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1 MATERIAL PARA LA GUIA DIDACTICA DE TRABAJO INDICE
1. “Alemparte, Pablo Enrique” (Servicio Básico Telefónico)
2. " Andrés Lagomarsino e Hijos S.A.” (Distribución de Energía Eléctrica)
3. " Khalil Ana Rosa c/ Gas Natural BAN SA” (Distribución de Gas Natural)
4. " ACIJ c/ EN- ley 24240- M° Planificación” (Provisión de Agua Potable)
2 CNCOM – SALA D – 11/05/2010 - "Alemparte Pablo Enrique c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ ordinario" – CONTRATOS. telefónico y Incumplimiento de Internet. de empresa prestadora de los del servicio de telefonía. Demora en la provisión del servicio Incumplimiento plazos reglamentarios para la instalación de las líneas (Resolución N° 25.839/96 de la Secretaría de Comunicaciones). Obligación de resultado. DAÑOS Y PERJUICIOS. Local comercial (Cyber). Responsabilidad de la empresa prestadora del servicio de telefonía. Procedencia. Tardía obtención por el actor de la habilitación municipal para comenzar la explotación de su negocio. Irrelevancia. Ejercicio irregular del comercio. Acto no reprobado por la ley. Indemnizaciones. Pérdida de la chance. TEXTO COMPLETO En Buenos Aires, a 11 de mayo de 2010, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa "ALEMPARTE PABLO ENRIQUE c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO", registro n° 73639/2004,
procedente del JUZGADO N° 23 del fuero (SECRETARÍA N° 46)), donde esta identificada como expediente Nº 51311, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Dieuzeide, Vassallo.//Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
3 A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Heredia dijo: 1°) La sentencia de primera instancia admitió parcialmente la demanda promovida por el señor Pablo Enrique Alemparte y, por ello, condenó a Telefónica de Argentina S.A. a pagarle, dentro de los diez días, la cantidad de $ 33.200 con más intereses y las costas del juicio. Para llegar a esa decisión, la juez que suscribió el fallo consideró, en sustancial síntesis, que la demandada no cumplió en tiempo la obligación que había asumido de instalar en el negocio que se proponía abrir el actor (un "cyber" en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro) una línea de teléfono y el servicio de Internet denominado "Speedy", su lo cual le impidió a aquél iniciar
improductivos los abonos que había hecho en concepto de alquiler de local ($ 3.200), generándosele, además, la pérdida de una chance de obtener ganancias que debía, consiguientemente, ser resarcida ($ 30.000).Contra esa decisión apeló la demandada (fs. 345), cuya expresión de agravios de fs. 354/358 fue resistida por el actor con el escrito de fs. 360/362.El actor también apeló, pero su recurso fue declarado desierto (fs. 366).2°) Aduce la demandada, como primer agravio, que contrariamente a lo resuelto en la instancia anterior, no () existió incumplimiento contractual alguno de su parte. Al respecto, afirma que la sentencia
en su art. que "…Ninguna solicitud pendiente al 31/12/96.839/96 de la Secretaría de Comunicaciones que fija los plazos de espera atinentes a la instalación de líneas telefónicas (que en ningún caso es de 72 hs. Es decir. en la resolución n° 25. Por otra parte. 41 vta. sostiene que comenzó las obras de instalación ni bien estuvo en condiciones de hacerlo.. 360 vta.839/96 de la Secretaría de Comunicaciones.. de esa disposición surge establecido como meta que.La cuestión está resuelta. 5°.4 apelada soslayó el examen de la reglamentación aplicable. a contrario de lo invocado por el actor al demandar). especialmente la resolución n° 25. como lo apuntó la demandada. sino a la tardía obtención por el actor de la habilitación municipal para comenzar la explotación de su negocio. en el sentido de que el plazo reglamentario para instalar una línea telefónica es de 72 hs. a largo plazo. a contar desde el momento en que se contrata el servicio.). a partir del 31/12/96 el plazo vigente reglamentariamente es de 90 días. y al 31 de diciembre de 2000. Asimismo. el tiempo de espera de instalación sea de dos meses.De esta resolución resulta. lo cual es coincidente con lo . podrá tener un tiempo de espera mayor de 180 días. y que los perjuicios reclamados no tuvieron causa en incumplimiento contractual alguno vinculado a la referida instalación.No fue correcto lo que dijo el actor al demandar (fs. y que la provisión del servicio telefónico y de Internet contratado tuvo lugar antes de vencer tales plazos.) y repite ante esta alzada (fs. un tiempo de espera mayor que 90 días…".
se recomendó al interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones que arbitre las medidas necesarias para que la empresa Telefónica de Argentina S. una simple meta.Para decidir el caso.asp#18 consultado en la fecha de este pronunciamiento).ar/ 08. en tal sentido.A. por la que.. el apuntado plazo de 90 días es el que refirió la resolución n° 4606 del 17/11/08." (véase sitio http://www.cnc.defensoria. a la fecha.Este último aspecto del problema está resuelto en otra normativa. frente a reclamos por demoras en la instalación de servicios.Preguntas Frecuentes". cumpla con las metas obligatorias establecidas en el Reglamento General de Calidad del Servicio Básico Telefónico (véase el sitio http://www. la propia Comisión Nacional de Comunicaciones informa como vigente en su página web.Ahora bien. dictada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo. aclarado lo anterior. frente a la interrogación n° 18 "… ¿Cuál es el plazo de instalación o cambio de domicilio?.org. como se dijo.institucional/resoluciones/r4606- . que ni las partes ni la sentencia apelada han citado.gov. en el canal "Reclamos . me atendré al plazo máximo de 90 días reglamentado.. que dicho plazo de 90 días es el que.ar/reclamos/cau/Faq. Cabe observar.doc). 187 y 200.5 informado por la Comisión Nacional de Comunicaciones en los oficios de fs. interesa de seguido establecer el momento a partir del cual dicho plazo de 90 días comienza a correr. pues el dedos meses constituiría.
y alcanza. del lado del cliente. 7. lado cliente y lado prestador…" (art. a los edificios comerciales (art. De manera concordante con lo anterior. entre otros. el prestador no librará el servicio y procederá a . el mismo reglamento establece en su art.- En efecto.2 que "… Previamente a la conexión de un nuevo servicio los prestadores deberán verificar que la instalación lado cliente cumpla con las condiciones técnicas…En el caso que las condiciones técnicas no sean las especificadas.Pues bien. primer párrafo). significará inconvenientes en la habilitación telefónica del inmueble…" (art. resulta de la lectura de este último instrumento que la provisión del servicio telefónico está condicionada a que. a estos inmuebles estará condicionado a la previa existencia de instalaciones internas realizadas de acuerdo a este reglamento y a la disponibilidad de recursos en ellas. No haberlas previsto en tiempo. el instrumento claramente establece que "…El suministro del servicio de telecomunicaciones. y publicado en el Boletín Oficial del 5/11/01. en cuanto aquí interesa. por parte de los prestadores. 6°. Este último cuerpo normativo tiene por objeto "…establecer las normas que se deberán respetar con relación a las instalaciones de telecomunicaciones en inmuebles. 2°.6 Me refiero al "Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles". 2°. aprobado por resolución n° 410/2001 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 1°). esté concluida la construcción de la instalación interna definida por el art. segundo párrafo).
Al ser esto último así. del Código Civil). a más tardar. como se ve. y ello fue notificado a Telefónica de Argentina S. no es dudoso que cuando el 9/6/03 el actor contrató y le pagó a la demandada el servicio telefónico y de Internet (conf. 508. 7. se tuvieron por cumplidas el 10/4/03. factura de fs. 77) o el 20/10/03 según el actor (fs. 13).El servicio. no hay constancia en autos de que la demandada hubiera objetado las referidas instalaciones internas después de haberlas verificado. acusando recibo de ello al día siguiente (fs. el 25/4/03.Según resulta de la constancia de fs. y menos que hubiera cumplido alguna notificación con el alcance indicado en el citado art. del "Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles". 42). después de vencido el plazo de 90 días indicado. el incumplimiento de Telefónica de Argentina S. 125 las instalaciones internas que correspondían del lado cliente.A.2. 509. fehacientemente. Por ello.7 notificar.Así pues. En cualquier caso. es incuestionable (arts. empero. 126 y 124).A. cabiendo observar. lo siguiente: . Por lo demás. al respecto. estas circunstancias al destinatario del mismo y a los propietarios del inmueble…". 511.¿Qué ocurrió en el caso sub examine?. el servicio contratado por el actor debía estar funcionando el día 9/9/03. 902 y conc. a esta última le comenzó a correr el plazo de 90 días para cumplir con sus obligaciones. recién comenzó a funcionar el 10/10/03 según la demandada (fs. 512.
8 (a) Que, en el caso, la empresa telefónica asumió una obligación de las denominadas "de resultado", cual era la de proveer de una línea de teléfono al actor. En tal categoría de obligaciones la inejecución en término o defectuosa, hace presumir la culpa del obligado (conf. CNFed. Civ. Com. Sala III, 19/6/97, causa 7325/93 "Baño, Alejandra Patricia c/ Telecom Argentina S.A. y otro s/ incumplimiento de servicio de telecomunicaciones").-
(b) Que no obsta a la configuración de tal inejecución la circunstancia observada por la demandada en fs. 76 vta., relativa a que recién pudo comenzar con los trabajos de instalación a partir del 30/7/03, fecha en que obtuvo la autorización para realizar las obras del plantel exterior. Esto es así, porque incumbiendo exclusivamente a
Telefónica de Argentina S.A. la realización de tales obras del plantel exterior (art. 7 del "Reglamento para Instalaciones de
Telecomunicaciones en Inmuebles"), la falta de tal autorización no puede ser oponible al actor para explicar o justificar la demora incurrida. Si la demandada, por no contar con esa autorización, no estaba en condiciones de iniciar las obras del plantel exterior, lo que debió hacer, por elementales razones de prudencia y buena fe, es abstenerse de contratar la provisión del servicio con el actor el día 9/6/03, pues claramente corría el riesgo de no poder ejecutar lo comprometido dentro del plazo máximo de 90 días indicado. Al no haber obrado así, de nada puede quejarse ahora (arg. art. 1111 del Código Civil).-
(c) Lo atinente a la habilitación municipal del negocio que pretendía abrir el actor, es cuestión ajena a la aquí examinada, pues es evidente que la ejecución de la obligación de resultado a la que se comprometió Telefónica de Argentina S.A. no estaba subordinada, en cuanto al plazo para cumplirla, a la obtención de dicha habilitación, sino a la reglamentación aplicable.En las condiciones que anteceden, el primer agravio de la demandada debe ser rechazado.-
3°) El segundo y último agravio de la demandada estriba, en lo sustancial, en sostener que la condena a abonar los alquileres del local comercial y la chance de obtener ganancias, no tuvo en consideración que el actor solicitó la habilitación municipal de su negocio recién el 23/9/03 (véase informe de fs. 185), lo que da cuenta de un impedimento para iniciar la actividad comercial que, en consecuencia, obsta a la indemnización de tales conceptos.
Asimismo, se queja la empresa telefónica porque considera excesivo el resarcimiento acordado por pérdida de la indicada chance.-
(a) La habilitación municipal es solo expresión del poder de policía comunal en cuanto al ejercicio de su poder de policía de seguridad y financiero. Tal habilitación, por tanto, no excluye que en la realidad el negocio sea explotado, inclusive por terceros (conf. CNCom. Sala A, 21/8/90, "Sotelo, Daniel c/ Autopistas Urbanas S.A. s/ daños y
10 perjuicios";; CNCom. Sala C, 14/4/2000, "Productores de Frutas Argentinas Coop. de Seg. Ltda. c/ Estación de Servicios Caseros S.A. s/ sumario").Dicho de otro modo, resulta ajena al comienzo del giro comercial del negocio la fecha de la autorización municipal del local, ya que no arroja certeza sobre el inicio real de las actividades. Y ello por cuanto la "habilitación" es la culminación del trámite necesario y obligatorio que impone el ejercicio del poder de policía comunal en la especifica materia de que se trata, interesando aquella para la eventual legitimidad del sometimiento a sanciones administrativas prescriptas por una supuesta violación al régimen regulado por el ejercicio anticipado del comercio (conf. CNFed. Civ. Com. Sala I, 2/10/97, "Di Tomaso, Alejandro Fabián y otro c/ Trevi Group S.A. y otro").En tales condiciones, al no proyectar la obtención de la habilitación municipal los efectos pretendidos por la apelación, y teniendo en cuenta, además, que tampoco la demandada ha controvertido la afirmación de la juez a quo en el sentido de que de nada le hubiera servido al actor solicitar tal habilitación antes del 23/9/03, dado que por entonces tampoco hubiera podido proceder a la explotación del negocio a causa de la falta de instalación del servicio (fs. 339), no corresponde admitir la queja.-
(b) Tampoco es procedente la crítica que se levanta contra el quantum acordado al rubro pérdida de la chance.-
30/4/09. 503/504). y para sustituir la estimación formulada discrecionalmente por la juez a quo por otra también . alternativamente.que desnaturalice el sentido y alcance de la reparación debida al dañado por el sujeto responsable (conf. CNCom. no aporta ni lo uno ni lo otro. tercer párrafo. 2005. Sala D.Al ser ello así. del Código Procesal. Entre ambos extremos. 3. c/ Ramallo S. Sala D.La expresión de agravios.11 Aunque no lo dijo. E. ps. "Rivero Potes. B.". 165. sólo debe evitarse incurrir en el extremo del exceso -de modo de apartar la posibilidad de que la indemnización constituya un rédito o ganancia para el sujeto dañadoo. 165. CNCom.concordado con los códigos provinciales análisis doctrinal y jurisprudencial. Ana Cristina y otro s/ ordinario". "Frigorífico Industrial del Delta S. debió la demandada demostrar que fue excesiva la suma de $ 30. en el extremo del defecto -de modo de no establecer una indemnización irrisoria. el tribunal debe actuar sobre la base de una prudente apreciación. voto del juez Cuartero.A. 338).Pues bien. para lograr la reducción pretendida. considerando 5°.. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación . cabe recordar que en la aplicación del art. Oscar Alberto y otro c/ Tiesqui. t.A. es indudable que la sentencia apelada fijó el monto de la apuntada indemnización en ejercicio de las facultades que confiere a los jueces el art. Buenos Aires. Highton.000 acordada. valiéndose para ello de datos objetivos o de algún razonamiento conducente. 28/11/95. tercer párrafo. del Código Procesal (fs. sin embargo. y Areán.
la constitución de sociedades comerciales irregulares o de hecho. Cabanellas de las Cuevas. datos objetivos o algún razonamiento conducente. por el sujeto de existencia física que realiza actos de comercio profesionalmente con prescindencia de que se halle matriculado (conf. mi voto para el acuerdo concluía en el considerando anterior. entiendo que el ejercicio irregular del comercio (que. como se dijo.. no es "clandestino" sino solo "irregular") no comporta. si ha sufrido un daño. en efecto. por ejemplo.A contrario de lo sostenido por el apreciado colega. no es reprobado ni es ilícito el ejercicio del comercio por parte del llamado comerciante individual de hecho. 6. en sí propio. J. la lectura de la ponencia del juez Vassallo me obliga a realizar una última reflexión. reclamar el resarcimiento pertinente pues. del mismo modo. No está prohibida ni es ilícita. debe ofrecerse. 335/335). por consiguiente. aún en tal situación. Anaya. el riesgo a su permanente disolubilidad. y Podetti.Sin embargo. en sí mismo. la amplísima responsabilidad de sus componentes. G. t. existe un interés no ilegítimo digno de esa tutela. no prohibe el ejercicio irregular del comercio. lo que no ocurre en el caso. esto es.La ley. un actuar reprobado por la ley y. H. etc. ps.- 4°) En su redacción original. De ahí también la improcedencia del agravio en este aspecto. Código de Comercio . Derecho Societario. (conf. sin perjuicio de que se las someta a sanciones indirectas tales como su inestabilidad..12 derivada de la "discrecionalidad". no impide a quien lo ejerce. Y.
E. p. y Highton. p. El daño injusto y la ilicitud o ilicitud de la conducta. p. comentados y concordados. y ello es así aunque por hipótesis ese interés no tenga como sustrato un derecho subjetivo que tenga una protección legal explícita (conf. más allá de quedar expuesto a limitaciones tal como la de no poder ser acreedor pignoraticio (art. 2000. Buenos Aires.. 1982. en la obra de Bueres.. 1068 del Código Civil. inc.En las condiciones que anteceden. R.Obligaciones.]. Código Civil y normas complementarias . d. p. El daño en la responsabilidad civil. 97. del decreto-ley 15.. t. E. Zavala de González. Buenos Aires. 2006. p. M. A. 2005. interés simple o de hecho que inclusive -como en el caso ocurrepuede referirse al ejercicio de una facultad (art. F. R. en la obra colectiva "Derecho de Daños" [dirigida por Trigo Represas. Bueres. Buenos Aires. p. es claro que si se priva a ese sujeto de esa facultad de actuar que.. Pizarro.13 y leyes complementarias. Buenos Aires.348). C. 658). 1965. n° 12). A. I. Buenos Aires.- . Zannoni. t. 141 y sgtes. y Stiglitz. 2. y Vallespinos.. t. 5. espec. 15). Instituciones de Derecho Privado . 193. 185. 3-A. la lesión a tal interés produce un perjuicio resarcible. no incurriendo quien ejerce irregularmente el comercio en ningún actuar reprobado por la ley. ciertamente integra la esfera de lo que lícitamente puede hacer.Análisis doctrinal y jurisprudencial.Es que para la configuración del daño resarcible basta la presencia de un mero interés simple o de hecho lesionado por el acto ilícito.
A. doctor Gerardo G. el principio alterum non laedere.14 Por estas razones.- . Heredia en punto a la responsabilidad de la demandada respecto de los daños que habría sufrido el señor Alemparte pues ha sido acreditada la demora de Telefónica de Argentina S. 68.- 5°) Por los fundamentos expuestos.El señor Juez de Cámara. una actuación ilegítima (cumplimiento tardío de una prestación) que debe atribuirse a la demandada en tanto inequívocamente constituía una obligación propia.Así voto. en la prestación que debía brindar a aquel (instalación de línea destinada a un "cyber"). Las costas deben ser impuestas a la parte demandada de acuerdo al principio objetivo de la derrota (art.El señor Juez de Cámara. doctor Dieuzeide adhiere al voto que antecede. más ampliamente.En principio coincido con mi apreciado colega Dr. del Código Procesal).Derívase entonces acreditada en la causa. no cabe excluir a quien ejerce el comercio de hecho o irregularmente (condiciones que no se identifican con lo ilícito) de la tutela que brinda el régimen de la responsabilidad por daños y. propongo al acuerdo desestimar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia. Vassallo dice: He demorado mi voto en esta causa para meditar sobre un aspecto que entendí trascendente para la solución del proceso. primer párrafo.
Instituciones de Derecho Privado – Obligaciones. página 239. pues el informe del organismo municipal sólo destaca la fecha de inicio del trámite (fs.. es menester acreditar.2003.No fue probado cuando le habría sido concedida al actor la necesaria habilitación para operar el "cyber". 4ed. Derecho de las Obligaciones. 2. página 623). página 86. Pizarro R.2003. Cazeaux P. Jorge H.. J. – Trigo Represas. As. T.Y en este punto advertí alguna discrepancia con el vocal preopinante que. Bs. como se verá.La recurrente destacó que el actor sólo requirió la habilitación del local el 23.2003. página 121.- . Llambías. no afectará la solución que ha propiciado. J. Tratado de Derecho Civil. Teoría General de la Responsabilidad Civil.9. De su lado. amén de probarse la conducta ilícita y definirse el factor de atribución.. 170. en el mejor caso para Telefónica. núm. mientras que la instalación estuvo concluída. T.. el 10.15 Pero. 4. 1983.10. y Vallespinos C. además. Alemparte dijo que dicha tarea sólo concluyó el 20.En este escenario podría sostenerse que la imposibilidad de operar el locutorio o "cyber" no habría derivado esencialmente de la tardanza de Telefónica sino de la morosidad de Alemparte para gestionar la habilitación. Obligaciones. F. T.10. la efectiva producción de un daño y la relación de causalidad entre la conducta y el perjuicio (Bustamante Alsina. I.. n° 98. para que proceda la indemnización perseguida. 185).
higiene. La Justicia debe velar por el cumplimiento de ley. por no poder ejercer irregularmente el comercio. admitir un resarcimiento a un comerciante. no podría desatenderse como posibilidad cierta que el órgano de policía municipal pudiera clausurar rápidamente el local carente de habilitación.). constituiría un contrasentido. etc.16 En este punto difiero con el Dr.Así. de recaudos administrativos. desde la óptica sustancial del código mercantil.Y entiendo evidente que la Justicia no puede amparar el ejercicio clandestino del comercio. así acoger una acción resarcitoria en este escenario equivaldría a convalidar otra actuación irregular (ya se ha reprochado otra a la demandada). no puede soslayarse que cuando la actividad que ha de desarrollar necesita de un ámbito físico que debe cumplir ciertas normas técnicas y otras específicas que derivan de disposiciones municipales (tamaño. seguridad. provincial o municipal). tanto más en una ciudad de mediana extensión como . Heredia en punto a la predicada irrelevancia de la ausencia de este recaudo municipal para mensurar la existencia y magnitud del daño.A todo evento. aún cuando ello fuera soslayado. o en infracción al derecho positivo. la aprobación del organismo local condiciona el efectivo ejercicio de la actividad redituable.Aún cuando comparto con el colega preopinante que el ejercicio del comercio no requiere. ventilación. sea cual fuere la normativa que se desatienda (nacional.
pesa sobre el demandado demostrar los hechos . la Justicia no puede bajar los brazos y los principios básicos que la sustentan.Pero aún frente a esa tangible realidad. en el caso.Constituye un principio clásico en materia de carga de la prueba que el actor sólo debe acreditar los llamados hechos generativos del derecho.Debo agregar.Y. aún cuando tal recaudo fuera presumible. de intentar el actor operar el "cyber" sin la necesaria habilitación. que resulta poco imaginable que el actor hubiera podido obtener la habilitación sin contar previamente con la línea telefónica. No me detendré a evaluar los motivos de tal geométrica expansión. por lo demás. en cambio. ningún servicio hubiera podido prestar. la eventual innecesariedad de tal recaudo debió ser acreditada por la recurrente.No ignoro que el comercio irregular o informal se ha extendido por todo el país. en tanto esta constituía esencial para el negocio a emprender. que no ha sido acreditado. Heredia.17 San Carlos de Bariloche. que la recurrente no se ha hecho cargo de la afirmación de la juez a quo en cuanto nada habría servido al actor solicitar la habilitación con anterioridad a lo informado. comparto con el Dr. y bonificar ese tipo de conductas.A pesar de lo hasta aquí dicho. en tanto ello constituía un hecho que hacía a su defensa. pues es obvio que sin la línea telefónica que debía proveer la demandada.
Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan: (a) Desestimar la apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.. Vassallo. página 199/200). Heredia.Por estas razones... devuélvase la causa al Juzgado de origen.: Juan José Dieuzeide. primer párrafo.Ante mí: Fernando M.18 impeditivos o destructivos (Rosenberg. Secretario de Cámara. La carga de la prueba.(c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto sean regulados los de la anterior instancia.Notifíquese y una vez vencido el plazo del art.Así voto.. Pablo D.(b) Imponer las costas a cargo de la parte demandada de acuerdo al principio objetivo de la derrota (art. página 114. del Código Procesal). adheriré a la solución propiciada por mi colega el Juez Heredia.//- . 68. Gerardo G. Leo. 257 del Código Procesal. Pennacca.Fdo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Couture E.
Falta de leyenda que advirtiera al usuario que el pago de dicha factura estaría sujeto a modificaciones ulteriores FALLO EN EXTENSO: En la ciudad de Buenos Aires. en consecuencia. 72 de la ley 24. 30 bis de la ley 24.A. a los 9 días del mes septiembre de dos mil diez.. del cargo . c/ EDESUR S. para resolver el recurso interpuesto por la parte actora. Art. reunidos en acuerdo los jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Juez de Cámara.A.19 CNACAF – SALA V – 09/10/2010 . al caso de autos. dijo: I.A. retroactiva reajuste Improcedencia. Treacy.065.A.240. c/ Edesur SA s/ proceso de conocimiento” – EMERGENCIA ELÉCTRICA. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. en los autos caratulados "ANDRÉS LAGOMARSINO E HIJOS S."Andrés Lagomarsino e Hijos S.Que a fojas 280/283 la Juez de la instancia anterior hizo lugar a la acción incoada por la firma Andrés Lagomarsino e Hijos S. Efecto liberatorio de sumas facturadas y abonadas. declaró "la inaplicabilidad. y. Aplicación RÉGIMEN de DE LA ENERGÍA tarifario. Art. s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO" el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? El Sr. Capital de la República Argentina. Decreto 1959/06. ECONÓMICA. Dr. Opción del usuario de someter la controversia a decisión del ENRE o del Poder Judicial. Guillermo F.
283 vta. fs.065.A. si la vía procesal elegida por la actora era la correcta. al menos mínimamente.Que a fojas 289 apela la sentencia el Estado Nacional y a fojas 293/300 expresa agravios.)) Para así decidir entendió que la cuestión a resolver se limitaba a analizar la aplicación retroactiva de un incremento tarifario sobre periodos ya facturados y cancelados por la empresa actora.//- II. Al respecto sostiene que al aplicarse el Decreto N° 1959/06 no () puede entenderse que la actora se encontraba en un estado de incertidumbre que amerite la procedencia de la acción declarativa. debió realizarse ante el ente regulador (ENRE) conforme lo determina la Ley N° 24. b) la controversia entre la actora y Edesur.20 Dec. más allá de la complejidad de la negociación y la necesidad de compensar a la empresa por la emergencia declarada por conducto de la Ley N° 25561. toda vez que su parte la había objetado oportunamente. PEN Nro." (v. afirma que: a) la Juez a quo soslayó evaluar.Como fundamento de su apelación. De esta manera. 1959/06 en la facturación de Edesur S.. concluye que el efecto liberatorio del pago de un impuesto no puede ser desconocido como consecuencia del Acuerdo suscripto por el Poder Ejecutivo con la empresa demandada a la que se le otorgó carácter retroactivo. c) la sentencia recurrida . expresó que la liberación que resulta del pago constituye un derecho adquirido cuya inviolabilidad garantiza la Constitución Nacional. en forma previa y obligatoria.. En virtud de ello.
e) la juez a quo soslayó que. se hallaban operables y exigibles una multiplicidad de actos cuya concreción debía producirse con anterioridad. citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirma que las sentencias meramente declarativas se agotan en tal declaración y tienden a evitar así la lesión a un derecho. se produjo una modificación del estado jurídico actual del escenario dispuesto mediante el dictado del Decreto N° 1959/06. y a fojas 319/328 presenta su expresión de agravios contra la sentencia de fojas 280/283.Que a fojas 286 apela Edesur S. en forma previa a ocurrir la ratificación del Acuerdo de Renegociación de los contratos de los servicios públicos. Ello así.A. Allí manifiesta que: a) la sentencia es manifiestamente arbitraria debido a que no consideró la situación de emergencia declarada por la Ley N° . f) en la sentencia recurrida sólo se confrontaron los supuestos derechos de la actora sin considerar las previsiones de la renegociación contractual. en el caso. En el caso.- III. d) no existe. en cuanto entiende que parece poco razonable pensar que el Estado tenga que notificar a cada uno de los usuarios que se le aplique las disposiciones del Acta Acuerdo.21 excede el marco cognoscitivo de la acción meramente declarativa. Ello debido a que. se celebraron audiencias públicas donde se establecieron sus bases.. Afirma que esto se realizó con el fin de posibilitar la participación ciudadana y de esa manera recibir la información con relación a las cuestiones propuestas. En este sentido. retroactividad en el cobro de las tarifas. con carácter previo a la renegociación contractual.
- IV.22 25.561. ya que debió enfrentar una grave reducción de ingresos al alterarse la proporcionalidad entre dichos ingresos y los egresos necesarios para afrontar las obligaciones pactadas en el contrato de concesión. Ello. b) no corresponde la aplicación al caso de los principios del derecho civil ya que el aumento tarifario fue impuesto por una normativa y operatoria emanada del Estado Nacional.Que a fojas 302/306 y 332/336 la parte actora contesta los traslados dispuestos a fojas 301 y 329.- .A. alcance o modalidad de una relación jurídica. Afirma que en el caso no existía un estado de incertidumbre jurídica puesto que los ajustes tarifarios han sido establecidos por actos emanados de las autoridades públicas encargadas de controlar la concesión del servicio eléctrico. por la omisión de efectuar una reserva al emitir las facturas. toda vez que ello no estaba autorizado por el ENRE. debido a que este tipo de acciones consiste en hacer cesar un estado de incertidumbre acerca de la existencia. la que no fue impugnada en su oportunidad y tiende a tutelar el interés colectivo. Los argumentos allí vertidos se tienen por reproducidos en honor a la brevedad. En este sentido sostiene que ese organismo es quien decide sobre el contenido de las facturas y las leyendas que se pueden colocar en ellas. Sostiene que esa situación es la consecuencia de la renegociación de las tarifas. d) no se puede sancionar a Edesur S. c) la acción declarativa no era un medio procesal idóneo para interponer la acción..
por entender que resulta violatorio del derecho de propiedad reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional. el agravio referido a este aspecto no puede tener favorable acogida. 324:933.En atención a ello. la parte actora cuestiona la validez de los ajustes de tarifas cobradas de manera retroactiva con fundamento en lo dispuesto en el Decreto N° 1959/06.Que sentado ello. al análisis de los agravios expresados por los recurrentes en cuanto a la procedencia de la acción.. respecto del agravio relacionado con la idoneidad de la vía procesal elegida (expresado tanto por Edesur como por el Estado Nacional).En el caso. conviene ingresar.23 V . fue asimilada a la acción declarativa de inconstitucionalidad.1. 323:1206.de naturaleza fiscal cuya validez el demandante . es dable señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en Fallos 311:1835. Ello así.tiene dicho que la acción meramente declarativa.- V. en primer lugar. cuyo objeto consiste en privar de virtualidad a las leyes. toda vez que un pronunciamiento favorable en este punto tornaría insustancial el tratamiento de las restantes defensas. De esta manera.. de los que surge con certeza la existencia de una obligación cuestiona. entre muchos otros. reglamentos y los actos administrativos dictados en su consecuencia. prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 331:337.
corresponde analizar el agravio del Estado Nacional..A. en forma previa y obligatoria. máxime cuando en las singulares circunstancias derivadas de la posible aplicación de dos cuadros tarifarios distintos (el vigente con anterioridad al aprobado por el Decreto N° 1959/06 y el vigente con posterioridad). en tanto lo permita el tipo de proceso conforme al cual se sustanció la controversia (esta Sala. distribuidores. s/ proceso de conocimiento". c/ Edesur S.571/2007. el someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del ente" (lo resaltado no es del original).A. expte 25.En este sentido. así como para todo tipo de terceros interesados. en cuanto entiende que la controversia entre la actora y Edesur S.2..065.24 Ello es así. deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente. cabe prescindir del nomen iuris atribuido por el actor a su pretensión y considerar los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación.- V. in re "Andrés Lagomarsino e Hijos S. por iguales motivos que los enunciados en este artículo. grandes usuarios. con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad. debía realizarse ante el ente regulador (ENRE) conforme lo determina la Ley N° 24. ya sean personas físicas o jurídicas. es dable destacar que el artículo 72 del mencionado texto legal establece que "[t]oda controversia que se suscite entre generadores.A."Es facultativo para los usuarios. del 29/06/2010).Por otro lado.- . transportistas.
con las distribuidoras "con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad". como sostiene el Estado Nacional. no resultando manifiestamente inadmisible la vía elegida por el actor. conviene ingresar en primer lugar al análisis de los agravios de la demandada Edesur S.000. que el segundo párrafo del artículo transcripto faculta al usuario a plantear ante el ente regulador "toda controversia" que se suscite -entre otros. fs. De este modo.065. Por lo tanto. al momento de resolver. 64/79) su situación encuadra en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo en cuestión.La empresa distribuidora se agravia en cuanto entiende que la Juez a quo. planteadas por los recurrentes.Conforme a lo expuesto.000 y $8. ocurrir directamente al Poder Judicial.- VI Que en este sentido. prescindió de la situación de .A.- V .o. éste no poseía la obligación de presentar su reclamo en forma previa ante el ENRE. aquél podrá optar entre someter la controversia a decisión del ENRE -en cuyo caso la resolución que éste adopte podrá ser recurrida en sede judicial mediante los procedimientos previstos en la propia Ley N° 24.25 Es decir.. v. como en el sub lite.Por ello. cuya facturación oscila entre los $4. atento a que el planteo de autos es formulado por un usuario (Andrés Lagormarsino e Hijos SA. corresponde ingresar en el análisis de las cuestiones relativas al fondo del asunto.3.
administrativa. en primer lugar es dable señalar que mediante el artículo 1° de la Ley N° 25. Los términos del acta y sus condiciones entraron en vigencia a partir de la aprobación de ella por medio del Decreto N° 1959/06. modificada por Ley N° 25. así como las restantes variables económicas previstas en ese precepto. el Poder Ejecutivo Nacional comenzó un extenso proceso de renegociación que dio lugar a la celebración del Acta Acuerdo del 15 de febrero de 2006.972. cuya paridad quedó fijada a razón de 1 peso=1 dólar. Asimismo. económica.Atento a ello. además.Ahora bien.26 emergencia declarada por conducto de la Ley N° 25. se facultó al Poder Ejecutivo para establecer condiciones no previstas en la respectivas leyes constitutivas del marco regulatorio general de la actividad respectiva.790. sin perjuicio de que en el artículo 9° se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar esos contratos teniendo en cuenta tanto el interés de los usuarios como la rentabilidad de las empresas. en la Ley N° 25.561 se declaró el estado de emergencia pública en materia social.561 que fue motivo de la renegociación de las tarifas. Para llevar a cabo ese proceso. e introducir fórmulas de adecuación contractual y enmiendas transitorias en los acuerdos definitivos a los que se arribara con las . en su artículo 8° se dejaron sin efecto las cláusulas de ajuste de las tarifas de los contratos de servicios públicos. y financiera. se dispuso extender el plazo para concluir la renegociación contractual hasta el 31 de diciembre de 2005 y.
art.790). Ello toda vez que. destacó que si bien la mencionada renegociación fue un proceso complejo y necesario para compensar a la empresa por la emergencia declarada por la Ley N° 25. a cobrarse a partir del 1o de noviembre de 2005 (punto 4.Cabe advertir que las circunstancias expuestas no fueron soslayadas por la Juez a quo.27 empresas licenciatarias o concesionarias de los servicios (cfr. en su sentencia de fojas 280/283.561. el informe complementario para la suscripción del Acta Acuerdo establece que el régimen de transición propuesto apunta a establecer hacia el futuro un cuadro tarifario transitorio que permita la sustentabilidad del servicio en condiciones de eficiencia (considerando 2o de la sentencia al respecto). Cabe destacar que este extremo se encuentra contemplado a fojas 240 del Informe de Justificación de la Propuesta de Carta de Entendimiento UNIREN - .1 de la Cláusula Cuarta). se dispuso que a partir de esa fecha se determinará un aumento del VEINTITRES POR CIENTO (23%) sobre los costos propios de distribución. los costos de conexión y el servicio de rehabilitación que percibe el CONCESIONARIO. como sostiene el recurrente. Es decir.En virtud de las normas señaladas. 3o de la Ley N° 25. en la Cláusula IV del Acta Acuerdo se estableció la aplicación del Régimen Tarifario de Transición que estableció que éste "estará vigente el primer día del mes siguiente a la ratificación por el PODER EJECUTIVO NACIONAL del ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN suscripto con el CONCESIONARIO" (Cláusula Cuarta del Decreto N° 1959/06).
1. las mismas deben aplicarse evitando distorsionar el ámbito de aplicación.En este sentido cabe destacar que dicha aplicación.Sentado ello.28 EDESUR S. agravio que. donde también se agrega que el ajuste tarifario "regirá una vez superado todo el procedimiento de ratificación del acuerdo" (v. resulta improcedente. Ello en cuanto entiende que la cuestión aquí tratada fue impuesta por una normativa y operatoria del Estado Nacional que no fue impugnada oportunamente. de acuerdo a lo expuesto. finalidad y desarrollo específico del derecho público. es dable señalar que este extremo no ha sido rebatido por la recurrente. 240 in fine). corresponde analizar el agravio relacionado con la protección del ámbito de aplicación de la normativa dictada por el Poder Ejecutivo Nacional..De esta manera. en forma retroactiva.. 32 de la demanda).A.- La recurrente alega que si bien las normas del derecho civil son de aplicación supletoria en el ámbito del derecho administrativo.- Ahora bien. fs. en primer lugar es dable remarcar que en la presente demanda se cuestiona la aplicación retroactiva del ajuste tarifario impuesto por el Decreto N° 1959/06 (v.- VI . fs. quien se ha limitado a manifestar que la Juez a quo ha desconocido la situación de emergencia. no resulta acorde con la finalidad de la renegociación de .
el efecto liberatorio del pago de aquellas sumas que ya habían sido facturadas y abonadas. fs. entre otros. 240 in fine. Cuestión que no fue rebatida por la recurrente en su escrito de expresión de agravios de fojas 319/328. toda vez que. Ello. el cual fue declarado inaplicable al caso de autos (v.VI.29 los servicios públicos dispuesta por la Ley N° 25.561. en el caso. toda vez que el régimen transitorio propuesto. y en cuanto a la imposibilidad de efectuar la correspondiente reserva en las facturas (advertencia de . del informe mencionado) y se debía realizar atendiendo el interés de los usuarios y la accesibilidad de éstos al servicio (considerando 3o del Decreto N° 1959/06). 283) por afectar el derecho de propiedad de los usuarios contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. sino que iría en detrimento de ella. Por este motivo la juez a quo declaró inaplicable el cobro retroactivo de las tarifas utilizando como fundamento. que la aplicación de este principio no afecta el "ámbito de aplicación o finalidad de la normativa emanada del Poder Ejecutivo Nacional".Cabe destacar.Por último. no se encuentran en discusión las facultades de la administración de fijar aumentos tarifarios para el servicio público de electricidad. como compensación económica por la situación de emergencia. sino que se cuestiona la aplicación retroactiva de un ajuste tarifario..2. conforme fue expuesto y atento a que no se encuentra en discusión la aplicación supletoria del derecho civil en cuestiones de derecho público. Ello así. apuntaba a establecerse hacia el futuro (fs.
si bien la Ley N° 24.Cabe recordar el principio conforme al cual la primera fuente de interpretación de la ley es su letra. cabe señalar que la recurrente no ha demostrado haber iniciado los trámites correspondientes a fin de colocar una leyenda que advirtiera al usuario que el pago de dicha factura estaría sujeto a modificaciones ulteriores. establece en su artículo 30 bis que "[l]as constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos.dispone que será el ENRE quien regule las disposiciones relativas a la tarifas (capítulo X). sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ésta. En caso que no existan deudas pendientes se expresará: 'no existen deudas pendientes'. todo ello escrito en forma clara y con caracteres destacados.065 -que establece el régimen de la energía eléctrica. pues la exégesis de la norma debe ." (lo resaltado no es del original). en su caso fechas. deberán expresar si existen períodos u otras deudas pendientes. entregue a sus usuarios para el cobro de los servicios prestados. de la que no cabe apartarse cuando ella es clara.En tal sentido la Ley N° 24.Ello así toda vez que. concepto e intereses si correspondiera.240. es dable adelantar que dicho agravio no resulta atendible."La falta de esta manifestación hace presumir que el usuario se encuentra al día con sus pagos y que no mantiene deudas con la prestataria.30 modificaciones o eventuales reajustes futuros).
corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por Edesur S.A. sino la improcedencia del cobro retroactivo de conceptos ya pagados por el usuario.561 Dtos. in re "Tannure de Repiso Alba Argentina y otros c/ PEN -Ley 25. 330:2286.- Es dable remarcar que se ha dicho que "la existencia de un efectivo gravamen que afecte a quien deduce la apelación constituye uno de los recaudos jurisdiccionales cuya previa comprobación condiciona la admisibilidad de todo recurso" (Sala I... cabe advertir que en el pronunciamiento de la Juez a quo no fue declarada la ilegitimidad del acuerdo de renegociación. En tal sentido. 293/300) carece de gravamen para apelar lo resuelto en la sentencia recurrida ya que no es el titular del crédito cuya cancelación se discute..- . cabe destacar que el Estado Nacional (cuyo recurso luce a fs.986" del 5/09/02) Por lo expuesto corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Estado Nacional a fojas 293/300.A.Que atento a la conclusión precedente relativa al recurso de Edesur S.31 practicarse sin violación de sus términos o su espíritu (v. 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.- VII. Fallos 315:1256.). etc.En atención a lo expuesto.
a fojas 319/328 y el Estado Nacional a fojas 293/300 y confirmar la sentencia de fojas 280/283.- Se deja constancia de que el Doctor Jorge Federico Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art.- El Sr. 68 del CPCCN). 68 del CPCCN).Que en atención a lo expuesto propongo al Acuerdo. notifíquese y devuélvanse.- En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede. rechazar los recursos de apelación impetrados por Edesur S. a fojas 319/328 y el Estado Nacional a fojas 293/300 y confirmar la sentencia de fojas 280/283.//Fdo. SE RESUELVE: Rechazar los recursos de apelación impetrados por Edesur S. Juez de Cámara. Dr.32 VIII.- ASÍ VOTO. Las costas deben ser impuestas a los apelantes vencidos en virtud del principio general de la derrota (art.Regístrese.: Guillermo Treacy – Pablo Gallegos Fedriani . Pablo Gallegos Fedriani adhiere al voto que antecede.A. Las costas se imponen a los apelantes vencidos en virtud del principio general de la derrota (art.. 109 RJN).A.
- A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi. dijo: I.577 “Khalil Ana Rosa perjucios”Juz. condenó a los accionados al pago de una suma de dinero con más los intereses y las costas del proceso. Cámara Nacional Sala “B”. 725/ 731. reunidos en Acuerdo los Señores de Apelaciones en lo Civil. el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente MIZRAHI. con motivo del accidente sufrido en la vía pública el día 6 de septiembre de 1999.A. Capital de la República Argentina. hizo parcialmente lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por Ana Rosa Khalil contra “Gas Natural Ban S.GERONIMO SANSO. Hizo extensiva la condena a “HSBC La Buenos . y la Municipalidad de Tres de Febrero. nº 16 c/ Gas Natural BAN SA s/ Daños y //nos Aires. 725/731. Antecedentes La sentencia de primera instancia.33 Exptes.orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS CLAUDIO RAMOS FEIJOO . Libre Nº 445. a los mes de Octubre días del de dos mil seis. obrante a fs. para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Khalil Ana Rosa c/ Gas Natural BAN SA s/ Daños y perjucios”respecto de la sentencia de fs. En consecuencia. Jueces de la Excma.”.
lo cierto es que sus argumentos sustanciales son que la Sra. II. Los agravios Los apelantes.no se encontraba registrado como usuario de la red pública de suministro de gas.A. los que merecieron réplica de la actora a fs.” y su aseguradora. cuestionan la responsabilidad que se atribuyera a “Gas Natural Ban S. 791/796. A más de ello. que desconocían que a la fecha del evento se estuviese realizando tal conexión. ni a través de algún contratista.”. en su carácter de aseguradora citada en garantía. motivarían la condena de aquél. agregaron que mal se la puede responsabilizar por las obras que se estaban realizando en un inmueble que -al momento de la emergencia. Khalil tropezó con un elemento utilizado para una conexión domiciliaria de gas a la cual era ajena la codemandada apelante.A. . Más allá de lo extenso y meduloso de la expresión de agravios en despacho. se agravian del hecho de que no se haya condenado al propietario frentista -quien fuera traído a juicio en los términos del art. 94 del CPCCN.34 Aires Seguros S.alegando que análogos fundamentos a los que justificarían que ellos se vean eximidos de la responsabilidad que se les imputó en el decisorio apelado. expresando agravios a 771/782 vta.A. y que por la misma época no estaban realizando en la zona obra alguna.” en la anterior instancia. si bien no desconocen en su presentación ante esta Alzada la efectiva ocurrencia del hecho. Contra el referido pronunciamiento se alzaron la codemandada “Gas Natural Ban S.. ni por sí. Asimismo.
825. pág. CSJN.35 III. Anotado y Concordado”. 262:222. no seguiré a los apelantes en todas y cada una de sus argumentaciones sino tan sólo en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto. Tº I. Fallos: 274:113. in fine. Alcance del análisis de los agravios Procederé seguidamente a analizar las quejas de los recurrentes. etc. Tº 1. 265:301. y de su aseguradora citada en garantía “HSBC La Buenos Aires Seguros S. 118 de la ley 17. aclarando que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes. Comentado. Fallos: 258:304. abordaré las cuestiones que considero sustanciales. del ritual. Así las cosas. Comentado y Anotado”. Por lo tanto.”.). La responsabilidad IV. advierto . es el relativo a la responsabilidad que se le imputó a aquélla en la anterior instancia. 620.a. pág. CSJN. lo que -correlativamente. 386. en sentido análogo. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. IV.A. Como anticipara en el precedente considerando II de este voto. Fenocchieto-Arazi. tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas.418. Asimismo.A.determinó que la condena se hiciera extensiva a la citada compañía de seguros en los términos del art. 144:611). 280:3201. 272 225. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.”. sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso ( ver FassiYañez. sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (art. el primero de los agravios de la codemandada “Gas Natural Ban S. Ello sentado.
pueda asistir razón a los recurrentes en lo referido a los argumentos meramente abstractos en los que se funda el fallo de grado. así como también de los sucesivos informes remitidos por ésta. Ello dicho sin perjuicio de que -en alguna medida. tal circunstancia en modo alguno habilita una decisión distinta a la adoptada por el juez a-quo. considero que en autos la responsabilidad de la encartada apelante -no obstante el elogiable esfuerzo evidenciado en la tarea de su dirección letrada. no se discute la efectiva ocurrencia del evento dañoso. la inexactitud del mentado argumento surge de un modo inequívoco de la documental acompañada por la codemandada “Municipalidad de Tres de Febrero”.luce patente sin que medie hesitación. 772. IV. 533 y fs. De las constancias de fs. IV. Empero. En efecto.c. son cuantiosos los elementos convictivos que la evidencian. Al respecto. tal como alegan a fs. 578) y en época cercana a éste. Como señalara supra.la presente queja no recibirá favorable acogida en esta instancia. Puntualizaré en primer lugar que no es exacto lo articulado por los apelantes con respecto a que los trabajos que estaban realizando en la zona del accidente (ver fs.36 que -de ser mi voto compartido. haya afectado solamente a la calzada. como se verá.b. 71. sino que el ámbito de debate se encuentra circunscripto a la responsabilidad que en su causación le cupo a la empresa recurrente. en el marco del plan de “Adecuación operativa de cañerías mayores de gas de media presión”. . Efectivamente.
no implicaba que a la fecha señalada se hubiesen finalizado los trabajos en el área del accidente. de la pieza glosada a fs. y es respuesta a la impugnación deducida por los apelantes a fs. es harto ilustrativo el informe pericial del Ing. 562/565 vta. 477 del rito. ya que este último hecho sólo puede ser presumido a partir del acta de recepción definitiva del 18/5/2000. 547/548 contra la experticia de fs. 584 se verifica que “Gas Natural Ban” se obligaba en el ámbito de esas obras a garantizar el tránsito peatonal. Más aún.37 584 y 634 vta.” durante el año 1. 557/558 (el que fue meritado de conformidad con el art. Claro está que el precedente aserto no puede ser desvirtuado por las unilaterales manifestaciones de los recurrentes de fs. corresponde precisar que tampoco es cierto que las obras que en la localidad de Pablo Podestá realizó “Gas Natural Ban S. Sucede entonces que lo reseñado en la pieza a despacho pierde virtualidad porque las obras no se limitaron sólo a la calzada sino que afectaron lugares destinados a la circulación peatonal.A. Es que las conclusiones del experto se mantienen en pie en su aptitud . se desprende con claridad que el permiso de trabajo que solicitó la apelante a su litisconsorte mediante el expediente administrativo n 4117-37252-G-99 incluía la apertura de veredas.. En tal sentido. 532/534) cuando explica que la circunstancia de que el acta provisoria de recepción del trabajo emitida por la Municipalidad de Tres de Febrero esté fechada en 1/7/99. Magri de fs. Por otro lado.999 concluyeron en el primer semestre de ese año.
Sala A. Así. en la especie parece lícito que el juzgador anteponga los dichos de un ingeniero a los de un contador. En efecto. o no se prueba que existan en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia que contradigan el dictamen (cfr. 1991 A 358. CNCiv. Magri lo descripto por el Palacio "Derecho Contador Donatti a fs.el citado contador se valió sólo de documentación emanada de la propia quejosa.. Ello es así en orden a dos motivos.L.38 probatoria cuando estamos ante meras articulaciones de las partes que. íd. 1991 E 489..L. cfr. L. b).. Por eso. por lo demás. en el sentido de que la labor de la apelante se limitó al primer semestre de 1.A. pto. adviértase que es la propia .” -a los fines de abstraerse de la obligación indemnizatoria que le impuso el judicante de gradoque desconocía la obra que opera como causa de estos obrados. 511. Procesal Civil" V 514 y sus citas). L. siendo el primero de ellos que el valor de la pericia contable es bastante relativo en el caso de autos toda vez que -a los fines de su realización. CNCiv. son inaudibles las objeciones cuando no se aportan fundamentos que demuestren que la opinión del idóneo se encuentra reñida con los principios que invoca. constituyen pareceres subjetivos sin basamento instrumental ni jurídico alguno. tampoco puede alegar la empresa “Gas Natural Ban S.La segunda de las razones apunta a la especialidad de cada profesión. Tampoco enerva lo informado por el Ing. en tanto la falta de incumbencia de éste en el aspecto en análisis lleva a descartar su conclusión como elemento convictivo. Por otra parte. íd.999. Sala C.
A. pto. Liliana S. 771 vta. Son precisamente estos reconocimientos -que lucen a fs. A tenor de lo reseñado.176 (en cuyo frente se produjo la caída de la Sra. y fueron advertidos por el perito contador a fs. y 773. 49. del 04/11/2003). c. como señaló acertadamente la Corte Federal. nótese que la propia empresa que ahora se agravia de la atribución de responsabilidad efectuada por el anterior juzgador. Es que. Empresa Distribuidora del Sur S. la obligación de supervisión que es propia de la actividad que prestan las empresas concesionarias de servicios públicos (y Gas Natural Ban lo era s/ fs.a). c)los que terminan por ratificar la responsabilidad atribuida en la anterior instancia. fue la que sostuvo que jamás supervisó la obra de marras (ver fs. cabía a la recurrente el deber de contralor de las obras a realizarse para la conexión del mentado inmueble a la red de suministro de gas natural.”. para evitar consecuencias dañosas (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo in re “Acuña. 48vta. Khalil).39 empresa la que reconoció en más de una oportunidad que el 28/5/1999 le ingresó un pedido de servicio de gas para el inmueble de la calle Hugo del Carril 10. 511. es sin dubitación lo que las constriñe a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio público se presta. 512. . y 50). lo cual evidencia claramente el incumplimiento del mentado deber de vigilancia al que me acabo de referir. Más aún. pto.
tampoco avalan la queja en análisis. el Sr. la Sra.fue clara al deponer que fue gente de la recurrente la que realizó la conexión de gas al referido inmueble (ver fs. Joel Dos Santos Bruneti manifestó a fs. señalaré otras circunstancias que conducen a la solución propiciada. a la par que indicó que la causa del luctuoso evento fue un caño dejado al descubierto por éstos (ver resp. agregando que allí siempre rompían la vereda los trabajadores de “Gas Natural” (ver respuesta a la pregunta n 3). Así.).176. Es que no puede obviarse que los testigos que depusieron en la causa -cuya idoneidad no fue cuestionada por los apelantes. 535/536 que en la zona del accidente había estado trabajando gente en una cámara de gas del Estado (ver respuesta a la repregunta n3). Gómez Becerra -quien está vinculada con la Iglesia de Cristo Pentecostal.40 No obstante que lo hasta aquí expuesto son elementos suficientes para confirmar la sentencia en crisis. Tales dichos fueron avalados por el testigo José Silva (a quien los apelantes sin acreditarlo sindican como el sujeto que realizó la rotura de la vereda en cuestión por indicación de la referida Iglesia según fs. 773). En suma. 646 y vta.). cit. propietaria del fundo de la calle Hugo del Carril 10. tales asertos ratifican lo dicho por los anteriores testigos en el sentido de que la causa del accidente fue que los empleados de la apelante . Por otra parte. cuando testificó negando vinculación alguna con la antes citada entidad religiosa y especificó que los empalmes de la conexión de los distintos domicilios a la red de gas es realizada por los dependientes de la empresa prestataria del servicio.
es dable afirmar que el evento de marras obedeció a la exclusiva responsabilidad de la encartada “Gas Natural Ban S. A mayor abundamiento. deviene irrefutable que quien presta un servicio público se convierte en guardián de las instalaciones de las que se vale al efecto (ver esta Sala. en tanto no adoptó las medidas de protección que exigían las obras que se estaban realizando en el lugar del siniestro. como ser efectuar alguna advertencia que permitiera a los transeúntes prevenirse de la existencia del peligro. 647 y vta.41 no tomaron las medidas de cuidado y previsión tendientes a evitar el acontecimiento que me ocupa (ver fs.”. aplicable la previsión contenida en el segundo supuesto del segundo párrafo del art. 192 y 534). IV. del 21/12/2005.tampoco resulta favorable a la postura de los recurrentes. según la normativa vigente se entiende que la instalación interna de un domicilio no se prolonga más allá de los 20 cms.”.d. diré que el lugar en el que se produjo la caída de la actora -a aproximadamente un metro del frente de la Iglesia s/ fs.5)resulta Argentinas S. De lo hasta aquí precisado. Es que como bien señala el perito ingeniero actuante.A. 1113 del Código Civil. de la línea municipal. 535 vta. más allá de la cuestión dominial de la obra. Aguas LL 25/4/2005 p. En tal inteligencia. en autos . siendo de ahí en más responsabilidad de la prestataria del servicio la conservación de las instalaciones (ver fs.A. considero que -tal como dije antes de ahora (ver mi voto en autos “Remestvensky. María Luisa c. Acontece que.).
situaciones que no se presentan en la especie. 513 y 514 del referido cuerpo normativo. . antes bien. IV. JA 2002-I. De todas maneras. se advertirá que la ley prescinde de la conducta observada por la accionada en el acontecimiento ilícito. ésta es la que deberá probar los eximentes antes mencionados si pretende interrumpir en todo o en parte el nexo causal que emana de la norma aplicable al caso. no será ya la actora la que deba acreditar la culpabilidad de la emplazada sino. de un tercero por quien no tiene el deber legal de responder.”. y esta labor ha brillado por su ausencia conforme a las constancias del presente juicio.e. La conclusión precedente emerge de que en estos supuestos no se trata de atribuir culpa. 445).42 “Gotfryd c/ Edesur s/ ds.no lucen en la causa. lo cual le exige ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que aquél es prestado a fin de evitar consecuencias dañosas. salvo que acredite que el hecho denunciado obedeció a la culpa de la propia víctima. Por lo tanto. sino que el dueño o guardián de la cosa -que por su riesgo o vicio causa un daño a otro. del 11/9/2001. Como corolario. y ps. debe responder objetivamente en los términos de la norma citada. debe confirmarse este aspecto del decisorio de grado. En ese orden de ideas. es mi convicción que la empresa prestataria de un servicio público tiene la obligación de supervisar el desarrollo de la actividad que explota. En consecuencia.es responsable del daño causado. probanzas que -reitero. o al casus previsto en los arts.
c. diré que el sólo hecho de que este tercero haya sido declarado rebelde a fs. DJ 12/04/2006.. son los que me conducen a concluir que ningún reproche merece aquélla institución religiosa. Baxis S. Así voto. Juan A. Conclusión A tenor de los fundamentos fácticos y jurídicos hasta aquí desplegados. y sabido es que el valor probatorio de la ficción no puede ser mayor que el de la realidad (cfr. del 08/11/2005. mi anterior voto en autos “Bonne Sanchez. propongo al Acuerdo que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio. Alberto Enrique c/ Di Pasquale Federico Hernán”. sala C. VI. Por lo demás. Costas de la Alzada a . 115. Iglesia Pentecostal del Reino de Dios.”. resulta abstracto expedirse sobre la situación del tercero citado a juicio. Khalil. Es que los mismos argumentos que me llevaron a determinar la responsabilidad de “Gas Natural Ban S.R.43 V.A. de ninguna forma habilita a hacerle extensiva la obligación de indemnizar a la Sra. y otro”.L. Es que la mentada contingencia procesal no autoriza a apartarse de las pruebas producidas. CNCom. ya que tal circunstancia no altera la secuela regular del juicio y la sentencia debe igualmente ajustarse a las constancias de la causa (cfr. Acoto sobre el punto que la presunción que emana de la declaración de rebeldía no es más que una ficción. in re “De Sousa. del 21/3/2006). 993). p. La situación del tercero citado De acuerdo al modo en que se ha resuelto la precedente cuestión. Cabe pues el rechazo del agravio.
J.- CLAUDIO Buenos Aires..- Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede.Es fiel del Acuerdo. y en virtud de las constancias de fs. Teniendo en cuenta como se decide en esta instancia. Asimismo. 261-223. apreciada por su importancia. 799 vta. labor desarrollada. H. resultado obtenido. 282361.RAMOS FEIJOO . Con lo que terminó el acto: MAURICIO LUIS MIZRAHI. 253-96. esta Sala. Los Dres.. cuestión propuesta.Civ. Costas de la Alzada a los apelantes Asimismo.nº 11. CPCCN).051/93 in re: “Hernández c/Jamaral . Octubre de 2006. C. Ramos Feijóo y Sansó. por análogas razones a las votaron en el mismo sentido a la aducidas por el Dr.GERONIMO SANSO. fallos: 236-127. 239-123. 798 y fs. Mizrahi.Nac. se confirma la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravio.S.44 los apelantes vencidos (art.. etapas cumplidas. 242-519. C. extensión y calidad.N. se declara vencidos. que a efectos de meritar las experticias confeccionadas se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. 68. desierto el recurso interpuesto por la Municipalidad de Tres de Febrero. monto del proceso. cabe declarar desierto el recurso interpuesto por la Municipalidad de Tres de Febrero.
las regulaciones practicadas a favor del letrado apoderado de la parte actora Dr. 12 y cctes. entre otros).000) los del perito médico Dr. del arancel). arts. 10. 14.. 19. los honorarios de los letrados apoderados de la codemandada “Gas Natural. fs. en cambio. 9. 733. Noailles y Maris (Conf. así como la incidencia que las mismas han tenido en el resultado del pleito. confirmándose. fijándose en PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ( $ 3. id. José María Bruni y en PESOS UN MIL TRESCIENTOS ( $ 1.432. del 17. 731.972/99. 8. ambos apelados únicamente por altos.06. de la ley n  21. id. nº 44. 38. de la ley n 24.02.. 478 del Código Procesal y lo dispuesto en los arts. Corres y en PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ( 950) en conjunto. 37. 1.Maris. 737 y fs.97. recursos de apelación interpuestos por bajos a fs.Notifíquese y devuélvase. Marcelo Pedro Corres y del perito contador Alfredo Donatti. H.45 s/Daños y Perjuicios”. 744. en PESOS UN MIL ( $ 1. in re: “Alvarez c/Sayago s/Daños y perjuicios”. 49 y cctes. del 20. id.- .134. del 23. in re: “Patri c/ Los Constituyentes s/ Daños y Perjuicios”.Por su labor en la Alzada se fijan en PESOS UN MIL QUINIENTOS ( $ 1. se modifican las regulaciones de fs.839 con las reformas introducidas por los arts. y por altos de fs. 6.03. Laura A.. 737. 7.04.800) en conjunto. los que deberán abonarse en el mismo plazo que el fijado en la instancia de grado. lo preceptuado por el art. los de los Dres.300) los del perito ingeniero Osvaldo José Magri. 49 y cctes.” y la citada en garantía Dres.12. id. H.. Noailles y Carlos A.500) los honorarios del Dr. n 363.
Nº 32.. CONSIDERANDO: I.La Sra.resulta extemporánea. (AySA S. señaló que la ACIJ promovió demanda a fin de que se ordene celebrar una audiencia pública con anterioridad a la suscripción del contrato de concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales entre el Estado Nacional y la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S. Destacó que sin perjuicio de la legitimación o la .CNACAF .SALA III . Derecho humano al agua. Acceso a la información.A.635/2007 ."ACIJ c/ EN. Falta de previsión legal.29/05/2008 Buenos Aires. consideró que dado que el oficio dirigido al PEN fue recibido el 14/2/08.ley 24240. 42 de la Constitución Nacional. en consecuencia.A. ordenar el desglose de la presentación de fs. AUDIENCIA PUBLICA previa a la suscripción del contrato de concesión. Por otro lado. 29 de mayo de 2008. Para así decidir..47 SERVICIOS PUBLICOS.Y VISTOS. Art. Participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas. Agua potable y desagües cloacales.M° Planificación s/ proceso de conocimiento" .). Juez de Primera Instancia resolvió: 1 °)) desestimar el planteo efectuado por el Estado Nacional y. sin costas por no haber existido actuación útil del demandado. la contestación de la demanda presentada -con fecha 25 de febrero de este año. 380/88 y 2°) rechazar la demanda entablada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).Expte. Improcedencia.
sino sólo en cuanto a los referidos a la operación del servicio y a la modificación del cuadro tarifario. Entendió que la participación de las asociaciones en el de usuarios se encuentra resultando reglamentariamente prevista ente regulador. que en su art. en los términos del art. Distinguió este marco regulatorio de los de otros servicios (gas y energía eléctrica). 55 de la ley 24.240. rige tanto en el ámbito individual como en el amparo colectivo.48 aptitud para demandar que a la actora le otorga el art.el interés en la pretensión. en la causa. sin formalizarse una audiencia pública previa. indicó que si bien no () se trata de un amparo. que prevén la participación de la ciudadanía en audiencias públicas. dispuso invitar a las Asociaciones de Usuarios a designar representantes para integrar la Sindicatura de Usuario que actuará en el ámbito del ente regulador. debe verificarse -en el caso. Señaló . no prevista por norma alguna. así como que la regla conforme a la cual el interés es condición de la acción. no se advierte cuál es el perjuicio que puede generar la firma del contrato de concesión del servicio público a los usuarios y consumidores. acabadamente cumplimentada su participación en el control de la prestación del servicio. ya que la legitimación procesal activa presupone una determinada relación con la cuestión debatida. En ese contexto. 10. pero no como un procedimiento previo a todo acto que dicten los entes.ERAS) y reglamentado a través del decreto 763/07.221 (que creó el ente regulador de Agua y Saneamiento . Ponderó que el nuevo marco regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales fue aprobado por ley 26. 42 de la Constitución Nacional.
mientras que el Estado Nacional-Ministerio de Planificación Federal. 408.//II. 421/35. ya que ésta le fue suministrada según manifestaciones de la propia actora. Asimismo. Tampoco admitió el fundamento esgrimido respecto al acceso a la información. indicó que si bien la audiencia pública aparece como una adecuada posibilidad de expresión de los sectores sociales implicados en la decisión administrativa. 440/51. ni el referido al derecho humano al agua. 436/9 y fs. por cuanto se encuentra suficientemente protegido por las normas jurídicas aplicables (vide fs. 411. no resulta ser la única idónea. no se advierte vulneración al principio de legalidad. 10 del decreto 1172/03. pero no obliga a la autoridad a realizarla. 401/6). La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia lo hizo a fs. Inversión Pública y Servicios interpuso recurso a fs.A fs. El demandado expresó agravios a fs.Apelaron ambas partes.- . apuntó que el art. Por otra parte. 413/8 vía.49 que del marco regulatorio del servicio de aguas ni de sus normas complementarias surge en forma expresa la celebración de una audiencia pública previa a la suscripción del contrato de concesión y que tampoco resulta aplicable el decreto 311/2003 al que alude la actora. admite la solicitud de realización de audiencia pública. obran las contestaciones presentadas por las partes. y la actora a fs. Concluyó que al no encontrarse prevista normativamente la celebración de una audiencia con anterioridad a la celebración del contrato con AySA. Anexo I.
dogmáticos e insuficientes y que priva a su parte de la tutela judicial efectiva. 42 de la C.675) establece -expresamente. 20 de la Ley General de Ambiente (ley 25. c) interpreta arbitrariamente el derecho constitucional de participación de los usuarios y consumidores. respecto de los vertidos de efluentes industriales. Al respecto.50 III. lo que no fue considerado por la juez de la instancia anterior.N. indica que la mera descripción de los puntos que debe regular el contrato de concesión. que fue expresamente invocado por esa parte.La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia manifiesta que la sentencia en recurso le causa agravio por cuanto. según aduce: a) prescinde injustificadamente de la aplicación del art.el deber de las autoridades de celebrar una audiencia pública para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. b) frustra completamente el derecho a la participación ambiental que surge de la Constitución Nacional y de la Ley General de Ambiente. supone la toma de decisiones trascendentales en materia ambiental. Expansión y Mantenimiento del servicio de agua . en relación con los aspectos ambientales y. 20 de la Ley General de Ambiente. Sostiene que la sentencia sólo tiene fundamentos aparentes. Refiere que el art.. Operación. en especial. Señala que la formulación y aprobación del Plan de Mejoras. d) interpreta arbitrariamente el derecho de los usuarios de acceder a la información ambiental previsto en la Ley General de Ambiente y f) interpreta arbitrariamente el derecho humano al agua receptado en tratados internacionales con jerarquía constitucional. receptado en el art.
formará parte del contrato de concesión. art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. de acuerdo con los términos de la ley 26. constituye un hito trascendental puesto que su ejecución repercutirá ostensiblemente en el medio ambiente.N. 18. inc.675 resulta que la celebración de la audiencia pública constituye una instancia obligatoria (no discrecional) con la que. 24 del Pacto de San José de Costa Rica.. art.: 1.221 y el decreto 763/2007. al subordinar a la existencia de reglamentación que determine la celebración de una audiencia pública en forma previa a la suscripción del contrato de concesión. más específicamente. deben cumplir las autoridades para aprobar aquellas actividades que pudieran generar efectos significativos sobre el ambiente. 23. ap. que consagran el derecho de participación en los asuntos públicos (arts. art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. de los derechos de participación de usuarios y . 1°. Afirma que de la ley 25. Sostiene que el derecho de los usuarios a la celebración de audiencia pública en forma previa a la suscripción del contrato de concesión surge de los principios y derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos.51 y saneamiento básico que. XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y. art. 14. 33 y 42 de la C. art. necesariamente. Critica la sentencia por cuanto considera que en la misma se realiza una interpretación irrazonable de los derechos de participación de los usuarios y se desconoce su raigambre constitucional. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
sino también quiénes accederán a éstos o no.Refiere que esa sindicatura de usuarios tiene a su cargo el control del cumplimiento de las obligaciones que la concesionaria asumió a través del contrato (art. pues aquélla no tiene ninguna relación con el derecho de éstos a participar en forma previa a la suscripción del contrato de concesión y se halla restringida sólo a determinadas asociaciones de usuarios. a pesar de que fueron expresamente planteados por esa parte.52 consumidores que surgen del art. sino al derecho colectivo (conf. por la importancia que tienen para el futuro de la prestación del servicio público y para la vida de los usuarios -actuales o potenciales. en qué plazos y. 41 de la Constitución Nacional) y que la falta de celebración de una audiencia pública con anterioridad a la suscripción del contrato de concesión vulnera también el derecho a la . sin que su ámbito de actuación alcance a la determinación del contenido del contrato de concesión. Señala que la juez de primera instancia no se expidió respecto a los aspectos que regulará el contrato de concesión. en definitiva. destaca que su parte no alegó la vulneración de su derecho particular. Dice que la juez incurre en el grave error de considerar que la participación de las asociaciones de usuarios en la sindicatura del ERAS da satisfacción a los derechos de participación de los usuarios. art. 42 de la Constitución Nacional).ya que se determinará no sólo la calidad de los servicios. cuáles serán las obligaciones específicas de la concesionaria del servicio. 38 del Marco Regulatorio). En cuanto al acceso a la información.
según constancia que obran en el expediente. Solicita se impongan las costas del proceso a la parte actora. Aduce que la sentencia pone de manifiesto que la juez interpreta restrictivamente el derecho humano al agua.V. ya que al confrontar el oficio no se agregó ni el escrito de inicio.Ministerio de Planificación Federal.IV.Al respecto. 377/88) y los que sirvieron de sustento a la sentencia. Inversión Pública y Servicios. se agravia en cuanto se consideró que no había mediado actuación útil de su parte y se ordenó el desglose de la contestación de la demanda. el Estado Nacional. violando la normativa internacional suscripta oportunamente por el Estado Nacional. compara los fundamentos esgrimidos en el escrito de contestación de demanda (fs. Indica que al oficio de notificación no se adjuntó copia de la demanda y que recién el día 21 de febrero pudo retirarla. Aduce que medió error por parte del juzgado.Por su parte. se advierte que asiste razón al recurrente para agraviarse. corresponde pronunciarse sobre el recurso de apelación deducido por el Estado Nacional contra la decisión por la que se tuvo por extemporánea la contestación de demanda y se ordenó su desglose. pues confunde ese derecho -previsto por la Observación General N° 15 del Comité DESCcon el suministro y/o acceso a ese servicio público.En primer lugar. ni la documental acompañada. pues si bien en el oficio -por el que se le notificó el traslado de la demanda. No obstante ello.se dejó constancia de que se acompañaban .53 información adecuada de los usuarios y consumidores.
la contestación de demanda ha sido presentada con fecha 25/2/08. 66 y 369). 375/vta. corresponde hacer lugar a la apelación del Estado Nacional.la apoderada del demandado retiró -en esa fecha.). tener por contestada la demanda en forma tempestiva y dejar sin efecto el desglose del escrito en cuestión.54 las copias respectivas. fue recibido con fecha 14/2/08 y que la parte demandada pidió el 18/2/08 -cuando recién había transcurrido un día hábil desde la notificación. a fs.- . que ha sido ordenado en la resolución en recurso. teniendo en cuenta la fecha en la que esa parte retiró copia del escrito de inicio dejada por la actora en el tribunal. lo que recién puede darse por cumplido mediante el retiro de la copia respectiva el 21/2/08.la copia del escrito de inicio que se encontraba reservada en la Secretaría del Juzgado (vide fs. Por lo que. Nótese que el oficio de fs.). 380/88 vta. hasta tanto se la autorizara a extraer fotocopia del escrito de demanda (vide ap. 379. en estos términos. lo cierto es que según nota del 21/2/08 -que fuera suscripta por la Prosecretaria Administrativa. V. en tiempo procesal oportuno para cumplir ese acto procesal (vide fs.).la suspensión de los plazos procesales.En consecuencia y sin que resulte relevante -como aduce la actoraque el demandado no haya articulado la nulidad de la notificación. 376 vta. el plazo de cinco días por el que se corrió traslado de la demanda no se hallaba vencido al momento en el que se presentó la contestación de la demanda (fs.Ante ello.
en primer lugar. que versa sobre la celebración de una audiencia pública con anterioridad a la suscripción del contrato de concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales. a pesar de lo actuado en primera instancia en relación con la contestación presentada por el Estado Nacional.M° del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg. Fallos: 258:304. entrar a conocer la apelación de la actora. por ende. "Torre. 262:222. la actora solicita que se ordene al Estado Nacional celebrar una audiencia pública con anterioridad a la suscripción del contrato . 265:301. del 8/2/07. 291:390.En efecto.S. 301:970. "Sayago Horacio Adrián y otro c/ EN-PFA y otro s/ daños y perjuicios". esta Sala. del 19/7/07.no se ha configurado una situación de indefensión del demandado. la demanda ha sido rechazada en la sentencia en recurso y toda vez que -como consecuencia de ello.". sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. 297:140.VI.. 278:271. cabe poner de relieve la índole de la pretensión deducida en autos.Ello sentado. entre otros). del 11/10/07. Hugo c/ CPACF".En lo atinente a los agravios vertidos por esa parte. es importante recordar que el tribunal no se encuentra obligado a seguir a la apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada. corresponde decidir como se indica en el párrafo precedente y. "Marroquín Urquiola Ignacio Francisco c/ EN.55 En razón de que. C.
2° y 9 del de.56 de concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales con AySA S.100. (AySA S.. 304/2006). cuestión. medidas que fueron ratificadas por la ley 26. sociedad que fue constituida mediante el decreto 304/2006. se encuentra prácticamente finalizado y que sólo resta la . 1°. arts.A. iniciado en marzo de 2006.). así como que el nuevo marco regulatorio del servicio fue aprobado por la ley 26. que aprueba su plan de acción y presupuesto (conf. Inversión Pública y Servicios. a fin de que gestionara el servicio en . dio comienzo a una intensa actividad estatal tendiente a la regulación del servicio de agua potable y desagües cloacales y que -por medio del decreto 304/2006 del 21/3/06.221. con el objeto que tuviera a su cargo la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales del área atendida por Aguas Argentinas S. a través del decreto 303/2006 (de fecha 21 de marzo de 2006).La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia aduce que la rescisión del contrato de concesión de Aguas Argentinas S. del 2 de marzo de 2007 y reglamentado a través del decreto 763/2007.A.A. del 22 de junio de 2007.A. (cuyo capital pertenece en el noventa por ciento (90%) al Estado Nacional y el restante diez por ciento (10%) a los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación adheridos al Programa de Propiedad Participada) y que se encuentra bajo supervisión del Ministerio de Planificación Federal. Afirma que el proceso de regulación del servicio en cuestión.se creó la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S. del 17 de mayo de 2006.A.
de la celebración de una audiencia pública previa a la suscripción del contrato de concesión. y que. 2° del decreto 763/2007. resulta la falta de previsión -en forma expresa. pues -en definitiva. en atención a que tanto del marco regulatorio del servicio de aguas. se ha dado reconocimiento a los derechos de los consumidores y . ya que la misma halla sustento en principios y derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales. cuyo proceso se ha iniciado de acuerdo con lo establecido en el art.Sin embargo. en todo ese proceso de elaboración y sanción del marco regulatorio del servicio de agua y desagües cloacales. con la que se debe cumplir para aprobar aquellas actividades que pudieran generar efectos significativos sobre el ambiente. como de sus normas complementarias. tanto en ámbito del Poder Legislativo como del Ejecutivo.57 elaboración y suscripción del contrato de concesión a ser celebrado entre el Estado Nacional y AySA S.entiende que constituye una instancia obligatoria (no discrecional). se omitió la implementación de mecanismos de consulta y participación de los usuarios y que se puede vislumbrar que iguales circunstancias se repetirán en relación a la firma del contrato de concesión.A.Con la reforma introducida a la Constitución Nacional en el año 1994. a pesar de que no se encuentre expresamente prevista normativamente.La asociación actora solicita que se ordene al Estado Nacional celebrar una audiencia pública con anterioridad a la suscripción del contrato de concesión. no le asiste razón para agraviarse respecto al rechazó de su pretensión.
42 de la Constitución Nacional resulta la necesaria participación de los consumidores y usuarios en los organismos de control de los servicios públicos. en la relación de consumo. que sea la audiencia pública el único y exclusivo medio idóneo a fin de que el derecho consagrado constitucionalmente pueda ser ejercido de . en los organismos de control. la protección de los mismos. 42 de la C. previniendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas. lo cual no significa.Resol 1005 1007/00 STN-Resol 17 Y 18/00 s/Amp Proc. a una información adecuada y veraz.Incidente Med.N.M° EI y V. del 15/3/01). el EN. seguridad e intereses económicos. es la legislación la que debe establecer los procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional.58 usuarios de bienes y servicios públicos. Si bien de los términos del art.a través de una ley del Congreso (conf. poniendo a cargo de las autoridades pertinentes.Es que. Sala V. los mecanismos tendientes a ese fin deben implementarse -de manera exclusiva y excluyente. Sumarísimo". a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Empero. en cada caso concreto de los instrumentos o medios de control que se consideren más adecuados. "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ha dejado librado al legislador la determinación. a fin de garantizar una adecuada protección de los derechos que se les reconocen. ni surge tampoco de manera directa del texto de ese artículo. tales como el de protección a su salud. el art.
voto del Dr.Resol 1005 1007/00 STN.Inc. Uslenghi. "Audiencias Públicas". del 10/8/00. pues de éste sólo surge que las autoridades deberán institucionalizar "procedimientos de consultas" o "audiencias . toda vez que no se trata de una autorrestricción de la Administración. la que se obligaría a llamar a audiencia pública antes de dictar determinados actos. en "Procedimiento Administrativo.M° EI y V.La audiencia pública constituye uno de los mecanismos posibles. entre otros). pág.1998.986". Sala II. Sala I.VII.. Coviello. 295 y ss.M° I Y V-Resol. "Defensor del Pueblo de la Nación c/ PENME y OSP s/ amparo". pero no necesariamente el único. ya citada. Ciencias de la Administración. 8°.Tampoco el análisis efectuado se ve modificado de cara a lo dispuesto en el art. "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.Al respecto. "Asociación Civil Cruzada Cívica para la DECUSP. Alejandro J. ap. c/ EN. así como que la ley que discipline una determinada materia y encomiende su regulación o gestión a la Administración deberá indicar con precisión en qué casos resulta preceptivo el llamado a audiencia (conf. entre otros). del 11/9/98. Sumarísimo". en igual sentido. c/ EN.675 de Política Ambiental Nacional. Bs.Resol 17 Y 18/00 s/ Amp Proc.). en tanto no se encuentra previsto de manera expresa (Sala V. "Celadi y otro c/ EN (Secretaría de Transporte) y otros s/ amparo ley 16.59 manera eficaz (conf. 65/01". del 16/5/02. se ha sostenido que la regulación sustancial debe provenir de una ley formal del Congreso.. 20 de la ley 25. As.Incidente Med. Jornadas organizadas por la Universidad Austral". Med.
del contrato de concesión del servicio público de agua y desagües cloacales.hace más de dos años. respecto a la que se tomaron medidas que luego fueron ratificadas por la ley 26. se encuentra en situación de aprobación del modelo de contrato de concesión. no se colige que la audiencia pública haya sido instituida como único mecanismo idóneo a efectos de dar participación a los usuarios en estos asuntos. lo cierto es que ésta no se encuentra legalmente prevista como un recaudo obligatorio y. desde que se cumplió el plazo de treinta días desde la entrada en vigencia del mismo (publicado en el B. por una parte. cuyo proceso se inició -tal como lo reconoce la actora.Si bien la actora insiste con la necesidad de que se celebre una audiencia pública con carácter previo a la suscripción del contrato de concesión. Además. 2° del decreto 763/2007.O. de acuerdo con lo establecido en el art. por otra parte. que tampoco cabe soslayar lo que se indica en la resolución en recurso respecto a que . el 22/6/07).60 públicas".221. De lo que. como instancias obligatorias para la autorización de aquéllas actividades que "puedan generar efectos negativos y significativos en el ambiente". que aprobó el marco regulatorio y que. en el mes de marzo de 2006. tampoco es dable presumir que se pudiesen generar efectos negativos como consecuencia de la formalización -en sí. con la creación de una sociedad a través del decreto 304/2006 (cuyo capital pertenece en el noventa por ciento (90%) al Estado Nacional y el restante diez por ciento (10%) a los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación adheridos al Programa de Propiedad Participada).
Por lo demás.Frente a ello. pues -como se dijo. en los términos del art.61 en el nuevo marco regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales (aprobado por la ley 26.la misma se no halla establecida como recaudo obligatorio por norma alguna para el caso específico.221. de esta forma.ERAS y reglamentado a través del decreto 763/07). se dispuso invitar a las Asociaciones de Usuarios a designar representantes para integrar la Sindicatura de Usuario que actuará en el ámbito del ente regulador (conf. las previsiones contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos. satisfaciendo su participación en el control de la prestación del servicio. ya que no acredita -ni siquiera aduceque hubiere mediado discriminación alguna. que consagran el derecho de participación. art. en los asuntos públicos en forma genérica y el invocado derecho humano al agua (conf. 42 de la Constitución Nacional. no conmueven las conclusiones relativas al requerimiento de . así como que. 10). la participación de las asociaciones de usuarios se encuentra reglamentariamente prevista en el ente regulador.VIII. no resultan atendibles los planteos que expone la actora respecto a que no se trata de todas las asociaciones de usuarios.a través de una audiencia pública. que creó el ente regulador de Agua y Saneamiento . Observación General N° 15 del Comité DESC). como así tampoco en cuanto a que a través de la intervención de las mismas no se da satisfacción a la participación de los usuarios dado que no se admite la actuación de éstos en forma previa a la suscripción del contrato de concesión con la empresa estatal AySA -como requiere.
221. que serán presentados ante las autoridades locales correspondientes a los efectos de su evaluación y posterior aprobación. oportunidad en la que se podrán instrumentar los procedimientos correspondientes de participación ciudadana.675. así como en los planes y programas de ordenamiento ambiental.en el caso. arts.62 una previsión legal expresa en punto a la realización de la audiencia pública en cuestión. Expansión y Mantenimiento del servicio de agua y saneamiento básico. Operación. en relación con las autorizaciones de las actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente y en las actuaciones de evaluación de impacto ambiental. que aprobó el marco regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales (conf.En lo atinente a la formulación y aprobación del Plan de Mejoras. respecto a la protección del medio ambiente. luego de la suscripción del contrato de concesión que se ajustará a lo previsto por la ley 26. de lo que se trata es de la suscripción del contrato de concesión del servicio.Además. 11 de la ley 25. cuando -además. Ello es así. frente los planes que se formulen. pues la participación de las asociaciones de usuarios podrá plantearse para cada cuestión en particular. en particular. 66 a 68 de la citada ley).221). en las etapas de . tampoco se concluye en la obligatoriedad de la realización de la audiencia pública en forma previa a la suscripción del contrato de concesión. en el Capítulo XIV del Marco Regulatorio (ley 26. se prevé la realización de un estudio de impacto ambiental previo a su ejecución. Este requerimiento se corresponde con lo establecido en el art.
en forma previa al acto de suscripción del contrato de concesión de este servicio en cuestión. 19.XI.IX.lo resuelto en el Considerando V. se RESUELVE: 1 °) hacer lugar a la apelación del Estado Nacional.X-Por las consideraciones expuestas. tener por efectuada en forma temporánea la contestación de la demanda y dejar sin efecto el desglose del escrito de fs.Por último. en consecuencia. 68 del Código Procesal. confirmar la resolución en cuanto rechazó la . 380/88. 2°) desestimar el recurso interpuesto por la parte actora y. corresponde desestimar la apelación deducida por la parte actora y. las argumentaciones formuladas en torno al derecho de acceso a la información pública de acuerdo con el decreto 1172/2003.. por lo que no alteran las conclusiones relativas a esa cuestión. tampoco permiten concluir en la obligatoriedad del mecanismo de participación de la audiencia pública. corresponde hacer lugar al agravio del demandado e imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida.Por lo tanto. 20 y 21 de Ley de Política Ambiental Nacional. en relación con la contestación de la demanda presentada por el Estado Nacional y toda vez que no se advierten motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado por el art.En atención a lo que por el presente se decide. en consecuencia. en los términos de los arts. que se presenta como óbice para la admisibilidad de la pretensión articulada en esta causa. teniendo en cuenta -asimismo.63 planificación y evaluación de resultados. confirmar la sentencia en recurso en cuanto rechazó la demanda.
Calos Manuel Grecco . notifíquese y devuélvanse.: Dr. Jorge Esteban Argento . Fernández .//Fdo.64 demanda promovida por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y 3°) imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (art.Sergio G. 68 del Código Procesal).Regístrese.
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