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Timestamp: 2017-08-23 06:07:51+00:00

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Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 2/2015, DE 4 DE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL 49 DE 12)
La Constitución Española (RCL 1978, 2836) en su artículo 51 ordena a los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos. Asimismo, prescribe que los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, y fomentarán sus organizaciones, que serán oídas en las cuestiones que les puedan afectar.
Por su parte, la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre (RCL 2007, 2179), de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (RCL 1983, 405), en su artículo 16.16 establece, como principio rector de la política pública de Castilla y León, la protección de los consumidores y usuarios, incluyendo el derecho a la protección de la salud y la seguridad, así como la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales. Por otro lado, en su artículo 71.1.5 atribuye a la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la legislación básica del Estado, la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
La consagración, pues, de la protección de los consumidores y usuarios como uno de los principios rectores de la política social y económica que informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, fue tenida en cuenta por el legislador para dictar la primera norma autonómica específica en esta materia, la Ley 11/1998, de 5 de diciembre (LCyL 1998, 388 y LCyL 1999, 84), para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León.
Teniendo en cuenta la evolución social y técnica acaecida desde la aprobación de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, así como las nuevas necesidades surgidas en las relaciones entre consumidores y empresarios, se plantea la necesidad de mejorar la protección que regula estas relaciones, lo que hace conveniente la aprobación de esta nueva Ley, la cual deberá incorporar la legislación del Estado español y las Instituciones Comunitarias Europeas, en esta materia, en especial, la promulgación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo (RCL 2014, 466 y 677), por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
El Tratado de la Unión Europea (RCL 1999, 1205) establece como objetivo de la actuación comunitaria el fortalecimiento y elevación del nivel de protección de los consumidores y usuarios. En cumplimiento de este objetivo, con fecha 22 de noviembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2011/83/UE (LCEur 2011, 1901), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.
Además de la anterior, en la redacción de esta norma se han tenido en cuenta, entre otras, la derogada Directiva 2005/29/CE (LCEur 2005, 1143), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, la cual tiene por objetivo fijar una legislación común en todo el ámbito de la Unión Europea que defina y clarifique qué se entiende por práctica comercial desleal, transpuesta al derecho español a través de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre (RCL 2009, 2633), que modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección para los consumidores y usuarios, y la Directiva 2006/123/CE (LCEur 2006, 3520), del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, incorporada parcialmente al derecho español a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (RCL 2009, 2256), sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Se ha omitido la regulación de garantías, ventas a distancia y fuera del establecimiento por tratarse de materias en las que el Estado tiene competencias legislativas exclusivas, establecidas por el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución Española (RCL 1978, 2836).
También contiene dos disposiciones derogatorias, la derogación de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre (LCyL 1998, 388 y LCyL 1999, 84), para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la Ley y la derogación del Decreto 20/2004, de 22 de enero (LCyL 2004, 47), por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Comisión de Cooperación de Consumo.
La presente Ley tiene por objeto la protección, defensa y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, en cumplimiento del mandato establecido en la Constitución Española (RCL 1978, 2836) y en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León (RCL 1983, 405).
Artículo 2. Concepto de consumidor y usuario
A efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en los libros tercero y cuarto del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Artículo 3. Concepto de empresario
Artículo 4. Supuestos especiales
Artículo 5. Derechos básicos de los consumidores y usuarios
Artículo 6. Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos a los consumidores y usuarios
Artículo 7. Deber general de seguridad
Artículo 8. Obligaciones específicas para la protección de la salud y seguridad
Artículo 9. Obligaciones en materia de documentación
Artículo 10. Actuaciones administrativas
Artículo 14. Actuaciones administrativas
Artículo 15. Actuaciones de protección
Artículo 17. Actuaciones de protección
Artículo 19. Ejercicio del derecho
Artículo 20. Asociaciones de consumidores y usuarios
Artículo 21. Fomento de las asociaciones de consumidores y usuarios
Artículo 22. Registro de asociaciones de consumidores y usuarios
Tanto el procedimiento como los requisitos de inscripción en este Registro se determinarán reglamentariamente. No obstante, no podrán inscribirse aquellas asociaciones que incluyan entre sus miembros a personas jurídicas con finalidad de lucro, aquellas que participen o reciban ayudas de empresas suministradoras de bienes y servicios, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372), y las que efectúen publicidad comercial o meramente informativa de bienes y servicios.
Artículo 23. Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla y León
Artículo 26. Ejercicio de potestades en la legislación sectorial
Artículo 27. Fomento del Sistema Arbitral de Consumo
Artículo 28. Reclamaciones
Artículo 29. Los inspectores de consumo
Artículo 30. Requerimiento de subsanación de deficiencias
Artículo 31. Práctica de las pruebas analíticas
Artículo 32. Adopción de medidas provisionales
Artículo 34. Duración de las medidas
Artículo 35. Carácter de las medidas
Artículo 36. Sistema de intercambio rápido de información
Si presumiblemente el riesgo rebasase el interés regional, la autoridad competente lo pondrá en conocimiento del resto de las Administraciones, a través de los sistemas de comunicación entre los órganos administrativos competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado, destacando de entre estos sistemas la Red de Alerta, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre (RCL 2004, 59), de seguridad de los productos.
Artículo 37. Información
Artículo 38. Actuaciones
Artículo 39. Régimen
Artículo 42. Clasificación de las infracciones
Artículo 44. Cuantías
Artículo 45. Cierre del establecimiento
Artículo 46. Sanciones accesorias
Artículo 47. Graduación de las sanciones
Artículo 48. Restitución de cantidades percibidas indebidamente
Disposición Adicional Única. Lenguaje de género
Disposición Transitoria Primera. Potestad sancionadora
Disposición Transitoria Segunda. Consejo Castellano-Leonés de Consumidores y Usuarios
Queda derogada la Ley 11/1998, de 5 de diciembre (LCyL 1998, 388 y LCyL 1999, 84), para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en la presente Ley.
Queda derogado el Decreto 20/2004, de 22 de enero (LCyL 2004, 47), por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Comisión de Cooperación de Consumo.
Además de lo previsto en esta Ley, será de aplicación el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (RCL 2007, 2164 y RCL 2008, 372), y otras leyes complementarias, así como toda aquella normativa que la sustituya, complemente o desarrolle.

References: artículo 51
 artículo 16
 artículo 71
 Real Decreto 
 artículo 149

Artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 Real Decreto 

Artículo 23

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 Real Decreto 

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 42

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 Real Decreto