Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510276.html
Timestamp: 2019-03-26 04:32:16+00:00

Document:
as201510276
AUTO SUPREMO Nº 276/2015-RRC
Expediente : Santa Cruz 90/2014
Parte Acusadora : Eduardo Duabyakosky y otro
Parte Imputada : José Luis Sánchez Cerro y otros
Por memoriales presentados el 12, 17 y 6 de noviembre de 2014, cursantes de fs. 690 a 693 vta., 703 a 705 vta. y 715 a 718 respectivamente, Cleto Sánchez Cerro, Irma Choque de Sánchez y José Luis Sánchez Cerro, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 77 de 5 de agosto de 2014 de fs. 656 a 659 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Eduardo Duabyakosky Aguirre y Omar Rodolfo Dorado Severiche contra los recurrentes y Williams Lucidio Fuentes, por el presunto delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).
Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 25/2013 de 14 de noviembre (fs. 486 a 493 vta.), el Juez Cuarto de Sentencia en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a los imputados José Luis Sánchez Cerro, Irma Choque de Sánchez y Cleto Sánchez Cerro, autores de la comisión del delito de Despojo, previsto en el art. 351 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión; siendo absuelto Willians Lucidio Fuentes.
Contra la mencionada Sentencia, los imputados Cleto Sánchez Cerro, Irma Choque de Sánchez y José Luis Sánchez Cerro, formularon recurso de apelación restringida (fs. 500 a 507), resuelto por Auto de Vista 77 de 5 de agosto de 2014, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada; ante lo cual se solicitó complementación y enmienda, emitiéndose el Auto complementario del Auto de Vista señalado; motivando la formulación de los presentes recursos de casación sujeto al presente análisis.
I.1.1. Motivos de los recursos de Cleto Sánchez Cerro, José Luis Sánchez Cerro e Irma Choque de Sánchez.
Los tres recursos tienen el mismo contenido, siendo identificados los siguientes motivos admitidos:
Denuncian mala valoración de la prueba que realizó el juzgador, que hizo incurrir en contradicción al Tribunal de alzada ratificando la sentencia y afirmar que se consumó el hecho al permanecer los imputados en el inmueble, incurriendo en una franca contradicción con la acusación particular, al concluir que el delito se hubiese producido por su permanencia en el terreno en cuestión, cuando los querellantes les atribuyeron que el 11 de abril de 2002, ingresaron de forma arbitraria y abusiva; esta Resolución de alzada resultaría contradictoria al Auto Supremo 405 de 15 de octubre de 2002.
Denuncian también la violación del debido proceso y del art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), señalando que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre uno de los aspectos reclamados en su apelación restringida, referido a las recusaciones planteadas contra el Juez a quo y que fueron declaradas probadas y legales, al demostrar que su imparcialidad se veía comprometida; incurriendo de esta manera en un defecto absoluto establecido en el art. 169 incs. 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Los recurrentes solicitaron se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, estableciendo la doctrina legal aplicable.
Mediante Auto Supremo 018/2015-RA de 8 de enero, este Tribunal declaró admisible los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, únicamente en relación a dos motivos, ya expuestos precedentemente.
II.1. De la acusación particular.
La empresa Unilever Andina Bolivia S.A. mediante sus apoderados presenta querella, señalando como antecedentes que José Luis Sánchez e Irma Choque de Sánchez les transfirieron una propiedad el 20 de septiembre de 1999, que al no haberse hecho entrega formal, planteó un proceso de interdicto de adquirir posesión concluyendo mediante sentencia y en todas las instancias a su favor ministrándoles posesión real el 10 de abril de 2002, del inmueble en cuestión; asimismo, los perdidosos presentaron proceso ordinario y por su parte la reconvencional, que en Sentencia, Autos de Vista y Casación favoreció a la empresa; es así, que una vez ministrada la posesión, José Luis Sánchez e Irma Choque de Sánchez, Cleto Sánchez y Williams Licidio “…en fecha 11 de abril de 2002, sin que medie ninguna justificación legal, de manera arbitraria y abusiva, en beneficio propio, ingresaron en el bien inmueble de propiedad de QUIMBOL LEVER S.A., tantas veces citado, despojándola de la tenencia o posesión judicial ministrada por el Sr. Juez 1º de Instrucción en lo Civil de la Capital, impidiéndole ejercer su derecho real constituido sobre Inmueble (…), manteniéndose todos ellos en el mismo inmueble hasta la fecha…” (sic).
Concluida la audiencia de juicio oral el Juzgado Cuarto de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió la Sentencia 25/2013 de 14 de noviembre, que declaró a: José Luis Sánchez Cerro, Irma Choque de Sánchez y Cleto Sánchez Cerro, autores del delito de Despojo previsto y sancionado por el art. 351 del CP, condenándoles a la pena privativa de libertad de tres años y seis meses; asimismo, sobre el imputado Williams Lucidio Fuentes, lo declara absuelto de pena y culpa del delito de Despojo previsto y sancionado en el artículo y normativa ya citada; con los siguientes fundamentos:
Sobre la relación del hecho y circunstancias objeto del juicio señaló el juzgador que en la fundamentación oral de la acusación particular el abogado ratificándose en la querella manifestó; que la acción tiene como inicio la transferencia de un inmueble de parte de los imputados al querellante, planteándose un interdicto de parte del comprador que resultó en una sentencia que declaró probada la demanda disponiendo la posesión de los demandantes, esta resolución fue apelada; empero, confirmada por el Juez de alzada, y en ejecución de sentencia se hace posesión del inmueble el 10 de abril de 2002; de manera posterior los perdidosos inician un proceso civil para dejar sin efecto la compra venta; empero, la Sentencia, apelación y casación resuelven a favor de la empresa; además, los perdidosos plantearon recurso de amparo constitucional que también fue declarado improcedente, manifestando que “a pesar de haber ganado en tres instancias, los señores siguen en posesión del terreno de la empresa que representamos y no nos dejan ejercer el derecho de uso, goce y disposición del mismo” (sic); también indican que la querella es por despojo y que este delito se configura no sólo sacando del inmueble a la persona, sino “…también es impedir de ejercer el derecho real y a eso va nuestra querella…” (sic), siguiendo el proceso no únicamente por la condena, sino para el pago de daños y perjuicios.
Sobre las recusaciones, refirió que los imputados plantearon: i) La primera, el 26 de agosto de 2013, alegando que el juzgador habría vertido criterio anticipado, emitiendo en consecuencia Auto fundamentado por el que rechazó in limine dicha recusación; ii) La segunda, presentada el 3 de octubre de 2013, porque se habría fijado audiencia de objeción a la querella estando suspendido y haberse señalado audiencia de continuación de juicio oral más allá de los diez días que fija la norma, rechazándose también in limine dicho trámite al no referir la causal establecida en el art. 316 del CPP; y, iii) La tercera, el 11 de noviembre de 2013, al no haberse elevado dentro de plazo la anterior recusación y existiendo una denuncia disciplinaria por dichos hechos, esto, también fue rechazado in limine, toda vez que la denuncia disciplinaria es posterior al proceso que se sigue.
En relación al acápite de la producción de la prueba: a) De cargo, sobre las testificales cita a dos personas, y de las documentales vinculados al derecho propietario del querellante consistentes en: fotocopia legalizada del testimonio de derechos reales, plano de uso de suelo, demanda de interdicto de adquirir posesión, Sentencia, Auto de Vista, acta de posesión; también proceso ordinario seguido por los imputados, declarándose improbada la demanda, copia de Auto de Vista, Auto Supremo y certificado de ejecutoria; y, b) De descargo, cita tres testigos, y de las documentales, referidos a certificado, facturas y documentos relativos al servicio de agua potable, fotocopias de algunas piezas del proceso de interdicto y ordinario, amparo constitucional, y Auto de Vista 50/2012 que revoca el Auto de 18 de junio de 2009, el cual no consta en obrados.
En el apartado de la “inspección judicial de cargo y de descargo” (sic), indicó que: “En fecha 14 de noviembre de 2013 a horas 15:30 se procedió a la Inspección Judicial in situ, en el inmueble de la Litis, (…) en la cual se pudo evidenciar que actualmente el inmueble se encuentra habitado por el Señor Leonardo Sánchez, su esposa y sus dos hijos quienes reconocen como propietario al señor José Luis Sánchez Cerro, quien habría cedido el inmueble para vivienda de los vivientes actuales, hecho manifestado por el propio José Luis Sánchez Cerro” (sic).
En el capítulo de los “fundamentos de derecho” (sic), haciendo un análisis doctrinal e interpretativo sobre el art. 351 del CP, refirió que la característica del despojo es “…privar de su goce efectivo a quien lo ocupa personalmente o por otra persona. Esa privación puede provenir tanto de alguien que antes de la acción no tenía ningún contacto material con el bien, como por quien se encontraba dentro del inmueble, a condición de que se traduzca en un real impedimento de uso para el anterior ocupante” (sic); asimismo, culmina indicando que el sujeto pasivo puede ser “…cualquier persona que revista la calidad jurídica de poseedor, tenedor o que ejerza un derecho real sobre el inmueble…” (sic).
Respecto a la valoración de la prueba, señaló que la testigo de cargo Sandra Fernández indicó que la posesión judicial se llevó a cabo en el patio al costado del galpón, aclarando que el proceso ordinario no dispuso la entrega del inmueble; además que “manifiesta que el señor Leonardo Sánchez Cerro habitó de forma constante ese inmueble…” (sic); asimismo, mediante la inspección ocular referida en el punto 4. se evidenció ese aspecto, que el señor Leonardo Sánchez Cerro, habitaba en el inmueble en calidad de cedido de José Luis Sánchez Cerro.
Refirió como acreditado que el acusador particular, la empresa Quimbol Lever S.A., es legítimo propietario del inmueble en litigio que fue adquirido de los ahora imputados, esto a partir de haberse presentado documental de proceso de interdicto y ordinario que ganó en todas las etapas.
Asimismo, tuvo como hecho probado sobre el acto más relevante el acta de posesión de 10 de abril de 2002, a la empresa Quimbol Lever S.A., en la persona de su representante, y en presencia de los imputados José Luis Sánchez Cerro y su esposa Irma Choque, aspecto corroborado por la audiencia de inspección judicial ya indicado que José Luis Sánchez hubiera cedido a uno de los vivientes Estefanía Nina el inmueble producto del litigio. También, a partir de la posesión del inmueble a la empresa todos los imputados tenían conocimiento de ello, estos se mantuvieron en posesión conforme acredita el acta de inspección judicial.
Concluyó indicando que el delito de Despojo se configuró con “EL MANTENIMIENTO DE LA POSESION POR PARTE DE LOS SEÑORES José Luis Sánchez Cerro, Irma Choque de Sánchez y Cleto Sánchez Cerro a través de la detenttación del actual viviente Leonardo Sánchez Cerro (…) y su Esposa…” (sic), cumpliéndose el elemento objetivo y la voluntad de conducirse como dueños.
Notificados con tal determinación las partes, los imputados plantearon apelación restringida (fs. 500 a 507), concernientes a: i) Inobservancia y errónea aplicación de la ley, incongruencia en la querella con lo sucedido en juicio oral donde el acusador refirió aspectos contradictorios a su acusación; ii) Respecto a las tres recusaciones que debe pronunciarse ya hubo marcada parcialización, además de que la parte acusadora también estuvo de acuerdo, pero el juzgador se mantuvo; iii) Como defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, denunciaron que la Empresa Unilever Andina S.A., no presentó folio real actualizado que es indispensable para acreditar su derecho propietario, por el contrario presentaron prueba original de folio real de 5 de septiembre de 2013, por el que se establece que otros son los propietarios del inmueble en cuestión; asimismo, que el acta de posesión no se encontró firmada por el demandante por lo que carece de valor; iv) Defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, ya que se les inició acción penal mediante la querella presentada por la Empresa Unilever Andina S.A. en sentido que el 11 de abril de 2002, de manera arbitraria y abusiva habrían ingresado los imputados al inmueble de propiedad de la empresa despojándola de la tenencia o posesión judicial; este extremo no fue valorado por el juzgador, ya que de la prueba consistente en dos testigos ninguna de ellas demostraron que “hubiesen INGRESADO EN EL INMUEBLE EN FORMA ARBITRARIA Y ABUSIVA…” (sic), como señalan los querellantes, era obligación de ellos demostrar este hecho, habiendo incluso mediante la inspección judicial evidenciando que ellos no están habitando el inmueble de referencia; en consecuencia no incurrieron en ese delito, habiéndose violado el art. 173 del CPP por errónea y defectuosa valoración de la prueba; v) Reclaman que el poder que tenían los apoderados no les otorgaba la capacidad para desarrollar acciones penales respecto al delito de Despojo, sin tener en consecuencia mandato suficiente; vi) Defecto previsto en el art. 370 inc. 3) del CPP, al no existir la determinación precisa y circunstanciada, por la contradicción existente en la sentencia al no verificar que el acto delictual se hubiese cometido; es decir, la acción, el hecho y la eyección de la empresa de parte de los imputados el 10 de abril de 2002; vii) Defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, ausencia de fundamentación de la sentencia ya que expone un criterio general sobre la participación de los imputados sin exponer sobre la participación penal de cada persona imputada, identificando cada una de las piezas procesales que otorgue valor en la dictación de la sentencia; y, viii) Defecto previsto en el art. 370 inc. 11) de la norma adjetiva penal, por la falta de congruencia entre la acusación y la sentencia, toda vez que la acusación refiere que el 11 de abril de 2002, de manera arbitraria y abusiva ellos habrían ingresado al inmueble, aspecto que no fue demostrado por ninguna prueba y que además hubieren permanecido en el mismo.
II.4. Auto de Vista impugnado.
Radicado el recurso ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, se emitió el Auto de Vista 77 de 5 de agosto de 2014, determinando admisible e improcedente el recurso de apelación interpuesto por los imputados bajo los siguientes argumentos:
Los imputados: José Luis Sánchez Cerro, Irma Choque de Sánchez y Cleto Sánchez Cerro y Williams Licidio Fuentes, interponen recurso de apelación sobre: a) Excepción de prescripción de la acción penal; b) Recusaciones planteadas; c) Inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; d) Ausencia de enunciación del hecho o relación circunstanciada; e) Defectos previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, por no estar la sentencia debidamente fundamentada; f) Defecto previsto en el art. 370 inc. 6) de la Norma adjetiva penal, porque existe mala valoración de la prueba ya que nunca se mantuvieron en posesión del inmueble; e, g) Inobservancia de la reglas sobre la congruencia entre la acusación y la defensa.
Ante ello, los vocales refirieron que fue pertinente sintetizar y buscar de forma objetiva los agravios que impliquen vulneración de derechos fundamentales, así de los datos del proceso evidenció que el juzgador procedió de forma correcta, tomando en cuenta el art. 365 del CPP, habiéndose cumplido la adecuación típica de los imputados al delito de Despojo, ya que el Código Penal: “…protege no solamente el dominio sobre el inmueble, sinó el ejercicio de facultades originadas en derechos reales que se ejercen sobre el mismo, es decir no se requiere ser propietario del inmueble, ni estar en posesión física del inmueble, ya que el despojar de la simple posesión o tenencia ya configura el delito de despojo…” (sic); toda vez que se verificó el despojo de la tenencia o posesión, sin importar si es propietaria o no la empresa, entonces “…en el presente caso no se dilucida ningún derecho propietario que corresponde su reclamo a otra instancia legal, sino la eyección sufrida y el hecho de mantenerse en el terreno…” (sic) (Las negrillas son nuestras).
A los fundamentos de la apelación refiere: 1) Sobre la excepción, se encuentra plenamente ejecutoriada, siendo inviable reclamar en esta instancia; 2) A la relación equivocada de los hechos en juzgamiento, refirió que en juicio se demostró que la empresa Quimbol Lever S.A. fue despojada de la tenencia y posesión del terreno; 3) Sobre la falta de poder, no es cierto ya que los apoderados presentaron poder suficiente; 4) Sobre las recusaciones, fueron tramitadas conforme dispone el art. 318 del CPP, siendo debidamente revisadas por el Tribunal, no se incurrió en ninguna actividad procesal defectuosa; y, 5) Sobre los defectos previsto en el art. 370 incs. 1), 3), 5), 6) y 11) de la norma adjetiva penal, si bien no cumple con los requisitos para su procedencia; sin embargo, por no causar indefensión señalaron los Vocales que las pruebas literales y testificales fueron valoradas correctamente por el juzgador aplicando los arts. 171 y 173 del CPP, por tanto no se incurrió en la previsión del art. 370 inc. 6) de la norma adjetiva citada; asimismo se individualizó “…a los acusados dentro del juicio oral…” (sic), valorándose todas las pruebas de cargo y descargo, probando los acusadores “…la existencia del hecho punible, en momentos en que la posesión de la víctima sobre el terreno o inmueble era legítima; de lo que se establece que no existe ninguna contradicción en la sentencia apelada (…); la sentencia detalla en forma circunstanciada los acontecimientos de los hechos acusados, indicando en tiempo y lugar, y las personas intervinientes en el delito, también el Juez inferior indicó el tipo de violencia ejercido para proceder al despojo que se acusa, no se dan ninguno de los defectos previstos en el Art. 370 del Código de Procedimiento Penal” (sic).
Sobre la falta de fundamentación, se cumplió con los arts. 124 y 360 de La Norma Procesal de la materia, fijándose claramente lo que se estima acreditado y sobre el que se emitió juicio conocido como fundamentación fáctica, desprendiéndose de la sentencia que esta no incurrió en la previsión del art. 370 inc. 5) del CPP, ya que se valoró correctamente las pruebas de forma conjunta, aplicando las reglas de la sana crítica.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN Y DE VULNERACION DEL DEBIDO PROCESO POR OMISION DE PRONUNCIAMIENTO
Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia emanada de los Tribunales Departamentales de Justicia y asegurar la vigencia de los principios de igualdad y de seguridad jurídica en cuanto a la aplicación efectiva de la norma sustantiva y adjetiva por igual; a continuación se procederá a analizar los argumentos de los recurrentes, circunscrito a la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 018/2015-RA.
En el presente caso, denuncian que: a) A través del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada incurre en contradicción por la mala valoración de la prueba realizada por el juzgador por la incongruencia entre la acusación y lo afirmado por el juez; y, b) La omisión de pronunciamiento sobre las recusaciones planteadas contra el juzgador vulnerando la imparcialidad del juicio y el derecho al debido proceso.
Por lo cual, previo a desarrollar el análisis del caso es preciso establecer en el ámbito legal, jurisprudencial y doctrinal, el entendimiento sobre las temáticas de la valoración, hechos vinculados al principio de congruencia, y la labor del Tribunal de apelación respecto a la valoración efectuada por el juzgador.
III.1. Fundamentos jurídicos y doctrinales.
En la emisión de la sentencia, el Juez o Tribunal tomará en cuenta que los arts. 173 y 359 párrafo primero del CPP, a su turno, establecen el sistema de valoración probatoria dentro del proceso penal adoptado por el Estado boliviano, asumiendo para tal fin el de la sana crítica, en el que debe
valorarse la prueba producida durante el juicio de un modo integral y conjunto.
En ese proceso de valoración de la prueba de acuerdo al objeto del juicio, se confirmará o negará la pretensión acusatoria -fiscal o particular- a partir de los elementos de prueba incorporados a juicio oral.
Un segundo aspecto está dirigido a la eficacia conviccional del juzgador, es decir: la obligación impuesta a los jueces de brindar las razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que llegó y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas (Cafferrata Nores, José. La Prueba en el proceso Penal. Ediciones De Palma, 1998. Buenos Aires), tal acción requerirá por ende, la concurrencia de la descripción del elemento probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para fundar la conclusión que en él se apoya. Ello conducirá a la garantía de que las decisiones judiciales no resulten puros actos de voluntad, conjeturas circunstanciales o emerjan de meras impresiones de los jueces, sino que sean consecuencia directa y racional de lo percibido en el juicio oral dentro de condiciones que engloben racionalidad y certidumbre de la decisión a ser asumida en sentencia; dicho de otra forma, libre arbitrio no puede equivaler a arbitrariedad, como libre crítica exige necesariamente que la decisión sea explicada.
En referencia a lo señalado el Auto Supremo 438 de 15 de octubre de 2005, estableció: "...la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre".
Entonces, el sistema de la sana crítica goza de las más amplias facultades de convencimiento para con el juzgador, su libertad tiene un límite insalvable: el respeto de las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, caracterizado por la posibilidad de que el juzgador logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad pero respetando, al hacerlo, los principios de la recta razón; es decir, las normas de la lógica constituidas esencialmente por el principio de identidad (una cosa sólo puede ser idéntica a sí misma); el principio de contradicción (una cosa no puede entenderse en dos dimensiones al mismo tiempo); el principio del tercero excluido (establece que entre dos proposiciones de las cuáles una afirma y otra niega, una de ellas debe ser verdadera); y el principio de razón suficiente (dónde ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo); así también la experiencia común (constituida por conocimientos comunes indiscutibles por su raíz científica, tales como la gravedad por ejemplo); y los principios inexpugnables de las ciencias (no sólo de la psicología, utilizable para la valoración de dichos o actitudes y aferrados no a conocimientos técnicos sino más bien los que sean compatibles al hombre común). Todos estos preceptos reunidos poseen como fin el conducir a que los razonamientos del Juez o Tribunal no sean arbitrarios, incoherentes, contradictorios o lleven al absurdo.
Asimismo, debe tomarse en cuenta que la labor de valoración de la prueba tiene un camino a recorrer desde su génesis, ya que, ocurrido los hechos, éstos se recolectan en elementos de pruebas, testificales, documentales, periciales, físicas y otras, para ser presentados al Tribunal o Juez de Sentencia, para que en el juicio oral, sean admitidos e incorporados y finalmente analizados por la autoridad judicial, asignándole el valor correspondiente, que servirá para la condena o absolución del imputado.
El hecho, valoración de la prueba y Sentencia como vínculo inseparable para la congruencia.
Establecido así que el juez o tribunal ejerza la valoración conforme a las reglas de la sana crítica, la que emerge necesariamente respecto a la afirmación del acusador público o particular sobre los hechos que hubieren sucedido, a partir del cual iniciará el juicio y por ende el proceso de valoración por el juzgador.
Sobre la base de la acusación se realizará el juicio a decir del art. 319 del CPP, esto significa que el desarrollo de la audiencia está necesariamente enmarcado a los hechos acusados y atribuidos a los imputados como responsables del hecho, de acuerdo a lo previsto en el acápite segundo del contenido de la acusación sobre la relación precisa y circunstanciada del delito atribuido [art. 341 inc.2) del CPP]; entonces, es ahí que se concentra de manera meridiana el contenido de los actos u omisiones que hubieren desarrollado de manera individualizada cada uno de los acusados.
Conviene precisar que es necesaria y vital la notificación a la parte acusada con la acusación, ello implica un respeto al derecho a la defensa, para que este se prepare sobre los aspectos atribuidos a su persona, afín de afrontar un juicio en igualdad de condiciones.
Entonces la audiencia de juicio oral se debe desarrollar sobre la base de la acusación que significa a partir de los hechos endilgados, prohibiéndose incluir hechos no establecidos en la acusación, conforme prevé el art. 341 del CPP, refiriendo que “…En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones…” (Resaltado nuestro).
Sobre ello este máximo Tribunal de Justicia se ha pronunciado en el Auto Supremo 044/2014-RRC de 20 de febrero, refiriendo que: “En ese sentido, la regla: de que `Nadie puede ser condenado por hechos distintos a los contenidos en la acusación´, requiere que el hecho objeto de acusación y el que es base de la condena permanezcan inalterables, esto es, la existencia de identidad del hecho punible, de forma que el hecho identificado en la acusación y debatido en el juicio oral sea comprobado, constituyendo el supuesto fáctico de la calificación de la Sentencia.
También, debe considerarse que la conducta humana en el ilícito acusado es objetiva y subjetiva, que tiene correlación con los dos tipos de imputaciones fácticas; así se tiene la imputación objetiva, relacionada a circunstancias de tiempo, modo y lugar, las cuales no pueden variar; que no sucede lo mismo con la imputación subjetiva, que son las circunstancias en las que se produce el hecho punible, relacionado con la conducta del imputado que podría ser objeto de variación.
La circunstancia del modo, está relacionada a la forma en que ocurrieron los hechos; el lugar, con la ubicación geográfica en el que sucedieron, procurando ser lo más exacto posible; y, el elemento de tiempo, entendido como la magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo; es decir, al lapso o periodo en el cual se ha suscitado un hecho delictivo, el que puede ser establecido o no conforme a la fecha y hora del suceso; lo cual quiere decir, que un hecho ilícito debe ser fijado con fecha y hora o claramente identificado ese acto ilícito en un espacio de tiempo; así por ejemplo: En un accidente de tránsito suscitado en una carretera determinada y específica en el Km 75, ocurrido el mes de enero de 2010, sin que existan testigos, el conductor del vehículo se dio a la fuga y la víctima del accidente sufrió varias Lesiones, siendo encontrado después de varios días y trasladado al hospital, ingresó en un estado de coma, y luego de un año al recobrar el conocimiento, identificó al autor del hecho ilícito, empero, sin identificar el día ni la hora exacta del suceso, sino el lapso de periodo aproximado en que sucedió el accidente; entonces, en este ejemplo no hay duda de que ocurrió el hecho respecto al modo, lugar y tiempo, al estar delimitado este último en el espacio aproximado en el que sucedió el hecho ilícito; cumpliendo consiguientemente el elemento objetivo imputable.
Hecha esta aclaración, queda claro que el núcleo fáctico (acontecer histórico) y jurídico (calificación jurídica) alrededor del cual gira la acusación, es la base para emitir el pronunciamiento sobre la responsabilidad del acusado; este núcleo básico puede variar única y exclusivamente en dos supuestos que son: en el eje fáctico subjetivo, esto es, hechos que tienen relación con los aspectos subjetivos del tipo penal que de alguna manera incidan en el grado de responsabilidad; así como, en la imputación jurídica sobre la calificación jurídica, pero sin extralimitarse apartándose de la familia del mismo bien jurídico protegido acusado, bajo el principio del iura novit curia” (Negrillas propias).
Labor del Tribunal de alzada respecto a la correcta valoración de la prueba.
La actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51 inc. 2) del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes de la norma adjetiva penal, predisponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión del presunto agravio haya sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo); de ello se desprende que la labor de los tribunales de apelación está vinculada en su ámbito de decisión al control y la revisión de que la sentencia de grado posea fundamentos suficientes sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso.
En ese contexto el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el efectivo control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda verter argumentos sin la debida fundamentación, ni ejercer su labor de control sin verificar que la valoración desplegada por el juzgador tuvo como punto de partida los hechos acusados y que estos estuvieron correctamente relacionados a la emisión del fallo; es decir, comprobar la correcta congruencia en el proceso de la valoración de la prueba con respecto a los hechos acusados, y consecuentemente en la emisión de la sentencia; porque de hacerlo desconocería el principio de congruencia, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso.
III.2. Análisis sobre el caso concreto
Sobre el precedente contradictorio invocado en relación a la mala valoración de la prueba.
Respecto a la denuncia de mala valoración de la prueba de parte del juzgador, que provocó la contradicción del Tribunal de alzada, señalando el primero y ratificando el segundo que se consumó el hecho al permanecer los imputados en el inmueble, produciéndose el delito por la permanencia de los imputados en el terreno en cuestión; sin determinarse con claridad cuando se consumó el hecho, sin que exista prueba que demuestre que el 11 de abril de 2002, hubieren despojado de manera arbitraria y abusiva el inmueble, incurriendo entonces en una mala valoración y franca contradicción con la acusación particular.
Al efecto invoca el Auto Supremo 405 de 15 de octubre de 2002, asumiendo que la problemática planteada está referida al delito de Falsedad ideológica y otro, en cuya sentencia se condenó a la imputada, siendo apelada dicha decisión el Tribunal de alzada determinó confirmar la sentencia; ante lo cual la acusada recurrió de casación denunciando la vulneración del art. 203 del CP y del art. 135 del CPP; fundamentando el Tribunal de casación que para condenar debe existir plena prueba, según exige el art. 243 del Código de Procedimiento Penal y los indicios deben ser unívocos y reunidos conduzcan a la conclusión clara y precisa sobre la culpabilidad de la incriminada.
Esta resolución en esencia refiere prueba contundente que no deje lugar a dudas sobre la responsabilidad del acusado.
Ahora bien, para el análisis del presente motivo será preciso partir de los reclamos planteados por los apelantes para seguir con las afirmaciones realizadas por el Tribunal de alzada, y luego realizar la verificación de los antecedentes que constan en el cuaderno procesal, estableciendo si se procedió correctamente en la emisión del Auto de Vista impugnado.
Los imputados en su apelación restringida plantearon: i) La Inobservancia y errónea aplicación de la ley; ii) Sobre las tres recusaciones; iii) Como defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP que no se acredito el derecho propietario de la empresa; iv) Defecto previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, por la errónea y defectuosa valoración de la prueba, ya que la acusación particular sostenía que el 11 de abril de 2002, de manera arbitraria y abusiva habrían ingresado los imputados al inmueble de propiedad de la empresa despojándola de la tenencia o posesión judicial; aspecto que no fue valorado por el Juez, porque de los testigos y la inspección judicial no se confirmó esta afirmación porque no estaban habitando dicho inmueble; entonces no cometieron dicho delito, violándose el art. 173 del CPP; v) Del poder insuficiente de los apoderados; vi) Defecto previsto en el art. 370 inc. 3) del CPP, por la inexistencia de la determinación precisa y circunstanciada del hecho sin demostrarse la acción, el hecho y la eyección de la empresa del inmueble señalado; vii) Defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, falta de fundamentación de la resolución de juicio, al emitir un criterio general de la participación de los imputados en la comisión del delito, sin precisar sobre la participación penal de cada persona imputada; y, viii) Defecto previsto en el art. 370 inc. 11) de la norma adjetiva penal, por la incongruencia entre la acusación y la sentencia, ya que la acusación sostiene que el 11 de abril de 2002, los imputados de forma arbitraria y abusiva ingresaron en el inmueble, lo que no fue demostrado.
De lo anterior se desprende que el presente motivo está relacionado a los puntos iv) y viii) del recurso de apelación presentado; habiendo respondido a los mismos el Tribunal de alzada de la siguiente manera:
Sintetizando los agravios, evidenció que el juzgador procedió de manera correcta adecuando la conducta de los imputados al tipo penal acusado, siendo que el art. 365 del CPP, protege el dominio del inmueble, no siendo necesario ser propietario del inmueble, ni estar en posesión física del mismo, ya que al despojar de la simple posesión o tenencia se configura el delito de Despojo, entonces en el presente caso no se dilucida ningún derecho propietario, “sino la eyección sufrida y el hecho de mantenerse en el terreno…” (sic); es así que responde a: 1) La excepción; 2) A la relación equivocada de los hechos en juzgamiento; 3) La falta de poder; 4) Las recusaciones; y, 5) Los defectos de sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 3), 5), 6) y 11) de la norma adjetiva penal, indicando que pese al incumplimiento de requisitos para su procedencia, afín de no causar indefensión, ingresa al análisis de los mismos refiriendo que el conjunto de las pruebas tanto literales y testificales de cargo como descargo fueron valoradas correctamente por el Juez en aplicación de los arts. 171 y 173 de la Norma adjetiva penal; por consiguiente, no hubiera incurrido en la previsión del art. 370 inc. 6) del CPP; además de haberse individualizado a los acusados, probándose la existencia del hecho, en momentos en que la posesión de la víctima sobre el terreno o inmueble era legítima; de lo que se establece que no existe ninguna contradicción en la sentencia apelada, señalando la sentencia detalladamente los acontecimientos de los hechos acusados, precisando tiempo y lugar, y las personas que intervinieron, además de identificar el Juez el tipo de violencia ejercido para proceder al despojo por los imputados, consiguientemente, “…no se dan ninguno de los defectos previstos en el Art. 370 del Código de Procedimiento Penal” (sic); asimismo, no existió falta de fundamentación, fijándose claramente lo que se estima acreditado y sobre el que se emitió juicio conocido como fundamentación fáctica cumpliéndose con los arts. 124 y 360 de la Norma Procesal de la materia.
De esta contestación se infiere una evidente falta de fundamentación al responder de manera general a cinco denuncias vertidas por los apelantes cuyos defectos de sentencia son distintos en esencia; sin embargo, de ello corresponde realizar el análisis en relación al motivo que nos ocupa que es la mala valoración del juzgador y que hubo convalidado de manera contradictoria el Tribunal de alzada; por ello resulta evidente que a la denuncia vertida por los apelantes el Tribunal de apelación no otorgó una respuesta fundada sino genérica, sin haber efectuado su labor de control de la valoración que fue desarrollada por el juzgador, ya que claramente debe precisar que la valoración, EN RELACION A LA ACUSACION PARTICULAR DE LOS HECHOS planteados en sentido que: “…los imputados ingresaron y despojaron de manera arbitraria a la empresa de su posesión en tiempo y lugar” (sic) fue correcta o incorrecta, respetando las reglas de la sana crítica, efectuando una comparación y análisis de lo expresado en la acusación particular, con lo expresado en sentencia, -entendiendo conforme a los fundamentos jurídicos y doctrinales descritos en el apartado III.1. de esta Resolución, que los hechos expresados en la acusación no pueden ser modificados por el juez-; lo que implica cumplir con los parámetros para una debida fundamentación, al contener la resolución los elementos de ser; completa, clara, legítima, lógica y expresa.
Sin embargo de lo señalado, en el presente motivo en la respuesta del Tribunal Departamental se establece que no efectúo un debido control sobre la valoración de la prueba al emitir un criterio de manera general y falto de toda fundamentación sobre el presente motivo, teniendo la obligación de emitir nueva Resolución resolviendo cada punto de manera individualizada y fundamentada cumpliendo con los parámetros exigidos; asimismo, efectuar el control y verificación sobre la correcta o incorrecta valoración de la prueba vinculada a la congruencia que debe contener toda Sentencia; correspondiendo en consecuencia que al evidenciarse la contradicción del Auto de Vista impugnado con el precedente invocado, el presente motivo deviene como fundado.
Sobre la vulneración del debido proceso al no pronunciarse el Tribunal de alzada sobre las recusaciones.
Los recurrentes denuncian puntualmente que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse respecto a las recusaciones planteadas contra el Juez y que fueron declaradas probadas y legales, por demostrar que su imparcialidad estaba comprometida; incurriendo de esta manera en un defecto absoluto establecido en el art. 169 incs. 3) y 4) del CPP y vulnerando el debido proceso.
Previo a desarrollar el análisis correspondiente es preciso realizar algunas puntualizaciones sobre la incongruencia omisiva reclamada; en ese sentido el art. 115.I de la CPE, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, cuando señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.
Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: `Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución´, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada”.
En el presente motivo, el agravio reclamado surge cuando en Sentencia se plantea tres recusaciones resolviendo el Juzgador de la siguiente manera: i) En relación a la primera, planteada el 26 de agosto de 2013, por haber expresado el Juez criterio anticipado, el mismo mereció mediante Auto fundamentado el rechazo in limine; ii) Respecto a la segunda, presentada el 3 de octubre de 2013, por fijarse audiencia de objeción a la querella y la continuación de juicio oral más allá de los diez días, rechazando in limine por no señalarse la causal prevista en el art. 316 del CPP; y, iii) Sobre la tercera, el 11 de noviembre de 2013, por no elevarse en plazo la anterior recusación y ante denuncia disciplinaria, rechazando el mismo in limine, al ser la denuncia disciplinaria posterior al proceso seguido.
Por lo cual los imputados en su apelación restringida denunciaron en relación a las tres recusaciones, que existió una marcada parcialización del juzgador, inclusive pese a estar de acuerdo con la recusación la parte querellante el Juez continúo conociendo el caso; al respecto, el Tribunal de apelación respondió puntualmente que las recusaciones fueron tramitadas conforme establece el art. 318 de la norma adjetiva penal y al ser debidamente revisadas por el Tribunal, no se incurrió en ninguna actividad procesal defectuosa; esta respuesta denota que los Vocales respondieron a la cuestionante de los recurrentes conforme previene el art. 124 del CPP, al establecer que las recusaciones tuvieron el trámite respectivo y de acuerdo a la normativa legal, sin incurrir el juzgador en ninguna actividad procesal defectuosa; con ello se tiene que el reclamo sobre la ausencia de pronunciamiento no resulta evidente.
Es así que, ante la denuncia de los recurrentes sobre la incongruencia omisiva de las recusaciones planteadas en apelación restringida, resulta no ser cierta, habiéndose pronunciado los vocales de manera fundamentada sobre la denuncia esgrimida, sin incurrir en ninguna vulneración del debido proceso; consiguientemente, el presente motivo deviene como infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO PARCIALMENTE el recurso de casación interpuesto por Cleto Sánchez Cerro, Irma Choque de Sánchez y José Luis Sánchez Cerro, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 77 de 5 de agosto de 2014, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.

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