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Timestamp: 2017-10-23 00:32:39+00:00

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El Blog de Fabián Zambrano Viedma: La prohibición de revelación: Art. 24 de la Ley 10/2010
La prohibición de revelación: Art. 24 de la Ley 10/2010
La prohibición de revelación, que es una de las obligaciones de los sujetos obligados relacionadas con la información, está regulada en el artículo 24 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Con determinadas excepciones que analizaremos seguidamente, la Ley prohíbe a los sujetos obligados y a sus directivos y empleados, revelar a clientes o a terceros cualquier información que haya sido comunicada al SEPBLAC. Tampoco se les podrá revelar que se están examinando o pueden examinarse operaciones, para comprobar si están relacionadas con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.
A las autoridades competentes, incluidos los órganos centralizados de prevención
A la comunicación de información entre entidades financieras pertenecientes al mismo grupo
A la comunicación de información entre los siguientes sujetos obligados, cuando ejerzan actividades profesionales, ya sea como empleados o de cualquier otro modo, dentro de la misma entidad jurídica o en una red: auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados, procuradores u otros profesionales independientes
A la comunicación de información, referida a un mismo cliente y a una misma operación en la que intervengan dos o más entidades o personas, entre entidades financieras o entre auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados, procuradores u otros profesionales independientes, siempre que pertenezcan a la misma categoría profesional y estén sujetos a obligaciones equivalentes en lo relativo al secreto profesional y a la protección de datos personales.
Las excepciones que establece el Art. 24 de la Ley, también serán aplicables a la comunicación de información entre personas o entidades domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes.
La prohibición de revelación tiene por objeto la salvaguarda de la confidencialidad necesaria para que el sistema de prevención del blanqueo de capitales, nacional e internacional, no tenga fugas peligrosas de información y por tanto pueda ser eficaz; pero para que el sistema sea eficaz, también resulta necesaria la comunicación de información entre aquellas autoridades que sean competentes en la materia, y entre los propios sujetos obligados a los que se autoriza esa comunicación por la vía de la excepción en la prohibición de revelación.
Se hace preciso, por tanto, equilibrar desde el punto de vista operativo la prohibición de revelación y la necesidad de comunicación, con el fin de que el sistema de prevención existente no sea vea alterado, ni por la falta de confidencialidad en el manejo de la información, ni tampoco por la falta de intercambio de aquellos datos que son necesarios para que el sistema genere inteligencia en beneficio de la sociedad.
Primera excepción: la revelación a las autoridades competentes
Para poder cumplir con esta excepción, los sujetos obligados habrán de matizar el concepto de “autoridad competente”
No todos los sujetos obligados pueden determinar con exactitud lo que deba entenderse por “autoridades competentes”, a efectos de su no inclusión en la prohibición de revelación, puesto que éste es un término complejo que no es aclarado ni por la Ley ni por el Reglamento, pero que han de comprender previamente para el cumplimiento debido de la prohibición de revelación, al ser ellos los que tienen que discriminar en cada momento, entre las autoridades que son competentes y las que no lo son.
Así pues, tanto la Ley 10/2010, como el Reglamento (Real Decreto304/2014, de 5 de mayo), pasan de puntillas sobre el concepto de autoridad competente dándolo como supuesto, por lo que convendría definirlo para mayor claridad.
Dentro de las “autoridades competentes” unas son nacionales y otras son comunitarias. Con las primeras los sujetos obligados españoles se relacionarán directamente en el cumplimiento de las obligaciones de información, y con las segundas, el contacto normalmente será indirecto. Estas últimas están perfectamente identificadas en los Reglamentos Comunitarios, y se las puede identificar fácilmente analizando en detalle la Cuarta Directiva. Se las conoce oficialmente como las AES, sigla que representa a la Autoridad Europea de Supervisión del Sistema Financiero; dentro de esta sigla se encuadran las autoridades europeas que supervisan a su vez a las autoridades de supervisión de los sistemas financieros dentro de los países de la Unión, a saber: La Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros, Pensiones y Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercado (AEUM).
Las autoridades competentes no administrativas serán fundamentalmente aquellas judiciales que conozcan de un asunto penal relacionado con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que serán las únicas que en la práctica se dirijan directamente a los sujetos obligados para obtener información BC/FT, puesto que el resto de las autoridades judiciales suelen recabar esta información a través de las autoridades administrativas competentes.
Conviene reseñar que las informaciones y comunicaciones que los sujetos obligados hagan a estas Autoridades competentes, son las que están exencionadas de responsabilidad en los términos establecidos en el Art. 23 de la Ley 10/2010. Es por ello por lo que hay que discriminar bien entre autoridades competentes y autoridades no competentes.
Segunda excepción: la revelación a los órganos centralizados de prevención
Los órganos centralizados de prevención y su funcionamiento están regulados en el Art. 27 de la Ley 10/2010.
La prohibición de revelación no incluirá, a los órganos centralizados de prevención que hayan sido autorizados oficialmente mediante las correspondientes órdenes del Ministro de Economía y Competitividad.
“Los órganos centralizados de prevención examinarán, por propia iniciativa o a petición de los profesionales incorporados, las operaciones a que se refiere el artículo 17, comunicándolas al Servicio Ejecutivo de la Comisión cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 18. Los profesionales incorporados deberán facilitar al órgano centralizado de prevención toda la información que éste les requiera para el ejercicio de sus funciones. “(Art. 27.2 de la Ley 10/2010)
Tercera excepción: las revelaciones que se hagan por motivos policiales, en el marco de una investigación penal
La Ley, en este punto copia exactamente la terminología de la Tercera Directiva ya derogada, con lo que deja sin clarificar el significado exacto de la frase “por motivos policiales en el marco de una investigación penal”. La Cuarta Directiva, en su Art. 39.2 ya no utiliza esa terminología y se limita a excepcionar la prohibición de revelación a efectos de aplicación de la Ley.
Resulta lógico que la Ley 10/2010 deje abierto este camino de exención, porque si no fuera así quedarían excepcionados estos delitos de la obligación de denuncia impuesta por la legislación penal, especialmente ante delitos flagrantes en los que fuese necesaria una rápida intervención policial para su esclarecimiento.
Cuarta excepción: la comunicación de información entre entidades pertenecientes al mismo grupo
Conviene señalar como singularidad que en la redacción del Artículo 24.2.a) de la Ley 10/2010 sólo se exenciona de la prohibición de revelación dentro de un Grupo a las entidades financieras, porque se basa en el texto de la Tercera Directiva.
Pero en el Art. 39.3 de la Cuarta Directiva, esta exención ha quedado ampliada a cualquier Grupo de entidades y no está limitada sólo a las financieras.
Curiosamente en la nueva redacción del apartado 4 del artículo 26, introducida en la Ley 10/2010 por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya se tiene en cuenta el espíritu de la Cuarta Directiva, lo que a mi juicio ha originado una contradicción dentro de la Ley que tendrá que ser resuelta en la próxima modificación de la misma.
Esta contradicción queda solventada en el Reglamento cuando en el Art. 36 establece las medidas de control interno a nivel de grupo, y en ese artículo se determinan los procedimientos internos necesarios para la comunicación de información dentro del grupo, sin que estas medidas se circunscriban a los grupos pertenecientes a las entidades financieras.
Quinta excepción: la comunicación de información entre auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados, procuradores u otros profesionales independientes dentro de una misma entidad jurídica o red
A las comunicaciones de información dentro de estos estos grupos de sujetos obligados se las exenciona también de la prohibición de revelación en determinadas circunstancias.
A este respecto, se consideran sujetos obligados en toda su actividad profesional, a los auditores de cuentas, a los contables externos y a los asesores fiscales, mientras que a los abogados, a los procuradores y a otros profesionales independientes, sólo se les considera sujetos obligados cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a:
Cuando actúan por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria
Sexta excepción: la comunicación de información entre entidades financieras o entre auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados, procuradores u otros profesionales independientes fuera de un grupo, entidad jurídica o red
El Art. 24.2 c) de la Ley 10/2010 establece también una nueva exención a la prohibición de revelación, al permitir la comunicación de información, referida a un mismo cliente y a una misma operación, en la que intervengan dos o más entidades o personas, entre entidades financieras o entre auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados, procuradores y otros profesionales independientes, siempre que pertenezcan a la misma categoría profesional y estén sujetos a obligaciones equivalentes en lo relativo al secreto profesional y a la protección de datos personales, y siempre que la información intercambiada se utilice exclusivamente a efectos de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Este artículo es una transposición del Art. 28.5 de la Tercera Directiva, que con el mismo texto es reproducido en el Art. 39.5 de la Cuarta.
Este supuesto de exención de la prohibición de revelación, permite el desarrollo operativo y tecnológico a las posibilidades de intercambio de información entre sujetos obligados que establece el Art. 33 de la Ley 10/2010
Tipo de información, objeto de la prohibición de revelación
Funcionamiento de la comunicación de información entre entidades pertenecientes al mismo grupo, y entre auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados, procuradores y otros profesionales independientes, para que no se vea impedida por la prohibición de revelación.
Herramientas para la comunicación de información entre entidades financieras pertenecientes al mismo grupo y, entre profesionales que sean sujetos obligados, dentro de una misma entidad jurídica o red
Entre entidades pertenecientes al mismo grupo
Anteriormente ya hemos analizado lo que constituye un Grupo a efectos de esta Ley.
Para compartir información dentro de un grupo, en base a la exención del Art. 24, se han de establecer primero, a nivel de grupo, las medidas de control interno que se determinan en el Art. 36 del Reglamento, y que tienen su anclaje legal en el Art. 26.4 de la Ley 10/2010:
Aprobación de políticas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo aplicables a todo el grupo, orientadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 10/2010; es decir, con medidas de prevención al menos equivalentes a las establecidas por el derecho comunitario.(El Servicio Ejecutivo de la Comisión podrá supervisar la idoneidad de tales medidas).
En estas políticas se incluirán, en todo caso, los procedimientos para la transmisión de información entre los miembros del grupo, estableciendo las cautelas adecuadas en relación con el uso de la información trasmitida.
Será precisa la autorización de la AEPD, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo para la transferencia internacional de datos, cuando el intercambio de información se efectúe hacia países que no ofrezcan un nivel adecuado de conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos.
Los procedimientos de control interno, se establecerán a nivel de grupo, siendo aplicables a todas las sucursales y filiares domiciliadas en España con participación mayoritaria del sujeto obligado.
Los procedimientos de control interno a nivel del grupo deberán tener en cuenta los diferentes sectores de actividad, modelos de negocio y perfiles de riesgo y preverán los intercambios de información necesarios para una gestión integrada del riesgo.
Los órganos de control interno del grupo deberán tener acceso, sin restricción alguna, a cualquier información obrante en las filiales o sucursales que sea precisa para el desempeño de sus funciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, abogados, procuradores y otros profesionales independientes
Mediante esta exención, las entidades jurídicas y las redes que conforman estos profesionales, se constituyen en “sujetos obligados atípicos”, es decir, sujetos obligados no especificados de forma concreta en el Art. 2 de la Ley 10/2010, puesto que si no existiera esta exención, las obligaciones de información corresponderían de forma individualizada a los profesionales que componen estas organizaciones.
Aunque esta figura de “sujeto obligado atípico” no está desarrollada ni en la Ley ni en el Reglamento, tiene su entronque legal indirecto en el Art. 24.2. b) que estamos analizando, por simples razones de efectividad operativa, puesto que los servicios que se prestan a los clientes son realizados bajo la fórmula de una “firma profesional”, sin perjuicio de que los documentos derivados del trabajo contratado estén rubricados por profesionales perfectamente identificados.
Aunque ni en la Ley ni en el Reglamento se especifica nada al respecto, soy de la opinión que estas agrupaciones de profesionales deberían tener su Representante ante el SEPBLAC, que sería la persona que se responsabilice de las obligaciones de información establecidas en la Ley 10/2010, y en los supuestos establecidos legalmente conforme al Art. 26, su propio órgano de control interno con representación de los distintos grupos de profesionales que trabajan o colaboran dentro de la firma.
Herramientas para la comunicación de información entre entidades financieras pertenecientes al mismo grupo y, entre profesionales que sean sujetos obligados dentro de una misma entidad jurídica o red
Por exigencias del Reglamento, en los procedimientos para la transmisión de información, se han de establecer “cautelas adecuadas” en relación con el uso de la información intercambiada dentro del Grupo o de la Red.
Una de estas cautelas podría ser que las comunicaciones de “información sujeta a prohibición de revelación” dentro del grupo o red se hiciesen a través de alguna plataforma tecnológica que permitiera su control en cuanto a su origen, explotación y destino. Lógicamente esta plataforma estaría supervisada por el departamento de prevención del blanqueo.
En la comunicación de información conviene acabar con la “práctica” incorrecta de la confianza profesional entre los interlocutores internos que intercambian datos, confianza que siempre resultará imprescindible para una buena comunicación, pero que habrá de estar sustentada también en alguna estructura tecnológica que controle y permita el rastreo del movimiento interno de esta información sensible. Esta cautela impedirá también la obtención de “información sujeta a prohibición de revelación” en base a requerimientos jerárquicos injustificados.
Publicado por Fabián Zambrano Viedma en 0:47

References: artículo 24
 artículo 17
 artículo 18
 Artículo 24
 artículo 26
 artículo 31