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Timestamp: 2018-11-13 01:58:38+00:00

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TEMA 12.- LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN - PDF
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Benito Mora Calderón
1 TEMA 12.- LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 1. Los medios de impugnación: los remedios procesales Los medios de impugnación son mecanismos procesales a través de los cuales las partes en un proceso pueden pedir la revisión de las resoluciones judiciales dictadas, pretendiendo su modificación o anulación. Su objetivo principal es el de minimizar el error judicial. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende la facultad de invocar los medios de impugnación previstos por la ley; esto quiere decir que el legislador no está obligado a establecer medios de impugnación pero que, una vez establecidos, la denegación injustificada del acceso a estos instrumentos de tutela vulnera el derecho constititucional. Los medios de impugnación exigen que exista gravamen; eso quiere decir que sólo pueden impugnar la resolución las partes que se hayan visto perjudicadas en el fallo. Asimismo, se aplica el principio procesal de prohibición de 'reformatio in peius'; este principio implica que la revisión de la resolución no puede perjudicar al recurrente, salvo que, a su vez, la parte contraria hubiera impugnado la resolución solicitando este efecto. La Doctrina divide los medios de impugnación en dos categorías: remedios (también llamados recursos no devolutivos) y recursos (o, en su caso, recursos devolutivos). Se denomina remedios a los medios de impugnación planteados ante el mismo órgano judicial que dictó la resolución. En cualquier caso, habitualmente se denomina también recursos a estos mecanismos (de hecho, la propia LPL lo hace), de manera que puede ser más adecuada la denominación de recursos no devolutivos. Estos remedios no pueden utilizarse para impugnar sentencias (salvo los supuestos que se analizan en el epígrafe 3); debe recordarse que éstas son resoluciones definitivas para el órgano que las dicta; así pues, los remedios sirven para impugnar providencias y autos que resuelven cuestiones incidentales que no se refieren directamente al objeto del proceso. La Ley de Procedimiento Laboral (arts ) establece dos tipos de recursos no devolutivos: el recurso de reposición y el recurso de súplica. En realidad, ambos se tramitan por el mismo procedimiento (regulado en los arts LEC) y se diferencian básicamente por el tipo de órgano judicial al que se dirigen. Así, el recurso de reposición se plantea frente a las providencias y autos de los jueces de lo social (art LPL), mientras que el recurso de súplica se refiere a providencias que no sean de mera tramitación y autos de las salas de lo social de los tribunales (art ), es decir, de órganos judiciales de carácter colegiado. La regla general es que cualquier tipo de providencias o autos puede impugnarse ante el mismo órgano que las emitió, aunque hay algunas excepciones; en concreto, no pueden plantearse estos remedios frente a resoluciones dictadas en procesos de conflictos colectivos o de impugnación de convenios colectivos (arts y LPL). 2. Los recursos devolutivos Los recursos, o, desde la terminología alternativa, los recursos devolutivos son aquellos medios 1/8
2 de impugnación que no se plantean ante el órgano judicial cuya resolución se impugna, sino ante un órgano superior jerárquico. El primero se denomina órgano a quo (en latín a quo significa del que ), mientras que el superior jerárquico que toma la decisión acerca de la resolución se llama órgano ad quem (que significa al que ). La regulación de los recursos se encuentra siempre en un determinado punto de equilibrio entre dos principios jurídicos contrapuestos: la voluntad de evitar el error judicial y el principio de celeridad. Cuando no se permite ningún recurso, los órganos judiciales superiores no pueden controlar los errores en la apreciación de la prueba, en la interpretación o argumentación jurídica o las infracciones de las normas procesales; en cambio, aunque con algunas salvedades, las sucesivas revisiones, permiten una mayor depuración de los errores cometidos. A los magistrados de los órganos superiores se les presupone -aunque, por supuesto, esto no se verifica en todos los casosuna mayor experiencia y cualificación y, además, frente al órgano judicial unipersonal, los tribunales permiten un mayor contraste de perspectivas, al tratarse de órganos colegiados. Ahora bien, cuantas más revisiones se efectúen, más se dilatará la solución definitiva al conflicto que dio origen al litigio, trasladándose éste a órganos cada vez más alejados del lugar donde se han producido los hechos y cada vez más sobrecargados de trabajo por la extensión de su ámbito de competencia; ello implica una importante disminución de la eficacia de la función jurisdiccional. Además del principio de celeridad, otros principios procesales operan en contra de una excesiva proliferación de recursos: la oralidad (los procedimientos ante tribunales superiores generalmente se plantean por escrito), la inmediación (la lejanía física del órgano dificulta la conexión directa del tribunal con el objeto del proceso) y la concentración (dado que se multiplican las fases del proceso). Todos estos principios son particularmente importantes en el proceso social; es por esto que en este ámbito se aplica, como se estudió en el tema 1, el principio de instancia única: sólo un órgano judicial conoce el litigio en su totalidad. Así pues, los recursos en el proceso social son medios de impugnación extraordinarios que sólo se plantean en supuestos tasados. Asimismo, el enjuiciamiento del órgano ad quem estará restringido a la materia concreta que fue objeto de recurso; por ejemplo, el recurso cuestiona una determinada interpretación de un precepto legal sustantivo, se mantendrá la lista de hechos probados de la sentencia de instancia Recurso de queja Determinados recursos devolutivos (en concreto, los de suplicación, casación y casación para la unificación de doctrina) se tramitan en dos fases. Una primera fase de preparación se lleva a cabo ante el órgano a quo, frente al que se anuncia la interposición del recurso a través de un escrito; posteriormente, se desarrolla una segunda fase ante el órgano ad quem. Durante esta primera fase, el órgano a quo puede inadmitir el recurso mediante auto, si apreciara defectos no subsanables (como el transcurso de los plazos para anunciar el recurso o el hecho de que la resolución no sea recurrible) o no se hubieran subsanado otros defectos formales (por ejemplo, si no se hubiera consignado la cantidad económica necesaria para recurrir). 2/8
3 Si el recurrente entendiera que esta inadmisión es injustificada, podrá impugnar este auto ante el órgano ad quem (el superior jerárquico que debía conocer del recurso rechazado), a través del recurso de queja. El procedimiento para plantear este recurso se regula en los arts. 187 LPL y 494 y 495 LEC Recurso de suplicación: Esquema Recursos de suplicación y casación: órganos judiciales que intervienen 3º Grado TS Órgano ad quem Casación para la unificación de dotrina (RCUD) -A quo (RCUD) 2º Grado -Ad quem (suplicación) Órgano Ad quem TSJ TS Suplicación Casación ordinario Casación ordinario 1º Grado: Única Órgano a quo Órganos a quo Instancia JS TSJ AN El recurso de suplicación es el más común de los recursos devolutivos. Como puede apreciarse en el esquema 12.1, se plantea frente a determinadas resoluciones de los jueces de lo social y ante la Sala de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (aunque, como se ha indicado anteriormente, hay una fase preparatoria ante el órgano a quo). Resoluciones objeto de recurso Este recurso se plantea básicamente frente a sentencias del Juzgado de lo Social, dado que, como se ha visto las providencias y autos dictadas por este órgano se impugnan a través del recurso de reposición y el auto que resuelve este recurso como regla general no es recurrible (art. 454 LEC). Excepcionalmente, se admite el recurso de suplicación frente a determinados autos 1. 1-Los que se refieren a determinados problemas de competencia: los que deniegan la inhibitoria en un asunto que podría recurrirse en suplicación (art LPL) o estiman de oficio su incompetencia por razón de la materia (art LPL), aunque en este caso será preciso recurrir antes en reposición. 3/8
4 En lo que refiere a las sentencias, la regla general es que sólo pueden recurrirse en suplicación aquellas en la que la cuestión litigiosa alcance una cierta importancia, que se evalúa en función de la cuantía de la pretensión; así, sólo serán recurribles aquellas en las que la reclamación sea superior a 1803 (art LPL). Como ya se ha visto, en algunos casos las sentencias son firmes desde que se dictan, de manera que no podrán ser objeto de recurso de suplicación (clasificación profesional, modificación sustancial de condiciones de trabajo, impugnación de sanciones salvo que confirmen sanciones muy graves, vacaciones, materia electoral y concrección horaria). Existen otros supuestos en los que se podrá recurrir en suplicación con independencia de la cuantía, dado que el legislador ha considerado que por sí mismos tienen suficiente relevancia: procesos por despido [art a) LPL], sobre reconocimiento o denegación de prestaciones de Seguridad Social y determinación del grado de invalidez [art c)], de conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos, impugnación de estatutos sindicales y tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales [art f)], o que por cualquier otra causa afectan a un gran número de trabajadores o beneficiarios de la seguridad social [art b)]. También será posible siempre el recurso contra sentencias que decidan sobre la competencia por razón de la materia [art e)], por tratarse de una cuestión de orden público y todas las reclamaciones que se refieran a la vulneración de garantías procesales [art d)], dado que en estos casos está en juego el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Motivos de recurso Puesto que el recurso de suplicación es un recurso extraordinario, sólo puede plantearse alegando determinados motivos, que están tasados por la ley, y el Tribunal ad quem se ocupará exclusivamente de conocer las cuestiones que hayan sido impugnadas, dejando la sentencia inalterada en lo demás. No obstante lo anterior, los motivos de impugnación son bastante amplios, salvo en lo que refiere a las cuestiones de hecho; como regla general, la lista de hechos probados se mantiene inalterada en el segundo grado; en cambio, el Tribunal podrá interpretar las normas procesales y sustantivas de forma distinta al Juzgado, siempre que ello sea congruente con el recurso, que es, como se ha dicho, de carácter limitado. -Motivos de hecho: como excepción a la regla general anteriormente enunciada, el recurrente podrá solicitar la revisión de la lista de hechos probados si esta revisión se desprende de las pruebas periciales o documentales practicadas [art. 191 b) LPL]. Debe tenerse en cuenta que en estas pruebas es donde tiene una menor importancia el principio de inmediación. -Motivos jurídicos: el recurrente puede impugnar la resolución por estimar que se ha producido alguna vulneracion de las normas o garantías procesales [art. 191 a) LPL], siempre que hubiera formulado la correspondiente protesta en el momento procesal oportuno [art d) LPL]. Asimismo, podrá alegar infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia [art. 191 c) LPL], -Los dictados en el proceso ejecutivo cuando resuelvan puntos sustanciales (art LPL). -Los dictados en el proceso concursal y tengan carácter laboral (art LPL). No es necesario que memorices todos estos supuestos, pero sí que los entiendas mínimamente para identificarlos en un eventual caso práctico con ayuda de la legislación. 4/8
5 es decir, podrá sostener que la interpretación que ha hecho el juez del derecho sustantivo es incorrecta Recurso de casación ordinario Los recursos de casación se plantean siempre ante el Tribunal Supremo; se refieren a un sentido poco utilizado de la palabra casar que significa anular, derogar. El recurso de casación ordinario se interpone ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (órgano ad quem) frente a las resoluciones dictadas en la instancia por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional (véase supra el esquema 12.1). Como se ha estudiado en el tema 1, la mayoría de los litigios sociales son conocidos en la instancia por los Juzgados de lo Social; ya se ha señalado que frente a las sentencias (y algunos de los autos) dictados en estos procesos se podría formular recurso de suplicación. Ahora bien, en algunos casos, los Tribunales Superiores de Justicia pueden conocer de los litigios en la instancia, cuando determinados asuntos de dimensión colectiva rebasen la circunscripción territorial de un Juzgado de lo Social; de la misma manera, la Audicencia Nacional puede conocer en la instancia determinados procesos de carácter colectivo que rebasan el ámbito de una Comunidad Autónoma. Frente a las sentencias de estos Tribunales en la instancia podrá plantearse el recurso de casación ordinario, que cumple básicamente la misma función que el recurso de suplicación, esto es, permitir la revisión de la interpretación jurídica (y en algún caso de los hechos probados) realizada por el órgano a quo. Las resoluciones objeto de impugnación serán (art. 104 LPL) las sentencias dictadas en la instancia por estos Tribunales y, excepcionalmente, como en el caso anterior, algunos autos 2. En cuanto a las sentencias, en este caso no existe ninguna restricción con respecto a la cuantía; debe advertirse que las materias que los TSJ o la AN pueden conocer en la instancia (impugnación de convenios colectivos, conflictos colectivos, impugnación de estatutos sindicales y tutela de la libertad sindical y otros derechos fundamentales), siempre pueden ser objeto de suplicación cuando se plantean en la circunscripción de un Juzgado de lo Social, debido a su importancia o afectación general. Los motivos de impugnación son básicamente los mismos que operan en el recurso de suplicación (art. 205): error de hecho que se deduce de documentos aportados al proceso (en este caso no se hace referencia a la prueba pericial), vulneración de normas procesales (en este caso se especifican innecesariamente los supuestos de falta de congruencia, incompetencia o inadecuación del procedimiento) e infracción de normas jurídicas o de la jurisprudencia (postulando una interpretación distinta de la planteada por el órgano a quo) Recurso de casación para la unificación de doctrina Como puede observarse en el esquema 12.1, los TSJ pueden conocer en 2º grado de las cuestiones planteadas en la instancia en los Juzgados de lo Social a través del recurso de 2 Concretamente, los autos que decidan el recurso de súplica contra: a) los autos del procedimiento ejecutivo que resuelvan puntos esenciales; b) los autos en los que el Tribunal se considera incompetente por razón de la materia. 5/8
6 suplicación. Frente a la sentencia que resuelve el recurso de suplicación en principio no cabe recurso, como sucede con la sentencia del TS que resuelve un recurso de casación ordinario, la cual es firme desde que se dicta. En el primer caso, sin embargo, esta firmeza automática supondría un problema práctico. Como se ha visto, uno de los motivos del recurso de suplicación es el cuestionamiento de la interpretación del Juzgado de lo Social; el resultado de la previsión de este recurso es que se producirá una mayor generalización de expectativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma y por tanto existirá una mayor seguridad jurídica a medida que el TSJ vaya consolidando su doctrina. Cuando el TSJ de una determinada Comunidad Autónoma se hubiera pronunciado acerca de la interpretación de una norma laboral, los jueces de esta circunscripción aplicarán normalmente la interpretación del órgano superior (o, de lo contrario, sus resoluciones podrán ser objeto de recurso). Así, los ciudadanos tienen una mayor certeza acerca de los contenidos del Derecho. El problema es que, puesto que hay 17 Comunidades Autónomas, existen también 17 TSJ; si no se estableciera ningún otro recurso, podrían existir interpretaciones muy diversas de las normas de ámbito estatal en función del territorio donde se situara el órgano judicial competente, lo que provocaría una indeseable desigualdad en la aplicación de la ley. Esta es la razón que motiva la aparición del recurso de casación para la unificación de doctrina (RCUD); no se trata tanto de proporcionar a las partes nuevas formas de impugnación como de permitir la unificación de la doctrina jurisprudencial en relación con la interpretación y aplicación de las normas de ámbito estatal, aunque, una vez creado, lógicamente el recurso es utilizado por las partes en su propio interés. Podrá plantearse el RCUD frente a sentencias dictadas en suplicación por los TSJ cuando existieran una o varias 3 sentencias firmes, anteriormente dictadas por otros TSJ en suplicación o por el TS en unificación de doctrina, que resulten contradictorias con la resolución que se impugna; se considerará que existe contradicción cuando los hechos sean sustancialmente idénticos pero el fallo sea significativamente distinto. Si la Sala Cuarta (Social) del TS considera que la sentencia recurrida vulnera la unidad de doctrina, la anulará, resolviendo el debate en los términos apropiados a la interpretación que considere ajustada (art LPL); en cualquier caso, su pronunciamiento no tiene efectos sobre las resoluciones dictadas antes que la impugnada. Una vez unificada la doctrina, si los jueces de lo social aplicaran una interpretación distinta en pronunciamientos posteriores, sus sentencias podrían ser recurridas en suplicación por infracción de la jurisprudencia; en caso de que los TSJ reiteraran la doctrina inadecuada, estas sentencias podrán recurrirse en casación por unificación de doctrina, dado que la sentencia de contradicción puede ser de otro TSJ o del TS Líneas esenciales del procedimiento en los recursos de suplicación y casación El procedimiento para formular el recurso de suplicación se regula en los arts LPL; el de casación ordinario, en los arts y el de casación para la unificación de doctrina en los arts El TS exige que en el procedimiento se aporte la certificación de una sola sentencia, que se utilizará como modelo para comprobar la contradicción, con independencia de que se pudieran alegar otras sentencias en la fundamentación jurídica. 6/8
7 226 LPL; además, se prevén algunas disposiciones comunes para todos estos recursos en los arts LPL. Como es la tónica en este tema, estos procedimientos concretos no van a ser objeto de estudio, salvo en lo que refiere a determinadas líneas esenciales que sintetizan las disposiciones comunes de los arts. 227 y ss. LPL. -Como se ha visto (epígrafe 2.1 de este tema), se desarrolla una primera fase de preparación o anuncio del recurso ante el órgano a quo, tramitándose el resto del recurso ante el órgano ad quem. -Para formular estos recursos es necesario contar con la asistencia de Letrado (art. 229 LPL). A estos efectos, no basta estar representado por un Graduado Social. -El Ministerio Fiscal será parte en los recursos de casación ordinario [arts y LPL] y casación para la unificación de doctrina [arts. 218, 223.1, LPL] -Aquel que pretenda interponer recursos de suplicación o casación, salvo que tenga la condición de trabajador, beneficiario de la seguridad social o se trate de una Administración pública u organismo autónomo, deberá consignar en el órgano judicial una cantidad económica determinada como depósito (art LPL); esta cantidad se perderá si la sentencia desestimara el recurso (art LPL). La finalidad de esta norma es evitar que se planteen los recursos como meras maniobras dilatorias. Además, si el recurrente hubiera sido condenado al pago de una cantidad económica y no gozara del beneficio de justicia gratuita, deberá consignarla o garantizarla mediante aval bancario (art. 228 LPL), de manera que la dilación provocada por el recurso no plantee dificultades para la posterior ejecución de la sentencia. 3. Recursos contra sentencias firmes Aunque se ha definido las sentencias firmes como aquellas sentencias que no admiten recurso, se adelantó ya en su momento que aún estas sentencias pueden ser objeto de revisión a través de algunos medios de impugnación verdaderamente excepcionales, dentro de unos plazos determinados, que no van a ser objeto de estudio El recurso de audiencia al rebelde La rescisión de sentencias firmes a instancia del rebelde se regula en el art. 183 LPL, que se remite en gran parte al régimen de los arts LEC. Se trata de un recurso no devolutivo, pues se plantea ante el mísmo órgano que conoció del asunto. Las causas tasadas que permiten la rescisión figuran en el art. 501 LEC: imposibilidad de comparecencia por fuerza mayor, aún habiendo sido debidamente notificado; falta de recepción de la cédula de notificación por causa no imputable al rebelde y, en caso de que la notificación se hubiera practicado por edictos y desconocimiento de la existencia del pleito por ausencia del lugar del proceso y de cualquier otro en el que hubieran sido publicados los edictos. 7/8
8 3.2. El recurso extraordinario de revisión El recurso extraordinario de revisión se menciona en al art. 234 LPL, remitiéndose al régimen jurídico previsto en los arts LEC (salvo la cuantía del depósito, que se equipara a la casación). Este recurso tiene por objeto la impugnación ante el TS de sentencias firmes que fueron dictadas sin tomar en consideración determinadas circunstancias tasadas por causa no imputable al perjudicado. Estas causas, previstas en el art. 510 LEC son las siguientes: -Recuperación de documentos que no fueron tomados en consideración por parte de la parte recurrida o por fuerza mayor. -Falsedad declarada en proceso penal de los documentos, los informes periciales o los testimonios en base a los cuales se dictó la sentencia. -Sentencia dictada en virtud de cohecho o maquinaciones de la parte beneficiada por ella. A estas causas debe añadirse la prevista en el art LPL, que ya se ha estudiado. Las cuestiones prejudiciales penales, salvo la falsedad documental, no suspenden el procedimiento en el orden social, pero si posteriormente la sentencia penal declarara la inexistencia del hecho o la no participación del sujeto en éste, quedará abierta la vía del recurso de revisión La nulidad de actuaciones En los arts LOPJ se regula, con carácter general, la nulidad radical de los actos procesales; aunque no se menciona en la LPL, estos preceptos se aplican en el proceso social. De manera muy excepcional, se permite a las partes solicitar la nulidad de las resoluciones judiciales a través de un incidente, tramitado ante el mismo órgano que conoce del caso (se trataría, por tanto, de un recurso no devolutivo). Esta posibilidad sólo se admite cuando se hubiera producido indefensión a causa de alguna infracción procesal y ello no hubiera podido ser denunciado en su momento, siempre que la resolución no hubiera sido suceptible de recurso (por ejemplo, de suplicación). En cualquier caso, si fuera posible su planteamiento, es requisito previo para la formulación del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 8/8

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