Source: https://www.lopezgomezabogados.es/blog/noticias-jur%C3%ADdicas/
Timestamp: 2019-10-23 08:30:19+00:00

Document:
López & Gómez Abogados - Noticias jurídicas
Desde esta sección le mantendremos informado de todas aquellas resoluciones judiciales de especial trascendencia
La Audiencia de Ourense condena a tres años de cárcel a un acusado de intentar matar a uno de sus amigos durante una discusión (Wed, 23 Oct 2019)
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a tres años de cárcel como autor de un delito de intento de homicidio a un hombre que, delante de su madre, acuchilló a uno de sus amigos durante una discusión en el rellano del piso en el que residía. El tribunal ha tenido en cuenta a la hora de dictar la pena la eximente incompleta de alteraciones en la percepción y ha absuelto a la madre del procesado del delito de omisión del deber de socorro que le imputaba la Fiscalía. Además, le impuso al imputado el pago de una indemnización de 19.500 euros al afectado. Los magistrados destacan que el acusado “asumió el resultado mortal que podía producirse” y consideran probado que “no trató de auxiliar a su amigo” y que se desentendió “de su suerte”. La herida causada, según destaca la Audiencia, hubiese sido mortal si no se produjese una inmediata intervención, pues el condenado le clavó el arma blanca en el lado derecho del abdomen y le atravesó el hígado. La víctima consiguió salir a la calle, donde fue auxiliada por un vecino. Los jueces indican que no ha podido acreditarse “la existencia de una agresión ilegítima por parte de la víctima, ya que no portaba arma alguna, frente al cuchillo que en todo momento esgrimió el acusado”.
La Audiencia condena a 20 años de cárcel a un hombre que secuestró y violó a una joven en Ourense (Wed, 23 Oct 2019)
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha condenado a veinte años de cárcel a un hombre por secuestrar durante 19 días a una mujer, agredirla sexualmente, golpearla y someterla, con violencia e intimidación, a un trato degradante con continuas humillaciones y vejaciones. El sospechoso ha sido condenado como autor de delitos de detención ilegal, agresión sexual continuada y contra la integridad moral. Los magistrados también ha impuesto dos años y medio de cárcel al padre y a la madre del acusado, así como a sus tres hermanos, como cómplices de un delito de detención ilegal porque ayudaron a retener a la víctima en la vivienda familiar. Además de los golpes que le propinó, el tribunal relata en la sentencia que el procesado “la obligó a beber alcohol, a consumir sustancias estupefacientes, a ingerir sus propios vómitos, a cortarse el pelo y a bañarse con una manguera de agua fría”. El condenado, además, no le permitió comer “en diversos días” porque le decía que estaba “gruesa”. “El agresor, con la complicidad de sus padres y hermanos, atentó contra la libertad, dignidad e indemnidad sexual de la víctima, a la que privó ilícitamente de su libertad durante 19 días”, recalcan los jueces, quienes subrayan que “la hizo objeto, de manera violenta, de reiteradas agresiones sexuales y de plurales actos vejatorios”. Con esa privación de libertad, según la Audiencia, pretendía “saciar su deseo sexual, obtener dinero de la cuenta bancaria de la joven a través de los cajeros a los que la conducían y forzarla a acompañarlos a pedir limosnas y a robar en casas”. El testimonio de la víctima, según el tribunal, es “claro, reiterado, concluyente y digno de crédito” y, además, está “corroborado por las pruebas documentales, periciales y testificales practicadas”. El condenado también fue sentenciado a la prohibición de comunicarse y aproximarse a la afectada durante 23 años y a abonarle una indemnización de 8.855 euros por los perjuicios personales y las secuelas y de 12.000 euros por el daño moral que le causó.
El Tribunal Supremo confirma la pena de 31 años prisión a un profesor de Murcia que abusó sexualmente de ocho escolares (Wed, 23 Oct 2019)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 31 años de prisión, con un máximo de cumplimiento de 20 años, impuesta a un profesor de un colegio del Espinardo (Murcia) por abusar sexualmente de 8 escolares, de entre 11 y 13 años, a quienes ofrecía, en algunos casos, las preguntas de los exámenes. El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que fijó la citada pena por ocho delitos consumados de abuso sexual. Durante los cursos escolares 2008/09 a 2013/14, el condenado impartía las asignaturas de Educación Física, Lengua y Francés en dicho centro escolar, a veces como tutor, a alumnos de 1º y 2º de la ESO. Simultáneamente, daba a sus propios alumnos clases particulares voluntarias de lengua y francés en una academia montada en el sótano de su domicilio, de lunes a jueves durante el curso, y organizaba cursos especiales en julio y agosto para los alumnos que hubieran suspendido asignaturas. Según los hechos probados, el acusado tenía una relación muy cercana a ellos y se ganó su confianza hasta el punto de que le tenían aprecio y algunos lo consideraban como un amigo, llegando incluso a comunicarse por Whatsapp, Tuenti y Twitter. En este último empleaba como nombre de usuario "malote". Algunos de ellos, por la amistad que mantenían con su hijo, de la misma edad, visitaban con frecuencia su casa, se bañaban en la piscina comunitaria y se quedaban a dormir. Los padres de los menores también confiaban en el acusado, confianza ganada principalmente a raíz del equipo de voleibol al que pertenecían los chicos y el hijo del condenado, por esa razón iban juntos a los partidos y participaban en actividades lúdicas (barbacoas, cumpleaños, comidas). En ese ambiente de relajación, confianza y camaradería, aprovechando en unas ocasiones su condición de tutor y en otras la de profesor de los menores, unido a la diferencia de edad, el procesado, siguiendo un plan previamente trazado, mantuvo relaciones sexuales con 8 menores. Credibilidad de las víctimas La sentencia rechaza la alegación del recurrente relativa a la falta de credibilidad de las víctimas. En este sentido, afirma que la sentencia recurrida detalla las declaraciones de todos los menores y resalta que todos los abusos se produjeron en circunstancias similares por lo que sería difícil esta coincidencia tan numerosa y sólida de testimonios, sin fisuras que, además, requeriría que se hubiesen puesto de acuerdo previamente entre ellos y con los padres. La Sala explica que en el caso actual las víctimas tenían entre 11 y 13 años cuando los hechos acontecieron, pero ya eran mayores de edad cuando se celebró el juicio oral (14, 16, 18, 21, 22 y 29 de enero y 1 de febrero de 2019) y ninguno de ellos padece deficiencia psíquica, por lo que desde esta perspectiva no cabe cuestionar la credibilidad subjetiva de su declaración. Del mismo modo, el tribunal rechaza las alegaciones relativas a la existencia de un complot de los menores para vengarse del acusado, la demora en poner la denuncia cuando los padres ya sabían lo sucedido, y la invalidez de los SMS y publicaciones en redes sociales. En esta línea, la Sala responde que “es muy difícil que pudieran ponerse de acuerdo tantas personas a (progenitores e hijos) para montar un escenario delictivo de tan gran envergadura y que no hayan incurrido en fisuras o contradicciones significativas", máxime cuando está probado las buenas relaciones que los menores mantenían hasta entonces con el profesor e igualmente la mayoría de los padres con alguno de los cuales la relación era incluso de amistad. Añade además que hasta que el tema es descubierto ninguno de los menores tenía conocimiento de lo que les estaba ocurriendo a los demás, sin que lo hubieran comentado entre ellos, pese a que todos se conocían y la mayoría pertenecía al mismo equipo de voleibol. En cuanto al retraso en interponer la denuncia, la sentencia explica que el hecho de que el tema se hubiera destapado poco antes de la denuncia (aproximadamente un mes) y que los que lo sabían guardasen silencio incluso en el viaje deportivo, no es revelador en absoluto de falta de credibilidad "sino una actitud prudente de análisis antes de tomas decisiones, observar la evolución de los acontecimientos y acumular evidencias antes de denunciar unos hechos tan graves y contra una persona hasta entonces apreciada por todos", sin olvidar que la misma vergüenza que los menores tuvieron que sentir ante los abusos del profesor justificaría ese silencio hasta conocer que no se trataba de una situación aislada -es significativo el testimonio del menor XXXX "que le daba vergüenza y repulsión, que temía que los demás pudieran pensar que él era maricón y por todo eso no se lo contó a nadie"-. Por último respecto a la impugnación de los mensajes y comunicaciones en redes sociales, afirma que su validez como prueba de cargo debe mantenerse "no solo porque el propio acusado admitió que eran habituales y fueron reconocidos por los testigos que los recibieron, sino también porque su autenticidad no fue puesta en tela de juicio con anterioridad al plenario ni en fase de instrucción, ni en el escrito de defensa, máxime cuando en relación a uno de los menores, XXXX, constan mensajes de texto extraídos de su móvil por un especialista en pericias informáticas de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, cuyo significativo contenido ya hemos referido, quien confirmó en el plenario su autenticidad, que había sido remitidos por el contacto Manuel y que estaba en el teléfono perteneciente a Adrián.
La Audiencia de Asturias confirma el archivo de las diligencias abiertas tras la muerte de un paciente en el servicio de cirugía cardiaca del Hospital Central (Tue, 22 Oct 2019)
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha confirmado mediante un auto el sobreseimiento de la investigación de la muerte de un paciente en el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario Central de Asturias. La Audiencia entiende en este Auto, que es firme, que "no hay relación de causalidad" entre el presunto olvido de unas compresas en el paciente "y el fallecimiento de este en la segunda operación, que si produjo fue no por una incorrecta realización de la misma sino por incorrecta planificación como consecuencia de un error de diagnóstico del radiólogo". Los magistrados asumen los argumentos del archivo dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Oviedo que, el pasado mes de mayo, después de 16 meses de instrucción, había concluido que no existían evidencias de que ningún miembro del equipo sanitario denunciado hubiesen cometido una imprudencia que debiera ser castigada penalmente. La magistrada para argumentar el archivo que ahora ha sido confirmado por la Audiencia no encontró probado entonces que el equipo responsable de la primera intervención dejara olvidada dentro de la cavidad torácica de la víctima dos compresas, como aseguraron los miembros de la segunda operación. En este punto, la magistrada argumentaba que al margen de las subjetivas declaraciones de los profesionales implicados en ambas cirugías, resultaban reveladoras las pruebas de imagen realizadas al paciente, seis radiografías y un TAC, señalando que en ninguna de ellas "fueron hallados restos de material quirúrgico que pudieran haberse olvidado tras la primera intervención". La instructora admitía que aunque esas pruebas de imagen "no suponen una garantía al 100%", su valor como prueba, "frente a las interesadas declaraciones de los investigados afectados, es de una notable superioridad objetiva". En el auto se recogía asimismo que a efectos penales, "lo que resulta del todo revelador es el hecho de que, aún cuando se hubiera probado el olvido de dichas compresas en el paciente (cosa que como se ha expuesto, no ha resultado debidamente acreditada), tampoco se ha demostrado el nexo causal entre dicho olvido y la muerte". Esta ausencia de conexión estriba en que "las citadas compresas no fueron conservadas, y que al paciente no se le practicó la autopsia clínica por parte del profesional al que competía ordenarla", que para la magistrada sería el responsable de la segunda intervención. La Audiencia, por todo lo anterior, confirma el auto de sobreseimiento, contra el que no cabe recurso, "dado que no está suficientemente justificada la perpetración del hecho delictivo origen de la causa" y considera que " es obligada y correcta la decisión de sobreseer provisionalmente y archivarla, no siendo procedente su continuación, con los consiguientes perjuicios económicos y personales que conllevaría para los investigados, pena de banquillos, cuando existe , como es el caso, un pronóstico fundado de inviabilidad de condena por insuficiencia del material probatorio con que se cuenta". Además, la Sección Tercera deja abierta la posibilidad a que la familia del paciente fallecido puede reclamar la responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios, "ante la jurisdicción civil o contencioso-administrativa, que se haya podido derivar de los actos médicos que, por erróneos o incorrectos, hayan producido el luctuoso resultado de la muerte de su familiar".
El Tribunal Supremo rechaza el recurso de la familia Franco contra la providencia sobre el acceso a la Basílica (Tue, 22 Oct 2019)
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de reposición presentado por los nietos de Franco contra la providencia de 10 de octubre de 2019 donde declaró, en contestación a la Abogacía del Estado, que su sentencia firme sobre este asunto era título legítimo para acceder a la Basílica del Valle de los Caídos y exhumar los restos de Franco. Los familiares impugnaron la providencia al considerar que vulneraba la inviolabilidad de la Basílica ante la negativa del Prior Administrador a autorizar la entrada en ella para llevar a efecto los acuerdos del Consejo de Ministros en su día recurridos. En un auto, el alto tribunal responde que “la resolución ahora cuestionada no infringe la inviolabilidad de la Basílica y la ulterior negativa del Prior Administrador no introduce ningún elemento nuevo una vez que se ha afirmado que la exhumación no es contraria al artículo 1.5 del Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, que --debemos reiterarlo-- garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto de acuerdo con las leyes”. Agrega que “precisamente son conformes con las leyes y ninguna lesión causan a los derechos fundamentales invocados por los recurrentes los acuerdos del Consejo de Ministros, según hemos explicado. Por eso, tuvimos por decaída la inicial negativa del Prior Administrador y, por esa misma razón, la nueva carece de fundamento y no puede ser obstáculo ya a su ejecución en virtud de una sentencia firme”. “En fin –concluye el auto--, nada de cuanto acabamos de decir es desconocido para los recurrentes pues está explicado en la sentencia”.
La Audiencia de Sevilla condena a 7 años de inhabilitación al alcalde de Pruna por un delito de prevaricación administrativa por la contratación “ilegal” de un arquitecto (Tue, 22 Oct 2019)
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al alcalde de Pruna, Francisco L.S., por un delito de prevaricación administrativa en relación a la contratación “ilegal” de un arquitecto, mientras que lo ha absuelto de un segundo delito de prevaricación administrativa por las contrataciones de personal de ayuda domiciliaria, de peones y otros oficios y de una ingeniera técnica. En la sentencia, fechada el día 1 de octubre y contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el tribunal considera probado que, el 9 de abril de 2012, el primer edil formalizó un contrato con un arquitecto para el asesoramiento urbanístico de la Corporación municipal “mediante contratación directa sin proceso selectivo por ser un contrato menor”. La Sala añade que, de manera previa a la contratación y el mismo día 9 de abril de 2012, la secretaria interventora informó desfavorablemente la contratación “por desconocerse su importe total (si superaba los 18.000 euros), por carecer de definición suficiente su objeto (al no identificar claramente en qué consistía el asesoramiento, que debería ser para un expediente o asunto en concreto) y por no existir consignación presupuestaria”, pese a lo que, por resolución de Alcaldía de la misma fecha, se aprobó y adjudicó el contrato “a sabiendas de que actuaba frente a los reparos realizados por la señora secretaria”. Con posterioridad a la contratación, el alcalde requirió al servicio jurídico provincial de la Diputación de Sevilla la remisión de un informe sobre compatibilidad de actividades de arquitecto con contrato administrativo de servicios, concluyendo el servicio jurídico que, en el caso de la contratación del arquitecto, “no procedía la modalidad de contrato administrativo de servicios, pues las funciones para las que fue contratado son funciones reservadas a funcionarios públicos”. La Audiencia asevera que, “sin causa que lo justificara” y “a pesar de tener conocimiento” de las conclusiones del informe del servicio jurídico provincial de la Diputación, el alcalde, “no sólo mantuvo en su puesto de trabajo” al arquitecto, “quien desempeñaba labores que correspondían a los arquitectos con la condición de empleados públicos”, sino que “también formalizó un segundo contrato” con éste el 11 de abril de 2013 por un periodo de un año prorrogable hasta un máximo de tres que le fue adjudicado mediante resolución de Alcaldía “tras seguir el procedimiento de negociado sin publicidad”. En relación a la contratación “directa” del arquitecto por contrato de servicios, el tribunal argumenta que “es objetivamente contraria a derecho, es decir, es ilegal, fundamentalmente porque el objeto de la contratación viene referido a servicios que implican ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”, lo que “expresamente prohíbe el artículo 301 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, estando reservado a los funcionarios el ejercicio de funciones que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o la salvaguardia de los intereses generales de las administraciones públicas”. La Audiencia señala que el objeto del contrato consiste en la emisión de informes sobre instrumentos de planeamiento, licencias urbanísticas y sobre calificación ambiental, es decir, “informes técnicos propios de procedimientos administrativos que se inscriben dentro de una potestad de carácter público, en concreto la potestad urbanística en sus manifestaciones de gestión y disciplina”, y añade que, “atendiendo a las funciones a desarrollar por el arquitecto contratado, fundamentalmente informes urbanísticos, y al carácter permanente de las mismas, la conclusión es que no procede su contratación profesional a través de la modalidad de contrato administrativo de servicio del actual artículo 10 del citado Texto Refundido, pues la misma viene encomendada en exclusiva a funcionarios”. “La resolución y la contratación fue dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular del alcalde con el conocimiento de actuar en contra del derecho, y por ello conforma el delito de prevaricación administrativa por el que viene acusado, ya que su proceder no fue respetuosos con los principios de imparcialidad y objetividad en el ámbito de la función pública ni con el principio de legalidad, y la ilegalidad cometida fue severa y dolosa”, infringiendo el acusado “el deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico del que era garante y primer obligado” y actuando “al margen y contra la ley”, pone de manifiesto la Audiencia, que por este delito le condena a siete años de inhabilitación. En relación al segundo delito de prevaricación administrativa por el que el acusado ha sido absuelto, el tribunal señala que, entre los meses de marzo y julio de 2012, se llevaron a cabo contrataciones para el desempeño de las funciones de auxiliar de ayuda a domicilio por tiempo inferior a tres meses en base a una bolsa de trabajo ya existente en legislaturas anteriores que fue modificada bajo el mandato del acusado, “quien esbozó las líneas generales de la bolsa y su modo de funcionamiento con las propias trabajadoras y con CCOO”. Estas contrataciones para el puesto de auxiliar de ayuda a domicilio se realizaron mediante contratación laboral temporal para cubrir temporalmente puestos de trabajo por razones de urgencia y necesidad y vinculadas a la duración de las subvenciones concedidas para estos casos, indica la Audiencia, que precisa que las contratadas “eran demandantes de empleo que figuraban en la bolsa con situación socio familiar y económica precaria”, constando en concreto cinco contratos de esta naturaleza. El 12 de julio de 2012, la secretaria interventora realizó un informe jurídico general sobre la contratación del personal “en el que subrayaba la legislación aplicable, que la selección de todo el personal del Ayuntamiento, ya fuera funcionario, laboral fijo, indefinido o laboral temporal, debía realizarse mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso oposición, de forma que se garantizara la igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. Por estas contrataciones, la Audiencia absuelve al alcalde porque considera que “no concurren los elementos propios de la prevaricación administrativa”, ya que el informe de la secretaria “es posterior a los cinco contratos suscritos que obran en la causa, estas contrataciones se realizaron para cubrir temporalmente puestos de trabajo por razones de urgencia y necesidad, estaban vinculados a la subvención concedida, el personal contratado era demandante de empleo que figuraba en la bolsa de trabajo con una situación socio familiar y económica precaria, la duración de cada contrato era inferior a tres meses y las funciones realizadas no están encomendadas a funcionarios públicos”, a lo que se suma que, “aunque el procedimiento de selección no fue mediante concurso, oposición o concurso oposición, se sustentó en una bolsa de trabajo”.
El juez continúa el procedimiento contra seis investigados en una pieza separada de los ERE por las ayudas de 8,4 millones a un grupo de empresas vinculadas al corcho (Thu, 17 Oct 2019)
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra seis personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) donde se investigan las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a un grupo de empresas vinculadas a A.R.B., como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera. En un auto fechado el día 16 de octubre, el instructor decreta la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado contra los seis investigados al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, pidiendo el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación. El magistrado explica que, en esta pieza separada, no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra los ex consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en la causa de procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas”, siguiendo así “el criterio a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, entre otros, en autos de 21 y 26 de marzo y 3 de abril de 2019, “que confirman la exclusión de la presente causa de los anteriormente citados”. Los seis investigados son A.R.B., vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, identificado como P.M.O.; S.M.M.B., como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, M.E.R.C., y un responsable de una entidad bancaria, G.C.E., que “facilitó mediante su firma” la obtención “fraudulenta” del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla. El magistrado relata en el auto que, de lo actuado, se desprende que tales ayudas se habrían concedido, por parte de responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, “prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria”. De este modo, prosigue el juez, estas ayudas “se habrían concedido sin sumisión a procedimiento legal alguno por parte” del director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, quien “ordenaba los pagos a la agencia IFA-IDEA con cargo a fondos públicos a través del programa presupuestario 31-L”. El juez añade que ello se hizo “bajo la supuesta cobertura del Convenio Marco de Colaboración suscrito el 17 de julio de 2001” entre la Consejería de Empleo y el IFA y “como medio para eludir la disciplina y los correspondientes controles legales de la correspondiente ayuda o subvención”, tras lo que analiza una a una todas las ayudas recibidas por este grupo de empresas. En este punto, subraya que, de lo actuado, “se deduce que el investigado A.R.B., administrador de hecho y/o derecho de las empresas, habría obtenido con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para los que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo que ascenderían a la cantidad aproximada de 9 millones de euros con cargo a los fondos públicos y a través de IFA/IDEA”. “Conocedor de que la Consejería de Empleo, dirigida entonces por José Antonio Viera, podía otorgarle una subvención al margen de la legalidad vigente, consiguió que el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el viceconsejero, Antonio Fernández, le concedieran las ayudas descritas”, subraya el instructor, que seguidamente se refiere al empresario portugués F.M.O., que “resultaría ser el administrador de hecho de varias de las empresas del grupo” y que tuvo una participación “directa y activa”, y a R.B.M., “partícipe y coadministrador de las empresas del grupo, receptoras de las ayudas ilícitamente obtenidas”. Asimismo, el juez asevera que, de lo actuado, “cabe deducir también la existencia de indicios de criminalidad” contra S.M.M.B., quien “figura como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias mercantiles” del grupo, “siendo además el director financiero del grupo de empresas vinculadas y dirigidas” por A.R.B. y “manteniendo relaciones” con Guerrero “al haber sido secretario del PSOE de Cazalla de la Sierra y gerente de Turismo Andaluz”. Así, “los administradores, directivos y responsables de las empresas beneficiarias de las ayudas”, en relación a estos cuatro últimos investigados, “participaron directamente en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión de aquéllas prestaciones, resultando conocedores de que se había prescindido de los principios y de los procedimientos legalmente procedentes, teniendo en cuenta que no cumplieron con las exigencias y requisitos legales que a ellos, cuando menos, les correspondían para la obtención de tales ayudas”. De este modo, y según expone el juez en el auto, “ni tan siquiera presentaron formalmente la correspondiente solicitud –motivada y justificada- de la subvención ni, por consiguiente, elaboraron ninguna declaración sobre la posible obtención de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin, ni acreditaron los requisitos necesarios para obtener la correspondiente ayuda excepcional”, mientras que tampoco justificaron “el destino o empleo de los fondos públicos obtenidos”. En relación a M.E.R.C., el instructor señala que, como delegado provincial del IFA en Sevilla desde 2002 hasta 2004, habría mantenido diversas reuniones con A.R.B. y S.M.M.B. “en relación a la posible obtención” de las ayudas públicas, “llegando a concertar con A.R.B. la concesión de tres ayudas de las que di traslado” a Guerrero “para su tramitación”. “Aunque la decisión final sobre la concesión de las ayudas recayese sobre el director general de Trabajo, M.E.R.C. habría tenido participación en el favorecimiento y tramitación de las ayudas concedidas”, y todo ello “debiendo ser conocedor, en virtud de su cargo y sus contactos con los responsables de la Consejería de Empleo, del mecanismo fraudulento, al margen de toda legalidad, llevado a cabo para la concesión de las ayudas a través del sistema de transferencias de financiación en favor de IFA/IDEA”, concluye el magistrado.
Condenado a diez años de cárcel un exjefe militar de ETA por el traslado de armas y material explosivo a Portugal para cometer atentados (Tue, 15 Oct 2019)
La Audiencia Nacional ha condenado a diez años de cárcel al que fuera jefe militar de ETA M.K.C.S., “Ata”, y a nueve años al miembro liberado de la banda terrorista J.E.O. por el traslado de armas y de material explosivo desde Francia a Portugal para la comisión de atentados en España y que no llegaron a su destino al ser interceptados por las fuerzas de seguridad. En una sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Penal, con voto particular discrepante del magistrado Ramon Sáez, condena a Ata, quien reconoció los hechos durante el juicio, y a J.E.O. por un delito de depósito de armas y municiones y de depósito de sustancias y aparatos explosivos y de sus componentes con finalidad terrorista y absuelve al primero de falsificación de documento oficial al concurrir la excepción de cosa juzgada. Los hechos probados de la resolución relatan cómo a principios de 2010 ETA disponía en la localidad portuguesa de Óbidos de una vivienda como base de apoyo logístico con vistas a la ejecución de atentados terroristas en España. Explica que Ata, entonces jefe militar de ETA, alquiló una furgoneta y un turismo para que otros dos miembros de la organización trasladaran desde Francia material explosivo, armas, placas de matrícula falsas y otros útiles para la comisión de sus acciones terroristas. El día 9 de enero, los miembros liberados de la organización terrorista G.G.A. e I.Y.O. -ya condenados por estos hechos- iniciaron el viaje desde el sur de Francia hasta España con destino final en Portugal. Uno de ellos conducía la furgoneta con el material y la otra el turismo que hacía de lanzadera. La noche de aquel día, señala la Sala, fueron interceptados en Bermillo de Sayago (Zamora) por una patrulla de la Guardia Civil. Tras un forcejeo con los agentes, G.G.A. consiguió hacerse con el vehículo de la Guardia Civil y huir hacia Portugal, donde fue detenido minutos más tarde, al igual que su compañera que conducía el turismo que hacía de lanzadera. Una vez analizado el material intervenido, indica el Tribunal, además de diez kilogramos de pentrita, se identificaron armas y una gran cantidad y variedad de componentes de los utilizados por ETA para la confección de los artefactos explosivos empleados en los atentados. Precisa que material intervenido “hubiera sido bastante para la fabricación por parte de ETA de un total de más de doscientos dispositivos para la comisión de atentados terroristas”. Las huellas de J.E.O. La sentencia explica que en la cinta adhesiva de un recipiente de plástico amarrillo que viajaba en la furgoneta y en cuya parte exterior figuraba la inscripción manuscrita “Elektro Materiala” se identificaron siete huellas dactilares correspondientes a los dedos índice y derecho de J.E.O., quien habían pasado a la clandestinidad en septiembre de 2009 como miembro liberado de ETA y había empezó a realizar misiones para la banda el mes siguiente. “Bajo la dirección del jefe del aparato militar de la banda M.K.C.S., de común acuerdo con este y uniendo esfuerzos con el mismo, tuvo a su disposición los componentes explosivos antes citados e intervino en la preparación de la remesa de explosivos, armas y municiones precedentemente descrita que salió de Francia en la furgoneta IVECO-DAILY con destino a la casa de Óbidos en Portugal y que fue intervenida en Zamora el 9 de enero de 2010”, refiere la Audiencia. La Sala concluye, tras la valoración de la prueba, que el traslado del material a Portugal tenía como fin su almacenamiento en una base de operaciones de ETA en aquel país con el objetivo de la comisión de atentados, “teniendo todos los partícipes, incluidos los dos ahora acusados, dominio funcional conjunto del hecho y habiendo realizado cada uno sus aportes sustanciales al plan común”. Los magistrados descartan la excepción de cosa juzgada alegada por J.E.O. al haber sido ya condenado en Francia por los mismos hechos. La resolución señala que tras analizar las resoluciones francesas se infiere que mucho antes de la comisión de los hechos que dieron lugar a la condena en el país galo el ahora acusado ya había sido imputado y se había dictado auto de prisión y busca y captura, lo que constituye una ruptura jurídica y comporta que las nuevas tenencias sentenciadas en Francia constituyen un nuevo delito. La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Ramón Sáez favorable a la absolución de J.E.O. al entender que ya fue condenado en Francia por asociación criminal de naturaleza terrorista, falsedad documental y depósito de armas, municiones y explosivos y se trataría de cosa juzgada. “Los hechos del juicio forman un delito permanente con los que fueron condenados en la sentencia de Francia. Son la misma unidad objetiva”, explica. “Entre la condena anterior y la que se pronuncia ahora en nuestra sentencia hay identidad subjetiva, objetiva y de fundamento –mismo agente, unidad fáctica e idéntico delito-, por lo que podríamos incurrir en un bis in idem o doble condena de los mismos hechos, vedado constitucionalmente”, concluye este magistrado.
El juez levanta el secreto sobre la querella del fundador de Wikileaks por espiar sus comunicaciones en la Embajada de Ecuador en Londres (Wed, 09 Oct 2019)
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha levantado el secreto de las actuaciones respecto de la causa abierta a raíz de una querella presentada por Julian Assange contra el gerente y la empresa encargadas de prestar la seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el fundador de Wikileaks se encontraba asilado, por espiar sus comunicaciones. En el auto en el que se admitió a trámite la querella, el juez señala que dicha querella describe una serie de actividades llevadas a cabo por el gerente de la empresa gaditana Undercover Global SL, “consistentes en la invasión de la intimidad de Assange y sus abogados mediante la instalación de micrófonos ocultos y otros medios, en la Embajada de la República de Ecuador en Londres, sin consentimiento de los afectados”. Añade la querella que la “información habría sido entregada a terceras personas o instituciones, entre las que mencionan autoridades de la propia República de Ecuador y agentes de Estados Unidos”. La resolución del magistrado admite la competencia de la Audiencia Nacional para la investigación de los hechos relatados en la querella, que se dirige contra el gerente y Undercover Global por delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, cohecho y blanqueo de capitales.
La juez archiva una querella presentada por taxistas contra las VTC por estafa, blanqueo y alteración de precios con engaño (Thu, 03 Oct 2019)
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la inadmisión y el archivo de una querella presentada por cientos de taxistas profesionales contra Cabify, Uber y otras empresas de VTC y sus administradores por delitos de estafa, contra la hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, administración desleal, blanqueo de capitales y alteración del precio de las cosas con engaño. En un auto, la juez analiza la querella, dirigida contra 18 corporaciones y 39 personas físicas y en la que se denuncia que como consecuencia de la actuación de los querellados se ha producido una intromisión ilegítima en un mercado tan intensamente regulado como el del taxi que viene causándole daños y perjuicios permanentes. La magistrada entiende que “la querella parte de una premisa falsa que es la de considerar que la conducta desplegada por los querellados se ha producido en un mercado libre y carente de regulación, cuando no es así”. Para la juez, frente a lo que sostiene la querella, es evidente que se trata de un sector fuertemente intervenido y sometido a regulación estatal , autonómica y local, por lo que no pueden aceptarse los hechos de la querella, máxime cuando lo que se señala es que la conducta de los VTC gira en torno al <engaño> que se causa a los consumidores al ofrecer tales servicios”. Frente a ello, subraya la juez, “se omite que no existe ni la posibilidad de manipulación de los precios en un sector intervenido ni tampoco un engaño a los consumidores que pagan por un servicio que aceptan libre y anticipadamente, no pudiendo apreciarse, en consecuencia, la principal conducta delictiva descrita que es, precisamente, la que arrastra los demás delitos conexos o derivados que se invocan en la querella”. Y tampoco puede, por tanto, apreciarse la concurrencia del delito de estafa y fraude a la Hacienda pública que giran igualmente alrededor del mencionado elemento típico del engaño. En cuanto a los restantes delitos, explica la magistrada, esto es, contra los derechos de los trabajadores, administración desleal y blanqueo de capitales no podrán ser objeto de enjuiciamiento en la sede de la Audiencia Nacional al no encontrase entre los de su competencia.
Plaza del Ayuntamiento, 4, primera planta
CP 29560 - Pizarra (Málaga)
Calle Maestra Aspiazu, 25-1
CP 29640 - Fuengirola (Málaga)
952484983 - 690168586
© López & Gómez Abogados

References: resolución 
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 301
 artículo 10
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución