Source: https://www.scribd.com/doc/21708327/Anteproyecto-Ley-Organica-de-Ordenamiento-y-Gestion-Del-Territorio-Aprobado-en-Primera-Discusion-en-la-AN-el-24-Sept-2008
Timestamp: 2017-03-30 05:39:31+00:00

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Anteproyecto Ley Orgánica de Ordenamiento y Gestión Del Territorio Aprobado en Primera Discusión en la AN el 24 Sept 2008
BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinREPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación TerritorialPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
Subcomisión de Ordenación del Territorio Dip. Manuel Briceño Méndez Presidente Dip. Earle Herrera Miembro Julio García Jarpa Miembro Dra. Isabel De los Ríos Consultora Geóg. Doris Valero Asistente Legislativo Soc. Guillermo Quintana Técnico Septiembre, 2008
República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial Subcomisión de Ordenación del Territorio
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO ANTECEDENTES En fecha 14 de febrero de 2006, el diputado Manuel Briceño Méndez, Presidente de la Subcomisión de Ordenación del Territorio, consignó ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, en el sentido de posponer su entrada en vigor y así mismo, se sometiera a revisión por parte de la Asamblea Nacional a través de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial, toda vez que la opción de desarrollo sustentable, endógeno, participativo y soberano pasa por una revisión de la estructura territorial del país, es decir, un plan de ordenación del territorio y una ley que los regule, fundamentados en las realidades y valoraciones ecológicas, socioculturales, económicas y geopolíticas del territorio nacional, que no se contemplan en la Ley tal como fue aprobada. Por iniciativa de la Vicepresidencia de la República, en fecha 07 de marzo de 2006, se comenzó una serie de reuniones de consulta de la ley en referencia, con la asistencia de los Ministerios del Ambiente, Infraestructura, Planificación y Desarrollo, Vivienda y Hábitat; Dirección de Seguridad y Defensa, Universidad Central de Venezuela, Cámara Venezolana de la Construcción y Asamblea Nacional. Posteriormente, y a solicitud tanto de la Asamblea como de la propia Vicepresidencia, las mismas se continuaron en la sede de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación del Territorio durante los meses de mayo, junio y julio, presididas por el diputado Manuel Briceño Méndez. De las reuniones se concluyó hacer un nuevo proyecto, que fue elaborado por el diputado Manuel Briceño, geógrafo y doctor en ordenación del territorio, e Isabel De los Ríos, abogada y doctora en ordenación del territorio, con la asistencia de la geógrafa Doris Valero y el sociólogo Guillermo Quintana, todos de la Subcomisión de Ordenación del Territorio de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional. Posteriormente, el anteproyecto fue discutido por representantes de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y de los Ministerios del Poder Popular para Ambiente, Infraestructura, Vivienda y Hábitat, Defensa, Planificación y Desarrollo, e Interior y Justicia; Procuraduría General de la República, Alcaldías de Sucre, Baruta y Libertador; las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Metropolitana y la Cámara Venezolana de la Construcción. Concluidas las reuniones y consultas preliminares se acordó solicitar de la Asamblea Nacional la derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, y someter a su consideración un nuevo proyecto sobre esta materia. Así, el 21 de febrero de 2007, la Asamblea Nacional sancionó la Ley Orgánica 2
derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y la Gestión de la Ordenación del Territorio, dejando así el espacio abierto para la formulación de un nuevo instrumento jurídico para orientar y normar la ordenación del territorio. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Sobre el principio de la Ordenación del Territorio como estrategia política que orienta, en última instancia, la distribución espacial del desarrollo, se propone la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, con el contenido político y la estructura requerida para conducir la política pública hacia la construcción de espacio geográfico socialista, estructurado y organizado en torno a los Ejes de Desarrollo Territorial, las Regiones Funcionales, los Sistemas Urbano–Rurales, las Unidades de Gestión Territorial político administrativa y las definidas por decreto como áreas bajo régimen de administración especial. Consideraciones sociales Las leyes, deben ser sustantivas por tanto deben expresar claramente el sujeto que regula. En este caso, la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio sustituye a las leyes orgánicas para la Ordenación del Territorio y de Ordenación Urbanística. El sujeto de la ley es la ordenación y la gestión del territorio; no se trata solamente de normar desde el punto de vista técnico y administrativo un orden territorial conforme a las realidades ecológicas, socioculturales, económicas y geopolíticas, sino también de gestionarlo de conformidad con el modelo de desarrollo asumido por el Estado venezolano, en el marco de la construcción de una nueva institucionalidad y la reforma del Estado, donde la participación ciudadana se revierte en el ejercicio del Poder Comunal como instancia de gestión pública y las diferentes instancias del poder del Estado, gobernaciones y alcaldías están obligadas, con carácter vinculante, a reproducir, en los ámbitos regional y local correspondientes, las estrategias y lineamientos del modelo de desarrollo nacional. La ordenación del territorio responde a una visión geopolítica de la estructura territorial y de los espacios geográficos, conforme a un modelo y a una estrategia de desarrollo. El Estado venezolano define este desarrollo como sustentable, endógeno, participativo y soberano, expresado en cinco equilibrios: social, económico, territorial, político e internacional, y dos fases: la Década de Plata 2001-2010, de transición, como fase previa, a la Década de Oro 2011-2020 que será la realización de la Revolución Bolivariana (Hugo Chávez Frías. Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico). Igualmente plantea de manera expresa la Nueva Estructura Territorial como uno de los objetivos estratégicos (Hugo Chávez Frías. Taller de Alto Nivel: El Nuevo Mapa Estratégico. 12-13 Noviembre 2004), y una manera diferente de distribuir espacialmente el poder político, económico, social y militar, es decir, la nueva geopolítica nacional, tal como se establece en las siete líneas estratégicas del Plan Nacional Simón Bolívar 2007 – 2013. Consideraciones políticas Si las leyes son los instrumentos que regulan las opciones sociales, económicas, políticas y geopolíticas contenidas en la Constitución Nacional, deben entonces tomar como fundamento, los principios que rigen esas nuevas opciones. La Ley de Ordenación y Gestión del Territorio debe considerar, en consecuencia, los componentes fundamentales de la nueva estructura territorial propuesta como objetivo estratégico: los Ejes de 3
Desarrollo Territorial y las Regiones Funcionales y los Sistemas Urbano–Rurales, como factores articuladores de territorios locales y regionales, que orientan la dimensión geopolítica interna y externa del desarrollo nacional. Por tanto, el articulado de esta ley no debe limitarse a normas procedimentales para la elaboración de planes de ordenación del territorio, y a normas específicas, más propias de un reglamento que de una ley, sobre criterios de desarrollo urbanístico. Es mediante la ordenación del territorio como se regula el aprovechamiento de los recursos, sus formas de aprovechamiento y su conservación como patrimonio social, así como la localización y distribución del desarrollo como estrategia de integración territorial en la búsqueda de un espacio geográfico socialista, organizado de tal forma que responda a los nuevos lineamientos estratégicos del desarrollo, pero que al mismo tiempo establezca claramente el carácter vinculante de esta estrategia como política pública y las unidades de gestión territorial. Lo más difícil de cambiar en un proceso revolucionario y de transformación económica y social es precisamente la estructura territorial y la organización de los espacios geográficos. Si nuestra opción es un desarrollo sustentable, endógeno, participativo y soberano, esto pasa por una nueva visión de estructura territorial del país, es decir, un Plan Nacional de Ordenación del Territorio fundamentado en las realidades y valoraciones ecológicas, socioculturales, económicas y geopolíticas del territorio nacional, como un modelo a replicar en las diferentes unidades territoriales y en las diferentes instancias de gestión del territorio, regulado por una Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio que desarrolle las normas que deben regir estos principios. Consideraciones técnicas Hoy en día, a través de la presente regulación se reconoce la pertinencia del concepto de área o espacio funcional, según el cual el criterio de clasificación de territorios no es ya su homogeneidad físico-natural y especialización económica, sino su coherencia funcional, asegurada por una ciudad que desempeña el papel de centro neurálgico del área en cuestión. El concepto de Espacio Funcional supone que el espacio socioeconómico se organiza en redes, cuyos nodos operan en escalas diferentes y cuyas relaciones constituyen la capilaridad del territorio, articulándolo y estructurándolo al mismo tiempo. Las nociones de Región Funcional y Distrito Productivo están estrechamente relacionadas con la de espacio funcional, tienen la misma base sustantiva, pero poseen un ingrediente adicional, la voluntad expresa y calculada del Estado de apoyar su desarrollo y consolidación. En este sentido, podemos asegurar, que las intervenciones en el territorio deben inscribirse en un orden preestablecido, vista la necesidad de preservarlo para futuras generaciones y de racionalizar su uso, evitando que la mayor parte de las intervenciones públicas y privadas en el mismo, sigan verificándose al margen de toda regulación, sin tomar en consideración la articulación y equilibrio del territorio nacional en su conjunto, en función de los objetivos estratégicos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Por ello, resulta imperante implantar una ordenación y gestión del territorio como un sistema basado en la coordinación y la sinergia intergubernamental, que permita una 4
efectiva territorialización de las políticas públicas, tanto las sectoriales a cargo de los distintos ministerios, como las que emanan de los niveles territoriales de gobierno. Esto significa arraigar la acción pública en cada lugar del territorio nacional, proyectarla espacialmente generando dinámicas locales considerando cada sitio con los recursos que le son propios y al territorio como una tejido de relaciones complementarias en lo social, político, económico, ecológico y geopolítico. Se plasma la ordenación y la gestión del territorio como estrategia política del Estado, dirigida a promover y regular la ocupación y uso del territorio nacional; la organización de los espacios rurales y urbanos, y con ello la organización del espacio geográfico nacional. Esta propuesta significa un cambio radical respecto del sistema de ordenación y desarrollo territorial plasmado en la ley de ordenación territorial derogada y leyes anteriores, ya que el objetivo estratégico es imprimirle coherencia y racionalidad a la acción territorial, con criterio holístico y sistémico, y no continuar fomentando el crecimiento descontrolado de nodos inconexos, cuya dinámica instaura una absoluta desnaturalización del Estado y sus instituciones. Finalmente, destaca dentro de esta nueva concepción, el papel protagónico de la ciudadanía en la formulación de los planes de ordenación y gestión del territorio, desde su concepción primaria en los espacios comunales, hasta las diferentes instancias de articulación territorial municipal, estadal, regional y nacional. Estructura de la Ley TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES En el primer título se recogen las disposiciones fundamentales que rigen la materia de ordenación y la gestión del territorio en el país. Se expone su objeto; los principios esenciales que deben regir el proceso de ordenación y gestión de la ordenación del territorio; se declara el orden público de la Ley, la utilidad pública e interés social de la ordenación del territorio y las limitaciones a la propiedad privada; determina qué se entiende por ordenación del territorio, sus objetivos, los criterios que deben regirla y su contenido. Esta primera parte acota y repercute en el resto de la ley. TÍTULO II DIMENSIÓN ECONOMICA DEL SISTEMA NACIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO El título contiene dos capítulos, el primero, en el cual se crea el Fondo Nacional para la Ordenación del Territorio y los usos a los que será empleado, y el segundo sobe los incentivos económicos y de otros tipos, su clases, los requisitos y condiciones para su otorgamiento, que pueden recibir las actividades que, además de cumplir con los planes de ordenación que, por supuesto, son de obligatorio cumplimiento, fortalezcan la estructura territorial equilibrada y las cadenas productivas y signifiquen un mejoramiento ambiental. TÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 5
La organización institucional para la ordenación y desarrollo del territorio determina los sujetos del Estado encargados del efectivo cumplimiento de las disposiciones de la Ley. Por ello, se desarrolla la naturaleza y competencias fundamentales de estas instancias públicas, donde se dispone de una estructura multidisciplinaria del Ejecutivo. Se distribuyen competencias importantes tanto al nivel nacional, como al regional, estadal y al municipal. Al Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, se le atribuye el ejercicio de la suprema autoridad de la ordenación y gestión del territorio, teniendo un papel preponderante la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio y la Comisión Técnica Nacional. Estas instancias tienen sus réplicas en los estados y municipios, con competencias acorde con el nivel territorial correspondiente. TÍTULO IV DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO No puede obviarse este punto al tratar la ordenación y planificación del territorio, siendo la primera manifestación del control ambiental. Sobre la base del desarrollo sustentable es impensable la ordenación del territorio obviando las necesidades de la población y valorando exclusivamente las de la naturaleza, lo que, por decir lo menos, arrojaría proyectos irrealizables. Dada la importancia concedida en la Constitución Bolivariana a la participación protagónica de la sociedad, este título adquiere máxima relevancia. El título consagra el derecho a la información, como requisito para la participación efectiva y se refiere a los mecanismo de información pública en materia de ordenación del territorio; la obligación de los medios de comunicación y difusión masivos de incorporar en sus programaciones los temas de ordenación y gestión del territorio que propicien la información, el conocimiento y la conciencia ambiental en la población. Se define la contraloría social y se crea la figura del representante comunitario territorial, sus funciones y su modo de elección; la consulta pública en el proceso de elaboración de los planes y los mecanismos para su realización. TÍTULO V DEL SISTEMA NACIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO La ordenación del territorio debe responder a un sistema nacional, armónico, coordinado y permanente. Así, es conveniente un Sistema de Información, el cual será gestionado por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, y que deberá contener los datos físicos, naturales, económicos y sociales, así como la información legal, relacionados con la ordenación del territorio. El título está conformado por tres capítulos, mediante el primero, se crea la Red Nacional de Observatorios Permanentes para la Ordenación del Territorio, con sus objetivos y funciones. El segundo capítulo se refiere a las unidades de ordenación del territorio, las cuales son los ejes de desarrollo territorial, las regiones funcionales, las unidades de gestión y los distritos productivos. El tercer capítulo se dedica a las áreas bajo régimen de administración especial, y las regulaciones correspondientes a la creación, desafectación, extensión, superposición de usos y otras particularidades. El capítulo se discrimina en dos secciones, una para las áreas naturales protegidas y otra para las áreas de uso especial, y sus respectivas definiciones, objetivos, categorías y régimen jurídico. TÍTULO VI DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO En este título se plasman los distintos planes de ordenación del territorio, sus definiciones, 6
objetivos, jerarquía y tipos de planes. El título presenta cuatro capítulos: El primero de los capitulos trata las disposiciones comunes a todos los capítulos que lo integran. El segundo capítulo versa sobre los diferentes planes de alcance nacional, el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, los planes de las áreas bajo régimen de administración especial, el Plan Nacional de las Zonas Costeras, el Plan Nacional de Ordenación Urbana y el Plan Nacional de Ordenación Rural, con sus mecanismos y regulaciones. El tercer capítulo contiene lo relativo a los diversos planes regionales y estadales, sus objetivos, normas para su elaboración, consultas técnicas, aprobaciones, entrada en vigor y ejecución. Un cuarto capítulo se refiere a los planes municipales de ordenación del territorio: Plan Municipal de Ordenación del Territorio, los planes de ordenación urbanística local y los planes especiales. TÍTULO VII DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO El título define lo que se entiende por gestión del territorio, sus instancias e instrumentos. Contiene tres capítulos, el primero con las disposiciones generales. El segundo capítulo versa sobre el control administrativo, las facultades de control, particularmente, las constancias de uso conforme, que es el acto administrativo autorizatorio para las actividades que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas pretendan realizar si tienen incidencia espacial e impliquen acciones de ocupación del territorio. La autoridad competente, para el otorgamiento de este acto administrativo constata, si la actividad a desarrollar está conforme con las estipulaciones del respectivo plan. Se define igualmente, qué se entiende por proyectos de importancia nacional, estadal o local, asunto de sumo interés, pues de esto dependerá la instancia que otorgará el acto administrativo y donde el solicitante deberá acudir para su tramitación. TÍTULO VIII DE LAS DISPOSICIONES SANCIONATORIAS Las sanciones son las que dan seguridad y credibilidad a la norma jurídica y los que garantizan su efectividad. La prescripción indicada por la norma se halla respaldada por esa sanción material, consecuencia del incumplimiento del deber jurídico. El título está integrado por tres capítulos. El primero sobre el régimen común a las infracciones administrativas y a los delitos, el segundo a las infracciones administrativas, y el tercero a los delitos. Los dos últimos disponen tanto las modalidades de la responsabilidad, administrativa, penal y civil; establece los procedimientos para la imposición de sanciones de modo de otorgar las garantías constitucionales a los ciudadanos; y las descripciones que constituyen infracciones administrativas o delitos, toda vez que los ciudadanos deben tener certeza de lo ilícito, de modo de poder ajustar sus conductas al ordenamiento legal. TÍTULO IX DISPOSICIONES FINALES Cierra la ley con disposiciones acerca de la reglamentación, el plazo para la elaboración de los planes de ordenación del territorio, la vigencia de los reglamentos existentes a la fecha hasta tanto se promulguen los nuevos y con una disposición derogatoria de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, del año 83 y de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Prevé su entrada en vigor para la fecha de su publicación en Gaceta Oficial.
LEY ORGÁNICA PARA LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que regirán los procesos nacionales, regionales y locales, de ordenación y gestión del territorio, de conformidad con la estrategia nacional de desarrollo, los patrimonios territoriales de la Nación, las realidades y las valoraciones ecológica, sociocultural, socioeconómica y geopolítica, de esos patrimonios, para orientar la distribución espacial del desarrollo y el fortalecimiento del Poder Comunal Artículo 2. Principios El Ejecutivo Nacional velará porque todas las actividades y disposiciones que regulan el proceso de ordenación y gestión de la ordenación del territorio, se realicen bajo los principios de: 1. Soberanía nacional: En reconocimiento de sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales, le incumbe al Estado la facultad de regular la ordenación del territorio de acuerdo a sus leyes nacionales y acuerdos internacionales suscritos por la República. 2. Equilibrio territorial: La ordenación del territorio deben dirigirse a erradicar los hechos y causas que favorezcan las desigualdades territoriales derivadas de la localización de las actividades productivas, por lo que debe responder a la vocación específica y ventajas comparativas de cada espacio que integra el territorio nacional, racionalizando los criterios de inversión, distribución y recaudación de recursos públicos e incentivando la inversión privada. 3. Desarrollo endógeno: La ordenación del territorio debe orientar la distribución espacial óptima del desarrollo, a partir de la consideración de los factores locales, según el modelo caracterizado por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales con base en las capacidades, potencialidades y habilidades propias de la población que habita un territorio, conforme a sus ventajas comparativas, y que permita la integración de cadenas productivas, capaces de crear, fortalecer o consolidar economías locales y regionales, y generar equilibrios sociales, económicos y territoriales. 4. Desarrollo sustentable: La ordenación del territorio debe atender a un desarrollo armónico en lo económico, lo social, lo político y lo cultural; donde los impactos sobre los ecosistemas no transgredan los niveles de tolerancia para garantizar su reproducción y permanencia en el tiempo, y deben, igualmente, redundar en una distribución equitativa de sus beneficios y bondades. 5. Precaución: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no servirá de fundamento para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir los desequilibrios territoriales y la inadecuada ocupación del espacio.
6. Corresponsabilidad: La ordenación y gestión del territorio es un deber compartido entre el Estado y la sociedad, por lo que el Estado proveerá los mecanismos para la efectiva participación de la comunidad organizada en los procesos de ordenación y gestión del territorio. Las cargas y beneficios derivados deberán ser distribuidos, de manera justa, entre los involucrados 7. Prevención de riesgos: Es principio de esta Ley tomar en consideración la variable riesgo para el ordenamiento territorial normativo del país, para lo cual se tomarán en cuenta las amenazas o peligros latentes, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 8. Responsabilidad por los daños: Los costos de recuperación, restauración, compensación y saneamiento del deterioro ambiental y los de reordenación, si es el caso, serán por cuenta del causante del daño, expresados en unidades tributarias. 9. Seguridad y defensa: La ordenación del territorio debe desarrollarse según las pautas de ocupación basadas en el marco estratégico de la seguridad y defensa nacional, con un control tangible y equilibrado del territorio nacional. Artículo 3. Declaratoria de orden público Se declaran de orden público todas las normas relativas a la ordenación del territorio. Artículo 4. Declaratoria de utilidad pública e interés social Se declaran de utilidad pública e interés social la ordenación y la gestión del territorio Artículo 5. Limitaciones a la propiedad Los usos regulados por los planes de ordenación del territorio se consideran limitaciones legales a la propiedad y en consecuencia no originan, por sí solos, derechos a indemnizar. La indemnización sólo podrá ser reclamada en los casos de limitaciones de tal magnitud que desnaturalicen las facultades del derecho de propiedad, siempre que produzcan un daño cierto, efectivo, actual, individualizado y cuantificable económicamente. En esos casos, las autoridades competentes deberán proceder a decretar la expropiación, conforme a la ley especial y en el plan respectivo de ordenación del territorio se deberá establecer el lapso para la ejecución de la expropiación correspondiente, cónsono con la naturaleza y alcance de la actividad a realizar. Cuando el lapso sea superior a tres (3) años, la autoridad competente deberá establecer un régimen transitorio de uso efectivo de la propiedad afectada. Artículo 6. Ordenación del territorio Se entiende por Ordenación del Territorio, la estrategia política del Estado para orientar la distribución espacial del desarrollo, la ocupación del territorio y el uso de los recursos naturales, así como la localización y organización de la red de centros poblados de base urbana y rural; promoviendo la inversión pública y privada, y la dotación de las infraestructuras, equipamientos y servicios, necesarios para la consolidación de los asentamientos humanos y la localización de las actividades productivas, con base en los recursos disponibles y las ventajas comparativas asociadas a su localización. Artículo 7. Objetivos de la ordenación del territorio Los objetivos de la ordenación del territorio son: 1. Consolidar el territorio, a través de la definición de sus mejores usos de acuerdo a sus capacidades, condiciones específicas, realidades ecológicas, socioculturales, geopolíticas y potencialidades 9
2. Coadyuvar el desarrollo rural integral apoyado en la evaluación y clasificación de las tierras, de las áreas o sitios con potencial pesquero y para la acuicultura, de acuerdo con su vocación de uso. 3. Incentivar la ordenación turística integral a nivel nacional, regional, estadal y municipal. 4. Estructurar la red de centros poblados de base urbana y rural. 5. Identificar los distritos productivos 6. Definir los corredores de servicio, las grandes redes de transporte multimodal y las obras de infraestructura. 7. Definir las áreas bajo régimen de administración especial para su conservación, manejo y aprovechamiento sustentable, procurando la conformación de corredores biológicos. 8. Incentivar la conservación y uso sustentable de los recursos naturales. 9. Determinar los espacios sujetos a riesgos asociados a fenómenos naturales, tecnológicos o antrópicos, así como los mecanismos de prevención idóneos para salvaguardar la vida de la población, disminuir su vulnerabilidad y racionalizar el uso de los recursos destinados a inversión. 10. Contribuir a la demarcación de los hábitats y tierras de los pueblos y comunidades indígenas, así como el respeto a las formas de uso tradicional de los recursos naturales que ancestralmente han realizado estas comunidades, para garantizar su integridad cultural, social y económica de acuerdo a la Ley que rige la materia. 11. Establecer los criterios prospectivos y los principios que orienten los procesos de urbanización, industrialización y la conformación de regiones funcionales, distritos productivos, zonas especiales de desarrollo, sistemas de centros poblados, en armonía con el ambiente y la diversidad biológica. 12. Contribuir a la generación y equitativa distribución de la riqueza que beneficie prioritariamente las regiones económicamente deprimidas, considerando todos los ámbitos y particularidades de la diversidad geográfica. 13. Incentivar las acciones y regulaciones tendientes al desarrollo de regiones, distritos productivos, zonas especiales de desarrollo, y centros poblados, a través de la planificación, gestión y mejoramiento de la calidad de vida. 14. Promover la generación de condiciones óptimas para el desarrollo urbano sustentable. 15. Optimizar la coordinación entre el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, para la correcta ejecución y seguimiento de los Planes y actividades de importancia nacional definidas por el Ejecutivo Nacional. 16. Mejorar las condiciones del medio rural y la creación de la infraestructura necesaria para el fomento de la actividad del sector agrícola. Artículo 8. Criterios para la ordenación del territorio La ordenación del territorio se regirá por los siguientes criterios 1. Holismo: debe integrar las realidades físico–naturales, socio-económicas, culturales y político–administrativas, que interactúan con los flujos de población y sus actividades; la producción de bienes y servicios; y la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad en el territorio nacional. 2. Prospección: debe identificar las tendencias de uso y ocupación del territorio con una visión de futuro, considerando el impacto de las políticas sectoriales para alcanzar el modelo territorial deseado y posible. 3. Sistematicidad: debe ser organizada y apoyada en un conjunto de instrumentos, normas y procedimientos que impulsen el proceso de la gestión de la ordenación y gestión del territorio, así como la planificación del desarrollo sustentable y endógeno. 10
4. Continuidad y dinamismo: debe mantenerse en el tiempo y ser lo suficientemente flexible para adaptarse constantemente a los cambios que ocurran en el entorno. 5. Sustentabilidad: debe tomar en consideración prioritariamente el mejoramiento del nivel de vida de las mayorías y la conservación del ambiente. 6. Valorización: debe tomar en consideración los valores ecológicos, socioculturales, económicos y geopolíticos del territorio. Artículo 9. Contenido La ordenación del territorio comprende: 1. La definición de los mejores usos del territorio de acuerdo a sus capacidades, condiciones específicas y limitaciones ecológicas. 2. El establecimiento de criterios prospectivos y de los principios que orienten los procesos de urbanización, industrialización, desconcentración económica y de asentamientos humanos en armonía con el ambiente. 3. La mejor distribución de las riquezas que beneficie prioritariamente a los sectores y regiones de menores ingresos y a las localidades menos favorecidas. 4. Los lineamientos para el desarrollo regional sustentable que, aprovechando las ventajas comparativas, permita minimizar las desigualdades territoriales. 5. La ordenación rural integral, que mejore las condiciones de habitabilidad del medio rural y la creación de la infraestructura necesaria para el fomento de la actividad del sector agropecuario. 6. La adecuación de la ordenación urbanística a los postulados de la ordenación territorial y de la calidad del ambiente. 7. La estructuración del sistema urbano. 8. La identificación de nuevas áreas para la localización industrial, con el objeto de lograr un desarrollo económico más equilibrado y un racional aprovechamiento de los recursos naturales dentro de los límites del desarrollo sustentable. 9. La definición de los corredores de servicio, las grandes redes de transporte multimodal y las grandes obras de infraestructura. 10. El fomento de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación ciudadana en las soluciones relacionadas con la ordenación del territorio y la regionalización; 11. La identificación y análisis de espacios sujetos a riesgos naturales, tecnológicos o sociales, así como la previsión de planes de contingencia como mecanismos idóneos para salvaguardar la vida de la población y racionalizar el uso de los recursos destinados a inversión. 12. La desconcentración administrativa, a los efectos de lograr una adecuada participación de las regiones, estados y municipios. 13. Cualquier otra actividad que se considere necesaria al logro del objeto de esta Ley. TÍTULO II DIMENSIÓN ECONOMICA DEL SISTEMA NACIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CAPÍTULO I FONDO PARA LA ORDENACIÓN EL TERRITORIO Artículo 10. Creación del Fondo Se crea el Fondo Nacional para la Ordenación del Territorio, para financiar la elaboración y gestión de los planes de ordenación. En la Ley de Presupuesto deberá preverse las 11
asignaciones correspondientes para cada organismo con competencia en la elaboración y control de los planes. Artículo 11. Usos del Fondo El Fondo será empleado para la elaboración y control de los planes de ordenación del territorio y para crear y consolidar la capacidad técnica necesaria para la gestión y evaluación permanente de la política territorial, nacional, regional, estadal y local. CAPÍTULO II INCENTIVOS ECONÓMICOS Artículo 12. Incentivos El Estado podrá incentivar aquellas actividades productivas que respondan a todos o a algunos de los criterios siguientes: no ser por sí solas suficientemente rentables para la inversión privada, generar empleo y efecto multiplicador en cantidades significativas y ser de naturaleza endógena, es decir: incorporar en medida significativa iniciativas, gerencia, trabajo e insumos locales. Tales incentivos podrán consistir en incentivos económicos, fiscales, de apoyo tecnológico u organizacional o la construcción, ampliación o mantenimiento de infraestructuras físicas ligadas a las actividades incentivadas. Artículo 13. Clases de incentivos económicos y fiscales Los incentivos a que se refiere este capítulo son: 1.- Sistema crediticio, financiado por el Estado o los entes multilaterales y administrados por el sistema bancario. 2.- Exoneración parcial del pago del Impuesto sobre la Renta, tasas y contribuciones. 3.- Exoneraciones del Impuesto al Valor Agregado u otro impuesto equivalente. 4.- Cualquier otro incentivo económico legalmente establecido. Artículo 14. Otorgamiento de los incentivos Para el otorgamiento de los incentivos se exigirá la aprobación, por los organismos competentes, de los estudios y proyectos correspondientes y en los cuales se determinarán el área geográfica, el tipo de industria, la actividad, los medios, y cualquier otra condición que se considere conveniente, conforme a estudios técnicos y evaluación de ventajas comparativas de localización. Artículo 15. Inversión de los enriquecimientos Los enriquecimientos provenientes de las industrias que hayan sido beneficiadas por la aplicación de la presente ley, estarán exonerados del pago del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio económico en el cual inicie el funcionamiento del proceso o tecnología. Para el cálculo de dicha exoneración se aplicará a la renta neta al inicio de ese ejercicio, el porcentaje que resulte de relacionar la inversión efectuada con el valor según libros, de los activos fijos que no sean terrenos ni edificios destinados a la producción de la renta. La exoneración se aplicará durante cinco ejercicios económicos consecutivos. Artículo 16. Condiciones para el otorgamiento de incentivos El Estado podrá otorgar incentivos fiscales a las personas naturales o jurídicas que: 1. Reubiquen sus instalaciones productivas y fortalezcan la estructura territorial equilibrada. 12
2. Instalen zoocriaderos de especies de la fauna silvestre de bajo nivel poblacional para su aprovechamiento comercial. 3. Realicen actividades de reforestación o aforestación y amplíen la cobertura forestal nacional. Se excluyen de esta disposición las repoblaciones establecidas como cláusulas contractuales, en los planes de manejo, en los permisos anuales y de las que resultaren de sanciones compensatorias. 4. Realicen actividades que, por su localización, propendan al fortalecimiento de las cadenas productivas. TÍTULO III DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Artículo 17. Suprema autoridad El Presidente o la Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, ejercerá la suprema autoridad de la ordenación y gestión del territorio, en cuya condición podrá coadyuvar al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, así como de los principios y valores constitucionales. Artículo 18. Autoridad Nacional La autoridad nacional en materia de ordenación y gestión del territorio será ejercida por el Ministerio del Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás normas. Artículo 19. Autoridad regional La Presidenta o el Presidente de la República designará una Autoridad Regional para cada región funcional, para el desarrollo de políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio que así lo requieran. Artículo 20. Competencias de la Autoridad Regional Corresponde a la Autoridad Regional, actuando en su carácter de agentes del Ejecutivo Nacional en la respectiva región: 1. Ejercer la representación de la Comisión Regional de Ordenación y Desarrollo del Territorio. 2. Diseñar, coordinar y ejecutar bajo los lineamientos de la Comisión Central de Planificación, las políticas y directrices para el logro de los objetivos en las materias delegadas por la Presidenta o el Presidente de la República. 3. Seguir, evaluar y controlar las acciones y actividades del gobierno nacional en la región, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le señale la Presidenta o el Presidente de la República directamente o a través de la Vicepresidenta o Vicepresidente Ejecutivo de la República. 4. Ejercer el control funcional y operacional sobre los órganos y entes de la Administración Pública Nacional con competencia en la región correspondiente, a los efectos de coordinar la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas orientadas al desarrollo de la región. 5. Coordinar la acción de los órganos y entes de la Administración Pública central, descentralizada y otras formas de organización comunal, para la ejecución de políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio en la región. 6. Gestionar y establecer un sistema de información geográfico de la región (SIG). 13
7. Requerir la colaboración y apoyo de la fuerza pública en la región, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. 8. Informar a la Presidenta o al Presidente de la República y al Vicepresidente o Vicepresidenta Ejecutiva sobre la ejecución y los resultados de las políticas públicas del gobierno nacional en la región. 9. Proponer ante la máxima autoridad del órgano o ente correspondiente, el nombramiento y remoción de las funcionarias y funcionarios del Ejecutivo Nacional, en la respectiva región. 10. Coordinar con las autoridades competentes de la región, el diseño de medidas para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia y catástrofe. 11. Dar seguimiento al Plan Regional de Ordenación y Desarrollo del Territorio, así como las actividades de importancia Nacional definidas por el Ejecutivo Nacional. 12. Intermediar en las relaciones de los distritos productivos, órganos integrados y demás entes bajo su adscripción, con las distintas instituciones del Poder Público Estadal y Municipal, salvo aquellas actuaciones que por su naturaleza y otras consideraciones procedentes deban ser realizadas ordinariamente ante la autoridad estadal o municipal. 13. Realizar el seguimiento y control estadístico de las actividades y proyectos ejecutados en la región. 14. Cumplir con las demás atribuciones y competencias que le sean asignadas por la Presidenta o el Presidenta de la República, en el marco de lo establecido en la presente Ley, así como por el decreto de delimitación de la región. Artículo 21. Directrices vinculantes Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, con atribuciones en el ámbito territorial de la región, o atribuciones relativas a la ejecución de los planes, proyectos y acciones calificadas como de importancia regional o nacional, estarán funcional y operativamente sometidos a la dirección y coordinación superior de las Autoridades Regionales, en orden a la consecución de los objetivos que le corresponden. Las Administraciones Públicas Estadales y Municipales, y sus entes descentralizados funcionalmente estarán sometidos a las directrices impartidas por las Autoridades Regionales para el logro de su objeto, debiendo colaborar activamente en la ejecución de los planes, proyectos y acciones calificadas como de importancia regional o nacional, en orden a la consecución de los fines del Estado. Artículo 22. Autoridad Estadal La autoridad estadal en materia de ordenación y gestión del territorio en cada estado será ejercida por el gobernador o gobernadora en el seno de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio. Artículo 23. Autoridad Municipal La autoridad municipal en materia de ordenación y gestión del territorio en cada municipio será ejercida por el alcalde o la alcaldesa en el seno de la Comisión Municipal de Ordenación del Territorio. Artículo 24. Autoridad del Distrito Capital La autoridad en materia de ordenación y gestión del territorio en el Distrito Capital será ejercida por el alcalde o alcaldesa del Distrito, de manera coordinada con los alcaldes o alcaldesas de los municipios que lo integran, cada uno dentro de su jurisdicción. 14
Artículo 25. Autoridad Distrital La Autoridad Regional designará una Autoridad Distrital para cada uno de los distritos productivos bajo su dirección y control, para el desarrollo de políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio. Artículo 26. Competencias de la Autoridad Distrital Corresponde a la Autoridad Distrital, actuando en su carácter de agentes del Ejecutivo Nacional en el respectivo Distrito Productivo: 1. Diseñar, coordinar, dirigir y supervisar bajo los lineamientos de la Autoridad Regional, las políticas y directrices para el logro de los objetivos en materias de ordenación y desarrollo del territorio. 2. Dirigir y supervisar las acciones y tareas del gobierno nacional en el Distrito Productivo, de conformidad con las orientaciones, órdenes e instrucciones que le señale la Autoridad Regional. 3. Ejercer el control funcional y operacional sobre los órganos y entes de la Administración Pública Nacional con competencia en el Distrito Productivo correspondiente, a los efectos de coordinar la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas orientadas al desarrollo del Distrito Productivo que le corresponda. 4. Coordinar la acción de los órganos y entes de la Administración Pública y de las organizaciones comunitarias, para la ejecución de políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio. 5. Gestionar y establecer un sistema de información geográfico de la región (SIG). 6. Requerir la colaboración y apoyo de la fuerza pública en el área de influencia, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. 7. Informar a la Autoridad Regional sobre la ejecución y los resultados de las políticas públicas del gobierno nacional en el área correspondiente. 8. Coordinar, bajo las instrucciones impartidas por la Autoridad Regional, con las autoridades competentes el diseño de medidas para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia y catástrofe. 9. Dar seguimiento al Plan Distrital de Ordenación y Desarrollo del Territorio, así como las actividades de importancia nacional y regional definidas por el Ejecutivo Nacional. 10. Realizar el seguimiento y control estadístico de las actividades y proyectos ejecutados en el Distrito Productivo. 11. Cumplir las demás directrices y funciones que le sean asignadas por la Autoridad Regional. 12. Las demás establecidas en la ley. Artículo 27. Comisión Nacional de Ordenación del Territorio Se crea la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, presidida por la Autoridad Nacional de la ordenación del territorio, la cual queda integrada por un representante de cada uno de los siguientes organismos: 1. Autoridad Nacional del Ambiente 2. Autoridad Nacional de Planificación y Desarrollo 3. Autoridad Nacional de Infraestructura 4. Autoridad Nacional de Agricultura y Tierras 6. Autoridad Nacional para la Vivienda y Hábitat 7. Autoridad Nacional de la Defensa 8. Autoridad Nacional de Turismo 15
9. Autoridad Nacional de Energía y Petróleo Artículo 28. Competencias de la Comisión Nacional Corresponde a la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio las competencias siguientes: 1. Formular las políticas de la ordenación del territorio, tomando en cuenta entre otras directrices, el Mapa y Objetivos Estratégicos y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. 2. Coordinar e impulsar las acciones para la revisión, actualización y aprobación del Plan Nacional de Ordenación del Territorio. 3. Asegurar la adecuación de los planes establecidos en esta Ley con las previsiones del Plan Nacional de Ordenación del Territorio. 4. Someter el Plan Nacional de Ordenación del Territorio a un proceso de consulta pública, considerando la participación de los representantes de organismos públicos, privados y de la comunidad organizada, nacional, regional, estadal y municipal. 5. Someter el Plan Nacional de Ordenación del Territorio a la aprobación del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros. 6. Conocer y pronunciarse sobre la adecuación de los grandes proyectos de infraestructura, a las directrices establecidas en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio. 7. Resolver los conflictos que pudieran surgir entre los diversos planes. 8. Conocer y pronunciarse acerca de las solicitudes de cambio de uso establecido en los diferentes planes de Ordenación del Territorio. 9. Propiciar la promulgación de una normativa legal tendiente a mejorar los procesos inherentes a la ordenación territorial. 10. Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y las políticas, sistemas, procedimientos y normas que regulan las actividades de la ordenación y gestión del territorio. Artículo 29. Comisión Técnica Nacional Se crea la Comisión Técnica de Ordenación del Territorio integrada por un representante de las unidades con funciones y competencias en materia de ordenación del territorio de los siguientes Ministerios y sus organismos adscritos. 1. Autoridad Nacional de Planificación y Desarrollo 2. Autoridad Nacional de Infraestructura 3. Autoridad Nacional de Agricultura y Tierras 4. Autoridad Nacional de Energía y Petróleo 5. Autoridad Nacional de Vivienda y Hábitat 6. Autoridad Nacional de Interior y Justicia 7. Autoridad Nacional de Defensa 8. Autoridad Nacional de Turismo 9. Autoridad Nacional de Industrias Básicas y Minería 10. Autoridad Nacional de Relaciones Exteriores 11. Autoridad Nacional de Economía Popular 12. Autoridad Nacional de Ciencia y Tecnología 13. Secretaría Permanente del Consejo de Defensa de la Nación.
La Secretaría de la Comisión Técnica estará adscrita a la Autoridad Nacional del Ambiente, y estará dirigida por el representante de este Ministerio en la Comisión Nacional con arreglo a lo que se prevea por decreto. Artículo 30. Competencias de la Comisión Técnica Nacional Corresponde a la Comisión Técnica de Ordenación del Territorio las competencias siguientes: 1. Coordinar la participación de los diferentes organismos en la elaboración de los estudios técnicos requeridos para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio; y en particular para elaborar el Plan Nacional de Ordenación del Territorio. 2. Elaborar el proyecto de Plan Nacional de Ordenación del Territorio e informes técnicos y estudios derivados de un proceso permanente de consulta interinstitucional y multidisciplinario con los organismos competentes para asegurar el cumplimiento de los aspectos que deben ser desarrollados. 3. Coordinar el proceso de consulta pública e institucional del Plan Nacional de Ordenación del Territorio. d. Verificar la adecuación de los proyectos de planes relacionados a la ordenación territorial conocidos por la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio. 4. Recibir y canalizar las sugerencias de trabajo de los integrantes de la Comisión Nacional. 5. Elaborar los pronunciamientos sobre las consultas propuestas a la Comisión Nacional . 6. Desarrollar un sistema de información sobre ordenación del territorio, así como el archivo de los expedientes y documentos de la Comisión Nacional y de la Comisión Técnica Nacional. 7. Distribuir los documentos elaborados en el seno de la Comisión, a solicitud escrita de toda persona interesada, dando cuenta a la Comisión Nacional. 8. Mantener comunicación y facilitar el intercambio de información con otras Comisiones con inherencia en la Ordenación del Territorio. 9. Las demás funciones que le sean asignadas por la Comisión Nacional. Artículo 31. Comisiones Regionales de Ordenación del Territorio En aquellos casos en que se formaren regiones funcionales, se creará la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, presidida por los representantes la Organización Regional de Planificación y conformada por los representantes de los Gobernadores o Gobernadoras y los máximos representantes de los organismos del Ejecutivo Nacional con representación en cada uno de los estados que integran la región funcional. Artículo 32. Comisiones Estadales de Ordenación del Territorio En cada estado se crea una Comisión Estadal de Ordenación del Territorio, presidida por el gobernador o gobernadora del estado, y estará integrada por las Corporaciones de Desarrollo Regional y los siguientes Ministerios: Autoridad Nacional del Ambiente Autoridad Nacional de la Defensa Autoridad Nacional de Agricultura y Tierras Autoridad Nacional de Industrias Básicas y Minería Autoridad Nacional de Infraestructura Autoridad Nacional de Energía y Petróleo. 17
Artículo 33. Competencias de la comisiones estadales Son competencias de la comisiones estadales de Ordenación del Territorio las siguientes: 1. Elaborar y aprobar el Reglamento Interno de la Comisión. 2. Coordinar e impulsar las acciones para la elaboración, revisión y actualización del Plan Estadal de Ordenación del Territorio, de acuerdo, a las directrices del Plan Nacional y Regional de Ordenación del Territorio. 3. Someter el proyecto de Plan Estadal de Ordenación del Territorio, desde el inicio de la elaboración, a un proceso de consulta pública, a través de los mecanismos que al efecto determine el reglamento de la Ley, los cuales considerarán la participación de los representantes de organismos públicos, privados y de la sociedad civil. 4. Someter el proyecto de Plan Estadal de Ordenación del Territorio o su actualización a la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, para su verificación con las directrices del Plan Nacional de Ordenación del Territorio. 5. Someter el Plan Estadal de Ordenación del Territorio a la aprobación del gobernador o gobernadora del estado. 6. Conocer y pronunciarse sobre la pertinencia de la localización de las actividades de importancia estadal de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Plan Estadal de Ordenación del Territorio. 7. Conocer y evaluar las solicitudes de cambio de uso en el marco del proceso de revisión y actualización del Plan Estadal de Ordenación del Territorio. 8. Notificar a la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio los cambios de uso efectuados en el Plan Estadal de Ordenación del Territorio. 9. Participar en la elaboración del Plan Municipal de Ordenación del Territorio y pronunciarse sobre la pertinencia o no de su aprobación. 10. Participar en la elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano Local, de los Esquemas de Ordenamiento Sumarios, Planes Especiales y pronunciarse sobre la pertinencia o no de su aprobación. Artículo 34. Comisión Técnica Estadal Cada Comisión Estadal de Ordenación del Territorio, contará con una Comisión Técnica, cuya secretaría corresponderá a la Dirección Estadal Ambiental de la Autoridad Nacional Ambiental, quien la ejercerá en las mismas condiciones descritas para la Comisión Nacional, en cuanto sean aplicables Artículo 35. Comisiones Municipales de Ordenación del Territorio En cada municipio se crea una Comisión Municipal de Ordenación del Territorio, presidida por el alcalde o alcaldesa del municipio, y estará integrada por el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas, las Corporaciones de Desarrollo Regional y los siguientes Ministerios: Autoridad Nacional del Ambiente Autoridad Nacional de la Defensa Autoridad Nacional de Agricultura y Tierras Autoridad Nacional de Industrias Básicas y Minería Autoridad Nacional de Infraestructura Autoridad Nacional de Energía y Petróleo.
TÍTULO IV DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO Artículo 36. La participación ciudadana y los planes de ordenación del territorio Las comunidades organizadas podrán incorporarse en las distintas actividades del proceso de ordenación y gestión del territorio, desde el inicio de la elaboración de los planes, en los términos establecidos en esta Ley y los que establezcan las respectivas coordinaciones con los organismos públicos y privados encargados o responsable del plan. Artículo 37: Derecho a la información El derecho a la información sobre la ordenación y la gestión del territorio se reconoce a cada persona. El Estado es el garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión. Este derecho será ejercido según las modalidades definidas en esta Ley y en los demás instrumentos normativos que al efecto se dicten. Artículo 38: Mecanismos de información pública Las autoridades ambientales deberán incorporar a los ciudadanos en los procesos de la ordenación y gestión del territorio contemplados en esta ley, mediante mecanismos idóneos y dispositivos de intercambio de información, tales como talleres de trabajo, espacios concretos de información, medios de comunicación masivos y todos aquellos que el organismo responsable del plan considere para facilitar la incorporación de las comunidades organizadas y a particulares interesados. Artículo 39. Obligación de los medios de comunicación y difusión masivos Los medios de comunicación y difusión masivos deberán incorporar en sus programaciones y en sus publicaciones ordinarias, los temas de ordenación y gestión del territorio que propicien la información, el conocimiento y la conciencia ambiental en la población. Artículo 40. La contraloría social y la ordenación y gestión del territorio Se entiende por contraloría social el derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas, individual o colectivamente, de crear, instrumentar y consolidar los mecanismos que permitan ejercer vigilancia, seguimiento y fiscalización de las políticas públicas territoriales y de los recursos destinados para tal fin, en la ejecución de proyectos y conducta de los funcionarios públicos con el objeto de prevenir, racionalizar y proponer correctivos para que mejoren la prestación y los resultados de los servicios públicos. Artículo 41. El representante comunitario territorial Cada Consejo Comunal, en el ámbito espacial que le corresponda, podrá designar un representante, para que ejerza las funciones en materia de ordenación y gestión del territorio que le confiere esta Ley, cuya actuación se entenderá sin perjuicio de las facultades que correspondan a los órganos de la respectiva organización, conforme a sus estatutos. En todo caso, el representante comunitario territorial actuará según las orientaciones de la organización comunitaria correspondiente. Articulo 42. Elección del representante comunitario territorial 19
La elección del representante comunitario territorial, se realizará en Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos y con presencia de un funcionario de la Defensoría del Pueblo, quien testificará los resultados de la elección, la cual se realizará en los términos que establezca la ley que regula la materia. El representante comunitario no será considerado funcionario público a ningún efecto y el ejercicio de su función será título gratuito. Artículo 43. Funciones del representante comunitario territorial Son funciones del representante comunitario: 1. Asistir a las organizaciones comunitarias en sus actividades relacionadas con la participación de las comunidades en la elaboración de los planes municipales de ordenación del territorio. 2. Asistir a las organizaciones comunitarias en sus denuncias, quejas, reclamos, trámites, solicitudes de recursos y en cualquier otro acto ante los órganos de la administración publica nacional o municipal. 3. Hacer del conocimiento del organismo competente, de oficio o a solicitud de los ciudadanos y sus organizaciones, las contravenciones en materia de ordenación del territorio. 4. Instar a los organismos públicos nacionales, estadales o municipales a proceder en los casos de violación de las normas territoriales. 5. Seguir los procedimientos administrativos y jurisdiccionales establecidos en la presente ley, en los cuales tengan interés las organizaciones comunitarias y hacerse parte de dichos procedimientos cuando pudiere resultar afectado el interés de dichas organizaciones. 6. Colaborar con las autoridades de ordenación del territorio en la vigilancia y control de la adecuación de las actividades territoriales a las previsiones contenidas en las leyes, planes y ordenanzas. Artículo 44. La consulta pública En el proceso de elaboración de los planes, el órgano autor tomará en consideración las observaciones de la comunidad organizada y las procesará mediante la reglamentación existente en la materia. La consulta pública es un mecanismo de comunicación e intercambio de información, y debe ser un proceso flexible y facilitador de la participación ciudadana donde se incorporan los distintos sectores de la comunidad. En tal sentido, el Estado creará las condiciones necesarias para recibir las opiniones de los ciudadanos tanto individual como colectivamente. Artículo 45. Mecanismos de consulta pública La consulta pública prevista deberá realizarse fundamentalmente a través de dos mecanismos: 1. La fijación de Sitios de Información. 2. La realización de una o más audiencias públicas. Los Sitios de Información son locales donde estará a disposición del documento base, el apoyo cartográfico y el anteproyecto de plan a fin de observaciones que por escrito consigne el público. Las audiencias públicas se realizarán en los Sitios de Información designado al efecto, en ellas se presentará el anteproyecto a conocimiento del público el recibir las o en otro público en 20
forma oral, y en ese mismo acto se recibirán aportes y observaciones de la comunidad organizada, sin perjuicio de que puedan consignarse posteriormente en el Sitio de Información en el lapso de siete (7) días. Artículo 46. Versión definitiva Una vez concluidas las jornadas de consulta pública, los organismos oficiales responsables de la elaboración de los planes y reglamentos de uso redactarán la versión definitiva, la cual será elevada a la consideración del organismo competente para su introducción por ante la comisión de ordenación del territorio competente. TÍTULO V DEL SISTEMA NACIONAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Artículo 47. Sistema de Información sobre ordenación del territorio La Autoridad Nacional Ambiental, a través del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, establecerá y mantendrá un Sistema de Información sobre Ordenación del Territorio, el cual deberá contener los datos físicos, naturales, económicos y sociales, así como la información legal, relacionados con la ordenación del territorio. Los datos del sistema son de libre consulta y el Despacho deberá difundirlos periódicamente por medios eficaces cuando fueren de interés general. CAPÍTULO I RED NACIONAL DE OBSERVATORIOS PERMANENTES Artículo 48. Red Nacional de Observatorios Permanentes Se crea la Red Nacional de Observatorios Permanentes para la Ordenación del Territorio, bajo el esquema de la división político administrativa nacional, en un orden de integración jerárquico: Observatorio Nacional, Observatorio Estadal, Observatorio Municipal. Artículo 49. Objetivos y funciones de la Red Nacional de Observatorios Permanentes La Red Nacional de Observatorios Permanentes tiene como objetivos el seguimiento y la evaluación permanentes de la política territorial. Son funciones de la Red Nacional de Observatorios Permanentes el registro y la actualización permanente de toda la información básica que sustenta los planes de ordenación del territorio y la información derivada de la puesta en marcha de dichos planes. CAPÍTULO II DE LAS UNIDADES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Artículo 50. Organización regional del territorio A los efectos de la ordenación y desarrollo del territorio, el territorio nacional se organizará en Regiones y Distritos Productivos, cuyo ámbito espacial podrá coincidir con los límites geográficos de los estados, municipios y dependencias federales. La Presidenta o el Presidente de la República en Consejo de Ministros, podrá decretar la creación, supresión o modificación de una o varias de las regiones, a los fines de rectificar o reestructurar el orden territorial por razones de interés nacional.
Artículo 51. Ejes de desarrollo territorial Se entiende por eje de desarrollo territorial, la unidad territorial de carácter estructural supralocal y articuladora de la distribución espacial del desarrollo sustentable y endógeno, con la finalidad de optimizar las ventajas comparativas locales y regionales, la construcción de cadenas productivas y el intercambio de bienes y servicios. Artículo 52. Región funcional Región funcional es la unidad que integra las ventajas comparativas de los diferentes ámbitos geográficos del territorio nacional, y que responde al modelo de desarrollo endógeno y sustentable, para la creación, consolidación y fortalecimiento de cadenas productivas, como fundamento de la estructura social y económica, y de los planes de inversión del Estado venezolano en infraestructura, equipamiento y servicios. Artículo 53. Criterios para la creación de regiones funcionales El establecimiento de los ámbitos territoriales de las regiones funcionales estará determinado en razón de la concurrencia de los siguientes criterios: 1. Que constituyan espacios geográficos con condiciones físicas, naturales, económicas y socioculturales semejantes. 2. Que sean espacios territoriales continuos y que tengan un centro de servicio capaz de actuar como integrador y promotor del proceso de desarrollo y ocupación del espacio. Artículo 54. Unidades de gestión Son unidades de gestión los territorios delimitados por competencias político administrativas derivadas de la división político territorial o del estatus jurídico especial otorgado a porciones del territorio nacional que por sus características específicas, constituyen áreas especiales de conservación de patrimonios ecológicos y prestación de beneficios ambientales; o que, por sus características particulares, representan un desarrollo potencial agrícola, pecuario, forestal, minero, energético, industrial, turístico, o de seguridad fronteriza. Artículo 55. Distritos productivos Son espacios delimitados por el Ejecutivo Nacional con la finalidad de planificar, desarrollar, coordinar y ejecutar las políticas, planes, proyectos y esfuerzos de la acción del Estado en el desarrollo de un territorio determinado, de acuerdo a sus características y potencialidades. Artículo 56. Criterios para la creación de distritos productivos A los efectos de la ordenación y desarrollo del territorio, la Presidenta o Presidente de la República en Consejo de Ministros podrá decretar la creación, supresión o modificación de uno o varios distritos productivos, estableciendo la delimitación que les corresponda y la región encargada de su dirección y control. Estos límites podrán coincidir con los límites políticos-territoriales en que se dividan los estados, municipios o dependencias federales que integran el Distrito Productivo o en su defecto ser establecidos de acuerdo al sistema de coordenadas geográficas o Universal Transversal de Mercator (U.T.M.), y referido a la Red Geodésica de Venezuela (SIRGAS REGVEN), o considerando criterios geográficos asociados a las divisorias de aguas y cotas que representen cambios significativos de pendiente que dan lugar a unidades de paisaje diferentes. 22
CAPÍTULO III DE LAS ÁREAS BAJO RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL Sección 1 Disposiciones comunes Artículo 57. Definición Son aquellas áreas del territorio nacional de importancia estratégica, cuyas características particulares las convierten en espacios que, jurídicamente declarados, merecen un tratamiento especial y sobre los cuales el Ejecutivo Nacional tiene la responsabilidad de proteger, conservar y gestionar bajo la protección de distintas categorías de manejo. Las áreas bajo régimen de administración especial se clasifican en áreas naturales protegidas y áreas de uso especial. Una ley especial regulará lo concerniente a estas figuras Artículo 58. Creación Las áreas bajo régimen de administración especial deberán establecerse por decreto adoptado por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros y publicado en la Gaceta Oficial, en el cual se determinarán con la mayor exactitud sus linderos, objetivos de manejo, así como los organismos responsables de su administración. En el decreto se ordenará la elaboración del plan de ordenación del territorio y reglamento de uso. La creación del área sólo surtirá efecto respecto de la propiedad a partir de que se publique en la Gaceta Oficial de la República el correspondiente reglamento de uso. Artículo 59. Desafectación La desafectación parcial o total de las áreas bajo régimen de administración especial se podrá realizar cumpliéndose los mismos trámites y requisitos establecidos en el artículo anterior, previo conocimiento de la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, con excepción de las áreas amparadas por convenios internacionales cuya desafectación debe ser previamente aprobada por la Asamblea Nacional. Artículo 60. Las limitaciones que la creación de las áreas bajo régimen de administración especial sobre terrenos privados imponga al ejercicio de los derechos de propiedad causarán indemnización cuando en esos terrenos se realicen labores agrícolas o pecuarias, en cuyo caso se procederá a la expropiación correspondiente. Sección 2 De las áreas naturales protegidas Artículo 61. Definición Las áreas naturales protegidas son espacios territoriales geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y administración de carácter especial, con la finalidad esencial de alcanzar los objetivos de conservación, mejoramiento, investigación y producción sostenida de los recursos naturales. Serán consideradas como tales aquellas superficies continentales, fluviales y marinas, y ambientes submarinos que presenten rasgos naturales de importancia nacional, especialmente dedicadas a la protección, conservación, investigación y mantenimiento de 23
la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados o la recuperación de áreas degradadas. En particular, son las siguientes: 1. Parques nacionales; 2. Monumentos naturales; 3. Zonas protectoras; 4. Reservas nacionales hídricas; 5. Humedales bajo protección; 6. Planicies inundables; 7. Zonas de reserva para la construcción de presas y embalses; 8. Reservas forestales; 9. Áreas boscosas bajo protección; 10. Santuarios de fauna silvestre 11. Refugios de fauna silvestre; 12. Reservas de fauna silvestre; 13. Áreas de protección y recuperación ambiental; 14. Áreas críticas con prioridad de tratamiento; 15. Áreas de desastre ambiental 16. Reservas de biosfera; 17. Sitios de patrimonio mundial natural; 18. Áreas consagradas en los tratados internacionales. Artículo 62. Objetivos Las áreas naturales protegidas tienen como objetivos fundamentales: 1. Conservar los ambientes naturales o aquellos que no estén alterados significativamente, representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos evolutivos. 2. Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad evolutiva; así como asegurar la conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las que tienen problemas de disminución de su población y las que se encuentren sujetas a protección especial. 3. Asegurar el manejo sustentable de los ecosistemas y sus componentes. 4. Propiciar la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; así como la capacitación del personal técnico para un adecuado conocimiento de los recursos naturales y de la diversidad biológica. 5. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, practicas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la preservación y el manejo sustentable de la diversidad biológica y recursos naturales en el territorio nacional. 6. Propiciar mecanismos que permitan la incorporación de las comunidades organizadas en la gestión de las áreas, a través de la promoción, educación ambiental y la divulgación orientada a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales y la diversidad biológica. Sección 3 De las áreas de uso especial Artículo 63. Definición 24
Las áreas de uso especial son aquellos espacios del territorio nacional que por sus características especiales, localización y dinámica, requieren ser sometidos a un régimen especial de manejo, a los fines de cumplir objetivos específicos de interés general, como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en ellos contenidos, la conservación de bienes de interés histórico-cultural y arqueológicos, la conservación de infraestructuras fundamentales y la seguridad y defensa de la Nación. En especial son las siguientes: 1. Costas marinas de aguas profundas 2. Áreas terrestres y marítimas con alto potencial energético y minero 3. Zonas de desarrollo agrícola integral 4. Reservas de pesca 5. Áreas rurales de desarrollo integrado 6. Sitios de patrimonio histórico, cultural, arqueológico o paleontológico 7. Áreas de protección de obras públicas 8. Zonas de seguridad y defensa 9. Zonas de interés turístico Artículo 64. Objetivos Las áreas de uso especial tienen como objetivos fundamentales: 1. El aprovechamiento sustentable de los recursos en ellas contenidas. 2. La conservación de bienes de interés histórico-cultural y arqueológico. 3. La conservación de infraestructuras fundamentales. 4. La seguridad y defensa de la Nación. TÍTULO VI DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES Artículo 65. Integración de los planes El Sistema Nacional de Ordenación del Territorio está conformado por todos los planes de ordenación del territorio, los cuales deben integrarse de manera orgánica, de conformidad con las unidades de ordenación del territorio. Artículo 66. Definición Los planes de ordenación del territorio son instrumentos técnico - jurídicos de gestión pública, de naturaleza política y administrativa, dirigidos a sistematizar el inventario de recursos, el diagnóstico de necesidades y conflictos socio-ambientales y el orden de prioridades ecológico-ambientales, socio-culturales, económicas y geopolíticas, para orientar la ocupación del territorio. Forman parte del proceso de desarrollo endógeno sustentable del país, y sirven de base espacial para los planes de desarrollo económico y social y los demás planes legalmente establecidos. Artículo 67. Objetivos Son objetivos de los planes de ordenación del territorio los siguientes: 1. Establecer los criterios prospectivos y los principios que orienten la localización de las actividades productivas, los procesos de urbanización, industrialización y la conformación de sistemas de centros poblados, en armonía con los ecosistemas. 25
2. Contribuir a la optimización de la generación y equitativa distribución de la riqueza que beneficie prioritariamente a los sectores y regiones económicamente más deprimidos, considerando todos los ámbitos y particularidades de nuestra diversidad geográfica y cultural. 3. Incentivar las acciones y regulaciones tendentes al desarrollo de los centros poblados, a través de la planificación, gestión y conservación de la calidad de vida. 4. Crear mecanismos que fomenten y apoyen la participación ciudadana en todas las fases del proceso, a través de la información, coordinación y organización de la población Artículo 68. Actuación de los órganos públicos Las actuaciones de los órganos públicos en materia de planes para la ordenación del territorio comprenden: 1. La promulgación de las normas reglamentarias que sean necesarias a esos efectos, 2. La formulación, aprobación y divulgación de planes, asegurando la participación ciudadana y 3. La gestión, ejecución, control y evaluación de dichos planes. 4. La investigación y la educación. Artículo 69. Tipos de planes Los planes de ordenación del territorio conforman un sistema integrado, del cual forman parte: 1. El Plan Nacional de Ordenación del Territorio; 2. Los planes de ordenación del territorio de las áreas bajo régimen de administración especial; 3. El Plan Nacional de las Zonas Costeras 4. El Plan Nacional de Ordenación Urbana 5. El Plan Nacional de Ordenación Rural 6 Los planes regionales de ordenación del territorio; 7. Los planes estadales de ordenación del territorio; 8. Los planes municipales de ordenación del territorio; 9. Los planes locales de ordenación urbanística 10. Los planes especiales; 11. Los demás planes que demande el proceso de ordenación del territorio. Artículo 70. Nulidad de actos administrativos Los actos administrativos contrarios a los planes de ordenación del territorio y a las disposiciones aquí contenidas estarán viciados de nulidad absoluta, no pudiendo generar derechos a favor de sus destinatarios. Artículo 71. Lineamientos de inversión pública y privada Los planes de ordenación del territorio establecerán los lineamientos para la inversión pública y privada en el ámbito territorial del plan, todo en función de la política ambiental, económica, social, habitacional, de renovación urbana, de vialidad y demás servicios, así como de otros aspectos de la política de desarrollo formulada por el Ejecutivo Nacional. Los Planes de Desarrollo deberán sujetarse a la política territorial. CAPÍTULO II DE LOS PLANES NACIONALES 26
Artículo 72. Aprobación de los planes nacionales Los planes nacionales de ordenación del territorio serán aprobados por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, a proposición de la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, así como sus modificaciones. Artículo 73. Entrada en vigencia Los planes nacionales de ordenación del territorio entrarán en vigencia mediante su publicación como decreto en la Gaceta Oficial de la República. Sección I Del Plan Nacional de Ordenación del Territorio §1 Disposiciones generales Artículo 74. Definición y directrices El Plan Nacional de Ordenación del Territorio es un instrumento de gestión del territorio para la planificación del desarrollo a mediano y largo plazo, que referencia la dimensión espacial de los planes de desarrollo económico y social del país y los planes sectoriales adoptados por el Estado, considerando las potencialidades y restricciones del territorio nacional. Establece las directrices en las siguientes materias: 1. Los usos primordiales y prioritarios a que deben destinarse las áreas del territorio nacional, de acuerdo a sus potencialidades económicas, condiciones específicas con énfasis en el aspecto sociocultural, capacidades ecológicas y condiciones geoestratégicas y geopolíticas. 2. La localización de las principales actividades económicas y de servicios. 3. Los lineamientos generales del proceso de urbanización y del sistema de centros poblados. 4. La definición de los espacios sujetos a áreas naturales protegidas y de uso especial, bajo la premisa del desarrollo sustentable, que coadyuve a garantizar los objetivos de la ordenación del territorio. 5. La definición de las áreas en las cuales se deban establecer limitaciones derivadas de las exigencias de seguridad y defensa, y la armonización de los usos del territorio, con los planes que a tal efecto se establezcan. 6. La localización de las áreas para grandes obras de infraestructura relativas a energía, hidrocarburos y petroquímica, transporte terrestre, marítimo, lacustre, fluvial y aéreo; comunicaciones y para aprovechamiento de las aguas, saneamiento de grandes áreas, corredores de servicio y minería. 7. Las directrices para el fomento y desarrollo turístico de áreas con potencial escénico, histórico y cultural. 8. La política de incentivos que coadyuve a la ejecución de los planes de ordenación del territorio. 9. El señalamiento de las áreas sujetas a riesgos asociados a fenómenos naturales, o tecnológicos, así como los mecanismos adecuados para disminuir su vulnerabilidad y salvaguardar la vida y seguridad de la población. 10. La incorporación de los espacios que constituyan el hábitat y las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, demarcados según la Ley de la materia.
Artículo 75. Bases políticas y técnicas Los planes de ordenación del territorio comprenderán las bases, ecológicas, socioculturales económicas, políticas, jurídicas y geopolíticas, la identificación de las valoraciones territoriales, las potencialidades y restricciones y las opciones de desarrollo del nacional, regional, estadal y local, de conformidad con el mapa estratégico nacional. §2 Elaboración y ejecución Artículo 76. Elaboración La elaboración del Plan Nacional de Ordenación del Territorio, se realizará mediante un proceso de coordinación interinstitucional, multidisciplinario, y permanente. A tal efecto, la Secretaría de la Comisión Técnica coordinará la elaboración del proyecto de plan, y con tal fin recibirá de los organismos competentes los informes técnicos y estudios necesarios para asegurar el cumplimiento de los aspectos que deben ser desarrollados por el plan. Artículo 77. Consulta técnica La Comisión Técnica de Ordenación del Territorio, durante la etapa de elaboración del plan, incorporará a sus discusiones, conforme lo determine el Reglamento, a representantes de los organismos públicos y privados nacionales, regionales, estadales y municipales, según los casos, que integren los diferentes sectores interesados. Artículo 78. Consulta pública Con el objeto de garantizar la participación de todos los niveles de la Administración Pública y de la colectividad en general, en la elaboración del Plan, la Comisión Técnica adelantará un proceso de consulta durante la elaboración del proyecto. Artículo 79. Ejecución La ejecución del Plan Nacional de Ordenación del Territorio, referida al cumplimiento de las previsiones contenidas en éste, podrá llevarse a cabo a través de los organismos públicos, directamente o mediante entidades creadas al efecto, y por los particulares, bajo la tutela del organismo rector de la política territorial. Sección 2 De los planes de las áreas bajo régimen de administración especial Artículo 80. Definición Los planes de ordenación territorial y manejo para las áreas bajo régimen de administración especial son el instrumento técnico fundamental para la gestión, conservación y manejo de las mismas y contendrán las directrices, lineamientos y políticas para su administración, la zonificación de su territorio a través de las clases que determinen los distintos grados de protección, manejo y asignación de usos sustentables, así como los programas operativos y la determinación de la capacidad de carga para cada zona y para cada actividad. Así mismo deben establecer los lineamientos que integren coherentemente las condiciones socioeconómicas, biogeográficas y políticas de la región, tomando en cuenta no sólo su situación actual sino su proyección a futuro. Dichos planes deberán ser 28
adecuados estrictamente a los fines de las áreas respectivas, de forma tal que puedan cumplirse con los objetivos para los cuales fueron creadas. Artículo 81. Presupuesto En el decreto de creación del área bajo régimen de administración especial se establecerá un plazo en el cual el organismo competente realizará las asignaciones presupuestarias correspondientes a los efectos de la aplicación del plan. En todo caso, los usos previstos en los planes de las áreas bajo régimen de administración especial deben ser objeto de un reglamento especial, sin cuya publicación aquellos no surtirán efectos. El reglamento de uso será aprobado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros en un lapso no mayor de un año. Artículo 82. Objetivos Los planes de ordenación del territorio de las áreas bajo régimen de administración especial, constituyen el instrumento normativo específico, cuyo objetivo es la zonificación, regulación de los usos y actividades permitidas, restringidas y prohibidas, así como las disposiciones para el otorgamiento de los contratos y concesiones para la prestación de servicios públicos, modalidades de manejo, limitaciones de uso entre otras modalidades, para la racional administración del área. Artículo 83. Contenido Los planes de ordenación del territorio de las áreas bajo régimen de administración especial contendrán: 1. Las directrices y lineamientos para su gestión y administración. 2. La caracterización del área y los lineamientos que integren coherentemente las condiciones socioeconómicas, biológicas, geográficas y políticas de la región, tomando en cuenta no solo su situación actual sino su proyección a futuro 3. La visión prospectiva del área. 4. Los programas operativos y la determinación de capacidad de soporte de la incidencia ambiental. 5. La zonificación del territorio, la cual permite determinar distintos grados de protección y manejo. 6. La asignación de usos y actividades con base a la zonificación del territorio. 7. El reglamento de uso, como parte integrante del plan el cual incluye la regulación de los usos y actividades permitidos, restringidos y prohibidos asignados, las disposiciones para el otorgamiento de los contratos y concesiones para la prestación de servicios públicos, modalidades de manejo, limitaciones de uso y disposiciones transitorias entre otras modalidades, para la administración del área. Artículo 84. Zonas expropiables El Ejecutivo Nacional determinará en los respectivos planes de ordenación territorial, reglamento de uso y planes de manejo de cada área bajo régimen de administración especial, las zonas de propiedad privada que habrán de sujetarse al régimen de expropiación por causa de utilidad pública. Artículo 85. Elaboración Los planes de ordenación del territorio de las áreas bajo régimen de administración especial serán elaborados por los organismos competentes para la administración de cada una de ellas, mediante un proceso de coordinación interinstitucional, multidisciplinaria y 29
permanente. sin perjuicio de ser elaborados por otras organizaciones públicas o privadas, actuando bajo la dirección y control de las respectivos organismos encargados de su administración, con sujeción a los lineamientos y directrices del Plan Nacional de Ordenación del Territorio. En todo caso los planes de las áreas bajo régimen de administración especial deberán contener como parte integrante el reglamento de uso correspondiente, el cual debe ser publicado conjuntamente con el plan. Artículo 86. Revisión Los planes de ordenación del territorio de las áreas bajo régimen de administración especial serán revisados y actualizados cada cinco (5) años, a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, o conforme a lo establecido en los respectivos reglamentos de uso, sin menoscabo de la revisión anual que realice el organismo administrador de cada área. La revisión se hará conforme lo establecido en el presente capítulo. Sección 3 Del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras Artículo 87. Definición El Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras es un instrumento de planificación que sirve de marco de referencia en materia de conservación, uso y aprovechamiento sustentable de las zonas costeras. Artículo 88. Elaboración La coordinación de la elaboración del Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras, corresponde al Ministerio del Ambiente, de conformidad con la ley en la materia. Sección 4 Del Plan de Ordenación Urbana Artículo 89. Definición El Plan de Ordenación Urbana es el instrumento jurídico de carácter estratégico que representa la concreción espacial urbana del Plan Nacional de Ordenación del Territorio, y contiene las directrices nacionales para orientar la mejor localización de las actividades urbanas, y la voluntad de acción para disponer adecuadamente los diversos componentes físicos y funcionales que conforman el hecho urbano. Establece los lineamientos necesarios para garantizar los intereses de la comunidad y el desarrollo económico y social de la Nación en el sistema urbano, pudiendo éste estar conformado por un sistema de ciudades, una red de centros poblados o una ciudad localizada en más de una jurisdicción municipal o estadal. Cuando este Plan haya sido aprobado, se adoptará y acatará dentro de los respectivos perímetros urbanos establecidos. Artículo 90. Objetivos Son objetivos fundamentales del Plan de Ordenación Urbana los siguientes: 1. Concretar espacialmente las políticas y lineamientos urbanos establecidos en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio. 30
2. Alcanzar un sistema urbano con una mejor calidad de vida que refleje un equilibrio entre los componentes de la trama urbana y la localización de las actividades urbanas, articuladas mediante una red vial y de servicios. 3. Constituir el marco estratégico, vinculante y coordinador de las actuaciones públicas y privadas a ejecutarse en el ámbito del plan. 4. Proporcionar las directrices fundamentales para la elaboración de los planes municipales de ordenación urbana del territorio y demás instrumentos sectoriales o municipales. 5. Determinar los requerimientos de equipamientos urbanos y la infraestructura estructurante necesaria, tomando en cuenta los requerimientos de la población. 6. Procurar el desarrollo del sistema urbano con un mínimo de riesgo para la población, sus bienes y actividades económicas identificando las amenazas y zonas potencialmente vulnerables. 7- Definir las áreas para la expansión urbana. Artículo 91. Ámbito de aplicación El Plan de Ordenación Urbana es aplicable a los espacios urbanos de todo el territorio nacional, que conforman el sistema de ciudades y la red de centros poblados así como las áreas donde se localizan los equipamientos públicos, los distintos sistemas de transporte y comunicación (terrestre, aéreo y acuático), sistemas de dotación de agua potable, de energía eléctrica, gasoductos, oleoductos, disposición de aguas servidas y de desechos sólidos, así como los elementos de infraestructuras tales como: plantas de tratamiento, rellenos sanitarios, estaciones y subestaciones eléctricas, complejos criogénicos, refinerías, embalses, aeropuertos, puertos y que sin formar parte del espacio donde se localizan los asentamientos humanos propiamente dichos, están ligados de manera indivisible a la estructura y funcionamiento de los mismos. Artículo 92. Proceso de elaboración El Plan de Ordenación Urbana será elaborado por los ministerios encargados de la planificación y desarrollo, ambiente, y de la vivienda, mediante un proceso de coordinación interinstitucional con los organismos tanto públicos como privados, a nivel nacional, estadal y municipal, que permita a los ministerios encargados requerir de todos los organismos competentes en materia urbanística, informes técnicos y estudios pertinentes al plan. En especial, deberá consultar a los estados y municipios respectivos sobre los lineamientos del plan en términos de sus proposiciones económicas, sociales y de carácter físico-espacial. Sección 5 Del Plan de Ordenación Rural Artículo 93. Definición El Plan de Ordenación Rural es el instrumento jurídico de carácter estratégico que representa la concreción espacial rural del Plan Nacional de Ordenación del Territorio, y contiene las directrices nacionales para orientar la mejor localización de las actividades rurales, y la voluntad de acción para disponer adecuadamente los diversos componentes físicos y funcionales que conforman el espacio rural. Establece los lineamientos necesarios para garantizar los intereses de la comunidad y el desarrollo económico y social de la Nación en los sistemas agrícolas, los sistemas agro-silvo-pastoriles, el aprovechamiento de la flora y la fauna in situ y los recursos paisajísticos y escénicos. 31
Cuando este Plan haya sido aprobado, se adoptará y acatará dentro de los respectivos perímetros rurales establecidos. Artículo 94. Objetivos Son objetivos fundamentales del Plan de Ordenación Rural los siguientes: 1. Concretar espacialmente las políticas y lineamientos rurales establecidos en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio. 2. Alcanzar un espacio agrícola que refleje un equilibrio entre los componentes de la seguridad agroalimentaria, la localización de los sistemas agrícolas pecuarios y agro-silvopastoriles y actividades económicas asociadas, articuladas mediante una red vial y de servicios. 3. Constituir el marco estratégico, vinculante y coordinador de las actuaciones públicas y privadas a ejecutarse en el ámbito del plan. 4. Proporcionar las directrices fundamentales para la elaboración de los planes municipales de ordenación rural del territorio. 5. Determinar los requerimientos de equipamientos rurales y la infraestructura estructurante necesaria, tomando en cuenta los requerimientos de la población. 7- Definir los perímetros rurales y de ampliación de la frontera agrícola. Artículo 95. Ámbito de aplicación El Plan de Ordenación Rural es aplicable a los espacios rurales de todo el territorio nacional, se refiere a la disposición adecuada a los usos y los elementos constituyentes de los espacios de funcionalidad predominantemente agraria y agrícola, o conformados como tales en las zonas periurbanas. Incluye la localización y distribución de los sistemas agrícolas y pecuarios, los sistemas agro-silvo-pastoriles, así como el aprovechamiento de los recursos naturales in situ; las redes de comunicación, la parcelación del suelo rústico y sus elementos de separación; los espacios y construcciones útiles a las actividades agrícolas tales como silos, secaderos, cercados, sistemas de riego, la pesca, la caza y los usos recreativos y turísticos. Como política o actuación pública, la ordenación rural se relaciona con los cambios ocurridos o propuestos en ámbitos rurales, tras la mecanización de sus actividades productivas, el éxodo rural, la industrialización, el crecimiento de las ciudades o la redistribución de tierras, la introducción de nuevos cultivos o la adaptación de las explotaciones agrícolas a las nuevas coyunturas económicas, sociales y políticas. Artículo 96. Proceso de elaboración El Plan de Ordenación Rural será elaborado por los los ministerios encargados de la planificación y desarrollo, ambiente, agricultura y de la vivienda, mediante un proceso de coordinación interinstitucional con los organismos tanto públicos como privados, a nivel nacional, estadal y municipal, que permita a los ministerios encargados requerir de todos los organismos competentes en materia rural, informes técnicos y estudios pertinentes al plan. En especial, deberá consultar a los estados y municipios respectivos sobre los lineamientos del plan en términos de sus proposiciones económicas, sociales y de carácter físico-espacial. CAPÍTULO III DE LOS PLANES REGIONALES Y ESTADALES Sección 1 De los planes regionales de ordenación del territorio 32
Artículo 97. Desagregación del Plan Nacional El Plan Nacional de Ordenación del Territorio podrá desagregarse en planes regionales de ordenación del territorio, que desarrollen las directrices del referido plan en el ámbito de la respectiva región. Artículo 98. Elaboración Los planes regionales de ordenación del territorio serán elaborados por las Comisiones Regionales de Ordenación del Territorio, bajo la coordinación de las autoridades regionales. Artículo 99. Aprobación Los planes regionales de ordenación del territorio serán aprobados por los gobernadores o gobernadoras de los estados que integran la región. Dicha aprobación se hará mediante una sola resolución conjunta, contentiva de la decisión administrativa, la cual se publicará en las gacetas oficiales de los estados respectivos. Sección 2 De los planes estadales de ordenación del territorio Artículo 100. Definición y lineamientos Los planes estadales de ordenación del territorio son instrumentos de gestión del territorio y de planificación del desarrollo a mediano y largo plazo, que concretan las directrices del Plan Nacional de Ordenación del Territorio en el ámbito de cada estado y orientan las acciones y actividades a desarrollar por los organismos y entes públicos y privados con base a potencialidades y restricciones del territorio. Contiene los lineamientos en las siguientes materias: 1. Los usos a que debe destinarse prioritariamente el territorio estadal, de acuerdo a sus potencialidades económicas, condiciones específicas, políticas de desarrollo y realidades ecológicas; 2. La localización de las principales actividades económicas y de servicios; 3. Los lineamientos generales del proceso de urbanización y del sistema de ciudades y red de centros poblados; 4. La localización de las Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Uso Especial. 5. La política de incentivos que coadyuven a la ejecución del Plan Estadal de Ordenación del Territorio y los planes municipales; 6. La localización de los proyectos de redes de servicios, corredores viales y de infraestructura en general de carácter estadal. 7. La definición de las áreas sujetas a riesgos asociados a eventos naturales(geológicos, sismológicos, hidrológicos, inestabilidad de laderas, desertización, etc.), tecnológicos o antrópicos (desertificación, contaminación de aire, agua y suelo), así como los mecanismos adecuados para disminuir su vulnerabilidad y salvaguardar la vida y seguridad de la población. 8. La incorporación de los espacios que constituyan el hábitat y las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, demarcados según la Ley de la materia. Artículo 101. Elaboración La elaboración del Plan Estadal de Ordenación del Territorio se realizará mediante un proceso de coordinación interinstitucional, multidisciplinario y permanente. 33
A tal efecto, la Secretaría Técnica de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio coordinará la elaboración del proyecto de Plan Estadal de Ordenación del Territorio y con tal fin recibirá de los organismos competentes los informes técnicos y estudios necesarios para asegurar el cumplimiento de los aspectos que deben ser desarrollados por el proyecto de plan. Artículo 102. Consultas técnicas Cada Comisión Estadal de Ordenación del Territorio, durante la etapa de elaboración o actualización del Plan Estadal de Ordenación del Territorio, incorporará a sus discusiones, conforme lo determine el Reglamento Interno de la Comisión, a representantes de los organismos y entes públicos y privados, regionales, estadales y municipales, que integren los diferentes sectores interesados. Artículo 103. Consulta pública Cada Comisión Estadal de Ordenación del Territorio, durante la etapa de elaboración o actualización del plan estadal de ordenación del territorio, incorporará a sus discusiones, conforme lo determine el Reglamento Interno de la Comisión, a representantes de los organismos y entes privados, organizaciones no gubernamentales, regionales, estadales y municipales y los Consejos Comunales, según los casos. Artículo 104. Aprobación Cada plan estadal de ordenación del territorio, así como sus modificaciones, serán aprobado por el gobernador o gobernadora respectivo, previa aprobación unánime de los organismos representados en la Comisión Estatal de Ordenación del Territorio y la opinión favorable de la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio . Artículo 105. Entrada en vigor El Plan Estadal de Ordenación del Territorio entrará en vigencia mediante su publicación en la Gaceta Oficial del respectivo estado. Artículo 106. Ejecución La ejecución del Plan Estadal de Ordenación del Territorio podrá llevarse a cabo a través de los organismos públicos, directamente o mediante entidades creadas al efecto y por los particulares, actuando éstos bajo la coordinación y control de los organismos públicos. CAPÍTULO IV DE LOS PLANES MUNICIPALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Sección 1 De los Planes de Ordenación del Territorio Municipales Artículo 107. Definición En cada municipio se dictará un Plan Municipal de Ordenación del Territorio, como instrumento a mediano y largo plazo que desarrolle las directrices del Plan Estadal de Ordenación del Territorio y del Plan de Nacional de Ordenación del Territorio en el ámbito del respectivo municipio, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Artículo 108. Contenido 34
Los planes de ordenación del territorio municipal contendrán los lineamientos en las siguientes materias: 1. La localización de los usos a que debe destinarse prioritariamente el territorio municipal, de acuerdo a sus restricciones físico–naturales, a sus potencialidades económicas, condiciones específicas, políticas de desarrollo y realidades ecológicas; 2. La delimitación de los espacios sujetos a conservación, defensa y mejoramiento del ambiente; a los espacios libres, áreas verdes destinadas a parques y jardines públicos, zonas recreacionales y de expansión; en general a todo aquello que constituya equipamientos urbanos; 3. La concreción a nivel municipal de los lineamientos nacionales y estadales del proceso de urbanización, a través de una estrategia municipal de urbanización para el sistema urbano local y red de centros poblados. 4. La armonización de los usos del territorio con las exigencias establecidas en los planes de seguridad y defensa; 5. La política de incentivos que coadyuven a la ejecución del plan municipal de ordenación del territorio; 6. Establecer el régimen de aprovechamiento de los recursos naturales; 7. El trazado y características de la red de dotación de servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado y disposición final de aguas servidas y disposición final de desechos sólidos, de conformidad con las normas. 8. El trazado y características de la red vial del municipio, definición del sistema de transporte y organización de las rutas extraurbanas del mismo. 9. La definición de las áreas sujetas a riesgos asociados a fenómenos naturales, tecnológicos, así como los mecanismos adecuados para disminuir su vulnerabilidad y salvaguardar la vida y seguridad de la población. 10. La programación por etapas de la ejecución del plan, con indicación precisa de las zonas de acción prioritaria, del costo de implantación de los servicios o de la realización de las obras urbanísticas. 11. La identificación de los terrenos de propiedad privada que resultarán afectados por la ejecución de obras de carácter público, de acuerdo con el plan. 12. la incorporación de los espacios que constituyan el hábitat y las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, demarcados según la Ley de la materia. 13. Los demás aspectos técnicos o administrativos que la alcaldía considere pertinentes. Artículo 109. Coordinación de los Planes Municipales Los planes municipales de ordenación del territorio serán coordinados en el proceso de elaboración por la Comisión Municipal de Ordenación del Territorio correspondiente, con el apoyo técnico de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio . Artículo 110. Consultas técnicas Cada Comisión Municipal de Ordenación del Territorio, durante la etapa de elaboración o actualización del Plan de Ordenación del Territorio Municipal, incorporará a sus discusiones, conforme lo determine el Reglamento Interno de la Comisión, a representantes de los organismos y entes públicos y privados, regionales, estadales y municipales, que integren los diferentes sectores interesados. Artículo 111. Consulta pública Cada Comisión Municipal de Ordenación del Territorio, durante la etapa de elaboración o actualización del plan de ordenación del territorio municipal, incorporará a sus discusiones, 35
conforme lo determine el Reglamento Interno de la Comisión, a representantes de los organismos y entes privados y los Consejos Comunales, según los casos. Artículo 112. Aprobación Cada plan municipal de ordenación del territorio, así como sus modificaciones, serán aprobado por el alcalde o alcaldesa, previa aprobación unánime de los organismos representados en la Comisión Municipal de Ordenación del Territorio y la opinión favorable de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio. Sección 2 De los Planes Locales de Ordenación Urbanística Artículo 113. Definición Los planes de ordenación locales urbanística son el instrumento jurídico de carácter estratégico que representa la concreción espacial urbano local del Plan Nacional de Ordenación Urbana, y contiene las directrices nacionales para orientar las actividades urbanas, y la voluntad de acción para disponer adecuadamente los diversos componentes físicos y funcionales que conforman el hecho urbano local. Establece los lineamientos necesarios para garantizar los intereses de la comunidad y el desarrollo económico y social de las ciudades y centros poblados. Cuando este Plan haya sido aprobado, se adoptará y acatará dentro de los respectivos perímetros urbanos establecidos. Artículo 114. Objetivos Los planes locales de ordenación urbanística tendrán los siguientes objetivos fundamentales: 1. Concretar localmente, las políticas y lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ordenación Urbana. 2. Diseñar y promover la organización funcional interna de las ciudades y centros poblados, y los lineamientos para orientar la estructura urbana, conforme a sus patrones históricos originarios, sus tendencias de crecimiento y criterios de sustentabilidad urbana y bienestar social. 3. Establecer las directrices para la formulación de planes especiales. 4. Establecer los usos del suelo y las variables para su regulación, conforme a sus funciones urbanas y riesgos naturales o tecnológicos. 5. Orientar la dotación de infraestructuras y equipamientos, y la inversión pública y privada para fortalecer la base económica. 6. Establecer las áreas urbanas y perirubanas y el perímetro urbano sujeto al plan. Artículo 115. Contenido Los planes locales de ordenación urbanística contendrán: 1. La definición detallada del hecho urbano local, en términos de población, base económica, extensión del área urbana y control del medio ambiente. 2. La clasificación del suelo, a los efectos de determinar el régimen urbanístico aplicable, y la formulación de planes especiales. 3. La delimitación de espacios libres y áreas verdes destinadas a plazas, parques, jardines públicos y zonas recreacionales 4. La delimitación de espacios periurbanos y de expansión urbana. 5. La delimitación de áreas para edificaciones y servicios públicos o colectivos. 36
6. El trazado y características de la red vial arterial y colectora, la definición del sistema de transporte urbano y la organización de las rutas del mismo. 7. El trazado y características de la red de agua potable, aguas servidas y drenajes 8. El trazado y características de la red de energía eléctrica, gas doméstico y redes de comunicación alámbrica e inalámbrica. 9. El señalamiento de las áreas para los equipamientos e instalaciones consideradas de alta peligrosidad, delimitando su respectiva faja de seguridad. 10. La identificación de áreas de ocupación espontánea y su incorporación estructural y funcional a las áreas urbanizadas. 11. La regulación detallada de los usos del suelo y la delimitación de las áreas funcionales asociadas a la base económica y a su articulación dentro del sistema de ciudades y red de centros poblados. Artículo 116. Ámbito de aplicación Los planes locales de ordenación urbanística son aplicables a las áreas urbanas y periurbanas contenidas dentro del perímetro urbano definido en el plan correspondiente. Artículo 117. Proceso de elaboración Los planes locales de ordenación urbanística serán elaborados por la Comisión de Ordenación del Territorio Municipal con la asesoría del Ministerio de Planificación y Desarrollo, Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Infraestructura y Ministerio de la Vivienda y el Habitat, mediante un proceso de coordinación interinstitucional con los organismos tanto públicos como privados, estadal y municipal, que permita a las alcaldías requerir de todos los organismos competentes en materia urbanística, informes técnicos y estudios pertinentes al plan. Artículo 118. Consultas técnicas Cada Comisión Municipal de Ordenación del Territorio, durante la etapa de elaboración o actualización del Plan Local de Ordenación Urbanística, incorporará a sus discusiones, conforme lo determine el Reglamento Interno de la Comisión, a representantes de los organismos y entes públicos y privados, regionales, estadales y municipales, que integren los diferentes sectores interesados. Artículo 119. Consulta pública Cada Comisión Municipal de Ordenación del Territorio, durante la etapa de elaboración o actualización del Plan Local de Ordenación Urbanístico, incorporará a sus discusiones, conforme lo determine el Reglamento Interno de la Comisión, a representantes de los organismos y entes privados y los Consejos Comunales, según los casos. Artículo 120. Aprobación Cada Plan Local de Ordenación Urbanística, así como sus modificaciones, será aprobado por el alcalde o alcaldesa y el Concejo Municipal respectivo, previa aprobación unánime de los organismos representados en la Comisión Municipal de Ordenación del Territorio y la opinión favorable de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio. Artículo 121. Vigencia de los planes Los planes locales ordenación urbanística se dictarán a través de ordenanza y entrarán en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Municipal respectiva. 37
Sección 3 De los planes especiales Artículo 122. Definición Los planes especiales son el instrumento jurídico de planificación, que representa la concreción espacial detallada de las directrices y determinantes del desarrollo municipal, contenidas en el Plan de Ordenación Urbana y en los Planes Municipales de Ordenación del Territorio respectivo. Artículo 123. Objetivos Los planes especiales tendrán los siguientes objetivos fundamentales: 1. la definición y clasificación detallada del uso del suelo, en términos de población, bases económicas, extensión del área y control del medio ambiente, a los efectos de determinar los usos aplicables. 2. la organización física y espacial de las áreas objeto del plan, detallando las características arquitectónicas y espacios urbanos a través de lineamientos específicos. Artículo 124. Ámbito de aplicación Los planes especiales son aplicables a: · Áreas centrales o centros de ciudades; · Zonas de renovación o expansión urbana; · Zonas de rehabilitación urbana; · Zonas de asentamientos no controlados; · Otras áreas del municipio con condiciones específicas. Artículo 125. Elaboración Los planes especiales serán elaborados por el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas y por el organismo municipal de planificación. La elaboración de los planes especiales se realizará mediante un proceso de coordinación y participación ciudadana e interinstitucional, tanto públicas como privadas, que permita al municipio requerir de todos los organismos competentes informes técnicos y estudios pertinentes al plan, así como la participación de los Consejos Comunales. Artículo 126. Asentamientos no controlados La elaboración de los planes especiales de áreas de asentamientos se hará conforme al Plan Municipal de Ordenación del Territorio, el Plan de Desarrollo Urbano Local y los Planes Básicos derivados de la Ley de Regularización de Tierras Urbanas. Artículo 127. Consulta pública y aprobación Para su aprobación, los planes especiales serán sometidos a consulta pública para que se formulen las observaciones a que hubiere lugar, en cuanto al contenido y orientación del plan, en un plazo de treinta (30) días continuos. Las observaciones y alegatos que se formulen en la consulta pública, tendrán carácter vinculante para el organismo de planificación del municipio. TÍTULO VII DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CAPÍTULO I 38
DISPOSICIONES GENERALES Artículo 128. Definición Se entiende por gestión del territorio al proceso mediante el cual, en el ámbito jurisdiccional correspondiente, se aplican los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio y se implementan las políticas públicas derivadas de la Constitución de la República, de acuerdo con el mapa y los objetivos estratégicos y conforme a las especificidades geográficas, geohistóricas y socioculturales. Artículo 129. Instancias de gestión del territorio La gestión del territorio será ejercida conforme a las competencias derivadas de la división político-administrativa, o las asociadas a las declaratorias de áreas bajo régimen de administración especial, por intermedio de las instancias de gobierno nacional, estadal o municipal o de los organismos competentes. 1. La gestión del territorio nacional estará regida por el Presidente o Presidenta de la República. 2. La gestión de los territorios regionales funcionales estará regida por la Autoridad Regional, de conformidad con las estrategias nacionales de desarrollo. 3. La gestión de los territorios estadales estará regida por el gobernador o gobernadora del estado, en el seno de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio. 4. La gestión de los territorios municipales, Distrito Capital y Distritos Especiales estará regida por los alcaldes o alcaldesas, en el seno de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas. 5. La gestión de los espacios urbanos locales es competencia de los concejos municipales, por intermedio del alcalde o la alcaldesa del municipio. 6. De conformidad con la Ley que regula la materia, los Consejos Comunales, coadyuvarán en la gestión del territorio en el ámbito de su comunidad, siguiendo lo establecido en los planes municipales de ordenación del territorio. 7. Los pueblos indígenas tendrán competencias en la gestión del territorio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, sin menoscabo de los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Ordenación del Territorio y los demás Planes de Ordenación del Territorio derivados del mismo. Artículo 130. Instrumentos de gestión Instrumentos de Gestión del territorio, en todas las instancias, serán los planes de ordenación del territorio debidamente sancionados. La gestión territorial deberá regirse, además de los planes de ordenación del territorio, por el catastro urbano y rural, conforme a lo establecido en la Ley que regula la materia. La gestión territorial municipal derivada de la presente Ley, y demás leyes que regulan la materia, debe reflejarse en las ordenanzas municipales. CAPÍTULO II DEL CONTROL ADMINISTRATIVO Sección I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 131. Facultades de control administrativo 39
En ejercicio de las facultades de control administrativo, los funcionarios competentes realizarán las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de las previsiones del plan y, en particular, otorgarán la constancia de uso conforme previstas en esta Ley e impondrán las sanciones administrativas correspondientes en caso de incumplimiento o violación a las disposiciones de los planes de ordenación del territorio. Artículo 132. Recurso de oposición Cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo, podrá invocar la nulidad de las constancias de uso conforme otorgadas en contravención de las previsiones de los planes y a tales efectos recurrirá ante la máxima autoridad del organismo que hubiere emitido la constancia, quien deberá abrir la correspondiente averiguación. Artículo 133. Programación anual de obras de ocupación del espacio Sin menoscabo de lo establecido en esta Ley y con el objeto de adecuar y ajustar la acción de la Administración Pública con el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, los organismos públicos nacionales, centrales o descentralizados, deberán someter a la consideración de la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, la programación anual de obras y acciones que impliquen ocupación del territorio o cambios de uso, conforme a lo establecido en esta ley. Artículo 134. Control del Plan Nacional de Ordenación del Territorio El control de la ejecución del Plan Nacional de Ordenación del Territorio corresponde a la Autoridad Nacional Ambiental, actuando en su carácter de agente del Ejecutivo Nacional, conforme a las atribuciones que éste le confiera. Artículo 135. Control de los planes de las áreas naturales protegidas El control de la ejecución de los planes ordenación del territorio de las áreas naturales protegidas corresponderá a la. Artículo 136. Control de los planes de las áreas de uso especial El control de la ejecución de los planes ordenación del territorio de las áreas de uso especial corresponde: Costas marinas de aguas profundas, a la Autoridad Nacional con competencia en infraestructura Áreas terrestres y marítimas con alto potencial energético y minero, a la Autoridad Nacional de Energía Zonas de aprovechamiento agrícola, a la Autoridad Nacional de Agricultura Áreas rurales de desarrollo integrado, a la Autoridad Nacional de Agricultura Sitios de patrimonio histórico-cultural o arqueológico, a la Autoridad Nacional de Cultura Áreas de protección de obras públicas, al ministerio responsable de la obra Zonas de seguridad y defensa, a la Autoridad Nacional de Defensa Zonas de interés turístico, a la Autoridad Nacional de Turismo Artículo 137. Control del Plan Nacional de las Zonas Costeras El control de la ejecución del Plan Nacional de las Zonas Costeras, corresponde a la Unidad Técnica de Zonas Costeras adscrita a la Autoridad Nacional Ambiental. Artículo 138. Control del Plan Nacional de Ordenación Urbana 40
El control de la ejecución del Plan Nacional de Ordenación Urbana, corresponde al Autoridad Nacional de Infraestructura. Artículo 139. Control del Plan Nacional de Ordenación Rural El control de la ejecución del Plan Nacional de Ordenación Rural, corresponde al Autoridad Nacional Ambiental de Agricultura y Tierras. Artículo 140. Control de los Planes Regionales de Ordenación del Territorio El control de la ejecución de los Planes Regionales de Ordenación del Territorio corresponde a los gobernadores de los estados que integran la región, cada uno en el ámbito de su jurisdicción. Artículo 141. Control de los planes estadales de ordenación del territorio El control de la ejecución de los planes estadales de ordenación del territorio, corresponde al gobernador o gobernadora del respectivo estado, con la asesoría de la correspondiente Comisión Estadal de Ordenación del Territorio Artículo 142. Control de los planes municipales de ordenación del territorio El control de la ejecución de los planes municipales de ordenación del territorio corresponde al alcalde o alcaldesa, del municipio respectivo, en el seno de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Pública, con la asesoría de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio. Artículo 143. Control de los planes de desarrollo urbano local El control de la ejecución de los planes de desarrollo urbano local elaborados por las alcaldías municipales o del Distrito Capital o Distritos Especiales, corresponde a los Concejos Municipales en el seno de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas. Artículo 144. Control de los planes especiales El control de la ejecución de los planes especiales corresponde a los Concejos Municipales. Sección II DE LA CONSTANCIA DE USO CONFORME Artículo 145. Disposición general Las actividades que tengan incidencia espacial e impliquen acciones de ocupación del territorio, a ser ejecutadas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, deberán estar ajustadas a los planes de ordenación del territorio previstos en esta ley. A tal efecto, las autoridades encargadas del control de la ejecución de dichos planes, dentro de sus respectivas competencias, otorgarán o negarán la correspondiente constancia de uso conforme. Artículo 146. Naturaleza y alcance de la constancia de uso conforme La constancia de uso conforme a que se refiere este capítulo constituye un acto declarativo de las autoridades encargadas del control de la ejecución de los planes, y sólo constituyen una conformidad de uso con respecto a los previstos en el plan de ordenación respectivo, sin que signifique permisos o autorizaciones para la ejecución de obras o para 41
la afectación de recursos naturales renovables. Dichos actos administrativos deberán ser solicitados ante los organismos competentes. Artículo 147. Nulidad de la constancia de uso conforme Será nula y sin ningún efecto la constancia de uso conforme otorgada en contravención a los planes de ordenación del territorio y aquellas otorgadas por autoridades no competentes según esta Ley. Artículo 148. Otorgamiento de la constancia de uso conforme El otorgamiento de la constancia de uso conforme deberá decidirse en un lapso de sesenta (60) días continuos, contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud, siempre y cuando la solicitud esté acompañada de los recaudos que se determinen reglamentariamente. En caso de que la autoridad competente no resolviere sobre la solicitud dentro del lapso establecido, la misma se considerará negada, y el interesado podrá intentar los recursos administrativos o judiciales correspondientes, conforme a la ley. Artículo 149. Vigencia de las constancias Las constancias de uso conforme a que hace referencia esta ley tendrán una vigencia de tres (3) años, prorrogable por el término de dos (2) años a juicio del organismo competente. Artículo 150. Constancia de uso conforme en ausencia de plan La constancia de uso conforme deberá ser solicitada aun cuando no se hayan aprobado los correspondientes planes de ordenación del territorio. En estos casos, las autoridades competentes deberán tomar en cuenta los siguientes criterios: 1. Las directrices de ordenación del territorio establecidas en los Planes existentes que sean aplicables. 2. La posibilidad de atender con servicios públicos la demanda a generarse por la actividad propuesta. 3. El impacto ambiental y sociocultural de la actividad propuesta. 4. La vocación natural de las zonas y, en especial, la capacidad y condiciones especificas del suelo. 5. Las regulaciones ya existentes para el uso de la tierra. 6. Las limitaciones geográficas, especialmente las que vienen impuestas por la anegabilidad de los terrenos y por las condiciones propias de las planicies inundables y la fragilidad ecológica por su vulnerabilidad y riesgo ante la ocurrencia de fenómenos naturales y tecnológicos. 7. Los usos existentes en el área, siempre que no sean contrarios a lo establecido en las normas ambientales. 8. Los demás factores que se consideren relevantes a los mencionados usos. Artículo 151. Constancia de uso conforme nacional La constancia de uso conforme para las actividades que tengan incidencia espacial e impliquen acciones de ocupación del territorio de actividades de importancia nacional, que se determinen en esta ley y en los reglamentos, debe ser otorgada o negada por la Autoridad Nacional Ambiental, en su instancia central, con las excepciones establecidas en esta Ley. 42
Artículo 152. Constancia de uso conforme estadal La constancia de uso conforme para las actividades que tengan incidencia espacial e impliquen acciones de ocupación del territorio de actividades de importancia estadal que se determinen en esta ley y en los reglamentos, deben ser aprobadas o negadas por el gobernador o gobernadora del respectivo estado, en su condición de presidente o presidenta de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio, con la asesoría de la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio. Artículo 153. Constancia de uso conforme municipal La constancia de uso conforme para las actividades que tengan incidencia espacial e impliquen acciones de ocupación del territorio de actividades de importancia local que se determinen en esta ley y en los reglamentos, deben ser aprobada o negada por el alcalde o alcaldesa del municipio respectivo, determinándose en función de los lineamientos previstos en el Plan Municipal de Ordenación del Territorio. En caso de no estar aprobado dicho plan, se considerará lo establecido en el Plan Estadal de Ordenación del Territorio correspondiente, y la constancia para las actividades de importancia municipal deberá estar soportada por un informe técnico de la Oficina de Planificación Urbano Local, y será expedida por el alcalde o alcaldesa, con el aval del Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas. Artículo 154. Proyectos de importancia local fuera de las áreas urbanas Las actividades de importancia local ubicadas fuera de las áreas urbanas, deberán ser autorizadas por los municipios, con el aval del Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas y la conformidad de la Autoridad Nacional Ambiental de las variables ambientales correspondientes. Sección III DE LOS PROYECTOS DE IMPORTANCIA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL Artículo 155. Proyectos de importancia nacional Se consideran proyectos de importancia nacional, además de los considerados como tales por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, como suprema autoridad de la ordenación del territorio, y la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio, los que se indican a continuación. 1. Localización y traslado de parques industriales; 2. Afectación de zonas para la reforma agraria; 3. Localización de grandes aprovechamientos de recursos naturales; 4. Localización de nuevos centros poblados; 5. Que signifiquen la desaparición de centros poblados y el traslado de la población ocupante de dichas regiones. 6. Trazado de los grandes corredores de vías de comunicación 7. Localización de puertos y aeropuertos. 8. Proyectos que comprometan más del uno por ciento (1%) de cualquiera de los recursos naturales siguientes: Suelos agrícolas de primera categoría de preservación Agua, sobre la margen izquierda del Orinoco. Bosques sobre la margen izquierda del Orinoco. 43
9. Que afecten los servicios públicos de las ciudades intermedias propuestas por el Plan Nacional de Ordenación del Territorio. 10. Los de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales sujetos al régimen de concesiones. 11. Los concernientes a la industria básica nacional: hidrocarburos, petroquímica, hierro, aluminio y química pesada. 12. Los de saneamiento ambiental de cuencas y grandes cuerpos de aguas continentales y marítimas. 13. La localización de sitios de tratamiento y disposición final de desechos y residuos peligrosos 14. Localización de infraestructura para la enseñanza superior, penitenciarias, hospitalarias excepcionales así como las sedes de los órganos del Poder Público Nacional. Artículo 156. Proyectos en áreas bajo régimen de administración especial Los proyectos o actividades que se pretendan realizar dentro de un área bajo régimen de administración especial se consideran de importancia nacional y deberán ser sometidos a la aprobación del ente administrador designado en el decreto de creación, el cual requerirá la opinión vinculante de la Autoridad Nacional Ambiental. Artículo 157. Proyectos de importancia regional o estadal Las acciones de ocupación del territorio que no se encuentren en los casos previstos como de importancia nacional o local serán consideradas de interés regional o estadal. Las comisiones regionales podrán someter al conocimiento de la Comisión Nacional de Ordenación del Territorio los anteproyectos que se pretendan ejecutar dentro del ámbito de sus competencias cuando respecto a los cuales tengan dudas acerca de su calificación. Artículo 158. Proyectos de importancia local Se consideran proyectos de importancia local y que deben ser aprobados o negados por el alcalde o alcaldesa del municipio respectivo, la localización de programas relativos a aquellas materias cuya competencia está atribuida al Poder Municipal, de conformidad con la Constitución y las leyes, incluidas las siguientes: 1. Instalaciones para el manejo integral y disposición final de residuos y desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza no peligrosa, incluidos rellenos sanitarios. 2. Tomas de agua y perforación de pozos. TÍTULO VIII DE LAS DISPOSICIONES SANCIONATORIAS CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 159. Actos administrativos contrarios a la ley o sus reglamentos Las constancias de uso conforme, permisos, autorizaciones, aprobaciones o cualquier otro tipo de acto administrativo contrario a los principios establecidos en esta ley, sus reglamentos o los planes de ordenación del territorio se considerarán nulos, no pudiendo generar derechos a favor de sus destinatarios; y los funcionarios públicos que los otorguen 44
incurrirán en responsabilidades disciplinarias, administrativas, penales y civiles según el caso. Artículo 160. Acciones civiles y penales Las sanciones impuestas a los particulares serán aplicadas sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, ni de las sanciones consagradas en otras leyes Artículo 161. Medidas preventivas La autoridad correspondiente podrá adoptar, de oficio o a solicitud de parte o del órgano administrativo denunciante, en cualquier estado o fase del proceso, medidas destinadas a asegurar los resultados de las decisiones administrativas o jurisdiccionales. Tales medidas podrán consistir en: 1. Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto se corrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizaciones correspondientes. 2. Interrupción de la actividad origen del deterioro ambiental sujeta a control del Ejecutivo. 3. La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos o elementos que alteren el aspecto de los sitios o incidan en la ocupación del territorio. 4. La ocupación o eliminación de obstáculos, aparatos, objetos u elementos que trastornen el funcionamiento adecuado de vehículos, establecimientos, instalaciones, plantas de tratamientos o fuentes emisoras de contaminantes 5. La inmovilización de vehículos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos.. 6. La constitución de una fianza o consignación de una suma para garantizar la ejecución de trabajos o el reembolso de los gastos causados por su ejecución de oficio. 7. La fijación de una astreinte por día de retardo en el cumplimiento de las obligaciones de hacer impuestas por el tribunal. La tasa de la astreinte podrá ser fijada hasta en diez (10) unidades tributarias por día de retardo. 8. La retención de materiales, maquinarias u objetos y la suspensión de energía con la finalidad de asegurar la interrupción de la actividad. 9. Cualquier otra medida complementaria para garantizar la efectividad y resultado de las medidas que hubiere decretado. Artículo 162. Unidades tributarias Los montos de fianzas, garantías, consignaciones, astreintes y similares, así como los montos de las restauraciones, reparaciones, compensaciones, reordenaciones, saneamientos y otras medidas ambientales serán expresadas por la autoridad competente en unidades tributarias. Artículo 163. Sanciones principales Las sanciones aplicables serán principales y accesorias. Son sanciones principales: 1. La prisión hasta por diez (10) años 2. El arresto hasta por nueve (9) meses 3. La disolución de la persona jurídica. 4. La suspensión de las actividades de la persona jurídica hasta por seis (6) meses. 5. La multa hasta por diez mil (10.000) unidades tributarias Artículo 164. Sanciones accesorias reales La aplicación de las sanciones a que se refiere este título, deberán además estar acompañadas cuando fuere el caso, con la imposición de las medidas necesarias para impedir la continuación o reaparición del daño o peligro, y a contrarrestar las 45
consecuencias perjudiciales derivadas del acto sancionado, tales medidas podrán consistir en: 1. Ocupación temporal, total o parcial de fuentes contaminantes instaladas en áreas no permitidas por las disposiciones de ordenación territorial. 2. Traslado, clausura temporal o clausura definitiva de las instalaciones o establecimientos violatorias de las disposiciones sobre ordenación. 3. Prohibición temporal o definitiva de la actividad con incidencia espacial violatoria de las disposiciones sobre ordenación. 4. Desmantelamiento, modificación o demolición de instalaciones, establecimientos o construcciones violatorias de las disposiciones sobre ordenación, a costa del infractor. 5. Restauración o reordenación del área afectada, a costa del infractor. 6. Destrucción de los agentes contaminantes, contaminados o peligrosos 7. Remisión al medio natural de los recursos o elementos extraídos, si tal cosa es posible y conveniente; 8. Efectiva reparación del daño causado; 9. Cualquier otra medida tendiente a corregir y reparar los daños y evitar la continuación de los actos contrarios a la ordenación y planificación del territorio. Artículo 165. Sanciones accesorias personales Además de las sanciones contempladas deberá ordenarse en todo caso las siguientes: 1. Revocatoria del acto administrativo autorizatorio. 2. Inhabilitación, hasta por un período de dos (2) años, para solicitar y obtener nuevos actos administrativos autorizatorios para la afectación del ambiente y de los recursos naturales. 3. Ejecución de fianza de fiel cumplimiento, si fuere el caso. 4. El comiso de materiales, aparatos, instalaciones o equipos con que se cometió la infracción y los productos que de ella provengan 5. En caso de no ser posible la reparación del daño, la autoridad administrativa establecerá una multa adicional, equivalente al doble del valor del daño causado. Artículo 166. Destino de las recaudaciones Las cantidades recaudadas por concepto de multas, ejecución de astreintes, fianzas o de garantías u otras similares ingresarán al Servicio Autónomo dla Autoridad Nacional Ambiental, y serán destinadas exclusivamente a la reparación y corrección de daños causados al ambiente. Artículo 167. Prelación de los pagos e indemnizaciones El pago de la reparación de los daños y de la indemnización de los perjuicios a que se hubiere condenado por la infracción o el hecho punible, tendrá prelación cualquiera obligación que contraiga el responsable después de cometido el hecho, salvo las laborales. Artículo 168. Valoración para la aplicación de las multas Para la aplicación de las multas el organismo competente deberá evaluar la gravedad de la falta, la naturaleza de la actividad realizada y la magnitud del daño causado y aplicar la multa que sea pertinente, no estando autorizada a aplicar, pura y simplemente, el término medio. Si el daño causado es cuantificable económicamente, el monto de la multa se establecerá conforme a los mismos criterios anteriormente indicados, entre un veinte por 46
ciento (20%) y un sesenta por ciento (60 %) sobre el costo del mismo, previamente determinado por el organismo respectivo, siempre que la multa no resulte menor al monto de las multas antes indicadas. Artículo 169. Nulidad de actos administrativos que consagren cambios de uso Los actos generales o particulares que consagren cambios de uso o de zonificación, aislada o singularmente propuestos, serán nulos de nulidad absoluta. Los concejales, concejalas y demás funcionarios públicos que hubieren aprobado dichos cambios, serán sancionados con multas equivalentes a diez (10) veces su remuneración mensual, sin perjuicio de la responsabilidad individual civil o penal a que hubiere lugar. Artículo 170. Prescripción de las acciones El ejercicio de la potestad pública para el inicio de los procedimientos administrativos sancionatorios y para la imposición de las sanciones en sí, prescribe a los diez (10) años contados a partir del conocimiento del hecho por parte de la autoridad competente. Artículo 171. Prescripción de la ejecución de las sanciones La ejecución de las sanciones y de las medidas impuestas son imprescriptibles. CAPITULO II DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Sección 1 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 172. Costas Los gastos extraordinarios en los que incurra la Administración Pública para la notificación de los procedimientos administrativos sancionatorios serán imputados al particular, por lo que estos están en la obligación de facilitar este proceso. Artículo 173. Sanciones no expresas Toda infracción a esta ley o a sus reglamentos que no tenga prevista una sanción expresa será castigada con una multa de una (1) a cinco (5) unidades tributarias, según la gravedad del hecho. Artículo 174. Contumacia El incumplimiento en los lapsos y procedimientos establecidos de las sanciones impuestas por la Autoridad Nacional Ambiental dará lugar, una vez agotados los mecanismos de ejecución forzosa administrativa, a la interposición de la acción civil ante los tribunales competentes por la Procuraduría General De la República. Artículo 175. Reincidencia En caso de reincidencia se incrementará en un veinticinco por ciento (25%) el monto de la multa. Artículo 176. Desacato La negativa del particular a recibir la notificación del inicio o cierre de los procedimientos administrativos sancionatorios será tomada como desacato a la autoridad administrativa, por lo que se remitirán a la autoridad judicial los recaudos que certifiquen tal negativa, a fin de que se convierta en arresto hasta que se haga efectiva la notificación. 47
Artículo 177. Información falsa Los funcionarios o particulares que utilicen información falsa en sus estudios, proyectos o informes técnicos elaborados para la obtención de permisos, autorizaciones, guías, licencias, aprobaciones, concesiones u otro acto administrativo para la ocupación del territorio, serán sancionados con las sanciones previstas para el responsable que actúe con el acto administrativo con información falsa, aumentadas al doble. Sección 2 DE LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Artículo 178. Actividades Contrarias a la Ley, los planes y actos administrativos Las actividades de los particulares contrarias a la presente Ley, a los planes de ordenación del territorio y a los actos autorizatorios administrativos otorgados conforme a esta Ley, darán lugar, según la gravedad de la falta, la naturaleza de la actividad realizada y la magnitud del daño causado al territorio y al ambiente, a la aplicación de multas entre cien (100) y mil (1.000) unidades tributarias. Artículo 179. Sanciones a Funcionarios Públicos El funcionario público que otorgue algún acto administrativo contrario a los planes de ordenación del territorio será sancionado con multa de mil (1000) a dos mil (2.000) unidades tributarias. Cuando la infracción se refiera al otorgamiento de fianzas, garantías o créditos, la sanción será de multa en un monto calculado entre el veinte por ciento (20%) y el sesenta por ciento (60 %) de la cantidad afianzada o garantizada o del crédito otorgado, convertido en unidades tributarias. Sección 3 DE LAS INFRACCIONES A LAS NORMAS SOBRE URBANISMO Artículo 180. Contravención a las variables ambientales Las actividades de los particulares realizadas en contravención a lo establecido por las variables ambientales fijadas en los actos administrativos autorizatorios, darán lugar según la gravedad de la infracción, la naturaleza de la actividad realizada y la magnitud del daño causado al ambiente, a la aplicación de multas a los responsables entre mil (1.000) y cinco mil (5.000) unidades tributarias, más la demolición o eliminación de las obras violatorias a las variables ambientales y la restauración de las condiciones ambientales. Si el daño causado es cuantificable económicamente, el monto de la multa se establecerá entre un veinte por ciento (20%) y un sesenta por ciento (60%) sobre el costo del mismo, previamente determinado por el organismo respectivo, siempre que la multa no resulte menor al monto de las multas antes indicadas. Artículo 181. Actividades de la administración pública contrarias a las variables ambientales Las actividades de la administración pública centralizada o descentralizada, realizadas en contravención a lo establecido por las variables ambientales fijadas en los actos administrativos aprobatorios, darán lugar según la gravedad de la infracción, la naturaleza 48
de la actividad realizada y la magnitud del daño causado al ambiente, a la aplicación de multas a la institución entre mil (1.000) y cinco mil (5.000) unidades tributarias. El funcionario responsable del proyecto será sancionado con una multa que oscilará entre el diez por ciento (10%) y el treinta por ciento (30%) del costo del proyecto. CAPÍTULO III DE LOS DELITOS Sección 1 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 182. Extraterritorialidad Las disposiciones de este capítulo son aplicables a las personas naturales y jurídicas por los delitos cometidos tanto en el territorio de la República como en el extranjero, si los efectos dañosos o peligrosos del hecho se producen en Venezuela. En este caso se requiere que el indiciado haya venido al territorio de la República y que se inicie la investigación por el Ministerio Público. Requiérese también que el indiciado no haya sido juzgado por tribunales extranjeros, a menos que habiéndolo sido hubiere evadido la condena. Artículo 183. Culpa y dolo Las acciones u omisiones de las personas naturales se sancionarán a título de dolo o culpa. La acción u omisión se reputa dolosa cuando su resultado dañoso o peligroso haya sido querido o previsto y ratificado por el agente. La acción u omisión se reputa culposa cuando el resultado dañoso o peligroso, no querido aunque previsible por el agente, sea producto de su imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o resoluciones de obligatorio cumplimiento. Artículo 184. Responsabilidad de las personas jurídicas Las personas jurídicas serán responsables objetivamente por sus acciones u omisiones en los casos en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención de normas o disposiciones contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones y otros actos administrativos de carácter general o particular de obligatorio cumplimiento. Las personas jurídicas serán sancionadas de conformidad con lo previsto en el presente Libro, en los casos en que el hecho punible descrito haya sido cometido a causa del ejercicio de sus actividades o en su representación o por orden suya, con recursos sociales y en su interés exclusivo o preferente. Artículo 185. Atenuantes y agravantes El tribunal aplicará las penas dentro de los límites establecidos por esta Ley en cada caso, tomando en cuenta el peligro que se produce o el daño ocasionado, el grado de dolo del delito en las personas naturales, o las condiciones en que la persona jurídica cometa el delito, y las circunstancias agravantes o atenuantes que puedan concurrir con el hecho. En este último caso, el tribunal las valorará y decidirá cuáles de ellas prevalecerán según su número, conforme a su naturaleza y magnitud. Artículo 186. Responsabilidad civil objetiva En toda sentencia condenatoria por delitos en los cuales resulten daños o perjuicios contra el ambiente, el juez se pronunciará sobre la responsabilidad civil e impondrá al 49
responsable o responsables la obligación de ejecutar las medidas restitutivas correspondientes, reparar los daños causados por el delito e indemnizar los perjuicios. En tal sentido el Juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: 1. La modificación de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección, conservación o defensa del ambiente, y su conformidad con las disposiciones infringidas. 2. La restauración de los lugares alterados al estado más cercano posible al que se encontraban antes de la agresión al ambiente. 3. La remisión de elementos al medio natural de donde fueron sustraídos, en caso de ser posible y pertinente. 4. La reordenación del territorio a fin de tornarlo utilizable ambientalmente con otro uso distinto al original, en aquellos casos en que el daño sea irreparable, al punto de resultar imposible recuperar la vocación inicial del suelo. 5. Cualquier otra medida tendiente al restablecimiento del orden público ambiental. Artículo 187. Determinación de las sanciones Salvo disposiciones especiales, para la determinación de las sanciones aplicables en cada caso, se seguirán las siguientes reglas: 1. Cuando en un mismo artículo aparezcan en forma disyuntiva una pena privativa de libertad y una de multa, en todo caso las primeras serán para las personas naturales y las segundas para las personas jurídicas. 2. Independientemente de la responsabilidad de las personas jurídicas, los propietarios, presidentes o administradores responderán penalmente por su participación culpable en los delitos cometidos por sus empresas. Artículo 188. Normas penales en blanco Cuando los tipos penales requieran de una disposición complementaria para la exacta determinación de la conducta punible o su resultado, esta deberá constar en una ley o en un decreto del Presidente de la República en Consejo de Ministros. Artículo 189. Delito culposo Si el delito fuere culposo, la prisión o arresto podrán disminuirse hasta la tercera parte de su límite inferior, de acuerdo con el grado y la naturaleza de la culpa, si no concurrieren circunstancias agravantes y si el tipo no se perfeccionare con la violación de una norma. Artículo 190. Agravante La condición de funcionario público en el sujeto activo del hecho punible, en aquellos casos en que el tipo no lo requiera y siempre que aquel actuare en ejercicio de sus funciones, constituye circunstancia agravante genérica de la responsabilidad penal. Artículo 191. Sanciones a los funcionarios públicos Los funcionarios públicos que indebida o ilegalmente autoricen la realización de actividades tipificadas como delitos en esta Ley, o como delitos o contravenciones en las leyes especiales o sus reglamentos, serán sancionados con las penas correspondientes al delito o contravención cometido, aumentadas al doble. La sanción acarreará la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por dos (2) años después de cumplida la sanción principal. Artículo 192. Aumento de penalidad 50
Cuando el culpable de algún delito de los aquí previstos lo haya cometido por el ejercicio abusivo de una profesión sanitaria o directamente relacionada con el ambiente o los recursos naturales, las penas serán aumentadas al doble y conllevarán la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por un (1) año después de cumplida la sanción principal. Artículo 195. Efectiva producción del daño Cuando con la comisión de algún delito contemplado en la presente Ley se produzca efectivamente el daño, las penas se aumentarán en la mitad. Si el daño fuese de carácter irreversible el aumento podrá ser de las dos terceras partes. En ambos casos, el aumento se hará tomando como base la pena normalmente aplicable. Artículo 226. Delitos en áreas bajo régimen de administración especial Cuando alguno de los delitos tipificados en este Ley se cometiere en áreas sometidas a régimen de administración especial, si no se hubiera previsto sanción especial, la pena correspondiente se aplicará aumentada hasta la mitad. Artículo 197. Aumento de penalidad Cuando alguno de los delitos tipificados en este Ley se cometiere con fines de lucro o para aumentar los beneficios económicos del culpable o un tercero, la sanción será aumentada a la mitad. Artículo 198. Responsabilidad solidaria Cuando dos personas jurídicas celebren un acuerdo para que una ejecute un determinado trabajo en beneficio o provecho de la otra, y cuya realización cause riesgos o daños al ambiente o los recursos naturales, ambas responderán solidariamente. Artículo 199. Responsabilidad por personas bajo dirección o dependencia El que permita la comisión de alguno de los delitos tipificados en este Ley por parte de aquellas personas naturales o jurídicas que estén bajo su dirección o dependencia, estando legalmente capacitado para impedirlo, será castigado con igual pena a la del delito cometido. Artículo 200. Obligación de orden público Se considera de orden público la obligación de restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios causados al ambiente por quienes resultaren responsables de los delitos previstos en este Ley. A estos efectos, el tribunal practicará, aun de oficio, las diligencias conducentes a la determinación de la responsabilidad civil de quienes aparecieran como autores o partícipes en el delito. Sección 2 DE LOS DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Artículo 201. Otorgamiento de permisos o autorizaciones para obras contrarias a los planes El funcionario que otorgue permisos o autorizaciones para la construcción de obras y desarrollo de actividades no permitidas, de acuerdo a los planes de ordenación del territorio o las normas técnicas, en los lechos, vegas y planicies inundables de los ríos u otros cuerpos de agua, será sancionado con prisión de seis (6) meses a un (1) año. La 51
sanción acarreará la inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por dos (2) años después de cumplida la pena principal. Artículo 202. Ejecución de obras contrarias a los planes La persona natural o jurídica que construya obras o desarrolle actividades no permitidas de acuerdo a los planes de ordenación del territorio o las normas técnicas, en los lechos, vegas y planicies inundables de los ríos u otros cuerpos de agua, será sancionada con prisión de seis (6) meses a un (1) año o multa de seiscientas (600) a mil (1.000) unidades tributarias. Artículo 203. Alteración de la topografía o paisaje La persona natural o jurídica que provoque la degradación o alteración nociva de la topografía o el paisaje por actividades mineras, industriales, tecnológicas, forestales, urbanísticas o de cualquier tipo, en contravención de los planes de ordenación del territorio y de las normas técnicas que rigen la materia, será sancionada con arresto de tres (3) a nueve (9) meses o multa de trescientas (300) a novecientas (900) unidades tributarias. Si el delito se cometiera en áreas o zonas montañosas, en sierras o mesetas, la pena será aumentada al doble y se ordenará al infractor la ejecución de medidas a fin de impedir la repetición de los hechos y de corregir la situación alterada y se fijará un plazo para ello. Si vencido el plazo los correctivos no han sido ejecutados, se procederá a la ejecución de la astreinte según lo previsto en la presente ley y se ordenará la prohibición definitiva de la actividad origen de la agresión. Si los correctivos no fuesen posibles por resultar los daños irreparables, se ordenará la reordenación de los lugares alterados. Sección 3 DE LOS DELITOS EN ÁREAS BAJO RÉGIMEN DE ADMINISTRACION ESPECIAL Artículo 204. Ocupación ilícita de áreas bajo régimen de administración especial La persona natural o jurídica que ocupare ilícitamente áreas naturales protegidas, o que en dichas áreas se dediquen a actividades comerciales o industriales o efectúe labores de carácter agropecuario, pastoril o forestal o alteración o destrucción de la flora o vegetación, en violación de los planes sobre la materia, será sancionada con prisión de dos (2) meses a un (1) año o multa de doscientas (200) a mil (1.000) unidades tributarias. Sección 4 DE LAS OMISIONES EN EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PLANES DE MANEJO Artículo 205. Otorgamiento de permisos o autorizaciones sin estudio de impacto ambiental El funcionario público que otorgue permisos o autorizaciones sin cumplir con el requisito de estudio o evaluación del impacto ambiental, en las actividades para las cuales lo exigen las normas sobre la materia, será sancionado con prisión de tres (3) a seis (6) meses. Artículo 206. Otorgamiento de actos administrativos sin el requisito de plan de manejo El funcionario público que otorgue contratos, concesiones, asignaciones, licencias u otros actos administrativos sin cumplir con el requisito del plan de manejo, en las actividades 52
para las cuales lo exigen las normas sobre la materia, será sancionado con prisión de tres (3) a seis (6) meses. TÍTULO IX DISPOSICIONES FINALES PRIMERA. Reglamentación El Ejecutivo Nacional reglamentará esta Ley en el lapso de tres (3) años contado a partir de su entrada en vigencia, pudiendo dictar a tales efectos reglamentos parciales. SEGUNDA. Plazo para la elaboración de los planes de ordenación del territorio El Ejecutivo Nacional, los ejecutivos estadales, así como los municipios, deberán dictar los planes respectivos a que se refiere esta ley en un lapso máximo de cuatro (4) años contados desde su entrada en vigencia. A tal efecto, la comunidad organizada velará por el cumplimiento de dichos planes, dentro del término establecido. TERCERA. Vigencia de los reglamentos Se mantendrán en vigencia los reglamentos de las leyes derogadas, en cuanto no colidan con esta ley, hasta tanto sean sustituidos por los nuevos instrumentos que la desarrollen. CUARTA: Disposición Derogatoria Quedan derogadas la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (Gaceta Oficial N° 3.238 de 11 de agosto de 1983), y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (Gaceta Oficial N° 33.868 del 16 de diciembre de 1987). Una ley ordinaria regulará lo concerniente a la ordenación urbanística y mientras no sea promulgada, seguirán vigentes las disposiciones de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, en lo que no colida con la presente. QUINTA: Vigencia de la Ley Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulAnteproyecto Ley Orgánica de Ordenamiento y Gestión Del Territorio Aprobado en Primera Discusión en la AN el 24 Sept 2008 by Globovisión0.0 (0)EmbedDownloadDescriptionConozca lo que contempla la ley. Entre otros aspectos, la indemnización por expropiación no sería de carácter obligatorioConozca lo que contempla la ley. Entre otros aspectos, la indemnización por expropiación no sería de carácter obligatorioInterests: Types, Business/Law, FinanceRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less

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 Artículo 101
 Artículo 102
 Artículo 103
 Artículo 104
 Artículo 105
 Artículo 106
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