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Timestamp: 2019-07-17 16:42:56+00:00

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Carlos Escobedo Suárez | El Juego de la Suprema Corte
La sentencia SCM-JRC-194-20181 de la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF había determinado la nulidad por el uso indebido de recursos públicos en las campañas al haber vulnerado principios constitucionales de equidad y legalidad, así como por presentar violencia política de género. Por su parte, la Sala Superior reconoció que se habían presentado dichas condiciones, pero que estas no resultaban suficientes para anular la elección al no alcanzar el estándar de determinancia.
Lo hechos alegados en el caso incluyen actos perpetrados a las afueras del domicilio de la candidata (balazos, actos de odio y violencia) presumiblemente con la finalidad de que desistiera en su intención de seguir participando en la contienda electoral. Durante la campaña electoral se difundieron diversos materiales en los que se denostó su imagen ante la ciudadanía, al imputársele la comisión de delitos relacionados como fraude, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, corrupción, así como la muerte de una persona de la tercera edad.
Asimismo, se utilizó de manera despectiva y fuera de contexto la imagen de la candidata de su participación en la película “La Tarea” que protagonizó con el actor José Alonso en la década de los años ochenta, al repartir folletos con fotos semidesnuda promovidos por Mauricio Toledo y repartidos por personas presuntamente afines al partido que postuló al hoy alcalde. Fue a través de estos que se indicó que los actos de la ciudadana “denigran a la mujer y resaltan la falta de valores en la familia”. También, se le asignó el calificativo de “amante de René Bejarano”, situación y calificativo que parte de la base de un estereotipo de género en detrimento de la imagen y honra de la candidata.2
Aun cuando las conductas anteriores fueron consideradas como probadas, la Sala Superior no consideró como determinantes dichas agresiones. La Sala pudo hacer esto en tanto que no existe un estándar claro para distinguir cuándo una violación es determinante o cuándo no lo es. La discrecionalidad de los jueces es posible debido a la existencia de ambigüedades simbólicas en conceptos como “trascendencia”, “racionalidad” o “causalidad”.
Las sentencias de la Sala Regional y la Sala Superior
El primer problema grave es que la sentencia de la Sala Superior valida la inejecución de la determinación de otra autoridad: la relativa a la suspensión de la operación del programa de la delegación Coyoacán denominado “A tu lado” por el IECM. Fue a través de éste del cual se comprobó que se ejercieron recursos públicos de manera ilícita para beneficiar a Manuel Negrete. Esta situación resulta particularmente grave porque mina la confianza en la fuerza de las determinaciones del propio Poder Judicial y de las instituciones electorales en lo general. Una resolución semejante es como dispararse en el propio pie, pero a la Sala parece ya no importarle lo que piensen de sus integrantes o determinaciones. No abundaremos más al respecto, porque no pretendemos quitar atención al tema central de la violencia política de género, pero es claro que el asunto es igualmente reprobable.
Adicionalmente a este problema, encontramos diferencias fundamentales en las sentencias, mismas que abordaremos a continuación:
Sentencia SCM-JRC-194-2018
Sentencia SUP-REC-1388-20183
Reconoce que el criterio de determinancia cualitativa es el idóneo para valorar la finalidad de las normas jurídicas y los prinicpios consitutcionales y convencionales que se estiman violados
Desconoce su propia interpretación del criterio de determinancia cualitativa
Reconoce expresamente la aplicabilidad de criterios de carácter convencional, y no solo los de legalidad
Desconoce la aplicación de normativa internacional y no ejerce control de convencionalidad
Declaró la nulidad por el uso indebido de recursos públicos mediante el uso de programas sociales y la vulneración a los principios constitucionales de equidad y legalidad.
Determinó que el uso indebido de los recursos público mediante el programa social “A tu lado” no fue debidamente probado y que fuese determinante para el resultado.
Considera que la propaganda basada en estereotipos de género sí generó impacto en el ánimo de los votantes, rompiendo la equidad en la contienda.
Concluye que no está acreditada la determinancia sobre la trascendencia de la violencia política de género.
Considera que no es necesario acreditar la relación entre la violencia política de género y la cantidad de votos obtenidos (o perdidos) por la candidata.
(Páginas 105 y 110)
Considera que las violaciones acreditadas no trascendieron al resultado de la elección.
Afirma que la violencia acreditada implica no solo un daño personal a la candidata, sino al sistema democrático en su conjunto.
Considera que la violencia sólo tuvo efectos personales en la candidata.
Como se puede observar, la sentencia de la Sala Superior dejó de lado al menos lo siguiente:
1. Las circunstancias particulares en que se cometió la violencia política de género.
2. La participación de servidores públicos en la campaña de descalificación y desprestigio de la imagen pública de la candidata.
3. La relevancia del bien jurídico tutelado que se lesionó con la conducta infractora.
Desde el punto de vista de los autores, los resultados de un proceso que involucró violencia política de género no deberían considerarse aptos para renovar los cargos de elección popular. Además, el criterio de determinancia no debería operar en casos de violencia política de género. El argumento es viejo pero efectivo: el de los derechos en serio de Dworkin.4 Tomarse la violencia política de género en serio en una democracia constitucional, implica el compromiso firme de todos los entes del Estado para desconocer los resultados políticos de un proceso que transgrede la equidad de género y los mínimos de dignidad, autonomía e igualdad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.
En ese sentido, creemos que la sentencia de la Sala Superior tiene, por lo menos, los siguientes problemas:
1. Aplicó erróneamente el test de determinancia, cuando no debió hacerlo para este caso.
2. Al aplicar el test de determinancia, desconoció el criterio cualitativo o le dio un peso ínfimo.
3. No evaluó la violencia política de género como una violación a principios constitucionales.
4. No ejerció control de convencionalidad, más aún ante la ausencia de normatividad interna aplicable.
Inaplicabilidad del test de determinancia y errónea valoración de la determinancia cualitativa
Es cierto que nuestro régimen de nulidades en materia electoral, en aras de la certeza de los procesos, establece un estándar estricto para la determinación de la nulidad, debiendo acreditarse una serie de 5 elementos.5 Sin embargo, la misma Sala Superior (con otra integración, evidentemente), ha indicado que la determinancia como límite para la configuración de la nulidad en tanto protección del principio de conservación de los actos públicos no puede llegar al extremo de implicar una negativa al acceso a la justicia.6 Esto es precisamente lo que sucedió en este caso en concreto, tanto para la candidata agraviada como para el sistema democrático en su conjunto.
El criterio de determinancia atiende a una regla de mayoría democrática, en tanto que está pensada como un umbral de afectación que limitará los efectos del reconocimiento de la violación a principios constitucionales y derechos políticos, al grado de hacerlos inoperantes, en aras de que se sostenga la decisión de la mayoría. En contraposición, los derechos individuales (y las decisiones judiciales que los protegen) tienen la característica de ser contra-mayoritarios.7 Igual o más importante es el que los fallos relativos a casos de violencia política de género, atendiendo al contexto de violencia generalizada hacia la mujer en nuestra sociedad y cultura, necesariamente tienen efectos más amplios al de la esfera jurídica de las partes, en tanto que su efecto político irradia, influye y tiene potencial transformador de las decisiones de otras autoridades y de los actores políticos participantes en la contienda electoral. Y es que la relevancia especial de juzgar la violencia política de género es precisamente la potencialidad de desincentivar el despliegue de conductas antidemocráticas que impidan la libre participación de las mujeres en la política, participación que, históricamente se ha visto relegada, obstaculizada y disminuida.
Finalmente, la Sala Superior confundió su valoración de los agravios de los recurrentes, al ponderar al mismo tiempo la determinancia para la invalidez de la votación de ciertas casillas (para lo que usó el criterio cuantitativo), con la valoración de la determinancia para la invalidez de la elección por violación a principios constitucionales (para lo que debió usar el criterio cualitativo). El ejercicio de la violencia política de género constituye en sí misma una violación a principios constitucionales y, por ello, la elección debió de haberse declarado inválida, no obstante, el umbral de determinancia cuantitativa que sí debía operar en el caso de la nulidad del voto en ciertas casillas.
Nulidad por violación a principios constitucionales e inaplicación del control de convencionalidad
Debido a esto, consideramos que la presencia de violencia política de género en un proceso electoral implica necesariamente la violación a principios constitucionales, por lo cual también debería considerarse la nulidad del proceso. Es posible llegar a tal conclusión al tomar en cuenta que otra integración anterior de la Sala Superior había determinado8 que los principios que deben respetarse en cada proceso electoral resultan vinculantes y, por lo tanto, constituyen condiciones o elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que sea considerada constitucionalmente válida.
En ese sentido, el Tribunal ha establecido como principios que deben observarse en toda elección para que esta pueda ser considerada válida, entre otros, el de la equidad en la contienda y el de control de constitucionalidad de actos y resoluciones electorales;9 esto último, a la luz de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, implica no solo la obligatoriedad del control de constitucionalidad de actos, sino también, y en consecuencia del bloque de convencionalidad, la obligatoriedad de juzgar la convencionalidad de los actos. Si el Tribunal hubiese sido consecuente con su propia interpretación sistemática al evaluar los actos conforme a estándares internacionales de derechos humanos10 y no con el estándar nacional de determinancia, necesariamente habría llegado a la conclusión de la invalidez de la elección.
Parece ser que a la Sala Superior se le olvida que no sólo fueron violentadas disposiciones legales y constitucionales del orden interno, sino que también se transgredieron instrumentos internacionales vinculantes para el Estado mexicano, susceptibles de interpretación por vía de control de convencionalidad tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención de Belem do Pará. El hecho de que judicialmente se minimice la gravedad de los hechos y sus consecuencias de la violencia política da pie a su normalización y perpetuidad. El papel del juzgador, al asignar un valor semántico a las disposiciones legislativamente ambiguas, cobra un carácter especialmente trascendente cuando están en juego no solo los derechos político-electorales de un actor determinado, sino también la posibilidad de incidir en fenómenos sociales complejos que, potencialmente, podrían modificar relaciones sociales de desigualdad.
Más allá de pronunciamientos, ésta era una oportunidad para que el Tribunal mostrara un compromiso real con el abatimiento de la violencia política contra las mujeres con razón de género. Tal parece que, en este país, todavía, para poder ejercer ciertos derechos hará falta la positivización de estos.
Hacia una legislación de violencia política de género
Finalmente, queremos destacar que este caso trae a colación uno de los eternos problemas de la filosofía jurídica en el ámbito judicial: el grado de discrecionalidad11 de las decisiones de los jueces ante la ausencia de normativa explícita, pues la violencia política de género sólo se encuentra reconocida normativamente a nivel nacional en precedentes jurisprudenciales.
Desde el año 2012, se han presentado una decena de iniciativas en el Congreso de la Unión para regular la violencia política contra las mujeres en razón de género; sin embargo, no se ha logrado la aprobación de ninguna por parte de las Cámaras. Lo más que ha sido logrado fue la emisión de un Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres12 en el 2016 pero seguimos sin contar con una ley en el tema.
Dentro de la minuta enviada por el Senado de la República a la Cámara de Diputados,13 se propuso definir e incorporar serie de acciones que constituyen violencia política de género contra mujeres como candidatas, en el cargo o hacia su persona tales como agresiones y amenazas durante la campaña, trato discriminatorio de los medios de comunicación, presiones para renunciar a favor de suplentes, acoso para evitar que ejerzan su función, difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias entre otras conductas. Pero ¿qué debe tener un buen marco normativo para luchar contra la violencia política?114 En primer lugar, es necesario tipificar este tipo de violencia como delito, partiendo de una definición clara que contemple el sujeto pasivo y activo, la acción u omisión, el bien jurídico tutelado, el concepto de género y las agravantes. El establecimiento de una legislación en la materia ayudaría a jueces y magistrados a resolver con base en prescripciones específicas y no solo en precedentes jurisprudenciales.
En ese sentido, consideramos rescatables las medidas de protección a la víctima en la sentencia de la Sala Superior que ordena al nuevo Congreso de la Ciudad de México revisar si la legislación de violencia política de género es conforme a estándares constitucionales y convencionales y, en su caso, deberá presentarse una iniciativa que cree o reforme la ley en la materia (con lo cual reincidimos en la importancia de la tipificación de la violencia política). De igual manera, ordena al Instituto Electoral local realizar un protocolo de violencia política de género y la publicación de desplegados. Sin embargo, dichas medidas resultan insuficientes cuando, en una perspectiva de “costo-beneficio”, quien violenta puede acceder al cargo público sin mayores repercusiones.
Carlos Escobedo Suárez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM; miembro del Grupo de Jóvenes Construyendo Justicia del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
Edwin Méndez Sánchez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1 Juicios de revisión constitucional electoral, Sentencia SCM-JRC-194-2018.
2 Sentencia SCM-JRC-194-2018, página 104.
3 https://bit.ly/2D7DwYZ
4 DWORKIN, Ronald: “Taking rights seriously”, Harvard University Press, EUA, 1977.
5 a) Circunstancias de tiempo modo y lugar; b)la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar; c)la atribuibilidad de la conducta; d)incidencia concreta en el proceso electoral, y e)la afectación que en materia electoral pudo haber tenido la violencia política de género en la validez de la elección. Sentencia SUP-REC-1388/2018, página 45.
6 TEPJF, Jurisprudencia 33/2010.
7 ELY, John: “Democracy and distrust. A theory of judicial review”, Harvard University Press, 1980.
8 Resolución al expediente SUP-JRC-359/2012.
9 Tesis X/2001 y Sentencia SUP-JRC-165/2008
10 Ver, por ejemplo: CORTE IDH: Caso “Véliz Franco y otros vs. Guatemala”, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de mayo de 2014, disponible en: https://goo.gl/sC9Xeg; Comité CEDAW: Recomendaciones Generales 19, 23, 28 y 33, disponibles en: https://goo.gl/ZMVGmD.
11 FLORES, Imer B: “¿Ensueño, pesadilla y/o realidad?, objetividad e (in)determinación en la interpretación del derecho” en CÁCERES Nieto, Enrique, “Problemas contemporános de la Filosofía del Derecho”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Serie Doctrina Jurídica, Num. 244, México, 2005.
12 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “Protocolo para Atender la Violencia Política para las Mujeres”, 2016.
13 Minuta envíada a la Cámara de Diputados de 14 de marzo de 2017, disponible en: https://goo.gl/3ahTEf
14 Nieto, Santiago, “¿Qué debe tener un buen marco normativo para luchar contra la violencia política?”, FREIDENBERG Andrés, Flavia Daniela & DEL VALLE Pérez, Gabriela: “Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra la violencia política hacia las mujeres en América Latina”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Serie Doctrina Jurídica, No. 822, México, 2017. pp. 157-171
Carlos Escobedo Suárez y Jesús Roberto Hernández Juárez
Continúa la discusión en la Corte sobre la Ley de Seguridad Interior (LSI) y, en esta ocasión, los ministros ya entraron al fondo del asunto, pronunciándose particularmente sobre la posibilidad de declarar inconstitucional la totalidad de la ley. Si bien hoy se presentó un panorama mucho más alentador, nada está decidido aún de forma definitiva. Recordemos que el proyecto del ministro Pardo indicaba como primer punto de la discusión de fondo el análisis de los argumentos de la CNDH,1 el Centro Pro2 y otros, que sostenían que el Congreso de la Unión no estaba facultado expresamente para emitir leyes en materia de seguridad interior, por lo que todo el trámite de la ley, y la ley misma carecerían de legitimidad y validez normativa.
Sobre la facultad del Congreso de la Unión para emitir legislación sobre seguridad interior
El proyecto proponía: desestimar los argumentos y validar la facultad del Congreso para legislar.
La Corte decidió: hasta el momento, la mayoría de los ministros coincidieron en que el Congreso no tenía facultades y, por lo tanto, la LSI es inconstitucional (aún no hay votación formal).
El ministro Medina Mora, aunque con un argumento inicial cuestionable basado en que el Ejecutivo cuenta con competencias plenas en el ámbito de seguridad nacional (incluyendo seguridad interior) y en el mando y control de las fuerzas armadas, por lo que en consecuencia la materia no era regulable por el legislativo, se posicionó en el sentido de que el Congreso no tenía facultades y la ley era inconstitucional. Por otra parte, resaltó el hecho de que las fuerzas armadas no están diseñadas ni entrenadas para labores de seguridad pública, no obstante que se hayan empleado para ello en la práctica, permitiendo que ciertos gobiernos hayan eludido sus responsabilidades en la materia.
A continuación, el ministro Cossío señaló que el precedente de la acción de inconstitucionalidad 1/1996 es inaplicable al caso que se discute. Otro argumento del ministro Cossío, es que la institución que realiza cierta función constitucional es relevante para determinar la naturaleza y alcances de sus actuaciones y, por ello, desde su interpretación, la Constitución excluye a las fuerzas armadas del ejercicio de la seguridad pública, toda vez que la seguridad interior de ninguna manera puede considerarse como vertiente de la seguridad nacional. Posteriormente, Cossío señaló los supuestos constitucionales posibles para que las fuerzas armadas actúen en tareas de seguridad pública: declaración de guerra o suspensión de garantías, de no ser alguno de estos 2 casos, consideró que las fuerzas armadas no deberían salir de sus cuarteles.
Además, el ministro Cossío ya adelantó más argumentos sobre su posición aquí. Fundamentalmente indica que la LSI representa una vulneración al principio de división de poderes, una concepción errónea del papel de las fuerzas armadas en el Estado y lo inaceptable de la normalización de su uso en tiempos de paz.
El ministro Zaldívar, por su parte, fue más contundente al afirmar que “es claramente un fraude a la Constitución, en sentido técnico, no en sentido retórico” […] “cambiamos el concepto y todo parece estar bien, la ley parece estar disfrazando algo para regular la seguridad pública” a favor de la competencia de las fuerzas armadas. Además, el ministro indicó que la LSI rompe con la cláusula federal porque se impone en sus efectos como una ley general, como si fuera materia concurrente entre la federación y las entidades federativas, lo cual no es. Por otra parte, hizo énfasis en que la redacción de la LSI es tan general y se presta a tantos abusos, que no se puede aceptar que cumpla con los criterios3 de la Suprema Corte en la materia. Sobre la línea de las facultades regulatorias del Congreso, continuó diciendo que no podía regularse en una ley secundaria un régimen de intervención general de las fuerzas armadas en la seguridad pública, puesto que la Constitución y la interpretación jurisprudencial claramente establece un régimen excepcional.
La ministra Piña coincidió en la inconstitucionalidad, sin pronunciarse aún por el fondo, recurriendo al argumento de que el proceso legislativo fue deficiente por múltiples razones4 y señalando que el proyecto del ministro Pardo no toma en cuenta esos defectos. Específicamente indicó que el dictamen en la Cámara de Diputados5 fue aprobado sin la menor discusión sustantiva, por imposición de mayorías, y que esa falta de discusión constituye un vicio insalvable que determina su inconstitucionalidad por su nula calidad democrática. Un segundo argumento de la ministra Piña consiste en señalar que la LSI afecta directamente al territorio de los pueblos y comunidades indígenas y, por lo tanto, en cumplimiento de la obligación que impone al Estado Mexicano el Convenio 169 de la OIT, se debió de realizar una consulta previa, libre e informada a dichos pueblos y comunidades; el no haber cumplido con esa obligación hace inconstitucional la vigencia de la norma.
El ministro Pérez Dayán brevemente coincidió en que el Congreso no cuenta con facultades para reglamentar seguridad interior, y se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley.
El ministro Láynez Potisek se pronunció también por la inconstitucionalidad, señalando que la ley regula erróneamente seguridad pública a favor de las fuerzas armadas y la policía federal, y que además permite un régimen militar permanente en ciertos supuestos, lo cual no puede avalarse en una democracia constitucional. Indicó que la LSI en realidad no regula seguridad interior, sino que regula la participación de la federación en las tareas de seguridad pública responsabilidad de los municipios y las entidades federativas.
La sesión terminó a las 13:50 y la discusión continuará el jueves 15 a partir de las 11:00 a.m. Con el sentido de los votos anunciados, existe una buena probabilidad de que la LSI termine por declararse inconstitucional, pero no nos confiemos, esto no es seguro. Si no se alcanzan los 8 votos requeridos, tendría que elaborarse un nuevo proyecto de sentencia por un nuevo ministro. Aun y cuando se declarase inconstitucional, no terminaría el asunto, pues habría que ver la reacción del poder Legislativo, y si la nueva configuración política permitiría o no volver a intentar regular la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública.
Finalmente, como apuntó el ministro Cossío en su posición pública, es desafortunado el hecho de que el ministro Pardo haya estructurado la discusión con las cuestiones de competencia del Congreso separadas de los temas de invasión de esferas y de la regulación específica, porque probablemente esto podría evitar que la Corte se pronuncie formalmente sobre todos los puntos de la litis, dejando la puerta abierta a que otra legislatura apruebe una ley con los mismos vicios de fondo en un futuro, uno tal vez no muy lejano.
Carlos Escobedo Suárez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung.
Jesús Roberto Hernández Juárez. Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; miembro del Grupo de Jóvenes del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Konrad Adenauer Stiftung.
1 La CNDH indicó que “A juicio de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la expedición de la Ley de Seguridad Interior no cuenta con el sustento constitucional que permita al Congreso de la Unión la emisión de dicho ordenamiento.”: escrito de interposición de la Acción de Inconstitucionalidad X/2018, página 41 y subsecuentes, disponible en: https://goo.gl/D5m3kx.
2 El Centro Pro indicó que “el artículo 73 en ninguna fracción habilita al Poder Legislativo Federal para expedir leyes en materia de Seguridad Interior”: escrito de interposición del Amicus Curiae en el expediente de la AI-6/2018 y sus acumuladas, disponible en: https://goo.gl/zxe9Uc.
3 Ver, entre otras, tesis: 1a. CXCI/2011 (9a.), 2a. XLIII/2008, P. LV/2010, 2a./J. 11/2017 (10a.), P. VI/2013 (10a.) y 1a./J. 84/99.
4 Señala al menos, la violación a las garantías de las fuerzas políticas minoritarias en el órgano legislativo y las formalidades del proceso, además, el hecho de que los legisladores conocieran el proyecto que se votaba minutos antes de la sesión en la que se votó.
5 El 30 de noviembre de 2017 el colectivo Seguridad Sin Guerra denunció que los diputados omitieron los trámites requeridos para aprobar la LSI.
La Suprema Corte y la Ley de Seguridad Interior. Crónica de la discusión I
Inició la discusión en el Pleno de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior (LSI) en el expediente de las acciones de inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, y como ya se preveía de la lectura del proyecto de sentencia, nos encontramos ante un panorama complicado y una alta probabilidad de que se validen porciones normativas que ponen en riesgo los derechos de la sociedad mexicana. Pues, aunque pareciera que en la sesión de hoy los ministros decidieron únicamente sobre aspectos procedimentales, lo cierto es que esas decisiones dicen mucho del talante y enfoque con el que abordarán el fondo de las impugnaciones. A continuación, presentamos un breve resumen de lo acontecido.
Se propuso desechar la acción 8/2018, interpuesta por una minoría de Senadores
El proyecto proponía: admitir la legitimación de la demanda.
La Corte decidió: admitir la legitimación de la demanda (votación 10-1).
Toda vez que entre 2 y 4 de las firmas en el documento no eran autógrafas, la ministra Piña Hernández consideró1 que no se cumplía el mínimo de legisladores para que fuera procedente la acción. Recordemos que ésta debe ser interpuesta por un mínimo de 33% de integrantes de una cámara legislativa2 y, en este caso, según la ministra sólo se acreditaron 41 de 45 firmas necesarias, es decir, 32.03%.
Aunque la ministra Luna Ramos apoyó a la ministra Piña, el ministro Zaldívar indicó que operaba el principio pro actione, y el ministro Cossío indicó que operaba el estándar de admisión de las controversias constitucionales,3 por lo que debía ser admitida. Todos los ministros, exceptuando a la proponente ministra Piña, votaron por admitir la legitimación de la demanda de la Cámara de Senadores, por lo que prevaleció en este punto el sentido del proyecto del ministro Pardo.
Se propuso declarar infundadas las causales de improcedencia hechas valer por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Cámara de Senadores
El proyecto proponía: : determinar como infundadas todas las causales de improcedencia.
La Corte decidió: determinar como infundadas todas las causales de improcedencia (votación unánime).
Tanto el Ejecutivo federal como la Cámara de Senadores habían argumentado que algunos de los conceptos de invalidez eran más bien respecto de la omisión legislativa, lo que haría improcedente las acciones. Sin embargo, la Corte decidió que si bien si trataba de argumentos que impugnaban una omisión legislativa, ésta era relativa (asignación de competencias operativas al Ejecutivo, pero omisión de asignar competencias de control al legislativo y al Judicial) y no absoluta (en caso de que hubieran omitido de plano legislar sobre las competencias específicas), por lo que la causal de improcedencia era infundada y esos temas debían estudiarse en el fondo del asunto.
Además, la Cámara de Senadores había argumentado que la minoría de la LXIII legislatura no había agotado en su momento la vía para solucionar sus desacuerdos en sede legislativa, por lo que consideraba que la acción promovida era improcedente, sin embargo, la Corte indicó que el agotar los trámites internos no era prerrequisito para la validez de la interposición de la acción.
Se propuso desechar la acción 10/2018, interpuesta por Movimiento Ciudadano
El proyecto proponía: no admitir la legitimación de la demanda.
La Corte decidió: no admitir a trámite la demanda (votación 6-5).
Recordemos que el partido político Movimiento Ciudadano interpuso su acción de inconstitucionalidad el 19/01/2018 e inicialmente el ministro Pardo Rebolledo decidió que ésta era notoriamente improcedente y la desechó, bajo el argumento de que los partidos políticos solo podrían interponer ese tipo de recursos contra leyes federales de carácter electoral. En su momento, la Primera Sala decidió en recurso de reconsideración que sí era procedente el trámite, porque el artículo 8 de la LSI sí hacía referencia a la materia electoral, además de que el partido impugnaba por vicios en el procedimiento legislativo.
Esta discusión tiene que ver sobre todo con la concepción de lo que implica la “materia electoral”. La mayoría del Pleno entendió que esta no se limitaba en principio a los procesos para ocupar cargos de elección popular, por lo que admitieron la legitimidad para promover la demanda, en consonancia con la decisión de la Primera Sala.
Además, como bien apuntaron los ministros Zaldívar y Luna Ramos, es cuestionable que los partidos políticos no pudieran impugnar el procedimiento legislativo. En el mismo sentido, los ministros Piña, Franco González y Ortiz Mena indicaron que además de lo anterior, el artículo 8º hablaba explícitamente de materia electoral y, en todo caso, debía privilegiarse el acceso a la jurisdicción.
No obstante, la mayoría de los ministros Cossío, Pardo, Medina Mora, Láynez, Pérez Dayán y Aguilar Morales votaron a favor de mantener el proyecto y no admitir a trámite la demanda de Movimiento Ciudadano.
Se propuso declarar parcialmente improcedente la acción 9/2018, interpuesta por el INAI
El proyecto proponía: no admitir legitimidad para impugnar el artículo 1 de la ley, pero si los artículos 9 y 31.
La Corte decidió: respetar el proyecto en sus términos (votación 10-1).
Una mayoría de ministros consideró que el INAI no contaba con legitimidad procesal para impugnar el artículo 1º de la LSI, debido a que solo para ese caso el representante del Instituto no había sido debidamente acreditado por el Pleno del INAI. No obstante, prevaleció la legitimidad para el caso de los artículos 9 y 31.
El ministro Pérez Dayán, haciendo valer el principio de especificidad, indicó que la esencia del argumento de INAI no combatía la inconstitucionalidad de la ley, sino la invasión de competencias que se generaba producto de ésta, de manera que el medio de control constitucional apropiado debió de ser la controversia, razón por la cual la acción de inconstitucionalidad debía considerarse improcedente. En sentido opuesto, se pronunció el ministro Zaldívar, quien consideró que no existía una limitación expresa en la constitución para que los conceptos de invalidez en la acción fueran solamente relativos a invasión de competencias.
Finalmente se admitieron por unanimidad el resto de los recursos, según el proyecto del ministro Pardo, y éste inició con la presentación del primer tema, cuya discusión se pospuso para la sesión de hoy martes.
La sesión terminó a las 13:40 y la discusión continuará el día de hoy a partir de las 11:00 a.m. Hasta ahora, vamos perdiendo quienes consideran que la Ley de Seguridad Interior no sólo es una mala política pública, sino que es flagrantemente inconstitucional.
1 La ministra sostenía esto al interpretar los artículos 61 fracción I y 62 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional con apoyo en el criterio P./J. 12/90.
2 Artículo 105, fracción II, inciso b de la Constitución Federal.
3 Interpretación sistemática de los artículos 11 y 59 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 Constitucional.
Carlos Escobedo Suárez y Guillermo Aullet de la Paz Pérez
“Entonces el pueblo podría decirnos: “Quedaos con vuestras leyes ya que no me dáis justicia; ¿para qué decís que me dáis tierras si habrá quien me las quite y no hay quien me defienda? ¡Quedaos con vuestras leyes; yo me voy a coger la pala y me vuelvo al campo para vivir como vivía hace cuatrocientos años…”
—Paulino Machorro y Narváez
La independencia judicial es, sin lugar a duda, uno de los pilares de las democracias modernas. Frente a las debacles políticas, entuertos, y luchas de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Judicial se presenta como el último defensor de la Constitución, y aún más: se trata del último que puede asegurar la supervivencia del Estado si los otros poderes, como resultado de un escenario como el expuesto líneas arriba, fallan. Desde luego esto es relativo y tiene sus límites: por una parte, también las Cortes son espacios donde se disputa el poder y, por otra, un poder judicial sin independencia puede llegar a ser una mera extensión de otro poder (institucional o real) que lo coopta, de tal suerte que la independencia judicial se vuelve aún más importante en los casos en que los poderes ejecutivo y legislativo se encuentran bajo el control de un mismo ente o conglomerado político: además del guardián de la Constitución, el judicial sería el único freno del absolutismo o de la tiranía.
De entre los muchos temas que ha traído a discusión la renovación de poderes federales, destacan por su trascendencia en el tema que nos ocupa tres asuntos: la discusión sobre el presupuesto del Poder Judicial federal en el marco de la política de austeridad del nuevo gobierno-partido; el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas; y la designación de los sustitutos de los ministros Cossío, Luna Ramos y Franco González. Los tres temas, de suma importancia, han llamado la atención y la preocupación de académicos, jueces y de la sociedad en general, por sus implicaciones para el equilibrio de poderes, la gobernabilidad de la República y la estabilidad de la democracia. En este espacio pretendemos abordar las preocupaciones principales sobre dichos asuntos.
1. El presupuesto del Poder Judicial de la Federación
El primer asunto tiene que ver con los recursos que recibe el Poder Judicial. Uno de los ejes fundamentales del plan de nación del candidato electo a la presidencia fue el de la austeridad en el servicio público, especialmente reflejado en la propuesta de una reducción de sueldos y salarios de funcionarios de medio y alto nivel.
No es secreto que la percepción de López Obrador hacia la Suprema Corte no es la mejor, de lo cual dan testimonio las múltiples ocasiones en las que ha denostado la labor jurisdiccional, aludiendo a sus funcionarios como “maiceados”, y calificado a sus remuneraciones de excesos injustificados. Pasadas las elecciones llama la atención que mantenga la aparente intención de pugnar por la disminución de los sueldos en el Poder Judicial, sobre todo si tomamos en cuenta que ya no es un candidato más que puede esgrimir cualquier ocurrencia en aras de la victoria electoral, sino que su calidad de próximo presidente le obliga, política y legalmente, a conducirse con respeto a las instituciones y al Estado de derecho. Incluso después de su reunión con los ministros, con un cambio de tono, pero con el mismo mensaje, afirmaba: “Ellos [los ministros] están conscientes, como estamos seguros que están conscientes los legisladores electos, de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que tiene que haber una política de austeridad, que no es imponer nada, desde luego”.
Por su parte, el senador Ricardo Monreal propuso un punto de acuerdo1 mediante el que se exhorta al PJF a realizar ajustes presupuestales en el gasto de 2018 y en la propuesta para 2019, sin pasar por alto los sueldos y prestaciones excesivas, aclarando que la disminución se espera sólo en las que “no sean inherentes al cargo y necesarias para para el debido cumplimiento de la función jurisdiccional”.
Esto último supone un problema pues, ¿cuáles prestaciones de las que gozan los funcionarios judiciales sí son inherentes a su cargo, y cuáles no?, ¿les retiramos el pago por riesgo, o el seguro a la persona?, ¿el estímulo por antigüedad o los apoyos para capacitación? El problema adquiere dimensiones constitucionales serias si consideramos que un artículo de la Constitución prohíbe expresamente hacer lo que se pretende (recortar las remuneraciones), mientras que otro, lo permite con literalidad.
El artículo 94 constitucional, en su párrafo décimo, determina que“la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”; por otro lado, el artículo 127 en su fracción II dispone que “ningún servidor púbico podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”, debiendo resaltar que en efecto, la fracción primera, considera como “remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra”. [Énfasis del autor]
Está claro que con la redacción actual resulta imposible resolver qué precepto va a prevalecer, puesto que se presenta una antinomia entre los artículos referidos: hacer una reducción de los sueldos de los juzgadores contraviene el artículo 94, y mantenerlos es una violación al 127.
Aun y cuando gracias a su mayoría legislativa MORENA lograra reformar la Constitución, podría desatarse como respuesta una lluvia de amparos y acciones de inconstitucionalidad, que eventualmente podrían terminar por invalidar la supuesta reforma, pudiendo ocasionar un impasse político-institucional y choque de poderes que ningún bien le pueden traer al país. Ya por lo jurídico o ya por lo político, es evidente que la reducción de los sueldos y salarios de los juzgadores implica confrontación.
Si el conflicto llegase a la Corte, el resultado sería imprevisible,2 puesto que la interpretación sistemática ha sido en el sentido de que no es posible realizar control de constitucionalidad de una reforma a la Constitución federal,3 pero no podemos pasar por alto el evidente incentivo que existiría para cambiar esa línea interpretativa. Es una moneda al aire.
Otra arista del conflicto es el principio de irretroactividad4 de la ley establecido en el artículo 14 constitucional, a la luz del principio pro persona, y es que no debe perderse de vista que aquél tiene como parámetro únicamente no permitir efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, la Corte ha determinado que si cierta disposición constitucional amerita aplicarse sobre esferas jurídicas establecidas con anterioridad, no implica necesariamente la comisión de perjuicios en atención a que tiene la capacidad para modificar de manera permanente o temporal actos o situaciones jurídicas que ocurrieron previamente a su entrada en vigor.5 Lo anterior trae nuevamente a discusión la postura6 de que la Constitución no puede ser contraria a sí misma en ninguno de sus artículos, por más que existan contradicciones lógicas en los mismos.
Además de su poca factibilidad jurídica, existen razones históricas y políticas de sobra para argumentar que no está dentro del interés general el minar la independencia judicial y, sin engañarnos, eso es justo lo que sucedería en el pretendido caso de la reducción de salarios.
Para comprender la existencia del artículo 94 ayuda revisar la historia,7 pues su existencia no es un mero capricho, sino una necesidad surgida de las circunstancias del proceso de consolidación democrática del país: la prohibición de la reducción la encontramos establecida desde la redacción original de la Constitución de 1917, y es una de las pocas porciones normativas que no ha tenido cambios en 101 años de pugnas políticas e historia constitucional.
Desde la intervención inicial de Venustiano Carranza al inaugurar el Constituyente de 1917, afirmando que “tampoco ha tenido cumplimiento … el principio fundamental relativo a la división del ejercicio del Poder público, pues tal división sólo ha estado, por regla general, escrita en la ley, en abierta oposición con la realidad, en la que, de hecho, todos los poderes han estado ejercidos por una sola persona…8”. Hasta la intervención del diputado Lizardi9 afirmando que “si no se ponen esos sueldos, necesarios para la independencia del Poder Judicial, la administración de justicia se verá siempre completamente corrompida.10”, es patente la determinación que tuvieron los constituyentes de proporcionarle al judicial la mayor autonomía posible.
Ciertamente una Constitución puede concebirse como un pacto político que atiende a las circunstancias del momento determinado de su creación, y su redacción podrá evolucionar consecuentemente con el devenir de los tiempos, sin embargo, hay preceptos que, en aras del funcionamiento mínimo de la democracia, no deberían estar sujetos a la reinterpretación política. La teoría las ha denominado “cláusulas pétreas” y, por regla general, en las democracias modernas se ha considerado a la división de poderes y a la independencia judicial con este carácter. Así pues, apelar al constituyente y su pensamiento no es únicamente un argumento histórico, sino un llamado a no dejar de lado los principios básicos en los que se fundó este país.
De vuelta en la realidad, atendiendo al llamado de Viridiana Ríos, no queremos implicar aquí que haya que desechar por completo la racionalidad de AMLO y MORENA al intentar modificar cuánto, en qué, cómo y por qué se gasta en el Poder Judicial. Como apuntaba el ministro Zaldívar, las pasadas elecciones fueron un referéndum en el que las instituciones salieron reprobadas en su credibilidad y prestigio, por lo que resulta necesario repensar su funcionamiento y los privilegios que priman en muchas de ellas. Una buena parte de ello implica aplicar criterios de racionalidad y equidad en el ejercicio del gasto público, que más que un ejercicio de austeridad, como si de algo transitorio se tratara, la apuesta debe ser por no condicionar el correcto y honrado desempeño de la función jurisdiccional al salario que perciban sus funcionarios.
Otro componente fundamental de la discusión pasa por la suposición de que un salario más alto, necesaria, directa y proporcionalmente se verá reflejado en un nivel más alto de independencia judicial. Para resolver el problema no basta con remuneraciones adecuadas, hacen falta mecanismos institucionales que mantengan a los jueces incorruptibles y firmes ante cualquier circunstancia por la que el país atraviese. Es así como el papel de los valores adquiere vigor y su observancia debe recaer en el órgano que disciplina su quehacer: el Consejo de la Judicatura. Su fortalecimiento e independencia deben consumarse. Es más importante que nunca su renovación con un marco legal que le dote de mayores facultades.
Ciertamente hay conceptos dentro de las remuneraciones que se explican menos como garantías de la función judicial y más como privilegios: seguro colectivo de retiro, ayuda de gastos funerales, licencia prejubilatoria, pago de defunción, prima quinquenal, estímulos del día de la madre y del padre, telefonía celular, gastos de alimentación, vales de gasolina, por citar algunos; no porque entrañen un mal inherente, sino porque son contados los puestos de trabajo que se acercan a esas condiciones, de manera que en el plano de lo colectivo, se configuran en un ejercicio desproporcionado del gasto público.
Más allá del reclamo por la reducción presupuestaria, otras preguntas más relevantes serían: ¿en qué gasta y cómo gasta el Poder Judicial?, ¿cómo contribuye dicho gasto a sus funciones sustantivas y a su encomienda constitucional? Esperamos, como el ministro Zaldívar, que esta coyuntura se aproveche como una oportunidad para consolidar la confianza pública en sus jueces. Ojalá que la interpretación de la antinomia lo permita.
2. El fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas
El pasado 13 de septiembre, un grupo de senadores de MORENA, entre los que se incluye a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero y al mismo senador Monreal, propuso una reforma constitucional al artículo 116, en su fracción III. Dentro de la exposición de motivos de esta iniciativa los legisladores argumentan que “para lograr un cambio sustantivo en materia jurisdiccional, es imprescindible avanzar hacia una refundación de la impartición de justicia del país, en la ruta de construir un federalismo judicial con jueces locales garantes de los derechos que se litigan por la mayoría de los ciudadanos ante la justicia del fuero común.”
Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, el control difuso de constitucionalidad adquirió una relevancia que desde mucho tiempo atrás tuvo que tener, pero no es secreto que una buena mayoría de las autoridades judiciales de las entidades federativas limitaban (y aún lo hacen) la impartición de justicia al control de legalidad con formalismos excesivos, mientras que los mandatos constitucionales eran intrascendentes al momento de resolver.
Ante la obligación de que las determinaciones jurisdiccionales se arreglen conforme a la Constitución federal, no habrá mejor muestra de que el federalismo existe que implementar sistemáticamente el control difuso en todo el país; la razón, con mayor elocuencia la dicta el artículo 41: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los Estados y la Ciudad de México.
La híper-centralización de la judicialización durante una buena etapa de la historia nacional tuvo su sustento en las fallas institucionales de aquel entonces: “hay que reconocer que en el fondo de la tendencia a dar una extensión indebida, estaba la necesidad ingente de reducir a la autoridad judicial de los Estados a sus justos límites, pues bien pronto se palpó que convertidos los jueces en instrumentos ciegos de los gobernadores, que descaradamente se inmiscuían en asuntos que estaban por completo fuera del alcance de sus atribuciones, se hacía preciso tener un recurso, acudiendo a la autoridad judicial federal para reprimir tantos excesos.11” La reforma viene a atender este viejo problema al homologar el método de designación, retirándolo del alcance de los gobernadores, y fortaleciendo el papel de los Consejos de la Judicatura locales.
Observamos nuevamente que la independencia judicial le es fundamental a la democracia, ésta no puede subsistir sin aquella, pues en tiempos de reacomodos políticos sirve de garantía a los derechos; con la reforma propuesta y sus efectos sobre el federalismo, nada más natural que optar por fortalecer la independencia y no por minarla.
También resulta relevante para efectos de la implementación de esta iniciativa el que la Corte haya decidido recientemente en el caso de la impugnación a la Constitución de la Ciudad de México, que conforme al principio pro persona, ésta si podía fijar derechos adicionales a los establecidos en la Constitución federal, lo que necesariamente deberá derivarse en mecanismos de garantía y tutela de esos derechos, abriéndose la puerta al reconocimiento pleno de su interpretación por los órganos judiciales locales. Además de por sus efectos, resulta una decisión relevante porque la Corte ha sido históricamente12 reacia a reconocer la validez de los sistemas de control constitucional ajenos a su jurisdicción.
El asunto que parece escaparse a la iniciativa de reforma es el que tiene que ver con las redes de nepotismo que indudablemente existen en todo el país. Julio Ríos, haciendo un estudio sobre este fenómeno en el Poder Judicial de la Federación, dejaba claro que para que exista una verdadera independencia de los poderes judiciales, esta deberá ser no sólo respecto de agentes externos, sino también de los vicios internos que atentan contra su estabilidad.
3. La designación de ministros de la Suprema Corte
Ya lo adelantaba Elizabeth Leyva en este mismo espacio: el poder de designación del presidente López Obrador es tremendamente amplio por la cantidad e importancia de cargos, pero además, podría resultar de igual manera tremendamente discrecional por la mayoría absoluta que presenta su gobierno-partido en el Congreso.
La Suprema Corte renueva a sus integrantes de manera escalonada, y en el nuevo sexenio corresponde la sustitución de los ministros Margarita Luna Ramos el 19 de febrero de 2019 y José Fernando Franco el 11 de diciembre de 2021. Además, no hay que dejar de lado que en noviembre de 2019 deberá ser sustituida Martha María del Carmen Hernández Álvarez en el Consejo de la Judicatura Federal, y es prerrogativa del Ejecutivo nombrar de manera unilateral a su relevo.
Más próxima es la sustitución del ministro José Ramón Cossío, quien termina su periodo el 30 de noviembre de 2018, y desde hace varios días ya se han empezado a alzar las voces de académicos y especialistas sobre el tema: el magistrado Carlos Soto esbozaba aquí un perfil para juezas y jueces “del siglo XXI”, César Astudillo hacía una reflexión sobre el papel de un tribunal constitucional en la democracia y cómo los posibles perfiles tendrían que adecuarse a los actuales retos del Poder Judicial, y un grupo de 156 organizaciones y académicos convocados por Designaciones emitieron un pronunciamiento llamando a designar a una ministra progresista a través de un proceso transparente y participativo.
Por ello no ahondaremos en el tema, puesto que creemos que resulta suficientemente clara la importancia e implicaciones del proceso, y ya otras mejores plumas se encargarán de darle seguimiento al mismo. Preferimos concluir con una invitación a recordar nuestra historia, en palabras del diputado constituyente José María Truchuelo como consigna de advertencia: “Todas las revoluciones se han hecho por falta de justicia, y cuando nosotros hemos venido a este recinto a proclamar el principio más liberal en todas las reformas constitucionales, ahora que tratamos de la Suprema Corte de Justicia, que es el Poder más alto que deben tener los pueblos cultos, damos mucho más de cincuenta pasos atrás y hacemos una deformidad jurídica”, y las deformidades ahora, indudablemente, podrían acarrear peores consecuencias que las que ocasionaron lo que ya hemos cometido.
Carlos Escobedo Suárez y Guillermo Aullet de la Paz Pérez. Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM. carlosescobedosuarez@comunidad.unam.mx y gaapp@comunidad.unam.mx.
1 Se propuso como respuesta al anuncio de la SCJN de una reducción de 852.8 millones de pesos; la propuesta se turnó a la Comisión de Justicia, disponible en: https://goo.gl/52oAab.
2 Tesis P./J. 27/2012 (10a.) y P./J. 101/2000, además de la CC-109/2004.
3 ADR 613/2016; consultado el 24-09-2018, disponible en: https://goo.gl/WRPHc3.
4 AI 155/2007, ADR 1046/2012 y las tesis P. VIII/2015 (10a.), P./J. 37/2015 (10a.), P./J. 90/2011 (9a.), 1a./J. 108/2010, P. LIII/2009, 1a./J. 50/2003, 2a. LXXXVIII/2001.
5 Siendo así señalado por la tesis P./J. 37/2015 (10a.)
6 Tesis P. VIII/2015 (10a.)., 2ª./J. 3/2014 (10a) y, 2a. LXV/2013 (10a).
7 INEHRM, Secretaría de Cultura: “Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917”, Volúmen II, página 51, México, 2016, consultado el 15-09-2018, disponible en https://goo.gl/DBJmJC.
8 INEHRM, Secretaría de Cultura, op.cit, página 390.
9 INEHRM, Secretaría de Cultura: “Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917”, Volúmen III, páginas 59-65, 190-210, México, 2016, consultado el 15-09-2018, disponible en https://goo.gl/zwvN6W.
10 Ibid, página 198.
11 Venustiano Carrranza, en: INEHRM, Secretaría de Cultura: Op. Cit, página 393.
12 Tesis P. IX/2015 (10a.), 2a. CIV/2014 (10ª.), P./J. 22/2012 (10a.).

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 73
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 105
 Artículo 105
 artículo 105
 artículo 94
 artículo 127
 artículo 94
 artículo 14
 artículo 94
 artículo 116
 artículo 41