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Timestamp: 2019-03-25 12:51:43+00:00

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Justicia y Transparencia - Artículo 1.- Modifica artículos de la ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
Ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27927)
Modifícanse los artículos 2, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17 y 18 y la Primera Disposición Transitoria,Complementaria y Final, y agréganse los artículos 15-A, 15-B y 15-C en la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que quedarán redactados de la siguiente manera:
2. La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados,proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así como sus remuneraciones.
a. Entidades del Gobierno Central, organismos autónomos y descentralizados, a
b. Gobiernos Regionales, hasta un año después de, su instalación.
c. Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y organismos desconcentrados a nivel provincial, hasta un año desde el inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales hicieran imposible su instalación.
d. Entidades de los Gobiernos Locales Distritales, hasta dos años contados desde el inicio del nuevo período municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presupuestales hicieran imposible su instalación.
e. Entidades privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, hasta el 1 de julio de 2003. Las autoridades encargadas de formular los presupuestos tomarán en cuenta estos plazos en la asignación de los recursos correspondientes.
Las entidades obligadas a brindar información son las señaladas en el artículo 2 de la presente Ley. Dichas entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la presente Ley. En caso de que éste no hubiera sido designado las responsabilidades administrativas y penales recaerán en el secretario general de la institución o quien haga sus veces. Las empresas del Estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información establecido en la presente Ley.
Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejerce.
a. Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la
entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en
su poder la información requerida o al superior inmediato.
b. La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud
de información deberá otorgarla en un plazo no mayor de siete (7) días útiles;
plazo que se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles
adicionales, de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la
información solicitada. En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito,
antes del vencimiento del primer plazo, las razones por las que hará uso de tal prórroga, de no hacerlo se considera denegado el pedido. En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del solicitante.
c. La denegatoria al acceso a la información se sujeta a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 13 de la presente Ley.
d. De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante
e. En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo, el solicitante
puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía
administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a
superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para
f. Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no
se pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el solicitante podrá dar por agotada la vía administrativa.
g. Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información requerida podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo señalado en la Ley Nº 27584 u optar por el proceso constitucional del Hábeas Data, de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 26301.
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto a la información
expresamente clasificada como secreta, que se sustente en razones de seguridad nacional, en
concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas en esta Ley. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:
a. Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados, logísticos,
de reserva y movilización y de operaciones especiales así como oficios y
comunicaciones internas que hagan referencia expresa a los mismos.
b. Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia militar.
c. Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa nacional.
d. Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con planes de
irregulares militarizadas internas y/o externas, así como de operaciones en apoyo
a la Policía Nacional del Perú, planes de movilización y operaciones especiales
relativas a ellas.
e. Planes de defensa de bases e instalaciones militares.
f. El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o ubicación
cuyas características pondrían en riesgo los planes de defensa militar contra
internas y/o externas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional del
Perú, planes de movilización y operaciones especiales relativas a ellas.
g. Información del Personal Militar que desarrolla actividades de Seguridad
a. Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información que ponga en
riesgo sus fuentes.
b. Los informes que de hacerse públicos, perjudicarían la información de
c. Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse públicos, incidirían
negativamente en las excepciones contempladas en el inciso a) del artículo 15 de
d. Información relacionada con el alistamiento del personal y material.
e. Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrainteligencia, de los
organismos conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), así
como la información que ponga en riesgo sus fuentes.
f. Información del personal civil o militar que desarrolla actividades de Seguridad
g. La información de inteligencia que contemple alguno de los supuestos
contenidos en el artículo 15 numeral 1.
Con posterioridad a los cinco años de la clasificación a la que se refiere el párrafo anterior, cualquier persona puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual será entregada si el titular del sector o pliego respectivo considera que su divulgación no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático. En caso contrario deberá fundamentar expresamente y por escrito las razones para que se postergue la clasificación y el período que considera que debe continuar clasificado. Se aplican las mismas reglas si se requiere una nueva prórroga por un nuevo período. El documento que fundamenta que la información continúa como clasificada se pone en
conocimiento del Consejo de Ministros, el cual puede desclasificarlo. Dicho documento también es puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la que se refiere el artículo 36 de la Ley Nº 27479 dentro de los diez (10) días posteriores a su pronunciamiento. Lo señalado en este párrafo no impide que el Congreso de la República acceda a la información clasificada en cualquier momento de acuerdo a lo señalado en el artículo 15-C de la presente Ley.
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la información clasificada
como reservada. En consecuencia la excepción comprende únicamente los siguientes supuestos:
a. Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes y comunicaciones que se refieran expresamente a ellos.
b. Las informaciones que impidan el curso de las investigaciones en su etapa policial dentro de los límites de la ley, incluyendo los sistemas de recompensa, colaboración eficaz y protección de testigos, así como la interceptación de comunicaciones amparadas por la ley.
c. Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales, establecimientos
penitenciarios, locales públicos y los de protección de dignatarios, así como los
d. El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e integridad de
e. El armamento y material logístico comprometido en operaciones especiales y
a. Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse perjudicarían
los procesos negociadores o alteraran los acuerdos adoptados, no serán públicos
por lo menos en el curso de las mismas.
b. Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de Relaciones
Exteriores pudiera afectar negativamente las relaciones diplomáticas con otros
c. La información oficial referida al tratamiento en el frente externo de la
información clasificada en el ámbito militar de acuerdo a lo señalado en el inciso
a) del numeral 1 del artículo 15 de la presente Ley. En los casos contenidos en este artículo los responsables de la clasificación son los titulares del sector correspondiente o los funcionarios designados por éste. Una vez que desaparezca la causa que motivó la clasificación, la información reservada es de acceso público.
2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, y los demás por la legislación pertinente.
3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la
potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final.
5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una
invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado.
Para estos efectos, el Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una Comisión Investigadora formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política del Perú y la Comisión establecida por el artículo 36 de la Ley Nº 27479. Tratándose del Poder Judicial de acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información a que se refiere cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo. El Contralor General de la República tiene acceso a la información contenida en este artículo solamente dentro de una acción de control de su
especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos.
Los funcionarios públicos que tengan en su poder la información contenida en los artículos 15, 15-A y 15-B tienen la obligación de que ella no sea divulgada, siendo responsables si esto ocurre. El ejercicio de estas entidades de la administración pública se enmarca dentro de las limitaciones que señala la Constitución Política del Perú. Las excepciones señaladas en los puntos 15 y 15-A incluyen los documentos que se generen sobre estas materias y no se considerará como información clasificada, la relacionada a la violación de derechos humanos o de las Convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de las excepciones señaladas en este artículo pueden ser utilizadas en contra de lo establecido en la Constitución Política del Perú.
En caso de que un documento contenga, en forma parcial, información que, conforme a los artículos 15, 15-A y 15-B de esta Ley, no sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el acceso a la información disponible del documento.
Es responsabilidad del Estado crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. En ningún caso la entidad de la Administración Pública podrá destruir la información que posea. La entidad de la Administración Pública deberá remitir al Archivo Nacional la información que obre en su
poder, en los plazos estipulados por la Ley de la materia. El Archivo Nacional podrá destruir la información que no tenga utilidad pública, cuando haya transcurrido un plazo razonable durante el cual no se haya requerido dicha información y de acuerdo a la normatividad por la que se rige el Archivo Nacional.
Primera.- La Administración Pública contará con un plazo de ciento cincuenta (150) días a partir de la publicación de la presente Ley para acondicionar su funcionamiento de acuerdo a las obligaciones que surgen de su normativa. Regirán dentro de ese plazo las disposiciones del Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM, del Decreto de Urgencia Nº 035-2001 y de todas las normas que regulan el acceso a la información. Sin embargo, los artículos 8, 11 y 17 referidos a entidades obligadas a informar, al procedimiento y, él costo de reproducción respectivamente, entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley. El Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios respectivos y del Consejo Nacional de Inteligencia, en su calidad de órgano rector del más alto nivel del Sistema de Inteligencia
Nacional (SINA), elaborará el reglamento de la presente Ley, el cual será aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la vigencia de la presente Ley.
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References: Artículo 1
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 163
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 36
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 97
 artículo 36