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Timestamp: 2019-03-22 02:36:11+00:00

Document:
Francisco acosta paternina
Tutela No. 49.392
FRANCISCO ACOSTA PATERNINA.
Aprobado Acta No. 237.
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el accionante FRANCISCO ACOSTA PATERNINA, en relación con el fallo proferido el 1° de julio de 2010 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, mediante el cual negó el amparo de las garantías fundamentales presuntamente conculcadas al debido proceso, la vida digna, acceso a la justicia, trabajo, mínimo vital, igualdad y a la protección y restitución de tierras de la población en situación de desplazamiento forzado, presuntamente vulneradas por la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA DE SINCELEJO.
1. Los hechos que motivaron la solicitud de amparo constitucional y lo pretendido por el accionante, fueron reseñados por el a quo de la forma como sigue:
2.1. Que dentro del proceso seguido por la Fiscalía Segunda Especializada de Sincelejo contra los señores Rubén Gutiérrez Silgado y Fernando Adolfo Gutiérrez Vergara, a quienes se les investigó por ser testaferros del jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peludo, alias “Cadena”, se pudo constatar que uno de los predios que de manera ilícita adquirieron los antes mencionados, se encuentra la finca llamada “La Constancia” ubicada en la jurisdicción de San Onofre, Sucre, de propiedad de la familia del accionante.
2.1.2. Que actualmente la finca “La Constancia” pertenece a los menores Jorge Ortiz Posada y Elmer Botia Londoño, quienes también adquirieron ilícitamente la propiedad del predio y son testaferros de alias “Cadena” según dice el accionante, pese a ello el Fiscal Segundo Especializado, les precluyó la investigación ante la acrecencia de pruebas en su contra.
2.1.3. Que conjuntamente con la actuación penal de la referencia, se adelanta un proceso de extinción de dominio en la ciudad de Bogotá, el cual se encuentra para decretar pruebas desde el 15 de enero de 2005.
2.1.4. Que al resolverse la situación jurídica de Rubén Gutiérrez Silgado, Jorge Alberto Ortiz Posada y Elmer Biotá Londoño, el 9 de noviembre de 2007, el Fiscal Segundo Especializado ordenó la nulidad de la escritura pública N° 072 del 1° de junio de 2005, por medio de la cual la familia Acosta Paternina, presionados y bajo amenazas de muerte vende la finca “La Constancia”. Igualmente ordenó en ese mismo proveído oficial al Fiscal 21 de la Unidad de Extinción de Dominio, para ponerle en conocimiento esa decisión, así como la devolución de las tierras a sus antiguos dueños, esto es, a la familia Acosta Paternina.
2.1.5. Que posteriormente el fiscal se comunica con la familia Acosta Paternina manifestándoles que los señores Elmer Botia y Jorge Alberto Ortiz, le ofrecieron dinero para retractarse de la decisión anterior, pero como él sabe la verdad de los sucedido y desea ayudar a la familia, para mantenerla solicita que le colaboren con veinticinco millones de pesos, exigencia a la cual no accedieron los familiares.
2.1.6. Que ante la negativa de los Acosta Paternina, el fiscal a través de resolución del 11 de marzo de 2008, repone parcialmente el proveído del 9 de noviembre de 2007, sin haber sido recurrido. Es así como revoca el restablecimiento de los derechos de dominio que había decretado a favor de la familia accionante, argumentando que la finca “La Constancia” se encontraba embargada y secuestrada por la Unidad 21 Especializada de la Fiscalía para la Extinción del Dominio y contra el Lavado de Activos, y estaba a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Cuestión que imposibilita al funcionario instructor pronunciarse respecto a ellos.
2.1.7. Que esa resolución del 11 de marzo, contiene una motivación totalmente falsa, dado que conforme a la ley 793 de 2002, la única decisión que puede proferir el fiscal de extinción de dominio es la de extinguir o no el bien, sin que pueda ordenar el restablecimiento de los derechos de las víctimas, porque esa decisión compete al funcionario que conoce la investigación penal, que para el caso es el Fiscal Segundo Especializado de Sincelejo.
2.1.8. Que cualquier decisión que se tome en el proceso de extinción de dominio afectaría en gran medida los derechos fundamentales de él y su familia, pues de extinguirse el derecho de dominio de la finca “La Constancia” perderían totalmente la propiedad del bien y en caso de no extinguirse, tal predio pasaría a manos de los “propietarios aparentes”, quedando así en la impunidad las agresiones de las que fueron víctimas.”
2.2. La petición.
Ordenar el restablecimiento de los derechos de la familia del accionante, en consecuencia, se restituya el predio de su propiedad. Además que se reconozca que el fiscal accionado incurrió en vía de hecho por falsa motivación, así mismo en los delitos de falsedad ideológica, prevaricato y abuso de autoridad, al proferir la resolución del 11 de marzo de 2008.
2. En el trámite de la acción constitucional, en primera instancia, acudieron La Fiscalía Segunda Especializada y elñ Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, cuya información sintetizó el a quo así:
En escrito dirigido a este despacho, La Fiscal Segunda Especializada (E), informó que la investigación radicada No. 64444, adelantada contra los señores RUBÉN GUTIÉRREZ SILGADO, FERNANDO ADOLFO GUTIÉRREZ VERGARA, ELMER BOTIA LONDOÑO y JORGE ORTIZ POSADA, por el delito de Testaferrato, fue remitida con oficio fechado 13 de agosto de 2008 al Juzgado Único Especializado de Sincelejo, luego alcanzar su ejecutoria la resolución de acusación, sin hacer pronunciamiento alguno sobre los hechos que sustentan la acción.
Durante el término de traslado concedido, el Juez Único Especializado de Sincelejo, manifestó que actualmente se encuentra en la etapa de juicio el proceso seguido en contra de RUBÉN GUTIÉRREZ SILGADO, por los delitos de testaferrato y desplazamiento forzado y que al no haber aún pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del acusado, dado que ni siquiera se ha culminado la etapa probatoria, no puede hacer referencia a los hechos que narra el tutelante, pues de ser así incurriría en prejuzgamiento.
El doctor RODOLFO MARTÍNEZ MENDOZA hasta la fecha de decisión de esta acción, guardó silencio.
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, a través del fallo reseñado, negó el amparo solicitado, pues consideró que estando en curso el proceso penal reseñado por el accionante, la acción de tutela es improcedente, pues al interior de ese trámite tiene mecanismos de defensa idóneos.
4. El accionante, inconforme con el fallo del a quo, en escrito precedente lo impugnó, esbozando argumentos similares a los expuestos en su demanda.
De conformidad con lo establecido por los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada contra el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, del cual es su superior funcional.
Siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de “ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad”1 que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional2.
e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.”.3
Los anteriores requisitos, se insiste, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 08 de junio de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias, en el sentido que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto” (C-590 de 2005) –Subrayas fuera del original-.
Baste entonces con que se incumpla uno de los requisitos de habilitación expuestos en esta providencia, para relevar al juez de tutela del estudio de fondo del asunto puesto a su conocimiento.
Recuerda la Sala que si bien la tutela resulta un mecanismo que en sus términos procesales es más efectivo que los medios ordinarios propios del proceso, no se puede desconocer que la propia Constitución Política en su artículo 86 determinó que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, disposición que a la vez fue reafirmada por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991: “La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otras recursos o medios de defensa judiciales”, de manera que, existiendo otros medios adecuados de defensa, a ellos primero se debe acudir previo a hacerlo ante el juez constitucional.
Por eso se ha dicho insistente y pacíficamente:
“Por lo tanto, evidente resulta la improcedencia del amparo, tratándose de un proceso penal que está en trámite, en donde las autoridades accionadas se han pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva competencia, sin que resulte posible que el juez constitucional, a modo de tercera instancia, revise el acierto o desacierto de tal decisión o que se pronuncie sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios al interior de esa actuación.”4
En ese mismo sentido:
“La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales que para la situación dada, haya previsto el legislador.”5
Es el proceso penal adelantado bajo las ritualidades de la Ley 600 de 2000 en contra de Rubén Gutiérrez Silgado y otros por testaferrato y desplazamiento forzado, el escenario en el que se brindan mecanismos de protección más expedidos para aquellos que intervienen en él -sin importar la calidad en que actúan- y a sus cauces normales deben sujetarse, teniendo en cuenta que su terminación, por regla general, sólo se da en virtud de una sentencia, ya sea de primera o de segunda instancia, así mismo la definición de situaciones como la planteada por el accionante, se debe dar luego de surtidos los trámites correspondientes en la normatividad aplicable al caso. Hasta que ello ocurra, la intervención del juez de amparo está restringida y mal se hace cuando se acude a la tutela para cuestionar decisiones o trámites que no tienen la entidad de finiquitar el diligenciamiento, bien porque resuelven aspectos sustanciales pero no centrales, o bien porque sólo le dan impulso al mismo.
Costumbre inadecuada y lamentablemente difundida, aquella de acudir a la tutela cada vez que en el trámite de un proceso se niega o concede una petición, o se emite una decisión adversa a los intereses de las partes, pues con ello se convierte este instrumento constitucional excepcional, en uno paralelo a los medios ordinarios de defensa, una especie de tercera instancia sin ningún soporte en nuestro Estado de Derecho.
Por lo tanto, si el accionante y su familia insisten en su titularidad del derecho de propiedad de la mencionada finca, deben discutirlo, demostrarlo y pretenderlos en el proceso mencionado, planteando las supuestas irregularidades procesales en que incurrió el funcionario instructor, a fin que se adopten las medidas correctivas procedentes y la decisión definitiva sobre el bien, que luego de ser evacuado el debate concerniente debe ser respetada y acatada por los intervinientes.
Además, se destaca, que como bien lo señaló el a quo, las supuestas irregularidades cometidas por la Fiscalía demandada, ya se dieron a conocer a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Sincelejo, con copias a la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General y Defensoría del Pueblo, autoridades que dentro del ámbito de su competencia adelantaran las actuaciones adecuadas y tomarán las decisiones que correspondan, sin que el Juez de Tutela, pueda injerir en esos trámites, o adelantar pronunciamientos que sólo atañen al Juez natural.
Y es que si el accionante y su familia lo consideran, pueden intervenir en el proceso de extinción de dominio que se dijo se está adelantando respecto de la finca mencionada, derrotero en el cual también pueden elevar las pretensiones que invocan a través de esta mecanismo constitucional, residual, breve y sumario.
Para el ejercicio adecuado de los precitados mecanismos de defensa, resultaría oportuno que el demandante y su familia, si ha bien lo tienen, se asesoren en debida forma por un profesional del derecho, a fin que idóneamente desplieguen los medios y recursos que el ordenamiento jurídico les brinda, sin que acudan directamente a la acción de tutela, dada su naturaleza residual.
Si bien es cierto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como de esta Corporación, ha sido pacifica en el reconocimiento prevalente de los derechos de las personas a las que se les ha reconocido la calidad de víctimas, status que les concede protección constitucional especial, tampoco es posible olvidar que éstos también deben someterse a los trámites fijados en la Ley, en caso de inconformidad pueden elevar las peticiones que estimen correspondientes y frente a las decisiones adversas deben agotar los recursos que el ordenamiento brinda para ejercer el derecho de contradicción, pero no acudir directamente a este mecanismo constitucional dada su naturaleza residual.
No está por demás reiterar que la pretensión del accionante está dirigida a abrir un debate paralelo que se debe surtir al interior del proceso con lo cual olvida que la tutela no puede ser vista como una instancia más, en la que por la inconformidad de la parte afectada se pueda entrar a revisar una actuación judicial.
Lo dicho en precedencia constituye razón suficiente para confirmar la decisión del juez colegiado de tutela de conceder la solicitud de amparo constitucional deprecada por FRANCISCO ACOSTA PATERNINA.
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo recurrido por la razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.
1 Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006.
4 Sentencia de Tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 28632.
5 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 86
 artículo 6
 artículo 30