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REGLAMENTO A LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PDF
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María Luisa Coronel Torregrosa
1 REGLAMENTO A LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON Decreto Ejecutivo n MP de 23 de marzo de 1998 Publicado en La Gaceta n.º 75 de 20 de abril de 1998 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, LA SEGUNDA VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA DELA SEGUNDA Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 140, incisos 3) y 18) de la Constitución Política; 1, 4 y 82 de la Ley N 7600 Sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, del 29 de mayo de 1996 y; Considerando: Artículo 1º Que las políticas del Estado tienen como función principal, genera oportunidades para que todas las personas con discapacidad, participen en la construcción y disfrute de los beneficios del desarrollo con equidad. Artículo 2º Que para una efectiva equiparación de oportunidades, todos los sistemas del Estado y la sociedad deben ajustarse a los derechos, necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad. Artículo 3º Que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos. Artículo 4º Que las personas con discapacidad requieren políticas, planes, programas y servicios, eficaces y acordes con los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, participación y autodeterminación. Artículo 5º Que todas las acciones dirigidas a las personas con discapacidad, son componente fundamental de cada política nacional o2 sectorial y no como subsistemas aparte del aparato institucional costarricense. Por tanto, DECRETAN: REGLAMENTO DE LA LEY 7600 SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO Disposiciones Generales Artículo 1.- Objeto. El presente reglamento de la Ley 7600 Sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad, del 29 de mayo de 1996, establece normas y procedimientos de obligatoria observancia para todas las instituciones públicas, privadas y gobiernos locales, quienes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades. Las disposiciones que el mismo contiene se basan en los principios de equiparación de oportunidades, accesibilidad, participación y de no discriminación expresados en la Ley. Artículo 2.- Planificación anual. Las instituciones públicas incluirán en sus planes anuales operativos o planes anuales de trabajo, en los períodos correspondientes a su formulación, las acciones y proyectos que garanticen el acceso a sus servicios y la igualdad de oportunidades en todas las regiones y comunidades del país. Artículo 3.- Presupuesto. Las instituciones públicas incluirán el contenido presupuestario requerido para cumplir con las acciones y proyectos formulados en su Plan Anual Operativo, cuando elaboran su proyecto de presupuesto anual. Artículo 4.- Inversión. Las instituciones públicas incluirán en sus programas de inversión, proyectos cuyo financiamiento requiera recursos extraordinarios no contemplados en sus presupuestos regulares o de funcionamiento.3 Artículo 5.- Fiscalización a cargo del ente rector. El ente rector en materia de discapacidad fiscalizará que todas las instituciones del Estado, según su campo de competencia, ofrezcan las oportunidades y condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los derechos y deberes de las personas con discapacidad. Artículo 6.- Reglamentos internos. Las entidades públicas deberán revisar permanentemente, sus disposiciones reglamentarias y de funcionamiento y asegurar que no contengan medidas discriminatorias o que impidan el acceso de las personas con discapacidad a sus programas y servicios. Toda nueva reglamentación deberá ajustarse a lo prescrito en la Ley No Sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y al presente reglamento. Artículo 7.- Obligación de publicar avisos. Todas las instituciones del Estado están obligadas a publicar en el Diario Oficial La Gaceta y de manera accesible avisos sobre la formulación de planes, políticas, programas y servicios que involucren a personas con discapacidad a efecto de que sus organizaciones, legalmente constituidas, se apersonen y ejerzan su derecho de participación. Artículo 8.- Divulgación y capacitación Sobre la Igualdad de Oportunidades. Todas las instituciones del Estado deberán incluir en sus programas de divulgación, información y capacitación anuales, contenidos referentes a la Ley No Sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Para ello se utilizarán los medios de comunicación internos, externos y diferentes estrategias tales como: conferencias, cursos, mesas redondas, publicaciones y otros, de manera que se garantice que la divulgación, información y capacitación alcance a la totalidad de los miembros del personal de la institución. Para garantizar la calidad de las información, las instituciones podrán contar con la asesoría técnica del ente público rector en materia de discapacidad y la misma deberá cumplir con lo que al respecto establece el artículo 13 de la Ley Artículo 9.- Organización y provisión de servicios de apoyo. Todas las instituciones públicas y privadas de servicio público, cuando no tengan un responsable específico, deberán crear un mecanismo en su estructura interna para organizar y proveer los servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas por las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes en igualdad de oportunidades. Artículo 10.- Supervisión, Evaluación y Contralorías de Servicios. Las Contralorías de Servicio y los sistemas internos de control de las entidades4 públicas y privadas de servicio público supervisarán y evaluarán la prestación de los servicios de apoyo y ayudas técnicas requeridas por las personas con discapacidad. Cuando a una persona con discapacidad se le limite la igualdad de oportunidades por la omisión o no prestación de las ayudas técnicas y servicios de apoyo que requiera, podrá recurrir ante las Contralorías de Servicios y los sistemas internos de control para hacer valer sus derechos, sin perjuicio de la utilización de las instancias establecidas en el sistema jurídico estatal. El ente rector en materia de discapacidad y las organizaciones de las personas con discapacidad, asesorarán para un mejor cumplimiento de estas responsabilidades. Artículo 11.- Eliminación de la discriminación. Cualquier persona o entidad utilizará el procedimiento establecido en el artículo anterior, para solicitar la eliminación de las acciones y disposiciones que, directa o indirectamente promueven la discriminación o impiden a las personas con discapacidad tener acceso a los programas y servicios. Artículo 12.- Eliminación de mensajes. Cualquier persona o entidad podrá solicitar a los medios de comunicación eliminar la difusión de mensajes estereotipados o menospreciativos, en relación con la discapacidad sin perjuicio de recurrir a las instancias del sistema jurídico estatal. Artículo 13.- Actos discriminatorios en la información. Se considerará un acto discriminatorio el negar, omitir o distorsionar la información de un servicio que se presta sobre discapacidad o no suministrarla al interesado o su familia en forma oportuna, accesible y comprensible. Artículo 14.- Servicios de apoyo en las gestiones municipales. Las municipalidades prestarán los servicios de apoyo que requieran las personas con discapacidad, en la realización de las gestiones políticas, administrativas, comunales, cívicas, culturales y de toda índole que sean convocadas, organizadas o administradas por el gobierno local. Artículo 15.- Apoyo de las municipalidades. A efecto que las municipalidades cumplan con sus obligaciones de apoyo a las instituciones públicas y privadas en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad, crearán y mantendrán bases de datos de todos los recursos humanos e institucionales de sus respectivas comunidades. Esa información estará accesible a todas las personas con discapacidad.5 Artículo 16.- Unidad familiar. Para preservar la unidad de la familia, prevenir la violencia doméstica y garantizar oportunidades de desarrollo y autonomía para sus miembros con discapacidad, todas las instituciones del Estado y las privadas que se beneficien de fondos públicos y que lleven a cabo programas y servicios con la familia, procurarán y proveerán los servicios de apoyo a las personas con discapacidad y a los familiares que específicamente se encarguen de ellos. Artículo 17.- Actos discriminatorios en el desarrollo y autonomía personal. Se considerará un acto discriminatorio cuando la familia natural, la sustituta o los servicios sustitutivos del cuido familiar, a pesar de recibir o contar con servicios de apoyo e información, limiten las oportunidades de desarrollo y de autonomía a sus miembros con discapacidad. Cualquier persona podrá denunciar ante el Juzgado de Familia o las Alcaldías Mixtas en su caso, dicho acto discriminatorio. Artículo 18.- Violencia doméstica. Los actos citados en el artículo precedente se considerarán además como violencia doméstica, cuando los actores tuvieran relación de parentesco con la persona con discapacidad, de conformidad con la Ley No Contra la Violencia Doméstica, del 10 de abril de 1996 y sus reglamentos. Artículo 19.- Prevención y atención de la violencia intrafamiliar. El Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia formulará y coordinará - en conjunto con el ente rector en materia de discapacidad - políticas para prevenir y atender los casos de violencia intrafamiliar contra personas con discapacidad. Artículo 20.- Servicios sustitutivos del cuido familiar. Las personas con discapacidad que reciben servicios sustitutivos del cuido familiar, deben participar en igualdad de condiciones en todas las actividades que se promuevan o en las que participe el servicio familiar sustitutivo. Para garantizar su participación, la entidad responsable o supervisora del servicio sustitutivo del cuido familiar procurará y proveerá los servicios de apoyo requeridos. Artículo 21.- Uso de los servicios sustitutivos del cuido familiar. Todas las organizaciones privadas que brinden servicios sustitutivos del cuido familiar y que cuenten con financiamiento total o parcial o con el beneficio del Estado y de las municipalidades, serán accesibles a las personas con discapacidad en riesgo social o en estado de abandono. Estas organizaciones proveerán los servicios de apoyo requeridos. Artículo 22.- Promoción de los servicios sustitutivos del cuido familiar. El ente rector en materia de discapacidad, el Patronato Nacional de6 la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, las municipalidades y demás instituciones del Estado promoverán y apoyarán la autogestión de los servicios sustitutivos no segregados del cuido familiar. Artículo 23.- Abandono de hecho. Se considerará abandono de hecho, la situación de la persona con discapacidad en donde no existen parientes inmediatos, que se encontraren en disposición o condiciones de responsabilizarse por ella y sin que medie declaratoria judicial o administrativa que así lo determine. Artículo 24.- Actos discriminatorios a la infancia y adolescencia. El Patronato Nacional de la Infancia presentará a solicitud de parte o de oficio, las acciones administrativas y judiciales correspondientes a fin de que se eliminen todos los actos y disposiciones que directa o indirectamente discriminen al niño, niña y adolescente con discapacidad del acceso a los programas y servicios que requiera. Artículo 25.- Calidad de los servicios a menores de edad. El Patronato Nacional de la Infancia y demás instituciones del Estado, según su competencia, promoverán y fiscalizarán la autogestión y calidad de los servicios de protección para niños, niñas y adolescentes con discapacidad en condición de riesgo social o estado de abandono, incluyendo todas las ayudas técnicas y servicios de apoyo que requieran para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. Artículo 26.- Servicios no segregados. El Patronato Nacional de la Infancia garantizará, promoverá y fiscalizará el desarrollo de estrategias tendientes a la ubicación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en condición de riesgo social o estado de abandono, en ambientes no segregados que faciliten su autonomía personal. Artículo 27.- Apoyo a la familia en riesgo social. El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Junta de Protección Social de San José, a través de los mecanismos correspondientes, apoyarán técnica y económicamente, hasta tanto se requiera, a las familias con uno o más miembros menores de edad con discapacidad, cuando la situación social o económica del grupo se constituya en factor de riesgo para su desarrollo y autonomía personal. En caso de que las circunstancias anteriores afecten a las familias constituidas por adultos con discapacidad, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Junta de Protección Social de San José y la Caja Costarricense de Seguro Social, brindarán los apoyos arriba señalados. Artículo 28.- Representación de las personas con discapacidad en el ente rector. Los representantes de las organizaciones de personas con7 discapacidad ante el órgano directivo del ente rector en materia de discapacidad, serán en una proporción del 25%, de los cuales un propietario y su suplente serán padre ó madre de personas con discapacidad. Los representantes propietarios y suplentes a la junta directiva del ente rector en materia de discapacidad, así como los miembros del Comité de Información, para lo cual no habrá impedimento de ostentar ambos cargos, serán electos por una asamblea de las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas convocada al efecto y durarán en su cargo 4 años. El órgano responsable de hacer la convocatoria es el ente rector en materia de discapacidad en coordinación con el Comité de Información. Una vez constituida la asamblea, ésta integrará entre los presentes un tribunal para dirigir, constatar, fiscalizar, resolver recursos y comunicar al ente rector el resultado de la elección. La convocatoria para la asamblea se hará en forma escrita y en diferentes medios de comunicación colectiva al menos con un mes de anticipación. Para el caso de las personas ciegas, esta convocatoria deberá ser en tinta y en Braille. La asamblea estará constituida en primera convocatoria por diez o más organizaciones que se hagan presentes. En caso de no completarse el quórum, 60 minutos después se realizará la asamblea con un quórum que no podrá ser inferior al número de cargos a elegir ante el ente rector. Se consideran organizaciones legalmente constituidas las que tienen personería jurídica y cédula jurídica vigentes. La elección se hará mediante voto secreto y en forma nominal. En caso de empate se realizarán sucesivas votaciones hasta lograr el desempate. Los acuerdos del tribunal, tendrán recurso de revocatoria ante el mismo tribunal, el cual deberá resolver en el mismo acto. Tendrán derecho a elegir los presidentes en ejercicio de las organizaciones de personas con discapacidad, legalmente constituidas o su representante. Tendrá derecho a ser electo todo miembro activo de las organizaciones de las personas con discapacidad, aunque no estén presentes en la asamblea. Durante el desarrollo de la asamblea el ente rector en materia de discapacidad debe proveer los servicios de apoyo requeridos para que la información y comunicación, sea accesible a todos los participantes.8 Artículo 29.- Permiso para asistir a sesiones. Las instituciones del estado, están obligadas a otorgar permiso para asistir a sesiones de la Junta Directiva del ente rector en materia de discapacidad, a sus funcionarios representantes de organizaciones de personas con discapacidad, designados para ese cargo. Artículo 30.- Organizaciones de personas con discapacidad. El ente rector en materia de discapacidad, incorporará una partida en su presupuesto anual para que el Comité que constituyan las organizaciones de personas con discapacidad, pueda cumplir con las obligaciones que señala el inciso c) del artículo 12 de la Ley TÍTULO II CAPÍTULO I Acceso a la Educación Artículo 31.- Educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. La educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, incluidos los servicios de estimulación temprana, será gratuita, obligatoria y costeada por el Estado en los niveles equivalentes a los establecidos por los artículos 78 de la Constitución Política y 8 de la Ley Fundamental de Educación. Artículo 32.- Servicios de apoyo. Para garantizar el acceso oportuno a la educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, el Ministerio de Educación Pública y las instituciones privadas de educación, procurarán y proveerán los servicios de apoyo, que incluyen entre otros: recursos humanos especializados, adecuaciones curriculares, trascripción en Braille de libros de texto de uso obligatorio o en cinta de audio, uso de la Lengua de Señas Costarricense y las condiciones de infraestructura necesarias en todos los servicios educativos. Artículo 33.- Programas de estudio en la educación regular. Para la programación educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales de la educación regular, regirán los mismos objetivos de los programas de estudio establecidos en todos los ciclos de la Educación General Básica y en la Educación Diversificada, con las adecuaciones de acceso al currículo y curriculares que se requieran.9 Artículo 34.- Opción de matrícula en la educación regular. Los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen el derecho de matricularse en la Educación General Básica y a la Educación Diversificada, con las adecuaciones de acceso al currículo y curriculares requeridas. Artículo 35.- Programas de estudio en la educación especial. Para la programación educativa en los servicios de educación especial hasta el III Ciclo, regirán los mismos objetivos establecidos para la educación preescolar, I, II y III ciclos de la Educación General Básica en todas las asignaturas y con las adecuaciones de acceso acceso al currículo y curriculares necesarias. Artículo 36.- IV ciclo de la Educación Especial. En la programación educativa del IV ciclo de la educación especial se incluirán objetivos que promuevan el máximo desarrollo de los estudiantes y que favorezcan la autonomía, la socialización y la formación para el trabajo. Artículo 37.- Acto discriminatorio en la matrícula. Se considerará un acto discriminatorio cuando la Dirección del Centro Educativo, niegue, por razones de su discapacidad, la matrícula a un estudiante con necesidades educativas especiales. Para la interpretación adecuada de este artículo aplicará el artículo 44, inciso g) de este Reglamento. Artículo 38.- Acto discriminatorio en las actividades educativas. Se considerará un acto discriminatorio cuando a un estudiante, por razón de su discapacidad, el centro educativo lo excluya de las actividades programadas para el resto de los estudiantes o le impida utilizar las ayudas técnicas que requiera. Artículo 39.- Preservación de la integridad. Un estudiante con discapacidad podrá ser eximido, por mutuo acuerdo con su profesor, de participar en las actividades programadas para todos los estudiantes, cuando ésta implique riesgo evidente en su integridad personal. En caso de no lograrse un acuerdo entre el estudiante y el docente, la decisión recaerá en el Comité de Apoyo. Artículo 40.- Participación. En todas las actividades cívicas, culturales y religiosas establecidas por el Sistema Educativo Costarricense, participarán en igualdad de oportunidades los estudiantes de los servicios de educación especial. Artículo 41.- Solicitud de servicios de apoyo. Todo estudiante con necesidades educativas especiales, padre, madre de familia o encargado y el personal docente podrán solicitar ante la Dirección del centro educativo, los servicios de apoyo requeridos.10 Artículo 42.- Presupuesto y trámite de los servicios de apoyo. El Ministerio de Educación Pública incluirá dentro de su planificación presupuestaria los recursos necesarios para que todos los centros educativos procuren y provean los servicios de apoyo y adaptaciones requeridos por los estudiantes con necesidades educativas especiales. Para tramitar la solicitud y provisión de los servicios de apoyo, el centro educativo respectivo utilizará los mismos mecanismos institucionales que se aplican para todo el sistema educativo. Artículo 43.- (*) Constitución del Comité de Apoyo Educativo. Todo centro educativo público y privado organizará un Comité de Apoyo Educativo que estará integrado por el director o su representante, quien lo presidirá, y además por los siguientes representantes, seleccionados o nombrados según el procedimiento que cada institución establezca: a) En los Centros que imparten Primero y Segundo ciclos de la Educación General Básica, el director o su representante, un máximo de dos docentes de Educación Especial, dos representantes de los otros docentes y un representante de los padres de familia de los estudiantes con necesidades educativas especiales, matriculados en la institución b) En los Centros que imparten el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y la Educación Diversificada, el director o su representante, un representante de los docentes de Educación Especial si los hubiera, uno o dos representantes de los orientadores, un representante de los profesores guía, un representante de los padres de familia de estudiantes con necesidades educativas especiales y un estudiante con necesidades educativas especiales c) En los centros educativos unidocentes y en aquéllos en los que no se reúnan las condiciones anteriores, la Dirección del centro constituirá un Comité de Apoyo Educativo con un mínimo de 3 personas: el director y 2 padres de familia. (*) Reformado el artículo 43 por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo n de 11 de mayo de 2012, publicado en el Alcance n. 130 a La Gaceta n. 177 de 13 de setiembre de Artículo 44.- (*) Funciones del Comité de Apoyo Educativo. Corresponderá al Comité de Apoyo Educativo de toda institución: a) Determinar los apoyos que requieran los alumnos matriculados en la institución, con fundamento en sus necesidades educativas especiales b) Aprobar e improbar las adecuaciones curriculares significativas que requiera cada alumno.11 Se exceptúa de esta disposición los Comités de Apoyo que funcionen en las escuelas multigrado y escuelas de Dirección 1, en las cuales se aplicará lo dispuesto en el artículo 48 del presente Reglamento. c) Asesorar a la administración de la institución y al personal docente, administrativo y de apoyo sobre las adecuaciones de acceso al currículo, curriculares y los servicios de apoyo para cada alumno con necesidades educativas especiales. d) Supervisar la calidad de la educación que se brinde a cada alumno con necesidades educativas especiales y dar seguimiento a la aplicación de las adecuaciones curriculares significativas en coordinación con el Comité Técnico Asesor. e) Facilitar la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales y de sus padres o encargados en el proceso educativo. f) Recibir en audiencia al estudiante, al padre, madre o encargado, así como al docente respectivo, interesados en la definición y satisfacción de sus necesidades educativas. g) Informar y orientar al estudiante, padre, madre de familia o encargado sobre el proceso de matrícula en los diferentes servicios educativos para los estudiantes con necesidades educativas especiales h) Todas aquellas otras que le asigne el Ministerio de Educación Pública. (*) Reformado el artículo 44 por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo n de 11 de mayo de 2012, publicado en el Alcance n. 130 a La Gaceta n. 177 de 13 de setiembre de Artículo 45.- Sesiones y remuneraciones en el Comité de Apoyo Educativo. Los Comités de Apoyo Educativo sesionarán ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando así se requiera. Los representantes docentes serán remunerados con un mínimo de dos lecciones de 40 minutos semanales. Artículo 46.- Funciones de la Dirección del centro educativo. Corresponderá a la Dirección del centro educativo: a) Constituir en el mes de febrero de cada año, el Comité de Apoyo Educativo. b) Integrar y presidir el Comité de Apoyo Educativo.12 c) Presentar las solicitudes de los estudiantes, padres, madres o encargados, o personal docente ante el Comité de Apoyo Educativo, cuando lo considere necesario d) Canalizar, ante las instancias correspondientes, las solicitudes de servicios de apoyo, utilizando los procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación. e) Garantizar la aplicación y ejecución de las recomendaciones emanadas del Comité de Apoyo Educativo. Artículo 47.- (*) Adecuaciones de acceso al currículo. Las adecuaciones de acceso al currículo serán determinadas y aplicadas por los docentes del centro educativo, debiendo documentarse en un expediente el tipo de apoyo que requiera cada estudiante. (*) Reformado el artículo 47 por el artículo 3 del Decreto Ejecutivo n de 11 de mayo de 2012, publicado en el Alcance n. 130 a La Gaceta n. 177 de 13 de setiembre de ARTÍCULO 47 Bis.- (*) Adecuaciones curriculares no significativas. Las adecuaciones al currículo no significativas serán determinadas y aplicadas por los docentes del centro educativo. Así mismo, realizarán los ajustes pertinentes en la mediación pedagógica que consideren necesarios. Dado el carácter no significativo de estas adecuaciones, no se requerirá de la apertura de un expediente administrativo del estudiante que documente la aplicación de adecuaciones curriculares por ese concepto. (*) Reformado el artículo 47 bis por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo n de 11 de mayo de 2012, publicado en el Alcance n. 130 a La Gaceta n. 177 de 13 de setiembre de Artículo 48.- (*) Adecuaciones curriculares significativas. En caso de que el alumno con necesidades educativas especiales requiera de adecuaciones curriculares significativas, éstas serán propuestas, oportunamente, por el docente del centro educativo y deberán contar con la aprobación del Comité de Apoyo Educativo regulado en el artículo 44 del presente Reglamento. En el caso de no encontrarse satisfechos, los padres de familia podrán apelar la decisión que se adopte, la cual será resuelta por el Asesor Regional de Educación Especial. Únicamente en el caso de escuelas multigrado y de Dirección 1, la Adecuación Curricular Significativa deberá ser propuesta por el docente y aprobada por el Asesor Regional de Educación Especial. (*) Reformado el artículo 48 por el artículo 5 del Decreto Ejecutivo n de 11 de mayo de 2012, publicado en el Alcance n. 130 a La Gaceta n. 177 de 13 de setiembre de 2012.13 Artículo 49.- Medición y valoración del aprendizaje. Las adecuaciones curriculares servirán de base para determinar la medición y valoración de los aprendizajes. Artículo 50.- Consignación y comunicación de las adecuaciones. Para garantizar su continuidad y seguimiento, las adecuaciones curriculares significativas, se consignarán en el expediente del estudiante. Estas deberán ser comunicadas a su padre, madre o encargado en el correspondiente informe al hogar. Artículo 51.- Servicios de apoyo durante hospitalización y convalecencia. Cuando un estudiante se encuentre imposibilitado para asistir temporalmente al centro educativo por causa de hospitalización o convalecencia, debidamente acreditada ante el director del centro educativo, será responsabilidad del Director, velar porque se brinden los servicios necesarios que garanticen, al estudiante, la continuidad de sus estudios. Artículo 52.- Imagen digna. El Ministerio de Educación Pública mantendrá una Comisión Nacional permanente de carácter consultivo, que estará integrada por un representante de los Departamentos de Evaluación, de Orientación, Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Especial y de las Organizaciones de Personas con Discapacidad, designado por el Comité de Información al que se hace referencia en el artículo 28 de este Reglamento, que tendrá como función velar porque los programas y materiales educativos que reproduzcan imágenes de personas con discapacidad preserven su dignidad y la igualdad de oportunidades. Artículo 53.- Servicios de apoyo en la formación técnica y profesional. Para garantizar el acceso oportuno de las personas con discapacidad a la formación técnica y profesional, el Instituto Nacional de Aprendizaje y demás entes públicos y privados de formación, procurarán y proveerán los servicios de apoyo que incluyen entre otros, recursos humanos especializados, adecuaciones curriculares y las condiciones de infraestructura necesarias en todos sus servicios. Artículo 54.- Adecuación a los requisitos de ingreso. El Instituto Nacional de Aprendizaje y demás centros públicos y privados de formación técnica y profesional, aplicarán adecuaciones a los requisitos de ingreso y a las pruebas de admisión, de acuerdo a las necesidades de los aspirantes con discapacidad que así lo soliciten. Artículo 55.- Provisión de servicios de apoyo en el INA. La Subgerencia Técnica del Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de sus unidades técnicas, procurará y proveerá los servicios de apoyo y las ayudas técnicas14 requeridas por las personas con discapacidad matriculadas en las acciones formativas. Artículo 56.- Adecuaciones en las acciones formativas. Las Unidades Técnicas del Instituto Nacional de Aprendizaje, realizarán las adaptaciones de puestos de trabajo necesarias para las personas con discapacidad, incorporadas en sus acciones formativas. Artículo 57.- Programas de extensión. El Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollará programas de extensión para la capacitación de personas con discapacidad. Para ello, podrá establecer convenios con otras instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales. Artículo 58.- Servicios de apoyo en las universidades. Las universidades a través de sus Vicerrectorías de Vida Estudiantil o sus equivalentes, procurarán y proveerán servicios de apoyo a todas las personas con discapacidad de la comunidad universitaria. Los servicios de apoyo, se brindarán durante todos los procesos, incluidos los académicos y administrativos, en coordinación con las diferentes instancias y con la participación de toda la institución. Se considerará prioritario el criterio de la persona con discapacidad, acerca del tipo de servicio de apoyo requerido. Artículo 59.- Provisión de ayudas técnicas. Las universidades deberán definir los mecanismos necesarios para procurar y proveer las ayudas técnicas, requeridas por las personas con discapacidad de la comunidad universitaria. Artículo 60.- Transporte universitario adaptado. Los vehículos y medios de transporte que las universidades ponen al servicio de la comunidad universitaria, deberán contar con unidades debidamente adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad. Este transporte estará a la disposición de las personas que lo requieran para trasladarse dentro del campus universitario y asistir a actividades organizadas por la universidad. Artículo 61.- Estacionamiento universitario reservado. Del total de espacios disponibles para el estacionamiento de vehículos, dentro del campus universitario, los centros de Educación Superior reservarán al menos 2 espacios para el aparcamiento de vehículos que sean conducidos o que transporten personas con discapacidad. Dichos espacios estarán ubicados cerca de la entrada principal del edificio y contarán con la señalización y el acceso al espacio físico adecuados. Artículo 62.- Acto discriminatorio en las universidades. Se considerará un acto discriminatorio, cuando a un estudiante, por razón exclusiva de su discapacidad, se le niegue el ingreso a las universidades públicas y privadas,15 no se le brinden los servicios de apoyo requeridos o el acceso a todas las actividades universitarias. Artículo 63.- Planes de estudio. Todos los entes universitarios responsables de la estructuración y administración de los planes de estudio, incorporarán en éstos contenidos generales y específicos sobre discapacidad, con el fin de que los futuros profesionales apliquen los principios de la igualdad de oportunidades. Para ello contarán con el apoyo de las Vicerrectorías de Docencia o sus equivalentes. Artículo 64.- Formación específica. Las universidades crearán programas, planes de estudio y cursos de formación específica en el tema de la discapacidad, que promuevan la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. Artículo 65.- El tema de la discapacidad en la formación universitaria. Las Vicerrectorías de Docencia o sus equivalentes, velarán para que la incorporación del tema de la discapacidad en los programas y planes de estudio universitarios, se sustenten en la búsqueda permanente del mejoramiento de las condiciones de vida de la persona con discapacidad. CAPÍTULO II Acceso al Trabajo Artículo 66.- Equiparación de oportunidades y no discriminación en el empleo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de todas sus dependencias, garantizará la equiparación de oportunidades y la no discriminación para el acceso al empleo, el mantenimiento y la promoción del mismo, de las personas con discapacidad. Artículo 67.- Acto discriminatorio en el empleo. Se considerarán actos de discriminación el emplear en la selección de personal, mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo. También se considerará un acto discriminatorio que, en razón de su discapacidad, a una persona se le niegue el acceso y la utilización de los recursos productivos. Artículo 68.- Comisión permanente. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social nombrará, internamente, una comisión permanente con la16 participación de todas las direcciones, dicha comisión se encargará de definir estrategias, planes y proyectos para promover la equiparación de oportunidades en el empleo de las personas con discapacidad. Artículo 69.- Readaptación, colocación y reubicación en el empleo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de las instancias correspondientes, organizará y prestará, a nivel nacional, servicios de readaptación, colocación y reubicación en el empleo. Tales como apoyo legal y asesoría en estas áreas. Artículo 70.- Coordinación interinstitucional. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Dirección Nacional de Inspección General del Trabajo, coordinará con el Instituto Nacional de Seguros y con los empleadores respectivos, los procesos necesarios con el fin de readaptar y reubicar a los trabajadores que adquieren una discapacidad durante el desarrollo de sus actividades laborales. Artículo 71.- Funciones de la Dirección Nacional de Empleo. Corresponderá a la Dirección Nacional de empleo las siguientes funciones: a) Coordinar con los entes públicos y privados que desarrollen programas de readaptación, colocación y reubicación en el empleo. b) Apoyar y servir de facilitador a las organizaciones de personas con discapacidad, en la ejecución de las acciones que éstas realicen en el mercado de trabajo. c) Garantizar que el trabajador con discapacidad se ubique en un empleo acorde a sus condiciones y necesidades, en forma digna y remunerado adecuadamente, se mantenga y promocione en el mismo. d) Brindar asesoramiento a los empleadores para el análisis de puestos y readaptación del empleo e) Proveer los servicios de apoyo requeridos por las personas con discapacidad para su inserción en el mercado laboral. f) Procurar que los entes públicos y privados provean los servicios de apoyo requeridos por las personas con discapacidad, para su inserción en el mercado laboral. g) Sistematizar y brindar información accesible para las personas con discapacidad acerca de la oferta y demanda del mercado laboral. h) Otras que promuevan la inserción laboral de las personas con discapacidad.17 i) Todas las que le asigne el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Artículo 72.- Inspección en el empleo. Para impedir la discriminación en la contratación y en el progreso en el empleo de las personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ejercerá control por medio de su Dirección Nacional e Inspección General del Trabajo y su Oficina Central, provinciales, cantonales y regionales. Artículo 73.- Prevención de la discriminación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establecerá la prevención respectiva al patrono que asuma actitudes discriminatorias en la contratación o que incumpla con los alcances de la Ley 7600 en materia de empleo. Artículo 74.- Necesidades de formación técnica y profesional. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Empleo, sistematizará y transmitirá información a los entes educativos sobre las necesidades de formación técnica y profesional, utilizando los medios más idóneos para tales efectos. Artículo 75.- Consultas y reclamos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Asuntos Laborales, brindará y prestará sus servicios de manera accesible, adecuada, efectiva y oportuna, para atender consultas y reclamos a trabajadores con alguna discapacidad. La Dirección General de Asuntos Laborales, ofrecerá en sus instalaciones todas las facilidades necesarias para la comodidad, seguridad y privacidad de las personas con discapacidad, que requieran de los servicios de atención de reclamos, conciliaciones y otros. Artículo 76.- Cobertura de la seguridad social. La Dirección Nacional e Inspección General del Trabajo, por medio de su Oficina Central, provinciales, cantonales y regionales, fiscalizará que todos los trabajadores activos con discapacidad, estén cubiertos por los regímenes de la Seguridad Social y Riesgos del Trabajo, independientemente de la naturaleza de la labor productiva que realicen. Artículo 77.- Contratación de trabajadores principiantes. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá suscribir convenios directamente con la empresa privada a efecto de promover la contratación de trabajadores principiantes con discapacidad, acorde a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley de Aprendizaje del Instituto Nacional de Aprendizaje. Artículo 78.- Asistencia técnica para la colocación. La Dirección Nacional de Empleo ofrecerá asistencia técnica a los Departamentos de Recursos Humanos de las empresas, a efecto de que se promueva la18 colocación de personas con discapacidad que reúnan los requisitos establecidos en sus pedimentos de personal, manteniendo un seguimiento y control de tal acción. Asimismo, velará porque los instrumentos de reclutamiento y selección se adapten a las necesidades específicas de cada las persona. Artículo 79.- Información y asesoría sobre servicios de apoyo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el ente rector en discapacidad y las Organizaciones de Personas con Discapacidad, brindará información accesible y asesoría sobre ayudas técnicas, tecnológicas y otros servicios de apoyo, tanto a trabajadores como a empleadores, con el fin de procurar una mejor inserción laboral de las personas con discapacidad. Artículo 80.- Adaptación al puesto de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, procurará subvenciones temporales y préstamos para la adaptación de los puestos de trabajo, incluyendo ayudas técnicas y servicios de apoyo, la eliminación de barreras arquitectónicas y modificación del entorno y otras acciones que promuevan la creación de fuentes de empleo y de ingresos para las personas con discapacidad. Artículo 81.- Contratos con información accesible. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, garantizará que los contratos de trabajo sean accesibles a las personas con discapacidad. Artículo 82.- Salario mínimo. Todo trabajador con discapacidad tendrá derecho al salario mínimo, según clase de puesto, de conformidad con la fijación periódica por jornada normal que le procure bienestar y existencia digna. La prestación de servicios que realice el trabajador con discapacidad será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Artículo 83.- Incorporación al empleo en el Sector Público. La Dirección General de Servicio Civil establecerá un sistema de bases de selección específicas, a efecto de promover la incorporación al empleo en el Sector Público de las personas con discapacidad. Artículo 84.- Adecuación de pruebas. Cuando alguna persona con discapacidad que reuniendo los requisitos presente Oferta de Servicios, para concursar por un puesto dentro del Régimen de méritos, la Dirección General de Servicio Civil, adecuará los procedimientos y mecanismos de reclutamiento y Selección de Personal a las condiciones particulares del sujeto, a efecto de valorar su idoneidad para el desempeño del cargo. Artículo 85.- Concurso y elegibilidad. Toda persona con discapacidad que ostente los requisitos establecidos para cada clase de puesto podrá concursar libremente y ser declarada elegible si demuestra idoneidad para el mismo.19 Artículo 86.- Adaptación al puesto de trabajo en el Régimen del Servicio Civil. La Dirección General de Servicio Civil en coordinación con el ente rector en materia de discapacidad, asesorará a las instituciones cubiertas por su Régimen en la adaptación de puestos de trabajo y del entorno a las condiciones y necesidades de la persona con discapacidad que así lo solicite. Para cumplir con lo anterior, la Dirección General de Servicio Civil podrá solicitar el criterio que al respecto recomienden las organizaciones de personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las universidades públicas y el ente rector en materia de discapacidad. Artículo 87.- Información y capacitación. La Dirección General de Servicio Civil, en coordinación con el ente rector en materia de discapacidad, establecerá procesos de capacitación, publicaciones periódicas e información accesible y permanente sobre la discapacidad a efectos de posibilitar la incorporación de las personas con discapacidad a las diferentes clases de puestos. Artículo 88.- Superación en el empleo. La Dirección General de Servicio Civil, en conjunto con las Oficinas de Recursos Humanos de los distintos ministerios e instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, velarán porque se brinden las condiciones necesarias para que los funcionarios con discapacidad, sin discriminación alguna, se capaciten y se superen en el desempeño del cargo y hagan carrera administrativa. Para ello, todas las instituciones a las que se refiere este artículo, realizarán las gestiones administrativas, técnicas y metodológicas correspondientes, así como las previsiones presupuestarias requeridas. Artículo 89.- Reinserción laboral. (*) Todas las instituciones públicas del Estado estarán obligadas a reinsertar a aquel servidor regular que por fuerza mayor o cualquier otro riesgo del trabajo adquiera una discapacidad que afecte su idoneidad en el desempeño de su puesto, ya sea adaptándole el entorno, reubicándola, trasladándola o reasignándola en descenso, con su consecuente indemnización dentro de la organización del Estado. (*) Reformado el párrafo anterior por el artículo 16 del Decreto Ejecutivo n de 2 de febrero de 2011, publicado en La Gaceta n. 56 de 21 de marzo de En caso de que exista imposibilidad total de llevar a cabo lo anterior, se procederá con el pago de prestaciones, todo ello tomando en cuenta las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo en lo que sea competente.20 CAPÍTULO III Acceso a los servicios de salud Artículo 90.- Modelo institucional. La Caja Costarricense de Seguro Social, diseñará, ejecutará y evaluará permanentemente modelos de atención adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad, incluyendo a los asegurados por el Estado. Artículo 91.- Servicios y prestaciones. La Gerencia de la División Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, será la responsable de desarrollar y fortalecer los servicios de rehabilitación. La Gerencia de la División de Pensiones en coordinación con la Gerencia de la División Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, será la encargada de complementar esos servicios, mediante la extensión de las prestaciones sociales y económicas a las personas con discapacidad, incluyendo a los asegurados por el Estado. Artículo 92.- Coordinación y supervisión en los servicios. La coordinación y supervisión de los servicios especializados de rehabilitación de las unidades prestadoras de servicios de salud pública, estará a cargo de las instancias que determine la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, según corresponde. Para garantizar la calidad de los servicios de salud, se crearán y aplicarán los instrumentos de cobertura, seguimiento y evaluación, los que se incorporarán dentro del sistema de información institucional, que tiendan a garantizar su calidad. Artículo 93.- Servicios de rehabilitación en todos los niveles. La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, según competencia, prestarán los servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad física, mental y sensorial, en todas las regiones del país, mediante un modelo de atención por niveles. Este modelo de atención tendrá como principios y objetivos fundamentales la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la disponibilidad. Artículo 94.- Servicios en las regiones. Todas las Direcciones Regionales y unidades de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros según competencia, participarán activamente en el desarrollo y prestación de todo tipo de servicios para las personas con discapacidad, en todas las regiones del país. Artículo 95.- Protocolos de atención. La Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, definirán y aplicarán los protocolos Mostrar más
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