Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-12-CO-90.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-06 20:12:47+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 90, de 20/12/2016
cve: DSCD-12-CO-90
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 90
- Elección de la Vicepresidencia Segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000028) ... (Página2)
- Relativa a los criterios para el traslado de discapacitados en centros de estancia temporal para inmigrantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001000) ... (Página3)
- Relativa a la accesibilidad universal de los medios de comunicación audiovisuales. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000898) ... (Página7)
- Relativa a garantizar el uso correcto de los estacionamientos reservados en exclusiva para las personas con discapacidad que no se hallen en vías urbanas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000499) ... (Página10)
- Sobre la valoración de la discapacidad de los menores con cáncer. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000290) ... (Página13)
- Sobre la creación de un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del Programa de detección precoz de la sordera en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000337) ... (Página17)
- Sobre la mejora de la atención de las mujeres con discapacidad que quieran ser madres. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000476) ... (Página20)
- Relativa a la sensibilización de la sociedad en materia de discapacidad en la población infantil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000477) ... (Página24)
- Relativa a la especial atención que merecen los afectados de epidermólisis bullosa. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000478) ... (Página27)
- Relativa a garantizar la accesibilidad universal del transporte ferroviario en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000514) ... (Página31)
- Sobre accesibilidad del transporte ferroviario. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000748) ... (Página31)
- Sobre la adaptación de las estaciones de titularidad de ADIF de la red de Rodalies de Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000825) ... (Página31)
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000028).
El señor PRESIDENTE: Si les parece a sus señorías procedemos al inicio de la Comisión. Como habrán visto en el orden del día hemos incorporado un punto, que es la elección de vacantes. Nuestra colega doña Tristana Moraleja deberá abandonar la Vicepresidencia de la Comisión, aunque nos dice que va a continuar formando parte de la misma, y el Grupo Popular ha propuesto a don Ernesto Aguilar Rodríguez como nuevo vicepresidente. Todos los portavoces hemos firmado un documento en el que, por unanimidad, damos por elegido al señor Aguilar, al que invitamos que nos acompañe a la Mesa. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.-Aplausos).
Vamos a iniciar el debate de las diez proposiciones no de ley. Vamos a intentar ordenarlas de tal manera que los horarios de los diputados puedan acomodarse a las distintas obligaciones que hay en otras comisiones. El orden del día seguiría el siguiente tratamiento. En primer lugar trataríamos la proposición no de ley número 12 del PNV. A continuación la número 11 de Podemos; a continuación la número 7 del Grupo Mixto. El resto del orden del día se tratará en su orden, a excepción de los puntos 8, 9 y 10 que se tratarán conjuntamente, ya que tratan del ámbito ferroviario. Sugiero también a los grupos proponentes que en todo aquello que se avance en la elaboración de las transacciones se haga al principio por la mañana, para tratar de evitar alguna situación caótica que en alguna Comisión se ha producido al final de la sesión y que retrasa la votación. Les recuerdo que tenemos Pleno a las cuatro de la tarde.
- RELATIVA A LOS CRITERIOS PARA EL TRASLADO DE DISCAPACITADOS EN CENTROS DE ESTANCIA TEMPORAL PARA INMIGRANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 61/001000).
El señor PRESIDENTE: Para defender la proposición no de ley del Grupo Vasco tiene la palabra su portavoz, el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: En primer lugar, muchas gracias al señor presidente de la Comisión y a todos sus miembros por su gentileza al permitir alterar el orden del día. Todos tenemos muchas ocupaciones y procuraré por ello ser lo más breve posible para no estrangular la posibilidad de intervención de otras personas.
Les decía antes a algunos portavoces que esta proposición no de ley es una proposición evidente, sin ningún tipo de dificultad añadida. Es consecuencia de una información de Amnistía Internacional, que ha hecho constar en un reciente informe una determinada situación de desprotección en la que se encuentran las personas con algún tipo de afectación o en situación de vulnerabilidad en los centros de estancia temporal para inmigrantes de Ceuta y Melilla, como consecuencia fundamentalmente de la falta de adaptación de sus instalaciones, así como la inexistencia -al menos así nos lo han contado- de criterios a la hora de atender dicha situación a efectos de ser trasladados a instalaciones más adecuadas para su posible atención. En concreto la posibilidad de traslado se precisaba en el traslado a la península. Los centros de estancia temporal de inmigrantes son establecimientos de la Administración pública que están concebidos como dispositivos de primera acogida provisional, y están destinados a dar servicios y prestaciones sociales al colectivo de inmigrantes y solicitantes de asilo, precisamente en esa situación en Ceuta y Melilla y mientras se realizan los trámites de identificación y chequeo médico previstos para esa situación y para cualquier otra.
Su regulación se encuentra en la Ley Orgánica 4/2000, y su desarrollo en el Real Decreto 557/2011. Sin embargo no nos ha sido dada a conocer la existencia de algún tipo de regulación específica que permita identificar los criterios conforme a los cuales de todo ese colectivo, aquellos que se encuentran en esa situación de especial vulnerabilidad, pueden o no ser trasladados a la península cuando se encuentren en esos centros. Según la información proporcionada por Amnistía Internacional, el criterio para trasladar a esos residentes de los CETI es el tiempo de estancia, siempre y cuando no hayan solicitado asilo político, en cuyo caso la estancia en esos centros se prolongaría hasta la resolución de su expediente, que podría concluir con su expulsión. Ese tiempo de estancia, según se nos ha dado también a conocer, es de cinco meses, lo que entendemos que es excesivamente dilatado e impropio del sistema de acogida que debe tener cualquier país civilizado.
En ese sentido queríamos hacer una recomendación vinculada a la posibilidad de que, atendiendo a ese tipo de criterios, esas personas en esa especial situación pudieran ser trasladadas cuanto antes a los centros en los que se pudieran encontrar debidamente atendidos, y que se cifraban en centros en la península. Esa es la propuesta. Voy a adelantar también que he conocido la existencia de tres enmiendas a esta proposición no de ley. Intentaría acoger las tres y hacer una transacción integrándolas, lo que les propondré un poco más tarde, pero en todo caso creo que es una proposición evidente, sin ningún tipo de dificultad añadida, y para la que les ruego su apoyo porque creo que es una mera cuestión humanitaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para la presentación de su enmienda la portavoz del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La señora ALBA GOVELI: Gracias, presidente. (La señora vicepresidenta, Martínez Seijo, ocupa la Presidencia). Estando de acuerdo con el contenido de la propuesta, hemos presentado dos enmiendas. Por un lado, si leemos la definición de vulnerabilidad según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social vemos que nos habla de personas tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, etcétera. Se refiere a personas con discapacidad, pero no se explicita en esta definición ni en la legalidad vigente cómo se acredita esta discapacidad, de qué tipo de discapacidad estamos hablando, quién es el que evalúa, quién decide qué persona puede acogerse a esta definición o no. Y conociendo como creo que todos y todas conocemos la situación actual de estos centros en Ceuta y en Melilla, así como la superpoblación a la que están
sometidos en casos en los que muchas veces ni siquiera pueden ofrecen los servicios que en teoría ofrecen, nos parece tremendamente difícil que se haga en estos centros la evaluación, cuando en muchos casos no saben las personas que están dentro. Además, como sabrán, solo se autoriza la valoración de personas con discapacidad en aquellas que tienen la residencia legal en el Estado español. Con esta realidad las personas que no tienen autorización de residencia en el Estado se ven abocadas a una especie de bucle sin salida, porque al no reconocérseles su discapacidad no pueden acceder a recursos específicos, pero al tener discapacidad tampoco pueden acceder a la normalización; es decir, ni a formación, ni en empleo ni a recursos sociales; es una especie de pescadilla que se muerde la cola.
En cualquier caso nosotros presentamos dos enmiendas que nos parece importante especificar. Por un lado, el que se amplíe y se defina mejor de quién estamos hablando cuando hablamos de personas vulnerables. Y por otro lado, que la decisión de quiénes se acogen a esa definición sea participada por agentes externos, por organismos internacionales o por asociaciones de protección de los derechos humanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Con brevedad quiero decir que nos parece adecuada la iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco. Inicialmente nuestra enmienda era con carácter técnico, en el sentido de que en el texto que nos proponía el Grupo Vasco se hablaba de centros de internamiento, cuando entendíamos que se refería a los centros de estancia temporal para inmigrantes, los CETI. El propio Grupo Vasco ha corregido ese redactado y hemos querido remarcar que efectivamente cuando hablamos de traslados a la península de personas que están en los CETI, estamos hablando de los CETI de Ceuta y de Melilla, que es donde existen fundamentalmente este tipo de equipamientos.
La iniciativa del Grupo Vasco se focaliza en relación a un grupo muy concreto de personas emigradas, aquellas que padecen una discapacidad, por tanto unas personas con una especial fragilidad, que exige por tanto un planteamiento suficientemente intuitivo para garantizar que los derechos de estas personas y la atención que deben recibir se pueda producir. Además conociendo la situación que viven los CETI de Ceuta y Melilla todos coincidiremos en entender que difícilmente en estos centros, colapsados, superados por la situación en la que viven desde hace tiempo, se pueda atender en condiciones a cualquier persona que haya sido acogida en cualquiera de las dos ciudades autónomas, y que por tanto la celeridad en el traslado a la península para proceder a su atención debe ser lo más eficaz y rápida posible. Por tanto apoyaremos la iniciativa del Grupo Vasco. La transacción también contará con nuestro apoyo.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Debe recordarse que los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla son centros de la Administración pública adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de Inmigrantes y Emigración, concebidos desde su creación como dispositivos de permanencia provisional de dichos extranjeros en tanto su situación administrativa sea evaluada, de cara a su derivación al recurso más adecuado en función de lo que proceda en atención a dicha situación; lo que incluye en su caso la derivación a centros de internamiento de extranjeros en aplicación de la ley orgánica y del reglamento aprobado en 2011. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Debe resaltarse que las personas beneficiarias de los CETI son libres de acceder o abandonar los centros a su voluntad. Los servicios básicos prestados en los CETI son alojamiento, vestuario, manutención, limpieza e higiene y seguridad, a los que se suman servicios especializados como programas sanitarios, de formación, actividades de ocio, deporte y cultura, asesoramiento jurídico e intervención social. Los procedimientos de traslado desde los CETI son gestionados por dicha secretaría general y el Ministerio del Interior, y nos confirman que en todos ellos se priorizan los de personas en especial situación de vulnerabilidad como solicitantes de protección internacional, familias con menores y personas con discapacidad o con una enfermedad grave. La clasificación como persona con discapacidad, por las dudas que planteaba el grupo de Podemos, se basan en el CIF, en la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, que son las mismas normas que seguimos en la normativa española.
Por otro lado la creciente llegada de personas, especialmente sirias desde el año 2012, y sobre todo la de familias con menores a cargo al centro de Melilla, ha cambiado radicalmente el perfil de los beneficiarios, que hasta entonces eran casi todos varones subsaharianos mayores de edad. Se han adoptado bastantes medidas para mejorar este centro: habilitación de todos los espacios posibles para dar acogida a todos los llegados -se llegó a superar en un momento dado la cifra de 2.000 personas-; ampliación de la capacidad del CETI hasta 800 plazas; se han acometido varias reformas; en la medida de lo posible se adoptan las medidas oportunas para mantener la unidad familiar en el caso de familias con niños; se han acometido obras para garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad en las oficinas, habitaciones, enfermería, almacén y comedor. Y ante el cambio de perfil de los beneficiarios se han habilitado zonas ajardinadas con columpios para los niños, atención específica a madres embarazadas o con bebés así como a mujeres solas con hijos. Y esto no solo en aspectos médicos o de alimentación, sino también en la asignación de un lugar de alojamiento dentro del CETI. Semanalmente se imparten charlas informativas a todas las personas que han ingresado sobre sus derechos, obligaciones, servicios que se prestan en el centro y protección internacional. La información es proporcionada por las trabajadoras sociales, las psicólogas y las abogadas.
El caso de Ceuta es distinto, dado que el volumen de llegadas ha sido inferior y los perfiles de beneficiarios no han incluido con carácter general ni ciudadanos sirios ni familias con menores a cargo, pero también este centro es objeto de constantes mejoras. Sin perjuicio de ello, tras la entrada masiva del 9 de diciembre, la ocupación es de 1.160 personas, habiendo un nivel de sobreocupación actual de 646 personas, y ante esta situación se ha puesto en marcha el plan de emergencias para caso de entradas masivas que está en vigor.
En cuanto a las medidas realizadas en los dos CETI los equipos de profesionales se reforzaron en 2015, produciéndose también un incremento del presupuesto destinado al funcionamiento de los centros. A ambos centros les es de aplicación el protocolo SGIE para la detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La aplicación del protocolo está resultando especialmente efectiva en ambos CETI. Los equipos profesionales están formados y se realizan talleres y acciones específicas con las posibles víctimas de trata. Se están implantando protocolos de ingreso para sistematizar procedimientos y actuaciones, y garantizar a las personas información clara sobre sus derechos y obligaciones como beneficiarios de los CETI, y se están elaborando otros protocolos para sistematizar las actuaciones y procedimientos aplicados en los centros, facilitando así la respuesta ante posibles situaciones conflictivas. Entre ellos un protocolo de prevención y respuesta ante el acoso sexual y la violencia sexual y de género, que como el de trata serán aplicables a todos los centros de migraciones.
En paralelo debe reseñarse que los esfuerzos del Mir-Meyss en los últimos años en acelerar el flujo de traslados al recurso que proceda, en atención a la situación administrativa de la persona, ha dado claros resultados en cuanto a los tiempos medios de permanencia de las personas en los CETI. De hecho en 2010 el tiempo medio de permanencia en el CETI de Ceuta era de 12,39 meses, mientras que en 2015 fue solo de 3,71 meses. Y en el de Melilla de 11,24 meses en 2010, ha pasado a 2,09 meses en 2015.
Por todas las consideraciones anteriormente realizadas proponemos la siguiente redacción alternativa a la iniciativa parlamentaria de referencia. Eliminando una parte, la de "traslados a la península del personal internado en los centros de internamiento de extranjeros", suponemos que es producto de una errata, entendiendo que se quiere referir en realidad a los CETI, en los que por otro lado las personas tienen libertad ambulatoria. Esta enmienda que planteamos se basa principalmente en que sigan incluyendo el caso de las personas con discapacidad, porque ya nos han confirmado en el ministerio que ya se tiene en cuenta. El traslado no a la península, sino como decía al recurso que proceda en función de su situación administrativa, y por último, retirar la palabra minusvalía. Asimismo en la exposición de motivos se habla de personas discapacitadas y debería decirse personas con discapacidad, como así sugiere el Fermi, y por tanto todos los colectivos, y como se decidió en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por España en el año 2008.
El señor PRESIDENTE: Ahora intervendrán los grupos para fijar posición. Señor Eritja, de Esquerra Republicana. (Denegación). Gracias. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Rivera.
La señora RIVERA ANDRÉS: Efectivamente, como sabemos, la situación en los CETI de Melilla y de Ceuta no es sencilla para nadie, tampoco para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que
trabajan cada día en la zona. Lo que sí es cierto es que esta iniciativa, que se origina a través de una nota de prensa de Amnistía Internacional, de un estudio, cuenta con ejemplos claros que estos CETI no están preparados para poder albergar a personas con discapacidad. Un ejemplo con nombre y apellidos es el de un argelino, Redonan Ghazi, de 35 años, que tiene una triplejia que le obliga a estar postrado en una silla de ruedas, y el propio personal del CETI de Ceuta reconoce que al situarse este centro en un monte a las afueras de la ciudad no ofrece las condiciones adecuadas para que este argelino pueda estar de manera confortable en este centro, y se ve obligado a comer en la enfermería porque la zona del comedor tiene un montón de barreras arquitectónicas que se lo impide.
Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos somos sensibles a este tema y vamos a apoyar esta iniciativa, porque consideramos que es necesario que se garanticen los derechos de las personas más vulnerables, de las personas con discapacidad en todo tipo de ámbitos, y por tanto garantizar su traslado a la península. Estamos hablando de personas de especial vulnerabilidad, de familias con menores de edad, en edad de escolarización, con la enmienda que comentaba la compañera del grupo Podemos, embarazadas, personas con problemas psicológicos, víctimas de trata, violencia de género, víctimas de violencia sexual o tortura y personas LGBTI. Así que desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos vamos a apoyar esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Jiménez Tortosa.
Los movimientos migratorios, además de un rasgo definitorio de nuestro mundo globalizado, son un importante desafío que entraña a su vez una oportunidad. Sin duda queda mucho trabajo por hacer para dar una respuesta satisfactoria a estos movimientos migratorios; respuesta que debe basarse en criterios de legitimidad, de justicia y de eficacia. De esta forma la sociedad en su conjunto saldrá beneficiada. Los centros de estancia temporal de inmigrantes, CETI, de Ceuta y de Melilla son establecimientos de la Administración pública concebidos como dispositivos de primera acogida provisional, y destinados a dar servicios y prestaciones sociales básicas al colectivo de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a alguna de las ciudades con estatuto de autonomía, en tanto se realizan los trámites de identificación y chequeos médicos previos a cualquier decisión sobre el recurso más adecuado en función de su situación administrativa en España. El informe de Amnistía Internacional El asilo en España: un sistema de acogida poco acogedor nos viene a decir sobre los CETI que siguen siendo lugares que no reúnen condiciones adecuadas de acogida para las personas migrantes y refugiadas. En mayo de 2016 Amnistía Internacional ya expresó su preocupación sobre las condiciones materiales que, tanto el CETI de Ceuta como el de Melilla, ofrecen a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Las inadecuadas condiciones de acogida se hacen especialmente visibles en aquellos casos en los que las personas migrantes y refugiadas han de permanecer durante muchos meses en estos centros. Los CETI siguen sin garantizar todos los derechos a las personas que residen en los mismos de manera adecuada. La falta de condiciones de acogida adecuada en los CETI se agrava de manera especial para aquellas personas con necesidades especiales o que presentan situaciones de especial vulnerabilidad, como es el caso de personas enfermas o con algún tipo de discapacidad. Igualmente los CETI no facilitan una atención adecuada a personas que puedan ser objeto de otras violaciones de derechos humanos como víctimas de violencia de género o víctimas de trata.
Según la información facilitada por Amnistía Internacional el criterio para trasladar a los residentes a la península desde el CETI de Ceuta es principalmente el tiempo de estancia en el mismo, siendo de cinco meses el plazo medio de permanencia. A las personas migrantes o a aquellas que no han solicitado asilo se les tramita previamente a su traslado a la península un expediente de expulsión, por lo que en muchos casos son conducidos directamente a los centros de internamiento para extranjeros, los CIE, con objeto de materializar dicha expulsión. Según la información proporcionada por Amnistía Internacional este tiempo de estancia de cinco meses se contempla siempre y cuando la persona no solicite asilo, ya que en caso de que lo haga el traslado a la península no suele producirse hasta la resolución del expediente, pudiendo demorarse más de un año. Según la información proporcionada por el personal del CETI no se tiene en cuenta como criterio para valorar el traslado a la península el hecho de que la persona presente alguna situación de especial vulnerabilidad.
El Ministerio del Interior tiene sobre la mesa varias recomendaciones de la Defensora del Pueblo, las dos últimas remitidas en octubre de 2015, en las que se le invita a trasladar de manera urgente a la península a las familias con menores de edad y personas con discapacidad, así como a diseñar un plan
para atender las necesidades educativas especiales de estos niños. Los CETI tienen que ser un punto de rápida identificación y de derivación, de modo que la estancia máxima en el CETI sea de tres o cuatro días, porque en este tiempo se puede perfectamente identificar a la gente, tomarle las huellas, y como se viene haciendo en otros lugares de la Unión Europea transferir a las personas a donde existan realmente condiciones de acuerdo a sus necesidades y a las obligaciones del Estado respecto a las personas en situación de vulnerabilidad.
El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Termino. Sin duda, como decía al inicio, los movimientos migratorios además de un rasgo definitorio de nuestro mundo globalizado son un importante desafío. Desafío para el que merece la pena estar preparados. Desde nuestro grupo, el PSOE, pensamos que una línea de trabajo debe ser la eliminación de las concertinas que no cumplen su cometido disuasorio y sí producen lesiones, en algunos casos permanentes, ocasionando discapacidades, así como la eliminación de las devoluciones en caliente.
Por todo esto vamos a apoyar la iniciativa de que sea un criterio a tener en cuanta la vulnerabilidad o discapacidad de las personas para trasladarlas de forma preferente a centros que reúnan las mejores condiciones de vida.
El señor PRESIDENTE: Quiero recordarles que tenemos cinco minutos para la presentación de las iniciativas, cinco minutos para la presentación de enmiendas y tres minutos para fijar posiciones. He de decirle al señor Barandiaran que si hubiese una transacción, cuanto más pronto llegase a la Mesa, mejor.
- RELATIVA A LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000898).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la accesibilidad universal de los medios de comunicación audiovisuales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para cuya defensa damos la palabra a la señora Arévalo.
Señorías, resulta muy llamativo que tengamos hoy que debatir en Comisión sobre un asunto que, tras décadas de emisión de Televisión Española, debería estar más que superado, asumido diría yo, por todos los organismos e instituciones y formar parte de nuestra propia cultura audiovisual como una rutina y no como una excepción. Y más cuando como en otras ocasiones el Reino de España ya ha asumido compromisos de carácter internacional en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, como por ejemplo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006. En este sentido les recuerdo la obligación de las instituciones de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, y asegurar su acceso a material cultural en formatos accesibles. Esto que les estoy contando no es una opción, es una obligación; los compromisos se adoptan para cumplirlos, y la realidad es que siguen existiendo innumerables barreras que impiden el acceso a la comunicación y la información de las personas sordas, con discapacidad auditiva y personas sordociegas. Y es que una sociedad que no garantiza los derechos de sus ciudadanos es siempre una sociedad débil, porque la fuerza de las sociedades democráticas se demuestra en su capacidad para la inclusión de la diversidad, en igualdad real de condiciones de todas y cada una de sus ciudadanas y ciudadanos.
Señorías, en democracia no es posible separar igualdad y libertad, y por tanto si no se garantiza la participación efectiva de las personas con capacidades diferentes, se les está hurtando parte de su libertad, y con ello se está devaluando la democracia, al excluir de la vida social, política, económica y cultural a una parte de nuestros compatriotas. Las barreras con las que hoy todavía se encuentran las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas en un medio de comunicación e información como la televisión demuestran un déficit de nuestras instituciones para defender a sus ciudadanos de las lógicas empresariales. Tenemos la obligación de cumplir lo acordado, y por tanto garantizar por todos los medios legales a nuestro alcance, que son numerosos, la existencia de contenidos accesibles que en este caso se concretan en dos medidas que hay que intensificar: su puesta en práctica y vigilar su cumplimiento.
En primer lugar, el subtitulado y la lengua de signos para las personas sordas, y en segundo lugar, la audiodescripción para las personas con discapacidad visual. Y tenemos que empezar por el ente público; no pueden seguir inventándose excusas técnicas para justificar su pasividad, porque cuando se trata de derechos no se buscan excusas, se encuentran soluciones.
Nuestras propuestas son muy claras: cumplimiento del calendario establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo; cumplimiento de la norma de Aenor sobre calidad en el subtitulado; garantizar el subtitulado de todos los mensajes institucionales; garantizar la continuidad del servicio de subtitulado evitando las interrupciones; asegurar la calidad del servicio; dirigirse a las empresas anunciantes para que estas incorporen subtitulado y lengua de signos; adoptar las medidas necesarias para mantener el subtitulado en las reposiciones y los contenidos que las diferentes televisiones ofrecen por internet; promover la investigación en el subtitulado en directo, para que exista una sincronización fiel al mensaje en lengua oral; regular que los programas en diferido de televisión y cine aporten, junto con el original, la banda de subtitulado; promover el incremento de la presencia de la lengua de signos en la programación.
Termino. Señorías, ninguna de estas medidas es una reivindicación nueva y tampoco son reivindicaciones partidistas, son eso que en nuestro grupo confederal denominamos sentido común, escuchar las demandas de los colectivos sociales directamente implicados, y sobre todo poner soluciones y no problemas desde las instituciones. A hacer esto que les digo en los manuales de ciencia política lo denominan democracia.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.
En primer lugar, querríamos felicitar al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea por esta iniciativa, y decirles que efectivamente nada se consigue en política y en la vida de manera inmediata, y por desgracia nada de lo bueno que se consigue se hace de manera permanente, hay que seguir trabajando por los temas. (La señora vicepresidenta, Martínez Seijo, ocupa la Presidencia).
Un Gobierno socialista fue el que puso en marcha la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la cual se reconocía la lengua de signos y se establecían medidas de apoyo para la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Un Gobierno socialista puso en marcha el I Plan nacional de accesibilidad para personas sordas entre el año 2004 y el año 2012. Un Gobierno socialista fue el que puso en marcha el Centro Español de Subtitulado, que sirvió también para homogeneizar, estandarizar y modernizar los procesos de subtitulado. Todas esas acciones tenían como objetivo algo que compartimos todos: la integración de las personas sordas, con discapacidades auditivas en la vida laboral y sobre todo en la vida social y cívica. Ese es el empeño en el que nosotros nos seguimos manteniendo. Fue el que nos movió y es el que hace que ahora apoyemos una iniciativa que consideramos positiva, porque lo que se propone es extender la accesibilidad de las personas con discapacidad a los medios de comunicación, mejorar la calidad del subtitulado, ampliar la programación y extender a nuevas producciones el subtitulado. Por tanto sentimos que esta proposición no de ley va en la mejor dirección y llamamos al apoyo a todos los grupos. Desde luego cuenten con el apoyo del Grupo Socialista, que ha hecho una pequeña enmienda cuyo objetivo es el mismo, que no solamente el Gobierno, sino que todas las administraciones públicas se sientan concernidas en esta tarea.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente quiero decir dos cosas. En primer lugar, compartimos la cuestión de fondo que nos ha planteado la señora Arévalo, como decía ella es de sentido común. Lo que sorprende es que aquellos compromisos que tenemos en materia de accesibilidad universal cueste tanto que sean efectivos, y nos recuerdan que nuestro marco legal en esta materia es avanzado, pero que en cambio, cuando se trata de poner en marcha las medidas que hacen que ese marco legal sea perfectamente respetado y ejecutado, las políticas se encentran con dificultades, con falta de voluntad
política, con excusas, para dar cumplimiento a esas leyes. Desde este punto de vista, bienvenida esta iniciativa.
La enmienda que ha planteado el Partit Demòcrata va en dos líneas. En primer lugar, recordar que en el Estado español existen dos lenguas de signos, la española y la catalana, tal como reconoce la propia ley estatal que ampara la política de reconocimiento de la lengua de signos. Y por otro lado, que en el caso de Cataluña -mi grupo desconoce si es así en otros estatutos de autonomía- corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en la organización de la prestación de los servicios públicos de comunicación audiovisual, tanto los que son directamente de la propia Generalitat como aquellos que en general operan en Cataluña. Y sería bueno que en ese mandato que introducimos hagamos referencia a ese aspecto, tal como formulamos en nuestra enmienda o en una oferta transaccional que la señora Arévalo nos pueda ofrecer. En cualquier caso va a encontrar nuestro apoyo.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Tiene la palabra el representante del PNV.
El señor BARANDIARAN BENITO: Solo intervengo para señalar nuestro apoyo a la iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rivera.
La iniciativa que presenta el Grupo Confederal Podemos es muy completa y abarca una cuestión a la que el conjunto de la sociedad no siempre le presta la atención precisa. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Es cierto que las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas, han aumentado de manera muy significativa los servicios de subtitulado pero, como se señala en la iniciativa, estos siguen siendo manifiestamente mejorables y, de hecho, no se adecuan a lo que se establece en leyes como la Ley 7/2010. Las personas sordas, para las que también el Grupo Parlamentario de Ciudadanos llevamos una propuesta en esta Comisión, son parte de la sociedad con plenos derechos y desde las instituciones públicas debemos velar por la defensa de sus intereses y derechos. Por ello, vamos a apoyar esta iniciativa, que consideramos, como decía al principio, muy completa y que hace que nuestra sociedad sea un poco más cercana y un poco más audible para aquellas personas que quieren estar informadas, que quieren participar de la sociedad y que, desafortunadamente, no cuentan con la posibilidad de hacerlo de una manera directa. Así que vaya nuestro apoyo para estas personas con discapacidad, sobre todo para que todas tengan los mismos derechos.
Adelanto que vamos a apoyar esta proposición. En relación al punto 1, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realiza el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones en materia de subtitulado, audiodescripción y lengua de signos de las televisiones públicas y de las cadenas comerciales de ámbito nacional, a través del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, perteneciente al Real Patronato sobre Discapacidad del Gobierno de España, en cuya web están publicados todos los resultados de ese seguimiento y están a disposición de todas las personas, donde se puede ver que cumplen escrupulosamente con lo establecido por la ley. (La señora vicepresidenta, Martínez Seijo, ocupa la Presidencia).
En cuanto al punto 2, no solo atendiendo al cumplimiento de la norma sino a la aplicación de las buenas prácticas del subtitulado y audiodescripción, el Real Patronato sobre Discapacidad, a través del CESyA, tiene un borrador de indicadores de calidad valorados y validados por radiodifusores, las más importantes entidades de discapacidad, grupos de usuarios y productores de contenidos, y también se ha definido el set de indicadores, estando actualmente en fase de generación de una metodología necesaria para evaluar la calidad.
Respecto al punto 3, hay que decir que se realizan permanentemente reuniones de seguimiento de aplicación de la ley, estando las actas a disposición de las entidades y publicadas en el ministerio.
Por lo que se refiere al punto 4, la Ley 7/2010 indica que el 90 % de la programación de los canales del servicio público y el 75 % de las cadenas comerciales deben estar subtituladas sin especificar ni franja
horaria ni género. No obstante, el CESyA, recomienda a los canales de televisión el mantenimiento del servicio en los diferentes elementos que aparecen en la proposición no de ley.
En cuanto al punto 5, el CESyA trabaja actualmente de forma conjunta con los radiodifusores, el movimiento asociativo y las empresas generadoras de servicio con una investigación con usuarios, en la que se pone de manifiesto los resultados similares en errores en cuanto a la estenotipia, el tecleo directo y el regrabado -no hay diferencia, son más o menos los mismos errores-, siendo este último, el regrabado, junto con la estenotipia, los sistemas que producen un menor retardo en la prestación del servicio. Quiero comentar que el regrabado es el más utilizado internacionalmente.
Respecto al punto 6, la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, no indica ninguna obligatoriedad en cuanto a la producción de publicidad subtitulada, sin embargo, el CESyA ha mantenido sendos contactos con la Asociación Española de Anunciantes a este respecto y se ha difundido la necesidad de la bondad de la prestación de servicios de comunicación comercial accesible en el entorno audiovisual.
En cuanto al punto 7, he de decir que la Ley General de la Comunicación Audiovisual no hace extensivas las obligaciones de los prestadores recogidos en su artículo 8 y del servicio público a las plataformas de televisión de pago mediante sistemas de acceso condicional, pero también el CESyA, en diferentes ámbitos, ha propuesto que se hagan extensivas las obligaciones de dicho artículo
Por lo que se refiere al punto 8, se han realizado investigaciones del CESyA, que han concluido con la patente de la sincronización del subtitulado en tiempo real por parte del Real Patronato, titular de la patente, y la Universidad Carlos III.
Quiero decir que se cumple en todos los puntos, y por dar un dato estadístico, en el año 2016 hubo 48.848 sesiones accesibles frente a 4.000 en el año 2014; 50 salas de cine accesibles; 39 películas, y 237 funciones teatrales. En definitiva, no haría falta esta proposición no de ley pero, en cualquier caso, consideramos importante que se presente y la vamos a apoyar. El Gobierno lleva trabajando y escuchando a las personas sordas desde el inicio y también quiero decir -porque yo estaba allí-, querido diputado del Partido Socialista, que la ley se aprobó entre todos en un Pleno de la Cámara.
- RELATIVA A GARANTIZAR EL USO CORRECTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS EN EXCLUSIVA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE NO SE HALLEN EN VÍAS URBANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000499).
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Acabado este punto del orden del día, pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a garantizar el uso correcto de los estacionamientos reservados en exclusiva para las personas con discapacidad que no se hallen en vías urbanas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
El Partit Demòcrata vuelve a presentar esta iniciativa -de hecho, la planteamos ya en la XI Legislatura-, que respondía a una demanda que se nos había trasladado desde nuestro grupo municipal en Terrasa, donde nuestro grupo está en el equipo de gobierno junto con el Partido Socialista y ostentamos la concejalía que se ocupa de las cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad. El Ayuntamiento de Terrassa tiene una política muy activa en materia de garantía de acceso universal a bienes, productos y servicios de las personas con discapacidad en aquello que le compete. Hace unos cuantos meses tuvo que enfrentarse a un ciudadano que decidió recurrir una multa que el Ayuntamiento de Terrassa había puesto en su coche, que estaba estacionado en un parquin en la zona reservada a personas con discapacidad. Y el ciudadano ganó el juicio ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Barcelona. La sentencia que dio la razón a aquel ciudadano se fundamentaba en que la Ley de Tráfico no contempla expresamente la garantía de que las plazas reservadas en un parquin deban estarlo así para las personas con discapacidad y que, por tanto, el ayuntamiento no tenía capacidad de imponer una multa a esa persona que había estacionado en una plaza reservada. La sentencia consideraba que la acción de ese ciudadano era socialmente rechazable pero que no existe una prohibición expresa en ese sentido.
Es evidente que tenemos un vacío legal, porque de la misma manera que queda claramente prohibido estacionar en una zona en la calle reservada para personas con discapacidad, debería también
contemplarse que esa misma protección legal, esa misma prohibición se produjese en el caso de las plazas de parquin en los centros comerciales. Y eso exige una modificación legislativa para dar plena seguridad a las personas con discapacidad y a las corporaciones locales en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, de tal manera que estas administraciones puedan tener la potestad para controlar y sancionar el uso indebido de los estacionamientos reservados para utilización exclusiva de las personas con discapacidad, con la idea, además, de que estos aparcamientos se utilicen de forma correcta, de la misma manera que se utilizan en el caso de las plazas de estacionamiento reservadas en las vías urbanas. Nos parece que es una propuesta de sentido común, muy pegada a la realidad y nos gustaría que contase con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
La señora ESCUDERO BERZAL: Muchas gracias.
En primer lugar, quiero agradecer el cambio en el orden del día debido a la imposibilidad de estar presentes en varias comisiones a la vez.
Señorías, la evidente desventaja que encuentran las personas con movilidad reducida en el desarrollo de las actividades cotidianas se agudiza a la hora de acceder a los espacios y servicios comunitarios. Esta realidad se ha recogido y amparado en el artículo 14 de nuestra Constitución, que consagra el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, pero también en el 49, que establece la obligatoriedad de todos los poderes públicos de desarrollar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos psíquicos, sensoriales y psíquicos. La Ley 19/1982, de Integración Social del Minusválido, concreta con más minuciosidad cuáles son las actuaciones a llevar a cabo para el desarrollo de estos principios constitucionales. Precisamente es en su artículo 60 donde establece las medidas que los ayuntamientos deberán adoptar para facilitar el estacionamiento de los vehículos que transportan a personas con problemas graves de movilidad. Ese fue el origen de la proliferación en nuestras calles de aparcamientos y zonas reservadas para personas con discapacidad que, de forma incorrecta, se conocen como aparcamientos para minusválidos. Plenamente concienciados, la mayoría de los conductores respetan esta señalización, pero son muchos todavía los que la ignoran voluntariamente o quizás involuntariamente.
En relación con la iniciativa de referencia, y sin valorar el contenido de una sentencia concreta, como es a la que se hace referencia en los antecedentes de la proposición no de ley, se establece como criterio el que se regula en el artículo 2 del reglamento legislativo de 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba, a su vez, el texto refundido de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. En la citada ley se establece la normativa aplicable en todo el territorio nacional, que obliga a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos. Asimismo es aplicable a los titulares de las vías y terrenos que, sin tener tal actitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. Este artículo es desarrollado por el artículo 1 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, y que excluye del ámbito de aplicación de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los garajes, cocheras u otros lugares de similar naturaleza construidos dentro de fincas privadas, sustraídas al uso público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes. Por esto, por lo que viene en nuestro ordenamiento jurídico, los hechos descritos en la proposición no de ley se están produciendo en un estacionamiento que encaja perfectamente en el supuesto previsto en la citada ley. Por lo tanto, la normativa jurídica existe, porque no recoge que sea objeto de la exclusión prevista en el reglamento, por lo que se considera que nada impide sancionar dicha infracción. Las leyes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico permiten totalmente sancionar dicha infracción en el estacionamiento de un centro comercial, siempre que la utilización del mismo sea realizada por una colectividad indeterminada de usuarios, como es el caso. Por lo tanto, no es necesario modificar la legislación, simplemente debe ser cumplida e interpretada en el sentido que del tenor literal se deriva.
Por tanto, mi grupo no considera necesarias las modificaciones normativas solicitadas en la proposición no de ley. No obstante, sabiendo que es de sentido común, proponemos una enmienda en el sentido que a ustedes les consta: instar al Gobierno a continuar garantizando el cumplimiento de la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, muy especialmente en los supuestos en los que
los usuarios más desprotegidos se vean involucrados, como puede ser el caso de garantizar la accesibilidad en aparcamientos de espacios de titularidad privada pero de uso público, concretamente centros comerciales, grandes superficies y hospitales. Todo esto a sabiendas de que la normativa vigente es la adecuada.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Gracias, señora Escudero.
Está claro que es absolutamente imprescindible regular la existencia de zonas reservadas para personas con discapacidad en aparcamientos en centros comerciales o en estacionamientos públicos de gestión privada. Si bien es cierto -como comentaba la portavoz del Partido Popular- que en el propio Reglamento General de Circulación ya está incluido, sin embargo, dada la resolución del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Barcelona, que emitió la sentencia 25/2016, estamos claramente ante un caso de inseguridad jurídica, vamos a llamarlo así. Por ello, considero que sí se debe revisar y garantizar porque si no, nos vamos a encontrar con que la interpretación de la ley en este caso quizá necesite una aclaración.
Dicho esto, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que si se hace una modificación de la ley, deberíamos ser más ambiciosos. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien decía la portavoz del Grupo Popular, se están excluyendo las comunidades de vecinos o los garajes privados en los que se pueden menoscabar en un momento dado los derechos de las personas con discapacidad. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos pensamos que si realmente se afronta con valentía esa modificación, se debería hacer en todos los ámbitos. Se debería proteger a estas personas con discapacidad, porque bastantes problemas tienen con la dificultad de su propia movilidad como para ponerles trabas y dificultar que tengan sitios más cómodos para aparcar al no respetar los espacios que han sido reservados para ellos. Es una cuestión de respeto y de igualdad, pero también es importante que desde aquí, desde el Congreso, legislemos y trabajemos para que se cumpla en todos los ámbitos, tanto públicos como privados.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Podemos, tiene la palabra la señora Botejara.
La Constitución española, en su artículo 49, ordena a los poderes públicos que realicen una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de personas que tengan una afectación física, sensorial o psíquica, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Siguiendo la normativa del Consejo de la Unión Europea, que recomienda la creación de una tarjeta especial para las personas que presenten movilidad reducida, para la regulación del estacionamiento de vehículos, esto está implantado ya en la totalidad de nuestros municipios y también están reguladas las plazas, reservas de aparcamiento y estacionamiento de personas con movilidad reducida, así como su correcta señalización. La vigilancia de todos estos recursos que he comentado -las tarjetas y los aparcamientos asignados- son competencia de los ayuntamientos y de su correspondiente Policía local. En cuanto a la utilización de estos recursos en sitios que sean de titularidad privada y que no se hallen en vías urbanas, como es el tema que nos ocupa, las empresas correspondientes serán las responsables de que las normas se cumplan. Para situaciones excepcionales en las que esto no pueda llevarse a cabo, estamos de acuerdo con que sería preciso una modificación de la normativa, tanto del Real Decreto Legislativo 6/2015, del 30 de octubre, como del Real Decreto 1428/2003, para que los municipios puedan controlar y sancionar cuando esta utilización sea incorrecta. Por tanto, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.
Para finalizar el debate de esta proposición no de ley, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
Mi intervención será muy escueta, ya que estamos de acuerdo con la iniciativa. De hecho, tenemos un borrador inacabado de proposición no de ley sobre este tema que tal vez no registraremos, según sea el resultado de la votación de esta mañana. La estamos redactando por una doble coincidencia. Por un lado, porque quién no ha observado, cuando hacemos la compra semanal en una gran superficie, que, en ocasiones, plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad las ocupan vehículos cuyos conductores no parecen tener ninguna discapacidad. Y por otro, un documento que recibimos del Cermi que me refrescó la memoria porque recordé una conversación con el alcalde de Terrassa en la que me explicaba este caso, que su guardia urbana había puesto una multa y, al final, la persona que no había cumplido no había pagado porque la sentencia decía que no existía base legal suficiente para imponerla. Y es que la legislación actual no fija de manera taxativa la competencia de control y sanción, si fuese el caso, de estas plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad en estacionamientos de propiedad privada y de uso público o en estacionamiento de gestión privada y también de uso público.
Se puede comprobar echando un vistazo a las modificaciones del Real Decreto 6/2015, del 30 de octubre, con el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que no deja a los ayuntamientos de una forma taxativa la capacidad legal para imponer sanciones en los lugares que he dicho a aquellas personas que, sin tener ningún tipo de discapacidad, aparcan su vehículo en una plaza reservada para personas que sí que la tienen. El caso más conocido es el que ya he dicho, las plazas que se encuentran en aparcamientos de grandes superficies, pero también a la salida de cualquier hospital, donde suele haber también plazas reservadas. Es verdad que si miramos unos años atrás tendremos que admitir que en este tema hemos avanzado mucho y el respeto a estas plazas de aparcamiento de superficies privadas, o las que están dibujadas en las vías urbanas, es cada vez más elevada. Entendemos que con esta iniciativa se trata de dar a las administraciones la suficiente cobertura legal para dar un paso adelante, para avanzar un poco más. Por lo tanto, votaremos a favor.
- SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD DE LOS MENORES CON CÁNCER. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000290).
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Pasamos al siguiente punto en el orden del día, el número 2, proposición no de ley sobre la valoración de la discapacidad de los menores con cáncer.
Tiene la palabra la señora Raya, del Grupo Parlamentario Socialista.
Existen asuntos y determinadas cuestiones que, si no lo estuvieran, deberían estar fuera del ámbito del posicionamiento político y de la confrontación ideológica. Y la materia que hoy abordamos en esta Comisión, por la sensibilidad inherente a la misma, estimo que requiere el respaldo unánime de todos los grupos aquí presentes. Porque, a todas luces, resulta tan injusto como incomprensible que los niños enfermos de cáncer reciban o no ayudas sociales y económicas en función de la comunidad autónoma en la que residen. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por lo tanto, como la situación aludida es una realidad tristemente contrastada, hemos de poner punto y final a la misma, dada su condición de agravio insostenible por más tiempo. Esta es una iniciativa que parte directamente de una demanda de la ciudadanía, en concreto de la asociación de niños con cáncer llamada Pequeño Valiente; asociación canaria formada por padres y madres de niños afectados por esta enfermedad. En el punto de partida de esta iniciativa se detecta una situación de clara desigualdad que se estaba produciendo en Canarias, donde se daba la circunstancia de que en una provincia se adjudicaba el 33 % de grado de discapacidad mientras que en la otra no, algo incomprensible para las familias y para la propia asociación. Este hecho se denunció y la vicepresidenta del Gobierno y consejera socialista de Empleo y Políticas Sociales anunció que se había dictado una resolución definitiva que unificaba los criterios para otorgar el grado de discapacidad a los niños enfermos de cáncer, con el claro propósito de homogeneizar dichos criterios.
Pero, a pesar de que el problema en la Comunidad Autónoma de Canarias quedaba solventado, existen otras comunidades autónomas en las que no ha tenido la misma suerte. Hay comunidades autónomas en las que se les reconoce la discapacidad una vez transcurridos los seis primeros meses de
tratamiento. Otras que ni siquiera tienen esta opción. No existe un criterio homogéneo ni en el tiempo que se tarda en conceder la cita de valoración, que puede oscilar desde una semana a tres meses, ni en el tiempo de resolución, ni en el porcentaje de discapacidad que se les concede. Desde luego existen casos especialmente llamativos, como es el caso de Murcia, que en una situación tan dolorosa llegan a cobrar una tasa de 20 euros por pasar el reconocimiento. La consecuencia de esta falta de homogeneización provoca una situación de clara desigualdad, que además, en este caso, afecta a las familias y a los niños que están en una situación de extrema vulnerabilidad.
Señorías, tal y como manifestamos en nuestra exposición de motivos, la valoración del grado de discapacidad se realiza mediante la aplicación de los criterios técnicos unificados, fijando el baremo en lo establecido en el Real Decreto 1971/1999. Y en el caso de los niños enfermos de cáncer, diferentes organizaciones del tercer sector han manifestado su inconformidad por las diferencias relevantes en los procedimientos y criterios utilizados por los diferentes equipos de valoración a la hora de aplicar el baremo.
Por todo lo expuesto, esta PNL nos brinda la oportunidad de corregir una situación que, a todas luces, es injusta. Y lo podremos llevar a cabo en esta Comisión porque el Grupo Parlamentario Socialista insta a que se haga cumplir la orden que crea la comisión estatal de coordinación y seguimiento de la valoración del grado de discapacidad, que es una comisión interadministrativa donde también participan las diferentes comunidades autónomas. Esto lo podremos conseguir con la elaboración de un informe que ponga encima de la mesa las diferencias que existen en procedimientos y criterios a la hora de aplicar el baremo a menores con cáncer, garantizando la aplicación uniforme teniendo en cuenta las medidas correctoras necesarias.
Señorías, estos 'pequeños valientes' merecen un trato igualitario, independientemente del lugar en el que residan. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista espera el apoyo unánime a esta propuesta.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Arévalo.
Señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a esta PNL presentada por el Grupo Socialista. Nuestra enmienda es de adición, porque creemos necesario añadir un punto más a esta PNL y aprovechar para solicitar que mientras llega el pertinente informe y se llevan a la práctica el resto de puntos, se establezcan a nivel nacional indicaciones que garanticen el principio de igualdad para que, tras el diagnóstico y durante el tratamiento, se conceda a los niños y adolescentes con cáncer un grado de discapacidad del 33 % con carácter retroactivo desde el momento de la solicitud. Porque mientras se lleva a cabo el trabajo institucional, hay menores, como nos decía Paco Santana, de la Asociación Pequeño Valiente, que mueren sin que se les haya reconocido el derecho a la valoración del reconocimiento del grado de discapacidad.
Esto no es una exigencia que parte de Unidos Podemos, sino que es lo que mandata la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008, que dice que los niños con discapacidad tendrán los mismos derechos. Y en nuestro país esto no se está cumpliendo, porque en función de donde resida el menor, este tendrá más o menos derechos. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, de donde yo vengo, si el menor reside en Albacete, la ayuda se le concede en la mayoría de los casos desde el diagnóstico; en cambio, en el resto de las provincias no se concede hasta seis meses después de la finalización del tratamiento. Todas y todos tenemos claro que el cáncer, si todo va bien, es una situación pasajera, por lo que la valoración del grado de discapacidad debe tener carácter revisable en función de la evolución de la enfermedad y del tratamiento. Las ayudas -para que sean eso, ayudas- deben llegar cuando son necesarias. Quiero señalar, además, que estas ayudas son de carácter generalista, que no tienen en cuenta, por tanto, las rentas de las familias; algo que sería importante valorar porque ayudaría a mejorar la calidad de vida de los menores oncohematológicos.
En la mayoría de estos casos no se reconoce más allá del 33 %, y esto no resuelve las carencias a las que se enfrentan estas familias, pero es cierto -como nos decían desde algunas asociaciones- que ayudan al menos a aliviar la situación. Porque, según nos contaban desde la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, la realidad es que siete de cada diez afectados sufren repercusiones en su vida laboral. Solo una de cada diez empresas favorece la continuidad laboral al padre o madre trabajadora. De hecho, en la práctica, más del 30 % de los progenitores terminan pidiendo una baja médica por
depresión. El resto, lo que hacen es pedir una excedencia, agotar su tiempo de vacaciones o permisos no remunerados. Las complicaciones en el ámbito de lo laboral se suelen ver agravadas económicamente, porque el presupuesto medio de una familia se incrementa entre los 400 y los 600 euros al mes como consecuencia de los desplazamientos, de las comidas fuera de casa, de las compras de alimentos especiales y de los gastos en medicamentos.
Por otro lado, hemos incluido en la enmienda la necesidad de normativizar que estas valoraciones no sean presenciales. ¿Por qué? Porque la valoración no presencial evitaría los riesgos que asumen los afectados inmunodeprimidos al tener que asistir a un sitio cerrado y compartido con otras personas que van a valoración a los centros base. Desde los colectivos sociales consultados nos planteaban la posibilidad de incluir en esta iniciativa que para la valoración de los factores sociales complementarios pueda asistir al centro base alguno de los progenitores o hacerse a través de un informe social de los servicios sociales públicos o de las propias asociaciones de familiares de niños con cáncer, que cuentan en sus equipos con trabajadores sociales colegiados.
En último lugar, solicitamos, también haciéndonos eco una vez más de las demandas de asociaciones de niños con cáncer como Afanion, en Castilla-La Mancha, que se conceda el baremo de movilidad y la tarjeta de estacionamiento provisional, ya que la situación de inmunodepresión provocada por los tratamientos impiden hacer uso del transporte público. Desde las asociaciones más pequeñas hasta la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer exigen añadir un nuevo apartado al anexo tercero del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que contemple la situación de inmunodepresión del discapacitado.
Nuestro deseo es que se acepte la enmienda y se vote a favor, pero queremos dejar claro que mientras se hace el trabajo institucional, las familias de menores con cáncer seguirán en situación de desventaja social, sin poder afrontar los gastos de los tratamientos porque seguirán privadas de poder acceder a los beneficios y a las prestaciones y servicios que los organismos otorgan a nivel nacional, regional y municipal.
Hay también una enmienda del Grupo Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Clemente.
Señorías, evidentemente estamos a favor de la proposición no de ley sobre la valoración de discapacidad de los menores con cáncer, pero hemos presentado una enmienda porque queremos matizar un problema, desde nuestro punto de vista, de enfoque. En el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos tenido reuniones con los impulsores de estas iniciativas, interesados también por los menores que sufren cáncer. Debemos ser conscientes de las necesidades específicas e implicaciones psicosociales que conlleva esta enfermedad, no solo para la familia, también para los menores. Es preciso que las administraciones muestren todo su apoyo a estos menores y sus familias en un proceso complejo y difícil en el que prima el bienestar del menor. El Parlamento canario ya ha aprobado iniciativas en este ámbito y se están empezando a debatir en otras asambleas autonómicas; es un debate que debemos abordar en el Congreso y consideramos oportuno que se mandate al Gobierno evaluar este asunto. Sin embargo, debemos ser conscientes de que no solo los menores con cáncer poseen estas dificultades; menores con otro tipo de enfermedades graves pasan por procesos que les incapacitan temporalmente y que precisan de los apoyos de la Administración para salir adelante. Es importante que mantengamos esta visión global y que no nos quedemos solo en los efectos de una patología. Ese es el sentido de nuestra enmienda de adición. Simplemente añadimos: así como de otras enfermedades graves que causen incapacidad temporal. A esto me refería cuando decía que era un problema de enfoque. Por eso presentamos esta enmienda y esperamos que sea aceptada, ya que no debemos atender solo a unos, porque 'pequeños valientes' los hay con cáncer pero también con otras enfermedades graves, como distrofia, etcétera.
Ahora los grupos que no han presentado enmienda tienen la palabra para fijación de su posición. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alba.
La señora ALBA GOVELI: Gracias, señor presidente.
El cáncer, siendo una enfermedad terrible que afecta gravemente a quienes la sufren y a quienes les rodean, se sufre en mayor medida cuando estos afectados son menores. La Administración está obligada a prestar todo el apoyo que precisen estos menores, sus familiares y cuidadores. Y a las dificultades que soportan no debe unirse además la diferencia de trato, con lo que coincidimos con la exposición del PSOE, en función del territorio en que residan estos enfermos. De modo que su discapacidad se valore de un modo u otro en función, precisamente, del territorio, o incluso varíe el dies a quo para la concesión del grado de discapacidad, sea por el equipo de valoración de la comunidad autónoma o por el del Imserso. Suponemos que en esto estaremos todos de acuerdo puesto que no es de recibo que españoles en iguales y, en este caso, difíciles situaciones reciban distinto tratamiento en función de la comunidad en que residan o incluso de la provincia, y en ello -insisto- coincidimos plenamente con su exposición de motivos. Y tanto es así que en 2005 los puntos que ahora se proponen se acordaron por unanimidad en este Congreso a propuesta de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En aquella ocasión se aprobó instar al Gobierno a elaborar, dentro del grupo de trabajo creado a instancias de la Comisión estatal para el seguimiento y coordinación de la valoración del grado de discapacidad, un estudio sobre la situación de los niños y adolescentes con cáncer desde el momento en que son diagnosticados hasta que les es reconocida la discapacidad. Aquello se acordó por unanimidad y, por supuesto, se llevó a la práctica. Y este estudio que ustedes reclaman en su proposición no de ley arroja los resultados que les puedo resumir rápidamente. El colectivo de niños y adolescentes afectados por neoplasias que habían solicitado calificación del grado de discapacidad a la fecha era de unas 1.500-2.000 personas; había una predominancia del género masculino, el 56 %; los grupo de edad más representados son los intermedios, es decir de cinco a catorce años; los diagnósticos más habituales, 52 %, eran neoplasias, seguidas por leucemias con un 19 %. La mayor parte de los menores solicitan la calificación y la práctica totalidad, el 96 %, ha recibido algún tratamiento. El 76 % de estos menores obtiene en la primera valoración un porcentaje igual o superior al 33 %, lo que les hace acreedores de una serie de prestaciones y derechos como personas con discapacidad.
Evidentemente, este estudio no se quedó ahí y ha sido revisado en 2011 a instancias de la Comunidad Valenciana, en 2013 con ocasión de la promulgación de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. En aquel momento se asimiló a situación de personas con discapacidad los estadios previos, entendiendo como procesos de evolución que puedan llegar a ocasionar una limitación en la actividad. Y, efectivamente, a instancias de la Comunidad Autónoma canaria, se acordó en marzo de 2016 igualar el tratamiento entre las dos provincias. En mayo de 2016 trasladó su propuesta -que ha sido tomada en consideración y, evidentemente, se está llevando a la práctica- de conocer los criterios de valoración que se siguen en otras comunidades autónomas para tratar de que exista unanimidad en el procedimiento a seguir y, sobre todo, en el tiempo de espera para iniciar el proceso de valoración de la situación de discapacidad de niños con neoplasias. Este fue el acuerdo que se adoptó en el Parlamento canario y que se trasladó a la comisión.
En consecuencia, todo esto se está llevando a la práctica y, en cualquier caso, deberá ser la Comisión estatal de valoración del grado de discapacidad quien analice, debata y proponga la modificación o aprobación de los nuevos baremos. Insisto, la Administración General del Estado no tiene más competencia que la de revisar y modificar los baremos, pero en modo alguno puede llevar a la práctica ninguna revisión de baremos o una aplicación directa de un grado concreto en los distintos territorios.
Damos por concluido el debate de esta proposición no de ley. Supongo que el Grupo Socialista nos va a informar en relación a las enmiendas.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Aceptamos la enmienda del Grupo Ciudadanos y también la de Unidos Podemos.
- SOBRE LA CREACIÓN DE UN REGISTRO ESTATAL DE DATOS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA SORDERA EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000337).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la proposición no de ley de creación de un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del programa de detección precoz de la sordera en España, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Clemente.
La elaboración de bancos de datos y su análisis han sido siempre elementos esenciales en cualquier estudio epidemiológico. Para conocer la génesis de un problema, su extensión y analizar posibles actuaciones para solucionar el mismo, sin datos objetivos que reflejen y den sentido a un conjunto de realidades es imposible comprender ni siquiera parte de esas realidades. Esta situación está sucediendo a día de hoy con la sordera en España. En el año 2016 no sabemos a ciencia cierta cuántas personas hay afectadas en nuestro país por este tipo de discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística estimó en 2008, en su estudio EDAD-2008, que en España entonces había 1.064.000 personas sordas o con algún tipo de discapacidad auditiva. Desde entonces no existe ningún tipo de dato o estudio oficial que acredite y evalúe la evolución de esta cifra. Sin embargo, sí existen algunos estudios privados que arrojan resultados que doblan las cifras calculadas por el INE. Las asociaciones de afectados por la sordera reclaman la necesidad de contar con un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del programa de detección precoz de la sordera para poder analizar la aparición de nuevos casos, la incidencia y prevalencia de la sordera, la evolución a diferentes grados de los casos existentes y la posible influencia de factores externos en el desarrollo de la misma. Este registro nacional se hace todavía más necesario cuanto más envejecida es la población. Recordemos que la población española está en un proceso continuo de envejecimiento, lo que supone una correlación directa sobre el número de casos de sordera y el agravamiento de los grados según vaya avanzando la edad de las personas. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, consideramos inaplazable que desde el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas, se inicien los procedimientos necesarios para crear este registro nacional.
Anteriormente, he hecho llegar a la Mesa una propuesta de texto transaccional, ya que hemos recibido propuestas y enmiendas de distintos grupos. Desde aquí, y por adelantado, les agradezco el esfuerzo ya que ninguna desvirtuaba la filosofía y han sido mejoras técnicas muy apreciadas por este grupo parlamentario. Voy a leer el texto final, que es muy breve, por si algún grupo no lo tiene: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del programa de detección precoz de la sordera en España, en colaboración con las comunidades autónomas, a partir del cual sería posible disponer de datos epidemiológicos y de incidencia de la sordera y sordoceguera en la población infantil con objeto de mejorar la prevención, el propio proceso de detección y diagnóstico, así como los tratamientos e intervenciones relativas a implantes cocleares.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clemente. Vamos a discutir ahora las enmiendas. En primer lugar, enmienda del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra la señora Arévalo.
Señorías, mi grupo parlamentario ha registrado una enmienda de modificación a la PNL presentada por Ciudadanos relativa a la creación de un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del Programa de detección precoz de la sordera en España. Con ella pretendíamos que se tuviera en cuenta en esta iniciativa y, como han anunciado desde Ciudadanos así va a ser, que se tenga también en cuenta al colectivo de personas sordociegas porque, al igual que las personas sordas, llevan mucho tiempo también reivindicando un censo que pueda cuantificarlos para poder controlar, mejorar y coordinar mejor la atención a estas personas. En ocasiones ocurre que no llega la atención adecuada a ciertos colectivos de personas con capacidades diferentes y eso supone un perjuicio y una causa más de desigualdad.
Por tanto, proponemos que se modifique el texto de la PNL para que ese estudio también sirva para determinar el número de personas con sordoceguera, cuáles son sus condiciones de vida y su ubicación
geográfica para poder determinar los centros de referencia que se deben crear y para poder, sobre todo, establecer recursos más acordes con las especiales necesidades de este colectivo, tal y como aparece en la disposición adicional sexta de la Ley 27/2007. Además, consideramos importante incluir en este censo también a la población infantil con sordoceguera y poder conocer al mismo tiempo si han sido intervenidos de implante coclear, porque tenemos evidencia de que no toda persona es apta para dicha adaptación.
Por último, señalar que actualmente en el INE, cuando buscas datos desagregados por forma de comunicación aún se habla de gestos y de símbolos, lo que pone de manifiesto que desde nuestras instituciones se desconoce en muchas ocasiones la idiosincrasia de este colectivo, porque no se diferencia entre la lengua de signos y los sistemas de comunicación aislados. Por tanto, el abordaje de la estadística actual de la discapacidad necesita mejorar todavía mucho para ser una herramienta adecuada para implementación de buenas políticas.
Como nuestra enmienda se va a recoger, solicitamos que su registro sea lo más completo posible y sirva como una herramienta para llevar a cabo las políticas adecuadas. Nuestro voto va a ser a favor porque consideramos que más vale un poquito que nada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias. Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de modificación que incorpora cuestiones competenciales por lo que se refiere a las comunidades autónomas. Por un lado, entendemos que se ha de elaborar en colaboración con las comunidades autónomas el registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del programa de detección precoz de la sordera y de la sordoceguera en España. Por lo tanto, creemos que esta colaboración -y aquí viene el segundo punto- conlleva además poner a disposición de las comunidades autónomas el registro estatal de datos a fin y a efecto de que estas puedan dar una solución más adecuada y eficiente en base a los resultados que afecten a cada comunidad autónoma y a las competencias exclusivas de las materias asignadas. En ese aspecto creemos que la transaccional recupera o tiene en cuenta estos dos puntos y por tanto nosotros votaremos a favor de la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra para la defensa de la enmienda la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, presidente. Para el Grupo Socialista la hipoacusia o sordera en cuanto que es una discapacidad para oír e implica un déficit en el acceso al lenguaje oral supone una prioridad que requiere toda nuestra atención y apoyo. La realidad es que la sordera es una de las discapacidades más invisibles porque aparentemente una persona sorda parece que no tiene problemas para desarrollar una vida normalizada y no es así. Vivimos en la sociedad de la comunicación y las personas sordas están incomunicadas, lo que les lleva a tener una percepción de las cosas distinta al resto de los ciudadanos. Por ello comienzo por anunciar nuestro apoyo a su iniciativa.
Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la que se desarrolla el lenguaje y el habla, debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño a edades tempranas va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos y, consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral. La literatura científica más reciente señala el diagnóstico precoz de la sordera como elemento fundamental para definir el pronóstico educativo y de inclusión del niño sordo, pues permite aprovechar el periodo crítico de su desarrollo entre los 0 y los 4 años. La identificación temprana de los trastornos diferidos requiere de una especial atención y conocimientos entre todos los profesionales que atienden a los niños durante su infancia. Se trata de diseñar programas y de planificar acciones adicionales más allá del cribado neonatal para asegurar que todos los niños con una hipoacusia significativa sean detectados pronto. Como datos significativos de la detección temprana cabe destacar que cinco de cada mil niños recién nacidos padece una sordera de distinto grado. El 80 % de las sorderas infantiles permanentes están presentes en el momento de nacer, el 60 % de las sorderas infantiles tienen origen genético y solo en el 50 % de los recién nacidos con sordera se identifican indicadores de riesgo. Todos estos datos indican la necesidad de que mediante su puesta en común se
puede llegar a datos más concluyentes y científicos que redunden en mejorar la detección, prevención y tratamiento de la hipoacusia.
Ya en 1995, la Comisión para la detección precoz de la hipoacusia, entre otros objetivos marcaba promover un protocolo básico de recogida de datos, que a través de un conjunto mínimo permitiese crear un registro de niños sordos cuyo ámbito fuese como mínimo el del territorio nacional gestionado por el Insalud. En el año 2014, Codepeh realizó, entre sus recomendaciones en relación con la atención temprana, la creación de un registro común básico de los resultados de la aplicación del Programa de detección precoz de la sordera infantil, alimentado con los datos de las distintas comunidades autónomas, fundamental para estudios epidemiológicos, adopción de medidas de prevención, planificación de recursos sociosanitarios y educativos subsidiarios a las necesidades de la población afectada, y también posibilitar estudios comparativos a nivel nacional e internacional.
Por ello, estando de acuerdo con esta proposición solo nos cabe añadir una enmienda, que como hemos visto han aceptado, que introduzca la elaboración del registro en colaboración con las comunidades autónomas, siendo estas las responsables de la aplicación del programa de detección precoz de la sordera. Y que en ese registro se contemple la inclusión de las personas sordociegas, que es un colectivo minoritario, afortunadamente, pero para el que es fundamental la detección de la pérdida del oído y la visión. Generalmente son sordos que pierden la visión aunque también los hay de nacimiento.
Finalmente, decir que proponemos esta adición teniendo en cuenta que la Ley de Lengua de Signos habla también de actuaciones para los sordociegos.
El señor PRESIDENTE: Gracias. En defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Marcos.
La señora MARCOS MOYANO: Gracias, presidente. Buenos días.
En el Grupo Parlamentario Popular compartimos la preocupación y el interés por todas las personas con sordera o con cualquier tipo de discapacidad auditiva, y no solo por quien la tiene sino por quien pudiera o pudiéramos tenerla en algún momento de nuestras vidas. Por eso consideramos esencial no solo trabajar desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, sino también, de una manera transversal, trabajar desde la información.
Compartimos plenamente el fondo de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Ciudadanos. En nuestro grupo parlamentario también creemos que contar con unos datos actualizados y bien estructurados desde distintos aspectos del impacto epidemiológico es algo esencial. Y no para obtener una fotografía fiel de esta realidad, no como un fin en sí mismo, sino para tener una herramienta útil con la que poder trabajar de una manera más efectiva en los tres planos que he mencionado antes: la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, y de manera muy particular para los casos de sordera infantil.
Dicho esto, me gustaría hacer algunas precisiones sobre el texto de esta PNL. Son precisiones técnicas que no afectan al fondo pero que son importantes y son las que motivan que hayamos presentado una enmienda. Nos parece más interesante ir más allá y tener una estrategia transversal, teniendo en cuenta que el objetivo es poder aportar la mayor información posible del mayor número de enfermedades. Los sistemas de información que viene desarrollando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dan prioridad a líneas de trabajo transversales. Por ejemplo, el registro de atención especializada recaba información de todos los diagnósticos y procedimientos realizados a las personas ingresadas o las intervenciones realizadas de manera ambulatoria o atendidas en hospitales de día. Es decir, un único registro, un único soporte. Según nuestro criterio este es el enfoque que se debe aplicar en lugar del de la recopilación de datos en torno a un problema de salud concreto. Hoy estamos hablando de problemas auditivos pero si varían los argumentos podríamos estar hablando de cualquier otro problema de salud. Por eso, desde un punto de vista estratégico, pensamos que establecer sistemas específicos en torno a cada problema de salud conllevaría el desarrollo de múltiples sistemas para dar respuesta a cada uno de ellos de forma separada. Y esto es algo ineficaz porque estaríamos multiplicando los esfuerzos y además no acabaríamos nunca de crear registros que abarcaran todas las casuísticas.
Por lo tanto, lo más sensato y lo más práctico es usar una base de datos única y global sobre la que poder volcar información sobre cualquier problema de salud y de la que poder extraer datos para su posterior análisis y estudios. Y esa base de datos, señorías, ya existe en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se llama base de datos clínicos de atención primaria. Esta base de datos recopila información sobre las diversas enfermedades y problemas atendidos en este nivel de atención primaria,
por supuesto incluyendo los problemas auditivos que son los que hoy nos ocupan. Así, en lugar de caer en duplicidades creando registros paralelos y no conectados entre sí, aprovechemos el enorme potencial que la base de datos clínicos de atención primaria ofrece y saquemos el máximo rendimiento posible. Como he dicho antes, lo importante no son los datos por sí mismos sino la utilidad que se desprenda de ellos. Es decir, que esa información sirva para poder tomar medidas que se traduzcan en una mejor prevención, un mejor diagnóstico y un mejor abordaje.
Por todo ello, el texto de la enmienda que desde el Grupo Popular proponemos sería el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recabar la información pertinente para medir el impacto epidemiológico de la sordera de la población española, especialmente en la infantil, para desarrollar sobre la información medidas con las que mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y mejor abordaje.
Se agradece al Grupo Ciudadanos su transaccional pero viene a reconocer justamente lo que mi grupo ha venido argumentando.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora Marcos. Entiendo que sus señorías ya conocen la transaccional que se va a someter a votación al final de la Comisión, y para que nos gestionemos el tiempo, hemos calculado que como vamos a buen ritmo votaríamos alrededor de la una del mediodía.
- SOBRE LA MEJORA DE LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD QUE QUIERAN SER MADRES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000476).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la mejora de la atención de las mujeres con discapacidad que quieran ser madres, que va a defender el señor Romero.
Pretende el Grupo Popular con esta proposición no de ley manifestarle al Gobierno la necesidad de impulsar la mejora de la atención sociosanitaria de las mujeres con discapacidad y, sobre todo, de aquellas mujeres con discapacidad que pretenden ser madres. En España, cerca de cuatro millones de personas tienen algún índice de discapacidad, lo que supone aproximadamente el 8,5 % de la población. Bien, de este 8,5 % de la población, el 60 % son mujeres. Todos los diputados aquí presentes han hablado o han oído hablar en algún momento de la situación de discriminación que sufre la mujer en nuestro país en distintos ámbitos de la vida, en el laboral, en el sanitario, en el económico, etcétera. Pues si a eso le unimos una doble discriminación cuando la mujer sufre de discapacidad, estamos hablando de algo importante, sobre todo si, además, se le une que esa mujer con discapacidad pretende o quiere ser madre. Tenemos que hacer que los poderes públicos pongan una especial atención a estas especiales dificultades que tienen las mujeres con discapacidad que pretenden ser madres.
En el año 2013, el Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, hizo una resolución sobre la maternidad de las mujeres, haciendo una especial recomendación a los distintos países miembros en el sentido de adopción de medidas positivas con el fin de incentivar la maternidad en general, la maternidad responsable y facilitar a las futuras mujeres con discapacidad que también fuese así. Una resolución que en nuestro país el Gobierno de nuestra nación ha acogido a través del Plan integral de apoyo a la familia, que se aprobó en el Consejo de Ministros de 14 de mayor de 2015 y que tiene una serie de líneas estratégicas. Concretamente, en la línea estratégica número 3 aparece como el apoyo a la maternidad. De las 228 medidas concretas que tiene el plan, la medida 87 dice textualmente "facilitar a las mujeres embarazadas que presenten alguna discapacidad que puedan acceder a los servicios y apoyos adecuados a su discapacidad y que se consideren necesarios para poder continuar con el embarazo y ejercer adecuadamente sus responsabilidades en la crianza de los hijos una vez nacidos".
De eso trata esta proposición no de ley, de comunicarle o de instar al Gobierno a que ponga en marcha lo que en el Plan estratégico de apoyo a la familia se dice en esta medida. Y tiene que ser a través de medidas transversales puesto que son varios los ministerios que están interesados en que se desarrolle, como puede ser el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y otros ministerios. El Gobierno, en estos últimos años ha venido proponiendo y llevando a cabo una serie de medidas en favor de las personas con discapacidad con un doble objetivo, el de potenciar la inserción y el desarrollo laboral de las personas con discapacidad y, sobre todo, reforzar su
protección en el ejercicio de los derechos básicos. Tenemos que hablar fundamentalmente -y me voy a referir solamente a alguna- de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inserción social, que se aprobó en el año 2013 y en la que intervinieron para su elaboración distintas organizaciones del tercer sector, en especial el Cermi. Tenemos que hablar de un Plan de acción 2014-2016 sobre estrategia de discapacidad, con un montante económico de más de 3.000 millones de euros y con 96 medidas concretas en el mismo. Y también tenemos que hablar de la reforma fiscal que se ha dedicado en una materia especial a las personas con discapacidad, aumentando esos mínimos deducibles de discapacidad al contribuyente, 3.000 euros a nivel general; 6.000 euros cuando se acredite requerir ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o 12.000 euros cuando el grado de discapacidad es superior al 65 %. No voy a hablar del fomento del empleo, donde la discapacidad tiene especial atención, pero sí me gustaría, dado el interés que tiene y el honor que nos hace, reconocer a una serie de agentes sociales en el tema de la discapacidad -la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del tercer sector y de acción social-, que merecen nuestro agradecimiento.
Antes de terminar quisiera hacer una mención a las distintas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Señor Romero, debería de terminar.
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Termino, señor presidente. Una que ha presentado el Grupo Podemos y que prácticamente viene a subsumirse en el petitum general de nuestra proposición no de ley. La de Ciudadanos, que es una enmienda de adición y que el grupo acoge para que se incorpore. La de Esquerra Republicana, que lo que hace es pedir más recursos económicos y que tampoco aporta demasiado aparte de eso. La del Grupo Parlamentario Socialista, que cambia la palabra "instar" por "necesidad de impulsar" que nosotros teníamos. Y también la del Partido Demócrata Catalán que dice que esta actuación debe hacerse de común acuerdo con las comunidades autónomas. Pues bien, presento una enmienda transaccional donde se recoge la del PSOE, la del Partido Demócrata Catalán y la de Ciudadanos, que presentaré a la Cámara para su votación.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. Vayamos a la presentación de las enmiendas de los grupos parlamentarios. Por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: El derecho a la maternidad de las mujeres con discapacidad se encuentra recogido en los distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad y, sin embargo, las condiciones para que este derecho sea ejercido de forma plena y segura no se cumplen en nuestro país. Especialmente preocupante es el caso de las mujeres con discapacidad severa, que se encuentran en condiciones de desigualdad extrema, algo que se agudiza aún más en este supuesto. Por ello, en la gran mayoría de casos no se dan las condiciones para que puedan ejercer su derecho a la maternidad.
Por este motivo, celebramos la iniciativa del Grupo Popular de poner este tema encima de la mesa y llamar la atención sobre las dificultades con las que se encuentran las mujeres con discapacidad que quieren ser madres. Sin embargo, esta PNL nos parece del todo insuficiente, puesto que no aborda temas ni situaciones preocupantes para las mujeres con discapacidad, tal y como se muestra en el primer y segundo Plan integral de acción de mujeres con discapacidad del Cermi.
Hemos realizado una serie de enmiendas encaminadas a completar y concretar esta PNL. En primer lugar, creemos que es esencial la promoción de la comprensión para la aceptación social de la maternidad de las mujeres con discapacidad. Hemos de romper con un único modelo de maternidad y trabajar para el reconocimiento de otro tipo de maternidades, donde se incluya toda la variedad de modelos que pueden darse en el caso de las mujeres con discapacidad. Debemos trabajar también para garantizar el cuidado de la salud reproductiva de las mujeres con discapacidad, lo que incluiría la planificación familiar, los servicios de salud y la información acerca de la maternidad. Por ejemplo, debe garantizarse el acceso de las mujeres con discapacidad, ya sea en pareja o solas, a la reproducción asistida y todas las personas implicadas en el proceso deben tener conocimiento e información sobre la situación y necesidades de las mujeres con discapacidad. Por ello, creemos que es imprescindible garantizar la formación en recursos humanos en materia de género y discapacidad, no solo en todo aquello que afecta a la salud reproductiva sino también en los procesos de adopción. Es imprescindible también que toda la información al respecto se encuentre en formatos accesibles. Consideramos esencial para ejercer la maternidad con todos sus
derechos el consejo genético a las futuras madres con discapacidad. Por tanto, deben generalizarse en toda nuestra red sanitaria las unidades de diagnóstico prenatal y las unidades especiales de alto riesgo. Las mujeres con discapacidad deben poder contar con toda la información para tomar sus decisiones.
La adopción es un tipo de maternidad que no podemos obviar. Actualmente, y en parte como consecuencia del gran número de solicitudes de adopción, la discriminación a las madres con discapacidad se realiza de manera velada e irracional. Esta discriminación es aún mayor en el caso de las familias monoparentales. Debemos luchar contra ideas preconcebidas sobre qué es la maternidad y debemos hacerlo desde una perspectiva de género y de diversidad funcional. Porque lo que subyace también en la maternidad de personas con discapacidad es la idea de que las mujeres con discapacidad deben tener limitadas sus funciones y derechos, también en la capacidad reproductiva. Las mujeres con discapacidad tienen que enfrentarse de forma especialmente dura a lo que el patriarcado ha definido como forma de ser mujer, un retrato que muy a menudo las excluye e invisibiliza.
Consideramos que esta PNL es muy necesaria pero no en su forma actual, muy incompleta, e instamos por ello al Grupo Popular a que acepte nuestras enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Tiene también enmienda el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Clemente, por favor.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señor presidente, miembros de la Mesa, muchas gracias.
Quién no va a estar de acuerdo con la proposición no de ley, que trae a debate el Grupo Popular, en su texto y con su filosofía. Nos parece una iniciativa que trae a colación un asunto complejo e importante pero que, como de costumbre, pasa de largo por aquellas medidas que el propio Gobierno ha implantado y que han sido contrarias al fin que consigue esta iniciativa. Los recortes en dependencia, la limitación del acceso a las técnicas de reproducción asistida y los recortes en sanidad afectan frontalmente al objetivo que persigue esta proposición no de ley. La maternidad es un elemento esencial en la política social del ciudadano, y por ello hemos presentado iniciativas en diferentes ámbitos promoviendo medidas que faciliten y protejan a esta. Desde mejorar las ayudas y prestaciones por maternidad en trabajadoras autónomas, a luchar contra las cláusulas que suponen el despido a deportistas profesionales y a conseguir un aumento de los permisos por paternidad que se implementarán en el año 2017, aumentando las dos semanas de permiso a cuatro. El Plan integral de apoyo a la familia 2015-2017 está ya a mitad de ejecución y desconocemos las medidas concretas que se han llevado a cabo para implementarlo y los resultados que está obteniendo. Por ello presentamos esta enmienda, en la que instamos al Gobierno a que envíe en el plazo más breve de tiempo a las Cortes un informe de evaluación con las medidas implantadas, su desarrollo y resultados obtenidos.
Repito, el texto de la enmienda es de adición, no de modificación, y aunque el compañero del Grupo Popular ya ha dicho que la acepta, nos parece primordial en el menor tiempo posible un informe de evaluación con las actuaciones concretas implementadas y analizar los resultados obtenidos.
El señor PRESIDENTE: Gracias. También tenemos una enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para defenderla, tiene la palabra el señor Eritja.
Para fijar el marco competencial correcto, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de adición, y en base al carácter exclusivo de las competencias en materia de asistencia social de las comunidades autónomas, parece oportuno que se proceda, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017, a un aumento de las transferencias de recursos a las comunidades autónomas. Ya que no queremos que esta propuesta se convierta solo en un brindis al sol, como la competencia es exclusiva de las comunidades, creemos que, para poder encarar con garantías la aplicación de estas propuestas, es necesario que también se tenga en cuenta este punto.
El señor PRESIDENTE: Gracias. También tenemos enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Tundidor.
La señora TUNDIDOR MORENO: Efectivamente, existen numerosas barreras para que las mujeres con discapacidad reciban atención para la maternidad. Dificultades de acceso físico, de comunicación, incluso de rechazo por parte de familiares o profesionales de salud, que dudan de su capacidad para afrontar un embarazo y un parto. El sistema sanitario y los servicios sociales han de facilitar los recursos necesarios para superar los obstáculos existentes para aquellas mujeres con discapacidad que van a ser madres. La preparación a la maternidad debería comenzar antes de producirse el embarazo y contemplar los aspectos físicos, psíquicos y el conocimiento de los cambios que se irán produciendo en su cuerpo. Cualquier acción que limite los derechos reproductivos debe ser tan mínima como sea posible, y no basarse en la convivencia de otras personas. Es fundamental que se contemple el derecho a decidir de la mujer. Las personas con discapacidad tienen que ser las protagonistas de su propia vida: elegir ser madres o no, siendo conscientes de sus condicionamientos físicos, psíquicos o sensoriales para adoptar de forma libre e informada decisiones para su salud. Debe respetarse su derecho a la maternidad libremente elegida, a la posibilidad de dar a luz de manera natural, sin que sistemáticamente se acuda a técnicas de parto inducido o intervenciones quirúrgicas, y reconocer su capacidad para cuidar y educar a sus hijos e hijas. En este sentido, que las mujeres solteras o lesbianas con discapacidad puedan acceder también a los tratamientos de reproducción asistida. (La señora vicepresidenta (Martínez Seijo) ocupa la Presidencia)
Nuestra enmienda va dirigida a instar al Gobierno y a retirar de la PNL el texto "en el marco de actuación del Plan integral de apoyo a la familia 2014-2017". ¿Por qué? Porque este plan se aprobó en mayo de 2015 con unos marcados tintes electorales: elecciones municipales y autonómicas. Porque, además, se preocupa más de la familia que de las familias. El Gobierno no garantiza la protección y un trato igualitario en todas las políticas de manera transversal que contemple a todos los modelos de familia. Porque ahora apoya la maternidad, pero en su ley laboral no defiende a las mujeres ni les garantiza que no se les va a exigir no quedarse embarazadas para que suponga la pérdida de su trabajo. Porque este plan me recuerda a la Lomce, ya que no ha habido debate público sobre las medidas propuestas. Porque no conocemos los recursos económicos para llevar a cabo el plan, ¿con qué dinero y qué presupuesto pretenden mejorar las condiciones de acceso a la maternidad a las mujeres con discapacidad? Y porque muchas de las actuaciones del PIAF conciernen a las comunidades autónomas y a los gobiernos locales, y ustedes se han desentendido y no han hecho alusión a su posible aceptación y compromiso.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Gracias. Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Hemos planteado una enmienda muy simple a esta proposición del Grupo Popular, que va en la línea de entender que las políticas de apoyo integral de la familia en buena parte corresponden a competencias que se desarrollan por parte de las comunidades autónomas en sus distintas facetas, y que por tanto esas medidas que deberían impulsarse para facilitar el ejercicio de la maternidad de las mujeres con discapacidad deben hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas. El texto de enmienda transaccional que el señor Romero nos ha trasladado a los grupos recoge esta enmienda, y además incorpora otras de otros grupos, cuestión que va a facilitar nuestro apoyo a esta iniciativa, destacando sobre el texto transaccionado la referencia a remitir a las Cortes Generales un informe de evaluación del plan integral. Me parece importante esta referencia a la evaluación del plan integral porque sería bueno que en el debate sobre las políticas de apoyo a la familia pudiésemos analizar, discutir y valorar cuál ha sido la efectividad del plan que ha funcionado en la pasada legislatura. Y nosotros seríamos quizá críticos con el balance del Gobierno. No es el objeto del debate de esta mañana y por tanto anunciamos nuestro voto favorable a la iniciativa del Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Gracias, señor Campuzano. ¿El grupo proponente tiene algo que decir sobre las enmiendas que se han presentado?
El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Se va a presentar a la Mesa una enmienda transaccional que recoge lo que aparece en la enmienda del Grupo Ciudadanos, también la del Partido Socialista así como la del Partido Demócrata Catalán y se le va hacer llegar a la Presidencia. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
- RELATIVA A LA SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN INFANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000477).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la sensibilización de la sociedad en materia de discapacidad en la población infantil, y que va a defender el señor Matarí. Tiene la palabra, señoría.
El señor MATARÍ SÁEZ: El Grupo Parlamentario Popular pretende con esta proposición no de ley que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad inste al Gobierno a continuar promoviendo medidas que permitan sensibilizar sobre la situación a la que se enfrentan los niños y niñas con discapacidad, con el fin de lograr su plena inclusión social desde edades tempranas.
Señorías, las acciones de sensibilización que siguen siendo necesarias en el ámbito de la discapacidad en general lo son en mayor medida cuando hablamos de discapacidad infantil, porque los niños y las niñas con discapacidad se enfrentan a múltiples formas de exclusión que los sitúan entre los miembros más vulnerables de la sociedad.
El Gobierno ha venido desarrollando políticas específicas para combatir la falta de visibilidad de los menores con discapacidad y para garantizar mejor sus derechos. Por ejemplo, en el II Pan estratégico nacional de infancia y adolescencia, aprobado en 2013, que además de contemplar medidas que persigan la prevalencia del interés del menor, su protección y el fortalecimiento de sus derechos, recoge medidas específicas dirigidas a la sensibilización de la sociedad en materia de discapacidad en la población infantil. Entre otras se pueden mencionar las siguientes: impulsar acciones de defensa y promoción de la igualdad entre los niños con independencia de su sexo, edad, nacionalidad, discapacidad, religión o cualquier otra condición, interviniendo desde la primera infancia para reducir las desigualdades sociales existentes; impulsar una cooperación multilateral con todos los agentes implicados en acciones de estudio, sensibilización, difusión de información y buenas prácticas, especialmente en colectivos con necesidades diferentes, como son los menores de edad con discapacidad, formación de profesionales y promoción de los servicios sociales especializados; difundir una imagen social adecuada de los niños con discapacidad y de la discapacidad en general, evitando estereotipos o ideas preconcebidas. Y no puedo dejar de mencionar entre las iniciativas adoptadas en los últimos años por el Gobierno de España la reforma de la legislación de protección a la infancia y a la adolescencia, que refuerza la defensa de los menores, también de los que presentan algún tipo de discapacidad, asegurando la plena accesibilidad y la garantía de los servicios sociales especializados. Esta Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia recoge las recomendaciones de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala en su artículo 7, referido a las niñas y a los niños con discapacidad, que los Estados deben garantizar que las niñas y niños con discapacidad tienen y disfrutan de los mismos derechos, y se protegerá su interés superior y su derecho a expresar libremente su opinión en las cuestiones que les afecten. Sin duda, y como recoge el informe España 2015, sobre derechos humanos y discapacidad, elaborado por la delegación del Cermi para la convención de la ONU, la protección de los menores con discapacidad mejora con las nuevas leyes de infancia; su aplicación -añade- hará mejorar sin duda la garantía de los derechos de las niñas y niños con discapacidad. Y esto, señorías, es muy importante.
Pero, a pesar de todo ello, a pesar del trabajo realizado, a pesar de los avances conseguidos, todavía las personas con discapacidad, en especial en edades tempranas, encuentran demasiados obstáculos que dificultan su desarrollo y su plena participación en la vida social. Señorías, los menores con discapacidad tienen necesidades especiales y riesgos que requieren ser conocidos y atendidos, por ejemplo la atención temprana. Sigue siendo necesario sensibilizar sobre la realidad a la que se enfrentan estos niños y estas niñas para seguir creando conciencia y combatir los obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio pleno de sus derechos.
Señorías, la infancia es el futuro, y por ello si aspiramos a reducir las desigualdades debemos comenzar por los niños, porque sin duda son las personas llamadas a construir una sociedad inclusiva para las siguientes generaciones. Si los niños y las niñas reciben y adquieren una educación inclusiva los beneficiarios seremos todos, y estaremos construyendo una sociedad mejor. Como ha escrito el director ejecutivo de Unicef en la presentación del informe sobre el estado mundial de la infancia en 2013, todos los niños y las niñas tienen esperanzas y sueños, incluso aquellos con discapacidad, y todos merecen una oportunidad para hacer realidad sus sueños. Y añade: en algún lugar a un niño alguien le está diciendo que no puede jugar, porque no tiene capacidad de caminar, y a una niña alguien le está recordando que
no puede aprender porque es invidente. Ese niño merece una oportunidad para jugar, y todos nos beneficiaríamos si esa niña y todos los niños del mundo pudieran leer, aprender y aportar sin duda su talento a la sociedad.
Señoría, aceptamos las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Ciudadanos, que a nuestro juicio hacen más precisa y completa nuestra propuesta. Y el texto quedaría así, señor presidente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar promoviendo medidas que permitan sensibilizar a los ciudadanos de la situación a la que se enfrentan los niños y niñas con discapacidad, con el fin de lograr su plena inclusión social desde edades tempranas, y a remitir a las Cortes Generales en el tiempo más breve posible un informe de evaluación del II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia que especifique actuaciones concretas implementadas y resultados obtenidos del mismo. El resto de las enmiendas no las podemos aceptar porque bien recogen propuestas que son competencia de las comunidades autónomas o propuestas que están fuera del ámbito de esta proposición no de ley. En todo caso confiamos contar con el apoyo de todos los grupos, porque a todos nos incumbe trabajar por la sensibilización en materia de discapacidad infantil.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matarí.
Vayamos al debate y defensa de las enmiendas que han planteado los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que va a defender el señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señor presidente, miembros de la Mesa, señorías, muchas gracias. Seré breve puesto que estamos de acuerdo en la filosofía, pero hemos presentado una enmienda de adición. Otra iniciativa que creemos que está cargada de buenas intenciones, pero al contrastarla con las medidas reales que han implementado el Gobierno y el Partido Popular en legislaturas anteriores humildemente creemos que los resultados han quedado un poco cortos. Los recortes en materia de dependencia y política de infancia del Gobierno del señor Rajoy han atacado directamente a las personas más vulnerables, incluyendo los menores con discapacidad. Ciudadanos ha conseguido arrancar al Gobierno el compromiso de aumentar las partidas destinadas a la atención a la dependencia y/o personas con discapacidad en 1.760 millones de euros para esta legislatura; una financiación que, aun siendo insuficiente para solventar los problemas que afectan a los menores con discapacidad, y más de 7.000 millones en el Plan de pobreza infantil, libros de texto y guarderías, la infancia en sus situaciones más vulnerables es una de nuestras prioridades; de ahí que en las negociaciones con el Partido Popular hayamos puesto exigencias destinadas a estas como fundamentales.
Proponemos una enmienda sobre la evaluación del II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, II Penia, ya que tiene fin en 2016. Revisando la evaluación del primer plan consideramos que debe hacerse una evaluación mucho más exhaustiva de los objetivos y resultados conseguidos, con indicadores claros y cuantificables. De hecho en la evaluación del primer plan encontramos generalidades de este tipo en la evaluación: "todos los objetivos planteados en el I Penia han sido desarrollados en mayor o menor medida", fin de la cita, como diría Rajoy.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Eritja.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de adición de un nuevo punto para fijar nuevamente el marco competencial; insistimos que en base al carácter exclusivo de las competencias en materia de asistencia social es necesario proceder, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a un aumento de las trasferencias de recursos a las comunidades autónomas. Y es que es el mismo planteamiento de la propuesta anterior, entendemos que el peso competencial de dicha propuesta recae sobre todo en las comunidades autónomas, y por lo tanto insistimos nuevamente en la necesidad de disponer de dicha partida presupuestaria para poder aplicar con garantías el despliegue territorial de dicha propuesta.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Alonso.
Estamos de acuerdo con la necesidad de continuar promoviendo medidas que permitan sensibilizar a los ciudadanos de la situación a la que se enfrentan los niños y las niñas con discapacidad, lógicamente con el fin de lograr plena inclusión desde las edades tempranas, si bien vemos absolutamente necesario concretar y enumerar las medidas que para ello han de llevarse a cabo, y esas son las que hacemos constar en nuestra enmienda. Consideramos que los poderes públicos no solo han de diseñar instrumentos normativos, sino que también y de forma especial han de velar por el cumplimiento de dichos documentos. La sensibilización por parte de la ciudadanía con respecto a los niños y niñas con discapacidad se logra facilitando y aplicando todos los recursos necesarios para que exista una auténtica inclusión social. Y eso requiere aumentar las inversiones en los servicios públicos, en sanidad, en educación y en servicios sociales. Lo contrario a lo que ha hecho su partido en el gobierno hasta ahora. Los recortes aplicados en estos ámbitos han generado y generan una degradación de las atenciones elementales para los niños y niñas con discapacidad.
Si nos centramos, por ejemplo, en el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, citada por cierto en la PNL, vemos el informe también citado del Cermi relativo a 2015, respecto al artículo número 24, en el que dice que el Cermi ha lamentado que un curso más la educación inclusiva, que significa un acceso pleno a la enseñanza sin discriminaciones ni segregaciones, y con apoyos reales y efectivos por parte del alumnado con discapacidad, no esté garantizada en España. En este sentido nuestro país no cumple el mandato imperativo del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que apuesta por un modelo educativo inclusivo para los alumnos con discapacidad, por lo que miles de estudiantes con discapacidad se enfrentarán otro curso más a una educación degradada que no asegura sus derechos.
Por otra parte, según el XVI Dictamen del Observatorio de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, nos encontramos con realidades como el descenso de los grados de discapacidad, la eliminación de prestaciones a las que se tiene derecho, y el incumplimiento de la disposición final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social como posibilidad para transferir los asuntos judicializados al orden de lo social. Y es que todo ello afecta también a las familias de niños y niñas con discapacidad, que lejos de encontrar soluciones eficaces para el bienestar y calidad de vida de sus hijos e hijas se ven en la situación de tener que reclamar y luchar día a día aquello a lo que deberían tener acceso como derechos fundamentales: encontrar los apoyos, adaptaciones de entornos, formación, profesionales, etcétera.
La garantía de bienestar de los niños y niñas con discapacidad en nuestro país y la sensibilización de la sociedad para lograr una inclusión real se establece llevando a cabo medidas concretas que aseguren todas las ayudas necesarias a familias y profesionales, así como el despliegue de todos los recursos posibles para que cada niña o niño tenga cubierta sus necesidades en cada momento de su desarrollo. Para ello en principio es necesario llevar a cabo medidas concretas y eficaces como las que hemos propuesto en nuestra enmienda, que no se nos puede olvidar aunque estemos en la Comisión de Discapacidad y abarque otras comisiones, como es revertir los recortes y aumentar la inversión en atención temprana, en apoyos para las familias con hijos e hijas con discapacidad, y garantizar la educación inclusiva que significa un acceso pleno a la enseñanza sin discriminaciones ni segregaciones y con apoyos reales y efectivos por parte del alumnado con discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Finalmente tenemos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista., que va a defender la señora Flórez.
Señorías del Partido Popular, esto que vamos a debatir ahora es un déjà vu, un copia-pega de otra iniciativa presentada, debatida y aprobada en esta misma Comisión en septiembre de 2012. No sé si es porque la dejaron olvidada en un cajón o porque son conscientes de su propia necesidad de sensibilización, a la luz de las políticas de la pasada legislatura, que volvieron a presentarla otra vez un año más tarde. Y ahora nos la vuelven a incorporar con unos ligeros cambios, entre los cuales está que ya ni siquiera instan al Gobierno a continuar promoviendo medidas de sensibilización, rebajando aún más sus propias expectativas y dejándolo en un mero: El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad..., etcétera. Esta iniciativa de buena voluntad, que repite presentación, contrasta bastante con la actitud del grupo proponente, y es que no hace ni una semana, el 14 de diciembre, todos los grupos parlamentarios firmaron
un documento con el que se comprometían a revertir los recortes que han sufrido las prestaciones del servicio de atención a personas en situación de dependencia desde el 2012, entre ellas también menores; prestaciones que son fundamentales para las personas con discapacidad, ya que son a quien más afectan los recortes, y el caso es que el Partido Popular fue el único que no asistió ni firmó, lo cual corrobora una evidente falta de sensibilización y de compromiso. Se lo dijimos en el 2012 y se lo volvemos a repetir cuatro años más tarde: medidas concretas, actuaciones decididas y apoyo presupuestario acorde a las mismas.
Durante esta legislatura el Partido Popular se ha limitado a la elaboración del texto refundido de la Ley general de los derechos de las personas en situación de discapacidad y de su inclusión social sin que haya habido grandes avances sobre los derechos regulados en la Ley 26/2001, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni se ha abordado la modificación de leyes implicada en la aplicación efectiva de la convención. Por el contrario las personas con discapacidad en general, y los menores de forma especial, han sufrido con dureza los cambios de la dependencia, en especial el incremento de copagos e introducción de incompatibilidades. Tampoco se ha abordado adecuadamente el desarrollo de la lengua de signos ni otras alternativas a la eliminación de barreras, tanto físicas como sensoriales. Y por supuesto hay que recordar la paralización de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que ha cumplido diez años y que bajo su gestión o, mejor dicho, su no gestión ha relegado a las personas que hace diez años estuvieron al frente de la agenda política legislativa y social a la sombra.
En cuanto a la educación -que ustedes mencionan- lo que hay que hacer es garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad, y para ello es absolutamente necesario que se aseguren los centros ordinarios apoyos y ajustes para poder atender adecuadamente a las diversas necesidades educativas que tienen los niños y las niñas con discapacidad. También es importante atender a la deficiente situación de los niños y niñas por debajo de seis años con discapacidad o por encima de 15, ya que no hay plazas suficientes para niños menores de seis y que las cifras de alumnos escolarizados mayores van disminuyendo según se avanza con la edad. Una educación inclusiva con calidad no implica solo que los niños y las niñas puedan ejercer su derecho a la educación en centros ordinarios, sino que también lo podrán hacer en igualdad de condiciones con el resto de niños y niñas.
Mire, sé que estamos en temporada de infancia, es la Navidad, regalos, ilusiones, esperanzas, emociones a flor de piel, usted habló también de sueños, pero mire, las campañas pasan, el espíritu navideño se apaga en el frío de enero, y la mejor campaña y la mejor sensibilización es no discutir iniciativas repetidas y con nula concreción. La sensibilización es tratar propuestas concretas, serias y con apoyo real, con compromiso real, no solo con intenciones, sino con hechos.
El señor PRESIDENTE: Concluimos el debate de esta proposición no de ley. Entiendo que el portavoz del Grupo Popular ha anunciado la aceptación de la enmienda del Grupo Ciudadanos y del Grupo Socialista, y en esos términos se votará.
- RELATIVA A LA ESPECIAL ATENCIÓN QUE MERECEN LOS AFECTADOS DE EPIDERMÓLISIS BULLOSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000478).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente iniciativa, que también es del Grupo Popular, relativa a la especial atención que merecen los afectados de epidermólisis bullosa. Defiende esta iniciativa el señor Marí.
Seguramente, señorías, todos o muchos de los que formamos parte de esta Comisión lo hacemos porque nos afectan las problemáticas de la discapacidad, bien porque la padecemos, bien porque nos toca de cerca en nuestros entornos familiares o sociales, o bien porque en algún momento desempeñamos actividad profesional o nuestra propia actividad pública en ámbitos relacionados con la discapacidad. Es muy amplia la tarea a desarrollar por esta Comisión, porque es muy amplio el propio ámbito de la discapacidad. Pero una visión global de los enfoques sociales, de inclusión, económicos o médicos de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes no debería impedir que nos aproximáramos a
las personas y a las discapacidades en singular. Es en este contexto en el que presentamos esta proposición no de ley sobre la especial atención que merecen los afectados por la epidermólisis bullosa, una de las denominadas enfermedades raras, y lo hacemos para destacar y manifestar dos cuestiones en relación específicamente, singularmente con esta enfermedad rara, crónica e incurable. Primero, la necesidad de fomentar actuaciones de sensibilización que permitan una mayor visibilidad de la situación de las familias que cuentan entre sus miembros con personas afectadas por esta enfermedad. Segundo, consolidar el abordaje diferenciado en el acceso a los pacientes de esta enfermedad al material de cura adecuado, para el control de su sintomatología en el marco del acuerdo que adoptó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en julio de 2015.
Se trata, en el caso de esta enfermedad rara, como debería ser el caso de cada una de las enfermedades raras, de seguir trabajando en el abordaje global de estas enfermedades dentro de la estrategia de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud, pero acercándonos al mismo tiempo a sus diversas singularidades. En este sentido es trascendente instar al Gobierno de España, en coordinación con las comunidades autónomas, a desarrollar el objetivo 16 de esta estrategia nacional de enfermedades raras para implementar las campañas de sensibilización, e igualmente consolidar la financiación pública y el acuerdo adoptado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de julio de 2015, por el que se incluían en la financiación pública los vendajes y apósitos empleados para el tratamiento de los pacientes de esta enfermedad alas de mariposa; debiendo destacar además que en dicho acuerdo se determinó la necesidad de crear dos centros de referencia para el tratamiento de esta enfermedad, así como al tiempo se designaron once centros y unidades de referencia más. En definitiva, señorías, se trata de consolidar las políticas que se vienen desarrollando en el tratamiento diferenciado de esta enfermedad a través de las campañas de sensibilización, a través de la asunción por el Sistema Nacional de Salud de la financiación del material de cura y la creación de los centros de referencia para su tratamiento.
Es verdad que la amplitud del asociacionismo en el ámbito del tercer sector social constituye una característica de nuestro sistema de atención a la discapacidad, y el Grupo Popular considera que es una característica positiva. Son estas asociaciones las protagonistas en todos estos ámbitos las que nos hacen avanzar, las que llegan donde la Administración no llega, y a través de esta proposición no de ley lo que queremos es hacer que la Administración asuma su tarea y su responsabilidad para que estas asociaciones de afectados puedan dedicar sus recursos a lo que realmente se requiere, que es la investigación en busca de una cura para esta enfermedad. Para que las asociaciones de afectados en esta enfermedad y en tantas otras en el ámbito de la discapacidad puedan dedicarse a lo que verdaderamente importa: los afectados, para que puedan vivir con plenitud su vida con inclusión y con dignidad; los padres, madres, hermanos, familiares de los afectados, para que puedan hacer precisamente de eso, de padres, madres, hermanos y familiares de los afectados.
El señor PRESIDENTE: Tenemos enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos va a defender su enmienda el señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: En Ciudadanos nos hemos reunido en diferentes ocasiones con Feder y con asociaciones de afectados por la epidermólisis bullosa, en adelante alas de mariposa para simplificar la dicción. Somos conscientes de las necesidades específicas de atención y cuidados que precisan las personas, sobre todo los menores que padecen esta terrible enfermedad. Hemos presentado iniciativas relativas a la mejora de la atención y al cuidado de personas afectadas por enfermedades raras y a la mejora de la equidad en sus tratamientos. En septiembre, durante la anterior legislatura, presentamos una proposición no de ley para garantizar la equidad sanitaria de ciudadanos con enfermedades raras en todo el territorio nacional. Las enfermedades raras son aquellas dolencias graves, potencialmente mortales o crónicamente debilitantes, que están asociadas a una baja prevalencia. En la Unión Europea se consideran enfermedades raras aquellas que afectan a menos de 5 de cada 10.000 personas. Se estima que existen más de 6.000 enfermedades raras diferentes que afectan a un porcentaje de entre un 6 y un 8 % de la población de la Unión Europea, lo que equivale a una cifra entre 44 y 59 millones de afectados en Europa, y a cerca de 3 millones de afectados en España. Como recuerda un estudio de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, del Instituto de Salud Carlos III, a pesar de su diversidad, la mayor parte de las enfermedades raras comparten una serie de características comunes: son graves, crónicas, a menudo degenerativas y potencialmente mortales. En más del 50 % de ellas el comienzo de la enfermedad tiene lugar en la niñez. La calidad de vida y autonomía de los pacientes se ven seriamente
comprometidas, su diagnóstico suele ser laborioso, hay desinformación sobre especialistas o centros médicos a los que acudir, requieren un tratamiento multidisciplinar, implican una gran carga psicosocial a los pacientes y sus familias. Por estas razones las enfermedades raras son tratadas en centros sanitarios específicos de ámbito nacional en los que se concentran el conocimiento y los pacientes. Son los centros, servicios y unidades de referencia, en adelante CSUR. De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1302/2006, los CSUR deben dar cobertura a todo el territorio nacional y atender a todos los pacientes en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia. Para compensar a las regiones que daban asistencia a ciudadanos no residentes en ellas, de forma que se les garantizaran las mismas posibilidades de acceder a un tratamiento, en el año 2001 se creó el Fondo de cohesión sanitaria. Este fondo pretendía garantizar la libre circulación de los ciudadanos entre las distintas comunidades autónomas y asegurar que, en caso de que no pudieran recibir tratamiento en sus comunidades por no disponer en ellas de un CSUR, lo pudieran hacer en otras sin encontrarse con trabas burocráticas y barreras de coste. Con una dotación inicial de 150 millones de euros el Fondo de cohesión sanitaria fue reduciéndose en los años posteriores, justificándose los Gobiernos de turno en la situación de la crisis económica: 87,2 en 2011, 93,3 en 2012, 36,3 en 2013, y así hasta 2,3 en 2015, hasta desaparecer en los presupuestos de 2016. En la actualidad el fondo tiene naturaleza extrapresupuestaria y compensa parte del tratamiento que las comunidades dispensan a pacientes desplazados, puesto que, en paralelo a la reducción del fondo, las comunidades autónomas habían ido reduciendo sus propios presupuestos sanitarios. La desaparición de aquel ha provocado obstáculos en la admisión de pacientes remitidos de otras comunidades, y en definitiva problemas de equidad en la atención sanitaria.
Para terminar me gustaría reincidir en el tema del Fondo de cohesión sanitaria, que he dicho que se encargaba de financiar esos medicamentos huérfanos. Estos fármacos son diseñados para tratar enfermedades raras, dadas las características de la enfermedad: heterogeneidad, limitado conocimiento sobre la misma, muestras pequeñas a la hora de realizar ensayos y escaso mercado. Los medicamentos huérfanos suelen tener costes muy elevados, por eso muchos países como el Reino Unido, Holanda y Australia cuentan con fondos específicos controlados de forma centralizada para mantener la equidad. De ahí que en la enmienda de adición, aunque estemos de acuerdo con el Grupo Popular, nos interesa mucho el punto número 4 en el que hablamos de que el Fondo de cohesión sanitaria también se destinará a financiar la atención de esos CSUR, y sobre todo a mejorar la equidad de la atención sanitaria a la ciudadanía que posee una enfermedad rara en toda España.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley también hay una enmienda del Grupo Socialista. En su nombre la va a defender el señor Ruiz.
El señor RUIZ I CARBONELL: La epidermólisis bullosa es un grupo de enfermedades a las que se conoce popularmente como piel de mariposa, que se caracteriza por la formación de ampollas y heridas en la piel y en las mucosas ante mínimos traumatismos, y cuyo único tratamiento es cuidad piel y mucosas de las personas afectadas y cuidar las complicaciones que se derivan de sus heridas; heridas que sobre todo afectan a los ojos, a la boca, a la garganta, al sistema intestinal, que producen deformidades en los músculos y en los huesos, y generan carcinomas espinocelular y dolores continuos, generando discapacidades, dependencia y exclusión social. Es una enfermedad rara, desconocida para la mayoría de la población, a la que cualquier médico no sabe o no puede dar respuesta, y que supone para las personas que la padecen y para sus familias un grave problema, no solo sanitario y económico, sino también psicológico. El número de afectados es bajo y los centros sanitarios con personal especializado en esta patología son muy pocos, lo que comporta que al sufrimiento en el que suelen vivir los afectados se una la distancia a un hospital donde le pueden atender debidamente, y en ocasiones trabas burocráticas cuando dicho hospital está ubicado en otra comunidad autónoma; tal y como nos comentaron representantes de la Asociación Piel de Mariposa Debra, aquí, en la puerta del Congreso, este pasado mes de octubre en el trascurso de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Piel de Mariposa. Es por ello que nos pidieron que atendiéramos su reclamación de la designación definitiva como centro, servicios y unidades de referencia CSUR del Hospital Universitario de La Paz, del Hospital Sant Joan de Deu y del Hospital Vall d'Hebrón, que son los que mayor experiencia tienen en el tratamiento de esta patología, designación cuya tramitación todavía no se ha completado; curas que las personas con epidermólisis tienen que hacerse habitualmente cada dos o tres días, que en muchas ocasiones duran horas, y que habitualmente son preventivas y paliativas, con un coste difícil de calcular porque dependen mucho de cada caso. Según nos
dijeron, y consta en la documentación que nos facilitaron, el material necesario, el coste de las curas, de las cremas, de las vendas, del régimen alimenticio que en muchas ocasiones ha de ser muy estricto, de los productos estéticos, de la fisioterapia y del tratamiento psicológico que muchas veces requieren para que puedan tener una vida digna, está entre los 200 y los 2.000 euros mensuales. Cifra que, teniendo en cuenta el nivel medio de ingresos en nuestro país, hace prácticamente inalcanzable para la mayoría de sus familias facilitarles a los afectados lo que he dicho, una vida digna. Y cuando menos lleva en muchas ocasiones a tener serias dificultades económicas.
Es por todo ello que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la sesión del 29 de julio de 2015, acordó la aprobación del acuerdo de la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación para el tratamiento a pacientes con epidermólisis bullosa. Transcurrido año y medio hay comunidades autónomas en las que no se ha aplicado o lo ha hecho parcialmente, mientras desde la Administración central no tenemos noticia de que se haga algo para que el acuerdo se cumpla totalmente. Aquel día nos comentaron que hay comunidades en las que se está proporcionando el material necesario para las curas de forma gratuita mientras en otras hay copagos, y cuando se dirigían al ministerio para hablar del problema les dirigían a la comunidad autónoma correspondiente, puesto que las competencias en sanidad están transferidas. Y en más de una comunidad autónoma les vuelven a remitir al ministerio.
A nuestro juicio, lo que el Grupo Popular hoy nos presenta no es para redactar una PNL, sino para que su Gobierno ejerza sus responsabilidades de acuerdo con las comunidades autónomas, tal y como fija el acuerdo que ya existe, y que ustedes mismos en su propia iniciativa nos recuerdan.
Fuera de eso, esta proposición no de ley la vemos bastante vacía de contenido, no vemos en ella un paso adelante para las personas afectadas por epidermólisis y para sus familias; de hecho dice prácticamente lo mismo, incluso con las mismas palabras, que una que ya aparece en el Boletín de las Cortes del 31 de julio de 2013, hace más de tres años, que ya registraron ustedes y que luego no presentaron en la Comisión. Y puestos a recordar, les recuerdo que los socialistas sí presentamos una, en la X Legislatura; nuestra compañera de grupo Laura Seara trajo a esta Comisión una proposición no de ley que todos los grupos, excepto el PP, votaron favorablemente, y que su mayoría absoluta hizo que no se aprobase. Lo habíamos hecho con el inestimable apoyo de una persona afectada, Herminia, una escritora de cuentos que ya no está entre nosotros. Como ya les he dicho, no nos parece un paso adelante, por eso hemos acordado presentarles una enmienda que no deja de ser lo que en el Día Internacional de la Piel de Mariposa nos pidieron, y la actualización de la que habíamos presentado en su día en 2012, la que ustedes rechazaron; que tras los años transcurridos -debido a su inacción- sí sería un paso adelante, y que viene a decir que, de acuerdo con las comunidades autónomas y contando con el movimiento asociativo, pedimos al Gobierno que garantice de forma gratuita y ágil el acceso a materiales y tratamientos necesarios, asegurando el cumplimiento del acuerdo del Consejo Interterritorial, que culmine cuanto antes la designación de los centros de servicio y unidades de referencia, con dotación de recursos, que garantice la circulación de personas afectadas entre las diferentes comunidades autónomas, que incluya la epidermólisis bullosa entre las enfermedades raras comprendidas en el real decreto correspondiente -estamos hablando de unas 1.00 personas en toda España-, y que derogue las modificaciones realizadas en la ley conocida popularmente como Ley de Dependencia, que les afectan gravemente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas. Por Esquerra Republicana, señor Eritja. (Denegación). Por el Grupo Confederal Podemos-En Comú Podemos-En Marea tiene la palabra la señora Rodríguez.
Hace escasos minutos estaba compareciendo la ministra de Sanidad en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, y cuando me vine para acá porque me iba a tocar intervenir estaba hablando de las enfermedades raras, y de cómo habría que modificar ciertas cosas en las estrategias que va a asumir el nuevo Ministerio de Sanidad para poder profundizar en soluciones reales para las personas que padecen esto en nuestro país.
Antes de fijar nuestra posición querría hacer una aclaración al respecto de la intervención del compañero del Partido Popular. Yo creo que esto no es una cosa que nos afecte solo a las personas afectadas o a los familiares de las personas afectadas, o a las personas que han trabajado en este tema; este es un problema de toda la sociedad española y creo que por ello debemos ser lo suficientemente responsables en esta
Cámara para enfrentarlo como tal. No es una cuestión de que ciertas personas minoritarias lo padezcan, porque si no evidentemente una situación como la de las enfermedades raras no nos preocuparía lo suficiente como para solucionarla. Pero bueno, creemos que esto es una estrategia habitual del Partido Popular, hacer privada y casi íntima una cosa que en realidad afecta a muchas más personas.
Lo primero que querríamos manifestar es nuestra preocupación por la situación que padecen las personas con enfermedades raras, por el problema que suponen estas para el sistema de salud español, y en especial el caso de la epidermólisis bullosa, conocida como ese conjunto de enfermedades que, como decía el compañero, llamamos piel de mariposa y que, por una cuestión de dicción yo también la llamaré así en el resto de mi intervención.
Nos alegramos que se trate este tema en esta Comisión de nuevo, porque ya hay otras muchas PNL en las que ya se ha tratado en otras legislaturas, y esperamos que se sigan desarrollando estas iniciativas para poder llegar a resolver los problemas en los que, como decía, tenemos la responsabilidad de profundizar. Sin embargo nos parece que la PNL no profundiza en este problema, no propone soluciones, y como en otras ocasiones con el Partido Popular nos encontramos que es un papel mojado. En resumen es un posicionamiento que es escaso, que no aporta soluciones, y que por supuesto es completamente insuficiente para solucionar el problema. Lo más importante que nos parece señalar de todo esto es que creemos que las exigencias de los colectivos que antes se mencionaban son las que deberían estar incluidas en esta PNL, no lo están, y cuando hablamos de medidas concretas creo que también debemos hablar de escuchar a los colectivos.
Por último, a pesar de que todo lo que se incluye en esta PNL nos parece bien, nos parece insuficiente, y nos vamos a abstener, porque evidentemente tampoco queremos obstaculizar ninguna de las cuestiones que se plantean en ella, pero nos sorprende -y esto pasa constantemente- que el Partido Popular pida en comisiones cosas que su propio Gobierno se ha comprometido en otras ocasiones a hacer. Es una cosa completamente contradictoria, irrisoria e incluso poco serio con el trabajo que se hace en las comisiones. Me gustaría pedirle al Partido Popular que, en vez de pedírnoslo a nosotros, le pida a su Gobierno que lo cumpla, porque a lo mejor es que se están equivocando de ventanilla para hacer la solicitud.
El señor PRESIDENTE: Señor Marí, en relación a las enmiendas presentadas, cuál será su criterio.
El señor MARÍ BOSÓ: Como no pretendía reducir al ámbito de lo íntimo este aspecto, sino al contrario, dentro de la globalidad de temas de discapacidad singularizar este tema, aceptamos varias enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Ciudadanos, en los términos que iremos matizando en los próximos minutos, y haremos llegar una enmienda transaccional a la Mesa.
Vamos a reordenar la discusión, porque hace un rato la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara ha convocado a la una un minuto de silencio, en solidaridad con las víctimas del atentado de Berlín, y entonces vamos a proceder al debate de las tres proposiciones no de ley acumuladas que afectan al ámbito ferroviario, y cuando finalice este debate, que creo que vamos a tener tiempo de sobra, nos trasladaremos a las escalinatas del Congreso, participaremos en ese minuto de silencio, y cuando termine regresamos a la Comisión para proceder a las votaciones.
¿Les parece bien a sus señorías? (Asentimiento). Gracias.
- RELATIVA A GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000514).
- SOBRE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE FERROVIARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000748).
- SOBRE LA ADAPTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TITULARIDAD DE ADIF DE LA RED DE RODALIES DE CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000825).
El señor PRESIDENTE: En este debate de proposiciones no de ley van a intervenir inicialmente los tres grupos que las han presentado, luego los grupos que han enmendado, y finalmente el grupo que no
ha presentado enmiendas. Empezamos con la relativa a garantizar la accesibilidad universal del transporte ferroviario en España, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa tiene la palabra la señora Rivera Andrés.
Hoy tratamos un tema de vital importancia, como es la accesibilidad universal. Este es un derecho fundamental de todos los españoles y por ello es necesario que nuestras infraestructuras se adecuen para todos los ciudadanos, requieran o no actuaciones especiales. En el ámbito del transporte nos encontramos con un colectivo de personas muy concreto que demanda especial atención; son las personas con movilidad reducida. Muy a menudo relegamos a las personas con discapacidad al carácter de especialidad, pero según la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del año 2008, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, estamos hablando de que en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad, lo que supone un 8,5 % de la población. Este dato no es nada despreciable, por lo que es de obligado cumplimiento atender sus necesidades. Dicho estudio muestra una realidad bastante dura cuando cataloga la movilidad como el primer problema de discapacidad ya que afecta a un 6 % de la población. Si tomamos en cuenta otra referencia, concretamente la Encuesta de Integración Social y Salud, elaborada también por el INE en el año 2012, comprobamos que 1.444.000 personas mostraban problemas de discapacidad para hacer uso del transporte público, lo que representa un porcentaje del 34 %. La franja de edad que mayor predomina es la tercera edad, como es evidente, pero también tenemos que tener en cuenta que la movilidad reducida puede afectarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Estamos hablando, además, de problemas de movimiento simplemente por portar carritos de bebé o -como decía- por haber sufrido lesiones temporales.
En materia legislativa, hasta el año 1982 España no se implicó plenamente en la discapacidad. Desde entonces hemos avanzado mucho y con este espíritu de universalización de los derechos, en diciembre de 2013 España refundió la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la cual pone de manifiesto que no tiene otro objeto que el de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas a través de la promoción de la autonomía personal y la accesibilidad universal. Estamos otra vez de nuevo reconociendo el derecho a esa accesibilidad universal que hoy reclamamos en esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Creemos que es de obligatorio cumplimiento emprender las acciones pertinentes para las mejoras en materia de accesibilidad al amparo de la legalidad vigente en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan en concreto las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de modos de transporte para personas con discapacidad. Este real decreto cita que las estaciones que soporten un tráfico superior a 1.000 viajeros al día de media anual o aquellas que se encuentren en capital de provincia estarán adaptadas a lo dispuesto en el anexo que cita el propio real decreto en un plazo no superior a ocho años desde su entrada en vigor. Estamos hablando de que debería estar en perfecto cumplimiento desde finales del año 2015, y como muchas veces una imagen vale más que mil palabras, les voy a enseñar cuál es la situación de uno de los apeaderos de la Costa del Sol, el apeadero de Carvajal (Muestra una fotografía), que sin duda está dentro de lo que ampara este real decreto. En esta estación de cercanías de la Costa del Sol de Fuengirola, la línea C1 soporta unos 4,1 millones de viajeros al año, lo que significaría más de 11.000 viajeros al día.
Con esta proposición no de ley solicitamos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a exigir y requerir al Ministerio de Fomento, Adif y Renfe un plan de medidas urgentes para que se desarrolle y garantice la accesibilidad universal en la red española -insisto, en todas las comunidades autónomas, independientemente de la comunidad de residencia- y dotar presupuestariamente dicho plan para el obligado cumplimiento del Gobierno español en materia de accesibilidad, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre. Insisto, en que estamos fuera de plazo desde hace un año y eso podría suponer a la Administración pública un coste en las demandas que cualquier ciudadano que se encuentre en una situación de movilidad reducida podría ya interponer al Gobierno en cualquiera de estas estaciones que no cumple con la ley.
Termino citando una frase de mi compañero Ricardo, una de esas personas excepcionales por las que va hoy mi defensa de esta proposición no de ley. Él dice que esto va por las personas diferentes en la igualdad e iguales en la diferencia. Va por Ricardo y por todos los que hoy por hoy no podéis disfrutar de vuestro derecho de moveros libremente. Por ello, pedimos que el Gobierno atienda estas necesidades ya.
Siguiente proposición no de ley que hemos acumulado, la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre accesibilidad del transporte ferroviario, que va a defender la señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Como en otros ámbitos de la vida, tenemos un amplio marco normativo que obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para adaptar el transporte y para garantizar la accesibilidad universal y, sin embargo, la realidad es que estamos muy lejos de lograr este objetivo, no solo en el transporte ferroviario, que es a lo que se refiere nuestra proposición, sino también en el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que es un derecho fundamental garantizar a las personas con diversidad funcional, personas con movilidad reducida, el acceso al transporte porque en muchos casos es el único medio con el que cuentan estos ciudadanos para trasladarse de un lugar a otro, por lo que no poder acceder a un transporte adecuado implica en el fondo su exclusión social. No pueden desplazarse a los centros educativos ni a los centros de salud ni a su trabajo ni disfrutar de su tiempo libre. Por ello, creemos que es necesario impulsar de una vez el desarrollo de la accesibilidad universal.
Como he señalado, tenemos un marco normativo completo, cuyo periodo máximo para garantizar la accesibilidad universal finaliza el 4 de diciembre de 2017. Además, Renfe cuenta con un plan de accesibilidad universal. A pesar de ello, basta con estar un poco en contacto con asociaciones para ver que esto no es una realidad. Traigo tres ejemplos. Famma, la Federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de Madrid, asegura que el 80 % de los terminales de cercanías no son accesibles a personas con dificultades de movilidad. Por otra parte, en una experiencia que llevó a cabo la entidad sin ánimo de lucro Temyque -tengo esclerosis múltiple y qué-, que realizó un viaje de Barcelona a Málaga, nueve sillas de ruedas tuvieron que viajar en el vagón eléctrico porque los trenes no están adaptados. Y donde yo vivo, en Ourense, la Asociación Disvalia, personas con discapacidad del Barco de Valdeorras, convocan de forma regular manifestaciones porque en la comarca de Valdeorras no existe ningún tren que permita que las personas con movilidad reducida puedan utilizar este medio de transporte. Es más, tienen que ir a Monforte de Lemos o a Ponferrada. Es decir, trasladarse 50 kilómetros para poder coger el tren.
Creemos que la accesibilidad universal es un compromiso de todos, es un tema de justicia social, es un tema que no afecta solo a personas con movilidad reducida sino a toda la sociedad, que en un momento determinado podemos vernos en una situación de imposibilidad de acceder a los medios de transporte. Por tanto, creemos que el Gobierno y las comunidades autónomas deben adoptar las medidas necesarias para impulsar la accesibilidad universal. Adoptar las medidas y presupuestarlas, porque a veces se presupuestan y no se ejecutan. Estimamos que estas acciones deben abarcar a cercanías y a media y larga distancia, tanto a la adecuación del material rodante como a las estaciones. Sería necesario revisar la legislación ya que en materia legislativa tampoco se ha hecho nada por el Gobierno anterior. Creemos que esto es algo lo suficientemente importante para que sea apoyado por todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, tenemos la proposición no de ley sobre la adaptación de las estaciones de titularidad de Adif de la red de Rodalies de Cataluña, de Esquerra Republicana de Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el señor Eritja.
Presentamos esta propuesta para la adecuación de las instalaciones de titularidad de Adif en la red de Rodalies de Cataluña. (La señora vicepresidenta, Martínez Seijo, ocupa la Presidencia). El 1 de enero de 2010, el Ministerio de Fomento traspasó a la Generalitat de Catalunya los servicios de Rodalies, tal y como recoge el Estatut, pese a que dicho traspaso se efectuó con dos años de retraso. El Govern de Catalunya asumió la gestión de los trenes, horarios, frecuencia de paso, tarifas, información a los usuarios y también del personal; sin embargo, la titularidad de las infraestructuras siguió en manos de Adif, empresa pública que depende de Fomento y que tiene como objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación. Así pues, el Ministerio de Fomento se reservaba la responsabilidad sobre vías, estaciones y andenes. Además, Renfe se mantuvo como la empresa que operaba el servicio. Ese mismo año, el Gobierno del Estado aprobó un plan de Rodalies que preveía una inversión de 4.000 millones de euros, de los cuales todavía no se ha invertido ni un 10 %. A este primer incumplimiento presupuestario se le tiene que sumar el de 2013, del cual solo se ha invertido un 2 % de los 306 millones de euros prometidos para invertir en 2014 y su posterior dilatación hasta 2018. Finalmente, de los 152 millones previstos para
invertir en 2015, solamente fueron 30 los que figuraron en la redacción final de los Presupuestos Generales del Estado. Ya en 2016, según el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el total de los presupuestado en la red ferroviaria de Cataluña para 2016, entre enero y junio solamente se ha ejecutado el 20 % de las inversiones pertenecientes a Adif para la mejora y acondicionamiento de las instalaciones e infraestructuras ferroviarias.
El conjunto de incumplimientos del Estado con la red de Rodalies de Cataluña está causando grandes problemas de movilidad a las miles de personas que usan ese servicio diario; además, la falta de inversión en las estaciones e infraestructuras de la red propiedad de Adif supone un gran impedimento para aquellas personas que tienen necesidades específicas de movilidad y con discapacidades visuales o auditivas. El funcionamiento de un servicio ferroviario público de calidad pasa por garantizar la accesibilidad universal así como conseguir la autoaccesibilidad; es decir, la plena autonomía de las personas para moverse por los espacios ferroviarios. Por todo ello, señorías, hoy traemos a debate esta PNL por una cuestión básicamente de dignidad de las personas con diversidad funcional y por su pleno derecho a poder usar la red de Rodalies de Cataluña.
La señora VICEPRESIDENTA (Martínez Seijo): Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Campuzano, por el Grupo Mixto.
A estas tres proposiciones no de ley, los diputados del Partit Demòcrata hemos presentado una enmienda coincidente en los tres textos que va en la línea de reclamar a la Administración -en este caso a los operadores ferroviarios y a Adif en concreto- que mientras se avanza en el cumplimiento de lo que debería haberse ya cumplido, que es esa garantía de accesibilidad universal del transporte ferroviario, se adopten aquellas medidas transitorias de información a los usuarios que sean necesarias para que estos puedan saber en todo momento el servicio adaptado existente, el material móvil y horas en las que se encuentra disponible, intensificando al mismo tiempo el esfuerzo para cubrir el máximo de franjas horarias con estos servicios; especialmente en las horas punta de mañana y tarde.
Es una enmienda muy pragmática que reconoce la existencia de un problema, que es que las previsiones legales de plena accesibilidad no se han cumplido, y que, junto con esa reiteración y demanda de que se tomen las medidas que permitan ese acceso universal del servicio ferroviario, se tomen aquellas medidas que permitan en la vida cotidiana de las personas con discapacidad utilizar los medios que hoy existen de transporte adaptado. Son muy numerosas las quejas que los usuarios a menudo trasladan sobre el mal funcionamiento de estos servicios, especialmente en los momentos de hora punta, y por ello reclamamos esa medida en concreto. Digo esto en un contexto que realmente debería escandalizarnos, ya que entraremos en el año 2017 sin que esas previsiones del marco legal se hayan cumplido, demostrando como hemos expresado hace unos minutos en otro debate que, en materia de accesibilidad universal, en el Estado español no tenemos un problema de legislación, ya que nuestra legislación compromete a esos bienes, servicios y productos adaptados para las personas con discapacidad, sino que se debería haber comprometido al conjunto de las administraciones públicas; singularmente, debería haber comprometido a Renfe y a Adif. Sin embargo, lo que es cierto es que va a llegar 2017 y la normativa legal no va a poder cumplirse, y eso debería escandalizarnos en esta Comisión.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Centrándome en el debate de las tres iniciativas que hoy se traen a esta Comisión y habiendo escuchado atentamente los planteamientos de los tres grupos parlamentario autores de las mismas, quiero señalar que coincidimos con ellos en parte del diagnóstico. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Somos conscientes de que las personas con discapacidad todavía se encuentran con muchas barreras que impiden su plena inclusión, sin embargo, no compartimos las soluciones propuestas. Evidentemente, queda mucho por hacer y por trabajar.
Mientras que Ciudadanos exige y Esquerra reclama para dentro de tres meses un plan actualizado de accesibilidad, no a cuatro ni a cinco, sino a tres, el PSOE propone adoptar una serie de medidas para
garantizar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el transporte ferroviario, como si nunca se hubiera hecho nada al respecto. Yo creo que todo lo contrario; se ha trabajado, se ha ido avanzando, y creo que ha habido la voluntad política de ir progresivamente adaptando nuestros entornos y hacerle la vida más fácil a todas aquellas personas con todo tipo de discapacidad. Creo que esto es importante resaltarlo; poco a poco se va avanzando y vamos mejorando la vida de muchas personas.
El compromiso, no solo de este Gobierno sino también de los anteriores, con la accesibilidad se ha venido demostrando durante años. Sin ir más lejos, en el año 2012 se publicó el Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda para el periodo 2012-2024, en el que se establece la mejora de la accesibilidad como punto fundamental. Además, hay todo un conjunto de medidas que persiguen lograr la accesibilidad universal en las estaciones y en los servicios ferroviarios que se prestan en ellas. Por ejemplo, el servicio de audioguías, que persigue facilitar a las personas con discapacidad visual información de acceso, distribución de espacio y la ubicación de los principales servicios de atención mediante la reproducción y obtención de ficheros de audio. También el servicio Atendo, la atención y asistencia de viajeros con discapacidad o movilidad reducida, a través del cual se orienta, informa y facilita al viajero el acceso y tránsito por las estaciones así como la asistencia en la subida y bajada de trenes. Esto se puso en marcha en 2007 -aquí mi compañero don Ignacio Treviño creo que tuvo mucho que ver- y está considerado como el servicio mejor de Europa. También el servicio Dialoga, que facilita a las personas sordas y con discapacidad auditiva la comunicación y el acceso a la información de las estaciones, o el Plan de Accesibilidad, un canal de comunicación práctico y accesible a todos que Adif pone al alcance de sus usuarios y con el que pretende suprimir barreras logrando mejorar la presencia de su web en la red según los criterios de máxima simplicidad, alcance y eficacia, de tal manera que se pueda difundir la información y los servicios ofrecidos a cualquier persona que quiera consultarla. Se han realizado inversiones para mejorar la accesibilidad, como los planes de mejora y modernización en estaciones, que incluyen nuevos sistemas visuales y auditivos, rampas de acceso a andenes y a vestíbulos, aparcamientos accesibles y también ascensores que permiten mayor movilidad. Además, en diciembre de 2015, se implantó un servicio de línea 900 que permite comprar billetes y solicitar asistencia a aquellas personas con discapacidad visual que lo precisen. Durante ese mismo mes también se puso en marcha la APP de Atendo. Sin querer alargarme mucho más, quiero señalar que también se está realizando un gran esfuerzo en la adquisición de material rodante y que el Plan de Estaciones de 2014 comprende una serie de actuaciones para mejorar la accesibilidad.
Termino, señorías. Como dije al principio, somos conscientes de que queda mucho trabajo por hacer, eso es evidente, pero eso no significa que no se haya hecho absolutamente nada. Por este motivo, mi grupo parlamentario propone un texto alternativo, en el que se recogen ambos matices. Hemos presentado una enmienda, un texto que espero sea aceptado por el resto de los grupos, lo que demostraría la capacidad de diálogo que tiene esta Comisión, además del firme compromiso de este órgano con la accesibilidad universal. Como les he referido antes, creo que hay que dar un voto de confianza a esa voluntad política de seguir avanzando, de seguir trabajando por la eliminación de todas y cada una de las barreras arquitectónicas. No leo la enmienda porque la tienen todos ustedes.
Para fijar su posición en relación con estas proposiciones no de ley, tiene la palabra la señora Salud, en nombre de Unidos Podemos-En Comú Podemos-En Marea.
Desde nuestro grupo confederal vamos a votar a favor de estas iniciativas sobre la accesibilidad universal del transporte ferroviario porque defendemos la accesibilidad como un derecho fundamental. La integración de todas las personas en nuestra sociedad supone, entre otras cosas, la utilización del transporte en condiciones de normalidad, seguridad y comodidad. Este es un tema de primer orden para asegurar una vida independiente para las personas con discapacidad, esto es, para facilitar el acceso al empleo, a la sanidad, a la educación y al desplazamiento, entre otras cosas. A pesar de que el Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, recoge que el 4 de diciembre de 2017 tienen que estar aseguradas las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, parece que estamos muy lejos de cumplir este objetivo en tan corto espacio de tiempo. Estamos hablando de un año y vamos muy retrasados; de nuevo estamos
ante un panorama de incumplimientos del Gobierno y de una falta de inversión a lo largo de estos años. En definitiva, falta de dinero, cuando tenemos las arcas públicas vacías y habría que acometer un ambicioso plan de ingresos vía impositiva con subidas a las rentas más altas y grandes empresas. Los avances en las adaptaciones y las medidas de accesibilidad realizadas a fecha de hoy está claro que no son suficientes ya que se han implantado en algunas estaciones pero no en su conjunto. Las empresas ferroviarias tienen la obligación de prestar asistencia a las personas con discapacidad o movilidad reducida y no hacerlo así supone incumplir la legislación actualmente vigente y la Convención de la ONU. Por ello, nuestro grupo apuesta por aprobar un plan dotado económicamente que fije los objetivos, las medidas a aplicar y los plazos que tendrán que ajustarse a la ley para hacer efectiva la accesibilidad y la no discriminación en el transporte ferroviario. También compartimos otros aspectos de las proposiciones no de ley presentadas y que se refieren a abordar la adecuación de las estaciones -tanto andenes como rampas-, la adecuación de los trenes, la atención personalizada a los colectivos con discapacidad intelectual o cognitiva, adecuar los pasos entre andenes, o la elaboración y publicación de un informe anual sobre las actuaciones realizadas, así como las quejas, incidencias y sugerencias de las personas afectadas. Todas estas propuestas vienen recogidas en las diferentes iniciativas y, por tanto, nuestro grupo va a apoyarlas.
Señora Rivera, en relación con las enmiendas presentadas a su proposición no de ley.
La señora RIVERA ANDRÉS: No aceptamos la enmienda del Partido Popular porque no incluye dotar presupuestariamente dicho plan. La dejamos en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Señora De Frutos, en relación con su iniciativa.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: No aceptamos la enmienda del Partido Popular, pero sí la del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Incorporamos la enmienda del Grupo Mixto, que es de adición, en un tercer punto.
Suspendemos la sesión para ir a las escalinatas y volveremos dentro de cinco o diez minutos. (Pausa).
Vamos a realizar las votaciones según el orden del orden del día, que es más fácil. Tan solo nos hace falta una transacción y estaremos preparados para votar. (Pausa).
Vamos a comenzar con las votaciones, agradeciendo la diligencia que todos han tenido para terminar a esta hora tan razonable. Empezamos con la proposición no de ley del grupo socialista sobre la sobre la valoración de la discapacidad de los menores con cáncer, que se va a votar con las enmiendas incorporadas del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Ciudadanos.
Vamos a la votación de la proposición no de ley sobre la creación de un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del programa de detección precoz de la sordera en España, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se vota la transaccional que sus señorías conocen.
Votamos la proposición no de ley sobre la mejora de la atención de las mujeres con discapacidad que quieran ser madres, en los términos de una transaccional que sus señorías ya conocen.
Siguiente proposición no de ley: relativa a la sensibilización de la sociedad en materia de discapacidad en la población infantil, con las enmiendas incorporadas de los grupos parlamentarios Ciudadanos y Socialista.
Proposición no de ley relativa a la especial atención que merecen los afectados de epidermólisis bullosa. Se somete a votación la transacción que todos los grupos conocen.
Votamos la proposición no de ley relativa a garantizar el uso correcto de los estacionamientos reservados en exclusiva para las personas con discapacidad que no se hallen en vías urbanas, en los términos de la transacción que sus señorías conocen.
Votamos la proposición no de ley relativa a garantizar la accesibilidad universal del transporte ferroviario en España, del Grupo Ciudadanos, en los términos de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones 14.
Proposición no de ley sobre accesibilidad del transporte ferroviario, del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.
Votamos la proposición no de ley sobre la adaptación de las estaciones de titularidad de ADIF de la red de rodalíes de Cataluña, del Grupo de Esquerra Republicana, con la incorporación de la enmienda del Grupo Mixto.
Votamos la proposición no de ley relativa a la accesibilidad universal de los medios de comunicación audiovisuales, del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, habiéndose incorporado las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Mixto.
Votamos la última proposición no de ley que es la relativa a los criterios para el traslado de discapacitados en centros de estancia temporal para inmigrantes del Grupo Parlamentario Vasco, en los términos de una transacción que también sus señorías conocen.
Gracias, señorías. Lo hemos resuelto muy bien.
Era la una y veinte de la tarde.

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 60
 artículo 2
 artículo 1
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 49
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 24
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto