Source: http://suontraj-merida.blogspot.com/2016/06/
Timestamp: 2017-08-22 03:28:01+00:00

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SUONTRAJ SECCIONAL MÉRIDA: junio 2016
Cifras del falso gobierno obrero
El maquillaje que hace el Gobierno a las cifras del desempleo pretende esconder la realidad de millones de venezolanos que no reciben un salario suficiente para vivir dignamente
Utilizando una estética supuestamente izquierdista, el gobierno de Maduro ha pretendido identificarse con quienes trabajan. Para ello y siguiendo a su predecesor, usa y abusa de la iconografía asociada al ideario obrero socialista. Sin embargo la mejor demostración de la rebeldía fashion que lo caracteriza, son las cifras que exhibe su gestión.
El INE, en sus datos sobre la fuerza de trabajo, reporta que para el pasado mes de abril se había producido un aumento de la desocupación femenina, lo que significa que hay menos mujeres recibiendo salario y protección social. Adicionalmente, el INE informa que de la gente que trabaja en Venezuela, un 60,3% lo hace en el sector formal de la economía, mientras un 39,7 labora en actividades informales.
Según informó esta semana el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, a través de su cuenta twitter, en cifras reales la inactividad laboral que describe el INE afecta a 8,3 millones de personas este año, mientras el desempleo abierto se ubica en 1.035.238 de personas. Ello significa que de 14.124.319 personas que conforman la población económicamente activa, un 92,7% estaría ocupada y el 7,3% desempleada.
Ahora bien, el término ocupación laboral que el INE identifica, no responde a la clasificación aceptada por la Organización Internacional del Trabajo como trabajo digno, ni coincide con las definiciones constitucionales. Es decir, el 92,7% de la población económicamente activa en Venezuela no percibe un salario que, como establece el artículo 91 de la constitución, le permita vivir con dignidad. Ocupación, para el INE, es cualquier actividad realizada, que haya sido informada por las personas entrevistadas, durante el muestreo denominado encuesta de hogares. Si esa actividad implica remuneración o no, eso es otra cosa.
Resulta que de acuerdo con las definiciones del INE, la ocupación involucra a las personas de 15 años y más de edad, que han declarado estar trabajando “con o sin remuneración, por lo menos una hora, durante la semana anterior a la realización de la entrevista”. Entonces si usted trabajó una hora, la semana pasada, usted es una persona ocupada.
Tamaña manipulación de la estadística oficial, más allá de estar animada por la práctica del avestruz que entierra la cabeza para no ver lo que sucede, pretende inútilmente maquillar la realidad laboral que conocemos. La verdad es que nuestra clase trabajadora está empobrecida y hay una abismal contracción del aparato productivo en el área pública y en el sector privado.
Pero volviendo al INE, la gente clasificada como ocupada y con remuneración, es el grupo de personas que “perciben un sueldo, salario u otro tipo de ingreso o compensación en dinero efectivo o en especie (alimentación o alojamiento) por el trabajo realizado como empleado u obrero, trabajador por cuenta propia, patrono o empleador”. Dicho de otra forma, si usted vive en la casa de su empleador y el alojamiento es el pago que éste le da por su labor, usted no está en la esclavitud, en el feudalismo o en el capitalismo salvaje, sino en el socialismo del siglo XXI.
Hablo de ese batiburrillo de frases tomadas de diferentes libros o manuales o creencias o interpretaciones de ideas, que son o han sido o pudieron ser expresadas por alguien, alguna vez y en algún lugar, que se nos ha presentado como socialismo del siglo XXI. Me refiero a ese modo gubernamental, que es capaz de sostener públicamente en el portal web de organismos oficiales, que Venezuela disfruta las bondades del socialismo del siglo XXI, mientras miles de personas son asesinadas año tras año en una guerra no declarada y millones de seres humanos hacemos cola por comida. Hablo de un país donde se cercenan los derechos políticos a todos los sectores opositores a ese gobierno, y donde especialmente se persigue y descalifica a quienes luchan genuinamente por los derechos de la gente pobre y de la clase trabajadora.
Una izquierda fashion y no un gobierno obrero es lo que manda hoy en Venezuela.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s martes, junio 28, 2016 Vínculos a esta publicación
Etiquetas: Alianza Sindical Independiente, ASI, Gobierno de Venezuela, Gobierno Obrero
La Justicia sin justicia
Las condiciones laborales en el Poder Judicial son precarias, con salarios totalmente devaluados lo que afecta a más de 25 mil personas, así como a más de diez mil jubilados y pensionados
Una profunda injusticia social caracteriza la política laboral en el Poder Judicial. Expresión de ello es la mora en la discusión de la Convención Colectiva, vencida desde junio de 2007, situación que afecta un universo de 25.000 personas. Otro rostro de este drama es el desconocimiento de los derechos de más de 10.000 personas jubiladas y pensionadas, a quienes se les discrimina en sus ingresos al no incrementarse su asignación proporcionalmente a los aumentos salariales -cuando los hay-, percibidos por el personal activo.
La guinda de la torta es la problemática que aqueja al movimiento sindical del sector: dividido, ilegalizado en la práctica y disperso. Si bien tal condición se presenta en muchas organizaciones sindicales, en el caso del Poder Judicial es lamentablemente usada por una gestión institucional que, al menos hasta la presente fecha, desconoce el derecho a una remuneración digna y justa, establecido en el artículo 91 de la CRBV.
¿El resultado? La migración de profesionales y técnicos. Por otro lado, quienes permanecen en el Poder Judicial sufren la peor de las humillaciones al verse bajo el acoso, además de los miserables salarios, de la falta de agua en los sanitarios y el mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado en muchas sedes judiciales, así como la escasez -en algunos casos, la ausencia absoluta- de papel y de tinta. Las decisiones judiciales se imprimen en hojas reusadas por una de sus caras. A ello se unen los precarios escritorios y ascensores que no siempre funcionan, más el aderezo de una arbitraria distribución de bolsas con 3 o 4 productos regulados por persona, cada 20 o 25 días, previa cola, y sin igualdad alguna entre los circuitos judiciales del país.
Habría que sumar a este panorama la creciente animadversión que siente la población hacia el Poder Judicial. Y es que el rechazo popular hacia las decisiones de ciertos Juzgados, en el caso del acceso a las medicinas, por ejemplo, o en el de la constitucionalidad de algunas actuaciones del Ejecutivo, podría constituirse en un factor estresante para la masa laboral tribunalicia, como nos han comentado fuentes directas del sector. El aumento de causas judiciales que generan tensión política en la sociedad y el despliegue, cada vez más frecuente de inusitadas medidas de seguridad en las sedes tribunalicias, expone a riesgos diversos tanto la vida como la salud y la integridad personal de quienes laboran en los órganos de la administración de justicia.
De estos riesgos laborales, por cierto, no se ocupa el TSJ, la DEM, ni el INPSASEL. Ello contrasta con el interés y la diligencia en la actuación de una de las cortes contencioso administrativas de Caracas, que prohibió manifestaciones cerca del CNE dizque para preservar la seguridad del personal de ese organismo. Me dijo una trabajadora judicial que intentó denunciar la degradación general de las condiciones y medio ambiente laboral en INPSASEL, pero en ese organismo del Ministerio del Trabajo le dijeron que no reciben denuncias sobre entes públicos y menos de la DEM o del TSJ.
Ahora bien, a este cúmulo de irregularidades se suma el entorno que rodea a la administración de justicia: delincuencia, inseguridad, inflación pavorosa y violencia sociopolítica. Pero ni el TSJ ni la DEM, abonan para ocuparse del personal Judicial, sus jubilados y pensionados con sentido de equidad. Este mes hubo un ajuste salarial apenas del 20%, retroactivo a marzo, y otro del 30% desde mayo. Ambos se diluyen ante una pérdida del poder adquisitivo de la moneda ubicado en más del 500%.
Por sus recordadas luchas, el personal judicial fue el segmento laboral mejor pagado del sector público hace escasamente una década, pero hoy bajó al foso más profundo por sus pésimas condiciones de trabajo y por la depauperación generalizada de la administración justicia. Es patética esta cara que exhibe el Poder Judicial, sobre todo cuando su cabeza visible pretende dar lecciones a un país que clama justicia.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s lunes, junio 20, 2016 Vínculos a esta publicación
Etiquetas: Contrato Colectivo, CSA, CSI, jubilados, SUONTRAJ, TSJ
TSJ prohíbe a LaPatilla, a Caraota Digital y a todos los medios de comunicación publicar videos de linchamientos
junio 8, 2016 7:08 pm .
El Tribunal Supremo de Justicia prohibió a los medios de comunicación de Venezuela, haciendo hincapié a LaPatilla.com y a CaraotaDigital.com, difundir imágenes de los linchamientos a los presuntos delincuentes en flagrancia.
La sentencia de título: TSJ condena linchamientos por contrariar la convivencia social, la condición humana y el Estado de Derecho, considera que la reseña de estos hechos noticiosos crean “zozobra e incertidumbre en la población”.
En el caso de La Patilla, la nota en cuestión se titula: “Atrapan a “Metrochoro” en Altamira y casi lo linchan (Video)”
El 7 de abril del 2016 el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández interpuso la demanda (que podrás leer a continuación), en la que solicita una medida cautelar innominada, “en virtud de existir un fundado temor de ser víctima de linchamiento”.
La sentencia de título: TSJ condena linchamientos por contrariar la convivencia social, la condición humana y el Estado de Derecho, considera que la reseña de estos hechos noticiosos crean “zozobra e incertidumbre en la población”.En el caso de La Patilla, la nota en cuestión se titula: “Atrapan a “Metrochoro” en Altamira y casi lo linchan (Video)”El 7 de abril del 2016 el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández interpuso la demanda (que podrás leer a continuación), en la que solicita una medida cautelar innominada, “en virtud de existir un fundado temor de ser víctima de linchamiento”.
Sentencia N° 429/2016 COMPLETA
En fecha 07 de abril de 2016, se recibió en esta Sala escrito suscrito por el abogado JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad n° V-14.689.864, inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 105.578, quien ejerció en nombre propio y alegando actuar en representación de la Sociedad, DEMANDA POR INTERESES DIFUSOS contra los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, por difundir de manera indiscriminada los “(…) VIDEOS DE LINCHAMIENTO en sus redes sociales de twitter @la_patilla y @caraotadigital y en su páginas web www.lapatilla.com y www.caraotadigital.net (…)”, lo cual conforme a lo alegado por el demandante, lesiona flagrantemente los “(…) derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y moral, al debido proceso y a la educación de cualquier ciudadano que habite (sic) nuestra (sic) país (…)”. (Mayúscula y negrillas del escrito libelar).
El 11 de abril de 2016, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
En fecha 23 de abril de 2016, el ciudadano JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ presentó escrito mediante el cual ratificó la demanda incoada, así como la medida cautelar innominada solicitada.
DE LOS ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE
El ciudadano JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, ejerció la presente demanda para hacer valer los intereses difusos, en razón de los siguientes razonamientos:
Alertó que “(…) desde inicios del mes de marzo de año 2016 he podido apreciar a través de las páginas web y cuentas de twitter de los medios de comunicación demandados, anteriormente identificadas, (sic) la transmisión constante y reiterada de videos de linchamientos de personas que supuestamente estaban cometiendo algún delito (…)”. (Subrayado y negrillas del escrito libelar).
Agregó que en los videos publicados por las redes sociales se puede apreciar claramente como “(…) las personas rodean a los presuntos delincuentes y los golpean salvajemente, incluso hemos visto videos publicados por los demandados en los cuales se le rocía kerosene a la persona víctima de linchamiento y se puede apreciar como lo queman de forma inhumana (…)”.
Arguyó que la publicación “(…) de estos videos, que se puede apreciar en todo el país por cualquier usuario de las cuentas twiter o las páginas web de los demandados es totalmente innecesaria y fomenta e incita a la comisión de los delitos de homicidio, agavillamiento y lesiones personales poniendo en riesgo a cualquier persona que sea considerada un delincuente a que lo linchen incluso siendo inocente (…)”. (Subrayadoy negrillas del escrito libelar).
Argumentó que los videos de linchamiento difundidos por las redes sociales de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, podrían confundir a la población, ya que ésta podría considerar que “(…) es correcto linchar a cualquier persona, lo que pone en peligro la vida de todos los habitantes del país, niños, jóvenes, ancianos y en fin cualquier persona que sea considerada victima (sic) para ser linchada, incluyendo la vida de quien suscribe (…)”. Destacado del original.
Denunció que no “(…) se justifica darle publicidad constante y reiterada a estos homicidios colectivos para supuestamente dar una noticia, estas actuaciones de los medios de comunicación demandados causan un daño al país por cuanto se está transmitiendo un acto que puede ser copiado por algunos habitantes del país y considerarse como una costumbre de (sic) linchar a quien sea elegido para ello, lo que sin lugar a dudas pone en riesgo los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la integridad física y moral, al debido proceso y a la educación de cualquier ciudadano que habite (sic) nuestra (sic) país (…)”. (Negrillas del escrito libelar).
Alegó que la “(…) constante transmisión de videos de linchamientos hace propaganda a la comisión de este (sic) e incita a que se siga cometiendo, se hace ver como algo normal asesinar o golpear entre varias personas a cualquier ciudadano que sea elegido para ser linchado siendo culpable o inocente del delito que se le impute (…)”.
De la misma manera, el demandante solicita medida cautelar innominada, en virtud de existir un fundado temor de ser víctima de linchamiento. Por ello, requiere que se les prohíba a los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, así como sus cuentas en twitter, la publicación y divulgación constante de los videos con contenido de linchamientos.
En virtud de los argumentos explayados con antelación, el demandante solicita que la presente demanda de defensa de intereses difusos sea declarada con lugar en la definitiva.
Corresponde a esta Sala Constitucional analizar la competencia atribuida para conocer demandas con miras a tutelar los derechos e intereses difusos. Para ello se puntualiza la disposición contenida en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo texto prevé a la letra:
“(…) Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se hayan generado (…)”. (Negrillas de esta Sala).
De la normativa citada, se desprende que esta Sala Constitucional tiene competencia para tramitar las controversias relacionadas con la afectación de los derechos e intereses colectivos o difusos, siempre y cuando la pretensión a tutelar tenga una repercusión nacional; en caso contrario, competirá el conocimiento a un tribunal de primera instancia en lo civil de la jurisdicción donde se suscitaron los hechos.
Partiendo de lo anterior, debemos analizar en el presente caso si efectivamente estamos en presencia de una demanda por intereses difusos, así como también determinar la trascendencia nacional para conocer el fondo de la controversia planteada ante esta Sala Constitucional. Para ello, debe destacarse que la solicitud planteada por el abogado JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ, versa sobre la difusión masiva de unos videos, que a juicio de la parte actora, tienen un alto contenido de violencia y agresividad, lográndose observar, que personas aglomeradas toman la justicia por sus propias manos en perjuicio de uno o diversos sujetos, quienes presuntamente cometieron un hecho delictivo, ocasionándoles lesiones gravísimas o la muerte, según sea el caso, grabaciones éstas que son transmitidas sin censura y sin ningún pudor por los medios electrónicos digitales: “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, respectivamente.
A tal efecto, esta Sala Constitucional en reiteradas en sentencias, ha determinado que estamos en presencia de los intereses difusos cuando las pretensiones:
“(…) se refieren a un bien que atañe a todo el mundo (pluralidad de sujetos), esto es, a personas que -en principio- no conforman un sector poblacional identificable e individualizado, y que sin vínculo jurídico entre ellos, se ven lesionados o amenazados de lesión.
Los derechos o intereses difusos se fundan en hechos genéricos, contingentes, accidentales o mutantes que afectan a un número indeterminado de personas y que emanan de sujetos que deben una prestación genérica o indeterminada, en cuanto a los posibles beneficiarios de la actividad de la cual deriva tal asistencia, como ocurre en el caso de los derechos positivos como el derecho a la salud, a la educación o a la obtención de una vivienda digna, protegidos por la Constitución y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (…)”. (Ver sentencias Nros. 483/2000, 656/2000, 770/2001, 1571/2001, 1321/2002, 1594/2002, 1595/2002, 2354/2002, 2347/2002, 2634/2002, 3342/2002, 2/2003, 225/2003, 379/2003, 1924/2003, 3648/2003, 1522/2007, 1617/2011, 1186/2015). (Subrayado de esta Sala).
En abundamiento de lo anterior, esta Sala en su sentencia n° 536/2005, determinó lo que de seguidas se cita:
“(…) Los derechos o intereses difusos tienen como rasgo definidor su indeterminación objetiva, pues el objeto de los mismos es una prestación indeterminada. Así lo determinó esta Sala Constitucional en su fallo n° 1321 del 16 de junio de 2002 (caso: Máximo Febres Siso y Nelson Chitty La Roche), en el que se señaló lo siguiente:
‘A su vez, los derechos o intereses difusos son indeterminados objetivamente, ya que el objeto jurídico de tales derechos es una prestación indeterminada, como ocurre en el caso de los derechos positivos, a saber, el derecho a la salud, a la educación o a la vivienda. Un derecho o interés individual puede ser difuso cuando es indeterminado por su carácter más o menos general o por su relación con los valores o fines que lo informan. En la privación de la patria potestad o en el procedimiento de adopción los derechos del niño y del adolescente pueden ser difusos en la medida en que la cura o cuidado de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente depende de que el interés tutelable sea concretado por el juez en cada caso. En suma, difuso no se opone a individual, ni se identifica con lo colectivo.Difuso se opone a concreto, claro o limitado; mientras que individual y colectivo se contrarían de manera patente’ (…)”. (Destacado de esta Sala).
En el presente caso, visto el alcance e influencia de los medios de comunicación digitales, así como el hecho notorio comunicacional, podemos colegir que estamos en presencia de un interés difuso, en virtud de protegerse a un número indeterminado de individuos que representan a toda la sociedad o a un segmento cuantitativamente importante de ella, toda vez que los videos objeto de esta solicitud difunden linchamientos, catalogados como actos criminales, conforme al juicio de valor alegado por la parte demandante, que de ninguna manera pueden reemplazar el ejercicio de la justicia y van en detrimento de la dignidad humana, de la calidad de vida de las personas que tienen acceso a esa información en todo el país, creando zozobra en la colectividad por la lesión flagrante del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a la defensa y debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la salud pública, el derecho a la educación y a la garantía constitucional de administrar justicia, haciéndose ineludible la adopción de medidas de carácter general para combatir este flagelo, conforme lo prevén los artículos 43, 46, 49, 78, 83, 102 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.
A este tenor, corresponde analizar si la situación denunciada como lesiva tiene relevancia nacional, para ello, enfatizamos que los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por parte de los medios digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, respecto de la transmisión y difusión indiscriminada de los videos con contenidos de linchamientos, ocasionan indignación, calamidad e incertidumbre en la población venezolana y visto el carácter de orden público que reviste el presente asunto, esta Sala se declara competente para tramitar la presente demanda para proteger los derechos e intereses difusos, todo ello con la finalidad de promover la paz, el bien común y la sanidad pública de la sociedad, tal como se consagra en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. (Ver sentencia n° 426/2012, caso: “Gilberto Rúa”). Así se declara.
Determinada la competencia de esta Sala para conocer de la presente demanda por intereses difusos se evidencia que la misma cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como que no está inmersa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 150 euisdem. En consecuencia, se admite la presente demanda para tutelar los derechos e intereses difusos. Así se decide.
En tal sentido, visto que la presente decisión se dicta fuera del lapso previsto en el artículo 151 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena notificar al abogado JUAN ERNESTO GARANTÓN HERNÁNDEZ.
De igual modo, se ordena citar a la representación judicial de los medios de comunicación digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, presuntos agraviantes, así como notificar de la presente decisión al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), al ciudadano Defensor del Pueblo y a la Fiscal General de la República.
Asimismo, se ordena publicar un cartel de emplazamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
A tal efecto, visto que las medidas cautelares tienen un carácter de necesidad en un determinado procedimiento, se observa que los requisitos exigidos para acordar la procedencia de las mismas (fumus boni iurisy periculum in mora) se reducen a un simple examen del juez de acuerdo a su sano criterio de acordar o no tales medidas, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso sometido a su examen, así como la ponderación de intereses.
En virtud de lo anterior, la pretensión de la medida cautelar innominada en el presente caso se circunscribe a la prohibición de publicar y difundir por parte de los medios de comunicación digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, los videos de linchamientos transmitidos en fecha 15 de febrero de 2016 por el link http://www.lapatilla.com/site/2016/02/15/atrapan-a-metrochoro-en-altamira-y-casi-lo-linchan-video/; el 23 de marzo del año en curso, por el portal web http://caraotadigital.net/ la-gnb-lo-capturo-y-luego-lo-entrego-a-la-gente-para-que-lo-lincharan-video/ y el 04 de abril de 2016 por los link http://caraotadigital.net/vecinos-enardecidos-de-los-ruices-golpean-y-queman-a-hampon-video/ y; http://caraotadigital.net/nuevo-linchamiento-en-caracas-video/, en los cuales se observa como una turba sin piedad y deshumanizando a las víctimas sustituyen el ejercicio de la justicia, quitándole la vida o en su defecto ocasionando lesiones gravísimas a personas que presuntamente cometieron un ilícito penal, lo cual, en un examen preliminar, se constata del contenido de los referidos videos, que son un hecho notorio comunicacional, un mensaje altamente agresivo, violento, que pudiera ser influyente en el bienestar psicológico, moral y emocional de los usuarios y usuarias que visualizan esa transmisión, dejando aparentemente en segundo plano la nota periodística, lo cual pareciera avalar implícitamente los linchamientos, no contribuyendo así los medios de comunicación digitales denunciados -instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso educativo- al fortalecimiento de la ciudadanía en el respeto por la dignidad humana, por la vida, por la ley y por las instituciones encargadas de administrar justicia.
Al respecto, queda acreditado como un hecho notorio comunicacional los videos de linchamientos transmitidos pública y masivamente por los medios de comunicación digitales “LA PATILLA” y “CARAOTA DIGITAL”, cuyo contenido causa perturbación e intranquilidad en la sociedad, lo cual podría ocasionar un caos social, toda vez que el hecho de la noticia es importante, sin embargo, es necesario ser responsable al momento de ofrecer la nota informativa, evitando lo más posible un efecto psicológico negativo en la mayoría de la población, por ser como en psicología se ha estudiado como el “primado” -priming- denominado “(…)un fenómeno inconsciente que hace que nuestra forma de pensar y/o comportarnos cambie debido al contexto de la información (…)”. (Ver link http://:quo.mx/noticias/2014/02/26por-cambia-nuestra-forma-de-pensar).Así se declara.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s jueves, junio 09, 2016 Vínculos a esta publicación
Etiquetas: Derechos Humanos, libertad de expresión, libertad de información, poder judicial, TSJ
TSJ prohíbe a LaPatilla, a Caraota Digital y a tod...
Foro sobre la Ley de Amnistía. ENTRADA LIBRE

References: artículo 91
 artículo 91
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 147
 artículo 150
 artículo 151
 artículo 152