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Timestamp: 2020-08-05 16:36:33+00:00

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Sentencia nº 960 de Suprema Corte de Justicia, del 18 de Octubre de 2017. - Jurisprudencia - VLEX 698383809
Rc: C.F.T.T.F.: 18 de octubre de 2017
Sentencia núm. 960
En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; A.A.M.S. y F.E.S.S., asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 18 de octubre de 2017, año 174º de la Independencia y 155º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación interpuesto por C.F.T.T. dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0132256-6, domiciliado y residente en el Peatón 24, núm. 8, sector H.M., de esta ciudad de Santiago, República Dominicana, tercero civilmente demandado, contra la sentencia núm. 359-2016-SSEN-0075, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 2017-424
Santiago el 31 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al Licdo. J.G.C., actuando a nombre y en representación de C.F.T.T., en sus conclusiones;
O. a la Licda. A.B., Procuradora General Adjunta al
Procurador General de la República Dominicana, en su Dictamen.
Visto el escrito motivado mediante el cual C.F.T.T., a través de su defensor técnico, L.. J.G.C., interpone recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 4 de noviembre de 2016;
Visto la resolución núm. 1726-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 10 de mayo de 2017, mediante la cual se declaró admisible, en la forma, el ya aludido recurso, fijándose audiencia para el día 2 de agosto de 2017;
Visto la instancia de fecha 02 de agosto de 2017, depositada por el Lic. J.G.C., mediante la cual deposita los documentos relativos al desistimiento del recurso de Casación presentado en contra de la sentencia 2017-424
de Apelación del Departamento Judicial de Santiago.
Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 156 de 1997 y 242 de 2011;
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la República; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 397, 398, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;
Conforme el fáctico, se le imputa a C.F.T.T., lo siguiente: “que siendo aproximadamente la 20:30 p.m del día 13 del mes de diciembre de 201,2 se originó un accidente de tránsito en la calle Las Palomas, de H.M., llegando a la puerta de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), entre el vehículo tipo carro, marca toyoya, color gris, año 1987, placa núm. A112039, chasis No. JT2SV22E9H3070307, conducido por el señor L.F.M.G., y la motocicleta, marca S., color negro, modelo 2002, conducida por el señor Pascual 2017-424
A.S.M.; que el accidente ocurre en momento que el vehículo que conducía el acusado L.F.M.G., el cual se dedica al transporte público en la Ruta H, transitaba por la calle Las Palmas de H.M., cuando al llegar próximo a la UAPA le rebasó por la izquierda a la motocicleta conducida por P.A.S.M. e inmediatamente después del rebase vuelve a tomar el carril derecho para abordar unos estudiantes que esperaban transporte en la puerta de la UAPA, es así que al cerrarle el paso a la motocicleta, su conductor no pudo más que estrellársele en la parte trasera de su vehículo. Dándole la calificación jurídica de violación a los artículos 49-c y 65 de la Ley 241, sobre Transito de Vehículo de motor, acusación que fue acogida en su totalidad por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito de Santiago, S.I., dictando auto de apertura a juicio en contra del señor L.F.M.G.”;
que para el juicio fue apoderada la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Santiago, la cual en fecha 19 de mayo del 2015, emitió la sentencia 367-2015, con el siguiente dispositivo:
“ PRIMERO: Declara al ciudadano L.F.M.G. culpable de violar los artículos 49 letra C y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, y sus modificaciones, en perjuicio del señor P.A.S.M., en consecuencia lo condena al pago de una multa de Dos mil Pesos (RD$2,000.00) a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Condena al imputado Lealdo 2017-424
proceso; TERCERO: En cuanto al fondo de la querella con constitución en actor civil incoada por el señor P.A.S.M., condena solidariamente al imputado L.F.M.G. y el señor F.C.T.T., en suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a favor de la víctima, querella y actor civil, señor P.A.S.M., como justa reparación por los daños morales experimentados como consecuencia del accidente de que se trata; CUARTO: Condena al imputado L.F.M.G. al pago de las costas civiles del proceso, con distracción y provecho del abogado concluyente, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte o totalidad; QUINTO: Declara común, oponible y ejecutable en el aspecto civil la presente decisión a la compañía aseguradora La Unión de Seguros, S.A., hasta el límite de la póliza, por ser esta la compañía aseguradora del vehículo envuelto en el accidente”;
que dicha sentencia fue recurrida en apelación por el tercero civilmente demandado C.F.T.T., siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la cual dictó la sentencia núm. 359-2016-SSEN-0075, el 31 de marzo de 2016, cuyo dispositivo establece lo siguiente:
“ PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano F.C.T.T., (Tercero civilmente demandado), por intermedio de los L.J.G.C. y O.D.; en 2017-424
contra de la Sentencia núm. 00367/2015, de fecha 19 de mayo del año 2015, dictada por la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Transito del municipio de Santiago; SEGUNDO: Confirma el fallo impugnado; Tercero: Condena a la parte apelante al pago de las costas generadas por su impugnación”.
Considerando, que el recurrente, por intermedio de su abogado, invoca en su recurso de casación los siguientes medios:
“Sentencia manifiestamente infundada. Artículo 417.4 la Corte en ningún momento le otorga falta la parte condenada, con declaraciones que no han sido establecidas por los testigos, sino mas bien que lo que hace es dar aquiescencia a la sentencia de primer grado, donde utiliza los motivos de esta decisión del primer grado, como su propia motivación, lo que equivale a que no dio nunca una motivación propia, lo que conlleva a una falta de de la Corte de insuficiencia de motivación. Que la sentencia dictada por la Corte a-qua ahora recurrida en casación, la cual consta de 11 página es una copia fiel de los motivos contenidos en la sentencia de primer grado. Es decir que en dicha sentencia ahora recurrida se exponen casi en su totalidad los argumentos del tribunal de primer grado, lo cual es evidentemente contradictorio con la norma citada para realizar su propio análisis no es plasmar el contenido de otras decisiones. Principio de proporcionalidad. Condena en virtud de los daños causados y la indemnización impuesta. Que cuando se encuentra en juego la presunción de inocencia, en combinación con el principio de 2017-424
proporcionalidad, el cual contiene el principio de subsidiariedad, se debe entonces ponderar en conjunto, ya el tinglado normativo al que hacemos referencia se ha visto en juego violentando tres derechos fundamentales como lo son el de libertad, presunción de inocencia y el derecho al debido proceso con todas las garantías judiciales. Que el tribunal de primer grado y la Corte al condenar a L.F.M.G., al pago de una multa de Dos mil Pesos (RD$2,000.00) y una indemnización civil de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a favor de la víctima querellante y actor civil, el señor P.A.S.M., solidariamente con el señor F.C.T. tercero civilmente demandado. La indemnización impuesta al señor F.C.T.T., tercero civilmente demandado se inclina desproporcionadamente ya que al ser condenado de manera solidaria con el imputado, cae en violación al principio de proporcionalidad en perjuicio del recurrente”.
Los jueces después de haber analizado la decisión impugnada, el medio planteado por el recurrente:
Considerando, que el recurrente alega en su escrito de casación, falta de motivación, violación a los principios de presunción de inocencia, proporcionalidad, acarreando con ello violación al derecho a la libertad y al debido proceso y las garantías judiciales, sustentado en que la Corte no dio motivos para confirmar la sentencia de primer grado sino que se limitó hacer 2017-424
acopio de los motivos expuestos por el tribunal de juicio, sin hacer su propio análisis, que la indemnización impuesta al imputado como al tercero civilmente demandado resulta desproporcional, violando en tal sentido dicho principio;
Considerando, que conforme dispone el artículo 427 del Código Procesal Penal, en lo relativo al procedimiento y a la decisión del recurso de casación, se aplican, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias, salvo en el plazo para decidir que se extiende hasta treinta días, en todos los casos; de lo que se infiere la necesidad de que ante la interposición del presente recurso de casación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia decida primero sobre la admisibilidad del mismo, en virtud de los artículos 425 y 426 del citado Código; que en ese tenor, fue declarado admisible dicho recurso y fijada audiencia para el día 2 de agosto de 2017;
Considerando, que en citada la audiencia la parte recurrente, C.F.T.T., tercero civilmente demandado, por intermedio de su abogado, L.. J.G.C., ha manifestado que existe un arreglo con la víctima y procedió a depositar el acuerdo y el poder de cuota lítis que es el que permite llegar a un acuerdo judicial y extrajudicial, por lo que solicitó librar acta del acuerdo y dejar sin efecto las consecuencias legales civiles del presente recurso en este proceso, en cuanto al señor C.F.T.T.; 2017-424
que en ese tenor el Ministerio Público dictaminó, estableciendo que por tratarse de un recurso de casación que se circunscribe solo en el aspecto civil de la sentencia impugnada, ya que el aspecto panal ha quedado juzgado, entiende que el tribunal de casación dicte la decisión que considere pertinente para la solución del presente recurso por el tercero civilmente demandado;
Considerando, que en el acto de desistimiento y recibo de descargo de acciones entre F.C.T.T. y P.A.S.M., suscrito por los Licdos. J.O.D. y J.M.R., actuando a nombre y en representación del señor P.A.S.M., de fecha 27 de julio 2017, debidamente notariado por el Lic. J.M.T.R., notario público de los del número para el municipio y provincia de Santiago, establece que por medio del presente acto desiste desde ahora y para siempre de cualquier acción o procedimiento de ejecución de la sentencia 00367-2015, de fecha 19 de mayo de 2015, dictada por la Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito y ratificada por la Corte, mediante sentencia 359-2016-SSN-0075, además de los gastos de ambos proceso, por lo que desisten, recibiendo los valores condenatorios de dicha sentencia por parte del señor F.C.T.T., propietario del vehículo envuelto en el accidente, donde resultó lesionado P.A.S.M., por lo que descarga a dicha persona de cualquier 2017-424
responsabilidad civil, en cuanto a los demás involucrados en el mismo no forman parte del este descargo, por lo que por medio del presente acto otorga recibo de descargo y finiquito a favor de F.C.T.T., por la suma de cuarenta mil pesos dominicanos (RD$40,000.00), por concepto de pago de obligación de sentencias y gastos legales de la referida sentencia;
Considerando, que el artículo 37 del Código Procesal Penal, establece que: “Procede la conciliación para los hechos punibles siguientes:1) Contravenciones;
2) Infracciones de acción privada; 3) Infracciones de acción pública a instancia privada;
4) Homicidio culposo; 5) Infracciones que admiten la suspensión condicional de la pena. En las infracciones de acción pública, la conciliación procede en cualquier momento previo a que se ordene la apertura del juicio. En las infracciones de acción privada, en cualquier estado de causa. En los casos de acción pública, el ministerio público debe desestimar la conciliación e iniciar o continuar la acción cuando tenga fundados motivos para considerar que alguno de los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza. En los casos de violencia intrafamiliar y los que afecten a los niños, niñas y adolescentes, el ministerio público sólo puede procurar la conciliación cuando lo soliciten en forma expresa la víctima o sus representantes legales, y siempre que no esté en peligro la integridad física o psíquica de la víctima”;
Considerando, que el Código Procesal Penal, en su artículo 38, establece que: “El ministerio público, para facilitar el acuerdo de las partes, puede solicitar el 2017-424
asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas en mediación, o sugerir a los interesados que designen una. Los mediadores deben guardar secreto sobre lo que conozcan en las deliberaciones y discusiones de las partes. Si no se produce la conciliación, las manifestaciones de las partes deben permanecer secretas y carecen de valor probatorio”;
Considerando, que el artículo 39 Código Procesal Penal, en su, dispone que: “Si se produce la conciliación, se levanta acta, la cual tiene fuerza ejecutoria. El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal. Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, el procedimiento continúa como si no se hubiera conciliado”;
Considerando, que el artículo 44 del Código Procesal Penal en su numeral 10, establece lo siguiente: “La acción penal se extingue por: Conciliación”;
Considerando, que en razón de que la parte querellante y actor civil P.A.S.M. ha sido resarcida en su totalidad y ha manifestado mediante el acuerdo descrito más arriba, su desinterés en el recurso de casación, por haber sido resarcido el daño causado; que al no estar dicho acuerdo sujeto a ningún condicionamiento toda vez que este ha manifestado en el mismo, que renuncia para siempre a incoar acción alguna con base en la presente acción en contra del tercero civilmente demandado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en virtud del texto legal 2017-424
precedentemente citado, acoge dicha solicitud, y falla como indica el dispositivo de la presente decisión;
Considerando, que es deber fundamental de esta Alzada garantizar el debido proceso evitando así que las formas se conviertan en rituales, por lo que es de lugar el análisis pormenorizado del proceso que nos ocupa con la finalidad de verificar la existencia de una sana aplicación de la ley, en tal sentido, esta alzada cumple con el mismo conforme el abanico de posibilidades dado por el artículo 400 del Código Procesal Penal;
Considerando, que del análisis del proceso que nos ocupa se extrae de las piezas depositadas en lo siguiente:
a) Que en fecha 4 de marzo de 2013, el señor P.A.S.M., en su calidad de víctima y querellante del presente proceso procedió a otorgar Poder especial y cuota litis al Licdo. J.O.D., acto debidamente notariado;
b) Que mediante acto de fecha 27 de julio de 2017, los Licdos. J.O.D. y J.M.R., actuando a nombre y en representación del señor P.A.S.M., otorgan recibo de descargo y desistimiento 2017-424
de la acción y querella en actor civil; acto debidamente notariado por el Licdo. J.M.T.R.;
c) Que en fecha 2 de agosto de 2017, mediante instancia, el recurrente F.C.T.T., por intermedio del su abogado, el Licdo. J.G.C., hizo formal deposito de los documentos con relación al desistimiento por parte de los abogados de P.A.S.M.;
Considerando, que el artículo 124 del Código Procesal Penal, establece: “Desistimiento. El actor civil puede desistir expresamente de su acción, en cualquier estado del procedimiento…”;
Considerando, que el artículo 398 del Código Procesal Penal, establece que “Las partes o sus representantes pueden desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero tienen a su cargo las costas. El defensor no puede desistir del recurso sin autorización expresa y escrita del imputado”;
Considerando, que el artículo 307 del Código Procesal Penal, establece que, “Inmediación…si el actor civil, la víctima, o el querellante o su mandatario con poder especial no concurren a la audiencia, no asiste, no se hace representar legalmente
, o se retira de ella, se considera como un desistimiento de la acción…”;
Considerando, que si bien el recurrente en casación lo es el tercero 2017-424
civilmente demandado, quien estableció haber llegado a un acuerdo con la parte civil del proceso dejándolo así establecido que desiste de su recurso de casación, encontrándose la conciliación permitida, procediendo esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia a la corroboración de lo alegado por la parte recurrente, por lo cual se verifica que las partes involucradas en el proceso desisten al no poseer ningún interés en mantener dicha acción; de lo que se desprende que estos han dirimido su conflicto en el aspecto pecuniario, por lo que es evidente que carece de interés estatuir sobre el presente recurso y procede se levante acta del desistimiento voluntario; dejando así sin efecto el recurso de casación incoado por el tercero civilmente demandado, el cual por principio de justicia rogada no tiene lugar a perseguir conflictos ya dirimidos que no se circunscriben a su esfera conforme los lineamientos de los artículos 31, 127 y 398 del Código Procesal Penal;
Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; por lo que procede compensar las costas del procedimiento, generadas en casación. 2017-424
PRIMERO: Libra acta del desistimiento hecho por el recurrente C.F.T.T., del recurso de casación interpuesto contra la sentencia núm. 359-2016-SSEN-0075, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 31 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión;
SEGUNDO: Compensa las costas del proceso; Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago.
Firmados.- M.C.G.B..- A.A.M.S..- F.E.S.S..-
Sentencia nº 990 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 7 de Octubre de 2015.

References: resolución 
 Resolución 
 Artículo 417
 artículo 427
 artículo 37
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 44
 artículo 400
 artículo 124
 artículo 398
 artículo 307
 artículo 246