Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A112-08.htm
Timestamp: 2017-11-24 22:06:17+00:00

Document:
A112-08
Auto 112/08
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Y JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
ACCION DE TUTELA-Improcedencia cuando se pretendan proteger derechos colectivos
ACCION DE TUTELA-Procedencia siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedencia en caso de afectación de un interés colectivo
ACCION DE TUTELA CONTRA ALCALDE MUNICIPAL-Concesión de licencia para implementación de cultivo de flores en predio del sector Los Pinos
JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL-No le es posible transformar la acción de tutela en otro tipo de acción constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA ALCALDE MUNICIPAL-Conocimiento de Juzgado Promiscuo Municipal
Referencia: expediente ICC-1228.
Asunto: Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín.
Demandante: Argemiro de Jesús Giraldo.
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de aquellas que le confieren los artículos 241-9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado el presente auto, con base en los siguientes
1. El día 16 de enero de 2008, el señor Argemiro de Jesús Giraldo presentó acción de tutela contra el Alcalde Municipal de El Carmen de Viboral, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, a la igualdad, al ambiente sano y los derechos de las personas de la tercera edad y de los niños, presuntamente vulnerados por la mencionada autoridad municipal al otorgarle una licencia al señor Oscar Ignacio Cadavid para la implementación de un floricultivo en un predio localizado en el Sector Los Pinos donde el actor reside.
2. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral, mediante Auto del día 17 de enero de 2008, admitió la acción de tutela y ordenó oficiar al Alcalde Municipal de El Carmen de Viboral, para que rindiera informe sobre los hechos narrados por el accionante.
Posteriormente, el 22 de enero del año en curso, el Juzgado mencionado rechazó la demanda al considerar que las pretensiones del actor se orientan a lograr la protección de derechos e intereses colectivos, razón por la cual, a su juicio, la acción procedente no es la tutela, sino la acción popular reglamentada por la Ley 472 de 1998. Por lo anterior ordenó remitir el proceso a los Juzgados Administrativos (reparto).
3. El expediente fue repartido al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, quien, mediante proveído del 29 de enero de 2008, se declaró incompetente para conocer del asunto. A su juicio, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral, no podía trasmutar la presente acción de tutela en otro tipo de acción constitucional.
Sostuvo además que si de las pretensiones del accionante se deduce que se persigue la protección de derechos colectivos, ésta circunstancia debe ser analizada al momento de decidir el fondo del asunto y no antes.
Finalmente, ordenó remitir el proceso a esta Corporación para que se dirimiera el presente conflicto negativo de competencia.
1. En el presente caso se somete a consideración de la Corte, el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín.
El primer juzgado en mención, rechazó la demanda interpuesta aduciendo que su estudio corresponde a los juzgados administrativos por tratarse de un caso de violación de derechos o intereses colectivos. Por su parte para el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, no existe duda que el actor instauró una acción de tutela, la cual debió ser tramitada por la autoridad judicial a quien inicialmente le fue repartido el asunto.
2. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral tercero del artículo 6º, del Decreto 2591 de 1991, en principio la acción de amparo constitucional no procederá cuando se pretendan proteger derechos colectivos. No obstante, se señala que cuando el titular de la acción de tutela encuentre amenazados o violados sus derechos fundamentales, el amparo procede, siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
3. Bajo este contexto, esta Corporación ha fijado unos requisitos para que la tutela proceda y prevalezca en caso de afectación de un interés colectivo. Frente a este particular la Corte en la Sentencia SU-1116 de 2001, dijo:
“...para que la tutela proceda y prevalezca en caso de afectación de un interés colectivo, es necesario (i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho fundamental sea “consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo”. Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado, y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza”.[1]
4. Analizada la situación planteada, observa la Corte que, el actor expresamente manifestó que instaura acción de tutela contra el Alcalde Municipal de El Carmen de Viboral, con ocasión de la licencia que concedió para la implementación de un cultivo de flores en un predio localizado en el Sector Los Pinos, sin que le sea posible al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral a quien le fue repartido inicialmente el asunto en virtud del numeral 1 inciso 3 del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000[1], transformar la acción de tutela en otro tipo de acción constitucional[2].
5. Conforme a lo anterior, se remitirá el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Argemiro de Jesús Giraldo contra el Alcalde Municipal de El Carmen de Viboral al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral para que asuma de forma inmediata el conocimiento del asunto.
Así mismo, se deberá comunicar al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, lo resuelto en esta providencia con el fin de ponerle en conocimiento los fundamentos constitucionales y legales en virtud de los cuales se adopta la presente decisión.
PRIMERO.- Por la Secretaría General de esta Corporación, REMÍTASE el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por el ciudadano Argemiro de Jesús Giraldo contra el Alcalde Municipal de El Carmen de Viboral al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral para que asuma de forma inmediata el conocimiento del asunto.
SEGUNDO.- Por Secretaría General COMUNIQUESE al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín, lo resuelto en esta providencia con el fin de ponerle en conocimiento los fundamentos constitucionales y legales en virtud de los cuales se adopta la presente decisión.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 112 DE 2008
CORTE CONSTITUCIONAL-Organo constituido por y sometido a la Constitución (Salvamento de voto)
Referencia: ICC-1228
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín.
De otra parte, la Ley 270/96 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, al regular la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le asignó en el numeral 2 del artículo 112, esta función: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional." Disposición que fue objeto de revisión constitucional por esta Corte en la sentencia C-037/96, siendo declarada exequible, y que se vulnera en esta oportunidad. Y en cuanto al punto de conflictos entre jueces y tribunales o entre distintos tribunales, no se hizo ningún análisis, simplemente se afirmó:
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[3] Dice así la disposición citada:
[1] El numeral 1 inciso 3 del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, consagra “[a] los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden Distrital o municipal y contra particulares”.
[2] En el mismo sentido se pueden consultar los Autos 175 de 2003, M.P. Alvaro Tafur Galvis, 154 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y 080 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[3] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .

References: artículo 6
 artículo 1
 artículo 112
 artículo 114
 artículo 8
 artículo 1