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Timestamp: 2020-01-21 11:59:16+00:00

Document:
Bogotá, veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012)
Aprobado en sala de dos (2) de mayo de dos mil doce (2012)
Ref: Exp. 7300131030012004-00222-01
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Carmenza Bonilla Mora para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 30 de noviembre de 2010, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario de pertenencia que adelanta contra Pedro José Bonilla Devia, Rosalbina Bonilla de Parra, Ana Edilma Bonilla Devia, Vitalina Bonilla de Martínez, Elizabeth Bonilla de Varón, José Rogelio Bonilla Devia y Miny Johana Bonilla Carvajal, en calidad de herederos determinados de Pedro José Bonilla Gutiérrez, los herederos indeterminados de éste y demás personas indeterminadas.
Reclama la accionante la prescripción adquisitiva del inmueble rural denominado San José ubicado en la vereda El Totumo del municipio de Ibagué (Tolima), identificado con folio de matrícula 350173361, el cual afirma haber tenido en posesión quieta, pacífica e ininterrumpida, a partir del mes de julio de 1980 (folios 11 a 13 cuaderno 1).
Promovido contra los herederos inciertos e indeterminados de Pedro José Bonilla Gutiérrez, a quienes se emplazó, comparecieron al proceso Pedro José Bonilla Devia, Rosalbina Bonilla de Parra, Ana Edilma Bonilla Devia, Vitalina Bonilla de Martínez, Elizabeth Bonilla de Varón, José Rogelio Bonilla Devia y Miny Johana Bonilla Carvajal, quienes se opusieron y plantearon las excepciones de “inexistencia de la causa invocada” y “falta de legitimación en la causa” (folios 66 a 69 cuaderno 1).
El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad no encontró probadas las defensas y accedió a la declaración de pertenencia, pero advirtiendo que la misma recaía sobre una parte del bien, la cual procedió a delimitar (folios 156 y 159 cuaderno 1).
Apelada la sentencia por los contradictores fue revocada por el superior, denegándose las pretensiones invocadas, con base en los argumentos que se resumen a continuación (folios 17 a 32 cuaderno 8):
Interesa al caso la prescripción extraordinaria ejercida por espació de veinte (20) años continuos o más, sin que se tenga en cuenta la modificación de la Ley 791 de 2002 que lo redujo a diez (10), por no tener relación con los hechos y ya que, a pesar de que está rigiendo, no ha transcurrido dicho lapso.
El predio “se encuentra sin limitación alguna en el comercio”, estando ocupado en parte por la promotora y el resto por Pedro José Bonilla Devia, lo que no afecta su individualización ni “es óbice para descender en el análisis de los restantes elementos que han de confluir en la declaración demandada”.
La posesión puede darse en forma exclusiva o compartida y requiere de un elemento externo como es el corpus y una intrínseco que es el animus o “voluntad de tener la cosa como dueño”, que se demuestra con “la ejecución de hechos externos indicativos de esa intención”.
Los deponentes Luís Eduardo Díaz Aguirre, Baudelino Rivera Cuellar, Jesús Elías Varón, Yolanda Henao de Patiño, Francisco Rodríguez Cuellar, Alberto Gutiérrez Perdomo y Alexander Rivera, así como el dictamen pericial, permiten establecer la naturaleza de los actos ejercidos por Carmenza sobre una parte determinada del inmueble.
Si bien aparece prueba de la calidad aducida por Carmenza Bonilla Mora, se encuentra “en entredicho el período por el cual viene ejerciendo la posesión con independencia de los restantes comuneros”.
Pedro José Bonilla adquirió el fundo el 27 de agosto de 1946, señalando los testigos que con posterioridad a su fallecimiento, el 23 de julio de 1980, estuvo ocupado por sus herederos Pedro José y Reinerio Bonilla Devia, como continuadores patrimoniales, sin que esté acreditado que desde ese mismo momento “pasara Carmenza Bonilla Mora como poseedora del fundo, tal cual lo deja entrever en el hecho primero de la demanda”.
Surge duda del libelo en la identificación del bien, ya que reclama la totalidad teniendo sólo parte, además del tiempo desde el cual viene ejerciendo como dueña, por cuanto los sucesores del titular “conservaban actos de señorío” luego de su deceso, lo que todavía ocurre con uno de sus hijos, Pedro José Bonilla, “sin oposición de la hoy demandante, tal cual [l]o corrobora además los documentos ojeados en los folios del 42 al 65”.
No se cumple con el presupuesto del tiempo al no existir claridad “desde que momento la actora estuvo en contacto material con la porción del inmueble objeto de la usucapión, con el ánimo y la voluntad de hacerlo suyo (…) con independencia de los restantes herederos de Pedro José Bonilla Gutiérrez”.
Además, por tratarse de una comunera “que ha mutado su coposesión a una posesión exclusiva y plena”, a pesar de que “los actos ejercidos hoy por Carmenza Bonilla pueden tener la connotación de posesorios y calificarse como exclusivos, inequívocos, pacíficos y públicos”, no se sabe “desde cuándo esas calidades se adquirieron con independencia y de manera ininterrumpida de los restantes herederos de Pedro José Bonilla Gutiérrez”, al no aportar la prueba de la “interversión de la condición de comunera a poseedora exclusiva, carga que a ella correspondía”.
La usucapiente interpuso recurso de casación, el que concedido por el Tribunal (folios 71 y 72 cuaderno 8), fue admitido por la Corporación, a través de auto calendado 13 de enero de 2012 (folio 7).
En tiempo hábil se presentó la correspondiente sustentación de la impugnación (folios 9 a 15).
Establece el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, sobre los requisitos que debe reunir el texto por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria, lo siguiente: “(…) 3. La formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas (…) cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.
Por lo tanto, sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos.
Propone la censora dos ataques invocando la causal primera del artículo 368 ibídem, ambos por la vía indirecta, los cuales fundamenta como de manera suscinta se reproduce:
El primero por considerar la sentencia violatoria del artículo 2512 del Código Civil, que señala inaplicado, por error de hecho en la apreciación de “testimonios, inspección judicial, peritazgo y documentales”.
Los deponentes Luís Eduardo Díaz Aguirre, Baudelino Rivera Cuellar, Jesús Elías “Barón” (sic), Yolanda Henao de Patiño y Alexander Rivera reportan una “posesión” de veinticinco (25) años ya que “Reinerio Bonilla, padre de Carmenza vivió como unos 40 años, el murió y después siguió viviendo Carmenza ahí y haciendo la extracción de las versiones dadas por los testigos ya analizados, Carmenza Bonilla Mora, al morir su padre, deceso ocurrido el 23 de julio de 1980, prosiguió con la posesión material sin interrupción ninguna y con independencia absoluta, en concreto sin el ejercicio posesorio mancomunado de ninguna otra persona, meramente en forma individual, pacífica, inequívoca y pública”.
Del conjunto de las pruebas se extrae que la posesión de Carmenza Bonilla “se inició con la ejercida por su padre (…) hasta el 23 de julio de 1980, actos que no han tenido interrupción” por lo que es equivocado el cuestionamiento del Tribunal al considerar en entredicho el tiempo necesario pasando por alto “testimonios, inspección judicial, dictamen pericial, croquis y certificado de defunción del padre de la aquí accionante”.
El segundo por inaplicar los artículos 2512, 2521 y 2531, ante un yerro de iure en la apreciación de las pruebas en su conjunto, por lo que “en primer lugar se inhibió a la actora del modo de adquirir por prescripción la porción del terreno materia de usucapión, en segundo lugar omitió tener en cuenta la sumatoria de posesiones”, siendo procedente agregar que no se interpretó el sentido de la demanda “por cuanto se dijo pretender ser dueña de la totalidad del f[u]ndo, cuando tan solo posee una parte del mismo” para así “no sacrificar el derecho al formalismo extremo”.
Cuando se acude en casación aduciendo la vulneración de normas sustanciales, tiene dicho la Corte que “aunque todas las especialidades del primer motivo que contempla la ley para agotar está vía extraordinaria, coinciden en la necesidad de individualizar los preceptos atributivos o declarativos de derechos, que se consideren afectados, su sola cita no es suficiente sino que debe existir un planteamiento claro y detallado respecto a la forma como se produce tal infracción. Así, cuando se invoca la vía recta, prescindiendo de la comprensión que del aspecto fáctico de la controversia hubiera hecho el fallador, debe señalarse si se tuvieron en cuenta fundamentos legislativos que no correspondían, si a pesar de ser los idóneos se les dio una hermenéutica contraria o si simplemente fueron pasados por alto. Si se acude a la indirecta, debe precisarse si se han infringido normas probatorias, explicando su dicho, o, en su defecto, si es producto de una equivocación manifiesta en la apreciación de la demanda, su contestación o determinada prueba, en cuyo caso debe formular un planteamiento lógico que lo demuestre” (auto de 21 de febrero de 2012, exp. 2008-00322).
Frente a tales lineamientos, no son de recibo las censuras propuestas por presentar las falencias que se pasan a señalar:
En cuanto a la primer acusación:
El artículo 2512 del Código Civil, que se invoca como única norma sustancial afectada, carece de tal connotación toda vez que se limita a definir la figura jurídica de la prescripción, como lo ha referido la Corte en providencias de 6 de febrero de 1995, 18 de junio y 13 de agosto de 1996, expedientes 4013, 6005 y 6116.
Sobre el particular la Corporación en auto de 22 de noviembre de 2011, expediente 2009-0069, expuso que “[s]i bien el que la sola denominación de la codificación no determine la naturaleza de las estipulaciones, ello no quiere decir que, por el mero hecho de haber superado el tránsito legislativo, se le confiera a cada uno de los cánones que conforman el espectro jurídico la connotación de ser ‘norma sustancial’, por cuanto sólo la tienen aquellos encaminadas a ‘declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas’, además de que como bien lo ha referido la Corte no pueden ser tomados por tales ‘los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria’ (auto 5 de agosto de 2009, Exp.No.1999 00453 01)”.
Si en gracia de discusión se admitiera la connotación pretendida para el artículo a que se refiere, de todas maneras la acusación surge incompleta toda vez que se limitó la censora a resumir el dicho de los deponentes, para formular un juicio particular que no es producto de la contraposición con lo que el sentenciador expuso en el fallo, correspondiendo más a un alegato de instancia.
Eso sin dejar de lado que las conclusiones a que llega se sustentan en supuestos ajenos a la realidad procesal, como son el hecho de tener por ocurrido el 23 de julio de 1980 el deceso de Reinerio Bonilla, padre de la poseedora, cuando en realidad corresponde es a la fecha en que murió el último propietario inscrito del inmueble, como consta a folio 3 del cuaderno 1 y sin que obre por lado alguno el “certificado de defunción del padre de la aquí accionante” a que se refiere en el escrito de sustentación.
Al respecto ha señalado la Sala que “si la censura se hace mover en el terreno propio del motivo primero de casación y se aduce la violación de normas de derecho sustancial, como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas, es necesario, además, que el acusador ‘adelante la labor dialéctica que implica la confrontación entre lo que real y objetivamente fluye de la probanza respectiva y la conclusión que de ella derivó el sentenciador, pues que sólo así podrá…, dentro de los confines exactos de la acusación, ver de establecer si en verdad se presentó el desatino que con ribetes de protuberancia le endilga el casacionista’ (G. J. T. CCXLVI, Vol. I, página 270; CCXLIX, II, página 1338), lo que aquí no es posible precisamente por ausencia absoluta de dicho paralelo” (autos de 10 de agosto de 2011 y 27 de marzo de 2012, expedientes 2004-00384 y 2007-01425).
Por su parte, el segundo ataque presenta las siguientes inconsistencias:
A pesar de que se anuncia como “error de derecho en la apreciación de las pruebas” no se hace manifestación expresa sobre la “norma probatoria” que se entiende violada, conforme a las exigencias del numeral 3 artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, lo que imposibilita verificar si se respetaron las reglas contempladas para la solicitud, decreto, recaudo o valoración de los diferentes medios de convicción, de tal manera que se hubiera tenido por apto el que adolece de vicio o descartado el que era susceptible de estimación.
Eso aunado a que se restringe la exposición a enunciar de manera general que la irregularidad recae sobre “las pruebas en conjunto”, sin formular una exposición discriminada de cada uno de los elementos demostrativos recaudados y su incidencia dentro del fallo, así como la contraposición con lo que de ellos estableció el ad quem.
En ese sentido la Sala ha precisado que “en los casos en que se acude a la denominada vía indirecta por error de derecho, es imperioso para el recurrente ‘indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción’, requisito que se explica porque no es el litigio mismo la materia sobre la que opera el aludido recurso extraordinario -pues en tal caso constituiría una tercera instancia, no prevista por la ley- sino la sentencia impugnada, a efectos de que por la Corte se decida, dentro de los límites trazados por la demanda de casación, si esa sentencia se ajusta a la ley sustancial, o, en otra hipótesis, a la procesal (auto de 19 de enero de 2009, exp. 00192, reiterado en auto de 18 de diciembre del mismo año, exp. 07634)”.
Si bien el artículo 2521 del Código Civil ostenta la calidad de ser precepto de orden sustancial, el mismo no es aplicable al caso por corresponder a la suma de posesiones y en el hecho primero del libelo se delimitó la naturaleza del proceso al invocar que la demandante “ha tenido la posesión real y material del inmueble relacionado en la declaración ‘primera’ precedente, desde hace más de 24 años o sea a partir del mes de julio de 1980”, sin que manifestara adquirirla, a cualquier título, de su progenitor o de otra persona, por lo que ningún otro sentido podría tener sino que se reclamaba con prescindencia de las situaciones previas al momento en que de manera directa la empezó a ejercer.
La obligación de citar las normas aplicables al caso no es caprichosa. Conforme al artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, puede cumplirse indicando una “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”.
Por tal razón, al no sustentar su reclamo la promotora en que el lapso de ley se debía computar teniendo en cuenta una cadena sucesiva de poseedores, sino sus propios actos de señora y dueña, como fue interpretado en el curso del proceso y se planteó en la sentencia, no existía cabida para considerar una figura ajena a las particularidades del asunto.
Es criterio de la Corte que “la violación dicha no puede referirse a cualquier norma del linaje señalado, sino a una que sea base esencial del fallo impugnado o que haya debido serlo, es decir, que tenga relación con el aspecto material que de la decisión en concreto se controvierte, pues al fin y al cabo es la que demarca los confines de la acusación, en consideración a que, en últimas, ese presupuesto formal fue atenuado solamente en lo que atañe a la ‘proposición jurídica completa’” (auto de 26 de enero de 2012, expediente 2005-0008).
Adicionalmente la pretendida omisión a “tener en cuenta la sumatoria de posesiones” no pasa de ser un argumento novedoso que repugna a esta impugnación extraordinaria.
Como lo tiene decantado la Corporación “el ataque soportado en una indebida apreciación probatoria, bien sea por motivos fácticos o de jure, no alegados en instancia, constituye un medio nuevo en el que no puede basarse ni erigirse exitosamente el recurso extraordinario. A este respecto, ‘a diferencia del razonamiento puramente jurídico, donde la actividad del juez es, por antonomasia, amplia, en tratándose de aspectos fácticos, así estén entremezclados con argumentos jurídicos, adviértase que lo no alegado en instancia no existe en casación’, porque, cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, ‘no es propicia para repentizar con debates fácticos y probatorios de última hora; semejante irrupción constituye medio nuevo y es entonces repulsado por el recurso extraordinario, sobre la base de considerarse, entre otras razones, que ‘se violaría el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casación de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmación de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldría a la pretermisión de las instancias, de las formas propias del trámite requerido, con quebranto de la garantía institucional de no ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio’ (LXXXIII 2169, página 76)’. ‘Además de la implicancia en el derecho de defensa, la argumentación ex novo, comportaría un desconocimiento de los deberes de lealtad si se permitiera su invocación sorpresiva, repentina ‘a manera de as guardado bajo la manga que se pone en juego cuando todo parece perdido’, en cuanto, ‘[b]uscar la prosperidad de sus pretensiones al amparo de hechos no discutidos durante el proceso, respecto de los cuales la demandada no tuvo oportunidad de defenderse, es invocar un medio nuevo, cuya consideración y análisis están vedados en casación, pues si como con insistencia se afirma, el recurso de casación tiene como thema decisum la sentencia impugnada, en este más que en ninguno otro rige a plenitud el principio de buena fe y lealtad procesal, el cual se manifiesta fundamentalmente en la coherencia de la argumentación fáctica, razón por la que se veda cualquier propuesta inopinada y sorpresiva de este linaje, constitutiva o no de medio nuevo, porque con ellas no sólo se atenta contra el derecho de defensa de la parte contraria, sino que se alteran los extremos del debate, sorprendiendo así la propia jurisdicción’ (Cas. Civ. sentencia de 27 de marzo de 1998, exp. No. 4798), debiendo recordarse que si ‘lo relacionado con el debate probatorio es aspecto que se cumple en el curso de las instancias, con apego entre otros a los postulados de la buena fe, publicidad y contradicción, con arreglo a los cuales se asegura el derecho de defensa que asiste a los contendientes’ (Cas. Civ. sentencia 44 del 27 de marzo de 2001), ‘toda alegación en casación conducente a demostrar que el Tribunal incurrió en errónea apreciación de algunas pruebas por motivos de derecho o de hecho que no fueron planteados en las instancias, configura un medio nuevo, que no es de recibo en el recurso extraordinario, porque no es dable impugnar ante la Corte los elementos de convicción que como tales no tuvieron reparo alguno en las instancias’ (Cas. Civ. sentencia del 12 de febrero de 1991).’ (Sent. Cas. Civ. No. 045 de 22 de mayo de 2008)” (Sent. cas. civ. de 24 de julio de 2009, exp. 00620).
Por último, aparece confuso en su enunciación toda vez que incluye como punto de inconformidad “que se hizo interpretación de la demanda equivocadamente”, aspecto propio del yerro de facto, sin que se haya propuesto de manera coherente y suficiente de tal manera que se pudiera abordar su estudio desde esa esfera.
No se puede olvidar que, como lo ha dicho la Corte, “la exigencia de ‘precisión obliga a que ‘la acusación sea exacta, rigurosa (…) que contenga todos los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento’ (Sent. Cas. Civ. No. 114 de 15 de septiembre de 1994), y, de ser ésta la que reprocha al juzgador el haber violado la ley sustancial, debe indicarse y soportarse –el reproche- con rigor, esto es, ha de indicarse la vía y la clase de yerro que se atribuye al ad quem y no abandonar en su desarrollo el camino escogido’ (auto de 19 de febrero de 2010, reiterado en providencia de 8 de julio del mismo año, exp. 03455), ni confundirlos o mezclarlos, habida cuenta de la naturaleza propia e independiente de cada uno de ellos” (auto de 7 de septiembre de 2011, expediente 2000-00162).
De tal manera, toda vez que las acusaciones propuestas no se avienen a los requerimientos formales que debe reunir la sustentación de la impugnación extraordinaria examinada, no procede su aceptación.
Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por Carmenza Bonilla Mora.
Segundo: Devolver por conducto de la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.

References: artículo 374
 artículo 368
 artículo 2512
 artículo 2512
 artículo 374
 artículo 2521
 artículo 51
 artículo 162