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Timestamp: 2018-01-19 01:30:27+00:00

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Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 11 [4269] | Fundamentos del Derecho Administrativi: Administrativo I (UB) | Unybook
Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 11 (2014)
Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 11
Jordi	Vallès	Balsells	LECCIÓN	XI:	LOS	RECURSOS	ADMINISTRATIVOS	I.
Los	recursos	administrativos.	Funciones	Todos	los	actos	administrativos	pueden	ser	recurridos	ante	la	propia	Administración	que	los	dicta.	Este	tipo	de	recursos	son	los	que	se	conocen	como	recursos	administrativos,	que	se	interponen	ante	la	Administración	y	son	resueltos	por	ellas	mismas.	1. Los	recursos	administrativos	ofrecen	a	la	Administración	la	posibilidad	de	revisar	sus	actos	a	instancia	del	recurrente,	no	necesariamente	por	motivos	de	legalidad	La	primera	función	que	cumple	el	recurso	ante	la	propia	Administración	es	ofrecer	a	ésta	la	posibilidad	de	reconsiderar	su	decisión.	El	recurrente	lo	que	solicita	es	que	la	Administración	reconsidere	la	decisión	recurrida	y	dicte	en	su	lugar	otra	más	favorable	para	él.	Con	lo	cual	puede	ser	por	un	vicio	legal	o	simplemente	se	solicite	una	resolución	más	favorable.	La	resolución	del	recurso	le	permitirá	corregir	su	error	o	moderar	los	términos	y	alcance	de	la	resolución	recurrida.	De	esta	función	originaria	de	los	recursos	administrativos	resta	la	opción	que	tiene	el	recurrente	de	fundar	su	recurso	en	consideraciones	no	estrictamente	jurídicas	apelando	al	buen	sentido	o	la	consideración	graciable	de	la	Administración.	Un	tipo	de	consideraciones	que	no	son	admisible	en	los	recursos	ante	los	tribunales	en	los	que	sólo	cabe	alegar	cuestiones	de	Derecho.	2. La	tutela	y	protección	de	derechos.	La	relación	de	los	recursos	administrativos	con	la	tutela	judicial	y	los	recursos	ante	los	tribunales.	A. Los	recursos	administrativos	como	manifestación	sediciente	de	la	función	cuasi-­‐ judicial	o	jurisdicción	retenida	de	la	Administración	Los	recursos	administrativos	son	manifestación	de	la	función	cuasi-­‐judicial	que	se	reconoce	a	la	Administración	y	que	deriva	de	la	posición	que	ocupa	la	Administración	respecto	a	los	tribunales	y	a	la	que	ya	hemos	tenido	ocasión	de	referirnos.	Al	instaurarse	así	el	principio	de	división	de	poderes	la	Administración	retuvo	facultades	de	jurisdicción,	de	lo	que	se	llamo	jurisdicción	retenida,	que	fue	perdiendo	progresivamente	a	medida	que	se	afirmaban,	en	coherente	sintonía	con	los	postulados	del	Estado	de	Derecho,	las	plenas	facultades	fiscalizadoras.	B. Una	vía	informal	y	accesible	de	recurso,	sin	coste	para	el	recurrente.	La	función	del	recurso	administrativo	en	esa	posición	previa	al	recurso	ante	los	tribunales	es	muy	importante:	es	un	trámite	similar	al	que	se	ofrece	en	cualquier	relación	que	puede	abocar	en	un	proceso	judicial	para	que	las	partes	reconsideren	sus	posturas	y	en	lo	posible	alcancen	un	acuerdo	que	evite	un	proceso	judicial	costoso,	con	muchas	exigencias	formales	y	garantías	procesales	que	consumen	mucho	tiempo	y	demoran	la	decisión	final.	Esta	función	resulta	particularmente	favorable	para	el	particular.	C. El	recurso	administrativo	no	es	una	primera	instancia	judicial	En	esa	correlación	entre	recurso	administrativo,	ante	la	Administración,	y	recurso	contencioso,	ante	los	tribunales	la	que	no	le	cumple	al	recurso	administrativos	la	de	operar	como	una	primera	instancia,	siendo	el	recurso	ante	los	tribunales	una	segunda	instancia.	Esto	no	es	así	en	absoluto	y	por	tanto	en	el	recurso	contencioso	que	eventualmente	se	interpusiera	podrían	plantearse	entonces	cualquier	tipo	de	alegación,	cualquier	hecho,	cualquier	prueba	que	no	se	hubieran	planteado	en	el	recurso	administrativo.	La	vía	judicial	se	inicia	con	el	recurso	contencioso-­‐administrativo.	Esa	es	la	primera	instancia	judicial	que	de	alguna	forma	condiciona	las	posibles	instancias	superiores	de	apelación.	El	recurso	administrativo	que	le	precede	cumple	con	esas	tres	funciones	fundamentales	que	aquí	hemos	destacado	y	que	referimos	a	modo	de	conclusión:	-­‐ Ofrece	a	la	Administración	la	posibilidad	de	reconsiderar	y	revisar	su	decisión	en	base	a	consideraciones	no	estrictamente	jurídicas.	-­‐ Control	de	legalidad	por	la	Administración	de	sus	propios	actos	a	instancia	de	la	parte	recurrente.	Jordi	Vallès	Balsells	-­‐ Tramite	previo	a	un	recurso	contencioso-­‐administrativo,	similar	a	los	que	existen	en	otras	instancias	judiciales,	con	la	posibilidad	de	reformar	el	acto	y	evitar	los	costes,	de	muy	diversa	índole,	del	proceso	judicial.	II.
Tipología	y	clases	de	actos	administrativos	a	efectos	de	recurso	Son	objeto	de	recurso	administrativo	los	actos	administrativos,	los	actos	de	la	Administración	sujetos	a	DA.	1. Actos	resolutorios	y	actos	tramite	a) actos	resolutorios	b) Actos	tramite	cualificados.	No	pueden	ser	objeto	de	recurso	administrativo	los	actos	trámite	ordinarios,	actos	tramite	no	cualificados.	Ello	quiere	decir	que	no	se	pueda	comprobar	su	adecuación	a	la	legalidad	o	denunciar	los	vicios	en	que	pudieran	incurrir.	2. Actos	que	ponen	fin	a	la	vía	administrativa	–o	que	agotan	la	vía	administrativa-­‐	y	actos	que	no	ponen	fin	–no	agotan-­‐	a	la	vía	administrativa	Los	dos	recursos	administrativos	más	comunes	y	extendidos,	son	el	recurso	de	reposición	y	el	recurso	de	alzada.	Encuentran	su	sentido	y	funcionalidad	en	la	distinción	de	estas	dos	categorías	de	actos,	que	también	se	conocen	con	otros	términos,	menos	frecuentes,	pero	con	idéntica	significación.	Así	los	actos	que	agotan	o	ponen	fin	a	la	vía	administrativa	se	conocen	también	como	actos	que	agotan	la	vía	gubernativa	i	actos	que	causan	estado,	y	los	actos	que	no	agotan	o	no	ponen	fin	a	la	vía	administrativa	se	les	identifica	igualmente	como	actos	que	no	causan	estado.	Esta	distinción	repara	en	la	estructura	de	la	Administración	de	la	que	procede	el	acto	y	en	la	posición	que	en	ella	ocupa	el	órgano	que	lo	dicto.	Si	ese	órgano	no	tiene	otro	superior	jerárquico	en	el	seno	de	la	misma	Administración,	entonces	sus	resoluciones	agotan	la	vía	administrativa,	pues	no	pueden	ser	objeto	de	decisión	por	otro	órgano	de	esa	Administración.	Los	actos	de	un	órgano	no	agotan	o	no	ponen	fin	a	la	vía	administrativa	si	tiene	un	órgano	superior	jerárquico	en	esa	Administración.	La	configuración	o	estructura	de	cada	Administración	resulta	entonces	determinante	para	discernir	qué	actos	agotan	la	vía	administrativa	según	sea	el	órgano	del	que	procede.	Hay	otras	Administraciones,	destacadamente	las	locales,	cuya	estructura	no	se	articula	en	torno	a	un	eje	vertical,	sino	que	presentan	una	planta	tendida,	horizontal.	Así	en	la	administración	municipal	los	actos	de	esos	órganos	agotan	ordinariamente	la	vía	administrativa.	Objeto	propio	característico	de	los	dos	recursos	administrativos	ordinarios	y	más	conocidos:	-­‐ El	recurso	de	reposición:	es	el	recurso	administrativo	ordinario	contra	los	actos	administrativos	que	agotan	la	vía	administrativa	-­‐ El	recurso	de	alzada:	es	el	recurso	administrativo	ordinario	contra	los	actos	administrativos	que	no	agotan	la	vía	administrativa	o	gubernativa.	3. Actos	firmes,	que	han	ganado	firmeza,	y	actos	que	no	han	ganado	firmeza	Todos	los	actos	administrativos	son	recurribles.	Pueden	ser	objeto	de	recurso	administrativo	y	luego	está	abierta	la	vía	del	recurso	contencioso-­‐administrativo	ante	los	tribunales.	Ésta	es	una	exigencia	que	deriva	del	derecho	fundamental	a	la	tutela	judicial	efectiva	que	se	reconoce	en	el	art.	24	de	la	CE	-­‐ Defiende	la	tutela	de	derechos	e	intereses	-­‐ El	respecto	a	la	legalidad	objetiva,	pues	a	través	de	los	recursos	se	realiza	un	control	de	legalidad	de	los	actos.	Pero	estas	dos	poderosas	razones	no	llegan	a	justificar	que	los	actos	estén	permanentemente	abiertos	a	un	posible	recurso.	La	seguridad	jurídica	exige	que	el	acto	que	no	se	recurre	en	los	términos	y	plazos	de	que	se	dispone	para	ello	gane	firmeza	y	no	sea	ya	recurrible	a	partir	de	entonces.	Un	acto	gana	firmeza	por	dos	vías:	1)	cuando	transcurren	los	plazos	sin	que	se	interponga	el	recurso	pertinente,	2)	cuando	se	agotan	todas	las	vías	de	recurso	en	vía	administrativa	y	judicial	Jordi	Vallès	Balsells	3)	cuando	ante	la	resolución	de	un	recurso,	no	se	interpone	la	apelación	o	recurso	previsto	en	el	plazo	y	entonces	el	acto	deviene	firme.	Pues	bien,	aun	cuando	un	acto	haya	ganado	firmeza	es	posible	que	sea	objeto	de	recurso	excepcional,	que	sólo	puede	interponerse	si	se	dan	una	serie	de	condiciones	rigurosamente	tasadas.	III.
Procedimiento	común	de	los	recursos	administrativos	Responde	al	modelo	básico	de	procedimiento	administrativo	común	con	sus	fases	características	que	ya	conocemos.	1. Iniciación	Los	recursos	obviamente	se	inician	a	instancia	de	parte,	del	recurrente.	En	el	escrito	de	interposición	deben	dejarse	claros	los	siguientes	extremos:	-­‐ Identidad	del	recurrente,	señalado	también	el	domicilio	o	dirección	de	notificaciones.	-­‐ Acto	que	se	recurre.	-­‐ Tipo	de	recurso	que	se	interpone	contra	ese	acto.	Interposición	en	plazo.	Los	plazos	se	computan	a	partir	del	día	siguiente	de	la	notificación	del	acto	que	se	recurre.	2. posible	solicitud	de	suspensión	del	acto	objeto	de	recurso	La	interposición	de	un	recurso	administrativo	no	conlleva	la	suspensión	del	acto	recurrido,	que	puede	por	tanto	despliega	plenos	efectos	y	entrar	en	fase	de	ejecución	durante	la	tramitación	del	recurso.	Se	puede	producir	entonces	una	situación	delicada,	contradictoria	y	frustrante.	Para	que	el	recurso	administrativo	no	pierda	la	operatividad	que	le	corresponde,	se	plantea,	como	un	tramite	muy	relevante	y	decisivo	en	el	procedimiento,	la	suspensión	del	acto	hasta	que	se	resuelva	el	recurso.	La	suspensión	del	acto	puede	plantearla	el	recurrente,	pero	también	puede	hacerlo	la	propia	administración.	A. motivos	de	suspensión	del	acto	Si	la	suspensión	se	otorga,	ha	de	justificarse	necesariamente	en	la	concurrencia	de	una	de	las	dos	circunstancias	siguientes:	-­‐ que	la	impugnación	se	fundamente	en	alguna	de	las	causas	de	nulidad	de	pleno	Derecho	del	art.	62.1	LPC	y	que	ya	conocemos.	Es	necesaria	que	el	órgano	aprecie	la	posible	existencia	de	un	vicio	de	nulidad	de	pleno	Derecho	para	decidir	la	suspensión	de	un	acto	que,	en	puro	rigor	dogmático,	si	fuera	nulo	no	habría	producido	efecto	alguno.	-­‐ que	la	ejecución	del	acto	pudiera	causar	perjuicios	de	imposible	o	difícil	reparación.	Aquí	hay	por	el	contrario	una	razón	rigurosamente	pragmática	que	fundamenta	la	práctica	totalidad	de	las	suspensiones	que	se	conceden.	Que	sirve	para	evitar	la	frustración	que	puede	provocar	la	obtención	de	una	resolución	favorable	cuando	el	acto	ya	había	producido	efectos.	B. En	especial,	la	suspensión	de	actos	que	puedan	originar	perjuicios	de	imposible	o	difícil	reparación.	Es	necesario	un	ejercicio	de	prospectiva	para	mostrar	los	perjuicios	que	se	derivarían	de	la	ejecución	del	acto	y	que,	en	el	caso	de	estimarse	el	recurso	y	anularse	el	acto,	resultarían	de	imposible	o	difícil	reparación,	frustrando	así	la	propia	resolución	del	acto.	a. Efectos	puramente	económicos	del	acto	recurrido	Si	es	una	multa,	carácter	fungible,	el	perjuicio	económico	permite	en	principio	su	reparación,	sin	embargo,	no	debe	valorarse	el	contenido	intrínseco	del	acto	en	su	cuantificación	económica,	sino	el	efecto	desencadenante	que	puede	tener	en	ciertos	casos.	(no	es	lo	mismo	una	multa	de	100.000€	a	una	multinacional,	que	a	una	pyme)	b. Efectos	sobre	el	ejercicio	de	derechos	y	libertades.	Hay	actos	administrativos	que	pueden	incidir	sobre	el	ejercicio	de	libertades	públicas	y	derechos	fundamentales.	La	ejecución	de	esos	actos	tiene	en	muchos	casos	efectos	irreversibles	e	irreparables	en	el	caso	de	que	se	hubiera	estimado	un	recurso	contra	ellos.	Para	evitar	esas	situaciones	y,	en	realidad,	para	hacer	efectiva	la	protección	de	los	derechos	fundamentales	y	libertades	públicas,	se	promulgo,	cumpliendo	el	mandato	expreso	de	la	CE,	la	Jordi	Vallès	Balsells	ley	62/1978	sobre	protección	jurisdiccional	de	los	Derechos	Fundamentales	de	la	Persona,	donde	se	considera	que	un	acto	administrativo	que	atenta	contra	uno	de	los	derechos	fundamentales	o	libertades	públicas	que	se	reconocen	en	la	CE	(sec.	Primera	del	capitulo	II	+	14)	entonces	es	posible	el	recurso	directo	ante	los	tribunales.	Lo	cierto	es	que	los	tribunales	han	hecho	una	interpretación	estricta	para	rechazar	las	invocaciones	forzadas	de	un	derecho	fundamental	con	la	pretensión	de	utilizar	esta	vía	preferente	y	sumaria.	c. Efectos	sobre	los	recursos	naturales	y	el	equilibrio	ecológico	Se	trata	de	un	tipo	de	actos	que	frecuentemente	se	suspenden	en	trámite	de	recurso	por	las	consecuencias,	imposibles	o	de	difícil	reparación,	que	podría	tener	su	ejecución,	aunque	la	valoración	de	los	efectos	sobre	el	medio	ambiente,	es	complicado	establecerlo	con	criterios	jurídicos,	y	con	lo	cual,	tienen	un	gran	peso	los	informes	científicos.	C. La	ponderación	sobre	la	solicitud	de	suspensión:	El	órgano	competente	para	resolver	el	recurso	habrá	de	realizar	entonces	una	doble	ponderación	sobre	la	solicitud	de	suspensión:	1. Será	sobre	los	perjuicios	que	la	ejecución	pueda	causar	al	recurrente	atendiendo	las	alegaciones,	pruebas	e	informes	que	éste	pueda	aportar.	2. Sobre	las	consecuencias	que	tendría	la	suspensión	del	actos	sobre:	a. El	interés	público	al	que	se	orienta	el	propio	acto.	b. Los	derechos	e	intereses	legítimos	de	terceros	que	pudieran	verse	afectados	por	la	suspensión.	Por	todo	ello,	en	el	caso	de	que	se	decida	otorgar	la	suspensión,	la	Administración	podrá	exigir	al	solicitante	de	la	misma,	la	constitución	o	adopción	de	determinadas	medidas	cautelares	para	proteger	el	interés	público	o	los	derechos	e	intereses	legítimos	de	terceros	que	pudieran	verse	afectados	por	la	suspensión	del	acto	recurrido.	3. instrucción	y	audiencia	a	los	interesados	No	puede	faltar	una	fase	de	instrucción	en	la	que	se	puedan	aportar	informes	y	pruebas.	Cunado	hayan	de	tenerse	en	cuenta	nuevos	hechos	o	documentos,	se	pondrá	de	manifiesto	a	los	interesados	para	que	formulen	las	alegaciones	que	estimen	convenientes.	4. Resolución	El	órgano	competente	debe	dictar	la	resolución	del	recurso	en	un	plazo	determinado	para	cada	tipo	de	recurso.	Si	la	resolución	no	se	produce	en	ese	plazo,	el	recurso	se	entenderá	desestimado	por	silencio	negativo.	La	resolución	expresa	ha	de	ser	congruente	con	lo	solicitado	en	el	recurso	y	aunque	sea	desestimatoria	no	puede	en	ningún	caso	agravar	la	situación	del	recurrente.	No	es	por	tanto	admisible	la	antaño	famosa,	aunque	excepcional,	reformatio	in	peius.	IV.
Recurso	de	alzada	Es	el	recurso	que	se	interpone	contra	los	actos	que	no	ponen	fin	a	la	vía	administrativa,	que	son,	como	ya	sabemos,	los	actos	dictados	por	órganos	que	tienen	un	superior	jerárquico.	Aunque	tenga	que	resolverlo	el	superior,	el	recurso	de	alzada	podrá	interponerse	tanto	ante	éste	órgano	como	ante	el	que	dicto	el	acto	recurrido.	El	plazo	para	la	interposición	es	de	un	mes,	si	el	acto	recurrido	fuera	expreso,	y	si	es	otorgado	por	silencio	administrativo,	será	de	tres	meses.	El	plazo	para	la	resolución	será	de	tres	meses	desde	la	interposición	del	recurso,	y	si	no	hay	una	resolución	expresa,	será	denegada	la	pretensión	por	silencio	negativo.	La	resolución,	expresa	o	por	silencio,	de	recurso	de	alzada	pone	fin	a	la	vía	administrativa	y	abre	la	judicial,	que	el	recurso	pertinente	será	el	contencioso-­‐administrativo.	V.
Recurso	de	reposición	Es	el	recurso	que	puede	interponerse	contra	actos	que	ponen	fin	a	la	vía	administrativa,	que	son	los	dictados	por	órganos	que	no	tienen	un	superior	jerárquico	en	la	propia	administración.	El	recurso	de	reposición	se	interpone	contra	el	mismo	acto	que	dicto	el	acto,	el	plazo	es	de	un	mes	si	la	resolución	fue	expresa	y	de	tres	meses	cuando	sea	por	silencio.	Contra	la	resolución	Jordi	Vallès	Balsells	del	recurso	de	reposición	solo	resulta	admisible	el	recurso	contencioso	administrativo,	salvo	que	pueda	interponerse	el	recurso	de	revisión	en	los	términos	que	ahora	veremos.	VI.
Recurso	extraordinario	de	revisión	1. Naturaleza	y	justificación	Los	que	acabamos	de	ver	son	recursos	que	bien	merecen	ser	calificados	de	ordinarios,	pues	pueden	interponerse	contra	cualquier	acto	–si	agota	la	vía	administrativa	el	de	reposición,	si	no,	el	de	alzada-­‐,	y,	además,	pueden	fundarse	en	cualquier	motivo,	solicitando	incluso	de	modo	graciable	una	resolución	más	favorable	sin	un	preciso	fundamento	legal.	El	recurso	de	revisión	se	distingue	así	claramente	por	tratarse	de	un	recurso	rigurosamente	excepcional.	Una	excepcionalidad	que	afecta	a	dos	componentes	de	su	régimen:	Actos	recurribles.	Son	sólo	objeto	del	recurso	de	revisión	un	tipo	muy	determinado	de	actos:	los	actos	firmes,	los	actos	que	han	ganado	firmeza	y	que	por	ello	ya	no	son	recurribles;	de	ahí	lo	de	la	excepcionalidad.	Motivos.	El	recurso	de	revisión	no	puede	fundarse	en	cualquier	motivo,	sino	solo	por	los	motivos	rigurosamente	tasados	en	la	LPC,	unos	motivos	también	excepcionales	como	ahora	veremos.	Todos	tienen	en	común	dos	elementos:	1. se	trata	de	documentos	o	declaraciones	jurídicas	de	los	que	no	se	había	tenido	conocimiento	o	plena	seguridad	hasta	entonces	2. se	trata	de	hechos	particularmente	graves	y	relevantes,	que	de	conocerse	en	el	momento	de	dictarse	el	acto,	o	de	recurrirlo	en	su	caso,	habrían	alterado	muy	probablemente	la	decisión	de	la	Administración	o	la	habrían	invalidado	por	concurrir	un	vicio	grave.	La	seguridad	jurídica,	que	es	el	valor	fundamental	que	se	pretende	preservar	al	reconocer	firmeza	a	un	acto,	no	alcanza	a	cubrir	y	silenciar	algunos	actos,	vicios	graves,	o	desconocidos	en	el	momento	en	que	se	dictó	el	acto,	que	reclaman	su	revisión.	2. Motivos	tasados	por	los	que	puede	imponerse	el	recurso	de	revisión	1. Que	al	dictarlos	se	hubiera	incurrido	en	manifiesto	error	de	hecho	2. Que	aparezcan	documentos	de	valor	esencial,	y	que	evidencien	el	error	de	la	resolución	recurrida	3. Que	en	la	resolución	hayan	influido	esencialmente	documentos	o	testimonios	declarados	falsos	por	sentencia	judicial	firme.	4. Que	la	resolución	hubiese	dictado	como	consecuencia	de	prevaricación,	cohecho,	violencia,	maquinación	fraudulenta	y	otra	conducta	punible	y	se	haya	declarado	así	en	virtud	de	sentencia	judicial	firme.	El	recurso	extraordinario	de	revisión	se	interpone	ante	el	mismo	órgano	que	dicto	el	acto.	Este	órgano	será	también	el	competente	para	la	resolución	del	recurso.	Al	igual	que	los	restantes	recursos	administrativos,	el	de	revisión	se	entiende	desestimado	por	silencio	negativo	en	cuanto	transcurran	3	meses	desde	la	fecha	de	interposición.	VII.
Las	reclamaciones	administrativas	previas	al	ejercicio	de	las	acciones	civiles	y	laborales	1. Sentido	y	funcionalidad	de	estas	reclamaciones	administrativas	Este	tipo	de	reclamaciones	se	plantean	ante	la	propia	Administración	y	tiene	por	tanto	una	funcionalidad	muy	similar	a	la	de	los	recursos	administrativos.	La	diferencia	está	en	que	los	recursos	administrativos	tienen	como	objeto	actos	administrativos,	sujetos	a	DA,	y	de	los	que	conocerá,	caso	de	mantenerse	la	controversia,	la	jurisdicción	contencioso-­‐administrativa.	Pero	sabemos	que	las	administraciones	públicas	pueden	actuar	con	sujeción	al	D.	Civil	o	D.	Laboral.	Pues	bien,	antes	de	ejercer	cualquier	acción	ante	la	jurisdicción	civil	o	la	jurisdicción	laboral,	la	LPC	exige,	manteniendo	un	criterio	muy	arraigado,	que	se	efectúe	una	reclamación	ante	la	propia	Administración.	Una	reclamación	administrativa	por	tanto,	similar	a	los	recursos	administrativos	porque,	como	ellos,	se	interpone	ante	la	Administración	y	es	resuelta	por	ella.	Permite	al	reclamante	plantear	la	recisión	del	acto	de	manera	simple	sin	los	costes,	con	Jordi	Vallès	Balsells	aplicación	de	criterios	de	equidad	no	estrictamente	legalistas,	i	posibilidad	de	una	avenencia	con	la	administración	y	evitar	así	la	vía	judicial.	2. Régimen	de	su	tramitación	Las	reclamaciones	deben	dirigirse	al	órgano	competente	de	la	Administración	pública	de	que	se	trate.	Tras	la	resolución	expresa	o	presunta	de	la	reclamación	podrá	ejercerse	la	acción	ante	la	jurisdicción	correspondiente.	...

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