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Sentencia A.P. Murcia 313/2010 de 22 de octubre
Accidente de tráfico: Acreditación de las lesiones sufridas por una menor que fue atropellada por su padre al salir marcha atrás con su vehículo. Indemnización: Procedencia. Perjuicios estéticos.
SENTENCIA: 00313/2010
ROLLO N.º 310/2010 (CIVIL)
ILTMO. SR. D. FERNANDO FERNÁNDEZ ESPINAR LÓPEZ
En Cartagena, a veintidós de octubre de dos mil diez.
SENTENCIA N.º 313
Vistos, en grado de apelación, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, integrada por los Iltmos. Sres. expresados, los autos de juicio ordinario número 394/09 (Rollo n.º 310/10), que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia número tres de Cartagena, siendo partes, como demandante, D.ª Pura, en representación legal de su hija menor de edad Adelaida, representada por el Procurador D.Carlos M. Rodríguez Saura y defendida por el Letrado D.Pedro E. Madrid Briones, y, como demandada, "GÉNESIS SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS", representada por el Procurador D.Diego Frías Costa y defendida por el Letrado D.Rafael Escudero Sánchez, actuando en esta alzada, como apelante, la parte actora, y, como apelada, la parte demandada, ha sido Magistrado ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ JOAQUÍN HERVÁS ORTIZ, que expresa el parecer de la Sala.
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Cartagena, en los referidos autos de juicio ordinario, tramitados con el número 394/09, se dictó Sentencia con fecha 1 de marzo de 2.010, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"Desestimar la demanda interpuesta por el Procurador D.Carlos M. Rodríguez Saura, en nombre y representación de Doña Pura, en representación de la menor D.ª Adelaida, contra Génesis Seguros Generales, S.A., absolviendo a la citada demandada de las peticiones deducidas en su contra, con imposición de costas a la parte actora.".
Segundo.-Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte actora, que, una vez admitido a trámite, interpuso en tiempo y forma, exponiendo por escrito y dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento. Del escrito de interposición del recurso se dio traslado a la parte demandada, emplazándola por diez días para que presentara escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resultara desfavorable, dentro de cuyo plazo presentó escrito de oposición al recurso, solicitando la confirmación de la Sentencia dictada en primera instancia, con expresa condena en costas a la contraparte. Seguidamente, se remitieron los autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo de apelación, con el número 310/10, que ha quedado para Sentencia sin celebración de vista, tras señalarse para el día 19 de octubre de 2.010 su votación y fallo.
Tercero.-En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.
Primero.-Frente a la Sentencia de primera instancia, que desestima la demanda y absuelve a la aseguradora demandada de las pretensiones deducidas en su contra, por entender que no puede entenderse acreditada la causa de las lesiones sufridas por la menor ni la real entidad de las mismas, se alza la parte actora en base a las alegaciones que realiza en el escrito de interposición del recurso, solicitando su revocación y que se dicte otra por la que se estime la demanda. Y el recurso ha de ser estimado, siquiera parcialmente, por las razones que, a continuación, se exponen. Así, debe señalarse, en primer lugar, que difícilmente puede afirmarse que no está acreditada la causa de las lesiones, cuando ni siquiera la parte demandada viene a discutir en su contestación la realidad del atropello alegado por la actora. Es decir, ha de partirse de que, en efecto, el conductor del vehículo asegurado en la compañía aseguradora demandada y padre de la menor, que contaba en el momento de los hechos con poco más de dieciséis meses de edad, procedió a atropellar a ésta cuando salía marcha atrás con su vehículo del garaje de su casa, al desconocer que la menor se encontraba a la altura de la parte de atrás del citado vehículo. Ello, como hemos dicho, ni siquiera viene a ser negado por la parte demandada que concentra su tesis argumentativa en la existencia de negligencia en la custodia de la menor por parte de la madre. Pero es que, además, se cuenta con la declaración testifical del padre de la menor, que declaró en el acto del juicio y explicó que, en efecto, atropelló a su hija al salir marcha atrás con el vehículo.
Partiendo, pues, de la real existencia del atropello, debe señalarse que las lesiones que se reflejan en los documentos públicos que se acompañan a la demanda son compatibles con dicho suceso, debiendo destacarse que en esos documentos se hace referencia también a un accidente de tráfico como el causante de las lesiones, de tal manera que se entiende acreditado el necesario nexo causal entre el accidente y las lesiones. Y llegados a este punto, es claro que la aseguradora demandada ha de responder de las lesiones sufridas por la menor, al haber sido causadas por el conductor del vehículo por ella asegurado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, sin que pueda entenderse que el accidente se debió a culpa exclusiva de la víctima, especialmente teniendo en cuenta que ésta era una niña que contaba con poco más de deciséis meses de edad a la fecha del accidente, y sin que tampoco pueda entenderse acreditado -ni se haya alegado siquiera- que el atropello se debiese a fuerza mayor extraña a la circulación o al funcionamiento del vehículo. Igualmente, es evidente la improcedencia de apreciar compensación alguna de culpas derivada de la conducta de la víctima, que, como ya hemos dicho, era una niña de corta edad.
Es decir, la mera existencia del atropello que produjo lesiones en la víctima genera para el conductor la responsabilidad prevista en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo citado, sin que concurra, en el supuesto de autos, ninguna de las circunstancias que, a tenor de dicho precepto, excluirían tal responsabilidad, por lo que la aseguradora ha de hacerse cargo del abono de la correspondiente indemnización, en atención a lo dispuesto en el artículo 7 del mismo cuerpo normativo.
Segundo.-En lo que se refiere a la entidad de las lesiones sufridas, los únicos datos con los que se cuenta en el presente proceso son los derivados de la documental que se acompañó a la demanda. Así, en el informe clínico de alta del Hospital Virgen de la Arrixaca de fecha 5 de junio de 2.007, suscrito por el médico D. Gustavo, se señala que la menor ingresó por urgencias en el "Servicio de Traumatología Infantil" del citado Hospital el día 27 de mayo de 2.007 tras haber sufrido un accidente de tráfico, estableciéndose como diagnóstico principal el de fractura supraintercondilea de húmero derecho y abrasiones en ambos miembros superiores, habiéndose procedido a la reducción ortopédica de la fractura de codo y fijación con dos agujas de Kirschner en equis, así como a la realización de cura de las abrasiones y férula de yeso. Y también se señala en el informe que se hicieron curas cada dos días por cirugía plástica del brazo izquierdo y por traumatología del brazo derecho, añadiendo que la evolución de las abrasiones fue buena y que se procedía a dar el alta hospitalaria el día 5 de junio de 2.007, para seguir curas del brazo izquierdo por cirugía plástica en consulta externa el día 6 de junio de 2.007, fijándose para revisión en consulta externa de traumatología el día 14 de junio de 2.007.
Por otra parte, se aporta otro informe del Hospital Virgen de la Arrixaca, en el que se hace constar que la menor ingresa en el "Servicio de Cirugía Plástica y Quemados Infantil" el 22 de junio de 2.007, con motivo de pérdida de sustancia en codo izquierdo, siendo dada de alta, tras intervención quirúrgica, el día 23 de junio de 2.007 y señalándose en el mismo informe la necesidad de acudir a consultas externas de cirugía plástica el día 27 de junio de 2.007.
Asimismo, se aporta informe médico de fecha 9 de abril de 2.008, del Hospital Virgen de la Arrixaca, en el que se establece, en síntesis, el diagnóstico, tratamiento, evolución y secuelas de las lesiones, indicándose que estas últimas consisten en cicatriz en ambos lados del codo por la entrada de las agujas.
Finalmente, se aporta un documento privado con el que la parte actora pretende acreditar la existencia de determinadas secuelas estéticas.
Desde luego, no puede decirse que la parte actora se haya explayado en la acreditación de las lesiones sufridas y la entidad y efectos de las mismas, pero ello no puede llevar, sin más, a la íntegra desestimación de la demanda, cuando sí existe, al menos, cierta acreditación de las consecuencias del siniestro, aunque esa acreditación no alcanza, desde luego, la totalidad de las peticiones que la parte actora realiza. Así, lo primero que debe notarse es que la parte actora sólo pide días impeditivos, sin formular petición alguna por días de hospitalización ni por días no impeditivos, lo que ha de condicionar necesariamente la resolución a dictar, en atención al principio de congruencia. Y, partiendo de ese dato, debe señalarse que la Sala sólo entiende acreditados un total de treinta dos días impeditivos, que serían los comprendidos entre la fecha del accidente (27 de mayo de 2.007) y la fecha de la última consulta de cirugía plástica de la sanidad pública a la que se hace referencia en la documentación médica aportada (27 de junio de 2.007), sin que pueda entenderse acreditada más allá de esta última fecha la existencia de más días impeditivos, al no existir elemento probatorio alguno que permita sustentar esa acreditación, sin que sea de recibo acudir a un mero voluntarismo incompatible con el rigor exigible en la actuación de los órganos judiciales. En este sentido, resulta absolutamente insuficiente para dar por acreditados más días impeditivos el informe suscrito por médico del Hospital Virgen de la Arrixaca de fecha 9 de abril de 2.008, que ha sido acompañado a la demanda como documento número cinco, en el que ni se hacen constar los días impeditivos ni se deja constancia tampoco de la fecha en la que se produjo la estabilización lesional, sin que pueda hacerse coincidir, sin más, la fecha del alta definitiva de la lesionada con la fecha del propio informe, es decir, con el día 9 de abril de 2.008, pues bien pudo emitirse dicho informe en momento muy posterior al de la fecha real de alta definitiva, de la que -se reitera- no existe constancia alguna en las actuaciones.
Por todo ello y como ya hemos señalado, sólo puede entenderse acreditada la existencia de un total de treinta y dos días impeditivos, debiendo procederse a aplicar el baremo del año 2.007, que es el año en el que se produjo el accidente, al no constar que el alta definitiva se produjese con posterioridad a dicho año, toda vez que, como ya hemos visto, el informe de 9 de abril de 2.008 no permite dar por acreditada cosa distinta y, además, la propia parte actora parece situar el alta dentro del año 2.007, al reclamar sólo doscientos días impeditivos. Y, de conformidad con dicho baremo, la cantidad que corresponde percibir por los treinta y dos días impeditivos asciende a un total de 1.611,20 euros (50,35 € x 32 días), sin que, obviamente, proceda aplicar factor de corrección alguno sobre tal cantidad habida cuenta la ausencia de ingresos de la víctima, al ser ésta una niña de poco más de dieciséis meses.
Tercero.-En lo que se refiere a secuelas, las únicas que alega la parte actora consisten en un perjuicio estético, que dicha pretende fundamentar en el contenido de los documentos números cinco y seis de los acompañados a la demanda. El documento número cinco sí es tenido en cuenta por la Sala en cuanto que procede de la sanidad pública y, en concreto, del mismo Hospital y doctor que trató a la paciente. En dicho documento se recoge como secuela la existencia de cicatriz en ambos lados de codo por la entrada de las agujas; pero no contamos con ningún otro dato que nos permita valorar mínimamente la entidad de dicha cicatriz ni su completa repercusión estética, en cuanto que ningún otro elemento probatorio es aportado por la parte actora, como pudiera ser una fotografía o algún otro informe de la sanidad pública que describa en mayor medida dicha cicatriz. Y de ello se sigue que no puede atribuirse a esa secuela otra puntuación que no sea la mínima prevista en baremo, esto es, un punto, cuyo valor, en atención al baremo del año 2.007, ascendería a 735,22 euros, sin que proceda hacer aplicación del factor de corrección del 10% sobre secuelas, interesado por la parte actora, teniendo en cuenta que la víctima ni siquiera estaba en edad laboral, tal como resulta exigible para la aplicación de dicho factor de corrección.
No procede apreciar ningún otro perjuicio estético, por considerar la Sala absolutamente insuficiente, a este respecto, el dcoumento que se acompaña a la demanda con el número seis, al tratarse de un mero documento privado, supuestamente suscrito por un médico especialista en cirugía plástica y reparadora, pero que no ha sido ratificado debidamente en el acto del juicio, sin que dicho documento ofrezca, desde luego, unas mínimas garantías de autenticidad, pudiendo haber sido confeccionado por cualquiera, a diferencia de las mayores garantías que ofrecen los documentos procedentes de la sanidad pública que han sido acompañados a la demanda, por lo que no es de extrañar que dicho documento número seis fuese expresamente impugnado por la parte demandada en su contestación a la demanda.
De todo lo expuesto se sigue que la cantidad que ha de ser abonada a la víctima, por lesiones y secuelas, asciende a un total de 2.346,42 euros (1.611,20 € por los 32 días impeditivos y 735,22 € por la secuela).
Cuarto.-Por lo expuesto en los precedentes ordinales, procede estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto y revocar la Sentencia apelada, dictando otra, en su lugar, por la que se estime parcialmente la demanda interpuesta y se condene a la aseguradora demandada a abonar a la demandante la cantidad de 2.346,42 euros, más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro (27 de mayo de 2.007) hasta el completo pago, al no haber abonado ni consignado la aseguradora cantidad alguna dentro de plazo legal, sin que exista causa justificativa que permita amparar dicha conducta omisiva de la aseguradora.
Al producirse un estimación parcial de la demanda, no procede imponer las costas de la primera instancia a ninguna de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.2. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Debe añadirse, por último, que es evidente que no concurre ni la falta de legitimación activa ni la falta de litisconsorcio pasivo necesario que fueron alegadas por la demandada en la contestación a la demanda, que fueron rechazadas por la Juzgadora "a quo" y que son reiteradas por la parte apelante en su escrito de impugnación del recurso de apelación, pues, de un lado, debe destacarse que, en cualquier caso, de haber existido realmente algún tipo de negligencia por la madre de la menor -lo que no ha resultado acreditado en ningún momento en el presente pleito- resultaría irrelevante para enervar la reclamación por las lesiones sufridas por la hija menor frente al conductor responsable y frente a la compañía aseguradora del vehículo, al no concurrir, como ya se ha dicho, culpa alguna de la víctima, que no es otra que la menor; y, de otro lado, debe señalarse que resulta inacogible la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, para lo que basta con señalar que la responsabilidad de la parte demandada sería en cualquier caso solidaria y que ello excluye la posibilidad de apreciar situaciones de litisconsorcio necesario. Y, finalmente, tampoco hubiese sido procedente la designación de un defensor judicial, por no concurrir en el supuesto de autos, en modo alguno, el supuesto de hecho que podría dar lugar a tal designación, para lo que es suficiente con reparar en que ninguno de los progenitores es demandado en el presente pleito, sino que lo es la aseguradora del vehículo causante del siniestro, frente a la que reclama la madre de la menor en defensa de los intereses de ésta, tal como autorizan los artículos 162 y 163 del Código Civil; y ello sin olvidar que, como ya dijimos anteriormente, no se ha acreditado por la parte demandada negligencia alguna que quepa imputar a la madre de la menor.
Igual de improcedente resulta dar cuenta al Ministerio Fiscal de la indemnización a percibir por la menor, en la medida en que no concurre tampoco en el supuesto de autos circunstancia alguna que haga necesaria la intervención del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 y siguientes del Código Civil.
Quinto.-No proceder hacer imposición de las costas de esta alzada a ninguna de las partes, en atención a lo dispuesto en el artículo 398.2. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sexto.-De conformidad con lo establecido en el apartado 8. de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede disponer la devolución a la parte apelante de la totalidad del depósito que fue constituido para recurrir en apelación, al haberse estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto.
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D.Carlos M. Rodríguez Saura, en nombre y representación de D.ª Pura, que actúa en representación legal de su hija menor Adelaida, contra la Sentencia dictada en fecha 1 de marzo de 2.010 por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Cartagena, en los autos de juicio ordinario número 394/09, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS dicha resolución, dictando otra, en su lugar, por la que estimamos parcialmente la demanda interpuesta por D.ª Pura, en representación legal de su hija menor Adelaida, y condenamos a "GÉNESIS SEGUROS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS" a abonar a la demandante la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.346,42 €), más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha del siniestro (27 de mayo de 2.007) hasta el completo pago. Y ello, sin hacer imposición a ninguna de las partes de las costas de ambas instancias.
Devuélvase a la parte apelante la totalidad del depósito que fue constituido para recurrir en apelación.
Notifíquese esta Sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248.4.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haciéndose saber a las partes que no cabe recurso alguno contra ella; y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 7
 resolución 
 artículo 20
 artículo 394
 artículo 398
 artículo 20
 artículo 248
 resolución