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Timestamp: 2015-02-01 11:36:48+00:00

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Persona, personalidad jurídica, nasciturus y derecho civil español. - IUSTITIAE SACERDOS
publicado a la‎(s)‎ 2 de ene. de 2010 15:37 por Tomás Moro
actualizado el 24 de ene. de 2010 7:37
Autor: Prof. Dr. Juan Luís Sevilla Bujalance. Contenidos1 I) LOS ARTICULOS 29 Y 30 DEL VIGENTE CODIGO CIVIL ESPAÑOL1.1 1) Introducción.-1.2 2) Génesis de los preceptos.-1.2.1 A) El artículo 29.-1.2.2 B) El artículo 30.-1.3 2) Significado de los artículos 29 y 30 del Código civil.-1.3.1 A) El artículo 29.-1.3.2 B) El artículo 30.-2 II) LA NOCION DE PERSONA EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1978, Y LA DIGNIDAD PERSONAL DEL NASCITURUS.-3 III) LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-4 IV ) CONSTRUCCION INTERPRETATIVA QUE SE PROPONE.-4.1 1) Persona y personalidad.-4.2 2) Personalidad jurídica y capacidad jurídica.-5 V) PARTICULAR STATUS JURIDICO DEL NASCITURUS. APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGIA AL SER HUMANO NONATO.-5.1 1) Consideración jurídica del concebido y no nacido.-5.2 2) Aplicación de la Biotecnología al nasciturus.-.
I) LOS ARTICULOS 29 Y 30 DEL VIGENTE CODIGO CIVIL ESPAÑOL
Probablemente, tratar de dos preceptos del Código civil español cuya redacción se remonta a la Centuria decimonónica – y, parcialmente, incluso a tiempos anteriores –, se nos antoja como algo chocante para con la temática y el objeto de estudio del actual Congreso, que se centra principalmente en los avances de la Biotecnología más moderna aplicada al ser humano. Pero no nos engañemos: ni las técnicas de reproducción asistida son un fenómeno tan reciente, ni se pueden considerar los preceptos de nuestro texto civil en cuestión como mandatos vetustos y carentes de sentido hoy. No se trata, como tendremos ocasión de ver, de preceptos tan distantes de aquella dimensión científica, sino que se encuentran en estrecha conexión con ella.
Por lo que se refiere a la primera afirmación, - la aparente novedad de las técnicas de reproducción asistida – basta recordar que D. GREGORIO MARAÑON alude al empleo de aquellas ya en el Siglo XV español, en su reconocido estudio en torno a la figura del Rey Enrique IV de Trastamara. Las disfunciones biológicas del tristemente célebre monarca, y el posible intento fallido de los médicos por remediarlas, tendrían una trascendental repercusión, ya que de las mismas - junto con otras circunstancias e intereses de diversa índole, esencialmente política - derivaría el estallido de la Guerra de Sucesión, culminada con la entrada triunfante en la Historia de España de Isabel la Católica, ciñendo en sus sienes la Corona de Castilla. Sirva así este ejemplo para verificar cómo el empleo de las técnicas de inseminación artificial no constituye una novedad, sino que ya se daba en la Medicina de siglos pretéritos.
Pero lo más importante para nosotros, y el núcleo de nuestro trabajo, viene a ser la segunda cuestión expuesta: la relevancia e interés de los artículos 29 y 30 del Código civil en relación con la aplicación de las tecnologías y la investigación genética en el ser humano cuando aquél se halla en su fase prenatal.
Desde un prisma general, basta adentrarse en el tenor literal de aquellos para comprender que el sentido y significado que poseen estos dos preceptos, es trascendental para entender el lugar que ocupan la Persona y su dignidad en nuestro Ordenamiento Jurídico, y sobre ello, lógicamente, abordar jurídicamente la respuesta a una materia como la aplicación de dichas técnicas de la Medicina y la Biología actual. Pero además, conviene no olvidar una circunstancia que constituye, de manera más específica, el fundamento de nuestro estudio acerca de estos preceptos: en el denominado coloquialmente “Informe Palacios”– debido al primer apellido del Sr. Presidente de la Comisión formada al efecto – que sin lugar a dudas sirvió como base esencial sobre la que asentar la Legislación sobre Reproducción Asistida en España, se recogió un texto en el que se apelaba a aquellos artículos para respaldar legalmente toda la nueva orientación en la materia. El texto al que nos referimos es el que sigue: “La Comisión considera que parecería un tanto forzado y en alguna forma una conclusión excesiva al extender al embrión una protección como la que merecería la persona humana en sentido propio, sobre manera en esta fase primera de los catorce días a partir de la fecundación. El embrión, al menos durante este período que referimos, no es persona ni se le tiene como tal, posición que podríamos considerar como la más coherente con los textos constitucionales y con los artículos 29 y 30 del Código civil.”
He aquí una de las bases legales que fue invocada por este Informe para justificar la introducción en España de toda una regulación que permite la reproducción asistida, y posteriormente las técnicas de investigación y manipulación genética. A su estudio, y consecuencias en la materia, dedicaremos estas páginas.
Comoquiera que nos hallamos en un foro en que no sólo se encuentran juristas, sino también especialistas altamente cualificados que conocen la materia desde otras perspectivas – Medicina, Etica, Biología etc. – o provienen de otras naciones distintas de la española, reproducimos aquí textualmente los preceptos del Código civil de España de los que vamos a tratar en nuestro trabajo: “Art. 29) El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones del artículo siguiente.” “Art. 30) Para los efectos civiles sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas totalmente desprendido del seno materno.”
Las principales incógnitas y controversias que desde el prisma jurídico puedan surgir se plantean en torno a la figura del nasciturus y su identificación con la noción de Persona, así como alrededor del momento en que tiene lugar el nacimiento del ser humano a efectos jurídicos. Ciertamente, como recogía el Maestro CASTAN, “la fórmula de nuestro Código, lejos de dar una solución neta y precisa al problema del origen de la personalidad, parece hacer una amalgama de las diversas teorías y sistemas existentes.”
Sin ignorar el grado de dificultad implícita que conlleva una correcta interpretación de los preceptos - especialmente para quienes no poseen formación jurídica -, es preciso llevarla a cabo, pues la misma viene a ser fundamental para después enjuiciar las Leyes que regulan la aplicación de la moderna Biotecnología al hombre, cuando aún no ha sido alumbrado a la vida extrauteria.
En esta tarea, debe tenerse en cuenta que el Código ha de interpretarse circunscrito en la Constitución española de 1978, que hoy constituye el marco normativo superior de toda Ley. Asimismo, aquél debe ponerse en relación con el Derecho internacional que, rubricado por España, y publicado en el B.O.E. pueda afectar a la materia, al constituir también parte de ese mismo marco normativo en que se inscribe aquél.
De un estudio detenido de los artículos del Código civil y de sus principios inspiradores, incluso podría deducirse que se trata de normas incompatibles con la aplicación al ser humano de la Biotecnología, y por tanto, las Leyes que la permiten y el Código – y su marco legislativo superior – aparecerían como incompatibles y derogatorios entre sí.
Constituye pues todo lo anterior la materia objeto de nuestro estudio, por lo que comenzaremos, como es lógico, por tratar de establecer el significado último de los mencionados preceptos del Código civil. A estos efectos conviene exponer, previa y sucintamente, el origen de ambas normas. 2) Génesis de los preceptos.-
A) El artículo 29.- El antecedente más próximo de este precepto se encuentra en el Código de las Siete Partidas del Rey Alfonso X el Sabio, que, como es sabido, serviría de cauce para la Recepción del Derecho común en nuestra Patria. En este trascendental cuerpo normativo de nuestro Derecho histórico, se halla el siguiente texto:“Desmientre que estuviese la criatura en el vientre de su madre, toda cosa que se faga o se diga a pro de ella, aprovechase ende, bien así como si fuese nacida; mas lo que fuese dicho o fecho a daño de su persona o de sus cosas, non le empece.”
En consonancia con la esencial inspiración que latía en sus disposiciones, en esta materia se mantuvo la tradición romana, ya que, en el fondo, se trata de una reedición de la vieja máxima “nasciturus pro iam nato habetur quotiens de eius commodis agitur”. En ella quedaba condensada la fórmula creada para permitir que los póstumos accedieran a la herencia de sus padres fallecidos antes de su nacimiento, así como a aquellos otros efectos que les beneficiaren.
La construcción, que se había recogido en los textos del Derecho romano, tras reproducirse siglos después en las Partidas, como hemos señalado, fue la que asumió la Comisión codificadora para regular la materia al llevarla al texto del Código civil español de 1889, y que nos ha llegado bajo la redacción que hoy permanece vigente.
B) El artículo 30.-
El antecedente último que vislumbramos con cierta claridad de este artículo, se encuentra en las normas primitivas germánicas sobre la materia. Aquellas, aún de carácter consuetudinario y sin plasmar en textos escritos, exigían que para ser reconocido como Persona, el ser humano debía nacer con unos requisitos: debía tener lugar el nacimiento del niño con vida – lo que se constataba observando si abría los ojos o gritaba – y que además se considerase viable, a efectos de lo cuál se contabilizaba la duración del embarazo.
Junto a lo anterior, además, debía integrarse en la Sippe, término con el que se denominaba a la comunidad doméstica de aquellos pueblos germánicos. Esta integración en la comunidad, se certificaba mediante un acto formal, consistente en situar al recién nacido en el suelo, interrogando a continuación al padre si se le permitía vivir. A ello seguía la contestación, que de ser afirmativa se veía refrendada formalmente por el acto de recoger al recién nacido en sus brazos. Seguidamente se le preguntaba al progenitor cuál era el nombre con el que se le se le iba a conocer. Este nombre se le imponía en un acto en que el niño era rociado con agua, solemnidad que debía tener lugar dentro de los nueve días desde el nacimiento. A partir de este momento, se consideraba que adquiría personalidad jurídica, es decir, era Persona, adquiría relevancia, a efectos del Derecho.
Esta normativa consuetudinaria, que perduró entre los pueblos de raíz germánica, se vería modificada poco a poco, pasando a ir tomando en consideración al nasciturus. Así, aún siendo arrianos, los visigodos – uno de aquellos pueblos, al que debemos la herencia germana en nuestra Cultura y nuestro Derecho, por su asentamiento en la Península a la caída del Imperio romano -, en algunos lugares de la Legislación escrita posterior, muestran destellos de esta línea que va a ir protegiendo al ser humano que todavía se encuentra en el seno materno.
Será ya en el concreto marco geográfico de Hispania, y como consecuencia de un acontecimiento trascendental, la conversión de la Monarquía y del Reino visigodo al Cristianismo católico – proclamada en el III Concilio de Toledo, en el año 589 – cuando tenga lugar el giro definitivo. Ciertamente, la asunción de las doctrinas de la nueva Religión por Recaredo y su Reino, conllevaban reconocer claramente que todo ser humano es Persona, y como tal se halla investido de personalidad y derechos. Se entroncaba así con la línea del Pensamiento cristiano, asumiendo pública y oficialmente sus dictados. Aquél se había mantenido inveterado desde el principio en sus postulados del personalismo y así, ya en la que se considera como la fuente normativa eclesiástica más antigua de que disponemos, en la Didajé, se condenaba el aborto explícitamente, reconociendo con ello personalidad no ya solo al nacido, sino también al nasciturus.
Esta línea de pensamiento, como era de esperar, tendría su reflejo en la Legislación de los visigodos que, en consonancia con el grado de organización social que alcanzaban, ya se recogía por escrito. Así, en el último de sus textos legales fundamentales, el Liber iudiciorum – redactado y promulgado en el Siglo VII - se sanciona una normativa sobre el aborto en un título específico, cuyos preceptos establecen distintas condenas para aquél, atendiendo a los supuestos y circunstancias en que tiene lugar.
Sin embargo, la primitiva norma consuetudinaria germánica sobre la adquisición de la personalidad, no va a perder toda su virtualidad: en este mismo cuerpo legal va a encontrar su reflejo, pero viendo transformado su sentido. Así, en el ámbito concreto de las sucesiones, queda establecido que se requieren el transcurso de diez días desde el nacimiento con vida, y el bautismo del recién alumbrado, para que el menor pueda heredar a sus padres. Con este nuevo espíritu será con el que lo vayan asumiendo los textos legales de los distintos reinos y territorios de la España medieval y moderna, para llegar a la Centuria decimonónica, el tiempo de la Codificación. 2) Significado de los artículos 29 y 30 del Código civil.-
A) El artículo 29.-
En su exégesis general del precepto, la Doctrina ha sido y es prácticamente unánime, entendiendo que se trataba de la aceptación y asunción del mismo sistema romanista creado para regular la situación de los póstumos - y en general de los concebidos y no nacidos - respecto de las posibles sucesiones, donaciones u otros negocios y efectos jurídicos de los que se pudieran ver beneficiados.
El problema se plantea, sin embargo, en interpretación de la primera parte del artículo. Con ella es con la que se introduce de alguna manera la confusión en nuestra norma, y con ella es con la que a su vez se puede llegar a conclusiones gravemente equivocadas en cuanto a la noción y dignidad de la Persona. Al señalar que es el nacimiento el que determina la personalidad, se producen diversos efectos entrelazados que pueden inducir al error :
En la fórmula se confunden los términos capacidad y personalidad, y la redacción del precepto puede llevar a pensar que se establece un concepto de Persona que excluye al ser no nato, y aún al que, alumbrado, no ha alcanzado las veinticuatro horas de vida extrauterina independiente.
Igualmente, parece reforzar esta interpretación su remisión a la norma siguiente – art. 30 del Código - que exige una serie de requisitos legales para que se reconozca personalidad – cualidad inherente a toda Persona - al ser humano aún por nacer, o recién nacido.
Presente todo lo anterior, que no es baladí, un ser humano en cualquiera de estos dos estadios podría ser objeto de manipulación e investigación ya que, al carecer de personalidad, por ende, jurídicamente estaría aún carente del status de Persona, y no existe obligación jurídica de protección como tal hacia él. Por lo que se refiere a lo acuciante a la segunda cuestión – los requisitos del nacimiento -, concretamente para cuando entremos en la interpretación del art. 30 del Código civil, lo dejamos para más adelante, y nos centraremos ahora en el primer aspecto, la confusión de las dos nociones, y enlazado con ello el plazo de veinticuatro horas. a) Personalidad y capacidad jurídica.-
+ En la norma.- Son estos dos términos, personalidad y capacidad, ciertamente, dos conceptos que se nos presentan confusos: aunque no idénticos, en el tenor literal de nuestra Legislación aparecen íntimamente ligados, planteándose difícil la distinción entre ambos.
No obstante, cabe anotar aquí que la distinción entre aquellas categorías, en el ámbito del Derecho civil, estaba anteriormente esclarecida de alguna manera, por cuanto un precepto posterior del mismo Código, el artículo 32, establecía:
"La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas." Con ello, por una parte se hacía referencia al contexto en que se hallaban ambos artículos, esto es, a la personalidad jurídico-civil. Se especificaba así de alguna manera que la personalidad en sí era una categoría más amplia que el propio Código, para la regulación de un ámbito más reducido y concreto de aquella, delimitaba. A estos efectos es por lo que utilizaba la concreta designación de “personalidad civil”.
Podemos deducir con ello, que no se trataba de la personalidad entendida como cualidad inherente a toda persona - y mas allá por tanto de su dimensión jurídica -; ni siquiera se entendía referido a la personalidad jurídica en general, sino que se hacía concreta alusión a la que quedaba dibujada y conformada dentro de unos moldes más reducidos, los del ámbito jurídico-civil. Este texto del artículo 32, tan fundamental por esclarecedor, se vio suprimido por la reforma del Código civil de 24 de Octubre de 1983, con lo que se empañó de alguna forma la correcta interpretación, al no quedar claramente en el texto cuál era la personalidad a la que se estaba haciendo alusión. No obstante, la citada derogación de aquél precepto no se proponía en absoluto una modificación del sentido y la inteligencia del texto del art. 29 del Código civil.
+ En la Doctrina.-
Junto a la confusión que ofrece la dicción de la norma, en el terreno de la Doctrina la confusión aún es mayor, y a ella ha contribuido también esta identificación plasmada en el texto legal.
Por una parte, se encuentran aquellos autores que han identificado la personalidad con la capacidad jurídica, que se define como la aptitud de la persona para ser titular de relaciones jurídicas (derechos y obligaciones). Esta dirección ha ido engrosando sus adeptos y así, no es extraño encontrar plasmada esta identificación en un buen número de obras de la Doctrina jurídica:
“Este artículo contiene dos partes: la primera consigna el principio fundamental de que el nacimiento determina la personalidad, o sea, que desde este momento existe la capacidad jurídica.”.
Pero aún más, otro nutrido grupo de autores, comoquiera que aceptan que personalidad equivale a capacidad jurídica, ignoran la categoría intermedia – personalidad – y directamente definen a la Persona como aquél que posee esta última, es decir, que Persona, según ellos, es todo aquél capaz de derechos y obligaciones. Sirvan como ejemplo de esta línea interpretativa las siguientes palabras de un destacado miembro de la Doctrina jurídica italiana: ““La personalità giuridica, ovvero la capacità giuridica, viene definita comunemente come l’attitudine ad essere titolare di diritti ed obblighi giuridici.” .
Como consecuencia a la que se llega, es que, a tenor de lo plasmado en nuestro Código civil, se es Persona por el nacimiento natural, si bien el reconocimiento de la personalidad (capacidad jurídica) por parte del Derecho, no tiene lugar hasta que transcurren las veinticuatro horas, momento en el que el ser alumbrado comienza a ser titular de derechos y obligaciones.
b) Premisas y fundamentos para una correcta interpretación.-
Para conocer el auténtico status de la Persona en el ámbito jurídico en general, y específicamente en el civil, se hace preciso dejar sentado el significado correcto de una serie de expresiones, si queremos evitar caer en conclusiones erróneas. Igualmente, al hilo de la exposición, se deben ir realizando una importante serie de matizaciones, imprescindibles para la correcta interpretación de la norma.
Como premisa fundamental, hay que tener presente que la que nace cuando se dan las condiciones requeridas en los arts. 29 y 30 del Código es la personalidad jurídico-civil. Pero con ello no se está aludiendo a la personalidad jurídica en su acepción más amplia, ni a la capacidad jurídica, que constituye otra categoría.. Esta afirmación se asienta sobre los siguientes argumentos:
- En primer lugar, y desde prisma jurídico-positivo, la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York el 20 de Noviembre de 1987, ha venido a modificar la situación en el Ordenamiento Jurídico español. Así, dicha Convención establece en su art. 7 que el niño "será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos."
Como recuerda el Profesor ALBALADEJO, los Tratados internacionales y las normas jurídicas en ellos insertas constituyen Derecho de España, si ella los ratifica, en cuanto hayan sido publicadas en el B.O.E., circunstancia que respecto de la Convención de Nueva York quedaba ya claramente confirmada.
Además, y en ello coincidimos plenamente con el citado Profesor, hay que tener en cuenta que la expresión inmediatamente del art. 7 de la Convención, en una interpretación correcta no admite dilaciones, y no es lógico entender aquí que se deba considerar la espera de veinticuatro horas como un espacio de tiempo inmediato. No es este, claramente, el espíritu de una norma, que trata de proteger al ser humano desde el principio. Si en dicha Convención no se establecen plazos previos para considerar al niño como nacido, y los plazos legales de las distintas naciones han de acomodarse a las disposiciones de aquella, no deben permitirse que la contravengan estas veinticuatro horas de espera que, evidentemente, no caben en un concepto de inmediatez.
Prosigue afirmando ALBALADEJO que "sin la cortapisa de ser necesario el transcurso de veinticuatro horas, el ser humano tiene todos esos derechos (suyos) fundamentales y es inscribible en el Registro, porque serlo es uno de ellos o necesaria repercusión de los mismos." Pero aún más: continúa aseverando el autor que esta circunstancia queda enraizada, no ya sólo en la Convención de Nueva York ratificada por España y anteriormente citada, sino en nuestro mismo Derecho civil histórico. Ciertamente, tras un encomiable estudio de nuestras más recientes fuentes histórico-jurídicas en las que bebe la actual regulación sobre la materia, se deduce, siguiendo el acertado parecer del Profesor, cómo la Legislación registral concordante con la Ley de Matrimonio civil de 1870 aceptaba la inscripción de los nacidos, aún cuando no vivieran las veinticuatro horas, reputándose como seres humanos nacidos.
Esta normativa histórica que data, como hemos dicho, de 1870, se vería posteriormente modificada por una Real Orden de 30 de Enero de 1871 si bien, en su aplicación la Doctrina de la Dirección General de Registros al respecto ha seguido manteniendo la inscribibilidad de los nacidos y fallecidos antes de las veinticuatro horas.
La misma línea jurídico-doctrinal ha seguido en vigor hasta la Ley de Registro civil de 1959 que, según ALBALADEJO, sólo interpretada en sentido muy rigurosamente literal admite una negativa a su inscripción y consideración como personas para el Derecho. Pero en su espíritu, permanece la anterior dirección, que vuelve a tomar vigencia con la ratificación por España de la Convención de Nueva York. - En segundo lugar, no puede olvidarse que el Código de 1889 asume plenamente la normativa establecida en la materia - duplicando las horas - en el Proyecto de 1851 elaborado por D. FLORENCIO GARCIA GOYENA. Este Proyecto, aún cuando no llegó a ser sancionado y promulgado como Ley, y por tanto no alcanzó a tener vigencia, contiene los principios informadores y la gran mayoría de las disposiciones y artículos que pasarían a engrosar el Código civil de 1889, primer cuerpo de la Codificación jurídico civil que se sancionaría en nuestra Patria.
En el mismo Proyecto, como recoge nítidamente GARCIA GOYENA al comentar el art. 107, exige el plazo de tiempo con fines de adjudicación o no al recién nacido de un patrimonio por vía sucesoria. Al parecer, transcurrido aquél plazo, entendió el Legislador que se podía considerar que tendría una vida "normal", y por tanto los bienes y efectos legales favorables eran asumibles para él. Se evitaba con todo ello que en caso contrario, es decir, que no sobreviviera las veinticuatro horas, por tener un instante sólo de vida, pasaran a través suya y por efecto del orden de sucesiones, a otro tronco de la familia distinto del que provenían.
- Un último argumento hunde su raíz en la sistemática del Código que, desde su primera elaboración, y en las redacciones anteriores a la definitiva, ha situado al concebido y no nacido en el Libro de las personas. No obstante aparecer en otros libros y secciones, es aquí donde se le ubica para, de alguna forma, reconocer su status en general, lo cual, aún cuando en el ámbito civil no constituye un argumento absoluto e incuestionable, coopera a reforzar las precedentes afirmaciones y argumentos. Igualmente, a contrario senso, los artículos 29 y 30 se encuentran en el Título II de dicho Libro, dedicado al nacimiento y extinción de la personalidad civil. Con ello se concreta que no nos referimos a la personalidad jurídica, que se nos ofrece así, de alguna manera, como un concepto más amplio. Presente todo lo anterior, queda meridianamente claro como el plazo instaurado en el Código civil, se establece a efectos sucesorios, al igual que ha venido ocurriendo en la mayoría de los textos antiguos que a lo largo de este trabajo hemos ido estudiando.
No obstante todo lo anterior, al referirse el Código “a los efectos legales”, se amplía el contenido del término, y la Doctrina en general parece haber asumido que sirve para el reconocimiento de la capacidad jurídica en general: es aquí donde creemos necesario expresar nuestra disconformidad para con esta interpretación que, aunque generalizada, entendemos que constituye un error.
Ya vimos en su momento cómo este precepto deriva del mismo Derecho de los visigodos, en el cuál, las que inicialmente habían sido exigencias de la personalidad se transformaron en exigencias de capacidad concreta para suceder. Esta nueva concepción se encuentra en perfecta sintonía con la Conciencia social y el Derecho de aquél pueblo, que llegó a reconocer y otorgar la personalidad a todo ser humano, no ya sólo al que había nacido, sino también al que se encontraba en el seno materno, como demuestra la protección concedida al nasciturus mediante las correspondientes sanciones – ciertamente severas – hacia quien se revelase culpable de un aborto.
Esta construcción va ser la que en esencia perdure a lo largo de los siglos en el trasfondo de nuestro Derecho en lo que se refiere al concepto, dignidad y capacidad y personalidad del ser humano. Así va a llegar esta hasta el que constituye el precedente más próximo del actual art. 30 del Código civil, precedente que se encuentra en el texto del proyecto de Código civil de 1851. El artículo 107 del mismo tenía la siguiente redacción:
“Para los efectos legales, solo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, nace con figura humana y vive cuarenta y ocho horas naturales.”
Con este texto delante, podemos constatar cómo nos hallamos si duda ante un precedente próximo de la fórmula actual, que se encuentra ubicada en el artículo 30. Pero además de conceder redacción al precepto, en el trabajo de GARCIA GOYENA encontramos comentada la causa, el motivo de la dicción de aquellos. Este, como es lógico, en los casos en que el tenor literal de un artículo no posee total nitidez, deviene en elemento de gran relevancia para el conocimiento y una correcta interpretación del mismo.
De las anotaciones y comentarios relativos al artículo 30 que nos hallamos estudiando - art. 107 del Proyecto de 1851, como hemos visto - extraemos a continuación la anotación siguiente, que se nos antoja fundamental para nuestro fin interpretativo:
“Para los efectos legales: sobre herencias: en este sentido han hablado todos los Códigos antiguos y modernos.”
En concordancia con ello, en una nota previa, el propio GARCIA GOYENA hizo una breve glosa de las causas que alimentaban el establecimiento de un plazo para que se considerase nacido al ser humano. Se trataba de una prueba de viabilidad de aquél, con la que se quería evitar que la línea sucesoria o de herencias pendiera de un solo instante de vida del recién alumbrado. Para ello, se fijaba el transcurso de tiempo, a la vez que se suprimía el requisito del bautismo, presente en Códigos y Fueros antiguos, ya que se trataba de un elemento extraño a las leyes físicas y a los efectos civiles.
Seguidamente, hacía alusión el mismo autor en sus comentarios y anotaciones al condicionante necesario de la figura humana, trayendo a colación la Legislación histórica sobre la que se asentaba. Esta venían a constituirla tres disposiciones del Derecho romano, y otras dos del denominado Derecho de la Recepción o común, que, como es sabido, era tributario del anterior. Como nota común a ambas normativas hay que destacar que las dos insertaban esta exigencia en el orden del Derecho sucesorio. Con ello presente, junto a lo que se expone acerca de la viabilidad, queda suficientemente claro que los requisitos contemplados en el art. 30 del Código civil, a tenor de las causas que motivaron su inserción, se circunscriben a los efectos de reconocer al recién alumbrado capacidad para heredar. II) LA NOCION DE PERSONA EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL DE 1978, Y LA DIGNIDAD PERSONAL DEL NASCITURUS.-
En Diciembre de 1978 quedaba sancionada y promulgada la que es hoy norma fundamental del Estado español. En ella se recogen los principios básicos de nuestro actual Ordenamiento y, consecuentemente, se reconocen y establecen los derechos fundamentales de los españoles y de los demás miembros de la Comunidad.
Es en este ámbito de los Derechos fundamentales donde, lógicamente, se hace alusión de forma expresa y con gran profusión al sujeto que los ostenta, a la Persona, para ir desgranando el conjunto de los atributos esenciales que constituyen su status jurídico. Así, como muestra, el art.10, pórtico del Título Primero - que contiene estos Derechos fundamentales - proclama:
"1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y la paz social.”
Para responder a la cuestión esencial de qué se entiende por "Persona" en el texto constitucional, acudiremos a la dignidad a que se alude y que se le reconoce en la misma. En ella misma, en la Constitución, esa dignidad, desde su formulación en abstracto, pasa a verse traducida en una serie de específicos atributos que, como manifestaciones expresas de aquella dignidad, reciben protección jurídica a través de su reconocimiento como derechos, así como de las garantías que el texto les confiere. Por lo que se refiere a la formulación de estos atributos, vienen siempre referidos al sujeto que los posee, denominándolo de diversas maneras. Así, por ejemplo, la Constitución emplea en su tenor literal una pluralidad de términos: mientras en el art. 17, referente a la libertad y la seguridad emplea el término "persona" en el 16 que se garantiza la libertad religiosa utiliza el término "individuos y comunidades". La cuestión no se reduce a un simple estilismo en la redacción sino que cala más hondo y tiene raíces de mayor trascendencia. Y esto se nos revela en el artículo 15, el que más nos interesa ahora, que entronca directamente con el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Así, el mismo, para reconocer estos comienza afirmando textualmente que "Todos tienen derecho…”
La expresión “todos” en ese precepto proviene de una enmienda parlamentaria presentada en el proceso constituyente. Su propuesta y defensa verbal en las Cortes españolas tuvo lugar precisamente para distinguir el concepto de Persona al que se quería atribuir el derecho a la vida y a la integridad física y moral, del concepto de Persona que pudiera derivarse del texto del Código civil. En dicha enmienda se deja patente que el derecho a la vida corresponde no sólo a los que hubieran nacido, sino también a los seres humanos que se hallaren en el seno materno, y aún no se hubieran alumbrado. Así lo atestigua claramente el argumento sobre el que se defendió esta interesante enmienda que se impuso en la conciencia del Legislador y se vio reflejada en el texto constitucional:
“(…) la enmienda “in voce” propende básicamente (…) a que la palabra “persona” sea reemplazada por la expresión “todos”. Y la razón es que el Código Civil atribuye la personalidad solamente al nacimiento. El nacimiento determina la personalidad, pero, por otra parte, el mismo artículo 29 del Código Civil dice, con arreglo al viejo principio romano “Nasciturus pro jam nato habetur”: que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Evidentemente, no hay ningún efecto que le pueda ser más favorable que la vida misma.” Presente lo anterior, y la circunstancia de haberse admitido su inserción en el texto, no nos queda duda del sentido último del artículo 10 de la Constitución, en el que el término “todos” se emplea para evitar su posible con el de “Persona” en el sentido que se pudiera derivar del Código civil, según el cuál sólo es persona el ya nacido o, en una interpretación aún más restrictiva del texto, el que hubiera sobrevivido veinticuatro horas al parto. III) LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-
Junto al contenido propio de la Constitución en la materia, que para ser entendido correctamente debe analizarse sin ignorar los elementos que hemos visto, también hay que resaltar que el segundo párrafo del art. 10 de aquella misma, nos obliga a acudir a otro trascendental texto para desentrañar e interpretar su propio sentido: “2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España."
Este segundo párrafo del texto nos conduce directamente al siguiente precepto:
El Legislador se sirve así de una fórmula singular para expresar su contenido: con el propósito de afirmar que el ser humano es Persona, ordena que en todas partes al ser humano le sea reconocida su personalidad jurídica.
Por otra parte, el mencionado artículo no es un enunciado literario de carácter simbólico y vacío, concebido únicamente como una declaración de intenciones sin ámbito concreto de aplicación. Si así fuera, la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas poseería entonces, en referencia a esta trascendental cuestión, un carácter meramente formal. Ciertamente, respecto de nuestras normas, aquél precepto constituye el criterio informador, el que ha de servir para orientarle y conferirle sentido y significado al reconocimiento de los Derechos fundamentales en España. Por tanto, cuando en el primer párrafo del art. 10 de la Constitución se hace alusión expresa a la especial dignidad que tiene la Persona, debe tenerse en cuenta que la misma halla su fundamento en su naturaleza racional, y debe extenderse así a todo ser humano sin excepción.
IV ) CONSTRUCCION INTERPRETATIVA QUE SE PROPONE.-
Presente todo lo estudiado hasta aquí, trataremos ahora de exponer cual es nuestro prisma particular respecto de las cruciales categorías que venimos estudiando, especificaremos su significado concreto, y determinaremos cuál es su ámbito en nuestro Ordenamiento. Será así como podamos conocer su posible relación con la aplicación de la Biotecnología al ser humano, y emitir juicios de valor.
1) Persona y personalidad.-
Para comenzar, señalaremos el objeto de estudio que vamos a estructurar, y para ello acudimos nuevamente al citado art. 10 de la Constitución, en el cuál podemos distinguir que se hallan imbricados tres conceptos: Persona, personalidad y personalidad jurídica. Por otra parte, y especialmente en otro cuerpo legal, el Código civil, nos encontramos también otro que se halla en estrecha conexión con los anteriores, y al que venimos haciendo alusión desde el comienzo, por la confusión que anida en su relación con ellos: la capacidad jurídica. Se trata de nociones trascendentales que es preciso diferenciar y manejar correctamente
Partiendo del texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la personalidad queda diferenciada de la Persona, ya que se entiende que aquella es una cualidad inherente a la segunda, y que el Derecho tan sólo se limitará - y según el precepto debe hacerlo - a reconocer a todo ser humano. Esta construcción, tan esencial por otra parte, quedaba ya perfectamente condensada en nuestra Doctrina en las siguientes palabras de CASTAN: “ Se es persona. Se tiene personalidad.”
Siguiendo con el contenido de dicho precepto, la dignidad es inherente a todo ser humano, e igualmente, y por ello, la personalidad debe igualmente serle reconocida - que no concedida - por la norma. Con esta estructura y argumento queda claro, como afirma FLORENSA, que el precepto posee indudables raíces en la tradición cristiana, la cual se asienta en la materia en la concepción que definitivamente quedara formulada por SANTO TOMAS DE AQUINO.
En efecto, correspondió al Doctor Común haber puesto de relieve esta idea - originaria de BOECIO - desarrollándola plenamente. Así, en base a ella se le otorgaba la cualidad de "Persona" al ser humano en base a su naturaleza racional, justificando plenamente el reconocimiento de esta dignidad. Por otra parte, es importante recordar cómo dicha atribución la lleva a cabo el Aquinate en el Título de la Suma Teológica en que trata de las Personas Divinas. Allí señala cómo la noción de "Persona" se corresponde con la mayor de las excelencias, y por tanto, y comoquiera que el Hombre, por su naturaleza racional, es la criatura más perfecta de la Creación corpórea, le corresponde a todo miembro del raza humana verse elevado a la mayor dignidad, y ser reconocido como tal. Desde entonces, y hasta hoy, el ser humano se ha visto ensalzado con su identificación con esta categoría de "Persona". Con ello, podemos afirmar que la doctrina del Doctor Angélico es la que se ha recogido en el texto fundamental de nuestro tiempo que, a nivel supranacional, establece las bases de la convivencia de los hombres, resaltando su especial consideración.
Ciertamente, como recogía BUSTOS PUECHE, “el Derecho no tiene nada que decir en punto al concepto de persona que es metajurídico: filosófico, teológico, sociológico, pero en ningún caso jurídico. El Derecho se encuentra con la realidad persona, de existencia previa y anterior al Derecho.” En la misma línea se pronunciaba la autorizada voz de D. FEDERICO DE CASTRO, tras un breve pero luminoso análisis de las tesis de SANTO TOMAS en la materia: “Admitido que el Derecho no es quien crea – que no e su cometido ni tiene posibilidad para ello - a la persona, surge la pregunta qué sea la persona (…) la palabra persona alude especialmente, de entre las distintas cualidades del hombre, a su dignidad de ser racional y, por tanto, a la especial consideración y respeto que – como a tal –impone el Derecho natural en su beneficio y a costa de su responsabilidad.”
En consonancia con ello, el mismo Profesor continuaba afirmando más adelante que “el camino aconsejable para definir la persona parece ser partir del concepto de la persona humana y destacar su significado general en el Derecho, o sea, del reconocimiento de la situación jurídica que corresponde al hombre, a todo hombre, por su condición de ser racional, creado a imagen y semejanza del Creador.”
Hacía así alusión el insigne civilista a la personalidad jurídica, a la indiscutible relevancia jurídica, que posee el ser humano. Con ello presente, y con el texto de las Naciones Unidas anteriormente expuesto, podemos afirmar claramente y sin miedo al error que la personalidad no es un atributo o una concesión del Ordenamiento Jurídico hacia la Persona: se trata, en una correcta interpretación, de una cualidad inherente al Hombre, y por tanto es de obligado reconocimiento por las leyes, que no tienen así respaldo ni legitimación para suprimirla, mermarla o seccionarla. 2) Personalidad jurídica y capacidad jurídica.-
Sentado lo anterior, resulta necesario ahora hacer hincapié en una cuestión esencial: esta personalidad, entendida como cualidad inherente a todo ser humano, es más amplia que la que posee en el concreto ámbito jurídico a la que hemos hecho mención. Es decir, personalidad no equivale sólo a personalidad jurídica. Esta es una dimensión de aquella, que posee un significado y contenido más amplio, de manera que la segunda no la agota.. ¿Cómo expresar con nitidez conceptual la diferencia y, al tiempo, la relación que se da entre ambas categorías?
Desde un punto de vista legal, podemos acudir al mismo art. 10 de la Constitución, cuando en él se establece que el libre desarrollo de la personalidad constituye uno de los fundamentos del orden político y la paz social. En consonancia con la interpretación de DIEZ PICAZO y GULLON lo que se reconoce en el texto es la libertad y capacidad de la persona para realizarse en el más amplio sentido de la palabra. Pero siendo todo lo anterior cierto, no lo es menos que tal aptitud o capacidad de realización, tiene una traducción en el concreto ámbito jurídico: el concepto de personalidad jurídica.. Se dan, por tanto, en el ser humano una personalidad, y una personalidad jurídica. Pueden servirnos para definir y diferenciar a la segunda, las siguientes palabras de BUSTOS PUECHE: “Personalidad jurídica es una cualidad que reconoce el Derecho y que consiste en la entronización formal y solemne de la persona en el mundo de lo jurídico. En un momento determinado de la vida de la persona – prius respecto del Derecho – el ordenamiento jurídico decide recibirla formalmente en la comunidad jurídica: a partir de ese momento es importante para el Derecho, puede recibir los efectos del ordenamiento, puede recibir otras cualidades jurídicas.” La personalidad jurídica es algo así como la relevancia de la Persona en el concreto ámbito del Derecho. Este ámbito es sin duda más estricto que el de la personalidad en general, ya que la persona puede ver reconocida su relevancia en otros terrenos de la vida: el físico, el metafísico, etc. Una vez que su relevancia es reconocida en el Derecho, este, a su vez, comienza a tener incidencia sobre aquella, y así le puede afectar. Pero aún podemos descender más en este interesante y trascendente recorrido por las categorías y conceptos en estudio, entrando ahora a analizar la noción de capacidad jurídica. Esta viene definida de manera unánime como la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Aquí no se plantean dudas en la Doctrina. Pero la dificultad se encuentra en su relación para con la personalidad jurídica. Para tratar de determinarla, acudiremos a la acertada doctrina de FLORENSA, quien define a la personalidad jurídica como un prius respecto de la capacidad jurídica. Discrepando con tantos otros, no identificamos personalidad con capacidad, si bien la primera supone, por la misma letra de la Declaración de los Derechos Humanos, el automático reconocimiento de la segunda. En este sentido, por su claridad y concreción, pueden servirnos los siguientes términos de GARCIA AMIGO:
"(...) nadie pondrá en duda que el derecho a la vida y a la integridad física es un efecto civil, reconocido y protegido como derecho de la personalidad; dicho derecho viene reconocido por la Constitución a todos de manera incondicional y como derecho inherente a todo ser humano; por supuesto también a los que vivieron menos de veinticuatro horas, independientemente de la causa por la que murieron dentro de ese plazo."
He aquí donde creemos necesario establecer la puntualización clave: si aún antes de las veinticuatro horas el neonato ya es titular de unos derechos - como el mismo GARCIA AMIGO asevera - es lógico que ha de tener capacidad para ser titular de los mismos. La explicación la halla el autor en que el Código civil, en sus artículos 29 y 30, se está refiriendo a la capacidad jurídica y no a la personalidad. Es decir, que no se otorga capacidad a las veinticuatro horas, sino que capacidad jurídica tiene desde el mismo momento en que es Persona. Distinto es que a posteriori – o de forma automática y por el mismo hecho en sí - se le reconozca una capacidad jurídica a efectos de lo regulado en el Código civil, o en otros órdenes jurídicos. Pero denominar a ésta como "capacidad jurídica" o "capacidad a efectos legales", como hace el Código constituye un error de gravedad, ya que puede inducir a pensar que el nacimiento del ser humano para el Derecho se considere que tiene lugar transcurrido un plazo. Contrariamente a ello, hay que recordar que los derechos fundamentales se tienen desde el momento en que se es Persona.
Por tanto, y sólo así, se pueden entender cumplidos los designios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cuál todo ser humano debe tener reconocida su personalidad jurídica puesto que ya en aquél momento es Persona. Con ello, se encuentra dotado de reconocimiento por el Derecho como ser relevante para él, lo que constituye el presupuesto, y a la vez la ineludible obligación, de la capacidad para ser titular de unos derechos.
V) PARTICULAR STATUS JURIDICO DEL NASCITURUS. APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGIA AL SER HUMANO NONATO.-
1) Consideración jurídica del concebido y no nacido.-
Hasta aquí hemos trazado los contornos del concepto de Persona y de aquellos otros que, estrechamente relacionadas con él, se hallaban en la Constitución española de 1978 y en la Legislación civil a la entrada en vigor de aquella.
Al igual que la primera, el Código civil no ha visto modificada su redacción en la materia desde la promulgación de aquella. No obstante lo anterior, es preciso destacar que la fisonomía del concepto de Persona en nuestro Derecho se ha visto sustancialmente modificado. Su nueva configuración trae causa de una serie de leyes y normas que han sido sancionadas con posterioridad a la Constitución. Así, vino a incidir en la noción, en primer lugar, una polémica normativa, la cual trataba de satisfacer viejas aspiraciones que reclamaban ciertos colectivos sociales. Se trata de la Ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que vio la luz por primera vez en España en 1983.
Junto a la anterior, y con posterioridad, otros textos legales afectaron profundamente al concepto y status de la Persona en nuestro Ordenamiento Jurídico. Los mismos enraízan en las nuevas técnicas y los avances de la Ciencia, que han despertado un gran interés por su posibles aplicación al ser humano, tanto por sus efectos terapéuticos, como en el terreno de la propia investigación. Como es lógico, esta nueva situación requería de una normativa que llenase el vacío legal existente en la materia hasta entonces. A ello se encaminó la Legislación de Reproducción Asistida de 1988, completada por textos subsiguientes, y recientemente modificada en 2003, y que nuevamente se ha visto revisada en 2006.
Tanto la Legislación de la interrupción voluntaria del embarazo, como la de Reproducción Asistida a la que acabamos de aludir, y las posteriores acerca de la genética humana, hacen repercutir sus efectos en el ámbito de los Derechos fundamentales, en el Orden jurídico penal y en el civil. Es por ello que no son aplicables al ser humano ya nacido por cuanto quedan cercenados unos Derechos. Pero qué ocurre con el nasciturus? ¿Qué status jurídico posee en nuestro Derecho?
Ya indagamos en su momento el origen y significado de la fórmula que emplea la Constitución de 1978 - “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral” – concluyendo que se había asumido tal dicción literal para evitar que quedasen fuera del ámbito de aplicación del precepto aquellos que según el Código civil no eran considerados “Persona”, esto es, los no nacidos y los que aún nacidos o hubieran vivido las veinticuatro horas después el parto. El nasciturus se encuentra así, en la inteligencia de este trascendental precepto de la Constitución, dotado de un derecho: el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Pero, para ostentar ese derecho, ha de ser capaz, es decir, debe tener capacidad para ello, capacidad jurídica. Esta cualidad deviene forzosamente de su personalidad jurídica. Está ya vimos que consiste en la entronización, la incidencia del sujeto en el Ordenamiento que de alguna manera le otorga su reconocimiento, sea mayor o menor. Si el mismo Ordenamiento positivo le reconoce un derecho, es que ya es un sujeto con personalidad jurídica y, consecuentemente, puede ser titular de derechos y obligaciones. Por tanto, no se requiere que haya nacido siquiera, ni que transcurran las veinticuatro horas. Estas condiciones, en todo caso podrán entenderse establecidas a efectos de reconocerle derechos y obligaciones jurídico-civiles y más concretamente en el ámbito sucesorio, como vimos en su momento. Pero no a efectos de derechos fundamentales. La causa es bien sencilla: estos se incluyen entre los denominados bienes de la personalidad que, garantizados por la norma, y por su misma naturaleza esencial, han sido elevados por el Legislador al rango de fundamentales. Como tales derechos fundamentales que son, en consecuencia, requieren de una capacidad jurídica en el sujeto para que pueda ostentarlos y ser titular de los mismos
No faltan quienes, ignorando esta interpretación, entienden que no está claro que la Constitución otorgue el derecho a la vida a alguien que aún no ha nacido. No obstante, para comprobar su asunción como valores de nuestro Ordenamiento Jurídico, basta acudir al Código penal y su Legislación complementaria, en donde se protege la vida del nasciturus por medio del castigo del aborto e, igualmente, se castigan con sanciones penales la agresiones a su integridad física.
De lo anterior se deduce que si bien no se le quieren reconocer al nasciturus como tales derechos, por considerar que no es titular al faltarle capacidad jurídica en su acepción del Código civil, no obstante, lo que es indudable es que su protección implica que posee relevancia para el Derecho, ya que éste, formalmente, le concede dicha protección mediante la clara y específica Legislación penal de la materia. Con ello, al poseer esa relevancia, ese reconocimiento en el Derecho, estamos aceptando que posee esa personalidad jurídica que sólo se puede aplicar a las personas, pero se aplica a todas las personas.
Este argumento viene a confirmarse si tenemos en cuenta una cuestión de sistematización: las agresiones hacia la vida e integridad física del nasciturus se contemplan en el Título del Código penal que trata de los delitos contra las personas.
Luego, como conclusión fundamental y primera en cuanto a su status jurídico, el nasciturus es Persona. 2) Aplicación de la Biotecnología al nasciturus.-.En segundo lugar, una vez que hemos trazado el concreto status jurídico al nasciturus se nos plantea la central cuestión de si es acorde con los Principios y el espíritu que inspira nuestro Ordenamiento Jurídico la aplicación de las nuevas tecnologías de la Genética a este singular sujeto. En buena lógica, la respuesta se deriva de lo anteriormente expuesto: en tanto en cuanto las técnicas supongan de alguna manera un ataque a los derechos de la personalidad jurídica - que ya hemos visto claramente cómo la tiene reconocida por el propio Ordenamiento - no es legítimo aplicárselas. Así, todas aquellas que supongan una trasgresión a su derecho a la vida, a la integridad física, a la imagen, o a la intimidad, carecen de respaldo para ser utilizadas en el nasciturus. Si éste es Persona, evidentemente, no es lícito aplicarle técnicas de investigación ni de manipulación. Pero, la interrogante va más allá, puesto que la Legislación de Reproducción asistida y sus normas posteriores que la desarrollan establecen una línea, a partir de la cuál se considera Persona al nasciturus – aún en fase embrionaria – línea que, como es sabido, se sitúa en los catorce días a contar desde la concepción. Previamente, sin embargo, el Derecho afirma que aún no hay una Persona. Se basan para ello en estudios realizados alrededor del proceso biofísico que comienza a formar el ser en esa fase primaria. Evidentemente, esta materia excede de lo que constituye un estudio jurídico, cual es el nuestro. No obstante, creemos oportuno realizar unas advertencias fundamentales, unas premisas esenciales a tomar en el punto de partida, para un correcto planteamiento de la cuestión, y al tiempo sirven en el presente trabajo como de CONCLUSIONES FINALES.- PRIMERA: QUEDA SUFICIENTEMENTE CLARO COMO NO ES POSIBLE JUSTIFICAR NI RESPALDAR LA APLICACIÓN DE LA BIOTECNOLOGIA AL NASCITURUS – SEA CUAL FUERA LA FASE EN QUE SE HALLARA – SUSTENTANDOLA SOBRE LOS ARTICULOS 29 Y 30 DEL CODIGO CIVIL ESPAÑOL. SEGUNDA: COMO HEMOS ASEVERADO, NO CORRESPONDE AL DERECHO CREAR EL CONCEPTO DE PERSONA. ESTA NO ES UN SER FISICO EXCLUSIVAMENTE, SINO QUE POR SU CONSTITUCION, PARA ESTABLECER UNA NOCION DE LA MISMA SE REQUIERE DE LAS APORTACIONES DE LA BIOLOGIA, LA METAFISICA, LA TEOLOGIA Y LA FILOSOFIA.
EN CUANTO A LA COMPETENCIA DEL DERECHO CIVIL - RECONOCIMIENTO DE SU PERSONALIDAD Y CAPACIDAD CIVILES - HAY QUE AÑADIR QUE DEBE RESPETAR EL MARCO JURIDICO EN QUE SE INSCRIBE Y LAS NORMAS SUPERIORES (COMO LA CONSTITUCION O LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS) Y SU SENTIDO VERDADERO, CONSIDERANDO INTEGRADO EN LA CATEGORIA DE PERSONA A TODO SER HUMANO. ESTE, COMO EXPUSIERA SANTO TOMAS, ES UN COMPUESTO DE CUERPO Y ALMA, ELEMENTOS ESTOS QUE, INDISOLUBLEMENTE UNIDOS, NO SE PUEDEN DISOCIAR, POR LO QUE NO ES POSIBLE CREAR A TRAVES DEL DERECHO UNA CATEGORIA JURIDICA QUE IGNORA ESTA UNION.
TERCERA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA, RECONOCIDA A TODO SER HUMANO, NO DEVIENE DEL DERECHO, SINO QUE, COMO LUCIDAMENTE AFIRMARA TAMBIEN SANTO TOMAS, RADICA EN SU MISMA NATURALEZA RACIONAL. ESTA RACIONALIDAD LA POSEE EL SER EN SU ESENCIA, DESDE EL PRINCIPIO DE SU EXISTENCIA, AUN CUANDO SE ENCUENTRE EN LAS PRIMERAS Y PRIMIGENIAS FASES EMBRIONARIAS DE SU DESARROLLO. LA ESENCIA – LA NATURALEZA - NO PRECISA DE UN PLAZO NI DE REQUISITOS LEGALES PARA ADQUIRIRSE: VA INTRINSECA EN EL SER, COMO LA DIGNIDAD QUE DE ELLA SE DERIVA.
Prof. Dr. Juan Luís Sevilla Bujalance. Area de Derecho civil. Universidad de Córdoba
(Pronunciado en el IV Congreso Internacional de la Federación Internacional de Bioética de Inspiración Personalista, celebrado en Córdoba, los días 26 y 27 de Octubre de 2006)

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