Source: https://www.iberley.es/legislacion/ley-12-2018-23-nov-c-asturias-transportes-movilidad-sostenible-26115059
Timestamp: 2018-12-18 19:20:09+00:00

Document:
Ley 12/2018 de 23 de Nov C.A. Asturias (Transportes y Movilidad Sostenible) | Iberley
Ley del Principado de Asturias 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible. [Cód. 2018-12023] - Boletín Oficial del Principado de Asturias de 04-12-2018
Boletín: Boletín Oficial del Principado de Asturias Número 281
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias de Transportes y Movilidad Sostenible.
1. La Constitución española, en su artículo 19, establece como uno de los derechos fundamentales de los españoles el de «circular por el territorio nacional», y, en su artículo 45, proclama como uno de los principios rectores de la política social y económica el derecho que todos tienen «a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo», encomendando a los poderes públicos velar «por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente». Todo ello conduce a la necesidad de que los poderes públicos promuevan la efectividad del derecho fundamental a circular por el territorio, pero teniendo en cuenta que la movilidad ha de respetar el medio ambiente y debe realizarse de la forma más compatible posible con una utilización racional de los recursos naturales, siempre con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, es preciso tomar en consideración la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera; la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como otros documentos normativos y estratégicos concernidos por el avance hacia una movilidad más sostenible, entre los que destacan las Estrategias de medio ambiente, urbana y de movilidad sostenible.
2. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, estableció la regulación del transporte terrestre con la pretensión de su máxima extensión aplicativa, partiendo de que el mantenimiento de un sistema común de transporte resultaría imprescindible para la efectividad de una serie de principios constitucionales, tales como la unidad de mercado en todo el territorio del Estado. No obstante, el Tribunal Constitucional, en reiteradas sentencias, ha venido insistiendo en la competencia de las Comunidades Autónomas para la regulación de los transportes que se desarrollen íntegramente dentro de sus respectivos territorios.
3. El artículo 10.1.5 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, atribuye la competencia exclusiva del Principado de Asturias en materia de ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su territorio, y en los mismos términos el transporte terrestre, fluvial, por cable o tubería. El artículo 10.1.6 del Estatuto hace idéntica declaración respecto del transporte marítimo exclusivamente entre puertos o puntos de su territorio sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales; el 10.1.7 sobre los centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes, y el 10.1.9 sobre los puertos de refugio, puertos, aeropuertos y helipuertos que no sean de interés general del Estado.
4. El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, durante el cual se han sucedido acontecimientos tales como la excesiva proliferación del uso del vehículo privado motorizado, con los consiguientes problemas medioambientales, económicos y para la salud generados por la saturación viaria, la accidentalidad, la ineficiencia energética, la emisión de gases de efecto invernadero y otros, aconseja que la regulación del transporte no se realice en un cuerpo normativo ajeno a materias con las que se ve diariamente involucrado, sino en sintonía con las mismas; y es por ello por lo que cobra relevancia señalar la competencia también exclusiva del Principado de Asturias en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, y sobre las obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma (artículo 10.1.3 y 4 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias), así como su competencia para el desarrollo legislativo y la ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado, de la protección del medio ambiente y del régimen local (artículo 11.5 y 10 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias). Por otra parte, la Unión Europea ha venido desarrollando una continuada labor normativa tendente a tratar de disminuir la contaminación y los efectos negativos que origina el transporte y, en los últimos años, ha aprobado diversas directivas en materia de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, calidad del aire, evaluación ambiental, ruido, suministro y utilización de la energía, uso de biocarburantes, etiquetado de vehículos, etcétera. Igualmente, la Unión Europea ha definido un marco estratégico formado, entre otros, por el «Libro Verde de la Energía: hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético» (2000), «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible» (2001), el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, denominado «Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos» (2001), o el «Libro verde: Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» (2007). Especial relevancia en materia de transportes públicos de viajeros reviste el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, cuya entrada en vigor se produjo el 3 de diciembre de 2009.
5. La Ley el Principado de Asturias 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias, primera disposición legal en la materia, creó un ente público con las competencias, representatividad y capacidad técnica suficientes para ejercer funciones en materia de coordinación y control, planificación de infraestructuras y servicios, establecimiento de un marco tarifario común con sus correspondientes títulos de transporte y compensaciones económicas entre los diferentes operadores que garanticen el equilibrio del sistema: el Consorcio de Transportes de Asturias. La creación de este ente respondió a la necesidad de articular un sistema de transportes más eficiente y, también, de apoyar la ordenación territorial, minimizar los gastos globales del transporte, incluidos los costes externos, y reducir el uso del transporte privado en beneficio de la demanda de transporte colectivo, contribuyendo así a la mejora del medio ambiente y a un uso más racional y eficiente de las infraestructuras viarias de Asturias.
6. El Principado de Asturias está llamado a ejercer sus competencias, dotándose de un cuerpo legislativo propio adaptado a las singularidades territoriales, poblacionales y orográficas que, además de regular la actividad del transporte público, tenga en cuenta que esta ha de formar parte de un modelo de movilidad dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, comprometido con el medio ambiente, energéticamente más eficiente, más sostenible económicamente y que garantice una mayor accesibilidad, tanto territorial como social, asequible para todos y con especial atención a las personas con discapacidad o movilidad reducida.
7. Este nuevo modelo de movilidad ha de ofrecer alternativas al basado en el uso del vehículo privado motorizado mediante el fomento del uso de modos de transporte más sostenibles, como son la marcha a pie, la bicicleta u otros medios de transporte activo llamados a ganar protagonismo en el futuro y que cuentan con todo un Título encaminado a ordenar las actuaciones públicas de fomento de estos medios de transporte desde las diferentes administraciones públicas con alguna competencia en la materia. El transporte público también debe jugar un papel trascendental en la reducción de los impactos ambientales y sociales asociados a la movilidad, mediante su potenciación a través de la mejora de sus condiciones de prestación, garantizando así un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Para ello, en ejercicio de la potestad legislativa del Principado de Asturias, se ha considerado necesario regular las condiciones de prestación de las actividades de transporte propiamente dichas desde un enfoque integral, abordando todos los modos y la interrelación entre otros, así como en sus aspectos de relación con la ordenación del territorio, el urbanismo, el régimen local, la protección medioambiental y el desafío del cambio climático, resaltando muy especialmente la posición del Consorcio de Transportes de Asturias como el ente público encargado de la gestión conjunta del servicio de transporte público de viajeros y del fomento de la movilidad sostenible a través de la cooperación y participación interinstitucional; regulación que se acomete sin perjuicio de la aplicabilidad directa de la normativa de la Unión Europea reguladora de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.
La presente Ley tiene por objeto regular los transportes y las actividades auxiliares y complementarias de estos de competencia del Principado de Asturias y de sus concejos, así como promover una movilidad universalmente accesible, segura, asequible y que utilice, preferentemente, modos de transporte sostenibles.
1. La presente Ley será de aplicación, siempre que discurran íntegramente por el territorio del Principado de Asturias, a los siguientes modos de transporte:
a) Los transportes activos realizados a pie, en bicicleta, patines u otros de similares características.
b) Los transportes por ferrocarril, realizados por vehículos que circulen por un camino de rodadura fijo que les sirva de sustentación y de guiado.
c) Los transportes por cable.
d) Los transportes motorizados por carretera cuando discurran por toda clase de vías públicas, urbanas o interurbanas y, asimismo, por vías privadas cuando el transporte que por ellas se realice sea público, en particular el transporte de mercancías, con tratamiento específico de la última milla.
2. También será de aplicación a:
a) Los transportes marítimos cuando se realicen entre puertos o puntos del Principado de Asturias sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.
b) Los helipuertos y aeródromos que no sean de interés general del Estado.
c) Las siguientes actividades auxiliares y complementarias del transporte ubicadas dentro del territorio del Principado de Asturias y en el ámbito de sus competencias:
1.º Las estaciones de transporte de viajeros por carretera.
2.º Los centros de transporte y las plataformas logísticas de mercancías.
d) Los aparcamientos disuasorios.
e) Aquellos aspectos relacionados con la movilidad, propios de otras políticas, como la ordenación del territorio, el urbanismo, la ordenación del tráfico de vehículos y personas en vías urbanas o la protección del medio ambiente, cuando resulte necesaria su interacción para asegurar objetivos de movilidad sostenible de interés general.
3. A los transportes y actividades auxiliares y complementarias no regulados en la presente Ley que se realicen en el Principado de Asturias les será de aplicación la normativa estatal.
CAPÍTULO II. DEFINICIONES, PRINCIPIOS BÁSICOS Y OBJETIVOS
Al objeto de lo previsto en la presente Ley, se entenderá por:
a) Movilidad: conjunto de desplazamientos que hacen las personas por cualquier motivo (laborales, formativos, sanitarios, sociales, culturales, lúdicos u otros), y en cualquier modo.
b) Sostenibilidad: cualidad de un sistema que le permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.
c) Movilidad sostenible: la que se satisface en un tiempo y coste razonables, minimizando el impacto negativo sobre el entorno y mejorando la calidad de vida de las personas.
d) Transporte Sostenible: actividad que tiene por objeto el traslado de personas y/o bienes, sujeta o no a autorización administrativa, la cual debe garantizar la accesibilidad universal mediante la utilización equilibrada de los diferentes modos de transporte en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia, que debe garantizar, también, la capacidad de las generaciones futuras en la resolución de sus necesidades.
e) Costes externos o externalidades negativas del transporte: efectos externos o conjunto de costes que el sistema de transporte no integra en sus precios de funcionamiento, compuestos por los costes de la congestión y de la contaminación atmosférica y acústica, y por los derivados de los siniestros y sus consecuencias, del uso y ocupación del espacio público y las infraestructuras, del uso de la energía, de los recursos consumidos para la fabricación y disposición de un modo mecanizado de transporte, y del impacto indirecto sobre el territorio y la biodiversidad.
f) Accesibilidad: la capacidad de llegar en condiciones adecuadas de seguridad y tiempo al realizar un desplazamiento de un lugar a otro en cualquier modo de transporte, haciendo posible el acceso y utilización universal de manera autónoma, normalizada, comprensible, segura y eficiente.
g) Bulto de Mano: todo objeto que un viajero lleve consigo durante el viaje a bordo del habitáculo del vehículo que, plegado o no, no tenga unas dimensiones superiores a 85x70x35, siempre que exista plaza disponible para el viajero, sentada o de pie.
h) Encargo: cualquier objeto que la empresa transportista se obliga a transportar por cuenta ajena a bordo del vehículo que realice el transporte, cuando dicho objeto no guarde relación directa con ninguno de los viajeros que ocupan plaza en el mismo vehículo, aplicándoseles, en los transportes públicos regulares de viajeros de uso general, las tarifas que estuvieran aprobadas en el contrato de gestión de servicio público.
i) Indicador de movilidad: índices que permiten la evaluación del estado de la movilidad y que podrán medir, en particular, el grado de sostenibilidad de los diversos modos de transporte y vehículos, políticas, actuaciones e inversiones en materia de transportes e infraestructuras de transporte.
j) Accesibilidad universal: condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
k) Barreras de comunicación: dificultades en materia comunicativa que entorpecen o impiden el normal desenvolvimiento y la autonomía de las Personas para el uso de los bienes y servicios.
l) Personas con movilidad reducida: personas que tienen permanente o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa, bien por su condición de personas con discapacidad, incluidas aquellas con deficiencias psíquicas y sensoriales, bien por ser personas mayores, bien porque se trate de personas de baja estatura o personas que porten un equipaje pesado o mujeres embarazadas o personas que portan niños pequeños o personas que empujan carritos o cochecitos.
m) Trabajo del cuidado: aquél no remunerado, realizado por personas adultas para los niños, niñas u otras personas dependientes, incluido el trabajo para asegurar el funcionamiento general del hogar.
n) Movilidad del cuidado: desplazamientos realizados por personas adultas para el cuidado de otras y el funcionamiento y mantenimiento del hogar.
ñ) Doble carga de trabajo: combinación de trabajo remunerado y del cuidado.
o) Vehículo sostenible: el individual o colectivo que permite a las personas desplazarse de forma eficiente, saludable y no contaminante capaz de satisfacer la necesidad de desplazamiento, acceso, comunicación, comercialización o establecimiento de relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos.
Son principios básicos de la movilidad del Principado de Asturias los siguientes:
c) Minimización de los costes sociales.
d) Intermodalidad.
e) Sostenibilidad y uso racional del territorio.
f) Valoración de costes y gestión.
g) Prioridad de la accesibilidad universal en la asignación de recursos públicos.
h) Coordinación entre administraciones públicas.
j) Incorporación de la perspectiva de género a la planificación y gestión del transporte.
1. La política de transporte y movilidad del Principado de Asturias, en el marco de los principios generales establecidos en la normativa básica y en la presente Ley, deberá orientarse a la consecución de los siguientes objetivos:
a) Garantizar el derecho del ciudadano a la accesibilidad universal, con atención específica a las necesidades de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores, la infancia y especialmente quienes habitan en el medio rural, de modo que garantice la intercomunicación sostenible de éstos con las zonas urbanas.
b) Mejorar la calidad ambiental y la salud de la población reduciendo la contaminación ambiental, incluyendo la acústica, asociada al transporte.
c) Desarrollar y poner en práctica políticas en materia de educación ambiental desde el punto de vista de la movilidad sostenible y de la eficiencia.
d) Mitigar el cambio climático por medio de la disminución del volumen de gases de efecto invernadero emitidos por vehículos motorizados.
e) Contribuir a la viabilidad del sistema territorial en su conjunto reduciendo la huella ecológica del transporte con una visión integrada basada en la cooperación entre administraciones.
f) Integrar las políticas de desarrollo urbano y económico y las políticas de movilidad, de modo que se minimicen los desplazamientos habituales y se garantice la accesibilidad a los centros de trabajo, residencias y puntos interés cultural, social, sanitario, formativo o lúdico, o que tengan como origen o destino los centros de las ciudades u otros grandes polos de movilidad, con el mínimo impacto ambiental y la mayor seguridad posible.
g) Promover y adoptar medidas de protección de los medios de transporte más ecológicos y de racionalización del uso del vehículo privado, como el coche compartido o el coche multiusuario.
h) Incrementar el uso del transporte público de viajeros mediante la promoción e impulso de la intermodalidad tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías, y el mejor aprovechamiento de los medios de transportes públicos disponibles, con independencia de la Administración pública competente de los mismos, a través de la adecuada coordinación de modos y sistemas tarifarios integrados. De igual modo potenciar la mejora de las condiciones de prestación del servicio y la introducción de nuevas tecnologías, que lo haga atractivo y competitivo respecto al vehículo privado.
i) Fortalecer la cohesión social mediante un acceso equitativo de los medios de transporte.
j) Derribar las barreras en los medios de transporte aplicando el principio de diseño universal.
k) Disminuir la siniestralidad y el riesgo de accidentes y daños a las personas y los bienes vinculados al sistema de transporte.
l) Mejorar la eficiencia del sistema de transporte de mercancías y en especial la distribución urbana o «última milla».
m) Asunción de propuestas y actuaciones que contribuyan a la mejora de la seguridad y al descenso de la siniestralidad, tanto en las infraestructuras y espacios públicos como la prestación de los servicios de transporte, y en general en todo tipo de desplazamientos.
n) Promover la movilidad del cuidado, asegurando que los desplazamientos se puedan llevar a cabo en condiciones de eficiencia, en las franjas horarias adecuadas y con costes asumibles, planificando la movilidad sobre la base de la prioridad de los sistemas de transporte público y colectivo, y demás sistemas de bajo impacto, como los desplazamientos a pie, en bicicleta y otros medios que no consuman combustibles fósiles.
ñ) Desarrollar políticas legislativas de coordinación, tramitación en paralelo, e interrelación de los instrumentos de planificación urbanística y/o territorial, con los instrumentos de movilidad.
o) Impulsar el cambio hacia una economía basada en el conocimiento mediante el desarrollo y aplicación de avances tecnológicos a la prestación y gestión del transporte y favorecer la creación de actividad económica y empleo a través del fomento del transporte público, tanto de pasajeros como de mercancías
p) Introducir los medios tecnológicos en la gestión del transporte y la movilidad, en lo relativo a la gestión e información, con especial relevancia en materia de acceso a la accesibilidad universal.
q) Integrar el sistema asturiano de transporte en las redes europeas y en particular en la Red Transeuropea del Transportes.
2. El transporte y la movilidad en el ámbito del Principado de Asturias han de satisfacer los siguientes objetivos en el ámbito del planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio, la sostenibilidad ambiental y la mitigación del cambio climático:
a) Incorporar el transporte público de viajeros y las necesidades para el desplazamiento seguro a pie o en bicicleta en la planificación del uso del suelo, garantizando su integración en el planeamiento territorial y urbanístico.
b) Disminuir la congestión de vehículos introduciendo en el planeamiento urbanístico unas condiciones mínimas de accesibilidad a los núcleos urbanos y al centro de las ciudades que disuadan del uso poco racional del vehículo privado motorizado, de tal forma que los transportes sostenibles dispongan de infraestructuras viarias, peatonales y equipamientos adaptados a sus necesidades.
c) Disponer de aparcamientos disuasorios para vehículos privados motorizados en los accesos a las ciudades y en la proximidad de estaciones de transporte, a fin de evitar su uso indiscriminado hasta el centro.
d) Impulsar el uso de aquellos combustibles alternativos que resulten más eficientes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y sean más seguros para la salud de las personas.
e) Promover la intermodalidad del transporte de mercancías, dotando a los ejes económicos básicos de las infraestructuras necesarias a tal fin.
f) Desarrollar y poner en práctica de políticas en materia de educación ambiental desde el punto de vista de la movilidad sostenible.
g) Desarrollar políticas legislativas de coordinación, tramitación en paralelo e interrelación de los instrumentos de ordenación urbanística y/o territorial con los instrumentos de movilidad, conducente a una total interdependencia entre unos y otros cuerpos normativos.
3. El transporte y la movilidad en el ámbito del Principado de Asturias han de satisfacer los siguientes objetivos en el ámbito de la innovación, la seguridad y la educación:
a) Introducir los medios informáticos, telemáticos, y las nuevas tecnologías en general, en la gestión del transporte y de la movilidad, tanto en lo relativo al pago como a la información a los viajeros.
b) Fomentar propuestas y actuaciones que contribuyan a la mejora de la seguridad vial y al descenso de la siniestralidad, tanto en las infraestructuras como en la prestación de servicios de transporte y, en general, en todo tipo de desplazamientos.
c) Integrar en los nuevos vehículos que vayan a estar adscritos a los servicios de transporte público de viajeros todas las medidas de seguridad pasiva posibles, conforme vayan estando técnicamente disponibles.
d) Diseñar y aplicar, en el marco de la educación ambiental, programas formativos en todos los niveles educativos, acerca del uso del transporte público, la movilidad peatonal y para la conducción autónoma y segura de la bicicleta y sus ventajas comparativas con el transporte privado motorizado.
e) Promover un uso más racional del vehículo privado motorizado, con medidas tales como el coche compartido.
f) Aplicar políticas que fomenten el desarrollo armónico y sostenible del transporte de mercancías, especialmente mediante el fomento de la intermodalidad con otros modos, como el ferroviario y el marítimo.
g) Definir políticas, inspiradas en los principios determinados en esta Ley, que permitan un desarrollo del transporte de mercancías que minimice su impacto y favorezca su desarrollo, especialmente mediante el fomento de la intermodalidad.
h) Impulsar la formación en todos los niveles educativos para promover el uso de aquellos vehículos que resulten más eficientes.
4. Los medios de transporte deberán cumplir las condiciones de accesibilidad que se establezcan reglamentariamente; entre ellas las que regulen las condiciones de suelos, sistemas de fijación, disponibilidad de plazas reservadas, accesos, megafonía, señalización, pulsadores, ayudas técnicas, anclajes, páginas electrónicas y aplicaciones móviles.
CAPÍTULO III. CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSPORTES
Artículo 6. Clasificación de los transportes por carretera motorizados.
1. Los transportes por carretera, por su naturaleza, pueden ser:
a) Públicos, cuando se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica.
b) Privados, cuando se llevan a cabo por cuenta propia, bien:
1.º Privados particulares, para satisfacer necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados.
2.º Privados complementarios, como complemento necesario o adecuado para el correcto desarrollo de la actividad principal de empresas u otras entidades cuyo objeto no es transportar.
Se consideran privados complementarios los transportes oficiales que realicen los órganos de la Administración, como actividades integradas dentro de las de su propio funcionamiento interno, dirigidos a solucionar las necesidades de desplazamiento de personas o mercancías que la actividad administrativa de dichos órganos ocasione.
2. Los transportes por carretera, por su objeto, pueden ser:
a) De viajeros, cuando estén dedicados al desplazamiento de personas y sus equipajes, bultos de mano y encargos, en vehículos construidos y acondicionados para tal fin.
b) De mercancías, cuando estén dedicados a realizar desplazamientos de mercancías en vehículos construidos y acondicionados para tal fin.
3. Los transportes públicos de viajeros pueden ser:
a) Regulares, cuando se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados.
b) Discrecionales, cuando se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido.
4. Los transportes públicos de mercancías se consideran siempre discrecionales.
5. Los transportes públicos regulares de viajeros, por su utilización, pueden ser:
a) De uso general, los que van dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado.
b) De uso especial, los que están destinados a servir, exclusivamente, a un grupo específico de usuarios tales como escolares, trabajadores, militares o grupos homogéneos similares.
6. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general, por su ámbito territorial, pueden ser:
a) Urbanos, cuando su itinerario discurra íntegramente por un único término municipal.
b) Interurbanos, cuando su itinerario discurra por el territorio de más de un término municipal.
7. Los transportes de viajeros pueden ser realizados en:
a) Autobuses o autocares, con una capacidad superior a nueve plazas incluida la del conductor.
b) Vehículos de turismo o turismos, con una capacidad igual o inferior a nueve plazas incluida la del conductor y distintos de la motocicleta.
Artículo 7. Clasificación de otros modos de transporte y de infraestructuras.
1. Los transportes ferroviarios pueden ser:
b) De viajeros o mercancías.
2. Los transportes por cable pueden ser:
3. Los transportes marítimos pueden ser:
a) Líneas regulares.
b) Servicios ocasionales.
4. Los transportes autónomos o no motorizados, o motorizados especiales, pueden ser:
b) En bicicleta con o sin motor y similares, o sillas de ruedas.
5. Los helipuertos pueden ser:
a) De titularidad pública o de titularidad privada.
b) Permanentes o eventuales.
6. Los aeródromos pueden ser:
b) De uso público o de uso restringido
c) Permanentes o eventuales
7. Se consideran transportes sostenibles los realizados a pie, en bicicleta con o sin motor y similares o sillas de ruedas, y los transportes públicos.
CAPÍTULO IV. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y COORDINACIÓN
Artículo 8. Expresión territorial y coordinación.
A los efectos de la aplicación en el territorio del Principado de Asturias de los principios, objetivos y previsiones de la presente Ley, se distinguen los siguientes ámbitos de actuación:
a) El Área Metropolitana Central de Asturias, donde la satisfacción del interés metropolitano exige, según las Administraciones públicas competentes, la coordinación y cooperación integradas del transporte público, bien entre la fase urbana e interurbana de los viajes bien entre los diferentes modos de transporte entre sí. La colaboración administrativa en este ámbito territorial tendrá como finalidad la garantía de la intermodalidad y del mejor servicio en rapidez, frecuencia, calidad y comodidad, con el menor coste económico, social, energético y medioambiental, así como la mayor racionalidad en el uso del suelo y la ordenación territorial.
b) Las áreas oriental y occidental de Asturias, donde las diferentes Administraciones públicas habrán de actuar de forma conjunta y coordinada para garantizar una cobertura de transporte público que atienda adecuadamente las diferentes necesidades de la población residente, especialmente de las mujeres, con criterios de rentabilidad social, con las finalidades de fijar población, mejorar las condiciones de vida, favorecer el empleo y diversificar su base económica.
c) La Red de espacios naturales protegidos y el resto de áreas pertenecientes al Patrimonio Natural de Asturias, territorios en los que se han de potenciar los sistemas de transporte público para visitantes en los períodos de máxima afluencia, compatibilizando la adecuada protección de sus valores ambientales con su activación como recurso económico local. Cuando razones de interés medioambiental o de saturación vial lo aconsejen, permanentes o temporales, la Consejería competente en materia de transportes limitará el acceso a estos espacios en vehículos privados motorizados, ofreciendo alternativas de transporte público suficientemente dimensionadas para asumir la demanda de movilidad existente y fomentando, a su vez, la utilización de vehículos de bajas emisiones. En todo caso, se garantizará que las personas con movilidad reducida puedan disponer de un transporte público adecuado para acceder en las mismas condiciones que las demás personas a tales espacios; si ello no fuera posible y con carácter excepcional, podrá autorizarse el acceso mediante vehículos particulares.
Artículo 9. Servicios e infraestructuras de transporte público de interés metropolitano en el Área Metropolitana Central de Asturias.
1. Para la aplicación de las políticas de coordinación integrada de los transportes públicos a que se refiere la letra a) del artículo anterior y respetando la esfera de competencias de las Administraciones implicadas, se consideran servicios de interés metropolitano para el Área Metropolitana Central de Asturias:
a) Los transportes públicos regulares de viajeros por carretera de uso general urbanos e interurbanos.
b) Los servicios de cercanías ferroviarias.
c) Cuantos otros servicios de transporte desarrollados en el Área Metropolitana Central sean declarados motivadamente de interés metropolitano por el Principado de Asturias.
2. Los servicios a que se refiere el apartado anterior se identificarán en la planificación del Principado de Asturias sobre movilidad o transporte público.
3. Para la aplicación de las políticas de coordinación integrada de los transportes públicos a que se refiere la letra a) del artículo anterior, y respetando la esfera de competencias de las Administraciones implicadas, se consideran infraestructuras de interés metropolitano para el Área Metropolitana Central de Asturias:
a) Las principales infraestructuras viarias o ferroviarias, interurbanas o urbanas, sobre las que se presten servicios de interés metropolitano.
b) Las principales estaciones de transporte en autobús, ferrocarril o de intercambio modal.
c) Los principales centros de transporte y las plataformas logísticas multimodales.
d) Cuantas otras infraestructuras de transporte viarias o ferroviarias, ejecutadas en el expresado ámbito territorial, sean declaradas motivadamente de interés metropolitano por el Principado de Asturias.
TÍTULO I. RÉGIMEN COMPETENCIAL Y DE ORGANIZACIÓN
Artículo 10. Competencias del Principado de Asturias.
1. Corresponden al Principado de Asturias las competencias sobre los transportes y actividades auxiliares y complementarias relacionadas en el artículo 2, sin perjuicio de las atribuidas a los concejos de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
2. Dentro del ejercicio de sus competencias, se atribuyen al Principado de Asturias las siguientes funciones:
a) Formular las directrices y objetivos de la política de movilidad.
b) Planificar, programar, ordenar y coordinar los transportes y sus actividades auxiliares y complementarias.
c) Gestionar los transportes de su titularidad.
d) Expedir las autorizaciones o licencias administrativas que habiliten para la realización de transportes o la prestación de actividades auxiliares y complementarias
e) Ejercer las funciones de inspección y sanción en relación con los transportes y actividades de su competencia.
f) Adoptar en general las medidas de planificación y gestión necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la movilidad en el Principado de Asturias.
g) Cualesquiera otras reconocidas que le encomiende la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 11. Competencias de los concejos.
Son competencias de los concejos, que se ejercerán siempre con sujeción a lo establecido en esta Ley, en la Ley del Principado de Asturias 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias y en las disposiciones de desarrollo de ambas, las siguientes:
a) La ordenación y gestión de los transportes públicos regulares de viajeros de uso general que discurran íntegramente dentro de su término municipal.
b) La ordenación y gestión de los transportes públicos discrecionales de viajeros por carretera en turismos que discurran íntegramente dentro de su término municipal.
c) La ordenación y gestión de los modos de transporte autónomos o no motorizados que discurran íntegramente dentro de su término municipal (desplazamientos a pie y en bicicleta).
d) La ordenación y gestión de las estaciones de transporte de viajeros y centros de transporte y logística de mercancías por carretera o multimodales, así como de los aparcamientos disuasorios, que sean de interés exclusivamente municipal.
f) Adoptar, en general, las medidas de planificación y gestión necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la movilidad en su término municipal.
g) Cualesquiera otras reconocidas en la legislación reguladora del régimen local, en los términos previstos en la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo.
Artículo 12. Coordinación de competencias y cooperación administrativa.
1. La coordinación competencial entre Administraciones se deberá acentuar en los supuestos en que de la misma se derive un sistema de transporte más sostenible y eficiente económica, social y ambientalmente.
2. Conforme a lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 8, el Principado de Asturias promoverá procedimientos para la coordinación integrada de servicios e infraestructuras de interés metropolitano, sobre la base del principio de cooperación y respetando las competencias de las Administraciones implicadas.
3. Los titulares de autorizaciones administrativas de transporte público de viajeros o mercancías, así como de arrendamiento de vehículos, otorgadas con arreglo a la normativa de la Administración General del Estado podrán realizar transporte discrecional urbano o interurbano, o arrendamiento de vehículos, en el Principado de Asturias sin más limitaciones que las derivadas de las condiciones de otorgamiento de las autorizaciones de ese tipo de que dispongan. Cuando los titulares de estas autorizaciones vayan a realizar transportes o actividades regulados en esta Ley y sometidos a contrato administrativo, autorización o licencia especial, deberán haberlo suscrito u obtenerlas previamente del Consorcio de Transportes de Asturias o del concejo, en función de sus respectivas competencias.
4. Sin perjuicio de la coordinación específica del Área Metropolitana Central de Asturias prevista en el artículo 8, cuando los servicios urbanos afecten a intereses públicos que trasciendan a los puramente municipales o puedan servir para la satisfacción de necesidades de transporte de ámbito territorial superior, las competencias de los concejos se ejercerán de forma coordinada con las del Principado de Asturias, a través del Consorcio de Transportes de Asturias, según lo establecido en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
5. En aquellas zonas o aglomeraciones urbanas en las que existan varios concejos que, por su volumen de población, configuración urbanística, o peculiares circunstancias de orden físico y económico-social, presenten problemas graves de coordinación en su red de transportes, el Consorcio de Transportes de Asturias podrá establecer un régimen específico que asegure a través de una ordenación unitaria la existencia de un sistema armónico y coordinado, previo acuerdo con la totalidad de los concejos afectados. El Consorcio de Transportes de Asturias garantizará la coordinación de dicha red atendiendo a las necesidades de todos los concejos afectados, de tal forma que su organización y funcionamiento ante otras Administraciones Públicas, a todos los efectos, incluido el de su consideración para obtener ayudas públicas, serán los propios de un único transporte urbano.
6. Cuando las necesidades de coordinación se refieran a servicios puntuales y la interacción entre los diferentes concejos sean de simple afluencia hacia un único centro común, el Consorcio de Transportes de Asturias podrá autorizar la atención de las necesidades de los concejos limítrofes mediante la prolongación de transportes regulares de viajeros de uso general urbanos del concejo destinatario de los flujos de movilidad hasta los principales núcleos de generación de viajes en los concejos del entorno, siempre que manifieste expresamente su conformidad el concejo competente sobre el transporte urbano a prolongar.
7. Al autorizar las coordinaciones previstas en los apartados anteriores, el Consorcio de Transportes de Asturias especificará los tráficos autorizados a cada transporte y las medidas de coordinación adoptadas en relación con el resto de los transportes públicos existentes en la zona, siendo obligatoria la audiencia previa a las empresas contratistas de los transportes públicos regulares de viajeros de uso general urbanos e interurbanos, así como la solicitud de informe de los concejos afectados, salvo que las necesidades se cubrieran exclusivamente con contratos de gestión de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general de su competencia preexistentes. Cuando la solución adoptada no se ajuste plenamente a lo informado por alguno de los concejos afectados, el acuerdo o resolución por el que se apruebe deberán ser motivados en cuanto a ese extremo.
CAPÍTULO II. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD
Artículo 13. Instrumentos de planificación.
1. Los instrumentos de planificación deben concretar, para el ámbito territorial y material que en cada caso les corresponda, la aplicación de los objetivos de movilidad de la presente Ley mediante el establecimiento de directrices, políticas, objetivos temporales, propuestas operativas e indicadores de control.
2. En virtud de la presente Ley se determinan los siguientes instrumentos de planificación del transporte y la movilidad:
a) Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias.
b) Planes Supramunicipales de Movilidad Sostenible.
c) Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
d) Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada.
3. En las determinaciones de los diversos instrumentos de planificación, debe tenerse en cuenta el transporte adaptado a personas con movilidad reducida y, en concreto, se debe velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de accesibilidad universal y supresión de barreras.
4. Los instrumentos de planificación de la movilidad deberán disponer la necesidad de elaborar un estudio del impacto que comporta la creación, modificación o adaptación de una infraestructura o un servicio de transporte. Dicho estudio, que deberá aportar una perspectiva de género, contendrá la evaluación de la demanda, el análisis de los costes de implantación y amortización y de los costes e ingresos de operación de mantenimiento, la valoración de las posibles afectaciones medioambientales y de los costes externos y un análisis de funcionalidad que garantice la eficacia, economía y seguridad del sistema.
5. Los Planes Supramunicipales de Movilidad Sostenible, y los Planes de Movilidad Urbana Sostenible deberán someterse a evaluación ambiental estratégica, conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial en vigor en esta materia. Los Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada quedarán sujetos, en lo que a esta cuestión se refiere, a lo dispuesto al respecto del instrumento urbanístico en el que se integren.
Artículo 14. Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias.
1. La Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias, determinará las políticas rectoras básicas para la aplicación de los objetivos inherentes a la presente Ley para todo el Principado de Asturias. Para ello contemplarán las orientaciones, políticas, criterios, objetivos temporales, propuestas operativas e indicadores de control que sean pertinentes para el logro de estos objetivos.
2. La Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias tendrá un carácter vinculante para el resto de instrumentos de planificación de la movilidad sostenible en el Principado de Asturias, y una vigencia indefinida, si bien deberá revisarse al menos cada seis años.
3. La Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias será aprobada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de movilidad, previo trámite de información pública.
4. La Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias podrá ser objeto de desarrollo a través de Estrategias Sectoriales en las que se determinen políticas relativas a aspectos sustantivos concretos para los diferentes medios de transporte o infraestructuras de movilidad, tanto en el caso del transporte de personas, como en el transporte de mercancías. Serán objeto de la correspondiente Estrategia Sectorial, entre otras, las siguientes materias:
a) La implantación y desarrollo del vehículo eléctrico y las infraestructuras que le son propias tanto a nivel de transporte público como privado, a los efectos de acercarse lo más posible a las cero emisiones.
b) La intermodalidad en el transporte de pasajeros a los efectos de la implantación de nuevas tecnologías y usos, la unificación tarifaria, el estatuto del usuario y la adaptación física de estaciones y vehículos.
c) El desarrollo del uso de la bicicleta y otros medios de transporte activos sin emisiones.
Artículo 15. Planes Supramunicipales de Movilidad Sostenible.
1. Los Planes Supramunicipales de Movilidad Sostenible tienen por objeto el desarrollo territorializado de las determinaciones previstas en esta norma y en la Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias, así como en sus posibles desarrollos sectoriales.
2. Los ámbitos territoriales de los Planes Supramunicipales de Movilidad Sostenible, serán definidos en la Estrategia de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias, sin perjuicio de lo cual, y en virtud de la presente Ley, ya queda definido el ámbito de uno de los que se pudieran delimitar, que será el concerniente al Área Metropolitana Central de Asturias, regulado en el artículo siguiente de esta Ley.
3. Los Planes Supramunicipales de Movilidad Sostenible tendrán la consideración de Programas de Actuación Territorial, debiendo tramitarse conforme a lo previsto en los artículos 50 a 52 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, siendo preceptivos los informes previos del Consejo de Movilidad y del Consorcio de Transportes de Asturias y, dentro del mismo, de la Oficina de la Bicicleta.
4. El contenido mínimo de los Planes Supramunicipales de Movilidad Sostenible será el siguiente:
a) Seguimiento y gestión de la movilidad en todo su ámbito.
b) Ordenación del tráfico interurbano por carretera de vehículos.
c) Promoción de los transportes públicos colectivos y de la intermodalidad.
d) Fomento de los transportes no contaminantes y sin emisiones, en especial de los desplazamientos a pie y en bicicleta.
e) Ordenación y explotación de la red viaria autonómica y local del ámbito.
f) Habilitación, ordenación y fomento de uso de aparcamientos intrazonales.
Artículo 16. Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana Central de Asturias.
1. El Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana Central de Asturias será el instrumento de planificación de las principales líneas de actuación en materia de movilidad sostenible en el Área Metropolitana Central del Principado. Se referirá a la totalidad de los modos de transporte, aunque deberá incidir en aquellos que más influyan en la sostenibilidad del sistema, bajo los principios y objetivos expresados en la presente Ley, e incluirá como modo de transporte a la bicicleta, coordinada e integrada con el resto de modos de transporte.
2. El procedimiento de elaboración del Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana Central garantizará la participación de los ciudadanos y de las organizaciones políticas, sindicales, sociales y empresariales. La elaboración del Plan partirá de un diagnóstico general y sectorial de la movilidad y podrá formularse conjuntamente con la planificación de las infraestructuras existentes o previstas en el Principado de Asturias. Dicho diagnóstico examinara el patrón de movilidad de los principales centros de atracción-generación de tráficos.
3. Una vez elaborado, el Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana Central será el documento de referencia para guiar la acción pública y privada en materia de movilidad hacia un modelo que favorezca la intermodalidad, sea más eficiente, respetuoso con el medio ambiente y aproveche más racionalmente los recursos existentes, territorial y socialmente.
4. El Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana Central de Asturias será aprobado, con posterioridad a su deliberación con los concejos incluidos en el área, por el Consejo de Gobierno, previo informe del Consorcio de Transportes de Asturias.
Artículo 17. Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
1. Los concejos asturianos que cuenten con poblaciones de más de 30.000 habitantes deberán aprobar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para cuya elaboración contarán con apoyo de la administración autonómica.
2. Con carácter previo a su aprobación, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible deberán contar con el informe favorable de la Consejería competente en materia de transportes acerca de su conformidad con la planificación del Principado de Asturias sobre movilidad o transporte público. En el supuesto de que el informe de la Consejería presentase reparos, el concejo deberá corregir la definición de las actuaciones afectadas en un plazo máximo de seis meses desde que fuese requerido para ello.
3. En el procedimiento de elaboración de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible deberá garantizarse la participación de la ciudadanía y de las organizaciones políticas, sindicales, empresariales, ecologistas y vecinales.
4. La inexistencia del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en los casos en que sea obligatorio, conllevará la imposibilidad de recibir ayudas o subvenciones destinadas al transporte público que pudieren contemplarse en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
5. El Acuerdo del Pleno del concejo por el que se aprueba el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias para su general conocimiento.
6. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible deberá incluir una memoria económica.
7. La Administración del Principado de Asturias velará por la coordinación y coherencia entre los diferentes Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
Artículo 18. Objeto de los Planes de Movilidad.
1. El Plan de Movilidad Sostenible del Área Metropolitana de Asturias y los Planes de Movilidad Urbana Sostenible han de abarcar todos los modos de transporte de viajeros, y los de mercancías en lo que puedan afectar a la movilidad, y deben plantear como objetivo modificar su cuota a favor de los sostenibles, concienciando especialmente a los ciudadanos de la necesidad de un uso más eficiente del vehículo privado motorizado. Sus objetivos han de ser, al menos, los siguientes:
a) Plantear la planificación urbanística con criterios de accesibilidad, y teniendo en cuenta la movilidad generada por los distintos centros y áreas de actividad, estableciendo una relación entre el proceso de planificación del suelo, tanto en los nuevos desarrollos urbanísticos como en los ámbitos consolidados, y la oferta de transporte público y de otros modos de transporte sostenibles.
b) Reducir el número de vehículos privados en carretera, disminuyendo los atascos y los efectos derivados de la congestión, tales como la ineficiencia energética, el ruido, la contaminación atmosférica y los accidentes.
c) Disminuir el consumo de energías no renovables, promoviendo el recurso a las energías más limpias y un aumento de la utilización de la bicicleta y de la marcha a pie.
d) Mejorar los transportes públicos de viajeros y, muy especialmente, racionalizar los servicios y reducir los tiempos de viaje mediante actuaciones de preferencia en el uso de las vías o la creación de plataformas reservadas.
e) Favorecer las condiciones de accesibilidad de las personas con movilidad reducida a los modos de transporte, sus infraestructuras y equipamientos adicionales, bajo los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.
f) Mejorar las condiciones del medio ambiente urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.
g) Facilitar la movilidad de las mujeres teniendo en cuenta sus patrones de desplazamiento desde una perspectiva de género y en tanto diferenciada de los masculinos, atendiendo a su rol de cuidadoras, a las características del entorno, especialmente en el medio rural, y a su seguridad.
h) Asegurar la aplicación de los principios de Diseño Universal en los itinerarios, infraestructuras y medios de transporte.
2. Sin carácter exhaustivo, entre las medidas que deben ser incluidas en los Planes de Movilidad Sostenible se encuentran las siguientes:
a) Incremento de la oferta de transporte público en todos sus modos, así como su calidad y confort.
b) Puesta en servicio de nuevas plataformas reservadas u optimizar las existentes, bien sea a través de carril bus o infraestructuras ferroviarias o de otros modos de transporte público.
c) Establecimiento de una red semafórica que conceda prioridad a los transportes públicos sobre los vehículos privados motorizados.
d) Mejora de la accesibilidad a los vehículos de transporte público, a sus paradas o estaciones, y la accesibilidad general a todas las infraestructuras del transporte, incluyendo los accesos a las mismas mediante itinerarios accesibles.
e) Regulación y control del acceso, circulación y estacionamiento de los vehículos privados motorizados en los centros urbanos y otras zonas especialmente sensibles desde el punto de vista de la movilidad o el medio ambiente, utilizando herramientas disuasorias para estimular la movilidad sostenible.
f) Garantía de la intermodalidad entre los diferentes modos mediante la creación de estaciones o paradas intermodales y la aplicación de sistemas tarifarios integrados.
g) Uso de pavimentos sonoro-reductores y pinturas antideslizantes, reducción de tramos o cruces de mayor riesgo peatonal, establecimiento de caminos escolares o adopción de medidas de pacificación del tráfico.
h) Potenciación de los desplazamientos a pie o en bicicleta con o sin motor y similares o sillas de ruedas, mediante la construcción o reserva de espacios en un entorno seguro, a modo de redes específicas o compartidas, e instalación de espacios reservados para el aparcamiento de bicicletas, preferentemente en las inmediaciones de puntos de generación de viajes como estaciones, paradas de transportes públicos o instalaciones de empresas con gran afluencia de trabajadores o asistentes.
i) Puesta en marcha aparcamientos disuasorios para vehículos privados motorizados en los accesos a las ciudades y en la proximidad de estaciones o paradas de transporte.
j) Ordenación y regulación de la carga y descarga y el reparto de las mercancías en la ciudad.
k) Análisis de la bicicleta como un modo de transporte más o complementario con el resto.
l) Provisión de servicios de transporte público adaptados a las necesidades de quienes desempeñan trabajos de cuidado o soportan doble carga de trabajo, principalmente las mujeres.
m) La planificación de una adecuada red de carriles mixtos y para tráfico segregado de vehículos como bicicletas, bicicletas eléctricas, patines a motor, segway y similares.
n) Facilitación de la movilidad autónoma y segura del alumnado hacia los centros educativos y los lugares de ocio y recreo, mediante zonas de calmado de tráfico, aceras más amplias o proyectos como los Caminos Escolares Seguros, contando con la implicación de la Comunidad Educativa.
ñ) Reducción de la superficie destinada a aparcamiento para destinarla a dotaciones públicas.
o) Dotación de mobiliario público para los itinerarios peatonales.
p) Cualquier otra medida que pueda contribuir a garantizar la sostenibilidad de la movilidad en su conjunto.
3. Los planes de movilidad sostenible deberán incluir necesariamente dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del vehículo eléctrico en edificios o estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas.
4. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la instalación eléctrica específica para la recarga de los vehículos eléctricos, ejecutada de acuerdo con lo establecido en la normativa técnica que fuere de aplicación, con las siguientes dotaciones mínimas:
a) En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal, se deberá ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias (mediante, tubos, canales, bandejas, etc.), de modo que se posibilite la realización de derivaciones hasta las estaciones de recarga ubicada en las plazas de aparcamiento
5. En la vía pública, deberán incluirse las instalaciones necesarias para dar suministro a las estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos en la forma que se determine reglamentariamente atendiendo al número de habitantes de cada concejo.
Artículo 19. Contenido de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
1. Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible adoptarán la perspectiva de género como enfoque transversal e incluirán, como mínimo, el siguiente contenido:
2. Cuando sea aplicable y al objeto de visibilizar las desigualdades en la accesibilidad entre hombres y mujeres y la movilidad de los cuidados, los resultados de los indicadores se diferenciarán por sexos.
Artículo 20. Planes de movilidad sostenible a los centros de trabajo o de gran afluencia de usuarios.
1. Se fomentará que los centros que cuenten con 200 o más trabajadores, o 2.000 o más asistentes diarios habituales a sus instalaciones, presenten un plan de movilidad sostenible ante el Consorcio de Transportes de Asturias.
2. A estos efectos, se entiende por centro de trabajo o de gran afluencia de usuarios cualquier instalación de empresa u organismo, público o privado, en la que se desarrolle una actividad que genere una movilidad significativa y presente características comunes idóneas para la implantación de un plan de movilidad, tales como proximidad en el destino de los viajes, horarios similares de entrada y salida, y posibilidad de oferta común de transporte público o de aplicación de medidas de coche compartido.
Se incluyen en este concepto aquellas instalaciones que acojan conjuntamente a varias empresas que, en conjunto, presenten características análogas a las descritas en el párrafo anterior.
3. En la elaboración del plan deben involucrarse tanto el empresario o empresarios como los trabajadores, especialmente aquellos que presenten algún tipo de discapacidad, los miembros del comité de empresa y los sindicatos. El Consorcio de Transportes de Asturias asesorará a los redactores del plan en todo aquello que estos le requieran y resulte de relevancia para su elaboración.
4. Para supervisar el desarrollo e implantación del plan se creará la figura de la Gestoría de Movilidad, cuyo titular será la persona encargada de su promoción y seguimiento, siendo el interlocutor válido para relacionarse con el Consorcio de Transportes de Asturias.
5. El contenido mínimo de estos Planes será:
a) Un diagnóstico de la movilidad y sus necesidades logísticas, atendiendo especialmente a los servicios públicos disponibles para realizar el desplazamiento hasta las instalaciones.
b) Los objetivos establecidos y las medidas para que la movilidad del colectivo sea sostenible, entre las que se contemplarán medidas de teletrabajo, bonificación del tiempo de trabajo para aquellas personas que opten por desplazarse a pie o en bicicleta, compartición de vehículos, y transportes colectivos de empresa.
c) Cualesquiera otros contenidos que los instrumentos de planificación enumerados en el artículo 13 de esta Ley establezcan como mínimos.
Artículo 21. Estudios de Evaluación de la Movilidad Generada.
1. Los estudios de evaluación de la movilidad generada evalúan el incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación o una nueva implantación de actividades y la capacidad de absorción de los servicios viarios y de los sistemas de transporte, abarcando los sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos con bicicleta o a pie. Asimismo, valoran la viabilidad de las medidas propuestas en el propio estudio para gestionar de forma sostenible la nueva movilidad y, especialmente, las fórmulas de participación del promotor o promotora para colaborar en la solución de los problemas derivados de esta nueva movilidad generada.
2. El objetivo de los estudios de evaluación de la movilidad generada es definir las medidas y actuaciones necesarias para asegurar que la nueva movilidad generada en el ámbito de estudio siga unas pautas caracterizadas por la preponderancia de los medios de transporte más sostenibles.
3. Los estudios de evaluación de la movilidad generada, por norma general, se tienen que incluir como documento independiente, en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística siguientes:
a) Planes Territoriales Especiales.
b) Planes Generales de Ordenación y sus revisiones o modificaciones, que comporten nueva clasificación de suelo urbano o urbanizable.
c) Planes Especiales, Planes Parciales y Estudios de Implantación cuando prevean:
1.º Nuevos crecimientos residenciales de más de 250 viviendas.
2.º Nuevas zonas de oficinas de más de 10.000 m² de superficie construida y/o edificios, centros de trabajo y complejos de naturaleza análoga donde trabajen más de 500 personas.
3.º Implantación o ampliación de grandes establecimientos comerciales y complejos comerciales o Centros Terciarios de comercio, ocio, hostelería y servicios, en los términos expuestos en el Decreto 119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la Revisión de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial.
4.º Implantación o ampliación de polígonos industriales, grandes industrias o plataformas logísticas de distribución de mercancías.
5.º Implantación o ampliación de zonas de actividad mineras.
6.º Implantación o ampliación de usos dotacionales lúdicos, culturales, deportivos o religiosos, con un aforo superior a 2.000 personas.
7.º Implantación o ampliación de usos dotacionales sanitarios, hoteleros, residencias geriátricas o estudiantiles y similares con una capacidad superior a 200 camas.
8.º Implantación o ampliación de centros educativos con capacidad para más de 1.000 alumnos.
9.º Otras implantaciones que puedan generar de forma recurrente un número igual o superior a 3.000 viajes al día.
4. Por vía reglamentaria se regularán los parámetros y condicionantes a estudiar, y en general el contenido de los Estudios de Evaluación Movilidad Generada. Dentro del contenido de estos estudios, necesariamente se abordará el establecimiento de redes de itinerarios principales para peatones, bicicletas, transporte público y colectivo de superficie, así como una red básica para vehículos.
5. El estudio de evaluación de la movilidad generada tiene que incorporar una propuesta de financiación de los diferentes costes generados por el incremento de movilidad debido a la nueva actuación y establecer la obligación de las personas propietarias, en los términos fijados por la legislación urbanística, de costear y, si procede, ejecutar la urbanización, así como las infraestructuras de conexión con las principales redes de peatones, de bicicletas, de circulación de vehículos y de transporte público o el refuerzo de éstas, cuando sea necesario como consecuencia de la magnitud de la actuación.
6. Los estudios de evaluación de la movilidad generada deben incorporarse al plan como un documento complementario al mismo y tramitarse y someterse a información pública conjuntamente con éste. En su tramitación será preceptiva la emisión de informe favorable por parte de la autoridad administrativa competente en materia de movilidad.
Artículo 22. Instrumentos de evaluación y seguimiento.
Para la evaluación de los Planes de Movilidad Sostenible y para el análisis de los efectos que estos pueden producir en su aplicación, se establecen los siguientes instrumentos de evaluación y seguimiento:
a) Indicadores de movilidad establecidos por los propios planes de movilidad sostenible, que deberán referirse a las siguientes categorías:
1.º Indicadores referentes a los efectos ambientales de la movilidad, tales como emisión de gases con efecto invernadero, contaminación atmosférica, contaminación acústica y consumo energético.
2.º Indicadores referentes al sistema de movilidad, tales como accesibilidad, seguridad, costes sociales y eficiencia de los sistemas, capacidad, oferta y demanda, calidad del servicio e intermodalidad.
3.º Indicadores referentes al modelo urbano en relación al sistema de movilidad, tales como la superficie libre del tráfico de vehículos motorizados, el reparto del viario público o el grado de congestión. Los indicadores de movilidad deben adaptarse a los estándares internacionales acordados por la Unión Europea, especialmente en las políticas de integración ambiental.
b) Informes de seguimiento, que se elaborarán cada dos años por las administraciones publicas asturianas, así como por las personas físicas o jurídicas responsables de cada Plan de Movilidad Sostenible y se remitirán a la Consejería competente en materia de movilidad que, tras el oportuno análisis y en el plazo de 6 meses acordará, en su caso, efectuar recomendaciones.
c) Estudio de viabilidad, que tiene por objeto evaluar el impacto que comporta la creación, modificación o adaptación de una infraestructura o un servicio de transporte, tanto desde el punto de vista de la oferta y la demanda como desde las perspectivas económico-financiera, ambiental, de seguridad y funcional.
d) Estudio de evaluación estratégica ambiental.
Artículo 23. Coordinación con la planificación territorial.
El contenido de los instrumentos de planificación del transporte definidos en el presente Capítulo y las determinaciones del planeamiento territorial y urbanístico vigente en su ámbito espacial de aplicación resultarán coherentes y complementarios, evitando contradicciones y potenciando su efecto conjunto.
CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
Artículo 24. Consorcio de Transportes de Asturias.
El Consorcio de Transportes de Asturias, como ente público del Principado de Asturias tendrá, entre sus funciones, la gestión conjunta y coordinada de la movilidad en el Principado de Asturias.
Su régimen jurídico, competencias, organización y normas de funcionamiento son las previstas en la Ley del Principado de Asturias 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias, en la presente Ley y en sus respectivas disposiciones de desarrollo.
Artículo 25. Consejo de la Movilidad del Principado de Asturias.
1. El Consejo de la Movilidad del Principado de Asturias es el órgano superior de participación, asesoramiento, consulta y debate sectorial en los asuntos que afecten al funcionamiento del sistema de transportes en sus diferentes modos y a la movilidad en el Principado de Asturias.
a) Emitir los informes que sean preceptivos conforme a lo previsto en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.
b) Elaborar informes y dictámenes a petición de cualquier órgano de la Administración Pública, en todos aquellos asuntos de su competencia cuya trascendencia para el sistema de movilidad lo haga aconsejable.
c) Servir de cauce institucional de participación y cooperación entre los sectores económicos, las organizaciones sociales, los usuarios y las Administraciones Públicas.
d) Evaluar y monitorizar el cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de movilidad señalados en el artículo 5 de esta Ley. A tal efecto, el Consejo aprobará anualmente un informe.
3. Los órganos del Consejo, su composición y reglas de funcionamiento se determinarán reglamentariamente por las disposiciones complementarias de desarrollo, incluyendo en todo caso representación de la Junta General del Principado, conforme a los criterios que se desarrollen reglamentariamente.
Artículo 26. Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias.
1. La Junta Arbitral del Transporte del Principado de Asturias es un instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el contrato de transporte, que pueden acudir a ella, como cualquier otra persona que ostente interés legítimo, para la resolución de las controversias, dudas u otras cuestiones que surjan en su cumplimiento.
2. Está adscrita a la Consejería competente en materia de transportes del Principado de Asturias, la cual velará por una adecuada difusión de las competencias de la Junta Arbitral entre todas las partes implicadas, transportistas, cargadores y usuarios, y promoverá su utilización preferente en la resolución de conflictos.
3. La composición, procedimientos, competencias y funciones se determinarán reglamentariamente por las disposiciones complementarias de desarrollo, con sujeción a la normativa estatal en las materias de su competencia.
Artículo 27. Oficinas de Movilidad Sostenible.
1. A fin de facilitar información a los usuarios y promover mejoras en materia de movilidad sostenible, el Consorcio de Transportes de Asturias dispondrá de una Oficina de Movilidad Sostenible.
2. Los concejos que, en aplicación de sus Planes de Movilidad, decidan crear Oficinas Locales de Movilidad Sostenible, podrán recabar el asesoramiento que precisen de la del Consorcio de Transportes de Asturias, e integrarse a través de ella en un sistema único de información coordinada, previo convenio establecido al efecto.
Artículo 28. Funciones de las Oficinas de Movilidad Sostenible.
1. La Oficina de Movilidad Sostenible del Consorcio de Transportes de Asturias y las que, en su caso, creen los concejos desarrollarán, al menos, las siguientes funciones:
a) Analizar las características de las redes de transporte público en todos los modos, y proponer actuaciones que las mejoren y que promuevan una movilidad sostenible, sobre la base del fomento del transporte público colectivo y del no motorizado, disuadiendo del uso del vehículo privado de baja ocupación especialmente en los desplazamientos diarios recurrentes.
b) Proporcionar la información, requerida por cualquier medio, relativa a los modos de transporte público de viajeros existentes en el ámbito territorial del Principado de Asturias, tanto en lo relativo a itinerarios, horarios, tiempos estimados del desplazamiento, precios de los títulos de transporte y puntos de venta de los mismos u operadores que prestan los servicios, informando sobre las distintas alternativas y señalando la más adecuada para cada usuario.
c) Llevar a cabo actuaciones de promoción del uso del transporte público.
d) Realizar actividades de formación y divulgación en materia de movilidad.
2. La información proporcionada por la Oficina de Movilidad habrá de ser personalizada, clara y comprensible para el solicitante.
Artículo 29. Los Servicios de Inspección.
1. La actuación inspectora tendente a garantizar el cumplimiento de las previsiones de esta Ley, de la Ley del Principado de Asturias 1/2002, de 11 de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias, y de sus respectivas disposiciones de desarrollo, estará encomendada a los Servicios de Inspección adscritos a la Consejería competente en materia de transportes y, en su ámbito de competencias, al Consorcio de Transportes de Asturias.
2. Los miembros de los Servicios de Inspección:
a) Tendrán la consideración de autoridad, estando facultados para denunciar cualquier infracción cometida contra la normativa reguladora de los transportes y la movilidad, con independencia de la Administración competente.
b) Estarán provistos de un documento acreditativo de su condición, que les podrá ser requerido cuando ejerciten sus funciones, debiendo, en este caso, exhibirlo.
3. Los usuarios de transportes regulares de viajeros de uso general, cuando se encuentren a bordo de algún vehículo o estén accediendo o descendiendo del mismo, habrán de identificarse y entregar para su comprobación los títulos de transporte que tengan obligación de portar, a requerimiento de los Servicios de Inspección, así como cuando fueran requeridos para ello por personal debidamente acreditado de la empresa encargada de la prestación del transporte que estuvieran utilizando.
Con independencia de la formalización de la denuncia que resultara procedente, tanto los miembros de los Servicios de Inspección como el personal de la empresa transportista antes referido, podrán retirar la tarjeta en la que se documenten títulos de transporte multiviaje de cualquier tipo, cuando se compruebe que la misma se está utilizando en condiciones no admitidas en sus normas de uso, entregando un resguardo acreditativo de dicha retirada al usuario.
4. Los Servicios de Inspección, en lo no previsto en la presente Ley, se regirán por lo dispuesto en la normativa estatal referida a los Servicios de Inspección del Transporte de su competencia.
5. En relación con el transporte urbano, las funciones previstas para los Servicios de Inspección se entenderán referidas a los órganos que expresamente determinen los concejos.
Artículo 30. Participación de los usuarios e información de derechos y obligaciones.
1. Los usuarios participarán en la toma de decisiones relativas al transporte y la movilidad a través de su participación en el Consejo de la Movilidad del Principado de Asturias y en el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Asturias.
2. El Principado de Asturias, a través del Consorcio de Transportes de Asturias, y los concejos mantendrán informados a los usuarios y potenciarán su participación, a través de sus asociaciones, en la planificación y gestión de los transportes de su respectiva competencia.
3. En los casos en los que se estime necesario, la administración formulará una encuesta pública previa a la adopción de sus decisiones en materia de planificación y regulación. Los resultados de tal procedimiento serán tenidos en cuenta por la administración y su aceptación o denegación, que será en todo caso motivada, se integrará en el expediente correspondiente.
Artículo 31. Participación de las asociaciones de transportistas.
Las asociaciones profesionales de transportistas legalmente constituidas que alcancen el nivel de representatividad que reglamentariamente se determine podrán integrarse en el Consejo de la Movilidad del Principado de Asturias y en el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Asturias.
TÍTULO II. CONDICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE TRANSPORTES PÚBLICOS POR CARRETERA
CAPÍTULO I. CONDICIONES PREVIAS
Artículo 32. Autorización de transporte público.
1. Para realizar cualquiera de los transportes públicos de viajeros o mercancías por carretera regulados en la presente Ley, salvo en los casos expresamente exceptuados en la misma, será necesario disponer de autorización de transporte público otorgada con arreglo a lo previsto en la normativa estatal. Se exceptúan aquellas modalidades de transporte para las que la citada normativa no exija su obtención.
2. Cuando sea necesaria, la pérdida de la citada autorización de transporte público por cualquier causa, con independencia de las sanciones que procedan, conllevará la inmediata revocación de los contratos, autorizaciones o licencias otorgados.
Artículo 33. Organización empresarial.
Los transportes públicos por carretera se llevarán a cabo bajo la dirección y responsabilidad de la empresa titular de la autorización de transporte público prevista en el artículo anterior o, en ausencia de esta, de la empresa a la que se haya otorgado el contrato, autorización o licencia de que se trate, que los efectuarán, salvo en los casos exceptuados en esta Ley, con los medios personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial.
1. Las empresas transportistas llevarán a cabo su actividad con plena autonomía económica, gestionándola a su riesgo y ventura.
2. Las tarifas quedarán establecidas en los contratos de gestión de servicio público, donde se especificarán las previsiones necesarias para su actualización sin necesidad de llevar a cabo una modificación de los mismos.
3. La estructura de la tarifa se ajustará a las características del servicio teniendo en cuenta lo previsto en la presente Ley, en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en las disposiciones de la Unión Europea en materia de servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera que resulten de aplicación y en los correspondientes desarrollos reglamentarios.
4. El abono de las tarifas establecidas y de otras compensaciones económicas o de otra índole a las que tenga derecho el contratista por la celebración del contrato deben tener como objetivo además de la prestación del servicio, asegurar su calidad, continuidad y seguridad y el equilibrio financiero del mismo, asegurando un razonable margen de beneficio empresarial atendiendo a circunstancias normales de productividad y organización.
5. Los transportes públicos discrecionales de viajeros y mercancías, y las actividades auxiliares y complementarias, no estarán sujetos a ningún régimen tarifario, siendo su precio libremente fijado por las partes contratantes con sujeción en todo caso a lo señalado en la presente Ley.
6. Por decreto del Consejo de Gobierno se podrán establecer tarifas de obligado cumplimiento para los transportes públicos interurbanos de viajeros en vehículos de turismo que se inicien en el territorio del Principado de Asturias.
7. Los transportes públicos urbanos de viajeros en turismos estarán sujetos al régimen de precios autorizados de ámbito autonómico, aprobados por el decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Precios, vista la del concejo que hubiera otorgado su licencia municipal.
Estos precios y las tarifas previstas en el punto anterior deberán cubrir la totalidad de los costes de explotación y permitirán una adecuada amortización de aquellos activos necesarios para su prestación, así como un razonable beneficio empresarial, en circunstancias normales de productividad y organización.
8. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general estarán sujetos al siguiente régimen tarifario:
a) Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general interurbanos estarán sujetos al régimen tarifario previsto en el contrato al marco tarifario común aprobado por el Consorcio de Transportes de Asturias, a la normativa estatal aplicable, al Reglamento (CE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, y a la normativa de contratos del sector público.
b) Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general urbanos estarán sujetos al régimen de precios autorizados de ámbito autonómico y a la normativa estatal aplicable, siendo sus tarifas aprobadas por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta de la Comisión de Precios, vista la del concejo competente.
c) De conformidad con las disposiciones de la Unión Europea en materia de servicios públicos de transporte de viajeros, las tarifas, junto con las demás compensaciones, económicas o de otra índole, a que, en su caso, tenga derecho el contratista, deberán cubrir la totalidad de los costes de explotación del transporte en las condiciones señaladas en el correspondiente contrato y permitirán una adecuada amortización de aquellos activos necesarios para su prestación y que hayan de ser aportados por el contratista, así como un razonable beneficio empresarial, en circunstancias normales de productividad y organización.
Cuando en el contrato se establezcan unas compensaciones concretas aceptadas o propuestas por el contratista por las obligaciones de servicio público impuestas en el momento de su adjudicación, las mismas se aplicarán en los términos suscritos durante toda la vigencia del contrato, salvo que se dieran supuestos de desequilibrio económico financiero sobrevenido de este que deba asumir, total o parcialmente, la Administración contratante, o salvo que esta impusiera nuevas obligaciones de servicio público, pudiendo, en ambos casos, establecer nuevas compensaciones, incrementar las existentes o revisar individualizadamente el régimen tarifario del contrato, bien de oficio o a instancia del contratista.
A los efectos de revisión individualizada del régimen tarifario se descontarán, en todo caso, aquellos costes cuya cuantía dependa, en todo o en parte, de la gestión del contratista.
9. El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones realizadas como consecuencia de las obligaciones de servicio público establecidas por la Administración en los términos, plazos y condiciones fijados en el correspondiente contrato.
Artículo 35. Contabilidad en los contratos de gestión de servicio público.
A efectos de contabilidad, las empresas contratistas de transportes públicos regulares de viajeros de uso general deberán tratar cada contrato como una actividad separada, gestionándola como una división contable independiente y distinta de cualquier otra actividad que realicen, esté o no relacionada con el transporte de viajeros.
Los transportes públicos por carretera regulados en esta Ley deberán estar cubiertos por los seguros obligatorios que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la normativa estatal referida a los transportes públicos por carretera de su competencia.
El coste de los seguros previstos en este artículo tendrá la consideración de gasto de explotación y será, por tanto, repercutible en las correspondientes tarifas.
Artículo 37. Régimen de contratación y responsabilidad contractual.
1. Para contratar como porteador la realización de transportes públicos y emitir facturas en nombre propio por su prestación, es necesario ser titular de una licencia o autorización de transporte público o de operador de transporte de mercancías otorgada de conformidad con la normativa estatal o con lo previsto en esta Ley.
No obstante, la prestación de transportes públicos regulares de viajeros de uso general solo podrá ser contratada como porteador por el contratista, por el Consorcio de Transportes de Asturias o por el ente, organismo o entidad municipal que, en su caso, hubiera asumido dicha función.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos anteriores, cuando se trate de alguna modalidad de transporte cuya realización se encuentre eximida de la obtención de una licencia o autorización de transporte público en la normativa estatal o en esta Ley, los servicios también podrán ser contratados y facturados por el titular de la organización empresarial mediante la que materialmente se lleven a cabo.
2. La responsabilidad de las diferentes partes de un contrato de transporte público de mercancías o viajeros se regirá por la reglamentación de la Unión Europea aplicable en cada caso, por la normativa estatal referida a los transportes de su competencia y por la legislación mercantil.
3. A los efectos de responsabilidad contractual, se entiende que:
a) Los animales de compañía podrán transportarse sin abonar billete adicional ni suponer otro coste para el usuario, en trasportín homologado, como bulto de mano. Cuando no sea posible el transporte en cabina por motivos de espacio, seguridad o salud acreditados, se llevará a cabo en bodega, en zona debidamente habilitada con suficiente ventilación y con la sujeción necesaria. Igualmente, los perros-guía y de asistencia debidamente identificados serán aceptados en todos los vehículos y viajarán junto a su dueño sin abonar billete adicional.
b) Lo previsto en el apartado a) se aplicará en todo caso a los transportes interurbanos de competencia del Principado de Asturias y, supletoriamente, a los transportes urbanos en tanto que el concejo competente no haya aprobado una regulación propia en esta materia.
Artículo 38. Contratos tipo y condiciones generales de contratación.
La Consejería competente en materia de transportes facilitará una adecuada difusión de los derechos y obligaciones de empresas transportistas y usuarios, a través de los contratos tipo o condiciones generales de contratación previstos en la normativa estatal.
TÍTULO III. LOS TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS POR CARRETERA
CAPÍTULO I. LOS TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS DE USO GENERAL
Artículo 39. Titularidad de la Administración y prestación de estos transportes.
Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración, debiendo ser admitidos a su utilización, sin discriminación, quienes lo soliciten y cumplan los siguientes requisitos:
f) Las demás que, en aras del buen funcionamiento del servicio público, se determinen por el Consorcio de Transportes de Asturias en los transportes interurbanos, o por el órgano municipal competente en los transportes urbanos.
Artículo 40. Modalidades de gestión.
1. La prestación de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general se realizará por la empresa a la que el Consorcio de Transportes de Asturias o el concejo competente, según se trate de transportes interurbanos o urbanos, adjudique el correspondiente contrato.
2. Procederá la gestión pública directa de un servicio cuando la Administración competente estime que resulta más adecuado al interés general en función de su naturaleza y características, en cuyo caso el Consorcio de Transportes de Asturias o el concejo competente podrán prestarlo directamente, utilizando para ello cualquiera de las figuras que admite la legislación vigente.
3. En lo no previsto en esta Ley ni en la reglamentación de la Unión Europea, la gestión de estos servicios se regirá por las reglas establecidas en la legislación general sobre contratación del sector público que resulten de aplicación.
Artículo 41. Obligaciones de servicio público.
1. El Consorcio de Transportes de Asturias o el concejo competente, según se trate de transportes interurbanos o urbanos, cuando existan causas de interés público que lo justifiquen, podrán imponer obligaciones de servicio público a las empresas contratistas de transportes públicos regulares de viajeros de uso general.
2. De conformidad con el Reglamento (CE) n. º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, con arreglo al cual se regirán, se consideran obligaciones de servicio público las exigencias determinadas por la Administración a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase exclusivamente su propio interés comercial no asumiría, o no asumiría en la misma medida o en las mismas condiciones sin retribución
La declaración e imposición de obligaciones de servicio público en relación con los transportes regulados en esta Ley corresponderá al Consorcio de Transportes de Asturias o al concejo competente, según se trate de transportes interurbanos o urbanos.
3. Las compensaciones por obligaciones de servicio público podrán ser abonadas de forma directa por el Consorcio de Transportes de Asturias, por el concejo competente o, extraordinariamente y cuando se encuentre debidamente motivado, a través de las tarifas de aplicación a los usuarios. Cuando la compensación sea abonada de forma directa deberá ser recogida en el contrato de gestión de servicio público. Las compensaciones abonadas, de una u otra manera, deberán ser públicas siguiendo los criterios de transparencia mediante, al menos, su publicación en la página web del Consorcio de Transportes de Asturias.
4. Se garantizará por el Principado de Asturias la dotación presupuestaria suficiente al Consorcio de Transportes de Asturias para atender puntualmente las compensaciones de todo tipo que deba abonar a las empresas contratistas, así como el equilibrio económico de las concesiones de servicios de transporte regular de viajeros por carretera.
5. El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones realizadas como consecuencia de las obligaciones de servicio público impuestas por la Administración en los términos, plazos y condiciones fijados en el correspondiente contrato.
Artículo 42. Exclusividad de tráficos.
1. Los contratos para la gestión de servicios públicos se adjudicarán con carácter exclusivo, no pudiendo, mientras estén vigentes, adjudicarse otros que cubran tráficos coincidentes.
Artículo 43. Autorización de tráficos coincidentes.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrán autorizarse tráficos coincidentes con los de otros servicios públicos preexistentes en los siguientes supuestos:
a) Cuando los tráficos coincidentes deban prestarse en el Área Metropolitana Central y, concretamente, en la zona de influencia de núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes de población de derecho, hasta las distancias máximas siguientes medidas en línea recta desde el centro de dichos núcleos:
1.º Poblaciones de más de 150.000 habitantes, 10 kilómetros.
2.º Poblaciones de entre 50.000 y 150.000 habitantes, 5 kilómetros.
Habrá de tratarse de contratos globalmente distintos y deberá justificarse en el expediente la procedencia del establecimiento del tráfico coincidente de que se trate, así como la necesidad o no de otorgar compensaciones económicas al contratista que viniera atendiendo el tráfico preexistente.
b) En los tráficos de competencia municipal coincidentes con otros de servicios públicos interurbanos que se desarrollen dentro de un mismo término municipal, debiendo justificarse en el expediente la necesidad o no de otorgar compensaciones económicas al contratista que viniera atendiendo el tráfico preexistente, previo informe del concejo afectado, debiendo ser motivada la decisión que se aparte del mismo.
c) Cuando, siendo insuficientes las expediciones previstas en un contrato para atender adecuadamente la demanda existente, el contratista, ante el requerimiento de la Administración contratante para que lleve a cabo las modificaciones precisas, manifieste expresa o tácitamente su desinterés en atenderlo en las condiciones propuestas y no se decida su imposición con carácter forzoso. En este caso, el contratista que viniera atendiendo el tráfico preexistente no tendrá derecho a compensación alguna.
d) Cuando los tráficos se incluyan en contratos para la gestión de servicios públicos de nueva creación que hayan sido excluidos expresamente por el Consorcio de Transportes de Asturias de su incorporación a los contratos zonales existentes. En este caso, el contratista zonal no tendrá derecho a compensación alguna.
e) Cuando el Consorcio de Transportes de Asturias apruebe un plan de explotación conjunta de diferentes contratos a fin de satisfacer con el mayor grado de eficacia y eficiencia las necesidades de transporte. En el plan de explotación conjunta deberá determinarse la procedencia o no de compensaciones entre los diferentes contratistas.
2. El Consorcio de Transportes de Asturias establecerá, en los servicios en los que se produzcan coincidencias de tráfico con otros, las medidas que, en su caso, resulten precisas para coordinar y armonizar las condiciones de prestación, tales como la frecuencia y horario de las expediciones u otras, con el fin de impedir competencias desleales o perturbadoras.
Artículo 44. Creación de nuevos servicios públicos.
1. La creación de nuevos servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general tendrá lugar por resolución o acuerdo motivado del Consorcio de Transportes de Asturias o del concejo competente, según se trate de transportes interurbanos o urbanos, bien por propia iniciativa o de los particulares, teniendo en cuenta las demandas actuales o potenciales de transporte, los medios existentes para servirlas, las repercusiones de su inclusión en la red de transporte, y el resto de circunstancias sociales y económicas que afecten o resulten afectadas por dicha creación.
Los particulares y empresas o entidades, públicas o privadas, podrán solicitar la creación de nuevos transportes de esta naturaleza, pero solo se procederá a su tramitación cuando razones objetivas y generales de interés público apreciadas por la Administración competente hagan que parezca, en principio, procedente, denegándose en caso contrario de forma inmediata la petición, la cual, en todo caso, no implicará ningún tipo de derecho o preferencia del solicitante en la adjudicación del servicio.
2. La resolución o el acuerdo deberán ir acompañados de la aprobación de un anteproyecto de prestación en el que habrán de incluirse:
a) Memoria justificativa de la necesidad del servicio y de la procedencia de su creación.
b) Tráficos a realizar e itinerarios, calendarios y expediciones previstos.
c) Medios materiales necesarios.
d) Plazo previsto de duración.
e) Evaluación del volumen de tráficos a atender.
f) Estudio económico de la explotación.
3. A continuación, se acordará la apertura de un período de información pública por un plazo de 20 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y se remitirá el anteproyecto de prestación, para su informe, al Consejo de la Movilidad del Principado de Asturias y a los concejos afectados.
4. Finalmente, previa valoración técnica, económica y jurídica de las alegaciones presentadas y de los informes emitidos, remitida debidamente a las partes interesadas, el Consorcio de Transportes de Asturias o el concejo competente, según se trate de transportes interurbanos o urbanos, resolverá acerca de la procedencia de la creación del servicio y, en su caso, aprobará el proyecto de prestación. El conjunto de la documentación será público en la página web del Consorcio de Transportes de Asturias.
5. Los trámites previstos en los apartados anteriores no serán necesarios cuando se trate de un transporte que ya se viniera prestando con anterioridad y que fuera necesario adjudicar en un nuevo contrato por haberse extinguido el preexistente, siempre que los tráficos a atender fueran sustancialmente los mismos, si bien, deberá abrirse un proceso de participación pública y una fase de alegaciones que deberán ser evaluadas, remitiéndose la oportuna respuesta a las partes interesadas. En todo caso se garantizará la continuidad en la prestación del servicio.
Artículo 45. Duración de los contratos.
1. De conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, la duración de los contratos de gestión de servicio público no podrá ser superior a diez años y se establecerá en el documento contractual de acuerdo con las características y necesidades del servicio, atendiendo a los plazos de amortización de los activos necesarios para su prestación que hayan de ser aportados por el contratista. También podrán ser tenidos en cuenta el volumen de tráfico, el beneficio potencial y las demás circunstancias que se desprendan del estudio económico de la explotación.
2. De conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, en caso necesario, y habida cuenta de las condiciones de amortización de los activos, la duración del contrato de gestión de servicio público podrá prolongarse durante, como máximo, la mitad del período original, si el contratista aporta elementos del activo que sean a la vez significativos en relación con la totalidad de los activos necesarios para prestar los servicios objeto del contrato y que estén relacionados predominantemente con estos.
3. La Administración contratante deberá iniciar el procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio con una antelación mínima de seis meses sobre la fecha de finalización del contrato. En el caso de que, por circunstancias sobrevenidas, finalizara el plazo del contrato sin que hubiera concluido dicho procedimiento, el contratista, a requerimiento de la Administración competente, prolongará su gestión hasta la finalización de dicho procedimiento, sin que en ningún caso esté obligado a continuar dicha gestión durante un plazo superior a doce meses.
Artículo 46. Procedimientos de adjudicación.
1. Los contratos de gestión de servicio público se adjudicarán por procedimiento abierto, de conformidad con la normativa de contratación del sector público. Los órganos de contratación darán a los licitadores un tratamiento equitativo y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia.
A este procedimiento únicamente podrán concurrir empresas que dispongan de la autorización de transporte público de viajeros prevista en el artículo 32 o que estén en condiciones de obtenerla antes de la adjudicación del contrato, salvo que se trate de transportes urbanos y se excluya expresamente dicha exigencia en el proyecto de prestación aprobado por el concejo competente.
2. No obstante, el Consorcio de Transportes de Asturias o el concejo competente, según se trate de transportes interurbanos o urbanos, podrán optar por la adjudicación directa del contrato en los supuestos previstos en la normativa estatal referida a los transportes de su competencia, de conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo.
3. El pliego de condiciones que haya de regir el contrato, que tomará como base el proyecto de prestación y será aprobado por el órgano de contratación, fijará las condiciones de prestación del servicio.
En todo caso, se incluirán en el pliego de condiciones los siguientes extremos:
a) Los tráficos y zonas, en su caso, que definen el servicio.
b) El itinerario o las infraestructuras por los que haya de discurrir.
c) El número mínimo de expediciones.
d) Las prestaciones mínimas que deben recibir los viajeros, en su caso, además de su transporte y el de sus equipajes y bultos de mano.
f) El número mínimo de vehículos que el contratista deba adscribir, así como sus características técnicas y, cuando resulte pertinente, su límite máximo de antigüedad.
g) El número mínimo de conductores que, en su caso, deba adscribir el contratista.
h) Las instalaciones fijas que, en su caso, haya de aportar el contratista.
i) El régimen tarifario.
j) El derecho del contratista a hacer propia, en su caso, la totalidad o una parte de los ingresos derivados de la explotación del servicio.
k) Otras compensaciones a las que, en su caso, tenga derecho el contratista por la prestación del servicio, indicando los parámetros sobre cuya base habrán de calcularse.
l) El canon o participación que, en su caso, haya de satisfacer el contratista a la Administración y los parámetros sobre cuya base habrá de calcularse, conforme a criterios de proporcionalidad, sin que afecte significativamente a la estructura de costes del servicio.
m) Las máquinas o herramientas o, en su caso, los medios electrónicos, informáticos o telemáticos de que deberá proveerse el contratista para facilitar a la Administración el control de los ingresos generados por la explotación del servicio y de la correcta prestación de los servicios.
n) El compromiso del contratista de someterse al arbitraje de las Juntas Arbitrales del Transporte en relación con cualquier controversia con los usuarios acerca de la prestación del servicio.
ñ) El plazo de duración del contrato.
o) En su caso, la obligatoriedad de subrogación del personal necesario adscrito efectivamente a la concesión, cuando se trate de un servicio que ya venía prestándose.
Adicionalmente, el órgano de contratación deberá incluir en el pliego todas aquellas otras circunstancias que delimiten el servicio y configuren su prestación.
4. Cuando se opte por la adjudicación directa, se incluirán en el documento contractual idénticos extremos a los señalados para el pliego de condiciones en el apartado anterior.
5. En la adjudicación del contrato únicamente podrán tenerse en cuenta variantes o mejoras ofrecidas por los licitadores cuando tal posibilidad se hubiese previsto expresamente en el pliego.
6. En cualquier caso, deberán desestimarse las ofertas que establezcan condiciones desproporcionadas o anormales, técnicamente inadecuadas, o que no garanticen debidamente la continuidad del servicio o su prestación en las condiciones precisas.
Artículo 47. Licitación.
1. La licitación será anunciada en los boletines o diarios oficiales correspondientes y en el perfil de contratante, señalando un plazo para la presentación de proposiciones acorde con los previstos para los contratos de gestión de servicios públicos en la normativa sobre contratación del sector público.
2. Las condiciones para poder participar en la licitación y la documentación a presentar serán las que se determinen en los pliegos de condiciones.
3. El procedimiento a seguir será el previsto con carácter general en la normativa de contratación del sector público para la contratación de servicios públicos.
Artículo 48. Adjudicación e inauguración del servicio.
1. Una vez realizada la adjudicación del contrato, la empresa adjudicataria habrá de acreditar en el plazo de tres meses, a no ser que el pliego de condiciones determinase otro diferente, el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la prestación del servicio que no hayan sido exigidos en el trámite de la licitación, así como la constitución de la fianza definitiva.
2. El órgano de contratación procederá a la formalización del contrato conforme a lo que al efecto se encuentre previsto en la normativa sobre contratación del sector público. En dicho documento contractual quedarán determinadas las condiciones de prestación del servicio, ajustadas al pliego de condiciones con las precisiones o modificaciones ofrecidas por el adjudicatario que hubiesen sido aceptadas por la Administración contratante.
Los itinerarios, calendarios, horarios, instalaciones y vehículos adscritos se incluirán en un plan de explotación anexo al contrato.
3. La fecha de formalización del documento contractual constituirá el día a partir del cual se iniciará el cómputo del plazo del contrato.
4. La adjudicación del contrato será publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con las condiciones esenciales que la identifiquen, siendo los gastos correspondientes por cuenta del adjudicatario.
5. La eficacia del contrato así formalizado quedará supeditada a que el adjudicatario inicie la prestación del servicio en un plazo máximo de 15 días desde la formalización del contrato, salvo que en el pliego de condiciones se hubiera dispuesto otro diferente, perdiendo, en caso contrario, la fianza definitiva, así como su condición de contratista.
Artículo 49. Modificación de las condiciones de prestación.
1. El contrato sólo podrá modificarse cuando así se haya previsto en el pliego de condiciones, donde deberán constar de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse, todo lo cual figurará en el contrato.
2. No obstante, la Administración contratante, previa audiencia del contratista o a su instancia, podrá modificar el contrato, a efectos de adecuar la prestación del servicio a los cambios sobrevenidos en las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el momento de su adjudicación en relación con la demanda potencial de los servicios, o la necesidad de cubrir nuevos tráficos surgidos en las inmediaciones del servicio que no se encuentren atendidos a través de otros contratos, o que hayan dejado de estarlo por la extinción del servicio que los venía atendiendo.
En este supuesto, el acuerdo de modificación adoptado por el órgano contratante de la Administración pondrá fin a la vía administrativa, será inmediatamente ejecutivo y su cumplimiento resultará obligatorio para el contratista.
3. Cuando la modificación del contrato afecte a su régimen financiero, la Administración contratante deberá restablecer el equilibrio económico de aquél, en beneficio de la parte contratante que corresponda, de conformidad con lo previsto en la legislación sobre contratos del sector público.
4. Sea cual fuere su causa, la modificación del contrato deberá formalizarse en documento administrativo y estará condicionada al pago de las sanciones pecuniarias impuestas al contratista, por infracciones a la normativa de transportes, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa.
Artículo 50. Tráficos e itinerarios.
1. La prestación del servicio se ajustará a los tráficos e itinerarios previstos en el contrato.
2. La Administración competente podrá acordar la modificación de dichos tráficos e itinerarios, bien de oficio o a instancia de los usuarios, o bien a solicitud del contratista, resultando de aplicación lo dispuesto en el punto 2 del artículo anterior en lo relativo a la modificación del contrato.
3. Se consideran modificaciones de tráficos:
a) La incorporación de nuevos tráficos mediante ampliación de los itinerarios.
b) La realización de tráficos comprendidos dentro de los itinerarios que no hubieran estado previstos originariamente.
c) La supresión de tráficos.
4. Cuando sea el contratista el que solicite la modificación de tráficos, su solicitud deberá acompañarse de una memoria justificativa en la que se especificarán con claridad los nuevos tráficos solicitados, las posibles coincidencias con los de otros contratos y su repercusión económica y tarifaria. En caso de acceder a la tramitación de la solicitud, se acordará la apertura de un período de información pública de al menos 20 días y se recabará informe del Consejo de la Movilidad del Principado de Asturias y de los concejos afectados, resolviendo a continuación.
5. La utilización de infraestructuras distintas a las previstas en los itinerarios del contrato deberá ser acordada por el órgano de contratación, aun cuando no suponga modificación de tráficos, debiendo especificar en el plan de explotación las expediciones que pasarán a realizarse por la nueva infraestructura y, en su caso, por las anteriores.
Artículo 51. Calendario, expediciones y horarios.
1. El contratista estará obligado a prestar el servicio de acuerdo con el calendario, las expediciones y los horarios señalados en el plan de explotación anexo al contrato.
2. En el contrato se determinará el régimen aplicable a las modificaciones del calendario, número de expediciones y horarios, que darán lugar a la modificación del plan de explotación anexo en la medida en que se hubiese visto afectado.
En todo caso, para el incremento de expediciones y la modificación de horarios bastará con comunicarlos con una antelación no inferior a siete días a los usuarios y a los concejos por los que discurran las expediciones modificadas, así como al órgano de contratación, el cual podrá prohibirlos en cualquier momento por razones de interés general o coordinación con otros transportes. No será necesaria esta comunicación cuando se trate de aumentos coyunturales de expediciones para atender puntas de demanda.
Para la reducción de expediciones y la modificación del calendario será necesario aportar una memoria justificativa en la que se acrediten los beneficios para el interés general o las razones de equilibrio económico concesional alegados. Para aplicar estas modificaciones será necesaria una autorización expresa del órgano de contratación en la que se expresará su fundamentación, fecha de aplicación y repercusión en cualesquiera otros aspectos del contrato.
3. El contratista estará obligado a facilitar periódicamente al órgano de contratación todos los datos relevantes relativos a la explotación del servicio, así como cualquier otro que le sea solicitado puntualmente de forma individualizada por los servicios de inspección.
4. El calendario, las expediciones y los horarios establecidos serán publicados en un formato unificado fijado por el Consorcio de Transportes de Asturias debiendo estar a disposición de los usuarios mediante su exposición pública en paneles en las distintas estaciones.
Artículo 52. Vehículos.
1. En el contrato se determinará el número mínimo y la capacidad de los vehículos que deben estar adscritos a la prestación del servicio, su titularidad, condiciones técnicas y de seguridad que han de reunir, así como la antigüedad u otras características exigibles.
Salvo supuestos excepcionales debidamente acreditados, a juicio del Consorcio de Transportes de Asturias o del concejo, según se trate de servicios interurbanos o urbanos, todos los nuevos vehículos que se adscriban a la prestación del servicio, han de cumplir los requisitos de accesibilidad previstos en la normativa estatal por la que se regulan las concisiones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad y los necesarios para el transporte de bicicletas y otros elementos de transporte activo señalados en esta Ley.
Se fomentará la intermodalidad por medio de la habilitación de un espacio mínimo en los autobuses destinado a albergar bicicletas, cuyos parámetros mínimos se regularán por vía reglamentaria.
El incumplimiento de estos requisitos, en casos leves, si tras el aviso correspondiente no se procede a la subsanación de las deficiencias detectadas en el plazo fijado en función de la inversión necesaria por parte del contratista, será objeto de la correspondiente apertura de procedimiento sancionador, en términos señalados reglamentariamente.
La relación de vehículos adscritos, identificados por sus matrículas, se incluirá en el plan de explotación anexo al contrato, y el contratista deberá comunicar cualquier cambio que pretenda realizar antes de hacerlo efectivo, pudiendo el órgano de contratación prohibirlo cuando los vehículos propuestos no cumplan las condiciones exigidas en el contrato.
2. El órgano de contratación podrá acordar la modificación del número de vehículos establecido en el contrato o de su categoría, número de plazas o condiciones técnicas o de seguridad, siendo de aplicación al efecto lo previsto en el punto 2 del artículo 48 de esta Ley.
3. En los contratos zonales, además de los vehículos propios del contratista adscritos para la prestación de servicios regulares de uso general, se podrán adscribir otros vehículos, también propios del contratista o ajenos, para la prestación de los servicios regulares de uso especial incorporados al contrato, siempre que exista un contrato de colaboración estable autorizado por el Consorcio de Transportes de Asturias.
4. Un mismo vehículo podrá ser utilizado en diversos contratos, figurando adscrito simultáneamente en todos ellos, cuando dicha adscripción conjunta sea expresamente autorizada por el órgano de contratación por resultar compatible la prestación de todos o parte de los servicios con arreglo a sus respectivos calendarios, horarios y expediciones.
5. También podrá autorizar el uso indistinto de cualquiera de los vehículos de que sea titular el contratista, siempre que cumplan los requisitos exigidos en el contrato, aunque no estén adscritos. Este uso indistinto podrá hacerse extensivo a la flota de vehículos de otras empresas, cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
a) Que tales empresas sean titulares de más del 50% del capital social de la empresa contratista.
b) Que la empresa contratista sea titular de más del 50% del capital social de tales empresas.
c) Que tanto el capital social de tales empresas como el de la empresa contratista sean de titularidad de una misma persona, física o jurídica, en más de un 50%.
6. El órgano de contratación podrá autorizar que un mismo vehículo sea utilizado para cubrir la red de itinerarios de varios contratos, siempre que presenten puntos de contacto, el servicio se preste sin solución de continuidad en el recorrido y quede acreditado el acuerdo entre los respectivos contratistas.
También podrá autorizar que las expediciones correspondientes a un contrato atiendan tráficos de otro, recogiendo y dejando viajeros en las paradas que tenga en común con éste en aquellos tramos en que los itinerarios de ambos sean coincidentes, siempre que resulte conveniente para el interés público y quede acreditado el acuerdo entre los respectivos contratistas.
7. En todo caso, los vehículos que presten servicios de un contrato deberán estar señalizados, conforme a lo que a tal efecto determine el Consorcio de Transportes de Asturias o el concejo competente, según se trate de transportes interurbanos o urbanos, con el fin de facilitar la inmediata identificación de aquel.
Artículo 53. Colaboración entre transportistas por intensificaciones de tráfico.
1. Para hacer frente a intensificaciones de tráfico que no puedan ser atendidas por los vehículos adscritos al contrato, o en caso de insuficiencia puntual acreditada de disponibilidad de estos por encima del mínimo exigible, podrán utilizarse otros no adscritos, ya disponga de ellos el contratista o bien le hayan sido cedidos con conductor por otros transportistas por vía de colaboración. Dichos vehículos deberán cumplir las condiciones exigidas a los adscritos y podrán utilizarse hasta los límites previstos en el contrato.
2. El servicio se considerará, en todo caso, tanto a efectos de las correspondientes relaciones jurídico privadas, como de las obligaciones y responsabilidades de carácter administrativo, prestado por la empresa contratista, considerándose los vehículos cedidos por otros transportistas integrados en su organización.
3. La Consejería competente en materia de transportes podrá establecer condiciones o límites máximos aplicables a la utilización de esta colaboración.
Artículo 54. Determinación de puntos de parada y utilización de estaciones de transporte.
1. Los puntos de parada de los transportes urbanos serán determinados y podrán ser modificados libremente por el concejo competente, con audiencia al contratista, ponderando su incidencia en la prestación de los servicios y en el tráfico urbano, procurando su coordinación con el resto de transportes públicos que operen en el concejo, debiendo solicitar a tal fin informe del Consorcio de Transportes de Asturias y motivar la decisión que se aparte del mismo.
2. Los puntos de parada de los transportes interurbanos serán determinados y podrán ser modificados libremente por el Consorcio de Transportes de Asturias, con audiencia al contratista, ponderando su incidencia en la prestación de los servicios incluidos en el contrato. Cuando se trate de paradas que hayan de realizarse en suelo urbano o urbanizable, será necesario, además, el previo informe del concejo afectado, motivando la decisión que se aparte del mismo, debiendo ponderarse su incidencia en el tráfico urbano, así como su coordinación con los transportes urbanos, siendo preferente la utilización de aquellas paradas que formen parte de itinerarios que faciliten la atención de los principales puntos de generación de viajes interurbanos y una adecuada velocidad comercial.
3. En las poblaciones que dispongan de estaciones de transporte de viajeros será preceptiva su utilización por los servicios interurbanos que determine el Consorcio de Transportes de Asturias, y por los servicios urbanos que determine el concejo competente, ponderando la procedencia de su utilización en función de la utilidad de sus servicios para la mayor parte de sus usuarios, la posible variación de las distancias recorridas, y su incidencia en los precios de aplicación, en la velocidad comercial y en el cumplimiento de los horarios y frecuencias previstos.
1. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general se prestarán respetando las tarifas establecidas en el contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de esta Ley.
2. No se admite la aplicación de descuentos o rebajas sobre las tarifas establecidas salvo en casos en que resulte debidamente justificado y previo informe favorable de la Consejería competente en materia de transportes y movilidad y del Consorcio de Transportes de Asturias que lo autorice con carácter temporal y a cuenta y riesgo de la empresa autorizada. En el caso de líneas de transporte que reciban compensaciones por obligación de servicio público la iniciativa para la aplicación de algún tipo de descuento o rebaja en la tarifa corresponde a la Administración Pública, quien podrá recibir la propuesta de la empresa, debiendo enmarcarse en planes de fomento del uso del transporte colectivo.
3. Cuando se oferten servicios complementarios de utilización opcional por parte de los usuarios y que se contraten de forma diferenciada únicamente a los que los utilicen, los precios que se apliquen por su utilización serán libres.
4. Cuando la Administración titular del servicio haya previsto la utilización de títulos de transporte tales como bonos de viajes, abonos temporales u otros, el contratista deberá aceptar su utilización en las condiciones previstas en las disposiciones reguladoras de dichos títulos y disponer de los equipos de validación de los mismos que resulten necesarios, percibiendo a cambio de su uso las compensaciones que estén contempladas en el contrato de gestión de servicio público.
Artículo 56. Equipaje de mano.
1. Las bicicletas transportadas por el viajero tendrán la consideración de bulto de mano, sin que sea necesario embalarlas ni desmontarlas. Viajar con una bicicleta, en los términos descritos en el presente apartado, no tendrá coste adicional para el viajero.
2. El viajero, salvo causa de fuerza mayor, se hará responsable de la bicicleta realizando la carga y descarga.
3. Cuando por motivos de seguridad derivados de la imposibilidad de proceder a la sujeción en la cabina de un bulto de mano, proceda su derivación a la bodega, ésta se llevará a cabo sin coste adicional para el viajero.
Artículo 57. Sucesión de contratistas.
Cuando el procedimiento de adjudicación de un contrato tenga por objeto un transporte regular de viajeros de uso general preexistente, se observarán respecto a la posible subrogación como empleador del nuevo adjudicatario en las relaciones laborales con los trabajadores del anterior, así como a la inexistencia de responsabilidad por derechos salariales devengados con anterioridad a la asunción efectiva de los servicios, deudas a la Seguridad Social, fiscales o cualesquiera otras que hubiere contraído el contratista anterior, la normativa estatal aplicable a los contratos para la gestión de servicios públicos de transporte.
Artículo 58. Unificación o segregación de los contratos de gestión de servicio público.
1. Cuando existan razones objetivas de interés general que lo justifiquen, y no resulte viable o procedente la creación de un nuevo servicio público de transporte regular de viajeros de uso general con independencia de los anteriormente existentes, y así resulte acreditado en el procedimiento, el órgano de contratación podrá acordar la concentración en un solo contrato de todos los derechos y obligaciones dimanantes de diferentes contratos de gestión de servicio público preexistentes, de tal manera que los transportes contemplados en éstos se presten desde ese momento de forma unificada.
2. La vigencia del contrato unificado se determinará en función de los plazos de vigencia que resten a los contratos objeto de concentración y de los vehículos por kilómetros realizados anualmente en cada uno.
3. Cuando se lleve a cabo la concentración prevista en este artículo, el órgano de contratación podrá realizar las modificaciones en las condiciones de explotación que resulten necesarias para una más adecuada prestación de los transportes de forma unificada, mientras que la tarifa será la resultante de la media de las de los contratos que se unifiquen, ponderadas por el factor viajeros por kilómetros de cada una durante el último año.
4. Cuando razones objetivas de interés general lo justifiquen y resulte acreditada la viabilidad o procedencia de prestar los transportes resultantes de forma independiente, el órgano de contratación podrá acordar la segregación de una parte de los transportes incluidos en un contrato, de tal manera que pasen a prestarse desde ese momento en un nuevo contrato, manteniendo la vigencia del anterior. En la resolución o acuerdo de segregación deberán determinarse los derechos y obligaciones que correspondan a cada contrato, los cuales deberán ser aceptados en documento administrativo por todos los contratistas.
Ambos contratos tendrán el mismo plazo de vigencia, que será el que restara al inicial, y el nuevo contrato deberá ser adjudicado siguiendo los procedimientos previstos en esta Ley, salvo que simultáneamente a la segregación se tramite una transmisión de la parte segregada con arreglo a lo previsto en el artículo siguiente. A tal fin, el órgano de contratación tendrá por cumplidos todos los requerimientos necesarios para su creación, salvo que pretendiese introducir modificaciones significativas en relación con los tráficos o el itinerario de la parte segregada.
El órgano de contratación podrá realizar las modificaciones en las condiciones de explotación que resulten necesarias para una más adecuada prestación de los transportes de forma segregada.
5. El pago de las sanciones pecuniarias, impuestas al contratista por infracciones a la normativa de transportes mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, será requisito necesario para que pueda iniciarse a instancia de parte cualquiera de los procedimientos previstos en este artículo.
Artículo 59. Transmisión de los contratos de gestión de servicio público.
1. Los contratos de gestión de servicio público podrán ser transmitidos a las personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones necesarias para su adjudicación.
2. Esta transmisión requerirá la previa autorización del órgano de contratación, y la posterior formalización de la cesión en escritura pública.
3. Las solicitudes se formularán por ambas partes, y en ellas se hará constar la aceptación por parte del futuro contratista del conjunto de derechos y deberes derivados del contrato, y de las obligaciones contraídas por el cedente como contratista del servicio.
4. La autorización referida se otorgará previa justificación de la empresa cesionaria de su capacidad para el cumplimiento del contrato y de la disponibilidad de los medios exigibles.
5. Dicha autorización no podrá ser concedida si no ha transcurrido al menos un año desde la formalización inicial del contrato o desde una anterior transmisión, ni cuando falte un período inferior a un año para la terminación del plazo contractual, salvo que la transmisión esté motivada por la muerte de un contratista que fuera persona física, en cuyo caso sus herederos sin exclusión de ninguno, constituidos en persona jurídica salvo que fuera un heredero único, dispondrán de un plazo de seis meses desde el fallecimiento para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los puntos anteriores; si no los acreditaran en dicho plazo o renunciaran expresamente a la transferencia, los trabajadores del contratista integrados en una persona jurídica en la que participe al menos el 50% de los que estuvieran en activo en el momento del fallecimiento, sin que ninguno pueda ser excluido de participar en ella, dispondrán de otros seis meses para acreditarlos, computados desde la finalización de los seis meses iniciales, o desde que hubieran conocido fehacientemente la renuncia de los herederos.
No serán, sin embargo, de aplicación tales plazos cuando se trate de un simple cambio en la forma jurídica de la empresa contratista.
Artículo 60. Extinción de los contratos de gestión de servicio público.
1. Los contratos de gestión de servicio público se extinguirán en los casos, por las causas, mediante los procedimientos y con las consecuencias previstas en la normativa estatal de transportes.
2. Extinguido un contrato de gestión de servicio público, quedarán a favor del contratista saliente los bienes e instalaciones que hubiera aportado para la explotación del servicio. En los casos en que sea posible conforme la normativa aplicable podrá contemplarse la subrogación de trabajadores de una empresa a aquella que en su caso pase a prestar el servicio.
3. Para el caso de extinción del contrato por voluntad del contratista el contrato establecerá la antelación mínima con que debe ser notificada para proceder, en su caso, a una nueva licitación.
4. La supresión de una línea de transporte requerirá el correspondiente informe previo tanto del Consejo de Movilidad como de los concejos afectados. Asimismo, será necesario elaborar y publicar un informe de los planes de movilidad afectados por la supresión de dicho servicio en el que se incluyan medidas encaminadas a eliminar los posibles efectos negativos de dicha supresión. En la elaboración de tales informes se abrirá un proceso de información pública que incluirá la posibilidad de que personas físicas y jurídicas puedan presentar alegaciones sobre la posible supresión de la línea y las medidas correctoras de los efectos negativos antes de la cancelación del servicio.
5. Cuando no existan razones que aconsejen la supresión de los transportes que venían siendo prestados mediante el contrato de gestión de servicio público extinguido, el órgano de contratación convocará una licitación para el otorgamiento de un nuevo contrato, dándose por cumplidos todos los trámites necesarios para su creación, salvo que se pretendiese introducir modificaciones significativas en relación con los tráficos o el itinerario del contrato extinto.
El pliego de condiciones de la licitación deberá ajustarse, básicamente, al contenido del contrato de gestión de servicio público extinguido. No se admitirán en dicha licitación las ofertas que, en su caso, hubieran sido presentadas por el anterior contratista o en las que participe éste o cualquier otra empresa en la que sea titular de más del 50 por 100 del capital social, en los supuestos en que se prohíba esta posibilidad en la normativa estatal referida a los contratos de gestión de servicio público de transportes.
6. La Administración Pública deberá velar por el mantenimiento de los servicios en los períodos de licitación o al extinguirse los contratos celebrados, pudiendo establecerse en los mismos cláusulas contractuales que garanticen la no interrupción del servicio.
Artículo 61. Medidas de emergencia en caso de interrupción de los servicios.
1. De conformidad con lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo, en caso de interrupción de un transporte público regular de viajeros de uso general, o de riesgo inminente de que dicha interrupción se produzca, el órgano de contratación podrá adoptar una medida de emergencia en forma de adjudicación directa o de acuerdo formal de prórroga de un contrato de gestión de servicio público o de exigencia de prestar determinadas obligaciones de servicio público. La duración del contrato que se adjudique o de la prórroga que se imponga no podrá ser superior a dos años.
2. El acuerdo en este sentido del órgano de contratación pondrá fin a la vía administrativa, será inmediatamente ejecutivo y su cumplimiento resultará obligatorio para el contratista.
Artículo 62. Inembargabilidad de los contratos, vehículos e instalaciones.
1. Los contratos y los vehículos e instalaciones adscritos para la prestación de transportes públicos regulares de viajeros de uso general no podrán ser objeto de embargo, sin perjuicio de que judicialmente pueda ser intervenida la explotación de los mismos y asignada una parte de la recaudación a la amortización de la deuda, a cuyo efecto se podrá, por cuenta y riesgo del acreedor, designar un interventor que compruebe la recaudación obtenida y se haga cargo de la parte que se haya señalado.
2. La determinación de la parte de la recaudación que haya de retenerse para hacer frente a la deuda será fijada previo informe del órgano de contratación, y su cuantía deberá permitir la posibilidad de continuar la prestación del transporte. En ningún caso la retención podrá sobrepasar el 10 por 100 de la recaudación bruta.
CAPÍTULO II. LOS TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS DE USO GENERAL CON CONDICIONES ESPECIALES DE PRESTACIÓN
Artículo 63. Contratos zonales.
1. Además de los contratos lineales referidos a transportes públicos regulares de viajeros de uso general interurbanos, el Consorcio de Transportes de Asturias podrá adjudicar contratos zonales, los cuales comprenderán todos los transportes regulares de uso general, o especial destinados al desplazamiento de alumnos a centros educativos dependientes del Principado de Asturias, que hayan de prestarse en una determinada zona y que se señalen en su plan de explotación.
2. Las zonas se corresponderán con el territorio de una o varias parroquias de un mismo concejo o de varios limítrofes entre sí. Una misma parroquia puede pertenecer a una sola o a varias zonas indistintamente.
3. Serán de aplicación a los contratos zonales las disposiciones establecidas en el Capítulo I de este Título, con las especialidades previstas en el presente Capítulo.
Artículo 64. Plan de explotación de los contratos zonales.
1. Los contratos de gestión de servicio público zonales deberán ajustarse a las determinaciones de un plan de explotación para la zona de que se trate, aprobado por el órgano de contratación del Consorcio de Transportes de Asturias, de oficio o a iniciativa de los particulares, que se incorporará como anexo al documento contractual, y que contendrá los transportes incluidos haciendo referencia a:
a) Transportes públicos regulares de viajeros de uso general.
b) Transportes públicos regulares de viajeros destinados al desplazamiento de alumnos a centros educativos dependientes del Principado de Asturias.
En relación con las dos categorías anteriores se especificarán los transportes que habrán de prestarse y sus condiciones básicas de prestación, determinándose, en su caso, la posibilidad de realizar otros transportes además de los expresamente previstos, así como la posibilidad de agrupar en unas mismas expediciones a viajeros de ambas categorías. También se establecerán las prohibiciones o limitaciones para la realización de transportes no previstos que, en su caso, procedan.
2. Los planes de explotación deberán tener en cuenta las necesidades de los usuarios, la estructura de los transportes que se integren en el contrato y las exigencias de la ordenación territorial, procurando obtener el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, evitar desplazamientos de los vehículos en vacío o con muy baja ocupación, e incrementar la oferta de transporte regular de uso general disponible, fundamentalmente en las zonas rurales o de baja densidad de población.
Artículo 65. Incorporación de servicios, adjudicación y prestación de los contratos zonales.
1. Se incorporarán a los contratos zonales los transportes públicos regulares de viajeros de uso general que discurran íntegramente por su zona, salvo los que expresamente se exceptúen en función de sus especiales características, que aconsejen su explotación en otro contrato diferente.
2. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial destinados al desplazamiento de alumnos a centros educativos dependientes del Principado de Asturias cuyo itinerario discurra en más de un 50% por su zona pasarán a formar parte del plan de explotación del contrato zonal correspondiente, una vez transcurrido el plazo de duración de su autorización especial o contrato, o antes mediante la adecuada compensación económica si así lo decide por razones de interés general el Consorcio de Transportes de Asturias, previo informe del Consejo de la Movilidad del Principado de Asturias.
3. No será de aplicación lo previsto en el punto anterior a los transportes en los que se den circunstancias especiales que motiven que los mismos deban ser explotados de forma independiente, debiendo realizarse la correspondiente exclusión por el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Asturias.
4. En el caso de que cualquiera de los transportes previstos en los apartados 1 o 2 de este artículo alcanzara la coincidencia prevista con más de un contrato zonal, tendrá preferencia para la inclusión en su plan de explotación aquel en que se diera una mayor coincidencia sobre su itinerario lineal.
En el caso de que los porcentajes de coincidencia lineal fueran idénticos, estos transportes se licitarán restringidamente entre los contratistas zonales coincidentes.
5. Los contratistas zonales podrán renunciar a la integración en sus contratos de determinados transportes públicos regulares de viajeros de uso especial destinados al desplazamiento de alumnos a centros educativos dependientes del Principado de Asturias, aun cumpliéndose los requisitos previstos en el punto 2 de este artículo.
6. Los contratos zonales podrán ser adjudicados por cualquiera de los procedimientos previstos en el Capítulo I de este Título. No obstante, cuando el procedimiento utilizado sea el de adjudicación directa, ésta deberá referirse:
a) Al contratista que viniera explotando uno o varios servicios regulares lineales de uso general.
b) Al titular de la autorización especial, en el caso de los transportes públicos regulares de viajeros de uso especial destinados al desplazamiento de alumnos a centros educativos dependientes del Principado de Asturias excluidos de su integración en los planes de explotación de los contratos zonales existentes.
7. Las condiciones de prestación de los transportes públicos regulares de viajeros zonales serán las determinadas en el contrato de gestión de servicio público y en su plan de explotación anexo, de conformidad con las reglas aprobadas por el Consorcio de Transportes de Asturias.
8. En el contrato, en atención a la estacionalidad e irregularidad de la demanda atendida, se podrán establecer condiciones especiales relativas al volumen de tráfico atendido con vehículos no adscritos, a las características de estos vehículos, así como adscribir vehículos de otras empresas con las que exista contrato de colaboración estable, de conformidad con las reglas que apruebe el Consorcio de Transportes de Asturias.
Artículo 66. Transportes a la demanda.
1. Aquellos transportes con bajo índice de utilización en los que sea previsible que una parte importante de sus expediciones carezcan de viajeros en la totalidad o parte de su recorrido podrán ser prestados en la modalidad de transporte a la demanda de conformidad con lo previsto en el contrato siempre y cuando tal circunstancia quede debidamente acreditada y así lo informe positivamente el Consorcio de Transporte.
2. Se entenderá por transporte a la demanda aquel cuya realización total o parcial se hace depender de una previa demanda manifestada expresamente por sus potenciales usuarios, de tal forma que, de no existir ninguna solicitud de desplazamiento para alguna de sus expediciones, ésta no se prestará en absoluto, y de existir únicamente demandas desde una parte de las localidades incluidas en sus tráficos, la expedición considerada no discurrirá por el resto de localidades en las que no se hubiera registrado ninguna demanda.
3. Podrá haber contratos en los que se realicen únicamente transportes a la demanda, y otros que compatibilicen la prestación de servicios ordinarios con determinadas expediciones de tal naturaleza.
4. La adjudicación de estos servicios se realizará a través de cualquiera de los procedimientos previstos en el Capítulo I de este Título.
CAPÍTULO III. LOS TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE VIAJEROS POR CARRETERA DE USO ESPECIAL
Artículo 67. Régimen aplicable.
1. Para la prestación de transportes públicos regulares de viajeros por carretera de uso especial será necesario contar con la correspondiente autorización especial otorgada por el Consorcio de Transportes de Asturias.
2. Las autorizaciones de transporte público regular de viajeros de uso especial se otorgarán a las empresas que dispongan previamente de la autorización de transporte público de viajeros prevista en el artículo 32 de esta Ley, hayan suscrito un contrato de transporte con los usuarios o sus representantes y dispongan de los medios necesarios para la prestación del servicio.
Estas autorizaciones se otorgarán por el plazo de duración del contrato y en ellas se harán constar la ruta a seguir, con expresión de los tráficos a realizar, lo puntos de origen y destino y paradas, así como los vehículos amparados por autorizaciones de transporte público de viajeros a nombre de la empresa autorizada con los que vaya a prestarse el servicio, según lo que se haya determinado en el contrato de transporte.
3. Además de estos vehículos, cuando resulten insuficientes, podrán utilizarse otros, propios o ajenos, que cumplan los requisitos exigidos en la autorización y que cuenten con autorización de transporte público de viajeros, siempre que los tráficos que se realicen con los mismos no excedan anualmente del 50 por 100 del total, salvo que en la correspondiente autorización se establezca, en atención al elevado volumen de la demanda que haya de atenderse u otras circunstancias especiales, un porcentaje diferente.
4. En zonas rurales, excepcionalmente y por el tiempo estrictamente necesario y siempre que resulte acreditado que no ha sido posible la contratación de estos transportes con empresas que dispongan previamente de autorizaciones de transporte público de viajeros, a fin de garantizar la prestación del servicio, podrá realizarse conjuntamente el otorgamiento de la autorización para transporte público regular de viajeros de uso especial y de una autorización de transporte público de viajeros específica a personas cuya actividad principal no sea la de transportista, sin exigirse en su caso el cumplimiento del requisito de competencia profesional ni los relativos a la antigüedad del vehículo. Esta autorización específica de transporte público se otorgará únicamente para el ámbito territorial por el que estrictamente discurra el transporte de uso especial.
TÍTULO IV. LOS TRANSPORTES PÚBLICOS DISCRECIONALES INTERURBANOS POR CARRETERA
Artículo 68. Autorización administrativa.
Los transportes públicos discrecionales de viajeros y mercancías por carretera únicamente podrán ser realizados por las personas que hayan obtenido la autorización de transporte público prevista en el artículo 32 de esta Ley.
Quienes dispongan de estas autorizaciones podrán realizar tanto transporte urbano como interurbano en todo el territorio del Principado de Asturias, sin limitación alguna por razón del origen o destino del servicio, excepto en el caso de las autorizaciones habilitantes para realizar transporte interurbano de viajeros en vehículos de turismo o el arrendamiento de vehículos con conductor, que deberán respetar las condiciones en relación con el origen, destino o recorrido de los servicios que se establezcan en la legislación sectorial vigente de aplicación.
Artículo 69. Libertad de contratación, servicios mínimos y condiciones de prestación.
1. La actuación de los titulares de autorizaciones de transporte público, en relación con la prestación de transportes discrecionales, se regirá por el principio de libertad de contratación.
2. No obstante lo anterior, en aquellos supuestos, individuales o generales, de absentismo empresarial que puedan implicar trastornos importantes para el interés público, la Consejería competente en materia de transportes podrá establecer un régimen de servicios mínimos de carácter obligatorio.
3. Será de aplicación a las condiciones de prestación de los transportes discrecionales de viajeros y mercancías realizados en el Principado de Asturias la normativa estatal prevista para los transportes de su competencia.
CAPÍTULO II. LOS TRANSPORTES PÚBLICOS DISCRECIONALES INTERURBANOS DE VIAJEROS EN TURISMOS
Artículo 70. Autorizaciones y licencias.
Para la realización de transportes públicos discrecionales interurbanos de viajeros en turismos será necesario disponer de la autorización de transporte público prevista en el artículo 32 de esta Ley, referida a turismos que dispongan de licencia de transporte urbano otorgada por el órgano competente del concejo donde esté domiciliado el vehículo.
El órgano competente podrá limitar las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, si existe una desproporción manifiesta entre el número de autorizaciones de esta clase otorgadas en el Principado de Asturias y las autorizaciones habilitantes para realizar transporte de viajeros en vehículos de turismo, siempre que la regla de proporcionalidad aplicada sea menos restrictiva que la establecida por la legislación estatal.
En todo caso, reglamentariamente se establecerá un porcentaje de vehículos que presten su servicio en condiciones de accesibilidad universal.
Artículo 71. Servicios con licencia.
1. Como regla general, los transportes públicos discrecionales interurbanos de viajeros en turismos deberán iniciarse en el término municipal al que corresponda la licencia de transporte urbano o en el que estuviera residenciada la autorización de transporte interurbano, A tal efecto, se entenderá en principio que el origen o inicio del transporte se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva. No obstante, los servicios de recogida de viajeros que hayan sido previa y expresamente contratados podrán ser iniciados fuera del término municipal que hubiera otorgado la correspondiente licencia o, en el que, en su caso, estén residenciados los vehículos, siempre que el destino de tales servicios sí se encuentre en dicho concejo, y lleven cumplimentada la correspondiente hoja de ruta.
2. Los transportes regulares de viajeros de uso especial únicamente podrán prestarse cuando se cuente con la correspondiente autorización especial para los mismos otorgada por la Administración. En la misma se determinará duración y extinción de las correspondientes autorizaciones, pudiendo preverse la participación de los usuarios en el procedimiento de otorgamiento de las mismas, para el cual podrá exigirse la previa contratación de aquéllos o sus representantes con el transportista solicitante de la autorización. La Administración podrá, en su caso, establecer reglas sobre dicha contratación. Las referidas autorizaciones especiales establecerán las condiciones específicas de explotación, así como su plazo de duración, que podrá ser renovado.
3. Se determinará reglamentariamente el número máximo de autorizaciones municipales por titular.
4. Cuando las autorizaciones de transporte público referidas a vehículos con licencia de transporte urbano otorgadas por el concejo en que se ubiquen puertos o aeropuertos de interés general no basten para atender su demanda de transporte, la Consejería competente en materia de transportes podrá establecer, previo informe de los concejos afectados, y debiendo ser motivada la decisión que se aparte del mismo, oídas las asociaciones profesionales y usuarios afectados, un régimen específico que incluya la posibilidad de atender la demanda con origen en los referidos puntos de generación de tráfico mediante la utilización de turismos amparados por autorizaciones de transporte público y licencias de transporte urbano otorgadas por otros concejos.
5. Los taxis podrán realizar servicios discrecionales en las condiciones establecidas por la Administración LocRURBAento bst smaratación de 98">CAPÍTUrionesobre dinringuna solicitud de desplazamiento para alguna de sus er Pmiento para alguna de sus expediciones, éstaSCREC icitud te devia c ua que i hte de laa de laes otros c3 prevlhí" losra dblecer rusuaris expedd reglas aciozo de duray licenl r rusuarrán lc drusumplicar traal que hubiera otorgrnder su deman"ompera dazo de dde tur o�n.
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References: artículo 31
 artículo 19
 artículo 45
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 2

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 8
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Artículo 13

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Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
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Artículo 21

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Artículo 24

Artículo 25
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Artículo 26
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Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44
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Artículo 45

Artículo 46
 artículo 32

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49
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Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52
 artículo 48

Artículo 53

Artículo 54
 artículo 34

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58
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Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67
 artículo 32

Artículo 68
 artículo 32

Artículo 69

Artículo 70
 artículo 32

Artículo 71