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Timestamp: 2019-08-26 00:28:36+00:00

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Reflexiones sobre el indulto | Linares Abogados
El pasado 23 de julio, los medios de prensa dieron cuenta de un nuevo pedido de Indulto solicitado por el Ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori ante el Ministerio de Justicia, el cual nuevamente genera polémica no solo en el contexto en que este se produce, sino principalmente en razón al personaje y lo que este representa en la política nacional, refrescando en el inconsciente colectivo los execrables hechos por los que fue condenado a 25 años de prisión[1]. Más allá de la tajante negativa dada por el Presidente Pedro Pablo Kuczinsky quien descartó el otorgamiento de dicho beneficio, éste señaló estar de acuerdo con la aprobación de una ley que favorezca a condenados de avanzada edad terminen de cumplir su pena bajo arresto domiciliario, tal como lo señalara durante la campaña electoral, dejando la decisión en manos del actual Parlamento con mayoría fujimorista.
Bajo esta coyuntura consideramos ilustrativo efectuar un breve análisis de los aspectos sustantivos de la figura del Indulto, gracia presidencial que en nuestra opinión debe permanecer vigente en el ordenamiento nacional, pues más allá de la larga tradición constitucional, constituye un mecanismo idóneo, rápido y eficaz frente a las graves violaciones judiciales, prueba de ello es el reciente Indulto común otorgado a la Sra. Silvana Buscaglia Zapler, mediante Resolución Suprema N. 108-2016-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano el 28/07/2016, quien fuera condenada a seis años y ocho meses por haber agredido al policía Elías Quispe Carbajal el 17 de diciembre de 2015; pena a todas luces desproporcional en función a la naturaleza del delito imputado (más allá del cuestionamiento respecto a su configuración) por la mínima lesividad del bien jurídico protegido en el supuesto de resistencia a la autoridad en comparación con otras figuras delictivas de especial gravedad.
El Indulto es entendido como la renuncia que hace el Estado respecto a la ejecución de pena que viene cumpliendo una persona condenada con sentencia firme. Se trata del perdón de la pena impuesta, atribución que por mandato constitucional compete única y exclusivamente al Jefe de Estado, acorde con lo previsto en el art. 118° inciso 21) de la Constitución Política[2], ello bajo el sistema Presidencialista al cual nos adscribimos.
Ha sido recogido en nuestro Código Penal como causa de extinción de ejecución de la pena (Art. 85° y 89°), decisión que además, una vez concedida mediante la correspondiente Resolución Suprema, adquiere la calidad de Cosa Juzgada, es decir, INMUTABLE, al amparo de lo previsto por el art. 139° inciso 13) de la Constitución Política[3], que a decir del jurista VALLE RIESTRA se ajusta a lo normado en el artículo 4° inciso 6) del Pacto de San José, señalador de cómo la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena podrán ser concedidos en todos los casos. Igual repite el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluso aplicable a casos de pena de muerte, lo que demuestra la gravedad de delitos susceptibles de perdón[4].
Coincidimos con lo opinado por el maestro Eugenio Raúl ZAFFARONI en el sentido que, la naturaleza del derecho de gracia no es la de un acto judicial ni la de un acto administrativo, sino que es un acto de gobierno, un acto de poder, por lo cual no puede ser una actividad reglada. Si se olvida esto, el derecho de gracia e indulto parecería ser una injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial[5].
Nos encontramos frente a una institución con tradición constitucional, la cual ha sido reconocida expresamente en la mayoría de cartas políticas desde el inicio de nuestra vida republicana, salvo, conforme lo señala ROY FREYRE[6] en la Constitución promulgada en 1867, por el Gral. Mariano Ignacio Prado, por entonces Presidente Provisorio de la República, todas las Constituciones que ha tenido el Perú, consignan al Indulto como una atribución del Congreso, o también como facultad del Presidente de la República. En el primer supuesto, se entendió que al tratarse de una dispensa de la ley, éste debía ser concedido por el órgano del cual emana dicha facultad.
Cabe indicar en este punto que el poder de indultar o perdonar ha sido reconocido desde siempre en diversos ordenamientos tanto de nuestra tradición jurídica Euro continental, como propias del sistema del Common Law, bajo diversas denominaciones, tales como: Poder de Perdonar, Clemencia, Indulgencia, (…) siendo idéntica la consecuencia legal en todas ellas, la extinción de la ejecución de la pena materializada en la supresión de la pena impuesta, bajo el fundamento político criminal de constituir un correctivo inmediato frente a graves errores judiciales, único y último mecanismo para resarcir muchas veces una situación de injusticia, en la posibilidad de ser utilizada como un correctivo, general y ultimo, frente a errores y contradicciones a los principios de necesidad y merecimiento de pena[7].
Frente a los cuestionamientos respecto a si dicha institución debe pervivir en nuestros ordenamientos, consideramos que sí, no sólo por la gran tradición jurídica en nuestras cartas políticas, sino principalmente, porque constituye el único mecanismo eficaz y eficiente, frente a abusos del sistema judicial, de los cuales no hemos podido aún librarnos, si logramos eso, las amnistías, los indultos, las conmutaciones y las gracias, pasarán a un segundo plano ya que la justicia no perpetrará atropello. Hoy eso es una utopía. [8]
REGULACION DEL TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO.-
El procedimiento relacionado con las Gracias Presidenciales (Derecho de Gracia, Indulto y conmutación de penas) se encuentra regulado en el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial N. 0162-2010-JUS[9], del 13 de julio de 2010, donde se realiza incluso, una clasificación de las gracias presidenciales: común u ordinario y humanitario o excepcional.
(Cabe indicar que el anterior reglamento preveía además como supuesto de procedencia, el contar con más de 65 años de edad – última parte del art. 22° de la Resolución Ministerial N. 193-2007-JUS).
RESPECTO AL CARACTER «HUMANITARIO» DEL PEDIDO.-
Conviene conceptualizar o definir que encierra el término HUMANITARIO, según el diccionario CABANELLAS[10], se define como filántropo, indulgente, benéfico, caritativo. Para DRAE Benigno, caritativo, benéfico. Que tiene como finalidad aliviar los efectos que causan la guerra u otras calamidades en las personas que las padecen.
En consecuencia, este tipo de indulto se fundamenta en razones de benignidad, una forma de indulgencia frente a un condenado al advertirse grave afectación de la salud física o mental. razones por las cuales el Estado cesa la ejecución de la pena impuesta, en aras de cautelar un bien superior como es la dignidad de la persona humana, fin supremo de la Sociedad y el Estado. La cual es viable sólo mediante el respeto de los derechos fundamentales de la persona, entre éstos, el derecho a la vida, el cual constituye el centro de todos los valores y el supuesto básico de la existencia de un orden mínimo en la sociedad.[11]
Resulta pertinente traer a colación – respecto a la naturaleza humanitaria del pedido- el fundamento esgrimido en el Indulto humanitario otorgado al sentenciado José Enrique Crousillat Pérez -Torres, (además de ser el primer caso en que el mismo fue ilegal y arbitrariamente dejado sin efecto), señalándose en la correspondiente Resolución Suprema[12] la inexistencia de necesidad de pena, que la continuidad de la ejecución penal pierda todo sentido jurídico social, al acreditarse la enfermedad crónica y avanzada edad del solicitante.
Pareciera olvidar el TC que el otorgamiento del Indulto, así como las demás gracias presidenciales, es un acto singular, propio de un acto de gobierno[13], y que los cuestionamientos posteriores a su otorgamiento serían pasibles de un juicio político a través del mecanismo de Acusación Constitucional, según lo previsto en el art. 99° de la Constitución Política del Estado, así como la responsabilidad política del Estado, al respecto, contamos con el voto singular del Magistrado CALLE HAYEN, quien en la Sentencia del caso JAILILIE AWAPARA, considero que:
Para QUIROGA LEON[14], comentando el derecho de gracia como potestad discrecional del Jefe de Estado, sostiene entre otros: siendo una potestad discrecional y política del Ejecutivo, carece de sentido pedirle motivación. La motivación solo es requisito esencial del debido proceso en una resolución que resuelve una controversia de derecho. (…).por lo tanto, como acto administrativo particular, su modo de control sería por medio de la acción contencioso administrativa que prevé el artículo 148° de la Constitución. Pero la acción contencioso solo es residual, es decir, únicamente puede tener al afectado como reclamante frente al Estado que le niega un derecho particular. Y ese no sería el caso en el derecho de gracia. Por lo tanto, no habría legitimación ni interés para obrar para cuestionar judicialmente la concesión del derecho de gracia.
[1] Sentencia expedida por la Sala Penal Especial – Expediente N. A.V 19-2001, del 07 de abril de 2009.pág. 706. www.pj.gob.pe
[2] Art. 118° inciso 21) de la Constitución Política de 1993: (….) conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia (…)»
[3] Art. 139° – Principios de la función jurisdiccional:
[4] VALLE RIESTRA, Javier. AMNISTIA, INDULTO Y GRACIA: COSA JUZGADA IRREVOCABLE E IRREVISABLE. En: JuS-Constitucional 5/2008. pág. 49-70.
[5] ZAFARRONI, Eugenio Raúl, Tratado de Derecho Penal. Parte General. Ediar. Buenos Aires. 1993. p.40.
[6] ROY FREYRE, Luis E. CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA. Editorial Grijley. Enero 1997. Lima. pag. 231.
[7] BUSTOS RAMIREZ, Juan. Manual de Derecho Penal General. 3a ed, Ariel, Barcelona, 1989.p. 412.
[8] Op. Cit. Pág. 70.
[9] Cabe indicar que mediante Decreto Supremo N. 008-2010-JUS, del 22/06/2010, se fusionaron las comisiones adscritas al Ministerio de Justicia encargadas de evaluar y proponer el otorgamiento de Gracias Presidenciales, dispositivo legal que en su Disposición Complementaria Derogó entre otras normas, la Resolución Ministerial N. 193-2007-JUS.
[10] CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo IV- F-I, 20ª Edición. Ed. Heliasta SRL, Bs As. 1981. Pág. 317.
[11] BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. ICS Editores. 2ª Edición. Lima. 1996.pág.88.
[12] Resolución Suprema N. 285-2009-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2009.
[13] QUISPE CORREA, Alfredo. Indulto. Acto de Gobierno. Rentería. Lima. 2005. pag. 31.
[14] En: JuS-Constitucional 5/2008. PUNTOS DE VISTA. LA NECESIDAD DE LA PERVIVENCIA DEL DERECHO DE GRACIA E INDULTO Y SUS FORMAS DE CONTROL EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL. Editorial Grijley. Mayo 5/2008. Pág. 99.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 148
 Resolución 
 Resolución