Source: http://federacionlex.blogspot.com/2010/10/csjn-fallo-grupo-clarin-s-medida.html
Timestamp: 2018-05-25 04:48:49+00:00

Document:
FEDERACIONLEX: CSJN FALLO GRUPO CLARIN S MEDIDA CAUTELAR
CSJN FALLO GRUPO CLARIN S MEDIDA CAUTELAR
Grupo Clarín y otros S.A. s/ medidas cautelares.
Vistos los autos: AGrupo Clarín y otros S.A. s/ medidas
cautelares@.
1°) Que contra la resolución de la Sala I de la
que, al confirmar parcialmente la decisión de primera
instancia, hizo lugar a la medida cautelar y, en consecuencia,
suspendió respecto de la empresas demandantes la aplicación de
la disposición contenida en el artículo 161 de la ley 26.522,
el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs.
571/593, que fue contestado a fs. 596/613 y concedido por el
tribunal a quo a fs. 615.
2°) Que a fin de decidir la cuestión sometida a esta
Corte Suprema, corresponde delimitar la pretensión de las
Que la actora alegó ser titular de licencias de
televisión abierta, de radiodifusión sonora, de radiodifusión
por suscripción, de radiodifusión por suscripción mediante la
que presta servicio de televisión por cable e internet y de
señales de contenido para televisión.
Invocó que esas licencias, vigentes durante la ley
22.285, fueron prorrogadas por decreto 527 del año 2005 del
Poder Ejecutivo Nacional y que fue el mismo Poder Ejecutivo el
que envió un proyecto de reformas de la ley cambiando las
reglas que le había fijado con anterioridad.
Como consecuencia de ello, sostuvo que, si se aplican
los artículos 41 y 161 de la ley 26.522, se afectarían
derechos adquiridos en forma retroactiva. Con esos fundamentos
afirmó que promoverá una acción de certeza (artículo 322 del
Código Procesal), para que se declare la inconstitucionalidad
de los artículos referidos (fs.68). Al mismo tiempo, solicitó
una medida de no innovar peticionando la suspensión de la
aplicación y efectos de los artículos 41 y 161 de la ley
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, hasta tanto
recaiga pronunciamiento en la acción de fondo a promoverse
(fs. 252/262 y su remisión a fs. 53/73).
Que mediante sentencia del siete de diciembre de
2009 (fs. 286/292), el Juez de primera instancia hizo lugar a
la petición cautelar "ordenándose la suspensión provisional
respecto de la actora de la aplicación de los arts. 41 y 161
de la ley 26.522...".
Que la Cámara de Apelaciones, mediante sentencia del
13 de mayo de 2010, confirmó la resolución apelada únicamente
en cuanto ordena Ala suspensión de la aplicación del articulo
161 de la ley 26.522 respecto de las empresas actoras..."(fs.
556/559).
3°) Que la Cámara señaló que el objeto procesal se
circunscribe a definir si la aplicación de los artículos 41 y
161 de la ley 26.522 a las relaciones contraídas según el
régimen legal anterior Cque comprende la ley 22.285 y sus
modificaciones, el decreto 527/05, la resolución COMFER
214/2007, entre otrasC, afecta de manera sustancial y caracterizada,
y con rasgos de verosimilitud, el derecho de propiedad
de los titulares actuales de licencias y autorizaciones
Que en el fundamento de la medida cautelar, se sostuvo
que hay un cambio de las reglas de juego y se somete a la
demandante a una desinversión forzada en un plazo sorpresivo,
breve y fatal, y que el peligro en la demora, base de la
decisión cautelar, aparece Aconfigurado en forma patente
respecto del artículo 161 impugnado, pues el breve plazo establecido
para concretar la obligación de desinversión forzosa
para el tipo de empresas de que se trata Caún cuando sea
computando a partir del cumplimiento de los pasos que indica
la normaC, hace altamente improbable que se llegue a tiempo en
el esclarecimiento de los derechos mediante sentencia a
dictarse en el procedimiento judicial ordinario" (fs. 558
4°) Que como quedó expresado en el considerando
anterior, el objeto de la medida cautelar ha sido neutralizar
los efectos de un plazo que el tribunal a quo consideró demasiado
Que conforme con ello, en relación a la normativa de
la ley 26.522 corresponde distinguir entre las regulaciones
generales relativas a limites relativos a la cantidad de
licencias, la obligación de desinvertir y el plazo de un año
para cumplir con esas disposiciones. Los dos primeros aspectos
constituirán el objeto de la acción de certeza según lo señala
la actora y sobre éstos nada se ha resuelto.
Queda claro, entonces, que la validez de la desinversión
forzada no es materia sometida a la decisión de esta
Corte Suprema, sino el plazo de un año para cumplirla, que
ocasionaría un peligro en la demora valorado en relación con
5°) Que esta medida cautelar es sustancialmente
diferente de la resuelta por este Tribunal en el caso
T.117.XLVI. "Thomas, Enrique c/ Estado Nacional s/ amparo"
En el citado precedente, se trataba de una cautelar
que suspendía de modo general los efectos de ley 26.522, resolución
que alcanzaba a todos los sujetos comprendidos en su
ámbito de aplicación, mientras que en el presente, en cambio,
se trata de la impugnación de la brevedad del plazo de un año
fijado por la ley para desinvertir y con relación a un solo
sujeto. A ello cabe agregar que, mientras en el fallo citado
se invocó la legitimación de un diputado nacional para impugnar
el trámite legislativo de la norma, en este caso se argumenta
la afectación directa del derecho de propiedad por parte
Por lo tanto, la presente medida cautelar, cuyos
alcances se encuentran limitados al actor, no afecta de ningún
modo la aplicación general de la ley, y se encuadra dentro de
los criterios tradicionales empleados por los Tribunales de la
Nación durante muchos años y en todas las circunscripciones,
por lo cual no se advierte gravedad institucional alguna.
Máxime si se repara en que la recurrente no ha logrado
demostrar Ccon el rigor que es necesario en estos casosC que
el mantenimiento del pronunciamiento que ataca pueda, en las
actuales circunstancias, paralizar u obstaculizar la
aplicación general del régimen consagrado en la ley 26.522. Es
decir, no se ha deducido un agravio suficiente que permita
tener por acreditado que la resolución impugnada ocasiona al
Estado Nacional un perjuicio que no es susceptible de reparación
6°) Que de conformidad con lo dicho, se debe aplicar
la reiterada jurisprudencia de este Tribunal en relación a que
las resoluciones referentes a medidas cautelares no
constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los
fines de habilitar la instancia extraordinaria del artículo 14
Que sobre la materia resulta propicio recordar los
términos del señero precedente de Fallos: 137:352 suscripto
por los jueces Bermejo, González del Solar, Figueroa Alcorta y
Méndez. Allí se sostuvo que "...según se ha establecido
reiteradamente por esta Corte, tratándose de abrir una tercera
instancia, el legislador sólo la autoriza respecto de las
sentencias definitivas y por tales se entienden las que dirimen
la controversia poniendo fin al pleito, o haciendo imposible
su continuación, o sea, como lo expresaba la Ley de
Partidas, aquélla 'que quiere tanto dezir como juyzio acabado
que da en la demanda principal fin, quitando o condenando al
demandado' (Ley 2 in fine, Título 22, Partida 3ra.; Fallos:
126:297, entre otros)". En efecto, es característico de la
sentencia definitiva Ccomo sostenían Imaz y ReyC que después
de dictada, el derecho discutido no puede volver a litigarse
("Recurso Extraordinario", 2da. ed., Nerva, Buenos Aires,
1962, pág. 199).
Por otra parte, tampoco se ha demostrado la existencia
de dos requisitos tradicionalmente exigidos por la
jurisprudencia de este Tribunal para equiparar a sentencia
definitiva una medida cautelar, esto es, que medie cuestión
federal bastante conjuntamente con un agravio que, por su
magnitud y por las circunstancias de hecho, resulte irreparable
(Fallos: 295:646; 308:90, entre muchos otros).
7°) Que, en la búsqueda de armonía y equilibrio en la
decisión, el criterio de la falta de sentencia definitiva
aplicable al caso, debe complementarse con otra regla tradicional
de esta Corte, que el tribunal de grado deberá tener en
cuenta, y que consiste en que la medida cautelar no debe
anticipar la solución de fondo ni desnaturalizar el derecho
federal invocado.
La presente medida, si bien no adelanta decisión
sobre la obligación de desinvertir fijada por el artículo 161
de la ley 26.522, suspende el plazo de un año fijado por dicha
norma. Si se tiene en cuenta que la medida se dictó el 7 de
diciembre de 2009 "hasta tanto recaiga pronunciamiento en la
acción de fondo a promoverse", podría llegar a presentarse una
situación de desequilibrio. En efecto, si la sentencia en la
acción de fondo demorara un tiempo excesivo, se permitiría a
la actora excepcionarse por el simple transcurso del tiempo de
la aplicación del régimen impugnado, obteniendo de esta forma
por vía del pronunciamiento cautelar, un resultado análogo al
que se lograría en caso de que se acogiera favorablemente su
pretensión sustancial en autos. Por esta razón, no sólo debe
ponderarse la irreparabilidad del perjuicio del peticionante
de la medida, sino también el del sujeto pasivo de ésta, quien
podría verse afectado de manera irreversible si la resolución
anticipatoria es mantenida "sine die", de lo cual se deriva
que la alteración del estado de hecho o de derecho debe
encararse con criterio restrictivo [Fallos 331:941].
Que por esta razón, y para evitar ese efecto no
deseado, se considera conveniente la fijación de un límite
razonable para la vigencia de la medida cautelar. Si el tribunal
de grado no utilizara ex oficio este remedio preventivo,
la parte recurrente podría promover la solicitud de la
fijación de un plazo. Ello es así, pues si la índole provisoria
que regularmente revisten las medidas cautelares se desnaturalizare
por la desmesurada extensión temporal y esa circunstancia
resultare frustratoria del derecho federal invocado,
en detrimento sustancial de una de las partes y en beneficio
de la otra (Fallos: 314:1202, voto concurrente de los
jueces Cavagna Martínez, Barra y Fayt), la parte afectada por
aquel mandato tiene a su alcance las conocidas instancias
previstas con carácter genérico por el ordenamiento procesal
para obtener de los jueces de la causa (artículos 202 y cc), y
en su caso la del artículo 14 de la ley 48 ante este estrado,
la reparación del nuevo gravamen que se invoque.
8°) Que la clásica regla de falta de competencia de
esta Corte para entender en recursos extraordinarios por falta
de sentencia definitiva, así como el principio destinado a
limitar el plazo de una cautelar para evitar que se transforme
en una sentencia anticipatoria, constituyen tradicionales
precedentes que, interpretados conjuntamente, llevan a una
solución armónica y equilibrada del interés general en la
aplicación de una ley frente a la defensa del derecho individual
de propiedad del afectado en el proceso cautelar.
Por ello, se desestima el recurso extraordinario interpuesto.
Con costas (artículo 68 del Código Procesal civil y
comercial de la Nación Notifíquese y devuélvase. RICARDO LUIS
-//-TO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO
una sentencia definitiva o equiparable a tal (artículo 14 de
la ley 48).
Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. ENRIQUE
Publicado por FederaciónLex en 10/18/2010
JORNADA PREPARATORIA DEL XXVI CONGRESO NACIONAL DE...

References: resolución 
 artículo 161
 resolución 
 resolución 
 artículo 161
 resolución

 resolución 
 artículo 14
in fine
 artículo 161
 resolución

 artículo 14