Source: https://www.scribd.com/doc/90563756/2011-Marshall-P-La-ciudadania-ante-el-Tribunal-Constitucional-en-Marshall-ed-Jurisprudencia-Constitucional
Timestamp: 2017-01-19 18:36:55+00:00

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N4e gustaría introducir este comentario-jr"rrisprr,rdcncial considerando aigunos clcmentos relevantes qr-re pr-reden ayudar a juzgarlo más adeciradame[te. En prinrer iugar, este correntario prescinde de la consideración de si el Tribunal realiza un control concreto o uu control abstracto para solucior.rar el caso. La couiirsión. tanto en la doctrina corno en la propia jurisprudencia constitr.rcional sobre esta cuestión, está tan expandida. qr-re e.riste i.ura tentación naturai en considerar con detalle cual es la influencia de la (rn)comprensión de la clase dc control que el Tribunal debe
realizer cuando conoce una inaplicabilidad por inconstitLrcio;ralidad. Esto lleva,
l¡Lrchos crasos, que el asunto de fbndo sea desatendido. En esta t-¡casión, consciente de la influencia que puede tener la comprensión abstractoiconcreta de 1a inaplicabilidad. se prescindirá de esa dimensión del problema, para centrar el aná1isis jrrstamente en la cuestión de fondo. La segunda cosa qlle debe exponerse preliminarffrente, es que el asunto que ocupa a este comentario no es estricta o puramente rrn asunto de derecho constitucional dogmático. La principal problemática que se expone está relacionada íntimamente con los contenidos de la llanlada teoría constitucional, y busca rescatar el importante rol que
ésta cumple en la argumentación tendente a justificar decisiones constitucionales.
Por úrltimo, creo irnportante remarcar la desatención que sufren los probiemas
básicos de nuestra democracia, por parte del discurso constitucional, ya sea doctrinal o jurisprudencial. Uno de esos problemas básicos es el del sufragio.
El derecho a sr"rfragio tiene un rol central en la configuración de ia posición del individuo en un Estado democrático. El derecho a sufragio es un criterio duro para saber si nn orden estatal es o no democrático. Alli donde el sufragio no existe o sLl ejercicio es una mera apariencia, no existen dudas respecto de que ese orden estatal no es democrático. Por otro lado, cuando el derecho a sufragio está reconocido y es ejercido efectivamente por los individuos, se satisface este criterio duro, ese estándar
básico acerca de la democracia y se comienza a aplicar otros criterios -relacionados
P¡sLo MlnsHA,r-L B¡.ne¡RÁN
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CoxsrlrucloN¡L
con los derechos que protegen la libertad individual y con las políticas de satisfacción de las necesidades básicas* que permiten determinar qué tan buena o qué tan
avanzada es una democracia.
Que el derecho a sufragio sea un criterio duro ha hecho que su análisis se aleje de los intereses de quienes investigan acerca de los criterios democráticos, dado que la mayoría de los análisis se centran en países que satisfacen ese estándarbásico. Es por eso, que ios análisis acerca del modelo democrático están enfocados en cuestiones relativas a las- libertades y a las políticas prestacionaies, y es razonable que sea así. En Chile, por ejemplo, sueie decirse que no estamos preocupados por establecer la democracia, sino que por perfeccionarla. Pero que el derecho a sufragio sea entendido como el éstándar democrático básico puede también perjudicar a Ia democracia. Cuando el sufragio se aleja del foco de interés de la opinión pública y de los investigadores, dejan de visualizarse los problemas que existen en relación a él y puede comenzar a erosionarse la base sobre la cual el discurso acenca del perfeccionamiento de la democracia se asienta. Ello puede provocar, por ejemplo, que la búsqueda de más democratización traicione las bases democráticas, como he sostenido que sucedió con la reforma al sufragio obligatoriol. Es importante, por lo tanto, al mismo tiempo que preocuparse por el perfeccionamiento no dejar de tener a la vista las cuestiones relacionadas con el estándar básico que el sr"rfragio establece para una democracia, que está especialmente vinculado a los preocupantes índices de participación ciudadana y a la percepción que la población tiene de la política y sus principales actores. Esta presentación está dirigida en esa dirección. La presentación se compone de tres partes. En la primera, se intentará presentar una exposición del problema constitucional que la ciudadanía presenta en la Constitución, que dice relación con la pérdida que de ella sufren los condenados a pena aflictiva. Luego de presentar dicho problema se describirán, en una segunda parte, las características del caso planteado en el asunto Rol de ingreso 1 328 del Tribunal Constitucional y la solución que el Tribunal dio en su sentencia. Finalmente, se realizarán algunos comentarios críticos desde una perspectiva dogmática, que puedan ilustrar los términos que el debate sobre el problema constitucional presentado al comienzo adopta en la discusiónjurídica
nacional. )"
IL EL pnoel-eMA
coNSTrrucroNAL
I. ¿,Ctút
elptoblema?
La expresión problema constitucional no está usada aquí para referirse a un problema de interpretación jurídica de la Constihrción o a la solución de una antinomia entre norTnas constitucionales, sino que está usada en referencia a una contradicción de una noÍna de la Constitución con uno de los principios que está en la base de la construc-
ción de todo orden jurídico democrático. No me refiero, simplemente, a un principio de justicia política arbitrariamente presentado como fundamental, sino que me refiero a un principio ampliamente reconocido y sobre el que existe un consenso en que es y debe ser una guía para la construcción de un Estado democrático como el nuestro. El problema constitucional que observo es entre la disposición del artículo l7 (y bueno, también el 13 y el l6) y el principio de que el poder del Estado debe estar legitimado por el consentimiento de sus destinatarios. Si bien la contradicción no es evidente, puede presentarse Lul bosquejo, señalando que, si se parte de la base de que las personas son libres e iguales, el ejercicio legítimo del poder del Estado se funda en que las decisiones estatales son tcjmadas por órganos legitimados democráticamente, principalmente, mediante su elección por parte de los miembros de la comunidad, quienes cuentan con el derecho a participar en dicha elección y así se hacen parte del proceso del ejercicio de este poderdel cual también son destinatarios pasivos. En otros términos, que los ciudadanos cuenten con un derecho a sufragar hace que se transformen en partícipes del proceso estatal de toma de decisiones, de una forma tal en que puede ser predicado a su respecto que se gobiernan a sí mismos. En adelante llamaré a ésta idea, aunque aquí se presenta sólo una versión incompleta, el modelo de \a dignidad,que concilia las exigencias del autogobierno individual y el autogobiemo colectivoz. Por supuesto que esto se trata sólo de una teoría de la legitimidad estatal, pero es la teoría sobre la cual descansan nuestras instituciones representativas. Por otro lado, la disposición del artículo 17 establece cieftas circunstancias bajo las cuales los individuos pierden su ciudadanía, esto es, su calidad de partícipes del proceso estatal de toma de decisiones. Concurriendo dichas circunstancias, el individuo deja de ser parte de la comunidad de individuos que se gobieman a sí mismos y pasa a estar gobernado por las decisiones de otros; pasa a ser sólo un súlbdito del Estado3. La tensión entre la legitimación estatal con base en el modelo de la dignidad y la privación de la ciudadanía se hace entonces evidente. En esta situación, hay ciertos individuos respecto de los cuales se espera que obedezcan las órdenes del Estado, ya no sobre la base de seguir una decisión que han colaborado (o han estado en posición de colaborar) a tomar, sino únicamente motivados en evitar la sanción que el Estado pueda imponerles. Luego, la disposición del artículo 17 establece dos clases de chilenos que viven bajo el mismo régimen estatal; los ciudadanos, quienes forman parte de la comunidad que se autogobierna y son tratados así conforme a la idea de dignidad (expresada en el artículo lo de la Constirución Política); y los chilenos privados de la ciudadanía, quienes no forman parte de comunidad alguna y que son tratados en la vida pública como carentes de dignidad (pese a que su posición de autogobiemo individual puede ser respetada).
2 Puede encontrarse dos versiones de esta idea: en HessRMes, J.: Facticidatl y Validez (Madnd:Trofta, I 998), pp. l4'l -261 y en Tevlon, CH.: Lu Etit'u dc lu Autenticidad (Barcelona: Paidós, I 994).
M¡nsH¡LL, P.: "El Derecho y la Obligación de Votar", en 22 Revista de Derecho de lu llniversidad
Prrnr,
Liheralismo y Republicanisrro, en Ov¡¡er.o, F., R. Grnc¡n¡u-e., y J. L. M¡nri (eds.)
P¿¡lo MensulI-L
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gL Trusr,Ner- Co¡¡sntucroN¡l_
en el sentido planPara objetar la tesis de que existe un problema constitucional contempladas en el teado se m-e responderá, en primer lugar, que 1as circunstancias calificadas; artículo l7 no son .ircúnstun"ias cualesquiefa, sino Son circunstancias de las nonnas frjadas la última respuesta anie el incumplimiento
2. La norma en cuestión
La disposición del artículo I7 establece la pérdida de la ciudadanía para quienes
sean condenados a una pena aflictiva. Esta nonna tiene varias consecuencias.
el derecho penal es teórico aquí asumipo. la comunidad. Y mi respuesia a ello, desde el punto de vista el individuo tiene áo, .. q.r. para asumir la responsabilidad por tal incumplimiento, siendo tratado como un sujeto que sólo lul .on."*ur su ciudadanía, por peligroso' así estará dignamentea' Esto es' responsable y no como un objeto 'se piopiá concepción de la ciudadanía establecida en ou¡etara también, qu.iu
circunstancia excluyente' Ese el artícult 13 considera a'la pena ahictiva como Llna ejercicio de su poder constituyente ha ;;;i;" es mayor. Si el pueblo soberano en relevante para la configuración determinado.uál ., el universo que debe considerarse Coirstitución determina quién es si la de la comunidad que se autogobiema, esto es, democrática de ttn debe recondircirse el poder estatal, la evaluación elpuebto al cuál Y mi respuesta ,¿ói-* político debe tener ese y no otro universo en consideración'democracia, sino de la , Jtto que el problema del artículo 13 no es con el principio que palece ", con un principio de mayor abstracción, el de la dlgnidad'
es un problema estar en la base de la concep.ión
la democracia moderna, pero también de las ideas
de derecho' de soberanía, derechos fundamentales y estado 13
antiguo régimen, fundada en noción de dignidad, que dicha norma es inconciliable con la moderna y universal actualmente gob ierna nuestras instituciones' a mi juicio, la despreoLa mantención por inercia de esta disposición evidencia' juridicos y políticos cupación de la Constitución, pero sobre iodo de los operadores como rnencioné al nacionales, respecto a las bases de la comunidad democrática, iniciar esta exPosicións. es problemático' Bien, ahora que sabemos que el asunto en el nivel constitucional jurídico y evaluemos si ei veamos ahora en qué consiste.el problema propiamente en la determinación de desajuste constitu;onal diagnostióado puedá tener influencia la solución del problema própiamente jurídico o legal6'
Mitesis,algoaventurada,paraexplicarlaexistenciadelanormadelosartículos del y 17 es siriple. Ella es unu nor-u antigua. Quiero decir que es una norma que dignidad como jerarquía personal y una noción de
Tiene implicancias generales en el nivel de la teoría constitucional, en términos de contribuir a detenninar, en primer lugar, el concepto de ciudadanía -y no sólo el concepto jurídico-formal de ciudadanía- que la Constihrción establece, y en segundo lugar, el universo de titulares de tal esfatus de ciudadano. Dicha norrna se proyecta' por ejemplo, en la respuesta a la pregunta sobre quiénes ejercen el poder del Estado según el artículo 4o de la Constitución Política o cuál es la comunidad que la Const titución constifuye. entre otras. Pero tal disposición tiene, también, implicancias especiales. En primer lugar' respecto a la posibilidad de muchos individuos de participar en las elecciones dc representantes mediante el sufragio. En segundo lugar, respecto al acceso de quienes sean condenados a una pena atlictiva, a los cargos y funciones estatales. La Constitttción misma los excluye del acceso a cargos de elección popular y la ley les impide el acceso a casi todas las demás funciones estatales, mediante la exigencia tipo de "ser ciudadano con derecho a sufragio". Esta norma. si bien tiene una larga tradición histórica, requiere una fundamentación radicalmente más sustanciosa que la que hasta ahora la doctrina y la jurispnrdencia le han dado. Como una muestra, José Luis Cea sostiene:
Es obvio que el Poder Constituyente asume que ese cir¡dadano carece de la idoneidad requerida para votar decidiendo los asuntos de rnayor importancia para el país o la
división territorial respectivaT. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, justamente en el fallo que se comenta'
El fundamento de la exigencia de no estar acusado o condenado por delito que lne'
rezca pena aflictiva para mantener la calidad de ciudadano, se explica porque
Constitución no puede considerarse como un ciudadano más a quien fue desleal con el Estado y con el resto de las personas, al cometer un delito grave que, como el que se investiga en el caso sublite, sanciona el empleo de los recursos de la colectividad en fines ilegales. De alrí que se margine al responsable de la vida cívica. En ello hay unjuicio de reproche respecto de quien cometió un delito y fue condenado a esa pena
a Véase, KItlosÁusrn, U. y J. P. M¡Ñeucu': Pena t'Culpabilitlacl en el Estudo DentoctáÍico de
Derccho (Lima: Ara, 2009). Constitucionol Chileno (20 1 0)' en cionales", en K¡zon (ed. ): Ctrcstiones Pendienles en el Debate ..La Política de Privacíón del sufragio a los Presos: ¿una Amenaza para la Democracia?"' y DHeur, M.: (2009)' en22 Revista de Derecho de la lJnit'ersidad Austral de ChileN'2 y problemas juridicos propiarrente tales o proble.6 problemas constitucionales
(c. l7).
5 sobreelasunto,puedeconsultarse:MensnelL,P.:"LaPenaylaciudadania:Problemasconstituprensa:
El problema que implica la falta de fundamentación radica en que el alcance de la norma sólo puede ser determinado una vez que la tarea de fundamentación se
cumpla. Por supuesto que ese no es el caso de todas las nonnas del sistema jurídico. Sin embargo, cuando se trata de normas constitucionales fundamentales, que apelan
7 Cr¡, J. L.: Derecho Constitucional Chileno (Santiago: Ediciones Universidad Católica de 2008), p.331.
maslegalesestáinrpiruau,co*ofodránirnaginu.r.,.nscuvlrr,
Alianza, 1982), pp.
C.:Teo¡'iaclelaConsrituc'ión(Madrid:
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La cruoaolNi¿ ax"r¡
Tnr¡uNeL CoNsrltucloNar.
a conceptos de alta indeterminación y contenido político, ello es determinante. Es determinante, principalmente, porque todas las norrnas constifucionales son parámetros de control de constitucionalidad y, por tanto, entender qué establecen los artículos 13, l6 y 17, es requisito para determinar qué es 1o que el legislador puede o no hacer en relación a la regulación de la ciudadanía. Este asunto será abordado de manera sustancial cuando nos preguntemos si dichos artículos son o no un parámetro de
inhabilitantes generales.
más de 3 años de duración y no el concepto legal del artícuro 2r en relación con el 37 del código Penale. Dicha pretensión se funáa en qne la aplicación de la inhabi_ litación especial tendría, considerando lo establecido po. ta Constitución,
IV. Le solucróN oel TnreuNel coNsntucroNAl: ExposrclóN y cRrrrce
constitucionalidad de la ley. El Tribunal Constitucional, en mi opinión, desaprovechó la oporrunidad de pronunciarse sobre el ftindamento y salió del paso considerando que el artículo l7 es una
noffna clara y su alcance no necesita ser determinado. Para afirmar eso, debió en primer lugar, partir de la premisa de que el concepto de ciudadanía es un concepto jurídicoformal y que sus márgenes constitucionales no deben considerar el rol constitucional sustantivo de la ciudadanía, que es el pilar de la legitimidad eslatal. En segundo iugar, debió obviar las altemativas interpretativas que caben dentro del tenor literal de la norma considerada, que daban espacio para considerar otras opciones, que por la delicada naturaleza del asunto planteado, debieron ser al menos contempladas.
que' al menos en la superficie. no se veía por qué no se habrían de aplicar los efectos
aflictiva del legislador era más amplia de lo que el requirenie sostenía y determinó
EI Tribunal, por s.puesto, afinnó (en su voto de rechazo) que la definición de pena
c¿so
Todo esto queda más claro cuando se revisa el caso. Un acalde está siendo sometido a un proceso que tiene la finalidad de esclarecer su responsabilidad en un delito de fraude al Fisco. Dentro de ese proceso, el acusado solicita que se declare inaplicable la norma establecida en el afiículo 239 del Código Penal que establece el delito de fraude al Fisco y sus penas asociadas8. Este artículo establece, junto a la pena de privación de libertad -que abarca el presidio menor en su grado medio (no aflictiva) y máximo (aflictiva)-, la pena de inhabilitación especial perpetua para el cargo púrblico que ejerce. El requirente solicita que no se aplique, para el caso que se lo condene por una pena privativa de libertad no aflictiva, la norma que le impone la inhabilitación especial perpetua, dado que esto acarraríp su inhabilitación para el ejercicio de otros cargos. El error en que incurre, consiste en entender que la inhabilitación perpetua especial no es una pena aflictiva. Este error lo lleva a solicitar, que si no resulta condenado por una pena de privación de libefad de carácter aflictiva. no se le aplique la pena de inhabilitación. La confusión del requirente consiste en el error comútn de identificar pena aflictiva solamente con penas privativas de libertad de más de tres años y un día de duración. En su mejor interpretación, el requerimiento solicita una interpretación alternativa del concepto de pena aflictiva que abarque sólo a las penas privativas de liberlad de
8 El artículo 239 establece: "El errpleado público que en las operaciones en que intervrniere por razón de su cargo. defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las rnunicipalidades o a los
establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máxirno".
especial perpetua. El concepto de pena aflictiva del cual dependen los artículos 13. 16 y 17 de la Constitución, es justamente el concepto legal que está consagrado en los afiículos 2l y 37 del Código penal (cc.7-10). El principal argumento planteado por el requirente era tan debil que el Tribunal debió entretenerse agregando argumentos que respondieran a las razones no planteadas, pero que venía al caso considerar. La argumentación del voto de rechazo del Tribunal se estructuró conforme al siguiente razonamiento. En primer lugar, constató que para el sistema jurídico chileno la inhabilitación especial perpetua era una pena aflictiv a(cc.7-9);luego, expresó q,e la determinación de Ia política criminal y con ello la determinación, clasificación y aplicación de las penas corresponde discrecionalmente al legislador, que en ejercicio de esa discrecionalidad había considerado la pena de inhabilitación como aflictiva (cc. 10-4); en tercer lugaq aclaró que la pérdida de la ciudadanía no es una pena, sino una consecuencia constitucional de la imposición de la pena. En las últimas tres partes del voto de rechazo, el Tribunal defiende las siguientes ideas: el artículo I 7 de la Constitución no puede ser un parámetro de control constitucional de las penas, especialmente considerando el elemento de la perpetuidad de la pena de inhabilitación especial que se discutía (cc. l9- 29); dado que el probl"ru se genera no se funda en la disposición legal, sino en la disposición constitucionul, po, lo que no puede juzgarse la constitucionalidad de la ley que no es la que acarrea el efecio que se considera inconstitucional (cc. 30-3). Finalmente, realiza una observación tendente a reprochar la desconexión entre el razonamiento del requerimiento y las norrnas que se solicita inaplicar (c. 34). El voto de rechazo realiza varias afirmaciones que es preciso considerar.
que se siguen del artículo 17 de la Constitución en relación a la perrp de inhabilitación
e Elanículo21 establece:"LaspenasquepuedenimponerseconarregloaesteCódigoysr.rsdiferentes
clases, son las que comprende la siguiente: / ESCALA GENER¡L / PenaJde crírnenes especial perpetua para algún cargo u oficio público o profesión titular.
[...] lnhabiliración
Porsu parte, el anículo 37 establece: "Para los electos legales se reputan aflictivas todas las penas de crímenes y respecto de las de sirnples delitos, las de presidio, reclusién, confinarrienfo, extrañamiento y relegación menores en sus grados máximos".
[...],,.
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I. La discrecionalidad del legislador penal
El Tribunal se despacha, innecesariamente para la solución de este asunto a mi juicio, la afirmación de que el legislador tiene discrecionalidad para la determinación
de las penas, mientras cumpla con el requisito formal de la legalidad, haciendo una referencia a la idea de humanidad de las penas, cuya densidad regulativa parece no
2'ElartículolTcomoparámelrodeconstitucionalidad
a) La discLrsión entrc los votos del
existir más allá de su proclamación vacua. Luego, el legislador tiene discrecionalidad para determinar cuáles penas son aflictivas, por lo que no puede reprochárseie la infracción de la Constitución cuando imputa esa categoría a una pena concreta
(cc. I l-18). El modelo del legislador-penal-discrecional tiene serios problemas para la justificación de la potestad punitiva del Estado. Este comentario no puede revisar todos ellosl0. Sin embargo, sí cabe destacar, que en virtud del tal modelo, surge el problema de que, en definitiva, la determinación de quiénes son ciudadanos y quiénes no, queda entregada al legislador. La ciudadania es quizás uno de los asuntos constitucionales más relevantes. Permite identificar a los miembros de la comunidad política que se autogobierna en Llna democracia (extensión) y consagra los derechos fundamentales que van asociados a ese estatLls de miembro (contenido). Su inserción en la Constitución se fi¡nda en la necesidad de configuración de la forma del Estado en sus aspectos básicos, uno de los cuales es el de la titularidad de su poder. La tolerancia a la determinación simplemente legal, aunque sea de forma negativa, de la ciudadanía es contraria a la idea de que la regulación del estatus de titular de derechos fundamentales (persona humana y ciudadano) debe quedar entregada solamente a la Constitución. De esa idea se sigue que las formas de obtención y pérdida de la ciudadanía sólo pueden ser establecidas por la Constitución, y el Tribunal, al considerar que el legislador tiene libertad para calificar las penas de aflictivas conforme a su discrecionalidad, sugiere el vaciamiento de este contenido constitucional en favor del legislador. A la defensa de este argumento se dirige el voto de los ministros que estaban por acoger el recurso. En su primer cbnsiderando, expresan que la pérdida de la ciudadanía constituye "una situación excepcio¡al que se verifica por la concurrencia de las graves y precisas circunstancias que estrictamente establgce la Constitución" (c. 1). Sin embargo, simplemente con constatar que la extensión de la ciudadanía no puede quedar entregada a la discrecionalidad del legislador, no se puede concluir una solución diferente a la que arriba el voto de rechazo. Se requiere explicar de qué forma la Constitución exige una determinada extensión de la ciudadanía que esté ajena a la intervención del legislador. Que el artículo l7 sirva como parámetro de control de constitucionalidad, esjustamente la idea que el voto de rechazo se adelantó
10 Algunos de ellos son revisados en el comentario del profesor F¡n¡lÁNo¡2, contenido en este mismo volumen.
parámetro de constitucioEl voto por la negativa afirmó que ei artículo 17 no es un las penas que no contemplan nalidad de ias penas. Entonces, no son inconstitucionales (cc' 19-20)' la posibilidad de la recuperación de la ciudadanía por acoger el requerimiento de Por otro lado, el voto de los ministros que estaban considera que una pena inaplicabilid ad, razonajustamente de la manera contraria. argumenta: en p.rp.,ru produce efectos contrarios a la constitución (c. 9). Para ello a la recuperación de la ciudadanía, basado en el lugur, qu. existe un dereého en el i-pl.utivo de la fórmula de recuperación de la ci,dadanía consagrada i"no, constitucional que se requiere artículo l7 (c. 6); en segundo lugar, que el requisito que la responsabilidad penal se haya satisfacer para que este áerecho sea eiercido es
;;i;"r
extinguido(c.3);yentercerlugar,quedichoderechoseveafectado(yaqueseimpide
que la ley establece una ejercicio durante la vida del interesado) en la medida de la responsabilidad penal con la muerte i"nu p.é"tua, identificando la extinción
del afectado Por ella (c' 8).
que pese a que la constitución consagra una te. En relación a la primera idea, señala puede considerarse que "toda pena que fórmula de recuperación de la ciudadanía, no (c' 20)' Ese acierto se impida la recuperación de la ciudadanía sea inconstitucional" asociados son susceptibles de limitación sostiene en que la ciudadanía y sus derechos
Lacontraargumentaciónquepuedeencontrarseenelvotoderechazoescontunden-
como fundamento de esa y condicionamiento en su ejercicio (c' 20) y que existen' que son cautelados a iimitación y condicionamiento, otros valores constitucionales
como por ejemplo, "la protección través de la institución de la pérdida de la ciudadanía, públicos" (c. 21). En relación a la tercera de la idoneidad moral de los funcionarios la ciudadanía no contempla problemas idea, señala que la fórmula de recuperación de En particular, señala que: de constinrcionalidad cuando se la-observa detenidamente. que no hacen posible su recuperación (a) existen causales de pérdida de la ciudadanía
(c.22);(b)queel¿erechoqueasistealinteresadoparapedirsurehabilitaciónsólo
,urg* ,.nu.,r., extinguida
(c) existen otras iesponsabilidad penal y no antes (c.22); y la inhabilitación penal aplicables al caso de formas de extinción de la responsabilidad
perpetuadiferentesalamuerteyalaextinciónporelcumplimientodelacondena. Estassonlaamnistíayelindulto(c.24).Luego,elcasodelcondenadoalapenade
no le asiste ningún derecho inhabilitación perpetuá acaÍreala pérdida de la ciudadanía;
que haya su responsabilidad penal sido a la recuperación de la ciudadanía, a menos extinguida por amnistía o indulto' legal que ext_iotpti.u del voto por la afirmativa es famélica: "un precepto rle la responsabilidad' como cumplimiento cluye la causal fnás propia de extinción de no-afectación de los derechos constitucionales de la pena" contraría el mandato
P,r\al-o M,ansH¡l-t-
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Hay dos cuestiones de las consideradas que merecen ser objeto de cotnentarios. La comprensión de la fórmula de la recuperación de la ciudadaniay los efectos del
carácfer perpetuo de la pena. b) La recuperación de la ciudadanía
La Constitución establece que la recuperación de la ciudadanía procederá. una vez extinguida la responsabilidad penal, en conformidad a la ley. Esto implica, como lo señalara el voto de rechazo, que el régimen actual de recuperación de la ciudadanía está escindido en dos partes. En primer lugar, mediante las formas de extinción de la responsabilidad penal, reguladas por el artículo 93 del Código Penal. de entre las cuales sólo son aplicables a una pena perpetua, la amnistía y el indulto. En segundo lugar, en la ley que establecerá e[ procedimiento conforme al cual se recuperará la ciudadanía, ley que no ha sido creada, y que, por lo tanto, no resulta aplicable al caso que se analiza. Ante este escenario caben dos alternativas: (i) entender que la ciudadanía se recupera por la sola extinción de la responsabilidad penal o (ii) entender que no se puede recuperar, sino hasta que se haya dictado la señalada ley. Las dos opiniones expresadas en el fallo coinciden en que la ciudadania
se podría recuperar si la responsabilidad penal se encontrara extinguida, dado que ninguno de los votos suscribe la segunda alternativa ofrecida. Luego, el problema no es acerca del incompleto sistema de recuperación de la ciudadanía, sino como se señaló, acerca de la conciliación de las penas perpetuas con el artículo l7 de la Constitución.
proporcionalidad entre la gravedad de la pena impuesta y el tiempo que el sujeto se ve privado de su ciudadanía. Cuando introducimos en este escenario a las penas privativas de derechos -como es el caso de la inhabilitación- ese esquema de proporcionalidad se rompe, en la medida que el Código Penal las considera como aflictivas y la consideración de la perpetuidad de sus efectos, las asimila entonces a la gravedad de una pena de presidio perpetuo. Eso es la primera cosa que resulta containtuitiva. Si el artículo 239 considera que la pena de privación de libertad asignado al delito es como máximo de 5 años, aparece desproporcionada la perpetuidad de la privación de la ciudadanía. r La extrañeza que ello puede provocar, puede ser alejada si se considera que la pena de inhabilitación no es asignada a cualquier clase de delito, sino a delitos que tienen como víctima al Estado o a la fe pirblica en general. Esa diferencia. parece permitir un tratamiento diverso en 1o que se refiere a la pérdida de los derechos de participación en la formación de la voluntad estatal, cuya lealtad ha sido traicionada.
Sin embargo, hay un segundo elemento que alimenta el carácter contra-intttitivtt
de la solución. Ello radica en que existe Llna superposición de efectos inhabilitantes. La paradoja que presenta la aplicación de la pena de inhabilitación perpetua especial
es que, como señalara el requirente al fundar la inaplicabilidad, produce ef-ectos inhabilitantes generales. ¿,Puede tener esa paradoja alguna influencia en la correcta solución del caso?
d) La contra-intuitiva perpetuidad y el parámetro de constitucionalidad .fundado en el modelo de la dignidad
c) Constitucionalidad e intuición
Si se hace caso al voto por la negativa, el presidio perpetuo calificado, debería ser considerado inconstitucional. en razón de privar de manera definitiva al condenado del ejercicio de su derecho a la recuperación de su ciudadanía. Ese razonamiento parece contra-intuitivo, Parece restringir demasiado la libertad del legislador penal por razones qlle no parecen relevantes. Más allá que pueda parecer fundado en un principio inadecuado, la Constitución contempla la institución de la pérdida de la ciudadanía y el Tribunal debe asignarle un significado y aplicar las normas donde
La respuesta del voto de mayoría al problema que presenta la superposición
efectos inhabilitantes pasa por escindir los efectos entre efectos legales y constitucionales. La pena de privación de derechos consagrada en el Código Penal consagra los efectos legales de la responsabilidad penal establecida por la sentencia condenatoria, los efectos inhabilitantes generales que se siguen de la pérdida de la ciudadanía no son efectos legales, sino efectos constitucionales. De esta escisión se sigue qtle no puede fundarse un reproche de constitucionalidad respecto a una situación no prevista en la ley, sino en la propia Constitución (cc.25-6). La pregunta que cabe hacer a continuación se basa en la tensión diagnosticada más arriba, entre la disposición constitr¡cional del artículo l7 y los principios que están en
Ahora, qué es lo que resulta contra-intuitivo del problema. Permítaseme explicarlo crudamente. Lo que resulta contra-intuitivo está relacionado con dos
circunstancias. En primer lugar, la desproporción de la medida. Un delito con una pena aflictiva de privación de libertad de 3 años y un día, permite recuperar la ciudadanía después de 3 años y un día de privación. Lo mismo pasa con una condena de l0 años o de 20 años. El condenado estará privado de su ciudadanía por ese lapso de tiempo' Finalmente, quien esté condenado perpetuamente a permanecer recluido , perderá de la misma forma su calidad de ciudadano. Existe en esta muestra una relación de
la base de la Constitución que he denominado dignidad. La relación entre los principios y la disposición es, ya en abstracto, una relación de tensión. Esto quiere decir que se plantea una dificultad para dotarla de sentido conservando la coherencia con las instituciones que gobiernan una democracia constitucional conforme al modelo de la dignidad. Cuando observamos que, ahora en la práctica, las consecuencias de la disposición dirigen sus efectos, en primer lugar, hacia una doble inhabilitación y, en segundo lugaq hacia una ampliación incontrolada de los individuos excluidos del
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proceso político, podemos volver a preguntarnos si la Constitución no fija ningún parámetro de control de la constitucionalidad de la ley respecto a este asunto: ¿podría el legislador ampliar el espectro de las penas aflictivas ad inJinitum, bajo la excusa de que el efecto inhabilitante está previsto por la propia Constitución o tiene límites para ello? Las respuestas que pueden ofrecerse para entender limitada la potestad estatal de exclusión pueden adoptar variadas formas, que trasciendan la mera afirmación de la importancia de la inclusión. En primer lugar, puede intentarse fijar un parámetro constitucional basado en el modelo de la- dignidad. La decisión de excluir a un individuo de la comunidad política tiene que ser una decisión consciente de parte de la comunidad y calificada por razones de importancia relativarnente alta. Ello es incompatible con la determinación por defecto de la exclusión por parte del legislador. El significado de la pena aflictiva no toma su valor y determinación de la disposición legal en cuanto tal. Puede remitir a ella como un medio de información, pero consiste qn un estándar independiente de la contingente legislación penal. El significado de la pena aflictiva constitucional puede, entonces, ser un estándar de enjuiciamiento de la propia legislación penal. La constitucionalización de la categoría de pena aflictiva, no remite al legislado¡ sino que somete al legislador a un estándar relativamente alto para designar una pena como aflictiva. En la medida que ese estándar no sea superado, la consecuencia no es la de excluir a un mayor número de ciudadanos de su posibilidad de participar, sino por el contrario, limita la discrecionalidad penal legislativa, tornando inconstitucional la calificación de aflictiva de la pena. Los problemas democráticos que pueden diagnosticarse para esta solución aparecen como fáciles de abordar, en la medida que decisiones excluyentes como ésta "sacan de quicio el principio democrático [. ..]". Ello, ya que es posible decir que ,.[l]os derechos de libertad democrática, la igualdad de los derechos políticos de cooperación, forman parte de ese núcleo no disponible para la decisión democrática mayoritaria", ya que en ellos descansan las condiciones procedimentales de Ia formación democrática de
la voluntad polítical En segundo lugar, de forma menos frontal, es posible tomar la incoherencia entre los efectos inhabilitantes y el problema que ello prqsenta para el modelo de la dignidad para buscar una interpretación dogmática de las normas en juego que no plantee esos problemas. De esta manera, se presenta una alternativa a la supresión de la norma si se encuentra una forma de preservar la norma y suprimir su efecto excluyente. Esa construcción está a cargo de quienes, desde el punto de vista del derecho penal democrático, tienen a su cargo la racionalización de la legislación penal a la luz de los
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P¡sro M¡nsu¡l_l B¡n¡¡nÁN
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CovENreRros A LA pRESENTACTóN DE
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Javier Couso Salas no con el supuesto que tú analizas aquí, pero que estuviste al límite de eso cuando planteabas el problema constitucional como un problema casi bordeando la teoría, decías tú. Y me preguntaba si hubiera habido una colisión entre el artículo 4o de la
Me pareció muy sugerente tu trabajo, pablo. Tenía preguntas que tienen que ver
democrática y que la ciudadanía es tan importante incluso para constiruir la soberanía, entonces este Y, que vendría siendo este artículo que priva de ciudadanía en caso de ciertas cuestiones penales niega algo que es esencrat. v yo me lo pregunto porque vamos a ver cada día más, cuando uno apela a tratados internacionai", i,no podría decir, por ejemplo: si se toma en cuenta que chile es una República democrática, las leyes orgánicas constitucionales no son democráticas, por razones que sería largo exponer aquí' un fallo del Tribunal podría decir: se despacha la existencü de las leyes orgánicas constitucionales de esta Constitución. Claramente me parece que es el desmadre eso, entonces, por eso promuevo el laborioso camino de una reforma constitucion al para extirpar las leyes orgánicas. y quería saber tu opinión tespepto a esta otra hipótesis que entiendo que es diferente a lo que fu estás planteando,poique hay un halo dworkiniano detrás. Es parte de nuestro ethos.Lagente que cree en el bloqueplantea esta cuestión, o sea, finalmente puede haber reformas constitucionales qu. ,án inconstitucionales porque hay ciertos artículos que están más allá de la reforma.
reformas constitucionales que han sido declaradas inconstitucionales en Colombia. Una reforma constitucional fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional colombiana. Y ni siquiera tienen artículo 5o; pero tiene bioque. pero te Io pregunto porque uno podría, por ejemplo, cuando tu dices: si se parte áe la base de X entonces Y que niega a z. o sea, si se aparta de la base sería todo que chile es una República
que anticiparse a los problemas que están pasando en colombia. Entonces, ha habido
Constitución y una norma constitucional que derechamente, en vez de reenviar al código Penal, hubieraestablecido lo mismo que tú objetas pero en la constitución. ! bueno, hay muchas hipótesis de colisión de normas dentro áe la propia Constitución y quería preguntarte: ¿Por qué eso no lo trabajas tanto? ¿por qué el foco está más bien en criticar el reenvío al legislador? pero me gustaría que exploraras un poco más la hipótesis que se va a dar en mil otros problemas en que la colisión hubiera estado al interior de eso. Y te lo pregunto porque, como estamos mirando tanto a colombia, hay
medida en que la disposición legal dice que la pena no se considetatápata ningún efecto administrativo, entiende que éste tiene un efecto reflejo respecto de la condición funcionaria que pueda ostentar el condenado, con la única excepción del personal de Carabineros y de Gendarmería. La jurisprudencia judicial ha oscilado, no ha dado una respuesta coherente sobre este mismo punto. Ahora, a mí 1o que me preocupa es la evolución que ha tenido la legislación estatutaria de la función pública. Recuerdo que el Estatuto Administrativo del 89 establecía como requisito de ingreso a la Administración Pública no sólo la ciudadanía sino no haber sido procesado por delito que merezca pena aflictiva. Más tarde se modifica esta regla, se incorpora la calidad de condenado, entendido por sentencia firme, por delito que metezca pena aflictiva. Y el 99 la ley de probidad introduce este requisito bajo la forma de una prohibición de un régimen de la función pública, tanto para el ingreso a la función pública como para la permanencia de ésta, haciendo referencia sólo a la calidad de condenado del funcionario sin mirar a la entidad o cuantía de la pena. Es decir, desde la perspectiva del ejercicio de un derecho político, al final de cuentas el ius honoru,?4 eS un derecho político, una proyección del sufragio. Creo que el legislador democrático es regresivo, quizás legislando ad hoc en función de ciertos valores relativos al desempeño de la función pública, muchas veces sin mirar adecuadamente los efectos que esto puede tener respecto del desempeño de la función pública. Eso es todo.
Es solamente una corrección. Yo creo que efectivamente este cambio de procesado a condenado es cierto, pero nunca estuvo en ningún estatuto administrativo el carácter
que esa pena debe ser aflictiva, por lo menos en los estatutos administrativos del 89 en adelante. Siempre fueron por crimen o simple delito, y ello generó algunos problemas prácticos, por ejemplo, a propósito de las condenas por manejo en estado de ebriedad, que eran delitos que tenían penas menores, pero que generaban la inhabilidad.
Santiago Montt OYarzún
Muy sugerente el artículo, y francamente son temas que no he pensado, pero tengo algunas reacciones más bien intuitivas.
Yo viví 6 años en el extranjero, sin ser ciudadano, entonces más o menos entiendo lo que significa no tener ciudadanía. Mi primera impresión, que no es verdaderamente una contradicción sino que es una disonancia nomás, es que pareciera ser que el que no tiene ciudadanía, más que dominado, es extranjero. Yo viví 6 años y yo no era dominado, no estaba dominado, vivía en una sociedad que tiene un montón de resguardos que no pasan únicamente por la soberanía, pasan por muchos otros mecanismos
Francisco Zúñiga Urb ina sólo un comentario, pablo. Este tema que tu planteas en el campo del denominado sufragio pasivo o el ias honor"um, se ha planteado en la jurispruiencia administra_ tiva y judicial con motivo de la remisión condicional deia pena. Sin una respuesta uniforme, la jurisprudencia administrativa de la Contraloria ha sostenido que en la
legales y no legales. Entonces, mi primera reacción es plantear el problema como esclavitud no pareciera ser descriptivamente correcto.
P¡sLo M¡RsHaLL B¡,ns¡RÁN
L¿ cruonp¡NÍ¡, ¡N'rp ¡L TrreLN,qL Co¡¡strtucloN¡l-
todo las empresas grandes.
extranjeros probáblemente son más efectivos políticamente que los nacionales, sobre
yo conozco' y es que de alguna manera en ra corte Europea de Derechos Humants, en materia de propiedad, y esto se ha traspasado al crADI, indirectamente, viene er tema de que han usado este punto de no sei ciudadano como una raz6n parahacer una revisión judicial menos respetuosa del congreso. ¿cuál es el argumento? Es un poco a lo caroll'n Producrs. Este es un personaje que no per-tenece al proceso político, y colno no pertenece al proceso político requiere que la revisión judicial de la afectación de su derecho de propiedad o patrimonial en este caso se dé con especial intrusividad, lo cual a mí siempre me ha producido un argumento completame nre faraz,porqre los
Y aquí viene mi segunda disonancia que es más seria, que viene de los temas que
pena perpetua es inconstitucional. Claro, esta es una buena sentencia, a mi juicio, el Tribunal razona, se nota la mano de los nuevos ministros, por lo menos enla organización de la sentencia. Aborda ese tema, y qué es lo que dice respecto a la perpetuidad: esto no es una pena perpetua. porque siempre está disponible el indulto y la amnistía,
tión tan importante que no has podido comentar en la sentencia.
Ferna¡tdo Atria Lemqitre
Simplemente quería preguntar a Pablo, que sucintamente nos comentara esa cues-
solamente una cuestión respecto de lo que había dicho Marshall y lo que ahora dice Montt. Porque, bueno, a mí también me produjo lo mismo, por qué lramarro dominado al que no es ciudadano, y claro efectivamente el no ciudadano es extranjero. Ahora, aquí estamos hablando de que se trata de alguien que no es ciudadano pero penalmente es sancionado. La pregunta es por qué se le saniiona, si él no puede entender la norma como suya porque no es ciudaduno, ., extranjero. Pablo Marshal I Barberán Bueno, gracias, Javier, porque me das espacio para explicar de qué sirve lo que estoy diciendo, esto no es en honor a la bandera. yo creo que hay que determinar el fundamento para así entender cuál es er alcance, y para eso nos servimos de los principios que están en ra base o ros principios básicos. .o,no no ..-gurruríu habrar de parámetros de interpretación o criterios de interpretgción, constitucional' Porque yo creo que uno puede dárle distinüs al"ances a la norma. Uno puede entende¡ y haciendo la reducción más burda, entendeq por ejemplo, que la pena aflictiva constitucional no es Io mismo que la pena aflictiva del código penal.
es 3 años
pero.orno-pu*. del edificio
recuperación, de la existencia de una herramienta de recuperación, una vez extinguida la responsabilidad penal, si se hace imposible la recuperación una vez extinguida la responsabilidad penal, porque nunca se extingue la responsabilidad penal, bueno, esa
privativa de libertad y no inhabilitaciones perpetuas, por ejemplo, o entender que a la luz del arrículo l3 interpretado conforme at má¿"to o" ru ¿igoiáu¿iu, f"nr. privativas de derechos perpetuas son inconstitucionales. Si incorpora-esos otros'elementos de la
uno puede entender que la pena aflictiva de la consiitución
y el voto de acogida dice: bueno, pero esas son, y el voto de aceptación, por cierto. no sé cómo se dice, acogida, por cierto es peor que el voto de rechazo, y señala: bueno es que eso no es la vía normal de terminación de la responsabilidad penal, y por eso no debe ser considerada esa excepción. Pero sí, yo soy, dentro de todo, abogado, y también como profesor de Derecho Constitucional creo que esas cosas están relacionadas y que mi rol es determinar qué es lo que la Constitución jurídicamente dice, y en ese sentido rechazo la idea de normas inconstitucionales. Pero se refería más a esa intención, a la idea de interpretar en su mejor versión la Constifución, de acuerdo a esos principios que sí están en la base, no que uno ha puesto en la base. Respecto del comentario del profesorZúf,iga,todos los casosiudiciales y los casos en sede administrativa son no casos de criminales, estoy siendo muy políticamente incorrecto, no son los casos de los cuales la masa de privados de derecho a sufragio yo estoy preocupado ¿no? Si uno piensa que hay sobre 50.000 personas en la cárcel, que están privadas del derecho a sufragio y ese es el problema constitucional que yo tengo en menie, que son extraídas del electorado y son transformadas en parias políticos, muerte civil es la terminología que se tiende a usar. No son esos los casos, no son los delincuentes habituaies de los que la jurisprudencia judicialy la jurispmdencia administrativa, entiendo, se preocupa, sino son de los delincuentes de cuello blanco funcionario. Y he conocido de este tipo de caso porque son los casos de la jurispmdencia de los tribunales electorales cuando se preocupa de las inhabilidades para postular a concejales, posfular a alcalde y supongo que para postular a otra clase de cargos públicos. Pero hacerme cargo de la jurisprudencia en otras cosas es un trabajo que tengo proyectado. en definitiva, sobre la prevención de Santiago, yo creo que bajo el derecho constitucional chileno, por lo menos, hay dcis diferencias. Si tu eres extranjero, tu formas parte de otra comunidad política, no eres un paria de comunidades, y el problema de estas personas es que están excluidas de nuestra comunidad política, no participan en ningún proceso político ni aquí ni tienen la posibilidad de hacerlo en otro lado ¿no? Y por eso el supuesto de pérdida de ciudadanía, por condena de pena aflictiva. Especialmente problemático, más problemático que el supuesto de pérdida de ciudadanía por pérdida de nacionalidad, que se basa en el supuesto de que tú te cambias de comunidad política. Y es particularmente distinto en el caso del derecho constitucional chileno, porque el derecho constitucional chileno reconoce el derecho de sufragio a aquellos extranjeros que están avecindados en Chile, los considera que tienen intereses, si es que no algún estatus político anejo que manda que ellos formen parte del proceso de toma de decisión, y en ese sentido estos privados de libertad o condenados a pena aflictiva son dominados, son dominados en un sentido distinto
P¡ero M¡nslr¡lr B¡¡¡¡nÁN
que lo es el extranjero: no tienen comunidad política y son objeto de órdenes de un sujeto en el cual no tienen capacidad de participar en la formación de su voluntad, y eso me da la impresión de que es la definición de dominado. Los ministros. Los que están por acoger el recurso eran Cea, Vodanovic, Fernández Baezay Venegas. Los otros, los por techazar, los que ganaron porque tenían a la ley de su lado: Bertelsen, Navarro, Femández, Frei y Carmona.
Danie la Accatino Scagliotti
Lo único que quería era proponer un término que a lo mejor no suscita la perplejidad del término dominado y que creo que, además, puede ser ionsistente con esta
idea antigua de estas normas constitrrcionales que es súbdito.
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