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Timestamp: 2018-09-25 00:04:59+00:00

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﻿ SENTENCIA 2005-02324/35840 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2017
SENTENCIA 2005-02324 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD POR LA AFECTACIÓN AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA COMO CONSECUENCIA DE LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD DE UNA PERSONA DENTRO DE UN PROCESO PENAL. SE CONFIGURA EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO QUE LE FUE IMPUESTA A QUIEN FUE SEÑALADO DE SER UNO DE LOS RESPONSABLES DE PERPETRAR UN ATENTADO. EL ENTE INVESTIGADOR AL MOMENTO DE RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DE VARIOS DE LOS SINDICADOS DE PERPETRAR ESE ATENTADO, CONCLUYÓ QUE SE HABÍA SUPLANTADO LA IDENTIDAD DEL AHORA DEMANDANTE. ASÍ, SE ORDENÓ A LAS ENTIDADES RESPECTIVAS QUE CORRIGIERAN EN SUS BASES DE DATOS Y REGISTRARAN QUE EL DEMANDANTE NUNCA HA SIDO INVESTIGADO POR LA COMISIÓN DEL REFERIDO ATENTADO, LO CUAL NO SE HIZO EFECTIVO OCASIONÁNDOSE QUE EL NOMBRE DEL ACTOR FUERA DIVULGADO EQUIVOCADAMENTE POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL COMO LA PERSONA SINDICADA DE HABER PERPETRADO UNO DE LOS MÁS GRAVES ATENTADOS CONTRA LA SOCIEDAD COLOMBIANA, HECHO QUE OCASIONÓ QUE FUERA OBJETO DE AMENAZAS CONTRA SU VIDA E INTEGRIDAD Y TUVO QUE SOLICITAR PROTECCIÓN ESPECIAL. DE ESTA FORMA, ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS DE LA ORDEN JUDICIAL QUE DISPUSO QUE SE CORRIGIERA EL YERRO PROCESAL, EL ACTOR INTERPUSO ACCIÓN DE TUTELA POR MEDIO DE LA CUAL SE LE AMPARARON SUS DERECHOS AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y AL DEBIDO PROCESO. CONFORME A LO ANTERIOR, SE ENCUENTRA ACREDITADA LA FALLA EN EL SERVICIO POR PARTE DEL ENTE ACUSADOR PORQUE NO SE IDENTIFICÓ NI SE INDIVIDUALIZÓ DE FORMA PLENA Y CORRECTA AL VERDADERO SINDICADO DEL HECHO PUNIBLE Y, POR OTRO LADO, HUBO UNA TARDANZA EXAGERADA EN LA RECTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN RESPECTO DE LA PERSONA QUE HABÍA SIDO SUPLANTADA, LO CUAL SIGNIFICÓ UN DAÑO ANTIJURÍDICO QUE EL DEMANDANTE NO ESTABA EN LA OBLIGACIÓN DE SOPORTAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DERECHO A LA HONRA, FALSIFICACIÓN DE PERSONA, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE
Sentencia 2005-02324/35.840 de septiembre 14 de 2017
Rad.: 250002326000200502324 01 (35.840)
Actor: J. A. P. A. y otros
Temas: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Requisitos para su configuración / Daño antijurídico - afectación al buen nombre y a la honra como consecuencia de la suplantación de la identidad de una persona dentro de un proceso penal / Reparación integral - indemnización de perjuicios.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 18 de junio de 2008, mediante la cual se adoptaron las siguientes decisiones (se transcribe literalmente incluso los eventuales errores):
"1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del menor C. A. S. A.
"2. Declarar probada la excepción denominada 'hecho o culpa exclusiva de un tercero', propuesta por el apoderado judicial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
"3. Como consecuencia de lo anterior, DENEGAR las súplicas de la demanda, acorde con los argumentos expuestos en la motivación.
"4. Sin costas".
En escrito presentado el 11 de octubre de 2005, por intermedio de apoderado judicial, J. A. P. A., L. L. A. A., quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor C. A. S. A.; B. C. A. A., A. Z., J. A. A. A. y J. C. A. interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos como consecuencia de "(i) el señalamiento a nivel mundial y la investigación penal injusta como terrorista adelantada contra el señor J. A.P. A. y, (ii) por la expedición irregular de la cédula de ciudadanía a persona distinta de él, hechos que sucedieron desde el 15 de abril de 2003 hasta el 9 de marzo de 2004".
Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó que se condenara de forma solidaria a las demandadas a pagar por concepto de indemnización de perjuicios morales la suma equivalente en pesos a 1500 smlmv a favor de J. A.P. A., 1000 smlmv a favor de su madre, y 600 smlmv para sus abuelos, sus tíos y su hermano, respectivamente.
Por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente se deprecó la suma global de $24'000.000 a favor de los demandantes, representados en el pago de honorarios profesionales de abogado, transportes, fotocopias y viáticos; asimismo, por concepto de lucro cesante se solicitó a favor del principal afectado el monto de $722'000.000, como consecuencia de la "imposibilidad de continuar con sus estudios de ingeniería mecánica", y la suma de $6'360.000 derivada de lo dejado de percibir en el trabajo que realizaba antes de la suplantación de su identidad dentro del proceso penal adelantado por el atentado contra el club El Nogal de Bogotá.
Finalmente, solicitó la demanda que por concepto de indemnización de perjuicios por "daño psicológico", se reconociera la suma de 1500 smlmv a favor del principal afectado.
Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, narró la demanda, en síntesis, que el 7 de febrero de 2003 miembros de las Farc perpetraron un atentado terrorista en el club El Nogal de la ciudad de Bogotá D.C., el cual dejó a varias personas muertas y otras más heridas, hecho por el cual las autoridades competentes adelantaron las correspondientes investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales del atentado.
Afirma la demanda que el 15 de abril de 2003, a través de varios noticieros de televisión de transmisión nacional, delegados de la Fiscalía General de la Nación informaron que habían capturado a varios responsables del referido atentado contra el Club El Nogal y procedieron a leer los nombres de tales personas, dentro de los que se encontraba el del señor J. A.P. A., al tiempo que mostraron una fotografía suya.
Señaló el libelo que, ese mismo día, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en contra de J. A. P. U., motivo por la cual la madre del afectado, señora L. L. A. A., acudió a las instalaciones del DAS con el fin de aclarar la situación jurídica de su hijo, pero indicó que no le suministraron información alguna al respecto; no obstante lo cual, señaló que "por sus propios medios", logró averiguar que la Fiscalía General de la Nación había capturado a una persona identificada como J. A.P. A., quien al momento de su captura portaba una cédula original con los datos precisos del verdadero J. A. A. —hoy demandante—.
Señalaron los actores que la cédula con la cual se suplantó la identidad del ahora demandante había sido expedida el 17 de enero de 2001 por la Registraduría Nacional del Estado Civil con todos los requisitos formales, pero que, para esa fecha, el joven J. A.P. A. aún era menor de edad, toda vez que su cédula solo le fue entregada el 29 de mayo de 2003, es decir, con posterioridad al atentado terrorista.
Agregó la demanda que, posteriormente, el DAS envió una comunicación a la familia P. A., en la cual les informó que la cédula que portaba el capturado por el referido, identificado como "alias El Negro", era aparentemente falsa, por lo que el ahora demandante debía dirigirse a la Fiscalía General de la Nación para aclarar su situación jurídica, lo cual ocurrió el 24 de junio de 2003, pero que inexplicablemente procedieron a capturarlo, y luego de nueve (9) horas de detención y de establecer que los rasgos morfológicos eran distintos a los de alias "El Negro", procedieron a dejarlo en libertad.
Manifestó la demanda que por más de dos años contados desde que se enteró de la suplantación de su identidad, el nombre del ahora demandante siguió apareciendo en las providencias judiciales de la Fiscalía General de la Nación dictadas contra el verdadero sindicado del atentado contra el club El Nogal, alias "El Negro", a pesar de las múltiples solicitudes hechas por el directo afectado para que procedieran a realizar la respectiva corrección. Sin embargo, indicó que nada se hizo al respecto, sino que, por el contrario, su nombre seguía siendo registrado en los principales medios informativos del país, circunstancia que ocasionó que en contra suya y de su familia se lanzaran amenazas sobre su vida e integridad por parte de desconocidos.
Sostuvo la demanda que solo hasta el 9 de marzo de 2004, el Juez Octavo Penal del Circuito de Bogotá ordenó a la Fiscalía General de la Nación que eliminara el nombre del afectado del escrito contentivo de la medida de aseguramiento del 15 de abril de 2003, de la boleta de detención de esa misma fecha, así como de todas las providencias judiciales que se hubieren proferido contra el señor J. A.P. A., con el fin de proteger sus derechos a la honra y al buen nombre; asimismo, ordenó a la Fiscalía que estableciera de forma correcta en dichas providencias el verdadero nombre e identidad de alias "El Negro". Sin embargo, indicaron los actores que hasta la fecha de presentación de la demanda dichas órdenes no se habían cumplido.
En relación con los hechos anteriormente descritos, señalaron los demandantes que los mismos resultan constitutivos de una grave falla del servicio, la cual les ocasionó múltiples perjuicios del orden moral y material que no estaban en la obligación de soportar y que, por consiguiente, debían ser indemnizados por la administración pública demandada1.
2. Tanto la demanda como su adición fueron admitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante proveídos fechados el 16 de noviembre de 2005 y el 22 de marzo de 2006, respectivamente, decisiones que se notificaron en legal forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público2.
3. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por los actores. Como razones de su defensa adujo que dentro de sus funciones no estaba la de ejercer atribuciones jurisdiccionales, pues su actuación se limitaba a hacer efectivas las órdenes de captura que le eran remitidas por las autoridades competentes, por lo que no podía imputársele el supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se endilgó en la demanda. A lo anterior agregó que en el presente caso el ahora demandante fue dejado en libertad a las pocas horas, luego de que se comprobara que no era la persona requerida por las autoridades, amén de que se probó que se trataba de un caso de suplantación de identidad por parte de un tercero3.
A su turno, la Fiscalía General de la Nación manifestó que en el presente asunto se configuró la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero, para cuyo efecto partió de afirmar que el señor J. A.P. A. fue suplantado por unos de los sindicados del atentado contra el club El Nogal, para lo cual había utilizado una cédula expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, hecho que resultó imprevisible a irresistible para esa entidad; por lo demás, indicó que la actuación de la Fiscalía se surtió de conformidad con la normativa vigente para la época de los hechos, por manera que no podía predicarse falla alguna del servicio en su contra4.
Finalmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que no era la entidad llamada a responder por el supuesto daño antijurídico que originó la presente acción, toda vez que no era cierto que esa entidad hubiera expedido una cédula a la persona que suplantó al ahora demandante, puesto que se probó que ese documento de identificación era totalmente falso, a partir de lo cual propuso la excepción consistente en la falta de legitimación en la causa por pasivas5.
4. Vencido el período probatorio dispuesto en providencia proferida el 23 de agosto de 2006 y fracasada la etapa de conciliación, el Tribunal de primera instancia, mediante auto de 9 de abril de 2008, dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto6.
En sus alegatos la parte actora reiteró los argumentos expuestos con la demanda e insistió en que la suplantación de la identidad del principal afectado dentro del proceso penal adelantado contra los responsables del atentado contra el club El Nogal y la consiguiente vulneración a sus derechos al buen nombre y a la honra constituía una carga que no estaba en la obligación de soportar, razón por la cual el Estado debía responder patrimonialmente por el daño antijurídico que les había causado a los ahora demandantes, conclusión a la que llegaba dado el "error judicial" en que incurrieron las demandadas en la individualización e identificación de la persona verdaderamente requerida por la justicia penal7.
En sus alegatos, las entidades demandadas reiteraron los argumentos expuestos con las contestaciones de la demanda respecto de la ausencia de falla del servicio o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia frente a las actuaciones adelantadas por tales entidades8.
En su concepto, el Ministerio Público manifestó que debían denegarse las pretensiones de la demanda, por considerar que si bien dentro del proceso penal se vio involucrado el nombre del señor J. A.P. A., lo cierto fue que ello obedeció a la falsificación que hiciera alias "El Negro" del documento de identidad del aquí demandante, hecho que configuraba la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero9.
Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B profirió sentencia el 18 de junio de 2008, oportunidad en la cual denegó las pretensiones de la demanda y declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa del entonces menor de edad C. A. S. A., toda vez que su registro civil de nacimiento fue allegado en copia simple, lo cual impedía que tuviera eficacia probatoria.
En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal de primera instancia, a partir de las pruebas aportadas al proceso, concluyó que la cédula que usó alias "El Negro" para suplantar la identidad del ahora demandante era "integralmente falsa", razón por la cual consideró que no se trataba de una expedición irregular de dicho documento de identidad por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, por consiguiente, dicha circunstancia configuraba la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero.
Adicionalmente, señaló el Tribunal a quo que las demás entidades demandadas no incurrieron en falla alguna del servicio que comprometiera su responsabilidad patrimonial, puesto que "lo que se evidencia del estudio del plenario es la actuación apropiada y diligente de la Fiscalía, el Juzgado de conocimiento y, por supuesto del DAS, no sólo en la investigación de los hechos criminales sino en lo relacionado al esclarecimiento de la situación jurídica de J. A. frente al investigativo".
Finalmente, sostuvo que si bien era cierto que tanto el principal afectado como sus familiares padecieron las consecuencias del hecho de haber visto suplantada su identidad en el presente asunto, también lo era que "no se advierte que esas circunstancias hubiesen sido abiertamente desproporcionadas o irracionales, que rompieran el equilibrio de las cargas públicas, para calificarse por ejemplo el hecho como una verdadera privación injusta de la libertad"10.
Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación, el cual fue concedido por el Tribunal a quo el 16 de julio de 2008 y admitido por esta corporación el 7 de noviembre de esa misma anualidad11.
En su escrito de impugnación, la parte recurrente indicó que, contrario a lo afirmado por el Tribunal de primera instancia, en el presente caso sí se configuró un daño antijurídico, dado que a pesar de que el señor J. P. A. no fue privado físicamente de su libertad, las autoridades demandadas indicaron a las agencias nacionales e internacionales de prensa el nombre del ahora demandante como una de las personas sindicadas de haber perpetrado el atentado en contra del club El Nogal de Bogotá, hecho que le ocasionó graves y múltiples perjuicios. En ese sentido, agregó que,
"... Era deber de las autoridades establecer la verdadera identidad de quien fue capturado, previo a llevar a cabo una rueda de prensa, sin que se estuviera seguridad de su plena identidad. Entonces es claro que el nombre de J. P. A. fue puesto en la picota pública y, por ende, el daño a su buen nombre se traslada al daño en su dignidad".
Finalmente, señaló la parte impugnante que el buen nombre del principal afectado se agravió a partir del 4 de abril de 2013, e incluso, luego del 4 de marzo de 2004, cuando el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá ordenó de forma definitiva corregir las providencias en las que figuraba el nombre del señor J. A. P. A. como responsable de ese atroz crimen, puesto que esa orden tardó más de un año en ser cumplida, todo lo cual revelaba tanto la falla del servicio por parte de las demandadas, como el daño antijurídico causado a los actores12.
7. Una vez se dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, las partes reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del trámite de la presente acción, mientras que el Ministerio público guardó silencio13.
8. Mediante proveído del 7 de julio de 2017, la magistrada ponente de la presente sentencia decidió tener como sucesora procesal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación en auto del 22 de octubre de 201514.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1. competencia de la Sala; 2. legitimación en la causa por activa; 3. caducidad de la acción; 4. precisiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto; 5. lo probado en el proceso; 6. el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso concreto; 7. indemnización de perjuicios; 8. decisión sobre costas.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso15.
Como en este caso se debate la responsabilidad del Estado por el supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en perjuicio del señor J. A.P. A., la Sala es competente para conocerlo en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B profirió el 18 de junio de 2008.
Con ocasión del daño que originó la presente acción, esto es, los perjuicios sufridos por los demandantes por causa de un supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y/o una falla del servicio imputables a las demandadas, concurrieron al proceso los señores J. A.P. A., L. L. A. A., quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor C. A. S. A.; B. C. A. A., A. Z., J. A. A. A. y J. C. A., quienes adujeron ser la madre, los abuelos, el tío y el hermano del principal afectado, respectivamente, y acreditaron dicha condición con los respectivos registros civiles de nacimiento aportados al proceso16, motivo por el cual se concluye que tales demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa en el presente asunto.
No obstante lo anterior, en relación con el demandante C. A. S. A. se tiene que el Tribunal Administrativo de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa por activa de ese demandante, pues su registro civil de nacimiento se allegó al proceso, en copia simple.
Al respecto, conviene precisar que en el escrito contentivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora no se formuló inconformidad alguna en relación con la decisión del Tribunal a quo que declaró la falta de legitimación en la causa por activa del mencionado actor, razón por la cual, la Sala mantendrá dicha decisión, dado que al no haber sido controvertido en la impugnación, dicho punto de la litis quedó definido en sede de primera instancia.
En el sub examine la responsabilidad patrimonial que se impetra en la demanda se origina en los daños que los demandantes afirmaron haber sufrido con ocasión de la afectación al buen nombre y a la honra del demandante dentro de un proceso penal en el cual su identidad fue suplantada y fue sindicado de ser uno de los responsables de perpetrar el atentado al club El Nogal de Bogotá el 7 de febrero de 2003, hechos que se prolongaron —en principio—, hasta el 9 de marzo de 2004, cuando el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá ordenó de forma definitiva corregir las providencias en las que figuraba el nombre del señor J. A.P. A. como responsable de ese lamentable hecho.
Así pues, si bien el actor principal como consecuencia de la suplantación de que fue víctima vio afectados sus derechos al buen nombre y a la honra desde el mes de febrero de 2003, lo cierto es que solo a partir de la providencia del 4 de marzo de 2004 se aclaró su situación jurídica, es decir, se estableció que efectivamente se habría incurrido en un error de identificación e individualización del verdadero sindicado por parte de las demandadas, razón por la cual debe tomarse esa fecha como el inicio del cómputo del término de caducidad17.
Así las cosas, por haberse presentado la demanda el 11 de octubre de 2005, concluye la Sala que se presentó dentro del término legal establecido para ese efecto, circunstancia que impone proseguir con el estudio de fondo del recurso incoado por la parte actora.
4. Precisiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.
Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, el daño antijurídico que dio origen a la presente acción de reparación directa se habría ocasionado como consecuencia de un supuesto "defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y un error jurisdiccional", dado que, dentro del proceso penal adelantado contra los responsables del atentado contra el Club El Nogal de Bogotá no se realizó una plena individualización e identificación de uno de los sindicados, lo cual llevó a que este suplantara la identidad del ahora demandante, ocasionándole graves perjuicios.
Estas afirmaciones contenidas en la demanda ameritan una precisión, en tanto la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con base en el contenido de los artículos 66 y 69 de la Ley 270 de 199618 ha evidenciado algunas modulaciones en cuanto tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable a supuestos como el que en ese proceso se examina, en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos ocasionados por la Administración de Justicia.
Al respecto, debe precisarse que esta Sección del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha considerado que se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional cuando se atribuyen falencias en las que se incurre a través de providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo.
En cuanto tiene que ver con los presupuestos correspondientes, la Sala ha señalado, como requisitos que deben concurrir para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los siguientes: a) que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes19 y b) que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria20.
Por otra parte, respecto del título de imputación por defectuoso funcionamiento de la Administración Judicial, la corporación ha sostenido que se está en presencia de este título jurídico de imputación en aquellos supuestos en los cuales la responsabilidad se deriva de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias de los jueces. En la anotada dirección, la Sala ha discurrido de la siguiente manera (se transcribe literalmente)21:
“…nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el 'giro o tráfico jurisdiccional', entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño —incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional', sino en otro tipo de actuaciones distintas.
'En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho'22.
"Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, 'quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación' (art. 69, L. 270/96)" (subrayas fuera del texto original).
De conformidad con lo anterior, concluye la Sala que el presente asunto bien puede analizarse bajo la óptica del título jurídico de imputación denominado defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que el hecho dañoso demandado se habría originado en las actuaciones judiciales tendientes a lograr la identificación e individualización del verdadero responsable penalmente, así como en la tardía corrección y rectificación por parte de las demandadas de la información que reposaba en el proceso penal.
Bajo dicha óptica, la Sala procederá a establecer los hechos que se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso para, posteriormente, analizar el daño antijurídico y la eventual responsabilidad patrimonial que se les imputa a las demandadas.
De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado lo siguiente:
— Dentro del proceso penal adelantado contra los responsables del atentado al club El Nogal de Bogotá, perpetrado el 7 de febrero de 2003, la Fiscalía 23 Especializada contra el Terrorismo de Bogotá, a través de proveído del 15 de abril de 2003, dictó medida de aseguramiento contra la persona identificada con el nombre de "J. A.P. A.", cuyos datos se registraron así: C.C. X0'XXX.XXX de Bogotá, fecha de nacimiento 19/10/1987, edad 19 años, nombres de los padres: A. P. y N. A., estatura 1.60 cros., piel trigueña, contextura normal, número de proceso 60.057, delitos: terrorismo en concurso heterogéneo con rebelión23.
— Obra igualmente la boleta de detención 18 de 15 de abril de 2003, suscrita por el Fiscal 23 Especializado de Bogotá dentro del proceso penal radicado con el No. 60.057 y dirigida al Director de la Penitenciaria La Picota de Bogotá, a través de la cual le solicitó mantener detenido a quien dijo ser "J. A.P. A.", identificado con C.C. X0'XXX.XXX de Bogotá, por los delitos de terrorismo y rebelión24.
— El 24 de junio de 2003, el Grupo de Identificación del DAS, a solicitud del ahora demandante, expidió un "formato de estado procesal" en el cual le informó que "J. A.P. A. C.C. X0’XXX.XXX" se encontraba detenido en la cárcel La Picota, en virtud de una medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía 23 Especializada de Bogotá por los delitos de terrorismo y rebelión25.
— El 2 de mayo de 2003 el ahora demandante J. A.P. A. elevó una petición ante el Director del DAS de la época, a través de la cual solicitó que se expidiera a su favor "una certificación en la cual se haga absoluta claridad en cuanto a que el suscrito del presente petitorio no es la misma persona que se indica con exactamente los mismos nombres y apellidos en el boletín de prensa emitido por el DAS el 15 de abril de 2003"26.
En respuesta a la anterior petición, el DAS, a través de oficio del 25 de marzo de 2004, le informó lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los eventuales errores):
"En relación con la anotación que figura en nuestros archivos:
"FIGURA: P. A. J. A., C.C. X0’XXX.XXX. UNIDAD ESPECIALIZADA EN TERRORISMO, FISCAL 15 ESPECIALIZADA DE BOGOTÁ, EN OFICIO 234 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2003, COMUNICA QUE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2003, IMPUSO DETENCIÓN PREVENTIVA SIN LIBERTAD CONDICIONAL, PROCESO 59535 DELITOS: TERRORISMO, HOMICIDIO AGRAVADO Y TENTATIVA DE HOMICIDIO"27 (mayúsculas del texto original).
— En similar sentido a la anterior petición, el 13 de febrero de 2004, el ahora demandante J. P. A. formuló esa misma solicitud de rectificación al Procurador Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, y el 15 de marzo de 2004 lo hizo ante la Oficina de Divulgación de Prensa del DAS28.
— El 19 de febrero de 2004, la Fiscalía 14 Delegada contra el Terrorismo, al momento de resolver la situación jurídica de varias personas sindicadas de perpetrar el atentado contra el club el Nogal, el 7 de febrero de 2003, decidió, entre otros tópicos, "informar a la división de antecedentes del DAS que la persona conocida con el nombre de J. A.P. A. con C. C. X0’XXX.XXX de Bogotá, no es la requerida dentro de este proceso, no corresponde a la persona por la cual se procedió en este proceso, por cuanto fue suplantado por el aquí procesado, el que se acusó como alias "El Negro", J. A.P. A., indocumentado, lo anterior para aclarar la situación anterior"29.
— El 19 de febrero de 2004 el señor P. A. solicitó al Director del Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación que fuera incorporado en dicho programa, dado que, como consecuencia de la suplantación de su identidad que realizó la verdadera persona sindicada del atentado contra el Club El Nogal, el ahora demandante había sido víctima de varias amenazas contra su vida e integridad por parte de desconocidos30.
— El 22 de abril de 2004, el señor J. A.P. A. acudió ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar las amenazas de muerte de las cuales fue objeto por parte de desconocidos que lo increparon en momentos en que llegaba a su lugar de residencia en la ciudad de Bogotá31.
— El 6 de abril de 2004, el Director de Servicios Especializados de la Policía Nacional informó al señor J. A.P. A. que de acuerdo con el estudio técnico de nivel de riesgo y grado de amenaza realizado por el grupo de Estudios de Seguridad de la Policía Nacional, se calificó su nivel de riesgo como "MEDIO MEDIO", habida cuenta de que "existen indicios de presencia de amenaza sin que se pueda determinar una dirección concreta, es decir, es posible que el hecho pueda suceder". Asimismo, en esa comunicación se le brindó una cartilla con recomendaciones de seguridad32.
— Mediante providencia proferida el 9 de marzo de 2004, el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá ordenó "el cambio de nombre en las carátulas del proceso y en el sistema y ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el DAS, desplieguen toda su capacidad técnica y operativa para que descubran la verdadera identidad de alias 'El Negro', pero a cuyo resultado de manera alguna se puede condicionar la reparación del buen nombre del ciudadano suplantado. Ofíciese en aras de que se cumpla todo ello"33.
No obstante lo anterior, luego de casi dos años de haber impartido dicha orden, a través de oficio del 1º de febrero de 2006, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá requirió nuevamente, con carácter de "urgente" al DAS, para que "se sirva actualizar su base de datos en el sentido de registrar que el señor J. A. P. A., portador de la CC. X0’XXX.XXX de Bogotá, no ha sido ni es sujeto procesal (sindicado), dentro del proceso (288-8) que se lleva en este Juzgado por el delito de terrorismo, rebelión y falsedad material en documento público, idéntica situación ocurre con el proceso Nº 2005-05 que cursa actualmente por los delitos de homicidio agravado, rebelión y otros (Club El Nogal) "34.
— Mediante oficio remitido el 30 de octubre de 2006 al Tribunal de primera instancia, el coordinador del grupo de identificación del DAS hizo constar lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los eventuales errores):
"El Juzgado 8º Penal del Circuito Especializado de Bogotá en oficio del 1º de febrero de 2006 ordenó a esta Entidad actualizar nuestra base de datos comunicando que el señor J. A. P. A. portador de la cédula X0’XXX.XXX no ha sido, ni es sujeto procesal (sindicado), dentro del proceso radicado con el número (288-8) que se lleva en dicho despacho por el delito de terrorismo, rebelión y falsedad material en documento público, idéntica situación ocurre con el proceso (2005-005), que cursa actualmente por los delitos de homicidio agravado, rebelión y otros 'Club El Nogal'.
"Para lo anterior, esta coordinación el día 20 de febrero de 2006 procedió a cancelar dicho registro de nuestra base de datos.
"Por lo anterior, el señor J. A.P. A. C. C. X0’XXX.XXX no registra antecedentes judiciales de acuerdo con el artículo 248 de la C.P. ni tampoco posee contravención judicial alguna"35 (negrillas y subrayas adicionales).
— De otra parte, obran en el proceso varios recortes de prensa36 correspondientes a los meses de febrero a junio del 2004, en los cuales se relacionaban varios sindicados de cometer el atentado al club El Nogal, entre los cuales figuraba el nombre completo de J. A.P. A.; asimismo, se allegó un CD-Room que contiene varios informes periodísticos de noticieros con cobertura nacional de esa época, en los cuales se registró el nombre del ahora demandante como una de las personas que habían sido detenidas por perpetrar dicho atentado.
— Como consecuencia de lo anterior, se tiene que entre el 18 y el 21 de mayo de 2004, el ahora demandante dirigió varios oficios ante los directores de los noticieros RCN Noticias, Caracol Noticias, CM&, Noticias UNO, Revista Semana y ante los periódicos El Tiempo y El Espectador, con el fin de que se rectificara y se divulgara la información respecto de la suplantación de identidad de la cual habría sido víctima dentro del proceso penal adelantado por el atentado contra el Club El Nogal37.
— El 19 de octubre de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B profirió sentencia dentro de una demanda de tutela instaurada por el ahora demandante, J. A.P. A., con el fin de que se protegieran sus derechos al buen nombre, a la honra y al debido proceso, entre otros38.
En dicha providencia se concluyó que, a pesar de haberse expedido sendas órdenes judiciales impartidas por el Juzgado 8º Penal del Circuito de Bogotá, las mismas no se habían cumplido hasta esa fecha, razón por la cual decidió amparar tales derechos y ordenó al DAS, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de ese fallo se procediera a corregir y a rectificar toda la información que reposaba en sus bases de datos y que relacionara de cualquier forma al señor J. A.P. A., de conformidad con lo ordenado en los autos de 9 de marzo de 2004 y 3 de marzo de 2006, proferidos por el referido juzgado penal.
Asimismo, ordenó a tales entidades que, en ese mismo término de 48 horas, publicaran a su cargo, en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, un comunicado de forma conjunta en el que se diera a conocer la suplantación que se presentó en el trámite del proceso penal, así como la confusión en la que incurrieron tales autoridades, y que se informara que el señor P. A. no estaba implicado de forma alguna en la realización de las conductas por las cuales el sujeto conocido con el alias de 'El Negro' estaba siendo procesado por la justicia penal.
— Mediante oficio del 20 de noviembre de 2006, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó al Tribunal de primera instancia que la cédula X0’XXX.XXX fue entregada al señor J. A.P. A. el 29 de mayo de 2003 en la localidad de San Cristóbal de Bogotá D.C., y que "las impresiones dactilares consignadas en la tarjeta correspondiente a este número de cédula y nombre fueron cotejadas con las impresiones dactilares tomadas al detenido por la Registraduría Distrital en la tarjeta decadactilar de preparación, estableciéndose que se trata de personas distintas"39.
— De igual forma, a través de oficio del 13 de diciembre de 2007, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá informó al Tribunal a quo que "dentro del radicado 288-8 (nuestro) y 111-60057 de la Fiscalía, que se sigue en contra de alias 'El Negro' no se ha podido establecer la plena identidad de este individuo, descartando por completo que se trate de J. A.P. A., ya que este nombre pertenece a otra persona ajena a los hechos que aquí se investigan"40.
El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el presente caso
Las circunstancias descritas en el anterior acápite de esta sentencia evidencian que el 15 de abril de 2003 la Fiscalía Especializada de Bogotá contra el Terrorismo dictó medida de aseguramiento y libró boleta de detención en contra de la persona identificada con el nombre de "J. A.P. A. identificada con C.C. X0’XXX.XXX", por haber sido señalado de ser uno de los responsables de perpetrar el atentado contra el club El Nogal de Bogotá, el 7 de febrero de 2003.
Sin embargo, el 19 de febrero de 2004 ese mismo ente investigador, al momento de resolver la situación jurídica de varios personas sindicadas de perpetrar ese atentado, concluyó que el sindicado que se había identificado como J. A.P. A. no era la persona que dijo ser, sino que había suplantado la identidad del ahora demandante, motivo por el cual ordenó al DAS que corrigiera esa situación en sus bases de datos.
Asimismo, mediante providencias proferidas los días 9 de marzo de 2004 y 1º de febrero de 2006, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá ordenó a la Fiscalía General de la Nación y al DAS que corrigieran sus bases de datos y registraran que el verdadero J. A.P. A. nunca ha sido investigado por la comisión del referido atentado terrorista, pero se tiene que, por razones desconocidas en el presente proceso, no se hizo efectiva dicha rectificación.
La anterior situación ocasionó que su nombre fuera divulgado equivocadamente por medios masivos de comunicación en el ámbito nacional, en los cuales se registraba al señor J. A.P. A. como la persona sindicada de haber perpetrado el atentado contra el club El Nogal, uno de los más graves atentados contra la sociedad colombiana y que conmocionó al país entero, hecho que, según se probó, ocasionó que fuera objeto de amenazas contra su vida e integridad por parte de desconocidos y tuviera que acudir ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar esa situación y ante la Policía Nacional para solicitar protección especial.
De igual forma, se tiene que ante la falta de cumplimiento por parte de las ahora entidades demandadas de la orden judicial que dispuso que se corrigiera el yerro procesal en que se había incurrido en la identificación del verdadero sindicado de ese atentado terrorista, el ahora demandante instauró una demanda de tutela, la cual fue resuelta el 19 de octubre de 2006 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual decidió amparar los derechos fundamentales del ahora demandante a su buen nombre, a la honra y al debido proceso, entre otros, al tiempo que ordenó unas medidas de reparación integral, consistentes en rectificar toda la información que reposara en las bases de datos de tales entidades y la divulgación de un comunicado conjunto a través de medios masivos de comunicación, en los que se informara acerca del error de identificación e individualización en el cual se incurrió.
Así pues, ha de concluir la Sala que en el sub lite se encuentra acreditada una falla del servicio por parte de la Fiscalía General de la Nación; específicamente, un "defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia", dado que, por un lado, no se identificó ni se individualizó de forma plena y correcta al verdadero sindicado del hecho punible y, por otro lado, hubo una tardanza exagerada en la rectificación y corrección de la información respecto de la persona que había sido suplantada, lo cual significó, sin lugar a dudas, un daño antijurídico que el ahora demandante no estaba en la obligación de soportar41.
En ese sentido, resalta la Sala que de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, una de las obligaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación era, precisamente, "practicar y recaudar las pruebas indispensables en relación con la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho y su responsabilidad'42.
De igual forma, respecto del contenido de las órdenes de captura dictadas en procesos penales, el artículo 378 del aludido Código de Procedimiento Penal establecía lo siguiente:
"ART. 378.—Orden escrita de captura. La orden de captura deberá contener los datos necesarios para la identificación o individualización del imputado y el motivo de la captura. Proferida la orden de captura, el fiscal enviará copia a la dirección de Fiscalía correspondiente y a los organismos de policía judicial para que se registren y almacenen los datos" (se ha destacado y subrayado).
De la lectura de las anteriores disposiciones legales se infiere que era deber de la Fiscalía General de la Nación practicar, recaudar y examinar de manera exhaustiva todas y cada una de las piezas procesales, con el fin de verificar la identidad de los autores o partícipes del hecho punible y, con base en ello, proceder a dictar la correspondiente orden de captura. Sin embargo, en el presente asunto, la Fiscalía de conocimiento, a pesar de que no se encontraba plenamente identificada la persona conocida como "J. A.P. A.", alias "El Negro", procedió a proferir medida de aseguramiento y a librar una orden de captura en su contra, sin advertir la grave inconsistencia respecto de la identificación e individualización del verdadero responsable penal.
De igual forma, las pruebas allegadas al plenario evidencian también la existencia de un error craso, el cual no fue debidamente subsanado durante casi tres (3) años, circunstancia que no hace otra cosa que poner de presente prima facie el descuido, la negligencia y la desidia con que las entidades encargadas de corregir el referido yerro actuaron -Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS-, todo lo cual significó que el ahora demandante fuera objeto de amenazas contra su vida e integridad por parte de desconocidos que lo identificaban como el responsable del aludido atentado terrorista, al tiempo que su buen nombre y su honra fueran afectados ostensiblemente durante ese tiempo por los medios masivos de comunicación.
Todo el panorama expuesto pone en evidencia que la afectación al buen nombre y a la honra del señor J. A.P. A. supuso la materialización de lo que ha sido denominado por la jurisprudencia y doctrina alemana como "el error craso", teoría a partir de la cual se permite inferir una falla del servicio ante la constatación de un daño grosero, desproporcionado, y flagrante43.
Así las cosas, la Sala concluye que el daño sufrido por el señor P. A., consistente en la afectación a sus derechos al buen nombre y a la honra, es de carácter anormal e injusto y que es consecuencia de la falla del servicio y/o el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia imputable a las demandadas —Fiscalía General de la Nación y Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
Finalmente, respecto de la responsabilidad que se endilgó en la demanda en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, advierte la Sala que de acuerdo con los hechos que fueron probados en el proceso, la cédula que utilizó la persona que suplantó al ahora demandante conocido con el alias de "El Negro" era falsa y no fue expedida por esa entidad, pues la verdadera cédula fue entregada al ahora demandante el 29 de mayo de 2003, es decir, después del referido atentado, razón por la cual se impone concluir que esa entidad pública no está llamada a responder por el daño antijurídico que originó la presente acción.
Con fundamento en todo lo anterior, procederá la Sala a estudiar la indemnización de perjuicios contenida en la demanda frente a la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS; sin embargo, debe precisarse que mediante auto del 7 de julio de 2017 se decidió tener como sucesora procesal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, razón por la cual la condena que se impondrá en esta sentencia contra el DAS deberá ser asumida por esta última entidad, con cargo a los recursos del patrimonio autónomo administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A.
Para el caso sub lite, entiende la Sala que la afectación al buen nombre y a la honra del señor J. A.P. A., por casi tres años, en los cuales su nombre seguía figurando como uno de los responsables de ese atroz atentado causa, per se, una afección moral que debe ser indemnizada.
En efecto, según fue establecido, la ostensible falla del servicio en que incurrieron las entidades demandadas en la identificación e individualización del verdadero responsable del hecho ilícito llevó a que se sindicara por medios masivos de comunicación por más de tres años a un inocente de la comisión de ese atentado terrorista, todo lo cual revela el sufrimiento, la impotencia y la angustia padecidos tanto por la víctima directa como por sus familiares.
Adicionalmente, resulta comprensible que una persona que haya padecido las consecuencias de una suplantación de identidad dentro de un proceso penal por la comisión de ese terrible atentado terrorista y, como consecuencia, que haya visto en riesgo su vida y su integridad por causa de las amenazas contra su vida e integridad, se sienta moralmente afectada, al igual que su familia44, razón por la cual tales circunstancias permiten inferir, para el caso concreto, una considerable afectación moral.
De otra parte, cabe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento de los demandantes J. A.P. A., L. L. A. A., B. C. A. A., A. Z., J. A. A. A. y J. C. A., quienes adujeron ser la madre, los abuelos y el tío, respectivamente, y acreditaron dicha condición con los respectivos registros civiles de nacimiento aportados al proceso45.
Con fundamento en todo lo anterior y teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio y de acuerdo con parámetros establecidos por la jurisprudencia de esta Sección46, la Sala impondrá como indemnización de daño moral, a favor de las siguientes personas y por los montos establecidos a continuación:
J. A.P. A. (víctima directa) 80 smmlv
L. L. A. A. (madre) 40 smmlv
B. C. A. A. (abuela) 20 smmlv
J. C. A. (abuelo) 20 smlmv
A. Z. A. A. (tía) 10 smmlv
J. A. A. A. (tío) 10 smlmv
En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados, se solicitó en la demanda que por concepto de daño emergente se accediera al reconocimiento de $24'000.000 a favor de los demandantes representados en el pago de honorarios profesionales de abogado dentro del proceso penal, transportes, fotocopias y viáticos.
La Sala recuerda que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como "el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento". En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección Tercera de esta corporación, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.
No cabe duda a la Sala de que los gastos en que se hubiere incurrido para atender los gastos para esclarecer la suplantación de identidad presentada en el presente asunto constituye un daño emergente que puede ser reparado en la medida que se compruebe, al menos, tales gastos.
No obstante, para el caso sub examine, advierte la Sala que no obra prueba alguna en el expediente que permita acreditar las sumas que habría sufragado la parte actora por los conceptos que adujo en la demanda, razón por la cual se denegará el reconocimiento de indemnización por ese rubro.
Por este rubro se solicitó a favor del principal afectado el monto de $722'000.000 como consecuencia de la "imposibilidad de continuar con sus estudios de ingeniería mecánica", y la suma de $6'360.000 derivados de las sumas dejadas de percibir en el trabajo que realizaba antes del proceso penal adelantado en su contra.
Sobre el particular, en el proceso obra únicamente una certificación expedida por la Universidad Central de Bogotá, en la cual se hizo constar que el joven J. P. A. "ingresó en el primer período académico del año 2002 como estudiante al programa de ingeniería electrónica, en el cual aprobó solo dos materias y no continuó sus estudios. En el primer ciclo de 2003 solicitó el reintegro con transferencia al programa de ingeniería mecánica y adelantó cuatro materias de las seis que era su carga académica”47.
Así las cosas, ha de concluir la Sala que dentro del proceso no obra prueba alguna que permita inferir el nexo de causalidad entre el daño antijurídico ocasionado en el presente asunto y tales perjuicios materiales alegados en la demanda, por lo cual dicho reconocimiento indemnizatorio habrá de denegarse.
7.3. Indemnización de perjuicios por afectación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente amparados.
En primer lugar, debe precisarse que si bien en la demanda se solicitó la suma de 1.500 smlmv por concepto de indemnización por "daño psicológico" a favor del principal afectado, lo cierto es que dicho rubro indemnizatorio será analizado bajo el concepto de perjuicios por violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente amparados, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado48, en la cual se distinguió esta tipología de perjuicios inmateriales bajo los rótulos del daño a la salud49 —siempre que el daño afecte las condiciones psicofísicas de la persona— o, bajo la afectación grave a bienes e intereses constitucional y convencionalmente amparados50, cuando se afecte otro tipo de derechos —v.gr. libertad, honra, buen nombre, etc.—51.
Ahora bien, como se dejó establecido en el capítulo precedente de esta sentencia, la divulgación del nombre del señor J. A.P. A. como sindicado de perpetrar el atentado contra el club El Nogal significó la afectación grave y continua de los derechos humanos del principal afectado (buen nombre y honra), razón por la cual, la Sala, en aplicación del principio de reparación integral, y en lo consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, decretará unas medidas de carácter pecuniario —indemnización—, para resarcir o restablecer los bienes constitucionales afectados con ocasión de la falla del servicio —defectuoso funcionamiento de la administración de justicia— que produjo el daño que originó la presente acción.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la gravedad de la afectación de derechos humanos (buen nombre y honra), se hace necesario decretar medidas pecuniarias para reparar los derechos del principal afectado, por lo cual, se impone la necesidad de reconocer una indemnización equivalente a 80 smlmv a favor del señor J. A.P. A. Lo anterior en estricto apego a lo dispuesto en la sentencia de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado52.
Finalmente, en cuanto a las medidas de reparación integral no pecuniarias, la Sala advierte que dichas medidas ya fueron adoptadas dentro de la acción de tutela instaurada por el ahora demandante, en la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a través de sentencia proferida el 19 de octubre de 2006, ordenó a las entidades demandadas que publicaran a su cargo, en un medio de comunicación de amplia circulación nacional, un comunicado de forma conjunta en el que se diera a conocer la suplantación que se efectuó en el trámite del proceso penal, así como la confusión en la que incurrieron tales autoridades, y que se informara que el señor P. A. no estaba implicado de forma alguna en la realización de las conductas por las cuales el sujeto conocido con el alias de 'El Negro' estaba siendo procesado por la justicia penal53. Por consiguiente, la Sala se abstendrá de dictar nuevas medidas de reparación integral de carácter no pecuniario, dado que estas ya fueron dictadas por el juez de tutela.
Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.
1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B el 18 de junio de 2008.
2. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado), por los perjuicios causados a los demandantes, señalados en la parte motiva de esta providencia.
3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación y al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - con cargo al patrimonio autónomo administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A.), a pagar las siguientes sumas de dinero:
3.1. Por daño moral, se condena a las referidas entidades a pagar a favor de las siguientes personas, los montos establecidos a continuación:
3.2. Por afectación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente amparados, se condena a las referidas entidades condenadas al pago de 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia para el señor J. A.P. A..
1 Folios 7 a 25 cdno. 1.
2 Folios 28 a 32 y 131 a 136 cdno. 1.
3 Folios 33 a 41 cdno. 1.
4 Folios 76 a 84 cdno. 1.
5 Folios 33 a 56 cdno. 1.
6 Folios 158 y 206 cdno. 1.
7 Folios 225 a 226 cdno. 1.
8 Folios 120 a 138 cdno. 1.
9 Folio 207 a 224 cdno. 1.
10 Folios 166 a 168 cdno. ppal.
11 Folios 160 y 170 cdno. ppal.
12 Folio 295 a 298 cdno. ppal.
13 Folios 300 a 345 cdno. ppal.
14 Folios 498 a 500 cdno. ppal.
15 Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-0000900, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
16 Folios 1 a 6 cdno. 1.
17 En este mismo sentido se ha pronunciado esta Subsección del Consejo de Estado a través de sentencias del 26 de agosto de 2015, exp. 38.649 y la proferida el 25 de junio de 2014, exp. 32.283, ambas con ponencia del consejero Hernán Andrade Rincón.
18 A cuyo tenor: “ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. (...)".
"ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación".
19 Excepto en materia penal.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, M.P. Mauricio Fajardo, reiterada en sentencia del 24 de mayo de 2017, exp. 44.144, M.P. Hernán Andrade Rincón.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 4 de 2010, exp. 17.956, M.P. Enrique Gil Botero.
22 Nota original de la sentencia citada: Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25.
23 Folio 8 cdno. 2.
24 Folio 7 cdno. 2.
25 Folio 9 cdno. 2.
26 Folios 10 a 12 cdno. 2.
27 Folio 113 cdno. 2.
28 Folios 12 a 14 y 32 a 34 cdno. 2.
29 Folios 66 a 74 cdno. 2.
30 FIs.16a19 C.2.
31 Folios 58 a 62 cdno. 2.
32 Folio 64 cdno. 2
33 Folios 21 a 22 cdno. 2.
34 As. 118 a 119 cdno. 2.
35 Folios 111 a 112 cdno. 2.
36 (Fls. 75 a 77 y 85 a 92 cdno. 2). Sobre la utilidad de dichos medios de prueba esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que: “Es necesario dilucidar qué valor probatorio le otorga la Sala a la información de prensa, ya que el principal problema para su valoración es la necesidad de cuestionar la verosimilitud que pueda ofrecer de la ocurrencia de los hechos. Más aún, es necesario considerar racionalmente su valor probatorio como prueba de una realidad de la que el juez no puede ausentarse, ni puede obviar en atención a reglas procesales excesivamente rígidas. De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala tendrá en cuenta la información consignada en tales informes de prensa". Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2015, exp. 34.677, M.P. Hernán Andrade Rincón.
37 Folios 38 a 57 cdno. 2.
38 Folios 318 a 344 cdno. ppal.
39 Folios 75 cdno. 1 y 138 a 141 cdno. 2.
40 Folio 199 cdno. 2.
41 La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, exp. 16423, ambas con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez.
42 Artículo 319 del Decreto-Ley 2700 de 1991.
43 Consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 14 de abril de 2010, exp. 18.960. M.P. Enrique Gil Botero, del 22 de agosto de 2013, exp. 32.919, y del 15 de febrero de 2014, exp. 27.157.
44 Esta conclusión resulta congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar. Sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 1800-12-331000-1999-00454-01 (24392), C.P. Hernán Andrade Rincón.
45 Folios 1 a 6 cdno. 1.
46 Al respecto consultar, sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014, exp. Exp. 36.149, en la cual se estableció los montos que deben orientar al juzgador en este tipo de casos.
47 Folios 28 a 129 cdno. 2.
48 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 31.170.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 32.988.
51 Sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, proferida por la Sala Plena.
52 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
53 Folios 318 a 344 cdno. ppal.

References: artículo 73
 artículo 248
 artículo 378
 artículo 1614
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 55
 Artículo 319