Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2015/as201532238.html
Timestamp: 2019-03-27 03:15:32+00:00

Document:
auto 238 exp 51
Auto Supremo Nº 238/2015.
Expediente: SC-CA.SAII-LP.51/2015.
VISTOS: El recurso de casación o nulidad en el fondo y en la forma de fs. 152 a 153, interpuesto por la Empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), representada por Nativo Reyes Dorado, contra el Auto de Vista Nº 144/2014 de 8 de agosto de 2014, cursante a fs. 150 emitido por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso coactivo social seguido por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representada por Dayana Aracely Peña Mejía, contra la empresa recurrente, la respuesta de fs. 168 a 172, el auto de fs. 173, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que, dentro el trámite del proceso coactivo social seguido por Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”, contra la Empresa “YPFB representada por Nativo Reyes Dorado, la Juez de Partido Séptimo del Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció Resolución Nº 044/2010 de 12 de agosto de 2010 de fs. 109 a 111, declarando probada la demanda de fs. 32 a 33 de obrados, por consiguiente firme y subsistente la Nota de Cargo Nº 014/2009 cursante a fs. 7 de obrados, por la suma de Bs.2.079.982,72.-, e improbada la excepción de prescripción opuesta por memorial de fs. 49 a 50 de obrados, disponiéndo en consecuencia el pago de la suma de Bs.2.079.982,72.-, por YPFB al SENASIR, con costas y las formalidades de ley.
En grado de apelación formulada por la empresa demandada YPFB, representada legalmente por Marcelo David Canseco Fuente y Andrea Cecilia Reque Carranza, en su calidad de Director Legal General y Jefa de la Unidad de Procesos de YPFB respectivamente, de fs. 118 a 119, la Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 144/2014 de 8 de agosto de 2014 a fs. 150, confirmando la Resolución Nº 044/2010 de fecha 12 de agosto de 2010 cursante de fs. 109 a 111 de obrados.
Este fallo motivó el recurso de casación o nulidad en el fondo y en la forma, interpuesto por la Empresa YPFB, representada por Nativo Reyes Dorado, con los argumentos expuestos en el memorial de fs. 152 a 153, en el que acusa:
1.- El tribunal ad quem, en el auto de vista ha tratado de justificar la falta de notificaciones en el periodo de prueba con el memorial de fs. 95 a 96 y la resolución de fs. 97 del expediente que señalan traslado, al fundamentar que las pruebas adjuntas son normas relativas a materia social que son de conocimiento público, y al haber procedido a la notificación cursantes a fs. 112 del expediente, las citadas piezas y el auto definitivo no ocasionan perjuicio alguno menos vulneración al derecho a la defensa de la empresa coactivada; dicho argumento carece de fundamento legal, porque primero la Resolución Administrativa (RA) Nº 072.01 es una resolución totalmente interna y es de conocimiento público hacia sus propios funcionarios y no así a otras empresas, y segundo el memorial de fs. 95 a 96 y resolución de fs. 97 no solamente ofrecen las fotocopias de la Ley Nº 2197 y la RA Nº 072.01 sino que ratifican y reproducen otras pruebas, que deberían ser de conocimiento de la parte coactivada, por lo que dichas actuaciones hacen nulos los argumentos mencionados.
1.- Acusa interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, por el tribunal ad quem, al rechazar la excepción de prescripción en el segundo considerando del auto de vista recurrido, basándose en un decreto ley pretendiendo aplicarlo por encima de la propia norma, porque los decretos leyes no se encuentran dentro de la pirámide de Hans Kelsen, por tratarse de un instrumento de un gobierno dictatorial o ilegal, por lo tanto el Decreto Ley (DL) Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, es impertinente y la misma no es expresa y por lo tanto no se puede hablar de derogaciones o abrogaciones del art. 465 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), ya que en ninguna de sus partes indica que deroga el citado artículo, ante esta situación el art. 465 relacionado con la prescripción de aportes estaría vigente establecida en los 5 años y viable la prescripción planteada.
Concluyó, solicitando se conceda el recurso de casación o nulidad en el fondo y en la forma, ante el Tribunal Supremo de Justicia, y que se dicte Auto Supremo, casando el auto de vista recurrido o bien anule obrados y deliberando en el fondo declare improbada la demanda de fs. 32 a 33 del expediente, sea de acuerdo a ley.
CONSIDERANDO II: Que, de la revisión exhaustiva de los datos del proceso y del contenido del recurso de casación en la forma y en el fondo, el tema central está vinculado por un lado a la solicitud de nulidad por violación a normas procesales, y por otro si operó o no la prescripción de los aportes al seguro social a largo plazo, puesto que la excepción perentoria de prescripción, en primera instancia fue declarada improbada, fallo que fue confirmado por el tribunal de apelación mediante el auto de vista recurrido, declarando probada la demanda.
I.- Resolviendo el recurso casación en la forma. En cuanto a la solicitud de nulidad es necesario establecer que el recurso de casación en la forma se funda en errores “in procedendo”, referido a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, la nulidad consiste en la ineficacia de los actos procesales que se han realizado con violación de los requisitos de forma o procedimiento que la ley procesal a previsto para la validez de los mismos, a través de las nulidades se controla la regularidad de la actuación procesal y se garantiza a las partes el derecho al debido proceso, establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Al respecto, revisado el contenido del fallo emitido por el tribunal de segunda instancia, se advierte que tal aseveración no es evidente, toda vez que, de la revisión de obrados se tiene la notificación a la empresa demandada de fs. 112 de fecha 16 de agosto de 2010, con el memorial de fs. 95 a 96 y proveído de fs. 97, con las fotocopias simple de la Ley Nº 2197 y RA Nº 072.01 que señalan liquidación de aportes devengados y filiación a largo plazo, las mismas que fueron notificadas en forma conjunta con el auto definitivo, no ocasionando perjuicio a la parte demandada, menos aún vulneración del derecho a la defensa, situación que ya fue resuelta por el tribunal de apelación, mereciendo su análisis consideración y resolución.
En este sentido, para realizar el cómputo de la prescripción y determinar si en el caso que se analiza operó la misma, partiremos de identificar los periodos fiscalizados y los cuales son objeto de reclamo; en este sentido, de antecedentes se evidencia que en cumplimiento a disposiciones legales el área de Fiscalización dependiente de la Unidad de Cobro de Adeudos y Fiscalización del SENASIR, procedió a fiscalizar a la Empresa YPFB, respecto a los aportes devengados al Seguro Social de Largo Plazo del Sistema de Reparto del periodo comprendido para el régimen básico y complementario de julio de 1993 a abril de 1997, es decir que se encuentran dentro del plazo de 15 años establecidos en el art. 4 del DS Nº 25809 de 08 de junio de 2000; llegándose a la conclusión que la empresa demandada adeuda al SENASIR, la suma liquida exigible de Bs.2.079.982,72.- ante este hecho, el SENASIR, el 23 de noviembre de 2009, presentó demanda coactiva fiscal, conforme consta de fs. 32 a 33 de obrados.
De tales antecedentes, se advierte que los periodos fiscalizados que no fueron cancelados por la Empresa YPFB, y reclamados por el SENASIR, son entre los periodos de julio de 1993 a abril de 1997, conforme consta en la Nota de Cargo Nº 014/2009 de 28 de septiembre de 2009, mientras que la presente acción fue presentada el 23 de noviembre de 2009, según nota cursante a fs. 33 vta., es decir, computando desde abril de 1997 fecha del último periodo fiscalizado no cancelado, lo hizo dentro de los 15 años, dentro del periodo para reclamar dichos aportes.
Al respecto, el art. 7 del Decreto Supremo (DS) Nº 18494 de 13 de julio de 1981 señala: “Se deroga el art. 65 del DL Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975 y se establece que los aportes no pagados y/o no cobrados, por periodos superiores a los 15 años, prescribe: “El término de la prescripción se interrumpe por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor”, concordante con el art. 4 del DS Nº 25809 de 8 de junio del 2000 que prevé: “Los aportes no pagados y/o no cobrados, por periodos superiores a los quince (15) años prescriben, determinando como fecha límite de aportes el 30 de abril de 1997 (fecha de corte del Sistema Residual de Reparto de la Seguridad Social de largo plazo). El término de la prescripción se interrumpe por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor”, no como erradamente señala la empresa demandada que los aportes no pagados prescriben a los 5 años.
Como se podrá advertir de antecedentes, consta en obrados que el SENASIR, interrumpió el término de la prescripción previsto en la normativa citada, pues como se manifestó precedentemente, la demanda fue presentada en fecha 23 de noviembre de 2009, dentro del termino para hacerlo, ahora bien, si tomamos en cuenta que desde el mes de abril de 1997 que es el último periodo adeudado, hasta le emisión del Informe SENASIR/COBR-130/2009 de 28 de septiembre de 2009 cursante de fs. 9 a 31, han transcurrido aproximadamente 12 años y 5 meses, hechos que demuestran que en el caso presente, no operó la prescripción prevista por ley, como acertadamente determinaron los tribunales de instancia, puesto que el razonamiento de los aportes al seguro social son inembargables e imprescriptibles amparado en el art. 48.IV de la CPE, conforme previene el art. 123 de la Carta Fundamental.
Por esta razón se concluye que el auto de vista se ajusta a las normas legales en vigencia, no se observa vulneración a disposiciones legales citadas, al contrario realizó correcta interpretación y aplicación de las normas legales citadas; por consiguiente, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, estas devienen en infundadas, correspondiendo resolver de acuerdo a las previsiones contenidas en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por permisión de la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 152 a 153 interpuesto por YPFB.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución