Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-m-irpf-1992-sstc-142445
Timestamp: 2019-09-21 08:51:19+00:00

Document:
STC 21/2002, 28 de Enero de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 142445
STC 21/2002, 28 de Enero de 2002
Número de Recurso: 1193/1999
RA 1193/99. Promovido por don Javier Leocadio M. M. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestimó su demanda contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre liquidación del IRPF de 1992. Supuesta vulneración del derecho a la igualdad: declaración conjunta en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los matrimonios con hijos, en contraste con los matrimonios separados (SSTC 47/2001 y 212/2001).
Sentencia citada en: 48 sentencias, 11 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 1193/99, promovido por don Javier Leocadio M. M. , bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Daniel Bufala Balmaseda y asistido por el Letrado don Alfonso Carbonell Porras, contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de 12 de febrero de 1999, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1241/96, seguido contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (Sevilla), con fecha de 21 de diciembre de 1995, desestimatoria de la reclamación interpuesta contra la liquidación complementaria girada por la Administración tributaria en concepto de Impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 1992. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado ante este Tribunal el día 18 de marzo de 1999, el Procurador de los Tribunales don Daniel Bufala Balmaseda, en nombre y representación de don Javier Leocadio M. M. , interpuso recurso de amparo constitucional contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 12 de febrero de 1999, a que se refiere el encabezamiento.
La Administración tributaria practicó al actor liquidación provisional paralela en concepto de Impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 1992 aplicándole la tarifa individual. La causa de la liquidación se encontraba en que el recurrente realizó su declaración del impuesto por el ejercicio citado de forma conjunta con sus tres hijos menores, pero autoliquidando su esposa de forma individual, cuando según la Ley la opción era, o para cada uno de los cónyuges de forma individual o de todos de manera conjunta en una sola declaración.
Presentada reclamación económico-administrativa contra la anterior liquidación (expediente núm. 14/3140/94) ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, mediante Resolución con fecha de 21 de diciembre de 1995 se desestima, confirmando la liquidación girada.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, éste se desestima por Sentencia con fecha de 12 de febrero de 1999 (recurso núm. 1241/96). La cuestión sometida a la consideración del Tribunal era determinar si el actor tenía derecho a tributar conjunta y solidariamente con sus hijos menores, cuando el cónyuge no separado legalmente había optado por el régimen de tributación individual. La respuesta de la Sala de lo Contencioso tuvo un carácter negativo, en tanto que entendió que la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (en adelante, LIRPF), establecía como norma general la declaración individual, admitiendo sólo en determinados casos que, por razones de gestión y por decisión de todos los integrantes de determinados grupos familiares, pudiera acudirse a la declaración conjunta; en tal caso, se establecen tipos distintos con los que se tratan de neutralizar los efectos del carácter progresivo del impuesto respecto de la acumulación de rentas. Además, tal opción sólo es posible allí donde existen varios perceptores de rentas, que se acumulan en la declaración conjunta, lo que no ocurre en el presente caso, donde los hijos del demandante no aparecían como perceptores de ninguna renta.
En su demanda de amparo aduce el recurrente la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) en relación con los arts. 31.1 (igualdad tributaria) y 39 (protección de la familia) del texto constitucional, ya que se le prohíbe el derecho, tanto en vía administrativa como en la posterior jurisdiccional, a elegir libremente la forma de tributar (individual o conjuntamente), por el hecho de estar legalmente casado cuando, sin embargo, dicha opción se permite a las parejas separadas legalmente. Es decir, que la discriminación se produce por "prohibir a un contribuyente, legalmente casado, realizar su declaración de la renta conjuntamente con sus hijos, que cumplen los requisitos exigidos en la ley, al realizar su cónyuge declaración individual, siendo el motivo de la prohibición el estar legalmente casado, y permitirlo a un contribuyente que esté legalmente separado".
Por providencia de 2 de julio de 1999, la Sala Segunda acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla para que remitiese testimonio del recurso núm. 1241/96, emplazando previamente a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que, si así lo desean, puedan comparecer, en el plazo de diez días, en el presente proceso constitucional; igualmente interesó del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía que remitiera certificación, o copia adverada, de las actuaciones correspondientes a la reclamación económico-administrativa núm. 14/3140/94. Por escrito presentado en el Registro de este Tribunal con fecha de 4 de agosto de 1999 se personó el Abogado del Estado.
Por providencia de 9 de septiembre de 1999, la Sala Segunda acordó tener por personado y parte en el procedimiento al Abogado del Estado y, a tenor de lo previsto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones a las partes y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días para que, si lo consideran oportuno, presenten dentro de dicho plazo las alegaciones que estimen convenientes.
La parte actora presentó sus alegaciones por escrito con fecha de entrada en el Registro de este Tribunal de 1 de octubre de 1999, insistiendo en las alegaciones vertidas en el escrito de interposición de la demanda de amparo y suplicando su concesión.
El Abogado del Estado formuló alegaciones mediante escrito registrado el día 4 de octubre de 1999, en el que suplicaba se dictase Sentencia totalmente denegatoria del amparo pretendido. En su escrito, antes de analizar las vulneraciones de derechos fundamentales que se alegan, comienza haciendo tres precisiones. En primer lugar, señala que, con arreglo a los arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC, no cabe entrar a examinar las supuestas infracciones de los arts. 31.1 y 39 CE, sino solamente las estrictamente basadas en el art. 14 CE. En segundo término, entiende que la demanda de amparo no pone en tela de juicio la constitucionalidad del art. 87 de la Ley del IRPF, sino la interpretación -ratificada o, al menos, no corregida por el Tribunal Superior de Justicia- con arreglo a la cual la Administración le ha aplicado el citado precepto legal, con lo cual el amparo debe quedar encuadrado en el art. 43 LOTC. En tercer lugar, considera patente que el suplico de la demanda de amparo formula algunas pretensiones ajenas a la jurisdicción de este Tribunal. En particular, a su juicio, mientras resulta lícito pretender la declaración de nulidad de la liquidación provisional impugnada y de la resolución judicial que se recurren en amparo, resulta incompatible con la configuración constitucional y legal del amparo solicitar que se declare el derecho del recurrente "a realizar declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas formando unidad familiar con sus hijos menores, haciéndolo su cónyuge, de quien no está legítimamente separado, de forma individual".
El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 6 de octubre de 1999, en el que interesa se dicte Sentencia que estime el recurso de amparo y declare que tanto el acto administrativo de liquidación como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han vulnerado el derecho del demandante de amparo a la igualdad. En dicho escrito comienza por precisar que, pese a que en el "suplico" de la demanda se solicita la anulación tanto de la Sentencia recurrida como del acto administrativo de liquidación impugnado, el recurso de amparo ha de entenderse interpuesto principalmente contra este último, esto es, por la vía del art. 43 LOTC y no del art. 44 de la citada Ley Orgánica.
En todo caso, la vulneración del principio de igualdad ante la Ley exige para ser apreciada que se aporte término válido de comparación y, a juicio del Fiscal, en el presente caso se ha aportado, no tanto -señala- sobre la base de una aplicación real a un caso determinado, sino de estudios doctrinales y, especialmente, de Resoluciones de la Dirección General de Tributos. En definitiva, considera el Ministerio Fiscal que tanto los actos administrativos como las resoluciones recurridas, en cuanto imposibilitan la opción del art. 87.2 LIRPF a quienes están unidos por vínculo matrimonial frente a los que, en la misma situación, no lo están, determinan que, a igualdad de condiciones -esencialmente de renta y cargas familiares-, se produzca una diferencia de trato desfavorable y no justificada y, en consecuencia, contraria al art. 14 CE. A su juicio, no es la propia ley la que consagra un trato discriminatorio de forma evidente, dado que la redacción literal del art. 87.2 LIRPF, al no precisar nada, permite una interpretación acorde con la suscitada por el demandante, prescindiendo de cuál fuese la voluntad del legislador; en consecuencia, estamos ante un supuesto de discriminación en la aplicación de la ley, no de violación del principio de igualdad ante aquélla.
Por providencia de fecha 24 de enero de 2002, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
La presente demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 12 de febrero de 1999, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1241/96, seguido contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, con fecha de 21 de diciembre de 1995, desestimatoria de la reclamación interpuesta contra la liquidación complementaria girada por la Administración Tributaria en concepto de Impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 1992.
Antes de comenzar el análisis de las vulneraciones aducidas en el escrito de demanda es necesario hacer una precisión previa, a saber, que el recurso de amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en los arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC, se encuentra objetivamente limitado a la protección de los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 CE, más la objeción de conciencia del art. 30 CE, no pudiéndose hacer valer otras pretensiones que las dirigidas a restablecer o preservar esos derechos o libertades (por todas, SSTC 159/1997, de 2 de octubre, FJ 4; 183/1997, de 28 de octubre, FJ 3; 55/1998, de 16 de marzo, FJ 3; 71/1998, de 30 de marzo, FJ 4; 36/1999, de 22 de marzo, FJ 3; 84/1999, de 10 de mayo, FJ 4, y 26/2001, de 29 de enero, FJ 2). En consecuencia, ningún pronunciamiento cabe hacer por parte de este Tribunal respecto de las posibles vulneraciones de los arts. 31.1 y 39 CE.
Fijados así los términos de la controversia, es necesario anticipar que la cuestión objeto del presente recurso de amparo ha sido recientemente resuelta en las SSTC 47/2001, de 15 de febrero, y 212/2001, de 29 de octubre, donde se llegó a un resultado contrario a la vulneración del derecho fundamental en cuestión, en la primera de ellas, utilizando como término de comparación el de las parejas de hecho, y en la segunda, sometiendo a contraste la situación de los cónyuges con la de las personas separadas jurídicamente. En efecto, según hemos dicho en estas Sentencias resulta claro que, conforme al art. 87 LIRPF, el recurrente -no separado legalmente- en el supuesto de que opte por la declaración conjunta, debe acogerse, junto con su cónyuge e hijos menores no emancipados, a la modalidad de unidad familiar prevista en el apartado 1 del art. 87 LIRPF (STC 47/2001, FJ 5), pues de la literalidad del citado precepto se deduce que éste establece dos modalidades de unidad familiar: en primer lugar, "la integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores" que con ellos convivan; y en segundo lugar, "la formada por el padre o la madre y los hijos" que reúnan los citados requisitos, no quedando la pertenencia a una u otra unidad familiar al arbitrio del sujeto pasivo del impuesto, por estar predeterminada en la Ley con carácter imperativo (STC 212/2001, FJ 4).
Ahora bien, como se ha expuesto en los antecedentes, el demandante pretende que la Administración tributaria le permita constituir una unidad familiar de las recogidas en el art. 87, núm. 2, LIRPF únicamente con sus hijos, "escindiendo así artificiosamente en dos, no sólo la `unidad familiar¿ tal y como está legalmente configurada en el citado art. 87 LIRPF, sino incluso, de algún modo, la propia familia en cuanto sustrato de la referida categoría" (SSTC 47/2001, FJ 6; y 212/2001, FJ 4). En este sentido, y como hemos dicho en la STC 212/2001 en un supuesto idéntico al ahora analizado, "conviene señalar que el art. 88 LIRPF establece que la `opción por la declaración conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar¿, de manera que si uno de ellos presenta declaración individual, los restantes deberán utilizar el mismo régimen". Y este es un requisito que la norma prevé para los dos tipos de unidad familiar recogidas en el art. 87 LIRPF. Si se trata (como en el caso del recurrente) de la primera de las modalidades, la declaración conjunta habrá de ser suscrita necesariamente por ambos cónyuges y sus hijos. Pero también cuando la unidad familiar está conformada por un padre o madre separado legalmente y sus hijos la norma obliga a que sean todos los integrantes de la familia los que se decidan por la declaración conjunta para que el régimen de acumulación de rentas resulte aplicable. Esto sentado, no resulta correcto afirmar, como hace el demandante de amparo, que es el mero hecho de estar casado y no separado legalmente lo que le impide hacer la declaración conjunta con sus hijos. La razón de que la Administración tributaria haya denegado al recurrente la opción por el citado régimen reside exclusivamente en que uno de los componentes de la unidad familiar (concretamente, su esposa) ha decidido presentar una declaración individual, régimen que la Ley 18/1991, dictada a raíz de la STC 45/1989, de 20 de febrero, establece como regla general. Ciertamente, para que quienes están casados y separados legalmente puedan hacer la declaración conjunta sólo es preciso que acumulen sus rentas a la de los hijos menores que con ellos convivan, sin que en este caso, a diferencia de quienes mantienen el vínculo matrimonial, deban (ni puedan) integrar en la declaración las rentas del otro cónyuge separado. Esta circunstancia, empero, no permite afirmar que la norma tributaria discrimina a quienes están casados y no separados legalmente frente a quienes se han separado mediante resolución judicial, dado que, como advierte el Abogado del Estado, el diverso trato responde a que las situaciones jurídicas consideradas son diferentes. En efecto, parece evidente que la convivencia como obligación jurídica es uno de los elementos que ha tenido en cuenta el legislador en el ámbito tributario, al igual que en otros sectores del Ordenamiento (así, en el art. 3.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita), a la hora de delimitar quiénes integran las unidades familiares a las que se permite optar por la tributación conjunta. Y mientras que los casados y no separados "están obligados a vivir juntos" (art. 68 Código Civil), y se presume legalmente que así lo hacen (art. 69 CC), debiendo tener en su compañía a los hijos bajo su potestad (art. 154.1 CC), por el contrario, "la Sentencia de separación produce la suspensión de la vida común de los casados" (art. 83 CC), y los hijos pueden convivir solamente con uno de los cónyuges separados (arts. 91 y ss CC, y art. 156 CC). Al ser efecto característico de la separación legal el cese de la convivencia de los esposos, resulta razonable que la LIRPF únicamente autorice al cónyuge separado a acumular sus rentas con las de los hijos con los que conviva (STC 212/2001, FJ 5).
En suma, hemos de insistir, una vez más, en que "para que el art. 14 CE resulte vulnerado por el legislador, no basta con que en situaciones puntuales, al margen de los objetivos perseguidos por la Ley, determinados sujetos pasivos, con un determinado nivel de renta, puedan verse ocasionalmente beneficiados en su declaración del IRPF por el hecho de no mantener una relación matrimonial. Como hemos señalado en diversas ocasiones, las leyes `en su pretensión de racionalidad se proyectan sobre la normalidad de los casos, sin que baste la aparición de un supuesto no previsto para determinar su inconstitucionalidad¿ (SSTC 73/1996, de 30 de abril, FJ 5; y 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 6). Por el contrario, la discriminación denunciada sólo podría apreciarse si un análisis de la regulación del IRPF llevara a la conclusión de que la Ley establece un régimen tributario más gravoso en su conjunto para los sujetos pasivos casados que para quienes no lo están, en atención, precisamente, a su vínculo matrimonial. Pero nada de esto puede deducirse ni del art. 87 LIRPF que, como hemos señalado, establece expresamente la posibilidad de que los cónyuges no separados legalmente opten por el régimen de tributación conjunta cuando lo estimen conveniente, ni del resto de los preceptos de la Ley 18/1991, que regulan los elementos que inciden en la cuantificación del IRPF sin atender en absoluto al estado civil de los sujetos pasivos" (SSTC 47/2001, FJ 7; y 212/2001, FJ 5).
Denegar el amparo solicitado por don Javier Leocadio M. M. .
STSJ Comunidad de Madrid 20526/2008, 16 de Julio de 2008
STSJ Comunidad de Madrid 1201/2014, 27 de Octubre de 2014
STSJ Castilla y León 730/2006, 11 de Julio de 2006
STSJ Galicia 1231/2012, 28 de Febrero de 2012

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