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Timestamp: 2018-03-21 14:59:06+00:00

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captación de clientes | El estante de la Citi
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Publicado en 22 de enero de 2018 por citereaanadiomena
MADRID, 22/01/2018 (SERVIMEDIA)
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8883661/01/18/El-arzobispado-de-madrid-emprende-una-cruzada-contra-la-publicidad-de-prostitucion.html#
La Vicaría de Pastoral Social e Innovación del Arzobispado de Madrid ha emprendido una campaña para ayudar a los ciudadanos a denunciar la publicidad de servicios sexuales que se ofertan en las calles de Madrid. Los servicios jurídicos de la vicaría han elaborado un documento que agilizaría los trámites de denuncia ante las juntas municipales.
Con esta campaña, el equipo del cardenal Carlos Osoro invita a “todos” a “hacer frente” a esa realidad visible en las lunas de los coches y en las farolas, incluso a las puertas de colegios. “Las octavillas publicitarias, en las que se ofertan servicios sexuales con el reclamo de una fotografía de una mujer semidesnuda acompañada por lo general de un teléfono de contacto, supone un trato vejatorio degradante e inhumano de la mujer, al presentarla como mera mercancía, atentando así contra su misma dignidad”, puede leerse en la web de Pastoral Social.
El Arzobispado subraya también que “no sería extraño que tras muchos de estos anuncios se oculten situaciones de explotación sexual, prostitución infantil y trata de personas, pues en algunos de ellos se recalca que se trata de mujeres nuevas, jóvenes o de nacionalidad extranjera”.
“No hace falta decir que, además, es evidente el desagrado que esto provoca en muchos ciudadanos y el peligro que entraña para l@s menores”, añade el Arzobispado, que también muestra su preocupación por el “daño” en la limpieza e imagen de la ciudad y en la “transgresión” de varias normativas.
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Encuesta de Médicos del Mundo sobre el impacto de la ley de penalización de clientes en Francia
Publicado en 16 de noviembre de 2017 por citereaanadiomena
https://www.cabiria.asso.fr/Enquete-MdM-loi-penalisation
Del difícil equilibrio entre seguridad, precariedad e independencia después de la aprobación de la “Ley para reforzar la lucha contra el sistema de prostitución y para acompañar a las personas prostituidas”
« ¿Hasta cuándo podremos decir ‘no’ al cliente? »
« Me he convertido en la que dice ‘sí’ a cualquier precio »
Informe intermedio de la encuesta coordinada por Médicos del Mundo en colaboración con las asociaciones Acceptess-T, ARCAT, le Collectif des Femmes de Strasbourg Saint Denis, Autres Regards, Cabiria, Grisélidis, les Amis du Bus des femmes, Act Up-Paris, Syndicat du travail sexuel – STRASS, Aides y el Mouvement français pour le planning familial.
El objetivo de este estudio es documentar el impacto de la ley de fortalecimiento de la lucha contra el sistema de la prostitución, aprobada por la Asamblea nacional 6 de abril de 2016 y promulgada el 13 de abril (Ley Nº 2016-444), sobre las condiciones de ejercicio y de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual. Dirigido por Médicos del Mundo y llevado a cabo en cooperación con las organizaciones asociadas, se trata de un estudio cualitativo, que quiere destacar la opinión de las primeras personas afectadas por esta ley y los cambios experimentados desde que se promulgó .
Este informe es una primera etapa de la documentación, ya que las entrevistas se llevaron a cabo entre julio y octubre de 2016. En ese momento, la ruta de salida de la prostitución aún no estaba establecida y solo pudimos recoger opiniones sobre el deseo de participar o no y opiniones relativas al establecimiento de dicho programa.
Por otro lado, incluso si la penalización de los clientes se aplica de forma desigual de una ciudad a otra, la posibilidad de su aplicación en todas partes ha transformado fuertemente las condiciones de práctica de las trabajadoras sexuales. La precariedad, la asunción de riesgos, el aislamiento, el uso de intermediarios y, en última instancia, el impacto en la salud y el aumento de la violencia son otros tantos comentarios que aparecen en las entrevistas.
Se puede descargar el documento en formato PDF aquí:
http://bit.ly/2jkiZov
continuación, la traducción de la
Este proyecto de investigación colectiva continuará hasta que pasen dos años desde la implantación de la ley para documentar su impacto, incluida la ruta de salida de la prostitución, que todavía no está en vigencia.
Durante los primeros seis meses de la despenalización de la solicitación pública y la criminalización de la compra de servicios sexuales, las principales observaciones obtenidas de entrevistas y testimonios de trabajadoras sexuales son las siguientes:
La ley no tiene suficientemente en cuenta la diversidad de las prácticas de prostitución.
– La ley considera que las trabajadoras sexuales (TS) son víctimas de trata. A esto, muchas responden que a menudo trabajan independientemente y que cuando hay un intermediario es más bien elegido que sufrido o impuesto.
– Las mujeres encuestadas tienen niveles de vida muy diferentes. Algunas viven en situaciones precarias (dificultades de vivienda, para alimentarse, para cuidarse), otras tienen un nivel de vida más alto. La prostitución a menudo es preferida a otro trabajo que no proporciona ingresos suficientes para vivir bien.
La aplicación de la ley no parece realista y realizada.
– A pesar de la derogación del delito de solicitación pública, las relaciones con la policía han cambiado poco y las medidas locales continúan permitiendo la represión de las trabajadoras sexuales.
– La ley tiene un efecto disuasorio sobre los clientes sin que se estén imponiendo, por lo demás, multas. Condenar al cliente es injusto para muchas de las entrevistadas, que lo consideran moralizante e inadecuado para el propósito declarado de proteger a las trabajadoras sexuales y luchar contra el proxenetismo.
La ley tiene un impacto en las condiciones de trabajo y de vida:
– Las mujeres entrevistadas observan un descenso en el número de clientes. La pérdida económica resultante modifica el equilibrio de poder establecido con el cliente. Se invierte y se convierte en una ventaja para el cliente. Las encuestadas dicen que tienen menos peso en la negociación de la tarifa con los clientes. Amenazar con denunciar al cliente en caso de dificultades no es una solución realista.
– Ante la disminución de los ingresos, las encuestadas dicen que se ven obligadas a aceptar clientes que no habrían aceptado antes. Algunos clientes luego imponen más fácilmente sus condiciones, que pueden llegar a ser prácticas maliciosas o arriesgadas.
– Por temor a ser multados, los clientes tienden a ir a lugares más apartados (aparcamientos …) o exigen runirse en su apartamento. Las entrevistadas creen que esto aumenta el riesgo de sufrir violencia.
– La ley también afecta las condiciones de vida de las mujeres entrevistadas. Al ganar menos, las mujeres deben limitar o priorizar ciertos gastos (cuidado, alimentos …) y aumentar sus horas de trabajo para compensar la falta de ingresos. Estas nuevas condiciones de ejercicio afectan su estado de salud. Están más estresadas, deprimidas y cansadas.
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Publicado en 13 de noviembre de 2017 por citereaanadiomena
Se equivocan las abolicionistas si creen que van a acabar con la prostitución.
Y no porque sea imposible, sino porque no han adoptado la estrategia adecuada. Hacer la guerra a la prostitución “manu militari”, como se hace la guerra a las drogas o al terrorismo, sólo llevará a un mayor sufrimiento de las mujeres y a un mayor enriquecimiento de las mafias, estatales y no estatales, para mayor gloria del feminismo carcelario.
La única forma de acabar con la prostitución es llevar a cabo una guerra comercial que hunda los precios y arruine a la competencia. Esta guerra debería enfocarse en la demanda, por una parte, y en la oferta, por otra.
Y en cuanto a la oferta, terminar con ella no puede ser asimismo más fácil: basta con ofrecer a cada prostituta una renta equivalente a sus ganancias y en las mismas condiciones, es decir, sin tener que hacer nada más que acostarse con quien le dé la gana y cuando le dé la gana.
Ellas sabrán por qué quieren llevar adelante una guerra que sólo beneficia a las mafias.
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Publicado en 25 de enero de 2017 por citereaanadiomena
Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.
Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.
Abel G and Fitzgerald L (2010) Decriminalization and stigma. In: Abel G, Fitzgerald L and Healy C (eds) Taking the Crime Out of Sex Work: New Zealand Sex Workers’ Fight for Decriminalization. Bristol: Policy Press, pp. 239–258.
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Ley de penalización del cliente: una aberración jurídica
Publicado en 12 de abril de 2016 por citereaanadiomena
Por Nicolas Gardères
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/04/05/31003-20160405ARTFIG00222-loi-sur-la-penalisation-du-client-une-aberration-juridique.php
FIGAROVOX/TRIBUNE – La ley de penalización de los clientes de las prostitutas ha sido aprobada este miércoles. Para Nicolas Gardères, se trata de una ley de infantilización, más que de protección, que producirá efectos exactamente contrarios a los pretendidos.
Nicolas Gardères es abogado y director de conferencias en Sciences-Po Paris. Es el abogado del Colectivo Derechos y Prostitución, organización francesa creada por trabajadoras y trabajadores del sexo para la defensa de sus derechos.
“El hecho de solicitar, aceptar u obtener relaciones de naturaleza sexual de una persona que se dedique a la prostitución, incluso cuando sea de manera ocasional, a cambio de una remuneración, de una promesa de remuneración, de la entrega de un beneficio en especie o de la promesa del mismo, está castigado con la multa prevista para las faltas de quinta clase” (Futuro artículo 611-1 del Código Penal).
Este 6 de abril, el largo recorrido legislativo del proyecto de ley “para reforzar la lucha contra el sistema prostitucional” ha llegado a su término. Presentado en octubre de 2013, habrá conocido tres debates y tres votaciones en cada una de las dos asambleas parlamentarias; movilizado, sin éxito, una comisión mixta paritaria; y será finalmente aprobada el 6 de abril por la Asamblea Nacional, a la que el artículo 45 de la Constitución de la 5ª República concede la última palabra en caso de desacuerdo con el Senado.
La oposición entre las dos cámaras se cristalizó en torno a la disposición central de la ley, o sea la penalización de los clientes de las prostitutas. A propósito de tal asunto, existen numerosos campos y niveles de análisis. Nosotros dejaremos a un lado los de la moral y la antropología, dominados por las honestas personas que conocen y dicen el bien.
En el terreno político, que debe ser el de la eficacia en relación a los fines deseados, conviene notar que una organización como Médicos del Mundo, cuya experiencia, desinterés y obra de utilidad pública son indiscutibles, se ha opuesto con firmeza al texto, considerando que la represión legislativa de la prostitución tiene siempre como consecuencia el aislamiento de las trabajadoras del sexo, aumentando su precariedad, obstaculizando su acceso a la atención sanitaria y a la prevención, y reforzando su exposición a la violencia y a la explotación.
El análisis de Médicos del Mundo no está solo, sino que es compartido por todos los actores sobre el terreno, es decir aquellos que están en contacto con la realidad cotidiana de la prostitución. Es compartido igualmente por mi cliente, el Colectivo Derechos y Prostitución, principal organización francesa creada por trabajadoras y trabajadores del sexo para la defensa de sus derechos. Nos enfrentamos pues a una ley rechazada por aquellos a los que pretende proteger, así como por aquellos que les ayudan y les protegen realmente.
Esta ley de higiene mental y de infantilización, más que de protección, es una mala ley, contraproducente, que ocasionará efectos exactamente contrarios a los pretendidos.
Sin embargo, no es en el terreno político-sanitario en el que esta ley es la más nefasta. Jurídicamente, descansa sobre una monstruosidad, raramente vista en la historia del derecho. En efecto, al suprimir todo delito de captación, la ley establece la perfecta y total legalidad de la actividad encaminada a prostituirse. Pero, al mismo tiempo, hace de la compra de actos sexuales una infracción penal, es decir, un acto estricta y sistemáticamente ilegal. Así, una actividad totalmente legal (prostituirse) genera un acto perfectamente ilegal y penalmente reprimido (recurrir a los sevicios de una prostituta).
El actual gobierno ha mostrado, estos últimos meses, que mantenía una relación bastante libre y distante, ligera, con el Estado de derecho. Aquí, instila una aporía vertiginosa en nuestro orden jurídico, en el mismo corazón de éste, en su punto más sagrado y frágil, en el derecho penal.
Por sí sola, esta locura jurídica debería llevarse por delante la ley. El Consejo Constitucional tendrá igualmente que pronunciarse sobre pesadas problemáticas vinculadas con los derechos fundamentales: derecho a la salud y a la seguridad de las personas, libre disposición del propio cuerpo, libertad de comercio y de industria…
Pues es necesario que los senadores, que han rechazado por tres veces este principio de penalización del cliente, se atrevan a recurrir al Consejo Constitucional desde el momento del voto final de la ley. Si no se encuentra 60 senadores para hacerlo (es el umbral previsto por la Constitución), yo invito a Gérard Larcher, Presidente del Senado, a hacer uso de su derecho constitucional en la materia y a recurrir él mismo a los sabios de la calle Montpensier. Poco importa su opinión personal sobre la ley. La mayoría de su asamblea ha votado en contra por tres veces y ha sufrido la humillación de la última palabra dada a la Asamblea Nacional. Es su deber constitucional, tratándose de una ley que plantea tantos graves problemas jurídicos, que ésta pueda ser examinada por el Consejo Constitucional antes de cualquier entrada en vigor. En cualquier caso, y por principio, es deber de Gérard Larcher y de sus senadores ejercer sus derechos, para que esta ley peligrosa no pase nunca a integrar nuestro orden jurídico.
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Publicado en 9 de abril de 2016 por citereaanadiomena
Los colectivos de trabajadoras del sexo rechazan la nueva ley que criminaliza a los clientes, lo que llevará a estos a esconderse y las pondrá en una situación de mayor vulnerabilidad
Trabajadoras sexuales se manifiestan contra el proyecto de ley que prohibe pagar por recibir servicios sexuales, en París, el 6 de abril de 2016 (EFE)
http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-04-09/prostitutas-enfadadas-francia-ley-criminaliza-pagar-sexo_1181109/
“Es como si tuvieras derecho a hacer pan y a tener una panadería, pero tus clientes no tuvieran derecho a comprarlo”. Gilda eligió su profesión libremente hace más de una década, paga sus impuestos, cotiza para su jubilación, contacta con sus clientes a través de internet, los selecciona y trabaja en su propio apartamento. A partir de ahora, sin embargo, sus clientes no podrán pagar legalmente por los servicios que les presta porque Gilda es prostituta y, aunque la prostitución no es un delito en Francia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una ley que penaliza al que paga por sexo.
Gilda está muy lejos del perfil de víctima de la prostitución que la nueva ley quiere proteger. “Es grotesco. Es absurdo. Se presenta como un avance social y un progreso o algo que nos va a ayudar, cuando lo que hace es suprimir nuestros ingresos”, denuncia esta portavoz del Sindicato del Trabajo Sexual en Francia. Como el sindicato, decenas de asociaciones que agrupan a colectivos de prostitutas se han levantado en pie de guerra contra una ley que, aseguran, va a empujar a las trabajadoras sexuales a una mayor clandestinidad y, por lo tanto, a una mayor vulnerabilidad, como denuncia Médicos del Mundo.
La proposición de ley socialista “que refuerza la lucha contra el sistema de prostitución” fue aprobada por los diputados franceses el pasado miércoles tras más de dos años de idas y venidas entre el Senado -que la rechazaba al no llegar a ponerse de acuerdo sobre su medida estrella, la penalización del cliente– y la Asamblea Nacional, que finalmente ha tenido la última palabra. Una vez entre en vigor, probablemente en un par de semanas, “la compra del acto sexual” será sancionada con multas de hasta 1500 euros, 3750 si hay reincidencia. El texto está inspirado en la ley sueca que desde 1999 castiga a los clientes, y convierte a Francia en el quinto territorio abolicionista tras Suecia, Noruega, Islandia e Irlanda del Norte.
Con la nueva ley “se considera a las prostitutas como víctimas y no como delincuentes”, ha afirmado Maud Olivier, la diputada socialista impulsora de la proposición. Efectivamente, el texto suprime el delito de “racolage” pasivo u ofrecimiento de servicios sexuales, que se instauró en 2003 cuando Nicolas Sarkozy era ministro del Interior y que criminalizaba a las trabajadoras del sexo. El “racolage”, que tanto inspiró a Degas o a Toulouse Lautrec, se convirtió en un delito que, además, otorgaba a las fuerzas del orden una enorme arbitrariedad, ya que ¿cómo se sabe si se está haciendo un ofrecimiento pasivo? ¿Por la vestimenta? ¿Porque fuma un cigarrillo en una esquina? Los grupos abolicionistas hablan, por lo tanto, de una “nueva conquista para los derechos de la mujer”.
Pero no todas las prostitutas -aunque también hay hombres, este es un mundo eminentemente femenino- se consideran víctimas. Gilda o su compañera de sindicato Morgane Merteuil, que se define como “puta radical”, son orgullosas defensoras de su oficio y dan la cara por un colectivo estigmatizado. Hay muchísimas situaciones diferentes y esta ley, denuncian, mete a todos en el mismo saco. “No se puede comparar una mujer inmigrante originaria de África subsahariana que no tiene acceso a papeles ni al mundo del trabajo y que es explotada, con una francesa que se prostituye ocasionalmente, con una estudiante que lo alterna con otros trabajos para pagar sus estudios o con alguien como yo que ejerce a través de internet. Son situaciones muy diferentes y no hay soluciones universales”, señala Gilda a El Confidencial.
Parte del paisaje parisino
Las leyes han ido cambiando, pero el oficio más viejo del mundo ha sido, y sigue siendo, una parte del paisaje urbano en París. Desde los decadentes y horteras alrededores de Le Moulin Rouge, con sus templos dedicados al sexo y al voyerismo, a la castiza calle de Saint Denis en pleno centro de la capital, donde la putas tradicionales lucen escote y peregrinan a sus pequeños apartamentos escaleras arriba varias veces al día desde hace décadas.
“Se impone una visión de que el cuerpo pertenece al Estado”, denuncia Giovanna Rincón, presidenta de Acceptess Transgenres, una asociación que trabaja fundamentalmente con transexuales y afectados por el VIH-Sida y que considera que la ley quiere imponer una visión puritana y moralizadora sobre la cuestión del cuerpo. “Hay que abordar el feminismo de una manera diferente. Qué mayor feminismo que el de una mujer, que hasta ahora ha sido reprimida, reducida a la reproducción y que hoy sea capaz de emanciparse de todos esos conceptos y salir a la calle a decir, sí me dedico a esto. ¿Por qué tenemos que sufrir por el cuerpo de otros si esos mismos no lo están lamentando ni pidiendo?”, reflexiona esta mujer transexual, que llegó a Francia desde Colombia hace una década y que ejerció la prostitución durante 20 años.
Las asociaciones reconocen que, por supuesto, existen casos de explotación y personas que viven situaciones de violencia. Que hay mujeres obligadas a acostarse con 30 o 40 hombres al día y que viven encerradas por sus chulos, sin posibilidad de denunciar porque no tienen nada. Pero para luchar contra ello, aseguran, bastaría con aplicar el derecho común, que ya castiga la trata de blancas, el trabajo forzado, el proxenetismo o la explotación sexual. “No es necesaria una ley específica, discriminatoria sobre esta o aquella categoría. La gente tiene que tener derecho al trabajo, a la sanidad, al alojamiento, a las ayudas sociales como todos los demás, sean forzados o no”, opina Merteuil, autora además del ensayo “¡Liberad el feminismo!”.
“Podemos ser putas y luchar contra el tráfico de seres humanos”, defiende Giovanna Rincón. Otras, como Gilda, recuerdan que muchas de las víctimas explotadas han sido condenadas hasta ahora además por trabajar sin declarar los ingresos, una doble condena que no es anecdótica, sino que pasa a menudo. “Se puede ser víctima de proxenetismo, condenada por no declarar tus ingresos y expulsada si eres inmigrante”, resume esta prostituta, travesti, especializada en dominación y que se presentó como cabeza de lista a las elecciones regionales del año pasado por la Federación Libertaria Unitaria Abierta en Hauts-de-Seine, en la periferia de París. Gilda, como Morgane o Giovanna, demuestran que el fenómeno de la prostitución es poliédrico y complejo y, para la gran mayoría de las personas, completamente desconocido y lleno de tópicos y prejuicios.
Para luchar contra la explotación, la nueva ley aprobada esta semana prevé permisos de residencia de seis meses para las personas extranjeras que dejen el oficio, y una “ruta de salida de la prostitución” a través de un acompañamiento social y de medidas de prevención con un presupuesto de 4,8 millones de euros al año. Las asociaciones ridiculizan esta partida. Se estima que en Francia hay más de 30.000 personas que se dedican a la prostitución, por lo que, con lo presupuestado por la ley, quedarían unos meros 160 euros por persona al año para su salida del oficio sexual, calcula Médicos del Mundo.
“El acompañamiento social no prevé, por ejemplo, el alojamiento, y a los inmigrantes les ofrecen papeles pero sólo durante seis meses, un tiempo insuficiente para encontrar trabajo y establecerse. Si a alguien le retiras su sustento y no le ofreces lo suficiente para vivir dignamente, no lo dejará nunca. Y los que no quieran dejarlo no van a poder trabajar tranquilamente”, lamenta Aline Lathieyre, de Médicos del Mundo. “La ley no va a afectar a las redes criminales y mafiosas de proxenetismo, porque son trasnacionales, están muy estructuradas y se mueven entre muchos países. Si la ley no les conviene, van a otro sitio”, añade Rincón.
La ONG ya ha podido comprobar sobre el terreno cómo el temor a esta nueva ley está afectando a las trabajadoras sexuales. Si un cliente no quiere ser visto, probablemente intentará llevar a la prostituta a un lugar más alejado, más escondido y, posiblemente, más peligroso para ella. La precarización del trabajo va a obligar a algunas a aceptar servicios que antes no admitirían o a clientes de los que no están muy seguras. Porque, al final, aseguran, el alquiler hay que pagarlo igual. O van a tener que recurrir a intermediarios, se teme Morgane Merteuil. Lo que las hace más vulnerables.
La prostitución es una actividad legal en Francia, sus trabajadores pagan impuestos y cotizan para su jubilación, recuerda Lathieyre, “por lo que las personas que lo ejercen libremente deben dejar de ser estigmatizadas y reprimidas. No hay que poner en marcha medidas nuevas sino dejarlas trabajar en paz porque si no se les expone a más violencia y riesgos. Hay que aceptar que es un trabajo y acompañar a las personas que son víctimas de violencia”.
Para Rincón, que lleva años defendiendo a las minorías de las minorías, a un colectivo que se encuentra con las vulnerabilidades de ser inmigrantes, portadores de VIH y transexuales, la dignidad y la voz de las trabajadoras del sexo está por delante de cualquier ley: “Son autónomas, están haciendo un seguimiento sanitario, se pagan su baguette todas las mañana y su transporte y son dignas con ese trabajo, no pueden ser reducidas a la invisibilidad y a ser únicamente considerados como “sujetos prostitutos”. Que las dejen tranquilas”.
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Una penalización inconstitucional
Publicado en 7 de abril de 2016 por citereaanadiomena
Consejero de Estado Honorífico, Senador (Partido Socialista) por la Sarthe, alcalde de Le Mans
http://www.huffingtonpost.fr/jeanclaude-boulard/une-penalisation-inconstitutionnelle_b_9619422.html?utm_hp_ref=france
La propuesta de ley destinada a luchar contra el sistema prostitucional ha sido votada por la Asamblea Nacional este 6 de abril de 2016. Va a instaurar la penalización general de los clientes de las prostitutas, penalización que había sido suprimida cuando fue votada por el Senado.
Desde el comienzo de la discusión de esta propuesta de ley, no se ha respondido nunca a las cuestiones referentes al riesgo de inconstitucionalidad de una penalización general de los clientes.
Este riesgo se funda en tres principios:
la libertad de la persona en cuanto al uso de su cuerpo
la imposibilidad de penalizar la práctica de una actividad que no está prohibida
la incompetencia del legislador para instaurar una multa
La libertad de la persona en cuanto al uso de su cuerpo está reconocida por las jurisdicciones europeas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado este principio de libertad en un fallo del 29 de abril de 2002 Pretty contra Reino Unido y de 17 de febrero de 2005 K.A. y A.D. contra Bélgica en estos términos: “el derecho de mantener relaciones sexuales deriva del derecho de disponer del propio cuerpo, parte integrante de la noción de autonomía personal. A este respecto, la facultad de cada uno de vivir como le parezca puede incluir igualmente la posibilidad de entregarse a actividades percibidas como de una naturaleza física o moralmente nocivas o peligrosas para su persona”; “la noción de autonomía personal puede entenderse como incluída en el derecho a tomar decisiones que conciernan al propio cuerpo”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado esta libertad (cf fallo Jany 20 de noviembre de 2001). Esta libertad de uso del propio cuerpo es una libertad fundamental a menudo puesta en cuestión y reprimida por todas las formas de integrismo. La penalización del uso de una actividad no prohibida está igualmente en contradicción con nuestro sistema penal, que establece un vínculo: sanción/prohibición.
No existe en nuestro derecho penal ninguna sanción fundada en la práctica de una actividad no prohibida.
Desde el momento en que un acto sexual no está prohibido, su compra no puede ser perseguida. La penalización introducida por la ley es tanto más paradójica cuanto que esta misma ley suprime legítimamente el delito de captación activa y pasiva. En el mismo momento en que el legislador autoriza la promoción de la actividad, reprime su práctica.
Finalmente, el artículo 16 del proyecto instaura por vía legislativa una multa como penalización del cliente.
Sin embargo, en virtud del artículo 34 de la Constitución, el dominio de la Ley se limita, en materia de sanciones penales, a la definición de los crímenes y delitos y a las penas que les son aplicables. Las multas dependen del poder reglamentario previsto en el artículo 37 de la Constitución.
El legislador no debe desconocer los principios generales del derecho si no quiere exponerse al riesgo de un recurso constitucional o a una Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad.
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Publicado en 15 de enero de 2016 por citereaanadiomena
Por Petra Östergen
El artículo Crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución en Suecia apareció originalmente en mi web en 2003. Aunque nunca fue formalmente publicado en una revista académica, ha sido citado y discutido por activistas y académicos interesados en los efectos de la ley sueca de prohibición de compra de sexo.
Como la prostitución es un tema controvertido, con extensas implicaciones morales, legales y políticas, no es sorprendente que mi artículo haya sido criticado por los defensores de la Ley de Compra de Sexo, y por activistas y académicos que trabajan por abolir la prostitución. Considero que su crítica está mal informada, está distorsionada y a veces es tendenciosa.
El material empirico en que se basó el siguiente artículo fue utilizado también en mi tesis de máster (2003) y apareció más tarde en mi libro Porn, Whores and Feminists (2006). Como se muestra en estos dos trabajos y en el artículo que sigue, yo nunca he dicho que documentara las opiniones de todas las trabajadoras sexuales de Suecia, sino solo las de aquellas a las que había entrevistado.
Además, las opiniones de trabajadoras sexuales acerca de la política hacia la prostitución sueca expresada en este artículo difícilmente pueden ser consideradas exclusivas. Están en línea con las preocupaciones expresadas por las trabajadoras sexuales en los medios de comunicación suecos, en blogs, artículos, informes y libros desde 1998 en adelante (para una compilación de fuentes, tanto publicadas como no, hasta 2011, ver el ejemplo de Claimed Success and Documented Effects, pp.109-138, en http://www.petraostergren.com/upl/files/115299.pdf).
Aunque los defensores de la Prohibición de Compra de Sexo me han atacado a mí personalmente, tratándome como si fuera alguna clase de instrumento de la industria del sexo, existe una serie de informes adicionales que revelan similares críticas a la política hacia el trabajo sexual sueca desde una perspectiva de trabajadoras sexuales. Estos otros informes incluyen el estudio de Rose Alliance En annan horisont, el trabajo de Pye Jakobsson y Jay Levy, y el estudio Charlotte Holmström 2015. Desafortunadamente, gran parte de este trabajo de investigación está disponible hasta ahora solo en sueco. Los activistas antiprostitución suecos y los investigadores que promueven la prohibición de compra de sexo están muy familiarizados con este trabajo, incluso si prefieren ignorarlo.
Los estudios que muestran que las propias trabajadoras sexuales se oponen a la prohibición de compra de sexo, o que la propia ley no ha sido eficaz, han sido criticados como “sesgados” por los abolicionistas y los defensores de la prohibición. Su afirmación se basa en su opinión de que la violencia, las desigualdades de poder, la victimización y el abuso sufridos por algunas trabajadoras sexuales es la situación dominante para todas las personas que venden servicios sexuales. Por tanto, aquellas trabajadoras sexuales que critican una ley cuyo propósito ostensible es protegerlas son consideradas como constituyentes de una minúscula minoría, no representativas o, en el mejor de los casos, vistas como enfermas de alguna clase de falsa conciencia o trauma relacionados con su propia condición de víctima.
Lamentablemente, el enfoque de paradigma de la opresión hacia el trabajo sexual (en lugar de un paradigma polimorfo), así como el rechazo de la crítica de las trabajadoras sexuales a la política hacia la prostitución sueca, es una señal de que el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales están aún fuertemente estigmatizados. Esta estigmatización debe ser adecuada y firmemente abordada y cuestionada.
Cuando se trata de estudiar, desarrollar y evaluar una norma, es absolutamente esencial comenzar por las necesidades del grupo al que vaya dirigida, tal como sean expresadas por las personas que consituyen dicho grupo. Esto también se aplica a las trabajadoras sexuales. Las normas o leyes sobre la prostitución deben poner a las propias trabajadoras sexuales en el centro de ese proceso.
Esta postura no es una máscara bajo la que se oculte una actitud “proprostitución”. Su intención es proteger los derechos de las trabajadoras sexuales.
Petra Östergren Mayo de 2015
Petra Östergren (sin fecha)
http://www.petraostergren.com/upl/files/115326.pdf
En este artículo no trataré del complejo tema de si la prostitución es deseable, ya sea desde un punto de vista social o desde cualquier otro punto de vista. Este artículo busca más bien documentar algunas de las experiencias y opiniones de trabajadoras sexuales en Suecia. Me ha preocupado el hecho de que muchas mujeres que están en el centro de la política hacia la prostitución sean tan raramente escuchadas y se sientan tan a menudo adversamente discriminadas. Si la igualdad de derechos para todas las mujeres es importante, entonces la experiencia de las propias trabajadoras sexuales debe, sin duda, estar en el centro de nuestra discusión, independientemente de la posición que cada uno adopte respecto a la prostitución.
La ley contra la provisión de servicios sexuales (ya sea promoción u obtención de beneficio de la prostitución) y una reciente ley que prohibe la compra de servicios sexuales, implantada en 1999, son las dos formas principales como el Estado sueco considera que está “combatiendo” la prostitución. Los políticos y las feministas suecos están orgullosos de la política hacia la prostitución desarrollada por el Estado. Insisten en que tiene efectos positivos. Las trabajadoras sexuales opinan de otra forma. La mayor parte de las trabajadores sexuales suecas que he entrevistado hacen una fuerte crítica de su situación legal y social. Se sienten adversamente discriminadas, puestas en peligro por las mismas leyes que buscan protegerlas y se sienten sometidas a un intenso estrés emocional como consecuencia de dichas leyes.
El material usado en este artículo procede de mis entrevistas, charlas informales y correspondencia llevados a cabo con aproximadamente veinte trabajadoras sexuales desde 1996, así como de entrevistas con trabajadoras sexuales publicadas y radiadas en los medios suecos. También de entrevistas con personas que trabajan con mujeres que venden sexo para mantener un consumo de drogas (la mayor parte de las cuales son también personas sin hogar).
Este artículo contiene también un sumario de informes realizados por las autoridades suecas tras la aplicación de la nueva legislación (la penalización de clientes).
La venta de servicios sexuales no es trabajo
El trabajo sexual no es oficialmente considerado trabajo en Suecia. En su lugar, la prostitución es vista como una lacra social y una forma de violencia de los hombres contra las mujeres. Las mujeres que venden sexo son consideradas víctimas que necesitan ser protegidas por el Estado. De los trabajadores sexuales masculinos o transexuales raramente se habla. En la tarea de crear una sociedad mejor y más igualitaria, el Estado sueco ha determinado que la prostitución tiene que ser abolida. Esta es una opinión que raramente se pone en cuestión.
La ley contra la provisión
La ley contra la provisión hace ilegal trabajar en interiores, trabajar con otros, aprovecharse del trabajo sexual de otros y anunciar. Algunas mujeres entrevistadas expresan satisfacción con el efecto que esta ley ha tenido contra chulos explotadores, ya que ha habido relativamente pocos en Suecia en las últimas dos décadas. Otras trabajadoras sexuales consideran esta ley discriminatoria. Creen que ellas, igual que cualquier otro trabajador o persona de negocios, deberían tener derecho a un entorno laboral razonable, trabajar colectivamente, anunciarse o abrir un negocio, etc.
A causa de la ley contra la provisión, las trabajadoras sexuales se ven obligadas o bien a mentir para alquilar locales o bien a tener que pagar alquileres exorbitantes. Tanto en un caso como en otro, están constantemente preocupadas por el temor de ser descubiertas. También informan de que con frecuencia tienen que trasladarse (cuando son descubiertas) y de que son tratadas de mala manera por los arrendadores y “chulos de arrendamiento”. Algunas mujeres prefieren contactar con sus clientes en la calle. Otras trabajadoras sexuales consideran esto demasiado humillante.
La mayor parte de las mujeres con las que he hablado desean poder trabajar junto con otras. Esto es para garantizar la seguridad y ayudarse unas a otras. Encuentran injusto no poder hacerlo y se sienten asustadas cuando tienen que trabajar solas.
Esta ley también hace difícil para las trabajadoras sexuales cohabitar con un compañero, ya que es ilegal recibir algo de las ganancias de una trabajadora sexual. Hasta tan solo el hecho de tener una familia es difiícil para una trabajadora sexual, ya que las trabajadoras sexuales son consideradas madres incapaces y por tanto pueden perder la custodia de sus hijos si se descubre que venden sexo.
La ley contra la compra de servicios sexuales
La nueva ley que prohibe el acto de comprar servicios sexuales es seriamente criticada por las trabajadoras sexuales. Encuentran la ley paradójica, ilógica y discriminatoria. Obstruye aún más su trabajo y las expone a estrés y peligro.
Las mujeres con las que he hablado dicen que los argumentos en los que se basa la ley carecen de sentido para ellas. ¿Cómo pueden los políticos decir que solo están siendo castigados los clientes y que ellas están siendo protegidas? El efecto de la ley es en general negativo para la trabajadora sexual. Algunas señalan que incluso si unos pocos hombres son multados, la mayoría seguirá comprando servicios sexuales como de costumbre y, como de costumbre, son las mujeres y las trabajadoras sexuales las que se verán afectadas de forma más adversa.
Como resultado de la nueva legislación, las trabajadoras sexuales dicen que ahora es más difícil para ellas evaluar a los clientes. Los clientes están más estresados y asustados y la negociación en la calle debe ser hecha de forma más rápida. La probabilidad de terminar dando con un cliente peligroso es por tanto mayor.
Debido a la ley, las trabajadoras sexuales se sienten cazadas en la calle por la policía, los trabajadores sociales, los medios de comunicación e incluso los activistas antiprostitución. Encuentran esto inaceptable. Una trabajadora sexual comentó que ningún otro grupo vocacional aceptaría que la policía “patrullara su lugar de trabajo”.
Otra consecuencia es que las trabajadoras sexuales sienten ahora más aprensión a buscar ayuda de la policía cuando tienen problemas con un cliente abusivo. No quieren verse obligadas a denunciar al cliente.
Dado que el número de trabajadoras sexuales en las calles ha descendido y que ahora están más asustadas, las anteriores redes informales entre trabajadoras sexuales se han debilitado. El resultado es que ya no pueden avisarse entre ellas de clientes peligrosos o prestarse entre ellas la misma ayuda que antes.
Las mujeres también informan de que otra consecuencia de la ley son los bajos precios en las calles, ya que hay menos clientes y más competencia. Esto significa que las mujeres que tienen una necesidad de dinero más desesperada se implicarán en sexo no seguro y en actividades sexuales que habitualmente no realizarían. Esto a su vez lleva a una autoestima más baja y a la exposición a infecciones. Otras mujeres que han recurrido a internet para anunciarse refieren un efecto positivo para ellas, ya que han podido subir los precios. Pero nótese que esto solo beneficia a algunas trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales más vulnerables parecen ser las que se han visto afectadas de forma más negativa por la ley.
Las mujeres que trabajan en las calles en algunas de las ciudades más grandes dicen que ahora hay un mayor porcentaje de clientes “pervertidos” y que han desaparecido los clientes “agradables y amables”. Un cliente “pervertido” es el que pide formas de sexo más violentas, sexo con heces y orina, y que es más proclive a humillar, degradar y violar a la trabajadora sexual. También se niega con mayor frecuencia a usar condones. Dado que hay menos clientes en las calles, muchas mujeres que venden sexo para financiarse un consumo de drogas no pueden ya rehusar estos clientes, como hacían antes. Estas mujeres dicen que los clientes “amables” o se han cambiado a internet en la busca de servicios sexuales o han sido detenidos por la policía. Por el contrario, los clientes “pervertidos” saben qué hacer para no ser detenidos y multados: les basta con negarlo, ya que raramente hay pruebas sólidas.
Otra queja expresada a menudo es cómo se sienten tratadas las trabajadoras sexuales por las autoridades y por la sociedad en general. Todas las trabajadoras sexuales con las que he hablado mencionan el estigma unido a la prostitución, en virtud del cual la trabajadora sexual es vista como débil, sucia, enferma mental, adicta a las drogas y al alcohol y considerada una víctima. Unido a la difícil situación legal, esto hace que las trabajadoras sexuales tengan miedo de que se exponga públicamente que venden sexo, así que hacen todo lo que pueden para garantizar su anonimato. Esto incluye para algunas mujeres mentir a amigos, familia y vecinos. Las trabajadoras sexuales dicen que se sienten incapacitadas por el Estado y que no se las respeta. Mantienen que sus derechos como ciudadanas son violados. Varias de ellas afirman que son una parte importante de la sociedad, que contribuyen a ella, pero que son activamente excluídas de ella. También piensan que a las trabajadoras sexuales se les niega los beneficios del Estado de bienestar, beneficios que están garantizados a todos los demás ciudadanos suecos.
Varias trabajadoras sexuales dicen que se sienten utilizadas por los políticos, las feministas y los medios de comunicación. Piensan que las trabajadoras sexuales solo son escuchadas y se les presta atención si dicen las cosas políticamente correctas, es decir, que encuentran la prostitución espantosa, que son víctimas, que han dejado de vender sexo y nunca lo volverán a hacer, y que están agradecidas a la actual política hacia la prostitución y a los legisladores.
Las trabajadoras sexuales se sienten ignoradas en los procesos de toma de decisiones relativos a cambios jurídicos, etc., algo que consideran no democrático. Preguntan si algún otro grupo social habría sido tan sistemáticamente excluído de cualquier proceso relevante de adopción de medidas políticas.
Las trabajadoras sexuales refieren haber tenido muy poca o ninguna ayuda de las autoridades sociales y, en algún caso, fueron más bien abandonadas por dichas autoridades. Algunas creen que las mujeres que desean dejar el trabajo sexual pueden, en algunos casos, lograr una ayuda adecuada de las autoridades sociales.
La mayor parte de las trabajadoras sexuales a las que he entrevistado rechazan la idea de que haya algo intrínsecamente malo en su profesión, o que debieran ser sometidas a terapia o recicladas para trabajar en alguna otra cosa. Consideran también que este es un tratamiento que no se impondría a otros grupos profesionales. Las trabajadoras sexuales dicen que, contrariamente a la creencia oficial, no son víctimas de sus clientes, sino víctimas del Estado. Y esto no solo debido a que no son escuchadas, o a que el Estado las coloca en situaciones peligrosas y fuerza a algunas de ellas a incorporarse al mundo criminal, sino también porque la situación general las hace imposible mostrarse abiertas acerca de su trabajo, levantar la voz contra la injusticia y organizarse por sí mismas.
Todas las mujeres con las que he hablado refieren sentimientos de estrés emocional debido a su situación legal y a cómo son tratadas socialmente. Tienen que ocultarse, mentir y mantener dobles identidades. Sienten que ellas mismas, sus hijos y sus parejas, son objeto de acoso y repulsión.
El estrés emocional deriva también de una situación financiera vulnerable y poco clara. Dado que la mayor parte de las mujeres no pagan tasas, tienen miedo de lo que les pasará cuando se retiren. Sus pensiones serán bajas y apenas adecuadas para vivir. Cuando caen enfermas, tienen que seguir trabajando o recurrir a los ahorros que puedan tener, en lugar de disfrutar del derecho a la compensación que tienen los trabajadores. La situación legal respecto a los impuestos no está clara, y varía de ciudad a ciudad. Algunas autoridades fiscales dejarán en paz a las trabajadoras sexuales, otras las buscarán y las impondrán impuestos según una estimación arbitraria. Esto preocupa a las trabajadoras sexuales. Algunas han sido sometidas a este procedimiento con consecuencias financieras desastrosas. Otras tan solo han oído hablar de ello y temen que les pase a ellas.
Las trabajadoras sexuales refieren un aumento de su estrés emocional subsecuente a la implantación de la nueva ley. Las trabajdoras sexuales dicen que ahora están más preocupadas porque las encuentren, así como más preocupadas por sus ingresos futuros. Varias de ellas refieren que ahora tienen más ansiedad, problemas de sueño y problemas de concentración, así como problemas relacionados con trastornos del apetito, alcohol y drogas.
Las trabajadoras sexuales que he entrevistado refieren tener sentimientos más intensos de impotencia y resignación ahora que antes de la implantación de la nueva legislación. Opinan que parece que “no tiene sentido” intentar cambiar el sistema (o sus consecuencias directas sobre sus vidas) y que nadie las apoya o habla en su favor.
Las trabajadoras sexuales expresan indignación hacia los políticos suecos que, en su opinión, en su relación con otros países se jactan y dicen mentiras acerca de los efectos de la nueva ley. Desean que otros países puedan ver “la verdad” de los efectos de la ley. También desaconsejan enérgicamente a otros países adoptar una legislación similar.
Incluso si solo unas pocas de las trabajadoras sexuales con las que he hablado dicen conocer los detalles de la nueva legislación relativa a la prostitución en Holanda y Alemania, todas ellas hablan positivamente de ella. Desearían que la prostitución en Suecia fuera legalizada (o, al menos, despenalizada), que hubiera sindicatos y organizaciones para trabajadoras sexuales, que desapareciera el estigma que las rodea y que tuvieran garantizados los mismos derechos y obligaciones que las demás mujeres y los demás ciudadanos.
Las mujeres que venden sexo para costearse un hábito de drogas parecen menos proclives a mirar el trabajo sexual como una experiencia positiva o como un trabajo. Pero son exactamente igual de críticas con las leyes y las normas suecas. Les gustaría tener mejor acceso a los programas de metadona o buprenorfina, que es algo que ahora solo tiene un número limitado de personas.
Críticas similares a las hechas por mis encuestadas fueron oídas en los tres informes oficiales hechos desde que se implantó la ley contra la compra de servicios sexuales. Un año después de su instauración, el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen (Brottsförebyggande rådet), llevó a cabo una investigación de la aplicación de la nueva ley y los problemas que habían sido encontrados.
El Consejo Nacional de Salud y Bienestar (Socialstyrelsen), publicó también un informe un año después de la implantación de la ley. Su trabajo consistió en documentar el conocimiento existente de la extensión de la prostitución. El Consejo Nacional de Policía (Rikspolisstyrelsen) publicó un informe basado en la información obtenida de los dos primeros años de aplicación de la nueva ley. Su trabajo consistió en evaluar la aplicación de la ley y hacer sugerencias acerca de nuevos métodos en el trabajo de la policía contra la prostitución.
Todos estos informes hallaron que la prostitución de calle descendió inmediatamente tras la implantación de la ley. Sugieren también que la captación de clientes fue menor, aunque el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen declara que el número exacto de prostitutas en, por ejemplo, Estocolmo era difícil de estimar debido a que la prostitución de calle se había desplazado a otras calles y tomado posiciones en un área más amplia que la anterior. Todas las autoridades dicen que no existen pruebas de que haya menos prostitución en general. Por el contrario, la prostitución escondida habría aumentado probablemente.
Todos los informes tratan los problemas que han emergido tras la implantación de la nueva ley. El Consejo Nacional de Policía escribe que las trabajadoras sexuales que todavía hacen prostitución de calle están pasando tiempos difíciles. Esto se debe, explican, a que hay menos clientes, los precios son más bajos y la competencia entre las mujeres mayor. Esto lleva a que haya más mujeres que venden sexo sin protección de condones, y a que tengan que aceptar más clientes que antes (ya que los precios son más bajos). Los encuestados en el estudio del Consejo Nacional de Salud y Bienestar (entre los que no se encuentra ninguna trabajadora sexual) creen que las trabajadoras sexuales ahora experimentan más dificultades y están más expuestas que antes. Los compradores son “peores” y más peligrosos, y las mujeres que no pueden dejar su oficio o cambiar de lugar dependen de estos hombres más peligrosos, ya que no pueden permitirse rechazarlos como antes. Incluso los compradores que fueron entrevistados opinaron que la ley afectaba sobre todo a las ya socialmente marginadas mujeres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Policía, el sistema de salud está preocupado por el declive de la salud entre las trabajadoras sexuales y la diseminación de enfermedades de transmisión sexual.
El Consejo Nacional de Policía ha encontrado tambén que la ley supone un obstáculo a la hora de perseguir a los aprovechados que explotan el trabajo sexual de otros. Anteriores casos judiciales contra tales hombres podían ser defendidos a veces gracias a los testimonios de los compradores de sexo. Pero estos hombres ya no están dispuestos a colaborar, ya que ellos mismos son ahora culpables de cometer un delito. El informe del Consejo de Policía señala también que las trabajadoras sexuales han caído en una posición difícil, construída socialmente y ambigua, con relación a la nueva ley. La trabajadora sexual vende sexo, pero esto no es un acto criminal. Sin embargo, debido a que la compra de servicios sexuales es ahora un delito, la trabajadora sexual puede ser obligada a presentarse como testigo en el proceso judicial. Y de esta forma, no tiene ni los derechos del acusado ni los de la víctima. El informe del Consejo de Policía discute también el hecho de que las trabajadoras sexuales se ven sometidas a registros e interrogatorios invasivos, en un intento de conseguir las pruebas contra los clientes in fraganti.
RPS (Rikspolisstyrelsen) 2001. Rapport. “Lag (1998:408) om förbund mot köp av sexuella tjänster. Metodutveckling avseende åtgärder mot prostitution.” Av Nord, Anders och Rosenberg, Tomas. Polismyndigheten i Skåne. ALM 429-14044/99. 2001. POB -429-4616/99 SoS (Socialstyrelsen) 2000. “Kännedom om prostitution 1998-1999.” SoS rapport 2000:5.BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) 2000. Brå rapport 2000:4. “Förbud mot köp av sexuella tjänster. Tillämpningen av lagen under första året.” Brottsförebyggande rådet. Stockholm.
Acerca de Petra: http://www.petraostergren.com/pages.aspx?r_id=40697
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References: e contrario
 artículo 611
 artículo 45
e contrario
 artículo 16
 artículo 34
 artículo 37