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﻿ SENTENCIA 19614 DE FEBRERO 11 DE 2004
SENTENCIA 19614 DE 11 DE FEBRERO DE 2004
CONTENIDO:FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. SI EXISTE LA CONDUCTA FALSARIA NO SE PUEDE CONCLUIR QUE ES INOCUA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DOCUMENTO PRIVADO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO, FALSIFICACIÓN IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO
Sentencia 19614 de febrero 11 de 2004
Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil cuatro
1. Un solo cargo se propone por el censor con fundamento en la causal primera de casación, al considerar que en la sentencia se incurrió en violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho en la valoración probatoria.
Los juzgadores de instancia condenaron a Ligia Pérez Andrade como responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, teniendo como tal los oficios obrantes a folios 38 y 40 del primer cuaderno, cuando, según el recurrente, se trata en realidad de documentos privados; y también al considerar que la conducta atinente a la constancia secretarial de folio 85 era antijurídica, sin serlo.
En su sentir, en el primer caso aplicaron indebidamente el artículo 219 del Código Penal de 1980 y dejaron de aplicar el artículo 221 ejusdem; por lo demás, al hacer concursar la falsedad ideológica en documento público con el peculado por uso, cuando aquel tipo no se había configurado sino el de falsedad en documento privado, aplicaron indebidamente también el artículo 26 ejusdem. En el segundo, simplemente aplicaron indebidamente el artículo 219.
2. La censura así presentada no puede prosperar.
2.1. Contrario al pensamiento del representante del Ministerio Público, la Sala considera que el motivo escogido por el demandante y su desarrollo resultan equivocados en punto de la falsedad asignada a las comunicaciones suscritas por la procesada.
Al respecto, dígase que el togado no concreta el tipo de error de derecho que pretende noticiar; y aunque, en desarrollo del cargo, al citar algún doctrinante nacional, da en sugerir que se trata de un error de derecho por falso juicio de convicción, en modo alguno indica la norma o normas que prefijan el valor probatorio de los documentos suscritos por la señora Ligia Pérez Andrade en su condición de secretaria del Juzgado Único Civil Municipal de La Plata (Huila).
Como tantas veces se ha dicho por la Sala, el juicio d convicción, que se traduce en una actividad de pensamiento a través de la cual se reconoce el valor que la ley le asigna a determinadas pruebas, presupone la existencia de una “tarifa legal” en la cual por voluntad de la ley a las pruebas corresponde un valor demostrativo o de persuasión único, predeterminado y que no puede ser adulterado por el intérprete.
Se incurre, por tanto, en error por falso juicio de convicción cuando se niega a la prueba ese valor que la ley le atribuye o se le hace corresponder uno distinto al que la ley le otorga. Pero como en materia de apreciación probatoria no existe una tarifa legal, sino que rige el método de la sana crítica, no resulta apropiado hablar en casación penal de esta clase de error.
Esto de suyo enerva cualquier posibilidad de prosperidad en el cargo.
Agrégase a lo anterior que el censor confunde los conceptos en los que se funda el error por falso juicio de convicción con la naturaleza jurídica de los documentos.
Para ello acude a los preceptos que establecen las características de los mismos, lo cual en modo alguno significa que la ley le atribuya mérito persuasivo distinto a los documentos públicos y privados. En ambos casos, de acuerdo al sistema de apreciación probatoria que impera en nuestro medio, es el juez el encargado de atribuir fuerza demostrativa a la prueba.
Ahora bien, lo que el recurrente pretendía cuestionar era la naturaleza jurídica del documento con incidencia en la calificación jurídica de la conducta, pues en su criterio el delito cometido es el de falsedad en documento privado y no la conducta recogida en el artículo 219. Es claro que en tal hipótesis la vía de ataque debió ser la directa por indebida aplicación de este precepto y falta de aplicación del artículo 221.
2.2. En punto de la constancia secretarial, a través de la cual la señora Pérez Andrade informó falazmente que con fecha 19 de diciembre de 1995 se recibió el título de depósito judicial 2703020 cuando este apenas vino a constituirse en la entidad bancaria el 27 de enero siguiente, la vía escogida por el censor resulta también equivocada para atacar la sentencia.
El censor acepta los supuestos fácticos y la prueba tenida en cuenta por los juzgadores de instancia, pues no está cuestionando la existencia del documento y su contenido. Su discrepancia apunta a la antijuridicidad material de la conducta, en tanto considera que su representada, contrario a lo consignado en la sentencia, no puso en peligro “real o efectivo el interés de la justicia ni de las partes en el proceso ejecutivo”.
En tal hipótesis es claro que la vía de ataque ha debido ser también la directa, pues como acertadamente lo anota el delegado la discrepancia se reduce a un problema de interpretación del artículo 4º del Código Penal anterior, siendo que el censor acepta los supuestos fácticos y la prueba tenida en cuenta por los juzgadores de instancia.
2.3. Es evidente también la confusión en que incurre al escindir los actos constitutivos de la infracción y atribuirles consecuencias jurídicas diversas, sin tener en cuenta que en la sentencia de primer grado, a la cual le impartió confirmación el tribunal, el juez, pese a lo dicho en el pliego, de cargos, consideró que se trataba de un solo delito de falsedad.
En efecto, sin desconocer qué fiscalía imputó a la procesada varias conductas falsarias, cometidas en forma sucesiva (las atinentes a los oficios y constancia antes relacionadas), el juez claramente señaló en la sentencia que “si bien fueron varios los actos de inveracidad en los oficios y en la constancia, fue una —innegablemente— la acción, la falsedad ideológica, que concursa como acertadamente lo dedujo el ente acusador, con el delito de peculado” (negrillas fuera del texto).
Estimó el sentenciador, por tanto, que el delito de falsedad ideológica en documento público cometido por la procesada fue uno solo, así se hubiere llevado a cabo en varios actos referidos a tres documentos distintos. Esta postura se vio reflejada en la dosificación de la pena, pues a partir de la señalada para este delito aumentó únicamente un (1) mes por el concurso con el peculado por uso (fl. 528).
Ante esa realidad, no resulta apropiado que el censor, dividiera la conducta para atacar la sentencia, tomando cada acto en forma independiente para atribuirle consecuencias jurídicas diversas.
La postura del juzgador de primera instancia, ratificada por el tribunal, necesariamente le indicaba al demandante que debía desvirtuar la naturaleza pública de los tres documentos o demostrar la inocuidad de la conducta imputada en todo su contexto y no exclusivamente en relación con uno de los actos que la integran.
Ello resulta evidente, pues en punto de la trascendencia del error, de nada serviría que en esta sede se llegue a la conclusión de que la falsedad atinente a la constancia secretarial resulta inocua, si de todas maneras subsiste la conducta falsaria con fundamento en los demás actos que se reprochan a la empleada.
2.4. Además de estas inconsistencias de carácter técnico, el cargo de todas maneras carece de fundamento.
2.4.1. El censor discute la naturaleza jurídica de los oficios a través de los cuales la señora Pérez Andrade comunicó a la Caja Agraria que el título de depósito judicial debía ser pagado al señor Alexander Yasno Rincón y que la titular el despacho había autorizado el cobro del mismo.
Es indiscutible que la procesada libró las citadas comunicaciones en ejercicio de sus funciones, pues además de desempeñar en ese momento el cargo de secretaria del Juzgado Único Civil Municipal de La Plata (Huila), el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 60, del Decreto 2282 de 1989, le atribuía esa función.
Es cierto que este precepto asignó esa función al secretario compartida con el titular del despacho entratándose de títulos judiciales, pero ello no significa que por faltar la firma del juez autorizando el pago del valor representado en el título, el empleado que suscribe con su rúbrica y sello el documento no esté actuando en ejercicio de sus funciones.
Si el secretario interviene conjuntamente con el juez en las comunicaciones que se libran con ocasión del manejo de los títulos judiciales, como lo reconoce el propio censor con apoyo en la citada norma, así su labor sea la de un colaborador en la elaboración del documento, se satisface aquel elemento propio de la falsedad ideológica en documento público previsto en el artículo 219 del anterior código y 286 del actual.
Ese elemento del tipo objetivo, como bien se ha dicho por quienes le han precedido a la Sala en el estudio del caso, no se refiere a la exacta y exclusiva atribución funcional de la ley sino al abuso de esa función pura documentar hechos que no corresponden a la verdad.
Cuando la señora Pérez Andrade libró una segunda comunicación, para suplir la falta de firma de la titular del despacho en la orden de pago y en el título de depósito judicial, informando falsamente al destinatario que la jueza había autorizado el cobro de la suma contenido en el título, lo hizo indudablemente en su condición de secretaria y no a título personal.
Pero además, esta comunicación con la cual pretendía avalar la orden de pago y el endoso del título, aparte de reunir las formalidades de todo documento, constituyó factor determinante para el cobro irregular del dinerario, pues no se puede desconocer que a través de este medio la procesada, con la intervención de un tercero, logró hacer efectivo el título para su propio provecho.
Si documento público, entonces, es el otorgado por un funcionario en el ejercicio de su cargo o con su intervención, corno reza el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, el solo hecho de haber librado la procesada el oficio, no como particular sino en su condición de secretaria, y con abuso de la función a ella atribuida, descarta la tesis propuesta por el censor.
Cuando el defensor sostiene que con la sola firma de la secretaria el oficio carecía de valor y no podía la Caja Agraria, por tanto, cancelar el título judicial, alude al tema de la aptitud probatoria —distinto de su naturaleza—, entendida corno la cualidad del documento que le permite producir convencimiento a las demás personas al ser introducido en el tráfico jurídico.
Esta visto, empero, que en este caso que el documento tenía capacidad probatoria, si se toma en cuenta que la entidad bancaria pagó el valor de dicho título bajo el convencimiento de que la titular del despacho había autorizado su cancelación, como así lo había certificado la secretaria.
2.4.2. Finalmente, en punto de la inocuidad de la conducta referida a la constancia secretarial dejada por la empleada para certificar con una fecha anterior la entrega del nuevo título, tampoco le asiste razón al censor.
Al respecto la Sala hace suyos los comentarios que plasmó en su concepto el delegado, básicamente en cuanto que no se trata aquí de indagar acerca de si las partes del juicio ejecutivo sufrieron un perjuicio económico, como lo da a entender el defensor.
Si la secretaria, en cumplimiento de su deber, introduce una constancia falsa para encubrir la ilícita apropiación de dineros propios del asunto, per se lesiona el bien jurídico tutelado, pues las partes de un proceso tienen derecho a contar con una información veraz sobre los actos que se cumplen durante su trámite.
Ello con independencia de los efectos que pudiera o no acarrear la constancia falsa, pues el compromiso de la fe pública dimana en este caso del contenido falso que se incorporó al proceso, máxime cuando la misma tenía la finalidad específica de ocultar la comisión de un hecho punible por parte de la secretaria, lo que por sí mismo, como apunta el delegado, concreta la lesión del bien jurídico.
Pero, aun de llegarse a admitir la intrascendencia jurídica de aquel acto de la procesada frente al bien jurídico tutelado, porque finalmente de la maniobra fraudulenta no se enteraron las partes del proceso ejecutivo y tampoco ninguna salió perjudicada, según lo da a entender el recurrente, la situación sigue siendo la misma, como se dijo con antelación.
Atendiendo al contenido de la sentencia, correspondía al censor demostrar la inocuidad de la conducta falsaria en toda su extensión, pues está visto que la procesada fue condenada por un solo delito de falsedad ideológica en documento público, constituido según el juzgador por varios actos propios de una única acción.
De allí que en esta sede de nada sirve plantear que el acto de expedir la constancia carece de trascendencia, cuando de todas maneras, como se dijo anteriormente, subsiste la conducta falsaria con fundamento en los demás actos que se reprochan a la acusada.
No prospera entonces la censura por el cargo propuesto, por lo que se impone su desestimación, sin otras consideraciones.
En mérito de lo expuesto. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto del Procurador Segundo Delegado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
Contra esta decisión no procede ningún recurso. Devuélvase al tribunal de origen.

References: artículo 219
 artículo 221
 artículo 26
 artículo 219
 artículo 219
 artículo 221
 artículo 4
 artículo 111
 artículo 1
 artículo 219
 artículo 251