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Timestamp: 2018-06-20 16:46:04+00:00

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Almería Confidencial: 13-nov-2012
Usero (PSOE) deja la portavocía en el Ayuntamiento de Almería "para no discrepar" con la dirección local de su partido
ALMERÍA.- El portavoz del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Juan Carlos Usero, ha anunciado que cesa en el cargo que asumió tras las elecciones locales de 2011 pese al "apoyo de todos los concejales" para "no discrepar con la dirección de la Agrupación municipal".
Su marcha llega después de que la secretaria general de PSOE de la capital, Josefa Requena, apuntase la necesidad de abrir un "proceso de debate interno" para "observar la idoneidad" del trabajo que se estaba realizando en la oposición.
Usero ha presentado su renuncia en el seno de la reunión de la comisión permanente de la Ejecutiva municipal y ha trasladado que mantiene su acta de concejal. No obstante, según ha precisado, ha solicitado el reingreso activo en la Junta de Andalucía ya que es funcionario de la administración del Estado y de la autonómica.
En un comunicado, ha indicado que su decisión de dejar "a disposición del partido" la portavocía del grupo municipal en la capital se debe a tanto a "circunstancias personales" como a "familiares" aunque hace referencia expresa a "las declaraciones que en su día se hicieron por parte de la secretaria general del PSOE de la capital".
En concreto, Requena cuestionó la labor de oposición de los siete ediles que conforman el grupo y señaló a un medio de comunicación local que el Grupo Socialista "tiene que hacerse fuerte" al tiempo que apuntaba que si podían hacerlo "con la portavocía de Usero, así será y si hace falta un cambio, también será así".
Usero, quien fue presidente de la Diputación Provincial en el anterior mandato y delegado provincial de la Junta andaluza, ha subrayado que en la reunión de la comisión permanente "todos los concejales, a excepción de Mari Carmen Núñez, de viaje en el extranjero" le dieron su "apoyo".
"En la comisión permanente de la Ejecutiva municipal no hubo tensión ni debate ya que anuncié al comienzo de la misma que renunciaba a mi cargo, no queriendo discrepar con la dirección de la Agrupación municipal de mi partido", ha concluido.
Etiquetas: Ayuntamientos, PSOE-A
El exalcalde de Níjar dice que la finca era municipal pero que publicaron el edicto de inmatriculación
ALMERÍA.- El exalcalde de Níjar, Joaquín García, y el exsecretario municipal Fernando Gómez, que enfrentan seis meses de prisión y 18 meses de inhabilitación acusados de infidelidad en la custodia de documento público, han asegurado este martes que publicaron y diligenciaron el edicto para la inmatriculación de una finca promovida por los demandantes si bien han defendido que la citada finca era de propiedad municipal.
Ante el tribunal con jurado popular que ha comenzado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, García ha afirmado no encontrar explicación al hecho de que no existiera constancia de esos trámites obligados por la Ley Hipotecaria en el Registro de la Propiedad y ha indicado que el edicto se remitió a través del registro de salida municipal y, posteriormente, a través de una comisión municipal "que llevó en mano fotocopias de lo remitido al registrador".
García, a quien la Fiscalía acusa de maniobrar junto al exsecretario municipal para evitar que se publicase el citado edicto, ha señalado que en sus 27 años al frente de la Alcaldía nijareña dio "libertad" a sus funcionarios "en su forma de trabajar, siempre respetando la ley" y ha rechazado que fuese responsable de su publicación, competencia que ha atribuido a Gómez.
Ha argumentado, en esta línea, no tener conocimiento concreto del documento objeto del procedimiento. "Había cientos y cientos de edictos y, diariamente, firmaba entre 300 y 400 escritos. Nunca he podido leer todos los documentos presentados", ha apuntillado para, a continuación, remarcar que "siempre" ha actuado "en bienestar" de Níjar. "Siempre he dormido tranquilo como alcalde".
El exregidor ha señalado que cuando los demandantes inmatricularon la finca, ubicada en la pedanía de Aguamarga, había "indicios" de que "habían cogido 500 metros" en el Registro de la Propiedad y ha hecho referencia a una resolución de lo contencioso-administrativo que confirmaría que esta, donde se levanta un parque infantil, "era municipal".
Por su parte, Gómez, quien desempeña en la actualidad el cargo de secretario en el Ayuntamiento de Almería, ha defendido que cumplimentó el trámite al que le obliga la Ley Hipotecaria y ha afirmado que, una vez que diligenció el edicto en el registro de salida, "ya no controlo lo que pasa". En esta línea, ha remarcado que su obligación era "cuidar de que se expusiese en el tablón y diligenciarlo, como hice".
Al hilo de esto, ha subrayado que se trataba de una inmatriculación "indebida" y que apuntaba a que podía ser doble al establecerse que la finca era de titularidad municipal, un extremo que la fiscal ha indicado al jurado popular que "debía decidir, en todo caso, un juez".
"No tenía que haberse inscrito", ha insistido el funcionario.
Gómez ha justificado que el edicto se diligenciase dos días antes de que terminase el plazo de exposición público en el tipo de edicto. En esto punto, la presidenta del tribunal, la magistrada Lourdes Molina, quien le ha advertido de que estaba incurriendo en respuestas contradictorias a preguntas de la acusación y de la defensa, le ha conminado a explicar las diferencias.
La vista oral continuará el jueves una vez concluidas las declaraciones de los acusados que han debido ser aplazadas a las 17,00 horas después de una de las integrantes del jurado abandonase por error el Palacio de Justicia y haya tenido que ser localizada por teléfono para indicarle que debía volver para constituir la sala y celebrar el juicio.
El Ministerio Público considera que el trámite de publicación del edicto no fue cumplimentado por "voluntad" y con conocimiento de los acusados y les atribuye la "intención" de evitar que se publicase porque, según remarca, consideraban que la inmatriculación a nombre de los demandantes de la finca, en la que en la actualidad se ubica un parque infantil, "era contraria a los intereses municipales".
La denuncia por unos hechos que se remontan a mayo de 2002 recoge que la finca objeto de litigio, ubicada en la pedanía de Aguamarga, formó parte presuntamente de una permuta de terrenos entre un exconcejal del equipo de gobierno de García y constructor, que se habría atribuido su propiedad, y el Consistorio.
El escrito de acusación fiscal, formulado contra García y Gómez, recoge que los cuatro demandantes inscribieron a su favor en mayo de 2002 la finca urbana de unos 500 metros cuadrados en el Registro de la Propiedad número 3 de Almería de acuerdo con el artículo 205 de la Ley Hipotecaria y con el artículo 298 de su reglamento.
La fiscal sostiene el citado edicto "no fue debidamente cumplimentado, ni publicado, ni diligenciado por el secretario con conocimiento y por voluntad" de García y de Gómez, lo que dio lugar a que la primera inscripción de la finca registral fuese cancelada de oficio al no haberse acreditado la publicación del edicto.
Subraya que la intención de ambos con la no cumplimentación del edicto tal y como requirió el registrador de la propiedad "fue evitar" la inscripción por considerarla "contraria a los intereses municipales" cuando --añade el Ministerio Público-- había otras vías.
En concreto, hace referencia a la propia legislación hipotecaria que prevé que aquellos que se crean con derecho a una finca o a parte de ella podrán alegarlo ante el juzgado o el tribunal competente en juicio declarativo "quedando anotada la demanda en registro mediante anotación preventiva".
La fiscal, que aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, interesa al margen de las penas individuales de seis meses de prisión y un año y medio de inhabilitación el pago de una multa de cuatro meses y diez días con una cuota diaria de doce euros y de las costas.
El PP-A pide a la Junta que detalle cómo gasta "hasta el último euro"
SEVILLA.- El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha indicado que su formación defenderá este miércoles en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que pide a la Junta que detalle cómo se gasta y en qué "hasta el último euro" público del que dispone, dado que para los 'populares', "todo huele a corrupción y mala gestión" en la Administración andaluza.
En rueda de prensa, Rojas ha asegurado que en los meses que lleva gobernando "el bipartito" en Andalucía se ha dejado claro que "si la trayectoria del PSOE ya era mala, con paro, corrupción y mala gestión a sus espaldas, la suma ahora de IULV-CA hace que ésta aún empeore". Ante ello, el PP-A demandará en el Parlamento medidas de transparencia.
En la citada iniciativa presentada por los 'populares' se pide también a la Junta que publique un "mapa integral del sector público que ofrezca una imagen fiel y estructurada de su tamaño real" y que prohíba establecer "contratos blindados de alta dirección".
"La opacidad respecto de la contratación de personal de confianza, del sistema de retribuciones y de ciertos privilegios de altos cargos y asimilados del conjunto del sector público andaluz, de aspectos relacionados con la gestión presupuestaria, las finanzas públicas y el destino de las ayudas y subvenciones es una constante en la llamada administración paralela", ha advertido Rojas.
Ante ello, el PP-A defenderá que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a publicar "con carácter inmediato" las retribuciones dinerarias y en especie percibidas anualmente por los altos cargos y asimilados y el número de su personal de confianza y/o asesoramiento especial y que refuerce y mejore el régimen de incompatibilidades y obligaciones de los diputados en relación a sus declaraciones de IRPF y a la relación de sus "familiares directos con la Administración Pública y Cajas de Ahorro y sus fundaciones".
Además, exigirán que se haga "de inmediato efectiva la obligación de los altos cargos de informar sobre las relaciones contractuales de sus familiares directos con la Administración Autonómica", que se elimine "la opacidad de los gastos en los que incurren los altos cargos y el personal directivo" del sector público empresarial y que se actualice "con rigor el Inventario de Entes Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía", publicando el referido 'mapa integral' del sector.
Relacionado con ello, el PP-A defiende que se publique "de forma completa, actualizada y veraz la relación de puestos de trabajo" en la Junta, que se publiquen las ofertas públicas de empleo de todos los entes instrumentales y que implante auditorías internas y externas de regularidad contable, operativas y de gestión en el conjunto de estos entes.
Como viene siendo petición habitual de los 'populares', en esta iniciativa sobre transparencia también piden incluir en los Presupuestos de la Junta de Andalucía el "detalle de las inversiones a realizar en cada una de las provincias, ofreciendo información trimestral respecto al grado de ejecución y detallando las inversiones reales y transferencias de capital".
Al hilo, también quiere que se publiquen todos los planes y programas anuales y plurianuales, junto con su memoria económica, y que se amplíe "el control de los fondos públicos". Para ello, propone "obligar" a todos los entres integrantes y dependientes de la Junta a remitir trimestralmente información a la Intervención General "para el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria a lo largo del ejercicio".
Los consejeros de IULV-CA acudirán a las manifestaciones y no participarán en piquetes
SEVILLA.- Los tres consejeros de IULV-CA en el Gobierno andaluz --el vicepresidente, Diego Valderas; la titular de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y el titular de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez-- acudirán este miércoles a las manifestaciones convocadas por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT con motivo de la huelga general, pero no se sumarán a los piquetes pese al llamamiento de la federación de izquierdas a su militancia.
Así lo han avanzado fuentes de IULV-CA, que también han confirmado que los viceconsejeros de Administración Local y Relaciones Institucionales, José Luis Pérez Tapias; Fomento y Vivienda, José Antonio García Cebrián; y Turismo y Comercio, Antonio Jesús Roldán, no asistirán a la reunión semanal del Consejo General de Viceconsejeros --conocida popularmente como 'consejillo' y que prepara los contenidos del Consejo de Gobierno de la siguiente semana--, que la Junta ha mantenido convocada pese al 14N.
En concreto, Valderas participará en la manifestación de Huelva a partir de las 18,00 horas, mientras que Cortés estará en la protesta de Córdoba desde las 12,00 horas y Rodríguez hará lo propio en la convocatoria de Málaga a partir de las 19,00 horas.
Se da la circunstancia de que Valderas, en su condición de coordinador general de IULV-CA, sí participó como piquete en la última huelga general del pasado 29 de marzo, acompañando a los líderes regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y UGT, Manuel Pastrana, en su visita a Mercasevilla.
El Consejo Andaluz de IULV-CA, máximo órgano entre asambleas, recordó el pasado mes de octubre en un boletín informativo a todos sus cargos públicos "tanto en ayuntamientos y diputaciones como en el ámbito de la comunidad autónoma", que tienen la "obligación política y moral de estar con los piquetes" el próximo 14 de noviembre con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos CCOO y UGT.
Frente a la actitud de los consejeros de IULV-CA, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ya ha avanzado tras el Consejo de Gobierno que "ningún consejero socialista ni este portavoz irá a manifestaciones".
Igualmente ha anunciado que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pasará la jornada de "trabajo en su despacho", donde recibirá a las consejeras de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz; Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; Salud, María Jesús Montero, y Educación, María del Mar Moreno, "como representantes de los principales servicios públicos que tienen que cumplir servicios mínimos en la jornada de huelga para ver el grado de funcionamiento y cumplimiento".
El Supremo niega indemnización a la promotora del hotel del Algarrobico
ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un incidente de nulidad promovido por la empresa promotora del hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y ha rechazado que tenga derecho a percibir indemnización por parte de la administración en caso de derribo al considerar que Azata tenía el "deber jurídico" de adaptar el proyecto a la Ley de Costas, que estipulaba una servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de 100 metros.
El Alto Tribunal, en una providencia, confirma que no existe responsabilidad patrimonial por parte de la Dirección General de Costas al tiempo que desvincula el perjuicio que la mercantil alega haber sufrido de la "actuación descuidada" del Estado al no haber promovido la revisión del Plan Parcial del sector ST-1 donde se asienta el inmueble y haber informado favorablemente la aprobación de la norma urbanística de Carboneras que calificaba el paraje como suelo urbanizable.
Sostiene el Supremo en su resolución, contra la que no cabe recurso, que el daño que argumenta Azata es una "cuestión completamente independiente" de la "incuria" que si le reconoce a la administración general del Estado y confirma, de este modo, la sentencia dictada el 18 de julio por la que dictaminaba que el hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones viola la Ley de Costas al invadir parcialmente los 10 metros de servidumbre del dominio marítimo-terrestre.
La promotora del hotel presentó un incidente de nulidad contra el citado fallo al estimar que contradecía en sus pronunciamientos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado a la sentencia previa de la misma sala y sección, fechada en marzo, por la que se ratificaba una resolución de la Audiencia Nacional (AN) que también declaraba la ilegalidad del hotel por contravenir la Ley de Costas.
En sentencia de julio, en la que Azata ve vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el Supremo argumenta que la mercantil "como propietaria del suelo" tenía el "deber jurídico" de adaptar el proyecto, que situó el hotel a 50 metros de la línea litoral, a la Ley de Costas mientras que en su sentencia de marzo atribuía a la administración estatal "desatención o incuria" a la hora de actuar para asegurar la aplicación de la mencionada ley.
El TS concluye, en la providencia dictada el pasado día 2, que la resolución impugnada expresa "con toda claridad" que la causa "determinante" del perjuicio que esgrime la promotora es que "no efectuó reclamación previa en vía administrativa" y no cumplió su "deber jurídico", por lo que no se contravino el principio de confianza legítima ya que el deslinde de 20 metros no estaba aprobado definitivamente cuando se empezó el proyecto.
La misma sala ya calificó de "cálculos precipitados" los que hizo Azata para levantar el hotel y consideró que "se precipitó" a adquirir suelo sujeto a un procedimiento de deslinde provisional y "más aún" al obtener licencias y permisos para acometer su construcción.
Indicó, asimismo, que para corregir esta actuación, en alusión a la construcción del hotel, "no es necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística establecidas en el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio a las que remitía el PORN del 1994 y todo ello sin perjuicio del ejercicio de la competencia sancionadora de la administración". Este artículo estipula que las edificaciones contrarias al planeamiento deben ser demolidas sin indemnización.
Cajamar Caja Rural prevé cerrar con 30 millones de beneficio tras el "rescate" de la valenciana Ruralcaja
ALMERÍA.- El presidente de Cajamar Caja Rural, Juan de la Cruz Cárdenas, ha avanzado que la primera cooperativa de crédito va a cerrar el presente ejercicio con un beneficio bruto de alrededor de 30 millones de euros tras el proceso de fusión con Ruralcaja, que, según ha subrayado, se ha tornado en un "rescate" de la entidad valenciana a la que han "debilitado sustancialmente" los tres últimos decretos-ley del Gobierno de Mariano Rajoy para acometer la reestructuración del sistema financiero.
En un encuentro informativo celebrado este martes tras la configuración del nuevo consejo rector de la caja, Cárdenas ha explicado que la "renuncia responsable" de los seis consejeros de Ruralcaja da una "solución ética y estética" a la modificación de las condiciones en las que se negoció la fusión y que han obligado a convertirlo en un rescate para evitar que los socios de Cajamar "se pudieran ver perjudicados".
"Cuando cayó el tercer 'decreto Guindos' fue excesivo para Ruralcaja y en ese momento se vio que no podía ser que la sociedad que superaba el corte tuviese que hacer sacrificios directos para sacar adelante a la otra", ha añadido para, a continuación, resaltar que la decisión de la renuncia de los consejeros de la entidad valenciana se produjo "sin resistencia" y como consecuencia de "un diálogo abierto, sincero, serio y prudente".
Al hilo de esto, ha indicado que Cajamar Caja Rural nace "sana" con las provisiones para este año "totalmente cubiertas" y un nivel de dotación que da una cobertura del 70 por ciento de la morosidad, lo que, según ha augurado, permitirá en próximos ejercicios "seguir haciendo dotaciones en una dinámica absolutamente normal, como se ha hecho toda la vida, y no para regularizar situaciones". La previsión de la nueva entidad es cerrar en 2013 con unos beneficios de 260 millones de euros, que se elevarían a 270 en 2014.
Cárdenas, con 43 años de trayectoria profesional en la entidad almeriense, ha remarcado que Cajamar Caja Rural alcanza con este proceso "casi el 50 por ciento de la cuota de negocio" de las cajas rurales, lo que da a la entidad "un posicionamiento estratégico muy importante y bastante interesante" al tiempo que ha considerado que la convierte en "referencia". "No se podrá hacer un movimiento de integración en el sector sin contar con nosotros", ha apuntillado.
Al hilo de esto, e interpelado por el futuro de las cajas rurales, ha trasladado que el deseo de Cajamar Caja Rural pasa por que, a medio plazo, convergiesen "todas en una". Si bien ha señalado que, en la actualidad, "son una familia mal avenida, enfrentados entre si", ha expresado la disposición de la entidad para alcanzar el "ideal de que todas pudiéramos estar bajo un paraguas común, consolidándonos como unidad".
"Siempre hemos estado abiertos al diálogo con aquellas entidades que entiendan que somos un referente válido", ha subrayado para, a continuación, indicar que la entidad reclama "una cuota de poder correspondiente al 50 por ciento de cuota de mercado".
Ha remarcado que las "40 cajas rurales que siguen quedando sueltas" se integran en una "mera asociación que no tiene proyecto de integración" y ha considerado que la "asignatura pendiente" de este colectivo "es la eficiencia", un objetivo, según ha añadido, que facilita "muchísimo el tamaño".
En este contexto, a su juicio, las cajas rurales han sobrevivido al "tsunami financiero" debido al su grado de capitalización y solvencia "muy alta" con respecto a la de sus competidores, las cajas de ahorro. "El cambio en el esquema financiero nacional ha sido brutal y van a quedar pocas entidades vivas aunque mucho más fuertes, por lo que la competencia será más bravía", ha advertido.
Cárdenas ha analizado las consecuencias estratégicas de la anexión de Ruralcaja y ha apuntado que posiciona "mejor" a Cajamar Caja Rural en el mercado local del "ahorrador individual, del pequeño ahorrador y de las pymes" en un "mercado más abierto". Al tiempo, ha defendido que en su expansión la entidad ha demostrado "la voluntad y la calidad en el servicio". "Las fronteras funcionan para la administración --ha ahondado-- pero no son válidas para el sistema financiero".
En esta línea, ha trasladado que el "campo y el sector agroalimentario" seguirá siendo de "atención prioritaria" no solo "por convicción", según ha apuntillado, "sino como negocio". "Vamos a quedar pocas entidades para competir en el mismo mercado, tenemos que distinguirnos y aspiramos, dentro de esa especificidad, a ser referente nacional en este sector". Para el presidente de Cajamar, en la agricultura "no hay burbuja y sí una tendencia sostenida y de poder competitivo en el mercado si es capaz de superar el relativo estancamiento en la comercialización y la generación de más valor añadido".
Cárdenas ha hecho referencia, asimismo, al plan de empleo que acompaña a la anexión de Ruralcaja y que afecta a unos 500 trabajadores. Según ha explicado, el citado plan, pactado aunque no firmado a la espera de definir legalmente la entidad, prevé prejubilaciones y la movilidad geográfica de empleados "jóvenes y con menos compromisos familiares" para cubrir aquellas zonas donde las prejubilaciones no solucionan los "excedentes de plantilla".
El nuevo consejo rector de Cajamar Caja Rural está encabezado desde el lunes por el presidente Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, el vicepresidente primero y consejero delegado, Manuel Yebra Sola, el vicepresidente segundo, Antonio Luque Luque, el vicepresidente tercero, Francisco Lorente Brox, y el secretario, Pascual Candel Martínez. Los demás miembros son Jerónimo Molina Herrera, Carlos Pedro de la Higuera Pérez, Francisco Góngora Cañizares, Luis Robledo Grau, María Gádor Villalobos Mejía, Juan Carlos Rico Mateo, Francisco Martínez-Cosentino Justo, Francisco Javier Ramírez Arceo, Maria Luisa Trinidad García, Joan Bautista Mir Piqueras y el consejero laboral propuesto por los empleados Rodrigo Muñoz Rodríguez.
La entidad constituida como resultado de la fusión entre Cajamar Caja Rural y Ruralcaja es la primera caja rural española y la primera cooperativa de crédito española, con más de un millón de socios y tres millones cuatrocientos mil clientes, según informa Cajamar. Cuenta con un volumen de negocio gestionado total que supera los 70.000 millones de euros y activos por importe de 42.000 millones de euros. El coeficiente de solvencia, a 30 de septiembre, se sitúa en el 11,9 por ciento.
Incorpora el legado histórico de las entidades resultantes de anteriores procesos de fusión con Cajamar Caja Rural y Ruralcaja de cajas rurales de Andalucía (Almería y Málaga en 2000), Murcia (Campo de Cartagena en 1989), Madrid (Grumeco en 2000), Castilla y León (Caja Rural del Duero en 2007), Baleares (Caixa Rural de Baleares en 2010) y de la Comunidad Valenciana (Caja Rural de Valencia, Caja Rural Credicopp y Caja Rural de Alicante en 2002, Caja Rural de Elche en 2003, CajaCampo en 2011 y Caja Rural Castellón en 2012).
Asimismo, el nuevo Grupo Cajas Rurales Unidas suma 22 entidades, con unos activos totales medios superiores a 45.000 millones de euros, 1.700 oficinas y 7.000 empleados. Representan el 50 por ciento del negocio total y los activos totales del sector de las cajas rurales españolas, una de cada tres oficinas y uno de cada tres empleados. Está presente en 41 provincias de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y Región de Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El Parlamento fija una alianza con las 10 universidades públicas andaluzas en busca de "nuevas ideas" para la crisis
MÁLAGA.- El presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, se ha reunido este martes con rectores y vicerrectores de las 10 universidades públicas andaluzas para establecer una alianza estratégica entre la Cámara autonómica y estas instituciones académicas con la que producir "nuevas ideas que sean útiles en estos tiempos de crisis y contribuyan a superar la situación económica internacional".
Durante este encuentro, se ha firmado un protocolo de colaboración entre la institución andaluza y las universidades públicas de la región a través del que se acuerda la elaboración de un convenio marco para promover el máximo número de actuaciones que tengan como finalidad la aportación cualitativa, proactiva y eficaz al debate público de elementos dirigidos a superar la actual situación.
Esta firma se ha producido este martes en el Rectorado de Universidad de Málaga (UMA), un acto en el que también han estado presentes la rectora malagueña y presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, y el responsable de la Universidad de Córdoba (UCO) y también presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), José Manuel Roldán.
La colaboración continuada entre las instituciones se plasmará en la celebración de encuentros, jornadas, publicaciones, prácticas y estudios que promuevan la generación de ideas, la innovación y el emprendimiento en el seno de la población andaluza para el aprovechamiento y la potenciación del patrimonio humano y social de Andalucía.
Gracia ha señalado que este convenio se realiza "por la urgencia y la dimensión de la situación que nos afecta, se hace preciso fomentar reflexiones, ideas y propuestas de carácter académico, político, económico y social que puedan enriquecer el diseño de soluciones para los grandes desafíos a los que nos enfrentamos".
También ha explicado que esta iniciativa persigue la confluencia de la actividad de la institución legislativa y la de los núcleos universitarios, puesto que se antoja "imprescindible" para "configurar nuevas herramientas al servicio de la que queremos que sea una sociedad solidaria, equilibrada y con proyección de futuro". Asimismo, ha incidido en que ambas partes pueden aportar mucho para abordar con éxito los problemas y necesidades de las personas.
Por su parte, De la Calle ha agradecido que la UMA haya sido el escenario elegido para iniciar esta andadura entre las universidades y el Parlamento de Andalucía. "Es en las universidades donde reside el conocimiento y el talento necesario hoy más que nunca para salir de crisis", ha manifestado.
Asimismo, la rectora de la UMA ha recordado que "es responsabilidad de todos devolver la ilusión a la sociedad y, para ello, el trabajo conjunto es la mejor iniciativa".
Por último, el presidente de la AUPA ha declarado que "unificar el pensamiento y el espíritu crítico universitario con el pueblo andaluz, representado en su Parlamento, es, sin duda, una gran plataforma para pensar y hacer propuestas que mejoren la situación crítica en la que estamos".
PSOE Almería: más de lo mismo / Pepe Fernández
Muchos amigos suelen preguntarme el motivo de mi reiterado interés periodístico por todo lo que sucede en la Almería política y económica. La respuesta es bien sencilla: aquella entrañable y acogedora provincia andaluza, ha sido convertida por la política en las últimas décadas en una especie de laboratorio de la omertá – ley del silencio- donde, difícilmente, se hallarán grandes disensiones o denuncias entre los dos grandes partidos y entre quienes les rodean o manejan desde las sombras político-económicas de la provincia.
Eso es lo llamativo en una tierra acogedora y hospitalaria donde, miles de honrados ciudadanos, han sido capaces con su trabajo diario cambiar el PIB de una desértica y finalmente productiva Almería. Y donde, además, la clase política dirigente vive instalada en la corrupción política y económica más vergonzante, campando por sus respetos y sin el más mínimo pudor en la mayoría de ocasiones.
La política de no agresión entre el PSOE y el PP, que debilita los pilares del sistema democrático de partidos, se institucionalizó hace bastantes años, cuando dirigía los destinos socialistas de la provincia Martin Soler, con un Gabriel Amat al frente del PP que felizmente sobrevive hoy a todos los cambios climáticos.
Las broncas entre socialistas y populares en estos años se han limitado a cuestiones menores, políticas del día a día, todo ello en un clima de leal oposición y siempre políticamente correcta.
Llegó en 2009 la Operación Poniente, extrañamente paralizada a día de hoy en un juzgado de Almería, y apartó de la circulación política al sector más duro de la derecha del PP; fue Juan Enciso y los suyos, los que acabaron fundando el PAL y con algunos compinches en la cárcel, entre ellos el propio Enciso. Aquella operación judicial, impulsada desde la Fiscalía Superior de Granada y desde la Fiscalía Anticorrupción, quedó inconclusa tras abandonar el juzgado nº 2 de Almería la magistrada Montserrat Peña. A su marcha, el voluminoso sumario y piezas separadas de la OP, quedó sumido en el olvido más desesperante. Especialmente para los casi 70 imputados en la causa y con casi 500 millones públicos desaparecidos, solo de las arcas del ayuntamiento de El Ejido.
Para algunos juristas, conocedores de las tripas del sumario, de haber continuado la investigación al mismo ritmo que se llevó con la anterior jueza, es muy posible que se hubiesen traspasados los límites geográficos, económicos y políticos de El Ejido para entrar en Roquetas, camino de Almería. (Que entre los imputados esté el dueño de la empresa que recauda los impuestos de los almerienses, conduce necesariamente a pensar que la trama descubierta pasa o acaba en la capital.)
Lo cierto es que, habiendo estallado una gran bomba de corrupción en la derecha con la OP, con dirigentes políticos de por medio que un día lo fueron del PP, el PSOE guardó silencio y nunca se aprovechó de la debilidad muy notable de su gran adversario en el eterno bipartidismo almeriense. Para nada comparable la actitud socialista con la capacidad de presión y desgaste que hace actualmente el PP con el caso EREs frente a Griñán en Sevilla. Claro que entonces, 2008, el PSOE-A antepuso a los intereses generales un pacto vergonzante, bajo la mesa, con la extrema derecha del PAL para dirigir en la sombra durante años la Diputación Provincial. Pacto, por cierto, que bendijo urbi et orbe el mismísimo Manuel Chaves González, como presidente de la Junta y SG del PSOE-A en una de sus muchas visitas a Almería.
Y así iba a transcurrir la hoja de ruta política de los dirigentes almerienses de la derecha y de la izquierda, practicando al unísono el consabido vamos a llevarnos bien, todo lo que haya que llevarse .
La caída de Martín Soler y Diego Asensio al frente de la Agrupación Provincial socialista, auspiciada desde Sevilla por el propio Jose Antonio Griñán, situó en la Secretaría Generala un joven dirigente que antes había sido alcalde de Chirivel. También estrecho colaborador de Fuensanta Coves en Medio Ambiente. Nombrado posteriormente director general por Soler en su etapa como titular de Agricultura, acabó situado como mascarón de proa de una operación para arrebatar la mayoría a quiénes la habían retenido durante década y media con Soler al frente. La operación bien podría haberse llamado cómo matar al padre.
Tras unos congresos a cara de perro, finalmente el aparato de San Vicente impuso una nueva línea que debería ejecutar el recién elegido Secretario General José Luis Sánchez Teruel, que obtiene entorno al 80% del respaldo del congreso. Un apoyo suficiente para afrontar, aparentemente sin complejos, hipotecas ni ataduras con el pasado, una nueva etapa especialmente dedicada en sus inicios a renovar profundamente los cuadros del partido y profundizar en una nueva forma de ejercer la oposición a la poderosa derecha. Alejada, se suponía, de aquellas otras maneras que tanta quietud y complicidad distribuyó en la omertá política almeriense, capitaneada durante muchos trienios por Amat y Soler, sus verdaderos ideólogos y ejecutores.
No en vano, el único poder real que le queda al PSOE en Almería en la actualidad, amén de cuatro o cinco alcaldías de pueblos, está en las delegaciones de la Junta, gestión que el PSOE comparte con IU.
Llegan los escándalos al PP
Pero los escándalos de corrupción empiezan a salpicar duramente al PP y nuevamente el PSOE opta por la misma política de antes. Guardar silencio y mirar para otro lado, sin duda una política de avestruz bien amaestrado.
En el mejor de los casos es un tercera fila quien se explaya en un comunicado, perdido en Internet, - porque los medios convencionales se ocupan de otras cosas-, (amén de firmar convenios urbanísticos) a cuenta de esta o aquella decisión adversa para los políticos del PP como Gabriel Amat, quien últimamente parece que colecciona las sentencias a manojitos.
Sánchez Teruel ha comentado para justificar su prudente actitud que no convenía precipitarse en el ataque directo a Amat y al PP ya que, confesaba, podrían hallarse “a compañeros del partido” mezclados en los negocios más inverosímiles, de ahí que mantuviese una discreta posición ante los reiterados escándalos en la derecha, “para que no nos salpique”. Era una clara referencia al histórico portavoz del PSOE de Roquetas, Ortega Paniagua, vinculado a empresas y socios del clan Amat, según se documenta por Internet.
El último escándalo sonoro ha afectado a la actual delegada del Gobierno en Andalucía, Mari Carmen Crespo, a quien la Justicia le ha tumbado una subasta, realizada en su época de alcaldesa popular de Adra, porque que tenía que ser con la forma jurídica de concurso público. Seis millones de euros de 2009 por unos solares cercanos al mar y cuyos fondos no se saben muy bien a donde fueron a parar ya que, según dice el juez de lo Contencioso, no estuvieron destinados a viviendas de Protección Oficial como debería haber sido y marca la Ley.
Por otro lado, la Guardia Civil, a instancias de un Juzgado y por denuncia de la Agencia Tributaria, intervino la sede del principal holding empresarial de Miguel Rifá en Roquetas, empresario cercano al PP y a Gabriel Amat y que ya apareció vinculado a la Operación Poniente en operaciones de compra venta de terrenos no declaradas a Hacienda. Y en el PSOE ni siquiera mueven un músculo para interesarse por las variantes políticas de esta intervención judicial, que las tiene según todos los indicios.
Desde el verano hasta aquí, silencio por todos lados, nadie pide -ni para quedar bien- una comisión de investigación, mientras que una docena de muy notables empresarios almerienses, Rifá entre ellos, permanecen imputados en un abultado sumario por la presunta comisión de numerosos delitos de carácter económico.
A todo esto, observando los movimientos en el seno del PSOE de Almería, uno se da cuenta fácilmente del motivo por el que los socialistas almerienses no pueden atender la reclamación de transparencia que demanda la sociedad y el electorado que les da la espalda. Están a lo suyo, enfrascados ahora en una operación maquillaje donde todo debe cambiar para que todo siga igual.
Y ahí tienen a todo un secretario general, Sánchez Teruel, más preocupado por las escaladas y tirones de la ambiciosa ex martinista Adela Segura, que intenta por todos los medios hacerse con el poder del aparato provincial y neutralizar a Juan Carlos Perez Navas, uno de los pocos dirigentes socialistas no contaminados por la corrupción. O cómo se recolocan con nuevas responsabilidades a cargos de confianza del martinismo, caso de la antigua secretaria de organización, hoy flamante coordinadora del grupo municipal socialista en Almería, o resitúan a uno de los hombres del clan de Soler en Terque/Alhama, nombrándole coordinador de las delegaciones de la Junta.
Visto lo visto, o mucho me equivoco o Griñan puede que haya fracasado en su intento de renovación del partido en Almeria, al haber elegido a una persona sobre la que pueden concurrir solamente dos circunstancias: o no está capacitado para liderar la recuperación del PSOE frente a un potente y hegemónico PP, o solo ejecuta el manual de funcionamiento del partido que dejó en herencia en el cajón de la SG, Martín Soler Márquez.
Con los gestos como opositor y con los nombramientos internos en marcha, más bien parece lo último. De cambio, nada. Más de lo mismo en el PSOE de Almería.
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Publicado por Newsletter del Siglo XXI en 12:47 No hay comentarios:

References: resolución 
 artículo 205
 artículo 298
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 Real Decreto