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indefensión | Asociación Jurídica Cubana
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Canales de la información
Publicado en 19 de marzo de 2014 por ajudicuba
Lic. Yanelis Ramírez Cruz
La Constitución de la República establece en su artículo 63 que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuesta pertinente y en plazo adecuado, conforme a la ley. Y en su artículo 10 establece que todos los órganos del estado, sus dirigentes, funcionarios, empleados, actúan dentro de los límites de su competencia y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la sociedad.
Métodos que no resuelven nada. Nos encontramos en un país que estos canales de información y de solución de problemas son una manera de tener a la población en jaque y al final el problema continúa. De esto podemos poner varios ejemplos, pero ejemplificaremos uno.
La Fiscalía General de la República tiene en cada provincia y cada municipio del país una sede que le permite resolver el problema de cada localidad.
Cuando una persona tiene algún problema, el cual luego de ser canalizado continúa sin resolverse, puede presentar la queja en la fiscalía de la localidad. Esta entidad está en la obligación de dar respuesta con términos establecidos por ley. Términos que por lo general incumplen o no responden.
Al encontrarse la persona en la situación de no tener respuesta, emite la queja a la Fiscalía General de la República, que también tiene términos establecidos para resolver. Y por lo general la respuesta de este órgano es remitir el problema para la fiscalía donde primero fue a reclamar la persona y jamás recibió respuesta.
Con este ejemplo, como con todos los organismos de control y aun el Consejo de Estado, que jamás responde a las quejas. Los ciudadanos nos encontramos en total indefensión a la hora de resolver nuestros asuntos legales y al final se quedan sin resolver, siendo por lo general la población más sencilla la más afectada.
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Pensemos en “una carta bajo la manga”
Publicado en 20 de septiembre de 2013 por ajudicuba
Lic. Yureisy Ceballos Pendones
Los dirigentes de muchos centros laborales en este país, pueden terminar una relación laboral sin que el trabajador afectado tenga la menor posibilidad de defenderse, de apelar a las garantías procesales o la protección de determinadas instituciones. Ese trabajador pierde el derecho a la defensa, derecho tan mencionado en todos los niveles y eventos que intentan reflejar la imparcialidad de ciertos procesos laborales.
En ocasiones, sucede que un funcionario, quizás por la forma de expresarse o de decir las cosas un trabajador, o por plantear un criterio en franca contradicción con lo dicho por una institución gubernamental, se puede convertir en una oveja negra; enfrentará la posibilidad de ser catalogado como una persona que falta a la ética, aunque no se ajuste en nada a la doctrina de este principio filosófico.
No importa lo que piense y defienda con determinados argumentos, lo cierto es que la administración hace suyo el derecho de considerar, a criterio de los llamados “factores” del centro, que se ha perdido en el trabajador la ética de mantenerse callado, esperar el lugar y el momento más apropiado y decidir aplicarle el artículo 7 incisos d) y e) del Decreto Ley 197, requisitos para continuar en el cargo.
Como el prestigio y reconocimiento social y un comportamiento laboral y personal ético, lo cuestionable no es que estas sean condiciones intrínsecas de los dirigentes, sino que este tipo de valoración debe tener la posibilidad de la defensa, que no prime bajo ningún concepto el criterio unilateral, porque se encontraría el trabajador a merced de su jefe, siempre vivirá pensando que del otro lado existe una carta, que de no existir complacencia, bien pudiera sacarse de debajo de la manga la administración, sin derecho de reclamar porque no lo establece la ley, a no ser que exista violación de procedimiento y, lamentablemente, es muy corto y fácil vulnerar un proceder que no cuenta con nada de complejidad.
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Violencia por encima de la ley
Publicado en 2 de agosto de 2013 por ajudicuba
Lic. Odalina Guerrero Lara
La Ley N0.59. Código Civil cubano plantea:
ARTÍCULO 129.1.- La propiedad confiere a su titular la posesión, uso, disfrute y disposición de los bienes, conforme a su destino socioeconómico.
Rolando González Camacho, recibió de su abuelo Eufemio González Martínez, una vivienda situada en Apartamento 4 del inmueble 19213ª con frente a la Avenida 81 entre 192 y 194, Reparto Alturas de la Lisa, La Habana.
Dicha propiedad se adjudicó, según Escritura número 1120 de Donación de vivienda, emitida en la Ciudad de la Habana, el 25 de agosto de 2009 ante el Licenciado Uber Rae Arias Rodríguez que fuera notario de calle 37 número 4604 en el Municipio Playa.
Rolando, a pesar de sus 30 años de edad, es representado legalmente por su mamá y su padrastro, ya que padece de una hepatitis C, epilepsia parcial sintomática del lóbulo frontal, trastornos de la migración neuroblástica y asma bronquial; según certificado médico emitido en fecha 23 de junio del 2013, por el Dr. Víctor Raúl Frades García de la consulta de Neurología del Hospital Dr. Salvador Allende de la Habana.
Sus enfermedades no le limitan para sostener una conversación, por lo que al personarme en su casa, me expresa con alegría y pesar que su abuelo le dejó una casa donde no ha podido ni siquiera cocinar pues la vecina colindante María del Pilar Olivera Delgado, aprovechando un período de ausencia de moradores en la casa, rompió una pared medianera con la de ellos y penetró en su vivienda.
Dice que ha conversado con María del Pilar para que se retire, pues no quiere problemas con sus padres, y siente temor de la policía.
En agosto del 2009, Rolando emitió un PODER ESPECIAL ante notario a nombre de su padrastro, Jorge Luis García Casañas, su representante legal. García Casañas ha reclamado a todas las instancias, para que sean extraídas de su domicilio, no solo la persona que en agosto del 2011, rompió la pared e ilegítimamente penetró en el domicilio de Rolando, sino también otras dos personas que María del Pilar Olivera Delgado ha añadido a esta inconcebible violación.
Por otra parte, el fallo de los organismos competentes en este caso han sido contradictorios y sin claridad alguna.
El absurdo jurídico de dar respaldo legal a las ilegalidades cometidas en su domicilio, ha traído a Rolando González Camacho daños que pudieran resultar irreparables, dada la repercusión que están teniendo en su salud.
La pregunta obligada entonces es: ¿quién responde por la situación de este compatriota que sufre tortura en su propia morada?
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La indefensión de Bárbara
Publicado en 25 de febrero de 2013 por ajudicuba
Bárbara Fernández Barrera, vecina de la Avenida 47 número 7403 altos entre 74 y 76, San Antonio de los Baños en la Provincia de Artemisa, ciudadana cubana, le fue quitado el servicio del agua, cortándole la entrada de la cisterna que se encentra en los bajos del inmueble, y que siempre sirvió para abastecer a las familias que han ocupado la vivienda, que es propiedad de Bárbara Fernández Barrera, y ocupa permanentemente desde 1985.
Acudió ante la Dirección Letrada de la Asociación Jurídica Cubana con el fin de que se le revisara su caso y recibir una orientación al respecto, alegando y presentando reclamaciones hechas, tanto por representación letrada de servicios jurídicos como por ella.
Resulta evidente que:
La Resolución 683/07, emitida por la Dirección Municipal de la Vivienda en fecha 6 de Noviembre del 2007, FAVORECIÓ a la Sra. Flora Hada Álvarez Álvarez, ex propietaria del inmueble situado en Calle 74 número 4702 entre 47 y 49, San Antonio de los Baños; la cual adquirió el mismo en el año 1990, en virtud de la Escritura Notarial No.637 de Permuta, de fecha 11 de Noviembre de 1990, otorgada ante la Lic. Olga Lidia Hernández Martínez, y luego, cedió por donación a la Sra. Elsa Rodríguez Alfonso y Lizet y Lizbet Camblor Rodríguez; las que se encargaron de privar del agua a Bárbara Fernández Barrera, desde el año 2009 cortándole el acceso desde la cisterna.
Según lo tipificado en la Ley 59 Código Civil vigente, Titulo V. Permuta. Artículo 367.- Por el contrato de permuta las partes convienen cambiar la propiedad de un bien por la de otro. Son requisitos esenciales para la permuta describir la propiedad de cada una de las partes, así como acreditarlo mediante técnico correspondiente.
Muchas han sido las reclamaciones que ha hecho esta ciudadana para que se le resuelva la situación, pero no ha obtenido nada a su favor, han transcurrido ya tres años y su situación perdura. Ella expresa:
–Soy disidente y por tal motivo se me está excluyendo de esta manera, ningún abogado quiere representarme, ni siquiera he podido obtener el Certificado del Registro de Propiedad, pues se me ha negado.
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Indefensión cliente-usuario
Publicado en 25 de agosto de 2012 por ajudicuba
Lic. E. Javier Hernández H.
Existe hace años en nuestro país una realidad no expuesta y no analizada en todas sus aristas como merece el sufrido ciudadano; y es la relacionada con el estado de indefensión de los clientes-usuarios-compradores-consumidores-electores cubanos ante las instancias administrativas y gubernativas, cuando los parámetros de calidad, de funcionamiento eficiente o los más sencillos derechos no se cumplen o no se respetan.
Estamos observando en la mayoría de los casos que acuden a nuestra Asociación, como además de convertirnos en la última instancia o “tabla salvadora en el amplio mar“ podemos ver la ineficiencia, indolencia e insensibilidad. Las causas fundamentales de los sinsabores de nuestros compatriotas, son también los errores o violaciones cometidos hacia ellos inpunemente por entidades y funcionarios, amparados en la falta de cultura y disciplina para reclamar y encauzar correctamente los procesos administrativos y judiciales en aras de reponer los derechos cercenados.
La última tendencia de los Organismos de la Administración del Estado, así como sus dependencias, es la negativa a responder, ya sea un reclamo de parámetros de calidad, una queja, una violación de derechos o un incumplimiento de contrato con los principales generadores de servicios, llámese Compañía eléctrica, ETECSA (telefonía móvil y fija), Aguas de la Habana, Inmigración, Aduana, entre otras. Ejemplos sobran como los días de serviciar agua y no la hacen, teléfonos se rompen o suspenden sin indemnización alguna, decisiones que dilatan o prohiben salidas o entradas al país, y decomisos a criterio o interpretación de funcionarios sin base legal; en fin, son interminables las situaciones de indefensión del cubano común.
La máxima dirección del país está llevando a cabo una ofensiva contra la corrupción, un mal difícil de evitar, sobre todo en un país de carencias fundamentales tanto de canasta básica alimentaria, como otras libertades individuales, ofensiva muy válida, pues con el igualitarismo, el paternalismo y el descontrol, avanzar y planificar lo poco que tenemos es casi imposible; no obstante, como siempre, observamos lo alejada que está esa “ofensiva“ del ciudadano.
Por qué es tan difícil que la Contraloría revise los Organismos Municipales de Vivienda, donde los expedientes de permutas, o expropiaciones, se pierden?
Por qué las supervisiones de Justicia no llegan a los Tribunales Municipales y Provinciales donde casi siempre no saben o no quieren encausar correctamente los casos administrativos, laborales, civiles del cudadano común contra esas Empresas monopólicas que operan frecuentemente con impunidad y abuso contractual?
Cuándo los operadores del derecho de los Tribunales Populares de Justicia de nuestro país se ubicarán en la responsabilidad latente en su sapiencia para proporcionar el verdadero equilibrio, entre la prepotencia, la impunidad, la mediocridad, la insensibilidad de estos “funcionarios“ y los indefensos ciudadanos?.
¿Cuándo estos mismos profesionales se deberán a un concepto como guía en sus precintos ..“es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional..“ o también….“es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio..“.
O también, por qué no, sentir que nuestra profesión ha sido bandera y honor en la historia de la sociedad democrática y justa, en la brillantez de servidores públicos como Lincoln, Jefferson, Montesquieu, Agramonte, Céspedes, Martí.
Estamos a tiempo de participar juiciosamente, en una nueva sociedad, donde no faltarán indemnizaciones, retribuciones, certificaciones, pero también justicia a la sombra de cualquier poder.
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Ministra cubana coloca a ciudadano en estado de indefensión (II)
Publicado en 29 de agosto de 2010 por ajudicuba
Téofilo Roberto López Licor
La legislación penal considera ilícita las actividades económicas autorizadas, en la que se utilice mano de obra que no sea familiar.Sin embargo, la resolución ministerial dictada por la titular de Finanzas y Precio no hizo referencia a ninguna sanción penal impuesta al padre de Antonio López.
López Licor recibe remesas de los Estados Unidos, de parte de seis hermanos y un hijo, residentes en ese país. Desde enero de 2007 a diciembre de 2008, el Banco Nacional de Cuba acreditó que los familiares del procesado, le depositaron en concepto de remesa 12 mil pesos convertibles (CUC), 300 mil pesos cubanos (CUP). El referido informe fue desestimado por Pedraza Rodríguez, pues no acreditaba que Teófilo hubiese recibido efectivamente el dinero.
El artículo 60 de la Constitución de la República establece que “La confiscación de bienes se aplica sólo como sanción por las autoridades, en los casos y por los procedimientos que determina la ley”.El Código Penal, la regula como una sanción específica y accesoria de un delito.
La Carta Magna, la Ley procesal Penal y la Ordenanza de los Tribunales Populares garantizan: “Nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas establecen“. Por tanto, el Decreto-Ley 149, es inconstitucional e ilegal.
Este último Decreto-Ley dispone que la sanción de confiscación sea aplicada por una autoridad administrativa, como medida ejemplarizante contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo como resultado del robo, la especulación, el desvió de recursos de entidades estatales, la participación en negocios turbios, las actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento.
Las conductas son calificadas en la propia disposición jurídica, como “actividades delictivas” que dañan la economía nacional y la estabilidad social del país. No obstante, la Fiscalía, que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal pública en representa­ción del Estado, decidió promover un procedimiento administrativo antes de activar la vía judicial por la comisión de delitos.
En un proceso penal, los parientes de Teófilo Roberto jamás hubiesen respondido por actos ajenos. La responsabilidad es individual. Por otra parte el Código Penal cubano, vigente desde 1987, establece que “la confiscación de bienes no comprende,…los bienes u objetos que sean indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo”. Por tanto, las viviendas no pueden ser objetos de incautación.
La aplicación preferentemente del Decreto-Ley 149, es resultado de la subordinación constitucional de la Fiscalía General de la República al Consejo de Estado. Significa que debe cumplir primero instrucciones políticas, antes de controlar y preservar la ‘legalidad socialista’ y velar por el estricto cum­plimiento de las disposiciones legales
La vigencia de esta norma en el ordenamiento jurídico cubano lejos de proteger intereses generales, destruye la confianza y seguridad que debe brindar todo sistema legal. Su aplicación viola las garantías jurídico-penales ofrecidas a los encausados y coloca al ciudadano en estado de indefensión ante los excesos de gobierno.
Lina Olinda Pedraza Rodríguez,Ministra de Finanzas y Precios, fue designada por el gobierno pero no está calificada para administrar justicia. Las atribuciones que le confiere el Decreto Ley 149/94 son inconstitucionales y, por tanto, arbitrarias.
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El control constitucional en Cuba (I)

References: artículo 63
 artículo 10
 artículo 7

ARTÍCULO 129
 Resolución 
 Artículo 367
 resolución 
 artículo 60
 resolución