Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520136.html
Timestamp: 2019-03-19 09:58:43+00:00

Document:
as201521136
Auto Supremo: 136/2015
Sucre: 04 de marzo 2015
Expediente: LP-176-14-A
Partes: Banco Central de Bolivia. c/ Ana María Hortensia Rosso de Vélez y
Proceso: Nulidad de proceso.
VISTOS: El recurso de casación en la forma interpuesto por Carlos Antonio Zubieta Aguilar y Víctor Horacio Luna Muñoz en representación del Banco Central de Bolivia, cursante de fs. 1140 a 1144 vta., contra el Auto de Vista N° D-276/2014 de 31 de julio de 2014 de fs. 1136 a 1138 de obrados, emitida por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Nulidad de proceso y escrituras de compra – venta, interpuesto por Carlos Antonio Zubieta Aguilar y otros en representación del Banco Central de Bolivia contra Ana María Hortensia Rosso de Vélez y otros, el Auto de concesión de fs. 1155, los antecedentes procesales; y,
Que, tramitada la causa, la co-demandada Ana María Hortencia Rosso Orozco mediante memorial de fs. 993 y vta., solicitó la perención de instancia señalando que habría existido una inactividad de más de seis meses, por lo que el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de La Paz, emitió el Auto definitivo Nº 62/14 de fecha 20 de febrero de 2014, cursante a fs. 994 a 995, declarando operada la perención de instancia, sin que importe la extinción de la acción, disponiéndose desglose de documentos y posterior archivo de obrados, con costas y se con las formalidades de ley, y mediante el Auto de complementación de fs. 1100 vta., dispuso que operada la perención dejo sin efectos las medidas precautorias contra el inmueble ubicado en la Av. Julio C. Patiño Nº 665 a nombre de Marció Nelson Ortiz Rodríguez y el Auto complementario de fs. 1101 de obrados que dispuso la exención de costas para el BCB.
Deducida la apelación por la parte demandante, ésta fue remitida ante Tribunal de Segunda Instancia como es la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que mediante Auto de Vista Nº D-276/2014 de 31 de julio de 2014, confirmó la resolución Nº 62/2014 de 20 de febrero de 2014, el Auto de complementación de fs. 1100 vta., y el Auto complementario de fs. 1101 de obrados.
Ante la determinación adoptada por el Ad quem, la parte demandante interpusieron recursos de casación, conforme consta de fs. 1140 a 1145 vta., mismos que se pasa a considerar.
1.- Que existiría errónea aplicación del art. 309-I del CPC ya que la doctrina y jurisprudencia de dicha disposición orientaría que dicho plazo o computo quedaría interrumpido si cualquiera de las partes y el propio órgano judicial a través de una resolución mantiene activo el proceso, por lo que cualquier solicitud formulada por las partes, o resolución judicial, o actuación de sus auxiliares que resulte para impulsar el proceso tendría por efecto la interrupción de la perención, en este caso el Tribunal Ad quem no haría más que repetir la aplicación errónea del artículo referido efectuada por el juez A quo, pese a los argumentos de que existiría actuados pendientes a cargo del juzgado que no podrían ser cumplidos por el actor o los demandados, toda vez que el decreto de fs. 991 sería un acto que concerniría al Juez y su personal ya que no se habría cumplido con la notificación con dicho decreto.
2.- Tampoco se habría observado que se encontraba en curso de resolución otra apelación concedida por el Juez A quo, cuya resolución Auto de Vista Nº 201/2013 de 3 de junio de 2013, habría sido notificada al BCB y a los codemandados el 18 de noviembre de 2013 y habría obtenido ejecutoria el 17 de diciembre del mismo año, fueron actuados que mantuvieron el proceso en movimiento con la carga al Juez A quo de nuevamente elevar la apelación con los actuados correctos, pues no habría incorporado un actuado al momento de elevarlos en apelación, lo que significaría omisión y actuado pendiente del Juez A quo, por el que no se puede condenar al BCB para sufrir la perención.
3.- Que existiría falta de congruencia ya que el Auto de Vista recurrido no se habría pronunciado objetivamente sobre uno de los agravios reclamados por el BCB, en el recurso de apelación donde se habría observado donde el Juez A quo no observo que se encontraba en curso de resolución otra apelación concedida por el mismo Juez tramitada en la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, es decir la declaratoria de Perención Habría sido dictada cuando existían actuados procesales realizados por la Sala Civil Primera, actuados que habrían interrumpido el plazo para la perención, al respecto el Tribunal de Alzada no realizaría una explicación razonable sobre dicho agravio. Y que su razonamiento seria distante del art. 309 del CPC, siendo que además el Auto de Vista resultaría contradictoria toda vez que se fundamentaría que la inactividad de las partes seria de cualquiera de las partes principales del proceso incluido el Juez afirmación que sería coherente con lo expuesto por el BCB respecto a los actuados efectuados en la sala Civil primera que habría cortado el plazo para la perención.
4.- El Auto de Vista recurrido además de que vulneraria el principio de congruencia y los derechos a la defensa y al debido proceso también incurriría en franca violación del art. 90 del CPC ya que el Auto de Vista recurrido que no habría considerado los aspectos demandados por el banco central de Bolivia vulneraria normas de orden público como el art. 309 del CPC.
En merito a lo expuesto solicitan se ANULE el Auto de Vista Resolución Nº D- 276/2014 de 31 de julio de 2014.
Con relación a los puntos impugnados y a fin de poner en contexto lo referido por la parte recurrente, en su recurso interpuesto, del análisis del mismo se tiene que los recurrentes inician su exposición realizando una transcripción de los puntos reclamados en su recurso de apelación, para luego exponer agravios de forma articulados con argumentos que se encuentran orientados esencialmente a cuestionar la decisión asumida por el Juez de la casusa como por el Tribunal de Alzada respecto a la aplicación de la perención de instancia; no obstante la deficiencia del recurso de casación, en aplicación a la garantía de la tutela judicial efectiva y en observancia de los principios que rigen la administración de justicia y de la SCP 2210/2012 de 8 de noviembre, su consideración será de manera conjunta, por lo que corresponde realizar las siguientes puntualizaciones:
En relación a que existiría falta de congruencia en el Auto de Vista recurrido ya que no se habría pronunciado objetivamente sobre uno de los agravios reclamados por el BCB, en el recurso de apelación donde se habría observado que el Juez A quo no habría tomado en cuenta que se encontraba en curso de resolución otra apelación; a esto se debe señalar que de la revisión del Auto de Vista recurrido, el Tribunal de Alzada en el tercer considerando punto c., de la resolución recurrida, emite pronunciamiento sobre el punto de apelación que la parte recurrente acusa no se habría dado una respuesta objetiva, señalando que: “…se debe considerar la fecha ultima de inactividad y no los actuados que se dieron después de la resolución de perención de instancia…”, si bien el recurrente manifiesta su inconformidad con dicho razonamiento, esto no significa que el Tribunal Ad quem no se haya pronunciado sobre dicho aspecto de manera objetiva para justificar una nulidad, por lo que no es evidente la incongruencia acusada en este punto.
Por otra parte en relación a que el Auto de Vista resultaría contradictorio toda vez que se fundamentaría que la inactividad podría ser de cualquiera de las partes principales del proceso incluido el Juez, afirmación que sería coherente con lo expuesto por el BCB, respecto a los actuados efectuados en la Sala Civil primera que habría cortado el plazo para la perención; corresponde precisar que de la revisión del Auto de Vista recurrido, el tribunal Ad quem en el punto b., del inciso 1), Considerando III, fundamenta y motiva su resolución sobre el instituto de la perención de instancia, para que en base a ese antecedente concluir que la perención de instancia a operado, argumentación que de ninguna manera resulta contradictoria, por lo que ante este fundamento vertido por los de Alzada este Supremo Tribunal no advierte que exista contradicción alguna en la resolución recurrida.
En relaciona que el Auto de Vista recurrido no habría considerado los aspectos demandados por el Banco Central de Bolivia vulneraria normas de orden público como el art. 309 del CPC; se debe señalar que la parte recurrente no precisa y tampoco menciona de modo claro y concreto que puntos no habrían sido considerados por el Tribunal de Alzada, al margen del punto de apelación donde se habría acusado que el Juez A quo no observo que se encontraba en curso de resolución otra apelación, agravio que fue resuelto supra, por lo que no merece mayor consideración al respecto.
Respecto a los puntos 1 y 2 de los hechos que motivan la impugnación, donde la parte recurrente acusa que existiría errónea aplicación del art. 309-I del CPC, ya que el plazo o cómputo para la perención quedaría interrumpido si cualquiera de las partes y el propio órgano judicial a través de una resolución mantiene activo el proceso, en este caso el decreto de fs. 991 (fs. 992 vta.) sería un acto que correspondería al Juez y su personal subalterno, ya que no se habría cumplido la notificación con dicho decreto. Asimismo tampoco se habría observado que se encontraba en curso de resolución otra apelación concedida por el Juez A quo, cuya resolución (Auto de Vista Nº 201/2013 de 3 de junio de 2013), fueron actuados que mantuvieron el proceso en movimiento con la carga al Juez A quo de nuevamente elevar la apelación con los actuados correctos.
En este sentido se debe tener presente que el art. 309 del CPC, señala: “I. Cuando en primera instancia el demandante abandonare su acción durante seis meses, el Juez de oficio o a petición de parte, y sin más trámite declarará la perención de la instancia, con costas. II. El plazo se computará desde la última actuación”; precepto normativo que configura una forma extraordinaria de conclusión del proceso o una una terminación anormal del mismo, generado por inactividad de las partes durante el tiempo fijado por el precitado artículo, con este instituto del derecho Civil se tiende a regular y poner un alto a la inactividad procesal en que incurren las partes, con la finalidad de evitar la eternización de la causas, situación que perturba la armonía social, jurídica y económica de la sociedad, toda vez que con la Nueva Constitución Política del Estado de 2009, en esta nueva forma de impartir justicia, el Estado ha asumido la obligación de suministrar a los ciudadanos una justicia pronta y eficaz.
Así también, se debe tomar en cuenta que la pronta y correcta sustanciación del proceso no es de responsabilidad exclusiva de los operadores de justicia y su personal subalterno, sino también es de responsabilidad de las partes litigantes, ya que en los hechos son ellas quienes deciden cuando y en qué momento iniciar, concluir o poner fin al proceso, en este sentido; la correcta tramitación de la causa y que esta se desarrolle sin dilaciones, dependerá en gran medida de la conducta o actitud procesal que vayan a asumir las partes litigantes a lo largo del proceso, quienes una vez aperturada la instancia con la admisión de la demanda, asumen derechos y obligaciones entre ellos el impulso procesal como elemento importantísimo que las partes deben dar al proceso en virtud del cual se asegura la continuidad y correcta sustanciación del proceso hasta lograr una Sentencia.
En el caso de autos, se tiene que de fs. 539-548 Carlos Antonio Zubieta Aguilar y otros en representación del Banco Central de Bolivia interponen demanda de nulidad de proceso y nulidad de transferencias contra Ana María Hortencia Rosso de Vélez, Guillermo Vélez Salmon, Andrea Verónica Asturizaga Rosso y Mario Nelson Ortiz Rodríguez, demanda que es admitida por providencia de fs. 609 vta.; a fs. 550-551 vta., Marció Nelson Ortiz Rodríguez se apersona y solicita el levantamiento de la anotación preventiva sobre su bien inmueble porque habría caducado de pleno derecho, solicitud que es rechazada bajo el argumento de que no estaría abierta la competencia del juzgado, solicitud que es reiterada a fs. 553 a 555, que también es rechazado, por lo que a fs. 569-571 vta., solicita revocatoria y reposición que es corrido en traslado y que mereció el pronunciamiento del Auto interlocutorio de fs. 684 a 686 que rechazo el recurso de reposición de Marció Nelson Ortiz Rodríguez y el recurso de reposición del BCB planteado a fs. 618-620 y concede la apelación en el efecto devolutivo; asimismo a fs. 811 a 812 vta., concede otros recursos de apelación interpuestos por las partes, en el efecto devolutivo, recursos sobre los cuales la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se pronunció en la resolución I-243/2013 de fs. 989 a 990 vta., y devuelto al juzgado de origen en fecha 15 de agosto de 2013, mediante nota de remisión de fs. 992, decretándose cúmplase noticia de partes en fecha 07 de agosto de 2013 a fs. 192 vta., actuado a partir del que, el proceso permaneció inactivo, hasta que Ana María Hortencia Rosso Orozco en fecha 18 de febrero de 2014, mediante memorial de fs. 993 solicitó la perención de instancia por que habrían transcurrido más de seis meses, emitiendo el Juez de la causa la resolución Nº 62/2014 de fs. 994 a 995 declarando operada la perención de instancia; posterior a este actuado la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante nota de remisión de fs. 1099, devuelve el recurso de apelación en el efecto devolutivo concedido a fs. 684-686 que mereció el Auto de Vista Nº 201/2013 de 3 de junio de 2013, que anuló el Auto de concesión de dicho recurso.
Ahora bien, en cuanto a que no se habría cumplido con la notificación del decreto de fs. 992 vta., a la parte ahora recurrente, esta debe tomar en cuenta que como se fundamentó supra, el impulso del proceso y la correcta sustanciación del mismo no es de responsabilidad exclusiva de los operadores de justicia y su personal de apoyo, sino también es de responsabilidad de las partes litigantes, en este sentido las partes asumen la carga procesal de asistir en forma obligatoria a la secretearía del juzgado los días martes y viernes para notificarse con las actuaciones que se hubieron producido, obligación establecida en el art. 14 de la ley Nº 1760, que no fue asumida por la parte actora, quienes a partir del decreto de fs. 992 vta., no impulsaron el proceso ni se apersonaron por el juzgado para notificarse con el actuado antes citado.
En relación a que se habría observado que se encontraba en curso de resolución otra apelación concedida por el Juez A quo; a esto se debe señalar que el art. 223 del CPC, en relación a los efectos de la apelación dice: “Tres son los efectos que produce la apelación: suspensivo, devolutivo y diferido. El primero suspende la competencia del juez, impidiendo la ejecución de la sentencia o auto definitivo; el segundo le permite continuar la tramitación del proceso sin perjuicio del recurso; y el tercero permite que sin perjuicio del cumplimiento de la resolución apelada, se reserve la concesión de la Alzada hasta el estado de una eventual apelación de la Sentencia.”, disposición que establece en relación a la apelación en el efecto devolutivo que pese a encontrarse una decisión del juzgador impugnada esta se ejecuta provisionalmente sin perjuicio de los tramites normales de la apelación, siguiendo el proceso su curso normal ya que en efecto este recurso tiene por objeto la no paralización del proceso y evitar interrupciones innecesaria en el mismo, ya que en la mayoría de los casos normalmente se lo concede contra resoluciones judiciales de mero trámite o por cuestiones accesorias como en el caso presente.
En este entendido, el recurso de apelación que fue concedido en el efecto devolutivo, que el recurrente acusa habría estado en curso de resolución y que interrumpiría la perención de instancia, fue interpuesto fs. 569-571 vta., por Marció Nelson Ortiz Rodríguez y el Banco central de Bolivia, en el primer caso contra la negativa a la caducidad de anotación preventiva, es decir planteada contra una medida precautoria y el segundo alegando error de derecho en el proveído de fs. 572 vta., y auto de fs. 617, cuestiones que resultan accesorias al proceso como en el caso de medida precautoria (caducidad de anotación preventiva) y de mero trámite en relación a la apelación contra la providencia de fs. 572 vta., y Auto de fs. 617, razones por las que no tenían incidencia trascendente en la normal tramitación del proceso en primera instancia, razón por la que no es evidente que el proceso haya estado en estado de resolución para interrumpir el plazo de la perención de instancia, que por el análisis efectuado en la presente resolución se concluye que la perención operó, resultando correcto el razonamiento efectuado por los de instancia.
Por todo lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 271 num. 2) y el art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a la atribución contenida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carlos Antonio Zubieta Aguilar y Víctor Horacio Luna Muñoz en representación del Banco Central de Bolivia, cursante de fs. 1140 a 1144 vta. Sin costas por tratarse de una entidad estatal.
Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.

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