Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653742
Timestamp: 2019-07-21 07:44:47+00:00

Document:
ACUERDO ENTRE CHILE Y GRECIA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCAS DE INVERSIONES
PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Bombal Otaegui
ILEGALIDAD DE GASTO FISCAL PARA FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE PLAN AUGE. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Bombal Otaegui
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTO MODIFICATORIO DE PLAN REGULADOR METROPOLITANO DE SANTIAGO. OFICIOS
CONCESIONES Y VENTA DE BIENES FISCALES EN ZONA AUSTRAL: MENOSCABO DE DERECHO DE LEGÍTIMOS OCUPANTES. OFICIOS
MEDIDAS PARA AUMENTO DE PROTECCIÓN AL HUEMUL. OFICIOS
INCONVENIENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE AERÓDROMO EN COMUNAS DE BUIN Y PAINE. REITERACIÓN DE OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Sergio Romero Pizarro
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ROMERO, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.575, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (3124-06)
Sesión 11ª, en martes 12 de noviembre de 2002
(De 16:19 a 17:14)
Y CARLOS CANTERO, VICEPRESIDENTE
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS...............................................................................
Acuerdos de Comités.......................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite, que aprueba el acuerdo entre Chile y Grecia sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (2938-10) (se aprueba en general y particular)....................................................................................................
Sesión secreta:
Se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía (Boletines Nºs. S 634-04 y S 637-04)..................................................................................................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)................................................
Ilegalidad de gasto fiscal para financiamiento de campaña publicitaria sobre plan AUGE. Oficio (observaciones del señor Bombal).....................................................
Evaluación de impacto ambiental para proyecto modificatorio de Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Oficios (observaciones del señor Horvath)....................
Concesiones y venta de bienes fiscales en zona austral: menoscabo de derecho de legítimos ocupantes. Oficios (observaciones del señor Horvath)...............................
Medidas para aumento de protección al huemul. Oficios (observaciones del señor Horvath)......................................................................................................................
Inconveniencia de construcción de aeródromo en comunas de Buin y Paine. Reiteración de oficios (observaciones del señor Romero)..........................................
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 23 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 9ª y 10ª, ordinarias, en 5 y 6 de noviembre del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero hace presente la urgencia, en carácter de "simple", respecto del proyecto referente a modificación de la ley Nº 19.281, sobre arrendamiento de viviendas con opción de compra (Boletín Nº 3.115-14).
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo atinente a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad del sector pesquero (Boletín Nº 2.970-03), y
2.- El que faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las obligaciones que indica, dispone la suscripción del convenio de programación con el Sistema de Empresas y modifica la ley Nº 19.767 (Boletín Nº 3.049-05).
--Quedan retiradas las urgencias, se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
De su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual comunica, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de la República, que se ausentará del territorio nacional entre el 13 y 17 del mes en curso, con el propósito de efectuar, los días 13 y 14, una visita de Estado a la República de Honduras y participar, los días 15 y 16, en la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, y que regresará a Chile el 17 de noviembre.
Asimismo, señala que durante el período que dure su ausencia será subrogado, con el título de Vicepresidente de la República , por el señor Ministro del Interior , don José Miguel Insulza Salinas.
Con los cuatro primeros comunica que otorgó su aprobación a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de acuerdo sobre aprobación del Acuerdo Modificatorio del Convenio de Seguridad Social entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil, suscrito el 20 de marzo de 2002 (Boletín Nº 3.035-10).
2.- Proyecto atinente a modificación de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de subrogación del cargo de alcalde en los casos que indica (Boletín Nº 3.064-06).
3.- Proyecto acerca de modificación de la ley Nº 19.479, sobre gestión y personal del Servicio Nacional de Aduanas (Boletín Nº 3.034-05).
4.- Proyecto relativo a derogación del decreto ley Nº 2.560, de 1979, que autorizó la reproducción en Chile de la obra literaria de Gabriela Mistral (Boletín Nº 3.074-04).
Con el quinto comunica que aprobó las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley sobre normas tributarias para que empresas con capital del exterior puedan efectuar inversiones desde Chile en el extranjero (Boletín Nº 3.015-05).
Con el último comunica que aprobó, con las enmiendas que indica, el proyecto relativo a modificación de la ley Nº 18.290, de Tránsito, en cuanto al cobro electrónico de peajes, y de la ley Nº 18.287, sobre procedimientos ante los juzgados de policía local, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.921-15).
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite su opinión acerca del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera y modifica el Código Penal en materia de lavado o blanqueo de activos (Boletín Nº 2.975-07).
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, por medio del cual adjunta el proyecto de ubicación y competencia de las fiscalías regionales y locales de la Región Metropolitana, que empezarán a funcionar a contar del 16 de diciembre de 2004, en la V Etapa de la Implementación de la Reforma Procesal Penal.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Pizarro, referido al texto de la intervención realizada por el Diputado señor Longueira en una conferencia dada por éste en la ciudad de Miami.
De la señora Ministra de Defensa Nacional , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Romero, relacionado con la instalación de una sede de la Universidad de Valparaíso en los terrenos que ocupaba el ex Regimiento Yungay en la comuna de San Felipe, Quinta Región.
Del señor Ministro de Hacienda, mediante el cual responde dos oficios enviados en nombre del Senador señor Cantero, relativos a inquietudes del Directorio Regional de Antofagasta de la Agrupación de Empleados Fiscales.
Dos del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, referido al desarrollo de la actividad minera, y
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, relativo al cierre de la Sociedad Agrícola SACOR Limitada en la Región de Aisén.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, en cuanto a la posibilidad de reajustar el derecho de conducción establecido para el gremio de carteros dependientes de la Empresa de Correos de Chile.
Dos del señor Ministro de Salud:
Con el primero contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, acerca del eventual cierre del Hospital de Chanco , Séptima Región.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Fernández, sobre planteamientos del señor Alcalde de Punta Arenas en torno de materias contenidas en el proyecto de ley sobre protección de los animales.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, atinente a la ejecución de programas especiales de pavimentación para la ciudad de Calama.
Del señor Ministro de Minería , mediante el cual contesta un oficio enviado al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre , en nombre del Senador señor Lavandero, tocante a la tributación de la minería del cobre.
Del señor Director del Instituto Nacional de la Juventud , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, con relación a la posibilidad de otorgar patrocinio a la institución internacional de apoyo a la juventud denominada "Operación Raleigh".
Del señor Director Regional de Salud de la Séptima Región , por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, concerniente a la situación del vertedero de basura ubicado en Ruta de Los Conquistadores.
Del señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Los Lagos, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, sobre la adquisición de terrenos para la construcción de viviendas sociales en la comuna de Quinchao.
Del señor Jefe de Gabinete de la Intendencia de la Décima Región , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referente a dificultades de la comuna de Cochamó.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo a la aprobación del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Helénica sobre la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones" y su Protocolo, suscritos en Atenas el 10 de julio de 1996 (boletín Nº 2.938-10).
Nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo en cuanto a las formalidades del finiquito del contrato de trabajo (boletín Nº 2.835-13).
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Pedro Luis Luque Arancibia y Domingo Elías Verdugo Casanova (boletines números S 634-04 y S 637-04, respectivamente).
Del Honorable señor Romero, mediante la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en materia de transparencia y publicidad de los actos de la Administración del Estado (boletín Nº 3.124-06).
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. (Este proyecto no podrá ser tratado mientras Su Excelencia el Presidente de la República no lo incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional ).
Ha llegado a la Mesa en este momento un proyecto de acuerdo suscrito por el Honorable señor Viera-Gallo, en el que se propone que el Senado resuelva lo siguiente:
"1.- Enviar al Parlamento iraní su apoyo a las medidas legislativas adoptadas con el objeto de asegurar el pleno respeto a los derechos de las personas.
"2.- Dirigirse al Ayatollah Alí Jamenei, guía espiritual y líder de la Revolución y al Presidente Mohamed Jatami, para solicitarles clemencia para con Hashem Aghajari, abogando por la anulación de su condena a muerte y el pleno respeto de los derechos humanos en Irán.".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Los Comités del Senado, reunidos en el día de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente:
1.- Respecto del proyecto de ley sobre la vigencia del reavalúo de bienes raíces agrícolas, aplazar su consideración hasta la sesión del día 10 de diciembre próximo.
2.- En lo que dice relación al proyecto sobre artes marciales, agregar el informe de la Comisión de Defensa en la Cuenta de la presente sesión (Boletín Nº 2.868-02), y
3.- Incluir en la tabla de la sesión de hoy el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Helénica sobre la Promoción y Protección Recíprocas de las Inversiones y su Protocolo, suscritos ambos en Atenas en 1996, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores; y, además, las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Pedro Luis Luque Arancibia y Domingo Elías Verdugo Casanova.
Señor Presidente , deseo referirme a la postergación del análisis del Senado sobre el proyecto de ley que pospone la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas.
Entiendo los motivos por los que se ha solicitado segunda discusión y luego aplazamiento del debate y de la votación. Sin embargo, creo que, al final, se evade el fondo del asunto. Y, por mi parte, deseo abordar ahora tal aspecto. No pretendo entrar en el estudio del tema, por cierto, sino hacer presente lo siguiente.
Tuve la oportunidad de conversar con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Francisco Vidal , quien me informó -por lo demás, es algo difundido en la prensa- que se dará a conocer una nueva propuesta del Ejecutivo respecto de los bienes raíces urbanos. Ella contemplaría la aplicación gradual de otro esquema de reavalúo para ese ámbito a contar de 2005 y que él se reduciría en forma gradual en cuatro años, con diversas características que son, en cierto sentido, similares a las de la iniciativa aprobada, con mi abstención, por las Comisiones unidas de Hacienda y de Agricultura.
Si lo anterior ocurre respecto de los bienes raíces urbanos, señor Presidente , no veo el motivo para que no se puedan extender el mismo régimen y similar acuerdo a los bienes raíces agrícolas, lo que permitiría evitar la situación que se registra en el Senado, donde no se entra al fondo de la discusión por las dificultades que enfrenta la agricultura. Ése es el tema que de alguna manera hace pensar y repensar para definir una alternativa de solución.
Por lo tanto, quiero sugerir -lo hemos considerado en nuestro Comité y también con Renovación Nacional- que se oficie desde esta Corporación al Ejecutivo con el objeto de que se analice la posibilidad de un régimen común para los bienes raíces tanto agrícolas como urbanos. Ello significaría una postergación en ambos casos para 2005, con la gradualidad, con los topes y con las mismas características que se estudia introducir en el caso de los bienes raíces urbanos.
El señor CANTERO (Vicepresidente).-
Señor Presidente , efectivamente, en la sesión de Comités fue el Senador que habla quien propuso que la cuestión quedara para ser tratada el 10 de diciembre.
La razón de lo anterior es una y muy simple. Hemos conversado con las autoridades del Ministerio de Hacienda y las de Agricultura, y se presenta una realidad muy compleja en el rubro agrícola, en particular en el caso de los pequeños y medianos productores. Por lo tanto, nos parece necesario estudiar medidas sobre el particular, ya que, dentro de la situación que se vive -con tratados de libre comercio, con rebaja de aranceles-, debe existir una política de Estado acerca de las exigencias a quienes se autoemplean y dan trabajo, para que puedan permanecer en la actividad.
En consecuencia, no me pronunciaré sobre el mérito de lo que se ha dicho respecto de homologar el mecanismo a los bienes raíces urbanos...
Sí, pero en el fondo, también se trata del mecanismo. Y creo que ése es un punto de debate. Pienso que sería un poco apresurado determinar tal aspecto, porque el sector agrícola quedaría muy desmedrado si se homologa a una situación urbana.
Pero, de todas maneras, señor Presidente , el ánimo es buscar un acuerdo, y el compromiso de Hacienda apunta a que para la sesión del 10 de diciembre se estará en condiciones de presentar una fórmula alternativa.
Señor Presidente , efectivamente, éste es un asunto de la mayor trascendencia. Y así lo hemos hecho notar en las distintas instancias de estudio por las que ha pasado, tanto en la Comisión de Agricultura como en la de Hacienda.
Hemos manifestado nuestra mejor disposición para buscar una salida seria y responsable a un tema que se viene arrastrando desde hace ya muchos años respecto de la postergación de los bienes raíces agrícolas. En ese entendido, siempre hemos tenido en cuenta el interés general de Chile y, también, desde el punto de vista sectorial, el de la agricultura, la que, como se señaló aquí, reviste extraordinaria importancia, particularmente por las circunstancias que está viviendo el país.
A mi juicio -hablo en nombre de los Senadores de Renovación Nacional-, resulta necesario postergar el tratamiento de la iniciativa (así lo hemos conversado con los miembros del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes), con el objeto de empalmar la fecha de entrada en vigor de los respectivos reajustes, para evitar que se produzca discriminación entre bienes raíces agrícolas y bienes raíces urbanos.
Ésta constituye una materia de gran trascendencia, y si se trata de manera distinta -como es lógico suponer-, es obvio que al menos la fecha de vigencia de los nuevos avalúos debería empalmarse. Ése es un primer punto.
El segundo aspecto que nos parece oportuno reiterar en este momento apunta a la necesidad de reestudiar el mecanismo empleado para fijar las contribuciones de bienes raíces atendiendo a la capacidad de uso del suelo. Porque hoy día esa terminología tiene un sentido moderno y diferente del que existió hace cuarenta años, cuando a través de un sistema aerofotogramétrico se establecieron los valores de la tierra considerando la capacidad de uso del suelo.
En ese sentido, si efectivamente los avalúos de los bienes raíces urbanos se reajustarán en 2005, me parece del mayor equilibrio y equidad que ocurra lo mismo con los bienes raíces agrícolas.
En tal virtud, el Comité Renovación Nacional, conjuntamente con el Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, hacemos nuestro lo señalado respecto de la materia en comento y formulamos un mismo planteamiento.
Señor Presidente , no voy a intervenir, pues ya lo dijo todo el Senador señor Romero.
Señor Presidente, creo que la idea no es discutir el proyecto en este minuto porque su tratamiento fue postergado para el 10 de diciembre.
Sólo quiero hacer la siguiente consulta, que nace de una aprensión.
Entiendo que si esta iniciativa no fuera aprobada entraría a regir el avalúo de los predios agrícolas, que es un asunto que nos preocupa a todos.
Además, debemos considerar la situación recién planteada entre el Consorcio Agrícola del Sur y la Sociedad Nacional de Agricultura.
Y no sé si existe claridad en el sentido de que cualquier tropiezo que haya en la discusión de este proyecto significará prorrogar el avalúo actual de las contribuciones. Porque, si esto no queda claro, corremos el riesgo de que pueda resultar peor el remedio que la enfermedad.
¡Ésa es la idea!
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo, quien es el último orador inscrito.
Señor Presidente , sólo deseo expresar mi preocupación por la nueva postergación que se ha determinado para el análisis de este tema en la Sala.
Pediría a los Honorables colegas que por favor estudiaran a fondo la materia. Primero, porque hay una distorsión en lo que se ha señalado, en el sentido de que pareciera que el reavalúo agrícola generará un gran trastorno en la agricultura. Al respecto, deseo manifestar que el peor daño que se le está causando es justamente no reavaluar las propiedades -desde 1980 que no ocurre-, porque mucha gente ve restringidos y limitados sus negocios cuando trata de incorporarse al sistema financiero.
Además, quiero preguntar a los señores Senadores si saben cuánto subirá el reavalúo agrícola para algunas personas. ¡Cinco mil pesos, señor Presidente ! Si un productor hoy día no está en condiciones de pagar esa cantidad en cuatro cuotas, en promedio, significa que está equivocado de rubro, de actividad.
Entonces, aquí se están entregando datos engañosos. Por tanto, pediría a cada señor Senador que analice en profundidad el asunto; que tenga presente que la inmensa mayoría que actualmente no paga contribuciones seguirá sin pagar, y que las que suban lo harán en una ínfima cantidad.
En consecuencia, más que favorecer la agricultura, estamos provocándole un tremendo daño.
Espero que esta iniciativa sea tratada definitivamente el próximo 10 de diciembre.
El señor CANTERO ( Vicepresidente ).-
Reitero a Sus Señorías que los Comités acordaron unánimemente aplazar la discusión del proyecto hasta el 10 de diciembre próximo.
Por lo tanto, no entraremos en más profundidades.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Helénica sobre la Promoción y Protección recíprocas de las Inversiones, y su Protocolo, suscritos en Atenas el 10 de julio de 1996, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2938-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 20ª, en 13 de agosto de 2002.
Relaciones Exteriores, sesión 11ª, en 12 de noviembre de 2002.
El objetivo principal del convenio es establecer un marco jurídico que regule al mismo tiempo los derechos y las obligaciones del Estado receptor de los capitales y el de los inversionistas extranjeros.
La Comisión en su informe reseña el instrumento internacional; describe la discusión general y particular habida en su seno; consigna que aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Cariola, Martínez y Valdés), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, y, finalmente, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 del Reglamento, propone al Senado discutirlo en general y particular a la vez.
Señor Presidente , me corresponde informar el proyecto que aprueba el Acuerdo suscrito entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República Helénica, sobre Protección y Promoción Recíprocas de Inversiones.
Chile ha firmado un número significativo de tratados relativos a promoción y protección de inversiones, que han sido ratificados por el Congreso Nacional. El que nos ocupa no se aparta, en sus términos específicos, de los anteriores. Se trata de producir una efectiva transferencia de capitales y su respectiva y adecuada protección.
El objetivo principal del convenio, al igual que los restantes que se han suscrito sobre la materia, es establecer un marco jurídico que regule, al mismo tiempo, los derechos y obligaciones del Estado receptor y el de los inversionistas extranjeros.
Entre otras normas, se fijan disposiciones sobre arreglo de diferencias entre un inversionista y una Parte contratante, caso en el cual el inversionista afectado podrá someter la diferencia ya sea a los tribunales competentes de la Parte en cuyo territorio se efectuó la inversión o a arbitraje internacional (al CIADI o a un tribunal arbitral ad hoc), pero una vez sometida la diferencia a cualquiera de ambos procedimientos su elección será definitiva.
Si las discrepancias no se resolvieren mediante negociaciones a través de canales diplomáticos dentro del plazo de seis meses, serán sometidas a un tribunal ad hoc, a petición de cualquiera de las Partes.
La Comisión estimó de gran relevancia aprobar el presente tratado en consideración a que Grecia pertenece a la Unión Europea y es uno de los pocos Estados de dicha Comunidad con el cual Chile no ha suscrito un convenio de esta naturaleza. Es importante hacer presente esta referencia porque este tipo de tratados de garantías de libre comercio, al cual ahora se suma dicho país, es parecido al que se firmó con la Unión Europea, que entrará en vigencia -espero- dentro del año en curso.
Por lo tanto, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, que acogió unánimemente el convenio, solicito al Senado que tenga a bien prestar su aprobación al proyecto de acuerdo.
--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:44 y adoptó resolución acerca de las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de los señores Pedro Luis Luque Arancibia y Domingo Elías Verdugo Casanova.
--Se reanudó la sesión pública a las 16:56.
Del señor BOMBAL:
Al señor Gerente General de la Polla Chilena de Beneficencia S.A., solicitando información sobre EVENTUALES ANOMALÍAS EN COMBINACIONES AL AZAR DE SORTEO LOTO.
A Su Excelencia el Presidente de la República, pidiendo SUSPENSIÓN DE CIERRE DE 300 AGENCIAS DE CORREOS DE CHILE Y DE CONSIGUIENTE DESPIDO DE 1.600 TRABAJADORES.
Al señor Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, para que informe sobre CARGA TRIBUTARIA REAL DE SECTORES PESQUERO Y FORESTAL.
Al señor Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos , pidiéndole dar a conocer INGRESOS EFECTIVOS DEL FISCO POR IMPUESTOS DE SECTORES BANCARIO PRIVADO, PESQUERO Y FORESTAL.
A la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, recabando información respecto de CARGAS TRIBUTARIAS REALES DE BANCA PRIVADA EN CHILE Y AMÉRICA LATINA.
Al señor Intendente de la Décima Región , planteando la CONCRECIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CIERRE PERIMETRAL DE ESCUELA BÁSICA LOS MUERMOS".
En el tiempo del Comité Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Bombal.
Señor Presidente , en estos momentos la Cámara de Diputados analiza la situación relativa a los gastos de publicidad en que incurrió el Ministerio de Salud con motivo de la campaña sobre el Plan AUGE.
La Ley de Presupuestos para el año 2002 aprobada por el Parlamento, en su artículo 16, establece claramente que "Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan." (subrayo esta última palabra). Y en este caso es imposible que se haya otorgado prestación alguna por aplicación del Plan AUGE, pues recién se está discutiendo en la Cámara Baja el articulado de los diversos proyectos que lo conforman. De modo que hay en esta materia una abierta infracción de ley.
Por consiguiente, sin entrar a hacer ninguna afirmación que no sea para constatar el hecho abierto y flagrante de esa infracción de ley, solicito que, por intermedio de la Mesa, se oficie al señor Contralor General de la República a fin de que inicie el juicio de cuentas correspondiente contra las autoridades que aparecen involucradas en tal anomalía jurídica.
Procede que así se haga, señor Presidente , porque estamos frente a un ilícito abierto, manifiesto y claro. No existe atribución alguna para que, con el objeto de efectuar la referida publicidad, se hayan asignado fondos del Estado.
Solicito, en consecuencia, que se oficie al señor Contralor para que inicie el juicio de cuentas respectivo.
En todo caso, señor Senador , no daré curso al oficio, porque, a mi modo de ver -lo consulté a la Secretaría-, envuelve un intento de fiscalización, desde el momento en que se está pidiendo una investigación.
Sí puedo hacer llegar al señor Contralor General de la República la intervención de Su Señoría, pero sin la parte en que pide iniciar la investigación.
Si usted lo estima así, señor Presidente , respeto su posición. Pero, en todo caso, solicito que se haga llegar mi intervención al señor Contralor para que, con los antecedentes aquí expuestos, disponga...
Para que tome las medidas procedentes.
...o adopte las medidas procedentes.
Daremos al oficio una redacción adecuada, evitando que se entienda que envuelve fiscalización.
Sí, señor Presidente , pero adjuntando el texto íntegro de mi intervención.
Por supuesto. Pero yo eliminaría lo concerniente al inicio de una investigación.
No, señor Presidente: que estudie los antecedentes. Pero que se consigne la expresión "juicio de cuentas".
Afinada la redacción, haré llegar el documento a Su Señoría, para que mandemos un texto de común acuerdo.
Con la expresión "juicio de cuentas".
Señor Presidente , ¿me permite?
Señor Presidente , hay una frase del Senador señor Bombal que vale la pena recoger.
Cuando el señor Presidente dijo que no podía enviar un oficio de fiscalización, el Honorable señor Bombal manifestó: "Si usted lo estima así".
Al respecto, quiero consultar si el Senado tiene o no potestad fiscalizadora. Porque, de quedar en el aire la expresión "Si usted lo estima así", se puede entender que existe la factibilidad de discutir posteriormente...
Perdón, señor Presidente , pero termino de inmediato haciendo presente la conveniencia de que determinemos cuáles son las facultades de la Cámara Alta en materia de fiscalización.
El Senado no tiene ninguna facultad fiscalizadora, por expresa disposición de la Carta Fundamental. En consecuencia, siempre que hay una solicitud de este tipo, la Presidencia , en consulta con la Secretaría, califica su contenido. Si se entiende que existe proximidad a un acto de fiscalización, se le comunica al peticionario que no es posible remitir el oficio pertinente. Fue lo que hice en esta oportunidad ante la solicitud del Senador señor Bombal , con quien revisaremos el texto para que se cumplan estrictamente las disposiciones reglamentarias y constitucionales.
Puede continuar el Senador señor Bombal.
En todo caso, señor Presidente , estoy haciendo uso de la facultad que nos concede la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en cuanto a solicitar antecedentes: pongo en conocimiento del señor Contralor General de la República la situación ya expuesta. No estoy ejerciendo fiscalización alguna, sino relatando un hecho. Hay una infracción abierta de ley en un acto de determinada autoridad que, sin tener atribuciones legales, incurrió en un gasto con fondos fiscales. Represento el hecho al señor Contralor, conforme a las facultades que nos confiere nuestra Ley Orgánica.
Señor Senador, enviaré su intervención, pero -insisto- eliminando lo relativo al inicio de una investigación.
No es la primera vez que Su Señoría me hace una objeción.
Pero, en fin, respeto su decisión.
Sin embargo, hemos tenido voluntad para alcanzar acuerdos.
Entonces, no hay problema.
Lo respeto, señor Presidente.
A usted, Su Señoría.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del Senador señor Bombal, conforme al Reglamento.
Aún resta tiempo al Comité Mixto UDI e Independientes.
No lo ocupará.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Horvath.
Señor Presidente , la autoridad está proponiendo una declaración de impacto ambiental y una resolución en consecuencia, conforme a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Nº 19.300, para un proyecto que pretende la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago con desarrollos urbanos condicionados en áreas de interés silvoagropecuario.
Se trata de una clara expansión de la ciudad de Santiago, que afectará a terrenos de aptitudes ganadera, agrícola y forestal. Empero, un proyecto de esa envergadura no puede pasar por una simple declaración de impacto ambiental, sino que debe ser materia, de acuerdo a la ley, de una evaluación de impacto ambiental. En este caso, la flexibilización de los límites urbanos, "comiéndose" las mejores tierras disponibles para tales efectos en el país, es un asunto de interés mayor.
Por lo expuesto, solicito que se oficie en mi nombre, para requerir todos los antecedentes del caso, al señor Intendente de la Región Metropolitana y a los señores Ministros de Agricultura y de Vivienda y Urbanismo.
Que se agregue mi nombre, señor Presidente.
--Se anuncia el envío de los oficios pertinentes, en nombre del Senador señor Horvath, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores Romero y Prokurica .
Señor Presidente , en sesión pasada me referí a una concesión mayor y venta directa de bienes nacionales de áreas en tres islas en la región austral, de 110 mil hectáreas, a un grupo empresarial turístico liderado por la familia de don Mario Kreutzberger y del cantante Julio Iglesias.
Obviamente, una inversión turística de tal naturaleza resulta muy atractiva para nuestra zona austral. Sin embargo, en determinado momento hicimos mención a la existencia de pobladores allí. Es el caso de don José Barrera, quien vive en punta Sobenes , en la isla Nalcayec (el fin de semana último tuvimos oportunidad de entrevistarnos con él). Además, hay otros cuatro pobladores: los señores Albornoz , Aguilar (en la citada isla), Vargas y Yáñez (en la isla Simpson). En cuanto a la isla Huemules, no hay antecedentes sobre existencia de personas. Empero, al frente, en el continente, también estaría contemplada una extensión del referido proyecto.
Mi planteamiento consiste, por un lado, en que se respeten los derechos de esos pobladores, quienes tienen planes de manejo y solicitudes que se encuentran en trámite desde hace ya varios años -y en algunos casos, décadas- para regularizar sus títulos ante el Ministerio de Bienes Nacionales; y por otro, en que se eviten los intermediarios, situación que hicimos presente a este grupo de lugareños y a algunos de sus dirigentes, porque pueden surgir personas que en el fondo traten de interceder para lograr una indemnización jugosa o algún beneficio de otra naturaleza que ni siquiera irá a parar a esa gente y que inhibirá una inversión como la señalada.
A mi entender, la inversión y el proyecto deben concretarse en forma adecuada. Por eso, solicito a las autoridades correspondientes del Ministerio de Bienes Nacionales que se respete la presencia de aquellos pobladores o se busquen de común acuerdo lugares alternativos, como de hecho también lo he sugerido con respecto a la concesión de 30 mil hectáreas que se están entregando a la empresa Maderas Aysén .
Y respecto de Maderas Aysén, formulo al Ministerio de Bienes Nacionales y a la Corporación Nacional Forestal la solicitud de que los planes de manejo que ahí se están desarrollando y el ordenamiento territorial sean vinculantes con la entrega de la concesión.
--Se anuncia el envío de los oficios respectivos, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
Señor Presidente , tuve ocasión de comprobar en terreno la grave situación que se está registrando con el huemul, animal heráldico chileno que está en peligro de extinción -y este planteamiento resulta muy oportuno con motivo de las diversas actividades de la CITES (instrumento internacional para la protección de la fauna y flora silvestres amenazadas) que se están desarrollando en Chile-: dos ejemplares de esa especie aparecieron muertos tras ser mordidos por perros en el predio La Candonga, de la empresa Forestal Aysén .
Además, ahí se superpone un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, denominado "Proyecto Darwin", mediante el cual se ponen a los huemules radio-collares que permiten estudiarlos durante sus desplazamientos. Sin embargo, uno de ellos dejó de emitir señales en movimiento; se empezó a analizar el lugar, y, finalmente, éste coincidía con la casa de un poblador y el huemul seguía desaparecido.
En tal sentido, solicito oficiar al Servicio Agrícola y Ganadero y a la Corporación Nacional Forestal para que nos hagan llegar los antecedentes sobre cómo se está supervisando el proyecto de protección del huemul, con el objeto de que sea compatible con la presencia de pobladores -cuestión que es perfectamente posible, sobre todo si media un proceso de educación y difusión- y con proyectos de intervención forestal, cuyos planes de manejo también debieran incorporar el manejo adecuado de la fauna silvestre.
Señor Presidente , en forma breve, quiero referirme a la presentación de una solicitud de autorización para construir un aeródromo, denominado " San Gregorio ", en las comunas de Buin y Paine .
Hace algunos meses la empresa privada ING Limitada, perteneciente a don Max Marambio y a otra empresa, de los señores Marambio , Rodríguez y Posada Copano , presentó una solicitud de autorización para instalar un aeródromo y una pista de aterrizaje que se enclavarían en el corazón agrícola de la zona del Valle del Maipo.
He requerido el envío de diversos oficios sobre el particular, los que aún no han sido contestados.
Al respecto, señor Presidente, llamo la atención sobre la necesidad de que se dé oportuna respuesta a los oficios que solemos enviar los Senadores.
En esta ocasión, deseo reiterar algunos de aquéllos, especialmente en el caso del Servicio Agrícola y Ganadero, a través del señor Ministro de Agricultura , con el objeto de que se me informe acerca de todos y cada uno de los precedentes que han existido sobre el cambio de uso de suelo en las zonas agrícolas de la Región Metropolitana. Porque sucede que, por ejemplo, en el área de influencia del aeródromo que se pretende construir se encuentra el Colegio Campanario, que tiene 2,8 hectáreas de terreno, respecto de las cuales el SAG no ha autorizado el cambio de destino.
Llama poderosamente la atención que 68 hectáreas de las mejores tierras de Chile puedan ser utilizadas para la construcción de un aeródromo que perfectamente sería factible instalar en cualquier otro lugar, no sólo de la Región Metropolitana, sino también de las zonas colindantes, como Rapel o Colina, o por último Los Andes , donde -dicho sea de paso- ya existe un aeródromo.
Debo destacar, señor Presidente , que el Valle del Maipo es una zona de denominación de origen. Allí se encuentran distintas viñas: Santa Rita, El Tránsito, Portal del Alto y muchas otras. Incluso, inmediatamente al lado de las tierras solicitadas para instalar el mencionado aeródromo existe una de las pocas viñas ecológicas que están haciendo sus primeros trabajos con el objeto de entrar en el área de la agricultura orgánica; en este caso, de la vitivinicultura orgánica.
Solicito, entonces, oficiar al Servicio Agrícola y Ganadero, a través del señor Ministro de Agricultura , porque me parecería extraordinariamente grave que presenciáramos la autorización de una medida de tal naturaleza, en circunstancias de que existen diversas alternativas reales para instalar el aeródromo en comento.
Por lo demás, el predio en que recae la solicitud de autorización para ese efecto tiene un camino público proveniente de una división producida a raíz de la reforma agraria (como Sus Señorías saben, todos los caminos provenientes de la reforma agraria son públicos).
También existe un cerro, denominado "Cerrillo de Cruz del Sur", cuyo nivel tendría que ser rebajado para facilitar el despegue y aterrizaje de las aeronaves que utilizarían dicho terminal aéreo.
En estas circunstancias, señor Presidente , quiero, por una parte, reiterar mi petición de que se me contesten los oficios que he solicitado enviar respecto del asunto en cuestión, y por otra, requerir que se oficie específicamente al Servicio Agrícola y Ganadero para que dé a conocer tanto los precedentes que existen acerca de la materia como la política que el Ministerio de Agricultura y el SAG van a desarrollar sobre el particular, pues sería gravísimo que se quebraran precedentes históricos.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Romero, conforme al Reglamento, con las adhesiones del Comité Renovación Nacional y de la Senadora señora Matthei .
Los Comités Socialista, Institucionales 1, Institucionales 2 y Mixto (Partido Por la Democracia) no harán uso de la palabra.
--Se levantó a las 17:14.
En 1995 la Comisión Nacional de Etica Pública emitió un completo informe sobre “Etica Pública, Probidad, Transparencia y Responsabilidad al Servicio de los Ciudadanos”. Uno de los aspectos más sustanciales de este informe se refiere al Control Social y la Prevención de la Corrupción. Para la Comisión, la promoción del control social tiene por objeto hacer operativas las prácticas exigidas a la sociedad civil para vigilar y evaluar, en un proceso continuo, las actividades de los agentes e instituciones públicas. Dicho control supone, en primer lugar, una información adecuada, oportuna y completa acerca de todo lo que pertenece y está relacionado con la esfera pública.
La Comisión hacía presente en su Informe que, no obstante disfrutar Chile de amplias libertades políticas de opinión, prensa y expresión, no existía una legislación que garantizara el acceso periodístico a la información relacionada con la gestión pública, y tampoco existía una tradición, ni menos la obligación legal, que permita hacer exigible el principio de responsabilidad, no estando los órganos del Estado obligados a rendir cuentas públicas y periódicas.
En definitiva, la Comisión, dentro de sus 41 recomendaciones, en su proposición Nº2, incluye la necesidad de incorporar los principios de probidad funcionaria a nivel constitucional, estableciendo que toda función pública deberá ejercerse con transparencia, de manera que se permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ellas, sin perjuicio de aquellas materias que, por razones de seguridad o interés nacional, deban mantenerse en secreto.
A lo anterior se añaden las medidas específicas propuestas por la Comisión en el ámbito del Control Social, como una ley de acceso a la información pública y la difusión obligatoria y periódica de informes de actividades o balances por parte de los órganos públicos.
Diversas normas legales han venido poniendo en práctica las recomendaciones de la Comisión de Ética Pública. Desde luego, en la materia que nos interesa, la ley Nº19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, estableció que la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas, precisando que su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley.
Pero fue la ley Nº 19.653, sobre probidad y transparencia públicas, la que, entre otras materias, incorporó a la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado los principios de transparencia y publicidad administrativas.
En esta ley fueron incorporadas, durante la discusión parlamentaria, materias que originalmente habían sido consideradas en otro proyecto de ley específicamente destinado a regular el acceso a la información administrativa, que se denominó Acta de Transparencia Pública (Boletín 1511-07), que posteriormente fue retirado por el Ejecutivo. Dicha iniciativa establecía el derecho de toda persona a acceder a los documentos que obran en poder de la Administración del Estado y regulaba pormenorizadamente esta materia y los procedimientos para hacer efectivo este derecho.
La Ley de Probidad estableció, en definitiva, que la función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.
Agregó, recogiendo los principios contenidos en el proyecto sobre acceso a la información administrativa retirado al que hemos hecho referencia, que son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y que esta publicidad se extiende a los informes y antecedentes que las empresas privadas que presten servicios de utilidad pública y las empresas a que se refieren los incisos tercero y quinto del Artículo 37 de la ley Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas, proporcionen a las entidades estatales encargadas de su fiscalización, en la medida que sean de interés público, que su difusión no afecte el debido funcionamiento de la empresa y que el titular de dicha información no haga uso de su derecho a denegar el acceso a la misma, conforme a lo establece la misma ley.
Asimismo, para el caso de que la información referida no se encuentre a disposición del público de modo permanente, se consagró el derecho del interesado a requerirla por escrito al jefe del servicio respectivo, estableciendo normas destinadas a resguardar los derechos o intereses de terceros, a quienes les asiste la facultad de oponerse a la entrega de los documentos solicitados, mediante procedimientos que allí se regulan.
Asimismo, se establecen procedimientos destinados a dar eficacia al derecho a obtener la información por parte de los interesados, contemplándose como únicas causales en cuya virtud la Administración puede denegar la entrega de los documentos o antecedentes requeridos, las siguientes: la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; el que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; la oposición deducida en tiempo y forma por los terceros a quienes se refiere o afecta la información contenida en los documentos requeridos; el que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el jefe superior del órgano requerido, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional.
La decisión de estas materias puede llegar, en definitiva, a ser resorte de los tribunales de justicia -en ciertos casos la propia Corte Suprema- mediante el la formulación de los reclamos respectivos, sea por vencimiento del plazo para la entrega de la documentación requerida sin que ella haya sido proporcionada, sea que se deniegue la petición por una causal no prevista en la ley.
No obstante el significativo avance que estas disposiciones legales representaron en materia de transparencia y publicidad de los actos de los órganos del Estado, aún subsisten limitaciones que, incluso, ha llevado, en ocasiones, a recurrir a la Contraloría General de la República, para obtener la documentación negada por los servicios públicos.
Como ejemplo, puede citarse el caso que dio origen al Dictamen Nº35.259, de 14 de diciembre de 2000, del Organismo Contralor:
Un particular se dirigió a la Contraloría General haciendo presente que la Subsecretaría de Obras Públicas se había negado a proporcionarle copia de un documento mediante el cual esa Subsecretaría solicitaba a la Contraloría la reconsideración de un dictamen anterior que favorecía directamente al interesado, negándose la Subsecretaría a proporcionar al interesado una copia de la solicitud de reconsideración, en base a que "no existe disposición alguna que establezca la obligación de otorgar copia de las actuaciones que realice esta Secretaría de Estado en sus relaciones con otros órganos de la Administración", y que la Ley de Probidad no era aplicable a esta situación, ya que la autoridad no había adoptado ninguna decisión relativa a la petición del interesado.
En atención a esta negativa, el interesado solicitó un pronunciamiento de la Contraloría sobre el particular, la que debió reconocer que la Ley de Probidad reguló especialmente la publicidad de los actos administrativos “decisionales”, esto es, de las declaraciones de voluntad mediante las cuales la Administración en función de una potestad administrativa manifiesta su decisión en un sentido determinado, y la de los documentos que le sirvan de fundamento, caso en que no se encontraba el documento solicitado por el interesado, por no constituir un acto administrativo decisional en los términos que lo previene la ley citada, al no contener en sí mismas una resolución sobre alguna materia determinada, por lo que la Ley de Probidad no amparaba al recurrente para los efectos de obtener copia del documento que le interesaba.
Debió en consecuencia la Contraloría recurrir a su propia jurisprudencia administrativa, que indica que la Administración activa se encuentra obligada a entregar copia de un documento a un particular que lo requiera siempre que se cumplan dos requisitos: que ese documento “no se refiera a asuntos que revistan el carácter de reservados” -ya que de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Administrativo los funcionarios públicos se encuentran obligados a guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados “en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales”-, y que la información contenida en el antecedente solicitado “afecte directamente al particular o se vincule con situaciones fácticas concretas en que le corresponda intervenir”.
En definitiva, el Organismo de Control concluyó que el documento solicitado no era reservado por los conceptos señalados en el Estatuto Administrativo, esto es, en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales, y que resultaba claro, además, que decía relación con una materia que afecta de modo directo al particular interesado.
Debió, en consecuencia, la Contraloría recurrir a normas distintas a las incorporadas por la Ley de Probidad para dar efectividad al derecho de quien solicitaba el documento, por resultar éstas insuficientes.
Sin embargo, las normas que en ese caso hicieron posible el ejercicio de este derecho, son también claramente restrictivas, ya que no sólo exigen que quien solicita un documento de la Administración tenga un interés muy directo comprometido, sino que admiten la negativa por un deber de reserva fundado no sólo en la ley y el reglamento, sino incluso en la naturaleza del documento o por instrucciones especiales.
Los antecedentes que hemos descrito indican que, no obstante el significativo aporte a la transparencia y publicidad de los actos de la Administración que representó la Ley de Probidad, existen en sus normas limitaciones que conspiran contra el pleno logro de las finalidades perseguidas con su dictación, especialmente si se considera que uno de sus principales fundamentos, tal como lo planteó la Comisión Nacional de Etica Pública, es que existan medidas efectivas de control social para prevenir la corrupción, posibilitando, de parte de la sociedad civil, vigilar y evaluar continuamente las actividades de los agentes e instituciones públicas, mediante no sólo una información adecuada, oportuna y completa acerca de todo lo que pertenece y está relacionado con la esfera pública, sino que fortaleciendo las herramientas que permitan un ejercicio más pleno de las libertades políticas de opinión, prensa y expresión, garantizando el acceso periodístico a la información relacionada con la gestión pública, y removiendo la secular tradición de secretismo de la Administración.
Creemos, asimismo, que para que ello no ocurra es preciso actuar con prontitud, eliminando cualquier limitación injustificada en el acceso a la información de la gestión administrativa, especialmente franqueando a la prensa un acceso expedito a la información producida al interior del aparato del Estado, porque creemos, también, que no existe mejor prevención contra la corrupción ni fiscalización más eficaz para reprimirla, que la que puede ejercer una opinión pública bien informada a través de medios de comunicación libres, independientes y responsables.
Estimamos, pues, necesario introducir perfeccionamientos en la actual legislación, destinados a remover sus actuales limitaciones y abrir nuevos cauces para la acción de los medios de comunicación y de los particulares en general, para lo cual debe ampliarse la actual obligación de publicidad a todos los actos de la Administración, actualmente limitada a los actos decisionales, y establecerse que, tratándose de medios de comunicación establecidos de acuerdo a la ley, debe presumirse siempre que, por su función social, en sus requerimientos de información existe siempre un legítimo interés comprometido, como lo es la transparencia y claridad que el país exige en las actuaciones de los organismos públicos.
Por las razones expuestas, venimos en someter a la consideración del Honorable Senado el siguiente:
Artículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 13 de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado en el Diario Oficial de 17 de noviembre de 2001:
1)Reemplázase sus incisos segundo y tercero por los siguientes:
“La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de todos sus actos.
Son públicos los actos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que obren en su poder. Para estos efectos se considera documento todo escrito; correspondencia a través medios físicos o electrónicos; memorándum; plano, mapa, dibujo o diagrama; documento gráfico, fotografía o microfilm; grabación sonora o de video; cualquier dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o digitales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera sea su forma física o características, y las copias de aquellos.”.
2)Intercálase, a continuación de su inciso quinto, el siguiente inciso nuevo:
“Para los efectos previstos en el inciso precedente y de lo establecido en cualquier norma legal o reglamentaria que exija revestir la condición de interesado para requerir información o documentos de los órganos de la Administración del Estado, se presume de derecho que los medios de comunicación social establecidos en conformidad a la ley Nº19.733, tienen tal condición.”.
(FDO.): Sergio Romero Pizarro,Senador de la República

References: resolución 
 artículo 25
 artículo 127
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 Artículo 37
 resolución 
 artículo 13