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Timestamp: 2019-02-23 22:58:29+00:00

Document:
Trigésimo sexto período ordinario de sesiones santo domingo, república dominicana del 4 al 6 de junio de 2006 actas y documentos volumen I ag/dec. 46 a ag/dec. 51 (xxxvi-o/06) ag/res. 2158 a ag/res - Página 22
Solicitar a la Secretaría General de la OEA que, a través de la Oficina de Cooperación Jurídica del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, continúe prestando servicios de secretaría técnica a la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC y al Comité de Expertos de dicho Mecanismo, así como apoyo para el seguimiento de los avances a que se refiere el párrafo resolutivo anterior.
Recomendar a la próxima reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC que considere, revise, actualice y complemente en lo que se estime pertinente el “Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción”, adoptado de conformidad con la resolución AG/RES. 1477 (XXVII-O/97), y que presente sus recomendaciones, por conducto del Consejo Permanente, al trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General para su aprobación formal; y solicitar a la Secretaría General que elabore una propuesta que sirva de base para estos efectos.
Solicitar a la Secretaría General que, en desarrollo del Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción, continúe realizando las labores de cooperación técnica destinadas a brindar asistencia para la ratificación o adhesión e implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como para el intercambio de información y experiencias entre las autoridades gubernamentales responsables en la materia, entre otros, a través de la Red Interamericana de Cooperación contra la Corrupción.
Encomendar al Consejo Permanente que dé seguimiento a las actividades derivadas de la presente resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, y que presente un informe sobre su cumplimiento a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones.
Reafirmar el compromiso de los Estados Miembros de continuar fortaleciendo y perfeccionando el sistema interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos y, en ese sentido, continuar implementando las siguientes acciones concretas tendientes al cumplimiento de los respectivos mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno, derivados de las Cumbres de las Américas y en particular de la Tercera Cumbre, celebrada en la ciudad de Quebec y de la Cuarta Cumbre, celebrada en Mar del Plata:
La universalización del sistema interamericano de derechos humanos, considerando la firma y ratificación, ratificación o adhesión, lo antes posible y según sea el caso, de todos los instrumentos universales e interamericanos de derechos humanos;
El cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
El perfeccionamiento del acceso de las víctimas a los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos;
El financiamiento adecuado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias, a fin de seguir atendiendo sus actividades y responsabilidades; y
El examen de la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funcionen de manera permanente teniendo en cuenta, entre otros elementos, los criterios de dichos órganos.
Reconocer los siguientes avances en las áreas específicas del sistema interamericano de derechos humanos, a saber:
El amplio proceso de reflexión sobre el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente;
El diálogo celebrado entre los Estados Miembros y los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en el marco de la CAJP, según se registra en el informe de la reunión contenido en los documentos CP/CAJP-2311/05 add. 2 y add. 2a;
La aprobación de las “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador” mediante la resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05);
El depósito del instrumento de ratificación por parte de Honduras de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la firma y el depósito del instrumento de ratificación por parte de Jamaica de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”; y
Los aportes voluntarios que, para facilitar la labor de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, han realizado Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay, la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, España, Francia, Irlanda, Italia, Suecia, la Comisión Europea y la Secretaría del Commonwealth a la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos).
Encomendar al Consejo Permanente que, a fin de dar cumplimiento a los objetivos mencionados en el párrafo resolutivo 1, y de complementar y reforzar los avances mencionados en el párrafo resolutivo 2:
Continúe el amplio proceso de reflexión sobre el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, iniciado en el marco de la CAJP, en consulta con los Estados Miembros, órganos especializados del sistema interamericano de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, instituciones académicas y expertos calificados en la materia, sobre:
los principales retos que enfrenta el sistema interamericano para promover y proteger los derechos humanos en el Hemisferio;
las posibles acciones para fortalecerlo y perfeccionarlo; y
la pertinencia de convocar una Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos.
Continúe analizando, principalmente a través de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) del Consejo Permanente, los medios para lograr el financiamiento adecuado de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos en el programa-presupuesto de la Organización;
Apoye las iniciativas que emprendan la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos para solicitar financiamiento a los organismos internacionales y regionales, en beneficio de las actividades de los órganos del sistema interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos;
Inste, además, a los Estados Miembros a que contribuyan al Fondo Específico para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos;
Continúe la consideración de medios para promover el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de los Estados Miembros;
Continúe el análisis de las prioridades para el perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, incluido el examen de la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puedan llegar a funcionar de manera permanente, teniendo en cuenta la información suministrada por los Presidentes de ambos órganos sobre el particular;
Celebre anualmente, en el marco de la CAJP, el diálogo sobre el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, entre los Estados Miembros y los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CAJP definirá la agenda de dicha reunión, con al menos dos meses de anticipación; y
Solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que:
Continuar promoviendo el fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección y promoción de los derechos humanos en los Estados Miembros y, a tal efecto, instar a los órganos, organismos y entidades pertinentes de la Organización a prestar, en la medida de sus posibilidades y dentro de sus recursos, cooperación y apoyo técnico a los Estados Miembros que lo soliciten, en forma tal que contribuyan a perfeccionar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a desarrollar relaciones de cooperación e intercambios de información con la Red de Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Américas y la Federación Iberoamericana del Ombudsman, entre otros.
Reafirmar la importancia fundamental que los sistemas nacionales de derechos humanos tienen para la promoción y protección de los derechos humanos, en el fortalecimiento del estado de derecho y de justicia social para la consolidación de la democracia.
Reiterar su respaldo al trabajo que, con independencia política, administrativa y financiera, desarrollan los Ombudsmen o Defensores del Pueblo, Defensores de los Habitantes, Procuradores o Comisionados de Derechos Humanos de los países del Hemisferio en la promoción y la protección de los derechos humanos.
Recomendar a los Estados Miembros que aún no cuenten con las instituciones objeto de esta resolución, que consideren la posibilidad de crearlas y ponerlas en funcionamiento dentro del marco de sus ordenamientos jurídicos.
Alentar a los gobiernos y a los órganos del sistema interamericano a promover la creación de espacios de diálogo entre las instituciones objeto de esta resolución y los órganos pertinentes del sistema interamericano, a efectos de fortalecer su contribución al orden democrático del Hemisferio.
Renovar el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por el trabajo que efectúa la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Asociación de Defensores del Pueblo del Caribe, la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de las Américas, el Consejo Andino de Defensores del Pueblo y el Consejo Centroamericano de Procuradores de los Derechos Humanos.
Reiterar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente que considere invitar a las instituciones objeto de esta resolución a participar en el diálogo a efectuarse entre los Estados Miembros sobre los temas de derechos humanos, sobre la base de la necesidad de su presencia.
COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA LUCHA
REAFIRMANDO que uno de los propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción es promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;
TOMANDO EN CUENTA que el proceso de Cumbres de las Américas se ha preocupado, desde su inicio, de la lucha contra la corrupción y que este tema ha merecido la atención de los Jefes de Estado y de Gobierno;
CONVENCIDA de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones en la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;
RECORDANDO que los Estados Miembros reconocieron, en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que la corrupción puede tener trascendencia internacional, lo cual exige una acción de los Estados para combatirla eficazmente y erradicar la impunidad;
TENIENDO EN CUENTA la resolución AG/RES. 2022 (XXXIV-O/04) “El esfuerzo conjunto de las Américas en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, aprobada en su trigésimo cuarto período ordinario de sesiones, celebrado en Quito, Ecuador, del 6 al 8 de junio de 2004; y
TOMANDO NOTA de la resolución CJI/RES.84 (LXVI-O/05), mediante la cual el Comité Jurídico Interamericano acogió y aprobó, respectivamente, el estudio “El esfuerzo conjunto de las Américas en la lucha contra la corrupción y la impunidad” (CJI/doc.177/05) y la Opinión anexa (CJI/doc.181/05 rev. 4),
2. Invocar a los Estados Miembros para que, de conformidad con sus legislaciones nacionales y tratados aplicables, incluyendo las disposiciones relevantes sobre la extradición o no extradición de nacionales, procuren la entrega y extradición de inculpados al Estado solicitante para permitir su enjuiciamiento y, si se les halla culpables, castigarlos por los actos de corrupción, incluyendo aquellos cometidos en el ejercicio de la función pública.

References: resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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