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Timestamp: 2019-01-17 07:08:23+00:00

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﻿ SENTENCIA C-372 DE JULIO 21 DE 1998
SENTENCIA C-372 DE 21 DE JULIO DE 1998
CONTENIDO:JORNADA MÁXIMA DE LOS TRABAJADORES DEL SERVICIO DOMÉSTICO. RESUELVE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 65 (PARCIAL), 90, 91 , 92, 93, 128, 147 (PARCIAL), 155, 156, 162, 182, 187, 189 (PARCIAL), 234, 240, 250, 267 (PARCIAL), 279 (PARCIAL), 307, 344 (PARCIAL), 409 Y 470 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, TRABAJADOR DEL SERVICIO DOMÉSTICO, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:321 DE SEPTIEMBRE DE 1998, PÁG.1325
Sentencia C-372 de julio 21 de 1998
Ref.: Expediente D-1923
Actor: Luis Álvaro Rodríguez Beltrán
Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 65 (parcial), 73 (parcial), 75 (parcial), 90, 91, 92, 93, 128, 147 (parcial), 155, 156, 162, 182, 187, 189 (parcial), 234, 240, 250, 267 (parcial), 279 (parcial), 307, 344 (parcial), 409 y 470, del Código Sustantivo del Trabajo.
Santafé de Bogotá, D.C., julio veintiuno de mil novecientos noventa y ocho.
En virtud de lo establecido en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, por tratarse de disposiciones que forman parte de una ley de la República.
1. Habiéndose rechazado la demanda en relación con los apartes cuestionados de los artículos 65-1, 73, 75, 90, 91, 92, 93, 128, 155, 182, 187, 189, 234, 240, 250, 279, 307, 344, 409 y 470, del Código Sustantivo del Trabajo, la Corte limitará su análisis a los segmentos de los artículos 65-2, 147, 156, 162 y 267, cuya inexequibilidad pretende el demandante.
2. Del artículo 65-2 del Código Sustantivo del Trabajo el actor solicita la inconstitucionalidad de la expresión “si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o”, sin presentar en la demanda cargo alguno, por cuanto el concepto de violación esgrimido tiene que ver con el numeral 1º, respecto del cual se rechazó la demanda. En tales condiciones, lo que le corresponde a esta corporación es declararse inhibida.
3. En cuanto tiene que ver con el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, relativo a la fijación del salario mínimo, demandado en la parte que reza “En caso de que no haya consenso en el consejo nacional laboral, el gobierno, por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se indique puede fijar dichos salarios”, debe recordarse que la Corte Constitucional puso de presente que “El Congreso Nacional, expidió, el 30 de abril de 1996, la Ley 278 de 1996, en desarrollo del artículo 56 de la Constitución. Ley que determina la integración de la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, sus funciones y otros aspectos relacionados con su funcionamiento. El artículo 8º de esta ley subrogó el numeral 2º del artículo 147 acusado”(1). Por esta razón la Corte se declaró inhibida y tomará idéntica determinación en esta oportunidad.
4. Sobre el artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo que autoriza el embargo de hasta el 50% del salario “en favor de cooperativas legalmente autorizadas”, la corporación se pronunció en la Sentencia C-589 de 1995, declarando la exequibilidad del segmento destacado, de modo que por haber operado el fenómeno procesal de la cosa juzgada constitucional, la Corte no procede a efectuar un nuevo examen y, en consecuencia, ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia citada(2).
5. Del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, referente a las exclusiones de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo, el actor demanda los literales a) y b), relativos, en su orden, a los trabajadores que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo y a los del servicio doméstico, ya se trate de labores en centros urbanos o en el campo.
La Corte no comparte el criterio del señor Procurador General de la Nación, quien le pide declararse inhibida para conocer de la constitucionalidad de los literales puestos en tela de juicio, aduciendo que el demandante no expuso el concepto de la violación, cuando lo cierto es que el actor presentó un cargo consistente en que la preceptiva demandada consagra una discriminación en contra de los trabajadores exceptuados y a la vez les desconoce el derecho a laborar en condiciones dignas y justas, ya que, a juicio del actor, el empleador debe pagarles su “especialidad” y si no lo hace quebranta el principio a trabajo igual salario igual, así como el derecho a la igualdad de oportunidades, “respecto a los demás trabajadores”.
Esta Corte ha estimado que “la protección al trabajo establecida por mandato del artículo 25 constitucional, incluye la fijación de jornadas máximas, dentro de las cuales los trabajadores presten los servicios propios de la relación laboral y estén sometidos a las órdenes del patrono”(3), situación que se acompasa con el necesario descanso que es un derecho y que tiene como fines, entre otros, permitirle al trabajador “recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como persona”(4).
Lo anterior, sin embargo, no obsta para que atendida la especial naturaleza de las actividades que determinados trabajadores cumplen al servicio de un empleador y sin perjuicio del derecho al descanso, se prevea una mayor disponibilidad que la exigida a los demás operarios. Tal posibilidad es desde todo punto de vista excepcional y, según la jurisprudencia de esta corporación, las hipótesis en las que haya lugar a demandar la presencia del trabajador en días y horas distintos a los de la jornada normal no deben quedar al capricho del empleador, sino que han de venir previamente definidas en la ley y obedecer a circunstancias objetivas y razonables.
En este orden de ideas, cabe precisar que los cargos de dirección, de confianza y de manejo revisten de una especial importancia en cualquier organización, resultando esenciales al cabal desarrollo de sus actividades, a la preservación de sus intereses fundamentales y a la realización concreta de sus fines. Por lo tanto, la consagración de estas actividades como una excepción a la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo se inscribe dentro de la facultad que asiste al legislador para definir si aciones específicas en las que se justifique solicitarle a un trabajador una disponibilidad diferente, toda vez que la responsabilidad aneja a actividades de esta índole es de mayor entidad que la originada en funciones corrientes.
Acerca de este tópico, vale la pena transcribir las consideraciones de la honorable Corte Suprema de Justicia que, aun cuando fueron hechas antes de la Constitución de 1991, a juicio de esta corporación, son plenamente ajustadas al nuevo orden superior:
“Se observa en primer lugar que, por razón de los caracteres particulares de algunos trabajos o actividades, el legislador se vio obligado a crear una especial categoría de trabajadores que, para ciertos efectos, sometió a un régimen especial como ocurre en lo referente a la jornada máxima de trabajo y al fuero sindical.
“Por lo que hace al punto que interesa al caso en estudio, el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, estableció lo siguiente: “Quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores: a) Los que desempeñen cargos de dirección, de confianza o de manejo ... ”. Esos términos “de dirección, de confianza o de manejo” que utiliza la ley, no implican categorías distintas conforme al significado gramatical de las palabras que emplea, sino que abarcan una institución única, traducen una sola idea y son la expresión legal del concepto “trabajadores de confianza”, nacido de las necesidades y del interés de las empresas. Por otra parte, se trata de un concepto genérico, que no es susceptible de numeración limitativa, y que, por consiguiente para precisar si una determinada actividad implica el desempeño de un cargo “de dirección, de confianza o de manejo” debe estudiarse en cada caso la respectiva relación de trabajo, en función de los intereses y necesidades fundamentales de cada empresa, cuestión que corresponde al juzgador pues el derecho del trabajo no abandona a la voluntad de los particulares la fijación de sus conceptos.
“En apoyo de lo anterior, es oportuno citar lo expresado sobre el particular por el tratadista Mario de la Cueva en su obra Derecho Mexicano del Trabajo, que dice: “Ahí donde están en juego la existencia de la empresa, sus intereses fundamentales, su éxito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos, el orden esencial que debe reinar entre sus trabajadores, debe hablarse de empleados de confianza”.
“No basta, pues, para incluir dentro del régimen exceptivo que consagra el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, a las personas que ocupan ciertos y determinados puestos, porque estos sean de confianza, sino que es indispensable que la función que se desempeñe en los puestos de que se trata sea sustancialmente de confianza y este carácter depende de las actividades que se desempeñen. Así lo ha entendido la jurisprudencia al expresar: “Desde luego, en todo trabajador, se deposita un mínimo de confianza que responde a las exigencias de lealtad, honradez, aptitud y demás calidades derivadas de la especial naturaleza de la relación laboral. Pero cuando a esas condiciones comunes se agregan otras que por comprometer esencialmente los intereses morales o materiales del patrono, implican el ejercicio de funciones propias de éste, el elemento confianza adquiere singular relieve y por ello se le usa para calificar o distinguir el carácter del empleado” (Cas., nov. 7/50, Gaceta del Trabajo, Tomo V, pág. 900).
“Además, el concepto que implica el término —cargo de confianza—, según el alcance y contenido que se deja expuesto, no ha de existir solamente en un momento de la relación de trabajo, pues no puede calificarse como empleado de confianza a aquél que, no siéndolo según sus funciones esenciales y permanentes, en un momento dado y con carácter transitorio, para llenar vacíos en la empresa le sean asignados o impuestos servicios de tal, por el patrono.
“En efecto, si esta especial categoría de trabajadores, creada por el legislador, obedece de manera esencial o fundamental a la necesidad de las empresas de proteger sus altos intereses, su propiedad o patrimonio, parece lógico deducir que las personas señaladas o escogidas por el patrono para realizar esas determinadas actividades o funciones, lo sean en atención a sus antecedentes personales, a su capacidad y moralidad, además de los conocimientos técnicos que el cargo requiera; esto hace suponer que debe tratarse de situaciones estables a las que de ordinario llega el trabajador bien sea por sus antecedentes y trayectoria en la prestación de servicios anteriores a la empresa, o porque sus calidades especiales de que es poseedor y de que seguramente tiene conocimiento el empleador, le permiten obtener esa clase de distinciones para desempeñar un cargo de dirección, de confianza o de manejo”(5).
Son suficientes las anteriores consideraciones para desestimar el cargo formulado.
De otra parte, en relación con el literal b) del artículo 261, referente a la excepción al régimen de jornada máxima para los trabajadores del servicio doméstico, la corporación considera que el legislador sustrajo de dicho régimen la labor doméstica teniendo en cuenta que la familia no tiene las características de una empresa o de un patrono corriente o regular, pues es evidente que la economía doméstica y la labor desempeñada en la misma poseen unos rasgos particulares que implican una disponibilidad de tiempo diferente y adecuada a las actividades familiares, que no son asimilables a las desplegadas en otros ámbitos del quehacer económico o social.
Ya esta Corte estimó que “por las características propias de esta modalidad de trabajo” es “razonable la disposición del literal b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, que excluye de la regulación sobre jornada máxima legal a los trabajadores del servicio doméstico”(6).
Sólo en las anteriores condiciones la norma acusada puede ser exequible, de modo que aun cuando sea posible la exigencia de laborar durante un período de tiempo superior a la jornada máxima fijada legalmente, para la Corte lo razonable es que, en ningún caso, los trabajadores del servicio doméstico laboren más de 10 horas diarias, y en el evento de que se requiera el servicio más allá de tal límite, procederá entonces, el reconocimiento y pago de horas extras, en los términos de la legislación laboral.
En lo que toca con los trabajadores del servicio doméstico que no viven con el patrono en forma permanente, la Corte estima que para ellos rigen las normas ordinarias en materia de garantías salariales y prestaciones sociales.
Finalmente, es de interés poner de manifiesto que esa mayor disponibilidad, exigible en los términos de los literales a) y b) del artículo 162 del Estatuto Laboral, no acarrea ni puede acarrear la renuncia al descanso compensatorio, aspecto sobre el cual ya se ha manifestado la corporación, en términos que conviene reiterar ahora:
“En razón a la naturaleza de ciertas actividades, se hace necesario que algunos trabajadores laboren en los días de descanso obligatorio. En esos casos, que están expresamente consagrados por la ley (art. 175), se ha previsto el derecho del trabajador a tomar un descanso compensatorio, que, en los términos del artículo 183 del mismo código, consiste en que el descanso pueda tomarse en otro día laborable de la semana o, desde el medio día del domingo a las trece horas (1:00 pm), hasta el medio día o las trece horas (1:00 pm) del lunes.
Una de las excepciones consagradas por el artículo 175, hace referencia aquellas labores que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por motivo de carácter técnico. Norma que si bien establece el deber del trabajador de laborar en días de descanso obligatorio, consagra el derecho correlativo a un descanso compensatorio.
Por lo expuesto, se declarará inexequible la frase “sin derecho al descanso compensatorio” del artículo 182”(7).
6. Bajo el entendimiento de que la pensión sanción “no es un castigo al empleador por no haber afiliado al trabajador al sistema general de pensiones”, sino por el hecho de haberle impedido “cumplir con los requisitos para acceder a la pensión plena de jubilación”, el actor pide la inexequibilidad de la expresión “... no afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador ...”, contenida en el primer inciso del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por los artículos 37 de la Ley 50 de 1990 y 133 de la Ley 100 de 1993, pues en su criterio el reconocimiento de la pensión sanción no puede estar condicionado a la no afiliación del trabajador al sistema pensional.
Cabe aclarar que el inciso del que hace parte el segmento acusado fue declarado constitucional por esta corporación, mediante Sentencia C-410 de 1994, “pero únicamente en lo relativo, al cargo formulado”(8), que en esa oportunidad lo fue el presunto quebrantamiento del principio de igualdad derivado de la consagración de una edad diferente para acceder a la pensión, dependiendo del sexo del trabajador. Como quiera que la acusación planteada en la presente causa es diferente, procede la Corte a emitir pronunciamiento de fondo.
Acerca de la pensión sanción, conviene recordar que su establecimiento se produjo por virtud del artículo 8º de le Ley 171 de 1961 en favor del trabajador despedido sin justa causa “de una empresa de capital no inferior a ochocientos mil pesos ($ 800.000), después de haber laborado para la misma o para sus sucursales o subsidiarias durante más de diez (10) años y menos de quince (15) años, continuos o discontinuos”, y siempre que al momento del despido tuviera 60 años cumplidos, teniendo también lugar el reconocimiento desde la fecha en que cumpliera esa edad con posterioridad al despido o a los 50 años si el despido injustificado acontecía “después de quince (15) años de dichos servicios ...”.
El propósito subyacente a la previsión que se viene comentando, en palabras de la honorable Corte Suprema de Justicia, no era otro que el de “disuadir a los empleadores que desearan despedir sin justa causa a trabajadores con antigüedad de servicio superior a los 10 años —y que no alcanzaran los 20—, asegurándoles una pensión proporcional que reemplazara en parte la jubilación plena frustrada por el despido abusivo”(9), finalidad perfectamente explicable si se tiene en cuenta que, dada la gradualidad de la cobertura, al momento de expedirse la Ley 171 de 1961 el Seguro Social no había comenzado a asumir el riesgo de vejez y en tales condiciones la desprotección del trabajador despedido sin justa causa era más que evidente.
Así las cosas, la pensión sanción en su concepción inicial tuvo un marcado carácter indemnizatorio y equivalía a una pena impuesta al patrono y pese a que con posterioridad el Seguro Social asumió el riesgo de vejez, la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia estimó que la pensión sanción y la de vejez eran concurrentes, interpretación que fue variando hasta admitir el carácter prestacional de la pensión sanción, reconociéndole así la misma naturaleza de la pensión de vejez y definiendo con claridad que los dos derechos no eran concurrentes.
Sobre el particular la honorable Corte Suprema de Justicia ha considerado:
“Es innegable que hasta la expedición de la Ley 50 de 1990 ningún precepto con fuerza de ley derogó de manera expresa la pensión por despido consagrada en la Ley 171 de 1961, toda vez que los que hicieron alguna referencia a ella fueron reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, aprobados mediante decretos por el Gobierno Nacional, muchas veces imprecisos, y por su carácter subalterno carecían del poder de desquiciar totalmente la normatividad legal mencionada.
“Por las razones expuestas la jurisprudencia nacional paulatinamente fue esclareciendo las diversas consecuencias de los reglamentos citados procurando cada vez más armonizarlos con el marco legal subsistente, pero alejándose de las posturas extremas que en su momento propiciaron la compatibilidad entre la pensión sanción y la de vejez del ISS o la extinción de este beneficio.
“Fue así como de la tesis sobre concurrencia de estos derechos preconizadas inicialmente en sentencias de la sección primera de la Sala Laboral de esta corporación de noviembre 5 de 1976 y de noviembre 8 de 1979, prohijadas por la de la Sala Plena Laboral de mayo 22 de 1981, se pasó, el 13 de agosto de 1986, ya en vigencia del Decreto 2879 de 1985, a deducir la exclusión de los dos beneficios para aquellos trabajadores que en el momento de iniciarse la obligación de aseguramiento por vejez tenían menos de 10 años de servicios al empleador, hasta que con base en el Decreto 758 de 1990 se admitió la compartibilidad”(10).
Del proceso al que sucintamente se ha aludido interesa destacar el cambio de la naturaleza sancionadora de la pensión comentada a una naturaleza prestacional, más acorde con los postulados que guían las modernas concepciones de la seguridad social. De esa evolución jurisprudencial y de la necesidad de poner la legislación a tono con los principios orientadores del derecho a la seguridad social, fueron conscientes el Gobierno Nacional y el Congreso de la República al impulsar la expedición de la Ley 50 de 1990, cuyo artículo 37 subrogó el artículo 8º de la Ley 171 de 1961.
En efecto, el Gobierno Nacional, en la exposición de motivos del pertinente proyecto de ley señaló:
“... La acción de reintegro, así como la llamada pensión sanción, tuvieron justificación cuando las pensiones de jubilación estaban a cargo del empleador y podía presumirse interés de éste en propiciar el despido, con el único fin de eludir la pensión. Hoy, cuando el Seguro Social ha asumido el riesgo de vejez. con base en el número correspondiente de cotizaciones, este presunción carece de sentido, pues aún suponiendo una gran rotación, el trabajador conserva todos sus derechos frente al ISS y nada tiene que temer acerca de su pensión ...”(11).
En consonancia con los anteriores asertos, en la ponencia para el primer debate se indicó:
“Se elimina la pensión sanción respecto de los trabajadores amparados por el sistema de seguridad social a cargo del Instituto de Seguros Sociales. Se mantiene en su concepto original cuando dicha circunstancia no se presente. Esto es, el trabajador afectado por el despido será beneficiario de la pensión sanción a cargo del empleador si no ha cotizado para la pensión de vejez del ISS. Se prevé también la posibilidad de que se pueda completar la cotización a efectos de la proporcional de vejez cuando el trabajador no tenga el número, mínimo de semanas y haya estado al servicio del empleador más de 10 o 15 años, así como la facultad que tendrá el empleador para conmutar las pensiones con el ISS”(12).
Así pues, la implementación de un sistema de seguridad social que, dentro del principio de universalidad, aspira a amparar a un número creciente de personas frente a una mayor cantidad de riesgos, ejerce una notable influencia en figuras concebidas con el propósito de procurarle protección al trabajador ya que en la medida en que la cobertura del sistema se va ampliando, tales figuras tienden a desaparecer o cuando menos deben ser apreciadas bajo una concepción basada en fundamentos filosóficos distintos.
Eso es lo que ha acontecido con la pensión sanción, cuyo propósito protector encontraba justificación plena durante las épocas en las cuales el patrono asumía todos los riesgos, aún el de vejez y que, paralelamente a la variación de su naturaleza sancionadora, asistió a un proceso al cabo del cual su ámbito de protección decreció ante el avance paulatino del sistema de seguridad social que vino a cobijar el riesgo de vejez, antaño asumido exclusivamente por el empleador.
Tal es la razón por la que el legislador, actuando conforme a sus competencias, optó por extinguir la pensión sanción en la hipótesis de que el trabajador tenga el derecho a reclamar del sistema de seguridad social el reconocimiento de su pensión de vejez, pues en tales casos el patrono es sustituido en esa obligación, mientras que previó el mantenimiento de esa prestación a cargo del empleador que hubiere omitido afiliar al sistema general de pensiones a su trabajador.
Es de interés insistir en que la pensión sanción prevista para los empleados no afiliados al régimen de seguridad es de carácter prestacional, no pudiendo entenderse, por ende, como un castigo impuesto al empleador. Ello explica por qué el empleador tiene ante sí varias alternativas dispuestas por el ordenamiento y que, en líneas generales, consisten en continuar pagando las cotizaciones que falten para que el trabajador finalmente acceda a la pensión de vejez, no pagar esas cotizaciones respondiendo, entonces, por la cancelación de la pensión sanción durante la vida del trabajador o conmutar la pensión con el seguro social.
A todas las cuestiones que se dejan consignadas se ha referido la honorable Corte Suprema de Justicia, a propósito de la Ley 50 de 1990 y en el entendimiento de que los criterios así expuestos “no han sufrido variación por virtud de lo dispuesto en al Ley 100 de 1993”, cuyo artículo 133 subrogó el artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo. Sobre el particular la Corte Suprema ha dicho:
“A partir de la vigencia del artículo 37 de la Ley 50 de 1990 —enero primero de 1991— la conceptualización legal de la pensión sanción sufrió un viraje fundamental pues teniendo en cuenta el nuevo tratamiento al despido injustificado, la aspiración de universalización de la seguridad social, el monto de la pensión de vejez consagrado desde 1985 y en general la inspiración filosófica de dicha normatividad, se puso de manifiesto que los fundamentos filosóficos que antaño justificaron tal figura sufrieron notoria mengua, de forma que ahora, no solamente aparece innecesaria sino que riñe con los postulados de una auténtica seguridad social, en la medida en que los empresarios cumplan sus deberes en esa materia, y así lo estatuyó la nueva preceptiva.
“Del artículo 37 de la Ley 50 surge con claridad que los despidos efectuados (después del primero de enero de 1991), por un empleador que a través de la relación laboral cumplió con sus obligaciones de afiliación oportuna y cotizaciones al sistema de seguridad social, debidamente acreditadas en juicio, no quedan afectados con la posibilidad de la pensión sanción, la que quedó extinguida en sus dos modalidades; corolario de ello es que se mantiene para los trabajadores no afiliados al régimen de seguridad social pertinente.
“Naturalmente, afiliaciones al ente de seguridad social efectuadas por empleadores con notoria extemporaneidad, y que ocasionen la privación de la pensión de vejez por parte de aquel constituyen un menoscabo de los derechos del trabajador despedido injustamente, y por ello no liberan al patrono de la obligación pensional, como ya ha tenido oportunidad de precisarlo esta Sala mediante Sentencia del 29 de septiembre de 1994 (Exp. 6919), en la que expresó: “Como el principio general es que las pensiones restringidas deben dejar de estar a cargo de los empleadores cuando la pensión de vejez sea asumida por el seguro social (inc. 4º), si se aceptara la tesis del recurrente —que desconoce ese principio— se llegaría a situaciones de desprotección no queridas por el legislador. Así por ejemplo, la del empleador que afiliara al trabajador tardíamente, inclusive el día anterior al despido, y pretendiera acogerse a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 37 (en el entendimiento que le da el recurrente) para no pagar la pensión proporcional”.
“Igualmente para la hipótesis de cotizaciones deficientes, el parágrafo primero ibídem contempla la posibilidad de que el empleador continúe pagando el valor de las que falten para que el afiliado adquiera el derecho a la pensión de vejez; mas como se advirtió en la sentencia referida se trata de una facultad que puede ser renunciada por el empleador que a su elección prefiera abstenerse de continuar pagando el valor de esas cotizaciones y asumir él directamente el pago de la pensión restringida durante toda la vida del trabajador. Así mismo se observó que el parágrafo segundo del precepto, le permite al empleador convenir con el seguro social la conmutación de la pensión, hipótesis en la cual también se puede liberar de la obligación de continuar cotizando para ese riesgo.
Conviene precisar que en los eventos de cotizaciones extemporáneas de los empleadores, permitidas por el ordenamiento positivo, constituye una obligación correlativa del ente gestor de la seguridad social respectivo el recibirlas, sin perjuicio del cobro de los intereses y demás consecuencias consagradas en la normatividad aplicable. Así se asegura el indispensable acoplamiento entre las normas laborales y las de seguridad social”(13).
Siendo así las cosas, la Corte no observa las violaciones de los artículos 25, 46, 47 y 48 de la Constitución Política, que el actor endilga a la preceptiva acusada que, en consecuencia, será declarada exequible.
7. Cuestiona también el actor la constitucionalidad de algunos segmentos del parágrafo primero del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, alegando que desconocen el derecho a la igualdad de los empleados públicos, quienes, en su opinión, resultan discriminados por estar excluidos del beneficio de recibir la pensión sanción en caso de ser despedidos sin justa causa.
Para declarar la exequibilidad de los aportes demandados, basta remitirse a las consideraciones hechas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-664 de 1996:
Los servidores públicos vinculados a través de la relación legal por el sistema de mérito o considerados de libre nombramiento y remoción de acuerdo con la ley, tienen un régimen laboral totalmente diferente al que existe para los trabajadores oficiales vinculados por una situación contractual, y por consiguiente todo lo relacionado con el sistema de ingresos, permanencia, retiro y régimen prestacional no es el mismo. Ya se ha dicho por esta corporación cómo el principio de igualdad de que trata el artículo 13 de la Carta Política no puede aplicarse sino a situaciones idénticas (Sent. C-410/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
En el presente asunto no siendo idéntica la situación de unos trabajadores y otros, mal podría como se pretende en la demanda, que se otorgue el mismo trato a los empleados públicos regidos por relación legal y a los trabajadores oficiales vinculados por contrato de trabajo pues ello equivaldría a eliminar la forma de vinculación, permanencia y retiro de los mismos, no obstante, que como se ha dicho, el legislador puede establecer distintas clases de regímenes respecto de los trabajadores del Estado. Por consiguiente, el cargo no está llamado a prosperar.
No obstante lo expresado, adicionalmente cabe advertir que tampoco resultan acertadas las apreciaciones que se hacen en la demanda, en el sentido de que la supresión de cargos y la remoción de los empleados de carrera afecta derechos de los servidores del Estado para los efectos del reconocimiento del tiempo servido, toda vez que en el evento de que estos sean retirados con violación de las normas superiores de derecho, pueden obtener a través de la acción laboral correspondiente que el tiempo durante el cual estuvieron cesantes a causa de la desvinculación ilegal se tenga en cuenta para los efectos prestacionales como la pensión de jubilación, la cesantía y los demás derechos inherentes de carácter laboral”(14).
1. Declarar EXEQUIBLES los literales a) y b) del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, y, en el caso del literal b) la exequibilidad se condiciona en el sentido de que los trabajadores domésticos que residen en la casa del patrono, no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias.
2. Declarar EXEQUIBLES la frase “no afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador”, contenida en el inciso primero del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, y las expresiones “exclusivamente” y “que tengan la calidad de trabajadores oficiales” de su parágrafo primero.
3. Declarar la INHIBICIÓN de la Corte Constitucional para conocer sobre la constitucionalidad del segmento demandado del numeral 2º del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por falta de cargos en su contra y del aparte demandado del numeral 2º del artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, por haber sido derogado por el artículo 8º de la Ley 278 de 1996.
4. ESTÉSE a lo resuelto en la Sentencia C-589 de 1995, en relación con los aportes acusados del artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por supuesto, en lo referente a la jornada laboral del servicio doméstico, estoy de acuerdo con la filosofía que inspira la sentencia: la Constitución Política reconoce expresamente la dignidad de la persona humana (arts. 1º y 5º); proclama la igualdad y proscribe toda clase de discriminaciones (C.P., art. 13); prohibe toda forma de esclavitud o de servidumbre (C.P., art. 17); establece la garantía de protección especial para todas las modalidades del trabajo (C.P., art. 25); consagra como derecho fundamental el trabajo en condiciones dignas y justas (C.P., art. 25); estipula como fundamento básico del ordenamiento en materia laboral y como derecho mínimo de los trabajadores el que tienen al descanso necesario (C.P., art. 53); y declara sin rodeos que “la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” (C.P., art. 53).
Pero precisamente por eso, pienso que una norma legal a cuyo tenor todo un sector de trabajadores, sin justificación alguna, está excluido de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo, lo cual implica que estará expuesto de manera “lícita” a que se le exija laborar en forma continua durante veinticuatro horas al día, es abiertamente inconstitucional. Y esta Corte ha debido declararlo así de manera clara y contundente, retirando del sistema jurídico el literal: b del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo.
No lo hizo así la corporación y declaró la exequibilidad del precepto. Ello significa que éste se aviene a la Constitución Política, y que es de esa premisa objetiva de la que se deriva la conclusión, con fuerza de verdad jurídica, según la cual es exequible —ejecutable—. A esta consecuencia arriba el juez de constitucionalidad sólo cuando no encuentra oposición entre una norma de la ley y la Constitución.
Por tanto, el contenido esencial del literal examinado —que los trabajadores del servicio doméstico estén excluidos de la jornada laboral máxima— no fue hallado incompatible con los mandatos del estatuto supremo dentro de la estructura jurídica del Estado. Únicamente por esa razón merece permanecer dentro del ordenamiento. De lo contrario, ha debido ser inmediatamente retirado de él.
La Corte, a pesar de reconocer, como lo hace en la parte motiva del fallo, que es “indispensable fijar un límite al período de trabajo que exceda de la jornada máxima ordinaria, límite por fuera del cual se quebrantarían las garantías mínimas del trabajador” (subrayado mío), expresa que el precepto “puede ser exequible” y así lo declara.
La exequibilidad en este caso se debe, según la sentencia, a una consideración que, en mi criterio, es de pura conveniencia y, por ende, ajena a la función de defensa de la Carta que a esta corporación corresponde: “... si llegara a declararse la inexequibilidad, bajo estrictas condiciones de solidaridad y dignidad del trabajador, no hay duda acerca de que ello tendría un efecto perverso, generando desempleo y, eventualmente, la desaparición del trabajo doméstico”.
Además de la falta de argumentos para sostener ese peculiar fundamento de la exequibilidad, me parece preocupante que la Corte no busque realizar el principio constitucional de la solidaridad ni la dignidad del trabajador “bajo estrictas condiciones”. Debería hacerlo así: no olvidemos que el trabajo, la solidaridad de las personas que integran el conglomerado sujeto al orden jurídico y la dignidad de la persona humana son fundamentos del Estado Social de Derecho y del sistema que la Constitución instaura, como con claridad lo proclama su artículo primero.
Ahora bien, desde el punto de vista lógico, la sentencia es contradictoria: declara la exequibilidad del precepto que excluye al aludido sector de trabajadores de la jornada máxima laboral, pero a renglón seguido la condiciona “en el sentido de que los trabajadores domésticos que residan en la casa del patrono no podrán tener una jornada superior a 10 horas diarias”.
En el fondo, aunque no lo dijera, la mayoría declaró la inexequibilidad de la norma acusada. Estoy de acuerdo, pero creo que ha debido hacerlo de manera explícita y sin incurrir en la inexplicable paradoja que señalo, lo cual muy posiblemente, al generar inseguridad jurídica, hará que en la práctica resulten inútiles las buenas intenciones de la Corte.
(1) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
(2) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-589 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
(3) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-024 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(4) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-710 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
(5) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de julio 23 de 1959, M.P. Luis Fernando Parades A.
(6) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-051 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
(7) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía.
(8) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-410 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(9) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección segunda. Sentencia de septiembre 29 de 1994, M.P. Hugo Suescún Pujols.
(10) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección Segunda. Sentencia de agosto 22 de 1995.
(11) Cfr. Anales del Congreso, martes 2 de octubre de 1990, pág. 8.
(12) Cfr. Anales del Congreso, miércoles 7 de noviembre de 1990, pág. 8.
(13) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección Segunda. Sentencia de agosto 22 de 1995, M.P. José Roberto Herrera Vergara.
(14) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-664 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

References: artículo 241
 artículo 65
 artículo 147
 artículo 56
 artículo 8
 artículo 147
 artículo 156
 artículo 162
 artículo 25
 artículo 162
 artículo 162
 artículo 261
 artículo 162
 artículo 162
 artículo 183
 artículo 175
 artículo 182
 artículo 267
 artículo 8
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 133
 artículo 267
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 267
 artículo 13
 artículo 162
 artículo 267
 artículo 133
 artículo 65
 artículo 147
 artículo 8
 artículo 156
 artículo 162