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« Respuesta #1140 en: 25 de Abril de 2019, 07:22:46 am »
TROPEZÓ CON UNA BALDOSA DESNIVELADA
24/04/2019 21:33 - Actualizado: 24/04/2019 23:06
El Tribunal Administrativo de Navarra ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por una mujer contra la resolución del Ayuntamiento de Pamplona que le denegó una indemnización por los daños sufridos como consecuencia deuna caída en la vía pública tras tropezar con una baldosa desnivelada que sobresalía “dos centímetros aproximadamente” del suelo. En su resolución, sostiene que un desperfecto en el pavimento de esta altura “no se considera suficientemente relevante para entender existente la relación de causa-efecto necesaria para imputar responsabilidad” al consistorio pamplonés, ya que, según determina, “hubiera bastado probablemente el mínimo de atención exigible a los peatones para evitar la caída”.
De atender la petición de la afectada, este organismo determina que “se llegaría a la exigencia de estándares que excederían de los que comúnmente se reputan exigibles en la actualidad, y convertiríamos las administraciones públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos”. Los argumentos empleados en la resolución, y que basa además en diferente jurisprudencia española, dibuja un escenario diferente al que se da en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde las demandas por este y otro tipo de percances están a la orden del día, con abogados apostados en las entradas de urgencias para litigar contra las administraciones.
De atender la petición de la afectada por la caída, "convertiríamos las administraciones públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos"
La afectada por la caída presentó un recurso de alzada ante este organismo encargado de resolver controversias con la Administración Local después de que el Ayuntamiento de Pamplona le denegara el pasado mes de octubre una indemnización por los daños sufridos al sostener que el mal estado de la baldosa “no se estima idóneo para ser el causante” del percance. Además, el consistorio consideraba que no existía prueba de las “circunstancias” en las que tuvo lugar la caída, producida a las 13:00 en la confluencia de la plaza del Consejo con la calle Nueva, a pesar de que en el expediente informativo se recogían fotografías del lugar de la caída, la declaración de un testigo o el informe del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra al que acudió la mujer tras el incidente.
Uno de los aspectos claves que ve el Tribunal Administrativo de Navarra es que la interesada manifiesta en sus escritos –en el de reclamación ante el ayuntamiento y en el propio recurso de alzada– de que “tropezó” con una baldosa “mal colocada” o “suelta”, por lo que, con base en la declaración de la propia perjudicada, el accidente “no se produjo como consecuencia de la basculación de la baldosa al ser pisada”. Asimismo, como segunda cuestión relevante, apunta a que, si bien no se realizó una medida del desnivel debido a su “inmediata reparación” tras el percance, el informe del Servicio de Obras de Conservación Urbana del ayuntamiento deduce de las fotografías que el escalón sería de "unos dos centímetros aproximadamente".
Un aspecto "clave" es que la afectada asegura que "tropezó" con una baldosa suelta: "No se produjo por la basculación de la baldosa al ser pisada"
Y este grosor, según establece, “no se considera suficientemente relevante” como para imputar responsabilidad al ayuntamiento por la caída. Que el escalón tuviera aproximadamente dos centímetros “de por sí no puede motivar la declaración de responsabilidad municipal”, refleja la resolución, que viene a reprochar a la afectada que no anduviera con cuidado para evitar el accidente. “Hubiera bastado probablemente el mínimo de atención exigible a los peatones para evitar la caída”, subraya.
A este respecto, la afectada aseguraba que transitaba por la calle con la “debida diligencia” y defendía que la rápida reparación de la baldosa suponía el “reconocimiento” por parte del ayuntamiento del “nexo causal” del percance. Sin embargo, ante este último argumento, el consistorio replicó que la celeridad en la reparación del desperfecto se debe al “compromiso asumido en la Carta de Servicios de reparar a la mayor brevedad posible las aceras donde se hayan producido caídas y pluspetición en relación con la cuantía de la indemnización solicitada”.
La afectada defendía que la rápida reparación de la baldosa suponía el "reconocimiento" por parte del ayuntamiento del "nexo causal" del accidente
El posicionamiento municipal es avalado por el Tribunal Administrativo, que sostiene que la reparación del desperfecto “no constituye, en el presente caso, prueba de imputación de responsabilidad al Ayuntamiento de Pamplona, pues ello dependerá de la entidad de dicho desperfecto y del resto de circunstancias y pruebas obrantes en el expediente administrativo”. Asimismo, asegura que el hecho de que se reparara posteriormente el desperfecto “solo evidencia su mal estado pero no deriva de ello la responsabilidad patrimonial que atiende a los parámetros legales”.
Para dictar su resolución, el Tribunal Administrativo de Navarra alude a la jurisprudencia, que “ha exigido tradicionalmente que el nexo causal sea directo, inmediato y exclusivo”, lo cual “supone desestimar sistemáticamente todas las pretensiones de indemnización cuando interfiere, de alguna manera, la culpa de la víctima o de un tercero”. En este sentido, señala que el Tribunal Supremo “ya ha explicado que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración no permite extender la misma hasta cubrir cualquier evento por el mero hecho de que este se produzca dentro de su ámbito de actuación”.
La reparación del desperfecto "solo evidencia su mal estado, pero no deriva la responsabilidad patrimonial que atiende a los parámetros legales"
En concreto, apunta a la sentencia del alto tribunal del 5 de junio de 1998 que declaró que “la prestación por la administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las administraciones públicas convierta a estas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo porque, de lo contrario, se transformaría aquel en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”.
Y en relación sobre los desniveles en el pavimento, el tribunal refleja que tanto este propio órgano como el orden jurisdiccional contencioso administrativo de Navarra se han pronunciado con “reiteración” sobre qué puede entenderse como un obstáculo idóneo para producir una caída. “Efectivamente, el estándar social sobre la seguridad de las vías públicas no llega al extremo de reclamar unas superficies perfectamente lisas y sin ningún desnivel. No es irrazonable que existan diferencias de nivel e incluso pequeñas roturas en las aceras, puesto que siempre se ha de exigir cierta atención por los peatones para evitar el riesgo existente”, expone el Tribunal Administrativo de Navarra.
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Para reforzar su argumentación, alude a una sentencia de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que se pronunció en un supuesto de loseta de dos centímetros de grosor levantada por las raíces de un árbol. “La sola existencia de dicho pequeño desnivel no puede considerarse suficiente para que sean atribuibles a la Administración Municipal, en relación de causalidad, las consecuencias de una hipotético tropiezo, pues en este caso todos los posibles accidentes que en relación física pudieran producirse con tan poco relevantes obstáculos o elementos del mobiliario urbano perteneciente a los municipios les serían imputables (...) no bastando con un mero tropiezo, ante la existencia de tan nimio impedimento como el existente, para que el ayuntamiento sea responsable de las consecuencias dañosas que se puedan producir”.
Con base en todos estos argumentos, y pese a considerar acreditado que la afectada tropezó con una “baldosa desnivelada” cayendo al suelo, el tribunal concluye en su reciente resolución que “no existe responsabilidad del Ayuntamiento de Pamplona en la producción de los daños”.
« Respuesta #1141 en: 06 de Mayo de 2019, 10:22:30 am »
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« Respuesta #1142 en: 14 de Mayo de 2019, 08:32:25 am »
Bonnie antes y después del accidente que sufrió en Magaluf en 2017.
Bonnie Lackey estaba de despedida soltera en Mallorca cuando sufrió un accidente que le dejó sin movilidad.
13 mayo, 2019 14:47
A Bonnie Lackey, de 41 años, le esperaban unos días de absoluta diversión en Magaluf, lugar famoso en Mallorca por su turismo desenfrenado. La británica había dejado a sus dos pequeños, Freddie y Tommy, en manos de su padre en la ciudad inglesa de Crawley. Ellos seguirían con su rutina y ella se olvidaría de todo para disfrutar con sus amigas en la despedida de soltera de su prima. Una mañana el grupo de inglesas estaba divirtiéndose en la piscina de olas del hotel BH Mallorca cuando Bonnie, que iba sentada en un flotador, se dio un brutal golpe contra el suelo de la piscina. La alegría llegó a su fin cuando se dio cuenta que no podía mover ni las brazos ni las piernas. El accidente le había dejado tetrapléjica. Dos años después, después de recuperar fuerzas, la inglesa pide una indemnización de 10,4 millones de euros.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2017. El grupo de amigas llevaba meses esperando el viaje y se estaban quedando en un establecimiento turístico en la localidad mallorquina. El BH Hotel Mallorca es famoso por tener un parque acuático para adultos y por sus fiestas de música electrónica. Además, está ubicado en lo que ellos, desde su página web, denominan "la capital mundial de la fiesta". Pertenece al grupo Cursach, propiedad del magnate Tolo Cursach, rey de la noche mallorquina relacionado con varios delitos de homicidio, corrupción de menores y narcotráfico.
El empresario mallorquín Bartolomé Cursach Mas
El empresario mallorquín Bartolomé Cursach Mas EFE
"Caí boca abajo en el agua. No podía entender por qué mis brazos y mis piernas no estaban haciendo lo que yo quería que hicieran. Intenté levantar mi cabeza fuera del agua, pero tampoco pude. Aguanté la respiración y esperé de forma desesperada que alguien se diese cuenta de lo que me estaba pasando", contó Bonnie meses después de la tragedia al periódico británico The Sun.
Marina EsnalEl pasado mes de febrero la pareja protagonizó un altercado en un conocido hotel, lo que provocó que la Policía tuviese que intervenir.
"Sentí que esperé durante una eternidad, pero probablemente pasó menos de un minuto hasta que alguien me sacó del agua. Les dije que no sentía nada y todos supimos que la cosa era seria", expresó.
Imagen de la piscina de olas del establecimiento hotelero BH Mallorca
"Quería abrazar a mis seres queridos, pero no podía"
Mientras algunas de sus amigas corrieron a llamar a una ambulancia, otras gritaban de forma desesperada a los socorristas que no moviesen a Bonnie. Los facultativos llevaron a la herida a un habitación habilitada para este tipo de situaciones, pero la ambulancia no tardó en llegar. "La diferencia de idiomas supuso un gran problema", declaró la inglesa. Sus primas fueron a visitarla a cuidados intensivos. "Estaban pálidas y no paraba de llorar", añadió.
Bonnie ya no podía seguir la fiesta con sus primas. Eso le hizo sentir aún peor. "Les dije que tendrían que continuar sin mi. No querían, pero insistí. No nos habíamos pasado durante meses organizando estas vacaciones para quedarnos en el hotel y sentirnos miserables", contó Bonnie. Su marido, Terry, no tardó en llegar. Dejó a sus hijos con unos familiares y cogió el primer vuelo con destino al aeropuerto de Son Sant Joan. "Me sentía tan sola e insegura en el hospital pensando en el futuro. Quería abrazar a mis seres queridos, pero no podía".
La británica se había roto tres huesos en el cuello y los daños que tenía en la médula espinal eran muy serios. Fue sometida a una operación bajo el cráneo donde le pusieron una pieza metálica con la intención de facilitar su movimiento. Tuvo que esperar durante una semana en el hospital mallorquín hasta que fue transferida sobre una ambulancia aérea privada hasta otro hospital en el condado de Surrey (Inglaterra). Allí entendieron la gravedad del asunto. Su parálisis sería permanente.
Ocho meses después del accidente, la mujer pudo volver a casa. Sin embargo, su vida jamás volvió a ser la misma. Su vivienda necesita una obra para habilitar el edificio a su parálisis de un valor cerca de los 70.000 euros.
Las amigas británicas que poco tiempo atrás se estaban divirtiendo en Magaluf estaban convencidas de que Bonnie no iba a poder asistir a la boda. Las posibilidades eran ínfimas. Pero la madre de familia no entiende de imposible. "En vez de centrarme en lo que no iba a poder hacer más, me enfoqué en lo que podría hacer", explicó.
Semanas antes de la boda Bonnie pasó por un intenso proceso de rehabilitación. Y lo consiguió. El gran día un grupo de enfermeras la ayudaron a ponerse el vestido de dama de honor y apareció en la iglesia por sorpresa. Cuando se abrieron las puertas, los 70 invitados se dieron la vuelta sin dar crédito a lo que estaban viendo. "No había ni un ojo seco en la iglesia", dijo.
Dos años después del accidente, Bonnie se dedica a pintar cuadros con la boca. Es lo único que puede hacer. Lo que recauda lo dona a la caridad. Sin embargo, la mujer espera que al final pueda conseguir los 10 millones de euros que le ha exigido a la empresa del mafioso mallorquín.
« Respuesta #1143 en: 19 de Mayo de 2019, 07:07:51 am »
Lo consideran "causa justa"
El alto tribunal rechaza el recurso de los dos vástagos afectados contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya.
sábado, 18 mayo 2019, 12:11
El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una mujer de desheredar a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico en una sentencia en la que considera que el mismo constituye una "causa justa" para que la madre tomara tal decisión en su testamento.
El tribunal explica que el testamento de la madre, fechado el 3 de agosto de 2009, señala "que su hijo Francisco Javier le ha manifestado reiteradamente que está llena de maldades y brujerías y que la casa, igual que ella, está también embrujada y llena de maldades".
El testamento añade que la dejó "sola y abandonada a pesar de estar grave como consecuencia de una enfermedad crónica que padece desde hace más de diez años, que se ha ido agravando paulatinamente causándole una movilidad muy reducida y obligándola a desplazarse en una silla de ruedas".
Agrega que "su hijo Jorge le atribuye la responsabilidad de todos los males que, según él, ha padecido en la vida y le niega formal y expresamente su condición de madre, careciendo de interlocución alguna con él, hasta el punto de haber intentado la testadora felicitarle el día de su cumpleaños y sufrir el desplante de que le colgara el teléfono".
La testamentaria señala que "como consecuencia de todo lo expuesto deshereda a sus hijos Jorge y Francisco Javier e instituye heredero a su hijo Ignacio".
El Supremo recuerda que el Juzgado consideró acreditado que "los demandantes habían incurrido en un maltrato psíquico contra su madre a lo largo de los años, particularmente en los últimos de su vida cuando ya estaba enferma, con una conducta de menosprecio y abandono".
También estimó probado que "no hubo una reconciliación con su hijo Javier, que residió en casa de su madre durante sus últimos meses de vida por razones económicas y no de cuidados y asistencia".
El Tribunal Supremo fundamenta que "el maltrato psicológico se configura como una injustificada actuación del heredero que determina un menoscabo o lesión de la salud mental del testador de forma que debe considerarse comprendida en la expresión que encierra el maltrato de obra en el artículo 853.2 del Código Civil".
"En el presente caso la sentencia recurrida considera acreditado que ambos hermanos incurrieron en una conducta de menosprecio y abandono familiar respecto de su madre sin justificación alguna y solo imputable a los mismos", apostilla.
« Respuesta #1144 en: 07 de Junio de 2019, 08:13:00 am »
Se adjunta nota informativa de la Sala y sentencia.
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/Nota%20informativa%20y%20sentencia%20TS%2027%20mayo%202019.pdf
« Respuesta #1145 en: 11 de Junio de 2019, 07:34:44 am »
María, la viuda de José. (Braulio García Jaén)
« Respuesta #1146 en: 27 de Junio de 2019, 14:37:41 pm »
Los 4000 que deben pasta a Hacienda....
https://s3.eestatic.com/2019/06/27/politica/Listado_deudores.pdf
« Respuesta #1147 en: 13 de Julio de 2019, 13:52:34 pm »
Dos años y medio esperando al Ayuntamiento tras una caída en la vía pública
Sábado, 13 julio 2019 - 12:35
Socavón y estado de María tras la caída.
María G., una mujer de 84 años, se dirigía junto a su marido al Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche de Aravaca a dar su habitual clase de gimnasia para mayores. Esta anciana, con un estado físico normal para su edad, caminaba por la acera el 31 de enero de 2017 cuando un socavón la hizo perder pie y la conciencia por unos instantes tras una fuerte caída. La mujer fue atendida por el Samur por un traumatismo craneoencefálico y resultó ingresada en la Fundación Jiménez Díaz.
Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en una cirugía maxilofacial, sufrió cortes en la cara tras romperse las gafas que llevaba puestas y golpes en muñeca y rodilla izquierdas. En total pasó 90 días de convalecencia con el perjuicio que le supone a una persona de avanzada edad estar un periodo prolongado sin actividad. Su familia, preocupada no sólo por el golpe sino por las consecuencias futuras que pueda acarrear el mismo a una mujer activa pese a su edad.
Así, la mujer y sus familiares decidieron demandar al Ayuntamiento de Madrid como responsable del mal estado del pavimento. Explican que el proceso de reclamación fue largo y tedioso, lleno de trámites y de documentos y de plazos para presentar toda la documentación requerida por el Consistorio. El ente público solicitó los informes a los servicios participantes en el accidente de María, desde el Samur a la Policía Municipal que levantó acta de las actuaciones.
Dos años y medio después, Irene Cabrero la directora general de Organización, Régimen Jurídico y Formación resolvió que "concurren los requisitos para la procedencia de la indemnización solicitada". En el escrito, la aseguradora del Ayuntamiento valora en 4.766 euros, los 90 días de perjuicio moderado; en 551 euros, la cirugía maxilofacial; concede 2 puntos de perjuicio psicofísico y los valora en 1.302 euros y por último califica de moderado el perjuicio estético pero lo cuantifica en 7 puntos y valora en 4.897 euros. La resolución recoge también el coste de las gafas que se rompieron en la caída y la férula que necesitó la anciana pero no incluye los 350 euros que la familia gastó en sesiones de fisioterapia para recuperar la movilidad de las extremidades dañadas.
En total 11.517 euros. No obstante, pese al tiempo transcurrido y pese a la resolución favorable, la accidentada y su familia no han cobrado un euro puesto que la responsabilidad es para una empresa privada, la constructora Dragados, que es la concesionaria de la Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid. Empresa que tenía un mes para recurrir ante el órgano que dictó la resolución, cosa que hizo poco antes de que expirara el plazo, recurso que inexplicablemente no se le comunicó a la parte reclamante.
Dragados, desde un primer momento presentó alegaciones a la reclamación de la familia de María porque "no considera acreditados los hechos". Rechaza asumir cualquier tipo de responsabilidad en la "producción de los daños" y asevera "cumplir con diligencia las obligaciones contractualmente asumidas". Para la compañía, la "escasa entidad del desperfecto" no es suficiente para ser el responsable la caída de una anciana que con una "mínima diligencia" por parte de una mujer de 84 años "hubiera podido ser evitado".
Ahora la familia teme que el Ayuntamiento estime el recurso de la compañía "tras un año y medio" de lucha y que el conflicto termine en la justicia Contencioso Administrativa para la que tendrán que contratar a un abogado, con el gasto y la prolongación de la disputa que conllevaría. No comprenden "cómo una caída en la vía pública termina en un conflicto con una compañía privada".
« Respuesta #1148 en: 29 de Julio de 2019, 07:32:16 am »
« Respuesta #1149 en: 31 de Julio de 2019, 06:35:33 am »
29/06/2019 05:00 - Actualizado: 29/06/2019 12:45
"Me he sentido encarcelada en mi propia casa", relata Nuria. Esta madrileña de 38 años vive en el cuarto piso de un bloque de edificios de Parla (Madrid) que no cuenta con ascensor. 68 escalones "aprisionan" a esta enferma de síndrome de Sudeck —una hinchazón de las piernas, derivada en su caso de una operación de rodilla— que desde 2013 le impide subir y bajar escalones y, por tanto, salir a la calle.
Sin ascensor, "escapar" de su domicilio depende únicamente de su enfermedad. "Cuando tengo más dolor, he llegado a bajar los cuatro tramos de escaleras sentada, impulsándome con los brazos, y tardo casi media hora en llegar al portal", cuenta. "Y esto me ha provocado molestias en los hombros y las muñecas".
A pesar de las complicaciones, Nuria no ha dejado de trabajar. "No he querido hacerlo", asegura. Cada día, sus padres, con los que vive, tienen que ayudarla a bajar, como sea, las escaleras. "En los días buenos, agarro con una mano la muleta y mi madre me coge del otro brazo".
"Hace poco, me he obligado a mí misma a pedir 10 días de vacaciones aunque los he pasado sin salir de casa", prosigue.
Su enfermedad no solo tiene consecuencias físicas. "Cuando estoy sentada, tengo dolor aunque lo controlo, en parte, con parches de lidocaína. Pero también está el agobio de preguntarme si ese día podré ir o no a trabajar, si esta vez tendré fuerzas para salir de mi casa y quedar con amigos o si funcionará el ascensor de las estaciones de metro…", añade. "Además del malestar físico, que se agrava con el tiempo, te sientes bloqueado por la ansiedad, que en mi caso se ha convertido en depresión".
"He llegado a bajar las escaleras sentada y así tardo media hora en alcanzar el portal"
En un principio, según relata Nuria, sus vecinos comprendieron su drama y no se negaron a instalar un ascensor en el bloque, pero luego cambiaron de idea. "Algunos no se lo pueden permitir y otros no empatizan y se echaron para atrás", explica. "Y tampoco tenemos dinero para irnos a otro piso que sí cuente con elevador o a un bajo", apunta su madre.
El bloque contiguo, de las mismas proporciones que el de Nuria, sí tiene instalado un pequeño ascensor en el hueco de las escaleras, en el que caben una o dos personas.
El Ayuntamiento de Parla no concede ayudas para la instalación de estos aparatos, por lo que Nuria no cree que su situación vaya a mejorar en el corto o medio plazo. Tiene concedido un grado de discapacidad del 33%, pero debido a su sordera —no oye nada por el oído derecho—, no por su enfermedad; y va a volver a presentar una solicitud de movilidad reducida, que ya le fue denegada en una ocasión. "No voy en silla de ruedas. Como lo que tengo provoca principalmente dolor, es más difícil demostrar, tanto en el vecindario como en el trabajo, lo que sufro", añade.
Sus padres tienen que ayudarle a salir de casa y a bajar las escaleras
Nuria forma parte de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, de las cuales 100.000 nunca o casi nunca salen de sus domicilios debido a la falta de acondicionamiento de los inmuebles en los que viven. Son, en su mayoría, enfermos, usuarios de sillas de ruedas o ancianos con alguna dolencia.
Nuria, durante la entrevista. (A. R.)
Estos datos han sido publicados recientemente en un informe realizado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), que también cifra en un 22% el porcentaje de personas con movilidad reducida que ha tenido que cambiar de domicilio por culpa de esta problemática. Los principales obstáculos que encuentran son las escaleras junto a determinados elementos del portal o las zonas comunes. Además, según el informe, más de 4 de cada 10 personas con movilidad reducida pasan muchos días seguidos sin salir de casa.
Límite: 12 cuotas
En su artículo 10.1 b), la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) impide que se pueda realizar una reforma en un inmueble cuyo coste supere el valor de doce cuotas ordinarias si la mayoría de los propietarios se oponen a sufragarla.
El 33% de los afectados saldría más a la calle si su edificio fuera más accesible
Si un anciano o una persona con movilidad reducida lo solicitan, siempre que el precio de la instalación no supere este límite, la reforma no requiere el acuerdo de la Junta de propietarios. Si lo sobrepasa, la obra sí necesita del apoyo de, al menos, la mitad más uno de los vecinos.
Hablan las víctimas de los cortes de luz de Endesa en los ascensores... "sin preaviso"
Los administradores de fincas están recibiendo continuas quejas de propietarios de viviendas de más de 30 años ante la interrupción del servicio de electricidad de los elevadores
"Llevamos más de 20 años reclamando que se modifique la LPH, que ha sufrido algunos cambios pero que no son suficientes", explica Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). "Pedimos que se elimine esta limitación de las doce cuotas", explica, de forma que una instalación que mejore la accesibilidad de un edificio, aun superando el valor de 12 cuotas, sería también obligatoria.
"No es aceptable que las personas con problemas de movilidad estén encerradas en sus casas; es una injusticia social, no es vida", añade Queiruga. Y remata: "No es algo individual, la accesibilidad favorece a la sociedad en su conjunto".
Los 'encerrados' de Aluche
Abel, presidente de la Asociación. (A. R.)
España es el país del mundo con un mayor número de ascensores por habitante, según un estudio publicado en 2014 por el banco Credit Suisse. Pero en determinadas zonas de la periferia madrileña, como el barrio de Aluche, en el distrito de La Latina, estos aparatos, elemento habitual en cualquier edificio del centro de la capital, son casi un lujo.
A Abel Montalvo le entregaron su piso en el barrio poco después de casarse. "Me lo dieron el 19 de noviembre de 1967", una fecha que recuerda a la perfección y que define como "uno de los días más felices de su vida". Hoy, ya jubilado, preside la Asociación de Vecinos de Puerto Chico, impulsora de la plataforma "Puerto Chico se mueve", que lleva casi una década "luchando para que instalen ascensores que permitan a la gente mayor salir de sus casas y mejore la vida de los vecinos".
14 comunidades de vecinos de la zona se han beneficiado de las ayudas municipales y cuentan —ya instalados o en proceso— con ascensores en sus bloques. Otros 40 edificios tienen previsto hacerlo pronto. El estudio de arquitectos Q-21, un colectivo dedicado a la rehabilitación urbana de carácter sostenible, lleva colaborando con la Asociación de Vecinos —en un primer momento, para realizar las inspecciones técnicas de los edificios previas a la instalación— desde 2006 y 'firma' parte de estas obras.
Al tratarse de un Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), el Ayuntamiento de Madrid puede llegar a sufragar en Aluche hasta el 70% del coste de la instalación de ascensores, que suele rondar los 100.000 euros, ya que, en la mayor parte de los casos, es necesario construir desde cero la estructura del elevador en el patio interior de los edificios. Desde 2019, estas ayudas municipales se conceden por adelantado, antes del inicio de la obra y tras presentar una licencia.
Patio de un bloque de Aluche. (A. R.)
Por su parte, la Comunidad de Madrid llega a subvencionar a posteriori —ya con el ascensor en marcha— hasta el 40% de la instalación, con un máximo de 8.000 euros por vivienda. Para obtener la subvención, las comunidades de vecinos deben presentar tres presupuestos, lograr una mayoría simple favorable a la remodelación y pedir una licencia de obra, "que está tardando en llegar entre seis meses y un año", según explica Juan, otro miembro de la asociación.
Pero no todo es tan sencillo como parece: algunos vecinos, que podrían beneficiarse de estas subvenciones, desconocen su existencia; otros "no tienen ganas de andar 3 o 4 meses de obras en sus portales y domicilios".
Abel muestra sobre un plano cómo afecta la instalación a los edificios. (A. R.)
Además, gran parte de los bloques de edificios de Aluche tienen más de medio siglo, e instalar elevadores en ellos supone, en ocasiones, alterar la estructura de las viviendas de parte del bloque, por lo que ciertos residentes se niegan. "Ha habido juicios en algunas comunidades. Algunos se oponen porque poner un ascensor le quita a la mitad de los vecinos parte del espacio en el que se ubican los tendederos que dan al patio", donde se coloca el aparato. "Pero tras la obra, se les devuelve esa misma superficie y nadie pierde espacio en sus viviendas", coinciden en detallar tanto Lucía Martí, arquitecta de Q21, como Abel.
El barrio de Aluche, perteneciente al distrito de La Latina, es una de las áreas más envejecidas de su zona, con un porcentaje de población dependiente superior a la media madrileña. Según el censo municipal, más del 35% de sus casi 66.000 vecinos tiene más de 60 años y el grupo de habitantes de entre 70 y 74 años es el más numeroso en el barrio. "Aquí, a los que no nos falla la pierna derecha, nos falla la izquierda", bromea Abel al preguntarle por las necesidades de los residentes.
Sin pisar la calle en 5 años
Entre los cincuenta y los setenta, la Meseta de Orcasitas (distrito de Usera, Madrid) era un amasijo de chabolas y viviendas bajas construidas por trabajadores —en su mayoría, extremeños y castellanomanchegos— que habían acudido a la capital en busca de empleo. A partir de 1976, comienza la remodelación de la zona, a partir de un proyecto de ordenación gubernamental, que culmina con la construcción, en un primer momento, de más de 1.500 viviendas equipadas.
Margarita en el rellano de su vivienda. (A. R.)
Gracias a la labor de la Asociación de Vecinos de Orcasitas —que redactaron un plan urbanístico propio que el Tribunal Supremo obligó a cumplir a la Administración— todos los habitantes de la Meseta, incluso los inquilinos y los que vivían en chabolas, fueron realojados en los pisos de nueva construcción.
Algunos vecinos no pueden afrontar los gastos previos a solicitar la subvención del ascensor
La familia de Margarita era propietaria de una casa de planta baja en el barrio y pudo elegir una vivienda "de las nuevas" en 1980. Con la compensación de la expropiación pagó la entrada del recién estrenado domicilio. Pero casi 40 años después, la "casa nueva" no es tan nueva; es un cuarto piso sin ascensor. Margarita tiene 96 años y lleva 5 sin pisar la calle. En todo un lustro, "ha salido de casa solo cuando se ha roto las dos caderas y al cumpleaños de su nieta, que vive en el bloque de enfrente", cuenta la hija de la anciana, que también se llama Margarita.
Margarita, en su sofá. (A. R.)
"La última vez que se rompió la cadera, para bajarla, tuvimos que tumbarla en una sábana cogida por 3 personas; no había otra forma", relata. "Si pudiésemos, claro que saldríamos de casa con ella", indica señalando a su madre, a la que transportan en una silla de oficina, porque la silla de ruedas que guardan en el sótano apenas cabe por uno de los pasillos y roza las paredes.
"Una vecina me ha preguntado si mi madre había muerto, porque ya no la ve por la calle"
"En el barrio, todo el mundo la conoce. Esta misma mañana me ha pasado algo que me sucede muy a menudo: una vecina me ha preguntado si mi madre había muerto, porque ya no la ve por la calle", explica Margarita (hija). "Estamos enclaustrados por 39 escalones".
La hija y el yerno de Margarita colocan a la anciana en su silla. (A. R.)
En el bloque, no obstante, sí sería posible instalar un elevador, a través de las dispensas, unos pequeños habitáculos situados en los rellanos de cada planta y a los que se accede desde el interior de cada domicilio. No pertenecen a las viviendas, sino a la comunidad, según explica Margarita. "Tenemos buhardillas, en las que podrían ir las poleas, y sótanos, así que sería cuestión de ceder estas dispensas para colocar el ascensor", explica. "Pero no nos lo podemos permitir", añade.
Margarita en su sofá. (A. R.)
Según la Ley de la Propiedad Horizontal, si la familia de Margarita lo solicita, sería obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas. Al igual que Aluche, Orcasitas es otra Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), por lo que el edificio podría contar con generosas subvenciones por parte del Ayuntamiento para reformas que mejoren la accesibilidad. Pero afrontar los gastos previos a solicitar la ayuda —como el primer pago al arquitecto o la licencia de obra— es imposible para esta comunidad de vecinos. "En este bloque viven dos mujeres viudas, una separada, una divorciada y un jubilado. Y mi marido está en paro. Yo no puedo obligar a nadie a que ponga un dinero que no tiene", relata.
Además, la dotación se limita a 10.000 euros por piso, lo que perjudica a los bloques con menos vecinos. "Si te conceden la subvención, recuperas este dinero pero hay quienes no podemos permitirnos pagar estos gastos por adelantado", explica Margarita. "Para quitar el amianto de los tejados, que también está subvencionado municipalmente, hemos tenido que aumentar la cuota de la comunidad, porque había que pagar en gastos previos una derrama de más de 5.000 euros".
Según afirma Anxo Queiruga, presidente de Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), desde su asociación solicitan que "además de las ayudas para instalar ascensores, haya fondos de compensación económica para las personas que vivan en una comunidad de vecinos y demuestren que no tienen recursos suficientes para sufragar las cuotas de esas obras". Lucía Martí, del estudio Q-21, relata que los arquitectos suelen cobrar de forma fraccionada: una parte al finalizar el proyecto y solicitar la licencia y la otra al poner en marcha el ascensor.
Margarita en su domicilio. (A. R.)
El informe de COCEMFE indica que casi el 58% de los edificios donde viven personas con movilidad reducida no ha recibido ninguna ayuda y que el 33% de los afectados, como Margarita, saldrían a la calle más a menudo si la accesibilidad de las viviendas fuera mejor. "Y ya no es solo el caso de mi madre", explica Margarita. "A mi marido y a mi hija les han operado las rodillas; y son cuatro pisos de escaleras los que hay que bajar para salir de casa o subir con la compra del mes", añade. "Somos un país de viejos; nosotros vamos a estar dentro de nada como ellos", añade.
El ascensor, un lujo
"Antes de mi enfermedad, me preocupaba por cosas insignificantes, a las que ahora no doy importancia", relata Nuria sentada en el salón de su casa en Parla mientras muestra informes médicos sobre su dolencia. "Ahora me preocupan cosas como poder acceder al restaurante al que quiero ir a cenar una noche, que el transporte público esté adaptado o poder quedar con mis amigos".
"Cuando ingresaron en el hospital a mi madre durante dos meses, cuando se rompió una de las caderas, estuvo en varias plantas: en la sexta, en la novena y en la número trece", relata Margarita en su domicilio de Orcasitas, mientras la anciana, en silencio, atiende a la entrevista. "Cada vez que yo iba a visitarla, por inercia pura, me dirigía hacia las escaleras. Llevamos toda la vida en esta casa y no me acostumbraba a tener un ascensor tan a mano", añade. "Si ya molesta tener el ascensor estropeado un par de días, aquí, en mi bloque, es como si siempre estuviera roto", apunta.
« Respuesta #1150 en: 13 de Agosto de 2019, 15:22:11 pm »
Se supone que pagamos impuestos para su construcción y su mantenimiento, pues sino sería pagar doblemente por ello......así que NOOOOOOOOOO.
. I. ALECSANDERGETTY
Madrid 13 AGO 2019 - 12:14 CEST
Este 13 de agosto también es noticia que Isabel Díaz Ayuso se somete desde hoy a la investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid
« Respuesta #1151 en: 22 de Agosto de 2019, 07:23:10 am »
Santa Cruz de Retamar (Toledo) 22 AGO 2019 - 00:35 CEST
Angelines Valera y su padre Francisco en el patio de la residencia de Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo.
Martina Hernández, de 95 años, asistida por dos auxiliares en la residencia Servitrés de Santa Cruz de Retamar, Toledo.
Ahora sus familiares respiran aliviados. Durante una visita reciente a la residencia de Santa Cruz de Retamar la auxiliar Felisa Guerra paseaba a Francisco en silla de ruedas por un pequeño patio con banquitos, una fuente y una higuera. Alrededor en el silencio de los campos de La Mancha solo se escuchaba el zumbido de los coches de la autopista A-5, que conecta con Madrid.
« Respuesta #1152 en: 06 de Septiembre de 2019, 06:49:56 am »
« Respuesta #1153 en: 06 de Septiembre de 2019, 06:53:18 am »
Madrid 6 SEP 2019 - 03:25 CEST
La Consejería de Política Social y Familia, controlada desde hace dos semanas por Ciudadanos tras el pacto con el Partido Popular, responde que desconocen el motivo de las numerosas vacantes, que se generaron durante la pasada legislatura, cuando la región de Madrid era gobernada en solitario por el PP. “Estamos en un período inicial de evaluación de las necesidades reales de cada centro y pronto nos ocuparemos de dar una respuesta”. El diputado regional del PSOE José Ángel Chamorro atribuye las carencias a falta de voluntad y lentitud burocrática.
« Respuesta #1154 en: 06 de Septiembre de 2019, 11:29:19 am »
En el marco de PSD2
jueves, 05 septiembre 2019, 11:41
A partir del sábado 14 de septiembre, entrará en vigor la normativa para crear un mercado único de pagos en la Unión Europea.
En poco más de una semana, entrará en vigor la regulación en los servicios de pagos digitales decretada por parte de la Unión Europea. Es la conocida como Payment Service Providers (PSD2), que llega con el objetivo de crear un mercado único de pagos en la UE.
Así pues, a partir del próximo sábado, 14 de septiembre, acceder a la banca online cambiará de forma que los pagos electrónicos serán más seguros con el nuevo sistema de autenticación reforzada (strong customer authentication, abreviado como SCA).
Hasta ahora, para acceder a una cuenta corriente por Internet simplemente era necesario un usuario y una contraseña o, en su lugar, algún tipo de información biométrica (lectura de huella o facial),
Objetivo: reducir el fraude
El objetivo de la PSD2 es "reducir el fraude". La idea es combinar dos elementos independientes para verificar la identidad del cliente a una cuenta o bien a pagos electrónicos.
La normativa obligará a usar dos factores que pueden ser algo que solo conozca el usuario (una contraseña), algo que sea solo de su propiedad (móvil o tarjeta) y que forme parte de el (reconocimiento dactilar o facial).
« Respuesta #1155 en: 10 de Septiembre de 2019, 07:20:35 am »
« Respuesta #1156 en: 10 de Septiembre de 2019, 14:10:11 pm »
« Respuesta #1157 en: 10 de Septiembre de 2019, 20:16:00 pm »
« Respuesta #1158 en: 10 de Septiembre de 2019, 20:36:14 pm »
Luego se quejan de que cuando se jubilan cobran poco . . .
« Respuesta #1159 en: 11 de Septiembre de 2019, 10:20:49 am »
Cita de: 47ronin en 10 de Septiembre de 2019, 20:16:00 pm
Estoy cansado de oir historietas de autónomos, todo el día llorando.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 853
 resolución 
 resolución 
 artículo 10