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Timestamp: 2019-03-18 18:34:48+00:00

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BOLETÍN INFORMATIVO: SEPTIEMBRE 2013 – Grupo ONCE
Martes, 15 octubre 2013 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 08 de Septiembre de 2013. El Ejecutivo Federal realizó la entrega a la mesa Directiva de la Cámara de Diputados los documentos que integran el “Paquete Económico Fiscal para el 2014”, así como otras iniciativas que conforman la denominada “Reforma Social y Hacendaria 2014”.
Los puntos de esta Reforma Fiscal se centran en los siguientes objetivos:
Lograr un sistema tributario justo
Se busca la simplicidad y transparencia en el pago de Impuestos
Creación de un Sistema de Seguridad Social Universal, y
Busca acelerar el crecimiento económico y la creación de nuevos empleos.
En el paquete de iniciativas que conforman la “Reforma Hacendaria y de Seguridad Social”, se incluye una Reforma Constitucional a los Artículos 4º y 123, la expedición de cuatro leyes, la abrogación de tres leyes existentes y la modificación de múltiples ordenamientos legales.
Así también en las diversas iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal, merece especial atención la expedición de una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, y las reformas al Código Fiscal de la Federación como a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Por lo anterior, consideramos pertinente poner a disposición de nuestros lectores el siguiente resumen, a través del cual se exponen los cambios más substanciales que están por aprobarse sobre esta Reforma Fiscal:
SEGUNDO.- REFORMA AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CLÁUSULA ANTI-ELUSIÓN. Se propone adicionar un tercer y cuarto párrafos al Artículo 5° del Código Fiscal de la Federación para impedir la elusión fiscal derivada del fraude a la ley; entendiéndose por fraude a la ley la realización de actos que respetan el texto de la ley pero no su sentido o espíritu. Además, a través de esta cláusula se permitirá a las autoridades y tribunales recategorizar o tener por no realizados, aquellos actos que carezcan de una legítima razón de negocios, es decir, que sean realizados de tal manera que el único fin que persigan sea la disminución o eliminación de la carga tributaria.
Se trata de fundamentar una decisión de negocios con base en el interés del negocio a realizar y no sólo por evitar efectos impositivos.
La legítima razón de negocios regula la actuación ética del contribuyente y está en concordancia con los últimos documentos de la OCDE, en específico el referente a cumplimiento cooperativo en el que se insiste sobre la importancia de que las leyes fiscales sean cumplidas no sólo en su texto sino en su espíritu.
DOMICILIO FISCAL.- Ante la imposibilidad práctica de localización por parte del Servicio de Administración Tributaria de los contribuyentes a fin de ejercer sus facultades de comprobación, se propone establecer medidas para llevar a cabo la inscripción de estos contribuyentes, estableciendo la obligación de inscribirse al registro federal de contribuyentes a las personas que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas de contribuciones, y que el domicilio que reporten ante dichas entidades se considere como con un domicilio fiscal, lo que permitirá el seguimiento, por parte de la autoridad fiscal, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Con esta medida las autoridades fiscales podrán contar con la información que los cuentahabientes le proporcionen a las entidades financieras, y de esta manera obtener información adicional que facilite su localización, como sería su domicilio, a efecto de que el Servicio de Administración Tributaria tenga facultades legales para practicar actos de fiscalización en dichos lugares.
MEDIDAS CONTRA CONTRIBUYENTES DEFRAUDADORES. No obstante que existe un mayor control sobre la expedición de comprobantes fiscales, mediante el proceso de certificación, y sobre las operaciones realizadas por los contribuyentes, un gran número de contribuyentes continúa realizando conductas contrarias a los objetivos de la administración tributaria, que afectan a toda la colectividad.
Ante ello y tomando en cuenta esta situación, se establece como “medida de apremio” la posibilidad de dejar sin efectos los certificados de sellos o firmas digitales, y de esa forma evitar la emisión de comprobantes fiscales, por parte de los contribuyentes que hayan incurrido en alguna conductas evasora.
Mediante un procedimiento administrativo, el contribuyente podrá realizará la aclaración correspondiente ante la autoridad fiscal en la que demuestre que no realiza conductas evasoras para evitar así se le imponga en definitiva esa medida y buscar así inmediatamente se le genere un nuevo certificado para que esté en posibilidad de continuar con la emisión de comprobantes fiscales, lo que prácticamente significa restablecer su situación.
BUZÓN TRIBUTARIO. Siguiendo el objetivo de la SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA y eliminación de formalismos es que se propone la creación de un sistema de comunicación electrónico denominado “buzón tributario”, sin costo para los contribuyentes y de fácil acceso, que permitirá la comunicación entre éstos y las autoridades fiscales. En dicho sistema se notificarán al contribuyente diversos documentos y actos administrativos; así mismo, le permitirá presentar promociones, solicitudes, avisos, o dar cumplimiento a requerimientos de la autoridad, por medio de documentos electrónicos o digitalizados, e incluso para realizar consultas sobre su situación fiscal y recurrir actos de autoridad, lo cual facilitará el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y redundará en beneficio del contribuyente.
A través de este buzón se harán notificaciones al contribuyente, se presentarán promociones, solicitudes y avisos; se cumplirán requerimientos de la autoridad; y a través del mismo se permitirá también realizar consultas y recurrir actos de autoridad.
Para ingresar al buzón tributario se prevé que los contribuyentes utilicen su firma electrónica avanzada, con lo cual se garantizará la inalterabilidad, autoría, autenticidad y seguridad de todos los documentos, promociones y actuaciones que se ingresen al sistema, además de que no requerirán realizar trámite alguno, toda vez que ya cuentan con la referida firma electrónica.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS ACCIONISTAS. A efecto de dar mayor certeza jurídica a los socios o accionistas en materia de responsabilidad solidaria respecto de las contribuciones que se hubieran causado derivado de las actividades de la sociedad de la que formaban parte, en relación con el monto de los créditos fiscales por los cuales la autoridad fiscal exigirá su pago, se propone aclarar que la responsabilidad de cada socio o accionista será hasta por el porcentaje de participación que éste tenía en el capital social durante el periodo o la fecha de que se trate al momento de causarse las contribuciones correspondientes, para lo cual se establece la fórmula para determinar dicho porcentaje.
Por otra parte, se propone incorporar al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, como responsables solidarios con los contribuyentes, a la figura de albacea o representante de una sucesión, en virtud de que dichas personas son las encargadas de cumplir con las obligaciones de aquéllos cuyos bienes administran o en su nombre actúan o representan.
EMBARGO PRECAUTORIO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. Como medida de apremio también se propone establecer como supuesto de excepción que cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales, derivado de que los contribuyentes o los responsables solidarios:
– No sean localizables en su domicilio fiscal;
– Desocupen o abandonen el domicilio sin presentar el aviso correspondiente;
– Hayan desaparecido o se ignore su domicilio,
Las autoridades fiscales puedan emplear directamente como medida de apremio el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios, otros depósitos e incluso componentes de inversión de seguros del contribuyente.
Lo anterior, considerando que al ser sujetos de los que se desconoce su localización, existe alta probabilidad que también se desconozca o se ignore la ubicación de sus bienes, por lo que es conveniente practicar dicha medida de apremio como única alternativa para vencer la resistencia del contribuyente.
Aunado a lo anterior, se propone que en la práctica de visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, cuando éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares, se imponga como medida de apremio el aseguramiento de dichos bienes, considerando que en estos casos no es posible efectuar una determinación provisional de adeudos fiscales presuntos y que tampoco sería posible permitir la enajenación de dichos bienes.
REVISIONES ELECTRÓNICAS. Bajo el esquema de “Fiscalización Electrónica” que se propone en la iniciativa de Reforma al Código Fiscal de la Federación, dados los avances tecnológicos y los beneficios económicas que representan la utilización de nuevas tecnologías en la administración pública federal, se propone que la autoridad realizará la notificación, requerirá y recibirá la documentación e información del contribuyente de manera electrónica; así mismo, efectuará la revisión y notificará el resultado, todo por medio del buzón tributario.
De igual manera, se propone que el contribuyente atienda por esa misma vía las solicitudes o requerimientos de la autoridad, por lo que se estima que este tipo de revisiones podrían durar hasta un máximo de 3 meses.
“DOBLE” EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. Con la implementación del procedimiento para las “revisiones electrónicas”, se estable en el Código Fiscal de la Federación las reglas para que la autoridad pueda ejercer sus facultades sobre conceptos no revisados anteriormente, así como la condición para que los revise nuevamente con hechos nuevos, al igual que para emitir la determinación de contribuciones que de ellos deriven, tal como actualmente se regula en los artículos 46, último párrafo, y 50, último párrafo, del mismo ordenamiento legal, para las revisiones de gabinete y visitas domiciliarias tradicionales.
En ese sentido, se propone la adición de un Artículo 53-C al Código Fiscal de la Federación, a fin de concentrar esta regulación, precisando su alcance para que regule las revisiones electrónicas y las resoluciones que de ella deriven; en consecuencia, se propone la “eliminación” del último párrafo del Artículo 46 así como el último párrafo del Artículo 50, ambos del Código Fiscal de la Federación.
DICTAMEN FISCAL. Congruente con la simplificación administrativa, se propone eliminar la obligación que tienen los contribuyentes de dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, y se propone adicionar el Artículo 32-H al Código Fiscal de la Federación para prever la obligación de los contribuyentes de presentar una declaración informativa sobre su situación fiscal, la cual deberá presentarse únicamente por aquellos que sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria y que se encuentren contemplados en los supuestos que dicho artículo señale.
La información que se pretende solicitar será únicamente aquella con la cual el Servicio de Administración Tributaria no cuente en sus archivos electrónicos y documentales.
ACUERDOS CONCLUSIVOS. A la fecha ya el Artículo 2, fracción XIII, de la “Ley Federal de los Derechos del Contribuyente”, se establece el derecho a corregir la situación fiscal de los contribuyentes con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que en su caso corresponda.
En ese contexto y dentro del principio de ofrecer todas las facilidades a los contribuyentes para regularizar su situación fiscal, se propone, como un medio alternativo de regularización durante el ejercicio de las facultades de comprobación, la figura de “Acuerdos Conclusivos”, mediante la adición de un Capítulo II, denominado “De los Acuerdos Conclusivos”, en el Título III del Código Fiscal de la Federación.
La solicitud de un acuerdo conclusivo será opcional y a petición de los contribuyentes; sin embargo, para aquéllos que lleguen a suscribir un acuerdo conclusivo se plantea prever como beneficio la condonación, en la primera ocasión, del 100% de las multas y, en la medida de que no es limitativo y se puede ejercer en subsecuentes ocasiones; en la segunda y posteriores suscripciones aplicará la condonación de sanciones en los términos y bajo los supuestos que establece el Artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
MEDIDAS EN MATERIA DE DELITOS FISCALES. En lo referente al fenómeno delictivo de la “simulación” de actos jurídico en agravio del fisco, la iniciativa propone reformar la fracción III del Artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, la cual tiene por objeto sancionar penalmente a quienes expidan, adquieran o enajenen comprobantes fiscales de actos jurídicos simulados, toda vez que la criminalidad en materia fiscal ha venido sofisticando los medios y métodos para cometer delitos en agravio del fisco federal.
En este orden de ideas, en materia de delitos fiscales surge la necesidad de establecer quiénes son aquellas personas físicas que de conformidad a un contrato, a la propia ley o a su actuar precedente, tienen el deber jurídico penal de evitar, sea como autores, coautores o partícipes, el incumplimiento de las obligaciones fiscales. En este contexto, indudablemente son: el administrador único, el presidente del consejo de administración o la persona o personas cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o facultades de administración o dominio, los que ante el ente jurídico que representan, tienen la obligación de impedir la consumación o puesta en peligro de los delitos fiscales de omisión que impliquen un resultado material o bien sean de simple o mera conducta.
A dicha reforma debe añadirse con claridad, que la presunción de la defraudación fiscal derivada del blanqueo, debe estar fundada en “datos” ciertos, más allá de simples indicios. De igual forma que no solo el o los “ingresos” pueden provenir de la operación con recursos de procedencia ilícita, sino también los “recursos” o “cualquier otro beneficio”.
Es por ello, que se plantea la inserción de tres conceptos que permiten de manera equilibrada, por un lado, ampliar el espectro de investigación y por otro garantizar que en la investigación existan pruebas o “datos” más allá de meros indicios que impliquen actos de molestia o criminalizaciones excesivas.
Así tenemos que los conceptos “recursos” y “cualquier otro beneficio”, permiten ampliar el espectro de presunción en la investigación de la defraudación fiscal y el concepto de “datos” imponen a la autoridad investigadora el deber de demostrar la presunción de la defraudación fiscal derivada del blanqueo, más allá de simples indicios.
Con la propuesta se busca facilitar acreditar la presunción de defraudación fiscal, al establecer el momento en que existen elementos claros que hay ingresos que provengan del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Actualmente los comprobantes fiscales son un medio de comisión para simular actos en agravio del fisco de la federación, lo que genera daños sustanciales al sistema tributario. En la actualidad, es común encontrar que proveedores o productores que tienen operaciones de comercio exterior relacionadas con la importación de mercancías reporten a la autoridad fiscal, en el pedimento respectivo, datos que no concuerdan con los reales, entre ellos, declarar una denominación o razón social inexistente; una clave de registro federal de contribuyentes falsa, o relacionada con otro contribuyente, así como domicilios fiscales o información sobre el valor de las mercancías falsos; acciones que se consideran contrarias a la sociedad por sus efectos.
En tal entendido, se modifica la fracción XII del Artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que las conductas mencionadas sean tipificadas como equiparables al delito de contrabando, y sean sancionadas conforme a lo dispuesto en el Artículo 104 del Código Fiscal de la Federación.
DELITO FISCAL, DESAPARICIÓN DEL DOMICILIO FISCAL. Esta iniciativa propone modificar la fracción V del Artículo 110 del Código Fiscal de la Federación para sustituir el tipo penal de “desocupar el local” por el de “desaparecer del lugar”.
Se adiciona un segundo párrafo precisando en qué casos se actualiza tal figura, al referirse al hecho de que la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas al domicilio fiscal del contribuyente dentro de un período de doce meses y no pueda practicar la diligencia correspondiente de manera personal.
INMOBILIZACIÓN DE DEPÓSITOS Y SEGUROS. Se propone reformar el Artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, a efecto de regular en este precepto solamente lo relativo al procedimiento de inmovilización de depósitos o seguros en las cuentas que tengan los contribuyentes, como medio eficaz y alterno de cobro, el cual se rige exclusivamente por las reglas previstas en este artículo y en el artículo 156-Ter, y eliminar la referencia al embargo de depósitos bancarios o seguros, toda vez que dicha figura ya se encuentra comprendida en el artículo 155, fracción I del citado ordenamiento.
En ese contexto, el embargo establecido en el artículo 155, fracción I, seguirá rigiéndose conforme a lo previsto para el procedimiento administrativo de ejecución.
Asimismo se propone incorporar al artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación, además del supuesto de créditos fiscales firmes, los supuestos en los que procederá la inmovilización tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y no estén debidamente garantizados, con la finalidad de dar certeza jurídica a los contribuyentes.
RECURSO DE REVOCACIÓN. Se propone que los contribuyentes, mediante un sólo recurso administrativo de revocación y ya no en varios como se establece en el texto vigente, puedan impugnar la determinación del valor de bienes embargados, así como promoverlo en contra de:
1.- El procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley;
2.- De la adjudicación, del remate o venta fuera de subasta, y
3.- Por el desconocimiento del origen de los créditos.
Lo anterior, a efecto de establecer la facilidad al contribuyente de que pueda promover la impugnación correspondiente en un sólo momento por diferentes causas y no tener que realizarlo mediante una pluralidad de recursos administrativos de revocación en contra de diversos actos, en diferentes etapas dentro del procedimiento administrativo de ejecución, lo cual sólo retrasa la resolución del asunto en definitiva.
En ese sentido, se propone disminuir los plazos para el pago o la garantía de créditos fiscales y para la interposición del recurso de revocación de 45 a 15 días; para llevar a cabo el remate de los bienes embargados, de 30 a 20 días, y de la subasta, de 8 a 5 días.
De igual manera, considerando que se propone otorgar la facilidad de que el contribuyente ya no tenga que promover diversos recursos contra cada acto, se deroga la fracción VI del artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, misma que establece que resultará improcedente el recurso administrativo de revocación cuando no se amplíe éste en los casos en que se controviertan las notificaciones.
Por lo que la propuesta pretende reformar el Artículo 121, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a efecto de establecer como única vía para presentar el recurso de revocación, el “buzón tributario”, reduciendo el plazo de 45 a 15 días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, o bien a través de los medios electrónicos que la autoridad fiscal establezca mediante reglas de carácter general, en las cuales se señalarán los medios alternos que tendrán los contribuyentes para promover sus recursos, en los casos que, por contingencias tecnológicas, no sea posible la presentación mediante el buzón tributario.
TERCERO.- NUEVA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. La complejidad en el pago de impuestos resulta particularmente perjudicial para las pequeñas y medianas empresas, que tienen menos recursos humanos y monetarios que destinar a este tipo de tareas.
Siguiendo los objetivos de “simplificación fiscal” y búsqueda del menor costo administrativo relacionado con el pago de los impuestos, se ve conveniente continuar avanzando con el propósito de mejorar los instrumentos tributarios.
Por ello se propone una “Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta” que elimina un número considerable de artículos que actualmente integran el sistema renta, lo cual representa una reducción del 40% en relación con el número de disposiciones actuales, considerando también la eliminación del impuesto empresarial a tasa única (IETU) y el impuesto a los depósitos en efectivo (IDE).
Como puntos relevantes de esta Nueva Ley, solo mencionaremos los siguientes:
A) IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPRESARIAL.
Beneficios de los tratados para evitar la doble tributación. El principal objetivo y fin de los tratados para evitar la doble tributación es impedir que el ingreso de una persona se grave en dos o más jurisdicciones, es decir, se busca evitar una doble tributación. Sin embargo, dependiendo de las operaciones efectuadas y del régimen fiscal aplicable al ingreso que perciba un contribuyente se puede presentar o no una doble tributación.
En esta Nueva Ley del ISR propone incluir una norma de procedimiento para efecto de que tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las autoridades fiscales puedan solicitar a residentes en el extranjero que le informen de las disposiciones legales del derecho extranjero cuya aplicación pueda generarle una doble tributación.
Deducción inmediata. Se elimina la posibilidad de deducir en forma inmediata el valor presente de las inversiones. Este deberá deducirse a través de los años de vida útil del bien.
Deducción lineal al 100%. Se eliminan aquellas disposiciones que permiten deducir en un solo ejercicio el 100% de la inversión realizada en la adquisición de activos fijos. Ahora dichas inversiones sólo podrán deducirse conforme a las tasas de depreciación previstas en la ley.
Aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones. Se elimina la deducción de aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social. Ahora, las aportaciones destinadas a pensiones y jubilaciones sólo podrán deducirse en el momento en que la empresa realice realmente tales erogaciones a favor de sus trabajadores; pues con el esquema actual se les está permitiendo anticipar una deducción por los pagos que se realizarán en un futuro, y por ende, diferir el pago del impuesto.
Donación de bienes que han perdido su valor. La deducción de mercancías que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hayan perdido su valor (Art. 31, fracción XXII), queda condicionada a que los bienes donados sean básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda y salud.
Prohibición de deducciones partes relacionadas. Se prohíbe la deducción de pagos efectuados a partes relacionadas residentes en México o en el extranjero que no se encuentren gravados o lo estén con un impuesto inferior al 75% del ISR causado en México. Asimismo, se prohíbe la deducción de pagos que también sean deducibles para partes relacionadas residentes en México o en el extranjero.
Límite de 4% a las deducciones por donativos a la Federación, entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados.
Se establece un tope máximo a la deducción por los donativos efectuados a favor de la Federación, entidades federativas, municipios u organismos descentralizados; fijado en el 4% del total de la utilidad fiscal obtenida o de sus ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior.
Información sobre Depósitos en Efectivo. Se elimina el “Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, sin embargo; las Instituciones Financieras quedarán obligadas a informar una vez al año, sobre los depósitos en efectivo que reciban los contribuyentes en su cuenta bancaria cuando el monto acumulado los $15,000.00 mensuales.
Vales de despensa y otras deducciones. Solamente serán deducibles siempre y cuando sean otorgados a través de los monederos electrónicos autorizados por el SAT, con lo cual se logrará un control de quién es el beneficiario efectivo de los vales y asegurarse de que sea él quien los utilice. Se acota la deducción de las erogaciones por remuneraciones que a su vez sean ingreso total o parcialmente exento para el trabajador. Sólo procederá la deducción de hasta el 41% de las remuneraciones exentas otorgadas al trabajador. (Ej. Previsión social, cajas y fondos de ahorro, pagos por separación, gratificación anual, horas extras, prima vacacional y dominical, PTU, etc.)
Inversión en automóviles: se ajusta el monto deducible a 130 mil pesos por unidad sin IVA. (Actualmente son 175 mil sin IVA)
Arrendamiento de automóviles: se ajusta el monto deducible a 200 pesos diarios por unidad. (Actualmente son 250 pesos)
Consumo en restaurantes: se elimina totalmente esta deducción.
Se propone la eliminación de los Regímenes Especiales siguientes:
Asimismo, se pretende implementar un nuevo esquema denominado “Régimen Fiscal Opcional para Grupos de Sociedades”, el cual otorgará diversos beneficios controlados a aquellas empresas que actuando a través de un grupo cumplan con determinados requisitos. No podrán ingresar a éste régimen los contribuyentes para los cuales ya existan tratamientos especiales o esquemas preferenciales.
El nuevo régimen opcional para sociedades “supone” las ventajas siguientes:
a) Simplificación fiscal. Será más fácil la determinación del impuesto diferido tanto para los contribuyentes como para la autoridad fiscal, por la utilización de un factor que se obtendrá de dividir el resultado del grupo entre los resultados individuales.
b) Certeza del impuesto. El régimen propuesto permite que se conozca con certeza el impuesto que se difiere en cada ejercicio, toda vez que en las declaraciones anuales se reflejará tanto el impuesto a pagar en el ejercicio como el que se difiere en el mismo.
c) Fácil fiscalización. En virtud de que el impuesto diferido se determinará a través de una simple suma del impuesto diferido manifestado en las declaraciones individuales.
d) Limitación a las planeaciones fiscales tendientes a eludir y/o evadir el pago del impuesto e ingresos fiscales mayores debido a la sustitución del régimen actual.
B) IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS PERSONAS FÍSICAS.
Con objeto de fortalecer la recaudación y dotar de mayor progresividad al sistema impositivo y en particular al ISR personal, aplicable para las personas físicas con ingresos gravables superiores a 500 mil pesos anuales con una tasa marginal de 32%.
Deducciones personales. Con el fin de incrementar la recaudación, mejorar la distribución de los beneficios tributarios y dar mayor progresividad al ISR de las personas físicas, se propone limitar el monto máximo de las deducciones personales realizadas por una persona física al año a la cantidad que resulte menor entre el 10% del ingreso anual total del contribuyente, incluyendo ingresos exentos, y un monto equivalente a 2 salarios mínimos anuales correspondientes al área geográfica del Distrito Federal.
Medio de pago de las deducciones. A fin de garantizar que las deducciones sean aplicadas únicamente por las personas que efectivamente realizan la erogación y que legalmente tienen derecho a efectuarla, además de contar con el comprobante respectivo, se propone establecer como requisito para su deducibilidad que los pagos se realicen a través del sistema financiero.
Esta medida, al identificar plenamente al pagador real de los servicios que se deducen, otorga a la autoridad fiscal mayor certeza de que los beneficiados de las deducciones aludidas son efectivamente los sujetos que se encuentran en los supuestos previstos y que las deducciones correspondan exclusivamente a los pagos por los conceptos descritos en la norma tributaria.
También se reconoce que existen regiones del país en las que difícilmente podría cumplirse con el requisito propuesto, simplemente por la ausencia de estructuras financieras o bancos; por ello, se propone establecer que las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones utilizando los servicios de las instituciones que componen el sistema financiero, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales en las que no existan servicios financieros.
Exención a la enajenación de casa habitación. La Ley del ISR vigente contempla la exención por los ingresos obtenidos por personas físicas por la enajenación de una casa habitación hasta por un monto equivalente a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS), siempre que durante los 5 años anteriores no hubieran enajenado otra casa habitación.
Con el fin de reducir el costo recaudatorio de esta exención y asignar en forma más eficiente el beneficio hacia aquellas personas físicas de menores ingresos, se propone a esa Soberanía reducir el límite de la exención de 1.5 millones de UDIS a 250 mil UDIS (aproximadamente 1.2 millones de pesos), debiendo pagar el contribuyente por el excedente el impuesto correspondiente. Se estima que poco menos del 10% de las enajenaciones de casa habitación tienen un valor superior al límite propuesto, de manera que la medida incrementaría la recaudación de los contribuyentes de mayores ingresos, fortaleciendo con ello la progresividad del ISR.
Régimen de Incorporación Fiscal. Nuevamente siguiendo el objetivo de la simplificación fiscal y la facilidad en el cumplimiento del pago de impuestos, particularmente los de menor escala, se busca combatir la informalidad mediante la creación de un nuevo Régimen Fiscal para las personas físicas que busque incorporarlos a una esfera de formalidad en el cumplimiento del pago de impuestos.
A través del Régimen de Incorporación se pretende que las personas físicas con actividades empresariales y que prestan servicios inicien el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en un esquema que les permita cumplir fácilmente con sus obligaciones tributarias. La participación en el Régimen de Incorporación traerá aparejado el acceso a servicios de seguridad social. De esta forma, se pretende crear un punto de entrada para los negocios a la formalidad, tanto en el ámbito fiscal como en el de la seguridad social.
Una de las característica de este régimen es que sería cedular y de aplicación temporal durante un periodo de hasta 6 años, sin posibilidad de volver a tributar en el mismo. Al séptimo año, estos contribuyentes se incorporarán al régimen general de personas físicas con actividad empresarial.
Se plante la propuesta que mediante este régimen se efectúen pagos definitivos trimestrales, y el ISR a pagar se determinaría sobre una base de efectivo, restando al total de ingresos las deducciones autorizadas y la PTU pagada, y aplicando la tarifa del ISR de personas físicas. En caso de que las erogaciones excedieran de los ingresos del trimestre se propone permitir deducir la diferencia contra los ingresos del siguiente trimestre hasta agotarlo, dotando de justicia y equidad al esquema, además de que simplificaría la mecánica de cálculo evitando la complejidad de efectuar actualizaciones por inflación.
1. Descuentos en el ISR del 100% del pago, durante el primer año. Este descuento irá disminuyendo paulatinamente a los largo de los siguientes seis años, para pagar la totalidad del ISR a partir del séptimo año de su incorporación. De esta manera, se busca invitar a los contribuyentes informales a regularizar su situación fiscal.
CUARTO.- LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Uno de los principales motivos que generaron la modificación y reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es que este impuesto representa la segunda fuente de ingresos tributarios en México; sin embargo, a nivel internacional la recaudación de este impuesto en nuestro País resulta ser una de las más bajas.
La recaudación del IVA en México en 2012 fue de 3.74% del producto interno bruto (PIB), y en promedio en los países de América Latina y en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se presenta en un 6.5% y 6.9% del PIB, respectivamente.
En este sentido, la recaudación del IVA en México es inferior en 56% a la que en promedio se registra en Argentina, Chile y Uruguay, cuya recaudación asciende a 8.0%, 7.7% y 9.7% del PIB, respectivamente (8.5% del PIB en promedio). (Fuente OCDE)
Por ello, la iniciativa toma esta base para sustentar la baja recaudación, reconociendo en medida que ello se debe a que la base gravada del IVA en México es reducida, en virtud de que ésta asciende a 23% (3.74% del PIB entre 16%), en tanto que el promedio observado en los países de América Latina es de 38% y en los países de la OCDE es de 36%.
Por lo tanto, se propone que el diseño ideal del IVA es aquél en el que no haya excepciones ni tratamientos preferenciales y que, por lo tanto, todos los contribuyentes deban pagar la misma tasa del impuesto, ya que ello simplificaría la administración y control del impuesto; asimismo evitaría la simulación de actividades que le permite al contribuyente ubicarse en un tratamiento más favorable.
El bajo potencial recaudatorio del IVA en México también se explica fundamentalmente por la aplicación de diversos regímenes especiales como lo son la tasa del 0% a un amplio número de bienes y servicios, así como la aplicación de una tasa reducida en la región fronteriza. Estas tasas, además de erosionar la base gravable dificultan su administración, ya que dan lugar a un gran número de solicitudes de devolución, las cuales demandan de parte de la administración tributaria importantes recursos, tanto materiales como humanos, para revisar la veracidad de la información, documentación y operaciones reportadas en dichas solicitudes.
Es por ello que a fin de equilibrar la recaudación de este impuesto, se propone:
Eliminación del tratamiento a la región fronteriza. Se elimina la aplicación de una tasa reducida en dicha región, además de implicar una menor recaudación, dificulta la administración y el control del impuesto, por lo que se abren espacios para la evasión y elusión fiscales.
Asimismo, la eliminación de la tasa para la región fronteriza, resulta constitucional, ya que su establecimiento fue una decisión de política tributaria que atendía al “fin extrafiscal” de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros en tal región.
Por lo que al desaparecer las razones de política tributaria que sustentaban el establecimiento de una tasa diferenciada en ciertas regiones fronterizas del país, se carece de una base objetiva para mantenerla vigente, por lo que su permanencia no resulta razonable. Esto es, ya no existe justificación para el trato desigual en la tasa.
ELIMINACIÓN DE EXENCIONES. Bajo la actual situación en México de la baja recaudación del IVA, se propone eliminar las siguientes exenciones:
a) Se elimina la exención a la compra, renta y pagos de hipoteca de casa habitación.
b) Se elimina la exención a los Servicios de Enseñanza.
c) Se elimina la exención en materia de Transporte Público Terrestre de Personas, únicamente al servicio de transporte prestado en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas.
d) Se limita la exención a los espectáculos públicos sólo al teatro y circo.
e) Se permite a las entidades federativas gravar los espectáculos públicos distintos al cine.
f) Se gravan las importaciones temporales INMEX, depósito fiscal automotriz, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico.
g) Se elimina la exención en la enajenación de bienes entre residentes en el extranjero o por un residente en el extranjero a empresas maquiladoras.
h) Se elimina la exención en la enajenación de bienes en recinto fiscalizado estratégico.
i) Se elimina la retención de empresas maquiladoras a proveedores nacionales.
OTRAS MODIFICACIONES: Ajustes en el tratamiento a productos sujetos a la tasa del 0%. (Chicles o gomas de mascar, perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar y productos procesados para su alimentación, oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes).
QUINTO.- LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. En la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se propone establecer las medidas siguientes:
Tasas a bebidas alcohólicas y cerveza. Ante la situación económica imperante durante los últimos tres años, propone mantener la carga fiscal actual a la enajenación e importación de las bebidas alcohólicas y cerveza mencionadas, mediante una reforma a los numerales 1 y 3 del inciso A), de la fracción I, del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
En este sentido, la tasa aplicable para la enajenación e importación de cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14º G.L. sería del 26.5%. Debe mencionarse que toda vez que la carga fiscal a las bebidas alcohólicas y a la cerveza se establece tomando en cuenta la graduación alcohólica de dichas bebidas, se homologa la aplicación de dicha tasa también a las bebidas con contenido alcohólico con una graduación de hasta 14º G.L., las cuales quedarían gravadas con una tasa del 26.5%.
Tratándose de bebidas alcohólicas y cerveza con una graduación alcohólica mayor de 20º G.L., la tasa que les correspondería sería del 53%.
Impuesto a bebidas saborizadas con azúcares añadidas. El problema de sobrepeso y obesidad se ha acentuado en México, registrando un incremento significativo Se adiciona un inciso G), a la fracción I, del artículo 2o. de la ley, para establecer como objetos específicos del impuesto los siguientes: Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos. Estos grupos de bienes estarán gravados cuando contengan cualquier tipo de azúcares añadidas.
En el caso de que las bebidas energetizantes contengan azúcares añadidas, en adición del impuesto establecido en el inciso F), de la fracción I, del artículo 2o. de la ley, también pagarán el impuesto que se propone en el inciso G), toda vez que los “fines extrafiscales” que se persiguen con ambos impuestos tienen causas diferentes.
Impuestos Ambientales. Su objeto es desincentivar conductas que afectan negativamente al medio ambiente al reflejar los costos sociales que causan dichas conductas, los cuales se orientan a dos temas específicos:
a) Reducción gradual de emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, principal gas de efecto invernadero, y
b) b) Reducción gradual del uso de plaguicidas que generan indirectamente daños a la salud y al medio ambiente.
Mediante estos dos temas se presenta un gran potencial para mejorar el medio ambiente
Los gravámenes que se proponen en esta materia a fin de lograr estos fines, son los siguientes:
Impuesto a los Combustibles Fósiles. Cuyo objeto principal propone gravar la enajenación e importación de combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono.
Mediante la introducción de un impuesto al carbono se reafirma el compromiso de México para alcanzar sus metas de reducción de emisiones hacia el año 2020, que ratifican el compromiso contraído por México en los acuerdos de Cancún 2010 y en la Ley General de Cambio Climático aprobada por el Congreso de la Unión. Las cuotas relativas a este nuevo impuesto se establecen por tipo de combustible y considerando las toneladas de bióxido de carbono por unidad de volumen.
Impuesto a los Plaguicidas. Dirigido principalmente a los productores agrícolas que no cuentan con un sistema sustentable de manejo biológico de plagas, ya que en su lugar utilizan diversos plaguicidas que aunque permiten un aumento en la productividad agrícola tienen fuertes riesgos ambientales como la contaminación del agua, de los suelos, del aire y de los alimentos; intoxicaciones agudas (leves, moderadas o severas), sub crónicas, crónicas con efectos agudos como quemaduras de piel y ojos, cefalea, náuseas, visión borrosa, calambres musculares, vómitos y dificultad respiratoria, e inclusive hay estudios no concluyentes hasta ahora, que apuntan que estos productos podrían ser carcinógenos, y enfermedades como disfunciones inmunológicas y daño neuronal permanente y, en casos extremos, pueden producir la muerte.
Mediante este impuesto se gravan los plaguicidas de acuerdo con la clasificación de peligro de toxicidad aguda establecida en la NOM-232-SSA1-2009.
La Tasa que se aplicará a los plaguicidas se determina de acuerdo a la categoría de peligro de toxicidad aguda.
SEXTO.- BENEFICIOS FISCALES POR LLUVIAS SEVERAS. Mediante el Decreto publicado el pasado 24 de Septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal otorgó una serie de beneficios fiscales a aquellos contribuyentes afectados por las lluvias severas que se presentaron en diversos estados de la República durante el mes de septiembre de 2013.
Los beneficios previstos en el citado decreto son los siguientes:
1. Eximir la presentación de pagos provisionales del ISR y del IETU por los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013, y el correspondiente al segundo cuatrimestre de 2013.
2. Eximir la obligación de efectuar pagos definitivos del ISR, IETU y el IVA correspondientes al cuarto y quinto bimestres de 2013, a los contribuyentes que tributen en el régimen fiscal de pequeños contribuyentes.
3. Deducción de forma inmediata y al 100% de las inversiones en bienes nuevos de activo fijo que realicen en las zonas afectadas, del 15 de septiembre al 30 de noviembre de 2013.
4. Permitir a los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que realicen pagos semestrales del ISR y del IETU, que presenten las declaraciones del IVA mensualmente y no semestralmente, para que gocen de liquidez por la obtención de las devoluciones del IVA.
5. Permitir que el ISR retenido a sus trabajadores durante agosto, septiembre y octubre de 2013, se entere en 2 pagos durante noviembre y diciembre del mismo año.
6. Se difiere el pago definitivo del IVA correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013, los cuales podrán enterarse en 2 parcialidades iguales, de forma mensual y sucesiva en los meses de noviembre y diciembre de 2013.
7. En el caso de contribuyentes que tengan un crédito fiscal a cargo que estén pagando en parcialidades, se difiere por tres meses el pago de sus parcialidades, reanudando el pago a partir del mes de diciembre de 2013.
SÉPTIMO.- Contradicción de tesis 293/2011. El pasado 03 de Septiembre de 2013 se publicó un comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se informó que el Tribunal Pleno, al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011, definió el criterio que debe prevalecer respecto a la jerarquía normativa de los “Tratados sobre de Derechos Humanos”.
Así el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que del Artículo 1º Constitucional se desprende un conjunto de normas de derechos humanos, de fuente tanto constitucional como convencional, mismas que se rigen por principios interpretativos, entre los cuales no se distingue la fuente de la que derivan dichos derechos.
En ese sentido, se concluyó que, a partir de la reforma al Artículo 1o Constitucional, los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales “tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Carta Magna; reconociéndoles así la misma jerarquía con respecto de aquellos que se encuentran expresamente consagrados en el texto constitucional”.
Sobre esa base, el Tribunal Pleno aclaró que la reforma en materia de derechos humanos vino a ampliar el catálogo constitucional de los mismos, pues a partir de ésta se permite armonizar, a través del principio “pro persona”, las normas nacionales y las internacionales, a fin de brindar la máxima protección al individuo.
Como otro punto importante de este criterio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también determinó que toda la “jurisprudencia” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta obligatoria para los jueces Mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona.
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; Pág. 742
CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTI­CIA DE LA NACIÓN SOBRE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO. SU RESULTADO DEBE SER COMPATIBLE CON LAS COM­PETENCIAS QUE ESTRUCTURAN AL PODER JUDICIAL DE LA FEDE­RACION.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el control constitucional es un elemento transversal a la función jurisdiccional, por lo que se han transformado las competencias de los órganos judiciales. Un ejemplo de dicha transformación es la modificación de los supuestos de procedencia del recurso de revisión en el amparo directo, pues no necesariamente es improcedente cuando se recurre una sentencia que sobresee en el juicio constitucional, ya que puede impugnarse el precepto de la Ley de Amparo que sirvió de fundamento, pues si bien dicha ley es reglamentaria de la Constitución, lo relevante es que no es equivalente a ésta, por lo cual, al tratarse de una norma subordinada a los criterios de validez de la Norma Fundamental, no escapa a un posible escrutinio. Ahora bien, en el caso de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el escrutinio constitucional de dicha ley, el resultado de esa evaluación, en caso de resultar en la inaplicación de la norma respectiva, debe ser compatible con las com­petencias que estructuran al Poder Judicial de la Federación, pues el control constitucional, transversal a toda función jurisdiccional, debe ejercerse con base en el parámetro establecido en el párrafo tercero del artículo 1o. consti­tucional. Por ende, si al resolverse el recurso de revisión en amparo directo se revoca la sentencia recurrida, por ejemplo, por basarse en una interpretación de una causal de improcedencia incompatible con la Constitución, debe revo­carse la sentencia recurrida y remitirse el asunto al tribunal colegiado de circuito del conocimiento para que resuelva el asunto, al corresponder a éste resolver los amparos directos, de conformidad con el esquema legal. Así, si bien es cierto que en el juicio de amparo no existe la remisión, pues al resol­verse un recurso de revisión, el órgano revisor debe reasumir competencia para resolver la materia del asunto, también lo es que esta regla no opera cuando en la revisión se estudia la constitucionalidad de la Ley de Amparo. 1 a. CCXLI I I/2013 (10a.)
Amparo directo en revisión 301/2013.-3 de abril de 2013.-Mayoría de cuatro votos.‑ Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto particular.-Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.-Secretario: David García Sarubbi.
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1; Pág. 745
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CUANDO SE ADUCE QUE UN TRIBUNAL COLEGIADO NO ATENDIÓ LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN TORNO A LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOLUCRADOS EN UN CASO EN CONCRETO. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si en un recurso de revisión en amparo directo, se plantean agravios relativos a la omisión de un tribunal colegiado de tomar en cuenta los parámetros fijados por este alto tribunal para que dicho órgano jurisdiccional realice una interpretación constitucional de ciertos derechos fundamentales, ello acarrea un aspecto propiamente constitucional. En efecto, las interpretaciones constitucionales que realiza esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen fuerza vinculante y por tanto deben acatarse, por lo que cuando en una sentencia se fija el sentido y alcance de un derecho fundamental y se ordena que a la luz de dicha determinación se realice un nuevo estudio de la demanda de amparo directo presentada por el quejoso, surge como consecuencia necesaria y directa, la obligación de que el tribunal colegiado fundamente y motive su nueva resolución a partir de los lineamientos señalados por este alto tribunal. En consecuencia, cuando en un recurso de revisión se aduce que el tribunal colegiado no atendió los principios establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la interpretación de los derechos fundamentales involucrados en el caso en concreto, el mismo debe declararse procedente, en tanto subsiste un problema de constitucionalidad, pues de lo contrario, el cumplimiento de las sentencias de este alto tribunal estaría condicionado a lo resuelto por un órgano jurisdiccional jerárquicamente inferior, dejando al recurrente en un estado de indefensión.
1a. CCXXXIX/2013 (10a.)
Amparo directo en revisión 1013/2013. Juan Manuel Ortega de León. 12 de junio de 2013. Cinco votos. Jorge Mario Pardo Rebolledo disiente del criterio particular que sustenta la presente tesis. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA IMPUGNAR DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO A TRAVÉS DE ESTE RE­CURSO.- De los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que: a) en la sentencia recurrida se realice un pronun­ciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, un tratado internacional o algún reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o Habiéndose planteado, se omita su estudio y b) el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, el Pleno de ésta, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, el 26 de enero de 2012, estableció que es susceptible de actualizarse la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo cuando se cuestione la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, pues a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional, se ha desvanecido el obstáculo técnico que impedía conocer sobre su regularidad constitucional. Este planteamiento debe formularse en los recursos previstos en el juicio constitucional, ya que no es dable señalar como acto reclamado destacado en la demanda a la Ley de Amparo, ya que es hasta que se genere un acto de aplicación en perjuicio del particular cuando lo puede combatir. Así, en dichos casos, el órgano revi­sor no sólo se debe limitar a evaluar la regularidad de la decisión recurrida, sino también puede inaplicar la norma que sirvió de sustento cuando sea violatoria de algún derecho humano. Así, esta Primera Sala concluye, sobre la premisa de que el control constitucional es un elemento transversal a toda función jurisdiccional, que el recurso de revisión procede no sólo cuando exista una cuestión de constitucionalidad vinculada con la litis original, sino también cuando se combata la Ley de Amparo y se satisfagan los tres requisitos siguien­tes: a) la existencia de un acto de aplicación de dicha ley al interior del juicio de amparo; b) la impugnación de ese acto de aplicación cuando trascienda al sentido de la decisión adoptada; y, c) la existencia de un recurso contra tal acto, en donde pueda analizarse tanto la regularidad del acto de aplicación, como la regularidad constitucional de la norma aplicada.
la. CCXLI/2013 (10a.)
Amparo directo en revisión 301/2013.-3 de abril de 2013.-Mayoría de cuatro votos.­ Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto particular.- Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.-Secretario: David García Sarubbi.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2; Pág. 901
INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS. LA ORDEN RE­LATIVA EMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL DEBE ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, AUNQUE SE DIRIJA A UNA INSTI­TUCION FINANCIERA Y NO AL CONTRIBUYENTE- Los artículos 156-Bis y 156-Ter del Código Fiscal de la Federación establecen a favor de la autoridad tributaria la facultad de ordenar a una institución finan­ciera que inmovilice la cuenta o las cuentas bancarias de un contribu­yente, cuando se ha determinado que un crédito fiscal es firme o no se ha garantizado debidamente. Ahora bien, dicha orden se dirige a una institución que tiene la naturaleza de particular, y actúa en auxilio de la autoridad hacendaria en un acto de ejecución a su favor. Por tanto, la orden de inmovilización de cuentas de la autoridad fiscal debe estar fundada y motivada en términos del artículo 16 de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual bastará con que en la orden de mérito se señale a la institución bancaria que debe inmovi­lizar la cuenta del contribuyente, el monto del crédito y el número de la cuenta en la que habrá de verificarse tal acto.
2a./J. 79/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 506/2012.-Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.-20 de febrero de 2013.­Cinco votos.-Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.-Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.
Tesis de jurisprudencia 79/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del veinticuatro de abril de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2; Pág. 930
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA SALA DEBE EXAMINAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN FORMU­LADOS EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA CONTRA LA RESOLUCIÓN COMBATIDA, AUN CUANDO LA ACTORA MANI­FIESTE DESCONOCERLA.-De los artículos 14 y 16 de la Ley Fede­ral de Procedimiento Contencioso Administrativo deriva que si bien la parte actora, en la ampliación de demanda, debe combatir la resolu­ción impugnada y su notificación, en caso de que en el escrito inicial afirme desconocerla y la autoridad la exhiba en su contestación, lo cierto es que una vez calificada de legal la notificación practicada con anterioridad a la presentación de la demanda se destruye su afirma­ción, es decir, se pondrá en evidencia que ya tenía conocimiento del acto impugnado previamente a la presentación de su escrito inicial; como consecuencia de lo anterior, debe regir el supuesto de la fracción I del mencionado numeral 16, relativo a que si la actora tiene cono­cimiento de la resolución debe expresar, en la demanda inicial, los conceptos de impugnación en su contra; bajo ese contexto, si formuló tales conceptos y resulta oportuna la presentación de la demanda, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe exami­narlos, aun cuando aquélla hubiera manifestado, en el escrito inicial de demanda, desconocer la resolución combatida.
2a./J. 106/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 124/2013.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, Segundo en Mate­rias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y Noveno en Materia Administrativa del Primer Circu da-22 de mayo de 2013.-Cinco votos.-Ponente: Luis María Ag u i lar Morales.-Secretaria: Amalia Tecona Silva.
Tesis de jurisprudencia 106/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cinco de junio de dos mil trece.
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDA­DES DE LAS EMPRESAS. EL MONTO PREVISTO EN EL AR­TÍCULO 127, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SÓLO ES APLICABLE A LOS PATRONES QUE SE DEDICAN EXCLUSIVAMENTE A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN DICHA NORMA.- Del proceso legislativo que dio origen al indicado precepto, el cual prevé el tope de 1 mes de salario como monto máximo de participación de los trabajadores en el reparto de utilidades, cuando los patrones obtienen sus ingresos del cuidado de bienes que producen rentas o del cobro de créditos y sus intereses, se advierte que la intención del legislador fue que ese tope se aplique sólo a los patrones que obtengan sus ingresos por dichas actividades y que éstas constituyan su única fuente de ingresos; de lo contrario, si además.de dedicarse a esas actividades, realizan otra u otras que constituyan una distinta fuente de ingresos, resulta inconcuso que no se ubican en el supuesto de la norma examinada.
2a./J. 112/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 129/2013.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán.-29 de mayo de 2013.-Mayoría de cuatro votos.-Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos.-Ponente: Luis María Aguilar Morales.-Secretaria: Amalia Tecona Silva.
Tesis de jurisprudencia 112/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal, en sesión privada del diecinueve de junio de dos mil trece.
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2; Pág. 1070
RENTA. LA LIMITANTE A LA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO ES APLICABLE A LOS VEHÍCULOS DENOMINADOS CAMIONETAS PICK-UP.- Partiendo de que el legislador permitió la deducción de inversión en vehículos que tengan como fin ser utilizados en las actividades propias de la empresa, debida­mente justificáda en la contribución a la realización de los propósitos y el desarrollo de las actividades del contribuyente, atendiendo a crite­rios jurídicos, económicos y sociales, en fomento a la constitución de nuevas empresas, crecimiento de las ya existentes, realización de nego­cios y aumento de fuentes de empleo, permitiendo a las personas mora­les deducir como activos fijos los camiones de carga, de cuya naturaleza participan los vehículos denominados camionetas pick-up, por su estruc­tura y diseño, al contar con una caja abierta que es propia para carga y tienen como finalidad o están destinados al transporte de enseres o mercancías, la limitante establecida en el artículo 42, fracción II, de la citada legislación no resulta aplicable, debido a que las citadas carac­terísticas permiten distinguir a los citados vehículos de los automóvi­les a que se refiere dicho numeral, cuya naturaleza y finalidad es el transporte de personas.
2a./J. 99/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 98/2013.-Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y el Primer
Tribunal Cole­giado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito.-15 de mayo de 2013.-Cinco votos.-Ponente: Alberto Pérez Dayán.-Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.
Tesis de jurisprudencia 99/2013 (10a.).-Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tri­bunal en sesión privada de veintinueve de mayo de dos mil trece.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2; Pág. 1325
LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTI­TUCIONAL EN RELACION CON LA BASE GRAVABLE DE LAS CON­TRIBUCIONES.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esencia­les, para que el sujeto obligado conozca con certeza la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras. En tal sentido, para verificar si determinada prestación pública patrimonial viola el mencionado princi­pio por considerar que su base gravable no está debidamente establecida, debe partirse del análisis de la naturaleza jurídica de la contribución relativa, pues si constituye un gravamen de cuota fija puede prescindirse de ese elemento cuantificador del tributo, sin que ello implique una violación al indicado prin­cipio de justicia fiscal, al ser la propia ley la que proporciona la cantidad a pagar, por lo que el gobernado conocerá en todo momento la forma en que debe contribuir al gasto público; en cambio, si se trata de un impuesto de cuota variable, debe verificarse que el mecanismo conforme al cual se mide o valora la capacidad contributiva descrita en el hecho imponible, no dé margen al comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades exactoras, sino que genere certidumbre al causante sobre la forma en que debe cuantificar las cargas tributarias que le corresponden, independientemente de que el diseño normativo pueda infringir algún otro postulado constitucional.
2a. LXII/2013 (10a.)
Contradicción de tesis 379/2012.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.-15 de mayo de 2013.-Mayoría de cuatro votos.-Disidente: Sergio A. Valls Hernández.-Ponente: José Fernando Franco González Salas.-Secretario: Gabriel Regis López.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contra­dicción planteada.
[TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2; Pág. 1327
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO SE­GUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFOR­MAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE SU REGLAMENTO INTERIOR (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DE 2010), NO VIOLA LOS PRIN­CIPIOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.-El precepto citado, al disponer que la reforma al artículo 37, apartados Ay C, del Reglamento Interior del Servicio de Administra­ción Tributaria entrará en vigor en la fecha en que inicie la vigencia del acuerdo por el que se establezca la circunscripción territorial de las unidades admi­nistrativas regionales que, por virtud de ese decreto se crean, establece una delegación de facultades en el Jefe de la dependencia respecto a la expedi­ción y fecha de vigencia del acuerdo respectivo, que no implica una violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica y supremacía constitucional, contenidos en los artículos 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Es­tados Unidos Mexicanos, porque es imposible que el Presidente de la República prevea en el propio reglamento todas las cuestiones inherentes a la forma como debe operar el citado órgano, así como la circunscripción territorial dentro de la cual los servidores públicos o unidades administrativas pueden llevar a cabo sus actividades válidamente; por lo que es, precisamente, en respeto al marco constitucional contemplado en los artículos 89, fracción 1 y 133 de la Carta Magna, que el titular del Poder Ejecutivo delega en el Jefe de ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la expedición de los acuerdos por los que se establezca la aludida circunscripción territorial, cuya facultad está consignada expresamente en el numeral 3, fracción XII, del Reglamento Interior en consulta. Así, las disposiciones de éste deben interpre­tarse en sintonía con la forma en que habrá de operarse y es a través del dictado de los mencionados acuerdos como se transita para la consecución del fin previsto en dicho reglamento, es decir, ambas normas se complementan en cuanto a su entrada en vigor, siendo inexacto que el acuerdo quede ubicado por encima de aquél. Además, en términos del artículo 5, fracción II, del Reglamento Interior en consulta, el Jefe de la dependencia tiene a su cargo proponer, para aprobación de la Junta de Gobierno, la política operativa, nor­mativa y funcional, así como los programas que deben seguir las unidades administrativas; de lo que deriva que la elaboración del acuerdo en comento no es un acto de decisión que pueda tomarse en forma inmediata, sino que, para cristalizarlo, es menester realizar un programa estratégico que permita la operatividad de las unidades administrativas, con el objeto de proteger el correcto funcionamiento del órgano; de manera que una vez que se expida, su contenido y vigencia se conocerán con la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
2a. LXXV/2013 (10a.)
Amparo directo en revisión 837/2013.-Consorcio de Ingeniería Petrolera, S.A. de C.V.­24 de abril de 2013.-Cinco votos; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas.-Ponente: Alberto Pérez Dayán.-Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3; Pág. 1445
ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES. NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO TALES LAS IMPRESIONES DE PANTALLA DE LOS DATOS ALFANUMÉRICOS SIN PROCESAMIENTO NI CÓDIGOS DE INTERPRETACIÓN, QUE APARECEN EN EL SISTEMA DE MOVIMIENTOS AFILIATORIOS DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, AUN CUANDO CONTENGAN SELLOS CON LA LEYENDA “CERTIFICADO” Y EN ÉSTA SE ASEGURE QUE SU CONTENIDO SE CONCORDÓ CON LOS ARCHIVOS. De las ejecutorias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas a las contradicciones de tesis 189/2007-SS y 351/2010, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, noviembre de 2007 y XXXIII, enero de 2011, páginas 305 y 1364, respectivamente, aplicadas de manera analógica, se obtiene que podrá estimarse que se está ante una verdadera certificación que, por su contenido, puede considerarse un auténtico estado de cuenta individual de los trabajadores, sólo si la actividad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es la apropiada para otorgar certeza de que los datos asentados por el funcionario competente en ese documento efectivamente coinciden con los contenidos en los archivos del mencionado organismo, de tal manera que sea posible la descripción de la información para su revisión, compulsa y escrutinio; además, en términos del artículo 46, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la eficacia de tales certificaciones depende de la explicitud que proporcione quien las elabora, de tal manera que nulifique toda duda sobre el contenido de los datos que se hallan en dichos archivos. Sobre esta base, es evidente que las impresiones de pantalla de los datos alfanuméricos, sin procesamiento ni códigos de interpretación, que aparecen en el sistema de movimientos afiliatorios del indicado instituto, aun cuando contengan sellos con la leyenda “certificado” y en ésta se asegure que su contenido se concordó con los archivos no pueden considerarse auténticos estados de cuenta individuales certificados, conforme a los criterios jurisprudenciales de referencia, pues se trata de datos que requieren de interpretación y decodificación por quien conozca los lenguajes específicos o privados del sistema, lo cual vuelve cuestionable su valor probatorio respecto de un vínculo laboral, sin que obste a lo anterior que, probablemente, si a un documento certificatorio explicativo, con mención y exposición de un cúmulo de datos, se le acompaña de estas hojas con impresiones de pantalla, su valor cambiaría, por tratarse de soporte y papeles de trabajo del estado de cuenta, pero definitivamente, en sí mismas, no pueden constituir un estado de cuenta certificado.
II.3o.A. J/11 (10a.)
Amparo directo 287/2011. Acrílicos León, S.A. de C.V. 12 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Rodolfo Carmona Omaña.
Amparo directo 240/2011. Distribuidora Maracol, S.A. de C.V. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Marco H. Quintana Vargas.
Amparo directo 50/2012. Grupo Consultor Belro, S. de R.L. de C.V. 28 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Jorge Alberto Rangel Mendoza.
Amparo directo 806/2011. Prommesa Servicios, S.A. de C.V. 12 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Jorge Alberto Rangel Mendoza.
Amparo directo 195/2012. 13 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Ángel Corona Ortiz.
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3; Pág. 1493
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. SI AL TRABAJADOR SE LE OTORGÓ UN CRÉDITO PARA VIVIENDA, ES IMPROCE­DENTE QUE SE DEVUELVAN A ÉSTE O A SUS BENEFICIARIOS LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, LOS CUA­LES DEBEN DESTINARSE AL PAGO DE DICHO CRÉDITO.- De la interpretación sistemática del artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 5o., último párrafo, 29, fracción II y 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se deduce lo siguiente: a) Que por disposición constitucional los patrones tienen la obligación de realizar aportaciones a un fondo nacional de la vivienda, para establecer un sistema de financiamiento con el fin de otorgar a los trabajadores créditos para la adquisición de habitaciones cómodas e higiénicas; b) Que tales aportaciones no son recursos del instituto, sino patrimonio de los trabajadores; y, c) Que en caso de que las cantidades aportadas a la subcuenta de vivienda no sean destinadas a un crédito, el trabajador o sus beneficiarios pueden solicitar del citado instituto la transferencia de los recursos de la aludida subcuenta a la administradora de fondos para el retiro (Afore) correspondiente para la contratación de una pensión o para que efectúe su devolución. Por tanto, si la transferencia y devolución de dichas aportaciones apli­can en los casos en que los trabajadores no hayan disfrutado de un crédito de vivienda, en caso contrario, es decir, que sí hayan obtenido un crédito para tal efecto, resulta improcedente la devolución de los recursos de la subcuenta de vivienda al trabajador o a sus beneficiarios, pues éstos deben destinarse al pago de dicho crédito, ya que la finali­dad de las aportaciones es que se apliquen a favor de la acreedora para reducir el saldo insoluto del obligado al pago.
IV.3o.T. J/2 (10a.)
Amparo directo 844/2008.-Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja­dores.-14 de abril de 2009.-Unanimidad de votos-Ponente: Guillermo Esparza Alfaro.-Secretaria: Diana Elena Gutiérrez Garza.
Amparo directo 462/2009.-José Francisco Gándara Yáñez.-9 de septiembre de 2009.­Unanimidad de votos.-Ponente: Daniel Cabello González.-Secretario: Marco Tulio Morales Cavazos.
Amparo directo 538/2009.-Federico Hernández Mancha y otros.-21 de octubre de 2009.­Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Esparza Alfaro.-Secretario: Raúl Alvarado Estrada.
Amparo directo 892/2009.-José Acevedo García.-10 de febrero de 2010.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Luis Torres Lagunas.-Secretaria: Angélica Lucio Rosales.
Amparo directo 440/2013.-5 de junio de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Esparza Alfaro.-Secretaria: Diana Elena Gutiérrez Garza.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3; Pág. 1642
DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA DE UNA NEGOCIACIÓN. EN SU CONTRA ES PROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SIN SUJETARSE A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 127 DEL CÓDIGO FIS­CAL DE LA FEDERACIÓN.-Los artículos 117, fracción II, inciso b), 120 y 127 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, prevén la posibilidad de acudir al juicio contencioso administrativo para impugnar vio­laciones cometidas en, el procedimiento administrativo de ejecución antes del remate; pero, con el evidente propósito de no entorpecer el cobro coactivo de contribuciones, el legislador prescribe que dicho medio de defensa sólo podrá hacerse valer hasta que se publique la convocatoria respectiva, dentro de los diez días siguientes, lo que implica que esta clase de actos inter­medios, no serán recurribles de manera autónoma, ni podrán adquirir el carácter de “definitivos”. El propio artículo 127, antes citado, establece como excepciones a esa regla la posibilidad de impugnación de los actos de ejecu­ción sobre bienes inembargables y los de imposible reparación. Ahora, la regla general descrita, sólo tiene aplicación cuando en atención a la natura­leza de los bienes embargados, éstos sean susceptibles de avalúo y remate; de forma que cuando no ocurra así, no será necesario esperar hasta una convocatoria de remate que evidentemente no tendrá verificativo. La designa­ción del interventor con cargo a la caja de una negociación, dados los efectos jurídicos y el impacto severo que la intervención ocasiona a las actividades y a la libre disposición del patrimonio de la negociación, que inclusive puede traducirse en una situación de perjuicio irreparable para el contribuyente, pues conforme a lo dispuesto en los numerales 165 y 171 del citado Código Fiscal de la Federación, el embargo trabado sobre la negociación tiene como objetivo la adjudicación en favor del fisco federal del importe que cubra el crédito, de los ingresos que obtenga y sólo cuando no sean suficientes, se procederá a su enajenación, por lo que es impugnable en el juicio contencioso administrativo federal, sin necesidad de esperar alguna convocatoria para remate.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRA­BAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. XVI.1 o.A.T.21 A (10a.)
Amparo directo 426/2012.-Frescos de Exportación, S.P.R. de R.L.-4 de octubre de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero.-Secretaria: Silvia Vidal Vidal.
Amparo directo 175/2013.-Autotransportes Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.-2 de mayo de 2013.-Unanimidad de votos.-Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo.-Secreta­rio: Pedro Hermida Pérez.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3; Pág. 1643
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. CARECE DE COMPETENCIA PARA EJERCER LAS FACULTADES DELEGADAS EN EL CONVENIO DE COLABORA­CIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELE­BRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DICHA ENTI­DAD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008, AL NO ESTAR PREVISTAS SUS ATRIBU­CIONES EN UN ACTO LEGISLATIVO O EN UNO REGLAMENTARIO ESPECIAL QUE NO SEA EMITIDO EN EL EJERCICIO DE FACUL­TADES REGLAMENTARIAS, GENÉRICAS O GENERALES (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P/J. 102/2009).-De la cláusula cuarta del mencionado convenio se advierte que las facultades en materia fiscal federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron delegadas, tanto al gober­nador como a sus autoridades que “conforme a las disposiciones jurídicas locales, estén facultadas para administrar, comprobar; determinar y cobrar ingresos federales.”. Así, en la citada cláusula se sustituyó el principio de ejercicio de las facultades fiscales federales a las autoridades estatales “pre­vistas en las disposiciones legales locales”, por uno diverso en donde ahora se faculta a las que en la entidad tengan atribuciones conforme a las disposi­ciones jurídicas aplicables, es decir, hubo un cambio de reglas para determi­nar las facultades de las autoridades locales, sin embargo, la apreciación de esta modificación no puede considerase con total amplitud, porque si bien es cierto que el aludido convenio faculta a las autoridades previstas en las dis­posiciones jurídicas aplicables, también lo es que esa regla no debe ser enten­dida deforma que se admita que una disposición jurídica, legal, reglamentaria o administrativa, de cualquier especie, pueda servir de fundamento para emi­tir actos que afecten a los gobernados en materia fiscal federal coordinada, pues de estimarse así se caería en el extremo de permitir que autoridades sin legitimación democrática suficiente, pudieran estar facultadas -de alguna manera- para afectar a los ciudadanos en sus derechos en materia de im­puestos federales, cuando eso sería contrario al principio básico de razonabi­lidad constitucional, consistente en que, la totalidad de las autoridades estatales con atribuciones para afectar cualquier tipo de derechos ciudada­nos, necesariamente tienen que ser creadas por un acto legislativo o por uno reglamentario que no se funde en el ejercicio de facultades reglamentarias, genéricas o generales, sino en un acto de reglamentación expedido en ejerci­cio de facultades reglamentarias específicas previstas por las leyes, lo que se confirma con la jurisprudencia P./J. 102/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 1069, de rubro: “ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS. LOS QUE AFECTAN LA ESFERA DE LOS PARTICULARES DEBEN SER CREADOS POR LEY 0 MEDIANTE ACTO DEL EJECUTIVO EN EJERCICIO DE FACULTADES ESPECÍFICAS ATRIBUIDAS LE­GISLATIVAMENTE, SALVO QUE SE TRATE DE ENTES CUYA ACTIVIDAD SÓLO TRASCIENDA AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.”. Por tanto, el director general de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México carece de compe­tencia paró ejercer las facultades delegadas en el referido convenio, al no estar previstas sus atribuciones en un acto de los señalados, sino en una norma de origen administrativo, como es el reglamento interior de la depen­dencia últimamente mencionada.
1I.3o.A.58 A (10a.)
Amparo en revisión 216/2011 Concretos Toluca, S.A. de C.V.-12 de enero de 2012 Mayoría de votos.-Disidente y Ponente: Salvador González Baltierra.-Secretario: Erro] Obed Ordóñez Camacho.
VII-P-2aS-371
SUSPENSIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE DOCE MESES PARA LA PRÁCTICA DE LA VISITA DOMICILIARIA.- NO SE ACTUALIZACUANDO EL CONTRIBUYENTE VISITADO CONTESTA DE MANERA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS DE DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS QUE LE FORMULA LA AUTORIDAD VISITADORA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, AUN SIN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE REQUERIDA.– El artículo 46-A, párrafos primero y cuarto y fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, dispone que las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, plazo que se suspenderá, entre otros casos, cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis meses; y que en el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año. Ahora bien, como se advierte del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, la voluntad del legislador fue que la suspensión terminaba cuando el contribuyente atendiera el requerimiento o simplemente lo contestara, aun sin proporcionar la información solicitada. De ello se sigue que cuando el contribuyente visitado contesta, dentro de los plazos que le fueron señalados por la autoridad, los requerimientos de información y documentación formulados durante la visita domiciliaria, no se actualiza el supuesto de suspensión de que se trata, aun sin proporcionar la información o documentación que le fue requerida, tal y como ocurrió en el caso que se resuelve, en el que el contribuyente visitado contestó los tres requerimientos que le fueron formulados por la autoridad durante la visita domiciliaria, proporcionando en parte la documentación e información requerida, y aduciendo diversas razones para no proporcionar la documentación e información restante, por considerar que no se encontraba obligada a presentarla por provenir de terceros cuyos datos de identificación obraban en poder de la autoridad y que no correspondía a su contabilidad.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1655/11-08-01-5/1032/12-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de marzo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Pedro Martín Ibarra Aguilera.
GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES. LA AUTORIDAD FISCAL PUEDE APOYARSE EN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES A FIN DE DETERMINAR QUÉ SE ENTIENDE POR.- El artículo 31 fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece como requisito de las deducciones, que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente; por lo que, no todas las erogaciones que realice un contribuyente pueden generalizarse y entenderse como estrictamente indispensables, pues el carácter de cada erogación atiende a la naturaleza de la actividad ejercida por cada causante del impuesto. De manera, que si un contribuyente realizó erogaciones al amparo de una norma especializada que atiende específicamente al giro u objeto de su actividad, resulta válido que la autoridad fiscal, a fi n de determinar qué gastos deben de entenderse como indispensables, atienda al contenido del Ordenamiento especializado correspondiente a tal actividad del contribuyente, con la finalidad de crear convicción de si las deducciones aplicadas por él mismo resultan procedentes o no.
VII-P-1aS-665
PRESCRIPCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRESENTA LA DECLARACIÓN NORMAL.- Tratándose de la obligación de la autoridad fiscal para devolver al contribuyente las cantidades que resulten por concepto de saldo a favor, inicia a partir de que se presenta la declaración normal, puesto que es cuando ingresa al fisco federal la cantidad que se pagó en exceso, sin que obste, el hecho de que mediante declaraciones complementarias se haga saber de la existencia de un saldo a favor; ello, en atención a que este hecho simplemente actualiza el supuesto previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pero no pueden considerarse como situaciones que por sí mismas fijen el inicio del plazo para la prescripción de la obligación de las autoridades de devolver las cantidades y el derecho correlativo del contribuyente para tal efecto; consecuentemente, la presentación de la declaración normal torna exigible la obligación de las autoridades fiscales de devolver al contribuyente saldos a favor.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 18054/11-17-08-6/504/13-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 9 de mayo de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
VII-P-1aS-666
PRESCRIPCIÓN. LA INTERPOSICIÓN DE UN MEDIO DE DEFENSA NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE.- El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, establece que el cómputo del plazo para que opere la prescripción del crédito fiscal se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y que, además dicho término se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor. Asimismo, de conformidad con el artículo en cita, por gestión de cobro se entiende cualquier actuación que el acreedor haga del conocimiento del deudor, pretendiendo hacer efectivo el adeudo; esto es, el acto debe hacerse del conocimiento del deudor, por lo que existe una formalidad que condiciona la actualización de la gestión de cobro como un acto que interrumpa la prescripción. Consecuentemente, la interposición de un medio de defensa, no constituye una gestión de cobro, pues dicha actuación no se dirige ni se hace del conocimiento del deudor con la intención de obtener el pago de algún crédito fiscal.
VII-P-SS-110
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO PARA EJERCERLO.- A partir de la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticinco de octubre de dos mil once, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, se dejaron sin efectos las jurisprudencias P./J. 73/99 y P./J. 74/99, en las cuales se señalaba que los Órganos Jurisdiccionales y Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debían declarar inoperantes los argumentos en los que se planteara la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o normas jurídicas de carácter general; bajo la consideración, de que solo los Tribunales del Poder Judicial Federal eran competentes para analizar y resolver ese tipo de planteamientos. Por tales motivos, en el nuevo orden constitucional que impera en el sistema jurídico mexicano, a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están obligados a examinar el fondo de los conceptos de impugnación en los cuales se plantee que el acto impugnado está fundado en un norma jurídica que vulnera un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún Tratado Internacional celebrado por México, sin que ello implique una determinación de inconstitucionalidad y/o inconvencionalidad por parte del propio Tribunal, puesto que solo se estaría ordenando desaplicar el precepto respectivo.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6945/12-17-01-1/276/13-PL-02-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 22 de mayo de 2013, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. María Laura Camorlinga Sosa.
VII-P-SS-116
SOBRESEIMIENTODEL JUICIO. PROCEDE RESPECTODE LOS DECRETOS EMITIDOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EJERCICIO DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA, AL EQUIPARARSE A UN REGLAMENTO.- El artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece en su segundo párrafo que procede el juicio contencioso administrativo federal contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Como se advierte de dicho precepto, si bien es procedente el juicio contencioso administrativo federal en contra de decretos de carácter general, también lo es que establece una excepción a los reglamentos, así el reglamento es un acto formalmente administrativo porque proviene de un órgano de esa naturaleza y desde el punto de vista material es un acto legislativo en razón de que participa de los atributos de la ley, por tanto, un acto jurídico emitido por el Presidente de la República en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, con independencia de la denominación que tenga, entra en el campo de los actos formalmente administrativos que pueden equipararse a un reglamento si tiene por objeto desarrollar, mediante reglas generales, abstractas e impersonales, las normas contenidas en la ley para hacer posible y práctica su aplicación. Por lo que, si en un juicio se impugna un Decreto con las características aludidas, el que formalmente constituye un reglamento expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades establecidas, se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el artículo citado y por ello procede sobreseer el juicio, en términos del artículo 9, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
VI-P-SS-369
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 7547/06-17-02-6/2874/09-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 16 de junio de 2010, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 20 de septiembre de 2010)
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 34. Octubre 2010. p. 323
Juicio Contencioso AdministrativoNúm. 2279/11-04-01-8/26/13-PL-04-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 12 de junio de 2013, por unanimidad de 8 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Elva Marcela Vivar Rodríguez.
BOLETÍN INFORMATIVO GRUPO ONCE SEPTIEMBRE 2013.
BOLETÍN INFORMATIVO: DICIEMBRE 2013
Boletín Informativo: Febrero 2013

References: Artículo 5
 artículo 26
 Artículo 53
 Artículo 46
 Artículo 50
 Artículo 32
 Artículo 2
 Artículo 17
 Artículo 113
 Artículo 105
 Artículo 104
 Artículo 110
 Artículo 156
 artículo 156
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 156
 resolución 
 artículo 124
 Artículo 121
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 16
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 ARTÍCULO 42
 artículo 42
 artículo 31
 artículo 37
 artículo 5
 artículo 46
 artículo 123
 ARTÍCULO 127
 artículo 14
 artículo 127
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 22
 artículo 146
 resolución 
 artículo 2
 artículo 89
 artículo 9