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Timestamp: 2019-03-26 02:48:38+00:00

Document:
as201520993
Auto Supremo: 993/2015 - L
Sucre: 29 de Octubre 2015
Expediente: B –29– 11 – S
Partes: Luis Fernando Calle Majluf c/ Roberto Yáñez Morales
Proceso: Cumplimiento de Contrato, mas resarcimiento de Daños y Perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 185 a 186, interpuesto por Luis Fernando Calle Majluf, contra el Auto de Vista Nº 103, de fecha 03 de mayo de 2011 de fs. 176 y vta., pronunciado por la Sala Civil de la entonces Corte Superior de Justicia de Trinidad - Beni, en el proceso ordinario de cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios; seguido por Luis Fernando Calle Majluf contra Roberto Yáñez Morales, la respuesta al recurso de fs. 190 a 193 y vta.; el Auto de concesión de fs. 197; los antecedentes del proceso, y:
Luis Fernando Calle Majluf, por memorial de fs. 7 a 8, subsanada a fs. 11, adjuntando literales de fs. 1 a 6, en la vía ordinaria demanda cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios, señalando haber suscrito con el señor Roberto Yáñez Morales un documento privado de entrega de ganado a doblar capital en fecha 03 de diciembre de 2001, mediante el cual entregó al demandado 252 cabezas de ganado vacuno de buena calidad, debiendo el mismo devolver al cumplimiento del contrato la cantidad de 504 cabezas de ganado, en torillo machos de un año de edad; es decir 84 torillos de un año de edad, por cada año vencido.
Obligación de debió ser cumplida por Roberto Yáñez Morales en el plazo máximo de seis años establecidos en el contrato, computable a partir del 15 de noviembre de 2001 hasta el 15 de noviembre de 2007; sin embargo indica que habría transcurrido el plazo superabundantemente sin que el demandado hubiera cumplido en su totalidad con la obligación, por lo que acudió a la vía jurisdiccional para solicitar el cumplimiento de la obligación, ya que este incumplimiento le habría causado serios perjuicios económicos.
Por lo que al amparo de los arts. 291, 294, 339, 344., 508 y 520 del Código Civil concordante con el art. 327 del Código de Procedimiento Civil demanda en la vía ordinaria cumplimiento del pago del saldo de ganado equivalente a la suma de $us. 112.641,00; de acurdo a la certificación emitida por la Asociación de Ganaderos de San Borja referida a los costos, pidiendo se declare probada la demanda con costas y consiguientemente se ordena al demandado que en ejecución de Sentencia y dentro de tercero día cumpla con su obligación de acuerdo a contrato, más el resarcimiento de daños y perjuicios.
Citado el demandado, a fs. 85 a 87 opone excepciones previas de falta de personería en el demandante, contradicción e imprecisión en la demanda, transacción y plantea incidente de nulidad, posteriormente a fs. 99 y vta., responde negando la demanda.
Sustanciado el proceso la Juez de Partido Mixto de San Borja - Beni, mediante Sentencia Nº 5, de 07 de febrero de 2011, cursante de fs. 151 a 153 y vta., declaró probada la demanda de fs. 7 a 8 y 11. Con costas, en consecuencia se ordena que en ejecución de Sentencia a tercero día el demandado Roberto Yáñez Morales cumpla con su obligación de entrega de ganado vacuno de acuerdo a contrato de fs. 1 y vta., mas el resarcimiento de daños y perjuicios a ser averiguados en ejecución de Sentencia.
Contra esa Resolución de primera instancia, Roberto Yáñez Morales interpuso recurso de apelación a fs. 160 a 163, en cuyo mérito la Sala Civil de la entonces Corte Superior de Justicia de Trinidad – Beni, por Auto de Vista Nº 103, de 03 de mayo de 2011, cursante de fs. 176 y vta., anula obrados hasta fs. 9 inclusive; Resolución recurrida en casación por el demandante, cursante de fs. 185 a 186, mismo que se pasa a considerar y resolver.
Del análisis del recurso de casación en el fondo se establecen los siguientes argumentos:
Acusa, interpretación o aplicación errona o indebida del art. 118 de la Ley de Organización Judicial, alegando que la medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rubricas del contrato fue interpuesto conforme lo dispone el art. 319 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, modificado por el art. 19 de la Ley de Abreviación Procesal Civil, Ley Nº 1760, considerando que una medida de esta naturaleza no constituye en sí una acción solo reviste una formalidad para el ejercicio de una posterior demanda.
Reitera que el Tribunal de Alzada habría interpretado y aplicado errónea e indebidamente el art. 118 de la Ley de Organización Judicial, pues una vez establecida la cuantía de los semovientes se interpuso la demanda ordinaria de cumplimiento de contrato en el Juzgado de Partido Mixto en lo Civil de la ciudad de San Borja, siendo este competente para tramitar el presente proceso, toda vez que la cuantía es arriba de 80.001 Bs., en tal razón se determinó la competencia, no habiendo sido objetada la misma por la parte demandada, de manera que mal pudo el Tribunal de Alzada aplicar el art. 15 de la Ley de Organización Judicial para anular todo lo actuado.
Acusa violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, señalando que no es aplicable al caso el art. 15 de la Ley de Organización Judicial.
Finalmente aduce que Roberto Yáñez Morales fue legalmente citado con la demanda de cumplimiento de contrato y resarcimiento de daños y perjuicios; sin embargo el art. 11 del Código de Procedimiento Civil, establece sobre la competencia discutida, que la misma podrá promoverse de oficio o a instancia de parte por inhibitorio o declinatoria, a su vez el art. 15 de la mismo cuerpo de leyes establece la sustanciación de la competencia, aspectos que no fueron observados por el demandado, más al contrario éste opuso excepciones y respondió a la demanda, aceptando tácitamente la competencia y tramitación del proceso en el Juzgado de Partido.
Por todos los antecedentes expuestos y los fundamentos de derecho legalmente citados, pide al Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista Nº 103, de fecha 03 de mayo de 2011, mantenido firme y subsistente la Sentencia de primera instancia.
Del análisis del recurso de casación en el fondo, se advierte que la pretensión es casar el Auto de Vista impugnado. Al efecto es necesario señalar que la jurisprudencia sentada por la ex Corte Suprema de Justicia así como por el actual Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido de manera uniforme en sus reiterados fallos que ante una Resolución de Alzada anulatoria no procede recurso de casación en el fondo, sino únicamente en la forma destinado a que el Tribunal de casación revise si los motivos que dieron lugar a la nulidad son o no correctos, como es lógico; el Tribunal de Alzada al anular obrados no ingresó a considerar cuestiones de fondo sino de forma o de procedimiento, bajo ese razonamiento y en observancia del principio pro actione se ingresa a considerar el mismo.
Respecto de los reclamos acusados en casación, se tiene que los mismos se encuentran orientados a cuestionar los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada, acusando errónea aplicación e indebida interpretación del art. 118 de la Ley de Organización Judicial (hoy abrogada) referida a la formalización de la demanda sobre la base de una medida precautoria o preparatoria ya tramitada, en el entendido de que aquella se presentará directamente al juzgado que conoció el proceso, siendo este el fundamento del Auto de Vista impugnado.
En el caso que nos ocupa Luis Fernando Calle Majluf demandó el cumplimiento de contrato privado de entrega de ganado a doble capital suscrito en fecha 03 de diciembre de 2001, mediante el cual éste entregó a Roberto Yáñez Morales un hato de ganado vacuno, consistente en 252 cabezas de ganado, quien a su vez asumió la obligación de restituir a su dueño en el plazo de seis (6) años el doble del ganado recibido; es decir 504 cabezas de ganado; sustanciado que fue el proceso la Juez de primera instancia declaró probada la demanda, ordenando al demandado cumplir con la obligación contraída, Resolución que fue objeto de apelación, a cuyo efecto el Auto de Vista hoy impugnado, anuló obrados hasta fs. 9 inclusive, bajo el fundamento de que; al haber sido planteada la demanda sobre la base de una medida preparatoria de reconocimiento de firmas del documento del cual se pretende su cumplimiento y siendo que dicho proceso preliminar fue interpuesto ante el Juzgado de Instrucción, correspondía formalizar el mismo ante la misma autoridad conforme lo dispone el art. 118 de la Ley de Organización Judicial.
De lo expuesto se concluye que si bien este Tribunal Supremo de Justicia no comparte los fundamentos por los cuales el Tribunal de Apelación procedió a anular obrados hasta fs. 9 inclusive, a efectos de que el actor, ahora recurrente formalice su demanda conforme lo dispone el art. 118 de la Ley de Organización Judicial, empero si comparte la decisión anulatoria, por lo que corresponde reencaminar los fundamentos por los cuales procede la nulidad de obrados, en ese sentido corresponde realizar las siguientes consideraciones:
De acuerdo a la doctrina, una acción es personal (actio in personam) cuando reclamamos frente a quien está obligado con nosotros el cumplimiento de una obligación como consecuencia de un contrato o la comisión de un delito, por ejemplo una deuda, si el deudor no paga; el acreedor inicia un proceso ejecutivo. Una acción es real (actio in rem) cuando decimos que un objeto es de nuestra propiedad o que un derecho nos compete. Las acciones personales sirven para proteger un derecho de obligación, y las acciones reales para proteger un derecho real. Así, por la acción real pedimos como nuestra una cosa corporal o reivindicamos un derecho real que nos compete sobre una cosa ajena; y por la acción personal indicamos el derecho que tenemos sobre la cosa, esto es de las obligaciones, bien sean estos nacidos de un hecho lícito en que hayamos prestado nuestro consentimiento o en que la ley lo presuma, bien de un hecho ilícito, es decir, de delito o culpa, concluyendo que la división de acciones en reales, personales y mixtas se limita solamente a la indicación de los derechos civiles que han sido violados.
En el caso que nos ocupa estamos frente a una acción mixta como es el cumplimiento del contrato, dentro de la actividad pecuaria como es la ganadería, para lo cual debemos hacer referencia a lo dispuesto por el art. 17 de la Ley Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006, (Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria), misma que sustituyó la redacción del art. 30 de la Ley Nº 1715, de la siguiente manera: “La judicatura agraria es el órgano de administración de justicia agraria; tiene jurisdicción y competencia para la resolución de los conflictos emergentes de la posesión, derecho de propiedad y actividad agraria…”, de su parte, el art. 23 de la Ley Nº 3545 sustituyó los numerales 7 y 8 del parágrafo I del art. 39 de la Ley 1715, estableciendo el art. 39 que: Los jueces agrarios tienen competencia para: 8. “Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria”. Consiguientemente, a partir de la publicación de la Ley Nº 3545 modificatoria de la Ley Nº 1715, se ha ampliado la competencia de la jurisdicción agraria a otras acciones personales y mixtas, además de las reales, que provinieren de la propiedad, posesión y actividad agraria.
El art. 179, parágrafo I de la Constitución Política del Estado señala: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales…”.
El art. 11 de la Ley del Órgano Judicial, Ley Nº 025; expresa que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia, que es ejercida por las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial. El art. 12 de la citada norma, señala que la competencia es la facultad que tiene un magistrado, vocal, juez o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. De dichos razonamientos, se tiene que la competencia es improrrogable e indelegable.
De los antecedentes señalados precedentemente, se advierte que mediante la presente demanda ordinaria se pretende el cumplimiento del documento privado de entrega de ganado a doblar capital, suscrito en fecha 03 de diciembre de 2001, reconocido judicialmente, no obstante, conforme a las disposiciones de la Ley Nº 3545 modificatoria de la Ley Nº 1715, precedentemente indicadas, se advierte con suficiente claridad al disponer la competencia de la judicatura agraria en asuntos relativos a acciones reales, personales y mixtas emergentes de la propiedad, posesión agrarias y actividades agrarias como se tiene ya manifestado supra, más aun cuando en virtud del art. 13 de la Ley del Órgano Judicial permite la prórroga de la competencia solamente por el territorio pero no por materia o asunto, consecuentemente, tanto la jurisdicción como la competencia deben ser reguladas de oficio por las autoridades competentes. En consecuencia, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, Ley Nº 3545, que modificó la Ley Nº 1715, conforme al mandato constitucional se constituye en una norma especial y de preferente aplicación en asuntos derivados de la propiedad, posesión y actividad agrarias en el marco de las acciones reales, personales y mixtas cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción especializada agraria regulada específicamente por dicha ley, concluyéndose por ello que en el caso de Autos, los efectos y términos en que se demandan deben ser tratados en la esfera de la jurisdicción agraria, por tanto, bajo la norma especializada, y concretamente bajo las previsiones contenidas en los arts. 17 y 23 de la Ley Nº 3545 que sustituyeron los arts. 30 y 39-I de la Ley 1715.
Consiguientemente, en virtud de la reorientación de los fundamentos que originaron la nulidad de obrados dispuesta por el Tribunal de Apelación y ante la incompetencia del Juez en razón de la materia, corresponde emitir Resolución en la forma prevista en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 185 a 186, interpuesto por Luis Fernando Calle Majluf, contra el Auto de Vista Nº 103, de fecha 03 de mayo de 2011, cursante de fs. 176 y vta., pronunciado por la Sala Civil de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Trinidad-Beni, con la aclaración de que se reconduce la nulidad dispuesta en merito a los fundamentos expuestos precedentemente, en razón de la competencia, sin reposición de obrados, pudiendo el demandante acudir a la autoridad llamada por ley. Con costas.

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