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Timestamp: 2018-05-28 09:42:56+00:00

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agricultura, paisaje y gestión del territorio
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RESUMEN: Los paisajes rurales están despertando en Europa un interés creciente debido a
la demanda social de paisaje como elemento de calidad de vida y al proceso de ambientalización
de la agricultura europea. Dicha preocupación ha generado que el paisaje haya sido incorporado a
la agenda política europea y se hayan ido consolidando nuevas relaciones entre el campo y la ciudad. Todo ello está influyendo en que se pongan en marcha acciones destinadas a la defensa y
mejora de los paisajes y a una adecuada gestión del territorio, que garantice la integración e implantación de nuevas actividades en los paisajes rurales heredados.
PALABRAS CLAVE: Paisaje, gestión del territorio, Convenio de Florencia, agricultura, multifuncionalidad.
ABSTRACT: European citizens are increasingly interested in the countryside: there is now
social demand for countryside as an essential ingredient in our quality of life and European
agriculture is undergoing a process of “environmentalisation”. This concern has led to the
inclusion of countryside issues in the European political agenda and a new relationship between
the town and country. All of this has promoted the implementation of actions aimed at defending
and improving the countryside and appropriate land management strategies, which guarantee the
integration and implementation of new activities in inherited rural landscapes.
KEY WORDS: Countryside, landscape, land management, Florence Agreement, agriculture,
RÉSUMÉ: Les paysages ruraux suscitent en Europe de plus en plus d’intérêt en raison de la
croissante demande sociale de paysage comme élément de qualité de vie, ainsi que du processus
d’environnementalisation de l’agriculture européenne. Un tel souci a conduit à l’incorporation du
paysage dans l’agenda européen et à la consolidation de nouveaux rapports entre la campagne et
la ville. Ainsi, des actions destinées à la défense et l’amélioration des paysages, tout comme à la
gestion appropriée du territoire, se mettent en place afin d’assurer l’intégration et l’implantation
de nouvelles activités dans les paysages ruraux hérités.
MOTS-CLÉS: Paysage, gestion du territoire, Convention de Florence, agriculture,
RESUMO. As paisagens rurais estão despertando na Europa um interesse crescente a causa
da demanda social pela qualidade de vida e o processo ambiental da agricultura européia. Esta
preocupação ha gerado que a paisagem haja sido incorporada à agenda política européia,
consolidando-se assim novas relações entre o campo e a cidade. Tudo isto leva consigo novas
ações destinadas à defesa e melhoria das paisagens, assim como a uma adequada gestão das
terras, que garante a integração e a implantação de novas atividades nas paisagens rurais
PALAVRAS CHAVE: Paisagem, gestão do território, Convenção de Florença, agricultura, multi
Polígonos. Revista de Geografía, 14 (2004); pp. 97-137
EL INTERÉS SOCIAL POR EL PAISAJE Y LA EVOLUCIÓN DE
LA AGRICULTURA EN EUROPA. UNA OPORTUNIDAD DE
La incorporación del paisaje a la agenda política europea
Los paisajes rurales están despertando en Europa un interés creciente. Esa
circunstancia obedece a la convergencia de dos hechos que refuerzan el valor
estratégico de aquellos espacios –dominantes aún en términos superficiales- sobre los que tradicionalmente se han desarrollado las actividades agropecuarias y
forestales. El primero de ellos es el aumento de la demanda social de paisaje
como elemento de calidad de vida y su incorporación a los objetivos de las políticas de medio ambiente y patrimonio y, más recientemente, a las de ordenación
del territorio, agricultura y turismo. La aprobación en 2000 del Convenio Europeo del Paisaje por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y las referencias que en materia de paisaje cultural contiene la Estrategia Territorial Europea
(ETE), acordada en 1999 por los ministros responsables de ordenación del territorio de la Unión, son buenos indicadores de esta nueva realidad.
El segundo de los hechos citados no es otro que el proceso de ambientalización de la agricultura europea, enmarcado en la crisis del paradigma productivista que inspiró de forma casi exclusiva la Política Agraria Común hasta los
años ochenta, y en la configuración de un nuevo modelo para la agricultura y el
medio rural de la UE. Se trata de un modelo en proceso de elaboración, con
muchas incertidumbres todavía, pero sustentado de modo cada vez más firme en
el concepto de la “multifuncionalidad” de la actividad agraria dentro de los espacios rurales y en la atención que merecen las externalidades positivas de la
agricultura y, concretamente, su capacidad de gestionar y salvaguardar el patrimonio paisajístico de extensas áreas de Europa.
La consideración del paisaje en los dos documentos citados (el Convenio y la
ETE) supone, no sólo el reconocimiento de los valores paisajísticos del territorio europeo y la pertinencia de intervenir a favor de su defensa y de su gestión,
sino, además, un entendimiento territorial y eminentemente cultural del paisaje,
con todo lo que eso implica políticamente y con lo que compromete, en concreto, a los espacios rurales, a la agricultura y a los agricultores.
Frente a planteamientos pasados que asociaban de modo exclusivo o preferente la defensa de los paisajes a las políticas de protección de la naturaleza, se
afianza ahora la consideración del paisaje como una cualidad de todo el territorio, de todos y cada uno de los territorios. Tienen, pues, cabida en las políticas
de paisaje, los cuadros paisajísticos sobresalientes, singulares o exóticos, pero
también paisajes más habituales, paisajes rurales, de áreas periurbanas, paisajes
ordinarios como se los ha llamado recientemente (DEWARRAT y OTROS, 2003),
que constituyen el escenario de la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
Ese interés por el paisaje hay que incardinarlo, ciertamente, en el avance general de la conciencia ambiental y en la demanda de calidad de vida de la sociedad. Pero el paisaje, con el renovado sentido territorial que está adquiriendo en
los últimos tiempos, se perfila como un componente ambiental específico, que
expresa en la forma del territorio y en su percepción individual y colectiva la
confluencia de procesos naturales y culturales, convirtiéndose así en componente destacado de identidad de los lugares, en un valor patrimonial y, en determinadas ocasiones, en un recurso de importancia. La definición de paisaje que
contiene el Convenio aprobado en Florencia en 2000 y suscrito por el Gobierno
español (a falta de ser ratificado por el Parlamento) afianza, de hecho, su sentido territorial y su carácter de puente entre hechos y procesos naturales, culturales y perceptivos. “Paisaje” designa, según el Convenio, “una parte del territorio
tal y como es percibida por la población, y cuyo carácter resulta de la acción de
factores naturales y humanos y de sus interrelaciones”. Tal definición destaca la
idea de que el paisaje forma un todo territorial, referido en cada caso a un espacio concreto, en el que los elementos naturales y humanos son considerados simultáneamente.
Con buen criterio y de acuerdo con su visión integradora y totalizadora de
paisaje, el Convenio no diferencia ni califica los paisajes (naturales, culturales,
rurales, urbanos o industriales), pero sí señala que es de aplicación “(…) a todo
el territorio de las Partes y afecta a los espacios naturales, rurales, urbanos y periurbanos. Incluye los espacios terrestres, las aguas interiores y marítimas y
concierne, tanto a los paisajes que pueden ser considerados destacables, como a
los paisajes cotidianos y a los paisajes degradados” (art. 2). El compromiso político con todos los paisajes, con los buenos y con los deteriorados, con los sobresalientes y con los ordinarios, justifica la variedad de formas de actuación
que el Convenio considera y que deberán desarrollar las Partes que lo ratifiquen.
En primer lugar el Convenio define en su artículo 1 “Protección de los paisajes” como el conjunto de “actuaciones para la protección y el mantenimiento de
los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial…”. En segundo lugar, el Convenio entiende por “gestión de los
paisajes” las acciones dirigidas, “en la perspectiva del desarrollo sostenible, al
mantenimiento del paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones
inducidas en él por la evolución social, económica y ambiental”que comprende
acciones de conservación y de mantenimiento de aspectos significativos o característicos de un paisaje”. Finalmente se define “ordenación de los paisajes”
como “las actuaciones que presentan un carácter prospectivo particularmente
acentuado y encaminadas a la mejora, la restauración o la creación de los paisajes”.
El gusto por los paisajes rurales y la evolución de la agricultura en la
U.E. Nuevas formas de relación campo-ciudad
El aumento del interés y de la demanda de paisaje por una sociedad cada vez
más urbana conduce inevitablemente a los espacios llamados rurales y a sus
paisajes. Coincide este hecho, como se ha dicho, con una crisis profunda de la
política eminentemente productivista que ha sustentado y legitimado durante
medio siglo la agricultura de los primeros socios de la CEE y de los que se fueron incorporando después. En la formulación de un modelo alternativo (o de
modelos alternativos), la aproximación paisajística aparece en el centro del debate social y político sobre el futuro del mundo rural y de los espacios tradicionales de la producción agropecuaria y forestal.
El gusto en Europa por los paisajes de dominante rural no es nuevo. El paisajista Pierre Donadieu lo sitúa, cuando menos, en los inicios del Renacimiento en
Italia, que recrea a su vez el encanto de las campiñas fértiles y apacibles de la
poesía clásica romana (DONADIEU, 2002, 103 y ss.). León Battista Alberti, por
ejemplo, refiriéndose en el siglo XV al diseño de las grandes propiedades rurales del entorno de Florencia, señalaba ya que aquéllas “debían ofrecer a la vista
paisajes agradables, prados floridos, campiñas descubiertas, bosques que den
sombra, claros arroyos, ríos de aguas puras y lagos para ir a nadar” (ALBERTI,
1568; cit. por DONADIEU, 103).
La capacidad de imaginar o de recrear el atractivo de los campos europeos no
ha cesado desde entonces. Las campiñas agroganaderas y los bosques atlánticos
se hallan, por ejemplo, en la base de la pintura pastoril inglesa de los siglos
XVII y XVIII. Distintos tipos de agricultura están presentes también en las diversas y cambiantes concepciones del diseño de jardines como expresión de naturaleza humanizada y ordenada (CLÉMENT, 1999), y en cierta estetización literaria y pictórica de los paisajes rurales durante el siglo XIX, que conectará en
Francia, por ejemplo, con las primeras imágenes fotográficas de escenas rurales
y con la promoción y difusión de una cierta ruralidad pintoresca por parte de los
primeros promotores del turismo, ajena con frecuencia a las duras condiciones
Pero en los últimos tiempos el atractivo despertado por los paisajes rurales en
Europa se ha extendido y popularizado más allá de sus expresiones notables o
singulares. Eso ha ocurrido, por paradójico que pudiera parecer, como resultado
de la urbanización de las formas de vida y de la ocupación del territorio; por
una parte, como consecuencia de la difusión en el espacio rural de tejidos urbaPolígonos. Revista de Geografía, 14 (2004); pp. 97-137
nos de primera y segunda residencia, y de determinadas formas de industria y
servicios, que comparten el uso del suelo con las actividades agropecuarias y
forestales, cuyos paisajes actúan frecuentemente como reclamo para los nuevos
residentes y las nuevas implantaciones productivas; por otra, fruto de la consolidación de determinados tipos de paisaje rural como recurso explícitamente turístico, sobre todo en aquellos territorios, abundantes todavía en amplias áreas
de Europa, caracterizados por usos agrarios relativamente extensivos y armónicos con la diversidad natural del medio; y por último, y de modo indirecto, como consecuencia también de la elevada movilidad de la sociedad urbana y de la
multiplicación de los desplazamientos, que han incorporado las imágenes de la
ruralidad a millones de personas que, por razones diversas (y no siempre turísticas), se mueven en el territorio y perciben su fisonomía.
Esa nueva mirada de la sociedad urbana al campo y la solicitud de nuevos
bienes relacionados con formas diversas de residencia en el medio rural, con el
ocio, el turismo, la conservación de la biodiversidad o la calidad de los alimentos coincide desde los ochenta, como se ha dicho, con la crisis del modelo dominante de agricultura productivista, que presentaba signos evidentes de agotamiento tras haber respondido a los requerimientos que se le hicieron desde la
posguerra. Se ha escrito mucho en los últimos años, en el seno mismo de la
Comunidad o de la OCDE y en foros académicos, sobre las causas que han
conducido a la citada crisis1, tras un periodo de más de dos decenios de intenso
crecimiento de la producción y la productividad agropecuarias, y tras haberse
alcanzado como consecuencia de ello un elevado nivel de autoabastecimiento.
Todo ello se ha logrado, como es sabido, a costa de un alto compromiso financiero, vía precios a la producción y defensa arancelaria frente a la competencia
externa, hasta el punto de convertirse la financiación de la Política Agraria Común en la partida más importante, con diferencia, del presupuesto comunitario.
El cambio radical en la coyuntura de los mercados internacionales de productos agrarios en los años ochenta, que sucede a un decenio de elevados precios y
demanda dinámica, coincide con los resultados del éxito de una PAC estimuladora de la producción y la aparición consiguiente de importantes excedentes, difíciles de colocar en el exterior ante la situación de los mercados internacionales. Se trata de un contexto propicio para que se planteen ya las primeras críticas en el GATT a los procedimientos y niveles de protección de la agricultura
comunitaria. Por otra parte, aunque de modo tímido al principio, el productivismo de la PAC comienza a ser cuestionado también desde el punto de vista
Véanse, entre otros, el documento de la COMISIÓN EUROPEA (1991): Evolución y futuro de la
PAC. Documento de reflexión de la Comisión, COM(91) final, febrero, o los trabajos de síntesis
de ARNALTE (1993 y 2002).
ambiental, concretamente en materia de contaminación de aguas superficiales y
de acuíferos por el uso abusivo de insecticidas, plaguicidas y determinados tipos de abono, y por el extraordinario desarrollo y elevada concentración territorial de la ganadería industrial, dos aspectos inseparables del apoyo preferente
recibido por los grandes cultivos industriales y la explotación ganadera intensiva.
Al mismo tiempo –y en este aspecto se ha insistido menos- la relación entre
campo y ciudad en lo que al mercado de trabajo se refiere cambia también tras
la crisis económica de los años setenta. Superada ésta, las economías europeas
no recuperan el pleno empleo, con lo que no parece socialmente aceptable, como señala Eladio Arnalte, “seguir manteniendo un modelo de modernización y
desarrollo agrario que implicaba la salida del campo de la población ‘sobrante’”
(ARNALTE, 2002, 47), más aún cuando, también por esos años, el mantenimiento de un cierto tejido social en las zonas rurales y la conservación de la ruralidad como seña de identidad del espacio europeo comienzan a aflorar en el discurso de la política agraria comunitaria.
Pero además de la crisis y las tendencias de carácter estrictamente sectorial, el
mundo rural y agrario asiste en los ochenta, especialmente en los países del centro y oeste de Europa (la situación era por entonces distinta en los estados mediterráneos que se incorporan a la Comunidad), a otros cambios estructurales y a
la emersión y consolidación de nuevas formas de relación entre campo y ciudad, que van configurando el nuevo perfil de la ruralidad de fin de siglo y demandando políticas que superen el restringido ámbito de las acciones agrarias.
Como ha destacado recientemente Albert Massost (MASSOST, 2003), la diversificación geográfica del espacio rural y la consiguiente aparición de problemas
heterogéneos de desarrollo rural (agriculturas periurbanas; áreas de desarrollo
agrario consolidado con integración de los procesos de producción, transformación y distribución; áreas rurales frágiles y con limitaciones severas para la producción agropecuaria, etc.), unidas a la segmentación de las explotaciones agrarias (explotaciones capitalistas societarias, con disminución del trabajo familiar
y nuevas formas de trabajo asalariado, junto al desarrollo de la pluriactividad en
el marco de explotaciones agrarias de familias2, más que explotaciones familiares sensu stricto), se suman a una “creciente diferenciación de las demandas sociales a la agricultura y a la ruralidad”, con las repercusiones consiguientes en
la oferta de bienes y servicios ofrecidos por el campo y la formulación de nue2
Fernando Oliveira Baptista, en un balance reciente del horizonte de la agricultura familiar en
Europa, ha utilizado esa expresión de “explotación de la familia”, que expresa bien la tendencia
generalizada a la diversificación de actividades de los miembros de la unidad familiar y al diverso interés por la agricultura de sus integrantes (OLIVEIRA, 2002, 278).
vas prioridades del gasto público en relación con la agricultura y el desarrollo
Dos documentos de la Comisión Europea de mediados de los ochenta recogen
ya el diagnóstico de la situación y formulan propuestas encaminadas hacia un
entendimiento cada vez más rural de la cuestión agraria, y hacia unas relaciones
más abiertas con el conjunto de la sociedad, y con políticas e iniciativas de naturaleza territorial. El primero de ellos es el conocido como Libro Verde de la
Comisión (COMISIÓN EUROPEA, 1985), en el que se señalan ya como funciones
de la actividad agraria, junto a las tradicionalmente productivas, las de “mantener un tejido social en las regiones rurales, conservar el medio natural y salvaguardar el paisaje creado a lo largo de dos milenios de agricultura” (COMISIÓN
EUROPEA, 1985, II). El segundo es una Comunicación de la Comisión presentada en 1988 y titulada El futuro del mundo rural (COMISIÓN EUROPEA, 1988);
pese a los años transcurridos, el fondo del citado documento mantiene su vigencia como argumento teórico de una política de desarrollo rural autónoma de lo
agrario y más dependiente de la política de desarrollo regional comunitaria, y
como interpretación territorial de una agricultura con problemas y soluciones
específicos en distintas zonas rurales3.
Las presiones en aumento de los foros internacionales (en especial las de la
Ronda de Uruguay del GATT) y el reconocimiento del fracaso de las primeras
medidas estabilizadoras de la segunda mitad de los ochenta (cierto control de
los precios y establecimiento de cuotas –cuota láctea en 1984- y otras medidas
estabilizadoras para producciones estratégicas) conducen a la reforma de 1992
(la conocida como Reforma McSharry). Se inicia entonces un periodo, que ha
conocido una nueva reforma (Agenda 2000) aprobada en el Consejo Europeo
de Berlín de 1999, y una ulterior revisión (la última hasta ahora), concertada en
junio de 2003 por el Consejo Agrícola. Se trata de un Reglamento muy sensible
a las consecuencias de la ampliación al Este en materia agraria y que ha profundizado en algunos de los aspectos planteados ya en 1999, concretamente en el
reforzamiento del desarrollo rural como segundo pilar de la PAC, aunque muy
limitado en recursos por razones de disciplina presupuestaria y por su dependencia de trasvases desde el llamado “primer pilar”, que continúa siendo la política de mercados agrarios.
Como es sabido, el documento citado diferencia tres “modelos” o “zonas-tipo” en el medio
rural europeo, formulando para cada una de ellas políticas diferenciadas: “Regiones rurales afectadas por la ‘presión de la evolución moderna’ (próximas a grandes ciudades y a áreas turísticas)”; “regiones de vocación y dedicación agraria tradicional en declive”; “áreas rurales especialmente frágiles (zonas montañosas y algunas islas”.
Es preciso destacar, no obstante, que el agotamiento del modelo de modernización agrícola de base exclusivamente productiva para numerosos sistemas
agrarios europeos (no para todos, ciertamente, a la vista de la evolución de determinadas agriculturas mediterráneas) se produce en un contexto social global
muy distinto del de decenios atrás. Conviene tener en cuenta esta circunstancia
tanto para interpretar la citada crisis más allá de una perspectiva sectorial, como
para superarla en el marco de unas relaciones nuevas entre la sociedad y el medio rural. En esas nuevas relaciones y en las oportunidades que se abren para el
campo incide el diagnóstico del estudio llevado a cabo por el Western-European
Working Group de la ARL y la DATAR (ARL-DATAR, 2003), un asunto en el
que insistió también hace pocos años T. Mardsen al abordar el análisis del futuro de lo rural y de las relaciones entre agricultura y sociedad desde de las nuevas formas de consumo del campo y sus regulaciones (MARSDEN, 1998). La
conclusión es que los límites del modelo productivista y la crisis de las políticas
que lo sustentaron se plantean ahora “en un mundo rural más articulado y conectado con unas sociedades urbanas cuyas rentas han crecido y cuyo sistema
de valores se ha modificado” (ARNALTE, 2002, 54).
Esas nuevas demandas sobre el espacio agrario, desde la calidad de los alimentos y un uso sostenible de los recursos hasta el disfrute del territorio rural
como espacio de ocio y turismo por sus valores ecológicos y paisajísticos, deben considerarse ahora en el diseño de las políticas de desarrollo rural, como
ocurrió en la posguerra con la necesidad prioritaria de disponer de alimentos y
materias primas abundantes y asequibles. Un planteamiento de esa naturaleza,
que no excluye en modo alguno iniciativas para profundizar en la modernización y competitividad de determinadas producciones agrarias, supone ir más
allá de los planteamientos sectoriales que han guiado hasta ahora la PAC y
asumir el carácter crecientemente territorial de la agricultura, con las implicaciones políticas que ello tiene. En ese marco ha de entenderse el peso creciente
de los paisajes rurales y de su gestión como recurso territorial, y las virtualidades que el propio paisaje rural manifiesta como punto de encuentro y de concertación entre las políticas de carácter sectorial, el desarrollo rural y la ordenación
“Multifuncionalidad” de la agricultura y paisaje. Un giro territorial
para la PAC.
Sin dejar de reconocer la lentitud, las incertidumbres y las contradicciones de
la reforma de la PAC iniciada en 19924, ésta parece ir por unos derroteros en los
Joan Romero se ha referido a “concesiones bien delimitadas por el bloque agrario” en lo que
al giro ambiental de la agricultura respecta (ROMERO, 2002: 626).
que se afianza la dimensión territorial de la agricultura y la puesta en valor de
un conjunto de externalidades positivas, entre las que el paisaje aparece en un
lugar destacado. Doctrinalmente la reforma se sustenta para muchos en la idea o
el concepto antes citado de “multifuncionalidad”, que requiere, desde el punto
de vista del paisaje y de las políticas rurales algunos comentarios. “La multifuncionalidad representa -como dice Ernest Reig- la amplia variedad de output,
tangibles e intangibles, que la agricultura puede generar según el modo en que
haga uso del suelo y según las particularidades de los distintos sistemas de cultivo y explotación ganadera”.
Quienes se han ocupado de este concepto en relación con la política agraria y
el desarrollo rural5 han llamado la atención sobre el hecho de que algunos output generados por la actividad agraria tienen el carácter de externalidades positivas o bienes públicos, lo que justificaría en determinadas circunstancias la intervención de los poderes públicos mediante ayudas u otro tipo de regulaciones
para mantener el nivel de prestaciones derivadas de la actividad, y que no quedan remuneradas en el mercado a través de los precios. Al mismo tiempo la
multifuncionalidad implica la idea de “producción conjunta”, es decir, que la
actividad agraria produce simultáneamente dos o más output técnicamente vinculados (leche de vaca y paisajes de campiña atlántica, por ejemplo). Las implicaciones del carácter simultáneo o vinculado de producción agropecuaria y de
externalidades positivas no remuneradas por el mercado son muy importantes
en materia de política agraria, concretamente en materia de precios y subvenciones, asuntos centrales en los debates sobre agricultura de la OMC. De hecho
la emersión de la “multifuncionalidad” como argumento de una nueva política
agraria enfrenta hoy a quienes la entienden como elemento vertebral de un modelo deseable de agricultura (es la posición que se afianza en el seno de la
Unión Europea) con quienes consideran que la multifuncionalidad no es más
que una forma de proteccionismo comercial encubierto.
En el plano teórico resulta de interés el distinto planteamiento de las relaciones entre agricultura y medio ambiente en Estados Unidos y en Europa, afectando de lleno al paisaje y a eventuales políticas sobre el mismo. Como ha señalado I. Hodge (HODGE, 2000), en círculos norteamericanos, el impacto de la
agricultura sobre el medio ambiente se expresa como un modelo de input, según
el cual la degradación del entorno provocada por un exceso en el empleo de inputs agrícolas se subsanaría total o parcialmente mediante el abandono de aquellas políticas que elevan los precios y fomentan la sobreexplotación y el deterio5
Entre otros, resulta de especial interés el estudio de la OCDE (2000): Multifunctionality: Towards an Analytical Framework, COM/AGR/APM/TD/WP(2000)3/final; también, MASSOST
(2000); ARNALTE (2002).
ro de los recursos naturales. Por el contrario, en Europa las relaciones entre
producción agrícola y medio ambiente se plantean desde la perspectiva de un
modelo de outputs, en el que los alimentos y la calidad ambiental resultan complementarios y simultáneos, al menos dentro de determinados agrosistemas
(REIG, 2002, 34). El medio natural no sería, como en la primera posición, un
soporte previo e independiente de la agricultura, que se vería más o menos “impactado” por las actividades productivas, sino que evolucionaría con ellas, configurando históricamente paisajes rurales dinámicos y constituyendo en muchos
agrosistemas una de las externalidades positivas más valoradas. Repárese en las
consecuencias que tal planteamiento tiene en relación con los precios, pues una
reducción de los mismos hasta alcanzar los niveles del mercado mundial podría
suponer un duro golpe para numerosos sistemas agrarios europeos, para su forma de gestionar los recursos y el territorio, y para el mantenimiento de los valores del paisaje.
No es momento de entrar aquí en el debate abierto sobre la posibilidad de encajar en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, dentro del capítulo de las que
se han denominado “preocupaciones no comerciales” de los estados (non-trade
concerns) (artículo 20 del Acuerdo), aquellas ayudas destinadas a mantener las
externalidades de la producción agraria sin provocar distorsiones significativas
en los flujos comerciales. La reforma de la PAC iniciada en 1992 (Reglamento
CEE 2078/92), con los avances de la Agenda 2000 (Reglamento (CE)
1257/1999) y lo acordado en junio de 2003 (Reglamento (CE) 1782/2003) pretende ir en esa línea de apoyo a la renta de los productores por la vía, aunque
sólo sea parcialmente, del pago de las externalidades ambientales de la agricultura. Es una tendencia que parece fortalecerse, sobre todo desde 1999, y que la
reforma de 2003 afianza, aunque con muchas carencias y contradicciones que,
a tenor de las críticas vertidas en los últimos meses desde distintas posiciones
(MASSOST, 2003; MOLINERO, 2003), deberían conducir a medio o largo plazo a
una reforma en profundidad, definitivamente asentada en el carácter territorial
de la agricultura y coherente con la construcción de un mundo rural vivo, solemnemente formulada en la Declaración del Salzburgo (SALZBURGO
DECLARATION, 2003).
La UE ha reconocido ya explícitamente la multifuncionalidad de la agricultura como argumento de la PAC y del desarrollo rural. La propia Comisión señala, coincidiendo con la promulgación del Reglamento de 1999, que “los agricultores, produciendo alimentos, fibras y combustibles para cubrir sus necesidades
o para su propio beneficio, han contribuido con su trabajo al valor ambiental y
social de las zonas rurales. El paisaje está íntimamente ligado a las prácticas sociales que lo han construido, por eso el abandono de las mismas o su modificaPolígonos. Revista de Geografía, 14 (2004); pp. 97-137
ción lo ponen en peligro (…), y el paisaje es un componente esencial del potencial turístico de las zonas rurales” (COMISIÓN EUROPEA, 1999b).
Como es sabido, la reforma de la PAC recogida en la Agenda 2000 profundiza en la línea abierta en 1992, concretamente en lo que se refiere a los métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. Se trata de una iniciativa
concebida en el 92 como una de las “medidas de acompañamiento” (junto a la
jubilación anticipada y la forestación de tierras agrarias) para enjugar las pérdidas de rentas del sector, motivadas por la reducción de los precios institucionales de determinados productos agrarios muy presentes en los campos europeos.
La reforma del 99, frente a quienes defendían cambios más radicales en la línea
de la liberalización de los mercados y la ambientalización de la agricultura, resultó ser finalmente muy prudente (ORTIZ y CEÑA, 2002, 107 y ss.), con objetivos e instrumentos similares a los de siete años antes para el programa agroambiental, incluido ahora en el capítulo del desarrollo rural.
La reforma aprobada por el Consejo de junio de 2003 (Reglamento (CE)
1782/2003) marca un punto de inflexión en la PAC, “esbozando –como escribe
Albert Massost - un nuevo modelo de apoyo sobre la base de dos nuevos instrumentos (la disociación y la modulación obligatoria) y dos principios generales (la flexibilidad en la gestión y la disciplina financiera)” (MASSOT, 2003a,
43). Aunque se trata de instrumentos y principios que deberán desarrollarse en
los próximos años y que sólo entonces podrán ser adecuadamente evaluados, se
apuntan ya limitaciones importantes que debieran conducir a medio plazo a lo
que el propio Massost ha denominado un “nuevo referente instrumental”, capaz
de reemplazar a la producción y de hacer definitivamente factible “el paso de
una política productivista a otra multifuncional. Y ese pivote no puede ser otro
que el territorio, como numerosos estudios ya han señalado” (MASSOST, 2003b,
s.p.). Esta opción por la multifuncionalidad de la agricultura de base territorial
(REGIDOR, 2003) sitúa, así, al paisaje en el centro del debate actual sobre futuro
La propia Comisión ha destacado como elementos relevantes de la reforma
- el establecimiento de una ayuda única por explotación independiente de
la producción (disociación), que podrá corregirse de forma limitada con
un determinado nivel de vinculación a la producción, a fin de evitar el
abandono de la misma;
- una reducción de las ayudas directas (modulación) a las explotaciones de
mayor tamaño, con el que se financiarán las nuevas medidas de desarrollo rural;
- la vinculación de las ayudas al cumplimiento de las normas en materia de
medio ambiente, salubridad de los alimentos, sanidad animal y vegetal y
bienestar de los animales, así como la condición de mantener las tierras
agrarias en buenas condiciones agronómicas y ambientales (condicionalidad);
- una política de desarrollo rural reforzada, lo que supone más fondos de la
UE y nuevas medidas para promover la protección del medio ambiente,
la calidad y el bienestar animal, y ayudar a los agricultores a cumplir las
normas de la UE en relación con la producción a partir de 2005;
- un mecanismo de disciplina financiera que garantice que el presupuesto
agrario fijado hasta 2013 no sea sobrepasado;
- revisión de la política de mercado de la PAC (recortes asimétricos en el
sector lácteo; reducción de los incrementos mensuales en el sector de los
cereales y mantenimiento del actual precio de intervención; reformas de
los sectores del arroz, el trigo duro, los frutos de cáscara y otros)
Sin entrar aquí en la compleja y farragosa regulación acordada por el Consejo
Agrícola de 26 de junio como final del proceso de medio año de negociaciones,
se han destacado en los últimos meses las debilidades con las que arranca la reforma. Junto a las crecientes restricciones financieras que hacen dudar de la viabilidad de una agricultura a 25, el nuevo modelo basado en la disociación total
o parcial de las ayudas con respecto a la producción queda deslegitimado en la
medida en que aquéllas se establecen sobre la base de las producciones registradas en el pasado (periodo de referencia 2000-2002, según el artículo 38 del
Reglamento). Pese a que la disociación se presenta como el paso de un apoyo a
la producción a otro dirigido a la renta de las personas, lo cierto es que aquél se
establece a partir de los montantes percibidos según ayudas históricas, “con lo
que se patrimonializan tales ayudas y, de soslayo, se arrinconan los imperativos
multifuncionales a la condicionalidad (cross compliance) y al segundo pilar
(desarrollo rural)” (MASSOST, 2003b), que quedan a la decisión de los estados.
De esa manera, a la deslegitimación se añade la consagración de los desequilibrios sociales y territoriales cristalizados en los montantes que sirven de referencia a los nuevos pagos disociados.
A todo ello habría que sumar otra serie de circunstancias “técnicas”, como el
uso que se haga del “principio de flexibilidad” por parte de los estados o las
decisiones sobre los sectores pendientes de reforma y, sobre todo, las nuevas
perspectivas financieras para el periodo 2007-2012. Todo parece conducir a un
punto de crisis sin retorno, a la necesidad de “repensar” en profundidad el nuevo sentido de la ruralidad (PERRIER-CORNET, 2002) y a asumir de una vez por
todas que las cosas han cambiado radicalmente y que se precisa una política
agraria y rural nueva que dé adecuada respuesta a las demandas sociales sobre
la agricultura y el espacio rural, y la legitime socialmente. Superados los tiempos de la autosuficiencia alimentaria, lo que corresponde ahora es, por una parte, producir mejor para garantizar una alimentación diversa, segura y de calidad,
y, por otra, avanzar hacia una “agricultura territorial con carácter sostenible,
que, en consonancia con ello, responda a las exigencias de la multifuncionalidad agraria” (MASSOST, 2003a, 52),
Es precisamente en ese punto donde emerge el territorio como el “referente
instrumental” al que antes aludíamos, capaz de reemplazar a la producción como base exclusiva de la política agraria y rural; y de hacerlo con pleno reconocimiento político, jurídico y técnico (BELRHADI y OTROS, 2002). Las ventajas
que ello reportaría (no es momento de detallarlas aquí) requerirán en cualquier
caso formas de modulación para limitar la concentración de las ayudas, y compromisos o condiciones ambientales, pero también sociales y laborales, contratadas con lo agricultores para hacerse acreedores de tales ayudas. El cambio de
modelo agrícola, sustentado así para muchas agriculturas y espacios rurales en
los principios de la multifuncionalidad y la territorialidad, y en el que los aspectos de calidad agroalimentaria y los servicios ambientales de la actividad agraria
pasan a ser protagonistas, permitiría ante todo explicitar la justificación social
de la intervención. Si, como acertadamente señalan Dionisio Ortiz y Felisa Ceña, “los europeos desean mantener agricultores que pueblen el medio rural y
mantengan un determinado uso de la tierra y para ello están dispuestos a pagar,
la vía que canalice esos pagos debe reflejar, de forma directa, dicha justificación” (ORTIZ y CEÑA, 2002, 114). Es, en cierto modo, lo que se deduce del
“Eurobarómetro” de 2001 sobre la opinión de los europeos acerca de la PAC, o
de los franceses en concreto a partir de una reciente encuesta (BIGOT y
HACHUEL, 2002). Unos y otros aparecen interesados por la agricultura y el medio rural, pero desconfiados ante los procedimientos de la PAC para responder a
sus demandas (D.G. AGRICULTURE, 2001). Y entre esas demandas, el paisaje
aparece como una de las destacadas.
Una aproximación política a la agricultura desde el paisaje o, dicho de otro
modo, desde la consideración del paisaje rural como externalidad o como un
servicio ambiental de la producción agraria, conduce inevitablemente a la convergencia de la política agraria con otras políticas sectoriales en la gestión del
territorio, de cada territorio. Porque el paisaje rural, que para la agricultura es,
desde la perspectiva multifuncional que hemos esbozado anteriormente, un servicio objeto de producción conjunta por parte de la actividad agropecuaria –y
por eso mismo, “una oportunidad” y no una limitación (AMBROISE, 2000, 1935)-, interesa e implica a otras esferas del quehacer político, que ven precisamente en el paisaje rural un elemento esencial de calidad de vida, un patrimonio
necesitado de gestión y de puesta en valor, y, en determinados casos, la base o
el entramado físico de ecosistemas y hábitats de alto interés.
EL PAISAJE RURAL COMO PATRIMONIO. ¿QUÉ INCORPORA LA RURALIDAD AL PAISAJE?.
La demanda social de paisajes de calidad y su convergencia con el nuevo sentido y la multiplicidad de funciones de la agricultura en el espacio rural, coincide también con la reformulación de la idea y de las políticas de patrimonio en el
horizonte de las estrategias de desarrollo territorial. En ese contexto, las tramas
rurales del paisaje constituyen un elemento muy importante, tanto en la tarea
previa de identificación y estudio del patrimonio cultural, como en la elaboración de proyectos de desarrollo sostenible, en los que la puesta en valor de los
recursos patrimoniales se perfila como una de sus bases fundamentales. Considerar los elementos constitutivos del paisaje rural y los propios paisajes como
expresión formal y totalizadora de las relaciones entre prácticas agrosilvopastoriles, historia y naturaleza supone abordar la agricultura y el espacio rural desde
ópticas y políticas distintas de las de carácter meramente sectorial. Es importante subrayar esta idea porque al mismo tiempo que se destacan los nuevos servicios que la agricultura aporta a la sociedad y que la propia sociedad le demanda
(los paisajísticos, en concreto) es preciso dirigir a las áreas rurales acciones por
parte de políticas habitualmente centradas en otro tipo de espacios y ámbitos de
actuación. En ese sentido, la política cultural y de patrimonio, como la de turismo o de conservación de la naturaleza, sectorialmente o, mejor aún, dentro de
iniciativas de desarrollo territorial tienen sin lugar a dudas un compromiso con
los “bienes pasajísticos” que la agricultura ofrece.
La incorporación del paisaje a las políticas de patrimonio y el consiguiente
entendimiento patrimonial del paisaje suponen un cambio paulatino, pero de
profundo calado, tanto en la propia concepción de paisaje como, sobre todo, en
la de patrimonio. Con respecto al paisaje, el cambio implica, como ha escrito
recientemente Paolo Castelnovi, el tránsito desde las bellezas panorámicas y los
complejos estéticos tradicionales hasta el denominado “sentido del paisaje”,
rasgo esencial de identidad de cualquier territorio, donde los componentes materiales e inmateriales de la ruralidad adquieren notable relevancia
(CASTELNOVI, 2002:182). Por su parte, la idea de patrimonio abierta al paisaje
resulta del entendimiento de este último como producto histórico de la cultura y
la acción humana sobre la naturaleza, como “documento de la naturaleza y de la
historia”, en palabras de Ventura Ferraiolo (VENTURI FERRAIOLO, 1996; PAIS
DE BRITO, 2001). Eso supone, al mismo tiempo, superar una concepción sectorial y atomizada de los bienes culturales como elementos singulares en el espacio geográfico, y extender la idea de patrimonio a las tramas complejas de las
relaciones que estructuran y dan forma visible al territorio (CLEMENTI,
2002:18).
Es justamente una concepción de patrimonio abierta al paisaje la que inspira
el alegato de Isac Chiva en su conocido informe para el Ministerio de Cultura
francés titulado “Una política para el patrimonio cultural rural” (CHIVA, 1994).
Junto a las construcciones rurales, a los productos del terrazgo adaptados a las
condiciones locales y a las necesidades humanas, a las técnicas, el utillaje y el
savoir-faire, el documento se refiere en primer lugar a “los paisajes construidos
a lo largo del tiempo por las gentes que viven de la tierra”. Ese es también el
criterio que orienta la Guía Europea de observación del patrimonio rural, recientemente publicada por el Consejo de Europa por iniciativa de la CEMAT
(Conferencia Europea de Ministros responsables de Ordenación del Territorio),
y según la cual “el inventario del patrimonio rural de una región o de un terrazgo comienza por la lectura del paisaje que se tiene delante de los ojos (CONSEIL
DE L’EUROPE, 2003, 42).
La Estrategia Territorial Europea opta precisamente por ese entendimiento patrimonial del paisaje –y específicamente de los paisajes que denomina “culturales”-, tanto en su diagnóstico de las “tendencias, perspectivas y retos” del territorio de la UE, como en el planteamiento de objetivos y opciones políticas. El
objetivo de una “gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural” debe suponer al mismo tiempo la “conservación del patrimonio natural” y “la gestión creativa de los paisajes culturales”, paisajes que “se extienden –dice la Estrategia- desde el medio rural hasta los centros históricos de las ciudades”. Se
plantea así una gestión creativa capaz de integrar los cambios que se producen
en la ocupación del territorio y de incentivar “la explotación agrícola, a menudo
el factor más decisivo para prevenir la destrucción de los paisajes culturales”;
todo ello como elemento de calidad de vida, pero también en muchas zonas como recurso, como factor de atracción turística –se dice explícitamente-. De ahí
que la ETE señale que “la conservación de estos paisajes es importante, pero no
debe obstaculizar en exceso, o incluso hacer imposible, su explotación económica” (COMISIÓN EUROPEA, 1999, 36), y de ahí también que la Estrategia se
defina por una orientación y unos criterios de la PAC más clara y explícitamente territoriales en el capítulo dedicado a “las políticas comunitarias con efectos
territoriales” (COMISIÓN EUROPEA, 1999, 14 y ss.).
Es este el momento de tratar lo que la ruralidad incorpora al patrimonio paisajístico, un asunto relevante tanto en las tareas de identificación, caracterización
y valoración del paisaje, como, a partir de ahí, en el planteamiento de iniciativas
de ordenación y de proyectos paisajísticos. Con muy pocas excepciones, lo rural está presente en la configuración histórica y en la interpretación de prácticamente todos los paisajes de territorios de añeja ocupación agraria como España. Últimamente, las definiciones de un concepto polisémico como paisaje
(ANTROP, 1999; GAMBINO, 2002; MATA, 2002; SKANES, 1997), tanto las académicas, como las de naturaleza más operativa, coinciden en el carácter integrador y totalizador del término, ya se ponga el acento en su dimensión formal,
perceptiva o funcional. Eso explica así mismo la tendencia a no calificar conceptualmente los paisajes, una opción explícita de la Convención Europea del
Paisaje en la definición de su objeto, y, en cierto modo también y salvando las
distancias, de la Ley 4/89 al establecer la figura de Paisaje Protegido, sin otro
tipo calificativo o especificación (natural, cultural o rural, por ejemplo).
Compartiendo esa concepción holística de paisaje, una aproximación desde la
ruralidad debería poner el acento en aquellos elementos, configuraciones y procesos incorporados al paisaje por la actividad agrosilvopastoril y por las formas
de aprovechamiento y ocupación que han tenido y tienen lugar en el espacio rural. Es en ese sentido en el que, a nuestro juicio, sería pertinente hablar de “paisaje rural”, más que como un tipo específico de paisaje, como un conjunto de
tramas involucradas en la configuración, en la imagen y en la gestión del paisaje. Ciertamente, en muchos espacios el papel de los componentes rurales llega a
ser tan definitorio de la estructura y de la dinámica paisajística que la acepción
“paisaje rural” quiere expresar justamente dicha dominancia. De esa forma
habría que entender, por ejemplo, la afirmación de que la campiña acortijada
cordobesa o la vega de Aranjuez son paisajes rurales; pero incluso en esos casos
no deberá prescindirse de la relación fundamental entre naturaleza y acción
humana en el modelado del paisaje, y en el decisivo papel de determinados
elementos naturales en su funcionamiento e imagen.
Metodológicamente es oportuno diferenciar los elementos, configuraciones y
patrones territoriales del paisaje visible, del factual landscape o fenopaisaje, de
los aspectos relacionados con la gestión, tanto privada como pública, de los
agrosistemas y de otras actividades en el medio rural.
La dialéctica entre patrones morfológicos del paisaje y funcionamiento del
espacio rural remite, como destacara Georges Bertrand en el excelente tomo introductorio de la Historire de la France Rurale (1975), a la diacronía, a la historia del modelado de las tramas rurales del paisaje, como estructuras sujetas a
cambios. El tiempo histórico es, efectivamente, un componente fundamental
que la ruralidad introduce en la mayor parte de los paisajes (MARTÍNEZ DE
PISÓN, 1997), contribuyendo de manera muchas veces decisiva a su comprensión y atribuyéndoles al mismo tiempo valor patrimonial por todo lo que el paisaje tiene de libro abierto de historia del territorio. La historia se convierte así
en una vía fundamental de indagación paisajística y, en ocasiones, en un objetivo explícito de planificación, como ha planteado Daniel Marcucci
(MARCUCCI, 2000).
Los elementos visibles que la organización del espacio rural incorpora al paisaje pueden agruparse en varios apartados, estrechamente vinculados entre sí a
través de la gestión del suelo rústico: el primero y siempre importante es el de
los regímenes de apropiación y tenencia de la tierra, que se reflejan en la forma,
tamaño, linderos y disposición espacial de la trama parcelaria. Además de las
implicaciones que lo fundiario tiene en el funcionamiento de los agrosistemas,
el parcelario desempeña casi siempre un papel destacado en la configuración
del paisaje y en la expresión territorial de los ecosistemas, porque actúa como
urdimbre sobre la que se fabrica el tejido rural.
El segundo apartado está constituido por todos aquellos elementos construidos para adecuar, regular y gestionar los recursos y las bases físicas de la actividad agropecuaria y forestal, principalmente, los suelos, la pendiente, el agua
y, en ocasiones, el viento. Tales elementos no suelen ser ajenos a la trama física
de la tenencia de la tierra y poseen con frecuencia valor patrimonial por sí
mismos. Me refiero a bancales, terrazas y balates; a azudes, canales, acequias y
azarbes; a norias y molinos; a gavias, nateros y boqueras; a cortavientos de obra
El tercer apartado, de contenido más simple, está integrado por los elementos
que permiten el acceso a los terrazgos, a los pastaderos y a los bosques; es el
sistema caminero rural, dentro del que las vías pecuarias constituyen, por razones bien conocidas, un patrimonio de primera magnitud. Hoy, funcionalmente,
ese sistema es al mismo tiempo vía principal de acceso al paisaje y también una
forma de penetración y difusión de nuevos usos, por lo que requieren una atención especial en las tareas de ordenación del territorio y en las específicamente
El cuarto apartado, de considerable interés morfológico, funcional y, en muchos casos, patrimonial, es el de las formas construidas de habitación humana
en el medio rural, desde las agrovillas mediterráneas a los pequeños pueblos de
la cuenca del Duero, pasando por el complejo sistema de asentamientos de la
España atlántico-húmeda y el panorama plural de formas de hábitat diseminado
en las huertas tradicionales, en los paisajes latifundistas acortijados (cerealistas,
olivareros o de dehesas), en los espacios vitícolas o en las áreas de montaña,
tanto mediterráneas como atlánticas. Un alto valor simbólico, morfológico y,
con frecuencia, visual por su destacado emplazamiento, suelen tener edificaciones de carácter religioso asociadas a la vida rural (santuarios, ermitas, monasterios) y pequeños conjuntos arqueológicos, habitualmente tratados como elementos patrimoniales singulares, pero que pueden y deben integrarse en el paisaje, a
través, precisamente, de una idea de tanto potencial paisajístico como la de “entorno”, asociada a la más reciente ordenación de este tipo de bienes por parte de
las normas sobre patrimonio arqueológico e histórico-artístico. Rico es también
el repertorio de construcciones ganaderas (casillas de pastores, abrigos, apriscos, parideras, silos, abrevaderos), aunque en esta materia (edificaciones anexas
a la explotación pecuaria y agrícola), como en la de los patrones morfológicos,
de densidad y de distribución de formas de habitación diseminada, cada vez
más extendidas con carácter residencial ajeno a la explotación agraria, se están
operando cambios muy lesivos para la integridad y los valores de nuestros paisajes.
Por último hay que referirse al aspecto que habitualmente se utiliza como criterio básico de diferenciación y caracterización de los paisajes rurales: me refiero a los usos del suelo o, con más propiedad, a los cultivos y a las coberturas
vegetales no agrícolas integrantes de los sistemas agrosilvopastoriles. Aunque
los paisajes rurales no son sólo los usos del suelo, estos tienen habitualmente un
protagonismo visual indiscutible, un papel importante en la forma y en la composición paisajística, una relación estrecha con los otros componentes de las
tramas materiales del paisaje, y una decisiva impronta en su imagen estética y
simbólica. Detrás de tipologías y corologías que expresan la diversidad de los
paisajes rurales, sobre todo a escalas medias y pequeñas –la de la Península Ibérica, por ejemplo- late el mapa de los usos del suelo, de los cultivos y aprovechamientos agropecuarios y forestales: los paisajes del viñedo, del olivar, de los
grandes terrazgos cerealistas, del regadío, de los praderíos atlánticos, de los
mosaicos agroforestales o de los espacios forestales arbolados constituyen, de
hecho, una manera, quizás las más extendida, de sistematizar y tratar la variedad rural de los paisajes (MATA OLMO, 2002).
SOBRE LA SALVAGUARDA, GESTIÓN Y MEJORA DE LAS
TRAMAS RURALES DEL PAISAJE.
La defensa de la identidad de los paisajes rurales: entre la conservación de la naturaleza y la ordenación del territorio
La defensa y mejora de los paisajes del dominante rural, y una gestión del territorio que garantice la adecuada integración de nuevas actividades e implantaciones en las tramas rurales heredadas no cuentan en España ni en las comunidades autónomas con figuras específicas de ordenación. La conservación del
paisaje, tanto de los denominados paisajes naturales como de aquellos –la maPolígonos. Revista de Geografía, 14 (2004); pp. 97-137
yoría- de contenido cultural se asocia todavía hoy a la política de espacios naturales protegidos. Como herencia de la inspiración paisajística de raíces románticas que sustentó el primer conservacionismo español de comienzos del siglo
XX (Ley de Parques Nacionales de 1916 y su Reglamento de 1917), la actual
legislación estatal de conservación de la naturaleza y la que han desarrollado la
mayor parte de las comunidades autónomas presenta sobre el papel posibilidades para la salvaguarda y ordenación de los paisajes rurales. La ley 4/89, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, establece entre las figuras de protección la de Paisaje Protegido (junto a
Parques, Reservas Naturales y Monumentos Naturales), si bien es verdad que
con una definición poco precisa (artículo 17: “aquellos lugares concretos del
medio natural que, por sus valores estéticos y culturales sean merecedores de
una protección especial”).
La mayoría de las leyes de espacios naturales protegidos promulgadas por los
parlamentos autonómicos han incorporado la categoría de Paisaje Protegido,
aunque sin especificar las características y los requerimientos precisos de los
espacios que puedan declararse al amparo de tal figura (PUERTAS, 2001, 24).
No obstante, algunas de las normas regionales profundizan en la naturaleza y el
sentido de los Paisajes Protegidos, destacando como rasgo principal de los
mismos la existencia de sistemas agrarios de interés ecológico y cultural. La ley
extremeña, por ejemplo, señala que en los Paisajes Protegidos “se valorará especialmente la continuidad de los usos tradicionales que aseguren el mantenimiento de formaciones vegetales de fuerte contenido cultural”. La norma de la
Comunidad Valenciana, por su parte, establece que “los paisajes protegidos son
espacios, tanto naturales como transformados, merecedores de una protección
especial, bien como ejemplos significativos de una relación armoniosa entre el
hombre y el medio natural, o bien por sus especiales valores estéticos y culturales”. Pero es la ley de Castilla-La Mancha la que contiene una referencia más
explícita y precisa al contenido rural de los paisajes protegidos. En su artículo
46.1., la Ley 9/99, de 26 de Mayo, de Conservación de la Naturaleza, establece
que se entienden incluidos en los supuestos que hacen a un lugar merecedor de
la categoría de Paisaje Protegido “los paisajes agrarios tradicionales y extensivos de dehesas, prados de diente, prados de siega y estepas cerealistas, que adicionalmente a su valoración estética y cultural, contribuyan a la conservación
de una importante parte de la biodiversidad de la Región”.
Por otra parte, la ley canaria de espacios naturales protegidos de 1994 creó la
figura de Parque Rural para “aquellos espacios naturales amplios, en los que
coexisten actividades agrícolas y ganaderas o pesqueras, con otras de especial
interés natural y ecológico, conformando un paisaje de gran interés ecocultural
que precisa su conservación. Su declaración tiene por objeto la conservación de
todo el conjunto y promover a su vez el desarrollo armónico de las poblaciones
locales y mejoras en sus condiciones de vida, no siendo compatibles los nuevos
usos ajenos a esta finalidad”. La superficie total (casi 84.000 ha) y las características de los siete parques rurales declarados hasta el año 2000 (PUERTAS,
2001, 30-31) hacen que, a nuestro entender, sea esta singular figura de protección la que más se acerca al objetivo de salvaguarda de paisajes rurales con un
enfoque territorial y no sólo conservacionista, aunque con problemas de gestión
de los sistemas productivos no resueltos. El desarrollo en el resto de las comunidades autónomas de la figura de Paisaje Protegido pone de manifiesto hasta la
fecha su escaso significado superficial y de gestión (algo más de 50.000 ha, sin
contabilizar los Paisajes propuestos por el PORN de Asturias, pero sin declarar), su aplicación en un reducido número de regiones y la diversidad de criterios que han justificado las declaraciones (desde los estrictamente naturales, a
los de carácter más estético y cultural).
Junto a figuras de protección de explícita referencia al paisaje, es preciso recordar también el contenido paisajístico de numerosos documentos de ordenación y gestión (PORN y PRUG) habituales dentro de la categoría de conservación de la naturaleza de mayor desarrollo en España en los últimos veinte años,
los Parques Naturales. La observación es pertinente por cuanto los citados parques suman hoy en España casi tres millones de hectáreas y porque, fruto de ese
crecimiento notable en número y en extensión, muchos de ellos se caracterizan
por albergar ecosistemas de base agrosilvopastoril, gestionados por explotaciones agropecuarias y forestales, y, consiguientemente, por contar con paisajes
cuya estructura e imágenes poseen un elevado contenido rural. En todo caso,
conviene tener presente que nos hallamos ante figuras referidas mayoritariamente a espacios naturales protegidos y que el paisaje no se entiende aquí como
una cualidad de todo el territorio, sino como mérito de determinadas áreas, merecedoras a juicio del legislador de una figura específica de conservación.
Además, en este tipo de instrumentos y de espacios el paisaje no ha constituido,
al menos hasta la fecha, un asunto preferente de ordenación, frente al peso de
otros elementos y procesos ligados al medio natural y al uso público.
Es mucho, pues, lo que queda por hacer en materia de ordenación y gestión
del paisaje dentro de los espacios protegidos. La experiencia de los “Planes de
paisaje” de los parques naturales regionales franceses, con criterios, directrices
y acciones paisajísticas en materia de gestión de agrosistemas y de patrimonio
construido, está llena de enseñanzas y de posibilidades para muchos parques
españoles que, como los franceses, presentan un perfil rural muy marcado
(DONADIEU, 2002, 114 y ss.; PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS DES
VOSGUES, 1998).
Por todo lo dicho y en la medida en que las tramas de la ruralidad están presentes en la mayor parte de los espacios -en los de dedicación predominantemente agropecuaria, pero también en los cada vez más extensos tejidos perirubanos y rururbanos-, la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico
cuentan con evidentes potencialidades para la gestión de los paisajes rurales.
Entre otras razones, porque es a la escala de actuación que disciplinarmente les
es propia (regional y, sobre todo, comarcal y local) donde tiene lugar el modelado histórico de la diversidad de los paisajes rurales, donde se fraguan las identidades paisajísticas y se desarrollan las experiencias de contemplación e interpretación del paisaje. A su vez, a escalas regionales y subregionales, el paisaje
se convierte en una recomendable vía de lectura del territorio, necesaria y previa a cualquier acto de ordenación que pretenda sustentar su modelo territorial
en la identidad de los lugares y en las expectativas de la población que los habita (ESPAÑOL ECHÁNIZ, 2002, 107-110).
Las iniciativas de protección del paisaje en la legislación urbanística vigente
se concretan en normas de aplicación directa y en la planificación especial. Las
primeras se refieren básicamente a las construcciones, que, según el artículo
138 de la Ley del Suelo, “habrán de adaptarse en lo básico, al ambiente en que
estuvieran situadas”. Junto a esa disposición genérica, son los Planes de Ordenación Urbana los que, según el artículo 72 de la citada ley, han de establecer
medidas para la conservación de la naturaleza y defensa del paisaje en el suelo
rústico. La Ley del Suelo cuenta también, como es sabido, con un instrumento
apropiado en teoría para la ordenación paisajística –el Plan Especial-, aunque
apenas utilizado, pese a figurar entre sus justificaciones y objetivos “la protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas”. Merece
señalarse en unas páginas como estas dedicadas a los paisajes rurales, el uso que
de la figura del Plan Especial se ha hecho en la ordenación del Parque Agrario
del Baix Llobregat, un espacio protegido por sus valores agrarios, ecológicos y
culturales dentro del área metropolitana de Barcelona, promovido por la Diputación Provincial, la Unió de Pagesos y el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Sin embargo, en los últimos años son los instrumentos reglados de ordenación
del territorio de ámbito regional y subregional y, de forma aún muy escasa, algunos proyectos específicos de ordenación paisajística emanados también de la
legislación urbanística de las comunidades autónomas, las iniciativas que manifiestan mayor interés por la defensa de los paisajes –concretamente, por los de
dominante rural- y por la incorporación del paisaje como semántica y como
cualidad de todo el territorio a las tareas de planificación física y de ordenación
sectorial. Obviamente los análisis y las propuestas paisajísticas de ese tipo de
documentos no se refieren sólo a los paisajes llamados rurales, entre otras razones porque, como se dijo al comienzo, el paisaje en ordenación del territorio,
aun dentro de un panorama metodológico y técnico plural, tiende a tratarse globalmente. Lo cierto es que en muchos de esos paisajes las morfologías rurales
resultan predominantes. La relación de ejemplos de propuestas sobre el paisaje
rural en instrumentos de ordenación del territorio de ámbito regional y comarcal es hoy ya relativamente amplia, aunque los desarrollos concretos escaseen
todavía. Sin pretensión de exhaustividad, se comentan a continuación algunos
Entre los documentos de ámbito regional hay que señalar la estrategia sobre
“Criterios para la protección y gestión del paisaje” de las Bases del Plan de Ordenación de Territorio de Andalucía (JUNTA DE ANDALUCÍA, 1999), una comunidad autónoma que cuenta entre sus objetivos estatutarios con el de “realzar
el paisaje” y que ya promovió la Carta del Paisaje Mediterráneo, génesis de la
recientemente aprobado Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa,
2000). Dentro de la citada estrategia se mencionan explícitamente los criterios
para la ordenación y conservación de los paisajes rurales, mediante la formulación de “directrices para la compatibilización de los usos y actividades en el
medio rural, y en especial de los procesos urbanos y agrícolas intensivos, con
los valores naturales y paisajísticos, considerando las características diferenciales de los distintos grandes ámbitos del territorio: áreas de montaña, áreas agrícolas interiores, áreas litorales o zonas áridas” (JUNTA DE ANDALUCÍA, 1999,
Otros instrumentos de ordenación de ámbito subregional, regulados por la ley
autonómica 1/1994, como el Plan de Ordenación del Territorio de la comarca
del Poniente almeriense (aprobado en el 2002) (JUNTA DE ANDALUCÍA,
2000b), el de la Sierra de Segura (JUNTA DE ANDALUCÍA, 2001) y, de modo especial, el también aprobado Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Granada (y un estudio previo sobre la ordenación de su vega)
(JUNTA DE ANDALUCÍA, 2000a) constituyen referencias de interés metodológico en materia de análisis y de propuestas de tratamiento de las tramas rurales
dentro de iniciativas globales de defensa y mejora del paisaje, y de fomento de
su contemplación. El significativo avance metodológico de estos documentos
en materia de paisaje (tanto analíticos como propositivos) no impide reconocer
los problemas no resueltos de gestión y las dificultades para desarrollar acciones capaces de materializar sus propuestas (BENAVENT F. DE CÓRDOBA, 2002;
SÁNCHEZ BIEC, 2002; VEGA GONZÁLEZ, 2002).
Por su parte, las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y Entorno, primer instrumento de planificación espacial de escala comarcal o subregional que se aprueba en Castilla y León, al amparo de su Ley de Ordenación
del Territorio, de 1998, tiene en el paisaje un elemento fundamental de lectura y
comprensión del territorio, y, al mismo tiempo, un objeto principal de ordenaPolígonos. Revista de Geografía, 14 (2004); pp. 97-137
ción de la estructura física de la aglomeración vallisoletana. Los “paisajes agrarios” (denominación de las Directrices) forman parte de los “ámbitos valiosos”
dentro del modelo de ciudad-región propuesto y cuentan con directrices específicas de protección, referidas tanto a los espacios agrícolas periurbanos (y en
especial a las llamadas Áreas de Interés Paisajístico, Histórico y Agrícola), como a la propia agricultura periurbana y a las prácticas agroambientales (RIVAS
y ESCOBEDO, 2002, 62-63)
La Comunidad Autónoma del País Vasco, que tiene aprobadas desde 1997 sus
Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y que desarrolla en la actualidad diversos Planes Territoriales Parciales (promovidos por el ejecutivo autonómico o por iniciativa de las Diputaciones Forales) para las 15 áreas funcionales establecidas en las DOT, así como diversos Planes Territoriales Sectoriales,
ha incluido en el Avance del Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio
Natural (GOBIERNO VASCO, 2001) un anexo sobre Modelo de Paisaje, con criterios y directrices específicas para los usos agrarios, referidas tanto a los elementos, actividades y procesos modeladores del paisaje rural, como a su propia
visión. Algunos Planes Territoriales Parciales, en fase de Avance, como los de
las áreas funcionales de Durango y de Gernika-Markina –de cuyos equipos redactores formo parte- han incorporado como aspectos importantes del patrimonio y de la identidad comarcal las morfologías rurales, y plantean objetivos y
estrategias paisajísticas conducentes a velar por su mantenimiento como patrimonio y recurso territorial, y a facilitar el acceso a su visión y disfrute.
La necesidad de criterios de gestión para el buen estado de los paisajes rurales
Por la experiencia que vamos adquiriendo y por la que se tiene ya en países
de nuestro entorno, la acción política y técnica sobre las bases rurales del paisaje desde la ordenación del territorio, más allá del restringido ámbito de los espacios protegidos, constituye a nuestro modo de ver una oportunidad para ensayar y desarrollar las tres formas de intervención que el Convenio Europeo del
Paisaje establece y que ya han sido citadas: la protección, la gestión y la mejora,
sobre la base de la identificación y caracterización del paisaje, la participación
pública y el establecimiento de los denominados “objetivos de calidad paisajística”.
Como se señaló al comienzo de estas páginas, la consideración del paisaje
como cualidad de todo el territorio, lleva al Convenio a proponer, desde el punto de vista operativo, diversas formas de intervención y regulación según los
valores, funcionamiento y estado de cada paisaje. Protección, gestión y mejora
no deben entenderse como formas de intervención excluyentes, sino como énfasis que atienden al estado de cada paisaje o de cada parte del conjunto, y a los
objetivos de calidad paisajística previamente establecidos. Creemos que se trata
de una propuesta adecuada para responder al panorama variado que presentan
en la actualidad las bases rurales del paisaje o, si se prefiere, los paisajes de
dominante rural en territorios de vieja historia agraria, sujetos en los últimos
tiempos a cambios y a dinámicas a veces muy activas.
La protección, con su correlato de regulaciones restrictivas, pero también con
el establecimiento de prioridades para el desarrollo de acciones de mantenimiento y mejora del patrimonio protegido, debiera concentrarse sólo en aquellos elementos, patrones o ámbitos paisajísticos rurales de sobresaliente valor,
relevancia social y buen estado de conservación. La convergencia del juicio experto y de las indicaciones de la participación pública suele arrojar, hasta donde
sabemos, bastante luz al respecto, tanto en materia de identificación de tales
ámbitos como de los objetivos perseguibles. En general, no obstante, la protección paisajística en espacios de dominante rural, caracterizados por su considerable extensión, habría de circunscribirse a áreas reducidas, abarcables y gestionables de acuerdo con todos los compromisos que la conservación activa implica.
Pero para muchos de los paisajes rurales que mantienen una actividad agropecuaria dominante con variados niveles de intensidad productiva, la acción paisajística más pertinente, a nuestro juicio, es la que la Convención denomina
“Gestión”6. Requieren estos paisajes, los agropecuarios, pero también bastantes
de los calificados como “rururbanos”, criterios y regulaciones destinados a la
gestión de sus características identitarias y de sus dinámicas. Se trataría con
ello, no tanto de impedir o de limitar siquiera (en algunos casos sí sería preciso)
la incorporación de nuevos elementos exigidos por el cambio de los sistemas
productivos o por otras actividades que precisan implantarse en el medio rural,
sino de estudiar e ir desarrollando criterios paisajísticos para la mejor integración de tales cambios e implantaciones, derivados en unos casos de la intensificación y en otros, del abandono, la extensificación o los nuevos usos. Abogamos así por la pertinencia de acciones específicamente paisajísticas referidas a
las formas rurales, que no necesariamente han de actuar sobre las estructuras y
los procesos del paisaje, sino sobre sus manifestaciones externas, epidérmicas.
Una visión dinámica de los paisajes rurales españoles y de otros países próximos (MATA OLMO y SANZ HERRÁIZ, 2003; BRUNET, 1994) pone de manifiesto
Recuérdese que el Convenio entiende por Gestión de los paisajes “(…) las actuaciones dirigidas, en la perspectiva del desarrollo sostenible, al mantenimiento del paisaje con el fin de guiar
y armonizar las transformaciones inducidas en él por la evolución, social, económica y ambiental”.
la existencia de un repertorio de perturbaciones reiteradas en el paisaje rural, un
“censo de disonancias” –como las ha denominado Pascual Riesco- sobre las que
prioritariamente habría que dirigir los criterios y recomendaciones de gestión.
No negamos con ello la necesidad de actuar sobre procesos más estructurales,
más “de fondo”, que tienen que ver, por ejemplo, con cambios de los usos del
suelo o con la implantación de grandes infraestructuras. Pero no conviene olvidar tampoco el deterioro que suponen para muchas áreas rurales funcionales y
en aceptable estado, la suma de pequeños impactos, que acumulados por descuido o falta de criterios de gestión paisajística, pueden llegar a desvirtuar la
identidad y el interés de muchos de los paisajes de nuestros campos.
La experiencia aportada por los trabajos de escala comarcal que con objetivos
de ordenación del territorio o específicamente paisajísticos venimos realizando
en los últimos años permite concluir que las perturbaciones más habituales tienen que ver con alguno de los hechos siguientes: en primer lugar, con la difusión de nuevos o renovados elementos construidos en forma de anejos, dependencias e instalaciones relacionados con nuevas necesidades de la explotación
agrícola y ganadera; en segundo término, con el cerramiento de las parcelas y
los diseños y materiales empleados; en tercer lugar, con el manejo de los caminos, ya sean de nuevo trazado o modificación de los tradicionales; y, finalmente, con la proliferación de edificaciones residenciales, en unos casos como ampliación y mejora de las ya existentes, y en otros muchos, como viviendas nuevas de primera o segunda residencia sin vinculación significativa con la actividad agraria.
Cierto es que en muchos casos se trata de aplicar con más convicción y contundencia la disciplina urbanística emanada del planeamiento y de instrumentos
de ordenación, para limitar la urbanización indiscriminada del campo, no sólo
ya por motivos paisajísticos sino por otras importantes razones de naturaleza
ambiental y de dotación de servicios. Pero paralelamente es necesario avanzar
en el establecimiento consensuado de criterios de integración y en el planteamiento de pequeños proyectos paisajísticos sobre elementos construidos del
paisaje (por ejemplo, naves ganaderas o pequeñas bodegas) o sobre ámbitos
concretos del mismo, en el que tienden a concentrarse determinado tipo de implantaciones. La participación pública, para que esos problemas se interioricen
y se asuman soluciones, es en estos casos muy importante (DEWARRAT y
OTROS, 2003, especialmente capítulos 3 y 4).
Hay quienes oponen a las iniciativas de integración de nuevos elementos
construidos el valor de la desnudez de la obra funcional, evocando para ello el
legado cultural que hoy constituyen obras del pasado como molinos, norias, batanes o viejas bodegas. Ese argumento podrá resultar válido para algún caso aislado de naturaleza arquitectónica; pero para la mayoría los elementos introduciPolígonos. Revista de Geografía, 14 (2004); pp. 97-137
dos por los procesos de intensificación y modernización recientes, la integración formal parece a todas luces necesaria. Y no se trataría necesariamente de
integrar mediante la repetición banal de construcciones y artefactos miméticos,
producidos en serie para un lugar, o imponiendo una paleta de colores muy restrictiva para la pintura de fachadas (de lo que ya hay experiencias interesantes;
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE MUNSTER, 1999), sino, como apunta Riesco, consensuado criterios básicos que tengan que ver más, por
ejemplo, con la selección de volúmenes y orientaciones de lo edificado de menor incidencia sobre horizontes y siluetas del paisaje, o mediante el empleo de
materiales de mínima capacidad reflectante y la homologación de materiales
meteorizables, que adquieren texturas y pátinas de acuerdo con el clima y la
edad de la obra (RIESCO, 2001).
La proliferación de cierres metálicos de gran alzada en áreas donde esta práctica no ha sido tradicional y donde en muchas ocasiones las circunstancias actuales tampoco lo justifican es hoy otra de las perturbaciones más lesivas para el
paisaje rural, con implicaciones ecológicas y de acceso al paisaje que tampoco
deben obviarse. En sentido contrario, y negativo también para los valores ambientales y culturales del paisaje, desaparecen o no reciben el manejo adecuado
setos vivos y paredes secas, que constituyen en muchos casos elementos muy
importantes de conectividad ecológica, de valor cultural y de identidad de los
paisajes rurales. Aunque la tarea no resulta sencilla, es necesario progresar desde la ordenación del territorio, desde el urbanismo y desde la política sectorial
agropecuaria en la limitación justificada (por razones ecológicas y paisajísticas,
que con frecuencia coinciden) de determinadas formas de vallado, sobre todo
porque junto al derecho de la propiedad privada al cerramiento, emergen otros
valores y otros bienes comunes, como el derecho al disfrute del paisaje, que
pueden aconsejar determinado tipo de restricciones (con las compensaciones
que eventualmente fueran precisas). La ciencia jurídica está reflexionando en
esa línea y aportando soluciones a una forma de conflicto de usos emergente, en
torno, concretamente, al disfrute del paisaje (BELRHALI y OTROS, 2002;
PERRIER-CORNET, 2002; PRIORE, 2002).
Pero junto a restricciones y limitaciones del cierre de fincas, no siempre fáciles ni funcionalmente posibles, la gestión paisajística de los cercados debe progresar también en dos sentidos: por una parte, favoreciendo el uso de materiales meteorizables, capaces de envejecer albergando nuevas formas de vida y
mimetizándose con el entorno; y, por otra, propiciando y apoyando el mantenimiento y la reconstrucción de setos y paredes de piedra, como de hecho ya
hacen programas agroambientales o patrimoniales con las cercas y con otros
elementos lineales como balates, terrazas o bancales.
No obstante, las acciones en materia de mantenimiento y recuperación de estructuras lineales construidas, muy costosas, sobre todo allí donde tienen gran
presencia territorial, difícilmente pueden abordarse con carácter general si no
mantienen cierto grado de funcionalidad, si no se cuenta con actividad y agricultores que precisen de su existencia o que, al menos, estén dispuestos mediante algún tipo de compensación (fiscal o remunerada) a su mantenimiento. En
caso de cese de actividad o de reducción significativa de la misma, será preciso
establecer prioridades sobre las áreas y elementos que merecen atención preferente. Por las experiencias que se comentarán a continuación, requieren a nuestro juicio un cuidado especial las zonas más visibles por su emplazamiento, por
su proximidad a las vías más transitadas y a miradores, y aquellas que forman
parte del entorno de conjuntos patrimoniales de interés, como los arqueológicos
y artísticos o los núcleos de población. Junto a razones de tipo visual y patrimonial, deberán considerarse también criterios ambientales, como el papel que
cercas, terrazas y balates desempeñan en el control de la erosión y defensa de
suelos o en la organización del drenaje superficial.
En el caso de los nuevos cerramientos metálicos, se han sugerido así mismo
medidas compensatorios de revegetación lineal (RIESCO, 2001), que pueden incluir desde árboles y arbustos, cuestión en la que se va progresando, no sin errores, en el tratamiento de autovías y carreteras. La recuperación de elementos arbóreos tradicionales, aislados o alineados en el borde de las parcelas o a lo largo
de los caminos, requiere proyectos específicos de recuperación y gestión paisajística. Resultan especialmente apropiados allí donde estas estructuras lineales
del paisaje han sido habituales, como en muchos paisajes mediterráneos regados, hoy frecuentemente en proceso de rururbanización y donde el trazado de
nuevos caminos o la urbanización dispersa podrían muy bien compensarse con
revegetaciones perimetrales de fincas y viario, sujetas a criterios paisajísticos y
ecológicos adecuados (L’HELGOUALCH, 2000).
Criterios de gestión como los señalados caben dentro de las determinaciones
del planeamiento para el suelo no urbanizable, de instrumentos de ordenación
de ámbito subregional y de otras figuras regladas por la legislación autonómica
en materia de urbanismo y planificación territorial. Pero cabrían también en
proyectos específicamente paisajísticos planteados desde la política agroambiental o de conservación de la naturaleza. Para finalizar se presentan a continuación dos propuestas de ordenación paisajística de distinto alcance, sobre paisajes de características y dinámicas muy diferentes, pero con el denominador
común de una ruralidad muy presente: la isla de Menorca y la Huerta de Murcia.
El tratamiento del paisaje rural en el Plan Territorial Insular de
El proceso de elaboración de las Directrices de Ordenación Territorial de las
Islas Baleares (DOTIB) dio ya importancia a los aspectos compositivos y visuales del paisaje. La Ley de 3 de abril de 1999, del Parlamento de les Illes Balears, que aprueba las citadas directrices, incluye dentro de las “áreas sustraídas
al desarrollo urbano” como suelo rústico protegido las Áreas Rurales de Interés
Paisajístico, definidas previamente por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de
les Illes Balears. Tras la aprobación de la citada ley de 1999 se puso en marcha
la elaboración de los instrumentos de ordenación territorial de ámbito insular,
los llamados primero Planes Territoriales Parciales y, en la actualidad, Planes
Territoriales Insulares, uno para Mallorca, otro para Menorca y un tercero para
las Pitiusas (Ibiza-Formentera). El primero de los aprobados, el PTI de Menorca
(abril de 2003), aborda el paisaje, y específicamente el paisaje rural, como vía
de lectura del territorio, como principal elemento patrimonial y de identidad insular7, por encima incluso de los sobresalientes valores de diversidad biológica
de la isla, y como un recurso necesitado de ordenación.
Por esas razones, el PTI ha concedido gran importancia al tratamiento del paisaje y, específicamente, a sus bases morfológicas y funcionales agropecuarias.
El medio rural está en Menorca en estrecha relación con el estado, la diversidad,
la dinámica y los valores del paisaje. Hay acuerdo sobre el destacado papel que
ha correspondido tradicionalmente a la actividad agrícola y ganadera en la economía, en la sociedad y en la cultura de la isla. Las prácticas agropecuarias,
además de haber constituido durante siglos el modo de vida principal del interior insular, han contribuido de forma decisiva a modelar un paisaje que, en estrecha relación con los recursos y la diversidad de ambientes isleños, constituye
una de las señas de identidad mayores de Menorca.
Por ello, la actividad agropecuaria y forestal tiene en el PTI, además de una
consideración sectorial, un tratamiento fundamentalmente paisajístico y territorial. El Plan se convierte, de hecho, fruto del acuerdo político dentro del equipo
de gobierno insular, en instrumento de concertación y de regulación territorial
de una agricultura viable económica y ecológicamente, en sintonía con los postulados de la Reserva de la Biosfera. De hecho, los objetivos, directrices y líneas de actuación del PTI para las distintas categorías de suelo rústico tienden
a garantizar un alto grado de compatibilidad ambiental (ecológica y paisajística)
de la agricultura. Al mismo tiempo se establecen líneas de acción y fuentes de
Así lo puso de manifiesto desde primer momento el proceso de participación pública.
financiación, existentes o a desarrollar (derivadas, por ejemplo, de la fiscalidad
ambiental), para el mantenimiento de los valores ecológicos y paisajísticos de la
agricultura, para remunerar en determinados casos la “externalidad” positiva
que supone un espacio rural valioso, y para el fomento de nuevas formas de
competitividad, alternativas al modelo convencional de incremento de la productividad ganadera de orientación láctea, muy frágil y dependiente, tanto en
términos económicos como agroecológicos.
En las fases de análisis y diagnóstico del Plan, el tratamiento del paisaje se ha
concretado en dos formas de análisis geográfico y de expresión cartográfica,
que merecen algún comentario:
1. Un mapa de unidades de paisaje, es decir, de configuraciones paisajísticas identificadas por su homogeneidad morfológica y funcional, de base
natural y rural en la mayor parte de los casos (aunque no faltan paisajes
turísticos y periurbanos); este mapa, y toda la información que lo acompaña (caracterización, dinámica y valoración de cada una de las 22 unidades identificadas), ha constituido un documento muy valioso tanto para
la posterior ordenación paisajística, como para la interpretación de la estructura territorial y de sus tendencias.
2. Un mapa de las cuencas visuales de más interés para la ordenación, relacionadas con las carreteras y caminos más transitados y con determinados puntos panorámicos relevantes y relieves destacados, sobre algunos
de los cuales estaba prevista la implantación de un total de cuatro parques eólicos de tamaño medio, pero de gran incidencia visual en un espacio de las dimensiones y características topográficas de Menorca (20
por 45 km en sus ejes mayores y una cota máxima de 358 m en el sector
central de la isla).
En materia de paisaje, la propuesta del PTI, superando los mínimos establecidos en las DOTIB, establece la categoría de suelo rústico protegido denominada
Áreas de Interés Paisajístico, que entre otros suelos no urbanizables incluye
conjuntos de paisaje rural de elevado interés por su representatividad, valor patrimonial, fragilidad y buen estado de conservación, regulando las actividades y
los aprovechamientos a través de la correspondiente matriz de usos (MATA,
RODRÍGUEZ y SEVILLA, 2002; MATA y PUERTAS, 2002). Se trata habitualmente
de paisajes (como los del norte de Ciutadella) en los que la presencia del sistema de parets (paredes secas) y de construcciones para la ganadería extensiva
(barraques), también en piedra, alcanza sus formas más puras y su más alto
significado visual, al impedir la intensidad del viento en áreas muy combatidas
de Tramuntana el desarrollo de setos vivos asociados a las cercas. Son, pues,
paisajes líticos, en los que parets y barraques emergen y se mimetizan con el
descarnado predregal combatido por el viento. Hacia este tipo de suelos y de
paisaje se dirigen prioritariamente las acciones positivas de carácter sectorial o
propuestas por el PTI en materia de defensa del paisaje, como programas y
ayudas para el mantenimiento de paredes, cerramiento de parcelas con acebuche
(muy abundante en el mosaico agroforestal de la isla) y construcciones anejas
en piedra. De esa forma la atribución de alto valor por el Plan a un determinado
paisaje no supone sólo regulaciones de uso para la salvaguarda del patrimonio
que se quiere mantener, sino también prioridad en el desarrollo de actuaciones
encaminadas al mismo fin, un aspecto que hasta la fecha apenas ha desarrollado
la administración sectorial agraria.
No obstante, el objetivo prioritario de salvaguarda y gestión de la identidad
paisajística de Menorca que la normativa del PTI recoge de forma explícita en
su artículo 1 y desarrolla en los artículos 11, 61 y 62 no se limita a las Áreas de
Interés Paisajístico, sino que se extiende a otros suelos rústicos y urbanos y a
elementos –entre ellos, de manera destacada, los rurales (junto a las paredes secas, las construcciones aisladas -llocs- y sus anejos, y los caminos rurales8)-,
que se detallan en el artículo 62. Concretamente, entre las estrategias y líneas
de actuación del PTI destinadas a la integración y minimización del impacto
paisajístico de equipamientos e infraestructuras sobre paisajes de interés, entorno de núcleos y cuencas visuales de las carreteras, figura un Plan Especial de
Antenas de Telefonía Móvil, aprobado incluso antes que el PTI para poder responder con criterios paisajísticos a las demandas de los operadores sobre implantación de mástiles y construcciones anexas.
Las tramas rurales en el estudio y propuestas de ordenación del paisaje de la Huerta de Murcia
Los documentos citados hasta aquí son instrumentos reglados de ordenación
del territorio en los que el paisaje ocupa sólo una parte más o menos relevante
de los mismos. No obstante, algunas administraciones autonómicas han iniciado
la elaboración de estudios de contenido exclusivamente paisajístico, de ámbito
supramunicipal, con la intención de convertirse en directrices de paisaje, ajustándose a algunas de las figuras urbanísticas o de ordenación del territorio existentes9. Es el caso de la Región de Murcia, en la que durante los años pasados,
El PTI recoge en el artículo 62.13 la redacción de un Plan especial de caminos rurales de interés paisajístico, incluyendo el Camí de Cavalls, el Camí d’En Kane y el Camí de Ferreríes.
Con posterioridad a la redacción final de este texto (junio de 2004), Cataluña ha aprobado en
marzo de 2005 su Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, por la que se diseña la
política de paisaje autonómica, la constitución de los Catálogos de Paisaje, de los que resultan las
Directrices de Paisaje, que se incorporan a los instrumentos reglados de ordenación del territorio
la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio ha promovido la realización de diversos proyectos de análisis, diagnóstico y propuestas de paisaje (sobre el litoral, el área metropolitana de Murcia -comarcas de la Huerta de Murcia
y de la Vega Media del Segura-, Noroeste murciano y Altiplano), con la intención de convertirlos en directrices de paisaje de los instrumentos de ordenación
de ámbito comarcal. La dirección y la participación en el equipo redactor del
proyecto de paisaje del Área Metropolitana de Murcia me lleva a terminar estas
páginas con algunas reflexiones (a partir de la experiencia murciana) sobre el
decisivo papel de los elementos, los procesos y las configuraciones rurales en la
imagen de paisajes periurbanos de acendrada tradición agraria, y en las iniciativas para su ordenación. Aunque el estudio se ha ocupado de las dos comarcas
que forman la denominada Área Metropolitana (Vega Media y Huerta de Murcia), me referiré sólo a esta última, que ofrece uno de los mejores ejemplos de
los paisajes mediterráneos de regadío, y constituye al mismo tiempo uno de los
referentes mayores en el imaginario colectivo de la región y de fuera de ella
(CONSEJERÍA DE TURISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA REGIÓN
DE MURCIA, 2001; MATA OLMO y FERNÁNDEZ MUÑOZ, 2004).
La primera observación es la pertinencia de los espacios y de las escalas comarcales en los trabajos de análisis y ordenación del paisaje, sobre todo de
aquellos con fuerte contenido rural. Las razones ya se han señalado en este texto y se manifiestan con claridad en el caso de la Huerta murciana. Su paisaje es
la expresión de la comarca del mismo nombre, con su abigarrada trama rururbana desarrollada sobre la amplia llanura de inundación del Segura, aguas abajo
del azud de la Contrapasada y tras su confluencia con el Guadalentín. El conjunto paisajístico se asienta mayoritariamente sobre el extenso término de la
ciudad de Murcia, heredero de un gran alfoz medieval que rebasa hacia el sur el
borde serrano meridional de la Huerta, pero incluye también otros pequeños
municipios (Alcantarilla, Beniel y Santomera), que no pueden desligarse ni
morfológica, ni funcionalmente del gran cuadro huertano. Esa consideración del
paisaje como hecho territorial de ámbito supramunicipal tiene también consecuencias positivas para su ordenación.
Pero el tratamiento a la vez morfológico y perceptivo del paisaje de la Huerta
de Murcia –como el de tantas otras vegas y valles ibéricos- obligó a incorporar
sus cierres montañosos septentrional y meridional. Ambos acotan con nitidez la
escena paisajística, constituyen en muchos de sus puntos excelentes atalayas para la contemplación de la Huerta y son indisociables de la propia imagen huertana vista desde la llanura aluvial. El proceso de participación pública, que ahode ámbito subregional (Planes Territoriales Parciales) y sectorial (Planes Directores Territoriales).
ra comentaremos, llamó la atención desde primer momento sobre esta circunstancia. Lo hizo con la identificación de los principales puntos de visión panorámica (de los 14 identificados, los tres primeros están ubicados en los bordes
montañosos inmediatos a la vega del Segura); pero lo confirmó también –cosa
más sorprendente- con la indicación de los lugares y parajes más característicos
de la Huerta: dos de los once más valorados (el castillo de Monteagudo y el
santuario de la Fuensanta) están fuera de las tierras de la vega. Por todo ello, el
estudio y las propuestas de paisaje de un territorio de límites físicos tan claros
como la Huerta murciana abarca también sus quebrados bordes, es decir, la umbría de las sierras del Gallo y del Cristo que la cierran por el sur, y los característicos “cabezos”, sierras y abarrancados glacis que la contornean por el norte.
La lectura intencionada de los principales elementos de la trama huertana, tanto físicos como humanos, de sus relaciones y de su evolución diferenciada en el
territorio ha resultado fundamental en muchos aspectos: En primer lugar, para
la propia caracterización de la Huerta como gran conjunto paisajístico, como
unidad de paisaje a escala regional y de la Península Ibérica10. En segundo término, para identificar e interpretar su diversidad paisajística interna a escala
mayor, concretamente a 1:25.000, a la que se ha trabajado de modo sistemático
en todas las fases del estudio, desde el análisis a las propuestas, aunque para estas últimas se ha descendido en algún caso a 1:10.000; tal diversidad se expresa
en un total de 15 unidades de paisaje, definidas por su elevada homogeneidad
morfológica y su posición geográfica dentro del conjunto. Y por último, para
conocer los cambios y dinámicas más recientes de actividades y usos, y medir
su distinto alcance en el territorio; de hecho, el diagnóstico se ha planteado no
sólo para cada una de las unidades de paisaje, sino también y de modo preferente para aquellos componentes paisajísticos de mayor capacidad explicativa de la
configuración actual del paisaje y de sus tendencias.
En la selección y estudio de los referidos componentes mayores del paisaje,
junto al trabajo del equipo de investigación, fue muy positivo poder contar con
obras de referencia sobre la realidad territorial de la Huerta. No es el momento
de citar aquí la larga relación de investigaciones, con objetivos y enfoques variados, sobre el espacio huertano, muestra, por otra parte, del interés que ha suscitado este emblemático paisaje. Es obligado mencionar, no obstante, el libro
del profesor Francisco Calvo, que por su concepción integradora, su rigor, su
aproximación diacrónica y su sensibilidad paisajística es ya una obra clásica y
básica para cualquier estudioso o planificador de la Huerta. Pero junto al trabajo
La Huerta de Murcia es, de hecho, una de las 1.263 unidades de paisaje identificadas y delimitadas en el Atlas de los paisajes de España, y el caso analizado en dicha obra como ejemplo
del Tipo de paisaje Vegas del Segura.
y a la literatura experta, resultaron de mucho interés la información y las sugerencias aportadas a lo largo del proceso de participación pública. Por limitaciones de tiempo y de recursos, el procedimiento de participación seguido a lo largo del desarrollo del proyecto ha sido el del método Delphi (LANDETA, 1999),
un proceso de consulta grupal dirigido a la obtención de opiniones y, a ser posible, de consensos, de un panel de expertos y agentes implicados en el paisaje,
sobre aspectos de caracterización formal y visual, de identificación de problemas y de formulación de propuestas. El cuestionario se confeccionó en torno a
los siguientes asuntos: (a) los rasgos básicos del paisaje y sus valores (elementos característicos; configuraciones e imágenes; puntos de visión; lugares, parajes y elementos patrimoniales; valores); (b) los procesos y conflictos paisajísticos; (c) propuestas para la defensa, gestión y mejora del paisaje.
De la conjunción de la literatura especializada, el trabajo del equipo (en el que
ha sido esencial el trabajo de campo) y las indicaciones del panel de expertos y
usuarios, resultó el índice de los grandes elementos constitutivos del paisaje
huertano, abordados a partir de ahí en su génesis histórica y estado actual, en
sus distintos patrones de distribución espacial y en sus tendencias. La identificación y caracterización de las unidades de paisaje fue fruto, justamente, de las
particulares formas de articulación de dichos elementos a lo largo de la vega y
de sus bordes montañosos. Tales elementos han sido los siguientes: las formas
básicas del relieve y de la hidrografía a escala local como infraestructura del
paisaje; el sistema hidráulico y de riego, incidiendo en el significado de determinados elementos patrimoniales del sistema como hitos paisajísticos, destacados en el proceso de participación (norias, molinos, acequias y azarbes, azudas);
el dibujo y distribución de los usos del suelo en relación con la trama fundiaria,
morfológica y jurídica; la vegetación natural asociada al río Segura y, sobre todo, a la red hidráulica y al espacio cultivado; el sistema de asentamientos en un
paisaje intensamente urbanizado y definido hoy por la rururbanización, enfatizando en su jerarquía y configuración morfológica y territorial (la ciudad, las
pedanías de borde y de huerta, los pueblos-cabecera municipal, las formas de
habitación dispersa y su distribución y densidad por “heredamientos de huerta”;
y finalmente, la red viaria, en su triple dimensión de elemento morfológico y estructurante (unido a las tramas fundiaria, hidráulica y de asentamiento), de
componente funcional, en la actualidad muy dinámico, y de vía de acceso al
Paralelamente al tratamiento de las cuestiones morfológicas y funcionales del
paisaje, el estudio ha dedicado atención preferente a los aspectos perceptivos,
incidiendo en los miradores y puntos de observación, en los itinerarios paisajísticos y en la caracterización y valoración de las cuencas visuales, atribuyendo
distintos valores de fragilidad a las unidades de paisaje en función, como es
habitual en esta materia, de sus valores intrínsecos y de su capacidad de emitir y
de recibir vistas. Para la determinación y valoración de los puntos de observación e itinerarios seleccionados, junto al trabajo de campo y al empleo de técnicas 3D, y a las indicaciones de la literatura de viajes y de las guías turísticas,
han sido también valiosas las indicaciones del panel de expertos, señalando tanto miradores como rutas. La caracterización y cualificación de los puntos de
contemplación del paisaje ha considerado las dimensiones de las panorámicas y
las posibilidades simultáneas de lecturas de proximidad, la diversidad de paisajes comarcales observables y de referentes externos, y el propio estado de los
paisajes visibles.
A lo largo del proceso de análisis y diagnóstico paisajístico se consideraron
también algunas imágenes culturales del paisaje –pictóricas y literarias-, valiosas desde el punto de vista del conocimiento paisajístico y de las propuestas,
por cuanto recrean artísticamente determinados elementos e imágenes del paisaje huertano, y reflejan también cambios recientes que se operan en tales imágenes. En un breve recorrido por la novela murciana del último medio siglo se
percibe con claridad el paso de las imágenes líricas e idealizadas de la huertajardín, la feracidad y el edén de los años 40 y 50 del siglo XX, a la Huerta como
problema, a la lucha por el agua y a la agonía huertana de los años 70 y 80, con
el permanente argumento del río Segura, vivificador y fertilizante, seco y podrido a un tiempo.
El diagnóstico del paisaje giró en torno al estado de sus principales componentes y a determinados aspectos de gestión paisajística (o de falta de gestión).
Su contenido se organiza en cinco grandes apartados que, en gran medida, inciden en cuestiones básicas del paisaje rural. El primero se ocupa del deterioro de
los paisajes del agua, desde el río Segura y su encauzado curso a la rica y compleja red de riego, dos elementos reiteradamente destacados en el proceso de
participación pública, tanto en la identificación de elementos y lugares característicos del paisaje huertano, como en su valoración y en los problemas más
graves que lo aquejan. El segundo capítulo hace balance crítico de la urbanización de la Huerta, un proceso creciente y extendido, con diferentes patrones
morfológicos en relación con los caminos y el sistema tradicional de asentamientos, y con distintos niveles de intensidad territorial. El tercer asunto del
diagnóstico es el cambio del patrón de los usos agrícolas del suelo, con el avance de la citricultura, la pérdida de superficie, diversidad e intensidad de los esquilmos huertanos, y la intensificación productiva de algunos bordes de la vega,
sobre tradicionales secanos y estepas. Por último, el cuarto capítulo se ocupa de
la falta de gestión del paisaje como recurso territorial, que se refleja, entre otras
cosas, en el deterioro y abandono de la edificación de interés patrimonial de la
Huerta, en la falta de formalización de miradores y rutas paisajísticas, y en defiPolígonos. Revista de Geografía, 14 (2004); pp. 97-137
ciente estado de conservación de los existentes, de sus accesos y, con frecuencia, de sus entornos próximos.
Las propuestas del estudio, en cuyo detalle no es posible entrar aquí, vuelven
a incidir sobre elementos, dinámicas y espacios de naturaleza eminentemente
rural. El primer grupo de propuestas de sensibilización social pretende mostrar
y difundir el patrimonio paisajístico rural del área metropolitana y educar sobre
la base de su conocimiento, disfrute y respeto (con la creación de un centro de
interpretación del paisaje de la Huerta, una exposición itinerante, una guía de
los paisajes huertanos o la definición de un programa de educación ambiental
sobre la Huerta). La propuesta de Zonas y Elementos de Alto Interés Paisajístico, con regulación consiguiente de usos y actividades, y desarrollo preferente
en ellas de acciones de protección y mejora del paisaje (incluidas las patrimoniales por parte de la Administración), recae mayoritariamente sobre parajes y
entornos de elementos de gran significado rural, como los Rincones del Segura
y su añeja organización agraria, la huerta visible en los primeros planos de los
miradores de Monteagudo y la Fuensanta (que permiten una lectura de proximidad de la gran panorámica paisajística), o los entornos de los molinos de Funes
y Alfatego, del Palacio de la Seda, del azud de la Contrapasada o las norias de
La Ñora y Alcantarilla. Las acciones de mejora y regeneración del paisaje se dirigen así mismo a elementos de la trama rural, como linderos de parcelas, cerramientos y caminos, al tratamiento de algunas fachadas de pedanías de la
“costera” sur y del pie de los cabezos, y de determinados parajes especialmente
degradados, como meandros abandonados y enclaves concretos de los rincones
La gestión urbanística y territorial de las propuestas mencionadas, junto a las
acciones en materia de fomento y mejora de la visión del paisaje (miradores e
itinerarios), podría concretarse en dos figuras de ordenación de distinta naturaleza: por una parte, en un Programa de Acción Urbanística (instrumento creado
por la reciente Ley del Suelo de la Región de Murcia) para la conservación, valoración y mejora del paisaje de la Huerta; por otra, en un Programa Agroambiental, con actuaciones y contratos para el mantenimiento y el fomento de la
actividad agraria, tanto en régimen de dedicación principal como secundaria, y
el apoyo a iniciativas de conservación y mejora de elementos tradicionales de la
trama rural (linderos arbolados, arbolado disperso, cercos y cierres de parcelas,
mantenimiento y rehabilitación de artefactos y construcciones, etc.). La evolución en los últimos decenios de la actividad agrícola y de los usos del suelo en
la Huerta murciana, como en otras agriculturas regadas periurbanas, aconsejan
una consideración cada vez más ambiental y patrimonial del espacio agrario,
sobre todo cuando la intensificación y modernización del regadío está teniendo
lugar fuera de estos espacios, en lugares sin limitaciones estructurales para los
nuevos sistemas de producción y de regadío localizado (en el vecino Campo de
Cartagena, por ejemplo, sin salir de la Región). El paisaje de base rural se convierte así en un interesante elemento patrimonial y de identidad del espacio periurbano, y en un objetivo de ordenación para modelos territoriales equilibrados
y sostenibles, que a la vez que conservan, mejoran e integran las tramas rurales
dentro los nuevos tejidos de la urbanización, defienden el escaso y valioso recurso de los suelos aluviales de las vegas.
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CARGANDO EL PROPÓSITO

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