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Timestamp: 2017-05-28 08:25:18+00:00

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«Datos personales — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de dichos datos
— Directiva 95/46/CE — Artículos 2, 4, 12 y 14 — Ámbito de aplicación material y territorial — Motores de
búsqueda en Internet — Tratamiento de datos contenidos en sitios de Internet — Búsqueda, indexación y
almacenamiento de estos datos — Responsabilidad del gestor del motor de búsqueda — Establecimiento
en territorio de un Estado miembro — Alcance de las obligaciones de dicho gestor y de los derechos del
interesado — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 8»
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por
la Audiencia Nacional, mediante auto de 27 de febrero de 2012, recibido en el Tribunal de Justicia el 9 de
marzo de 2012, en el procedimiento entre
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente, los Sres. M. Ilešič
(Ponente), L. Bay Larsen, T. von Danwitz y M. Safjan, Presidentes de Sala, y los Sres. J. Malenovský, E.
Levits, A. Ó Caoimh y A. Arabadjiev y las Sras. M. Berger y A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;
– en nombre de Google Spain, S.L., y Google Inc., por los Sres. F. González Díaz, J. Baño Fos y B.
Holles, abogados;
– en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. E.-M. Mamouna y el Sr. K. Boskovits, en calidad de
– en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. P.
Gentili, avvocato dello Stato;
– en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. G. Kunnert y la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. I. Martínez del Peral y Sr. B. Martenczuk, en calidad
apartado 1, letras a) y c), 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31), y del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo
sucesivo, «Carta»).
2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Google Spain, S.L. (en lo sucesivo,
«Google Spain»), y Google Inc., por un lado, y la Agencia Española de Protección de Datos (en lo
sucesivo, «AEPD») y el Sr. Costeja González, por otro, en relación con una resolución de dicha Agencia
por la que se estimó la reclamación del Sr. Costeja González contra ambas sociedades y se ordenaba a
Google Inc. que adoptara las medidas necesarias para retirar los datos personales del Sr. Costeja
González de su índice e imposibilitara el acceso futuro a los mismos.
3 La Directiva 95/46, que, según su artículo 1, tiene por objeto la protección de las libertades y de los
derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que
respecta al tratamiento de los datos personales y la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de
estos datos, enuncia lo siguiente en sus considerandos 2, 10, 18 a 20 y 25:
«(2) Considerando que los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre; que deben,
cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia de las personas físicas, respetar las libertades y
derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y contribuir […] al bienestar
(10) Considerando que las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales tienen
por objeto garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente del derecho
al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[,firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950], así
como en los principios generales del Derecho comunitario; que, por lo tanto, la aproximación de dichas
legislaciones no debe conducir a una disminución de la protección que garantizan sino que, por el
contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel de protección dentro de la Comunidad;
(18) Considerando que, para evitar que una persona sea excluida de la protección garantizada por la
presente Directiva, es necesario que todo tratamiento de datos personales efectuado en la Comunidad
respete la legislación de uno de sus Estados miembros; que, a este respecto, resulta conveniente someter
el tratamiento de datos efectuados por cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable del
tratamiento establecido en un Estado miembro a la aplicación de la legislación de tal Estado;
(19) Considerando que el establecimiento en el territorio de un Estado miembro implica el ejercicio
efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable; que la forma jurídica de dicho
establecimiento, sea una simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un factor
determinante al respecto; que cuando un mismo responsable esté establecido en el territorio de varios
Estados miembros, en particular por medio de una empresa filial, debe garantizar, en particular para evitar
que se eluda la normativa aplicable, que cada uno de los establecimientos cumpla las obligaciones
impuestas por el Derecho nacional aplicable a estas actividades;
(20) Considerando que el hecho de que el responsable del tratamiento de datos esté establecido en un
país tercero no debe obstaculizar la protección de las personas contemplada en la presente Directiva; que
en estos casos el tratamiento de datos debe regirse por la legislación del Estado miembro en el que se
ubiquen los medios utilizados y deben adoptarse garantías para que se respeten en la práctica los
derechos y obligaciones contempladas en la presente Directiva;
(25) Considerando que los principios de la protección tienen su expresión, por una parte, en las
distintas obligaciones que incumben a las personas […] que efectúen tratamientos- obligaciones relativas,
en particular, a la calidad de los datos, la seguridad técnica, la notificación a las autoridades de control y
las circunstancias en las que se puede efectuar el tratamiento- y, por otra parte, en los derechos
otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento de ser informadas acerca de dicho
tratamiento, de poder acceder a los datos, de poder solicitar su rectificación o incluso de oponerse a su
tratamiento en determinadas circunstancias».
a) ―datos personales‖: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el
―interesado‖); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos,
característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;
b) ―tratamiento de datos personales‖ (―tratamiento‖): cualquier operación o conjunto de operaciones,
efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la
recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta,
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los
mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;
d) ―responsable del tratamiento‖: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro
organismo que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos
personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones
legislativas o reglamentarias nacionales o comunitarias, el responsable del tratamiento o los criterios
específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho nacional o comunitario;
«Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento total o parcialmente automatizado
de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o
destinados a ser incluidos en un fichero.»
«1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado para la
aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales cuando:
a) el tratamiento sea efectuado en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable
del tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo responsable del tratamiento esté
establecido en el territorio de varios Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias para
garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por el Derecho
nacional aplicable;
b) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio del Estado miembro, sino en un
lugar en que se aplica su legislación nacional en virtud del Derecho internacional público;
c) el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Comunidad y recurra, para el
tratamiento de datos personales, a medios, automatizados o no, situados en el territorio de dicho Estado
miembro, salvo en caso de que dichos medios se utilicen solamente con fines de tránsito por el territorio
2. En el caso mencionado en la letra c) del apartado 1, el responsable del tratamiento deberá designar
un representante establecido en el territorio de dicho Estado miembro, sin perjuicio de las acciones que
pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento.»
7 El artículo 6 de la Directiva 95/46, titulado «Principios relativos a la calidad de los datos», incluido
en el capítulo II, sección I, de dicha Directiva, tiene el siguiente tenor:
b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de
manera incompatible con dichos fines; no se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos
con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando los Estados miembros establezcan las
garantías oportunas;
c) adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los
que se traten posteriormente;
d) exactos y, cuando sea necesario, actualizados; deberán tomarse todas las medidas razonables para
que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los
que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados;
e) conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no
superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente.
Los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas para los datos personales archivados por
un período más largo del mencionado, con fines históricos, estadísticos o científicos.
2. Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 1.»
8 El artículo 7 de la Directiva 95/46, titulado «Principios relativos a la legitimación del tratamiento de
datos», incluido en el capítulo I, sección II, de esta Directiva, establece:
f) es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o
por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los
derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1
del artículo 1 de la presente Directiva.»
9 El artículo 9 de la mencionada Directiva, titulado «Tratamiento de datos personales y libertad de
expresión», dispone:
«En lo referente al tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos o de expresión
artística o literaria, los Estados miembros establecerán, respecto de las disposiciones del presente
capítulo, del capítulo IV y del capítulo VI, exenciones y excepciones sólo en la medida en que resulten
necesarias para conciliar el derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión.»
«Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del
b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a
las disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los
a) oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f) del artículo 7, en cualquier
momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que los datos que le conciernan
sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra cosa. En caso de oposición
justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no podrá referirse ya a esos datos;
«1. Los Estados miembros dispondrán que una o más autoridades públicas se encarguen de vigilar la
aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente Directiva.
— poderes de investigación, como el derecho de acceder a los datos que sean objeto de un
tratamiento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control;
— poderes efectivos de intervención, como, por ejemplo, el de […] ordenar el bloqueo, la supresión o la
destrucción de datos, o incluso prohibir provisional o definitivamente un tratamiento […]
4. Toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier persona, o cualquier asociación
que la represente, le presente en relación con la protección de sus derechos y libertades respecto del
tratamiento de datos personales. Esa persona será informada del curso dado a su solicitud.
6. Toda autoridad de control será competente, sean cuales sean las disposiciones de Derecho
nacional aplicables al tratamiento de que se trate, para ejercer en el territorio de su propio Estado
miembro los poderes que se le atribuyen en virtud del apartado 3 del presente artículo. Dicha autoridad
podrá ser instada a ejercer sus poderes por una autoridad de otro Estado miembro.
Las autoridades de control cooperarán entre sí en la medida necesaria para el cumplimiento de sus
funciones, en particular mediante el intercambio de información que estimen útil.
13 La Directiva 95/46 ha sido transpuesta en Derecho español por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999, p.
43088).
14 El 5 de marzo de 2010, el Sr. Costeja González, de nacionalidad española y domiciliado en España,
presentó ante la AEPD una reclamación contra La Vanguardia Ediciones, S.L., que publica un periódico
de gran difusión, concretamente en Cataluña (en lo sucesivo, «La Vanguardia»), y contra Google Spain y
Google Inc. Esta reclamación se basaba en que, cuando un internauta introducía el nombre del Sr.
Costeja González en el motor de búsqueda de Google (en lo sucesivo, «Google Search»), obtenía como
resultado vínculos hacia dos páginas del periódico La Vanguardia, del 19 de enero y del 9 de marzo de 1998, respectivamente, en las que figuraba un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un
embargo por deudas a la Seguridad Social, que mencionaba el nombre del Sr. Costeja González.
15 Mediante esta reclamación, el Sr. Costeja González solicitaba, por un lado, que se exigiese a La
Vanguardia eliminar o modificar la publicación para que no apareciesen sus datos personales, o utilizar
las herramientas facilitadas por los motores de búsqueda para proteger estos datos. Por otro lado,
solicitaba que se exigiese a Google Spain o a Google Inc. que eliminaran u ocultaran sus datos
personales para que dejaran de incluirse en sus resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los
enlaces de La Vanguardia. En este marco, el Sr. Costeja González afirmaba que el embargo al que se vio
sometido en su día estaba totalmente solucionado y resuelto desde hace años y carecía de relevancia
16 Mediante resolución de 30 de julio de 2010, la AEPD desestimó la reclamación en la medida en que
se refería a La Vanguardia, al considerar que la publicación que ésta había llevado a cabo estaba
legalmente justificada, dado que había tenido lugar por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y tenía por objeto dar la máxima publicidad a la subasta para conseguir la mayor concurrencia de
licitadores.
17 En cambio, se estimó la misma reclamación en la medida en que se dirigía contra Google Spain y
Google Inc. A este respecto, la AEPD consideró que quienes gestionan motores de búsqueda están
sometidos a la normativa en materia de protección de datos, dado que llevan a cabo un tratamiento de
datos del que son responsables y actúan como intermediarios de la sociedad de la información. La AEPD
consideró que estaba facultada para ordenar la retirada e imposibilitar el acceso a determinados datos por
parte de los gestores de motores de búsqueda cuando considere que su localización y difusión puede
lesionar el derecho fundamental a la protección de datos y a la dignidad de la persona entendida en un
sentido amplio, lo que incluye la mera voluntad del particular afectado cuando quiere que tales datos no
sean conocidos por terceros. La AEPD estimó que este requerimiento puede dirigirse directamente a los
explotadores de motores de búsqueda, sin suprimir los datos o la información de la página donde
inicialmente está alojada e, incluso, cuando el mantenimiento de esta información en dicha página esté
justificado por una norma legal.
18 Google Spain y Google Inc. interpusieron sendos recursos contra dicha resolución ante la Audiencia
Nacional, que decidió acumularlos.
19 El mencionado tribunal expone en el auto de remisión que estos recursos plantean la cuestión de
cuáles son las obligaciones que tienen los gestores de motores de búsqueda en la protección de datos
personales de aquellos interesados que no desean que determinada información, publicada en páginas
web de terceros, que contiene sus datos personales y permite relacionarles con la misma, sea localizada,
indexada y sea puesta a disposición de los internautas de forma indefinida. Considera que la respuesta a
esta cuestión depende del modo en que debe interpretarse la Directiva 95/46 en el marco de estas
tecnologías, que han surgido después de su publicación.
20 En estas circunstancias, la Audiencia Nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al
Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Por lo que respecta a la aplicación territorial de la Directiva [95/46] y, consiguientemente de la
normativa española de protección de datos:
a) Debe interpretarse que existe un ―establecimiento‖, en los términos descritos en el art. 4.1.a) de la
[Directiva 95/46], cuando concurra alguno o algunos de los siguientes supuestos:
— cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado miembro una oficina o
filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del buscador, que dirige su actividad a
los habitantes del Estado,
— cuando la empresa matriz designa a una filial ubicada en ese Estado miembro como su
representante y responsable del tratamiento de dos ficheros concretos que guardan relación con los datos
de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa,
— cuando la oficina o filial establecida en un Estado miembro traslada a la empresa matriz, radicada
fuera de la Unión Europea, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las
autoridades competentes en relación con el respeto al derecho de protección de datos, aun cuando dicha
colaboración se realice de forma voluntaria?
b) ¿Debe interpretarse el art. 4.1.c de la [Directiva 95/46] en el sentido de que existe un ―recurso a
medios situados en el territorio de dicho Estado miembro‖:
— cuando un buscador utilice arañas o robots para localizar e indexar la información contenida en
páginas web ubicadas en servidores de ese Estado miembro
— cuando utilice un nombre de dominio propio de un Estado miembro y dirija las búsquedas y los
resultados en función del idioma de ese Estado miembro?
c) ¿Puede considerarse como un recurso a medios, en los términos del art. 4.1.c de la [Directiva
95/46], el almacenamiento temporal de la información indexada por los buscadores en internet? Si la
respuesta a esta última cuestión fuera afirmativa, ¿puede entenderse que este criterio de conexión
concurre cuando la empresa se niega a revelar el lugar donde almacena estos índices alegando razones
competitivas?
d) Con independencia de la respuesta a las preguntas anteriores y especialmente en el caso en que se
considerase por el Tribunal de Justicia de la Unión que no concurren los criterios de conexión previstos en
el art. 4 de la [Directiva 95/46]:
¿Debe aplicarse la [Directiva 95/46], a la luz del art. 8 de la [Carta], en el país miembro donde se localice
el centro de gravedad del conflicto y sea posible una tutela más eficaz de los derechos de los ciudadanos
de la Unión […]?
2) Por lo que respecta a la actividad de los buscadores como proveedor de contenidos en relación con
la [Directiva 95/46]:
a) En relación con la actividad [de Google Search], como proveedor de contenidos, consistente en
localizar la información publicada o incluida en la red por terceros, indexarla de forma automática,
almacenarla temporalmente y finalmente ponerla a disposición de los internautas con un cierto orden de
preferencia, cuando dicha información contenga datos personales de terceras personas, ¿Debe
interpretarse una actividad como la descrita comprendida en el concepto de ―tratamiento de datos‖,
contenido en el art. 2.b de la [Directiva 95/46]?
b) En caso de que la respuesta anterior fuera afirmativa y siempre en relación con una actividad como
la ya descrita:
¿Debe interpretarse el artículo 2.d) de la [Directiva 95/46], en el sentido de considerar que la empresa que
gestiona [Google Search] es ―responsable del tratamiento‖ de los datos personales contenidos en las
páginas web que indexa?
¿Puede la [AEPD], tutelando los derechos contenidos en el art. 12.b) y 14.a) de la [Directiva 95/46],
requerir directamente [a Google Search] para exigirle la retirada de sus índices de una información
publicada por terceros, sin dirigirse previa o simultáneamente al titular de la página web en la que se
ubica dicha información?
¿Se excluiría la obligación de los buscadores de tutelar estos derechos cuando la información que
contiene esos datos se haya publicado lícitamente por terceros y se mantenga en la página web de
3) Respecto al alcance del derecho de cancelación y/oposición en relación con el derecho al olvido se
plantea la siguiente pregunta:
¿Debe interpretarse que los derechos de supresión y bloqueo de los datos, regulados en el art. 12.b) y el
de oposición, regulado en el art. 14.a) de la [Directiva 95/46] comprenden que el interesado pueda
dirigirse frente a los buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona,
publicada en páginas web de terceros, amparándose en su voluntad de que la misma no sea conocida por
los internautas cuando considere que puede perjudicarle o desea que sea olvidada, aunque se trate de
una información publicada lícitamente por terceros?»
Sobre la segunda cuestión prejudicial, letras a) y b), relativa al ámbito de aplicación material de la
21 Mediante su segunda cuestión prejudicial, letras a) y b), que procede examinar en primer lugar, el
tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 debe examinarse
en el sentido de que la actividad de un motor de búsqueda como proveedor de contenidos, que consiste
en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática,
almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de
preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en el sentido de dicha
disposición, cuando esa información contiene datos personales. En el supuesto de que se responda
afirmativamente a esa cuestión, el tribunal remitente desea saber, además, si la letra d) del mencionado
artículo 2 debe interpretarse en el sentido de que el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse
«responsable» de dicho tratamiento de datos personales, en el sentido de esa disposición.
22 Según Google Spain y Google Inc., la actividad de los motores de búsqueda no puede considerarse
tratamiento de los datos que se muestran en las páginas web de terceros que presenta la lista de
resultados de la búsqueda, dado que estos motores tratan la información accesible en Internet
globalmente sin seleccionar entre datos personales y el resto de información. En su opinión, además, aun
suponiendo que esta actividad deba ser calificada de «tratamiento de datos», el gestor de un motor de
búsqueda no puede considerarse «responsable» de ese tratamiento, ya que no conoce dichos datos y no
ejerce control sobre ellos.
23 En cambio, el Sr. Costeja González, los Gobiernos español, italiano austriaco y polaco y la
Comisión Europea sostienen que dicha actividad implica claramente un «tratamiento de datos», en el
sentido de la Directiva 95/46, que es distinto del tratamiento de datos realizado por los editores de los
sitios de Internet y persigue objetivos distintos al de éste. A su juicio, el gestor de un motor de búsqueda
es «responsable» del tratamiento de datos efectuado por él desde el momento en que es él quien
determina la finalidad y los medios de dicho tratamiento.
24 Según el Gobierno helénico, la actividad controvertida constituye tal «tratamiento», pero, en la
medida en que los motores de búsqueda sirven de simples intermediarios, las empresas que los
gestionan no pueden considerarse «responsables», salvo en los casos en los que almacenan datos en
una «memoria intermedia» o una «memoria oculta» por un período de tiempo que supere lo técnicamente
25 A este respecto, ha de señalarse que el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 define el
«tratamiento de datos personales» como «cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o
no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación
por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión,
así como su bloqueo, supresión o destrucción».
26 En lo que atañe, en particular, a Internet, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar
que la conducta que consiste en hacer referencia, en una página web, a datos personales debe
considerarse un «tratamiento» de esta índole, en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46
(véase la sentencia Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, apartado 25).
27 En cuanto a la actividad controvertida en el litigio principal, no se discute que entre los datos
hallados, indexados, almacenados por los motores de búsqueda y puestos a disposición de sus usuarios
figura también información relativa a personas físicas identificadas o identificables y, por tanto, «datos
personales» en el sentido del artículo 2, letra a), de dicha Directiva.
28 Por consiguiente, debe declararse que, al explorar Internet de manera automatizada, constante y
sistemática en busca de la información que allí se publica, el gestor de un motor de búsqueda «recoge»
tales datos que «extrae», «registra» y «organiza» posteriormente en el marco de sus programas de
indexación, «conserva» en sus servidores y, en su caso, «comunica» y «facilita el acceso» a sus usuarios
en forma de listas de resultados de sus búsquedas. Ya que estas operaciones están recogidas de forma
explícita e incondicional en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46, deben calificarse de «tratamiento»
en el sentido de dicha disposición, sin que sea relevante que el gestor del motor de búsqueda también
realice las mismas operaciones con otros tipos de información y no distinga entre éstos y los datos
29 Tampoco contradice la apreciación anterior el hecho de que estos datos hayan sido ya objeto de
publicación en Internet y dicho motor de búsqueda no los modifique.
30 De este modo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las operaciones a las que se refiere el
artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 deben calificarse de tal tratamiento también en el supuesto de que
se refieran únicamente a información ya publicada tal cual en los medios de comunicación. En efecto,
señaló a este respecto que una excepción general a la aplicación de la Directiva 95/46 en tal supuesto
dejaría esta última en gran medida vacía de contenido (véase, en este sentido, la sentencia Satakunnan
Markkinapörssi y Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, apartados 48 y 49).
31 Además, se desprende de la definición contenida en el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 que,
aunque la modificación de datos personales constituye, ciertamente, un tratamiento, en el sentido de ésta,
en cambio el resto de operaciones que se mencionan en ella no precisan en modo alguno de que estos
datos se modifiquen.
32 En cuanto a si el gestor de un motor de búsqueda debe o no considerarse «responsable del
tratamiento» de los datos personales efectuado por dicho motor en el marco de una actividad como la
controvertida en el litigio principal, debe recordarse que el artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46 define
al responsable como «la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo
que sólo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos
personales».
33 Ahora bien, el gestor del motor de búsqueda es quien determina los fines y los medios de esta
actividad y, así, del tratamiento de datos personales que efectúa él mismo en el marco de ésta y, por
consiguiente, debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento en virtud del mencionado artículo 2,
34 Por otro lado, es necesario declarar que sería contrario, no sólo al claro tenor de esta disposición
sino también a su objetivo, consistente en garantizar, mediante una definición amplia del concepto de
«responsable», una protección eficaz y completa de los interesados, excluir de esta disposición al gestor
de un motor de búsqueda debido a que no ejerce control sobre los datos personales publicados en las
35 Sobre este particular, procede poner de manifiesto que el tratamiento de datos personales llevado a
cabo en el marco de la actividad de un motor de búsqueda se distingue del efectuado por los editores de
sitios de Internet, que consiste en hacer figurar esos datos en una página en Internet, y se añade a él.
36 Además, es pacífico que esta actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo
en la difusión global de dichos datos en la medida en que facilita su acceso a todo internauta que lleva a
cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no
habrían encontrado la página web en la que se publican estos mismos datos.
37 Además, la organización y la agregación de la información publicada en Internet efectuada por los
motores de búsqueda para facilitar a sus usuarios el acceso a ella puede conducir, cuando la búsqueda
de los usuarios se lleva a cabo a partir del nombre de una persona física, a que éstos obtengan mediante
la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse
en Internet que les permita establecer un perfil más o menos detallado del interesado.
38 En consecuencia, en la medida en que la actividad de un motor de búsqueda puede afectar,
significativamente y de modo adicional a la de los editores de sitios de Internet, a los derechos
fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales, el gestor de este motor,
como persona que determina los fines y los medios de esta actividad, debe garantizar, en el marco de sus
responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que dicha actividad satisface las
exigencias de la Directiva 95/46 para que las garantías establecidas en ella puedan tener pleno efecto y
pueda llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los interesados, en particular, de su derecho al
39 Por último, el que los editores de sitios de Internet tengan la facultad de indicar a los gestores de los
motores de búsqueda, con la ayuda, concretamente, de protocolos de exclusión como «robot.txt», o de
códigos como «noindex» o «noarchive», que desean que una información determinada, publicada en su
sitio, sea excluida total o parcialmente de los índices automáticos de los motores, no significa que la falta
de tal indicación por parte de estos editores libere al gestor de un motor de búsqueda de su
responsabilidad por el tratamiento de datos personales que lleva a cabo en el marco de la actividad de
dicho motor.
40 En efecto, esta circunstancia no modifica el hecho de que el gestor determina los fines y los medios
de este tratamiento. Además, aun suponiendo que dicha facultad de los editores de sitios de Internet
signifique que éstos determinen conjuntamente con dicho gestor los medios del mencionado tratamiento,
tal afirmación no elimina en modo alguno la responsabilidad del gestor, ya que el artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46 prevé expresamente que esta determinación puede realizarse «sólo o conjuntamente con
41 Del conjunto de las consideraciones precedentes se desprende que procede responder a la
segunda cuestión prejudicial, letras a) y b), que el artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46 debe
interpretarse en el sentido de que, por un lado, la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en
hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática,
preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en el sentido de dicho
artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales, y, por otro, el gestor de un motor
de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento, en el sentido del mencionado
artículo 2, letra d).
Sobre la primera cuestión prejudicial, letras a) a d), relativas al ámbito de aplicación territorial de la
42 Mediante su primera cuestión prejudicial, letras a) a d), el tribunal remitente desea que se aclare si
es posible aplicar la norma nacional que traspone la Directiva 95/46 en circunstancias como las
controvertidas en el litigio principal.
— Google Search se presta a nivel mundial a través del sitio de Internet «www.google.com». En
muchos países existen versiones locales adaptadas al idioma nacional. La versión española de Google
Search se presta a través del sitio www.google.es, dominio que tiene registrado desde el 16 de
septiembre de 2003. Google Search es uno de los motores de búsqueda más utilizados en España.
— Google Inc. (empresa matriz del grupo Google), con domicilio en los Estados Unidos, gestiona
— Google Search indexa páginas web de todo el mundo, incluyendo páginas web ubicadas en
España. La información indexada por sus «arañas» o robots de indexación, es decir, programas
informáticos utilizados para rastrear y realizar un barrido del contenido de páginas web de manera
metódica y automatizada, se almacena temporalmente en servidores cuyo Estado de ubicación se
desconoce, ya que este dato es secreto por razones competitivas.
— Google Search no sólo facilita el acceso a los contenidos alojados en las páginas web indexadas,
sino que también aprovecha esta actividad para incluir publicidad asociada a los patrones de búsqueda
introducidos por los internautas, contratada, a cambio de un precio, por las empresas que desean utilizar
esta herramienta para ofrecer sus bienes o servicios a éstos.
— El grupo Google utiliza una empresa filial, Google Spain, como agente promotor de venta de los
espacios publicitarios que se generan en el sitio de Internet «www.google.com». Google Spain tiene personalidad jurídica propia y domicilio social en Madrid, y fue creada el 3 de septiembre de 2003. Dicha
empresa dirige su actividad fundamentalmente a las empresas radicadas en España, actuando como
agente comercial del grupo en dicho Estado miembro. Tiene como objeto social promocionar, facilitar y
procurar la venta de productos y servicios de publicidad «on line» a través de Internet para terceros, así
como la comercialización de esta publicidad.
— Google Inc. designó a Google Spain como responsable del tratamiento en España de dos ficheros
inscritos por Google Inc. ante la AEPD; el objeto de tales ficheros era almacenar los datos de las
personas relacionadas con los clientes de servicios publicitarios que en su día contrataron con Google
44 Concretamente, el tribunal remitente se pregunta, con carácter principal, sobre el concepto de
«establecimiento», en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46, y sobre el de
«recurso a medios situados en el territorio de dicho Estado miembro», en el sentido del mencionado
artículo 4, apartado 1, letra c).
45 Mediante su primera cuestión prejudicial, letra a), el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el
artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se lleva a
cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del
responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición,
cuando se cumplen uno o varios de los tres requisitos siguientes:
filial destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del motor, que dirige su actividad a los
habitantes de ese Estado, o
de los clientes que contrataron publicidad con dicha empresa, o
fuera de la Unión, las solicitudes y requerimientos que le dirigen tanto los afectados como las autoridades
competentes en relación con el respeto al derecho de protección de datos personales, aun cuando dicha
colaboración se realice de forma voluntaria.
46 Por lo que respecta al primer requisito, el tribunal remitente señala que Google Inc. gestiona técnica
y administrativamente Google Search y que no está probado que Google Spain realice en España una
actividad directamente vinculada a la indexación o al almacenamiento de información o de datos
contenidos en los sitios de Internet de terceros. Sin embargo, la actividad de promoción y venta de
espacios publicitarios, de la que Google Spain es responsable para España, constituye la parte esencial
de la actividad comercial del grupo Google y puede considerarse que está estrechamente vinculada a
47 El Sr. Costeja González, los Gobiernos español, italiano, austriaco y polaco y la Comisión
consideran que, habida cuenta del vínculo indisociable entre la actividad del motor de búsqueda
gestionado por Google Inc. y la de Google Spain, ésta debe considerarse un establecimiento de aquélla,
en el marco de cuyas actividades se lleva a cabo el tratamiento de datos personales. En cambio, según
Google Spain, Google Inc. y el Gobierno helénico, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46
no se aplica en el supuesto de que se esté ante el primero de los tres requisitos enumerados por el
tribunal remitente.
48 Sobre este particular, procede recordar, en primer lugar, que el considerando 19 de la Directiva
aclara que «el establecimiento en el territorio de un Estado miembro implica el ejercicio efectivo y real de
una actividad mediante una instalación estable», y «que la forma jurídica de dicho establecimiento, sea
una simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un factor determinante».
49 Pues bien, no se discute que Google Spain se dedica al ejercicio efectivo y real de una actividad
mediante una instalación estable en España. Además, al estar dotada de personalidad jurídica propia, es
de este modo una filial de Google Inc. en territorio español, y, por lo tanto, un «establecimiento», en el
sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46.
50 Para cumplir el requisito establecido en dicha disposición, es necesario además que el tratamiento
de datos personales por parte del responsable del tratamiento se «lleve a cabo en el marco de las
actividades» de un establecimiento de dicho responsable situado en territorio de un Estado miembro.
51 Google Spain y Google Inc. niegan que éste sea el caso, dado que el tratamiento de datos
personales controvertido en el litigio principal lo lleva a cabo exclusivamente Google Inc., que gestiona
Google Search sin ninguna intervención por parte de Google Spain, cuya actividad se limita a prestar
apoyo a la actividad publicitaria del grupo Google, que es distinta de su servicio de motor de búsqueda.
52 No obstante, como subrayaron, en particular, el Gobierno español y la Comisión, el artículo 4,
apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 no exige que el tratamiento de datos personales controvertido
sea efectuado «por» el propio establecimiento en cuestión, sino que se realice «en el marco de las
actividades» de éste.
53 Además, visto el objetivo de la Directiva 95/46 de garantizar una protección eficaz y completa de las
libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la
intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, ésta expresión no puede ser objeto
de una interpretación restrictiva (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, C‑324/09,
EU:C:2011:474, apartados 62 y 63).
54 En este marco, cabe señalar que se desprende, concretamente de los considerandos 18 a 20 y del
artículo 4 de la Directiva 95/46, que el legislador de la Unión pretendió evitar que una persona se viera
excluida de la protección garantizada por ella y que se eludiera esta protección, estableciendo un ámbito
de aplicación territorial particularmente extenso.
55 Habida cuenta de este objetivo de la Directiva 95/46 y del tenor de su artículo 4, apartado 1, letra
a), procede considerar que el tratamiento de datos personales realizado en orden al funcionamiento de un
motor de búsqueda como Google Search, gestionado por una empresa que tiene su domicilio social en un
Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado miembro, se efectúa «en el marco
de las actividades» de dicho establecimiento si éste está destinado a la promoción y venta en dicho
Estado miembro de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven para rentabilizar el
servicio propuesto por el motor.
56 En efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de búsqueda y las de su
establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate están indisociablemente ligadas, dado que
las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de búsqueda
en cuestión sea económicamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el medio que
permite realizar las mencionadas actividades.
57 Sobre este particular, es necesario recordar que, como se ha precisado en los apartados 26 a 28 de
la presente sentencia, la propia presentación de datos personales en una página de resultados de una
búsqueda constituye un tratamiento de tales datos. Pues bien, toda vez que dicha presentación de
resultados está acompañada, en la misma página, de la presentación de publicidad vinculada a los
términos de búsqueda, es obligado declarar que el tratamiento de datos personales controvertido se lleva
a cabo en el marco de la actividad publicitaria y comercial del establecimiento del responsable del
tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el caso de autos el territorio español.
58 En tales circunstancias, no se puede aceptar que el tratamiento de datos personales llevado a cabo
para el funcionamiento del mencionado motor de búsqueda se sustraiga a las obligaciones y a las
garantías previstas por la Directiva 95/46, lo que menoscabaría su efecto útil y la protección eficaz y
completa de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas que tiene por objeto
garantizar (véase, por analogía, la sentencia L’Oréal y otros, EU:C:2011:474, apartados 62 y 63), en
particular, el respeto de su vida privada en lo que respecta al tratamiento de datos personales, al que esta
Directiva concede una importancia especial, como confirman, concretamente, su artículo 1, apartado 1, y
sus considerandos 2 y 10 (véanse, en este sentido, las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros, C‑
465/00, C‑138/01 y C‑139/01, EU:C:2003:294, apartado 70; Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293,
apartado 47, e IPI, C‑473/12, EU:C:2013:715, apartado 28 y jurisprudencia citada).
59 En la medida en que el primero de los tres requisitos enumerados por el tribunal remitente basta por
sí mismo para concluir que un establecimiento como Google Spain cumple el criterio recogido en el
artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46, no es necesario examinar los otros dos requisitos.
60 De lo anterior se deduce que procede responder a la primera cuestión prejudicial, letra a), que el
cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada
a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya
actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.
61 En vista de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, letra a), no es preciso contestar a la
primera cuestión, letras b) a d).
Sobre la segunda cuestión prejudicial, letras c) y d), relativa al alcance de la responsabilidad del gestor
de un motor de búsqueda en virtud de la Directiva 95/46
62 Mediante su segunda cuestión prejudicial, letras c) y d), el tribunal remitente desea saber, en
esencia, si los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben
interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, el
gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una
búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros
y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta
información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la
publicación en sí misma en dichas páginas sea lícita.
63 Google Spain y Google Inc. consideran que, en virtud del principio de proporcionalidad, cualquier
solicitud que tenga por objeto que se elimine información debe dirigirse al editor del sitio de Internet de
que se trate, ya que éste es quien asume la responsabilidad de publicar la información, quien puede
examinar la licitud de esta publicación y quien dispone de los medios más eficaces y menos restrictivos
para hacer que esa información sea inaccesible. Además, consideran que imponer al gestor de un motor
de búsqueda que retire de sus índices información publicada en Internet no tiene suficientemente en
cuenta los derechos fundamentales de los editores de sitios de Internet, del resto de los internautas y del
propio gestor.
64 Según el gobierno austriaco, una autoridad de control nacional únicamente puede ordenar a tal
gestor que borre de sus ficheros información publicada por terceros si anteriormente se ha declarado la
ilegalidad o la inexactitud de los datos controvertidos o si el interesado ha ejercido con éxito su derecho
de oposición ante el editor del sitio de Internet en el que se ha publicado la información.
65 El Sr. Costeja González, los Gobiernos español, italiano y polaco y la Comisión consideran que la
autoridad nacional puede ordenar directamente al gestor de un motor de búsqueda que retire de sus
índices y de su memoria intermedia información que contiene datos personales publicada por terceros, sin
dirigirse previa o simultáneamente al editor de la página web en la que se ubica dicha información.
Además, a juicio del Sr. Costeja González, de los Gobiernos español e italiano y de la Comisión, el que
dicha información se publicara de forma lícita y que siga figurando en la página web de origen carece de
relevancia sobre las obligaciones de dicho gestor con arreglo a la Directiva 95/46. En cambio, para el
Gobierno polaco, este hecho le libera de sus obligaciones.
66 Con carácter previo, procede recordar que, como se desprende de su artículo 1 y de su
considerando 10, la Directiva 95/46 tiene por objeto garantizar un nivel elevado de protección de las
libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas, sobre todo de su vida privada, en
relación con el tratamiento de datos personales (véase, en este sentido, la sentencia IPI, EU:C:2013:715,
67 Según el considerando 25 de la Directiva 95/46, los principios de la protección que ésta establece
tienen su expresión, por una parte, en las distintas obligaciones que incumben a las personas que
efectúen tratamientos —obligaciones relativas, en particular, a la calidad de los datos, la seguridad técnica, la notificación a las autoridades de control y las circunstancias en las que se puede efectuar el
tratamiento—, y, por otra parte, en los derechos otorgados a las personas cuyos datos sean objeto de
tratamiento de ser informadas acerca de dicho tratamiento, de poder acceder a los datos, de poder
solicitar su rectificación o incluso de oponerse a su tratamiento en determinadas circunstancias.
68 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las disposiciones de la Directiva 95/46, en la medida en
que regulan el tratamiento de datos personales que pueden atentar contra las libertades fundamentales y,
en particular, contra el derecho a la intimidad, deben ser interpretadas a la luz de los derechos
fundamentales que, según reiterada jurisprudencia, forman parte de los principios generales del Derecho
cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y que están actualmente recogidos en la Carta (véanse, en
particular, las sentencias Connolly/Comisión, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, apartado 37, y
Österreichischer Rundfunk y otros, EU:C:2003:294, apartado 68).
69 De este modo, el artículo 7 de la Carta garantiza el respecto de la vida privada, mientras que el
artículo 8 de la Carta proclama expresamente el derecho a la protección de los datos personales. Los
apartados 2 y 3 de este último precisan que estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y
sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto
por la ley, que toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener
su rectificación y que el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente.
Aplican estos requisitos, en particular, los artículos 6, 7, 12, 14 y 28 de la Directiva 95/46.
70 En relación con el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, éste dispone que los Estados
miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del tratamiento, en
su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las
disposiciones de la presente Directiva, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los
datos. Esta última aclaración, relativa al supuesto del incumplimiento de algunos requisitos recogidos en
el artículo 6, apartado 1, letra d), de la Directiva 95/46, tiene carácter de ejemplo y no es taxativa, de lo
que se desprende que la falta de conformidad del tratamiento, que puede ofrecer al interesado el derecho
garantizado por el artículo 12, letra b), de dicha Directiva, puede también derivarse del incumplimiento de
otros requisitos de legalidad impuestos por ésta al tratamiento de datos personales.
71 Sobre este particular, procede recordar que, no obstante las excepciones admitidas al amparo del
artículo 13 de la Directiva 95/46, todo tratamiento de datos personales debe ser conforme, por una parte,
con los principios relativos a la calidad de los datos, enunciados en el artículo 6 de dicha Directiva, y, por
otra, con alguno de los principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos, enumerados en el
artículo 7 de la Directiva (véanse las sentencias Österreichischer Rundfunk y otros, EU:C:2003:294,
apartado 65; ASNEF y FECEMD, C‑468/10 y C‑469/10, EU:C:2011:777, apartado 26, y Worten, C‑
342/12, EU:C:2013:355, apartado 33).
72 A tenor de este artículo 6 y sin perjuicio de las disposiciones específicas que los Estados miembros
puedan establecer para el tratamiento con fines históricos, estadísticos o científicos, incumbe al
responsable del tratamiento garantizar que los datos personales sean «tratados de manera leal y lícita»,
que sean «recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de
manera incompatible con dichos fines», que sean «adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a
los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente», que sean «exactos y, cuando
sea necesario, actualizados», y, por último, que sean «conservados en una forma que permita la
identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que
fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente». En este marco, el mencionado responsable debe
adoptar todas las medidas razonables para que los datos que no responden a los requisitos de esta
disposición sean suprimidos o rectificados.
73 En cuanto a la legitimación, en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46, de un tratamiento como el
controvertido en el litigio principal efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, éste puede estar
incluido en la razón recogida en dicho artículo 7, letra f).
74 Esta disposición permite el tratamiento de datos personales cuando es necesario para la
satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a
los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades
fundamentales del interesado, en particular, su derecho al respeto de su vida privada, en lo que respecta
al tratamiento de datos personales, que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la
Directiva. De este modo, la aplicación del mencionado artículo 7, letra f), precisa de una ponderación de
los derechos e intereses en liza de que se trate, en cuyo marco debe tenerse en cuenta la importancia de
los derechos del interesado, que resulta de los artículos 7 y 8 de la Carta (véase la sentencia ASNEF y
FECEMD, EU:C:2011:777, apartados 38 y 40).
75 Aunque la conformidad del tratamiento con los artículos 6 y 7, letra f), de la Directiva 95/46 puede
comprobarse en el marco de una solicitud, en el sentido del artículo 12, letra b), de esta Directiva, el
interesado puede además invocar en determinados supuestos el derecho de oposición previsto en el
artículo 14, párrafo primero, letra a), de ésta.
76 Según dicho artículo 14, párrafo primero, letra a), los Estados miembros reconocerán al interesado
el derecho a oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f) del artículo 7 de la
Directiva 95/46, en cualquier momento y por razones legítimas propias de su situación particular, a que
los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra
cosa. La ponderación que ha de efectuarse en el marco de dicho artículo 14, párrafo primero, letra a),
permite así tener en cuenta de modo más específico todas las circunstancias que rodean a la situación
concreta del interesado. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el responsable no
podrá referirse ya a esos datos.
77 El interesado puede dirigir las solicitudes con arreglo a los artículos 12, letra b), y 14, párrafo
primero, letra a), de la Directiva 95/46 directamente al responsable del tratamiento, que debe entonces
examinar debidamente su fundamento y, en su caso, poner fin al tratamiento de los datos controvertidos.
Cuando el responsable del tratamiento no accede a las solicitudes, el interesado puede acudir a la
autoridad de control o a los tribunales para que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y
ordenen a dicho gestor las medidas precisas en consecuencia.
78 A este respecto, procede recordar que se deriva del artículo 28, apartados 3 y 4, de la Directiva
95/46 que toda autoridad de control entenderá de las solicitudes de cualquier persona relativas a la
protección de sus derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales y que dispone
de poderes de investigación y de poderes efectivos de intervención, que le permiten, en particular,
ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, o prohibir provisional o definitivamente un
79 Deben interpretarse y aplicarse a la luz de estas consideraciones las disposiciones de la Directiva
95/46 que regulan los derechos del interesado cuando la autoridad de control o los tribunales conocen de
una solicitud como la controvertida en el litigio principal.
80 A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que, como se ha afirmado en los apartados 36 a
38 de la presente sentencia, un tratamiento de datos personales como el controvertido en el litigio
principal, efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, puede afectar significativamente a los
derechos fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de datos personales cuando la
búsqueda realizada sirviéndose de ese motor de búsqueda se lleva a cabo a partir del nombre de una
persona física, toda vez que dicho tratamiento permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de
resultados una visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en
Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, que, sin dicho motor,
no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido muy difícilmente y que le permite de este modo
establecer un perfil más o menos detallado de la persona de que se trate. Además, el efecto de la
injerencia en dichos derechos del interesado se multiplica debido al importante papel que desempeñan
Internet y los motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida en
tal lista de resultados carácter ubicuo (véase, en este sentido, la sentencia eDate Advertising y otros, C‑
509/09 y C‑161/10, EU:C:2011:685, apartado 45).
81 Vista la gravedad potencial de esta injerencia, es obligado declarar que el mero interés económico
del gestor de tal motor en este tratamiento no la justifica. Sin embargo, en la medida en que la supresión
de vínculos de la lista de resultados podría, en función de la información de que se trate, tener
repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencialmente interesados en tener acceso a la
información en cuestión, es preciso buscar, en situaciones como las del litigio principal, un justo equilibrio,
en particular entre este interés y los derechos fundamentales de la persona afectada con arreglo a los
artículos 7 y 8 de la Carta. Aunque, ciertamente, los derechos de esa persona protegidos por dichos
artículos prevalecen igualmente, con carácter general, sobre el mencionado interés de los internautas, no
obstante este equilibrio puede depender, en supuestos específicos, de la naturaleza de la información de
que se trate y del carácter sensible para la vida privada de la persona afectada y del interés del público en
disponer de esta información, que puede variar, en particular, en función del papel que esta persona
desempeñe en la vida pública.
82 Como resultado del examen de los requisitos de aplicación de los artículos 12, letra b), y 14, párrafo
primero, letra a), de la Directiva 95/46, que se ha de realizar cuando conocen de una solicitud como la
controvertida en el litigio principal, la autoridad de control o el órgano jurisdiccional pueden ordenar a
dicho gestor eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre
de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a
esta persona, sin que una orden en dicho sentido presuponga que ese nombre o esa información sean,
con la conformidad plena del editor o por orden de una de estas autoridades, eliminados con carácter
previo o simultáneamente de la página web en la que han sido publicados.
83 En efecto, como se ha afirmado en los puntos 35 a 38 de la presente sentencia, en la medida en
que el tratamiento de datos personales llevado a cabo en la actividad de un motor de búsqueda se
distingue del efectuado por los editores de sitios de Internet y se añade a éste y afecta de modo adicional
a los derechos fundamentales del interesado, el gestor de este motor, como responsable del tratamiento,
debe garantizar, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que
dicho tratamiento cumple los requisitos de la Directiva 95/46, para que las garantías que ella establece
puedan tener pleno efecto.
84 A este respecto, cabe señalar que, habida cuenta de la facilidad con que la información publicada
en un sitio de Internet puede ser copiada en otros sitios y de que los responsables de su publicación no
están siempre sujetos al Derecho de la Unión, no podría llevarse a cabo una protección eficaz y completa
de los interesados si éstos debieran obtener con carácter previo o en paralelo la eliminación de la
información que les afecta de los editores de sitios de Internet.
85 Además, el tratamiento por parte del editor de una página web, que consiste en la publicación de
información relativa a una persona física, puede, en su caso, efectuarse «con fines exclusivamente
periodísticos» y beneficiarse, de este modo, en virtud del artículo 9 de la Directiva 95/46, de las
excepciones a los requisitos que ésta establece, mientras que ése no es el caso en el supuesto del
tratamiento que lleva a cabo el gestor de un motor de búsqueda. De este modo, no puede excluirse que el
interesado pueda en determinadas circunstancias ejercer los derechos recogidos en los artículos 12, letra
b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 contra el gestor, pero no contra el editor de dicha
86 Por último, debe observarse que no sólo la razón que justifica, en virtud del artículo 7 de la Directiva
95/46, la publicación de un dato personal en un sitio de Internet no coincide forzosamente con la que se
aplica a la actividad de los motores de búsqueda, sino que, aun cuando éste sea el caso, el resultado de
la ponderación de los intereses en conflicto que ha de llevarse a cabo en virtud de los artículos 7, letra f),
y 14, párrafo primero, letra a), de la mencionada Directiva puede divergir en función de que se trate de un
tratamiento llevado a cabo por un gestor de un motor de búsqueda o por el editor de esta página web,
dado que, por un lado, los intereses legítimos que justifican estos tratamientos pueden ser diferentes, y,
por otro, las consecuencias de estos tratamientos sobre el interesado, y, en particular, sobre su vida
privada, no son necesariamente las mismas.
87 En efecto, en la medida en que la inclusión, en la lista de resultados obtenida tras una búsqueda
llevada a cabo a partir del nombre de una persona, de una página web y de información contenida en ella
relativa a esta persona facilita sensiblemente la accesibilidad de dicha información a cualquier internauta
que lleve a cabo una búsqueda sobre el interesado y puede desempeñar un papel decisivo para la
difusión de esta información, puede constituir una injerencia mayor en el derecho fundamental al respeto
de la vida privada del interesado que la publicación por el editor de esta página web.
88 A la luz del conjunto de consideraciones precedentes procede responder a la segunda cuestión
prejudicial, letras c) y d), que los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46
deben interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones,
siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de
búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir
del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información
relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren
previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas
sea en sí misma lícita.
Sobre la tercera cuestión prejudicial, relativa al alcance de los derechos del interesado garantizados por
la Directiva 95/46
89 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si los
artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido
de que permiten al interesado exigir al gestor de un motor de búsqueda eliminar de la lista de resultados
obtenida como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre vínculos a páginas web,
publicadas legalmente por terceros y que contienen datos e información verídicos relativos a su persona,
debido a que estos datos e información pueden perjudicarle o que desee que estos datos e información
se «olviden» tras un determinado lapso de tiempo.
90 Google Spain, Google Inc., los Gobiernos helénico, austriaco y polaco y la Comisión consideran
que debe darse una respuesta negativa a esta cuestión. Google Spain, Google Inc., el Gobierno polaco y
la Comisión alegan a este respecto que los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la
Directiva 95/46 confieren derechos a los interesados únicamente a condición de que el tratamiento
controvertido sea incompatible con dicha Directiva o por razones legítimas propias de su situación
particular, y no por la mera razón de que consideren que este tratamiento puede perjudicarles o deseen
que los datos objeto de ese tratamiento caigan en el olvido. Los Gobiernos helénico y austriaco
consideran que el interesado debe dirigirse al editor del sitio de Internet de que se trate.
91 El Sr. Costeja González y los Gobiernos español e italiano son de la opinión de que el interesado
puede oponerse a la indexación de sus datos personales por un motor de búsqueda cuando la difusión de
estos datos por la intermediación de éste le perjudica y de que sus derechos fundamentales a la
protección de dichos datos y de respeto a la vida privada, que engloban el «derecho al olvido»,
prevalecen sobre los intereses legítimos del gestor de dicho motor y el interés general en la libertad de
92 En relación con el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, cuya aplicación está sometida al
requisito de que el tratamiento de datos personales sea incompatible con dicha Directiva, es necesario
recordar que, como se ha señalado en el apartado 72 de la presente sentencia, tal incompatibilidad puede
resultar no sólo de que los datos sean inexactos, sino en particular, de que sean inadecuados, no
pertinentes y excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén actualizados o de que
se conserven durante un período superior al necesario, a menos que se imponga su conservación por
93 Se deduce de estos requisitos, establecidos en el artículo 6, apartado 1, letras c) a e), de la
Directiva 95/46, que incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el
tiempo, incompatible con dicha Directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los
fines para los que se recogieron o trataron. Éste es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no
pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido.
94 Por consiguiente, en el supuesto en el que se aprecie, tras una solicitud del interesado en virtud del
artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46, que la inclusión en la lista de resultados obtenida como
consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de vínculos a páginas web, publicadas
legalmente por terceros y que contienen datos e información verídicos relativos a su persona, es, en la
situación actual, incompatible con dicho artículo 6, apartado 1, letras c) a e), debido a que esta
información, habida cuenta del conjunto de las circunstancias que caracterizan el caso de autos, es
inadecuada, no es pertinente, o ya no lo es, o es excesiva en relación con los fines del tratamiento en
cuestión realizado por el motor de búsqueda, la información y los vínculos de dicha lista de que se trate
deben eliminarse.
95 En lo que atañe a las solicitudes en el sentido de este artículo 12, letra b), basadas en el supuesto
incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 y con arreglo al
artículo 14, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva, ha de señalarse que cada tratamiento de datos
personales debe ser legítimo, en virtud del artículo 7, durante todo el período en el que se efectúa.
96 Visto lo que antecede, al apreciar tales solicitudes presentadas contra un tratamiento como el
controvertido en el litigio principal, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a
que la información relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre. A este respecto, cabe
señalar que la apreciación de la existencia de tal derecho no presupone que la inclusión de la información
en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado.
97 Ya que el interesado puede, habida cuenta de sus derechos con arreglo a los artículos 7 y 8 de la
Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general
mediante su inclusión en tal lista de resultados, es necesario considerar, como se desprende, en
particular, del apartado 81 de la presente sentencia, que estos derechos prevalecen, en principio, no sólo
sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho
público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa
persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel
desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos
fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta
inclusión, acceso a la información de que se trate.
98 En relación con una situación como la del litigio principal, que se refiere a la presentación, en la lista
de resultados que el internauta obtiene al efectuar una búsqueda a partir del nombre del interesado con
ayuda de Google Search, de vínculos a dos páginas de archivos en línea de un periódico que contienen
anuncios que mencionan el nombre de esta persona y relativos a una subasta inmobiliaria vinculada a un
embargo por deudas a la Seguridad Social, es preciso considerar que, teniendo en cuenta el carácter
sensible de la información contenida en dichos anuncios para la vida privada de esta persona y de que su
publicación inicial se remonta a 16 años atrás, el interesado justifica que tiene derecho a que esta
información ya no se vincule a su nombre mediante esa lista. Por tanto, en la medida en que en el caso
de autos no parece existir razones concretas que justifiquen un interés preponderante del público en tener
acceso a esta información en el marco de tal búsqueda, lo que no obstante incumbe comprobar al órgano
jurisdiccional remitente, el interesado puede, en virtud de los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero,
letra a), de la Directiva 95/46, exigir que se eliminen estos vínculos de la lista de resultados.
99 De las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la tercera cuestión
prejudicial que los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben
interpretarse en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, se
tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa
a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados,
obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal
derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un
perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los
artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del
público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en
principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el
interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el
nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el
papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales
está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a
la información de que se trate.
100 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente
promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan
incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso.
1) El artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la
actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por
terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición
de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos
personales», en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales,
y, por otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento, en
el sentido del mencionado artículo 2, letra d).
2) El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se
lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del
3) Los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en
el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se
cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado
a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una
persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta
persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o
simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí
misma lícita.
4) Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en
el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, se tendrá que examinar,
en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no
esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda
efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la
inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto
que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar
que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su
inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés
económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a
la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal
no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la
vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés
preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.
Por Alfonso Mota Perez|2014-05-13T14:18:31+00:00mayo 13th, 2014|Noticias|0 comentarios	Para compartir este trabajo, elija cualquier plataforma

References: artículo 267
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 artículo 12
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