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Timestamp: 2019-10-15 23:58:00+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 59, de 18/09/1996
Año 1996 VI Legislatura Núm. 59
PRESIDENTE: DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET
celebrada el miércoles, 18 de septiembre de 1996
--Sobre el traspaso a la Generalidad de Cataluña del Archivo de la Corona de Aragón o Archivo Real de Barcelona, del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/000039) (Página 1247)
--Sobre creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000117) (Página 1247)
--Sobre el Archivo de la Corona de Aragón, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000124) (Página 1248)
--Sobre creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 162/000021) (Página 1248)
--Relativa a la asunción por el Gobierno de la Declaración Universal de derechos lingüísticos y apoyo a la creación de un organismo internacional de amparo de los mismos, del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000119) (Página 1258)
--Sobre reconocimiento y defensa de la Declaración Universal de derechos lingüísticos, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000142) (Página 1258)
--Sobre el traslado temporal de la Dama de Elche para su exposición durante el año 1997 en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa de Catalunya. (Número de expediente 161/000026) (Página 1265)
--Sobre promoción de una emisión filatélica conmemorativa del centenario del hallazgo de la Dama de Elche (Alicante), en el año 1997, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000033) (Página 1265)
--Relativa a la transferencia inmediata del Instituto Nacional de Educación Física (INEF) de Madrid al ámbito de la Administración educativa de la Comunidad de Madrid, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000059) (Página 1269)
Antes de entrar en el debate de todos sus puntos, conviene que veamos quiénes componen hoy la Comisión, a efectos de tenerlo en cuenta en las votaciones. Por lo tanto, es el momento de que los diferentes grupos parlamentarios nos digan qué Diputados sustituyen a otros.
(Por los señores portavoces se procede a dar cuenta de los miembros de la Comisión presentes y sustituidos.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, un minuto. Estando ya redactado el orden del día, se apreció la existencia de una proposición no de ley también sobre creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, por parte del miembro del Grupo Mixto don José María Chiquillo Barber, cuya petición se había formalizado ante el Pleno. La Mesa y Junta de Portavoces creyó conveniente recabar del Pleno y del propio proponente la autorización para que se incorporara al trabajo en esta Comisión, dado que podía ocurrir, no era de esperar pero podía ocurrir, que el resultado del trámite en una comisión o en el Pleno fuera diferente.
Hemos obtenido la autorización de la Mesa para incluirlo en el orden del día; tenemos la autorización del propio señor Chiquillo Barber, que está aquí presente, pero no podemos modificar el orden del día y dar lugar a la ampliación con esta proposición, que formaría parte del bloque de las tres primeras, si sus señorías no dan su conformidad. La Mesa les solicita su conformidad o, en su caso, que manifiesten su discrepancia para esta ampliación del orden del día. Si están conformes todos y cada uno de los miembros de la Comisión, ampliaríamos el orden del día en este sentido.
¿Están ustedes conformes? (Asentimiento.) Pues muchísimas gracias.
En consecuencia, se entiende que en el orden del día las tres primeras proporciones no de ley sobre el traspaso a la Generalidad de Cataluña, que estaban formadas por una inicial del Grupo Mixto, doña Pilar Rahola, por otra del Grupo Socialista y por otra del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se acumulan a la del señor Chiquillo Barber, y por lo tanto vamos a comenzar en este momento, si no hay alguna cuestión de orden. Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, querría plantear dos cuestiones. Una de ellas es que teniendo en cuenta que muchos de los Diputados de esta Comisión tienen que asistir a otras comisiones también, pediría que las votaciones fueran a partir, por ejemplo, de la una o una y cuarto, cosa que ha sido bastante tradicional en esta Comisión en la anterior legislatura y en otras. Y la segunda, teniendo en cuenta, efectivamente, que la Mesa y portavoces aprobamos que se viesen en el 18 y 25, que dejáramos las cinco últimas para el día 25. No causamos trastornos porque el día 25 hay Pleno de la Cámara. Y yo solicitaría, tanto de S. S., señor Presidente, como de los portavoces de los diferentes grupos, atender estas dos sugerencias.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, son dos extremos los que se someten a su consideración. La posibilidad de que vayamos tratando los puntos del orden del día y desplacemos las votaciones a la una o una y media. ¿Hay inconveniente por algún grupo parlamentario? (La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Precisamente el hecho de que se pongan las votaciones a la una en mi caso me crearía problemas, porque tengo también otras comisiones al mismo tiempo. Pediría que, como mínimo, el tema del Archivo sea votado cuando se acabe el debate.
El señor PRESIDENTE: Doña Pilar, le quiero advertir que el Grupo Mixto me parece que tiene en esta Comisión
un representante, si no me equivoco, ¿no? Con que esté un miembro del Grupo Mixto se puede proceder a la votación. Los proponentes pueden ser proponentes, no miembros, que cumplen su trámite, como yo estoy seguro que lo va a hacer usted, pero luego, llegado al momento de la votación, siempre habrá un representante solidario de su grupo.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: ¿Me está usted pidiendo que no vote mi propia proposición no de ley?
El señor PRESIDENTE: Es que estoy absolutamente convencido que la solidaridad de su grupo llevará a su compañero de grupo a que la vote.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Es un extremo que no quisiera contemplar.
El señor PRESIDENTE: Quiere ser usted personalmente quien la vote. (El señor Chiquillo Barber pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Una cuestión de Reglamento. El portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Cultura y Educación es el Diputado gallego Francisco Rodríguez, pero el suplente soy yo; el que tiene derecho a voto es el suplente. Yo sé que usted ha sido muy benévolo al decir que tiene el voto ella, pero es que...
El señor PRESIDENTE: No, no. Le he dicho que precisamente la que no tiene el voto es ella.
El señor CHIQUILLO BARBER: Es el Reglamento el que me da el voto a mí. Yo creo que es una discusión que no cabe.
El señor PRESIDENTE: Lo que no vamos es a contribuir a que pueda darse ninguna polémica interna en el Grupo Mixto. Por lo tanto, entendemos que cuando llegue el momento de la votación a la una, porque no ha habido más manifestación que la suya, señora Rahola, cuando llegue el momento de la votación, a la una, estará usted más que bien representada por el representante del Grupo Mixto, y haremos constar además que vota en su propio nombre y en el de usted. (El señor Alcaraz Ramos pide la palabra.) Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: En cuanto al otro extremo al que aludía la Presidencia...
El señor PRESIDENTE: Todavía no lo habíamos enunciado, pero puede usted empezar con él.
El señor ALCARAZ RAMOS: El del reajuste de los puntos.
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, a él íbamos. Agradecemos la colaboración, la diligencia de sus señorías, a él íbamos. Dígame.
El señor ALCARAZ RAMOS: Solicitar que precisamente el punto que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la incorporación del Gobierno al Consorcio del Centro de Cultura Contemporánea de la Casa de la Caridad de Barcelona quedara para la próxima sesión de esta Comisión del día 25, y rogar que esa reordenación posible, el punto también del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre una emisión filatélica conmemorativa del centenario del hallazgo de la Dama de Elche se uniera de alguna forma a otro punto del orden del día situado antes, que hace referencia también a la Dama de Elche; eso nos ahorraría argumentaciones reiteradas.
El señor PRESIDENTE: Sí, muchas gracias. Así se hará. Las proposiciones, yo los he numerado para mejor conocimiento de todos, y la número 14 quedará acumulada con la número 6, con relación a la Dama de Elche.
Y con relación a la petición del señor Guerra de suspender la sesión y dejarla para el día 25, que habíamos previsto, ¿a partir de cuál?
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: A partir de la página tercera del orden del día, si es posible.
El señor PRESIDENTE: Si es posible llegaríamos hasta la proposición número 10.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Salvo la filatélica de la Dama de Elche, que creo se pueden unir.
El señor PRESIDENTE: Se pueden acumular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Como son temas diferentes, uno es el traslado de la Dama y otro es hacer sus sellos, yo creo que se pueden debatir una detrás de otra.
El señor PRESIDENTE: Están siendo propuestas por el mismo grupo parlamentario.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Lo que pasa es que puede haber posiciones diferentes.
El señor PRESIDENTE: Del traslado material de la Dama de Elche al traslado simbólico a todos y cada uno de los sobres que circulan por el Estado, tampoco hay mucha diferencia. Muchas gracias. (Risas.)
--SOBRE EL TRASPASO A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON O ARCHIVO REAL DE BARCELONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000039.)
--SOBRE CREACION DEL PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000117.)
--SOBRE EL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000124.)
--SOBRE CREACION DEL PATRONATO DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 162/000021.)
El señor PRESIDENTE: Entramos por lo tanto en el orden del día, una vez aceptada la ampliación. Ahora vamos a dar cuenta, por lo tanto, de que tratamos la proposición no de ley --que hemos acumulado-- del señor Chiquillo Barber; tratamos al mismo tiempo la proposición no de ley del Grupo Mixto, de doña Pilar Rahola; la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Con relación a este bloque de proposiciones no de ley, se han presentado las siguientes. A la de doña Pilar Rahola no se ha presentado ninguna. A la del Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una enmienda, primero de don Joaquín Molins Amat, que contiene cuatro enmiendas parciales, porque le da carácter de enmienda a la rectificación de todos y cada uno de los párrafos que contiene la proposición no de ley del Grupo Socialista. Y posteriormente se ha presentado una, de la que daremos cuenta, porque luego viene la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Don Joaquín Molins presenta una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Si les parece a ustedes, vamos a proceder de la siguiente forma: en primer lugar van a intervenir todos y cada uno de los proponentes, porque al fin y al cabo el temario es el mismo; a continuación intervendrán los enmendantes, que dirán adónde va la enmienda; y si hubiera algún grupo parlamentario que no ha tenido ni la calidad de proponente ni la calidad de enmendante, fijará su posición al respecto. Y luego procederemos a ver lo demás, porque la votación la postergamos.
Doña Pilar Rahola tiene la palabra para la defensa de su proposición no de ley.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, no centraré este debate sobre la gestión del'Arxiu de la Corona d'Aragó, uno de los archivos medievales más importantes del mundo, en el polémico nombramiento del actual director del Archivo, señor Pedro López, aunque es evidente que este señor ha hecho méritos más que claros para merecer el título que se le da en Cataluña, el de funcionario colonial, tanto por su actitud respecto de la organización del Archivo como por su posicionamiento en otros temas, como el Archivo de Salamanca.
Sin embargo, es indiscutible que el problema político de fondo no es la naturaleza épico española de este director en cuestión, sino la titularidad y gestión del Archivo de la Corona de Aragón, sede de la memoria histórica de toda la nación catalana.
El problema esta aquí, en que un archivo de la máxima importancia a nivel nacional, estatal e internacional, arrastra desde el período actual de normalidad democrática una serie de irregularidades que ha jugado de manera negativa entre los distintos colectivos interesados en la investigación de los archivos. Podemos afirmar que de alguna forma a lo largo de esto años el Ministerio de Cultura ha estado incumpliendo una serie de elementos entendidos como su deber y obligación. Uno de estos elementos ha sido el incumplimiento en la creación y posterior traspaso a la Generalitat del'Arxiu Històric Provincial, con lo que nos encontramos que en la actual sede del'Arxiu de la Corona d'Aragó se acumulan actualmente 15 kilómetros de documentación generada por la Administración periférica del Estado en Cataluña.
Otras de las irregularidades en que se mueve l'Arxiu de la Corona d'Aragó es la no constitución de un patronato, tal como establece el Estatut de Catalunya, también en este aspecto recortado y rebajado respecto al proyecto inicial. Este patronato, tal como recoge la disposición segunda del Estatut, contemplaba la posibilidad de un acuerdo entre comunidades autónomas, y de esta forma la Generalitat de Catalunya desarrollaría un papel preeminente.
Otro de los errores ha sido la no identificación formal de los fondos y colecciones hoy depositados en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, correspondientes a organismos, instituciones o personas de Cataluña, para lo cual se hace innecesaria la intervención de otros gobiernos en su gestión.
Nos encontramos, pues, ante un problema de insensibilidad personal, la del actual director. Segundo, ante un problema de mala gestión, con una clasificación aberrante que ha sido contestada por toda la comunidad científica archivera, tanto externa como interna. Pero sobre todo nos encontramos ante un problema político, el que representa que la titularidad de la memoria histórica de la nación catalana esté en manos del Ministerio y no de un patronato donde la Generalitat de Catalunya tenga el lugar preeminente que le corresponde.
Esquerra Republicana plantea en esta Cámara el traspaso de la titularidad y de la gestión del Archivo antedicho a la Generalitat de Catalunya, llegando a los acuerdos necesarios con aquellos territorios de la antigua Corona catalano-aragonesa, no sólo Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, sino también Nàpoles, Cerdeña, Sicilia y Perpinyà; y con esta titularidad y gestión traspasada, sería de desear que una pieza clave como la dirección sea elegida con un consenso real entre todas las instituciones que participen o que deberían participar en el patronato.
Que no vuelva por tanto a suceder, si conseguimos llegar a un acuerdo hoy en esta Comisión, que un Gobierno del Estado, aunque sea a través de la subdirectora general de Archivos, doña Margarita Vázquez de Parga y Gutiérrez del Arroyo, sustituya la imposible unidad de destino en lo universal por la unidad de archivo en lo universal.
Que no vuelva a suceder que el director del'Arxiu desconozca absolutamente los idiomas en los que está generada casi toda la documentación. Y que no vuelva a suceder que una quincena de archiveros de Madrid, todos los archiveros del'Arxiu, la dirección actual y la antigua del archivo correspondiente de Valencia, la sección Histórico-arqueológica del Institus d'Estudis Catalàs, la Societat Catalana d'Estudis Històrics, la Generalitat de Catalunya, la comunidad universitaria y prestigiosos profesionales de la comunidad científica, califiquen como mínimo de discutible e improcedente la nueva clasificación del'Arxiu.
Con el objeto de evitar todos estos dislates y para que el Gobierno del Estado actúe conforme a la moción 13/V del Parlament de Catalunya, auténtico depositario de la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya, presentamos a votación el traspaso de la titularidad y gestión del'Arxiu de la Corona d'Aragó a la Generalitat de Catalunya. Dicho ello, si hubiera consenso en los puntos --que parece que se están acordando-- de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, Esquerra Republicana entraría también en el consenso.
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley sobre creación del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón del Grupo Parlamentario Socialista.
Don Bernardo Bayona tiene la palabra.
El señor BAYONA AZNAR: Gracias, Presidente.
En el registro de la Cámara entraron dos textos, dos proposiciones no de ley, inicialmente para debatir en Pleno, ambas del Grupo Mixto. La primera de ellas acaba de ser defendida, de la Diputada Rahola; y la segunda de ellas del Diputado señor Chiquillo, que lo hará posteriormente, y que suponía una alternativa clara a la defendida hasta ahora, es decir, suponía una posición totalmente antagónica. Ante esto, el Grupo Socialista decidió elaborar su propia proposición no de ley, también como alternativa a la de Esquerra Republicana, que consideramos que ni siquiera era enmendable, y coincidiendo básicamente con la de Unión Valenciana, pero pensando que era bueno hacer un texto propio, puesto que la de Unión Valenciana nos parecía quizá técnicamente mejorable en algún punto, como tendremos ocasión de ver. Por ejemplo, el informe al que se refiere, derivado de los estatutos, lo es solamente de dos de ellos y no de los cuatro. Y además nos parecía incompleta, puesto que no tenía en cuenta fondos que efectivamente existen en el depósito del Archivo de la Corona de Aragón, que son ajenos a la antigua Corona de Aragón y son fondos generados posteriormente y más propios de una administración, quizá provincial, contemporánea. Por tanto, pensamos que deberíamos hacer otro texto.
Pero no puedo pasar por alto algunas referencias a la proposición no de ley que ha sido defendida por la Diputada Rahola, entrando en el fondo político de la cuestión. Es decir, yo voy a dar por no escuchadas algunas de las cosas que se han dicho, en parte referidas a la gestión, que no nos compete a nosotros en este momento debatir, y sobre todo no nos compete debatir calificativos o descalificaciones o incluso insultos de algunos funcionarios. Por tanto, yo creo que el fondo es político. Y no podemos esconder el fondo político del debate sobre pretendidas controversias técnicas entre diferentes escuelas de archiveros.
Yo creo que el texto de la proposición, que obviamente nosotros rechazaremos, en primer lugar ignorar cuatro estatutos de autonomía, incluido el propio, el de Cataluña, que aunque lo ha citado en la intervención, no figura en el texto. Y esos estatutos de autonomía plantean la creación del patronato. Por tanto, yo creo que, de aprobarse su proposición no de ley, estaríamos atacando frontalmente la legalidad estatutaria y atacando los derechos de tres comunidades autónomas al menos.
En segundo lugar, esa proposición no de ley ignora el carácter real del Archivo, cuyo origen y principal contenido, más allá de los 15 kilómetros, es ser archivo real, y cuya denominación como Archivo de la Corona de Aragón no aparece hasta el siglo XVIII.
Y en tercer lugar, esa proposición no de ley exige la titularidad, derivando esta exigencia de la ubicación del archivo en la ciudad de Barcelona. Que esté el archivo en la ciudad de Barcelona no lo convierte en archivo catalán ni le otorga a la Generalitat derecho alguno de titularidad ni de gestión. Igual que el que el Archivo de Indias, por ejemplo, esté en Sevilla no es base suficiente para que la Junta de Andalucía reclame la titularidad o la gestión del mismo.
Por tanto, nuestra proposición no de ley, la del Grupo Socialista, que voy a tratar de defender, se basa en cuatro criterios, que creo que son los que deben regir, no solamente los que han regido el texto socialista, sino los que pueden regir, si así lo estiman los demás grupos, la base de un consenso para resolver definitivamente esta cuestión.
Primer criterio. Se trata de un archivo de interés supracomunitario. Es decir, se trata de un archivo que es de la Casa Real de Aragón, y el Reino de Aragón es una de las entidades políticas que forman parte esencial del proceso de formación del Estado español. Y el Archivo real, por tanto, de una parte esencial de la formación del Estado español es patrimonio común de todos los españoles, y especialmente de todos los ciudadanos de los territorios que formaron parte del Reino de Aragón, de los territorios que tenían por soberano al rey de Aragón, sin que pueda atribuírselo en exclusiva ninguno de ellos, ni siquiera el reino que da título a la casa real y al Archivo, Aragón, ni tampoco el territorio en el que está ubicado el Archivo Real de Aragón.
Haría falta, a lo mejor, hacer alguna excursión para definir algunos de los términos históricos fundamentales, que cada vez más se van tergiversando. Porque hay que saber distinguir entre Aragón territorio, el Reino de Aragón, la Casa de Aragón y la Corona de Aragón, que no son lo mismo y que se suelen confundir. Y cuando la Casa de Aragón incorporó el Condado de Barcelona no solamente no existía Cataluña (estábamos en el siglo XII) sino que no era el Reino de Aragón quien tenía soberanía sobre los demás reinos, sino eran los reyes de Aragón, la persona, el soberano de los reyes de Aragón, que llegaban a serlo cuando juraban los Fueros de Aragón antes las Cortes aragonesas. De tal manera que por ser rey de Aragón, y era el reino de Aragón quien hacía rey a un Aragón de la Casa de
Aragón, por ser rey de Aragón era soberano sobre otros territorios; era además Conde de Barcelona, por matrimonio, rey de Mallorca y Valencia por conquista, o de Nápoles y Sicilia por herencia. Por tanto, rey de numerosos territorios, algunos de ellos hoy bajo soberanía distinta de la española: Nápoles, Cerdeña, Córcega, Sicilia, el Rosellón. Por tanto, los documentos depositados allí que son de la Casa Real son documentos que afectan también no sólo a territorios de diferentes comunidades autónomas españolas, no sólo a la historia común de los españoles, sino también a territorios de diferente soberanía. Por tanto, el interés supracomunitario del archivo es evidente.
Segundo criterio. La sede actual no debe cuestionarse, es decir, no debe haber traslados de fondos. El Archivo de la Corona de Aragón debe ser indivisible, sin fragmentarse y sin traslados. Ninguna comunidad autónoma debería reclamar el traslado, ni Aragón tampoco, por más que le dé nombre, ni ninguna otra de ninguna parte de los fondos del núcleo del Archivo Real. Y de esto tendremos también que hablar después un poco. Y lo argumentaré con el propio proceso de formación.
El Archivo comienza en el siglo XII, la primera mención es de 1180, y habla de fondos que están en el monasterio aragonés de Sigena y fondos depositados también en Barcelona. Posteriormente, uno de los núcleos centrales de este Archivo son los registros de cancillería, que son copia de los documentos expedidos por la Casa Real; empiezan en al época de Jaime I, en el siglo XIII. Y en 1318 Jaime II trasladó allí los documentos que había en los monasterios aragoneses de San Juan de la Peña y de Sigena, algunos de ellos documentos anteriores a que los reyes de Aragón fueran condes de Barcelona. Pero el auténtico organizador del Archivo fue Pedro IV el Ceremonioso, que redactó unas ordenanzas para el régimen del Archivo Real. Son las primeras ordenanzas --y las más antiguas-- de un archivo del viejo continente. Y en estas ordenanzas se dice que la documentación registrada y custodiada allí debe permanecer junta en un único depósito, para permitir la localización y consulta por parte del monarca y sus funcionarios autorizados. Y hasta el siglo XV, en el que se crea el Archivo de Valencia, del Reino de Valencia, en 1419, y el de Aragón, en Zaragoza, en 1469, que desapareció por un incendio, hasta el siglo XV, el Archivo Real de Aragón, ubicado en Barcelona, guarda toda la documentación de la Casa Real, incluida la que afecta a cada uno de los reinos que componen el conjunto del territorio sobre el que el rey de Aragón era soberano. Posteriormente, se constituye el Archivo del Consejo Supremo de la Corona de Aragón, institución creada por Fernando, el rey de Aragón, en 1494, y que pervive hasta su abolición en 1707.
Pues bien, los documentos, por tanto (y termino este segundo criterio), del Archivo de la Corona de Aragón no se crearon ni se conservan por su procedencia geográfica, sino según las instituciones que los produjeron en el ejercicio cotidiano de sus funciones, y esas instituciones extendían su actividad sobre todos los reinos sobre los que reinaba el rey de Aragón, que por cierto todavía no se llamaba Corona de Aragón. Y por ello no pueden, ni siquiera físicamente, ser separados.
Que el Archivo Real esté en Barcelona, o hubiera estado en Mallorca, o en Valencia, es indiferente desde el punto de vista del carácter unitario de su creación. Por tanto, éste es el Archivo Real de Aragón ubicado en Barcelona; debe permanecer en Barcelona y no debe ser divisible.
Que las instituciones hoy pudieran tener la ceguera de pensar que los fondos de la Real Cancillería --por ejemplo, seis mil registros conteniendo cuatro millones de documentos; o la sección Real Patrimonio, que incluye series como la del Mestre Racional y la Tesorería Real, por citar quizá los más importantes, constituidos a partir del siglo XIII-- pertenecen a una u otra comunidad autónoma me parece que no tiene sentido.
Tercer criterio. El Archivo debe gestionarse sin que nos inventemos ningún modelo de gestión; debe gestionarse según el modelo que está aprobado en los estatutos de autonomía. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer: crear el patronato con la presencia prevista en los estatutos de autonomía, es decir, preeminente de las comunidades autónomas y paritaria, según dice el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Y de ahí quizá la insuficiencia de alguna otra proposición no de ley, que veremos más adelante, que habla de adecuada representación, cuando la adecuada representación entendemos que está en los estatutos. Y lo que hay que hacer es respetar los estatutos de autonomía.
Y cuarto y último criterio, y con esto ya termino, por no agotar la paciencia de la Comisión. Se pueden traspasar los fondos depositados en el llamado Archivo de la Corona de Aragón, que son ajenos a la antigua Corona de Aragón y que afectan exclusivamente a Cataluña. Hay muchos más fondos, es verdad, que son propios de otro tipo de administración. Ahí se suelen citar los fondos notariales desde 1939; fondos de delegaciones provinciales de Hacienda desde 1918; fondos de órdenes religiosas desde 1836; y hay muchos más, desde el Colegio de Drogueros y Confiteros de Barcelona, de las comandancias de ingenieros de Cataluña, en fin, una inmensa serie de documentación. Hay muy numerosas incorporaciones.
¿Pero cuál es el criterio? Y ésta es la cuestión. El límite temporal puede ser uno. Es decir, el final de la Corona de Aragón en 1707. Hay fondos que se han incorporado posteriormente. Si excluimos los fondos del Consejo Supremo de la Corona de Aragón --1494 a 1707--, que fueron devueltos por los franceses en 1852, que ésos deberían seguir perteneciendo al Archivo de la Corona de Aragón, los demás fondos se podrían estudiar y se podrían transferir a la Generalitat de Cataluña.
Pero lo que es propiamente el Archivo Real, de la Casa Real de Aragón, debe permanecer en su actual integridad.
Y la cuestión es quién clasifica los fondos. Y ahí es dónde viene la polémica: quién clasifica los fondos, quién establece qué fondos son transferidos a la Generalitat y cuáles forman parte indivisible del Archivo Real. ¿Quién decide esa cuestión? Nuestra posición es que esa distinción formal de los fondos no puede hacerse sin la participación de las cuatro comunidades autónomas. Una comunidad autónoma no puede decidir por sí misma, ni siquiera bilateralmente con
el Gobierno, qué fondos de un archivo tan complejo le pertenecen. Porque entonces también las demás podrían reclamar algunos fondos, también las demás podrían tener la tentación de decir que negociando, no se sabe con quién, le corresponde para completar sus propios fondos archivísticos.
Imaginemos que Aragón reclamara lo suyo, ¿y qué es lo suyo, qué es lo suyo en un Archivo de los reyes de Aragón? Por tanto, esa desviación materialmente inviable, fundamentalmente destructora de la unidad del Archivo Real de Aragón, significaría también falsear y repudiar la propia historia de la Corona de Aragón, una historia ejemplar de respeto a las diferencias y a las diferentes identidades que componían los reinos y los territorios que integraban el Reino de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Entramos en la consideración de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, creo que el elemento fundamental a analizar después de haber escuchado con suma atención las intervenciones precedentes, que nos han ilustrado creo que definitivamente sobre la historia del Archivo y que por lo tanto nos sentimos, o yo me siento ya suficientemente informado y he aprendido suficientemente como para no insistir en el análisis de cada uno de los documentos, la reflexión política que cabe hacer es que lleguemos al año en que nos encontramos sin que este problema se haya resuelto. Los matices de carácter historiográfico, de carácter técnico, pueden convertirse en los árboles que no nos dejen ver el bosque real. Y es que cuando hablamos de un archivo de carácter histórico como éste es fácil que nos encontremos, de nuevo como en casos anteriores, ante algo que desborda lo estrictamente jurídico, lo estrictamente histórico, para convertirse en algo simbólico que puede provocar, si no se hace bien, diversos enfrentamientos. Esos posibles enfrentamientos intracomunitarios, o bien tratar de evitarlos, es lo que ha provocado que hayan transcurrido los años sin que se dé cumplimiento a lo previsto en el estatuto de autonomía y a lo que en definitiva demanda el propio sentido común. Y que esa situación de --digamos-- dejadez normativa ha permitido también que se produzcan fenómenos indeseables, como los conflictos en torno a la actual dirección del Archivo; sin entrar a valorar, porque no tengo los conocimientos suficientes, si el señor director es buen o mal director. Sí que es cierto que hay otro tipo de componentes de carácter --insisto-- simbólico, incluso lingüístico, etcétera, que generan una situación de agravamiento de los problemas en lugar de tender a resolverlos.
Lo importante, por ello, es que hoy aprobemos algún tipo de proposición por consenso. Yo creo que eso sería lo fundamental. Y yo, en nombre del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, apelo al sentido común de todos los grupos para que ese consenso sea posible, porque yo creo que en definitiva, oída la señora Rahola cuando, digamos, generosamente está dispuesta a renunciar a su proposición en aras de un texto más integrador, eso sería lo importante.
Nuestra proposición en realidad lo que pretendía fundamentalmente era ofrecer un texto a la Comisión que posibilite el consenso. Por eso es una redacción muy abierta y que en ningún momento vamos a tratar de defender con uñas y dientes en ninguno de sus matices o, digamos, de sus puntos concretos. Si se examina el contenido concreto de la proposición, insisto en que hay coincidencias con las de otros grupos, y por otro lado insisto también en esa idea de amplitud que permita las coincidencias más allá de fomentar las discrepancias.
Hay sin embargo un matiz importante que yo creo que debe quedar claro, y es cuáles son los objetivos. Yo creo que hay un primer objetivo que ha sido ya enunciado en esta Comisión, y es el que el Archivo, lógicamente, debe cumplir prioritariamente sus funciones, unas funciones al servicio de los historiadores, de los archiveros, en fin, para lo que sirve un archivo. Pero yo creo que la medida del éxito de esta proposición, sea la que sea la que se apruebe, y en el futuro el funcionamiento del patronato, si existe una ley que lo regule u otro tipo de norma, etcétera, es que todos los ciudadanos que tienen una raíz histórica en la antigua Confederación catalano-aragonesa se sientan representados por lo que aquí se apruebe. Yo creo que no se puede plantear en términos de saber si los que actualmente son ciudadanos de una comunidad se deben sentir más representados que los de otra en esa raíz histórica, en ese referente histórico que es el Archivo de la Corona de Aragón.
Yo creo, por lo tanto, que eso sitúa la cuestión. Si somos capaces de articular una resolución que por un lado garantice la eficacia en el funcionamiento del Archivo y por otro garantice que todos los territorios se sientan representados, habremos acertado. Todo lo que no sea eso será una futura fuente de conflictos.
En aras del consenso que yo anunciaba como voluntad de nuestro grupo, me parece una buena idea y me parece en principio aceptable el texto que a partir de Convergència y con otros grupos ha sido estudiado, que finalmente quedaría resumido en tres puntos. En principio nos mostraríamos de acuerdo con dicha enmienda transaccional o texto de consenso.
De todas formas quisiera matizar algo. En la anterior intervención del representante del Grupo Socialista se hacía alusión indirecta a nuestra proposición, diciendo que era demasiado ambiguo o era incompleto hablar como lo hacemos en el segundo párrafo del punto dos, cuando en nuestra proposición se dice: En todo caso, el proyecto debe incluir una adecuada representación de las comunidades autónomas. No se trata de hacer bandera de una palabra y decir que adecuado es preferible a previsto en sus respectivos Estatutos. Sin embargo, no cabe duda de que en el contexto en que se introduce la palabra adecuada, la adecuada representación --y creo que éste es el corazón del problema, no es un tema puramente semántico--, solamente cabría una interpretación de tipo jurídico, en el sentido de entender la palabra adecuada. La referencia a que sea una representación adecuada en un sentido jurídico nos reconduce
directamente a los estatutos de autonomía y a la norma que se pudiera elaborar posteriormente. Otro problema a analizar es si podría haber contradicción entre estatutos de autonomía; pero eso nos llevaría más lejos.
En este sentido, yo no tengo problema en retirar ese concepto, «adecuada», siempre y cuando, como ha dicho en su intervención el representante del Grupo Socialista, haya preeminencia de las comunidades autónomas. Si eso queda claro qué es lo que quiere decir, si queda claro que es del conjunto de las comunidades autónomas en el patronato respecto a la Administración del Estado, y no preeminencia de más comunidades autónomas sobre otras, podríamos estar de acuerdo. Pero eso en el texto que se ofrece al consenso no está suficientemente claro. Por lo tanto, o se matiza eso o nosotros seguiríamos manteniendo, en principio, que en dicho patronato las comunidades autónomas tengan la adecuada representación. Tampoco creo que debamos olvidar que en la alusión que se hace, si bien valga la correspondiente norma del Estado, en algún momento puede dar lugar a algún proceso de debate de dicha norma en la cual podrían dilucidarse los detalles y podría afinarse mejor qué se entiende por adecuada representación, o bien --digamos-- buscar otra fórmula alternativa que pudiera recoger aquello que creo que sí que es el sentir general de esta Comisión.
Por lo tanto, resumiendo, aceptaríamos este texto alternativo siempre y cuando el punto 2, o bien el redactado, fuera el siguiente: En dicho patronato las comunidades autónomas tendrán la adecuada representación o bien que se indique que habrá una cierta representación paritaria y que el conjunto de esa representación de comunidades autónomas a su vez tendrá preeminencia, será numéricamente superior en el conjunto, digamos, de todos los patronos que formaran el patronato.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, tiene la palabra para la defensa de su proposición no de ley.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al resto de los grupos parlamentarios la deferencia, al admitir la inclusión en el orden del día. Y hecho este agradecimiento paso ya a intervenir en defensa de la proposición no de ley presentada ante el Pleno que vamos a debatir hoy en esta Comisión de Educación y Cultura.
Agradezco muy sinceramente al portavoz del Grupo Socialista, señor Bayona, la magistral clase de historia, que --lo digo sinceramente-- creo que permite que no redundemos en muchos de los extremos. En toda su integridad la asumo y mantengo, porque creo que ha hecho una definición correcta de lo que significa un archivo, un archivo histórico, un archivo general y el más antiguo de España, como es el Archivo de la Corona de Aragón, y de la importancia que tiene a nivel histórico, cultural y científico. Pero como muy bien él ha apuntado es una cuestión que va un poco más allá, pero no de la época constitucional reciente, sino que se remonta ya a muchos años más.
Aquí se nos suscitó el debate, en la elaboración de los estatutos de autonomía de las cuatro comunidades que conformaron la Corona de Aragón, y se suscitó de diversas y variadas formas. Pero yo, incidiendo en la cuestión de que es un asunto político, y con la legalidad en la mano, como muy bien ha dicho el portavoz socialista, la propuesta en primer lugar defendida por la portavoz de Esquerra Republicana es antiestatutaria, ilegal y fuera de todo tono, hay que remarcar que no hay que hacer referencia sólo al debate estatutario de Cataluña en el año 1979, el valenciano, el aragonés y el Estatuto de Baleares.
Este problema político ya se suscitó. Ya están en la biblioteca de esta Casa los debates del Estatuto catalán del año 1932, donde en las discusiones previas ya se veía el fondo político de la cuestión. ¡Como si no interesara el tema histórico, cultural, científico, etcétera! Porque aquí se han dicho cosas acientíficas por parte de algunos de los proponentes, en particular de la señora Rahola, acientíficas. Porque no son ciencia muchos de los argumentos que avalan ese planteamiento que ya se remonta al año 1932. Y prueba de ello es que los que elaboraron el Estatuto de 1932, cuando se habló de temas de archivos y bibliotecas, ya en el artículo 7 del Estatuto de autonomía catalán, se expresaba claramente: La Generalitat de Catalunya se encargará de los servicios de Bellas Artes, museos, bibliotecas y conservación de monumentos y archivos, salvo el de la Corona de Aragón. O sea, ya se ha visto desde el primer momento el interés, que yo censuraría igualmente que fuera de otra de las comunidades que conformaron la antigua Corona de Aragón, porque es un patrimonio común de las cuatro comunidades y de otros territorios que en la actualidad no forman parte del Estado español.
Por lo tanto, avalando que hay que dejar de lado la cuestión científica, cultural e histórica, que todos defendemos y todos avalan, es fundamental mantener la unidad del Archivo. Luego haré una expresa mención a una parte de fondos que no habría ningún inconveniente en que fueran cedidos a Cataluña porque son única y exclusivamente de interés de Barcelona y de Cataluña. Pero en líneas generales lo esencial del Archivo es patrimonio común de cuatro, digamos, socios históricos que conformamos la antigua Corona de Aragón, repito, y no entrar en otro tipo de matizaciones.
Se han oído, como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, unas descalificaciones hacia una determinada persona, que no entro a valorar, porque yo creo que tampoco es cuestión de valorar las actuaciones del actual director, de si ha hecho o ha dejado de hacer.
También hay estudios, en particular cito uno del profesor Ubieto, que estuvo en la Facultad de Zaragoza, donde en un trabajo muy documentado --y es uno de los mejores medievalistas que ha habido en España-- hablaba de las desapariciones de documentos interesadamente, muy importantes para la historia de la Corona de Aragón, donde se han falsificado números de ciudadanos, de repobladores de municipios valencianos, de municipios de Baleares. Y no es cuestión de hacer una cuestión bélica del tema.
Han pasado 15 años desde la aprobación de muchos de los estatutos. Y hay un mandato en las disposiciones adicionales de los cuatro estatutos de que por norma estatal tiene que aprobarse ese patronato que de una vez por todas
sirva para pasar la página. Y que ese patronato sirva para poner las cosas en su sitio e intentar de una vez por todas darle esplendor y darle un trabajo importante a la historia, estudiando los documentos, que aún quedan muchos por estudiar, por valorar, por corregir, etcétera.
Por lo tanto, yo creo que con toda la buena voluntad del mundo, y ésta fue la voluntad que motivó al que está hablándoles a presentar la proposición no de ley, se contemplaban unos acuerdos que son perfectamente asumibles por todos los grupos parlamentarios, porque sobre todo no se salen de la legalidad vigente. El mandato estatutario de las respectivas comunidades autónomas, en sus disposiciones adicionales (la disposición adicional segunda en el Estatuto catalán del 1979, la disposición adicional segunda también del Estatuto de la Comunidad Valenciana de julio del 1982, la disposición adicional primera del Estatuto aragonés y la disposición adicional primera del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares), creo que ha llegado el momento de que se le dé el cauce normativo. Y por eso el primer punto de la proposición no ley era instar al Gobierno para que desde el Ministerio de Cultura se elabore el proyecto de ley o norma estatal que proceda para que se cree y se regule la composición y funciones del patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Eso es lo básico y fundamental en el día de hoy.
En el segundo punto de esa proposición defendíamos que asimismo y de conformidad con los vigentes estatutos de Autonomía, los órganos de gobierno de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia informaran el correspondiente anteproyecto de la norma estatal que regule la situación del patronato. Ahí nos encontramos con que el Estatuto de la Comunidad Valenciana habla de ese informe previo, y el Estatuto catalán no dice nada al respecto. El Estatuto aragonés, disposición adicional primera dice que la Comunidad Autónoma de Aragón informará el correspondiente anteproyecto de norma estatal. Y el Estatuto de Baleares no dice nada al respecto. Pero yo creo que sería positivo para que las cuatro comunidades se sientan partícipes de lo que es su pasado común histórico, que participen en la elaboración de esa norma estatal para que todos nos sintamos vinculados, desde su origen, a la formación del patronato, con un compromiso claro y rotundo de que una cosa es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy y un camino distinto y recto es el que vamos a trazar a partir de ese consenso, que es importante que esté aquí, en esta Cámara, pero que también es muy importante que esté entre las cuatro comunidades autónomas que conformaron la Corona de Aragón, la antigua Corona de Aragón.
Y en el punto tercero es donde remarco que en todo caso dicha norma estatal deberá garantizar la representación paritaria de las comunidades autónomas que conformaron la antigua Corona de Aragón. Y digo paritaria no por capricho. En primer lugar por mandato de mi Estatuto de la Comunidad Valenciana. Como Diputado valenciano tengo respeto y cumplo la Constitución, pero la segunda norma básica como valenciano es el Estatuto de la Comunidad Valenciana, que es el que tengo que respetar y cumplir. Y esa disposición adicional segunda establece con claridad la representación paritaria en ese patronato que se creará en su momento por norma estatal. Los otros tres estatutos de autonomías hablan de representación preeminente de su respectiva comunidad. Ha habido un informe al respecto de estudiosos y juristas sobre estas disposiciones adicionales y hablan de que otra de las comunidades autónomas interesadas en el Archivo por razón de su antigua pertenencia a la Corona de Aragón, como es el reino de Valencia, también ha recogido la posibilidad de este patronato al establecer en la disposición adicional segunda de su Estatuto que el Gobierno valenciano y el Consejo de Cultura (que es otra variante, en la Comunidad Valenciana existe el Consejo Valenciano de Cultura) informarán el correspondiente anteproyecto de norma estatal y que regula la situación del Archivo de la Corona de Aragón. Y en cuanto a su participación en él --valora este jurista--, con la mejor técnica legal, el Estatuto de la Comunidad Autónoma valenciana habla de una representación paritaria de las Comunidades Autónomas interesadas en el mismo. La mejor técnica legal.
No podemos dejar la puerta abierta a lo de papel preeminente de unos sobre otros, porque hay que tener en cuenta que cuando se aprobó el Estatuto catalán en el año 1979, cuando ponía lo de: «En él tendrá participación preeminente la Generalitat de Catalunya, otras comunidades autónomas, y provincias en su caso, no estaba claro cuál era el proceso autonómico que se iba a desarrollar en este Estado. El Estatuto valenciano es de 1982, y el aragonés y el balear posteriores también a 1979.
Por lo tanto, que no podemos acogernos a lo de preeminente porque el momento de la redacción del primer Estatuto, el catalán de 1979, cuando habla de preeminente, y con esa vaguedad habla de otras comunidades autónomas y provincias en su caso, no estaba claro el proceso autonómico que se iba a abrir, y si sólo iba a haber dos comunidades autónomas en el año 1979 --Cataluña y el País Vasco--, si iban a incorporarse dos nacionalidades históricas más, Galicia o Andalucía y si luego se iban a asumir como históricas, reconocidas, Canarias y la Comunidad Valenciana.
Los posteriores estatutos de autonomía, el siguiente en el tiempo es el valenciano, y con mejor técnica legal, y entrando al fondo del asunto habla de que esa norma estatal que regule la situación del Archivo de la Corona de Aragón, cuyo patronato contará en todo caso con una representación paritaria de las Comunidades Autónomas interesadas en el mismo. Ahí ya se veía que el Estatuto catalán había culminado, se había abierto el proceso autonómico al resto de comunidades, y junto al Estatuto valenciano se aprobó el aragonés y el Estatuto de Baleares.
Por lo tanto, yo creo que tiene que quedar claro, y parece un matiz insignificante, pero si el papel preeminente de las comunidades autónomas es evidente que tiene que serlo ante la Administración central del Estado, que tiene que tutelar no lo dudo, no tiene que tener un papel preeminente el Estado sobre las comunidades autónomas, que somos libres de ordenar nuestros propios destinos comunes, y tenemos que ser capaces las cuatro comunidades de hacerlo. La representación de las cuatro comunidades autónomas de la antigua Corona de Aragón son las que de una
manera paritaria tienen que participar y ordenar los destinos de ese Archivo.
Por lo tanto, yo creo que no es una cuestión de nombres o de matiz el decir lo contemplado en los Estatutos a la hora de nombrar la representación de las comunidades. Y prueba de que ese consenso ya se intentó y se ha dicho por representantes de las cuatro comunidades autónomas que la Comunidad que menos interés tenía en poner en marcha este patronato era precisamente Cataluña, y eso es así y no es ninguna acusación, eso se ha dicho reiteradamente. Ha habido reuniones, y aquí están las actas de esas reuniones celebradas en el Palau de la Generalitat de Valencia, donde hubo un principio de acuerdo en febrero del 82, antes del Estatuto valenciano, aragonés y balear (no es una tontería el hecho cronológico) donde ya recoge el tema paritario. Porque hasta ese momento señalaba el papel preeminente de la Generalitat de Cataluña, porque desde el año 1979 su Estatuto lo ponía, y yo lo respeto perfectamente. Pero luego el proceso autonómico ha llevado donde ha llevado, afortunadamente, a que la Comunidad Valenciana sea una nacionalidad histórica, como puede ser Cataluña o el País Vasco --Aragón está en ello-- y por lo tanto creo que tiene que respetarse ese mandato y ese precepto estatutario.
En la propuesta de ese documento de trabajo ya se hablaba de que en aquella documentación que se refiere sólo a Cataluña o a Barcelona no había ningún inconveniente por parte de los cuatro consejeros autonómicos de Cultura de ceder aquella documentación que no tenga nada que ver con la documentación generada por la Corona de Aragón. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que hay voluntad de acuerdo, pero tiene que haber un consenso, sobre todo un consenso desde el respeto escrupuloso a los estatutos de autonomía, donde la preeminencia sea de las comunidades autónomas sobre el Estado, pero la paridad sea a partes del 25 por ciento de las cuatro (cuestión de hablar de cuotas) comunidades autónomas que conformaron la Corona de Aragón.
Yo creo que ese espíritu se contempló en el año 1982 y posteriormente hubo una reunión en julio de 1984 donde, por la cuestión de las fechas, ya no se ponía lo del papel preeminente de la Comunidad catalana. Ya habían sido aprobados los estatutos aragonés y valenciano y --repito-- con mayor acierto y técnica legal el Estatuto valenciano en su disposición adicional segunda contemplaba lo de paritaria. En esa reunión ya se habló de la paridad de las cuatro comunidades autónomas en ese proyecto de real decreto de creación del patronato del Archivo de la Corona de Aragón; ya se hablaba que fuera presidente de ese patronato el Ministerio de Cultura y vicepresidentes los cuatro consejeros de Cultura de las cuatro comunidades autónomas que conformaron la Corona de Aragón.
Y pone las funciones que tiene que tener el patronato, pero eso ya es cuestión de la técnica legal, que en su momento llegará a este proyecto de ley que espero que hoy aprobemos para que se elabore y se presente en el plazo de seis meses, como he visto en una enmienda transaccional que asumo perfectamente.
Por lo tanto, creo que tiene que haber consenso. Nada de lo que he dicho debe interpretarse como ataque, acritud o ánimo de encrespar, porque creo que si ha habido una intervención un poco más fuera de tono ha sido la primera. O, en todo caso, la resolución del Parlamento de Cataluña, que yo perfectamente respeto como órgano soberano de toda Cataluña, pero creo que no puede ignorar lo que marcan los estatutos de autonomía de otras tres comunidades autónomas, respecto a que se transfiera la titularidad, etcétera, como he remarcado y he refrescado históricamente, como ya se intentó en el debate del Estatuto catalán del año 1932.
Con toda esta intervención lo que quiero decir, como valenciano, como nacionalista valenciano, y sé cuál es mi pasado histórico, del cual me siento orgulloso, es que el Archivo de la Corona de Aragón para los valencianos es algo más que un archivo. Y ha tenido que ser de nuevo una decisión o una pretensión unilateral del Parlament de Catalunya, reclamando la transferencia de la titularidad del Archivo de la Corona de Aragón a la Generalitat, el que nos ha recordado que desde hace más de 15 años no se ha hecho nada, y esto se lo achaco al Ministerio de Cultura, al Gobierno central, porque igual era cómodo no plantear la cuestión. Que se cumplan los acuerdos, los preceptos, los mandatos estatutarios que figuran en las disposiciones adicionales de los cuatro estatutos de autonomía de las comunidades actuales que conformaron la antigua Corona de Aragón.
Por ello exigimos, y de ahí nuestra pretensión plasmada en esta proposición no de ley, apelando al consenso, que después de 15 años de dilaciones se cree de una vez por todas este patronato, donde estén representados en términos de igualdad, de paridad, todas las comunidades autónomas que conformaron parte de aquel modelo de convivencia que fue la Corona de los reyes de la Casa de Aragón.
Por lo tanto, dejando discusiones anteriores que levantaron más o menos ampollas en las cuatro comunidades autónomas, porque aquí nadie puede sentirse más agraviado que otro --en alguna cuestión, como se ha citado el caso del director, bueno, pero en Valencia y en Aragón también levantaron ampollas ciertas actuaciones de responsables del Archivo sobre los años mil ochocientos cuarenta y tantos--, creo que hay que pasar página y con un nuevo espíritu intentar que se presente un buen proyecto de creación de este patronato, donde las cuatro comunidades que conformaron la Corona de Aragón podamos darle vitalidad y podamos, en estos umbrales del nuevo siglo, seguir estando orgullosos de nuestra historia y podamos mantener viva esta historia que fue conjunta, común y brillante: la Corona de Aragón.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado cuatro enmiendas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto. Se han presentado cuatro enmiendas, pero es una enmienda que se refiere a los cuatro apartados de la proposición. Por lo tanto, se van a defender conjuntamente.
Para su defensa, tiene la palabra doña Laura Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Yo no sé si está permitido por el Reglamento de esta Comisión que yo defienda las dos enmiendas presentadas conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Sí, señora Gil.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
La primera enmienda que presenta el Grup Parlamentari Català lo único que pretende es ser un marco operativo que en realidad sigue en sus términos la lógica temporal y administrativa que el proceso de redefinición y delimitación de los fondos documentales de l'Arxiu de la Corona d'Aragó requerirían.
Antes de empezar la defensa de las enmiendas querría, si me lo permiten el señor Alcaraz y los demás miembros de esta Comisión, redondear la lección de historia del diputado del Grupo Socialista. Ciertamente, los fondos de la Confederación Catalano-Aragonesa, antigua Corona de Aragón, tienen un interés común incalculable, incalculable para Catalunya, para Aragón, para las Illes Balears y para el País Valencià. Y sólo quiero recordar a esta Comisión que durante tres siglos la Cancillería catalana depositaba en Barcelona, en l'Arxiu Real de Barcelona, los documentos oficiales de la Corona, y emitía copia a los archivos reales de los restantes reinos de aquello que, por la materia, era de su interés. De este modo, durante siglos, han coexistido y coexistieron cuatro archivos oficiales. Hoy, felizmente, subsiste el Arxiu Real del Reino de Valencia, el Arxiu del Reino de Mallorca, gestionados felizmente por sus propios gobiernos. Y subsiste el Real de Barcelona, pero subsumido en el actual Arxiu de la Corona d'Aragó, ya que en el siglo XIX perdió su nombre de Arxiu Real de Barcelona. Y subsistía hasta el año 1809 el Real de Aragón en Zaragoza, que desgraciadamente desapareció a causa de un incendio durante «la guerra del francés». Simplemente quería apoyar con esta explicación la lección que nos ha dado el compañero.
Yo no pienso discutir, éste es un espacio de civilización en el que hemos de llegar a consensos, y yo creo que hemos de seguir la estrategia del equilibrio y del acuerdo, simplemente esto. Las Diputadas y Diputados nos encontramos aquí, yo creo, voluntariamente, porque creemos que este espacio es un lugar de encuentro en el que no puede caber ni la intolerancia ni la intransigencia ni la ignorancia. Por lo tanto, ya que la Diputada Pilar Rahola ya no podrá intervenir, quiero decir que no creo que pueda hablarse del concepto de legalidad en su proposición no de ley.
Porque lo que ha hecho la Diputada Pilar Rahola es lo mismo que hemos hecho nosotros en nuestra primera enmienda: transmitir a esta Comisión y al Congreso el mandato del parlamento de nuestro gobierno. Por lo tanto, no consideramos que esto sea una ilegalidad, sino que tanto ella como los miembros del Grup Parlamentari Català, con gran honor y orgullo, traemos aquí aquello que nuestro parlament cree que es lo mejor para l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
Paso directamente a defender la enmienda que, con vocación pedagógica y de encontrar el consenso, hemos presentado y que se apoya en la del Grupo Socialista. Una enmienda para nosotros no es una corrección sino la manera de llegar a un acuerdo. No sé si a nuestra enmienda se le puede llamar transaccional, porque no estamos hablando aquí de mercaderías y de transacciones, sino de llegar a acuerdos, para que las Diputadas y Diputados de esta Comisión y la mayoría de ciudadanas y ciudadanos de este país puedan encontrarse en este consenso. Por lo tanto, yo creo que se subsumen, en el sentido de sumar, las aportaciones de todos los grupos al respecto. Por eso nosotros pedimos que se cree en el plazo de seis meses, en diálogo con las comunidades autónomas afectadas y mediante la correspondiente norma de Estado, el Patronato de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, previsto en los Estatutos de Autonomía de las Illes Balears, Valencia, Aragón y Cataluña.
Otro punto es que en dicho patronato las comunidades autónomas tendrán la representación prevista en sus respectivos estatutos. No es necesario hablar de preeminencias, no creemos que sea necesario hablar de número equitativo. Lo que dice cada estatuto es lo que debe figurar.
Por último, el patronato establecerá aquellos criterios para distinguir formalmente los fondos documentales depositados en l'Arxiu que son ajenos a la antigua Corona de Aragón, cuya titularidad y gestión se traspasará a la Generalitat de Cataluña. Yo creo que en el entender de los Diputados que aquí nos encontramos esto es algo muy parecido a lo que podría ser un consenso. Yo no creo que el tema que hoy nos ocupa sea un tema político.
Nosotros formamos parte de la sociedad política, pero éste es un tema cultural, simplemente cultural. Y yo no le doy un valor político en el sentido partidista, sino simplemente cultural, y, en todo caso, político porque tiene interés para toda la ciudadanía. Por lo tanto, yo pediría aquí que convirtamos l'Arxiu, que en su tiempo y todavía ahora es un lugar de encuentro y entendimiento de la historia, en el escenario de convergencias sinceras y positivas.
No quiero alargarme. Todos han hablado y cada uno lo ha hecho de la mejor manera que ha entendido. Pero yo quiero creer que en esta Comisión hemos de tratar asuntos culturales y educativos que muchísimas veces están siendo maltratados o menospreciados, incluso por la opinión pública, incluso por la misma sociedad política. Por ello pido el consenso y el voto favorable a nuestra enmienda transaccional y que sea aceptada por el Partido Socialista. Vaya por delante mi agradecimiento a los demás grupos políticos aquí presentes si es que nos dan su voto favorable.
En consecuencia, retiro la primera enmienda y mantengo la enmienda a la proposición del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, teniendo en cuenta que se han unido cuatro proposiciones, rogaría que pudiesen intervenir dividiéndose el tiempo los Diputados don Ramón Moreno y don Antonio Serrano. ¿Es factible?
El señor PRESIDENTE: Absolutamente factible. En cuanto a la división del tiempo, verá usted que aquí no parece que se nos haya parado el reloj.
Pero eso no quiere decir que no se nos pare en alguna medida un cierto sentido de la roñosería cronológica.
El señor SERRANO VINUE: En nombre del Partido Aragonés, voy a fijar su postura. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros del Grupo Parlamentario Popular la posibilidad que da al Partido Aragonés como formación y partido político independiente, como coaligado tanto en las tareas de gobierno de Aragón como hoy en las tareas de apoyo al Gobierno español, de manifestar su postura. Voy a intentar ser muy breve después de las buenas y extensas explicaciones que hemos recibido.
En primer lugar, esta cuestión del Archivo de la Corona de Aragón es recurrente. Se ha tratado en multitud de ocasiones en el Parlamento aragonés, las últimas ocasiones en junio de 1193, en septiembre de 1195 y en esta misma semana. Tampoco quiero olvidar los intentos que ya desde la II República se han llevado a cabo desde la Generalitat para conseguir el traspaso de la gestión de este archivo.También ha sido calificado por algunos de cuestión sensible. Este calificativo de sensible ha supuesto, entre otras cosas, que después de más de trece años no hayamos dado solución a este asunto.
Primeramente desearía hacer una valoración, y sobre todo con el respeto absoluto a la soberanía del Parlamento catalán que hace suya la propuesta de Esquerra Republicana, de lo que realmente se pretende. En síntesis son dos cuestiones básicas. Primera, se propone la identificación de esos documentos de acuerdo con los criterios de la Generalitat de Cataluña.
Segunda, el traspaso de los fondos documentales en su integridad. Ante estas cuestiones, el Partido Aragonés no puede estar de acuerdo. Y lo voy a intentar argumentar.
Hay argumentos de carácter histórico, y por supuesto no voy a redundar en ellos porque han sido suficientemente expuestos y justificados por los demás intervinientes. Ahí están los escritos, suficientemente objetivos, de documentalistas, archiveros e historiadores. Realmente estamos ante el fondo medieval más importante de Europa y estamos ante el archivo más antiguo cuya gestión en estos momentos es responsabilidad del Estado.
Podemos enmarcar una serie de justificaciones de carácter jurídico competencial, cómo no: la propia Constitucional española, en cuanto que establece la dependencia de los archivos estatales del Gobierno central, cinco en estos momentos; las propias disposiciones adicionales de los diferentes Estatutos de Autonomía de Cataluña, Valencia, Baleares y, cómo no, el de Aragón; las propias normas comunes que regulan el patrimonio documental, la Ley del Patrimonio Histórico Español o la propia Ley de Archivos de Aragón. También un paquete de justificaciones de carácter meramente práctico, la propia gestión y utilización internacional, porque entendemos que los documentos que están incluidos en el Archivo de la Corona de Aragón afectan a territorios que hoy están fuera del Estado español. Esto exige una unidad y sería un agravio importante la separación. Y sobre todo, y aquí siento discrepar con la compañera de Convergència i Unió, porque entendemos que es un aspecto puramente político. Estamos en el Parlamento español, donde el debate se tiene que hacer en el plano político. Esta propuesta de Esquerra Republicana tiene su intencionalidad política, y esta posible --si es que existe-- polémica tiene un trasfondo lógicamente político. Y en ese plano de lo político, teniendo en cuenta los aspectos jurídicos, los aspectos históricos y, cómo no, los prácticos, el Partido Aragonés desearía dejar dos o tres cosas muy claras.
En primer lugar, la propia formación del Patronato, que defina la composición y las funciones, por supuesto en el cumplimiento de las diferentes adicionales de los estatutos de autonomía, y en el menor plazo posible, seis meses o un año, pero en el menor plazo posible. Llevamos más de trece años esperando y casi cinco años desde la intentona de formación del Patronato en el año 1991.
El Patronato debe clarificar con criterios técnicos e históricos la documentación que allí exista. El Gobierno central debería de alguna manera aglutinar, agilizar y facilitar el diálogo entre las cuatro comunidades autónomas implicadas, dotando al Archivo de los medios materiales, humanos y económicos suficientes que permitan el estudio, la catalogación y la utilización de esos fondos.
Todas las partes implicadas queremos participar de una forma eficaz y también democrática. El Partido Aragonés, Aragón, quiere tener corresponsabilidad en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón. Es nuestro legado histórico, o uno de nuestros legados históricos más importantes, ya que, como bien han dicho otros compañeros, gran parte de los documentos del Reino de Aragón fueron destruidos en la Guerra de la Independencia.
No tenemos ningún inconveniente, en absoluto, en que se transfieran a la Generalitat los documentos que son ajenos al propio Archivo de la Corona de Aragón, que según los estudiosos podrían estar entre un diez o un quince por ciento de ese fondo documental. No estamos en absoluto en desacuerdo. Pero también rogaría, y quiero que se me entienda y no se me malinterprete, con todo rigor y con todo respeto, que por parte de la Generalitat de Cataluña no se intente de alguna manera boicotear el acuerdo y el consenso que se alcanzó o que se pretendió alcanzar, sobre todo en el año 1990-1991, cuando se intentó poner en marcha este patronato. Supuso una oportunidad perdida y supuso también un cierto sentimiento de frustración de los diferentes integrantes de aquella comisión de estudio.
El Partido Aragonés, que algunas veces ha sido tachado de querer incluso romper la propia unidad del Archivo, quiero dejar bien claro que renuncia al derecho de poder solicitar la documentación específica que haría mención al Reino de Aragón, en aras de la unidad, y sobre todo que nunca ha cuestionado, ni cuestiona, ni cuestionará la propia localización del Archivo en la ciudad de Barcelona, que quede claro.
Para terminar, y entiendo que es importante como Diputado del Partido Aragonés y como aragonés, deseo que todos los antiguos territorios de la Corona de Aragón, que hemos sido ejemplo de convivencia, que hemos enarbolado
durante toda nuestra historia la bandera de la libertad, del pacto, del respeto de las libertades, tengamos en nuestra historia común puntos de encuentro y no puntos de confrontación ni de litigio. Me preocupa sinceramente, y quiero remarcarlo, la falta de rigor histórico de algunos círculos políticos y también universitarios, que quizás es lo más preocupante, que pretenden manipular, tergiversar la historia en beneficio de una supuesta causa. Realmente, y yo no soy historiador sino un técnico, hiere mi sensibilidad y la sensibilidad de los aragoneses, y yo entiendo que también la sensibilidad de los valencianos y de los baleares, cuando se habla de Confederación Catalano-Aragonesa. Realmente, la Confederación, si es que existió, sería Confederación Catalano-Aragonesa, Siciliana, Napolitana, Ateniense y hasta de Jerusalén. O sea, nunca ha existido. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de nuestra historia y la historia es el Archivo de Aragón. De la misma forma, cuando algún miembro de la Casa Real visita las tumbas de los Reyes de la Corona de Aragón, no son los Reyes, por favor, de la Confederación Catalano-Aragonesa, son los Reyes de la Corona de Aragón, que en su mayor parte están enterrados en el monasterio de Poblet.
Señorías, la historia se estudia, la historia podemos llegar a interpretarla, sobre todo podemos aprender de sus errores. De nuestra historia común creo que todos, absolutamente todos, podemos estar bien orgullosos. Desde el Partido Aragonés apelamos a la responsabilidad de las cinco partes, Estado, Gobierno y comunidades autónomas: Cataluña, Valencia, Islas Baleares y Aragón. Desde luego, si apoyamos y proponemos el consenso, todos saldremos beneficiados. Nosotros vamos a apoyar este consenso como Partido Aragonés y lo entendemos realmente positivo.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra don Ramón Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: En primer lugar, quisiera hacer una seria reflexión. Yo entiendo que todas las naciones justifican en principio su existencia en la posesión de documentos que, producidos por sus instituciones, testimonian su nacimiento y su verdadera consolidación.
Los archivos son la esencia del Estado, el corpus escrito que legitima su verdadera naturaleza. Este es el motivo, pues, por el que prácticamente todos los Estados crean sus archivos con el objeto de ayudar, proteger y gestionar administraciones, custodiando su patrimonio documental que sirva para su posterior estudio y difusión.
La protección de los derechos de los ciudadanos, de lo que nuestra Constitución reconoce en el artículo 2 como un Estado de las autonomías, incluidas las singularidades y hechos diferenciales de las distintas nacionalidades, es el fin perseguido con la creación y configuración del sistema archivístico estatal que, como conjunto de disposiciones, no podemos consentir que sea objeto de luchas competenciales entre comunidades autónomas y el Estado, o viceversa, pues ambos deben tener claro sus competencias, campos de trabajo e intereses, protegiendo y custodiando cada una su documentación.
Creemos en el Partido Popular que todos hemos de tener claro que la dispersión y fragmentación de los legados y documentos de los distintos archivos del Estado, así como la cesión de su gestión a otras administraciones, fundamentándolos en razones pertenecientes posiblemente al mundo de las esencias absolutas sólo puede suponer, estoy seguro, la negación de la existencia de la identidad histórico-cultural de España, lo que sería ridículo y una grave dejación de sus responsabilidades por parte sobre todo del Estado, que debe seguir salvaguardando y garantizando los intereses de determinadas comunidades autónomas, las cuales, a pesar de tener hoy día menos desarrollada la conciencia de sí mismas como entidades histórico-culturales, podrán no obstante seguir desarrollándolas hasta convertirse en verdaderas nacionalidades.
Por otra parte, la Administración general del Estado hasta ahora no ha asegurado el control de la documentación que ella misma produce. Si pasamos la mirada por los distintos ministerios y sus organismos autónomos, nos damos cuenta que han estado hasta hoy incumpliendo sin saber, posiblemente, la legislación vigente en materia de tratamiento archivístico. Se han dado situaciones donde los documentos más recientes se han despreciado por sus productores, desconocedores de su carácter de patrimonio documental. Y por otro lado, se han salvaguardado otros más antiguos sin apenas ningún tipo de interés. Es así como los órganos productores han creado de facto o de iure archivos históricos con funciones pretendidamente históricas o culturales, lo que ha implicado la ruptura del sistema archivístico estatal, asumiendo competencias que no les corresponden y, en definitiva, provocando un perjuicio grave a la difusión y conservación del patrimonio documental. Es cierto que en gran medida ello se debe a la falta de un instrumento normativo adecuado, el reglamento en este caso de archivos de titularidad estatal, cuya publicación debió verificarse ya en 1986, si nos atenemos a lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Histórico Español y que deberemos despertarlo del sueño de los justos.
Volviendo a lo que es el motivo hoy de mi intervención, volviendo al Archivo de la Corona de Aragón, muchas soluciones se han propuesto para terminar con la controversia que existe. Por una parte, separación de los fondos referidos a cada territorio, microfilmación y duplicación de los mismos, traslados a poblaciones neutrales, entre otros. La primera, la que se refiere a la separación de fondos referidos a cada territorio, supondría --estoy seguro-- la práctica destrucción del Archivo. La segunda, la microfilmación y duplicación de los mismos, seguiría discriminando a las Comunidades que no pueden contar con los documentos originales. Y la tercera, que era el traslado a población neutral, simplemente entendemos que es absurda, pues nadie discute en este caso la conveniencia de la sede barcelonesa. Lo que sí parece más importante es realizar una labor, en primer lugar, de reconstrucción de todos los archivos autóctonos en el Archivo de la Corona de Aragón fechados hasta el siglo XVIII, y la consideración especial de los fondos posteriores como exclusivos de la Generalitat de Cataluña. En segundo lugar, podría procederse a su microfilmación para que cada comunidad tuviera acceso
directo a los fondos para su conocimiento y estudio. Y en tercer lugar, y puede que la más importante, la elaboración de la norma estatal que proceda a la creación y regulación de la composición y funciones del patronato en igualdad de condiciones, como contemplan los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. Por ello, debemos contar con la participación indispensable de todos: políticos, consejeros de comunidades autónomas, y también de los archiveros, verdaderos conocedores de la materia.
En definitiva, el Archivo de la Corona de Aragón es una institución histórica y cultural de interés intercomunitario, que debe encontrar su unidad estructural sobre la base de una igualdad radical entre los cuatro territorios afectados y una gestión compartida de sus fondos, sin perjuicio del reconocimiento implícito de una relevancia aun simbólica y testimonial posiblemente de Aragón y Cataluña, ya sea por motivos históricos o por los derechos adquiridos con posterioridad a la disolución política de la Corona de Aragón. En cualquier caso, el Archivo de la Corona de Aragón, al igual que el resto de archivos que conforman el gran archivo de España, deberán ser una constante preocupación para las administraciones central, autonómica o local.
Estamos seguros que bajo un Gobierno del Partido Popular va a ser posible desbloquear una situación que lleva ya lamentablemente más de quince años paralizada. No es momento de reproches sino de mirar al futuro y felicitarnos, si es posible, por sacar adelante un patronato que dejará satisfechos, estoy seguro, a todos.
Y para terminar, señor Presidente, dos cosas. En primer lugar, y en beneficio del consenso, agradecer a la diputada de Convergència i Unió que haya tenido a bien retirar su primera enmienda. En segundo lugar, nos gustaría que en la enmienda transaccional que se pueda presentar, y que vamos a apoyar, figurara como plazo para la creación del patronato la frase: «en el plazo más breve posible» o «antes de un año».
El señor PRESIDENTE: Como hemos quedado anteriormente, la votación de las respectivas proposiciones no de ley y enmiendas se verificará alrededor de la una. Si para ese momento hubiera alguna enmienda transaccional apoyada por todos los grupos y hubiera la conformidad de los proponentes en la retirada de otras, aligeraríamos bastante el trabajo.
El señor BAYONA AZNAR: Quiero preguntar a la Presidencia si tengo la palabra para posicionarme sobre la aceptación o no de las enmiendas que se han presentado a la proposición no de ley socialista en este momento, o hay que esperar a la una.
El señor PRESIDENTE: Hemos convenido en que iban a intervenir los proponentes y los enmendantes. Pero si usted toma posición frente a las enmiendas, también tienen que tomar posición todos los demás, con lo que dilataríamos enormemente el trámite. Ya sabe usted que en este trámite no están previstas ni la réplica ni la dúplica. Por lo tanto, la acumulación se ha hecho para ganar tiempo y no duplicar trámites. Yo creo que lo entiende perfectamente, y por eso vamos a seguir adelante.
--RELATIVA A LA ASUNCION POR EL GOBIERNO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS Y APOYO A LA CREACION DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL DE AMPARO DE LOS MISMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000119.)
--SOBRE RECONOCIMIENTO Y DEFENSA DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000142.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en la consideración de las proposiciones no de ley cuarta y quita, la primera del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Quién pide la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto?
El señor CHIQUILLO BARBER: Está el portavoz titular, Francisco Rodríguez.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el 6 de junio de 1996 fue aprobada en Barcelona una Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que se redactó en una conferencia organizada por distintas entidades promotoras. La entidad promotora fundamental fue el PEN Club, Centre Català, y contó con la colaboración del Ciemen (Centre Internacional Escarré para las Minorías Nacionales y Etnicas) y además con el apoyo, soporte, de instituciones de gobierno de Cataluña, de estamentos jurídicos, intelectuales y científicos, además de más de cincuenta y ocho organizaciones diversas, entre las cuales estaba la Mesa por la Normalización Lingüística de Galicia y, por supuesto, personas a título individual debido a su cualificación intelectual y científica en el terreno lingüístico. Por si fuese poco, la declaración y la organización de la conferencia contó con el apoyo técnico y moral de la Unesco.
Lógicamente, en una Declaración Universal de Derechos Lingüísticos el punto de partida fue toda una legislación, bien hecha a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 u otras cartas o convenios de carácter internacional, y por citar dos solamente, la Carta Europea sobre Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en concreto en su artículo 27, del 16 de diciembre.
Es importante que se tenga en cuenta que la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, la primera en su género que se hace a nivel internacional, parte de un criterio
fundamental para atender el problema de la diversidad lingüística, cual es la defensa de los derechos colectivos de las comunidades lingüísticas, sin caer en ninguna trampa de carácter eurocéntrico o jerarquizante. Esto es, todas las lenguas son estructuralmente iguales y no se puede hacer diferencias en cuanto a sus derechos entre lenguas oficiales o no oficiales, lenguas nacionales o regionales, lenguas mayoritarias o minoritarias. Y por supuesto, algo que es fundamental para proteger los derechos individuales, se parte de la creencia científica, analíticamente científica, de que no se puede separar la dimensión individual del comportamiento lingüístico de la dimensión colectiva.
Todos nosotros sabemos que estamos viviendo en un mundo en el que la sustitución de muchas lenguas por otras es producto de una relación no igualitaria entre pueblos, y que hay una tendencia unificadora evidente en muchos Estados centralistas, empezando por los de la Unión Europea --podíamos citar algunos casos--, que es históricamente tendente a la unificación cultural y lingüística y a la falta de respeto por la diversidad. Y también sabemos que la mundialización de la economía no apoya tampoco el respeto a toda diversidad lingüística y cultural. Es curioso que incluso en un idioma como el español, que tiene muchísimos hablantes, que es la lengua oficial de muchos Estados, o el mismo portugués, haya áreas lingüísticas que corran serios peligros; es el caso, por ejemplo, de Puerto Rico o el de la parte mexicana que fue robada por Estados Unidos históricamente. Si a esto le añadimos que el proceso de transnacionalización de la economía crea también determinado tipo de dependencias de la lengua más internacional y más transnacional, como es el inglés, nos podremos dar cuenta exacta de los peligros que hay para la inteligencia humana, que está basada en la diversidad lingüística.
Por tanto, esta Declaración Universal de Derechos Lingüísticos parte de que hay que tener un objetivo político, que es organizar políticamente la diversidad respetándola; una perspectiva o un objetivo cultural, que es que hay que hacer compatible un espacio comunicativo mundializado con la participación de todos los pueblos y culturas; y una perspectiva económica, que consiste en que el desenvolvimiento tiene que ser sostenible, tiene que haber un equilibrio ecológico en el mundo y, por lo tanto, una relación equitativa entre lenguas y culturas.
Todo articulado de la declaración está estructurado con el siguiente criterio: las lenguas deben de ser lenguas oficiales en el territorio de sus comunidades lingüísticas, por lo tanto lenguas oficiales en la Administración pública y en los órganos de gobierno oficiales. Y después va analizando, por los apartados de educación, onomástica, medios de comunicación y nuevas tecnologías, cultura y ámbito socioeconómico, los derechos que se deben preservar. Quisiera hacer referencia a dos de ellos que son derechos que, por lo menos, están amparados en el marco constitucional español, y sobre todo muy amparados y ejercidos en algunas comunidades lingüísticas. En concreto, el derecho a que la lengua de la comunidad sea lengua objeto de estudio y vehicular de la enseñanza en la educación. Y uno clave, y permítaseme una cierta licencia, que es un respeto mínimo por que los pueblos aparezcan sin deformaciones, que es el respeto a la toponimia, a los nombres de lugares de cada uno de los pueblos que existen en el mundo. Y en este aspecto sería muy importante que todos nosotros fuésemos respetuosos con los nombre genuinos, originales, en cada una de las lenguas, no solamente de las ciudades, de las villas, sino, de todo tipo de toponimia, y empezando, por supuesto, por el nombre del país, aun hablando o utilizando la lengua oficial de todo el Estado, que es el español.
La referencia a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías está muy de actualidad ahora que vamos a debatir también en este Parlamento el proyecto de liberalización de las telecomunicaciones; como es de actualidad y de urgencia el ámbito socioeconómico, donde está más rezagado: registros, notarios, o bien incluso contratos laborales, que es un elemento de la realidad muy sensible a la normalización lingüística.
En definitiva, señorías, se trata de que el Gobierno del Estado español, algo que por lo menos teóricamente reconoce dentro de casa, lo defienda a nivel y a escala planetaria. Y es por esto por lo que nosotros defendemos las conclusiones que se expusieron en Barcelona en esta conferencia internacional, cuando los participantes llegaron a la conclusión de que los Gobiernos debían de expresar públicamente su adhesión a esa Declaración Universal, y en el caso concreto del Gobierno español, y comprometerse a apoyar --y esto es lo importante-- la propuesta de creación del Consejo de Lenguas en el seno de la ONU y de un organismo de Derecho internacional que ampare a las comunidades lingüísticas en los derechos reconocidos en esta Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.
Para acabar, curiosamente quiero decirles que hoy, 18 de septiembre, es un día que coincide con otro 18 de septiembre de 1931 y con una intervención del diputado gallego Alfonso Daniel Rodríguez Castelao cuando se estaba preparando el borrador de redacción de la Constitución española de la República. En sus intervenciones este diputado, para nosotros realmente una pieza clave de la reconstrucción cultural y nacional de Galicia, defendía el derecho del gallego y por supuesto de otras lenguas del Estado a ser lenguas oficiales en sus respectivas comunidades. Pues bien, voy a acabar con unas palabras de Castelao en relación con el problema de la diversidad lingüística y lo que subyace detrás de esta diversidad. Decía él que precisamente mucha gente, y algunos gallegos también, muchos gallegos también, anda hablando de un idioma universal, único para toda nuestra especie. Y decía él en nuestra lengua, que después traduciré:
«Mais eu digolles que a variedade de idiomas, co-a súa variedade de culturas, é o siño distintivo da nosa especie, o que nos fai superiores aos animaes. Velahí vai a demostración: Un can de Turquia oubea igoal que un can de Dinamarca; un cabalo das Pampas arxentinas rincha igoal que un cabalo de Bretaña. ¿E sabedes por qué? Porque os probes animaes ainda están no idioma universal...» (Pero yo les digo que la variedad de idiomas, con su variedad de culturas, es el signo distintivo de nuestra especie, lo que nos hace superiores a los animales. He aquí la demostración: un perro de Turquía aúlla igual que un perro de Dinamarca;
un caballo de las Pampas argentinas relincha igual que un caballo de Bretaña. ¿Y sabéis por qué? Porque los pobres animales aún están en el idioma universal...)
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, tenga usted la amabilidad de pasar el texto en lengua gallega para que quede reflejado en el Diario de Sesiones.
A continuación, para la defensa de su proposición no de ley sobre el mismo tema, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Manuel Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: La magnífica y poética intervención del señor Rodríguez va a evitar que mi intervención sea extensa, porque en lo básico coincidimos absolutamente el grupo por el cual él ha intervenido, o al menos los firmantes de la proposición por el Grupo Mixto, y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Creo que esta declaración tiene una importancia muy grande, porque por primera vez se recoge en un texto toda la gama de problemas que ha venido planteando históricamente, dando lugar en ocasiones en este siglo a auténticos dramas, esa rica pluralidad de lenguas. El que esté hecho desde la visión de la tolerancia nos parece algo esencial. En la conferencia, a la que tuve el honor de asistir, se podía comprobar cómo es absolutamente inseparable el asegurar los derechos lingüísticos con reivindicaciones de tipo nacional y, en definitiva, reinvindicaciones de tipo democrático. Bastaba escuchar las intervenciones, por ejemplo, de representantes del pueblo kurdo o del pueblo bereber para entender esta cuestión. Pero es que además los españoles, o al menos parte de los ciudadanos del Estado español que procedemos de algunas comunidades autónomas, también sabemos, también hemos sufrido --nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos-- en nuestras propias carnes lo que supone una discriminación por razones lingüísticas. Y quizá no sea sorprendente el que en los grandes textos internacionales sobre derechos fundamentales prácticamente no haya alusión a los derechos lingüísticos. Seguramente ello se debe a una concepción de la soberanía de los Estados que entiende que los Estados deben ser naciones, y por lo tanto el carácter plurinacional de los Estados se entiende como una anormalidad. Creemos que esa situación ya ha pasado, que felizmente ha pasado, y que haya que avanzar hacia conceptos de integración, de tolerancia, de equidad y de igualdad mayores que también se reflejen en el terreno lingüístico.
Por eso, creemos que el Congreso de los Diputados y esta Comisión deben mostrar una especialísima sensibilidad ante esta declaración. Por varias razones. Primero, porque la Constitución española ha ofrecido y ofrece un marco que supone sin duda un avance muy considerable respecto de textos anteriores para garantizar una pacificación lingüística, aunque quede mucho por hacer. Porque España, en definitiva, es un Estado plurinacional y plurilingüe, y que por lo tanto aquello que ha conseguido en un marco democrático debe tratar solidariamente de defenderlo para otros pueblos.
Y porque el hecho de que esta declaración se haya debatido y aprobado en el territorio del Estado español creemos que también, siquiera sea simbólicamente, obliga a los órganos del Estado español a mostrar una especial sensibilidad.
Como ha dicho el señor Rodríguez, la conferencia aprueba este texto el 6 de junio de este año, con una participación de 309 personas, expertos de carácter jurídico, lingüístico, profesores de enseñanza, etcétera. En este momento, además de las organizaciones que participaron, ya se han adherido 135 organizaciones no gubernamentales de diverso carácter. El reconocimiento de la Unesco parece una garantía importante. Hubo representantes de aproximadamente 70 Estados, además de otras naciones sin Estado, que en definitiva abarcaban los cinco continentes.
El prestigio del Ciemen como organismo de estudio y de impulso de la tolerancia y la pluralidad en materia nacional étnica y lingüística es contrastado; también el apoyo del PEN Club y, como digo, de la Unesco.
Mociones similares a ésta se han presentado en el Parlamento catalán, vasco, gallego y también en el Parlamento Europeo.
El hecho de que aquí aprobáramos hoy esta declaración de apoyo iba a ser especialmente importante para el futuro de la declaración, para conseguir que la declaración no quede en mero papel mojado. Hay que tener en cuenta que el 14 de octubre se reúne el Consejo Ejecutivo de la Unesco y va a debatir sobre la adopción oficial en todos sus términos de esta declaración. Si así lo aprobara, y parece que hay garantías y un principio de acuerdo en que va a ser así, ello significaría que se debatiría en la Asamblea General de la Unesco en otoño de 1997. Y si se aprobara iría a la Asamblea General de la ONU, que inmediatamente después de esa fecha se celebraría. Por lo tanto, si un Estado importante como el español en el marco europeo y en el marco internacional, un Estado plurilingüe y que ha avanzado en la consolidación de derechos lingüísticos, se adhiriera formalmente a través de su Parlamento, y mediante el acuerdo de este Parlamento el Gobierno actuara en consonancia con esta proposición, sería muy importante para garantizar que en el marco de la Unesco, en su Asamblea General, y posteriormente en la ONU, pudiera llegar a buen puerto y pudiera la Humanidad, en definitiva, contar con un texto que amplía sus horizontes de libertad y de igualdad.
La proposición no de ley que nosotros hemos presentado coincide en lo básico con la que presenta el Grupo Mixto, aunque quizá la nuestra sea un poco más extensa. Nosotros creemos que hay un punto primero que es la adhesión del Estado español a la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. La defensa en la ONU, en el Consejo de Europa y también en la Unión Europea de dicha declaración. Un tercer punto que a nosotros nos parece absolutamente evidente, y es que el Gobierno ajuste en todo momento sus actuaciones a lo dispuesto en la declaración. Porque no tendría ningún sentido y sería más bien un ejercicio de hipocresía que el Estado español y el Gobierno en su nombre defendiera en los organismos internacionales el reconocimiento y el cumplimiento de la Declaración de Derechos Lingüísticos y que luego no lo reconociera en el
marco del Estado español. Es cierto que el marco constitucional, posteriormente desarrollado normativamente por los estatutos de autonomía, las leyes de normalización lingüística, etcétera, ofrecen un marco bastante aceptable, ofrecen un marco que en algunos puntos incluso supera lo previsto por esta declaración. Pero nos parece una cuestión de coherencia política el que también esta Comisión mandate al Gobierno a que en todo momento se ajuste a la declaración si ha de defenderla en los foros internacionales.
Finalmente, también incluimos algunos puntos para que el Gobierno apoye de manera material, a través de diversas vías, la difusión de esa declaración. Es tradicional que las declaraciones de derechos humanos, derechos del niño, etcétera, se repartan por colegios, por diversos tipos de entidades; en definitiva, que haya un apoyo a la difusión en el marco del Estado español de esa declaración.
Para favorecer el consenso, porque nos parece también muy importante que esta resolución se apruebe por consenso, no tendríamos ningún problema, y así lo he hablado con el portavoz del Grupo Mixto, en incluir como punto tres de la proposición no de ley --que ahora pasaría a ser no ya de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sino conjunta-- lo que era el punto dos de la proposición no de ley del Grupo Mixto. Es decir, incluir también: comprometerse a apoyar la propuesta de creación del Consejo de la Lengua en el seno de la ONU, etcétera.
Parece ser que se va a presentar alguna otra enmienda que trataría de aligerar el texto que nosotros proponíamos, y estaríamos abiertos a la negociación y a la aceptación de esa enmienda, siempre y cuando --y creemos que esto es importante e insisto en esa reflexión--, junto a la llamada al apoyo en los foros internacionales, conste también el compromiso del Gobierno español en el cumplimiento de todo lo dispuesto por la declaración en el Estado español. Aunque se aligeren y se eliminen algunos de los puntos finales, debe figurar que el Gobierno favorezca su difusión, porque entendemos que lo que es derecho de toda la población en general debe ser conocido por toda la población.
Por lo tanto, es un principio de acuerdo con el Grupo Mixto en esta materia. Estudiaremos la enmienda que otros grupos puedan plantear, insisto, con la firme voluntad de llegar a un consenso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz, pero la Mesa aclara que no hay presentada ninguna enmienda a estos puntos.
La señora GIL I MIRO: Sí, hay una de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón, pero no obraba en poder de la Mesa. Por lo tanto, tiene la palabra doña Carmen Laura Gil i Miró para su defensa.
La señora GIL I MIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo querría abusar de su benevolencia y empezar la defensa de mi enmienda explicando una pequeña historia.
Voy a exponer como un preámbulo la historia de la Torre de Babel, de Nemrod, el primer tirano de la historia de la humanidad. En aquellas épocas de la Edad de Hierro, de la Edad de Oro, Nemrod, que era un caudillo muy importante, quiso parecerse a Dios, quiso llegar a ser Dios.
Y entonces cogió a toda la humanidad y la colocó en una gran torre, en un gran figurat, pretendiendo que éste llegara hasta el cielo para él convertirse en Dios o ser Dios. Dios, Yahvé, castigó esta soberbia. Y entonces hizo que toda aquella humanidad que estaba encerrada en el gran figurat, hoy la Torre de Babel, hablara distintas lenguas. No pudieron entenderse, lucharon por su libertad y salieron de la torre.
Este momento, que en diversas mitologías, en la bramánica, en la griega y en la historia bíblica, se explica con diafanidad, es el momento más importante de la historia de la humanidad; es el momento definitivo en que la humanidad se convierte en libre, asume su libertad. De allí surgen las 72 tribus con sus diversas lenguas. Y gracias a estas tribus, 72, y estas lenguas diversas, hoy nos encontramos con 10.000 lenguas aproximadamente en la Tierra. Diez mil lenguas repartidas entre unos 4.500 millones de habitantes de nuestro planeta.
Por esto, y perdonen esta incursión en la mitología y la historia bíblica, por esto es importante que hoy también por acuerdo y consenso aprobemos la Declaración de los Derechos Lingüísticos de las Minorías.
Porque los Estados tienen lenguas, una lengua propia y oficial, muchas veces por razones pragmáticas; pero los pueblos tienen lenguas por razones vitales. Cada una de las lenguas que existen, casi 10.000, para nosotros absolutamente desconocidas, es la expresión de una realidad y corresponden a una tierra determinada, a un colectivo determinado y también a un tiempo determinado. Yo creo que la Tierra, en cuanto a las lenguas, no es un planeta redondo, sino poliédrico. Y querría que aquí se entendiera que todas estas lenguas que hoy por consenso deberíamos hacer que se protegieran y se estimularan son como los muchos colores que existen. Es poliédrico en este sentido el planeta: tiene muchos colores que se reflejan en las diversas lenguas y en los pueblos que forman la humanidad.
Con la vocación y devoción que el Grup Parlamentari Català pone siempre en la defensa de que el Estado español es un Estado plurilingüe y plurinacional, hoy con la misma vehemencia, aunque no me voy a extender, hemos presentado una enmienda transaccional muy ligera para ver si podemos llegar al consenso. Creemos que los tres puntos de esta enmienda expresan la esencia de aquello que la declaración quiere conseguir.
Mucho les agradecería, no nosotros, sino toda la humanidad en su conjunto si lo supiera, esta pequeña aportación, importante para el Estado español, pero quizá pequeña en relación con todo el Universo o por lo menos para nuestro planeta, en defensa de estas lenguas y estos pueblos.
Y nada más, creo que no es necesario después de las declaraciones que han hecho los demás grupos políticos.
El señor PRESIDENTE: Como es lógico y natural, se hará la votación de estas dos proposiciones, las numeradas
bajo los números 4 y 5, a la una. A la Mesa le cabe la duda de si la petición de la votación a la una hecha por algunos grupos parlamentarios es para facilitar el trabajo o para tomarse vacaciones. Pero, en fin, como se ha aceptado, a la una se producirá la votación.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Beviá.
El señor BEVIA PASTOR: Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Socialista ante las dos proposiciones no de ley, la del Grupo Mixto y la del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.
Yo creo que los que han defendido las dos iniciativas, tanto el señor Rodríguez como el señor Alcaraz, han hablado suficientemente sobre la génesis de esta Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, los trabajos previos a la realización en el mes de junio último en Barcelona de la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos, e incluso han entrado en el detalle del número de participantes, etcétera.
El Grupo Socialista considera que ante una declaración universal, que normalmente lo que plantea son grandes principios referenciales, habría que buscar una propuesta de consenso, una propuesta que no entrara minuciosamente en los detalles y que efectivamente diera respuesta a aquello que se ha producido en nuestro país, en Barcelona, la Conferencia Mundial de Derechos Lingüísticos. Porque yo entiendo que si hay un país y si hay un tiempo en el que se debe manifestar su sensibilidad hacia los problemas de las lenguas que tradicionalmente se consideraban como minoritarias o regionales, si hay un país y si hay un tiempo en el que sea fácil reconocer la necesidad de unos principios y de una normativa que asegure la pervivencia, la promoción, el respeto y la normalización de toda lengua, si, como decía el señor Rodríguez citando a Castelao, hay un país que pueda comprender que Babel --y aludía a ello también la señora Gil--, que la diversidad lingüística y cultural no es un caos que debe ser sustituido por la uniformización, sino una auténtica riqueza sobre la que debe basarse cualquier proyecto de universalismo, ese país es nuestro país y ese tiempo se inició fundamentalmente en España en la década de los sesenta y que maduró con los años iniciales de la Transición.
La Constitución española de 1978 inicia un proceso a través de su artículo 3, un proceso realmente sin culminar todavía porque es un proceso sin duda largo, porque hay inercias, reticencias, prejuicios, ignorancias, desconocimientos mutuos, sin embargo, es un proceso irreversible y que ha supuesto un gran paso adelante. Un proceso que en primer lugar ha roto la contradicción de que siendo España, dentro de los países desarrollados, seguramente el país más multilingüe, sin embargo oficialmente ha tenido la consideración durante siglos de un país férreamente unilingüe. Un proceso, el iniciado con la Constitución, que trata de superar una complejidad real de la situación lingüística de nuestro país: monolingüismo en unos territorios, frente a la presencia de dos lenguas en otros; la no coincidencia en la mayoría de los casos de los límites lingüísticos con los límites administrativos y políticas; áreas con acusada inmigración junto a otras en donde apenas se ha producido este fenómeno. Y en tercer lugar, un proceso que ha tratado de superar la situación de diglosia en que se encontraban las lenguas específicas de uno y otro territorio ante el castellano. Una, el castellano era la lengua de la Administración, de la escuela, de la cultura, de los medios de comunicación, del poder; la lengua, en suma, de prestigio. Y la otra, la lengua doméstica, intramuros, y en cierto modo y en una gran medida del impoder, de la incultura y de la indefensión social. Sin embargo, desde la aprobación de la Constitución, desde la aprobación de los estatutos de autonomía y de su desarrollo, está en marcha un proceso, que evidentemente no está exento de alguna tensión, decidido de normalización de todas las lenguas de España.
¿Cuál es el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos? Yo creo que no hace falta entrar en detalle. El señor Rodríguez especialmente, y también el señor Alcaraz, han hablado ya de ellos. Yo quiero subrayar, a título de muestra, algunos principios que me parecen extraordinariamente rigurosos, que responden a los problemas que plantea la sociolingüística y para los que trata de buscar soluciones. En la parte preliminar plantea la necesidad de que los derechos lingüísticos se vean desde una perspectiva global. Por ejemplo, la expresión de cuáles son las amenazas que de alguna manera acechan a la lengua: la secular tendencia unificadora, el proceso de mundialización de la economía y, en consecuencia, del mercado de la información y la comunicación; el modelo economicista de crecimiento propugnado por los grupos económicos trasnacionales que pretende identificar la desregulación con el progreso, el individualismo competitivo con la libertad; cosas que crean no solamente graves desigualdades económicas, sino también sociales, culturales y lingüísticas. Y así podríamos señalar una serie de artículos en donde se apuntan grandes principios, que yo estoy seguro que todos estaremos de acuerdo con ellos. Pero la Declaración, como es lógico, al plantear grandes puntos referenciales, normalmente produce desajustes.
Puede producir desajustes entre la globalidad del tratamiento de los derechos lingüísticos que reconoce con esa realidad tan diversa, la señora Gil hablaba de aproximadamente diez mil lenguas habladas en este planeta, en una imagen muy afortunada, poliédrico, que no esférico. Es decir, hay algunos desajustes. Yo quisiera plantear alguna matización.
Seguramente es por ese desajuste por lo que diríamos que habría que tener en cuenta a la hora de asumir esa Declaración y el Grupo Socialista la asume plenamente, pero quería precisarlos.
Por ejemplo, en el primer apartado del artículo 1 trata de definir cuál es una comunidad lingüística. Y dice que una comunidad lingüística es toda sociedad que reúna tres características: que esté asentada históricamente en un espacio territorial determinado, aunque después señala algunas excepciones en el apartado 3; que ha desarrollado, lógicamente, una lengua común. Pero pone como una condición para definir una comunidad lingüística, que la sociedad se autoidentifique como pueblo.
El grupo socialista no comparte la identificación como unidad lingüística pueblo. Existen una serie de pueblos que no se identifican como un mismo pueblo y que sin embargo son claramente una comunidad lingüística. En los pueblos latinoamericanos, Argentina, Venezuela, Perú, ninguno de ellos duda que pertenece a la comunidad lingüística española y seguramente no se identifican como que son un único pueblo. Incluso podríamos llegar, pero seguramente esto podría traer más discusión, a la posibilidad de sociedades que sean plurilingües y que se autoidentifiquen como un solo pueblo.
Es decir, un pueblo, yo creo que es una obviedad decirlo y más en este lugar, no queda definido exclusivamente por la lengua, como tampoco queda definido un pueblo por la raza, ni queda definido por la geografía. El elemento, en último término, que vertebra o que define un pueblo es la cultura, donde la lengua juega un papel muy importante, pero que no encierra todo el sentido de la cultura. Y cuando digo cultura digo cultura en el sentido antropológico, como conjunto de valores, de creencias, de ideas, de pautas de comportamiento, de instituciones económicas, sociales, políticas, jurídicas, que configuran --eso sí-- una sociedad. Y esa cultura además no es una cultura estática, sino que es una obra viva, que por una parte tiene una tradición, pero por otra parte aporta elementos de innovación, unas veces innovaciones acumulativas, otras veces innovaciones críticas, y que en último término esa cultura es también una obra colectiva.
Había una segunda matización, seguramente aquí es más fruto de la ambigüedad que de una intención determinada, y es la aplicación o la posible interpretación de que la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos aplica indistintamente los dos modelos que la sociolingüística contempla para la normalización lingüística: el principio de la personalidad y el principio de la territorialidad.
El principio de la personalidad de los derechos lingüísticos garantiza a todo individuo a recibir determinados servicios públicos en su lengua, por ejemplo, la educación, la escuela, sus relaciones con las Administraciones, etcétera, con independencia del lugar en que se halle.
Por ejemplo, Canadá ha estructurado su plurilingüismo desde el principio de la personalidad. En cambio, el principio de la territorialidad reconoce esos derechos, pero los limita a un determinado territorio, que es lo que hace el apartado 2 del artículo 3 de nuestra Constitución, y no como un caso especial o único, sino que el mismo tratamiento existe en Bélgica, y un tratamiento similar existe, por ejemplo, en Suiza. No hay una lectura clara que exprese qué determinados artículos están orientados desde el principio de la personalidad, pero queda una ambigüedad que yo quisiera despejar. Por ejemplo, en el último apartado del artículo 3.2, el derecho a ser atendido en su lengua en los organismos oficiales y en las declaraciones socioeconómicas, ¿dónde?, ¿en cualquier sitio o en su territorio? Es decir, al menos queda la ambigüedad.
El artículo 18.2 dice: Los poderes públicos que tienen en su ámbito de actuación más de una lengua territorialmente histórica, deben publicar todas las leyes y otras disposiciones de carácter general en estas lenguas, con independencia de que sus hablantes entiendan otras lenguas.
Y repito, no es seguro que esté pensando en el principio de la personalidad, pero por lo menos queda la ambigüedad: ¿dónde? En el caso de España, ¿eso dónde sería, en cada comunidad autónoma, por los poderes públicos de cada comunidad autónoma, o en los poderes de la Administración general? Repito que hay esos elementos de ambigüedad.
Y en otros casos está muy claro el principio de la territorialidad. Así, en el artículo 16, cuando habla del derecho a ser atendido en su lengua por los servicios públicos en el territorio de donde es propia la lengua; principio de la territorialidad. Y en el artículo 19, por ejemplo, se dice: Las asambleas de representantes deben adoptar como oficiales la lengua o lenguas históricas habladas en el territorio. Entiendo que los territorios que representan esas asambleas, no los representantes.
Quedan, por lo tanto, una serie de matices, de desajustes, de falta de precisión, que es lógico que se dé en una declaración universal que trata de establecer unos grandes principios referenciales.
Salvadas algunas de estas imprecisiones, la Declaración en lo demás, señor Presidente, es rigurosa, responde a los problemas que tienen planteados las lenguas y apunta soluciones que son soluciones importantes.
El reconocimiento de la Declaración, yo creo que es una obviedad afirmarlo, debe plantearse para nosotros en el marco del artículo 3 de la Constitución, en donde, salvo alguna precisión como las que he indicado, encaja íntegramente. La Declaración es, sin duda, muy importante. Frente a la insensibilidad del pasado sobre estas cuestiones, frente a una errónea concepción de que el progreso pasaba por la sustitución de las lenguas, y frente a las tensiones uniformadoras que apuntan determinados proyectos de futuro, esta Declaración, señorías, entiendo que supone un esfuerzo colosal que debe ser atendido en todos los ámbitos y que el Grupo Socialista, y si puede ser a través de la vía de un consenso, apoyará con su voto.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero expresar en primer lugar el interés que me parece que está teniendo este debate. Todas las intervenciones habidas hasta ahora han sido realmente importantes, bien estructuradas, y yo creo que conducen todas a un mismo objetivo y a un mismo interés. Me gustaría, con carácter previo y de un modo informal, agradecer muy especialmente las dos intervenciones, que realmente han sido un deleite, la que hablaba tanto de Nemrod y Babel como la de Castelao con los animales, que nos hacen sentir a los que sólo somos castellano parlantes que realmente tenemos un grado casi de, no llamemos empobrecimiento, pero, en fin, hay una mayor riqueza en las personas que realmente disfrutan de una lengua propia, que a mí siempre me hace pensar que ojalá un día, no ya mis hijos, pero al menos mis nietos fueran capaces de poder tener dos lenguas, tener una cooficialidad en dos lenguas y este bilingüismo
que realmente es enriquecedor y que a mí me sigue dando realmente envidia.
Este texto y la proposición de ley nos parece que tiene, como se ha dicho en todas las intervenciones hasta ahora, un interés especial en el marco español. Yo creo que el marco español se ha convertido en un marco jurídico de referencia muy importante para todos los países que tienen, tanto minorías, como menos minorías, diversas lenguas. Y no sólo en minorías con menos derechos reconocidos sino incluso en países europeos donde no se ha llegado a un marco como el español, que realmente creo que ha cerrado bien el círculo. Y eso el señor Beviá lo ha explicado con mucha claridad. Pero a mí me parece importante, sin hacer un ejercicio de complacencia, congratularnos de este proceso, un proceso muy bien llevado pero con muchas dificultades. Hemos llegado, en el marco de la Constitución, con la oficialidad del castellano, la remisión de la cooficialidad y de las lenguas propias a los estatutos de autonomía y, en ese mismo artículo 3, a reconocer el patrimonio cultural y enriquecimiento cultural que esto supone; la Constitución ya marca los tres pilares muy bien puestos.
Los estatutos de autonomía, aquellos de las seis comunidades que la reconocen, que establecen su lengua propia y le dan el carácter de cooficial con el castellano, desarrollan esto realmente con perfección, incluso ocupándose de otras manifestaciones lingüísticas que puede haber en su territorio. Pero también otros tres estatutos, y eso me parece importante señalarlo como actitud general, me parece que son los estatutos aragonés, asturiano y andaluz, hacen especial referencia, sin darle carácter de lenguas propias ni cooficialidad, pero también hacen referencia a las manifestaciones lingüísticas que pueden tener, que no tienen la dimensión de las otras seis comunidades, pero que sin embargo, marcan esa vía que la Constitución indica de fomento y apoyo a todas las manifestaciones lingüísticas.
En suma, yo creo que a través de la Constitución, por un lado, a través de los estatutos de autonomía y a través de las leyes de normalización, se han conseguido los tres puntos que nos parecen más importantes: afirmar la identidad, que esto es el carácter propio de la lengua; hacer que sea posible la compensación allí donde las lenguas estaban en una situación de inferioridad (esto se hace por las leyes de normalización) y, por fin, dar un marco legal ajustado que permita la cooficialidad. Y por lo tanto, en el momento que ya tenemos la identidad, la compensación y el marco legal que nos lleva a la cooficialidad, creo que se ha redondeado bastante este círculo.
Si esto es así, cuando estudiábamos en el Grupo Popular nuestra postura, realmente veíamos que el marco de nuestro país es bastante superior en muchos aspectos al de esta Declaración que se nos somete hoy para que instemos al Gobierno a que se adhiera a ella, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Nuestro marco es superior a ella en muchos aspectos. Ello nos hacía pensar si era necesario o no adherirse de esta manera tan importante, quiero decir, que el Parlamento inste al Gobierno a adherirse. Hemos llegado a la conclusión de que evidentemente sí, es decir, esto que se nos somete es muy importante, si no ya para España, que insisto creo que nuestro ordenamiento, y nos hemos leído con mucho detenimiento el texto de la Declaración, es muy superior, a pesar de que en todo queden lagunas. Nos parece que a pesar de que la Declaración es, como ha dicho el señor Beviá muy bien, a veces un poco contradictoria --la personalidad y la territorialidad, lo ha explicado muy bien, pueden presentar problemas-- y nosotros también pensamos que a veces es demasiado enfática en sus términos. Ello es frecuente en este tipo de textos. Pero cuando habla de la presencia en los medios de comunicación, o cuando habla de los derechos que tienen en todos los ámbitos socioeconómicos, o incluso cuando reclama el poder sancionador de los estatutos de una manera también un poco enfática, esos términos enfáticos, aparte de los que bien ha expresado el señor Beviá, contradictorios a veces por los principios de personalidad y territorialidad, nos hacían pensar si era conveniente una abstención. Lo hemos estudiado bien y creemos absolutamente que no.
Es decir, España, como he dicho al principio, se ha convertido en un punto de referencia muy importante para muchas comunidades, para muchas personas. A nosotros, aquí hago otro inciso y vuelvo a lo anterior, nos gusta más reconocer los derechos de las personas que los derechos de las comunidades lingüísticas, pero, en fin, entendemos también que este texto está hecho para ser aceptado universalmente y a lo mejor nuestro criterio no obtendría la aprobación de la mayoría.
Entonces, ¿por qué nos parece importante aceptar que el Parlamento inste al Gobierno en estos términos? Porque realmente hemos vivido en carne propia lo que significa el enriquecimiento que suponen todas estas lenguas. Es decir, no sólo creemos que todas las personas --en nuestro caso, insisto, preferimos hablar de personas que de comunidades lingüísticas-- tienen el derecho a algo que es tan sustancial en su identidad como la práctica en libertad plena y con todos los derechos reconocidos de su propia lengua, sino que creemos que aunque sólo fuera como patrimonio cultural sería indispensable movilizar todos los recursos posibles en defensa de este patrimonio.
Es decir, si esta Declaración prosperara, como se ha dicho bien aquí, después de un proceso tan largo es el primer texto serio que se va a someter, es muy lógico que la Unesco lo admita. A partir de ahí, yo creo que se ha dado un paso muy importante, que, insisto, si no es necesario en España, sí es necesario para infinidad de personas, infinidad de minorías lingüísticas, que no sólo ven su identidad no reconocida, no ya en el terreno de hecho y de derecho, ni siquiera de reconocimiento del principio como más elemental, sino por tratarse de un patrimonio cultural que desaparecería.
Yo creo que podemos ser poco apocalípticos diciendo que desaparecería este patrimonio de las diez mil lenguas que ha señalado la portavoz de Convergència, pero creo que no es así. Igual que se han acelerado otros procesos de destrucción (como se ha dicho y como el propio texto dice: la globalización de la economía, la universalización de los medios de comunicación y las grandes corrientes migratorias) o se hace un esfuerzo de modo urgente, o el riesgo de perder este patrimonio, insisto, además de violentar los derechos de tantos individuos, puede ser urgente.
Me gustaría decirles a los dos proponentes del Grupo Mixto y de Izquierda Unida, que parece que se muestran dispuestos a aceptar la enmienda del Grupo Catalán en los tres puntos que está redactada, que nos gustaría que se mantuviera la redacción en estos tres puntos. Yo creo que podríamos extenderla hasta el infinito, que podríamos entrar en términos administrativos; que podríamos decir, como bien ha dicho el representante de Izquierda Unida, que esto es poco comprometido para el Gobierno. Pero es que entramos en dos ámbitos distintos, y creo que encontraríamos un consenso real si la limitamos a estos tres puntos. A nosotros quizá nos iba a resultar más difícil ampliarla en un ámbito que ya supone unas implicaciones administrativas de toda índole, que realmente tampoco es el objetivo de las dos proposiciones no de ley que se nos han sometido a consideración. El objetivo del texto tampoco lo es, y para nosotros esto quedaría muy bien en los tres puntos que el grupo enmendante propone.
Como es lógico, se unirán al resto de puntos pendientes de votación para la una estas proposiciones. Y en su caso, en ese momento, igual con la anterior, se dará lectura a los correspondientes textos de consenso y se pronunciará cada grupo acerca de la retirada de las suyas, y lo que manifiesten sobre las alternativas que se ofrezcan.
--SOBRE EL TRASLADO TEMPORAL DE LA DAMA DE ELCHE PARA SU EXPOSICION DURANTE EL AÑO 1997 EN EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE (ALICANTE), DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000026.)
--SOBRE PROMOCION DE UNA EMISION FILATELICA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DEL HALLAZGO DE LA DAMA DE ELCHE (ALICANTE), EN EL AÑO 1997, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNICA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000033.)
El señor PRESIDENTE: Entramos ahora por lo tanto en la consideración de la proposición no de ley sobre el traslado temporal de la Dama de Elche para su exposición durante el año 1997, que el propio grupo proponente ha querido, en su tratamiento, que vaya ligada a la proposición número 14, sobre una emisión filatélica conmemorativa del centenario. No creo que haya inconveniente. (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.) Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Para decir que cuando llegue nuestro turno, intervendrá la señora Serraller para defender el posible traslado de la Dama de Elche, y la señora Díez de la Lastra para el tema filatélico.
El señor PRESIDENTE: Pues si no se nos olvida lo tendremos en cuenta.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, después del ámbito tan ecuménico con el que discutíamos en el punto anterior, ahora parece que volvemos a un tema de interés local. No es seguramente casualidad, y yo me felicito por ello, la abundancia de Diputados alicantinos que hoy nos hemos dado cita aquí. Sin embargo, cuando nos estamos refiriendo a pedir que algo que está en su sitio se traslade, si se me permite la licencia, a su lugar de nacimiento, no estamos abordando un tema de dimensión estrictamente local, sino que me parece que también nos mantenemos en el ámbito de la universalidad de la cultura. Creo que el gran debate cultural en el momento actual va a ser, y cada vez más, cómo ligar aquello que es identificador de comunidades. La cultura, convendrán conmigo, es esencialmente un hecho social y por lo tanto comunitario. La cultura es el componente de identificación que contribuye a la felicidad de las personas o que contribuye a la mejor formación de las personas.
Toda auténtica cultura debe tener esta identificación local con aquellas dimensiones mundiales o universalistas. La Dama de Elche sin ninguna duda resume de manera magistral estos dos elementos de identificación local, de identificación comunitaria y de calidad o de significado auténticamente universal.
En 1997 se cumple el primer centenario del hallazgo de la Dama de Elche o, si se me permite, aunque este nombre esté reconocido y sea más habitual, y en la vitrina del museo en que está depositada así lo ponga, preferiría hablar de la Dama de Elx, la denominación en la lengua propia de los valencianos, lengua que, por cierto, hablaba todo el pueblo ilicitano en el momento en que fue descubierta. Procesos lingüísticos posteriores han provocado una cierta situación lingüística, pero Elx afortunadamente sigue siendo una ciudad esencialmente catalano-parlante.
Decía que en 1997 se cumple el centenario del hallazgo de la Dama, y además en ese año van a culminar una serie de eventos culturales conmemorativos del bimilenario de la ciudad de Elx. Por lo tanto, parece una fecha extraordinariamente indicada para que nos acordemos del máximo emblema de la ciudad ilicitana, como puede ser su Dama.
Como es sabido, la Dama de Elx es pieza de arte ibérico de indudable valor histórico, arqueológico y artístico, pero también, como es sabido o debería ser sabido, para los ilicitanos, y me atrevería a decir que para todo el pueblo valenciano, es algo más, es una seña de identidad básica.
En ocasiones nos sentimos conmovidos cuando otros pueblos que han sufrido un expolio de sus bienes históricos o artísticos los reivindican. Yo no quiero utilizar tintes dramáticos para hablar de expolio de algo que es encontrado en un lugar y que luego acaba reposando en otro. No quiero hablar, porque seguramente habría que hacer muchas matizaciones. Pero sí que conviene recordar que desde su descubrimiento en muy pocos momentos la Dama de Elx ha estado en su ciudad. Ha viajado, ha estado en París, ha estado en Madrid, sólo ocasionalmente ha visitado su ciudad hace ya bastantes años. Hoy, como ustedes saben, es pieza central del Museo Arqueológico Nacional.
Nuestro grupo, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y a instancias de Esquerra Unida del Pais Valencià, una de sus federaciones, entiende que es un acto de justicia y de difusión del patrimonio cultural el que la Dama viaje a su tierra con motivo de las celebraciones a las que aludía. Estas celebraciones se podrán hacer, hay programadas exposiciones y hay programados otro tipo de actos, pero sin ninguna duda no serán iguales, no pueden tener la misma repercusión, ni por lo tanto pueden servir al fin cultural a que están encaminadas, sin la presencia de la Dama de Elx en su ciudad.
A veces no basta con el recuerdo para fomentar la memoria. A veces el sano juicio de la memoria requiere la presencia, digamos, viva, aunque sea una paradoja en esta ocasión cuando hablamos de una piedra. La memoria a veces es piedra, por eso más persistente. Y en este caso el que la Dama esté en Elx para su conmemoración es algo absolutamente esencial para revitalizar la identidad de un pueblo, para favorecer la cultura en Elche y en el país valenciano.
La reivindicación de que la Dama de Elx viaje a Elx es antigua y difícilmente se alcanzan a entender los motivos que hasta ahora han dificultado el que se llegue a algún acuerdo, a un consenso que permita en condiciones aceptables para todos su traslado temporal. Los acuerdos deben pasar lógicamente por el Ministerio de Cultura, asesorado por los órganos museográficos oportunos, y el Ayuntamiento de Elx, con independencia de la colaboración que pudieran prestar otras entidades, como la Generalitat valenciana. Recuerdo también de paso que hay numerosas resoluciones pidiendo esto en las Cortes valencianas y en el propio Ayuntamiento de Elx, que normalmente han sido aprobadas por unanimidad.
La proposición que se formula tiene los siguientes principios: La cesión es temporal, y eso queda claro. No entramos al detalle de cuánto tiempo ha de durar la cesión, porque eso es algo, como digo, que tendrán que acordar los órganos técnicos competentes para adecuarlo a las exposiciones u otros actos culturales que se vayan a celebrar, pero en el marco del año 1997. Segundo. Las condiciones concretas de traslado deberán pactarse entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura, y en todo caso, y yo creo que aquí el consenso sí que es absoluto, deben siempre asegurarse condiciones óptimas de seguridad y conservación, tanto en su traslado como en su exposición. Pero también se puede decir aquí que el Ayuntament de Elx dispone de instalaciones museísticas adecuadas que garantizan la perfecta exposición de la obra.
Quizás pudieran ser, como digo, la seguridad en el traslado y la exposición las cuestiones más sensibles. Sin embargo, hay que recordar que estamos en una época en que afortunadamente prolifera el préstamo de obras, que permite también una cierta internacionalización de la cultura en este sentido, y que incluso el Museo Arqueológico Nacional ha prestado obras ibéricas para otras exposiciones. Por lo tanto, difícilmente se podría encontrar una justificación de carácter técnico a que, dando los pasos que fueran necesarios y con la colaboración del Ayuntamiento ilicitano, no se pueda en este caso también proceder al traslado. Por todo ello, esta Comisión debería hoy aprobar esta moción, facilitar el reencuentro de un pueblo con su cultura y con su historia.
He de indicar que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular, en la que el texto sería brevemente modificado, ya que quedaría de la siguiente forma: Facilitar la cesión temporal de la Dama de Elx --o de Elche--, previo informe de la Junta Superior de Museos, al Ayuntamiento de Elche para su exposición durante el periodo de 1997 y con plenas garantías para su traslado y exposición. Me parece que es un añadido técnico lo del informe de la Junta Superior de Museos, que en nuestra propuesta iba implícito, pero no nos parece mal que así conste. Y por lo tanto la aceptaríamos gustosos, agradeciendo además el interés que ha demostrado el Grupo Popular por la cuestión, como --estoy seguro-- el resto de grupos.
Unida a esta cuestión, y de forma ya absolutamente breve, porque la argumentación general ya ha sido hecha, también se ha presentado una proposición no de ley para que con motivo de este centenario del descubrimiento, al que he estado haciendo ya extensamente alusión, el Congreso inste al Gobierno para que se edite una emisión filatélica conmemorativa del centenario del descubrimiento.
Entendemos que ello daría una dimensión más general a un hecho, que si hasta ahora ha estado resaltando esa faceta de identidad local o comunitaria ilicitano-valenciana, en esta ocasión también hay que reconocer que la Dama de Elche es uno de los símbolos culturales de todo el pueblo español, de la diversidad del pueblo español. En ese sentido, algo que casi por definición circula continuamente y que da realce en una tradición cultural española bastante rica al respecto, parecería oportuno que se hiciera una emisión filatélica.
En este punto hay una enmienda técnica, que yo creo que es interesante, y es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a dirigirse --decía mi proposición-- al organismo autónomo de Correos. Se me indica, y acepto con gusto la matización, que es a la Comisión de programación de emisiones de sellos y demás signos de franqueo, que es un título que por sí solo daría lugar a un debate. Pero con mucho gusto aceptaríamos también esta enmienda, integrándola en nuestra proposición. Y en definitiva esperamos que tanto en el traslado como en la emisión filatélica podamos contar con el voto de sus señorías.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular a través de la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en relación a la proposición no de ley presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre el traslado temporal de la Dama de Elche para su exposición durante un período del año 1997 en dicha localidad ilicitana.
Quiero, sin embargo, comenzar con una consideración previa, y es nuestra extrañeza, dicho en términos respetuosos, ante esta iniciativa, y no realmente por su contenido, que vamos a tratar seguidamente, que nos parece totalmente
positivo, sino porque algo que habitualmente se sustancia mediante un trámite administrativo, y que como tal está regulado en el Real Decreto 620 del año 1987 y desarrollado en el Reglamento de Museos, se haya convertido en debate de objeto político.
Nuestro grupo entiende que entre las funciones competenciales no figura en modo alguno suplantar las funciones de la Administración. No sólo porque sean dos funciones distintas, sino también por cuestiones de operatividad. De seguir con este tipo de iniciativas, esta Comisión habría de invertir casi la totalidad de su tiempo en resolverlas, actuación que con total seguridad iría en detrimento de su propia función. Y para ratificar lo que digo, baste hacer referencia a alguno de los 153 expedientes sobre, en este caso, exposiciones temporales en España y en el extranjero. Como entiendo que la enumeración de todos ellos llevaría mucho tiempo, sólo voy a citar algunas, a fin de no agotar el tiempo concedido. Me refiero, por ejemplo, a «Carlos Deades y la pintura de paisaje», organizada por la Caja de Ahorros de Zaragoza, fondos del Museo de Zaragoza del Prado; me refiero igualmente a «Goya y la Real Fábrica de Tapices», organizada por Patrimonio Nacional, Fondos del Museo del Prado; «Velázquez en Sevilla»; «Los Murillos de El Prado»; «Goya grabador», y un extenso etcétera que haría larga esta intervención.
Sin embargo, entrando ya en el contenido de la propia proposición no de ley, he de afirmar con rotundidad que la voluntad de mi grupo está, y por supuesto la mía como ilicitana, en apoyar la conmemoración del bimilenario, facilitando la cesión temporal de la Dama de Elche para la exposición en esta ciudad, a cuyo efecto ya se constituyó en dicha localidad una comisión local unánime al respecto. Porque es sin duda una gran satisfacción para nuestro pueblo que la Dama venga a Elche, máxime cuando ésta es una pieza arqueológica emblemática para nuestra ciudad, a la par que es también patrimonio cultural de la humanidad. Por lo tanto, la voluntad política de mi grupo es sin duda afirmativa. Sin embargo, pienso que no haría buen uso de mi calidad de parlamentario si no confesara que se me antoja un ligero reparo, que no es más que prudencia, y que en mi opinión puede quedar solventado. Y asimismo se ha expresado el compañero parlamentario. Y es que, pese a la vinculación de la Dama de Elche con esta ciudad, no es menos cierto que también es patrimonio de la humanidad, por lo que garantizar su traslado y conservación temporal es tan importante como su exposición en mi ciudad. De ahí que el Grupo Popular haya presentado una enmienda que, lejos de obstruir esta iniciativa, sólo pretende que, compartiendo su espíritu, se refuercen las garantías, porque cualquier ilicitano que se precie, o al menos cualquier ilicitano que se precie de serlo, jamás expondría su Dama a un deterioro, por pequeño que éste fuera. Como jamás, por ejemplo, expondríamos a la más mínima adversidad a nuestro querido Misteri de Elx.
En conclusión, el texto de nuestra enmienda, conocido por SS. SS., únicamente pretende garantizar su conservación en un medio ambiental óptimo para su envergadura, o acorde a la envergadura arqueológica que supone la Dama de Elche. Nuestro deseo, y con ello ya termino, es que la Dama de Elche vaya a Elche temporalmente, quedando a la espera del correspondiente informe de la Junta Superior de Museos, pidiendo, por tanto, el voto favorable a la enmienda presentada por mi grupo, que ha sido efectivamente transaccionada, como bien se ha expresado anteriormente, algo que agradezco.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Díez de la Lastra.
La señora DIEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Muchas gracias, señor Presidente.
Verdaderamente es una satisfacción el ver que se ha constituido hoy y en esta ocasión un nuevo grupo, el grupo alicantino, que sin diferencias, sin diferenciar su ideología política, está dispuesto a apoyar algo tan importante para Alicante, especialmente Elche, y yo creo que, como se ha dicho antes, para todos los grupos de la Cámara, de los que esperamos su voto afirmativo.
El Grupo Popular está de acuerdo en que la Dama de Elche es un hito de la historia española y que su especial relevancia, no podemos olvidar que es la más importante muestra del arte ibérico, debe dar lugar a una actuación del tipo de la propuesta por Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya. Evidentemente, dicha actuación debería tener lugar en fecha señalada, que en este caso tendría que ser en agosto, primer centenario de su descubrimiento.
La enmienda que ha presentado el Grupo Popular y que ha sido aceptada por el grupo proponente se debe precisamente al órgano al que ha de dirigirse el Congreso de los Diputados. Las emisiones de sellos y demás signos de franqueo se hallan regulados por la Orden de 11 de septiembre de 1981, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 17 de septiembre de ese mismo año, la cual atribuye la capacidad decisoria a los Ministerios de Hacienda y de Transportes, Turismo y Comunicaciones, competencias hoy atribuidas a los Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento, correspondiendo la función de selección, programación y propuestas a la denominada Comisión de programación de emisiones de sellos y demás signos de franqueo, creada mediante Real Decreto 741/81, del 10 de abril; estableciendo la orden ministerial antes citada la composición y funcionamiento de esta Comisión y fijando en su artículo número 2 el calendario de su funcionamiento anual, que en resumen es el siguiente: Primero, se reunirá una vez al trimestre, y en la reunión del primer trimestre se formulará la propuesta de emisiones del año siguiente y sus fechas de emisión. Dicha propuesta se elevará a los ministros competentes, que deberán publicar su decisión respecto al programa definitivo antes del 30 de junio. En el segundo trimestre se seleccionará por esta Comisión, de entre los modelos presentados, tres de cada sello, por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, los que deberán ser emitidos en el primer semestre del año siguiente. En la reunión del tercer trimestre se procederá de igual forma respecto a las emisiones correspondientes al segundo semestre. En la del cuarto trimestre, la reunión se dedicará especialmente a la revisión de planes y proyectos y a marcar la política filatélica del año siguiente.
A la vista de lo anterior, es evidente que la propuesta presentada por Esquerra Unida el 27 de junio de 1996 parece quedar fuera de las posibilidades permitidas por esta orden ministerial.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular, por las razones expuestas al principio de esta intervención, considera que dicha actuación debe de llevarse a efecto en el segundo semestre de 1997. Y nos podemos acoger precisamente a una excepcionalidad que está en el artículo 2 de la orden ministerial antes citada, en el que dice que, salvo que medien circunstancias excepcionales, dicho programa, que se publicó el 30 de junio, no sufrirá posteriores alteraciones. Creemos que hay excepcionalidad por el acontecimiento de la fecha del centenario, y sobre todo no se puede escapar a SS. SS. que, con un cambio de legislatura, esa excepcionalidad puede tener cabida en esta petición que hace Izquierda Unida.
Gustosamente vamos a apoyar esta proposición no de ley y contamos con el voto también de los grupos parlamentarios que no son alicantinos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez de la Lastra.
Para fijación de posiciones con respecto tanto a la proposición no de ley como a las enmiendas, tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑAL: Voy a intervenir brevemente para expresar la opinión de nuestro grupo, el Grup Parlamentari Català, sobre lo que nos parece un justo anhelo de la población de Elche, que quiere celebrar el bimilenario de su ciudad exponiendo la escultura descubierta precisamente ahora hará cien años. El hecho de que este deseo venga avalado por un acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura de las Corts valencianas, del 21 de noviembre de 1995, nos ratifica aún más a su favor.
Por otro lado, nos parece acertada la enmienda propuesta por el Grupo Popular de que dicho traslado sea efectuado previo informe favorable de la Junta Superior de Museos y en plenas garantías para su traslado y exposición. Dado que, tratándose de una pieza arqueológica única y debido a sus especiales características, no nos parecería oportuno hacerlo sin dicho informe previo.
Igualmente, nos adherimos a la proposición no de ley sobre la emisión filatélica conmemorativa del centenario, así como a la enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular que pretende que sea la Comisión de Programación de emisiones de sellos y demás signos de franqueo la que apruebe la emisión, puesto que así lo ha regulado la ley.
En definitiva, nuestro grupo se congratula de que se haya llegado a un consenso y votará a favor, como los demás grupos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña María Luisa Bartolomé tiene la palabra.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición en relación con las dos proposiciones que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en base a dos puntos esenciales. En primer lugar, porque esta petición parte, efectivamente, de un acuerdo tomado en Pleno por el Ayuntamiento de Elx, a petición del Grupo municipal socialista, y que se transformaría en una proposición no de ley presentada también por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas. En segundo lugar, porque consideramos muy importante la presencia del busto de la Dama y su asistencia como observadora de toda una serie de actividades que se van a desarrollar en esta localidad, en nuestro pueblo, en Elx, con motivo de la conmemoración del bimilenario de la ciudad de Elche: seminarios, exposiciones, publicaciones, etcétera.
La Dama es un punto de referencia de la identidad del poble de Elx y también del resto de la Comunidad Valenciana. Este es el símbolo más utilizado a la hora de representar al pueblo. Por todos los rincones de la ciudad hay reproducciones de la Dama, y esto pone de manifiesto la gran importancia que le damos el pueblo ilicitano a esta joya escultórica, y después de los distintos avatares que han hecho que sufriera un verdadero recorrido por distintos museos, deseamos que permanezca, siquiera temporalmente, en su ciudad de origen, en el lugar que le corresponde.
Son ya dos las generaciones de ilicitanos que no han tenido la ocasión de ver la Dama, y consideramos que éste sería el mejor momento para propiciar su presencia y dar la posibilidad de que miles de ilicitanos e ilicitanas, y valencianos en general, puedan disfrutarla y hacerla más suya si cabe.
Aparte del gran interés arqueológico que supone el haber descubierto este busto, es además un tema sentimental, es el sentimiento de que algo, que al igual que el Misteri ha hecho posible que Elx se convierta en una ciudad conocida en todo el mundo, está lejos y con difícil acceso para el disfrute de todos los ilicitanos e ilicitanas. Además, consideramos que así como la ciudad de Elx prestará importantes piezas arqueológicas para la macroexposición que sobre arte ibérico está organizando el Ministerio de Cultura con otros organismos nacionales e internacionales, para itinerarlas en Berlín, París o Barcelona, también la ciudad de Elx necesita para la celebración de su bimilenario, así como su centenario, la significativa presencia de la Dama. Sería una manera de corresponder a la generosidad del pueblo de Elche por la divulgación de la cultura. Por lo tanto, consideramos que es una petición que recoge y refuerza las peticiones efectuadas por los ilicitanos a través de las iniciativas al principio mencionadas.
En relación a la proposición no de ley para promover una emisión filatélica conmemorativa del centenario del hallazgo de la Dama de Elche, consideramos que todo aquello que se sume a esta conmemoración es positivo. Han sido acuñadas monedas conmemorativas del bimilenario en oro, plata y bronce. También se ha presentado hace varios años en el Ayuntamiento de Elche por primera vez una moneda de la Dama de la colección conmemorativa «Arte y Naturaleza» de la Casa Nacional de la Moneda.
Por lo tanto, una emisión filatélica reforzará y potenciará aún más la divulgación y el reconocimiento de esta joya escultórica indisolublemente vinculada a los orígenes de Elche y de nuestra Comunidad valenciana.
En consecuencia, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, votará favorablemente estas dos proposiciones de ley, así como las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario del Partido Popular.
--RELATIVA A LA TRANSFERENCIA INMEDIATA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION FISICA (INEF) DE MADRID AL AMBITO DE LA ADMINISTRACION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000059.)
El señor PRESIDENTE: Queda una proposición no de ley relativa al Instituto Nacional de Educación Física (INEF), del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña. Tiene la palabra la señora Sabanes.
La señora SABANES NADAL: Señorías, dado que en el mes de junio de 1996 se aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid presentada por Izquierda Unida de similares características, comprobado además por nuestro grupo parlamentario que esta vez existe voluntad de cumplimiento, impulsado desde el ámbito de la Comunidad de Madrid a través de la creación y funcionamiento de una Comisión Mixta de Transferencias Administración central del Estado y comunidad autónoma, nos parece oportuno en este momento retirar esta proposición, respetando así las actuaciones ya iniciadas en el ámbito de la comunidad, sin perjuicio, en el caso de que la Comisión creada no pudiera cumplir sus objetivos en el plazo prudencialmente fijado, de que volvamos a presentar de nuevo la proposición.
El señor PRESIDENTE: Ha sido solicitada la suspensión o el aplazamiento del resto de proposiciones que figuran en el orden del día para tratar hoy o, en su caso, para tratar el día 25, por sus respectivos grupos proponentes o por algún grupo que tenía interés en intervenir y no parece ser que hoy fuera el día más adecuado. Yo estoy absolutamente convencido que estamos todos de acuerdo en dejarlo todo para el día 25. Lo que no vamos a dejar para el día 25 es la votación de lo que hemos debatido, que se verificará sin término alguno de gracia o cortesía a la una en punto.
En consecuencia, nos volveremos a constituir a la una menos diez.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones que tenemos pendientes. Ha llegado a la Mesa una proposición no de ley de carácter transaccional, que está apoyada por el Grupo Parlamentario Socialista, según creo entender, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Se va a dar lectura de la misma. Lo digo porque son los que han tenido proposiciones y enmiendas. Si algún otro grupo, también el Grupo Popular, la va a asumir, no pasaría nada en absoluto. Se va a dar lectura de la misma. Es con respecto a los cuatro primeros puntos del orden del día.
El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.Crear en el plazo máximo de seis meses, con participación efectiva de las comunidades autónomas concernidas y mediante la correspondiente norma del Estado, el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón previsto en los Estatutos de autonomía de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
2.En dicho patronato las comunidades autónomas tendrán la representación prevista en sus respectivos estatutos.
3.El patronato establecerá los criterios que permitan distinguir formalmente los fondos documentales depositados en este Archivo y que sean ajenos a la antigua Corona de Aragón, cuya titularidad se traspasará a la Generalitat de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición transaccional se basa fundamentalmente en las enmiendas al Grupo Parlamentario Socialista, por lo cual empiezo por él, pidiéndole que se manifieste.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: El Grupo Popular también se adhiere como grupo proponente de esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: Bueno, vamos a dar la palabra primero al Grupo Parlamentario Socialista, don Bernardo Bayona, para que se manifieste. A continuación van a tener todos los grupos parlamentarios ocasión de pronunciarse sobre ella, manifestando si retiran sus proposiciones o las mantienen. Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BAYONA AZNAR: El Grupo Socialista en la intervención ya ha dicho que estaba dispuesto a retirarlo en aras de un texto que manteniendo esos cuatro criterios que mantenemos pudiera servir para el consenso. Esos criterios, reitero, son el interés supracomunitario, la unidad y el mantenimiento de la sede, modelo de gestión, según los estatutos, por la vía del patronato, y que los criterios para la distinción formal de los fondos que puedan ser transferidos en su caso los establezca el patronato.
Creo que sobre esa base el texto que se acaba de leer respeta los cuatro criterios políticos definidos en mi intervención. Y por tanto sólo me queda agradecer el esfuerzo que han hecho todos los demás grupos y especialmente Convergència i Unió, que con sus enmiendas ha hecho posible que llegáramos a resolver este problema.
El señor PRESIDENTE: Convergència i Unió, la proposición transaccional difiere de las suyas. ¿Quiere manifestarse?
La señora GIL I MIRO: Nosotros aceptamos plenamente lo que ha dicho ahora el Partido Socialista y agradecemos a todos los grupos políticos su esfuerzo para el consenso.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, ¿quiere manifestarse?
El señor ALCARAZ RAMOS: Igualmente sólo para decir que retiramos nuestra propuesta y nos felicitamos por el consenso obtenido.
El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Mixto, el señor Chiquillo que tiene una proposición, ¿quiere manifestarse?
El señor CHIQUILLO BARBER: Visto que la intención de consenso la hemos llevado a la práctica con esta enmienda de Unión Valenciana a título personal y del Grupo Mixto colectivamente, queremos también ser partícipes de esa enmienda, por lo que retiro la proposición no de ley presentada en su momento. Me congratulo de la buena intención que ha presidido el inicio de esta reunión, asumiendo que la propuesta de Unión Valenciana se debatiera, pues se cierra este tema con el consenso y la buena voluntad de todos.
El señor PRESIDENTE: Doña Pilar Rahola, ¿quiere manifestarse?
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Sencillamente decir que el consenso conseguido hoy desbloquea el tema e inicia el proceso para su solución.
En consecuencia nos felicitamos y retiramos nuestra proposición.
El señor PRESIDENTE: No habiendo sido grupo enmendante ni proponente, pero habiendo admitido el ser cofirmante de la proposición, ¿el Grupo Popular quiere hacer alguna manifestación, quiere añadir algo?
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: En el mismo sentido que los demás grupos: congratularnos de que una cuestión que es de máxima importancia se haya echado para adelante con consenso de todos.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que tienen derecho a votar los miembros de la Comisión y aquellos otros Diputados que sustituyan a alguno de éstos y que haya quedado constancia previamente en la Mesa de la sustitución. Con esta garantía, procedemos a la votación.
Votamos la enmienda transaccional suscrita por cuatro grupos parlamentarios.
A continuación vamos a proceder a las votaciones referentes a los puntos 4 y 5 sobre la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. También obra en poder de la Mesa una propuesta transaccional. Se va a dar lectura a la enmienda transaccional que se propone, y creo que se propone fundamentalmente sobre la base de la enmienda de Convergència y Unió a las anteriores proposiciones.
1.Adherirse a la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.
2.Apoyar en la Asamblea de las Naciones Unidas, Unión Europea y en el Consejo de Europa, el pleno reconocimiento de la Declaración.
3.Proponer a la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación del Consejo de las Lenguas en los términos que establece la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.
4.Colaborar en la difusión del texto de la Declaración.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, a quien tenía las enmiendas con otro texto hay que preguntarle si las mantiene o retira. Señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Por supuesto que las retiramos.
El señor PRESIDENTE: Los señores que tenían las correspondientes proposiciones deben manifestar lógicamente si las mantienen o las retiran. ¿Señor de Izquierda Unida, mantiene su proposición o la retira?
El señor ALCARAZ RAMOS: La retiramos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo tenía alguna proposición que retirar o mantener? Señora Rahola, tiene la palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: El grupo Mixto también la retira en aras del consenso.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, vamos a proceder a la votación con arreglo al tenor literal --del que se ha dado lectura-- de esa enmienda, previa retirada de todos los demás textos que están sometidos a discusión.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada.
Vamos a dar lugar ahora a las votaciones sobre la proposición no de ley del traslado temporal de la Dama de Elche a Elche para su exposición durante el año 1997. Separamos a efectos de votación, porque hay dos enmiendas, lo que se refiere al traslado del busto de la Dama de Elche y lo que se refiere a la emisión filatélica.
Con relación al traslado de la Dama de Elche se ha presentado por parte del grupo proponente de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, para buscar una aproximación con el resto de los grupos, la enmienda transaccional a la que a continuación se va a dar lectura.
El señor LETRADO: Facilitar la cesión temporal de la Dama de Elche, previo informe de la Junta Superior de Museos, al Ayuntamiento de Elche para su exposición durante un período de 1997, y con plenas garantías para su traslado y exposición.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular, que era el que mantenía una enmienda, con respecto al traslado material, puede manifestarse acerca de si da su conformidad.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Estamos de acuerdo con este texto.
El señor PRESIDENTE: Y también el grupo de Elche, lógicamente.
(Asentimiento.) Muy bien, muchísimas gracias.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ¿retira la suya?
El señor ALCARAZ RAMOS: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Pues entonces damos lugar a su votación.
A continuación tenemos la proposición no de ley sobre la promoción de una emisión filatélica conmemorativa del centenario del hallazgo de la Dama de Elche, sobre la que pende tanto la proposición como una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ RAMOS: Para decir simplemente que aceptaríamos la enmienda propuesta por el Grupo Popular. Por lo tanto, pido que se vote con la enmienda o enmienda de sustitución; es lo mismo, es un simple matiz técnico.
El señor PRESIDENTE: Si quiere usted lo hacemos más reglamentariamente retirando la proposición y aceptando la enmienda.
El señor ALCARAZ RAMOS: Perfectamente.
El señor PRESIDENTE: ¿Estamos de acuerdo todos? Pues entonces procedemos a su votación. Vamos a leer, a recordar, lo que votamos y aprobamos. Esta es la enmienda:
El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Comisión de programación de emisiones de sellos y demás signos de franqueo apruebe una emisión filatélica conmemorativa del centenario del hallazgo de la Dama de Elche (Alicante) en el año 1997.
El señor PRESIDENTE: ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento.) Procedemos a su votación.
El señor PRESIDENTE: Queda también aprobado por unanimidad.
Con ello culminamos el trabajo que habíamos previsto para el día de hoy.
El resto de temas, a excepción lógicamente de la que ha quedado retirada por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pasará a constituir el orden del día del próximo día 25. Si durante ese tiempo tuviera entrada alguna proposición no de ley o algún tema susceptible de tratamiento, se volvería a recabar de todas sus señorías la autorización para la alteración del orden del día. En todo caso, también se recuerda que el próximo día 25, al acabar la sesión, se reunirá la Mesa y Junta de Portavoces a efectos de preparar otra sesión de esta Comisión dedicada exclusivamente a control en materia de comparecencias.
Yo no sé qué decirles a ustedes, si la concordia de hoy debe servir de precedente o no debe servir de precedente. Yo creo que debe servir de precedente, pero con un justo límite. (Risas.) Muchas gracias.
Eran la una y diez minutos de la tarde.
NOTA.--El presente «Diario de Sesiones» de la Comisión de Educación y Cultura del miércoles, 18 de septiembre de 1996, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los «Diarios de Sesiones» ya elaborados.

References: resolución 
 artículo 7
 real decreto 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 27
 resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2