Source: https://gradoceroprensa.wordpress.com/2017/04/08/la-implantacion-de-los-juicios-orales-civiles-en-mexico/
Timestamp: 2018-03-21 16:42:51+00:00

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La implantación de los juicios orales civiles en México – Grado Cero Prensa
La implantación de los juicios orales civiles en México
El antecedente de la implantación de juicios orales en materia civil se remonta al sexenio del ex presidente Vicente Fox, específicamente en el Estado de Nuevo León, aunque es prudente mencionar que ya México había adoptado con anterioridad un sistema con predominio de oralidad, el cual sucumbió ante la escritura como forma inherente en la impartición de justicia. La reimplantación de este sistema promete cumplir cabalmente con lo que establece el artículo 17 constitucional, el cual determina que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia con tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..”[1] El mencionado artículo constitucional ha sido letra muerta por muchos años, ya que el aparato judicial mexicano se ha caracterizado por ser tardado, deficiente y poco imparcial; generando desconfianza en la ciudadanía con respecto de los tribunales. Para que haya estricto cumplimiento del artículo 17 constitucional es necesario que imperen determinados principios en la impartición de justicia: principio de contradicción, principio de publicidad, principio de inmediación y principio de continuidad. El autor Enrique Véscovi menciona que: “Los principios de inmediación, contradicción y publicidad…son reclamados como los mejores para organizar todo tipo de procedimiento, no hay discrepancias.”[2]
El principio de contradicción refiere a un verdadero enfrentamiento entre las partes, vinculado particularmente a la prueba confesional y testimonial, imperando un ambiente de interrogatorio y contrainterrogatorio, lo que provoca mayor certeza jurídica en el desahogo de mencionadas pruebas. “Se expresa a través de la situación de ambas partes, en régimen de igualdad, ante el juez, haciendo ambas alegaciones, justificando sus pretensiones, resistencias y contrapretensiones.”[3]
El principio de publicidad consiste en que determinados actos procesales deben de llevarse a cabo en tribunales abiertos al público, sin distinción alguna, con las excepciones que determine la ley. Por otro lado el principio de inmediación obliga y exige al juez su presencia, no puede permanecer ajeno al asunto. “El principio de inmediación es la relación personal y directa entre jueces y partes…obedece a la facilitación de la perceptibilidad por los jueces de la actividad oral de dichas personas.”[4]
Finalmente el principio de continuidad permite que una vez iniciado un juicio civil impere la celeridad en la resolución del asunto y que éste se resuelva en el menor tiempo posible, delimitando los lapsos que transcurren entre una diligencia y otra, cualquiera que sea su naturaleza.
Para que haya una verdadera observancia del artículo 17 constitucional en materia civil es necesario que la impartición de justicia se caracterice por una estricta observancia de los principios de contradicción, inmediación, publicidad y continuidad. Cuando se adopta por muchos años un sistema fundamentalmente escrito se contravienen dichos principios. Las partes nunca llegan a conocerse y desahogan la prueba testimonial y confesional a través de documentos, el juzgador nunca está presente o delega sus obligaciones en otros funcionarios del juzgado , la publicidad no se cumple en todos los asuntos y la resolución de una controversia puede tardar años.
Para Cipriano Gómez Lara juicio es: “una suma compleja de actos: del juzgador, las partes y terceros, que tiene por finalidad la aplicación de una ley a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo.”[5] Siguiendo la definición del distinguido jurista mexicano y del tema que nos ocupa se podría pensar que todas las actuaciones deben ser orales cuando estamos en presencia de un juicio oral, circunstancia que resulta errónea, pues es evidente que todo juicio oral tiene elementos escritos y viceversa; por tanto se puede establecer que al hablar de “juicios orales civiles” en realidad estamos en presencia de un sistema mixto con predominio oral. Francisco Puy Muñoz menciona acertadamente lo siguiente: “No vamos a volver a la oralidad pura de los procesos aurorales. La comprensión de la oralidad como ausencia total de la escritura en un proceso jurídico se va a dar: pero sólo de forma excepcional. Lo normal va a ser la combinación de las dos especies…la oralidad no puede ser entendida ni promovida como ausencia total de escritura en el proceso jurídico, sino como una presencia parcial, aunque imprescindible…no debe faltar la oralidad en la fase probatoria…lo que hoy día resulta decisivo para atribuir oralidad a un procedimiento, es que éste incluya la oralidad en la fase probatoria, de forma tal que el juez tenga que basar su sentencia en el material probatorio introducido por las partes verbalmente, y bajo su inmediación.”[6]
De acuerdo con lo anterior se establece que en todo procedimiento judicial oral es imprescindible la escritura en determinadas diligencias; en materia civil es indispensable la escritura en la presentación de la demanda, contestación de la misma, reconvención, contestación a la reconvención, etc.
Finalmente es importante mencionar que la implantación del nuevo sistema de justicia adversarial civil promete una mejor preparación por parte de los litigantes, ya que están obligados a tener un conocimiento estricto de derecho procesal civil, así como también conocimientos en argumentación y lógica jurídica, mayor preparación discursiva, mejor presentación, habilidades de negociación y manejo de lenguaje corporal, lo que se traduce en mayor certeza para sus representados, todo esto en aras de fortalecer el sistema judicial nacional. Al respecto Francisco Puy Muñoz menciona que: “Argumentar o razonar jurídicamente es siempre difícil, pero hacerlo por escrito es menos difícil que hacerlo hablando…y eso invita a la mayoría a preferir el camino cómodo que el incómodo.”[7]
Puedo concluir que la implantación de los juicios orales en México es una gran promesa para fortalecer el estado de derecho y que la ciudadanía recobre la confianza perdida en la administración de justicia, en este caso en materia civil. La oralidad como característica fundamental de los procesos civiles promete una verdadera observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que gracias a los principios de contradicción, inmediación, publicidad y continuidad se logra que la justicia sea realmente expedita, pronta, completa e imparcial.
De igual forma es prudente destacar que los juicios orales no están exentos de elementos escritos, ya que la escritural resulta imprescindible en determinadas diligencias, sin embargo la fase probatoria debe ser siempre oral; por tanto, se concluye que debe de existir una verdadera coexistencia entre ambos sistemas, tomando lo mejor de cada uno de ellos. El predominio de la oralidad supone una mejor preparación por parte de los litigantes y juzgadores, lo que se traduce en un sistema judicial más eficiente. Es cierto que este cambio tardará años en dar frutos y requiere una intensa actualización por parte de las instituciones del Estado mexicano, sin embargo vale la pena incursionar en este paradigma y tomar como ejemplo a países como Chile o Colombia, que gracias a la implementación de los juicios orales en materia civil han logrado grandes avances, disminuyendo la corrupción y el rezago judicial, fomentando la mejor preparación de los juristas y ganando poco a poco la confianza perdida de la ciudadanía.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 2017, 236 pp.
Véscovi, Enrique. Los Principios Procesales en el Proceso Civil Latinoamericano, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, 1981, 380 pp.
Fairén, Guillén Víctor. Teoría General del Derecho Procesal, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1992, 607 pp.
Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso, Harla, México, 1996, 363 pp.
Francisco Puy Muñoz. (2010). Sobre Oralidad y Argumentación Jurídica. 20 de febrero de 2017, de Universidad de Santiago de Compostela Sitio web: https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/7928/03.Puy.pdf?sequence=1
[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 2017, p.32
[2] Véscovi, Enrique. Los Principios Procesales en el Proceso Civil Latinoamericano, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, 1981, p.256.
[3] Fairén, Guillén Víctor. Teoría General del Derecho Procesal, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1992,p.392.
[4] Ibídem, p.406
[5] Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso, Harla, México, 1996, p.23.
[6] Francisco Puy Muñoz. (2010). Sobre Oralidad y Argumentación Jurídica. 20 de febrero de 2017, de Universidad de Santiago de Compostela Sitio web: https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/7928/03.Puy.pdf?sequence=1
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 artículo 17
 resolución 
 artículo 17
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 artículo 17