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Timestamp: 2017-10-22 20:56:27+00:00

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En Octubre de 2005 el Gobierno explicitó su inacción en materia de exteriorización de los compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores. Quedó claro: se mantienen la excepciones de ley. Todo queda a la autonomía de las partes, ya se sabe lo que da de sí la autonomía de las partes en el derecho laboral.
Esta es la respuesta del Gobierno al -inoperante- Congreso de los Diputados en la pasada legislatura:
184/038232
AUTOR: Fernández Dávila, María Olaia (GMx).
1. El Gobierno considera que el régimen excepcional de mantenimiento de fondos internos de los compromisos por pensiones de las empresas del sector financiero, no implica en sí mismo una discriminación de los trabajadores de este sector respecto de los trabajadores de los sectores obligados a exteriorizar, en el sentido apuntado por Su Señoría (derechos adquiridos por pensiones en caso de cese).
Las normas sobre instrumentación de compromisos por pensiones, contenidas en la disposición adicional primera y disposiciones transitorias 4.ª y 5.ª del Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, y en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, que aprueba el Reglamento de Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, son normas de carácter funcional o instrumental, en cuanto que regulan los instrumentos financieros aptos para la efectividad de tales compromisos (planes de pensiones, seguros colectivos, y fondos internos opcionales para ciertas entidades financieras).
Estas normas instrumentales no pretenden sustituir o alterar el contenido de los convenios colectivos y otros acuerdos adoptados en el ámbito laboral por los que se establecen los compromisos por pensiones y sus condiciones. Son las partes en la negociación colectiva las que establecen los compromisos por pensiones en la empresa o sector, y sus condiciones: contingencias cubiertas, forma y cuantía de las prestaciones, personal al que se extienden, diferenciación de regímenes por colectivos, condiciones para la adquisición y mantenimiento de los derechos a pensión (edad, antigüedad, permanencia en la empresa...), consecuencias del cese de la relación laboral previo al acaecimiento de la contingencia (jubilación u otras).
Existen convenios de empresa o sectoriales que no contemplan el reconocimiento de derechos adquiridos por pensiones al trabajador en caso de cese anticipado antes de la jubilación, y otros que si los contemplan.
Corresponde a los Tribunales, en último término, resolver las discrepancias sobre las condiciones, alcance y vigencia de los compromisos por pensiones asumidos por las empresas.
Los instrumentos (seguro, fondo interno...) han de adaptarse a los términos del compromiso pactado en el ámbito laboral. La regulación de fondos internos (Disposición transitoria 40.2 del Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, y en los artículos 38 a 41 del Real Decreto 1588/1999), es jurídica y financieramente compatible con los convenios que establecen compromisos por pensiones en los que se reconocen derechos adquiridos o consolidados al trabajador en caso de cese por causa distinta de las contingencias del compromiso.
Asimismo, los seguros colectivos de la disposición adicional primera del Texto Refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, también pueden instrumentar compromisos por pensiones que no prevén el reconocimiento de derechos adquiridos al trabajador en caso de cese por causa distinta de las contingencias del compromiso (en tal caso, las primas pagadas por la empresa no son deducibles en el Impuesto de Sociedades ni se imputan fiscalmente a los trabajadores, y, en caso de cese del asegurado antes de la jubilación, la empresa podría rescatar la provisión correspondiente).
La Directiva 80/987/CEE sobre salvaguarda de los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario, en su artículo 8 obliga a los Estados Miembros a adoptar medidas de protección de los derechos a pensiones complementarias, pero no indica qué medidas han de adoptarse (queda a la decisión de cada Estado), ni obliga a exteriorizar los compromisos, ni menciona ni prohíbe los fondos internos. La Directiva 98/48/CEE sobre derechos a pensión complementaria de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad Europea, reconoce los fondos internos (provisiones en el balance de las empresas) como instrumento de garantía de los compromisos por pensiones.
Cabe destacar que se formularon dos recursos contencioso-administrativos impugnando el Capítulo IV del referido Real Decreto 1588/1999, en el que se regula el régimen de mantenimiento de fondos internos por las entidades financieras exceptuadas (Recursos contencioso-administrativos números 566/1999 y 7/2000 acumulados).
Los recurrentes entendían que los preceptos impugnados infringían el Derecho Comunitario Europeo y la Constitución Española, considerando, en especial, que se impediría al trabajador consolidar derechos económicos en caso de extinción anticipada de la relación laboral, y solicitaron planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de cuestión de inconstitucionalidad.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2002 desestimó ambos recursos contencioso-administrativos, considerando que los preceptos reglamentarios impugnados se ajustan a la Constitución, al Derecho Europeo y a la Ley, y denegó el planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad y prejudicialidad postuladas en la demanda.
En relación con la atribución de derechos adquiridos o consolidados al trabajador en caso de cese previo a la jubilación, la Sentencia señala lo siguiente:
"Será, por tanto, el título constitutivo, ya sea convenio colectivo, contrato individual o acto unilateral del empresario, el que defina, conforme al artículo 1.255 del Código Civil, las cláusulas y condiciones que las partes tengan por conveniente establecer respecto de esas mejoras de pensión...
...En definitiva, cualquiera que sea la forma en que se instrumentalice el compromiso, bien sea contrato de seguro, bien plan de pensiones, bien fondo interno para las empresas del sector financiero, la subsistencia de derechos a favor del trabajador por cese de la relación laboral antes de que se produzcan las contingencias protegidas, dependerá de lo que se haya pactado en el acto que estableció el compromiso por pensiones. Y así, tanto puede pactarse la no consolidación de los compromisos por empresas ajenas al sector financiero, como su consolidación por las que son propias de éste. Entender otra cosa, mediante la aplicación a las mejoras voluntarias de obligaciones derivadas de otras normativas -seguridad social pública, pese a la similitud de que hablan los recurrentes- equivaldría a desnaturalizar su carácter, con violación del artículo 1.283 del Código Civil, incluyendo en un contrato "cosas distintas y casos diferentes de aquello sobre lo que los interesados se propusieron contratar".
Además, en relación con la libre circulación de trabajadores, la misma Sentencia señala que:
"... la libertad de circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad que establece este precepto, implica la abolición de toda discriminación por razón de nacionalidad entre trabajadores de distintos Estados miembros, pero no significa que las empresa no puedan pactar libremente las condiciones de trabajo dentro de los márgenes del derecho europeo que, como se ha razonado, no se transgrede por el establecimiento de sistemas diferenciados de complementos de pensión, ni por el momento en que los trabajadores consolidan sus derechos respecto de los mismos ...".
En consecuencia, el Gobierno considera que no cabe hablar de una discriminación de los trabajadores de empresas del sector financiero que optaron por mantener fondos internos, en el sentido indicado en la pregunta, puesto que la atribución de derechos consolidados en caso de cese depende de lo pactado en convenio colectivo, con independencia de la instrumentación del compromiso de forma externa o mediante fondo interno, y sin perjuicio de la competencia de los Tribunales para dirimir las discrepancias sobre las condiciones de los compromisos pactados entre empresas y trabajadores.
2. En el curso de procedimientos de queja, el Defensor del Pueblo emitió y reiteró la citada recomendación al Ministerio de Economía y Hacienda, en el sentido de que se procediera a las modificaciones normativas necesarias para que todos los trabajadores del sector financiero reciban igual trato que los trabajadores de otros sectores productivos, así como del propio sector en Europa, y se les reconozca el derecho a la reserva constituida a su nombre y por su cuenta cuando cesen anticipadamente en las empresas, y puedan movilizar la misma en caso de cambio de empresa o país de residencia.
En distintos informes al Defensor del Pueblo, el Ministerio señalaba que las argumentaciones de la queja eran erróneas al presumir los interesados, equivocadamente, que el régimen de fondos internos impide per se la consolidación de derechos por pensiones en caso de cese o movilidad del trabajador. En dichos informes se detallaban las Directivas comunitarias, las normas españolas y jurisprudencia que afectan a esta materia, y se señalaba que el Convenio colectivo determina las condiciones del compromiso por pensiones y las consecuencias del cese de la relación laboral, con independencia de la instrumentación externa o mediante fondo interno.
En relación con la Recomendación de modificación legislativa, ya se le indicaba al Defensor del Pueblo una serie de consideraciones:
En el ámbito de la normativa financiera y fiscal, la modificación legislativa recomendada afectaría también a la regulación de los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones, ya que estos seguros también pueden instrumentar compromisos en los que el convenio colectivo no estipula la consolidación de derechos en caso de cese.
Pero lo más importante es que la modificación legislativa recomendada no incidiría exclusivamente en el sector financiero, sino que sería un imperativo a establecer para todos los sectores de actividad, puesto que existen convenios de cualesquiera sectores y empresas que no reconocen esos derechos adquiridos al trabajador cesante.
Se estima que tal modificación habría que introducirla en el ordenamiento laboral y en el régimen de mejoras voluntarias de la Seguridad Social.
Sería un imperativo a introducir en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como contenido necesario de todos los convenios colectivos establecedores de compromisos por pensiones, y a introducir también como imperativo en el régimen de mejoras voluntarias de la Seguridad Social contemplado en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
No obstante, habría que valorar la compatibilidad de esa reforma con el artículo 41 de la Constitución, que ampara la libertad para el establecimiento de sistemas complementarios de la Seguridad Social, por lo que las empresas y los trabajadores acuerdan libremente el establecimiento de los compromisos por pensiones y sus condiciones, y tales compromisos son libremente asumidos.
Por otra parte, tal imperativo legal podría afectar a la extensión del Segundo Pilar, ya que limitaría la capacidad de autorregulación en la negociación colectiva, en la que la previsión complementaria es una ventaja a negociar en el conjunto de las condiciones laborales, y por otro lado, podría dar lugar a un nuevo debate: la pretensión de que sea implantado un Segundo Pilar obligatorio, ya que la mayoría de empresas y trabajadores no tienen establecido un sistema complementario.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, a nivel comunitario, el Foro sobre Pensiones Europeo, órgano consultivo de la Comisión Europea, viene trabajando en el análisis de las condiciones que propicien la atribución y movilidad de derechos consolidados en los sistemas del Segundo Pilar y la eliminación de obstáculos a tal fin, ya que de momento no existen normas comunitarias que impongan la atribución, ni que regulen y garanticen la movilidad de tales derechos entre sistemas de distintos Estados Miembros.
El Gobierno, a través de la Representación Permanente ante la Comisión Europea y los Ministerios de Economía y Hacienda, y de Trabajo y Asuntos Sociales, se mantiene a disposición del Foro y la Comisión para colaborar en el desarrollo de los trabajos sobre el particular.
Por otra parte, cabe señalar la iniciativa del Gobierno de establecer la Mesa de Diálogo Social con los interlocutores sociales para tratar sobre el empleo y la protección social, y las actividades preparatorias del Grupo de Trabajo sobre Previsión Social Complementaria para la puesta en común de propuestas que permitan avanzar en la extensión y consolidación del Segundo Pilar.
3. El régimen excepcional de fondos internos, que tiene un alcance transitorio y opcional, se fundamentaba en que las entidades exceptuadas (aseguradoras, entidades de crédito, sociedades y agencias de valores) se rigen por rigurosas normas de solvencia y garantía, y están sometidas a la supervisión del Ministerio de Economía y Hacienda, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y son entidades especializadas en la gestión de activos y, en su caso, en la cobertura de riesgos.
En relación con posibles modificaciones normativas que supriman el régimen de fondos internos y permitan a los trabajadores de empresas acogidas a la excepción acceder a fondos externos, el Gobierno, actualmente, no prevé la supresión de dicho régimen de fondos internos, puesto que subsisten las razones que motivaron la excepción, y como se ha expuesto, las obligaciones por pensiones, los derechos a pensión y las condiciones de adquisición y mantenimiento de los mismos, dependen de lo establecido en cada momento en el Convenio colectivo, con independencia de la instrumentación del compromiso por pensiones de forma externa o mediante fondo interno.
Sin perjuicio de lo anterior, el Grupo de Trabajo sobre Previsión Social Complementaria, con la participación del Ministerio de Economía y Hacienda y los interlocutores sociales, tiene previsto considerar el régimen excepcional de fondos internos y las propuestas que, en su caso, se realicen en tal materia, teniendo en cuenta que se mantiene con carácter transitorio y limitado a las empresas que se acogieron en su día a la excepción.
Madrid, 18 de octubre de 2005.-El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Publicado por jmares en 7:34 a. m. No hay comentarios:
Etiquetas: compromisos por pensiones, Congreso de los Diputados, Gobierno
Publicado en "La Seguridad Social a la luz de sus reformas pasadas, presentes y futuras
homenaje al profesor José Vida Soria con motivo de su jubilación". Coordinado por José Luis Monereo Pérez. Editorial Comares. Granada 2008
Autor:Juan Torres López, vía Ganas de Escribir
Pese a que el sistema es capaz de seguir generando superávit y a que se tiene la seguridad de que las previsiones que vuelven a hacerse después del error anterior volverán a estar equivocadas, se siguen manteniendo las conclusiones que convienen: “el problema ...es ... el de un sistema que rinde cada vez menos y frente al cual la alternativa de la capitalización generalizada se presenta ineludible” y que “la privatización de una parte sustantiva del actual sistema público de pensiones resolvería en buena medida las distorsiones que introduce su politización y quitaría fuerza a las presiones para su territorialización, dos tendencias recientes que nos parecen problemáticas” .
Si lo que se trata de determinar es si mediante el actual sistema de reparto se puede hacer frente a la demanda de pensiones que la población jubilada generará en el futuro hay que referirse al llamado "equilibrio financiero" del sistema (la situación en la que, con los recursos generados, se hace frente al montante de pensiones que hay que satisfacer) para determinar de qué depende y qué problemas le pueden afectar. Los análisis destinados a mostrar que el sistema de reparto tiende al desequilibrio permanente e irremediable en las condiciones económicas actuales se centran en una consideración básica errónea y en un juicio de valor, como todos, discutible.
- Altos niveles de desempleo que impide destinar recursos salariales actuales para rentas diferidas a una gran parte de la población.
- Bajos ritmos de crecimiento económico, pues, de hecho, el argumento generalmente utilizado para justificar la reforma -la creciente e insoportable participación del gasto en pensiones sobre el PIB- se produce más bien por una disminución del PIB que por el mayor número de pensiones que hay que pagar.
- La generalización del desempleo juvenil o del paro de larga duración pues reducen la vida ocupada de la población y, en consecuencia, el período y las rentas por las que pueden cotizar.
- La tendencia a la disminución de los salarios reales, de manera que el volumen recaudado de cotizaciones sociales sea necesariamente menor.
- La tónica de distribución privilegiada a favor de los beneficios, lo que disminuye en términos relativos la masa salarial, provocando igualmente una menor cotización global al sistema.
- La extensión generalizada del empleo precario o de baja calidad, con salarios reducidos y, por tanto, con baja capacidad de contribución social.
- Las modificaciones en la productividad del trabajo que responden exclusivamente a un uso más intensivo del factor trabajo orientado a obtener excedentes mediante estrategias espurias y globalmente ineficaces de competitividad.
- Los sistemas de Seguridad Social han extendido hasta tal punto los niveles de protección que, más que asegurar el necesario socorro a los más débiles, han provocado la aparición de potentes desincentivos, el escaso aprecio al trabajo y la falta de esfuerzo, y favorecen una compren¬sión de los servicios públicos como bienes de acceso gratuito que no tienen coste, cuando en realidad llevan consigo un volumen de gasto público que se hace insoportable.
- El gasto que administra la Seguridad Social es hoy día excesivo y se administra sin el rigor y la economía de la iniciativa privada. Por el contrario, ésta última, en la medida en que administra bajo rigurosos criterios de eficiencia, podría gestionar los recursos disponibles de manera mucho más rentable y productiva.
- La coincidencia de las dos circunstancias anteriores provoca que los ingentes gastos de seguridad y protección social sean incluso ineficaces desde el punto de vista de la cobertura que se desea alcanzar; salvo, quizá, en el ámbito de la lucha contra la pobreza.
- La financiación de las prestaciones sociales, y en particular de las pensiones, a través de cotizaciones sociales o impuestos lleva consigo cargas demasiado elevadas para las empresas, lo que deriva en pérdida de empleo.
- Al basarse los sistemas públicos en criterios universa¬listas, se rompe con la libertad de elección que es un principio fundamental en las economías de mercado.
- La existencia de regímenes de cobertura y de fuentes de financiación diferentes determina que el sistema público, en contra de lo pretendido, se convierta en un mecanismo generador de desigualdades, mientras que, de existir un sistema privado, las diferencias serían el resultado tan sólo de la libre elección de los ciudadanos.
- Si la acción pública se limita a garantizar los mínimos esenciales de protección y se deja que la iniciativa privada gestione los niveles complementarios a ellos, se liberarían recursos que puestos en circulación a través de los mercados favorecerían mayores rendimientos del sistema y resultados globales de la actividad económica más satisfactorios.
- La evidencia empírica demuestra que la existencia de altos niveles de protección social no va acompañada de fenómenos negativos en las economías, sino más bien todo lo contrario.
- El gasto en Seguridad Social constituye un elemento primordial para el sostenimiento de la demanda agregada de la economía y es un factor esencial del crecimiento y el desarrollo económico.
- Cualquier sistema privado tendría mucha menor garantía y solvencia que el sistema público, implicaría la desaparición de los mecanismos de transferencia de derechos, estaría sometido en mayor medida a riesgos como la inflación y, por supuesto y a diferencia del sistema público, puede quebrar.
- Puesto que el sistema privado debe funcionar sobre la base de lograr rentabilidad debe operar con primas más elevadas que las de un sistema público, penalizando por lo tanto a las personas con menos riesgo.
- Para mantener niveles adecuados de rentabilidad es preciso una gestión compleja de los recursos, lo que obliga a mantener altos costes de administración.
- Incluso existiendo un sistema de capitalización es posible y deseable la presencia del sector público, de modo que, ni tan siquiera aceptando que este último sistema sea más beneficioso que el de reparto, se tiene por qué deducir que su gestión privada sea imprescindible.
- La idea de la mayor rentabilidad que podría alcanzarse en un sistema de capitalización privado habría que matizarla a largo plazo si se tiene en cuenta la extremada inestabilidad, la gran incertidum¬bre y el alto riesgo que hoy día caracterizan a los mercados financieros. Las primas más elevadas serán la única cautela posible frente a este riesgo, pero nada podría evitar la quiebra general del sistema si se llegara a una crisis financiera más o menos generalizada, lo que no es una hipótesis descartable.
- La gestión privada que se resuelve en la orbita del mercado es incapaz, por definición, de resolver de manera efectiva las contingencias que trata de paliar la protección social, entre otra cosas, porque generalmente es el propio mercado el que las produce. Eso es lo que explica que cualquier régimen privado se caracterice por las barreras de entrada que presenta, pues sólo los que disponen de un alto nivel de ingresos pueden acceder a él como mecanismo efectivo para garantizarse la pensión.
En conclusión, por lo tanto, tampoco la cuestión de la privatización puede resolverse con argumentos incuestionables. Si acaso, más bien se podría concluir en lo contrario, como hacía algunos años atrás un informe de la Organización Interna¬cional del Trabajo: "Si se tienen en cuenta todos los factores, el fiel de la balanza se inclina claramente contra el recurso a aseguradores privados, siempre y cuando que los regímenes públicos se administren con eficacia y sea sensibles a las necesidades de los usuarios" .
- A diferencia de lo que ocurre en el sistema de reparto, en donde lo recaudado se gasta inmediatamente, cuando se constituyen fondos se favorece el ahorro y, en consecuencia, la inversión.
- El sistema de reparto es un mecanismo de asignación de recursos que actúa fuera de la órbita del mercado y ello supone un elemento de rigidez e inercia para el funcionamiento de la economía que puede llevar a deprimir la actividad económica en un sistema de intercambio gobernado por la iniciativa privada de mercado.
- Una crítica añadida al sistema de reparto es que, al proporcionar pensiones cuya cuantía es mayor a la contribución realizada a lo largo de la vida activa, incentiva la jubilación, disminuyendo así la oferta de mano de obra y distorsionando el mercado de trabajo.
- Se reconoce que el sistema de reparto es adecuado en épocas de expansión económica pero no en momentos de ralentización del crecimiento.
Si se parte del supuesto de que las cotizaciones empresariales constituyen una rémora para el empleo y el crecimiento, debería seguirse de ahí que los países en donde han sido más elevadas habrían tenido resultados económicos más desfavorables, al contrario de lo que ha sucedido en la realidad.
Finalmente, cabe señalar que, aún aceptando que un mayor coste laboral siempre es un lastre que debe soportar cualquier empresa, su nivel de competitivi¬dad no siempre viene marcado por esta partida. Tratar de alcanzarla a través de salarios más bajos es la peor vía para conseguirla efectivamente en un mundo en el que el control efectivo y permanente de los mercados se logra a través de la calidad, la innovación... y no sólo reduciendo costes.
Hoy día no hay fundamentación científica alguna que permita sostener como probadas los principales argumentos que justifican las reformas privatizadoras. Incluso el propio Banco Mundial que fue la primera institución que divulgó la ortodoxia a seguir, ha matizado sus propuestas iniciales a la vista de los efectos perversos y negativos que ha producido.
Un economista español tan poco sospechoso como Julio Segura concluía hace unos años: "La teoría económica no proporciona apoyo irrefutables en favor de posiciones neoliberales y privatizadoras como con frecuencia intentan hacernos creer quienes hacen gala de mantener el debate sobre la protección social en el ámbito de la economía positiva sin interferencias ideológicas espurias" .
Publicado por jmares en 8:49 p. m. No hay comentarios:

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 41