Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A278-06.htm
Timestamp: 2017-11-18 19:29:53+00:00

Document:
A278-06
Auto 278/06
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Superior jerárquico común/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Asunción por Corte Constitucional cuando no existe superior jerárquico común
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES DE DIFERENTE NIVEL-Competencia del juez de mayor jerarquía
JURISDICCION CONSTITUCIONAL-No corresponde a quienes la ejercen determinar a priori contra quienes se dirige la acción de tutela
ACCION DE TUTELA CONTRA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.P.S.-Competencia del Tribunal Administrativo
Referencia: expediente I.C.C.-1031
Conflicto de competencia entre el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdo en la acción de tutela promovida por el señora Julia del Carmen Mosquera Casas y otros contra la Presidencia de la República, Ministerio de Comunicaciones y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.P.S.
Bogotá D.C, once (11) de octubre de dos mil seis (2006)
1. El 21 de julio de 2006, las ciudadanas Julia del Carmen Mosquera Casas, Rosalba Denice Valencia Chamorro, Odila Córdoba Ortiz, Ana del Carmen Córdoba Palacios y Loy Leyvi Sánchez Mosquera, a través de apoderado instauraron acción de tutela ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Comunicaciones y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.P.S. con el fin de que se les protejan, entre otros, los derechos fundamentales a la igualdad y a la estabilidad reforzada por las razones que señalan en la demanda.
2. El Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, mediante decisión de julio 24 de 2006, decidió declararse incompetente con fundamento en el inciso 2°, artículo 1° del Decreto 1382 de 2000[1], al considerar que la acción de tutela se dirige principalmente contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.P.S., la cual es una entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional, motivo por el cual debe ser conocida por los jueces del circuito o con categorías de tales. En consecuencia, dispuso la remisión del expediente a la Oficina Judicial de Reparto.
3. Efectuado el reparto, le correspondió conocer del asunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdo, despacho que, mediante proveído de agosto 3 de 2006, se abstuvo de asumir el conocimiento de la solicitud de amparo constitucional al considerar que corresponde a las altas cortes toda vez que la acción de tutela se dirige contra el Presidente de la República quien ostenta un fuero especial. Así mismo dispuso, el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia.
4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante decisión de agosto 15 de 2006, consideró que aún cuando el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdo no plantean expresamente un conflicto de competencia, “lo cierto es que éste se ha generado como quiera que dos autoridades de distinta jurisdicción se niegan a conocer la acción de tutela de la referencia, alegando cada uno de ellos, a su vez, no ser competentes”. Agregó, que dicho conflicto debe ser resuelto por la Corte Constitucional, ordenando el envío del expediente a esta Corporación.
1. Esta Corporación, en reiterados pronunciamientos, ha considerado que los conflictos de competencia suscitados en el trámite de las acciones de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico común de los despachos judiciales involucrados.
En consecuencia, es a esta Corporación como máximo tribunal de la jurisdicción constitucional, a quien le corresponde dirimir dichas controversias, siempre y cuando las autoridades judiciales comprendidas en el asunto, no tengan superior jerárquico común. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido:
“Debe manifestar la Corte que, como ya lo ha expresado en varias ocasiones, los conflictos de competencia que se susciten en materia de tutela -tanto los positivos como los negativos- deben ser resueltos por el superior jerárquico común a los jueces o tribunales incursos en ellos.
Todos los jueces de tutela, independientemente de la jurisdicción a la cual pertenezcan, hacen parte -para los fines de la actividad judicial propios de aquélla- de la jurisdicción constitucional.
Por lo tanto, los conflictos que surjan entre ellos deben ser resueltos dentro de la misma jurisdicción constitucional, lo que hace que en esta materia no resulte aplicable el artículo 256, numeral 6, de la Carta Política, que atribuye al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- la función de "dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones".
Sin embargo, no todos los conflictos de competencia deben ser resueltos por la cabeza de la jurisdicción constitucional. Solamente deben llegar a la Corte Constitucional aquellos que no puedan resolverse dentro de las respectivas estructuras jurisdiccionales de origen”[2].
2. El conflicto de competencia sub examine, se presenta entre el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdo, razón por la cual le asiste competencia a esta Corporación para asumir su conocimiento.
3. Analizando el expediente se encuentra por la Corte que la acción de tutela fue interpuesta contra varias autoridades públicas de diferente nivel, por una parte la Presidencia de la República y el Ministerio de Comunicaciones y por la otra, la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.P.S., lo cual imponía que el asunto fuera conocido por el juez de mayor jerarquía de conformidad con el último inciso del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 2382 de 2000[3]. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, resolvió in limine tener como único demandado a la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E. P.S.
4. La Corte en el Auto 112 de 2006[4], en un caso similar al que ahora se debate, consideró que a ninguna autoridad judicial le corresponde determinar a priori contra quienes se dirige el mecanismo de amparo constitucional, por cuanto sólo después de asumido el conocimiento de la solicitud e incluso con posterioridad a la práctica de pruebas, si ello resulta necesario, es que el funcionario judicial puede determinar con un grado de certeza, las autoridades públicas o los particulares responsables de la violación o amenaza de un derecho fundamental. Sobre el particular, esta Corporación señaló:
“Frente a dicha decisión considera la Corte, que ni a dicho Tribunal Administrativo ni a cualquier otro juez o corporación que ejerza jurisdicción constitucional[5] corresponde determinar a priori contra quienes se dirige la acción de tutela, puesto que si bien es posible que todas las entidades o los particulares indicados en la solicitud de amparo constitucional no sean responsables de la amenaza o vulneración de los derechos, también lo es que durante el trámite de la acción se advierta que es necesario vincular a otros no indicados por el accionante (Art. 13 Decreto 2591/91).[6] Además, la indicación que éste hace de los tutelados, no constituye, por regla general, factor de competencia, salvo en el caso previsto en el inciso final del artículo 37 íbídem.
En estas condiciones, sólo después de avocado el conocimiento de la acción de tutela o incluso con posterioridad a la práctica de pruebas, cuando ello es necesario[7], es que el funcionario judicial puede identificar con certeza, en cada caso, las autoridades públicas o los particulares que violaron o amenazaron o no el derecho fundamental objeto de protección constitucional.”
5. En este orden de ideas, tomando en consideración lo expresado anteriormente, considera la Sala Plena que la competencia para conocer del presente asunto radica en el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, pues dicho tribunal además de ser la autoridad judicial de mayor jerarquía entre las autoridades competentes, fue la escogida por las accionantes. En consecuencia, se remitirá el expediente a dicha colegiatura, para que asuma, sin más dilaciones, el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
Así mismo, y por razones de pedagogía constitucional se deberá comunicar al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdo, lo resuelto en esta providencia con el fin de ponerle en conocimiento los fundamentos constitucionales y legales en virtud de los cuales se adopta la presente decisión.
PRIMERO.- ORDENAR que por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se REMITA al Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por las ciudadanas Julia del Carmen Mosquera Casas, Rosalba Denice Valencia Chamorro, Odila Córdoba Ortiz, Ana del carmen Córdoba Palacios y Loy Leyvi Sánchez Mosquera, contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Comunicaciones y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.P.S. para que, asuma de forma inmediata el conocimiento del referido amparo constitucional.
SEGUNDO.- Por Secretaría General COMUNIQUESE al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Quibdo, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de ponerle en conocimiento sobre lo aquí decidido por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
Salvamento de voto al Auto 278/06
Referencia: expediente ICC-1031
Peticionario: JULIA CARMEN MOSQUERA CASAS Y OTROS
[1] El inciso 2°, artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 señala: “A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental.
[2] Véase. Auto No. 044 de 1998. (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[3] El último inciso del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, señala: “Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.
[4] M.P: Jaime Córdoba Triviño.
[5] Cfr. Artículo 43, inciso segundo de la Ley 270 de 1996.
[6] Cfr. Corte Constitucional. Auto 271 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] Cfr. Artículo 18 del Decreto 2591 de 1991.

References: artículo 1
 artículo 256
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 43
 Artículo 18