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Timestamp: 2019-12-12 08:04:46+00:00

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Legislación: Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de gestión de emergencias en Andalucía
Tipo: Leyes de Protección Civil Area: Protección Civil
Publicada en el BOJA 138, de 26/11/02 La Constitución Española consagra en su artículo 15 el derecho a la vida y a la integridad física de las personas como un derecho fundamental. Corresponde a los poderes públicos la adopción de medidas en pro de su efectiva protección, que incluso pueden llegar a vincular y condicionar la actividad de los particulares, en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Tales situaciones deben entenderse encuadradas dentro del ámbito de la seguridad pública, que, en interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, en las sentencias 123/1984, de 18 de diciembre, y 133/1990, de 19 de julio, constituye una competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la atribución a la Comunidad Autónoma de títulos competenciales relacionados con la gestión de emergencias en materias tales como la creación de un Cuerpo de Policía andaluza, artículo 14, sanidad, artículo 13.21, carreteras, artículo 13.10, o medio ambiente, artículo 15.7, entre otras. Resulta especialmente conveniente la adopción de una norma que aborde la gestión de las emergencias que pudieran producirse en el ámbito territorial de Andalucía, sin perjuicio, de una parte, de la normativa sectorial que pudiera incidir en la materia, y de otra de lo dispuesto en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, especialmente en los aspectos relativos a la regulación de aquellas situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública declaradas de interàs nacional.
Fecha: 26/11/2002 Ambito: Andaluz
BOJA núm. 138, 26/11/2002 (entrada en vigor)
BOE núm. 297, 12/12/2002
Capítulo II. Derechos y deberes atribuciones.
Capítulo I. Actuaciones en materia de protección civil.
Capítulo III. Coordinación integrada de urgencias y emergencias.
Capítulo II. Gestión de emergencias no catastróficas.
Título III. Prevención y extinción de incendios y salvamento.
Capítulo I. Servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.
Capítulo II. Agentes de emergencia de empresa.
Título V. Financiación.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la atribución a la Comunidad Autónoma de títulos competenciales relacionados con la gestión de emergencias en materias tales como la creación de un Cuerpo de Policía andaluza, artículo 14, sanidad, artículo 13.21, carreteras, artículo 13.10, o
medio ambiente, artículo 15.7, entre otras. Resulta especialmente conveniente la adopción de una norma que aborde la gestión de las emergencias que pudieran producirse en el ámbito territorial de Andalucía, sin perjuicio, de una parte, de la normativa sectorial que pudiera incidir en la materia, y de otra de lo dispuesto en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, especialmente en los aspectos relativos a la regulación de aquellas situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública declaradas de interàs nacional.
Tradicionalmente se ha venido desarrollando la materia partiendo de una distinción entre emergencias de menor gravedad, las cuales eran reguladas mediante normas sectoriales u otras de alcance territorial limitado, o bien aquellas situaciones que, por constituir grave riesgo colectivo, catástrofe o
calamidad pública, entraban de lleno en el ámbito de la protección civil, cuya ordenación responde a un modelo suficientemente desarrollado e integrador.
Habida cuenta de la posible evolución de una emergencia de índole inicialmente no calamitosa a situaciones que sí revistan tal carácter, así como la necesidad por razones de eficacia del establecimiento de un sistema integrado de respuesta que, atendiendo a principios de aplicación general, permita evitar situaciones de desprotección en los supuestos de agotamiento de los mecanismos inicialmente previstos para su gestión, y garantizar además el establecimiento de medidas de coordinación intersectorial, procede aprobar por el Parlamento de Andalucía una norma con rango de Ley, que por sí misma
y a travàs de sus disposiciones de desarrollo garantice la configuración de un marco adecuado de protección ante los distintos niveles de emergencia.
Este es el papel desempeñado por la presente Ley, la cual consta de cinco Títulos, abordando, sucesivamente, una serie de disposiciones generales, la ordenación general de las emergencias, los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, un elenco de conductas infractoras y las sanciones correspondientes, y, por último, los cauces de financiación en materia de gestión de emergencias.
El Capítulo I del Título I, rubricado "Disposiciones Generales", determina el objeto de la misma, su ámbito y finalidad. Parte del establecimiento de un sistema integrado de respuesta ante situaciones de emergencia que, sin ser declaradas de interàs nacional, determinen cuando menos la necesidad de adoptar especiales medidas de coordinación, supongan un especial trastorno social y requieran una actuación de carácter multisectorial.
El Capítulo II de dicho Título regula los derechos y deberes de los ciudadanos ante situaciones de emergencia y las condiciones para el ejercicio o cumplimiento de los mismos, así como las atribuciones en tal sentido de las Administraciones Públicas. Básicamente se garantiza el derecho a la información y formación sobre los distintos riesgos que pudieran afectarles y las medidas a adoptar. Así mismo, se establece un deber general de colaboración matizado en su intensidad conforme a la naturaleza del destinatario de la disposición.
El Capítulo II del Título II aborda la gestión de emergencias de índole no catastrófica. Se establecen los procedimientos de actuación a travàs de la adopción de protocolos operativos, así como los mecanismos y órganos de información, para garantizar una respuesta acorde con los principios de eficacia y celeridad de los órganos y servicios llamados a intervenir.
El establecimiento en el Capítulo III del sistema de coordinación integrada de urgencias y emergencias para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía ofrece a los ciudadanos y entidades públicas y privadas el acceso mediante un nñmero telefónico ñnico a nivel europeo a los servicios públicos de urgencias y emergencias en los ámbitos sanitario, de prevención y extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de protección civil, independientemente de la Administración Pública o entidad de quien dependan.
El Título III, sobre la prevención y extinción de incendios y salvamento, aborda, en dos capítulos, respectivamente, la definición y funciones de los servicios públicos de bomberos en Andalucía, el estatuto básico de su personal, con pleno respeto a las competencias de las Administraciones Públicas de quienes dependan en materia de autoorganización y dirección de sus propios servicios. De otra parte, se prevà la figura del agente de emergencia de empresa que, independientemente de la titularidad pública o privada del servicio, desarrolla sus actuaciones en el ámbito de su centro de trabajo.
El Título V determina, por último, los cauces de financiación de los costes de planificación, implantación y operación de determinados medios y servicios, partiendo del principio de su asunción con cargo a los presupuestos de la Administración Pñblica de quien dependan, sin perjuicio de posibles mecanismos de subvención.
DISPOSICIONES GENERALES. DERECHOS, DEBERES Y ATRIBUCIONES.
La previsión de riesgos, orientada a una adecuada labor de planificación, mediante técnicas de identificación y análisis.
La reducción de riesgos, mediante una adecuada política de prevención, adopción de medidas correctoras, actividad de inspección y sanción.
La elaboración y aprobación de planes de emergencia y protocolos operativos.
Las medidas de intervención destinadas a paliar en lo posible las consecuencias de los eventos producidos.
La formación de los ciudadanos que puedan resultar afectados por las situaciones de emergencia, la información a los mismos, así como la capacitación y reciclaje de los técnicos de protección civil y personal de los servicios intervinientes.
2. Los ciudadanos mayores de edad y las personas jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades que puedan generar situaciones de emergencia o que puedan verse afectados por éstas, deben adoptar las medidas de autoprotección que les resulten aplicables, así como, en su caso, mantener los medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de las mismas.
Acordar la evacuación de personas desde las zonas de intervención y socorro.
Acordar la permanencia en domicilios y locales.
Establecer limitaciones de acceso a las zonas de operación.
Limitar y condicionar el uso de servicios públicos y el consumo de determinados bienes.
Ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos bienes y servicios que se considere estrictamente necesario, en la forma y supuestos previstos en las Leyes.
Ordenar la omisión de acciones y, en su caso, la prestación de servicios obligatorios de carácter personal. Dicha prestación se realizará de forma proporcional a la situación creada y a las capacidades de cada cual, y no dará lugar, necesariamente, a indemnización.
ORDENACION GENERAL DE EMERGENCIAS.
SECCIÓN I. ACTUACIONES BÁSICAS.
Ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones básicas en materia de protección civil por parte de los sujetos públicos o privados, conforme a lo establecido en la presente Ley, abarcarán los siguientes aspectos:
1. Las Administraciones Públicas en el ámbito territorial de Andalucía y en el marco de sus competencias promoverán actuaciones orientadas a la reducción de riesgos y a la prevención de catástrofes y calamidades públicas, con especial atención a la capacitación de los servicios operativos y a la formación y colaboración de la población para hacer frente a tales situaciones. Asimismo, velarán por el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia, ejercitando, en su caso, las potestades de inspección y sanción.
Planes territoriales de emergencia.
Planes especiales y planes específicos.
Planes de emergencia interior o de autoprotección.
2. El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía se elabora para hacer frente a las emergencias generales que se puedan producir en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, siempre que no sean declaradas de interés nacional por los órganos correspondientes de la Administración General del Estado.
5. Los planes territoriales de emergencia de ámbito municipal se elaboran para hacer frente a las emergencias que se puedan producir en el ámbito territorial del municipio, y serán aprobados por el Pleno de la respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía. Cuando el ámbito territorial de planificación afecte a una entidad local de ámbito supramunicipal, corresponde la aprobación del correspondiente plan de emergencia al órgano colegiado competente de dicha Entidad Local.
En todo caso, serán homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
1. Son planes especiales de emergencia aquellos elaborados para hacer frente a las emergencias producidas por riesgos para los que la normativa emanada de la Administración General del Estado establezcan su regulación a través de la correspondiente directriz básica de planificación relativa a cada tipo de riesgo.
2. Son planes específicos de emergencia aquellos elaborados para hacer frente a las emergencias generadas por riesgos de especial significación en Andalucía, cuya naturaleza requiera una metodología técnico-científica adecuada para ello, y así haya sido apreciada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante la aprobación de la correspondiente norma marco, que, en todo caso, establecerá el contenido mínimo a que deberán adaptarse los correspondientes planes específicos de emergencia.
4. Los planes especiales de emergencia serán elaborados por la Consejería competente en materia de protección civil y, en su caso, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación por la Consejería competente por razón de la materia, y aprobados por el Consejo de Gobierno. A los efectos de homologación, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal.
5. Los planes específicos de emergencia serán aprobados por el órgano colegiado superior de la Administración Pública competente por razón del ámbito territorial afectado. Corresponde su homologación a la Comisión de Protección Civil de Andalucía, atendiendo a los criterios establecidos en esta Ley, en sus disposiciones de desarrollo y en el Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía y, en todo caso, al contenido mínimo establecido en las correspondientes normas marco a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.
1. Los planes de emergencia interior o de autoprotección son aquéllos que se elaboran por los titulares o responsables de centros e instalaciones que desarrollen actividades consideradas generadoras de riesgos incluidas en el catálogo previsto en el artículo 9.2, o susceptibles de resultar afectadas por situaciones de emergencia, atendiendo a los criterios establecidos en la normativa específica que les resulte de aplicación, así como a las disposiciones y criterios establecidos en la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo y en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
2. Los planes de emergencia interior o de autoprotección establecerán claramente los mecanismos de comunicación, coordinación e interfase con el plan territorial, especial o específico, en el que se deban integrar en razón a su ámbito territorial y actividad.
3. Los titulares o responsables de centros e instalaciones que desarrollen actividades consideradas generadoras de riesgos o susceptibles de resultar afectadas por situaciones de emergencia deberán disponer de suficientes medios humanos y materiales para prevenir y hacer frente a las situaciones de emergencia que puedan producirse en el interior de las mismas.
1. Ante una situación de grave riesgo o emergencia se procederá, en su caso, a la activación del correspondiente plan de emergencia por la Autoridad competente prevista en el mismo. Si la evolución de la emergencia aconsejará la activación de un plan de emergencia de ámbito superior, se procederá a ello conforme los procedimientos establecidos en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y en los respectivos planes. La desactivación se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el propio plan.
A tal fin se podrá constituir una Comisión de Rehabilitación, que centralizará el seguimiento de las actuaciones de evaluación y rehabilitación. En aquellas emergencias declaradas de interés general de Andalucía, la Constitución de la Comisión de Rehabilitación tendrá carácter preceptivo.
SECCIÓN II. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Artículo 18. Relaciones entre las Administraciones Públicas.
1. La actuación de las Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ajustará a lo previsto en el presente Capítulo, sin perjuicio de las disposiciones de la legislación estatal relativas a la configuración básica de un sistema nacional de protección civil y la normativa de régimen local.
4. Las Administraciones Públicas de Andalucía deben prestarse colaboración y asistencia mutua en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. La asistencia y cooperación requerida sólo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello, o cuando, de hacerlo, causará un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente, en cuanto sea posible, a la Administración Pública solicitante.
Corresponden al Consejo de Gobierno las competencias que le atribuyen ésta y otras Leyes, y en especial:
Aprobar el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales.
Fijar las directrices esenciales en materia de prevención, intervención y rehabilitación.
Acordar la declaración de emergencia de interés general de Andalucía.
Ejercer las facultades de sanción de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.
Aquellas otras que le sean atribuidas por la legislación vigente.
Artículo 21. El titular de la Consejería competente en materia de protección civil.
Coordinar la ejecución de la política de protección civil en la Comunidad Autónoma.
Dictar disposiciones de carácter general en el ámbito de sus competencias y ejecutar los Acuerdos que en materia de protección civil dicte el Consejo de Gobierno.
Requerir la información y participación de otros sujetos públicos y privados, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Promover la elaboración del mapa de riesgos y catálogo de recursos movilizables, así como el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales y específicos de emergencia.
Establecer servicios propios de intervención y coordinación.
Potenciar la intervención de los servicios de emergencias actuales, así como propiciar su coordinación.
Ejercer las labores de dirección previstas en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, planes especiales y planes específicos.
Proponer al Consejo de Gobierno la declaración de emergencia de interés general de Andalucía.
Presidir la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
Establecer cauces de cooperación con otras Administraciones Públicas y solicitar de éstas la concurrencia de medios disponibles, así como poner a su disposición los medios autonómicos, en caso de que sea necesario.
El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, a efectos de lo previsto en esta Ley, es la máxima autoridad de Protección Civil en cada provincia y ejerce las funciones de dirección, coordinación, relación, ejecución, inspección y sanción que le sean atribuidas legal o reglamentariamente, y, en particular, la superior dirección de la estructura provincial de coordinación de emergencias y la dirección de los planes de protección civil de su ámbito territorial.
1. Se crea el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de protección civil, como centro de comunicaciones y gestión, dirigido al desarrollo de actuaciones coordinadas ante emergencias; constituye un elemento fundamental en la gestión ante dichas situaciones, dando soporte a procedimientos de recepción, evaluación, activación, coordinación y dirección.
Recepción de informaciones predictivas y avisos de emergencias.
Coordinación, en situaciones de emergencia, de los medios y recursos de la Administración de la Junta de Andalucía, y de éstos con los dependientes de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas.
Actuación como centro de coordinación operativo conforme lo establecido en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
Apoyo a los centros de coordinación operativa locales.
3. A través del correspondiente Decreto se determinarán su organización y procedimientos de actuación.
La Comisión de Protección Civil de Andalucía es el órgano colegiado de carácter deliberante y consultivo, de homologación, coordinación y participación de las Administraciones Públicas en materia de protección civil. Integrada por representantes de todas las Administraciones Públicas, funciona en Pleno y en Comisión Permanente.
Para el estudio de asuntos de su competencia, podrán crearse Comisiones Técnicas y Grupos de Trabajo. Su composición, organización y régimen de funcionamiento se regulará mediante reglamento.
Crear la estructura municipal de protección civil.
Elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal.
Elaborar y mantener actualizado el catálogo de recursos movilizables correspondiente a su ámbito territorial.
Asegurar los procedimientos de interfase para la activación de planes de ámbito superior.
Crear, mantener y dirigir la estructura de coordinación operativa y, en su caso, el Centro de Coordinación Operativa Local y otros servicios operativos.
Promover la vinculación ciudadana a través del voluntariado.
Realizar programas de prevención de riesgos y campañas de información.
2. El Alcalde-Presidente de la Corporación Local es la máxima autoridad de protección civil en el término municipal, pudiendo asumir la dirección de las emergencias según las disposiciones del Plan de Emergencia Municipal, en su caso, así como solicitar el concurso de medios y recursos de otras Administraciones Públicas y la activación de planes de ámbito superior.
3. Los municipios con población superior a veinte mil habitantes contarán con un servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, según la estructura que se determine reglamentariamente. Dicho servicio será prestado directamente por el Ayuntamiento o a través de una Entidad Local de carácter supramunicipal en la que podrá participar la Diputación Provincial.
SECCIÓN III. LOS SERVICIOS OPERATIVOS.
1. Son servicios operativos aquéllos llamados a intervenir ante situaciones de emergencia. A tal fin, actuarán bajo la supervisión de sus correspondientes departamentos y la superior dirección del plan de emergencia activado y las disposiciones de éste.
SECCIÓN IV. EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL.
3. En todo caso, se garantizará el equipamiento, la formación y los sistemas adecuados de cobertura de aquellos riesgos derivados del desarrollo de sus funciones.
1. Se faculta a la Consejería competente en materia de protección civil para recabar información a las distintas Administraciones Públicas y, en su caso, a los responsables de los servicios operativos, acerca de sus recursos disponibles y actuaciones relacionadas con las situaciones objeto de este Capítulo. A tales efectos, el conjunto de las personas físicas o jurídicas de carácter público o privado, cuya actividad esté relacionada con actuaciones en emergencias, deberán prestar su colaboración a través del Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía u otros órganos designados por la Consejería competente en materia de protección civil, en relación a:
Facilitar información sobre la localización, dotación de personal, medios técnicos y, en general, todos aquellos aspectos relacionados con la prestación de sus servicios en situaciones de urgencia o emergencia.
Comunicar la existencia de las situaciones de emergencia de las que tengan conocimiento, acerca de su origen, características, evolución y finalización.
2. La determinación de los procedimientos de elaboración y aprobación, así como la propuesta de los contenidos mínimos de los protocolos de coordinación operativa, corresponde a la Consejería competente en materia de protección civil, en colaboración con las Administraciones y servicios interesados y previo informe de la Comisión de Protección Civil de Andalucía.
2. Para ello se desarrollará, en el ámbito territorial de Andalucía, un sistema de coordinación integrada de las demandas de urgencias y emergencias realizadas por ciudadanos y entidades públicas y privadas que, a través del teléfono único europeo 112 u otro que la normativa europea pueda establecer, permita solicitar la asistencia de los servicios públicos en materia de asistencia sanitaria de urgencia, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y protección civil, cualquiera que sea la Administración Pública o entidad de la que dependan. En este sentido, el sistema no comprende la prestación material de la asistencia requerida.
3. El procedimiento de comunicación a los servicios operativos, así como el protocolo de coordinación, control y seguimiento de emergencias, deberá ser objeto de acuerdo entre la Consejería competente en materia de protección civil, las restantes Consejerías y las Administraciones Públicas o entidades titulares de dichos servicios operativos.
Son Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento aquéllos prestados por las Entidades Locales por sí solas o asociadas, en su respectivo ámbito territorial, que tienen como finalidad el desarrollo de las funciones previstas en el artículo 38 de la presente Ley.
Establecer las normas marco a las que habrán de ajustarse los reglamentos de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en Andalucía.
Promover la realización de estudios técnicos sobre riesgos en Andalucía, a cuyas previsiones deberán adaptarse las características y despliegue de los parques, sus medios y recursos.
Propiciar la homogeneización de los distintos servicios en cuanto a medios y recursos necesarios para la eficacia de su cometido.
Proponer los criterios de selección, formación, promoción y movilidad de los integrantes de los mismos, según lo dispuesto en esta Ley y normativa de desarrollo, sin perjuicio del régimen general de los funcionarios públicos.
Coordinar la formación y capacitación del personal a través de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Recabar y coordinar la actuación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento fuera de su correspondiente ámbito de competencia territorial. En todo caso, serán de aplicación las disposiciones del artículo 18.4 de la presente Ley.
Instrumentar medidas de coordinación y asesoramiento a las entidades de quienes dependan los Servicios, en la medida en que así lo soliciten.
Promover fórmulas de colaboración interadministrativa para la prestación asociada de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento.
Elaborar el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía que garantice la eficacia y la mejor prestación de los mismos.
Crear la Unidad Canina de Rescate de Andalucía, adscrita a la Consejería competente en materia de protección civil, para la intervención en catástrofes tanto en Andalucía como en aquellos otros lugares donde pueda ser requerida. La Unidad Canina de Rescate de Andalucía podrá dotarse de los efectivos existentes en las Unidades Caninas de Rescate de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.
Homologar las Unidades Caninas de Rescate de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.
Con carácter general, la planificación y ejecución de operaciones de prevención y actuación frente a incendios y otros siniestros, asistencia y salvamento de personas y protección de bienes.
Desarrollo de medidas preventivas y, en particular, la inspección en materia de cumplimiento de la normativa de protección frente a riesgos de su competencia. En su caso, la elaboración de informes preceptivos con carácter previo a la obtención de licencias de explotación.
Adopción de medidas excepcionales de protección y con carácter provisional hasta que se produzca la oportuna decisión de la autoridad competente, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad.
Investigación e informe sobre las causas y desarrollo de siniestros.
Estudio e investigación en materia de sistemas y técnicas de protección frente a incendios y salvamento.
Participación en la elaboración de los planes de emergencia, así como desarrollo de las actuaciones previstas en éstos.
Participación en campañas de formación e información a los ciudadanos.
Escala Superior. Integrada por personal funcionario del Grupo A; realizará funciones de dirección y coordinación de las restantes Escalas, propuesta de planes y actuaciones para el desarrollo del servicio y aquéllas relacionadas con la prevención y extinción de incendios y salvamento que resulten adecuadas a la titulación y preparación requerida para su acceso.
Escala Ejecutiva. Integrada por personal funcionario del Grupo B; realizará funciones de dirección y coordinación sobre la Escala Básica, y aquéllas relacionadas con la prevención y extinción de incendios y salvamento que resulten adecuadas a la titulación y preparación requerida para su acceso.
Escala Básica. Integrada por personal funcionario de los Grupos C y D; realizará las funciones operativas y de ejecución de las tareas de prevención y extinción de incendios y salvamento que les sean encomendadas y, en su caso, la dirección y supervisión del personal a su cargo.
Asimismo, resultarán de aplicación las disposiciones vigentes en materia de Función Pública.
2. Los sistemas de acceso a las distintas categorías de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento serán el turno libre, la promoción interna y la movilidad, movilidad.
Reglamentariamente se determinarán las condiciones de acceso a las distintas categorías.
3. Para adquirir la condición de funcionario de carrera, previa superación de las pruebas previstas en la correspondiente convocatoria, será requisito indispensable la realización con aprovechamiento de un curso de formación específico impartido u homologado por la Escuela de Seguridad Pública, cuyo contenido se determinará reglamentariamente.
1. La formación y capacitación del personal integrante de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento se coordinará a través de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, que determinará las condiciones para la homologación de los cursos impartidos por las escuelas de bomberos u otras entidades o empresas.
1. Las Administraciones Públicas competentes, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, establecerán la situación especial de segunda actividad, conforme a las necesidades y estructura de cada servicio.
2. El pase a la situación de segunda actividad vendrá determinado por el cumplimiento de la edad de sesenta años para la Escala Directiva, de cincuenta y siete para la Escala Ejecutiva y de cincuenta y cinco para la Escala Básica, por embarazo, o por disminución de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de funciones operativas.
3. La segunda actividad es una situación administrativa en la que se permanecerá hasta el pase a la jubilación u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se produzca como consecuencia de embarazo, o por pérdida de aptitudes psicofísicas y las causas que las motivaron hayan desaparecido.
4. La Administración titular del servicio podrá limitar motivadamente, por cada año natural y categoría, el número de funcionarios que puedan acceder a la situación de segunda actividad, priorizando a los que accedan por disminución de aptitudes psicofísicas y prorrogando la permanencia en el servicio activo de quienes, en orden inverso al de la fecha en que cumplan la edad, excedan del cupo fijado. Así mismo, se podrá aplazar el pase a la situación de segunda actividad, por sucesivos períodos de un año, cuando exista solicitud expresa del interesado y siempre que medie informe favorable del correspondiente Tribunal médico.
1. La segunda actividad se desarrollará en otro puesto de trabajo adecuado a la categoría que se ostente y determinado por la Administración titular del servicio, con carácter preferente en el área de prevención y extinción de incendios y salvamento, y si ello no fuese posible, en otro servicio de la Administración titular.
2. Los funcionarios en situación de segunda actividad estarán sujetos a idénticos regímenes disciplinarios y de incompatibilidades que en servicio activo, salvo que desempeñen puestos en un servicio distinto al de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, en cuyo caso estarán sometidos al régimen general disciplinario de los funcionarios.
4. Las particularidades del régimen retributivo de los funcionarios en situación de segunda actividad se desarrollarán reglamentariamente.
1. Pasarán a la situación de segunda actividad, sin la limitación de edad establecida en esta Ley, aquellos funcionarios de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento que tengan disminuidas las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el desempeño de las funciones operativas ante siniestros, conforme a dictamen de Tribunal médico, y sin que dicha disminución constituya causa de incapacidad permanente. El procedimiento para el acceso a la situación de segunda actividad podrá iniciarse de oficio por los responsables del servicio, o a solicitud del interesado.
1. A los integrantes de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento les resultará de aplicación el régimen disciplinario general de los funcionarios públicos según su ámbito de dependencia, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo.
2. Además de las previstas en la normativa sobre Función Pública, tienen la consideración de falta muy grave las conductas consistentes en:
El maltrato grave a la ciudadanía, de palabra u obra, y la comisión de cualquier tipo de abuso en el ejercicio de sus atribuciones.
La realización de conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen graves daños a la Administración Pública o a los administrados.
Insubordinación individual o colectiva respecto a las autoridades o mandos de que dependan, así como la desobediencia a las legítimas instrucciones por ellos formuladas.
No acudir a las llamadas ante siniestros estando de servicio.
El embriagarse y consumir drogas tóxicas, estupefacientes y substancias psicotrópicas cuando repercuta o pueda repercutir en el servicio, así como negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.
Sustracción o alteración de documentos o material del servicio bajo custodia.
Incumplimiento de las obligaciones de dar cuenta a las autoridades y mandos de quienes dependan de cualquier asunto que requiera su conocimiento.
El consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y substancias psicotrópicas estando de servicio, así como el negarse a las comprobaciones técnicas pertinentes.
El descuido injustificado en la presentación personal.
El no llevar el debido uniforme, sin causa justificada, durante el desempeño del servicio.
El incumplimiento de cualquiera de las funciones básicas, cuando no sea calificado como falta grave o muy grave.
5. En aquellos aspectos no previstos en la presente Ley, para la especificación, graduación y aplicación de las correspondientes infracciones y sanciones, resultarán de aplicación las disposiciones reguladoras del régimen disciplinario general de los funcionarios públicos, así como, en su caso, las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la presente Ley.
Para la graduación de las sanciones se atenderá en todo caso a los siguientes criterios:
Perturbación que la conducta pueda producir en el normal funcionamiento del servicio.
Daños y perjuicios o falta de consideración que puedan suponer para los subordinados y ciudadanos.
Trascendencia de la conducta infractora para la seguridad pública, incrementando el riesgo o los efectos de la situación de emergencia.
Artículo 46. Los bomberos voluntarios.
2. En ningún caso disfrutarán de los derechos de los funcionarios públicos o del personal laboral. Les será suministrado el equipamiento adecuado para el desempeño de sus funciones, gozando de la cobertura de un seguro de accidentes y responsabilidad civil en el ejercicio de sus funciones, así como de una defensa jurídica adecuada en aquellos procedimientos que pudieran plantearse como consecuencia de actuaciones derivadas del servicio. En todo caso, les resulta de aplicación las disposiciones del artículo 28 de la presente Ley, su normativa de desarrollo y, en su caso, el reglamento operativo aprobado por la Administración Pública de quien dependan y homologado por el Consejo Andaluz del Fuego.
3. Son funciones del Consejo Andaluz del Fuego las siguientes:
Emitir informe, con carácter preceptivo, en los supuestos previstos en el artículo 37.2 de la presente Ley.
Proponer criterios de coordinación, cooperación y asistencia entre los distintos Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Andalucía.
Proponer modificación de la normativa o adopción de medidas encaminadas a la prevención de riesgos.
Título IV. Infracciones y sanciones.
Actuaciones en las que medie dolo o imprudencia temeraria que, producidas en situación de emergencia, originen graves daños a las personas o bienes, o que ocasionen prestación de servicios públicos.
No adoptar, quien estuviere obligado a ello, las medidas establecidas en los planes de emergencia activados, cuando ello origine graves daños a las personas o a los bienes.
Impedir u obstaculizar gravemente la aplicación de las medidas excepcionales previstas en el artículo 6 de la presente Ley.
Incumplir los medios de comunicación social, las obligaciones previstas en el apartado 3 del artículo 5 de la presente Ley.
La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de naturaleza grave, declarada por resolución firme.
No comunicar a las autoridades de protección civil las previsiones o incidentes que puedan dar lugar a activación de planes de emergencia, así como no comunicar la activación de planes de emergencia interior o de autoprotección.
Denegar información a las autoridades de protección civil sobre los extremos previstos en la normativa de aplicación, así como impedir u obstaculizar las inspecciones llevadas a cabo por éstas.
Realizar actuaciones dolosas o imprudentes que, sin ser constitutivas de falta muy grave, ocasionen daños a las personas o los bienes, o prestación de servicios públicos.
Incumplir, en situaciones de activación de planes de emergencia, las obligaciones derivadas del mismo, así como de las instrucciones dictadas por la autoridad competente, siempre que no constituyan falta muy grave.
Negarse a realizar, sin causa justificada, las prestaciones personales ordenadas por la autoridad competente en situaciones de activación de planes de emergencia.
No comunicar al centro de coordinación de emergencias de ámbito territorial superior la activación de un plan de emergencia.
Obstaculizar la aplicación de las medidas excepcionales previstas en el artículo 6 de la presente Ley.
No adoptar los instrumentos de planificación preceptivos en materia de emergencia interior o autoprotección; no respetar el contenido mínimo establecido o, en su caso, el procedimiento previsto para su homologación. Así mismo, no efectuar la revisión de los planes de emergencia interior o de autoprotección en el plazo previsto.
Las infracciones leves cometidas durante la activación de planes de emergencia, así como la comisión en el término de un año de más de una infracción de naturaleza leve, declarada por resolución firme.
No adoptar o no respetar, en su caso, las medidas e instrucciones emanadas de la autoridad competente en la realización de simulacros.
Incumplir las restantes obligaciones contempladas en la presente Ley y disposiciones que las desarrollen, que no revistan carácter de graves o muy graves.
Por infracciones muy graves, multa desde 150.000,01 hasta 600.000 euros.
Por infracciones graves, multa desde 6.000,01 hasta 150.000 euros.
Por infracciones leves, multa desde 0,01 hasta 6.000 euros.
Al Alcalde-Presidente de la Corporación Local, hasta un límite de 12.000 euros en caso de municipios con población menor de 20.000 habitantes y 60.000 euros en caso de población superior.
Al titular de la Delegación de la Consejería competente por razón de la materia, hasta 60.000 euros.
Al titular de la Consejería competente por razón de la materia, hasta un límite de 150.000 euros.
Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, hasta un límite de 600.000 euros.
3. Las sanciones establecidas en ningún caso podrán resultar más beneficiosas para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, incrementándose la cuantía de la sanción a imponer en el importe correspondiente al valor de restitución de la situación previa al hecho que ocasionó la iniciación del procedimiento sancionador, sin que para ello se tengan en cuenta los límites al ejercicio de la potestad sancionadora a que se alude en el apartado anterior.
Las dotaciones previstas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y en los de las entidades que integran la Administración Local.
Las correspondientes tasas y contribuciones especiales previstas en las Leyes.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio en materia de titulación académica.
Disposición transitoria segunda. Promoción interna. Dispensa de titulación.
2. En el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a la convocatoria de pruebas selectivas libres de acceso en relación a puestos de trabajo cuya adscripción haya sido modificada de laboral a funcionario, conforme a la legislación vigente. En dichas pruebas podrá participar el personal laboral fijo de la Administración convocante que estuviera desempeñando los referidos puestos en el momento de su modificación y continúe en su desempeño al publicarse la convocatoria, que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos. Entre otros, se valorará como mérito los servicios efectivos prestados en su condición de laboral y las pruebas selectivas superadas para acceder a la misma.
Disposición transitoria sexta. Acceso del personal que ha realizado funciones similares a las de Bomberos en servicios de emergencias organizados por las Entidades Locales.
Creado por la Administración titular del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento como sustitución de cualquier otro que existiera con anterioridad a la aprobación de la presente Ley, se empleará por una sola vez el procedimiento selectivo de concurso-oposición libre para el personal que prestaba dicho servicio para encuadrarlo dentro de las nuevas categorías. Reglamentariamente se determinarán los méritos de la fase de concurso, en la que se valorará como mérito, entre otros, los servicios prestados como personal con funciones de bomberos dentro de la Administración titular del Servicio al que se opta.

References: artículo 15
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 9

Artículo 18

Artículo 21
 artículo 38
 artículo 18

Artículo 46
 artículo 28
 artículo 37
 artículo 6
 artículo 5
 resolución 
 artículo 6
 resolución