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Timestamp: 2018-08-19 00:45:50+00:00

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﻿ SENTENCIA T-343 DE JUNIO 5 DE 2014
SENTENCIA T-343 DE 05 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:INFORMACIÓN LABORAL DE SUS AFILIADOS. LA ENTIDAD ENCARGADA DE RECONOCER LAS PRESTACIONES PENSIONALES DEFRAUDA LA CONFIANZA DEL AFILIADO CUANDO MODIFICA INJUSTIFICADA Y SORPRESIVAMENTE LOS DATOS QUE CONFORMAN SU HISTORIA LABORAL, PUES ESTA ES LA PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA ADQUIRIR CERTEZA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA OBTENERLAS. POR TANTO, LA NEGATIVA DE LA ADMINISTRADORA DE RECONOCER EL DERECHO PENSIONAL POR INCONSISTENCIAS ENTRE LA HISTORIA LABORAL QUE PROPORCIONA EL AFILIADO, EXPEDIDA POR ELLA MISMA, Y LO QUE REPORTAN LAS BASES DE DATOS DE OTRAS ENTIDADES VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, HÁBEAS DATA, OBJETO DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL, PENSIÓN DE VEJEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, COLPENSIONES, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, COTIZACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, HISTORIA LABORAL DEL PENSIONADO
Sentencia T-343 de junio 5 de 2014
Ref.: Expediente T-4218232
Fabio Alberto Correa Echeverry presentó acción de tutela en contra de Colpensiones, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital y que como consecuencia se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de acuerdo con los siguientes hechos(1):
1. Señaló el actor que en el mes de octubre de 2012 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Para tal efecto, acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos, pues tiene 61 años de edad y $ 1.934.45 semanas cotizadas al régimen de seguridad social en pensiones.
7. La entidad demandada guardó silencio pese a que se le notificó el contenido del auto admisorio de la demanda el 16 de septiembre de 2013, mediante el Oficio 1804.
10. La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín resolvió el recurso presentado por el demandante confirmando la decisión de primera instancia, pues a su juicio este caso debe ser resuelto en la justicia ordinaria debido a que “no hay claridad entre el número de semanas cotizadas por el actor y las que figuran en el fondo de pensiones”. Por ello, adujo que “mientras exista incertidumbre sobre la prestación de reclama la acción de tutela no está llamada a prosperar”.
10.1. En relación con la imposibilidad de pagar los honorarios a un abogado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín consideró que: “el accionante tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral y demandar el reconocimiento de la prestación de vejez en esa vía, advirtiéndose además que este mecanismo no desconoce sus derechos fundamentales, pues perfectamente puede conseguir un abogado que trabaje cuota litis o —en caso de vencer a Colpensiones— solicitar el pago de las costas procesales, con lo cual su peculio no se verá afectado”.
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto del treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), expedido por la Sala Primera de Selección de esta corporación, que escogió el expediente para revisión.
3. Procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez.
La jurisprudencia de esta corporación(2) ha definido la pensión de vejez como una prestación que permite al trabajador que cumplió con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez que al dejar de ejercer su actividad laboral, continúe percibiendo un ingreso económico que le permita satisfacer las necesidades básicas de él y de su familia.
En relación con el carácter subsidiario de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento de un derecho prestacional, la Corte Constitucional ha establecido que el juez constitucional deberá verificar los siguientes requisitos:
d. Que se acredite siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados(3)”.
La Corte Constitucional ha señalado que “la condición de sujeto de especial protección constitucional refuerza la necesidad de conceder la protección invocada de manera definitiva y de ordenar las medidas requeridas para la efectividad del derecho(4)”. Es por ello, que respecto de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, en razón de su edad, estado de salud, las madres cabeza de familia, entre otras circunstancias, es posible “presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos(5)” para reclamar el reconocimiento de una prestación pensional.
En suma, las personas que alcanzan la tercera edad (más de 60 años de acuerdo con L. 1276/2009, art. 7º), presentan la condición de sujetos de especial protección constitucional y esta situación habilita la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo principal para reclamar el reconocimiento de la pensión de vejez.
4. La observancia de los principios de confianza legítima y buena fe durante las actuaciones administrativas.
En virtud de lo establecido en el artículo 83 superior, las actuaciones que adelanten las autoridades públicas se orientan por los siguientes principios: “debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad(6)”.
En este sentido, la Corte Constitucional(7) ha desarrollado el principio de confianza legítima como una expresión del principio de buena fe, en virtud del cual las autoridades públicas están obligadas a respetar las expectativas jurídicas y legítimas creadas a los particulares con sus actuaciones. Esto implica que “al crearse expectativas favorables al administrado no puede, el ente público de manera sorpresiva, eliminar esas condiciones afectando palpablemente los derechos de aquel(8)”.
Así lo señaló la Corte en la Sentencia T-248 de 2008(9):
En igual sentido, la Sentencia T-923 de 2010(10) expresa: “el principio de la buena fe proscribe el venire contra factum propium, por lo que a nadie le es permitido ir en contra de sus propios actos; en esa medida, la buena fe implica que a futuro se mantengan las conductas que en un inicio se desarrollaron, y a cuyo respeto se sujetan en gran manera “la seriedad del procedimiento, la credibilidad de las partes y el efecto vinculante de los actos”.
En términos de la Sentencia T-566 de 2009(11) “la aplicación del principio de confianza legítima, presupone la existencia de expectativas serias y fundadas, cuya estructuración debe corresponder a actuaciones precedentes de la administración, que, a su vez, generen la convicción de estabilidad en el estadio anterior”.
De esta manera, la Sala Séptima de Revisión(12) amparó los derechos fundamentales a la seguridad social y mínimo vital de una persona a quien el ISS le negó el reconocimiento de la pensión de vejez porque no cumplía con el requisito de semanas cotizadas.
En esta oportunidad, la demandante solicitó el reconocimiento pensional a partir de la información contenida en una certificación expedida por el Departamento de Historia Laboral - nómina de pensionados del ISS, a través del cual se le informó que desde el 1º de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1994 había cotizado un total de 1.109 semanas.
Sin embargo, a través de la Resolución 009607 de 2008 el ISS negó el reconocimiento solicitado bajo el argumento de que la accionante que solo tenía 922 semanas de cotización. Además, le informó que podía solicitar la indemnización sustitutiva a lo cual accedió la afiliada.
La obligación de cuidado y custodia de los datos que conforman la historia laboral, comprende “las obligaciones de organización y sistematización de dicha información, de manera que se evite su pérdida o deterioro y la consecuencial afectación negativa de un reconocimiento(13)”.
Esta corporación, en la Sentencia T-855 de 2011(14) resaltó la importancia del cumplimiento de estas obligaciones. En este sentido expresó: “resulta clara la trascendencia del adecuado manejo de la información, por medio de la cual se constata el cumplimiento paulatino de tales requisitos, pues dicha información será la fuente de conocimiento de la que se servirán el afiliado y la entidad administradora, para solicitar o evaluar, respectivamente, el reconocimiento de las prestaciones económicas dispuestas en el sistema como mecanismos de cobertura de riesgos”.
Entonces, como el adecuado manejo de la información respecto de la historia laboral de sus afiliados corresponde a las administradoras de pensiones, la Corte Constitucional(15) ha rechazado la negativa de reconocer una prestación pensional debido a inconsistencias en los reportes de cotización, pues los problemas operativos de las entidades son una problemática cuyas consecuencias no son oponibles al afiliado.
En relación con lo expuesto, la Sentencia T-482 de 2012(16) consolidó los temas que ha analizado esta corporación en torno a la problemática que se presenta cuando al afiliado de un fondo de pensiones, que tiene la certeza de cumplir con los requisitos para acceder al reconocimiento de una prestación pensional, no lo puede realizar por existir inconsistencias en la historia laboral.
Bajo lo expuesto, esta corporación(17) ha garantizado los derechos constitucionales a la seguridad social, debido proceso y habeas data en eventos en los que administradoras de pensiones habían negado el reconocimiento de una prestación pensional por existir inconsistencias en la historia laboral. En estos casos, ha ordenado a la entidad accionada corregir la información contenida en la historia laboral y, en los eventos en los que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación solicitada, ha revocado las decisiones negativas y en su lugar, ha ordenado que se reconozca la prestación solicitada.
De esta manera, la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2013(18), ordenó a Colpensiones reconocer la pensión de vejez a un hombre a quien dicha entidad le había negado esta solicitud, argumentando que según la base de datos, había cotizado 118 semanas. Según el actor, el ISS desconoció los periodos laborados en el Ministerio de Educación Nacional y Bancomercio.
“(i) armonizar la base de datos que emplea al resolver las solicitudes prestacionales con el sistema de información de libre acceso que dispone frente a sus afiliados, pues la Corte ha podido comprobar la existencia de resoluciones que contienen una historia laboral con un menor número de semanas a las reportadas de manera impresa a los afiliados por el ISS o Colpensiones, o con las consignadas en la página web de la entidad; (ii) tomar en consideración los periodos registrados en el “reporte de semanas cotizadas” de su página web o en el “reporte de semanas cotizadas” físico expedido por el ISS o Colpensiones, cuando los mismos no estén consignados en la base de datos que emplea habitualmente al resolver las solicitudes prestacionales; (iii) tomar como aportados, al decidir sobre las solicitudes prestacionales, los periodos en mora de pago correspondientes al Fondo de Solidaridad Pensional, sin perjuicio del recobro que efectúe con posterioridad; (iv) valorar adecuadamente los soportes probatorios anexados por los afiliados en los que acrediten la aportación de semanas laborales para efectos pensiónales, o para el cumplimiento de otros requisitos prestacionales; (v) solicitar oportuna y oficiosamente las pruebas que estime indispensables para decidir sobre una petición, cuando estas no hubieren sido aportadas por el solicitante teniendo la carga de hacerlo. Colpensiones no podrá negar la prestación argumentando falta de información, si antes no ha requerido los respectivos soportes al menos por una vez. —La aplicación de esta regla no excusa el cumplimiento de la obligación de responder las solicitudes prestacionales en los términos de ley— y; (vi) profundizar y agilizar la revisión y corrección de las fallas presentes en los sistemas operativos que tienen incidencia en la resolución de prestaciones económicas”.
Frente a esta decisión, el actor considera que su historia laboral presenta una inconsistencia, pues ha cotizado al régimen de seguridad social en pensiones por un lapso de 38 años tal como lo demuestra el reporte que obtuvo a través de la página web de Colpensiones y que fue aportado con la solicitud y con los recursos administrativos. Este documento establece, que el señor Correa Echeverry cotizó 1.934 semanas desde el 1º de agosto de 1969 hasta el 28 de febrero de 2009.
Frente a este argumento, se observa que el presente caso reúne los requisitos señalados por la Corte Constitucional para que la acción de tutela proceda cuando se persigue el reconocimiento de la pensión de vejez. Lo anterior por cuanto: (i) en razón de su edad —61 años— el actor es un sujeto de especial protección constitucional y por lo tanto, los recursos ordinarios de defensa judicial, por el tiempo en que tardan en resolverse, resultan ineficaces para garantizar el derecho a la seguridad social del demandante. (ii) De acuerdo con la afirmación realizada por el actor en la demanda, y que no fue controvertida por Colpensiones, la falta de reconocimiento de la prestación pensional afecta su mínimo vital en la medida de que no cuenta con otro ingreso económico que le permita subsistir. (iii) El demandante agotó la actuación administrativa sin lograr que Colpensiones corrigiera las inconsistencias en su historia laboral y por ende reconociera la pensión de vejez. (iv) La Sala constató en la historia laboral del afiliado, que el ingreso base de cotización nunca superó el salario mínimo. Esta situación, permite a la Corte determinar que el actor no cuenta con otra fuente de ingresos que le permitan garantizar su subsistencia mientras se resuelve el proceso ordinario laboral y, por lo tanto el reconocimiento de la pensión de vejez resulta urgente, pues esta es la única manera de acceder a los recursos económicos que le permitirán sobrevivir durante su vejez.
En primer lugar, la Corte analizará la relevancia que tiene el reporte de semanas cotizadas obtenido por el actor a través de la página web de Colpensiones(19) a través del cual se informó que sus cotizaciones al sistema general de seguridad social en pensiones, correspondían a un total de 1.934 semanas.
Así las cosas, el señor Correa Echeverry, con pleno convencimiento de cumplir con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, pues tiene 61 años de edad y 1.934 semanas, desde octubre de 2012 radicó la respectiva solicitud ante Colpensiones.
Sin embargo, Colpensiones negó el reconocimiento de la prestación pensional solicitada por el actor. Esta decisión obedeció, a que de manera sorpresiva y sin mediar justificación alguna se modificó la historia laboral del afiliado, eliminando el periodo de cotizaciones comprendido entre el 1º de agosto de 1969 y el 31 de diciembre de 1994, correspondiente a la época en que el accionante trabajó en la estación de servicio Los Álamos(20).
Es preciso señalar que, sin controvertir la autenticidad del reporte presentado por el accionante, ni fundamentar la razón por la cual se eliminó de la historia laboral del afiliado el periodo de cotizaciones comprendido entre el 1º de agosto de 1969 y el 31 de diciembre de 1994, Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por el señor Correa Echeverry debido a que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas.
Adicional a ello, requirió al afiliado para que realizara un nuevo trámite a fin de obtener la corrección en su historia laboral. En este sentido expresó: “para que los periodos cotizados que manifiesta deben ser tenidos en cuenta en el cómputo de semanas para liquidar la prestación económica concedida, es procedente informarle que para solicitar la corrección de inconsistencias en su historia laboral, debe diligenciar y radicar en cualquiera de nuestros puntos de atención los formularios de solicitud de corrección de historia laboral(21)”.
“(i) armonizar la base de datos que emplea al resolver las solicitudes prestacionales con el sistema de información de libre acceso que dispone frente a sus afiliados, pues la Corte ha podido comprobar la existencia de resoluciones que contienen una historia laboral con un menor número de semanas a las reportadas de manera impresa a los afiliados por el ISS o Colpensiones, o con las consignadas en la página web de la entidad; (ii) tomar en consideración los periodos registrados en el “reporte de semanas cotizadas” de su página web o en el “reporte de semanas cotizadas” físico expedido por el ISS o Colpensiones, cuando los mismos no estén consignados en la base de datos que emplea habitualmente al resolver las solicitudes prestacionales; (...) (iv) valorar adecuadamente los soportes probatorios anexados por los afiliados en los que acrediten la aportación de semanas laborales para efectos pensiónales, o para el cumplimiento de otros requisitos prestacionales; (v) solicitar oportuna y oficiosamente las pruebas que estime indispensables para decidir sobre una petición, cuando estas no hubieren sido aportadas por el solicitante teniendo la carga de hacerlo. Colpensiones no podrá negar la prestación argumentando falta de información, si antes no ha requerido los respectivos soportes al menos por una vez. La aplicación de esta regla no excusa el cumplimiento de la obligación de responder las solicitudes prestacionales en los términos de ley”
De otra parte, teniendo en cuenta que Colpensiones no confrontó la veracidad de la historia laboral aportada por el accionante, la Sala admite como cierto lo expresado por el señor Fabio Alberto Correa Echeverry y los datos contenidos en el reporte aportado con la demanda, en el sentido de que en el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 1969 hasta el 28 de febrero de 2005 cotizó 1.934 semanas.
Para iniciar, es preciso señalar que la inconsistencia en la historia laboral del afiliado, influyó en el análisis efectuado por Colpensiones respecto del cumplimiento de los presupuestos del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que garantiza la aplicación del régimen anterior, para este caso el contenido en el Decreto 758 de 1990, a quienes al 1º de abril de 1994 cumplieran los siguientes requisitos: (i) 15 años o más de cotizaciones, o su equivalente en tiempo de servicios, sin importar la edad, o (ii) en el caso de los hombres, haber cumplido 40 o más años de edad. Adicional a ello, de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 1 del 2005(22) demostrar como mínimo 750 semanas cotizadas al 25 de julio de 2005.
Respecto del cumplimiento de estos presupuestos, la Sala constató en la historia laboral aportada por el demandante, que al 1º de abril de 1994 el señor Correa Echeverry tenía 41 años de edad y que al 25 de julio de 2005 superaba las 750 semanas cotizadas. Por lo tanto, el accionante es beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.
Al respecto la Sala encuentra acreditado(23) que el actor tiene 61 años de edad y 1.934 semanas cotizadas, por lo tanto cumple con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez.
Bajo este escenario, la Sala revocará las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito especializado de Medellín con funciones de conocimiento y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en su lugar, concederá el amparo de los derechos al debido proceso y a la seguridad social del señor Fabio Alberto Correa Echeverry. En consecuencia, ordenará a Colpensiones que si aún no lo ha hecho, proceda a realizar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde el momento en que el accionante cumplió los requisitos para acceder a esta prestación.
1. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito especializado de Medellín con funciones de conocimiento y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en su lugar, CONCEDER la protección constitucional solicitada por el señor Fabio Alberto Correa Echeverry.
2. ORDENAR al representante legal de Colpensiones que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a realizar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde el momento en que el accionante cumplió los requisitos para acceder a la pensión de vejez.
(1) Para abordar la situación fáctica se sigue la exposición del accionante. La Sala igualmente, complementará la narración con los hechos relevantes que se desprenden de los documentos aportados por el peticionario.
(2) Sentencia T-011 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
(3) Al respecto se pueden consultar las sentencias T-140 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-249 de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-511 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-600 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-600 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-235 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-678 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-021 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(4) Sentencia T-414 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(5) T-651 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(6) Artículo 3º Ley 1437 de 2011.
(7) En este sentido ver Sentencia T-075 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda.
(8) Sentencias T-079 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-722 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(11) M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En igual sentido Sentencia T-208 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(12) Sentencia T-268 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(13) Sentencia T-855 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(14), M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
(15) Sentencias T-558 de 2007, M. P. Jaime Araujo Rentería., T-214 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett reiteradas en la Sentencia T-494 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
(15) (Sic) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En igual sentido, sentencias T-855 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-482 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-494 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
(16) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En igual sentido, sentencias T-855 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-482 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-494 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
(17) Sentencias: T-771 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto, T-897 de 2010, M.P. Nilson Pinilla, T-482 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-855 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-144 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
(18) M.P. Luis Guillermo Guerrero.
(19) Folio 4 del cuaderno de primera instancia. Este reporte fue impreso el 11 de septiembre de 2013, además el accionante señaló que un documento igual fue aportado con la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez y con el respectivo recurso administrativo.
(20) Folios 4 y 10 del cuaderno de primera instancia.
(21) Folio 11, cuaderno de primera instancia.
(22) A través del cual se establece que el régimen de transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010 excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen además tengan cotizadas 750 semanas o su equivalente en el tiempo de servicios.
(23) Folio 13 del cuaderno de primera instancia.
Uno de los sustentos de la Sala para conceder la tutela fue la pertenencia del accionante, de 61 años(1), a la tercera edad, un grupo que por expresa disposición constitucional goza de protección especial(2). Al respecto, y si bien es claro que “[l]a tercera edad exige el respeto y la consideración de la sociedad y la gestión efectiva del Estado social de derecho, que no pueden eludir sus responsabilidades en la preservación de una vida digna de personas cuya debilidad es manifiesta”(3), la Constitución no definió la edad en la que se inicia esta fase de la vida y por ende, empieza la protección especial. Como consecuencia de dicha indeterminación, esta corporación estableció como criterio útil(4) para delimitar la pertenencia a la tercera edad, el hecho de sobrepasar la edad de expectativa de vida para los colombianos, que se fijó en 71 años(5).
Cabe recordar que si bien la procedencia de la acción de tutela para resolver controversias relacionadas con el reconocimiento y pago de prestaciones económicas procede excepcionalmente en situaciones que involucren a personas de la tercera edad, no es menos cierto que no se excluye de manera alguna a aquellos individuos que no pertenecen a ella(6), pues esta corporación ha reconocido que la acción de tutela opera igualmente cuando se verifique la afectación al mínimo vital, siendo deber del juez “el individualizar la situación particular de cada peticionario a fin de comprobar si se dan las circunstancias materiales que impliquen la vulneración del mínimo vital, v. gr. que la pensión sea el único medio material de subsistencia y que la omisión en su pago derive en una situación crítica al demandante”(7).
(1) Folio 13 del cuaderno de primera instancia.
(2) Folio 2 de la sentencia.
(3) Es así como el artículo 46 de la Carta dispone que “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”, a la vez que el artículo 13 de la Constitución impone el deber para el Estado de proteger “especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Esta protección especial ha sido desarrollada extensamente por la jurisprudencia de esta corporación.
(4) Sentencia T-489 de 1999.
(5) Al respecto cabe aclarar que, si bien se fijó este criterio como guía para determinar la pertenencia del accionante a la tercera edad, lo anterior no obsta para que el juez, al evaluar las circunstancias concretas del caso, pueda establecer que una persona pueda ser beneficiaria de una especial protección constitucional, situación en la cual le corresponderá argumentar las razones en las que se basa para hacer tal inclusión.
(6) Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-463 de 2003, T-1226 de 2000, T-456 de 1994, T-425 de 2004, T-463 de 2004 y T-634 de 2008.
(7) Ver Sentencia T-522 de 2006.

References: artículo 83
 Resolución 
 resolución 
 artículo 36
 Artículo 3
 artículo 46
 artículo 13