Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2002/C-534-02.htm
Timestamp: 2017-10-22 15:21:51+00:00

Document:
C-534-02
Sentencia C-534/02
PROTOCOLO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE-Objeto
REGION DEL MAR CARIBE-Activo común de pueblo Caribe/MEDIO AMBIENTE EN LA REGION DEL MAR CARIBE
PROTOCOLO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE-Independencia y autonomía del ente internacional/PROTOCOLO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE-Privilegios e inmunidades a Asociación y órganos
ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE-Integración
Referencia: expediente L.A.T. 214
Revisión constitucional de la ley 703 de noviembre 21 de 2001, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Asociación de Estados del Caribe’, suscrito en Panamá, República de Panamá el 13 de diciembre de 1999.
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil dos (2002).
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo señalado en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la ley número 703 de noviembre 21 de 2001, por medio de la cual se aprueba el “Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Asociación de Estados del Caribe”, suscrito en Panamá, Republica de Panamá, el 13 de diciembre de 1999.
En providencia de diciembre catorce (14) de 2001, el despacho del Magistrado sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto, solicitó a las Secretarías Generales del H. Senado de la República y de la Cámara de Representantes la remisión de los antecedentes legislativos de la ley en revisión y ordenó la fijación en lista para efectos de asegurar la intervención ciudadana, una vez allegados los mencionados documentos. Igualmente, dispuso el envío de copia de la ley y del acuerdo, al despacho del señor Procurador, para que rindiera su concepto. Así mismo, ordenó comunicar al Presidente de la República.
El texto de la ley y el protocolo objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el diario oficial N.44628 , del veintisiete (27) de diciembre de 2001.
«PROTOCOLO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE
Artículo 1°. Definiciones. Para los fines del presente Protocolo, se entenderá por:
n) Archivos: Los registros y correspondencias, documentos, manuscritos, mapas, fotografías y películas cinematográficas, grabaciones de audio y cualquier medio magnético que pertenezcan o estén en posesión de la Asociación. Esta lista podrá ser ampliada por el Consejo de Ministros vista la presencia de nuevos desarrollos tecnológicos.
Artículo 2°. Disposiciones generales. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el Convenio, cada Parte en este Protocolo otorgará, dentro de su territorio, a la Asociación y sus órganos, a los Representantes de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Asociación, Funcionarios de la Asociación y Expertos, los privilegios e inmunidades especificados en este Protocolo.
Artículo 3°. Personalidad y Capacidad Jurídica de la Asociación. La Asociación tendrá la personalidad jurídica internacional y la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus fines, de conformidad con el Convenio; en consecuencia tiene, en particular, la capacidad de:
Artículo 4°. Locales, bienes y haberes de la asociación.
Artículo 5°. Excepciones a la inmunidad. La inmunidad de jurisdicción no podrá ser invocada en los casos siguientes:
Artículo 6°. Inviolabilidad de los archivos. Los Archivos de la Asociación y todos los documentos que le pertenezcan o que se hallen en su posesión, son inviolables, dondequiera que se encuentren ubicados.
Artículo 7°. Mecanismos Financieros de la Asociación.
Artículo 8°. Exoneración de impuestos y derechos arancelarios. La Asociación, sus bienes, propiedades, haberes e ingresos estarán:
Artículo 9°. Facilidades de comunicación.
2. Los Representantes de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Asociación en las reuniones convocadas por la Asociación, mientras ejerzan sus funciones y durante el viaje al lugar de reunión o de regreso, no serán obligados por las autoridades territoriales a abandonar el país en el cual ejercen sus funciones, por razón de actividades realizadas por ellos en su capacidad oficial. No obstante, en el caso en que alguna de dichas personas abusare de la prerrogativa de residencia ejerciendo, en ese país, actividades ajenas a sus funciones oficiales, el Gobierno de tal país podrá exigirle a salir de él, sin perjuicio de las disposiciones siguientes:
Artículo 1°. Apruébase el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Asociación de Estados del Caribe, hecho en la Ciudad de Panamá, República de Panamá el 13 de diciembre de 1999.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Protocolo sobre privilegios e inmunidades de la asociación de estados del Caribe, hecho en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el 13 de diciembre de 1999, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Dentro del término para intervenir, presentó escrito la ciudadana Nancy Zamora Rendón, designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, justificando la constitucionalidad del asunto objeto de control.
Para la interviniente, el protocolo objeto de estudio, se ajusta plenamente a la Carta Política, toda vez que desarrolla varios principios consagrados en su texto, tendientes a lograr la integración económica, cultural, política, científica, social y tecnológica.
Se ha firmado en cumplimiento de un compromiso internacional vigente para el Estado, su estructura es similar a la de otros acuerdos internacionales y sus disposiciones no hacen otra cosa que transformar las reglas de derecho consuetudinario y los usos y prácticas internacionales, en normas de derecho positivo internacional.
El acuerdo bajo revisión materializa los principios dispuestos en el artículo 9 de la Constitución Política.
Así mismo, se fundamenta en los artículos 226 y 227 de la Constitución, por cuanto, la participación activa de Colombia en la Asociación de Estados del Caribe, hace que sea protagonista de las normas que a nivel regional, manejan el comercio entre los países y por lo mismo en su desarrollo y evolución haciendo que el Estado realmente esté promoviendo la internacionalización de sus relaciones económicas.
Finalmente, el protocolo cumple con los principios generales de derecho internacional que regulan la materia, a los cuales se hace alusión en el artículo 9 de la Carta Política, en cuanto al fundamento de las relaciones exteriores del Estado que se basan en la soberanía nacional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por nuestro país. También constituye un complemento necesario de los convenios suscritos por el Estado colombiano sobre el tema, armonizando así la Constitución con los diferentes instrumentos internacionales que se encuentren vigentes.
El señor Procurador General de la Nación, doctor Edgardo José Maya Villazón, en concepto No. 2851 del diez (10) de abril de 2002, solicita la declaración de EXEQUIBILIDAD, del Protocolo en revisión como de su ley aprobatoria, con excepción de los siguientes ordinales, cuya constitucionalidad debe condicionarse así:
“El literal a) del artículo 3 es exequible bajo el entendido que el ejercicio del derecho de propiedad en Colombia por parte de la Asociación se efectúa sometido a los postulados constitucionales en relación con el derecho de propiedad privada. El literal b) ibídem es exequible bajo el entendido que el accionar judicial de la Asociación se efectúe sin violar la soberanía nacional en asuntos judiciales.
El numeral 2 del artículo 4 es exequible bajo el entendido que el derecho de propiedad en Colombia por parte de la Asociación se efectúa sometido a los postulados constitucionales en relación con el derecho de propiedad privada y bajo la posibilidad de ser expropiados en los términos del artículo 58 constitucional.
El artículo 8 literal a) es exequible en el entendido que las exenciones otorgadas deben limitarse a aquellas que traten sobre tributos nacionales.
El artículo 11 numeral 2 literal b) y el artículo 13 literal b) son exequibles, siempre y cuando se excluya la inmunidad de arresto y detención personal el homicidio y la flagrancia”.
Para el Procurador, el Protocolo y la ley que lo aprueba, se ajustan a la Constitución Política, en su aspecto formal y material.
En cuanto al trámite dado a la ley 703 de 2001, por el Congreso de la República, consideró que el mismo se ajustó plenamente a lo establecido constitucionalmente en relación con el trámite de tratados y convenios públicos internacionales en cuanto a suscripción con confirmación presidencial posterior, iniciativa legislativa del Ejecutivo, trámite legislativo, unidad de materia, sanción presidencial y remisión a la Honorable Corte Constitucional.
Respecto al examen material del Protocolo y de la ley, señala que el Protocolo fue hecho en desarrollo de los artículos XVI y XVII del Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe, el cual fue aprobado por la Ley 216 de 1995, y declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-331 de 1996. En relación con las definiciones, principios, objetivos y funciones básicas contenidos en el referido convenio, la Corte consideró que la participación de Colombia en cualquier organismo internacional cuyo objetivo fundamental sea la integración, concentración y cooperación entre países resulta coherente con los postulados del artículo 226 de la Constitución Política, según el cual la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas del Estado se deben hacer sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, lo cual incluye al convenio en mención en cuanto a la naturaleza de la Asociación como organismo de consulta concertación y cooperación para la identificación y promoción de políticas y programas orientados, entre otros, al logro de un desarrollo sostenido en lo cultural, económico, social, científico y tecnológico; promoción de espacios económicos ampliados para el comercio y la inversión con oportunidades de cooperación y concertación entre sus miembros en función del crecimiento y la integración económica.
Finalmente señaló, que los términos planteados en el protocolo, se avienen a los postulados constitucionales en lo correspondiente a la integración económica, social y política del Estado, especialmente con los países de América Latina y del Caribe (preámbulo, artículo 9 y 227) así como también, la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, y sociales, sobre la base de la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional (artículo 226 y 227 C.P).
El 11 de julio de 2000, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la República, el Acuerdo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2, de la Constitución. Decreto éste suscrito también por el Ministro de Relaciones Exteriores.
b) Trámite del proyecto de ley número 031 de 2000, en el Senado de la República y su conformidad con la Constitución Política.
El Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Guillermo Fernández de Soto, en nombre del Gobierno nacional, presentó ante la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley por medio del cual se solicitaba aprobar “el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Asociación de Estados del Caribe, suscrito en Panamá, República de Panamá el trece (13) de diciembre de 1999”. Proyecto de ley radicado el 25 de julio de 2000, bajo el número 031/00 (Gaceta del Congreso No. 295, de 1 de agosto de 2000, páginas 9 a 14).
- La Presidencia del Senado, el mismo 25 de julio de 2000, repartió el proyecto de ley a la Comisión Segunda Constitucional Permanente y dispuso su publicación, la que se efectuó en la Gaceta del Congreso No. 295 del 1 de agosto de 2000. De esta manera, se cumplió la exigencia de la publicación oficial del proyecto de ley por el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva, tal como lo señala el artículo 157, numeral 1o. de la Constitución.
- El Presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, designó como ponente al senador Enrique Gómez Hurtado, quien presentó ponencia para primer debate, publicada en la Gaceta del Congreso No. 360, del 8 de septiembre de 2000, páginas 2 a 4. Proyecto que fue aprobado por unanimidad de los diez (10) senadores presentes en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, el día doce (12) de septiembre de 2000, según certificación suscrita por el Secretario de la Comisión, Felipe Ortiz Marulanda, y que reposa en el expediente (folio 133). Encuentra la Corte, que, de acuerdo con lo consignado en esa certificación, se satisfacen los requerimientos para la aprobación del proyecto en comisión, artículos 145 y 157 numeral 2 de la Constitución.
-Presentada la ponencia para segundo debate, que se publicó en la Gaceta del Congreso No. 498, del día once (11) de diciembre de 2000, página 4, el proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado, el día 15 de diciembre de 2000, según acta número 29, de la sesión ordinaria de ese mismo día. En la Gaceta del Congreso No. 51 del 14 de febrero de 2001, se publicó la aprobación del proyecto en cuestión, según lo certifica el Secretario General del Senado de la República, en escrito que obra a folio 78 del expediente.
El mencionado proyecto fue aprobado con un quórum de noventa y dos (92) honorables senadores. La Corte considera que, al estar compuesto el Senado por 102 miembros, se cumplen los requisitos contemplados para el quórum deliberatorio y decisorio. Asimismo, que entre el primero y segundo debate (12 de septiembre y 15 de diciembre de 2000), medió un lapso superior a los ocho días, que exige el artículo 160 de la Constitución.
c) Trámite del proyecto de ley número 134 de 2001, en la Cámara de Representantes y su conformidad con la Constitución Política.
- El día 22 de enero de 2001, el proyecto de ley 031/00 Senado, fue enviado a la Secretaría General de la H. Cámara de Representantes para su respectivo trámite. La secretaría, una vez radicado el proyecto bajo el número 134/01, lo remitió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, para lo de su competencia. Esta comisión designó al Representante, José Gentil Palacios Urquiza, como ponente y a los Representantes Maria Eugenia Jaramillo Hurtado y Jaime Puentes Cuellar como coponentes.
- La ponencia para primer debate fue publicada en la Gaceta del Congreso No 163 de mayo 3 de 2001, página 13 y 14, publicación que se efectúo antes de haberse discutido y aprobado en primer debate el proyecto de Ley, de conformidad con el artículo 157 de la Ley 5ª de 1992. Proyecto que fue aprobado por unanimidad de los 16 Representantes asistentes, el día de 30 de mayo de 2001, según certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda de la H. Cámara de Representantes (folio 60). La Corte considera que el mencionado proyecto se aprobó con el quórum deliberatorio y decisorio, pues esta Comisión está compuesta por 19 Representantes. Además, reúne las exigencias del artículo 160 de la Constitución, porque entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurrieron más de los quince (15) días que exige la mencionada norma constitucional (Plenaria del Senado, diciembre 15 de 2000, y la Comisión Segunda de la Cámara 30 de mayo de 2001).
- La ponencia para segundo debate fue presentada por los H. Representantes Arcesio Perdomo Navarro, Maria Eugenia Jaramillo Hurtado y Jaime Puentes Cuellar, publicada en la Gaceta del Congreso No. 440 de septiembre 7 de 2001 página 7 y 8. y fue aprobada en la plenaria de la Cámara, por los 136 representantes presentes, el día 16 de octubre de 2001, según consta certificación suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes (folio 196). Encuentra esta Corporación que se cumple el quórum deliberatorio y decisorio, porque son 163 los miembros de la Cámara de Representantes. Así mismo, transcurrieron más de ocho (8) días, entre el primer debate que se presentó en la comisión constitucional correspondiente y el segundo debate dado en la plenaria (30 de mayo de 2001 y 16 de octubre de 2001).
Enviado por la Cámara de Representantes el proyecto de ley 031/00 Senado y 134/01 Cámara, a la Secretaría General del Senado de la República, éste lo remitió al Presidente de la República, quien lo sancionó el día 21 de noviembre de 2001, como ley 703 de 2001.
La Presidencia de esta Corporación, recibió el texto de la ley 703 de 2001, junto con el Protocolo que ella aprueba, el veintiséis (26) de noviembre de 2001, es decir, en el lapso de los seis (6) días que señala el artículo 241, numeral 10, de la Constitución.
El Protocolo objeto de revisión, fue suscrito en nombre de la República de Colombia, sin plenos poderes por la Viceministra de América y Soberanía Territorial, y confirmado por la República de Colombia mediante refrendación de firma efectuada por el señor Presidente de la República, con fecha febrero 9 de 2000, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 8 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada por la ley 32 de 1985. El 11 de julio de 2000 el señor Presidente de la República, impartió aprobación ejecutiva al citado instrumento para efectos de someterse a la aprobación del Congreso de la República, actuación ésta que subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado colombiano, en razón a que le corresponde al Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados y convenios.
El Protocolo en revisión, fue hecho en desarrollo de los artículos XVI y XVII del Convenio Constitutivo de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), suscrito en Cartagena de Indias el 24 de julio de 1994, aprobado por la Ley 216 de 1995 y declarado exequible por parte de la Corte en la sentencia C-331 de 1996. El convenio crea la asociación como un organismo de consulta y concertación de los Estados, Países y Territorios del Caribe, para, en su seno, identificar y promover la ejecución de políticas y programas de desarrollo sostenido, cooperación e interacción cultural y económica de la región del Mar Caribe.
El objeto del Protocolo, consiste precisamente en imprimir a la Asociación de Estados del Caribe, plena capacidad jurídica para cumplir su misión como organismo de consulta y concertación, que conlleve a la identificación, promoción y ejecución de políticas de desarrollo sostenido, cooperación e interacción de Colombia y la región del Mar Caribe.
Los Estados Países y Territorios del Caribe, reconocen la importancia del Mar Caribe como activo común de los pueblos del Caribe, el papel que ha desempeñado en su historia, y su potencial para operar como elemento unificador de su desarrollo. De igual forma consideran la importancia de preservar el medio ambiente de la región y la responsabilidad compartida en la preservación de la integridad ecológica mediante la movilización de las capacidades colectivas de sus pueblos para desarrollar y explotar sus recursos de manera sostenible y acorde con el medio ambiente, a fin de mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras del mar caribe.
Para efectos de garantizar la independencia y autonomía del ente internacional en ejercicio de sus funciones y cumplimiento de sus fines, el Protocolo dispone que cada parte otorgará, dentro de su territorio, a la Asociación y sus órganos, una serie de privilegios e inmunidades, que básicamente se refieren a:
- La personalidad y Capacidad jurídica internacional y en particular para contratar, adquirir arrendar y enajenar bienes muebles e inmuebles y ser parte en litigios o procesos judiciales (artículo 3).
- Inmunidad de jurisdicción sobre sus bienes y haberes e inviolabilidad de sus locales y archivo, excepto por un proceso de responsabilidad civil extracontractual por daños causados a un tercero, un proceso de responsabilidad contractual o una acción reconvencional en un proceso legal instituido por la misma Asociación (artículos 4 y 6).
- Competencia para adquirir y vender divisas a través de los canales autorizados, tener y transferir fondos, títulos, valores, oro o divisas y cuentas correspondientes (artículo 7).
- Exoneración de Impuestos y derechos arancelarios sobre sus bienes, propiedades, haberes e ingresos, excepto sobre el consumo de servicios públicos o cuando se vendan, en las condiciones acordadas, las publicaciones importadas (artículo 8).
- Facilidades en la comunicación y uso de correo, valijas y códigos similares a las otorgadas para misiones diplomáticas y otras organizaciones internacionales, sin censura ni impedimento para adoptar las respectivas medidas de seguridad (artículo 9).
En términos generales estas medidas resultan razonables a las funciones y finalidades del ente internacional. Sin embargo, los derechos concedidos deben respetar la Soberanía Nacional y la Constitución Política de Colombia (artículo 58, 333 y 365).
Por otra parte, los artículos 10, 11, 12 y 13 establecen los privilegios e inmunidades personales a los Representantes de los Estados Miembros y Asociados, Funcionarios y Expertos de la Asociación de Estados del Caribe, que se otorgan para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus funciones en relación con la Asociación o exclusivamente en el interés de ésta, es decir, para personificar la preservación de la integridad, autonomía e independencia del ente internacional.
Así mismo, el Protocolo prevé la renuncia potestativa a las inmunidades y privilegios personales establecidos en los artículos anteriores, en pro de la justicia cuando se considere por el ente o funcionario competente, que el compromiso judicial se adquirió por fuera de las finalidades de tales prerrogativas de derecho internacional, lo cual se adviene con el principio de soberanía estatal y preservación del derecho fundamental de acceso a la justicia (artículo 14).
El artículo 15 establece la exclusión de privilegios cuando la persona tenga la calidad de Funcionario o experto de la Asociación, o de representante de un Estado Miembro o Miembro Asociado de la Asociación, ante las autoridades del Estado, País o Territorio del cual sea nacional o tenga en él su residencia permanente, lo cual se encuentra acorde con la Constitución artículos 95, 97 a 100).
El artículo 16 señala la cooperación con las autoridades competentes de los Estados Miembros y Asociados a cargo de la Asociación, para facilitar la correcta administración de justicia, la observancia de la normatividad interna y evitar abusos relacionados con el ejercicio de los privilegios e inmunidades establecidos en el instrumento internacional, lo cual es compatible con el orden constitucional colombiano, en cuanto a la reciprocidad de las relaciones internacionales.
El artículo 17 impone la obligación a cargo de las personas investidas de inmunidades y privilegios, de respetar el orden jurídico de los Estados Miembros y Asociados y de no interferir en asuntos internos, concepto este que es propio de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos.
En su artículo 18 y 21 el Protocolo en revisión establecen el procedimiento a seguir en caso de abuso de los privilegios o de las inmunidades frente a la inmunidad de jurisdicción, aplicando mecanismos alternativos de solución de conflictos.
El artículo 19 establece el derecho de ondear la bandera y mostrar el emblema en sus locales y en los vehículos utilizados para propósitos oficiales, asunto simbólico sustancial inherente a la personalidad jurídica de la Asociación de Estados del Caribe.
El artículo 20 estable la potestad de la Asociación para celebrar otros acuerdos que otorguen privilegios a tal persona de derecho internacional, lo cual es un principio de reciprocidad, soberanía y libre autodeterminación de los pueblos.
Finalmente, los artículos 21 a 30 del Protocolo establecen requisitos procesales de derecho internacional en relación con su vigencia, tales como firma, ratificación, adhesión, entrada en vigor, vigencia, denuncia, reservas, registro, enmiendas y disposiciones finales, todo ajustado a la Constitución artículos 9, 150 numeral 16, 189 numeral 2, 224, 226, 227 y 241.
En diversas providencias esta Corporación ha afirmado que la participación de Colombia en cualquier organismo internacional cuyo objeto fundamental sea la integración, la concertación y cooperación entre países es coherente con los postulados del artículo 226 de la Constitución, según el cual la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas del Estado se hará sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Así mismo, es deber del Estado promover la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar la comunidad latinoamericana de naciones (artículo 227 de la Constitución).
El instrumento en revisión, tiene como objetivo buscar la integración de la Asociación de Estados del Caribe, esto es en desarrollo del mandato constitucional contenido en el Preámbulo de la Carta Política, que establece la integración de la comunidad latinoamericana, y el artículo 9 de la Constitución, según el cual la política exterior colombiana se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.
La Corte, no avala el concepto de la Procuraduría, al considerar que la exequibilidad del protocolo en algunos artículos debe ser condicionada, puesto que tal como se analizó, el texto del protocolo en modo alguno vulnera la Constitución, el mismo se celebró sobre bases de equidad, y reciprocidad como lo establece el artículo 150, numeral 16 de la Constitución y propende por la integración de la comunidad latinoamericana (preámbulo y artículo 9 de la Constitución Política).
Declarar EXEQUIBLES el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Asociación de Estados del Caribe, suscrito en Panamá, República de Panamá, el trece (13) de diciembre de 1999, así como la ley 703 de 2001, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo.

References: artículo 241

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
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 artículo 9
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 58
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 226
 artículo 9
 artículo 189
 artículo 157
 artículo 160
 artículo 157
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 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20
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 artículo 9
 artículo 150
 artículo 9