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Timestamp: 2015-04-21 06:29:48+00:00

Document:
Sentencia N. 751/04 - art_291
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0751/2004-R
Sucre, 14 de mayo de 2004 Expediente: 2004-08657-18-RAC
En revisión la Resolución de 5 de marzo de 2004 cursante de fs. 109 vta. a 110 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Irving Saucedo Sánchez contra Jorge Gonzales Cortez, Juez Cuarto de Sentencia de Santa Cruz, alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a formular peticiones y a la legítima defensa
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA.
En el memorial presentado el 27 de febrero de 2004, cursante de fs. 51 a 55, el recurrente expresó lo siguiente:
Se ha iniciado en su contra proceso penal a querella de Bernabe Hevia y Vaca Paz, por la presunta comisión del delito de apropiación indebida, en el Juzgado Cuarto de Santa Cruz, a cargo del juez Jorge Gonzáles Cortez, dentro del cuál y con la facultad otorgada por el art. 291 del Código de procedimiento penal (CPP), el 14 de noviembre de 2003 presentó la objeción de la admisibilidad de la querella, alegando el incumplimiento de requisitos previstos por el art. 290 del citado procedimiento; a tal efecto, el Juez recurrido señaló audiencia para el 20 de noviembre del citado año, acto que no se llevó a cabo por no haberse notificado a los sujetos procesales. Posteriormente, el 21 de noviembre del mismo año, el recurrente solicitó nuevo señalamiento de audiencia para el tratamiento de la objeción planteada; sin embargo, el Juez recurrido, sin resolver el planteamiento de la objeción de la querella, dispuso la apertura del juicio penal en contra del recurrente, Irving Saucedo Sánchez y Jorge Pommier Trigo, por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza previstos por los arts. 345 y 346, en relación al art. 349 inc. 3) todos del Código penal (CP), Auto dictado el 22 de diciembre de 2003, en el que se observó la apertura del juicio por el delito de abuso de confianza y la agravante prevista por el art. 349 inc. 3) del CP que no estaban incluidos en la querella. En la parte final de esta Resolución, el recurrido señaló audiencia para el 26 de diciembre de 2003, a efectos de considerar y resolver la objeción de la querella planteada por el recurrente, la que también fue suspendida por no haberse notificado a las partes procesales.
En mérito a la suspensión de audiencia anotada, el 9 de enero de 2004 el recurrente nuevamente solicitó se señale fecha de audiencia para resolver la objeción de la querella; el Juez recurrido, mediante proveído de 12 de enero de 2004, dispuso que los argumentos de objeción a la querella presentados por el recurrente, pueden ser planteados como incidente en el juicio, conforme lo establece el art. 345 del CPP, en virtud a que la objeción a la querella tiende a paralizar el proceso.
Finalmente, el recurrente alega que el rechazo a la objeción de admisibilidad de la querella sin fundamentación legal y, la apertura del juicio penal dispuestas por el recurrido, sin que haya un pronunciamiento expreso sobre la objeción de la querella, atenta contra sus derechos y garantías constitucionales, además, de la evidente incongruencia entre la acusación particular y el Auto de apertura del juicio en el que se incluyó el delito de apropiación indebida, más la agravante ya señalada, aspecto no contemplado en los argumentos de la querella, por lo tanto, al no ser susceptible de recursos el auto de apertura de juicio por mandato del art. 342 del CPP, se han vulnerado sus derechos constitucionales a la legítima defensa, al debido proceso, el derecho de petición y la seguridad jurídica.
Alega que se han lesionado sus garantías constitucionales a la seguridad jurídica y a formular peticiones; así, como los derechos a la defensa y al debido proceso, preceptos constitucionales previstos en los arts. 7 incs. a) y h) y 16.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
El recurso de amparo constitucional es planteado contra Jorge Gonzáles Cortez, Juez Cuarto de Sentencia de Santa Cruz, impetrando se declare procedente el recurso y se declare la nulidad de obrados hasta el momento de resolverse la objeción de la admisibilidad de la querella; asimismo, solicita imposición de costas procesales.
Instalada la audiencia pública el 5 de marzo de 2004 a horas 9:00, tal como consta en el acta de fs. 105 a 109 vta. se produjeron los siguientes hechos:
El abogado de los recurrentes ratificó los argumentos de su demanda.
La autoridad recurrida en el informe presentado el 5 de marzo de 2004, cursante de fs. 103 a 104 vta., señaló que en ningún momento rechazó la objeción a la admisibilidad de la querella, ya que no se ha dictado providencia al respecto. El 21 de noviembre de 2003, el recurrente presentó dos memoriales, en uno de ellos asumió su defensa y presentó pruebas de descargo y, en el otro, solicitó el señalamiento de audiencia para considerar la objeción a la querella, ambos memoriales fueron resueltos por Auto de 22 de diciembre de 2003, en el que se dispuso la apertura formal del juicio penal y se señaló audiencia para considerar y resolver la objeción de la querella, para el 26 de diciembre del citado año, sin embargo, la audiencia no se celebró, porque no se practicaron las notificaciones correspondientes a las partes, hecho que se reiteró en varias oportunidades. Consiguientemente, ante las suspensiones indicadas y por economía procesal, consideró que esta solicitud podría ser resuelta como incidente en la audiencia de juicio conforme dispone el art. 345 del CP, por lo que decidió dictar el Auto de apertura del juicio conforme se tiene anotado.
Con relación a la inclusión del delito de abuso de confianza en el auto de apertura del juicio, indicó que se trata de un error involuntario, por seguir un formato de auto en la computadora, pero que advertido de ese error procedió a enmendar el mismo, dictando el Auto de 1 de marzo de 2004, dejando sin efecto la apertura del juicio por el delito de abuso de confianza y, por consiguiente, el punto 2 de los hechos a probarse, por no estar contemplado en la querella. Asimismo, mediante esta Resolución, dejó sin efecto el proveído de 12 de enero de 2004, y señaló audiencia para la resolución de la objeción de la querella para el 4 de marzo del mismo año, a hrs. 9:00, la que no se llegó a realizar. Finalmente indicó que las peticiones formuladas por los recurrentes han sido atendidas oportunamente, y en ningún caso se ha negado a atender las mismas, por lo que no se han vulnerado ni restringido los derechos a la defensa, a la petición, ni al debido proceso, por cuanto pide se declare improcedente el recurso planteado.
Como terceros interesados dentro de la demanda de amparo constitucional, figuran los querellantes, quienes en audiencia expresaron que los recurrentes han presentado la objeción a la querella y no así a la admisibilidad de la misma. Por otro lado, arguyen que dicha objeción ha sido planteada fuera del término previsto por el art. 291 del CPP. En lo que se refiere a la apertura del juicio penal por los delitos de apropiación indebida y abuso de confianza, indicaron que dicha Resolución ha sido subsanada, toda vez que mediante Auto de 1 de marzo de 2004, se dispuso la apertura de juicio por el delito de apropiación indebida tal cual se había solicitado en la querella planteada. En definitiva, debe declararse improcedente el recurso por no existir violación a derechos y garantías constitucionales.
Concluida la audiencia, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró procedente el recurso anulando obrados hasta el Auto de 22 de diciembre de 2003 inclusive, bajo los siguientes argumentos: a) el art. 291 del CPP regla la forma de substanciar la objeción de la admisión de la querella, debiendo observarse el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la misma, señalándose audiencia oral donde debe resolverse en forma inmediata, considerando que esta objeción impide el juicio en si mismo por cuanto ataca la admisibilidad de la misma y la personería del querellante; en virtud de ello, no puede dictarse auto de apertura de proceso; b) la resolución respecto de la objeción de admisibilidad de la querella debe resolverse necesariamente mediante auto motivado para abrir la competencia del Tribunal de alzada conforme establece el art. 403 inc. 5) del CPP; c) al no ser recurrible el auto de apertura del proceso por disposición expresa del art. 342 del CPP, desaparece el carácter subsidiario del amparo, por cuanto el mismo es procedente; d) la providencia de 17 de diciembre de 2003, que señaló audiencia para la consideración de la objeción planteada, no fue puesta en conocimiento de las partes mediante las notificaciones correspondientes; e) el 21 de noviembre de 2003, el recurrente pidió nuevo señalamiento de audiencia para considerar la objeción a la admisibilidad de la querella; el Juez recurrido sin resolver la misma, dictó el Auto de apertura formal del juicio el 22 de diciembre del mismo año, violentando de esta manera el art. 291 del CPP y atentando contra el art. 16.IV de la CPE referido al debido proceso y acarreando nulidad de obrados hasta la infracción legal procedimental y constitucional.
De la revisión del expediente se concluye lo que a continuación se anota:
II.1.El 11 de septiembre de 2003, Bernabé Hevia y Vaca Paz presentaron memorial de querella en contra del recurrente Irving Saucedo Sánchez y el ciudadano Jorge Pommier Trigo, por la presunta comisión del delito de apropiación indebida (fs. 23 a 27), el que fue admitido mediante Auto de 17 de septiembre de 2003 (fs. 28), con el que notificaron legalmente al recurrente el 2 de octubre del mismo año (fs. 29).
II.2.El 14 de noviembre de 2003, el recurrente plantea objeción de admisibilidad de la querella y pidió el rechazo de la misma (fs. 32 a 35 vta.). El recurrido, por proveído de 17 de noviembre de 2003 (fs. 35 vta.), señaló audiencia para resolver la objeción planteada a celebrarse el 20 de noviembre del mismo año, acto que fue suspendido por haberse omitido la notificación a las partes (fs. 36).
II.3.Conforme consta a fs. 40, el recurrente solicitó señalamiento de audiencia para resolver la objeción planteada; el recurrido, mediante Auto de 22 de diciembre de 2003 (fs. 41), dispuso la apertura de juicio penal en contra de los querellados, y en la parte final de la indicada resolución, señaló nueva audiencia para la consideración y Resolución de la objeción a la querella, acto que debió celebrarse el 26 de diciembre del mismo año; sin embargo, al no haberse practicado las notificaciones a las partes, fue suspendido (fs. 42).
II.4.El 9 de enero de 2004, el recurrente solicitó al recurrido, señaló nuevo día y hora de audiencia para el tratamiento de la objeción de la querella, sin embargo, mediante decreto de 12 de enero de 2004, el recurrido dispuso que esta objeción sea planteada como incidente dentro de la audiencia del juicio oral, conforme establece el art. 345 del CPP, toda vez que tiende a paralizar el proceso por faltar algún requisito en la querella o para objetar la personería de las partes (fs. 45 vta.).
II.5.Posteriormente, mediante Auto de 1 de marzo de 2004, el Juez recurrido señaló: a) por un error involuntario abrió causa penal por el delito de abuso de confianza, cuando la querella no contemplaba tal situación, por lo que corresponde corregir y enmendar esa situación; b) la objeción de la querella, a su criterio, pudo plantearse como incidente dentro del juicio oral, debido a las continuas suspensiones que hubo para su tratamiento, y c) deja sin efecto el proveído de12 de enero de 2004 (fs. 45 vta.) en el que dispuso el tratamiento de la objeción de la querella como incidente en la audiencia del juicio oral; finalmente, señaló audiencia para este fin, el 4 de marzo de 2004 y, para la celebración del juicio oral, el lunes 22 de marzo del mismo año (fs. 62 y vta.).
II.6.Finalmente, cabe precisar que la objeción de admisibilidad de la querella, conforme admite el recurrente en el informe presentado en la audiencia de amparo constitucional, no ha sido resuelta, en la última audiencia para el tratamiento del tema que estaba fijada para el 4 de marzo de 2004, por cuanto la misma no se celebró por la inasistencia de los imputados.
El recurrente argumenta que el Juez recurrido ha dictado el Auto de apertura del juicio el 22 de diciembre de 2003, sin haber considerado y resuelto previamente la objeción de la admisibilidad de la querella planteada por éste, considerando además que dicha Resolución, por mandato expreso del art. 342 del CPP no es susceptible de ser recurrida, por lo tanto ha vulnerado sus derechos fundamentales y garantías constitucionales al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la legítima defensa y a la petición, preceptos constitucionales previstos en los arts. 7 incs. a) y h) y 16.II y IV de la CPE, por lo que solicita la tutela de los mismos mediante el recurso de amparo constitucional. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si tales extremos son ciertos y, si corresponde otorgar la tutela demandada.
III.1.El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las Leyes.En desarrollo de esta previsión constitucional, la jurisprudencia de este Tribunal, con relación al principio de inmediatez, ha establecido que "la persona que se considera agraviada, debe activar la jurisdicción constitucional máximo hasta los seis meses de tener conocimiento del acto ilegal u omisión indebida o después de haberse agotado los medios y recursos que se tengan para hacer cesar los mismos, los cuales también deben ser utilizados oportunamente, condición que exige la norma contenida en el parágrafo IV del art. 19 de la CPE y se constituye en el principio de subsidiariedad, de modo que cuando aquellos principios no son observados, este Tribunal tiene facultad para negar la tutela sin que le esté impuesto compulsar la denuncia en el fondo". (Así, las SSCC 99/2004-R de 21 de enero y 1155/2003-R de 15 de agosto, entre otras).
III.2.En el caso examinado, se tiene establecido que el recurrente se encuentra sometido a proceso penal por la presunta comisión del delito de apropiación indebida previsto y sancionado por el art. 345 del CP, que a merito de la recategorizacion efectuada por el art. 20 del CPP, se encuentra en la esfera de los delitos de acción penal privada, cuyo tramite está regulado por los arts. 375 y siguientes del CPP. En procesos de esta naturaleza, el control de admisibilidad o desestimación de la querella está bajo el control del Juez de Sentencia, conforme se entiende del contenido del art. 376 del citado Código.
III.3.El art. 291 del CPP establece el trámite que debe seguir para presentar y resolver la objeción a la admisibilidad de la querella y la personería del querellante, al disponer que: "El Fiscal o el imputado podrán objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante. La objeción se formulará ante el Juez, en el plazo de tres días computables a partir de su notificación. El Juez convocará a las partes a una audiencia oral que deberá realizarse dentro de los tres días de presentada la objeción y la resolverá inmediatamente de finalizada la audiencia". La objeción de la querella, es un mecanismo procesal que la Ley confiere al imputado, para que observe la admisibilidad de la misma y la personería del querellante, por consiguiente debe ser resuelta antes de su admisión y antes de cualquier otro actuado procesal, sin que pueda ser suplido con otros recursos como la interposición de excepciones. Esta es la línea jurisprudencial sentada por la SC 0115/2004-R, de 28 de enero de 2004, que dispone: " el Juez no podía dejar de pronunciarse previamente sobre la objeción de la querella, de modo que lo actuado a partir de esa omisión, resulta ilegal no pudiendo convalidarse a través de un procedimiento tardío sobre la mencionada objeción (...) ello acarrea la nulidad de obrados".
III.4.En el caso examinado, se tiene establecido que el Juez recurrido, no observó la previsión contenida en el art. 291 del CPP, norma procesal que al ser de orden público es de cumplimiento obligatorio, por cuanto, lejos de resolver la objeción de querella en la forma y el plazo establecidos por la citada norma legal y no obstante los reiterados reclamos formulados por el recurrente, dictó el Auto de apertura del juicio en contra de éste, acto ilegal y omisión indebida que lesionan los derechos fundamentales, al debido proceso, a la defensa y a la petición, teniendo en cuenta que por mandato expreso del art. 342 del CPP, párrafo tercero, el auto de apertura del juicio no es recurrible; en cuyo mérito, el recurrente está obligado a comparecer en juicio y, por lo mismo, no existe otro recurso para el restablecimiento de los derechos invocados; por otra parte, el recurrente tiene derecho a recibir una respuesta positiva o negativa a su planteamiento de objeción de querella, antes de la apertura del juicio en su contra, extremo que no aconteció; por lo que corresponde brindar la tutela demandada.
Por lo expuesto, se concluye que el Tribunal de amparo constitucional, al haber declarado procedente el recurso, ha compulsado correctamente los hechos y los alcances del art. 19 de la CPE.
POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce, por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE, 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional y con los fundamentos precedentes APRUEBA la Resolución de 5 de marzo de 2004, cursante de fs.109 vta. a 110 vta., pronunciada por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz.
No intervienen los Magistrados, Dres. René Baldivieso Guzmán, por estar en uso de su vacación anual; Elizabeth Iñiguez de Salinas por encontrarse con licencia y José Antonio Rivera Santivañez por estar de viaje en misión oficial.

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