Source: http://catedrajudicial.blogspot.com/2013/05/
Timestamp: 2017-06-29 09:09:10+00:00

Document:
catedrajudicial: mayo 2013
en materia publicitaria de alimentos procesados
Javier André Murillo
Hace exactamente un año fueron
publicadas dos columnas de opinión contrapuestas sobre el contenido del proyecto
de ley de la actual Ley N° 30021; en estas, Alejandro Falla y Julio Durand,
ambos profesores míos pusieron sus opiniones frente a frente[1].
Desde una posición, el profesor Falla pedía que no le quiten la cajita feliz a
su hijo ya que la regulación en materia
de publicidad que se planteaba era excesiva, mientras que el profesor Durand
indicaba que es importante que los niños reciban información veraz sobre la
alimentación y que la regulación es viable en virtud de la buena fe, la
transparencia y la responsabilidad social empresarial. Este debate es un
ejemplo de los grandes debates entre la postura liberal y la social en temas de
regulación y derecho ordenador del mercado.
Finalmente, el 17 de mayo de
2013, fue publicada la Ley N° 30021 – “Ley de promoción de la alimentación
saludable para niños, niñas y adolescentes” (LPAS) en el Diario “El Peruano”
con expreso mandato de reglamentación por parte del Ministerio de Salud (MINSA)
en los siguientes 60 días de la vigencia y con mandato de implementación a los
agentes del mercado en los siguientes 120 días para las disposiciones
publicitarias. En este sentido, si bien no podemos hacer un análisis detallado
de las disposiciones puesto que el MINSA deberá completar el rompecabezas
normativo, se puede hacer un primer balance sobre lo que ha traído esta norma
norma ha incluido todo lo relativo a “alimentos procesados” y ha excluido los
alimentos y bebidas no alcohólicas no sometidas a “proceso de industrialización”.
De la definición común, encontramos que lo “procesado” implica que se ha
sometido a un proceso de transformación física, química o biológica[2]
y lo “industrial” es lo que se obtiene luego de un conjunto de operaciones
materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o
varios productos naturales[3].
Como se puede observar, no podemos extraer diferenciación entre un rico arroz
chaufa, una hamburguesa con papas fritas o una lata de frijoles; todos estos
alimentos han sido sometidos a una transformación y están basados en productos
naturales, estarían incluidos. Sin definiciones reglamentarias del artículo 2
de la Ley, podemos observar que está en manos del MINSA la inclusión y
discriminación de alimentos y bebidas de acuerdo a parámetros técnicos. La definición de Publicidad
recogida por esta norma coincide con la definición general regulada en el
inciso d del artículo 59 del Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de
la Competencia Desleal (LRCD). Creemos que recoger las definiciones generales
es un tema bastante discutible debido a que cada instrumento normativo responde
a una lógica sistémica diferente; en este caso, debió hacerse una remisión a la
norma general en el apartado de definiciones para total claridad. Aquí
comienzan los problemas,el concepto de Publicidad es muy amplio en la LRCD puesto
que al ser la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) del
INDECOPI la primera instancia con competencia primaria en materia de publicidad
como acto concurrencial se debía tener certeza de la inclusión de todos los
supuestos; esto debido a que existen supuestos grises como los trajes de las
anfitrionas, la publicidad en empaque, el merchandising,el
productplacement, entre otros. En este sentido, cuanto mayor
sea el ámbito de aplicación mayor será el efecto restrictivo de una nueva
norma;mencionado esto, es importante destacar que la referencia a la publicidad
de la LPAS incluye todo tipo de medios de promoción y marketing. Así uno de los ejemplos más claros, tomando lo resuelto
en la Resolución N° 197-2005/TDC-INDECOPI, la Resolución N°
2046-2007/TDC-INDECOPI, lo recogido en la LRCD y la LPAS, es la existencia de
datos o elementos del empaque de productos y alimentos que son considerados
publicidad por su finalidad persuasiva como podrían ser frases llamativas,
resaltado de algunos compuestos, marcas registradas, personajes de ficción,
entre otros. En este sentido, todas las restricciones de la nueva LPAS llega a
estos elementos y no toma en cuenta la diferencia entre rotulado y publicidad en
empaque, un gran error que deberá ser corregido en su aplicación por INDECOPI,
Para entender esta nueva norma
debemos entender el artículo 17 de la LRCD, que enuncia como acto de competencia
desleal aquellos actos que consisten en la difusión de publicidad que no
respete las normas imperativas del ordenamiento jurídico que sea aplican a la
actividad publicitaria, que van desde la Constitución hasta el próximo
reglamento de la LPAS; se denomina a estos como actos de competencia desleal
contra el principio de legalidad. Así, el Legislador al dar competencia a la
CCD de INDECOPI para asegurar el cumplimiento de los artículos 8 al 10 de la
nueva LPAS, indicó que la CCD analizará si los anunciantes de “productos
procesados” cometen infracción de competencia desleal poractos contra el
principio de legalidad, ya mencionados, o los clásicos actos de engaño o
confusión, enunciados en el artículo 8 y 9 de la LRCD. En este sentido, cabe
señalar que la novísima LPAS es una norma complementaria del sistema de
represión de competencia desleal en materia publicitaria sectorial.
Es menester recordar que la
publicidad tiene la estructura de una forma de comunicación; es decir, cuenta
con (i) una fuente o emisor (anunciante), (ii) un mensaje (anuncio codificado y
descodificado), (iii) un canal (medio o soporte) y (iv) un receptor (masa de
potenciales consumidores)[4].
La LPAS ha generado criterios sobre diversos aspectos de la estructura
publicitaria de “alimentos procesados”, como veremos a continuación.
La primera crítica sobre esta
nueva LPAS en materia de publicidad consiste en determinar cómo se hace la
diferenciación entre publicidad dirigida a menores de 16 años y publicidad
dirigida a público en general;esto debido a que el artículo 8 de esta nueva
norma delimita de esa manera el ámbito de aplicación en materia de imposiciones
a la publicidad, es un aspecto referido al receptor de la publicidad. Las
emisiones de publicidad por televisión y radio, así como cualquier otra
(anfitrionas, merchandising,
folletos, banners, publicidad exterior, entre otras), están expuestas al
público en general y no sólo a menores; ni qué decir de la publicidad en
empaque. De esta manera, el criterio de selección está fundado en un criterio
bastante arbitrario pues hasta que el MINSA con el Reglamento (lo cual resulta
un gran reto) o la CCD de INDECOPI funde criterios de selección con la
aplicación de esta norma no habrá seguridad en algo tan básico como el ámbito
Las demás críticasa la nueva
LPAS hacen referencia al mensaje per se
a través de diversas restricciones al contenido de los anuncios. Así, nos
encontramos con restricciones al contenido de publicidadde alimentos y bebidas
con grasas transo alto contenido de
sodio, azúcar y grasas saturadas, establecidas en el artículo 8, como: no
incentivar consumo inmoderado (inc. a); no mostrar porciones no apropiadas de
acuerdo a la edad del público (inc. b); no generar expectativas referidas a
superioridad o inferioridad por consumir o no consumir (inc. d); no indicar
como beneficios la obtención de fuerza, ganancia o pérdida de peso, adquisición
de estatus o popularidad (inc. e); no crear situaciones de urgencia o
dependencia, ni sentimiento de exclusividad o inmediatez (inc. g); no brindar
impresión de generosidad o inteligencia por consumir, ni mostrar sentimientos
de afecto de padre-hijo por el consumo (inc. h); no sugerir que el consumo
sustituye la nutrición diaria del desayuno, almuerzo o cena (inc. k); o no
alentar ni justificar el comer o beber inmoderada, excesiva o compulsivamente
(inc. l). Prácticamente, la libertad de expresión comercial del anunciante y la
creatividad del publicista de “alimentos procesados” han sido prácticamente
anuladas o llevadas a su mínima expresión. Por no decir que algunos de los
contenidos regulados son absurdamente intervencionistas: ¿El Estado decide
mejor que los padres que darles de comer a sus hijos? ¿El Estado prohíbe las
demostraciones de cariño en publicidad entre un padre y su hijo?
Aunque es casi impensable, existenotras
disposiciones más restrictivas en la LPAS. El inciso i del artículo 8 ha
eliminado el fenómeno de marketing
denominado “cajita feliz” al prohibir la promoción de entrega de regalos,
premios o cualquier otro beneficio. Como se sabe, la popular “cajita feliz”
promociona un juguete o artefacto por la compra de determinados alimentos.
Tanto el merchandising como la
publicidad de venta al por menor (estantes, banners en cajas, afiches en
tienda, entre otros) están considerados; de esta manera, se elimina la “cajita
feliz”. Igualmente, el inciso j del artículo 8 genera desde mi punto de vista
una expropiación indirecta de marcas registradas al no permitir la publicidad
testimonial de personajes reales o ficticios conocidos o admirados por menores;
de esta manera, debemos despedirnos de todas las mascotitas, jugadores
profesionales, actores famosos y demás análogos que se encuentren en publicidad
de todo tipo. Esto último incluye todas las marcas de personajes animados que
se ubican en empaques y envolturas.
Consideramos que la inclusión
de normas generales reiterativas en esta norma es un grave error de la nueva
LPAS. Así, el inciso c del artículo 8 sobre la explotación de la ingenuidad de
los menores a través de técnicas o argumentos publicitarios ya se encontraba
regulado en el artículo 16 de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa
del Consumidor; el inciso f del artículo 8 sobre la publicidad discriminatoria
se encuentra regulada en el artículo 18 de la LRCD; el inciso m del artículo 8
ya estaba regulado como publicidad engañosa enunciada en el artículo 8 de la
LRCD.
Sobre el artículo 9 de la
LPAScabe hacer dos apuntes. Por un lado, el primer párrafo de la norma es una
adaptación incompleta y simplista del test
de licitud del artículo 11 de la LRCD para publicidad denigratoria,
comparativa y equiparativa, que ya se encontraba regulada por la dinámica de la
LRCD. Sin embargo, su segundo párrafo es muy pertinente; pues consiste el detalle
y especificación de lo que debe hacerse para la evasión de caer en actos de
engaño y/o confusión en materia sectorial de “alimentos procesados”. Pese a ser una norma muy
criticable, la LPAS tenía que traer algo bueno. El aumento de información en el
mercado es siempre beneficioso para los consumidores. Aunque la LPAS trajo
consigo, como hemos señalado, restricciones fuertes al contenido y forma de los
mensajes publicitarios; también, incluyó una obligación, aunque excesiva en
nuestra opinión, muy importante: el deber del anunciante de incluir
advertencias sobre exceso de sodio-azúcar-grasas saturadas y grasas trans. Efectivamente, el artículo 10 de
la nueva LPAS impone al anunciante consignar las frases “Alto en sodio-azúcar-grasas
saturadas. Evitar consumo excesivo” o “Contiene grasas trans. Evitar su consumo”. La introducción de advertencias es un
elemento válido utilizado en publicidad de productos derivados de tabaco (Ley
N° 28705 y Ley N° 29517) y publicidad de bebidas alcohólicas (Ley N° 28681),
perfectamente acorde con la decisión política del legislador frente a ciertos
productos y un elemento importante de información para los consumidores.
Lo que es inentendible es lo
prescrito por la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la LPAS que
señala en su segundo párrafo lo siguiente: “En cuanto a los alimentos con
contenido de grasas trans, el
reglamento establecerá un proceso gradual de reducción hasta la eliminación,
conforme a los parámetros técnicos y plazos que establezca”, ¿Esto es una orden
al MINSA para eliminar la publicidad de alimentos procesados con grasas transo es una orden para prohibir el
comercio de alimentos procesados que contengan grasas trans? Por un lado, si fuera lo primero, cabe señalar que ni en
materia de alcohol ni tabaco tenemos restricciones semejantes ¿Cabía esta
prohibición total en una materia menos peligrosa? Por otro lado, si fuera lo
segundo, mucho cuidado porque esto podría derivar en conflictos de caracteres
titánicos, incluso internacionales. En ambos casos, este lado de la norma y la
futura reglamentación sobre este punto serían abiertamente inconstitucionales
por vulnerar casi todas las libertades del ordenamiento constitucional
económico en un modelo de Economía Social de Mercado, reconocido en el Título
III Capítulo I de la Constitución.
El Tribunal de INDECOPI, en la
Resolución N° 1857-2012/SC1-INDECOPI, ha señalado que la publicidad es la
manifestación de la Libertad de Expresión (Inciso 4 del Artículo 2 de la Constitución)
y la Libertad de Empresa (Artículo 59 de la Constitución), en lo que se ha
denominado la Libre Expresión Empresarial (Artículo 19 de la LRCD). En este
sentido, la regla es que los agentes del mercado tienen plena libertad para
hacer uso de la Libre Expresión Empresarial, siendo la excepción las
restricciones a la misma; sin embargo, la emisión de la LPAS sólo ha demostrado
que nuestros legisladores no tienen en cuenta ni la Constitución, ni los
pronunciamientos de INDECOPI, ni los objetivos básicos en una Economía Social
de Mercado como la peruana. Al final, nuestro incomprensible legislador le
quitó la cajita feliz al hijo del profesor Falla y no le dio la información que
quería al profesor Durand.
* Asistente Legal del Área de Marcas del Estudio Clarke,
Modet& Co. Perú. Asistente de Investigación en Derecho de la Competencia y
Propiedad Intelectual. Asistente de Cátedra de los Cursos de Derecho de la
Competencia 2 y Derecho de Autor con el Profesor Raúl Solórzano Solórzano,
ambos en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Alumno de Duodécimo (12mo) Ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y de la Maestría en Derecho de la Competencia y
la Propiedad Intelectual. Ex-Director y Ex-miembro de la Comisión de
Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico.
[1] Suplemento “Portafolio” del 20 de Mayo del 2012 del
Diario El Comercio, p. 12.
[2] Definición recogida por el Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia Española de la palabra “Procesado”. Consulta: 23
de Mayo de 2013. <http://lema.rae.es/drae/?val=procesado>
[3] Definición recogida por el Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia Española de la palabra “Industria”. Consulta: 23
de Mayo de 2013. <http://lema.rae.es/drae/?val=industria>
[4] MURILLO Chávez, Javier André – “Las voces opacadas,
los gritos no escuchados: La errónea concepción sobre la represión de la
publicidad sexista en la normativa peruana” (2013). En: Gaceta Jurídica –
Actualidad Jurídica. Número 230 – Enero, Lima: Gaceta Jurídica, p. 350.
Sobre las medidas intervencionistas en favor de
producción nacional en el cine, la televisión y la radio
¿Qué hace a una película, a un
programa de televisión o a una canción exitosas? Los motivos circunstanciales
pueden ser variados, pero al final y al cabo termina siendo la preferencia de
los espectadores y radioescuchas lo que brinda a un producto de la industria
del entretenimiento[1] su
valor en nuestro país y alrededor del mundo. El mercado del entretenimiento
tiene una estructura y funcionamiento como cualquier otro. Por un lado, los
cines, los canales de televisión y las emisoras de radio son los proveedores de
entretenimiento; sus productos son las más recientes películas de estreno, los programas
televisivos de moda y canciones hit
del momento. Por otro lado, nosotros, los cinéfilos, los espectadores de
televisión y los radioescuchas somos consumidores de estos productos ofrecidos.
¿Quién no ha descartado una película en el cine, cambiado de canal si no le
gusta la programación o sintonizado otra emisora cuando no le satisface la
música elegida?
En el funcionamiento de este
mercado, la elección del consumidor es bastante determinante; y el feedback de información para el
proveedor de entretenimiento es muy dinámico. El rating determina inmediatamente si una franquicia de cine, canal o
emisora lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Por este motivo, la
elección de los productos es, también, decisiva para la subsistencia de los
proveedores en un mercado que per se
es muy frágil por la piratería[2].
Nuestro país se encuentra en
pleno crecimiento de sus industrias del entretenimiento como el cine, la
música, la moda, la gastronomía y la televisión. Sin embargo, aún existen
sectores descontentos con la situación en la que se encuentran; como el de la
música rock Peruana, tal como lo ha
señalado Pasquel[3]. Se
ha discutido mucho en los últimos tiempos sobre la imposición de cuotas
obligatorias sobre producción nacional a través de normas a los cines, canales
de televisión y emisoras de radio; sin embargo, la preferencia no puede ser
impuesta (ni impulsada) por instrumentos legales; esto, desde mi punto de
vista, vulnera gravemente los valores constitucionales a la libertad de empresa[4]
así como la libre y leal competencia[5],
sustituyendo artificialmente la oferta y demanda de los consumidores del
En este sentido, las figuras
económicas como el “monopolio” y la “competencia” resultan muy útiles para
analizar esta situación. Gary Becker, Premio Nobel de Economía en 1992, tiene
una ponencia en donde analiza diversos “mercados”, desde las religiones hasta
las ofertas educativas, mediante estos
conceptos. La conclusión es inevitable: la competencia es eficiente[6].
Coincidimos plenamente y apuntamos este como el principal motivo por el cual se
debe repudiar la intervención estatal sobre contenidos en las industrias del
intervencionismo mediante instrumentos legales; de un lado, están las cuotas de
exhibición; y por el otro las medidas de continuidad. Las primeras son aquellas
por las cuales se obliga a las franquicias de cine a cubrir un número
determinado de películas peruanas en cartelera, a los canales de televisión a
transmitir un número determinado de programas televisivos peruanos, o a las
emisoras de radio a reproducir un número determinado de canciones peruanas; las
segundas son aquellas por las cuales se mantiene una o más películas nacionales
en cartelera de cine, un programa televisivo nacional o más en programación, o
una o varias canciones nacionales durante un periodo determinado de tiempo.
El apoyo a la producción
nacional de canciones, películas y programas no se logra a través de medidas
intervencionistas. Con estas prescripciones se genera un triple daño: primero,
se generan pérdidas o detracciones de consumidores a las emisoras, canales o
franquicias de cine; segundo, nosotros los consumidores radiales, televisivos o
cinéfilos tendríamos menos opciones de elección en determinados momentos; y,
tercero, los productores nacionales de cine y televisión, así como los
cantautores y grupos musicales peruanos se encontrarían en un punto de
desincentivos para mejorar la calidad de sus obras al estar situados
cómodamente en este “mercado” por medio de un “regalito” del Estado.
Esta posición artificial,
creada por medio de la intervención estatal normativa, genera competencia
desleal. Mientras la industria del cine, televisiva y musical extranjera
utilizan sus recursos para crear un producto (película, programa o canción) de
calidad, mejorando sus equipos e innovando, creando espacios publicitarios, y
otras metodologías de marketing
personal análogas para colocarse a nivel mundial; el “cómodo” productor
nacional o artista musical no utilizaría sus recursos para lograr esto ya que
tiene asegurada su colocación en el mercado de la industria del entretenimiento
gracias al Estado.
Un grave error estructural de
las medidas de intervención es el enfrentamiento de géneros que podría suceder
y, efectivamente, sucederá de ser aplicadas las mismas. ¿Qué pasarán las radios
en las cuotas o continuaciones nacionales? ¿Rock, Huayno, Pop, Criollo, Cumbia,
Tecno u otros? ¿Qué sucederá con aquellos géneros que no tengan un espacio
temático como la trova, el metal, el blues, entre otros? Estas medidas
intervencionistas son regulación strictu sensu;
es decir, se le impone a los cines, canales y emisoras lo que deben exhibir.
Aquí se cae en la paradoja relatada por Bullard como la fábula del Rey Regulador[7],
los proveedores de la industria del entretenimiento simplemente cubrirán sus
“cuotas” o “periodos” nacionales con las canciones exitosas de algunos géneros,
con lo cual las incomodidades de los otros sectores seguirán existiendo cayendo
en lo que se ha denominado “espiral regulatoria”[8],
teniendo que regular y regular hasta llegar a la estatización.
Tomando lo expresado por
Bullard, tanto el Mercado como la Regulación son fruto de la imperfección
humana, pero “En el mercado uno decide sobre lo que es de uno, y solo puede
obtener algo de otro si este acepta contratar. Al menos uno paga el costo de su
propia imperfección o de sus propios errores. Pero en la regulación son los demás
los que pagan el costo”[9].
Nosotros los consumidores y los mismos proveedores tenemos que pagar el costo
de percibir una película peruana mala, un programa peruano desastroso, o una
canción peruana insoportable. La posición del consumidor es sencilla: elijo
otra película en el mismo cine, uso el control remoto y cambio a otro canal o,
simplemente, sintonizo otra emisora del radial. Sin embargo, el proveedor no
tiene más remedio que perder clientes, espectadores o radioescuchas.
Existen ejemplos que permiten
contradecir que el mercado no brinda oportunidad de éxito a las películas,
programas o canciones peruanas. En materia de cine, la película “Asu Mare”
sobre la vida del popular Carlos Alcántara, estrenada el 2013, lleva en
cartelera más de cuatro semanas en cartelera por mérito propio y las salas de
cine siguen llenas en cada función[10].
En materia de televisión, la serie “Al Fondo Hay Sitio” (y otras similares de
los últimos tiempos[11])
lleva más de cuatro temporadas al aire, a pesar existir cantidad de detractores
a su contenido. En materia de música, cabe recordar que el mismo rock peruano
tuvo un punto de cumbre en los años 2003 cuando Líbido y TK obtuvieron
galardones en los Video Music Awards
Latinoamérica permaneciendo en los rankings
más importantes a nivel internacional; no olvidemos a Gianmarco y su triada de
Premios Grammy Latinos.
¿Por qué “Asu Mare” ha roto
largamente el record de taquilla de cine nacional? ¿Por qué “Al Fondo Hay
Sitio” continúa siendo una de las series más vistas de la televisión peruana?
¿Por qué las canciones de Líbido y TK tocaron el cielo internacional en el
2003? ¿Por qué las canciones de Gianmarco suenan en casi todo el mundo? Y eso
que no hemos hablado de la cumbia peruana de los Hermanos Yaipén o el Grupo 5,
que está en plena boga y se escucha en todos los rincones del territorio; no
hemos hablado de la excelente pieza de cine nacional que nos trajo la película
“Quizás Mañana”, primera película peruana que no trajo desnudos o violencia
sino más bien una pequeña historia de amor con bastante aprobación por parte
del público; o el tan exitoso programa de concurso “Yo Soy”, que ha traído un
gran formato televisivo extranjero “a la peruana” que promueve el talento de
muchos compatriotas.
Las conclusiones son
evidentes: la preferencia de los consumidores es el parámetro más importante en
la industria del entretenimiento; los proveedores de películas, programas y
canciones deben tener libertad de elección de sus contenidos y pugnar por la
preferencia de los consumidores; los productores de televisión y cine así como
los cantautores y grupos deben competir por la preferencia de los consumidores
sin adquirir ventajas indebidas otorgadas por el Estado. En este sentido, la
libre y leal competencia es el único camino al progreso en la industria del
Modet & Co. Perú. Asistente de Investigación en Derecho de la Competencia y
Competencia 2 y Derecho de Autor con el Profesor Raúl Solórzano Solórzano, ambos
en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
[1] Este término ha sido utilizado por Gustavo Rodríguez
en un reciente estudio sobre la Propiedad Intelectual en diversas áreas como el
Cine, la Televisión, la Moda, los Videojuegos y otros. Coincidimos con el mismo
en lugar de “Industria Cultural” que nos lleva a una polémica entre ¿Qué es
cultural y que no lo es? RODRIGUEZ, Gustavo – “Los Derechos de Propiedad
Intelectual en las Industrias del Entretenimiento”. En: AA.VV. – “Los Retos
Actuales de la Propiedad Intelectual: Visión Latinoamérica”. Lima: Themis –
Hernández & Cía., pp. 237 – 253.
[2] Este tema es bastante amplio, Aquí, basta con
mencionar que probablemente las industrias más “golpeadas” por la piratería
sean la musical, por el pirateo de canciones y videos musicales, y la
cinematográfica, por las copias de películas de cartelera estrenadas en otros
países antes que en el nuestro; aunque también comienzan a proliferarse los
casos de piratería de programas televisivos temáticos como novelas, series y
[3] Ver PASQUEL, Enrique – “Cuotas, Lobbies y Rock n’ Roll”.
En: Diario El Comercio. Edición Jueves 09 de Mayo de 2013.
[4] Artículo 59 de
la Constitución Política del Perú: “El Estado (…) garantiza (…) la libertad
de empresa, comercio e industria”.
[5] Artículo 61 de
la Constitución Política del Perú: “El Estado facilita y vigila la libre
competencia. (…)”.
[6] BECKER, Gary – “La Naturaleza de la Competencia”.
Ponencia presentada en el Acto de Colación de Grados 2009 de la Escuela
Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Buenos Aires.
Consulta: 12 de Mayo de 2013. < http://www.eumed.net/cursecon/textos/Becker_naturaleza-competencia.pdf > [7] BULLARD, Alfredo – “La Fábula del Rey Regulador”. En:
Diario El Comercio. Edición Sábado 21 de Julio de 2012.
[10] Otro dato interesante, aunque penoso, es que la
película ya está siendo ofrecida por ambulantes y ha sido colgada en los
populares sitios de visualización pirata de películas online.
[11] Cabe recordar las series como “La Gran Sangre”,
“Néctar en el Cielo”, “Pataclaun”, “Misterio”, “El Huachimán”, entre muchas
Flores[1]
En la historia del Derecho Procesal Constitucional del
Perú, en definitiva, la jurisdicción constitucional tiene sentada su partida de
nacimiento en la Constitución de 1979, en ésta se contempló la existencia del
Tribunal de Garantías Constitucionales; desde una concepción clásica, la misión
de ese Tribunal fue el control de la constitucionalidad de las leyes u otras
normas con dicho rango, es decir, determinar si éstas como expresión del poder
político están conformes a la Constitución por forma y fondo. Dicha
jurisdicción constitucional, en el Perú, a partir de la Constitución de 1993 es
una responsabilidad compartida entre el Tribunal Constitucional y el Poder
Judicial, quienes en conjunto tienen a su cargo el control de la
constitucionalidad de los actos que afectando derechos constitucionales, pueden
ser efectuados por autoridades y funcionarios públicos, así como por cualquier
persona; con la Constitución de 1993 el Tribunal Constitucional continua siendo
el responsable del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes.
De manera genérica, ese es el diseño de la
jurisdicción constitucional en el Perú; pero, existe una serie de elementos que
también comprenden ese diseño. Siempre será un tema de debate, por ejemplo, el
número de magistrados que integran un Tribunal Constitucional, el tiempo de
duración de su mandato, así como quién los designa y como los designa. En estos
temas, nunca nada estará dicho en tanto el diseño del modelo de jurisdicción
constitucional no sea puesto a prueba en la práctica.
En el caso peruano, la Constitución de 1993 establece
que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) son 7, que su período es
de 5 años, no relegibles y que son elegidos por el Poder Legislativo (Congreso)
con una mayoría calificada: dos tercios del número legal de sus miembros. El
antecedente constitucional inmediato es la Constitución de 1979 que estableció
el otrora Tribunal de Garantías Constitucionales, compuesto por 9 miembros,
elegidos a razón de 3, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial y el por
el Poder Ejecutivo, por un período de 6 años, relegibles y renovables por
tercios cada dos años. Estamos, entonces, ante dos experiencias en la praxis
del modelo de jurisdicción constitucional: la primera de 1980 a 1992 con el
Tribunal de Garantías Constitucionales y, la segunda, de 1993 a la fecha con el
El Presidente del Tribunal Constitucional Oscar
Urviola Hani[2],
al juramentar el cargo de Presidente, en su discurso del 3 de enero de 2013 ha
puesto en debate algunos temas sobre el diseño del modelo actual de la
jurisdicción constitucional: a) la duración del mandato del magistrado
del Tribunal Constitucional, b) la imposibilidad de su relección; c)
la estabilidad de una línea jurisprudencial y, d) los problemas que
tiene el Poder Legislativo para designar a los magistrados constitucionales y
la forma de la postulación a la magistratura constitucional.
Sin dejar de mencionar que siempre existen voces sobre
una tendencia a la no existencia del TC, su reubicación como tal al seno del
Poder Judicial o la reducción de sus atribuciones y facultades que, por cierto
no compartimos, creemos que el planteamiento de los temas expuestos deben
servir no para hacer eco de esas voces, sino para mejorar y afinar el diseño
del modelo actual de jurisdicción constitucional, de cara a las nuevas
exigencia que de seguro tendrá en el futuro.
Respecto a la duración del mandato del magistrado
constitucional.- Actualmente, dicho mandato es de 5 años, sin
posibilidad de reelección. En la práctica, dicho mandato se prorroga de hecho
por la ausencia de una decisión del Poder Legislativo de
nombrar al magistrado sustituto; como casi todos los plazos en el Perú, este es
uno más que se incumple; tal vez la razón más valedera para ampliarlo es evitar
un viso de ilegitimidad en quien ejercer el cargo de magistrado del TC.
Actualmente el TC viene funcionando con seis de sus
siete magistrados, cuyo mandato constitucional ha vencido. Esto generó una
polémica respecto a la legitimidad de su funcionamiento, pues unos consideraban
que vencido el plazo el magistrado debe dejar el cargo, otros sostenían que
debieran continuar hasta que sean reemplazados y, finalmente otro sector que el
Tribunal Constitucional no debía resolver procesos.
Esta polémica se ha puesto en relieve estos días pues
uno de los magistrados, el Dr. Ricardo Beaumont Callirgos, cuyo mandato ha
vencido, ha renunciado al cargo sosteniendo que no está obligado a permanecer
en él por más tiempo que los cinco años para los que fue elegido[3].
El efecto de esta decisión ha sido múltiple. La renuncia fue dirigida al Poder Legislativo
y unos han aplaudido tal decisión pues ello implicaría forzar a que este poder
del Estado cumpla con su deber constitucional de designar a los seis
magistrados del Tribunal Constitucional[4];
pero también han existido voces al interior de este tribunal que han tildado al
Magistrado renunciante de desleal; mientras que otros ha pedido que los otros
magistrados con período vencido también renuncien, para finalmente haber de
aquellos que expresan que un magistrado con período vencido no puede renunciar
y debe aguardar, en ejercicio del cargo, hasta que llegue su reemplazo. Las
noticias recientes informan que la renuncia dirigida al Poder Legislativo
(poder del Estado encargado de la designación) ha derivado la renuncia al
Tribunal Constitucional y, finalmente que el Magistrado Beaumont Callirgos
podría ser sometido a una acusación constitucional si no se continúa en el
cargo[5],
ahora que se sabe, finalmente, que el Tribunal Constitucional no aceptó la
renuncia[6].
Constitución establece en su artículo 201 que “El Tribunal Constitucional es el
órgano de control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Se compone
de siete miembros elegidos por cinco años”; a su turno, la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional establece en su artículo 9 que “La designación para el
cargo de Magistrado del Tribunal se hace por cinco años. No hay reelección
inmediata” y en la última parte de su artículo 10 “Los Magistrados del Tribunal
continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión
quienes han de sucederles”. De estas normas se podría inferir que un magistrado
del Tribunal Constitucional está “obligado” a continuar en el cargo hasta que
sea reemplazado. Sin embargo el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional expresa que el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional
vaca, entre otras razones por “renuncia”; entonces, esa primera inferencia no
es tal pues una interpretación sistemática de las normas citadas nos lleva a
concluir que el mandato es de cinco años, que vencido este plazo la continuidad
en el cargo no es imperativa pues existe la potestad, otorgada al magistrado
por la propia Ley Orgánica, de renunciar al cargo[7]. A
partir de este hecho la legitimidad del Tribunal Constitucional esta en tela de
juicio[8]. Respecto a la imposibilidad de reelección.-
Es una opción legítima optar porque un Magistrado del Tribunal Constitucional
lo sea de por vida (como es el caso, salvando las distancias, de los
magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica) o por
períodos como ha optado el modelo de jurisdicción constitucional en el Perú,
ahora bien, en esta última opción además debe determinarse si puede reelegirse
al Magistrado y por cuantas veces; en el caso peruano se ha optado por impedir
la reelección inmediata, aunque se acepta una reelección posterior. Desde
nuestra perspectiva, la opción peruana es buena, pero ello debe complementarse
con el cumplimiento del plazo de designación y sobre todo con la independencia
en el ejercicio del cargo, sin dejar de contar el profesionalismo de un constitucionalista.
Respecto a la estabilidad de una línea jurisprudencial.-
Si hay algo que debe reconocerse al Tribunal Constitucional es: a) su
protagonismo jurisprudencial y, b) la legitimación que ha logrado; esto de modo
alguno implica asumir que su jurisprudencia sea un ciento por ciento correcta y
que no tenga errores, pero en términos históricos nuestro Tribunal
Constitucional tiene una vida reciente si tomamos nota que es prácticamente
desde el 2002 que ha empezado a funcionar, luego de que el gobierno del
fujimorato los desmantelara a nivel legal y funcional. La jurisprudencia
constitucional debe aprenderse a ser trabajada por quienes estamos vinculada a
ella, claro que el propio Tribunal Constitucional debe hacer su propia labor,
pero entre unos y otros, ella debe ir en desarrollo y progreso en los fines de
los procesos constitucionales: la supremacía normativa de la Constitución y la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Quien ocupe el cargo de
Magistrado del Tribunal Constitucional debe estar consciente que todo su
esfuerzo personal, profesional e independencia debe apuntar a dicho norte, si
ello es así, entonces la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional está
Respecto a los problemas que tiene el Poder Legislativo
para designar a los magistrados constitucionales y la forma de la postulación a
la magistratura constitucional.- El actual modelo de la
jurisdicción constitucional, que tiene como eje central al Tribunal
Constitucional, es un modelo bueno, pero no buenos son quienes lo deben
sostener, comenzando por los congresistas que integran el Congreso de la
República, que está llamado a designar a los mejores hombres y profesionales
como Magistrados Constitucionales y no a quienes inclinen su cabeza en señal de
sumisión al poder que ejerce el Poder Legislativo; es la imposibilidad de
encontrar a alguien de estas últimas características lo que le impide al
Congreso cumplir con su misión constitucional, conocida esta intención queda
claro algo obvio: los que profesionalmente se precien nunca se presentarán o
postularan pues ellos no están dispuestos a ser zarandeados políticamente. ¿Si Usted se comprase un avión carísimo o tuviese que
afrontar una operación quirúrgica delicada, contrataría como piloto o médico a
quien no tuviese las credenciales profesionales para cuidar de su inversión o
de su salud? no ¿verdad?, pero el Congreso de la República del Perú está
dispuesto a hacerlo, y es quien está en falta en todo este problema en el que
ahora está metida la jurisdicción constitucional peruana y su legitimidad[9].
[1] Bachiller en
Derecho y Abogado por la Universidad Andina del Cusco; Magíster
en Derecho Civil y Procesal Civil por la Escuela de Post Grado de la
Universidad Nacional del San Antonio Abad del Cusco; Juez Superior Titular de
la Corte Superior de Justicia de Cusco, actualmente integra la Sala
Constitucional y Social, y es Sub Director de su Escuela Judicial; es convocado
como Profesor: de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del San
Antonio Abad del Cusco, en las maestrías de Derecho Civil y Procesal Civil,
Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y Derecho Registral y
Notarial; Profesor contratado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
[2] Este Magistrado es el único de los siete que integran
el Tribunal Constitucional, cuyo período no ha vencido aún.
[3] http://www.larepublica.pe/23-04-2013/presidente-del-tribunal-constitucional-confirma-renuncia-de-magistrado-beaumont
[4] http://www.larepublica.pe/23-04-2013/beaumont-sostiene-que-su-renuncia-al-tc-obedece-al-desden-del-congreso-para-designar-sucesores
[5] http://elcomercio.pe/actualidad/1571028/noticia-ricardo-beaumont-puede-acusado-constitucionalmente-renuncia-tc?ft=grid
[6] http://www.larepublica.pe/01-05-2013/tc-rechaza-renuncia-de-juez-ricardo-beaumont
[7] http://www.larepublica.pe/25-04-2013/cesar-landa-renuncia-de-beaumont-al-tc-se-ajusta-lo-establecido-en-la-constitucion
[8] http://www.larepublica.pe/26-04-2013/cesar-landa-califica-de-ilegitimos-los-fallos-del-tc
[9] http://www.larepublica.pe/25-04-2013/beaumont-alerta-que-jueces-provisionales-debilitan-al-tc
Magistrados del Tribunal Constitucional,
Renuncia de los Magistrados del Tribunal Constitucional,

References: artículo 2
 artículo 59
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 10

Resolución 
 Artículo 2
 Artículo 59
 Artículo 61
 artículo 201
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 16