Source: https://www.scribd.com/document/150349690/Reporta-ONU-89-ataques-a-defensores-de-derechos-humanos
Timestamp: 2016-08-28 10:14:28+00:00

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1a Edición, junio de 2013 DR© Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Alejandro Dumas No. 165, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo CP 11560, México, DF. Publicado por ONU-DH México Edición y coordinación editorial: Javier Hernández Valencia, Jesús Peña Palacios, Alán García Campos, Luisa Pérez Escobedo y Gabriela Gorjón Salcedo. Diseño y fotografía de portada: Gabriela Gorjón Salcedo, Sandra Martínez Platas y Santiago Betancourt. Diseño de interiores: Vinicius Marquet. ISBN: 978-607-8296-02-6 Impreso en México
El material contenido en esta obra puede citarse o reproducirse libremente, a condición de que se mencione su procedencia y se envíe un ejemplar de la publicación que contenga el material reproducido a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido no es responsabilidad de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América y no refleja necesariamente su punto de vista.
Este informe prosigue el trabajo presentado en el Informe temático sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México publicado en 2009 y la subsecuente actualización publicada en 2010, para realizar además un primer balance sobre el nivel de implementación de las recomendaciones contenidas en el primer documento. En el presente informe se subraya que la incidencia de casos de agresiones contra las y los activistas de derechos humanos persiste y sigue afectando la plena vigencia del derecho a la defensa de los derechos humanos. Por ello se reitera la pertinencia de continuar abogando por la adopción e implementación de las recomendaciones emitidas desde el 2009, profundizando y perfeccionando aquellas en las cuales ya existen y se reconocen esfuerzos y acciones por parte del Estado mexicano.
1. Presentación 2. Metodología 3. Monitoreo de la situación 4. Balance del cumplimiento de las recomendaciones 5. Conclusiones Anexo: síntesis de casos ilustrativos
Párrafos 1- 3 4-5 6 - 29 30 -106 107-115
Página 7 8 9 17 46 49
SIGLAS (por orden alfabético)
ACNUDH CDHDF CIDH CNDH CorIDH CPGMD DOF PGR PNDH SCJN SEDENA SEGOB Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Comisión Interamericana de Derechos Humanos Comisión Nacional de los Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos Diario Oficial de la Federación Procuraduría General de la República Programa Nacional de Derechos Humanos Suprema Corte de Justicia de la Nación Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Gobernación	1. PRESENTACIÓN
en México. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México. Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Noviembre de 2009. en México. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México. Octubre de 2010.
2 Oficina del ACNUDH 3 El
5 CNDH . El Derecho a Defender. Informe Especial sobre la Situación de las y los Defensores de los Derechos Humanos en México. Julio 2011.
derechos humanos, del 20 de diciembre de 2010 (A/HRC/16/44 ); y del 21 de diciembre de 2011
(A/HRC/19/55).
6 Informes de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los
a) Agresiones por año
7. El monitoreo periódico de la Oficina del ACNUDH en México refleja la instalación, desde 2006, de un clima de hostilidad en contra de las y los defensores en el marco de las actividades que realizan. 8. Según los datos registrados por la Oficina del ACNUDH en México desde 2006, 22 personas defensoras y cinco integrantes de sus familias han sido asesinadas por motivos relacionados con las causas que defendían y, además, se desconoce el paradero de seis personas defensoras. El año más crítico fue 2011, cuando ocurrió el asesinato de al menos los siguientes defensores:
50 45 40 35 30 25 20 Agresiones reportadas 24 2006 40 2007 32 2008 41 2009 30 2010 42 2011 36 2012
9. Aún cuando no existe una cifra consolidada a nivel nacional, los datos publicados por las comisiones de derechos humanos reflejan este clima de hostilidad contra los defensores de derechos humanos. Por ejemplo, la CNDH documentó 27 asesinatos y ocho casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras durante el período de enero de 2005 a mayo de 2011. Asimismo, a nivel nacional, el sistema de organismos públicos de protección a los derechos humanos inició, en el periodo mencionado, 523 expedientes de queja y solicitó 156 medidas cautelares por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas defensoras, generando un total de 33 recomendaciones.7 En su Informe Anual 2011, la CNDH registró un incremento de 23% en los ataques en contra de quienes defienden los derechos humanos en comparación con el año 2010.8 Este último dato coincide con lo documentado por la Oficina del ACNUDH en México respecto al incremento de agresiones durante el 2011.
10. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil recogen un mayor número de agresiones. Por ejemplo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos registró 109 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos durante 2012 y 26 asesinatos de defensoras en el periodo 2009 - 2012.9
b) Entidades federativas10
11. La Oficina del ACNUDH en México registró el mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores durante el periodo del presente balance en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Distrito Federal.
12. Los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones en contra de defensoras y defensores en los dos informes temáticos publicados por la Oficina del ACNUDH en México.11 13. Algunas situaciones regionales parecen obedecer a dinámicas diferenciables, mientras que en los estados de Chihuahua y Coahuila los altos niveles de violencia e inseguridad concuerdan con la exacerbación de las agresiones en contra de defensoras y defensores allí observada, mientras que en los estados del sur, como Oaxaca, la vulnerabilidad de defensoras y defensores parece articularse a las confrontaciones que existen de algunas comunidades contra intereses privados de grupos económicamente fuertes que aceleran el despliegue de un determinado modelo económico.
c) Tipo de agresiones
14. Los tipos de agresiones más frecuentes continúan siendo las amenazas y las injerencias arbitrarias a través de allanamientos a las oficinas de las organizaciones de derechos humanos o mediante el robo de información vía electrónica. 15. Ejemplo de esta problemática es la situación vivida por el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C., organización feminista que promueve propuestas a favor de la democratización de las leyes y las políticas públicas con perspectiva de género. Después de varios incidentes de seguridad, el 3 de noviembre de 2011 su oficina fue allanada y sustrajeron información sensible de la organización. Un evento similar ocurrió nuevamente el 3 de marzo de 2012. 16. Las amenazas en ocasiones son reiteradas, como en el caso de Lydia Cacho, periodista y defensora de los derechos de las mujeres. Desde 2005 ha sido objeto de amenazas y acoso judicial a partir de la investigación y denuncia de una red de pornografía infantil en el país. El 14 de junio de 2011, la Fundación Lydia Cacho recibió un correo electrónico con amenazas de muerte. Los días 17 de junio y 28 de julio de 2011 la defensora recibió nuevas amenaza de muerte en su teléfono celular. Lydia Cacho tiene medidas cautelares de la CIDH desde el mes de agosto de 2009.
11 Los estados de Chihuahua y Oaxaca también aparecen en el informe El Derecho a Defender.
17. La defensora Norma Andrade, presidenta honoraria de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, el 2 de diciembre de 2011 sufrió un atentado con arma de fuego, en presencia de sus dos nietos menores de edad, afuera de su domicilio particular en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cinco días después apareció una manta en el exterior de la escuela primaria donde la defensora trabajaba como profesora, la cual hacía referencia al ataque sufrido y lo calificaba como “una advertencia” además de amenazar a la familia de la defensora. El 3 de febrero de 2012, Norma Andrade sufrió otra agresión afuera de su nuevo domicilio temporal en la Ciudad de México, cuando un hombre no identificado la atacó en el cuello con un objeto corto punzante.
A Desaparición forzada B Privación arbitraria de la vida 2% 11% 6% 38% 12% 11% 13%
C Atentados D Amenazas E Hostigamiento E D F Detenciones arbitrarias G Injerencias arbitrarias 12
19. Es particularmente preocupante que al cambiar de lugar de residencia algunos afectados tampoco hayan disfrutado una situación de seguridad, tal como lo demuestran los casos de Adolfo Guzmán, Margarita Martínez y Obtilia Eugenio Manuel, quienes fueron objeto de nuevos ataques durante los años 2011 y 2012, a pesar de contar con medidas de protección a su favor. 20. Del análisis de los casos no puede identificarse una única causa o motivo que explique de manera inequívoca las variaciones anuales en el número de agresiones, su distribución geográfica o modalidades. Sin embargo, un análisis de los últimos seis años, con independencia de la fuente de información, refleja un preocupante número de ataques contra personas defensoras. La variación en el número, lugar y tipo de agresión podría estar relacionada con una mayor organización social, intereses económicos, situaciones de conflictividad social relacionadas con proyectos de desarrollo y un fortalecimiento de las capacidades para documentar y denunciar los casos y cambios en las dinámicas locales, tanto de actores no estatales, como de autoridades, entre otros factores.
d) Presuntos responsables
21. La identificación preliminar o el señalamiento de los presuntos responsables no se ha establecido en 39% de los casos que comprende el período de monitoreo del presente informe, a lo cual se suma el nulo o poco avance logrado en varias de las investigaciones pendientes. 22. En 61% de las situaciones en las que existe una identificación preliminar o señalamiento de presuntos responsables, es notorio que un segmento mayoritario de las mismas apunte a actores no estatales, principalmente identificados con cacicazgos locales12 o grupos delictivos que ven afectados sus intereses por la labor de las personas defensoras en la zona que exhiben o confrontan sus acciones ilegales u otros intereses. En algunos casos se ha logrado demostrar la aquiescencia de actores gubernamentales. Un dato que resalta es que en 23% de los casos se identificó la participación, por acción u omisión, de funcionarios públicos.
A	B	C	D	E	No identificado Actores no estatales 39% 38%
Administración Pública Federal 12% Autoridades municipales Operadores de justicia 6% 5%
e) Defensoras y defensores agredidos
24. El presente informe comprende un universo de 26 mujeres, 35 hombres, 11 organizaciones de derechos humanos y cuatro familiares de defensoras y defensores. De este universo, al menos 23 personas u organizaciones contaban ya con medidas cautelares a su favor14 al momento de ser agredidas dentro del actual periodo de reporte. Al menos 55 personas ya habían sido víctimas de algún tipo de agresión, directamente, contra algún familiar o contra la organización en la que trabajaban. 25. Estos contingentes de activistas, al momento de sufrir las agresiones aquí registradas, trabajaban temas relacionados principalmente con los derechos de la población migrante, la defensa de derechos civiles, los derechos
13 Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los
f) Impunidad
27. En al menos 37 de las agresiones reportadas durante el período del presente balance, la Oficina del ACNUDH en México tuvo conocimiento del inicio de investigaciones en el ámbito penal por parte de las autoridades competentes.15 Los avances más significativos reportados fueron la identificación de los presuntos responsables en cinco casos, pero sólo en tres se logró su detención y consignación a la autoridad judicial. Hasta el momento de la publicación de este informe, los procesos penales no habían resultado en ninguna sentencia firme. 28. La falta de sanción a los perpetradores no solamente contribuye a la repetición de los hechos, sino que además agrava el nivel de riesgo en que las y los defensores continúan realizando su labor. Reiteradamente se ha considerado que una debida investigación y una sanción adecuada son una efectiva forma de protección para quienes defienden los derechos humanos. 29. El incumplimiento por parte de los Estados del deber de procesar y castigar a los culpables es una violación clara del artículo 12 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,16 conocida como “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”.17
De este universo, 6 investigaciones se iniciaron en el último semestre de 2012 por lo cual no fueron ponderadas en este análisis, al tratarse generalmente de procedimientos complejos que requieren un plazo razonable para la integración del expediente por parte de la autoridad ministerial antes de adelantar una valoración de las mismas. derechos humanos. 30 de diciembre de 2009 (A/HRC/13/22 ), párr. 42.
16 Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los 17
31. Desde el año 2010 y a lo largo del bienio que le sucedió, la Oficina del ACNUDH en México sostuvo un diálogo permanente y directo con la Secretaría de Gobernación (SEGOB ) con el objetivo de identificar acciones de cumplimiento de la recomendación. La Oficina del ACNUDH en México siempre fue recibida con prontitud y disposición y el tema de una posible campaña conjunta a favor del derecho a defender los derechos humanos ha generado interés entre los interlocutores. Las nuevas autoridades de la Unidad para la
2011) al firmar el Acuerdo Presidencial que establecía las bases para la creación de un Mecanismo de Protección para las y los defensores de derechos humanos. http://www.presidencia.gob.mx/2011/07/el-presidente-calderon-durante-el-evento-derechos-humanos-mexico-y-la-onu-construyendo-hacia-el-futuro/ (consultada en noviembre de 2012) Discurso al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2011 (9 de diciembre de 2011). http://www.presidencia.gob.mx/2011/12/el-presidente-calderon-en-la-entrega-del-premio-nacional-de-derechos-humanos-2011/ (consultada en noviembre de 2012).
20http://www.presidencia.gob.mx/2012/06/el-presidente-felipe-calderon-durante-la-fir-
34. SEGOB ha condenado públicamente algunas agresiones en contra de quienes defienden los derechos humanos y ha divulgado información relevante sobre el tema a través de su página de internet. 35. Juan N. Silva Meza, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha formulado varios discursos en los que resalta el papel de las y los impartidores de justicia como “defensores de los derechos humanos”.22
36. En el Congreso de la Unión, con motivo de la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en abril de 2012, se pronunciaron importantes discursos de reconocimiento a la actividad de las y los defensores de derechos humanos. Lo mismo ha ocurrido con motivo de la adopción de algunos puntos de acuerdo en ambas Cámaras a raíz de agresiones que han padecido las y los defensores de derechos humanos. 37. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece en su artículo 44, que la “Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto”. 38. La mayoría de los posicionamientos públicos se han dado con motivo de agresiones puntuales en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos como una medida reactiva de repudio a lo sucedido. Si bien es muy importante que desde las más altas esferas políticas se condenen estos hechos, es necesario abordar tareas más allá de cada coyuntura, de suerte que se genere una secuencia de contenidos y difusión que configuren un mensaje constante, dirigido y claro, cuya audiencia sea al mismo tiempo la población en general y los servidores públicos. En vista de ello, sigue siendo pertinente recomendar nuevamente la adopción de una campaña de esta naturaleza, como se señaló en el Informe 2009, a fin de contrarrestar los prejuicios y estigmas que fomentan un clima de hostilidad y falta de comprensión hacia el trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos en el país.23
22 Discursos del 17 de septiembre de 2011, 2 de febrero de 2012 y 6 de julio de 2012. 23 En apoyo a la labor de las personas defensoras y condena de las agresiones sufridas, la Oficina del ACNUDH en México ha emitido algunos comunicados de prensa. Comunicados de prensa: ONU-DH condena la nueva agresión contra Norma Andrade, activista de derechos
2.Con relación al marco jurídico que regula la labor de las y los defensores, es necesario seguir tomando medidas para incorporar plenamente la Declaración sobre defensores de derechos humanos en la legislación federal y estatal. Para ello, la Subcomisión de armonización legislativa 28 de la CPGMD podría servir como marco para la conformación de un grupo de trabajo en el que las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil y la ACNUDH evalúen la pertinencia de una legislación especializada y determinen los elementos que ésta debería contener.
42. El 26 de junio de 2012 entró en vigor la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la promulgación de la Ley e hizo un llamado a su implementación inmediata.29 43. La Ley es un paso trascendental en el reconocimiento específico de las y los defensores de derechos humanos. El objeto de la Ley es garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Mediante dicha Ley se crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se retoman aspectos fundamentales de la “Declaración sobre los defensores de los derechos humanos”, tales como el amplio concepto de persona defensora de derechos humanos y su especial protección.
31 http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2011/junio/reformaconstitucionalpillay.pdf
32 Decreto
49. Es indispensable que a la brevedad se aprueben las leyes que garanticen la operatividad de los nuevos contenidos constitucionales.
RECOMENDACIÓN 2.2 Reforzar los mecanismos de protección de derechos humanos, especialmente el juicio de amparo.
50. El 6 de junio de 2011 se publicó el Decreto de reforma constitucional en materia de amparo. 35 Esta reforma permite la procedencia del amparo ante la violación de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, establece el interés legítimo, permite la procedencia del amparo colectivo y concede, en ciertos supuestos, efectos generales a las normas declaradas como inconstitucionales.
33 Compromiso 21.
nal (compromiso 23), ley reglamentaria del artículo 33 constitucional (compromiso 24), ley de la CNDH (compromiso 25) y reformas a las constituciones de los estados y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (compromiso 26). 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
35 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos
34 Ley de reparación del daño (compromiso 22), ley reglamentaria del artículo 29 constitucio-
52. En el cumplimiento de esta recomendación también han resultado importantes el reforzamiento de los mecanismos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos, el mejoramiento del control abstracto de la constitucionalidad en atención a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales 36 y el reconocimiento constitucional y legal de las acciones colectivas.37
RECOMENDACIÓN 2.3 Regular a nivel federal, estatal y municipal el uso de la fuerza pública en la contención del derecho a la protesta social, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
a) En relación al uso de la fuerza
53. En la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, el Presidente de la República instruyó: “a las dependencias federales para que hagan públicas y, de ser necesario, actualicen sus directivas y sus protocolos aplicables en el uso legítimo de la fuerza”.38 54. A nivel federal, desde el 15 de octubre de 2009 se publicó en el DOF la Directiva 003/09, que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de la Secretaría de Marina y Armada de México, misma que fue reformada en 2012 en atención a la instrucción presidencial.39
36 Estos dos aspectos son objeto de la reforma constitucional en derechos humanos del 10 de
55. El 23 de abril de 2012 se publicó en el DOF un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.40 Dicho Convenio reconoció la necesidad de que las mencionadas instituciones reconocieran e implementaran los anexos relacionados, entre otras materias, con el uso legítimo de la fuerza. 56. Como parte de los anexos, ese mismo día se publicó una directiva de la SEDENA que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.41 Además de lo anterior, se publicó un acuerdo del Secretario de Seguridad Pública por medio del cual se emiten los lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en dicha Secretaría.42 Asimismo, la PGR emitió un acuerdo que establece las directrices que deberán observar los servidores públicos en el uso legítimo de la fuerza.43 57. La Oficina del ACNUDH en México valora la adopción del convenio y anexos respectivos, mismos que, al haber sido publicados en el DOF , adquieren plena obligatoriedad para las instituciones involucradas. La Oficina del ACNUDH en México exhorta a que el siguiente paso sea emitir una legislación sobre el uso de la fuerza en total concordancia con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como los demás instrumentos internacionales aplicables. Se han dado algunos pasos importantes en esta dirección. La Cámara de Diputados aprobó el 28 de abril de 2009 una legislación sobre la materia, que posteriormente fue turnada al Senado, donde aún no ha sido dictaminada. En el “Pacto por México” se sostiene que se creará una ley que establecerá “parámetros claros para el uso de la fuerza pública”44 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se contempla como una de sus líneas de acción el “promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las policías de todo el país”.45 En
40 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244753&fecha=23/04/2012 41 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244755&fecha=23/04/2012 42 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244759&fecha=23/04/2012 43 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244768&fecha=23/04/2012	44 Compromiso 29. 45 Plan
b) En relación al derecho a la protesta social
59. En relación a la utilización de la fuerza para la contención de una manifestación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN ) sentó un importante precedente de interpretación judicial en febrero de 2009 como resultado de la facultad de investigación realizada con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas los días tres y cuatro de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.49 En la sentencia se hace un desarrollo sobre las normas y principios nacionales e internacionales aplicables a la regulación del uso de la fuerza en el marco de un operativo policial (legalidad, necesidad, proporcionalidad, entre otros). 60. La SCJN , a través de su Primera Sala, también aportó criterios generales relevantes al resolver los juicios de amparo promovidos por los integrantes
RECOMENDACIÓN 2.4 Según los lineamientos dados por la SCJN y los estándares internacionales, reconocer expresamente en la legislación a la radiodifusión comunitaria y adoptar políticas públicas para garantizar que opere bajo procedimientos equitativos, sencillos y que cuente con los medios necesarios para su desarrollo y subsistencia.
62. En sus informes de misión derivados de su visita oficial a México en agosto de 2010, Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión recomendaron al Estado mexicano: “adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible
50 Juicios de amparo directo 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 10/2010, resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de junio de 2010. 51 La participación en manifestaciones pacíficas son una forma importante de ejercer los derechos a la libertad de reunión pacífica, expresión y asociación, todos ellos derechos humanos garantizados a todas las personas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Para mayor información sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación se recomienda consultar la página de internet de la Relatoría Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación del Consejo de Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
64. Por lo anterior, la Oficina del ACNUDH en México reitera su recomendación e invita al Estado a atender el sentido de la misma en el marco de la reforma constitucional en telecomunicaciones.
cho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, mayo de 2011, párrafo 91, a), A/HRC/17/27/Add.3. Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011, párrafo 301.
53 Ibíd., párrafo 91, c).
63. Sin embargo, la radiodifusión comunitaria sigue sin contar con un reconocimiento específico en la legislación y aún no se adoptan procedimientos claros, sencillos y equitativos en la asignación de frecuencias. Tampoco existen políticas públicas para garantizar que las radios comunitarias cuenten con los medios necesarios para su desarrollo y subsistencia. No obstante lo anterior, en 2010 seis permisos a radios comunitarias fueron otorgados.
de Diálogo para la construcción de un Mecanismo Nacional de Protección convocada por la Oficina del ACNUDH en México de forma conjunta con la CNDH y SEGOB . Participaron cuatro expertos colombianos: Rafael Bustamante, Luis Alfonso Novoa, Carlos Ríos y Jaime Prieto (febrero 2010). En enero de 2011, la Oficina del ACNUDH en México facilitó una visita simultánea a Colombia por parte de una delegación mexicana y dos representantes de la sociedad civil con la finalidad de conocer el Programa de Protección creado en dicho país.
55 DOF
69. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está integrado por la Junta de Gobierno,58 que es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones;59 el Consejo Consultivo, que es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno;60 y la Coordinación Ejecutiva Nacional, que es “el órgano responsable de coordinar con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos el funcionamiento del Mecanismo”.61 Dicha coordinación está compuesta por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; la Unidad de Evaluación de Riesgos; y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.62 70. El 19 de octubre de 2012, representantes de 51 organizaciones no gubernamentales,63 constituidos en pleno a través de una convocatoria pública, eligieron a los nueve integrantes del Consejo Consultivo (cuatro en representación de las personas defensoras de derechos humanos, cuatro de las y los periodistas y una del sector académico).64 El 26 de octubre se instaló el Consejo Consultivo
58 De acuerdo con el artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “la Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, y serán: un representante de la Secretaría de Gobernación; un representante de la Procuraduría General de la República; un representante de la Secretaría de Seguridad Pública; un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores; un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus miembros”. Asimismo, en la Junta de Gobierno pueden participar como invitados permanentes con voz pero sin voto, un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un representante del Poder Judicial de la Federación, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (art. 6 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas). 59 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, artículo 4. 60 Ibíd, artículo 9. 61 Ibíd, artículo 17. 62 Ibídem.
Los artículos 9 a 13 y transitorios Quinto, Sexto y Séptimo de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establecen el procedimiento para la elección de los miembros.
64 El artículo 9 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece que “El Consejo Consultivo es el órgano de consulta de la Junta de Gobierno y estará integrado por nueve consejeros […]. En la integración del Consejo se buscará
un equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. En este sentido, fueron elegidas como titulares y suplementes las siguientes personas: - En representación de las personas defensoras de los derechos humanos: Titulares: Agnieszcka Raczynska, Edgar Cortez Moralez, Michael W. Chamberlain Ruiz y Juan José Perdomo. Suplentes: Axel García, Daniel Joloy, Verónica Flores y Obed Loreto Sánchez. - En representación de los periodistas: Titulares: Rogelio Hernández, Jade Ramírez Cuevas Villanueva, Jorge Israel Hernández Herrera y José L. Buendía Suplentes: Andrés Arturo Solís, Guillermo Méndez y Abigail Gisela Martínez. - En representación del sector académicos, como titular Pablo Romo Cedano y como suplente Armando Hernández Cruz.
73. Hasta diciembre de 2012, 25 entidades federativas habían suscrito un convenio de colaboración con SEGOB para garantizar la implementación de las medidas previstas por la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.69 La coordinación entre las autoridades federales y estatales es uno de los grandes retos para el naciente mecanismo de protección dada la estructura federal del Estado mexicano. Así se ha evidenciado en algunos casos como, por ejemplo, en la implementación de ciertas medidas de prevención y protección entre los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal en favor del albergue de inmigrantes “La 72 – Hogar Refugio para Personas Migrantes”, ubicado en Tenosique, Tabasco, al tiempo que el beneficiario reporta cierto nivel de incumplimiento de las medidas. En este sentido, es de esperar que los convenios suscritos sirvan como un vehículo que promueva la adecuada articulación entre los diversos órdenes de gobierno y garantice una respuesta coherente del Estado mexicano. 74. Si bien en la elaboración de la normativa reglamentaria y operativa del mecanismo de protección SEGOB ha promovido la consulta y participación de la sociedad civil, tal como se recomienda por los organismos internacionales, durante los primeros meses de funcionamiento el Mecanismo ha sido objeto de diversas críticas por parte de algunas personas beneficiarias y de la sociedad civil. 75. La organización “Artículo 19” ha señalado las dificultades para lograr una eficaz coordinación entre el mecanismo de protección a cargo del gobierno federal y las entidades federativas, así como la falta de claridad en los lineamientos y criterios para el manejo de los recursos económicos etiquetados para el Mecanismo.70
Fideicomiso denominado “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
68 Aprobados en la Junta de Gobierno del 27 de noviembre de 2012.
78. La elaboración de los informes de riesgo, de acuerdo con una metodología acordada con la sociedad civil y que recoge un amplio enfoque, exige un personal estable en sus puestos y en constante capacitación, junto con un fuerte respaldo político que permita superar formas y conceptos tradicionales de evaluar el riesgo. La adecuada implementación de las medidas de protección acordadas, el monitoreo de las mismas y una oportuna difusión de la existencia y funciones del propio Mecanismo, son también retos impostergables. Todo ello sin olvidar que mientras persistan los elevados niveles de impunidad que éste y otros informes siguen señalando respecto a los ataques contra las y los defensores de derechos humanos, el efecto de cualquier mecanismo de protección siempre será limitado. 79. La Oficina del ACNUDH en México confía en que la apertura mostrada por SEGOB , los avances en el diseño de un mecanismo institucional de protección y el entendimiento alcanzado hasta ahora entre las instancias gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, reditúen en resultados tangibles en la protección de la vida, integridad y libertad de defensoras, defensores y periodistas. La Oficina del ACNUDH en México continuará brindando asesoría técnica y facilitando el diálogo entre los diversos actores.
RECOMENDACIÓN 4. Abrir un canal de comunicación directa entre la SEDENA y las y los defensores de derechos humanos, especialmente en aquellas entidades en las que el Ejército mexicano participa con mayor intensidad en tareas de seguridad pública. La ACNUDH manifiesta su disposición para facilitar y acompañar el espacio de diálogo.
RECOMENDACIÓN 5.En seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos se recomienda revisar el Código de Justicia Militar a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar que las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares sean competencia exclusiva de la justicia civil.
82. Un mes después de la publicación en 2009 del Informe de la ACNUDH en México sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la primera de cuatro sentencias sobre los alcances de la jurisdicción militar en México.75 En los cuatro casos se ha determinado la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar y garantizar que las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos militares sean competencia exclusiva de la justicia civil. Con posterioridad a la emisión del Informe 2009, el Comité de Derechos Humanos76, el Comité de los Derechos del Niño77, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados78 y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias79 hicieron recomendaciones en la misma dirección. 83. El 18 de octubre de 2010, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar la cual pretendía excluir de la competencia del fuero militar los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura. Al respecto, la Oficina del ACNUDH en México expresó que “la ruta […] abierta para armonizar el Código de Justicia Militar con los estándares internacionales de protección de derechos humanos plantea retos evidentes, dada la insuficiencia -entre otras- del muy limitado catálogo
75 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009; Caso Fernández Ortega y otros vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 30 de agosto de 2010; Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia de 26 de noviembre de 2010; y Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, sentencia de 15 de mayo de 2011.
76 Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con el artículo 40 77 Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 8 del Proto-
colo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, CRC/C/OPAC/MEX/CO/1, 7 de abril, de 2011, párr. 30. b.
78 Informe
84. El 9 de diciembre de 2011, el Presidente de la República instruyó para que se pusieran a disposición del Senado elementos “que [pudieran] enriquecer el proceso de dictaminación [sic] de la iniciativa”presentada por él en octubre de 2010 82 y dio una instrucción a la PGR y a la Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, a fin de que explorasen mecanismos para que, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se buscara la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de las autoridades civiles.83 85. En abril del 2012, comisiones del Senado avanzaron en la aprobación de un proyecto de decreto por el que se reformaban, entre otros ordenamientos, el Código de Justicia Militar para restringir el alcance del fuero militar e impedir que conozca de los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, así como de violaciones a los derechos humanos.84 No obstante que el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad en las comisiones del Senado, el mismo nunca fue elevado al Pleno para su votación. 86. Los avances fundamentales en esta materia se han dado en la SCJN . Como resultado del Expediente Varios 912/2010, la SCJN determinó que, para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco,85 debía reasumir su
80 Comunicado del 19 de octubre de 2010. http://www.hchr.org.mx/Documentos/comunicados/2010/10/CDP191010.pdf 81 Ibídem. 82 Discurso al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2011.http://www.presidencia.gob.mx/2011/12/el-presidente-calderon-en-la-entrega-del-premio-nacional-de-derechos-humanos-2011/ (consultada en noviembre de 2012). 83 Ibídem. 84 Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, aprobado el 19 de abril de 2012 por las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos del Senado. 85 CorIDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009.
La Suprema Corte de Justicia de México tomó una decisión histórica al limitar el alcance de la justicia militar y establecer que la jurisdicción civil debe conocer las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar. Navi Pillay.
88. Derivado de las sentencias de la SCJN , el Gobierno Federal ha informado que ha instruido el establecer como práctica el que la Procuraduría General de Justicia Militar decline su competencia en favor de la jurisdicción penal ordinaria. 89. La Oficina del ACNUDH en México reconoce los avances logrados y espera que el alcance de su recomendación pueda ser atendido a la brevedad mediante la emisión de una nueva legislación en la materia.
86 http://fueromilitar.scjn.gob.mx/fm_sesiones.htm 87 La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que el amparo es el recurso adecuado para que las víctimas o sus familiares cuestionen la definición indebida del juez competente en casos de violaciones a derechos humanos en donde se encuentren vinculados militares.
88 Discurso inaugural de la 21ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos. http://www.ohchr.
87. El 6 de agosto de 2012, se inició en el Pleno de la SCJN el análisis de 30 expedientes relacionados con jurisdicción penal militar.86 Dentro de las determinaciones más relevantes adoptadas por la SCJN destaca el criterio de que la justicia penal militar no podrá conocer de delitos cometidos por militares cuyos sujetos pasivos sean civiles, ni es competente para conocer de delitos que se configuren como violaciones a los derechos humanos, los cuales son ajenos a la disciplina militar y deben ser conocidos por tribunales ordinarios. Adicionalmente, la SCJN declaró que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar es inconstitucional e inconvencional pues no garantiza que los civiles que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tengan la posibilidad de que la investigación y sanción de estas conductas sean realizadas por la autoridad competente:87 un juez o tribunal ordinario. La Alta Comisionada reconoció la determinación de la SCJN .88
90. El 23 de abril de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal el “Acuerdo número A/010/2010 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el cual se establecen los lineamientos respecto a la investigación e integración de averiguaciones previas donde se encuentren involucradas personas defensoras de los derechos humanos como víctimas de delitos, por el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas”. 91. Asimismo, en marzo de 2009, fue creada la Fiscalía Especializada en la protección de organismos no gubernamentales para la defensa de los derechos humanos en Chiapas, que tiene el mandato de investigar las agresiones sufridas por personas defensoras en dicha entidad. 92. Por otra parte, en el marco de una mesa de implementación de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de defensores y defensoras en Guerrero, se elaboró, con el apoyo de la Oficina del ACNUDH en México, un proyecto de protocolo para investigar hechos presuntamente delictivos cometidos en agravio a defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, a raíz de los cambios de funcionarios en dicha Procuraduría en diciembre de 2011, la propuesta no ha sido aprobada hasta la fecha de publicación de este informe. El estado de Oaxaca también ha iniciado un proceso similar para la elaboración de un protocolo en la materia 93. La Oficina del ACNUDH en México confía en que los citados protocolos sean aprobados a la brevedad y se garantice su implementación mediante una adecuada capacitación a las autoridades encargadas de investigar las agresiones en contra de la comunidad de defensores, así como mediante la autorización de recursos humanos y materiales suficientes. 94. A pesar de que gran parte de las agresiones reportadas ocurre en el ámbito de la competencia del fuero común, es conveniente que también desde la PGR se impulse un protocolo de investigación a fin de dar certeza jurídica
96. No se cuenta con información relacionada con la creación de nuevos programas especializados para la atención de defensoras y defensores dentro de los organismos públicos de derechos humanos adicionales a los reportados en el Informe 2009 (CNDH y CDHDF ). 97. En el mes de octubre de 2010, la CNDH publicó la Guía para implementar medidas cautelares a favor de defensores de derechos humanos en México. Partiendo del reconocimiento a la labor que realizan defensoras y defensores, en dicho documento se establecen pautas generales para la construcción de un mecanismo de protección eficaz para dicho sector en condición particular de vulnerabilidad, abonando así al establecimiento de criterios objetivos en la emisión de las medidas cautelares por parte de los organismos públicos. 98. Asimismo, en julio de 2011, la CNDH publicó su primer informe temático sobre la situación de las y los defensores. 89 La Oficina del ACNUDH en México
89 CNDH .
99. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011 fortaleció la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas y estableció que los procedimientos para la designación de los titulares y de las personas que integren los consejos consultivos de los organismos públicos de derechos humanos deberán ser transparentes y sujetos a una consulta pública. No obstante el importante avance registrado, aún es necesario que el nuevo contenido constitucional federal se vea reflejado en la legislación secundaria, en el marco constitucional y legislativo de las entidades federativas, así como en las normas procedimentales y prácticas que rodean las citadas designaciones. La fortaleza de los organismos públicos radica en su autonomía e independencia, así como en la legitimidad de sus titulares y cuerpos consultivos.
RECOMENDACIÓN 8. A la comunidad internacional se recomienda articular una estrategia común para impulsar el trabajo de las y los defensores, fortalecer el enfoque de derechos humanos en sus actividades y temas que se siguen en México y, de manera particular, privilegiar la cooperación internacional hacia aquellas organizaciones que se encuentran en las zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo, así como las que trabajan los temas más delicados.
100. Si bien la comunidad internacional ha mantenido un interés constante sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, los
90 CDHDF .
101. La Oficina del ACNUDH en México confía en que seguirá profundizándose la cooperación internacional hacia aquellas organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en las zonas de mayor vulnerabilidad y riesgo en el país. De igual forma, espera que el interés de la comunidad internacional se vea reflejado en la próxima revisión de México en el marco del segundo ciclo del Examen Periódico Universal. 91 102. Por su parte, la Oficina del ACNUDH en México ha promovido activamente la aprobación, instalación y operación de los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel federal y del Distrito Federal, ha documentado casos, ha sostenido reuniones con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático para posicionar la agenda y ha mantenido un contacto estrecho con las instituciones, organizaciones y personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, entre otras actividades.
RECOMENDACIÓN 9. A la sociedad civil se recomienda continuar fortaleciendo las redes de apoyo y sus estrategias de vinculación; compartir y transmitir información, capacidades y herramientas de trabajo con aquellas organizaciones que se encuentran en zonas más aisladas o de mayor riesgo; y seguir participando y contribuyendo en los espacios de diálogo con las autoridades, así como en la promoción de políticas públicas en la materia (PNDH ).
103. En el ámbito nacional, diversas organizaciones de la sociedad civil han continuado con el esfuerzo de articulación y socialización de herramientas de trabajo en diversos estados de la República lo que ha permitido, entre otras cuestiones, favorecer la auto identificación como defensoras y defensores,
91 Consejo de Derechos Humanos, 17ª. sesión, del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2013.
RECOMENDACIÓN 10. A los medios de comunicación se recomienda dar mayor visibilidad al trabajo de las y los defensores, promover y difundir la Declaración sobre los derechos de los defensores de derechos humanos y dar mayor cobertura a los temas de derechos humanos. Asimismo, integrar en sus líneas editoriales un enfoque de derechos humanos que pueda dar mayor claridad sobre la legitimidad de la labor realizada por las y los defensores, tomar como referente a las organizaciones de la sociedad civil para contrastar la información y, con ello, garantizar una mirada más plural de los acontecimientos. La ACNUDH seguirá contribuyendo en la capacitación de periodistas en materia de derechos humanos.
107. El presente informe refleja la persistencia de la situación de adversidad que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México. El mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores durante el periodo del presente balance se registró en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Distrito Federal. Destaca el hecho que los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las cinco entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones desde 2006. 108. Los tipos de agresiones más frecuentes son las amenazas e injerencias arbitrarias. Resulta cada vez más frecuente que las y los defensores en situación de riesgo se vean obligados a salir de sus localidades y lugares de residencia, sin que en algunos casos este desplazamiento haya aminorado la situación de riesgo. 109. Perduran los impedimentos para identificar a la mayoría de los presuntos responsables de las agresiones, pero en el segmento visible de perpetradores el más importante corresponde a actores no estatales. La impunidad existente favorece la generación e incluso la repetición de las agresiones. 110. Desde la emisión de nuestras recomendaciones en 2009, han tenido lugar procesos cuya paulatina consolidación favorece el cumplimiento e implementación efectiva de varias medidas, las cuales deberían a su turno tener un impacto positivo para el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en México. Sin embargo, el resultado esperado aún no se refleja a la escala y extensión del daño sufrido por las y los activistas, ni al de la necesidad de justicia, reparación y garantías de no repetición que exigen sus casos. 111. Sin duda, la adopción en 2011 de la reforma constitucional en derechos humanos brindó una validación política y jurídica insoslayable al vasto conjunto de activistas que asumieron un liderazgo constructivo en el curso del debate político nacional mexicano, así como a aquellos cuyas denuncias y exigencias se hicieron incluso desde espacios contestatarios; no obstante, la plena implementación de la reforma constitucional a través de las leyes específicas que impone sigue pendiente. 112. A su turno, la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas significó el reconocimiento a la necesidad de proteger, desde un andamiaje legal, a personas y organizaciones cuyos aportes resultan imprescindibles para la defensa y promoción
114. En conjunto, estos son elementos importantes que configuran un cambio positivo. Otros avances de los que también se da cuenta en el presente informe, podrían significar transformaciones cuyo impacto debería ser favorable, pero en la etapa actual de los respectivos procesos, aún se requiere que sean completados y, sobre todo, contrastados y refrendados con resultados concretos. En ese sentido, las recomendaciones de 2009 siguen constituyendo un marco útil de propuestas y la expectativa de su plena implementación merece seguir siendo parte del diálogo y asistencia que continuaremos desarrollando. El cambio de poderes a nivel federal brinda una nueva oportunidad para retomarlas, profundizarlas y materializarlas en un plazo razonable de manera participativa y en consulta constante con las y los defensores de derechos humanos. 115. La Oficina del ACNUDH en México reitera su compromiso de seguir promoviendo y visibilizando la agenda de las y los defensores de derechos humanos, así como brindando la asesoría y asistencia técnicas para favorecer la implementación de sus recomendaciones conjuntamente con las autoridades y actores de la sociedad civil que han abrazado el sentido de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
113. Finalmente, las condenas públicas a las agresiones en contra de las y los defensores dan cuenta de una correcta adopción del rol político que se espera y exige de las autoridades para favorecer y reforzar la legitimidad de las causas que enarbolan las y los activistas y del repudio a los ataques que sufren. No obstante, las ocasiones en las que todavía emergen reacciones negativas o descalificatorias por parte de algunas autoridades, revalidan la pertinencia y utilidad de seguir señalando que deben elaborarse campañas sostenidas, más allá de las coyunturas, que expresen de manera inequívoca el sentido de las obligaciones y responsabilidades del Estado como parte de una estrategia de comunicación social y política que destaca y protege el rol positivo que cumplen las y los activistas a favor de la democracia y del imperio de la ley.
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente,  a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales  en los planos nacional e internacional.
Artículo 1 Declaración de las Naciones Unidas  sobre las y los defensores de derechos humanos
ANEXO SÍNTESIS DE CASOS ILUSTRATIVOS
a Casa”. El 2 de diciembre de 2011, sufrió un atentado con arma de fuego, en presencia de sus dos nietos menores de edad, afuera de su domicilio particular en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 7 de diciembre, apareció una manta afuera de la escuela primaria donde la defensora trabajaba como profesora, la cual hacía referencia al ataque sufrido y lo calificaba como “una advertencia” además de amenazar a su familia. El 3 de febrero de 2012, Norma Andrade sufrió una nueva agresión afuera de su nuevo domicilio temporal en Ciudad de México, cuando un hombre no identificado la atacó con un objeto corto punzante en el área del cuello. en Ciudad Juárez, Chihuahua. El 21 de diciembre de 2011, al llegar al domicilio de su madre, dos sujetos vestidos de civil intentaron privarla de la libertad y subirla a una camioneta. El intento fue frustrado por vecinas que pasaban cerca del lugar de los hechos.
7. Flor Karina Cuevas Vásquez. Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
pretexto de estar buscando a un migrante. Ese mismo día le fue robado el teléfono celular a una de las colaboradoras del albergue. El 6 de noviembre de 2012, sujetos vestidos de civil interceptaron al Coordinador del Área de Salud Mental y después de despojarle de su teléfono celular le amenazaron. Durante el mes de diciembre de 2012, el equipo del albergue sufrió diversos incidentes de inseguridad, incluida una amenaza telefónica en contra del Presbítero Pedro Pantoja Arreola el 30 de diciembre, en la que se señalaba la intención de agredir a los colaboradores de la organización.
13. Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC ). Organización periodística especializada en la perspectiva de género y los derechos humanos. El 20 de mayo de 2011 sujetos no identificados ingresaron a sus instalaciones mediante la fuerza y sustrajeron material de trabajo e información sensible. En mayo de 2012 la organización reportó que sus cuentas electrónicas habían sido intervenidas. 14. Comité Cerezo México. Organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de personas a quienes estiman privadas de su libertad por motivos políticos. El 8 de noviembre de 2011, cuatro integrantes de la organización recibieron amenazas anónimas de muerte en su correo electrónico. 15. Greenpeace México. Organización que promueve la protección y conservación del medio ambiente. El 13 de octubre de 2011 recibieron un correo electrónico con amenazas de muerte dirigidas contra el personal del Área de Publicidad y Diálogo Directo por un evento en el que participarían en Acapulco, Guerrero. El 25 de noviembre de 2011 recibieron en sus instalaciones un artefacto explosivo de fabricación casera, dirigido a uno de los coordinadores de la organización. El paquete no fue abierto y por lo tanto no causó lesiones ni daños.
taria a la población migrante en Piedras Negras. Durante el mes de mayo de 2011 la Casa del Migrante fue objeto de vigilancia y amenazas, además de actos de intimidación por parte de sujetos civiles. El 9 de mayo de 2011, un colaborador del albergue fue detenido y agredido por sujetos civiles que lo amenazaron por su labor.
Mixteco. Fue detenido el 21 de enero de 2012 y falsamente acusado del delito de homicidio. Fue liberado el 20 de marzo de 2012, por una orden judicial que reconocía su inocencia por falta de pruebas. Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización dedicada a promover los derechos de los pueblos indígenas en la zona de la Montaña en el estado de Guerrero. El 4 de mayo de 2012, se encontró una amenaza de muerte en su contra en las oficinas de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, ubicada en la ciudad de Chilpancingo.
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Mexicana y director del refugio para migrantes “Hermanos en el Camino” en la Ciudad de Ixtepec. El 16 de mayo del 2012 anunció, como medida de autoprotección, su salida de México debido a una serie de amenazas recibidas el 15 de abril de 2012. El defensor Alejandro Solalinde regresó a su albergue el 12 de julio de 2012, acompañado por la Oficina del ACNUDH en México. Valle de Ocotlán, movimiento opuesto a la operación de una mina en San José del Progreso. El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vázquez fue asesinado en una emboscada en la carretera de Santa Lucía hacia Ocotlán. Dos familiares que lo acompañaban resultaron heridos. feminista que promueve propuestas a favor de la democratización de las leyes y las políticas públicas con perspectiva de género. Después de diversos incidentes de seguridad, el 3 de noviembre de 2011 su oficina fue allanada por desconocidos que sustrajeron información sensible de la organización. Una agresión similar ocurrió nuevamente el 3 de marzo de 2012.
Tabasco, un líder comunitario les informó que existía una denuncia anónima por el delito de tráfico de personas en contra de Fray Tomás González Castillo, director del mencionado hogar refugio.
(REPAVIH ) con sede en Mérida. El 4 de diciembre de 2010 el defensor Maldonado fue detenido arbitrariamente por elementos de la Policía Judicial del Estado de Yucatán, bajo el pretexto de ser objeto de una presunta investigación penal. En el transcurso de su detención, fue agredido físicamente, resultando en lesiones, mientras le preguntaban cuestiones relativas a su trabajo de defensa de los derechos de las personas con VIH . Fue liberado horas más tarde sin ningún cargo en su contra y bajo la amenaza de volver a detenerlo si presentaba alguna queja por los hechos ocurridos.
borador de dicho centro fue detenido por policías municipales quienes bajo amenazas le demandaron retirar una denuncia previa interpuesta contra el mismo cuerpo policiaco por los malos tratos infligidos durante una detención anterior ocurrida el 9 de octubre de 2010. El 29 de junio de 2011 el defensor Ezequiel Serafín Esteban, Director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta se marchaba de la oficina en su motocicleta cuando una camioneta con vidrios polarizados le cerró el paso y resultó herido tras caer de su motocicleta.
Se terminó de imprimir en los talleres de RMR Impresos y Acabados, en junio de 2013 Gavilán No. 181, Edificio D, Int. 202 Col. Barrio de San Miguel, 09360 México, DF, Tel. 56 98 69 72 Se tiraron 3000 ejemplares más sobrantes para reposición.
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A l e j a n d r o D u m a s 1 6 5 C o l . P o l a n c o , M é x i c o , D F , 1 1 5 6 0 T e l . + 5 2 5 5 5 0 6 1 6 3 5 0 F a x + 5 2 5 5 5 0 6 1 6 3 5 8 C o r r e o e : o a c n u d h @ o h c h r . o r g w w w . h c h r . o r g . m x F a c e b o o k : O n u d h M é x i c o T w i t t e r : @ O N U D H m e x i c o V i s i t a t a m b i é n : w w w . r e c o m e n d a c i o n e s d h . m x
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Reporta ONU 89 ataques a defensores de derechos humanos by Aristegui Noticias397 viewsEmbedDownloadDescriptionVer noticia: http://arist.mx/mqcMX En su Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México actualización y balance, el organismo registró que entre noviembre de 2010...Ver noticia: http://arist.mx/mqcMXEn su Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México actualización y balance, el organismo registró que entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, de esos ataques 38 por ciento son amenazas, 13 por ciento injerencias arbitrarias, 12 por ciento hostigamientos, 11 por ciento, privación arbitraria de la vida, 11 por ciento detenciones arbitrarias, seis por ciento son atentados, siete por ciento uso arbitrario del sistema penal y dos por ciento desaparición forzada.Interests: Types, ResearchRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less
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References: artículo 12
 artículo 44
 artículo 33
 artículo 29
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 57

Artículo 1