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Timestamp: 2019-11-13 19:25:39+00:00

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Novedades en materia tributaria para el año 2018.
por	paradacreativa	/ viernes, 13 abril 2018	/ Publicado en Asesor fiscal y Auditor de cuentas
Novedades en materia tributaria para el año 2018. El día treinta de diciembre de dos mil diecisiete se publicaron en el Boletín Oficial del Estado distintas normas que vienen a modificar los reglamentos de las leyes de un buen número de impuestos, así como los reglamentos que desarrollan los procedimientos contenidos en la Ley General Tributaria. Algunas de las modificaciones tienen aplicación en el año 2017, mientras que otras inician su vigencia en el año 2018.
El pasado treinta de diciembre de dos mil diecisiete se publicaron en el B.O.E. distintas normas que inciden directamente en el ámbito tributario. En concreto, un Real Decreto-ley, seis Reales Decretos y dos Órdenes Ministeriales. Las normas publicadas modifican distintos ámbitos del ordenamiento tributario, extendiéndose el espectro de las novedades surgidas a distintos ámbitos. Así las cosas, lejos de modificarse únicamente cuestiones de carácter y novedades en materia tributaria tributario material, las normas aparecidas amplían su campo al ámbito de los procedimientos tributarios.
La primera de las normas publicada en el B.O.E., el Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas como novedades en materia tributaria y otras medidas urgentes en materia social modifica o prórroga para el año 2018, entre otras, cuestiones como los coeficientes de actualización de los valores catastrales, los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación del método, los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el salario mínimo interprofesional para 2018.
Por último, el Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, y el Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, entre otros, proceden a modificar determinados preceptos de los distintos reglamentos tributarios.
Dispone el artículo 32.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que las leyes de presupuestos generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio. A tal efecto los ayuntamientos podrán solicitar la aplicación de los coeficientes previstos en este apartado cuando (i) hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general; (ii) se hayan puesto de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio; y (iii) cuando la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo del ejercicio anterior a aquel para el que se solicita la aplicación de los coeficientes.
Toda vez que la medida tiene una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y que dicho Impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural, resulta obligada la utilización del mecanismo del Real Decreto-ley para que entre en vigor antes de dicha fecha.
Y además, habiendo sido solicitada la medida por más de mil ochocientos municipios, de no aprobarse la actualización éstos no podrían aprobar a tiempo nuevas ordenanzas fiscales para adaptar los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que no verían cumplidas las previsiones presupuestarias que hubieran realizado contando con dicha actualización.
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