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Timestamp: 2020-07-07 00:05:14+00:00

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Sentencia de Tutela nº 815/13 de Corte Constitucional, 12 de Noviembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 514047098
En este caso los accionantes, todos recluidos en el complejo carcelario la picota, alegan que las condiciones de reclusión en las cuales se encuentran detenidos no cumplen con los estándares necesarios y mínimos de dignidad que les garantice los derechos fundamentales a la salud, a la intimidad, a la integridad física y psicológica y a la igualdad. De manera particular aducen que la visita íntima vulnera sus derechos fundamentales, debido a que solo existen 20 celdas para este fin, las cuales resultan insuficientes respecto a la capacidad total de reclusos detenidos en dicho establecimiento. La sala se pronuncia respecto a la siguiente temática: 1º. Los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en estado de reclusión. 2º. El régimen de visitas y la visita íntima en condiciones dignas y, 3º. Los derechos sexuales de los reclusos y el derecho a la salud. Luego de realizar inspección judicial al centro penitenciario, la sala corroboró que los servicios y el personal médico son escasos para atender el número total de población reclusa, que el centro de reclusión no tiene fluido de agua potable permanente y que mantiene un regular estado higiénico y de salubridad para el ejercicio digno del derecho a la visita íntima. Se concede el amparo constitucional invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Entre las disposiciones impartidas en la presente sentencia se destacan las siguientes: 1º. Ordenar al ministerio de hacienda, al ministerio de justicia y del derecho, al departamento nacional de planeación y al instituto nacional penitenciario y carcelario – inpec que en la siguiente vigencia presupuestal desde la notificación de la presente providencia, se realicen las gestiones administrativas y apropiaciones presupuestales necesarias para iniciar las obras de infraestructura requeridas con el fin de que las visitas conyugales o íntimas se practiquen en condiciones dignas en el complejo carcelario y penitenciario metropolitano de bogotá –comeb picota-. Y, 2º. Ordenar a la eps caprecom que la prestación de los servicios médicos en el precitado complejo carcelario, se brinde por personal médico proporcional y suficiente de acuerdo al número total de población reclusa y que nuevamente se suministren dos (2) preservativos por interno los días en que tenga lugar la visita íntima.
Acción de tutela instaurada por D.E.S.R. y otros contra el Establecimiento Penitenciario y C. de Bogotá - La Picota y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  INPEC.
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido el 24 de abril de 2013, en única instancia, por el Juzgado Diecisiete (17) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., dentro de la acción de tutela instaurada por el señor D.E.S.R. y otros, contra el Establecimiento Penitenciario y C. de Bogotá - La Picota y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  INPEC.
1.1.El señor D.E.S.R. y 11 reclusos más instauraron acción de tutela[1] ante el Juzgado 17 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, el día 10 de abril de 2013, al considerar que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC- implementó, a través de sus directores, medidas restrictivas que vulneran y amenazan sus derechos fundamentales.
1.2. Específicamente, los accionantes adujeron que en el complejo carcelario (ERON  Picota) donde se encuentran recluidos, son obligados a recibir a nuestro personal visitante, esposas, hijos y demás familiares y amigos en condiciones indignas y en lugares no adecuados para tal efecto, es una clara trasgresión y amenaza a nuestros derechos y como solución a dicha problemática a sic- optado por restringirnos el derecho a ser visitados al implementarnos el más conocido Pico y Placa () al obligarlos a visitarnos apenas dos (2) veces al mes[2].
1.3. Manifestaron que el sitio de visitas es sumamente pequeño, antihigiénico, sin zona verde o parque para la recreación de los hijos, sin área de sol, sin baños adecuados, sin cafetería o expendio para brindarle una digna atención a las visitas y, además, solo existen veinte (20) celdas para visita conyugal o íntima y el cupo para el ERON Picota es para 3500 internos más el sobre cupo[3].
1.4. Por lo anterior, indican que son sometidos a recibir a sus visitas en las áreas de talleres de cada torre, donde se realizan trabajos artesanales, confesiones, zapatería, entre otras actividades, en las cuales se almacena: maquinaria, químicos, madera, pegantes, destornilladores y elementos que generan inseguridad y ponen en riesgo la vida, la salud y la integridad física de los reclusos. Estas áreas no son adecuadas para recibir visitas al no contar con baños adecuados y áreas o zonas verdes () son espacios demasiado reducidos antihigiénicos y demasiado vulnerables en salubridad[4].
1.5.Además, alegan que la visita íntima se recibe en condiciones indignas y violatorias del derecho a la intimidad, por cuanto: nuestras cónyuges y esposas se ven obligadas a tener relaciones sexuales o copularse prácticamente en el piso en condiciones indignas fuera de toda salubridad e higiene, debido a que no existen áreas o locutorios adecuados para tal efecto[5].
1.6. Finalmente, señalan que existe un trato desigual y discriminatorio con respecto a las visitas que reciben los internos condenados por parapolítica o ex miembros de la Fuerza Pública, toda vez que dichas visitas: i) se efectúan los días lunes, viernes, sábados y domingos; ii) pueden ser mixtas; iii) pueden ingresar con prendas de vestir no permitidas a los demás; y iv) con alimentos preparados en casa.
Con fundamento en los hechos narrados, los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la intimidad, a la integridad física, al trato digno, a la igualdad y al núcleo familiar. A su turno, suplicaron la aplicación estricta del artículo 26 del Reglamento General  Acuerdo 0011 de 1995, toda vez que no cuentan con áreas de visitas adecuadas y no se encuentran en igualdad de condiciones con los demás internos del complejo penitenciario.
Asimismo, pretenden que se les proporcione un área para recibir el sol y que se les permita el ingreso de alimentos preparados por sus familias. Finalmente, alegan que se declare inconstitucional la medida del pico y placa, por ir en contra de los principios y derechos fundamentales, además de producir un desarraigo al núcleo familiar ya que sus familiares no pueden ingresar cada ocho (8) días al penal.
Respuesta de las entidades accionadas[6]
Por su parte, la doctora O.L.W., Coordinadora Jurídica del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, COMEB  PICOTA, mediante escrito presentado el 17 de abril de 2013, dio respuesta a la acción de tutela y adujo que el actual sistema de visitas -los días viernes masculina-; sábados y domingos femenina-,implementado en el centro de reclusión surgió debido a que el establecimiento se encuentra mal construido, no por arbitrariedad del INPEC, sino por un presunto convenio efectuado de común acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de los internos del ERON. Finalmente, manifestó que en virtud del principio de subsidiariedad la acción de tutela no es el instrumento adecuado para controvertir la legalidad de actos administrativos, como son los reglamentos del INPEC. En esa medida, solicitó al juez de tutela declarar la improcedencia de la acción por no existir vulneración en los derechos fundamentales.
· Copia de derecho de petición elevado ante la dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá  COMEB (Cuaderno dos, fl. 17 a 22).
· Respuesta de la petición elevada al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá  COMEB (Cuaderno dos, fl. 23 a 25).
· Informe de inspección judicial realizado por la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá  COMEB, T.F., Patio 14 del ERON. Anexó dos discos compactos con registro fotográfico de la inspección. (Cuaderno dos, fl. 59 a 63).
· Informe de inspección judicial realizado por la Personería de Bogotá D.C. al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá  COMEB, T.F., Patio 14 del ERON (Cuaderno dos, fl. 65 a 232).
6.1. Mediante auto fechado el 30 de agosto de 2013 el Magistrado Sustanciador para mejor proveer, requirió elementos materiales probatorios que permitieren al Despacho conocer en detalle el régimen de visitas que se practica en las instalaciones del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, así como las condiciones de dignidad, salubridad e higiene en que se reciben las mismas, especialmente el concerniente a la torre F, patio 14, lugar de reclusión de los accionantes.
6.2. Como quiera que el Juzgado de única instancia anteriormente mencionado no ordenó la práctica de pruebas que permitieran corroborar lo declarado por los accionantes en el escrito de tutela el Magistrado Sustanciador resolvió decretar mediante dicha providencia la práctica de una diligencia de inspección judicial. Por consiguiente, comisionó al doctor A.P.T., Magistrado Auxiliar, para que con la asistencia del Profesional especializado H.E.F. de Castro y de un representante de la Defensoría del Pueblo, realizaran visita a las instalaciones del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, torre F, patio 14, y rindieran en un informe escrito de forma precisa y detallada lo siguiente:
Igualmente, se ordenó que se estableciera si el régimen de visitas donde se encuentran recluidos los accionantes, es diferente de aquel al que tienen derecho los reclusos condenados por parapolítica o los ex miembros de la Fuerza Pública y/o ex miembros de fuerzas al margen de la ley recluidos. Y que a su turno, se ofreciera una descripción completa acerca de:
Además, se ordenó verificar si los accionantes recluidos en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, torre F, patio 14 habían sido trasladados, aislados, reducidos con gases o bastones, castigados, intimidados con restricciones en sus visitas o, en general, habían soportado algún tipo de consecuencia negativa por el hecho de reclamar un régimen de visitas adecuado.
6.3. En el proveído de 30 de agosto del año en curso, también se decretó como prueba ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  INPEC-y al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, que informaran acerca del régimen de visitas que reciben los reclusos de la torre F, patio 14, donde se encuentran los accionantes, y concretamente respondieran por: (i) la capacidad de locutorios para recibir visitas frente al número total de internos; (ii) las condiciones generales y específicas en las cuales se practican las visitas ordinarias e íntimas y; (iii) si existe alguna restricción en el régimen de visitas de los internos.
6.4. Finalmente, se ofició a la Defensoría del Pueblo, y a la Personería de Bogotá D.C., para que realizaran una inspección al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, a fin de que examinaran los aspectos del régimen de visitas ordinarias e íntimas efectuadas en latorre F, patio 14, así como las condiciones en las que se encuentran recluidos los internos.
6.5. Como respuesta al numeral anterior, el día 13 de septiembre de 2013 se recibió a través de la Secretaría General de esta Corporación, informe escrito presentado por el Defensor Delegado para la política criminal y penitenciaria, doctor J.E.C.V.,[9] resultado de la inspección practicada en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA-ERON, torre F, patio 14, el día 8 de septiembre de 2013, de la cual se extrae lo siguiente:
() la estructura visitada (estructura 3) tiene una capacidad real para 3.000 internos, y en la actualidad cuenta con 3.164 internos recluidos, lo cual representa un hacinamiento del 5%. () En relación al régimen de visitas, el reglamento que rige para la torre F, patio 14 ERON es la Resolución 302 de 2005, el Código Penitenciario y Carcelario y el Acuerdo 0011 de 1995, según lo manifestado por la Subdirectora del penal.
() Son entre 20 y 25 compartimientos, sin ventilación y sin luz natural, y al ser estos insuficientes para el total de la población, se destinaron lugares denominados zonas de apoyo (educativas, talleres) que tampoco reúnen las condiciones mínimas para este tipo de actividades. Estos sitios solo cuentan con un baño y se turnan hombres y mujeres, no es permitido por reglamento el ingreso de los visitantes a las celdas de los internos, muchos internos manifiestan que no acuden a sus visitas íntimas por cuanto los sitios son indignos, además que el tiempo es muy corto (dos horas) y que no se les entregan preservativos. (Folios 62-63, cuaderno 2) (N. fuera de texto).
Referente al ingreso de comidas señaló la descripción que: está totalmente prohibido el ingreso de cualquier tipo de alimentos por parte de los visitantes, pero los internos pueden comprar estos dentro del establecimiento.
Respecto al punto de la falta de exposición al sol, relató la Defensoría del Pueblo, según comunicaciones efectuadas con los internos que por el diseño de la estructura del pabellón cuestionado (torre F, patio 14 ERON), no es posible el ingreso de sol en ningún sitio. Por último, sobre los traslados como castigo y los malos tratos, afirmó que los internos entrevistados no fueron concretos sobre este tipo de situaciones.
Visita íntima practicada en una esquina de la denominada zona de apoyo.
Vista panorámica de la denominada zona de apoyo.
Visita ordinaria o familiar. Zona de apoyo
Modelo de cambuche en el que se practica la visita íntima.
6.7. El día 10 de septiembre de 2013 se recibió a través de la Secretaría General de esta Corporación, informe escrito[10] de la Personería de Bogotá D.C., como resultado de la inspección llevada a cabo el día 9 de septiembre de 2013 al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, torre F, patio 14 ERON, en el cual se describieron los principales problemas detectados, entre ellos: (1) solamente hay una zona de visitas ordinarias para todo el ERON que es compartidos sic- con los pabellones 12 y 16 de extraditables. (2) hay 20 celdas para visita conyugal de uso exclusivo para los patios 12 y 16 de extraditables. (3) las zonas de apoyo son 6, la zona de visitas ordinarias para los pabellones 12 y 16 de extraditables y la zona de visitas conyugales que son 20 celdas se encuentran en términos generales en regular estado higiénico y de salubridad. (4) el ERON no cuenta con fluido de agua potable permanente. (5) las zonas de apoyo se acondicionaron para visitas ordinarias y conyugales en el ERON por la cantidad de internos que hay por cada pabellón. Y el área de visitas ordinarias destinadas para ello no son suficientes las veinte (20) celdas de visita conyugal. (6) en el ERON se implementó el sistema de PICO Y PLACA para las visitas ordinarias de mujeres excepto para las esposas y compañeras permanentes. (7) no se permite el ingreso de alimentos preparados en caso en el ERON por las mujeres, excepto los días especiales, día del padre, de las mercedes, etc.. (N. fuera de texto).
Específicamente el informe de la Personería de Bogotá D.C., relató que la salubridad del área de visitas no es buena cuenta con baño para hombres, tres sanitarios normales y uno para discapacitados. Dos orinales y tres lavamanos. En las zonas de apoyo el baño se encuentra en condiciones insalubres y dañados. Frente a la limpieza indicó que: el área de recepción de visitas ordinarias () se encuentra en total desaseo. () No tienen espacio adecuado para la cantidad de visitantes que llegan al ERON.
Además, respecto al sistema de drenaje, privacidad, ventilación y agua potable resaltó: no hay sistema de drenaje, en las zonas de apoyo y en las zonas de visita y celdas para visita conyugal visibles al momento de la visita. () las zonas de apoyo son utilizadas para visitas ordinarias y conyugales privacidad ninguna. () El área de visitas utilizados sic- por los pabellones 12 y 16 y la zona de visitas conyugales tiene buena iluminación. No hay buena ventilación. () No hay fluido de agua potable a la hora de la visita[11].
6.8. Una vez vencido el término concedido en el numeral segundo del auto de fecha 30 de agosto de 2013, el Despacho no recibió respuesta por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  INPEC- y el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, a pesar de existir constancia de la notificación del auto en mención[14]. En consecuencia, se aplicará la presunción de veracidad y se tendrán por ciertos los hechos que no fueron contestados en el informe, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto Ley 2591 de 1991. Valga aclarar, que el día en que fue realizada la visita de inspección judicial, la Subdirectora del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, hizo entrega a los funcionarios comisionados por este Despacho de los siguientes documentos: (i) apartes de la resolución 302 del 10 de mayo de 2005; (ii) apartes del proyecto de modificación al régimen interno COMEB (resolución 03678 del 29 de junio de 2013); (iii) cronograma de visitas estructura tres COMEB  julio de 2013; (iv) cronograma de visitas estructura tres COMEB  agosto de 2013; (v) cronograma de visitas estructura tres COMEB  septiembre de 2013; (vi) estadística hacinamiento estructura tres  septiembre 8/2013; (vii) estadística hacinamiento COMEB Bogotá  septiembre 7/2013 y; (viii) estadística capacidad real del EPAMSCAS ERE JYP de Bogotá  septiembre 7/2013.Estos documentos serán valorados por la Sala.
En este informe se destaca respecto a las denominadas zonas de apoyo que: en estos espacios se desarrollan todo tipo de visitas (generales y/o conyugales), y en ellos también se encuentran varios cuartos destinados a labores de talleres, enseñanza y educación. Sin embargo, al contrario de lo aducido en la acción de tutela, no se comprobó que en dichos lugares aptos para talleres se practicara algún tipo de visitas conyugales debido a que el día de la inspección judicial estos cuartos se encontraban cerrados.
Frente al acceso y disponibilidad del agua potable en el penal, la inspección judicial determinó que el servicio de agua se encuentra restringido. Los internos sólo cuentan con suministro de agua 2 horas en la mañana, 2 horas al medio día y 2 horas en la tarde, sin perjuicio de que se rompa la tubería que se encuentra en malas condiciones, en cuyo caso se suspende de inmediato el suministro de agua a los internos. También se constató que al momento de la visita no había fluido de agua potable.
Respecto al hecho mencionado en la acción de tutela relativo a que los internos no pueden tomar el sol, indicó el informe presentado que: la exposición al sol que tienen los internos de la torre F, patio 14 es mínima. Reciben algo de sol únicamente en un espacio parcialmente cerrado contiguo a una cancha de micro fútbol. Sobre el particular, el recluso W.M., Promotor de Salud indicó que la falta de entrada de sol causa enfermedades respiratorias y virus, tanto así que algunos patios (11, 12, 8 y 15) se encuentran en cuarentena.
Finalmente, respecto a la visita conyugal consideró la comisión judicial de la Corporación que los internos que no hacen uso de las 20 celdas privilegiadas, es decir, la mayoría de los internos deben recibir y practicar la visita conyugal o íntima en el piso de las zonas de apoyo mencionadas anteriormente, bajo condiciones deplorables ya que no existe espacio adecuado, mobiliario, instalaciones sanitarias y de aseo, acceso a agua potable y privacidad para las mismas.
() Así las cosas, a los internos solo les queda la opción de llevar a cabo las visitas íntimas en unos llamados cambuches que acondicionan ellos mismos, con una sábana que usan para cubrirse y así practicar la misma junto con los demás reclusos, sobre el piso y sin intimidad alguna. Indicaron que anteriormente recibían preservativos, no obstante, desde hace algún tiempo les fue suspendido el suministro de los mismos.
6.10. Mediante auto del primero (01) de octubre de dos mil trece (2013)[15] y en vista de que en la estructura 3 del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá ERON-PICOTA-, solo existe un médico disponible para atender los servicios de salud, el Magistrado Sustanciador ordenó decretar como prueba oficiar a la EPS CAPRECOM para que a través de su R.L., o quien haga sus veces, remitiera a este Despacho información sobre:
(i) ¿Cuántas personas componen el cuerpo médico que se encuentra disponible en las instalaciones del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA destinado a atender los servicios de salud? I. nombre, identificación y formación médica de los mismos. Indíquese frecuencia de turnos en caso de existir;
(ii) ¿En cuántas ocasiones por semana o por mes es requerido el servicio de atención de urgencias, ambulatoria y especializada brindado a los reclusos de la estructura 3 ERON del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA? ¿Cuáles son las causas de atención más frecuentes?
(iii) ¿Las existencias de medicamentos de EPS CAPRECOM son suficientes para cubrir adecuadamente los requerimientos de salud de los reclusos de la estructura 3 ERON del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA?
6.11. El día 15 de octubre de 2013 a través de oficio de la Secretaría General de la Corporación[16], se indicó que vencido el término probatorio () el auto con fecha del primero (1) de octubre del presente año, fue comunicado mediante oficio de Prueba 581/13 el tres (3) de octubre de 2013 y durante término no se recibió comunicación alguna. Por lo anterior, en esta oportunidad, una vez más, considera la Sala aplicable al caso en concreto la presunción de veracidad contenida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Derechos fundamentales de las personas que se encuentran en estado de reclusión.
Las condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la imprevisión y el desgreño que ha reinado en materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. ()
Se estimó en esta providencia, previa diligencia de inspección judicial, que las condiciones de las dos cárceles bajo examen son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados.
Por tales razones, la jurisprudencia constitucional[19] ha mantenido una línea jurisprudencial que clasifica los derechos fundamentales de los internos en tres grupos: (i) aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos como la libre locomoción, y los derechos políticos como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser humano, son ejemplo de éstos: los derechos a la vida y el derecho al debido proceso, y por ultimo, (iii) se encuentran los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la educación. Respecto de los derechos fundamentales de los reclusos que admiten restricción, es importante tener en cuenta que su limitación es constitucionalmente válida en la medida en que se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
En la sentencia T-133 de 2006 se adicionó que derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud, al debido proceso y el derecho de petición, [los cuales] se mantienen incólumes y, por ende, no pueden ser limitados en medida alguna.
Al respecto, este órgano judicial internacional ha establecido que -de conformidad con la Convención Americana, ratificada por el Estado colombiano el 28 de 1973; entró en vigor el 18 de julio de 1978- toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal[22]. Además, ha considerado al igual que esta Corporación que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de la posición especial de garante con respecto a dichas personas, y dado que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas.
El anterior contexto internacional, conllevó a que esta Corte asumiera desde el año de 1998 la vocería de las minorías olvidadas, es decir de aquellos grupos que difícilmente tienen acceso a los organismos políticos. Por esta razón, la Corte Constitucional está llamada a actuar en ocasiones como la presente, llamando la atención sobre el estado de cosas inconstitucional que se presenta en el sistema penitenciario colombiano y que exige la toma de medidas por parte de las distintas ramas y órganos del poder, con miras a poner solución al estado de cosas que se advierte reina en las cárceles colombianas.
Ahora bien, nuestra Constitución Política establece dentro de su contenido sistemático que la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico, el artículo 1° del texto Superior consagra una República fundada en el respeto de la dignidad humana. Así, la dignidad humana constituye un pilar fundamental y un elemento determinante en el Estado Social de Derecho y en la democracia constitucional, que inevitablemente trasciende del ámbito ético-filosófico para convalidarse en nuestro ordenamiento positivo como una norma fundante de carácter vinculante para todas autoridades.
La jurisprudencia de este tribunal ha sido enfática al aplicar la exigencia constitucional de otorgar un trato digno a la población carcelaria. Lo anterior, en atención a la diversidad de tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados por Colombia, los cuales imponen el respeto efectivo por la dignidad de las personas privadas de la libertad.En este sentido, la reclusión no implica la pérdida de la condición de ser humano; la función y finalidad de la pena, son la protección de la sociedad, la prevención del delito y, principalmente, laresocialización del sujeto responsable del hecho punible. En la misma dirección, es importante resaltar que el Estado está en la obligación de procurar la función resocializadora de las personas condenadas a penas privativas de la libertad. Por tal motivo, quienes se encuentran purgando una pena cuentan con las garantías constitucionales de cualquier ciudadano y, en el evento de creer vulnerados sus derechos fundamentales, están legitimados para accionar ante los organismos judiciales en busca de la protección de los mismos. Por esta razón, los penados podrán exigir un trato que respete su dignidad humana, la cual va ligada inequívocamente con el derecho fundamental a la vida digna. Lo expuesto, implica que los sujetos sometidos a una relación de sujeción especial con el Estado podrán hacer valer sus derechos en pro de obtener las oportunidades necesarias y los medios precisos para el desarrollo de su personalidad humana, con el fin de que se les garantice una vía para la resocialización. Bajo este derrotero, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento está ligado a los pilares políticos y jurídicos del Estado colombiano. Es decir, es el postulado esencial para una efectiva consagración del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución[23].
Ciertamente, vale traer a colación lo preceptuado en el artículo 5° de la Ley 65 de 1993 por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, el cual en concordancia con la Carta Política instituye el respeto de la dignidad humana, de las garantías constitucionales y de los derechos humanos universalmente reconocidos en los establecimientos carcelarios, como contenido y principios rectores de todo el sistema penitenciario y carcelario colombiano, a saber:
Artículo 5°. Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe todo formo de violencia síquica, física o moral.
En consecuencia, le corresponderá a las entidades estatales correspondientes, entiéndase Gobierno Nacional- Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación Nacional, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC- e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, evitar la prolongada y continua vulneración de derechos fundamentales de los reclusos sin excusarse en la carencia de recursos, ya que el Estado termina siendo el principal responsable de proporcionar las condiciones básicas para la vida digna de una persona recluida a su cargo en un establecimiento carcelario, máxime cuando i) la dignidad humana como derecho se conserva intocable y sin limitaciones de ningún orden o circunstancia y ii) las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad están limitadas a un estricto criterio de necesidad y proporcionalidad.
() La razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna. Las personas recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran bajo la guardia del Estado. Ello implica, por un lado, responsabilidades relativas a la seguridad de los reclusos y a su conminación bajo el perímetro carcelario y, por el otro, responsabilidades en relación con las condiciones de vida de los reclusos.[24]
No obstante, las limitaciones constitucionales a los derechos fundamentales de los reclusos deben ser las estrictamente necesarias y proporcionales para lograr la conservación de la seguridad, el orden y la disciplina dentro del penal y a uno de los fines de la pena como la resocialización de los internos. Por ello, ya había indicado esta Corporación frente a la restricción de los derechos fundamentales por parte de las autoridades carcelarias que estas facultades deben estar previamente consagradas en normas de rango legal, y tienen que ser ejercidas conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad[25].
i) el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal[28]; asimismo, obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios;
ii) la separación por categorías deberá realizarse entre procesados y condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición[29];
xi) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales[39], la reclusión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente prohibidas.
Régimen de visitas y el derecho de visita conyugal en condiciones dignas.
El régimen de visitas de las personas privadas de la libertad se encuentra contenido en el siguiente marco jurídico: i) la Constitución Política; ii) el Código Penitenciario y Carcelario; iii) el Acuerdo 011 de 1995 por el cual se expide el Reglamento General al cual se sujetarán los reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelariosy; iv) los diversos reglamentos internos de cada centro de reclusión, de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto.
La visita íntima será regulada por el reglamento general, según principios de higiene, seguridad y moral. Subrayado fuera de texto)
Por su parte, el Acuerdo 0011 de 1995 consagra en su artículo 26 que los directores de los establecimientos determinarán en el reglamento de régimen interno los horarios en que los internos pueden recibir visitas, así como las modalidades y formas de comunicación, de conformidad con el parámetro relativo a que la visita se producirá en locutorios acondicionados para tal efecto. En los lugares donde no existan los mismos, y mientras se acondicionan, las visitas podrán recibirse en los pabellones. En ningún caso las visitas ingresarán a los lugares destinados al alojamiento de los internos, salvo los casos de visita íntima[40]. (Subrayado fuera de texto)
ARTÍCULO 29. Visitas Íntimas. Previa solicitud del interno o interna al director del centro de reclusión se concederá a aquel una visita íntima al mes, siempre que se den los requisitos señalados en el artículo siguiente:
Antes y después de practicarse la visita, tanto el interno como el visitante serán objeto de una requisa que se practicará de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 65 de 1993. De conformidad con el artículo 22 del presente reglamento, los visitantes no podrán ingresar elemento alguno a la visita.
El Reglamento General, es decir, el Acuerdo 0011 de 1995 al cual se sujetan los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, determina en dos oportunidades que para el caso específico de las visitas íntimas es permitido el ingreso de los visitantes a los lugares destinados al alojamiento de los internos (Arts. 26 y 29). Claramente, el artículo 29 regula de manera específica el tema de las visitas de pareja y establece expresamente que los establecimientos carcelarios deberán hacer diligencias o esfuerzos para habilitar un lugar especial de visita íntima y mientras se adecuan tales lugares, ellas se podrán realizar en las celdas o dormitorios de los internos.
El derecho a la intimidad comprende una temática amplia que cobija muchos aspectos de la vida pública y privada de las personas, entendiendo ésta última como aquel espacio personalísimo que por su naturaleza no le atañe a terceros. La realización personal y el libre desarrollo de la personalidad exigen de parte de los particulares y del Estado, el reconocimiento y el respeto de las conductas que la persona realiza, para vivir de manera sana y equilibrada, física y emocionalmente. La vida afectiva con el cónyuge o compañera permanente, dentro de la que se encuentran, lógicamente, las relaciones sexuales, es uno de los aspectos principales de ese ámbito o círculo de la intimidad.
() se le estaba vulnerando su derecho a la visita conyugal. Ya que no podían sostener relaciones sexuales con sus parejas, porque el Director del penal había conceptuado que en dicho establecimiento no se cuenta con sitios adecuados para realizar dicha visita. En dicha oportunidad, la Corte concluyó que las visitas conyugales en los establecimientos de reclusión hacen parte del derecho a la intimidad personal y familiar, y al respeto de la dignidad humana, como uno de los principios rectores del Estado social de derecho. Pero su realización está limitada, y está limitada por las propias características que involucra el permitir las visitas conyugales: contar con instalaciones físicas adecuadas, privacidad, higiene, seguridad, etc., que no representen ninguna clase de peligro para todos los internos.
Además, la Corte ha explicado que la visita íntima fortalece los vínculos de pareja y el derecho a la unidad familiar en particular. Así, en sentencia T-153 de 1998 afirmó que es evidente para todos que los procedimientos para las visitas - con las esperas interminables, la falta de espacio para las visitas conyugales y familiares, etc. - no facilitan la unidad e integración familiar[42].
El derecho a la visita íntima puede estar ligado con otros derechos fundamentales. En efecto, es posible que la persona que se encuentre privada de la libertad, bien sea por haber contraído matrimonio, bien por vivir en unión libre, haya conformado una familia. Si bien no es el único mecanismo para mantener la unidad familiar, el espacio compartido en la visita íntima sí es propicio y necesario para fortalecer los vínculos de la pareja y una vez permitido este espacio compartido, viabilizar un posterior encuentro del cónyuge o compañero permanente que está en libertad con los hijos de la pareja. Piénsese por ejemplo en las visitas generales las cuales se realizan usualmente en un patio o locutorio acondicionado común, al cual concurren a su vez los demás reclusos. Si bien estas visitas permiten un acercamiento, no le dan a la pareja las condiciones físicas de la visitas de carácter íntimo. (Subrayado fuera de texto).
() el desarrollo de la sexualidad hace parte del derecho a la vida en condiciones dignas, es así como al tratarse de personas privadas de la libertad, se hace esencial para los reclusos y su pareja el poder relacionarse con su pareja, pues se afecta no solo el aspecto físico sino el psicológico. Sentado lo anterior, se debe inferir que por el hecho de una persona estar privada de la libertad, correlativamente acarrea la restricción de este tipo de derechos inherentes al ser humano, pues dichas vistas deben ser espaciadas en el tiempo, sin embargo dicho lapso no debe ser desproporcionado, a fin de evitar una afectación a los derechos a la intimidad, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, la protección integral de la familia, su intimidad y dignidad establecidas.
() se ha corroborado por esta Corporación que la visita íntima esta relacionada con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, contemplado en el artículo 16 de la Constitución, tanto para aquellos reclusos que tienen familia, como para los que no la tienen, pues la privación de la libertad conlleva a la correlativa reducción del libre desarrollo de la personalidad, sin embargo no se puede anular ésta. Por tanto puede establecerse que la relación física de los reclusos, es uno de los ámbitos del libre desarrollo de la personalidad que continúan protegidos en prisión, a pesar de las restricciones legítimas conexas a la privación de la libertad
A modo ilustrativo, la citada sentencia de 2007 concedió el amparo a una reclusa que fue trasladada a un centro carcelario ubicado en una ciudad distinta a la que se encontraba su compañero permanente, quien también se encontraba preso y con quien hacía uso de su derecho a visitas conyugales. Para la Sala Novena de Revisión, la orden de traslado originó una restricción desproporcionada de sus derechos fundamentales, por cuanto los establecimientos carcelarios deben posibilitar, hasta donde ello resulte posible, que el interno mantenga contacto permanente con su familia, en especial con sus hijos menores, a través de visitas y comunicaciones frecuentes, con el fin de preservar la unidad familiar y velar por el desarrollo armónico e integral de los niños y adolescentes. Por tanto, para la Sala es claro que el traslado de la interna a un lugar diferente a aquel en el que venía purgando su pena y que progresivamente la aleja no solo de su compañero sentimental sino de su hija, constituyen una vulneración de su derecho a mantener contacto con su grupo familiar, así como el desconocimiento de los derechos de la menor a contar con la compañía de sus padres. En esa ocasión la Corte ordenó al INPEC que procediera a iniciar el trámite pertinente para llevar a cabo el traslado de la señora a su anterior sitio de reclusión.
Así mismo, en otra ocasión, la Corte manifestó que la visita conyugal es un derecho fundamental limitado, cuyo soporte constitucional se deriva de la interpretación armónica de los derechos a la vida en condiciones dignas, la intimidad personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad y a la unidad familiar[43].
Por otra parte, esta Corporación en sentencia T  265 de 2011 estudió el caso de la esposa de un recluso de la Cárcel de la Ceja  Antioquia, que había sido sancionada mediante Resolución, con suspensión definitiva del ingreso al mismo, y a cualquier otro centro de reclusión de orden nacional, ya que previo requerimiento para ser requisada, entregó voluntariamente 42.30 gramos de cannabis que escondía en sus genitales. En esta oportunidad recordó esta Corporación que ha tutelado los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, y al libre desarrollo de la personalidad de las personas privadas de la libertad, así como los derechos fundamentales de quienes los visitan, en los casos en que las medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias y carcelarias, han anulado de manera absoluta el ejercicio de los mismos. En este sentido, la Corte ha estimado que tales medidas no se encuentran ajustadas a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y por tanto, resultan contrarias a la Constitución, así como a la finalidad del tratamiento penitenciario y, en el caso de los condenados, a las funciones de la pena. En este asunto, se ordenó dejar sin efecto la resolución que suspendía el ingreso y se permitió la visita íntima bajo condiciones de periodicidad, intimidad, salubridad y seguridad, de acuerdo con las normas de seguridad y disciplina establecidas en el Reglamento del régimen interno de dicho establecimiento.
Por último, en sentencia reciente, la Sala Quinta de Revisión[44] de esta Corporación se pronunció frente a la situación de los internos del Centro Penitenciario Las Heliconias de Florencia  Caquetá, donde además de los problemas presentados por la falta de celdas y baños suficientes, en relación con la visita íntima de los internos se evidenció que:
() no tiene las más mínimas normas de sanidad, en el mismo sitio y con las mismas sabanas deben tener relaciones sexuales los internos. Esta visita dura solo 25 minutos y cuando se acaba los guardianes sin avisar entran y violentan la intimidad. El área de visitas es muy pequeño y las familias que llegan no tienen casi espacio para estar con los internos, menos comodidades no tiene donde sentarse. La visita se demora mucho en llegar y cuando logran ingresar ya les queda muy poco tiempo para estar con los internos.
La Corte recordó en aquella oportunidad que a pesar de que el derecho a la visita íntima o conyugal tiene un estrecho vínculo con los derechos a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad, es un derecho restringido, lo cual no implica que sus garantías fundamentales no le sean respetadas y garantizadas por el juez constitucional. De esta manera ordenó al INPEC el inicio de gestiones administrativas y presupuestales necesarias para iniciar las obras de infraestructura requeridas para que las visitas conyugales se den dentro de un ambiente que además de contar con un espacio adecuado, se encuentre siempre en condiciones apropiadas de aseo, y ampliando el horario de las mismas.
Los anteriores condicionamientos tienen fundamento en conexión con el caso sub examine como se podrá observar en el punto 6° de este fallo, ya que en el desarrollo de la inspección judicial, la comisión pudo constatar que las visitas íntimas no tienen el carácter de íntimo; se practican de manera pública en las denominadas zonas de apoyo y presentan condiciones infrahumanas de higiene, espacio, mobiliario, acceso a agua potable, uso de preservativos e instalaciones sanitarias.
Derechos sexuales de los reclusos y el derecho a la salud.
En adición, es palmario que en la visita íntima aplican los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por cuanto ellas también hacen parte de la visita íntima, bien en calidad de reclusas o como ciudadanas visitantes. En ese sentido, vale traer a colación la Declaración de Beijing de 1995, IV Conferencia Mundial sobre la mujer, la cual estableció que los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual[49].
Con relación al grado de realización del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta en la cual invocó que es notoria la ausencia de la atención médica especializada en los centros de reclusión femeninos: en su gran mayoría carecen de instalaciones adecuadas, médicos ginecólogos y tratamientos especializados. No existen programas y políticas de salud sexual y reproductiva ni de abordaje de los derechos sexuales de las mujeres. Las mujeres embarazadas y madres lactantes se encuentran en una situación de particular desprotección. En similares condiciones se encuentran los hijos que permanecen con sus madres en los centros de reclusión, pues, el INPEC no cuenta con guarderías suficientes ni con médicos pediatras para la atención de los mismos[50].
La circunstancia de que una persona se encuentre privada de la libertad no significa que pueda coartársele la posibilidad de tener una vida sexual activa, pues se hace esencial para los reclusos y su pareja el poder relacionarse en el ámbito sexual ya que este tipo de encuentros además de tener como sustrato un aspecto físico, trasciende al psicológico y al ser positivo repercute en el estado de bienestar de la pareja. Por lo tanto, en orden a garantizar los derechos a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad de las personas privadas de la libertad, y con el fin de contribuir con su proceso de resocialización, esta Corporación ha precisado que la visita íntima, concebida como aquel espacio que, como su nombre lo indica, brinda a la pareja un espacio de cercanía, privacidad personal y exclusividad, no puede ser reemplazado por ningún otro medio, como podrían ser las visitas que se realizan en un patio o en espacios compartidos con más reclusos, o la comunicación virtual a través de medios tecnológicos. (Negrilla fuera de texto).
Por otra parte, es evidente para esta S. como los derechos sexuales de los reclusos se conectan con derechos fundamentales intocables, radicados en cabeza de los reclusos, como lo son el derecho a la dignidad humana y a la salud. El derecho a la salud recibe una proyección en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual indica en su artículo 12.1 que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Por tanto, el Estado como garante de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y, para ello, la visita íntima mensual constituye la base de una vida sexual saludable y en condiciones físicas y mentales satisfactorias para las personas privadas de la libertad. Si bien, los derechos sexuales de los reclusos no pueden ser ejercidos a plenitud por el solo hecho de la privación de la libertad, en el ejercicio mensual del derecho a la visita íntima debe ampararse dignamente como contenido de los derechos sexuales del recluso- la privacidad sexual. Lo cual quiere decir que debe protegerse la condición masculina o femenina, sin que exista interferencia de terceros en el ámbito de intimidad del recluso y de su pareja.
En este caso sub-examine, los accionantes se encuentran ubicados en el pabellón de alta seguridad del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, estructura 3, patio 14, torre f. La Resolución 302 del 10 de mayo de 2005, por la cual se expide el Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de alta y mediana seguridad y el Establecimiento de Reclusión Especial La Picota reguló en su artículo 80 el régimen de visita íntima para internos clasificados en alta seguridad.
Dicho artículo establece en el parágrafo 1°, después de señalar los requisitos para que se conceda una visita íntima que la visita íntima se efectuará en la celda de los internos quedando sujeta al turno y cantidad de solicitudes elevadas a la Dirección del Establecimiento. El parágrafo 2° consagró que a cada visitante se le permitirá el ingreso de dos (2) unidades de preservativos.
Asimismo, el parágrafo 1° del artículo 77 de dicha Resolución estableció que: la visita íntima se efectuará en el sitio especialmente acondicionado para tal fin, y tendrá una duración de una (1) hora, quedando sujeta al turno y cantidad de solicitudes elevadas a la Dirección del Establecimiento.
Además de lo anterior, el Código Penitenciario y C. consagró que la visita íntima será regulada por el reglamento general, según los principios de higiene, seguridad y moral. El reglamento general o Acuerdo 0011 de 1995, que sirve de parámetro de los distintos reglamentos internos de los establecimientos carcelarios, señaló en su artículo 29 que cada establecimiento procurará habilitar un lugar especial para efectos de la visita íntima. Mientras se adecuan tales lugares, ellas se podrán realizar en las celdas o dormitorios de los internos.
Lo anterior, por cuanto actualmente los accionantes se ven obligados a recibir su visita íntima o conyugal sin dignidad humana y sin privacidad o intimidad alguna ya que, penosamente, deben recibir la misma bajo turnos antihigiénicos en las únicas 20 celdas habilitadas para ello o, por regla general, en la llamada zona de apoyo, a la cual concurren a su vez el grueso de los reclusos para practicar la visita íntima en el pavimento de la zona de apoyo con una sábana o mediante cambuches.
En segundo lugar, el hecho relativo a que solo existan 20 celdas especiales acondicionadas para recibir la visita íntima de 3.164 internos en la estructura 3 del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA-ERON, significa condiciones antihigiénicas e incómodas en el desarrollo de la misma toda vez que aproximadamente 158 reclusos deben turnarse una sola celda en el supuesto que se realice una visita íntima en un mismo día determinado por cada recluso.
En la anterior hipótesis, es decir, si se pueden realizar 160 visitas diarias, significa que tan solo 160 reclusos pueden tener una visita íntima en condiciones adecuadas y dignas. Sin embargo, habida cuenta que en la estructura 3 del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá habitan un total de 3.164 reclusos con derecho a visita íntima, actualmente 3.004 reclusos no pueden tener su derecho a la visita íntima en las circunstancias propicias. Esto indica que aproximadamente un 95 % de las personas privadas de la libertad en esa estructura no tienen celda idónea para el ejercicio de su derecho a la visita íntima.
En tercer lugar, organismos de control independientes se pronunciaron en forma separada sobre los hechos de la acción de tutela y el estado del centro de reclusión, una vez practicadas sendas diligencias de inspección judicial. La Personería de Bogotá D.C., informó al Magistrado Sustanciador que el área de visitas ordinarias destinadas para ello no son suficientes las veinte (20) celdas de visita conyugal.
Son entre 20 y 25 compartimientos, sin ventilación y sin luz natural, y al ser estos insuficientes para el total de la población, se destinaron lugares denominados zonas de apoyo (educativas, talleres) que tampoco reúnen las condiciones mínimas para este tipo de actividades. Estos sitios solo cuentan con un baño y se turnan hombres y mujeres, no es permitido por reglamento el ingreso de los visitantes a las celdas de los internos, muchos internos manifiestan que no acuden a sus visitas íntimas por cuanto los sitios son indignos, además que el tiempo es muy corto y que no se les entregan preservativos.
Así las cosas, cabe indicar que si bien es admisible constitucionalmente una restricción en el derecho a la intimidad y, por ende, a la visita íntima, las condiciones en las cuales se ejerce este derecho en la estructura 3 del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA resultan abiertamente irracionales y desproporcionados debido a que las entidades accionadas no le brindan a la pareja las condiciones físicas para el ejercicio de una visita de naturaleza íntima, todo lo contrario, con un sistema de visitas como el actual se desnaturaliza este derecho dado que pasa a ser pública e indigna.
se ven obligados a tener relaciones sexuales o copularse prácticamente en el piso en condiciones indignas y fuera de toda salubridad e higiene, debido a que no existen áreas o locutorios adecuados para tal efecto[52].
En quinto lugar, resulta inaceptable que contrariando el principio de legalidad y la jurisprudencia constitucional, este establecimiento de reclusión aún no garantice lugares especiales y suficientes para la práctica de una visita íntima digna, máxime cuando el mismo artículo 34 del Código Penitenciario y C. colombiano consagra que cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos. () El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario elaborará un manual de construcciones con las debidas especificaciones, según su clasificación legal y niveles de seguridad, efectividad y dignidad de su cometido, detención, resocialización o rehabilitación; el clima y terreno de su ubicación, su capacidad, espacios de alojamiento, trabajo, educación, recreación, materiales indicados y cuanto se requiera para el control económico y el acierto estructural y funcional de estas edificaciones.
Cabe entonces volver a reiterar, para el caso en concreto, lo dispuesto por la Corte en 1998 cuando declaró el estado de cosas inconstitucionales, ahora aplicado a las condiciones de la visita íntima son absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las condiciones de albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados.
Por otra parte, encuentra la Sala que así no hubiese sido invocado el derecho al agua en el escrito de tutela como derecho fundamental presuntamente violado, se debe realizar un pronunciamiento al respecto como quiera que la comisión judicial probó en diligencia de inspección judicial que en este asunto se vulneró el derecho fundamental al agua. En efecto, se verificó que el suministro del recurso se encuentra limitado de la siguiente manera: 2 horas en la mañana, 2 horas al medio día y 2 horas en la noche. Sin perjuicio de que se rompa la tubería que se encuentra en malas condiciones, en cuyo caso se suspende de inmediato el suministro de agua a los internos[53].
Lo anterior, fue verificado mediante inspección judicial practicada por el despacho sustanciador el día 8 de septiembre de 2013 cuando a la hora del medio día al abrir el grifo, constató que no había disponibilidad ni acceso al recurso en cuestión. A su turno, la Personería de Bogotá D.C., en su visita de inspección también evidenció esta situación por cuanto en su informe presentado relató que no hay sistema de drenaje, en las zonas de apoyo y en las zonas de visita y celdas para visita conyugal visibles al momento de la visita () No hay fluido de agua potable a la hora de la visita.
La Sala considera que los hechos presentados en la acción son insuficientes para abordar un juicio o test de igualdad´ habida cuenta que las personas que presuntamente tienen un trato más favorable que los accionantes en el régimen de visitas ostentan la calidad de servidores o ex servidores públicos y se encuentran recluidos en pabellones especiales. Lo anterior, permite concluir que la situación de los sujetos bajo revisión constitucional no es asimilable a la de los servidores y/o ex servidores detenidos, y así es razonable otorgar un trato diferente siendo diferentes. Además, existen criterios que pueden diferenciar aún más las personas privadas de la libertad si se analizan por ejemplo los distintos niveles de seguridad -alta o máxima, media y mínima-, tipos de delitos cometidos, calidades procesales de sindicado o condenado y perfiles de los internos, entre otros.
En consecuencia, se tiene por cierto en el asunto de la referencia que el cuerpo médico disponible de la EPS CAPRECOM que compone el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB-PICOTA, es insuficiente para atender los servicios de salud de los reclusos, dándose veracidad al hecho concerniente a que solo existe 1 médico de dicha EPS para atender a 3,164 internos. Asimismo se toma por cierto que las existencias de medicamentos que la EPS CAPRECOM brinda no cubren adecuadamente los requerimientos de salud de los reclusos de la estructura 3 ERON de dicho complejo carcelario.
Por otra parte, frente a otra de las solicitudes de tutela referida a la medida denominada pico y placa[56] consistente en restringir el número de visitantes de acuerdo a un cronograma previamente programado y discutido con los reclusos, que aplica en función de la terminación del documento de identidad nacional, ésta Corporación considera que debido a la pésima infraestructura que se presenta en el establecimiento carcelario accionado esta medida resulta razonable y proporcional, siempre y cuando se respete el derecho de los reclusos a recibir periódicamente visitas ordinarias e íntimas.
Segundo. ORDENAR al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Departamento Nacional de Planeación y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  INPEC que en la vigencia presupuestal subsiguiente a la notificación de la presente providencia se realicen las gestiones administrativas y apropiaciones presupuestales necesarias para iniciar las obras de infraestructura requeridas con el fin de que las visitas conyugales o íntimas se practiquen en condiciones dignas en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB PICOTA-.
Cuarto. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  INPEC-, que en el caso de no iniciarse las obras al finalizar la siguiente vigencia presupuestal desde la notificación de la presente providencia, se deberán garantizar las visitas íntimas por turnos en las celdas o dormitorios de los internos bajo condiciones de seguridad, aplicándose lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 0011 de 1995.
Quinto. ORDENAR a la Contraloría General de la República que de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales determine si hay lugar a responsabilidad fiscal por la gestión llevada a cabo en la planeación, diseño, adjudicación, gasto e inversión del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá La Picota-.
Sexto. ORDENAR a la EPS CAPRECOM para que la prestación de los servicios médicos, en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá La Picota-, se brinde por personal médico proporcional y suficiente de acuerdo al número total de población reclusa y que nuevamente se suministren mínimo dos (2) preservativos por interno los días en que tenga lugar la visita íntima.
Séptimo. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC- y al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá La Picota que suministre el servicio de agua potable de forma continua y permanente e implemente de forma conjunta medidas idóneas que permitan garantizar un suministro diario mínimo de veinticinco (25) litros de agua a cada uno de los reclusos.
[13]Decreto 2591 de 1991. Art. 20:Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.
[21] Ver artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.() Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
[28]C.M.A. y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 20, y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, R. y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 204.
[31]Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, R. y C.. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 209.
[32]C.T., supra nota 61, párr. 156, y Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, supra párr. 301.
[34]C.L.T., supra nota 14, párr. 58, y C.d.P.M.C.C., supra nota 66, párr. 315.
[35]C.M.A. y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 146, y C.d.P.M.C.C., supra nota 66, párr. 315.
[36]C.L.Á., supra nota 65 y C.d.P.M.C.C., supra nota 66, párr. 319.
[38]Caso C.V.T. y Tobago. Fondo, R. y Costas.Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123, párr. 70, y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Castigo Corporal a Niños, Niñas y Adolescentes, Considerando 14.
[39]Caso de los Niños y Adolescentes Privados de Libertad en el Complexo do Tatuapé de FEBEM. Medidas Provisionales Respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2005, Considerando 13, y Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa. Medidas Provisionales Respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2011, Considerando 21.
[44] Ver sentencia T  266 de 2013.
[45] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al respecto que una persona ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad (C.T., supra nota 80, párr. 147; Caso de los Hermanos G.P.. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 108, y C.M.U.. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 87). Además, dicha Corte ha indicado que la restricción de derechos del detenido, como consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de ésta, debe limitarse de manera rigurosa; sólo se justifica la restricción de un derecho humano cuando es absolutamente necesaria en el contexto de una sociedad democrática (Caso Instituto de Reeducación del Menor. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 154, y Caso Cinco Pensionistas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 116).
[48] La Corte Europea de Derechos Humanos ha indicado que según [el artículo 3 de la Convención], el Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica requerida. (Eur. C.H.K.v.P., judgement of 26 october 2000, No. 30210/96, párr. 94).
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/saludoficial.pdf
Sentencia nº 3344 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 2 de Febrero de 1996

References: artículo 26
 Resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 26
 artículo 55
 artículo 22
 artículo 29
 artículo 16
 resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 80
 artículo 77
 Resolución 
 artículo 29
 artículo 34
 artículo 29
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3