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Timestamp: 2020-05-28 15:51:19+00:00

Document:
STC 307/2000, 18 de Diciembre de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 136227
STC 307/2000, 18 de Diciembre de 2000
Número de Recurso: 4311/1995
RA 4311/95. Promovido por don Jesús C. C. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que desestimó su demanda respecto de dos liquidaciones en concepto de recargo único del 50 por 100 por ingreso espontáneo fuera de plazo correspondiente a 1991. Vulneración del derecho a la defensa en el procedimiento administrativo sancionador: STC 276/2000 (recargo tributario que constituye sanción impuesta de plano). Voto particular.
En el recurso de amparo núm. 4311/95, promovido por don Jesús C.C., representado por la Procuradora de los Tribunales don Jesús Guerrero Laverat y asistido de Letrado don Francisco Javier de Asís Garrote, contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 16 de noviembre de 1995. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 19 de diciembre de 1995, don Jesús Guerrero Laverat, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Jesús C.C., interpone recurso de amparo contra la Sentencia mencionada en el encabezamiento de esta Sentencia.
El 5 de marzo de 1993 don Jesús C.C. presentó declaración complementaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 1991.
Como consecuencia del retraso en la presentación e ingreso de la declaración-liquidación, el 15 de abril de 1993, el Jefe de la Dependencia de Gestión de la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Soria, en aplicación del art. 61.2 de la Ley General Tributaria (LGT) en la redacción dada por la Disposición adicional 14.2, de la Ley 18/1991, de 6 de junio, giró al ahora recurrente en amparo la liquidación por ingreso fuera de plazo sin requerimiento de un recargo del 50 por 100 de la cuota tributaria.
El 10 de mayo de 1993 el demandante interpuso recurso de reposición contra dicha Resolución. Este recurso fue desestimado por Resolución de 21 de mayo de 1993. El 14 de junio de 1993 el recurrente interpuso contra la referida Resolución reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León. Dicha reclamación fue desestimada por Resolución de 30 de noviembre de 1994.
Contra estas Resoluciones se interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (con sede en Burgos) de 16 de noviembre de 1995.
El recurrente aduce que la Sentencia impugnada es contraria al art. 24.1 CE. En primer lugar alega que la referida Sentencia no ha dado respuesta a una de las cuestiones planteadas en la demanda presentada en el recurso contencioso-administrativo. En concreto señala que en dicha demanda se sostenía que en virtud del principio de no retroactividad debía habérsele aplicado el art. 61.2 LGT en la redacción dada por la Ley 46/1985 y no la redacción que otorgó a este precepto la Ley 18/1991. Aducía el recurrente que como esta última norma entró en vigor el 1 de enero 1992 no debía aplicarse a un impuesto devengado en diciembre de 1991 y por ello consideraba que, al imponerle el recargo del 50 por 100 por ella previsto, se había aplicado esta norma de forma retroactiva lo que, a su juicio, era contrario a Derecho. Por otra parte, señala que la Sala de lo Contencioso-Administrativo no puede fundamentar la desestimación de su pretensión acudiendo al argumento de que no le resulta aplicable la regularización fiscal que preveía el apartado primero de la Disposición adicional 14 de la Ley 18/1991, ya que la demanda no se fundamentó en ese motivo.
Mediante providencia de 20 de marzo de 1996, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, dirigir atenta comunicación al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, a fin de que, en un plazo no superior a diez días, remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente relativo al recurrente en amparo en el que recayó la Resolución de 30 de noviembre de 1994 desestimando la reclamación 42/85/1993, por recargo en liquidación de IRPF, y a la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, para que también en un plazo que no excediera de diez días remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 365/95, debiendo previamente emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente, otorgándoles también un plazo de diez días para que pudieran comparecer en el presente recurso de amparo.
Por escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 21 de marzo de 1996 el Abogado del Estado se personó en este recurso de amparo.
Por providencia de 30 de mayo de 1996 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, en virtud de lo previsto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones remitidas por el Tribunal Económico Administrativo Regional y por el Tribunal Superior de Justicia, ambos de Castilla y León, a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días para que si lo consideraban oportuno presentaran dentro de dicho plazo las alegaciones que estimaran convenientes.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 27 de junio de 1996 la parte recurrente en amparo presentó su escrito de alegaciones por el que solicita que se tengan por reproducidas las formuladas en su escrito de demanda
El 24 de junio de 1996 el Abogado del Estado presentó en el Registro de este Tribunal su escrito de alegaciones. Señala en primer lugar que como es al recurrente al que corresponde fijar la causa petendi del amparo que solicita y éste solo alega indefensión es a esta supuesta infracción a la que deberían limitarse sus consideraciones. No obstante, pone de manifiesto que va a dar respuesta a todos los argumentos expuestos en la demanda de amparo
El Ministerio Fiscal formuló alegaciones en escrito registrado el 1 de julio de 1996. Señala en primer lugar que la supuesta aplicación retroactiva de la norma que prevé el recargo no puede ser objeto de revisión en este proceso constitucional al no vulnerar derechos susceptibles de amparo constitucional. También aduce que la Sentencia impugnada sí se pronunció sobre esta cuestión en su fundamento jurídico tercero. Rechaza que el art. 61.2 LGT en la redacción que le otorgó la Disposición adicional 14.2 de la Ley 18/1991 contenga una sanción. Y finalmente alega que la doctrina contenida en la STC 164/1995, FJ 3, debe llevar a negar en este caso el carácter sancionador del recargo enjuiciado.
Por providencia de 14 de diciembre de 2000, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.
En el presente recurso de amparo, aunque el recurrente lo interponga al amparo de lo dispuesto en el art. 44.1 LOTC e impugne únicamente la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 16 de noviembre de 1995, nos encontramos realmente ante un recurso mixto, ya que las vulneraciones constitucionales en las que fundamenta su demanda no sólo se atribuyen a esta resolución judicial sino que una de ellas es imputable al acto administrativo que fue objeto del recurso contencioso-administrativo en el que recayó la Sentencia ahora recurrida.
En efecto, en la demanda de amparo se considera que la Sentencia impugnada es contraria al art. 24.1 CE por varios motivos. Concretamente, se aduce en primer lugar que esta resolución judicial no se ha pronunciado sobre una de sus alegaciones (la relativa a la supuesta infracción del ordenamiento jurídico que, a su juicio, le ha ocasionado la Administración al aplicarle retroactivamente la norma que prevé el recargo); en segundo lugar, alega que la Sala de lo Contencioso-Administrativo le ha discriminado por razón de su domicilio (sostiene el recurrente que como las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Justicia de Valencia y Madrid han estimado recursos análogos en casos semejantes; consiguientemente, al haber sido desestimado su recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se le ha otorgado un trato diferente por encontrarse domiciliado en Soria, ya que si hubiera residido en Madrid o Valencia se hubiera estimado su recurso); y, finalmente, parece sostener que al no haber suscitado la Sala de lo Contencioso-Administrativo cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal se ha lesionado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Este Tribunal en la STC 276/2000, de 16 de noviembre, declaró la inconstitucionalidad del art. 61.2 LGT en la redacción que a este precepto le otorgó la Disposición adicional 14.2 de la Ley 18/1991 al establecer un recargo único del 50 por 100 para los ingresos correspondientes a declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin requerimiento. Según afirmamos en la STC 276/2000, a cuya doctrina debemos remitirnos ahora, el recargo del 50 por 100 previsto en el citado precepto legal "en tanto que supone una medida restrictiva de derechos que se aplica en supuestos en los que ha existido una infracción de Ley y desempeña una función de castigo, no puede justificarse constitucionalmente más que como una sanción" (FJ 5). Por ello sostuvimos que a estos recargos les resultan de aplicación las garantías materiales y procesales que se deducen de los arts. 25.1 y 24.2 CE lo que, a su vez, nos llevó a declarar la inconstitucionalidad de este precepto al comprobar que, si bien era respetuoso con las garantías de certeza que se derivan del principio de legalidad penal, no podía considerarse, sin embargo, acorde con las garantías que se deducen del art. 24.2 CE pues la norma que lo consagra, no sólo no establece expresamente que deba aplicarse respetando estas garantías, sino que, dado su tenor literal, conduce justo a lo contrario, esto es, a su aplicación de plano.
La aplicación de esta doctrina al presente caso nos lleva a otorgar el amparo solicitado, pues una de las alegaciones en las que el recurrente fundamenta su demanda de amparo es, como ya se ha señalado, la naturaleza sancionadora del recargo del 50 por 100 previsto en el art. 61.2 LGT en la redacción que le dio a esta norma la Disposición adicional 14.2 de la Ley 18/1991 y la indefensión que le ha ocasionado el que el mismo se le haya impuesto de plano. De este modo, al haberse aplicado al demandante de amparo el referido recargo sin respetar las garantías procedimentales propias de los actos de naturaleza sancionadora se ha infringido el art. 24.2 CE y en consecuencia se ha vulnerado su derecho fundamental a no padecer indefensión en el procedimiento administrativo sancionador.
La estimación del recurso de amparo por el motivo señalado hace innecesario entrar a examinar las demás alegaciones aducidas en la demanda de amparo. Una vez apreciado que el acto administrativo impugnado en el proceso en el que recayó la Sentencia ahora recurrida es contrario al derecho fundamental del recurrente a no padecer indefensión en el procedimiento administrativo sancionador, las quejas relativas a las supuestas infracciones en las que esta resolución judicial hubiera podido incurrir han perdido su objeto, ya que la inconstitucionalidad de dicho acto conlleva también la de la Sentencia que lo confirma.
Reconocer que se ha vulnerado el derecho del recurrente en amparo a no padecer indefensión en el procedimiento administrativo sancionador.
Restablecerle en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 16 de noviembre de 1995 recaída en el recurso 365/95 interpuesto contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, Sala de Burgos, de 30 de noviembre de 1994 así como la Resolución administrativa por la que se impuso al recurrente el recargo del 50 por 100 sobre la deuda tributaria y demás actos administrativos que confirmaron esta Resolución.
Voto particular que formula el Magistrado don Rafael de Mendizábal Allende a la Sentencia que resuelve el recurso de amparo número 4311/95 sobre el art. 61.2 de la Ley General Tributaria.
Empezando por el principio, conviene a nuestro propósito recordar que la relación jurídica de naturaleza tributaria ofrece un contenido complejo, en el cual confluyen distintas obligaciones cuyo origen común está en la Ley (art. 1089 del Código Civil) y sólo en ella pueden encontrar su fundamento, con arreglo a nuestra Constitución (arts. 31 y 133), donde se acoge una milenaria tradición en la cual está la propia raíz histórica del nacimiento de las Cortes. Existen, pues, dos clases de prestaciones a cargo de los sujetos pasivos de los tributos, uno principal, que consiste en el pago de la deuda tributaria (también con una estructura compleja) a tiempo, dentro de los plazos establecidos al efecto para la llamada recaudación voluntaria y otras de hacer, casi siempre formales y accesorias o instrumentales, entre las cuales se encuentran las de formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo y otras muchas que no hacen al caso, así como la de practicar las operaciones de liquidación tributaria (arts. 10 y 35 LGT).
Pues bien, el deber que bien podría calificarse como «puntualidad tributaria» puede ser incumplido y ese incumplimiento desencadena normalmente dos efectos negativos para el deudor moroso, uno fisiológico, el interés de demora y otro patológico, la sanción correspondiente a la infracción tipificada como grave, que consiste en "dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda tributaria, de los pagos a cuenta o fraccionados, así como de las cantidades retenidas o que se hubieran debido retener" [art. 79 a) LGT, versión Ley 10/1985]. Por su parte, otra Ley, la General Presupuestaria, advierte que producirán intereses de demora las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública por razón, entre otros conceptos, de los diversos tributos, con indicación de su cómputo y del tipo aplicable. Ahora bien, su raíz profunda se encuadra en el Derecho común, y así, el art. 1108 del Código Civil establece con carácter general que cuando una obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero y el deudor incurriera en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal, módulo configurado posteriormente en este ámbito mediante el tipo básico del Banco de España con ciertas matizaciones a lo largo del tiempo, que no son del caso en este momento, aun cuando lo hayan sido en algún otro (STC 206/1993).
Llegados aquí, es útil traer a la vista el precepto en entredicho, cuyo texto, según la Disposición adicional decimocuarta segunda de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dice que "los ingresos correspondientes a declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo único del 50 por 100, con exclusión del interés de demora y de las sanciones que pudieran ser exigibles. No obstante, el recargo será del 10 por 100 si el ingreso se efectúa dentro de los tres meses siguientes al término del plazo voluntario de presentación e ingreso. Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de las declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones extemporáneas sin solicitar expresamente el aplazamiento o el fraccionamiento del pago, se les exigirá en vía de apremio con un recargo único del 100 por 100".
El evento que sirve de frontera y límite de la impunidad es la investigación inspectora por lo general o la actuación judicial, pues sólo se produce si el pago se hace antes de que el deudor sea requerido por su acreedor, la Hacienda pública, o la regularización se lleva a cabo antes de conocer fehacientemente que se han iniciado aquéllas (art. 305.4 CP). No cabe negar a tal situación un cierto parentesco con el llamado «arrepentimiento espontáneo» que funciona como circunstancia atenuante de la responsabilidad, pero sin excluirla ni, por lo mismo, tampoco la sanción. La finalidad de este perdón ex lege parece clara y consiste en potenciar la recaudación de los tributos, como se dijo más arriba.
Ahora bien, no ocurre tal en esa fase inicial de la situación de mora del contribuyente cuya consecuencia es un "recargo" de la deuda tributaria desde el día siguiente a su devengo o exigibilidad que se mueve entre un mínimo del 10 hasta el 50 por 100 si el retraso superare los tres meses produciéndose un exceso sobre el interés legal del dinero que en el primer día del incumplimiento puede adquirir dimensiones desorbitadas más propias de una sanción, y paradójicamente va descendiendo según pasa el tiempo hasta desaparecer en un momento dado, con una progresividad inversa, regresividad en suma. Esta curva se opone diametralmente a la esencia de cualquier indemnización y, en la parte que la supera, significa la exigencia de una cantidad de dinero como consecuencia del incumplimiento del deber de ingresar tipificado como infracción tributaria, sin causa compensatoria. En definitiva, una sanción pecuniaria o multa (nunca «multa pecuniaria» como siguen diciendo los arts. 87.1 y 82.1, 2 y 3 LGT).
STS 565/2018, 19 de Noviembre de 2018
STS, 13 de Julio de 2000
STSJ Galicia 6/2009, 21 de Enero de 2009
SAP Baleares 160/2010, 29 de Abril de 2010

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