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Timestamp: 2019-09-20 19:28:06+00:00

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Acuerdo y Sentencia 5/1998 Tribunales de Apelaci�n
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 5/98
“EXTRADICIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO EDUARDO DOMINGO BÓVEDA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, REPÚBLICA ARGENTINA”.
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días veintidos del mes de abril del año mil novecientos noventa y ocho, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, primera sala, Gerardo Bernal Casco; Tomás Damián Cárdenas y Guido Manuel Sisa, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “EXTRADICIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO EDUARDO DOMINGO BÓVEDA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, REPÚBLICA ARGENTINA”.-
A la primera cuestión deducida, el doctor Sisa dijo: El escrito de expresión de agravios presentado a fs. 98/104 no hace mención alguna a este recurso, y termina solicitando en el apartado 2 de su petitorio, una vez cumplido con los trámites de estilo, se sirve dictar sentencia revocando la S.D. N° 23 de fecha 13 de noviembre de 1996, por su notoria improcedencia y por defectos de forma" (sic), ver fs. 104.
Que la Fiscalía general a fs. 108, aconseja no hacer lugar al recurso de nulidad por no haberse fundado el mismo y por carecer la sentencia de vicios o defectos, sabido es que a recursos específicos corresponde agravios también específicos, en virtud de que el recurso de nulidad se propone la reparación de un error o errores de forma de contenidos en la sentencia (error im-procedendo), mientras que el de apelación está dado para reclamar un error o errores de juicio del Magistrado (error in judicando), razón por la cual no pueden confundirse los argumentos relativos a uno y a otro recurso, ni ser utilizado en forma indistinta o alternativa.
Que, del examen del fallo recurrido, no surge la existencia de violación alguna de las formas prescriptas en las leyes que rigen la materia, especialmente el Art. 499 del C.P.P., por lo que corresponde tenerlo simplemente por desistido. Es mi voto.
A sus turnos, los doctores Cárdenas y Bernal Casco, manifestaron que se adhieren al voto del preopinante por sus mismos fundamentos.
A la segunda cuestión deducida, el doctor Sisa prosiguió diciendo: Por el fallo recurrido, el señor Juez que entiende en el asunto hizo lugar al pedido de extradición formulado por el señor Juez de Instrucción N° 6 de la 1ª Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes, en cuya consecuencia debía librar (una vez ejecutoriado el fallo) oficio al Poder Ejecutivo, a fin de proveer los medios necesarios para la entrega del mencionado ciudadano a las autoridades del país requiriente.
Que, dicho fallo se fundamenta esencialmente en los siguientes argumentos: "Con los recaudos que se acompaña al pedido de extradición, se justifican las exigencias del Art. 30 del mencionado tratado, que hacen procedente el requerimiento del Estado argentino. Se acompaña copia del auto, que revoca la excarcelación, al ciudadano Eduardo Domingo Bóveda, se le imputa la comisión del delito de aborto y homicidio castigado con la pena de hasta quince años de reclusión o prisión, respectivamente, conforme a la legislación de la Nación, requiriente que autoriza la entrega del reo, por sobrepasar la pena de dos años establecida en el inciso 1° del Art. 21 del Tratado lo que hace procedente, en este sentido al pedido (sic), ver fs. 88 vlto. y 89 de autos.
Que, contra tal decisión se alzó la defensora del requerido, quien en su expresión de agravios (a fs. 98/104) cuestiona o critica más bien los antecedentes que hacen relación al pedido de extradición, que a los fundamentos de la sentencia, como debe ser, limitándose a expresar que: "...el Juzgador inferior no tuvo en cuenta ciertos requisitos de forma que nuestra ley forma establece en el Art. 597, inciso 1° del Código Procesal Penal, para la extradición de un delincuente extranjero...". "que, el país requiriente no ha enviado con el exhorto copia del Parte policial en que conste: "la designación exacta y la fecha del crimen o delito que la motivara, si se tratase de un procesado", tal como lo dispone el Art. 597...." , que, en el instrumento de fs. 2 se menciona que la orden de arresto fue expedida por el Juzgado de Instrucción N° 6 por aborto y homicidio, con fecha 23-6-89, pero según la constancia de fs. 66, la libertad provisoria de su defendido "recién fue revocada en fecha 14 de agosto de 1989, disponiéndose su captura"...; hechos de lo que deduce que no existe "un informe real de la fecha en que fue impartida la orden de prisión...", que, no existe constancia de las "causas que motivaron la revocación de la libertad provisoria"..., para que el procesado haya sido considerado un prófugo de la justicia (Resolución N° 930 del 14 de agosto de 1989, obrante a fs. 66 de autos), que, el Juzgado requiriente no ha remitido al Juzgado "todos los antecedentes que se relacionan al caso en cuestión, en concordancia con lo dispuesto por el Art. 597 inc. 1°...", que, no se acompaña la constancia del auto de prisión. Se refiere al Art. 29 del Tratado de Montevideo del 19 de marzo de 1940, lo transcribe, insiste en que la Argentina "no ha cumplido con el requisito de acompañar las piezas en donde conste el hecho inculpado, así como también la fecha y el lugar en donde ha ocurrido...", que, la "sola manifestación por parte del doctor Saade de que existe una acumulación de causas no es suficiente para justificar que las diversas causas que involucran a mi defendido sean tramitadas ante el Juzgado de Instrucción N° 6...", que, "no se ha" cumplido con el trámite de declarar rebelde a mi defendido para que se dicte nuevamente una orden de prisión en contra del mismo, para la revocación de su excarcelación"..., y otras consideraciones a cuyo final termina solicitando la revoque el aludido fallo.
Que, contestando el traslado respectivo, el señor Fiscal General del Estado sostuvo, en cuanto a lo expresado con relación al Art. 507 inc. 1°: "que dicho artículo legal no hace mención a Parte policial alguno, sino a "mandato de prisión expedido por los tribunales competentes", tampoco hace mención al lugar del crimen; que el "mandato de prisión" se halla satisfecho con el interlocutorio N° 932 del 14 de agosto de 1989 que revoca la excarcelación concedida a Eduardo Domingo Bóveda"..., que asimismo, existe designación exacta de los crímenes o delitos imputados (aborto seguido de muerte y homicidio simple). Con relación a la fecha de los ilícitos imputados, la misma no se precisa, sin embargo se infiere por el exhorto y demás circunstancias u resoluciones que acompañan que los presuntos ilícitos acontecieron en el año 1989, no hallándose prescriptos los mismos, único motivo por el cual el citado Art. del C.P.P. requiere la fecha de los delitos", con relación a la pretensión de la defensa, según la cual la disposición contenida en el Art. 597 del C.P.P. prevalece sobre el Art. 30 del Tratado de Montevideo de 1889, "basado en la posterioridad de la sanción de la norma nacional"..., alega: Este argumento, es claramente contrario al Art. 137 de la Constitución Nacional. Además la interpretación abrogatoria de una norma jurídica, no sólo atiende el tiempo de la sanción de una ley sino también su especificidad, y en la materia de extradición, la normática internacional debidamente ratificada por las partes, prevalece siempre sobre la nacional", con relación al presunto incumplimiento de los requisitos del Art. 30 inc. 1°, 2° y 3° del Tratado de Montevideo, contesta que no sólo en la Provincia de Corrientes, sino en toda la Argentina y también en el Paraguay "autoriza la prisión del reo"; con relación a lo expresado en cuanto a la acumulación, sostiene que dicho requisito no figura en ningún tratado o ley que regule la materia de extradición. Enumera las causas atribuídas a Eduardo Domingo Bóveda en cuatro apartados o párrafos (de los cuales tres fueron acumulados), tras otras consideraciones, termina solicitando la confirmatoria de la sentencia apelada.
Que, yendo al fondo de la cuestión, y al examinar los antecedentes, en cuanto a los requisitos, vemos que el exhorto fue remitido por el Juez de Instrucción N° 6 de la 1ª Circunscripción Judicial de la Provincia de Corrientes, con lo cual el primero de los requisitos exigidos por el Art. 19 del Tratado de Montevideo de 1989 se halla satisfecho. Asimismo, según los hechos enunciados, tanto en el radiograma (fs. 2), como en el exhorto mismo (fs. 29), satisfaría el requisito exigido por el inc. 2° de dichos artículos. (Que la infracción por su naturaleza o gravedad autoriza la entrega), ya que se trata de homicidio por aborto seguido de homicidio". Además, el pedido de fs. 29 (Oficio N° 2728), se halla en armonía con lo que dispone el Art. 30 del pre-aludido tratado, ya que fue introducido por vía diplomática, conforme consta a fs. 58 de autos, (Nota del 5 de setiembre de 1996, del Embajador argentino, dirigido al señor Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país.
La copia de la Ley penal aplicable a la infracción que motiva el pedido obra a fs. 34 y 35, y con ello el requisito exigido por el inc. 1° del aludido Art. 30, se halla igualmente satisfecho. En este punto, es oportuno recordar que esta última disposición se refiere igualmente al auto de detención y demás antecedentes a que se refiere el inciso 3° del Art. 192, en tanto que nuestro Código de Procedimientos Penales incluye "condenación notificada"... o el mandato de prisión expedido por los tribunales competentes".
La resolución interlocutoria N° 931, del 14 de agosto de 1989 (fs. 31), en su primer apartado reza: "Revocar la excarcelación concedida en la causa N° 14.941, a Eduardo Domingo Bóveda, y ordenar su captura, librándose los oficios respectivos". Hasta aquí todo sigue armonizando con el inc. 1° del Art. 30 ya citado, pues si hubo excarcelación es porque hubo calificación previa, que es consecuencia inmediata del auto de prisión, (auto de procesamiento en otros sistemas legales). Cualquier duda al respecto queda aclarada por el fallo anotado al pie del Art. 597 del Código de Procedimientos Penales, con el N° 3 según el cual: "...son los tratados"... los que deben ser observados con mayor preferencia, de modo que si el Código ...exige la prisión y el Tratado de Montevideo se conforma con la detención, es esta Ley que debe primar sobre la anterior", (Ver Arnaldo Giménez Cabral, Código de Procedimientos Penales, Ed. El Foro, año 1987, página 373).
Que, en otros casos, especialmente de homicidios, se estila igualmente adjuntar a los recaudos el Certificado de Defunción de la víctima, requisito éste no satisfecho en el presente exhorto. A esto tal vez se refiere la última parte del inc. 1° del pre-citado artículo 30, cuando expresa: "...y demás antecedentes a que se refiere el inciso 3° del Art. 19°. En efecto, este precepto legal establece: "...Que la nación reclamante presente documentos, que según sus leyes autoricen la prisión y el enjuiciamiento del reo". Sin embargo, si dicho requisito (certificado de defunción o "el cuerpo del delito") no es expresamente enumerado, no existe razón alguna para exigirlo. Además, no se debe olvidar que el Art. 604 de nuestro Código Ritual penal establece: "No será permitido poner en cuestión la validez intrínseca de los documentos producidos por el Gobierno requirente", y enumera los aspectos o puntos que deben ser tenidos en consideración (identidad de la persona, examen de las formas intrínsecas de los documentos presentados, entre otros).
Que, de la resolución (interlocutoria) N° 252 del 17 de julio de 1989 (fs. 30), se deduce que la conducta delictiva de Eduardo Domingo Bóveda fue incursa dentro de lo previsto en el Art. 85 inc. 2 del Código Penal correntino, y que la excarcelación la obtuvo conforme a los Arts. 314 bis, 315, 316 ss. y concordantes del C.P.P." (fs. 30). Dicha excarcelación es la que fuera revocada por el Interlocutorio N° 931 del 14 de agosto del mismo año (fs. 31), en el cual se especifica que se trata de causas acumuladas (como lo señala la Fiscalía General del Estado a fs. 108 de autos); y "que en fecha 24 de junio del corriente año se inicia la causa que lleva el N° 15.127, donde se halla involucrado Eduardo Domingo Bóveda, causa en la cual el mismo se halla prófugo de la justicia, violando de esa manera lo ordenado por el Art. 134, siguientes y concordantes legales" (sic), hecho que desencadenó la revocatoria de la excarcelación.
Que la primera actuación directa contra el procesado, encontramos en el pedido de detención formulado por Interpol Buenos Aires, recibido en Asunción el 29 de agosto de 1989 (fs. 8), y -por de pronto- es la única hasta la recepción del Radiograma del 24 de mayo de 1996 (fs. 2), a los mismos en virtud del artículo 19 inc. 4° del Tratado de Montevideo de 1889, según el cual uno de los requisitos para que proceda prescripto con arreglo a la Ley del país reclamante", a examinar lo que dispone al respecto el Código Penal de la Provincia de Corrientes.
Que, el citado Código en su Art. 62 inc. 2° (ver fs. 33, 43, 68 y 78) expresa: "La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación": 1) A los quince años... reclusión o prisión perpetua. 2) Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso, el término de la prescripción excederse de doce años ni bajar de dos años" (sic). Vemos que el hecho atribuido a Eduardo Domingo Bóveda es: "...delito de aborto previsto y reprimido por el Art. 85 inc. 2 del C.P.", (ver fs. 40).
Que, el citado Art. 85 prescribe: "El que causare aborto será reprimido: 1) Con reclusión o prisión. 2) Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer", (ver fs. 35, 45 y 80 de autos). El Art. 63 del citado cuerpo legal establece: "La prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, o si éste fuera continuo, en que cesó de cometerse" (sic). Los recaudos no incluyen otra disposición referente al tema.
Que, conforme a los preceptos legales citados, cabe inferir que el plazo para la prescripción en la causa seguida a Eduardo Domingo Bóveda, en la cual se libró el exhorto que estamos examinando, empezó a correr el 30 de agosto de 1989 (fs. 8), de lo que surge que la prescripción del derecho de acusar se operó el 30 de agosto de 1995, por haber transcurrido: "el máximo de duración de la pena señalada para el delito" es decir: seis años.
Pero, he aquí que la defensa no ha alegado este hecho a favor del requerido. El Tratado o los Tratados aludidos no indican el mecanismo para la aplicación de la prescripción. Nuestro régimen penal es claro y contundente sobre el particular, cuando establece en el Art. 115, última parte: "La prescripción debe ser declarada por el Juez aunque el reo no la haya alegado". Pero el Tribunal no tiene potestad para pronunciarse al respecto, conforme al principio Tantum devollutum cuantum apellatum. Lo mismo ocurre con el error en cuanto a la persona del padre ("hijo del señor Gerónimo Gómez"), o la discimilitud en cuanto a la fecha de nacimiento: (10 de junio de 1951, según la Carta rogatoria de fs. 29 y 17 de junio de 1951 según el requerido); alegados a fs. 56 y los "defectos de forma en los documentos" o insuficiencia alegados en la expresión de agravios (fs. 103), en vista de que la defensa no los reclamó por la vía de la excepción prevista en el artículo 33 inc. b) (no ser la persona reclamada) o el Art. 33 inc. c). Defectos de forma en los documentos presentados. Tampoco efectuó reclamo en cuanto a la insuficiencia, de modo que el Juez obre conforme a lo previsto en el Art. 32, todos ellos del Tratado de Montevideo de 1940.
Por cuanto queda expresado, cabe concluir que no existen motivos para revocar el fallo apelado, pro lo que corresponde su confirmatoria. Estoy pues por la afirmativa de esta última cuestión. Es mi voto.
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 5
Asunción, 22 de abril de 1998
TENER, POR DESISTIDO el recurso de nulidad.
CONFIRMAR, la S.D. N° 23 del 13 de noviembre de 1996, obrante a fs. 87/89 de autos.
Priscilla E. de Reckziegel - Secretaria
Tomás Damián Cárdenas
Guido Manuel Sisa

References: e contrario
 resolución 
 artículo 30
 resolución 
 artículo 19
 artículo 33