Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0088_ES.html
Timestamp: 2019-08-24 01:18:07+00:00

Document:
sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017
– Vistas su Decisión, de ..., por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión(5), y su Resolución que contiene las observaciones que forman parte integrante de dicha Decisión,
– Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2019, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),
C. Considerando que las observaciones del Parlamento sobre los informes especiales del Tribunal forman parte integrante de la mencionada Decisión del Parlamento, de ..., por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión;
38. Alienta a la JUR a que mejore su cumplimiento del código normativo único;
39. Insta a la JUR a que fije una fecha para la elaboración del primer plan de resolución para cada entidad; manifiesta su preocupación por los riesgos a la hora de evaluar, en cada uno de los planes de resolución, la factibilidad y la credibilidad de la estrategia de resolución seleccionada, teniendo en cuenta si se puede aplicar de manera eficaz y oportuna; pide a la JUR que exija a los bancos la realización de pruebas que demuestren que se puede realizar eficazmente la recapitalización interna de pasivos en el plazo previsto por el plan de resolución;
40. Pide a la JUR que complete su sistema de normas para la planificación de la resolución, entre otras cosas mediante la elaboración de políticas claras y coherentes sobre los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles con el fin de garantizar que las entidades incluidas en el ámbito de competencias de la JUR tengan suficiente capacidad de absorción de pérdidas;
41. Lamenta el hecho de que la JUR haya carecido de personal suficiente desde que pasó a ser independiente desde el punto de vista operativo; exhorta a la JUR a acelerar sus esfuerzos de contratación, en particular mediante la contratación de expertos en resolución y en políticas, también para los puestos directivos;
42. Lamenta que el marco de cooperación entre las autoridades nacionales de resolución y la JUR siga sin ser claro; manifiesta su preocupación por los riesgos relativos a una débil mejora del rendimiento a la hora de evaluar una crisis bancaria en los Estados miembros; pide a la JUR que mejore el reparto operativo de las tareas y las responsabilidades;
43 Manifiesta su preocupación por el memorando de entendimiento actual entre la JUR y el Banco Central Europeo (BCE), que no garantiza que la JUR reciba toda la información necesaria del Banco de manera uniforme y a su debido tiempo; pide a la JUR que entable un diálogo con el BCE a fin de mejorar la situación;
44. Opina que la JUR forma parte de una sólida unión bancaria que cuenta con una reglamentación y una supervisión bancarias estrictas y constituye un paso importante hacia la consolidación de un marco institucional estructural y coherente dotado de recursos adecuados y de legitimidad democrática a fin de estabilizar el sector bancario y evitar futuras crisis; considera necesario, sin embargo, introducir ajustes que aumenten la eficacia de la labor de la JUR y su contribución sistémica;
45. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, sus conclusiones y la disposición de la Comisión a aplicar las recomendaciones;
46. Celebra que, en algunos casos, los esfuerzos de Jaspers han conducido a avances en la capacidad de los Estados miembros para gestionar la preparación de proyectos y que los proyectos han sido de buena calidad, como confirma su rápida aprobación por la Comisión;
47. Pide a la Comisión y al BEI que garanticen que el programa se aplique de modo que se obtengan mejores resultados en lo que se refiere a la capacidad administrativa de los Estados miembros;
48. Observa que, entre 2006 y 2016, los costes reales de Jaspers y la contribución financiera de la Comisión aumentaron inicialmente y, posteriormente, se mantuvieron estables en torno a los 30 millones de euros anuales, con una contribución de la Comisión que fluctuaba entre el 70 % y el 80 %;
49. Considera que los beneficiarios deberían participar en los costes de Jaspers en un nivel adecuado;
50. Opina que, lógicamente, la función de Jaspers de «[...] ofrecer asesoramiento gratuito independiente a los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 o años posteriores con el fin de ayudarles a preparar propuestas de alta calidad de grandes proyectos de inversión para su financiación a través del Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE [...]» debería haberse aligerado al ajustarse los nuevos Estados miembros a los sistemas y procedimientos de la Unión;
51. Está muy preocupado por la siguiente observación del Tribunal: «VIII. El BEI [Banco Europeo de Inversiones] no se mostraba dispuesto a facilitar información sobre los costes reales de Jaspers y la Comisión solo pudo demostrar parcialmente la plausibilidad de los costes estándar de Jaspers utilizados hasta 2014 para el personal facilitado por el BEI»;
52. Insiste en que el BEI ponga a disposición del Tribunal toda la información pertinente para su trabajo de auditoría; pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el BEI coopere a este respecto;
53. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal sobre la eficiencia operativa de la gestión por el BCE de las crisis de los bancos, sus recomendaciones y la disposición de la Comisión para poner en práctica todas las recomendaciones, excepto una;
54. Pide al BCE:
– que mejore las directrices respecto al desarrollo de planes de reestructuración, que, según el 32 % de las entidades encuestadas (véase el anexo III, pregunta 14), son mediocres;
– que preste más atención a las respuestas dadas a las preguntas, ya que el 27 % de dichas entidades contestó que solo a veces las respuestas resultaban útiles (véase el anexo III, pregunta 17);
– que siga desarrollando el proceso de planificación de la reestructuración para que sea menos formal; recuerda que la mayoría de las entidades encuestadas (el 65 %) consideran el proceso actual como aceptable o formal (véase el anexo III, pregunta 53);
55. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que el BCE no permitiese al Tribunal acceder a toda la documentación o información solicitada que el Tribunal estimó necesaria para cumplir su misión, y pide al BCE que corrija esta política;
56. Opina que una plena cooperación del BCE es totalmente necesaria, debería ser inmediata y habría reforzado la transparencia y la rendición de cuentas;
57. Recuerda con pesar que el Tribunal no es el principal auditor externo del BCE y que el Tribunal solo está facultado para examinar la eficiencia operativa de la gestión del BCE (artículo 27 del Protocolo n.º 4 anejo al TFUE);
58. Señala un aparente desequilibrio interinstitucional: si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desempeña una función destacada en la supervisión de las actividades del BCE (artículo 35 del Protocolo n.º 4), al Tribunal de Cuentas Europeo solo se le ha otorgado un papel modesto en la verificación de la gestión financiera del banco (examinar la eficiencia operativa de la gestión), lo que perjudica a la transparencia y la rendición de cuentas;
59. Insta, en consecuencia, a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a que amplíen el cometido del Tribunal con respecto al BCE durante la próxima revisión de los Tratados;
60. Recuerda que la gestión de crisis por el BCE forma parte del marco europeo común para la reestructuración y la resolución bancarias, establecido en respuesta a la crisis financiera con miras a lograr la estabilidad del sector bancario y por consiguiente frenar la dependencia respecto de los fondos públicos;
61. Observa que se atribuyó al BCE la responsabilidad de gestionar las evaluaciones sobre la planificación de la reestructuración de los bancos y de ocuparse de la actuación temprana en relación con los bancos significativos de la zona del euro, por lo que el logro de una gestión de crisis efectiva depende en primer lugar de la gestión operativamente eficiente del BCE;
62. Pide a la Comisión y al BCE que mejoren la función de supervisión a fin de aumentar la estabilidad del sistema bancario de la zona del euro y que velen por la estabilidad y la resistencia a las crisis, evitando cualquier debilidad durante el proceso global que pueda menoscabar la credibilidad de la gestión de crisis por el BCE;
63. Toma nota del Informe Especial del Tribunal relativo al procedimiento de desequilibrio macroeconómico, sus recomendaciones y la disposición de la Comisión para seguir la mayoría de dichas recomendaciones;
64. Señala que el PDM forma parte del ejercicio del Semestre Europeo, que comienza con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) y el Informe sobre el Mecanismo de Alerta (IMA) en otoño del año n-1; si el IMA, que está basado en un cuadro de indicadores y umbrales, muestra la posible aparición de un problema específico, se somete al Estado miembro correspondiente a un examen exhaustivo;
65. Destaca que el PDM fue concebido como respuesta a la crisis económica y financiera en Europa, dado que los desequilibrios macroeconómicos fueron una de las causas subyacentes de la crisis; estima, por ello, que su diseño conceptual debe evolucionar de forma constante a fin de superar los desequilibrios y garantizar la estabilidad social y económica;
66. Observa que la Comisión informa al Parlamento Europeo, al Consejo y al Eurogrupo si concluye que existen desequilibrios macroeconómicos a partir de los resultados del examen exhaustivo; en tal caso, el Consejo, previa recomendación de la Comisión, dirige una recomendación al Estado miembro correspondiente (con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 121, apartado 2, del TFUE); estas recomendaciones preventivas del PDM forman parte de las recomendaciones específicas por país;
67. Destaca la falta de coherencia detectada por el Tribunal entre el análisis macroeconómico y las recomendaciones específicas por país, así como el reto, estrechamente vinculado, de determinar las causas profundas de los desequilibrios económicos;
68. Señala que el número de Estados miembros en los que se han observado desequilibrios macroeconómicos ha aumentado desde 2012 y que las mejoras han sido relativamente escasas; concluye que el PDM no ha sido eficaz debido a errores en el análisis de las causas responsables de los desequilibrios macroeconómicos;
69. Determina, junto con el Tribunal, que las recomendaciones del Consejo pueden presentar un sesgo político y que esto parece ser la norma y no la excepción;
70. Expresa su convencimiento de que la apreciación política de los datos económicos constituye un ejercicio necesario, siempre que se lleve a cabo de manera transparente, exponiendo los hechos económicos por una parte y los motivos políticos de la recomendación por otra;
71. Solicita a la Comisión que diseñe un sistema que aliente a los Estados miembros a aplicar las recomendaciones específicas por país del PDM de forma eficaz y eficiente;
72. Pide a la Comisión que explique y/o justifique los motivos para no activar un procedimiento de desequilibrio excesivo cuando existan pruebas de que un Estado miembro sufre desequilibrios excesivos, especialmente cuando se detecte un elevado riesgo de inestabilidad, dichos desequilibrios sean persistentes o hayan tenido efectos indirectos, o cuando las medidas correctoras hayan sido insatisfactorias;
73. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
74. Reconoce la dificultad de la situación política y la complejidad de los desafíos operativos a los que han de enfrentarse el SEAE, la Comisión y la Delegación de la Unión, en particular en los Estados de Rakáin, Kachin y Shan;
75. Pide al SEAE y a la Comisión que sigan desarrollando un programa de cooperación al desarrollo a largo plazo, global y ambicioso que movilice todos los instrumentos a su disposición, y ayude a Myanmar/Birmania a desarrollar y perfeccionar su estrategia global de desarrollo definiendo al mismo tiempo progresivamente un marco de resultados nacional con herramientas para medir el impacto y la sostenibilidad de la ayuda;
76. Pide que se defina una buena combinación de políticas en la lógica de la intervención de la Unión y la elección de los sectores principales de desarrollo sobre la base de una evaluación sectorial regular de las necesidades, en beneficio de la viabilidad, la complementariedad y la sostenibilidad de los proyectos; pide que los resultados de la evaluación estratégica del país que concluirá en 2018 se envíen cuanto antes al Parlamento;
77. Considera también necesario garantizar la suficiente flexibilidad a la hora de diseñar los programas de ayuda y su puesta en práctica, en un contexto político y operativo particularmente difícil, con el fin de mejorar de manera más sistemática las capacidades nacionales y de garantizar una cobertura geográfica adecuada teniendo en cuenta la capacidad de absorción real del país;
78. Lamenta que la Comisión no haya determinado de modo suficiente las prioridades geográficas regionales de su ayuda; toma nota de que el primer estudio sobre las necesidades específicas del Estado de Rakáin se llevó a cabo en 2017; considera que una evaluación específica de dicho Estado debía haber sido la prioridad de la delegación de la Unión a su llegada en 2013;
79. Anima a reforzar la capacidad del sector público y de las estructuras institucionales para crear un marco de gobernanza más responsable, garantizando un apoyo más estratégico a las principales instituciones de control del país;
80. Recuerda que el «refuerzo del Estado» debe ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo de la Unión, de conformidad con los principios de intervención en contextos frágiles, en particular el refuerzo institucional, la transparencia y la eficacia de la gestión de la hacienda pública, todo ello combinado con un diálogo político reforzado;
81. Apoya el refuerzo de la cooperación sobre el terreno con los socios internacionales para aumentar la rentabilidad de las acciones multidonantes en la medida en que una coordinación eficaz de los donantes sigue siendo una condición esencial para evitar la duplicación y la fragmentación de la ayuda;
82. Lamenta las deficiencias detectadas en materia de intercambio de información entre la DG DEVCO y la DG ECHO en los Estados de Rakáin y Kachin; lamenta que haya sido necesario esperar hasta septiembre de 2016 para que se ponga en marcha un procedimiento de intercambio de información entre ambas direcciones generales; pide a este respecto una mejor articulación de la ayuda humanitaria y de la ayuda al desarrollo, con vínculos más estrechos entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo a través de una plataforma interservicios VARD permanente; considera que, siempre que sea posible, deben aplicarse unos enfoques integrados, con objetivos de coordinación claramente establecidos, y una estrategia por país coherente entre la DG ECHO y la DG DEVCO, además del intercambio de mejores prácticas; pide, a este respecto, la inclusión sistemática del planteamiento VARD en el ciclo de financiación de las operaciones;
83. Pide, además, a los servicios de la Comisión que consideren con mayor atención la articulación y transición de las actividades humanitarias a corto plazo hacia las intervenciones de desarrollo a largo plazo y hacia una coordinación coherente no solo entre los diferentes agentes del desarrollo sobre el terreno, sino también con las prioridades nacionales gracias a una estrategia y un marco comunes de ayuda humanitaria y de desarrollo;
84. Recomienda que se garantice un mejor seguimiento de la ejecución de los proyectos y de las acciones ofreciendo una mejor justificación de los importes asignados por sectores prioritarios en los documentos de programación y de gestión a fin de prever, cuando proceda, cualquier posible reajuste de la ayuda para nuevas necesidades de aquí a 2020, velando al mismo tiempo por que se dé una mayor visibilidad a las actividades de la Unión; considera que la visibilidad de los donantes y la existencia de información de gestión adecuada sobre los proyectos son importantes para que se reconozcan las contribuciones de cada uno y se mantenga la obligación de rendir cuentas;
85. Lamenta que no se dedique la parte más importante del Fondo Conjunto para la Paz al Estado de Rakáin; considera que se trata de una oportunidad perdida para esta región especialmente vulnerable; pide a la Comisión que amplíe el ámbito de aplicación de este fondo al Estado de Rakáin;
86. Recuerda que, cuando se opte por el apoyo presupuestario como una de las modalidades de ejecución de la ayuda, la Comisión debería, en coordinación con otros donantes:
87. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, al diseñar su futura política de energía renovable, tengan en cuenta las circunstancias y las necesidades de las comunidades y la economía rurales, estudien los posibles impactos positivos y negativos de la política y velen por que sus efectos afecten equitativamente a las zonas rurales; pide que, a este fin, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, desarrolle un mecanismo pertinente que podría inspirarse en el mecanismo de comprobación de la repercusión en las zonas rurales contemplado en la orientación política 1 de la Declaración de Cork 2.0 de 2016;
88. Pide a la Comisión que introduzca esta herramienta en el proceso de consulta con los Estados miembros sobre los planes nacionales integrados de energía y clima, que la Comisión debe recibir antes del 1 de enero de 2019, y oriente a los Estados miembros sobre cómo aplicarla;
89. Pide a la Comisión que, junto con los colegisladores, diseñe el futuro marco político para la bioenergía de una forma que ofrezca suficientes salvaguardias contra el suministro insostenible de biomasa para energía; considera que el marco debe reconocer y abordar los riesgos para la sostenibilidad del impulso del uso de la bioenergía mediante objetivos y regímenes de ayuda financiera, y garantizar que se mitiguen los riesgos ambientales y socioeconómicos asociados;
90. Pide a la Comisión que defina qué deben lograr las inversiones en energías renovables del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), cómo deben aportar valor añadido a las zonas rurales; y cómo el Feader debe completar los actuales regímenes de financiación nacionales y de la Unión sin correr el riesgo de convertirse en otra fuente de financiación para las energías renovables sin que se dé prioridad al desarrollo rural al diseñar su futura política de desarrollo rural;
91. Pide a la Comisión, en este contexto, que aproveche la experiencia de buenas prácticas constatada durante la auditoría del Tribunal (evaluación de la energía renovable en las zonas rurales, proyectos de suministro de energía a terceros financiados a través del Feader, proyectos de energía renovable para consumo propio), así como la experiencia similar descrita en el estudio de la OCDE «Linking Renewable Energy to Rural Development» (Vincular la energía renovable al desarrollo rural);
92. Pide a los Estados miembros que, con respecto a las ayudas del Feader a la energía renovable, aporten información pertinente a la Comisión sobre los logros programáticos de los proyectos en materia de energía renovable en sus informes anuales de ejecución mejorados de 2019; esta información debería permitir a la Comisión conocer el gasto del Feader destinado a proyectos de energía renovable, la capacidad instalada o la energía generada a partir de estos proyectos; pide a la Comisión que defina con mayor precisión los distintos tipos de indicadores al preparar el periodo de programación posterior a 2020;
93. Pide a la Comisión que recuerde a los Estados miembros que deben aplicar procedimientos de selección pertinentes con el fin de apoyar solo proyectos de energía renovable viables con un beneficio claro para el desarrollo rural sostenible;
94. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal de Cuentas, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones del Tribunal;
95. Subraya que la libre circulación de trabajadores es un principio fundamental de la Unión y una de las mayores ventajas del mercado único en la medida en que constituye una ventaja para ambas partes de la relación laboral, y garantiza la protección de los derechos de los trabajadores y la abolición de toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo;
96. Observa con preocupación que en la Unión persisten numerosos obstáculos a la movilidad libre y justa de los trabajadores, y que las acciones llevadas a cabo por la Comisión y los Estados miembros no pueden abordar plenamente los problemas a los que se enfrentan los trabajadores que desean trabajar en otros Estados miembros, como la falta de información sobre los derechos de los trabajadores en relación con el empleo y las condiciones de trabajo y los derechos en materia de seguridad social, así como la falta de medidas adecuadas para evitar la discriminación de los trabajadores móviles y garantizar la aplicación eficaz de sus derechos;
97. Toma nota de las observaciones del Tribunal que indican que la Comisión ha puesto en marcha instrumentos para informar a los ciudadanos de sus derechos y ha establecido sistemas para denunciar la discriminación contra la libertad de circulación de los trabajadores; muestra su inquietud, no obstante, por que el Tribunal considera que, pese a estos instrumentos y sistemas, la Comisión no dispone de información sobre el grado de conocimiento entre los ciudadanos de estos instrumentos ni sobre el grado de discriminación que existe contra la libertad de circulación a escala de la Unión;
98. Observa que, a menudo, los posibles beneficiarios desconocen algunos de los instrumentos puestos en marcha por la Comisión para favorecer la movilidad laboral y expresa su preocupación por el hecho de que, en algunos Estados miembros, solo una pequeña parte de las ofertas de empleo se publican en el portal de la movilidad profesional EURES; llama la atención sobre el hecho de que estos instrumentos se financian con cargo al presupuesto y que el Fondo Social Europeo (FSE) y el programa de Empleo e Innovación Social (EaSI) dentro del MFP 2014-2020 ofrecen posibilidades de financiación para medidas y actividades relativas a la movilidad laboral a escala nacional y de la Unión, que, sin embargo, no se utilizan suficientemente;
99. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen las oportunidades de financiación disponibles para aplicar medidas que garanticen que los instrumentos proporcionan información completa acerca de los puestos vacantes y los derechos de los trabajadores, con el fin de que los ciudadanos conozcan en mayor medida estos instrumentos y la información que ofrecen, así como para supervisar en qué grado se tiene conocimiento de ellos con vistas a reforzarlo; anima, en este sentido, a la Comisión a que promueva la publicidad de los aspectos prácticos de la movilidad laboral, en concreto a través de las nuevas tecnologías, los motores de búsqueda en internet y la publicidad, e insiste en que debe reforzarse la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros; invita, en especial, a las autoridades nacionales respectivas y a los coordinadores del Portal Europeo de Movilidad Profesional EURES a que colaboren más activamente con los empresarios a fin de promover EURES y las oportunidades de movilidad laboral en la Unión; pide, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una correcta complementariedad y adicionalidad entre las acciones financiadas por el FSE y el EaSI;
100. Comparte la opinión del Tribunal de que la información y el conocimiento sobre la magnitud y los tipos de discriminación contra la libre circulación de los trabajadores son necesarios para abordar eficazmente estos casos; insta, por tanto, a la Comisión, a que adopte medidas, en cooperación con los Estados miembros, para mejorar la eficacia de los sistemas existentes con el fin de detectar los casos de discriminación, así como a que adopte nuevas medidas para prevenir y eliminar obstáculos y discriminaciones con respecto a la movilidad laboral equitativa;
101. Destaca que la imposibilidad de transferir las cotizaciones de seguridad social priva a los trabajadores de determinados derechos sociales y constituye un elemento disuasorio para la movilidad de los trabajadores; pide a la Comisión que considere la posibilidad de presentar las propuestas legislativas pertinentes y de establecer incentivos para los Estados miembros que deseen aplicar la portabilidad de los derechos de pensión, respetando plenamente el marco jurídico existente;
102. Toma nota de que el reconocimiento mutuo de los títulos universitarios y las cualificaciones profesionales por parte de los Estados miembros sigue siendo un reto y un importante obstáculo para la movilidad laboral; subraya que este procedimiento debería ser simple, asequible y sencillo tanto para los ciudadanos como para las administraciones nacionales implicadas; insta a la Comisión a que fomente el intercambio de mejores prácticas entre los Estados dentro de los grupos de trabajo del Consejo y, cuando proceda, las plataformas de la OCDE;
103. Manifiesta su preocupación ante la falta de comparabilidad de los datos proporcionados por los Estados miembros relativos a la movilidad laboral; pide a la Comisión que proporcione directrices a los Estados miembros sobre qué datos deben recopilarse y con qué finalidad; insiste asimismo en que la Comisión debe mejorar la recogida y la presentación de los datos estadísticos sobre la libre circulación de los trabajadores y, en particular, sobre los problemas a los que se enfrentan los trabajadores móviles en países distintos del propio;
104. Lamenta que el equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra, así como el equilibrio entre las competencias y las necesidades del mercado laboral en los Estados miembros sigan siendo objetivos pendientes en el marco de la política de movilidad laboral; pide a los Estados miembros que exploten plenamente las posibilidades ofrecidas por el FSE, el EaSI y EURES para la promoción de la movilidad laboral, con el fin de reducir el desempleo en algunos Estados miembros y regiones, así como para hacer frente a los desequilibrios relativos a las competencias y la escasez de mano de obra en otros lugares;
105. Observa con preocupación los problemas relacionados con los requisitos para los proyectos de movilidad transfronteriza financiados en el marco del EaSI, y pide a la Comisión que aborde estas cuestiones en sus próximas convocatorias de propuestas mediante la inclusión de indicadores de resultados obligatorios que permitan medir en la práctica el valor añadido de la financiación de la Unión y los efectos de la ayuda prestada;
106. Pide, habida cuenta de las conclusiones del Tribunal en relación con la necesidad de realizar esfuerzos adicionales para reforzar la movilidad laboral en la Unión y eliminar los obstáculos para acceder a ella, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación adecuada durante el periodo 2021-2027 para las medidas de movilidad laboral equitativa que permitan la continuación y el buen funcionamiento de los instrumentos y los sistemas pertinentes en este ámbito; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el mantenimiento y el aumento de la eficacia de las medidas y las actividades que facilitan la libre circulación de los trabajadores, tanto mediante una mejor selección de los recursos financieros como mediante el refuerzo de la cooperación y la coordinación entre los servicios competentes de la Comisión, las autoridades nacionales y todas las partes interesadas pertinentes a escala nacional y de la Unión;
107. Estima que, a partir del programa del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) de 2018, la Comisión debe orientar mejor los fondos del IAP en ámbitos en los que las reformas han sufrido retrasos y son necesarias para lograr un avance creíble hacia la adhesión a la Unión, en particular por lo que se refiere a la independencia e imparcialidad de la justicia, la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, el refuerzo de la libertad de prensa, la prevención de los conflictos de intereses y el fortalecimiento de la auditoría externa y la sociedad civil;
108. Pide a la Comisión que, en la próxima actualización de sus evaluaciones del enfoque sectorial, abarque de modo exhaustivo todas las características clave de la coordinación entre los donantes de Turquía, un análisis presupuestario por sectores y, en particular, su marco de evaluación de los resultados;
109. Pide a la Comisión que, habida cuenta del impacto que el retroceso ya está teniendo en la sostenibilidad de los proyectos en Turquía, recurra en mayor medida a la condicionalidad política y de los proyectos, mediante:
110. Anima a la Comisión a que amplíe la cobertura de sus informes del seguimiento orientado a los resultados en cuanto a las operaciones cofinanciadas por la Unión en Turquía y a que mejore la pertinencia y la fiabilidad de sus indicadores de proyectos incluyendo la disponibilidad de datos de referencia, en su caso;
111. Estima que, en el marco del IAP II, la Comisión debe aplicar de manera selectiva la gestión indirecta, teniendo en cuenta el volumen de los fondos implicados, la complejidad de los proyectos que deben preparar y licitar las autoridades turcas, y la capacidad de la agencia responsable de contratar y financiar los programas con fondos de la Unión;
112. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, en particular porque llama la atención, oportunamente, sobre la necesidad de mecanismos de seguimiento y de garantía adicionales tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros para velar por la durabilidad de los resultados de los proyectos; destaca, en este contexto, las conclusiones del Tribunal en el sentido de que en los programas operativos examinados no se determinaron debidamente las necesidades específicas de las empresas de distintos sectores o de distinta envergadura (deficiencias del mercado) y que la consecución de resultados a largo plazo no constituía una prioridad;
113. Considera que debe reforzarse el papel de las inversiones productivas financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feader) como factor clave para el crecimiento, el empleo sostenible y la reducción de las disparidades y desigualdades en el contexto de la futura evolución de la política de cohesión con vistas al próximo periodo de programación a fin de alcanzar una convergencia al alza, además de la cohesión económica, social y territorial entre los Estados miembros y las regiones;
114. Señala que, si bien una serie de los proyectos objeto de auditoría han respetado las normas pertinentes y han logrado los resultados previstos, no fueron capaces de aportar pruebas en cuanto a la eficacia de los proyectos y las mejoras alcanzadas de carácter permanente;
115. Señala, a este respecto, que el Reglamento sobre disposiciones comunes para el periodo 2014-2020 (artículo 71) no incluía disposiciones que definiesen la obtención de resultados y su sostenibilidad como criterio para la durabilidad de las operaciones; llama la atención, por consiguiente, sobre la conclusión del Tribunal relativa a la diferencia sustancial entre la medición de las realizaciones y de los resultados desde el punto de vista de la medición de la durabilidad de los proyectos;
116. Considera que, a fin de garantizar el valor añadido real de las inversiones productivas, es necesario incluir la obtención de resultados como consideración fundamental en la evaluación de la durabilidad de los proyectos; apoya firmemente, a este respecto, la definición del Tribunal de durabilidad como «la capacidad de un proyecto para mantener sus beneficios durante un tiempo prolongado después de su finalización»;
117. Lamenta que la Comisión no haya tenido en cuenta en sus propuestas legislativas para reglamentos en el periodo 2021-2027 la recomendación explícita del Tribunal relativa a la determinación de prioridades claramente no solo en relación con las realizaciones sino, también, los indicadores necesarios para medir los resultados;
118. Comparte la preocupación del Tribunal en lo que se refiere a velar por la durabilidad de las inversiones en las pymes habida cuenta de lo limitado de su capacidad empresarial, la tasa elevada de deficiencias y/o una vulnerabilidad particular a condiciones económicas adversas; pide, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que hagan hincapié en maneras y medios para promover asociaciones fructíferas y duraderas entre las pymes interesadas, tomando en consideración las experiencias tanto positivas como problemáticas del pasado;
119. Considera, asimismo, que las inversiones productivas futuras podrían lograr resultados duraderos si se integrasen en una estrategia industrial global actualizada como parte de la futura política de cohesión; es de la opinión que, de este modo, las inversiones productivas contribuirían materialmente a superar las graves disparidades en relación con los niveles de desarrollo industrial entre los Estados miembros y las regiones, tal y como se señala en el Sexto y Séptimo informes de cohesión;
120. Pide a la Comisión que se comprometa totalmente a aplicar las recomendaciones del Tribunal y a proporcionar a los Estados miembros una orientación oportuna y adecuada, por ejemplo adoptando directrices claras y transparentes sobre la manera de definir y aplicar los criterios de durabilidad de los proyectos así como utilizando todos los mecanismos disponibles, tales como la aprobación de los programas operativos, el seguimiento y el control, con el fin de animar a los Estados miembros a asumir las responsabilidades que les corresponden, evitando al mismo tiempo una carga administrativa adicional para los beneficiarios o las autoridades nacionales respectivas;
121. Pide, por otra parte, a la Comisión que haga mayor hincapié en la durabilidad de los proyectos en las fases preparatoria y de negociación del futuro periodo de programación, estableciendo un marco claro de afectaciones y objetivos; insta, además, a las autoridades de los Estados miembros a que respeten y apliquen las recomendaciones del Tribunal y a que colaboren con la Comisión para examinar las prácticas existentes y establecer normas y procedimientos comunes dirigidos a garantizar la durabilidad de los resultados de los proyectos;
122. Estima que la Comisión y los Estados miembros no deben promover un uso más intensivo y generalizado de las asociaciones público-privadas (APP) hasta que se aborden los problemas detectados en el presente informe y se apliquen satisfactoriamente las siguientes recomendaciones; en particular, mejorar los marcos institucionales y jurídicos y la gestión de los proyectos y aumentar la seguridad de que la elección de la opción de la APP es la que ofrece la mejor relación calidad-precio y de que los proyectos de APP se gestionarán probablemente de manera satisfactoria; destaca que no detectar y asignar correctamente los riesgos de proyectos puede conllevar implicaciones financieras para el socio público y obstaculizar el logro de los objetivos del proyecto;
123. A fin de compartir mejor el coste de los retrasos y las renegociaciones entre los socios, con el objetivo de mitigar la repercusión financiera de los retrasos atribuibles al socio público y de las renegociaciones de contratos sobre el coste final de las APP asumido por el socio público, se recomienda que:
124. A fin de garantizar que la opción de la APP sea la que optimice la relación calidad-precio y alcance sus potenciales beneficios, se recomienda que:
125. A fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de la capacidad administrativa necesaria y se pongan en marcha políticas y estrategias en materia de APP para ejecutar con éxito proyectos financiados por la Unión, se recomienda que:
126. A fin de mitigar el riesgo de sesgo hacia la selección de la opción de la APP, promover una mayor transparencia y garantizar que las APP puedan financiarse eficazmente con fondos de la Unión, se recomienda que:
127. Pide a la Comisión que garantice la aplicación adecuada de los controles clave por los Estados miembros, y que estos corrijan los derechos del RPB cuyos valores estén significativamente afectados por la no aplicación de las normas pertinentes o por la ausencia de información actualizada sobre el uso de la tierra;
128. Pide a la Comisión que:
129. Pide a la Comisión que, antes de formular propuestas para la futura concepción de la política agrícola común, evalúe la situación de todos los grupos de agricultores en relación con la renta y analice su necesidad de ayudas a la renta, teniendo en cuenta la distribución actual de las ayudas nacionales y de la Unión, el potencial agrícola de la tierra, las diferencias de las superficies dedicadas principalmente a la producción agrícola o al mantenimiento, el coste y la viabilidad de la agricultura, las rentas procedentes de la producción de alimentos y de otra producción agrícola y de otras fuentes no agrícolas, los factores de la eficiencia y la competitividad de las explotaciones y el valor de los bienes públicos que proporcionan los agricultores; considera que la Comisión debe vincular, desde el principio, las medidas propuestas a objetivos operativos adecuados y a valores de referencia con los que se pueda comparar el rendimiento de las ayudas;
130. Acoge favorablemente el Informe Especial del Tribunal y respalda varias de sus observaciones y recomendaciones;
131. Lamenta que las nuevas opciones de costes simplificados sigan siendo una parte marginal del gasto en desarrollo rural y no refuercen el potencial de esta fuente de financiación, cuando la simplificación debería ser una manera de animar a los beneficiarios a participar en proyectos;
132. Lamenta que haya muy pocos indicadores que permitan evaluar si los objetivos de esta medida se han alcanzado o no;
133. Pide a los Estados miembros, así como a los beneficiarios y sus asociaciones, que aprovechen plenamente las posibilidades que ofrece el sistema de opciones de costes simplificados en el desarrollo rural;
134. Recuerda que la simplificación debe permitir niveles adecuados de control, cuya responsabilidad debe estar claramente delimitada;
135. Recuerda que la simplificación debe ser beneficiosa tanto para las administraciones como para los responsables de los proyectos;
136. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal y formula a continuación sus observaciones;
 Celebra la aspiración de la Comisión de invertir en la futura transformación digital, como se pone de manifiesto en la propuesta de MFP 2021-2027;
 Reconoce la importante iniciativa legislativa de la Comisión en el ámbito de la digitalización y llama la atención sobre iniciativas como «WiFi4EU», que apoya la instalación de equipos wifi de última generación en los centros de la vida comunitaria;
139. Toma nota de los esfuerzos de la Comisión por mejorar la cobertura de la banda ancha en toda la Unión pero lamenta que muchas zonas rurales sigan siendo lagunas de banda ancha;
 Reconoce los esfuerzos de la Comisión para aumentar de forma significativa y diversificar las fuentes de financiación para apoyar la conectividad de banda ancha; Recuerda que para el periodo de programación 2007-2013 la Unión invirtió 2 740 millones de euros, mientras que, para el actual periodo de programación, las inversiones de la Unión ascienden a casi 15 000 millones de euros, lo que representa un aumento superior al quíntuplo;
 Está convencido de que las conexiones de internet de alta velocidad son un elemento esencial del mercado único digital y, por consiguiente, pueden ofrecer a los Estados miembros una ventaja competitiva en asuntos económicos, sociales y educativos; estima que una velocidad y un acceso a internet de buena calidad son cruciales para las vidas de los ciudadanos, así como para las empresas y los gobiernos nacionales;
 Subraya que las inversiones en banda ancha contribuirán a promover la inclusión social y la lucha contra la despoblación en las zonas rurales y aisladas; estima que las zonas rurales y más apartadas deben tener acceso a la banda ancha para crear un mercado único homogéneo;
 Acoge con satisfacción, a este respecto, la propuesta de la Comisión sobre la revisión de las normas de telecomunicación de la Unión, que tiene por objeto poner en marcha la inversión, en particular en zonas menos viables desde el punto de vista económico, caracterizadas por una baja densidad de población, o en las zonas rurales;
 Está de acuerdo con la recomendación del Tribunal de que los Estados miembros deben elaborar planes revisados para el periodo posterior a 2020;
145. Pide, por lo tanto, a todos los Estados miembros que se aseguren de que no solo los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para la banda ancha se cumplen a su debido tiempo, sino también los objetivos de la Comisión para una sociedad del gigabit en 2025; solicita que todas las zonas urbanas y las principales vías de transporte terrestre dispongan de una cobertura 5G ininterrumpida, así como que todos los hogares europeos, las pymes y las administraciones públicas locales, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, y en particular en las zonas despobladas y escasamente pobladas, tengan acceso a una conectividad a internet que permita velocidades de descarga de, como mínimo, 100 Mbps, actualizables a velocidad gigabit;
 Suscribe el punto de vista del Tribunal según el cual todos los Estados miembros deberían revisar el mandato de sus autoridades reguladoras nacionales con arreglo al marco regulador del sector de las telecomunicaciones de la Unión revisado, a fin de que puedan imponer sus recomendaciones y medidas correctoras (entre ellas sanciones por incumplimiento) a los operadores;
 Considera que el apoyo financiero a la banda ancha debe constituir una combinación equilibrada de subvenciones e instrumentos financieros, en los que las inversiones deben guiarse por la lógica de la intervención y tener en cuenta las realidades regionales y del mercado;
 Está convencido de que el apoyo a la banda ancha mediante instrumentos financieros se centra principalmente en regiones económicamente viables y mercados locales bien desarrollados; observa que las subvenciones son más adecuadas para las zonas rurales, montañosas y remotas, en las que las inversiones y operaciones privadas con instrumentos financieros son más arriesgadas por defecto;
 Comparte la opinión del Tribunal de que la Comisión debe recopilar y difundir las mejores prácticas en el ámbito de la banda ancha, más concretamente sobre la planificación de las inversiones y la ejecución de los proyectos;
 Está convencido de que la Comisión seguirá aclarando a los Estados miembros la aplicación de las ayudas estatales para la banda ancha y acoge con satisfacción la intención de la Comisión de incluir información adicional en relación con los objetivos de 100 Mbps y de la sociedad del gigabit;
151. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, suscribe sus recomendaciones y formula a continuación sus propias observaciones y recomendaciones;
152. Insta a la Comisión a que examine cómo se puede simplificar la gestión de las acciones que tienen por objeto hacer frente a la radicalización, por ejemplo, integrando el número de fondos en los que se basan esas acciones o concentrando la gestión, que actualmente llevan a cabo ocho de sus Direcciones Generales así como Europol, Eurojust y los Estados miembros, con vistas a mejorar la coordinación y la eficiencia;
153. Reconoce que la presupuestación basada en el rendimiento puede constituir un desafío particular en el caso de las acciones destinadas a prevenir la radicalización, pero hace hincapié en que los indicadores relativos a, por ejemplo, el número de expertos que participa en reuniones no son por sí mismos suficientes para medir el rendimiento; insta a la Comisión a que examine, en particular, por qué los niveles de participación en sus actividades varían considerablemente entre los Estados miembros, así como a que se concentre en las actividades que son pertinentes para la mayoría de los Estados miembros;
154. Insta a la Comisión a que mantenga informado al Parlamento sobre el seguimiento del informe provisional del HLCEG-R (Grupo de expertos de alto nivel de la Comisión sobre radicalización) en lo que respecta a los debates con los Estados miembros sobre la mejor manera de evaluar los programas e intervenciones pertinentes;
155. Reconoce que, a menudo, la prevención de la radicalización requiere un profundo conocimiento de la situación en el ámbito local, es decir de los barrios, y que este tipo de información no puede generalizarse, dado que cada barrio puede tener sus propios desafíos y oportunidades; señala, a este respecto, la importante función de las instituciones educativas locales, las organizaciones benéficas y sociales locales y las autoridades locales, incluidos los agentes de policía destinados a un barrio específico; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que lo tengan presente cuando intercambien buenas prácticas y a que eviten los estereotipos o las generalizaciones;
156. Hace hincapié en que, posiblemente, la eficiencia y la efectividad de las actividades de la Comisión en lo referente a la ayuda a los Estados miembros en la prevención de la radicalización sean máximas cuando se refieren a casos transfronterizos, en particular en cuanto a la información facilitada a través de internet; apoya el procedimiento de supresión de conflictos de la UNCI y la decisión de centrarla en la propaganda en línea que los terroristas utilizan para atraer al mayor número posible de seguidores; insta a la Comisión a que mejore sus métodos de medición de la efectividad de la UNCI examinando cuánto contenido terrorista han eliminado las empresas de internet solo a petición de esta Unidad sin haber sido señalado también por las unidades nacionales, la sociedad civil o las propias empresas de internet, así como a que desarrolle métodos para demostrar efectividad por lo que respecta al volumen de propaganda terrorista que sigue disponible en internet, por ejemplo, porque, simplemente, la propaganda eliminada se vuelve a subir o se traslada a otras plataformas;
157. Acoge favorablemente el Informe Especial del Tribunal y observa con satisfacción que el Tribunal, la Comisión y el SEAE están de acuerdo en la mayoría de las recomendaciones;
 Pide a la Comisión y al SEAE que lleven a cabo un análisis conjunto de la Unión en el que se detecten los riesgos QBRN externos a la Unión a fin de vincular completamente la acción interior y exterior;
 Pide a la Comisión que integre la evaluación de los riesgos sistémicos en las metodologías de evaluación de necesidades y el plan nacional de acción y que responda con rapidez a todos los países socios que soliciten asistencia para finalizar sus evaluaciones de necesidades y planes nacionales de acción;
 Pide a la Comisión que aumente el número de actividades regionales, como los ejercicios de simulación teórica y sobre el terreno;
 Pide a la Comisión que asigne responsabilidades QBRN a los centros de coordinación designados o a los funcionarios de cooperación regional del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz destinados por periodos prolongados en todas las delegaciones de la Unión, y que incluya las cuestiones QBRN en el diálogo político, normativo y sobre seguridad;
 Pide a la DG Cooperación Internacional y Desarrollo y el SEAE que trabajen juntos con otras direcciones generales pertinentes de la Comisión, en particular la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, así como con otros donantes, para buscar posibles sinergias y fuentes de financiación disponibles que podrían utilizarse mejor para apoyar las actividades QBRN;
 Pide a la Comisión que traduzca el objetivo general de la Iniciativa en objetivos más específicos que puedan utilizarse en el nivel de los proyectos, posibilitando la medición de los resultados desde el nivel de los proyectos hasta el nivel nacional, regional y de la Iniciativa;
 Pide a la Comisión que defina también indicadores de resultados e impacto que permitan evaluar la eficacia de la Iniciativa con respecto a los objetivos fijados;
 Pide a la Comisión que vele por que toda la información pertinente esté disponible en su portal web con los niveles de autorización de acceso adecuados, y por que las mejores prácticas y directrices sean accesibles a través del portal QBRN;
166. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal sobre el refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior en Níger y Mali, y presenta sus observaciones y recomendaciones a continuación;
167. Subraya, en primer lugar, los esfuerzos del conjunto de partes implicadas en el establecimiento de esas dos misiones de la Unión y del personal desplegado sobre el terreno para reforzar estructuralmente las capacidades institucionales para la seguridad interior de Mali y Níger con carácter duradero, todo ello en un contexto geopolítico regional que continúa siendo crítico y muy complicado a la vista de la combinación de las amenazas existentes;
168. Lamenta que el personal de las misiones no recibiera formación antes del despliegue ni asistencia para el aprendizaje de los procedimientos y los proyectos sobre el terreno; considera que esa insuficiencia de formación provocó sin duda retrasos en la ejecución de las operaciones;
169. Considera que el SEAE y la Comisión deben prestar constante y particular atención a las funciones de apoyo con miras a facilitar el despliegue rápido, eficaz y coherente de las misiones de la PCSD, así como impartir antes del despliegue formaciones a todo el personal acerca de los procedimientos y las políticas de la Unión, y elaborar directrices sobre las tareas operativas (evaluación de las necesidades, planificación y supervisión de las tareas y presentación de informes); estima asimismo que las lecciones extraídas de anteriores misiones de la PCSD también deben utilizarse para mejorar la eficiencia operativa de las misiones y facilitar la transferencia de conocimientos y las sinergias entre misiones;
170. Lamenta que en Níger se haya puesto en peligro la seguridad del personal al verse este obligado a alojarse y trabajar en hoteles durante seis meses, sin ningún dispositivo especial de seguridad;
171. Subraya que un entorno de trabajo seguro es esencial para la ejecución eficaz de las operaciones y la contratación de personal cualificado; invita al SEAE y a la Comisión a que mantengan en los presupuestos de las misiones un nivel suficiente de gastos en materia de seguridad, a fin de garantizar la ejecución óptima del mandato de las misiones;
172. Reitera además la necesidad de hacer un uso eficaz de todos los canales de financiación adecuados para las futuras misiones de la PCSD, a saber, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, el Fondo Europeo de Desarrollo y el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África y la ayuda humanitaria, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos políticos de las misiones y la buena gestión financiera;
173. Apoya la colaboración del SEAE con los Estados miembros a fin de garantizar que las misiones actuales y futuras de la PCSD cuenten con personal suficiente para operar rápidamente en un nivel próximo a su capacidad máxima autorizada (o al número total de puestos disponibles) y, si es posible, durante un periodo correspondiente a la duración de los mandatos de las misiones;
174. Subraya que las ineficiencias operativas de estas dos misiones han sido uno de los principales obstáculos para el buen funcionamiento de la acción de la Unión; lamenta que la misión EUCAP Sahel Níger haya tardado dieciocho meses en tener personalidad jurídica;
175. Considera que el Consejo y la Comisión deberían velar por que las futuras misiones de la PCSD dispongan de personalidad jurídica y de los presupuestos necesarios lo antes posible;
176. Pide al SEAE y a la Comisión que presten especial atención a los procedimientos de contratación pública y de recursos humanos a fin de garantizar que respondan a las necesidades operativas de la PCSD; observa que la ejecución de las operaciones se ha visto afectada por procedimientos de contratación pública farragosos, que han dado lugar a resultados insuficientes;
177. Toma nota de las dificultades encontradas para cubrir los puestos vacantes; recuerda que los índices de ocupación de los puestos fueron del 72 % en Níger y del 77 % en Mali; anima al SEAE y a la Comisión a que propongan comisiones de servicio de personal procedentes de los Estados miembros de la Unión más prolongadas en las misiones, a que recurran más a personal contratado y a que preparen convocatorias de contribuciones generales que puedan utilizarse para elaborar listas de reserva de personal potencial para acelerar el despliegue cuando surjan las vacantes;
178. Alienta al SEAE a que, con vistas a mejorar la sostenibilidad de los resultados de las misiones de la PCSD, vele por que se tengan en cuenta los aspectos de sostenibilidad durante la planificación operativa de todas las actividades de las misiones, evaluando sistemáticamente las necesidades locales y la capacidad de mantener los resultados en el ámbito local;
179. Pide al SEAE que refuerce el seguimiento de las acciones llevadas a cabo por las misiones (suministro de formación, asesoramiento o equipamiento) mediante la realización de evaluaciones periódicas, basadas en indicadores, de los resultados obtenidos y del grado de implicación de las autoridades nacionales afectadas;
180. Pide al SEAE y a la Comisión que coordinen las misiones de la PCSD de manera más eficaz con otras iniciativas de la Unión de ámbito regional (por ejemplo, la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia —EUBAM Libia— y G5 del Sahel), las misiones bilaterales y los esfuerzos internacionales con objetivos similares; pide a ese respecto una mayor cooperación y coordinación entre la Unión y sus Estados miembros mediante el fomento de sinergias;
181. Pide al SEAE y a la Comisión que garanticen que el cierre de las misiones de la PCSD y la liquidación de los activos conexos se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles; considera, a ese respecto, que el SEAE y la Comisión deberían desarrollar una estrategia de salida común y global en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades al cerrar las misiones de la PCSD, reduciendo al mismo tiempo los riesgos específicos inherentes al proceso de cierre de misiones;
182. Reafirma, en términos más generales, la necesidad de mejorar la cooperación entre los Estados miembros en el marco de su política exterior y de seguridad con el fin de realizar conseguir economías de escala y de costes; subraya que es de vital importancia que los Estados miembros sean capaces de responder con decisión a los problemas de seguridad compartidos y a la gestión de los flujos migratorios en un periodo en el que esos retos están aumentando de manera clara e incomparable;
183. Acoge favorablemente el Informe Especial del Tribunal y respalda sus observaciones y recomendaciones;
184. Observa que se iniciará en breve el ejercicio de seguimiento de 2018 relativo al Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación y que la reunión interinstitucional de alto nivel tendrá lugar a finales de año;
185. Señala que el Tribunal ha presentado una labor de investigación muy completa y detallada (con, por ejemplo, un buen tamaño de la muestra), que podría servir de ejemplo para futuros análisis en otros ámbitos del Acuerdo interinstitucional; señala, asimismo, que debe considerarse la posibilidad de desarrollar indicadores de rendimiento adicionales para supervisar la aplicación del Acuerdo interinstitucional;
186. Considera que la participación e implicación activa del Tribunal beneficiará al Acuerdo interinstitucional al mejorar su seguimiento; opina que un mayor uso de los documentos informativos del Tribunal también puede contribuir a la consecución de este objetivo;
187. Señala que la creación de un vademécum interinstitucional conjunto sobre las cláusulas de seguimiento y revisión, con directrices de redacción, podría mejorar el control legislativo siempre que no socave la libertad de elección política de los colegisladores;
188. Indica que en una futura revisión del Acuerdo interinstitucional podría estudiarse la inclusión de directrices comunes para las revisiones ex post;
189. Señala la importancia de establecer un marco en el que los Estados miembros deban facilitar a la Comisión información sobre la transposición de la legislación de la Unión al Derecho nacional;
190. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal y la valiosa comparación entre los periodos de programación anteriores y el actual, centrando la atención en los futuros retos previstos para los Estados miembros y la Comisión en relación con la absorción sólida y orientada a los resultados de los fondos de la política de cohesión;
191. Considera insatisfactoria la respuesta de la Comisión a la recomendación de proponer un calendario con las fechas de las etapas clave para la aprobación del marco legislativo, de modo que la ejecución de los programas operativos comience a tiempo, y pide a la Comisión que presente una propuesta concreta basada en su evaluación del marco temporal necesario para la ejecución a tiempo de los programas;
192. Comparte la posición del Tribunal de que, aunque la absorción es importante para cumplir objetivos políticos, no es un fin en sí misma, sino una manera de lograr resultados que concuerden con los objetivos de la política de cohesión; es de la firme opinión que la optimización de recursos no tiene que ver con cuánto se gasta, sino con lo que se ha logrado con los recursos desembolsados;
193. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que la Comisión parezca subestimar el riesgo, del cual también advierte el Tribunal, de que los retrasos en la ejecución presupuestaria del periodo 2014-2020 puedan resultar superiores a los del periodo 2007-2013, generando así una presión significativa para la adecuada absorción de fondos al final del periodo de programación, y aumentando el riesgo de que no se tenga suficientemente en cuenta la optimización y el logro de resultados;
194. Manifiesta su preocupación por el hecho de que la Comisión esté descuidando el riesgo, también señalado por el Tribunal, debido al nivel muy insatisfactorio de absorción a mediados del periodo de programación, que es dos veces inferior en comparación con el momento correspondiente del periodo anterior, así como a la presión sobre la absorción debido al solapamiento del final del periodo actual con los primeros años de ejecución del periodo siguiente;
195. Pide a la Comisión que presente una previsión y evaluación sobre cada Estado miembro en relación con la acumulación de compromisos que corren el riesgo de no ser absorbidos a tiempo antes del final del periodo, y que sugiera medidas con el propósito de ayudar a los Estados miembros a reducir un posible efecto negativo derivado de la insuficiente absorción de los fondos disponibles;
196. Pide a la Comisión que vele por que las medidas que se adopten para evitar la liberación automática por parte de los Estados miembros respeten los objetivos y los resultados perseguidos por los programas operativos y los proyectos, y que se ejecute el seguimiento y la elaboración de informes de los programas operativos modificados;
197. Pide a la Comisión que utilice los recursos para asistencia técnica a iniciativa propia y que ayude a los Estados miembros de manera proactiva a acelerar la absorción orientada a los resultados de los fondos de la política de cohesión;
198. Llama la atención sobre el fin último de la política de cohesión, que es apoyar la cohesión económica y social entre las diferentes regiones y países de la Unión, así como contribuir a reducir las diferencias y desigualdades en su interior; subraya que este debe ser el principio rector de los Estados miembros, la Comisión y todas las partes interesadas pertinentes a la hora de ejecutar y absorber los fondos de la Unión;
199. Considera que el Informe Especial n.º 18/2018 del Tribunal ofrece un análisis muy importante y oportuno en el que se examina la manera en que la Comisión ha aplicado las disposiciones que regulan el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) desde el punto de vista de la consecución de su principal objetivo, a saber, que los Estados miembros avancen hacia la consecución de sus respectivos objetivos a medio plazo en materia de equilibrio presupuestario;
200. Manifiesta su gran preocupación por la total divergencia de opiniones entre el Tribunal y la Comisión en cuanto a si esta última ha aplicado correctamente las disposiciones sobre el componente preventivo con el propósito de conseguir los objetivos a medio plazo exigidos. Esta absoluta falta de entendimiento común entre las dos instituciones sobre el quid de la cuestión, es decir, si la Comisión ha aplicado correctamente el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es una indicación importante de la existencia de diferencias sustanciales, por un lado, en cuanto a la adecuación de los textos propiamente dichos de los actos jurídicos que rigen actualmente la aplicación del Pacto y, por otro, de los criterios y las consideraciones sobre cuya base se evalúa su puesta en práctica;
201. Opina que las conclusiones del Tribunal, a saber, que la Comisión, a través de sus acciones, no ha garantizado el cumplimiento del principal objetivo del Reglamento (CE) n.º 1466/97(8), pueden considerarse justificadas sobre la base de una interpretación estrictamente literal de sus disposiciones; considera, no obstante, que la Comisión ha tenido motivos suficientes para mostrarse flexible a la hora de aplicar las disposiciones respectivas de dicho Reglamento, a la luz de las condiciones económicas y de las exigencias de reactivación del crecimiento y aumento del empleo;
202. Considera, además, que el aumento de la complejidad de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento producido durante la última década de aplicación exige una revisión exhaustiva de los respectivos actos jurídicos, así como la interpretación de estos, a la luz de la experiencia acumulada y de la evolución real de la economía europea y mundial, caracterizada por un crecimiento débil y una agudización de las desigualdades y de las incertidumbres;
203. Considera conveniente proceder a dicha revisión al tiempo que se tienen plenamente en cuenta las exigencias relacionadas con la puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, así como reflexionar sobre la conveniencia de sustituir el actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento, basado en el paradigma de la austeridad presupuestaria, por un PEC alternativo que propicie la complementariedad, la mejora recíproca y el equilibrio necesarios entre la prudencia fiscal y los objetivos de sostenibilidad, evitando así la necesidad de llevar la aplicación de las normas más allá de sus límites, al tiempo que se sortean las controversias y las valoraciones que de ella se derivan en cuanto a la coherencia y la justificación de las políticas;
204. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal;
205. Comparte las opiniones del Tribunal y respalda sus conclusiones;
206. Constata con satisfacción que la Comisión aplicará la inmensa mayoría de las recomendaciones del Tribunal;
207. Destaca que las posibilidades de mejorar la situación siguen siendo escasas, a menos que todos y cada uno de los Estados miembros muestren la voluntad política de hacerlo;
208. Señala, en este contexto, el importante papel de los «coordinadores europeos» en este ámbito (RTE-T);
209. Recuerda el mandato de los coordinadores europeos, que consiste en:
210. Insiste en el valor añadido europeo de los proyectos transfronterizos financiados por Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y por el Mecanismo «Conectar Europa»; destaca la importancia de seguir apostando por estos mecanismos de financiación para superar obstáculos políticos y de infraestructuras y acelerar la cohesión territorial y socioeconómica de las regiones de la Unión mediante conexiones ferroviarias de alta velocidad;
211. Recuerda a la Comisión la importancia de promocionar, además del transporte ferroviario de pasajeros accesible y de calidad, el transporte de mercancías por ferrocarril por sus beneficios económicos, ambientales, logísticos y de seguridad;
212. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
213. Reconoce que el SEAE y la Comisión se enfrentan a situaciones sumamente complejas en África con numerosos retos y limitaciones de carácter político y operativo en numerosos ámbitos, en particular la cooperación de las principales partes interesadas, la financiación de las instituciones y las deficiencias que presentan, y la voluntad política de intervenir, prevenir y gestionar los conflictos;
214. Es consciente de la complejidad del marco institucional existente para tratar la prevención de conflictos y el fomento de la paz y la seguridad con la Unión Africana, el Fondo de Apoyo a la Paz para África, las organizaciones subregionales, las comunidades económicas regionales y los mecanismos regionales para la prevención, la gestión y la resolución de conflictos;
215. Observa con preocupación que la Arquitectura de Paz y Seguridad de África (APSA) adolece de una fuerte dependencia de fuentes de financiación externas (debida a la escasa contribución de los Estados miembros al Fondo de Apoyo a la Paz y a la limitada financiación que atrae la APSA de fuentes alternativas de financiación);
216. Lamenta que esta falta de apropiación y sostenibilidad financiera africanas, con una gran dependencia de los donantes y de los socios internacionales, dé lugar a deficiencias operativas, en particular escasez de personal, es decir, la presencia de un porcentaje reducido de personal cualificado o de expertos militares que se ocupan de las principales misiones de paz y seguridad en el continente africano;
217. Considera que, aunque el apoyo de la Unión a la APSA se concibe sobre la base de un marco estratégico definido en las hojas de ruta, debe perseguirse constantemente una coordinación adecuada de los donantes;
218. Lamenta asimismo que la ayuda de la Unión se centre principalmente en los costes operativos básicos y que se registre una falta de planificación a largo plazo; destaca la necesidad de que la Unión abandone los costes de apoyo de la APSA y que apoye unas perspectivas y objetivos claros a largo plazo que contribuyan a la estabilidad de África y, de manera más general, a la asociación UA-UE;
219. Recuerda la importancia de fomentar el plan de desarrollo de capacidades, la capacidad operativa de la UA y de las organizaciones subregionales, así como un mejor marco de coordinación entre todos los agentes con vistas a optimizar en la medida de lo posible la coherencia de las actividades y los resultados de la ayuda de la Unión a largo plazo;
220. Expresa su profunda preocupación por las insuficiencias de los sistemas de seguimiento en cuanto a su capacidad de proporcionar datos adecuados sobre los resultados de las actividades; pide a la Comisión que refuerce la capacidad del sistema de evaluación en materia de actividades y resultados para mostrar claramente que las contribuciones de la Unión pueden vincularse en su mayor parte a efectos tangibles y positivos en materia de paz y seguridad sobre el terreno;
221. Señala, como principio fundamental, que el sistema de seguimiento debe desarrollarse para recopilar y analizar datos/indicadores a escala de actividades, producción, objetivos específicos y objetivos estratégicos a fin de evaluar la aplicación efectiva de la hoja de ruta de la APSA acordada, su pertinencia y su sostenibilidad;
222. Pide a los servicios de la Comisión que pongan en marcha una misión de «seguimiento orientado a los resultados» y que informen al Parlamento en el plazo más breve posible;
223. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones del mismo;
224. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, a mediados del actual periodo de programación, los bajos índices de ejecución ponen en peligro la consecución de unos resultados que se necesitan con más urgencia en los ámbitos apoyados por el FEDER y el FSE, y retrasa así el efecto esperado de las inversiones del presupuesto de la Unión para la cohesión y la reducción de las disparidades regionales;
225. Pide, por tanto, a la Comisión que ayude a los Estados miembros a acelerar la absorción de los Fondos EIE y que refuerce su supervisión y evaluación del rendimiento de los Fondos EIE con el fin de garantizar que estos fondos contribuyan a la consecución de los objetivos de la política de cohesión y los objetivos de la Estrategia Europa 2020;
226. Insta a la Comisión a que adopte todas las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas en el actual marco de rendimiento de los Fondos EIE, y que aproveche las lecciones aprendidas del periodo 2014-2020 a fin de mejorar el marco de rendimiento para el próximo periodo y garantizar que se establezcan normas claras para los indicadores, el seguimiento y la evaluación de la consecución de resultados;
227. Pide a la Comisión que garantice un proceso fluido e ininterrumpido de seguimiento y notificación de la consecución de resultados durante el periodo de transición a un nuevo Colegio de Comisarios, y que garantice que el rendimiento de los Fondos EIE orientado a los resultados al final del periodo de programación no se vea debilitado por una absorción acelerada acuciante;
228. Toma nota de las respuestas de la Comisión en el sentido de que su propuesta legislativa para el periodo de programación posterior a 2020 incluye una lista de indicadores comunes de resultados para el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE;
229. Expresa, no obstante, su preocupación por el hecho de que las propuestas legislativas de la Comisión para el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE no incluyan disposiciones que permitan que acciones determinadas de conformidad con las normas específicas del sector, según lo estipulado en las definiciones de «resultado» y «producto» en el Reglamento Financiero, se identifiquen como resultados que se prevé alcanzar y que, en consecuencia, se midan con indicadores de resultados en el marco de estos fondos;
230. Pide a la Comisión que aborde esta deficiencia y que vele por que se evite cualquier efecto negativo para el establecimiento del marco de rendimiento por parte de los Estados miembros para el periodo de programación 2021-2027;
231. Lamenta profundamente que la Comisión no haya presentado una propuesta exhaustiva para una estrategia política de la Unión posterior a 2020 que proporcione hitos para los próximos objetivos del MFP, así como la orientación necesaria para que los Estados miembros sigan obteniendo resultados que contribuyan a las prioridades comunes de la Unión y a la consecución de una Unión más coherente y cohesionada;
232. Acoge con satisfacción las conclusiones del Tribunal sobre las formas adicionales de valor añadido europeo generadas por el programa Erasmus+ (2014-2020), que superan lo establecido en su base jurídica; observa que las técnicas y los indicadores de evaluación del programa Erasmus+ deben ser, en la medida de lo posible, globales y cualitativos, teniendo en cuenta el carácter multidimensional de los efectos de este tipo de acciones a largo plazo;
233. Señala que la definición de participantes «desfavorecidos/con menos oportunidades» no está armonizada en la actualidad y varía de un Estado miembro a otro; observa que una definición común permitiría una evaluación más precisa del impacto del programa y proporcionaría una base más sólida para aumentar su alcance a dichos participantes, así como para desarrollar acciones positivas en su apoyo;
234. Celebra la reintroducción de la movilidad individual de estudiantes escolares en el marco de la acción clave 1 de la propuesta del nuevo Programa Erasmus (2021-2027);
235. Reconoce la importancia del apoyo lingüístico en línea (OLS); considera que dicho instrumento debe estar abierto a todos los participantes y adaptado a sus necesidades específicas mientras que, al mismo tiempo, debe complementarse con cursos presenciales de idiomas;
236. Acoge con satisfacción la introducción de métodos de financiación simplificados (cantidades a tanto alzado, tasas únicas y costes unitarios); reconoce, no obstante, la necesidad de adaptar y revisar periódicamente los importes de las subvenciones en relación con los costes de vida y de subsistencia del país o región de acogida, a fin de garantizar un acceso más justo a la movilidad individual de Erasmus a los participantes con menos oportunidades;
237. Considera que, con el fin de fomentar el acceso a la movilidad individual de los participantes desfavorecidos y con menos oportunidades, debe considerarse la prefinanciación en virtud de la acción clave 1 del nuevo programa Erasmus;
238. Observa que una mejor promoción de la movilidad para los estudiantes de doctorado requeriría más flexibilidad en relación con el periodo mínimo de movilidad de tres meses previsto actualmente;
239. Reconoce que el Mecanismo de Garantía de Préstamos para Estudiantes no ha producido los resultados esperados, así como la exclusión de dicho instrumento de la propuesta del nuevo programa Erasmus (2021-2027);
240. Considera que, para emprender una actuación más eficaz con el fin de mejorar la calidad del aire, la Comisión debe:
241. Pide a la Comisión que aborde las siguientes cuestiones al preparar su propuesta para el legislador:
242. Pide a la Comisión que, a fin de integrar mejor la calidad del aire en las políticas de la Unión, evalúe:
243. Pide a la Comisión que, a fin de mejorar la calidad de la información destinada a los ciudadanos:
244. Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, titulado «Demostración de captura y almacenamiento de carbono y energías renovables innovadoras a escala comercial en la UE: en los últimos diez años no se han conseguido los avances previstos» y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
245. Se felicita de los ambiciosos compromisos adquiridos por la Unión para lograr recortar sus emisiones en al menos un 20 % con respecto a los niveles de 1990 a más tardar en 2020, y en un 40 % a más tardar en 2030, y gastar al menos el 20 % de su presupuesto para 2014-2020 en acciones relativas al clima;
246. Celebra la aspiración de la Unión de llegar a ser un líder mundial en energías renovables; considera de suma importancia que la Comisión demuestre constantemente un compromiso y un liderazgo suficientes en los asuntos relativos al cambio climático y que consolide su credibilidad internacional y el impacto de sus instrumentos para perfilar las condiciones de la diplomacia verde y de la política climática de la Unión en los próximos años;
247. Considera necesario aumentar las sinergias entre los distintos organismos de la Unión, los servicios pertinentes de la Comisión y los socios de la industria, así como aunar esfuerzos con objeto de alcanzar un entorno propicio para la transición a una economía hipocarbónica con tecnologías innovadoras con baja emisión de carbono, adaptando y desarrollando las condiciones y los instrumentos de inversión;
248. Subraya que la coordinación entre los servicios de la Comisión relacionados con las cuestiones climáticas aún requiere mejoras para cumplir no solo los compromisos internacionales, sino también para permitir que la Unión siga a la vanguardia en materia de cambio climático;
249. Reitera su llamamiento a la Comisión para que intensifique la coordinación de las actividades en el ámbito del desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones medioambientales;
250. Señala la necesidad de que la Comisión mejore especialmente la coordinación entre los Estados miembros en lo que respecta a las políticas relacionadas con el cambio climático para poder alcanzar el objetivo de destinar al menos el 20 % del presupuesto de la Unión a una sociedad hipocarbónica y resistente al cambio climático;
251. Lamenta la falta de estrategias hipocarbónicas por parte de los Estados miembros, lo que origina un clima de incertidumbre, perjudicando las condiciones de inversión y afectando a la viabilidad financiera y el progreso de los proyectos innovadores de demostración de energías hipocarbónicas, y solo ofrece una posibilidad limitada de recuperar los fondos entregados a los proyectos sin éxito; pide a la Comisión que vele por el aumento de la participación activa de los Estados miembros con vistas a la consecución de los objetivos en materia de bajo impacto carbónico;
252. Lamenta el, por lo general, bajo grado de viabilidad y sostenibilidad de los proyectos financiados, así como la falta de utilización de los resultados tangibles de los proyectos;
253. Considera necesaria una mejora de las estrategias a escala nacional y de la Unión para tener éxito en este ámbito; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia global concreta sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos que conlleve planes de acción por ámbitos específicos en los que se incluyan evaluaciones, medidas e instrumentos pormenorizados, así como la metodología de las medidas y la información, y los indicadores de rendimiento;
254. Pide a la Comisión que aumente en general la compatibilidad de los distintos ámbitos presupuestarios para complementar los programas destinados a la construcción de una economía hipocarbónica; lamenta la falta de objetivos concretos en partes sustanciales del presupuesto de la Unión;
255. Pide a la Comisión que desarrolle rápidamente un entorno favorable a la transición a una economía hipocarbónica, adaptando sus condiciones de inversión y sus marcos de gasto e instrumentos de innovación y modernización en todos los sectores pertinentes;
256. Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones, compruebe, al revisar los planes de gestión del riesgo de inundación del segundo ciclo y de los ciclos posteriores, que los Estados miembros fijan objetivos cuantificables y con un plazo de cumplimiento para las medidas relativas a inundaciones, permitiendo de este modo que se puedan evaluar los avances en su consecución; pide a la Comisión que comparta buenas prácticas en la fijación de objetivos con todos los Estados miembros;
257. Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones y a tiempo para el segundo ciclo de dicha Directiva, evalúe y notifique si los Estados miembros:
258. Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones y con arreglo al modo de gestión compartida, cofinancie únicamente las medidas relativas a inundaciones prioritarias con arreglo a los futuros planes de gestión del riesgo de inundación, en caso de que se soliciten fondos de la Unión; considera que los Estados miembros deben establecer sus prioridades en función de criterios objetivos y pertinentes, como:
259. Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones y la Directiva marco sobre el agua, vele por que las nuevas infraestructuras contra las inundaciones propuestas por los Estados miembros en los planes de gestión del riesgo de inundación cumplan la Directiva marco sobre el agua;
260. Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones y de la Directiva marco sobre el agua, compruebe que, siempre que se solicite cofinanciación de la Unión, los Estados miembros hayan analizado la viabilidad de la aplicación de importantes medidas verdes, por sí mismas o en combinación con soluciones grises;
261. Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones, compruebe que los planes de gestión del riesgo de inundación incluyen medidas para mejorar el conocimiento y la modelización del impacto del cambio climático en las inundaciones;
262. Pide a la Comisión que, en su revisión de los documentos necesarios para el segundo ciclo de la Directiva sobre inundaciones, y en su capacidad supervisora en virtud de dicha Directiva, compruebe si los Estados miembros:
263. Pide a la Comisión que, al examinar los planes de gestión del riesgo de inundación para el segundo ciclo, verifique si los Estados miembros han previsto medidas para:
264. Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones:
265. Toma nota de las observaciones del Tribunal sobre la evaluación de la aplicación de los sistemas de información aduanera;
266. Elogia el análisis realizado de la situación y las conclusiones presentadas por el Tribunal;
267. Acoge con satisfacción las recomendaciones a la Comisión para la modernización de los procesos aduaneros, que es fundamental para el buen funcionamiento de la Unión; valora positivamente el enfoque que aboga por tener en cuenta las enseñanzas extraídas del programa Aduana 2020;
268. Señala que la Comisión, dejando aparte algunas puntualizaciones y discrepancias en relación con una parte de las observaciones, acepta todas las recomendaciones formuladas en el Informe Especial del Tribunal;
269. Destaca que, si bien para el siguiente programa la Comisión prevé 950 millones de euros a precios corrientes y existe un consenso con el Parlamento sobre esta cifra, es indispensable que la actuación se lleve a cabo de forma oportuna y respetando el ámbito completo y los límites financieros;
270. Observa que es necesario contar con un plan estratégico plurianual sólido que establezca un marco estratégico e hitos para gestionar los proyectos informáticos de manera coherente y eficaz; en dicho plan deberán establecerse correctamente los objetivos, los indicadores, el calendario y los recursos financieros necesarios;
271. Observa que, al principio del nuevo MFP, varios programas, por ejemplo el programa de lucha contra el fraude de la Unión, Fiscalis y Aduanas, así como el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras deben actuar en sinergia, por lo que es necesario evaluar el impacto negativo de los posibles retrasos en la aplicación de uno de los elementos para el funcionamiento de todo el sistema;
272. Considera indispensable aplicar una presupuestación basada en el rendimiento a fin de mejorar los resultados y garantizar el logro de los objetivos del programa;
273. Señala que, aunque los Estados miembros no hayan utilizado su cuota del 20 % retenido en concepto de gastos de recaudación de los derechos aduaneros para cubrir los gastos derivados de la aplicación del sistema informático aduanero, la comisión apoya la propuesta de la Comisión relativa a los recursos propios de reducir el porcentaje de los gastos de recaudación al 10 %;
274. Pide a la Comisión que, a fin de orientar sus futuras acciones en materia de bienestar de los animales:
275. Celebra la conclusión del Tribunal en el sentido de que las acciones de la Unión en materia de bienestar animal han mejorado el cumplimiento de los requisitos en este sentido y apoyado unos estándares más elevados, con una clara incidencia positiva en el bienestar de los animales cuando se aplican adecuadamente;
276. Recomienda que, con miras a afrontar mejor ámbitos de riesgo y difundir buenas prácticas, la Comisión:
277. Recomienda a la Comisión, para reforzar los vínculos entre el sistema de condicionalidad y el bienestar animal, que:
278. Recomienda a la Comisión, a fin de fomentar el uso eficaz de las ayudas al desarrollo rural para el bienestar animal, que:
279. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2019)0000.

References: Resolución 
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 artículo 121
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