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Timestamp: 2019-12-12 22:32:25+00:00

Document:
Magistrada Ponente: Beatriz Elena Jaramillo Muñoz
REFERENCIA : ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE : José Mariano Ospina Marín y Graciela del Carmen Cañas Arismendy
ACCIONADO : Ministerio de Defensa –Ejército Nacional – Comandante Batallón Artillería No. 04
RADICADO : 05001-23-33-000-2015-00160-00
INSTANCIA : PRIMERA
PROVIDENCIA : Sentencia N°
DECISIÓN : conceda Tutela
ASUNTO : Derecho de petición- Hecho superado
Los señores Jose Marianao Ospina Marín y Graciela del Carmen Cañas Arismendi actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, presentó acción de tutela contra el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se le protejan el derecho fundamental de petición, previsto en la Constitución Política.
Indican los señores Jose Mariano Ospina Marín y Graciela del Carmen Cañas Arismendi que son padres del fallecido soldado campesino Franklin de Jesús Ospina Cañas.
Que en calidad de padres de la víctima el día 10 de noviembre de 2014 solicitaron al Batallón de Artillería No. 4 vía derecho de petición la expedición del informativo administrativo por muerte del señor Franklin de Jesús Ospina Cañas, la cual fue enviada por correo certificado y recibida por el SLP Tobón el día 13 de noviembre de 2014.
Agregaron que al 30 de enero de 2015, no se le ha dado respuesta del mismo.
Por todo lo anterior, solicita mediante la acción de tutela se ampare su derecho fundamental de petición y se ordene a la Nación – Ministerio de Defensa –Ejército Nacional, dè respuesta inmediata a la petición radicada el día 13 de noviembre de 2014.
Anexo al libelo copia de la petición con la constancia de envío y constancia de entrega–folios 6 a 9-.
La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional indicó que de conformidad con lo manifestado por los accionantes el derecho de petición fue recibido por el SLP Tobón y el sello de la constancia de recibido es de la Cuarta Brigada, y la misma no fue remitida al batallón de Artilleria No. 4, de allí que no se había dado respuesta. Pero una vez notificada la acción de tutela se procedió a dar respuesta a la petición mediante oficio 00580 MDN-CFGM-CE-DIV07-BR4-BAJES-CJM-1.9, el cual se anexa a la contestación de la tutela. En consecuencia solicitó al despacho se abstenga de tutelar los derechos fundamentales invocados.
Es competente esta corporación para conocer de la presente acción, en desarrollo de las facultades conferidas en el artículo 86 de la Constitución Política, y de conformidad con los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1° del Decreto 1382 de 2000.
Se está emitiendo fallo dentro del término perentorio y preferencial de diez (10) días, previsto en el inciso 4° de la citada disposición constitucional y en el artículo 15 del Decreto en mención.
La acción de tutela está encaminada a obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales, cuando los mismos se encuentran amenazados o vulnerados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos previstos por la ley; con tal fin fue consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y, debidamente reglamentada en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992.
La filosofía de la Carta Política de 1991 (artículos 1, 2 y 5), está inspirada en la dignidad humana; en la vigencia de un orden social justo y en que el Estado reconoce, sin discriminación, la primacía de los derechos inalienables de la persona.
La Sala procederá a estudiar de fondo la tutela impetrada por los señores José Mariano Ospina Marín y Graciela del Carmen Cañas Arismendi para lo cual se analizará los derechos invocados en el libelo introductor y finalmente determinar si realmente se presentó vulneración por parte del Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional al no dar respuesta a la petición fechada del 10 de noviembre de 2014.
Finalidad jurídica de la acción de tutela.
También señala la norma aludida, y lo reitera el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que el ejercicio de la acción de tutela no es absoluto, pues está limitado por las causales de improcedencia, en especial la relacionada con la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa.
El derecho de petición, ha sido considerado tradicionalmente, como un instrumento que garantiza a los particulares obtener información de las autoridades, y hoy en día, a la luz de la normatividad constitucional, se ha convertido además, en un medio para conocer la razón de las decisiones de las entidades públicas e inclusive, contar con un sustento jurídico, que le permita fiscalizar sus actos.
El núcleo esencial del citado derecho fundamental, radica no solo en la posibilidad de que las personas puedan dirigirse a las autoridades públicas en interés particular y general, sino básicamente a que se dé una respuesta clara y precisa del asunto sometido a su consideración dentro de los términos legalmente previstos para ello, lo cual se constituye en su verdadero espíritu. Las dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta de una petición constituyen una vulneración del mismo.
La tutela del derecho de petición, así pues, no puede consistir en una orden judicial que resuelva sobre el fondo de las pretensiones contenidas en la solicitud, puesto que para ello el ordenamiento jurídico ha previsto otros procedimientos, si no la exigencia de un pronunciamiento oportuno.
La Sala advierte que el derecho fundamental de petición se consagra como tal en el artículo 23 de la Constitución Nacional que establece:
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales” (Subrayas fuera del texto)
De la norma constitucional transcrita se observa que la formulación de una petición implica correlativamente para la autoridad ante la cual se presenta, la obligación de dar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud del peticionario, pues “de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”1.
Para que la respuesta sea efectiva debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. oportunidad; 2. debe resolver de fondo la petición, ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; 3. debe ser puesta en conocimiento del peticionario2. El no cumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho fundamental de petición.
La respuesta no implica aceptación de lo solicitado, pues la competencia del juez de tutela se limita a la verificación de los términos establecidos legalmente para dar respuesta a las solicitudes elevadas por los peticionarios.3
Por su parte el artículo 14° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indica que las peticiones elevadas a las autoridades públicas se resolverán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo.
Los señores Jose Mariano Ospina Marín y Graciela del Carmen Cañas Arismendi pretenden la protección del derecho fundamental de petición que consideran vulnerado por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional al no dar respuesta a la solicitud de fecha 10 de noviembre de 2014 remitida a esa institución por correo certificado.4
De las pruebas aportadas por la accionante se evidencia que efectivamente los señores Jose Mariano Ospina Marín y Graciela del Carmen Cañas Arismendi, presentaron petición ante el Ministerio Defensa – Ejército Nacional según indica en los hechos de la acción y así lo reafirma con la copia de la solicitud que obra a folios 7 y 8 con la respectiva constancia de envío por correo certificado –folio 6-.
La solicitud es del siguiente tenor:
“(…) JOSÉ MARIANO OSPINA MARÍN y GRACIELA DEL CARMEN CAÑAS ARISMENDY, mayores de edad y vecinos del Municipio de Barbosa (Antioquia), identificados como aparece al pie de nuestras firmas, actuando en calidad de padres del soldado campesino FRANKLIN DE JESUS OSPINA CAÑAS quien se identificaba con cédula de ciudadanía N° 1.035.227.448, fallecido en el Municipio de Ituango (Antioquia) en atentado terrorista el día 17 de septiembre de 2014, con todo respeto elevamos solicitud tendiente a obtener copia del informativo administrativo por muerte de nuestro hijo el cual requerimos para realizar trámites judiciales”5
Ahora bien, se tiene qué, frente a la solicitud anteriormente relacionada no hubo pronunciamiento alguno por parte de la entidad accionada al respecto. No obstante, en el momento de atender el traslado de la acción, la entidad demandada hizo saber que ya había emitido la respuesta esperada y aportó copia del mismo, con la cual aduce, dio respuesta de fondo al derecho de petición de los accionantes y por ello solicitó no sean concedidas las pretensiones de la demanda.
Es necesario entonces destacar que una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los requisitos de ser oportuna, resolver de fondo lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser puesta en conocimiento del peticionario.6
Una vez revisada la respuesta al derecho de petición que se aporta, encuentra la Sala que, el Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional Batallón de Artillería No. 4 dio respuesta al derecho de petición interpuesto por los accionantes –folios 14 a 15-, pronunciándose sobre lo pretendido, esto es, le hizo entrega de la copia del informativo administrativo por muerte del señor Franklin de Jesús Ospina Cañas.
Dicha respuesta de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 20117 fue debidamente notificada, toda vez que el despacho procedió a comunicarse con la señora Graciela del Carmen Cañas quien informó que ya le habían dado respuesta, tal como se evidencia en constancia obrante a folios 16 del expediente, motivo por el cual se presenta un hecho superado por carencia actual de objeto.
En esa medida, es claro que se configura el hecho superado o carencia actual de objeto, toda vez que la trasgresión de los derechos fundamentales invocados desapareció, como en múltiples oportunidades lo ha reconocido la Corte Constitucional:
“Al respecto cabe recordar que la jurisprudencia de esta corporación ha identificado como núcleo esencial de este derecho la resolución pronta y pertinente del requerimiento y como tal, ha definido los siguientes requisitos: 1. Debe surtirse en oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente 3. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario.
Así mismo, en lo que respecta al plazo para efectuar la respuesta, la Corte ha precisado que por regla general se recurre al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, que señala 15 días para resolver, requisitos que fueron cumplidos conforme a la comunicación de septiembre 25 de 2009 por el Comandante del Batallón Especial Energético Vial N° 8.
Por lo antes expuesto, la Sala comparte los planteamientos del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Berrío, y por ello confirmará su decisión. En efecto, se considera que no es necesario impartir orden alguna tendiente a proteger el derecho de petición, ya que durante el transcurso de esta acción de tutela el Ejército respondió la solicitud del señor Osorio Peláez, de lo que se advierte que aquél obtuvo respuesta de fondo frente a las inquietudes formuladas, quedando así demostrada la superación del hecho lesivo.”8
Como puede verse, no puede desconocerse que la respuesta sí absuelve de manera clara, precisa y de fondo lo peticionado por los señores Graciela del Carmen Cañas Arismendi y José Mariano Ospina Marin.
Claramente se observa entonces que el hecho que dio origen a este mecanismo ya fue superado, es decir, se cuenta con la respuesta clara y concreta a la petición elevada por los accionantes, cuya respuesta se aporta al proceso, en estas condiciones este mecanismo de amparo no está llamado a prosperar por carecer de objeto.
Todo lo anterior conlleva a un hecho superado, a las voces de la Corte Constitucional, quien ha manifestado:9
“4.2. Por otra parte, la figura del hecho superado, ampliamente reiterada por esta Corporación, se refiere a la cesación de vulneración o amenaza del derecho fundamental cuya protección se invoca a través de la acción de tutela. Dice la jurisprudencia constitucional:
“En efecto, la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío...”10.
4.3. Así mismo, dependiendo del momento en el cual se supere la vulneración o amenaza del derecho fundamental cuya protección se invoca, desde el punto de vista procesal, la jurisprudencia constitucional ha dado un trato diferente para cada caso. Si el cese de la afectación se produce antes de interponerse la acción de tutela, o incluso en el trámite de instancia, no puede exigírsele al Juez constitucional un pronunciamiento sobre el fondo del asunto…”.11
En el presente caso, encuentra la Sala que se ha presentado la figura del hecho superado, toda vez que han cesado los motivos que originaron la acción de tutela, y al momento de fallar no existe vulneración o amenaza a derecho fundamental alguno, toda vez que se acreditó que el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional efectivamente dio contestación a la solicitud que le presentaran los señores Graciela del Carmen Cañas Arismendi y José Mariano Ospina Marin por lo tanto se configura la carencia total de objeto, por lo que se denegará la presente tutela.
En mérito de lo expuesto, EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA SEGUNDA DE ORALIDAD administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto, en el proceso de acción de tutela de la referencia por tratarse de un hecho superado.
SEGUNDO: ORDENAR que esta decisión sea notificada a las partes accionante y accionada por el medio más eficaz y expedito, de conformidad con el artículo 30 del decreto 2591 de 1991, por medio de la Secretaría del Despacho.
TERCERO: INFORMAR que esta providencia puede ser impugnada dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación, y en el evento de no ser impugnada, se enviará a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta providencia se estudió y aprobó en Sala de la fecha, como consta en el Acta N°
1 Corte Constitucional, Sentencia T-1150 de 2004, MP: HUMERTO ANTONIO SIERRA PORTO, 17 de noviembre de 2004, Exp. T - 961534
2 Corte Constitucional, Sentencia T-1160ª de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
3 Ver, entre otras, las Sentencias T-131 y T-169 de 1.996, MP. Vladimiro Naranjo Mesa y la T-206 de 1.998, MP. Fabio Morón Díaz.
4 Folio 6
5 Folio 7
6 Ver, entre otras, sentencias T-047/2008, T-305/1997, T-490/1998 y T-180/2001.
7 “Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación.
La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración.”
8 Corte Constitucional, Sentencia T-248 de 2010.
9 Confrontar la Sentencia T-139-2009.
10  Ver T-1207/03 M.P. Manuel José Cepeda E. En esta sentencia, la Corte Constitucional se refirió a la protección del derecho de petición invocado por una materna, quien solicitó a la E.P.S. de su cónyuge la afiliación, sin obtener respuesta oportuna. No obstante, el amparo fue negado en la medida en que la entidad accionada aportó copia de la respuesta enviada a la solicitante. Ver también T-957/04 M.P. Manuel José Cepeda E.
11 T. 108/06 Jaime Araújo Rentería
Sentencia T-519 de 1992, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo. Cfr. reiteración., entre muchas otras, en las sentencias T-100 de 1995 M.P., Vladimiro Naranjo Mesa; T-201 de 2004 M.P., Clara Inés Vargas Hernández; T-325 de 2004 Eduardo Montealegre Lynett.

References: artículo 86
 artículo 86
 artículo 15
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 14
 artículo 56
 resolución 
 artículo 6
 artículo 30