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LEY 40/1979, DE 10 DE DICIEMRE, SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE CONTROL DE CAMBIOS - PDF
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Emilio Belmonte Ortega
1 LEY 40/1979, DE 10 DE DICIEMRE, SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO DE CONTROL DE CAMBIOS FICHA RESUMEN... 2 CAPITULO II.-Delitos monetarios... 2 (Este Capítulo es el único vigente y ha sido modificado por L OR 10/1983) (Resto de la norma: derogada por Ley 19/2003, de 4 de julio)... 2 Pág 1-5
2 FICHA RESUMEN TÍTULO Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen jurídico de Control de Cambios AÑO 1979 Declarado inconstitucional y nulo parcialmente, art. 7º.1, por Sentencia 16/12/1986, num. 160/1986. Deroga a: Ley Penal y Procesal de delitos monetarios de 24 de noviembre de OBSERVACIONES Desarrollada por: Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto Modificada por: Ley Orgánica 10/1983, de 16 de agosto Ley 26/1988, de 29 de julio Ley 19/1993, de 28 de diciembre Ley 41/1999, de 12 de noviembre Derogada por: Ley 19/2003, de 4 de julio (En su totalidad, excepto Capítulo II) CLAVES Control de Cambios - Delitos monetarios - derechos en el extranjero - Infracciones administrativas - Prescripción de las multas Establece que actos u omisiones constituyen un delito monetario Especifica la forma en que serán castigados dichos delitos monetarios RESUMEN Adjudica la competencia a los tribunales españoles para el conocimiento de los delitos independientemente del lugar donde se ejecuten CAPITULO II.-Delitos monetarios. (Este Capítulo es el único vigente y ha sido modificado por L OR 10/1983) (Resto de la norma: derogada por Ley 19/2003, de 4 de julio) Artículo 6 Cometen delito monetario los que contravinieren el sistema legal de control de cambios mediante cualquiera de los actos u omisiones siguientes, siempre que su cuantía exceda de de ptas.: A) Los que sin haber obtenido la preceptiva autorización previa o habiéndola obtenido mediante la comisión de un delito: 1º. Exportaren moneda metálica o billetes de Banco españoles o extranjeros, o cualquier otro medio de pago o instrumentos de giro o crédito, estén cifrados en pesetas o en moneda extranjera. Pág 2-5
3 2º. Importaren moneda metálica española o billetes del Banco de España, o cualquier otro medio de pago o instrumento de giro o crédito cifrados en pesetas. 3º. Los residentes que a título oneroso adquieran bienes muebles o inmuebles sitos en el extranjero o títulos mobiliarios emitidos en el exterior y los residentes que aceptaran préstamos o créditos de no residentes o se los otorgaran, o garantizasen obligaciones de no residentes. 4º. Los que en territorio español aceptasen cualquier pago, entrega o cesión de pesetas de un no residente, o por su cuenta, o los realizaren en su favor o por su cuenta. B) Los residentes que no pusieren a la venta, a través del mercado español autorizado, y dentro de los quince días siguientes a su disponibilidad, las divisas que posean. C) El que obtuviere divisas mediante alegación de causa falsa o por cualquier otra forma ilícita. D) El que destinare divisas lícitamente adquiridas a fin distinto del autorizado. (Ver: Ley Orgánica 10/1983, de 16 de agosto art. 2 y Real Decreto 1392/1993, de 4 de agosto, art. 4.1) Artículo Los autores de delito monetario serán castigados: 1º. Con la pena de prisión mayor y multa del tanto al décuplo de la cuantía del delito, cuando exceda de de pesetas. 2º. Con la pena de prisión menor y multa de tanto al quíntuplo, cuando exceda de de pesetas y no pase de de pesetas. 3º. Con la pena de arresto mayor y multa del tanto al triplo, cuando exceda de de pesetas y no pase de de pesetas. 4º. Con la pena de multa del tanto al duplo, cuando exceda de de pesetas y no pase de de pesetas. (Anulado por Sentencia 16/12/1986, num. 160/1986., en cuanto impone penas de privación de libertad) 2. Los tribunales impondrán las penas en su grado máximo cuando los delitos se cometan por medio o en beneficio de Entidades u Organizaciones en las que de su propia naturaleza o actividad pudiera derivarse una especial facilidad para la comisión de delito. Pág 3-5
4 3. Cuando los actos previstos en el art. 6.º se cometan en el seno de una Sociedad o Empresa u Organización serán también responsables de los delitos las personas físicas que efectivamente ejerzan la dirección y gestión de la entidad y aquéllas por cuenta de quien obren, siempre que tuvieran conocimiento de los hechos. 4. Los tribunales, teniendo en cuenta la trascendencia económica del hecho para los intereses sociales, las especiales circunstancias que en él concurran y específicamente la reparación o disminución de los efectos del delito y la repatriación del capital, podrán imponer las penas inferiores en grado a las señaladas en el ap.1 de este artículo. 5. La moneda española, divisa, objetos y cualquier otro de los elementos por cuyo medio se cometa delito monetario, se reputará instrumento del delito a efectos de lo previsto en el art. 48 del Código Penal, 6. El Código Penal se aplicará con carácter supletorio. Artículo 8. Los administradores, directivos o empleados de las Entidades autorizadas referidas en el art. 5.º que, por negligencia en el ejercicios de sus funciones, apreciada por los tribunales, hayan facilitado la comisión de alguna de las conductas descritas en el art. 6.º serán castigados con multa de hasta de pesetas. Artículo Los tribunales españoles serán competentes para el conocimiento de los delitos establecidos en el art. 6.º de la presente Ley, cualquiera que fuera el lugar donde hubieran sido ejecutados los hechos. 2. La competencia y procedimientos para conocer de los delitos monetarios se regulará por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Real Decreto-Ley 1/1977, de 4 enero, 159). 3. Conforme a lo dispuesto en el art. 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la sentencia, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que dicho precepto establece, determinará, en su caso, la responsabilidad civil que regula el art. 104 del Código Penal, En los supuestos contemplados en el ap. 3 del art. 7.º serán responsables civiles subsidiarios la Sociedad, Empresa o las personas integrantes de la organización en cuyo seno se cometió el delito. 4. a) En todo caso los Jueces y Tribunales de la jurisdicción penal competente para conocer de los delitos de esta Ley podrán requerir el conocimiento de cualquier expediente que se esté instruyendo por la Administración por hecho sancionados en esta Ley, de oficio o por denuncia, y la Administración tendrá la obligación de remitir las actuaciones, sin que quepa el planteamiento de conflicto jurisdiccional. Igual obligación de remisión tendrá la Administración cuando, con motivo del conocimiento de un expediente administrativo en materia de control de cambios, apreciase indicios de que el hecho pueda ser constitutivo de delito tipificado en el art. 6.º de esta Ley. b) Mientras estuviera conociendo de un hecho la autoridad judicial, la Administración se abstendrá de toda acción sancionadora en relación con las conductas origen del mismo. La actividad sancionadora de la administración, en virtud de las infracciones administrativas previstas en esta Ley, sólo podrá iniciarse o continuarse cuando el proceso penal termine por sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad penal, siempre que Pág 4-5
5 estén basadas en motivo que no sea la inexistencia del hecho, la declaración expresa de no haber participado en él el acusado o la extensión de responsabilidad penal del mismo. Sin embargo, en estos dos últimos supuestos, la Administración podrá sancionar las infracciones administrativas relacionadas con el hecho y cometidas por tercero no sujeto al procedimiento penal. Pág 5-5
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 artículo 49