Source: http://www.consejosdederecho.com.ar/180.htm
Timestamp: 2018-01-18 03:42:39+00:00

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ACCIÓN DE AMPARO POR MALTRATO ANIMAL – LAS FUENTES NORMATIVAS EXISTENTES EN EL DERECHO ARGENTINO – LA INCIDENCIA COLECTIVA – EL AMPARO COLECTIVO – EL DERECHO A LA VIDA RECONOCIDO EN LA LEY PENAL – ANIMALES O SEMOVIENTES – CUESTIONES ECONÓMICAS – ¿SUBCULTURAS O IGNORANCIA JUSTIFICANTE?. UN FALLO EJEMPLAR. O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC. GRATUITAMENTE, COMO ASIMISMO PASARLO A UN EQUIPO DE AUDIO O CELULAR, COMO DESEE.
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Su fuente normativa.
¿Qué es un derecho de “incidencia colectiva”?. El interés individual y social.
El Derecho Penal reconoce un bien: el derecho a la vida de los animales. El Derecho Penal es un Derecho tuitivo de otros derechos.
Otros casos de Derechos tuitivos. Son los que custodian otros derechos. El Laboral y previsión social en especial también lo son. Y ciertas normas que protegen otros derechos consagrados por las mismas leyes.
Mi respuesta a estas situaciones, subculturas, necesidades económicas, idealismo materialista, etcétera
El concepto de bien jurídico protegido.
Las disposiciones constitucionales y legales que hacen a la posibilidad de una acción de amparo.
La mención semoviente.
Un fallo ejemplar.
En el amparo previsto por el artículo 43 de la Constitución Nacional podemos leer: “ Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
En el “Amparo Colectivo”, Humberto Quitoga Lavié, señala: “Mientras la doctrina alemana discutía el concepto de derecho público subjetivo y la doctrina francesa hizo lo propio con el concepto de legalidad, fue la doctrina italiana la que se esmeró en distinguir el derecho subjetivo del interés legítimo, pero pensando a este último siempre como uti singuli y no como uti universalis, pues los intereses colectivos son tutelados sólo por el Estado.
“Esta distinción estuvo dirigida a atribuir el conocimiento de los derechos subjetivos lesionados a los tribunales ordinarios, y el conocimiento de los intereses legítimos de los administrados al Consejo de Estado. En rigor, con la denominación del interés legítimo, lo que la doctrina italiana (Ranelletti, Zanobini) quiso destacar es la coincidencia entre interés de un administrado y el interés general postulado en la ley. Invocar un interés legítimo implica comprobar que su interés coincide con el interés público: es decir, el modo propio de individualizar al derecho público subjetivo por esta doctrina” ( páginas 26 a 27 ).
“Especialmente Virga es quien define el interés legítimo como "la pretensión a la legitimidad de la actividad administrativa".
Dentro de este concepto hay un interés por parte del Estado en que los animales no sean apaleados, por así decir, concretamente nada menos que el Derecho Penal, que, en esencia es tuitivo, es decir, que guarda, que defiende a los demás derechos, puntualiza mediante, la ley 14346 cuáles son los actos por los que los animales deben quedar protegidos. Indica que “Será reprimido con prisión de 15 días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.” ( artículo 1 ) y que “Serán considerados actos de maltrato: 1) No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, 2) Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas, 3) Hacerlos trabajar en jornadas excesivas, sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas, 4) Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, 5) Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, 6) Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas ( artículo 2 ). Asimismo que “Serán considerados actos de crueldad: 1) Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas para ello. 2) Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. 3) Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo en casos de urgencia debidamente comprobada. 4) Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia. 5) Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en la experimentación. 6) Causar la muerte de animales grávidos, cuando tal estado sea patente en el animal y salvo en el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato. 7) Lastimar o arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios, o matarlos por el sólo espíritu de perversidad. 8) Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice animales ( artículo 3 ).
Esto es concluyente en el interés del Estado, en el hecho de que los animales no tengan ese trato.
El autor citado señala que “En la acción privada ambas relaciones -de igualdad civil y de desigualdad procesal- van juntas, pues también allí el proceso es una imposición de prestaciones desde el poder del Estado. En la acción pública el interés privado no cuenta, salvo para movilizar las razones de interés público. Si se continúa con la exigencia, en el proceso público, de probar el interés privado del demandante, en mucha medida lo es como un resabio, no develado ni analizado suficientemente, de las exigencias patrimoniales del proceso privado. Porque, cuando el juez administrativo resuelve en su jurisdicción, no lo hace laudando intereses privados, como en el caso del juez civil, sino aplicando Derecho Público y atendiendo intereses públicos. Entonces, si lo privado en los juicios públicos resulta una cuestión subalterna, en razón del carácter reaccional de su invocación, ¿por qué continuar con la exigencia de condicionar lo principal -que es el interés público- a lo subalterno, que es el interés privado? Esta línea argumental explica la amplia legitimación contenida en defensa de los derechos de incidencia colectiva, tal como están reconocidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Parece claro que en la jurisdicción administrativa el accionante no ejerce acción propia, sino una acción pública. El derecho subjetivo que se le exige ostentar como mero "presupuesto de admisibilidad" de la acción, y no como fundamento de una pretensión particular interés siente (cuando se pretende que el artículo 43 al hablar de afectado se refiere al afectado directo), pone en peligro de dejar al interés público desprotegido y sin reparación su afectación. Esto es verdaderamente anacrónico. En la acción civil no lo es, porque allí la legitimación procesal es una cuestión de fondo, pues proviene y encuentra sustento en un derecho propio. Y si el anacronismo es patente cuando la acción pública resulta de la circunstancia de haber sido un particular quien en ejercicio de una habilitación administrativa, malversando su utilización, produjo la lesión, con mayor razón es anacrónica la exigencia de derecho subjetivo cuando ha sido el propio Estado el que ha provocado la lesión a la legalidad objetiva.
El resultado más notable de la impronta patrimonialista que prevalece en el proceso público, es que se impide —de esa forma— el real funcionamiento de la división de los poderes públicos. Porque, frente al argumento de la inhabilidad administrativa para dañar al interés público sin control de los jueces, ¿se salvaguardan, de este modo, los cheks and balances del sistema republicano?
Esto no significa que la legitimación que exija la presentación en justicia de los derechos públicos subjetivos, a través de un amparo colectivo que tiene carácter indirecto, y por representación de intereses sociales, no sea un derecho subjetivo del ciudadano a la apertura de la protección jurisdiccional, y que como derecho subjetivo que es no encuentre fundamento en la propia sustancia de la libertad humana. El derecho a la acción pública es un derecho fundamental previsto en la constitución del Estado, pues así lo consagra el derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14, Constitución Nacional.). Tampoco significamos que el ciudadano no tenga derecho subjetivo o interés legítimo a la reparación de los daños —patrimoniales o no— que le hubiere irrogado el Estado o un particular por violación de la ley; ya lo dijimos: él tiene esos derechos como reacción a la violación de la ley. También resulta lógico que para cobrar una indemnización o para lograr una reparación individualizada, el beneficiario deba justificar su título para beneficiarse con la reparación, pues el sistema jurídico no se beneficia si Juan recibe lo que debe recibir Pedro. Pero ésta es una cuestión de otro carácter. ( páginas 37 a 38 ).
Las acciones públicas no pueden ser llamadas objetivas porque ellas reclaman la reparación de intereses sociales, y no la reparación del orden jurídico objetivo. Aun pensando que el proceso iniciado por los derechos públicos subjetivos están dirigidos a actuar la ley, hay que pensarlos como reparación social, y no como la reparación de la objetividad legal. La sociedad debe ser atendida en sus reclamaciones, pues así como hay insatisfacción individual, la hay social o de rango interindividual. La sociedad no puede quedar abandonada a la suerte de las organizaciones burocráticas.
Pensamos que ésa fue la inspiración del constituyente argentino al tutelar los derechos de incidencia colectiva en el artículo 43, toda vez que lo hizo con referencia a intereses típicamente sociales o grupales, como lo son el medio ambiente, la salud pública a través de la protección de usuarios y consumidores, y la no discriminación de grupos sociales, entre otros intereses de indudable raigambre de naturaleza colectiva.
Las quejas sociales no pueden quedar insatisfechas porque el trauma de la insatisfacción lleva a la pasividad social. Si las desestimaciones de las pretensiones individuales no implican insatisfacción de la necesidad de ser atendido —porque, precisamente, el haber evaluado las razones integrales esgrimidas es lo que deja satisfecho al perdedor en juicio contradictorio— con más razón no puede haber insatisfacción para la Administración Pública si se revisa su criterio perjudicial a los intereses sociales porque —en definitiva— los intereses de la administración —al margen de su espíritu corporativo— son también los de la sociedad.
La idea de proceso como resolución de pretensiones está en la obra de Carnelutti, para quien la pretensión no es un poder sino la exigencia de subordinación del interés de otro al interés propio". En cambio, en la acción pública no hay pretensión, pues no se aspira subordinar el interés de otro al propio, sino lograr hacer efectivo el interés de la sociedad, al margen de cualquier confrontación. Ello no significa que si existiere tal confrontación (los intereses de un grupo pujando con otro) la decisión judicial no zanje el conflicto, pero —en todo caso— lo que se resuelva será a beneficio del interés social o común, pues la privación en perjuicio de un sector hoy, podrá mañana convertirse en su beneficio.
La diferencia entre acción privada y acción pública es que la privada supone pretensión y la pública no. La acción pública -como toda acción- es el poder de provocar una sentencia que será siempre favorable a los intereses sociales. Debemos considerar que la acción procesal integra el campo del Derecho Político o Constitucional, pues es una variable del derecho cívico de peticionar a las autoridades” ( páginas 42 a 43 ). Con cita a Couture (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 1951, página 22) reconoce la acción como manifestación del derecho constitucional de petición. Carnelutti se representa a la acción judicial comó el ejercicio privado de una función pública, en sus Lezioni sul procesubsiguienteso penale, páginas 6 y subsiguientes.; lo mismo Zanobini (L'esercizio privato delle fun zioni e dei servizi pubblici, 1920), y Guasp, en sus Comentarios (página 888), y en La pretensión procesal (página 52).
En el caso estamos en presencia de una ley penal, cuyo carácter tuitivo es indiscutible.
Para Zaffaroni el derecho penal posee, una dualidad: 1) es utilizado para designar tanto al conjunto de preceptos normativos, como al sistema de comprensión de los mismos, es decir, se refiere a la legislación penal o derecho penal y 2) es utilizado a la ciencia del derecho penal, de una forma sistemática.
Por ello entiende como definición de derecho penal, en esa duplicidad como conjunto de normas y, como ciencia del Derecho Penal “se entiende por derecho penal al conjunto de leyes que traducen normas tuitivas de bienes jurídicos y que precisan su alcance, cuya violación se llama delito e importa una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar nuevas violaciones en el derecho. Zaffaroni Eugenio Raúl, Tratado de Derecho Penal. Editorial Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, Argentina, 1998, página 26 y 27.
En materia de previsión y seguridad social no cabe extremar el rigor de los razonamientos lógicos, en procura de que el propósito tuitivo de la ley se cumpla, pues lo esencial, en estos casos, es cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad, de modo que no debe llegarse al desconocimiento de derechos sino con extrema cautela (Corte Suprema, abril 24 de 1974).Publicado en El Derecho, 54-458; (ídem, junio 28 de 1974). Publicado en El Derecho, 56-603; (ídem, Julio 30 de 1974). Publicado en El Derecho, 57-278.
Razones acordes con la realidad de la industria de la construcción, las necesidades de tiempo impuestas por las tramitaciones burocráticas en la obtención de la libreta de aportes, y el carácter tuitivo de la legislación laboral, hacen que se torne injusto que el obrero permanezca inactivo hasta tanto logre munirse del referido documento, y resulta admisible, por ello, que se recluten trabajadores nuevos con la condición de que las empresas de construcción gestionen la libreta respectiva en tiempo razonable (Suprema Corte Buenos Aires, Octubre 14 de 1975, Lucero, Cosme D. CONTRA Mauri, Juan H. y Otros).
El Derecho Penal como ciencia de acción. ¿Subculturas en el tema de los animales?. ¿Cuestión económica con los animales?. Necesidad del funcionalismo.
Las “medidas de seguridad o de rehabilitación” de las que hace mención Muñoz Conde Francisco. Introducción al Derecho Penal. Editorial Argentina, Montevideo- Buenos Aires, Argentina, 2001 página 43. involucran al estudio del delincuente, y, en consecuencia, la pena ya no es la única consecuencia jurídica, por lo que autores como Juan Bustos y Jiménez de Asúa han agregado a sus definiciones las medidas de seguridad, o“ medidas aseguradoras” como parte de la consecuencia jurídica. En el mismo sentido Díaz Aranda, quien propone la idea del Derecho Penal como “medida de seguridad” Díaz Aranda Enrique, Díaz Aranda Enrique. Derecho Penal. Editorial Porrúa, y UNAM, México, 2003 página 23.
Este último autor define al Derecho Penal como “el sistema de normas emitidas por el Estado a través de la ley para dar a conocer a los miembros de la sociedad las conductas consideradas como delictivas, por lesionar bienes fundamentales para la sociedad, con el fin de que eviten su comisión, indicando al juez los presupuestos y sanción, sea pena de prisión o medida de seguridad, a imponer a quienes las realicen”.
El idealismo de la izquierda marxista. Sus contradicciones. El bien jurídico protegido. El encuentro entre el Estado y el individuo. El caso de China y los animales. Explicación.
El autor en “Criminología Crítica y Control Social – El Poder Punitivo del Estado” en páginas 23 a 29 de editorial Juris Rosario - Provincia. de Santa Fe, Setiembre de 1993. Ha hecho un análisis aún desde el punto de vista marxista y la condición de acción determinada en el hombre, como sujeto esclavo del capitalismo. Sin embargo, como veremos en los párrafos citados que transcribiremos, la relación delito y derecho de propiedad, no se comprende con relación a los animales. Señala el autor mencionado:
El estructural-funcionalismo y la teoría de la subcultura fueron un punto elevado de la teoría criminológica. El uso del concepto de privación relativa fue desarrollado en orden de hacer frente a la crisis etiológica; hubo un intento de unir los niveles macro y micro de análisis; la distinción entre desviación individual y colectiva fue hecha y fueron desarrolladas las bases de un programa para ocuparse de la delincuencia a través de una intervención social a gran escala (Cloward y Ohlin, 1960). Toda una serie de problemas teóricos fueron salvados y, realizados los intentos de solución, por ejemplo, el problema de reconciliar la diversidad cultural y el desorden (Valentine, 1968); el reconocimiento de la posición diferente de la mujer en la teoría de la subcultura (Ward y Kasubsiguientesebaum, 1966) y el problema del grado de adhesión a los valores desviados (Matza, 1964; Downes, 1966). Aun, pese a las marcadas similaridades tanto en la estructura teórica como respecto a los problemas que los teóricos enfrentaron, es extraño para la segunda ola, la marxista, hacer referencia a la primera. Por ejemplo, es extraordinario que el libro de Paul Willis sobre la delincuencia y la escuela (1977) no hace referencia a la obra Delinquent Boysúe Albert Cohen (1955), dados los paralelismos entre ambos.
El desarrollo de la teoría marxista de la subcultura en lo referente a explicaciones de la cultura juvenil y la desviación, simplemente no aprendió del pasado. De hecho, reencontró algunos de los problemas que enfrentó el estructural-funcionalismo y, en algunas instancias, realizó avances reales, mientras que en otros, permaneció relativamente poco desarrollada en comparación con la teoría anterior.
Y para concluir esta sección, déjenme señalar que éste ha sido un punto teórico importante dentro de la tradición radical -para la mayoría de la corriente principal de la criminología idealista de izquierda hubo una ruptura dramática con el pasado y un abrazo total a las nociones más simplistas acerca del delito y la criminalidad.
Seguir dando vueltas en círculo:
La pérdida de la desorganización
He notado cómo la historia involucra una serie de inversiones: voluntarismo y determinismo, romanticismo y patología. Estas alternativas devienen invertidas en el proceso de crítica. Así, la criminología radical -con sus raíces en el voluntarismo propio de la teoría del etiquetamiento y de la Nueva Izquierda, y en su pacto anti-correccionalista- finalizó invirtiendo el positivismo. Como John Ainlay señaló: "la estrategia ha sido invertirlo: si el correccionalismo presupone la patología, luego, el anticorreccionalismo debe presuponer la anti-patología. Consecuentemente, las características esenciales de la concepción alternativa de la desviación de la criminología radical son definidas antitéticamente, invirtiendo cada uno de los términos correccionslitas, páginae. a través de la libre elección, la autenticidad y la racionalidad" (Ainlay, 1975:222). Aun más, como teoría marxista putativa, el idealismo de izquierda no puede rechazar el determinismo -es más bien caracterizado como una fuerza determinante distante, mientras que la acción inmediata está dentro de la esfera de la libertad, del acuerdo y de la decisión. De esta manera, la patología es descartada y, sin embargo, el determinismo existe igual que siempre, la gente está definitivamente bajo la propulsión de las fuerzas clasistas, pero su elección en última instancia es mediada por ideas y es extraordinariamente voluntarista. Determinismo, según la pertinente frase de Stan Cohen, ha devenido en un "telón de fondo-dado-por-sentado-anteriormente, frente al cual toda la obra es actuada" (Cohen, 1979:33). Así, en términos de conciencia de clase, las fuerzas materiales que hacen al socialismo obviamente necesario, hace efecto en las vidas de la gente de clase trabajadora. Son sólo ideas falsas que emanan de los medios de comunicación y del Estado las que mantienen a la población en estado de esclavitud. Correspondientemente, sólo se necesita de las ideas correctas y el pueblo se dará cuenta de su destino y, elegirá libremente el sendero radical. ¡Los intelectuales de izquierda chasquearán sus dedos y los dormilones de la clase trabajadora despertarán! (ver Young, 1981; Greenberg, 1983).
Inversamente, el desviado, el criminal y varios miembros de contraculturas son retratados como observando a través de las desigualdades de la vida cotidiana. Esto resulta en el reconocimiento de una sobreracionalidad del actor criminal, enfatizando excesivamente el nivel de organización de los grupos desviados e ignorando su desorganización, otorgando a los "rebeldes primitivos" mucha coherencia y rebeldía, cuando su verdaderas opiniones son, a menudo, incoherentes y convencionales y, pintándolos como si actuaran con libre albedrío, mientras que, en gran parte, están propelidos por circunstancias inmediatas.
Para ser breves, rechazar el concepto de patología con sus connotaciones médicas y reduccionistas no resultó en una negociación de la desorganización, el determinismo y la falta de reflexividad por parte de los actores desviados y sus actividades.
La centralidad del desorden: la pérdida del delito.
Durante los años setentas, el desafío a las relaciones de propiedad y la suave reproducción de las relaciones sociales capitalistas, vino crecientemente de la juventud trabajadora en general. La década comenzó con un, bastante restringido, grupo de jóvenes escogidos para su atención -skinheads, hippies, militantes estudiantiles y negros-. Seguidos por constantes reclamos públicos respecto al vandalismo, el patoterismo y el abandono diario e injustificado de los establecimientos educativos por parte de los jóvenes y, desde 1976 en adelante, tanto los medios de comunicación como el Estado observaban ansiosamente la militancia y la auto-organización de la juventud asiática. Hacia el fin de la década, los políticos, los medios y los funcionarios del Estado, hablaban de la juventud en general considerándola un "problema ". El número de delitos reportados, cometidos por gente joven aumentaron a lo largo de este período... (Friend y Metcalf, 1981:156,161-2).
Esta es la voz auténtica del idealismo de izquierda contemporáneo: la comunidad se adapta a su predicamento material, se ajusta por sí misma el cinturón en orden de amortiguar y superar la privación. Sobre todo, observa a través de la concepción errónea de los "valores de clase media" y de la falsa conciencia del pobre conformista y "respetable". Todo esto es verdadero en parte; es el momento positivo y creativo en las historias de la gente oprimida, pero lo que es omitido es el lado oscuro de la dialéctica: el conformismo ritual y la desorganización social son también 5 N. del TV. El término utilizado aquí por el autor es truanism; cuya traducción más cercana la encontramos en el lenguaje coloquial argentino con las palabras chupina, rabona, rata, o con –el equivalente español de hacer novillos.
Así, la defensa de la cultura del ocio y de la juventud militante es mezclada con la desmoralización negativa del robo, del vandalismo y el abandono injustificado y diario de la escuela. El idealismo de izquierda no puede contener las contradicciones, ignora el hecho de que muchos delitos de la clase trabajadora son dirigidos a gente de clase trabajadora y que, el "desafío a las relaciones de propiedad" es más a menudo la apropiación de la propiedad de la clase trabajadora que una amenaza contra el capitalismo.
Pero al menos, Friend y Metcalf reconocen que el delito existe, aunque mochan su filo antisocial y lo vuelven en forma de defensa. Más frecuentemente, el idealismo de izquierda simplemente ignora al delito como un problema significativo. El desorden permanece central para el estudio de la sociedad -el idealismo de izquierda ha alcanzado, al menos, esa pretensión de la criminología radical. Aunque es desorden expurgado de delito.
Desde el principio, un importante sector de los criminólogos radicales siguieron la dirección de Paul Hirst (1975) y declararon que la criminología radical era incompatible con el marxismo. Como Bankowski, Mungham y Young arrojadamente dijeron: "la criminología y el delito no eran áreas o recursos valiosos de estudio para un análisis radical de los planes sociales (capitales) actuales... Como los cientistas sociales se dieron cuenta de los objetos (modos de producción, etcétera) que hubieran permitido un análisis radical, luego, el delito y la criminología devinieron marginal y periférico" (Bankowski, Mungham y Young, 1977:37-8). Algunos de aquellos radicales cambiaron por la sociología del derecho, cuyo objeto de estudio se transformó en la relación entre la ley (su forma y contenido) y el capital.
Toda una disciplina creció, donde uno pudo encontrar una sociología del derecho sin una sociología de la infracción, una sociología de las reglas y de su factura sin atención alguna hacia los que las rompen, y estudios socio-legales independientes de la criminología. Porsupuesto que mucho de esto reflejaba escisiones departamentales, las cuales -como David Matza puntualizó- se las arreglaron por mucho tiempo para ayudar a separar la política de la criminología y es esta escisión profundamente convencional lo que algunos radicales meramente avalaron.
Pero, aquellos que permanecieron en el campo de la criminología sufrieron un proceso paralelo. Hemos visto cómo el delito dejó de ser el contenido de la criminología radical. Lo que lo reemplazó fue una atención ascendiente hacia el Estado y sus agencias, apareado a un análisis descendente de su impacto sobre los infractores y no infractores. Y, por supuesto, hasta el grado de que el delito era visto como un no-evento de bajo impacto, la distinción mencionada anteriormente se tornó muy difícil de hacer.
Por ello, la criminología idealista de izquierda se centra en torno a la naturaleza del Estado y su impacto sobre los ciudadanos. No se concentra en por qué la gente se vuelve delincuente, sino cómo el Estado criminaliza a la gente. De esta manera, el impacto de la administración de justicia deviene de suma importancia con un estilo "desde arriba hacia abajo", mientras los determinantes estructurales del delito -por así decirlo, desde abajo hacia arriba- eran ignorados o relegados como obvios.
Lo que es notorio respecto a la teorización del Estado de los idealistas de izquierda, es su casi inconsciente modo de explicación funcionalista, junto a una noción fuerte e instrumentalista acerca de que la actividad de cada agencia o los actos de los individuos poderosos están ligados en una especie de matrimonio con las necesidades de la clase dirigente y el capital y que, juntos se adaptan sin fricciones para promover el capitalismo –sin contradicción entre éstos-. Además, el proceso de criminalización mismo es un elemento clave en esto: sirviendo para crear chivos expiatorios que distraigan la atención pública de los problemas reales de una sociedad capitalista.
Tal posición está, por supuesto, plagada de problemas. El funcionalismo es una manera de explicación teleológica que no suministra las condiciones necesarias y suficientes que darían surgimiento a una institución. Por ello, las alternativas tienden a ser ignoradas y, en el funcionalismo de izquierda, ello significa que la posibilidad de reformas progresivas a instituciones existentes son excluidas del campo. La noción instrumentalista del Estado no incorpora la idea de reformas progresivas que hayan sucedido por las luchas populares y las contradicciones dentro de las agencias del Estado. En su punto más absurdo, por ejemplo en los textos radicales sobre trabajo social de los idealistas de izquierda, éstos tratan de retratar la totalidad del Estado Benefactor como agencia de control social. Según su argumento, el capitalismo necesita cuidar de sus miembros, por ello es que pueden tener trabajadores apropiados asegurándoles un mínimo básico de vivienda, cuidados sanitarios, etcétera Aun más, medidas de bienestar social, aplacan la revuelta popular particularmente entre los desempleados. Prueba de ello es que, el Estado de Bienestar es una agencia de control social. Y, continúa el argumento, cuando uno entra en las áreas del Estado del Bienestar que se ocupan de la delincuencia -probation, tratamiento intermedio, trabajo social sobre niños con problemas, trabajo con jóvenes, etcétera ), uno está tratando (pese a la retórica del cuidado) con la extensión de la red de un Estado coercitivo. El idealismo de izquierda no sólo es no-dialéctico en el sentido de que excluye la posibilidad de medidas progresistas propulsadas por el Estado ignorando las contradicciones dentro y entre diferentes instituciones; es no-dialéctica respecto a las acciones que están abiertamente en los intereses del capital. Una cuestión central para la perspectiva marxista, es que el capital crea las condiciones y posibilidades para su propia defunción: esto es que, el equilibrio funcional no es alcanzado (ver Frank, 1966).
La asunción de que los valores e instituciones del capitalismo obviamente ayudan a su equilibrio, es la debilidad clave del funcionalismo de izquierda.
Aun funcionalistas burgueses sofisticados como Robert Merton, que indican cómo la ideología que vale encuentra su recompensa (ejemplo "El sueño americano"), lo cual sirve para legitimar al capitalismo, contradicen la estructura de oportunidades basada clasistamente, para crear bases masivas de malestar (ver Young, 1981). Y, luego de esto, pretenden que la íntegra base de una democracia de masas, constantemente plantee una amenaza a un orden social no igualitario. Como escriben Piven y Cloward en una poderosa autocrítica de su previo enfoque funcionalista de izquierda: Ha habido una historia acumulada de victorias democráticas institucionalizadas por el gobierno. Los analistas de izquierda han tendido a observar aquellas victorias como colaboracionistas, como nuevos sistemas de control social, seguramente, pero no es todo lo que son. El control social nunca es completo, y nunca es duradero. Los mismos mecanismos que efectívizan tal control en un momento histórico generan las posibilidades para una movilización política en otro. Si eso no fuera así, la historia de la insurgencia desde abajo hubiera terminado mucho tiempo atrás (Piven y Cloward, 1982:143).
La pérdida de la etiología
Como hemos visto, David Matza describió la debacle del positivismo como surgiendo de la intención de estudiar al delito sin analizar el Estado.
Bien, nadie puede culpar al idealismo de izquierda por su distracción respecto al Estado. La economía política, la teoría del Estado son analizadas en detalle en cada libro y artículo aunque aveces simplistamente. Pero lo que se echa de menos, esta vez, es una sociología del delito. El idealismo de izquierda se las arregló para construir una teoría del delito sin criminología. Si uno mira a la teoría subyacente (e invariablemente afirmada), de las motivaciones para el delito detrás de gran parte de la criminología idealista de izquierda, uno encuentra los postulados más ingenuos.
Así, Darío Melossi ubica los siguientes, en una crítica extremadamente pertinente, escribe:
Respecto al asunto -crucial para la criminología crítica- de la relación de la economía con el delito y la pena, tradicionalmente ha habido una alianza tácita entre el marxismo más primitivo y la economía tradicional en retratara "el delincuente" como un análisis de costo-beneficio, cae en el delito contra la propiedad cuando está sin trabajo y desesperado, pero que puede ser disuadido por medio de la pena si los costos que tuviera que pagar por su delito fueran suficientemente elevados. Por la misma razón, el desempleo, el delito y la pena son vistos como destinados "naturalmente" a moverse juntos en la misma dirección. Se ha notado que el "hombre económico " de los libros de texto de economía no es siquiera un tipo ideal para las personas de la comunidad de los negocios, en base al cual han sido supuestamente formulados. ¿Hay alguna razón especial acerca de por qué este tipo ideal podría ser más apropiado a esta gente que por una u otra razón cae en romper la ley penal? Inversamente, mientras los índices de desempleo y encarcelamiento se mueven conjuntamente con gran sincronía, nadie ha explicado por qué lo hacen. ¡Lo que hace las veces de explicación es una fórmula mágica estructuralista acerca de "las necesidades del capital" o la necesidad de control social! (Melossi, 1983; 17-18).
Y, en resumidas cuentas, en el nivel de la criminología, el idealismo de izquierda ha absorbido, precisamente, la misma noción monetarists de la naturaleza humana que la criminología administrativa. Además, casi exactamente lo mismo ha sucedido en el área en que supuestamente ellos eran más sofisticados, el área de la reacción social. Si leéis, por ejemplo, las páginas del periódico Race and Clasubsiguientes, podríais ser conducidos a creer que cada acción de la policía en GB (desde Swamp 81 hasta la constitución de Neighbourhood Watch Schemes (Planes de Vigilancia vecinal) ), es deliberada, ejercida por los agentes del capital -como son las actividades de otros agentes tales como los maestros o los trabajadores sociales (ver como ejemplo, Bunyan, 1982; Bridges, 1983; Gutzmore.
Por lo expuesto, concuerdo con el Dr. Humerto Quiroga Lavié, en la necesidad de un encuentro entre el individuo y el interés general que habilita para una sociedad a la acción de amparo, que, aunque deducida individualmente, tiene una incidencia colectiva. En nuestro Derecho, el animal, no es igual a una cosa, puede ser equivalente, en términos económicos, pero no igual.
De lo expuesto surge como consecuencia necesaria del razonamiento expuesto, que existen bienes jurídicos protegidos que tienen que ver con la relación individual para con el Estado, y otros que más tienen relación con la relación del Estado para con respecto a los individuos.
De allí que exista lo que se denomina bien jurídico protegido, que es un derecho, que el Estado custodia o debiera custodiar, pero deja en cabeza de los individuos, la posibilidad de su protección. Es un concepto normativo, abstracto, un derecho en general.
Por lo expuesto y habiendo citado al Dr. Quiroga Lavié en su obra citada, no hay impedimento alguno, lo contrario, en cuanto al derecho a la vida de los animales, que bien ha sido recogido por la ley penal y consagrado como derecho. Si ese bien jurídico específicamente tutelado por una ley, no fuera común, no existiría la posibilidad de que un particular pueda detener a una persona en caso de flagrancia. Como sabemos, la flagrancia, involucra que un particular pueda dar la orden de detención a quien comete un delito de acción pública, como se da en el caso de infracción a la ley 14346. La desobediencia al particular en los casos de percepción de maltrato, a un particular cualquiera, configura el delito de desobediencia, por lo que, si vemos un maltrato animal, podemos ordenarle la detención al infractor. Y esto involucra y precisamente indica que el interés general y el particular van en un todo acompasado, tal como hemos visto al tratar el tema de la integración del individuo, con los intereses generales.
El artículo 33 de la Constitución Nacional. La costumbre “praeter legem”. La moral y las buenas costumbres.
El mismo expresa que Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Por su lado el artículo 17 del Código Civil señala que “Los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente.”
Mientras que la palabra “moral” está señalada en el sistema codificado, sin perjuicio de los demás, en los artículos 14, 174 inciso 3, en la nota al artículo 159, 169 inciso 4, 205, 215, 236, 307 inciso 3, nota al 309, 317, 321 inciso d, 326 inciso c, nota al 325, 376 bis, nota al 450, 456, 522, nota al 531, 564, nota al 795, nota al 842, nota al 938, 937 y 936, nota al 953, nota al 962, 1047, 1071, 1078, nota al 1078, nota al 1083, 1099, nota al 1169, 1206, nota al 1206 y 1207, 1208 y su nota, 1501, 1626, nota al 1648, 1824, 1861, 1891, nota al 2053, 2365, nota al 2478, nota al 2570 que abarca a los artículos 2567 a 2570, nota al 3136, nota al 3307, nota al 3553, nota al 3574, nota al 3576 bis, nota al 4008.
Esto indica que en la misma ley codificada, o se expresa a la moral como fuente de Derecho Positivo o se explica la génesis del artículo. Esto solamente en el Código Civil.
En cuanto a las “buenas costumbres”, la mencionan, los artículos 14, 21, 530, nota al 530, 792, 795, nota al 842, 953, nota al 953, nota al 956, 1071, nota al 1316, 1501, 1503, 1507 inciso 2, 2261, nota al 3246, 3608, nota al 3608, nota al 3609.
Y precisamente la acción de amparo, no legislada específicamente pero que protege un derecho custodiado legalmente, señala en el artículo 16: “Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.”
El semoviente – o sea cosa que se mueve por sí misma – no es tratado en el Código Civil como negativa de sus derechos, sino sólo y tan sólo, en intereses económicos que regula contra lo cual se alzan distintas ideologías, como la marxista.
Por lo expuesto y las razones precedentes, es procedente la acción de amparo frente al maltrato animal, independientemente de las acciones penales que el Estado puede en sí instaurar habilitándose esta acción, por no poder remediarse de manera inmediata, desde que el Código Penal, instaura una pena, no una guarda del animal. Y siendo el Derecho un todo integrado, obviamente defiende a los semovientes económicamente considerados en el Código Civil, ya no como cosas, sino como sujetos, entes, seres vivos, o como se da en denominar hoy día "sujetos de derecho". Nosotros tenemos que, en consecuencia, el Derecho Penal que nos rige, no protege solamente al animal desde el punto de vista económico, o de relaciones económicas y nada mas. Le otorga derechos al prohibir respecto del mismo ciertas prácticas que no tienen una regulación en la legislación de relaciones particulares que el Derecho Privado protege. Como el Derecho Penal refiere a derechos de los animales, y siendo el derecho un todo integrado que no puede ser interpretado desde perspectivas diversas, no podemos olvidar las siguientes circunstancias: que la moral y las buenas costumbres están mencionadas como fuente de Derecho en muchísimas disposiciones del Código Civil, y que el artículo 953 del Código Civil impiden ejecutar actos contrarios a la moral, a las buenas costumbres, y a lo que tiene directa relación con las prohibiciones legales.
Es muy cierto que es el único delito que conozco que no tiene una relación directa con un bien jurídico protegido con el Código Civil, pero en la legislación se encuentran plasmados los derechos de estos semovientes, por lo que no pueden ser mas considerados como simplemente cosas semovientes y nada mas.
La prohibición legal a la que alude el artículo 953 surge de la misma ley penal 14346 y no hace mas falta que razonar que el llamado ambiente sano y equilibrado, al decir de Bidart Campos, forma parte de un derecho subjetivo como señala con estas palabras "un sentido de la vida", de orden particular, y, por esa misma razón, el amparo ante maltrato animal, de orden económico, por ejemplo, puede muy bien ser ejercitado, por cuanto el individuo, en sí mismo tiene un derecho emergente a un ambiente sano y equilibrado, que no se limita, a la calidad del agua y del oxígeno. Pues, de ser así, entraríamos en una retórica de derecho penal diferenciado, o de izquierda, que ha resultado ser una gran farsa, y que involucraría en otra interpretación a entender que, en ese ambiente, sano o equilibrado, excluidos a los animales, quedaría sujeto a una cuestión de calidad de suministro de agua y protección del aire, cosa que puede presentarse en una mera cápsula espacial.
Obvio y naturalmente es un derecho subjetivo, que poseemos por el sólo hecho de pertenecer a este mundo y a su calidad. La cual preexistía a nuestro nacimiento y, por nacer en este mismo planeta, tenemos ese sentido de la vida, que expresa dicho autor, y a la felicidad a la que tenemos derecho a vivir en La Tierra, nuestro hogar natural.
Es el Derecho Penal de izquierda, que toma a nuestro planeta como el primer enemigo, al que se contrapone, sintetizándolo en clases sociales para la dominación de las riquezas naturales mediante la apropiación de los medios de producción. Para Marx, la naturaleza de presentaba como un enemigo, y las clases sociales como un elemento para poder obtenerlas y dominarlas por el hombre. Conforme a su visión, la división entre la burguesía y el proletariado, simplificó las normas de la antinomia, presentando a la fusión de los hombres, mediante la dictadura de esta última clase social, como elemento fusionante en la unión humana.
Por ende, nada lejos está de decir lo mismo del Capitalismo, en cuanto a las relaciones económicas desde que ambos sistemas son materialistas, y ajenos, por lo expuesto, al Derecho en todas las clases de protecciones que otorga.
FUNDAMENTOS DE SENTENCIA Nº1927 En la ciudad de General San Martín, provincia de Mendoza, a veinte días del mes de abril de dos mil quince, el Sr. Conjuez a cargo del Primer Juzgado Correccional de esta Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Darío A. Dal Dosso, brinda los fundamentos de la sentencia recaída el día de la fecha en los autos Nº36.598 caratulados “F. C/ S.R.M.R. P/ MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL” como consecuencia de la admisión del procedimiento especial de juicio abreviado requerido por las partes de conformidad a lo previsto por los arts. 418, 419, 420 y conc. del C.P.P., previo a disponerse la apertura de la audiencia de debate. Se deja establecido que a la audiencia fijada para el día de la fecha comparecieron el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Raúl Buscema, Fiscal titular de la Segunda Fiscalía Correccional, la Sra. Ana Capuzzocco, representante de A.M.PA.R.A. (Asociación Mendocina de Protección, Ayuda y Refugio del Animal) en calidad de querellante particular, asistida por el Dr. Francisco Biondolillo, la defensa técnica fue ejercida por el Dr. Juan Carlos Gadadi y el imputado, Sr. M.R.S.R , comerciante, con domicilio real en ................ Frente al planteo conjunto formulado por el imputado, su defensor y el Sr. Agente Fiscal, consistente en resolver la presente causa por vía de juicio abreviado final, cumplida audiencia de visu con el imputado y oída la parte querellante particular, el suscripto se planteó las siguientes cuestiones a resolver, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 160 de la Constitución de Mendoza y arts. 409 y siguientes del C.P.P.: 1) admisibilidad y procedencia del juicio abreviado. 2) Existencia material del hecho, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar; 3) calificación legal; 4) sanción aplicable; 5) costas. A LA PRIMERA CUESTIÓN, digo: Antecedentes: Conforme se instrumentó en el acta de debate de fs. 74 y vta., el Ministerio Público Fiscal, solicitó se dictara sentencia por vía de juicio abreviado final, según lo acordado con el imputado y su Defensa Técnica, dado que el Sr. M.R.S.R. manifestó admitir la acusación, la calificación legal y la pena pactada de seis meses de prisión con los beneficios de su ejecución condicional, dejando librado al órgano jurisdiccional la imposición de las reglas de conducta que estime corresponder. A tal fin, el
Ministerio Público Fiscal formula acusación en los términos que fue requerida oportunamente en la pieza acusatoria que da base al presente juicio y solicita se lo condene a la pena supra aludida, fundando su pedido en las pautas previstas en los artículos 40, 41, 26 y 27 bis del Código Penal, en particular, la naturaleza del hecho, el resultado producido, la edad y antecedentes del imputado. Cedida la palabra a la defensa, ratificó y adhirió al pedido de juicio abreviado formulado por el Sr. Agente Fiscal, haciendo lo propio el Sr. Sielli Ricci. Así las cosas, el suscripto explicó en detalle al imputado los alcances, requisitos de procedibilidad y efectos del procedimiento producto del acuerdo al que manifestaron arribar, haciéndole notar que tiene el derecho de retractarse del pedido y solicitar la celebración del juicio oral y público para el que había sido citado, donde incumbirá a la Fiscalía, y en este caso además, al querellante particular, la carga de acreditar los extremos objetivo y subjetivo de la imputación delictual para obtener el dictado de sentencia condenatoria y que de no generar dicho estado conviccional, sería beneficiado con el dictado de sentencia absolutoria, a lo que respondió que consentía el procedimiento de juicio abreviado y solicitaba se dictara sentencia de conformidad al acuerdo arribado. Ante ello y para dar satisfacción a los requisitos establecidos por la norma de rito se dio lectura de la pieza acusatoria agregada a fs. 26/27, comprensiva de los hechos narrados como su atribución a título de autor por el delito de “maltrato y crueldad animal” a los términos de los artículos 1 y 3 inc. 7 de la ley 14.346, a lo que el imputado manifestó en términos inequívocos admitir la acusación y aceptar la pena de seis meses de prisión con los beneficios de su ejecución condicional, bajo las reglas de conducta que el Juzgado estime proceder. En este estado, siendo pertinente oír a la parte querellante en relación al pedido introducido por las partes esenciales, según lo establecido por el artículo 420, primer párrafo del C.P.P., se cedió la palabra al Dr. Francisco Biondolillo, quien manifestó no tener objeción que formular para la admisión del procedimiento de juicio abreviado, limitándose a peticionar que entre las reglas de conducta se le impusiera la obligación de entregar seis bolsas de alimento balanceado para perros, de buena calidad, cada mes y durante un año, a la asociación protectora de los animales que representa. Ante este requerimiento debo hacer notar la reacción del imputado, que inmediatamente mostró su aprobación con la regla de conducta pretendida por el representante de la parte querellante particular. No obstante ello,
y para cumplir los requisitos legales, del pedido se dio vista al Ministerio Público Fiscal, que inmediatamente la integró en su requerimiento, como regla de conducta, luego a la Defensa, que consultando nuevamente con el imputado, y ante la repetida y libre aceptación de éste, pasó a formar parte del acuerdo. Así las cosas, en el entendimiento de haber adoptado todos los recaudos que amerita la sustanciación de esta particular forma de enjuiciamiento, pregunté al imputado si quería manifestar algo antes de pasar a resolver y respondió que no. 2. Examen de admisión y procedencia: Establecidos los antecedentes necesarios del planteo y avocado ahora en el examen de aplicabilidad al caso del juicio abreviado, he tenido ocasión de abordar en otro lugar el estudio de los presupuestos de procedencia, trámite y efectos del juicio abreviado final, en modesto aporte realizado en obra colectiva dirigida por el Dr. Jorge A. Coussirat, en AAVV. “Código Procesal Penal Comentado de la Provincia de Mendoza”, Tomo II, Ed. La Ley, págs. 336/375). Me permito, pues, transliterar algunos conceptos. En cuanto a su origen, el procedimiento especial que nos convoca apareció por vez primera en el ordenamiento procesal mendocino de la mano de la ley 6730. Sus fundamentos mencionan al presente instituto como una de las cinco situaciones ideadas por el legislador para que el Fiscal, motor del nuevo procedimiento de investigación, pudiera no continuar con el ejercicio de la acción penal, incluyéndolo como uno de los criterios de oportunidad que conlleva a la suspensión (sic) de la persecución penal, no obstante, haciendo la aclaración, que este procedimiento en rigor no suspende el proceso sino que realiza el juicio penal. Es que “el juicio abreviado, como tal, se trata de un mecanismo de simplificación procesal cuyo pedimento y admisión por el Tribunal de Sentencia implicará el dictado de sentencia definitiva del caso penal, sin el tránsito previo por el juicio oral, público, continuo y contradictorio previsto en el título I del Libro III.” (Ob. Cit., pág. 337). Los presupuestos de procedencia contemplados por los artículos 419 y 420 del C.P.P., los encuentro reunidos en su totalidad según el trámite dado en la audiencia, relatado en el acápite anterior, pues, ha sido peticionado conjuntamente en la audiencia por el Agente Fiscal y el imputado asistido por su defensor, donde media acuerdo sobre la aplicación del procedimiento, de la imputación atribuida -comprensiva de los hechos, calificación legal y pena requerida por el Agente Fiscal. Seguidamente, siendo
que el procedimiento se pretende respecto de un delito de acción pública, que fue introducido a la causa luego de la clausura de la investigación penal preparatoria y antes de disponerse la apertura del debate, y, lo más importante, que ha sido requerido libremente en la audiencia por el imputado, quien prestó consentimiento válido, me encuentro en condiciones de anticipar que daré respuesta afirmativa a esta primera cuestión, admitiendo la aplicación del juicio abreviado solicitado y pasar a dictar sentencia de conformidad a lo dispuesto por los artículos 418, 419 y 420 del C.P.P. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, digo: Habiendo dado respuesta afirmativa a la cuestión precedente, la sentencia se dictará valorando los elementos probatorios recogidos durante la investigación penal preparatoria, de conformidad al método de sana crítica racional impuesto por los arts. 206, 409, 418 y ss. del C.P.P. y la admisión del imputado sobre la existencia del hecho, su participación y calificación legal en los términos que se le anoticiara mediante lectura de la pieza acusatoria. Viene al caso recordar, sobre la sana crítica racional, que como sistema de valoración de la prueba es uno de los medios de garantía en los Estados de Derecho. Tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopta este sistema para la valoración de la prueba en los casos contenciosos sometidos a su decisión. Por citar un ejemplo, en el caso Paniagua Morales y Otros vs. Guatemala sostuvo “En conclusión, todo tribunal interno o internacional debe estar consciente que una adecuada valoración de la prueba según la regla de la ‘sana crítica’ permitirá a los jueces llegar a la convicción sobre la verdad de los hechos alegados [...]” (Pár. 76. Corte IDH, Caso Paniagua Morales y Otros Vs. Guatemala, sentencia de 8 de marzo de 1998). Sentado lo anterior, tras haber merituado la prueba emergente de autos con arreglo a las pautas precedentes, a saber, el acta de procedimiento de fs. 03, croquis ilustrativo del lugar del hecho de fs. 4, declaraciones testimoniales brindada por los ciudadanos Marcos Inocencio Moya y Oscar Felipe Puebla, a fs. 01 y a fs. 02, respectivamente, declaraciones testimoniales brindadas por los funcionarios policiales Ceferino Miguel Miranda Díaz y Marcelo Andres Villegas Barraco a fs. 05 y 06 respectivamente y certificado de atención veterinaria extendido por el médico veterinario Jorge H. Jury, que me encuentro en condiciones de sostener como probado, más allá de toda duda razonable, el hecho que fuera atribuido –y admitido- por el imputado, en los mismos términos que luce redactado en el requerimiento de citación a juicio de fs. 26/27, a saber: “Que
el día 04 de enero de 2013, aproximadamente a las 09:30 hs., el Sr. M.R.S.R.circulaba en su camioneta marca Galloper dominio .......por Ruta 50 de Palmira, San Martin, Mendoza, llevando atado al paragolpes trasero del vehículo un can mestizo, hembra, de pelaje marrón, al cual iba arrastrando en el pavimento; causándole un sufrimiento innecesario, resultando lastimado en sus cuatro miembros, para luego y ante la intervención de un circunstancial testigo, dejarlo abandonado en Ruta Variante de Palmira (Ex Duperial), San Martín, Mendoza, donde se hizo presente personal policial que llevó al animal ante el Dr. Jorge Jury en la veterinaria ubicada en Avenida Mitre 66 de San Martín, donde se le prestó la asistencia sanitaria pertinente”. En efecto, del acta de procedimiento y croquis ilustrativo de fs. 3 y 4, se infieren las circunstancias de tiempo, modo y lugar aludidas precedentemente, de las que se desprende que el hecho ocurrió el día 4 de enero a las 09,30 hs. aproximadamente, según relato efectuado por los funcionarios policiales a cargo de la movilidad Nª2553 Of. Ayudante Marcelo Villegas y Ceferino Miranda, que se encontraban patrullando por la zona y fueron desplazados a Ruta Provincial 50 y Variante con la noticia de que un sujeto conducía en una camioneta marca Galloper de color gris, dominio , con un can amarrado con una soga en la parte de atrás, al que arrastraba a alta velocidad, lastimando al animal. Ante ello, continúan su relato diciendo que una vez constituidos en el lugar entrevistaron al Sr. Marcos Inocencio Moya, quien manifestó ser inspector de colectivos y que venía circulando en una camioneta de sur a norte por Ruta 50, advirtiendo que una camioneta venía con un can amarrado en la parte de atrás a alta velocidad, que proceden a tocarle bocina, y que el mismo le hizo seña con la mano que venía circulando despacio. Que a posterior el ciudadano procede a desatar el can dejándolo todo lastimado en la curva hacia el costado Este que da hacia la Ex dupercial, dándose a la fuga hacia el Este. Con este conocimiento y siguiendo las directivas que le fueron impartidas, los funcionarios policiales trasladaron el can a una veterinaria y posteriormente dieron en su recorrido con la camioneta de las características aportadas que se encontraba en Calle Garibaldi y 9 de Julio e individualizaron al propietario, que resultó ser M.R.S.R.. La versión plasmada por los funcionarios policiales en el acta de procedimiento, luego ratificada a fs. 05 y 06 cuando fueron convocados a prestar declaración testimonial, se encuentra plenamente corroborad por el testimonio de los ciudadanos Marcos Inocencio Moya y Oscar Felipe Puebla,
cuya providencial presencia e intervención oportuna frente el hecho que se consumaba frente a sus ojos reaccionaron inmediatamente, siguiendo al vehículo y evitar de este modo que el hecho derivara en consecuencias todavía más gravosas para el perro que estaba siendo arrastrado por el pavimento. Sobre este particular, encuentro, según su relato, que se encontraban a las 09,00 hs. de ese día, aproximadamente parados junto a un vehículo de la empresa Nueva Generación para la que prestan servicios, en el paso a nivel de Ruta 50 de Palmira, casi llegando al puente del Río Mendoza y en ese momento vieron pasar una camioneta marca Galloper color gris que llevaba un perro atado con un collar y correa al paragolpes trasero de la misma, el que iba arrastrándose por el asfalto. Siguieron la camioneta para tratar que el sujeto detuviera su marcha y aproximadamente unos 300 ó 400 metros más adelante, a la altura de la última curva de Ruta Variante, observaron que el conductor de la camioneta se detuvo, que caminó a la parte trasera de la camioneta, le quitó la correa al perro y lo dejó tirado, herido, al costado de la ruta. Fue entonces que se acercaron al animal y vieron que tenía todas las patitas y la panza llenas de sangre y que no se podía levantar. Avisaron al 911, dando las características de la camioneta, y el número de patente que había tomado Oscar Puebla. Es decir, sobre los hechos narrados, coinciden en señalar que el imputado detuvo la marcha de la camioneta, se bajó, desató al can, y a pesar de las lesiones que a simple vista presentaba en sus cuatro patas y zona abdominal, producto del arrastre, lo desató y continuó su marcha en la camioneta, dejándolo abandonado a la vera del camino, no pudiendo dejar de percibir el estado en que se encontraba, lo que viene a afirmar la indolencia del conductor de la camioneta por el sufrimiento del animal. La única divergencia entre ambos relatos se aprecia en la velocidad en que dijeron ver circular a la camioneta en cuestión, pues mientras Marcos Inocencio Moya la estimó en unos 50 km/h el Sr. Oscar Puebla dijo que en el paso a nivel civulaba en 20 ó 30 km/h agregando que ignora a qué velocidad circuló después, pero esta diferencia, mínima frente al núcleo central de la imputación, no perjudica la convicción que emerge de su relato, y encuentra su explicación por tratarse la estimación de velocidad de una apreciación subjetiva proveniente de dos personas distintas que estaban trabajando y que no se imaginaron que presenciarían un hecho de estas características. Fuera de esta diferencia menor, evalúo como indicador de credibilidad que inmediatamente de presenciar el hecho dieron noticia del mismo al 911 el que fue transmitido a los funcionarios policiales supra individualizados que comparecieron al lugar, a
constatar la existencia, precisamente, de una camioneta que circulaba arrastrando a un perro que llevaba atado de una soga al paragolpe trasero, siendo que al llegar al lugar encontraron, precisamente, a las personas que dieron noticia del hecho y a la perra herida, que trasladaron inmediatamente para atención veterinaria. El resultado de la intervención profesional plasmada en el certificado agregado a fs. 17 también comparece como elemento de convicción que refuerza el relato precedente, pues el médico veterinario Jorge Jury, que asistió a la perra, expresa: “certifico haber asistido a una perra mestiza (cruza aparente de Pit Bull Terrier), pelo marrón, peso 23 kilos, de 2 años de edad, con lesiones erosivas en los pulpejos de sus 4 miembros, por lo que se procede a detener hemorragia, se hace un punto de sutura ... luego se administra antibióticos y antiinflamatorios que se prescriben durante 5 días. Se procede al vendaje de las heridas. Se deriva a AMPARA.” Este certificado lleva fecha y hora de creación a las 11,35 hs. del día 04/01/2013, es decir, que luego de dos horas más tarde de socorrida la perra por los oficiales de la Policía de Mendoza, el médico veterinario vendó, suturó y detuvo las hemorragias de las heridas cuya descripción se compadece in totum con las lesiones sangrantes percibidas por los cuatro testigos supra referenciados, y encuentran su explicación, de acuerdo a la característica “erosiva” que ofreció el galeno, en un mecanismo compatible con arrastre, y su localización, en los pulpejos de las patas y en su zona abdominal, acreditan, en definitiva, que la perra, siendo arrastrada por la camioneta, a una velocidad estimada entre veinte a cincuenta kilómetros por hora, fue vencida en su resistencia para culminar siendo arrastrada por la fuerza mayor de la camioneta en marcha. Finalmente, es de destacar que los Sres. Puebla y Moya que dieron inmediata noticia del hecho a la autoridad competente y los funcionarios policiales Villegas y Miranda que asumieron inmediata y eficaz intervención, declararon de modo coincidente sobre los hechos, y al provenir de testigos que no conocen al imputado, no es dable inferir la existencia de indicadores de incredibilidad subjetiva que afecte la veracidad de sus relatos. Por ello, no encuentro razones para sostener que el hecho no ocurriera del modo que se infiere del relato consistente y concordante de las exposiciones a que hice referencia. La autoría del imputado en este hecho se sigue del acta de procedimiento y declaración testimonial de los funcionarios policiales, que en conocimiento de las características de la camioneta, inclusive del número de
patente proporcionado por el Sr. Oscar Puebla, hallaron el rodado en calle Garibaldi y 9 de Julio y determinaron que era de propiedad del imputado. A ello se suma la admisión libremente realizada en la audiencia por el Sr. M.R.S.R. de la existencia del hecho y su autoría, que contribuye a cerrar el cuadro conviccional supra desarrollado que me lleva a dar respuesta afirmativa de esta primera cuestión. A LA TERCERA CUESTIÓN, digo: Las partes entendieron y asumieron que el hecho en cuestión encuadra en el delito de maltrato y crueldad a los animales, previsto por el artículo 1 en función con el art. 3 inc. 7 de la ley 14.346, que sanciona la conducta del que infigiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales, llevando el encuadre típico al inciso 7 del artículo 3 que considera acto de crueldad “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”. Pues bien, la conducta de llevar a la rastra un perro al que se ató con una correa al paragolpe trasero de la camioneta conducida por el autor y que luego el mismo deja abandonado a pesar de las lesiones que ese trato le ha generado, configura, ciertamente, un acto de crueldad. En este sentido, la Real Academia Española proporciona dos acepciones de esta palabra, a saber, “1. Inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad. 2. Acción cruel e inhumana”. Precisando estos conceptos, reconocida obra doctrinaria jurídico penal, identifica la crueldad como lesión a la exigencia mínima de caridad y compasión hacia el sufrimiento corporal y anímico de otro (cfr. Sancinetti, Marcelo “Teoría del Delito y Disvalor de la Acción”, p. 338, citado en nota 61 del comentario a la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales” realizado por Santiago Vismara, con la colaboración especial de Florencia Durán, en AAVV, Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Andrés J. D`Alessio – Director- y Mauro A. Divito –coordinador-, 2ª Edición actualizada y ampliada, Tomo III, Ed. La Ley, año 2010, pág. 269) Bajo dichas nociones, tengo para mí que M.R.S.R. ha lastimado intencionalmente a la perra mestiza color marrón, y a esta conclusión se llega razonando que no podía desconocer el elevadísimo riesgo de lesión al que exponía al animal –de 50 cm. de altura y 20 kg- al trasladarlo a tiro con una camioneta de considerables dimensiones y haciéndolo a una velocidad y distancia tal que a juzgar por el resultado –arrastre- obviamente venció la
resistencia física del animal. Luego, si el animal resultó lesionado, no puede más que atribuirse subjetivamente el hecho al dolo del autor como conocimiento y voluntad de lastimar el animal. También encuadraría su conducta en la figura de producción de torturas o sufrimientos innecesarios, pues si la motivación del autor consistió en la intención de abandonar o deshacerse del animal –que no deja de ser materialmente un acto de crueldad- pudo haberlo hecho de otro modo que no le significara a la perra el sufrimiento adicional e innecesario de ser arrastrada por una soga atada al paragolpe de una camioneta, conducta que denota el espíritu de perversidad que requiere el tipo en análisis, como intencionalidad en la causación del daño. Al respecto, no dejo de pensar, entre todas las alternativas posibles y disponibles para el autor, que pudo llevarla hasta ese lugar caminando, sin riesgo para sí, para terceros, ni para el animal, con la misma soga con que lo ató a su camioneta. Expuesto el tipo objetivo y subjetivo de la figura penal aplicable, no surge que haya sido cometido en ningún contexto justificante o permitido por el ordenamiento jurídico penal en su conjunto, de modo, pues, que cabe afirmar la antijuridicidad de la conducta. La culpabilidad también la encuentro demostrada, pues no ha sido invocada ninguna causal que la excluya y el contacto directo y personal con el imputado me ha permitido constatar que se trata de una persona capaz de comprender el sentido de las normas y motivar su conducta de conformidad con esa comprensión. A LA CUARTA CUESTIÓN, digo: Considero justa y procedente la pena pactada por las partes, en la especie, monto y forma de cumplimiento que ha sido aceptada por el imputado. Al respecto, se pactó la pena de seis meses de prisión con los beneficios de su ejecución condicional. Como regla de conducta a cumplir durante el período de prueba las partes peticionaron se incluyera la obligación de entregar seis bolsas de alimento balanceado para perros, de veinte kilogramos cada una y de buena calidad, durante un año, a ser entregada por el Sr. S.R. en el predio de A.M.P.A.R.A. entre los días uno al diez de cada mes. siguientes premisas: Para la fijación de la pena en la sentencia he seguido las
un año como máximo; en segundo lugar, que en virtud de la admisión del procedimiento, la discrecionalidad del juzgador para recorrer la escala penal encontrará como tope máximo la pena pactada por las partes, ya que no podrá, en ningún caso, aplicar pena más grave que la contenida en el acuerdo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 420 del C.P.P. Corresponde, pues, explicar por qué razón, entre el mínimo legal de quince días y el máximo concreto de seis meses de pena privativa de libertad, la fijación de pena se ubicó en este monto. Para ello he tenido en consideración evaluar las mismas pautas de cuantificación ponderadas por el fiscal en su requerimiento punitivo aceptado por el imputado. Es decir, en razón de la naturaleza de la acción y la extensión del daño producido, se encuentra ampliamente justificado alejarse del mínimo de la escala legal y enclavar la decisión en el máximo, que coincide, en abstracto, con la mitad del máximo de la escala penal. Ello así porque considero que la ley 14.346 de “malos tratos y actos de crueldad a los animales” no protege el sentimiento de piedad o humanidad para con los animales, sino a los animales como “sujetos de derechos”, de modo que la conducta del imputado no ha recaído sobre un objeto o cosa, sino sobre un sujeto digno de protección. En este sentido, comparto la corriente de entendimiento que observa los animales como seres vivientes susceptibles al sufrimiento, pues, como ha sido explicado en el siglo XVIII, con toda claridad y lucidez “en vez de preguntar si un ser viviente puede razonar, o hablar, hay que preguntar si un ser viviente puede sufrir. Si estos animales, lo mismo que los seres humanos, pueden sufrir, y si se considera que el sufrimiento debe ser evitado, todos estos seres vivientes tienen, por virtud de semejante característica común, el derecho de que no se les inflijan sufrimientos porque sí, esto es, el derecho a no ser tratados con crueldad” (Bentham, Jeremy, “The principles of Morals and Legislatio”, cap. XVII, sec. 1, nota al prárrafo 4, citado en AAVV Código Penal de la Nación Argentina, cit., nota 15). Por lo demás, no cabe desconocer el llamado jurisprudencial reciente y producción científica que atribuyen a determinadas especies de animales la condición de “p ersona s no h u m ana s” en razón de presentar un cierto grado de raciocinio y características emocionales similares a la de los humanos, y como tales, dignos de la protección de los derechos básicos fundamentales, entre los que se debe contar el de no ser privados arbitrariamente de la vida, la libertad y, en lo que aquí nos concierne, el derecho a no se torturados ni maltratados. Sigo en
este particular la prestigiosa jurisprudencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que en muy reciente precedente, declaró: “Q ue, a partir de una interpreta c ión j u rídi c a diná m ica, y no estática, m enester es reconocerle al anim al el carácter d e sujeto de derecho s , pues los sujetos n o hu m anos (anim ales) son titulares de derechos, por lo que se i m pone su pr o tección en el á m bito co m petencial correspo nd iente (Zaffaroni E. y et Al, “Derecho Penal, Parte General”, Ediar, Bs. As., 2002, p. 493; también Zaffaroni, E. “La pachamama y el humano” Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2011, p. 54 y ss.)” (Cfr. Considerando 2°, Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, causa N°CCC 68.831/2014 “Orangutana Sandra s/ Recurso de Casación s/ Habeas Corpus”, resuelta el 18/12/2014, voto Dres. Alejandro W. Slokar, Angela Ester Ledesma y Pedro R. David). Sin destacado en el original. Siguiendo este razonamiento y considerando como altamente disvaliosa la acción -arrastre de la perra a tiro de un vehículo- por recaer sobre un ser sintiente, al que además se abandonó en estado de no poder valerse por sí mismo (no se podía levantar, según los testigos); que requirió de sutura de las heridas, vendajes y tratamiento posterior con antibióticos y antiinflamatorios producto de las lesiones erosivas en los pulpejos de sus cuatro patas y abdomen, dan cuenta de un resultado intensamente lesivo para el animal, y sin sentido para nadie, que ha sido inferido por una persona humana y como tal, más racional. Digo esto porque así como destaqué al tratar la segunda cuestión la actuación de los testigos Moya y Puebla y los funcionarios policiales Ceferino Miranda y Marcelo Villegas, también destacaré la conducta manifestada en la audiencia por el Sr. M.R.S.R., pues me impresionó como una persona culta, responsable, un hombre de familia, capaz de reflexionar y asumir las consecuencias de sus acciones, haciendo experiencia positiva de los hechos por los que fue traído a juicio. Lo expuesto lo pude observar en el momento en que declaró admitir los hechos y autoría contenidos en la acusación, pues lo hizo, a mi visión, con valentía y responsabilidad, y esta percepción la ratifiqué mientras lo veía asentir en silencio y con la vista posada en el representante de la parte querellante particular, mientras éste sugería incluir entre las reglas de conducta a la obligación de entregar bolsas de alimentos a la asociación protectora de los animales y luego hacerlo de viva voz, cuando fue debidamente integrada esta regla de conducta en el pacto de pena, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, previa vista de la defensa, como ya se explicó.
Pues bien, la conducta procesal del imputado, que operaría en este razonamiento como pauta atenuante de pena, frente a la magnitud del daño provocado al animal, no posee aptitud para desplazar la medición punitiva concreta en monto inferior al pactado por las partes. En cuanto a la modalidad, consideré procedente dejar en suspenso la ejecución de la pena, no sólo por el límite impuesto a la jurisdicción a partir de la admisión del juicio abreviado, sino porque así procede, al tratarse de primera condena, a pena privativa de libertad, menor de tres años de prisión, y porque las condiciones personales del imputado, entre las que destaca su edad, su pertenencia a grupo familiar del que aparece como sostén, el desempeño de oficio y la percepción que tengo de que este hecho ha sido un episodio aislado en la historia personal del imputado, que difícilmente se repita a juzgar por la regla de conducta que manifestó aceptar, torna inconveniente aplicar efectivamente el cumplimiento de la pena privativa de libertad, según lo establecido por el artículo 26 del Código Penal. El plazo de duración del período de prueba, siguiendo el razonamiento precedente y lo establecido por el artículo 27 bis del Código Penal, fue establecido en el mínimo de dos años, durante el cual el imputado deberá, permanecer a disposición del Juzgado y comparecer a las citaciones que le sean dirigidas, obligación que se impone al solo efecto de controlar la regla de conducta que entiendo satisface mejor la función de prevenir la comisión futura de nuevos delitos, a saber, la obligación de entregar seis bolsas de alimento balanceado para perros, de veinte kilogramos cada una, de buena calidad, durante un año de duración. Sobre este particular, la regla prospera porque la enumeración de pautas de conducta señaladas en el código penal es meramente indicativa, y considero que pueden ser decididas, según el caso y la necesidad, en consideración al tipo de delito cometido. De allí que la obligación impuesta se presente como la más idónea a la finalidad preventivo-especial señalada, pues dicha obligación permitirá a M.R.S.R. adquirir la capacidad de comprender y respetar la ley por la que hoy recayó condena. En particular, la asistencia a los animales en clave de entrega mensual de alimentos a cumplirse en el predio donde funciona el refugio de animales de A.M.P.A.R.A., le permitirá comprobar con dicha experiencia que los animales en general, y los perros en particular, son seres sintientes, que se emocionan, sufren, lloran y tienen, amén del derecho de ser respetados en su vida, libertad e integridad, la inteligencia
suficiente para, entre muchas proezas, reconocerlo y recibirlo efusivamente cuando lo vean llegar. Es decir, esta regla de conducta ha sido decidida evaluando que formó parte del acuerdo de juicio abreviado, en la cantidad, calidad y duración que presentaron las partes en la audiencia. Enfatizo que no ha sido impuesta como retribución del daño alegado por la parte querellante, como en parte fue manifestado por el Dr. Biondolillo al sugerirla, sino por reputarla adecuada para prevenir la comisión de nuevos delitos y postularla en este sentido el órgano público de la acusación, siendo consentida en tal carácter por la defensa e imputado. Corresponde ahora hacer notar que como el plazo mínimo del período de prueba es de dos años, y el pacto comprendió esta regla de conducta durante doce meses, a fin de no violentar el límite impuesto por el acuerdo consideré igualmente procedente la aplicación de la regla de conducta por doce meses, tal como fue peticionado y merituando que no debería tener una extensión temporal superior al máximo de la pena prevista para el delito por el que recayó condena. No obstante, debe entenderse a salvo el derecho del imputado, si lo estima conveniente, de solicitar la distribución de la cantidad de bolsas comprometidas durante todo el período de prueba aplicado en la sentencia. A LA QUINTA CUESTIÓN digo: Siendo condenatoria la sentencia, corresponde imponerle las costas al penado (art. 29 inc. 3º del Código Penal y 558 del C.P.P.). Por ello, deberá solventar los honorarios del abogado representante de la parte querellante particular, que han sido fijados, en atención a la importancia y extensión de la labor cumplida, en la suma de pesos un mil quinientos ($1500), según lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 3461. QUEDAN EXPUESTOS LOS FUNDAMENTOS.

References: artículo 43
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 resolución 
 artículo 33
 artículo 17
 artículo 159
 artículo 16
 artículo 953
 artículo 953
 artículo 160
 artículo 420
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 420
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 10