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Timestamp: 2015-03-05 14:38:56+00:00

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La Santa Sede, en el lenguaje corriente, está estrechamente vinculada a la Ciudad del Vaticano. Constituye la jurisdicción episcopal de la Iglesia Católica Romana al frente de la cual se halla el Papa. En sentido estricto, coincide con el oficio del Papa, que es el Obispo de Roma y el Jefe de la Iglesia Católica Romana. La figura se remonta al principio de la era cristiana y está reconocida por otros sujetos de derecho internacional en calidad de entidad soberana, encabezada por el Papa, con la que es posible mantener relaciones diplomáticas.
La Ciudad del Vaticano es un enclave de Roma y un estado soberano monárquico-sacerdotal establecido en 1929 por el Tratado de Letrán suscrito entre la Santa Sede y el Reino de Italia. La firma de ese Tratado puso fin en la práctica a la "cuestión romana", fuente de tensión durante décadas entre la Iglesia Católica y el Reino de Italia. Esta cuestión problemática de alcance internacional se inició durante la lucha por la unificación italiana, de 1860 a 1870. En aquella época, antes del Tratado de Letrán, aunque Italia no ocupaba toda la Ciudad del Vaticano como muestra de respeto hacia el Papa, seguía pensando que ese territorio tenía que considerarse parte del Reino de Italia.
La Ciudad del Vaticano proporciona a la Santa Sede una jurisdicción temporal e independencia dentro de un pequeño territorio. De conformidad con el artículo 3 del Tratado de Letrán, la Santa Sede posee "la plena propiedad y la exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción soberana sobre la Ciudad del Vaticano".
Existen seis leyes fundamentales que sirven de base al sistema jurídico de la Santa Sede; esas leyes fueron adoptadas el año en que entró en vigor el Tratado de Letrán. Se trata de las siguientes: i) Ley Fundamental de la Ciudad del Vaticano, ii) Ley sobre las Fuentes del Derecho, iii) Ley sobre la Ciudadanía, la Residencia y el Acceso, leyes que han sido derogadas por las nuevas leyes de 2000, 2008 y 2011, respectivamente, iv) Ley sobre la Organización Administrativa, v) Ley sobre los Derechos Económicos, Comerciales y Profesionales y vi) Ley sobre la Seguridad Pública.
De conformidad con el artículo 1 de la Ley sobre las Fuentes del Derecho, el Código de Derecho Canónico es la fuente fundamental del Derecho. En el artículo 3 de esa Ley se reconoce la legislación italiana en tanto que fuente secundaria, cuando no entra en conflicto con el derecho pontificio, el Tratado de Letrán o el Derecho Canónico.
La Ley sobre las Fuentes del Derecho contiene disposiciones específicas relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual. En virtud del artículo 3 y del artículo 12.1.a.2) el Vaticano aplica la legislación italiana relativa a las patentes, las marcas y los nombres comerciales.
La Ciudad del Vaticano es una monarquía absoluta de carácter electivo encabezada por el Papa, que ejerce plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. El poder legislativo recae en la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano, un órgano integrado por cardenales nombrados por el Papa durante un período de cinco años.
El poder ejecutivo se halla en manos del Presidente de esa Comisión, que cuenta con la asistencia del Secretario General y del Vicesecretario General. Las relaciones exteriores del Vaticano corren a cargo de la Secretaría de Estado y del servicio diplomático de la Santa Sede.
Las relaciones diplomáticas que tienen lugar en nombre de la Ciudad del Vaticano son competencia de la Secretaría de Estado. La Santa Sede es un Estado Observador Permanente ante las Naciones Unidas y su participación en dicha Organización queda definida en la Resolución A/RES/58/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas [1]. Asimismo, es observador permanente en otras organizaciones internacionales como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Mundial del Comercio.
Los embajadores están acreditados oficialmente ante la Santa Sede, y los representantes papales ante los estados y organizaciones internacionales están reconocidos en calidad de representantes de la Santa Sede.
La Santa Sede es miembro de la OMPI desde 1967 y goza de la condición de observador en la OMC. Asimismo, ha suscrito la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1952, la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 1971, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, el Convenio de Berna (12 de septiembre de 1935), la Convención de Roma, el Arreglo de La Haya, el Convenio sobre Fonogramas (18 de julio de 1977), el Convenio de la OMPI (20 de abril de 1975), el Convenio de París (29 de septiembre de 1960), el Arreglo de Estrasburgo, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, y el Arreglo de Locarno.
La protección de los derechos de propiedad intelectual se encomienda a la Oficina Jurídica del Gobernorato (Palacio de la Gobernación) de la Ciudad del Vaticano.
[1] Aprobada por la Asamblea General de la ONU durante su 58º período de sesiones, el 16 de julio de 2004.

References: artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 12
 Resolución