Source: https://ru.scribd.com/document/115010054/Boletin-SegurPri-N%C2%BA-13
Timestamp: 2019-08-21 20:34:21+00:00

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Boletin SegurPri Nº 13 | Labour Law | Police
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Boletn Informativo. Nmero 13 Noviembre 2003
COMPLEMENTARIEDAD: INICIATIVAS PARA SU DESARROLLO EFECTIVO
Partimos de dos hechos constatados: 1) El personal de seguridad privada est implicado en las tareas de prevencin y proteccin de bienes y personas en los distintos lugares que presta servicio, y 2) las empresas y el personal de seguridad entienden que la seguridad no es un elemento solamente policial, y s el resultado de la suma de esfuerzos. Estas dos premisas nos llevan a las siguientes conclusiones: 1 Que en esos lugares donde realizan su actividad, o cercanos a ellos, ocurren hechos delictivos o se prev que ocurrirn, luego constituye una fuente importante de informacin.
- Complementariedad: Iniciativas para su desarrollo efectivo........................... 1 - Comunicacin de contratos a travs de la web de la U.C.S.P. ........................ 3 - Competencia exclusiva en materia de seguridad privada................................ 4 - Libro Catlogo de instalaciones y revisiones: Su utilidad ............................... 6 - La Audiencia Nacional anula la sancin a una empresa de servicios............. 7 - Formacin permanente ...................................................................................... 8 - Legalidad de las actividades realizadas por los llamados gorrilas.............. 9 - Bruselas rechaza la video-vigilancia en las empresas ................................... 10 - Intrusismo ......................................................................................................... 12 - Colaboraciones del sector ............................................................................... 14 - Subcontratacin de servicios de guardas particulares de campo ................ 18 - Posibilidad legal de cierre de establecimientos obligados ............................ 20 - Entrega de menciones honorficas en Almera ............................................... 22 - Cmaras ocultas en cajeros para falsificar tarjetas de crdito ...................... 23 - Primer da de la Seguridad Privada en Extremadura ...................................... 24
2 Que esta disponibilidad real del personal de seguridad privada y de las empresas, debemos aprovecharla para lograr mayores cotas de seguridad para los ciudadanos.
nales de comunicacin desde el sector de la seguridad privada hacia la pblica, en temas de inters policial. Asociaciones profesionales. Son un instrumento muy vlido en las relaciones entre los profesionales del sector de la seguridad privada y la pblica. Es harto conocido que estas asociaciones estn colaborando a travs de las empresas de seguridad en el mantenimiento y auxilio de la seguridad pblica, al facilitar informacin al sector acerca de las actividades delincuenciales, modus operandi, y lugares de perpetracin, facilitadas por la institucin policial.
En consecuencia, tenemos que seguir potenciando las normas bsicas de actuacin, a fin de disminuir la problemtica que tenemos en contra, que es rebajar la inseguridad ciudadana. Pautas esenciales para la consecucin del objetivo (mejorar la colaboracin con el sector de la seguridad privada para la obtencin de una mayor cantidad de informacin de inters policial y una mejora en la calidad de la misma):
Aproximarnos a los vigilantes de seguridad. Tanto en los espacios o lugares donde presten servicios, como en los centros de formacin, donde se imparten cursos de inicio y formacin continuada, incorporando al conocimiento de los mismos, no solamente elementos tericos normativos, sino tambin elementos prcticos, contenidos en videos formativos, derivados de nuestra experiencia en la lucha contra el delito
Especializar a los funcionarios policiales. Para que informen a los vigilantes de seguridad y especialidades, como agentes trasmisores, de aquellos delitos que ms afectan a los ciudadanos, proporcionndoles informacin sobre actividades delictivas, lugar, da, hora, modus operandi, caractersticas de los autores, etc. Mantenimiento de reuniones peridicas con los Jefes de Seguridad de las empresas, Directores de Departamentos de Seguridad y Detectives Privados. A fin de coordinar y establecer ca-
Sala de Coordinacin Operativa. Con el fin de implicar al sector de la seguridad privada en la prevencin del delito, se cre en la Sede de la Comisara General de Seguridad Ciudadana, la Sala de Coordinacin Operativa de Seguridad, con la finalidad de recoger, analizar y coordinar todas las informaciones sobre hechos delictivos conocidos y facilitados por Directores, Jefes de Seguridad y Vigilantes, adscritos a empresas de seguridad de mbito nacional y autonmico, para lo cual esta Sala est dotada de modernos sistemas de comunicacin y constituye un avance importante en la colaboracin entre instituciones de seguridad privada y la polica. Adems constituye un elemento esencial como apoyo policial ante la actuacin de vigilantes de seguridad, escoltas privados, y otro tipo de personal. En consecuencia, debemos hacer llegar a todas las empresas y personal de seguridad privada, la utilidad de dicha Sala y su rendimiento en pro de la seguridad, facilitando los elementos de
trasmisin. (Tel: 91.322.71.96, Fax: 91.322.71.88, E-mail: cgsc. segurp@policia.es).
Honorficas cuando se distingan en actividades de colaboracin policial. En definitiva, tenemos que pensar que siempre podemos hacer ms. Cualquier polica, cualquier empresa, o cualquier responsable en este campo tiene inquietudes de que ocurra lo menos posible. No tenemos que estar cerrados a avanzar ms y mejor. Tampoco debemos entender que las estrategias dirigidas a mejorar la seguridad ciudadana se llevarn a cabo al margen de la seguridad privada, puesto que cualquier iniciativa que se ponga en marcha en orden a reducir la inseguridad real y aumentar la seguridad de los ciudadanos, no se puede hacer a espaldas de la seguridad privada. U.C.S.P.
Motivacin: Es obligacin nuestra motivar al personal de seguridad privada en beneficio de la seguridad pblica, para ello debemos valorar y respetar el trabajo que realizan, mejorar el trato, potenciando la accesibilidad hacia nuestra organizacin, facilitarles informacin de inters policial en ncleos de actividad delincuencial, proporcionarles adecuada y puntual respuesta a las consultas que sobre aplicacin normativa nos demandan, o lo que es lo mismo asesoramiento permanente a las demandas. Proponerles para Menciones
COMUNICACIN DE CONTRATOS A TRAVS DE LA WEB DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA
La APLICACIN WEB SEGURIDAD PRIVADA, tiene como finalidad proporcionar a las empresas del sector, una herramienta de trabajo gil y eficaz, para que puedan comunicar a la Direccin General de la Polica los contratos que realicen, as como los servicios que incluyan estos contratos, las altas y bajas de su personal. sas de seguridad, es an una cifra que slo ronda el 29,2% del total de empresas inscritas. Es necesario que por parte de los responsables de Seguridad Privada, de las Unidades Provinciales y Unidad Central, se siga informando a las Empresas de las ventajas de este medio telemtico. Prueba de ello es que los usuarios que se valen de este medio no utilizan el sistema tradicional de entrega de contratos en papel en las Oficinas Policiales.
Resumen de actividad de la pgina Web de Seguridad Privada hasta el 25/09/03: Total de comunicaciones: ................81.074 Comunicaciones con error: ................8.224 Comunicaciones con error (BP): .......1.830 Altas de personal: ..............................5.859 Bajas de personal: .............................2.037 Comunicaciones de contratos: ........25.307 Bajas de contratos: ...............................463 Prorrogas de contratos: ..........................93 Subrogacin de contratos: ........................5 Comunicacin de servicios: .............38.780 Modificacin de servicios: .....................181 Bajas de servicios: ................................125 Los resultados obtenidos, desde su puesta en funcionamiento por la Comisara General de Seguridad Ciudadana, en octubre de 2002. si bien son satisfactorios, al haberse conectado a 6 de octubre de 2003, 302 empreEsta aplicacin supone un alivio a las tareas burocrticas, a parte de la agilidad y comodidad que supone. Lo ideal sera que el 100% de las empresas se conecten a esta aplicacin.
As mismo las posibles incidencias que surgieron al principio en cuanto a la forma de introducir los datos en la aplicacin estn siendo resueltas, bien a travs del manual ad hoc, insertado en la aplicacin, o mediante informacin telefnica por personal idneo de la Unidad Central o de la Comisara General de Seguridad Ciudadana.
Unidad, conexin a la misma ( a travs de Fax 91.322.39.06, o bien mediante e-mail: juan. bailes@dgp.mir.es). En la solicitud, las empresas habrn de facilitar a esta Unidad una direccin de e-mail especfico y exclusivo vinculado a la aplicacin informtica. En el caso de grupos empresariales que agrupen ms de una empresa de seguridad, el e-mail deber ser especfico para cada empresa y de uso exclusivo para esta finalidad. Una vez solicitada la conexin, se les asignar por esta Unidad, el correspondiente login y password. Los datos grabados por las empresas son volcados de inmediato en la Aplicacin SEGURP, pudiendo ser consultados desde el mismo instante por las Unidades Territoriales a todos los efectos. Aquellas empresas que no deseen comunicar los contratos y los servicios por este sistema, continuarn presentando los contratos y comunicaciones de servicios, as como las altas y bajas de personal, en las dependencias policiales que contempla la normativa de seguridad privada, siendo las Unidades Territoriales quienes grabarn esos datos en SEGURP.
Procedimiento para la comunicacin: Las empresas de seguridad pueden realizar las citadas comunicaciones a travs de dicha aplicacin informtica, solicitando a esta
COMPETENCIA EXLUSIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA EN INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS OBLIGADOS
Valga como aclaracin que se han formulado diversas consultas en este sentido por Unidades territoriales de Seguridad Privada. A este respecto, conviene significar que las actividades de seguridad privada, dada su naturaleza de actividades complementarias y subordinadas respecto a la seguridad pblica, estn sometidas a una serie de controles e intervenciones administrativas que condicionan su ejercicio por los particulares. (vase exposicin de motivos de la Ley 23/92, de Seguridad
Privada). Por lo que se refiere a esta competencia, la Ley Orgnica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad otorga al Cuerpo Nacional de Polica las competencias relacionadas con el control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigacin, de su personal, medios y actuaciones. (art. 12.1, apartado A letra g); correspondiendo a la Guardia Civil las derivadas de la legislacin vigente sobre armas y explosi-
vos. (art. 12.1, apartado B, letra a). Del contexto de este artculo se desprende, de forma clara e inequvoca, que los usuarios de la seguridad privada y empresas habrn de facilitar a los miembros del Cuerpo Nacional de Polica, la informacin contenida en: a) Los Libros-Registro, en funcin de las actividades para las que estn autorizadas. Formalizar los contratos de servicios por escrito y comunicarlos al Cuerpo Nacional de Polica. Comunicacin de altas y bajas del personal de seguridad privada. Comunicacin de inicio de actividades. Enviar anualmente un informe de las actividades realizadas y un resumen de la cuenta anual de resultados. Comunicacin anual de la vigencia de la pliza de responsabilidad civil.
supervisin de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada, as como la expedicin de las guas de pertenencia de armas.
La emisin de informes sobre idoneidad de los armeros utilizados por las empresas de seguridad. ( no la aprobacin de los mismos). El resto de las medidas de seguridad de que van dotados los armeros, como son conexin a central de alarmas, ubicacin de los mismos y detectores, es competencia del Cuerpo Nacional de Polica, existiendo, por parte de la Direccin General de la Guardia Civil, la obligacin de comunicar a la de la Polica el nmero y clase de armas que las empresas tengan en cada uno de sus locales (art. 26-3 del R.S.P.). El diligenciado para la habilitacin de los libros-registro de armas. Lo relacionado con la materia de explosivos.
No obstante, esta asignacin de competencias, que con carcter general atribuye la Ley al Cuerpo Nacional de Polica, existen algunos aspectos o facultades que, tanto la Ley de Seguridad Privada como sus normas de desarrollo, otorgan a la Guardia Civil y as competen a este Cuerpo las derivadas de la legislacin vigente sobre armas y explosivos, art. 12.1, apartado.b) letra a) de la Ley Orgnica 2/86):
De lo hasta aqu expuesto, cabe concluir :
Las referidas a la habilitacin y control de los guardas particulares del campo y sus especialidades. La concesin de licencias de armas y
En materia de seguridad privada, (salvo la habilitacin y control de los guardas particulares de campo y sus especialidades, la concesin de licencias de armas y supervisin de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada, la emisin de informes sobre idoneidad de armeros, la expedicin de las guas de pertenencia de las armas y lo relacionado con materia de explosivos) corresponde exclusivamente al Cuerpo Na5
cional de Polica y dentro de l, a los funcionarios integrantes de las distintas Unidades de Seguridad Privada- el control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en esta materia. Asimismo, es competencia del Cuerpo Nacional de polica la inspeccin y control de los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, cualquiera que sea la demarcacin territorial donde se encuentren ubicados tales establecimientos, por cuanto solo aquellos (los funcionarios del C.N.P), podrn determinar si las medidas de seguridad instaladas y su conexin con central de alarmas se llevan o han llevado a cabo por empresas de seguridad autorizadas.
Quedan fuera de una actuacin administrativa correcta, las inspecciones bancarias realizadas por otros Cuerpos, arrogndose unas competencias que legislativamente no le corresponden. Con ello se est creando una confusin dentro del colectivo afectado ya que, adems de innecesario, no est contemplado en la normativa.
LIBRO CATLOGO DE INSTALACIONES Y REVISIONES: SU UTILIDAD
Como bien sabemos, los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, deben llevar un Libro Catlogo de Instalaciones y Revisiones de sistemas de seguridad. siones de los elementos de seguridad instalados efectuadas por los tcnicos. En este sentido, en virtud de las facultades que confiere la Ley Orgnica 1/92, de 21 de febrero, de Proteccin de la Seguridad Ciudadana, y R.D. 2364/94 de 9 de diciembre, modificado por Real Decreto 1123/01, podemos y debemos realizar inspecciones en las entidades bancarias o cualquier otro establecimiento obligado a disponer de medidas de seguridad, comprobando su operatividad a travs de las Centrales de Alarmas donde estn conectados, considerando correcto el sistema cuando este funciona perfectamente. (Magnticos para puertas de entrada en los establecimientos, volumtricos en los recintos de las oficinas y ssmicos para cajas fuerte, con conexin de dichos sistemas de seguridad a una Central Receptora de Alarmas).
Pues bien, existe el comentario generalizado, entre los titulares de estos establecimientos, que este libro resulta intil, en tanto en cuanto no se comprueba por parte de los funcionarios policiales encargados de las inspecciones las anotaciones de las revi6
No obstante, al parecer, con frecuencia olvidamos comprobar la revisin de los Libros para determinar si los sistemas de seguridad electrnica han sido revisados por la empresa contratada dentro de los periodos de tiempo que determina el Reglamento de Seguridad Privada. Quizs esa falta de control, con finalidad preventiva y protectora, conlleva a que no podamos evitar o prevenir que la instalacin o elementos de seguridad pueden fallar, y con ello la perpetracin de acciones delictivas sin ningn tipo de entorpecimiento para
los delincuentes. En consecuencia, de concretarse, a travs de la inspeccin que en el Libro Registro de Instalaciones y Revisiones no existen anotaciones de las supuestas revisiones, la Ley nos autoriza a proponer para sancin a la empresa responsable, conforme determina a este respecto el artculo 135.2 del Real Decreto 1123/01, en relacin con el artculo 22.3.b) de la Ley de Seguridad Privada, y 150.13 del citado Real Decreto. U.C.S.P.
LA AUDIENCIA NACIONAL ANULA LA SANCION A UNA EMPRESA DE SERVICIOS
La Sala de lo Contencioso Administrativo (Seccin Quinta) de la Audiencia Nacional, estim, mediante sentencia de 16 de abril de 2003, el recurso interpuesto por el representante legal de una empresa de servicios, por la que se impona a la parte recurrente la sancin de multa de TREINTA MIL CINCUENTA EUROS, por la comisin de una infraccin muy grave tipificada en el artculo 22.1 a) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, al entender que la resolucin del Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que impona dicha sancin, no era conforme a Derecho, y, en consecuencia, condena a la Administracin a la devolucin de la cantidad abonada en concepto de multa, ms intereses legales.
Consideraciones jurdicas: Antecedentes de hecho Una determinada empresa de servicios, procedi, en enero de 1996, en un establecimiento obligado a medidas de seguridad, a la sustitucin de 10 detectores de alarma de cristal; 2 detectores de alarma de metal, y 1 detector de alarma de madera, al haber quedado los anteriores instalados inservibles a raz de la obra de reforma en el establecimiento. De la normativa vigente se desprende que la instalacin de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, constituye una actividad industrial sujeta a la normativa arriba expresada, en cuanto que se integra en el mbito de la seguridad privada. No obstante, en el supuesto de autos, de los datos fcticos expuestos, aparece que el sistema de segu-
ridad de la joyera se encontraba ya instalado con anterioridad, limitndose la actuacin de la empresa sancionada, a la mera sustitucin de 13 detectores que haban sufrido desperfectos
por las obras de reforma.
sistemas de seguridad, por la empresa no registrada, es decir, careciendo de la habilitacin necesaria, no debe encuadrarse en la falta tipificada el artculo 22.1 a) de la Ley 23/92. En resumen, la Audiencia Nacional manifiesta que no est acreditado que la empresa de servicios efectuara instalacin de aparatos, dispositivos, o sistema de seguridad, como un todo unitario, sin que sea factible en el mbito sancionador un criterio interpretativo literal y extensivo de los vocablos que contiene la norma jurdica, con olvido de los criterios hermeneticos de sentido teolgico y sistemtico que la misma persigue, que es prohibir las instalaciones de sistemas de seguridad por empresas no habilitadas, pero que no puede integrar en su nimo punitivo, la mera sustitucin material de unos concretos aparatos deteriorados, en cuanto que el sistema de seguridad y los aparatos y dispositivos que lo integraban ya estaban instalados y en funcionamiento, por lo que no existe en el supuesto de autos una intrusin por empresa ajena al mbito regulado por la Ley de Seguridad Privada, merecedora del reproche sancionador previsto por la norma jurdica administrativa.
Esta actuacin empresarial, sigue diciendo la sentencia, realizada de forma aislada y puntual, para un solo supuesto, pues no consta que la empresa de servicios lo haya realizado en otros locales, sin que ello, implique la puesta en funcionamiento de un total y completo sistema de seguridad del local de autos y de la actividad empresarial en ella establecido o el mejoramiento del ya existente, mediante la adiccin de nuevos aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad, sino el mero cambio o reposicin de elementos inservibles, difcilmente pueden integrarse en la conducta tipificada como infraccin administrativa de Instalacin y mantenimiento de aparatos, dispositivos y
Interpretacin jurdica del artculo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, tras la reforma operada por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, regulador de la formacin permanente. personal de seguridad privada, las empresas de seguridad, a travs de los centros de formacin autorizados, habrn de garantizar la asistencia de su personal de seguridad privada a cursos, adaptados a las distintas modalidades de personal, de actuacin en las materias que hayan experimentado modificacin o evolucin sustancial, o en aquellas en que resulte conveniente una mayor especializacin. La nueva redaccin dio como resultado el siguiente tenor:
Al objeto de mantener al da el nivel de aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al
Para los vigilantes de seguridad, los cursos de actualizacin o especializacin tendrn una duracin, como mnimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deber cursar al menos uno por ao, y se desarrollarn en la forma que determine
el Ministerio del Interior. Como el propio artculo indica, se trata de mantener al da el nivel de aptitud, conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada. A tal efecto, se impone a las empresas de seguridad la obligacin para dicho personal de recibir los indicados cursos con la periodicidad y duracin establecida en el Reglamento. Desde tal perspectiva, aun cuando no puede deducirse claramente del artculo 57 del R.S.P., esta Secretara General Tcnica considera que el personal que an habiendo cesado en el ejercicio de sus funciones siga ostentando la condicin de vigilante de seguridad y contine integrado en la plantilla de la correspondiente empresa de seguridad, debe realizar los citados cursos de actualizacin en las mismas condiciones que el resto de los vigilantes, de cara a una futura reincorporacin al servicio activo. A tal finalidad obedecen, por ejemplo, los cursos de actualizacin previstos en el artculo 57 del R.S.P., pero tambin los ejercicios obligatorios de tiro que contempla el artculo 84 de aqul, o las pruebas psicotcnicas peridicas previstas en el artculo 85. por tanto, los mismos motivos (aptitud y preparacin continua) que han inducido la reforma del R.S.P. en lo que respecta a los ejercicios de tiro su realizacin por todos los vigilantes de seguridad que estn en posesin de licencia de armas, presten o no servicio con stas servira, ana-
lgicamente, para justificar la necesidad de que todos los vigilantes integrados en la plantilla de una determinada empresa de seguridad estn o no prestando servicio activo deban realizar los cursos de actualizacin, mxime en situaciones prolongadas de inactividad. Momento a partir del cual esta nueva regulacin ser de aplicacin: En este sentido, la Secretara General Tcnica considera que con independencia de que en el momento oportuno el Ministerio de Interior determine el modo en que dichos cursos deben desarrollarse, la duracin y periodicidad de los establecidos en el artculo 57.2, en su nueva redaccin es de directa e inmediata aplicacin y no necesita de ulterior desarrollo. En cuanto a la forma de realizacin o desarrollo de los indicados cursos, debe seguir efectundose como hasta ahora, mientras que el Ministerio del Interior no disponga otra cosa (se trata de determinar cuando debe iniciarse el cmputo del ao, desde la expedicin de la Tarjeta de Identidad Profesional, desde el comienzo de la prestacin efectiva de servicios, o de cualquier otro tipo, horario laboral o extra laboral en que deben realizarse, gastos de su realizacin sufragados por la empresa o por el propio vigilante, etc). Secretara General Tcnica (M.I.)
LEGALIDAD DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR PARTICULARES QUE INDICAN LUGARES LIBRES PARA APARCAR
1.- En principio, la actuacin de los denominados gorrillas consiste simplemente en la indicacin de los lugares que se encuentran libres para estacionar el vehculo y, en ocasiones, tambin el compromiso de vigilarlo mientras se encuentre aparcado, no tiene porque constituir funcin o tarea de seguridad privada, regulada por la Ley 23/92.
Pues, asimismo, en abstracto, tales actividades se realizan sin sujecin a contraprestacin alguna, sin perjuicio que, en la prctica y como normal general, el individuo que las realiza solicite una propina, que puede consistir en una cantidad determinada de dinero o, simplemente, en aceptar la voluntad.
Las citadas actividades se desempean en espacios abiertos, plazas, calles y otras vas pblicas o privadas, que cuentan con su
propio personal. Su labor, por tanto no infiere con las funciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con las atribuidas al personal de seguridad privada, ni con las de cualquier otro tipo de funcionario o laboral, puesto que no existe una categora profesional cuyo ejercicio consista especficamente en la realizacin de tales actividades. 2.- La actuacin de los denominados gorrillas, por poner algunos ejemplos, sera similar a la de las personas que se sitan a las entradas y salidas de determinados establecimientos comerciales sobre todo supermercados- y abren la puerta a los clientes que entran y salen de los mismos, o la de los denominados limpias que aprovechan las paradas de los vehculos en los semforos para limpiar la luna delantera de aqullos. En ninguno de los casos descritos existe la obligacin alguna por parte de los clientes de los establecimientos o de los conductores de entregar contraprestacin o cantidad monetaria alguna a cambio del servicio prestado,
pero la inquietud o el temor de que se puedan tomar represalias contra el vehculo o contra la propia persona induce, de alguna manera, a acceder a lo solicitado. 3.- Ahora bien, la manera expectativa de que tales represalias vayan a tener lugar o no justifica, en un principio, intervencin alguna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, salvo que tales actuaciones se lleven a cabo mediante amenazas o coacciones, en cuyo caso, lgicamente, el afectado puede requerir la intervencin policial. Las consideraciones anteriores se emiten desde una perspectiva estrictamente jurdica, con independencia de que, en el momento presente o en el futuro, en funcin de la repercusin o trascendencia social (volumen de las quejas o denuncias sobre amenazas y coacciones, existencia de daos materiales o personales, etc.), se considere oportuno adoptar las medidas necesarias para erradicar el problema, desde un punto de vista policial. Secretara General Tcnica (M.I.)
BRUSELAS RECHAZA LA VIDEOVIGILANCIA EN LAS EMPRESAS
Cada vez hay ms, pero su uso sigue siendo fuente de dudas y conflictos legales. La instalacin de cmaras de vigilancia en las empresas es una prctica que no cuenta con una regulacin clara en casi ningn pas europeo. Por ello, Bruselas ha publicado un documento de trabajo en el que rechaza su utilizacin como medio para controlar la calidad y cantidad del trabajo de los empleados.
Hay que reconocer que para las compaas es un sistema ideal. Permite controlar de forma inadvertida la actividad de los trabajadores, averiguar si realizan alguna conducta desleal o fraudulenta y obrar en consecuencia. La instalacin de cmaras de video-vigilancia en las compaas es una prctica cada vez ms habitual, pero no por ello est exenta de problemas. En Espaa, los tribunales han ido dibujando a golpe de sentencia un rgimen legal que, para algunos, todava sigue siendo confuso. No somos una excepcin. De la diversidad
de legislaciones europeas, slo la francesa cuenta con una regulacin especfica de esta materia. Consciente de esta situacin, la Comisin Europea ha encargado a un grupo de expertos en proteccin de datos un documento de trabajo para tratar de arrojar alguna luz sobre el tema. El texto, que est siendo sometido a consulta, es contundente. El uso de cmaras cuyo objetivo sea controlar la cantidad y la calidad de las actividades laborales no es, por regla general, una prctica aceptable.
Seguridad laboral Profesionales de la seguridad privada creen que la regulacin que han ido realizando los tribunales espaoles es menos restrictiva que la marcada en el informe y ms comprensiva con los derechos del empresario para controlar la actividad en su empresa. 'No tenemos una norma especfica, pero s pautas de por dnde hay que ir'.
ser muy restrictivo y limitado nicamente a un inters superior. El documento del grupo de la Comisin es todava provisional y tendr que ser revisado, explican fuentes de la Agencia de Proteccin de Datos. La agencia reconoce que recibe numerosas consultas, especialmente de sindicatos, sobre este tipo de cuestiones, aunque por el momento no tiene previsto elaborar una instruccin al respecto. 'Estamos a la espera de que se dicte el reglamento de la Ley de Proteccin de Datos. Es posible que regule ese tema, sealan. En cualquier caso, las directrices del organismo en este captulo son claras y, segn algunos expertos legales, incluso estrictas. El uso de las cmaras debe ser siempre proporcional al objetivo que se persigue y ste debe ser muy relevante. Adems, hay que informar siempre al trabajador sobre cules son las normas de uso de las cmaras, sealan fuentes de la agencia. Atenta contra la privacidad de las personas Mientras los tribunales superiores de justicia no parecen tener problemas con afirmar la validez de las pruebas logradas con grabaciones de cmaras de seguridad, los juzgados de primera instancia tienen otra visin. As, un juzgado de Tarragona absolvi a una empleada de hogar acusada de robar en la casa en la que trabajaba. La grabacin no sirvi como prueba porque se vulner el derecho a su inti-
Para los expertos de la Comisin, la nica forma de video-vigilancia justificada es aquella necesaria 'para cumplir requisitos de produccin y seguridad laboral', eso s, siempre que se lleve a cabo con las garantas necesarias. Entre esas garantas figura obligatoriamente el deber de advertir a la plantilla (no es suficiente con un cartel con un smbolo) y de explicar en qu casos las grabaciones sern examinadas por la direccin de la empresa y en qu circunstancias las imgenes podrn ser entregadas a las autoridades judiciales. En ningn caso, y en esto los expertos de Bruselas coinciden con la jurisprudencia de los tribunales espaoles, podrn instalarse cmaras en servicios, duchas, vestuarios o zonas de descanso. La forma de evitar conflictos y males mayores sera introduciendo en el contrato de trabajo una clusula sobre el tratamiento de sus datos personales y su imagen. Si no se cuenta con el consentimiento del empleado, el uso de videocmaras debe
midad. Las grabaciones sirven de prueba en un juicio El camarero de un tren decidi servir los productos que l mismo elaboraba en lugar de
los de la compaa para la que trabajaba. Serva caf preparado en casa y bocadillos de elaboracin propia. Tambin reutilizaba cucharillas de plstico y rellenaba botellas de agua mineral. Las cmaras instaladas en el tren le delataron y fue despedido. El Tribunal Superior de Valencia admiti la grabacin ya que no viol su intimidad. Las cmaras no violan la intimidad Las cmaras de un supermercado, instaladas para seguridad general y no para vigilar a los empleados, pueden ser un arma de doble filo. Una de estas cmaras pill a un trabajador bebiendo un zumo de una estantera y fue despedido. El Tribunal Superior de Justicia de Andaluca entendi que la grabacin serva de
prueba y que no violaba la intimidad porque las cmaras estaban situadas en un lugar visible. Prohibido filmar a los empleados por Internet Un diario deportivo instal cmaras en los ordenadores de sus trabajadores para que los lectores de la versin digital del peridico pudieran ver a los periodistas en tiempo real. Esta originalidad le cost al diario 600 euros, esto es, el importe de la multa que la Agencia de Proteccin Datos le impuso y que fue confirmada por la Audiencia Nacional. El motivo, atentar contra la intimidad de los trabajadores.
Sociedad Espaola de Derecho de la Seguridad
El intrusismo es el problema ms grave que tiene actualmente el sector de la Seguridad Privada y por ello, su erradicacin a travs de los mecanismos legales, fundamentalmente en la actividad de vigilancia y proteccin de bienes muebles e inmuebles o en instalaciones y mantenimiento de sistemas de seguridad, cuya prestacin se realiza por medio de personal carente de la habilitacin necesaria o empresas no autorizadas, es, y debe seguir siendo, un objetivo prioritario de todas las Unidades Territoriales de Seguridad Privada.
Esta irregularidad se materializa de tres modos diferentes: 1. Empresas no autorizadas que prestan servicios de vigilancia y proteccin por medio de personal no habilitado, o instalan elementos de seguridad. Empresas de seguridad que, estando autorizadas para la actividad de seguridad privada (vigilancia y proteccin), utiliza a personal no habilitado. Personal no habilitado que, no estando integrado en las dos anteriores, presta este tipo de servicios.
Empresas de servicios Se trata de empresas que no se encuentran inscritas en el Registro de Empresas de Seguridad de la Direccin General de la Polica. Por tanto, no autorizadas para prestar los servicios descritos en el artculo 5.1 de la Ley de Seguridad Privada, ni su personal prestarlo, salvo que quieran una y otro incurrir en infraccin administrativa. As las empresas de servicios pueden incurrir en falta muy grave al prestar servicios de seguridad a terceros, pues carecen de la habilitacin necesaria (artculo 22.1 L.S.P.) Cuando la Ley habla de empresas de seguridad se est refiriendo a todas las que prestan servicios de esta naturaleza. La inscripcin es un requisito para la habilitacin, y sta para la prestacin de servicios.
Dada la afinidad que existe entre los apartados 1 y 2 anteriores, focalizaremos este trabajo solamente a estos dos supuestos.
De qu se valen estas empresas de servicios para prestar seguridad a terceros? Aprovechan la ambigedad de la Ley y el Reglamento en su Disposicin adicional tercera y Disposicin adicional primera, respectivamente. En este caso las actividades excluidas son utilizadas por empresas no autorizadas para justificar ciertos servicios que son de seguridad:
propsito de disfrazar la verdadera finalidad del servicio, de vigilancia general para evitar robos e intrusin, con algo distinto. Empresas autorizadas que utilizan personal no habilitado, procedente de sus empresas de servicio: La realidad nos demuestra que existen el sector determinadas empresas de seguridad que a su vez, crean empresas o grupos, de empresas de servicios, con la intencin, en algunos casos, de aprovechar para la vigilancia y proteccin personal de stas ltimas; por tanto, sin habilitacin. De esta manera es sabido que, en relacin con el prrafo anterior, en caso de detectarse personal no habilitado en los servicios de vigilancia y proteccin, la empresa prestataria, si es de seguridad, autorizada e inscrita, cometera la infraccin grave contemplada en el artculo 22.2 e) de la Ley de seguridad Privada. Instalacin, y mantenimiento de elementos de seguridad por empresas de servicios. La instalacin de elementos de seguridad y su mantenimiento, slo pueden ser colocados, controlados y mantenidos por empresas de seguridad y su personal. La habilitacin es una exigencia rigurosa que se razona en la exposicin de motivos en la Ley de Seguridad Privada, para evitar el intrusismo. Se trata, en definitiva, de garantizar la solvencia de las alarmas, vigilancia, proteccin, etc. pues difcilmente se puede confiar en la seguridad de unos sistemas electrnicos que han sido instalados por personal no cualificado, o por empresas que no conocen esta actividad, otro tanto podramos decir del personal que presta servicio de seguridad sin la habilitacin necesaria. En resumen, la funcin de las Unidades de Seguridad Privada, con respecto a estas empresas, consiste en probar que las actividades que realizan son de seguridad. U.C.S.P.
En el contrato reproducen enteramente esta disposicin. Utilizan personal con un informe semejante al de las empresas de seguridad. Este personal obtiene del ciudadano todo tipo de datos y obedecen sus instrucciones.
En consecuencia, estn proliferando las empresas de servicios, realizando, adems, funciones que antes las venan desempeando vigilantes de seguridad. Esta realidad se lleva a cabo por las empresas de servicios, an comprendiendo que se trata de empresas con funciones distintas y marco jurdico diferente. La verdad es que interfieren en las funciones de seguridad privada, creando cierta frontera de difcil precisin. Su defensa estriba en querer hacer pasar las tareas de vigilancia por algo distinto, como conservacin, mantenimiento, conserjera, etc. Estos alegatos no son sino un estril
Entre las diferentes tareas que tienen encomendadas los Grupos de Seguridad Privada se encuentra la de conseguir que todo el colectivo que conforma el personal de las empresas privadas de seguridad colabore en la mayor medida posible con la seguridad ciudadana. De acuerdo con la circular emitida por la Comisara General de Seguridad Ciudadana, en enero de 2001, las diferentes unidades territoriales y locales, vienen enviando un informe mensual conteniendo las colaboraciones que se han recibido del sector. Estos datos tienen como fin ltimo informar a las Cortes Generales del grado cumplimiento de colaboracin, que como deja patente la Ley, deben tener las empresas de seguridad privada con la seguridad pblica. Durante el primer semestre del ao 2003, y segn los datos que obran en esta Unidad Central, la totalidad de las colaboraciones prestadas por el personal de las empresas de seguridad en las distintas provincias, ha evolucionado de la siguiente manera:
Grfico 1: Evolucin a nivel nacional durante el primer semestre 2003
Con el fin de contar con datos ms precisos, se han clasificado los tipos de delitos en los que con mayor frecuencia suele intervenir el personal de seguridad privada o aquellos otros que sin necesidad de intervencin se comunican a las FF.CC.SS. En el cuadro siguiente puede observarse que son los hurtos, los delitos o faltas en los que con ms frecuencia intervienen o comunican los vigilantes de seguridad, destacando tambin la comunicacin de robos con fuerza o intimidacin y vehculos sospechosos.
Grfico 2: Tipos de delitos en los que intervienen y comunicacin de mayor frecuencia
196 1561 100 112 90 128 661
8 1 2 Robo con fuerza o intimidacin Apropiacin indebida Hurto Estafa 0 Receptacin Trfico estupefacientes Daos materiales 1 Libertad sexual 0 0 2 1 Lesiones Amenazas Identificaciones Otras
Propiedad intelectual e Simulacin de cargo pblico Falsificacin de documentos Radicalismos violentos Comunic.personas sospechosas Comunic. vehculos Fraudes Hacienda y S.S. Falsificacion de moneda Blanqueo de dinero
Los datos facilitados por las distintas plantillas se han agrupado por comunidades, siendo Andaluca, Murcia, Castilla Len y Galicia, las comunidades que por orden nombrado destacan por el mayor nmero de colaboraciones recibidas por parte del personal de las empresas de seguridad.
Extremadura Ceuta-Melilla 4,7% 2,24% Catalua 0,3% Castilla Len 11,04%
Galicia 8,65%
La Rioja 0,26%
Navarra 1,36%
Pas Vasco 0,49%
Andaluca 24,39%
Aragn 4,68% Castilla La Mancha 1,10%
Cantabria 5,87% Canarias 0,65% C. Valenciana 2,27% C. Murcia 19,15% C. Madrid 5,31%
Asturias 5,85% Baleares 1,71%
La captacin de este tipo de informacin es otra de las importantes labores marcadas entre los objetivos para las unidades de seguridad privada y por supuesto la de mayor inters policial por la trascendencia que tiene para el cumplimiento de nuestra funcin esencial, la prevencin de la delincuencia. En este caso son la Comunidad Valenciana, Catalua, Madrid y Andaluca las que ms han destacado por su labor, aunque tambin hay que resear a las comunidades de Extremadura y Pas Vasco.
Tabla 1: Clasificacin de la informacin por meses y comunidades
Andaluca Aragn Asturias Baleares C. Madrid C. Murcia C. Valenciana Canarias Cantabria Castilla La Mancha Castilla Len Catalua Ceuta-Melilla Extremadura Galicia La Rioja Navarra Pas Vasco Enero 8 0 1 0 1 4 39 0 2 5 4 12 0 0 2 0 0 5 Febrero 7 1 0 0 15 3 57 0 3 3 10 9 1 0 4 1 2 4 Marzo 12 0 0 0 17 3 28 0 0 3 1 16 4 0 3 0 5 5 Abril 5 0 0 0 11 3 35 0 2 2 1 7 0 0 8 1 4 3 Mayo 14 1 0 0 9 2 58 1 7 2 7 15 3 0 5 0 7 11 Junio 10 0 0 2 6 6 42 0 3 6 4 5 0 19 5 1 1 2
La Rioja 0,47% Navarra 2,99% Pas Vasco 4,72% Andaluca Aragn 8,81% 0,31% Asturias 0,16%
Galicia Extremadura 4,25% 2,99% Ceuta-Melilla 1,26% Catalua 10,06% Castilla Len 4,25%
Baleares 0,31% C. Madrid 9,28% C. Murcia 3,3%
Castilla La Mancha 3,3% Cantabria 2,67%
C. Valenciana 40,72%
INFORMACIONES CLASIFICADAS POR TIPOS DELICTIVOS En lo referente a la captacin de informacin es importante tener en cuenta que el acercamiento y la comunicacin permanente con el sector, nos va a permitir que mucha informacin que antes se perda, sea canalizada a travs de los integrantes de los Grupos de Seguridad Privada.
Tabla 2: Tipologa numrica de los tipos
Enero Fraudes Hacienda y S.S. Falsificacion de moneda Blanqueo de dinero Estafa Robo con fuerza o intimidacin Falsificacin tarjeta crdito Apropiacin indebida Hurto Receptacin Daos materiales Trfico estupefacientes Libertad sexual Propiedad intelectual e industrial Simulacin de cargo pblico Falsificacin de documentos Radicalismos violentos Comunic.personas sospechosas Comunic. vehculos Otras Intrusismo TOTAL Febrero 4 24 6 41 7 25 3 25 7 41 9 31 7 Marzo Abril Mayo Junio 2 TOTAL 2 4 0 187 39 0 0 11 0 16 8 0 0 0 0 2 17 3 19 0 319
1 1 1 3 35 40 5 62 13 2 4 66
SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE GUARDAS PARTICULARES DE CAMPO POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD
El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado mediante Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, dedica su artculo 14 a regular las obligaciones generales de las empresas de seguridad, estableciendo que los servicios y actividades de seguridad debern ser realizadas directamente por el personal de la empresa contratada para su prestacin, no pudiendo sta subcontratarlos con terceros, salvo que lo haga con empresas inscritas en los correspondientes Registros y autorizadas para la prestacin de los servicios o actividades objeto de subcontratacin. en la propia Ley y en su Reglamento, con las especialidades que en dichas normas se contemplan.
Por tanto, la vigente normativa de seguridad privada circunscribe los supuestos de subcontratacin permitidos, a aquellos que se efecten por empresas de seguridad a favor de otras empresas inscritas y autorizadas para la prestacin de los servicios que se subcontratan. Rgimen jurdico de los guardas particulares del campo En segundo lugar, y por lo que se refiere al rgimen de los guardas particulares del campo, procede formular las siguientes consideraciones:
A partir de la promulgacin de la Ley 23/1992, se establece, como medida general para permitir un control eficaz del elevado nmero de empresas y vigilantes de seguridad, la obligatoriedad de que dicho colectivo (vigilantes de seguridad y sus especialidades de vigilantes de explosivos y escoltas privados) est integrado en empresas de seguridad para poder desempear sus funciones. Ello significa que no pueden ser directamente contratados por quienes demanden sus servicios, sino que el contrato de prestacin de los mismos deber formalizarse con una determinada empresa de seguridad, que ser la que proporcione el personal de seguridad requerido. Ahora bien, el mbito predominantemente rural, en el que se desenvuelven las funciones de los guardas particulares de campo, otorga ciertas notas caractersticas a su rgimen jurdico que requieren especialidades respecto del establecido para los vigilantes de seguridad. La especificidad del medio en que desarrollan sus funciones y, sobre toda, la dispersin geogrfica de los guardas particulares de campo llevaron a contemplar en la Ley 23/1992, la posibilidad de que este personal pueda optar entre desempear sus funciones estando integrados o sin estarlos en empresas de seguridad.
En la actualidad, los guardas particulares del campo se rigen fundamentalmente por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad privada y por su Reglamento de desarrollo, cuyos artculos 18 y 93, respectivamente, determinan la aplicacin de estos trabajadores del rgimen establecido para los vigilantes de seguridad
Consecuencia de ello es que los guardas particulares del campo pueden ser directamente contratados por los titulares de las fincas rsticas, terrenos cinegticos, establecimientos de acuicultura y zonas martimas protegidas en las que vayan a desempear sus servicios.
Por tanto, no figura en el espritu de la Ley 23/1992 -y ni siquiera constituye su objeto-, el establecer o fomentar formas de contratacin distintas de las que son habituales en este tipo de servicios, cuya forma natural de prestacin es por cuenta ajena con sujecin a contrato laboral. Conclusiones:
Si la opcin de los guardas particulares del campo se ejerce a favor de la integracin de empresas de seguridad, habr de serlo en las mismas condiciones que el resto del personal de seguridad privada, es decir, mediante la suscripcin de contrato laboral en alguna de las modalidades legalmente previstas.
En definitiva, y a la normativa de modalidades de por los guardas son dos:
los efectos previstos en seguridad privada, las prestacin de servicios particulares del campo
Estando integrados en una empresa de seguridad, en cuyo caso lo ser con sujecin a contrato laboral, quedando incorporados a la plantilla de personal. Sin estar integrados en empresas de seguridad, en cuyo caso cabran dos formas de prestacin del servicio:
Por cuenta ajena, mediante contrato laboral suscrito con los titulares de las explotaciones o fincas rsticas. Por cuenta propia, sin sujecin a contrato de trabajo.
De igual modo, si se opta por la contratacin directa por los titulares de las fincas y las explotaciones a custodiar el instrumento que debe utilizarse es el del contrato laboral. De conformidad con el informe emitido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Secretara de Estado de la Seguridad Social) con motivo de similares consultas, debe admitirse, en principio, la posibilidad de que los guardas particulares del campo ejerzan su actividad con carcter autnomo, entendindose por trabajador por cuenta propia o autnomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa, una actividad econmica a titulo lucrativo, sin sujecin por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas (artculo 2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el rgimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autnomos).
En esta ltima modalidad, en cualquiera de sus dos formas, constituye una excepcin al rgimen general de integracin del personal de seguridad privada en empresas de seguridad, t se justifica nica y exclusivamente en las especificidades (dispersin geogrfica, nmero de efectivos, movilidad, limitacin de los servicios a pocas y temporadas concretas, etc.) derivadas del mbito rural en el que desempean sus funciones los guardas particulares del campo.
De los tres supuestos que se plantean en la propuesta-informe elaborada por el SEPROSE, respecto a la suscripcin de contratos mercantiles por parte de los guardas particulares del campo con empresas de seguridad o con otros guardas particulares, a efectos de subcontratacin de servicios, son contrarios a los preceptos y a la intencionalidad de la normativa de seguridad privada, conforme a la cual los
nicos supuestos de subcontratacin permitidos son aqullos en que una empresa de seguridad contratada para la prestacin de determinados servicios subcontrata los mismos con otra u otras empresas inscritas y autorizadas para las mismas actividades. Secretara General Tcnica (M.I.)
POSIBILIDAD LEGAL DE CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS OBLIGADOS
No parece jurdicamente posible que los Delegados de Gobierno, en base al articulo 136.3 del Reglamento de Seguridad Privada, puedan proceder al cierre de establecimientos que no hayan solicitado la preceptiva autorizacin de apertura, sino que los mismos deben ser sancionados con arreglo a los artculos 23.) de la Ley orgnica 1/1992, y 155.1.2 del Reglamento de Seguridad Privada, pudiendo imponrseles todas o algunas de las sanciones contempladas en el artculo 28 de la citada Ley Orgnica. Procedimientos a seguir ante establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, que no han solicitado la preceptiva autorizacin y que, en la mayora de los casos, no
cuentan con las medidas de seguridad reglamentarias, permaneciendo abiertos al pblico y en funcionamiento, a pesar de haber sido objeto de sanciones pecuniarias, como consecuencia de la prctica de inspecciones por parte de la autoridad policial.
autorice su entrada en funcionamiento y se constate que renen las medidas de seguridad obligatorias. A este respecto la Secretara General Tcnica consider, mediante informe, lo siguiente: El artculo 136 del R.S. P., aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y modificado por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, regula el procedimiento de apertura o traslado de establecimientos u oficinas obligados a disponer de todas o algunas de las medidas de seguridad contempladas en el propio Reglamento, es decir, determina los trmites o actuaciones que deben seguirse para que un establecimiento solicite y obtenga dicha autorizacin.
La cuestin que se suscita es, si en tales casos existe la posibilidad legal de proceder del modo establecido en el artculo 136.3 en cuanto al cierre de los establecimientos hasta que se
En este contexto, el apartado 3 de dicho artculo, en su segundo prrafo, contempla la posibilidad de cierre de un establecimiento u oficina que, an habiendo solicitado autorizacin de apertura y despus de serle practicada la preceptiva inspeccin por parte de la autoridad competente, en orden a la comprobacin de la correcta instalacin de las medidas de seguridad obligatorias, no haya subsanado en el plazo previsto las deficiencias advertidas en las mismas.
iniciar o continuar, en su caso, sus actividades, hasta que las anomalas o deficiencias que se hayan constatado en las medidas de seguridad obligatorias, a travs de la correspondiente inspeccin, hayan sido convenientemente subsanadas. El cierre del establecimiento se llevar a cabo por los servicios policiales correspondientes, previa resolucin en tal sentido del Delegado del Gobierno. En estos casos, y sin perjuicio de las posibles futuras- responsabilidades en que puedan incurrir los titulares de los establecimientos por la comisin de las infracciones al rgimen de medidas de seguridad (artculo 23) de la Ley Orgnica 1/1992, y artculo 155.12 del Reglamento de Seguridad Privada, se parte de una situacin de legalidad determinada por la previa solicitud de autorizacin por parte del titular o responsable del establecimiento, en virtud de la cual se inicia, tramita y resuelve el procedimiento contemplado en el artculo 136 del citado Regla-
mento. Por el contrario, en el caso de establecimientos obligados a disponer de medias de seguridad, que no cuentan con las medidas reglamentarias y, lo que es ms, que ni siquiera han solicitado la autorizacin de apertura, nos movemos propiamente en el mbito de las conductas infractoras sancionables con arreglo a la Ley orgnica 1/1992 (apertura de un establecimiento, inicio de sus actividades o desarrollo de su funcionamiento sin adoptar total o parcialmente las medidas de seguridad obligatorias o cuando aquellas no funcionan o lo hagan defectuosamente o antes de que la autoridad competente haya expresado su conformidad con las mismas infraccin grave tipificada en el artculo 23.) de la Ley Orgnica 1/1992, y desarrollada en el artculo 155.1.2 del Reglamento de Seguridad Privada.
Pues bien, el cierre que prev el apartado 3 del artculo 136 se enmarca en el procedimiento de autorizacin de apertura o traslado de un establecimiento u oficina, es decir, en aquellos supuestos en que ha mediado una solicitud de autorizacin por parte de los responsables o titulares de los establecimientos, dirigida al Delegado del Gobierno correspondiente. No se trata, por tanto, de una medida sancionadora, sino de una medida cautelar, cuyo objeto es garantizar que el establecimiento no
En estos supuestos, en los que se parte de una infraccin clara de la legalidad vigente, no cabra la aplicacin de la medida cautelar prevista en el artculo 136.3 del reglamento de se21
las sanciones pecuniarias, figura la clausura de los establecimientos por un plazo de hasta seis meses por infracciones graves, que puede ampliarse hasta los dos aos en casos graves de reincidencia, como es el que se describe por la Delegacin del Gobierno consultante. guridad Privada para los establecimientos que han solicitado la preceptiva autorizacin, sino la imposicin de La imposicin de este tipo de sanciones correspondera, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 de la repetida Ley orgnica,
en relacin con su artculo 2 b)), a los titulares de los rganos superiores y rganos directivos del Ministerio del Interior a los que se atribuya tal carcter, entendindose que la imposicin de la sancin de clausura del establecimiento correspondera al Director General de la Polica.
Secretara General Tcnica (M.I.)
ENTREGA DE MENCIONES HONORIFICAS EN ALMERIA
El pasado da ocho de mayo se entregaron catorce diplomas correspondientes a las menciones honorficas correspondientes al pasado ao. El acto de entrega lo presidio el Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno en esta Provincia de Almera D. Francisco Lainez Monterde, el Comisario Provincial D. Juan Jess Pealver Olmos, el Comisario, Jefe de la B. O. de Especialidad y Jefe del Grupo Operativo de Seguridad Privada. Asistieron al acto, acompaando a los mencionados responsables de las empresas de Seguridad, personal del grupo operativo de seguridad privada, jefes de los MIPs. Al personal de seguridad privada se dirigieron palabras de felicitacin y agradecimiento a su colaboracin por parte de las personalidades, solicitndoles continen en su buena labor. U.T.S.P. Almera
DETECTADAS CAMARAS OCULTAS EN CAJEROS PARA FALSIFICAR TARJETAS DE CREDITO
Un nuevo sistema de falsificacin de tarjetas de crdito ha sido descubierto. Al ya tradicional mtodo libans (argucia mediante la que los delincuentes retienen en el cajero la tarjeta de crdito de las vctimas a travs de un dispositivo mecnico, para despus obtener el cdigo mediante engao), se suma ahora otro mtodo, que emplea sistemas multimedia. Los delincuentes copian los datos de las bandas magnticas de las tarjetas a travs de lectores instalados en la puerta de entrada de Con microcmaras camufladas, situadas encima de los teclados, captan el cdigo. Una vez obtenida la los cajeros automticos. informacin de la banda magntica y la clave, los ladrones elaboran una rplica de la tarjeta de crdito para sacar dinero. El asunto adquiere un cariz ms "grave", en tanto que las vctimas, al no percatarse del fraude no anulan sus tarjetas, mientras los estafadores continan con la sustraccin de dinero. Los titulares descubren la estafa cuando la cantidad sustrada es considerable. U.C.S.P.
PRIMER DIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN EXTREMADURA
El da 30 de abril, se celebr por primera vez en Badajoz, el da de la Seguridad Privada en Extremadura, con el fin de homenajear a hombres y mujeres que trabajan en el sector de la Seguridad Privada y desatar la importancia creciente de la misma, haciendo un reconocimiento pblico mediante la entrega de Menciones Honorficas de las actuaciones ms destacadas en la labor de prevencin del delito y de las colaboraciones con el Cuerpo Nacional de Polica, que redundan en la mejora de la seguridad de los ciudadanos. El primero en tomar la palabra fue el Jefe Superior quien, destac la labor que desempean los integrantes de las Empresas de Seguridad, el afianzamiento del sector y su reconocimiento social. Prueba de ello es el reconocimiento a trayectorias de personas que durante toda su vida profesional se han dedicado exclusivamente a ella, al mundo de la Seguridad Privada, as como al reconocimiento a actuaciones inteligentes, valientes, decididas, aquellas en que las que la vocacin de servicio se antepone a las condiciones de trabajo. Finaliz expresando su deseo de consolidar la celebracin de este da. Posteriormente, el Comisario General de Seguridad Ciudadana habl sobre El Cuerpo Nacional de Polica ante la Seguridad Privada: planteamiento estratgico. Resalt la labor de este sector y testimoni el reconocimiento que la Direccin General de la Polica brinda a su trabajo en el campo de la complementariedad y subordinacin de la seguridad privada a la pblica. En este sentido, aludi a la planificacin estratgica que la Comisara General de Seguridad Ciudadana tiene diseada en relacin con este sector, concretada en rentabilizar el trabajo que viene realizando, y apost por que los Vigilantes de Seguridad se conciencien del papel que desarrollan a favor de la sociedad. Se refiri a los avances importantes con la comunicacin telemtica de los contratos y lo que supone conocer a tiempo real la situacin de cada Vigilante de Seguridad en una poblacin gracias al volcado cartogrfico de los datos. Finalmente la Subdelegada del Gobierno en Badajoz cerr y clausur el evento, reconociendo el merecido homenaje otorgado por la Jefatura Superior de Extremadura a los miembros de las Empresas de Seguridad Privada y expres su deseo de consolidar la celebracin de este da. U.P.S.P. Badajoz
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