Source: http://hijosmardelplata.blogspot.com/2009/06/documento-definitivo-de-los-organismos.html
Timestamp: 2017-08-18 03:11:00+00:00

Document:
Pensar que en la zona de Rosario solamente, se registran más de 500 desaparecidas/os, más de 200 asesinadas/os y miles de secuestros, torturas, robos de bienes y sobre todo, robos de bebés, por parte de los represores, da la cabal idea de la impunidad imperante luego de 33 años de la instauración de la Dictadura Genocida.
".....se pueden señalar –dice La Corte- algunas situaciones problemáticas: Punto f de la acordada) “ Subsistencia del criterio que había regido en los juicios por la verdad para obtener toda la información posible acerca del esclarecimiento de la suerte corrida por miles de personas desaparecidas o que sufrieron distintos vejámenes durante el periodo de la represión ilegal y junto con ello la pretensión de que se investigue la totalidad de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados.”
Así que mientras la cosa era un simple "juicio por la verdad", para saber en que oscuro y siniestro lugar fue torturada/o, violada/o, destrozada/o, asesinada/o bestialmente un/a compañera/o, la cosa no era "problemática", era un ejercicio de "memoria", que a la luz de esto que dice la Corte, se convierte en un ejercicio de masoquismo y una morbosidad extrema, de interés por la noticia de sangre de un ser querido, de un/a compañero/a. Ahora, si no se trata de "la verdad", sino del castigo, del juicio penal, toda averiguación se convierte en "problemático". Es decir que -y debemos reiterarlo para marcar a fuego esta proclama por la impunidad- lo problemático para la Corte Suprema es la intención de obtener toda la información posible sobre la suerte de las/os compañera/os y “la pretensión de que se investigue la totalidad de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados”.
Compañeros,compañeras , no debemos creer que “el año de los juicios” se contrapone, como algunos pretenden, a la movilización popular haciendo de ésta un recurso perimido. Todo lo contrario: la existencia de los mismos nos pone ante la realidad de una práctica del Poder Judicial que trae como efectos la continuación de la impunidad por otros medios.
Comunicado de Prensa de la Agrupación H.I .J.O.S.
Desde la Agrupación H.I .J.O.S. Regional Paraná expresamos nuestro más profundo dolor ante la pérdida de Pepita, quien fue, es y será nuestra madre. La madre de todos quienes soñamos con un país justo y solidario.
Pepita, junto a tantas otras madres de detenidos-desaparecidos, no dudó ni un segundo en ponerse la patria al hombro y salir a construir democracia, cuando los dictadores ejecutaban el plan sistemático de eliminación de personas. Cuando instituciones como la Iglesia Católica era cómplice y proclamaba la teología de la purificación. Cuando los medios de comunicación reproducían el terror pretendiendo sacar de la condición humana a nuestros familiares llamándolos delincuentes subversivos, terroristas.
Pepita se fue. Se fue sin saber dónde están los restos de su amada hija Elida Goyeneche y de su yerno Pedro Sobko. Se fue sin ver a alguno de los responsables del secuestro y desaparición de su hija y su yerno preso, ni siquiera alguien procesado, alguien indagado por el crimen de lesa humanidad del que fue víctima su hija, su yerno, su familia, el pueblo argentino y, según la definición del término, la humanidad toda.
Alguien debe responder por esto! El genocidio tiene responsables. Las garantías de impunidad para los genocidas también.
Y decimos que es inentendible que los asesinos de Pedro y otros compañeros todavía no tengan si quiera que responder por las atrocidades que cometieron: los Trimarco, los Díaz Bessone, los Appiani, los Moyano, los Appelhans, los Rolón y tantos otros…
Que todavía a mas de 5 años de haberse reabierto las causas judiciales contra los genocidas la justicia federal en Paraná no haya avanzado lo suficiente como para meter presos a los terroristas de estado que tienen nombre y apellido.
Nos duele que otra Madre se nos muera sin que la democracia haya resuelto la herida mas grave de nuestra historia, sin que aquellos que hoy tienen la oportunidad histórica de dar un salto hacia delante en la historia miren para otro lado o no se avoquen todos los recursos necesarios para que no tengamos que lamentar que mas madres se vayan de esta vida sin ver el rostro de los asesinos de sus hijos tras las rejas.
Esta fue la lucha de Pepita y esta será la lucha de los jóvenes argentinos y de los que la llevaremos en el corazón hasta la victoria final.
Pepita Goyeneche PRESENTE!
Festival DerHumALC XI - Sección Migrantes
Coordinadora: Malena Sivak
el movimiento es libertad
Cine y migraciones comparten una esencia común, el movimiento. Por ello, el lenguaje audiovisual resulta contundente a la hora de reflexionar sobre el movimiento humano.
En la actualidad se habla de la migración como un fenómeno nuevo, adjudicándole el carácter de conflicto y por ello generador de inseguridad y miedo. Se desconoce, o se olvida, que sin movimiento, el mundo no hubiera subsistido. ¿Qué otra cosa es la migración sino el acto que nace de la característica fundamental del ser humano que consiste en la búsqueda de mejorar la propia existencia, en el siempre renovado deseo de conocimiento y exploración?
Hace más de 100 años, cuando todavía no existía el cine como tal, los hermanos Lumiere proyectaron en París “La llegada del tren a la estación”. Se trataba de menos de un minuto de imágenes de un tren avanzando hacia el espectador. Lo que ocurrió durante la proyección forma parte de la historia del cine: los espectadores corrían y gritaban convencidos de que podían ser atropellados por esa imagen en blanco y negro de ese tren que avanzaba hacia ellos. En la actualidad esta anécdota resulta por demás simpática pero también paradigmática del miedo a lo nuevo, a lo no conocido, de la dificultades de adaptación que plantean los cambios y las innovaciones, aún cuando no comportan peligro ni riesgo alguno.
La selección de films de la sección Migrantes de esta nueva edición del Festival resalta la valentía, la fuerza, y las ganas de vivir de las personas que deciden emprender un viaje incierto, muchas veces riesgoso, en busca de un destino digno. Desde esta mirada es posible decostruir miedos y prejuicios instalados en relación a las personas en movimiento y todo lo que traen o llevan de desconocido. Más allá o más acá de cualquier diferencia, no hay nada que temer frente a tanto deseo de vida. A su vez, las películas dejan ver cómo el deseo y la energía se diluyen al chocar con un sistema que, basado en la exclusión y la desigualdad de derechos, permite que las personas sean convertidas en mercancía.
La sección instala así el debate sobre un sistema inequitativo en donde los derechos humanos se alzan como el único contrapeso para que sea respetada la legítima búsqueda de una vida en dignidad y libertad.
En los próximos días estaremos sentados en la sala de proyecciones… cuando comience la película debemos decidir si salimos corriendo asustados o vamos al encuentro de la maravillosa historia del cine.
Entre Ríos02/06/2009 - Falleció Elida Goyeneche, madre, abuela y luchadora de siempre Pepita se fue una tarde
Pepita Goyeneche se apagó para siempre en Paraná (foto: ANALISIS DIGITAL).Por Daniel EnzPepita se fue en silencio. Se apagó lentamente. Rodeada de sus seres queridos, pero con ese dolor en la piel, en el alma y en el corazón. Se fue sin saber quiénes secuestraron y asesinaron a su hija Elida Goyeneche y a su yerno Pedro Sobko, en plena dictadura. A Pedro se lo llevaron primero, en Paraná; a su hija, casi un año después, en Goya, en la provincia de Corrientes. Pepita y su marido se tuvieron que hacer cargo de los pequeños Oscar y Clarisa, a quienes los militares dejaron abandonados en el vehículo, cuando se llevaron a la fuerza a su madre, en una tarde de playa y río.Pepita fue una de las madres luchadoras de toda la vida. Junto a Amanda Mayor, a Clara Fink, a Carmen Germano y Elba Goiburú, también madres del dolor y de ausencias. Peleó siempre; en Paraná, en Corrientes y donde fuera necesario. Siempre reclamando por "memoria, verdad y justicia". Pero a su vez inculcó a sus nietos que debían seguir por ese camino; que no había otro. Que había que seguir reclamando hasta la condena de los responsables de tanto odio.Pepita tenía las huellas del dolor en la piel, con esos anteojos grandes y ese pelo blanco que se acomodaba prolijamente. Era una mujer bella, de sonrisa amplia y contagiosa, como cada una de las madres. Pocas veces tenía tiempo para reconocer ese dolor. "No la puedo soñar", me dijo en una oportunidad, cuando le pregunté sobre cómo recordaba a su hija desaparecida. Fue la única vez que la vi quebrarse. Dejó caer unas lágrimas, pero fueron segundos. Ese pequeño pañuelo blanco bordado que tenía, enseguida pasó por sus ojos y en instantes siguió firme, tenaz, con esa seguridad que la caracterizaba.Pepita se fue en silencio esta tarde fría en Paraná. Se apagó para siempre. Su legado está en Oscar y en Clarisa, dos militantes de siempre también, en la lucha por "memoria, verdad y justicia", como les enseñó la abuela. Pepita ya no está. Debe andar por el cielo, caminando de la mano con su hija; apretándola fuerte para que no se le vuelva a ir. Para que nadie más se la robe. Para que no haya más dolor ni ausencias.
Hemos recibido la triste noticia de la desaparición física de Pepita Goyeneche, y decimos así porque mujeres como ella nunca se van, quedarán por siempre en nuestros recuerdos, en nuestra lucha y en las banderas que hemos tomado de estas madres, que dieron muchos años de sus vidas para, primero encontrar a sus hijos, y luego trascender al dolor propio para luchar por la verdad, la memoria y la justicia para todo el pueblo argentino.
Pepita fue cofundadora de la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos Entrerrianos y en Entre Ríos (AFADER), junto con otras luchadoras, como Clarita Fink, Carmen Germano, Amanda Mayor, Delia Costa, Carmencita Acosta y otros compañeros que hoy siguen formando parte de nuestra Asociación.
La dictadura le robó su hija Élida, la secuestraron en Goya y dejaron a sus nietos abandonados, Clarisa y Oscar. Tuvo que hacerle frente a ese nacer doloroso, educándolos y dándoles todo el amor que no le permitieron dar a Élida y su compañero, Pedro Sobko, también militante desaparecido.
Pepita estuvo presente cuando pusimos la placa a los desaparecidos en la plaza de Mayo, cuando la arrancaron y la volvimos a poner en la plaza Alvear, cuando peleamos por un digno lugar para el Monumento a la Memoria, cuando formamos nuestra Asociación, cuando pedimos la nulidad de las leyes de impunidad, cuando buscamos a cada hermano, cada padre, cada hijo, cada nieto, cuando buscamos la verdad y nos encaminamos en esta ruta sin retorno que es la de bregar por un país más justo, como lo hicieron ellos, los 30.000.
Se fue sin encontrar a su hija ni a su yerno, y sin saber la verdad de lo que pasó con ellos. Ella, ellas nos van dejando y el tiempo es tirano y nos arrincona, nos pide a gritos que pelemos y no bajemos los brazos, para seguir exigiendo justicia!!
Ella estuvo y siempre estará, en cada paso que demos, en cada reclamo, en cada logro.
Gracias Pepita por habernos enseñado el camino de la lucha, Hasta la Victoria Siempre!!!
Por los 30.000 compañeros desaparecidos
SE PRESENTO LIBRO SOBRE LA
DICTADURA Y LA EDUCACIÓN EN GOYA
En la parte final del acto, ex profesoras, docentes, y ex alumnos del Profesorado Jose Manuel Estrada (cerrado por la Dictadura militar en 1976) leyeron testimonios, varios de ellos contenidos en el libro sobre sus vivencias en esos años de la represión ilegal.Después, el público formuló diversas preguntas a la autora del libro y ex profesoras, y se entregaron ejemplares de la obra al Intendente Municipal, al Obispo de Goya Monseñor Ricardo Oscar Faifer, al MEDEHS, entre otros, tras lo cual se concretó la presentación de la obra “El Golpe”, interpretada por el Ballet LiberArte de la profesora Carolina Salas Araujo. –
Juicio a Colombo: inspeccionaron el Regimiento 29
El Tribunal Oral Federal de Formosa, presidido por el juez Eduardo Belforte, y las partes que intervienen en el juicio oral y público contra el general Juan Carlos Colombo por violación a los derechos humanos, realizaron esta mañana una inspección ocular en el Regimiento de Infantería de Monte 29, donde permanecieron detenidas varias personas acusadas de actividades subversivas, a mediados de la década del 70.Ayer, los jueces y abogados querellantes concretaron una inspección en el sector de la Casa de Gobierno donde funcionó la Comisión de Información de Formosa (COMIFOR), durante la última dictadura militar.
Arte Al Frente 2009, Pueblos Originarios
Sábado 6 18:45hs Inauguración MUESTRA DE ARTES PLASTICAS19:00hs Transmisión en Vivo La Rabia Fm de la azotea 88.720:00hs Proyección: Guerreros del Arcoiris*
Miercoles 1018:00hs Proyección: Nación Mapuche*
Sábado 1316:00hs entrega de certificados17:00hs Proyección: Hartos Evos Aqui Hay *
Agustina Villalba (0223) 156-807179
Facundo Villalba (0223) 155-290940
El documental "Guerreros del Arco Iris" realizado por la Cooperativa Humana, consta de cuatro partes, donde se explica la situación del país ante las intenciones de un grupo de empresarios y políticos de la derecha oligárquica de cuatro provincias bolivianas para proclamarlas autónomas e independientes.
Asimismo, relata la lucha del pueblo boliviano -durante y después de la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente-, por superar todos los obstáculos en su camino hacia el pachakuti(renacimiento) de una nueva vida, cambiando, de una vez por todas, el rol de explotación a que ha sido sometido; así como la reacción violenta y xenófoba en contra de la población indígena, por parte de estos grupos políticos acostumbrados toda la vida a excluir al pueblo de los bienes, los beneficios sociales y, por supuesto, de las decisiones políticas.
Igualmente, podemos apreciar como, lamentablemente, esta oligarquía reaccionaria, manipula a una parte de la población para que los siga apoyando en sus intereses y privilegios.
En la película resuenan los interrogantes que se plantean los Mapuce y que también nos atañen: ¿qué lazos unen a las personas que sienten pertenecer a un mismo Pueblo, a una Nación?, ¿Cómo buscar su propia autonomía? ¿Cómo hacer valer el derecho ancestral a la tierra? Preguntas que, a su vez, alimentan la reflexión sobre conceptos fundamentales como “igualdad” y “propiedad privada”, conceptos sostenidos por “nuestra” Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
El 18 de diciembre de 2005, fue elegido por primera vez presidente un indígena en Bolivia. Evo Morales Ayma contó con el respaldo de los 36 pueblos indígenas, los movimientos sociales, círculos académicos e intelectuales y un masivo apoyo popular que le permitió obtener el 53,7% de los sufragios. Los cocaleros del Trópico de Cochabamba, más conocido como el Chapare, tuvieron un rol protagónico en este proceso. A partir de la defensa de la hoja de coca, planta sagrada y de gran importancia en términos culturales y económicos, los cocaleros del Chapare han consolidado una sólida organización sindical, en la cual Evo Morales se formó como dirigente político. Desde la creación de su propio partido político en 1995, el “Instrumento político por la soberanía de los pueblos” – IPSP, los cocaleros han participado activamente en el ámbito político nacional, promoviendo los valores de la cultura tradicional indígena, las demandas y necesidades de los indígenas campesinos ante el Estado. El documental fue filmado durante la pasada campaña electoral en Bolivia, y gira en torno a la organización sindical de cocaleros del Trópico de Cochabamba, abarcando temas como el de la significación de la hoja de coca en términos simbólicos y culturales, los movimientos sociales contemporáneos, la organización tradicional indígena y la participación política en Bolivia.-- Agrup. Jovenes Al Frente M.d.P. http://www.jafmdp.blogspot.com/
CINE › MIGUEL MATO Y EL ESTRENO DE LA PELICULA HAROLDO CONTI, HOMO VIATOR
El director aborda en su film, que se estrena mañana, la figura del escritor secuestrado en 1976 por la dictadura militar. “Partí de una premisa: la desaparición de Haroldo es un hecho en su vida. No es la vida de Haroldo”, dice.Por Oscar Ranzani
PAULATINO - El alojamiento en el penal federal de Colonia Pinto será progresivo
Los represores comenzarán a ser trasladados la próxima semana
Avance. Molinari es uno de los pocos jueces en el país que dispuso el envío de los imputados por delitos de lesa humanidad a cárceles comunes. La última vez que Musa Azar Curi pisó los tribunales federales de Santiago del Estero fue en diciembre del año pasado, para declarar en la causa Grupo III. EL LIBERAL/Archivo
Miguel Tomás Garbi, Ramiro del Valle López Veloso, Felipe Bustamante, Roberto Díaz, Francisco Laitán, Jorge D’Amico, José Gregorio Brao y el ex jefe del aparato represivo local Musa Azar Curi, es la lista de los ocho imputados por delitos de lesa humanidad que serán enviados a una cárcel común. Desde la semana que viene, una vez que esté en condiciones el penal federal de Colonia Pinto, el trámite del traslado comenzará a concretarse. La medida fue tomada por el juez federal santiagueño, Guillermo Molinari, quien tomó como jurisprudencia más próxima una resolución de la Cámara de Apelaciones de Córdoba del 21 de mayo de este año. Fue un fallo destacable, desde la óptica de los organismos de derechos humanos, puesto que consideran que la mayoría de los magistrados del país son reacios a enviar a los acusados de lesa humanidad a unidades penitenciarias que estén fuera de la órbita militar. De fuentes judiciales federales, se pudo conocer que para poner en condiciones al penal de Colonia Pinto es necesario contar con algunos elementos para el alojamiento de los represores. Además, una de las cuestiones más complejas de resolver es la falta de personal carcelario, que se va incorporando a medida que se va aumentando la cantidad de internos. Para dar tiempo a que la institución penal esté en condiciones, Molinari difirió el traslado de los represores para el día 10 de junio, y además se estableció que los traslados sean progresivos. Los primeros que serán recluidos en la cárcel federal de Pinto serán Tomas Garbi y Jorge Albeto D’Amico, para quienes ya se libró la primera orden de traslado. El lunes último, Juan José Saín, representante legal de D’Amico, y la defensora oficial, Analía Paulón, en representación de Garbi, presentaron recursos de habeas corpus para evitar que ambos sean enviados al penal de Colonia Pinto. Ayer, se pudo conocer estos planteos fueron rechazados por el juez de primera instancia, Guillermo Molinari. Disposición Por otro lado, también existe una resolución del Ministerio de Defensa de la Nación que determinó que no puede ser alojado el personal militar y de seguridad imputados por violaciones a los derechos humanos en unidades militares, y porque la finalidad de las Fuerzas Armadas y demás Fuerzas de Seguridad, es totalmente ajena a la misión que se le encomienda en cuanto a la custodia de las personas detenidas por algún tipo de delitos. Además las instalaciones con la que cuentan los organismos de seguridad nacional, carecen de infraestructura y recursos humanos capacitados para dar tratamiento penitenciario apropiado a los reclusos, cualquiera sea la etapa procesal por la cual estén transitando.
Luis Garay, dirigente de Derechos Humanos
“Se van a ir sumando personajes”
La decisión de la Justicia Federal de trasladar a una cárcel común a los procesados por delitos de lesa humanidad, fue vista por Luis Garay como una “cuestión justa ante todo”, porque se termina con una reclusión de privilegio que genera más “impunidad”. Garay, que preside el Instituto Espacio por la Memoria y es miembro de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia; sostuvo que a medida que “avance la investigación se van a ir sumando personajes”. Por otra parte, dijo -en diálogo con EL LIBERAL- que la permanencia de los imputados en dependencias militares favorece el mantenimiento de un “pacto de silencio”, por el posible amedrentamiento a los detenidos o porque desde allí se “organizan conspiraciones”. Enfatizó que las organizaciones de derechos humanos sostienen “que aquellos que están sometidos a procesos aunque aún no tengan condena, deben esperar la resolución de la justicia en una cárcel como cualquier detenido y sometido a proceso”. Otro aspecto que consideró debe ser tenido en cuenta, es que estos detenidos “terminan siendo víctimas de conspiraciones que buscan mantener el silencio o el pacto de silencio”, y recordó la muerte sospechosa del médico Febres, entre varios detenidos. Indicó que el traslado a un penal ordinario también tiene que ver con la cuestión de seguridad de muchos de los testigos y de la gente que actúa como querellante. “Exigimos cárcel común, no es una cuestión de simple venganza sino fundamentalmente, de darle la consistencia al hecho por la gravedad de los delitos cometidos”, sentenció. 
Otro represor detenido
Rubén Horacio Leites, teniente primero retirado del Ejército, fue detenido en Chajarí, Entre Ríos, imputado por delitos de lea humanidad en Olavarría durante la dictadura. Su captura la ordenó el juez federal de Azul, Juan José Comparato, quien investiga secuestros y torturas en el centro clandestino Monte Pelloni. Leites está imputado por la desaparición del abogado José Alfredo Pareja. El juez ordenó también las detenciones del coronel retirado Aníbal Ignacio Verdura y del mayor Juan Carlos Castignani, jefe y segundo jefe del regimiento de Olavarría, y del ex jefe de inteligencia teniente primero Walter Jorge Grosse. Leites fue detenido por la Policía Federal y será trasladado al penal de Marcos Paz.
Fuente: Pagina 12, miercoles 3 de junio
2313-D-2009
046 (12/05/2009)
DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION EL DOCUMENTAL "LA SONRISA DEL NEGRO, CEMENTO Y DICTADURA EN OLAVARRIA", BAJO LA DIRECCION DE MATIAS MORENO.
ILARREGUI, LUIS ALFREDO - SEGARRA, ADELA ROSA.
Declarar de interés de este Honorable cuerpo el documental "La sonrisa del Negro. Cemento y Dictadura en Olavarría", que bajo la dirección de Matías Moreno, relata la lucha y la defensa de los trabajadores mineros llevada adelante por Carlos Alberto Moreno, un abogado laboralista secuestrado durante la última dictadura.
Como tantas otras historias que una nueva generación de cineastas y documentalistas argentinos ha decidido contar sobre los delitos aberrantes cometidos durante la última dictadura militar encabezada por el General Jorge Videla, en "La sonrisa del Negro", se retrata la lucha y la defensa de los intereses de los trabajadores por parte de un abogado laboralista que defendió hasta las últimas consecuencias sus convicciones de pelear por una sociedad con mayor justicia social y mayor equidad económica.
Se trata de Carlos Alberto Moreno, un hombre nacido en Olavarría, provincia de Buenos Aires, ciudad capital del cemento. Moreno nació en 1948 en una típica familia humilde de padres trabajadores. A la edad de 18 años, se trasladó a la ciudad de La Plata para estudiar la carrera de Derecho en esa Universidad Nacional. Como su familia no podía mantener sus estudios, fue becado por la Municipalidad local, quién aportó el dinero para que Carlos concluyera sus estudios. En 1973 se recibió y decidió volver a su ciudad natal e instaló allí su estudio jurídico.
Desde entonces comenzó a batallar por la defensa de los intereses de los trabajadores representando legalmente a la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA). Su calidad e idoneidad profesional se hicieron notorias y hasta la empresa Molinos Río de la Plata le hizo una oferta para trabajar en su staff legal, propuesta que rechazó, por sentirse atado a un destino colectivo que bregaba por la mejora de las condiciones de trabajo de los mineros y por convicciones ideológicas enmarcadas en su militancia dentro de la Juventud Peronista de Olavarría.
La ciudad de Olavarría cuenta actualmente con 110 mil habitantes. Su historia está plenamente relacionada con la historia nacional, y sus movimientos poblacionales están muy ligados al auge de determinadas y específicas actividades económicas. El descubrimiento de enormes canteras desde donde se podía extraer cemento y derivados, hizo que ya en 1919 se instalara la primera empresa cementera, una filial de una compañía norteamericana. Años más tarde, esa empresa fue comprada por Alfredo Fortabat, quién creó Loma Negra, una empresa insignia en la etapa de industrialización nacional iniciada en la década del 30. La compañía de la familia Fortabat se convirtió con el tiempo en un verdadero emporio a nivel nacional, produciendo en la localidad de Olavarría el 65% del total del cemento generado en el país. La ciudad creció hasta convertirse en un polo industrial del centro - sur de la provincia, generando puestos de trabajo, consumo interno y crecimiento general de la población. Y como consecuencia de ello, también aparecieron los conflictos laborales y la necesidad de los trabajadores de agruparse en sindicatos para enfrentar con mayor fuerza a la patronal.
Llega la década del 70 y Carlos Moreno está instalado en la ciudad que lo vio nacer. Defiende a los obreros del cemento y no sólo eso: realiza una investigación que deriva en una acción legal contra Loma Negra en la que demuestra que, debido a las condiciones de trabajo con la materia prima dentro de la empresa, sólo el magro 5% de los trabajadores correspondientes a la sección de embolsado, llegaban a jubilarse, ya que el resto moría tempranamente de silicosis, conocido también como mal de mina.
Días después del golpe militar de 1976, Loma Negra fue rodeada por el Ejército y fueron detenidos decenas de delegados gremiales. El 29 de abril de 1977 Moreno fue secuestrado por un grupo de tareas que lo trasladó a un centro de detención clandestino conocido como "La Chacra", en Tandil, propiedad de la familia Méndez. Fue fusilado el 3 de mayo luego de un simulacro de intento de fuga hecho por los esbirros de la dictadura que custodiaban el lugar. Hay que señalar también, como bien lo hace el documental, los beneficios económicos que obtuvo la empresa Loma Negra con la venta de cemento para obras públicas del gobierno militar. No resulta descabellado por tanto, relacionar la acción militar en la empresa, que derivó en el secuestro, desaparición y asesinato de decenas de obreros y delegados de esas fábricas que peleaban por condiciones más dignas de trabajo.
De todo eso habla el documental, con entrevistas a los familiares y compañeros del Negro, y realizado como si se tratara de una ejemplar pirueta del destino, nada menos que por su hijo, quién también ha optado por el camino de la militancia política revolucionaria que le legara su padre.
Por todo ello, Sr. presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto
@@@@@@@@@-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Sigue hoy el juicio a los dos militares
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó ayer en Capital Federal la recusación planteada contra uno de los magistrados que juzga a dos militares por la desaparición de Carlos Labolita (24). De tal manera, el proceso oral y público continuará hoy con l
El abogado Geraldo Ibáñez -uno de los defensores del coronel Alejandro Duret (56)- había recusado al juez Carlos Rozansky por su anterior desempeño en juicios por delitos de lesa humanidad y por las declaraciones públicas que hizo con relación a esos procesos.
El planteo -que en caso de haber tenido acogida favorable hubiera significado la interrupción del juicio- llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal, que ayer lo rechazó.
La resolución, unánime, fue emitida por la Sala IV, integrada por los jueces Augusto Díaz Ojeda, Mariano González Palazzo y Gustavo Hornos.
De tal manera, el juicio a Duret y al general de brigada (r) Pedro Mansilla (77) se reiniciará hoy a partir de las 9.30 en el Tribunal Oral Federal de esta ciudad.
El primer testigo que figura en la nómina es el profesor Carlos Orlando Labolita, padre del joven desaparecido, a quien le sigue Gladys D' Alessandro, esposa de la víctima.
Labolita (padre) fue detenido en Las Flores el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado, y permaneció en prisión hasta 1980.
El joven fue detenido el 25 de abril por una comisión policial y luego habría sido trasladado al regimiento de Azul. Por entonces, Mansilla estaba a cargo de esa unidad militar mientras que Duret, con rango de teniente primero, era jefe de inteligencia de la región.
Labolita fue visto por última vez el 30 de abril cuando un grupo de personas vestidas de civil lo llevó hasta su domicilio paterno para practicar un nuevo allanamiento.
El joven estaba descalzo, encapuchado, esposado y visiblemente desmejorado por las torturas. En esa condición fue visto por su madre -ya fallecida- por su esposa Gladys D' Alessandro y por sus hermanas María Claudia y María Inés. Dichas testigos también comparecerán hoy jueves 4 de junio.
Aquella noche del 30 de abril Gladys D`Alessandro fue ascendida en un automóvil cuyos ocupantes la llevaron por distintos sitios de Las Flores e, incluso, allanaron otra vivienda. Finalmente, la mujer fue abandonada en inmediaciones de la estación de trenes, mientras que Labolita fue retirado de la casa de su padre en otro automóvil y jamás volvió a ser visto.
Para hoy también está prevista la declaración de Mirta D' Alesandro y de su esposo Adolfo Alfredo Abraham, hermana y cuñado de Gladys, respectivamente.
El 25 de abril efectivos policiales allanaron su casa en busca de Labolita y se llevaron a Adolfo Abraham hasta el domicilio paterno del joven, concretando allí su detención.
Abraham posteriormente fue liberado.
Audiencia del viernes
Para la audiencia de mañana están citados diez testigos, entre quienes se destaca Rafael Alfonso Amicone, un dirigente gremial de Las Flores que fue detenido en fecha coincidente con la de Labolita.
Ambos fueron trasladados juntos hacia Azul, oportunidad en que Amicone observó que Labolita era descendido en el regimiento de esa ciudad mientras que él fue conducido a la cárcel.
Las tres audiencias siguientes están programadas para los días 8, 9 y 10 de junio. En la primera de ellas deberán comparecer los policías a quienes se adjudica vinculación con la detención y el posterior traslado de Labolita.
Las dos primeras audiencias tuvieron lugar el martes 26 y el jueves 28 de mayo pasado. En su transcurso, las defensas requirieron la anulación del juicio mediante una serie de planteos que fueron rechazados por el Tribunal. Asimismo, los militares imputados se negaron a declarar, pero dejaron abierta la posibilidad de hacerlo en algún momento del juicio.
El proceso se lleva a cabo en Mar del Plata porque aquí funcionan los Tribunales superiores del Juzgado de Azul, donde se instruyó la causa que terminó con la detención de ambos militares en 2006.
Para ello fue necesario convocar a tres jueces platenses -los doctores Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Carlos Rozansky- ya que la Cámara de Casación apartó del caso al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Ello respondió a que los jueces Roberto Falcone, Néstor Parra y Mario Portela habían realizado una diligencia relacionada con la causa.
EL PAIS › EL JUICIO POR EL ASESINATO DE FLOREAL AVELLANEDA
Acerca de los límites de lo racionalPor Adriana Meyer
–El límite era la razonabilidad, nunca me ordenaron matar a mi mamá, que sería una orden irrazonable –contestó el testigo.Fuente: Pagina12@@@@@@-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
SIEMPRE LISTOS PARA LA PROPAGANDA REPRESIVA
El domingo 17 de mayo, mientras se desarrollaba en Plaza de Mayo un acto en homenaje a la creación del Estado de Israel, integrantes de las organizaciones que componen el FAR (Frente de Accion Revolucionaria) decidieron manifestarse en las cercanías del lugar para denunciar y expresar su repudio al genocidio israelí contra el pueblo Palestino. Al llegar a la esquina de la jefatura del gobierno porteño, una patota de la OSA (Organización Sionista Argentina), los atacó, mientras la policía federal garantizaba una verdadera "zona liberada".
EXPERTOS CONFIRMAN QUE “EN CUANTO TERMINE LA PARANOIA CON LA GRIPE PORCINA Y CUANTA PESTE ANDE POR AHÍ, VOLVERÁ LA INSEGURIDAD ”.
Los sábados a las 18:00, escuche la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110 - www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
Visite nuestros espacios de difusión: http://correpidifusion.blogspot. com/ y http://correpi. lahaine.org
CORREPICoordinadora contra la Represión Policial e InstitucionalCiudad de Buenos Aires • Argentinacorrepi@fibertel .com.ar
Texto presentado en la causa Masacre Capilla del Rosario donde se solicita la detención del represor eduardo carrizo salvadores. Los organismos de derechos humanos de Jujuy enviaron las noticias de los diarios de esa provincia como el que se adjunta que sirvieron de base para el requerimiento.
El juez federal Ricardo Moreno dijo, dijo... que ya requirió esas pruebas. Cuando estarán las respuestas????
Guillermo Andrés Díaz Martínez, por la participación oportunamente otorgada en autos Expte. 4148 - “Clérici Mirtha de y Otros s/ Solicitan Medidas Procesales”, a V.S. digo:
I.- Adjuntamos tres artículos periodísticas por las cuales se denuncia públicamente que el imputado Carrizo Salvadores:
* no estaba enfermo, y,
*que habría presentado un certificado médico falso para no comparecer ante V.S. a prestar declaración indagatoria en autos, y que además,
*el 14/05/2009 ejerció como abogado la defensa penal de la imputada Taborga en un juicio oral perteneciente al EXPTE. 1927/2007 caratulado "MARCELA PATRICIA TABORGA, HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO", que tramita ante la Sala I de la Cámara Penal de la Pcia. de Jujuy, cuando había aducido ante V.S. que estaba con reposo absoluto.
Los artículos periodísticos son: una copia simple del matutino EL TRIBUNO de JUJUY de fecha jueves 28/05/2009; un original del diario digital EL TRIBUNO de JUJUY de fecha 29/05/2009, y un original del diario EL ANCASTI de fecha 31/05/2009.
Por tanto, solicitamos a V.S. se tengan presentes y se agreguen al expediente.
II.- Atento a la gravedad de las denuncias periodísticas adjuntas en el punto anterior, solicitamos a V.S., ordene la inmediata detención del imputado Carrizo Salvadores, a fin de que comparezca ante V.S. y preste declaración indagatoria.
III.- Y por último, atento a la gravedad de los hechos denunciados por los periódicos ut-supra adjuntados, solicitamos a V.S. investigue las posibles responsabilidades penales en que pudieron haber incurrido tanto el imputado Carrizo Salvadores y los médicos intervinientes en los hechos denunciados por los diarios EL TRIBUNO de JUJUY y el EL ANCASTI.
"Capilla del Rosario": faltó Carrizo Salvadores
El ex militar Carlos Carrizo Salvadores, uno de los imputados por la "Masacre de Capilla del Rosario", faltó ayer a la indagatoria prevista por el juez federal Ricardo Moreno, hecho que justificó con la presentación a través de su abogado defensor de un certificado médico que aduce una supuesta dolencia cardíaca. Carrizo Salvadores iba a ser indagado ayer por el juez, quien le imputó el delito de "homicidio agravado", con lo que era un hecho que quedaría detenido. Sin embargo, a las 8 de la mañana se presentó el abogado con un certificado médico expedido por un cardiólogo de Jujuy, provincia en la que reside el acusado. De todas maneras, el juez ordenó que un forense de la Policía Federal de Jujuy se presente en la casa del acusado y constate lo que señala el certificado.
En tanto, para hoy está prevista la indagatoria de Mario Nakagama, otro ex militar que prestaba servicios en el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca cuando ocurrió la masacre, en agosto de 1974. Entonces, 16 guerrilleros del ERP fueron aniquilados luego de rendir sus armas ante el Ejército. Tanto Carrizo Salvadores como Nakagama fueron sindicados por varios testigos como los oficiales que impartían las órdenes directas en el teatro de los acontecimientos. Carrizo Salvadores ocupaba un cargo jerárquico dentro de la guarnición militar e incluso llegó a ser nombrado secretario general de la Gobernación cuando se produjo el golpe de 1976.
@@@@@@@@@@@-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
Los manifestantes clavaron 40 cruces por los asesinados y desaparecidos en la dictadura.
Un centenar de personas convocadas por Hijos escrachó ayer al ex jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, en repudio a los decretos de la Cámara Nacional de Casación Penal y el Tribunal Oral de Santa Fe que primero lo beneficiaron con la excarcelación y luego lo dejaron afuera del juicio oral y público que comenzará el 1º de setiembre a siete represores, entre ellos uno de sus segundos: el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini y el ex juez Víctor Brusa. Y en ambos casos, con el mismo argumento: el deterioro de la salud del máximo responsable de la represión en Santa Fe durante el período más sangriento de la dictadura. "¡Si no hay justicia, hay escrache popular!", corearon los manifestantes frente a la casa de Rolón, en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. El chalet fue protegido por más de cincuenta policías y una valla metálica, donde dejaron colgadas cuarenta cruces de madera con los nombres de asesinados y desaparecidos cuando Rolón "era dueño de la vida y de la muerte", denunció un documento leído en la calle. El acto cerró con una promesa si Rolón no es juzgado por su pasado: "Volveremos a escracharte".
La columna se concentró después del mediodía frente al Puente Colgante y desde allí marchó cinco cuadras por la costanera santafesina hasta la casa de Rolón. "¡Cárcel común, perpetua y efectiva. Ni un solo genocida por las calles argentinas!", fue uno de las consignas más cantadas. Los carteles denunciaron la impunidad. "Cámara de Casación cómplice del genocidio. Juicio político a jueces de la dictadura", se podía leer en uno de ellos. "Rolón, enfermo de impunidad y cobardía. No nos contagiemos", decía otro. Una bandera de Hijos de Santa Fe y otra de Paraná encabezaron la marcha, acompañada por Madres de Plaza de Mayo y expresiones políticas como el Partido Obrero y el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS).
En la esquina de Gran Bourg y Juan del Campillo esperaba un operativo impresionte: más de cincuenta policías entre ellos efectivos de la Guardia de Infantería Reforzada y una valla metálica rodeaban la casa de Rolón. En el primer escrache hace casi ocho años, en octubre de 2001, la valla llegaba hasta el borde de la vereda, así que dejaba libre un espacio verde hasta la calzada, donde los manifestantes clavaron cuarenta cruces por los asesinados y desaparecidos en la dictadura cuando Rolón era el jefe del Area 212. Ayer, la valla había avanzado tres metros más, hasta la calle y no dejaba ningún espacio. Pero las cruces quedaron igual, colgadas en el muro de hierro, con los mismos nombres y la misma denuncia: "Rolón fue el mayor genocida de Santa Fe: dirigió el aparato represivo. Fue el dueño de la vida y de la muerte. El ejecutor del terrorismo de estado", sintezó el documento de Hijos.
"Venimos a decir quién es Rolón", dijo el encargado de leer el testimonio. Y repasó la segunda etapa del represor durante la dictadura, entre noviembre de 1976 y los primeros meses de 1979, cuando estaba al mando del Area 212 y de las "fuerzas conjuntas" de la represión. Pero hay una primera etapa que no es tan conocida: antes de asumir en Santa Fe, Rolón era el jefe de Inteligencia (G 2) del II Cuerpo de Ejército en Rosario, al mando del general Ramón Díaz Bessone y desde ese cargo, comandó todos los Destacamentos de Inteligencia del Litoral.
"Durante la comandancia de Rolón en el Area 212 se cometieron los crímenes más aberrantes: secuestros, torturas, violaciones, desaparición forzada, apropiación de niños, asesinatos y ocultamiento de cadáveres recordó el documento . Fueron asesinados y desaparecidos más de 41 compañeros y compañeras militanes que tuvieron la osadía de creer en un país para todos. Y por todo esto, Rolón todavía no fue sometido a juicio y parece que nunca lo será", agregó.
"Rolón cumplía prisión domiciliaria acusado por 25 víctimas sobrevivientes de secuestros, privación ilegal de la libertad, amenazas, vejaciones, torturas y apremios ilegales". Pero "la Cámara Nacional de Casación Penal, como lo viene haciendo en los últimos años y en todo el país, resolvió beneficiarlo (...) con la libertad por estar anciano y enfermo".
"¿Por qué la Cámara entiende que el detenido tiene que ser liberado?", se preguntó Hijos. Y se contestó: "Creemos que el coronel Rolón, como muchos de sus amigos, está enfermo de impunidad y cobardía". "Desde el comienzo de estos juicios, los testigos, querellantes, abogados, familiares, jueces, fiscales y militantes de derechos humanos han sido sistemáticamente amenazados e intimidados por métodos que evidencian un apoyo logístico propio de organismos de inteligencia sospechosamente similares a los que operaron bajo el mando del coronel Rolón . Y esta característica de los crimenes que se enjuician no tuvo ninguna ponderación en la resolución de la Cámara".
"La justicia argentina que durante muchos años no apresó ni enjuició al genocida Rolón por complicidad o miedo, hoy tiene la oportunidad de resarcirse, fallando a favor de la democracia, la igualdad, la libertad y la vida. Si no hay justicia, transformaremos la provincia, la ciudad y el barrio donde habita en su cárcel. Si no hay justicia, no hay democracia, no hay futuro para nosotros ni nuestros hijos, no hay Nación y no hay pueblo en libertad ¡Juicio y castigo ya! ¡Cárcel común y cadena perpetua a Rolón y todos los genocidas! íSi no hay justicia, hay escrache popular!", concluyó.
EL PAIS › IDENTIFICARON A DESAPARECIDOS
Las gotas de sangre de cinco mil familiares de desaparecidos y las muestras de 598 esqueletos recuperados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) viajaron a Estados Unidos. El laboratorio The Bode Technology analizó y cruzó los datos. Así, 42 cuerpos NN volvieron a tener nombre.
La identificación de 42 desaparecidos fue anunciada ayer por miembros del EAAF y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Se trata de los primeros resultados de la campaña “Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de De-saparecidos” (ILID) que comenzó el 5 de octubre de 2007, cuando el EAAF firmó un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud para que se tomaran en hospitales y centros de salud de todo el país muestras de sangre de familiares de desaparecidos. En más de veinte años, el EAAF había juntado 2700 muestras y a partir de la ILID se sumaron otras tres mil.
El objetivo consistía en comparar ese material genético con los cuerpos enterrados como NN que el EAAF había rescatado de distintos cementerios durante los últimos 25 años. 150 pertenecían a exhumaciones mal hechas durante los primeros años de la democracia: restos que habían quedado mezclados por años en bolsas en la asesoría pericial de la Suprema Corte bonaerense. También había cuerpos que aparecieron en Colonia o en la costa argentina, algunos de los muertos en el ataque al cuartel de Monte Chingolo, en diciembre de 1975, que estaban enterrados en el cementerio de Avellaneda y esqueletos rescatados de una fosa común en ese mismo sitio.
La diferencia de la campaña ILID con el trabajo que hasta el momento estaba haciendo el Equipo de Antropología es que implicó un cruce masivo de información –similar a los que hace el Banco Nacional de Datos Genéticos con familiares de niños secuestrados durante la dictadura o nacidos en cautiverio– y no una labor artesanal de ubicar una posible identidad a través de datos históricos de la represión ilegal y la militancia. Así, cada cuerpo recuperado no será sólo la confirmación de una hipótesis acerca de lo que pasó con una persona durante la dictadura, sino que podrá ser también un punto de partida para una nueva investigación.
Según explicó ayer Patricia Bernardi, del EAAF, los 42 esqueletos identificados “fueron asociados de manera ine-quívoca con el perfil genético de una familia específica. A estos resultados se les incorporó la información antropológica, odontológica y arqueológica. Y todas esas familias fueron notificadas”.
De esos 42 casos, uno corresponde al Juzgado Federal de Santa Fe, dos a la Cámara Federal de La Plata y 39 a la Cámara Federal de Capital Federal. “La proporción encuentra explicación en el hecho de que con este último tribunal, tributario de los archivos de la Causa 13, se viene desarrollando una tarea de investigación histórica conjunta que lleva más de once años en el contexto del derecho a la verdad que asiste a los familiares y bajo la dirección del juez Horacio Cattani”, aclaró Bernardi. Los nombres de las personas identificadas no fueron informados porque se espera que los respectivos juzgados terminen con los trámites que permitan entregar los cuerpos a sus familiares.
“Estamos empeñados en desarrollar un segundo año de esta Iniciativa durante el cual se continuarán analizando y comparando nuevas muestras de hueso y de familiares”, señaló Bernardi en un llamado a los familiares que todavía no aportaron su sangre para comparar con los más de 500 restos que todavía permanecen como NN.
“Quiero destacar el trabajo científico y riguroso que hace el EAAF desde hace dos décadas. No solamente permite el reencuentro de los familiares con sus seres queridos sino que también da certeza judicial a lo que los organismos de derechos humanos sostienen desde hace años”, aseguró Duhalde e hizo referencia a los casos de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y la monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, con los cuales se pudo obtener la primera evidencia científica de la existencia de los vuelos de la muerte porque el análisis antropológico forense determinó que la causa de la mayoría de las fracturas que tenían en sus huesos largos eran compatibles con “las que son habituales observar como producto de una caída de un cuerpo desde cierta altura y su impacto contra un elemento sólido”. Uno de los 42 cuerpos que fueron identificados ahora también fue víctima de uno de esos vuelos.
Junto a Duhalde estaban la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, Ignacio Vélez, subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de la Nación, Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y Cecilia Ayerdi y Maco Somigliana, además de Bernardi, del EAAF.
La ILID, que también se está llevando a cabo en Guatemala y Perú, recibió apoyo financiero del Congreso y del Departamento de Estado de Estados Unidos. Por eso también estaba el embajador saliente de ese país, Earl Anthony Wayne, quien felicitó al EAAF “por su impecable trabajo y su valiosa contribución a la búsqueda de la verdad”.
Las muestras de sangre y huesos se enviaron al laboratorio The Body Technology en Lorton, Estados Unidos, después de una licitación en la que participaron varios de los más reconocidos laboratorios a nivel internacional con experiencia en análisis forenses con fines identificatorios. El análisis se realizó con el monitoreo del equipo de Carlos Vullo, director de Lidmo, laboratorio con el que trabaja el EAAF en la Argentina desde 2003. Si bien la mayoría de las muestras de sangre fueron tomadas en el país, también se incluyó sangre de familiares de desaparecidos extraída en Chile, Bolivia, España, Inglaterra y Suecia.
“Para obtener información resulta indispensable contar con el mayor número posible de muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas. Esperamos que esta información despeje las dudas de aquellos familiares que aún no han dado su muestra”, concluyó Bernardi.
EL PAIS › LA AUTOPSIA DEL CADAVER DE ANGELELLI DESCARTO “GOLPES O DISPAROS”
El ex obispo Angelelli.
La autopsia al cadáver de Enrique Angelelli, practicada treinta y tres años después de su muerte, descartó que haya sido “víctima de golpes o disparos aplicados por terceros”. Sin embargo, la causa judicial continuará caratulada como “homicidio” y avanzará “sin descartar ninguna hipótesis”, informó el fiscal federal Darío Illánez, que impulsa la investigación de la muerte del ex obispo de La Rioja. Angelelli falleció el 4 de agosto de 1976, en un supuesto accidente automovilístico, después de recibir varias amenazas de muerte y mientras investigaba el asesinato de sus colaboradores Carlos Murias y Gabriel Longueville. La causa tiene quince cuerpos, pero ningún imputado.
Illánez ofreció una conferencia de prensa luego de conocer los resultados de la autopsia realizada hace un mes por peritos federales y del obispado riojano (luego de tres décadas de silencio, la Iglesia pidió ser parte activa en la investigación). Angelelli murió por “la expulsión del cuerpo al momento del accidente y la consecuente colisión contra el asfalto”, explicó el fiscal. “Es la causa más probable del traumatismo de cráneo, que provocó múltiples hemorragias en el cerebro de monseñor Angelelli”, agregó. Sin embargo, “no se descarta ninguna hipótesis”. “El peritaje sirvió a los efectos de continuar con el curso de la investigación y significa una prueba más dentro del proceso”, que ahora se centrará en investigar si el supuesto accidente fue provocado, destacó.
Illánez advirtió que evalúa la posibilidad de llamar nuevamente a declarar al ex sacerdote Arturo Pinto, que acompañaba al obispo en el viaje desde Chamical hacia La Rioja por la ruta nacional 38. En sus anteriores declaraciones ante la Justicia, lo único que Pinto dijo recordar es que, tras el vuelco y los golpes, deliraba y decía “¡el coche blanco, déjelo que nos pase!”. El dato reforzó la hipótesis del atentado que se impuso desde el momento de los hechos, sobre todo porque Angelelli manejaba su camioneta Fiat Multicarga en una recta y a apenas 60 kilómetros por hora. Para el juez de instrucción Aldo Morales, que investigó el caso en los primeros años de la democracia, se trató de “un asesinato fríamente premeditado y en conocimiento de la víctima”.
Durante la rueda de prensa, el fiscal Illánez negó tener responsabilidad en la difusión de fotos de los restos de Angelelli tomadas el día de su exhumación, el 22 de abril, en un operativo del que participaron peritos, gendarmes y el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. Las tomas que difundió el portal Radio Fénix muestran un esqueleto vestido y luego sin ropa, tendido sobre una superficie plana. El periodista Enrique Lanzillotto, de FM América, recordó ayer que el juez Herrera Piedrabuena sólo autorizó a la prensa a tomar imágenes del cajón y en su presencia, por lo que sólo “un funcionario judicial y autorizado” pudo registrar la imagen. Apuntó que fueron publicadas como “un logro periodístico” en el portal “del candidato menemista Néstor Gabriel Bose-tti” y sugirió que pretenden “instalar la hipótesis del accidente, que es la que defiende la jerarquía de la Iglesia en Argentina”.
Avanzan en Córdoba tres causas por delitos de lesa humanidad
02/06/2009 - La Cámara Federal de esa provincia confirmó los procesamientos de nueve imputados por delitos cometidos durante el último gobierno de facto. El tribunal también realizó una audiencia pública que debate una excarcelación. Fallos completos
Fallo "Gontero" 222.82 Kb.
Fallo "Herrera" 30.42 Kb.
Tres causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto avanzan en la provincia de Córdoba.
La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia confirmó ocho procesamientos por en el marco de la causa “Herrera, José Hugo y otros sobre privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados seguido de muerte”. El trbunal confirmó así la decisión adoptada por el Juzgado Federal Nº3 de Córdoba en diciembre de 2008.
Resultaron procesados con prisión preventiva los imputados Hermes Oscar Rodríguez y Luis Gustavo Diedrichs, como partícipes necesarios; Carlos Alberto Vega, Héctor Raúl Romero, Emilio Morard, Ricardo Lardone, Arnaldo López y José Hugo Herrera, en calidad de autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos seguidos de muerte en perjuicio de cautro víctimas.
Los hechos que se investigan ocurrieron en el centro clandestino de detención La Perla. Los fundamentos del fallo serán leídos el 9 de junio.
Audiencia por excarcelación en causa "Alsina"
La Sala B también realizó una audiencia oral y pública para debatir la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal en contra de la resolución del 21 de noviembre del año 2008, del Juzgado Federal N° 3 que había dispuesto la excarcelación de Francisco José D"Aloia en el marco de la causa "Alsina".
En esta oportunidad se escucharon los informes del Fiscal General Alberto Lozada ante la Cámara Federal de Apelaciones. El funcionario solicitó sea cumplido lo dispuesto oportunamente por la Cámara Federal en sentencia “Alsina, Gustavo y otros…” del pasado 21 de octubre de 2008, en la cual se disponía el procesamiento y prisión preventiva de D"Aloia.
Asimismo, la defensa solicitó que se sostenga la excarcelación dictada en primera instancia por considerar que su defendido no presenta riesgo procesal alguno. El tribunal pasó a cuarto intermedio para el próximo martes 9 de junio a las 10.30 hs.
Confirman procesamiento en causa "Gontero"
En el marco de la causa “Gontero, Oscar Francisco, y otros sobre privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados, en perjuicio de Urquiza, Luis Alberto y otros”, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Fernando Martín Rocha, como probable autor responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de seis víctimas.
Por otra parte el tribunal recomendó a la jueza de instrucción la conveniencia de la acumulación de las causas concernientes a violaciones de derechos humanos.
Fuente:http://www.cij.gov.ar/
Represores serán alojados en cárcel común
02-06-2009 / Varios ex comisarios entre los que se encuentra Antonio Musa Azar y un ex t eniente del Ejército irán a la prisión de Pintos por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura. Actualmente cumplen preventiva en la capital provincial.
Musa Azar iría a una cárcel común. Ocho represores de la última dictadura militar, acusados por delitos de lesa humanidad, serán alojados en una cárcel común por disposición del juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, informaron hoy fuentes judiciales. Se trata de los ex comisarios Antonio Musa Azar, Francisco Laitán, Ramiro López Velloso, Tomás Garbi y el ex teniente del Ejército, Jorge D`Amico, que en los próximos días serán trasladados a la prisión de Pintos, población rural ubicada a 38 kilómetros al sur de la capital provincial. En la actualidad, los detenidos cumplen prisión preventiva en la unidad móvil 5 de Gendarmería Nacional con asiento en la capital santiagueña. Asimismo, el juez Molinari ordenó la exhumación de cadáveres que se sospecha fueron enterrados como NN durante la última dictadura militar. La medida judicial surgió tras un llamado anónimo recibido por Luis Garay, integrante del Instituto Espacio de la Memoria, que daba cuenta del enterramiento de víctimas de la represión en el cementerio La Piedad, ubicada en el acceso oeste a la capital santiagueña. La exhumación de los cadáveres y estudios estará a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que tiempo atrás identificó el cuerpo de una mujer víctima de la represión. Asimismo, distintas organizaciones de derechos humanos, volvieron a reclamar la agilización de causas judiciales contra los ex militares Antonio Domingo Bussi, Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez. Se trata de causas pendientes por delitos de lesa humanidad, que se tramitan ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero y en la que también se encuentran acusados ex policiales santiagueños.
Juicios Por la Verdad en Misiones
La Subsecretaria precisó que el juicio empezaría el jueves 11 y continuaría en principio hasta el 25 de junio.
Esta mañana se reunió en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Representantes Provincial la Comisión Especial de seguimiento por los Juicios de la Verdad, oportunidad en la cual se recibió a la Subsecretaria de Derechos Humanos Amelia Báez y al patrocinante que actúan como querellantes en las causas por los Juicios de la Verdad, Juan Martínez.
En ese sentido la Presidenta de la Comisión, la diputada Sandra Montiel, señaló que los funcionarios asistieron a informar respecto al avance de las causas y a anunciar que en los próximos días se llevará acabo un nuevo juicio en la provincia.
Al respecto la Subsecretaria precisó que el juicio empezaría el jueves 11 y continuaría en principio hasta el 25 de junio. En este caso los acusados son dos ex oficiales penitenciarios; José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez, integrantes del Servicio Penitenciario Federal, quienes prestaban servicio en la Unidad Carcelaria 17 de Candelaria durante la dictadura, a los que se les imputa tormentos y torturas.
Por otra parte Báez también precisó que un tercer juicio tendrá lugar próximamente en la provincia. Se trata de la causa iniciada contra los Coroneles Juan Antonio Beltrametti y Caggiano Tedesco por casi todas las victimas de Misiones.
Fuente. http://www.yamisiones.com/
Juicio a Colombo: Se realizó la inspección en sector de Casa de Gobierno
El Tribunal Oral Federal de Formosa, presidido por el juez Eduardo Belforte, y las partes que intervienen en el histórico juicio contra el general Juan Carlos Colombo, realizaron esta tarde una inspección ocular en el sector de la Casa de Gobierno donde funcionó la Comisión de Información de Formosa (COMIFOR), durante la última dictadura militar.El ex gobernador de Formosa Juan Carlos Colombo, de 84 años de edad, es juzgado en esta ciudad desde el 25 de febrero último por delitos de lesa humanidad. Operativamente, la COMIFOR funcionaba “como una especie de SIDE provincial”, según la descripción de la parte querellante, y fue disuelta con el regreso a la vida democrática. En ese lugar, a partir del aporte de testigos de la época, se conoce que se reunían los servicios de información y se detallaban las tareas de inteligencia para el seguimiento de las personas y su posterior detención o secuestro.De la inspección ocular también participaron, además de los miembros del Tribunal Oral Federal, los abogados querellantes, los fiscales, la defensa, peritos, miembros de la APDH y testigos, quienes aportarán datos a la investigación para esclarecer y poner luz de verdad y justicia sobre los delitos cometidos durante el proceso militar en esta Provincia. Mañana, la inspección se realizará en las instalaciones del Regimiento de Infantería de Monte 29.
02 de Junio de 2009 Habría presentado un certificado médico falso
Investigan si Carrizo Salvadores engañó a la Justicia Federal
Pedido. Jorge Perea y Mirta Clérici piden la detención del acusado.
El juez federal Ricardo Antonio Moreno libró ayer varios oficios a la Justicia de Jujuy para determinar si el ex militar y actual abogado Carlos Eduardo Carrizo Salvadores trabajó como defensor el 14 de mayo pasado, un día después de que debía ser indagado como presunto responsable de la "Masacre de Capilla del Rosario". Al mismo tiempo, el querellante Guillermo Díaz Martínez solicitó al juez su detención y su traslado por la fuerza pública. En su presentación, el abogado presentó un ejemplar de El Ancasti, en el que se denuncia que Carrizo Salvadores ejerció una defensa penal cuando debía guardar reposo por una dolencia cardíaca, tal como lo recomendaba el certificado médico que presentó como excusa. Carrizo Salvadores es junto al también ex militar Mario Nakagama, actualmente detenido, sospechoso de haber participado de la ejecución de 16 guerrilleros del ERP, en agosto de 1974, hecho por el que iba a ser indagado el 13 de mayo pasado.PedidoAyer, conocida la noticia, Mirta Clérici y Jorge Perea, de agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos, repudiaron la actitud de Carrizo Salvadores y exigieron públicamente su detención. Lo hicieron en una conferencia de prensa en la que también solicitaron "mayor celeridad" a la Justicia Federal en las causas por los desaparecidos y crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y en los años previos.
02 de Junio de 2009 06:00
Guillermo Díaz Martínez desapareció el 8 de febrero de 1975
Reabrieron una causa por el secuestro de un catamarqueño
Militaba en "Montoneros". Hoy declararán dos de sus hermanos, Mardonio y Jorge Díaz Martínez. Su padre murió en plena búsqueda.
Víctima. Guillermo Eduardo Díaz Martínez, en 1975.
La causa por el secuestro de Guillermo Eduardo Díaz Martínez, ocurrido en febrero de 1975, fue reactivada recientemente por la justicia federal de Tucumán, que convocó para hoy en calidad de testigos al actual presidente del Tribunal de Cuentas, Mardonio Díaz Martínez, y al ex diputado provincial Jorge Díaz Martínez, hermanos de la víctima del terrorismo de Estado durante los años de plomo en la Argentina. El expediente Nº 123/09 se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de la vecina provincia, a cargo del juez Raúl Bajas, quien investiga el secuestro y posterior desaparición del joven estudiante, un activo militante de la agrupación "Montoneros". Díaz Martínez, integrante de una reconocida familia local, cursó sus estudios primarios en la Escuela "Mariano Moreno" y completó la secundaria en el Colegio Nacional Fidel Mardoqueo Castro. Luego se trasladó hacia La Plata, donde inició la carrera de Ingeniería y comenzó a militar activamente en la Juventud Peronista, hasta llegar a ser un dirigente de importancia en la Regional II de la agrupación "Montoneros". Por decisión de la cúpula de esa organización se trasladó a Tucumán con su familia, compuesta por su esposa y dos hijos de 4 y 3 años. En la vecina provincia se comenzaría a escribir el principio de su final. Guillermo Eduardo Díaz Martínez, de 27 años, fue secuestrado el 8 de febrero de 1975, junto a un maestro de Simoca y el hijo de un concejal justicialista de la ciudad de La Banda, de Santiago del Estero. Por la importancia de Díaz Martínez dentro de "Montoneros", la organización secuestró al cónsul de Estados Unidos en Córdoba y ofreció su liberación a cambio de la aparición con vida de los secuestrados en Tucumán. Pero las negociaciones fracasaron y el diplomático apareció ejecutado en el barrio Observatorio de la capital cordobesa. Esto, aparentemente, selló la suerte de los secuestrados, entre ellos el catamarqueño Díaz Martínez.
EL PAIS › ANETO, UNO DE LOS ACUSADOS POR EL SECUESTRO DE LOS AVELLANEDA, CONFESO
EL PAIS › LA INICIATIVA DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
SANTA FE › POR FALLO JUDICIAL QUE LO BENEFICIO
La agrupación Hijos convocó para hoy a un escrache al ex jefe de Area 212, coronel Juan Orlando Rolón, en repudio al fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que desafectó al militar del juicio oral y público que se iniciará el 1º de setiembre a otros seis presos por delitos de lesa humanidad, entre ellos el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar, coronel Domingo Manuel Marcellini y el ex juez federal Víctor Brusa. El punto de encuentro será a las 13, frente al Puente Colgante, en la costanera santafesina, desde donde las columnas marcharán después hasta la casa de Rolón, ubicadas a pocas cuadras en Villa Setúbal, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.
"Escrachar al genocida", será la consigna de la marcha. "Condenar la impunidad porque los juzga un tribunal, pero los condenamos todos. Una vez más transformaremos el país, la provincia, la ciudad y el barrio donde habita en su cárcel".
Rolón cumplía prisión domiciliaria acusado por 25 víctimas de la dictadura por "secuestro, privación ilegal de la libertad, amenazas, vejaciones, torturas y apremios ilegales", recordó Hijos. Pero la semana pasada, la Cámara Nacional de Casación Penal le concedió la excarcelación por su estado de salud y luego el Tribunal Oral Federal de Santa Fe que debía juzgarlo a partir del 1º de setiembre junto a Brusa, Marcellini y otros represores resolvió desafectarlo del proceso, lo que significa que no será juzgado.
Fuente: Rosario 12-- @@@@@@@@
Guil y Alzugaray, a la búsqueda de garantes para salir excarcelados
El otrora hombre fuerte de la Policía de Salta, Joaquín Guil, y el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray, procesados por delitos de lesa humanidad, tendrán que buscarse garantes para poder disfrutar del beneficio de la excarcelación concedido por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Salta al rechazar un pedido del abogado de los represores, el defensor oficial Federico Petrina, para que se fijara una caución juratoria (bajo palabra) o se redujera el monto impuesto por el juez de primera instancia, de 100 mil y 50 mil pesos respectivamente.
En octubre del año pasado Guil y Alzugaray obtuvieron un fallo favorable de la Sala III de la Cámara Nacional, que les concedió la excarcelación en la causa por el asesinato del militante justicialista Eduardo Fronda (cometido el 8 de enero de 1975) en la que están procesados por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad y torturas. La Cámara Nacional de Casación impuso como condición una caución no juratoria, es decir que debía ser personal o real. Quien estaba entonces a cargo de este proceso, el ex juez Horacio Aguilar, determinó que fuera real, y la fijó en 100 mil pesos para Guil y 50 para Alzugaray.
El defensor apeló esta decisión con el argumento de que los acusados son insolventes y solo cuentan con sus jubilaciones. Incluso antes ambos habían pedido que se les permitiera litigar sin gastos, un procedimiento previsto para quienes acreditan falta de recursos económicos. Según informó una fuente allegada al proceso, Petrina pidió a la Cámara de Apelaciones que estableciera que la caución fuera juratoria o fijara una real que pudiera ser afrontada con los salarios de jubilados de Guil y Alzugaray. En ambos casos el fiscal general José Pérez se opuso. En el caso de Guil el fiscal destacó que si bien no tiene bienes registrados bienes a su nombre, cumple la prisión domiciliaria (impuesta en este y en otros procesos por violaciones a los derechos humanos) en una propiedad de dos mil metros cuadrados en la villa veraniega San Lorenzo, la que comparte con su esposa y sus hijos, a cuyo nombre está ese inmueble.
En dos fallos, uno para cada caso, la Cámara sostuvo que "no puede soslayarse" que se trata de dos procesados por delitos de lesa humanidad y "reviste singular importancia asegurar a las víctimas el derecho a la jurisdicción mediante la persecución penal de los responsables, obligación asumida por el estado nacional cuyo incumplimiento puede acarrear responsabilidad frente al orden jurídico internacional". Para los camaristas, la caución real fijada para cada uno "se compadece acabadamente con al gravedad del evento objetivo constatado y no resulta desmesurada en atención a los valores actuales del mercado". Los jueces coincidieron con el fiscal en que si los acusados no pueden depositar estas sumas, todavía les queda el recurso de presentar garantes. En el caso de Guil, sus mismos hijos podrían ser sus fiadores.
Por hacer espionaje interno
La Fiscal Federal pidió el llamado a indagatoria del Jefe de la V Brigada Aérea
San Luis (Pelr) 29-05-09. La Fiscal Federal, Mónica Spagnuolo, emitió un dictamen donde pide el llamado a prestar declaración indagatoria a un Jefe de la V Brigada Aérea con asiento en Villa Reynolds, por la denuncia del delegado del germio del Personal Civil de las Fuerzas Armadas, Damian Marcantonio. Los cargos son privación ilegal de la libertad, coacción y violación de la Ley de Inteligencia Interior (espionaje interior), según pudo conocerse. El juez Juan Esteban Maqueda deberá ahora decidir si lo llama.
Con el patrocinio letrado de los abogados Enrique Ponce y Alberto Mariani, Marcantonio denunció que fueron encerrados en la oficina del jefe de personal de la V Brigada, y que "dicho encierro tuvo por objeto imponerles la suscripción involuntaria de documentos (actas) en detrimento de los mismos a quienes se les exigía la firma como condición para salir del lugar".
En el escrito presentado a la justicia federal, "se solicita que se proceda a llamar a Indagatoria al Capitán PABLO ROBERTO DIAZ y al Comodoro SACCO atribuyéndoseles la comisión de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, COACCIONES (Arts. 141, 149 bis segundo párrafo, 55 del C.P.) e infracción prevista en el artículo 42 de la LEY DE INTELIGENCIA NACIONAL".
"La petición se fundamenta en las pruebas del presente legajo, de donde surge que tanto en fecha 21 de Mayo de 2008 como 4 de Julio de 2008 se produjeron sendos incidentes configurativos de los delitos antes individualizados, en el que resultaron damnificados por un lado el denunciante César Damián Marcantonio y Marcelo Morales, y por otro el joven Hernán Marcantonio, siendo todos ellos personal civil dependiente de FF.AA, Base Villa Reynolds de la ciudad de Villa Mercedes (San Luis); también en el hallazgo de información privada del denunciante al realizarse pericia informática", dicen los abogados.
Los hechos ilícitos se produjeron en la Oficina del Jefe de Personal de la V Brigada Aérea, en circunstancias en que el Jefe accidental del Personal (Díaz) convocó a los nombrados a comparecer personalmente a ese lugar, y en ambas ocasiones se les impidió por la fuerza, cerrando la puerta de la oficina y obstruyendo violentamente el paso que estos pudieran retirarse del lugar, siendo forzados a permanecer en contra de su voluntad en aquel recinto por más de diez minutos hasta que lograron evadirse".
Informe: Gustavos Senngustavosenn@gmail.com
---------- Forwarded message ----------From: Juan Manuel Figueroa <figueroajm@cpacf.org.ar>Date: 30-may-2009 18:44Subject: Segunda causa por delitos de lesa humanidad en MisionesTo: reddenoticiasdh@gmail.com
Será la segunda causa por delitos de lesa humanidad que se juzga en MisionesEl 11 de junio comienza el juicio oral del "Lobo" Gómez y José Cuenca
Se desarrollará hasta el 25 de junio en el Tribunal Penal oral de Posadas, por "tormentos agravados" en la cárcel de CandelariaPosadas. Ya se fijó fecha para el juicio oral que juzgará a José María Cuenca y a Rubén Alberto Gómez, ambos acusados de "secuestros y torturas" en lo que será la segunda causa por delitos de Lesa Humanidad. Entre el 11 de junio y el 25 de junio venidero se desarrollará el juicio en la sala de audiencia del Tribunal Penal oral en lo Criminal Federal de Posadas, ubicado en Félix de Azara 2170 casi Catamarca de Posadas.El inicio está previsto para las 9 del jueves 11 de junio, según fuentes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. La causa iniciada a Cuenca es por "tormentos agravados de once hechos", y a Gómez por similar motivo pero por 18 hechos durante la década del 70 en la Unidad Penal Nº 17 de Candelaria.Se supo que durante el juicio, en principio brindarán su declaración 43 testigos que figuran en la investigación. En caso de que la jueza que entiende en la causa, Norma Lampugani de Arce Mielnik lo considere necesario, se podría ampliar la cantidad de testigos y se podría extender también la cantidad de jornadas. La fiscalía estará a cargo de Vivian Andrea Barboza. La abogada Susana Criado Ayan será la defensora oficial de Rubén Gómez, en tanto que Rafael Schwengber defenderá a José María Cuenca. Será querellante por Misiones Amelia Báez, y como apoderado oficiará el abogado Juan Bautista Martínez.Ambos acusados son ex funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, que se desempeñaban en la década del 70 en la cárcel de Candelaria. Ambos esperan el juicio en libertad, luego de que un fallo los favoreciera tras una apelación a un pedido de excarcelación realizado el año pasado.Causas y proceso
En abril de 2007, la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad, presidida por Mirta Delia Tyden de Skanata, y que tiene como vicepresidente primero a Mario Osvaldo Boldú, confirmó los procesamientos de los penitenciarios retirados José María Cuenca y a Rubén Alberto El “Lobo” Gómez, ambos acusados de delitos contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.El procesamiento de ambos había sido dictado por Ramón Claudio Chávez, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, en base a distintos testimonios recolectados a partir de la mega causa llamada “Juicio por la Verdad”, que comenzó para establecer qué sucedió con el ingeniero secuestrado y desaparecido durante esa época, Alfredo González. Pero luego se anexaron otras causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.Las denuncias por secuestros, privación ilegítima de la libertad y torturas fueron presentadas por Augusto Gilberto Speratti, Ricardo Alfredo Ortellado, Ricardo Horacio Coutouné, Mario Julio Gómez y José Manuel Vargas. Los testificantes que también involucraron a Gómez fueron reconocidos como Enrique Igor Peczak, Alejandro Rodríguez, Francisco Félix Barrios e Hilarión Félix Barrios.Durante la instrucción de las causas se conocieron testimonios de personas que pasaron por la UP 17 de Candelaria durante el período en el que estuvo Cuenca. Además de acusarlo, indicaron al Lobo Gómez como un personaje siniestro.Todos los denunciantes coincidieron en apuntar al ex funcionario por los tormentos de toda índole que sufrieron durante su detención en la UP 17.
Luego de concretarse el procesamiento a comienzos del 2007, ambos acusados fueron trasladados hasta la cárcel de Candelaria, casualmente la misma en la que Cuenca se desempeñó como jefe de turno durante la última dictadura militar. Precisamente en esa época, en el período comprendido entre noviembre de 1976 y marzo de 1978, habría cometido los delitos de lesa humanidad.Las víctimas remarcaron que si bien en ambos turnos eran sometidos a golpizas, en las guardias en las que no estaba Cuenca la pasaban “un poco mejor” porque no había vejámenes de índole psicológica.El año pasado, tras realizar apelaciones de excarcelación, un fallo les concedió esperar el juicio en libertad.El primer caso, por estos delitos que no prescriben, en la tierra colorada ocurrió el año pasado. El 3 de julio de ese año el militar retirado Carlos Humberto Caggiano Tedesco (87) fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión por la desaparición y torturas del ingeniero químico e investigador universitario Alfredo González.
DICE QUE SE PROMUEVE LA NECESIDAD DE TENER MEMORIA, PERO NO SE FOMENTA LA RECONCILIACION
Derechos humanos: la Iglesia volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno
La Iglesia volvió a evidenciar sus diferencias con aspectos del discurso del Gobierno sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura. Durante un congreso sobre el Bicentenario realizado esta semana en la UCA, varios obispos, sacerdotes y dirigentes laicos insistieron en la necesidad de tener memoria y practicar la justicia, pero también de buscar el reencuentro y procurar que los victimarios pidan perdón y las víctimas concedan el perdón.Acaso el que mejor sintetizó el cuestionamiento a la Casa Rosada fue el arzobispo emérito de Resistencia, Carmelo Giaquinta, quien sostuvo que el oficialismo insiste en la necesidad de "tener memoria, pero no habla de reconciliación". Y, si bien advirtió que la "amnesia social" lleva a "la discordia", la insistencia solo en la memoria conlleva el riesgo de que algo positivo como "el recuerdo, que nos proyecta al futuro" derive en algo negativo como "el rencor, que nos aprisiona en el pasado".Para el obispo, el "tener memoria" acerca de la violencia política de los 70 implica recordar "el estado de terror implantado por la guerrilla revolucionaria" y "el terror de Estado" impuesto desde el poder, sólo "comparable a las SS del nazismo". Giaquinta dijo que mencionar estas dos violencias "puede llevar a que se me acuse de asumir la teoría de los dos demonios" y, tras aclarar que nunca escuchó hablar de esa teoría en Europa, señaló que referirse a ella puede conllevar el riesgo de asirse a otra: "que hubo ángeles y demonios".A su turno, el decano de la facultad de Teología de UCA, el sacerdote Víctor Fernández -que compartió con Giaquinta el panel de cierre- precisó que reconciliación "no implica impunidad". Y que "el modo odioso" que a veces adquiere cierto discurso sobre los derechos humanos no debe llevar al olvido ni a excusar el pasado. Pero subrayó que alcanzar la reconciliación "permite la paz social y la elaboración de políticas de largo plazo".En la apertura del congreso -que tuvo como tema Hacia el Bicentenario: Memoria, identidad y reconciliación- el rector de la UCA, monseñor Alfredo Zecca, había considerado "impostergable una reconciliación que, sanando dolorosas y traumáticas heridas, derrame el bálsamo del perdón para trabajar juntos en la construcción de una Argentina mejor, superando divisiones, enconos y partidismos estériles".
Fuente: Clarin, domingo
Varios citados a indagatoria por la muerte del dirigente radical Amaya
La Justicia Federal de Rawson citó a 6 personas que deberán prestar declaración indagatoria, imputados en la causa que investiga el secuestro, las torturas y la muerte del abogado Mario Abel Amaya, en tiempos de la dictadura militar. Entre los acusados figura Luis García, el conocido médico, ex funcionario y dirigente de la Unión Cívica Radical, y Ezequiel Cablinski, médico forense célebre en la zona por su trabajo en el Poder Judicial chubutense. CompletanTambién se suma Carlos Alberto Barbot, jefe del Área Militar 536 y figura emblemática de la época. Es que como mayor del Ejército, desde el Distrito Militar de Trelew dirigía el área represiva que tenía como centro neurálgico la Unidad 6 de Rawson, donde Amaya fue sometido a tormentos varios.El resto de los nombres son repetidos: el ex jefe de la U-6, Osvaldo Fano, sobre quien ya pesa un procesamiento firme por las torturas a Hipólito Solari Irigoyen, y uno apelado por los tormentos y la muerte del dirigente justicialista Jorge Valemberg. Se suman el ex guardiacárcel Jorge Steding y el médico de Trelew Juan Carlos Saleg, que apelaron sus procesamientos en la causa Valemberg.Tiempo atrásAunque la decisión del juez federal Hugo Sastre está fechada el martes 26, cabe destacar que ya en diciembre del año pasado, el fiscal Fernando Gélvez –pieza clave en la impulsión de las investigaciones- había solicitado la declaración indagatoria de los imputados. Además de las citaciones, y debido al fallecimiento del acusado el 4 de junio de 2003, Sastre declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a Roberto Ordoñez, ex sub director de la cárcel de Rawson.El cronograma de declaraciones se iniciará el 17 de junio a las 9 en Rawson: ese día deberá comparecer Fano; el 19 de junio a la misma hora será el turno de Steding. Saleg está citado para el 22 de junio a las 9, mientras que García se presentará ante Sastre y Gélvez el 24 de junio a las 9. Los últimos turnos serán para Barbot, el 25 de junio, y Cablinski, el 26, ambos a las 9. Bajo distintas figuras jurídicas, a todos se les imputa complicidad en las torturas que terminaron con la vida de Amaya, quien estuvo preso en la capital de Chubut entre el 11 de setiembre y el 28 de octubre de 1976. DetallesSegún la decisión del juez federal, tras revisar el pedido del fiscal y las pruebas de la causa, “advierto que emergen motivos bastantes para sospechar que los nombrados habrían incurrido en los supuestos hechos que describe el Ministerio Fiscal”. Se trata del artículo 144 del Código Penal vigente en 1976, que reprime con reclusión o prisión de 3 a 10 e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que imponga a los presos cualquier tormento. Esto se agrava si la víctima es un perseguido político y los tormentos llevan a su muerte. Ambas condiciones se cumplen en los delitos del caso Amaya, considerados de lesa humanidad.# Fuente: Diario Jornada-- RED DE NOTICIAS DE DERECHOS HUMANOSPOR UN BICENTENARIO SIN IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS
EL PAIS › EN EL JUICIO POR LA DESAPARICION DE FLOREAL AVELLANEDA Y LAS TORTURAS A SU MADRE IRIS
La coartada del ex comisario que habría torturado a Iris Avellaneda perdió un supuesto “testigo clave”. Los ex policías insisten en delegar responsabilidad en las Fuerzas Armadas: “Todos los comisarios iban a recibir instrucciones a Campo de Mayo”.
Fernando Verplätsen y Santiago Omar Riveros junto a otros represores, en el banquillo de los acusados.
El ex policía Alberto Aneto, uno de los seis imputados en el juicio oral por el secuestro de Iris y Floreal Avellaneda, sufrió un duro revés en su estrategia defensiva. “No puede ser, es mi testigo clave”, dijo su abogada cuando no apareció Julio Celestino Insaurralde, el vendedor de quiniela con quien Aneto dice haber estado ocupado la noche en que Iris Avellaneda declaró haber sido torturada por el ex policía. En una nueva jornada del proceso que tiene, entre otros, a los genocidas Santiago Omar Riveros y Fernando Verplätsen en el banquillo de los acusados, el ex jefe de la comisaría de Munro ratificó el concepto de “control operacional de las Fuerzas Armadas sobre la Policía” y dijo que “todos los comisarios iban a recibir instrucciones a Campo de Mayo”.
El testigo Walter Polidori, propuesto por la defensa, señaló que todos estaban bajo las órdenes de Riveros, a quien definió como “el general que es causante de este juicio”. En la misma línea que otros ex policías que ya declararon, en la audiencia del viernes pasado dijo que los militares que intervinieron las comisarías después del golpe les dejaban sólo “las tareas normales de la policía” y los “detenidos normales”, mientras se reservaban las demás actividades. En ese momento, Ciro Annichiaricco, de la Secretaría de Derechos Humanos, le preguntó cuáles eran los detenidos “anormales” y Polidori respondió con un evasivo “yo nunca secuestré ni asesiné a nadie”. Sin embargo, relató que en un garaje de su comisaría encontró cuerpos sin vida, dijo que recriminó por ello a los militares y que ordenó ficharlos y darles “cristiana sepultura”. Según explicó, ese hecho lo perjudicó en su carrera policial cuando era candidato a ser el jefe de la Policía Bonaerense en tiempos de Raúl Alfonsín. La mención que hizo Polidori sobre la existencia de militares en la comisaría de Munro responde a la estrategia de la defensa de Aneto, que busca correr la escena del secuestro y tortura de Iris y Floreal “Negrito” Avellaneda de la comisaría de Villa Martelli a esa otra dependencia.
El abogado Carlos Zamorano, de la querella del Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista, quiso saber qué instrucciones recibían los policías en materia de la denominada por los militares “lucha antisubversiva”, pero la presidenta del tribunal, Lucila Larrandart, invalidó la pregunta al sostener que “no era parte del objeto procesal”. La magistrada rechazó todos los pedidos de reposición de las querellas, así como un pedido de la fiscalía para incorporar como prueba un informe sobre el allanamiento de la casa de los Avellaneda que fue encontrado en el Archivo de la Memoria. Tampoco admitió que se aceptara como testigo al sobreviviente Alberto Calvo.
En total, debían declarar 19 policías a pedido de la defensa, pero sólo lo hicieron nueve. De los restantes, tres fallecieron y siete no fueron notificados por “domicilio inexistente”. A Héctor Ventura Basualdo le preguntaron dónde trabajaba. “En Campo de Mayo”, respondió para sorpresa de todos. El testigo dijo haber sido custodio del imputado general Riveros y uno de sus cuatro choferes. La fiscalía y la querella quisieron saber qué tipo de instrucción recibió para hacer esa tarea. “Conocía bien la ciudad porque fui taxista, nunca hablé como militar, tomaba mate con ellos en la comandancia y cuando Riveros quería salir me avisaba. Iba a fiestas y desfiles”, contestó Basualdo, y algunos del público tuvieron que disimular la risa. A su turno, Pablo Lisandro Nieva también dijo haber sido chofer de Riveros, que salía una o dos veces por semana, que lo llevó una vez a sacarse una muela al Hospital Militar. “Todos manejaban y esperaban, toda la dictadura se la pasaron así, fue grotesco e impresentable”, definió José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
La abogada Elda Berasain se sobresaltó cuando le informaron que no estaba en la sala su testigo estrella, Insaurralde, el supuesto vendedor de quiniela clandestina, a quien Aneto dice haber estado interrogando toda la noche del 15 de abril de 1976, y con quien habría compartido un sándwich de milanesa. “Bueno, lo busco el fin de semana y si lo encuentro lo traigo”, dijo la letrada, ya resignada a que había quedado frustrada parte de la coartada de su defendido. Pero no sería el único momento de tensión para Berasain. El último testigo, Rubén Combes, declaró que Aneto era el jefe de calle de la comisaría de Villa Martelli, y no un simple sumariante como viene planteando desde el principio del juicio.
La libertad del Ciego
El represor rosarino José Rubén “El Ciego” Lofiego podría quedar en libertad luego de que la Sala II de la Cámara de Casación Penal decidiera su liberación por estar detenido más de cuatro años sin recibir una sentencia. La querella aún puede apelar el fallo que libera al represor, también conocido como “Doctor Menguele” y acusado de 17 secuestros agravados por violencia y amenazas, 40 raptos acompañados de torturas y la desaparición de dos personas.
José Rubén Lofiego fue responsable de casi setenta hechos de torturas y asesinatos según consta en el informe elaborado por el doctor Esteban Borgonovo a fines de los años noventa. Quiere decir que Lofiego estaba imputado al principio de la democracia de casi la cuarta parte de los 350 desaparecidos de la zona del Gran Rosario. Un asesino serial. La racionalidad del principal cuadro represor de la derecha argentina después del comisario Alberto Villar, el ex gendarme e integrante del Batallón 601 de Inteligencia, Agustín Feced al que la ex presidenta María Estela Martínez de Perón le ofreció la comandancia de la Triple A.
Lofiego torturaba, se lavaba las manos y escribía los partes que iban al Comando del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en la esquina de Córdoba y Moreno. Era metódico y estudioso.
Fue ascendido en democracia y tenía bajo su responsabilidad la organización de la seguridad de los clásicos entre Central y Ñuls.
Ahora la Sala II de la Cámara de Casación Penal acaba de ordenar su libertad porque pasaron cuatro años de su detención y todavía no hubo sentencia.
No solamente hay que repudiar a los integrantes de esta cámara sino también a los jueces federales rosarinos que desde el año 1986 saben los delitos cometidos por hombres como Lofiego. Son los mismos jueces que miraron para otro lado cuando una pericia caligráfica demostró de manera científica que Agustín Feced había inventado su muerte.
Son los mismos jueces los que dieron por muerto a Gazari Barroso, uno de los principales responsables del genocidio en la zona del Gran Rosario cuando estaba vivo y domiciliado en el mismo lugar que en los años ochenta. Son los mismos que desconocieron el monumental trabajo de la Conadep Rosario, los organismos de derechos humanos, los abogados litigantes. Son los mismos que ocultan el expediente original del caso Larrabure, donde consta que no hubo asesinato, ni torturas ni mala alimentación de parte de una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo.
Son los mismos jueces que nunca hicieron una autocrítica pública por los 702 hábeas corpus rechazados entre 1976 y 1983 ni tampoco hablaron en torno a los "chicos derivados de procedimientos antisubversivos".
Se hace indispensable pedir juicio político contra los componentes de la Cámara de Casación Penal y también para los responsables rosarinos de los tribunales federales que han trabajado para la impunidad.
por la masacre de capilla del rosario, en catamarca
Piden la detención de un represor
El 13 de mayo pasado el ex militar Eduardo Carrizo Salvadores debía presentarse a indagatoria ante la Justicia Federal de Catamarca. Rápido de reflejos, presentó un certificado médico que le permitió zafar de la inevitable detención. El represor está acusado de participar, en agosto de 1974, en el fusilamiento de 16 guerrilleros del ERP, en lo que se conoce como “Masacre de Capilla del Rosario”. Pero la enfermedad –una grave afección cardíaca que lo obligaba a quince días de reposo absoluto– era tan sólo una argucia: un día después, el ahora abogado se presentó como defensor en un juicio penal que se realiza en Jujuy. La querella pedirá hoy ante el juez federal Ricardo Moreno la detención urgente de Carrizo Salvadores, imputado por “homicidio doblemente agravado”. Según consta en el expediente, el ex militar y cuadro superior del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, fue uno de los que fusiló por la espalda, y luego de que se rindieran y entregaran sus armas, a 16 miembros de la Compañía del Monte, brazo armado del PRT, quienes habían fracasado en el copamiento de esa unidad del Ejército. La Justicia consideró a la masacre como delito de lesa humanidad y avanza lentamente sobre los responsables.
El Juzgado Federal con competencia Electoral rechazó la impugnación presentada en contra de la candidatura a diputado nacional de Jorge Folloni (foto), quien se postula por el Partido Renovador de Salta (PRS).
Jorg e Folloni
Así lo informó el viernes último el secretario electoral del Juzgado Federal Nº 1, con competencia electoral, Adolfo Aráoz Figueroa, quien señaló que la decisión se tomó en el transcurso de la semana pasada. "Se rechazó la impugnación que se había planteado en contra de la candidatura del doctor Folloni y en el mismo acto se aprobó judicialmente por parte del juez electoral, doctor Julio Leonardo Bavio, la lista presentada por el Partido Renovador tal como había sido elevada, es decir incluyendo a Folloni como candidato a diputado nacional en primer término", informo el secretario en declaraciones a FM Ya.
Hasta el viernes la decisión del magistrado no había sido apelada. Folloni había sido impugnado por los abogados Tania Kiriaco y David Leiva, integrantes de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos y de la Red de Abogados de Derechos Humanos. El 13 de mayo los letrados pidieron a la justicia electoral que Folloni fuera declarado "inhábil para competir" por "inidoneidad ética y jurídica" por haber participado de un gobierno de facto, el primero del ex capitán de navío Roberto Augusto Ulloa, entre abril de 1977 y febrero de 1983, y por estar involucrado en la causa en la que se investiga el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos.
Publicado por hijos_mardelplata@hotmail.com en 15:37

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 artículo 144