Source: http://machacandolasalmendra.blogspot.com/2011/01/
Timestamp: 2018-03-20 03:42:42+00:00

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Ahora hay que ser consecuentes y saber que con este aguijonazo, puede ser que el poder judicial haya perturbado la siesta placida del oso que es la banca privada y es muy probable que ahora despierte, reparta un par de zarpazos y todo vuelva a la normalidad. Es decir, a la bancocracia a que nos tienen sometidos los políticos financiados por las entidades bancarias.
Ojala supieran nuestros poderes públicos hacer ahora un esfuerzo, tomar conciencia de que la banca es un poder amenazante y que su violencia y capacidad destructiva está latente solo porque el sistema lo alimenta bien y a diario. Empezar por reconocer el problema podría ser un principio a su solución, resistir los embates de la maquinaria de defensa jurídica de la banca y seguir aplicando la justicia, sin temer las represalias financieras, es lo que necesita esta nación para empezar a ser libre.
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El Grupo Bruesa, relacionado con
el escándalo de Trinidad Rollan,
obtuvo contratos de Fomento,
Vivienda, Medio Ambiente y
Aragón por 357 millones
Alguna razón tenía que existir para que Tomás Gómez, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, mantenga contra viento y marea –y lo que es más insólito contra el aparato de Ferraz-, a Trinidad Rollán en su puesto. La “número dos” del Partido Socialista de Madrid ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público. En el año 2001, la actual secretaria de organización de los socialistas madrileños no sacó a concurso el convenio urbanístico sino que, según la sentencia, disfrazó la maniobra de permuta y adjudicó a dedo la construcción de 107 viviendas municipales, la urbanización de un terreno y la cesión de varias parcelas de propiedad pública a Patrimonio Siglo XXI, sociedad participada al 100% por el Grupo Bruesa.
Otros muchos encargos urbanísticos realizó Bruesa para el Ayuntamiento de Torrejón en la época Rollán. El citado Grupo está y se ha visto inmerso en varios escándalos siempre relacionados con el PSOE. Ya en 1994, le salpicó el CasoRoldán, por contratos entregados por el entonces director general de la Guardia Civil, y años más tarde en el llamado "Caso Ibiza”: varios cargos socialistas baleares están imputados por un presunto delito de corrupción. Supuestamente, habrían cobraron comisiones ilegales de 1,5 millones de euros a cambio de la adjudicación de las obras para reformar el centro histórico de la Isla.
El Ministro Blanco, a la cabeza
¿Casualidades? No. Según demuestra el cuadro que les adjuntamos, el Grupo Bruesa, sólo en el periodo comprendido entre mayo de 2009 y julio de 2010, obtuvo adjudicaciones de los Ministerios de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente por un importe total de 357.796.116,05 euros. Entre todas ellas, destaca las ejecutadas por el departamento de José Blanco–recuerden que llegó al cargo el 17 de abril de 2009-, que suman 325 millones de euros. La más elevada, la destinada a los túneles en el tramo de la Autovía SE-40, en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla), por valor de 232 millones de euros, que fue a parar a una Unión Temporal de Empresas en la que el Grupo Bruesa participa con un 33%.
Más coincidencias: la Comunidad Autónoma de Aragón, gobernada por Marcelino Iglesias –recuerdan el citado Caso Roldán y sus conexiones con esta Junta-, adjudicaba a Bruesa dos contratos: un de 5,2 millones de euros para la construcción de 70 viviendas protegidas y otro de 11,1 millones para la Construcción de una Residencia y Centro de Día. Obras muy sociales como le gustan al PSOE.
Con estos datos quizás se explique el empeño del candidato Gómez en mantener a Trinidad Rollán. ¿O creen ustedes que las adjudicaciones al Grupo Bruesa eran decisión unilateral de los mencionados? Razón tiene el secretario de los socialistas madrileños en mantener un nuevo pulso con el aparato del PSOE, tras ganarle el primero a su líder, José Luis Rodríguez Zapatero.
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La respuesta de la mayoría de los sociólogos especializados en encuestas es, a la luz de los antecedentes en la vida política española, no. La idea que tienen ahora mismo veteranos políticos socialistas es, también, no. A lo sumo, aquellos que conceden la posibilidad teórica de esa recuperación del PSOE la condicionan a dos escenarios: la renuncia de Zapatero a un tercer mandato en favor de un candidato como, por ejemplo, Alfredo Perez Ru-balcaba, y a algúnaccidente, o acontecimiento inesperado de suficiente impacto nacional como para borrar el desencanto de esta segunda legislatura socialista.
Zapatero tiene despejado el frente constitucional' por esta legislatura
Zapatero ganó la campaña electoral del 2004 a Rajoy y dio elsorpasso el 14-M a horcajadas de los graves errores de Aznar y Rajoy ante el atentado del 11-M. En Alemania, ese accidente,por ejemplo, tuvo lugar con las inundaciones del verano del 2002, que permitieron a Gerhard Schröder ganar, frente a Edmund Stoiber, un segundo mandato.
Etiquetas: 11-M, ACCIDENTES, ATENTADOS, corrupción, GOLPES DE MANO, PSOE
628/000004 (S) favor de los ex-parlamentarios, aprobado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en su reunión del día 11 de julio de 2006.
El presente Reglamento viene a cubrir una laguna normativa que existe desde la aprobación de los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado en 1982 y a dar una cobertura jurídica sistemática a distintas situaciones que la dedicación a la actividad parlamentaria produce. La regulación de las pensiones parlamentarias tiene como objeto situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno. Para ello, se articula un mecanismo que permita que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonen la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante. Sin perjuicio de ello, y para los supuestos en que se den situaciones de evidente precariedad, se establecen fórmulas que pretenden aliviar las mismas; entre ellas, la prevista en el artículo 9 recoge el sistema de complementación de ingresos, que se halla en vigor desde el 7 de julio de 1987. Por otra parte, la dedicación a la actividad política parlamentaria obliga, en muchas ocasiones, a quien forma parte de las Cámaras a dejar la que ha sido su ocupación habitual, de modo que, cuando se produce el cese, la vuelta a dicha ocupación suele acarrear diversas diﬁcultades; quizá la más relevante de las mismas es la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario, pero no hay que desdeñar la necesidad de reciclaje profesional, de reanudación de las actividades industriales o mercantiles, y otras circunstancias semejantes. Con esta ﬁnalidad se establece una indemnización por cese, graduada en función de los años de dedicación a las Cámaras, y que, con límites estrictos, permite afrontar las diﬁcultades reseñadas. En este mismo orden, se regula la percepción de una indemnización que permita hacer frente al período de transición que se da entre la disolución de las Cámaras y la constitución de las mismas tras las elecciones, en el que no es evidente si se va a continuaren el desempeño del cargo pues ello depende de la voluntad de los ciudadanos. Es también digno de reseñar que este tipo de indemnizaciones se dan en la mayoría de los parlamentos de los Estados de nuestro entorno. Finalmente, el Reglamento aborda, dentro de una tendencia absolutamente general, la necesidad de apoyar el sistema público de pensiones con las aportaciones a planes privados de carácter complementario.
Artículo 2. Tendrán derecho a obtener la pensión parlamentaria los ex-parlamentarios que hayan tenido la condición de Diputados o de Senadores durante al menos siete años, siempre que se encuentren en alguna
3. Asimismo se entenderá como pensión percibida por el solicitante la satisfecha, por la misma contingencia, por las mutualidades a las que, por razones profesionales, hubiera pertenecido aquél y cuyas cuotas hubieran sido satisfechas con cargo a los presupuestos de las Cámaras o de las Cortes Generales. En este caso, para determinar la parte de la pensión percibida de la mutualidad que deberá tomarse como referencia para ﬁjar la pensión parlamentaria, se tendrá en cuenta la proporción entre el período de tiempo que las Cámaras o las Cortes Generales abonaron las cuotas y el tiempo total necesario para causar la pensión.
4. Los porcentajes a que se reﬁere el apartado 1 son los siguientes:
2. A la solicitud se deberá acompañar un certiﬁcado de la entidad pagadora de la pensión o pensiones que
Artículo 8. Una vez concluido el derecho a percibir la indemnización por cese de actividad que se regula en
el Capítulo Tercero, en caso de carencia de ingresos o de patrimonio suﬁcientemente probada, el ex-parlamentario al que las Cortes Generales mantengan en situación de alta en la Seguridad Social tendrá, además, derecho a percibir una ayuda equivalente al sesenta por ciento de la asignación constitucional hasta que complete el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación. La percepción de la ayuda concluirá cuando cesen las circunstancias que la motivaron. A tal efecto, y sin perjuicio de que el beneﬁciario lo comunique, se procederá a una revisión anual de las ayudas concedidas. Artículo 9. 1. Los ex-parlamentarios a los que la duración de su mandato no les permita obtener la pensión parlamentaria, así como, en su caso, sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años, podrán solicitar a las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado la concesión de una ayuda económica.
Artículo 12. Quienes hayan sido miembros de las Cortes Generales y tras la constitución de las Cámaras no
obtengan nuevo mandato en las mismas, tendrán derecho a una indemnización por cese que la Cámara que corresponda abonará con cargo a su Presupuesto en la cuantía y los términos que se precisan en los artículos siguientes. Este derecho corresponderá también a quién habiendo sido Senador designado por una Comunidad Autónoma, cese en dicha condición sin obtener un nuevo mandato.
Artículo 13. 1. La cuantía de la indemnización por cese será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior
a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades.
Artículo 16. 1. Las Cortes Generales, con cargo a su Presupuesto y, para todos los Diputados y Senadores durante su mandato, abonarán a un plan de previsión social la cantidad correspondiente al diez por ciento de
Limitación a la obtención de la indemnización por cese prevista en el artículo 12.
Disposición ﬁnal.
3. Las restantes prestaciones previstas en este Reglamento entrarán en vigor el día siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oﬁcial de las Cortes Generales.
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Publicado en la Web de FA de Extremadura
En nuestra dirección de correo electrónico extremadura@falange-autentica.org hemos recibido el siguiente mensaje que reproducimos íntegramente, sin suprimir ni añadir nada. Se trata de una serie de comentarios sobre un análisis publicado en el suplemento “Mercados” del diario “El Mundo”, el pasado fin de semana y que coloca a Extremadura entre los diez despilfarros más significativos. Que cada cual lea libremente y saque sus propias conclusiones. Nosotros, como ya hemos dicho, no quitamos ni ponemos una sola coma.
4) Sueldos millonarios de los altos directivos de las empresas públicas. Además de varios de 80.000 euros al año, hay otros 21 puestos directivos cobran 65.000 euros anuales y otros 26 45.000 euros. Los gastos anuales en personal de la empresa pública GPEX (Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, ahora refundida tras fusionarse ocho empresas, y denominada ‘Avante’) que ha controlado en los últimos años a 15 empresas públicas, fueron más de 23 millones de euros para pagar a más de 1.000 trabajadores que accedieron a su empleo sin oposición. A ello hay que añadirle todo un rosario de entes públicos, fundaciones, institutos, centros, gabinetes, oficinas, consorcio, etc., que se convierten en una administración paralela que ha ido creciendo de manera desmedida y que carece de controles, sirviendo en la mayoría de ocasiones como agencia de colocación de amigos.
5) Asesora para temas africanos. Sueldo de 51.000 euros para la asesora en asuntos africanos. La Junta de Extremadura creyó necesario, en plena crisis, crear para Victoria López el cargo de asesora en asuntos africanos, con un sueldo anual de 50.918 euros, que se integra en la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo. Existe otro
10) 6 millones de euros al año en dietas y gastos de viaje y 71 millones en gastos jurídicos. El PP de Extremadura ha denunciado este año que entre los gastos de la Junta deExtremadura se encuentran 6 millones de euros anuales en dietas y gastos de viajes, a los que hay que sumar 3,5 millones de euros anuales en reuniones, conferencias y atenciones protocolarias, según recoge el propio presupuesto de la Junta. Además, existe cada año una partida para gastos en servicios jurídicos y contenciosos. Aunque en los presupuestos se reserva una partida de 900.000 euros, en el año 2007 el gasto real se multiplicó hasta los 71 millones de euros, uno más, 72 millones en el 2008 y en el 2009 la cifra bajó a 21 millones, aunque se siguen reflejando en los presupuestos menos de un millón al euro como previsión anual.
Etiquetas: austeridad, DESPILFARRO, EXTREMADURA, FALANGE AUTÉNTICA, PSOE

References: artículo 9

Artículo 2

Artículo 8
 Artículo 9

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 16
 artículo 12