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Timestamp: 2018-09-22 04:09:45+00:00

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Derecho Deportivo | MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ - Page 10 Derecho Deportivo | MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ - Page 10
Comments Off on A vuelta con las relaciones laborales de los deportistas
Resulta difícil de entender que trascurrido treinta años del Real Decreto 1006/ 1985 que regula la relación de los deportistas profesionales no se haya llegado aún al acuerdo de modificarlo; principalmente, en lo que respecta a recoger la amplia casuística en la que está inmersa el mundo del deporte en nuestro país. Con incidencia significativa en los cientos de deportistas, a los que se les obliga a compatibilizar su actividad como deportista con otras profesiones; en muchos casos improcedentes, o simular esa relación laboral especial, en el siempre intento de esquivar la relación laboral en sí.
La proliferación del voluntariado en el ámbito del deporte profesional resulta tan llamativa, que aún no ha llegado para el legislador en nuestro país un tipo de contrato que evite el empleo marrón del deportista. Dándose, por ejemplo, el caso de la vinculación de facto de muchos deportistas a sus Federaciones sin definirse laboralmente esa relación, a pesar de la evidente vinculación cualificada; y, en cambio, sí que esa relación laboral se da en el resto de personas: directivos, entrenados, fisioterapeutas, entre otros, así como el resto de personal que atienden al deportista y a la competición, excluyendo, en este caso, al verdadero protagonista del deporte, que es el deportista.
Y nada se dice, y poco se evidencia. Resulta paradójico, por ejemplo, que deportistas de alto nivel de nuestro país se vean obligados de cara a su futuro laboral a contactar con empresas u instituciones que les hagan un contrato, cuando gran parte del tiempo lo dedican al ejercicio de su profesión como deportista.
La regulación de la relación laboral especial de los deportistas profesionales constituye un campo de acción en el que irremediablemente están sujetos el derecho laboral y el derecho deportivo. Campos jurídicos expuestos a conceptos como transversalidad, ámbito público y privado y derechos sociales e individuales. Desde el ámbito de las relaciones laborales se trata, sin duda alguna, de una especificidad tan profunda que no caben interpretaciones más allá del contexto del deporte.
Pero esto no quiere decir que el deporte tenga que permanecer esquivo a ese mundo del Derecho, de ahí el carácter supletorio del Estatuto de los Trabajadores; y por otro lado, el intento del ámbito del deporte de escapismo en relación a manifestar lo que de hecho son auténticas relaciones contractuales, desde el punto de vista laboral. Y no se debería centrar el debate jurídico, cuando se produce, en la incapacidad de muchos clubes, o Federaciones, que son empleadores en la inmensa mayoría de los casos, que el elemento económico es el que limita el interés de laboralizar una relación que pasa por ser voluntaria, pero que a la vista de los procedentes no lo es. Quedó bien de manifiesto en el concurso del Rayo Vallecano, con respecto a muchos de sus jugadores y jugadoras.
Debiera, por tanto, tocar ya definir en toda su extensión la figura del deportista profesional, más allá de lo hoy regulado, insistiendo en los treinta años trascurridos desde la aprobación del texto especial. Teniendo en cuenta, los siguientes preceptos:
Por un lado, el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores:
Artículo 2 Relaciones laborales de carácter especial
Y por otro, el artículo 1, del Real Decreto 1006/1985, que señala lo siguiente:
1. El presente Real Decreto regula la relación especial de trabajo de los deportistas profesionales, a la que se refiere el artículo segundo, número uno, apartado d), del Estatuto de los Trabajadores.
6. Las presentes normas no serán de aplicación a las relaciones entre los deportistas profesionales y las Federaciones Nacionales cuando aquéllos se integran en equipos, representaciones o selecciones organizadas por las mismas.
Parece, por tanto, y por reiterado no se debe de dejar de insistir que esos criterios de ajeneidad, dependencia, regularidad y retribución siguen jugando un papel clave para definir y contextualizar al o la deportista profesional. El tema de la retribución, que ha constituido un elemento ampliamente tratado en vías judiciales, tiene su propia regulación, que con establecida, no ha sido definitoria de cara al empleador de la actividad deportiva. De esta manera, se señala, en el Real Decreto 1006, artículo 8:
Artículo 8 Retribuciones
1. La retribución de los deportistas profesionales será la pactada en convenio colectivo o contrato individual.
2. Tendrán la consideración legal de salario todas las percepciones que el deportista reciba del club o entidad deportiva, bien sean en metálico o en especie, como retribución por la prestación de sus servicios profesionales.
En esta dirección el Estatuto de los Trabajadores sostiene en su artículo 26:
En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el salario en especie podrá superar el 30 por 100 de las percepciones salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.
Y habiéndose legislado todo eso, nos encontramos que la actividad del deportista, en la mayoría de los deportes, que no son los mayoritarios, en general, aunque estos también tienen gozan de su empleo marrón, está completada por una pléyade de voluntarios, que no actúan como tales, dado sus jornadas y los emolumentos recibidos, pero que quieren permanecer al margen de la fiscalidad y de la seguridad social. Y todo ello bajo la sempiterna respuesta del contexto económico, como si los derechos sociales tuvieran siempre que estar supeditados a condiciones económicas de referencias.
A pesar de que, efectivamente, existen fórmulas jurídicas de contratación que son asequibles, y que permiten que esas personas que realmente actúan como deportistas profesionales tengan derechos emanados de una relación laboral que se dice inexistente, pero se predica de hecho. Y así, nos encontramos en el momento actual con toda una campaña de Hacienda que trata de aflorar todos estos empleos y empleadores encubiertos, con efecto retroactivo, cosa que extraña, por no tener en cuenta precedentes a contrario. Y se hace bajo el estigma de situaciones ilegales, que convendría señalar que tienen mucho que ver con la deficiente regulación del deporte profesional en nuestro país.
Lo que debería preocupar de todo ello es el hecho de la existencia de muchos casos de vulneración de los derechos de los deportistas, y que requiere de un ejercicio de reflexión real para poder armar una gran reforma en el ámbito laboral del deporte, que vaya desde la cuantificación mínima del salario, pasando por definir relaciones laborales profesionales y no profesionales, vinculaciones de deportistas con sus Federaciones, convenios colectivos; llegando incluso a definir tipos de epígrafes a la hora de la fiscalidad para esas empresas. Aprobando, además, medidas de incentivación en la promoción de nuevas empresas y en el ámbito del deporte; siendo conscientes de la importancia de la actividad deportiva desde el punto de vista económico, que supone en torno a un punto y medio del producto interior bruto de nuestro país.
http://iusport.com/not/4610/a-vuelta-con-las-relaciones-laborales-de-los-deportistas
Las apuestas ilegales con legislaciones contrapuestas
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La siempre reiterada concurrencia de la falta de una legislación europea común en materia de apuestas ilegales sigue jugando a favor de todos aquellos que han creado un negocio en torno al deporte, y lo hacen bajo la impunidad de quién no es capaz de combatirlo. Desde la Unión Europea se han marcado precedentes y procedimientos tratando de intimidar a estas, podríamos denominar, mafias que actúan con total impunidad, bajo la resistencia del juego global.
La Unión Europea a lo más que llega es a la definición de un plan de acción en esta materia, que con ser interesante, no copa la demanda de, especialmente, muchos ciudadanos de sus países que se sienten estafados o engañados, bajo le impunidad cometidas por empresas ubicadas en márgenes territoriales que les dejan actuar con total impunidad.
Lo grave de esta situación, que estriba, básicamente, en la comisión de conductas delictivas y criminales, está en el hecho de que el deporte se vea amenazado en su integridad por un sistema de apuestas expuesto a la manipulación más absoluta, con la vertiente, en algunos casos, que en todos los países hay ejemplos de ellos, con la compra y venta de partidos y voluntades, bajo precio tasado. El movimiento deportivo no ha sido capaz de frenarlo, a pesar de los intentos, y de acciones de buena praxis, ante legislaciones opacas y no siempre eficaces en sus respuestas.
Habría, que trabajar, quizás en algún tipo de instrumento legal de carácter internacional contra apuestas y amaños de partidos, que ayude a garantizar el sistema legal que regula esas conductas delictivas, pues de lo contrario, estas conductas se seguirán produciendo, a pesar de todo. Insistiendo en la uniformidad del sistema en la totalidad de los países que lo pudieran acordar. Y existen resortes sobre los que se pueden vislumbrar esas praxis, en relación, por ejemplo, al tema de la lucha contra el fraude, el blanqueo de dinero y la integridad del deporte.
Famosa fue la resolución aprobada en marzo de 2013, en sesión plenaria de la comisión de Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo en la que se concluyó en la necesidad de todos los estados de aunar esfuerzos y penalizar de forma uniforme contra los amaños de los partidos. Ahondando en una estrategia supranacional para luchar contra esta lacra del deporte, apoyando la creación de programas de buena praxis para todos los operadores que intervienen e interactúan en el deporte.
El epicentro que constituye Singapur, según datos conocidos, eclipsa la realidad del amaño de partidos, en el sudeste asiático, frente a Europa. Medidas que están dentro del ese negocio lucrativo ilegal, tienen que ver con riesgos a la protección de consumidores, así como la unión entre operadores para actuar en una misma dirección, sostenibilidad del deporte.
De hecho, en diciembre pasado, desde la Presidencia de la U. E. se impulsaron directrices enfocadas a apoyar a las fuerzas policiales y judiciales en la prevención y lucha contra el juego ilegal. Teniendo en cuenta algo muy claro, hasta que no se uniformen determinadas medidas, que son cada uno de los estados miembros los que han de poner sus legislaciones al tanto de la lucha contra la lacra del juego y las apuestas ilegales. Un negocio lucrativo para algunos, y que constituye un perjuicio para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Quizás toda esa política, iniciada y de común consenso de muchos Gobiernos de la Unión Europea en relación al blanqueo de capitales pudiera ser un punto de inicio de una real política de común acuerdo entre las distintas legislaciones, al respecto a la Unión Europea. Pues no hemos de olvidar y obviar que muchas de estas actividades criminales tienen que ver con actuaciones, llevadas a cabo por grupos delictivos organizados, que actúan a nivel internacional, con importantes beneficios económicos.
Parece ser que medidas como niveles de información recíprocas, pedagogía en el ámbito del deporte, actuación de especialistas en esta materia, fluidez en el intercambio de informaciones, así como planes específicos nacionales pueden jugar su papel en una cuestión que preocupa especialmente, y que debe servir para unificar actuaciones políticas, judiciales, policías y normativas supranacionales frente a este tipo de delincuencia.
Además de seguir tomando medidas trasversales como la Directiva de Blanqueo de Capitales, o las aprobadas por el Parlamento Europeo en la que por primera vez todos los servicios de juego de azar se someten a las normas de la U.E. para evitar el lavado de capitales.
http://iusport.com/not/4413/las-apuestas-ilegales-con-legislaciones-contrapuestas
Derecho de imagen, patrocinio deportivo, mecenazgo y cesión de derechos
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http://iusport.com/not/3708/imagen-patrocinio-y-cesion-de-derechos
Lo mediático del deporte ha convertido a muchos deportistas en verdaderos objetos publicitarios; y, aún más, ha servido para el desarrollo de muchas de sus carreras y progresiones deportivas. Y con la indómita crisis, sin duda alguna, en un puntal fundamental para atraer dinero al desarrollo del deporte en nuestro país. Pero al hilo de esto, teniendo en cuenta que estamos hablando del derecho a la imagen, con la concomitancia del derecho al honor, nos encontramos de pleno con un derecho fundamental, con incidencia inmediata en los artículos 10 y 18.1 de nuestro texto constitucional, que vienen a garantizar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Llevándose a cabo su desarrollo a través de la L.O 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia Imagen, un derecho fundamental protegido en la esfera de lo civil frente a cualquier tipo de intromisión perjudicial hacia esa imagen, en el amplio sentido del término, más allá de la persona en sí. Y todo en ello en una doble dirección: por un lado, la del daño causado a la imagen y proyección pública derivada de la misma; y, por otro lado, el uso mercantil sin autorización respecto de la utilización indebida de esa imagen.
Los más destacados deportistas tienen la vertiente mercantil muy estructurada, a través de entidades que gestionan la proyección económica de la misma, así como la concurrencia de contratos de todo tipo con los que pretenden añadir un enriquecimiento oneroso al uso de su imagen, más allá de los puros méritos deportivos, que son fundamentales, dando causa de todo ello. Y de hecho, la proyección mediática si está bien llevada puede transcender más allá del hecho deportivo en sí.
Sin entrar en valoraciones de todo tipo, donde encontramos mucha doctrina y jurisprudencia. Sí que me gustaría hacer una reflexión en torno a determinados tipos de contratos o gestiones publicitarias, que, sin entrar en un contrato tipo, confunden programas de mecenazgo con un contrato publicitario al uso; de hecho, se está extendiendo la mala praxis de becar a deportistas, bajo contraprestaciones del uso de su imagen, sin que para ello el deportista sea consciente de la firma de cláusulas que regulan esa cesión de su imagen. Y esto, sí que puede resultar precario para el deportista incipiente, y resultar un lastre para futuros o mediatos contratos.
Y aún más, cada día observamos en determinados acuerdos con instituciones del deporte, supuestos programas de apoyo al deportista, bajo el concepto de responsabilidad social empresarial e incentivos fiscales, cuando en realidad son contratos publicitarios porque contienen cláusulas de contraprestación de parte. No siendo el deportista consciente del hecho de obligarse a la cesión de derechos de imagen o la participación de eventos y hechos publicitarios, que debieran tener una regulación en marcos normativos más relacionados, por ejemplo, con el código de comercio, o la propia la Ley General de Publicidad. En la misma dirección nos encontramos con acciones de uso de la imagen del deportista en eventos, que vinculan contratos de adhesión.
Convendría, a modo final de reflexión, poner coto a este tipo de prácticas que están provocando un uso encubierto y excesivo de un derecho que es tan personalísimo que merece ser protegido y resguardado por el propio deportista. Aunque hay que quedar claro que la denominación del contrato, si lo hubiera, no determina el contenido. Y con demasiada frecuenta se denominan contratos de sponsorización lo que son contratos de patrocinio o meramente publicitario.
El embarazo como clausula de penalización en un marco normativo discriminatorio
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http://iusport.com/not/3626/el-embarazo-como-clausula-de-penalización
X Congreso de Asociación de Derecho Deportivo
21112014 Córdoba
Comunicación: Embarazo como cláusula de penalización
Autora: María José López González. Abogada
La presencia de la mujer en el deporte es un hecho consustancial a la evolución de la propia sociedad. De esta manera, ha ido tomando partido en el mundo del deporte, en la misma proporción que sus éxitos deportivos, esto es, se ha ido ganando su derecho a participar en las distintas competiciones deportivas. Contextualizar su estatus tiene mucho que ver con la capacidad de haber logrado sus anhelados méritos como profesional del deporte, esencialmente. Por tanto, no se trata de una casualidad, ni siquiera del intento de la promoción por parte de las autoridades púbicas; sino que atiende al propio deseo de las mujeres deportistas a participar de lleno en un fenómeno único, como es el hecho deportivo.
Sería complejo, y ahora no toca, desentrañar los desafíos por los que ha tenido que transitar la mujer deportista profesional hasta llegar a tener su espacio propio, en el denominado mundo del profesionalismo. De hecho, casi todos los días leemos en distintos medios de comunicación, como se le va ganando al pasado, respecto a la incursión de la mujer en instituciones y eventos deportivos. Valga el ejemplo reciente, concretamente en septiembre de 2014, en el que el club de golf británico “Saint Andrews”, uno de los más antiguos del mundo y máximo regulador de ese deporte hasta 2004, tomó la decisión de admitir a mujeres como socias por primera vez en sus más de doscientos años de historia.
Según diferentes encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), datadas en la última década, la práctica deportiva entre las mujeres ha experimentado un avance de más cinco puntos porcentuales, subiendo hasta alrededor del treinta por ciento de la población. Aumentando también la práctica deportiva y presencia de la mujer en el deporte federado y de alta competición. Según estas mismas encuestas se ha incrementado notablemente la práctica deportiva en la mujer, tanto de forma lúdico-saludable como a nivel competitivo. En relación al hecho que nos toca en esta comunicación hemos de indicar, según los mismos datos, que si hasta hace poco las deportistas de alto nivel posponían su maternidad para cuando finalizaran su carrera deportiva, esto ya empieza a cambiar.
En el año 1965 encontramos un primer informe de la profesora Zahareiva, -uno de los primeros estudios dedicados a las atletas de élite y el embarazo-, con resultados de entrevistas acerca de los efectos de la gestación y el parto de trece mujeres que compitieron en las olimpiadas de Tokio de 1964. Once de ellas señalaron haber tenido embarazos normales. En general, las atletas olímpicas reiniciaron su entrenamiento intensivo entre tres y seis meses postparto y casi todas alcanzaron similares o mejores marcas en los dos años siguientes al nacimiento de sus hijos. Dos décadas después, la misma autora publicó resultados de vente años de observación y vigilancia de atletas de élite y olímpicas, donde hubo algunas observaciones interesantes. De las atletas que compitieron en olimpiadas sucesivas, el 27% dio a luz en los cuatro años de intervalo entre una y otra. Casi todos los embarazos se consideraron normales, y algunas atletas señalaron sentirse mejor adaptadas después del parto que antes. El período de trabajo de parto era más breve en las atletas que en la población, en general; por su mayor desarrollo de músculos abdominales y capacidad de ejercer compresión.
Y así, día a día observamos cada vez más casos en relación a compatibilizar el hecho de haber sido madre con la vuelta a la competición. Un caso curioso fue el de la golfista Patricia Meunier Lebouc, de 31 años, que jugó embarazada casi toda la temporada del año 2005 en el circuito norteamericano. Y además, embarazada de tres meses acabó quinta en el British, cuya última jornada empezó como líder, y colaboró en el triunfo europeo sobre EE.UU. en la Solheim Cup.
Sin querer entrar en un terreno que no me corresponde, la lógica, y los informes médicos, al uso, señalan efectivamente la peligrosidad de algunos deportes que entrañan riesgos de impactos, presión o descompresión en el abdomen-feto y que puedan crear un traumatismo en el feto (fútbol, baloncesto, voleibol, esquí, ciclismo, tenis, equitación, parapente, escalada, judo, patinaje, esgrima, submarinismo, entre otros; del mismo modo, deportes o actividades de esfuerzo brusco y/o anaeróbico láctico (generalmente pulsaciones superiores a 150 l/min), inciden negativamente en el aporte de oxígeno al feto (competición deportiva, atletismo, culturismo); así como ejercicios y deportes con cambios bruscos de dirección o en los que la pelvis se vea sometida a una actividad abusiva que puedan dañar al futuro bebé (carreras, vallas y saltos en atletismo, ciclismo, equitación ) .
Es evidente, por tanto, la singularidad de este hecho en la mujer, por un lado, y las precauciones que ha de mantener, por otro, teniendo en cuenta sus factores de riesgo. Pero lo que no significa que no pueda antes, durante y después llevar a cabo una carrera profesional. Especialmente, cuando en el momento actual la deportista de alto nivel alarga cada vez más su carrera profesional. Esto constituye una realidad, fácilmente contrastable si nos asomamos a la lista de grandes deportistas de nuestro país. Aún más, una mujer deportista necesita volver a practicar deporte, ya sea de manera habitual como competitiva lo antes posible, esta es su forma de vida y marca parte de su identidad como mujer. Todos los cambios fisiológicos que se han producido en la mujer vuelven a condiciones normales con el final del embarazo. De hecho, los especialistas señalan que para que la vuelta a la competición sea rápida y sin problemas, la deportista deberá mantener un cierto grado de preparación física durante el embarazo, así la vuelta a la competición será más rápida.
2.- El embarazo como cláusula condicionante y penalizadora: una discriminación real
Significativa, por lo excepcional, es la sentencia del Tribunal Constitucional de 17/2003 que estableció de forma inequívoca lo que representa la rescisión – siempre unilateral- de un contrato que tiene como cláusula penalizadora el embarazo, chocando frontalmente con el artículo 14 de nuestro texto constitucional, en este sentido señala: “la protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica durante el embarazo y después de este, ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, sino que también, en el ámbito estricto del desarrollo y vicisitudes de la relación laboral, condiciona las potestades organizativas y disciplinarias del empresario evitando las consecuencias físicas y psíquicas que medidas discriminatorias podrían tener en la salud de la trabajadora afianzando, al mismo tiempo, todos los derechos laborales que le corresponden en su condición de trabajadora al quedar prohibido cualquier perjuicio derivado de aquel estado”.
Esta cuestión, en la especificidad que representa el deporte, constituye hoy el auténtico lastre de la discriminación de la mujer deportista como profesional. Podemos asentar un cierto consenso en que efectivamente las potestades organizativas de la entidades deportivas marcan una diferencia con cierto carácter especial; pero lo que no podemos es continuar asentando la praxis de la actividad deportiva de la mujer en una condición resolutoria que va contra principios constitucionales, y contra todo tipo de regulación de derecho laboral, acotado, además, por sentencias como la referida anteriormente. Y todo ello apoyado en un marco jurídico, que sirve como coartada para que la Administración Pública no actúe, y las entidades deportivas- tanto Federaciones, clubes, asociaciones- no hagan nada para perpetuar normas que permiten que esos contratos se firmen, más allá del concepto de la autonomía de la voluntad de las partes.
De hecho, se sigue sin dar una respuesta jurídica a todos aquellos contratos que contienen la cláusula de la ruptura unilateral, justificada por parte del club ante el embarazo de la jugadora, admitiendo una discriminación de hecho y de derecho, a pesar de todo. Esperamos, con urgencia, una modificación de la legislación deportiva, o quizás, una ley de deporte profesional que regule estas situaciones, tan lamentables, por injustas y discriminatorias. La respuesta de la jugadora en la inmensa mayoría de los casos es de asunción por sumisión.
En el derecho laboral común este tipo de cláusulas no son aceptadas tal cual. Y más aún, como si no existieran fórmulas jurídicas y soluciones que contemplar el club durante el embarazo de la deportista. Estableciendo cupos de apertura de licencias, y sustituciones temporales, reguladas por la administración pública para reforzar esa sustitución (suspensión del contrato). El desfasado Real Decreto 1006/1985, que regula la relación de los deportistas profesionales, con más de veinticinco años en vigor, necesita ponerse al día en este punto concreto; y, más aún, si su mantenimiento cubre de discriminación este tipo de cláusulas. La realidad señala de forma contumaz que, en la mayoría de los casos, y la experiencia así nos lo indica, las jugadoras firman estas cláusulas, por cuanto son determinantes e imperantes en la negociación. No hay una opción alternativa. El club se escuda en la especificidad de la deportista para justificar una situación que entra dentro del derecho laboral común. Y si efectivamente, apelamos al derecho laboral común, el conflicto vuelve a recrudecerse, dada la situación de falta de capacidad de interlocución entre partes. Ante la inexistencia, por un lado, de convenios colectivos, y la ausencia de patronal al uso, por otro. La Ley del Deporte de 1990 conceptúa unas ligas profesionales, en las que el deporte femenino no encaja y consecuentemente no dan lugar a los efectos de las mismas. Así pues, es un marco que hay que poner en marcha, para evitar la discriminación existente, y quedar, de esta manera, al albur de una mala praxis de una de las partes. Y más, cuando nos estamos refiriendo al derecho a la maternidad. De continuar así, se irá perpetuando la escasa capacidad de la mujer de reaccionar o de rebelarse ante esta cláusula resolutoria, agravada, en la mayoría de los casos por la falta de libertad a la hora de consensuarla. Conviene, por tanto, reconvenir esta situación, socialmente, ya sólo por el hecho de evitar desde el punto de vista demográfico, el envejecimiento de nuestro país.
Evidentemente, permanecer ajeno tanto desde el ámbito estrictamente deportivo, como desde las propias administraciones públicas, y más cuando se publicitan tanto a favor del deporte femenino, es validar un abuso del derecho por parte del club o entidad que mantiene sistemáticamente la ruptura de la relación laboral por embarazo.
Reiterando lo ya mencionado acerca de no aplicar en bloque las disposiciones del derecho laboral común, que no significa sostener una clara discriminación por razón de sexo. Es claro, pues, la existencia de un efecto causal entre la modificación contractual y el embarazo, que equivale a un trato desigual por razón de sexo, ya que la baja tiene un motivo indiscutido que es el embarazo, contingencia esta que afecta muy principalmente y de lleno a las mujeres. Y más teniendo en cuenta, la prolongación de la vida laboral de la mujer deportista.
Mantener esta situación y mirar hacia otro lado, como parece ser que se está haciendo por parte de nuestros legisladores es consolidar una “discriminación directa”, de las descrita en la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, de la siguiente forma: la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo.
Así pues, toca ya, porque los precedentes obligan a erradicar esta discriminación de derecho, contraria a nuestro ordenamiento jurídico, con el principio constitucional de la no discriminación por razón de sexo, y aún más avalada con sentencias del Tribunal Constitucional, que a propósito del artículo 14 CE se ha manifestado con contundencia al no dejar resquicio alguno respecto a validar situaciones de hecho que pueden incluir expulsar del mercado laboral a una trabajadora por el mero hecho de quedarse embarazada. Y desde luego no se puede asentar una cierta pasividad en el mundo del deporte en base a reglas de carácter deportivo, singularizadas en reglamentos de carácter internos de instituciones deportivas privadas. Esto es, lesionar derechos fundamentales por causa de carácter reglamentario, como mínimo no es aceptable, y no hacer nada, desde la administración pública, en su papel de garante de la legalidad resulta inaudito, como mínimo.
En este sentido, la virtualidad del art. 14 CE no se agota en la cláusula general de igualdad con la que se inicia su contenido, sino que, a continuación, el precepto constitucional se refiere a la prohibición de una serie de motivos o razones concretos de discriminación.
Esta referencia expresa a tales motivos o razones no implica el establecimiento de una lista cerrada de supuestos de discriminación (STC 75/1983, de 3 de agosto, F. 6), pero sí representa una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones, no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 C
En consecuencia, la prohibición constitucional específica de los actos discriminatorios por razón de sexo determina que se habrá producido la lesión del art. 14 CE cuando se acredite que el factor prohibido representó el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio laboral, no teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio.
Por ello, se puede afirmar que los tratos desfavorables en el trabajo basados en el embarazo, o motivados por la concurrencia de bajas laborales causadas por el embarazo (STC 17/2007, de 12 de febrero, F. 6), al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una discriminación directa por razón de sexo prescrita por el art. 14 CE; […].
Aún más, el principio de igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. A la vista de lo expuesto queda bastante claro dos cuestiones: la marginalidad de estos contratos del ámbito del derecho de mantenerse este tipo de cláusulas; y la ineficacia de las administraciones públicas en legislar sobre un hecho muy concreto que afecta a las mujeres deportistas
3.- Marco legal de referencia: suspensión/ extinción
Como el Estatuto de los Trabajadores es supletorio en aquello que devengan del propio Real Decreto 1006, si acudimos al artículo 12, suspensión del contrato establece:
Art. 12. Suspensión del contrato
Un primer contexto ya nos habla de la remisión al derecho laboral común. Y a continuación observamos en el artículo 13, extinción del contrato, que señala:
a) Por mutuo acuerdo de las partes. Si la extinción por mutuo acuerdo tuviese por objeto la cesión definitiva del deportista a otro club o entidad deportiva, se estará a lo que las partes pacten sobre condiciones económicas de conclusión del contrato; en ausencia de pacto la indemnización para el deportista no podrá ser inferior al 15 por 100 bruto de la cantidad estipulada.- no es el caso-.
b) Por expiración del tiempo convenido.- no es el supuesto-c) Por el total cumplimiento del contrato.- no es el supuesto-
d) Por muerte o lesión que produzca en el deportista incapacidad permanente total o absoluta o gran invalidez. El deportista o sus beneficiarios tendrán, en estos casos, derecho a percibir una indemnización, cuando menos, de seis mensualidades si la muerte o lesión tuvieran su causa en el ejercicio del deporte. Todo ello sin perjuicio de las prestaciones de Seguridad Social a que tuvieran derecho.- tampoco es el caso- sería en todo caso incapacidad laboral transitoria.
e) Por disolución o liquidación del club o de la entidad deportiva correspondiente, por acuerdo de la Asamblea General de Socios. En estos casos se seguirá el procedimiento previsto en el artículo cincuenta y uno del Estatuto de los Trabajadores.- no es el caso-.
f) Por crisis económica del club o entidad deportiva que justifique una reestructuración de la plantilla de deportistas, de acuerdo con el procedimiento mencionado en el apartado precedente. Asimismo, por crisis de otro tipo que impida el normal desarrollo de la actividad del club o entidad deportiva mediante el mismo procedimiento administrativo.- no es el caso-.
g) Por las causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas constituyan manifiesto abuso de derecho por parte del club o entidad deportiva.- podría ser el caso-, pero la jugadora quiere seguir en el club, si o sí.
h) Por despido del deportista. Esto sería consecuencia de esa situación de embarazo, pero resultaría derecho laboral común discriminatorio.
i) Por voluntad del deportista profesional. EXISTE VOLUNTAD REAL DE LA DEPORTISTA.
Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 45 del estatuto de los trabajadores, dice así:
d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve meses y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales, de menores de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. Ir a Norma modificadora Letra d) del número 1 del artículo 45 redactada por el apartado siete de la disposición adicional décimo primera de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («B.O.E.» 23 marzo).Vigencia: 24 marzo 2007…..
…3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. Ir a Norma modificadora Párrafo 1.º del número 3 del artículo 46 redactado por el apartado nueve de la disposición adicional décimo primera de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («B.O.E.» 23 marzo).Vigencia: 24 marzo 2007.
La paradoja, en relación a lo manifestado no es otra que asentar que el deportista frente a la deportista, -en su condición de progenitor- en este caso, garantiza, por su marco laboral específico, esa baja paternal, sin un riesgo real a que le echen o rescindan el contrato. Caso diferente a la mujer deportista, que, en la persistencia de esas cláusulas de rescisión unilateral, se ve abocada a renunciar en un marco de relaciones contractuales, y de descompensación desde el punto de vista de su condición de trabajadora por cuenta ajena.
Artículo 48 bis Suspensión (y el artículo 12 habla de suspensión, por tanto, está bien remitido) del contrato de trabajo por paternidad
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4.
Este artículo 48 bis fue introducido por el apartado once de la disposición adicional décimo primera de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («B.O.E.» 23 marzo).Vigencia: 24 marzo 2007, en relación además a la ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida («B.O.E.» 7 octubre). Hay que tener en cuenta que la mencionada Ley 9/2009, de 6 de octubre, entrará en vigor el 1 de enero de 2015, conforme establece la disposición final vigésima segunda de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre).
……..En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor tendrá derechoa suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente.
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados. La mujer no podría, el marido sí
Ir a Norma modificadora Número 4 del artículo 48 redactado por el apartado diez de la disposición adicional décimo primera de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres («B.O.E.» 23 marzo).Vigencia: 24 marzo 2007
6. En el supuesto previsto en la letra n) del apartado 1 del artículo 45, el período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho meses.
Queda, por tanto, claro que en los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) de esta Ley, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4.
Y así como en el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el período de descanso regulado en el artículo 48.4 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.
El trabajador (no trabajadora deportista) que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.
Poco que decir a la contundencia y especificidad del texto antes señalado en su literalidad, a no ser que hagamos la salvedad en relación a esas circunstancias tan únicas, dadas en el deporte, de encajonamiento en un ámbito muy privado, de unas relaciones marcadas por contratos tipos federativos, que permanecen al margen del ámbito laboral común. Y así, ante la falta de una acción negociadora frente a una patronal que es inexistente, queda resumida este tipo de negociaciones contractuales a la buena voluntad de los firmantes, especialmente, de la deportista, frente al predominio total del club.
Y así, teniendo en cuenta lo anterior llegamos a una serie de conclusiones, que van a demandar una reflexión en torno a lo que aquí se ha planteado, con la consiguiente necesidad de modificar lo que hasta ahora se ha legislado en el ámbito del deporte profesional, muy circunscrito, a la actividad de la mujer deportista.
La situación de la deportista cuando se queda embarazada produce un efecto rescisión del contrato y una colateralidad en ejercicio de su situación como trabajadora en un mercado laboral muy específico, que bajo el principio de la demarcación en esa disciplina deportiva, se encubre una vulneración de derechos. Y así podemos afirmar que las circunstancias que se describen en esa situación son las que siguen:
1. – Rescisión del contrato, por causa de la existencia de una cláusula de rescisión unilateral sin indemnización por parte de club, y asumida, por vía de los hechos por la mujer deportista, que se ve compelida a firmarla, y asumir un status quo de no ir contra su propios actos.
2.- Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, interrelación artículo 12 – suspensión contrato- Real Decreto 1006/1985, que regula la relación de los deportistas profesionales y Estatutos de los trabajadores- artículo 45-, se le reconoce legalmente el derecho a la paternidad, desde el punto de vista de las garantías laborales en el marco de la especificidad de esta relación laboral; no así a la mujer deportista, esencialmente, porque ella sí tendrá consecuencias en su relación contractual, muy al contrario, tanto si se trata de la propia pareja de la deportistas que queda embarazada, o de cualquier otro deportistas, en base a la legislación especial a los efectos.
3.- Es absolutamente necesario un cambio normativo que regule esos derechos laborales implícitos, ante la falta de Liga Profesional Femenina con la pléyade de efectos que ello conlleva en relación a los convenios colectivos, patronal y sindicatos, especificidad de la carrera deportiva, frente a determinadas eventualidades, como es el caso de embarazo.
4.- Dado lo reseñado en este texto, podríamos trabajar en un marco de garantías laborales, tal como la especificidad de la norma especial contempla, pudiendo asemejar el status del embarazo a la situación de hecho de una lesión producida en el ejercicio de la actividad laboral. Circunstancia ésta que actuaría a favor de la deportista en relación a la permanencia de la relación laboral, así como a ofrecer todas las asistencias necesarias para la recuperación de la deportista profesional, en un caso, que, paradójicamente está contemplado y tiene en sí todos los apoyos legales a los efectos.
El asunto Pedro León
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Por los tintes que está tomando el tema, habrá que denominarlo, asunto Pedro León, un precedente, bajo una normativa, de autorregulación por una entidad privatista y privada, a la que están asociadas unos clubes de fútbol, que no tienen competencia directa en relación a la expedición de una licencia; partiendo del hecho, como aseguran algunos, respecto a dos momentos procesales concretos para la habilitación del deportista en la liga profesional de fútbol. Conocida la resolución del Consejo Superior de Deportes, así como los argumentos de las partes en este asunto, lo que parece evidencia es un estatus de dominio en torno a la prevalencia de una reglamentación en relación a la afectación, en este caso, de un derecho como es el ejercicio de la profesional futbolística.
La primera cuestión a reflexionar podría situarse en torno al papel concomitante de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional en relación al concepto de expedición y visado de las licencias. Dos momentos procesales, que indiqué anteriormente, pero que entiendo son jurídicamente distintos y, aún más, lo que es claro que la expedición vincula al visado, pero no al revés. Y así, si observamos y leemos atentamente el artículo 41.4 de la Ley del Deporte:
Nada en este artículo se señala sobre el tema de la incidencia del visado, quedándose más al hecho de ser un ejercicio de colaboración conjunta en una necesaria coordinación, que en el hecho de que esa labor de control sobre sus asociados pueda implicar, como en este caso, un no visar una licencia, que, previamente, la entidad que tiene la competencia real de llevarlo a cabo, la expida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley del Deporte:
4. Para la participación en competiciones deportivas oficiales, de ámbito estatal, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva, expedida por la correspondiente federación deportiva española, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente.
Y aún más, ese mismo artículo, recoge el tema de la inhabilitación de la propia licencia, indicando lo siguiente:
Siendo esto así, lo que parece claro que si el efecto de expedir, concluimos que no es el mismo que visar, no se puede hablar de una correlación competencial en ambas direcciones, sino en todo caso, nunca podría ser desde el visado a la expedición de la licencia. Por lo que hablar de una competencia compartida resulta como mínimo dudoso por cuanto que la que genera la existencia de la licencia en sí es la propia Real Federación Española de Fútbol por un mandato expreso de la Ley del Deporte y no así de la Liga de Fútbol Profesional.
La otra cuestión que me asalta con cierta sorpresa, en clave absolutamente de reflexión, es el hecho del tope o techo de gasto, como la verdadera razón o causa que atrae tanto la decisión de la LFP, como la propia resolución del CSD, bajo el claro sustento de una estrategia política –económica, que tiene más que ver con el efecto de una cierta ejemplaridad en relación a la propia sociedad; en detrimento de un derecho conculcado al jugador – Pedro León-, para el ejercicio de su profesión. Y más aún, resulta extraño que en esa especie de puesta en escena de control económico de la Liga, -causa de fondo que sustenta esta situación de privación del ejercicio de la actividad profesional-, habría que ahondar en el hecho, de que efectivamente al mantenerse la relación laboral, – en el presupuesto del club permanece ese montante económico-, entiendo que a estas alturas está cumpliendo con sus obligaciones de empleador, en relación a sus emolumentos. En este caso, el no visado de la licencia ¿se está produciendo sobre el número de licencias, como tope económico, o, por el contrario, sobre el presupuesto global del club, que es la persona jurídica sujeta a la decisión, aunque la afectación sea de un tercero?
Desde una óptica estrictamente jurídica y como ex deportista no se puede hacer dejación de una reflexión en torno a la denegación del visado de una licencia por cuanto que esto implica una afectación al trabajador-jugador, y desde luego, sin duda alguna, al propio club. Que, como inversión participativa de la entidad del juego en este caso del Getafe, puede tener alguna trascendencia respecto de la competición y quizás en relación a sus posibles expectativas de méritos deportivos, de acuerdo a un futbolista destacado en su demarcación.
Puestos a contemplar todos esos efectos colaterales, que al menos, debieran servir para profundizar en nuevos y mejores marcos normativos y reglamentarios, más seguros y transparentes. Imaginemos que se tratara de un jugador de la selección absoluta, cuya presencia en el equipo español obedece, lógicamente a criterios deportivos, y si nos atenemos a la Ley del Deporte y consideración de deportistas de alto nivel, podría tener una licencia porque, en este caso, su contexto sería el del 53 de la Ley del Deporte:
Significaría esto que catalogado así, nos encontraríamos con un deportista que debe ser, especialmente, apoyado y no limitado en su ejercicio profesional por cuanto es considerado como un activo del deporte patrio; además aquí la expedición de la licencia no requeriría de un ejercicio posterior de visado por cuanto estamos hablando de su participación puntual, pongamos el posible e hipotético caso, de haber sido convocado por la selección, y teniendo en cuenta que la RFEF está conforme con haberle tramitado y expedido la licencia- por ser la entidad competente a los efectos-. Llegado a esta situación, y ante la falta de recorrido normativo en todos sus extremos, debería concurrir el jugador, pues de no hacerlo, estaría en el supuesto del artículo 47 de la Ley del Deporte, señala:
Aún más, otro punto de reflexión pudiera ser el hecho de estar circunscrito la suspensión, extinción o denegación de la licencia al ámbito estrictamente disciplinario, y la praxis nos indica que este asunto en la inmensa mayoría de los casos está incardinado en capítulo o título en relación a un tema disciplinario. Que tampoco es el caso.
De las reflexiones anteriores y con el respeto que me merecen los argumentos de las partes y la propia Resolución del CSD lo que parece evidente es el hecho de haber situado y objetivizado la decisión ejemplarizante del techo económico, a costa de lesionar el derecho al ejercicio de la profesión de un deportista, con efectos colaterales como los que he señalado. Creo, sinceramente, que conculcar derechos de deportistas basándose en una estrategia política económica no resulta ejemplarizante en un marco normativo deportivo que debiera ser más acorde con el Estado de Derecho
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La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, señala: la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. Aún más, la igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea, reconocido en el Tratado de Ámsterdam, -el 1 de mayo de 1997-: la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros constituyen un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. Los que trabajamos en el mundo del deporte somos conscientes del hecho de que muchas de las mujeres que practican deporte, como actividad profesional, permanecen invisibles para sus estructuras deportivas, asociativas y para la propia Administración Pública. El ejemplo, de las jugadoras del Rayo Vallecano en el proceso concursal vivido, dió buena prueba de ello; especialmente, en las dificultades en las que se vieron envueltas a la hora de reclamar y reivindicar su estatus profesional, frente a sus colegas masculinos. Sencillamente, porque a estas profesionales de la máxima categoría les fueron vetadas determinados resortes jurídicos, sólo por el hecho de ser mujeres.
Parece una evidencia, a fecha de 2014, que marcar una política en favor de la mujer deportista, no sólo debe circunscribirse al hecho de subvencionar a las Federaciones, obviando, el papel clave de la administración deportiva, en este caso el Consejo Superior de Deportes, para cambiar las reglas de juego, a través del Boletín Oficial del Estado. Quedarse en esta acción es resumir el papel de la mujer al socaire de políticas marcadas por las Federaciones, y no otorgarles el papel protagnista que debieran tener, a través de sus asociaciones, o por se. Esto es, la mujer deportista más allá del tema económico, con ser importante, lo que reivindica es su consideración de igual a igual en relación a su colegas masculinos. Esto es tan sencillo como tener las mismas reglas de juego, antes de comenzar el partido. En hechos tan sustanciales, como incapacidad laboral, lesiones, embarazo, seguridad social, convenios colectivos, quinielas, liga profesional, representación de pleno derecho y no por designación en órganos colegiados de representación, por aplicación de la denominada Ley de Igualdad. Es más, queda ya poco tiempo para terminar la legislatura, y ese cambio tan necesario en el ámbito deportivo sigue sin reformarse, a pesar del tiempo trascurridos, pues hablamos de marcos normativos de, por ejemplo, la Ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto 1006 de deportistas profesionales, de 1985. Lustros incapaces de preveer ese cambio acaecido en el mundo del deporte.
Esas mismas reglas de juego, que permanecen esquivas al deporte femenino profesional, ante la pasividad de ese cambio normativo, que significaría, para algunas, la verdadera revolución, y que debiera impulsar el Gobierno de España, crea situaciones tan extravagantes como, la no consideración de las ligas femeninas como profesionales, o, en todo caso asimiladas a las profesionales masculinas, por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005. Y así, nos hallamos un texto tan poco edificante, como el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, cuyo artículo 24, -en vigor- establece lo siguiente: la denominación de las ligas profesionales deberá incluir la indicación de la modalidad deportiva de que se trate. No podrá existir más que una liga profesional por cada modalidad deportiva y sexo en el ámbito estatal.
Consecuencia de esta no calificación, por ejemplo, y en esa situación de las denominadas “marrón” en las que se encuentran muchas deportistas, – algunas, incluso obligadas a firmar cláusulas de rescisión unilateral-, frustra la no aplicación del artículo 12 del Real Decreto 1006 – suspensión del contrato- y su remisión al artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores- causas de la suspensión-. Que conlleva a que algunas deportistas se vean abocadas a no ser acreedoras a su derecho a su maternidad con sus efectos laborales, dándose la paradoja de poderse acoger su pareja, lógicamente, si la solicitara.
Y todo ello, a pesar de la existencia de, por ejemplo, la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, de la siguiente forma: la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo. Incorporadas a nuestro ordenamiento español por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y de ahí, que algunas insistamos en la aplicación del principio de Legalidad que debiera llevar a cabo la administración deportiva en un marco que gran parte del mismo se desarrolla en el ámbito privado, pero con actuación directa, como garante de esa legalidad del CSD.
Hoy nos encontramos con un hecho real, la fuerza competitiva del deporte femenino, frente a la precariedad de su marco legal regulatorio, que viene significando la consolidación de un espacio amateur, que conlleva, por ejemplo, la no existencia de Convenios Colectivos, que recojan el ámbito del desarrollo de los derechos laborales, la escasa o nula capacidad de negociación para reivindicar esos derechos ante la inexistencia de una patronal, pues las Federaciones no pueden suplir el papel genérico y definitorio de una patronal. Esto es, la permanencia de unas reglas de juego difererntes para los hombres y para las mujeres, que resultan discriminatorias. Ante este debate que es jurídico, a veces se añade el elemento económico, en relación a la escasa capacidad de atraer fondos para la consolidación del deporte femenino. Pero, por contra, cuando se presenta una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados para acabar con la discriminación y conseguir visibilidad y beneficios económicos que permita profesionalizarse a las mujeres, en este caso en el ámbito del fútbol, a través de la presentación de esta iniciativa, el Gobierno no la apoya, a pesar que lo que se reclama no es otra cosa que los clubes femeninos de fútbol sean partícipes en los ingresos procedentes de las Apuestas Deportivas del Estado, que se regulan en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, así como en el Real Decreto 419/13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado..Al respecto, se precisa una reforma normativa que permita incorporar como entidades beneficiarias de las apuestas deportivas a los clubes femeninos de futbol, y donde se determine en qué circunstancias pueden incorporarse los partidos femeninos a las quinielas y qué cantidades procedentes de la recaudación de apuestas serán objeto de retorno al deporte femenino.
Aún más, existen más terrenos de discriminación, sustentados en esa paralización normativa, caso del hecho de la imposibilidad de acudir a las comisiones mixtas, por ejemplo, de fútbol y baloncesto para reclamar deudas pendientes de los clubes, o una cotización a la seguridad social, en el ejercicio profesional de su actividad, tal como así está en sus colegas masculinos. Resulta extraño que desde el CSD no se rompan todas esas barreras desde la responsabilidad que les compete, que es la de promover y hacer normas, pues es ahí donde se hará el verdadero cambio. Y, no sólo en la proclamación de la solvencia del deporte femenino, que ya por sí mismo lo resuelven las mujeres deportistas. Por eso, quizás, resulta extraño, condicionar a las cuotas la presencia de mujeres en las Federaciones, que deben ser hechas desde el imperio de la Ley de Igualdad, y no a costa de perjudicar a las deportistas. Y, más, cuando es la propia administración la que no se lo aplica así misma, como es el caso del Tribunal Administrativo del Deporte, que a pesar de lo que dice su propia normativa (en su composición se garantizará el cumplimiento de presencia equilibrada de mujeres y hombres), no cumple con la misma, nombrando a seis hombres, frente a dos mujeres.
La tarjeta de salud: ¿una prioridad?
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Con la Ley 3/2013 de 20 de junio de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva se abrió una nueva formulación en relación al ámbito del dopaje, por exigencias del ámbito internacional. Al hilo de esto, este nuevo marco normativo fraguó todo un capítulo en torno a algo tan consustancial al deportista, como es su salud; en una especie de memorándum a favor de esa protección tan específica, concretamente en el capítulo III – protección de la salud-.
Con ser importante esto, dado lo mediático del dopaje, todo el debate y desarrollo se circunscribió a este tema, no valorando, en la medida de su importancia, este otro capítulo, que, por lo que podemos observar, ha quedado también en el propio olvido de la administración pública, competente en la materia. Son las promesas de un texto legal, que prioriza en lo formal la atención a la salud del deportista, pero que, aún, se ha mostrado incapaz de poner en marcha el desarrollo innovador; que, para algunos, representa este capítulo.
Con respecto al tema en relación a los reconocimientos médicos, de vital importancia, expuesto con cierta certidumbre en el artículo cuarenta y seis del texto referido nada se ha hecho, a pesar de la importancia, y lo decisivo que debiera ser para generar un clima de confianza entre todos aquellos que practican deporte federado.
En este tema de la salud debiera de haber menos capacidad para destacar lo negativo de determinadas acciones de los deportistas, y más capacidad de actuación por parte, en este caso, del Consejo Superior de Deportes hacia la salud del deportista como una prioridad del departamento y, por ende, de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, en colaboración, como así recoge el propio texto con el Sistema Nacional de Salud.
Y si en esto no se ha hecho nada, aún, a pesar de la demanda generalizada, resulta como mínimo poco esperanzador, respecto de esas otras prioridades, como, por ejemplo, la denominada tarjeta de salud del deportista. Una especie de apuesta, subsumida al mero formato, pero que permanece ajena a la salud del deportista de alto nivel o deportista profesional, para los que han sido asignados como receptores de la misma.
Creo, que, como se dice en el argot común, ya ha pasado el tiempo prudencial para desarrollar unas iniciativas que tienen como denominador común profundizar y reforzar la salud del deportista. De todo ello, esto es, de ese necesario desarrollo del capítulo III de esta Ley Orgánica, poco o nada sabemos, a pesar del tiempo trascurrido.
¿Qué se debiera hacer ante esta situación?, aún más, siendo más precisos ¿qué han de hacer los deportistas ante esta falta de acción por parte de la administración deportiva competente?, impulsar iniciativas, – vía las propias asociaciones de deportistas -, tomar el ejemplo de otros colectivos, e invitar a los grupos parlamentarios a que presenten propuestas en el Congreso de los Diputados, a través de Interpelaciones al propio Ministerio, para su posterior aprobación en forma de Mociones. Como comúnmente se dice, con la salud no se juega, ni se debe jugar, y en menor medida, cuando afecta de forma tan preeminente a muchos deportistas de nuestro país.
Si certero fue el discurso de hablar de la salud, anteponiéndolo a otro tipo de argumentaciones en relación al dopaje. Hoy, trascurrido el tiempo, se puede afirmar que todo el ímpetu de la administración se ha quedado reducido a ese único aspecto, básicamente, y obviar, el gran reto que hemos de hacer todo, procurar los mejores y más favorables medios para que la salud de nuestro deporte esté en la mejor forma posible.
http://iusport.com/not/3140/la-tarjeta-de-salud-una-prioridad-/
Una decisión unilateral, no exenta de cierta arbitrariedad. El limbo profesional de Pedro León
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El no ejercicio profesional, al no disponer de la licencia que le habilite para poder ejercer su profesión como futbolista, obliga a mirar en una doble dirección para contextualizar el caso del futbolista del Getafe, aún, Pedro León. La primera, su derecho a ejercer su profesión; y la segunda, la licencia como instrumento de acceso al terreno laboral, en el ámbito del deporte.
Resulta chocante, sin un análisis previo pormenorizado, que esgrimir unas causas objetivas, impuestas por unos clubes, de forma unilateral, conlleve cercenar el derecho de un trabajador, en este caso, de un profesional de fútbol. La reforma laboral del año 2012, si tratamos de buscar paralelismo, establece el despido por causas objetivas, que ha dado lugar a reducir las plantillas, bajo indemnización de 20 días de salario por año de servicio, mucho menor que el despido disciplinario improcedente. La legislación laboral, con la reforma antes señalada, por tanto, reconoce como causa del despido: causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
Un tema que cuando se aprobó y se discutió en el ámbito parlamentario y en el ejecutivo no estuvo exento de controversia alguna. El Gobierno esgrimió en todo momento el hecho de aliviar a las pequeñas y medianas empresas, principalmente; y evitar la desaparición de las mismas, ajustando las plantillas a la realidad del mercado laboral. Este fue el argumento, y en la legislación laboral se establecieron nuevos marcos normativos que desarrollaron ese propio artículo del Estatuto de los Trabajadores.
Si buscamos el paralelismo entre el derecho laboral común y el derecho deportivo, encontramos que, por el contrario, tenemos una entidad, la LFP, que establece un control, bajo el principio de fair play económico, por el cual unilateralmente recomienda, bajo decisiones como la que ahora está viviendo este futbolista, limitar el endeudamiento, eso sí, a base de cercenar derechos laborales y compromisos económicos contractuales entre clubes y futbolistas; pues esto tiene mucho que ver con contratos hechos en otros momentos, obedeciendo a otras situaciones económicas.
Aún más, este sistema de límite, de forma unilateral, está consiguiendo quebrar el principio de igualdad. Pues no a todos los clubes se les aplica de forma similar. A los grandes siempre se les encuentra con qué avalar ese desfase económico. Y aquí llega el caso, que, en base a esta normativa, autoimpuesta por la LFP, conlleva, que, por ejemplo, se haya usurpado el ejercicio de la actividad profesional de este jugador, sin más alternativas que abocarle a que se reconozca en instancias deportivas administrativas, primero; y posteriormente, judiciales, el seguir ejerciendo su profesión.
Porque lo que lastra este problema es el tema de la licencia. Esto es, el instrumento persuasivo, que tiene la LFP, vía direccionada por la RFEF. Se trata de una cuestión nada baladí por cuanto cercenamos un derecho laboral, en base a una habilitación, que ha sido persuadida unidireccionalmente por parte de la LFP, sin mayor consideración laboral al respecto.
Y ahora qué toca. Quizás que haya cordura y todas las instancias del deporte y del fútbol de nuestro país, relacionen causa efecto y no pueda verse coaccionado el derecho a ejercer la profesión, de la forma que se ha llevado a cabo, instrumentalizando una decisión de un órgano ejecutivo privado, frente al ejercicio de derechos fundamentales, que deben ser vigilados por la administración, en este caso, la deportiva.
¿Cómo podríamos definir la situación de este futbolista?: ¿en paro?, ¿sin posibilidad de ejercer su profesión en el terreno de juego? ¿con acceso limitado a su ámbito laboral? ¿deslocalizado? ¿se puede mantener esa relación laboral, limitando el ejercicio para ello?
Resulta evidente que se toman decisiones, se aprueban reglamentos, pero no siempre se tienen en cuenta los contextos y la pléyade de derechos que pueden ser interpelados y socavados. Quizás convendría reflexionar sobre esto último. Y buscar fuentes del derecho, en interpretaciones objetivas de la propia Ley, caso de la Ley 10/1990, donde artículos tan significativos como el 53 de la misma, obligaría, al menos a las instancias administrativas a salvaguardar la carrera deportiva de un deportista, como en este caso de élite nacional.
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References: Real Decreto 
 artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
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 artículo 8

Artículo 8
 artículo 26
 artículo 2
 resolución 
 artículo 14
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 artículo 14
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 artículo 12
 artículo 13
 artículo 45
 artículo 45
 resolución 
 artículo 46

Artículo 48
 artículo 12
 artículo 45
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 48
 artículo 48
 resolución 
 artículo 48
 artículo 12
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 artículo 45
 resolución 
 artículo 41
 artículo 32
 resolución 
 artículo 47
 Resolución 
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 artículo 24
 artículo 12
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 artículo 45
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