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Timestamp: 2019-06-18 00:59:50+00:00

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Estudio N. Arese &Asoc. 15 34788263 / narese@fibertel.com.ar BOLETIN INFORMATIVO 9 – SERVICIO GRATUITO – 06.09.2018 - Para Mejor Vivir
Estudio N. Arese &Asoc. 15 34788263 / narese@fibertel.com.ar BOLETIN INFORMATIVO 9 – SERVICIO GRATUITO – 06.09.2018
Régimen simplificado Desde el 1 al 30 de septiembre se encuentra activa la opción para realizar la recategorización cuatrimestral de los contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inscriptos en el Régimen Simplificado.
DECRETO 800/18
B.O.: 5/9/18
Vigencia: 6/9/18
Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores. Preferencias para compras del sector público de bienes y obras de origen nacional. Acuerdos de cooperación productiva. Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores. Ley 27.437. Su reglamentación.
Art. 1 – Apruébase la reglamentación de la Ley 27.437 que como Anexo (IF-2018-36799022-APN-MP) forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2 – Desígnase a la Secretaría de Industria del Ministerio de Producción como autoridad de aplicación de la Ley 27.437.
Art. 3 – Facúltase a la autoridad de aplicación de la Ley 27.437 a dictar las normas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para la interpretación y aplicación de la citada ley y de lo dispuesto en la reglamentación que se aprueba por la presente medida.
La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas en el Cap. IX de la Ley 27.437.
Art. 4 – Invítase a los Gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen de la Ley 27.437.
Art. 5 – El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ANEXO - Reglamentación Ley 27.437
Preferencia para bienes de origen nacional
Artículo 1 – En las contrataciones realizadas por las entidades referidas en el inc. a) del art. 8 de la Ley 24.156 y sus modificatorias, las preferencias previstas en la Ley 27.437 resultarán aplicables cuando los procedimientos de selección encuadren en el art. 25 incs. a), c) y d) aparts. 1 y 4 del Dto. 1.023/01 y sus normas modificatorias y complementarias, a excepción de aquellos que se realicen por la modalidad acuerdo marco.
La preferencia establecida por el art. 1 de la Ley 27.437 deberá ser aplicada por los sujetos mencionados en los incs. e) y f) de dicho art. cuando las contrataciones respectivas sean realizadas en representación del Estado Nacional.
Artículo 2 – A los efectos de lo establecido en el art. 2, inc. a) de la Ley 27.437, deberá entenderse por condiciones de pago al contado la acreditación en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional, de conformidad con el art. 4 de la Res. 262 de fecha 13 de junio de 1995 de la Secretaría de Hacienda del Entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y sus modificaciones.
Por idéntica o similar prestación, se entenderá a aquella que cumpla con las especificaciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones particulares de la contratación en los cuales se solicite, y sea apta para la función deseada.
La autoridad de aplicación podrá verificar si los bienes de origen nacional contenidos en una oferta son aptos para idénticas o similares prestaciones a las que brindan los bienes que no sean de origen nacional contenidos en otra oferta.
Artículo 3 – Para la calificación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (en adelante MiPyME), se estará a lo establecido en la Ley 25.300 y sus normas modificatorias, reglamentarias y aclaratorias.
Artículo 4 – En las contrataciones alcanzadas por la Ley 27.437, la comparación de precios deberá realizarse sobre la base del precio final de los bienes en moneda nacional, puesto en el lugar de entrega establecido en los pliegos de bases y condiciones particulares de la contratación.
Artículo 5 – Por importador particular no privilegiado, debe entenderse aquel que no se encuentra alcanzado por alguna exención o beneficio arancelario o impositivo.
Artículo 6 – El margen de preferencia establecido en el art. 2, inc. b) de la Ley 27.437 se aplicará en los casos en que no se presenten ofertas de bienes de origen nacional, o, si las hubiera, hayan sido desestimadas o declaradas inelegibles.
Artículo 7 – En lo referido a la posibilidad de mejora de precios establecida en el último párrafo del art. 2 de la Ley 27.437, por mejor cotización deberá entenderse el precio de la oferta de bienes de origen no nacional más conveniente.
La MiPyME oferente de bienes de origen nacional que podrá mejorar su oferta será aquella que tuviere la oferta más conveniente. Una vez mejorada la oferta, la comparación volverá a realizarse aplicando el porcentaje de preferencia del art. 2, inc. a) de la citada ley.
Artículo 8 – En las contrataciones para la adquisición, locación o leasing de bienes, por montos menores a un mil trescientos módulos (M 1.300), en las que los oferentes no reúnan los requisitos para resultar adjudicatarios establecidos en el art. 4 de la Ley 27.437, o bien cuando reuniéndolos, sus ofertas superen en más de un veinte por ciento (20%) el monto estimado de la contratación, o sean superiores al de la oferta que no cumpla con los requisitos incrementados en un quince por ciento (15%), los sujetos contratantes podrán adjudicar a la que resulte ser la oferta más conveniente aún sin reunir los requisitos del aludido art. 4.
Artículo 9 – Las obras aludidas en el art. 4, inc. b) de la Ley 27.437 deberán estar licitadas y ejecutadas por las entidades y jurisdicciones comprendidas en el art. 8, inc. a) de la Ley 24.156 y sus modificatorias. A tales fines, entiéndase por:
a) Obra pública destinada a la construcción de vivienda: la realizada con esa finalidad en el marco de planes o programas de políticas públicas habitacionales;
b) obra pública destinada a la construcción de edificios públicos: la construcción de infraestructura edilicia destinada a la actividad pública de cualquiera de los sujetos obligados.
Definición de bien y obra pública nacional
Artículo 10 – A los fines de lo establecido en el art. 5 de la Ley 27.437 se entiende que un bien ha sido producido en la República Argentina, cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos, en las formas y condiciones que establezca la autoridad de aplicación:
a) Para los productos elaborados íntegramente en el territorio nacional cuando en su elaboración fueran utilizados, única y exclusivamente, materiales originarios de la República Argentina.
b) Para los productos en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios de la República Argentina, cuando resulten de un proceso de transformación en el territorio nacional que les confiera una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de estar clasificados en una partida arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) diferente.
c) En aquellos casos en los cuales el bien resultante de un proceso de transformación no pudiera caracterizarse en una partida arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) diferente a la de sus materiales, se entiende que el bien es producido en el territorio de la República Argentina cuando resulte de un proceso productivo realizado en el territorio nacional que implique una transformación sustancial de insumos, partes o componentes, nacionales o importados, para obtener un bien nuevo, con un nuevo nombre, nueva característica y nuevo uso.
Artículo 11 – A los fines de lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 27.437, se entiende que un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en el territorio de la República Argentina y cuyo Contenido Importado (CI) no supere el cuarenta por ciento (40%) del valor bruto de producción, de conformidad con la siguiente fórmula:
Se entiende por conjunto a un bien considerado como una unidad funcional formada por partes, piezas y subconjuntos.
Se entiende por subconjunto a un bien considerado como grupo de partes y piezas unidas para ser incorporados a un grupo mayor, para formar un conjunto.
El cómputo del valor de los conjuntos, subconjuntos, partes y piezas y materias primas importadas comprende el valor de costo, seguro y flete (CIF), más todos los tributos que gravan la nacionalización de un bien, que debieran ser satisfechos para su importación por un importador no privilegiado, más el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.
Se entiende por valor bruto de producción al precio final del bien
Artículo 12 – A los efectos del cálculo del Contenido Importado (CI), se analizarán en forma individual los conjuntos y subconjuntos. Éstos no serán considerados importados cuando cumplan en forma individual con los requisitos establecidos en el art. 5 de la Ley 27.437.
No se considerarán de carácter importado las partes o piezas que se elaboren en el país a partir de materias primas importadas, siempre que éstas últimas experimenten en el proceso de elaboración o fabricación, una transformación sustancial en su composición, forma o estructura original.
Artículo 13 – La autoridad de aplicación establecerá el procedimiento para determinar el origen nacional del bien, así como el contenido nacional de bienes no nacionales susceptibles de percibir el margen de preferencia indicado en el art. 2, inc. b) de la Ley 27.437.
Artículo 14 – Los sujetos contratantes podrán solicitar al oferente una ampliación de la información que respalde el contenido nacional declarado. En caso de estimarlo necesario, podrán solicitar, adicionalmente, un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Producción, u otros organismos especializados o Universidades Nacionales, a fin de verificar el origen nacional declarado por el oferente.
Artículo 15 – A los fines de lo establecido en el art. 6 de la Ley 27.437 el certificado de verificación (en adelante CDV) es aquel por el cual la autoridad de aplicación verifica el valor de los bienes no nacionales a adquirir y establece su precio final máximo a pagar por la entidad contratante.
Artículo 16 – A los fines de lo establecido en el art. 6 de la Ley 27.437, el CDV debe ser solicitado a la autoridad de aplicación por el sujeto contratante a cuyo favor será emitido, conforme se detalla a continuación:
Para las contrataciones comprendidas en el Régimen del Dto. 1.023/01 y sus normas modificatorias y complementarias y en aquellos otros regímenes en los que se prevea un acto de adjudicación, el CDV debe solicitarse antes de la adjudicación.
Para las contrataciones no comprendidas por el Dto. 1.023/01 y sus normas modificatorias y complementarias y que no prevean un acto de adjudicación, pero sí se encuentren alcanzadas por el Régimen de la Ley 27.437, el CDV debe solicitarse antes de que se perfeccione la contratación.
Artículo 17 – La autoridad de aplicación entregará el CDV dentro de los quince días hábiles administrativos de solicitado. Dicho plazo comenzará a computarse a partir de que el sujeto obligado haya presentado a la autoridad de aplicación la documentación de respaldo en correcta forma.
Finalizado el plazo señalado sin que se haya otorgado el CDV, los sujetos contratantes podrán continuar con el proceso de contratación, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.
Artículo 18 – El sujeto obligado deberá mantener a disposición de la autoridad de aplicación toda la documentación de respaldo a los fines de que ésta o los respectivos organismos de control de los sujetos alcanzados, de entenderlo pertinente, puedan requerir su presentación a los efectos de ejercer las facultades de control que les competen.
Artículo 19 – A los fines de lo establecido en el art. 7 de la Ley 27.437, en las formas y condiciones que establezca la autoridad de aplicación, las contrataciones realizadas por los sujetos comprendidos en los incs. b) y c) del art. 1 de la Ley 27.437, deberán anunciar y difundir sus contrataciones privadas asociadas al objeto de la licitación, de acuerdo con las siguientes pautas:
Cuando el monto estimado de las contrataciones sea de entre un mil trescientos módulos (M 1.300) y cinco mil módulos (M 5.000) deberán ser difundidas en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) dependiente de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización, con una antelación no inferior a cinco días hábiles a la fecha límite de recepción de ofertas de la contratación de que se trate.
Cuando el monto estimado de las contrataciones supere los cinco mil módulos (M 5.000), deberán ser publicadas en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones por el término de dos días hábiles administrativos, con un mínimo de veinte días corridos de antelación a la fecha límite de recepción de ofertas, computados a partir del día siguiente a la última publicación.
Las demás contrataciones alcanzadas por el presente Régimen deberán ser anunciadas y difundidas de conformidad con las pautas establecidas en la normativa aplicable a cada sujeto alcanzado.
Artículo 20 – En las contrataciones comprendidas en el Dto. 1.023/01 y sus normas modificatorias y complementarias, deberán observarse las pautas allí establecidas para difundir las etapas del procedimiento que correspondieren.
En el resto de las contrataciones alcanzadas por el presente Régimen, se deberá difundir en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones el nombre del adjudicatario o futuro cocontratante y el monto de la oferta, con una anterioridad de al menos dos días hábiles administrativos a la efectiva suscripción o perfeccionamiento del contrato, según corresponda.
Artículo 21 – En virtud de lo dispuesto por el art. 8 de la Ley 27.437, los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas deberán ser remitidos en debida forma a la autoridad de aplicación con anterioridad a la aprobación del llamado a convocatoria. En los supuestos contemplados y aplicables previstos en el art. 26 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Dto. 1.030 de fecha 15 de setiembre de 2016 y sus normas complementarias, los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas deberán ser remitidos a la autoridad de aplicación luego de la etapa previa allí prevista.
Los proyectos de pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas que se remitan a la autoridad de aplicación deberán ser la versión final mediante el cual se realice el llamado a convocatoria.
Artículo 22 – Las especificaciones técnicas de las contrataciones alcanzadas por el presente Régimen deberán fraccionarse y contar con el mayor grado de detalle posible, con el fin de facilitar la máxima participación de oferta de bienes de origen nacional.
Artículo 23 – En los términos establecidos por el art. 8 de la Ley 27.437, la autoridad de aplicación emitirá un dictamen técnico de carácter vinculante referido al cumplimiento de las previsiones contempladas en el primer párrafo de dicho artículo. En caso de corresponder, el dictamen indicará las modificaciones necesarias a los fines de posibilitar la participación de la oferta de bienes de origen nacional. En caso de no realizar observaciones, los sujetos contratantes podrán continuar con sus respectivos procesos de contrataciones.
El plazo previsto en el último párrafo del art. 8 de la Ley 27.437 comenzará a computarse a partir de la presentación de toda la información que haya sido requerida por la autoridad de aplicación.
Artículo 24 – La aprobación del llamado a convocatoria a presentar ofertas, sin cumplir con lo dispuesto por los arts. 7 y 8 de la Ley 27.437 y sus normas reglamentarias aplicables, será motivo de revocación del procedimiento de contratación, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables.
Artículo 25 – En las formas y condiciones que establezca la autoridad de aplicación, los Acuerdos de Cooperación Productiva (en adelante ACP) deberán prever la adquisición de bienes producidos en la República Argentina en los términos de la presente reglamentación o la contratación de servicios directamente vinculados al proceso productivo realizado en territorio nacional, a fin de ejecutar el contrato objeto de la licitación.
En los casos en que no resulte factible alcanzar el monto establecido en el art. 10 de la Ley 27.437 mediante la adquisición o contratación prevista en el párrafo precedente, la autoridad de aplicación podrá autorizar que dicho monto se complete mediante:
– Inversiones: adquisiciones de bienes de capital e instalaciones productivas y/o inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) realizadas por el adjudicatario en territorio nacional vinculadas a la ejecución del contrato objeto de la licitación.
– Transferencia tecnológica: adquisiciones de derechos locales de uso de patentes, inventos no patentados, licencias, marcas, diseños y modelos industriales, know-how o asistencia técnica vinculada a introducir mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o técnicas organizacionales o de comercialización.
– Investigación y capacitación técnica: actividades de investigación y capacitación relacionadas con la producción o el mantenimiento de los bienes adquiridos. Este rubro no podrá superar un veinte por ciento (20%) del total del monto del ACP.
Artículo 26 – A los fines de lo establecido en el art. 9 de la Ley 27.437, se considerará bienes locales a aquellos producidos en la República Argentina conforme lo dispuesto por la presente reglamentación. En cuanto a la contratación de servicios, se considerarán locales a aquellos provistos por una empresa nacional, cualquiera sea su estructura jurídica que cumpla con los siguientes requisitos:
Encontrarse constituida en virtud de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. en 1984), o de la Ley 27.349 y su modificatoria y con actividad principal en el territorio nacional.
Contar con la mayoría de los miembros del órgano de administración con domicilio real en el país.
Artículo 27 – Los ACP deberán acompañarse junto con la oferta, constituyendo un requisito de presentación de la misma y deberán contener todas las especificaciones necesarias para verificar y evaluar sus términos y condiciones, así como el detalle de la valoración de cada uno de sus componentes, las etapas y plazos de cumplimiento y el compromiso de constitución de garantías sobre los mismos.
Los sujetos contratantes podrán establecer un criterio de selección para determinar la oferta más conveniente, sobre la base de sistema de puntajes. En este caso, los pliegos de bases y condiciones particulares deberán consignar a los ACP como uno de los factores que se considerarán para la evaluación de las propuestas, determinando, a tales fines, el coeficiente de ponderación relativa correspondiente. La aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares realizada por la autoridad de aplicación en los términos de lo establecido en el segundo párrafo del art. 8 de la Ley 27.437, de contrataciones alcanzadas por el art. 10 de dicha ley no incluirá la evaluación técnico-económica de la oferta, la que deberá ser realizada por el organismo contratante.
Artículo 28 – El valor total de la oferta sobre la que se calcula el porcentaje correspondiente al ACP incluye bienes, servicios y todos aquellos conceptos que se establezcan en los pliegos licitatorios.
Artículo 29 – La autoridad de aplicación determinará la forma en la que se verificará el cumplimiento del ACP durante su ejecución y una vez finalizado. En caso de que el excedente ejecutado supere al menos en un diez por ciento (10%) al monto comprometido en el ACP, la autoridad de aplicación podrá autorizar la utilización de dicho excedente por el mismo cocontratante en futuras contrataciones que se realicen en un plazo máximo de dos años contando a partir de la finalización del ACP.
Artículo 30 – A los fines establecidos en el art. 11 de la Ley 27.437, en forma previa a la aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares realizada por la autoridad de aplicación en los términos de lo establecido en el segundo párrafo del art. 8 de la Ley 27.437, la misma deberá revisar que los ACP se ajusten a lo establecido en la normativa aplicable.
Una vez en curso la contratación y efectuada la apertura de las ofertas por parte del organismo contratante, éste las remitirá a la autoridad de aplicación previo al dictamen de evaluación o etapa equivalente, a los fines de analizar la propuesta de ACP.
La autoridad de aplicación se expedirá en un plazo no mayor a los diez días hábiles administrativos.
En caso de no expedirse dentro del plazo estipulado, se podrá proceder a la adjudicación.
Artículo 31 – A los fines establecidos en el art. 12 de la Ley 27.437, determínase que las garantías deberán ser constituidas en favor de la autoridad de aplicación. El tipo de garantía a constituirse será determinado por el organismo contratante en el pliego de bases y condiciones particulares.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento y la forma para la constitución, liberación y ejecución de dichas garantías.
Artículo 32 – La autoridad de aplicación verificará el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos por el presente régimen, a cuyo fin podrá exigir a todos los sujetos del art. 1 de la Ley 27.437, la información o datos que considere pertinente a tales fines en cualquier etapa del proceso y aun con anterioridad al inicio formal del expediente si tomara conocimiento de la existencia de un procedimiento sujeto al régimen.
La autoridad de aplicación podrá requerir en los casos en que lo considere pertinente, la intervención del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Producción, u otros organismos especializados o Universidades Nacionales. En caso que se requiera dicha intervención, los costos originados serán solventados por aquel que haya incumplido con la obligación que motivara la verificación.
Artículo 33 – Para el caso en que, de acuerdo a lo previsto en los incs. a) y c) del art. 15 de la Ley 27.437, se autorice la inclusión de parámetros diferenciales conforme los porcentajes referidos en dicho artículo, el Informe Técnico elaborado por la autoridad de aplicación deberá ser adjuntado a los pliegos de bases y condiciones particulares. En el citado Informe Técnico se deberá establecer que la modificación propuesta resulta favorable a la mayor posibilidad de participación de la producción nacional.
En el supuesto del art. 15, inc. b) de la Ley 27.437, el Informe Técnico deberá establecer que no resulta afectada la capacidad de producción de la industria nacional.
Los parámetros diferenciales serán aplicables únicamente en la licitación donde se autoricen los referidos porcentajes.
La publicación de los pliegos de bases y condiciones particulares, conforme con lo establecido en el art. 7 de la Ley 27.437, deberá incluir el respectivo Informe Técnico al que se hace referencia en el presente artículo.
Artículo 34 – A los fines establecidos en el art. 20 de la Ley 27.437, cuando por las tareas de fiscalización se advirtiera que el cocontratante no cumplió con las condiciones de la contratación o con los porcentajes de integración nacional declarados en los bienes ofrecidos, deberá reintegrar la diferencia del porcentual mediante el cual se obtuviera la mejor oferta, que consistirá en aquella existente entre el monto efectivamente abonado por el organismo contratante y la oferta adjudicada sin contar con el margen de preferencia. Una vez determinado el monto a reintegrar, éste deberá ser abonado al organismo contratante en un plazo máximo de treinta días hábiles administrativos. El reintegro previsto en este art. no obsta la aplicación de sanciones adicionales.
Artículo 35 – El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, creado por el art. 24 de la Ley 27.437, estará a cargo de la autoridad de aplicación de dicha ley.
Artículo 36 – Los sujetos comprendidos en la Ley 26.741 deberán presentar a la autoridad de aplicación un plan de desarrollo de proveedores con el fin de proponer estrategias que incidan en el aumento de competitividad de los proveedores locales y el fortalecimiento de las capacidades de la industria hidrocarburífera de la República Argentina.
Dicho plan de desarrollo de proveedores se llevará a cabo mediante la presentación a la autoridad de aplicación de la siguiente información, sin perjuicio de las demás condiciones que sean establecidas por la misma:
El plan anual de abastecimiento, el que deberá contener la planificación de las acciones a realizar y el plazo de ejecución.
Las acciones a instrumentar para identificar y promover el incremento del contenido nacional y la competitividad de la industria que atiende la demanda del sector petrolero nacional.
Las condiciones y requisitos para implementar el plan de desarrollo de proveedores, a través del otorgamiento de marcos contractuales superadores en volumen y plazos a los proveedores locales.
Artículo 37 – De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del art. 27 de la Ley 27.437, establécese que la contratación de obras y servicios se rige por la Ley 18.875, sin perjuicio de que los bienes que se adquieran en el cumplimiento de las contrataciones de tales obras y servicios sean alcanzados por la Ley 27.437.Jurisprudencia
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Ley 25.246. Escribanos públicos. Deber de informar operaciones sospechosas en base a sus conocimientos técnicos y expreriencia profesional. Res. U.I.F. 10/04 y 21/11. Principio de legalidad. Solicitud de inconstitucionalidad. Su rechazo. Se confirma la sentencia apelada. Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires c/P.E.N. s/sumarísimo. C.S.J.N.
VISTOS LOS AUTOS: “Colegio de Escribanos de la provincia de Bs. As. c/P.E.N. s/sumarísimo”.
1. Que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda interpuesta por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 14, inc. 10; 20 y 21, incs. b) y c), de la Ley 25.246, así como de la Res. U.I.F. 10/04 –posteriormente sustituida por la Res. U.I.F. 21/11–, en tanto obligan a los escribanos públicos a informar a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) sobre toda operación sospechosa de lavado de activos o financiación del terrorismo.
2. Que contra este pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario que fue concedido a fs. 551/551 vta. Sostiene, en síntesis, que los preceptos que impugna vulneran el principio de legalidad porque no establecen pautas objetivas para determinar en qué casos una operación puede ser considerada “sospechosa” de encubrir lavado de activos o de financiar el terrorismo. Entiende que esa incertidumbre coloca a los escribanos ante la posibilidad de ser sancionados con las penas fijadas en el art. 24 de la Ley 25.246.
3. Que el recurso extraordinario es formalmente admisible pues. se ha puesto en tela de juicio la validez de normas de índole federal y la decisión ha sido contraria a los derechos que el apelante funda en las cláusulas constitucionales que dice vulneradas (arts. 14 de la Ley 48, y 60 de la Ley 4.055).
4. Que, en lo que al caso interesa, el art. 20 bis de la Ley 25.246 prevé de modo general la obligación de los sujetos enumerados en el art. 20 –entre los cuales se menciona a los escribanos públicos– de informar o reportar actividades que permitan inferir la existencia de operaciones de “lavado de activos” , o de financiamiento del terrorismo. Por su parte, el art. 21, inc. b) obliga a “informar cualquier hecho u operación sospechosa” y aclara que se consideran operaciones sospechosas a las “transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”. A lo que cabe agregar que, por “lavado de activos”, como lo definió la cámara a fs. 324/328 vta., se alude al proceso en razón del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita, y tiene su tipificación en el art. 303 del Código Penal. Finalmente, el mismo art. 21, inc. b), prescribe que la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación.
En ejercicio de tal atribución, la U.I.F. dictó la Res. U.I.F. 21/11, que, a título enunciativo, prevé diferentes circunstancias que los notarios deben tener en cuenta para definir si una operación es sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Entre tales circunstancias se mencionan: 1. que los montos, tipos, frecuencia y naturaleza no guarden relación con los antecedentes y actividad económica de los otorgantes; 2. montos inusualmente elevados, complejidad y modalidades no habituales de las operaciones; 3. negativa del cliente a proporcionar datos o documentos solicitados, o cuando resulten falsos; 4. cuando las operaciones involucren “paraísos fiscales” o se trate de países o jurisdicciones declarados como “no cooperativos” por el Grupo de Acción Financiera Internacional (G.A.F.I.); 5. cuando existiera un mismo domicilio para distintas personas jurídicas, o cuando, sin motivo económico o legal, las mismas personas fueren autorizadas o apoderadas de diferentes sociedades, en especial sí algunas de las entidades están ubicadas en “paraísos fiscales” y su actividad principal sea la operatoria “off shore”; 6. compraventa de inmuebles, cesión de derechos, préstamos, fideicomisos o cualquier operación realizada en dinero efectivo cuando supere determinada suma; 7. aportes de capital a personas jurídicas que involucren a personas domiciliadas o constituidas en países de baja o nula tributación conforme al ciecreto 1037/2000; 8) venta de acciones, cesiones de cuotas o cualquier forma de participación en sociedades ocurridas dentro de los diez días hábiles de requerida la inscripción de la sociedad; y 9. constitución múltiple de sociedades con mínimo de socios y de capital, o con el mismo domicilio.
5. Que la cuestión central a dirimir consiste en determinar la compatibilidad de las normas que imponen a los escribanos, bajo pena de multa, la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera la existencia de “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiación del terrorismo –arts. 20, inc. 12; 21, inc. b) y 24 de la Ley 25.246 y del art. 2, inc. e), de la Res. U.I.F. 21/11–, con el principio de legalidad consagrado en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional.
6. Que el principio de juridicidad que emana del art. 19 de la Constitución Nacional sirve como medida de todos los derechos y deberes, de las acciones y de las omisiones. Por ello, la regulación se adopta mediante normas de alcance general, aplicables a diversos casos, que permitan, obliguen o prohíban determinadas conductas.
Este principio fundamental se complementa con el conocimiento generalizado de tales diferencias del orden jurídico vigente, ya que si el derecho no se conoce, no se conocen los límites entre lo jurídico-permitido y lo jurídico-prohibido, presupuesto insoslayable para garantizar la convivencia. Resulta evidente que en un sistema democrático la peor carencia que puede tener una comunidad es la ignorancia del derecho que la rige.
7. Que en esas condiciones, el art. 19 expresa una decisión de establecer delimitaciones precisas entre lo que se puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar la convivencia y, consecuentemente, para no sufrir una sanción jurídica.
En efecto, la precisión y actuación real de las reglas preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los particulares conocen de antemano a qué reglas se sujetará la actuación de los gobernantes, de manera que la conducta de estos sea previsible y, en caso contrario, que haya quien, con potestad suficiente, pueda corregir el error y responsabilizar eficazmente al transgresor (Fallos: 326:417).
8. Que sin embargo ese conocimiento del derecho no es meramente especulativo, sino eminentemente práctico, lo cual no solo impone la obligación de publicitario de forma efectiva disminuyendo la brecha que se abre entre la ficción del conocimiento generalizado del derecho y la realidad de su desconocimiento, sino también la de atender a las características concretas de sus destinatarios.
De esta manera adquiere vital importancia ponderar en cada caso las circunstancias relevantes singulares que conciernen a las reglamentaciones a fin de evaluar su conocimiento efectivo por parte de los administrados que deben adecuar .su conducta a ellas.
9. Que de todo ello se extrae, en definitiva, que el art. 19 citado exige que las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de precisión y previsibilidad posible, el cual no puede ser analizado en abstracto y de forma teórica, sino atendiendo razonablemente al ámbito de aplicación concreto de la norma en cuestión y a la capacidad de conocimiento de los sujetos a los cuales se dirige (conf. Arg. CAF 46527/2011/CA1–CS1 “Apaza León Pedro Roberto c/EN - DNM disp. 2560/11 (Expte. 39.845/09) s/recurso directo para juzgados”, sentencia del 8 de mayo de 2018 –voto del juez Rosatti–).
10. Que a similares conclusiones ha arribado este Tribunal desde el campo sancionatorio de la administración. En efecto, ha resuelto que el carácter de infracción –y no de delito– no obsta a la aplicación de las garantías constitucionales básicas que se fundan en la necesidad de que exista una ley para que una persona pueda incurrir en la comisión de una falta pasible de, sanción y en ese sentido, reconoció la aplicación específica del principio de legalidad penal del art. 18 de la Constitución Nacional a sanciones aplicadas por diversas autoridades administrativas (más allá de su naturaleza jurídica (Fallos: 184:162; 239:449; 256:94; 267:457; 287:76; 289:336; 290:202; 304:892, 849; 312:1998; 327:2258; 329:3666; 330:1855; 335:1089, 1126; CSJ 92/2012 (48-E)/CS1 “Edenor S.A. c/Res. 289/04 - ENRE (Expte. 15.312/04) s/recurso directo”, del 21 de octubre de 2014).
Así, ha resuelto esta Corte que si bien el derecho administrativo sancionatorio puede manejarse por sus características definitorias con cierta relatividad en determinados aspectos, como la estructura típica, la graduación de las sanciones y ciertas particularidades procedimentales que serían inadmisibles en un enjuiciamiento penal, jamás puede apartarse del respeto a la garantía constitucional de la ley previa.
11. Que, en efecto, el principio de legalidad del art. 18 de la Constitución Nacional nace de la necesidad de que exista una ley que mande o prohíba una conducta, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido, y que además se establezcan las penas a aplicar (Fallos: 327:2258). Es por ello que la “ley anterior” de la garantía constitucional citada y del principio “nullum crimen, nullapoena sine lege”, exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un mínimo y un máximo (Fallos: 237:636; 248:61; 263:267; 275:89; 293:378; 307:511; 310:1909; 328:940).
Así, tratándose de materias que presenten contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo (Fallos: 246:345; 311:2453; 328:940). En efecto, la mera indeterminación en el tipo sancionatorio administrativo no implica violación del principio de legalidad penal ya que no comporta, en sí misma, la habilitación implícita al órgano sancionador para llenarlo con el contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio (Fallos: 329: 3617) el cual se encuentra constreñido por el principio de razonabilidad.
12. Que dicho ámbito discrecional será razonable y compatible con los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, en la medida en que, tal como se expuso previamente, la norma sancionatoria resulte precisa y previsible, lo cual exige tener en cuenta tanto su ámbito de aplicación concreto como la capacidad de conocimiento de los sujetos a los cuales se dirige.
Lineamientos similares ha recogido la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CIDH, López Mendoza e. Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011, citando TEDH, S. W. c. Reino Unido, Nº 20.166192, 36, y C.R. c/Reino Unido Nº 20.190/92, ambos del 22 de noviembre de 1995; Kokkinakis V. Grecia, Nº 14.307/88, del 25 de mayo de 1993), y coinciden en sustancia con los estándares de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (UnitedStates vs. Reese, 92 U.S. 214 [1876]; Papaehristou v. Jaeksonville, 405 U.S. 156 [1972]; y Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352 [1983]; Winters v. New York, 333 U.S. 507 [1948]; Hoffman States v. TheFlipside, Hoffman StatesIne. 455 U.S. 489 [1982]).
13. Que en esas condiciones, a fin de examinar la precisión y previsibilidad de la definición del término “operación sospechosa” que contempla el art. 21, inc. b) de la Ley 25.246 y el art. 2, inc. e), de la Res. U.I.F. 21/11 debe tenerse en cuenta, respecto al ámbito de aplicación de tales disposiciones, que estas se encuadran en el marco de un sistema de prevención de lavado de activos, donde resulta, por definición, imposible a la autoridad prever con anticipación todos los supuestos de sospecha vinculados a operatorias naturalmente esquivas a la fiscalización estatal.
Dicha normativa responde al fenómeno de la criminalidad trasnacional, abordada por los instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país que han sido detallados por la señora procuradora general en su dictamen, muchos de los cuales refieren expresamente a las “transacciones inusuales o sospechosas” (art. 14, inc. 1, ap. a, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la Ley 26.097; art. 4, inc. 1, ap. a, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, Ley 26.023; art. 7, inc. 1, ap. a, de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, Ley 25.632; art. 18, inc. 1,. ap. b, del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, Ley 26.024).
Es en ese contexto que debe leerse la obligación impuesta por la Ley 25.246 de informar las operaciones sospechosas allí definidas y precisadas por la Res. U.I.F. 21/11, cuyo art. 19 enuncia una lista de dieciséis hipótesis que sirven para delimitar dicho concepto con la claridad necesaria para que los escribanos públicos actúen en consecuencia.
14. Que, por lo demás, con relación a los destinatarios de la reglamentación, es decir, los escribanos públicos como sujetos obligados (art. 20, inc. 12, de la Ley 25.246), esta Corte ha expresado que la reglamentación de la actividad del notariado se justifica por su especial naturaleza, pues la facultad que se atribuye a los escribanos de registro de dar fe a los actos y contratos que celebren constituye una concesión del Estado (Fallos: 303:1796; 311:506; 315:1370; 316:855;321:2086). Ello justifica, llegado el caso, la inhabilitación disciplinaria de los escribanos, ya que la concesión de facultades tan delicadas como las que el Estado les ha otorgado –dar fe a los actos que se celebren conforme a las leyes–, tiene su necesario correlato en las exigencias y sanciones que la reglamentación contiene, en el sentido de revocar aquel atributo cuando la conducta del escribano se aparta de los parámetros que la ley establece para tutelar el interés público comprometido (Fallos: 334: 434; 326:964).
Dentro de esta relación de sujeción especial se atribuye razonablemente un rol preponderante a los escribanos en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros.
Sus conocimientos técnicos y experiencia profesional los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
15. Que en esas condiciones, atendiendo a la forma en que ha quedado trabada la litis y planteada la cuestión federal, no se ha puesto en evidencia una violación genérica a los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional por parte de la normativa cuestionada.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado en lo pertinente por la señora Procuradora General, se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fdo.: Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Fernández Rosenkrantz.
Voto del Sr. ministro Dr. Don Juan Carlos Maqueda:
1. Que la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda mediante la cual el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires pretendía que se declaren inconstitucionales los arts. 14, inc. 10; 20 y 21, incs. b) y c), de la Ley 25.246, así como la Res. U.I.F. 10/04, posteriormente sustituida por la Res. U.I.F. 21/11 –reglamentaria de aquellos–, en tanto obligan a 'los escribanos públicos a informar a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) sobre toda operación sospechosa de lavado de activos o financiación del terrorismo. Contra este pronunciamiento, el actor interpuso el recurso extraordinario que fue concedido a fs. 551/551 vta.
2. Que para decidir de tal modo, los jueces sostuvieron –concita de un precedente de otro tribunal– que las normas cuestionadas no erigen a los escribanos en investigadores o policías ni les imponen cargas insoportables; solamente apelan a su experiencia y les exigen una atención activa con el fin de detectar operaciones complejas o alambicadas, que muchas veces pasan inadvertidas incluso a los ojos más perspicaces. Agregaron que no es irrazonable que la norma apele a la sospecha, en la medida que ella es la acción y el efecto de aprehender o imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o visos de verdad, y que los escribanos de registro, en razón de su oficio o profesión, tienen una experiencia calificada, que les confiere suficiente autoridad para asumir esa tarea, y concluyeron que nada obsta para preservar el secreto profesional que el escribano asesore previamente a su cliente sobre la viabilidad de las operaciones que pretende realizar “quedando así cubiertas las funciones propias y específicas del notariado”.
3. Que el recurso extraordinario es formalmente admisible pues se ha puesto en tela de juicio la validez de normas de índole federal y la decisión ha sido contraria a los derechos que el apelante funda en las cláusulas constitucionales que dice vulneradas (arts. 14 de la Ley 48 y 6 de la Ley 4.055) .
4. Que el recurrente sostiene que los preceptos que impugna vulneran el principio de legalidad porque no establecen pautas objetivas para determinar en qué casos una operación puede ser considerada “sospechosa” de encubrir lavado de activos o de financiar el terrorismo, y que esa incertidumbre coloca a los escribanos ante el riesgo cierto de ser sancionados con las penas fijadas en el art. 24 de la Ley 25.246 para el caso de que la autoridad de aplicación estime que hubo omisión de reportar.
5. Que, en lo que al caso interesa, el art. 20 bis de la Ley 25.246 prevé de modo general la obligación de los sujetos enumerados en

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