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KLCE RESOLUCIÓN. de certiorari y solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia.
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Catalina Espinoza Soriano
1 Municipio Autónomo de Humacao V. Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN PANEL ESPECIAL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE HUMACAO; HON. MARCELO TRUJILLO PANISSE, en su carácter oficial como Alcalde del Municipio Autónomo de Humacao DEMANDANTE RECURRIDO V. OFICINA DEL PANEL SOBRE EL FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE DEMANDADO-PETICIONARIO KLCE CERTIORARI procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan CIVIL K PE (907 SOBRE: MANDAMUS Panel especial integrado por su presidente, Juez Rivera Román, el Juez Piñero González y la Jueza Carlos Cabrera Rivera Román, Juez Ponente RESOLUCIÓN En San Juan, Puerto Rico a 28 de diciembre de 2012 La Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (Panel) presentó un recurso de certiorari y solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia. certiorari. Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos la expedición del I. El Municipio de Humacao solicitó al Panel copia de los informes, declaraciones y otros documentos en los que se basó la Resolución del caso del Panel En la resolución, el Panel expresó su determinación de no actuar en contra del Alcalde del Municipio de Humacao luego de investigar una querella contra éste. El Panel se negó a entregar los documentos
2 solicitados por considerarlos confidenciales, según se expresó en la carta que el Panel envió a los peticionarios. El Municipio de Humacao y su Alcalde presentaron un recurso de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia. El Alcalde alegó que interesaba conocer los fundamentos de la investigación de que fue objeto y su resultado. Además, deseaba mantener en el Municipio un récord público sobre señalamientos en contra de funcionarios municipales y "limpiar su nombre" [1], luego de las imputaciones que se le hicieron públicamente. Más aún, el Alcalde adujo que se tenía que cumplir con los requisitos que dispone el Artículo 16 de la Ley 2 de 23 de febrero de 1988 (Ley 2), 3 L.P.R.A sec. 99w, para la divulgación de información relacionada con sus investigaciones. El Panel presentó una moción de desestimación y solicitud de sentencia sumaria en la que adujo que el Municipio no poseía legitimación activa para accionar su reclamo, que no existía un deber ministerial de entregar la información solicitada y que los demandantes, conforme a la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, debían emplear el mecanismo que provee el Reglamento Número 8139 del Panel para solicitar la información. El Tribunal de Instancia denegó la moción de desestimación. En la bien fundamentada resolución, el Tribunal de Primera Instancia entendió que debe determinarse si existe alguna de las razones que la Ley 2 establece como justificación para preservar la confidencialidad de la información obtenida en una investigación. El Panel acude ante nos mediante recurso de certiorari y reproduce los argumentos presentados ante el Tribunal de Instancia. II. 1. Derecho constitucional de acceso a información pública bajo control del estado.
3 El acceso a la información pública es un corolario de la libertad de expresión y, por ende, un derecho constitucional. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 484 (1982). La norma general es permitir el acceso de la ciudadanía a información pública en manos del gobierno. Sin embargo, Soto y su progenie también reconocen la existencia de intereses estatales apremiantes que podrían, por vía de excepción, justificar la restricción del acceso a información bajo control del Estado. Véase, Santiago v. Bobb, 117 D.P.R. 153, 159 (1986). 2. El Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente. El Artículo 16 de la Ley 2 de 23 de febrero de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 99w. establece una de las excepciones a la norma general de acceso a información. La información obtenida durante el curso de una investigación del Panel será confidencial al menos mientras dure dicha investigación. No obstante, el Panel podrá divulgar información bajo su control cuando así se le solicite y concurran seis supuestos: 1) la divulgación no interfiere indebidamente con alguna acción judicial o investigación judicial o investigación pendiente; 2) no priva a la persona del derecho a un juicio justo o una sentencia imparcial; 3) no constituye una intromisión irrazonable en la privacidad; 4) no revela la identidad de una fuente confidencial de información; 5) no expone al público técnicas o procedimientos investigativos que afecten el curso de estas investigaciones; y 6) no expone la vida o la seguridad física de funcionarios, personas o testigos. 3 L.P.R.A. sec. 99w. La antes citada ley refleja la intención del legislador de garantizar la efectividad de las investigaciones del Panel sin restringir el derecho a acceso a información pública cuando no existan razones que justifiquen tal acción. 3. El auto de certiorari El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario utilizado para que un tribunal apelativo pueda corregir un error cometido por un tribunal de primera instancia. Distinto a los
4 recursos de apelación, el tribunal apelativo tiene discreción para expedir el auto de certiorari. Negrón Placer v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece varios criterios que guían la discreción del Tribunal al determinar si expide un auto de certiorari. Éstos son: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. Si ninguno de los criterios anteriores está presente en la petición, entonces no se debe expedir el auto solicitado. La norma vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). III. El Panel aduce que la desestimación era el único curso procesal disponible porque no estaba obligado a revelar la información solicitada y los demandantes debieron solicitar la información según lo exige el reglamento de la agencia. No le asiste la razón.
5 No queda claro que el Panel no tenga el deber ministerial de revelar al Alcalde de Humacao la información solicitada. La Ley 2 establece una serie de requisitos cuyo cumplimiento permite que se revele la información y no exista el reclamo de confidencialidad. Toda vez que existe un derecho constitucional al acceso a información y que su limitación es la excepción, es menester examinar si en el presente caso concurren las condiciones que permitirían la revelación de la información en manos del Panel. De este examen depende la decisión de si existe un deber ministerial del Panel de revelar la información. De hecho, el Tribunal de Instancia tiene que determinar, en primer término, si en efecto el mandamus es el vehículo procesal correcto para presentar el reclamo del Alcalde. Inclusive, así lo reconoció la Juez de Instancia al indicar en su resolución lo siguiente: "De otra parte, no queremos dejar de atender el argumento de la parte demandada a los efectos de que la presente causa de acción no satisface los requisitos de un mandamus". [2] En la vista señalada para el 17 de enero de 2013, el Panel podrá argumentar que no se cumple con uno de los requisitos para la divulgación y presentar prueba, de estimarse necesario, en apoyo de su contención. El Alcalde podrá hacer lo propio. El argumento del Panel ante el tribunal, en torno a que los demandantes tienen que presentar su solicitud según dispone el Reglamento 8139, fue contradicho por su contestación a la carta que le envió al Municipio, en respuesta a la solicitud de información. En la carta, el Panel solo adujo la naturaleza confidencial de la información solicitada y, a base de ello, la negó. Nada dijo sobre la forma de solicitar la información. El Tribunal de Instancia pautó una vista evidenciaria para dirimir una controversia sobre un hecho material. Ello no es contrario a Derecho. El curso de acción definido por la Juez de Instancia incluye una audiencia para que las partes acudan al tribunal a discutir la petición. Como bien señaló la Juez en su resolución, entre otras cosas, deberá determinar si el mandamus es el
6 recurso procesal apropiado para el reclamo. Si contesta esta interrogante en la afirmativa, luego determinará si ante una investigación concluida por el Panel en la que libera de responsabilidad al Alcalde, existe alguna justificación para mantener el reclamo de confidencialidad, o si tal y como dispone la propia Ley 2, supra, aplican las circunstancias en que puede descubrirse la información, pues no existe justificación para el reclamo de confidencialidad. Como regla general, el gobierno y sus agencias deben reconocer el carácter público de la información que poseen y la confidencialidad debe ser la excepción. El trámite y manejo del caso de la Juez de Instancia sugiere que ha tenido el cuidado de pautar una audiencia para garantizar la protección de los intereses en conflicto. No vemos justificación para intervenir con la amplia discreción reconocida al Juez de Instancia en el manejo de este asunto y la resolución impugnada refleja el gran cuidado que ha tenido la Jueza en la tramitación del asunto. En las circunstancias del presente caso aplica la Regla 40 de nuestro Reglamento, en la que debemos dar deferencia a la Juez de Instancia en el manejo del caso y no es la etapa apropiada para intervenir en el proceso. IV. Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la petición de auxilio de jurisdicción y el recurso de certiorari. Lcda. Dimarie Alicea Lozada Secretaria del Tribunal de Apelaciones [1] Demanda enmendada, pág. 4; Apéndice, pág. 80. [2] Resolución de Instancia en la pág. 13, Apéndice pág. 115.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO El Pueblo de Puerto Rico Peticionario v. José A. Custodio Colón Certiorari 2015 TSPR 27 192 DPR Recurrido Número del Caso: CC-2011-1013 Fecha: 19 de marzo de 2015
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA SUPERIOR DE SAN JUAN Asociación de Periodistas de Puerto Rico Inc. y su Presidente Rafael Lenín López; Sin Comillas Incorporado y
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO EL Pueblo de Puerto Rico Peticionario v. Roberto L. García Vega Certiorari 2012 TSPR 137 186 DPR Recurrido Número del Caso: CC-2012-38 Fecha: 10 de septiembre de 2012

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 RESOLUCIÓN 
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 Artículo 16
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