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Timestamp: 2014-03-15 01:42:18+00:00

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SCP 1756-2013 -AL (21-10). Penal (Detención preventiva de menor embarazada, acogimiento de menores en entidades públicas o privadas) OPV - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1756/2013
Acción de libertada
Expediente:03186-2013-07-AL
En revisión la Resolución de 7 de marzo de 2013, cursante a fs. 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Consuelo Aguilera Pérez en representación sin mandato de AA contra Boris Aquino Espinoza, Juez de Partido de Familia en suplencia legal del Juez de la Niñez y Adolescencia del departamento de Pando y Blanca Elena Ardaya Vannucci, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 6 de marzo de 2013, cursante de fs. 3 a 4, la accionante señaló que:
Dentro del proceso penal seguido contra su hija y representada por la presunta comisión del delito de homicidio, la Fiscal de Materia asignada al caso solicitó su detención preventiva, la que en efecto fue dispuesta por el Juez de Partido de Familia en suplencia legal, como medida cautelar de carácter personal a ser cumplida en el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), sin tener presente que dicha medida no procede, porque su hija es menor y se encuentra embarazada contando con cinco meses de gestación, como prevé el art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP), además de que el Ministerio Público ni el Juez fueron objetivos, ni valoraron que ha demostrado la legítima defensa de su hija, quien estuvo en riesgo de ser violada.
La accionante alega la lesión de los derechos de su hija menor -hoy representada-, a la libertad y debido proceso y a los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia, sin citar al efecto precepto constitucional alguno.
Solicita se conceda la tutela, disponiendo la inmediata libertad y cese la detención preventiva de su hija.
Celebrada la audiencia pública el 7 de marzo de 2013, conforme consta del acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados.
La parte accionante ratificó in extenso los términos de la demanda de acción de libertad planteada, y ampliándola manifestó: a) El Juez demandado a solicitud de la Fiscal de Materia, ordenó la medida extrema de la detención preventiva, sin valorar el embarazo de su representada la que se encuentra con cinco meses de gestación como se acredita por el certificado médico y certificados del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI); y, b) El hecho se suscitó en el lugar de Sena, donde su hija apuñaló a su víctima quien lamentablemente perdió la vida, a raíz de la violación que estaba sufriendo. Solicitando por lo expuesto, se le apliquen medidas sustitutivas a la detención, por cuanto en la audiencia de medidas cautelares no pudo acreditar tener familia porque su domicilio se encuentra en la localidad de El Sena, tiene 15 años y está embarazada, por lo que necesita ir a sus controles médicos.
Boris Aquino Espinoza, Juez de Partido de Familia del departamento de Pando, en audiencia señaló que la representante del Ministerio Público presentó ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, el informe del inicio de la investigación por una supuesta infracción por homicidio y para tal efecto se programó audiencia que llevó a cabo, en la que su actuación como Juez en suplencia legal, ha estado apegada a las leyes, por cuanto no existía la posibilidad de imponerle otra medida, al no tener familia en esa población, menos domicilio y según lo manifestado por el Ministerio Público en la audiencia, en Sena es el lugar donde han ocurrido los hechos por lo que imponerle otra medida sería poner en riesgo su vida, su integridad física ya que la menor salió escapando porque la gente quería lincharla, por ello la defensa pública pidió la internación de la menor en el SEDEGES, velando por el interés mayor que en este caso es su vida y la integridad física, al no existir las condiciones en la citada localidad.
La codemandada Blanca Elena Ardaya Vannucci, Fiscal de Materia asignada al caso, en su informe escrito de fs. 9 a 11, expresó: 1) El 27 de febrero de 2013, el Director Cantonal de la Policía, telefónicamente le comunicó que la menor AA, apuñaló a Gregorio Hualluco, quien perdió la vida, siendo por ello trasladada a la policía donde se la resguardó y protegió debido a que la población de El Sena se amotinó pretendiendo golpearla y quemarla, haciendo vigilia las veinticuatro horas e impidiendo que sea puesta oportunamente ante autoridad competente. Es así que en un descuido de la población, fue traslada y puesta a su disposición procediendo a valorar los antecedentes, a la vez instruyendo que la menor con su pequeño hijo duerma en la Brigada de Protección a la Familia y no en celdas policiales, al no saber con exactitud su edad; 2) Conforme a procedimiento presentó imputación formal en su contra, ante el Juez del Trabajo, Seguridad Social, de la Niñez y Adolescencia, solicitando su detención preventiva por concurrir los presupuestos señalados en el art. 233 del Código de la Niñez y Adolescencia (CNNA), además de no acreditar domicilio conocido, trabajo ni familia, al tener datos referenciales en sentido que hace un mes vive con su madre en Sena porque su concubino se fue a otra parte para trabajar, circunstancias que conjuntamente con otros elementos que fueron valorados armónica e íntegramente por la autoridad jurisdiccional quien dispuso su detención preventiva en el SEDEGES, por no existir la posibilidad de aplicar otra medida alternativa, estando de acuerdo el abogado de la Defensa Pública y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; por consiguiente, no se ha vulnerado ninguna norma procesal, por el contrario, tanto su persona como el Juez han tomado en cuenta las circunstancias y su estado de embarazo, para preservar la vida de la adolescente como del pequeño ser en gestación, así como su integridad moral y psicológica, por cuanto en el hipotético caso de quedar en libertad volvería con su madre a Sena donde corre peligro de ser linchada; 3) La accionante sostiene que se ha vulnerado el debido proceso al no haberse tomado en cuenta que la adolescente infractora actuó en defensa propia, así como también el principio de presunción de inocencia; sin embargo, de acuerdo al acta de audiencia de medidas cautelares se constata que no es evidente tal vulneración, porque durante ese actuado procesal la menor ha sido asistida por su abogada y la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Por otra parte, si los principios alegados hubieren sido transgredidos por su persona, la accionante debió recurrir a la autoridad jurisdiccional solicitando el restablecimiento de sus derechos. Asimismo, la accionante afirma que su representada está siendo ilegalmente perseguida, procesada y privada de libertad, lo que no es cierto, toda vez que ha sido encontrada en flagrancia haciéndole conocer sus derechos conforme al art. 227 del CNNA, y fue puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional dentro de lo términos que prevé la ley; y, 4) Sus actuaciones en la investigación penal que motiva esta acción, han sido legales y respetando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de la menor, solicitando por lo expresado, se deniegue la tutela impetrada.
La Sala de turno por vacación judicial del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, mediante Resolución de 7 de marzo de 2013, cursante a fs. 16 vta., denegó la tutela solicitada con el fundamento que en el presente caso corresponde aplicar el segundo supuesto de la SC 0080/2010 de 3 de mayo, es decir cuando existe imputación, ya que la menor está sindicada por homicidio y al dictar el Juez la medida extrema de detención preventiva, correspondía según la aducida subregla, previo a acudir a la vía constitucional de tutela, apelar de la resolución, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada, puesto que el orden penal vigente ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo y efectivo, con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial las arbitrariedades y/o errores que se hubieren cometido en dicha etapa procesal.
En el marco de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, se procedió al sorteo de la presente acción el 19 de junio de 2013; no obstante, a solicitud de la Magistrada Relatora por requerir de documentación complementaria para un mejor análisis y resolución de la acción, la Comisión de Admisión de este Tribunal, mediante Decreto Constitucional de 28 del mismo mes y año, dispuso la suspensión del plazo procesal.
Recibida la documentación solicitada, por decreto de 4 de octubre de 2013, notificado a las partes procesales el 16 de ese mes y año, se reanudó el cómputo del plazo, por lo que la presente Resolución se pronuncia dentro de plazo.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1.Dentro del proceso penal seguido contra la representada de la accionante AA, por la presunta comisión del delito de homicidio, la autoridad jurisdiccional dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, no obstante de ser menor de quince años y encontrarse en estado de embarazo con cinco meses de gestación (según lo sostenido por la parte accionante y las autoridades judiciales demandadas en sus respectivos informes (fs. 3 a 4, 9 a 11 y 14 a 15).
La accionante, alega que las autoridades demandadas, han vulnerado los derechos a la libertad y al debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia, toda vez que dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, la Fiscal de Materia asignada al caso, solicitó su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, la que en efecto fue dispuesta por el Juez de Partido de Familia, en suplencia legal del Juzgado de la Niñez y Adolescencia del departamento de Pando, sin considerar que actuó en legítima defensa, es menor de quince años y se encuentra en estado de embarazo con cinco meses de gestación.
En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1. La acción de libertad y su naturaleza jurídica La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad.
Está consagrada por el art. 125 de la CPE, cuando dispone que: Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Norma constitucional concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la cual establece que el objeto de esta acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.
Teniendo presente la importancia de los derechos primarios protegidos como son la vida y la libertad física, de manera general no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; al contrario, se activa sin el previo agotamiento de las vías legales ordinarias, es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular y tampoco reconoce fueros ni privilegios, correspondiendo conocer y resolver dicha acción constitucional, al Juez en materia penal debido al principio de especialidad reconocido en la Constitución Política del Estado.
III.2. La acción de libertad y el derecho a la vida
La jurisprudencia constitucional, se ha pronunciado respecto al derecho a la vida y su protección, en la SC 0653/2010-R de 19 de julio, al indicar que:
Es el primero de los derechos fundamentales y que da inicio al catálogo desarrollado por el art. 15.I de la CPE; derecho primigenio cuyos alcances ya han sido establecidos por este Tribunal, que en el entendido de que es el bien jurídico más importante, señaló que: 'Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, debiendo crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento'.
III.3. Acogimiento de menores infractores en entidad pública o privada
La SCP 2226/2012 de 8 de abril, remitiéndose a su vez al entendimiento jurisprudencial contenido en la SC 0287/2010-R de 7 de junio, señaló:
'() «Las medidas de protección social, pueden derivar a su vez en la acogida provisional de un menor en una entidad pública o privada, medida que tiene carácter excepcional y transitorio, debiendo ser dispuesta mediante resolución judicial; empero, conforme la misma normativa lo refiere, existen situaciones urgentes que posibilitan el ingreso de un menor de forma excepcional y urgente a un centro de acogida o atención, situación que puede ser dispuesta ya sea por la propia institución de acogida, o un funcionario público que tenga atribución para ello, -como lo son los personeros de la defensoría de la niñez y adolescencia dependientes de un municipio-; ya sea en uno u otro caso, es obligación y deber de quien dispone la medida de dar aviso al juez de la niñez y adolescencia dentro del plazo previsto por ley».
Del marco normativo y jurisprudencial, precedentemente señalado, se establece que el acogimiento de menores o adolescentes en centros especializados para su protección, de ninguna manera constituyen privación de libertad, por cuanto ello responde a circunstancias y situaciones excepcionales, cuando la integridad física o moral de un menor o adolescente se encuentran amenazadas o en peligro, y amerita una protección y cuidado urgentes y rápidos por parte del Estado; acogimiento que puede ser dispuesto, tomando en cuenta la urgencia del caso, por la propia institución de acogimiento, un funcionario público que tenga atribución para ello o por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debiendo en esos casos, ser puesta esa decisión a conocimiento del Juez de la Niñez y Adolescencia dentro del plazo de las setenta y dos horas, conforme a lo dispuesto por el art. 187 del CNNA, para que sea esa autoridad la que se pronuncie respecto al acogimiento del menor o adolecente en los centros de acogidas de manera transitoria, así como será dicha autoridad jurisdiccional la que, tomando en cuenta lo más beneficioso para el o la menor o adolescente, disponga lo que corresponda respecto a su retorno a su familia de origen'.
III.4. Inaplicabilidad de la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad Tratándose de la tutela solicitada mediante la acción de libertad por la mujer embarazada, es inaplicable la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad, como lo establece, entre otras la SC 0589/2011-R de 3 de mayo de 2011, al sostener:
Sin embargo, no obstante que la Resolución de la Jueza cautelar al haber sido apelada se encuentra pendiente de resolución, aspecto que podría determinar la denegatoria de la acción de libertad, como se pronunció la Jueza de garantías; empero, ante la particularidad del presente caso, en el que es evidente que la accionante se encuentra en estado de gravidez, es inaplicable la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad, tanto por la protección constitucional de la que goza la mujer embarazada, invocada por ella ante la autoridad jurisdiccional, como en consideración al derecho a la vida del ser en gestación, y que se encuentra consagrado en el art. 15.I de la CPE, en cuya virtud goza de protección y tutela a través de la acción de libertad. Al respecto, el art. 45.V de la Ley Fundamental, establece que: 'Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, () gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y los períodos prenatal y posnatal'; instituyendo protección constitucional en resguardo de su derecho a la vida del nuevo ser en gestación, y en armonía con dicho precepto constitucional el art. 232 del CPP, parte in fine establece que: 'Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa'. Por consiguiente, por los razonamientos expuestos, y tratándose de la protección del derecho a la vida del ser en gestación, se hace viable otorgar la tutela solicitada.
De los antecedentes procesales, se constata que contra la hija de la accionante que es menor y se encuentra en estado de gravidez, se sigue un proceso de infracción penal por la presunta comisión de homicidio ocurrido en el municipio de Sena, circunstancia por la cual fue trasladada a Cobija, por seguridad y precautelando su vida -según el informe de la demandada Fiscal asignada al caso- porque la población de dicha localidad pretendía lincharla. Es así, que el Juez de Partido de Familia actuando en suplencia legal, dispuso su detención preventiva al no existir la posibilidad de imponerle otra medida, y en consideración a no tener familia en esa ciudad, menos domicilio, por lo cual velando por su integridad física tanto de ella como del ser en gestación, defensa pública solicitó su internación en SEDEGES, como en efecto ocurrió; empero, esta determinación motivó que su progenitora interponga la presente acción de libertad, denunciando como ilegal la decisión judicial.
Al respecto, es necesario, enfatizar que no es procedente la detención preventiva de la mujer en estado de embarazo que goza de protección constitucional, menos lo es tratándose de una menor infractora, pues conforme lo establece el art. 232 del CPP, tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva sólo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar otra medida alternativa, aspecto que debió tener presente la autoridad jurisdiccional antes de disponer su privación de libertad, más aun compulsando las características del hecho atribuido a la misma, por las que se establece que el presunto homicidio se produjo en el municipio de Sena, cuyos pobladores pretendían lincharla, siendo por ello trasladada a Cobija, donde fue sometida a la autoridad competente, quien no obstante la situación y estado de la menor, ordenó detención preventiva, en vez de disponer que provisionalmente o temporalmente la menor sea acogida en el Centro perteneciente a SEDEGES, al que si bien se la trasladó a la menor, se lo hizo en calidad de detenida preventiva, sin haber adoptado esa medida en procura de velar por su integridad física como del ser en gestación, al no contar en ese momento con un domicilio ni familiares en Cobija, por lo cual el justificativo de los demandados en sentido de que la decisión que asumieron fue por precautelar la vida e integridad física de la menor, queda desvirtuada al haber dispuesto su detención preventiva, que difiere totalmente de un acogimiento en protección de los intereses de la menor y el ser en gestación, medida que de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no constituye en sí una privación de libertad, por cuanto ello responde a circunstancias y situaciones excepcionales, cuando la integridad física o moral de un menor o adolescente se encuentran amenazadas o en peligro, y amerita una protección y cuidado urgentes y rápidos por parte del Estado, como ha ocurrido en el caso de autos.
Es necesario referirse a la Resolución emitida por el Tribunal de garantías y el fundamento que sirvió para la denegatoria de la presente acción de libertad, que argumentó la existencia de subsidiaridad al sostener que contra la Resolución de detención preventiva dispuesta contra la hija de la accionante, antes de acudir a la jurisdicción constitucional pudo haber interpuesto apelación incidental, lo que en el caso no correspondía, toda vez que como se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo, debió resolver en el fondo la acción constitucional planteada, al ser aplicable la excepción a la subsidiaridad de la acción de libertad, aspecto que debe observar en lo sucesivo en toda acción de defensa sometida a su conocimiento.
En consecuencia, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones del art. 125 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al denegar la acción de libertad, no ha evaluado correctamente los datos del proceso ni las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 7 de marzo de 2013, cursante a fs. 16 y vta., pronunciada por la Sala de Turno por vacación judicial del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución dictada por el Juez de Partido de Familia del departamento de Pando en suplencia legal del Juez de la Niñez y Adolescencia, disponiendo dicte una nueva, de acuerdo a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que ya se hubiere definido la situación jurídica de la menor infractora.
Fdo. Tata. Gualberto Cusi Mamani MAGISTRADO

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