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BOE.es - Documento BOE-A-2013-1743
Documento BOE-A-2013-1743
«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2013, páginas 13677 a 13682 (6 págs.)
BOE-A-2013-1743
En el recurso interpuesto por doña M. D. G., letrada de la Administración de la Seguridad Social, en representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Benaguasil, don José Losada Morell, por la que se deniega la anotación preventiva de embargo por estar la sociedad embargada en situación concursal.
Presentado dicho Mandamiento en el Registro de la Propiedad de Benaguasil, fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Registro de la Propiedad de Benaguasil Calificado el precedente documento, conforme a los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 99 de su Reglamento, el Registrador que suscribe ha resuelto denegar las anotaciones solicitadas por el defecto siguiente, en base a los correspondientes hechos y fundamentos de derecho: Hechos. I.–Se presenta en este Registro, bajo el asiento 579 del Diario 51, Mandamiento expedido el día 18 de junio de 2012 por don H. V. U., Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 10 de Paterna, Valencia, de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el Expediente Administrativo de Apremio número 46 10 11 00276212, instruido contra la entidad «Gestión de Obras XXI, SL», en virtud del cual se ordena que se practique anotación preventiva de embargo a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre las fincas 28.960 y 28.961 de Riba-roja de Turia. II.–En el Registro, la finca 28.960 y 28.961 de Riba-roja de Turia constan inscritas a favor de la entidad «Gestión de Obras XXI, SL», si bien, según resulta de consulta telemática al Registro Mercantil de Valencia, la citada entidad ha sido declarada en situación de concurso en virtud de Auto dictado el día 11 de julio de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil de Valencia en el Procedimiento Concursal número 591/2008, que ha sido inscrito en el Registro Mercantil de Valencia en fecha 9 de julio de 2010, constando asimismo inscrita –con fecha 4 de agosto de 2011– en dicho Registro Mercantil de Valencia el Auto dictado el día 1 de diciembre de 2010 por el que se declara la apertura de la fase de liquidación de la entidad concursada «Gestión de Obras XXI, SL». Fundamentos Jurídicos: El defecto que impide practicar las anotaciones ordenadas es el siguiente: Al constar inscrita en el Registro Mercantil la declaración de concurso de la entidad deudora, para continuar un procedimiento administrativo de ejecución es necesario que concurran dos requisitos: 1.º–Que la providencia de apremio se haya dictado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso; 2.º–Que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Así resulta del artículo 24.4 de la Ley Concursal, que en su último inciso dispone que «practicada la anotación preventiva (de concurso), no podrán anotarse respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso que los acordados por el Juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 del artículo 55 de esta Ley». Y el artículo 55 de la Ley Concursal establece que «declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. Podrán continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. (...) Las actuaciones que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 anteriores serán nulas de pleno derecho». En el precedente mandamiento se observa que las providencias de apremio son de fecha posterior a la declaración de concurso; y además no consta expresamente en el mandamiento que la finca embargada no resulta necesaria a la entidad deudora para continuar su actividad profesional. La cuestión de si se trata o no de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial es una cuestión que debe apreciarse por el Juzgado Mercantil que conoce del concurso, no por el Registrador de la Propiedad. En este sentido, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de junio de 2.010 manifiesta que resulta plenamente aplicable la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de Conflictos de Jurisdicción y Competencia, 5/2.009, de 22 de junio, que reconoce que «la ejecución no puede llevarse a cabo en ningún caso sin el previo pronunciamiento judicial acerca de la vinculación de los bienes con la continuidad de la empresa; siendo nulas, como afirma el artículo 51.3 de la Ley Concursal, todas las actuaciones que se practiquen en contravención de lo establecido en los apartados 1 y 2 del mismo artículo». La presente calificación negativa lleva consigo la prórroga de la vigencia del asiento de presentación en los términos establecidos en el artículo 323 de la Ley Hipotecaria. Contra la presente (...) Benaguasil, 27 de septiembre de 2012. El registrador (firma ilegible y sello con el nombre y apellidos del registrador)».
Contra la anterior nota de calificación, doña M. D. G., letrada de la Administración de la Seguridad Social, en representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, interpone recurso en virtud de escrito, de fecha 31 de octubre de 2012, en base a los siguientes argumentos: «La acción que planteamos va dirigida a obtener la anotación preventiva del embargo de dos fincas registrales practicado por la TGSS, que ha sido calificada negativamente por el Registro de referencia sobre la base del art. 55 de la Ley Concursal, no practicando la anotación preventiva por haberse dictado las providencias de apremio de las que trae causa el embargo de las fincas registrales después del auto de declaración del concurso y porque no consta la declaración judicial del carácter no necesario de los bienes embargados cuya anotación preventiva de embargo se pretende. La denegación de la anotación tiene por fundamento el artículo 55 de la LC; sin embargo dicha norma no resulta de aplicación al supuesto al venir referida y establecer limitaciones en relación con los actos de embargo posteriores al auto de declaración del concurso para la satisfacción de créditos concursales. El supuesto que nos ocupa no está regido por el artículo 55 de la LC, pues el embargo fue declarado después de abierta la liquidación, para la satisfacción de créditos contra la masa (...) siendo el fundamento legal del acto de la TGSS el artículo 84.4 de la LC; esto es el embargo se ha dictado para garantizar deuda pública contra la masa y no deuda concursal. La ejecución de los créditos contra la masa, que tienen su propio régimen jurídico específico en el art. 84.4 de la LC, modificado por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la 22/2003, de 9 de julio, Concursal, de aplicación inmediata en relación con los concursos en tramitación, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley, que expresamente señala: «Las acciones relativas a la calificación o pago de los créditos contra la masa se ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal, pero no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o administrativas para hacerlos efectivos hasta que se apruebe el convenio, se abra la liquidación o transcurra un año desde lo declaración del concurso sin que se hubiera producido ninguno de estos casos». De manera que en este precepto se despeja toda duda que pudiese haber en torno a las posibilidades de ejecución administrativa (término que introduce la ley) hasta: que se apruebe un convenio, se abra la liquidación, o transcurra un año desde la declaración de concurso y por tanto tras esos momentos queda expedita la ejecución administrativa. En el mismo sentido se ha reformado la Ley General Tributaria, artículo 164.2 para incluir la posibilidad de dictar providencia de apremio y devengar los recargos del periodo ejecutivo, no solo en el caso de que se dieran las condiciones para ello con anterioridad a la declaración del concurso, sino también cuando se trate de créditos contra la masa, lo que supone que se posibilita apremiar los créditos contra la masa; conclusión que se ve reforzada por el nuevo aportado 4 del artículo 84 antes citado de la Ley Concursal. En este caso, como hemos expuesto y acreditado se dan los presupuestos para aplicar estos preceptos, pues la empresa concursada se encuentra en fase de liquidación y se han iniciado acciones recaudatorias para cobrar los créditos públicos contra la masa. La última reforma de la LC con la modificación del artículo 84.4 de la LC ya analizada y la introducción de un nuevo apartado, el número 6, en el artículo 56 para precisar que la declaración de necesidad o de afección de los bienes que se atribuye al juez de lo mercantil, únicamente es a los efectos de lo establecido en los artículos 55 y 56 de la LC, pone de manifiesto, ante las discrepancias interpretativas surgidas, que la intención del legislador, ex artículo 3 del código civil, en materia de ejecución de créditos contra la masa es autorizar ejecuciones administrativas singulares una vez se den las circunstancias que enumera el artículo 84.4 de la LC, entre las que se incluye la apertura de la fase de liquidación, sin que el juez de lo mercantil tenga que realizar declaración alguna como conditio sine qua nom a la ejecución referida, porque la declaración de necesidad o afección se impone por la ley a los únicos y exclusivos efectos de lo dispuesto en los artículos 55 y 56 de la LC –créditos concursales, que no créditos contra la masa–. Además la claridad del añadido –«administrativos»– efectuado en el novedoso artículo 84.4 de la LC, que no deja duda alguna al intérprete, viene a corroborar la conclusión expuesta y evidencia que con las modificaciones introducidas en esta materia por la Ley 38/2011, el legislador viene a desautorizar la interpretación efectuada sobre esta materia por la Sala de Conflictos del TS y algún tribunal de lo mercantil, permitiendo como ha sido tradicional en nuestro derecho de quiebras y suspensiones de pago, iniciar ejecuciones singulares administrativas para la recaudación de créditos contra la masa, que no se someten al concurso. Además de lo expuesto parece claro que una vez abierta la fase de liquidación supuesto en el que obviamente la actividad ha cesado no tiene mucho sentido la declaración del carácter necesario de los bienes y es que si bien la Ley Concursal no define expresamente que se entiende por bienes imprescindibles para la actividad empresarial o profesional del deudor, debe tratarse obviamente de bienes necesarios para permitir la continuidad de la empresa por venir afectados al proceso productivo, lo que no tiene razón de ser cuando no hay actividad –único límite que establece la LC para suspender procedimientos administrativos preferentes–. El carácter extraconcursal de los créditos contra la masa hace que los titulares de dichos créditos gocen de las garantías jurisdiccionales ordinarias, de modo que, en principio reconocido su derecho en sentencia judicial u otro título ejecutivo, como es un acto administrativo o la providencia de apremio, es posible entablar acción ejecutiva o iniciar y proseguir el procedimiento de apremio administrativo para el cobro de sus créditos –la nueva ley lo dice expresamente–; aunque es bien cierto que la posibilidad de iniciar y o proseguir el procedimiento de apremio para exigir el pago del los créditos contra la masa se suspende hasta el inicio de la fase de liquidación, por lo que habiéndose acreditado que la fase de liquidación se declaró en el caso que nos ocupa por auto de 1 de diciembre de 2010, son correctas tantos las providencias de apremio dictadas por la TGSS en abril y mayo de 2011 y el embargo subsiguiente por cuanto se ha acreditado que dicho embargo es para garantizar el cobro de créditos contra la masa cuyo régimen jurídico nada tiene que ver con el que afecta a los créditos concursales. Y, en fin, a la conclusión expuesta no empece el contenido de lo dispuesto en el artículo 24 de la LC, por el carácter extraconcursal de los créditos contra la masa con régimen jurídico diferenciado al que corresponde a los créditos concursales. Este es el criterio que está empezando a adoptarse por las Audiencias Provinciales. Es el caso de la Audiencia Provincial de Alicante en su sentencia de 15 de diciembre de 2011, cuyo fundamento de derecho tercero tiene el siguiente tenor literal «....se rechaza que la certificación administrativa infrinja lo dispuesto en el artículo 55 de la LC porque el referido precepto está incardinado sistemáticamente dentro de la regulación de los créditos concursales y, en nuestro caso, los recargos por falta de pago, intereses de demora y costas del procedimiento de apremio derivan de un crédito posconcursal, en los que sí se permite el inicio de ejecución para hacerlos efectivos según establece el inciso final del artículo 154.2 de la LC. Si es posible la iniciación del procedimiento de apremio por parte de la TGSS para hacer efectivo un crédito posconcursal, los recargos por falta de ingreso, los intereses de demora y las costas del procedimiento de apremio han de calificarse como créditos contra la masa en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.2.10º LC». A igual conclusión se llega expresamente en la redacción del artículo 84.4 de la LC tras la reforma introducida por la ley 38/2011 que en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera de esa ley, se aplicará a los concursos en tramitación a su entrada en vigor el día 1 de enero de 2012».
Madrid, 17 de enero de 2013.–El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández.

References: artículo 24
 artículo 55
 artículo 55
 Resolución 
 artículo 51
 artículo 323
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 84
 artículo 164
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 56
 artículo 3
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 24
 artículo 55
 artículo 154
 artículo 84
 artículo 84