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Timestamp: 2019-05-25 22:01:12+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-12-30Regresar
La Comisión de Expertos entregó un informe en el que el incremento al impuesto al valor agregado de dos o tres puntos porcentuales sería inevitable.
En momentos en que la inflación supera el 6% y el dólar no baja de los 3.000 pesos, la Comisión de Expertos le presentó al Gobierno sus recomendaciones para la reforma tributaria que podría debatirse en 2016. Un incremento del IVA al 18% de muchos de los productos de la canasta familiar es la propuesta más llamativa, es decir, que aumentaría dos y hasta tres puntos porcentuales. Sin embargo, los comerciantes critican la iniciativa.
Los analistas consideran que un incremento al IVA en dos puntos porcentuales afectará la capacidad de compra de las familias colombianas. "Esto impacta profundamente para las familias de menores ingresos, para las cuales esos 8.000 pesos de diferencia, en realidad puede significar el dejar de consumir un producto de la canasta familiar por un mes", afirmó Jairo Bautista de la Red por la Justicia Tributaria.
La propuesta pretende unificar las cuatro tarifas del IVA en una sola del 18% y ampliar la base gravable. Sin embargo, los congresistas de las comisiones terceras del Congreso, encargadas de tramitar la reforma tributaria, afirman que el incremento afectará a los colombianos con menores ingresos.
( 2015-12-30) Consultar
La Superintendencia Financiera de Colombia pone a disposición el servicio de consulta en línea de la TRM en forma automática, por intermedio de un Web Services, a través del cual las entidades o las personas naturales interesados podrán obtener el valor de la TRM para la fecha actual o para una fecha en particular.
Para poder acceder, se deberán seguir las instrucciones del Manual de Consumo. Adicionalmente, se entregan códigos fuente en Java y .Net con el objetivo de realizar pruebas de consumo del Servicio Web. Quien consuma dicho servicio deberá adecuar el código suministrado o crear uno nuevo en caso de necesitar funcionalidades propias. Asi mismo en caso de consumir el servicio con otro lenguaje de programación. El certificado digital necesario para consumir el servicio se puede descargar del Sitio Web de la Superfinanciera.
Manual Consumo del Servicio Web de la TRM
Aseguradoras y Runt tendrán un año de plazo para la implementación tecnológica.
A través de la Resolución 5886 del 24 de diciembre del 2015, el Ministerio de Transporte avanza en su propósito de automatizar los trámites y modernización del transporte y el tránsito, implementando el registro en línea y tiempo real de los datos de póliza Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), dando la posibilidad de la generación del certificado y la verificación.
De acuerdo con la resolución, para efectos de llevar a cabo la expedición del Soat y garantizar su consulta, la entidad aseguradora deberá: Expedir la póliza del seguro con base en la información registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). La entidad aseguradora consultará en el registro, en línea y tiempo real, los datos del vehículo a través de la placa.
Una vez expedida la póliza, la entidad aseguradora registrará en línea en el Runt los datos propios de la póliza asociados al vehículo asegurado. El Runt entregará en forma electrónica, en línea y en tiempo real a la compañía aseguradora, el certificado de registro de la póliza, firmada digitalmente, el cual llevará un sello bidimensional que contendrá la información de la póliza y del vehículo, que no permita modificar los datos almacenados, conservando la integridad y la autenticidad de los datos contenidos en él.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, en el cual se compilaron y racionalizaron las normas de carácter reglamentario, expedidas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, que rigen en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiehto de la información.
Artículo 1. Definición de las normas técnicas especiales por parte de la Superintendencia Financiera.
Adiciónese el inciso segundo al artículo 1.1.4.2.1 del Decreto 2420 de 2015, así:
"La Superintendencia Financiera de Colombia definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y gufas en materia de contabilidad y de información financiera, en relación con las salvedades señaladas en el presente articulo, asl como el procedimiento a seguir e instrucciones que se requieran para efectos del régimen prudencial".
Artículo 2. Cronograma aplicable a los preparadores de información financiera del Grupo 2, que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Cajas de Compensación Familiar.
Adiciónese un Capítulo 4 al Título 4 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, así:
El artículo 2 del Decreto 2548 de 2014 dispuso que todas las remisiones contenidas en las normas tributarias a las normas contables, se entenderán hechas para efectos tributarios a los Decretos 2649 de 1993 y 2650 de 1993, los planes únicos de cuentas según corresponda a cada Superintendencia o a la Contaduría General de la Nación, las normas técnicas establecidas por superintendencias vigentes y aplicables a 31 de diciembre 2014 o aquellas normas técnicas expedidas por la Contaduría General de la Nación vigentes y aplicables a 31 de diciembre de 2014, según sea el caso.
Teniendo en cuenta que a partir del 1 de enero de 2015 inició la aplicación del marco técnico Contable para el Grupo 1, resulta necesario crear un formato con el fin de validar la información de la base gravable del Impuesto de Industria y Comercio, de acuerdo con los estándares de transmisión de información de la Superintendencia Financiera de Colombia. Por consiguiente, esta Superintendencia en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 5 del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, considera necesario impartir las siguientes instrucciones con el fin de modificar el Anexo No. 1 de la Circular Externa 100 de 1995 – Circular Básica Contable y Financiera.
PRIMERA. Crear el Formato 525 (Proforma F.0000-157) “Reporte anual acumulado de cuentas PUC para efectos de Industria y Comercio” con su correspondiente instructivo.
El nuevo formato se debe transmitir simultáneamente con el respectivo formato de la base gravable del Impuesto de Industria y Comercio que le aplique a cada entidad, es decir, el formato 294 (proforma F.3000-68) para las Compañías de Seguros Generales, de Vida y Reaseguradoras, el formato 321 (proforma F.0000-90) para los Establecimientos de Crédito, Sociedades de Servicios Financieros, Banco de la República e Instituciones Oficiales Especiales, el formato 324 (proforma F.3000-69) para las Sociedades de Capitalización y el formato 497 (proforma F.8000-57) para las Sociedades Comisionistas de Bolsas de Valores y Circular Externa 043 de 2015
Iniciado el proceso liquidatorio de una sociedad, las acciones que posea dicho ente jurídico en el capital de otra compañía, como todos sus bienes, hacen parte de su activo y como tal entran a integrar el inventario de la compañía para atender el pasivo externo, con lo cual su vocación es la de ser vendidas para obtener recursos líquidos, destinados al pago de las acreencias.
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2015-01-432601, donde plantea la siguiente consulta: “Si el accionista mayoritario de una sociedad anónima entra en liquidación forzosa/obligatoria:
1 Qué ocurre con las acciones que tiene en la compañía anónima?
2 Puede el liquidador adjudicar libremente a terceros, las acciones que tiene en dicha sociedad anónima?
3 Como opera el derecho de preferencia en este escenario?
4 En caso que el liquidador pueda disponer de las acciones y adjudicarlas a cualquier acreedor de la sociedad que entró en liquidación: Cuál (es) es (son) el (los) mecanismo (s) o alternativa (s) que tendrían los demás accionistas de la sociedad anónima para evitar que cualquier tercero no autorizado por ellos ingrese a la sociedad?”
Dentro de las funciones previstas para los promotores y liquidadores a que se refiere la Ley 1116 del 2006, por la cual fue expedido el régimen de insolvencia, no está dar cumplimiento a las normas sobre control a la evasión al sistema de seguridad social ni acreditar el pago de los aportes obligatorios para recibir el pago de honorarios, advirtió la Superintendencia de Sociedades.
En cuanto al control mencionado, la entidad recordó que se trata de una obligación a cargo de las personas naturales o jurídicas que contraten con entidades oficiales, para cuya celebración, renovación y liquidación de los respectivos contratos es necesario acreditar previamente el pago de tales aportes.
Según el concepto, en el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidacióny efectuar el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. (Lea: Modernizan selección de auxiliares de la justicia en Supersociedades)
El tema de los honorarios está sujeto al cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 22 y 24 del Decreto 962 del 2009. Supersociedades, Concepto 220-155946, nov. 20/15
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional precisó los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez.
Mediante el análisis jurisprudencial de las sentencias C-227 del 2004, C-989 del 2006 y C-758 del 2014, el alto tribunal reseñó los siguientes:
(i) Ser madre o padre trabajador del hijo en situación de discapacidad física o mental,
(ii) Que la invalidez que sufra el hijo esté debidamente calificada por la entidad respectiva,
(iii) Que la persona en situación de discapacidad dependa económicamente de la madre o del padre y
(iv) Que la madre o el padre hayan cotizado al Sistema General de Pensiones, independientemente del régimen, cuanto menos, el mínimo de semanas exigidos en el régimen de prima media para acceder a la pensión especial de vejez.
Lo anterior según lo previsto en el inciso segundo del parágrafo 4° del artículo 9° de la Ley 797 del 2003, y la línea jurisprudencial que al respecto se ha desarrollado.
En el caso concreto, la entidad accionada negó la pensión especial de vejez a una ciudadana, madre de una menor de edad en situación de discapacidad, bajo el argumento de que este beneficio es sólo aplicable a las personas que se encuentran afiliadas al régimen de prima media y no al de ahorro individual.
La Sentencia C-577 del 2011 explicó que el grupo familiar está compuesto no solo por padres, hijos, hermanos, abuelos y parientes cercanos, sino también por personas entre quienes no existen lazos de consanguinidad.
No obstante, la distinción entre las diversas clases de familias permite determinar si en un caso concreto es procedente el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, indicó la Sala Civil de la Corte Suprema.
La familia de crianza nace por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección, pero no por lazos de consanguinidad o vínculos jurídicos.
Esta surge cuando “un menor ha sido separado de su familia biológica y ha sido cuidado por una familia distinta durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para que se hayan desarrollado vínculos afectivos entre el menor y los integrantes de dicha familia”, reseñó la sala.
Según lo explicó la providencia, en atención al parágrafo del artículo 13 de la Ley 797 del 2003, para ser beneficiario de la prestación se requerirá que el vínculo corresponda al establecido en los artículos 35 y 50 del Código Civil.
De ese modo, advirtió que la ley civil no contempla como hijo al de crianza, pues únicamente reconoce como tal al matrimonial, adoptivo y extramatrimonial, sin que le otorgue esa calidad a quien como producto de la convivencia se le prodiga afecto y trato familiar.
Por tal motivo, agregó el fallo, las personas unidas por el vínculo de la crianza no pueden pretender el reconocimiento de una prestación que de manera taxativa solo se le debe otorgar al padre, hijo o hermano inválido por consanguinidad, o a los padres e hijos adoptivos (Vea: Hijos de crianza de víctimas no pueden excluirse de reparación administrativa). (Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia STC- 14680 (25001221300020150036102), Oct.23/15, M.P. Ariel Salazar)
El bien recibido por una entidad producto de un contrato de permuta debe reconocerse en los estados financieros como propiedad, planta y equipo, ya que quien lo recibe asume los riesgos y beneficios principales derivados de la propiedad del activo.
En este caso, la vida útil sería la de la duración del contrato y debería ser reconocida a su valor razonable en función del uso esperado, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
En el caso analizado, si se puede establecer que los servicios prestados por el comodatario en retribución por el activo recibido son sustancialmente inferiores al valor razonable del bien objeto del comodato, el bien sigue siendo un elemento de propiedad, planta y equipo, pero los descuentos se tomarían como un menor valor del ingreso por prestación de servicios del comodatario.
Al celebrar esta clase de contrato, es necesario cumplir varios aspectos, entre ellos, que se logre demostrar en él la relación que existe entre las dos operaciones, es decir, entrega del bien a cambio de descuentos especiales en la prestación de servicios por parte de quien recibe, y que el porcentaje de descuentos no puede ser similar a un descuento comercial, sino que debe ser especialmente diseñado para la transacción.
Así mismo, se deben considerar los criterios de reconocimiento y medición exigidos por la NIC 16 (propiedad, plata y equipo) y NIC 18 (ingresos ordinarios) para el caso de las operaciones de permutas, señaló la entidad. CTCP, Concepto 889, nov. 26 - 15

References: Resolución 

Artículo 1
 artículo 1

Artículo 2
 artículo 2
 artículo 97
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 13