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Timestamp: 2020-07-13 06:26:47+00:00

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Car DH Pueblos Indigenas | Discriminación | Gente indígena
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Segunda edición: noviembre, 2015
ISBN: 978-607-729-163-3
D. R. © Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, esquina Luis Cabrera, Col. San Jerónimo Lídice, C. P. 10200, México, D. F.
Éricka Toledo Piñón
Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo eco- nómico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discrimi- nación a la que permanentemente se enfrentan. Por ello, es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a sus derechos indivi- duales como a los que adquieren como miem- bros de una comunidad: el disfrute pleno de sus derechos, como lo queremos para todos los mexicanos.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en la Carta de las Naciones Unidas se estableció la ne- cesidad de realizar la cooperación internacional para el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamen- tales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Derivado de ese compromiso, la Declaración Universal de los De- rechos Humanos dispone en sus dos primeros artículos que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos. A partir de esos antecedentes, a nivel internacional se han dado algunos avances en relación a los de- rechos de los pueblos indígenas.
En 1957 se concretó, en la Organización Inter- nacional del Trabajo (OIT), un primer tratado que aborda directamente la problemática indí- gena: el Convenio Número 107 sobre Poblaciones
Indígenas y Tribales, que fue ratificado por 27
Desde ese año, varios instrumentos internacio- nales se han referido al tema de los derechos de minorías sociales y culturales. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Po- líticos (1966), en su artículo 27 señala que en los Estados en que existan minorías étnicas no se les negará a los miembros de las mismas, el de- recho a tener su propia vida cultural, a profesar su propia religión y a emplear su propio idioma.
Otro documento internacional, la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992), establece que los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad, entre ellas disfrutar su propia cultura; profesar y practicar su propia religión, y utilizar su propio idioma, en privado y en pú- blico, libremente y sin injerencias ni discrimi- nación de ningún tipo.
a) El Convenio 169 de la OIT
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tri- bales en Países Independientes es un tratado internacional que surgió el 27 de junio de 1989, en el seno de la OIT, que buscó romper con los contenidos asistencialistas e integracionistas del Convenio 107 comentado antes. A lo largo de 44 artículos se enlista una serie de derechos huma- nos que deben gozar los pueblos y comunidades indígenas y tribales.
Dentro de otros, se establece el derecho que tienen unos y otros de vivir y desarrollarse como comunidades distintas y a ser respetados, esta- bleciendo obligaciones para los Estados en ma- teria de su integridad cultural; de la salvaguarda de sus derechos sobre las tierras, territorios y recursos naturales; sus formas propias de orga- nización; la no discriminación; la búsqueda de su participación y consulta en las decisiones de políticas públicas que los afecten, y el derecho al desarrollo económico y social.
El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por Mé- xico en 1990 y entró en vigor el 5 de septiembre de 1991, fecha desde la que es un instrumento in- ternacional jurídicamente vinculante.
b) La Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas
En 2007 la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunque no constituye un documento jurídicamente vinculante, la fuerza moral de la Declaración permitirá avanzar más en la solu-
ción de los reclamos de estos pueblos, comuni- dades y las personas pertenecientes a los mismos.
La Declaración está constituida por 46 artículos, en los que se marcan los parámetros mínimos para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, dentro de ellos los relativos a la libre determi- nación, a la cultura propia, a la educación y a la organización, al desarrollo y al trabajo, a la propiedad de la tierra, al acceso a los recursos naturales de los territorios en los que se asientan y a un ambiente sano, a la no discriminación y a la consulta libre e informada sobre temas que los afecten, entre otros.
Con su aprobación se termina una larga etapa de negociaciones al interior de organismos de Naciones Unidas, encaminadas a proporcionar el reconocimiento de derechos para estas colec- tividades, que constituyen un importante sector poblacional en muchas naciones del mundo.
c) ¿Qué es la discriminación?
En la Convención Internacional sobre la Elimi- nación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), se establece que la “discrimina- ción racial” se aplica a toda distinción, exclu- sión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico cuyo objeto o resultado sea anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condi- ciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en cualquier esfera de la vida pública o privada. Los Estados parte condenan la discriminación racial y se compro- meten a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eli- minarla en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas.
No se consideran discriminación racial las me-
didas especiales adoptadas con el fin exclusivo
de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser ne- cesaria con objeto de garantizarles, en condi-
ciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades funda - mentales, como es el caso de los indígenas.
3) Los pueblos indígenas en nuestra Constitución
En virtud de la reforma del 10 de junio de 2011,
que modificó once artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos de los pueblos y personas indígenas se fortalecen. A partir de entonces, en el artícu- lo 1o., además de establecerse el derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico o nacional, se dispone que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Man- da también a que las normas relativas a los de- rechos humanos se interpreten de conformidad con una y otros, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Por su parte, el artículo 2o. señala desde la re- forma indígena del 14 de agosto de 2001 que:
“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indí- genas que son aquellos que descienden de po- blaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que con- servan sus propias instituciones sociales, econó- micas, culturales y políticas, o parte de ellas”. También dice que el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican esas disposicio- nes sobre pueblos indígenas será la conciencia de su identidad indígena. Al respecto el Poder Judicial de la Federación ha emitido varias ju- risprudencias para consolidan este critero.
Entre sus disposiciones, el citado numeral define
que son comunidades integrantes de un pueblo indígena “aquellas que formen una unidad so- cial, económica y cultural, asentadas en un te-
rritorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.
Las constituciones y leyes locales deberán rea- lizar el reconocimiento de los pueblos y comu-
nidades indígenas específicos, tomando en cuenta,
además de los principios generales establecidos en el artículo 2o., criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
El apartado A del artículo que venimos comen- tando, se compone de ocho fracciones en los que se reconoce y garantiza la libre determina- ción y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, para:
Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cul- tural.
Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos inter- nos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de ma- nera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y proce- dimientos de validación por los jueces o tri- bunales correspondientes.
Elegir de acuerdo con sus normas, procedi- mientos y prácticas tradicionales, a las auto-
ridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garan- tizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos pú- blicos y de elección popular para los que ha- yan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas co- munitarias podrán limitar los derechos polí- tico electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. 1
Preservar y enriquecer sus lenguas, conoci- mientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos esta- blecidos en esta Constitución.
Acceder, con respeto a las formas y modali- dades de propiedad y tenencia de la tierra
1 Diario Oficial de la Federación, 25 de mayo de 2015.
establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adqui- ridos por terceros o por integrantes de la co- munidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en tér- minos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en térmi- nos de ley.
También para elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regu- larán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y repre- sentación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.
Podrán acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, indi- vidual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades cul-
turales respetando los preceptos de esta Cons- titución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Por otra parte, el apartado B, del artículo 2o., en sus nueve fracciones, establece medidas que deberán ser tomadas por la Federación, los Es- tados y los municipios, con la finalidad de promo- ver la igualdad de oportunidades, la eliminación de la discriminación y el establecimiento de insti- tuciones y políticas para el respeto de sus derechos humanos, abatir el rezago y las carencias y avanzar en el mejoramiento de las condiciones de bienes- tar social de pueblos, comunidades y personas indígenas, hombres y mujeres, niños y niñas, diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, propiciando la participación de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Con estos propósitos también, en el artículo 115 se dispone que las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal puedan coordinarse y asociarse.
En seguida, el artículo 3o. constitucional, rela-
cionado con la educación, dispone, dentro de otras cosas, que atenderá a la continuidad y acre- centamiento de nuestra cultura; y contribuirá a
la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer
el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la fami- lia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos
de todos, evitando los privilegios de razas, de re- ligión, de grupos, de sexos o de individuos.
El artículo 4o. establece el derecho de toda per- sona tiene a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.
El mismo artículo, dispone que: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendien- do a la diversidad cultural en todas sus manifes- taciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los meca-
nismos para el acceso y participación a cual- quier manifestación cultural”.
De la misma manera, una reforma al artículo
28 constitucional en 2013 permite que una vez
que se haya cumplido con la normatividad es-
tablecida, las comunidades indígenas puedan acceder a concesiones de radiodifusión y tele- comunicaciones, no obstante que la ley regla- mentaria les otorga un espectro muy reducido.
Debemos mencionar que para reglamentar las disposiciones constitucionales, actualmente 57 leyes federales tienen contenidos específicos re-
lacionados con el tema. No obstante, aunque hay
24 leyes estatales en materia indígena, sólo 22
constituciones locales son armónicas con la re-
forma constitucional de 2001. Esto significa que
tenemos grandes tareas en el tema legislativo, y más colosales en lo que corresponde a concre- tarlas en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena mexicana.
4. La lucha en contra de la discriminación
Se considera que existe una vulneración a los derechos humanos por discriminación cuando una autoridad afecta, a través de una acción u omisión, los derechos de un individuo o comu- nidad indígena por causa de su pertenencia étnica y diversidad cultural.
En México, las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli- gación de respetar los derechos humanos y tam- bién de promoverlos, protegerlos y garantizarlos.
Pero la discriminación también ocurre cuando ese trato desigual hacia una persona o comuni- dad indígena, proviene de cualquiera de noso- tros. El deber de respetar los derechos humanos de los demás también nos corresponde a todos, seamos o no autoridades.
Esa situación no superada de la discriminación
de alguna manera explica el por qué no se ha
podido concretar una modificación constitucional
que establezca de manera clara el derecho a la consulta previa, libre e informada a asuntos que afecten los pueblos y comunidades indígenas.
También que no se asignen suficientes recursos
para alcanzar un nivel de desarrollo semejante al promedio de la población nacional, así como su acceso pleno a la jurisdicción del Estado, y el respeto pleno a su dignidad por parte de las per- sonas que no son indígenas.
5. ¿A dónde se puede acudir?
La importancia del tema del respeto de los de- rechos de los pueblos indígenas llevó a la Comi- sión Nacional de los Derechos Humanos a crear en 1992 una Coordinación de Asuntos Indíge- nas, que en 1997 creció para convertirse en la Cuarta Visitaduría, cuyas tareas son, entre otras:
recibir y tramitar las quejas de pueblos e indivi- duos indígenas; realizar labores de difusión y capacitación acerca de los derechos humanos de los pueblos indígenas; investigar y publicar temas relacionados con la materia, y defender las ga- rantías fundamentales de los indígenas internos, procesados y sentenciados en los fueros federal
y común, que se encuentran en los centros de reclusión del país.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, CNDH, 19a. ed., 2013. ONU, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 1965.
Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Reli-
giosas y Lingüísticas. 1992. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos. 1966. OIT, Convenio (Núm. 107) sobre Poblaciones Indíge- nas y Tribales. 1957.
Convenio (Núm. 169) sobre Pueblos Indígenas
, y Tribales en Países Independientes. 1989. UNESCO, Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales. 1978.
Área de emisión: CENADEH, 2a. edición Contenidos: Moisés Jaime Bailón Corres Fecha de actualización: agosto de 2015.
Número de identificación: INDG/CART/206
Derechos humanos de los pueblos indígenas en México, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se terminó de imprimir en noviembre de 2015 en los talleres de GVG Grupo
Gráfico, S. A. de C. V., Leandro Valle núm. 14-C, colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06010, México, D. F. El tiraje consta de 103,000 ejemplares.
Área de emisión: CENADEH Fecha de elaboración: enero de 2012
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 artículo 115
 artículo 3
 artículo 4
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