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Timestamp: 2020-08-15 08:11:40+00:00

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Ley de Ordenación de Emergencias en las Illes Balears (Ley 2/1998 de 13 de marzo) - Normativa de Baleares - Legislación - VLEX 74097793
Ley de Ordenación de Emergencias en las Illes Balears (Ley 2/1998 de 13 de marzo)
Publicado en: BO Illes Balears de 21 de Marzo 1998
CAPÍTULO I. Los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos - arts. 11 a 16
CAPÍTULO II. Los servicios de rescate - arts. 17 a 19
CAPÍTULO III. Los servicios públicos de emergencias sanitarias extrahospitalarias - arts. 20 a 22
CAPÍTULO IV. Los centros de gestión de emergencias - arts. 23 a 27
CAPÍTULO V. El voluntariado de protección civil - arts. 28 a 32
TÍTULO III. El instituto balear de seguridad pública - arts. 33 a 35
TÍTULO IV. La financiación de los servicios - arts. 36 a 38
TÍTULO V. Prevención en espectáculos públicos o actividades recreativas - arts. 39 a 46
TÍTULO VI. Infracciones y sanciones - arts. 47 a 58
Norma citada en: 7 sentencias, 3 artículos doctrinales, una noticia
Ley desarrollada por el Decreto 69/2001, de 18 mayo, publicado en el BO Islas Baleares del 26 de Mayo de 2001.
Ley desarrollada por el Decreto 8/2004, de 23 enero, publicado en el BO Islas Baleares del 5 de Febrero de 2004.
Ley desarrollada por el Decreto 2/2005, de 14 enero, publicado en el BO Islas Baleares del 15 de Enero de 2005.
LEY DE ORDENACIÓN DE EMERGENCIAS EN LES ILLES BALEARS
Del mismo modo, el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, en su artículo 9, impone a las instituciones de autogobierno, en cumplimiento de los fines que les son propios, promover la libertad, lajusticia, la igualdad y el progreso socioeconómico entre los ciudadanos de les Illes Balears, como principios de la Constitución, así como su participación en la vida política, cultural, económica y social. Igualmente, inspirarán la función de poder público en el sentido de consolidar y desarrollar las características de nacionalidad comunes de los pueblos de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y de Formentera, así como las peculiaridades de cada una de ellas, como vínculo de solidaridad entre todas las islas.
En concreto, las referencias a tener en cuenta provienen, en primer lugar, del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares que, en su artículo 10, concreta aquellas materias sobre las que la Comunidad Autónoma tiene competencias exclusivas y, de dicho artículo, cabe resaltar el contenido de los puntos 7, 12, 14 i 25 que, respectivamente, se refieren a los títulos sobre montes y aprovechamientos forestales, sanidad e higiene, vigilancia y protección de edificios e instalaciones, así como la coordinación y otras funciones en relación con las policías locales y, finalmente, los espectáculos públicos.
Por otro lado, las sentencias núm. 123/1984, de 18 de diciembre, núm. 133/1990, de 19 de julio, del Tribunal Constitucional, así como la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, y el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la norma básica de protección civil, proporcionan a les Illes Balears auténticos títulos habilitadores para la intervención activa en materia de desarrollo normativo relativo a protección civil respetando, lógicamente, los ámbitos correspondientes a otras administraciones públicas concurrentes.
En el concreto marco normativo expuesto, la presente ley aborda la formalización efectiva de la respuesta organizada de los poderes públicos autonómicos ante eventos dañosos, peligrosos o catastróficos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y, para ello, se realiza una detallada regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento; asimismo, se regulan los servicios de rescate y emergencia sanitaria extrahospitalaria, englobando, en un mismo texto, los servicios que pueden calificarse de emergencia no policial. Finalmente, se establece la regulación y la organización funcional de los centros de gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma.
En este título, se crean formalmente los centros de gestión de emergencias del Gobierno de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears como servicios públicos encaminados a la recepción de llamadas y a su gestión ante los servicios que correspondan y a articular la adecuada coordinación de las intervenciones que deban producirse.
En el título V se incluye la regulación de la prevención en espectáculos públicos o actividades recreativas, las actividades temporales y las actividades extraordinarias, singulares o excepcionales. Es necesario precisar al respecto que, hasta que la Comunidad Autónoma apruebe su normativa propia, de conformidad con lo que disponen los puntos 1 y 2 de la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, el concepto jurídico de espectáculos públicos o actividades recreativas es el definido por la normativa estatal de 27 de agosto de 1982; esto es, los espectáculos, las actividades deportivas y recreativas y los establecimientos destinados al público enumerados en el anexo de la citada normativa estatal, con independencia de que sean de titularidad pública o privada y de que se propongan o no finalidades lucrativas. Asimismo, se regula la obligatoriedad de la cuantía mínima de las pólizas de responsabilidad civil, su acreditación y la inspección tanto del servicio de prevención de incendios como la de los funcionarios de la Administración autonómica, siempre respetando la competencia municipal para el ejercicio de la potestad sancionadora.
La presente ley tiene por objeto la ordenación general de los servicios de prevención y extinción de incendios y, del salvamento, rescate y emergencia sanitaria extrahospitalaria, así como la regulación y organización de los centros de gestión de emergencias de les Illes Balears.
ARTÍCULO 2 Principios generales de actuación.
Principios de diligencia, celeridad y proporcionalidad, con cuya observancia se pretende una más segura, eficaz y rápida actuación, mediante la aplicación de medidas racionales, la exigencia de los deberes de los ciudadanos y el respeto a sus derechos.
Principios de colaboración, capacidad de integración recíproca y lealtad institucional, para obtener el máximo rendimiento de los servicios y una armónica coordinación y cooperación con las administraciones que intervengan o puedan intervenir en este tipo de actuaciones.
Principios de continuidad, descentralización, planificación, coordinación y subsidiariedad.
ARTÍCULO 3 Naturaleza de los servicios de emergencia.
A fin de garantizar la prestación integral de tales servicios en el territorio de les Illes Balears, el Gobierno de la Comunidad Autónoma establecerá, reglamentariamente, las dotaciones mínimas exigibles en cada caso.
ARTÍCULO 4 La colaboración ciudadana.
De acuerdo con lo prevenido en las leyes, los ciudadanos tienen la obligación de colaborar, tanto personal como materialmente, con los servicios objeto de la presente ley, previo requerimiento de las autoridades competentes. Esta colaboración puede concretarse en el cumplimiento de medidas de prevención y protección, en la realización de simulacros y en la intervención operativa en las situaciones de emergencia donde sean requeridos.
Los ciudadanos tienen derecho a ser escuchados y a participar en los planes de protección civil y en los demás instrumentos de planificación que prevé esta ley, en los términos fijados reglamentariamente, así como a conocer y a ser informados de su contenido.
En supuestos de riesgo grave, de catástrofe o de calamidad pública, los ciudadanos están obligados a cumplir las prestaciones de carácter personal que la autoridad competente determine. Dichas prestaciones personales no dan derecho a indemnización alguna.
Si las características de una emergencia lo exigen, las autoridades competentes pueden proceder a la requisa de cualquier tipo de bienes, así como a la intervención y ocupación transitoria de los que sean necesarios para el buen fin de la operación. Las personas afectadas por estas actuaciones tienen derecho a ser indemnizadas, de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.
ARTÍCULO 5 Autoprotección e información.
Las personas, empresas y, en general, entidades y organismos que realicen actividades que puedan generar situaciones de emergencia, de grave riesgo colectivo, de catástrofe o calamidad pública, así como aquellos centros e instalaciones, públicos y privados, que puedan resultar afectados de manera especialmente grave por situaciones de dicha índole, están obligados a adoptar medidas de autoprotección y a mantener los medios personales y materiales necesarios para hacer frente a situaciones de riesgo y emergencia.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma determinará reglamentariamente el catálogo de actividades y los tipos de centros a que se refiere el punto anterior, así como las medidas mínimas a adoptar en cada caso. En el procedimiento de elaboración de este catálogo serán escuchados las personas, los centros o las entidades afectadas, directamente o a través de sus organizaciones asociativas.
Las personas, los centros y las entidades obligados según los puntos anteriores deben comunicar a las autoridades competentes los planes y las medidas de autoprotección que adopten, así como sus modificaciones.
Los funcionarios de la Administración autonómica o la autoridad insular en quien se delegue podrán, en cualquier momento inspeccionar el estado de las medidas y de los medios de autoprotección existentes.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma promoverá la formación de organizaciones de autoprotección entre las empresas y, en general, entre las entidades que realicen actividades de especial riesgo, y les facilitará asesoramiento técnico y asistencia.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma y el resto de los poderes públicos diseñarán y promoverán actividades informativas y formativas encaminadas a la sensibilización de los ciudadanos, y especialmente a la comunidad educativa, en lo referente a las responsabilidades públicas y a la imprescindible colaboración en materia de prevención y extinción de incendios, salvamentos, evacuaciones y autoprotección.
ARTÍCULO 6 Medios de comunicación.
ARTÍCULO 7 Competencias de la Comunidad Autónoma.
Ejercicio de la potestad reglamentaria de la materia.
Dictar las normas y establecer las actuaciones conducentes a la normalización y homologación de equipos y materiales de emergencia, así como de los procedimientos de emergencia.
Procurar, mediante el establecimiento de las medidas adecuadas, la formación y el perfeccionamiento del personal de los servicios de emergencia y de sus colaboradores.
Solicitar a las administraciones titulares de los servicios su colaboración para intervenir fuera de su territorio, cuando ello sea necesario.
Impulsar normativas municipales e insulares reguladoras de la prevención y extinción de incendios y salvamentos.
Ejercer la potestad inspectora y sancionadora de la materia.
Las funciones de coordinación que el ordenamiento jurídico le atribuya.
La elaboración de instrumentos de planificación, en la materia objeto de la presente ley, conforme a lo previsto en la misma.
La intervención para anular las causas y paliar, corregir y minimizar los efectos de las catástrofes y calamidades públicas.
La información y formación de las personas involucradas en situaciones de emergencia.
ARTÍCULO 8 Colaboración en actividades concretas.
La Comunidad Autónoma dispondrá de un departamento propio en materia de inspecciones para velar por el cumplimiento de esta ley.
Con el fin de facilitar las actuaciones que, en materia de inspección, confiere esta ley, la Administración podrá encomendar a personas físicas o jurídicas sujetos de derecho privado, la realización de actividades de carácter material o técnico, que se ajustarán a la legislación de contratos de las administraciones públicas, y que, en cualquier caso, se materializarán sin perjuicio del ejercicio de la potestad administrativa de inspección por los órganos competentes.
ARTÍCULO 9 Estudio e investigación.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma y el conjunto de administraciones públicas en les Illes Balears promoverán el estudio de los riesgos que puedan afectar a la población, a los animales, a los bienes y al medio ambiente, y la investigación sobre los medios y las técnicas de respuesta, así como los estudios sociológicos necesarios para determinar las necesidades informativas de la población. Con esta finalidad se podrán establecer convenios y acordar formas de colaboración con la Universidad de les Illes Balears y otras instituciones relacionadas con la materia.
ARTÍCULO 10 Órgano de coordinación.
Se crea la Comisión de Emergencias y Protección de les Illes Balears como órgano superior, de carácter consultivo, deliberante, coordinador y homologador en materia de emergencias y de protección.
Esta comisión estará integrada por representantes del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de los consejos insulares, de la Administración General del Estado en les Illes Balears, de los ayuntamientos y de las asociaciones dedicadas al voluntariado de protección, salvamentos y rescate.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma establecerá reglamentariamente la organización y el funcionamiento de dicha comisión.
TÍTULO II Artículos 11 a 32
CAPÍTULO I Los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos Artículos 11 a 16
ARTÍCULO 11 Los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos.
Según lo establecido en la presente Ley, serán servicios públicos de prevención y extinción de incendios y de salvamentos, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los siguientes:
Los servicios insulares de prevención y extinción de incendios y de salvamentos de los consejos insulares.
Los servicios municipales de prevención y extinción de incendios y de salvamentos.
Los servicios de vigilancia y extinción de incendios forestales del Gobierno de las Illes Balears.
Asimismo, tendrán la consideración de colaboradores de los servicios antes mencionados: las agrupaciones de defensa forestal o similares, los voluntarios de protección civil, los bomberos voluntarios y el personal de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y autoprotección de los organismos y empresas públicas y privadas.
Artículo 11 modificado por Artículo 23 de la Ley 10/2003, de 22 diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
ARTÍCULO 12 Funciones de los servicios.
Las actividades relativas a la extinción de incendios y, en general, el salvamento de personas, animales y bienes, en caso de siniestro o situación de emergencia.
Ejercer estos trabajos de prevención encaminados a evitar o a disminuir el riesgo de incendios o cualesquiera otros tipos de riesgos, siniestros o accidentes y, en especial, la inspección del cumplimiento de la normativa en vigor.
Adoptar medidas de seguridad extraordinarias y provisionales, en tanto recae la decisión de la autoridad competente, sobre el cierre y desalojo de locales y establecimientos públicos.
Adoptar medidas de seguridad, igualmente extraordinarias y provisionales y en tanto recae la decisión de la autoridad competente sobre la evacuación de inmuebles y propiedades, en situaciones de emergencia, mientras las circunstancias del caso lo hagan imprescindible, así como limitar o restringir, durante el tiempo necesario, la circulación y permanencia en vías o lugares públicos, en los supuestos de incendio, catástrofe o calamidad.
Investigar e informar sobre los siniestros en que intervengan y, particularmente, cumplimentar los requerimientos de la autoridad competente.
Intervenir en operaciones de protección civil, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente y, más en concreto con el contenido de los planes territoriales y especiales que sean de aplicación.
En los supuestos de intervención por cualquier título, recuperar las víctimas y coordinar su traslado, con la urgencia que se requiera, en su caso.
Realizar campañas de información y formación de los ciudadanos sobre prevención y actuación en caso de siniestro.
Estudiar e investigar las técnicas, instalaciones y sistemas de protección contra incendios en relación con la normativa específica de estas materias.
Actuar en servicios de interés público, por razón de la específica capacidad de sus miembros y la adecuación de los medios materiales de que disponen, siempre que no suponga merma de su capacidad de respuesta para los servicios propios.
Cualesquiera otras funciones que se les atribuyan, encaminadas a la protección de personas y bienes, cuando sean necesarias y proporcionadas a los hechos.
ARTÍCULO 13 Elementos personales de los servicios.
ARTÍCULO 14 Personal profesional.
El personal profesional es aquél que desempeña su actividad en alguno de los servicios definidos en el punto 1 del artículo 11 de la presente ley, mediante relación de carácter funcionarial o laboral.
Asimismo, también tendrá la consideración de personal profesional aquél que desempeñe su actividad, mediante relación estable de dependencia, en alguno de los servicios que, conforme a lo dispuesto en el punto 2 del artículo 11 de esta ley, son colaboradores de los servicios públicos de prevención y extinción de incendios y de salvamentos.
ARTÍCULO 15 Formación del personal profesional.
ARTÍCULO 16 Personal voluntario y de empresa.
Además del personal profesional dedicado al servicio de prevención y extinción de incendios y de salvamentos, existe un personal voluntario que, en función de las circunstancias concurrentes, interviene y colabora con los correspondientes servicios públicos en las tareas propias de los mismos:
Los voluntarios de protección civil, que son aquellas personas que colaboran de modo regular con la Administración de la Comunidad Autónoma y demás poderes públicos en labores de salvamento de personas y bienes afectados por cualquier siniestro o calamidad pública, o en los trabajos adecuados para su extinción, de acuerdo con las condiciones y requisitos que reglamentariamente establecerá el Gobierno de la Comunidad Autónoma y sin que, en ningún caso, adquieran la condición de personal laboral o funcionario al servicio de la Administración autonómica.
Los bomberos voluntarios y los integrantes de las agrupaciones de defensa forestal y asimilados, que son aquellas personas que, en ejercicio de una vocación benéficosocial, prestan sus servicios de forma altruista en la estructura de cualquiera de los servicios de prevención y extinción de incendios de les Illes Balears, de acuerdo con lo que reglamentariamente establecerá el Gobierno de la Comunidad Autónoma y sin que, por razón de dicha prestación, puedan adquirir la condición de personal laboral o funcionario de los referidos servicios.
El personal de vigilancia, seguridad, prevención contra incendios y de autoprotección de los organismos y/o empresas públicas o privadas quedará incluido, asimismo, en el ámbito de aplicación de esta ley, con el carácter de personal de empresa que, cuando reunirá las características aludidas en el artículo 11 de este texto legal, se considerará como colaborador de los servicios públicos correspondientes.
El personal al que se hace referencia en las letras a), b) y c) del punto anterior, deberá contar con la debida acreditación expedida por la Administración de la Comunidad Autónoma. Los requisitos y condiciones de expedición se regularán por vía reglamentaria.
La actuación e intervención del personal voluntario y de empresa en los sucesos y situaciones en los que se les haya requerido, se llevará a cabo bajo la coordinación y dirección del correspondiente servicio público de prevención y extinción de incendios y de salvamentos.
CAPÍTULO II Los servicios de rescate Artículos 17 a 19
ARTÍCULO 17 Los servicios de rescate.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears se consideran servicios de rescate aquéllos dedicados a realizar tal tipo de actividades en las montañas, playas y otros lugares considerados de riesgo, y están compuestos por:
Los servicios de bomberos especializados en tales actividades.
Los servicios municipales especializados.
El personal profesional o voluntario de las entidades públicas o privadas constituidas a tal fin.
El personal de los concesionarios de servicios de temporada en playas o enclaves de montaña en los casos en que así se establezca.
ARTÍCULO 18 Funciones de los servicios.
Intervenir en cualquier clase de rescate a requerimiento de la autoridad competente.
En los supuestos de intervención, recuperar a las víctimas y, en su caso, coordinar y efectuar su traslado con la urgencia que se requiera a los centros o instituciones correspondientes.
Cualquier otra que, en razón de su especialización, pudiera encomendárseles.
ARTÍCULO 19 Formación y acreditación.
CAPÍTULO III Los servicios públicos de emergencias sanitarias extrahospitalarias Artículos 20 a 22
ARTÍCULO 20 Los servicios de emergencias sanitarias extrahospitalarias.
Los servicios de emergencias sanitarias extrahospitalarias en les Illes Balears están integrados por todos los servicios públicos y privados dedicados a proporcionar los primeros auxilios y atenciones médicas inaplazables a los afectados en caso de siniestro, calamidad o catástrofe así como a facilitar el necesario transporte a los centros asistenciales que corresponda.
Proporcionar los primeros auxilios y atenciones médicas de urgencia a todoslos afectados en los casos de siniestro, catástrofe o calamidad.
Proveer, en su caso, del necesario transporte de los afectados, en los supuestos referidos en el punto anterior, a los centros sanitarios asistenciales que corresponda.
ARTÍCULO 22 Requerimientos técnicos y acreditación.
CAPÍTULO IV Los centros de gestión de emergencias Artículos 23 a 27
La acción permanente de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears en la protección y auxilio de personas y bienes en situación de emergencia se ajustará a los principios expuestos en el artículo 2 de esta ley, a lo dispuesto en este capítulo IV del título II y a la legislación específica de protección civil.
Corresponde a la conselleria competente en materia de Interior del Gobierno de la Comunidad Autónoma asegurar la adecuada coordinación de las intervenciones en las emergencias contempladas en este capítulo y dicha coordinación se articulará, básicamente, a través de la labor de los correspondientes centros de gestión de emergencias.
La conselleria competente en materia de Interior del Gobierno de la Comunidad Autónoma elaborará planes de desarrollo y de actuación de cada tipo de incidente que pueda producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma. El plan maestro de seguridad se realizará en coordinación y con la participación de todas las administraciones implicadas.
ARTÍCULO 24 Los centros de gestión de emergencias.
Se crean los centros de gestión de emergencias como servicio público de carácter esencial de la Comunidad Autónoma que, dependientes de la conselleria competente en materia de Interior, tienen como finalidad la recepción de llamadas de auxilio y su gestión ante los servicios oportunos, así como el apoyo técnico a la coordinación y contabilización de los servicios necesarios.
A tales fines, en colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y con respeto al ámbito competencial de cada uno de ellos, les corresponden las siguientes funciones:
Recibir toda clase de llamadas de auxilio o emergencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y, en especial, la atención del número telefónico 112 (uno, uno, dos) o teléfono único europeo de emergencias.
Identificar la urgencia o el tipo de incidente y transmitir la llamada o alarma a los servicios o autoridades oportunos.
Efectuar, en su caso, un seguimiento de la evolución de la emergencia, para lo cual recibirán información de los intervinientes, y contribuir a la coordinación de los medios y recursos actuantes.
Las demás que les confiera el ordenamiento jurídico.
La ordenación y estructura de los centros de gestión de emergencias garantizará la prestación permanente de sus servicios y la atención a las llamadas de auxilio recibidas en cualesquiera de los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma así como en, al menos, dos de los idiomas oficiales en los estados de la Unión Europea.
La operación del servicio y su asistencia técnica puede ser ejercida,bien directamente por la Dirección General de Interior o bien a través de empresas especializadas en tales cometidos y acreditadas, a tal efecto, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. La dirección del servicio y de los propios centros de emergencia deberá recaer siempre en personal funcionario de la Administración autonómica.
En el ejercicio de sus funciones, los directores de los centros de emergencias tendrán la consideración de agentes de la autoridad a efectos de garantizar la protección de las personas y bienes en situación de peligro, movilizar recursos y solicitar información así como para el control y custodia de los datos que obren en los archivos físicos e informáticos.
El personal que preste servicio en los centros de gestión de emergencias deberá contar con la formación adecuada y reunir las condiciones y requisitos imprescindibles para tal cometido. Asimismo deberá contar con la correspondiente acreditación expedida por el Gobierno de la Comunidad Autónoma en la forma que reglamentariamente se determinará.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma asegurará la implantación de los sistemas de gestión de emergencias en cada uno de los territorios insulares y los dotará de los recursos materiales y humanos adecuados.
ARTÍCULO 25 Colaboración informativa.
Las administraciones públicas de les Illes Balears y las entidades públicas o privadas cuya actividad esté directa o indirectamente relacionada con la prevención, atención, socorro y seguridad de las personas y sus bienes en situaciones de emergencia, deberán prestar su colaboración a los órganos o centros directivos de la conselleria competente en materia de Interior que estén encargados de la atención y gestión de emergencias, y dicha colaboración se materializará del siguiente modo:
Informando sobre la localización, dotación de personal, medios técnicos, sistemas de prestación de servicios y, en general, recursos disponibles en situaciones de urgencia o emergencia.
Comunicando la existencia de las situaciones de emergencia y de su desarrollo, evolución y finalización.
ARTÍCULO 26 Protocolos operativos estándares.
Los protocolos operativos de los centros de gestión de emergencias serán los instrumentos básicos que regirán su funcionamiento y se determinarán los procedimientos de identificación y evaluación de la llamada o alarma en tiempo real, así como las medidas a adoptar y los criterios para la movilización de recursos según el tipo de incidente y la fase de emergencia de que se trate.
La elaboración y aplicación de los protocolos operativos estándares (SOP) se adecuará a los criterios sobre movilización de recursos previstos en los diferentes planes de emergencias de Protección Civil y, en especial, a las siguientes reglas:
Cuando la atención a la emergencia o a la urgencia sea competencia de una determinada administración o servicio y no sea precisa la colaboración de otros servicios, los centros de gestión de emergencias limitarán su labor a transmitir la alarma al mismo y realizar su seguimiento.
Cuando sea precisa la colaboración de diversos medios o recursos intervinientes, el Gobierno de la Comunidad Autónoma ofrecerá, a efectos de su coordinación efectiva, el apoyo técnico de sus centros de gestión de emergencias.
En los casos especiales en que se encuentre en peligro la vida de personas o esté en riesgo su integridad física de forma perentoria o urgente y la necesidad de acción entre los intervinientes lo haga imprescindible, las autoridades competentes en el seno de la Administración autonómica podrán dictar las directrices precisas para afrontar la emergencia.
ARTÍCULO 27 Formas de participación.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma, por vía reglamentaria, regulará las formas de participación y colaboración de sus diversos departamentos y órganos dependientes en la actividad de los centros de gestión de emergencias.
La conselleria competente en materia de Interior promoverá la suscripción de convenios con las administraciones y entidades que dispongan de servicios y recursos de interés para la respuesta a las emergencias.
CAPÍTULO V El voluntariado de protección civil Artículos 28 a 32
ARTÍCULO 28 El voluntariado de protección civil
Se entiende por voluntariado de protección civil al conjunto de ciudadanos que se adhieren libre y desinteresadamente a entidades y organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, cuyo fin principal es la protección y seguridad de personas y bienes, como expresión de solidaridad humana y medio significativo de la participación ciudadana en la vida comunitaria.
A los efectos de la presente ley, son voluntarios de protección civil aquellas personas que colaboran de modo regular con la Administración de la Comunidad Autónoma y demás poderes públicos con sede en les Illes Balears para el salvamento de personas y bienes afectados por cualquier siniestro o calamidad pública, así como para su prevención, de acuerdo con lo que reglamentariamente establecerá el Gobierno de la Comunidad Autónoma y sin que, en ningún caso, adquieran la condición de personal laboral o funcionario al servicio de la Administración autonómica.
ARTÍCULO 29 Principios de actuación.
ARTÍCULO 30 Régimen de actividad.
La actividad del voluntariado de protección civil se prestará de forma personal, libre y voluntaria, altruista y gratuita, a través de la organización en la que formalmente se haya integrado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior la organización o entidad a la que pertenezca el voluntario, podrá reembolsarle los gastos efectivamente realizados por aquél así como las cantidades dejadas de percibir por el abandono del puesto de trabajo habitual en caso de intervención en actividades propias de protección civil. Asimismo, podrán establecerse otro tipo de gratificaciones o compensaciones siempre que carezcan de periodicidad y de carácter remunerativo.
Las organizaciones de voluntariado de protección civil podrán contratar trabajadores por cuenta ajena o valerse de prestaciones de trabajo conyuntural en la medida que lo requiera su regular funcionamiento.
ARTÍCULO 31 Aseguramiento de los voluntarios.
ARTÍCULO 32 Contenido de los estatutos.
Los estatutos de cada organización determinarán, respetando los principios y reglas contenidos en esta ley y los reglamentos que la desarrollarán, los derechos y deberes de los voluntarios respecto de la organización y asegurarán, en todo caso, su funcionamiento democrático dentro de una estructurajerarquizada.
TÍTULO III El instituto balear de seguridad pública Artículos 33 a 35
Título III derogado por Disposición derogatoria única.1 de la Ley 10/2003, de 22 diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
ARTÍCULO 33 El Instituto Balear de Seguridad Pública.
Artículo 33 derogado por Disposición derogatoria única.1 de la Ley 10/2003, de 22 diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
ARTÍCULO 34 Adscripción departamental.
Artículo 34 derogado por Disposición derogatoria única.1 de la Ley 10/2003, de 22 diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
ARTÍCULO 35 Organización, funcionamiento y régimen jurídico.
Artículo 35 derogado por Disposición derogatoria única.1 de la Ley 10/2003, de 22 diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
TÍTULO IV La financiación de los servicios Artículos 36 a 38
Dotaciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para financiar suficientemente aquellos servicios que le son propios.
Aportaciones económicas de los consejos insulares para financiar suficientemente aquellos servicios y obligaciones que les otorga esta ley.
Aportaciones de los municipios, para financiar suficientemente aquellos servicios y obligaciones que les otorga esta ley.
Cobro de contribuciones especiales.
Tasas por la prestación de servicios.
Donaciones, herencias y legados y cualquier otro ingreso de derecho privado.
Los demás recursos y asignaciones que legal o reglamentariamente les correspondan.
ARTÍCULO 37 Tasas por prestación de servicios.
Artículo 37 derogado por Disposición derogatoria única.1 de la Ley 20/2001, de 21 diciembre, de Medidas de las Illes Balears 2002, publicada en el BO Islas Baleares del 31 de Diciembre de 2001.
ARTÍCULO 38 Tasas del Instituto Balear de Seguridad Pública.
Artículo 38 Apartado 3 añadido por Artículo 9 de la Ley 16/2000, de 27 diciembre, de Medidas de Illes Balears 2001, publicada en el BO Islas Baleares del 30 de Diciembre de 2000.
Artículo 38 derogado por Disposición derogatoria única.1 de la Ley 20/2001, de 21 diciembre, de Medidas de las Illes Balears 2002, publicada en el BO Islas Baleares del 31 de Diciembre de 2001.
TÍTULO V Prevención en espectáculos públicos o actividades recreativas Artículos 39 a 46
ARTÍCULO 39 Espectáculos públicos o actividades recreativas.
Artículo 39 derogado por Disposición derogatoria única.3 de la Ley 16/2006, de 17 octubre, de licencias integradas de actividad de Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 28 de Octubre de 2006.
ARTÍCULO 40 Actividades temporales.
Artículo 40 derogado por Disposición derogatoria única.3 de la Ley 16/2006, de 17 octubre, de licencias integradas de actividad de Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 28 de Octubre de 2006.
ARTÍCULO 41 Actividades extraordinarias, singulares o excepcionales.
Artículo 41 derogado por Disposición derogatoria única.3 de la Ley 16/2006, de 17 octubre, de licencias integradas de actividad de Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 28 de Octubre de 2006.
ARTÍCULO 42 Cuantía mínima de las pólizas.
Artículo 42 derogado por Disposición derogatoria única.3 de la Ley 16/2006, de 17 octubre, de licencias integradas de actividad de Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 28 de Octubre de 2006.
ARTÍCULO 43 Acreditación de la póliza.
Artículo 43 derogado por Disposición derogatoria única.3 de la Ley 16/2006, de 17 octubre, de licencias integradas de actividad de Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 28 de Octubre de 2006.
ARTÍCULO 44 Infracción y sanción grave.
Artículo 44 derogado por Disposición derogatoria única.3 de la Ley 16/2006, de 17 octubre, de licencias integradas de actividad de Illes Balears, publicada en el BO Islas Baleares del 28 de Octubre de 2006.
ARTÍCULO 45 Inspección de los servicios de prevención de incendios.
Los titulares, públicos o privados, de los locales o recintos donde se desarrollen espectáculos públicos o actividades recreativas están obligados a permitir, en cualquier momento, la realización de inspecciones del servicio de prevención de incendios, con la finalidad de que puedan determinar el cumplimiento de la normativa de prevención de incendios. El resultado de la inspección será notificado al empresario, al ayuntamiento correspondiente, al consejo insular respectivo y a la Conselleria de la Función Pública e Interior para su conocimiento y efectos pertinentes.
ARTÍCULO 46 Inspección de los funcionarios de la Administración autonómica.
Los titulares, públicos o privados, de los locales o recintos dondese desarrollen espectáculos públicos o actividades recreativas están obligados a permitir, igualmente, en cualquier momento, la realización de inspecciones por los funcionarios de la Administración autonómica para realizar todas las comprobaciones e inspecciones pertinentes en el ejercicio de sus propias competencias. El resultado de la inspección será notificado al empresario, al ayuntamiento correspondiente y al consejo insular respectivo para su conocimiento y efectos pertinentes.
TÍTULO VI Infracciones y sanciones Artículos 47 a 58
ARTÍCULO 47 Disposiciones generales.
Se tipifican infracciones y sanciones en materia de prevención y extinción de incendios y de salvamentos, rescate y emergencias sanitarias extrahospitalarias.
Se tipifican infracciones y sanciones en materia de prevención en espectáculos públicos o actividades recreativas.
Se establecen determinados principios disciplinarios, así como la tipificación de infracciones y sanciones en materia de centros de gestión de emergencias.
ARTÍCULO 48 Infracciones en materia de prevención y extinción de incendios, salvamentos, rescate y emergencias sanitarias extrahospitalarias.
Las actuaciones, dolosas o imprudentes, que originen la prestación, por parte de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, de cualquiera de los servicios o actividades a los que se refiere el presente artículo.
La inobservancia de lo dispuesto en la presente ley o normativa que la desarrolle, en los supuestos no incluidos en el punto anterior, y que estén relacionados con la prevención y/o extinción de incendios, salvamentos, rescate y emergencias sanitarias extrahospitalarias.
ARTÍCULO 49 Principios disciplinarios e infracciones en materia de centros de gestión de emergencias.
Principios disciplinarios. El Gobierno de la Comunidad Autónoma, mediante reglamento, fijará los deberes y obligaciones del personal que preste servicios en los centros de gestión de emergencias.
Infracciones administrativas. Son infracciones administrativas en materia de centros de gestión de emergencias:
La inobservancia o incumplimiento de alguno de los deberes que para el personal al servicio de los centros de gestión de emergencias se establecen en el punto 1 anterior.
El incumplimiento de la obligación de colaboración informativa recogida en el artículo 25 de esta ley, cuando ocasione daños graves a las personas o bienes en situación de emergencia.
La inobservancia de lo dispuesto, como deber esencial de los ciudadanos, entidades o personal del servicio, en los correspondientes Protocolos Operativos Estándares.
ARTÍCULO 50 Disposiciones comunes.
ARTÍCULO 51 Infracciones muy graves.
Las actuaciones dolosas o aquéllas en las que concurra imprudencia temeraria que motiven la prestación, por parte de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, de cualesquiera de los servicios o actividades de prevención y/o extinción de incendios, salvamentos, rescate o emergencias sanitarias extrahospitalarias que, por sí mismas, no sean constitutivas de delito.
Cualesquiera otras de las recogidas en el título VI de la presente ley, cuando, no siendo constitutivas de delito, ocasionen daños muy graves a las personas o a los bienes y así quede acreditado en el curso del procedimiento instruido.
ARTÍCULO 52 Infracciones graves.
Las actuaciones imprudentes que originen la prestación por parte de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, de cualesquiera de los servicios o actividades de prevención y/o extinción de incendios, salvamentos, rescate o emergencias sanitarias extrahospitalarias.
El incumplimiento doloso de alguna de las obligaciones establecidas en el título VI de esta ley, cuando, por causa del mismo, se haya producido daño grave a las personas o bienes.
El incumplimiento de la obligación de colaboración informativa a que se refiere el artículo 25 de esta ley cuando haya ocasionado daño grave a las personas o bienes en situación de emergencia.
ARTÍCULO 54 Sanciones.
Multa de 50.000 a 1.000.000 PTA
Suspensión de funciones, hasta un máximo de dos meses.
Multa de 10.000 a 49.999 PTA
Si la comisión de la infracción hubiese ocasionado daños o perjuicios a cualquier administración pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el infractor, además de la sanción que corresponda en función de la gravedad de la infracción cometida, estará obligado a reintegrar la cuantía económica de los gastos originados por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, rescate o emergencias sanitarias extrahospitalarias.
Artículo 54, apartado 4, modificado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Diciembre de 2012.
ARTÍCULO 55 Correspondencia de sanciones.
La sanción regulada en el artículo 54.1 se impondrá en el caso de las infracciones muy graves reguladas en el artículo 51.2 de esta ley y en el caso de las infracciones graves reguladas en su artículo 52.
La sanción regulada en el artículo 54.2 se impondrá en el caso de las infracciones graves a que hace referencia el artículo 52.2 de esta ley y, en estos casos, será incompatible con la sanción pecuniaria regulada en su artículo 54.1.
La sanción regulada en el artículo 54.3 se impondrá en el caso de las infracciones leves a que se refiere el artículo 53 de esta ley.
La obligación de reintegrar la cuantía económica de los gastos originados, regulada en el artículo 54.4, se impondrá en todas las infracciones previstas en la legislación de emergencias, cuya comisión haya originado la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios, salvamento, rescate o emergencias sanitarias extrahospitalarias.
El consejero competente en materia de emergencias y protección civil fijará, mediante instrucciones anuales, los costes estandarizados de los medios humanos y materiales desplegados por los diferentes servicios de emergencias.
Artículo 55, apartado 4, modificado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Diciembre de 2012.
Artículo 55, apartado 5, añadido por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Diciembre de 2012.
ARTÍCULO 56 Procedimiento sancionador.
En ningún caso podrán imponerse sanciones por causa de la comisión de alguna o algunas de las infracciones reguladas en este título, sino en virtud de expediente administrativo instruido al efecto.
Se aplicará, en la instrucción del expediente sancionador, el contenido del reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora.
La potestad sancionadora en materia de prevención de espectáculos públicos o actividades recreativas corresponderá a los alcaldes de los ayuntamientos y, subsidiariamente, al consejo insular competente por razón del territorio.
Corresponderá a la conselleria competente en materia de Interior la incoación de los procedimientos sancionadores para el resto de infracciones administrativas reguladas en esta ley.
Una vez acabada la instrucción, se elevará la propuesta de resolución al conseller competente en materia de Interior quien, definitivamente, resolverá sobre la cuestión.
ARTÍCULO 57 Caducidad del procedimiento.
ARTÍCULO 58 Otras competencias sancionadoras.
Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears la potestad sancionadora en relación con las infracciones tipificadas en la legislación del Estado en materia de Protección Civil dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y se ejercerá de conformidad con la clasificación de las infracciones, graduación de las sanciones y criterios sobre imprudencia, peligrosidad y transcendencia para la seguridad de las personas y bienes de acuerdo con lo que disponen la Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, y el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la norma básica de protección civil.
La coordinación e información recíproca a que se refiere el título V de la Ley 10/1988, de 26 de octubre, de coordinación de Policías Locales de las Islas Baleares, y la relativa a cualesquiera centros de emergencia de protección civil se llevará a cabo mediante la intervención de los centros de gestión de emergencias regulados en capítulo IV del título II de la presente ley.
La creación específica de dichos centros de gestión de emergencias se realizará por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a propuesta del conseller competente en materia de Interior.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de la Comunidad Autónoma creará y pondrá en funcionamiento los sistemas de gestión de emergencias en cada una de las islas de la Comunidad, con la dotación presupuestaria suficiente para consolidar unos servicios adecuados a las necesidades.
En el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno de la Comunidad Autónoma elaborará y aprobará el plan territorial de emergencias y protección civil de les Illes Balears. El plan territorial, que será el conjunto de planes territoriales insulares, reunirá los planes temáticos en los cuales se pondrán de manifiesto las diferentes zonas territoriales en las que está presente cada riesgo.
En el plazo de dos años, desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno de la Comunidad Autónoma presentará al Parlamento el proyecto de ley correspondiente sobre protección civil en les Illes Balears.
Disposición Adicional Quinta desarrollada por la Ley 3/2006, de 30 marzo, de Gestión de emergencias de las Illes Balears de 2006, publicada en el BO Islas Baleares del 6 de Abril de 2006.
La presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
Palma, a trece de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
El Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Fdo: Jaime Matas Palou.
La Consejera de Presidencia.
M.Rosa estarás Ferragut.
Ley de regulación y coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón (Ley 1/2013, de 7 de marzo)
DECRETO 133/2006, de 28 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la concentración parcelaria privada de Monte de Villayón (Villayón).
Decreto 47/2012, de 27 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Innovación Y Empleo y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de La Comunidad Autónoma de La Rioja
Notificación de resoluciones por las que se inician expedientes de baja padronal por inscripcion indebida.
Decreto 51/2008, de 18 de abril, por el que se regula la composición, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo Financiero Interinsular

References: artículo 9
 artículo 10
 Real Decreto 

ARTÍCULO 2

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ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

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ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14
 artículo 11
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ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16
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ARTÍCULO 22
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ARTÍCULO 49
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ARTÍCULO 55
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 artículo 51
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 52
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 53
 artículo 54

Artículo 55

Artículo 55

ARTÍCULO 56
 resolución 

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58
 Real Decreto