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Timestamp: 2017-03-24 05:02:15+00:00

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REAL DECRETO 2090/1982, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACIA
REAL DECRETO 2090/1982, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACIA	REAL DECRETO 2090/1982, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACIA Mis Leyes
REAL DECRETO 2090/1982, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACIA Estado	:
2090/1982	Boletín Oficial	:
BOE 210/1982	Fecha Disposición	:
24/07/1982	Fecha Publicación	:
02/09/1982	Órgano Emisor	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	A partir de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho la figura del Abogado y el papel que debe cumplir en defensa de los intereses y derechos de los ciudadanos y como colaborador del Poder Judicial a quien corresponde la tutela de tales intereses y derechos, ha obligado a la puesta al día del Estatuto General de la Abogacía, teniendo en cuenta además, la larga vigencia del anterior, haciéndose necesario el que nuevas experiencias y figuras se incorporen a la regulación de tan trascendental profesión.
Por parte del Consejo General de la Abogacía y de conformidad con el artículo sexto, dos, de la Ley de Colegios Profesionales se ha, elaborado un Proyecto de Estatuto General que a través del Ministerio de Justicia ha sido sometido a la aprobación del Gobierno.
Artículo único.- Se aprueba el Estatuto General de la Abogacía, cuyo texto se inserta a continuación.
Artículo 1. Los Colegios de Abogados que este Estatuto reconoce y regula son los órganos rectores de la Abogacía. Los respectivos Decanos, constituidos en Asamblea General, integran su supremo órgano rector.
Art. 2. 1. Existirá un Colegio de Abogados en cada provincia, con competencia en su ámbito territorial y sede en su capital. No se podrá ejercer la profesión sin previa incorporación al mismo. Ello se entenderá sin perjuicio de la subsistencia y atribuciones de los Colegios de partido que ya existen legalmente constituidos, con ámbito de competencia exclusiva y excluyente limitada al partido judicial correspondiente.
5. Los Colegios de Abogados se regirán por este Estatuto los suyos particulares, los Reglamentos de Régimen Interior y por los acuerdos del Consejo General de la Abogacía y de la Asamblea de Decanos dictados en materia de su competencia.
Art. 3. 1. Los Colegios Profesionales de Abogados son Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
2. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de la misma la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, el cumplimiento de la función social que a la Abogacía corresponde, y la colaboración en la promoción y administración de la Justicia.
Art. 4. Son funciones de los Colegios de Abogados:
e) Participar en la elaboración de los planes de estudios informar las normas de organización de los Centros docentes correspondientes a la profesión mantener permanente contacto con los mismos, proponer la creación de Escuelas de Práctica Jurídica y otros medios para facilitar el acceso a la vida profesionalde los nuevos titulados, y organizar cursos para la formación y perfeccionamiento profesional.
g) Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
k) Intervenir, previa solicitud, en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados. Ejercer también funciones de arbitraje en materia de Derecho privado en los asuntos que le sean sometidos.
n) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes en cuanto afecten a la profesión: y los Estatutos, normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiados en materia de su competencia.
h) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión y de los colegiados y demás fines de la Abogacía.
Art. 5. 1. Los Colegios elaborarán sus Estatutos particulares para regular su funcionamiento. Deberán ser aprobados por el Consejo General, cuya aprobación se otorgará siempre que estén de acuerdo con la Ley sobre Colegios Profesionales y con este Estatuto General.
Art 6. 1. Los Colegios de Abogados tendrán el tradicional tratamiento de ilustres y sus Decanos el de ilustrísimo señor. Los Decanos de Colegios con
Art. 7. Los Colegios de Abogados podrán colocarse bajo advocaciones de carácter general o particular.
Art. 8. La Abogacía es una profesión libre e independiente e institución consagrada, en orden a la Justicia, al consejo, a la concordia y a la defensa de derechos e intereses públicos y privados mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídicas.
Art. 9. Corresponde a la Abogacía de forma exclusiva y excluyente la protección de todos los intereses que sean susceptibles de defensa jurídica. El Consejo General de la Abogacía en todo caso, y los Colegios de Abogados dentro de su ámbito, velarán por los medios legales a su alcance por que las leyes y disposiciones administrativas remuevan los impedimentos que en cualquier clase de asuntos se opongan a la intervención en derecho de los Abogados, y por que se reconozca la exclusividad de su actuación.
Art 10. 1. Son Abogados quienes, incorporados a un Colegio de Abogados en calidad de ejercientes, se dedican, con despacho profesional, a la defensa de intereses jurídicos ajenos.
3. Sin perjuicio de lo anterior, podrá pertenecerse también a los Colegios en calidad de no ejerciente con los derechos reconocidos en el presente Estatuto.
Art 11. 1. La Abogacía podrá ejercerse ante cualquier clase de Tribunales, incluso los correspondientes a jurisdicciones especializadas.
2. La intervención profesional del Abogado es preceptiva en toda clase de procesos g procedimientos, ante cualquier jurisdicción, salvo los casos exceptuados por precepto expreso de una disposición legal.
Art. 12. Podrán ser colegiados de honor aquellas personas que reciban este nombramiento por acuerdo de la Junta general a propuesta de la de Gobierno, y en atención a méritos o servicios relevantes prestados en favor de la profesión o de la Abogacía en general.
Art. 13. No podrá limitarse el número de los componentes de los Colegios de Abogados, ni cerrarse éstos temporal o definitivamente a la admisión de nuevos aspirantes.
Art. 14. Para el ingreso en la Abogacía se exige la incorporación al Colegio de Abogados respectivo.
Art. 15. Para la incorporación a un Colegio de Abogados se requiere acreditar como condiciones generales de aptitud:
Art. 13. Las condiciones generales de aptitud enumeradas en el artículo anterior no se dispensarán en ningún caso, salvo la del apartado 1., de producirse dispensa legal.
Art. 17. Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la Abogacía:
Art. 18. 1. Los Colegios de Abogados no podrán denegar el ingreso en la Corporación a quienes reúnan las condiciones de aptitud y no estén incursos en ningún impedimento de los enumerados en el presente Estatuto.
Art. 19. Corresponde a la Junta de Gobierno de cada Colegio resolver sobre las solicitudes de incorporación a los mismos.
Art. 20. No se necesitará incorporación para la defensa de asuntos propios o de parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que el interesado tenga capacidad legal para el ejercicio de la profesión. Los que se hallen en este caso serán habilitados por el Decano del Colegio de Abogados para la intervención que se solicite. Tal habilitación supone para quien la recibe, aunque sólo con relación al asunto o asuntos a que alcanza, el disfrute de todos los derechos concedidos en general a los Abogados y la asunción de las correlativas obligaciones.
Art. 21. La incorporación o habilitación,justificada mediante la certificación correspondiente del Colegio, acredita al Abogado como tal, sin que sea necesaria ninguna designación o nombramiento a tal efecto por el Poder Judicial o por la Administración Pública.
Art. 22. Todo Letrado Incorporado a cualquier Colegio de Abogados de España podrá actuar en todos los recursos de que sean susceptibles los asuntos que dirigió en cualquier Instancia ante cualesquiera Tribunales o Juzgados, incluso ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, sin que para ello tenga necesidad de incorporarse a los Colegios donde radiquen los Tribunales ante los que dichos recursos, acciones o reclamaciones se sustancien. Para las actuaciones antedichas, el Letrado, previa acreditación de su pertenencia al Colegio de origen y de su intervención en el proceso, deberá comunicarlo al Decano del Colegio receptor, que le habilitará para actuar como colegiado a todos los efectos en el asunto concreto y, en consecuencia, quedará acogido a la protección y sujeto a la disciplina del Colegio, que llevará un registro de estas habilitaciones. No necesitará abonar cuota de incorporación y solamente podrá ejercitar derechos políticos en el Colegio de origen.
Art. 23. Los Abogados vendrán obligados a presentar en la Secretaria del Colegio, cuando así proceda legalmente, los documentos acreditativos de sus altas o bajas en la licencia fiscal, lo que deberán hacer dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se produzcan.
Art. 24. 1. El Secretario del Colegio remitirá, al principio de cada año a todos los Jueces y Tribunales de su territorio, así como a los Jefes de Prisión y Centros de Detención, una relación comprensiva de los Abogados legalmente habilitados para el ejercicio de la profesión. La lista será adicionada mensualmente con las modificaciones por nuevas altas y bajas.
2. A los Abogados que no figuren en tal lista, se les exigirá por las Secretarías respectivas de los Juzgados y Tribunales que exhiban certificación de hallarse incorporados al Colegio y, cuando proceda, el recibo corriente de la cuota de licencia fiscal si no los presentaren se les impedirá el ejercicio por el Juzgado o Tribunal ante el cual pretendiesen actuar, comunicandose rápidamente al Colegio de Abogados.
Art. 25. 1. La condición de colegiado se perderá:
a) Por dejar de satisfacer, dentro de los plazos señalados, tanto las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas, como las demás cargas colegiales a que viniere obligado, entre ellas las de la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía.
c) Por expulsión del Colegio, acordada en expediente disciplinarlo.
2. En todo caso, la perdida de la condición de colegiado por las causas expresadas en los apartados a), b) y c) del número anterior, deberán ser comunicadas por escrito al interesado, momento en que surtirá efectos.
5. Los Jueces y Tribunales remitirán al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados respectivo copia autorizada de los autos de procesamiento sentencias condenatorias, y, en general cualquier resolución que lleve implícita inhabilitación o suspensión profesional de Abogado.
6. Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados acordarán el pase a la situación de no ejerciente de aquellos colegiados en quienes concurra alguna de las circunstancias determinantes de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio mientras aquélla subsista, sin perjuicio de que, si a ello hubiere lugar, resuelvan o que proceda en vía disciplinaria.
Art. 25. Todo Abogado podrá estar incorporado a cuantos Colegios desee, mediante el cumplimiento de los requisitos señalados y el abono de las cuotas colegiales correspondientes.
Art. 27. El ejercicio de la Abogacía es absolutamente incompatible:
1. Con los cargos de Presidente del Gobierno, Ministro, Secretario de Estado, Subsecretario, Director general, y asimilados de la Administración Pública.
2. Con los cargos judiciales o fiscales, cualesquiera que sea su denominación y grado, con los pertenecientes al Secretariado de los Juzgados y Tribunales y con los de oficiales, auxiliares y subalternos de los mismos. 3. Con los cargos de Secretario del Consejo General del Poder Judicial y los de los servicios de personal, gestión, inspección y Gabinete Técnico de dicho Consejo General.
4. Con las restantes funciones y empleos públicos en cuyas leyes reguladoras se establezca expresamente tal incompatibilidad.
5. Con el ejercicio de la profesión de Procurador, Agente de negocios o Gestor Administrativo.
Art. 28. El Abogado a quien afecte alguna de las causas de incompatibilidad establecidas en el artículo anterior deberá comunicarlo sin excusa a la Junta de Gobierno del Colegio, cesando automáticamente en el ejercicio de la profesión.
Art. 29. 1. El ejercicio de la Abogacía es también incompatible con la intervención cerca de aquellos Organismos jurisdiccionales en que figuren como miembros el cónyuge o los parientes del Abogado dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Art. 30. 1. Los colegiados no ejercientes, así como los Licenciados en Derecho no incorporados a Colegios de Abogados según lo previsto antecedentemente, solo podrán utilizar la expresión de para indicar la categoría académica que, en cada caso, les corresponda.
2. El incumplimiento de lo anterior, podrá dar lugar a la correspondiente acción penal por intrusismo profesional.
Art. 31. Se prohíbe a los Abogados:
b) Firmar escritos o intervenir en asuntos cuya dirección jurídica esté atribuida a otro Letrado, no inscrito en el Colegio en cuya jurisdicción se tramiten, caso incompatible con el ejercicio de la Abogacía ante los Or.
Art 32. 1. Los Abogados únicamente podrán prestar servicios profesionales a las Compañías o Sociedades que cubren el denominado cuando se asegure el pago de honorarios y/o el de costas en procedimientos judiciales de cualquier clase o jurisdicción.
Art 33. 1. Queda prohibido a los Abogados encargarse de la dirección de asunto profesional encomendado anteriormente a otro compañero, sin haber obtenido la venia, como regla de consideración.
Art. 34. Los Abogados inscritos en un mismo Colegio podrán agruparse para el ejercicio profesional en despachos colectivos. La constitución y funcionamiento del despacho colectivo requerirá:
a) Un número de socios no superior a veinte. Todo Abogado adscrito a un despacho colectivo habrá de ser colegiado residente del Colegio a que corresponda aquel despacho y no podrá tener despacho independiente del colectivo.
b) La inscripción del despacho en el Colegio previa autorización de los pactos reguladores de su organización y funcionamiento, en libro o registro que a tal efecto se lleve, en el que deberán figurar, siempre al día, los nombres y circunstancias de los Letrados integrantes.
Art 35. No existirá despacho colectivo en tanto no se cumplan los requisitos para su constitución.
Art. 36. La condición de despacho colectivo se dará a conocer por medio que no induzca a confusión y se advertirá en todo caso al cliente que requiera los servicios del Abogado.
Art. 87. El despacho colectivo comprenderá la colaboración recíproca y la intervención profesional en su total ámbito.
Art. 38. El despacho colectivo tendrá un solo domicilio dentro del territorio del Colegio, con sede independiente de cualquier otra actividad.
Art. 39. El deber fundamental del Abogado, como participe en la función pública de la Administración de Justicia, es cooperar a ella defendiendo en derecho los intereses que le sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede justificar la desviación del fin supremo de justicia a que la Abogacía se halla vinculada.
Art 40. Son también deberes del Abogado:
Art. 41. 1. El Abogado tiene el deber y el derecho de guardar secreto profesional.
2. En el caso de que el Decano de un Colegio o quien estatutariamente le sustituya fuere avisado por la Autoridad judicial, o en su caso gubernativa, competente de la práctica de un registro en el despacho profesional de un Abogado, deberá personarse en dicho despacho y asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen velando por la salvaguarda del secreto profesional.
Art. 42. El Abogado, en cumplimiento de su misión, actuará con toda libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas de la moral y deontológicas.
Art 43. El deber de defensa jurídica que a los Abogados se confía es también un derecho para los mismos.
Art. 44. El Abogado tiene derecho a todas las consideraciones honoríficas debidas a su profesión y tradicionalmente reconocidas.
Art. 45. 1. Para la protección de los derechos, los Abogados podrán hacer uso de cuantos remedios o recursos establece la vigente legislación, sujetándose al régimen jurídico presente para cada uno de ellos.
Art. 46. Son deberes del Abogado:
a) Estar al corriente en el pago de sus cuotas colegiales y soportar todas las contribuciones económicas de carácter fiscal, corporativo o de cualquier otra índole a que la profesión se halle sujeta, levantando las cargas comunes en la forma y tiempo que legal o estatutariamente se fije cualquiera que sea su naturaleza.
Art. 47. Son derechos de los Abogados:
Art. 48. Son obligaciones del Abogado para con los órganos jurisdiccionales, la probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones y el respeto en cuanto a la forma de su intervención.
Art. 49. Los Abogados comparecerán ante los Tribunales con traje, corbata y zapatos negros, camisa blanca y vistiendo toga y, potestativamente, birrete, sin distintivos de ninguna clase.
Art. 50. 1. Los Abogados informarán sentados ante los Tribunales de cualquier jurisdicción, teniendo delante de sí una mesa.
2. El Letrado actuante podrá designar un compañero en ejercicio que le auxilie o sustituya en el acto de la vista o juicio en cualquier otra diligencia judicial.
Art. 51. En los Tribunales se designará un sitio, separado del público, con las mismas condiciones del señalado para los Abogados actuantes, a fin de que puedan ocuparlo los demás Letrados que, vistiendo el traje profesional, quieran presenciar los juicios y vistas públicas.
Art. 52. Si el Abogado actuante considerase que la Autoridad, Tribunal o Juzgado coartase la independencia y libertad necesaria para cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida al prestigio de su profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio Juzgado o Tribunal y dar cuenta a la Junta de Gobierno. Dicha Junta, si estima fundada la queja, remitirá los antecedentes de lo actuado al Consejo General de la Abogacía, para que este Organismo adopte los acuerdos precisos al debido amparo del prestigio de la profesión.
Art. 53. Son obligaciones del Abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de la relación contractual que entre ellos existe, la del cumplimiento, con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional, de la misión de defensa que le sea encomendada.
Art. 54. El Abogado realizará diligentemente las actividades que le imponga la defensa del asunto confiado. Podrá auxiliarse en la practica de tales actividades de sus colaboradores u otros compañeros.
Art. 55. Son obligaciones del Abogado para con la parte contraria la abstención de cualquier acto u omisión que determine una lesión injusta y el trato considerado y cortés en cada caso.
Art. 56. 1. El Abogado tiene derecho a una compensación económica por los servicios prestados.
Art. 57. 1. La Abogacía asume la obligación de defender de oficio a los que lo solicitaren, acreditando haber obtenido o al menos promovido la concesión del beneficio de pobreza, así como también para solicitar este beneficio.
2. En la jurisdicción penal los Abogados vendrán, además obligados a la defensa, si el interesado solicita el nombramiento de oficio o no designa Abogado.
Art. 58. 1. La defensa en turno de oficio de los declarados pobres no conferirá a la parte obligación de satisfacer honorarios al Abogado que la ejercite, salvo en los supuestos autorizados por la Ley.
Art 59. La defensa profesional de oficio y la de asistencia al detenido no podrá excusarse sino por causa justificada, que apreciará la Junta de Gobierno.
Art. 60. 1. Corresponde a la Junta de Gobierno dictar las reglas para el repartimiento del turno de oficio, así como del de asistencia al detenido.
Art. 61. 1. El Gobierno de los Colegios se establece sobre la base de una amplia autonomía con sujeción a lo dispuesto en el artículo 2., apartado tercero.
2. Cada Colegio de Abogados será regido por una Junta de Gobierno que estará constituida por un Decano, un Tesorero, un Bibliotecario-Contador, un Secretario y el número de Vocales, que se designarán con el nombre de Diputados, que los Estatutos del mismo determinen, en número no inferior a dos podrá, asimismo, desdoblarse el cargo de Bibliotecario-Contador por un Bibliotecario y un Contador.
Art. 62. Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
1. Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés colegial.
2. Resolver sobre la admisión de los Licenciados o Doctores en Derecho que soliciten incorporarse al Colegio, pudiendo delegar esta facultad en el Decano, para casos de urgencia, que serán sometidos a la ratificación de aquélla.
3. Velar por que los colegiados observen buena conducta con relación a los Tribunales, a sus compañeros, a sus clientes, y en el desempeño de su función desplieguen competencia profesional.
4. Impedir el ejercicio de la profesión a quienes, siendo colegiados o no, la ejerciesen en forma y bajo condiciones contrarias al orden legal establecido.
5. Perseguir a los infractores de lo regulado en el número anterior, así como a las personas, naturales o jurídicas, que faciliten dicho irregular ejercicio profesional, ejercitando frente a éstas cuantas acciones jurisdiccionales fuesen necesarias o convenientes.
6. Adoptar los acuerdos que estime procedentes en cuanto a la cantidad que deba satisfacer cada colegiado por derechos de incorporación.
7. Determinar las cuotas que deben pagar los colegiados ejercientes. y las de los no ejercientes, para sostenimiento de las cargas y servicios colegiales.
8. Acordar, si lo estima necesario, la imposición de cuotas extraordinarias a sus colegiados, con aprobación de la Junta General.
9. Recaudar el importe de las cuotas y de las pólizas establecidas para el sostenimiento de las cargas del Colegio, del Consejo General y de la Mutualidad General de Previsión de la Abogacía.
10. Regular los honorarios de los Abogados en los casos previstos por estos Estatutos, e informar cuando los Tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes.
11. Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.
12. Convocar Juntas ordinarias y extraordinarias, señalando el orden del día para cada una.
13. Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los colegiados.
14. Dictar los Reglamentos de orden interior que juzgue convenientes, cuyos Reglamentos para su vigencia, precisarán la aprobación de la Junta general.
15. Nombrar las Comisiones o Secciones de colegiados que fueren necesarias al estudio de las materias que puedan interesar a los fines de la Corporación y a la defensa y promoción de la Abogacía.
16. Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al Abogado, proveyendo lo necesario al amparo de aquéllas.
17. Informar a los colegiados con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de índole corporativa, colegial, profesional o cultural, de las que la Junta de Gobierno tenga noticias en el ejercicio de su función o en el de alguno de sus miembros o representantes de ellos.
B) Con relación a los Tribunales de Justicia:
1. Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los colegiados en el desempeño de las funciones de la profesión o con ocasión de las mismas.
2. Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso para el interés común y para la recta y pronta administración de justicia.
3. Informar de palabra o por escrito, en nombre del Colegio en cuantos proyectos o iniciativas de las Cortes, del Gobierno u otros Organismos lo requieran.
3. Proponer a la Junta General la inversión o disposición del patrimonio colegial, si se tratare de inmuebles.
Art. 63. La Junta de Gobierno queda facultada para emitir consultas y dictámenes, así como para dictar arbitrajes y laudos.
Art. 64. 1. La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez al menos cada mes, sin perjuicio de poderlo hacer con mayor frecuencia cuando la importancia de los asuntos lo requieran, o lo solicite una cuarta parte de los vocales.
3. Las Agrupaciones de Abogados Jóvenes donde estén constituidas o se constituyan actuaran subordinadas a las Juntas de Gobierno, a las que corresponde autorizar sus Estatutos o las modificaciones de los mismos. Las actuaciones o comunicaciones destinadas a trascender fuera del Colegio pasarán a través de las Juntas de Gobierno, que decidirán previamente sobre su pertinencia.
Art. 65. 1. No podrán formar parte de las Juntas de Gobierno:
2. En el caso de sanciones disciplinarias impuestas por Tribunal, Juzgados y órganos que no sean Colegios de Abogados, la Junta de Gobierno, con total libertad de criterio. decidirá si constituyen o no impedimento para el acceso a los cargos directivos.
Art. 66. El Decano impedirá, bajo su responsabilidad, que entre a desempeñar un cargo en la Junta de Gobierno o que continúe desempeñándolo el colegiado en quien no concurran los requisitos estatutarios.
Art. 67. Corresponderá al Decano la representación oficial del Colegio en todas las relaciones del mismo con los poderes públicos, Entidades, Corporaciones y personalidades de cualquier orden; ejercerá las funciones de vigilancia y corrección que los Estatutos reservan a su autoridad; presidirá las Juntas de Gobierno y las generales y todas las comisiones y comités especiales a que asista, dirigiendo las discusiones con voto de calidad en caso de empate.
Art 68. El Diputado primero o Vicedecano llevará a cabo todas aquellas funciones que le confiera el Decano, asumiendo las de éste en caso de ausencia, enfermedad, abstención, recusación o vacante.
Art. 69. Corresponden al Secretario las funciones siguientes:
3. Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio, debiendo exigir obligatoriamente aquél en el que se anoten las correcciones que se impongan a los colegiados, así como el libro registro de títulos.
8. Revisar cada año las listas de los Abogados del Colegio, expresando su antigü
edad y domicilio.
Art. 70. Corresponderá al Tesorero:
Art. 71. El Bibliotecario-Contador tendrá las obligaciones siguientes:
Art. 72. Los Diputados actuarán como vocales de las Juntas, desempeñando las funciones de éstas que los Estatutos y las leyes les encomienden.
Art. 73. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección en la que podrán participar todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, con arreglo al procedimiento que en estos Estatutos se consigna.
Art. 74. El Decano y los demás cargos de la Junta de Gobierno se proveerán entre Colegiados ejercientes de nacionalidad española, residentes en la demarcación del Colegio y que posean la condición de elector. Serán elegidos por tiempo de cinco años y podrán ser reelegidos.
Art. 75. 1. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno será por votación directa y secreta de los colegiados, estándose en cuanto al cómputo del valor de los votos a lo establecido en el artículo 47, a), 2.
2. Los Colegios en sus Estatutos podrán regular el voto por correo. En este caso se garantizara la autenticidad y el secreto del voto.
Art. 76. 1. La elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno tendrá lugar en la segunda Junta general ordinaria del Colegio, la que se celebrará cualquier día del último trimestre de cada año.
Art. 77. 1. Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno de un Colegio queden vacantes, el Consejo General designará una Junta provisional que convocará, en el plazo de treinta días, elecciones para la provisión de Los cargos vacantes. Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los treinta días siguientes, contados a partir de la convocatoria.
Art. 78. 1. Los trámites a seguir hasta la celebración del acto electoral serán los siguientes:
2. Dentro de los cinco días, siguientes a la fecha de la convocatoria, por Secretaría se cumplimentarán los siguientes particulares:
2. a) Los colegiados que quisieren formular reclamación contra las listas de electores habrán de verificarla dentro del plazo de cinco días siguientes a la exposición de las mismas.
b) La Junta de Gobierno caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá sobre ellas dentro de los tres días siguientes a la expiración del plazo para formularlas; notificándose su resolución a cada reclamante dentro de los dos días siguientes.
3. La Junta de Gobierno, al siguiente día de la finalización del plazo de presentación de candidaturas proclamará candidatos a quienes reúnan los requisitos legales exigibles, considerando electos a los que no tengan oponentes.
Art. 79. 1. Para la celebración de la elección y tras el cumplimiento de los párrafos primero y segundo del orden del día, se constituirá la Mesa electoral a los fines establecidos en el punto tercero del mismo orden. Esta Mesa quedará integrada por el Decano, como Presidente, o por un miembro de la Junta que le sustituya en dicho acto auxiliado, como mínimo, por dos miembros más de la propia Junta, como vocales; actuando el más moderno de éstos como Secretario, de no formar el titular parte de la Mesa.
2. En la Mesa electoral deberá haber urnas separadas para el depósito de los votos de los colegiados ejercientes y no ejercientes. Las urnas deberán estar cerradas, dejando únicamente una ranura para depositar los votos.
3. Constituida la Mesa electoral, el Presidente indicará el comienzo de la votación y, a la hora prevista para su finalización, se cerrarán las puertas y sólo podrán votar los colegiados que ya estuvieren en la sala. La Mesa votará en ultimo lugar.
6. Los candidatos podrán por su parte confeccionar papeletas las que deberán ser exactamente iguales a las editadas por la Junta.
Art. 80. Los votantes deberán acreditar a la Mesa electoral su personalidad. La Mesa comprobará su inclusión en el censo elaborado para las elecciones; su Presidente pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante indicando que vota, tras lo cual el propio Presidente introducirá la papeleta doblada en la urna correspondiente.
Art. 81. 1. Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las papeletas.
3. Finalizado el escrutinio, la Presidencia anunciará su resultado; proclamándose seguidamente electos los candidatos que hubieren obtenido para cada cargo el mayor número de votos.
4. En el plazo de cinco días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá comunicarse ésta al Consejo General y, a través de éste, al Ministerio de Justicia, participando su composición y el cumplimiento de los requisitos legales.
Art. 82. Los miembros de la Junta de Gobierno de los Colegios de Abogados cesarán por las causas siguientes:
e) Aprobación de moción de censura, según lo regulado en el siguiente capítulo
Art. 83. Todos los colegiados podrán asistir con voz y voto, salvo las excepciones que en estos Estatutos se determinan, a las Juntas generales ordinarias y extraordinarias que se celebren.
Art 84. 1. Las Juntas generales deberán convocarse con antelación mínima de quince días, salvo los casos de urgencia en que a juicio del Decano deba el plazo reducirse.
3. En la Secretaría del Colegio durante las horas de despacho, estarán a disposición de los colegiados lo antecedentes de los asuntos a deliberar en la Junta convocada.
Art. 85. 1. En la segunda quincena de mes de enero será celebrada la primera Junta general ordinaria de cada año, precisamente con arreglo al siguiente orden del día:
3. Treinta días antes de la celebración de la Junta general ordinaria del mes de enero los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen someter a la deliberación y acuerdo del Colegio, y que serán incluidas por la Junta de Gobierno en la sección del orden del día denominada .
Art. 86. La segunda Junta general ordinaria de cada año se celebrará en el último trimestre, con arreglo al siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación del presupuesto formado por la Junta de Gobierno para el año siguiente.
Art. 87. 1. Las Juntas generales extraordinarias se celebrarán a iniciativa del Decano, de la Junta de Gobierno o a solicitud del 10 por 100 de los colegiados ejercientes, con expresión de los asuntos concretos que hayan de tratarse en ellas.
2. Si lo que se pretendiese fuere un voto de censura contra la Junta o alguno de sus miembros la petición deberá ser suscrita al menos por el 20 por 100 de los Letrados ejercientes, expresando con claridad las razones en que se funde.
4. Sólo por resolución motivada y en el caso de que la proposición sea ajena a los fines atribuidos a la Corporación, podrá denegarse la celebración de Junta extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios
Art. 88. 1. Las Juntas generales se celebrarán en el día y hora señalados, cualquiera que sea el número de colegiados concurrentes a ellas, salvo en los casos en que se exija un quórum de asistencia determinado. Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos emitidos, salvo en los casos en que se exija por este Estatuto quórum especial. En ningún caso el voto será delegable.
Art. 89. Las Juntas generales extraordinarias serán competentes para proponer la aprobación o modificación de los Estatutos del Colegio respectivo, autorizar a la Junta de Gobierno la enajenación de bienes inmuebles de la Corporación, aprobar o censurar la actuación de la Junta de Gobierno o de sus miembros; formular peticiones a los poderes públicos conforme a las Leyes y formular cualquier otro tipo de proposición dentro del marco de la legalidad vigente.
Art. 90. 1. Presidirá la Junta el Decano o quien estatutariamente le sustituya.
Art. 91. 1. La moción de censura solo podrá plantearse en Junta general extraordinaria convocada al efecto con los requisitos especiales exigidos en el artículo 87. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno del censo de colegiados ejercientes.
2. Existiendo este quórum, para que prospere será necesario el voto favorable, directo y personal, de la mitad mas uno del censo de los colegiados ejercientes.
Art. 92. Para la modificación de Estatutos se exigirá un acuerdo de Junta general extraordinaria y en el caso de que la Junta que lo acuerde no reúna un quórum de asistencia mínimo del 50 por 100 de colegiados ejercientes, el tema deberá ser tratado en otra Junta, también de carácter extraordinario, que podrá adoptar acuerdo por mayoría simple y sin exigencia de quórum especial de asistencia.
Art. 93. Los distintos Colegios de Abogados pertenecientes a un mismo territorio jurisdiccional, sin perjuicio de sus propias competencias y personalidad y de las del Consejo General, podrán crear vínculos de intercolegiación y mutua colaboración.
Art. 94. Tanto los acuerdos de la Junta general como de la Junta de Gobierno serán inmediatamente ejecutivos, salvo acuerdo motivado en contrario por la propia Junta.
Art. 95. En cada Colegio se llevarán obligatoriamente dos libros de actas, donde se transcribirán separadamente las correspondientes a la Junta general y a la Junta de Gobierno.
Art. 96. 1. Los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno podrán ser objeto de recurso ante el Consejo General, dentro del plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que se hubiesen adoptado o, en su caso, notificado, a los colegiados o personas a quienes afecten.
Art. 97. 1. Los acuerdos de las Juntas generales serán recurribles por la Junta de Gobierno, o por cualquier colegiado a quien afecte personalmente, ante el Consejo General, en el plazo de quince días desde su adopción.
Art. 98. 1. Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se den algunos de los siguientes supuestos:
Art. 99. Los actos emanados de las Juntas de los Colegios y del Consejo General, en cuanto estén sujetos al Derecho administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Art. 100. Los Abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.
Art. 101. 1. Por los Colegios de Abogados o, en su caso, por el Consejo General, se ejercitarán las acciones legales que fueren procedentes por presuntos delitos de intrusismo.
Art. 102. Los Abogados en su ejercicio profesional están sujetos a responsabilidad civil cuando por dolo o negligencia dañen los intereses cuya defensa les ha sido confiada.
Art. 103. La responsabilidad civil a que se refiere el artículo anterior, cuando no vaya unida a la criminal que sea objeto de acción Interpuesta por el Ministerio Fiscal o por querellante particular, sólo podrá ser reclamada por el perjudicado o por quienes le sucedan o sustituyan, según las normas generales del Derecho privado.
Art. 104. La reclamación de la responsabilidad civil se ajustará a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. salvo el caso de que se exija en unión de la penal por razón de delito o falta.
Art. 105. La responsabilidad civil consistirá en la indemnización, a cargo del Abogado, de los daños y perjuicios causados.
Art. 106. El Abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier clase contra otro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, deberá acudir previamente al Decano del Colegio por si el mismo considera oportuno realizar una labor de mediación.
Subsección primera.- Facultades disciplinarias de los Tribunales y Colegios
Art. 107. Los Abogados están además sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes profesionales.
Art. 108. 1. Las facultades disciplinarias de la Autoridad judicial sobre los Abogados se ajustarán a lo dispuesto en las Leyes procesales.
Art 109. El Decano y la Junta de Gobierno son competentes para el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, ateniendose a las siguientes normas:
Art. 110. 1. El acuerdo de suspensión por más de seis meses o expulsión, deberá ser tomado exclusivamente por la Junta de Gobierno, mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de los miembros componentes de aquélla.
Art. 111. Si el acuerdo se refiere a alguno de los miembros de la Junta, conocerá del expediente el Consejo General de la Abogacía.
Subsección segunda.- De las faltas y sanciones
Art. 112. Las faltas que puedan llevar aparejada sanción disciplinaria se clasifican en muy graves, graves y leves.
Art. 113. Faltas muy graves.- Son faltas muy graves:
a) La infracción de las prohibiciones contenidas en el párrafo 2. del artículo 28 y artículo 29 del presente Estatuto.
b) La prestación de servicios profesionales con incumplimiento de los requisitos especificados en el artículo 32. y cualquier otra infracción que en los presentes Estatutos tuvieren la calificación de falta muy grave.
d) El atentado contra la dignidad y honor de las personas que constituyen la Junta de Gobierno cuando actúen en el ejercicio de sus funciones, y contra los demás compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
g) La realización de actividades. constitución de asociaciones o pertenencia a éstas cuando tengan como fines o realicen funciones que sean propias de los Colegios o los interfieran en algún modo.
Art. 114. Faltas graves.- Son faltas graves:
Art. 115. Faltas leves.- Son faltas leves:
Art. 116. Sanciones.- Las sanciones que pueden imponerse son.
Art. 117. Las faltas leves se sancionarán por la Junta de Gobierno y, en su nombre, por el Decano del Colegio, sin necesidad de previo expediente y tras la audiencia o descargo del inculpado.
Art. 118. 1. Las faltas graves y muy graves se sancionarán por la Junta de Gobierno tras la apertura de expediente disciplinario, tramitado conforme al Reglamento de Procedimiento Disciplinario.
Art. 119. Las Juntas de Gobierno respectivas de los Colegios remitirán al Consejo General de la Abogacía testimonio de sus acuerdos de condena en los expedientes sobre responsabilidad disciplinaria de los Abogados, por faltas graves o muy graves.
Art. 120. Las sanciones llevarán consigo el efecto correspondiente a cada corrección; su imposición se notificará por la Secretaria y contra la misma se podrá recurrir en la forma y con los efectos previstos en el artículo 96. Art. 121. Las faltas determinantes de sanción disciplinaria corporativa prescribirán, si son leves, a los tres meses; si graves, al año; y si son muy graves, a los dos años, de los hechos que las motivaran.
Art. 122. 1. Los sancionados podrán pedir su rehabilitación, con la consiguiente cancelación de la nota de su expediente personal, en los siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la sanción:
Art. 123. Constituyen recursos ordinarios de los Colegios de Abogados:
Art. 124. Constituirán los recursos extraordinarios del Colegio de Abogados: a) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por el Estado o Corporaciones oficiales, Entidades o particulares.
c) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir al Colegio cuando administre en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural o benéfico, determinados bienes o rentas.
Art. 125. 1. El capital del Colegio se invertirá preferentemente en valores de toda garantía salvo que, en casos especiales, a juicio de la Junta de Gobierno se acordare su inversión en inmuebles o en otros bienes.
Art. 126. El patrimonio del Colegio será administrado por la Junta de Gobierno. El Decano ejercitará las funciones de ordenador de pagos, cuyas órdenes serán ejecutadas por el Tesorero e intervenidas por el Contador.
Art. 127. 1. Los colegiados en número superior al 5 por 100 del censo, podrán formular petición concreta y precisa sobre cualquier dato relativo al ejercicio económico.
Art. 128. La Junta de Gobierno procederá a la designación de los empleados administrativos auxiliares y subalternos necesarios Jara la buena marcha de la Corporación.
Art. 129. 1. El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los ilustres Colegios de Abogados de España y tiene a todos los efectos la condición de Corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
2. El Consejo General se regirá por la Ley y sus normas especificas.
Art 130. 1. La Asamblea de Decanos de todos los Colegios de España es el supremo órgano rector de la Abogacía.
3. El orden del día de las reuniones deberá ser fijado por el Consejo General y comunicado con veinte días de antelación. como mínimo. Dicho temario será adicionado con las proposiciones que envíen los Decanos, dentro de los plazos que el Consejo señale al hacer la convocatoria.
Art. 131. El Consejo General podrá convocar Congresos Nacionales por propio acuerdo; y deberá hacerlo por excitación de la Asamblea de Decanos, con acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus componentes.
Primera.- El presente Estatuto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado>.
REAL DECRETO 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española	Derecho.com
REAL DECRETO 2090/1982, DE 24 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACIA	Trámites

References: REAL DECRETO 
	REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

Artículo 1
 resolución 
 artículo 2
 artículo 47
 resolución 
 resolución 
 artículo 87
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 96

REAL DECRETO 

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