Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/6501
Timestamp: 2020-06-05 04:26:06+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 82/2009
SENTENCIA 82/2009, de 23 de marzo
ECLI:ES:TC:2009:82
1. Con fecha 21 de mayo de 2007 el Procurador de los Tribunales don Raúl Martínez Ostenero, en nombre y representación de Hoteles Anar, S.L., presentó en el Registro General de este Tribunal demanda de amparo contra las resoluciones que se citan en el encabezamiento.
a) La Inspección de Trabajo de Madrid giró visita al hostal El Castillo, del que es propietaria Hoteles Anar, S.L., y levantó acta de infracción en materia de extranjería de fecha 25 de febrero de 2005 en la que proponía la imposición de una sanción de 192.032 euros a Hoteles Anar, S.L., por la presunta comisión de 32 infracciones del art. 54.1 d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, por tener a su servicio en el referido hostal a 32 trabajadoras extranjeras (que ejercían la actividad de “alternadoras-captadoras de clientes”, consistente en inducir, mediante sus atractivos físicos, al consumo de bebidas a los clientes), sin permiso de trabajo. El expediente sancionador iniciado en virtud de la referida acta de infracción concluyó con la Resolución del Delegado del Gobierno en Madrid de 16 de junio de 2005, que impuso a Hoteles Anar, S.L., la sanción indicada en los términos del acta de infracción.
b) Hoteles Anar, S.L., interpuso recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución sancionadora, siendo desestimado por Sentencia de 13 de octubre de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid (procedimiento abreviado núm. 749-2005). La Sentencia descarta que se haya producido la caducidad del expediente sancionador, en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional única del Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre, al no haber transcurrido el plazo de seis meses desde la incoación del expediente sancionador hasta su resolución. Asimismo rechaza la Sentencia que la falta de práctica de las pruebas interesadas por la recurrente en vía administrativa no le ha deparado indefensión, pues se trataba de pruebas impertinentes o inútiles, según los casos. En fin, la Sentencia considera enervada la presunción de inocencia, porque entiende que han quedado acreditados los hechos constitutivos de la infracción por la que se sancionó a la recurrente mediante las declaraciones de las 32 trabajadoras extranjeras reflejadas en el acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo, prueba documental de cargo que no ha sido desvirtuada por ninguna de las pruebas practicadas en el juicio a instancias de la recurrente.
c) Contra la anterior Sentencia interpuso la sociedad demandante recurso de apelación, que fue desestimado por Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de marzo de 2007, al declarar que no cabe recurso de apelación, por razón de la cuantía, al entender la Sala que se trata de un supuesto de acumulación de 32 sanciones distintas, ninguna de las cuales individualmente considerada excede de la suma de 18.030,36 € exigida por el art. 81.1 a) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), de suerte que la cuantía total no transmite a cada una de las sanciones la posibilidad de acceder al recurso de apelación, por lo que el recurso resulta inadmisible, procediendo su desestimación al apreciarse el motivo de inadmisión en fase de Sentencia.
3. En la demanda de amparo se alega que la resolución sancionadora lesiona los derechos de la empresa recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por falta de motivación, y a la defensa, a utilizar los medios de prueba y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), porque la Administración resolvió el procedimiento sancionador sin practicar las pruebas de descargo propuestas por la recurrente.
4. Mediante providencia de 11 de septiembre de 2008 la Sección Primera de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid para que en el plazo de diez días remitiesen, respectivamente, testimonio del recurso de apelación núm. 23-2007 y del procedimiento abreviado núm. 749-2005, y emplazasen asimismo a quienes fueron parte en dicho procedimiento, con excepción de la recurrente, ya personada, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a estos efectos de copia de la demanda de amparo presentada.
5. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 5 de noviembre de 2008, y de conformidad con el art. 56 LOTC, la sociedad recurrente solicitó que se acordase la suspensión sin fianza de la ejecución de la resolución sancionadora y de las Sentencias impugnadas, afirmando que la no suspensión le causaría perjuicios irreparables, lo que haría perder al amparo su finalidad, sin que, por el contrario, la suspensión afecte a los intereses generales ni a los derechos fundamentales o libertades públicas de terceros.
6. Por providencia de 10 de noviembre de 2008 la Sala Primera de este Tribunal acordó tener por personado y parte al Abogado del Estado, así como por recibido el escrito presentado por la recurrente en el registro general de este Tribunal el 5 de noviembre de 2008 en el que solicitaba que se acordase la suspensión sin fianza de la ejecución de la resolución sancionadora y de las Sentencias impugnadas; y ordenó asimismo esta Sala que se formase la pieza separada de suspensión, concediendo, de conformidad con el art. 56 LOTC, un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a sociedad recurrente en amparo para que, dentro de dicho término, alegaran lo que estimasen pertinente en relación con la petición de suspensión. Efectuadas las alegaciones, por ATC 388/2008, de 15 de diciembre, se acordó denegar la suspensión solicitada.
7. Mediante diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Primera de 10 de diciembre de 2008 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos, procediendo a dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal, a la representación procesal del recurrente y al Abogado del Estado por plazo común de veinte días para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme a lo establecido en el art. 52.1 LOTC.
8. El Abogado del Estado, que presentó su escrito de alegaciones en el Registro General de este Tribunal el 16 de enero de 2009, interesa la desestimación del recurso de amparo, por entender que no concurre ninguna de las vulneraciones de derechos fundamentales que se imputan por la recurrente a las resoluciones impugnadas.
Tampoco cabe —continúa el Abogado del Estado— apreciar lesión alguna de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) en la Sentencia de instancia. Las pruebas de descargo interesadas por la recurrente o eran de imposible práctica o eran irrelevantes. Por lo que se refiere a la declaración de las 32 extranjeras que ejercían la actividad de “alternadoras-captadoras de clientes” en el hostal propiedad de la recurrente, fue imposible su localización, seguramente por la ilegalidad de su situación en nuestro país. El resto de pruebas solicitadas, sin indicar tampoco los hechos que se pretendían acreditar o negar, fueron rechazadas por el Juzgado ante su evidente intrascendencia para la resolución del asunto. En fin, respecto a la pretendida lesión de la presunción de inocencia, la mera declaración testifical del encargado de la empresa sería suficiente para entender acreditada la existencia de relación laboral entre la recurrente y las 32 extranjeras sin permiso de trabajo, lo que determina la comisión de las infracciones por las que ha sido sancionada.
9. Por escrito registrado en este Tribunal el 9 de febrero de 2009 el Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones, interesando la denegación del amparo solicitado por la recurrente.
10. La representación procesal del recurrente no formuló alegaciones.
11. Por providencia de 18 de marzo de 2009 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo se dirige tanto contra la resolución sancionadora de 16 de junio de 2005 de la Delegación del Gobierno en Madrid, como contra la Sentencia de 13 de octubre de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid que la confirma, y contra la Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de marzo de 2007, que desestima el recurso de apelación interpuesto frente a la anterior, resoluciones administrativa y judiciales a las que la recurrente imputa la lesión de diversos derechos fundamentales, tal como ha quedado señalado en los antecedentes. Por su parte, tanto el Ministerio Fiscal como el Abogado del Estado interesan que se deniegue el amparo solicitado, por entender que las resoluciones impugnadas no han lesionado los derechos de la recurrente.
2. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, en la demanda de amparo se alega, en primer lugar, que la resolución administrativa sancionadora ha lesionado el derecho de la sociedad recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por falta de motivación.
Al respecto debemos recordar que, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, “frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales, tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional. Así ocurre cuando se trate de actos que limiten o restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales (SSTC 36/1982, 66/1995 o 128/1997, entre otras). También en relación con actos administrativos que impongan sanciones” (SSTC 7/1998, de 13 de febrero, FJ 6; y 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 12).
3. Asimismo se alega en la demanda de amparo que la resolución administrativa sancionadora ha lesionado los derechos de la recurrente a la defensa, a utilizar los medios de prueba y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), porque la Administración resolvió el procedimiento sancionador sin practicar las pruebas de descargo propuestas por la recurrente.
4. El rechazo de la queja precedente conduce a descartar asimismo la pretendida lesión del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), que la recurrente anuda al hecho de que la Administración resolviera el procedimiento sancionador sin practicar las pruebas de descargo que había propuesto.
En efecto, la aplicación de la doctrina expuesta al presente caso determina la desestimación de esta queja, tanto por lo que se refiere a la resolución administrativa sancionadora, como a la Sentencia que la confirma (lo que nos permite adentrarnos ya en el examen de las quejas encuadradas en la vía del art. 44 LOTC), ya que existe, sin duda alguna, actividad probatoria de cargo, válida y suficiente para enervar la presunción de inocencia de la recurrente. La resolución sancionadora se fundamenta en el acta de infracción en materia de extranjería levantada por la Inspección de Trabajo de Madrid en su visita al hostal “El Castillo”, del que es propietaria la sociedad recurrente, en la que se constata que tenía a su servicio en el referido hostal a 32 trabajadoras extranjeras sin permiso de trabajo, que ejercían la actividad consistente en inducir, mediante sus atractivos físicos, al consumo de bebidas a los clientes.
Tal acontece en el presente caso, en el que la Administración consideró acreditados los hechos constatados por la Inspección de Trabajo de Madrid en su visita al hostal “El Castillo”, por los que fue sancionada en consecuencia la recurrente, y en el que en la vía contencioso-administrativa el Juzgador no ha otorgado a esta prueba de cargo, contenida en el expediente administrativo aportado como prueba a las actuaciones, una presunción iuris et de iure de veracidad, sino que ha tenido en cuenta la prueba testifical practicada a instancias de la recurrente y ha motivado las razones (la parcialidad del testigo, sin perjuicio de que de sus propias declaraciones no se desprende la pretendida inexistencia de relación laboral entre las 32 mujeres extranjeras y la sociedad recurrente) por las que no considera que la misma tenga fuerza suficiente para desvirtuar los hechos reflejados en el atestado por los que se impuso a la recurrente la sanción de multa por la comisión de 32 infracciones del art. 54.1 d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sin que corresponda a este Tribunal, como ya se ha dicho, revisar la valoración de la prueba.
5. Descartado que la resolución administrativa sancionadora haya vulnerado los derechos que alega la sociedad recurrente, procede examinar seguidamente las quejas que se dirigen contra la Sentencia de 13 de octubre de 2006 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid que confirma dicha resolución.
Más aún, como pone de relieve en sus alegaciones el Ministerio Fiscal, es la propia recurrente la que reconoce la irrelevancia de los medios de prueba no practicados en la vía judicial, pues en el acto de la vista, tras quedar de manifiesto la imposibilidad de localizar a las 32 mujeres extranjeras a las que se refiere el acta de infracción, así como de obtener cierta prueba documental también solicitada, el Letrado de la recurrente renunció expresamente a la proposición y práctica de dichos medios de prueba, reconociendo expresamente que “tampoco es de mayor trascendencia”. En suma, procede desestimar la queja referida a la supuesta lesión de los derechos a la defensa y a utilizar los medios de prueba que se imputa a la Sentencia de instancia.
6. Resta por examinar la queja que la recurrente dirige contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con los derechos a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE). Se alega que la Sentencia no resulta motivada ni fundada en Derecho, por la generalidad, que a juicio de la recurrente, presenta la respuesta que da el órgano judicial a sus planteamientos, y por haber resuelto la cuestión relativa a la caducidad del expediente administrativo aplicando un precepto no vigente y desatendiendo la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de noviembre de 2001.
Más concretamente, este Tribunal ha declarado que la selección de las normas aplicables, así como el análisis de su vigencia y derogación, corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria de acuerdo con el art. 117.3 CE, de suerte que el control por parte de este Tribunal de la selección de la norma aplicable sólo podrá producirse, en términos generales, si se ha tratado de una decisión arbitraria, manifiestamente irrazonable o si ha sido fruto de un error patente. Tal acontece cuando se aplica una norma derogada que resulta decisiva para el fallo, lo que “convierte en irrazonable la elección de la norma aplicable, de tal manera que no puede afirmarse que estemos ante una decisión fundada capaz de satisfacer el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE” (STC 203/1994, de 11 de julio, FJ 3). Y es que, como recuerda la STC 99/2000, de 10 de abril, FJ 6, “el derecho de tutela judicial efectiva exige que las resoluciones judiciales al decidir los litigios sean fundadas en Derecho, y ese fundamento desaparece cuando con total evidencia se omite la consideración de la norma aplicable, y se decide mediante la aplicación de normas que han perdido su vigencia”. Doctrina que se reitera en la STC 144/2003, de 14 de julio, FJ 2, así como en la STC 308/2006, de 23 de octubre, FJ 7, citada expresamente por la recurrente en amparo, y dictada en un caso que guarda semejanza con el presente.
7. En cuanto al primer aspecto a que se refiere la recurrente, es decir, la denuncia de ausencia de motivación de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid, cabe decir que, en el presente caso, tras el examen de la Sentencia se llega sin dificultad a la conclusión de que no carece de motivación.
Esto es así, se razona en la Sentencia, porque en la materia que nos ocupa es aplicable la disposición adicional única del Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre, que modifica el Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, a cuyo tenor “El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores y liquidatorios por infracciones del orden social y débitos por cuotas a la Seguridad Social, a los que se refieren los artículos 20.3 y 33.2 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, será de seis meses, produciéndose en caso de falta de resolución en dicho plazo la caducidad del expediente”. Dicha normativa específica reguladora de los procedimientos sancionadores de que se trata es de preferente aplicación a las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPC), de suerte que así como en el régimen general de la LPC, a partir de la reforma por Ley 4/1999, de 13 de enero, el dies ad quem para el cómputo del plazo de caducidad de los procedimientos administrativos no es el de la resolución sino el de su notificación, sin embargo en materia de infracciones del orden social la LPC es de aplicación supletoria, a tenor de su disposición adicional séptima, sin que el Real Decreto 1125/2001 contenga una remisión a la Ley 30/1992 en cuanto a la determinación del cómputo del plazo para resolver o notificar, ni en cuanto a los efectos de la infracción de tal plazo, por lo que, de conformidad con la disposición adicional única del Real Decreto 1125/2001, el dies ad quem del plazo de seis meses que determina la caducidad de un procedimiento sancionador por infracciones en el orden social es la fecha de resolución y no la de notificación de la resolución al interesado.
8. Por otra parte, y a diferencia de lo sucedido en el supuesto contemplado en la STC 308/2006, de 23 de octubre, FJ 7, en relación con el aspecto referido al derecho a obtener una resolución fundada en Derecho debemos advertir que en el presente caso la recurrente ha recibido una respuesta judicial en cuanto a su pretensión atinente a la caducidad del procedimiento administrativo, que no puede ser calificada de irrazonable, pues, como señalan en sus alegaciones el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, la Sentencia no ha resuelto la cuestión que le fue planteada aplicando un precepto que no estuviera en vigor en el momento mismo de inicio del procedimiento administrativo, ni ha desoído la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 12 de noviembre de 2001.
En el supuesto contemplado en la STC 308/2006, FJ 7, el órgano judicial llegó a la conclusión de que no se había producido la caducidad del procedimiento ateniéndose a la redacción original del art. 20.3 del Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, por considerar que la modificación introducida por la disposición adicional única del Real Decreto 1125/2001 no resultaba aplicable al ser posterior al inicio del procedimiento administrativo. Partiendo de esta premisa, y constatado que para resolver la cuestión el órgano judicial no tuvo en cuenta el hecho de que el contenido del art. 43.4 LPC al que se remitía el art. 20.3 del Reglamento general aprobado por Real Decreto 928/1998 ya no existía, al haber sido modificado dicho precepto por la Ley 4/1999, ni tomó en consideración la doctrina legal establecida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2001 en relación con dicha modificación, este Tribunal concluyó que la Sentencia allí recurrida vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, procediendo en consecuencia el otorgamiento del amparo solicitado, toda vez que “la Sentencia impugnada ha resuelto la cuestión que le fue planteada aplicando una norma carente de vigencia en el momento mismo de inicio del procedimiento administrativo, y sin tener en cuenta el nuevo régimen legal, con la agravante de que ha desoído una doctrina legal establecida, precisamente, para resolver la problemática surgida en la aplicación del procedimiento específico establecido por el Real Decreto 928/1998, como consecuencia de la modificación sustancial introducida en la Ley de procedimiento administrativo común por la Ley 4/1999, y que, además, le vinculaba, de acuerdo con el art. 100.7 LJCA, sin que en la Sentencia impugnada se haya exteriorizado explicación alguna del motivo que llevaba al órgano judicial a no tomarla en consideración”.
Es decir, la Sentencia impugnada aplicó lo dispuesto en una norma vigente desde el inicio del procedimiento administrativo, la disposición adicional única del Real Decreto 1125/2001, norma que aun sin dar una nueva redacción al art. 20.3 del Reglamento general aprobado por Real Decreto 928/1998, “supuso una alteración sustancial en sus previsiones” (STC 308/2006, de 23 de octubre, FJ 7), al determinar que “El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores y liquidatorios por infracciones de orden social y débitos por cuotas a la Seguridad Social, a los que se refieren los artículos 20.3 y 33.2 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, será de seis meses, produciéndose en caso de falta de resolución en dicho plazo la caducidad del expediente. Cuando concurran circunstancias excepcionales, podrá acordarse la ampliación de dicho plazo máximo, en los términos previstos en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Y en aplicación de esa norma la Sentencia impugnada ha concluido que no se ha producido la caducidad del expediente alegada por la recurrente.
9. Llegados a este punto resta por examinar si, como sostiene la recurrente, ha sido lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en la vertiente de acceso a los recursos legalmente establecidos, por la Sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de marzo de 2007, que desestimó el recurso de apelación interpuesto frente a la Sentencia de instancia, por la que fue confirmada la resolución administrativa sancionadora.
Pues bien, en el caso que nos ocupa no se advierte irrazonabilidad, error patente o arbitrariedad en el razonamiento contenido en Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para acordar la inadmisión del recurso de apelación (desestimación, por apreciarse el motivo de inadmisión en fase de Sentencia) por razón de la cuantía, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 41.3 y 81.1 a) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto que se cita, al entender la Sala que, aunque la cuantía total de la sanción impuesta a la recurrente fuese de 192.032 euros, se trata de un supuesto de acumulación de 32 sanciones por la comisión de otras tantas infracciones, sin que ninguna de las sanciones individualmente considerada exceda de la summa gravaminis de 18.030,36 € exigida por el art. 81.1 a) LJCA, de forma que, aunque la cuantía del recurso contencioso-administrativo venga determinada por la suma del valor de las pretensiones objeto de acumulación, no se comunica a las de cuantía inferior la posibilidad de recurrir (art. 41.3 LJCA), siendo indiferente que la acumulación se produzca en vía administrativa o jurisdiccional.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 4574-2007
Promovido por Hoteles Anar, S.L., frente a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que desestimaron su demanda contra la Delegación del Gobierno en Madrid sobre multa por infracciones en materia de extranjería.
Tras una inspección laboral en un hostal propiedad de la mercantil, la Delegación de Gobierno impuso una sanción económica por la comisión de 32 infracciones del art. 54.1 d) de la Ley Orgánica 4/2000, al tener a su servicio otras tantas trabajadoras extranjeras en situación irregular. Interpuso recurso en primera instancia, desestimado porque el expediente sancionador se incoó en plazo y las pruebas interesadas por la parte eran impertinentes; y más tarde en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, inadmitido por razón de la cuantía.
Nos encontramos ante un recurso de amparo mixto. Comenzando con el estudio de las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales en la vía administrativa, se descarta que la resolución sancionadora careciera de motivación, ofrecida por remisión al acta de la Inspección de trabajo. Tampoco se lesionaron los derechos a la defensa y a utilizar los medios de prueba: el interesado no alegó ni fundamentó en amparo que la actividad probatoria no admitida o practicada era decisiva (SSTC 149/1987, de 30 de septiembre, 129/2005, de 23 de mayo). Asimismo, existió una actividad probatoria de cargo: las denuncias o actas de inspección valen como medios de prueba capaces de destruir la presunción de inocencia, sin que sea necesario reiterar en la vía contencioso-administrativa la actividad probatoria practicada en el procedimiento administrativo (SSTC 76/1990, de 26 de abril, 14/1997, de 28 de enero, y 35/2006, de 13 de febrero).
El segundo bloque pondera las quejas contra la resolución judicial. Sucintamente y por lo ya explicado, se descarta de nuevo la lesión del derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y a la prueba (art. 24.2 CE). En relación a la supuesta vulneración del derecho a tutela judicial efectiva y a la legalidad sancionadora, la Sentencia judicial expuso explícitamente los criterios jurídicos que fundamentaron su decisión. En lo respectivo al derecho a obtener una resolución fundada en derecho, la demandante de amparo recibió una respuesta judicial respecto a la alegada caducidad administrativa, en aplicación de la normativa vigente (STC 308/2006).
Para concluir, tampoco la Sentencia de inadmisión del recurso de apelación lesionó el acceso a los recursos legalmente establecidos: éste era inadmisible por alcanzar la cuantía prevista por la ley, sin que se apreciara falta de motivación, irrazonabilidad, error patente o arbitrariedad en el razonamiento del órgano judicial.
Las actas de inspección o infracción, en las que los funcionarios competentes consignan los hechos que observan en el curso de sus comprobaciones e investigaciones, pueden ser consideradas por la Administración como medios de prueba capaces de destruir la presunción de inocencia, sin necesidad de reiterarse en vía contencioso-administrativa la actividad probatoria de cargo practicada en el expediente administrativo (SSTC 76/1990, 14/1997 35/2006) [FJ 4].
En el proceso contencioso-administrativo, las actas incorporadas al expediente sancionador, son susceptibles de valorarse como prueba por el órgano judicial, pero no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano judicial forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada del conjunto de las pruebas practicadas (SSTC 76/1990, 14/1997 35/2006) [FJ 4].
El acceso a los recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción, de suerte que, mientras que el derecho a la obtención de una resolución judicial fundada en Derecho goza de una protección directa en el art. 24.1 CE, el derecho a la revisión de esa resolución judicial es un derecho de configuración legal al que no resulta aplicable el principio pro accione (SSTC 37/1995, 150/2004) [FJ 9].
El control constitucional de las resoluciones judiciales contra las que se alega una supuesta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos, es meramente externo y debe limitarse a comprobar si tienen motivación y si han incurrido en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad, evitando toda ponderación acerca de la corrección jurídica de las mismas (SSTC 37/1995, 150/2004) [FJ 9].
La tutela judicial efectiva garantiza el derecho a que las pretensiones se desenvuelvan y conozcan en el proceso establecido al efecto, con observancia de las garantías constitucionales que permitan el derecho de defensa, y a que finalice con una resolución fundada en Derecho, la cual podrá ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas (STC 50/1982) [FJ 8].
El derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza la satisfacción de la pretensión de ninguna de las partes del proceso ni la corrección jurídica de la interpretación de la legalidad llevada a cabo por los órganos judiciales, pues no existe un derecho al acierto judicial (SSTC 107/1994, 214/1999, 26/2009) [FJ 8].
El derecho de tutela judicial efectiva exige que las resoluciones judiciales al decidir los litigios sean fundadas en Derecho, y ese fundamento desaparece cuando con total evidencia se omite la consideración de la norma aplicable, y se decide mediante la aplicación de normas que han perdido su vigencia (SSTC 144/2003, 308/2006) [FJ 6].
Para apreciarse que en el procedimiento sancionador se lesionaron los derechos a la defensa y a utilizar los medios de prueba, el recurrente debe alegar y fundamentar en el amparo que la prueba que no fue admitida o practicada era decisiva para su defensa (SSTC 149/1987, 131/1995, 165/2001, 79/2002, 129/2005) [FJ 3].
Frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de la legalidad ordinaria, cuando se trate de actos que limiten o restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales o impongan sanciones en determinados supuestos excepcionales, tal deber alcanza una dimensión constitucional que los hace fiscalizables a través del recurso de amparo (SSTC 36/1982, 7/1998, 236/2007) [FJ 2].
Artículo 24.1, ff. 2, 6, 8, 9
Artículo 24.2 (derecho a la presunción de inocencia), ff. 3 a 6
Artículo 24.2 (derecho a la prueba), ff. 3, 5
Artículo 42.6, f. 8
Artículo 43.4, f. 8
Artículo 20.3, ff. 7, 8
Artículo 33.2, ff. 7, 8
Artículo 41.3, f. 9
Artículo 81.1 a), f. 9
Artículo 100.7, f. 8
Artículo 54.1 d), ff. 1, 4
Real Decreto 1125/2001, de 19 de octubre. Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de trabajo y Seguridad Social
Disposición adicional única, ff. 7, 8
Derecho a la presunción de inocenciaDerecho a la presunción de inocencia, ff. 3, 5
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, Respetado, ff. 2, 9
Potestad sancionadoraPotestad sancionadora, ff. 3 a 5
Motivación de las resoluciones administrativasMotivación de las resoluciones administrativas, ff. 2, 7
Resoluciones administrativas sancionadorasResoluciones administrativas sancionadoras, ff. 2, 7
Desestimación de recurso de apelaciónDesestimación de recurso de apelación, f. 9
Inadmisión de recurso de apelación contencioso-administrativoInadmisión de recurso de apelación contencioso-administrativo, f. 9
Valoración de la pruebaValoración de la prueba, ff. 3, 5
STC 38/2006STC 38/2006, Distingue, f. 8

References: Resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
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 artículo 42
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Artículo 24

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