Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/6019
Timestamp: 2020-04-01 11:48:13+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 52/2007
SENTENCIA 52/2007, de 12 de marzo
ECLI:ES:TC:2007:52
En el recurso de amparo núm. 3493-2004, promovido por la Asociación Gallega de Técnicos de Laboratorio, representada por el Procurador de los Tribunales don Fernando Rodríguez- Jurado Saro y bajo la asistencia de la Letrada doña Ariana Barral Santiago, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2004, que inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1273-2003, y contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 31 de diciembre de 2002, que estima el recurso de suplicación núm. 4426-1999 interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de La Coruña, de 29 de enero de 1999, recaída en los autos núm. 291-1998. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y han comparecido doña Yolanda Illescas Sánchez, doña María Ángeles Fernández López y doña María Dolores Gil Mata, representadas por el Procurador de los Tribunales don Enrique de Antonio Viscor y asistidas por el Letrado don Gerardo Gándara Moure, y el Servicio Gallego de Salud, representado por el Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y asistido por el Letrado don José María Barreiro Díaz. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado ante este Tribunal con fecha de 31 de mayo de 2004 se interpuso el recurso de amparo del que se ha hecho mención en el encabezamiento, por considerar que las resoluciones judiciales impugnadas vulneran los arts. 14 y 24 CE.
a) La Asociación Gallega de Técnicos de Laboratorio formuló demanda contra seis trabajadoras ATS/DUE y una auxiliar de enfermería del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) y contra este organismo, en la que se solicitaba que se declarasen como radicalmente nulos sus destinos, al no tener la especialidad requerida para ocuparlos, así como que las plazas cuestionadas habían de ser cubiertas por Técnicos Especialistas en Laboratorio o por ATS/DUE que estuviesen en posesión de esa especialidad y, finalmente, que las trabajadoras codemandadas, dada su categoría, no podían ocupar plazas que llevasen aparejadas funciones técnicas
b) La demanda (que dio lugar a los autos núm. 291-1998, seguidos ante el Juzgado de lo Social núm. 4 de La Coruña) fue estimada parcialmente por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de La Coruña, de 29 de enero de 1999. En primer lugar, y tras desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción, se rechaza la falta de legitimación activa de la asociación demandante que había sido invocada de contrario, indicando al respecto que era claro el interés legítimo pretendido y que se trataba de tutelar, que era el de que los integrantes de dicha asociación profesional con titulación de Técnicos Especialistas de Laboratorio no viesen frustradas sus expectativas profesionales y vulnerados los derechos que pudieran corresponderles por su titulación. También se rechaza la alegación relativa a la falta de personalidad de la parte actora, pues de la documental obrante en autos se deducía que se había conferido poder de representación incluso para comparecer en juicio a la presidenta de la mencionada asociación, y que esta, a su vez, otorgó poder para pleitos. En segundo lugar, y en cuanto al fondo, el Juzgado mantiene, con relación al pedimento de la demanda relativo a la exclusividad para ocupar determinadas plazas por parte de los técnicos especialistas en laboratorio y ATS/DUE que estuviesen en posesión de esta especialidad, que la pretensión escapaba —por su generalidad y sujetos colectivos— al posible objeto del proceso ordinario, cuya concreta viabilidad incluso vendría vedada por una relación jurídico-procesal defectuosa, al no ostentar cualidad de parte demandada el sector que se vería afectado por el pronunciamiento que se pretendía (a saber, los ATS/DUE carentes de especialidad de laboratorio). Precisado lo anterior, se prosigue diciendo que la cuestión litigiosa debía limitarse a la improcedencia de las funciones hasta entonces desempeñadas y de cualesquiera otras que llevasen aparejadas funciones técnicas de laboratorio (excluyéndose, eso sí, la petición relativa a destinos futuros). Centrados así los términos del debate, sostiene el Juez que la solución del asunto venía dada por la STSJ de Galicia de 28 de septiembre de 1998, que realizaba un estudio pormenorizado de la normativa aplicable al caso, y, tras transcribir parte de su fundamentación, concluye estimando parcialmente la demanda al entender que existía nulidad radical, pero no de los destinos de las codemandadas como se pretendía en el suplico, sino de las funciones que tuviesen por presupuesto un título TEL o ATS/DUE con especialidad en laboratorio, del que carecían las codemandadas.
c) Contra la anterior resolución judicial interpusieron recursos de suplicación dos de las trabajadoras codemandadas y el SERGAS, en los que, entre otros motivos, se denunció la falta de legitimación activa de la asociación recurrente por carecer de interés legítimo para defender intereses en abstracto de un colectivo, ya que el art. 17.2 LPL limita a los sindicatos y a las asociaciones empresariales tal cometido. Los recursos fueron impugnados de contrario, alegándose al respecto que el interés colectivo de la Asociación justificaba la acción que se entablaba.
d) Los recursos fueron resueltos por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 31 de diciembre de 2002, que revocó lo decidido en la instancia y, sin entrar en el fondo, absolvió a las demandadas por apreciar la falta de legitimación activa de la parte actora. En su fundamento jurídico segundo, la Sala estimó la excepción de falta de legitimación planteada por el SERGAS diciendo al respecto lo que sigue: “Para la resolución de la cuestión que ahora se plantea, es necesario poner en relación la disposición que se denuncia como infringida, con las sentencias de TC 34/94 de 31 de enero y 192/1997 de 11 de noviembre, por entender que la actora es una Asociación profesional que promueve este pleito en defensa de un interés que le es propicio, es decir, de un interés profesional, y negarle la capacidad de accionar sería como negarle el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque en este caso los efectos inmediatos pudieran recaer en los intereses de otras personas máxime cuando el art. 17.1 LPL dispone que ‘los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos por las leyes’. Ahora bien, la Sala considera que el hecho de ejercitar una acción en defensa de los intereses en abstracto de un colectivo, es una función que se encuentra dentro del párrafo 2º de dicho precepto legal, y a cuyo tenor ‘Los sindicatos de los trabajadores y las Asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios’, y es evidente que la asociación recurrente, constituida al amparo de la Ley 191/1964 de Asociaciones, no encaja en ninguno de los órganos o entidades dotadas de legitimación activa, conforme el citado precepto legal, pues no se trata ni de una persona física, ni de un sindicato o asociación empresarial; careciendo además, por otra parte, para el ejercicio de la acción de un acuerdo de voluntad de la asociación actora. En este sentido, la sala de lo Social del TSJ de Castilla-León, en sentencia de 5-5-98, establece que para el ejercicio de la acción por parte de la Asociación de acciones en defensa de sus asociados, tiene que ser acordado por la Asamblea General, Acuerdo, que por otra parte se exige en el ámbito de la Jurisdicción contencioso-administrativo (STS 14-11-1990), y que con relación a la Asociación Española de Técnicos Especialistas en Radiología, en un supuesto similar al que ahora nos ocupa, resuelve en el mismo sentido la sentencia dictada por el TSJ Canarias, de fecha 27-3-01”.
e) Contra la anterior Sentencia la recurrente en amparo interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando como sentencia de contraste una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 2 de abril de 2001, dictada en un procedimiento instado por la Asociación Española de Técnicos de Radiología contra el Servicio Vasco de Salud y ATS/DUE destinados en el servicio de radiología que, además de desempeñar las funciones propias de su categoría, colaboraban con el facultativo especialista en las pruebas técnicas de diagnóstico del área de radiología médica, careciendo del correspondiente título de especialista. En tal caso se estimó la demanda, desestimando la excepción de falta de legitimación activa planteada.
f) El recurso de casación para la unificación de doctrina fue inadmitido por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 10 de marzo de 2004, al considerar que no había contradicción entre las sentencias comparadas, porque las pretensiones ejercitadas eran distintas en cada caso y en el mismo sentido había dictado esa Sala el Auto de 16 de abril de 2002 (recurso núm. 2143-2001) por el que se inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia alegada de contraste, al cual había de estarse en virtud del principio de unidad de doctrina.
3. La parte recurrente aduce en su demanda de amparo tanto la vulneración del art. 14 como del art. 24 CE. En el primer motivo del recurso imputa a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo la lesión del derecho a la igualdad ante la ley, ya que entiende que para el ejercicio de la acción esa asociación no necesitaba acreditar un acuerdo adoptado por sus órganos competentes, pues, ni desde el punto de vista de sus Estatutos, ni desde el ámbito material relativo al ejercicio de los derechos y acciones que le son propios en defensa de sus intereses y de sus asociados, ni desde el punto de vista procesal, se exige acuerdo previo a la interposición de la demanda. Más bien, al contrario, basta con que en la interposición de la misma se actúe en defensa de los intereses que le son propios y en cumplimiento de los fines que constituyen la razón de ser de su existencia, y que tal actuación se haga por quien tiene facultades de representación de la asociación a través del oportuno apoderamiento a favor del letrado, como así ha ocurrido en el caso de autos. Añade que, precisamente, fue ese el criterio adoptado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la Sentencia de 28 de septiembre de 1998 con relación a la asociación de técnicos entonces demandante.
4. Por providencia de la Sala Segunda de 11 de julio de 2006 se acordó la admisión a trámite la demanda y, en aplicación del art. 51 LOTC, dirigir comunicación a las Salas de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para que remitiesen las correspondientes actuaciones, interesándose al propio tiempo al Juzgado de lo Social núm. 4 de La Coruña que emplazase a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada. Asimismo se acordó que se formara la correspondiente pieza separada de suspensión, al haberse solicitado esta última en el escrito de demanda.
5. Por proveído de 11 de julio de 2006 la Sala segunda acuerda formar pieza separada para la tramitación del incidente sobre suspensión, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, se concede un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal para que pudiesen efectuar alegaciones sobre dicha suspensión.
6. Con fecha de 26 de julio de 2006, la representación procesal de la asociación recurrente en amparo presenta escrito en el que reitera su solicitud de suspensión, ya que entiende que el cumplimiento de las decisiones judiciales impugnadas le ocasionaría un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad, al implicar la imposibilidad de interponer demandas en defensa de los intereses de sus socios.
7. Con fecha de 27 de julio de 2006 el Ministerio Fiscal, evacuando el trámite conferido, presenta escrito en el que se opone a la suspensión solicitada, ya que la ejecución de las resoluciones impugnadas no implica las consecuencias que se aducen para solicitar la suspensión, faltando el perjuicio irreparable para los derechos fundamentales y la pérdida de la finalidad del amparo, que son los requisitos a los que el art. 56.1 LOTC supedita la suspensión.
8. Por Auto de la Sala Segunda de 25 de septiembre de 2006 se deniega la suspensión solicitada al no darse los presupuestos exigidos para acordarla en el art. 56.1 LOTC.
9. En fecha de 18 de septiembre de 2006 se recibe el escrito de personación de doña Yolanda Illescas Sánchez, doña María Ángeles Fernández López y doña María Dolores Gil Mata, y el día 21 de septiembre siguiente el del Servicio Gallego de Salud, representados, respectivamente, por los Procuradores de los Tribunales don Enrique de Antonio Viscor y don Argimiro Vázquez Guillén.
10. Por diligencia de ordenación de 14 de diciembre de 2006 se tienen por personados y parte en el procedimiento a los mencionados Procuradores en la representación que ostentan, y se acuerda dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que, conforme a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, pudiesen realizar alegaciones, condicionándolo en cuanto a los referidos Procuradores a que presentasen en diez días las escrituras originales del poder que acreditaran su representación; tal acreditación se llevo a efecto mediante escritos de 22 de diciembre de 2006 y de 4 de enero de 2007.
11. Con fecha de 19 de enero de 2007 presenta su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal, que comienza con el examen de la queja relativa a la vulneración del art. 14 CE. Se indica al respecto que con ella la parte recurrente no aduce, en realidad, una desigualdad ante la ley, sino que se limita a discrepar con las resoluciones judiciales por entender que, por medio de la aplicación de una normativa y una jurisprudencia previstas para otros casos, se le ha negado indebidamente su legitimación para intervenir en el proceso. En consecuencia, dado que lo que se denuncia con la invocación de ese art. 14 CE es la indebida denegación de acceso al proceso, sostiene el Fiscal que la queja debe reconducirse a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que también se esgrime en la demanda de amparo.
12. Con fecha de 22 de enero de 2007 presenta su escrito de alegaciones el Procurador de los Tribunales don Enrique de Antonio Viscor en la representación procesal que ostenta, interesando la desestimación del amparo al considerar que no se han vulnerado, ni el derecho a la igualdad ante la ley, en tanto que la recurrente se compara con asociaciones de distinta naturaleza (esto es, las que se crean al amparo del art. 28 CE y de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical), ni tampoco el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, ya que no se le ha negado la capacidad para accionar, sino la legitimación activa para entablar la acción concreta que ha ejercitado.
13. Con fecha de 24 de enero de 2007 cumplimenta el trámite de alegaciones conferido la representación procesal del Servicio Gallego de Salud, que niega las vulneraciones aducidas al considerar que la Asociación recurrente no ostenta la representación que tienen los sindicatos respecto de sus afiliados, y que no encuentra, por lo tanto, encaje en el apartado 2 del art. 17.2 LPL (que sólo se refiere al sindicato de trabajadores y a la asociación empresarial). En definitiva la Asociación recurrente no ha acreditado suficientemente su legitimación activa, porque no incorporó a la demanda un acuerdo de voluntad de la asociación actora para el ejercicio de la acción. En este sentido indica que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, cuando el recurso ha sido interpuesto por persona jurídica, es necesario que se acompañe al escrito de interposición del recurso el acuerdo por el que el órgano que estatutariamente tenga encomendada tal competencia para el ejercicio de acciones, y para autorizar a las personas que han de actuar en nombre y representación del ente colectivo, decide la interposición del mismo. Aduce que lo contrario supone infringir las normas de toma de decisiones en órganos colectivos, así como el principio de seguridad jurídica garantizado en el art. 9.3 CE, pues si no se acredita la voluntad de la asociación de interponer el recurso, no se da certeza a sus integrantes sobre los fines de actuación de la misma, resultando imposible en la práctica hacer un seguimiento de sus actividades.
14. Por providencia de 8 de marzo de 2007, se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 12 del mismo mes y año.
1. En este proceso de amparo se trata de discernir si las resoluciones judiciales impugnadas vulneraron los preceptos constitucionales que se invocan (arts. 14 y 24.1 CE) al haber negado a la Asociación recurrente en amparo una resolución sobre el fondo de su pretensión por apreciar que carecía de legitimación activa para entablar la concreta acción ejercitada, a pesar de que se trata de una asociación profesional que ha promovido el proceso en defensa de un interés que le es propio, a saber, el interés profesional de sus asociados (técnicos de laboratorio) a ocupar determinadas plazas sanitarias en el Servicio Gallego de Salud, frente a otros colectivos profesionales que se estiman carentes de la oportuna cualificación. A esta posición se suma el Ministerio Fiscal, que califica de irrazonables los argumentos ofrecidos en la vía judicial para negar la legitimación activa de la entidad recurrente. Por el contrario, las trabajadoras demandadas en el proceso a quo y el Servicio Gallego de la Salud comparten la decisión judicial, por no ser la actora ni un sindicato de trabajadores, ni una asociación empresarial, únicas modalidades de asociación a las que el art. 17.2 de la Ley de procedimiento laboral (LPL) reconoce legitimación en el proceso laboral para la defensa de los intereses económicos y profesionales que les son propios.
2. Delimitado así el objeto del recurso, debemos comenzar señalando que es doctrina consolidada de este Tribunal que uno de los contenidos esenciales del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) es el derecho a obtener una resolución motivada y fundada en Derecho sobre el fondo del asunto planteado oportunamente ante los órganos judiciales, si bien ese derecho queda igualmente satisfecho si el órgano judicial, por concurrir una causa legal apreciada razonadamente, dicta una resolución de inadmisión. En este sentido venimos manteniendo que el control constitucional de las decisiones de inadmisión o de no pronunciamiento sobre el fondo ha de verificarse de forma especialmente intensa, dada la vigencia en estos casos del principio pro actione, principio de obligada observancia por los Jueces y Tribunales, que impide que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca o resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida (entre otras, SSTC 122/1999, de 28 de junio, FJ 2; 133/2005, de 23 de mayo, FJ 2; y 327/2006, de 20 de noviembre, FJ 3). En consecuencia, aunque la apreciación de cuándo concurre un interés legítimo, y por ende la legitimación activa para recurrir, es, en principio, cuestión de legalidad ordinaria que compete a los órganos judiciales ex art. 117.3 CE (por todas, SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 2; y 358/2006, de 18 de diciembre, FJ 3), estos últimos quedan compelidos a interpretar las normas procesales que la regulan no sólo de manera razonable y razonada sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del equilibrio entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso (por todas, SSTC 220/2001, de 31 de octubre, FJ 4; 3/2004, de 14 de enero, FJ 3; 73/2004, de 22 de abril, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4).
3. Como ha quedado dicho, entre las aludidas causas de inadmisibilidad se encuentra, en lo que aquí interesa, la falta de legitimación activa para accionar o para interponer un recurso, esto es, la ausencia de derecho o interés legítimo en relación con la pretensión que se pretende articular. En tal orden de ideas, este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la existencia o no de interés legítimo con ocasión de demandas de amparo interpuestas por asociaciones o sindicatos a los que se había denegado legitimación activa. En concreto hemos precisado, con relación al orden contencioso-administrativo, que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; con relación a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3).
4. La aplicación de la doctrina constitucional expuesta al caso de autos, conduce a apreciar que la interpretación y la aplicación de las reglas de la legitimación activa realizada por la Sentencia impugnada vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la Asociación recurrente, al negarle irrazonablemente su derecho a ejercitar la acción pretendida.
Tal y como sostiene el Fiscal los argumentos ofrecidos por la Sala para apreciar la falta de legitimación activa de la recurrente en amparo resultan inadmisibles, al suponer una interpretación indebidamente restrictiva de la normativa aplicable al caso.
En primer lugar, no se puede negar en el presente caso que la parte actora tuviese un interés legítimo para ejercitar la acción. Ciertamente la Asociación Galega de Técnicos en Laboratorio tiene como fin la representación, defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos, y sociales de sus asociados (técnicos especialistas de laboratorio de análisis clínicas y anatomía patológica). Atendiendo a tal fin, la citada asociación demandó al Servicio Galego de Salud y a cuatro trabajadoras (Ayudante Técnico Sanitario/Diplomada Universitaria de Enfermería: ATS/DUE sin especialización) con el objeto de que se declarase la nulidad de los destinos de estas últimas, por considerar que realizaban funciones técnicas para las que carecían de titulación, para que tales puestos fuesen cubiertos por técnicos especialistas en laboratorio o por ATS/DUE que estuviesen en posesión de la especialidad requerida. Es decir, la asociación, a través de la acción judicial promovida, pretendía defender los intereses y expectativas profesionales de sus asociados (técnicos especialistas de laboratorio), evitando que otros colectivos que carecían de la titulación por ellos poseída (ATS/DUE) ocupasen plazas que la requerían, contraviniendo, a su juicio, la legalidad aplicable al caso (Orden Ministerial de 14 de junio de 1984). Por consiguiente accionó en defensa de la competencia de unas funciones de sus asociados que, a su juicio, estaban siendo desempeñadas indebidamente por personal que no estaba habilitado para ello. No cabe duda, por lo tanto, de que el interés profesional en cuya defensa actuó la asociación actora pone de manifiesto la existencia de un vínculo o conexión entre la misma y la pretensión ejercitada, vínculo en el que se encarna el interés legítimo constitucionalmente protegido.
1º Declarar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)
2º Restablecer a la demandante de amparo en la integridad de su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 31 de diciembre de 2002, dictada en el recurso de suplicación núm. 4426-1999 interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de La Coruña de 29 de enero de 1999 en autos 291-1998 y, en cuanto declara la firmeza de la citada Sentencia de suplicación el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2004 dictado en el recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1273-2003.
3º Retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior al dictado de la Sentencia recurrida, a fin de que se pronuncie otra respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, en la que se analicen y resuelvan los restantes motivos del recurso de suplicación.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de fecha 12 de marzo de 2007 dictada en el recurso de amparo núm. 3493-2004.
Al respecto me limito a remitirme a la argumentación contenida en los Votos particulares formulados por mí a las SSTC 171/2005, de 20 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 21 de julio de 2005) y 265/2006, de 11 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de octubre de 2006), en cuyos casos se planteaban cuestiones en todo similares a la del actual en lo relativo a la vía previa seguida.
Madrid, a doce de marzo de dos mil siete.
Type and record number Recurso de amparo 3493-2004
Promovido por la Asociación Gallega de Técnicos de Laboratorio respecto a un Auto del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, en grado de suplicación, inadmitió su demanda contra el SERGAS sobre cobertura de plazas.
A la asociación recurrente se le negó una resolución sobre el fondo de su pretensión relativa al interés profesional de sus asociados (técnicos de laboratorio) a ocupar determinadas plazas sanitarias en el Servicio Gallego de Salud, frente a otros colectivos profesionales que se estiman carentes de la oportuna cualificación.
Se otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Se cierra el acceso a una resolución sobre el fondo del asunto planteado, promovido en defensa del interés profesional de sus asociados a ocupar determinadas plazas sanitarias. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia ofrece argumentos inadmisibles para negar la existencia de un interés legítimo de la parte recurrente para ejercer la acción, pues la asociación se hallaba legitimada según la Ley de procedimiento laboral y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dado que la asociación recurrente tenía un interés legítimo, y se hallaba legitimada conforme a los arts. 17 LPL y 7.3 LOPJ para ejercitar la acción en defensa del interés profesional de sus asociados, al no haberlo declarado así la Sentencia recurrida, no ha interpretado los citados preceptos en sentido favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva [FJ 4].
No se puede negar la existencia de un interés legítimo de la asociación recurrente para ejercitar la acción, en tanto en cuanto, concurría un interés profesional de promoción y defensa de una categoría de trabajadores, del que no sólo es titular cada uno de ellos sino también la asociación que asume estatutariamente esos mismos fines [FJ 4].
Aunque la apreciación de cuándo concurre un interés legítimo, y por ende la legitimación activa para recurrir, es cuestión de legalidad ordinaria que compete a los órganos judiciales ex art. 117.3 CE, estos últimos quedan compelidos a interpretar las normas procesales que la regulan conforme al principio pro actione (SSTC 252/2000, 220/2001, 358/2006) [FJ 2].
Doctrina sobre el interés legítimo en relación con la legitimación activa de las asociaciones para impugnar actos o disposiciones administrativas, cuando exista un interés profesional o económico que les sea predicable [FJ 3].
El control constitucional de las decisiones de inadmisión o de no pronunciamiento sobre el fondo ha de verificarse de forma especialmente intensa, dada la vigencia en estos casos del principio pro actione (SSTC 122/1999, 327/2006) [FJ 2].
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 14 de junio de 1984. Competencias y funciones de los técnicos especialistas de formación profesional de segundo grado. Rama sanitaria
Resolución fundada en DerechoResolución fundada en Derecho, Vulnerado, f. 2
Asociaciones profesionalesAsociaciones profesionales, ff. 3, 4
Denegación de legitimación procesalDenegación de legitimación procesal, ff. 1, 2, 3, 4

References: e contrario
 resolución 
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