Source: http://justiciabol.blogspot.com/2015/
Timestamp: 2019-11-13 01:52:36+00:00

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Justicia en Bolivia: 2015
TCP admite recurso de inconstitucionalidad contra límite a difusión de actos
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió hoy el recurso de inconstitucionalidad en contra de la limitación de la difusión de entrega de obras del Gobierno a 15 minutos, dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su reglamento de Campaña y Propaganda, para el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016.
El Tribunal devolvió el expediente al Órgano electoral para que en 15 días fundamente por qué generó esa norma; sin embargo, rechazó el pedido del Gobierno de dejar en suspenso la disposición electoral mientras se dilucide el recurso en el TCP.
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Marín Sandoval fue trasladado a la cárcel después de cinco días.
El Consejo de la Magistratura descubrió actos de corrupción en celdas judiciales, donde personas con resolución de detención preventiva se quedan por más de una semana, previo arreglo con efectivos de seguridad, informó la abogada Paola Barriga.
Este hecho fue desvelado después que el exasambleísta departamental Marín Sandoval pasó las fiestas de Navidad en celdas judiciales pese a existir una resolución del 24 de diciembre para su trasladado a la cárcel de San Pedro.
Sandoval fue enviado por orden de la juez Cinthia Delgadillo preventivamente a la cárcel de varones en La Paz, después de reconocer que agredió a su pareja Vivian Litzy R. P. el pasado 18 de diciembre, aparentemente por celos.
BUSCADO. El exasambleísta departamental que fue suspendido y destituido en una sesión extraordinaria, pero no pudo ser hallado en la cárcel de varones hasta donde llegaron los emisarios de la Asamblea para notificarle oficialmente de su destitución, el martes. Marín Sandóval fue buscado, inicialmente en la cárcel de San Pedro y después en celdas judiciales, donde no dieron cuenta de su paradero, comento la jurista Paola Barriga quien elevó su queja al Consejo de la Magistratura para constatar la irregularidad.
INFORME. El miércoles la representante de la Consejo, Mónica Limachi, intervino el área de celdas judiciales y verificó que Marín Sandóval fue traslado recién este martes a las seis de la tarde al penal de varones, lo que fue señalado como una irregularidad por parte de los policías destinados al área de seguridad del Tribunal de Justicia.
El jefe de seguridad, capitán Erick Salas, explicó a la autoridad que no contaban con recursos para trasladar al detenido y que recién se viabilizó la resolución el martes, lo que fue criticado por la represente del Consejo y la abogada de la familia de Vivian Litzy R. Mónica Limachi tras verificar el hecho señaló que “están incumpliendo las órdenes judiciales. Lo que están haciendo en celdas judiciales es retardar el envío de detenidos a la cárcel, situación que se debe hacer”, dijo al señalar que se iniciará un proceso disciplinario en contra de los infractores y solicitará un informe escrito a las autoridades policiales, al comandante de Policía, sobre esta anomalía.
LIBERTAD. En tanto el abogado Pablo Peredo, defensa de Marín Sandóval, declaró que solicitarán el traslado de su cliente a un centro hospitalario debido a una parálisis facial del lado derecho. El jurista además dijo que además esperan la audiencia de apelación para solicitar la cesación de su detención debido a que continúa siendo asambleísta departamental y que solo el Tribunal Electoral puede destituirlo del cargo en el que fue elegido.
“Tiene una mal que debe ser verificado por los médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y su suspensión es temporal, no definitiva”.
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Al menos 1.400 presos de las cárceles cruceñas recibieron su sentencia ejecutoriada durante las denominadas “jornadas judiciales” en la gestión 2015, las mismas que pretenden disminuir la carga procesal en el sistema penal, según sostuvo Miriam Rosell, presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz.
Según la Dirección General de Régimen Penitenciario, hasta el primer trimestre de este año la población penitenciaria en el país llegó a 13.998 presos, de los que el 82% (11.455) tiene detención preventiva y el 18% (2.543) cuenta con una sentencia ejecutoriada.
Las cárceles de Santa Cruz concentran aproximadamente 5.531 internos, que representan el 39,5% del país; de ellos, 4.964 no tienen sentencia ejecutoriada.
Rosell señaló que en las jornadas judiciales se realizaron 1.400 audiencias dentro del penal de Palmasola y algunas provincias. Fueron esas acciones que permitieron dictar sentencia para similar cantidad de personas privadas de libertad, de las que algunas se acogieron a la Ley del Indulto y recuperaron su libertad.
La autoridad judicial adelantó que el próximo año se retomarán las jornadas judiciales que han tenido buenos resultados, a fin de disminuir la mora procesal y descongestionar el sistema penitenciario cruceño. “Se priorizarán los trabajos en las cárceles provinciales, a fin de dejar la mora procesal en cero; en la segunda etapa se trasladará hasta el penal de Palmasola, donde hay al menos 5.000 presos”, subrayó Rosell
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, denunció ayer que existen al menos 1.000 juristas implicados en consorcios de jueces y abogados, que administran irregularmente procesos judiciales. El 5 de diciembre, Jiménez reveló que tiene una lista de los consorcios que manipulan la justicia, mediante contactos ilícitos. Por esto pidió garantías al Gobierno y así dar a conocer la nómina de los abogados sindicados.
“No puede ser que 1.000 abogados hayan utilizado la profesión de juristas para enriquecerse y puedan perjudicar a más de 50.000 abogados que existen en el país, por eso se debe defender el prestigio de los colegas”, dijo. El delito de “consorcio de jueces y abogados” está tipificado en el artículo 174 del Código Penal y está castigado con dos a cuatro años de prisión.
Jiménez agregó que para luchar contra esos grandes grupos se necesita ayuda y hacer fuerza para enfrentar a estos consorcios. Adelantó que dará a conocer las listas de los implicados en los consorcios en una entrevista con el presidente Evo Morales.
El jurista señaló que tiene conocimiento de la existencia de al menos 20 consorcios en el departamento de La Paz, 15 en Cochabamba, 30 en Santa Cruz y cuatro en Sucre, entre otros. Indicó que no tiene los datos de los otros departamentos.
“Lo voy a dar a conocer todo cuando los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de Justicia, Virginia Velasco; y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, se lancen a la piscina conjuntamente con mi persona”, enfatizó Jiménez.
Al respecto, el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, afirmó que hasta la fecha no llegó ninguna lista de consorcios que debía enviarlo el presidente del Colegio de Abogados de La Paz.
“Sabemos que la corrupción o la forma en la que operan es mediante vínculos organizados, desde el primer encuentro que uno tiene con la justicia, que va desde el investigador, donde se va a denunciar, hasta el juez y los abogados que conforman los consorcios y que son denunciados. Por eso se exhortó al Colegio de Abogados de La Paz a que se nos haga conocer la nómina para empezar con las investigaciones”, sostuvo el viceministro Jiménez.
En materia civil y familia Aumentarán 19 jueces para la región cruceña
Aumentarán 19 jueces para el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) en Santa Cruz.
La presidente del TDJ, Miriam Rosell, en un contacto con los medios de comunicación dio a conocer la aprobación de estos 19 jueces, de los cuales 12 estarán destinados para materia Civil y 7 en materia Familia.
No descartó que se consigan más ítems, ya que mencionó que para la materia penal también se hicieron las solicitudes correspondientes y se esperan respuestas.
Señaló que la implementación de estos nuevos funcionarios, a los que se los denominará jueces públicos, vienen seguidos de la aprobación de la contratación de nuevo personal subalterno.
"Efectivamente el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado el incremento, aún estamos esperando nuevas acciones, pero lo que se quiere es trabajar para descongestionar un poco la carga y que naturalmente los procesos no duerman en los juzgados", manifestó la representante regional de Justicia.
Mejoras. Rosell precisó que se ha hecho la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), vía el Ministerio de Hacienda, para la implementación de nuevos jueces para el tema laboral, dado que a decir de ella se están aprobando leyes y códigos del trabajo.
Indicó que actualmente hay 196 jueces en el departamento de Santa Cruz, número que es muy inferior, considerando el trabajo que existe y el incremento de casos.
Acciones. Informó que durante el 2015, se logró resolver 1.400 audiencias en la cárcel de Palmasola, dentro del plan de Descongestionamiento.
Señaló que en este sentido, Santa Cruz liderizó el país con el número de audiencias para efectivizar las sentencias en personas con detención preventiva.
La presidente del TSJ señaló que durante la presente gestión se remitieron 30 denuncias de jueces ante el Consejo de la Magistratura, para su respectiva investigación, recordando a la vez el caso de la juez cautelar Irma Muñoz, destituida el mes pasado.
Durante las declaraciones que tres acusados realizan en el juicio oral por la muerte del bebé Alexander, ayer en la sexta audiencia, la enfermera del Hogar Virgen de Fátima (HVF), Lola R.O., afirmó que el fiscal Edwin Blanco le pidió diez mil dólares para salir en libertad y que, durante la primera reconstrucción del caso, le solicitó “ayuda” para que en sus declaraciones ampliatorias mienta sobre la utilización de una sonda rectal en el Hospital del Niño, el aludido negó brindar declaración y argumentó que el caso está en reserva.
“Lo dije todo” fue la primera y escueta declaración de Lola R.O. a su salida de la sexta audiencia ayer al mediodía. Más tarde, relató que en noviembre de 2014, antes de la primera audiencia cautelar, el fiscal Blanco, en celdas judiciales, le pidió dinero.
“Él (fiscal Blanco) me ha dicho, vas estar con libertad absoluta, si tienes diez mil dólares y yo le he dicho no tengo, y es la verdad, no tengo”, declaró en entrevista con este medio, tras recordar que el fiscal ingresó a su celda pasada la medianoche.
Lola R.O. era la enfermera de turno el 13 de noviembre de 2014 en el HVF, ahora denominado “Niño Jesús”, y esa madrugada tomó la determinación de trasladar al menor al Hospital del Niño, debido al estado inconsciente en el que se lo entregó la madre sustituta, Madelen Pahe Chambi (sentenciada en juicio abreviado).
Consultado por EL DIARIO sobre la denuncia, el fiscal aludido negó brindar declaración y pidió se lo entreviste en la tarde cuando cuente con su grabadora para que no se tergiverse su declaración, sin embargo, por la tarde volvió a disculparse explicando que la información la brindaría en otro momento y el caso está declarado en reserva.
Las declaraciones que se están realizando en las audiencias, a las que se prohibió el ingreso de los medios de comunicación, según la presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia Patricia Pacajes, están siendo grabadas y servirán para realizar otros actuados, de ser solicitado por las partes, pero estas deben ser efectuadas en otra etapa.
En el juicio oral del caso bebé Alexander también se procesa a Jhiery F.S., médico del HVF, y la médico internista del Hospital del Niño, Sandra M.C., ambos de turno el día de los hechos.
Por otro lado, Pacajes informó que al proceso se apersonaron de forma legal cuatro instancias, pero sólo se admitió la participación de tres observadores: la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh-Bolivia), el Defensor del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdh).
Suleyaka Lanza, abogada de Sandra M. C., criticó que tanto los acusadores particulares como el Ministerio Público, se opongan a la presencia del observador del Colegio Médico, siendo que todos los procesados son parte del sector salud.
Al margen de la denuncia de la supuesta extorsión, la enfermera también reveló que el día en que se efectuó la reconstrucción de los hechos, el mismo fiscal, en cercanías del Hospital del Niño, la apartó de los demás implicados y le pidió que amplié sus declaraciones y afirme que en este centro emplearon una sonda rectal en el cuerpo del menor, a cambio volvió a ofrecerle su libertad.
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De acuerdo con el viceministro Jiménez solo el uno por ciento de los operadores fue sancionado y varios volvieron a sus funciones.
Diego Jiménez, viceministro de Justicia, afirmó que el Consejo de la Magistratura “encubre” a jueces corruptos, descubiertos y sancionados en la gestión 2015 en el país.
La autoridad señaló que más de 2.600 denuncias fueron registradas por el Consejo, pero solo fueron procesadas el 10 por ciento. De cuales cerca de 30 funcionarios judiciales fueron sancionados, que son el uno por ciento del total de las denuncias realizadas por los usuarios en contra de jueces, secretarios y personal de apoyo que prestan servicios en los tribunales departamentales.
“Es una mínima cantidad los jueces que fueron destituidos. Gozan de protección interna de los mismos operadores de justicia quienes no toman en cuenta las denuncias en contra de los jueces y funcionarios judiciales”.
“De este uno por ciento que presuntamente fue sancionado, varios volvieron a sus funciones vía Amparo Constitucional”.
CAMBIOS. El viceministro Jiménez explicó que ante estos hechos se debe cambiar la función del Consejo de la Magistratura, que es “juez y parte” en un proceso contra los magistrados.
“Quienes eligen a los jueces son los miembros del Consejo de la Magistratura, quienes los procesan y sancionan cuando cometen faltas, son también ellos”.
La autoridad judicial dijo que debido a las irregularidades que se observan desde el Gobierno, el Ministerio de Justicia tiene varias propuestas, una de ellas es “separa la función disciplinaria de la función administrativa” a los miembros del Consejo.
“Que no sea la misma instancia quien los elija y los juzgue disciplinariamente”.
Finalmente anunció que la Cumbre Judicial, postergada, podría desarrollarse en el primer semestre de 2016, donde se incluirá está y otras propuestas para terminar con la corrupción.
INTERVENCIÓN. En tanto, Mónica Limachi, representante de la Consejo de la Magistratura de La Paz, afirmó que cerca de 850 casos fueron procesados en el departamento y 18 destituidos de sus cargos, entre ellos nueve jueces.
Limachi recordó que el caso más relevante fue el de dos jueces de anticorrupción que solicitaron 15.000 dólares a la madre de un joven imputado por delito de violación.
18 funcionarios del Tribunal de Justicia, entre ellos nueve jueces fueron destituidos de sus cargos.
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La representación del Consejo de la Magistratura (CM) en La Paz envió a 20 jueces a procesos administrativos y disciplinarios y las causas actualmente son analizadas por las autoridades correspondientes, informó la titular de esa oficina, Mónica Limachi.
La información fue difundida por la delegada del CM en el departamento de La Paz, luego de realizar operativos en los juzgados de las ciudades de La Paz y El Alto, además de provincias, por siete meses. El trabajo tuvo el objetivo de terminar con la carga procesal que existen en los juzgados.
“Ya se mandó a procesos administrativos y disciplinarios, a unos 20 jueces de La Paz y El Alto, por distintas observaciones y denuncias que existían en contra de ellos y por ese motivo se los investiga”, sostuvo Limachi. Agregó que los procesos en contra de los operadores de justicia de La Paz aún son indagados. A los jueces se les acusa por delitos como retardación.
Proceso. Limachi aseguró que tras la información y denuncias recibidas en los operativos, el trabajo de control en el departamento continuará, pese a que existen funcionarios que rechazan ello porque “prácticamente” se los obliga a trabajar.
Al respecto, la autoridad del CM de La Paz denunció que quieren amedrentarla con procesos instaurados en el Ministerio Público y en la Asamblea Legislativa, solamente con el fin de paralizar los operativos que se hacen en los juzgados paceños.
El 24 de diciembre se dio a conocer que el ciudadano Ninawara Mejillones, de El Alto, interpuso una demanda de apertura de juicio de responsabilidades en la Asamblea en contra del presidente del CM, Freddy Sanabria, por la designación de su representante en La Paz. Se habría incurrido en el delito de abandono de funciones, ya que Limachi no habría renunciado a su cargo de juez.
“No me llegó hasta la fecha ninguna notificación sobre el proceso que se anunció y este caso se nota que es solo una guerra sucia en mi contra, para sacarme del cargo, ya que a algunas personas no les gusta el trabajo que estoy realizando con controles en los juzgados y, al parecer, les duele dejar algunas cosas irregulares que hacían”, enfatizó Limachi.
En el despacho de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, existen al menos 95 denuncias para juicios de responsabilidades en contra de autoridades judiciales, entre ellas estaría la citada denuncia.
Para el lunes 4 de enero se oficializó la inauguración del Año Judicial y el informe de gestión, que estará a cargo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani. Hasta ayer, el presidente Evo Morales todavía no confirmó su asistencia a este acto que se desarrollará en Sucre.
Mamani manifestó que en ese acto se presentará un informe de todo lo que se ejecutó en la gestión 2015, particularmente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de sus instancias dependientes, como la Escuela de Jueces, la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) y la labor que desarrollaron los nueve tribunales departamentales de justicia instalados en todo el país.
Para la ceremonia han sido invitados los más altos representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Electoral, además, todas las autoridades judiciales como también representantes de organizaciones sociales y autoridades de Sucre y Chuquisaca.
Por otra parte, Mamani se refirió a la crítica a la Justicia emitida en la evaluación del MAS en Chimoré. “Las opiniones que pudieran emitir uno u otro órgano son propias de ellos que nosotros, de la misma manera, las respetamos”. El presidente Evo Morales, en el Chapare, afirmó que la Justicia “es lo peor” dentro de las estructuras del Estado, porque está inmersa en recurrentes denuncias de corrupción.
Asignaran 15 jueces más a La Paz para reducir la carga procesal
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Juan Carlos Berríos, indicó que para la gestión 2016 se asignará 15 jueces más para descongestionar la carga procesal en materia civil, en juzgados de las ciudades de La Paz y El Alto.
"Han tomado las previsiones de incrementar jueces en materia civil, que son 10 para La Paz y cinco para El Alto", indicó Berríos.
El presidente del TDJ reiteró que para la siguiente gestión es importante que el Estado considere el incremento del presupuesto del Órgano Judicial para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura y capacitación entre otros aspectos.
CORRUPCIÓN Berríos indicó que los casos irregulares en los que están implicados jueces son aislados y por ello no se puede decir que todos los operadores de justicia están involucrados en corrupción.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, dijo que cuentan con un Tribunal de Honor que sanciona a los juristas involucrados en actos irregulares.
"Tenemos nuestros tribunales de honor donde cualquier persona que hubiese sido víctima de un engaño, de un fraude, etc. de un abogado estamos obligados a levantarles un proceso y las sanciones son graves, leves y gravísimas", señaló Jiménez al responder al Gobierno que pidió la suspensión de abogados corruptos.
Caso Belaunde Juicio disciplinario a vocales será el 5 de enero
La primera audiencia en el juicio disciplinario que el Consejo de la Magistratura (CM) sigue en contra de Ramiro López y Ricardo Chumacero, exvocales de la Sala Penal Primera, involucrado en el caso de la evasión del empresario peruano, Martín Belaunde, se llevará adelante el cinco de diciembre de 2016, según informó el abogado Ricardo Maldonado.
El jurista, defensor del exvocal López, indicó que este proceso en la vía disciplinaria se constituye en gasto de presupuesto innecesario que sólo contribuye a la carga procesal en esta instancia.
Por otro lado, remarcó que los mismos habían presentado su renuncia y que el proceso disciplinario tiene el fin de destituirlos y este hecho ya no es posible. Para dicho juicio, se tiene previsto la presencia de jueces ciudadanos, quienes deben se renumerados.
NO VOLVERÁN A SER JUECES
Sin embargo, desde la Unidad de Transparencia del CM se informó que el proceso en contra de los exvocales que, en efecto, tiene el fin de que la destitución debe cumplirse con el fin de legalizar la salida de los mismos y este trámite debe remitirse para que ambos queden impedidos en forma definitiva, para volver a constituirse en jueces o cargo alguno en el sistema judicial.
Sólo el 30 % de jueces cumplió con plazos procesales
Según los administradores de justicia en La Paz es donde más casos se procesan.
Sólo el 30 por ciento de los jueces en La Paz cumplió con los plazos procesales en la gestión 2015, según se conoció en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. El restante 70 por ciento continúa con la mora procesal.
Sobre este hecho el presidente del TDJ, Juan Carlos Berríos, señaló que la carga procesal y acefalias en algunos cargos no permitieron a los administradores de justicia cumplir con sus objetivos.
Además señaló que los abogados de litigantes también influyeron para que los jueces no cumplan con los plazos procesales al incurrir en “chicanerías”.
“Solo 3 de cada diez jueces han cumplido con sus labores al cien por ciento el resto ha tropezado con problemas logísticos que esperamos puedan ser subsanados por las autoridades jerárquicas. A ello se suman los abogados quienes le dan vueltas a los procesos”.
FALTA DE RECURSOS. En tanto Orlando Rojas, presidente de los magistrados en La Paz afirmó que la falta de recursos económicos e humanos influye para que los administradores de justicia incumplan o no lleguen a alcanzar sus objetivos trazados.
El juez Rojas declaró que algunos juzgados carecen de personal subalterno y otros de recursos económicos para comprar insumos que son utilizados en cada audiencia en los tribunales.
“Hay retardación por el accionar de los funcionarios, o hay veces es por el propio sistema judicial”.
Rojas señaló que en La Paz cada juez debe atender cerca de 2.000 causas y que muchos dejan por lo menos 1.000 procesos sin concluir.
A su turno, Juan Carlos Berríos declaró que pese al exiguo presupuesto destinado al Tribunal de Justicia, La Paz concentró más de 290.000 procesos judiciales (33,3 por ciento), de las 900.500 causas atendidas por los nueve distritos judiciales a nivel nacional.
“Pese a las observaciones que se ha tenido en esta gestión, hemos demostrado que en el Distrito Judicial de La Paz se tramitan y resuelven muchas más causas que en seis distritos judiciales. Chuquisaca, Oruro, Potosí, Pando, Beni y Tarija, juntos”.
Empero, dijo, son el distrito judicial menos atendido en dotación de recursos económicos, infraestructura, tecnología, materiales y personal capacitado”.
"Las chicanerías de abogados también influyen para cumplir con los plazos procesales.
PRESIDENTE DEL TDJ
Ministerio Público 1.322 personas fueron condenadas por narcotráfico de enero a noviembre
El Ministerio Público ha informado, que desde el 01 de enero de 2015 hasta el 30 de noviembre un total de 1.322 personas fueron enviadas a la cárcel por delitos Ley 1008 del Régimen de la coca y Sustancias Controladas, indicó el Fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero.
“De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección Nacional de Sustancias Controladas de la Fiscalía General del Estado, en el 2015 tuvimos 1.322 personas con sentencia condenatoria, de las cuales 1.072 fueron mediante salida alternativa de procedimiento abreviado”, explicó Guerrero.
Cifras. En enero se obtuvo 128 sentencias condenatorias; 101 en febrero; 126 en marzo; 148 en abril; mayo 161; junio 145; julio 113; agosto 117; 102 en septiembre; 99 en octubre y en noviembre 82 sentencias condenatorias.
Hay 916 casos de incidencia por tráfico; 139 casos por consumo y tenencia para el consumo; 333 por suministro y 365 casos por transporte.
En el departamento de Santa Cruz se logró 456 sentencias condenatorias, en La Paz 234; Cochabamba 156 y en menor escala están Beni con 45; Pando 15; Oruro 39; Potosí 11; Chuquisaca 50 y Tarija 66.
En comparación con el 2014 se tuvo 1.068 causas en investigación a cargo del Ministerio Público (15%) 6.102 causas para su conclusión a cargo del Órgano Jurisdiccional (85%). En el 2015 fueron 551 causas en investigación a cargo del Ministerio Público (8%) en tanto que las causas para su conclusión a cargo de los jueces suman 6.301 (92%).
“Se advierte que el Órgano Jurisdiccional (jueces) tiene a su cargo la mayor cantidad de la carga procesal de los delitos de sustancias controladas para su conclusión”, expresó el Fiscal General del Estado.
Guerrero también mencionó que en cuanto a carga procesal al mes de noviembre existen 6.852 casos.
El sistema judicial fue una de las mayores debilidades del Gobierno, reconoció el vicepresidente Álvaro García, en una evaluación que hizo en base a los principales temas que quedan pendientes para la próxima gestión. Ante esta crisis en la administración judicial, la autoridad aseguró que se impulsará un “giro de timón drástico” para 2016.
Denuncias y más denuncias de hechos de corrupción y extorsión de jueces y fiscales del Órgano Judicial marcaron casi todos los meses del año, la agenda del sistema judicial en Bolivia, hecho calificado por García como un cáncer que hay que extirpar.
“En 2016 tenemos que dar un giro de timón muy fuerte, muy drástico para darle a Bolivia una nueva justicia”, declaró el Vicepresidente el miércoles.
El Órgano Judicial estuvo permanentemente en escándalos y uno de ellos fue el vinculado a un “videoextorsión” donde la madre de un detenido filmó a un juez extorsionándola. En otro caso, una jueza liberó en audiencia de medidas cautelares a un jefe policial que fue hallado en posesión de 42,7 kilos de cocaína, entre otros casos.
Humberto Quispe, exfiscal, tiene varios procesos en su contra presentado por litigantes que lo acusan de extorsión, corrupción y otros ilícitos.
“La justicia está muy mal, corroída por todas partes, la corrupción atraviesa toda la institucionalidad judicial, a excepción de algunos jueces, fiscales, vocales y abogados que cumplen su labor pese a la adversidad, pero la mayor parte del sistema judicial está atravesando por la corrupción”, sostuvo la autoridad.
García Linera dijo que la justicia no se transformó y está igual o peor que hace 10 o 15 años. Asumió que el Gobierno reconoció como un “error” haber planteado la elección de las máximas autoridades judiciales por voto popular.
Añadió que se requiere una nueva institucionalidad y una nueva mentalidad de los funcionarios judiciales. “Porque todo lo construido en estos últimos años está podrido; no va, no funciona más. Entonces hay que hacer un corte, un cierre, decir esto no va más y extirpar este cáncer y que regenere algo nuevo”, sentenció.
García Linera anuncia “giro drástico” de administración de justicia en 2016
Ante la profunda crisis de la administración de justicia, el Gobierno anuncia “un cierre” y un “giro de timón drástico” el 2016, para entregar al país un Órgano Judicial ágil, gratuito y que actúe en justicia.
El vicepresidente Álvaro García Linera identificó que en este año una de las mayores debilidades fue el sistema judicial, plagado de denuncias de corrupción y extorsión, por lo que anunció un “corte para extirpar el cáncer”.
“El 2016 tenemos que dar un giro de timón muy fuerte, muy drástico para darle a Bolivia una nueva justicia”, declaró el miércoles el Vicepresidente.
El Órgano Judicial estuvo permanentemente en escándalos y uno de ellos fue el vinculado a un video de extorsión en el que la madre de un detenido filmó a un juez extorsionándola. En otro caso una jueza liberó en audiencia de medidas cautelares a un jefe policial que fue hallado en posesión de 42,7 kilos de cocaína.
Humberto Quispe, exfiscal, tiene varios procesos en su contra presentado por litigantes que lo acusan de extorsión, corrupción, entre otros ilícitos.
“La justicia está muy mal, corroída por todas partes, la corrupción atraviesa toda la institucionalidad judicial, a excepción de algunos jueces, fiscales, vocales y abogados que cumplen su labor pese a la adversidad, pero la mayor parte del sistema judicial está atravesando por la corrupción”, sostuvo.
García Linera dijo que la justicia no se transformó y está igual o peor que hace 10 o 15 años. Asumió que el Gobierno cometió el error de haber planteado la elección de las máximas autoridades judiciales por voto popular.
Añadió que se requiere una nueva institucionalidad y mentalidad de los funcionarios judiciales. “Porque todo lo construido en estos últimos años está podrido; no va, no funciona más. Entonces hay que hacer un corte, un cierre, decir esto no va más y extirpar este cáncer”.
Los nuevos conciliadores designados esperan pasar el curso de actualización impulsado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM), en enero, para empezar a trabajar desde el 6 de febrero de 2016, cuando entren en plena vigencia los códigos Procesal Civil y Familiar.
El miércoles, autoridades del TSJ y del CM designaron a los nuevos conciliadores, en cumplimiento al mandato otorgado por la Comisión de Implementación de los Códigos Morales, instancia en la que participan representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Realizan esta acción tras rescindir contratos con la primera elección, en agosto.
Mónica Chavarría, abogada y designada como jueza conciliadora para el departamento de Cochabamba, confirmó a este diario que ella y sus colegas del país recibirán un curso de actualización en enero, aunque no precisó la fecha exacta. “El curso que nos darán también servirá para las personas que no pasaron la capacitación de un mes en Sucre”.
Aldo Salinas, conciliador designado para el departamento de La Paz, indicó que la fecha exacta de la actualización se dará a conocer los primeros días de enero de 2016, de acuerdo con la información difundida a través de la página web del Consejo de la Magistratura.
Según la nómina publicada por el Consejo, se integró a nuevas personas que no pasaron el primer curso de capacitación en Sucre. Se separó a algunos abogados de la primera lista. Chavarría sostuvo que si no se capacitan las personas “nuevas”, podrían perjudicar el trabajo que deberán realizar desde febrero con la aplicación de la nueva ley.
Las autoridades del CM, en julio, designaron y posesionaron a los 157 jueces conciliadores, pero en agosto anularon ese nombramiento debido a la postergación, por seis meses, de la vigencia de los dos códigos citados.
De fiscal pasó a abogado de una de las partes en el mismo juicio
El exfiscal de materia Helmer Laura fue señalado por beneficiar de forma ilegal a una de las partes en un proceso de agresión. Rechazó la denuncia de la supuesta víctima y aceptó la de los supuestos agresores; y tras su destitución se convirtió en el abogado de éstos.
"¿Cómo es posible que el fiscal de un proceso que claramente beneficia a una de las partes se convierta luego en su abogado?”, reclama Isabel Rivas, abogada de Armindia Quisbert, la supuesta víctima en este caso. "Eso no es ético”, añade.
En julio de 2014, Quisbert denunció que su hija de 14 años fue agredida por Emma, Mary y Rosa Castro, en Laja. Incluso se presume que utilizaron unas tijeras y cuando ella intervino resultó con arañazos en el rostro. Ambas fueron al médico forense, a la menor le dieron 30 días de impedimento y a la madre, siete.
Pero también en julio Emma y Mary presentaron su denuncia por lesiones graves y leves contra Quisbert y sus hijos. Explicaron que en realidad ellas fueron agredidas sin motivo alguno incluso con tijeras. Presentaron testigos, adjuntaron certificados médicos forenses que corroboraban las lesiones y les otorgaban cinco días de impedimento a la primera y cuatro a la segunda.
En enero de este año el entonces fiscal Laura rechazó la denuncia de Quisbert por falta de indicios y con el argumento de que se presentaron testigos y documentos falsos.
Pero un mes antes la imputó por lesiones graves y leves, dando paso a la segunda denuncia. Logró la detención domiciliaria para Quisbert y una fianza de 5.000 bolivianos.
El 25 de marzo de este año la entonces imputada denunció a Laura ante la Fiscalía por dictar resoluciones contrarias a las leyes e incumplimiento de deberes. El caso fue sorteado.
Dos días después, el 27 de marzo, Laura fue destituido junto a otros fiscales, en la intervención de la Fiscalía General en La Paz. Laura tenía varias denuncias en su contra desde que trabajó en la zona Sur, junto al también destituido Humberto Quispe.
El 31 de marzo Quisbert presentó una objeción al rechazo contra su denuncia que emitió Laura, pero hasta ahora -según su abogada- no se obtuvo una respuesta.
Lo que sí continuó fue el proceso contra ella. Pasó a otro fiscal que emitió acusación formal en su contra y en noviembre, durante una audiencia de juicio oral Laura, ya destituido, se presentó ante el juez como el abogado de los Castro. Así figura en la citación y en el acta de la audiencia que fue suspendida. Este medio llamó reiteradas veces a Laura, pero no tuvo respuesta.
Pareja Laura fue denunciado junto a Humberto Quispe por un abogado contra el que habrían cometido irregularidades en un proceso penal. Ambos exfiscales trabajaban lado a lado en la Fiscalía de la zona Sur en 2014.
Cambio El año pasado Laura fue cambiado a Pucarani, provincia Los Andes, para "transparentar” el trabajo de la Fiscalía de la zona Sur. Así lo informó el entonces fiscal departamental, José Ponce.
Temor Armindia Quisbert denunció que después de lo ocurrido en julio de 2014 sufrió nuevas agresiones junto a su hija, a quien le lesionaron los dedos e intentaron dañarla con la batería de un vehículo.
Funcionario judicial Su aguinaldo lo destinó a regalos para los niños
Rolando Pelaez Ayala es un trabajador del Poder Judicial que este año tomó la decisión de donar su aguinaldo para comprar juguetes. Este gesto no es una novedad para él, pues lo practica desde que recibió su primer salario y ahora como funcionario público señala que es una manera de agradecimiento y devolver a la sociedad el beneficio de tener una fuente de ingreso para él y su familia. Mientras que Carlos Velásquez, productor musical, y Richard Escalier, empresario independiente, organizaron eventos musicales para juntar regalos y hacer felices a niños de escasos recursos.
Corazones solidarios. Rolando, abogado de profesión que se desempeña como coordinador departamental del Tribunal Constitucional en el departamento de Santa Cruz, explica que este gesto nace desde su corazón; "Este año decidí donar mi aguinaldo para comprar juguetes a los niños del Plan 3.000", comenta. "Espero reunir más de 1.000 regalos para que ningún niño de escaso recurso del Plan se quede sin un obsequio esta Navidad", dijo.
Velásquez apoya un evento musical que tiene 3 décadas, el 'Hagamos al Niño Feliz', que reunió este año a músicos de mucho talento que lograron una importante asistencia de fanáticos que llevaron hasta la fraternidad Mosqueteros sus aportes. Velásquez informó a El Día que hoy salen en caravana los músicos a repartir los juguetes a diferentes hogares y centros de acogida en la zona periférica de la ciudad.
Escalier es propietario de Picasso Pub, que se caracteriza por ofrecer solo rock a sus clientes, mismos que fueron convocados la semana pasada a un recital donde aportaron con presentes para los niños. "Entregamos los regalos a los barrios más alejados de la ciudad porque allí no llegan los beneficios".
Fiscal admite crisis de la justicia y busca honestidad en su personal
“Somos muy autocríticos y asumimos que la justicia está mal, que tenemos debilidades (...) Somos conscientes del difícil momento que atraviesa la Justicia”, reconoce el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
El Fiscal General del Estado es la máxima autoridad del Ministerio Público en el país.
En la actualidad, existe una crisis en la justicia y las principales observaciones están referidas a temas de corrupción y falta de transparencia en los procesos.
A poco de ingresar a un nuevo año, expresa que los recursos económicos del Ministerio Público son insuficientes, pero prevén fortalecer el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en Cochabamba con personal y equipos para que sea el núcleo del país en el tema de formación y capacitación.
También habló de los mecanismos que están poniendo en vigencia para controlar el tema de enriquecimiento ilícito de administradores de justicia.
En su visita a Cochabamba, el 18 de diciembre, conversó con este medio de comunicación en la oficina de la Fiscalía Distrital.
P: Hay una Fiscalía más estricta en tema de lucha contra la corrupción, ¿es una forma de responder a la demanda de la población y a la crisis judicial?
R: Es una política institucional. Cuando llegamos al Ministerio Público no había ni siquiera control al personal, registro biométrico, fails ordenados. Había fiscales sin computadoras, sin escritorio, había fiscales que no tenían aire acondicionado en Santa Cruz, una impresora (...) Hemos trabajado en dotar de condiciones, de mejorar en infraestructura, en equipamiento. Hoy todos los fiscales del país tienen su computadora, su impresora, un 80 por ciento de los fiscales tiene su computadora portátil, nuestros equipos tienen máquinas fotográficas, scanner, fotocopiadoras, que no había antes. Hoy contamos con todo eso, se ha avanzado en 2013 y 2014 en toda esa temática.
El 2015 ha sido el año de la gestión fiscal, de cómo mejoramos, cómo calificamos a nuestros cuadros fiscales y cómo vamos luchando contra la corrupción al interior y fuera de la institución. Hemos tenido una actitud muy dura, implacable en el tema de corrupción. Fue retirada una gran cantidad de fiscales con procesos disciplinarios y penales. Han habido tres fiscales departamentales que han estado en la cárcel por procesos, el exfiscal de Santa Cruz, el exfiscal de Oruro y a la exfiscal de La Paz la hemos tenido que despedir porque no pagaba alquileres y una serie de quejas.
Son varios fiscales de materia los procesados precisamente en algunos casos por retardación, por incumplimiento de plazos, en otros casos por temas de denuncias de extorsión, de cobros, de favorecimiento en determinadas resoluciones.
Entonces, estamos en un proceso de depuración del Ministerio Público.
Fue intervenida la Fiscalía de La Paz en marzo. Ahí se retiraron a más de 25 personas entre fiscales y asistentes de la Fiscalía. Lo mismo se hizo en Oruro, donde se sacaron a 12 personas.
Es parte de esa política de puertas abiertas, donde la gente debe ingresar a presentar sus quejas, sus reclamos, debe hacer conocer algunas sugerencias que hay. Siempre recomendamos a los fiscales a través de instructivos, de ciertos mecanismos internos que deben abrir las puertas, escuchar a las víctimas, no revictimizar, cero cobros. Es gratuito el trabajo de la Fiscalía, son acciones destinadas a transparentar al Ministerio Público.
P: ¿Es difícil?
R: Siempre es difícil. Somos conscientes del momento que atraviesa la justicia, de la crisis que genera. Pero, no solo es un tema de los operadores, sino que es un problema que debe ir más allá, donde la propia sociedad, viendo qué tipo de profesionales se están formando, qué tipo de abogados están formando las universidades, cuál es la currícula, cuál es la relación que hay entre los estudios de pregrado o la universitaria con la de la Escuela de Jueces, Escuela de Fiscales, Escuela de Abogados, cómo están formando a los nuevos cuadros en el ámbito del sistema judicial en general, no solo del Ministerio Público.
Son varios temas, el modelo de gestión judicial, cuál es el perfil que debe tener un servidor judicial, cómo debe ser. Lamentablemente pareciera que se invierten los valores y se habla del mejor “abogado”, haciendo referencia al que hace durar más los juicios, al que presenta mayor cantidad de incidentes, al que hace suspender los juicios.
Pareciera que para la gente común, para el ciudadano, ése es el mejor abogado.
Y, ¿cuál es el “peor abogado”? El que da salidas, alternativas, el que quiere llegar a una conciliación, el que dice ‘no’ a este proceso porque ‘es muy largo’, ‘arreglemos de otra manera’. Dicen que ese abogado no sirve, que no es bueno. Lamentablemente se ha invertido.
Entonces, ¿cómo vamos cambiando, transformando eso? En el Ministerio Público somos muy autocríticos y asumimos que la justicia está mal, asumimos que tenemos debilidades también, que las estamos combatiendo y tratando de superar. Pero, los jueces, los policías, porque la Policía es una institución fundamental en el tema de administración de justicia, los abogados, todos hablan que jueces y fiscales tienen parte en la justicia.
Los abogados litigantes, los consorcios, ¿cuál es el nivel de responsabilidad para que la justicia esté mal?, consideramos que es una tarea de todos los sectores, desde la universidad, pasando por jueces, fiscales, policías, abogados, las instancias del Estado, pasa por una decisión política de asumir verdaderas reformas o transformaciones de la justicia. Lo otro son parches, son remiendos, que no van a hacer una reforma estructural.
No se trata de acortar los plazos o agravar las penas, no se trata de decir que si antes eran 20 días hoy que sean 10, si antes eran seis meses acortaremos a tres o de agravar las penas y si antes ese delito era cuatro años le daremos ocho años, no se trata de eso, sino de verdaderas políticas a partir de la construcción de una política criminal, política de Estado, donde cada institución cumpla un rol preventivo y algunas como el Ministerio Público cumplan un rol de persecución penal, pero más estratégico, más inteligente para llegar a buenos resultados.
Lo que pasa es que en los últimos tiempos se ha dado una excesiva penalización de todo.
Un conflicto entre vecinos, de la pareja, de deuda, de alquileres llega a la Fiscalía, entonces se ha dejado de lado la última razón del derecho penal y como otras instancias no están solucionando este problema, todo es penal.
Hace unos meses vino una señora que le debían de un anticrético 10 mil o 15 mil dólares, había presentado su denuncia en la Fiscalía, que como parece que no le daban curso en la Fiscalía de Chuquisaca, vino a la Fiscalía General y me comentó su problema. Luego de la explicación, le dije que era un tema de la justicia civil y que debería acudir ahí, me dijo que sabía que era un tema civil, pero que es más rápido por la vía penal porque lo hacemos imputar, lo cautelamos y nos va a pagar, porque si es por la vía civil tardará cinco, 10 años y no pagará, entonces con ese razonamiento se carga las causas.
Este año, hemos tenido 112.904 casos y se ha incrementado un 13 por ciento en comparación a la gestión anterior y un 22 por ciento en comparación a 2013.
Entonces, culpables son los factores, la excesiva penalización, ausencia de políticas preventivas, el hecho de que otras instancias no cumplen su rol. Entonces, muchos de esos temas se van penalizando y de estos 112.904, el 70 por ciento está en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el 30 por ciento se distribuye en los seis restantes departamentos.
P: ¿Qué cantidad de fiscales y otros funcionarios públicos han sido destituidos o tienen procesos este año?
R: Fueron destituidos 45. Hay en curso unos 150 procesos contra fiscales, 100 aproximadamente están en La Paz y los 50 restantes en todo el país. Hay otros procesos contra otros funcionarios.
P: ¿En el caso del IDIF en Cochabamba qué es lo que falta hacer, considerando que no funciona en su totalidad?
R: Tenemos una gran infraestructura en Cochabamba, está funcionando en un 30 por ciento de su capacidad. En cuanto a equipamiento tenemos una de las infraestructuras del IDIF más modernas de Suramérica con todos los estándares. Hay un proyecto a diseño final y un terreno para construir en Santa Cruz otro edificio del IDIF porque ésa es la parte científica de la investigación que realizan los fiscales, eso nos permitirá dar ese salto cualitativo.
Al potenciar y fortalecer el IDIF vamos a hacer que la investigación sea más científica.
Tenemos que fortalecer el IDIF para que Cochabamba sea el núcleo central de las investigaciones, donde no solo se hagan las pericias, sino que se capacite, se forme a los nuevos peritos de Bolivia.
Hay que aprovechar la plataforma que tenemos hoy con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIMP) para intercambiar experiencias. México, por ejemplo, ha puesto a disposición los institutos que tiene del Ministerio Público, lo propio Venezuela y Brasil.
Falta equipamiento. Si bien hemos comprado una cantidad de equipos de genética, toxicología, laboratorios, con aporte del TGN, de Dinamarca y la propia Gobernación, falta.
Hemos comprado las cámaras frigoríficas, pero falta más.
También se debe incrementar el número de ítemes para personal, yo estimo que un 30, 40 por ciento , no es que no tengamos, pero todavía es una reducida cantidad.
En toxicología tenemos uno y quisiéramos tres, que sería lo óptimo, porque actualmente Cochabamba no está solo atendiendo al departamento, sino que también llegan muestras de otros departamentos como Chuquisaca, Beni, Santa Cruz.
P: ¿Ya no se envía las muestras a La Paz?
R: De Cochabamba ya no, de Oruro y Potosí todavía. Estamos desconcentrando y por eso queremos potenciar el IDIF en Cochabamba.
﻿Presupuesto de Bs 155 millones es insuficiente
﻿Para el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, el presupuesto de 155 millones de bolivianos es insuficiente, pero con ese monto se hacen esfuerzos por mejorar.
P: ¿Con qué presupuesto está trabajando la Fiscalía?
R: Actualmente, tenemos 155 millones de bolivianos, ése es nuestro presupuesto.
P: ¿Cómo se distribuye?
R: La mayoría va para sueldos y servicios, pero un 95 por ciento del crecimiento que ha habido en la planilla y el presupuesto del Ministerio Publico fue para los fiscales, asistentes, a peritos del IDIF, ni un 2 por ciento en personal administrativo. Hemos priorizado la labor de gestión fiscal. Hay una relación de un 78 a 79 por ciento en gasto corriente, sueldos, servicios y demás, y aproximadamente 18 a 20 por ciento de inversión.
P: ¿Alcanzan los recursos?
R: Es insuficiente. Hasta el 2012 la Fiscalía tenía 110 millones de presupuesto, 100 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) y 10 millones de ingresos propios, de recursos propios. Con la puesta en vigencia de la Ley 260 del Ministerio Público desaparecen los recursos propios, ya no se cobra en el IDIF ni timbres ni valorados, absolutamente nada.
Luego de una negociación, de una justificación de un presupuesto nos incrementan aproximadamente el 50 por ciento en 2013 y actualmente tenemos 155 millones.
Eso permitió un crecimiento de 436 fiscales que éramos hasta 2012 a 508 que somos actualmente, de 33 funcionarios del IDIF, de 2 médicos forenses que tenía Cochabamba hoy tenemos 7, en La Paz de 7 forenses a 16.
P: ¿Cómo lidiará con este presupuesto insuficiente considerando que el Ministerio de Economía manifestó que no se va a incrementar el presupuesto?
R: No voy a ocultar que el tema es de preocupación. Sin embargo, no supeditamos nuestra labor a un incremento de presupuesto, asumimos el trabajo con lo poco que tenemos y con los aportes, por ejemplo, de la Embajada de Dinamarca, y otros pequeños presupuestos de Unicef, sobre todo para el área de protección a víctimas, delitos de violencia, la Ley 348.
Son aportes que van a mejorar sobre todo las capacidades de fiscales, protocolos, rutas críticas, material para psicólogos, trabajadores sociales. En el área de sustancias controladas tenemos apoyo de la Unión Europea.
P: ¿Qué otros desafíos tiene la Fiscalía para el 2016?
R: Vamos a lanzar la segunda semana de enero un taller nacional para la implementación y vigencia de este nuestro nuevo modelo de gestión fiscal. Eso se traduce en plataformas amigables, en unidades de análisis, de solución temprana, fiscalías corporativas y en dar celeridad a los trámites y procesos.
Estamos viniendo de un modelo antiguo, arcaico, inquisitivo y el salto cualitativo es este modelo de gestión fiscal que ya lo hemos implementado desde enero de este año en seis fiscalías que no son del eje. Hemos tenido algunas dificultades que hemos ido ajustando.
Otro tema es la puesta en vigencia de la nueva carrera fiscal, la institucionalización en el Ministerio Público. El tema es luchar contra la corrupción, la transparencia que debe existir en la actuación de nuestros fiscales y todos los servidores. Eso también pasa por consolidar nuestra Unidad de Investigación Patrimonial, que revisa el patrimonio que tenemos los servidores del Ministerio Público y a partir de eso se está haciendo una investigación que nos arrojará datos el primer trimestre de 2016 para ver si corresponde o no la apertura de procesos.
Favoreció a juez que se presume le pagó Mamani revela datos que complican a Sanabria
La miembro del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, afirmó que existen más indicios que implican aun más al presidente de esta instancia, Freddy Sanabria, en las denuncias de corrupción en su contra.
El primer caso al que se refirió fue la denuncia de supuesta extorsión puesta en contra de Sanabria por un cobro de 8 mil dólares revelada por una exjueza de Montero en una grabación que le hizo el técnico de Transparencia del Consejo de la Magistratura en Potosí, Pedro Cayo.
El objetivo del pago consistía en que la exjuez sea trasladada a Warnes. Mamani reveló, que en sesión de Sala Plena, Sanabria pidió trasladar a esta juez a Warnes.
“Quiero ser honesta con la población, este señor Sanabria planteó en Sala Plena que se traslade a la señora de Montero a Warnes, votaron tres consejeros y después de un mes, uno de los consejeros retira su voto y se quedó estancado”, afirmó.
Agregó que éste no es el único caso que involucra a Sanabria. Mamani recordó que en 2013, cuando aún fungía como presidenta del CM, denunció la venta de títulos en Santa Cruz, a quienes habían sido designados como jueces.
“¿Quién vendió? El señor Bautista que ha sido propuesto por Sanabria. Estos hechos de extorsión, de cobros, ya no podemos tolerar, tiene que esclarecerse, el Ministerio Público tiene que acelerar el proceso para aplicar las sanciones si corresponde o no”, dijo. (ERBOL)
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El Gobierno acusa a la Magistratura de encubrimiento
a ministra de Justicia, Virginia Velasco, acusó al Consejo de la Magistratura de proteger y encubrir a malos funcionarios de la administración de Justicia, porque no asume acciones contra jueces y vocales que tienen hasta más de 20 denuncias.
La Ministra de Justicia refirió que “yo digo, si han elegido ellos, han designado ellos, obviamente, como son sus amiguitos los encubren, los protegen, no los sancionan”.
De acuerdo con la normativa, el Consejo de la Magistratura tiene como funciones preseleccionar candidaturas para la formación de los tribunales Departamentales de Justicia y designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces de partido e instrucción. Además, debe ejercer el control disciplinario y evaluar el desempeño de los funcionarios, según la Constitución Política del Estado.
“Lo que nosotros hemos visto es que pareciera que todas las resoluciones, las sentencias, tienen cotos; entonces, mi persona está viendo que el Consejo de la Magistratura tiene que seleccionar a los mejores funcionarios por meritocracia, trayectoria, lealtad y compromiso de servir al pueblo como administrador de Justicia”.
Velasco, dijo en radio Patria Nueva que “los jueces tienen más de 20 denuncias, los vocales también tienen las mismas denuncias, claro, no son todos. ¿Pero qué pasa con los del Consejo de la Magistratura?. No se pronuncian con relación a las denuncias”.
La Comisión de Implementación del Código Procesal Civil y Familiar, a través de una subcomisión conformada por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, realizó una nueva selección de 157 nuevos jueces conciliadores sobre la base de los 352 postulantes inscritos a principios de esta gestión, se informó ayer.
Con es nueva designación se dejó sin efecto la lista de los que fueron posesionados en julio pasado. El presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, dijo que la nueva selección, que duró cuatro meses, se hizo respetando normas vigentes.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, informó que la calificación fue meritoria y los nuevos funcionarios, que ya cuentan con ítems al interior del Órgano Judicial, iniciarán su trabajo el 6 de febrero previa capacitación en la Escuela Nacional de Jueces.
Los conciliadores se constituyen en mediadores de las partes en conflicto y coadyuvan en los procesos para evitar la retardación.
La primera designación de conciliadores quedó sin efecto, después de que el pasado 6 de agosto se postergara hasta el 6 de febrero de 2016.
Gobierno acusa a la Magistratura de encubrir a jueces y vocales con más de 20 denuncias
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, acusó al Consejo de la Magistratura de proteger y encubrir a malos funcionarios de la administración de Justicia, porque no asume acciones contra jueces y vocales que tienen hasta más de 20 denuncias.
“Yo digo: si han elegido ellos (Magistratura), han designado ellos, obviamente, como son sus amiguitos los encubren, los protegen, no los sancionan”, afirmó la autoridad, quien ha caracterizado su gestión por inspecciones personales a diferentes juzgados para verificar el trabajo de los operadores de Justicia.
El Consejo de la Magistratura tiene como funciones preseleccionar candidaturas para la formación de los tribunales Departamentales de Justicia y designar, mediante concurso de méritos y exámenes de competencia, a los jueces de partido e instrucción. Además, debe ejercer el control disciplinario y evaluar el desempeño de los funcionarios, según la Constitución Política del Estado.
“Lo que nosotros hemos visto es que pareciera que todas las resoluciones, las sentencias, tienen cotos; entonces, mi persona está viendo que el Consejo de la Magistratura tiene que seleccionar a los mejores funcionarios por meritocracia, trayectoria, lealtad y compromiso de servir al pueblo como administrador de Justicia”, demandó en una entrevista con la estatal Patria Nueva.
Reveló que en una inspección realizada en Cochabamba comprobó que un pasante (estudiante de la Facultad de Derecho) redactada una sentenciado cuando esa es una responsabilidad de la juez.
“Los jueces tienen más de 20 denuncias, los vocales también tienen las mismas denuncias, claro, no son todos ¿Pero qué pasa con los del Consejo de la Magistratura? No se pronuncian con relación a las denuncias”, afirmó y consideró que pueden aceptar hasta un máximo de cinco denuncias bajo el entendido que no todos los litigantes están de acuerdo con un fallo judicial.
“Ya pasando más de 20 denuncia es ilógico, ya no es coherente”, expresó y añadió: “Entonces, los del Consejo de la Magistratura pareciera que los felicitan a estos malos operadores de Justicia, no entiendo si son amiguitos, no entiendo quién los protege”.
El Gobierno y distintas instituciones cuestionan la administración de Justicia debido a una serie de hechos como la publicación de un video en el que un juez extorsiona a la madre de un acusado de violación. La administración de Evo Morales anunció una cumbre para definir la reforma judicial para sacarla de la crisis en la que se encuentra.
“Cómo los están eligiendo o designando, a cualquier funcionario, a cualquier amiguito, a cualquier compadrito, no sé, por eso es que estamos sufriendo así, en su mentalidad de ellos es lucrar, ganar más dinero”, cuestionó la ministra.
Ordenan liberación de excontratista de YPFB, José Luis Sejas Rosales
El juez Erwin Jíménez dictó este martes medidas sustitutivas contra el empresario José Luis Sejas Rosales vinculados a supuestas actividades de narcotráfico luego que la Fiscalía detectara en 47 de sus 59 cisternas residuos de droga.
Con esta determinación se espera que Sejas Rosales salga en las próximas horas de la cárcel, luego de pagar la fianza impuesta. Cabe recordar que Sejas Rosales era excontratista de la empresa estatal YPFB, que rompió sus vínculos comerciales con dicho empresario, luego de que surgieran las denuncias en su contra.
El 4 de septiembre de este año, el mismo juez Jimenez había determinado la detención preventiva en Palmasola de Sejas Rosales.
El diputado de Unidad Demócrata, Tomas Monasterio, ofrecerá una conferencia de prensa a las 10.00 en la Casa Demócrata de la Ana Bárbara para anunciar una acción penal contra el juez. Monasterio ha sido uno de los más críticos de los negocios de YPFB con Sejas Rosales.
Habilitan 2 líneas 2-119427 y 2-124657 y un WhatsApp 78939038 para denunciar a jueces corruptos
El Consejo de la Magistratura (CM) de La Paz habilitó dos líneas telefónicas y un número de WhatsApp para denunciar a funcionarios judiciales corruptos o que incumplen con su deber. Tras la denuncia se activará un mecanismo para comprobar las malas acciones de jueces, vocales, secretarios y otros subalternos.
Con el fin de que estas líneas sean visibles a todas las personas que peregrinan por los juzgados se imprimieron unos banners que fueron colgados desde ayer en oficinas y pasillos.
En los banners se lee: "Justicia gratuita!! Denuncie todo maltrato o cobro indebido”. Con letras más pequeñas están escritos los números telefónicos: 2-119427 y 2-124657. Además del WhatsApp 78939038.
Anteriormente ya se habilitó un formulario de denuncias vía web en: magistratura.organojudicial.gob.bo. Dato que también se exhibe en los nuevos banners. Ya en el sitio de internet se ingresa al botón de Transparencia y se llena el formulario de denuncia.
"Se está dando a conocer el mundo litigante y a toda la población que pueden presentar cualquier denuncia y pueden llamar directamente a estos números. Los banners serán colocados en cada uno de 207 los juzgados de La Paz, El Alto y las provincias. Nosotros conoceremos el caso y realizaremos la acción inmediata a través de la Unidad de Control y Fiscalización”, informó ayer la representante del CM en La Paz, Mónica Limachi.
La autoridad explicó que el denunciante debe identificarse e identificar también al funcionario que incurrió en actos de corrupción, maltrato, retardación u otras irregularidades.
En la medida de lo posible se debe presentar pruebas, "o en su caso llamar a estos números para que nos constituyamos en el juzgado y recabemos la información o elementos de convicción para realizar los procesos administrativos o si se trata de delitos las acciones ante el Ministerio Público”, dijo Limachi.
Esta gestión estuvo marcada por constantes denuncias contra operadores de justicia (policías, fiscales y jueces). Uno de los casos más relevantes fue el denominado "video soborno” en el que se observa a dos jueces y una secretaria extorsionar a una mujer para que pague 3.000 dólares a cambio de reducirle la pena a su hijo acusado por violación.
Tanto Limachi, como la ministra de Justicia, Virginia Velasco, intervinieron también diferentes juzgados para detectar actos ilegales en flagrancia o recabar expedientes que aporten a la investigación.
Es así que en La Paz, los tres juzgados disciplinarios atendieron de enero a la fecha 185 procesos contra funcionarios judiciales. De estas sólo 12 terminaron en destitución. Seis de los destituidos eran jueces y seis funcionarios subalternos.
Similar En noviembre de este año el Ministerio de Justicia habilitó el WhatsApp 69709686 para que la población envíe sus denuncias contra malos funcionarios. Sólo en cinco días se recibió 300 contra policías, abogados, fiscales, jueces, vocales, pasantes, secretarios y funcionarios de Derechos Reales.
Video Días antes, también en noviembre, dos jueces y una secretaria fueron filmados cuando extorsionaban a una mujer. Le pidieron 3.000 dólares para favorecer a su hijo.
Manifestación Desde entonces hubo marchas, manifestaciones y pronunciamientos de distintas autoridades del Ejecutivo que calificaron a la justicia como uno de los peores males en el Estado.
Presentan mapa judicial de La Paz tras seis meses de trabajo
La Unidad de Política de Gestión del Consejo de la Magistratura entregó ayer, después de seis meses de trabajo, el nuevo atlas de asientos judiciales de La Paz. Se trata de un mapa en el que se precisa la distribución y competencias de los juzgados en todo el departamento.
El trabajo es un requisito que el CM debe cumplir en los nueve departamentos para la implementación de los denominados Códigos Morales, entre los que se encuentra el nuevo Código Procesal Civil.
Esto se acordó en la sala plena del CM, una reunión realizada en Sucre en abril de este año, como una forma de conocer y ordenar la distribución de los despachos de los jueces.
"El objetivo del mapa judicial, conforme lo establecen nuestras normativas legales, es establecer las jurisdicciones y competencias de los juzgados, de los asientos judiciales, tanto en la ciudad de La Paz, El Alto y las 20 provincias”, explicó la representante del CM en La Paz, Mónica Limachi.
El mapa será expuesto en algunos de los juzgados y se espera que una versión digital también esté disponible en la página web de la Magistratura en los próximos días. Esto permitirá a las autoridades y a la población conocer las ubicaciones y competencias de los juzgados.
"Tenemos 207 juzgados en La Paz conformados por diferentes especialidades: jurisdicción ordinaria, agroambiental y otras especializadas”, dijo Limachi.
Con el mapa, en su versión digital, se conocerán las distancias entre los juzgados y las vías de acceso: terrestre, aéreo o fluvial.
Éstos están distribuidos en la ciudad de La Paz, El Alto, Sica Sica, Patacamaya, Charazani, Ixiamas, Caranavi, Puerto Acosta, Apolo, Viacha, Guaqui, Inquisivi, Sorata, Guanay y otras poblaciones del departamento.
El Consejo destituyó a 36 jueces, vocales y funcionarios
El Consejo de la Magistratura destituyó a 36 operadores de justicia entre jueces, vocales y personal de apoyo, este año, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.
“En tres gestiones no se había hecho, se ha hecho ahora, 36 destituciones entre jueces, vocales y personal de apoyo, entonces vemos que las sanciones ya no son para el personal de abajo, sino para los jueces y vocales”, afirmó la consejera de la Magistratura, Cristina Mamani.
Además de las destituciones, este año también hubo 130 funcionarios judiciales suspendidos sin goce de haberes por faltas graves y otros 36 que recibieron llamadas de atención por faltas leves, según la emisora local.
CAUSAS “Son más por retardación, por actuar sin competencia, por no instalar audiencias, incluso tenemos por maltrato que brindan hacia el mundo litigante pero no directamente el juez. El mayor de los casos ha sido maltrato por parte de funcionarios de apoyo jurisdiccional”, explicó Mamani.
La consejera Mamani informó que la cantidad de funcionarios sancionados en esta gestión se incrementó respecto a gestiones anteriores e indicó que esa es una muestra de que se están tomando acciones concretas para mejorar la administración de justicia en el país.
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Aplicación de nuevos códigos Modificarán nominación de juzgados en Civil y Familia
La encargada del Consejo de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, informó ayer que desde el próximo 6 de febrero se cambiará la nominación de los juzgados en materia Civil y Familia, esto debido a la puesta en vigencia de los denominados códigos morales.
Es así que ayer se presentó el nuevo “mapa judicial” que tiene el propósito modificar la nominación de los juzgados de Instrucción y Penal por los “juzgados públicos”.
En esa perspectiva afirmó que se viene preparando a los operadores de justicia que tendrán a su cargo la implementación de estos nuevos códigos que entrarán en vigencia el próximo 6 de febrero de 2016, luego de su postergación dispuesta desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, debido a la falta de capacitación del personal que tendrá en sus manos la implementación de la nueva normativa.
En la actualidad en la judicatura paceña funcionan unos 25 juzgados de Familia y en Civil son de 40.
Limachi, también explicó que existirá una fusión de los juzgados de Instrucción y Partido en uno solo, lo que facilitaría el avance del proceso hasta que se dicte la sentencia.
“Es parte del cambio del mapa judicial porque podemos ubicar los asientos judiciales que están en provincia y la jurisdicción donde se va a aplicar la normativa”, afirmó.
El proyectista del Nuevo Código Procesal Civil, Andrés Baldivia Calderón de la Barra, destacó como una de sus características es el paso a la oralidad de los procesos, en sustitución del proceso escrito, cuya finalidad es, fundamentalmente, “agilizar los procesos judiciales y que el Juez al dictar sentencia haga realmente justicia”.
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Cochabamba La mayoría de las quejas de los litigantes es contra jueces
De todas las denuncias presentadas contra funcionarios judiciales en el ámbito disciplinario, al menos el 60 por ciento es contra jueces, informó ayer el juez disciplinario No 1, Rubén Coca.
Las denuncias presentadas contra jueces apuntan en su mayor parte a la retardación de justicia, malos tratos a los litigantes y corrupción.
El encargado distrital del Consejo de la Magistratura, Jhonny Rocha, dijo que cerca del 50 por ciento de las denuncias presentadas contra jueces y funcionarios de apoyo en Cochabamba, por faltas leves, graves y gravísimas, es rechazado por los jueces disciplinarios.
La desconfianza en la administración de Justicia saltó nuevamente a la palestra tras la difusión de un video, a mediados de noviembre, en el que se observa al juez del Tribunal Anticorrupción y de Lucha contra la Violencia a la Mujer de La Paz, Marcelo Barrientos, extorsionar a la madre de un imputado por abuso deshonesto exigiéndole 15 mil dólares para cambiar el caso.
Asimismo, una jueza en Santa Cruz, Viviana Gonzales, fue enviada a la cárcel de Palmasola el 17 de diciembre, acusada de haber favorecido al coronel de Policía Juan Carlos Tapia, quien fue encontrado con droga.
JUECES DESTITUIDOS En lo que va de la gestión 2015, según los datos presentados por el Consejo de la Magistratura, los tres juzgados disciplinarios recibieron 354 denuncias contra jueces y funcionarios judiciales.
El juzgado disciplinario No 1 recibió 120 causas, de las cuales tuvo como rechazadas y no presentadas 43 casos.
El juzgado disciplinario No 2 recibió 118 denuncias, de ellas 55 fueron rechazadas o tenidas como no presentadas.
De todas las denuncias presentadas, admitidas y tramitadas por los juzgados disciplinarios, tres jueces fueron destituidos de sus cargos y una jueza renunció.
En uno de los casos, una jueza de Instrucción Civil destituida de su cargo presentó un Amparo Constitucional en Sucre, pero al final el Tribunal de Garantías de esa ciudad dio la razón al Consejo de la Magistratura, ratificando la destitución.
Asimismo, Rocha informó que un juez de Ivirgarzama ha sido notificado con su destitución, tras el trámite de un proceso disciplinario.
"En el caso de la jueza Yolanda Ramírez no tenemos sentencia administrativa, pero ella renunció a su cargo", afirmó Rocha.
Yolanda Ramírez fue acusada por el Ministerio Público de cometer actos de corrupción contra los reos de El Abra, en complicidad con el exgobernador de la cárcel Yuri Duk y el exdirector de Régimen Penitenciario Dennis Mejía.
Uno de los últimos casos denunciados es el de la jueza de Punata Norma Viviana Arnez, quien está acusada de haber organizado una fiesta en el juzgado de ese municipio.
El litigante que presenta una denuncia contra un funcionario judicial debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:
* Identificarse plenamente como denunciante.
* Identificar al denunciado, la falta disciplinaria que éste habría cometido y dónde puede ser encontrado el funcionario judicial.
* En caso de que la denuncia no cumpla con los requisitos mínimos, el juez disciplinario otorga un plazo de tres días al denunciante para que subsane las observaciones.
La jueza disciplinaria No 3, Nancy Díaz de Oropeza, explicó que la labor de los jueces disciplinarios es preventiva y correctiva. Se busca que el funcionario judicial no cometa hechos que vayan contra los intereses de los litigantes o de terceros dentro de un proceso.
La Ley del Órgano Judicial establece tres clases de faltas disciplinarias: leves, graves y gravísimas.
* Las faltas leves se sancionan mediante llamada de atención o el descuento del 20 por ciento del haber de la autoridad o del funcionario de apoyo.
* Las faltas graves tienen como sanción la suspensión del cargo de uno a seis meses.
* Las faltas gravísimas tienen como sanción la destitución del juez, vocal o funcionario.
El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, inauguró en el Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz un nuevo centro de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional o Casa de Justicia, que tiene como objetivo el acceso a la una justicia pronta y efectiva, principalmente a las personas de escasos recursos económicos.
"Sirve para el hermano y la hermana que necesita justicia, con abogados, trabajadores sociales y psicólogas que estarán al servicio de las personas de escasos recursos y tienen la obligación de hacer seguimiento a cada uno de los procesos", explicó.
Las casas de justicia brindarán servicios en orientación jurídica, patrocinio legal y conciliación en las áreas de derecho civil, penal, agrario, laboral, familiar y administrativo. También se asistirá en los procesos judiciales de asistencia familiar o casos de violencia hacia las mujeres, racismo y discriminación, violencia política, entre otros.
En el acto, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó que el objetivo del gobierno es abrir centros de servicios integrales en todos los departamentos. / ABI
El exfiscal Humberto Quispe, contra quien pesan 31 denuncias por extorsión y otros delitos, asegura ser víctima de discriminación y persecución del Ministerio Público, por lo que anunció que presentará queja ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
“Estoy presentando mi denuncia ante el Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, porque como ciudadano tengo derecho a poder trabajar. Se me está coartando este tipo de derechos con esta persecución”, declaró.
Quispe, aseguró que los procesos en su contra por supuestos delitos de corrupción, extorsión y consorcio de abogados jueces y fiscales, fueron montados de las personas que en su momento fueron procesadas por él mientras fungía como autoridad.
Según el testimonio de las más de 20 personas que conforman la “Asociación de Víctimas” del exfiscal Quispe, éste montaba procesos en colaboración de policías jueces y otros fiscales con el fin de extorsionarlas. Según las víctimas, Quispe hacia volteo de evidencias y habría perpetrado secuestros ilegales a tiendas de préstamo y joyerías.
En Magistratura paceña Más de mil denuncias contra operadores de justicia
La encargada del Consejo de la Magistratura de La Paz, Mónica Limachi, informó ayer que su despacho, desde su nombramiento en julio a noviembre se atendió 1.384 denuncias contra operadores de justicia, vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional.
Dijo que amparada en el artículo 193 de la Constitución Política del Estado y las competencias de fiscalización y auditorias, se realizaron operativos sorpresivos a través de las brigadas móviles y los juzgados disciplinarios atendieron 811 denuncias y 554 por el Consejo de la Magistratura del Distrito de La Paz”, informó en rueda de prensa.
Hizo referencia al inició procesos administrativos y penales a 554 funcionarios judiciales de La Paz y El Alto, donde están incluidos, jueces, actuarios, secretarias, oficiales de diligencia y auxiliares.
Explicó que una de las primeras tareas, fue poner en marcha las Brigadas Móviles para atender los reclamos de los litigantes en materia Penal, Civil, Familiar, Laboral, Comercial y Agroambiental.
Precisó que luego de verificar la retardación de procesos, además de malos tratos, entre otras irregularidades, se determinó la rotación de autoridades.
Apuntó que por esa decisión fue amenazada de muerte por varios funcionarios judiciales, entre ellos, el ex juez IV de Instrucción en lo Penal de El alto, Andrés Zabaleta, procesado por faltas disciplinarias.
Limachi, también mencionó que se creó la Oficina de Control Social para luchar contra la corrupción y mejorar la administración de justicia.
Detalló que los juzgados disciplinarios atendieron 811 denuncias contra personal jurisdiccional y no jurisdiccional, de las cuales, 164 obtuvieron sentencia.
Los tres jueces disciplinarios emitieron 12 destituciones contra autoridades jurisdiccionales, 6 funcionarios judiciales y más de 150 procesos entre suspendidos, multados y notificados con llamada de amonestación escrita.
Defensoría presentará resolución contra fiscales e investigadores
El representante del Defensor del Pueblo en la urbe alteña, José Luis Hidalgo, informó que, hace un año, el caso de trata y tráfico denunciado por una familia boliviana no logró ningún resultado en el proceso de investigación por parte de funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) o la Fiscalía de El Alto, razón por la que se presentará una resolución defensorial con la finalidad de que se logre un proceso administrativo en contra de todos los involucrados.
Pese a haber solicitado hace más de seis meses informes escritos para conocer el avance de la investigación, además, pese a todos los datos que se tenía en contra de los tratantes, quienes vivirían en la ciudad de El Alto cometiendo el delito de trata y tráfico de personas con el objetivo de llevarlos a Sao Paulo-Brasil, las víctimas deben aún enfrentar problemas de explotación laboral, sexual y tráfico de droga en el vecino país.
Hidalgo lamentó que la denuncia de las víctimas no fuera atendida con profesionalismo ni interés por parte del Ministerio Público, ni por los investigadores.
“Han transcurrido tres fiscales y una cantidad similar de investigadores en el presente caso de trata y tráfico de una familia, donde no sólo fueron vulnerados sus derechos, sino tuvo la familia que retornar al país con sus propios recursos y, pese a la denuncia realizada, la instancia de investigación no tuvo resultado alguno pese a tener todos los datos necesarios descritos por la víctima y la verificación realizada incluso por este medio de comunicación”, detalló.
Una de las principales falencias al interior de la Felcc no es sólo el cambio permanente de investigadores cuando tratan alguna denuncia, sino toda la primera fase de creación del cuaderno de investigaciones que no está foliado, por lo tanto las víctimas corren el riesgo de que se pierdan las evidencias, se entre papeleen o que la misma no tenga consistencia por la forma negligente con la que se llega a manejar este proceso.
Hidalgo recomienda que las autoridades del Ministerio de Justicia reglamenten el procedimiento de investigación, exigiendo que todas las pruebas documentales, materiales que corresponden a las evidencias deban estar foliadas, como ocurre en los juzgados, con la finalidad de que se evite no sólo el extravió de las pruebas, sino que se dé una continuidad legal al proceso. Otra de las falencias que genera la ausencia de normativa en la fase de investigación es que se determine tiempos concretos para el avance del caso, antes de que se haga cargo un nuevo investigador que inicie nuevamente de cero un caso, logrando de esta manera retardación de justicia.
En la actualidad se identifica dos casos en los cuales el Defensor del Pueblo solicitará la respectiva sanción a los responsables, tanto de la Felcc como de la Fiscalía, quienes no lograron realizar ningún avance de la denuncia, en perjuicio no sólo de las víctimas, sino generando retardación de justicia aspecto que significa una vulneración de los derechos humanos de las personas afectadas, señaló Hidalgo.
Cabe recordar que la denuncia presentada por parte de una familia, que fue explotada laboralmente en Sao Paulo-Brasil, inició la denuncia en la ciudad de La Paz en la Felcc en la gestión del coronel Juan Sanjinés, fue posteriormente remitida a la ciudad de El Alto por pertenencia geográfica Pese a este procedimiento burocrático, la denuncia de trata y tráfico de personas que afectó a una familia, no es investigada permitiendo la impunidad de los tratantes quienes también son vecinos de El Alto.
Otra de las observaciones registradas por parte del Defensor del Pueblo se refiere a que la población no puede acceder al derecho de la denuncia como consecuencia por la negligencia y retardación de justicia que cometen algunos investigadores de la Felcc y fiscales de esta urbe, por el proceso burocrático que debe cumplirse con el riesgo de que los afectados sean posteriormente afectados por represalias o venganza de los sancionados.
“Pese a que se trata de un proceso administrativo realizar la denuncia en contra de fiscales e investigadores, para los litigantes se convierte en asumir un segundo juicio en contra de estos dos sectores, ante la retardación de procesos en la primera fase de investigación, aspecto que no debería ser de esa manera vulnerando su derecho a la denuncia”, remarcó.
Hidalgo propone que las denuncias de víctimas de algún delito en contra de investigadores o fiscales debería ser un procedimiento ligero, fácil por ser administrativo, requerimiento que debería ser atendido por parte del Ministerio de Justicia y el propio Poder Judicial, de lo contrario se continuaría con los obstáculos en contra de la población más vulnerable, concluyó.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) a través de su representante, Antonino de Leo, dijo que esa representación internacional coadyuva en la construcción del nuevo modelo de justicia penal propuesto en el seminario taller “Estandarización de políticas de lucha contra las drogas en América - Descriminalización de la pobreza”.
Es así que compartió información y documentación sobre estándares internacionales, buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de drogas.
Durante su intervención, De Leo informó que, gracias al apoyo Unión Europea y la Embajada de Dinamarca, la Unodc lleva adelante, desde agosto de 2015, el Programa de Apoyo a la Implementación del Plan de Acción de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico y Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca del Estado Plurinacional de Bolivia. Este Programa, dijo, incluye un componente novedoso de asistencia técnica legal en materia de normativas de drogas.
De Leo, se refirió a la criminalización de la pobreza, las políticas penales punitivas, el uso inadecuado del encarcelamiento, la falta de políticas de reinserción social así como la percepción pública negativa que se tiene de los privados y las privadas de libertad. Luego, su intervención se centró en los estándares internacionales, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en materia de drogas.
En su exposición resaltó que numerosos estudios demuestran que el encarcelamiento afecta desproporcionadamente a las personas que viven en situación de pobreza. “La mayoría de los reclusos de todo el mundo provienen de sectores sociales empobrecidos, son analfabetos o tienen una educación limitada, cargan con una historia de desocupación y han carecido de vivienda, lo que a su vez contribuyó a separar a sus familias, al abuso de drogas y alcohol, entre otros comportamientos destructivos que llevan a la marginalización socioeconómica”.
POLÍTICAS PUNITIVAS DE CONTROL DE DROGAS
En su criterio muchos países han fijado penas rigurosas para el consumo de drogas y los delitos conexos que han dado lugar al encarcelamiento de un gran número de personas, sin que estas penas hayan tenido una repercusión importante a mediano y largo plazo en el consumo de drogas, la drogodependencia, ni en los delitos relacionados con las drogas en la comunidad.
“Iniciativa Popular Constituyente” Descentralización Judicial a través de las Casas de Justicia
El abogado constitucionalista Carlos Alarcón Mondonio, en otro aspecto de su proyecto denominado “Iniciativa Popular Constituyente”, propone descentralizar la justicia en el país, para ello explicó que uno de los puntos claves para el nuevo sistema es organizarlo horizontalmente, sobre todo, descentralizarlo a nivel municipal, a través de las Casas de Justicia, las mismas que en el ámbito municipal estarían situadas cerca de los domicilios de los ciudadanos.
Mencionó que con esta propuesta de descentralización judicial se superarían conceptos de palacios o ciudadelas judiciales que son infraestructuras altamente centralizadas. En cambio, aseveró, con la creación de varias Casas de Justicia en el país se ofrecerá a la ciudadanía una justicia accesible, eficiente y de calidad.
Asimismo, aseguró que la particularidad de éstas es que se caracterizarán por ser multifuncionales, es decir estarán integradas por jueces, fiscales, defensores públicos, árbitros, policías en función judicial, expertos en métodos alternativos de solución y controversia. En suma, conciliadores árbitros, mediadores y peritos forenses que formarían parte de este servicio científico e inclusive estarían integradas por autoridades judiciales indígenas, con acuerdo de sus autoridades naturales, si decidieran utilizar esta infraestructura judicial.
“Y por último, estarían los juzgados constitucionales, que se encargarían de revisar todos aquellos fallos o procedimientos que han ocasionado la violación a los derechos y garantías constitucionales, ahora lo más importante de estas Casas de Justicia es que un experto, en métodos alternativos al proceso judicial, recibirá todas las causas y demandas, siendo también el encargado de asignar y distribuir las causas, priorizando la atención de éstas, por medio del arbitraje de la mediación y conciliación, siempre que la naturaleza de estos temas lo permita”, enfatizó.
En ese marco, Alarcón afirmó que así se lograría que la cultura “pleitómana” muy alta, que se observa dentro de la sociedad boliviana, se vaya revirtiendo y decayendo, y que en lugar de que la regla sea el proceso judicial como es ahora, moroso, caro, largo y corrupto, la regla se convierta en un método de solución de controversias.
Dejó en claro que ahí se produciría un avance cualitativo, con la ventaja de que el arbitraje se lo eleve a rango constitucional y que se otorgue a los árbitros plena potestad y capacidad para ejecutar sus decisiones, inclusive de manera coactiva, con del uso de la fuerza pública. “Porque hoy en día uno de los principales problemas que tenemos es que probablemente los mejores fallos o sentencias emergen no de la justicia formal sino de la justicia arbitral, los que se denominan laudos arbitrales”.
Sin embargo, dijo que estos laudos arbitrales para ser ejecutados tienen que recurrir a la justicia formal y que ahí o duermen el “sueño de los justos”, o entran en un peregrinaje que demora hasta años para ejecutar un laudo arbitral y, por tanto, termina careciendo de eficacia; entonces, sostuvo, al tener rango constitucional el arbitraje y plena capacidad de ejecución en los laudos, la justicia arbitral sería completa y quedaría como una respuesta alta para descongestionar a la formal.
También mencionó que lo importante en estas Casas de Justicia es que los jueces estarían distribuidos en función de la división del trabajo y a la especialización profesional, porque se habló ya de que, en lugar de crear la Carrera Judicial, que es verticalista, burocrática y jerárquica, se remplazaría la carrera judicial por la capacitación y experiencia judicial.
En ese marco, los jueces serían sometidos a cursos intensivos de capacitación, acordados con universidades nacionales e internacionales. Estos jueces, altamente capacitados y especializados, se encargarían del servicio en las Casas de Justicia.
“Para garantizar que estas de Casas de Justicia abastezcan el servicio judicial, se requiere un presupuesto importante, se requiere que el sistema de justicia deje de ser la cenicienta, como lo es ahora, entre todos los órganos del Estado, por lo que debiera tener una envergadura de efectivo órgano de poder del Estado, a la par de los otros órganos, como el Ejecutivo, el Legislativo y el electoral.
Para eso, la propuesta es que se garantice un 10 por ciento de los ingresos del Tesoro General automáticamente, recursos que serían entregados a las Casas y, por ende, al sistema de justicia. Y si se requiere más presupuesto, el Estado estará obligado a desembolsar más ingresos.
“Con ese 10 por ciento constitucionalmente garantizado, la cenicienta se convierte en princesa, porque se podrán crear todas las Casas de Justicia que se necesiten, de acuerdo a la carga procesal de cada municipio”.
Alarcón sostuvo que hoy en día se observa una total insuficiencia de jueces, fiscales y policía en función judicial y que inclusive hay casos donde un juez tiene a su cargo una enorme cantidad de procesos, siendo humanamente imposible atender esa carga procesal, porque de no atender en plazos cortos, el juez es sancionado por el Consejo de la Magistratura.
Esto es un “círculo vicioso”, porque cuando se sanciona y suspende al juez, en lugar de mejorar la mora judicial, ésta va declinando en calidad y honestidad, porque se disminuye un juez del sistema, debido a que está castigado, ingresando de ese modo en ese “circulo vicioso”, pues cada vez hay menos jueces para atender más cargas y expedientes.
De esta manera, con ese 10 por ciento del ingreso presupuestario de la nación, el denominado Tribunal Notable de Méritos y Castigos se encargaría de establecer la cantidad suficiente y necesaria de esas Casas de Justicia en todo el país y que las mismas funcionen con toda la estructura y equipamiento actualizado, a la par de otros países del mundo más avanzados en el tema judicial.
“Se encargaría también de gestionar toda esta metodología de capacitación, y sobre todo, de jueces, y administraría autónomamente este presupuesto, inclusive fijando las remuneraciones de los jueces, que tendrán que salario igualitario. Con eso, se va tener una justicia de calidad en cualquier rincón de Bolivia”, precisó.
PROYECTO DE INICIATIVA POPULAR CONSTITUYENTE
PARA REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN*
REFORMA DEL TÍTULO III DE LA SEGUNDA PARTE DE
LA CONSTITUCIÓN, ÓRGANO JUDICIAL Y TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
IV. Como elementos auxiliares del Sistema Judicial se establecen la Defensa Pública y el Servicio Científico de Procesamiento de Pruebas Forenses, que serán organizados y regulados por ley y financiados con asignaciones que disponga el Tribunal de Méritos y Castigos calculadas sobre el presupuesto general judicial.
La Defensa Pública estará compuesta por abogados con especialidad en Derecho Penal y Administrativo y tendrá por misión la defensa judicial de los imputados por delitos y de las víctimas de delitos y de sus familiares más cercanos que carezcan de recursos económicos para pagar un abogado particular y la defensa administrativa y judicial de derechos colectivos y/o difusos de personas afectadas por servidores públicos y particulares que carezcan de recursos económicos para pagar un abogado privado.
El Servicio Científico de Procesamiento de Pruebas Forenses estará compuesto de científicos y técnicos en distintas áreas del conocimiento y tendrá por misión el procesamiento científico de las pruebas que se utilicen en procedimientos administrativos y procesos judiciales, estarán al servicio de las dos partes en conflicto, para el esclarecimiento objetivo de la verdad, y en materia penal podrán ser requeridos tanto por la policía en función judicial, el Ministerio Público y el querellante, así como por el imputado y los abogados a cargo de su defensa.
V. De acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio público de justicia el Tribunal de Méritos y Castigos podrá crear jurisdicciones especializadas.
VI. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía.
Magistratura notifica con proceso a jueza que liberó a coronel
El Consejo de la Magistratura, a través de su departamento de asesoría, procedió a notificar en la cárcel de mujeres a la jueza Patricia Gonzales dentro de un proceso interno disciplinario iniciado luego de dictar libertad con medidas sustitutivas en favor del coronel de la Policía Juan Carlos Tapia Mendoza, que fue descubierto en su domicilio en poder de 42 kilos de cocaína.
Patricia Gonzales fue enviada al penal de Palmasola por orden de su colega Albania Caballero durante una audiencia cautelar que se extendió por casi 10 horas.
La Fiscalía anticorrupción la imputó por delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Protesta su inocencia
Patricia Gonzales, a través de su defensa, se declaró inocente de los delitos que se le imputan y consideró que las acciones de la Fiscalía vulneran sus derechos.
Sin embargo, el Consejo de la Magistratura informó que la jueza Patricia Gonzales tiene al menos cinco denuncias que son procesadas. /
PROYECTO DE INICIATIVA POPULAR CONSTITUYENTE PARA REFORMA PARCIAL DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO *
REFORMA DEL TÍTULO III DE LA SEGUNDA PARTE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
Los promotores de esta Iniciativa Popular Constituyente, ciudadanas y cuidadanos de Bolivia, en aplicación del artículo 411 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, iniciamos el procedimiento constituyente para la reforma parcial de su Título III, Capítulo Primero, Capítulo Segundo (Sección 1), Capítulo Tercero, Capítulo Cuarto, Capítulo Quinto y Capítulo Sexto, de la Segunda Parte del texto constitucional y de sus artículos 178 al 204, que quedarán redactados de la siguiente manera:
FUNCIÓN JUDICIAL Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES
Artículo 178. I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en el valor supremo de la independencia y en los principios de imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.
II. La independencia judicial como valor supremo y deber constitucional absoluto comprende a todos los órganos judiciales y a cada uno de los jueces que desempeñan funciones dentro de los mismos; externamente se ejerce frente a la intromisión de cualquier tipo de poder, político, económico, social e institucional e internamente frente a la intromisión de otro órgano judicial o de cualquier juez o grupo de jueces.
III. Constituyen garantías de la independencia judicial:
La designación por mérito de todos los jueces a cargo de un órgano del Estado, denominado Tribunal de Méritos y Castigos, compuesto por Comisionados del pueblo boliviano, quien confiere su designación a través de ésta Constitución, a otros órganos del Estado y a organizaciones de la Sociedad Civil vinculadas al ámbito de la justicia, de manera paritaria.
El desempeño vitalicio del cargo de juez, salvo destitución por desempeño irregular o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones dispuesta por el Tribunal de Méritos y Castigos o cese de funciones por renuncia, fallecimiento, jubilación o haber alcanzado la edad de 70 años.
El desempeño ininterrumpido en el mismo cargo, salvo traslado funcional y/o territorial dispuesto por el Tribunal de Méritos y Castigos, a pedido justificado del mismo juez.
La autonomía presupuestaria, constitucionalmente garantizada, y la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces, que únicamente podrán ser incrementadas, por razones funcionales o económicas, pero nunca disminuidas o reducidas.
El reemplazo de la carrera judicial por la capacitación judicial.
Artículo 179. I. La función judicial es única. La jurisdicción territorialmente y por especialización de materias se ejerce en los ámbitos nacional, departamental, municipal e indígena originario campesino. Todas las jurisdicciones se diferencian por el principio de especialidad y no por el de jerarquía.
II. El Tribunal de Méritos y Castigos se constituye en la cabeza de la función judicial únicamente en cuanto a la designación, juzgamiento y destitución de los jueces, y a la organización y administración del Sistema Judicial.
III. El Sistema Judicial se compone de las siguientes jurisdicciones:
Jurisdicción Suprema a cargo del Tribunal de Méritos y Castigos.
Jurisdicción de Control de Constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional y de los Juzgados Constitucionales.
Jurisdicción Ordinaria compuesta por:
Las Casas de Justicia, territorialmente descentralizadas en el ámbito municipal, de acuerdo al Reglamento emitido por el Tribunal de Méritos y Castigos.
Los Tribunales Departamentales de Justicia en las ciudades capitales de Departamento.
El Tribunal Nacional de Justicia en la ciudad de Sucre.
Jurisdicción Agroambiental compuesta por:
Juzgados Departamentales en las ciudades capitales de Departamento.
Tribunal Agroambiental en la ciudad de Sucre.
Jurisdicción indígena originaria campesina que se ejerce por sus propias autoridades.
Jurisdicción militar que juzgará los delitos de naturaleza militar, de acuerdo a lo dispuesto por la ley.
Jurisdicción Arbitral que se organiza y administra conforme a Ley. Tiene rango constitucional y los jueces que la conforman ejercen potestad plena en cuanto al conocimiento y decisión de todos los asuntos y litigios que corresponden a su jurisdicción y competencia; al dictado de resoluciones y laudos dentro de los procesos a su cargo; y a la ejecución coactiva de los mismos, a cuyo efecto podrán requerir directamente el auxilio de la fuerza pública y la participación de instituciones públicas y privadas que no podrá ser negada ni obstaculizada bajo ninguna razón o motivo.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 174
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 artículo 411

Artículo 178

Artículo 179