Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831071.html
Timestamp: 2019-11-12 09:13:00+00:00

Document:
as201831071
Auto Supremo Nº 71
Expediente : 474/2016
Demandante : Paola Alejandra Aguilar Lizón
Demandado : Empresa Monopol Ltda.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 531-537, interpuesto por Pablo Carrasco Quintana y Boris Bustillos Tarqui, en representación de la Empresa Monopol Ltda., en virtud al Testimonio de Poder amplio Nº 315/2012 de 20 de septiembre, otorgado ante Notaría Nº 057 de la ciudad de La Paz, a cargo de la Abogada, Cinthya Martínez Riveros, (fs. 69-70), dentro del proceso social por pago de beneficios sociales seguido por Paola Alejandra Aguilar Lizón, contra la Empresa que representan los recurrentes, el Auto Supremo Nº 423-A de 05 de diciembre de 2016, por el que se admitió el recurso (fs. 552 y vta.), los antecedentes del proceso y,
Que, tramitado el proceso laboral, el Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia Nº 113/2015 de 23 de abril de 2015 (fojas 477-484), declarando probada en parte la demanda de fojas 31-32 y probada en parte la excepción perentoria de pago de fs. 60-64, ordenando el pago por indemnización por cinco años y dos días de trabajo, el desahucio, descontando el pago a cuenta, más la multa prevista por el D.S. Nº 28699, haciendo un total de Bs. 38.146,49 (Treinta y ocho mil ciento cuarenta y seis, 49/100 Bolivianos) , monto que dispuso que se debe actualizar en UFV’s en ejecución de sentencia.
Rechazando el recurso de complementación y enmienda solicitada por los apoderados de la empresa demandada, conforme consta el Auto Nº 233/2015 de 27 de abril, cursante a fs. 487.
En grado de Apelación, promovido tanto por los representantes de la Empresa demandada (fs. 504-507 y vta.), como por la demandante (fs. 513-515 y vta.), por Auto de Vista. Nº 74/2016 de 24 de junio de 2016, cursante a fojas 528-530, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, REVOCÓ EN PARTE la Sentencia Nº 113/2015 de 23 de abril, ordenando que la empresa demandada, cancele a la actora la suma de Bs.43.833,01 (Cuarenta y tres mil ochocientos treinta y tres 01/100 Bolivianos), por concepto de indemnización por cinco años y dos meses de trabajo, desahucio, más la multa del 30% previsto por el DS Nº 28699, dejándose sin efecto el reconocimiento del pago en consignación de fs. 55 de obrados.
II. RECURSO DE CASACIÓN, RESPUESTA Y ADMISIÓN.
Contra el referido Auto de Vista, la Empresa Monopol Ltda., representada por Pablo Carrasco Quintana y Boris Bustillos Tarqui, interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo, conforme los fundamentos del escrito que cursa de fojas 531-537, recurso que no fue respondido por la demandante, que luego de su remisión ante este Tribunal, mediante Auto Supremo Nº 423-A de 05 de diciembre de 2016, emitido por este tribunal (fs. 552 y vta.), se declaró admisible, por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:
Argumentos del recurso de casación.
Denunciaron que se incurrió en violación de los arts. 4 del Código Procesal Civil (CPC), 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y aplicación errónea de los arts. 133 y 135 del Código Procesal del Trabajo (CPT), al haberse asumido sin fundamento alguno que la excepción perentoria de pago, no alcanza al objeto de la controversia, habiéndose rechazado injustificadamente un pago documentado, pese a que el juez de primera instancia, reconoció como válido ese pago realizado dentro de los 15 días que señala el art. 9-I del DS Nº 218699.
Se verifica que el Auto de Vista no realizó ninguna referencia a esta excepción perentoria de pago, como si no hubiese sido tramitada, omitiendo los arts. 4 inc. 1 y 5 del CPC, aplicables por determinación del art. 252 del CPT, respecto que los jueces deben velar porque toda persona tiene derecho a un proceso judicial justo y que las normas procesales, son de orden público.
Que el tribunal de apelación consideró erróneamente que esa excepción no alcanza al objeto de la controversia, incurriendo en las nulidades previstas por los arts. 106 del CPC y 17 de la LOJ, porque se omitieron los documentos de fs. 55 a 59 que acreditan esos pagos, vulnerando el principio de inversión de la prueba ignorándolas y omitiendo su valoración que debió ser considerada en resolución conforme establece el art. 202 del CPT, al estar incluida esta excepción, como un punto dentro de la relación procesal.
Denunciaron la violación de los arts. 202 del CPT y 90 del Cód. Pdto. Civil, porque si bien existen los principios protectores a favor del trabajador, conforme establece el art. 63 del CPT, que determina que tienen la finalidad de aclarar las dudas que surjan en los procesos; empero, esto no significa que puedan ser utilizados como fuente de injusticia contra el empleador.
Alegan que estos principios fueron reconocidos por la jurisprudencia emitida por este Tribunal, citando los AASS Nos. 114 de 10 de marzo de 2004, 62 de 29 de enero de 2004 y 65 de 7 de febrero de 2007, que establecieron que no puede reconocerse un derecho a simple suposición, que no puede justificarse la invocación del principio de proteccionismo sin considerar la prueba aportada por el empleador y que debe observarse la lealtad procesal para no inducir en error al juzgador.
Lamentablemente, en el caso presente no se consideró que la actora confesó haber desviado fondos económicos de la Empresa Monopol Ltda., por ello es que, contrariamente a lo señala el Auto de Vista, la actora, tuvo posibilidad de asumir defensa en el sumario interno tramitado en su contra, en el que se cumplieron las normas del Reglamento Interno de la Empresa, aprobado por Resolución Ministerial (RM) Nº 442/07 de 29 de agosto, por consiguiente no correspondía tramitarse la vía administrativa como erróneamente determinó el Auto de Vista, al tratarse de una empresa privada que de ninguna manera podría sujetarse a las previsiones de la Ley Nº 2341, consiguientemente no es evidente que se hubiese emitido una resolución sin fundamento legal.
Luego, al haberse evidenciado que la actora infringió el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), se le cambió de lugar de trabajo y en esa oportunidad asumió su responsabilidad mediante una nota, actitud que luego se identificó que se habría cometido con otra persona, provocando daño económico considerable a la empresa, por lo que pese al reconocimiento voluntario que hizo para cancelar descontándose de su salario, se dispuso conformar un Tribunal Disciplinario que asuma la sanción correspondiente, esta comisión mixta, valoró las pruebas aportadas por los informes y luego se convocó para que asuma defensa y presente su descargo, luego de lo cual se determinó que debía desvincularse a la trabajadora por haber incurrido en faltas graves, conforme a los arts. 16 incs. e) y g) de la LGT y 9 de su Decreto Reglamentario (DR) en cumplimiento del Reglamento Interno.
El Reglamento Interno de la Empresa Monopol Ltda., vela porque el proceso se lleve sujeto a la constitución y las leyes y no establece una segunda instancia o que se deba acudir al procedimiento administrativo en supletoriedad, por ello es que correspondía que la trabajadora acuda ante el Juez de Trabajo para que se establezca si su despido fue legal o ilegal, conforme estableció la SCP 0117/2012 de 14 de mayo de “2014” y 083/2014-S3 de 23 de octubre, por consiguiente no resulta creíble el razonamiento efectuado por el tribunal de apelación de haberse vulnerado los derechos de la actora, por el contrario “… pudo haber motivado considerar que a la demandante le corresponde el pago del desahucio e indemnización” en cumplimiento del art. 16 de la LGT.
Por último afirmó que no es evidente que hubiese existido despido injustificado, como afirma la actora, respecto de los supuestos reclamos efectuados el 27 de diciembre de 2011, pues ella abandonó el trabajo varios días antes, incurriendo en infracción del art. 16 de la LGT y 8 de su DR incisos d) y e); por ello, al no haber aportado pruebas que justifiquen sus pretensiones, conforme relacionaron en la jurisprudencia citada, este tribunal sabrá enmendar lo resuelto en el Auto de Vista.
Concluyeron el memorial solicitando que se conceda el recurso interpuesto, remitiendo el expediente ante este Tribunal Supremo de Justicia, para que ANULEN obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto se CASE el Auto de Vista impugnado, declarando IMPROBADA la demanda, con costas y penalidades de ley.
Este recurso fue respondido extemporáneamente por la demandante, conforme el escrito de fs. 544-547.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 531 a 537 vta., para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Conforme ha establecido este Tribunal Supremo en abundante Jurisprudencia, el recurso de casación en la forma, se sustenta en la violación de normas sustantivas o adjetivas en el trámite del proceso, que evidencie la infracción de formalidades procesales que devenguen generalmente en indefensión.
Estas infracciones legales deben estar necesariamente identificadas en el proceso y respaldadas mediante normas que permitan su aplicación en mérito a los principios de legalidad y trascendencia, conforme además instituye el art. 105-I y II del CPC, aplicable al caso presente por determinación de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
Por consiguiente corresponde estimar la nulidad de obrados, cuando se identifica claramente que en la tramitación de un proceso, se incurrió en violación de esas formalidades procesales, que además de vulnerar derechos constitucionales, evidencie una flagrante violación al derecho de defensa; es decir que se hubiese provocado indefensión.
De otra parte, conforme prevé el art. 107 numerales I, II y III del CPC, no corresponde determinar la nulidad de obrados, cuando se identifica que un acto que; si bien, no cumplió con los requisitos formales esenciales, pueda ser subsanado, siempre y cuando se establezca que cumplió su finalidad al que estaba destinado; o que, el mismo fue consentido por la parte afectada, aunque sea de manera tácita, al no haber reclamado esa nulidad en la primera oportunidad hábil.
En el caso presente se ha alegado como causal de nulidad el hecho que presuntamente no formaría parte de la controversia del presente proceso la excepción perentoria de pago, porque “…no alcanza el objeto de la controversia…”, pese a que fue considerada en la relación procesal y fue motivo de resolución en la Sentencia emitida en el caso presente, al estar acreditada de manera documental (fs. 55-59), por consiguiente, al haber sido determinada de esa manera este punto de la alzada, se habría incurrido -conforme alegan los recurrentes- en violación y aplicación indebida de las normas citadas en el recurso, como también de los arts. 106 del CPC y 17 de la LOJ.
Esta afirmación no es correcta, pues se acreditó, conforme ha pedido la demandante en su recurso de alzada y se ha fundamentado en el Auto de Vista, ahora impugnado, que ciertamente esos pagos acreditados de fs. 55 a 59, corresponden a salarios devengados y primas, cuestiones que no fueron motivo del presente proceso, en el que se solicitó el pago de la indemnización por antigüedad y el desahucio, constituyendo circunstancias ajenas a la Litis, como acertadamente determinó el Tribunal Ad quem.
Es evidente que en la decisión del aludido Auto, debió determinarse que se REVOCABA, en parte la Sentencia apelada, respecto de la excepción perentoria de pago, declarándola IMPROBADA, por los fundamentos vertidos; empero, este aspecto no fue observado oportunamente por los recurrentes, luego de haber sido notificados con el Auto de Vista, solicitando una aclaración y enmienda, conforme permite el art. 226 del CPC, por una parte y por otra, al tratarse de una circunstancia que definitivamente no afecta al fondo de la controversia, al ser una cuestión accesoria a lo principal y al estar desestimada, este Tribunal considera que constituye un acto subsanable, porque cumplió la finalidad para la que estaba encomendada, al existir en la parte considerativa de su texto, un pronunciamiento claro y concreto sobre el particular.
Por consiguiente, se establece que no amerita determinar la nulidad del Auto de Vista, en aplicación del art. 107-I y II del CPC., aplicable al caso presente por determinación del 252 del CPT.
Tanto la legislación vigente, como la jurisprudencia emitida por este Tribunal, han establecido que en materia de valoración de la prueba, los jueces y tribunales, no se encuentran sujetos a la tarifa legal de la prueba, sino por el contrario, deben formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias más relevantes del proceso, e identificando la conducta procesal observada por las partes, para evitar que éstas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley; (arts. 60 y 158 CPT); en mérito a ello, es que las dudas que surjan en el curso del proceso, respecto de la interpretación y aplicación del Código Procesal del Trabajo, debe resolverlas, acudiendo el juez, a los principios generales del Derecho Procesal del Trabajo, para el logro de la finalidad especial que tienen estos procesos, cual es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley substancial (arts. 58 y 63 CPT).
En el caso presente se han alegado ocho puntos como causales de casación del Auto de Vista impugnado, los que luego de su análisis, se establece que constituyen un solo fundamento, referido a la apreciación de la prueba documental presentada en el curso del proceso, apreciación que según los recurrentes, hubiese sido al margen de la ley, dando a entender que se habrían considerado preferentemente las suposiciones alegadas en la demanda, invocando el principio de proteccionismo, sin advertir que ésta hubiese actuado de manera desleal al pretender derechos que no le corresponden, pues ella reconoció que había desviado fondos, que luego sustentaron un proceso administrativo que determinó a su conclusión, el despido justificado, por lo que no le correspondía la indemnización ni el desahucio, pues dicho proceso se sujetó a la normativa vigente.
Y si la demandante pretendía que se establezca la ilegalidad del proceso, debió demandarlo en la vía judicial y no solicitar de manera directa la indemnización de sus beneficios, pues no resulta “creíble” que se hubiesen vulnerado sus derechos, en ese proceso, por el contrario, abandonado su fuente laboral, cuando advirtió que se encontraron responsabilidades en su contra.
Revisando detenidamente el fallo de segunda instancia, respecto de los argumentos contenidos en dicho recurso, se concluye que no son evidentes esas infracciones, pues se ajusta a las previsiones de los arts. 202 del CPT, como del art. 190 del Cód. Pdto. Civ., (que ya no se aplicaría al caso presente, por su derogatoria determinada en la Ley Nº 439, CPC), correspondiendo identificar que estas disposiciones se encuentran previstas en el art. 213-I y II del CPC, advirtiéndose que el tribunal de alzada, resolvió los fundamentos de la alzada, previa revisión de los antecedentes del proceso laboral.
En el caso presente los recurrentes, no alegaron el error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, que permita a este Tribunal en casación, efectuar una nueva valoración de la prueba; sin embargo, efectuando un minucioso análisis de la Sentencia de primera instancia y específicamente del Auto de Vista, ahora recurrido, se advierte que al no estar sujetos a la tarifa de la prueba, evidenciaron que la actora fue sometida a un proceso administrativo, en el que de manera sumarísima, se determinó la existencia de responsabilidad funcionaria y sugirió su destitución de su fuente laboral, proceso en el que si bien, no se acreditó el procedimiento seguido, evidencia que no cumple a cabalidad el resguardo del debido proceso, de la presunción de inocencia y especialmente el derecho de la doble instancia, consagrados en los arts. 115-II, 116-I y 117-I, 119-II y 180-II de la Constitución Política del Estado (CPE), consiguiente, si bien el Tribunal de alzada, al advertir que se habría vulnerado los indicados derechos constitucionales de la actora, no correspondía que se aplique los arts. 39 y siguientes de la Ley Nº 2341 de Pdto. Administrativo, por ser una norma que rige relaciones de los empleados y trabajadores de entidades y empresas públicas, salvo que la normativa interna laboral de la empresa hubiese permitido tal remisión normativa, aspecto que no se demostró en el curso del proceso; empero, consideró acertadamente que se vulneraron esos derechos constitucionales y concluyó de manera correcta que ciertamente la demandada fue despedida de manera intempestiva, porque no se demostró de manera correcta que hubiese incurrido en las causales de destitución justificada previstas por los arts. 16 de la LGT y 9 de su DR, al haberse acreditado solo el tramite un proceso sumarísimo, sin que se le hubiese dado la oportunidad de presentar sus descargos o impugnar la resolución emitida, correspondiendo por ello el pago de la indemnización y el desahucio, más aún si no se demostró fehacientemente el abandono de funciones que se alega en el recurso.
Evidentemente la jurisprudencia emitida por este Tribunal y que ha sido citada en el recurso, determina que no puede de ninguna manera fallarse sobre la base de meras afirmaciones de la demanda, o presunciones alegados por los trabajadores; empero, éstas en mérito a la carga probatoria prevista por los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del CPT, deben ser desvirtuadas en el curso del proceso por la parte empleadora o demandado, dentro de un proceso laboral, tarea que, en el caso presente no se ha cumplido de manera acertada por la Empresa demandada Monopol Ltda., quien si bien ha acreditado la existencia de un proceso interno que supuestamente habría justificado la destitución de la actora; sin embargo, en este proceso se evidencia en muchos aspectos, la vulneración de los derechos constitucionales citados líneas arriba, y que por esa circunstancia desmerecen su valoración para imponer la resolución final del caso.
Por último, es evidente que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió fallos en los que se ha establecido que cuando algún trabajador es sometido a un proceso administrativo interno en el que se determinó su alejamiento de su fuente laboral, esta determinación puede ser motivo de verificación mediante un proceso ante la Judicatura Laboral; empero, no existe óbice alguno -como aconteció en el caso presente- que al mismo momento de solicitar el pago de los beneficios sociales, se impugne la validez de ese proceso interno administrativo, desvirtuándose de esta manera que no existe vulneración de la jurisprudencia constitucional citada en el recurso (SCP 0117/2012 de 14 de mayo y 083/2014 de 23 de octubre).
En el marco legal descrito, se establece que el Tribunal de Alzada no incurrió en las infracciones de las formalidades legales que ameriten nulidad de obrados, al tratarse de un acto subsanable y tampoco se acredito que incurrió en violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las normas o error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, al revocar en parte la Sentencia de primera instancia como se acusó en el recurso de fojas 531-537, interpuesto por Pablo Carrasco Quintana y Boris Bustillos Tarqui, correspondiendo, en consecuencia, aplicar el artículo 220-II del CPC, con la facultad remisiva del artículo 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en el numeral 1 del artículo 184 de la CPE y del numeral 1 del parágrafo I del artículo 42 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de extraordinario de nulidad en el fondo y en la forma de fojas 531-537, interpuesto por Pablo Carrasco Quintana y Boris Bustillos Tarqui, en representación de la Empresa Monopol Ltda., sin costas en consideración a que el recurso fue respondido de manera extemporánea.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 220
 artículo 252
 artículo 184
 artículo 42