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Timestamp: 2020-02-27 02:20:13+00:00

Document:
STS 46/2012, 1 de Febrero de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 353244578
STS 46/2012, 1 de Febrero de 2012
Número de Recurso: 11498/2011
Número de Resolución: 46/2012
DELITO INTENTADO DE AGRESIÓN SEXUAL. FALTA DE LESIONES. DEFECTOS EN LA GRABACIÓN DEL JUICIO ORAL. Se reclama contra la sentencia que condena al acusado como autor de un delito intentado de agresión sexual y de una falta de lesiones. Arguye el recurrente que se le imposibilita la adecuada formulación del recurso correspondiente y ulterior valoración por el tribunal, vulnerándose el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en virtud de existir defectos de la grabación del juicio oral. En el acta extendida por la Sra. Secretaria Judicial las respuestas del acusado, testigos y peritos mencionados en el motivo, sin que la parte haya indicado cuáles son aquellos pasajes probatorios de cada declaración que pudieran tener interés para la defensa de su posición, y que han sido omitidos en el Acta. Las lesiones que concurren, bajo la previsión de las reglas del concurso real, art. 73, o, en su caso, ideal, art. 77, requieren que tengan una entidad sustancial autónoma y que las lesiones sean causadas de forma deliberada y autónoma al contenido de la agresión sexual y de la violencia ejercida. El delito de agresión sexual es un delito compuesto, de una violencia o intimidación y la realización de un acto de contenido sexual sin consentimiento cuando el resultado de la violencia ejercida, "inmovilizándole los brazos", "tratar de abrirle las piernas", es tan mínimo como el declarado probado "hematomas digitiformes en el antebrazo derecho", ese resultado carece de una relevancia penal como entidad distinta de la violencia ejercida para la realización de un acto sexual no consentido por el que ha sido condenado y deben ser absorbidos por éste. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación.
Sentencia citada en: 181 sentencias, una noticia
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de Ley y vulneración de precepto constitucional que ante Nos pende, interpuesto por Patricio , contra sentencia núm. 343, de fecha 6 de junio de 2011 dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 2ª, en la causa Rollo número 13/2010 , dimanante del Sumario número 3/2010 del Juzgado de Instrucción número 9 de los de Málaga, que condenó a aquél como autor responsable de un delito intentado de Agresión Sexual y de una falta de lesiones; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Dña Pilar Tello Sánchez y defendido por la letrado Dña Concepción Díaz González.
El Juzgado de Instrucción número 9 de los de Málaga incoó el Sumario con el número 3/2010 contra Patricio por delito de agresión sexual y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección Segunda, en el Rollo de Sala núm .13/2010, con fecha 6 de junio de 2011, dictó sentencia núm. 343, que contiene los siguientes hechos probados:
"Único.- El procesado, Patricio , también conocido como Aurelio , mayor de edad y condenado con esta segunda identidad por sentencia que fue firme el 30-4-09 a pena de 1 año de prisión por delito contra la salud pública, venía ocupando una habitación en el inmueble abandonado sito en el número NUM001 de la CALLE000 de esta capital, otra de cuyas habitaciones era ocupada por Apolonia , su novio y el padre de éste. Sobre las 5 horas del 19 de mayo de 2010, aprovechando que estos dos últimos se encontraban ausentes por haberse marchado a recoger chatarra, se acercó hasta la habitación en que Apolonia descansaba. Tras acabar de abrir la puerta, que estaba entornada, se abalanzó hacia la muchacha, comenzando a besarla y a tocarle los pechos; inmovilizándole los brazos, le bajó las bragas para, a continuación, y con la intención de introducir su pene en la vagina de aquélla, tratar de abrirle las piernas. Pese a la presión ejercida y merced a la oposición de Apolonia , el procesado no consiguió la penetración, si bien, por la excitación alcanzada, llegó a eyacular sobre la chica y la cama.
Como consecuencia de la acción del procesado, Apolonia sufrió hematomas digitiformes en el antebrazo derecho, habiendo curado sin necesidad de ulterior tratamiento médico en dos días, sin incapacidad para sus ocupaciones ni secuela alguna".
"1.- Condenamos al procesado Patricio , conocido también como Aurelio , como autor penalmente responsable de un delito intentado de agresión sexual y de una falta de lesiones ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito, y a multa de 2 meses con cuota de 8 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria que corresponda en caso de impago por la falta, así como al pago de las costas.
Como consecuencia de la primera condena, se impone, además, al condenado la prohibición de acercarse y/o comunicar con Apolonia por tiempo que sobrepasará en 4 años el límite de cumplimiento de la pena de prisión, conforme a lo establecido en el párrafo 2º del artículo 57 del Código penal . El condenado indemnizará a la nombrada Apolonia con 2.400 euros, cantidad que devengará el interés previsto en el artículo 576 de la LEC .
2.- Para el cumplimiento de la pena impuesta le será abonado al condenado el tiempo que permaneció privado de libertad por esta causa si no le hubiese sido aplicado a otra.
Dedúzcase testimonio de esta sentencia y del acta de la sesión del juicio de fecha 30 de mayo de 2011 y remítase al Decanato de los Juzgados de Málaga para su reparto entre los Juzgados de Instrucción de esta ciudad a fin de proceder, en su caso, contra Agustina por la presunta comisión de un delito de falso testimonio a favor del procesado".
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma, infracción de Ley y vulneración de precepto constitucional por Patricio que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
RECURSO CASACIÓN interpuesto por el acusado Patricio . Representado por la Procuradora Doña Pilar Tello Sánchez y defendido por el Letrado Doña María Concepción Díaz González.
- Se ampara este recurso en el número 1º y del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo autorizan los artículos 847 y siguientes contenidos en el Libro V, título I, de dicha Ley Procesal .-
- Igualmente por el cauce del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por error en la apreciación de la prueba, basada en documentos obrantes en autos que no han sido contradichos.
- También por el cauce del artículo 850,1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al haberse denegado la admisión de pruebas solicitadas por la defensa en su escrito de calificación provisional.-
- Se funda en el artículo 851.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al no haberse resuelto en la sentencia los puntos fundamentales que fueron objeto de acusación y de defensa.-
- Por el cauce del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un juicio con todas las garantías.-
- Igualmente en el artículo 5.4 y 11,1 de la Ley Orgánica 61985 del Poder Judicial por vulneración del artículo 24,2, en relación al artículo 9 , 15 y 17 todos ellos de la Constitución Española y la doctrina jurisprudencial emanada de nuestro Tribunal Supremo, que configura la vulneración de preceptos de rango constitucional, como nuevo motivo de casación.
Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución y apoyó parcialmente el motivo primero del recurso e interesó la desestimación de los restantes por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió el recurso; quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día 25/1/2011.
RECURSO DE Patricio .
) Articula el recurrente seis motivos en su recurso: el primero, por infracción de ley, art. 849.1 LECr ., indebida aplicación de los arts. 178 y 179 y 617 CP ; el segundo por error en la apreciación de la prueba, por el cauce del art. 850 LECr (sic) basado en documentos obrantes en autos; el tercero en base al art. 850.1 LECr ., al haberse denegado la admisión de pruebas solicitada en el escrito de calificación provisional; el cuarto, fundado en el art. 851.3 LECr ., al no haberse resuelto en la sentencia los puntos fundamentales que fueron objeto de acusación y defensa; el quinto por el cauce del art. 852 LECr ., por infracción del derecho constitucional a la tutela judicial y a un juicio con todas las garantías; y el sexto en el art. 5.4 y 11.1 LOPJ , por vulneración del art. 24-2 CE , principio de presunción de inocencia.
Dichos motivos por razones lógicas y sistemáticas y siguiendo la pauta metodológica de los arts. 901 bis a) y 901 bis) LECr . deben ser analizados principiando por aquellos que denuncian vulneración de derechos fundamentales y quebrantamientos de forma, dejando en último lugar los motivos por infracción de ley.
) Siendo así el motivo sexto denuncia la violación del principio de presunción de inocencia del art. 24-2 CE , dado que han concurrido en la presente causa dos hipótesis en conflicto, mutuamente excluyentes, la acusatoria representada por el Ministerio Fiscal y recogida en la sentencia, y la de la defensa que niega los actos que se atribuyen al acusado. La sentencia descarta todos aquellos datos favorables a la defensa como el propio análisis de la testifical practicada en el plenario, llegando incluso a deducir testimonio contra un testigo de la defensa. Hay elementos del proceso que no han sido valorados correctamente pues existe un margen de duda más que razonable, llegándose incluso a interpretar negativamente el derecho del procesado a no declarar contra sí mismo.
Por último se analiza la prueba por la que se ha condenado al recurrente, destacando las contradicciones en las sucesivas declaraciones de la víctima y su novio, la falta de prueba de que fuera el procesado quien causara lesiones a Apolonia con la finalidad de vencer su supuesta resistencia a llevar cabo el acto sexual, y en relación a la prueba pericial de ADN lo único que acredita objetivamente es que en la cama de la denunciante existió actividad sexual, pero no puede extraerse como consecuencia de dicho hallazgo la concurrencia de los elementos que caracterizan el tipo delictivo previsto en los arts. 178 y 179 CP .
Esta Sala ha dicho reiteradamente -por todas STS 347/2009 de 23-3 - que al tribunal de casación en su función de control sobre el respeto al derecho a la presunción de inocencia, corresponde comprobar la existencia de prueba de cargo que sea objetivamente lícita, practicada con observancia de los requisitos legales condicionantes de su validez procesal bajo los principios de contradicción e inmediación, y de contenido incriminador como prueba de cargo.
) En el caso presente la sentencia recurrida forma su conocimiento, en esencia del testimonio de la declaración de la víctima del suceso que califica de sencillo y contundente , y que se encuentra objetivamente corroborado por las lesiones que presentaba en un brazo, lesiones que coinciden con las maniobras de inmovilización llevadas a cabo por el acusado, y que la presencia de manchas de semen en las sábanas de la cama, recogidas por funcionarios del CNP, que, de conformidad con el análisis del ADN, coinciden con el perfil genético del procesado.
Eficacia de estas pruebas que la Sala entiende reforzada por el testimonio del procesado, al considerar la Sala que miente, destacando como su versión en el plenario -a preguntas de su propia defensa al acogerse a su derecho de no contestar al Ministerio Fiscal- de haber mantenido relaciones sexuales con Apolonia cinco o seis veces, tanto en su cama como en la de ella, afloró por primera vez en ese momento procesal ante el resultado inequívoco del análisis de ADN, dado que en su declaración ante el juez instructor no sólo no había dicho nada de esas relaciones anteriores con la víctima (folio 49) sino que cuando en la indagatoria fue expresamente preguntado por tal circunstancia, le negó hasta el punto de no poder justificar a qué se debía la aparición de semen en las sábanas de la víctima (folio 138 y ss); e incluso por la testifical de la defensa de quien dijo ser, en un momento, pareja del acusado, quien declaró por primera vez en el juicio oral, aportando una carpeta con documentos diversos pertenecientes a Apolonia , a su novio Jose María y al padre de ésta, carpeta que fue hallada por aquella testigo, Agustina , una semana después del suceso, entre las pertenencias del procesado, y que acreditarían que entre Apolonia y Patricio existió cierta relación o vínculo.
Declaración y documentos que son valorados por la Sala señalando que entre los mismos no existe ninguno que pudiera orientar sobre cuáles podrían haber sido esos supuestos sentimientos así como la imposibilidad de un hallazgo en la fecha que dijo la testigo, hasta el punto de acordar la deducción de testimonio contra ésta por la presunta comisión de un delito contra la Administración de Justicia
Valoración de la Sala que deber ser mantenida en esta sede casacional.
En efecto en cuanto a la credibilidad de las declaraciones personales (acusado, víctima, testigo) hemos dicho STS 15.6.2010 , que como pruebas directas, se debe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata a la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto, ajeno al control en vía de recurso por un tribunal que no ha contemplado la práctica de la prueba; y un segundo nivel , necesario en ocasiones, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos.
En el caso presente, no puede sostenerse que el razonamiento del tribunal no haya sido respetuoso con las reglas del razonamiento humano, ajeno a cualquier clase de arbitrariedad y suficientemente razonado, al deducir que el procesado intervino en los hechos en la forma reflejada en los hechos probados.
) El motivo cuarto fundado en el art. 851-3 LECr . al no haberse resuelto en la sentencia los puntos fundamentales que fueron objeto de acusación y defensa, al no haber sido valorada la crítica de la defensa sobre la validez del testimonio de la víctima y las numerosas contradicciones existentes entre las versiones que ha ido ofreciendo a lo largo de la causa,
Respecto a la incongruencia omisiva, como hemos dicho en SSTS 24672011 de 14-4 y 922/2010 de 28-10. este vicio denominado por la jurisprudencia "incongruencia omisiva" o también "fallo corto" aparece en aquellos casos en los que el Tribunal de instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte, integrado en el de tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada ( STS. 170/2000 de 14.2 ). Aparece, por consiguiente, cuando la falta o ausencia de respuesta del Juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes, no comprendiéndose en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce adecuado a través de otros hechos impugnativos, cual es el ya mencionado previsto en el art. 849.2 LECrim . error en la apreciación de la prueba, o a través del cauce del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( STS. 182/2000 de 8.2 ). Por ello, no puede prosperar una impugnación basada en este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una argumentación, pues el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión ( STS. 636/2004 de 14.5 ) y desde luego, como ya hemos dicho, tampoco prosperará el motivo del recurso se base en omisiones fácticas, pues el defecto procesal de incongruencia omisiva en ningún caso se refiere a cuestiones de hecho ( STS. 161/2004 de 9.2 , 61/2008 de 17.7 ).
3) Que aún existiendo el vicio, éste no pueda ser subsanado por la casación, a través de otros pronunciamientos de fondo aducidos en el recurso ( SSTS. 24.11.2000 , 18.2.2004 ).
En síntesis, no resulta ocioso recordar, como hacen las STS 777/2009, de 24-6 y 2026/2022, de 2-12..."que la jurisprudencia constitucional -de la que la STC 58/96, de 15-4 , es fiel exponente -ha acentuado la importancia de distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar las pretensiones en sí mismas consideradas ( STS 95/90 , 128/92 , 169/94 , 91/95 , 143/95 y 58/96 ). Respecto a las primeras, no sería necesario para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no substanciales. Más rigurosa es la exigencia de congruencia respecto a las pretensiones, siendo necesario para poder apreciar una respuesta tácita -y no una mera omisión- que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita".
En definitiva, como recuerda la STS 603/2007, de 25-6 , a efectos de incongruencia omisiva, parece lógico entender que las exigencias constitucionales inherentes al derecho a la tutela judicial efectiva se colman cuando la Sala explica el porqué de sus decisiones, no siendo exigible que su razonamiento también se extienda, en términos negativos, a explicar el porqué de sus no decisiones".
Resulta evidente que el defecto invocado por el recurrente que la sentencia no ha valorado la crítica que hizo la defensa sobre la validez del testimonio de la víctima y sus numerosas contradicciones en las versiones que ha ido ofreciendo, nada tiene que ver con el motivo del art. 851-3 LECr ., habiendo la Sala, en el fundamento jurídico 1 de la sentencia, explicado de forma racional y convincente el porqué concedió credibilidad al testimonio de la víctima.
) El motivo quinto por el cauce del art. 852 LECr . por infracción del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un juicio con todas las garantías, al no haberse dado cumplimiento a lo preceptuado en el art. 743 LECr . en relación a la grabación del juicio oral. Así en el disco n.1 no ha sido grabada la declaración del procesado. En el disco n. 2 de la grabación del testimonio del novio de la denunciante Jose María y completamente inaudible en la práctica totalidad de las preguntas y respuestas, al igual que la del segundo testigo, padre del anterior, Nicanor , y son igual defectuosas todas las preguntas y respuestas dadas por la testigo de la defensa Agustina . Asimismo en este disco se ha omitido grabar la declaración del técnico de la Policía científica coautor del informe Pericial efectuado mediante vídeo conferencia.
Por ello arguye el recurrente se le imposibilita la adecuada formulación del recurso correspondiente y ulterior valoración por el tribunal, vulnerándose el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva que produce indefensión y derecho eficaz al uso de los recursos establecidos legalmente, debiéndose decretar la nulidad del juicio oral.
Es cierto que el art. 743 LECr , según la redacción de la Ley 13/2009, de 3-11, dispone que "el desarrollo de las sesiones del juicio oral se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen ", pues las alegaciones de la parte recurrente sobre este particular carecen, sin embargo, de razón, por cuanto si los medios de registro no se pudieran utilizar por cualquier causa, incluyendo, además de su inexistencia, su defectuosa técnica o deficiencias notables, la vista se documentará por medio de acta realizada por Secretario Judicial ( STS 1131/2010, de 1-12 ). Por ello el apartado 4 de la referida norma, en cualquier caso, dispone que "cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudieran utilizar por cualquier causa, el secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella, con la extensión y detalle necesario, el contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas".
Ello significa -se dice en STS 738/2010 de 22-7 - que el nuevo precepto no excluye la posibilidad de prescindir de las grabación del juicio cuando los medios técnicos de registro no pudieran utilizarse por cualquier causa, en cuyo caso la elaboración de un acta por parte del Secretario suplirá la carencia de medios del juzgado con el fin que se no se suspenda la vista oral, operando así con el sistema tradicional en tanto no se disponga de los instrumentos necesarios.
Ciertamente el supuesto que se examina no es exactamente igual por cuanto no es que no se pudieren utilizar aquellos medios técnicos de registro sino que se produjeron defectos de grabación, no quedando recogidas las declaraciones que en el motivo se señalan, pero ello no descarta la posibilidad de acudir al acta extendida bajo la fe publica del Secretario y confirmada por las partes con sus firmas y las del tribunal, y en la que se hace constar sucintamente cuanto importante hubiera ocurrido, es decir el acta levantada por el Secretario no contiene una transcripción literal del contenido de las declaraciones prestadas por los acusados y testigos durante el desarrollo del juicio oral, sino una síntesis de aquél y desde luego la constancia de su presencia y de cuantos incidentes relevantes acaezcan en el plenario. Por otra parte -hemos dicho en STS 1030/20101, de 2-12- la valoración de dichas declaraciones corresponde en exclusiva al tribunal después de haberlas percibido directa e inmediatamente. Luego en línea de principio dicha clase de prevalencia a la valoración de las pruebas hecha por la Audiencia de instancia y sólo en aquellos casos en que en el acta se revelen hechos absolutamente incompatibles con lo expresado por los Magistrados podrá suscitarse en rigor cuestión acerca de su veracidad ( STS 140/2003, de 29-10 ).
En definitiva, el acta del juicio oral sólo reproduce lo que el Secretario Judicial ha podido transcribir, sirviendo de documento público en el que constan las pruebas practicadas y los resultados de las mismas que el depositario de la fe pública estima pertinente hacer constar. Pero estas constancias no reemplazan la percepción de las pruebas de los jueces , que es la única que puede determinar los hechos probados ( STS 1265/2005, de 31-10 ).
En el supuesto examinado consta en el acta extendida por la Sra. Secretaria Judicial las respuestas del acusado, testigos y peritos mencionados en el motivo, sin que la parte haya indicado cuáles son aquellos pasajes probatorios de cada declaración que pudieran tener interés para la defensa de su posición, y que han sido omitidos en el Acta.
) El motivo tercero por el cauce del art. 850.1 LECr . al haberse denegado la admisión de pruebas solicitadas por la defensa en su escrito de calificación provisional; en concreto las del apartado 6 "más documental, A, B, y C, que fueron arbitrariamente no admitidas por resolución de 3-5-2011 al expresarse que dichas pruebas eran diligencias de investigación que debieron en su caso haber sido solicitadas en la fase instructora, cuando dichas pruebas debieron ser practicadas de oficio al ser completamente necesarias y justificadas.
Tanto esta Sala -STS 1107/2011 de 18-10 -, como el TC -S 126/2011, de 18-7 -, han declarado que el derecho a la prueba previsto en el art. 24-2 CE es un derecho de configuración legal, correspondiendo al legislador establecer las normas reguladoras de su ejercicio en cada orden jurisdiccional. Por lo tanto, para entenderlo vulnerado será preciso que la prueba no admitida, o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecido, sin que este derecho faculta para exigir la admisión de todas las pruebas propuestas, sino sólo de aquéllas que sean pertinentes para la resolución del caso.
Esta exigencia se proyecta en un doble plano: por un lado, el recurrente debe razonar en esta vía la relación entre los hechos que quisieron probar y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas; por otro lado, debe argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso "a quo" podía haber sido favorable a sus pretensiones de haberse aceptado y practicada la prueba propuesta ( STS 26/2000, de 31-3 ; 165/2001, de 16-7 ; 133/2003, de 30-6 ; 129/2005, de 23-5 ; 244/2005, de 10-10 ; 308/2005, de 11-12 ; 42/2007, de 26-2 ).
En este marco y a través de una jurisprudencia reiterada - STS 746/2010 de 27-7 , y 804/2008 de 2-12 - se ha ido perfilando un cuerpo doctrinal enunciativo de los requisitos necesarios para la estimación del motivo casacional previsto en el art. 850.1 LECr .
La diligencias probatoria ha de haber sido solicitada en tiempo y forma , en los términos exigidos pro el art. 656 LECr . respecto al procedimiento ordinario y por el art. 784 respecto al procedimiento abreviado.
Que el órgano judicial haya denegado la diligencia de prueba no obstante merecer la calificación de "pertinente". Pertinencia es la relación entre las pruebas propuestas con lo que es objeto del juicio y constituye "thema decidendi". Además ha de ser relevante, lo que debe apreciarse cuando la realización de la prueba, por su relación con los hechos a los que se acuerda la condena o la absolución u otra consecuencia penal, puedo alterar la sentencia en favor del proponente, pero no cuando dicha omisión no haya influido en el contenido de ésta.
Falta de protesta que impide el recurso de casación al amparo del art. 850 LECr y que esta Sala (SSTS 1595/99 de 16-11 ; 760/2011 de 7-3 y 379/2010, de 21-4 ) ha señalado debe hacerse en el plazo de 5 días a partir de la notificación del auto denegatorio, plazo que es el mismo que el expresado en el párrafo II del art. 212 para la preparación propiamente dicha del recurso de casación.
Prevenciones éstas omitidas por el hoy recurrente. Así, tal como recuerda el MF en su escrito de impugnación del motivo, puede discreparse de que aquellas pruebas fuesen propuestas en tiempo y forma, por cuanto como se deduce de su contenido, no consistían en reclamar documentos para su incorporación al proceso, sino que su cumplimentación dependía, a su vez, de que se practicaran otras diligencias con carácter previo, sea referido al reportaje fotográfico que se reclamaba, sea a la identificación de personas, diligencias propias del periodo instructorio, no estando justificada su práctica en la fase intermedia, tal como razonó el auto denegatorio de la Sala de 3-5-2011.
Y, en todo caso, la defensa tratándose de un sumario ordinario, se aquietó con tal auto denegatorio, al no formular la preceptiva protesta, como exige el art. 659 LECrim .
El motivo segundo por el cauce del art. 850 LECrim . por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos en documentos obrantes en autos que no han sido contradichos.
El motivo cuestiona la interpretación y valoración de la sentencia sobre la prueba pericial de ADN, obrante en la causa (folios 113 a 117), que determina la existencia de una sábana de manchas de semen que analizadas determinan un ADN compatible con el perfil genético del acusado, prueba que lo único que acreditaría es que en la cama de la denunciante existió actividad sexual pero no que fuera la noche de autos ni que correspondiera sin ningún género de dudas al procesado.
Como hemos dicho en STS 1107/2011 de 18-10 , debemos recordar que el ámbito de aplicación del motivo de casación previsto en el art. 849.2 LECrim . se circunscribe al error cometido por el Tribunal sentenciador al establecer los datos fácticos que se recogen en la declaración de hechos probados, incluyendo en la narración histórica elementos fácticos no acaecidos, omitiendo otros de la misma naturaleza por si hubieran tenido lugar o describiendo sucesos de manera diferente a como realmente se produjeron.
Asimismo han de citarse con toda precisión los documentos con designación expresa de aquellos particulares en los que se deduzca inequívocamente el error padecido y proponerse por el recurrente una nueva redacción del "factum" derivada del error de hecho denunciado en el motivo. Rectificación del "factum" que no es un fin en si mismo sino un hecho para crear una premisa distinta a la establecida y, consiguientemente, para posibilitar una subsunción jurídica diferente de la que se impugna
Respecto a los informes periciales, como destaca la Doctrina, la prueba pericial es una es una prueba de apreciación discrecional o libre y no legal o tasada, por lo que, desde el punto de vista normativo, la ley precisa que "el Tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica" ( art. 348 de la LEC ), lo cual, en último término, significa que la valoración de los dictámenes periciales es libre para el Tribunal, como, con carácter general, se establece en el art. 741 de la LECrim . para toda la actividad probatoria ("el Tribunal, apreciando según su conciencia, las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia"), sin que pueda olvidarse, ello no obstante, la interdicción constitucional de la arbitrariedad de los poderes públicos ( art. 9.3 C.E .). El Tribunal es, por tanto, libre a la hora de valorar los dictámenes periciales; únicamente está limitado por las reglas de la sana crítica -que no se hallan recogidas en precepto alguno, pero que, en definitiva, están constituidas por las exigencias de la lógica, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y, en último término, el sentido común- las cuáles, lógicamente, le imponen la necesidad de tomar en consideración, entre otros extremos, la dificultad de la materia sobre la que verse el dictamen, la preparación técnica de los peritos, su especialización, el origen de la elección del perito, su buena fe, las características técnicas del dictamen, la firmeza de los principios y leyes científicas aplicados, los antecedentes del informe (reconocimientos, períodos de observación, pruebas técnicas realizadas, número y calidad de los dictámenes obrantes en los autos, concordancia o disconformidad entre ellos, resultado de la valoración de las otras pruebas practicadas, las propias observaciones del Tribunal, etc.); debiendo éste, finalmente, exponer en su sentencia las razones que le han impulsado a aceptar o no las conclusiones de la pericia ( STS. 1102/2007 de 21.12 .
En el caso presente el Tribunal a quo no se aparta de las conclusiones del informe pericial en relación a la coincidencia del ADN extraído del semen de las sábana en la cama con el perfil genético del acusado y utiliza tal dato como elemento corroborado de la verosimilitud y credibilidad del testimonio de la víctima como prueba desvirtuadora de la presunción de inocencia de aquél.
Consecuentemente no ha cometido error alguno en la realización del referido informe.
El motivo primero con base en el núm. 1 del 849 LECri denuncia la vulneración de los arts. 178 y 179 del CP al no estar acreditados los elementos objetivos y subjetivos del delito e igualmente del art. 617 del mismo cuerpo legal , referente a la falta de lesiones por la que también ha sido condenado.
Para la adecuada resolución del motivo hemos de recordar que la vía casacional del art. 849.1 LECrim obliga a respetar el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, pues en estos casos sólo se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser los fijados al efecto por el tribunal de instancia, salvo que hayan sido corregidos previamente por estimación de algún motivo fundado en el art. 849.2 LEcrim , error en la apreciación de la prueba, o en el art. 852 LEcrim , vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaran probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este motivo queda limitado al control de la juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado.
Por ello, con harta reiteración en la práctica procesal, al hacer uso del recurso de casación basado en el art. 849.1 LEcrim se manifiesta el vicio o corruptela en no respetar el recurrente los hechos probados, proclamados por la convicción psicológica de la Sala de Instancia, interpretando soberana y jurisdiccionalmente las pruebas, más que modificándolos radicalmente en su integridad, alternando su contenido parcialmente, lo condicionan o desvían su recto sentido con hermeneútica subjetiva e interesada, o interpolarse frases, alterando, modificando, sumando o restando a la narración fáctica extremos que no contiene o expresan intenciones inexistentes o deducen consecuencias que de consumo tratan de desvirtuar la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente de antijuricidad o atipicidad, y que necesita de la ineludible sumisión de las partes.
En el supuesto examinado en la declaración fáctica se contienen los elementos integrantes de la agresión sexual de los arts. 178 y 179 en lo relativo al empleo de la violencia - que no tiene que ser irresistible y se cumple con el empleo de cualquier medio físico para doblegar la voluntad de la víctima - al referir que el acusado "se abalanzó" hacia la muchacha....inmovilizándole los brazos...tratar de abrirle las piernas...pese a la presión ejercida y merced a la oposición de Apolonia ...", y a la ejecución de actos tendentes a lograr la penetración vaginal: "...le bajó las bragas...con intención de introducir su pene en la vagina de aquella, tratar de abrirle las piernas...el proceso no consiguió la penetración, si bien, por la excitación alcanzada, llegó a eyacular sobre la chica y la cama"..., lo que implica un grado de ejecución muy próximo a la consumación, arts 16 y 62 CP .
Mejor destino ha de tener la impugnación relativa a la indebida aplicación de la falta de lesiones del art. 617.1 CP ; extremo que es apoyado por el MF.
Como hemos dicho en STS 1277/2011 de 22.11 la doctrina de esta Sala se expresa con claridad en sentencias 1078/2010 de 7.12 , 625/2010 de 6.7 , 892/2008 de 11-12 , 673/2007 de 19-7 , 886/2005 de 5.7 , 1259/2004 de 2.11 , 1305/2003 de 6.11 , ciertamente ha admitido que cuando el menoscabo de la integridad corporal o de la salud física se ha producido como consecuencia de la violencia empleada para vencer la resistencia de la víctima al ataque contra su libertad sexual el régimen de concurso es el de concurso real y ello porque el delito de violación requiere el empleo de la violencia, pero no exige la causación de lesiones corporales, de modo que el ataque a la salud y a la integridad corporal protegidos por el tipo de lesiones no es elemento indispensable del delito contra la libertad sexual. Así, se ha señalado 8STS 2047/2002, de 10.12) que "la violación solamente consume las lesiones producidas por la violencia cuando éstas pueden ser abarcadas dentro del contenido de ilicitud que es propio del acceso carnal violento, por ejemplo leves hematomas en los muslos o lesiones en la propia zona genital, no ocasionados de modo deliberado sino como forzosa consecuencia del acceso carnal forzado..." Pero cuando se sufrieren lesiones deliberadas y adicionales, como medio de vencer la resistencia de la víctima pero con entidad sustancial autónoma, procede la aplicación de lo dispuesto en el art. 73 y, en su caso del art. 77 CP , en función del tipo de concurrencia, en este supuesto no discutido. Esta es nuestra Jurisprudencia y el MF se refiere a ella para apoyar el motivo en este extremo, que debe ser estimado.
En efecto, como antes señalamos las lesiones que concurren, bajo la previsión de las reglas del concurso real, art. 73, o, en su caso, ideal, art. 77, requieren que tengan una entidad sustancial autónoma y que las lesiones sean causadas de forma deliberada y autónoma al contenido de la agresión sexual y de la violencia ejercida. El delito de agresión sexual es un delito compuesto, de una violencia o intimidación y la realización de un acto de contenido sexual sin consentimiento cuando el resultado de la violencia ejercida, "inmovilizándole los brazos", "tratar de abrirle las piernas", es tan mínimo como el declarado probado "hematomas digitiformes en el antebrazo derecho", ese resultado carece de una relevancia penal como entidad distinta de la violencia ejercida para la realización de un acto sexual no consentido por el que ha sido condenado y deben ser absorbidos por éste.
) Estimándose parcialmente el recurso las costas se declaran de oficio art. 903 LECrim .
Que debemos declarar y declaramos haber lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por infracción de ley, quebrantamiento de forma y vulneración de precepto constitucional por Patricio , contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 2ª, de 6/2/2011 , que le condenó como autor de un delito de intentado de agresión sexual y una falta de lesiones y en su virtud casamos y anulamos dicha resolución dictando nueva sentencia con declaración de oficio de las costas del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan Saavedra Ruiz Francisco Monterde Ferrer D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Luciano Varela Castro Manuel Marchena Gomez
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Málaga con el número de Sumario número 3/2010 y seguida ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, en el Rollo de Sala número 13/2010 por un delito intentado de agresión sexual y una falta de lesiones, contra Patricio , indocumentado, nacido el 15-4-1978 en Gambia, hijo de Souty y de Fatou, pero también conocido como Aurelio , nacido el 5-4-84 en Gambia, se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo , integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
) Tal como se ha explicitado en el fundamento derecho 8 de la sentencia precedente, procede la absolución por la falta de lesiones del art. 617 al quedar subsumida en el delito de agresión sexual, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 2ª, en 6-6-2011 , y procede absolver a Patricio de la falta de lesiones por la que había sido condenado.
Manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 2ª, de fecha 6-6-2011 , que condenó a Patricio como autor responsable de un delito intentado de agresión sexual, a la pena de tres años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, debemos absolverle de la falta de lesiones por la que también había sido condenado, declarando de oficio las costas correspondientes.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Juan Saavedra Ruiz Francisco Monterde Ferrer Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre Luciano Varela Castro Manuel Marchena Gomez
STS 812/2010, 6 de Octubre de 2010 (Abuso sexual, Prueba)
STSJ Andalucía 3237/2012, 15 de Noviembre de 2012
STS 161/2016, 16 de Marzo de 2016
STS 270/2006, 10 de Marzo de 2006

References: artículo 57
 artículo 576
 artículo 849
 artículo 850
 artículo 850
 artículo 851
 artículo 852
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 9
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