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Timestamp: 2017-11-22 18:19:07+00:00

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El derecho fundamental a las reparaciones por violencia política en el Perú: Reparaciones en educación universitaria, una lectura adecuada del artículo 17° de la Constitución | Justicia Viva
El derecho fundamental a las reparaciones por violencia política en el Perú: Reparaciones en educación universitaria, una lectura adecuada del artículo 17° de la Constitución
Por: Jorge Mendoza Argomedo[1]
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR en adelante) investigó 20 años de violencia política ocurrida en nuestro país, de mayo de 1980 a noviembre de 2000. Asimismo, conforme a los artículo 44° y 1° de la Constitución Política del Perú, recomendó al Estado peruano implementar un programa integral de reparaciones, en particular en educación, que “puedan guiar en el futuro, inmediato y de mediano plazo, la acción del Estado y de la sociedad orientada a sanar las lesiones producto de la violencia, a prevenir que el pasado no se repetirá y a crear condiciones para la reconciliación”[2].
Estas recomendaciones de la CVR fueron acogidas por el Estado peruano y se emitieron la Ley N° 28592, Ley que crea el Programa Integral de Reparaciones, y su Reglamento el Decreto Supremo N° 15-2006-JUS.
Sin embargo, contra la Ley N° 28592 y su Reglamento, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco mediante Resolución N° 1875-2014-UNHEVAL-CU, de 23 de julio de 2014, dispuso que:
“[S]e proceda a la exoneración de pagos que soliciten los estudiantes en su condición de víctimas de la violencia política siempre y cuando hayan concluido sus estudios de manera invicta y previa verificación de los documentos que lo acreditan como tal por la Oficina de Asesoría Legal, y en los demás casos podrá exonerarse, total o parcialmente, previo estudio socioeconómico.” (Resaltado nuestro).
En este camino, y apelando a una lectura literal y aislada del artículo 17°[3] de la Constitución Política del Perú, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco mediante Resoluciones Rectorales N° 245-2016-UMHEVAL-R y 13-2017-UNHEVAL, de 8 de noviembre del 2016 y 18 de enero del 2017 respectivamente, declaró improcedente los pedidos de “exoneración de pago por otorgamiento de grado de bachiller y título profesional” del ciudadano WJPFE y de la ciudadana MMVS, víctimas de violencia política acreditadas con Códigos RUV N°P10003879[4] y P10024558, respectivamente. Es decir, vulneró el derecho a la reparación en educación de las víctimas de violencia política estableciendo que sólo procede la gratuidad si son invictos y, en otros casos, previo estudio socioeconómico.
A continuación resaltaremos el marco jurídico y jurisprudencial del derecho fundamental a las reparaciones por violencia política en el Perú.
Reparaciones[5]
2.1 ¿Qué dijo la Comisión de la Verdad y Reconciliación – CVR?
Al respecto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló lo siguiente[6]:
“Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), la responsabilidad del Estado se plantea cuando éste no cumple su obligación primaria de respetar y hacer respetar derechos humanos internacionalmente reconocidos. Dicha obligación incluye el deber de garantía, que se refiere al deber jurídico de prevenir las violaciones de los Derechos Humanos, de investigar seriamente las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponer las sanciones pertinentes y el deber de proporcionar reparación a las víctimas.”
Asimismo, afirmó que:
“Según la Constitución Política del Perú de 1993 en su primer artículo, “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Asimismo, el artículo 44 de la Constitución prevé como deberes primordiales del Estado “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad.
El DIDH prescribe esencialmente la protección de los individuos, por lo que en la responsabilidad del Estado prevalece su interés. Por consiguiente, cabe afirmar que las obligaciones resultantes de la responsabilidad del Estado por violaciones del DIDH entrañan derechos correspondientes de las personas individuales y grupos de personas que están bajo la jurisdicción del Estado infractor y que son víctimas de esas violaciones. Uno de los derechos de que disponen esas víctimas con arreglo al derecho internacional es el derecho a obtener reparaciones justas.” Resaltado nuestro.
Como puede observarse, la CVR desde sus recomendaciones dio luces del marco jurídico internacional de las reparaciones para que el Estado peruano adoptase medidas destinadas a reparar integralmente a las víctimas de la violencia política. En este sentido, se expidieron la Ley N° 28592 y su reglamento.
2.2 ¿Qué establecen la Ley N° 28592 – PIR y su Reglamento?
2.1.1 Definición de reparación
El artículo 3° del Reglamento de la Ley N° 28592, el Decreto Supremo N° 15-2006-JUS, define a las reparaciones como:
“[L]as acciones que realiza el Estado a favor de las víctimas del proceso de violencia, y, de acuerdo con la Ley, a los familiares de las víctimas, orientadas de manera expresa al reconocimiento de su condición de tales, y que tiene como objeto permitir su acceso a la justicia, la restitución de sus derechos, la resolución de las secuelas derivadas de las violaciones a los derechos humanos y a la reparación material y moral, específica o simbólica, por los daños sufridos.”
En la línea de lo desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos-DIDH, su jurisprudencia[7] y la jurisprudencia comparada[8], y por ello su fundamentalidad[9], como puede observarse, la legislación nacional también ha desarrollado el marco jurídico de las reparaciones como derecho tanto en su dimensión objetiva como subjetiva[10]. En su dimensión objetiva porque en la primera parte de la definición, y conforme con la Constitución (44°), se establece un mandato de acción al Estado a favor de las víctimas, y en su dimensión subjetiva porque se concretiza en el concepto a la persona víctima del proceso de violencia y familiares como titulares del derecho a la reparación.
2.1.2 La reparación como proceso
Los artículos 4° y 5° del Reglamento de la Ley N° 28592, el Decreto Supremo N° 15-2006-JUS, establecen que:
“El Proceso de Reparación comprende el período a lo largo del cual se realiza el conjunto de las acciones de reparación y se orienta a permitir a las víctimas reconstruirse como personas y colectivos, para encarar el futuro con dignidad. Todo ello a través del restablecimiento y plena vigencia de los derechos así como de las condiciones, recursos, capacidades, oportunidades y calidad de vida perdidos por efecto del proceso de violencia y sus secuelas.
El Proceso de Reparación se basa en la acción concurrente y expresa del conjunto de las instituciones del Estado, la misma que se guía por la Ley del PIR y el presente Reglamento, así como por la programación multianual y los planes operativos anuales que se elaboren.”
“La acción del Estado en materia de reparaciones se basa en la acción concurrente y expresa del conjunto de las instituciones del Estado, orientadas a impulsar programas de reparación que permitan que las víctimas del proceso de violencia logren la restitución de sus derechos violados durante el conflicto armado interno; y se guía por la Ley, su Reglamento, la programación multianual y los planes operativos anuales.” Subrayado nuestro.
De los artículos citados se desprende también la dimensión objetiva del derecho a las reparaciones por violencia política y una de las instituciones del Estado que tiene que garantizar el derecho en su dimensión subjetiva es la Universidad.
2.1.3 Reparaciones en educación universitaria
El artículo 2°, b) de la Ley N° 28592 establece que uno de los componentes del Plan Integral de Reparaciones es el programa de reparaciones en educación. Por su parte, el artículo 19°,b) del Reglamento de la Ley N° 28592, el Decreto Supremo N° 15-2006-JUS[11], establece que una de sus modalidades es:
“[La e]xoneración de pagos, matrícula, pensiones, derecho de examen de ingreso, grados y títulos académicos, y certificados de estudios; además de los servicios de comedor y vivienda, …, en instituciones educativas públicas de nivel … superior”.
Como puede verse, la norma no establece un condicionamiento para ejercer el derecho a la reparación en educación, pues su acceso no es un premio al rendimiento académico o incentivo por alguna condición, sino una reparación por parte del Estado a las víctimas por su condición de tales al haber el Estado omitido su obligación internacional de protección. Esta lógica viene funcionando también en las reparaciones en salud, por ejemplo, cuando las víctimas de la violencia política acceden al Seguro Integral de Salud – SIS por su condición de víctimas y no por su condición socioeconómica.
2.3 La Corte IDH y las reparaciones en educación. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú
En general, como sostuvo Diego García Sayán, “[e]n sus veinticinco años de existencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha producido una doctrina en materia de reparaciones de víctimas de violaciones de los derechos humanos, doctrina que se ha reforzado en los últimos tres o cuatro años.”[12]
Por su parte, el exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Carlos María Pelayo Möller, citando el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 25, señalaron que “[l]a Corte IDH ha establecido que el derecho a la reparación es un principio de derecho internacional. En este sentido, toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.”[13]
En particular, en materia de reparaciones en educación universitaria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú[14] y entre otras cosas dispuso que:
“12. El Estado debe proporcionar a los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas la posibilidad de capacitarse y actualizarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de becas, en los términos del párrafo 281 de la presente Sentencia.”
Al respecto, el párrafo 281 establece que
“El Tribunal considera que el Estado debe proporcionar al señor Wilson García Asto la posibilidad de capacitarse y actualizarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de una beca que le permita terminar con sus estudios, y además para actualizarse y capacitarse profesionalmente durante dos años posteriores a que culmine sus estudios universitarios. Asimismo, el Estado debe proporcionar al señor Urcesino Ramírez Rojas la posibilidad de capacitarse y actualizarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de una beca que le permita seguir cursos de capacitación y actualización profesional de su elección por el plazo de dos años.”
Queda claro entonces que, en particular, el Estado debe a las víctimas de violencia política reparaciones en educación universitaria por su condición de tales al haber omitido su obligación de proteger sus derechos. Esa es la lectura que debe hacerse de la Constitución, la Ley Universitaria y los Estatutos de las universidades.
La Constitución y la Ley Universitaria
El artículo 17° de la Constitución debe ser interpretada de manera sistemática interna y externa, con otras normas de la propia Constitución (1°, 44° y Cuarta Disposición Final y Transitoria), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1° y 63°.1) y su jurisprudencia (Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (9°.5) de acuerdo, primordialmente, al principio de función integradora[15]. “Por tanto, no cabe oponerlo a la reparación que les corresponde a las víctimas, al margen de su condición económica o virtudes académicas.”[16]
En efecto, cuando el artículo 17° de la Constitución establece que “En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación”, debe entenderse como la regla cuya excepción es que tratándose de víctimas de violencia política la gratuidad aplica, al margen de su condición económica o virtudes académicas, como una reparación a la cual tienen derecho en virtud de las normas y jurisprudencia citadas.
En ese camino, la Ley Universitaria (7°, 6° y 5°) y el Estatuto de la UNHEVAL (8°, 7° y 6°) establecen funciones, fines y principios, como por ejemplo la función de contribuir al desarrollo humano, el fin de colaborar a la democracia, el Estado de Derechos y la inclusión social y el principio de desarrollo de una cultura humanista, el fortalecimiento de la paz y la convivencia social. En este sentido, considero que la reparación en su forma de “exoneración de pagos, matrícula, pensiones, derecho de examen de ingreso, grados y títulos académicos, y certificados de estudios; además de los servicios de comedor y vivienda, (…) en instituciones educativas públicas de nivel (…) superior”, citando la norma b) del artículo 19 del Decreto Supremo N° 47-2011-PCM, es un deber legal conforme con el DIDH que contribuye al logro de las funciones, fines y principios de la Ley Universitaria y el Estatuto de la UNHEVAL.
Por tanto, negarle a la víctima de violencia política la reparación en educación consistente en exoneración de pagos para trámites administrativos que le permitan acceder al grado académico correspondiente a sus estudios por no llegar “invicto” o previo estudio socioeconómico, como lo dispuso la Resolución N° 1875-2014-UNHEVAL-CU, es ilegal, inconstitucional e inconvencional[17].
Garantía jurisdiccional e institucional
4.1 Garantía jurisdiccional mediante el Proceso Constitucional de Cumplimiento
Frente a la renuencia de la autoridad universitaria de cumplir la Ley N° 28592 y su Reglamento y garantizar así el derecho a la reparación en educación mediante la “exoneración de pagos, matrícula, pensiones, derecho de examen de ingreso, grados y títulos académicos, y certificados de estudios; además de los servicios de comedor y vivienda (…), en instituciones educativas públicas de nivel (…) superior”, como una de sus modalidades, procede su garantía jurisdiccional mediante el Proceso Constitucional de Cumplimiento[18].
Al respecto, los artículos 66° y 67° del Código Procesal Constitucional, respectivamente, establecen que:
“Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente:
1) Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme”.
“Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos (…).
Tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos[19], la legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumplimiento.”
En este sentido, la o las víctimas que ven vulnerado su derecho fundamental a la reparación en educación, y en defensa de su interés colectivo, pueden demandar constitucionalmente el cumplimiento de la Ley N° 28592 y su Reglamento.
4.2 Garantía institucional
4.2.1 La Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN
La Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional fue conformada mediante Decreto Supremo Nº 11-2004-PCM, adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Decreto Supremo Nº 102-2011-PCM, y de acuerdo al artículo 11° de la Ley N° 28592:
“[C]oordinará acciones con los Ministerios, Gobiernos Regionales, Locales y con las entidades estatales, quienes incluirán en sus presupuestos estrategias conducentes al financiamiento pertinentes para la ejecución del Plan Integral de Reparaciones – PIR”
Asimismo, de acuerdo al artículo 2° del Decreto Supremo N° 47-2011-PCM:
“La realización de las acciones necesarias para la implementación a cargo de las entidades del Sector Público [como las universidades], se financia con cargo al Presupuesto Institucional autorizado en las Leyes Anuales de Presupuesto de los pliegos correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público y conforme a las disposiciones legales vigentes.”
En este caso, corresponde a la CMAN coordinar con las Universidades Nacionales en general y, como se hizo, con la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco en particular las reparaciones en educación universitaria de acuerdo a la Ley N° 28592 y su Reglamento.
4.2.1 La Defensoría del Pueblo
Por otro lado, en el Perú la garantía institucional de los derechos fundamentales también se logra mediante la intervención de la Defensoría del Pueblo, en virtud de su mandato constitucional establecido en el artículo 162° que, mediante la fortaleza de la persuasión como su principal herramienta, persuade a las instituciones a actuar conforme a la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y las leyes. Objetivo que también puede lograr, agotada la persuasión, mediante el litigio estratégico constitucional, en este caso a través del proceso constitucional de cumplimiento (artículo 67° in fine del Código Procesal Constitucional).
En este caso, mediante oficio la Defensoría de Pueblo en Huánuco recomendó a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco para que modifique la Resolución N° 1875-2014-UNHEVAL-CU a fin de garantizar el derecho a la reparación en educación de las víctimas de la violencia política. La Universidad por su parte mostró su disposición a adoptar dicha recomendación y así lo hizo mediante Resolución de Consejo Universitario N° 902-2017-UNHEVAL, del 23 de marzo del 2017, que deja sin efecto la Resolución N° 1875-2014-UNHEVAL-CU, del 23 de julio del 2014, y dispone “que, a partir de la presente Resolución, los beneficios que les pudiera corresponder a los alumnos que tengan la condición de víctimas de la violencia política en el marco del cumplimiento de la Ley N° 28592 y su Reglamento, no estará sujeto a que el alumno sea considerado como alumno regular o esté invicto”.
* El proceso de violencia política ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000, investigada por la CVR, dejó miles de víctimas que conforme con el DIDH, su jurisprudencia, la jurisprudencia comparada, la Constitución y las leyes deben ser reparadas, en particular en educación universitaria.
* La exoneración de pago por otorgamiento de grado de bachiller y título profesional no es un premio al rendimiento académico o incentivo por alguna condición, sino una reparación por parte del Estado a las víctimas y familiares por su condición de tales al haber el Estado omitido su obligación internacional de protección.
* La lógica de la reparación como derecho, sin condicionamiento, viene funcionando también en las reparaciones en salud, por ejemplo, cuando las víctimas de la violencia política acceden al Seguro Integral de Salud – SIS por su condición de víctimas y no por su condición socioeconómica.
* En este sentido, el artículo 17° de la Constitución debe ser interpretada de manera sistemática interna y externa, con otras normas de la propia Constitución (1°, 44°, Cuarta Disposición Final y Transitoria), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1°) y su jurisprudencia (Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (9°.5) de acuerdo, primordialmente, al principio de función integradora.
* Finalmente, en caso de renuencia de parte de la autoridad universitaria para garantizar el derecho a la reparación en educación, la o las víctimas cuentan con las garantías jurisdiccional a través del Proceso Constitucional de Cumplimiento e institucional a través de la CMAN y la Defensoría del Pueblo.
(Foto: Diario El Peruano)
[1] Abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Máster concluido en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica en la Universidad Alcalá de Henares. Comisionado de la Defensoría del Pueblo en Huánuco.
[2] Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo IX, Cuarta parte: Recomendaciones de la CVR, hacia un compromiso nacional por la reconciliación. Capítulo 2: Recomendaciones. 2.2. Programa Integral de Reparaciones. pp 139. Puede consultarse en: http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20IX/2.2.%20PIR.pdf
[3] “Artículo 17°.- Obligatoriedad de la educación.
(…) En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.”
[4] Este código RUV corresponde a la madre del ciudadano WJPFE que le cedió su derecho en virtud del Decreto Supremo N° 1-2016-JUS, Decreto Supremo que modifica el Artículo 18 del Reglamento de la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2006-JUS. La norma puede consultarse en: http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-18-del-reglamento-decreto-supremo-n-001-2016-jus-1339728-1
[5] Un desarrollo más detallado del derecho fundamental a las reparaciones por violencia política puede verse en el trabajo de Juan Carlos Ruiz Molleda y Álvaro Másquez Salvador denominado “Una aproximación al contenido constitucional del derecho a la reparación de graves violaciones a los derechos humanos”. Puede consultarse en: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc25062015-204925.pdf
[6] Comisión de la Verdad y Reconciliación. Óp. Cit. pp 142, 143.
[7] Diego García Sayán en “Los derechos de las víctimas en la escena internacional” afirmó que “[e]n sus veinticinco años de existencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha producido una doctrina en materia de reparaciones de víctimas de violaciones de los derechos humanos, doctrina que se ha reforzado en los últimos tres o cuatro años. En este último período el número de sentencias sobre la materia se equipara al total de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los veinte años anteriores.” En: Las reparaciones a las víctimas de la violencia en Colombia y Perú: retos y perspectivas. Idehpucp y Cooperación Regional para los Países Andinos 2008. Primera edición. Lima. pp 23. Puede consultarse en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/las_reparaciones_a_las_victimas_violencia_colombia_peru.pdf
[8] Corte Constitucional de Colombia, SU-254/13.
[9] De acuerdo al artículo 55° de la Constitución Política del Perú “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.” Uno de los tratados de los que el Perú es parte es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 9.5 establece que “Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.” Asimismo, el artículo 63°.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.” En relación a este artículo, Claudio Nash señala que “constituye la adopción por parte de la Convención de un principio del derecho internacional y, en general, del Derecho sobre la responsabilidad en orden a que quien daña a otro debe ser obligado a reparar los perjuicios causados, indemnizando.” En: Nash Rojas, Claudio. Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007). pp 33-34. Puede consultarse en: http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdf/14.pdf
[10] Sobre las dimensiones objetiva y subjetiva de los derechos fundamentales, puede verse: Vargas Hernández, Clara Inés, exmagistrada de la Corte Constitucional de Colombia: “La garantía de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y labor del Juez Constitucional colombiano en sede de Acción de Tutela: El llamado Estado de Cosas Inconstitucional”. Apartado II. Puede consultarse en: http://www.cecoch.cl/docs/pdf/revista_ano1/revista_ano1_11.pdf
[11] Modificado por el Decreto Supremo N° 47-2011-PCM. Puede consultarse en: http://www.minedu.gob.pe/files/301_201109141626.pdf
[12] Idehpucp y Cooperación Regional para los Países Andinos 2008. Las reparaciones a las víctimas de la violencia en Colombia y Perú: retos y perspectivas. pp 23. Puede consultarse en: http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/las_reparaciones_a_las_victimas_violencia_colombia_peru.pdf
[13] Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Pelayo Möller, Carlos María. Parte i – Deberes de los estados y derechos protegidos. capítulo i. enumeración de deberes. Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. II. La obligación de respetar y garantizar los derechos humanos (artículo 1.1 de la CADH). 2. La “garantía” de los derechos. d. Reparar a las víctimas. pp 53. En: Christian Steiner / Patricia Uribe (editores). “Convención Americana sobre Derechos Humanos. COMENTARIO”. Konrad Adenauer Stiftung, 2014. Puede consultarse en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_38682-1522-1-30.pdf?140922172843
[14] Puede consultarse en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_137_esp.pdf
[15] STC N° 5854-2005-PA/TC, fj 12,b) “El principio de función integradora: El “producto” de la interpretación sólo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y las de éstos con la sociedad.”
[16] Oficio N° 29-2017- DP/HCO, del 9 de febrero del 2017, remitido por la Defensoría del Pueblo en Huánuco a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Oficio proyectado por el suscrito.
[17] Por ser contraria al espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su jurisprudencia.
[18] En otros casos también será posible mediante el Proceso Constitucional de Amparo, tal como concluyen Juan Carlos Ruiz Molleda y Alvaro Masquez Salvador en su trabajo denominado “Una aproximación al contenido constitucional del derecho a la reparación de graves violaciones a los derechos humanos”.
[19] En relación a los intereses difusos o colectivos el Tribunal Constitucional lo desarrolló en la STC N° 5287-2008-AA/TC fj 21,a. Puede consultarse en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/05287-2008-AA.pdf
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in fine
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