Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2001/08/registro-oficial-agosto14-de-agosto-del-2001
Timestamp: 2019-11-13 09:18:25+00:00

Document:
Registro Oficial. AGOSTO14 de AGOSTO del 2001
\n 034\n Incorpóranse \n a la Reserva Ecológica Arenillas, las dos mil ochocientas \n hectáreas que forman parte de la Reserva Militar\n Arenillas
035 Desígnase al señor\n arquitecto Jorge Fernando Garzón Orellana, como delegado\n ante la Junta Directiva de PROLOCAL
\n 191 Delégase al señor\n Lcdo. Pablo Córdova Cordero, Subsecretario General, para\n que represente al señor Ministro en la sesión de\n Directorio del Banco del Estado.
192 Delégase al señor\n doctor Galo Jaramillo Medina, para que represente al señor\n Ministro ante el Consejo de Administración y Manejo Económico\n de la Unidad de Radioterapia del Hospital Vicente Corral\n Moscoso de la ciudad de Cuenca.
\n 0612 Autorízase a los sujetos\n pasivos del IVA para que en las declaraciones correspondientes\n a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2001,\n que sean presentadas oportunamente, incluyan si fuere del caso,\n compras sustentadas en comprobantes de venta emitidos hasta el\n 31 de mayo del 2001 con tarifa 12% del IVA.
\n INSTITUTO\n ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL -IEPI:
\n CD-IEPI-01-82 Fíjanse\n y apruébanse las tasas que debe cobrar\n el IEPI por los actos y servicios
SALA\n DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATlVO:
\n 102 Manuel Cirilo Andino Artos\n y otro en contra del IESS.
103 Luis Enrique Cazares Rodriguez en contra\n del IESS.
104 Elvia Lalama Pérez\n en contra del IESS
105 Gilberto Efraín Carrillo\n Coca en contra del IESS
106 Carmen Hipatia Páez\n en contra del IESS
107 Manuel Gerardo Molina Solarte\n en contra del IESS
109 Leonel Iván Ludeña Abarca\n en contra del IESS
110 Elsie Eblia Teddy Medrano Moya en contra\n del IESS
111 Eulalia Consolación Canelos Garcia\n en contra del IESS
112 Elvia Carlota Soto López\n en contra del IESS
121 César Eduardo Figueroa\n en contra del IESS
133 Estuardo Anibal Mosquera Sánchez\n en contra del IESS
134 Mariana Baque Cevallos en\n contra del IESS
\n 31-IP-2001 Interpretación prejudicial de\n los articulos 81, 82 literal a), 83 literales a) \n y d), 87 literal a), 89 y 93 de la Decisión 344 de la\n Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda \n Sala del Tribunal Distrital No 1 de lo Contencioso\n Administrativo, con sede en Quito, República del Ecuador\n Expediente Interno No 3699-97-LYM Actor: SOCIETE DES PRODUITS\n NESTLE S.A. Marca: "PRES-CAFÉ".
\n 23IP-2001 Solicitud de interpretación\n prejudicial de los artículos 81, 83 literal a),\n 95 inciso 2 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado\n de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera Marca: TOSTY (mixta) ACTORA: PRODUCTOS\n YUPI S.A. Expediente Interno No 5603.
\n - Cantón Otavalo: De\n Servicio Civil y Carrera Municipal, que regula la administración\n de personal de la institución.
-\n Cantón Chaguarpamba:\n Que reglamenta la creación y pago del Bono por el Día\n del Trabajador Municipal.\n \n
Que, el artículo 86 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador, obliga al Estado a proteger\n el derecho de la población a vivir en un ambiente sano,\n ecológicamente equilibrado, y a garantizar un desarrollo\n sustentable, velando para que este derecho no sea afectado y\n garantizando la preservación de la naturaleza;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 1 de 16 de mayo del\n 2001, se estableció la Reserva Ecológica Arenillas,\n como una área protegida, pasando a integrar el Patrimonio\n Nacional de Area Protegidas con una superficie de 14.282,70 hectáreas;
Que, El Director Nacional de Biodiversidad y Areas Protegidas,\n mediante Memorando No. 4323 DANVS/MA de 13 de julio del 2001,\n emite informe técnico favorable para que se incorpore\n dentro de la Reserva Ecológica Arenillas 2.800 hectáreas,\n que constituyen parte de la Reserva Militar Arenillas, que fue\n creada mediante Decreto No. 312, publicado en el Registro Oficial\n No. 170 de 26 de febrero de 1971;
Que, el segundo inciso, del artículo 69 de la Ley Forestal\n y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre,\n faculta al Ministerio del Ambiente a declarar y delimitar las\n áreas naturales del Estado, para incorporarlas al Sistema\n Nacional de Areas Protegidas del Ecuador, y,
Art. 1. - Incorporar a la Reserva Ecológica Arenillas,\n las dos mil ochocientas hectáreas que forman parte de\n la Reserva Militar Arenillas.
Art. 2. - La superficie total de la Reserva Ecológica\n Arenillas, incluida el área que se incorpora con el presente\n acuerdo, es la de diecisiete mil ochenta y dos hectáreas,\n setenta áreas.
Art. 3. - Las Fuerzas Armadas, con la supervisión y\n asesoría del Ministerio del Ambiente, a través\n de la Dirección de Biodiversidad y Areas Protegidas y\n el Distrito Forestal de El Oso, elaborará el Plan de Manejo\n de la Reserva, en un plazo no mayor a 180 días, contado\n a partir de la publicación del presente acuerdo en el\n Registro Oficial.
Art. 4. - Publicado este acuerdo en el Registro Oficial, el\n Ministerio de Defensa Nacional en coordinación con esta\n Cartera de Estado, procederán a determinar los nuevos\n limites y a elaborar las coordenadas geográficas y los\n planos de la Reserva Ecológica Arenillas, los cuales,\n conjuntamente con copia de este acuerdo ministerial protocolícense\n en una Notaría e inscríbanse en los registros de\n la propiedad de los cantones Huaquillas y Arenillas de la provincia\n de El Oro.
Art. 5. - Con el contenido de este acuerdo hágase conocer\n al señor Director Ejecutivo del INDA.
Disposición final. - De la ejecución de este\n acuerdo encárguense el Director Nacional de Biodiversidad\n y Areas Protegidas y el Jefe del Distrito Forestal de El Oro.
Dado en Quito, a 27 de julio del 2001. - Comuníquese\n y publíquese.
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1343, publicado en el\n Registro Oficial 287 de 19 de marzo del 2001, se definió\n la constitución integración y funciones del Proyecto\n de Desarrollo Sostenible "PROLOCAL";
Que, el Proyecto de Desarrollo Sostenible "PROLOCAL"\n tiene como objetivo primordial, mejorar el bienestar de los hogares\n pobres de microregiones seleccionadas a través del empoderamiento\n local, la oferta de mejores servicios y el acceso a activos productivos;
Que, mediante el mencionado Decreto Ejecutivo 1343, se conformó\n la Junta Directiva, del cual el Ministerio del Ambiente forma\n parte y tiene la facultad para designar su delegado; y,
En uso de la facultad legal prevista en el artículo\n 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
Art. 1. - Designar al señor arquitecto Jorge Fernando\n Garzón Orellana, delegado de la Ministra del Ambiente\n ante la Junta Directiva de PROLOCAL
Art. 2. - El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, a\n los veinte y siete días del mes de julio del año\n 2001.
ARTICULO UNICO. - Delegar al señor Lcdo. Pablo Córdova\n Cordero, Subsecretario General de Finanzas de esta Cartera de\n Estado, para que me represente en la sesión de Directorio\n del Banco del Estado, a realizarse el día martes 31 de\n julio del 2001.
Comuníquese. - Quito, 31 de julio del 2001.
f) Diego Roberto Porras A., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas, Enc.
ARTICULO UNICO. - Designar delegado, en representación\n del Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Consejo\n de Administración y Manejo Económico de la Unidad\n de Radioterapia del Hospital "Vicente Corral Moscoso",\n de la ciudad de Cuenca, al señor Dr. Galo Jaramillo Medina.
No. 0612
Que mediante la Ley de Reforma Tributaria, publicada en el\n Registro Oficial No. 325 del 14 de mayo del 2001, se incrementé\n la tarifa del impuesto al valor agregado del 12 al 14%, con vigencia\n desde el 1° de junio del 2001;
Que por múltiples situaciones, algunos sujetos pasivos\n del impuesto al valor agregado estuvieron imposibilitados de\n incluir en sus declaraciones correspondientes al mes de mayo\n del 2001, todas las compras realizadas con tarifa 12% de IVA.
Art. 1. - Autorizar a los sujetos pasivos del IVA para que\n en las declaraciones correspondientes a los meses de julio, agosto\n y septiembre del año 2001, que sean presentadas oportunamente,\n incluyan si fuere del caso, compras sustentadas en comprobantes\n de venta emitidos hasta el 31 de mayo del 2001 con tarifa 12%\n de IVA.
Art. 2. - El registro de las compras señaladas en el\n artículo anterior, se realizará en los casilleros\n establecidos para el efecto en los actuales formularios No. 104\n autorizados por el SRI, conjuntamente con las compras efectuadas\n con tarifa 14%, reflejando fielmente tanto la base imponible\n como el impuesto pagado o retenido.
Art. 3. - Aquellos contribuyentes que en la declaración\n correspondiente al mes de junio del 2001, incluyeron compras\n gravadas con tarifa doce por ciento y otras gravadas con tarifa\n catorce por ciento, sin reflejar con exactitud la base imponible\n o el impuesto pagado, podrán presentar la respectiva declaración\n sustitutiva, sin necesidad de solicitar autorización previa\n al Servicio de Rentas Internas.
La Administración Tributaria se reservará el\n derecho de verificar en cualquier momento, la información\n entregada por los sujetos pasivos de este tributo.
No. CD\n - IEPI - 01 - 82
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO ECUATORIANO\n DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI- -
Que el literal a) del Art. 352 de la Ley de Propiedad Intelectual\n faculta al Consejo Directivo del IEPI para fijar y aprobar las\n tasas que debe cobrar el instituto;
Que el Art. 11 del Decreto Ley No. 2000 - 1 (Ley Trole II),\n promulgado en el Suplemento al Registro Oficial No. 144 del 18\n de agosto del 2000, reformatorio de la Ley de Modernización\n del Estado, dispone que las instituciones del Estado podrán\n establecer el pago de tasas por los servicios de control, imposiciones,\n autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza,\n a fin de recuperar los costos en los que incurrieren para este\n propósito;
Que el Art. 80 de la Decisión 486 de la Comisión\n de la Comunidad Andina prescribe que para mantener vigente la\n solicitud de patente en trámite deberá pagarse\n la tasa anual, de conformidad con las disposiciones de la Oficina\n Nacional competente:
Que el Consejo Directivo, mediante Resolución No. CD\n - IEPI 99 - 008, publicada en el Registro Oficial No. 336 del\n 10 de diciembre de 1999, fija la tasa que debe pagarse por la\n presentación de acciones para el ejercicio de la tutela\n administrativa y para las inspecciones que se requieran en el\n ejercicio de la tutela, sea en materia de propiedad industrial,\n obtenciones vegetales o derecho de autor y derechos conexos;
Que en la práctica se ha constatado que la fijación\n de la tasa en la forma señalada en el considerando anterior\n constituye un obstáculo para la eficaz protección\n del derecho de autor y derechos conexos, y, en consecuencia,\n representa una desventaja para el control de la piratería\n en tal área; y,
En uso de las facultades que le confieren el literal a) del\n Art. 352 de la Ley de Propiedad Intelectual, el Art. 11 del Decreto\n Ley No. 2000 - 1 y el Art. 80 de la Decisión 486 de la\n Comisión de la Comunidad Andina,
Art. 1. - Fijar y aprobar las siguientes tasas que debe cobrar\n el IEPI por los actos y servicios que se detallan a continuación:
1. Presentación de acciones para el ejercicio de la\n tutela administrativa en propiedad industrial y obtenciones vegetales.\n USD 80,00
2. Presentación de acciones para el ejercicio de la\n tutela administrativa en derecho de autor y derechos conexos.\n USD 40,00
3. Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de\n tutela administrativa en propiedad industrial y obtenciones vegetales.\n USD 54 a 532
4. Inspecciones realizadas por el IEPI para el ejercicio de\n tutela administrativa en derecho de autor y derechos conexos.\n USD 40 a 400
5. Certificado de búsqueda oficial de registro en derecho\n de autor y derechos conexos. USD 4,00
6. Mantenimiento de solicitud de patente en trámite\n USD 28,00
Art. 2. - El valor a pagarse por las tasas por las inspecciones\n a que se refieren los numerales 3 y 4 del Art. 1 serán\n definidas por los directores nacionales, según su competencia,\n en consideración a cada caso y dentro de los límites\n mínimos y máximos permitidos en el artículo\n anterior.
Art. 3. - La tasa de mantenimiento de la solicitud de patente\n en trámite, fijada en el numeral 6 del Art. 1, será\n anual, pagadera por años adelantados y su vencimiento\n será el último día del mes en que fue presentada\n la solicitud.
La tasa anual también podrá pagarse dentro de\n un plazo de gracia de seis meses, contado desde la fecha de inicio\n del período anual correspondiente, es decir, desde el\n último día del mes en que fue presentada la solicitud,\n con un recargo acumulativo del 5% mensual o fracción de\n mes.
Podrán pagarse por adelantado dos o más tasas\n anuales de mantenimiento de registro de patentes o de solicitudes\n de patentes en trámite.
En lo demás, se aplicará el Art. 80 de la Decisión\n 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Art. 4. - Derógase el ord. 4.4, del numeral "4.\n GENERALES", del Art. 1 de la Resolución No. CD ­\n IEPI 99 - 008, expedida por el Consejo Directivo del IEPI.
Art. 5. - Las tasas que se fijan y aprueban mediante esta\n resolución entrarán en vigencia al día siguiente\n de su publicación en el Registro Oficial.
Art. 6. - Publíquese en el Registro Oficial.
Dado en Quito. D.M., a los 31 días del mes de julio\n del 2001.
f.) Nelson Velasco; Presidente del Consejo Directivo del Instituto\n Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI.
N°\n 102
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO\n CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Quito, a 6 de abril del 2001; a las\n 09h10.
VISTOS: (350 - 2000) El economista Patricio Llerena Torres,\n Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,\n interpone recurso de casación contra la sentencia dictada\n el 20 de julio del 2000 por la Segunda Sala del Tribunal Distrital\n de la Contencioso Administrativo de Quito, dentro del juicio\n seguido por Manuel Cirilo Andino Arlos y Luis Alfonso Villagómez.\n El recurso se funda en las causales primera y segunda del artículo\n 3 de la Ley de Casación y aduce que en la sentencia recurrida\n existe aplicación indebida de los artículos 52\n de la Ley de Modernización del Estado y 78 del reglamento\n de la referida ley. Radicada la competencia de esta Sala para\n conocer y resolver el presente recurso y habiéndose agotado\n el trámite previsto en la ley, para sentencia se considera:\n PRIMERO. - Del análisis de la sentencia aparece que el\n recurrente interpuso recurso de plena jurisdicción o subjetivo\n impugnando la resolución del Director General del Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante la cual se le negaba\n la compensación que establece el artículo 52 de\n la Ley de Modernización del Estado, la que a su criterio\n tenía derecho a recibirla por haber presentado su renuncia\n voluntaria. - En tanto que la institución demandada sostiene\n que lo que ocurrió es que el organismo en ejercicio de\n su autonomía, aprobó un estímulo económico\n a favor de quienes presentaron su renuncia para jubilarse, por\n lo que comunicó de este hecho a todos los funcionarios\n que podían beneficiarse con el mismo, para que de creerlo\n conveniente, presentaran su renuncia en el correspondiente formulario,\n en el que debían señalar que lo hacían para\n acogerse al beneficio de la jubilación, sin que, por otra\n parte la institución en ningún momento haya aplicado\n él plan que conforme al artículo 52 debía\n establecer cada entidad y organismo para la separación\n voluntaria de sus miembros SEGUNDO. - Conforme consta de autos,\n el Consejo Superior' del IESS aprobó conceder a los funcionarios\n que se separen de la institución para acceder a la jubilación,\n un estímulo (bono), de diez millones de sucres adicionales\n a los derechos establecidos en el contrato colectivo de la entidad\n y totalmente independientes de aquel. Por otra parte, a la fecha\n de la renuncia del demandante, regía el Reglamento a la\n Ley de Modernización, publicada en el Registro Oficial\n N0 411 de 31 de marzo de 1994, cuyo Art. 78 imponía a\n todas las entidades del sector público, de manera obligatoria,\n la aprobación de un plan de reducción de personal\n por separación voluntaria. En efecto, dicha norma dispone:\n "Art. 78. - Para efectos de la compensación por separación\n voluntaria, cada entidad u organismo en el plazo máximo\n de sesenta días contados a partir de la fecha de expedición\n del presente reglamento establecerá, conforme lo dispone\n el artículo 52 de la Ley de Modernización, un plan\n de reducción de personal por separación voluntaria.\n El servidor, trabajador o funcionario público que desee\n separarse, presentará por escrito la correspondiente solicitud\n a la autoridad nominadora quien conocerá y calificará\n la misma en consideración al requerimiento institucional.\n De ser aceptada dispondrá su trámite a las unidades\n financiera y de recursos humanos, las cuales en forma inmediata\n cumplirán la disposición...". De donde se\n concluye claramente que no era entonces facultativo para el IESS\n la aprobación de un plan de reducción de personal\n por separación voluntaria, sino un imperativo legal, cuyo\n incumplimiento de ninguna manera podía afectar los derechos\n de los administrados, para el caso de sus servidores, tanto más\n que significa para éstos la privación arbitraria\n de una posibilidad legal de recibir la cantidad señalada\n por ley. En consecuencia, es evidente que dentro de este marco\n jurídico, la aprobación del estímulo de\n diez millones de sucres para quienes se retiren presentando la\n renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación constituía\n un sistema paralelo al legal, que era un claro subterfugio mediante\n el cual se pretendía lograr la reducción de personal\n evitando realizar el pago de la cantidad mayor que establecía\n el artículo 52 de la Ley de Modernización, lo cual\n constituía un ilegal perjuicio para los funcionarios que\n se acogían a él, tanto más que al igual\n que lo señalado en el programa de reducción de\n personal, se mantenía las características esenciales\n de ésta, pues, había la invitación a renunciar\n y luego de la presentación de la renuncia el correspondiente\n acto administrativo mediante el cual se aceptaba la renuncia\n y se ordenaba la liquidación de haberes, tal y conforme\n lo estatuía el artículo 78 del reglamento antes\n transcrito: todo lo cual llevaba a propiciar una intencional\n equivocación por parte del funcionario renunciante. Admitir\n la posibilidad de que esta fórmula paralela tenga efectos\n legales y que desplace a los señalados en la Ley de Modernización\n del Estado, sería admitir la legitimación de una\n acción administrativa paralela a la legalmente establecida,\n que es la única que goza de autonomía y eficacia,\n lo que constituiría una aberración jurídica\n en derecho administrativo. TERCERO. - Como consecuencia de todo\n lo expuesto, es evidente que ante la solidaridad presentada por\n el actor, el Director - General del IESS debió disponer\n que se pague a éste la diferencia que resulta de restar,\n de la compensación que debía recibir en aplicación\n del artículo 52 de la Ley de Modernización por\n renuncia voluntaria, la cantidad de diez millones de sucres que\n ya recibió en aplicación de la resolución\n paralela adoptada por el Consejo Superior del IESS, de donde\n se concluye que su negativa a pagar cantidad alguna por este\n concepto fue ilegal. Sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechaza el recurso de casación interpuesto por el economista\n Patricio Llerena Torres, por los derechos que representa, y se\n confirma en todas sus partes la decisión de la Primera\n Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito.\n En aplicación de lo que dispone el artículo 17,\n reformado, de la Ley de Casación, por los perjuicios estimados\n en la demora en la ejecución de la sentencia causados\n al actor de la presente causa, se dispone la entrega de la caución\n al accionante. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, Marcelo Icaza Ponce y Jaime\n Pazmiño Ochoa, Ministro Juez y Conjueces Permanentes de\n la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.
Es fiel copia. - f) El Secretario encargado.
Quito, 13 de junio del 2001, las 10h05.
VISTOS: (350 - 2000) El Dr. Aníbal Barona Rosales,\n legalmente autorizado por el Director General del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social, solicito aclaración de la sentencia\n dictada por esta Sala el 6 de abril del 2001, notificada a las\n partes el 9 de los mismos mes y año. Para decidir lo procedente\n la Sala considera: El Art. 285 del Código de Procedimiento\n Civil puntualiza: "El Juez que dictó sentencia no\n puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso:\n pero podrá aclararla o ampliarla si alguna de las partes\n lo solicitare dentro de tres días": mientras el Art.\n 286 del mismo cuerpo legal dice: "La aclaración tendrá\n lugar si la sentencia fuere obscura: y la ampliación cuando\n no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o\n se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas".\n En el presente caso, no existe obscuridad alguna en la sentencia.\n Consiguiente, como la aclaración procede cuando la sentencia\n ha sido redactada en términos ininteligibles o de difícil\n comprensión, defectos de los que no adolece el fallo de\n la referencia, niégase tal petición previniéndose\n a la defensa de la institución demandada que se aplicarán\n las sanciones de rigor, de continuar en el propósito de\n retardar la ejecución de la sentencia. Notifíquese.
RAZON: Las tres copias que anteceden son iguales a su original.\n -
Quito, a 12 de julio del 2001.
f) Dr. Fausto Murillo Fierro. Secretario encargado de la Sala\n de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
N°\n 103
Quito, a 6 de abril del 2001 a las 09h20.
VISTOS: (165 - 2000) El Dr. Luis Enrique Plaza Vélez,\n Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,\n interpone recurso de casación contra la sentencia dictada\n el 29 de noviembre de 1999 por la Primera Sala del Tribunal Distrital\n de lo Contencioso Administrativo de Quito, dentro del juicio\n seguido por Luis Enrique Cazares Rodríguez. El recurso\n se funda en la causal primera del artículo 3 de la Ley\n de Casación y aduce que en la sentencia recurrida existe\n aplicación indebida de los artículos 52 de la Ley\n de Modernización del Estado y 78 del reglamento de la\n referida ley. Radica la competencia de esta Sala para conocer\n y resolver el presente recurso y habiéndose agotado el\n trámite previsto en la ley, para sentencia se considera:\n PRIMERO. - Del análisis de la sentencia recurrida aparece\n que el recurrente interpuso recurso de plena jurisdicción\n o subjetivo impugnando la resolución del Director General\n del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante la cual\n se le negaba la compensación que establece el artículo\n 52 de la Ley de Modernización del Estado, la que a su\n criterio tenía derecho a recibirla por haber presentado\n su renuncia voluntaria. - En tanto que la institución\n demandada sostiene que lo que ocurrió es que el organismo\n en ejercicio de su autonomía, aprobó un estímulo\n económico a favor de quienes presentaron su renuncia para\n jubilarse, por lo que comunicó de este hecho a todos los\n funcionarios que podían beneficiarse con el mismo, para\n que de creerlo conveniente, presentaran su renuncia en el correspondiente\n formulario, en el que debían señalar que lo hacían\n para acogerse al beneficio de la jubilación, sin que,\n por otra parte la institución en ningún momento\n haya aplicado el plan que conforme al artículo 52 debía\n establecer cada entidad y organismo para la separación\n voluntaria de sus miembros. SEGUNDO. - Conforme consta de autos,\n el Consejo Superior del IESS aprobó conceder a los funcionarios\n que se separen de la institución para acceder a la jubilación,\n un estimulo (bono), de diez millones de sucres adicionales a\n los derechos establecidos en el contrato colectivo de la entidad\n y totalmente independientes de aquél. Por otra parte,\n a la fecha de la renuncia del demandante, regía el Reglamento\n a la Ley de Modernización, publicada en el Registro Oficial\n N0 411 de 31 de marzo de 1994, cuyo Art. 78 imponía a\n todas las entidades del sector público, de manera obligatoria,\n la aprobación de un plan de reducción de personal\n por separación voluntaria. En efecto, dicha norma dispone:\n "Art. 78. - Para efectos de la compensación por separación\n voluntaria, cada entidad u organismo en el plazo máximo\n de sesenta días contados a partir de la fecha de expedición\n del presente reglamento establecerá, conforme lo dispone\n 'el artículo 52 de la Ley de Modernización, un\n plan de reducción de personal por separación voluntaria.\n El servidor, trabajador o funcionario público que desee\n separarse, presentará por escrito la correspondiente solicitud\n a la autoridad nominadora quien conocerá y calificará\n la misma en consideración al requerimiento institucional.\n De ser aceptada dispondrá su trámite en las unidades\n financiera y de recursos humanos, las cuales en forma inmediata\n cumplirán la disposición. De donde se concluye\n claramente que no era entonces facultativo para el IESS la aprobación\n de un plan de reducción de personal por separación\n voluntaria, sino un imperativo legal, cuyo incumplimiento de\n ninguna manera podía afectar los derechos de los administrados,\n para el caso de sus servidores, tanto más que significa\n para éstos la privación arbitraria de una posibilidad\n legal de recibir la cantidad señalada por ley. En consecuencia,\n es evidente que dentro de este marco jurídico, la aprobación\n del estímulo de diez millones de sucres para quienes se\n retiren presentando la renuncia para acogerse al beneficio de\n la jubilación constituía un sistema paralelo al\n legal, que era un claro subterfugio mediante el cual se pretendía\n lograr la reducción de personal evitando realizar el pago\n de la cantidad mayor que establecía el artículo\n 52 de la Ley de Modernización, lo cual constituía\n un ilegal perjuicio para los funcionarios que se acogían\n a él, tanto más que al igual que lo señalado\n en el programa de reducción de personal, se mantenía\n las características esenciales de éste, pues, había\n la invitación a renunciar y luego de la presentación\n de la renuncia el correspondiente acto administrativo mediante\n el cual se aceptaba la renuncia y se ordenaba la liquidación\n de haberes, tal y conforme lo estatuía el artículo\n 78 del reglamento antes transcrito: todo lo cual llevaba a propiciar\n una intencional equivocación por parte del funcionario\n renunciante. Admitir la posibilidad de que esta fórmula\n paralela tenga efectos legales y que desplace a los señalados\n en la Ley de Modernización del Estado, seria admitir la\n legitimación de una acción administrativa paralela\n a la legalmente establecida, que es la única que goza\n de autonomía y eficacia, lo que constituiría una\n aberración jurídica en derecho administrativo.\n TERCERO. - Como consecuencia de todo lo expuesto, es evidente\n que ante la solicitud presentada' por el actor, el Director General\n del IESS debió disponer que se pague a éste la\n diferencia que resulta de restar, de la compensación que\n debía recibir en aplicación del artículo\n 52 de la Ley de Modernización por renuncia voluntaria,\n la cantidad de diez millones de sucres que ya recibió\n en aplicación de la resolución paralela adoptada\n por el Consejo Superior del IESS, de donde se concluye que su\n negativa a pagar cantidad alguna por este concepto fue ilegal.\n Sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso\n de casación interpuesto por el Dr. Luis Enrique Plaza\n Vélez, por los derechos que representa, y se confirma\n en todas sus partes la decisión de la Primera Sala del\n Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito. En aplicación\n de lo que dispone el artículo 17, reformado, de la Ley\n de Casación, por los perjuicios estimados en la demora\n en la ejecución de la sentencia causados al actor de la\n presente causa, se dispone la entrega de la caución al\n accionante. Notifíquese y devuélvase.
Fdo. ) Dres. Luis Heredia Moreno, Marcelo Icaza Ponce y Jaime\n Pazmiño Ochoa, Ministro Juez y Conjueces Permanentes de\n la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.
Quito, 13 de junio del 2001; las 10h35.
VISTOS: (165 - 2000) El Dr. Mario Montenegro Andrade, legalmente\n autorizado por el Director General del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social, solicito aclaración de la sentencia\n dictada por esta Sala el 6 de abril del 2001, notificada a las\n partes el 9 de los mismos mes y año. Para decidir lo procedente\n la Sala considera: El Art. 285 del Código de Procedimiento\n Civil puntualiza: "El Juez que dictó sentencia no\n puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso:\n pero podrá aclararla o ampliarla si alguna de las partes\n lo solicitare dentro de tres días": mientras el Art.\n 286 del mismo cuerpo legal dice: "La aclaración tendrá\n lugar si la sentencia fuere obscura: y la ampliación cuando\n no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o\n se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas".\n En el presente caso, no existe obscuridad alguna en la sentencia.\n Consiguientemente, como la aclaración procede cuando la\n sentencia ha sido redactada en términos ininteligibles\n o de difícil comprensión, defectos de los que no\n adolece el fallo de la referencia, niégase tal petición,\n previniéndose a la defensa de la institución demandada\n que se aplicarán las sanciones de rigor, de continuar\n en el propósito de retardar la ejecución de la\n sentencia. Notifíquese.
f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala\n de lo Contenciosos Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
N0 104
Quito, a 6 de abril del 2001; a las\n 09h30.
VISTOS: (413 - 2000) El Dr. Luis Enrique Plaza Vélez,\n Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,\n interpone recurso de casación contra la sentencia dictada\n el 30 de noviembre de 1999 por la Segunda Sala del Tribunal Distrital\n de lo Contencioso Administrativo de Quito, dentro del juicio\n seguido por Elvia Lalama Pérez. El recurso se funda en\n las causales primera y segunda del artículo 3 de la Ley\n de Casación y aduce que en la sentencia recurrida existe\n aplicación indebida de los artículos 52 de la Ley\n de Modernización del Estado y 78 del reglamento de la\n referida ley. Radicada la competencia de esta Sala para conocer\n y resolver el presente recurso y habiéndose agotado el\n trámite previsto en la ley, para sentencia se considera:\n PRIMERO. - Del análisis de la sentencia aparece que el\n recurrente interpuso recurso de plena jurisdicción o subjetivo\n impugnando la resolución del Director General del Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante la cual se le negaba\n la compensación que establece el artículo 52 de\n la Ley de Modernización del Estado, la que a su criterio\n tenía derecho a recibirla por haber presentado su renuncia\n voluntaria. - En tanto que la institución demandada sostiene\n que lo que ocurrió es que el organismo en ejercicio de\n su autonomía, aprobó un estimulo económico\n a favor de quienes presentaron su renuncia para jubilarse, por\n lo que comunico de este hecho a todos los funcionarios que podían\n beneficiarse con el mismo, para que de creerlo conveniente, presentaran\n su renuncia en el correspondiente formulario, en el que debían\n señalar que lo hacían para acogerse al beneficio\n de la jubilación, sin que, por otra parte la institución\n en ningún momento haya aplicado el plan que conforme al\n artículo 52 debía establecer cada entidad y organismo\n para la separación voluntaria de sus miembros. SEGUNDO.\n -Conforme consta de autos, el Consejo Superior del IESS aprobó\n conceder a los funcionarios que se separen de la institución\n para acceder a la jubilación, un estímulo (bono),\n de diez millones de sucres adicionales a los derechos establecidos\n en el contrato colectivo de la entidad y totalmente independientes\n de aquél. Por otra parte, a la fecha de la renuncia del\n demandante, regia el Reglamento a la Ley de Modernización,\n publicada en el Registro Oficial N0 411 de 31 de marzo de 1994,\n cuyo Art. 78 imponía a todas las entidades del sector\n público, de manera obligatoria, la aprobación de\n un plan de reducción de personal por separación\n voluntaria. En efecto, dicha norma dispone: "Art. 78. -\n Para efectos de la compensación por separación\n voluntaria, cada entidad u organismo en el plazo máximo\n de sesenta días contados a partir de la fecha de expedición\n del presente reglamento establecerá, conforme lo dispone\n el artículo 52 de la Ley de Modernización, un plan\n de reducción de personal por separación voluntaria.\n El servidor, trabajador o funcionario público que desee\n separarse, presentará por escrito la correspondiente solicitud\n a la autoridad nominadora quien conocerá y calificará\n la misma en consideración al requerimiento institucional.\n De ser aceptada dispondrá su trámite a las unidades\n financiera y de recursos humanos, las cuales en forma inmediata\n cumplirán la disposición - De donde se concluye\n claramente que no era entonces facultativo para el IESS la aprobación\n de un plan de reducción de personal por separación\n voluntaria, sino un imperativo legal, cuyo incumplimiento de\n ninguna manera podía afectar los derechos de los administrados,\n para el caso de sus servidores, tanto más que significa\n para éstos la privación arbitraria de una posibilidad\n legal de recibir la cantidad señalada por ley. En consecuencia,\n es evidente que dentro de este marco jurídico, la aprobación\n del estímulo de diez millones de sucres para quienes se\n retiren presentando la renuncia para acogerse al beneficio de\n la jubilación constituía un sistema paralelo al\n legal, que era un claro subterfugio mediante el cual se pretendía\n lograr la reducción de personal evitando realizar el pago\n de la cantidad mayor que establecía el artículo\n 52 de la Ley de Modernización, lo cual constituía\n un ilegal perjuicio para los funcionarios que se acogían\n a él, tanto más que al igual que lo señalado\n en el programa de reducción de personal, se mantenía\n las características esenciales de éste, pues, había\n la invitación a renunciar y luego de la presentación\n de la renuncia el correspondiente acto administrativo mediante\n el cual se aceptaba la renuncia y se ordenaba la licitación\n de haberes, tal y conforme lo estatuía el artículo\n 78 del reglamento antes transcrito: todo lo cual llevaba a propiciar\n una intencional equivocación por parte del funcionario\n renunciante. Admitir la posibilidad de que esta fórmula\n paralela tenga efectos legales y que desplace a los señalados\n en la Ley de Modernización del Estado, seria admitir la\n legitimación de una acción administrativa paralela\n a la legalmente establecida, que es la única que goza\n de autonomía y eficacia, lo que constituiría una\n aberración jurídica en derecho administrativo.\n TERCERO. - Como consecuencia de todo lo expuesto, es evidente\n que ante la solicitud presentada por el actor, el Director General\n del IESS debió disponer que se pague a éste la\n diferencia, que resulta de restar, de la compensación\n que debía recibir en aplicación del artículo\n 52 de la Ley de Modernización por renuncia voluntaria,\n la cantidad de diez millones de sucres que ya recibió\n en aplicación de la resolución paralela adoptada\n por el Consejo Superior del IESS, de donde se concluye que su\n negativa a pagar cantidad alguna por este concepto fue ilegal.\n Sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE\n LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso\n de casación interpuesto por el Dr. Luis Enrique Plaza\n Vélez, por los derechos que representa, y se confirma\n en todas sus partes la decisión de la Primera Sala del\n Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito. En aplicación\n de lo que dispone el artículo 17, reformado, de la Ley\n de Casación, por los perjuicios estimados en la demora\n en la ejecución de la sentencia causados al actor de la\n presente causa, se dispone la entrega de la caución al\n accionante. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, Marcelo Icaza Ponce, Jaime\n Pazmiño Ochoa, Ministro Juez y Conjueces permanentes de\n la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.
f.) El Secretario encargado.
Quito, 13 de junio del 2001: las 09h25.
VISTOS: (413 - 2000) El Dr. Aníbal Barona Rosales,\n legalmente autorizado por el Director General del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social, solicito aclaración de la sentencia\n dictada por esta Sala el 6 de abril del 2001, notificada a las\n partes el 9 de los mismos mes y año. Para decidir lo procedente\n la Sala considera: El Art. 285 del Código de Procedimiento\n Civil puntualiza: "El Juez que dictó sentencia no\n puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso:\n pero podrá aclararla o ampliarla si alguna de las partes\n lo solicitare dentro de tres días"; mientras el Art.\n 286 del mismo cuerpo legal dice: "La aclaración tendrá\n lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación cuando\n no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o\n se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas.".\n En el presente caso, no existe obscuridad alguna en la sentencia.\n Consiguientemente, como la aclaración procede 'cuando\n la sentencia ha sido redactada en términos ininteligibles\n o de difícil comprensión, defectos de los que no\n adolece el fallo de la referencia, niégase tal petición,\n previniéndose a la defensa de la institución demandada\n que se aplicarán las sanciones de rigor, de continuar\n en el propósito de retardar la ejecución de la\n sentencia. Notifíquese.
VISTOS: (138 - 2000) El Dr. Pedro Barreiro Chancay, Director\n Nacional del Seguro Social Campesino, encargado de la Dirección\n Nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, interpone\n recurso de casación contra la sentencia dictada el 20\n de marzo del 2000 por la Primera Sala del Tribunal Distrital\n de lo Contencioso Administrativo de Quito, dentro del juicio\n seguido por Gilberto Efraín Carrillo Coca. El recurso\n se funda en la causal primera del artículo 3 de la Ley\n de Casación y aduce que en la sentencia recurrida existe\n aplicación indebida de los artículos 52 de la Ley\n de Modernización del Estado y 78 del reglamento de la\n referida ley. Radica la competencia de esta Sala para conocer\n y resolver el presente recurso y habiéndose agotado el\n trámite previsto en la ley, para sentencia se considera:\n PRIMERO. -Del análisis de la sentencia aparece que el\n recurrente interpuso recurso de plena jurisdicción o subjetivo\n impugnado la resolución del Director General del Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante la cual se le negaba\n la compensación que establece el artículo 52 de\n la Ley de Modernización del Estado, la que a su criterio\n tenía derecho a recibirla por haber presentado su renuncia\n voluntaria. - En tanto que la institución demandada sostiene\n que lo que ocurrió es que el organismo en ejercicio de\n su autonomía, aprobó un estímulo económico\n a favor de quienes presentaron su renuncia para jubilarse, por\n lo que comunicó de este hecho a todos los funcionarios\n que podían beneficiarse con el mismo, para que de creerlo\n conveniente, presentaran su renuncia en el correspondiente formulario,\n en el que debían señalar que lo hacían para\n acogerse al beneficio de la jubilación, sin que, por otra\n parte la institución en ningún momento haya aplicado\n el plan que conforme el artículo 52 debía establecer\n cada entidad y organismo para la separación voluntaria\n de sus miembros. SEGUNDO. - Conforme consta de autos, el Consejo\n Superior del IESS aprobó conceder a los funcionarios que\n se separen de la institución para acceder a la jubilación,\n un estímulo (bono), de diez millones de sucres adicionales\n a los derechos establecidos en el contrato colectivo de la entidad\n y totalmente independientes de aquél. Por otra parte,\n a la fecha de la renuncia del demandante, regia el Reglamento\n a la Ley de Modernización, publicada en el Registro Oficial\n N0 411 de 31 de marzo de 1994, cuyo Art. 78 imponía a\n todas las entidades del sector público, de manera obligatoria,\n la aprobación de, un plan de reducción de personal\n por separación voluntaria. En efecto, dicha norma dispone:\n "Art. 78. - Para efectos de la compensación por separación\n voluntaria, cada entidad u organismo en el plazo máximo\n de sesenta días contados a partir de la fecha de expedición\n del presente reglamento establecerá, conforme lo dispone\n el artículo 52 de la Ley de Modernización, un plan\n de reducción de personal por separación voluntaria.\n El servidor, trabajador o funcionario público que desee\n separarse, presentará por escrito la correspondiente solicitud\n a la autoridad nominadora quien conocerá y calificará\n la misma en consideración al requerimiento institucional.\n De ser aceptada dispondrá su trámite a las unidades\n financiera y de recursos humanos, las cuales' en forma inmediata\n cumplirán la disposición...". De donde se\n concluye claramente que no era entonces facultativo para el IESS\n la aprobación de un plan de reducción de personal\n por separación voluntaria, sino un imperativo legal, cuyo\n incumplimient

References: artículo 86
 artículo 69
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
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 artículo 78
 artículo 52
 artículo 17
 artículo 3
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 artículo 17
 artículo 3
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