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Pedro A. Munar Bernat - PDF
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1 VIII.1- DISPOSICIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR Y DONACIONES ENTRE CÓNYUGES. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO DE Pedro A. Munar Bernat 1 9 1
2 P R E L I M I N A R. ÍNDICE I. UN EXAMEN CRÍTICO A LA LABOR LEGISLATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 1. LOS TRABAJOS PRELEGISLATIVOS La Comisión Asesora de Derecho civil La labor de la Comisión de Derecho Privado de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears. 2. BALANCE DE LA NORMATIVA APROBADA. II. GÉNESIS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO. 1. LOS ANTECEDENTES REMOTOS DE ESTA REALIDAD. 2. EL CONSEJO ASESOR PARA EL MANTENIMIENTO, LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DEL DERECHO FORAL DE IBIZA Y FORMENTERA. 3. LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL ANTEPROYECTO, DE 6 DE FEBRERO DE III. LA DISPOSICIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR. 1. LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN ASESORA EN LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN ASESORA DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL DE La regulación prevista Elementos fundamentales de la propuesta Su disposición sistemática Objetos sobre los que debe recaer el consentimiento Carácter del consentimiento exigido La referencia a las hipótesis de cotitularidad El carácter imperativo de la norma La autorización judicial en supuestos de imposibilidad de obtener el consentimiento del cónyuge Las reglas relativas a la obligación de manifestar el carácter de la vivienda El régimen jurídico de la protección. 4. VALORACIÓN SOBRE LAS POSIBLES ALTERNATIVAS P R O P U E S T A S
3 4.1. Es una norma de régimen económico matrimonial primario Es una norma que protege a la familia más allá de la titularidad dominical Su relación con la norma sobre fijación del domicilio c o n y u g a l Trata de peor condición al cónyuge casado no titular que al divorciado, anulado o separado Tiene sentido la peculiaridad que manifiesta? Solución que se sugiere. IV. LAS DONACIONES ENTRE CÓNYUGES. 1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. 2. LA DONACIÓN Y EL MATRIMONIO. 3. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DONACIONES ENTRE C Ó N Y U G E S La prohibición de donaciones entre cónyuges en el Derecho R o m a n o La prohibición de las donaciones entre cónyuges en los textos precompilatorios Memoria de Ripoll y Palou de 2 de febrero de Exposición del Colegio de Abogados de Palma de Mallorca con motivo de la proyectada codificación del derecho civil común y foral Proyecto de apéndice al Código civil redactado por la mayoría de la Comisión Especial de Derecho foral Informe del Colegio de Abogados de Palma sobre el proyecto de apéndice al Código civil Proyecto de Apéndice elaborado por la Comisión de Juristas nombrada por la OM de 10 de enero de Las donaciones entre cónyuges en la Compilación de La regulación tras la reforma operada por la Ley 8/1990 y el Decreto Legislativo 79/ La modificación operada por la Ley 3/2009, de 27 de abril El sentido de la reforma La situación en que queda el art in fine del Código civil La opción escogida por el legislador balear La alternativa del Anteproyecto de régimen patrimonial del m a t r i m o n i o. 4. Donaciones entre cónyuges y reserva
4 4.1. La situación actual en las Illes Balears La situación que plantearía el Anteproyecto La propuesta de la Comisión de Derecho Privado de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears Conclusión. B I B L I O G R A F I A. ANEXO. ANTEPROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN PATRIMONIAL D E L M A T R I M O N I O
5 P R E L I M I N A R. En la sesión inaugural del curso académico de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las islas Baleares 1, su Presidente, el Dr. Miquel Masot Miquel, anunció que la Comisión Asesora de Derecho civil del Gobierno Balear 2 había concluido un anteproyecto de ley de régimen patrimonial del matrimonio 3. Desde el 13 de septiembre se ha abierto un período de exposición pública del mismo 4. La pretensión de este trabajo es analizar dos aspectos de esta propuesta que suponen un cambio respecto de la normativa actualmente vigente. Nos referimos a la exigencia del consentimiento del cónyuge no titular en supuestos de actos de disposición sobre la vivienda familiar en las islas de Mallorca y Menorca y a la regulación de las causas de revocación de las donaciones entre cónyuges, constante matrimonio. En todo caso, antes de proceder a ese análisis, pensamos que resulta conveniente dedicar sendos epígrafes a dos temas de fondo; en primer lugar, hacer una reflexión general sobre la actuación del Parlament de les Illes Balears y de los diferentes gobiernos que, desde 1983, han dirigido los designios de nuestra Comunidad Autónoma; en segundo término, analizar la génesis del anteproyecto de ley dando cuenta de sus vicisitudes para, en su caso, establecer un cierto paralelismo con las que se produjeron en la elaboración y aprobación de la Compilación de Derecho civil de Baleares de Revista Missèr, gener-març 2013, pág Órgano permanente de consulta y asesoramiento del Gobierno de las Islas Baleares en materia de derecho civil propio, creada por Decreto 229/1999, de 29 de septiembre (BOCAIB nº 136, de 30 de octubre 1999), posteriormente regida por el Decreto 168/2003, de 23 de septiembre (BOIB nº 136, de 30 septiembre 2003) y actualmente regulada por el Decreto 9/2009, de 23 de febrero (BOIB nº 26, de 19 de febrero), modificado por Decreto 1/2012, de 20 de enero (BOIB nº 14, de 31 de enero). En la actualidad, forman parte de la misma nombrados por Decreto 14/2009, de 6 de marzo (BOIB nº 37, de 12 de marzo) y Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero 2012 (BOIB nº 22, de 11 de febrero): Miguel Coca Payeras (Presidente), Pedro A. Aguiló Monjo (Secretario), Olga Cardona Guasch Jaime Ferrer Pons, Mª Pilar Ferrer Vanrell, Francisca Llodrá Grimalt, Miquel Masot Miquel, Mª Antonia Mateu Gelabert, Tomas Mir de la Fuente, Andrés Mª Monserrat Quintana, Josep Mª Quintana Petrus, Mª del Carmen Vila Ribas (Vocales). 3.- Se maneja una versión de fecha 6 de febrero de 2013, que se acompaña como Anexo al final del trabajo
6 I. UN EXAMEN CRÍTICO A LA LABOR LEGISLAT I VA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 1. LOS TRABAJOS PRELEGISLATIVOS La Comisión Asesora de Derecho civil. Como hemos señalado, la Comisión Asesora de Derecho civil es el órgano permanente de consulta y asesoramiento del Gobierno balear en materia de Derecho civil propio. Además de la labor que ha concluido con las normas aprobadas por el Parlament de las que al final de este epígrafe daremos cuenta, ha realizado una importante labor en aras a conseguir una reforma de las normas relativas a los efectos patrimoniales del matrimonio, como acreditan los hitos que a continuación se enumeran, pero que desgraciadamente hasta la fecha no ha tenido reflejo normativo. a) Documento de trabajo de 26 de octubre de 2000, aprobado en el seno de la Comisión Asesora de Derecho civil de les Illes Balears 5, por el cual se da nueva redacción a los artículos 3, 4 y 5 de la Compilación de Derecho civil de las islas Baleares, que fue entregado al Gobierno de la Comunidad Autónoma en b) Propuesta de reforma de los aspectos patrimoniales del Matrimonio, presentada por la Comisión Asesora de Derecho civil de les Illes Balears, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma el 23 de marzo de Los integrantes de la misma, nombrados por el Decreto 50/2000, de 17 de marzo ( B O C A I B nº 38, de 23 de febrero) eran, a la sazón, Miquel Masot Miquel (Presidente), Juan López Gayá (Secretario), Miguel Ángel Aguiló Monjo, Mª José Cánaves Bertos, Miguel Coca Payeras, Jaume Ferrer Pons, Josep Mª Quintana Petrus, Ignasi Ribas Garau, y Cristina Tur Sans. Por Decreto 76/2002, de 17 de mayo ( B O I B nº 63, de 25 de mayo de 2002), se produjo una modificación en su composición, abandonándola los Sres. Masot Miquel, López Gayá, Aguiló Monjo y Sra. Cánaves Bertos e incorporándose Raimundo Clar Garau, Bernardo Garcías Vidal y Mª Antonia Mateu Gelabert, que asumió el cargo de Secretaria. 6.- Según manifiesta la Exposición de Motivos del Anteproyecto de 29 de abril de Nombrada por Decreto 15/2004, de 6 febrero (BOIB nº 22, de 14 de febrero) e integrada por Mª Pilar Ferrer Vanrell (Presidenta), Felisa Vidal Mercadal (Secretaria), Antonio D. Canals Prats, Olga Cardona Guasch, Raimundo Clar Garau, Jaime Ferrer Pons, Bernardo Garcías Vidal, Pedro Monjo Cerdaétrus, Pedro A. Munar Bernat y Antonio Planas Rosselló
7 Compuesta por 25 artículos, quedó integrada en el Proyecto de Ley por el que se reforma el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Illes Balears. Dicho Proyecto de Ley, que no llegó a ser objeto de tramitación parlamentaria, pretendía modificar no sólo el Título I del Libro I, dedicado a Mallorca, aplicable por mor de la remisión del artículo 65 de la CDCIB, a Menorca, sino que también aspiraba a reformar el Título Preliminar de la Compilación. De ahí que dicha propuesta de reforma de los efectos patrimoniales del matrimonio se contuviera en los artículos 4 a 28, ambos inclusive, de dicho Proyecto, toda vez que los artículos 1, 2 y 3 del mismo estaban destinados a sustituir a los dos que componen el actual Título Preliminar de la CDCIB. c) Anteproyecto de Ley de régimen patrimonial del matrimonio, presentado por la Comisión Asesora de Derecho civil a la consideración del Gobierno, d o n d e : La ley se denomina de régimen patrimonial del matrimonio, porque no se limita, como hacía hasta ahora la Compilación, a regular el régimen económico matrimonial propio de las diferentes islas, sino que intenta incluir los diferentes aspectos patrimoniales que derivan del hecho de contraer matrimonio con la finalidad de que en las situaciones en que sea aplicable esta ley la ordenación sea completa y no sea necesario acudir a ordenaciones supletorias. 8 que es el que da pie a este trabajo. La parálisis legislativa en esta materia, con independencia de la valoración que se quiera hacer de ella, hay que reconocer que está planteando verdaderos problemas a los tribunales de las islas, como acredita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, de 24 de marzo e n que, para evitar la evidente discriminación para las parejas casadas que puede 8.- Fiel al modelo aprobado por unanimidad de la Comisión Asesora de Derecho Civil en las sesiones de 30 de marzo y 28 de abril de 2009, que es el de la elaboración de leyes sectoriales especiales en torno al Derecho civil propio que de forma parcial deben ir derogando la Compilación, con el fin último de, una vez promulgadas las diferentes leyes sectoriales, decidir la refundición en un solo cuerpo legal, o mantener el sistema sin un cuerpo legal de referencia. Cfr. COCA PAYERAS, Miguel VILA RIBAS, Mª del Carmen: El Derecho civil balear en su Estatuto de Autonomía y sus perspectivas de futuro. El Dret viscut. 50 anys de la Compilació del Dret civil de les Illes Balears ( ). María Pilar Ferrer/Miquel Masot/Lluís J. Segura (coord.). Palma de Mallorca, 2011, pág Ponente Ilmo. Sr. D. Antonio F. Capó Delgado. RJ 2010/
8 suponer el reconocimiento de una indemnización por el trabajo para la casa que haya podido desarrollar uno de los integrantes de una pareja estable por parte del art. 9 de la Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables, entiende que procede realizar una aplicación analógica de dicho precepto ante la reclamación de un cónyuge en el marco de un procedimiento de divorcio al considerar que si así no se hiciera, el trato diferente de esta situación semejante y en la que existe identidad de razón por el mismo Ordenamiento Jurídico conduciría al absurdo, vulneraría la técnica integradora de la analogía legis e implicaría, necesariamente, una discriminación proscrita por el artículo 14 de la Constitución Española. Al margen de que la solución a la que llega la sentencia pueda ser plausible desde una perspectiva de justicia material, resulta muy atrevido realizar esa aplicación analógica aunque sólo sea por el hecho objetivo de que el Legislador balear ha procedido a reformar la Compilación en materia de régimen económico, en concreto su artículo 4, en 2009 y, pudiendo, no ha creído necesario incorporar un precepto equivalente al art. 9 de la LPE, argumento que es una de las bases por las que el TSJIB entendió que no procedía la aplicación supletoria del artículo 1320 Cc ante el silencio del legislador balear, en su sentencia de 3 de septiembre de La labor de la Comisión de Derecho Privado de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears. La Academia, de acuerdo con el art. 3.3 de sus Estatutos, plantea entre sus actividades: el estudio de las disposiciones legales para orientar su aplicación, formular propuestas de reforma, y concurrir a las informaciones públicas sobre la nueva legislación, dedicando especial consideración al Derecho propio de las Illes Balears. En aras a dar cumplimiento a esa misión, desde 2009 tiene constituida una Comisión Académica de Derecho Privado 11 que en los últimos años ha publicado una serie de valiosas contribuciones para la conveniente reforma del derecho de sucesiones: 10.- Ponente Ilmo. Sr. D. Rafael Perera Mezquida. RJ 1998/ Creada por acuerdo adoptado en la sesión de la Academia de 16 de febrero de
9 - Medidas sucesorias a favor del descendiente con incapacidad Sistemas legitimarios de las Illes Balears Los contratos sucesorios en las Illes Balears Reservas hereditarias y derecho civil balear 1 5. En todos los casos, se ha remitido ejemplar de los estudios realizados a la Comisión Asesora de Derecho civil y a la Presidencia del Parlament B a l e a r. El último de los trabajos presentados por la Academia será objeto de especial atención en este trabajo al hilo del tema de las donaciones entre cónyuges, por su vinculación con la materia de la reserva vidual. 2. BALANCE DE LA NORMATIVA APROBADA. A pesar de estas importantes iniciativas prelegislativas o de propuestas académicas, hay que convenir que es llamativa la falta de voluntad política de los diferentes Gobiernos de la Comunidad Autónoma que, desde 1983 hasta la fecha, se han visto incapaces de afrontar una reforma en profundidad del derecho civil propio de las islas Baleares 1 6, de acuerdo con la competencia que tiene reconocida la Comunidad Autónoma en la conservación, modificación 12.- A partir de una ponencia de Miquel Masot Miquel, con aportaciones de Bernardo Cardona Escandell, José Cerdá Gimeno, Jaime Ferrer Pons, Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés y Tomás Mir de la Fuente. Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes B a l e a r s, X, págs Cuyos autores han sido Jaime Ferrer Pons (Mallorca), Josep Mª Quintana Petrus (Menorca) y Bernardo Cardona Escandell (Ibiza), bajo la coordinación de Tomás Mir de la Fuente, Miquel Masot Miquel y Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés. Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, XI, págs Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, XII, págs A partir de una ponencia de Carlos Jiménez Gallego, con aportaciones de Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés, Mª Pilar Ferrer Vanrell, Jaime Ferrer Vanrell, Tomás Mir de la Fuente, Bernardo Cardona Escandell, Miquel Masot Miquel, actuó como moderador, y tomando en consideración los informes remitidos por Josep Mª Quintana Petrus y José Cerdá Gimeno. Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, XIII, págs Resultan expresivas las palabras de COCA PAYERAS, Miguel VILA RIBAS, Mª del Carmen: Loc. Cit., pág. 223: Han pasado más de diez años desde que la Comisión de Expertos para el estudio de una posible reforma de la CDCIB, designada por Acuerdo del Gobierno de 9 de octubre de 1998, elaboró su Informe, en el que de forma premonitoria se acuciaba sobre la necesidad de que la Comunidad Autónoma realizara un esfuerzo para sentar unas bases claras de política legislativa, so pena de quedar irremediablemente descolgada del devenir futuro de los Derechos civiles propios del Estado español, malbaratando una oportunidad histórica. Ciertamente la creación de la Comisión Asesora de Derecho Civil supuso un hito en esta dirección, pero insuficiente habida cuenta de que ninguno de los gobiernos de la Comunidad ha sido capaz de exponer a dicha Comisión cuál era su programa de política legislativa al respecto
10 y desarrollo del derecho civil de las islas Baleares, ex art ª de la Constitución Española y art Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, aprobado por LO 2/1983, de 25 de febrero 1 7. En efecto, más allá de la Ley 8/1990, de 29 de junio sobre la Compilación de derecho civil de Baleares y el Decreto Legislativo 79/90, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación de Derecho civil de Baleares que tenían por principal función constitucionalizar el texto de la Compilación de 1961, con independencia de alguna valiosa modificación de fondo que se hizo sobre el texto originario, las intervenciones han sido p u n t u a l e s : - La Ley 3/1985, 11 de abril, de modificación del artículo 63 de la C o m p i l a c i ó n. - La Ley 7/1993, de 20 de octubre, de reforma del art. 2 del Título Preliminar del DL 79/1990, como consecuencia de la Sentencia de 6 de mayo de 1993 del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el inciso y serán de aplicación a quienes residan en él, sin necesidad de probar su vecindad civil del art La Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables. Con relación a esta Ley es obligado aludir, por una cuestión de candente actualidad, a la luz de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013, de 28 de abril, porque podría suponer la inconstitucionalidad del art. 2.2 de la Ley balear 1 8 puesto que el TC en el punto 6 de los Fundamentos Jurídicos afirma: la adopción de normas unilaterales o de extensión delimitadora de los respectivos ámbitos de aplicación espacial y personal de la norma en tanto que técnica de solución de conflictos es una tarea que resulta vedada a la actuación del legislador autonómico. Quiere ello decir que, en este caso, es al legislador foral a quien corresponde determinar el ámbito de aplicación de las normas que aprueba si bien tal labor no puede ser realizada al margen del principio de territorialidad que limita las normas autonómicas Que pasó a ser el art tras la reforma operada por la LO 3/1999, de 8 de enero y que en la actualidad se halla reconocida por el art de la LO 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears Para poderse acoger a esta Ley, como mínimo, uno de los dos miembros ha de tener la vecindad civil en las Illes Balears y se exige la sumisión expresa de ambos al régimen establecido por esta
11 Sin embargo, es patente que el art. 2.3 de la Ley Foral 6/2000 se aparta de esta doctrina, pues, al establecer su aplicación al supuesto en que uno de los dos miembros de la pareja estable tenga vecindad civil navarra, determina el ámbito personal de aplicación de una norma integrada en el ordenamiento navarro y dispone unilateralmente, por tanto, la eventual aplicación de la normativa de la Comunidad Foral al miembro de la pareja que no tenga la vecindad civil antes citada. Al definirse el ámbito de aplicación de la Ley Foral 6/2000 en función de la ley personal de uno de los miembros de la pareja estable se contiene así una norma de solución de conflicto con otras leyes (aplicación de la Ley Foral 6/2000 en función del criterio de la vecindad civil foral de uno de los miembros de la pareja estable) que expresa la preferencia por el propio ordenamiento foral, cuando la competencia de dictar normas para resolver los conflictos de leyes se halla reservada al Estado con carácter exclusivo por el art CE, según hemos ya señalado. En tal sentido, con la utilización del criterio de la vecindad civil y al constituir ésta el punto de conexión para la determinación del estatuto personal, es claro que se viene a incidir sobre las «normas para resolver los conflictos de leyes». Determinar cuál es la ley personal aplicable en los conflictos interregionales derivados de la potencial concurrencia de legislaciones diversas en la regulación de una situación, es una materia que se sitúa extramuros de las competencias autonómicas en tanto que la Constitución ha optado por que sea al Estado al que corresponda, en su caso, el establecimiento de las normas de conflicto en estos supuestos La Ley 1/2006, de 3 de marzo, de voluntades anticipadas. - La Ley 18/2006, de 22 de noviembre, de mediación familiar, derogada y sustituida por la Ley 19/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar. - La Ley 3/2009, de 27 de abril, de modificación de la Compilación sobre causas de indignidad sucesoria y desheredamiento. - La Ley 3/2010, de 7 de junio, de constatación de censos y alodios y de extinción de los inactivos. Si se compara esa actividad legislativa con la de otras Comunidades 19.- B O E, 23 de mayo
12 Autónomas que también partían de una Compilación, nuestra posición no es precisamente airosa 2 0 : - Aragón ha aprobado el Código de Derecho Foral de Aragón mediante Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo en el que refunde todas la Leyes civiles aragonesas - Cataluña ha alcanzado la cota al tener ya un Código civil propio del que sólo falta el Libro VI relativo a obligaciones y contratos, materia sobre la que ha hecho intervenciones puntuales habida cuenta de la competencia estatal en materia de base de las obligaciones. - Galicia ha aprobado la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia. - País Vasco aprobó la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho civil del País Vasco. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha dictado nada menos que la Ley de régimen económico matrimonial valenciano, además de haber intervenido legislativamente en distintos ámbitos cuya competencia legislativa en materia civil se halla sub iudice 2 1. Pero es que incluso alguna otra Comunidad Autónoma ha pretendido, por la vía de la legislación sobre parejas estables o mediación, entrar a regular aspectos propios de derecho civil. Esta posibilidad ha sido cortada de raíz por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 81/2013, de 11 de abril 2 2 : pues ya tenemos declarado que las regulaciones relativas a las relaciones i n t e r p r i v a t o s constituyen reglas de derecho privado encuadrables en la materia de legislación civil (STC 28/2012, de 1 de marzo, FJ 5), relaciones i n t e r p r i v a t o s en las que, indudablemente, se integran los pactos de contenido económico y patrimonial a que se refieren estos preceptos. En 20.- Así lo reconoce la Exposición de Motivos del Anteproyecto de 2013 cuando afirma: ha tingut fins avui un desenvolupament escàs, especialment insòlit si es compara amb el que ha succeït en altres comunitats autònomes que gaudeixen de la mateixa competència legislativa e x c l u s i v a Hay que recordar que está pendiente de resolución el Recurso de Inconstitucionalidad que el Gobierno de la Nación planteó en 2007 frente a los artículos 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 de la Ley citada, si bien por Auto de 12 de junio de 2008 se levantó la suspensión cautelar que existía desde la admisión a trámite del recurso Que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Madrid en relación a diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de parejas de hecho, declarando la nulidad de sus artículos 4 y
13 dicha materia, el Estado ostenta, conforme al primer inciso del art CE, la competencia exclusiva sobre legislación civil; sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan. Esta última circunstancia, la previa existencia de un Derecho civil foral o especial, no concurre en la Comunidad de Madrid, cuyo Estatuto de Autonomía no recoge mención alguna a competencias autonómicas en este ámbito 2 3. II. GENESIS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE REGIMEN PATRIMONIAL DEL MAT R I M O N I O. La propuesta normativa que origina este trabajo ha conocido dos versiones y son sustancialmente distintas. Ello obliga a analizar las circunstancias que justifican ese cambio de rumbo y, en su caso, hacer una valoración crítica de la solución que se alcanza. En efecto, existe un primer texto fechado a 29 de abril de 2011, que advierte que está pendiente de finalizar la redacción de algunos artículos y su estructura y otro posterior, que es la versión definitiva, de 6 de febrero de La primer versión está dividida en seis Títulos (Disposiciones Generales; De las cargas familiares y su levantamiento; De la vivienda y el menaje familiar; De las donaciones por razón del matrimonio; De los capítulos matrimoniales (dividido a su vez en tres capítulos: Disposiciones generales, De los espòlits, Del usufructo universal capitular); Del régimen económico matrimonial (también estructurado en tres capítulos: Disposiciones generales, Del régimen de separación de bienes, Del régimen convencional de acogimiento en la cuarta parte de las mejoras). El texto definitivo del Anteproyecto presenta una estructura radicalmente diferente atendido el hecho de que se añade un Título VII bajo la rúbrica Disposiciones aplicables a Ibiza y Formentera donde, además de un capítulo dedicado a Disposiciones Generales, se dedica uno a los Espòlits, otro al usufructo universal capitular y otro al régimen convencional de acogimiento en la cuarta parte de las mejoras. Como se puede deducir la gran diferencia de estructura, pero también en el contenido normativo, como más tarde se explicará, viene motivada por la 23.- B O E, 10 de mayo
14 existencia de una corriente de opinión en Ibiza contraria a que exista una legislación balear única aunque sea respetuosa con las peculiaridades de esas islas pitiusas LOS ANTECEDENTES REMOTOS DE ESTA REALIDAD. Esta situación que se plantea en 2013 no es nueva como acreditan los acontecimientos que dieron lugar al texto definitivo de la Compilación de 1961, como pudo demostrar la recordada Luz ZAFORTEZA DE CORRAL 2 5. El 6 de noviembre de 1958 la Comisión Permanente de la Comisión General de Codificación acuerda constituir una Sección Especial para el estudio del Derecho civil de Baleares integrada por Rafael Rubio (Presidente), Santiago Pelayo Horé, Pablo Jordán de Urries, Francisco Bonet Ramón, Gabriel Subías Feliu, Germán Chacártegui Sáenz y Marcelino Cabanes Rodríguez (Secretario). Esta Comisión comienza su trabajo partiendo del Anteproyecto de Apéndice de Derecho Foral mallorquín, redactado y aprobado por la Comisión de Juristas de Baleares, nombrada por Orden de 10 de febrero de La situación da un vuelco espectacular cuando mediante carta de 2 de abril de 1960 el vocal Pelayo Horé remite a Marcelino Cabanas: una pequeña bomba que acabo de recibir de cuya lectura deduce que una cosa son las islas Baleares y otra distinta las islas Pitiusas (Ibiza y Formentera) 2 7. La conclusión que alcanza es que: parecería aconsejable tomar algún detalle por ejemplo en la regulación de los espolits, para dar la impresión de que el trabajo de los juristas de las Islas Pitiusas ha sido apreciado por la Comisión. Ello podría completarse con una carta dirigida a 24.- Basta reproducir las expresiones de Germán LEÓN PINA en el artículo publicado en el Diario de Ibiza el 12 de marzo de 2011: el Consejo Asesor, al que ya no pertenezco, va a tener que dedicar el talento de sus componentes, a frenar la enésima ofensiva que se está preparando en Mallorca, solo que esta vez el riesgo de desaparición del Derecho pitiuso es mucho mayor, y ello obedece a que se pretende que el legislador rompa el esquema tripartito de la Compilación, y promulgue un Código Civil único para todas las Baleares, que recoja como excepciones locales las especialidades de Menorca, Ibiza y Formentera ZAFORTEZA DE CORRAL, Luz: La Compilación de 1961 a través de su proceso formativo: Antecedentes, documentos y actas. Palma de Mallorca, Formada por Gonzalo Fernández de Castro, Juan Alemany, Manuel Cerdó, Germán Chacártegui, Gabriel Subías, Félix Pons y José Quiñones ZAFORTEZA DE CORRAL, Luz, Ob. Cit., pág
15 Cruz Carrasco agradeciendo la colaboración prestada y haciendo algunas consideraciones acerca de cómo estas compilaciones no pretenden disgregar minuciosamente la legislación española, sino antes al contrario disponer de una amplia información para ser tenida en cuenta el día que se acometa de lleno la redacción de un nuevo Código civil en el que se recoja toda aquella parte del Derecho Foral que merezca ser conservada. La bomba no era otra cosa que el Acta de la sesión celebrada por la Comisión de Juristas de Ibiza 2 8 el 14 de marzo de 1960, donde se afirma: Siguiendo en este orden de ideas podemos decir que ni por su origen 2 9, ya que el Derecho civil de Ibiza y Formentera arranca en la Carta de Franquicias dada a Ibiza por los magnates que la conquistaron en 1236, según apunta Puig Peña (Derecho civil tomo 19, vol. I, pág. 239), ni por las normas actualmente vigentes en este territorio foral, es admisible la tesis de identidad de su Derecho foral con el de la isla de Mallorca 3 0, y hay que afirmar, por el contrario, su más próximo parentesco con el derecho foral catalán. La noticia, recientemente divulgada, de que la Comisión General de Codificación estudia, en fase previa, el proyecto de Apéndice balear formado por la comisión de juristas mallorquines en 22 de Febrero de 1949, para su ulterior remisión a las 28.- Formada por José Cruz Carrasco (ponente y redactor de la Exposición y proyecto de Apéndice), Miguel Pastor, J. Marí, José Costa Ramón, Antonio Prats, Juan de Valldeneu, A. Ballester, S. Llano, Juan Tur, A. Roig, Alberto Prats, José Luis Cañadas, Higinio Pi y Antonio P l a n e l l s Esta cuestión, que genera el debate sobre si Ibiza formaba parte o no del Reino de Mallorca parece resuelta en sentido afirmativo, si se tiene en cuenta el parecer de MACABICH LLOBET: Isidoro: Sobre el antiguo Reino de Mallorca. Revista de Estudios Ibicencos, núm. 3 (2ª época), 1956: fué debida a que, cuando la anexión de Menorca e Ibiza, funcionaba ya la vida pública en Mallorca como verdadero Reino. Y a la limitada trabazón con el mismo de parte de dichas islas menores que recibieron, por la reconquista, una gran autonomía Ibiza en particular, en cuya conquista no intervino directamente el poder real. Pero, claro está que pertenecían al Reino de Mallorca y formaban parte del mismo, con ese dictado, formulario de islas adyacentes En 1897, cuando se estaba en plena elaboración del que más tarde fue Proyecto de Apéndice de 1903, Víctor NAVARRO, registrador de la Propiedad, manifestaba: si se llega a formar el Apéndice foral para Baleares y se hace extensivo a Iviza, se le vendrá a imponer a esta isla un derecho nuevo y extraño para ella, citado por LLODRA GRIMALT, Francesca: La Compilación del Derecho civil especial de las islas Baleares y el seu carácter innovador. El dret v i s c u t., pág
16 Cortes españolas y aprobación como Derecho civil vigente en todo el archipiélago balear, ha provocado en esta isla la natural inquietud 31 ante el evidente peligro que de aprobarse dicho proyecto no sólo se le prive de su tradicional régimen jurídico foral y consuetudinario, con violación de la garantía de conservación que establecieron los artículos 12 y 13 del Código civil, sino de que se le imponga o trate de imponer un derecho nuevo completamente extraño a sus convicciones jurídicas y a sus tradiciones familiares y sucesorias 32. La consecuencia, como es conocido, fue que se dividiera la Compilación en tres libros, uno para Mallorca, otro para Menorca y un tercero para Ibiza y Formentera 3 3. Al procederse a la reforma de la Compilación a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, ya se partió de la existencia de los tres Libros y dentro de la Comisión Compiladora de Juristas de Baleares, nombrada por RD 1007/1981, de 22 de mayo, se incorporó ex profeso a un 31.- Como señala LLODRA GRIMALT, Francesca: Loc. Cit., pág. 84, en la Comisión de Juristas de 1948 ni en las ternas que se propusieron para su elección no había ningún representante ibicenco. En todo caso, vale la pena recordar las palabras de Gabriel Subías en sendas cartas remitidas a Marcelino Cabanas, al hilo de la reacción ibicenca. En la de 31 de mayo de 1960 afirma: Debo decirle, sin embargo, que cuando actuó la Comisión en 1948 se puso en relación con las gentes de Leyes de Menorca e Ibiza y no pareció entonces que tuvieran el interés que ahora han demostrado ; en la de 4 de junio de 1960 es todavía más rotundo: En Menorca e Ibiza, y por tanto también en Formentera, han regido el mismo Derecho y las mismas disposiciones que en Mallorca y de ahí que se haya considerado como Derecho Balear el Derecho Mallorquín, con tanto mayor motivo cuanto que cuando se hizo la Compilación (Anteproyecto) de 1949 los ibicencos callaron como muertos. ZAFORTEZA DE CORRAL, Luz, Ob. Cit., págs. 101 y 104. Sin duda contradictorias con ese parecer son las expresivas palabras de José COSTA RAMON, citadas también por Francesca LLODRA GRIMALT, Loc. Cit., pág. 84: Cada una de las islas del Archipiélago balear tiene modalidades peculiares, que las diferencia entre sí y que a su vez han impreso su huella en el campo del derecho, reflejándose en la vida jurídica FERRER VANRELL, María Pilar MUNAR BERNAT, Pedro A. Materials precompilatoris del Dret civil de les Illes Balears, Palma, 2002, págs., Frente a esta alternativa, sin duda entendemos más plausible la opción propuesta por Miguel COCA PAYERAS ( Introducción Compilación de Derecho civil de Baleares. Ed. Ramón Areces, 1991, pág. 14) y que sin duda inspiró la primera versión del Anteproyecto de Régimen Patrimonial del Matrimonio que estamos analizando: Lo aconsejable, al final, hubiera sido crear un Libro tras el Título Preliminar de disposiciones generales a todas las islas, a las cinco. En contra de tan racional pretensión juegan razones históricas de prurito entre las islas, señaladamente entre Mallorca e Ibiza, que ya se produjeron con motivo de la elaboración de la Compilación de Entiéndaseme bien, no abogo por la unificación del Derecho civil de las Islas sobre la base del de Mallorca, sino al contrario, porque sea ordenado unitariamente lo que ya es común, y separadamente las especialidades de cada una de las islas
17 representante de los Consejos Insulares de Menorca (Miguel Coll Carreras) y de Ibiza y Formentera (José Cerdá Gimeno), además de que uno de los representantes del Colegio de Abogados era ibicenco: primero, Juan José Tur Serra y a su fallecimiento, Bernardo Cardona Escandell EL CONSEJO ASESOR PARA EL MANTENIMIENTO, LA CONSERVACIÓN Y LA DEFENSA DEL DERECHO FORAL DE IBIZA Y FORMENTERA. El 27 de noviembre de 1998 el Consell Insular de Ibiza y Formentera creó el Consejo Asesor para el mantenimiento, la conservación y la defensa del derecho foral de Ibiza y Formentera y aprobó su reglamento de funcionamiento. Dicho reglamento fue modificado por Acuerdo del Pleno del Consell Insular de 28 de junio de Posteriormente, y a partir de la reforma estatutaria que comporta la existencia separada de un Consejo Insular de Ibiza y otro de Formentera, el 30 de abril de 2010 el Pleno del Consejo Insular de Ibiza aprueba un nuevo Reglamento y altera el nombre del órgano consultivo que pasa a ser el Consejo Asesor del Derecho civil propio de Ibiza y Formentera, explicando que es: el cambio de nombre del Ente, abandonando toda referencia al derecho foral, se justifica por la conceptuación actual de nuestro derecho de acuerdo con las previsiones estatutarias. La finalidad del ente viene determinada por el art. 2 al manifestar que velar por la conservación, actualización y desarrollo del derecho civil de Ibiza y Formentera. Está compuesto por 12 miembros, profesionales del Derecho y/o personas de reconocido prestig i o en el ámbito de la defensa de los hechos, de las costumbres jurídicas y de los usos propios de la isla de Ibiza MIR DE LA FUENTE, Tomás: La evolución del Derecho civil balear compilado. El contenido de la Compilación y sus modificaciones. El dret viscut, págs BOIB nº 103, de 24 de julio de Juan Carlos Torres Ailhaud (Presidente), Olga P. Cardona Guasch (Vicepresidenta), Álvaro Esteban Gómez, Ana López Woodcok, Fernando Ramos Gil, Jaime Roig Riera, Javier Tur Mena, Javier González Granado, María Torres Bonet, Germán León Pina, José Gómez de Serna Nadal y Miquel Guasch Ramón. Acuden, como invitados: José Cerdá Gimeno, Ángel C. Navarro Sánchez, Mª Eugenia Roa Nonide
18 A partir de la versión de abril de 2011 del Anteproyecto de Ley de régimen patrimonial del matrimonio comienzan a levantarse voces críticas contra aquel texto, significándose Germán León Pina, Notario de San Antonio, que denuncia en la prensa la mallorquinización del derecho de Ibiza y Formentera, lo cual no es más que un artificio o maquinación insidiosa o fraudulenta para la aplicación del derecho de Mallorca en las Pitiusas, haciendo referencia a una serie de puntos que entiende contrarios al derecho pitiuso: - Exigencia del consentimiento del cónyuge no titular en caso de disposición de la vivienda familiar, que supone desvirtuar la separación de bienes entre los consortes, uno de los rasgos característicos de las Pitiusas. - Exigencia de que los cónyuges se faciliten información sobre la gestión de su patrimonio con vistas a la toma de decisiones sobre la forma de subvenir a las necesidades familiares, que considera absurdo en una situación de calma marital constante. - La responsabilidad del cónyuge por las deudas contraídas por el otro, que entiende que debe ser limitada. - La prohibición de que un cónyuge pueda designar un sustituto para otorgar poderes sin autorización de su consorte, porque supone la mallorquinización del derecho ibicenco. - El proyecto autoriza que la parte de las ganancias del marido que se pueden conferir a la esposa en espòlits se pueda satisfacer total o parcialmente en bienes, cuando la tradición ibicenca exige el abono en metálico. - El que no se consideren cargas familiares las ayudas por manutención que los hijos otorgan a los padres cuando éstos viven en la misma construcción pero en una planta distinta. - La predetracción del ajuar familiar que es un tema que siempre ha preocupado a los juristas mallorquines por la influencia del elemento judaico en la sociedad de Mallorca, pero que en cambio nunca ha sido motivo de preocupación entre los juristas ibicencos, pues la sociedad pitiusa tiene raíces púnicas y no hebreas 3 7. El 19 de octubre de 2011 se constituyó y a finales de 2102 presentó al 37.- FERRER, Joan Lluís: El Govern concluye la redacción de la Ley que altera el derecho autóctono de las Pitiusas. Diario de Ibiza, 8 de mayo
19 Vicepresidente del Gobierno el borrador de anteproyecto de Ley de régimen patrimonial del matrimonio, con la inclusión de las excepcionalidades específicas de las Pitiüses, explicando el Presidente del Consejo Insular de Ibiza que esta Ley no se entiende sólo como una ampliación y actualización, sino también como una revitalización y recuperación de aspectos jurídicos propios, históricos y tradicionales de Ibiza y Formentera LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL ANTEPROYECTO, DE 6 DE FEBRERO DE El texto definitivo del Anteproyecto, fechado a 6 de febrero de 2013, explica en su Exposición de Motivos que tras una primera fase en que se elaboró entre marzo de 2009 y abril de 2011 en la Comisión Asesora, posteriormente se enriqueció así como las propuestas presentadas por el Consejo Asesor de Derecho Civil Propio de Ibiza y Formentera. El punto de inflexión lo marca el artículo 45 cuando establece que serán de aplicación a los matrimonios que se rigen por las disposiciones aplicables a Ibiza y Formentera los títulos I a VI de esta Ley, salvo: - Artículos 12 y 13; relativos a la responsabilidad de los cónyuges por el levantamiento de las cargas del matrimonio. - Artículos 15, 16 y 17; relativos a la necesidad del consentimiento del cónyuge no titular en actos de disposición sobre la vivienda familiar. - Artículo 38.2; que prohíbe el nombramiento de apoderado para la administración sin el consentimiento del otro cónyuge. - Artículo 42.1,c), que en sede de liquidación del régimen económico alude a daños y perjuicios por la disposición de la vivienda familiar sin el consentimiento del otro, ex art Si se compara el ámbito de esas excepciones con las que denunciaba LEÓN PINA en 2011 se aprecia que se han tomado en consideración la mayoría de ellas, si bien no en su totalidad 3 9. Por lo que a este trabajo respecta, naturalmente deberá ser objeto de Circunstancia que ha generado un encendido debate en los medios de comunicación, como demuestra el cruce de artículos entre el Presidente del Consejo Insular de Ibiza, Vicente Serra, y el mencionado Germán León Pina en el Diario de Ibiza..../ 2 0 9
20 especial estudio la excepción planteada respecto de la exigencia de consentimiento del cónyuge no titular para los actos disposición sobre la vivienda y ajuar familiar, que mantiene la misma línea que en la actualidad se predica del ordenamiento balear. III. LA DISPOSICIÓN DE LA VIVIENDA FA M I L I A R. Como es conocido por todos, desde 1981 el artículo 1320 del Código civil establece la necesidad de que el cónyuge no titular preste su consentimiento en el supuesto de que el otro pretenda realizar un acto de disposición sobre la vivienda habitual, tanto si el derecho que ostenta es de naturaleza real (propiedad o usufructo, por ejemplo) o es de naturaleza obligacional (arrendamiento de vivienda). /... Así el 14 de julio de 2013 el Sr. Serra publica Sobre el Derecho civil pitiuso donde aludiendo a las discrepancias del Sr. León sobre las conclusiones que se alcanzaban en las reuniones del Consejo Asesor manifiesta: El hecho de emitir públicamente opiniones que no se han sabido o podido defender en el seno de este Consejo podrían mostrar un porque lo digo yo que está fuera de lugar en un contexto técnico y profesional, en el que las decisiones se han adoptado de forma democrática y por mayoría. No se puede mal informar a los ciudadanos con argumentos que han sido rebatidos en un contexto estrictamente profesional. Y, por supuesto, no se deberían anteponer posibles egos individuales ante el trabajo colectivo de compañeros igualmente cualificados. El 17 de julio responde el Sr. León publica El Presidente Vicente Serra, Ulises y Pinocho donde manifiesta: Vicente Serra ha asistido a alguna de las reuniones del Consejo para la defensa y conservación del Derecho civil de Ibiza y Formentera, conoce que hemos tenido que trabajar a contracorriente sobre un anteproyecto de ley de régimen patrimonial del matrimonio elaborado por la Comisión de expertos de Baleares, y que nos encontrábamos ante un callejón sin salida: o rechazábamos de pleno este embrión de norma que ponía en peligro la pervivencia y autonomía de nuestro acervo jurídico, o la recibíamos «con dolor de tripas y corazón», intentando adaptarla a la realidad social y jurídica de las Pitiusas. Optamos pragmáticamente por lo segundo, y debatimos y consensuamos unas conclusiones. El problema es que nos han hecho pasar por el filtro de la Comisión balear, que a su antojo ha sesgado el texto propuesto desde Ibiza, eliminando lo que no les ha parecido bien, en ocasiones ofreciendo razones, y en otras «porque lo dicen ellos». Es por tanto una falacia, además de una demostración personal de ingratitud, afirmar que he lanzado constantes ataques hacia el trabajo de la Comisión pitiusa, de la cual formo parte, y en la que he participado de manera activa y altruista (sería ir contra mis propios actos), como con tan poco tino y mal gusto, Vicente Serra aseveraba el pasado domingo en este periódico. Lo que he reiteradamente denunciado es la labor de censura desarrollada en Mallorca, y la actitud servil exhibida por el Consell insular de Ibiza, antes y después de Vicente. Por ejemplo, ni siquiera nos han permitido reconocer la existencia de un Derecho civil propio de Ibiza y Formentera, y en su lugar se habla asépticamente de disposiciones aplicables a estas islas
21 En las Islas Baleares, con relación a los derechos de naturaleza dominical, esta norma no resulta de aplicación como viene en reconocer la sentencia de la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia, de 3 de septiembre de , cuando afirma que el régimen económico matrimonial de Mallorca y Menorca, recogido en los artículos 3 a 5 de la Compilación, es un conjunto cerrado y si no existe mención a la exigencia del consentimiento del cónyuge es porque el legislador decidió que esta era la mejor opción, habida cuenta que el régimen económico es el de absoluta separación de bienes 4 1. En el último párrafo del Fundamento Jurídico Octavo de la aludida sentencia, el Tribunal afirma: por lo demás, no desconoce esta SALA la posibilidad (o quizás la conveniencia) de lege ferenda, de que, en el futuro, mediante una Ley del Parlament Balear, pudiera incorporarse al texto de la Compilación Balear siguiendo la pauta de la Compilación de Catalunya una norma del tenor del artículo 1320 del Código civil. 1. LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN ASESORA EN La Comisión Asesora de Derecho civil, en documento de 26 de octubre de 2000 proponía incorporar un apartado 4º al artículo 3 de la Compilación 4 2 e n donde se señalaba que Los actos de disposición o gravamen de los derechos en cuya virtud se ocupa la vivienda constitutiva del hogar familiar requerirán el consentimiento de ambos cónyuges, y, de no prestarlo el cónyuge no titular, autorización judicial. La 40.- Para una información completa sobre esta sentencia y los motivos que la originaron, vid. FERRER VANRELL, Mª Pilar: La problemática de la aplicabilidad del artículo 1320 del Código civil a los ordenamientos civiles territoriales. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 665, En la tramitación parlamentaria se desechó una enmienda que pretendía su inclusión argumentando que equivaldría a insertar una cuña extraña al sistema de separación matrimonial vigente en Baleares a falta de capitulaciones Sin duda, entre otros motivos, porque es la tesis que ha venido defendiendo desde siempre el Presidente de la Comisión, Miquel Masot: Indudablemente, a mí me parece de la mayor conveniencia insertar en nuestro Ordenamiento positivo una norma que exija el consentimiento del cónyuge no titular de la vivienda para la disposición y gravamen de los derechos, a semejanza del artículo 1320 C.c. No desde luego por mimetismo, sino por entender que ello no es sino una manifestación del principio general elemental en esta materia de afección de los bienes de cada cónyuge al levantamiento de las cargas del matrimonio. Cfr. MASOT MIQUEL, Miguel: Artículo 3. Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, t. XXXI, v. 1º, 2ª edición, Edersa. Madrid, 2000, pág
22 manifestación errónea o falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe. 4 3 Por tanto, la solución propuesta sigue la línea marcada por todos los textos legislativos de los distintos ordenamientos civiles de España. 2. LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN ASESORA DE En febrero de 2004, se nombró una nueva Comisión que comenzó a trabajar en marzo de ese año. Fruto de su labor, en la reunión de la Comisión de 27 de febrero de 2007 se aprobó, por mayoría al salvar mi voto, un texto por el que se modificaba y ampliaba la regulación del régimen económico del matrimonio para Mallorca y Menorca, como antes hemos comentado. En el texto aprobado se guarda un silencio atronador con relación al domicilio familiar, entendiendo que no existe un tratamiento distinto al de cualquier otro bien que pueda pertenecer a uno de los cónyuges, por la propia esencia del régimen de separación de bienes y así en la Exposición de Motivos se afirma, sin ambages: El régimen de separación de bienes se caracteriza por la independencia de patrimonios y la falta de comunicación entre ellos así como la total autonomía de gestión, administración y disposición de cada titular. Responde sin duda a la tesis defendida por la Dra. Mª Pilar Ferrer Vanrell, a la sazón Presidenta de la Comisión y que desde siempre había defendido la conveniencia de mantener ese silencio LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN ASESORA DE DERECHO CIVIL DE La regulación prevista. El Anteproyecto de Ley de régimen patrimonial del matrimonio de 2013 rubrica el Título III como De la vivienda y el menaje familiar Esta redacción coincide con la que tenía el anteproyecto de Ley, que luego se convirtió en Ley 8/1990, de 28 de junio, y que fue eliminada cuando el Gobierno presentó el proyecto de Ley. La redacción originaria se pretendió reintroducir mediante un voto particular del grupo parlamentario socialista, pero no triunfó al ser rechazado por el grupo parlamentario popular y de Unió Mallorquina que, a la sazón, daban soporte al gobierno FERRER VANRELL, Mª Pilar: Informe sobre la reforma de la Compilación de Dret civil de Balears (Su origen y fundamento, la STSJB de 3 de septiembre de 1998)., Palma

References: in fine
 artículo 65
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 1320
 artículo 63
 resolución 
e contrario
 artículo 45
 Artículo 38
 Artículo 42
 artículo 1320
de lege ferenda
 artículo 1320
 artículo 3
 artículo 1320
 artículo 1320
 Artículo 3