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Timestamp: 2018-11-17 15:52:36+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2014-00355/3310-2015 DE SEPTIEMBRE 8 DE 2017
SENTENCIA 2014-00355 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN MORATORIA ESTÁ SOMETIDA AL FENÓMENO DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL. CABE SEÑALAR QUE COMO NO PUEDE HABER SIMULTANEIDAD O CONCURRENCIA DE UNA Y OTRA DE LAS INDEMNIZACIONES MORATORIAS, ES DECIR, LAS QUE SE PRODUCEN A CAUSA DE LA MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS ANUALIZADAS Y LAS QUE SURGEN DE LA MORA EN EL PAGO DE LAS DEFINITIVAS. ES POR ELLO QUE LA SANCIÓN O INDEMNIZACIÓN MORATORIA SI ESTÁ SOMETIDA AL FENÓMENO DE PRESCRIPCIÓN TRIENAL Y LA NORMA APLICABLE PARA ESE EFECTO, ES EL ARTÍCULO 151 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL. ASÍ LAS COSAS, SE ESTABLECE QUE LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL PROCEDE LA RECLAMACIÓN DE LA SANCIÓN POR LA MORA EN LA CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS ANUALIZADAS, ES EL MOMENTO MISMO EN QUE SE PRODUCE LA MORA, ES DECIR, DESDE EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN QUE SE DEBIÓ REALIZAR EL PAGO. DE IGUAL FORMA, LA FECHA HASTA LA CUAL CORRE LA MORA, PRODUCTO DEL INCUMPLIMIENTO EN LA CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS ANUALIZADAS, ES AQUELLA EN QUE SE PRODUCE LA DESVINCULACIÓN DEL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIO DE CESANTÍAS, CESANTÍAS, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, PRESCRIPCIÓN, PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA, INDEMNIZACIÓN MORATORIA LABORAL
Sentencia 2014-00355 de septiembre 8 de 2017
Rad.: 08001233300020140035501.-
Interno: 3310-2015
Actor: Filberto Franco Núñez
Demandados: Departamento del Atlántico, Contraloría General del Atlántico.-
Establecer si en el caso concreto, con ocasión de la nivelación salarial efectuada por la Contraloría General del Departamento del Atlántico, se tiene que solo existió un pago parcial del auxilio de cesantías al demandante y en consecuencia, es dable el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las leyes 50 de 1990(29) y 244 de 1995(30).
Para resolver la controversia planteada, se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) de las características y diferencias entre la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y la Ley 244 de 1995; y ii) solución del caso.
De las características de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y la consagrada en la Ley 244 de 1995.
i) De la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 para el régimen anualizado de cesantías.
ART. 1º—El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
PAR.—Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998”. (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
El nuevo sistema de liquidación contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990(34), señalados expresamente por el Decreto Reglamentario 1582 de 1998(35), previó la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo en el evento en que el empleador incumpla la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor correspondiente a la liquidación del auxilio anual (31 de diciembre) definitiva de cesantía por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior, en los siguientes términos:
Los préstamos de vivienda que el empleador otorgue al trabajador podrán ser garantizados con la pignoración del saldo que este último tuviere en el respectivo fondo de cesantía, sin que el valor de la garantía exceda al del préstamo. (...)”.
Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, tuvo la necesidad de unificar frente a estas normas, diferentes posiciones que se daban en la aplicación de las mismas, esto es, en lo concerniente al régimen anualizado del auxilio de cesantías, mediante la sentencia CE-SUJ2 Nº 004 de 2016(36), en la cual se analizó que la exigibilidad de la sanción que se genera por la omisión del deber legal de consignar oportunamente las cesantías, opera a partir del incumplimiento del término para la consignación. Señala lo siguiente:
“[...] De acuerdo con lo previsto en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el legislador impuso al empleador una fecha precisa para que consigne las cesantías anualizadas de sus empleados, esto es, el 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causaron, y precisa que “el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo”.
Por ende, es a partir de que se causa la obligación -sanción moratoria- cuando se hace exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea en forma parcial. [...]”.
Para pronunciarse sobre la prescripción de la sanción moratoria, diferenció ésta de la cesantía, al señalar que la cesantía es una prestación social y ante el incumplimiento de un deber legal, se genera la sanción en cabeza del empleador. Dice la sentencia:
“[...] Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del empleador que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios(37) a la prestación “cesantías”.
Como hacen parte del derecho sancionador(38) y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151, que es del siguiente tenor:
“ART. 151.—Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.” [...]”.
Igualmente, se encargó de revisar las posibles situaciones que se dan frente al pago al empleado público con ocasión de la finalización de la relación laboral, así:
“[...] en principio se indica como fecha final de reconocimiento de la indemnización moratoria por la inoportuna consignación de las cesantías anualizadas aquella en que se produce el retiro del servicio, también lo es que en párrafo posterior se sostiene que tal sanción por mora cesa cuando empieza a pagarse la moratoria derivada de la Ley 244 de 1995, es decir, la sanción por la inoportuna consignación de las cesantías definitivas.
Y como no puede haber simultaneidad o concurrencia de una y otra de las indemnizaciones moratorias, es decir, las que se producen a causa de la mora en la consignación de las cesantías anualizadas y las que surgen de la mora en el pago de las definitivas, deberá tomarse como límite final la fecha de la desvinculación del servicio, para efecto de la causación de la mora en el pago de las cesantías definitivas, acogiendo la primera postura planteada. [...]”.
Finalmente, en su ratio decidendi concluyó las siguientes reglas:
• “La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
• La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la sanción por la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago.
• La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la desvinculación del servicio.
• El salario a tener en cuenta para la liquidación de la sanción es el que devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se genera un nuevo periodo de mora”.
De lo visto, la Sala reitera que la sanción moratoria se hace exigible a partir del momento en que el empleador incumple el deber de consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente (sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo), en cuenta individual del trabajador antes del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó la prestación social.
En atención a la importancia del auxilio de cesantías el legislador estableció por medio de la Ley 244 de 1995(39), la obligación de la entidad de empleadora la obligación de liquidación y reconocimiento de la prestación social en el evento en que el servidor público llegare a quedar cesante, con la finalidad de que atienda sus necesidades básicas (cesantías definitivas); o durante la vigencia del vínculo laboral (cesantías parciales), siempre que se cumplan determinados requisitos para su reconocimiento relacionados con educación, mejoramiento o compra de vivienda.
La Ley 244 de 1995 fue modificada por la Ley 1071 de 2006(40), cuyo objeto fue la reglamentación del reconocimiento de cesantías definitivas o parciales para los trabajadores y servidores del Estado. Igualmente, la adicionó para señalar que los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios(41) podrán solicitar el retiro parcial de sus cesantías parciales en aspectos relativos a vivienda y educación.
Así pues, la indemnización moratoria se concibe como una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del servidor público, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el reconocimiento y pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación de 27 de marzo de 2007(42), al resolver un recurso de apelación en el cual se debatió el monto de la indemnización moratoria con ocasión del pago tardío de las cesantías definitivas al actor, abordó el tema relativo a la exigibilidad de la obligación contemplada en la Ley 244 de 1995, para señalar:
En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no a la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria. (...)” (Resaltado y subrayas fuera del texto original).
Igualmente, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación(43) ha sostenido que una vez efectuada la liquidación y reconocimiento de las cesantías definitivas, la obligación en cabeza de la entidad empleadora es pagarlas en su totalidad, de tal suerte que su incumplimiento, da lugar a reclamar el pago de la sanción.
Diferencias entre la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 y la consagrada en la Ley 244 de 1995
En suma, las características de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990 y de aquélla contemplada en la Ley 244 de 1995, cuyos presupuestos diferencian una de la otra, son los siguientes:
Servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31/12/1996 afiliados a los fondos privados administradores de cesantías (régimen anualizado) Servidores públicos de todos los órdenes, independientemente del régimen de liquidación del auxilio de cesantías.
Exigibilidad 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó la prestación social. — 15 días para la liquidación del auxilio de cesantías y expedición de la resolución correspondientecontados a partir de la presentación de la solicitud.
En el sub judice, el a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que la administración cumplió la obligación relativa a la liquidación y consignación de las cesantías dentro de la oportunidad legal e, indicando que pese a que la contraloría territorial dejó de aplicar el porcentaje de aumento legal a la asignación salarial de los cargos incorporados a la planta de personal para las anualidades de 2001, 2003 y 2004, no es cierto que se haya realizado un pago parcial, toda vez que la entidad canceló dentro de la oportunidad el valor total por concepto de la prestación social —cesantías— por las anualidades de 2009 a 2014, con anterioridad al 15 de febrero de cada vigencia fiscal.
El demandante alega que en el caso concreto se encuentra demostrado a través de la Resolución 000015 de 3 de mayo de 2013 expedida por el Contralor Departamental del Atlántico(44), que durante los años 2001, 2003 y 2004, la Contraloría General no aplicó el incremento legal a la asignación básica mensual de los cargos de la entidad, entre ellos, el que ocupa el demandante, razón por cual, ordenó efectuar la reliquidación retroactiva de los valores nivelados y posteriormente, el pago. Por consiguiente, existiendo prueba del pago incompleto, es dable reconocer el derecho a la sanción moratoria hasta el momento en que se cancele la totalidad de los valores adeudados, teniendo en cuenta que “(...) lo accesorio sigue la suerte de lo principal”.
En ese orden de ideas, la Sala en primer lugar deberá establecer si los hechos aducidos por la demandante, se encuentran acreditados a través de los elementos de prueba aportados por las partes en primera instancia, según se expone a continuación:
Con la presentación de la demanda se aportó la certificación expedida por el secretario general y la subsecretaria de talento humano de la Contraloría General del Departamento del Atlántico de 5 de noviembre de 2013(45), en las cuales se informó frente a la vinculación del actor, lo que se transcribe a continuación:
“Que revisada la hoja de vida del señor FILIBERTO FRANCO NÚÑEZ [...], labora en esta entidad, [...]
Mediante Resolución 00023 del 2 de febrero de 2009, nombrado para desempeñar el cargo de Profesional Universitario, código 219, grado 12, Nivel Profesional en la Contraloría Auxiliar del Sector Educación, [...]”.
Tal como lo señaló la contraloría territorial en la contestación de la demanda(46), la relación laboral con el actor, se encuentra vigente de manera transitoria, según lo expuesto en la certificación anteriormente citada, en los siguientes términos:
“8 DE MAYO DE 2013- SUPRESIÓN DE SU CARGO, conforme a la modificación de la planta de cargos efectuada en virtud de dicho Decreto Ordenanzal 0000398 de mayo 2 de 2013, el cargo [...] que usted viene desempeñando ha sido suprimido, razón por la cual no se efectúa su incorporación en la nueva planta de cargos.
Teniendo en cuenta que usted ostenta Fuero Sindical, de conformidad con lo preceptuado por el Parágrafo transitorio del artículo cuarto del Decreto Ordenanzal 0000398 de mayo 2 de 2013, su vinculación continuará de manera transitoria, quedando tal vinculación supeditada a la existencia de su condición de aforado. [...](47)”
Igualmente, allegó copia auténtica de la Resolución Reglamentaria 000015 de 3 de mayo de 2013(48), expedida por el Contralor Departamental del Atlántico, por la cual en atención a que durante los años 2001, 2003 y 2004 “(...) a los funcionarios de la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO no les fueron aplicados los incrementos salariales autorizados por la ley, (...), dispuso las nuevas asignaciones salariales y ordenó a la dependencia responsable del Talento Humano, proyectar y liquidar los valores resultantes a favor de cada empleado para el pago del retroactivo, entre ellos, el del actor, así:
Funcionario Cargo Cód. Grd. Nivel Salario
Filiberto Franco Núñez Profesional universitario 219 12 Profesional universitario $ 1.751.000
En cuanto al reconocimiento y pago de las del auxilio de cesantías del servidor público demandante, la Contraloría General del Atlántico con la contestación de la demanda, allegó copia de los actos administrativos mediante los cuales efectuó el reconocimiento de las cesantías de manera anualizada, así como las respectivas planillas de traslado al fondo administrador de cesantías Colfondos S.A., o mediante transferencia realizada por intermedio de la entidad bancaria Davivienda y BBVA, a saber:
Acto administrativo Anualidad Valor Notificac.
Ff. Transferencia fondo administrador/ entidad bancaria
Resolución 000100 de 09/02/10 2009
1.101.110 12/02/2010 117 Colfondos
FF. 123, 144 y 148
Resolución 000100 de 14/02/11 2010 1.462.892 17/02/2011 118 BBVA
FF. 155 – 156 y 158
Resolución 000100 de 10/02/12
1.509.392
FF. 159 y 164
Resolución 000061 de 07/02/13 2012 1.634.943 13/02/2013 120 Colfondos
Resolución 000078 de 06/02/14 2013
2.202.065 12/02/2014 121 Colfondos
Así mismo, se observa la constancia expedida por el representante de servicio de Colfondos Pensiones y Cesantías de 16 de abril de 2014(49). Las operaciones efectuadas por la Contraloría General del Atlántico son las siguientes:
Consignación 12/02/2010
13/02/2014 1.101.110,00
1.462.892,00
1.509.392,00
1.634.943,00
2.202.065,00
Igualmente, se acreditó que mediante reclamación presentada el 16 de octubre de 2013 ante el órgano de control fiscal del departamento del Atlántico, solicitó el reconocimiento de la sanción por la mora en el pago total del auxilio de cesantías correspondiente a los años 2009 a 2012(50); frente a lo cual a través de la decisión administrativa controvertida, le fue negada la solicitud al considerar que en el caso concreto la autoridad realizó el pago correspondiente a la prestación social en los términos legalmente establecidos y con base en los actos administrativos que, en su momento, fijaron la asignación salarial del servidor público; por ende, al no interponer los recursos contra las actuaciones que contienen la liquidación, no puede generarse la sanción moratoria(51).
De acuerdo con la valoración probatoria de la documental que obra en el expediente, se acreditó que para las anualidades objeto de la litis – 2009 a 2012, la Contraloría General del Departamento del Atlántico, en atención al régimen anualizado que cobija al actor, cumplió la obligación legal de consignar en dichas vigencias fiscales, antes del 15 de febrero de cada año, antes del 15 de febrero al año siguiente en que se causó, el valor liquidado y reconocido por concepto de cesantía, a través de cada una de las resoluciones expedidas, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990(52).
Ahora bien, el impugnante adujo que se causó la sanción moratoria, en tanto si bien lo consignó antes del vencimiento del término, al liquidarse con base en un salario desajustado y sin la aplicación de los factores salariales correspondientes se genera la sanción por mora.
La Sala desestimará el argumento del apelante, por cuanto en primer lugar, conforme a la norma en cita, la sanción moratoria prevista en el régimen especial del auxilio de cesantía, se causa en el evento en que el empleador incumpla la obligación de efectuar el aporte correspondiente al valor liquidado por la anualidad o la fracción correspondiente, antes del 15 de febrero de cada vigencia fiscal.
En segundo lugar, el actor refiere sentencias, en las cuales esta Corporación(53) accedió al reconocimiento de la sanción moratoria, por cuanto se “[...] debieron tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados [...]”(54), por lo que se ordenó la reliquidación y se condenó a dicha penalidad de carácter económico. Para el caso concreto, no se demostró que la entidad haya efectuado la liquidación de las cesantías, sin tener en cuenta alguno de los factores legales para el efecto, como quiera que la entidad sí incluyó la asignación básica salarial; luego, se trata de una situación fáctica y jurídica que no se acompasa en proporción de igualdad a la causa petendi del presente asunto, pues lo que acaeció fue un ajuste o nivelación salarial correspondientes a las anualidades de 2001, 2003 y 2004.
Igualmente, es necesario señalar que contrario a lo aducido por la parte actora, tal como lo estableció la sentencia de unificación CE-SUJ2 Nº 004 de 2016(55), la sanción moratoria no es accesoria a la prestación social – cesantías, pues si bien se causan en torno a ella, no dependen directamente de su reconocimiento o en este caso, de un ajuste de la asignación salarial base de liquidación de la prestación social, pues su origen es excepcional y tiene lugar por disposición de la ley a título de correctivo pecuniario por la inobservancia de la fecha en que se debe efectuar la consignación del valor correspondiente por el auxilio causado en cada anualidad, tiene como finalidad penalizar a las entidades que incurran en mora, en atención a la importancia de dicho emolumento, según lo señalado por la Corte Constitucional(56).
Así las cosas, al no existir una infracción de la norma jurídica por parte de la entidad empleadora, no puede generarse la consecuencia o efecto, al encontrarse acreditado que no se generó la conducta que da lugar a imponer dicha sanción.
Por otro lado, en lo concerniente a la sanción establecida en la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006(57), la Sala observa que en el caso concreto el vínculo laboral entre la demandante y la Contraloría Departamental del Atlántico se encuentra vigente, lo cual constituye un supuesto fáctico en que se encuentran de acuerdo las partes(58) y tampoco se alegó que la actora hubiere solicitado un retiro parcial de cesantías que no hubiere sido cancelado dentro de la oportunidad legal; por ende, tampoco se configuró la infracción establecida en la ley para que se genere la sanción aludida, esto es, la “[...] mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, [...]”(59).
En ese orden de ideas, en atención a la vigencia de la relación legal y reglamentaria y en tanto no medió petición alguna por parte del actor encaminado a provocar una manifestación de voluntad de la administración tendiente a obtener la liquidación de las cesantías parciales por razones de educación o vivienda, pues la solicitud citada en precedencia está dirigida únicamente al pago de la sanción, se tiene que dicho cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.
El apelante también arguye que debido a la nivelación salarial del cargo desempeñado por el demandante y en atención a la jurisprudencia de esta Corporación, en los eventos en que la entidad pública resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación total de la prestación social de manera tardía, el término previsto en la Ley 244 de 1995 deberá contarse a partir del acto que las liquidó de manera incompleta, para que la norma tenga efecto útil y sea eficaz la capacidad conminatoria de la sanción(60).
Al respecto, tal como lo establece el artículo 4º de la Ley 1071 de 2006(61), a partir de la fecha de radicación de la solicitud de liquidación de cesantías definitivas o parciales, inicia para la entidad empleadora el plazo de los 15 días para expedir el acto de reconocimiento, más los días correspondientes al término de ejecutoria y finalmente, los 45 días para la cancelación de la prestación social(62), transcurridos los cuales, se genera la sanción moratoria.
Como lo manifiesta el demandante, el criterio jurisprudencial de esta Corporación(63), sostiene que en atención a la finalidad de la norma encaminada a establecer un término perentorio para la liquidación y pago de las cesantías definitivas, ante la ausencia de pronunciamiento frente a la reclamación o solicitud de reliquidación y sin lugar al arbitrio por parte de la administración, el plazo legal se contará a partir de su presentación.
Pues bien, el supuesto de aplicación contemplado en la normativa que previó la sanción moratoria, está dado por la “(...) solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, [a la] entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, (...)”, es decir, la iniciación de la actuación administrativa se origina por quien formule una petición en interés particular a efectos de que la entidad pública emita una declaración de voluntad, juicio, cognición o deseo unilateralmente que produzca efectos jurídicos definitivos sobre un asunto(64).
Así las cosas, debido a que en el caso concreto no se radicó una reclamación que provocara la decisión de la administración y menos aún aquella tendiente a la reliquidación con ocasión de la nivelación salarial, mal podría el actor exigir el pago de la sanción moratoria cuando no ejerció las actuaciones correspondientes para reclamar su derecho que pudo ser afectado por el fenómeno extintivo de derechos y obligaciones de la prescripción.
Por consiguiente, la Sala no evidencia que se haya incurrido en infracción del ordenamiento jurídico superior y en tal sentido, se mantiene incólume la presunción de legalidad que reviste al acto administrativo acusado, por cuanto el demandante no acreditó la falsa motivación de la decisión controvertida, esto es, que los fundamentos fácticos que el funcionario tuvo en cuenta para resolver la reclamación en realidad no existieron o efectuó una errada interpretación de los mismos.
En consecuencia, la Sala con fundamento en los argumentos expuestos confirmará la sentencia de 26 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó la sanción moratoria pretendida por el señor Filberto Franco Núñez, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
1. CONFIRMAR la sentencia de 26 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negó el reconocimiento de la sanción moratoria pretendida por el señor Filberto Franco Núñez, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Consejeros: Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés Carmelo Perdomo Cuéter».
29 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
30 “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
31 Publicada en el Diario Oficial Nº 42.951 de 31 de diciembre de 1996.
36 Rad. 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14). C.P.: Luis Rafael Vergara Quintero.
38 En sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional consideró que esta sanción “busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora...”.
40 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”.
41 Igualmente dispuso su aplicación a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.
42 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación de 27 de marzo de 2007 (IJ), Rad. 76001-23-31-0002000-02513-01, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad. 47001-23-31-000-2002-00266-01(0875-06), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
44 “Por la cual se establece la nivelación salarial de los empleos de la Contraloría General del Departamento del Atlántico”.
45 Fls. 27 a 29.
46 Fl. 86.
47 Fl. 29.
48 Fls. 30 a 41 del expediente.
49 Fl. 123 del expediente.
50 Según se observa a folios 14-23.
51 Fls. 24 a 26.
52 “ART. 99.—El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
53 Sentencia de 7 de noviembre de 1996. Exp. 11576, Sentencia de 7 de marzo de 2013, Rad. 1381-2012, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
54 Fl. 388.
55 Rad. 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
56 Sentencia C-448 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
57 “por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”.
58 Según se observa en el acápite de hechos de la demanda (fl. 4) y en la contestación emitida por la Contraloría General del Departamento de Atlántico (fl. 83).
59 Ley 1071 de 2006. Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
[...] ART. 5º—Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
60 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 27 de marzo de 2007. Rad. 2777-2014, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
61 “por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.
ART. 4º—Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley”.
62 Artículo 2º de la Ley 244 de 1995, modificado por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006.
63 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación de 27 de marzo de 2007 (IJ), Rad. 76001-23-31-0002000-02513-01, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.
64 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. “Manual del Acto Administrativo: según la ley, la jurisprudencia y la doctrina”. Librería Ediciones del Profesional Ltda. Sexta Edición. Bogotá.

References: ARTÍCULO 151
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 99
 artículo 151
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e contrario
 artículo 4
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 Artículo 2
 artículo 5