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Organismo/institución Ministerio de Economía auditado: Objetivo de la auditoría: Caso Greco - PDF
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Beatriz Méndez Castro
1 Organismo/institución Ministerio de Economía auditado: Objetivo de la auditoría: Caso Greco Organismo auditor: Auditoría General de la Nación Período analizado: 2001/2008 Año en que se realizó: 2007/2008 Año y norma aprobatoria del Informe: Fuente: 06/11/2008 Resolución 108 AGN espdf2008/2008_180.pdf OBJETIVO La AGN efectuó un examen especial con el objetivo analizar el origen y evolución de las supuestas deudas con el denominado Grupo Greco referida a los aspectos financieros, legales y de control interno, y los tramites de consolidación de pasivos del estado Nacional con el referido grupo. Señala el organismo de control que el origen del conflicto entre el Grupo Greco y el Estado Nacional data de En abril de ese año el Banco Central de la Republica Argentina, decidió la intervención del Banco de los Andes propiedad del Grupo Greco. El 27 de mayo de 1980 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención por 180 días de las empresas del Grupo Greco habilitando al Poder Ejecutivo a disponer nuevas intervenciones en otras sociedades y a prorrogar la intervención del Banco de los Andes por 180 días (Ley ). Por Ley se autorizó al interventor a solicitar la quiebra. La intervención del Banco de los Andes fue convalidada el 11 de agosto de Tiempo después, el Banco Central dispuso la liquidación de dicha entidad. El 23 de abril de 1982, Héctor Osvaldo Miguel Greco demandó por daños y perjuicios contra el Estado Nacional y al Banco Central de la República Argentina. Las pretensiones del Grupo Greco fueron rechazadas por la Procuración del Tesoro de la Nación. El 24 de agosto de 1987 se firma entre la Procuración del Tesoro de la Nación y los integrantes del Grupo Greco un convenio cuyo objeto era componer todos los conflictos de cualquier naturaleza existentes. Con posterioridad al Convenio de 1987 se suscribieron adendas y convenios que fueron modificando las obligaciones originarias en2 virtud de la dificultad de dar cumplimiento a lo acordado originalmente. Mediante Decreto 1107/89 se encomendó a la Subsecretaría de Justicia el ejercicio de las funciones de autoridad de aplicación. Posteriormente el Ministerio de Economía asume dicho carácter, delegándose esa función a una Comisión Ad Hoc el 27 de agosto de 1991, con las facultades para continuar y finiquitar las tratativas existentes y de firmar los convenios y documentos necesarios para cumplir con ese objetivo. El 29/11/91 José Greco en representación del condominio Grupo Greco promueve la ejecución del convenio comunicándolo al Procurador del Tesoro de la Nación, a lo que se le contesta que la Autoridad de Aplicación de las leyes y es el Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos. En 1998 por Decreto se faculta al MEYOSP a celebrar acuerdos con los integrantes del Grupo, tendientes a establecer las condiciones de finalización del convenio suscripto. El 6 de julio de 2000 se dispone la reanudación de los términos procesales en el expediente judicial, el 28 de diciembre de 2001 se dicta sentencia, el 11/08/05 se homologa la liquidación conformada por las partes hasta la suma de $ ,64 (Existencias Vínicas $ ,64 y Bienes Inmuebles $ ). En base a la información suministrada por la Dirección de Administración de la Deuda Pública (DADP) LA CONVERSIÓN DE Deuda implicaba la entrega de bonos con una afectación presupuestaria al 31/12/06 de $ SÍNTESIS De las tareas realizadas por AGN se señala en el informe: La tramitación judicial descripta muestra falta de uniformidad en la estrategia aplicada en la defensa de los intereses del Estado. Los procesos se tramitaron separadamente, es decir sin la conexión entre ellos, lo que obstaculizó que información relevante contenida en alguno de dichos procesos, pudiera ser esgrimida en la ejecución del convenio suscripto con el Grupo Greco. En ese sentido, la dilación en la tramitación judicial de los procesos (los conflictos se remontan a 1980) y la complejidad de las controversias, sumado a la carencia de un registro que permitiera plasmar con un lenguaje unívoco las distintas3 contingencias, dificultaron la obtención de antecedentes que permitieran durante todo el desarrollo en los ámbitos administrativos y judicial, sostener en forma coherente y uniforme la posición del Estado. No puede desconocerse que la dispersión normativa legal y reglamentaria aplicables al caso y los cambios de autoridades durante más de treinta (30) años obstaculizaron también, a un tratamiento relacionado e integral del conflicto. Como ejemplo se menciona que uno de los rubros utilizados como fundamento de la liquidación presentada por el Estado Nacional que posteriormente fue homologada por sentencia del 11 de agosto de 2005, consistió en la existencia de acumulación de vinos en los años Esta información se obtuvo del juicio Greco Hnos s/ quiebra. En dichos autos, el interventor Ley refiere que Greco Hnos. poseía un stock de vinos marcadamente inferior al involucrada en autos-, que varió en los tres años anteriores al 80 según los siguientes valores: Stock Hectolitros Variación en % % Estos datos se complementan con lo señalado por el Interventor, que indica que Sin embargo la Intervención comprobó que la 30 de junio de 1980 existía acumulado un stock de 509 millones de litros que obviamente no podía responder a necesidades puramente comerciales, sino de otro tipo, pues no tiene sentido acumular un volumen exagerado de un producto que históricamente ha estado sujeto a variaciones de precio que la convierten en un inversión de máximo riesgo. De acuerdo con opiniones del Grupo el stock ideal debía ser equivalente a tres meses de ventas de la empresa más sus controladas (que a 1980 era de 150 millones de litros). Integrando lo expresado, cabe consignar que aun sin entrar a considerar que el convenio por el cual se inició ejecución tiene vigencia desde el año 1987 (es decir que se incluyen en la referida liquidación, bienes de existencia anterior a la fecha de vigencia del convenio y no incorporados en el mismo), en ninguna tramitación administrativa o judicial se ha comprobado la existencia del volumen involucrado, el origen del stock, la titularidad del elemento, la calidad del producto o el estado de4 conservación que permitiera aseverar la utilidad de los vinos en esas cantidades globales y sin discriminación. Otro de los rubros de la referida liquidación fue el valor de los inmuebles incluidos como bienes que debían reintegrarse a los actores. Al respecto, resulta significativo señalar que tampoco consta en los expedientes administrativos ni en los procesos judiciales, actos que indiquen la realización de una verificación de certeza para establecer, con esa magnitud, la procedencia del reconocimiento. En ese sentido, no surge si en oportunidad de practicarse la liquidación- se llevaron a cabo gestiones para identificar la titularidad actualizada de los inmuebles y/o si estaban afectados al uso de algunas de las partes en conflicto (Grupo Greco y Estado Nacional). Al respecto el trabajo de AGN señala que los registros remitidos por el Ministerio de Economía no responden a parámetros homogéneos que permitan identificar acreedores, concepto y origen de las deudas. Ello impide que dicha información pueda ser ordenada para cruzarla con la obtenida de procesos judiciales, expedientes administrativos y de otros organismos. Ejemplo de esta situación es la contestación del Director de Administración de la Deuda Pública que en Memorando 59/2006 señala que el Gobierno Nacional venía pagando deudas consolidadas por diversos conceptos por $ 164 millones aproximadamente por cuenta y orden del Grupo Greco. No se tiene conocimiento si, por algún otro organismo del Estado se ha cancelado en efectivo otras deudas del Grupo Respecto de la Sindicatura General de la Nación, expresa AGN que del monto de 102 millones para pagos a proveedores del Grupo Greco por parte del Estado, no surge que (SIGEN) hubiese dispuesto procedimientos de control específicos de las actuaciones administrativas o judiciales vinculadas al caso. Y agrega además la auditoría que este organismo de control (SIGEN), en distintas épocas ha tenido conocimiento de la magnitud e implicancias del reclamo del Grupo Greco, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial. En lo atinente a la Procuración del Tesoro de la Nación, se señala en el informe que en sus respuestas enfatiza que no le correspondia controlar las actuaciones judiciales vinculadas al Grupo Greco atento que: a)el Ministerio de Economía no informó que se trataba de un juicio de relevante significación económica, b)5 su control no es permanente sino por muestreo. La información suministrada por la Procuración del Tesoro de la Nación traduce la descoordinación en el control de los procesos judiciales vinculados al Grupo Greco. Dicho organismo tuvo intervención directa en las causas judiciales hasta el año 1991 fecha a partir de la cual la defensa judicial quedó bajo la responsabilidad del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos- y en los procedimientos administrativos que dieron lugar a sucesivos convenios suscriptos. Es decir que contaba con la información necesaria en cuanto a la complejidad de las cuestiones relacionadas con el Grupo Greco, las pretensiones de las partes y el grado de conflicto que suponían la naturaleza de los hechos. A raíz de los requerimientos efectuados por AGN, el BCRA detalló las acciones y procedimientos desarrollados desde que tomó conocimiento de la suscripción del Convenio firmado en Denota que la posición del Banco, aún en su anterior composición estatutaria, fue contraria a la solución arribada para cancelar los créditos y deudas como se establecía en aquel. Tal decisión se fundamentó en los créditos que le correspondían por la asistencia financiera del ex Banco de los Andes S.A. Además, señala AGN que la metodología utilizada para el cálculo de la cantidad de bonos a entregar, sin considerar la validez del valor de origen de la deuda que se proponía abonar, se ajustó a la normativa vigente. Finaliza el informe expresando que la deficiencia demostrada en los sistemas de control interno, en particular en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, obstaculizó que quienes intervinieron durante los procesos judiciales y en los procedimientos de consolidación contaran con información uniforme, necesaria para evaluar la ejecución de los derechos y obligaciones tanto del Grupo Greco como del Estado. La creación de un grupo de trabajo (Resolución 138/07) en el ámbito de ese Ministerio, para estudiar y determinar los créditos o deudas entre las partes, hace evidente la ausencia de registros confiables y de información fidedigna. Documentos relacionados
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