de 1990 hasta 1996; un lustro es el plazo para poder pedir lo que la disposición transitoria de la Ley prevé, tiempo suficiente como para que los que realmente están interesados puedan ejercer este derecho.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Socialista está de acuerdo con las consideraciones generales que han hecho los grupos enmendantes, dado que pretenden mejorar la ley. Esta es la razón por la que no hemos utilizado el turno en contra, sino el de fijación de posiciones.
Efectivamente, como han dicho los grupos intervinientes anteriores, como señala la memoria del anteproyecto, frente a unas primeras previsiones que hacían suponer una limitada incidencia de la reforma de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, de reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, lo cierto es que, desde su entrada en vigor hasta el 16 de septiembre de 1993, se han producido 3.039 solicitudes de hijos de emigrantes
ejerciendo su derecho de opción por la nacionalidad española.
A la vista de esta realidad y ante la petición formulada por el Consejo General de Emigración, es conveniente prorrogar el plazo inicialmente previsto en la ley, que expira el 7 de enero de 1994, para que se cumpla, prorrogándolo, la voluntad del registrador de beneficiar a los emigrantes y a sus hijos y solucionar las últimas secuelas del largo proceso histórico de la emigración española.
Por supuesto, sin desmerecer la enmienda que formula el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, parece que lo más aconsejable, como ha dicho el Grupo de Convergència i Unió, y prudente, añadimos nosotros, para conseguir la finalidad pretendida, es prorrogar el plazo por dos años, plazo que se estima suficiente para cerrar definitivamente el asunto.
Prorrogar indefinidamente el plazo o prorrogarlo más allá del plazo que se estima conveniente, que sería de dos años, sería dejarlo permanentemente abierto y crearía inseguridad jurídica.
Por tanto, anunciamos que vamos a votar favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y solicitamos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que, en atención a este acuerdo parlamentario que reclamamos para esta modificación de menor cuantía, retire la enmienda que tiene formulada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
Tiene la palabra la señora Aguilar.
Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, en aras a conseguir ese amplio acuerdo de la Cámara, retiramos nuestra enmienda y nos sumamos a la ampliación del plazo a 1996. Esperamos ponernos también de acuerdo para auspiciar una amplia campaña de información y cumplir los objetivos que nos hemos marcado.
--PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 91/250/CEE, DE 14 DE MAYO DE 1991, SOBRE PROTECCION JURIDICA DE PROGRAMAS DE ORDENADOR (Número de expediente 121/000017)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250 de la Comunidad Económica Europea, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.
Para la presentación del proyecto en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Cultura.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Señor Presidente, señoras y señores, buenos días.
La razón por la que hoy comparezco ante ustedes es para presentarles el proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250 de la Comunidad Europea, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.
En primer lugar explicaré los motivos que han motivado al Gobierno a elaborar dicho proyecto. A continuación expondré los objetivos y contenidos del mismo. Por último pasaré a justificar la solicitud de que este proyecto de ley sea tramitado mediante el procedimiento de urgencia.
Explicar las causas del nacimiento de este proyecto obliga a referirse a las consecuencias de la pertenencia de España a la Unión Europea y más concretamente a los compromisos de armonización legislativa que los Estados miembros asumen por mor de dicha pertenencia. En el marco de la armonización de materias relativas a propiedad intelectual, el Consejo de la Comunidad Europea aprobó el 14 de mayo de 1991 la Directiva sobre la protección jurídica de los programas de ordenador.
Aprobada la Directiva, los Estados miembros, y entre ellos España, quedaron obligados a incorporar sus contenidos al propio ordenamiento jurídico mediante normas nacionales. El proyecto de ley que hoy presento supone el cumplimiento por parte del Estado español de la obligación antedicha en cuanto miembro de la Unión Europea. De esta manera la tarea de armonización comunitaria cobra todo su sentido.
En lo que concierne a los objetivos de la norma española, cabe señalar, en primer lugar, que resultan plenamente coincidentes con los de la comunitaria, habida cuenta de que aquélla constituye un texto de trasposición de ésta al ordenamiento jurídico español.
Entre ellos cobra especial importancia el de proteger los derechos de autor de los creadores de programas de ordenador.
Y, para lograrlo, se equiparan las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, suprimiendo algunas de las diferencias que se producían en la protección jurídica de los programas de ordenador.
Simultáneamente, el proyecto tiene en cuenta la creciente importancia de los programas de ordenador en una amplia gama de sectores industriales, lo que obliga a considerar de crucial interés la tecnología informática en el desarrollo industrial de la Comunidad.
Asimismo, el proyecto asume que un programa de ordenador tiene como función principal comunicarse y trabajar con otros componentes del sistema y con sus usuarios. Todo ello conduce a permitir, cuando sea conveniente,
la utilización de distintos sistemas lógicos, físicos, interconectados e interactivos.
Por tanto, concluyendo este segundo punto de mi exposición, reiteraría que los objetivos prioritarios de este texto son, por una parte, la defensa de los derechos de autor, de los creadores de programas informáticos, y, junto a ella, abrir el camino para un desarrollo lógico del sector, permitiendo, dentro del marco fijado por la norma, la interoperabilidad, es decir, la capacidad de los programas de ordenador para intercambiar información y utilizar mutuamente la información así intercambiada.
Por lo que se refiere al contenido de la norma que hoy presento ante ustedes, destacaría, como ya he anticipado, que tiene como objeto los programas de ordenador, cuya protección asimila a la que se ofrece a las obras literarias. Acoge también los documentos preparatorios a efectos de dispensarles idéntica protección, a la vez que se excluyen expresamente de la misma las ideas y principios en que se basa el programa.
Son beneficiarios de la protección la persona o personas físicas que lo hayan creado o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor.
Dentro del apartado relativo a los derechos, la norma somete a la autorización del autor la reproducción, transformación y distribución de los programas de ordenador.
Como contrapartida a esos derechos reconocidos, se recogen una serie de excepciones, fundamentadas en el concepto de necesidad para la utilización. Tal es el caso de la reproducción o transformación de un programa de ordenador cuando sea necesario para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo con arreglo a la finalidad propuesta.
Como excepciones, se incluye también la realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa y el estudio o verificación de su funcionamiento, siempre que se haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución o almacenamiento del programa.
Especial importancia posee la regulación de la interoperabilidad, al ser un concepto nuevo en nuestro ordenamiento. Con ella se permite el intercambio de información y la utilización mutua de la información así intercambiada.
Con relación a las medidas especiales de protección, se contemplan tres tipos de infracciones que la Ley de Propiedad Intelectual no recogía expresamente: la puesta en circulación de una o más copias de un programa de ordenador conociendo, o pudiendo suponer, su naturaleza ilegítima; la tenencia con fines comerciales de una o más copias de un programa de ordenador conociendo, o pudiendo suponer, su naturaleza ilegítima; la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizada de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.
Hay que destacar la incorporación al proyecto de una posibilidad que da respuesta a un problema suscitado permanentemente por el sector de la industria informática. Se trata de la facultad que se otorga al juez para que, antes de adoptar medidas cautelares, pueda requerir los informes u ordenar las investigaciones que estime oportunas sin necesidad de dar audiencia previa a las partes, a fin de obtener las pruebas necesarias para el procedimiento, tan fáciles de destruir en la materia de que se trata. Tal posibilidad constituye un medio eficaz para combatir la piratería existente en este ámbito.
Como conclusión de este punto, quisiera subrayar el hecho de que el contenido de la norma supone un paso importante en la racionalización y puesta al día de la materia objeto de tratamiento legal, tanto en la faceta de los derechos como en la de las excepciones a los mismos, así como también en la de los medios de protección.
Me referiré, finalmente, a la justificación de la tramitación del proyecto de ley mediante el procedimiento de urgencia. Se trata de dar cumplimiento, lo más satisfactoriamente posible, a nuestros compromisos comunitarios. La última disolución de las Cámaras impidió que este proyecto, que ya había superado el procedimiento habitual para la aprobación de normas en el Ejecutivo, pudiera ser remitido al poder Legislativo. Ello obligó, a su vez, a que, una vez constituidas las nuevas Cámaras, fuera preciso reproducir dicho procedimiento, hasta llegar al punto en que ahora nos encontramos.
Confiamos en que, una vez expuestas a SS.SS. nuestras razones y presentado el proyecto de ley de protección jurídica de los programas de ordenador, la tramitación prosiga su camino habitual y en breve podamos disponer de una ley con la que satisfacer nuestro compromisos comunitarios y cumplir nuestras obligaciones para con los ciudadanos y los sectores interesados.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, realmente puede causar a veces, y causa, sonrojo el que por parte de los miembros del Gobierno siempre que se presenta un proyecto de ley en esta Cámara se anuncia como algo absolutamente nuevo, algo absolutamente novedoso en el ordenamiento jurídico español como si las materias hubieran sido reguladas por primera vez,
y bien, desde que el Gobierno socialista gobierna en España, lo cual es, y más refiriéndonos a la protección jurídica de los programas de ordenador, absolutamente falso, y no solamente es absolutamente falso, sino que la normativa que hoy presenta el Gobierno a la Cámara es mala y llega tarde.
Como todos ustedes saben, las directivas, de acuerdocon el artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, son obligatorias para los Estados destinatarios; sin embargo, se deja a las autoridades nacionales de esos Estados la elección de la forma y modo de cómo conseguir el resultado, que sí que es obligatorio.
En este sentido podemos citar --y es bueno traerlo aquí a colación--, la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de abril de 1987, que expresamente señala que no es necesaria la literalidad en la transcripción de las directivas para que este mandato por parte de la Comunidad se vea realizado por los Estados. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Sin embargo --aquí el Gobierno transcribe literalmente la directiva 91/250 de la Comunidad Europea sobre protección jurídica de los derechos de autor en programas de ordenador--, esta situación jurídica en España ya existe protegida. Los derechos de autor están regulados, además, por una ley buena, y es forzoso reconocerlo, que hicieron ustedes: la Ley de Propiedad Intelectual, de 11 de noviembre de 1987, en sus artículos 95 a 100.
Realmente, las modificaciones que ahora se introducen son pequeñas, son menores fundamentalmente, y para entendernos todos y para aquellos de ustedes que estén versados en el lenguaje informático, lo único que sucede ahora es que se permite, se autoriza la descompilación de los programas de ordenador para facilitar la interoperabilidad entre los diferentes programas.
Pero es que la Directiva de la Comunidad Europea exigía que los Estados miembros pusieran en vigor las normas correspondientes antes del día 1 de enero de 1993, fecha que ya ha pasado a la historia y está a punto de cumplirse un año desde que venció este plazo. El Gobierno nos sorprende con un proyecto de ley que es transcripción literal o cuasi literal de la Directiva de la Comunidad Europea que varía fundamental y esencialmente sólo en los rótulos del articulado; variacionesque a veces son chocantes, cual puede ser que cuando la Directiva Comunitaria se refiere a los titulares de los derechos, sin embargo el proyecto del Gobierno se refiere a los sujetos de protección; cuando el proyecto comunitario habla de actos sujetos a restricción, el proyecto del Gobierno habla del contenido de la protección. Situaciones meramente semánticas que no empecen para nada la literalidad de la transcripción de la Directiva llevada a efecto por la Comunidad.
No nos engañemos, en el tiempo transcurrido desde la aprobación de esta Directiva, 14 de mayo de 1991, bien podía el Gobierno haberse tomado la molestia de modificar ya directamente la Ley de Propiedad Intelectual que en esta materia es novedosa; no solamente eso, sino que es muy avanzada legislativamente, por cuanto se protegen de manera absoluta los derechos de autor de los programas de ordenador como obra científica, artística o literaria en el sentido del Convenio de Berna, que también se cita en la Directiva de 9 de septiembre de 1886 y la revisión hecha en París el 24 de julio de 1971.
Esta Directiva no es la única que está pendiente todavía de transposición al Derecho español, habiendo vencido los plazos para realizarlo con el Gobierno. Podemos referirnos también a la Directiva 531 de 1990, o a la Directiva 440 de 1990, que también debió entrar en vigor el 1 de enero de 1993 y, sin embargo, no se hizo.
Estamos hablando, señoras y señores Diputados, de temas menores, en cuanto que nosotros --y se lo adelanto-- votaremos a favor del proyecto de ley. Las enmiendas que han presentado nuestro Grupo y los demás Grupos de la Cámara son netamente técnicas. Por cierto, me gustaría felicitar al Grupo Catalán (Convergència i Unió) por una curiosa enmienda que introduce, en el sentido de que la protección de los programas de ordenador no alcanzan a los programas contagiosos, a los programas que, en definitiva, no son sino virus para los demás programas.
Ante esta perspectiva, enmiendas meramente técnicas son, sin embargo, reveladoras de que el Gobierno no cumple los compromisos con la Comunidad Europea. Antes del 1 de enero de 1993 debía estar en vigor en España; sin embargo no lo ha estado pura y simplemente por negligencia. No tiene consecuencias prácticas reales, no las tiene, pero sí es indiciario de ese viejo aforismo jurídico de que si quien puede lo más puede lo menos, difícilmente quien no puede lo menos podrá lo más en la difícil situación por la que atraviesa nuestro país.
Paso ya, señor Presidente, señoras y señores Diputados, a hacer un somero análisis de lo que pretendemos con nuestras enmiendas. Nuestras enmiendas básicamente pretenden, por una parte, cambiar el texto de los títulos de cada uno de los artículos asimilándolos a la Directiva, cosa que nos parece más correcta y acertada, fundamentalmente en el artículo 6, en el que el proyecto del Gobierno habla de «otras excepciones a la protección» y nosotros creemos que es mucho más apropiado y que se deben introducir en el lenguaje jurídico aquellas palabras que proceden del lenguaje informático y están absolutamente introducidas en él, como es el concepto de «descompilación», es decir, la traducción de un programa escrito en lenguaje-máquina a un lenguaje simbólico, inteligible por el hombre y susceptible de ser manejado, por consiguiente, por él.
También proponemos que los conceptos de interface e interoperabilidad se incorporen al texto del proyecto
de ley. Interface, es decir, todo aquel dispositivo físico o lógico que permite la interconexión en diferentese equipos informáticos para ser conectados entre sí y entre éstos con el usuario. Asimismo, el concepto de interoperabilidad, cual es la capacidad de un programa de ordenador de intercambiar información con otro programa cuya información puede ser compartida por ambos programas conjuntamente.
Interoperabilidad que protege la Ley, novedad fundamental y única de la Ley, excepción hecha del apartado 8 c) del proyecto de ley, pero que es un tema menor en el conjunto de la Ley. Es una interoperabilidad que aquí se protege, interoperabilidad que va a significar que los programas en España, a raíz de los últimos hechos en el mercado entre las diferentes firmas importantes multinacionales de «software», tengan un progreso técnico en esta materia cara al futuro. Por consiguiente, proyecto de ley importante, pero no por sí mismo, sino por directiva comunitaria. Proyecto de ley, sin embargo, menor desde el punto de vista político, por cuanto solamente introduce modificaciones fundamentalmente técnicas a la normativa vigente en España de derechos de autor de programa de ordenador; derechos de autor de programas de ordenador que existe ya en España así configurado desde la Ley de 11 de noviembre de 1987 que antes cité sobre la propiedad intelectual.
Se discutía en su día por la doctrina si proteger los programas de ordenador bien dentro del derecho de patentes, bien como derecho de autor. España recoge la posición de protegerlo vía derecho de autor a partir de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986 siguiendo las directrices del convenio por la patente europea de Munich de 1973. A partir de este momento, España aparece dentro de los países avanzados de Europa en materia de propiedad intelectual como protección de los derechos de autor a programas de ordenador, que no dejan de tener dificultades y que ahora se concilian adecuadamente la interoperabilidad con la protección de derecho exclusivo del autor a la protección de sus derechos.
Por esto, y en esta medida, pedimos de principio la supresión de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ley, en cuanto son reproducción --como ya les decía, no tiene por qué ser literal la transcripción de la directiva comunitaria--, en definitiva, de los principios sentados en la actual Ley de Propiedad Intelectual.
El artículo 6, descompilación, solicitamos que vuelva a la nomenclatura señalada en la directiva comunitaria.
Por último, señores Diputados, establecemos enmiendas alternativas a los diferentes preceptos en lo que se refiere a una mejor acomodación a la directiva comunitaria, asimismo con la incorporación de los conceptos informáticos a que antes me refería. Sin perjuicio de ello, ya les anuncio, nuestro voto será afirmativo a todas las enmiendas presentadas por todos los Grupos Parlamentarios, con excepción, y lo siento, de una enmienda presentada por Izquierda Unida. Pero nuestra oposición es meramente técnica, por cuanto existe una enmienda nuestra contradictoria con la suya. Es decir que la redacción no es la misma, pero podía conciliarse; evidentemente, conciliarse con una enmienda transaccional.
Realmente, es de destacar, también aquí y ahora, que es una lástima que este proyecto de ley haya venido por el trámite de lectura única, en la medida de que bien merecía la pena que las diferentes enmiendas introducidas por los Grupos Parlamentarios se hubieran tratado en ponencia.
Dicho esto, señor Presidente, y con el reanuncio de nuestro voto favorable al proyecto de ley, quiero manifestar que, evidentemente, no podemos volver atrás, al 1 de enero de 1993 en la historia, en la medida en que todo esfuerzo inútil obedece a la melancolía.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, las enmiendas presentadas por mi Grupo Parlamentario al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva Comunitaria sobre la protección jurídica de programas de ordenador son, en unos casos, un intento de mejora técnica y, en otros, la voluntad de participar en un debate que se hallaba en el seno de la sociedad mucho antes de que el Consejo de las Comunidades Europeas afrontara la publicación de su directiva, que pretende crear un marco jurídico para proteger los derechos de autor de los programas informáticos surgidos del modelo de creatividad a que obliga la innovación tecnológica con una cierta proximidad a la creatividad literaria. De aquí que los derechos del autor informático sean contemplados como obras literarias en nuestra Ley de Propiedad Intelectual y en la propia Directiva a la que hoy adaptamos nuestra legislación en un trámite de lectura única que se puede considerar de urgencia. Desde estas consideraciones, también puede definirse como literaria nuestra enmienda al apartado 1, c) del artículo 6.º, cuya defensa es innecesaria, por cuanto la supresión que proponemos es compartida en sus enmiendas por los restantes Grupos.
Al apartado 4 del artículo 1.º aportamos un texto que pretende evitar la posibilidad legal de que tenga protección un programa que pueda ocasionar efectos nocivos en el sistema informático, cuya existencia es sobradamente conocida por SS.SS., como se ha deducido de la intervención del portavoz popular.
En el caso del apartado 4 del artículo 2.º, nuestra enmienda pretende resolver una situación surgida, por
ejemplo, en el momento reciente de adaptar los programas al Plan General Contable o modificar la cuantía del IVA. En no pocos casos ha habido que reinvertir para recobrar la base del programa, por lo que parece indicado precisar que el empresario será titular de los derechos tanto del programa fuente como del programa objeto, dejando en el texto del articulado la salvedad lógica, por otra parte, de que se suscriba un pacto donde se diga lo contrario.
Defendidas nuestras enmiendas de carácter técnico, las restantes, que se concretan en la modificación de la exposición de motivos y la supresión del apartado 3 del artículo 6.º, consecuencia lógica de dicha modificación anterior, las restantes --decía--tienen otro calado; son, en realidad, una aportación anticipada al cumplimiento del mandato que debiera producirse antes del 30 de julio del próximo 1995, dado que la disposición final segunda de la ley que enmendamos y aprobaremos hoy autoriza al Gobierno a la aprobación de un texto que refunda las disposiciones legales en materia de propiedad intelectual vigentes ahora mismo con el fin de regularizar --cito el texto en infinitivo--, aclarary armonizar el contexto legal.
La urgencia de este debate --algún otro portavoz ya he mencionado que la Directiva comunitaria concretaba en el 1 de enero del presente el cumplimiento de la misma-- nos impide plantear quizás con mayor rigor la confrontación de principios empresariales que confluyen entre intereses concretos valorados en miles de millones de cifras de negocios, calificados, por una parte, de un estímulo a la libre competencia y, por el oponente, como prácticas de piratería informática. Los razonamientos, sin embargo, parecen a menudo legítimos y hasta es posible que la evolución del mercado informático acabe en una fusión interesada de ambas estrategias de gestión del patrimonio informático. Hay un sinfín de conceptos contrapuestos en torno al debate: interoperabilidad, compatibilidad, interface, descompilación, algunas de estas palabras que piden paso todavía no han sido acogidas en nuestros diccionarios, son alta tecnología y barbarismos al mismo tiempo, pero impulsan reformas del marco legal que quizás requiera un nuevo debate, con más tiempo, más adelante y desde la observación de un mercado cambiante, de un mundo informático que parece situarnos a todos en otra dimensión.
Acabo, señorías, planteando que quizás la revisión de esta normativa, que se hará antes de julio de 1995, resuelva esta situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Baltá.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado en relación con el proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. Lo primero que hay que señalar --ya se ha hecho por algún anterior interviniente-- es que este proyecto de ley viene con retraso a esta Cámara, ya que desde el 1 de enero de este año tenía que estar incorporado a nuestro Derecho interno el contenido de esta importante directiva sobre protección de los programas de ordenador, desde el punto de vista de los derechos de autor.
En demasiadas ocasiones se viene produciendo una tardía incorporación a nuestro Derecho interno de muchas directivas de la Comunidad. Esto es algo que ocurre en otros países europeos, pero que en España sucede con demasiada frecuencia.
Probablemente, en estos momentos, el caso más espectacular sea la directiva de televisión sin fronteras, que sigue bloqueada, a pesar de que hace dos años que tendría que estar incorporada a nuestro Derecho interno. Pues bien, éste es otro caso en que, con un año de retraso, se va a incorporar a nuestro Derecho esta directiva comunitaria.
Deberíamos tener una especial preocupación, y el primero el Gobierno, por incorporar a nuestro Derecho interno estas directivas, ya que dan un amplio margen de tiempo a los gobiernos para que se traspongan a su Derecho interno. Tenemos que señalar este primer incumplimiento en cuanto al plazo en que esta directiva debía de estar en nuestro ordenamiento. Es cierto que el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha llegado a una jurisprudencia, según la cual, cuando una directiva no se traspone en el plazo, esta directiva tiene efecto directo siempre que su redacción así lo permita. Por tanto, directivas que tengan una redacción más bien general o amplia, si no se trasponen al Derecho interno, es como si no existieran. En todo caso, siempre existe un problema de inseguridad jurídica. Además, como se sabe también, las directivas que no se trasponen al Derecho interno no son invocables de un particular frente a otro particular. En este caso, hay que tener en cuenta que puede dar lugar a litigios entre personas privadas y no sólo entre un particular y el Estado, porque, al fin y al cabo, el obligado a la trasposición es el Estado y no los particulares.
A pesar de todo, ésta es una ley oportuna y es oportuna la directiva también, porque sitúa en un único texto legal la problemática de la defensa, a través de la técnica del derecho de autor, de los programas de ordenador. Es sabido que, durante muchos años, ha habido una polémica sobre si los programas de ordenador deberían situarse dentro del campo del derecho de patente o dentro del campo del derecho de autor. La solución
que desde hace años viene dándose, y es ya absolutamente universal y compartida, es que la creación del «software», la creación de un programa de ordenador, es algo que se parece bastante más a la creación de una obra literaria o musical que a la creación de un procedimiento industrial, que tendría que ir, sin embargo, por la vía del derecho de patente. Por eso, como digo, universalmente --éste es el modelo que adopta la Comunidad Europea--, los programas de ordenador van a ser protegidos a través de las técnicas del derecho de autor, lo que significa, como SS.SS. saben, la protección de la originalidad, de la capacidad de innovación y, sobre todo, se trata de una creación del intelecto, una creación parecida, por tanto, a otras obras intelectuales. Esta protección, en aras de la seguridad jurídica, debe estar en una ley única, merece la pena que exista un único texto que lo regule, a pesar de que, como es sabido, ya en la Ley de Propiedad Intelectual vigente los programas de ordenador se consideraban protegibles, de acuerdo con las técnicas de derecho de autor.
También es cierto que conviene que en esta ley de trasposición de la directiva se aclaren algunos términos técnicos, muy difíciles de entender por la mayoría de las personas, operadores jurídicos, incluso jueces, y en ese sentido también es positivo. Asimismo, la trasposición de esta directiva va a permitir una eficaz protección judicial, en su caso, de los derechos que en ella se protegen. Hay que decir que la protección de los programas de ordenador es especialmente significativa e importante y debe promoverse, fundamentalmente, en nuestro país. En España no existe una gran industria de la parte dura de la tecnología informática, el llamado «hardware», lo que en la jerga de los informáticos se llama la chatarra informática. Las multinacionales más conocidas son las que monopolizan esta industria de los ordenadores. Sin embargo, en cuanto a la creación intelectual de programas de ordenador, en nuestro país hay una importante industria de servicios desarrollada que conviene alentar y cuidar, y en este sentido, una ley que proteja los programas de ordenador es especialmente importante.
Para que se produzca la creación de un programa de ordenador se dice, con mucha razón, que solamente hace falta tener una buena cabeza y un lápiz y un papel; ésa es la única inversión necesaria. En cuanto a buenas cabezas y, por el momento, a lápices y papeles, en nuestro país existen e incluso sobran.
Alentar la protección de la creación intelectual de programas de ordenador es importante, sobre todo, que lo hagamos en nuestro país, porque ahí puede estar una de las claves de nuestro desarrollo en cuanto a este aspecto de la tecnología informática, que es la parte intelectual, la parte de programas de ordenador.
Por último, me referiré a las enmiendas presentadas a este proyecto de ley por nuestro Grupo, que tienen un carácter técnico, en su mayoría, y que tienen algunos otros aspectos más de fondo que también deben recogerse. En cuanto a las de carácter técnico, queremos sustituir la denominación del artículo 2.º por la de «Titularidad de los derechos», que, efectivamente, es mucho más adecuada, según nos han señalado, los informes de los servicios jurídicos de la Cámara --que agradecemos-- en relación con este proyecto de ley.
Concretamente, ha habido algún informe que ha sido muy útil para quienes hemos trabajado en este proyecto de ley.
Respecto al artículo 6.1,c), pedimos la supresión del término «estrictamente», que no figuraba en la versión original de la directiva. Asimismo, presentamos una enmienda a la disposición final segunda, en la que proponemos la sustitución de su título: «Habilitación legislativa al Gobierno», por una frase técnicamente más adecuada, que diga: «Delegación legislativa al Gobierno». En el artículo 8,a), presentamos una enmienda que pide la sustitución de la expresión «pudiendo suponer», por «pudiendo presumir». En el artículo 4, c), nuestra enmienda pretende sustituir la palabra «alquiler» por la más adecuada técnicamente de «arrendamiento». Estas serían las enmiendas de carácter técnico que presentamos y que no creo que ofrezcan problemas para ser aceptadas por esta Cámara.
Hay tres enmiendas más significativas que tienen un sentido de fondo, la primera al artículo 2.º2. La directiva sitúa en una posición preferente de protección al creador del programa de ordenador, mientras que el proyecto da preferencia al editor y al divulgador. Creemos que hay que volver a la posición de la directiva, por lo que proponemos una redacción alternativa.
En cuanto a la enmienda al artículo 2.º4, proponemos sustituir la redacción existente por otra --que aparece en el texto de la citada enmienda--, que dice: «Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos económicos correspondientes al programa de ordenador así creado corresponderá exclusivamente al empresario, salvo pacto en contrario». Pensamos que la directiva se refiere fundamentalmente al trabajador asalariado, no a la relación de servicios en la que no hay, probablemente, la figura del empresario. Por eso creemos que se debe suprimir la mención al arrendamiento de servicios de ese artículo.
Por último --con esto termino, señor Presidente--, nuestra enmienda al artículo 7.º, en el que el proyecto ha hecho desaparecer --no sabemos por qué-- la referencia a la protección de las obras anónimas. En ese caso, nosotros decimos, siguiendo la directiva en su artículo 8.º, que cuando el programa de ordenador sea una obra anónima o bajo seudónimo, el plazo de protección debe ser de 50 años desde el momento en que se puso legalmente, por primera vez, a disposición del público,
considerándose que el plazo de protección comienza el 1.º de enero del año siguiente al de este hecho.
Estas son nuestras enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido.
Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Naranjo.
¿Entiende esta Presidencia que en el mismo turno en contra, señor Naranjo, el Grupo Socialista va a defender su enmienda número 8? (Asentimiento.)
El señor NARANJO GONZALO: Señor Presidente, señorías, permitan que antes de que manifieste el objeto de mi intervención, muestre mi satisfacción por subir por primera vez a esta tribuna como demócrata, como candidato elegido por las listas del Partido Socialista y como representante de los ciudadanos de mi circunscripción territorial.
Pasando al tema objeto de mi intervención, quisiera hacer, en primer lugar, una serie de consideraciones, como han hecho los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, con relación al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. Es, como ha expresado muy acertadamente la señora Ministra, una trasposición del texto oficial a nuestro ordenamiento jurídico.
Para la introducción de los preceptos de la directiva había dos alternativas: la incorporación directa a la legislación interna, modificando ésta en los términos resultantes, o la incorporación de su contenido, a través de una operación normativa creadora, para insertarla en el conjunto del ordenamiento jurídico nacional.
El Gobierno ha escogido esta segunda opción por razones de eficacia, impulsando primero la trasposición y comprometiendo un texto refundido de la Ley 22/1987, de Propiedad Intelectual, modificada parcialmente por la Ley 20/1992, de 7 de julio. Parece una acertada decisión estando pendiente de incorporar las directivas 92/100, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y préstamos y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, así como la 93/83, de 27 de septiembre, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor, derechos afines a éstos en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y la distribución por cable.
En breve también, señorías, se espera la aprobación de la directiva del Consejo relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines. Y aunque sin aprobar, existe también una propuesta de directiva para la protección jurídica de las bases de datos, presentada por la Comisión el 15 de abril de 1992.
Tendremos ocasión, señorías, de seguir debatiendo temas afines al proyecto que hoy nos ocupa y que deberán ser objeto derefundición, por lo que el Gobierno incorpora en éste una ampliación de plazo establecido en la Ley 20/1992 hasta el 30 de junio de 1995. Ello nos va a evitar sucesivas reformas de la Ley 22/1987, por efecto del proceso emanado de las directivas europeas en esa materia.
Nuestro Grupo valora, asimismo, el esfuerzo del Gobierno para presentar un texto acorde al espíritu y contenido de una directiva común, difícil de hilvanar para conseguir sus objetivos prioritarios: la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en esta materia y la protección de los programas de ordenador donde no estén claramente protegidos, estimulando además la supresión de determinadas diferencias existentes que producen efectos negativos y directos sobre el funcionamiento del mercado común en lo relativo a los programas de ordenador. Tampoco escapa a la consideración de la directiva la importancia de estos factores en el desarrollo de la Comunidad, ahora Unión Europea, y en los resultados del texto aprobado puede detectarse la contraposición de intereses de todo género que suscita un nivel de intercambio que ha superado al de las propias máquinas que nacieron para ser dirigidas por esos soportes lógicos. En ese sentido, comentarios de algunos Diputados que me han precedido en el uso de la palabra con relación al retraso de esta directiva o a la complejidad y, a veces, la farragosidad de su redacción, tiene su justificación en la tarea lenta de puesta en común de una serie de intereses que, como he dicho antes, han de ser hilvanados con el máximo cuidado.
Cuando el proyecto del Gobierno, en su exposición de motivos, afirma que la incorporación no plantea excesivos problemas, se está haciendo un justo y explícito reconocimiento a nuestro ordenamiento jurídico en materia de propiedad intelectual. Son pocas, por tanto, las modificaciones reales que se introducen y escasas serán las acotaciones que el texto refundido tendrá que acometer.
Nuestro ordenamiento reconoce el derecho de autor a todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. En esta consideración avanzada dedica una articulación «sui generis» a los programas de ordenador desde esa consideración creativa que se deriva sustancialmente de lo expresado en el Convenio de Berna. A este proyecto se han presentado un total de 44 enmiendas por parte de los grupos que han intervenido anteriormente. Quiero decir, en primer lugar, que, en nombre de mi Grupo, agradezco la posición conciliadora y la importancia que la publicación de esta directiva y su incorporación al ordenamiento jurídico le merece a cada uno de los grupos. En ese sentido,
anunciamos nuestra mejor disposición con relación a esas enmiendas, partiendo siempre de lo que he expresado anteriormente en cuanto a que, debido a la complejidad, en caso de duda, el respeto literal al texto de la directiva comunitaria.
Por eso desearíamos alcanzar, como ya han mostrado algunos intervinientes, el máximo acuerdo en ese proyecto, por lo que hemos estudiado con el mayor interés esas enmiendas. Vamos a aceptar las enmiendas 4 y 5 de Convergència i Unió, si bien el contenido de la número 4 podría considerarse reiterativo respecto del artículo 8.º en su letra c), sobre infracción de derechos. La diferencia, por otra parte, que se establece en la enmienda número 5 entre el programa fuente y el programa objeto, pudiera plantear también algunos problemas, si bien creemos que la cláusula de salvaguardia lo resolvería.
Respecto a la enmienda número 1, de adición al párrafo cuarto de la exposición de motivos, su redacción podría conducir a interpretaciones, especialmente en lo que se refiere al término equilibrio, que no parecen desprenderse de la intención de la directiva. Por eso, señoría, y entendiendo su preocupación en este asunto, vamos a ofrecerle una transaccional en la que recogemos lo que dice la propia directiva en el sentido de la incentivación del mercado, a la que de hecho ya se hace alusión en la exposición de motivos.
La enmienda número 2 pretende incorporar el término «descompilación» junto al de «interoperabilidad» en la exposición. Ese término sólo aparece en la directiva como epígrafe del artículo 6.º, que en el texto del Gobierno se había sustituido por el de: «otras excepciones a la protección». En este sentido, anuncio nuestra intención de aceptar la enmienda 34 del Grupo Popular, lo que creemos satisfaría su interés por incorporar esa expresión.
No podemos admitir, sin embargo, la número 3, que se refiere a la inclusión del término «descompilación». Creemos que la directiva ha obviado por alguna razón determinadas definiciones como la presente que, por su carácter técnico, son objeto de doctrina contradictoria. Observe, señoría, que incluso la definición que se recoge en la enmienda del Grupo Popular sobre este mismo término es ligeramente contradictoria con la de Su Señoría. Por último, no podemos aceptar la enmienda número 7, que propone la supresión del apartado 3 del artículo 6.º, porque recoge literalmente un mandato de la directiva.
Vamos a aceptar la enmienda número 6, así como las correspondientes a los grupos que se refieren a la supresión del término «estrictamente», por razones técnicas, con lo cual doy ya por defendida la enmienda número 8 que presenta el Grupo Socialista.
Continuando con el principio de literalidad, vamos a aceptar la enmienda 38, de Izquierda Unida, y la número 40, así como la enmienda 42, al artículo 7.º, por entender que la recoge la directiva en la exposición de motivos, perfeccionando el artículo correspondiente de nuestro proyecto.
Por último, aceptaremos también la enmienda 43, que efectivamente mejora la redacción del artículo 8.º No tanto así la número 39, al artículo 2.º2, porque se corresponde con el artículo 8.º de nuestra ley, considerando además que la preocupación que manifiesta S.S. queda resuelta con la cláusula de salvaguardia de pacto en contrario. Tampoco aceptaremos la número 41, ya que el texto que se quiere enmendar, la palabra «alquiler», aun aceptando la posible confusión, a efectos de armonización se repetirá en una próxima directiva, que ya he citado, que se titula «derechos de alquiler y prestamo y otros derechos afines».
Por último, la disposición final segunda, a la que se refiere la enmienda 44, reproduce literalmente la disposición de la Ley de Reforma de la Propiedad Intelectual que fue introducida en el proceso legislativo en esta Cámara. La única diferencia es que se amplía el plazo otorgado al Gobierno respecto a aquella disposición, por lo cual, señoría, vamos a mantenerla y, por tanto, votaríamos en contra.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, como ya anuncié anteriormente, vamos a aceptar la número 34, por literalidad con el epígrafe del artículo 6.º y también vamos a aceptar la enmienda 37, de modificación al párrafo 3 del artículo 6.º, que propone recuperar la redacción textual de la directiva, si bien valoramos en este caso el academicismo de la redacción inicial del proyecto del Gobierno, al seguir el precepto de Norberto Bobbio de que las relaciones positivas son mucho más alentadoras. En cualquier caso, y dentro del criterio de la literalidad de la directiva respecto a las enmiendas, aceptaríamos ésta.
Con el mismo criterio, queremos ofrecerle una serie de transaccionales a sus enmiendas que persiguen lo mismo volviendo al texto de la directiva, como la número 27 modifica el epígrafe y el texto del artículo 3.º. Mantendríamos el texto y el epígrafe que aparecen en la directiva. Con relación a la enmienda 29, ofrecemos otra transaccional al epígrafe del artículo 4.º, proponiendo volver al epígrafe: «Actos sujetos a restricción» de la directiva. Lo mismo sucede con la número 31, al epígrafe del artículo 5.º, en la que también mantenemos el texto de la directiva. La enmienda 32 repite de nuevo el texto comunitario, pero suprime la expresión «con arreglo a su finalidad propuesta».
Por eso, proponemos, señoría, una transaccional para recuperar el texto completo. Consideramos, por último, que la transaccional ofertada a la enmienda número 1, del Grupo de Convergència i Unió podría servir para las números 9 y 10 del Grupo Popular a la exposición de motivos, si bien es mucho más concisa, y respeta más los considerandos que aparecen en la directiva comunitaria.
Permítanme que, por razones de economía, no me entretenga en las enmiendas 13, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 28
y 33, que proponen la supresión de artículos, aunque luego hay una enmienda, a continuación, que modifica el texto en caso de que el artículo se aprobara. Evidentemente, vamos a oponernos.
Ya he expresado la opinión sobre el mantenimiento de los preceptos de la directiva, aunque estén recogidos en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que pretende, en cierto modo, aduciendo que están en la Ley de Propiedad Intelectual, es eliminarlos del texto.
En ese sentido, tampoco apoyaremos las enmiendas 11 y 12, que tratan de definir el objeto de la ley, creemos que está ya definido en el título de la propia ley e incluso la siguiente, la número 12, a la hora de explicitarlo. Lo mismo ocurre con la número 14, que incorpora la expresión «siempre que no resulte incompatible con la peculiar naturaleza de éstos».
Esto no está en la Directiva, pero sí en el espíritu del artículo 93 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Quiero decir que tampoco vamos a admitir la enmienda número 30 porque preferimos conservar, sin añadidos de ninguna clase, la introducción del artículo 4.º a que hacía referencia a esta enmienda.
Voy a mencionar la enmienda número 23 que, está relacionada con el artículo 74 de la Ley de Propiedad Intelectual. Trata de incorporar un pronombre aduciendo que el texto de la directiva no lo incluye cuando lo está en la ley, pero lo que sucede es que anteriormente se incorpora otro pronombre que haría implícito el uso del mismo.
Por último, la enmienda número 17, señorías es muy ilustrativa. Suprimen ustedes en la enmienda 16 el texto, pero, luego, proponen incorporar en esta otra enmienda un texto que aparece en la Ley de Propiedad Intelectual. Parece que se confunde, por una parte, la protección de los materiales preparatorios del programa con los manuales de uso y las especificaciones. Nosotros creemos que son dos cosas distintas. La directiva hace referencia a los primeros y queremos mantenerlo. La Ley de Propiedad Intelectual hace referencia a los segundos, dejémoslo como está en la Ley de Propiedad Intelectual.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Naranjo.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, queridos compañeros, que no se asuste nadie porque no pienso utilizar un turno de réplica. Simplemente quiero señalar que aceptamos las enmiendas transaccionales propuestas por el ponente socialista, a la vez que queremos felicitar a los ponentes socialistas de esta ley, toda vez que el pegote se nos entregó ayer muy tarde a los Diputados, y es claramente meritorio el esfuerzo que han hecho de redacción y de intentar sintetizar las diferentes enmiendas presentadas por los grupos.
Tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Quiero anunciar que aceptamos la transaccional presentada por el Partido Socialista a nuestra enmienda número 1, a la exposición de motivos, y que retiramos las números 2, 3 y 7.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
En el turno en contra del ponente del Grupo Socialista ha habido algunas aceptaciones de enmiendas que hemos presentado, lo cual nos parece muy positivo. Ha sido un turno en contra, pero también un turno a favor en grandes aspectos.
Aunque hay algunas enmiendas que no vamos a retirar porque consideramos que siguen estando justificadas, sí retiraremos la número 41, al artículo 4.º, porque nos ha parecido razonable la justificación que nos ha dado el representante del Grupo Socialista. A veces en el Parlamento las motivaciones que dan otros grupos convencen a los grupos de la oposición. Esperamos que alguna vez suceda en sentido contrario.
Nuestro Grupo también valora positivamente el esfuerzo transaccional que se ha hecho y votará positivamente las enmiendas transaccionales presentadas. Muchas gracias, señor Presidente.
Grupos que deseen fijar su posición. (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, y con gran brevedad.
Coalición Canaria va a dar su voto favorable a este proyecto de ley con las enmiendas que han sido aceptadas, tanto directamente, como en fórmulas negociadas.
Mantener dentro del marco jurídico de la Ley de Propiedad Intelectual todas estas innovaciones, en este caso dictadas por la Directiva 91/250 de la Comunidad Económica Europea, es positivo porque no rompemos un marco de referencia jurídico.
En segundo lugar, lo consideramos positivo porque la Ley de Propiedad Intelectual, precisamente en estos aspectos no meramente artísticos o literarios, entendidos en el sentido clásico con que empezamos en aquellalegislatura a debatir, votar y aprobar la Ley de Propiedad Intelectual, al introducirse aquí acuerdos que vienen del Convenio de Berna como derechos de autor para las obras literarias y artísticas, incluye también la redacción, ejecución o invención y diseño de un programa de ordenador, pero, sobre todo, porque introduce algo que en la Ley de Propiedad Intelectual nos parecía un defecto, cual era la inseguridad jurídica que había al tipificar determinadas actividades comprendidas dentro de lo que se llama la piratería de ordenador.
Pues bien, al contemplarse en este proyecto de ley y recoger de la directiva de la Comunidad Económica Europea citada que hay una serie de infracciones --en este caso se tipifican tres, incluida la tercera, que es el programa directamente diseñado para perjudicar a otros, el denominado caso de los virus que diseña actuaciones verdaderamente delictivas--, se ha contempladoaquí, cosa que no ocurría en anteriores disposiciones.
Por otra parte, queremos señalar que también nos mueve a dar el apoyo de nuestro voto una seguridad jurídica que se introduce en algo que a veces puede pasar desapercibido, que es el concepto de la interoperabilidad de los programas para intercambiar información, tema muy necesario en las relaciones que hoy se mantienen en el marco de la Comunidad Europea, y es precisamente que las empresas o las personas, bien físicas o jurídicas, puedan utilizar mutuamente la información así intercambiada.
No solamente se trata --y quiero destacarlo aquí, señor Presidente--, de un aspecto puramente semántico o puramente técnico, sino de un aspecto jurídico que se deriva del verbo utilizar en su protección dentro del marco de esta Ley: poder mutuamente intercambiar la información. Esto yo creo que es uno de los adelantos más grandes que aquí se contemplan y que sirve para estimular --y lo digo desde aquí-- al Gobierno para que traiga, en los plazos en que se ha comprometido, el Texto Refundido para poner en orden lo que puede ser un desorden en el campo de la informática si no se trae dicho texto el próximo año antes del 30 de junio de 1995. Sin el texto refundido pueden ocurrir anomalías muy sensibles y perjudiciales para lo que hoy nos une en un voto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Mardones.
Finalizado el debate por el procedimiento de lectura única del proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250, de 14 de mayo, vamos a pasar a las votaciones de los dos proyectos de ley que aparecen en el orden del día con los números 38 y 39. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones relativas al proyecto de ley por el que se prorroga el plazo para ejercer la opción por la nacionalidad española, establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, sobre reforma del Código Civil en materia de nacionalidad.
Enmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 296; en contra, uno; abstenciones, nueve.
Votación del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 298; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador.
Vamos a someter a votación las enmiendas que no han sido retiradas en el curso del debate y que no se ven afectadas por las enmiendas transaccionales presentadas en relación con ellas.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, pedimos votación separada de las enmiendas números 34, 36 y 37.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular números 34, 36 y 37. (El señor López Garrido pide la palabra.) Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Pedimos también votación separada de la enmienda del Grupo Popular número 17.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 17, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor 147; en contra, 155; abstenciones, cinco.
Enmiendas números 34, 36 y 37, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 285; en contra, uno; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 307; a favor, 133; en contra, 155; abstenciones, 19.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Señor Caldera, tiene la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Solicitamos votación separada de las enmiendas números 4, 5 y 6.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 4, 5 y 6 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 306; a favor, 286; abstenciones, 20.
Restantes enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
(El señor Molins i Amat pide la palabra.) Señor Molins, tiene la palabra.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, aceptadas las enmiendas números 4, 5 y 6, retiradas las números 2, 3 y 7 y aceptada una transaccional para la número 1, pienso que no queda ninguna enmienda de nuestro Grupo para ser votada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins. Efectivamente es así.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Señor Caldera, tiene la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de las enmiendas números 38, 40, 42, 43 y 45. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández-Miranda, tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de la enmienda número 39.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 39, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 308; a favor, 19; en contra, 282; abstenciones, siete.
Enmiendas números 38, 40, 42, 43 y 45 del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 308; a favor, 301; en contra, uno; abstenciones, seis.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 306; a favor, 147; en contra, 154; abstenciones, cinco.
Enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 308; a favor, 289; abstenciones, 19.
Enmiendas transaccionales ofrecidas y defendidas en el curso del debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 307; a favor, 303; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas transaccionales.
A continuación, sometemos a votación el texto del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 303; abstenciones, cuatro.
--ELECCION DE LOS DIPUTADOS A LOS QUE SE REFIERE EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992 (Número de expediente 052/000001)
El señor PRESIDENTE: Según lo acordado por el Pleno, vamos a proceder a la elección de los Diputados a los que se refiere el punto tercero de la Resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992. (El señor Albistur Marín pide la palabra.) El señor Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, he pedido la palabra para una cuestión de orden.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, del que soy portavoz durante este mes, quiero manifestar brevemente nuestra protesta por el hecho de no poder estar presentes precisamente en la candidatura que se va a presentar a continuación según nos ha sido comunicado por el portavoz suplente del Grupo Socialista.
A continuación de una discusión amplia en la Junta de Portavoces, donde se podrían haber comentado las razones que parece que ahora llevan a los grupos parlamentarios a excluir a este Grupo, se nos ha comunicado este hecho después de haber aceptado, también con los votos de nuestro Grupo, y, por tanto, por unanimidad, la inclusión de este punto en el orden del día. A buen entendedor con pocas palabras bastan.
Pedimos su amparo, señor Presidente. y como esto ya es un hecho que se repite en esta legislatura y también en las anteriores (pero en este momento me estoy refiriendo a la actual legislatura), vamos a actuar con los recursos que la Ley nos permita, llegando hasta las instancias legales que nos corresponda.
Como sabe su señoría, la elección se produce al amparo de una Resolución que integra el Reglamento en una parte en la que no existía previsión para regular esta materia. Esta Resolución, en la medida en que forma parte del conjunto reglamentario, es el resultado de la coincidencia de dos voluntades: la de la Presidencia y la de la mayoría de la Cámara expresada en la Mesa y en la Junta de Portavoces. Esa mayoría, favorable a la Resolución que ahora va a ser objeto de aplicación, obliga a la Presidencia como a los restantes miembros de la Cámara, por tanto, nos tenemos que atener todos a las previsiones reglamentarias, y la previsión reglamentaria es que los Diputados que tienen acceso a esta información son los de uno por cada grupo parlamentario de los constituidos de conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 del Reglamento de la Cámara. Puede entenderse que ésa sea una regulación que no satisfaga a todos los miembros de la Cámara ni a todos los grupos, pero es lo que decidió la mayoría y a ello debemos atenernos. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) El señor Caldera tiene la palabra, pero le recuerdo que no hay debate sobre esta cuestión.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Por supuesto que no, señor Presidente. Le agradezco la interpretación y la traslación a la Cámara de la realidad del problema. Y sólo quiero indicar, ya que he sido aludido personalmente, que parece que la cortesía impone penitencia. Este portavoz del Grupo Parlamentario Socialista no ha hecho más que trasladar al representante del Grupo Mixto la aplicación de las normas que todos nos hemos dado y que, por tanto, debemos cumplir. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Insisto en que no hay turno abierto sobre esta cuestión.
La señora Aguilar tiene la palabra.
No he pedido la palabra para entrar en este tema. Simplemente intervengo para hacer constar, por parte de nuestro Grupo, que a la hora de confeccionarse las papeletas ha habido un error en el orden de prelación de los grupos de la Cámara. Lo digo a efectos de la programación con el fin de ordenarlos adecuadamente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, no hay orden de prelación en esta candidatura. El orden de proclamación de los resultados será el de los votos que obtenga cada uno de los candidatos.
La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, usted acaba de manifestar que no hay orden de prelación, pero la verdad es que los dos primeros sí lo guardan y hay un error al llegar al tercero. El lapsus del Grupo que ha preparado las papeletas lo podemos comprender, pero por lo menos lo queremos manifestar en la Cámara para que no se vuelva a producir. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, no hay papeletas oficiales, la votación es secreta y, por tanto, sólo con el resultado podremos ver cuál es la regularidad o no de las papeletas. (Pausa.) La votación se iniciará por el señor Gortázar Echeverría.
(Por los Secretarios, señora Frías Navarrete, señor Aparicio Pérez y señor Olabarría Muñoz, se procede al llamamiento de los señores Diputados.)
Realizada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: ¿Queda alguna señora o señor Diputado que no haya sido llamado? (Pausa.) Vamos a proceder al escrutinio. (Pausa.)
Finalizado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación, es el siguiente: votos emitidos, 301; don Carlos Solchaga Catalán, 293; don Rodrigo de Rato Figaredo, 295; don Miquel Roca i Junyent, 288; doña Rosa Aguilar Rivero, 273; don Iñaki Anasagasti Olabeaga, 283; don Lorenzo Olarte Cullén, 289; don Alfonso Guerra González, tres; nulos, cuatro; en blanco, uno.
Habiendo alcanzado los tres quintos exigidos para la elección, quedan elegidos los señores Solchaga, De Rato, Roca y Anasagasti, señora Aguilar y señor Olarte.
Eran la doce y quince minutos del mediodía.
CORRECCION: En la Nota aparecida al final del «Diario de Sesiones» número 25, de 4 de los corrientes, el número de anexo que figura en la última línea, 4.728, es en realidad el 4.788.

References: Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 56
 artículo 2
 artículo 56
 artículo 68
 Resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 15
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 56
 artículo 2
 artículo 56
 artículo 56
 Real Decreto 
 artículo 68
 Resolución 
 artículo 189
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 8
sui generis
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 93
 artículo 4
 artículo 74
 artículo 4
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 23