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Timestamp: 2017-09-20 20:09:55+00:00

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B.O.E. Nº 190 de 06/08/2010
Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema especÃ­fico de protecciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos.
El trabajo autÃ³nomo ha sido objeto en estos Ãºltimos aÃ±os de una gran transformaciÃ³n normativa. Sin hallar parangÃ³n en el panorama jurÃ­dico europeo, el 28 de junio de 2007 el Parlamento espaÃ±ol aprobÃ³ por unanimidad la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo, que entrÃ³ en vigor el 12 de octubre del mismo aÃ±o. De este modo la Ley 20/2007, de 11 de julio, ha supuesto un antes y un despuÃ©s en el Ã¡mbito de la regulaciÃ³n de derechos individuales y colectivos del trabajador autÃ³nomo, en la novedosa figura del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente, en el fomento del empleo autÃ³nomo y de modo concreto en la protecciÃ³n social, legal y pÃºblica para el trabajador autÃ³nomo. Precisamente, en relaciÃ³n a este Ãºltimo aspecto, cabe destacar, tal y como establece el preÃ¡mbulo del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo, que el artÃ­culo 41 de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola encomienda a los poderes pÃºblicos el mantenimiento de un rÃ©gimen pÃºblico de Seguridad Social para todos los ciudadanos, donde se garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, por lo que las referencias constitucionales a la protecciÃ³n social no tienen por quÃ© circunscribirse al trabajo por cuenta ajena. La propia ConstituciÃ³n espaÃ±ola asÃ­ lo determina cuando se emplea el tÃ©rmino Â«ciudadanosÂ» en el artÃ­culo 41, sin establecer que sus destinatarios deban ser exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena. AsÃ­ pues, el Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo ha fijado las reglas equitativas de juego, es decir, el marco jurÃ­dico propicio para lograr la equiparaciÃ³n efectiva del trabajo autÃ³nomo respecto del trabajo por cuenta ajena, tambiÃ©n en materia de protecciÃ³n social.
En este marco, es necesario constatar que la protecciÃ³n social para el trabajo independiente en el plano internacional se ha regulado, en la gran mayorÃ­a de Estados desarrollados del mundo occidental, atendiendo a las tradicionales formas de actividad autÃ³noma de los sectores agrÃ­cola, comercial, industrial, de servicios, de artesanÃ­a y de las profesiones liberales. En este sentido, en 1944 la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo, en su RecomendaciÃ³n 67 sobre la seguridad en los medios de vida, proclamÃ³ el aseguramiento de los trabajadores independientes contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte en las mismas condiciones que los trabajadores asalariados. En 1951 la AsociaciÃ³n Internacional de Seguridad Social incluyÃ³ la protecciÃ³n social del trabajador autÃ³nomo entre los temas bÃ¡sicos de estudio, instando a los gobiernos a la protecciÃ³n de este colectivo. La UniÃ³n Europea ha recogido el criterio de protecciÃ³n social a los trabajadores que ejerzan actividad autÃ³noma en su Directiva 86/613/CEE, del Consejo, de 11 de diciembre, y en la RecomendaciÃ³n del Consejo, de 18 de febrero de 2003, relativa a la mejora de protecciÃ³n de la salud y la seguridad de los trabajadores autÃ³nomos.
En EspaÃ±a, las prestaciones sociales a favor de los trabajadores autÃ³nomos o por cuenta propia tardan en aparecer hasta la segunda mitad del siglo XX por medio del concepto novedoso de Seguridad Social, cuyo Ã¡mbito subjetivo se extiende a todos los ciudadanos, de forma que la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de diciembre de 1963 y el Texto Articulado de la Ley de Seguridad Social de 1966 establecen, por medio de un rÃ©gimen especÃ­fico y especial, el reconocimiento legal al trabajador autÃ³nomo o por cuenta propia de dicha protecciÃ³n social. En el contexto del marco jurÃ­dico vigente el Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo de 2007 se erige en la norma bÃ¡sica que regula la protecciÃ³n social del trabajador autÃ³nomo o por cuenta propia que, hasta su promulgaciÃ³n, venÃ­a contenida de forma parcial en la Ley General de Seguridad Social de 1994 que deroga la Ley de 1975 y de forma expresa en el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el RÃ©gimen especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos.
Sin embargo, el proceso de amejoramiento de la protecciÃ³n del trabajador autÃ³nomo en nuestro paÃ­s no ha concluido con la promulgaciÃ³n del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo; por el contrario, el desarrollo legal y reglamentario de esta norma emblemÃ¡tica constituye la Â«conditio sine qua nonÂ» para lograr la equidad con el nivel de protecciÃ³n dispensado al trabajador por cuenta ajena existente en el Ã¡mbito laboral, y en concreto en un aspecto tan crucial como es el de la protecciÃ³n por desempleo. En este sentido, el Gobierno encargÃ³ a un grupo de expertos la elaboraciÃ³n de un informe que incluyera la propuesta de un sistema especÃ­fico de protecciÃ³n por cese de actividad para los trabajadores autÃ³nomos que se ajustase al mandato recogido en la DisposiciÃ³n Adicional Cuarta de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo.
El informe elaborado por el grupo de expertos fue presentado en diciembre de 2008 por el Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n y, con ello, se configurÃ³ definitivamente el punto de partida para elaborar un anteproyecto de Ley sobre un sistema especÃ­fico de protecciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo. Por otra parte, es inevitable referirse al advenimiento de una circunstancia sobrevenida y externa al devenir lÃ³gico en el desarrollo estatutario del trabajo autÃ³nomo, es decir, el importante impacto de la crisis financiera y econÃ³mica que ha afectado no solamente a las relaciones laborales, sino que de forma especÃ­fica ha tenido una repercusiÃ³n significativa en el trabajo autÃ³nomo y, en especial, en actividades como la construcciÃ³n o el comercio. A tal efecto, con fecha de 17 de marzo de 2009 se aprobÃ³ en sesiÃ³n plenaria en el Congreso de los Diputados la MociÃ³n 173/55 denominada Â«Plan de Rescate de los autÃ³nomosÂ» que instaba al Gobierno a elaborar una propuesta de sistema de prestaciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo para remitir a las Cortes Generales y con fecha de 5 de mayo de 2009 se rubricÃ³ el acuerdo de la Mesa del Trabajo AutÃ³nomo, donde tambiÃ©n figuraba la medida del desarrollo del sistema de prestaciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo.
Tomando como referencia el informe del grupo de expertos y las observaciones hechas por las asociaciones de autÃ³nomos y los interlocutores sociales al mismo, se elaborÃ³ una propuesta por el Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n que ha sido analizada por la ComisiÃ³n Delegada para Asuntos EconÃ³micos el 23 de julio, por el Consejo de Ministros de 13 de agosto, informada en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 26 de agosto de 2009 en el marco del Sistema Nacional de Empleo y pasada a consulta a los interlocutores sociales y asociaciones de autÃ³nomos. Finalmente se ha tomado en consideraciÃ³n el dictamen emitido por el Consejo EconÃ³mico Social.
La Ley consta de 19 artÃ­culos, encuadrados en cuatro CapÃ­tulos, mÃ¡s quince disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y siete finales.
El CapÃ­tulo I regula las normas generales del sistema especÃ­fico de protecciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo, delimitando el objeto de protecciÃ³n y el Ã¡mbito subjetivo, que alcanza a todos los trabajadores autÃ³nomos incluidos en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos de la Seguridad Social cubiertos por las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el Ã¡mbito del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios y los trabajadores por cuenta propia del RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
Asimismo, se reconoce en este CapÃ­tulo la acciÃ³n protectora del sistema de protecciÃ³n que estÃ¡ conformada por una prestaciÃ³n econÃ³mica y la cotizaciÃ³n de Seguridad Social por el trabajador autÃ³nomo de las contingencias comunes al rÃ©gimen correspondiente, incluida la contingencia comÃºn por incapacidad temporal, salvo el supuesto del correspondiente rÃ©gimen de Seguridad Social en que de forma especÃ­fica no se cotice por dicha contingencia comÃºn. La acciÃ³n protectora comprenderÃ¡, tambiÃ©n, la formaciÃ³n y orientaciÃ³n profesional de los beneficiarios con vistas a su recolocaciÃ³n. AdemÃ¡s, la Ley establece los requisitos especÃ­ficos para el nacimiento del derecho y la consideraciÃ³n de situaciÃ³n legal de cese de actividad que son determinantes para configurar y garantizar la protecciÃ³n del trabajador autÃ³nomo, protecciÃ³n que deriva de una situaciÃ³n en todo caso involuntaria que debe ser debidamente acreditada; lo mismo ocurre, con las peculiaridades propias de esta figura, en el supuesto del trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente.
El CapÃ­tulo II se refiere al rÃ©gimen y dinÃ¡mica de la protecciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo que supone determinar las reglas de solicitud y nacimiento del derecho a la protecciÃ³n, que abarca la duraciÃ³n de la prestaciÃ³n econÃ³mica, fijando una escala equilibrada que responde al principio de cotizaciÃ³n-prestaciÃ³n sin que ello suponga una carga sustancial en la cuota social del trabajador autÃ³nomo, y que establece la cuantÃ­a de dicha prestaciÃ³n econÃ³mica. Del mismo modo se introducen los suficientes elementos de seguridad jurÃ­dica en la dinÃ¡mica de la protecciÃ³n que afecta a las situaciones de suspensiÃ³n, extinciÃ³n, incompatibilidades e incapacidad temporal y paternidad.
El CapÃ­tulo III aborda el rÃ©gimen financiero de la prestaciÃ³n econÃ³mica y la gestiÃ³n del sistema de protecciÃ³n especÃ­fico por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo. En este sentido, se ha optado por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales como Ã³rgano gestor del referido sistema, por entender que esta opciÃ³n es coherente con el sistema mixto de cobertura y cotizaciÃ³n establecida. Es decir, puesto que la protecciÃ³n deriva de la cobertura ineludible de las contingencias profesionales, y dado que las Mutuas son entidades colaboradoras del sistema pÃºblico de Seguridad Social, se ha considerado a estas entidades las mÃ¡s adecuadas desde el punto de vista del encaje jurÃ­dico para gestionar el sistema y en particular la prestaciÃ³n econÃ³mica para el trabajador autÃ³nomo en situaciÃ³n de cese de actividad.
Por otra parte, se atribuye a los servicios pÃºblicos de empleo autonÃ³micos o, en su caso, al Instituto Social de la Marina la gestiÃ³n de las medidas de formaciÃ³n, orientaciÃ³n profesional y promociÃ³n de la actividad emprendedora de los trabajadores autÃ³nomos, las cuales tambiÃ©n forman parte de la acciÃ³n protectora contemplada en la Ley.
Hay que destacar que la gestiÃ³n de la protecciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo serÃ¡ llevada a cabo de forma separada de la gestiÃ³n de las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional y que, debido al principio de sostenibilidad del sistema que preconiza la disposiciÃ³n adicional cuarta del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo, el equilibrio financiero de este sistema contributivo resulta fundamental para el devenir de tal gestiÃ³n, por lo que la propia norma establece que el tipo de cotizaciÃ³n aplicable para mantener dicha sostenibilidad financiera se fijarÃ¡ anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con los estudios actuariales que procedan.
Como consecuencia de todo el derecho sustantivo de la protecciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo creado Â«ex novoÂ» en los anteriores capÃ­tulos, se recoge en el CapÃ­tulo IV la regulaciÃ³n de las obligaciones de los trabajadores autÃ³nomos, el impacto sobre las infracciones y la determinaciÃ³n de la jurisdicciÃ³n competente para conocer de las decisiones del Ã³rgano gestor; en este sentido, por motivos de coherencia con el espÃ­ritu del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo en materia de protecciÃ³n judicial se atribuye a la jurisdicciÃ³n social el conocimiento de las controversias que surjan en relaciÃ³n con esta nueva prestaciÃ³n especÃ­fica de Seguridad Social que cubre el cese de actividad involuntario del trabajador autÃ³nomo. AdemÃ¡s, se regula la posibilidad de plantear, potestativamente, reclamaciÃ³n -previa a la vÃ­a judicial- ante el Ã³rgano gestor.
La disposiciÃ³n adicional primera establece una mejora en la prestaciÃ³n para los trabajadores autÃ³nomos que hayan cumplido 60 aÃ±os, hasta la edad en que puedan causar derecho a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n, en aplicaciÃ³n de la especÃ­fica previsiÃ³n que, al respecto, se introdujo en la DisposiciÃ³n adicional cuarta del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo.
La disposiciÃ³n adicional segunda regula la reducciÃ³n en la cotizaciÃ³n por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del trabajador autÃ³nomo que se haya acogido al sistema de protecciÃ³n por cese de actividad.
La disposiciÃ³n adicional tercera se refiere a la atribuciÃ³n al Consejo del Trabajo AutÃ³nomo de la potestad de recabar informaciÃ³n del Ã³rgano gestor del sistema de protecciÃ³n por cese de actividad y de proponer medidas para el buen funcionamiento del sistema.
La disposiciÃ³n adicional cuarta establece la solicitud y gestiÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad de trabajadores autÃ³nomos que no tienen cubierta la protecciÃ³n dispensada por contingencias profesionales con una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, sino con otra Entidad Gestora de la Seguridad Social.
La disposiciÃ³n adicional quinta hace referencia al procedimiento de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
La disposiciÃ³n adicional sexta regula las especificidades de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento en el rÃ©gimen especial de Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos o en el RÃ©gimen Especial de Trabajadores del Mar y que hayan concertado la cobertura de las contingencias profesionales para su inclusiÃ³n en el Ã¡mbito del sistema de protecciÃ³n por cese de actividad.
La disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima determina los requisitos especÃ­ficos de acceso al sistema de protecciÃ³n por cese de actividad para los trabajadores autÃ³nomos que ejercen actividad profesional conjuntamente con otros en rÃ©gimen societario o bajo cualquier forma jurÃ­dica admitida en derecho.
Teniendo en cuenta las especificidades que, tanto en el Ã¡mbito de la cobertura social, como de la cotizaciÃ³n, concurren en los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, la disposiciÃ³n adicional octava de la Ley demora la aplicaciÃ³n de las previsiones legales a la promulgaciÃ³n de la oportunas disposiciones reglamentarias que adecuen esos aspectos especÃ­ficos a la nueva regulaciÃ³n legal.
La disposiciÃ³n adicional novena exime de incluir la cobertura por cese de actividad a aquellos trabajadores autÃ³nomos que desarrollen alguna actividad de riesgo, siempre y cuando ya coticen por desempleo en otro rÃ©gimen de la Seguridad Social.
La disposiciÃ³n adicional dÃ©cima prevÃ© el seguimiento de la evoluciÃ³n del sistema de protecciÃ³n por cese de actividad, con vistas a alargar su duraciÃ³n.
La disposiciÃ³n adicional undÃ©cima establece las condiciones en que se reduce la cotizaciÃ³n de los trabajadores autÃ³nomos dedicados a la venta ambulante.
La disposiciÃ³n adicional duodÃ©cima contempla la ampliaciÃ³n de la autorizaciÃ³n de trabajo y residencia para los trabajadores autÃ³nomos extranjeros que estÃ©n percibiendo la prestaciÃ³n por cese de actividad.
La disposiciÃ³n adicional decimotercera crea una prestaciÃ³n no contributiva nueva para los trabajadores autÃ³nomos.
La disposiciÃ³n adicional decimocuarta establece la posibilidad de pago Ãºnico de la prestaciÃ³n por cese de actividad.
La disposiciÃ³n adicional decimoquinta, modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
La disposiciÃ³n transitoria abre un plazo especial para optar a la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia o autÃ³nomos.
La disposiciÃ³n final primera recoge el tÃ­tulo competencial que habilita al Estado a dictar esta Ley. En concreto, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.17Âª, legislaciÃ³n bÃ¡sica y rÃ©gimen econÃ³mico de la Seguridad Social.
La disposiciÃ³n final segunda modifica el Texto Refundido de Infracciones y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para adaptarlo a la presente Ley.
Las disposiciones finales cuarta y quinta, modifican la Ley General de la Seguridad Social en materia de notificaciones por medios informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos.
La disposiciÃ³n final sexta modifica la Ley de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales en materia de funciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
La disposiciÃ³n final sÃ©ptima establece una Â«vacatio legisÂ» de tres meses, plazo que se considera adecuado para la entrada en vigor.
ArtÃ­culo 1. Objeto de la protecciÃ³n.
1. La presente Ley tiene por objeto regular el sistema especÃ­fico de protecciÃ³n para los trabajadores autÃ³nomos que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad econÃ³mica o profesional a tÃ­tulo lucrativo y estando incluidos en los niveles de protecciÃ³n en ella recogidos, hubieren cesado en esa actividad, con arreglo a lo establecido en su artÃ­culo 5.
2. El cese de actividad, incluido el que afecta al trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente, habrÃ¡ de ser total en la actividad econÃ³mica o profesional que de forma habitual, personal y directa se viniere desempeÃ±ando y siempre que hubiere dado lugar al encuadramiento obligatorio en el RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, o en el RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en las condiciones descritas en el siguiente artÃ­culo.
3. El cese de actividad podrÃ¡ ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta la interrupciÃ³n por el trabajador autÃ³nomo, en los supuestos previstos en el artÃ­culo 5, de todas las actividades a la que se refiere el nÃºmero anterior.
ArtÃ­culo 2. Ãmbito subjetivo de protecciÃ³n.
1. La protecciÃ³n por cese de actividad alcanza a los trabajadores autÃ³nomos comprendidos en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos que tengan cubierta la protecciÃ³n dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, asÃ­ como a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar.
2. Respecto a la protecciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios se estarÃ¡ a lo establecido en la disposiciÃ³n adicional octava.
1. El sistema de protecciÃ³n por cese de actividad comprende las prestaciones siguientes:
a) La prestaciÃ³n econÃ³mica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad. Dicha prestaciÃ³n tiene naturaleza pÃºblica y estÃ¡ comprendida, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 41 de la ConstituciÃ³n, dentro de la acciÃ³n protectora del sistema de la Seguridad Social.
La prestaciÃ³n seÃ±alada se regirÃ¡ exclusivamente por esta Ley y las disposiciones que la desarrollen y complementen.
b) El abono de la cotizaciÃ³n de Seguridad Social del trabajador autÃ³nomo, por contingencias comunes, al rÃ©gimen correspondiente. A tales efectos, el Ã³rgano gestor se harÃ¡ cargo de la cuota que corresponda durante la percepciÃ³n de las prestaciones econÃ³micas por cese de actividad, a partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho causante del cese de actividad. La base de cotizaciÃ³n durante ese perÃ­odo corresponde a la base reguladora de la prestaciÃ³n por cese de actividad en los tÃ©rminos establecidos en el apartado primero del artÃ­culo 9 de la presente Ley, sin que, en ningÃºn caso, la base de cotizaciÃ³n pueda ser inferior al importe de la base mÃ­nima o base Ãºnica de cotizaciÃ³n prevista en el correspondiente rÃ©gimen.
En los supuestos previstos en la letra d) del artÃ­culo 5.1 de la presente Ley, no existirÃ¡ la obligaciÃ³n de cotizar a la Seguridad Social, estando a lo previsto en el apartado 5 del artÃ­culo 21 de la Ley OrgÃ¡nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de ProtecciÃ³n Integral contra la Violencia de GÃ©nero.
2. El sistema de protecciÃ³n por cese de actividad comprenderÃ¡, ademÃ¡s, medidas de formaciÃ³n, orientaciÃ³n profesional y promociÃ³n de la actividad emprendedora de los trabajadores autÃ³nomos beneficiarios del mismo.
ArtÃ­culo 4. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protecciÃ³n.
1. El derecho a la protecciÃ³n por cese de actividad se reconocerÃ¡ a los trabajadores autÃ³nomos en los que concurran los requisitos siguientes:
a) Estar afiliados y en situaciÃ³n de alta y cubiertas las contingencias profesionales, en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, o al RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar en su caso.
b) Tener cubierto el perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n por cese de actividad a que se refiere el artÃ­culo 8.
c) Encontrarse en situaciÃ³n legal de cese de actividad, suscribir el compromiso de actividad al que se refiere el artÃ­culo 231 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y acreditar activa disponibilidad para la reincorporaciÃ³n al mercado de trabajo a travÃ©s de las actividades formativas, de orientaciÃ³n profesional y de promociÃ³n de la actividad emprendedora a las que pueda convocarle el Servicio PÃºblico de Empleo de la correspondiente Comunidad AutÃ³noma, o en su caso el Instituto Social de la Marina.
d) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensiÃ³n contributiva de jubilaciÃ³n, salvo que el trabajador autÃ³nomo no tuviera acreditado el perÃ­odo de cotizaciÃ³n requerido para ello.
e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha del cese de actividad no se cumpliera con este requisito pero se tuviera cubierto el perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n para tener derecho a la protecciÃ³n, el Ã³rgano gestor invitarÃ¡ al trabajador autÃ³nomo a que, en el plazo improrrogable de treinta dÃ­as naturales, ingrese las cuotas debidas, en los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan.
2. Cuando el trabajador autÃ³nomo tenga a uno o mÃ¡s trabajadores a su cargo y concurra alguna de las causas del artÃ­culo 5.1, serÃ¡ requisito previo al cese de actividad el cumplimiento de las garantÃ­as, obligaciones y procedimientos regulados en la legislaciÃ³n laboral.
ArtÃ­culo 5. SituaciÃ³n legal de cese de actividad.
1. Se encontrarÃ¡n en situaciÃ³n legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autÃ³nomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes:
a) Por la concurrencia de motivos econÃ³micos, tÃ©cnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad econÃ³mica o profesional. En caso de establecimiento abierto al pÃºblico, se exigirÃ¡ el cierre del mismo durante la percepciÃ³n de la prestaciÃ³n.
En todo caso, se entenderÃ¡ que existen estos motivos cuando concurra alguna de las situaciones siguientes:
1.Âº) Unas pÃ©rdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un aÃ±o completo, superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos aÃ±os consecutivos y completos. En ningÃºn caso el primer aÃ±o de inicio de la actividad computarÃ¡ a estos efectos.
2.Âº) Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los Ã³rganos judiciales que comporten, al menos, el 40% de los ingresos de la actividad del trabajador autÃ³nomo correspondientes al ejercicio econÃ³mico inmediatamente anterior.
3.Âº) La declaraciÃ³n judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los tÃ©rminos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad econÃ³mica o profesional.
c) Por pÃ©rdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad econÃ³mica o profesional y no venga motivada por incumplimientos contractuales o por la comisiÃ³n de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autÃ³nomo solicitante.
d) La violencia de gÃ©nero determinante del cese temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autÃ³noma.
e) Por divorcio o acuerdo de separaciÃ³n matrimonial, mediante la correspondiente resoluciÃ³n judicial, en los supuestos en que el autÃ³nomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excÃ³nyuge o de la persona de la que se ha separado, en funciÃ³n de las cuales estaba incluido en el correspondiente rÃ©gimen de Seguridad Social, y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separaciÃ³n matrimoniales.
2. Se encontrarÃ¡n en situaciÃ³n legal de cese de actividad los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes que, sin perjuicio de lo previsto en el primer apartado de este artÃ­culo cesen su actividad por extinciÃ³n del contrato suscrito con el cliente del que dependan econÃ³micamente, en los siguientes supuestos:
a) Por la terminaciÃ³n de la duraciÃ³n convenida en el contrato o conclusiÃ³n de la obra o servicio.
c) Por rescisiÃ³n de la relaciÃ³n contractual adoptada por causa justificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo.
d) Por rescisiÃ³n de la relaciÃ³n contractual adoptada por causa injustificada por el cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo.
e) Por muerte, incapacidad o jubilaciÃ³n del cliente, siempre que impida la continuaciÃ³n de la actividad.
3. En ningÃºn caso se considerarÃ¡ en situaciÃ³n legal de cese de actividad:
a) A aquÃ©llos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el supuesto previsto en el apartado dos, letra b) del presente artÃ­culo.
b) A los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes que, tras cesar en su relaciÃ³n con el cliente y percibir la prestaciÃ³n por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente en un plazo de un aÃ±o, a contar desde el momento en que se extinguiÃ³ la prestaciÃ³n. Si el trabajador contrata con dicho cliente en el plazo seÃ±alado, deberÃ¡ reintegrar la prestaciÃ³n percibida.
ArtÃ­culo 6. AcreditaciÃ³n de la situaciÃ³n legal de cese de la actividad.
1. Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos se acreditarÃ¡n por:
a) Los motivos econÃ³micos, tÃ©cnicos, productivos u organizativos, mediante una declaraciÃ³n jurada del solicitante, a la que habrÃ¡n de acompaÃ±arse, en funciÃ³n del motivo alegado, los documentos de carÃ¡cter contable, profesional, fiscal, administrativo o judicial, en los que se harÃ¡ constar la fecha de producciÃ³n de los referidos motivos.
b) La fuerza mayor, mediante declaraciÃ³n expedida por los Ã³rganos gestores en los que se ubique territorialmente el negocio o la industria afectados por el acontecimiento causante de fuerza mayor, a la que se acompaÃ±arÃ¡ declaraciÃ³n jurada del solicitante del cese temporal o definitivo de la mencionada actividad. En dicha declaraciÃ³n se harÃ¡ constar la fecha de la producciÃ³n de la fuerza mayor.
c) La pÃ©rdida de la licencia administrativa que habilitÃ³ el ejercicio de la actividad mediante resoluciÃ³n correspondiente.
d) La violencia de gÃ©nero, por la declaraciÃ³n escrita de la solicitante de haber cesado o interrumpido su actividad econÃ³mica o profesional, a la que se adjuntarÃ¡ la orden de protecciÃ³n o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condiciÃ³n de vÃ­ctima de violencia de gÃ©nero. De tratarse de una trabajadora autÃ³noma econÃ³micamente dependiente, aquella declaraciÃ³n podrÃ¡ ser sustituida por la comunicaciÃ³n escrita del cliente del que dependa econÃ³micamente en la que se harÃ¡ constar el cese o la interrupciÃ³n de la actividad. Tanto la declaraciÃ³n como la comunicaciÃ³n han de contener la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupciÃ³n.
e) El divorcio o acuerdo de separaciÃ³n matrimonial, mediante la correspondiente resoluciÃ³n judicial, asÃ­ como la documentaciÃ³n correspondiente en la que se constate la pÃ©rdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el negocio, que venÃ­an realizÃ¡ndose con anterioridad a la ruptura o separaciÃ³n matrimoniales.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 del presente artÃ­culo, las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos econÃ³micamente dependientes se acreditarÃ¡n por:
a) La terminaciÃ³n de la duraciÃ³n convenida en contrato o conclusiÃ³n de la obra o servicio, mediante su comunicaciÃ³n ante el registro correspondiente del Servicio PÃºblico de Empleo con la documentaciÃ³n que asÃ­ lo justifique.
b) El incumplimiento contractual grave del cliente, mediante comunicaciÃ³n por escrito del mismo en la que conste la fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, mediante el acta resultante de la conciliaciÃ³n previa, o mediante resoluciÃ³n judicial.
c) La causa justificada del cliente, a travÃ©s de comunicaciÃ³n escrita expedida por Ã©ste en un plazo de diez dÃ­as desde su concurrencia, en la que deberÃ¡ hacerse constar el motivo alegado y la fecha a partir de la cual se produce el cese de la actividad del trabajador autÃ³nomo. En el caso de no producirse la comunicaciÃ³n por escrito, el trabajador autÃ³nomo podrÃ¡ solicitar al cliente que cumpla con dicho requisito, y si transcurridos diez dÃ­as desde la solicitud el cliente no responde, el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente podrÃ¡ acudir al Ã³rgano gestor informando de dicha situaciÃ³n, aportando copia de la solicitud realizada al cliente y solicitando le sea reconocido el derecho a la protecciÃ³n por cese de actividad.
d) La causa injustificada, mediante comunicaciÃ³n expedida por el cliente en un plazo de diez dÃ­as desde su concurrencia, en la que deberÃ¡ hacerse constar la indemnizaciÃ³n abonada y la fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, mediante el acta resultante de la conciliaciÃ³n previa o mediante resoluciÃ³n judicial, con independencia de que la misma fuese recurrida por el cliente. En el caso de no producirse la comunicaciÃ³n por escrito, el trabajador autÃ³nomo podrÃ¡ solicitar al cliente que cumpla con dicho requisito, y si transcurridos diez dÃ­as desde la solicitud el cliente no responde, el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente podrÃ¡ acudir al Ã³rgano gestor informando de dicha situaciÃ³n, aportando copia de la solicitud realizada al cliente y solicitando le sea reconocido el derecho a la protecciÃ³n por cese de actividad.
e) La muerte, la incapacidad o la jubilaciÃ³n del cliente, mediante certificaciÃ³n de defunciÃ³n del Registro Civil, o bien resoluciÃ³n de la entidad gestora correspondiente acreditativa del reconocimiento de la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n o incapacidad permanente.
3. En el plazo de un aÃ±o, se desarrollarÃ¡ reglamentariamente la documentaciÃ³n a presentar por los trabajadores autÃ³nomos con objeto de acreditar la situaciÃ³n legal de cese de actividad a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artÃ­culo.
RÃ©gimen de la protecciÃ³n
ArtÃ­culo 7. Solicitud y nacimiento del derecho a la protecciÃ³n por cese de actividad.
1. Los trabajadores autÃ³nomos que cumplan los requisitos establecidos en el artÃ­culo 4 deberÃ¡n solicitar a la misma Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que tengan cubierta la protecciÃ³n dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales el reconocimiento del derecho a la protecciÃ³n por cese de actividad.
Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no tengan cubierta la protecciÃ³n dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con una Mutua, se estarÃ¡ a lo establecido en la disposiciÃ³n adicional cuarta.
Dicho reconocimiento darÃ¡ derecho al disfrute de la correspondiente prestaciÃ³n econÃ³mica, a partir del primer dÃ­a del segundo mes siguiente a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de actividad. Cuando el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente haya finalizado su relaciÃ³n con el cliente principal, para tener derecho al disfrute de la prestaciÃ³n no podrÃ¡ tener actividad con otros clientes a partir del dÃ­a en que inicie el cobro de la prestaciÃ³n.
2. El reconocimiento de la situaciÃ³n legal de cese de actividad se podrÃ¡ solicitar hasta el Ãºltimo dÃ­a del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad. No obstante, en las situaciones legales de cese de actividad causadas por motivos econÃ³micos, tÃ©cnicos, productivos u organizativos, de fuerza mayor, por violencia de gÃ©nero, por voluntad del cliente fundada en causa justificada y por muerte, incapacidad y jubilaciÃ³n del cliente, el plazo comenzarÃ¡ a computar a partir de la fecha que se hubiere hecho constar en los correspondientes documentos que acrediten la concurrencia de tales situaciones.
3. En caso de presentaciÃ³n de la solicitud una vez transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior, y siempre que el trabajador autÃ³nomo cumpla con el resto de requisitos legalmente previstos, se descontarÃ¡n del perÃ­odo de percepciÃ³n los dÃ­as que medien entre la fecha en que deberÃ­a haber presentado la solicitud y la fecha en que la presentÃ³.
4. El Ã³rgano gestor se harÃ¡ cargo de la cuota de Seguridad Social a partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho causante del cese de actividad, siempre que se hubiere solicitado en el plazo previsto en el apartado 2. En otro caso, el Ã³rgano gestor se harÃ¡ cargo a partir del mes siguiente al de la solicitud. Cuando el trabajador autÃ³nomo econÃ³micamente dependiente haya finalizado su relaciÃ³n con el cliente principal, en el supuesto de que, en el mes posterior al hecho causante, tuviera actividad con otros clientes, el Ã³rgano gestor estarÃ¡ obligado a cotizar a partir de la fecha de inicio de la prestaciÃ³n.
ArtÃ­culo 8. DuraciÃ³n de la prestaciÃ³n econÃ³mica.
1. La duraciÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad estarÃ¡ en funciÃ³n de los perÃ­odos de cotizaciÃ³n efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la situaciÃ³n legal de cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser continuados e inmediatamente anteriores a dicha situaciÃ³n de cese con arreglo a la siguiente escala:
PerÃ­odo de cotizaciÃ³n
PerÃ­odo de la protecciÃ³n
De dieciocho a veintitrÃ©s 3
2. El trabajador autÃ³nomo al que se le hubiere reconocido y hubiere disfrutado el derecho a la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad podrÃ¡ volver a solicitar un nuevo reconocimiento siempre que concurran los requisitos legales y hubieren transcurrido doce meses desde la extinciÃ³n del derecho anterior.
3. A los efectos de determinaciÃ³n del perÃ­odo de cotizaciÃ³n a que se refiere el apartado uno del presente artÃ­culo:
a) Se tendrÃ¡n en cuenta exclusivamente las cotizaciones por cese de actividad efectuadas al RÃ©gimen Especial correspondiente.
b) Se tendrÃ¡n en cuenta las cotizaciones por cese de actividad que no hubieren sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior de la misma naturaleza.
c) Los meses cotizados se computarÃ¡n como meses completos.
d) Las cotizaciones que generaron la Ãºltima prestaciÃ³n por cese de actividad no podrÃ¡n computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.
ArtÃ­culo 9. CuantÃ­a de la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad.
1. La base reguladora de la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad serÃ¡ el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situaciÃ³n legal de cese.
2. La cuantÃ­a de la prestaciÃ³n, durante todo su perÃ­odo de disfrute, se determinarÃ¡ aplicando a la base reguladora el 70 por ciento.
La cuantÃ­a mÃ¡xima de la prestaciÃ³n por cese de actividad serÃ¡ del 175 por ciento del Indicador PÃºblico de Rentas de Efectos MÃºltiples, salvo cuando el trabajador autÃ³nomo tenga uno o mÃ¡s hijos a su cargo; en tal caso, la cuantÃ­a serÃ¡, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador.
La cuantÃ­a mÃ­nima de la prestaciÃ³n por cese de actividad serÃ¡ del 107 por ciento o del 80 por ciento del Indicador PÃºblico de Rentas de Efectos MÃºltiples, segÃºn el trabajador autÃ³nomo tenga hijos a su cargo, o no.
A efectos de calcular las cuantÃ­as mÃ¡xima y mÃ­nima de la prestaciÃ³n por cese de actividad, se entenderÃ¡ que se tienen hijos a cargo, cuando Ã©stos sean menores de veintisÃ©is aÃ±os, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento, carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario mÃ­nimo interprofesional excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y convivan con el beneficiario.
A los efectos de la cuantÃ­a mÃ¡xima y mÃ­nima de la prestaciÃ³n por cese de actividad, se tendrÃ¡ en cuenta el Indicador PÃºblico de Rentas de Efectos MÃºltiples mensual, incrementado en una sexta parte, vigente en el momento del nacimiento del derecho.
ArtÃ­culo 10. SuspensiÃ³n del derecho a la protecciÃ³n.
1. El derecho a la protecciÃ³n por cese de actividad se suspenderÃ¡ por el Ã³rgano gestor en los siguientes supuestos:
a) Durante el perÃ­odo que corresponda por imposiciÃ³n de sanciÃ³n por infracciÃ³n leve o grave, en los tÃ©rminos establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.
b) Durante el cumplimiento de condena que implique privaciÃ³n de libertad.
c) Durante el perÃ­odo de realizaciÃ³n de un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, salvo en los casos establecidos en el artÃ­culo 11.1 c) de la presente Ley.
2. La suspensiÃ³n del derecho comportarÃ¡ la interrupciÃ³n del abono de la prestaciÃ³n econÃ³mica y de la cotizaciÃ³n por mensualidades completas, sin afectar al perÃ­odo de su percepciÃ³n, salvo en el supuesto previsto en la letra a) del apartado anterior, en el que el perÃ­odo de percepciÃ³n se reducirÃ¡ por tiempo igual al de la suspensiÃ³n producida.
3. La protecciÃ³n por cese de actividad se reanudarÃ¡ previa solicitud del interesado, siempre que Ã©ste acredite que ha finalizado la causa de suspensiÃ³n y que se mantiene la situaciÃ³n legal de cese de actividad.
El derecho a la reanudaciÃ³n nacerÃ¡ a partir del tÃ©rmino de la causa de suspensiÃ³n, siempre que se solicite en el plazo de los quince dÃ­as siguientes.
El reconocimiento de la reanudaciÃ³n darÃ¡ derecho al disfrute de la correspondiente prestaciÃ³n econÃ³mica pendiente de percibir, asÃ­ como a la cotizaciÃ³n, a partir del primer dÃ­a del mes siguiente al de la solicitud de la reanudaciÃ³n. En caso de presentarse la solicitud transcurrida el plazo citado, se estarÃ¡ a lo previsto en el artÃ­culo 7.3 de la presente Ley.
ArtÃ­culo 11. ExtinciÃ³n del derecho a la protecciÃ³n.
1. El derecho a la protecciÃ³n por cese de actividad se extinguirÃ¡ en los siguientes casos:
a) Por agotamiento del plazo de duraciÃ³n de la prestaciÃ³n.
b) Por imposiciÃ³n de las sanciones en los tÃ©rminos establecidos en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.
c) Por realizaciÃ³n de un trabajo por cuenta ajena o propia durante un tiempo igual o superior a 12 meses, en este Ãºltimo caso siempre que genere derecho a la protecciÃ³n por cese de actividad como trabajador autÃ³nomo.
d) Por cumplimiento de la edad de jubilaciÃ³n ordinaria o, en el caso de los trabajadores por cuenta propia encuadrados en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar, edad de jubilaciÃ³n teÃ³rica, salvo cuando no se reÃºnan los requisitos para acceder a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n contributiva. En este supuesto la prestaciÃ³n por cese de actividad se extinguirÃ¡ cuando el trabajador autÃ³nomo cumpla con el resto de requisitos para acceder a dicha pensiÃ³n o bien se agote el plazo de duraciÃ³n de la protecciÃ³n.
e) Por reconocimiento de pensiÃ³n de jubilaciÃ³n o de incapacidad permanente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado dos del artÃ­culo 12.
h) Por fallecimiento del trabajador autÃ³nomo.
2. Cuando el derecho a la prestaciÃ³n se extinga en los casos de la letra c) del apartado anterior, el trabajador autÃ³nomo podrÃ¡ optar, en el caso de que se le reconozca una nueva prestaciÃ³n, entre reabrir el derecho inicial por el perÃ­odo que le restaba y las bases y tipos que le correspondÃ­an, o percibir la prestaciÃ³n generada por las nuevas cotizaciones efectuadas. Cuando el trabajador autÃ³nomo opte por la prestaciÃ³n anterior, las cotizaciones que generaron aquella prestaciÃ³n por la que no hubiera optado no podrÃ¡n computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.
ArtÃ­culo 12. Incompatibilidades.
1. La percepciÃ³n de la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad es incompatible con el trabajo por cuenta propia, aunque su realizaciÃ³n no implique la inclusiÃ³n obligatoria en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos o en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar, asÃ­ como con el trabajo por cuenta ajena.
La incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia establecida en el pÃ¡rrafo anterior tendrÃ¡ como excepciÃ³n los trabajos agrarios sin finalidad comercial en las superficies dedicadas a huertos familiares para el autoconsumo, asÃ­ como los dirigidos al mantenimiento en buenas condiciones agrarias y medioambientales previsto en la normativa de la UniÃ³n Europa para las tierras agrarias. Esta excepciÃ³n abarcarÃ¡ tambiÃ©n a los familiares colaboradores incluidos en el RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos que tambiÃ©n sean perceptores de la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad. Esta excepciÃ³n serÃ¡ desarrollada mediante norma reglamentaria.
SerÃ¡ asimismo incompatible con la obtenciÃ³n de pensiones o prestaciones de carÃ¡cter econÃ³mico del sistema de la Seguridad Social, salvo que Ã©stas hubieran sido compatibles con el trabajo que dio lugar a la prestaciÃ³n por cese de actividad, asÃ­ como con las medidas de fomento del cese de actividad reguladas por normativa sectorial para diferentes colectivos, o las que pudieran regularse en el futuro con carÃ¡cter estatal.
2. Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar, la prestaciÃ³n por cese de actividad serÃ¡ incompatible con la percepciÃ³n de las ayudas por paralizaciÃ³n de la flota.
ArtÃ­culo 13. Cese de actividad, incapacidad temporal, maternidad y paternidad.
1. En el supuesto en que el hecho causante de la protecciÃ³n por cese de actividad se produzca mientras el trabajador autÃ³nomo se encuentre en situaciÃ³n de incapacidad temporal, Ã©ste seguirÃ¡ percibiendo la prestaciÃ³n por incapacidad temporal, en la misma cuantÃ­a que la prestaciÃ³n por cese de actividad, hasta que la misma se extinga en cuyo momento pasarÃ¡ a percibir, siempre que reÃºna los requisitos legalmente establecidos, la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad que le corresponda. En tal caso, se descontarÃ¡ del perÃ­odo de percepciÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situaciÃ³n de incapacidad temporal a partir de la fecha de la situaciÃ³n legal de cese de actividad.
2. En el supuesto en que el hecho causante de la protecciÃ³n por cese de actividad se produzca cuando el trabajador autÃ³nomo se encuentre en situaciÃ³n de maternidad o paternidad, se seguirÃ¡ percibiendo la prestaciÃ³n por maternidad o por paternidad hasta que las mismas se extingan, en cuyo momento se pasarÃ¡ a percibir, siempre que reÃºnan los requisitos legalmente establecidos, la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad que les corresponda.
3. Si durante la percepciÃ³n de la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad el trabajador autÃ³nomo pasa a la situaciÃ³n de incapacidad temporal que constituya recaÃ­da de un proceso anterior iniciado con anterioridad a la situaciÃ³n legal de cese en la actividad, percibirÃ¡ la prestaciÃ³n por esta contingencia en cuantÃ­a igual a la prestaciÃ³n por cese en la actividad. En este caso, y en el supuesto de que el trabajador autÃ³nomo continuase en situaciÃ³n de incapacidad temporal una vez finalizado el perÃ­odo de duraciÃ³n establecido inicialmente para la prestaciÃ³n por cese en la actividad, seguirÃ¡ percibiendo la prestaciÃ³n por incapacidad temporal en la misma cuantÃ­a en la que la venÃ­a percibiendo.
Cuando el trabajador autÃ³nomo estÃ© percibiendo la prestaciÃ³n por cese en la actividad y pase a la situaciÃ³n de incapacidad temporal que no constituya recaÃ­da de un proceso anterior iniciado anteriormente, percibirÃ¡ la prestaciÃ³n por esta contingencia en cuantÃ­a igual a la prestaciÃ³n por cese en la actividad. En este caso, y en el supuesto de que el trabajador autÃ³nomo continuase en situaciÃ³n de incapacidad temporal una vez finalizado el perÃ­odo de duraciÃ³n establecido inicialmente para la prestaciÃ³n por cese en la actividad, seguirÃ¡ percibiendo la prestaciÃ³n por incapacidad temporal en cuantÃ­a igual al 80 por ciento del Indicador PÃºblico de Rentas de Efectos MÃºltiples mensual.
El perÃ­odo de percepciÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad no se ampliarÃ¡ como consecuencia de que el trabajador autÃ³nomo pase a la situaciÃ³n de incapacidad temporal. Durante dicha situaciÃ³n, el Ã³rgano gestor de la prestaciÃ³n se harÃ¡ cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 4, apartado primero, letra b), hasta el agotamiento del perÃ­odo de duraciÃ³n de la prestaciÃ³n al que el trabajador autÃ³nomo tuviere derecho.
4. Si durante la percepciÃ³n de la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad la persona beneficiaria se encuentra en situaciÃ³n de maternidad o paternidad pasarÃ¡ a percibir la prestaciÃ³n que por estas contingencias le corresponda. Una vez extinguida Ã©sta, el Ã³rgano gestor, de oficio, reanudarÃ¡ el abono de la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad hasta el agotamiento del perÃ­odo de duraciÃ³n a que se tenga derecho.
RÃ©gimen financiero y gestiÃ³n de las prestaciones
ArtÃ­culo 14. FinanciaciÃ³n, base y tipo de cotizaciÃ³n.
1. La protecciÃ³n por cese de actividad se financiarÃ¡ exclusivamente con cargo a la cotizaciÃ³n por dicha contingencia de los trabajadores autÃ³nomos que tuvieran protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La fecha de efectos de dicha cobertura comenzarÃ¡, tanto para la prestaciÃ³n por cese de actividad, como para las contingencias profesionales, a partir del primer dÃ­a del mismo mes en que sea formalizada.
2. La base de cotizaciÃ³n por cese de actividad se corresponderÃ¡ con la base de cotizaciÃ³n del RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos que hubiere elegido, como propia, el trabajador autÃ³nomo con arreglo a lo establecido en las normas de aplicaciÃ³n, o bien la que le corresponda como trabajador por cuenta propia en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar.
3. El tipo de cotizaciÃ³n correspondiente a la protecciÃ³n por cese de actividad serÃ¡ del 2,2 por ciento, aplicable a la base determinada en el apartado anterior.
El tipo de cotizaciÃ³n aplicable para mantener la sostenibilidad financiera de la protecciÃ³n por cese de actividad se fijarÃ¡, anualmente, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con los estudios actuariales que procedan.
4. Las medidas de formaciÃ³n, orientaciÃ³n profesional y promociÃ³n de la actividad emprendedora de los trabajadores autÃ³nomos beneficiarios de la protecciÃ³n por cese de actividad, a las que se refiere el artÃ­culo 3.2 de esta Ley, se financiarÃ¡n con un 1 por ciento de los ingresos obtenidos de conformidad con su artÃ­culo 14.3. Dichas medidas serÃ¡n gestionadas por el Servicio PÃºblico de Empleo de la Comunidad AutÃ³noma competente y por el Instituto Social de la Marina, en proporciÃ³n al nÃºmero de beneficiarios que gestionen.
ArtÃ­culo 15. RecaudaciÃ³n.
1. La cuota de protecciÃ³n por cese de actividad se recaudarÃ¡ por la TesorerÃ­a General de la Seguridad Social conjuntamente con la cuota o las cuotas del RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, o del RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar, liquidÃ¡ndose e ingresÃ¡ndose de conformidad con las normas reguladoras de la gestiÃ³n recaudatoria de la Seguridad Social para dichos regÃ­menes especiales.
2. Las normas reguladoras de la recaudaciÃ³n de cuotas, tanto en vÃ­a voluntaria como ejecutiva, serÃ¡n de aplicaciÃ³n a la cotizaciÃ³n por cese en la actividad a la Seguridad Social para los RegÃ­menes seÃ±alados.
ArtÃ­culo 16. Ãrgano gestor.
1. Salvo lo establecido en el artÃ­culo anterior y en la disposiciÃ³n adicional cuarta, corresponde a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social la gestiÃ³n de las funciones y servicios derivados de la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos y proceder al reconocimiento, suspensiÃ³n, extinciÃ³n y reanudaciÃ³n de las prestaciones, asÃ­ como su pago, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a los Ã³rganos competentes de la AdministraciÃ³n en materia de sanciones por infracciones en el orden social.
A tal fin, la gestiÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad corresponderÃ¡ a la Mutua con la que el trabajador autÃ³nomo tenga concertada la cobertura de las contingencias profesionales.
2. Los excedentes anuales obtenidos por las Mutuas en su gestiÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad habrÃ¡n de afectarse a la constituciÃ³n de las reservas que reglamentariamente se determinen. Asimismo, se establecerÃ¡ reglamentariamente el destino que haya de darse al exceso de los excedentes que resulte, una vez cubiertas las indicadas reservas.
ArtÃ­culo 17. Obligaciones de los trabajadores autÃ³nomos.
1. Son obligaciones de los trabajadores autÃ³nomos solicitantes y beneficiarios de la protecciÃ³n por cese de actividad:
a) Solicitar a la misma Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que tengan concertada las contingencias profesionales la cobertura de la protecciÃ³n por cese de actividad.
b) Cotizar por la aportaciÃ³n correspondiente a la protecciÃ³n por cese de actividad.
c) Proporcionar la documentaciÃ³n e informaciÃ³n que resulten necesarios a los efectos del reconocimiento, suspensiÃ³n, extinciÃ³n o reanudaciÃ³n de la prestaciÃ³n.
d) Solicitar la baja en la prestaciÃ³n por cese de actividad cuando se produzcan situaciones de suspensiÃ³n o extinciÃ³n del derecho o se dejen de reunir los requisitos exigidos para su percepciÃ³n, en el momento en que se produzcan dichas situaciones.
e) No trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepciÃ³n de la prestaciÃ³n.
g) Comparecer a requerimiento del Ã³rgano gestor y estar a disposiciÃ³n del Servicio PÃºblico de Empleo de la correspondiente Comunidad AutÃ³noma, o del Instituto Social de la Marina, a fin de realizar las actividades formativas, de orientaciÃ³n profesional y de promociÃ³n de la actividad emprendedora a las que se les convoque.
h) Participar en acciones especÃ­ficas de motivaciÃ³n, informaciÃ³n, orientaciÃ³n, formaciÃ³n, reconversiÃ³n o inserciÃ³n profesional para incrementar su ocupabilidad, que se determinen por el Ã³rgano gestor, por el Servicio PÃºblico de Empleo de la correspondiente Comunidad AutÃ³noma, o por el Instituto Social de la Marina, en su caso.
2. Para la aplicaciÃ³n de lo establecido en las letras g) y h) del apartado anterior, el Ã³rgano gestor o el Servicio PÃºblico de Empleo de la correspondiente Comunidad AutÃ³noma tendrÃ¡ en cuenta la condiciÃ³n de vÃ­ctima de violencia de gÃ©nero, a efectos de atemperar, en caso necesario, el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del compromiso suscrito.
3. Los trabajadores autÃ³nomos comprendidos en el artÃ­culo 26.4 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo, quedarÃ¡n exentos de la obligaciÃ³n, contenida en el apartado 1. g) del presente artÃ­culo, en materia de promociÃ³n de la actividad emprendedora.
ArtÃ­culo 18. Infracciones.
En materia de infracciones y sanciones se estarÃ¡ a lo dispuesto en la presente Ley y en el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
ArtÃ­culo 19. JurisdicciÃ³n competente y reclamaciÃ³n previa.
Los Ã³rganos jurisdiccionales del orden social serÃ¡n los competentes para conocer de las decisiones del Ã³rgano gestor, relativas al reconocimiento, suspensiÃ³n o extinciÃ³n de las prestaciones por cese de actividad, asÃ­ como al pago de las mismas. Con independencia de lo dispuesto en la disposiciÃ³n adicional cuarta de esta Ley, el interesado podrÃ¡ efectuar reclamaciÃ³n previa ante el Ã³rgano gestor antes de acudir al Ã³rgano jurisdiccional del orden social competente. La resoluciÃ³n del Ã³rgano gestor habrÃ¡ de indicar expresamente la posibilidad de presentar reclamaciÃ³n, asÃ­ como el plazo para su interposiciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional primera. DuraciÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos a partir de los 60 aÃ±os.
A tenor de lo dispuesto en la disposiciÃ³n adicional cuarta, pÃ¡rrafo segundo, de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo, en los casos de trabajadores autÃ³nomos entre los 60 aÃ±os y la edad en que se pueda causar derecho a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n, se incrementa la duraciÃ³n de la prestaciÃ³n, que serÃ¡ la que se indica en la siguiente tabla:
De dieciocho a veintitrÃ©s 4
DisposiciÃ³n adicional segunda. ReducciÃ³n en la cotizaciÃ³n por contingencias comunes.
Los trabajadores autÃ³nomos acogidos al sistema de protecciÃ³n por cese en la actividad tendrÃ¡n una reducciÃ³n de 0,5 puntos porcentuales en la cotizaciÃ³n por la cobertura de incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.
DisposiciÃ³n adicional tercera. InformaciÃ³n de los Ã³rganos gestores.
El Consejo del Trabajo AutÃ³nomo podrÃ¡ recabar del Ã³rgano gestor la informaciÃ³n que estime pertinente en relaciÃ³n con el sistema de protecciÃ³n por cese de actividad y proponer al Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n aquellas medidas que se estimen oportunas para el mejor funcionamiento del mismo.
El Ã³rgano gestor presentarÃ¡ al Consejo del Trabajo AutÃ³nomo un informe anual sobre la evoluciÃ³n del sistema de protecciÃ³n por cese de actividad. El Consejo podrÃ¡ recabar cuanta informaciÃ³n complementaria estime pertinente en relaciÃ³n con dicho sistema.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Solicitud y gestiÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad de trabajadores no incorporados a Mutuas.
En el supuesto de trabajadores autÃ³nomos que tengan cubierta la protecciÃ³n dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con una entidad gestora de la Seguridad Social, la tramitaciÃ³n de la solicitud y la gestiÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad corresponderÃ¡:
a) En el Ã¡mbito del RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al Instituto Social de la Marina.
b) En el Ã¡mbito del RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, al Servicio PÃºblico de Empleo Estatal.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 47.3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en el supuesto de que se incumpla lo dispuesto en el artÃ­culo 17. 1 letra e), artÃ­culo 5.3 b), disposiciÃ³n adicional sexta apartado tres, y la disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima, pÃ¡rrafo segundo del apartado 1, letra a) de esta Ley, serÃ¡ aplicable para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas lo establecido en el artÃ­culo 45 de la Ley General de la Seguridad Social, y en el artÃ­culo 80 del Reglamento General de RecaudaciÃ³n de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, correspondiendo al Ã³rgano gestor la declaraciÃ³n como indebida de la prestaciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional sexta. Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.
Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos o en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar y tengan concertada la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tendrÃ¡n derecho a las prestaciones por cese de actividad siempre que se cumplan las condiciones establecidas a continuaciÃ³n:
1. Se considerarÃ¡n en situaciÃ³n legal de cese de actividad los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Los que hubieren cesado, con carÃ¡cter definitivo o temporal, en la prestaciÃ³n de trabajo y, por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, perdiendo los derechos econÃ³micos derivados directamente de dicha prestaciÃ³n por alguna de las siguientes causas:
1.Âº Por expulsiÃ³n improcedente de la cooperativa.
2.Âº Por causas econÃ³micas, tÃ©cnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor.
3.Âº Por finalizaciÃ³n del perÃ­odo al que se limitÃ³ el vÃ­nculo societario de duraciÃ³n determinada.
4.Âº Por causa de violencia de gÃ©nero, en las socias trabajadoras.
5.Âº Por pÃ©rdida de licencia administrativa de la cooperativa.
b) Los aspirantes a socios en perÃ­odo de prueba que hubieran cesado en la prestaciÃ³n de trabajo durante el mismo por decisiÃ³n unilateral del Consejo Rector u Ã³rgano de administraciÃ³n correspondiente de la cooperativa.
2. La declaraciÃ³n de la situaciÃ³n legal de cese de actividad de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado se efectuarÃ¡ con arreglo a las siguientes normas:
a) En el supuesto de expulsiÃ³n del socio serÃ¡ necesaria la notificaciÃ³n del acuerdo de expulsiÃ³n por parte del Consejo Rector de la cooperativa u Ã³rgano de administraciÃ³n correspondiente, indicando su fecha de efectos, y en todo caso el acta de conciliaciÃ³n judicial o la resoluciÃ³n definitiva de la jurisdicciÃ³n competente que declare expresamente la improcedencia de la expulsiÃ³n.
b) En el caso de cese definitivo o temporal de la actividad por motivos econÃ³micos, tÃ©cnicos, organizativos o de producciÃ³n, en los tÃ©rminos expresados en el artÃ­culo 5.1.a) de la presente Ley. No se exigirÃ¡ el cierre de establecimiento abierto al pÃºblico en los casos en los que no cesen la totalidad de los socios trabajadores de la cooperativa de trabajo asociado.
Tales causas se acreditarÃ¡n mediante la aportaciÃ³n, por parte de la sociedad cooperativa, de los documentos a que se refiere el artÃ­culo 6.1.a) de la presente Ley. Asimismo, se deberÃ¡ acreditar certificaciÃ³n literal del acuerdo de la asamblea general del cese definitivo o temporal de la prestaciÃ³n de trabajo y de actividad de los socios trabajadores.
c) En el caso de cese definitivo o temporal de la actividad por fuerza mayor serÃ¡ necesario que la existencia de tales causas sea debidamente constatada por el Ã³rgano gestor de la prestaciÃ³n, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 6.1.b).
d) En el supuesto de finalizaciÃ³n del perÃ­odo al que se limitÃ³ el vÃ­nculo societario de duraciÃ³n determinada, serÃ¡ necesaria certificaciÃ³n del Consejo Rector u Ã³rgano de administraciÃ³n correspondiente de la baja en la cooperativa por dicha causa y su fecha de efectos.
e) En el caso de violencia de gÃ©nero, por la declaraciÃ³n escrita de la solicitante de haber cesado o interrumpido su prestaciÃ³n de trabajo en la sociedad cooperativa, a la que se adjuntarÃ¡ la orden de protecciÃ³n o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios sobre la condiciÃ³n de vÃ­ctima de violencia de gÃ©nero. La declaraciÃ³n ha de contener la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupciÃ³n.
f) En el caso de cese durante el perÃ­odo de prueba serÃ¡ necesaria comunicaciÃ³n del acuerdo de no admisiÃ³n por parte del Consejo Rector u Ã³rgano de administraciÃ³n correspondiente de la cooperativa al aspirante.
3. No estarÃ¡n en situaciÃ³n legal de cese de actividad los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que, tras cesar definitivamente en la prestaciÃ³n de trabajo, y por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, y haber percibido la prestaciÃ³n por cese de actividad, vuelvan a ingresar en la misma sociedad cooperativa en un plazo de un aÃ±o, a contar desde el momento en que se extinguiÃ³ la prestaciÃ³n. Si el socio trabajador reingresa en la misma sociedad cooperativa en el plazo seÃ±alado, deberÃ¡ reintegrar la prestaciÃ³n percibida.
4. Los socios trabajadores que se encuentren en situaciÃ³n legal de cese de actividad deberÃ¡n solicitar el reconocimiento del derecho a las prestaciones al Ã³rgano gestor del artÃ­culo 16 de la presente Ley, salvo lo establecido en la disposiciÃ³n adicional cuarta de la misma norma y hasta el Ãºltimo dÃ­a del mes siguiente a la declaraciÃ³n de la situaciÃ³n legal de cese de actividad, en los tÃ©rminos expresados en el apartado 2 de esta disposiciÃ³n adicional.
En caso de presentar la solicitud fuera del indicado plazo se estarÃ¡ a lo dispuesto en las normas de carÃ¡cter general de la presente Ley.
5. Cuando la cooperativa de trabajo asociado tenga a uno o mÃ¡s trabajadores por cuenta ajena, en el supuesto de cese total de la actividad de la cooperativa serÃ¡ requisito previo al cese de actividad de los socios trabajadores el cumplimiento de las garantÃ­as y procedimientos regulados en la legislaciÃ³n laboral.
DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. Trabajadores autÃ³nomos que ejercen su actividad profesional conjuntamente.
La protecciÃ³n por cese de actividad alcanzarÃ¡ tambiÃ©n a los trabajadores autÃ³nomos que ejerzan su actividad profesional conjuntamente con otros en rÃ©gimen societario o bajo cualquier otra forma jurÃ­dica admitida en derecho, siempre que cumplan con los requisitos regulados en la presente ley con las siguientes peculiaridades:
1. Se considerarÃ¡n en situaciÃ³n legal de cese de actividad los trabajadores autÃ³nomos profesionales que hubieren cesado, con carÃ¡cter definitivo o temporal en la profesiÃ³n desarrollada conjuntamente con otros, por alguna de las siguientes causas:
a) Por la concurrencia de motivos econÃ³micos, tÃ©cnicos, productivos u organizativos a que se refiere el artÃ­culo 5.1 a) de la presente Ley, y determinantes de la inviabilidad de proseguir con la profesiÃ³n, con independencia de que acarree o no el cese total de la actividad de la sociedad o forma jurÃ­dica en la que estuviera ejerciendo su profesiÃ³n.
No se exigirÃ¡ el cierre de establecimiento abierto al pÃºblico en los casos en los que no cesen la totalidad de los profesionales de la entidad, salvo en aquellos casos en los que el establecimiento estÃ© a cargo exclusivamente del profesional. No obstante, en este caso no podrÃ¡ declararse la situaciÃ³n legal de cese de actividad cuando el trabajador autÃ³nomo, tras cesar en su actividad y percibir la prestaciÃ³n por cese de actividad, vuelva a ejercer la actividad profesional en la misma entidad en un plazo de un aÃ±o, a contar desde el momento en que se extinguiÃ³ la prestaciÃ³n. En caso de incumplimiento de esta clÃ¡usula, deberÃ¡ reintegrar la prestaciÃ³n percibida.
b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la profesiÃ³n.
c) Por pÃ©rdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la profesiÃ³n y no venga motivada por incumplimientos contractuales o por la comisiÃ³n de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autÃ³nomo solicitante.
d) La violencia de gÃ©nero determinante del cese temporal o definitivo de la profesiÃ³n de la trabajadora autÃ³noma.
e) Por divorcio o acuerdo de separaciÃ³n matrimonial, mediante la correspondiente resoluciÃ³n judicial, en los supuestos en que el autÃ³nomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su excÃ³nyuge o de la persona de la que se ha separado, en funciÃ³n de las cuales estaba incluido en el correspondiente rÃ©gimen de la Seguridad Social, y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separaciÃ³n matrimoniales.
2. Cuando el trabajador autÃ³nomo profesional tenga a uno o mÃ¡s trabajadores a su cargo y concurra alguna de las causas del apartado anterior, serÃ¡ requisito previo al cese de su actividad profesional el cumplimiento de las garantÃ­as y procedimientos regulados en la legislaciÃ³n laboral, con independencia de que hayan cesado o no el resto de profesionales.
DisposiciÃ³n adicional octava. Trabajadores por cuenta propia agrarios.
Las condiciones y supuestos especÃ­ficos por los que se rija el sistema de protecciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, se desarrollarÃ¡n mediante la correspondiente norma reglamentaria en el plazo de un aÃ±o.
DisposiciÃ³n adicional novena. Cobertura de la prestaciÃ³n por cese de actividad de trabajadores autÃ³nomos que desarrollen actividades determinadas con mayor riesgo de siniestralidad por el Gobierno en rÃ©gimen de pluriactividad.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional tercera de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo AutÃ³nomo, los trabajadores autÃ³nomos que desarrollen las actividades profesionales que sean determinadas por el Gobierno como de mayor riesgo de siniestralidad y tengan cubierta la prestaciÃ³n por desempleo en otro rÃ©gimen del sistema de la Seguridad Social en el que tambiÃ©n se encuentren en alta, cotizando al menos por la base mÃ­nima del grupo de cotizaciÃ³n correspondiente, computada por mes, en tanto se mantenga su situaciÃ³n de pluriactividad, no tendrÃ¡n la obligaciÃ³n de incorporar la cobertura de la protecciÃ³n por cese de actividad en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos, o al RÃ©gimen Especial de los Trabajadores del Mar en su caso, salvo que opten de modo voluntario por cubrir dicha protecciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional dÃ©cima. EvoluciÃ³n de la duraciÃ³n de la prestaciÃ³n econÃ³mica por cese de actividad.
El Gobierno, transcurridos veinticuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, elaborarÃ¡ un estudio sobre la evoluciÃ³n del Sistema, teniendo en cuenta los principios de solidaridad financiera, sostenibilidad y carÃ¡cter contributivo, asÃ­ como sobre el modelo de gestiÃ³n de la prestaciÃ³n. En caso de que quede acreditada la viabilidad financiera, se realizarÃ¡ una propuesta de incremento de la duraciÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad.
DisposiciÃ³n adicional undÃ©cima. CotizaciÃ³n de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante.
Uno. Se da nueva redacciÃ³n al pÃ¡rrafo primero del apartado cuatro.9 del artÃ­culo 129 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2010, en los siguientes tÃ©rminos:
Â«9. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que, desde el 1 de enero de 2009, figuren incluidos en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos tendrÃ¡n derecho, durante 2010, a una reducciÃ³n del 50 por 100 de la cuota a ingresar.Â»
Dos. La reducciÃ³n de cuotas prevista en el apartado dos de la disposiciÃ³n adicional decimoctava de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protecciÃ³n de las personas desempleadas, resultarÃ¡ tambiÃ©n de aplicaciÃ³n al resto de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que figuren incluidos en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos desde el 1 de enero de 2009.
DisposiciÃ³n adicional duodÃ©cima. RenovaciÃ³n de la autorizaciÃ³n de residencia y trabajo de los trabajadores autÃ³nomos extranjeros.
Se aÃ±ade una nueva letra c) al artÃ­culo 62.1 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley OrgÃ¡nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en EspaÃ±a y su integraciÃ³n social.
La nueva letra c) tendrÃ¡ la siguiente redacciÃ³n:
Â«c) Cuando por el Ã³rgano gestor competente, conforme a la normativa sobre la materia, se hubiera reconocido al extranjero trabajador autÃ³nomo la protecciÃ³n por cese de actividad, y durante el periodo de percibo de la prestaciÃ³n.Â»
DisposiciÃ³n adicional decimotercera. PrestaciÃ³n no contributiva para trabajadores autÃ³nomos.
Los trabajadores autÃ³nomos que hayan cesado su actividad profesional o empresarial a partir de 1 de enero de 2009 y que no reciban ninguna otra ayuda o prestaciÃ³n pÃºblica con el objetivo de dar un soporte econÃ³mico mientras siguen un itinerario de orientaciÃ³n y formaciÃ³n para mejorar su ocupabilidad, tendrÃ¡n derecho a una prestaciÃ³n econÃ³mica de carÃ¡cter no contributivo.
Esta prestaciÃ³n consiste en un cobro mensual de 425 euros durante un mÃ¡ximo de seis meses. La percepciÃ³n de este importe estÃ¡ vinculada al compromiso de la bÃºsqueda activa de ocupaciÃ³n por parte del beneficiario y a la realizaciÃ³n de un mÃ­nimo de 180 horas de formaciÃ³n.
Los beneficiarios de la prestaciÃ³n deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber cotizado en el RÃ©gimen Especial de Trabajadores AutÃ³nomos tres de los Ãºltimos cinco aÃ±os.
b) Que la media de ingresos familiares por persona no supere el 75% del Salario MÃ­nimo Interprofesional.
Esta prestaciÃ³n serÃ¡ compatible con otras prestaciones de las Comunidades AutÃ³nomas.
El Gobierno regularÃ¡, en el plazo de tres meses, las condiciones para el acceso a esta nueva prestaciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional decimocuarta. Pago Ãºnico de la prestaciÃ³n por cese de actividad.
En los tÃ©rminos que reglamentariamente se establezcan, se fijarÃ¡n los supuestos y requisitos para que los beneficiarios del derecho a la prestaciÃ³n por cese en la actividad puedan percibir, una parte o en su totalidad, el valor actual del importe de la prestaciÃ³n que pudiera corresponderles en funciÃ³n de las cotizaciones efectuadas.
DisposiciÃ³n adicional decimoquinta. ModificaciÃ³n de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido.
Se modifica el nÃºmero 3.Âº del apartado dos.2 del artÃ­culo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«3.Âº Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de dÃ­a y de noche y atenciÃ³n residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artÃ­culo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de PromociÃ³n de la AutonomÃ­a Personal y AtenciÃ³n a las personas en situaciÃ³n de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestaciÃ³n econÃ³mica vinculada a tales servicios que cubra mÃ¡s del 75 por ciento de su precio, en aplicaciÃ³n, en ambos casos, de lo dispuesto en dicha Ley.
Lo dispuesto en este nÃºmero 3.Âº no se aplicarÃ¡ a los servicios que resulten exentos por aplicaciÃ³n del nÃºmero 8.Âº del apartado uno del artÃ­culo 20 de esta Ley.Â»
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. Plazo especial de opciÃ³n para la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia o autÃ³nomos.
A efectos de la cobertura de la prestaciÃ³n por cese de actividad, los trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de esta Ley figuren en alta en el RÃ©gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o AutÃ³nomos y no tengan cubierta la protecciÃ³n por contingencias profesionales, podrÃ¡n optar por esta Ãºltima protecciÃ³n dentro de los tres meses siguientes a la fecha indicada, con efectos desde el dÃ­a primero del mes siguiente al de dicha opciÃ³n.
La presente Ley se dicta al amparo del artÃ­culo 149.1.17Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislaciÃ³n bÃ¡sica y rÃ©gimen econÃ³mico de la Seguridad Social.
DisposiciÃ³n final segunda. ModificaciÃ³n del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Uno. Se modifica el apartado 5 del artÃ­culo 22, que queda redactado del siguiente modo:
Â«5. Formalizar la protecciÃ³n por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en su caso, de la incapacidad temporal del personal a su servicio, asÃ­ como los trabajadores autÃ³nomos la protecciÃ³n por cese de actividad en entidad distinta de la que legalmente corresponda.Â»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artÃ­culo 24, que queda redactado del siguiente modo:
Â«3. En el caso de los solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, o de trabajadores por cuenta propia solicitantes o beneficiarios de la prestaciÃ³n por cese de actividad:
a) No comparecer, previo requerimiento ante el Servicio PÃºblico de Empleo, las agencias de colocaciÃ³n sin fines lucrativos o las entidades asociadas de los servicios integrados para el empleo, o ante el Ã³rgano gestor de la prestaciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo, o no renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovaciÃ³n de la demanda, salvo causa justificada.
b) No devolver en plazo, salvo causa justificada, al servicio pÃºblico de empleo o, en su caso, a las agencias de colocaciÃ³n sin fines lucrativos el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por aquÃ©llos.
c) No cumplir las exigencias del compromiso de actividad, salvo causa justificada, siempre que la conducta no estÃ© tipificada como otra infracciÃ³n leve o grave en los artÃ­culos 24 Ã³ 25 de esta Ley.
A los efectos previstos en esta Ley, se entenderÃ¡ por compromiso de actividad el que reÃºna los requisitos establecidos en el apartado 2 del artÃ­culo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.Â»
Tres. Se modifica el apartado 4 del artÃ­culo 25, que queda redactado como sigue:
Â«4. En el caso de solicitantes o beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, o de trabajadores por cuenta propia solicitantes o beneficiarios de la prestaciÃ³n por cese de actividad:
a) Rechazar una oferta de empleo adecuada, ya sea ofrecida por el servicio pÃºblico de empleo o por las agencias de colocaciÃ³n sin fines lucrativos, salvo causa justificada.
b) Negarse a participar en los trabajos de colaboraciÃ³n social, programas de empleo, incluidos los de inserciÃ³n profesional, o en acciones de promociÃ³n, formaciÃ³n, motivaciÃ³n, informaciÃ³n, orientaciÃ³n, inserciÃ³n o reconversiÃ³n profesional, salvo causa justificada, ofrecidos por el servicio pÃºblico de empleo o por las entidades asociadas de los servicios integrados para el empleo, o por el Ã³rgano gestor de la prestaciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo.
A los efectos previstos en esta Ley, se entenderÃ¡ por colocaciÃ³n adecuada y por trabajos de colaboraciÃ³n social, los que reÃºnan los requisitos establecidos, respectivamente, en el apartado 3 del artÃ­culo 231 y en el apartado 3 del artÃ­culo 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.Â»
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artÃ­culo 26, que queda redactado como sigue:
Â«2. Compatibilizar el percibo de prestaciones o subsidio por desempleo, asÃ­ como la prestaciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el caso del trabajo a tiempo parcial en los tÃ©rminos previstos en la normativa correspondiente. En el caso de subsidio por desempleo de los trabajadores eventuales agrarios, se entenderÃ¡ que el trabajador ha compatibilizado el percibo de la prestaciÃ³n con el trabajo por cuenta ajena o propia cuando los dÃ­as trabajados no hayan sido declarados en la forma prevista en su normativa especÃ­fica de aplicaciÃ³n.Â»
Cinco. Se modifica el apartado 2 del artÃ­culo 28, que queda redactado del siguiente modo:
Â«2. Aceptar la asociaciÃ³n de empresas no incluidas en el Ã¡mbito territorial o funcional de la entidad sin estar autorizadas; no aceptar toda proposiciÃ³n de asociaciÃ³n que formulen las empresas comprendidas en su Ã¡mbito de actuaciÃ³n; concertar convenios de asociaciÃ³n de duraciÃ³n superior a un aÃ±o; y no proteger a la totalidad de los trabajadores de una empresa asociada correspondientes a centros de trabajo situados en la misma provincia, y no atender a las solicitudes de cobertura de la protecciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos con los que tengan formalizada la cobertura por contingencias profesionales.Â»
Seis. Se introducen los apartados 9, 10 y 11 en el artÃ­culo 28, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«9. No cumplir con la normativa relativa al reconocimiento, suspensiÃ³n, extinciÃ³n y reanudaciÃ³n derivada de la gestiÃ³n de la prestaciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos.Â»
Â«10. Incumplir la normativa de la prestaciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos respecto a la gestiÃ³n del desarrollo de convocatorias y acciones especÃ­ficas de formaciÃ³n, orientaciÃ³n profesional, informaciÃ³n, motivaciÃ³n, reconversiÃ³n o inserciÃ³n profesional del trabajador autÃ³nomo que se determinen.Â»
Â«11. La declaraciÃ³n o denegaciÃ³n de la fuerza mayor como situaciÃ³n legal del cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos sin tener en consideraciÃ³n la documentaciÃ³n aportada por el solicitante.Â»
Siete. Se introduce un apartado 8 en el artÃ­culo 29, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«El falseamiento de la declaraciÃ³n de fuerza mayor para que los trabajadores autÃ³nomos obtengan o disfruten fraudulentamente la prestaciÃ³n por cese de actividad, asÃ­ como la connivencia con los trabajadores autÃ³nomos para la obtenciÃ³n de prestaciones indebidas, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de la prestaciÃ³n por cese de actividad.Â»
Ocho. Se introduce un apartado 9 en el artÃ­culo 29, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«Falta de diligencia suficiente en la supervisiÃ³n de la gestiÃ³n de la prestaciÃ³n, de forma reiterada y prolongada en el tiempo.Â»
Nueve. Se modifican los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 47, que quedan redactados del siguiente modo:
Â«1. En el caso de los solicitantes y beneficiarios de pensiones o prestaciones de Seguridad Social, incluidas las de desempleo y la prestaciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos, las infracciones se sancionarÃ¡n:
a) Las leves con pÃ©rdida de pensiÃ³n durante un mes. En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial, las infracciones leves tipificadas en los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 24 se sancionarÃ¡n conforme a la siguiente escala:
1. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 1 mes de prestaciones.
2. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 3 meses de prestaciones.
3. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 6 meses de prestaciones.
4. InfracciÃ³n. ExtinciÃ³n de prestaciones.
En el caso de la prestaciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos, la infracciÃ³n leve del artÃ­culo 24.3 se sancionarÃ¡ conforme a la siguiente escala:
1. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 15 dÃ­as de prestaciÃ³n.
2. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 1 mes y 15 dÃ­as de prestaciÃ³n.
3. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 3 meses de prestaciÃ³n.
4. InfracciÃ³n. ExtinciÃ³n de la prestaciÃ³n.
Se aplicarÃ¡n estas escalas a partir de la primera infracciÃ³n y cuando entre la comisiÃ³n de una infracciÃ³n leve y la anterior no hayan transcurrido mÃ¡s de los 365 dÃ­as que establece el artÃ­culo 41.1 de esta Ley, con independencia del tipo de infracciÃ³n.
b) Las graves tipificadas en el artÃ­culo 25 con pÃ©rdida de la prestaciÃ³n o pensiÃ³n durante un perÃ­odo de tres meses, salvo las de sus nÃºmeros 2 y 3, respectivamente, en las prestaciones por incapacidad temporal y en las prestaciones y subsidios por desempleo, asÃ­ como en la prestaciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos, en las que la sanciÃ³n serÃ¡ de extinciÃ³n de la prestaciÃ³n.
En el caso de las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial las infracciones graves tipificadas en el apartado 4 del artÃ­culo 25 se sancionarÃ¡n conforme a la siguiente escala:
1. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 3 meses de prestaciones.
2. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 6 meses de prestaciones.
3. InfracciÃ³n. ExtinciÃ³n de prestaciones.
En el caso de la prestaciÃ³n por cese de actividad de los trabajadores autÃ³nomos, la infracciÃ³n grave tipificada en el artÃ­culo 25.4 b) se sancionarÃ¡ conforme a la siguiente escala:
1. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 1 mes y 15 dÃ­as de prestaciÃ³n.
2. InfracciÃ³n. PÃ©rdida de 3 meses de prestaciÃ³n.
3. InfracciÃ³n. ExtinciÃ³n de la prestaciÃ³n.
Se aplicarÃ¡n estas escalas a partir de la primera infracciÃ³n y cuando entre la comisiÃ³n de una infracciÃ³n grave y la anterior no hayan transcurrido mÃ¡s de los 365 dÃ­as que establece el artÃ­culo 41.1 de esta Ley, con independencia del tipo de infracciÃ³n.
c) Las muy graves, con pÃ©rdida de la pensiÃ³n durante un perÃ­odo de seis meses o con extinciÃ³n de la prestaciÃ³n o subsidio por desempleo, o de la prestaciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo.
Igualmente, se les podrÃ¡ excluir del derecho a percibir cualquier prestaciÃ³n econÃ³mica y, en su caso, ayuda de fomento de empleo durante un aÃ±o, asÃ­ como del derecho a participar durante ese perÃ­odo en acciones formativas en materia de formaciÃ³n profesional ocupacional y continua.
d) No obstante las sanciones anteriores, en el supuesto de que la trasgresiÃ³n de las obligaciones afecte al cumplimiento y conservaciÃ³n de los requisitos que dan derecho a la prestaciÃ³n, podrÃ¡ la entidad gestora suspender cautelarmente la misma hasta que la resoluciÃ³n administrativa sea definitiva.
2. En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena, y demandantes de empleo no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo, o de la prestaciÃ³n por cese de actividad del trabajador autÃ³nomo, las infracciones se sancionarÃ¡n:
a) En el caso de desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio PÃºblico de Empleo, no solicitantes ni beneficiarios de prestaciones por desempleo, las infracciones leves, graves y muy graves tipificadas en el artÃ­culo 17 se sancionarÃ¡n con el cambio de la situaciÃ³n administrativa de su demanda de empleo de la de alta a la de baja, situaciÃ³n en la que permanecerÃ¡ durante uno, tres y seis meses respectivamente. En esta situaciÃ³n estos demandantes no participarÃ¡n en procesos de intermediaciÃ³n laboral ni serÃ¡n beneficiarios de las acciones de mejora de la ocupabilidad contempladas en las polÃ­ticas activas de empleo.
No obstante lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior, estos demandantes, cuando trabajen y queden en situaciÃ³n de desempleo, podrÃ¡n bien inscribirse nuevamente en el Servicio PÃºblico de Empleo y, en ese caso, solicitar las prestaciones y subsidios por desempleo, o bien solicitar la prestaciÃ³n por cese de actividad, si reÃºnen los requisitos exigidos para ello.
b) En el caso de trabajadores por cuenta propia o ajena que cometan las infracciones tipificadas en el artÃ­culo 17.3, se les excluirÃ¡ del derecho a percibir ayudas de fomento de empleo y a participar en acciones formativas en materia de formaciÃ³n profesional ocupacional y continua durante seis meses.Â»
Diez. Se aÃ±ade un nuevo apartado 4 bis en el artÃ­culo 48, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«4 bis. La imposiciÃ³n de las sanciones por infracciones a los trabajadores autÃ³nomos o por cuenta propia, en los casos en que las mismas afecte a la prestaciÃ³n por cese en la actividad, corresponderÃ¡, a propuesta de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social, segÃºn el Ã³rgano gestor a:
a) Si la gestiÃ³n corresponde a un organismo pÃºblico, la imposiciÃ³n de la sanciÃ³n corresponderÃ¡ al Servicio PÃºblico de Empleo Estatal o al Instituto Social de la Marina, segÃºn los casos.
b) Si la gestiÃ³n corresponde a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, a la autoridad competente correspondiente a la provincia en que se haya procedido al reconocimiento de la protecciÃ³n.Â»
1. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaciÃ³n y desarrollo de la presente Ley, en el Ã¡mbito de sus competencias.
2. La habilitaciÃ³n al Gobierno conferida en el apartado anterior, incluye la posibilidad de modificar, por medio de norma con rango de reglamento, la letra c) del artÃ­culo 62.1 que la DisposiciÃ³n adicional duodÃ©cima de la presente Ley ha aÃ±adido al Reglamento aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.
DisposiciÃ³n final cuarta. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Se adiciona una nueva letra e) al nÃºmero 2 del artÃ­culo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactada en los siguientes tÃ©rminos:
Â«e) Establecer los supuestos y condiciones en que los sujetos responsables en el Ã¡mbito de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso ElectrÃ³nico de los Ciudadanos a los Servicios PÃºblicos, quedarÃ¡n obligados a recibir las notificaciones por medios informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos.Â»
DisposiciÃ³n final quinta. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Se aÃ±ade una nueva disposiciÃ³n adicional, la quincuagÃ©sima, al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional quincuagÃ©sima. Notificaciones de actos administrativos por medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos.
1. Las notificaciones por medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos de actos administrativos en el Ã¡mbito de la Seguridad Social se efectuarÃ¡n en la sede electrÃ³nica de la Seguridad Social, respecto a los sujetos obligados que se determinen por el Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n asÃ­ como respecto a quienes, sin estar obligados, hubiesen optado por dicha clase de notificaciÃ³n.
Los sujetos no obligados a ser notificados en forma telemÃ¡tica en la sede electrÃ³nica de la Seguridad Social que no hubiesen optado por dicha forma de notificaciÃ³n, serÃ¡n notificados en el domicilio que expresamente hubiesen indicado para cada procedimiento y, en su defecto, en el que figure en los Registros de la AdministraciÃ³n de la Seguridad Social.
2. Las notificaciones de los actos administrativos que traigan causa de los datos transmitidos electrÃ³nicamente a travÃ©s del Sistema RED, realizadas a los autorizados para dicha transmisiÃ³n, se efectuarÃ¡n obligatoriamente por medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos en la sede electrÃ³nica de la Seguridad Social, siendo vÃ¡lidas y vinculantes a todos los efectos legales para las empresas y sujetos obligados a los que se refieran dichos datos, salvo que estos Ãºltimos hubiesen manifestado su preferencia porque dicha notificaciÃ³n en sede electrÃ³nica se les efectÃºe directamente a ellos o a un tercero.
3. A los efectos previstos en el artÃ­culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, las notificaciones realizadas en la sede electrÃ³nica de la Seguridad Social se entenderÃ¡n rechazadas cuando, existiendo constancia de la puesta a disposiciÃ³n del interesado del acto objeto de notificaciÃ³n, transcurran diez dÃ­as naturales sin que se acceda a su contenido.
4. En los supuestos previstos en el artÃ­culo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrÃ³nico de los ciudadanos a los servicios pÃºblicos, las notificaciones que no hayan podido realizarse en la sede electrÃ³nica de la Seguridad Social o en el domicilio del interesado, conforme a lo indicado en los apartados anteriores, se practicarÃ¡n exclusivamente en el TablÃ³n Edictal de la Seguridad Social situado en dicha sede electrÃ³nica.
Transcurridos 20 dÃ­as naturales desde que la notificaciÃ³n se hubiese publicado en el TablÃ³n Edictal de la Seguridad Social, se entenderÃ¡ que la misma ha sido practicada, dÃ¡ndose por cumplido dicho trÃ¡mite y continuÃ¡ndose con el procedimiento.
El TablÃ³n Edictal de la Seguridad Social serÃ¡ gestionado por la SecretarÃ­a de Estado de la Seguridad Social. La prÃ¡ctica de la notificaciÃ³n en el mismo se efectuarÃ¡ en los tÃ©rminos que se determinen por orden del Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n.Â»
DisposiciÃ³n final sexta. Se modifica el artÃ­culo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales.
Â«ArtÃ­culo 32. ActuaciÃ³n preventiva de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social no podrÃ¡n desarrollar directamente las funciones correspondientes a los servicios de prevenciÃ³n ajenos. Ello sin perjuicio de que puedan participar con cargo a su patrimonio histÃ³rico en las sociedades mercantiles de prevenciÃ³n constituidas a este Ãºnico fin, en los tÃ©rminos y condiciones que se establezcan en las disposiciones de aplicaciÃ³n y desarrollo.Â»
DisposiciÃ³n final sÃ©ptima. Entrada en vigor

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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