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Timestamp: 2019-03-24 09:57:11+00:00

Document:
Punto de Acuerdo “Moches” – Manuel Cárdenas Fonseca
Punto de Acuerdo “Moches”
Oct 25, 2016 | Puntos de Acuerdo	|
El Pleno del Senado de la República aprobó Punto de Acuerdo promovido por un servidor para que los moches dejen de estar institucionalizados y/o legalizados y el juez Décimo Primero en materia administrativa del Distrito Federal ya no dilate más y resuelva el juicio de amparo 198/2016 que presentaron, entre otras organizaciones, el IMCO, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y México Evalúa.
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, AL JUEZ DE LA CAUSA EN EL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 198/2016, DEL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE RESUELVA LO CONDUCENTE EN EL AMPARO PROMOVIDO POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR CONSIDERAR QUE EXCEDIÓ SUS ATRIBUCIONES AL CREAR NUEVOS FONDOS DENTRO DEL RAMO 23 EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2016.
El suscrito, Senador Manuel Cárdenas Fonseca, en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, AL JUEZ DE LA CAUSA EN EL JUICIO DE AMPARO EXPEDIENTE 198/2016, DEL JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE RESUELVA LO CONDUCENTE EN EL AMPARO PROMOVIDO POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CONTRA LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR CONSIDERAR QUE EXCEDIÓ SUS ATRIBUCIONES AL CREAR NUEVOS FONDOS DENTRO DEL RAMO 23 EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2016, al tenor de las siguientes:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31, fracción IV que son obligaciones de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”
Pagar impuestos es una obligación de todos los mexicanos, porque estos recursos son necesarios para que los distintos órdenes de gobierno puedan realizar sus obligaciones establecidas en las leyes, atender las necesidades sociales y promover el comobate a la pobreza y la justicia social.
En este sentido, no puede hacerse uso de los ingresos que reciben los gobiernos más que para lo que establece el marco jurídico, lo que contempla recibir la autorización de una instancia legislativa.
Dada la complejidad de las obligaciones que el marco jurídico establece a los distintos órdenes de gobierno, la Constitución Política de los Estadops Unidos Mexicanos prevé que el gasto público debe estar sujeto a todo un proceso de planeación, programación, presupuesto (que es el resultado de la preparación de la propuesta al Poder Legislativo), aprobación, ejecución, seguimiento y monitoreo, evaluación y auditoría.
Asimismo, otorga al Poder Ejecutivo la facultad de iniciativa para preparar e integrar el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos (PDPEF), el cual contendrá la distribución administrativa y programática del uso de los impuestos y otras contribuciones.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH) prevé en su artículo 42, fracción II, que el Ejecutivo Federal deberá enviar antes del 30 de junio la propuesta de programas que incluirá en el PDPEF. De tal forma, la Cámara de Diputados tiene el tiempo para analizar esta propuesta de estructura programática para que en un proceso de intercambio de comentarios y diálogo el Ejecutivo Federal tome en cuenta los puntos de vista de la Cámara de Diputados del H.C.U., y de considerarlas pertinente incorporarlas en el PDPEF que entrega antes del 8 de septiembre de cada año, con excepción del primer año de gobierno que es el 15 de diciembre.
La CPEUM reconoce la complejidad administrativa para ejecutar el gasto público, establece en el artículo 134 que los recursos públicos “… se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. …”. Ese mandato sólo puede cumplirse si se sigue el proceso establecido en el marco jurídico para la planeación, programación y presupuesto.
En virtud de que existe también todo un proceso establecido en el marco jurídico para que las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del D. F. reciban recursos de la recaudación de impuestos federales, los diputados federales no disponen de facultades para reasignar dentro del proyecto del presupuesto federal recursos a nuevos programas y nuevos fondos no contemplados dentro del proyecto de decreto de PEF que envía el Ejecutivo Federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74, fracción IV faculta a la Cámara de Diputados para aprobar y modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo, pero no le otroga facultades para adicionarlo con nuevos fondos “Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:… IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones…”
La facultad de “modificar” que señala el artículo arriba citado no implica que se permita a la Cámara de Diputados que se le permita adicionar nuevos fondos, como parece que así se ha interpretado por las últimas legislaturas.
En congruencia con esto, los diputados federales de la LVI Legislatura durante el proceso de aprobación del DPEF de 1998, promovieron modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal durante el proceso de aprobación del DPEF de 1998, con el propósito de crear el Fondo de Fortalecimiento Municipal, el Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, entre otros, e incluirlos en el capítulo de Aportaciones Federales de dicha Ley.
El proceso descrito no lo siguieron los diputados federales en el proceso de aprobación del DPEF 2016. Más aún, ya existen en otros ramos administrativos programas presupuestarios y fondos, por lo que debieron haber reasignado dichos recursos a dichos programas presupuestarios y fondos, siempre y cuando la legislación lo permitiera, y no crearlos en el Ramo 23 Provisiones Económicas y Salariales, el cual es un ramo cuyo propósito es disponer de recursos para hacer frente a contingencias primordialmente derivadas de desastres naturales, entre otros eventos supervinientes previstos en el proyecto de DPEF de 2016 enviado por el Ejecutivo Federal.
En vista de estas decisiciones tomadas por la Cámara de Diputados organizaciones de la sociedad civil: Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa (IMCO), interpusieron un amparo, cuestionando sus facultades para la creación de nuevos fondos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Estas organizaciones de la sociedad civil (OSC) consideran que la creación de estos fondos es irregular y levanta sospechas, porque si lo que buscaban los diputados era reasignar recursos federales a las entidades federativas, lo pudieron haber hecho mediante el uso de programas presupuestarios y fondos ya existentes en otros ramos administrativos y si requerían crear nuevos fondos debieron haber modificado la Ley de Coordinación Fiscal antes de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Estas organizaciones consideran que los fondos creados, que representan más de 38 mil millones de pesos, son poco transparentes, no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros y no debieron crearse dentro del ramo 23.
Asimismo, señalan que los diputados federales se están atribuyendo competencias más allá de lo establecido en la Constitución para facilitar el uso discrecional y opaco de los recursos federales y que los recursos utilizados para la creación de estos nuevos fondos irregulares provienen de recortes aprobados por los mismos diputados federales a programas en materia de salud y educación
La resolución de este amparo tiene una gran trascendencia porque permitirá tener claridad sobre los alcances que tiene la Cámara de Diputados en cuanto “modificar” el Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por el Ejecutivo Federal, lo que dará mayor certidumbre jurídica a todos los participantes y mayor transparencia y claridad en el ejercicio del gasto público que es de interés para todos los mexicanos.
Sin embargo, en contravención a la justicia pronta y expedita que debe prevalecer en el país y aunque finalmente se realizó la audiencia constitucional el pasado 4 de septiembre, aún el juez de la causa no ha dictado una resolución al amparo, lo que resulta grave ya que de seguirse postergando la resolución, el amparo podría perder validez, porque se hayan agotado los recursos de los fondos impugnados o porque el PEF 2016, pierda vigencia lo cual sucederá el 31 de diciembre de 2016.
La importancia de esta resolución al amparo promovido por las OSC es evidente no solamente porque muestra la preocupación de la sociedad civil con que todos los poderes incluído el legislativo actúen con transparencia y con apego a la ley, y que se haga un uso adecuado de los recursos públicos; sino también porque nos permitirá precisar con claridad cuáles son las atribuciones y facultades reales que la Cámara de Diputados, en este caso, tiene en cuanto a la aprobación y modificación del PEF, los mecanismos que se deben seguir en la aprobación de nuevos fondos y las reglas a las que se deben sujetar para favorecer la rendición de cuentas y la transparencia.
Lo que resulta inexplicable y siembra dudas es la dilación con que ha actuado el juzgador en un asunto de evidente importancia, trascendencia nacional y que requiere una resolución pronta por las consecuencias que puede acarrear decisiones tardías. Los constantes retrasos y postergaciones de la audiencia constitucional y el hecho de que a más de un mes de haberse realizado no se haya emitido resolución alguna, nos hace pensar, que podrían estar prevaleciendo algunos intereses o que el Poder Judicial, a través del juzgador está recibiendo instrucciones de instancias del Poder Ejecutivo. Me resisto a pensar que eso esté sucediendo como ha sucedido en otras materias y, para la claridad de este asunto a la Asamblea, éstos retrasos se muestran diáfanamente en los documentos que se anexan sobre las distintas diligencias que se han llevado a cabo en este juicio, desde principios de 2016.
ÚNICO. El Senado de la República exhorta, respetuosamente al Juez de Distrito Undécimo en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, para que emita resolución, a la brevedad posible, del juicio de amparo 198/2016 promovido por Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Cámara de Diputados por considerar que excedió sus atribuciones al crear nuevos fondos dentro del ramo 23 en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, con el fin de cumplir con otorgar justicia pronta y expedita y establecer criterios sobre los alacances de las facultades constitucionales otorgadas a la Cámara de Diputados en la materia, y generar certidumbre jurídica, para las autoridades y para la sociedad mexicana.
Dado en el Senado de la República a los 6 días del mes de octubre de 2016
Descargar (FICHA-TECNICA-moches.pdf)

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 31
 artículo 42
 artículo 134
 artículo 74
 resolución 
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