Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/12/registro-oficial-14-de-diciembre-del-2000
Timestamp: 2019-12-10 13:04:36+00:00

Document:
Registro Oficial. 14 de DICIEMBRE del 2000
Jueves 14 de Diciembre del 2000
098 Establécense las tarifas para\n fletes de transporte terrestre de combustibles para transferencia\n entre terminales y patios de despacho de Petrocomercial y para\n su red de distribuidores ubicados en la provincia de Morona Santiago
0343 Expídese el Arancel\n Consular y Diplomático
MINISTERIOS\n DE COMERCIO EXTERIOR Y DE SALUD:
Reajústanse\n y niégase el reajuste de los precios de venta a farmacia\n al público en todo el territorio nacional de los productos\n farmacéuticos elaborados por las siguientes empresas:
186\n - DDE\n Provenco Cía.\n Ltda
187\n - DDE Ecuaquimica\n C. A
188\n - DDE Comerciosa\n S. A
189\n - DDE Schering - Plough del\n Ecuador S. A
394\n Director\n Regional 3 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en contra\n de Edgar Durán Abad
395 María Isabel Cazar\n Báez en contra de Luis Alfredo Cazar Báez
396\n Jorge Vargas Vargas y otra en contra de Manuel María\n Valverde Luna
398 César Augusto Vallejo\n Orbe en contra de Byron Patricio Guzmán Cevallos
399 Alexandra Ernestina Valero\n Rodríguez en contra de Holger Berlín Salvatierra\n Salvatierra
-\n Cantón Cuyabeno: Que\n regula la determinación, administración, control\n y recaudación del impuesto de patentes municipales
-\n Juicio de expropiación\n seguido por el Ilustre Municipio del Cantón Chaguarpamba,\n provincia de Loja (ira. publicación)
-\n Muerte presunta del señor Julio\n César Llumiquinga Olalla (1ra. publicación)
-\n Muerte presunta del señor José\n Alfonso Buestán Aguilar (2da. publicación)
-\n Muerte presunta del señor Edison\n Efrén Herrera Andi (2da. publicación)
-\n Muerte presunta del señor Francisco\n Rojas Quezada Hermida (2da. publicación)
-\n Muerte presunta\n del señor Ramiro Iván Lasso Hidalgo (2da. publicación)
-\n Juicio de expropiación seguido\n por la I. Municipalidad de Riobamba (3ra publicación)
-\n Muerte presunta del señor José\n Gustavo Yupangui Rubio (3ra. publicación)
-\n Juicio de expropiación\n seguido por el L Municipio de [barra (3ra. publicación)
Que el Art. 23. numerales 17 y 26 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador dispone que\n el Estado reconoce y garantiza a las personas la libertad de\n trabajo; que ninguna persona podrá ser obligada a realizar\n un trabajo gratuito o forzoso; y. la seguridad jurídica;
Que el Art. 244. numeral 1 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador establece que al Estado le\n corresponde garantizar el desarrollo de las actividades económicas,\n mediante un orden jurídico e instituciones que las promueven.\n fomenten y generen confianza;
Que de conformidad con el Art. 65 de la Ley de Hidrocarburos,\n el Ministerio de Energía y Minas, está facultado\n para establecer las tarifas para el transporte terrestre de hidrocarburos\n y derivados;
Que con Decreto Ejecutivo No. 432 de 24 de mayo del 2000,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 85 de 25\n del mismo mes y año, se establecen los precios de venta\n en los terminales y depósitos operados por PETROCOMERCIAL\n para los derivados de hidrocarburos;
Que mediante Acuerdo Ministerial No. 053 de 12 de junio del\n 2000, publicado en el Registro Oficial No. 102 de 20 de junio\n del presente año, se establecieron las tarifas para los\n fletes de transporte terrestre de combustibles de transferencia\n entre los terminales y patios de despacho de PETROCOMERCIAL,\n y para su red de distribuidores ubicados en la provincia de Morona\n Santiago;
Que PETROCOMERCIAL mediante oficio No. 09535 - PCO GER - 2000\n de 26 de octubre del 2000, ha solicitado la revisión de\n los fletes de transporte terrestre de combustibles para la provincia\n de Morona Santiago;
Que es necesario establecer nuevos fletes para el transporte\n terrestre de combustibles, a fin de permitir el abastecimiento\n a las diversas regiones del país;
Que la Dirección Nacional de Hidrocarburos y la Dirección\n de Asesoría Jurídica de este Ministerio, con memorandos\n Nos. 166 - DNH - EH - CE - C - 006115 y 615 - DAJ - JE - 2000\n de 28 y 30 de noviembre del 2000, en su orden, emitieron los\n informes pertinentes; y,
Art. 1; Establecer las siguientes tarifas para fletes de transporte\n terrestre de combustibles para transferencia entre terminales\n y patios de despacho de PETROCOMERCIAL y para su red de distribuidores\n ubicados en la provincia de Morona Santiago, conforme al siguiente\n detalle:
(Anexo 14DIT1;2)
Art. 2; Establecer las siguientes tarifas para fletes de transporte\n terrestre de hidrocarburos y derivados, para distancias cortas,\n que deberá reconocer PETROCOMERCIAL a los transportistas\n que cubren este servicio:
(Anexo 14DIT3)
Art. 3; Se faculta al Director Nacional de Hidrocarburos que\n establezca los fletes de transporte terrestre de combustibles\n para nuevas rutas de transferencia, utilizando los factores que\n sirvieron de base para el establecimiento de fletes que se determinan\n en los artículos anteriores.
Art. 4; Déjase sin efecto el Acuerdo Ministerial No.\n 053 de 12 de junio del 2000. publicado en el Registro Oficial\n No. 102 de 20 de junio del presente año.
Art. 5; El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia desde la fecha de su expedición, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese; Dado en Quito, a 1\n de diciembre del 2000.
f.) lng. Pablo Terán Ribadeneira.
Es fiel copia del original; Lo certifico; Quito, a 4 de diciembre\n del 2000.
f. ) Director General Administrativo.
No. 0000343
Que, la aguda crisis fiscal que se traduce en el marco institucional\n obliga a buscar fuentes de financiamiento que provean de recursos\n para el mejor cumplimiento de las obligaciones del Servicio Exterior\n Ecuatoriano;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso\n del artículo sexto de la Ley de Derechos Consulares, reformado\n por el literal c) del articulo 49 de la Ley para la Reforma de\n las Finanzas Públicas, promulgada en el Suplemento del\n Registro Oficial N0 181 de 30 de abril de 1999. dispone que,\n los valores recaudados por la aplicación del Arancel Consular\n y Diplomático constituirán fondos propios de autogestión\n del Servicio Exterior ecuatoriano";
Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos undécimo\n del Decreto Supremo No. 281, publicado en el Registro Oficial\n No. 69 de 20 de abril de 1976 y 2 del Reglamento para el Manejo,\n Destino y Control de los Recursos de Autogestión del Servicio\n Exterior, promulgado en el Registro Oficial No. 270 de 6 de septiembre\n de 1999, "el Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá,\n mediante Acuerdo Ministerial, el Arancel Consular y Diplomático,\n previo informe favorable del Ministerio de Economía y\n Finanzas. Igual procedimiento se adoptará para las reformas\n al mismo, de conformidad con la ley";
Que se debe armonizar el Arancel Consular y Diplomático\n con las leyes emitidas por el Gobierno Nacional;
Que es necesario actualizar el Arancel Consular y Diplomático,\n a fin de que sea compatible con los derechos que cobran otros\n países;
Que el Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido\n informe favorable mediante oficio No. 6669 SGJ - CFG - 2000 de\n 24 de noviembre del 2000; y,
En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos\n undécimo del Decreto Supremo No. 281, publicado en el\n Registro Oficial No. 69 de 20 de abril de 1976 y 2 del Reglamento\n para el Manejo, Destino y Control de los Recursos de Autogestión\n del Servicio Exterior, promulgado en el Registro Oficial No.\n 270 de 6 de septiembre de 1999,
Art; 1; Expedir el siguiente Arancel Consular y Diplomático:
(Anexo 14DIT4;7)
Artículo 2; Las oficinas consulares ecuatorianas, cobrarán\n en dólares de los Estados Unidos de América o en\n otras monedas, en los casos que expresamente autorice el Ministerio\n de Relaciones Exteriores y al tipo de cambio que esta institución\n lo determine.
Artículo 3; Déjase sin efecto el Arancel Consular\n y Diplomático expedido con Acuerdo Ministerial No. 0123\n de 16 de mayo del 2000 y publicado en el Registro Oficial No.\n 86 de 29 de los mismos mes y ano.
Articulo 4; El presente arancel entrará en vigencia\n el 1° de enero del año 2001.
Dado en Quito, 30 de noviembre del 2000.
f.) Gonzalo Salvador Holguín, Ministro de Relaciones\n Exteriores, encargado.
No. 186\n - DDE
Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 de 1999 - 12 - 07, manifestó que el Consejo debe\n contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n control de precios de los medicamentos de uso humano;
Que mediante Ley No. 60 promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas que comercialicen los\n medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;
Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial\n No. 215 del 18 de junio de 1999. el Subsecretario de Industrialización\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera\n de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que\n devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación\n de Precios de Medicamentos de Uso Humano;
Que el 20 y 23 de marzo del 2000, la empresa PROVENCO CIA.\n LTDA. presentó al Ministerio de Comercio Exterior Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 10 productos\n nacionales;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa PROVENCO\n CIA. LTDA.;
Que la solicitud de reajuste de precios cumple con lo establecido\n en el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero\n del 2000: y,
Art. 1 ; Reajustar los precios máximos de venta a farmacia\n y al público en todo el territorio nacional de los siguientes\n productos de la empresa PROVENCO CIA. LTDA.;
(Anexo 14DIT8)
Articulo 2; El presente cuerdo entrará en vigencia\n a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
\n f.) Augusto L. Tosí, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca. f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del\n Ministerio de Salud Pública.
Dirección Nacional de Industrias; Oficina de Documentación\n y Archivo; f.) Ilegible; Es fiel copia del original; Lo certifico.
No. 187\n - DDE
Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 de 7 de diciembre de 1999, manifestó que el Consejo\n debe contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y el Consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;
Que el 20 y 27 de marzo del 2000, la empresa ECUAQUIMICA C.\n A. presentó al Ministerio de Comercio Exterior Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 59 productos;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa ECUAQUIMICA\n C. A..;
Art. 1 ; Reajustar los precios máximos de venta a farmacia\n y al público en todo el territorio nacional de los siguientes\n productos de la empresa ECUAQUIMICA C. A.;
(Anexo 14DIT9,11)
Art. 2; El presente acuerdo entrará en vigencia a partir\n de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial.
Comuníquese y publíquese; Dado en Quito. Distrito\n Metropolitano, a 4 de abril del 2000.
f.)Augusto l. Tosí. Subsecretario de industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior. Industrialización\n y Pesca.
f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia delegado del Ministerio\n de Salud Pública.
No. 188\n - DDE
Que el 20 de marzo del 2000, la empresa COMERCIOSA S. A. presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior Industrialización y\n Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 56 productos importados;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa COMERCIOSA\n S. A.;
Que la solicitud de reajuste de precios cumple con lo establecido\n en el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero\n del 2000: pero en un producto no cumple con el mencionado acuerdo\n por cuanto el precio base tiene diferente presentación\n al solicitado; y,
Art. 1 - Reajustar los precios máximos de venta a farmacia\n y al público en todo el territorio nacional de los siguientes\n productos de la empresa COMERCIOSA SA.:
(Anexo 14DIT12;13)
Art. 2; Negar el reajuste de los precios máximos de\n venta a farmacia y al público en todo el territorio nacional\n del siguiente producto de la empresa COMERCIOSA S A.:
(Anexo 14DIT14)
Art. 3; El presente acuerdo entrará en vigencia a partir\n de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial. Comuníquese y publíquese; Dado en Quito,\n Distrito Metropolitano, a 4 de abril del 2000.
f.) Augusto L. Tosí, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior. Industrialización\n y Pesca. f.)Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del\n Ministerio de Salud Pública.
Dirección Nacional de industrias; Oficina de Documentación\n y Archivo.- f.) Ilegible; Es fiel copia del original; Lo certifico.
No. 189\n - DDE
Que mediante Ley No. 60 promulgada en el Registro Oficial\n No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235\n del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores,\n farmacias, droguerías y boticas. que comercialicen los\n medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;
Que el 20 de marzo del 2000, la empresa SCHERING PLOUGH DEL\n ECUADOR S. A. presentó al Ministerio de Comercio Exterior\n Industrialización y Pesca, una solicitud de reajuste de\n precios de 126 productos importados;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000,\n conoció la solicitud presentada por la empresa SCHERING\n PLOUGH DEL ECUADOR S. A..;
Que la solicitud de reajuste de precios en 125 productos cumple\n con lo establecido en el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE\n del 3 de febrero del 2000: pero en un producto no cumple con\n el mencionado acuerdo por cuanto el precio base tiene diferente\n presentación al solicitada; y,
Art. 1 - Reajustar los precios máximos de venta a farmacia\n y al público en todo el territorio nacional de los siguientes\n productos de la empresa SCHERING PLOUGH DEL ECUADOR S. A.:
(Anexo 14DIT15;19)
Art. 2; Negar el reajuste de los precios máximos de\n venta a farmacia y al público en todo el territorio nacional\n del siguiente producto de la empresa SCHERING - PLOUGH DEL ECUADOR\n S.A.:
(Anexo 14DIT15;20)
f.)Augusto L. Tosí, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca. f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del\n Ministerio de Salud Pública.
N0 394
En el juicio ordinario (recurso de casación)\n No. 190 - 98 que, por restitución de un local, sigue el\n Dr. Marco Carrión Calderón, en su calidad de Director\n Regional 3 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en\n contra de Edgar Durán Abad, se ha dictado lo siguiente:
Quito, 2 de octubre del 2000; las 10h05.
VISTOS: Edgar Durán Abad interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Cuenca. confirmatoria de la de primer nivel que\n declara con lugar la demanda, dentro del juicio ordinario que.\n por restitución de un local sigue el Dr. Marco Carrión\n Calderón, en su calidad de Director Regional 3 del Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social, en contra del recurrente. Dicho\n recurso es concedido por lo que el proceso sube a conocimiento\n de la Corte Suprema de Justicia; habiéndose radicado la\n competencia por el sorteo de ley en esta Primera Sala de lo Civil\n y Mercantil, y terminado la etapa de sustanciación de\n este proceso de casación, para resolver se considera:\n PRIMERO; La Sala es competente para conocer del presente recurso\n en virtud de lo que dispone la resolución obligatoria\n de esta Corte Suprema de Justicia de fecha 19 de julio del 2000,\n publicada en el R. O. No. 136 de 8 de agosto del mismo año,\n así como de lo que dispone el artículo 29, inciso\n segundo del Decreto Ley para la Promoción de la inversión\n y de la Participación Ciudadana (Trole II), publicada\n en el R. O. No 144 de 18 de agosto del 2000. SEGUNDO; El recurrente\n acusa al fallo impugnado de haber infringido las normas legales\n contenidas en los artículos 734. 748. 759. 953. 1501 inciso\n 1°, 1502 y 1892 del Código Civil; 101 numeral 4°,\n 843 y 1067 del Código de Procedimiento Civil y artículos\n 1,25 y 39 inciso 1° de la Ley de Inquilinato, y de estar\n incurso en las causales primera, segunda y tercera del articulo\n 3 de la Ley Casación. TERCERO; El recurrente. aunque invoca\n la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación,\n no señala norma alguna relativa a la valoración\n de la prueba que haya sido infringida, no obstante que este era\n su deber de donde se concluye que este vicio carece de debido\n sustento y se lo rechaza. CUARTO; El recurrente alega que se\n ha incurrido en la causal segunda de casación y cita como\n normas procesales infringidas los artículos 101 numeral\n 4°, 843 y 1067 del Código de Procedimiento Civil,\n argumentando que es inquilino, por lo que la litis debió\n sustanciarse por la vía verbal sumaria ante el Juez de\n Inquilinato y, al no haberse procedido de este mundo, se habría\n incurrido en una violación del procedimiento que provoca\n la nulidad procesal insanable; en efecto, en la especie la discusión\n se centra en la calidad de la relación existente entre\n actor y demandado, ya que el primero alega que no existe vínculo\n contractual alguno entre ellos y que el segundo viene ocupando\n de fallo el local, siendo injusto detentador porque ha sido requerido\n para que lo devuelva sin que lo haya hecho; en cambio el demandado\n afirma que existe una relación de arrendamiento verbal;\n ahora bien, la determinación de esta calidad es una cuestión\n de hecho, que correspondía al juzgador de instancia determinar\n de acuerdo a los méritos del proceso; el Tribunal ad quem\n ha observado que: a) El propietario del local es un establecimiento\n público (el IESS); b) De conformidad con lo que dispone\n el articulo 1891 del Código Civil el arrendamiento de\n los bienes de los establecimientos públicos debe someterse\n a las disposiciones de sus reglamentos particulares; c) El Consejo\n Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante\n Resolución N0 117 de 14 de febrero de 1974, dictó\n el "Reglamento de Administración de Bienes del IESS";\n d) No se ha dado cumplimiento a las previsiones de dicho reglamento;\n e) De lo anterior ha concluido que no existe contrato de arrendamiento\n legalmente celebrado. Establecidos estos hechos y la conclusión\n que es de total lógica, se concluye que la relación\n existente entre actor y demandado no se somete a las previsiones\n de la Ley de inquilinato, que por lo tanto no cabe alegar que\n la litis debió sustanciarse por la vía verbal sumaría\n de conformidad con lo que dispone el articulo 843 del Código\n de Procedimiento Civil ni ante el Juez de Inquilinato y', en\n consecuencia, no hay violación del trámite correspondiente\n a la naturaleza del proceso para que se aplique el articulo 1067\n ibídem. Finalmente, la calificación de la mala\n fe del demandado es directa consecuencia de lo que dispone el\n articulo 101 ordinal 4° del Código de Procedimiento\n Civil, toda vez que se ha negado a desocupar y entregar el local\n que ocupa de ipso, sin estar amparado en un título que\n le ampare. Por lo tanto, la alegación de que el fallo\n casado se halla incurso en la segunda causal de casación\n es huérfana de fundamento. QUINTO; En cuanto a la causal\n primera del articulo 3 de la Ley de Casación, el recurrente\n cita como normas sustantivas infringidas los artículos\n 734, 748, 759. 953, 1501 inciso 1° y 1502 del Código\n Civil y los artículos 1, 25 y 39 inciso 1° de la Ley\n de Inquilinato; se observa, respecto de estas normas, que ninguna\n de ellas tiene relación con la presente causa ya que como\n se ha señalado antes, no existió una relación\n de inquilinato y porque tampoco tuvo el demandado la calidad\n de poseedor del bien reclamado, como expresamente lo reconoce\n el propio demandado sin que en momento alguno la parte actora\n le haya atribuido tal calidad. En la especie no se trata de una\n acción reivindicatoria, sino que es una acción\n petitoria intentada por el dueño de un bien que reclama\n la devolución el mismo a quien lo detenta sin justo título\n para ello. No existe en nuestro ordenamiento legal una vía\n especial, abreviada, para sustanciar reclamaciones de esta clase,\n razón por la cual debe proponerse la pretensión\n restitutoria en juicio de conocimiento por la vía ordinaria.\n Restitución y reivindicación no son sinónimos;\n esta última es la especie, la primera es el género,\n que comprende muchas otras situaciones como la presente. la de\n petición de herencia, la de restitución en caso\n de comodato incluido el precario, etcétera. En consecuencia,\n no puede prosperar la acusación del recurrente de que\n se han infringido estas normas, al amparo de la causal primera\n del articulo 3 de la Ley de Casación, por lo que se rechaza\n este cargo por indebidamente fundamentado. SEXTO; En recurrente\n acusa al fallo del Tribunal de última instancia de haber\n aplicado indebidamente el artículo 1892 del Código\n Civil; efectivamente, en el fallo recurrido se cita esa disposición\n legal pero por el claro sentido del fallo se colige que se refiere\n a la norma contenida en el articulo 1891 del mismo cuerpo legal\n y que se trata de un lapsus calami; pero este error es intrascendente\n no tiene relevancia ya que no ha influido en la decisión\n de la litis, razón por la cual se rechaza el cargo por\n este vicio. Por las consideraciones que anteceden, la Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso de casación propuesto por\n Edgar Durán Abad. En cumplimiento de lo que dispone el\n artículo 17, reformado de la Ley de Casación, entréguese\n en su totalidad la caución constituida por el recurrente,\n a la parte actora. Sin costas. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.
Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galana Paz, Ministros\n jueces, Ernesto Albán Gómez, Conjuez Permanente.
Certifico; Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.
RAZON: Las copias que anteceden son iguales a sus originales.
f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la\n Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.
Dentro del juicio ordinario por nulidad\n de contrato No. 12 - 97, que sigue María Isabel Cazar\n Báez, en contra de Luis Alfredo Cazar Báez, se\n ha dictado lo siguiente
Quito, octubre 2 del 2000; las 11h00.
VISTOS: María Isabel Cazar Báez deduce recurso\n de casación en contra de la sentencia pronunciada por\n la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Ibarra en\n el juicio ordinario por nulidad de contrato de compraventa propuesto\n por ella en contra de Luis Alfredo Cazar Báez, porque\n estima que en la sentencia se han violado las normas de los artículos\n 1724, 1725 y 1727 del Código Civil, así como también\n los artículos 1218 y 1223 del mismo código. Estas\n transgresiones las ubica en las causales primera y tercera del\n artículo 3 de la Ley de Casación; Concedido el\n recurso y subido a la Corte Suprema de Justicia, se radica la\n competencia por el sorteo de Ley en esta Primera Sala de lo Civil\n y Mercantil la que para resolver considera PRIMERO.- La recurrente\n acusa a la sentencia de que ha transgredido las normas de derecho\n anteriormente citadas, lo que ha determinado que no se acepte\n su demanda en la que pretende que se declare la nulidad del contrato\n de compraventa contenido en la escritura pública, otorgada\n el 13 de marzo de 1990, ante el Notario Segundo de Otavalo, Jaime\n Rosero, inscrita en el Registro de la Propiedad el 19 de abril\n del mismo año. En la fundamentación del recurso,\n en lo medular, expresa: "El presente inicio ordinario de\n nulidad de contrato de compraventa se ha formulado en virtud\n de que mi recordada madre, la señora Carmen Amelia Báez,\n vende a favor de mi hermano, demandado en esta causa Luis Alfredo\n Cazar, la porción conyugal a que no tenía derecho\n y no le correspondía sobre los bienes de mi padre, y en\n razón de que igualmente en el contrato de compraventa\n mi madre incluye bienes que no correspondían a la sociedad\n conyugal y que por tanto no le pertenecían, por lo mismo,\n al haber vendido bienes que no le pertenecían, es procedente\n que se declare la nulidad del contrato escriturario, toda vez\n que de conformidad con la Ley una persona puede disponer de lo\n que tiene y le pertenece y en ningún caso, vender lo que\n no tiene y no le pertenece, como ha sucedido en el presente caso,\n por lo que con este fundamento, he interpuesto la acción\n para que se declare la nulidad y que a ser rechazada la acción,\n tanto por el Juez de la causa cuanto por esta H. Sala, interpongo\n este recurso de casación para hacer valer mis derechos\n en el Tribunal Supremo'. SEGUNDO; Según lo expresado en\n el recurso de casación, que concuerda con la demanda,\n la pretensión intentada por María Isabel Cazar\n en contra de su hermano Luis Alfredo Cazar se sustenta en que\n su madre Carmen Amelia Báez ha vendido inmuebles que no\n le pertenecían; es decir la acción deducida es\n la de nulidad de contrato por haberse vendido una cosa ajena.\n TERCERO; De acuerdo en lo dispuesto, clara y expresamente, por\n el artículo 1781 del Código Civil, la venta de\n cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño\n de la cosa vendida, mientras no se extinguen por el transcurso\n del tiempo; en esta virtud la pretensión de la actora\n de que se declare la nulidad del contrato de compraventa determinado\n en su demanda no es procedente, y mal podía la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Ibarra aplicar los artículos\n citados por la recurrente que se refieren a la nulidad de los\n actos y contratos y a la porción conyugal, a que fiche\n derecho el cónyuge sobreviviente en la sucesión\n intestada de su fallecido cónyuge. Esta Sala se reafirma,\n en tal sentido, en lo resuelto en los fallos No. 159 del 30 de\n marzo de 1999; No. 360 del 14 de septiembre del 2000. Por las\n consideraciones expuestas la Primera Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso\n de casación interpuesto por María Isabel Cazar\n Báez en contra de la sentencia pronunciada por la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Ibarra. Con arreglo al articulo\n 17 de la Ley de Casación entréguese a la parte\n perjudicada por la demora el monto de la caución depositada.\n Sin costas. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galana Paz, Ministros\n Jueces y Ernesto Albán Gómez, Conjuez Permanente.
Esta copia es igual a su original.
f.)Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.
En el juicio ordinario (recurso de casación)\n No. 106 - 2000 que, por prescripción extraordinaria adquisitiva\n de dominio, siguen Jorge Vargas Vargas. y Tránsito Vargas\n Escobar en contra de Manuel María Valverde Luna, se ha\n dictado lo siguiente:
Quito, 2 de octubre del 2000; las 14h20.
VISTOS: Jorge Vargas Vargas y Tránsito Vargas Escobar\n interponen recurso de casación de la sentencia dictada\n por la Sala Unica de la H. Corte Superior de Justicia de Puyo,\n que revoca la del inferior y declara sin lugar la demanda dentro\n del juicio ordinario que, por prescripción extraordinaria\n adquisitiva de dominio, siguen los recurrentes en contra de Manuel\n María Valverde Luna. Dicho recurso es concedido, por lo\n que el proceso sube a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia;\n habiéndose radicado la competencia por el sorteo de ley\n en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, y terminado la\n etapa de sustanciación de este proceso de casación,\n para resolver se considera: PRIMERO. - Se ha dado cumplimiento\n a lo dispuesto por el artículo 8 reformado de la Ley de\n Casación. SEGUNDO; Los recurrentes acusan al fallo de\n última instancia de hallarse incurso en las causales cuarta\n y quinta de la Ley de Casación, así como alegan\n que existe en la sentencia recurrida "aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho"; en relación a estos cargos,\n dicen que se han transgredido los artículos 277, 278,\n 329, 355 numeral 4° y 1067 del Código de Procedimiento\n Civil; 157 numeral 5° y 978 del Código Civil. TERCERO;\n Las causales citadas por los recurrentes (cuarta y quinta del\n artículo 3 de la Ley de Casación) como fundamento\n de su recurso de casación, están en estrecha relación,\n ya que los recurrentes expresan en su escrito de interposición\n lo siguiente: "Si la H. Corte Superior de Justicia de Puyo\n en su fallo afirma que debiendo contarse con la cónyuge\n del demandado y demás herederos no se lo hizo, sabe muy\n bien que tal omisión, de conformidad al Art. 355 y 4a.\n del Código de Procedimiento Civil es causal de nulidad\n del proceso. Por lo tanto la H. Corte Superior de Justicia de\n Pastaza consecuente con tal criterio, debió declarar la\n nulidad del proceso hasta el auto inicial. Sin embargo. en la\n parte resolutiva el fallo cae en otra contradicción al\n no declarar la nulidad del proceso hasta la providencia inicial.\n El fallo se limita a considerar los requisitos de forma del proceso\n y no los fundamentos de hecho y de fondo de la causa. Si la H.\n Corte Superior de Justicia de Pastaza consideró válido\n al proceso. entonces debió pronunciarse sobre si se ha\n probado o no la posesión material, al tiempo y los requisitos\n de tal posesión material, pero curiosa, contradictoria\n y expresamente expresan <<... sin ser necesario el análisis\n de la PRUEBA ACTUADA.»". Dicen además que por\n este error, "el fallo de segunda instancia ni resuelve sobre\n todas y cada una de las excepciones deducidas por el demandado,\n no decide los puntos sobre los que se trabó la litis,\n pues se remite a las excepciones 1 y 4 deducidas por el demandado\n ... no dice si se ha probado o no la posesión material\n de los actores sobre el inmueble motivo de la litis; no dice\n si se ha probado o no el tiempo exigido por la Ley para deducir\n la demanda base de este juicio; no dice si se ha probado o no\n los requisitos legales de la posesión material. Tampoco\n determina si la adjudicación definitiva otorgada por el\n IERAC es una forma de enajenación o adquisición\n a título oneroso o no, y entra directamente a considerar\n tácitamente como. que dicho predio ingresa a formar parte\n de la sociedad conyugal y, más adelante, dice que debió\n contarse con la cónyuge del demandado y, por ser fallecida\n antes con los demás herederos . Al respecto este Tribunal\n anota que los recurrentes, en su fundamentación han confundido\n la ilegitimidad de personería o falta de legitimación\n ad processumn con lo que es la falta de legítimo contradictor,\n o falta de Iegitimación en la causa (legitimación\n ad caussam), que consiste en que el actor debe ser la persona\n que pretende la titularidad del derecho material discutido, y\n el demandado el llamado por la Ley a contradecir u oponerse a\n la demanda, pues es frente a ellos que la Ley permite que el\n Juez declare, en sentencia de mérito, si existe o no relación\n jurídica sustancial objeto de la demanda, sentencia que\n los obliga y produce cosa juzgada material, como ya lo ha declarado\n esta Sala en sus resoluciones No. 516 - 99 de 1 5 de octubre\n de 1999, publicada en el R. O. 335 de 9 de diciembre de 1999\n y la No. 425 - 99 de fecha 23 de julio de 1999, publicada en\n el R. O. 274 de 10 de septiembre del mismo año. El Tribunal\n de última instancia en su sentencia, dice en su considerando\n tercero lo siguiente. siendo el predio materia de la litis adjudicado\n al demandado Manuel María Valverde Luna, cuando éste\n era legalmente casado con María Diocelina Martínez\n Llerena, debió contarse en dicha demanda, además\n de Manuel María Valverde Luna, con la indicada persona,\n y si dicha persona había fallecido con anterioridad a\n la demanda deducida... debió contarse con sus herederos,\n y al haber fallecido así mismo uno de esos herederos como\n es Euclides Armando Valverde Martínez, con anterioridad\n a la presentación de la demanda, debió de igual\n manera contarse con sus herederos, particular que no se ha dado\n cumplimiento, deduciéndose la acción que motiva\n este enjuiciamiento únicamente en contra de Manuel María\n Valverde Luna, produciéndose, en consecuencia, una falta\n de derecho de parte de los actores para demandar de manera exclusiva\n al hoy accionados (fojas 185 a 185 vta, del cuaderno de segundo\n nivel). Si se ha establecido procesalmente que el demandado,\n había adquirido el dominio del inmueble mediante adjudicación\n efectuada por el IERAC el 13 de noviembre de 1968 e inscrita\n en el Registro de la Propiedad del Cantón Mera el 11 de\n febrero de 1969 (de acuerdo al certificado otorgado por el titular\n de dicho registro que obra a fojas 56) y que a la fecha de dicha\n adjudicación, el demandado era cónyuge de María\n Diocelina Martínez (de acuerdo a la partida de matrimonio\n que obra a fojas 25 del cuaderno de segunda instancia), el inmueble\n adjudicado al demandado ingresó a la sociedad conyugal\n que éste tenía con María Diocelina Martínez\n de acuerdo a lo que prescriben los artículos 137 y 157\n del Código Civil, es correcta por lo tanto la apreciación\n del Tribunal ad quem de que debía contarse necesariamente\n con la cónyuge del demandado (y al fallecer ésta\n con sus herederos), por ser un caso de litis consorcio necesaria\n en la parte pasiva para que los actores pudieran alcanzar la\n sentencia de mérito. Al no haberse contado con dichos\n necesarios contradictores, no existe el derecho para demandar\n exclusivamente a uno de los cónyuges y alcanzar un pronunciamiento\n sobre el fondo del asunto y produciéndose, por lo tanto,\n falta de legitimación en la causa del demandando, no cabría\n que el Tribunal ad quem al admitir esta excepción, haya\n entrado a pronunciarse sobre el resto de las excepciones planteadas\n por el demandado, ni sobre las pruebas aportadas al proceso por\n los actores, ya que como se ha señalado, no podía\n entrar a dictar sentencia de mérito sobre el fondo de\n la controversia. Por lo tanto, el fallo de última instancia\n no se halla incurso en las causales quinta y cuarta del artículo\n 3 de la Ley de Casación, ni ha infringido en forma alguna\n los artículos 277, 278, 355 numeral 4° y 1067 del\n Código de Procedimiento Civil y 157 numeral 5° del\n Código Civil. CUARTO; Los recurrentes también invocan\n como infringidos los artículos 329 del Código de\n Procedimiento Civil y 978 del Código Civil; sin embargo,\n no han determinado razonablemente la forma en la cual estiman\n que dichas normas han sido transgredidas, por lo que este cargo\n no puede ser analizado. Por las consideraciones que anteceden,\n la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación\n propuesto por Jorge Vargas Vargas y Tránsito Vargas Escobar.\n En cumplimiento de lo que dispone el articulo 17, reformado de\n la Ley de Casación, entréguese en su totalidad\n la caución constituida por los recurrentes a la parte\n demandada. Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia Galo Galana Paz, Ministros\n Jueces y Ernesto Albán Gómez, Conjuez Permanente.
RAZON: Las copias que anteceden son iguales a sus originales;\n Certifico; Quito. 2 de octubre del 2000.
f.)Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la\n Primera Sala de lo Civil y' Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia.
Dentro del juicio ordinario No. 31 -\n 98 que por dinero sigue César Augusto Vallejo Orbe en\n contra de Byron Patricio Guzmán Cevallos, se ha dictado\n lo que sigue:
Quito, 4 de octubre del 2000; las 10h30.
VISTOS: César Augusto Vallejo Orbe interpone recurso\n de hecho por habérsele negado el recurso de casación\n del auto de nulidad, dictado el 16 de junio de 1997, por la Sexta\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito dentro del juicio\n ordinario que por dinero sigue en contra de Byron Patricio Guzmán\n Cevallos. Concedido que ha sido el recurso, por el sorteo de\n ley ha correspondido

References: Artículo 2

Artículo 3
 resolución 
 artículo 29
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 1892
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 1781
 artículo 8
 artículo 3