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Timestamp: 2019-08-23 22:20:02+00:00

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Las y los ejidatarios de La Sierrita se ampararán ante resolución del Tribunal Agrario
A pesar de que la resolución fue favorable para las y los ejidatarios, pues finalmente han podido recuperar sus tierras, la misma sólo les garantiza el derecho a la tierra.
La resolución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, da un mensaje de falta de apego a los más altos estándares internacionales de derechos humanos y acceso a la justicia.
Ejidatarios afirman que existe una falta de aplicación justa de las leyes por parte de las autoridades de nuestro país, favoreciendo a empresas trasnacionales.
Ciudad de México, a 16 de noviembre 2016. – Cuatro años después de que ejidatarios y ejidatarias de La Sierrita de Galeana en Durango interpusieran una demanda en defensa de sus derechos humanos en contra de la empresa minera Excellon de México, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, finalmente emitió una resolución en la que condena a la empresa a la desocupación inmediata de las tierras de uso común del ejido, así como el pago de una cláusula penal establecida en el contrato por 5 millones 500 mil pesos a favor del ejido.
La sentencia establece el término de la relación contractual entre ambas partes, por lo que Excellon tendrá que hacer entrega inmediata de las 1,100 hectáreas de las tierras pertenecientes a las y los ejidatarios. Sin embargo y a pesar de que la resolución fue favorable para las y los ejidatarios, pues finalmente han podido recuperar sus tierras, la misma solo les garantiza el derecho a la tierra.
Respecto al derecho de acceso a la justicia, de nueva cuenta las y los ejidatarios ven violentado su derecho, pues en la misma sentencia la magistrada Marcela Gerardina Ramírez Borjón ordena al ejido pagar a la empresa minera la cantidad de $5,612,038.00 pesos, manteniendo un embargo sobre las tierras arrendadas hasta en tanto el ejido no pague a la empresa minera la cantidad señalada. Es importante señalar que es impreciso establecer que los inversionistas de Excellon ya pueden estar tranquilos debido a que la sentencia aún no es firme. Solo implica la terminación del juicio agrario y el ejido seguirá con el amparo por que no le otorgaron lo que a derecho le corresponde.
Al respecto, el abogado y Coordinador del Área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Juan Antonio López, señaló que “el embargo significa una clara violación al derecho humano a la propiedad social y a la tierra del ejido La Sierrita. Se viola también el artículo 27 de nuestra Constitución, dentro del cual se establece que las tierras ejidales son inembargables, resaltando que las mismas no pueden mantenerse condicionadas por un adeudo económico y totalmente civil. Aunado a esto, la misma sentencia es claramente violatoria del derecho al acceso a la justicia de las y los ejidatarios, pues es ambigua y condena a ambas partes a pagar a la otra cantidades prácticamente idénticas”.
Por su parte, Daniel Pacheco, Presidente del Comisariado Ejidal de La Sierrita mencionó que “esta sentencia representa una victoria parcial ya que las y los ejidatarios podremos recuperar nuestras tierras, seguiremos organizados para lo que falta, mantendremos la exigencia para que se respeten nuestros derechos humanos y buscaremos que se haga justicia total, razón por la cual presentaremos una demanda de amparo”.
Fueron cuatro años sin obtener respuestas a pesar de que el Ejido presentó pruebas en las que se dejaban claras las violaciones a la mina como: pruebas topográficas, pruebas de que el agua proveniente de la mina no es apta para el consumo humano, documentos en los que se demuestra que durante las manifestaciones pacíficas no se obstaculizaron los accesos a la mina, así como material en el que la empresa aceptaba que había explorado fuera de las tierras arrendadas sin autorización de la asamblea, entre otros.
Además, durante tres años Excellon estuvo explotando las tierras sin pagar la renta a los ejidatarios. No obstante, la resolución de la sentencia muestra la falta de aplicación justa de las leyes por parte de las autoridades, anteponiendo el beneficio de las empresas trasnacionales y la industria privada, en este caso extractiva, por encima de la defensa a los derechos de los mexicanos.

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 artículo 27
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