Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2011/09/
Timestamp: 2018-01-18 13:52:27+00:00

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POLITICA Y DERECHO: septiembre 2011
BARCELONA: DE LA APOTEOSIS A LA SINRAZÓN
Los más importantes diarios europeos como The Guardian, Le Monde, The Times, Le Figaro, y The New York Times, en su edición del lunes pasado, destacaron en su primera plana, con fotografías, lo que se supone es el cierre de la Monumental de Barcelona y el fin de la fiesta brava en esa ciudad. ¿Por qué la prensa más importante del mundo ha reflejado en espacio privilegiado un acontecimiento de tal naturaleza? Ciertamente porque la fiesta de los toros es un espectáculo -arte- que ha traspasado las fronteras de los Pirineos. Hace unos meses, el Parlamento catalán decidió abolir la fiesta en parte por un equivocado sentimiento nacionalista catalán frente a Madrid, en parte frente a un lobby muy intenso de grupos ambientalistas y animalistas que hostilizan las corridas argumentando que el toro sufre de una violencia innecesaria en el ruedo. Esta argumentación resulta estúpida -como si al no estar de acuerdo con una religión se destruyeran las iglesias, cuando lo que convendría al oponerse es simplemente, el respeto de las costumbres, no asistir y así todo mundo viviría en paz-. Soy de la opinión, como aficionado a la fiesta por más de sesenta años y cronista taurino del diario ESTO ("Jardinero de San Mateo"), que no será, la última la corrida celebrada el domingo en el coso de Marina y Diagonal de la capital catalana. Existen varios mecanismos que pueden invalidar la decisión absurda. Uno de ellos es la próxima decisión del Tribunal Constitucional; otro es obtener 500 mil firmas que exijan la revisión del caso y la inmediata reparación del absurdo. Es verdad que en estos días acababa la temporada y que la decisión se impone hasta el 1 de enero del próximo año, y sería aplicable en la primavera del 2012, por lo que abrigamos la esperanza de que continuarán las corridas en la ciudad Condal.
Pero las dos corridas que se celebraron en la Feria de la Merced el último fin de semana fueron un espejo evidente de lo que está ocurriendo en Cataluña. Por una parte, el sábado, encartelados Julián, Manzanares y Morante de la Puebla, se dio una de las tardes más bellas de que tengamos memoria. Cada uno de los maestros, en su propio estilo hizo una faena cumbre y para la historia -prefiero la de Morante de la Puebla al sobrero-. Se cortaron nueve orejas y durante la lidia se oyeron estremecedoras voces de "libertad, libertad" y "Cataluña taurina". El domingo, triunfador en grande José Tomás y en otros términos Serafín Marín, fueron paseados en hombros con la bandera catalana. Éste último inclusive toreó con un capote decorado por la pintora María Franco y que en los vuelos se leía la palabra "libertad". Para demostrar la viva existencia de la fiesta en Barcelona, vimos un espectáculo inusitado. Los tres matadores fueron llevados en hombros hasta las puertas del hotel Diplomatic por una multitud que celebraba en apoteosis que acababa de ver en la plaza.
Hago esta alusión indispensable en México porque me he topado con la noticia de que un tránsfuga diputado panista, envuelto en las filas del PRI, se le ha ocurrido proponer que se prohíba la lidia de los toros en el estado de Coahuila, precisamente donde nació uno de los grandes toreros de México, Fermín Espinoza, "Armillita". El camino por donde debíamos marchar para evitar estas torpezas políticas -de muy diferente cuantía- que afecta la fiesta más hermosa que ha creado el hombre, sería acompañar la iniciativa que ha surgido en varios países sudamericanos y también en la Península: proponer que la fiesta brava sea declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, lo que se lograría a través del reconocimiento de los toros como un bien de interés cultural.
Señores, jóvenes: hay algo inobjetable, la fiesta de los toros es inmortal. ¿O no, Sancho, caminamos que los perros están ladrando?
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 4:55 1 comentario:
LAS ARTES DE LA POLÍTICA
Una de las artes de la política consiste en que los medios utilizados no acaben deformando los fines que se persiguen. Porque ya se sabe -o debería saberse- que los medios suelen ser incluso más importantes que los objetivos proclamados. La letanía viene al caso cuando se observa la forma en que la Cámara de Diputados está procesando el nombramiento de los tres consejeros electorales del IFE. No me refiero solamente a la exasperante e inexcusable lentitud, sino al resorte que insiste en teñir con los colores de los partidos a las figuras que están llamadas a ser organizadores y árbitros de la contienda.
Porque ¿qué sentido tiene que las distintas bancadas presenten ternas de candidatos?, y peor aún ¿qué se gana con exhibirlas públicamente? Por lo pronto, poner en la frente de cada candidato uno o más sellos partidistas. Se olvida -o de plano ya se considera irrelevante- que los consejeros deben ser y parecer imparciales, que dada la fuerza e implantación de los partidos requieren de un árbitro que se pueda colocar por encima de sus intereses, y que la historia primera del IFE en buena medida fue la de su "despartidización".
Recordemos. En 1990, el primer Consejo General tuvo una novedad: además del secretario de Gobernación, los representantes del Legislativo y de los partidos políticos, se incluyó una figura, la de los consejeros magistrados, que, por primera vez en la historia del país, no eran ni delegados de un poder público y menos de los partidos. En 1994 se fue más allá: los representantes de los partidos perdieron su derecho al voto y una nueva figura, los consejeros ciudadanos, tenía 6 de los 11 votos en el Consejo. Y en 1996 se dio una vuelta de tuerca mayor: salió del Consejo General el delegado del Presidente, el secretario de Gobernación; perdieron su derecho a voto también los representantes del Poder Legislativo, y desde entonces sólo los consejeros electorales y el consejero presidente tienen derecho a voz y voto. El trayecto fue claro y elocuente: paso a paso los propios partidos decidieron colocar en los consejeros el poder de decisión. Es decir, "despartidizaron" para generar un arbitraje que se presuponía no alineado a ninguno de ellos.
En 1994 y 1996, los representantes de los partidos y el secretario de Gobernación se reunieron en reiteradas ocasiones para discutir y acordar el nombramiento, primero, de los consejeros ciudadanos, y luego de los consejeros electorales. Chocaron, barajaron nombres, ponderaron perfiles, intercambiaron propuestas, hubo desencuentros y encuentros, pero finalmente llegaron a un acuerdo sostenido por el conjunto, porque a todos, en principio, les parecía bien. Y entonces, el secretario de Gobernación, a nombre de todos ellos hizo la invitación a los que serían los consejeros. Las artes de la política funcionaron porque el acuerdo fue inclusivo -todos los partidos lo suscribieron- y porque ninguno de los nombrados debía su designación a uno solo de los partidos. (Por supuesto que los elegidos luego supieron -supimos- quién los había propuesto, pero la invitación a ocupar el cargo fue a nombre del conjunto).
En 2003 las artes de la política fueron insuficientes. Los consejeros fueron producto de un acuerdo que dejó fuera a fuerzas políticas relevantes (PRD, PT, Convergencia), lo que generó que los excluidos no se sintieran corresponsables del pacto. Luego se dio una sustitución forzada por la secuela de la elección de 2006; se decidió además, con buen tino, que la renovación del Consejo sería por partes; hasta que llegamos al nuevo nombramiento de tres consejeros.
Ahora se pidió a quienes quisieran ocupar el cargo que se apuntaran en una especie de concurso. Desde el primer momento se desató la especulación de quién era apoyado por quién, no pocos candidatos empezaron a hacer lobby, y luego se supo que los partidos demandaban cuotas. Total: el mecanismo se trabó. Pasaron los meses, el mal trato al IFE por parte de la Cámara de Diputados fue patente; la propia Cámara sufrió un desgaste en la llamada opinión pública por no cumplir con su encomienda; pero lo más lamentable es que pareció confirmarse la idea de que los partidos buscaban correas de transmisión en el Consejo. La vieja y gastada idea, con preclaros exponentes en la academia y la política, de que la suma de parcialidades es la que garantiza la imparcialidad parece que se volvió hegemónica. De tal suerte que ya ni siquiera es tema que los consejeros sean y parezcan ser imparciales.
En el último movimiento, a los diputados no se les ocurrió nada mejor que hacer pública la lista de preferencias de cada partido. Alguien dirá: en abono de la transparencia. Quizá, pero en desdoro de la imagen de quienes serán nombrados. Porque incluso los candidatos que se puede suponer no tienen compromiso alguno con algún partido, por las malas artes de los negociadores aparecen ligados a uno u otro.
En este caso no es un problema de mal diseño institucional, sino de atrofia de las artes de la política.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 8:49 No hay comentarios:
Es un tema que causa mucha polémica, la cuestión es si un tratado es superior a la norma constitucional, en México el criterio de la Suprema Corte de Justicia ha sido que los Tratados Internacionales se encuentran en un segundo plano respecto a la Constitución Federal y se ubican jerárquicamente por encima de las Leyes Federales.
…Esta interpretación del artículo 133 Constitucional, deriva de que éstos compromisos internacionales son asumidos por el Estado Mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades…
Pero, ¿Hasta dónde está obligado el Estado Mexicano a cumplir con el Tratado?, esto es, ¿incluso si su propia Constitución en algunos preceptos son contrarios al compromiso que adquirió de cumplir con lo dispuesto en algún Tratado Internacional? Veamos que ha sucedido en estos casos.
En el año de 1997, la República de Chile por medio del Consejo de Calificación Cinematográfica (CCC), prohíbe la exhibición de la película “La última tentación de Cristo”, debido a que consideraban que la película exhibía una imagen humillante de Cristo.
El Consejo de Calificación Cinematográfica tiene esta facultad, sustentada en el último párrafo del artículo 19 (12) de su Constitución de 1980, donde se dispone que: “…la ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y fijará las normas generales que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas…”
Puesto que Chile forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino por la clara violación en su Constitución de los Derechos a la Libertad de Conciencia y de Religión, y de la Libertad de Pensamiento y de Expresión.
La Comisión Interamericana presentó una demanda contra la República de Chile (en adelante “el Estado” o ¨Chile¨), en el Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros vs. Chile), ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación por parte de Chile del artículo 12 y 13 de la Convención entre otros. Dichas violaciones se habrían producido en perjuicio de la sociedad chilena y, en particular, de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes, como resultado de la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película “La Última Tentación de Cristo” confirmada por la Excelentísima Corte Suprema de Chile¨[…].
Además, la Comisión solicitó a la Corte que ordenará al Estado, autorizar la normal exhibición cinematográfica y publicidad de la película “La Última Tentación de Cristo”, y que adecuara sus normas constitucionales y legales a los estándares sobre la libertad de expresión consagrados en la Convención Americana, con el fin de eliminar la censura previa a las producciones cinematográficas y su publicidad, entre otras peticiones.
Debido a que la sentencia fue a favor de la Comisión Interamericana, la República de Chile tuvo que reformar el precepto constitucional, puesto que era contrario a los derechos humanos.
Concluimos con este caso, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de ordenar a un Estado que cambie hasta sus preceptos constitucionales para que estos se adecuen a lo pactado en un Tratado Internacional.
México, no es excluyente en estos casos, sí firma y ratifica un Tratado Internacional, el contenido de nuestra Constitución debe estar en armonía con lo pactado en la Convención Americana mencionada.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 8:19 No hay comentarios:
Y EL APODO, ¿PARA QUÉ?
Pocas culturas se han hecho cargo de la irreverente tarea de poner apodos como la nuestra. Los mexicanos somos tan prolíficos como ocurrentes a la hora de cincelar esa píldora adjetiva que, sin menor remordimiento, instala su gordo trasero sobre nuestro nombre de pila. Suplanta nuestra identidad oficial, producto de la aburrida ecuación de nuestros apellidos y la ocurrencia nominal de nuestros padres. Nuestros apodos son el bautizo de alguna tribu cercana. La marca indeleble de una característica física, una anécdota o un rasgo de nuestra personalidad.
Juzgar la pertinencia de un apodo es siempre incomodo desde un plano moral. Sobre todo porque su naturaleza distintiva es la incorrección política. Escribo estas líneas en un país, los Estados Unidos de America, en donde precisamente se han acuñado dos apodos históricos para discriminar a los mexicanos. Beaners (frijoleros) por nuestro color de piel y wetbacks (espaldasmojadas) por la manera en que millones de paisanos han cruzado la frontera. Apodos que han terminado más por se un cliché general para discriminar y no necesariamente atribuidos a una persona.
Pero del apodo racista podemos migrar al histórico. Al que resume la singularidad de un acto y el aplomo de un personaje para cambiar, más benévolo la historia de un pueblo. Nadie recuerda su nombre pero todos sabemos quienes eran el Pipila o la Corregidora. La historia nacional está llena de estos motes apelativos. Un apodo, una acción y una página completa en el libro de texto gratuito de la SEP.
Sin afán alguno de redactar aquí una tipología del apodo, encuentro también otro estilo más personal de esta singular muestra de creatividad nominativa. Se trata del apodo filial que nos hace parte de un grupo o una experiencia colectiva. Y llegamos al apodo político, otro de gran calado en la experiencia mexicana.
Como decía al principio, escribo desde un pequeño pueblo llamado Terre Haute en el estado de Indiana. Aparte de venir a recoger flores silvestres vine aquí para participar en el tercer congreso internacional de crimen, medios y cultura popular auspiciado por la Universidad Estatal de Indiana. Y aquí el cambio de tuerca en mi sesuda reflexión sobre los apodos.
Una de las presentadoras, Aurelie Vernichon de la Universidad de Gent en Bélgica, se refería a la deshumanización de las víctimas del conflicto Bosnio en los 90 y la manera en la que los medios de comunicación habían cubierto este dramático conflicto. Su crítica apuntaba hacia la mediatización de la impartición de justicia criminal a nivel internacional, particularmente a través del Tribunal de la Haya. Uno de cuyos más emblemáticos juicios fue el del dictador serbio Slobodan Milosevic también apodado el ‘carnicero de los Balcanes’.
En algún momento de su presentación Vernichon hizo referencia directa a la capacidad deshumanizante que tienen este tipo de apodos en las víctimas y no en quienes cometieron estos crímenes. De pronto, la metáfora del carnicero le quitaba a Milosevic su esencia criminal y, peor aun, hacía de sus víctimas un puñado de carne destinada a ir al matadero de algún modo u otro. Un hecho casi rutinario en la carnívora historia de la humanidad.
Y no pude evitar pensar en nuestros carniceros. En todos los criminales que son presentados a la sociedad con sus pintorescos apodos sin importar el salvajismo de sus crímenes. Como si se tratara de los amigos de algún amigo. Tan acostumbrados estamos hoy a referirnos a ellos por sus apodos que, casi involuntariamente, hemos ido construyendo una mitología alrededor de cada uno de ellos. Una anécdota, algo que los hace cercanos en un plano vivencial y que, al igual que el apodo de nuestro compadre, los hace parte de nuestra vida colectiva. Personajes todos con nombres y apellidos que, sin embargo, terminan entrando en una narrativa mediática más cercana a la ficción de aventuras que a una cruel realidad.
Y que tal si dejamos de usar sus apodos al momento de reportar las siempre cacareadas detenciones. No es una más de esas bromas macabras que nuestro sistema judicial y los medios de comunicación nos cuentan a la hora de señalar a estos criminales. Dándoles una rebanada de fama pública en lugar de una rebanada del paradójico anonimato que implica llamarlos por su nombre. Como editar una nueva tira cómica con el personaje de la semana. Los medios usan estos apodos para caracterizar a estos personajes y así podernos contar su historia. El riesgo, como en el caso del carnicero, es que lo que nos debería de preocupar es la historia de sus víctimas y no la suya propia.
Usar los apodos de los criminales es una forma sutil de aceptarlos en nuestra sociedad. De otorgarles un rol con distintivos que hacen de su persona algo especial. El apodo es una anécdota en su grado más alto de concentración. Y ahí tenemos mucho por hacer como sociedad. En lugar de mitificar a los apodados debemos dejarles sus nombres de pila nada más. Despojarlos al menos de la estridencia que genera el apodo de sus comparsas.
PALESTINA: UN PROBLEMA DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
Que lejos estamos los mexicanos de Palestina y de Israel; pero la semana pasada sucedieron hechos que nos sitúan a todos en la necesidad de reflexionar sobre el papel de nuestras instituciones internacionales en el conflicto.
Ser un pueblo ocupado a estas alturas de la historia representa la máxima expresión del absolutismo y la intolerancia. Este es el caso de Palestina y la historia de sus últimos 40 años. En la región denominada Palestina, previamente convivían árabes y cristianos en una armonía controlada por el respeto y la tolerancia. La decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, en el periodo de secuelas de la Segunda Guerra Mundial, cambió el rumbo y la historia de esa Palestina.
La creación de un Estado Israelí asentado en el territorio Palestino, y su reconocimiento ante la ONU, definió nuevas fronteras políticas. Dichas fronteras fueron creadas a raíz de las decisiones orilladas por la vergüenza y el arrepentimiento internacional hacia el pueblo judío. Eso significó, que a un grupo de interés concreto se le otorgó, por decisión internacional, un territorio que pertenecía a otros pueblos.
Aunque dicha decisión sonaba legítima en algún momento de nuestra historia, hoy no tiene manera de ser interpretada como una decisión de paz, emanada de un órgano internacional cuya misión central es precisamente la paz internacional. En vista del conflicto ocasionado, las vidas que ha costado, y el alto costo para solucionarlo, no nos queda otra salida más que empezar a transitar por el camino de la justicia y la acción internacional.
Palestina estaba en los mapas; tenía archivos históricos de los pueblos asentados en esas regiones, de las culturas árabes y sus propiedades. Gozó de gobernantes poderosos y del legado de sus acciones. De las riquezas del pueblo y la edificación de sus monumentos. Palestina no se extinguió; lo que desapareció fueron sus territorios, sus archivos, sus centros culturales, su riqueza, su arquitectura y sus arquitectos.
Quizás, los gobernantes de Israel, pensaron que con alianzas estratégicas, la ocupación, el desarrollo de asentamientos y el fortalecimiento de su ejército, lograrían controlar la zona. El extremismo suena ante estas acciones como una reacción casi obvia. Tan obvio como para las madres de los soldados palestinos resulta procrear más soldados para continuar la resistencia. Tan obvio como para los israelíes es defenderse con toda su fuerza.
Lo cierto es que nadie, durante los últimos cuarenta años, en Naciones Unidas, ha logrado solucionar y llevar paz a la zona; por el contrario, han permitido que empeore y se haga más complejo el problema. Israel no puede ser un Estado democrático mientras ocupe territorios Palestinos. El apoyo de los países a la propuesta Israelí de continuar con su plan de ocupación es equiparable al apoyo que le dieron a Gadafi o cualquiera de los ahora despreciables de la primavera árabe.
Estados Unidos e Israel, al imponer sus intereses privados, buscan acabar con el endeble prestigio de la ONU y llevársela entre las piernas. Obama para buscar su reelección y Netanyahu por cumplir con una política zeoinista alejada de los principios democráticos y de la paz.
Ante la petición de reconocimiento de Palestina como un Estado ante la ONU, se abre quizás la única posibilidad que pudiera haber para actuar con responsabilidad y reconocer el único Estado que le faltó reconocer hace cuarenta años. Pero también de hacer valer su propia palabra para promover la paz a través de los acuerdos de Oslo del 67.
Los actuales miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos dos latinoamericanos Brasil y Colombia, deben de resguardar la autoridad de la ONU, su prestigio y credibilidad. México tiene que tomar una posición en su responsabilidad como miembro de la ONU y promotor de paz.
Los Palestinos dejaron de creer en la ONU desde hace muchos años; no se puede desperdiciar la única oportunidad para reafirmar la legitimidad en la labor de paz internacional. La misión de paz que hoy enfrenta la ONU, es quizás su mayor desafío de responsabilidad.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 7:57 No hay comentarios:
EL DERECHO A LA VIDA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL MEXICANA
La Constitución de Baja California en su artículo 7, reformado recientemente, señala actualmente que "esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o inducida". La constitucionalidad de esta norma, sin embargo, fue impugnada por el comisionado estatal de los derechos humanos por entender que violaba diversos derechos humanos de las mujeres reconocidos en la Constitución federal.
La Suprema Corte se ha ocupado de este caso en la semana en curso, debate que desde un ángulo exactamente inverso se había presentado antes en el máximo tribunal de la Federación con ocasión de la decisión de los legisladores del Distrito Federal de despenalizar en ciertos supuestos el aborto en su legislación penal local.
Al respecto cabe advertir que no hay acuerdo unánime entre las distintas ramas del saber sobre el momento en que empieza la vida. Para los biólogos la concepción de la vida se produce en el primer día del embarazo de la mujer, desde el momento mismo que el esperma fecunda al óvulo. Pero científicos de la salud señalan que la vida del ser humano puede ser llamada así sólo cuando se ha construido el tejido nervioso del feto, proceso que dilata varias semanas.
En términos extremadamente resumidos podemos señalar que al primer entendimiento se ciñen quienes rigen sus creencias vitales por la religión o una moral teñida fuertemente por ésta y que podemos ubicar en un extremo de un continuo imaginario de la sociedad. En el extremo contrario se encuentran los que apoyan la laicidad del Estado. Los primeros se oponen frontalmente al aborto, al que quieren por tanto que se tenga en la ley como un delito, mientras que los segundos defienden la idea de que la interrupción del embarazo puede y debe ser jurídicamente permitida, despenalizada bajo ciertas condiciones puntuales, al propósito de proteger un conjunto de derechos de las mujeres reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacional ratificados por México.
Sobre tan sensible cuestión que levanta pasiones en uno y otro extremo de la sociedad bajacaliforniana y en todo el país en realidad, el derecho positivo de fuente internacional y nacional no es concluyente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que se protege la vida en general desde el momento de la concepción, pero en su día el Estado mexicano formuló una reserva sobre este artículo consistente en una declaración interpretativa en la que señalaba que no aceptaba el establecimiento de la fecundación como el momento preciso a partir del cual se debía proteger el derecho a la vida del producto en tanto no había aún evidencia científica definitiva a este respecto.
La Corte mexicana en el mencionado caso de la legislación del Distrito Federal, ya interpretó que existe un interés jurídicamente tutelado por el Estado mexicano de proteger la vida desde su concepción, pero no considera titular de derechos al producto. Lo que no pueden evadir las entidades federativas en sus constituciones y leyes.
La consecuencia práctica de ello en términos jurídicos, es que de entrar un "interés jurídicamente tutelado" en tensión con "derechos fundamentales" reconocidos constitucionalmente como tales, el margen de apreciación o ponderación que tiene el legislador para condicionar restrictivamente dicho interés jurídico es más amplio que cuando entran en tensión dos derechos; dicho de otra forma, siempre prevalece un derecho fundamental frente a un interés jurídicamente tutelado. Es por ello que a los legisladores del DF les asistía razón cuando hace algunos años defendían la constitucionalidad de la despenalización del aborto en su legislación local. Y es por esta misma razón que les asiste la razón a quienes en Baja California defienden la preeminencia del derecho a la salud y a la intimidad de las mujeres frente a un interés jurídicamente tutelado que la Constitución estatal en su artículo 7 quiere elevar a derecho, desbordando con ello a la Constitución federal.
Cabe señalar, por último, que la Suprema Corte ha venido otorgando una elevada presunción de constitucionalidad a las leyes que aprueban los legisladores democráticamente electos de los estados precisamente en razón de la legitimidad del órgano que la emite. Pero en este caso concreto que presenta Baja California se manifiesta un agudo problema de representación de su legislatura, que se explica por el esquema vigente del procedimiento de reforma constitucional de Baja California -pero que es el mismo en casi todos los estados de la República-. Como es sabido los legisladores y regidores de los ayuntamientos actúan como Órgano Revisor de la Constitución local.
Y es el caso que estos órganos de representación están integrados mayoritariamente por hombres, que -en el caso de Baja California- deciden sobre un asunto íntimo de las mujeres: el derecho a decidir sobre su cuerpo, a su esfera de intimidad y su derecho a la salud. Sólo el referéndum constitucional puede igualar el problema de género para decidir sobre éste u otros problemas sensibles que afectan derechos de género.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 7:52 No hay comentarios:
Hoy retoma la Suprema Corte de Justicia el estudio y análisis de una cuestión de excepcional importancia, la del aborto. Aparte de todo lo que sobre la materia se ha escrito y de la misma complejidad del asunto, donde intervienen la teoría jurídica penal, la filosofía, la religión, la sociología, la ética y otras muchas disciplinas, hay algunos aspectos sobresalientes del tema que no se pueden pasar por alto. Escuché unas declaraciones del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, con las que no estoy en lo absoluto de acuerdo. Sostiene que el Presidente Calderón le ha pedido al Senado que apruebe el retiro de la declaración interpretativa formulada por el gobierno de México al número 1 del artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y que se vuelva obligatoria para nuestro país, sin interpretación de ninguna clase, la protección de la vida desde la concepción. Esto en virtud de que a juicio equivocado del Consejero al que me refiero ya se encuentra tutelada en la Constitución -gracias a reciente reforma a su artículo 1º- la protección a la vida desde esa etapa. Veámoslo. En el Capítulo II de la Convención de referencia denominado "Derechos Civiles y Políticos" el número 1 anteriormente citado dice a la letra: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción". Y añade que: "Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente", para referirse inmediatamente a la pena de muerte. Es decir, que en el contexto del número 1 hay el desarrollo de una idea concerniente a los derechos CIVILES Y POLÍTICOS, con alusión a la vida que se debe proteger, "en general", desde la concepción. Pero lo exclusivo del Capítulo, lo específico, son esos derechos, insisto, civiles y políticos. La pregunta es si el embrión puede ser sujeto de tales derechos; pero como en estricta lógica es discutible que lo sea, México se reservó la declaración interpretativa al subscribir el llamado Pacto de San José. Por cierto, el número 2 del artículo 1o del Capítulo I de la Convención declara que: "Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano". ¿Lo es el embrión, o va a serlo? Por otra parte no es exacto que la protección a la vida desde la concepción ya se encuentre tutelada en nuestra Carta Magna. No obstante para probar su aserto el Consejero Jurídico de la Presidencia se remite al reformado artículo 1º de aquélla, el cual prescribe que: "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección", pero sin la más mínima alusión a la vida desde la concepción. A su vez el artículo 4º de la Ley Suprema tampoco lo menciona. Al contrario, habla de la organización y el desarrollo de la familia, evidentemente la real, formada por el padre, la madre y los hijos; de los niños y niñas ya nacidos; de su dignidad y del ejercicio pleno de sus derechos. En cuanto a los tratados no hay que olvidar que el artículo 133 de la Carta Magna prescribe que los mismos deben estar de acuerdo con ella, no habiendo en su cuerpo normativo nada sobre la vida a partir de la concepción.
En suma, México es un Estado laico (artículo 3º de la Constitución), ajeno a cualquier doctrina religiosa y en el que se halla consagrada la libertad de creencias (artículo 24) así como la separación del Estado y las iglesias (artículo 130). Y libertad de creencias abarca toda clase de ideologías de tipo intelectual, moral y religioso. En este sentido cada quien se atiene a su conciencia y a su ética personal. Es muy grave que se pretenda criminalizar a quien no piense como uno, y la despenalización condicionada del aborto no obliga a ninguna mujer a abortar. En cambio, su penalización a ultranza sí es obligatoria y aquí resalta la falta de equidad en un Estado que, repito, es laico y donde la libertad es condición indispensable de la democracia.
LA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, ACTUALIDAD
LAS LEGISLATURAS VS. LA SCJN
Hay temas que dividen a las sociedades. Valga la perogrullada para aterrizar en un ejemplo clásico: la discusión sobre el comienzo de la vida humana, el aborto y su (des)penalización. Pocos asuntos tan controvertidos como ése. Los desencuentros se abren en planos muy diversos y, tarde o temprano, inevitablemente, se instalan en la esfera política y, desde ahí, anidan en el campo del derecho. Eso ha pasado en México en años recientes desde que los legisladores del DF tuvieron el tino de decretar la despenalización de la interrupción del embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación. Esa decisión progresista amplió la esfera de derechos de las mujeres y, a la par, casi por inercia, destapó la caja de Pandora. De ella salieron 18 reformas constitucionales estatales orientadas a “proteger la vida desde la concepción/fecundación”. Dos de esas reformas fueron controvertidas ante la SCJN y son discutidas en estos días. Y, aunque no le falta razón a Alejandro Madrazo cuando advierte que el aborto no es el tema central, en el fondo es ese asunto (junto con otros relacionados con los derechos sexuales y reproductivos) lo que gravita en el debate judicial y de la opinión pública.
Prueba de ello es el desplegado del pasado 22 de septiembre en este mismo diario: 14 diputados locales (sin especificar su entidad) y 32 diputados federales (en calidad de espontáneos porque no tienen ningún interés legal en el asunto) se dirigieron a los 11 ministros de la Corte para transmitirles, básicamente, que: 468 legisladores estatales de siete partidos, 88% de los diputados de la mayor parte de las entidades federativas (según sus propias cuentas), votaron esas reformas constitucionales para proteger la vida desde la concepción y lo hicieron en reflejo de “la voluntad ciudadana”. Sobre esa base demandaron a los jueces “pleno respeto a la libertad de configuración legislativa” a favor de esas legislaturas estatales “evitando así un trato discriminatorio” en su perjuicio. De esta manera plantearon un tema clásico del debate constitucional contemporáneo conocido como la “dificultad mayoritaria”, que consiste en cuestionar la legitimidad de los jueces para zanjar asuntos que han sido decididos por las mayorías políticas.
Pero la manera en la que los legisladores plantearon el dilema está plagada de trampas y falacias. Para empezar, suponiendo sin conceder que los “abajo firmantes” representen a todos los legisladores que votaron las 18 reformas, se les olvida que solamente dos de ellas serán valoradas por los ministros: la de Baja California y la de San Luis Potosí. Además, por tratarse de un asunto que versa sobre los derechos humanos de las mujeres, de nada sirve echar montón. Los(as) diputados(as) parecen ignorar que esos derechos son, precisamente, derechos contra las mayorías. Por lo mismo es absurda su pretensión de que los jueces reconozcan una libertad y un derecho a no ser discriminados en favor de las legislaturas. ¿A quién se le habrá ocurrido el disparate? Los congresos locales son poderes con facultades y deberes, nunca derechos. La titularidad de estos últimos sólo le corresponde a las personas; esa es la premisa fundacional del constitucionalismo moderno. Finalmente, si se acepta la tesis de los firmantes, tendría que reconocerse a cada legislatura, por ejemplo —como alguna vez propuso Moreira cuando era gobernador—, la potestad de imponer la pena de muerte.
Por eso se equivoca Agustín Basave cuando, en una columna publicada el mismo día del desplegado y en sintonía con el mismo, sugiere a los ministros “no añadir motivos de enfrentamiento en este nuestro México desgarrado”. Lo que se les ha presentado a los jueces es, precisamente, lo contrario: una oportunidad para remover barreras para ampliar derechos que, a su vez, son eslabones de la convivencia pacífica. Ni el federalismo ni la democracia pueden servir como pretexto para discriminar a las mujeres. Y eso es lo que sucede cuando el acto de interrumpir un embarazo o de usar un método anticonceptivo es un derecho fundamental en el DF, mientras que en otros estados son acciones prohibidas que en el extremo se persiguen con la cárcel. Por eso no siempre y no en todo se puede respetar la “voluntad mayoritaria”. No al menos en las democracias constitucionales.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 6:30 1 comentario:
El pasado 19 de septiembre, la teleaudiencia mexicana presenció la representación más obscena y cínica (hasta el momento) de la sociedad entre Televisa, el principal consorcio televisivo mexicano, y Enrique Peña Nieto, en estos momentos (de acuerdo con las encuestas de preferencia electoral) el más fuerte aspirante a la Presidencia de la República.
CUANDO GRECIA SE CONVIERTA EN MÉXICO
No falta mucho, en realidad. Si se fijan bien, si comparamos con rigor el país de Sófocles y sus tragedias, está rodando por una trayectoria muy similar a la que siguió México, si bien 29 años después.
Llega a un límite su modelo de crecimiento y de bienestar, en buena medida por excesos gubernamentales, desorden financiero y bancario, deudas que crecieron exponencialmente y mucha corrupción. Por incorrecto que suene, todo eso no representaba ningún problema económico mayor, hasta que los famosos mercados cambiaron de humor, como consecuencia de la crisis universal que ellos mismos generaron (desregulación mediante).
Goldman Sachs volvió a mentir y lo que hacía aparecer como endeudamiento público sostenible, de repente, resultó ser superior al 100 por ciento del PIB griego. Goldman cobró por su mentira y puso pies en polvorosa, dejando a los bancos europeos –sobre todo alemanes- con la absoluta incertidumbre: ¿podrán pagarnos los griegos? Y para asegurarlo, zanahoria y garrote: pequeñas dosis de créditos de emergencia por parte del Banco Europeo y del FMI, con la condición de imponer violentos planes de austeridad. En respuesta, las familias helénicas han sacado de sus propios bancos 40 mil millones de euros el último año, lo que ha profundizado el cuestionamiento a la solvencia del país.
¿Qué ha hecho el gobierno desde hace un año y dos meses? De golpe, subir los impuestos; despedir a un millón 300 mil funcionarios; desaparecer un tercio de sus ayuntamientos; recortar al gasto público a toda velocidad –incluyendo infraestructuras y servicios médicos-, vender empresas públicas y muy especialmente, rebajar los salarios. ¿Les suena conocido?
A México le corresponde el dudoso mérito de haber sido la primera nación en la historia, que aceptó recibir un préstamo del FMI, Banco Mundial y el Tesoro Norteamericano a cambio del compromiso explícito de llevar a cabo un catálogo de “reformas estructurales”. Tras la crisis de endeudamiento en 1982 se impuso no solo la fórmula de austeridad, no solo la obligación de pagar el principal y sus intereses, sino un programa ideológico y económico completo: privatización, reorganización del sistema financiero, disminución de barreras arancelarias y finalmente, contención salarial como “la llave” para todo lo demás.
Así entramos a nuestra moderna era del estancamiento –hace 30 años- y es probable que Grecia esté inaugurando la misma historia, con un horrible catalizador: no tiene ese gran truco, el mecanismo de compensación que ayuda tanto en esos casos: política monetaria, es decir, no tiene moneda propia.
Nosotros, al menos tuvimos la buena fortuna de usar a nuestro peso para que con su devaluación, ayudara a las industrias exportadoras (que no eran muchas) buscando abrirse paso en el mercado mundial.
Con mucho mayor éxito, Suecia pasó por un vía crucis de shock, purga y austeridad en los noventa, pero lo hizo también con la inestimable ayuda de la devaluación de su corona, la que catapultó a una industria exportadora que de suyo, era ya diversa y madura.
Grecia no tiene, ni siquiera esa suerte. Atada como está a los mandatos del Euro, es decir a los mandatos del Banco Europeo (o sea de Alemania y Francia) su escapatoria de la crisis será mucho más lenta y dolorosa. En este año, el gobierno griego ha tenido que salir tres veces al balcón de las miserias para advertir a su pueblo –y de pasada, a los bancos europeos- que sin ayuda exterior sólo le queda dinero para pagar en octubre la nómina de maestros y médicos. Dicho de otro modo: la quiebra del Estado.
Pero Grecia no sólo no tiene moneda propia. Cuando la crisis mexicana de 1982, los principales centros financieros en Estados Unidos y Europa atravesaban un periodo de razonable normalidad y podían ofrecer dinero al paciente mexicano (a cambio de cesión de soberanía como ya vimos) pero la mayor tragedia helénica es que su implosión ocurre justo ahora, cuando los principales centros financieros del mundo atraviesan por sucesivas convulsiones crediticias y ellos mismos se hallan al borde de un abismo recesivo, con pocos recursos y ganas de prestar.
¿Y si Grecia se declara en bancarrota y grita al mundo de una buena vez que no puede pagar los 420 mil millones de dólares (el 140 por ciento del PIB) que debe el Estado? ¿por qué no? Por el súbito aislamiento a que sería sometida, por su enorme dependencia energética y al hecho de que no produce siquiera los alimentos suficientes para su propio abasto. Un dilema que vivió México primero que nadie en la posguerra, y luego América Latina (Argentina más dramáticamente, por dos veces), Tailandia, Rusia y ahora Irlanda, Grecia, Portugal y quizás, España.
Los resultados de estas crisis, ya tan típicas de la globalización financiera han sido diversos, pero creo que a los griegos con todo y su pertenencia a la Unión europea, y si tienen suerte, les acabará yendo como a los mexicanos, por esa doble mala suerte: no contar con política monetaria y no tener prestatario dispuesto a salvarla con un crédito fuerte, vasto, que le ayude a administrar en el tiempo el rigor del shock y el tamaño de la austeridad (¿en qué rayos está pensando el Banco Central Europeo?).
No es mi deseo para los griegos, por supuesto, pero con esos elementos sobre la mesa, Grecia se encamina a una depresión de varios años: con las mismas exportaciones valuadas en euros, menos salarios, mayor caída de la demanda, desempleo aún más alto, además de la completa pérdida de control sobre la dinámica de la deuda pública, es decir… el escenario mexicano de los años ochenta.
Aquella crisis originaria, condenó a una generación completa de mexicanos a vivir en un mundo inestable, con salarios permanentemente bajos y en un virtual estancamiento económico del que todavía no podemos escapar. Así, y vistas las muchas repeticiones aquí y allá, es posible entonces que lo nuestro no haya sido una anécdota, un signo de la mediocridad mexicana, sino que el estancamiento a largo plazo de unos países sea la condición de este tipo de globalización, precisamente porque su mito, porque lo que cree importante, es la fantasía de que se puede pagar, se puede garantizar solvencia sin resolver antes el crecimiento económico. Seguiremos con el tema
Leí con preocupación el artículo titulado “El aborto, la Corte y la democracia”, firmado por Agustín Basave, en este espacio. En su texto, Basave hace un llamado a evitar “un nuevo germen de polarización” en el país, recomendando que la Corte, por razones pragmáticas, se abstenga de ejercer el control de constitucionalidad al que está obligada. Lejos de lograr su cometido, el autor abona a la polarización difundiendo la equivocada idea de que lo que se debate en la Corte hoy es el aborto. Algo similar sostienen correos en cadena que circulan en la red, asustando a los católicos: “URGENTISIMO SE APROBARA ABORTO HASTA LOS NUEVE MESES EN TODA LA NACION” reza el encabezado de uno. Nada más lejos de la verdad.
Las reformas estatales que hoy se discuten en la corte poco o nada tienen que ver con la legalidad del aborto. Lo que está en riesgo es la legalidad de métodos anticonceptivos tan difundidos como el dispositivo intra-uterino (DIU) y métodos de reproducción asistida como la fertilización in-vitro. Si un óvulo fecundado es una persona, como plantean las constitucionales locales impugnadas, entonces el DIU (que es el método anticonceptivo reversible más utilizado en el mundo con 14% de usuarios frente a un modesto 1% del condón), al inhibir su implantación en el endometrio, será homicidio. Asimismo, la fertilización in-vitro, que requiere fecundar varios óvulos, utilizar sólo el o los más fuertes y congelar o desechar lo demás, sería también un homicidio o constituiría una privación de la libertad (así lo sostuvo la Corte Suprema de Costa Rica). La penalización del aborto, así como sus excluyentes, queda prácticamente intacto antes y después de las reformas. Así lo entiende el proyecto que el Ministro Franco propone a sus colegas.
En términos constitucionales, el problema es aún más grave: está en riesgo la unidad del régimen constitucional. Las reformas constitucionales locales fueron una respuesta simbólica, visceral, ante la despenalización del aborto en el DF. La PGR y la CNDH impugnaron la despenalización, arguyendo que violaba un derecho a la vida del óvulo fecundado. La Corte sostuvo que era constitucional porque que no existe una obligación constitucional de penalizar una conducta específica salvo que la Constitución expresamente la señale. Las mayorías en algunos congresos locales leyeron mal la sentencia de la Corte. Creyeron que, al establecer el derecho a la vida del óvulo fecundado generarían, automáticamente, la obligación del legislador de penalizar el aborto. Pretendían así “blindarse” de la posibilidad de despenalización en sus estados.
Al otorgarle derecho a la vida al óvulo fecundado, los constituyentes locales redefinieron el concepto de “persona”, produciendo consecuencias jurídicas graves. “Persona”, en el derecho, es el centro de imputación de derechos y obligaciones. Solo las “personas” (en el sentido técnico jurídico) -sean individuos físicos, entidades gubernamentales o empresas- pueden estar obligados por las normas y ejercer derechos; para ello, cuentan con ciertos “atributos”: nombre, nacionalidad, patrimonio, domicilio, etc. ¿Qué pasa si consideramos que un óvulo fecundado es persona? Primero, tendríamos que reconocerle los atributos de la personalidad: nombre (registrar en el registro civil los embarazos); nacionalidad (las mujeres embarazadas tendrían que viajar con dos pasaportes y los “concebidos” durante una vacación en Cancún tendrían nacionalidad mexicana, con independencia de dónde nacieran y crecieran); y un largo etcétera. Lo grave no son las consecuencias imposibles de cumplir que se generan, sino el hecho de que los estados se arrogaron la facultad de decidir quién tiene derechos fundamentales y, en consecuencia, quién no. Esto es incompatible con la Constitución que establece que los derechos fundamentales son los mismos para toda persona en el territorio nacional.
Con independencia de la intención de sus autores, la consecuencia de las reformas fue fragmentar el sistema de protección constitucional de los derechos fundamentales. Hoy los congresos locales amplían el concepto de persona para incluir al óvulo fecundado. Sin embargo, si la Corte no invalida las reformas, mañana podrán restringirlo, excluyendo de la protección constitucional a migrantes centroamericanos, a menores de edad, a indígenas, a ancianos o a cualquier otro grupo vulnerable.
Contar con un sólo régimen de protección de los derechos fundamentales es lo que los hace fundamentales. La definición de quién es persona debe ser unitaria. La vida prenatal se puede proteger sin violentar el régimen derechos fundamentales. Las reformas que hoy se discuten sacrifican la seguridad jurídica de todos y todas. La Corte está obligada a enderezar el entuerto.
El Ministro Franco ofrece al Pleno y al público un proyecto inusualmente breve, claramente diseñado para ser leído y entendido ampliamente: cuenta con apenas 141 hojas (para referencia: la sentencia sobre aborto en el DF de 2008 suma más 1300). Lo mínimo que podrían hacer quienes opinan sobre él, es leerlo con cuidado. La regulación del aborto no está en juego; la unidad del régimen constitucional sí.
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References: artículo 133
 artículo 19
 artículo 12
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 artículo 4
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 artículo 1
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