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Timestamp: 2018-09-21 04:48:12+00:00

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﻿ Sentencia T-359 de mayo 5 de 2011
SENTENCIA T-359 DE 05 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y A LA TRANQUILIDAD, EN PRINCIPIO, DEBEN SER PROTEGIDOS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y POLICIALES QUE SON LAS ENCARGADAS DE EJERCER CONTROLES FRENTE A LAS PERTURBACIONES DE TERCEROS. MAYOR RESPONSABILIDAD LES ASISTE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE CONTROLAR EL ORDEN PÚBLICO, CUANDO ESTE SE ALTERA CON OCASIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN DONDE SE EXPENDA LICOR, EN LA MEDIDA EN QUE ESTOS SE ENCUENTRAN SOMETIDOS A UNOS REQUISITOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DERECHO A LA INTIMIDAD, DERECHO A LA SALUD
Sentencia T-359 de mayo 5 de 2011
Ref.: Expediente T-2.815.439
Demandados: Alcaldía Municipal de Montería, Elkin Eduardo Aristizábal Tovar, Ada del Carmen Álvarez Bedoya, Jairo Londoño Ortiz y Vicente Romero
Bogotá, D.C., cinco de mayo dos mil once.
En la revisión del fallo dictado por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Montería, el 10 de junio de 2010, que confirmó el proferido por el Juzgado 3º Penal Municipal de Montería, el 16 de febrero de 2010, dentro de la acción de amparo constitucional instaurada por Arminda Susana Mestra de Ruiz, Gilberto Ruiz Rodríguez, Teresa de Jesús Martínez Villalba, María Yuly Sánchez y Onei Izquierdo Martínez.
La actuación inicialmente adelantada por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Montería Córdoba, y que culminó con sentencia de 29 de diciembre de 2009, fue anulada por el Juzgado 1º Penal del Circuito, el 2 de febrero de 2010, debido a que el a quo no había vinculado a los propietarios de los estaderos Sol Caribe 1 y Sol Caribe 2, quienes podían tener un interés directo en la decisión.
El municipio de Montería, a través de la Secretaría de la Salud y Seguridad Social, realizó visitas al Servicentro Sol Caribe, el 17 de febrero, 4 de abril y el 5 de mayo de 2006 con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 232 de 1995. Así mismo, efectuó mediciones de presión sonora los días 3, 9 y 25 de junio de 2006, sin precisar la hora en la que se efectuaron. Como resultado de esa actividad se manifestó que todas las mediciones realizadas reportaban emisiones de presión sonora por debajo de los niveles máximos permitidos para zonas comerciales. El 2 de julio de 2010 realizó una visita al establecimiento Salón Dubay, de propiedad del Señor William José Romero(1).
6. Respuestas de la autoridad accionada y de los terceros vinculados.
6.1. Alcaldía de Montería.
Promedio ponderado LEQ 1 lectura (dentro del establecimiento) 62.1 db
Promedio ponderado LEQ 2 lectura (frente establecimiento) 60.4 db
Promedio ponderado LEQ 3 lectura (costado derecho establecimiento) 56.4 db
Promedio ponderado LEQ 4 lectura (costado izquierdo establecimiento) 59.3 db
Promedio ponderado LEQ 1 lectura (frente establecimiento) 56.4 db
Promedio ponderado LEQ 2 lectura (costado derecho establecimiento) 53.4 db
Promedio ponderado LEQ 3 lectura (costado izquierdo establecimiento) 52.7 db
Promedio ponderado LEQ 1 lectura (dentro del establecimiento) 41.5 db
Promedio ponderado LEQ 2 lectura (frente establecimiento) 43.2 db
Promedio ponderado LEQ 3 lectura (costado derecho establecimiento) 40.4 db
Promedio ponderado LEQ 4 lectura (costado izquierdo establecimiento) 44.6 db
Según el artículo 17 de la Resolución 8321 de 1983(2) los valores sonoros diurnos y nocturnos permitidos para las zonas receptoras corresponden a:
Zona residencial 65 db 45 db
Zona industrial 75 db 75 db
Zona de tranquilidad 45 db 45 db
Posterior al fallo de segunda instancia, el Secretario de Gobierno Municipal de Montería, le comunicó al Juez Segundo Penal del Circuito, que el 2 de julio de 2010, efectuaron una visita al establecimiento de comercio denominado Salón Dubay, de propiedad del señor William José Romero, ubicado en la carrera 13 Nº 22 A -17, de esa ciudad, el cual tenía actualizada la documentación y tenía los decibeles bajos. Así mismo, manifestaron que oficiaron al Comandante de la Estación de Policía de Montería para que realice visitas de verificación al citado establecimiento.
• Certificado de la matrícula mercantil de Servicentro Sol Caribe, ubicado en la Calle 13 Nº. 8D - 85(3).
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Armida Susana Mestra de Ruiz, en la que consta que nació el 22 de julio de 1936(4).
• Partida de bautismo y cédula de ciudadanía a nombre de Gilberto Ramón Rodríguez, en los que se indica que nació el 9 de septiembre de 1930(5).
• Copia autenticada del registro civil de nacimiento y fotocopia de la cédula de ciudadanía de Teresa de Jesús Martínez Villalba, en los que se indica que nació el 6 de diciembre de 1938(6).
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Onei Izquierdo Martínez, en la que consta que nació el 07 de septiembre de 1964(7).
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de María Yuly Ruiz Sánchez, en la que consta que nació el 17 de noviembre de 1961(8).
• Solicitud dirigida al Secretario de Gobierno de Montería, del 8 de febrero de 2006, en la cual le solicitan su intervención para controlar el volumen de los establecimientos comerciales, la cafetería Sol Caribe, estancos y cantinas del sector, firmada por 27 residentes del sector(9).
• Disco Compacto que contiene un reportaje del Canal de Montería, en la sección que pasa en tu barrio, informando que los estaderos El Sol Caribe 1 y 2, hoy Salón de Juegos Dubay, perturban la tranquilidad los residentes ubicados a su alrededor(10).
• Constancia médica a nombre de la señora María Y. Ruiz S, del 26 de noviembre de 2009, en la que le diagnostican migraña crónica. Le prescribieron como tratamiento guardar reposo y evitar la exposición al calor y a sonidos fuertes(11).
• Examen de Audiometría Tonal del 05-06-07, a nombre de Gilberto Ramón Ruiz Rodríguez, el diagnóstico fue hipoacusia sensorial leve-moderada bilateral(12).
• Declaraciones extra proceso rendidas por Germán Benjamín González Arizmendis, Katia Tamara Martínez, Ana Mariela Agamez Jiménez ante el Notario Segundo del Circuito de Montería, en la que indican que desde el 31 de enero de 2006, se abrieron los establecimientos de comercio Sol Caribe 1 y 2 destinados, entre otros, a la venta de licor, utilizando la música en volumen muy alto, donde los clientes embriagados generan escándalos en la vía pública y golpean de manera muy fuerte las fichas de dominó sobre la mesa, situación que constantemente denuncian a la Policía, la que ha manifestado que la misma se le sale de las manos debido a que cuentan con los respectivos permisos y una vez se van del lugar, los propietarios vuelven a subir el volumen de la música. Por esas circunstancias, todos los residentes de las casas vecinas, entre ellos personas de la tercera edad y enfermos, no duermen ni de día ni de noche, no pueden disfrutar de los programas de televisión y para comunicarse entre sus familiares tienen que gritar. Las diligencias se llevaron a cabo el 11 de diciembre de 2009(13).
• Fotocopia del fallo de tutela del 3 de enero de 2008, expedido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Planeta Rica, en el que tutelaron los derechos a la intimidad personal y familiar, a la paz y a la tranquilidad, de unas personas afectadas por el funcionamiento de unos establecimientos comerciales de venta de licor que producían mucho ruido, ordenó a los propietarios de los establecimientos aislar el ruido. A las autoridades competentes les indicó que debían regular de manera estricta el funcionamiento de los establecimientos demandados(14).
• Plano de sectores normativos del municipio de Montería(15).
• Oficio SGOB-0581-2010, del 21 de julio de 2010, suscrito por el Secretario de Gobierno Municipal de Montería, por medio del cual le comunican al Juez Segundo Penal del Circuito, que el 2 de julio de 2010, efectuaron una visita al establecimiento de comercio denominado Salón Dubay, de propiedad del señor William José Romero, ubicado en la carrera 13 Nº 22 A -17, de esa ciudad, el cual tenía actualizada la documentación y ponían música con decibeles bajos. Así mismo, manifestaron que oficiaron al Comandante de la Estación de Policía de Montería para que realice visitas de verificación al citado establecimiento(16).
“Es evidente que el ser humano tiende a la tranquilidad en su vida. Se trata de una tendencia inherente al ser personal, y por ello constituye un bien jurídicamente protegido como fundamental, ya que la dignidad humana conlleva la natural inviolabilidad del sosiego necesario para vivir adecuadamente, y es así cómo la tranquilidad es uno de los derechos inherentes a la persona humana a que se refiere el artículo 94 superior (Cfr. Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-028 del 31 de enero de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
Como derecho inherente a la persona, el derecho a la tranquilidad debe ser protegido por el Estado de tal forma que permita un ambiente propicio para la convivencia humana(17), de manera que los individuos puedan realizar sus actividades en un ambiente sano y exento de cualquier molestia que tienda a vulnerar la paz y el sosiego”.
Indicó que para la fecha de la expedición de la sentencia los estaderos Sol Caribe 1 y 2, cambiaron de razón social denominándose Salón de Juegos Dubay, no obstante a éste le compete asumir la decisión que se adopte.
Puso de presente que se debe llevar a cabo un debido proceso para ordenar el cierre de un establecimiento comercial que emita ruido sobrepasando los decibeles de sonido, es decir, que previamente, la autoridad municipal en cabeza del alcalde o por delegación en el Comandante de la Estación de Policía, determine el hecho generador de ruido y luego, de conformidad con lo previsto en los artículos 2º y 4º de la Ley 232 de 1995, puede ordenar incluso el cierre del establecimiento comercial. De tal suerte que, como consecuencia de un trámite policivo, sujeto al debido proceso, se puede ordenar el cierre del establecimiento que cuente con licencia de funcionamiento.
Considerando que los accionantes informaron que no se tomaron los correctivos del caso por parte de la Alcaldía Municipal de Montería, mientras que esta última sostiene que sí lo hizo, ofició al competente de la Policía Nacional, para que realizara los correspondientes controles.
La Alcaldía Municipal de Montería en su condición de autoridad pública como entidad encargada de la vigilancia, control y desarrollo de los establecimientos de comercio, está legitimada como parte pasiva en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5º del Decreto 2591 de 1991, debido a que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.
Elkin Eduardo Aristizábal Tovar, Ada del Carmen Álvarez Bedoya, Jairo Londoño Ortiz y Vicente Romero, son personas que con su actividad afectan grave y directamente el interés colectivo y de panera particular a los accionantes quienes se encuentran en estado de indefensión a partir de la falta de respuesta adecuada de las autoridades municipales ante el irrespeto a su descanso, por lo tanto, de conformidad con los artículos 5º y el numeral 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, están legitimadas como parte pasiva en el presente proceso de tutela.
4. El derecho a la intimidad y a la tranquilidad.
El artículo 15 de la Constitución Política establece el derecho a la intimidad personal y familiar, que hace referencia a las garantías de inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Este derecho también se encuentra en los tratados internacionales ratificados por Colombia (C.P., art. 93), tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que comprende el derecho a la intimidad, que establece: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. El domicilio es el lugar, el espacio físicamente determinado donde se desarrolla la vida privada y familiar. Las personas tienen derecho al respeto de su domicilio considerado como un espacio físico y como el derecho a su disfrute con absoluta tranquilidad, libre de ataques materiales, e inmateriales como los ruidos, los olores, las emisiones y otras injerencias.
Acerca del contenido de los derechos a la intimidad y a la tranquilidad, la jurisprudencia de esta Corporación(18) ha interpretado que el Estado debe garantizar a los individuos el goce y el disfrute de su espacio, el ejercicio autónomo de su personalidad, sin intromisiones de terceros arbitrarias o inoportunas. En la Sentencia T-210 de 1994(19), se señaló que: “El derecho a no ser molestado que, a su vez, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar, incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática”.
El tema del derecho a la tranquilidad ha sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de esta corporación(20), así, en Sentencia T-112 de 1994(21), la Corte sostuvo que:
A través del amparo constitucional se ha protegido a los ciudadanos que han sido víctimas de la contaminación auditiva. En la sentencias T-460 de 1996(22), se tuteló el derecho a la salud, a la tranquilidad y a la vida, de la actora y ordenó al demandado que realizara su actividad económica, sin traspasar los niveles de contaminación ambiental y auditiva permitida, entre los argumentos de la sentencia está que: “la acción de tutela es un mecanismo eficaz de protección de los derechos a la vida y a la salud de personas que se encuentran en estado de indefensión frente a particulares que contaminan auditivamente el medio ambiente, produciendo disminución en la calidad de vida de los vecinos(23)”.
Los derechos a la intimidad y a la tranquilidad, en principio, deben ser protegidos por las autoridades administrativas y policiales que son las encargadas de ejercer controles frente a las perturbaciones de terceros. En este sentido la Sentencia SU-476 de 1997, indicó que la prevención de comportamientos por parte de particulares que alteren el orden público es competencia de la administración pública: “El mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y la moralidad públicas, exige de las autoridades administrativas —poder de policía administrativo—, la adopción de medidas tendientes a la prevención de comportamientos particulares que perturben o alteren estas condiciones mínimas de orden público que impidan a los miembros de la sociedad o de una comunidad en particular, disfrutar de sus derechos sin causa legal que lo justifique”. Ahora bien, mayor responsabilidad les asiste a las autoridades competentes de controlar el orden público, cuando este se altera con ocasión del funcionamiento de un establecimiento de comercio en donde se expenda licor, en la medida en que estos se encuentran sometidos al cumplimiento de unos requisitos para su funcionamiento.
Como quiera que el conflicto social que surge con ocasión del ruido, puede afectar la convivencia pacífica de la sociedad, propiciando la solicitud del amparo constitucional, esta corporación en la Sentencia T-589 de 1998(24), estudió una acción de tutela en la cual la actora manifestaba que, al lado de su residencia, fue instalada una fábrica de herrajes, cuya maquinaria ocasionaba altos niveles de ruido, oportunidad en la que esta corporación indicó:
“…las molestias causadas por ruidos u olores no tienen, prima facie, relevancia constitucional, salvo que tales molestias adquieran una magnitud de tal entidad que lleguen a constituir una injerencia arbitraria sobre el derecho a la intimidad (C.P., art. 15) de las personas que deben soportar tales olores o ruidos. Si se llega a comprobar la anotada magnitud y, además, se cumplen los restantes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la cuestión adquiere entidad constitucional y, el anotado mecanismo procesal, se convierte en el instrumento adecuado para lograr el cese de las emanaciones auditivas u olfativas que violan el derecho fundamental a la intimidad”.
El derecho a la intimidad personal y familiar fue protegida en la Sentencia T-210 de 1994(25), en la que se indicó:
“…Si bien la perturbación por ruido tiene relación estrecha con el derecho ambiental, el grado en que esa perturbación se produce y la omisión de la autoridad pública en controlar las situaciones de abuso mediante los instrumentos legales que regulan el ejercicio de los derechos y libertades para posibilitar la convivencia pacífica, son factores que pueden propiciar la vulneración de otros derechos fundamentales que protegen a la persona contra hechos molestos, en particular el derecho a la intimidad personal y familiar”.
Recientemente, en la Sentencia T-525 de 2008(26), esta corporación estudió un proceso en el cual la actora alegaba la violación de sus derechos a la intimidad y tranquilidad por parte de una iglesia cristiana, con ocasión del ruido excesivo generado por la celebración de los ritos religiosos. En esa oportunidad se señaló que:
“De allí que aunque el ruido sea reconocido como un agente contaminante del medio ambiente(27), una perturbación sonora a niveles que afecten a las personas, ante la omisión de las autoridades de controlar las situaciones de abuso, es una interferencia que afecta el derecho a la intimidad personal y familiar y puede en consecuencia, ser sometida a protección constitucional(28).
Por otra parte, en lo concerniente al derecho a la tranquilidad, si bien la Carta no lo ha reconocido expresamente como un derecho de carácter fundamental, jurisprudencialmente en virtud de la interpretación sistemática de los artículos 1º, 2º, 11, 15, 16, 22, 28, 95-6 y 189-4 de la Constitución Política(29), ha sido concebido como un derecho inherente a la persona humana (C.P., art. 94), dada su relación estrecha con el derecho a la vida, a la intimidad(30) y a la dignidad. En efecto, como lo ha examinado la jurisprudencia constitucional, la conservación de la tranquilidad dentro del orden constitucional debe considerarse un derecho de los ciudadanos, que se desprende del Preámbulo de la Carta Política al referirse a la vida, a la convivencia pacífica y a la paz, las cuales constituyen el sustento de la tranquilidad, como garantes de un orden justo(31)”.
En el ámbito internacional, al cual se alude por el alto interés que a nivel de doctrina suscita, también existen pronunciamientos(32), acerca del derecho a la protección de los individuos al respeto de su domicilio, vida privada y familiar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 16 de noviembre de 2004, dictó la sentencia Moreno Gómez contra España, declarando aplicable el artículo 8º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En ese debate la demandante alegó que el Ayuntamiento de Valencia España, había sido negligente al controlar los niveles de perturbación sonora permitidos por el Bando, y producidos por los bares, pubs y discotecas que fueron autorizadas para su funcionamiento. Afirmó que tal actitud de la administración vulneró el artículo 8º del referido convenio, que reza lo siguiente:
El Tribunal Europeo consideró que el asunto se trataba de una inactividad de las autoridades para hacer cesar los ataques causados por terceras personas al derecho invocado por la demandante. Habida cuenta de la intensidad de las molestias sonoras, fuera de los niveles autorizados durante las horas nocturnas y que tales molestias se repitieron durante varios años, concluyendo el tribunal la existencia de una vulneración de los derechos protegidos por el artículo 8º del convenio, incumpliendo su obligación positiva de garantizar el derecho de la demandante al respeto de su domicilio y de su vida privada.
Respecto a otros medios de defensa que pudieran prosperar, para amparar el derecho a la intimidad y a la tranquilidad como son las acciones populares y de grupo, reglamentadas por la Ley 472 de 1998, las cuales son un medio procesal para la protección de derechos e intereses colectivos, éstas no proceden cuando se verifica la violación del derecho fundamental a la intimidad; incluso cuando la tutela se promueve por un grupo de personas determinadas dado que finalmente persiguen el amparo de cada uno de los individuos afectados(33).
De esta manera lo ha interpretado esta Corte, entre otras en la Sentencia T-589 de 1998(34), al verificar en ese caso la existencia de otro medio de defensa judicial:
“la violación del derecho fundamental a la intimidad, de carácter eminentemente individual, cuya protección y restablecimiento oportuno no podrían emprenderse a través de una acción cuyo objeto esencial radica en la protección de derechos e intereses colectivos y cuyo trámite —según se desprende de lo dispuesto en los artículos 17 a 45 de la Ley 472 de 1998—, es mucho más dilatado y dispendioso que el de la acción de tutela.
En cuanto a las acciones de grupo, estas quedarían descartadas en el presente caso, toda vez que el artículo 3º de la Ley 472 de 1998 establece que tales acciones son aquellas ‘interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas’. De igual forma, las acciones de grupo "se ejercerán exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”.
De esta manera en lo que respecta a los establecimientos de comercio para su funcionamiento requieren el cumplimiento de unos requisitos, entre ellos, los que señala la Ley 232 de 1995(35), correspondiéndole la verificación a la administración municipal.
La citada norma, en su artículo 2º, indica que para el funcionamiento de los establecimientos de comercio es obligatorio reunir, entre otros, los siguientes requisitos: “a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio, b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9a de 1979(36)…”, los cuales en cualquier tiempo podrán ser verificados por la autoridad competente.
Así mismo, la administración municipal es competente para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y la emisión de ruido que producen, entre otros, los establecimientos públicos. La protección, conservación y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruido se encuentra reglamentada mediante la Resolución 8321 de 1983(37), que establece los niveles sonoros permitidos durante el día y la noche en zonas residenciales, comerciales, industriales y de tranquilidad(38):
El citado acto administrativo, establece en el parágrafo 3º, del artículo 17 que cuando un predio originador de presión sonora es identificado y el ruido afecte a más de una zona, se aplicará el nivel de sonido de la zona receptora más restrictiva, lo cual lleva a concluir que cuando un establecimiento de comercio utiliza una fuente sonora que afecte a una zona residencial, los niveles de presión sonora permitidos para la emisión de ruido se sujetarán a la permitida para la zona residencial. Dicha resolución también contempla la forma como se debe efectuar la medición del ruido y señala las normas que reglamentan la imposición de multas cuando se desconoce lo que allí se reglamenta.
En decir que para el caso bajo estudio, la responsabilidad de la administración municipal en cumplimiento del ordenamiento jurídico y la preservación del orden público consiste en adoptar medidas preventivas y sancionatorias frente a quienes no cumplan los requisitos legales para el funcionamiento de establecimientos de comercio de licor, entre los que se encuentra el señalado el literal a, del artículo 2º, de la Ley 232 de 1995, que hace referencia al cumplimiento de las normas referentes a la intensidad auditiva permitida. Por ello cuando no se cumple lo allí señalado, el agente emisor estaría sujeto a la imposición de las sanciones descritas, por parte de la autoridad competente, entre las cuales está el cierre del establecimiento, previo cumplimiento del debido proceso administrativo señalado.
Vale la pena resaltar que esta corporación en la Sentencia C-1008 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, declaró exequibles los numerales 1º y 2º del artículo 4º de la Ley 232 de 1995. En esa oportunidad especificó que las funciones sancionatorias que se indican en la Ley 232 de 1995, hacen referencia a una facultad de la administración denominada función de policía que “significa entonces, el cumplimiento de la ley por medio de actos administrativos que concreten las decisiones tomadas por el poder de policía, mientras que las actividades de policía, se orientan al cumplimiento de acciones materiales directas, siempre en atención al principio de legalidad y al uso proporcional de la fuerza”.
4.2. Competencia del juez de primera instancia para hacer cumplir las órdenes de protección contenidas en una sentencia de tutela.
Con el propósito que la acción de tutela sea eficiente y eficaz, de conformidad con el decreto reglamentario, en primer lugar, mantiene la competencia al juez de primera instancia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza, en segundo lugar, impone consecuencias jurídicas al accionado que: (i) desconoce los derechos fundamentales del ciudadano que reclamó su protección, (ii) incurre en obstrucción a la administración de justicia y, (iii) desacata a la autoridad y el poder del Estado representado en el juez(39).
Es decir que los fallos de los jueces no puede[n] quedarse tan sólo en el plano teórico o conceptual sino que es imperativo que se materialice, que se haga efectiva porque de lo contrario el orden constitucional continúa quebrantado y perderían sentido las normas de la Carta que reconocen y protegen los derechos de estirpe fundamental(40).
Si bien la tutela se concedió en primera y en segunda instancia, respecto de los derechos a la intimidad y a la tranquilidad de los accionantes, conforme a las actuaciones adelantadas por la Corte, se deduce que las circunstancias fácticas de la solicitud de amparo, incoada el 18 de diciembre de 2009, no han variado, pues las autoridades municipales durante un periodo prolongado(41), toleró la inobservancia reiterada de la reglamentación señalada(42) y contribuyó a su incumplimiento, no obstante que era su obligación jurídica adoptar medidas razonables y adecuadas para proteger los derechos de los accionantes.
Se evidencia que el juez a quo no utilizó los mecanismos jurídicos a su alcance para lograr que el alcalde de Montería cumpliera la orden de ejercer estricto control de los decibeles de sonido producidos en el establecimientos “Salón de Juegos Dubay”, impusiera las multas a que hubiera lugar, se ordenara, si fuera el caso, suspender las actividades o el cierre definitivo(43), y tampoco se allegaron al expedientes los informes que cada 15 días debía entregar el comandante de la Estación de Policía La Granja, de conformidad con lo ordenado por el juez de segunda instancia.
Lo anterior teniendo en cuenta que en el presente caso, se logró acreditar con el material probatorio que obra en el expediente que en el Municipio de Montería en la Calle 13 Nº 8 D-85, funciona un establecimiento de comercio que inicialmente se denominó Servicentro Sol Caribe, pero que actualmente se conoce con el nombre de “Salón de Juegos Dubay”; dedicado entre otros servicios que presta, al expendio de licor. En contra de aquel, algunos ciudadanos, desde el 2006, han interpuesto quejas, ante la administración municipal y ante la policía, sustentadas en el hecho de que utilizan el altoparlante en alto volumen, además de que los clientes producen ruido tirando fuertemente las fichas de dominó sobre la mesa, lo cual genera la alteración del orden público en el sector. Circunstancias que se denunciaron públicamente a través de un canal de televisión local(44).
No cabe duda de que, ante las quejas y denuncias de los ciudadanos, la autoridad administrativa tiene la obligación de resolverlas de manera efectiva y sin dilaciones injustificadas, teniendo en cuenta que las funciones de policía(45), se encuentran reglamentadas, sin que, en principio, se requiera la intervención de los jueces constitucionales.
Ciertamente, la no solución efectiva de las quejas elevadas ante los competentes, se considera como una manifestación de ineficacia de las autoridades públicas por no cumplir sus deberes constitucionales y legales; por consiguiente las personas quedan desprovistas de protección. Bajo estas circunstancias, ante el inoperante mecanismo policivo o judicial, se abre paso a la posibilidad de incoar la protección por la vía constitucional.
En este caso a la Alcaldía de Montería, si bien le asiste el deber de fomentar la actividad económica, dentro del orden jurídico, de manera efectiva no adopta medidas tendientes a evitar la afectación de derechos de terceros, lo que comúnmente ocurre en lugares donde se vende licor, respecto de los cuales, las restricciones son consideradas adecuadas y necesarias para permitir la coexistencia armónica de los intereses que pueden entrar en conflicto. En efecto, el municipio no implementó acciones administrativas policiales que permitan verificar permanentemente el cumplimiento de los niveles máximos permisibles para la emisión de ruido(46), en el sector de la ciudad, donde está ubicado el establecimiento en cuestión, limitándose, las más de las veces, cuando se presentaron quejas, a verificar que su documentación esté en regla.
El encargado de garantizar esa pacífica convivencia de los habitantes del municipio es el alcalde, quien, como primera autoridad de policía municipal(47), debe velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, apoyándose en los inspectores y demás autoridades de policía.
En conclusión, a juicio de esta Corte, la perturbación del orden público, la tranquilidad y el derecho a la intimidad causada por los ruidos y la alteración del orden público atribuible al establecimiento de comercio “Salón de Juegos” Dubay, ubicado en la calle 13 Nº 8 D - 85, especialmente todos los fines de semana, constituyen injerencias arbitrarias sobre el derecho a la intimidad y a la tranquilidad de los accionantes. Ante lo cual cabe exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales y legales que se imponen a la Policía Nacional y al Alcalde como primera autoridad de policía del municipio, lo que implica la adopción de medidas preventivas, represivas, y sancionatorias.
1. CONFIRMAR la sentencia del 10 de junio de 2010, proferida por el Juzgado 2° Penal del Circuito de Montería, que a su vez confirmó la proferida por el Juzgado 3 Penal Municipal de dicha ciudad en cuanto que amparó los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar de Arminda Susana Mestra de Ruiz, Gilberto Ruiz Rodríguez, Teresa de Jesús Martínez Villalba, María Yuly Sánchez y Onei Izquierdo Martínez.
2. ADICIONAR dicha decisión ordenando al Alcalde de Montería que coordine las acciones que permitan regularmente la medición de los decibeles en las viviendas de los accionantes, hasta que se tomen las medidas que se requieran para cesar definitivamente la perturbación por ruido.
3. ORDENAR que la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo Seccional Córdoba, dentro del ámbito propio de sus competencias, vigilen el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la misma y deberán reunirse con las partes involucradas para acordar la forma en que se hará el seguimiento de la presente sentencia.
4. ORDENAR a Elkin Eduardo Aristizábal Tovar y Ada del Carmen Álvarez Bedoya en calidad de propietarios y el arrendatario o tenedor de establecimiento Salón de juegos Dubay, ubicado en la calle 13 No. 8 D – 85, de la Ciudad de Montería, que se abstengan de ocasionar injerencias arbitrarias por ruido que vulneren los derechos fundamentales de los accionantes y de sus familias, de conformidad con los fundamentos de la presente providencia.
(1) Esta dirección no corresponde a la referenciada por los accionantes y las pruebas que obran en el expediente.
(2) Expedida por el Ministerio de la Protección Social.
(3) Ver folio 12 del cuaderno principal.
(4) Ver folio 13 del cuaderno principal.
(5)Ver folios 14 y 15 del cuaderno principal.
(6) Ver folios 16 y 17 del cuaderno principal.
(8) Ver folio 19 del cuaderno principal.
(9)Ver folios 20 al 21 del cuaderno principal.
(11) Ver folio 27 del cuaderno principal.
(12) Ver folio 28 del cuaderno principal.
(13) Ver folios 30 al 35 del cuaderno principal.
(14) Ver folios 36 al 55 del cuaderno principal.
(15) Visible a folio 65 del cuaderno principal.
(16) Ver Folios 30 al 32 del cuaderno de segunda instancia, en la cual se constata que la dirección allí señalada no corresponde con la Calle 13 No. 8 D – 85, que es la dirección que los accionantes y las demás pruebas señalan.
(17) Cfr. Artículos 83 de la Ley 99 de 1993, “Ley del medio ambiente en Colombia”, y 42 del Decreto 948 de 1995.
(18) Ver, entre otras, las Sentencias T-251 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; T-028 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-210 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-219 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-357 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-575 de 1995; T-428 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-622 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-203 de 1997; T-589 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-195 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1158 de 2005, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-525 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo y T-271 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa.
(20) Véase también la Sentencia T-1666 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(23) T- 460 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Sentencia T-025 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.
(26) M.P. Mauricio González.
(27) Sentencia T-411 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-308 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía y T-226 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz, entre otras.
(28) Incluso, aunado a ese derecho, puede ser posible la vulneración de los derechos a la salud en conexidad con vida de las personas con ocasión del ruido que supere los niveles expresamente permitidos por la legislación, probándose la relación causal entre la actividad que vulnera el medio ambiente si es del caso y la afectación de los derechos a la salud o la vida, según corresponda.
(29) Sentencias T-325 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell y SU-476 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(30) Sentencias T-231 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-1321 de 2000 .M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
(31) Sentencia T-028 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En igual sentido las sentencias T-226 de 1995 M.P. Fabio Morón Díaz, T-459 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-630 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(32) Sentencia Powel y Rainer contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 21 de febrero de 1990, Serie A, No. 172 y López Ostra contra España, del 9 de diciembre de 1994.
(33) En este sentido se pronunció esta corporación en sentencias SU-476 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T 589 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(35) “Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales.”
(36) “Por medio de la cual se dictan medidas sanitarias. Medidas de seguridad. Artículo 576. Podrán aplicarse como medidas de seguridad encaminadas a proteger la salud pública, las siguientes: a) Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial; b) La suspensión total o parcial de trabajos o de servicios. Parágrafo.Las medidas a que se refiere este artículo serán de inmediata ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. Sanciones. Artículo 577.—Teniendo en cuenta la gravedad del hecho y mediante resolución motivada, la violación de las disposiciones de esta ley, será sancionada por la entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o algunas de las siguientes sanciones: a) Amonestación; b) Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución; c) Decomiso de productos; d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo”.
(37) Expedida por el Ministerio de la Protección Social.
(38) La competencia para establecer la zonificación recae en la autoridad del municipio.
(39) En este sentido se han pronunciado las sentencias T-763 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-458 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-459 de 2003, T-053 y T-113 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(40) Sentencia T-459 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(41) Desde las quejas interpuestas en el año 2006 a 2009, año de presentación de la demanda y desde el fallo de segunda instancia en junio de 2010, hasta la fecha de esta sentencia mayo de 2011.
(42) La de órdenes constitucionales y legales enunciados, específicamente Ley 232 de 1995.
(43) Circunstancia que quedó acredita con lo informado por el abogado de la Secretaría de Gobierno.
(44) Se aportó el video en un disco compacto que reposa en el folio 22 del cuaderno principal.
(45) Entiéndase esta como la capacidad tomar decisiones a través de actos administrativos y acciones materiales directas.
(46) Establecido en el artículo 17 de la Resolución 8321 de 1983.
(47) Artículo 315, numeral 2º, de la Constitución Política.

References: artículo 17
 Resolución 
 artículo 94
 artículo 42
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 Artículo 576
 Artículo 577
 resolución 
 artículo 17
 Resolución 
 Artículo 315