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Timestamp: 2019-02-23 14:21:36+00:00

Document:
- Real Decreto 271/2018, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.
Publicado en el BOE el 12 de mayo. Adapta el Reglamento a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, que a su vez ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico las normas de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario europeo único, y que constituyen una efectiva reordenación de la legislación ferroviaria europea.
- Real Decreto 335/2018, de 25 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos que regulan el sector del gas natural.
Publicado en el BOE el 25 de mayo. Impulsa la utilización de las infraestructuras de gas natural licuado, flexibil izando los servicios de contratación de capacidad, tal y como establece el Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural, donde se incluye un listado de servicios ofertados en las instalaciones incluidas en el régimen regulado de acceso de terceros.
- Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno.
Publicada en el BOE el 9 de mayo. Introduce la posibilidad de que el Parlament invista al President de la Generalitat sin necesidad de que acuda al Pleno ante imposibilidad física. También incluye la utilización de medios telemáticos para el cumplimiento de las funciones del Govern y de sus órganos de asistencia y apoyo. Se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional desde su publicación.
- Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
Publicado en el BOE el 19 de mayo.
- Sentencia 33/2018, de 12 de abril de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3447-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa.
Publicada en el BOE el 22 de mayo. Estima en parte el recurso de inconstitucionalidad y declara la inconstitucionalidad de los siguientes incisos del artículo 30 de la Ley 15/2014: el inciso «por conducto de la base de datos nacional de subvenciones» del artículo 30.1 [art. 17.3 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones]; el inciso «La base de datos nacional de subvenciones dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito» del artículo 30.3 [art. 20.8 a) de la Ley general de subvenciones]. Declara que el artículo 23, que da nueva redacción al artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, no es inconstitucional interpretado en el sentido de que se refiere exclusivamente a las competiciones oficiales de ámbito estatal. Declara que el artículo 30, apartados séptimo y noveno, de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa (arts. 62.3 y 66.4 de la Ley general de subvenciones) no son inconstitucionales interpretados en el sentido de que las multas coercitivas a que los mismos se refieren no pueden imponerse a las Comunidades Autónomas.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el asunto C-531/16, sobre ofertas de empresas licitadoras vinculadas y obligaciones que se derivan.
El día 17 de mayo de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido esta sentencia en la que indica que el artículo 2 de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el sentido de que ante la inexistencia de una disposición normativa expresa o un requisito específico en la licitación o en el pliego de condiciones, “los licitadores vinculados entre sí, que presenten ofertas separadas en un mismo procedimiento, no están obligados a comunicar, por propia iniciativa, sus vínculos a poder adjudicador “. Sin embargo, también afirma que el poder adjudicador, cuando disponga de elementos que pongan en duda el carácter autónomo e independiente de las ofertas presentadas por ciertos licitadores, está obligado a verificar si sus ofertas son efectivamente autónomas e independientes; y que si se demuestra que estas ofertas no lo son, dicho precepto se opone a la adjudicación del contrato a los licitadores que presentaron tal oferta.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 23
 artículo 32
 artículo 30
 artículo 2