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Timestamp: 2020-08-10 08:55:14+00:00

Document:
Declaran nula la resolución que pretende el decomiso de mercadería por carecer de fundamentos. – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 31 agosto 2016
Partes: C. A. E. A. Ltda. s/ inf. art. 40 ley 11683
Cita: MJ-JU-M-99597-AR | MJJ99597
Nulidad de la resolución que pretende el decomiso de mercadería si la decisión adoptada no encuentra respaldo en las constancias de la causa.
1.-Corresponde nulificar la resolución que confirmó la sanción de decomiso de toneladas de soja comercializable que le impuso la Administración Federal de Ingresos Públicos por una supuesta infracción al entender que carecía de documentación respaldatoria, al no estar fundada, debido a las cartas de porte que constan en el expediente demuestran la titularidad de la mercadería, la desproporción de la sanción en atención al fin perseguido por la norma y la conducta que se pretende castigar.
Rosario, 27 de abril de 2016.- Visto, en Acuerdo de la Sala “A” el expediente nro. FRO 21809/2014/CA1 caratulado “C. A. E. A. s/ Inf.
Art. 40 Ley 11.683″, proveniente del Juzgado Federal nro. 2 de San Nicolás, del que resulta:
Vienen los autos para resolver el recurso de apelación que interpuso el apoderado de la C. A. “E. A.” LTDA (fs.
204 bis) contra la resolución del 6/10/15 (fs. 202) que confirmó la sanción de decomiso de 160.166 TN de soja comercializable que le impuso la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Elevadas las actuaciones, se dispuso la intervención de esta Sala “A” (fs. 217). Realizada la audiencia a los fines del Art. 454 del código de rito (fs. 224), quedan las presentes en condiciones de resolver.
1.- La recurrente afirma que existe evidente desproporción entre los hechos y la sanción que se impuso a su mandante, lo que la lleva a considerar que se efectuó un incorrecto análisis del asunto.
Refiere que el magistrado no analizó nada de lo que su parte expuso, desarrolló y explicó de manera clara, precisa y detallada, como tampoco tuvo presente la cuantiosa documentación acompañada por la firma y que -según él- “tira por la borda” la fundamentación jurídica del decomiso.
Sostiene que la sentencia es arbitraria, escueta y breve debido a que confirma la sanción avalando su postura en lo manifestado por el Dr. Facundo Cosi González en la instancia administrativa.Cita la parte pertinente del fallo y sostiene que de esa transcripción surge que el a quo siquiera comprendió cuál es el tema que se llevó a litigio, ya que la Cooperativa que representa está debidamente inscripta como contribuyente.
Resalta que la discusión consiste en que el Fisco pretende decomisar la mercadería supuestamente en infracción porque entendió que carecía de documentación respaldatoria, lo que desde su punto de vista no tiene sustento fáctico ya que las cartas de porte que constan en el expediente demuestran la titularidad de la mercadería.
En otro orden de ideas recuerda que la sanción es muy severa y en este caso desmedida, ya que hay una clara desproporción entre el fin perseguido por la norma y la conducta que se pretende castigar. Dice que tal sanción afecta el derecho de propiedad.
Solicita se revoque el decisorio y subsidiariamente se le aplique la multa prevista en el art. 39 de la ley 11.683.
En la audiencia de fs. 224 el gerente de la firma reconoce haber cometido la infracción, pero aduce que eso se debió a un error “involuntario” de carácter administrativo.
Asimismo, reitera como acontecieron los hechos (rotura de la noria de descarga “en plena cosecha” y necesidad de trasladar el cereal de una planta a otra para descargarlo, por lo que la soja que sobraba en una planta -la que fue inspeccionada- era la que faltaba en la otra, donde se había documentado su entrega).
2.- En oportunidad de llevar a cabo un procedimiento de control de la mercadería existente y su correspondiente respaldo documental, los inspectores de la AFIP constataron que en la planta de acopio de la C. A. de E. A. LDTA habían 160.166 toneladas de soja comercializable sin documentación respaldatoria.
Mediante Resolución 855/14 del 18/03/14 la AFIP dispuso el decomiso de la mercadería a que venimos haciendo referencia. Entendió que los hechos infringían lo dispuesto en el art.20 de la RG AFIP 2595/2009 y encuadraba prima facie en la infracción tipificada en el art. 40 inc. e) de la ley 11.683.
Destacó especialmente que la sumariada no había probado ninguno de los argumentos que esgrimió, como tampoco arrimado prueba de ningún tipo, con el agravante de haber vencido el plazo de 7 días otorgado e incluso el de cuarenta y cinco que había solicitado (fs. 33).
La cooperativa recurrió en sede administrativa esa resolución (fs. 49). Mediante Resolución 084/14 el Director Regional de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP rechazó el recurso que interpuso la cooperativa y mantuvo el decomiso de la mercadería (fs. 92).
Contra dicho decisorio C. A. E. A. LTDA dedujo recurso de apelación ante el juzgado en los términos del artículo agregado a continuación del art. 78 de la ley 11.683.
Reiteró los mismos argumentos que había expresado con anterioridad. Acompañó copia de tres cartas de porte de abril de 2013 que serían -dijo- respaldatorias de la soja que se pretende decomisar y concluyó que no se verificaron los presupuestos fácticos para la imposición de la sanción de decomiso.
Finalmente, por resolución de fs. 202 el magistrado de primera instancia rechazó el recurso y confirmó la sanción.
3.- El art. 123 del CPPN dispone que:”Las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad”.
“Es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y constituyan, en consecuencia, derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa” (Fallos 297:362).
Esa exigencia no sólo se viola cuando la sentencia carece de toda motivación, sino también cuando la que contiene no guarda relación con lo que se discute en el expediente o con la cuestión concreta que el magistrado debe resolver.
Como reseñamos antes, es la recurrente quien afirma que el decisorio de primera instancia es “arbitrario, escueto y breve” y en definitiva analiza un supuesto distinto al que se plantea en el caso que debe resolverse.
Que sea breve no constituye en sí mismo defecto, pero es diferente que sea arbitrario o carezca de fundamentación.
A la actora se le impuso una sanción por tener en su poder aproximadamente 160 toneladas de soja sin documentación que la respalde, lo que encuadraría en el artículo 40 inciso e) de la ley 11.683. Sin embargo, el magistrado refirió al transporte de esa mercadería sin respaldo documental, lo que constituye un hecho diferente.También menciona que la cooperativa no habría cumplido con la debida inscripción como contribuyente o responsable ante la AFIP, aspecto que no fue considerado en ninguna de las resoluciones dictadas en sede administrativa.
Por último, en el punto tercero de la sentencia dice que encontrándose probada la infracción (aunque no explica cómo) “y no contando este tribunal con constancias fehacientes que acrediten la desvinculación comercial de la Cooperativa” lo llevan a confirmar el decomiso de la mercadería.
Esta última referencia no guarda ninguna relación con el tema que se debate en este expediente.
En conclusión, la decisión que adoptó el magistrado no encuentra respaldo en las constancias de la causa e incluso parece referirse a un caso diverso.
Por tal motivo, en atención a que la exigencia de fundamentación de las sentencias -y que éstas constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa- tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso y teniendo en cuenta con arreglo a las previsiones de los arts.
123, 166, 168 y concordantes del código ritual, toda vez que no es factible subsanar de otro modo los vicios señalados más arriba, se impone nulificar el auto venido en recurso disponiendo que se devuelvan los autos al juzgado de origen a fin de que se emita nuevo pronunciamiento con la fundamentación debida.
Nulificar la Resolución del 6/10/15 (fs. 202). Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por la Acordada Nº 15/13 de la C.S.J.N. y, oportunamente, devuélvanse los autos al juzgado.
No participa del presente Acuerdo el Dr. Fernando Lorenzo Barbará por encontrarse en uso de licencia.- cpb CARLOS FEDERICO CARRILLO
Tag: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, DECOMISO, INGRESOS PUBLICOS, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RÉGIMEN PENAL ADUANERO
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