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⭐Dominio pleno, mecanismo de incorporación del derecho agrario al derecho común
Dominio pleno, mecanismo de incorporación del derecho agrario al derecho común
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Ángeles Soto Silva
1 Dominio pleno, mecanismo de incorporación del derecho agrario al derecho común Martha Eréndira Estrada González Gilberto Mendoza Martínez* La reforma constitucional al artículo 27 constitucional de 1992, estableció en la fracción VII, Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, como para actividades productivas, sigue indicando el párrafo cuarto de la misma fracción: La ley con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros, para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de esos derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela ; la institución de dominio pleno en materia agraria, es necesario que se le identifique como un régimen jurídico especial, definido y desarrollado a partir de las reformas constitucionales impulsadas por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Se trata de un mecanismo que permite al ejidatario o ejidatarios de un núcleo de población, disponer libremente de sus tierras, al asumir plenamente los derechos propiedad en virtud de la anulación de las características generales de inembargabilidad, imprescriptibilidad, así como la inalienabilidad de las mismas, cuando se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 81 y 82 de la Ley agraria, para efecto de que las tierras parceladas sean dadas de baja en el Registro Agrario Nacional con la expedición además de un nuevo título de propiedad, mismo que deberá inscribirse al efecto en el Registro Público de la Propiedad y The present article deals with the theme of a mechanism that permits to the ejidatario(s) of a certain population nucleus to dispose of their land freely, assuming its absolute dominion by virtue of the annulment of the general characteristics of unattachability and imprescriptibility as well as the inalienability of same. When the proviso established in Article 81 and 82 of the Agrarian Law is fully enforced so that the registry of the land parceled out is canceled from the National Agrarian Registry (nar) by the issuance of a document of title (title that shall be registered in the Public Registry of Property and Commerce), incorporating agrarian rights into the Common Law, the ejidatario may dispose in accordance with law as he pleasesof his land parceled out. This, however, shall be the case as far as his land parceled * Profesores-Investigadores adscritos al Departamento de Derecho y al Bufete Jurídico de la uam-a. [177]2 Sección Artículos de Investigación del Comercio, incorporando derechos agrarios al derecho común, luego entonces al asumir el dominio sobre su parcela, el ejidatario podrá disponer conforme a derecho, del destino que quiera darle. Pero únicamente en lo que corresponde a su tierra parcelada, no así en lo que respecta a los demás derechos de ejidatario que retiene todavía y en donde se encuentra el derecho a designar sucesores, este artículo tiene como objetivo verificar el procedimiento y dilucidar la solución que la legislación otorga para la sucesión civil y agraria que puede generarse con la figura del dominio pleno, en tierras ejidales no así comunales. out concerns for he shall retain all other ejidatario rights, as for example the appointment of successors. The object of this article is to verify the procedure and elucidate the solution the Legislation grants for civil and agrarian successions which may arise due to the Dominion Pleno Legal Concept in land parceled out but not in communal land. Sumario: Dominio pleno, mecanismo de incorporación del derecho agrario al derecho común. / Bibliografía. Mendieta y Núñez manifestó que en realidad la propiedad ejidal, desde la época de la Colonia, es de carácter familiar en virtud de que se concedían tierras desde entonces a los indios cabeza de familia indicando que eran transmisibles por herencia por parte del titular los derechos sobre la unidad de dotación y sobre los demás inherentes a su calidad de ejidatario, así también resaltaba el principio de indivisibilidad de la parcela ejidal que consagraba la Ley federal de Reforma Agraria, para conservarla como unidad económica y familiar y evitar a toda costa una pulverización de los ejidos, el derecho que tiene el titular a disponer de sus bienes por causa de muerte viene a configurar una verdadera propiedad para el ejidatario, de tal suerte que la herencia, como en el antiguo Derecho Romano se vuelve forzosa en virtud de tratarse de una propiedad tutelada por la codificación de derecho agrario, Mendieta y Núñez se afilia a la solidísima tesis sociológica mantenida por Antonio Caso. Nuestra población rural y urbana está formada no de individuos atómicamente pulverizados, sino de moléculas familiares. 1 La ley del 6 de enero de 1915, establecía que una ley reglamentaria determinaría la condición en la que habían de quedar los terrenos que se devolvieran o adjudicaran a los pueblos, y la manera y ocasión de dividirlos entre los vecinos, quienes, entre tanto, los disfrutarían en común, sin embargo es hasta el año de 1920, cuando mediante la Ley de ejidos, fundamentalmente se regula la redistribución de la propiedad rural, integrándose el sistema ejidal mexicano, ley que fue abrogada por decreto en 1921, dos importantes leyes fueron expedidas después la denominada Ley reglamentaria 1 De Ibarrola Antonio, Derecho agrario, Porrúa, México 1983, pp alegatos, núm. 65, México, enero/abril de 20073 Dominio pleno, mecanismo de incorporación..., pp sobre repartición de tierras ejidales y Constitución del patrimonio parcelario ejidal de 1925 y la Ley de patrimonio ejidal de 1927, de donde se desprendían la naturaleza de la propiedad ejidal determinando la nulidad de pleno derecho de las operaciones realizadas en contravención, en virtud de la determinación de la modalidad de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad de la parcela ejidal sobre todo al articulo 15 de la ley de 1925, en donde se determinaba que al fallecer el propietario de la parcela ejidal, sus derechos se transferían al heredero que, a la muerte del autor de la sucesión, adquiriera el carácter de jefe de familia y todos los miembros de la misma gozarían de derechos de habitación y disfrute personal de los productos de la parcela y que a falta de herederos la parcela volvería al poblado para su adjudicación a un nuevo jefe de familia; la ley de 1927, modifica la de 1925 introduciendo dentro de sus reformas, en el caso de herencia el titular podía transferir sus derechos a favor de personas a quienes sostenía, aun cuando no fueran sus parientes pero que hubieran vivido en familia con él, respecto del patrimonio familiar, los miembros de la familia se hacían acreedores a derechos de habitación y disfrute personal de los productos de la parcela ejidal, sobre todo sienta las bases para el fraccionamiento de las tierras de cultivo impulsando las adjudicaciones individuales de parcelas a los ejidatarios; el Código agrario de 1934 retoma en términos generales la transmisión de la parcela por fallecimiento del titular por medio de una lista de sucesores que entregaba al comisariado ante la que podía figurar la mujer, los hijos o personas que formaran parte de la familia, en el Código agrario de 1940, el régimen sucesorio se encontraba más delimitado, sus derechos pasaban a las personas a quien sostenían pero que hubieren vivido con él, aun cuando no fueran parientes, la lista de sucesores se sujetaba al siguiente orden, la mujer legítima del ejidatario, a falta de ésta la concubina con la que hubiera procreado hijos, en su defecto con la que hubiera hecho vida marital los seis meses anteriores a su fallecimiento y en último término las personas de cualquier sexo que hubiesen formado parte de su familia, con la obligación de los nuevos titulares de estos derechos ejidales para fungir como jefes de familia; en el Código agrario de 1942 era muy amplio el renglón sucesorio, se dejaba en libertad al ejidatario de designar a cualquier persona como sucesor de derechos agrarios, con el requisito de que dependieran económicamente del de cujus aunque no fueran familiares, si no se hacía la designación, se respetaban los lazos conyugales, de concubinato o de descendencia, así llegamos a la Ley Federal de Reforma Agraria, el derecho sucesorio en materia ejidal, se traducían en la facultad del ejidatario de designar como sucesores en sus derechos ejidales, a su esposa, hijos, a la persona con que hubiere hecho vida marital o en su defecto a personas que dependían económicamente de él, derecho sucesorio circunscrito a que sólo se puede trasmitir a una sola persona la que debía reunir los requisitos particulares para ser ejidatario. Los momentos que se pueden presentar en este derecho sucesorio ejidal, es respetando el siguiente orden de preferencia: 1794 Sección Artículos de Investigación 1. Por voluntad del ejidatario a favor del cónyuge, hijos, o a la persona con la que haga vida marital, siempre que dependan económicamente de él. 2. Por voluntad del ejidatario a favor de personas con las que no tenga parentesco civil, consanguíneo, ni marital pero que dependan económicamente de él. 3. Cuando el ejidatario no hubiese hecho designación de sucesores, o cuando la esposa, hijos, persona con la que hubiese hecho vida marital, o persona que dependía económicamente de él, estén impedidos legal o materialmente, es decir si los derechos del ejidatario no eran susceptibles de ser transmitidos por testamento, también podía ocurrir que podían transmitirse ab intestato con el orden legal que establecía la propia ley correspondiente a la cónyuge sobreviviente, persona con la que hubiera hecho vida marital y procreado hijos, a uno de los hijos del ejidatario, a la persona con la que hubiese hecho vida marital los últimos dos años, a cualquier persona de las que dependen económicamente de él. Era frecuente que al fallecer el ejidatario hubiera más de una persona con derechos a sucederle, en este caso la asamblea de ejidatarios opinaba quién de entre ellas debía ser sucesor quedando a cargo de la comisión agraria mixta la resolución que debía emitir en plazo de treinta días, si algún heredero renunciaba a sus derechos se hacía una nueva adjudicación de acuerdo con el orden de preferencia establecida, si después de todas las alternativas no se adjudicaba, la unidad de dotación quedaba a disposición de la asamblea general para ser asignada a los campesinos que llenaran los requisitos, la otra limitante en materia de sucesión es que debían ser a favor de una sola persona, no operaba para el que ya tuviera una unidad de dotación indicando que eran incapaces para recibir por herencia quienes ya disfrutaran de una unidad de dotación, en todo caso, la herencia se transmitía al favorecido con la carga de sostener a los familiares del finado o destinando los productos de la unidad de dotación al sustento de los hijos menores que dependían económicamente del ejidatario fallecido, hasta la edad de 16 años, salvo que estuvieran incapacitados física o mentalmente para trabajar y a la mujer legítima hasta su muerte o cambio de estado civil, esta vertiente configurativa del derecho familiar, prevé que cuando un ejidatario contrajera matrimonio, o haga vida marital con una ejidataria que estuviera disfrutando de una unidad de dotación, se respetarán por separado sus derechos agrarios, en este caso el matrimonio se entenderá bajo el régimen de separación de bienes. Visto el análisis normativo antes analizado podemos resaltar que la propiedad ejidal poseía características y modalidades especiales, se trataba de un derecho real con la modalidad en uno de sus atributos de falta de disposición del bien conservando el uso y goce, enmarcado bajo el principio de indivisibilidad sobre la unidad de dotación y sobre los demás inherentes a su calidad de ejidatario, en tal virtud, la facultad le otorgaba el derecho de establecer la sucesión, integrándose una protección a la familia campesina en virtud de la subrogación de las obligaciones del extinto ejidatario, 180 alegatos, núm. 65, México, enero/abril de 20075 Dominio pleno, mecanismo de incorporación..., pp al nuevo sucesor al cual se le fincaba una obligación de carácter económico a favor de los dependientes del de cujus, en virtud del principio de indivisibilidad establecida en materia agraria. La reforma a la Constitución en 1992 y la Ley agraria otorgan un cambio sustancial al ejido en virtud de que se manifestó reconociendo en la fracción VII, del articulo 27 constitucional Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra [.]; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela, otorgando al ejidatario la facultad de aprovechar su parcela directamente o bien celebrando con terceros algún tipo de contrato generando una posesión derivada, sin necesidad de autorización de la asamblea, pero siempre y cuando hablemos de parcela ejidal, ya que el articulo 45 expresa Las tierras ejidales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento... por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de uso común o parceladas, respectivamente, es decir el ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo, mediante aparcería, mediería, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier autoridad. En virtud de que le corresponde a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas. Desde esta óptica, debemos de realizar el siguiente planteamiento: Qué consecuencias se generan cuando en términos del artículo 27 constitucional y de la Ley agraria, se ha adquirido el dominio pleno sobre la parcela, integrando la disposición de la misma a los derechos de uso y usufructo y conformando un verdadero derecho de propiedad, en la figura jurídica de la sucesión en materia agraria?, institución jurídica que tiene sus propias reglas de prelación al momento de suceder y sus especiales procedimientos para ejecutar la sucesión, gozando de un orden jurídico específico o especial, mas no de excepción, cuyo procedimiento se establece dentro de la Ley agraria en sus artículos 17, 18, 19, y que los Tribunales Federales han definido y desarrollado a partir del siguiente criterio emitido en 2002: SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. El artículo 17 de la Ley Agraria prevé que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sustituirlo en sus derechos agrarios, así como las reglas para que de manera ágil, sencilla y práctica designe sucesores, concediéndole el derecho de nombrar al cónyuge, concubina o concubinario, en su caso, o a cualquier otra persona que él considere, designación que puede hacerla de dos formas: la primera, mediante el depósito ante el Registro Agrario Nacional de la lista que formule, en la que consten los nombres de las personas, así como el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento; y, la segunda, que la lista sea legalizada ante fedatario público y, con las mismas formalidades, 1816 Sección Artículos de Investigación la relación podrá ser modificada por el propio ejidatario, si es su voluntad, en cuyo caso será válida la de fecha posterior. De la interpretación sistemática del aludido precepto legal, se colige que es facultad exclusiva del ejidatario elegir voluntariamente a la persona que ha de heredarlo en sus derechos agrarios a su muerte, sin ajustarse a un orden preferencial, bastando la sola circunstancia de que la lista de sucesión la deposite ante el Registro Agrario Nacional o, en su caso, la formalice ante fedatario público, confiriéndosele, además, el derecho de poder modificarla cuantas veces sea su voluntad, en cuyo caso, siempre será válida la última que elabore, quedando sin efecto las realizadas con anterioridad. 2 En tal orden de ideas resulta interesante para cualquier persona estudiosa o practicante del derecho, la posibilidad de reconocer o identificar los casos de excepción existentes dentro del propio derecho agrario, sobre todo de los ejidatarios, sus parcelas y el dominio que ejercen éstos últimos sobre las tierras y que son competencia del derecho común. La figura del dominio pleno en materia agraria es incorporada a esta rama del derecho debido a las reforma impulsadas por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en 1992, y que permite al ejidatario disponer libremente de sus tierras, al grado tal, de que puede enajenarlas a terceras personas, incluso, extrañas al núcleo ejidal, configurándose así el dominio pleno. Esta figura agraria permite al ejidatario asumir completamente los derechos de propiedad (comprendidos como el uso, usufructo y dominio) de su parcela, previo agotamiento del procedimiento de tipo administrativo y considerado dentro de los artículos 81 y 82 de la legislación agraria. Los preceptos aludidos indican: ARTÍCULO 81: Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios en los términos del artículo 56, la asamblea con las formalidades previstas a tal efecto por los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá resolver que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo con lo previsto por esta ley. ARTÍCULO 82: Una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución prevista en el artículo anterior, los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el titulo de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente a la localidad. De lo anterior se deduce que el ejidatario tiene la obligación de solicitar a la asamblea, una autorización para cambiar el estatus jurídico de su parcela y poder así mo- 2 Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Tesis: VII. 3o. C. 2 A, p alegatos, núm. 65, México, enero/abril de 20077 Dominio pleno, mecanismo de incorporación..., pp dificar el régimen de propiedad, de uno social por uno privado. Pero antes de solicitar dicha petición, el ejidatario debe cumplir como primer requisito que el núcleo social de propiedad de la tierra asignado al mismo ejido se encuentre en su mayoría parcelada y entregada a los ejidatarios. Por lo que, una vez que la posesión de la parcela esté en manos de los miembros del propio ejido, su poseedor puede, si así lo decide, solicitar formalmente a la asamblea, adquirir de forma plena el dominio sobre su parcela. En tanto, deberá solicitar al Comisariado Ejidal realice la petición correspondiente al Registro Agrario, con el objeto de proceder a la baja de esa parcela de dicho órgano registral. En este mismo orden de ideas, los Tribunales Federales han indicado lo siguiente: TIERRAS EJIDALES. SU PROPIEDAD CORRESPONDE ORIGINARIAMENTE A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN. Son tierras ejidales, sujetas a las disposiciones de la propia Ley Agraria, las que han sido dotadas al núcleo de población o incorporadas al régimen ejidal. Tales tierras, parceladas, para asentamientos humanos o de uso común, conforman el núcleo de población. De consiguiente, los derechos parcelarios que ostentan los ejidatarios de manera originaria son de uso, usufructo y disfrute, más no de dominio, toda vez que ese derecho corresponde, en principio, al núcleo y no a los ejidatarios en lo particular. Así, tanto en la Ley Federal de Reforma Agraria, como en la Ley Agraria vigente, ha subsistido el régimen ejidal y ha permanecido la circunstancia de que las tierras que han sido materia de dotación, le siguen perteneciendo al núcleo de población ejidal. Como es lógico, las personas que conforman el ejido o la comunidad, denominadas ejidatarios o comuneros, respectivamente, tienen el derecho al uso y disfrute de las tierras materia de la dotación; sólo en tratándose del régimen ejidal pueden adquirir en propiedad las unidades de dotación concretas, si la asamblea efectúa el parcelamiento que corresponda, en los casos en que les reconoce pleno dominio o se trate de solares ubicados en tierras destinadas al asentamiento humano, y de ser de ese modo, entonces, las tierras de que se trate se sustraen de ese régimen y son reguladas por el derecho común. Luego, aun cuando la Ley Agraria en vigor confirma a los núcleos de población ejidal como propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título, en dicha legislación, a diferencia de la anterior, opera una transformación en el régimen de propiedad, pues permite que se cambie de ejidal a dominio pleno. No obstante ello, mientras se continúe con el régimen de explotación ejidal, los ejidatarios únicamente tienen derecho al uso, aprovechamiento y usufructo de sus parcelas, pero no el dominio de las mismas. 3 Por lo que, este criterio considera que los ejidatarios, en tratándose de sus parcelas, sólo tienen el uso, goce y usufructo, mas no así el dominio, pues el mismo corresponde al núcleo ejidal en lo colectivo y no al ejidatario en lo particular, hasta en tanto no 3 Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre de 2002, Tesis: VI. 3o. A. 110 A, p8 Sección Artículos de Investigación se encuentren todas las tierras parceladas y, entregadas en posesión a una persona del núcleo ejidal correspondiente, además, de que sea formalmente hecha la petición al Registro Agrario para que la misma parcela se sustraiga del régimen ejidal y pase al dominio entero del ejidatario que lo solicite. A su vez, aunque no se mencione de manera clara, entre los requisitos necesarios para que el ejidatario pueda adquirir el dominio pleno de su parcela, está el que debe acreditar fehacientemente que dispone de la misma, así lo establecieron los Tribunales Federales en la siguiente tesis aislada que establece: PARCELA EJIDAL, REQUISITOS QUE DEBERÁ ACREDITAR FEHACIENTE- MENTE EL EJIDATARIO PARA PODER DISPONER DE LA. Para poder disponer (vender), conforme a derecho un ejidatario de su respectiva parcela ejidal, necesita acreditar: a) Que en el núcleo de población en donde se encuentra ubicada la parcela ejidal, ya se realizó el procedimiento de parcelamiento a que se refiere el artículo 56 de la Ley Agraria, o que, en su caso, de existir el parcelamiento económico realizado con anterioridad, se hubiese llevado a cabo su reconocimiento oficial ante las autoridades administrativas correspondientes, identificándose las parcelas del ejido en forma individual; b) Que ya le haya sido entregado el certificado de derechos parcelarios, para establecer que le corresponden los derechos de uso y usufructo sobre la parcela asignada, en términos del artículo 62 de la legislación en comento; y, c) Que a través de los procedimientos legales correspondientes, haya adquirido el dominio pleno sobre la parcela ejidal que le corresponde, para así disponer, conforme a derecho, del destino que habrá de darle. 4 Por lo que, una vez cubiertos los requisitos y autorizado el trámite por parte del Registro Agrario Nacional, este último procede a la cancelación del folio del certificado agrario, el cual consideraba dicha parcela y procede a expedir un título de propiedad que deberá ser asentado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del lugar donde se ubicó la parcela y sobre la cual se concedió el dominio pleno. Este mismo ordenamiento jurídico permite al ejidatario, no obstante haber sustraído por su propia voluntad la parcela que le correspondía del régimen social, no perder sus derechos agrarios y ejidales, y tolera que a su vez el ejidatario pueda enajenar su parcela. Por tanto, aunque se ingrese una tierra parcelada ejidal al régimen de propiedad privada, esto no impide, ni niega al ejidatario sus derechos y su calidad como tal, en lo que respecta a sus restantes derechos agrarios, y en las demás tierras que integran el ejido. Hasta aquí podría parecer claro que no existe ningún conflicto entre el derecho agrario y el derecho civil, pero qué pasa cuando el ejidatario ha fallecido, y por un lado en el Registro Agrario Nacional se tiene registrada una lista de sucesores respec- 4 Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, Tesis: XX. 27 A, p alegatos, núm. 65, México, enero/abril de 20079 Dominio pleno, mecanismo de incorporación..., pp to de una parcela determinada y, además, ya fue tramitado el dominio pleno de esta última? Pues, por un lado, la Ley Agraria considera en los artículos 17, 18 y 19 que: Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior. Debido a que hay conflicto de interpretación y de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito emitieron tesis jurisprudenciales opuestas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió mediante la contradicción de tesis número 117/2001-SS lo siguiente: DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTA- MENTARIA BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ES- TABLECEN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUME- RALES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley Agraria; 72 a 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en vigor hasta el nueve de abril de mil novecientos noventa y siete; y 9o., 13 y 84 a 88 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, vigente a partir del diez de abril de mil novecientos noventa y siete, para la transmisión y titulación de bienes, derechos y obligaciones en materia agraria por sucesión testamentaria, basta seguir las etapas del procedimiento administrativo previsto en los ordenamientos mencionados, a saber: a) Que el ejidatario haya hecho designación de sucesores de sus derechos en una lista en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual se deba hacer la adjudicación de derechos a su fallecimiento; b) Que esa lista se inscriba y deje en depósito del Registro Agrario Nacional, lo que supone que éste verificó la autenticidad de la firma y la huella digital del ejidatario o comunero, o que se formalice ante fedatario público; c) Que al fallecer el ejidatario o comunero, dicha dependencia, a petición de quien acredite tener interés jurídico, consulte en el archivo de la delegación de que se trate y, de ser necesario, en el archivo central, si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión, en caso afirmativo, el registrador, ante la presencia del interesado y de por lo menos dos testigos de asistencia, abrirá el sobre en el que se contiene la lista 18510 Sección Artículos de Investigación de sucesores e informará el nombre de la persona designada; d) Que ésta se presente; e) Que se asienten los datos en el folio correspondiente, de manera que quede así inscrita la transmisión de derechos agrarios por sucesión y formalizada su adjudicación; y f) Que el Registro Agrario Nacional expida el o los certificados respectivos, autorizados y firmados por la autoridad facultada para ello. 5 A su vez el artículo 18 indica: Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sus sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia. I, Al cónyuge. II, A la concubina o concubinario. III A uno de los hijos del ejidatario. IV A uno de los ascendientes; y V A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el tribunal agrario, proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de postura en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos. Artículo 19: Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate, el importe de la venta corresponderá al núcleo de la población ejidal. De lo anterior podemos desprender que el ejidatario, es quien tiene el derecho a designar su sucesor de su parcela agraria, mediante una lista o a falta de ésta en el siguiente orden de prelación: cónyuge, concubina o concubinario, hijos, ascendientes, dependiente económico pero si no hubiere alguno de los mencionados, se enajenan dichos derechos y se entrega directamente al núcleo ejidal. Aunque, como se podrá notar, la sucesión la recibe en este caso sólo una persona, caso muy diferente del derecho civil común, por lo que, en materia agraria no existe la copropiedad en la masa hereditaria. Retomando lo anterior, la diferencia es que en el derecho común pueden concurrir a la sucesión todas las personas que justifiquen su derecho a suceder y en el caso de la sucesión agraria esto es imposible de que se logre debido a que, en primer lugar, 5 Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, marzo de 2002, Tesis: 2a./J. 20/2002, p alegatos, núm. 65, México, enero/abril de 2007 Mostrar más
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