Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/46884
Timestamp: 2020-02-19 05:36:24+00:00

Document:
Gaceta: LXII/2SPO-124/46884
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Propone facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de desaparición forzada de personas.
Establece en la Constitución Política el delito de desaparición forzada de personas como supuesto para que el Juez ordene la prisión preventiva de manera oficiosa. Asimismo, en el caso de dicho delito, se establece como derecho de la víctima u ofendida el resguardo de su identidad y otros datos personales.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 20 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS.
La suscrita ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Senadora de la República a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19, 20 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, al tenor de la siguiente:
La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos, cuyas cifras se han incrementado alarmantemente en nuestro país en los últimos años.
Entre los elementos comunes de los casos de desaparición forzada encontramos que, una vez que se interponen denuncias formales, éstas no son investigadas como desaparición de personas u otro delito similar, argumentado que el delito no está tipificado o no hay elementos para generar una línea de investigación.
De acuerdo a lo expresado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos humanos A.C., en su informe “El resurgimiento de la desaparición forzada en México”, de enero de 2013, se han identificado a cuatro grandes grupos de personas que son particularmente vulnerables a las desapariciones forzadas en el contexto actual: las y los defensores de derechos humanos; personas con algún tipo de militancia política o en movimientos sociales; personas migrantes; y personas que viven en lugares en los que se ha incrementado la violencia por el choque entre los cuerpos de seguridad nacional o pública y grupos de delincuencia organizada.
A nivel federal, la desaparición forzada fue tipificada el 25 de abril de 2001 en el artículo 215-A del Código Penal Federal. No obstante, el tipo penal resulta inadecuado por lo que hace a la definición del sujeto activo, ya que restringe la autoría del delito únicamente a “servidores públicos”, dejando fuera del tipo penal a todas aquellas personas que con el apoyo, autorización tolerancia o aquiescencia del Estado cometan tal delito, por lo que no responde a los estándares internacionales, lo cual fue señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Estas consideraciones llevaron a la CoIDH a condenar al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco (23 de noviembre de 2009) a reformar dicho artículo; sin embargo, a más de cuatro años, esto no ha sucedido.
En marzo del año 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (GTDFI) visitó nuestro país con el objeto de conocer los esfuerzos que México ha venido realizando para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas y reparar a las víctimas de estos delitos. En esta visita, el Grupo señaló que más de 3,000 personas habrían sido desaparecidas desde el 2006.
De igual manera. el GTDFI expresó su preocupación por la disparidad en la tipificación, sanción y prescripción respecto de la desaparición forzada en las diferentes entidades de la República así como en el ámbito federal. Manifestó[1]:
En México, la facultad de aprobar leyes penales es compartida por los Estados y el Gobierno Federal. Más aún, hay algunos delitos que son de competencia exclusiva de la Federación. La desaparición forzada es un delito autónomo en el Código Penal Federal así como en la legislación penal de siete Estados (Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca), mientras que en los 25 restantes no se encuentra tipificada. Asimismo, la legislación penal de la Federación y los Estados que han tipificado la desaparición forzada no utilizan la misma definición. Además, la mayoría no incluye la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, autorización o aquiescencia. En la mayoría de las legislaciones Estatales queda excluidala prescripción.
Esta desigualdad queda plasmada en el siguiente cuadro:
Artículo 136 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Considera a la desaparición forzada de personas como la acciónde detener y mantener oculta a una o varias personas, oAutorizar, apoyar o consentir que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o negar información sobre su paradero.
La sanción impuesta por esta legislación consiste en aplicar de 10 a 30 años de prisión y de 300 a 600 días multa y con la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.
Artículo 167 Bis del Código Penal para el Estado de Baja California.
El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que con motivo de sus atribuciones detenga o mantenga oculto a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.
La sanción consiste en aplicar una pena de 15 a 40 años de prisión y de cien a quinientos días multa.
Contempla atenuantes para quienes suministren información que permita esclarecer los hechos, así como también, cuando se contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.
No se encuentra tipificado.
Artículo 181 del Código Penal para el Estado de Campeche.
Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el agente estatal que, con motivo de sus atribuciones priva de la libertad a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.
Asimismo, contempla atenuantes para quienes suministren información y contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.
Ley para la Prevención y Sanción de la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Chiapas.
Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, así como también, sancionar y establecer medias de reparación integral del daño.
Artículo 165 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.
Establece una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil días multa, así como, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.
Asimismo, también se considera como sujeto activo, el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público, participe en la comisión de éste delito.
Finalmente, determina atenuantes tanto para quienes proporcionen información que permita esclarecer los hechos, como para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.
Artículos 212 Bis, 212 Bis 1, 212 Bis 2, 212 Bis 3, 212 Bis 4, 212 Bis 5 y 212 Bis 6 del Código Penal del Estado de Coahuila.
Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad, cualquiera que fuere su forma a una o varias personas, o bien autorice, ordene, apoye o consienta que otros lo hagan, seguida del ocultamiento del paradero de la persona o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad.
Asimismo, contempla como sujeto activo al particular que por orden, autorización, apoyo, consentimiento o aquiescencia de un servidor público participe en los actos tendientes a la desaparición forzada de personas.
Prevé el establecimiento de una pena de veinte a sesenta años de prisión, además de la destitución e inhabilitación de forma vitalicia para el desempeño de cualquier cargo público.
Se considera como un delito de ejecución permanente, en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima.
Finalmente, considera atenuantes para quienes proporcionen información que permita esclarecer los hechos, así como para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida o el paradero de la víctima.
Artículo 202 Bis y 202 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Colima.
Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público del Estado de Colima o sus Municipios que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.
Contempla una sanción de quince a cuarenta años de prisión y de trescientos a mil unidades de multa, e inhabilitación hasta por quince años para el desempeño de cualquier cargo público.
De igual manera, prevé una pena de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuentaa quinientas unidades de multa, para el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas.
Contempla atenuantes para quienes proporcionen información y contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.
Finalmente, equipara al delito de desaparición forzada de personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.
Artículo 168 del Código Penal para el Distrito Federal.
Considera como sujeto activo al servidor público del Distrito Federal que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.
La sanción impuesta es de quince a cuarenta años de prisióny de trescientos a mil días multa, así como, inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.
De igual modo, prevé sanciones para el particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas, las cuales consisten en imponer una pena de ocho a quince años de prisión y dede ciento cincuenta a quinientos días multa.
Establece diversas atenuantes en torno a proporcionar información tendiente a lograr la aparición con vida de la víctima.
Finalmente, el delito de desaparición forzada de personas no se sujeta a las reglas de la prescripción.
Artículo 364 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango.
Se establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.
Establece sanciones de cinco a veinticinco años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, así como, destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.
Dichas penas se imponen de igual manera al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas.
Contempla atenuantes cuando se proporcione información que permita esclarecer los hechos, así como, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.
Refiere que éste delito no se sujeta a las reglas de la prescripción.
Artículos 262-a y 262-b del Código Penal del Estado de Guanajuato.
El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que propicie o mantenga dolosamente el ocultamiento de una o varias personas que hubieren sido previamente detenidas por la autoridad.
Establece una sanción de cinco a cuarenta años de prisión y de mil a dos mil días multa, así como, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro por el mismo término de la pena privativa de libertad impuesta.
Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero número 569.
Tiene como objetivo fundamental prevenir e inhibir la desaparición forzada de personas, así como, sancionar a los autores, cómplices y encubridores de éste delito y, finalmente, establecer medidas de reparación integral del daño para las víctimas.
Artículo 332 Ter del Código de Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que actuando con ese carácter o aduciendo su cargo, por sí o a través de un tercero, tenga conocimiento o intervenga de cualquier modo, en la detención legal o privación ilegal de la libertad de una o varias personas, propiciando o manteniendo dolosamente su ocultamiento, al negarse a reconocer la privación de la libertad o a proporcionar información sobre el paradero de la víctima.
Impone una sanción de veinte a cuarenta años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días, así como también, inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el máximo de la pena.
Artículos 154-A, 154-B, 154-C, 154-D, 154-E, 154-F y 154-G de Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona.
En este sentido, determina que de igual modo es sujeto activo, aquel que intervenga actuando con la autorización, la ayuda, la aquiescencia o tolerancia directa o indirecta de servidores públicos o de integrantes de seguridad pública.
Asimismo, regula la desaparición forzada por particulares.
Establece una pena de doce a cuarenta años de prisión y multa de seiscientos a mil días de salario mínimo.
Considera como agravante incrementando la pena hasta en una tercera parte, cuando la víctima es menor de edad, mujer, persona con discapacidad, indígena o persona de la tercera edad.
Las penas aumentan hasta el doble es perpetrada como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Contempla como atenuantes disminuyendo la pena hasta en un cincuenta por ciento, cuando se proporciona información que permita esclarecer los hechos.
Artículos 230, 231 y 232 del Código Penal del Estado de Michoacán.
El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquél u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima.
Contempla una sanción de veinte a cuarenta años de prisión, e inhabilitación definitiva para ejercer la función pública. Se establecen como agravantes cuando el superior jerárquico de un servidor público participante en la comisión del delito, haya tenido conocimiento de su comisión y no ejerciere su autoridad para evitarlo; cuando el sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, migrante, menor de dieciocho años, mayor de setenta años, indígena o mujer embarazada, así como también, cuando se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito, y finalmente, cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
Se consideran como atenuantes cuando se proporciona información que permita la localización de la víctima, así como, cuando la ésta es liberada dentro de los diez días siguientes a su liberación, la pena será de dos a doce años de prisión.
El delito de desaparición forzada de personas es imprescriptible.
Artículo 291 A
Se establece que el delito de desaparición forzada de personas se configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas y derivado de la privación de la libertad, mantenga oculta o desaparecida a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre el paradero de la o de las víctimas.
Asimismo, también considera como sujeto acto activo a todo aquel que aún cuando no sea servidor público, actúe mediante la autorización, el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.
Contempla una sanción de cinco a veinte años de prisión y una multa de cien a cuatrocientos días de salario.
Artículos 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 del Código Penal para el Estado de Nuevo León.
El tipo penal establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquel u otro servidor público; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima.
Este delito se considera permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima.
Asimismo, se establece que si durante la comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicaran las reglas del concurso.
Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil cuotas.
Artículos 348 Bis D y 348 Bis E del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, quien por orden o con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, priva de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el Servidor Público que ordene, autorice o apoye la desaparición.
Se equipara al delito de desaparición forzada de personas, la ocultación de familiares de víctimas de este delito o nacidos de una madre víctima de desaparición forzada, durante el cautiverio.
Impone una pena de cinco a treinta años de prisión y multa de trescientos a setecientos salarios mínimos, así como, la inhabilitación por el tiempo de la pena fijada.
Implementa medidas tendientes a disminuir la pena cuando se proporciona información, así como también, cuando se contribuye a lograr la aparición con vida de la víctima.
Refiere que, el Estado y los municipios serán solidariamente responsables del pago de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.
Artículos 304 Bis y 304 Ter del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Establece como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público que con motivo de sus atribuciones sin causa legítima, detenga a una o varias personas con la finalidad de ocultarlo, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.
Comprende una sanción de quince a cuarenta años de prisióny de trescientos a mil días de salario mínimo, así como, la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por diez años. En este sentido, de igual manera considera como sujeto activo, al particular que por orden, autorización o con el apoyo de un servidor público participe en la desaparición forzada de personas, recibiendo una sanción de ocho a quince años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de salario mínimo. Determina atenuantes para aquellos casos en que se proporcione información que permita esclarecer los hechos y,cuando se contribuye a lograr la aparicióncon vida de la víctima reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida
En proceso de publicación, aprobada por comisiones.
Artículos 136 quinque y 136 sexties.
Establece que el delito de desaparición forzada de personas, se configura cuando el servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, o con motivo de ellas, detenga, prive de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, cualesquiera que sea el método y motivación utilizados, sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información fidedigna sobre el paradero de la o de las víctimas.
De igual modo, se considera como sujeto activo, el particular que por orden, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, participe en la comisión del delito de desaparición forzada de personas.
Determina una pena de quince a cuarenta años de prisión, y sanción pecuniaria de trescientos a mil quinientos días de salario mínimo.
El delito al que se refiere éste artículo, es de ejecución permanente en tanto no se tenga conocimiento del paradero de la víctima, por lo que no prescribe ni la acción penal, ni las penas que deriven de su comisión.
Contempla atenuantes para quienes suministren información que permita esclarecer los hechos, así como, para quienes contribuyan a lograr la aparición con vida de la víctima.
Artículos 172 Bis, 172 Bis A, 172 Bis B, 172 Bis C, 172 Bis D, 172 Bis E, 172 Bis F, 172 Bis G, 172 Bis H, 172 Bis I. del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
Establece que comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o la persona o grupo de personas que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o sus servidores públicos, arreste, detenga, secuestre o prive de cualquier otra forma de su libertad a una persona, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida.
Determina una pena de veinticinco a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, así como, la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de diez a veinte años.
Es considerado como un delito permanente e imprescriptible.
Artículos 181 Bis, 181 Bis 2, 181 Bis 3, 181 Bis 4, 181 Bis 5, 181 Bis 6, 181 Bis 7, 181 Bis 8, 181 Bis 9 181 Bis 10 y 181 Bis 11 del Código Penal del Estado de Sonora.
Prevé como sujeto activo del delito de desaparición forzada de personas, al servidor público que, con motivo de sus atribuciones, detenga y mantenga oculta, a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la existencia de tal privación o niegue información sobre su paradero.
Es considerado como un delito permanente hasta en tanto no se establezca el paradero o destino de la víctima.
Comprende una sanción de de quince a cuarenta años de prisión, además de la inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública de diez a veinte años.
Resulta incongruente que en un mismo país, una conducta tan grave como la desaparición forzada en todas sus formas no se encuentre tipificada en todo su territorio, ya que recordemos que la conducta que no se encuentra prohibida, está permitida.
En este sentido, y con el propósito de dar cumplimiento a las recomendaciones hechas a nuestro país, pero sobre todo, respuesta a las familias de las víctimas de este delito, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de:
Único. Se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado C, fracción V y 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ...
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, desaparición forzada de personas o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. …
SEGUNDO. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados emitirán la Ley general en materia de desaparición forzada.
[1] Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias sobre su Misión a México (18 al 31 de marzo de 2011).

References: artículo 215

Artículo 136

Artículo 167

Artículo 181

Artículo 165

Artículo 202

Artículo 168

Artículo 364

Artículo 332

Artículo 291