Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sc10053-2014-de-julio-31-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_031ee6397c7700c6e0530a01015100c6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 12:53:53+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2008-01147 de julio 31 de 2014
SENTENCIA SC10053-2014 DE 31 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:RECURSO DE CASACIÓN- IMPROCEDENCIA. CUANDO LAS SENTENCIAS ARRIBAN A LA CORTE COMO CONSECUENCIA DE ESTA CLASE DE IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA, LO HACEN AMPARADAS POR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD Y ACIERTO, TANTO EN LA EVALUACIÓN DE LOS HECHOS COMO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY, Y DADO QUE EL TRIBUNAL GOZA DE CIERTA AUTONOMÍA EN LA ESTIMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, SUS CONCLUSIONES AL RESPECTO DEBEN RESPETARSE EN CASACIÓN, MIENTRAS EL CENSOR NO DEMUESTRE QUE AL EFECTUAR TAL ESTUDIO, ESTE INCURRIÓ EN ERROR EVIDENTE DE HECHO O DE VALORACIÓN. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ QUE PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE DERRUIR EL FALLO DEL AD QUEM, AL CENSOR NO LE ERA SUFICIENTE ENDILGARLE A AQUEL LA COMISIÓN DE ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO CON EL OFRECIMIENTO DE SU PROPIA VISIÓN DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS Y LA FORMULACIÓN DE SU PARTICULAR APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS QUE LOS VERIFICAN Y LA RELACIÓN DE ELLAS, SINO QUE LE RESULTABA INDISPENSABLE DEMOSTRAR QUE SU PLANTEAMIENTO ERA EL ÚNICO ADMISIBLE Y DE CONTERA QUE EL DEL JUZGADOR NO PODÍA PERVIVIR POR ABSURDO, ILÓGICO O CONTRAEVIDENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPAÑERO PERMANENTE, ERROR DE DERECHO, ERROR DE HECHO, CARGA DE LA PRUEBA, RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia 2008-01147 de julio 31 de 2014
Rad.: 11001-31-10-004-2008-01147-01
SC10053-2014
(Aprobada en sesión de quince de julio de dos mil catorce)
1. En este asunto, se recuerda, el accionante solicita declarar que entre él y Gabriel Cardona Botero «existió (…) una unión marital de hecho de las reguladas por la Ley 54 de 1990», desde «1991 y la fecha», y que en consecuencia, «se ordene la liquidación de la sociedad patrimonial existente entre ambos».
2. El fundamento toral del tribunal para confirmar el fallo del a quo denegatorio de las pretensiones del iniciador del litigio, se apoya en que este no demostró que por lo menos, para el 7 de febrero de 2007, fecha de la Sentencia de constitucionalidad C-075 estaba vigente su relación con el accionado, con las características propias de la unión marital de hecho, pues los deponentes que allegó nada dijeron de la conciencia que tenían los contendientes de encontrarse formando una familia, con los deberes propios de ella, pues no explicaron la razón de sus dichos, ni las circunstancias en que percibieron directamente los hechos «o, simplemente manifestaron no constarles estos hasta la muerte de don Gabriel Cardona».
3. En sede del presente recurso, el censor le atribuye errores fácticos y de derecho al juzgador de segundo grado, aquellos porque apreció el testimonio de Silvia Cardona sin haber resuelto previamente la tacha de sospecha formulada frente a ella; así mismo, porque prefirió los testigos del demandado y no los del actor, con el argumento de que aquellos «no expresaron la ciencia de su dicho», cuando fueron éstos quienes no lo hicieron y se apoyó en una declarante que conoció al demandado a finales de 2007, en tanto que los iniciales son amigos de ambos, e incluso dos de ellas hermanas del demandante.
Igualmente le endilga la comisión de yerro de jure, debido a que apreció las certificaciones allegadas por Silvia Cardona, hermana del accionado, al momento de rendir testimonio, sin que se hubiera emitido un proveído que ordenara tenerlas como prueba, por lo que no pudieron ser controvertidas por el demandante, pues estima que no era suficiente que el juzgador esgrimiera la regla 7ª del canon 228 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, se duele de que el fallador pasó por alto los indicios de adquisición de un inmueble en el 2005, cuando según el accionado, el ligamen ya se encontraba roto, y «la elaboración artificiosa de fechas y circunstancias por parte del demandado que no tienen nada que ver con las premisas fácticas del caso».
4.1. Testimonios recaudados a instancia del actor quienes, en lo pertinente se pronunciaron como seguidamente se compendia:
a) Carlos Alberto García Navia, dijo suponer que existía una relación afectiva entre demandante y demandado, quienes tenían negocios y convivían, no obstante, nunca los vio en el dormitorio; se enteró que tuvieron enfrentamientos y que luego Gabriel Cardona se fue a vivir a otro inmueble distinto del que aquellos compartían, aunque no sabe la época. (fls. 199-201, cdno.1).
b) Ulpiano Fernández Mendoza informó que los mencionados Garrido y Cardona tenían una relación de pareja, lo mismo que de negocios y según lo que sabe, la unión de ellos duró hasta la muerte de Gabriel, aunque al interrogante de si se enteró que la relación de los antes nombrados terminó en el año 2003 respondió «No tengo ni idea en qué fecha terminó o si terminó, no tuve conocimiento que los (sic) hubieran terminado» (fls. 202-204, cdno.1).
c) Gustavo Adolfo Arango Barreneche expuso que tuvo conocimiento de la convivencia como pareja de Alonso y Gabriel, quienes manejaban negocios conjuntamente habiendo tenido dificultades; frente a la pregunta de si supo que los mismos convivieron hasta el fallecimiento del accionado dijo: «Yo se que compartieron lecho en los lugares donde vivieron porque dormirán (sic) en la misma habitación, y respecto a que si fue hasta la muerte de Gabriel no puedo asegurarlo porque como yo ya no iba tanto y sabía que había dificultades no se cual era la situación entre los dos al final» (fls. 205-207, cdno.1).
d) Fernando Cortes Roa, también conocido de quienes en este proceso intervienen como parte, expuso que siendo gerente de un banco, participó para que estos se vincularan comercialmente con la entidad, por lo que adquirieron cuentas y un crédito allí; supo de la convivencia de los mismos, la que supone hasta unos meses antes de que Gabriel Cardona muriera, debido a que vio cosas de éste en el apartamento en el que aquellos vivían (fls. 207-209, cdno.1).
e) Luis Carlos Tocoche Ocampo sostuvo que desde 1988 hasta el año que murió Gabriel Cardona frecuentó la casa de la 59 con 6 donde la citada pareja vivía, que siempre los vio juntos compartiendo el mismo espacio «como pareja obviamente homosexual» y a la pregunta «pudo usted constatar desde el año 2005 que Gabriel Cardona y Alonso tenían una relación homosexual hasta la muerte de Gabriel. Contestó. No» (fls. 211-213, cdno.1).
f) Nadiezhda Hernandez Salcedo, después de relatar que supo de la «relación homosexual» de su hermano Alonso con Gabriel, la que fue aceptada familiarmente, dijo que ellos siempre estaban ambos en la galería, departían con los amigos y no se enteró de que se hubieran separado, agregando que «uno iba a la galería a horas o actividades no abiertas a todo el público y ellos estaban común y corriente a no ser que estuvieran como esos matrimonios que uno conoce que no se pueden ver ni en pintura pero delante de la gente siguen siendo la pareja, es decir, cuando yo iba a la galería por lo menos en apariencia nada había cambiado (...)» (fls. 213-215, cdno.1).
g) María Zuleika Hernández de Romero también adujo ser hermana de Alonso Garrido y conocedora de la relación de este con Gabriel como desde el año 85; añade que «ellos vivían juntos hasta la muerte de Gabriel»;al preguntársele si «supo (...) o fue enterada que Gabriel Cardona no vivía en la casa de la 59 con 6 desde el año 2005. Contestó. Por lo menos cuando yo llegaba ellos atendían el negocio y cuando yo me iba pues quedaban ahí en la casa. Me refiero al negocio del restaurante» (fls.215-216, cdno.1).
4.2. Atestaciones vertidas a petición del demandando, de las cuales, en lo conducente se extrae lo siguiente:
a) Silvia Cardona Botero dijo que era consanguínea de Gabriel Cardona Botero, por lo que su testimonio fue tachado de sospechoso por el apoderado del actor; no obstante, en su exposición informó que aquel sostuvo una relación sentimental por mucho tiempo con Alonso, la que «terminó más o menos en 2003, 2002 (…) porque en el 2003 él empezó otra relación con Julio Cesar (...) ya después eran socios en el restaurante en la galería en la inmobiliaria». Sostuvo que los citados tuvieron enfrentamientos al punto que Gabriel debió irse a vivir a otro inmueble de su propiedad y de este se trasladó al de su progenitora «donde vivió hasta el día que murió el 4 de septiembre de 2009». En esta diligencia la declarante presentó dos certificaciones expedidas por los administradores de los edificios «Guaraní» y «Torre Alta 1», que dan cuenta que el convocado residió en esos sitios sin compañía de nadie, dejándose como constancia que se anexaban al expediente «para los fines pertinentes» (fls. 225-229, cdno.1).
b) José Fernando Romero Osorio indicó que conoció la relación marital existente entre Alonso y Gabriel, al igual que las propiedades y negocios que ellos tenían en el predio donde residieron hasta 2005 o 2006 cuando Gabriel se fue a vivir a un apartamento que este tenía en La Soledad, debido a las dificultades que presentaba su relación con Alonso. Frente al interrogante «hasta cuando Alonso Garrido y Gabriel convivieron maritalmente. Contestó. No se desde cuando comenzó la relación de ellos pero en el 2002, 2003 ya estaban en crisis de relación y ya el desenlace digamos de esta relación se dio cuando Gabriel se fue a vivir a su apartamento en el 2006» (fls. 229-233, cdno.1).
c) Víctor William Castaño Durango dijo que desde 1998 supo que los ya señalados «tenían una relación de pareja que duró hasta el año 2002 que ellos se separaron (...)» y aunque vivían en el mismo lugar, lo hacían en habitaciones separadas y ya en «el año 2005 Gabriel se fue a vivir a su apartamento que queda en la Soledad (...)». Conoce igualmente de la existencia de negocios entre los mencionados Garrido y Cardona, vínculo comercial que prosiguió, pero precisa que la convivencia como pareja se mantuvo «hasta que se empezaron a separar de lecho, cuando Gabriel sale de la casa ya los problemas eran altos en 2004 sale de la casa y en el 2005 ya no convivían definitivamente» (fls. 275-280, cdno. 1).
d) Marleny de la Milagrosa Cardona Acevedo manifestó que conoció a Gabriel en el 2007 viviendo en su apartamento de la carrera 19 Nº 40-11, el que luego, en abril de 2008 se lo arrendó a ella y aquel se trasladó al de su progenitora, agregando que por la amistad que surgió entre ellos, el antes nombrado le comentó que había tenido una relación sentimental con Alonso, la que se había terminado, ligamen que ella nunca percibió, y al interrogársele sobre si se enteró «en qué época se dio la ruptura entre Gabriel y Alonso. Contestó. Yo conocí a Gabriel en el 2007 y él me hablaba que hacía muchos años había roto con él pero no sabría decirle cuántos años (...)» (fls. 281-284, cdno.1).
4.3.) Certificación expedida por el administrador del Edificio Guaraní ubicado en la Carrera 19 Nº 40-11, aportada en la audiencia de testimonio rendido por Silvia Cardona Botero, documento en el que se manifiesta que «desde noviembre de 2006 hasta marzo de 2008, el Sr. Gabriel Cardona Botero (q.e.p.d.) habitó en el apartamento 302 de este edificio, en forma individual, es decir, vivía solo» (fl. 222).
4.4.) «Certificación» extendida por el «administrador del edificio Torre Alta 1», situado en la Cra. 8 N° 65-57, incorporada en la misma forma de la anterior, en donde se consigna «[q]ue el señor Gabriel Cardona Botero q.e.p.d. habitó en este edificio en el apartamento 201, desde abril de 2008 hasta septiembre 4 de 2009 fecha de su fallecimiento. Durante este tiempo, el señor Cardona Botero vivió solo».
5. Como aspecto preliminar, se recuerda que el recurso de casación está orientado a juzgar la sentencia impugnada y no el litigio en sí mismo considerado, pues de hacerlo, mutaría aquel en una tercera instancia, que la ley no prevé. En consecuencia, tal reproche se dirige a que la Corte determine, dentro de los límites trazados por la censura, si el fallo combatido está o no ajustado al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal, sin desconocer, claro está, que el juzgador de conocimiento goza de una discreta autonomía para apreciar los medios demostrativos, según los dictados de la sana crítica, esto es, que se encuentra bajo el apremio de enjuiciarlos con soporte en el sentido común, la lógica y las reglas tanto de la ciencia como de la experiencia.
Lo anterior explica la razón por la que, cuando el ataque se construye sobre la base de haberse cometido un error de hecho que como vía indirecta integra la 1ª causal del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, su acreditación presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta que sólo se estructure en la medida en que el desacierto sea tan notorio que a simple vista se manifieste, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, lo que es igual, de tal magnitud que resulte ostensiblemente contrario a la evidencia del proceso.
Sobre el punto, la Corte en Sentencia CSJ SC4428-2014 reiteró:
‘El error de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo, numeral primero, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una significación contraria o diversa. El error ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (G.J., T. LXXVIII, pág.313) (...) Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber determinado la resolución reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinrazón, otra hubiera sido la resolución adoptada (...) Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio’ del juez ‘está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo que ocurre en aquellos casos en que él ‘está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es ‘de tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso’ (sent. 146, oct. 17/2006, exp. 06798-01); dicho en términos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que ‘se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (G. J., T. CCXXXI, pág. 644)’.
De conformidad con lo expuesto, cuando en el recurso extraordinario de casación se critica el fallo del ad quem por comportar «errores fácticos», el ataque no debe orientarse a contraponer solo los juicios valorativos que puedan admitir los medios de convicción, sino a mostrar las equivocaciones observables sin dificultad, es decir, evidentes y relevantes en las que incurrió el juzgador, concretando su señalamiento, pues se trata de un reproche de existencia, atinente a la materialidad de la prueba.
6. Dado que inicialmente, el recurrente extraordinario le endilga la comisión de «errores fácticos» al fallador de segundo grado porque «apreci[ó] el testimonio de Silvia Cardona, sin resolver previamente la tacha de sospecha formulada en la audiencia respectiva», se impone anteladamente y en respuesta a la parte opositora quien estima que la equivocación planteada no es de hecho, sino de derecho, precisar que cuando la duda respecto de la veracidad de una atestación constituye el fundamento del reproche casacional, el error que cabe invocar es «fáctico».
Así lo consideró esta corporación en fallo CSJ SC, 9 sep. 2011, rad. 2001-00108-01, cuando dijo:
La Sala tiene definido que ‘si lo que en último resultado decrece el valor de un testimonio no es la sospecha en sí misma sino el cariz intrínseco de su declaración, relacionada con el resto de pruebas, el eventual error que se plantee no puede ser de derecho, toda vez que es inevitable acudir entonces a la materialidad misma de la probanza. Ya esta dicho por la Corte que cuando de lo que se trata es de cuestionar la credibilidad del testigo sospechoso, el yerro probatorio que cabría es de hecho.
Clarificado lo anterior, corresponde ahora efectuar el escrutinio de la situación planteada con miras a determinar si el ad quem cometió el desacierto que se le atribuye.
En la diligencia en que Silvia Cardona Botero rindió testimonio afirmó ser hermana de Gabriel Cardona Botero y ante ello, el apoderado del actor solicitó «que en su momento legal oportuno al hacer uso de la valoración conforme lo ordena la sana crítica se tenga en cuenta el parentesco de quien va a rendir esta declaración con la parte demandada y bajo sus presupuestos tacho de sospechoso el testimonio conforme la ley procesal» (fl. 226, cdno.1).
Respecto de ese punto, el tribunal dijo En su fallo:
«Ahora bien, en relación con doña Silvia Cardona, hermana de don Gabriel, le asiste razón al apelante cuando manifiesta que no se resolvió en la sentencia de primera instancia la tacha que, respecto de dicha deponente, planteó el demandante, a pesar de lo cual su relato sí puede ser tenido en cuenta para fundar la decisión con la que, finalmente, se resuelva la controversia jurídica aquí planteada, porque, en asuntos como el presente, son los familiares quienes mayores elementos de convicción pueden aportar al juzgador, debido a la cercanía que, se presume, existió con las partes, y porque, en términos generales, los hechos sobre los cuales versó su declaración, resultaron corroborados con las exposiciones de otros testigos, como lo fueron don José Romero y doña Marleny Cardona, lo cual no es óbice, por supuesto para que sus dichos sean avaluados (sic) con mayor severidad».
De acuerdo con lo anterior, si el sentenciador de segunda instancia expuso los motivos por los cuales, a pesar del parentesco de la declarante con el accionado, su relato sí podía tenerse en cuenta, entre otras razones, porque su atestación se hallaba respaldada con otros medios de persuasión, ha de inferirse que consideró no había lugar a excluir dicha versión del elenco probatorio, de donde surge evidente que sí se decidió la tacha de sospecha y de contera que no se presenta el yerro judicial enrostrado.
De todas formas, cabe anotar que un testimonio con «tacha de sospecha» no conlleva per se su descalificación, pues en esos supuestos, según las previsiones del canon 218 del Código de Procedimiento Civil, puede evaluarse teniendo presente las circunstancias particulares y sopesándolo con mayor rigurosidad respecto del que carece de motivos de desconfianza.
Sobre el tema, esta corporación, en Sentencia CSJ SC, 31 ago. 2010, rad. 2001-00224-01, señaló:
(...) la Corte ha sostenido que no puede considerarse que un testigo, ligado por vínculos de consanguinidad con una de las partes, ‘va a faltar deliberadamente a la verdad para favorecer a su pariente. Esa declaración si bien debe ser valorada con mayor rigor, dentro de las normas de la sana crítica, puede merecer plena credibilidad y con tanta mayor razón si los hechos que relata están respaldados con otras pruebas o al menos con indicios que la hacen verosímil’; que si las personas allegadas a un litigante pueden tener interés en favorecerlo con sus dichos, no puede olvidarse que ‘suelen presentarse a menudo conflictos judiciales en los que sus hechos determinantes apenas si son conocidos por las personas vinculadas con los querellantes y por eso son solamente ellos los que naturalmente se encuentran en capacidad de trasmitirlos a los administradores de justicia’ (...).
Pero además de no evidenciarse el error, menos con los perfiles de protuberante o manifiesto, si se admitiera hipotéticamente su presencia, el impugnante no acreditó la trascendencia del aludido desliz, o lo que es igual, que hubiera sido determinante en la resolución atacada, a tal punto que con la exclusión de la aludida declaración, necesariamente el fallo hubiera sido diferente, omisión que por tanto impide la acogida del reproche, al respecto planteado.
7. El censor igualmente le atribuye yerro fáctico al ad quem porque «pref[irió] un conjunto de declarantes en lugar de otro», fundado en que los allegados por el actor, no exponían la ciencia de sus dichos y mencionaron vagamente algunos aspectos de la relación, cuando Carlos Alberto García, Ulpiano Fernández Mendoza, Gustavo Arango Barreneche, Fernando Cortés y Luis Carlos Tocoche sí relataron lo que al respecto conocieron, por lo que el tribunal erró al aceptar las declaraciones de Silvia Cardona, Carlos Romero, María de la Milagrosa Cardona y José Fernando Romero, vertidas a instancias del demandado, toda vez que fueron estos quienes no dieron la razón de su versión.
Agrega que dicho equívoco se produjo porque no apreció aquellos medios de persuasión en conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, ejercicio del cual podía determinarse que la convivencia y unión marital se produjo hasta el momento del fallecimiento de Gabriel Cardona.
En relación con dicho reparo, cabe señalar en principio, que si la demostración del error de hecho en la valoración probatoria requiere, entre otros elementos, que la conclusión censurada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, significa entonces que su configuración ha de ser manifiesta, esto es, que para establecerlo no resulte necesario acudir a elaborados raciocinios o a sutiles disquisiciones, porque de ser así el desatino no salta de bulto a la vista, ni emerge de su sola enunciación y, de contera, carecería del carácter de evidente exigido para estructurarlo.
Dada la particular naturaleza del recurso de casación, y específicamente que este no encarna una tercera instancia que le permita al recurrente asentar desinhibidamente su parecer en torno a los medios de convicción recaudados, es esencial, para efectos de su prosperidad, que se configure el factor de la contraevidencia del juicio del sentenciador y, por ende, que el censor deba orientar su labor impugnativa a mostrar los palmarios desaciertos en la apreciación de los medios de convicción, concretando los que fueron objeto de la equivocación y cómo los afectó.
Adicionalmente, según lo ha precisado esta corporación, entre otras decisiones, en fallo CSJ SC, 3 mar. 2006, rad. 1999-0026,
(...) para el éxito de un ataque por error de hecho se requiere, de un lado, acusar ‘todos los puntales probatorios que adujo del tribunal’, y del otro, demostrar un yerro manifiesto, en lo que atañe a la prueba como elemento material del proceso, porque el juzgador supone su presencia cuando no existe, deforma su contenido, o estando el medio probatorio no es visto por el juez, campo en el que corresponde al censor: ‘a) singularizar la prueba que se considera mal apreciada, precisando por qué no fue estimada, o por qué fue mal valorada; b) efectuar una comparación, un parangón, entre la conclusión errada del tribunal y aquella que realmente era la debida; c) acreditar la evidencia del error, es decir, que no se requerían mayores elucubraciones o análisis para establecer su estructuración, y d) la trascendencia del yerro, esto es, demostrar su contraevidencia con la conclusión que extrae la censura que, en últimas, debe traducirse en la única opción o alternativa para solucionar el litigio’.
8. De conformidad con lo expuesto se vislumbra que esta parte del reproche no tiene posibilidad de éxito, habida cuenta que el impugnante no demostró adecuadamente las equivocaciones endilgadas al tribunal, pues aunque relacionó los elementos de convicción respecto de los cuales, en su entender recayó el desacierto, no se detuvo a realizar la obligada labor de cotejo entre las conclusiones vertidas en el fallo y aquellas que considera emergen de la valoración objetiva y material de los aludidos elementos de juicio.
El casacionista quiso refutar las argumentaciones fácticas del fallador, pero sin señalar, de manera precisa y puntual, qué fue lo que el ad quem vio o dejó de ver en cada una de las referidas probanzas, ni concretar si el yerro devino de haber preterido, supuesto o tergiversado el respectivo medio de persuasión y qué influencia tuvo ese desacierto en la resolución del conflicto; solo expone su criterio personal y subjetivo de lo que ha debido concluir, con lo que, en últimas, el censor no fue más allá de reprochar que «el tribunal ponderó las declaraciones del segundo grupo, sin mayor reflexión, por cuanto dio credibilidad al dicho personas (sic) extrañas a la pareja, que no expresaron —ellas sí— la razón de la ciencia de su dicho, y dieron versiones de oídas, en lugar de tener en cuenta el dicho de los amigos cercanos a la pareja, integrantes de su círculo íntimo, quienes por tal razón, tenían más conocimiento de la relación y de la convivencia habida entre ellos», por lo que la mencionada omisión, no puede ser suplida por la Corte, en razón del carácter estrictamente dispositivo y extraordinario de la casación.
En esas condiciones, la censura se quedó en el umbral, pues un error de hecho no se demuestra únicamente señalando lo que dice la prueba, ya que «en tal momento de su discurso se halla el censor apenas comenzando su camino, porque a él —no al tribunal de casación— incumbe además acreditar en qué forma ese medio probatorio supuestamente olvidado sí acredita el hecho cuya presencia en autos se reclama. Pues demuestra quien prueba, no quien enuncia, no quien envía a otro a buscar la prueba» (fallo CSJ SC, dic. 18/2009, rad.1999-00045-01).
Aquí lo que se aprecia es que el impugnante se preocupó más por hacer un alegato de instancia, en el que de modo libre y sin restricciones enfrenta el proceso, pero no se aplicó, como se lo impone esta clase de impugnación, a cuestionar la sentencia y los fundamentos en que se sustenta la misma, pues ha de tenerse en cuenta que en «sede de casación», la formalidad de presentar la acusación en forma clara y precisa, no se satisface efectuando un discurso genérico en el que se ensaya una interpretación distinta, incluso mejor, del análisis probatorio efectuado por el ad quem, lo que se exige es que haya confrontación de lo expresado por éste y lo consignado en los medios demostrativos que acogió, con la finalidad de establecer en qué radica la equivocación y cuál es su trascendencia en el fallo.
Es más, cuando en este cargo por «error de hecho», el censor recrimina al tribunal de no haber «apreciado [las pruebas] en su conjunto y no en forma aislada conforme a los dictados de la sana experiencia y de la sana crítica», resultó entremezclando aspectos propios del yerro de jure, todo lo cual robustece la carencia de idoneidad del reproche.
Sobre el particular, la Corte en Sentencia CSJ SC, jun. 7/2013, rad. 2007-0008-01, reiteró:
(...) al denunciar la comisión de un yerro fáctico y recriminar al juzgador por no haber apreciado las pruebas en conjunto —art. 187 ídem— (...), la impugnación incurre en una indebida mixtura o confusión de los tipos de extravío que se pueden denunciar por la vía indirecta de la causal primera de casación, pues incluye en su desarrollo argumentaciones propias del error de derecho.
9. Al margen de lo anterior, cabe señalar que por virtud de la discreta autonomía que ostenta el juzgador en la apreciación de los elementos de juicio, de existir varios grupos de ellos, aquel puede optar por el sentido que le ofrezca alguno de los mismos, lo que no lo hace incurrir, sin más, en error fáctico derivado del no acogimiento de los otros, se itera, porque esa labor constituye el ejercicio cabal, legal y autónomo de que se halla investido el fallador de instancia para apreciar las pruebas, pues en esa eventualidad, su decisión no estaría alejada de la realidad del proceso, a menos que esa elección se muestre absurda o riña con la lógica, por lo que corresponderá al censor evidenciar tal circunstancia y poner de presente que la única posibilidad admisible de valoración es la por él planteada, labor que en este asunto, el recurrente no desplegó.
En relación con dicho aspecto, la Corte, en fallo CSJ SC, dic. 2/2011, rad. 2005-00050-01 sostuvo:
A este respecto, la Sala ha reiterado que, ‘cuando se enfrentan dos grupos de testigos, el tribunal puede inclinarse por adoptar la versión prestada por un sector de ellos, sin que por ello caiga en error colosal, único que autorizaría el quiebre de la sentencia, pues ‘en presencia de varios testimonios contradictorios o divergentes que permitan conclusiones opuestas o disímiles, corresponde al juzgador dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo como fundamento de la decisión desechando otro (…) (G.J. tomo CCIV, 2443, 1990, segundo semestre, pág. 20), razón por la cual tan solo podría prosperar una acusación por error en la apreciación probatoria de la prueba testimonial en la que se apoyó la sentencia del Tribunal, en caso de demostrarse la comisión por éste de error de derecho, o de yerro evidente de hecho, el que afloraría, privativamente, cuando las conclusiones del sentenciador fueren por completo arbitrarias e irrazonables, de tal suerte que la única interpretación posible fuere la que aduce el recurrente…’ (Sent. Cas. Civ., jun. 26/2008, Exp. 15599-31-03-001-2002-00055-01)” (Cas. Civ., sent. mayo 25/2010, exp. 1998-00467-01).
La precedente exposición imposibilita el acogimiento de ese fragmento del ataque formulado.
10. Respecto del «error de derecho» igualmente planteado, se memora que el censor lo hace consistir en que el Tribunal apreció las certificaciones obrantes a folios 221 y 222 del cuaderno principal, allegadas en el curso de la declaración de Silvia Cardona, sin que se hubiera proferido decisión que ordenara tenerlas como prueba, pues simplemente se dejó la constancia de que «se anexa al expediente dos folios para los fines pertinentes», quedando en consecuencia, sin incorporar en legal forma, lo que impidió su contradicción por parte del actor, razón por la cual, no le era dable al juzgador considerarlas.
Este aparte del único cargo propuesto, tampoco es de recibo, dado que no se aviene a las exigencias técnicas, pues corresponde a un insuficiente alegato mediante el cual el impugnante cuestiona el pronunciamiento del ad quem, como si se tratara de intervenir en el curso de una tercera instancia, en la que todavía fuere posible y se admitieran reproches frente al proceso, sin tener en cuenta que su laborío dentro del presente recurso extraordinario se circunscribe a la sentencia por ser ella la generadora del agravio que le fue inferido y cuya reparación pretende.
En efecto, al acusarse el fallo de vulnerar de manera indirecta la ley sustancial como consecuencia de yerros de jure, le correspondía al casacionista precisar las normas de carácter probatorio que consideraba infringidas, lo mismo que explicar en qué consistió y cómo se produjo el quebranto que condujo a desconocer las disposiciones de «derecho sustancial» regentes o que han debido gobernar el caso y su repercusión en la decisión atacada, laborío que el censor no desplegó.
La Sala, en proveído CSJ SC, dic. 19/2012, rad. 2001-00038-01 sostuvo:
En lo atañedero con el error de derecho, la Corte siempre ha reprochado que se pase por alto ‘que en esta clase de ataque, ‘…el censor no sólo debe indicar qué norma de estirpe probatoria infringió el tribunal, sino también determinar cómo fue que esa norma probatoria se violó para así continuar en su discurso combativo, con la violación de la norma sustancial, bien por aplicación indebida o por falta de aplicación’, y señalado que ‘[e]sta regla técnica, que incluso en caso de ser incumplida obliga al rechazo del cargo, se halla de manera expresa contemplada en el último inciso del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil (...) (Cas. Civ., abr. 4/2001, Exp. 6366)” (Cas. Civ., sent. oct. 1º/2004, expediente 7560 (...).
En el presente asunto, lejos de proceder como lo impone la técnica casacional, el recurrente simplemente se limitó a lamentar la ausencia de la señalada decisión, bajo la consideración de que en casos como el que relata, es necesario que «el juez dicte en la referida audiencia un proveído que ordene tener como prueba, la documental que presente el testigo», agregando que no resulta suficiente el argumento expuesto por el fallador, según el cual, «no es cierto que el demandante no contara con la oportunidad alguna para contradecirlos» al haberse agregado al expediente y dejado en traslado común por tres días, como lo indica la regla 7ª del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, «oportunidad en la cual también podía, si consideraba que había lugar a ello, tacharlos de falsos, lo cual no hizo en momento alguno’», pues insiste el impugnante en que para poder actuar como lo indica el sentenciador, se requería la providencia que echa de menos.
Como se ve, el recurente inobservó su deber de concretar cuál fue la norma de índole demostrativo que el juzgador quebrantó, la manera como lo hizo y de qué forma ese proceder conculcó el precepto sustancial regente del caso, de donde entonces tales falencias no permiten la acogida del reproche.
11. Pese a lo expuesto, conviene señalar que, si de conformidad con la preceptiva antes mencionada consagratoria de las reglas que deben observarse en la recepción del testimonio, «[l]os testigos podrán presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declaran, los cuales se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres (3) días, sin necesidad de auto que lo ordene(1)», tal preceptiva, al no exigir el proferimiento de la decisión reclamada por el censor, descarta el yerro que este le atribuye al tribunal.
Obsérvese además, que en la respectiva audiencia de recaudo de la atestación de Silvia Cardona Botero, el mismo profesional del derecho que presentó la demanda de casación intervino en ella y nada dijo frente a la aportación que aquella efectuó de las certificaciones extendidas por los administradores de los edificios «Guaraní» y «Torre Alta 1», en las que dan cuenta que el demandado residió en esos sitios sin compañía de nadie y por el tiempo en ellas indicado, no obstante que como aquel lo admite, se dejó constancia de que se anexaban al expediente «para los fines pertinentes».
12. Finalmente, en lo atinente al reparo consistente en que el tribunal pasó por alto los dos indicios que refiere, esto es, «la adquisición de un inmueble con posterioridad a la fecha en que presuntamente terminó la relación de pareja» y «la elaboración artificiosa de fechas y circunstancias por parte del demandado que no tienen nada que ver con las premisas fácticas del caso», se impone manifestar que tal señalamiento aislado, al no evidenciar la equivocación trascendente y de bulto que por ese aspecto también le enrostra, impide cualquier análisis de fondo, menos cuando el recurrente omite indicar y precisar los preceptos sustanciales o probatorios conculcados y tampoco realiza el contraste que le incumbe entre lo extraído del hecho indicador, conocido o comprobado y lo que al respecto el juzgador vio o dejó de apreciar, lo mismo que la repercusión en la sentencia de ese olvido judicial.
Respecto del indicado medio de persuasión, la Sala en fallo CSJ SC, 19 dic. 2013, rad. 1998-15344-01, precisó:
En materia de indicios, específicamente, el impugnante tiene la carga de demostrar que las inferencias elaboradas por el juzgador fueron manifiestamente erróneas, si es que la decisión se basó en ellas. En tal caso, sólo cuando el razonamiento del juez resulta contraevidente, hay lugar a la configuración de un error de hecho ostensible que tenga la virtualidad de quebrar el argumento que haya constituido la base fundamental del fallo censurado.
En cambio, cuando —como ocurre en este caso— el fallador no cimenta su decisión en pruebas indirectas, entonces el cargo que se sustenta en una falta de apreciación del indicio, está abocado a demostrar que a partir de los hechos probados en el proceso y a la luz de los dictados de las máximas de la experiencia, se imponía al juez la obligación de elaborar unas hipótesis indiciarias que resultaban evidentes y que habrían variado sustancialmente el sentido del fallo, no obstante lo cual el funcionario judicial dejó de considerarlas al momento de dictar la sentencia.
‘En la casación —tiene dicho esta Sala—– el error de hecho por la no apreciación de los indicios se puede presentar porque el sentenciador ignore la presencia del hecho indiciario, siempre y cuando, claro está, la existencia de éste se halle satisfactoriamente fijada o, al contrario, porque sin estarlo, lo suponga. O porque viéndolo, se abstenga de extraer de él la inferencia que lógicamente corresponde, o extraiga una que sea contraevidente. O, en fin, porque, no obstante ver los distintos indicios, cuando son contingentes, no los relacione o concatene a fin de apreciarlos en conjunto’ (…).
Cabe adicionar que para lograr el objetivo de derruir el fallo del ad quem, al censor no le era suficiente endilgarle a aquel la comisión de errores de hecho y de derecho con el ofrecimiento de su propia visión de los supuestos fácticos y la formulación de su particular apreciación de las pruebas que los verifican y la relación de ellas, sino que le resultaba indispensable demostrar que su planteamiento era el único admisible y de contera que el del juzgador no podía pervivir por absurdo, ilógico o contraevidente.
No se olvide que cuando las sentencias arriban a la Corte como consecuencia de esta clase de impugnación extraordinaria, lo hacen amparadas por la presunción de legalidad y acierto, tanto en la evaluación de los hechos como en la aplicación de la ley, y dado que el tribunal goza de cierta autonomía en la estimación de los elementos de convicción, sus conclusiones al respecto deben respetarse en casación, mientras el censor no demuestre que al efectuar tal estudio, este incurrió en error evidente de hecho o de valoración.
Sobre el particular, la Corte, en fallo CSJ SC, 27 feb. 2002, rad. 6197 dijo:
La distinta apreciación que de la prueba haga el recurrente no sirve para invalidar el fallo combatido, ni aún en el caso en que la Corte pueda diferir del criterio que haya tenido el juzgador para llegar a las conclusiones motivo del ataque…; doctrina que viene apuntalada de antaño cuando ha expresado también que ‘para que los juicios del sentenciador de instancia no admitan censura en casación, basta que no degeneren en arbitrariedad, por no situarse ostensiblemente afuera del sentido común, aunque se pueda organizar otro análisis de los medios probatorios más profundo y sutil, más severo, más lógico o de mayor juridicidad en sentir de la critica o de la misma Corte. Y aún en el evento de que un nuevo estudio del haz probatorio produjera vacilaciones más o menos intensas sobre el acierto o desatino del sentenciador en las conclusiones fácticas, mientras no aparezca que existe contraevidencia, es obvio que la ruptura del fallo acusado sólo podría fundarse en la certeza y no en la duda (...).
10. Lo así analizado conlleva a la improsperidad de la impugnación extraordinaria, la imposición de costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final, artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y el señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que la parte opositora replicó la «demanda de casación».
1. No casar la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2013 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de la referencia.
2. Condenaren costas al recurrente en casación.
3. Incluiren la correspondiente liquidación que efectuará la secretaría, la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000), por concepto de agencias en derecho.
4. Devolverla actuación surtida al tribunal de origen.
(1) Subraya fuera del texto original.

References: e contrario
 artículo 368
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 374
 artículo 228
 artículo 375