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Águila Real ( Jesús RLL) | Una visión desde arriba | Página 2
14 junio 2015 · 7:22 pm
Escrito el 23 Enero 2011 sobre Guinea Ecuatorial. Recuperado.
Este era más o menos el título de la asignatura de Pre-universitario, lejanos diecisiete años y muy extrañada Academia Luz de Madrid. Los ‘territorios’ eran las colonias: Sahara y Guinea Ecuatorial (Santa Isabel y Rio Muni). Quizás fue en ese punto el despertar de mi conciencia internacional, viendo como España, además de ‘las Américas’, tenia responsabilidades en dos territorios tan alejados mentalmente de nosotros cómo eran los africanos. Y ambos bien distintos, uno enraizado con lo árabe y el segundo en el corazón del África negra. Por otro lado en aquellos tiempos de Franco lo de Hispanoamérica se quedaba prácticamente en las idea de ‘madre patria’, porque no vi en mi escuela que se profundizara en el conocimiento, divulgación y enseñanza de lo nativo, sus pueblos, sus costumbres, sus diferentes lenguas… que hubieran hecho y hacen ridículo hoy día el permanente, masoquista, visceral y a la larga sicológicamente suicida discurso político sobre el rechazo de las lenguas nacionales, las diferentes personalidades y las culturas de nuestra España. Cuánto hemos aun de aprender aquí en esta ‘madre patria’ de nuestros hijos transoceánicos. Por eso, aquella asignatura (cada año un tema diferente) sobre África, continente solo bien conocido en general por explotadores de esclavos, siglos ha, y ahora de recursos minerales, sembró seguramente en mi o al menos alimentó mi naciente curiosidad por los pueblos y sus culturas.
Años después, casi cincuenta, hete aquí que he caído en paracaídas hace casi un año en la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, antigua Santa Isabel, de la isla del mismo nombre, hoy Bioko, primero con el compromiso de terminar unas viviendas sociales, después con un visado para entrevistarme con uno de los prohombres (entrevista fallida), finalmente para colaborar en la puesta en marcha de otras viviendas sociales en el área de desarrollo de la capital. Eso me ha llevado desde hace tiempo a permanecer el país varias semanas cada mes, pasear por Malabo, sortear sus baches, soportar los diluvios, observar el trabajo de las compañías chinas, ir conociendo la Administración, las gentes, sus costumbres.
Ayer estuve largo rato hablando con Francisco (nombre supuesto) en su despacho de la sexta planta del moderno edificio de Malabo II. Francisco puede contar en primera persona la historia de Guinea Ecuatorial de los últimos sesenta años. Confieso que me entristecí al escuchar sus relatos, mucho más al observar por mis bastantes días ya pasados aquí que lo que él me contaba coincidía con mi percepción. Con el argumento de que no se respetan los derechos humanos y el de la corrupción generalizada,- que creo es mucho más consistente el segundo que el primero -, la España oficial (léase los González, los Aznar y también los Zapatero, acompañados para bien y para mal de los politiquillos de segundos niveles, los funcionarios apegados a sus mesas y, cómo no!, de los corifeos contertulianos) ha ido entregado el país a manos francesas, marroquís, chinas ( están en toda África!). Somos tan puritanos, tan papistas, tan estrictos en nuestras creencias democráticas; nos creemos tan buenos, sabios y poseedores de la verdad: desde nuestros micrófonos se pontifica, el papel impreso difunde datos en aras de la libertad de expresión (la que a ellos les interesa?), que a muchos padres les cuesta entender que cuando un hijo se independiza hay que respetarle en sus decisiones porque su barco ha salido a navegar a alta mar y solo nos queda ser el buen puerto al que pueda acogerse , si lo necesitan.
Me decía Francisco, él lo vivió como casi protagonista, que la petrolera mixta guineano-española analizó los perfiles geológicos del país y concluyó que no había petróleo, que tuvieron que viajar a Estados Unidos ‘sin un franco en el bolsillo, esperando a comer cuando en el avión nos dieran comida y bebiendo el agua del grifo de los lavabos’. hicieron recorrido por los estados petroleros de USA y una pequeña y familiar compañía marginal se hizo cargo de la explotación de la que hoy (han pasado solamente unos pocos años) es la tercera reserva de petróleo en África. Me contaba que tuvieron que entregar la seguridad presidencial a los marroquís, después que los españoles se la negaran con variados argumentos jurídicos y políticos; que Giscard (que listos son los franceses!) les pago la entrada en el sistema monetario que estaban montando en África Central y del Oeste para tener moneda de paridad fija con el euro (el Franco CFA), pero eso fue después que España se negara a facilitar que la Peseta fuera la moneda nacional guineana (seguramente con razonamientos de peso por nuestra parte, pero imponiendo condiciones tan fuera de lugar como que queríamos varios ministros españoles, varios directores generales españoles, etc , sin darse cuenta ‘padre padrone’ que la independencia implica respeto a la dignidad de los independientes). A mi me sorprende encontrarme la ‘gendarmería’ por las calles, pero eso fue después que los profesores españoles (del ejercito) que debían iniciar las clases a la futura Policía Nacional guineana, desparecieran por orden de Madrid y los de aquí tuvieran que acudir a Paris, quien en pocas horas dispuso de profesorado francés-español para enseñar a los futuros policías, desde entonces denominados gendarmes. (Más tarde debió rectificarse porque existe la Policía Nacional)
Y así fue Francisco desgranando tantas y tantas peticiones denegadas por España – que ‘nos producen llanto’ -, siempre en voz pausada, sin exageraciones, matizando los calificativos, sin facturas, simplemente exponiendo los desencuentros entre un padre que –por hipócritas motivos políticos: críticas de la oposición, acusaciones de favorecer regímenes dictatoriales, votos a ganar o perder, imagen de puros demócratas, ruptura patente con el pasado fascista, etc. – ha intentado imponer sus criterios al hijo ya independiente.
Repetía Francisco que siempre, desde el derrocamiento de Macías, había sido informada España anticipadamente de las necesidades y se le había ofrecido ser la primera en beneficiarse de las riquezas de la colonia. Y que, a excepción del Rey –que puede hacer solo lo que dicta la Constitución- y en aquel entonces Suárez – irrepetible para una época también irrepetible- , las respuestas siempre habían consistido en exigencias de cara a la galería, pretensiones inadecuadas, demandas inaceptables, intromisiones impropias…
Fue triste oír ese ‘llanto’ de una persona culta, muy viajada, que no dejaba de repetir lo que ya he oído en otros despachos y en la calle: el orgullo de haber sido colonizados por España, el recuerdo imborrable del Ejército Español y la Guardia Civil de aquellos tiempos en su labor colonizadora (algo parecido a su admirable acción en las diversas acciones internacionales, de los muy pocos que lejos de las poltronas y de las miserias de la política , son capaces de mirar al futuro dando lo mejor de sí y ,en nombre de España, servir y ayudar a los pueblos y a sus gentes en cada país de destino). Y el orgullo de defender el idioma en todas las convenciones africanas en donde se exige francés, inglés o árabe, y siempre que está Guinea Ecuatorial, español. Para que haya que recordar a un muy famoso ministro de González, desde hace años casado con una porcelanosa publicitaria, quien se dirigió a la representación ecuatoguineana en inglés, o aquel otro que , viendo que unos negros le hablaban español, les espetó: ¡Ah, ustedes son cubanos!
¿Cuántos profesores enseñan a sus alumnos que, aparte de Latinoamérica, existe un país en África en el que se habla español? ¿Ha habido – yo no lo sé, simplemente lo sospecho- alguna incorporación oficial de Guinea Ecuatorial en todo el inmenso trabajo hecho por la Real Academia para armonizar, difundir y concatenar los diferentes ‘españoles’ que hay en el mundo? (Siempre se podrá contestar que se les invitó, pero no vinieron, o algo por el estilo. Pero aquí se habla español, no se olvide) ¿Alguien ha pensado que los niños guineanos también reirían con las gracias de los payasos explicadas en español o leerían las historietas y novelas – que se recogen para entregar a los países de habla española, sudamericanos está claro! -, en un país en el que es prácticamente nula la difusión de la literatura española?
¿Somos conscientes de que Guinea Ecuatorial es el único país del áfrica negra que habla español y es el eslabón natural – cualquiera que sea la relación que intente establecerse- entre los de habla hispana del otro lado del océano y todo un continente, el africano, en donde las antiguas metrópolis se sitúan al norte de los Pirineos y que desde hace años, mucho más hoy día, está en el punto de mira de la macro potencia mundial en su política de ‘infraestructuras por recursos’ ?
Nos perdemos en el fuero y el huevo, la interminable discusión de los derechos y deberes, la imposición de nuestros paternales y centralistas criterios como si el ombligo del mundo se situara en el kilómetro cero, el cultivo y disfrute narcisista de nuestros pecados capitales en los que nos regodeamos, el placer del presumir de ser antes que el querer ser para, si es preciso, presumir.
Ahora que la crisis nos resitúa, se oyen voces que valorizar de nuevo el trabajo, el esfuerzo, la austeridad… Quizás deba instalarse un notable periodo de penurias y estrecheces para que reordenemos nuestra escala de valores, la humildad aflore de nuevo en nuestro quehacer diario y la generosidad política, el respeto a las ideas y a las culturas permitan pasar página. Porque el mundo sigue girando, mal que les pese a algunos
Desde lo alto de mi vuelo, disfruté escuchando a Francisco, su decir armonioso, pausado, natural. Y me entristecí al ser consciente de su llanto.
21 septiembre 2014 · 1:04 pm
Las verdaderas consecuencias legales de desobedecer el Tribunal Constitucional (Núria Orriols)
Traducción del artículo de Núria Orriols publicado en Vilaweb (04/09/2014)
http://www.vilaweb.cat/noticia/4209070/20140904/veritables-consequencies-legals-desobeir-tribunal-constitucional.html
Las verdaderas consecuencias legales de desobedecer al Tribunal Constitucional
VilaWeb consulta expertos en derecho constitucional y penal para averiguar qué vías legales puede emprender el estado español
Las instituciones catalanas han recibido muchas amenazas cuando se ha hablado de las consecuencias legales de mantener la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre en caso de que el Tribunal Constitucional español (TC) la suspendiera: prisión para el presidente Mas, suspensión de la autonomía y muchos más esperpentos, algunos de bastante dramáticos. Todo ello forma parte de la estrategia del miedo. Pero ¿qué hay realmente de cierto? ¿Qué herramientas tiene el gobierno español si los partidos soberanistas organizan la consulta, contra la prohibición del TC? VilaWeb ha consultado expertos en derecho penal, constitucional e internacional, que han explicado qué disposiciones contiene el ordenamiento jurídico para actuar contra el proceso catalán.
El penalista Joan Carreras aclara, antes que nada, que el código penal español no está pensado para responder a procesos políticos, sino que sirve para ‘castigar’ en caso de delito. El proceso catalán es una aspiración política, perfectamente válida, dice, en el marco constitucional. De acuerdo con la sentencia del TC contra la declaración de soberanía, añade, se trata de una aspiración que puede encajar en la constitución española.
Hecho el matiz, Carreras explica que hay unos cuántos artículos del código penal que la parte interesada –el gobierno español–, haciendo una ‘interpretación forzosa’, podría invocar en caso de que el presidente de la Generalitat Artur Mas y el conjunto de fuerzas políticas partidarias del derecho a decidir mantuvieran la consulta a pesar de la suspensión cautelar del TC.
Ahora bien, cree que es complicado encontrar una ‘ensambladura rigurosa’ entre los delitos tipificados actualmente en el código y el hecho de convocar procesos electorales o una consulta, sin tener las atribuciones para hacerlo. Uno de los principios fundamentales de este ámbito del derecho, explica Carreras, es que para aplicar una norma penal hace falta que esta norma condene expresamente la acción enjuiciada, cosa que no pasa en este caso. ‘No se puede hacer nunca una interpretación perjudicial’ para el acusado, dice Carreras.
Este no era el escenario una década atrás. Carreras explica que en 2005 se derogó una parte del artículo 506 sobre usurpación de funciones. En este artículo –que había introducido el gobierno de José María Aznar en 2003– se castigaba la autoridad que convocara procesos electorales o consultas populares por vía de referéndum sin competencias para hacerlo, y las penas podían ser de tres años a cinco de prisión e inhabilitación. En la misma modificación, también se penalizaba quienes facilitaran, promovieran o aseguraran la realización de tales procesos o consultas.
Estos artículos se modificaron durante el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, cumpliendo una de sus prometidas electorales. La exposición de motivos de la ley orgánica que modifica este artículo establece que las conductas a que se refieren los artículos modificados ‘no tienen suficiente entidad para merecer una respuesta penal, y menos todavía si se prevé la prisión’. Y dice, además, que ‘el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quienes no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vías diferentes de la penal’.
Rebelión, sedición o prevaricación
Carreras admite, pero, que el gobierno del estado puede utilizar el código penal y acusar a Mas o al gobierno de Cataluña de rebelión, sedición, de usurpación de funciones o prevaricación. ‘Haciendo una interpretación sesgada, el gobierno español puede considerar que la actuación de Mas es constitutiva de estos delitos’, asegura. Esto abriría la puerta a un proceso judicial, de un aforado en el caso del presidente Mas, sometido a todas las garantías jurisdiccionales y procesales.
Carreras se refiere primero al artículo 506, relativo a la usurpación de atribuciones. Hace referencia a ‘la autoridad o funcionario público que, sin atribuciones, dicte una disposición general o suspenda la ejecución’. La sanción por esta actuación sería una pena de prisión de un año a tres e inhabilitación del cargo público.
Otro supuesto es el de ‘rebelión’, definida al artículo 472 como delito en que incurren aquellos quiénes se levanten violentamente y públicamente por unos objetivos –entre los cuales, ‘derogar, suspender o modificar totalmente o parcialmente la constitución’, o bien ‘declarar la independencia de una parte del territorio nacional’; en este caso, una declaración unilateral de independencia. La pena sería de doce años a veinte.
Ahora bien, Carreras remarca que en este artículo se requiere específicamente que haya violencia, y convocar la consulta no encaja en este supuesto.
Yendo más allá, también menciona el artículo 544 del código penal, donde se define el delito de sedición. ‘Los acusados de sedición son aquellos que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se levanten públicamente y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.’ La pena es de ocho años a diez de prisión.
Este artículo, dice Carreras, no habla de violencia, sino que hace referencia al concepto jurídico de ‘tumulto’, es decir, mucha gente la calle. Cree que es un concepto jurídico que ‘no tiene mucho sentido’.
En cuanto al abuso de poder, o prevaricación, se trata de un supuesto en que la autoridad pública –Mas, en este caso–, ‘sabiendo que comete una injusticia, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo’. La pena sería la inhabilitación en el cargo de siete años a diez.
Aun así, Carreras explica que Mas no favorece su propio beneficio o el de sus familiares y, además, que se tiene que valorar la parte subjetiva del delito. ‘Basta con firmar una resolución para cometer prevaricación’, dice, pero se tiene que tener en cuenta qué pretende el autor en su actuación.
Vale para las dos partes
Cuando Carreras explica estos artículos que puede invocar el gobierno español para acusar Mas, recuerda que el código penal lo es para ambas partes. Es decir, en el supuesto de que el gobierno del estado intentara suspender la autonomía –tal como se ha especulado muchas veces– también la parte catalana podría acusar Madrid de prevaricar, puesto que incurriría en un abuso de poder: ‘No únicamente puede ser acusado de determinadas actuaciones el presidente de una comunidad autónoma; también el estado.’
Qué mecanismos constitucionales tiene el gobierno español?
En relación con los artículos de la constitución que el estado español podría aducir si Artur Mas desobedeciera al Constitucional, Marcel Mateu, profesor de derecho constitucional de la UAB, se refiere al artículo 155. En él se especifica que ‘si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente gravemente contra el interés general de España […] con la aprobación del Senado podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de estas obligaciones.’
Mateu explica que el PP podría hacer valer la mayoría absoluta en el Senado para autorizar su gobierno a aplicar medidas extraordinarias, a pesar de que la constitución española no especifica cuáles.
Según él, el artículo 155 no es previsto para aplicarlo en un caso como el que se presenta, pero admite que el estado podría entender que se atenta contra el interés general de España. Dice que, en medios académicos, este artículo es conocido por ‘cláusula Companys’, es decir, que tiene el objetivo de evitar actos de desobediencia como los Hechos del Seis de Octubre del 1934, durante la Segunda República.
Sin recorrido internacional
Si el gobierno español acusara Mas de los delitos explicados anteriormente, sería juzgado en el estado español, como asunto interno. Más allá de esto, ‘no hay recorrido a instancias internacionales’, explica el politólogo Ferran Requejo. Aclara que no se podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque no se trata de legislación comunitaria; ni a la Corte Internacional, que es un órgano de las Naciones Unidas, con la jurisdicción enmarcada en los estados miembros. Hoy por hoy, ‘Cataluña no es un actor político internacional’.
En cuanto al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, cree que el caso se tendría que presentar como una cuestión de vulneración de los derechos humanos. ‘Entiendo que no tiene por donde cogerse’, dice. Además, para poder llegar a este Tribunal del Consejo de Europa, hay que agotar previamente las instancias internas de los estados. En el caso de España, después de pasar por las jurisdicciones correspondientes, llegaría al Tribunal Constitucional.
‘Una ley suspensa no se puede aplicar’
De acuerdo con la constitución española, si el gobierno español impugna una ley autonómica, el Tribunal Constitucional tiene que admitir la impugnación a trámite y suspender la ley y todo aquello que se derive. Marcel Mateu explica que, llegados a este punto, el TC tendrá cinco meses para levantar o no la suspensión cautelar de la ley.
El criterio que se usa para mantener la suspensión es el daño que puede causar la aplicación de la ley mientras el Tribunal Constitucional valora la constitucionalidad. En el caso de la ley de consultas, Mateu considera que ‘seguramente quedará suspendida’ hasta dictar sentencia. El periodo entre la impugnación y la decisión definitiva puede ser tan largo como quiera el TC. Ha habido casos de todo, recuerda: la sentencia en el recurso del estatuto tardó cuatro años, por ejemplo. Pero también pueden considerar que interese darse prisa: ‘Por desgracia el TC es un tribunal político, a pesar de que formalmente actúe como un órgano jurisdiccional.’
¿Y qué pasa si los partidos favorables al derecho de decidir, con el presidente de la Generalitat al frente, deciden llevar a cabo la consulta? Para Matáis está claro: ‘Jurídicamente, la ley de consultas no se podrá aplicar.’ Añade que para aplicarla hacen falta órdenes de la consejería implicada –en este caso, la de Gobernación que dirige Joana Ortega. Esto implicaría ordenar a los funcionarios de la Generalitat que actuaran de acuerdo con una ley suspendida: ‘Si lo hicieran, ordenarían a un funcionario de hacer algo que legalmente no puede hacer, lo pondrían en la disyuntiva de obedecer las órdenes de su superior o al Tribunal Constitucional.’
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References: artículo 506
 artículo 506
 artículo 472
 artículo 544
 resolución 
 resolución 
 artículo 155
 artículo 155