Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/513.htm
Timestamp: 2019-03-20 17:30:42+00:00

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Resultando primero. Con fecha 8 de septiembre de 2014, el Licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción II y 72 de la Constitución Política del Estado; 2º y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 46 fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentó la Iniciativa de Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.
Resultando segundo. Con la misma fecha la presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las Comisión de Seguridad Pública y Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente, mediante memorándum número 0732.
Resultando tercero. Con fecha 22 de octubre de 2014, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia aprobaron el Instrumento Legislativo en cita.
Resultando cuarto. La Comisión de Dictamen, valoró la Iniciativa en los siguientes términos:
«Se expone la necesidad de contar con un instrumento legal con el objetivo siguiente, citando al Ejecutivo en su carácter de expositor.
La presente Ley obliga en sus respectivas competencias a las autoridades estatales y municipales, a los poderes constitucionales del Estado, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral».
El expositor promueve este Decreto con la finalidad directa de establecer un marco normativo para la atención de las víctimas en el Estado de Zacatecas, contempla la creación de instituciones públicas con atribuciones específicas en el tema además de diseñar y organizar la política pública en materia en el Estado y de acuerdo con la normatividad nacional vigente.
La Iniciativa se compone de una abundante exposición de motivos de la cual se realizará glosa en el capítulo siguiente de este dictamen y un proyecto de ley que pretende funcionar como el ordenamiento legal en el Estado, sobre materia.
La exposición de motivos inicia con la mención de las reformas del Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, en especial la reforma constitucional al artículo primero del año 2011. Estas reformas conducen al ponente a situar el concepto de «victimología», como un conjunto de saberes encaminados a reconocer el estatus de víctima y ofendido de un delito y los derechos de las personas que se encuentren en esta situación, reconociendo al Estado como garante de los derechos de las víctimas del delito.
Refiere posteriormente el compromiso de la Entidad situándolo dentro de su política pública, que a continuación se cita para fines de identificación:
«[…] en atención a las estrategias contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011–2016 es que se propone la creación de una Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, mediante la cual se configura un sistema de protección a víctimas que determine claramente sus derechos, garantice el ejercicio de los mismos y les permita acceder a las medidas de atención y protección necesarias para superar los hechos sufridos».
Citando de forma complementaria el marco legal nacional e internacional, además de la legislación estatal vigente, como justificación de su consideración para la implementación de esta Ley propuesta.
Posteriormente se define en base a diversos criterios, los conceptos contemplados en la propuesta, en especial el concepto de víctima, donde el expositor realiza un detallado análisis, pasando por las definiciones del Derecho Internacional, a las interpretaciones de diversos ordenamientos, con lo que se llega a la siguiente conclusión:
«De lo anterior se desprende que la víctima en su sentido amplio supone dos casos generales: víctimas del delito y víctimas de violaciones de derechos humanos, así como dos modalidades correspondientes a cada uno de los casos generales: si se trata de una persona que ha sufrido el daño directamente en su esfera de derechos, tenemos a una víctima directa, mientras que si se trata de sus familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con ella y toda persona que de alguna forma sufra daño o peligre en su esfera de derechos por auxiliar a una víctima, son víctimas indirectas. Estas distinciones son relevantes para el propósito de definir los diversos grados de amplitud en la cobertura de los derechos judiciales o de reparación».
Este análisis detallado, permitió seguir la misma ruta de juicio, para sustentar este concepto e interpretarlo debidamente en beneficio de las personas que han sufrido los efectos del delito en su persona o en sus relaciones directas.
Finalmente la exposición de motivos, concurre con una descripción del contenido de la Ley y de sus efectos sobre la sociedad y las víctimas, de la cual desprende primordialmente la creación de fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, y la comisión ejecutiva de atención integral a víctimas, esta última encargada de la administración de dicho fondo. A través de este instrumento de la administración pública se garantizará debidamente los derechos de reparación del daño, asistencia y ayuda a las víctimas, que finalmente es el objetivo de esta Ley, proponer políticas que permitan a las víctimas retomar con su proyecto de vida.
Considerando primero. La Iniciativa se funda para efectos legales en las disposiciones de la «Ley General de Víctimas», donde se establecen las obligaciones y atribuciones en materia sobre las entidades federativas, citando el artículo 118, particularmente en su texto se lee:
«Art. 118. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:
XVII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, y…»
Estas atribuciones conferidas al Estado de Zacatecas, deben cumplirse para que se considere debidamente construida la Ley de Atención a Víctimas.
La fracción I del artículo 118 encuentra cauce en el Título Cuarto «Del Sistema Estatal de Atención a Víctimas»; el cual define un mecanismo para construir, organizar, desarrollar y evaluar acciones en la materia. Encabezado por el Ejecutivo Estatal, en él se integran dependencias del Ejecutivo, así como organismos públicos y los Poderes Legislativo y Judicial. Para la fracción XVII, es claro que esta Ley constituye la reforma principal en materia, puesto que dentro de un mismo ordenamiento legal se construye toda la política de atención integral a víctimas.
Se motiva la Iniciativa principalmente en el reconocimiento a los derechos humanos, enfocados a quienes el delito ha lesionado su proyecto de vida, su integridad e incluso su vida. El daño producido por el delito en la persona, debe ser reparado por el Estado, como un mecanismo para la reconstrucción de los tejidos sociales y el disfrute de los derechos de todas las personas. Es decir la reparación integral de la víctima, no le retira este estado, puesto que no hay manera posible, de restituir el estado en el que se encontraba la persona antes de recibir el efecto nocivo del delito, sin embargo un proceso de atención, ayuda y protección, le permitirá a estas personas recuperar un proyecto de vida, a través de la dignidad.
Dentro de la exposición de motivos, encontramos el juicio del ponente de hacer responsable al Estado de este proceso, citando al ponente en su exposición se lee:
«Por último y, no menos importante, señalamos la demanda de la sociedad que reclama legítimamente una respuesta integral que permita, a quienes han sufrido las consecuencias del delito o de violaciones a sus derechos humanos, la recuperación de su proyecto de vida y la justa reparación del menoscabo de sus bienes y derechos».
Es decir la Ley de Atención a Víctimas, no es sólo un ejercicio de aceptación de responsabilidades por parte del Estado, es un acto de justicia dentro de un marco jurídico, que integra la Constitución, los Tratados Internacionales y la legislación Nacional y local.
Motiva así mismo a esta Iniciativa, el hecho de consentir tres derechos fundamentales para las víctimas: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación integral.
Expone la Iniciativa a detalle la necesidad de converger en un mecanismo jurídico que no menoscabe ninguno de estos tres derechos, sino que sean partícipes equitativos y presentes en cada una de las etapas de este proceso.
Estos derechos están enunciados en diversas disposiciones internacionales sobre la materia, enumerados puntualmente en la exposición de motivos.
Para esta Asamblea Popular, resulta fundamental que estos derechos hayan sido considerados como el eje rector de la política de atención a víctimas.
Sobre el derecho a la verdad, citando al ponente se lee:
«El derecho a la verdad impone deberes a los Estados, como lo son recordar y preservar la memoria histórica, la preservación de archivos, la adopción de medidas necesarias para garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del Poder Judicial, además de hacer efectivo en el marco de los procesos judiciales el derecho a saber;..»
Uno de los procesos necesarios para garantizar el derecho a la verdad, es la conservación íntegra de los expedientes legales, si bien es cierto, existen disposiciones legales que penalizan a los servidores públicos que desaparezcan o alteren los expedientes ministeriales, la preservación de la memoria del delito, es un derecho de las víctimas, puesto que el daño sufrido no merece el olvido, sino por el contrario sólo la memoria histórica de los hechos particulares, permitirá establecer políticas progresivas para la prevención y la investigación de los delitos, es por ello que esta comisión, propone que esta sea una obligación de la Procuraduría expresado en términos del artículo 46, para quedar como sigue:
Art. 46. En materia de acceso a la justicia, corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado:
VII. Conservar íntegramente y en buen estado los expedientes de las víctimas, incluyendo los archivos, declaraciones, peritajes, oficios y otros documentos legales relacionados con las violaciones a los derechos humanos de las víctimas;
VIII. Proporcionar de manera gratuita la información y el expediente a las víctimas;
Esto asegura que las víctimas tendrán el acceso permanente a su expediente y a comprobar la integridad del mismo, para mantener la memoria histórica de su caso y no solamente un registro de carácter estadístico.
Asimismo, en la progresiva reivindicación de los derechos de las víctimas u ofendidos en los procesos penales consagrados en el artículo 20 de la Carta Fundamental de la Nación, la propuesta de Ley de Atención a Víctimas que se propone, reconoce de manera concreta, en sus artículos 53, 94 y 97 del dictamen, la prerrogativa de contar con asesoría jurídica durante el juicio, lo anterior permitirá armonizar el ordenamiento jurídico en estudio, con lo previsto en el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales que consagra de manera conjunta el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, ordenamiento procesal penal, que con motivo de su publicación en el Diario Oficial de la Federación en fecha 5 de marzo del año en curso, habrá de iniciar su vigencia en el Estado, por mandato de sus disposiciones transitorias.
Asimismo, el colectivo dictaminador consciente de la definición de víctima, ya que esta Ley es de interés general, adiciona disposiciones al artículo 4º ya que este instrumento debe ser claro en los puntos, donde las personas encuentren referencias, es el caso puntual de la defunción de víctima donde se ha propuesto la inserción de quien puede considerase víctima indirecta o potencial del hecho, de tal forma que puedan acceder a los derechos que la Ley les confiere. La Ley no es un instrumento único del legislador, es un documento del Gobierno hacia el pueblo, por el cual ha recibido soberanía. Es deber del primero, divulgar la Ley, es decir sin prejuicio, se puede interpretar etimológicamente como, «Darla al pueblo», por lo que se propone la siguiente redacción:
Art. 4º Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Para este efecto se consideran víctimas indirectas, los siguientes:
I. El cónyuge, la concubina o el concubinario;
II. Las hijas e hijos de la víctima;
III. Los padres de la víctima;
IV. Los dependientes económicos de la víctima.
Para este efecto se consideran víctimas potenciales, los siguientes:
V. Los testigos del delito que declaren durante el proceso penal;
VI. Los periodistas que den cobertura y difusión al hecho;
VII. Los defensores de oficio o privados de la víctima;
VIII. Los defensores de los derechos humanos que hayan conocido del delito o de las violaciones a los derechos humanos de la víctima.
Esto permitirá a todos los involucrados dentro de una violación a los derechos humanos, conocer su probable estado de víctima indirecta o directa, debido a que un delito no es un hecho que afecte solamente a quién lo ha recibido directamente, sino a toda la sociedad en conjunto y especialmente a las personas relacionadas directamente con las víctimas.
Es conocido el hecho que los agresores de las víctimas ejercerán sobre ellas, una conducta de miedo y coerción, puesto que como se ha mencionado, no hay forma de restituir completamente el estado anterior al delito, derivado de ello, las víctimas deben ser protegidas cuando su agresor ha sido puesto en libertad o se ha fugado. Motivado por el deseo de venganza, estas personas pueden reincidir en lesionar por segunda vez a las personas en su integridad, motivados por estas conductas permanentes en la naturaleza humana, se ha propuesto que las víctimas tengan derecho a saber cuándo sus agresores se encuentren en libertad. Por lo que se proponen las siguientes adiciones al artículo 8º:
Art. 8º Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los Tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
XXXV. A ser notificada previamente de la libertad del autor o autores del delito del que fue víctima;
XXXVI. A ser inmediatamente notificada y recibir la protección correspondiente, en caso de fuga del autor o autores del delito del que fue víctima.
Asimismo es fundamental asegurar que las víctimas cuenten con medidas garantes de su «Debido Proceso», y en armonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se propone en el mismo artículo 8º, el contar con los ajustes razonables necesarios, para garantizar en primer lugar la accesibilidad de las personas con discapacidad y como consecuencia «El Debido Proceso». Por lo que se propuso añadir la siguiente fracción.
XXXIII. A solicitar y recibir los ajustes razonables, al proceso, para garantizar que la información derivada del mismo le sea accesible.
Los títulos referentes a la creación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, así como la normatividad de la comisión ejecutiva, el fondo estatal y el registro estatal, coinciden y cumplen plenamente con lo dispuesto en la Ley General, solamente observa como una medida de transparencia que el Congreso Estatal sea informado anualmente del Estado que guarda el fondo.
Así mismo sobre el comisionado, como un ejercicio de transparencia, se obliga a no estar inscrito en el registro o ser beneficiario del fondo, si esto llegare a suceder deberá presentar su renuncia con carácter irrevocable.
Esta Asamblea Popular observa, que todas las políticas públicas requieren de un proceso continuo de armonización con la realidad, sin embargo para este particular considera prudente que el Ejecutivo en su calidad de principal ejecutor de esta política, pueda realizar sus competencias, de forma libre bajo los principios que él mismo ha declarado. Más sin embargo esta comisión seguirá puntualmente cada uno de los procesos de creación e instalación de las dependencias ex profeso.
Por lo que en lo general se reserva la modificación sustancial de los títulos referentes, al Sistema Estatal, la comisión ejecutiva, el registro estatal y el fondo estatal, mismos que encontrarán cauce después de la publicación del reglamento respectivo.
Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que esta Asamblea Popular aprueba el presente Instrumento Legislativo.
Considerando segundo. En sesión ordinaria del Pleno de fecha 30 de octubre del presente año, el Diputado Cliserio del Real Hernández, en la etapa de discusión en lo particular, presentó una reserva a un párrafo del apartado de consideraciones, respecto del Dictamen presentado por la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, relativo a la Iniciativa contenida en este Instrumento Legislativo, la cual fue aprobada en los términos propuestos.
Artículo primero. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia en el Estado de Zacatecas, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, la Constitución Política del Estado, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.
Esta Ley será de aplicación complementaría y en su caso supletoria a la Ley General de Víctimas.
La presente Ley obliga en sus respectivas competencias a las autoridades estatales y municipales, a los poderes constitucionales del Estado, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.
Art. 2º El objeto de esta Ley es:
II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que las autoridades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
IV. Establecer los mecanismos e instancias que emitirán las políticas para la protección de las víctimas en términos de lo previsto en la Ley General de Víctimas;
VI. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.
Art. 3º En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.
Para este efecto se consideran víctimas indirectas, entre otros, los siguientes:
III. Los padres de la víctima; y
Para este efecto se consideran víctimas potenciales, entre otros, los siguientes:
IX. Los testigos del delito que declaren durante el proceso penal;
X. Los periodistas que den cobertura y difusión al hecho;
XI. Los defensores de oficio o privados de la víctima; y
XII. Los defensores de los derechos humanos que hayan conocido del delito o de las violaciones a los derechos humanos de la víctima.
Art. 5º Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:
En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.
Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.
Enfoque diferencial y especializado. Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.
Igualdad y no discriminación. En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidad, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.
Transparencia. Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.
Empoderamiento y reintegración. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las víctimas estarán orientadas a fortalecer su independencia, autodeterminación y desarrollo personal para que puedan lograr su completa recuperación, asumir el pleno ejercicio de sus derechos y retomar su proyecto de vida.
Factibilidad. Las Instituciones sujetas a esta Ley, están obligadas al diseño de políticas públicas y estrategias operativas viables, sustentables y de alcance definido en tiempo, espacio y previsión de recursos presupuestales, que permitan la articulación e implementación de esta Ley en forma armónica y garanticen la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas.
I. Asesor jurídico: asesor jurídico de atención a víctimas;
II. Asesoría jurídica: asesoría jurídica estatal de atención a víctimas;
III. Comisión ejecutiva: comisión ejecutiva de atención integral a víctimas;
IV. Compensación: erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;
V. Daño: muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten;
VI. Delito: acto u omisión que sancionan las leyes penales;
VII. Fondo: fondo de ayuda, asistencia y reparación integral;
VIII. Hecho victimizante: actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte;
IX. Ley: Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas;
X. Plan: plan anual integral de atención a víctimas;
XI. Programa: programa de atención integral a víctimas;
XII. Procedimiento: procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;
XIII. Registro estatal: registro estatal de víctimas;
XIV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas;
XV. Sistema: Sistema Estatal de Atención a Víctimas;
XVI. Víctima: persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito;
XVII. Víctima potencial: las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito;
XVIII. Violación de derechos humanos: todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.
Art. 7º El Estado garantizará en todo momento los recursos necesarios para la implementación de la presente Ley, con el objetivo de permitir el fortalecimiento institucional, el capital humano, los recursos técnicos, materiales y otros que resulten necesarios.
VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima o del ejercicio de sus derechos;
XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al registro estatal y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten;
XXXIII. A solicitar y recibir los ajustes razonables, al proceso, para garantizar que la información derivada del mismo le sea accesible;
XXXIV. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;
XXXV. A ser notificada previamente de la libertad del autor o autores del delito del fue víctima;
XXXVI. A ser inmediatamente notificada y recibir la protección correspondiente, en caso de fuga del autor o autores del delito del que fue víctima; y
XXXVII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, La Ley General de Víctimas, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial.
De los derechos en particular de las víctimas
Art. 9º Las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, gozarán de los derechos de ayuda, asistencia, atención, de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral, en los términos que establece el Título Segundo de la Ley General de Víctimas.
De las medidas de ayuda, asistencia
y protección a las víctimas
Art. 10. Las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, gozarán de las medidas de ayuda inmediata, de alojamiento, alimentación, transporte, protección física a cargo de la autoridad, asesoría jurídica, asistencia, atención, económicas, de desarrollo, de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, de restitución, rehabilitación física, médica y psicológica; compensación, satisfacción y de no repetición, que se establecen en los Títulos Tercero, Cuarto y Quinto de la Ley General de Víctimas.
De considerarse necesario estas medidas incluirán cambio de identidad, de residencia, medidas que propicien la reintegración familiar y la reconstrucción del proyecto de vida.
Art. 11. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas será la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos Estatal y municipal.
El Sistema Estatal de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas del Estado y sus municipios, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas, a que se refiere el capítulo II del presente Título.
Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una comisión ejecutiva de atención integral a víctimas, quien conocerá y resolverá los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley.
La comisión ejecutiva tiene la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
Art. 12. El Gobierno del Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los sectores social y privado, deberán coordinarse para establecer los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de los servicios en materia de protección, ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a víctimas, previstos en esta Ley.
Art. 13. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:
I. Promover la coordinación y colaboración entre las instituciones, entidades públicas, estatales y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;
III. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la comisión ejecutiva;
XIII. Proponer programas de cooperación en materia de atención a víctimas;
XV. Promover la creación de refugios, albergues, casas de medio camino o cualquier otro similar para prestar auxilio, asistencia y protección a las víctimas;
XVI. Fomentar la participación de la sociedad civil y sus organizaciones, en materia de prevención y denuncia;
XVII. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
XVIII. Promover la uniformidad de criterios jurídicos; y
Integración del Sistema Estatal de Atención a Víctimas
Art. 14. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas estará integrado por las instituciones, entidades, organismos y demás participantes, aquí enumerados:
d) El Secretario de Seguridad Pública;
f) El Secretario de Finanzas; y
g) El Director de los Servicios de Salud;
a) El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia de la Legislatura del Estado;
a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
a) El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas; y
b) Un representante de organismos públicos de protección de los derechos humanos del Estado;
V. El titular de la comisión ejecutiva de atención integral a víctimas.
Art. 15. Los integrantes del Sistema se reunirán en pleno o en comisiones las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta Ley.
El pleno se reunirá por lo menos una vez cada cuatro meses a convocatoria de su presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cada que una situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones, salvo el caso del Procurador General de Justicia quien podrá ser suplido por el subprocurador de derechos humanos y atención a víctimas.
El presidente del Sistema será suplido en sus ausencias por el Secretario General de Gobierno. Los integrantes del Sistema deberán asistir personalmente.
Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas o las demás instituciones nacionales o extranjeras, que por acuerdo de la comisión ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.
De la estructura operativa del Sistema
Estatal de Atención a Víctimas
Art. 16. La comisión ejecutiva de atención integral a víctimas es el órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, tiene el carácter de órgano desconcentrado de la Secretaría General del Gobierno, con autonomía técnica y de gestión.
De la comisión ejecutiva depende el fondo, la asesoría jurídica y el registro estatal.
A fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, garantías, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley, el Gobierno del Estado contará con un fondo, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, los cuales operarán a través de las instancias correspondientes, para la atención a víctimas en los términos dispuestos por esta Ley.
Art. 17. La comisión ejecutiva estará a cargo de un comisionado nombrado por el Gobernador del Estado, mismo que deberá ser ratificado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura del Estado.
Art. 18. Para ser comisionado ejecutivo se requiere:
III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley;
IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación; y
V. No estar inscrito en el registro estatal de víctimas.
Art. 19. El comisionado ejecutivo se desempeñará en su cargo por tres años, y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
Art. 20. La comisión ejecutiva tendrá las siguientes funciones y facultades:
XI. Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del registro estatal, y de la asesoría jurídica;
XII. Establecer las directrices para alimentar de información los registros nacional y estatal de víctimas. La comisión ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;
XVIII. Proponer el nombramiento de los titulares del fondo, la asesoría jurídica y el registro estatal;
XX. Formular propuestas de política integral de prevención de violaciones a derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
XXII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema, cuidando la debida representación de todos sus integrantes y especialmente de las áreas, instituciones, grupos de víctimas u organizaciones que se requieran para el tratamiento de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y los de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y delegación;
XXV. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas en el Estado de Zacatecas;
XXVI. Crear una plataforma que permita integrar, desarrollar y consolidar la información sobre las víctimas a nivel estatal a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de las víctimas para la prevención del delito y de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la verdad, justicia y reparación integral con el fin de llevar a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, acciones y responsabilidades establecidas en esta Ley.
La comisión ejecutiva dictará los lineamientos para la transmisión de información de las instituciones que forman parte del Sistema, cuidando la confidencialidad de la información pero permitiendo que pueda haber un seguimiento y revisión de los casos que lo lleguen a requerir;
XXVII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al registro estatal;
XXVIII. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos de actuación para la prevención, atención e investigación de delitos o violaciones a los derechos humanos. Estos protocolos, así como los manuales, lineamientos y de más acciones, deberán adecuarse a los protocolos generales emitidos por la Federación;
XXXI. Realizar diagnósticos estatales que permitan evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia, derecho a la verdad y reparación integral del daño;
XXXII. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades del Estado y sus municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas cuando requieran acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de tal manera que sea disponible y efectiva;
XXXV. Recibir y evaluar los informes rendidos por el titular del fondo, de la asesoría jurídica, así como el programa y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia; y
Art. 21. La comisión ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con las entidades e instituciones federales así como con las entidades e instituciones homólogas estatales y del Distrito Federal, incluidos los organismos autónomos de protección de los derechos humanos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema.
Art. 22. En los casos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos cometidos contra un grupo de víctimas, las organizaciones no gubernamentales, los poderes ejecutivos y legislativos de las entidades federativas, el Congreso de la Unión, los municipios, o cualquier otra institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos podrán proponer el establecimiento de programas emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral de las víctimas.
Art. 23. Los diagnósticos que elabore la comisión ejecutiva deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten en determinada región o municipio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria, entre otros.
Art. 24. La comisión ejecutiva podrá convocar a la integración de comités especiales que les permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales que respondan a la realidad local.
Estos comités generarán diagnósticos situacionales precisos que les permita evaluar las leyes, políticas públicas o acciones estatales que impidan un acceso efectivo de las víctimas a la atención, asistencia, protección, justicia, verdad o reparación integral. Evaluarán también las políticas de prevención sobre la situación concreta que se evalúa desde una visión de seguridad ciudadana y humana.
Art. 25. El comisionado ejecutivo tendrá las siguientes facultades:
II. Crear los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la comisión ejecutiva;
III. Notificar a los integrantes del Sistema los acuerdos asumidos y dar seguimiento a los mismos a través de las sesiones que se celebren;
IV. Coordinar las funciones del registro estatal, mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para implementar y vigilar el debido funcionamiento de dicho registro estatal;
V. Rendir cuentas a la Legislatura del Estado, cuando sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la comisión ejecutiva, al registro estatal y al fondo;
VI. Presentar anualmente un estado financiero sobre el fondo estatal, ante el Poder Legislativo del Estado, en comparecencia pública;
IX. Proponer a los integrantes del Sistema los convenios de colaboración o la contratación de expertos que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;
X. Realizar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que corresponda a la comisión ejecutiva;
XII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la comisión ejecutiva; y
Art. 26. El registro estatal de víctimas, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley.
El registro estatal constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.
El registro estatal será una unidad administrativa de la comisión ejecutiva y contará con un titular designado por el comisionado ejecutivo.
El registro estatal es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel estatal, e inscribir los datos de las víctimas de delitos del fuero común y de violaciones a derechos humanos en el Estado.
El comisionado ejecutivo estará obligado a intercambiar con la Federación, los Estado y el Distrito Federal, así como sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del registro estatal nacional.
El comisionado ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el registro estatal, incluida aquella contenida en el registro.
Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el registro estatal.
Art. 27. El registro estatal será integrado por las siguientes fuentes:
I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la comisión ejecutiva;
II. Las solicitudes de ingreso que presenten cualquiera de las autoridades y particulares señalados en el artículo 29 de esta Ley, como responsables de ingresar el nombre de las víctimas del delito o de violación de derechos humanos al Sistema; y
III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal o municipal, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación.
Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas y que posean actualmente registros de víctimas, pondrán a disposición del registro estatal la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.
En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital al registro estatal. En caso que estos soportes no existan, las entidades a que se refiere este artículo certificarán dicha circunstancia.
Dichas entidades serán responsables por el contenido de la información que transmiten al registro estatal.
Art. 28. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma totalmente gratuita ante la comisión ejecutiva. Las solicitudes derivadas de delitos federales o de violaciones donde participen autoridades federales, deberán ser presentadas a la comisión ejecutiva de atención a víctimas del orden federal.
Los mexicanos domiciliados en el exterior, podrán presentar la incorporación de datos al registro estatal ante la Embajada o Consulado del país donde se encuentren. En los países en que no exista representación del Estado Mexicano, podrán acudir al país más cercano que cuente con sede diplomática.
La información que acompaña la incorporación de datos al registro estatal se consignará en el formato único de declaración diseñado por la comisión ejecutiva y su utilización será obligatoria por parte de las autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El formato único de incorporación al registro estatal deberá ser accesible a toda persona y de uso simplificado y buscará recoger la información necesaria para que la víctima pueda acceder plenamente a todos sus derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente Ley.
La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al registro estatal. Para acceder a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente en cumplimiento de las disposiciones del capítulo III del presente Título.
El ingreso al registro estatal podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa por la víctima, o a través de representante que, además de cumplir con las disposiciones aplicables, esté debidamente inscrito en el padrón de representantes que al efecto establezca la comisión ejecutiva, conforme a lo que se determine en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Art. 29. Para que la comisión ejecutiva proceda a la inscripción de datos de la víctima en el registro estatal se deberá, como mínimo, tener la siguiente información:
II. En su caso, el nombre completo, cargo y firma del servidor público de la entidad que recibió la solicitud de inscripción de datos al registro estatal y el sello de la dependencia;
V. El funcionario que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que sea emitida; y
VI. Los datos de contacto de la persona que solicita el registro, y la información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso que el ingreso lo solicite un servidor público deberá detallarse nombre, cargo y dependencia o institución a la que pertenece.
En el caso de faltar información, la comisión ejecutiva pedirá a la entidad que tramitó inicialmente la inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en forma directa al registro estatal o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.
Art. 30. Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de ingreso al registro estatal:
I. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el registro estatal sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y respetuosa;
II. Para las solicitudes de ingreso en el registro estatal tomadas en forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado por la comisión ejecutiva;
IV. Remitir a la comisión ejecutiva el original de las declaraciones tomadas en forma directa, el siguiente día hábil a la toma de la declaración;
X. Entregar una copia o recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud; y
Art. 31. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al registro estatal, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.
Para mejor proveer, la comisión ejecutiva, podrá solicitar la información que consideren necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.
Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante la comisión ejecutiva. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.
II. Exista una determinación de las Comisiones Nacional o Estatal de los Derechos Humanos en esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;
IV. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia; y
Art. 32. La víctima tendrá derecho, además, a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea un tercero quien solicite el ingreso, deberá notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo.
Art. 33. Se podrá cancelar la inscripción en el registro estatal cuando, después de realizada la valoración contemplada en el artículo 31, incluido haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la comisión ejecutiva encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.
La decisión que cancela el ingreso en el registro estatal deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse, o a quien haya solicitado la inscripción con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideración de la decisión ante la comisión ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento de la presente Ley.
Art. 34. La información sistematizada en el registro estatal incluirá:
VII. La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima; y
Art. 35. La comisión ejecutiva elaborará un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el registro estatal.
Ingreso de la víctima al registro estatal
Art. 36. El ingreso de la víctima al registro estatal se hará por la denuncia, la queja, o la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.
Art. 37. Toda autoridad que tenga contacto con la víctima, estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración. El Ministerio Público, los defensores públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado no podrán negarse a recibir dicha declaración.
V. Defensoría pública; y
Art. 38. Una vez recibida la denuncia, queja o noticia de hechos, deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de veinticuatro horas.
Art. 39. Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al registro estatal, aportando con ello los elementos que tenga.
Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al registro estatal por sí misma o a través de sus representantes.
En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades mencionadas en el artículo 29.
Art. 40. El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realizará por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:
III. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia; y
IV. La comisión ejecutiva que podrá tomar en consideración las determinaciones de:
c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos; o
Art. 41. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:
I. El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias; y
II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el Juez de la Causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspenda todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.
Al reconocerse su calidad de víctima, ésta podrá acceder a los recursos del fondo y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el reglamento.
El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el reglamento correspondiente.
Art. 42. El Sistema Estatal de Atención a Víctimas garantizará los servicios de ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de los extranjeros que hayan sido víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en Zacatecas, con apoyo de las Embajadas y Consulados Mexicanos existentes en el país donde la víctima retorne.
Art. 43. Los distintos órdenes de gobierno, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley de conformidad con las competencias previstas en la Ley General de Víctimas, el presente Ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.
Art. 44. Las instancias públicas estatales en materia de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud, educación, dentro de su ámbito de competencia, deberán:
VIII. Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento de violaciones a derechos humanos;
IX. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de violaciones a derechos humanos, proporcionando la información que sea requerida por la misma; y
Art. 45. Corresponde al Gobernador del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y los ordenamientos locales aplicables en la materia:
I. Promover la formación y especialización de agentes de la policía ministerial investigadora, Agentes del Ministerio Público, peritos y de todo el personal encargado de la procuración de justicia en materia de derechos humanos;
IX. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las víctimas y garantizar la seguridad de quienes denuncian;
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; y
XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, y las normas reglamentarias aplicables.
Art. 47. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley las atribuciones siguientes:
III. Promover, en coordinación con el Gobierno del Estado, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;
VI. Apoyar la creación de refugios, albergues y casas de medio camino seguros para las víctimas;
VII. Velar que en todo momento se proporcione protección y asistencia de emergencia a víctimas, hasta que hagan del conocimiento a la autoridad competente del hecho delictivo;
VIII. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;
X. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la Ley u otros ordenamientos legales aplicables.
Art. 48. Todos los servidores públicos, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los siguientes deberes:
II. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones reconocidas en esta Ley, en cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 5º de la presente Ley;
VI. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima en los términos del artículo 5º de la presente Ley;
XI. Ingresar a la víctima al registro estatal, cuando así lo imponga su competencia;
XIX. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole; y
Art. 49. Todo particular que ejerza funciones públicas en virtud de mecanismos de concesión, permiso, contratación o cualquier otro medio idóneo, estará sujeto a los deberes antes detallados, con los alcances y limitaciones del ámbito de su competencia. Las obligaciones regirán desde el primer momento en que tenga contacto con la víctima en cumplimento de las medidas a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas.
Art. 50. Toda alteración en los registros o informes generará responsabilidad disciplinaria por quien lo refrende o autorice, asimismo generará responsabilidad subsidiaria de su superior jerárquico. Ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que se generen.
Art. 51. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente Ordenamiento, lo siguiente:
IV. Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y sus bienes, cuando sea necesario;
X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación.
Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia; y
Art. 52. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial del Estado:
X. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso; y
Art. 53. Corresponde al asesor jurídico de atención a víctimas:
VI. Informar y asesorar a la víctima sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos, y velar por que las mismas se realicen en estricto respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad; y
VII. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el asesor jurídico considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público.
De los funcionarios de la Comisión de
Art. 54. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en el ámbito de su competencia, deberán:
IV. Respeta r, en el marco de sus investigaciones, los protocolos internacionales para documentación de casos de presuntas violaciones de derechos humanos;
VII. Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que de manera eficaz y oportuna, se busque fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales por graves violaciones a derechos humanos; y
Art. 55. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las disposiciones específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, a los miembros de las policías estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, les corresponde:
IV. Colaborar con el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de Justicia del Estado y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas;
V. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en concordancia con el artículo 5º de la presente Ley;
VI. Garantizar la protección física de la víctima;
VII. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los derechos humanos; y
VIII. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme su competencia.
Art. 56. A la víctima corresponde:
III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así se lo solicite, y por el lapso que se determine necesario; y
Art. 57. Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar que la misma haga uso de los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto implique ausentismo.
Art. 58. El fondo tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Art. 59. Para ser beneficiarios del apoyo del fondo, además de los requisitos que al efecto establezca esta Ley y su reglamento, las víctimas deberán estar inscritas en el registro estatal a efecto de que la comisión ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.
Art. 60. El fondo se conformará con:
I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso;
II. El monto que apruebe anualmente la Legislatura del Estado será de 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos del Estado;
III. El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya cubierto la compensación, en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales;
IV. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad, en la proporción que la comisión ejecutiva convenga con el Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia del Estado;
V. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas;
VI. Las aportaciones que a este fin hagan en efectivo o en especie las personas físicas o morales de carácter público, privado o social nacionales o extranjeros de manera altruista;
VII. Los rendimientos que generen los recursos que obren en el fondo;
VIII. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley; y
IX. Los demás recursos que se determinen en las disposiciones aplicables.
La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de la víctima y los de esta Ley se hará de manera complementaria, a fin de evitar su duplicidad. El acceso a los recursos a favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.
Art. 61. El fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de los diversos gravámenes a que puedan estar sujetas las operaciones que se realicen por el fondo.
Art. 62. La comisión ejecutiva deberá emitir las disposiciones necesarias para el funcionamiento del fondo, las cuales se regirán por lo establecido en esta Ley.
Art. 63. Cuando la situación lo amerite, y por decisión de la comisión ejecutiva, se podrá crear un fondo de emergencia para los apoyos establecidos en el Título Tercero de esta Ley, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del fondo por un tiempo determinado.
Art. 64. El fondo será administrado por la comisión ejecutiva siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.
Art. 65. Los recursos del fondo serán administrados y operados por medio de un fideicomiso público.
Art. 66. El titular del fondo deberá:
III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas al comisionado ejecutivo; y
Art. 67. Los recursos del fondo se aplicarán también para otorgar a la víctima los apoyos a que se refieren los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas, y, en los casos de víctimas de delitos o de violación a derechos humanos, a la medida de compensación, en los términos de esta Ley y conforme al reglamento respectivo.
La comisión ejecutiva determinará el apoyo o asistencia que corresponda otorgar a la víctima de los recursos del fondo incluida la compensación, previo dictamen que al respecto emita un comité evaluador integrado por el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Finanzas y el Procurador de la Justicia.
Art. 68. El fondo será fiscalizado anualmente por la Legislatura del Estado, a través de la Auditoría Superior del Estado, quien deberá presentar anualmente un informe sobre la fiscalización del fondo a la comisión de vigilancia y ésta a su vez al Pleno Legislativo.
Art. 69. El Gobierno del Estado se subrogará en los derechos de las víctimas para cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor con cargo al fondo.
Para tal efecto, se aportarán al Gobierno del Estado los elementos de prueba necesarios para el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.
El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos probatorios señalados en el párrafo anterior, en los momentos procesales oportunos, a fin de garantizar que sean valorados por el juzgador al momento de dictar sentencia, misma que deberá prever de manera expresa la subrogación a favor del Gobierno del Estado en el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.
En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado.
Art. 70. El Gobierno del Estado ejercerá el procedimiento económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones que resulten aplicables.
Art. 71. El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de asignación de recursos del fondo.
Art. 72. Para acceder a los recursos del fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante la comisión ejecutiva de conformidad con lo señalado por esta Ley y su reglamento.
Quien reciba la solicitud la remitirá a la comisión ejecutiva en un plazo que no podrá exceder los dos días hábiles.
Las determinaciones de la comisión ejecutiva respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas. Contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo.
Art. 73. En cuanto reciba una solicitud, la comisión ejecutiva la turnará a los integrantes del comité evaluador señalado en el artículo 67, junto con el expediente que servirá de base para que se determine el apoyo o ayuda que requiera la víctima.
Art. 74. El expediente a que se refiere el artículo anterior deberá contener como mínimo:
III. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos; y
Art. 75. En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberá agregarse además:
I. Estudio de trabajo social elaborado por la comisión ejecutiva en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas de la victimización;
III. Dictamen psicológico en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima; y
IV. Propuesta de resolución que se propone donde se justifique y argumente jurídicamente la necesidad de dicha ayuda.
La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad de la comisión ejecutiva lograr la integración de la carpeta respectiva.
Art. 76. Recibida la solicitud, ésta pasará a evaluación del comité evaluador con los documentos señalados en el artículo anterior, a efecto de que analice, valore y concrete las medidas que se otorgarán en cada caso.
La comisión ejecutiva deberá integrar el expediente completo en un plazo no mayor a veinte días hábiles y resolver, con base al dictamen del comité evaluador, la procedencia de la solicitud.
Art. 77. Las solicitudes para acceder a los recursos del fondo en materia de reparación serán procedentes siempre que la víctima:
I. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos, así como el monto a pagar y otras formas de reparación;
III. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del Juez de la Causa Penal o con otro medio fehaciente; y
Art. 78. Las solicitudes que se presenten en términos de este capítulo se atenderán considerando:
IV. El número y la edad de los dependientes económicos; y
Art. 79. Si el Estado no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de compensación, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la comisión ejecutiva, deberá justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor, o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.
Art. 80. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de protección de los derechos humanos, ésta deberá ser realizada por la comisión ejecutiva. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, esta comisión procederá a su documentación e integración del expediente conforme lo señalan los artículos 73, 76 y 77.
Art. 81. Cuando parte del daño sufrido se explique a consecuencia del actuar u omitir de la víctima, dicha conducta podrá ser tenida en cuenta al momento de determinar la indemnización.
Art. 82. Cuando el daño haya sido causado por más de un agente y no sea posible identificar la exacta participación de cada uno de ellos, se establecerá una responsabilidad subsidiaria frente a la víctima, y se distribuirá el monto del pago de la indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes previo acuerdo de la comisión ejecutiva.
Art. 83. Las medidas de ayuda y asistencia podrán ser de diversa índole, en cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su reglamento. La reparación integral deberá cubrirse mediante moneda nacional, con la excepción de que se podrá pagar en especie de acuerdo a la resolución dictada por la comisión ejecutiva.
Art. 84. La comisión ejecutiva tendrá facultades para cubrir las necesidades en términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a través de los programas gubernamentales federales, estatales o municipales con que se cuente.
Art. 85. Cuando proceda el pago de la reparación, el fondo registrará el fallo judicial que lo motivó y el monto de la indemnización, que será de consulta pública.
De la capacitación, formación,
Art. 86. Los integrantes del Sistema que tengan contacto con la víctima en cumplimento de medidas de atención, asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberán incluir dentro de sus programas contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por esta Ley; así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la Constitución y Tratados Internacionales, protocolos específicos y demás instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Art. 87. Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y reconocimiento de servidores públicos que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a derechos humanos.
Art. 88. El Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses deberá capacitar a sus funcionarios y empleados con el objeto de que la víctima reciba atención especializada de acuerdo al tipo de victimización sufrido, y tenga expeditos los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Art. 89. Los institutos y academias que sean responsables de la capacitación, formación, actualización y especialización de los servidores públicos ministeriales, policiales y periciales, estatales y municipales, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los programas rectores de profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineamientos mínimos impuestos por el presente capítulo de esta Ley.
Art. 90. La Comisión de Derechos Humanos del Estado deberá coordinarse con las instituciones públicas de protección de los derechos humanos de otras entidades federativas para cumplir cabalmente las atribuciones a ella referidas.
Dicha institución deberá realizar sus labores prioritariamente enfocadas a que la asistencia, apoyo, asesoramiento y seguimiento sea eficaz y permita un ejercicio real de los derechos de las víctimas.
Art. 91. Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las víctimas formación, capacitación y orientación ocupacional.
Para el cumplimiento de lo descrito se aplicarán los programas existentes en los distintos órdenes de gobierno al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores, derechos y garantías detallados en la misma.
Cuando en el Gobierno del Estado, no cuente con el soporte necesario para el cumplimiento de las obligaciones aquí referidas, deberá crear los programas y planes específicos.
Art. 92. Se crea en la comisión ejecutiva, la asesoría jurídica estatal de atención a víctimas, área especializada en asesoría jurídica para víctimas con independencia técnica y operativa.
Art. 93. La asesoría jurídica estará integrada por asesores jurídicos de atención a víctimas y profesionistas de las disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.
Contará con un director y las unidades administrativas que se requieran para el desempeño de sus funciones, en los términos que señalen las normas reglamentarias aplicables.
Art. 94. La asesoría jurídica tiene a su cargo las siguientes funciones:
III. Seleccionar y capacitar a los servidores públicos adscritos a la asesoría jurídica;
IV. Designar por cada Distrito Judicial cuando menos a un asesor jurídico y al personal de auxilio necesario;
V. Celebrar convenios de coordinación con todos aquellos que pueden coadyuvar en la defensa de los derechos de las víctimas; y
Art. 95. La víctima tendrá derecho a nombrar un asesor jurídico el cual elegirá libremente desde el momento de su ingreso al registro estatal. En caso de no contar con abogado particular, la comisión ejecutiva deberá nombrarle uno a través de la asesoría jurídica.
El servicio de la asesoría jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que no puedan contratar a un abogado particular y en especial a:
IV. Los indígenas; y
Art. 96. Los asesores jurídicos de atención a víctimas tendrán las funciones siguientes:
III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera en materia penal y de derechos humanos;
IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el asesor jurídico de las víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público; y
Art. 97. Para ingresar y permanecer como asesor jurídico se requiere:
II. Ser Licenciado en Derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente, con una antigüedad no menor a 5 años;
III. Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes; y
Art. 98. El asesor jurídico será asignado inmediatamente por la comisión ejecutiva, sin más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna institución, organismo de derechos humanos u organización de la sociedad civil.
Art. 99. El servicio civil de carrera para los asesores jurídicos, comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Este servicio civil de carrera se regirá por las disposiciones establecidas en las disposiciones reglamentarias aplicables.
Art. 100. El director, los asesores jurídicos y el personal técnico de la asesoría jurídica serán considerados servidores públicos de confianza.
Art. 101. El director de la asesoría jurídica, será designado por la comisión ejecutiva previo dictamen del comité evaluador a que se refiere el artículo 67.
Art. 102. El director de la asesoría jurídica deberá reunir para su designación, los requisitos siguientes:
II. Acreditar experiencia en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de cinco años computada al día de su designación; y
Art. 103. El director de la asesoría jurídica tendrá las atribuciones siguientes:
I. Fijar la política y las acciones relacionadas con la asesoría jurídica;
II. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del nivel profesional de los asesores jurídicos, e igualmente se proporcione a la asesoría jurídica asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lo requiera;
III. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de asesoría jurídica;
V. Aprobar, conjuntamente con la comisión ejecutiva, los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los asesores jurídicos de atención a víctimas;
VI. Aprobar, conjuntamente con la comisión ejecutiva, las bases generales de organización y funcionamiento de la asesoría jurídica;
VIII. Elaborar el plan anual de capacitación y estímulos de la asesoría jurídica;
IX. Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de asesoría jurídica de las víctimas que se presten;
X. Conocer de las quejas que se presenten contra los asesores jurídicos y, en su caso, investigar su probable responsabilidad;
XI. Proponer a la comisión ejecutiva, las sanciones y correcciones disciplinarias que se deban imponer a los asesores jurídicos;
XII. Promover y fortalecer las relaciones de la asesoría jurídica con las instituciones públicas, sociales y privadas que por la naturaleza de sus funciones, puedan colaborar al cumplimiento de sus atribuciones y de manera preponderante con las asesorías jurídicas de atención a víctimas de otras entidades federativas;
XIII. Proponer a la comisión ejecutiva el programa de difusión de sus servicios;
XIV. Presentar a la comisión ejecutiva un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno de los asesores jurídicos que pertenezcan a la asesoría jurídica, el cual deberá ser publicado; y
XV. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.
Art. 2º Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.
Art. 3º El reglamento de la presente Ley deberá expedirse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Ley entre en vigor.
Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 30 días del mes de octubre del año 2014. Presidenta: Dip. Susana Rodríguez Márquez; Secretarios: Dip. Ma. Elena Nava Martínez y Dip. Mario Cervantes González. Rúbricas.
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 21 día del mes de noviembre del año 2014.
El Director General de los Servicios de Salud
del Estado de Zacatecas [SSZ]
Humanos del Estado de Zacatecas
216 100 13-diciembre-2014 14-diciembre-2014 LXI
Último cotejo de vigencia: febrero de 2015.

References: artículo 118
 artículo 118
 artículo 46
 artículo 20
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 artículo 67
 resolución 
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