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Timestamp: 2018-11-18 03:22:38+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 135/2017 Corte Suprema de Justicia
Fuente: Página web de la Corte Suprema de Justicia: http://www.csj.gov.py/jurisprudencia/cache/8d21fedb3cb5f1d47621162e99698bb1.pdf
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 135/17
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “ISABEL MARTHA CORONEL VDA. DE BLAIRES C/ ART. 4 DE LA LEY N° 1398/99”. AÑO: 2004 - N° 3511.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil diecisiete estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctora MIRYAM PEÑA CANDIA, Presidenta y Doctores GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y ANTONIO FRETES, Miembros, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “ISABEL MARTHA CORONEL VDA. DE BLAIRES C/ ART. 4 DE LA LEY N° 1398/99”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Aldo Eduardo León, en nombre y representación de la Señora Isabel Martha Coronel Vda. de Blaires.
A la cuestión planteada el Doctor FRETES dijo: El Abog. Aldo Eduardo León, en nombre y representación de la Sra. Isabel Martha Coronel Vda. De Blaires, plantea acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley N° 1398/99 “Que declara obligatorio incorporar al Régimen de Asistencia Médica del Instituto de Previsión Social a los docentes jubilados de todo el país”, alegando la conculcación del artículo 14 de la Constitución de la República.
El texto legal expresa cuanto sigue:
“Artículo 1°.- Amplíase el Artículo 3° de la Ley 537/58 "QUE DECLARA OBLIGATORIA LA INCLUSION DENTRO DEL REGIMEN DEL SEGURO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, A TODOS LOS MAESTROS Y CATEDRATICOS DEL MAGISTERIO PRIMARIO Y NORMAL DE LA REPUBLICA", modificado a su vez por el Artículo 5° de la Ley N° 98/92 "QUE ESTABLECE EL REGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO LEY N° 1860/50, APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N°s. 53 7/58, 430/73 y 1286/87, incorporando los beneficios de prestación médica para enfermedades y accidentes previstos en el mismo a los jubilados que hayan aportado en su vida laboral activa al Instituto y que sean miembros del magisterio nacional.
Artículo 2°. - Los beneficios otorgados por esta ley, más los gastos administrativos que demandaren su cumplimiento, serán solventados por la contribución de los asegurados, quienes al efecto aportarán por todo concepto el 5,5% (cinco coma cinco por ciento) del haber jubilatorio neto que perciban luego de efectuados los descuentos previstos por ley.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda dispondrá el descuento correspondiente en todas las planillas de haberes jubilatorios del magisterio nacional y los depositará en el Banco Central del Paraguay a la orden del Instituto de Previsión Social dentro de los
quince primeros días del mes siguiente al que corresponda la planilla.
Artículo 4°.- Esta ley beneficiará a todos los actuales y futuros jubilados del magisterio nacional independientemente de la fecha en que hayan obtenido el beneficio de la jubilación.
Artículo 5°.- Quedan vigentes los demás artículos de la Ley N° 537 y sus modificaciones que se aplicarán en lo que fuere pertinente a los jubilados del magisterio nacional.
Artículo 6°.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.
Artículo 7°.- La presente ley entrará en vigencia a los sesenta días de su publicación.
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo”.
Cabe inicialmente aclarar que el accionante en su escrito de presentación, dirige su acción en contra del artículo 4 el cual según él expresa: “establece la inclusión al Seguro Médico del Instituto de Previsión Social a los actuales y futuros jubilados del magisterio nacional, independientemente a la fecha en que haya obtenido el beneficio de la jubilación”, texto que no consta en el texto legal obrante en los registros oficiales.
Con respecto a la cuestión de fondo, alega que su mandante, la Sra. Isabel Martha Coronel Vda. De Blaires ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional por más de treinta y nueve años y tres meses, siendo posteriormente beneficiada con la jubilación ordinaria por medio de Resolución del Ministerio de Hacienda N° 1066 de fecha 17 de junio de 1996, percibiendo la suma de Gs. 1.901.106. Explica que la jubilación obtenida fue realizada bajo la vigencia de la Ley N° 537/58, no contemplando el descuento del 5,5% del total del salario percibido en concepto de seguro médico obligatorio del I.P.S. En tal sentido agrega que la Constitución establece en su artículo 14 que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, esto es, que rigen para el futuro por lo que no pueden aplicarse a hechos anteriores a su vigencia. Agrega que por la vigencia de la ley atacada, se realiza una aplicación retroactiva en perjuicio de su mandante bajo el pretexto de un supuesto beneficio cuando en realidad consiste en una confiscación a su patrimonio, ya que el descuento le impide cumplir con sus innumerables acreedores por lo que solicita se declare su inaplicabilidad.
Primeramente resulta conveniente adaptar las argumentaciones del accionante a los aspectos normativos que impugna. En tal sentido, vemos que el mismo afirma que su mandante fue beneficiada con la jubilación durante la vigencia de la Ley N° 537/58, asimismo agrega que la misma no desea ser beneficiada con el seguro del Instituto de Previsión Social, por lo que el descuento realizado constituye una confiscación que le impide cumplir con sus acreedores. Sobre esto es de señalar que el acto impugnado establece ya en su artículo primero “Amplíase el Artículo 3° de la Ley 537/58 "QUE DECLARA OBLIGATORIA LA INCLUSION DENTRO DEL REGIMEN DEL SEGURO DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, A TODOS LOS MAESTROS Y CATEDRATICOS DEL MAGISTERIO PRIMARIO Y NORMAL DE LA REPUBLICA".
Por otro lado, en lo que hace a la conformidad de la Sra. Isabel Martha Coronel Vda. De Blaire con el servicio de seguridad social, resultan de relevancia dos disposiciones constitucionales, siendo la primera la contenida en el artículo 95 cuando expresa: “Artículo 95 - De la seguridad social. El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población...", de donde emerge como resaltante el carácter obligatorio del régimen de seguridad social, no dependiente de la concordancia o no con la aquiescencia de los beneficiados; y por otro lado el artículo 103 que hace extensivo el beneficio a los jubilados al decir: “Del régimen de jubilaciones. Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado”.
Por lo expuesto, surge con claridad que el régimen de seguridad social se constituye en un derecho irrenunciable por parte de los beneficiarios y yd e cumplimiento obligatorio para los entes del Estado encargados de su implementación, por lo que las pretensiones de la accionante no resultan idóneas para intervenir en el marco regulatorio mediante el cual la Constitución de la República obliga al Estado a la protección de sus habitantes una vez dadas las condiciones señaladas en aquella.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las disposiciones legales y constitucionales apuntadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público mediante su Dictamen N° 809 de fecha 05 de mayo de 2005, considero que la presente acción no puede prosperar por lo que corresponde su rechazo. ES MI VOTO.
A su tumo la Doctora BAREIRO DE MÓDICA dijo: El Abogado Aldo Eduardo León, en nombre y representación de la Señora Isabel Martha Coronel Vda. de Blaires, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 4 de la Ley N° 1398/99 “Que declara obligatorio incorporar al régimen de asistencia médica del Instituto de Previsión Social a los docentes jubilados de todo el país”.
En virtud de la citada ley se extienden los beneficios de prestación médica para enfermedades y accidentes, previsto en el régimen del I.P.S., a los jubilados que hayan aportado en su vida laboral activa al Instituto y que sean miembros del magisterio nacional (Art. 1°).
Asimismo, se establece que “los beneficios otorgados por esta ley ... serán solventados por la contribución de los asegurados, quienes al efecto aportarán por todo concepto el 5,5% ... del haber jubilatorio neto „.”(Art. 2°).
La ley beneficia “a todos los actuales y futuros jubilados del magisterio nacional independientemente de la fecha en que hayan obtenido el beneficio de la jubilación”. (Art. 4°).
Manifiesta el accionante que su mandante fue jubilada al amparo de la Ley N° 537/58, es decir, que en principio no contemplaba el descuento del 5,5 % del total del salario percibido en concepto de haberes jubilatorios en concepto de Seguro Médico Obligatorio del Instituto de Previsión Social, razón por la cual considera que el Art. 4 de la Ley N° 1398/99 vulnera el Art. 14 de la Constitución al disponerse el efecto retroactivo de la norma.
Nuestra Ley Suprema establece como una norma programática lo siguiente: “Se promoverá su extensión (la del sistema de seguridad social) a todos los sectores de la población (Art. 95). La ley atacada no hace otra cosa que hacer operativa esta norma, otorgando algunos beneficios más a los docentes jubilados como lo es la prestación médica para enfermedades y accidentes a través del Seguro del Instituto de Previsión Social.
No existe, pues, a nuestro entender conculcación alguna de preceptos de rango constitucional, por lo que corresponde el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad. Es mi voto.
A su turno la Doctora PEÑA CANDIA manifestó que se adhiere al voto del Ministro preopinante, Doctor FRETES, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., toda por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 24 de febrero de 2.017.
Abog. Julio Pavón M. Secretario

References: artículo 14
 Artículo 3
 Artículo 5

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 14
 Artículo 3
 artículo 95
 artículo 103