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Sergio Fuentes Acuña
1 NI REFORMA, NI RUPTURA: SÓLO UNA TRANSICIÓN DE DICTADURA A DEMOCRACIA Santos Juliá Al comienzo, en los meses que siguieron a la muerte de Franco, no fue transición, sino proyectos de reforma para garantizar la continuidad; tampoco hubo negociación ni, menos aún, algún pacto del gobierno con la oposición democrática, sino un intento de control desde arriba de un proceso de incierto recorrido pero que, en todo caso, pretendía mantener las instituciones de la dictadura, convenientemente reformadas con el propósito de ampliar el juego político a quienes se avinieran a aceptar el marco y las normas establecidas desde el poder. Fue el fracaso de este proyecto de reforma lo que abrió, a partir del cambio de gobierno de los primeros días de julio de 1976, un proceso de transición apenas velado por una retórica, no de reforma, sino para la reforma. En esta primera fase de transición propiamente dicha, que duró otro medio año, el gobierno todavía no procedió a negociar con la oposición ni a pactar con ella, sino que empleó sus recursos en neutralizar los obstáculos que al nuevo proyecto de convocar elecciones a Cortes por sufragio universal pudieran surgirle desde las instituciones políticas del mismo régimen: el Consejo Nacional del Movimiento, las Cortes orgánicas, el alto mando militar. Sólo cuando esos obstáculos, realmente existentes, fueron superados tras una votación en las Cortes y un referéndum, el gobierno se encontró legitimado y con fuerza suficiente para iniciar una nueva fase desmantelando las instituciones políticas del régimen y abriendo negociaciones formales con representantes de la oposición democrática con la vista puesta en la convocatoria de elecciones generales que habrían de celebrarse antes del 30 de junio de Publicado como Né reforma, né rottura: solo una transizione della dictadura alla democrazia, en Ventunesimo Secolo. Rivista di Studi sulle Transitioni, 23 (octubre 2010) pp2 Ni reforma, ni ruptura - 2 En las primeras semanas de esta segunda fase del proceso de transición, que son también las del nuevo año de 1977, comenzaron las negociaciones entre gobierno y oposición a la vez que se multiplicaba la creciente actividad de grupos terroristas de derecha e izquierda que, sin embargo, no impidieron, sino más bien aceleraron la disolución del Movimiento Nacional y la legalización de los partidos políticos, incluido el comunista, de manera que las elecciones pudieran celebrarse con la más amplia participación posible en un clima de libertad. El resultado de las elecciones de 15 de junio de 1977, sin que ninguno de los partidos hubiera alcanzado la mayoría absoluta, abrió la tercera y última fase del proceso de transición en la que, definitivamente abandonada la retórica reformista, un nuevo poder constituyente y una política de pactos entre gobierno y oposición culminaron con la promulgación de la nueva Constitución Española en diciembre de Son las distintas etapas de este proceso que en tres años condujeron a la instauración de la democracia en España lo que veremos con más detalle en las páginas que siguen. FRACASO DE LA REFORMA A la muerte de Franco se abrió un tiempo de incertidumbre condensada en la célebre pregunta formulada años antes por Santiago Carrillo, que resumía todas las inquietudes pero también todas las expectativas de aquellos momentos: Después de Franco qué? Ese qué? no inquietaba únicamente a una masa a la que se supone despolitizada por años de dictadura y desarrollo económico, sino a embajadas extranjeras, muy prolíficas en su elaboración de informes acerca del después de Franco ; a sociólogos y científicos políticos que proponían posibles modelos de transición llevando su mirada a Italia, Alemania o Francia del fin de la Segunda Guerra y asignaban a una posible democracia cristiana y al Partido Comunista (PCE) un papel determinante en la salida a la italiana de la dictadura o predecían un retorno al caos; a funcionarios y colegios profesionales de las más diversas ocupaciones, a jueces, abogados, profesores, sanitarios; a clérigos de base y a miembros de la Conferencia episcopal; a movimientos vecinales y feministas; a sindicatos clandestinos y a partidos y grupos de oposición a la dictadura, comunistas, socialistas, nacionalistas; y, finalmente, inquietaba a las familias políticas que habían sostenido hasta última hora al régimen y que desde la crisis de gobierno de 1969 aparecían divididas en grupos en torno a personalidades, especies de embriones de partidos, disimulados bajo la etiqueta de asociaciones o de sociedades de estudios.3 Ni reforma, ni ruptura - 3 Pero incertidumbre no equivalía a miedo ni a pasividad. Tanto si se mira la movilización social como los encuentros de las elites políticas, la de 1976 era una sociedad en movimiento, caracterizada por la presencia de cientos de actores a la búsqueda de un espacio propio en el que se cruzaban, enfrentaban o coligaban gentes de varias generaciones, con muy diversas biografías políticas, cargadas de experiencias de poder y de oposición, sobre un fondo de crisis política agudizada por el evidente fin del ciclo de desarrollo económico que vino a coincidir con la subida del precio del petróleo y el inicio de una galopante inflación. Y como la prensa de los últimos años de dictadura no era ya lo que fue en sus primeros, a sus páginas asomaba todo el bullicio procedente de una actividad política atomizada, por una parte, en convocatorias de personalidades, grupos, cenas, reuniones y conciliábulos, pero visible también en una progresiva ocupación de las calles y espacios públicos por mítines y asambleas, manifestaciones pro amnistía, obreros en huelga, protestas de universitarios, acciones vecinales, juicios ante el Tribunal de Orden Público, manifiestos de funcionarios, atentados terroristas, cargas de policía. No fue una masa despolitizada, dejando que a sus espaldas unas elites desaprensivas pactaran el futuro, lo que imprimió el carácter a aquellos meses de ebullición e incertidumbre. Algo tenía que cambiar, en eso todos estaban de acuerdo. Y los primeros que sintieron la necesidad de ir tomando posiciones fueron los mismos hombres apenas se contaban mujeres entre ellos- del régimen. Las elites franquistas de poder partían de la convicción de que el régimen de Franco, institucionalmente sostenido en una serie de Leyes Fundamentales, gozaba de una amplia legitimación en la sociedad española debido al proceso de transformación social, acelerado con los planes de desarrollo económico, que dio origen a una numerosa clase media y de obreros de cuello azul asentados en ciudades y propietarios de un piso y de bienes de consumo de larga duración. Confiadas en el futuro comportamiento de ese bloque social conocido como franquismo sociológico, y en la seguridad de controlar los recursos de un Estado que en los quince años anteriores se había dotado de una amplia y más eficaz administración, su proyecto pretendía mantener en vida ese mismo Estado, aunque su continuidad, una vez desaparecido el fundador, exigiera reformar sus Leyes Fundamentales con el propósito de ampliar y regular desde el gobierno el nuevo campo político que inevitablemente se abriría a la muerte del dictador. Los sujetos que defendían estas posiciones eran personalidades y grupos del régimen, que en alguna ocasión habían sido sus ministros y dignatarios, que seguían4 Ni reforma, ni ruptura - 4 siéndolo o que esperaban serlo de nuevo. Pesaban sobre sus espaldas las luchas por el poder que se venían arrastrando desde la llegada al gobierno en 1957 de varios miembros del Opus Dei conocidos como tecnócratas-, agravadas en sucesivas remodelaciones ministeriales y abiertamente declaradas a partir de la crisis de 1969, con la formación del llamado gobierno monocolor. En los años sesenta, dos proyectos de reforma para la continuidad habían enfrentado a esta nueva elite de poder, organizada en torno al vicepresidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, con los burócratas del Movimiento Nacional, liderados por José Solís, desde la Secretaría General del Movimiento y Manuel Fraga, desde el Ministerio de Información. Materias del enfrentamiento fueron los proyectos de Ley Orgánica del Estado, propugnado desde Presidencia, y de nuevas leyes Sindical y de Asociaciones, propugnadas por la Secretaría General. Ganó Presidencia, con la promulgación el 10 de enero de 1967 de la Ley Orgánica del Estado que abrió paso a la proclamación, dos años después, de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de rey. Pero la tensión entre Presidencia/tecnocracia y Movimiento, nunca resuelta, sufrió un vuelco espectacular con el asesinato en diciembre de 1973 del almirante Carrero, aupado por Franco a la presidencia del gobierno en la crisis de junio de ese mismo año, y el nombramiento de Carlos Arias como nuevo presidente de un gobierno del que desaparecieron los tecnócratas. De manera que, cuando en noviembre de 1975 se produzca la muerte de Franco, las elites políticas del régimen se encontraban profundamente divididas y atomizadas como resultado de sus diversas procedencias y de sus recientes batallas. En un primer círculo se situaban quienes, bajo la presidencia de Carlos Arias, propugnaban lo que desde 1974 se conoció como apertura, fallido intento de abrir cauces a la participación política dentro de asociaciones del Movimiento; más atrás, a la espera, los que separados del gobierno en las últimas crisis diseñaban diferentes vías de reforma en torno a destacadas personalidades como Manuel Fraga y José María de Areilza; más excéntricos, pero dispuestos a presentar batalla, los que oponían una tenaz resistencia a cualquier atisbo de apertura o de reforma: fueron conocidos como inmovilistas, encerrados en su bunker al mando del falangista José Antonio Girón, con fuertes vínculos con altos mandos militares y policiales y con burócratas de la Organización Nacional de Sindicatos. Una nota común caracterizaba a estos grupos: todos los que defendían la apertura, la reforma o el inmovilismo habían desempeñado antes altos cargos en las instituciones del régimen o los desempeñaban en ese momento.5 Ni reforma, ni ruptura - 5 Así estaban las cosas entre la clase política del régimen cuando Juan Carlos de Borbón, investido rey dos días después de la muerte de Franco, confirmó a Carlos Arias en la presidencia del gobierno, a la par que situaba a una personalidad del Movimiento y de probada lealtad a su persona, Torcuato Fernández Miranda, en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino. Lo importante, con todo, fue que la crema del reformismo ocupó, por impulso regio, los ministerios de más relieve en el nuevo gobierno formado el 11 de diciembre de 1975: Manuel Fraga asumió la cartera de la Gobernación y la vicepresidencia segunda, mientras dos monárquicos liberales que habían prestado al régimen altos servicios diplomáticos, José María de Areilza y Antonio Garrigues, se encargaban de Asuntos Exteriores y de Justicia. Se incorporaron también al gobierno miembros de las nuevas generaciones del Movimiento y de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas llamados a desempeñar un principal papel en el futuro, Adolfo Suárez y Alfonso Osorio. En su primera declaración programática, el nuevo gobierno presidido por Carlos Arias afirmó su compromiso de proceder a un perfeccionamiento constante del sistema institucional y de perseverar en la construcción de una democracia española que no pueda ser dañada por ninguna amenaza totalitaria. El problema consistía en marcar el ritmo de aquel perfeccionamiento y en determinar el contenido de esa singular democracia a la española. Y aquí fue donde comenzaron a surgir dudas y disputas, promesas y decepciones. Muy madrugador, Manuel Fraga presentó en los primeros días de enero a sus compañeros de gobierno un texto titulado La reforma constitucional: justificación y líneas generales, con el que pretendía tomar la iniciativa política a la par que se presentaba como el único político de la situación con una fórmula reformista pensada para evitar a toda costa la ruptura. Su texto contenía el primer borrador de una cámara elegida por sufragio universal y un Senado corporativo en el que encontrarían acomodo los miembros del Consejo Nacional del Movimiento. Y por lo que se refería al calendario, Fraga pensaba que antes del final de año, los españoles participarían en un referéndum sobre las reformas constitucionales, dejando para la primavera de 1977 la convocatoria de elecciones a las nuevas cámaras 1. 1 Manuel Fraga, En busca del tiempo servido, pp Sobre el texto, Javier Tusell y Genoveva G. Queipo de Llano, Tiempo de incertidumbre, El horario de la marcha lo explicó Fraga en unas declaraciones a The Times, de Londres, que ABC reprodujo el 31 de enero de 1976.6 Ni reforma, ni ruptura - 6 La propuesta de un Congreso elegido por sufragio universal requería abrir el espacio político a asociaciones situadas al margen del Movimiento Nacional, sin provocar una reacción del sector inmovilista, que hubiera paralizado todo el proceso. En unas declaraciones al suplemento Europa de Le Monde, Die Welt, La Stampa y The Times, Fraga afirmó que no serían tolerados los grupos que preconizaban la violencia, los que fundaban sus programas sobre el separatismo, ni el Partido Comunista, por su esencia totalitaria. A terroristas y a separatistas los condenaba a estar fuera de la ley a título definitivo; con los comunistas se mostró más condescendiente: podrían participar en el juego en un periodo posterior, pero en la primera fase de su reforma, y porque son totalitarios, antidemocráticos y maquiavélicos y porque se benefician de la ayuda extranjera, no constituirían ninguna ayuda para España y quedarían al margen 2. Fraga pensaba que, en un primer momento, o sea, hasta la celebración de elecciones a las dos cámaras, los límites del campo de juego político quedarían marcados, por la derecha, con las asociaciones del Movimiento Nacional y, por la izquierda, con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que esperaba un comportamiento responsable, o sea, que acudiera a participar en el juego aunque el PCE quedara excluido, como había ocurrido en Alemania al término de la Guerra Mundial y como recomendaba el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. Con el terreno de juego así acotado, Fraga anunció, para ser sometidos a las Cortes del régimen, a las que previamente se había prolongado en un año su vida 3, dos clases de reforma: primera, la de las leyes de Reunión y manifestación y de Asociación política, con la derogación de los artículos del Código Penal que tipificaban como delito la pertenencia a partidos políticos; y segunda, la de tres Leyes fundamentales: de Cortes, de Sucesión y Orgánica del Estado, manteniendo por el momento al resto sin cambios, entre ellas la de Principios del Movimiento. Una nueva Ley Sindical y una reforma del sistema tributario, además del proyecto de un régimen especial para las cuatro provincias catalanas completaban el programa de reformas, que se implantaría ordenada y progresivamente hasta verse coronado por la convocatoria de un referéndum. Fraga expuso su programa poco después de que Arias 2 Declaraciones recogidas en ABC, 4 de mayo de Decreto 111/1976, de 27 de enero, por el que se prorroga la actual legislatura de las Cortes Españoles, Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) 29 de enero de 1976.7 Ni reforma, ni ruptura - 7 se dirigiera a la nación en un decepcionante discurso que insistía más en la continuidad del régimen que en su evolución, y se plantó en primera fila apareciendo como impetuoso adalid de una reforma política que sería ratificada por las instituciones del mismo régimen, el Consejo Nacional y la Cortes orgánicas. Para conservar hay que reformar, y únicamente se reforma aquello en lo que se cree, decía Fraga, y él, por su parte, creía en el régimen, en el carácter flexible de su sedicente Constitución, y pretendía conservarlo, sin contar con que no todos los creyentes compartían las implicaciones de su fe. La primera parte del plan, la relativa a los derechos de reunión y de asociación política, atravesó la comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional creada al efecto y llegó a las Cortes, que en el pleno de 29 de mayo aprobaron la nueva regulación del derecho de reunión, defendida por Manuel Fraga, y el 14 de junio, tras su presentación y defensa por Adolfo Suárez, aprobaron la nueva ley que permitía por vez primera constituir asociaciones políticas al margen del Movimiento Nacional, aunque con previa comunicación al Ministerio de la Gobernación, que debía acompañarse de acta notarial de la Comisión promotora de la asociación, declaración programática, estatutos y declaración de acatamiento al ordenamiento constitucional, o sea, a las Leyes fundamentales 4. Pero como esa nueva ley de Asociación, por aceptar, aunque sin nombrarlos por su nombre, la existencia de partidos políticos, exigía una reforma del Código Penal, las Cortes, dominadas por la facción del Movimiento hostil a la reforma, se plantaron y el gobierno retiró el proyecto de reforma de los artículos del Código relativos al derecho de asociación en una jornada muy tensa, bajo la impresión causada por el asesinato del industrial vasco Ángel Berazadi, secuestrado días antes por ETA. Este revés inesperado, además de demorar la despenalización de la afiliación a partidos, retrasaba la presentación a las Cortes de la reforma de las tres Leyes Fundamentales, con su propuesta de una cámara política y otra de intereses, elegidas respectivamente por sufragio universal y corporativo. Mientras la reforma encallaba en las instituciones del mismo régimen que pretendían reformar, el Rey reafirmaba ante el Congreso y el Senado de Estados Unidos el compromiso de la Corona con la democracia. Las tensiones aumentaron no sólo por la movilización de la clase obrera, del movimiento ciudadano, las gestoras 4 Ley 17/1976, de 29 de mayo, reguladora del derecho de reunión, BOE, 130, de 31 de mayo, y Ley 21/1976, de 14 de junio, sobre el derecho de asociación política, BOE, 144, de 16 de junio8 Ni reforma, ni ruptura - 8 pro-amnistía, o los estudiantes universitarios, sino por el enfrentamiento a cara de perro entre las facciones del régimen y por las iniciativas de otros ministros reformistas, como Areilza y Garrigues, que a la vista de la parálisis propusieron planes alternativos, como un pacto nacional entre gobierno y oposición, en el primer caso, o un referéndum directamente impulsado por el rey en el segundo. De modo que cuando la reforma del Código Penal clave de bóveda del proyecto reformista, porque de ella dependía la ampliación de los participantes en el juego político- quedó bloqueada, los ministros reformistas aparecían divididos mientras Arias se encontró perdido y presentó la dimisión que el rey le pedía el 1 de julio de 1976: la reforma de las leyes fundamentales para alumbrar una democracia española había concluido en un estrepitoso fracaso. METAMORFOSIS DE LA RUPTURA Naturalmente, si la facción reformista de la clase política del régimen había sentido la urgencia de incluir en la vida política legal a nuevos actores, era porque esos nuevos actores ya habían hecho acto de presencia, de manera ilegal o alegal, en la vida política sin esperar que su situación se legalizara. Porque si algo define los siete meses que duró el gobierno de Arias, fue el incremento sustancial de las convocatorias de mítines y manifestaciones, de huelgas y movilizaciones experimentado desde la primeras semanas de En Madrid, el 6 de enero paró el Metro y en los días siguientes una huelga casi general se extendió por el sector del metal; dejaban el trabajo unos obreros de la construcción y se producían paros masivos en teléfonos y correos, mientras en la Universidad un destacado dirigente del PCE, que había sufrido años de cárcel y torturas, Simón Sánchez Montero, aparecía al lado de un ex ministro católico, Joaquín Ruiz-Giménez, en un mitin ante cientos de estudiantes. En Bilbao, Burgos, Zaragoza y otras capitales se sucedieron las manifestaciones pro-amnistía que llegaron a su momento culminante el 1 de febrero, cuando salieron a la calle en Barcelona, por la amnistía y la autonomía, más de personas. A principios de marzo, las huelgas alcanzaban unos niveles insoportables para la economía: en el primer trimestre de 1976 se produjeron cerca de huelgas, casi seis veces más que en todo el año anterior. El gobierno respondió a huelgas y manifestaciones con sus habituales medidas de represión: el 24 de febrero moría en Elda, por disparos de la policía, un trabajador y, en respuesta, se producía la paralización total de la ciudad y de su comarca. Poco después, la larga huelga de9 Ni reforma, ni ruptura - 9 Forjas Alavesas culminaba en Vitoria con las fuerzas antidisturbios disparando sobre obreros que habían convocado una asamblea en una iglesia, provocando la muerte de cinco de ellos y más de cien heridos. En Pamplona, una huelga general fue seguida por trabajadores con nuevos enfrentamiento y una víctima más en Basauri. El nivel de movilización y enfrentamiento en la calle, aparte de arruinar la pretensión de un proceso de reforma evolutivo y ordenado, controlado desde el poder, aceleró las conversaciones entre las diferentes fuerzas de oposición para crear una plataforma común capaz de oponer un plan concertado de ruptura democrática a las reformas constitucionales anunciadas por el gobierno. En los últimos años de la dictadura, esas fuerzas, que comprendían partidos políticos procedentes de la oposición y grupos de disidentes del régimen, habían tendido a proliferar, dividiendo los grandes troncos comunes en pequeños grupos marcados tanto por las personalidades de sus dirigentes como por diferencias ideológicas y territoriales. Los comunistas presenciaron la aparición por su izquierda de los llamados grupúsculos, que también se decían comunistas aunque no excluían el uso de secuestros y asesinatos como instrumentos de acción política; los socialistas aparecían escindidos entre exilio e interior o por diferencias de liderazgo; los democratacristianos tampoco lograron mantener la unidad, divididos por la vinculación a diferentes líderes históricos. Pero, a diferencia de lo ocurrido con los reformistas, estas tendencias a la división coexistían de antiguo con una permanente búsqueda de coaliciones. Una característica común definía a estos partidos y grupos políticos: estaban dispuestos a negociar con el poder, pero nunca contemplaron la posibilidad de que el marco institucional del régimen fuera reformable. La dictadura, resultado de una guerra civil, tenía que desaparecer y en su lugar había que construir un nuevo Estado de derecho, democrático, homologable a los de Europa occidental. Para conseguirlo, lo primero que se postulaba cada vez que se celebraba un encuentro entre fuerzas de la disidencia y de la oposición era la aprobación de una amplia amnistía como punto de partida de un proceso constituyente. A partir de ahí se preveía un periodo más o menos largo de transición, con elementos variables según las distintas fuerzas políticas. El PCE propugnaba la formación de un gobierno provisional que englobara a disidentes y opositores en torno a una regencia apoyada en un sector significativo de las Fuerzas Armadas, que accedería al poder como resultado de una huelga10 Ni reforma, ni ruptura - 10 nacional pacífica 5. Los socialistas, por su parte, estuvieron siempre más interesados en el punto de llegada del proceso unas elecciones generales con carácter constituyente- que en el organismo encargado de dirigirlo y se mostraron reacios a la formación de un gobierno provisional y a la apelación a don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, con la intención de nombrarle regente. En cualquier caso, todos estaban de acuerdo en que, tras la amnistía, el retorno de los exiliados y la recuperación de las libertades democráticas y los derechos de reunión, manifestación y asociación, el proceso de transición culminaría en la convocatoria de una asamblea constituyente de la que saldría la nueva estructura del Estado democrático y el reconocimiento de la autonomía para sus nacionalidades y regiones o, como se decía en un manifiesto de la Junta Democrática de 1 de abril de 1975: la restauración de los Estatutos de autonomía de Cataluña, Euskadi y Galicia y la instauración democrática del Poder regional dentro del Estado español 6. Este proyecto básico, elaborado en múltiples contactos entre partidos de oposición del exilio y del interior, socialistas, comunistas y nacionalistas vascos y catalanes, y grupos de la disidencia, como monárquicos liberales, demócratacristianos y socialdemócratas, llegó al fin de la dictadura con una larga historia de intentos de coaliciones a sus espaldas, resultado de una doble convicción: la debilidad de cada uno de ellos para emprender por sí solo la transición a la democracia y el propósito de abrir un proceso constituyente que condujera a un Estado democrático sostenido en una amplia base social y política. Los pactos entre los disidentes, que en algún momento habían formado parte del bando de vencedores en la guerra civil, y los opositores que procedían del lado de los vencidos, no esperaron a la muerte del dictador: de 1948 es el pacto entre la Confederación de Fuerzas Monárquicas y el Partido Socialista; de 1962 es el coloquio de Munich, primer encuentro de una amplia representación del exilio con la naciente oposición del interior; de 1969 es la Comissió de Forces Politiques de Catalunya y de 1971 la Assemblea de Catalunya, que integraba desde comunistas a nacionalistas; de 1974 es la Junta Democrática, constituida en París en torno al PCE y al sindicato Comisiones Obreras e integrada además por el Partido Socialista Popular, el Partido del Trabajo, 5 Santiago Carrillo hizo saber a don Juan de Borbón que los comunistas estaban dispuestos a sostener su regencia durante un periodo transitorio, Memorias, Barcelona, 1993, p Junta Democrática de España, Manifiesto de la reconciliación, 1 de abril de 1975.11 Ni reforma, ni ruptura - 11 el Partido Carlista y algunas personalidades independientes; en fin, de julio de 1975 es la Plataforma de Convergencia Democrática, creada por el PSOE, y en la que se integraron Izquierda Democrática, Unió Democràtica de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Unión Social-Demócrata Española, Organización Revolucionaria de Trabajadores, Movimiento Comunista, el sindicato Unión General de Trabajadores, y algunos otros grupos. Pocas semanas antes de la muerte del dictador, Junta Democrática y Plataforma de Convergencia dirigieron A los pueblos de España una declaración común en la que aparecieron fundidos por vez primera sus respectivos proyectos de transición bajo la genérica denominación de ruptura democrática. Los dos organismos reafirmaron el carácter pacífico del proceso, rechazaron la continuidad del régimen y de todas las instituciones que habían hecho imposibles las libertades y confirmaron el compromiso de construir un sistema democrático pluralista basado en la soberanía popular. Añadía también el manifiesto la voluntad de emprender conjuntamente las acciones políticas adecuadas para conseguir la inmediata liberación de presos políticos y sindicales y el retorno de exiliados; el eficaz y pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades políticas y el pleno ejercicio de los derechos y libertades de las distintas nacionalidades y regiones del Estado español. A esa recuperación tendría que seguir la realización de la ruptura democrática mediante la apertura de un periodo constituyente, que conduzca, a través de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma de Estado y de gobierno. Esta era la Alternativa Democrática en la que coincidían todos los grupos de la oposición a finales de 1975 y ese era el contenido de la ruptura: la apertura de un periodo constituyente que culminaría en un referéndum. Es digno de notarse que en esta declaración no se mencionara la exigencia de un gobierno provisional como agente conductor del proceso 7. Dirigentes y militantes de organizaciones todavía ilegales comenzaron a actuar y moverse a la luz del día, conquistando un nivel de libertad meses antes inimaginable. En los primeros meses de 1976, las numerosas convocatorias de mítines políticos con participación de democratacristianos, socialistas y, con riesgo de detención, comunistas, mostraban que algo cambiaba en la política española independientemente de la reforma de la legalidad. Las noticias sobre actividades de los partidos, 7 Llamamiento publicado por Mundo Obrero, 4 de noviembre de 1975.12 Ni reforma, ni ruptura - 12 denominándolos con su nombre, llenaban páginas de los periódicos y se multiplicaban las iniciativas editoriales que sacaban a la calle folletos dedicados a presentar la historia, la ideología y los programas de las diferentes fuerzas políticas. Esta presencia pública empujó a un mayor acercamiento entre socialistas y comunistas hasta el punto de acordar la disolución de Junta Democrática y de Plataforma de Convergencia y la incorporación de todos sus componentes a Coordinación Democrática, en un encuentro celebrado el 26 de marzo de En un manifiesto titulado de nuevo A los pueblos de España, el nuevo organismo ratificaba la declaración conjunta de noviembre del año anterior y denunciaba como perturbador para la convivencia la política reformista del gobierno; confirmaba su propósito de ofrecer a la sociedad española una real alternativa de poder capaz de transformar, por la vía pacífica, el Estado actual en un Estado democrático, exigía una inmediata amnistía, plena libertad sindical y repitiendo lo reclamado entonces- una "ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un periodo constituyente que conduzca, a través de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma de Estado y de Gobierno". Dos meses después, el 21 de mayo, representantes de Coordinación Democrática se encontraban en Barcelona con miembros del Consell de Forces Politiques de Catalunya y de la Assemblea para mostrar su acuerdo con los planeamiento y reivindicaciones de la nacionalidad catalana y más concretamente con el restablecimiento del Estatuto de 1932 y el gobierno provisional de la Generalitat 8. Manuel Fraga respondió a la corriente unitaria acusando a los socialistas de resucitar la política de Frente Popular y encarcelando a destacados miembros del PCE, mientras José María de Areilza llamaba al embajador de Alemania para protestar por el incumplimiento por parte del PSOE de su compromiso de no pactar con los comunistas que, según el ministro, había comunicado al Partido Socialdemócrata alemán. De modo que a la vez que se estrellaba contra las barreras levantadas por los inmovilistas, el gobierno acabó por perder cualquier atisbo de apoyo o complicidad de los socialistas: Felipe González no se avenía a desempeñar el papel de Sagasta ante un Fraga disfrazado de Cánovas. Más adelante, sin embargo, el PSOE respondió a la propuesta de un pacto nacional entre gobierno y oposición, 8 Declaración de Coordinación Democrática, A los pueblos de España, 26 de marzo de 1976, El Socialista, 10 de abril de 1976. Mostrar más
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