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3. El Proyecto de Ley puede vulnerar las disposiciones del Tratado sobre ayudas de Estado. - PDF
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Santiago Toledo Cano
1 Informe de la Asociación de Usuarios de Internet sobre la compatibilidad del Art del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual ( Canon Agregadores ) con la normativa europea y de competencia 1. Introducción El 14 de febrero de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual donde se introduce en el artículo 32.2 el llamado Canon Agregadores. Esta tasa realmente es una compensación que deben pagar a los editores los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos por agregar fragmentos de noticias. En puridad, se trata de un mero límite a los derechos exclusivos de propiedad intelectual, de forma que los agregadores no tendrán que pedir autorización previa a los editores por agregar fragmentos de sus noticias pero deberán pagar una compensación irrenunciable. Esta compensación irrenunciable deberá ser gestionada por la correspondiente entidad de gestión. En este documento se analiza la compatibilidad del mencionado artículo 32.2 con la normativa europea y de competencia en el mercado interior. 2. El Art debe ser notificado a la Comisión Europea. El Artículo 32.2 no ha sido notificado a la Comisión Europea, a pesar de estar sujeto a la obligación de notificación a la Comisión (DG Empresa), al tratarse de un Proyecto de reglamentación técnica. Por ello, su aprobación deberá ser aplazada hasta que se cuente con la efectiva aprobación de la Comisión, en los términos recogidos en la Directiva 98/34 CE. El hecho de que España notificara a la Comisión una versión inicial del Proyecto de Ley no exime de la obligación de notificar la modificación concreta del artículo 32.2 de la LPI, que se propuso a posteriori. 1 El incumplimiento por parte de las autoridades españolas de su obligación de notificación constituiría una infracción del artículo 8 de la Directiva 98/34/ y del artículo 4.3 TUE. Además, puede implicar que la Canon Agregadores no se pueda hacer valer contra las empresas que tienen que pagar la compensación, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE (véase sentencia del TJUE en el asunto CIA). 1 La obligación de notificación resulta también aplicable a aquellas modificaciones que tengan por objeto alterar el ámbito de aplicación, añadir especificaciones o requisitos o hacer que estos últimos sean más estrictos (artículo 8.1 de la Directiva 98/34/CE). 1
2 3. El Proyecto de Ley puede vulnerar las disposiciones del Tratado sobre ayudas de Estado. El Proyecto de Ley puede llegar a considerarse una ayuda de Estado conforme al artículo 107 TFUE, puesto que (a) brindaría una ventaja selectiva a los editores de sitios web de actualización periódica; (b) dicha ventaja sería selectiva en la medida en que únicamente sería beneficiosa para un número reducido de empresas; (c) la ventaja podría falsear la competencia y los intercambios entre Estados miembros; y (d) la ventaja estaría otorgada por el Estado o mediante fondos estatales, dado que, en última instancia, la compensación estaría controlada y distribuida siguiendo las instrucciones y bajo la supervisión de las autoridades españolas. En caso de que el Proyecto de Ley se considerase ayuda de Estado, estaría sujeto a una nueva obligación de notificación a la Comisión (DG Competencia) conforme a la normativa europea sobre ayudas de Estado, y a una evaluación de su compatibilidad por parte de la Comisión. Si España aplicase el Proyecto de Ley antes de recibir la autorización de la Comisión, la medida se consideraría ilegal y, en consecuencia, sus destinatarios podrían estar obligados a devolver las compensaciones obtenidas. Además, en caso de que la Comisión concluyera que la medida es una ayuda de Estado incompatible, España estaría obligada por el Derecho de la UE a no aplicar el Proyecto de Ley. 4. El Proyecto de Ley podría limitar la libre circulación de servicios en el mercado interior y vulnerar el artículo 56 TFUE y la Directiva de Servicios. El Proyecto de Ley podría limitar la libre prestación de servicios de todos los operadores económicos que resulten afectados por él en base a los siguientes motivos: (i) (ii) El Proyecto de Ley exige a los agregadores establecidos en otros Estados miembros que asuman un coste extraordinario para acceder al mercado español, rompiendo con ello la unidad de mercado. La naturaleza irrenunciable del derecho puede privar a los editores de otros Estados miembros de la posibilidad de negociar la retribución con los agregadores con el objetivo de competir de una forma más eficiente con sus competidores españoles. Aunque los Estados miembros pueden imponer restricciones a la libre circulación de servicios por razones de interés general, en este caso no parece necesario ni proporcionado por los siguientes motivos: (i) Los editores cuentan ya con la posibilidad técnica real de excluir su contenido de un agregador si así lo desean mediante los protocols de exclusión (opt-out). Además, tal y como la Autoridad de competencia española (CNMC) ha observado en su Informe, la agregación puede, de hecho, resultar beneficiosa para los editores, puesto que genera un - 2 -
3 (ii) aumento del tráfico significativo y otras oportunidades de capitalizar sus servicios mediante la publicidad. El Proyecto de Ley es desproporcionado debido a (i) el carácter irrenunciable del derecho de compensación; y (ii) la obligatoriedad de que la gestión deba realizarse a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Ninguno de estos elementos es estrictamente necesario para alcanzar los objetivos buscados, pues existen alternativas menos gravosas como las que se han aplicado en otros Estados Miembros. 5. El Proyecto de Ley podría limitar la competencia en el mercado interior. El Proyecto de Ley podría (i) suponer un acuerdo horizontal entre editores competidores, cuya libertad para competir con estrategias propias o diferenciadas se vería restringida; (ii) falsear la competencia entre los agregadores que reciban una compensación y los que no se beneficien de ella; (iii) falsear la competencia entre agregadores al crear barreras de entrada que podrían limitar las operaciones de operadores pequeños; y (iv) falsear la competencia entre las entidades de gestión colectiva, al imponer un sistema de gestión colectiva obligatorio. El impacto negativo del Proyecto de Ley sobre la competencia también ha sido puesto de manifiesto por la Autoridad de competencia española, que ha recomendado públicamente que se vuelva a redactar el texto y que, al menos, se eliminen el carácter irrenunciable del derecho a la compensación y la obligatoriedad de la gestión colectiva de tal derecho. 6. Posible incompatibilidad del Art con la Directiva de derechos de autor 2001/29/EC La Canon Agregadores realmente es un nuevo límite a los derechos exclusivos de propiedad intelectual y no estaría justificada porque existen serias dudas de que los agregadores estén realizando un acto de explotación de los derechos de propiedad intelectual. Y ello, porque la presentación en una página de Internet de enlaces que conducen a obras que pueden consultarse libremente en otra página de Internet no constituye un acto de explotación de propiedad intelectual. El texto aprobado por el gobierno podría chocar con la reciente sentencia del TJUE en el caso C466/12 ( Svensson ). Esta sentencia considera que un agregador no infringe los derechos de explotación de los titulares de artículos periodísticos por facilitar listados de enlaces que remitían a artículos de prensa publicados en otras páginas web. Por tanto, a la luz de esta reciente sentencia los editores de periódicos no tendrían derecho a oponerse a que los agregadores de noticias enlacen a sus contenidos, por cuanto redireccionan a contenidos que son libremente accesibles y, en consecuencia, no estarían legitimados para reclamar pago alguno. Una prueba de que los agregadores no realizan un acto de explotación es que han venido operando de forma pacífica en España durante los últimos años, sin que se hayan interpuesto acciones judiciales por parte de los editores
4 De acuerdo con la decisión Infopaq del TJUE, podría interpretarse que cuando los agregadores ofrecen titulares descriptivos no están llevando a cabo una reproducción en el sentido del artículo 2 de la Directiva de derechos de autor, puesto que esos titulares y enunciados meramente descriptivos no expresan la originalidad del artículo. En el asunto Padawan, el TJUE aclaró que la compensación sirve para compensar a los titulares de los derechos de autor por los daños o pérdidas sufridos. En consecuencia, si no hay daño ni pérdida, no debería haber compensación. Tampoco es necesaria una compensación cuando el daño sea mínimo o cuando el titular del derecho ya haya sido retribuido por otra vía (licencias, etc.). A la luz de esta sentencia, puede argumentarse que en este caso la compensación equitativa no se adecua a la legislación sobre derechos de autor en vista de los siguientes motivos: o Los titulares de los derechos pueden beneficiarse del tráfico generado hacia sus páginas por los agregadores de noticias. Por otra parte, les dan la opción de no ser agregados (opt-out). o Los beneficios de usar los agregadores de noticias (más tráfico, mayor número de clics, etc.) pueden suponer una compensación para los editores. o El Proyecto de Ley parece ser limitativo de los derechos de autor, cuyo objetivo es potenciar la creatividad mediante la financiación de un sector que no encuentra su modelo de negocio. El carácter irrenunciable de la compensación impide adoptar acuerdos concretos con los editores. Un elemento esencial del principio de libertad de empresa es que las sociedades puedan decidir sobre el precio de sus bienes y servicios. El ejercicio de la libertad empresarial se extiende a la adopción de decisiones sobre bienes, servicios y contenido de los editores. Por ello, el Proyecto de Ley podría ser contrario a los artículos 16 (libertad de empresa) y 17.2 (derecho a la propiedad) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, además de ser contrario a la Directiva de derechos de autor
5 DOCUMENTOS DE INTERÉS - ES ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (texto Senado) - ES Informe de la Comisión Nacional de la Competencia EN Amendment article 32 of the Intellectual Property Bill REPORT - PROPOSAL - Informe impacto económico de la Ley de AFI EN Economic Analysis by AFI Septiembre
SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS D. MIGUEL PÉREZ SUBÍAS, de nacionalidad española, con DNI.., en calidad de Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet que actúa en su representación,
La Directiva sobre Servicios en el Mercado Interior
Seminario del Gabinete Jurídico de la Generalidad de Cataluña 30 Mayo 2008 La Directiva sobre Servicios en el Mercado Interior Directiva 2006/123/EC DOUE L 376 de 27.12.2006 La Directiva sobre Servicios

References: artículo 32
 artículo 32
 Artículo 32
 artículo 32
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 107
 artículo 56
 artículo 2