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Timestamp: 2020-01-17 15:47:43+00:00

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SALA CIVIL SALA CUARTA DE DECISIÓN - Sala civil familia laboral
Radicación número: 41396-31-89-002-2009-00035-01
Actor: BENJAMIN TORRES GÓMEZ y OTROS
Demandado: HECTOR ORLANDO GÓMEZ
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / SUMA DE POSESIONES
La posesión ejercida y demostrada, supera el lapso 20 años mínimo para que se configure la prescripción adquisitiva de dominio, sumada la del causante con la de los demandantes, en la que si bien se advierte en los testigos diferencia en el tiempo, ya que afirman que lo fue de 35, 40 y 50 años, se entiende que cada uno de los testigos hace referencia a que la misma fue apreciada durante toda su vida, precisando el declarante ALFREDO CONTA, que antes del causante, ejerció actos propio de dueño el padre de este, señor NESTOR NUÑEZ, es decir que el pretendido predio siempre ha estado en la familia, y los demandantes a partir del fallecimiento de su padre el 14 de noviembre de 2000, con excepción de la esposa demandante, quien continuó en tal calidad la posesión del predio, por lo que se debe acceder a las pretensiones imploradas, sin lugar a condenar en costas porque la parte actora no ha sido vencida en juicio, ni se ha presentado oposición, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 392 del C.P.C.
Neiva, veintidós (22) de noviembre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41298-31-03-001-2008-00123-01
Actor: GRICELDA NUÑEZ NUÑEZ y OTROS
Demandado: PERSONAS DESCONOCIDAS e INDETERMINADAS
TASA DE INTERÉS APLICABLE POR LA MORA EN EL PAGO DE CONDENA JUDICIAL / ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993 / DESCUENTO DEL 12% POR PAGOS EN SALUD
En este orden de ideas, la tasa aplicable en caso de mora en el pago de mesadas pensionales del Sistema General de Pensiones una y media veces el interés bancario corriente que certifica mensualmente la Superintendencia Financiera, esto es, al momento en que se efectuó el pago ordenado en el fallo -19 de noviembre de 2008- mediante Resolución No 1555 de septiembre de 30 de 2008, la Superintendencia Financiera autorizaba un interés corriente del 21.02 % efectivo anual, lo que multiplicado por 1.5 arroja como resultado un interés moratorio del 31.53 % anual , equivalente al 2.63% mensual y no 2.31 % como señala el recurrente.
En consecuencia, al pensionado sólo se le debe descontar de su mesada el 12% para aportes al sistema de seguridad social, tratamiento aplicable desde el 01 de enero de 2008, lo que implica que puede proceder la devolución o compensación de los valores cobrados al aplicar la tarifa del 12%.
Así las cosas, se advierte que el porcentaje del 12 % que se debe descontar por concepto de cotizaciones para salud, se debe aplicar sobre el monto del valor de las mesadas pensionales adeudadas y en forma alguna se deben incluir para este efecto los intereses por mora a cargo de la entidad demandada, siendo acertada la modificación que hiciera el a quo en la decisión objeto de alzada.
Auto: Neiva, seis (6) de julio de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-003-2003-00438-04
Actor: LUIS EDUARDO IBAGON SANCHEZ
Demandado: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.
COMPETENCIA EN LOS PROCESOS CONTRA LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / FACTOR SUBJETIVO / RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE / CAPRECOM
De esta forma, de acuerdo a las precisiones hechas, si se tiene en cuenta que la demandada tiene domicilio en la ciudad de Neiva y la demanda se radicó en la misma ciudad, conforme se verifica a folio 2 del cuaderno del Juzgado, es indiscutible que es el juez del lugar del domicilio del demandado, a elección del actor, quien debe abocar el conocimiento del asunto, razón por la que debe asumir el proceso ante quien inicialmente se presentó la demanda en atención a la escogencia a prevención que hizo el actor.
Auto: Neiva, catorce (14) de julio de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-001-2009-00320-01
Actor: GILMA SILVA QUIZA
Demandado: CAPRECOM
CONTRATO DE TRABAJO / MADRES COMUNITARIAS / CARGA DE LA PRUEBA
De las pruebas citadas, previo análisis de los lineamientos jurisprudenciales relacionados, se evidencia con claridad que la labor realizada por la actora obedece a la ejecución de la modalidad de Hogares Comunitarios FAMI, que se lleva a cabo mediante contratos de aporte que suscribe el I.C.B.F. con las Asociaciones de Padres de Familia, quienes se encargan de vincular a las madres comunitarias para la ejecución del contrato, caso en el cual, de acuerdo a la ley 89 de 1988, al Decreto 2019 del mismo año, Decreto 1340 de 1995 y el Acuerdo No. 039 de 1996, no se estructura una relación laboral, en tanto la aceptación de la vinculación al programa se hace como un trabajo solidario y voluntario a través de la celebración de contratos de aporte, en los que se excluye la existencia de un contrato de trabajo, no obstante, manejar ciertas directrices y lineamientos en cumplimiento del objeto del programa de Padres o Madres Comunitarias FAMI.
Conforme a los presupuestos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en principio, la carga de la prueba recae en el demandante, es decir, que es a la señora NIRCE URBANO BUESAQUILLO a quien le corresponde acreditar la concurrencia del primero de los elementos, esto es, la prestación personal del servicio, pues los restantes se presumen, siendo desvirtuados en este caso por el instituto demandado, al demostrar que la vinculación de la actora correspondió a un contrato de aporte, previsto en las leyes en cita, circunstancia que disipa cualquier duda en torno a la existencia de un contrato de estirpe laboral, pues de las probanzas obrantes se infiere que la demandante no recibía órdenes directas del demandado, no tenía un horario de trabajo y lo que recibía por su labor no se puede catalogar como salario.
Neiva, catorce (14) de septiembre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-001-2009-00056-01
Actor: NIRCE URBANO BUESAQUILLO
Demandado: I.C.B.F.
NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN / SANEAMIENTO / CONVENIO DE INVERSIÓN SOCIAL ENTRE MUNICIPIO Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL / CONTRATO DE TRABAJO / SOLIDARIDAD
Ahora bien, la nulidad reclamada por el municipio de Teruel, no puede ser atendida positivamente, como quiera que si bien el Juzgado a quo, en auto de 21 de junio de 2006, incurrió en yerro al referirse a la Junta de Acción Comunal del barrio San José, indicando que correspondía al Municipio de Campoalegre, cuando lo correcto era el Municipio de Teruel, en el proceso no se verifica que la demandada, la Junta de Acción Comunal o el Municipio de Teruel, hubiesen realizado diligencia alguna tendiente a obtener la notificación a los llamados en garantía o a quien se le denunció el pleito, máxime si dicha decisión – la de aceptar el llamamiento y la denuncia -, se notificó por estado.
Adicionalmente, los demandados en este proceso en momento alguno reclamaron sobre dicho yerro, de manera que si hubiese estado atento al desarrollo del proceso hubiera bastado con corregir el nombre del municipio al que correspondía el barrio cuya Junta de Acción Comunal se demandó, como quiera que el litigio se trabó con el municipio de Teruel y no con el de Campoalegre, actos procesales debidamente conocidos por las partes.
Ya se ha consignado, que el objetivo de las Juntas de Acción Comunal es la expresión de la comunidad y constituye motor comunitario para el desarrollo y bienestar social, por lo que puede participar e intervenir en la inversión social, por tanto su objetivo primordial no es el de construir acueductos o alcantarillados, ni de ahí se puede derivar que el personal que de manera temporal le haya prestado sus servicios pueda, reclamar solidaridad para la satisfacción de sus acreencias.
Por lo anterior, no son determinantes de la decisión sobre la solidaridad, la sanción que adoptó el Juzgado a quo, que declaró por inasistencia de la parte demandada -Junta de Acción Comunal-, las consecuencias del articulo 77 del Código Procesal del Trabajo y la SS, como tampoco los documentos traídos por la actora como la Historia Clínica del señor GURRUTE GUEVARA, los pagos realizados para Seguridad Social, o el pago del salario por los servicios prestados, pues ellos no establecen la afinidad entre las actividades básicas del municipio demandado y la Junta de Acción Comunal.
Neiva, diecisiete (17) de marzo de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-003-2006-00064-01
Actor: EMILIO GURRUTE GUEVARA
Demandado: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE TERUEL Y OTRO
CONTRATO DE TRABAJO / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS / INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD / CONFESIÓN FICTA O PRESUNTA
De esta forma no se evidencia la presencia del elemento subordinación, que determinaría que la vinculación, que rigió entre las partes se trató de un verdadero contrato de trabajo, por lo que su no presencia significa que acorde a la denominación dada, en los diferentes contratos suscritos, las últimas vinculaciones obedecieron a contratos de prestación de servicios, porque como se ha advertido, el contratista gozaba de independencia dentro del marco acordado, es decir prestación de turnos, y de manera lógica, para la buena marcha de la prestación del servicio por parte de la entidad demandada, cualquier cambio de turno se tramitaba por conducto de la Coordinación Médica, quien reorganizaba el servicio a partir de la ausencia.
Con esto, es claro el elemento prestación personal del servicio del actor y el de remuneración, sin embargo, se repite, la subordinación no se presenta, pues se verifica que los turnos que debía cumplir se programaban de manera concertada y de acuerdo a la disponibilidad del demandante, quien trabajaba en el Hospital “Hernando Moncaleano Perdomo”, razones por las cuales se desnaturaliza el pretendido contrato de trabajo.
En el caso que se estudia, el juez declaró que se presumirían como ciertos los hechos susceptibles de confesión, para la parte demandante, sin mas, esto es, no se pronunció acerca de cual de ellos se tendrían como tales, exigencia que de no cumplirse, no otorga eficacia a este medio de prueba, cuya fuerza no será plena mientras exista dentro del proceso prueba en contrario, -de acuerdo a las disposiciones del artículo 210 del C. de P. C.- y siempre y cuando cumpla los parámetros generales que para la producción regular de cualquier medio probatorio consagran las normas civiles.
De ésta forma, comoquiera que no es posible deducir a partir de la prueba testimonial y documental, que en el presente caso se ejecutó un contrato de trabajo, en tanto no se verifican todos los elementos que este exige y tampoco es dable hacer las declaraciones demandadas a partir de las consecuencias que impone la confesión ficta, establecida en el artículo 77 del C. de P. L., se confirmará la decisión apelada.
Neiva, diez (10) de marzo de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-002-2008-00301-01
Actor: HUGO HERNANDO BAHAMON TOVAR
Demandado: CORPORACION IPS SALUDCOOP HUILA
CONTRATO DE TRABAJO / CARGA DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN PROBATORIA / PRUEBA TESTIMONIAL
3.2.2.- La prueba testimonial, tanto trasladada como recaudada en el proceso, coincide plenamente por percepción directa, bien por frecuentar el taller o trabajar en el mismo, en la prolongada vinculación de las partes al taller en que afirma el actor prestó sus servicios personales, a quienes apreciaron trabajar en calidad de soldador el demandante , y tornero el demandado, y en calidad de propietario, al señor VALENTIN SALAS MEDINA, hechos no discutidos en cuanto a una primera etapa, cuando el taller funcionaba en la carrera décima con el nombre SAME, presentándose diferencia en una segunda etapa, a partir de 1993, que es la reclamada por el actor, en la que el taller se había trasladado a la carrera doce, momento en el cual el señor VALENTIN SALAS MEDINA, en el interrogatorio trasladado, afirma celebró contrato verbal con el demandado para la explotación del taller en la doce, comprometiéndose el señor HERNANDEZ DURAN a trabajar en el pequeño taller, sufragar gastos y dividir utilidades, ilustrando el arrendador del local señor ALEJANDRO ORDOÑEZ que con posterioridad al desalojo del otro sitio donde funcionaba taller en la carrera 10, les arrendó a los hoy litigantes, quienes le pagaban el arriendo, es decir que el demandado fue un arrendatario, hecho indicador de una vinculación de no dependencia, puntualizando el testigo que no le conste la existencia de contrato de asociación entre los arrendatarios, pero si expresa que en los últimos tiempos el señor HERNANDEZ estuvo al frente del taller para todo, cotizar, hacer trabajos, abrir, cerrar, asistiendo ocasionalmente el señor VALENTIN SALAS, desconociendo como eran las cuentas entre ellos.
Neiva, dos (2) de junio de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41298-31-05-001-2007-00127-02
Actor: GERARDO WILLIAM HOYOS OLAYA
Demandado: GERARDO HERNANDEZ DURAN
AUMENTO SALARIAL / CAMBIO DE NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD EMPLEADORA / TRABAJADOR OFICIAL
Así, independientemente trasformaciones en la naturaleza jurídica de la entidad bancaria demandada, se observa que en el hecho noveno de la demanda se afirma que el actor durante su vinculación con el banco demandado fue trabajador oficial, circunstancia que de entrada excluye la aplicación de los pretendidos aumentos salariales que anualmente ha decretado el Gobierno Nacional, precisamente porque no fue empleado público, categoría de servidor público para la cual se ordenó el mismo, y como bien lo precisa el reseñado precedente jurisprudencial, la vinculación del actor con el banco demandado por medio de contrato de trabajo, significa que el debatido aumento salarial se regule de conformidad con los beneficios y prerrogativas fijadas en las respectivas convenciones colectivas, sin que como se ha expuesto, fluya en la indicada como contentiva del mismo, el aumento salarial denunciado como no cancelado.
Radicación número: 41001-31-05-001-2008-00366-01
Actor: GERMAN DARIO TOCORA BARRERA
Demandado: BANCO CAFETERO S.A. EN LIQUIDACION
CONTRATO DE TRABAJO / CARGA DE LA PRUEBA / VALORACIÓN PROBATORIA / TESTIMONIO / DESPIDO INJUSTO / INDEMNIZACIÓN / SANCIÓN MORATORIA
A partir de las pruebas relacionadas se colige sin dificultad que el señor HENRY SALAZAR PATIÑO prestó de manera personal sus servicios como regador en la parcela “Guasimal” de propiedad del demandado, pues los dichos son coincidentes y ofrecen solidez en sus afirmaciones al referir con precisión fechas, labores y acontecimientos registrados durante la relación laboral.
En conclusión, a partir del análisis probatorio realizado, resultó probada la prestación del servicio del alegado contrato de trabajo, sin que, la parte demandada haya desvirtuado la presunción que beneficia al demandante, es decir probando que dicha prestación no se desarrolló bajo el elemento subordinación o sin remuneración, debiéndose confirmar la decisión de primera instancia.
Concretamente, la prueba testimonial recaudada a personas cercanas a la parcela donde laboraba el actor, otros vecinos del mismo, otras vinculadas laboralmente con el demandado, otras buscadas por el actor para las labores, razón de su conocimiento, señores ALIRIO MARROQUIN LOSADA, DIOGENES BERMEO MONTEALEGRE, HECTOR RUIZ ALVAREZ, LUIS ALBERTO FLOREZ CASTAÑEDA, ROBERTO LEDESMA ORTIZ, ODERAY CAMARGO MORA, EDISON SALAZAR, dan razón de la prestación personal del servicio, desconociendo la forma de contratación así como el punto especifico de la forma de terminación o si hubo o no despido, debiéndose concluir que no existe prueba del mismo, como bien lo determinó el a quo.
En el presente asunto, se observa que la conducta del demandado era justificada en tanto tenía la convicción de que no tenía relación laboral alguna con el demandado, según se advierte desde la contestación de la demanda y la argumentación que sostuvo frente a la apreciación de pruebas como por ejemplo los recibos de pago firmados por el mismo demandante, aspectos estos que revelan la buena fe de la compañía demandada.
De esta forma, siendo claro que la imposición de la sanción que invoca el apelante debe ser objeto de análisis bajo el concepto de buena fe, lo que equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta por parte del empleador frente a su trabajador en la convicción de estar actuando válidamente en derecho, de su comportamiento, de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales citados, no es posible derivar la mala fe que requiere la condena por el concepto reclamado.
Neiva, nueve (9) de junio de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-003-2006-00419-01
Actor: HENRY SALAZAR PATIÑO
Demandado: CARLOS MAURICIO CORTES GUTIERREZ
DESPIDO COLECTIVO / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA PROBATORIA / INFORME DE INVESTIGACIÓN
Así las cosas, es claro que no es admisible abrir paso al principio de favorabilidad en lo atinente a valoración de pruebas, concretamente, frente al informe elaborado por el Ministerio de correspondiente, el cual concluye que no era necesaria su autorización para proceder al despido que aquí se estudia, en tanto el empleador no superó el tope establecido para la desvinculación de sus trabajadores de acuerdo a las normas citadas y relacionadas con el porcentaje permitido.
Por tanto, no le asiste razón al recurrente cuando echa de menos la autorización aludida, pues según las conclusiones que constan en las consideraciones del acto acusado, obran de manera detallada las razones que justificaban su no solicitud y se advierte dentro del proceso que las actuaciones del Ministerio de la Protección Social fueron de conocimiento de los trabajadores, y las decisiones tomadas eran atacables mediante los recursos de la vía gubernativa.
En conclusión, según la prueba documental que obra en el proceso, los actos por medio de los cuales la empresa demandada efectuó el despido de sus trabajadores se ciñeron a las exigencias legales, pues, de una parte, tuvieron como fundamento cambios en la composición accionaria y la reestructuración de la misma y de otra, no superó el porcentaje de despidos que impone la existencia de la autorización, tal como lo dictaminó la autoridad competente para hacerlo, según se expuso.
Neiva, diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-05-002-2008-00119-01
Actor: ANGELICA FLOREZ SUAREZ
Demandado: CENTRAL DE ESPECIALISTAS Y OTROS
CONTRATO DE TRABAJO / FECHA DE INICIACIÓN DE LAS LABORES / PRESCRIPCIÓN / HORAS EXTRAS / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA / SANCIÓN MORATORIA
La real vinculación acreditada, fue ajena entonces a la continuada subordinación de la actora a la sociedad demandada, que implicara estar disponible para el momento que fuera llamada a realizar la labor de escoger café, tanto es así que la demandante inclusive se vinculó laboralmente dentro del período del alegado contrato de trabajo a término indefinido, sin que la afiliación de la actora como trabajadora dependiente de la demandada al plan obligatorio de salud, efectuada aún cuando regía entre las partes una contratación diferente que expresamente excluía vínculo laboral, el 23 de octubre de 2003 hasta el 17 de febrero de 2004, en vigencia de los llamados contratos de prestación de servicios suscritos del 22 de noviembre de 2003 y 2 de febrero de 2004; afiliación de la actora entre el 25 de abril y el 1 de agosto de 2004, cuando se había suscrito el contrato llamado civil de obra y de la anotada denominación, el 13 de abril y el 29 de junio de 2004; en el período de afiliación diciembre 12 de 2004 – 18 de septiembre de 2005, se suscribieron 9 contratos bajo la denominación de obra civil; en el período de afiliación de 1 de enero – febrero de 2006 y 1 de mayo de 2006 al 13 de enero de 2007, se suscribieron 5 contratos por labor contratada, no estructura por si la alegada vinculación de trabajo, ya que según se ha expuesto, la actora no acataba las órdenes impartidas, sino las directrices generales dirigidas al cumplimiento del objeto del contrato de escogencia de granos de café, sin disponibilidad para prestar sus servicios, porque estar atento a cualquier llamado, es la propia de la eventualidad de trabajar, frente a la poca oferta de empleo, ostentando nuestro país en el aducido período y actualmente una tasa de desempleo de dos dígitos, que en el período 2003-2007 fue de 17.40, 14.20, 13.60, 11.80, 11.10, por lo que no es procedente la pretendida declaración de un contrato único de trabajo a término indefinido, presentándose tal vinculación bajo los suscritos contratos denominados “…de trabajo por labor contratada”.
3.2.- La excepción de prescripción está llamada a prosperar con relación a la primera etapa de contrato de trabajo por labor contratada, iniciado el 3 de septiembre de 2003, como bien se decide en el fallo recurrido, pues cualquier obligación con relación al mismo, supera el término de tres años, porque si bien la demanda interrumpió tal fenómeno, al ser presentada el 2 de noviembre de 2007, de acuerdo a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 90 del Código de Procedimiento Civil, aplicable este por el principio de integración previsto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en su orden, el referido término de tres años para estructurar la prescripción extintiva de la acción de los derechos laborales, y su interrupción por la presentación de la demanda, significa que toda obligación exigible antes del 2 de noviembre de 2004, se encuentra prescrita, es decir que no cubre la última vinculación contractual de trabajo, iniciada el 2 de enero de 2006, conforme se prueba claramente con la anterior relación de horas realmente laboradas.
3.4.- La denegada pretensión de condena al pago de la indemnización por terminación sin justa causa, se abre paso, ya que el contrato culminó, conforme lo ilustra la prueba testimonial, cuando se informó a la trabajadora demandante, que no había más trabajo hasta nueva orden, probándose así el despido, pero no que sea justa la causa del mismo, acorde con el litetral A) del artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 que modificó los artículos 62 y 63 del C.S. del T., causándose la indemnización que establece el artículo 64 del C.S. del T., que para los contratos a término indefinido, por acreditarse la continuidad de la vinculación en este último período, pese a la suscripción de contratos por labor contratada, equivalente a 30 días de salario, porque el contrato no fue mayor de un año, de acuerdo con el numeral 1° ídem., o sea a la suma de $444.160.
3.5.- De igual modo hay lugar a acceder a la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del C.S. del T., la que si bien no es de aplicación automática, a la misma se hace acreedor el trabajador cuando el empleador no paga los salarios y prestaciones debidos a la terminación del contrato de trabajo, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, indemnización que equivale a una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, y como ha tenido oportunidad de puntualizar nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia, en cada caso debe verificarse si los argumentos esgrimidos por el empleador para el no pago resultan atendibles, así ha expuesto: “Como emerge del segmento transcrito, no hizo el Tribunal el examen fáctico que estaba obligado a hacer, sino que se limitó a constatar la existencia de unos saldos a favor de la trabajadora derivados de haber liquidado sus empleadores las prestaciones con base en un salario inferior al que estaban legalmente obligados a pagar y de esa sola circunstancia, sin ningún ingrediente o consideración adicional, aplicó el artículo 65 del C. S. del T., e impuso la indemnización moratoria, aplicación que claramente es automática, porque para llegar a ella, se insiste, no se hizo ningún juicio valorativo de la conducta de los deudores, pues no puede tenerse como tal la simple enunciación de que no puede predicarse buena fe, por no haber pagado de conformidad con el salario estipulado en la ley.

References: artículo 392
 ARTÍCULO 141
 Resolución 
 artículo 177
 artículo 210
 artículo 77
 artículo 145
 artículo 7
 artículo 64
 artículo 65
 artículo 65