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Timestamp: 2020-04-05 10:23:19+00:00

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Artículo 100 - Instituto de investigaciones legislativas
Artículo 100. El juez o el tribunal fijará las sanciones y medidas de seguridad procedentes dentro de los límites señalados para cada caso y que estime justas, teniendo en cuenta el grado de culpabilidad del agente, para lo que tomará en consideración:
VIII. Las demás condiciones específicas o personales del agente, siempre y cuando sean relevantes para determinar el grado de su culpabilidad y que serán tomadas en cuenta siempre que la ley no las considere específicamente como constitutivas del delito o modificadoras de la responsabilidad.
Se observa que los hechos que constituyen violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual, violación, en materia de trata de personas, lesiones, tentativa de homicidio o feminicidio, se encuentran tipificados en nuestro cuerpo normativo como delito, razón por la cual quedan excluidas de las consideraciones que deberá tomar el juez para establecer el grado de culpabilidad del agente, como se plantea en la propuesta de reforma; pues estas constituyen por si mismas un delito.
En adición a lo antes referido se menciona que la Suprema corte de justicia se pronunció al respecto de tomar en cuanto los antecedentes penales del inculpado para establecer su grado de culpabilidad y refirió lo siguiente:
CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO.
A través de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994, al artículo 52 del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para efectos de la individualización de la pena, se abandonó el criterio de peligrosidad adoptándose el de determinación del grado de culpabilidad, acorde con el cual la pena debe imponerse por lo que el delincuente ha hecho y no por lo que es o por lo que se crea que va a hacer, pues se trata de un derecho penal de hecho y no de autor. Por otra parte, el artículo 51 del Código Penal Federal (vigente) establece la regla general para la aplicación de sanciones, al prever que los juzgadores deben tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del procesado; en tanto que el numeral 52 del mismo ordenamiento prevé la regla específica para la individualización de sanciones, señalando los elementos que los juzgadores deben considerar para realizarla, esto es, la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad, así como los factores que deben tener en cuenta a fin de individualizar las penas y medidas de seguridad con base en dichos elementos. Ahora bien, las circunstancias exteriores de ejecución, referidas en la regla general de aplicación de sanciones corresponde, en la regla específica de individualización de penas y medidas de seguridad, a los factores por los que se precisa la gravedad del ilícito, los cuales se contienen en las fracciones I a IV de dicho artículo 52, y las circunstancias peculiares del delincuente, también señaladas en la mencionada regla general, en la individualización de penas y medidas de seguridad, se observan al verificarse los factores contenidos en sus fracciones V a VII, y así fijar el grado de culpabilidad del agente. Así, son circunstancias peculiares del procesado, su edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas (fracción V); y si bien es cierto que los motivos que lo impulsaron a delinquir (fracción V), su comportamiento posterior al hecho ilícito (fracción VI) y las demás condiciones en que se encontraba en el momento de cometer el delito (fracción VII), pueden ser circunstancias peculiares reveladoras de su personalidad -que pudieran conducir a establecer que la individualización de las penas y medidas de seguridad atiende a un derecho penal de autor-, también lo es que tal revelación de la personalidad únicamente puede considerarse en relación con el hecho cometido, ya que la individualización de las penas y medidas de seguridad, con base en el grado de culpabilidad, implica la relación del autor del hecho ilícito con éste, lo cual conduce a establecer dicho grado de culpabilidad con base en aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso, sin que deban considerarse circunstancias ajenas a ello. Por tanto, los antecedentes penales no pueden incluirse entre los factores que los juzgadores deben atender para determinar el grado de culpabilidad, pues no tienen la naturaleza de circunstancias peculiares del delincuente, ya que no corresponden a una característica propia de él, además de que entre esos factores no se hace alusión a conductas anteriores al hecho delictivo.
En atención a dicho pronunciamiento se deduce que el juzgador deberá analizar la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad, con base en aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso y analizando las condiciones específicas del inculpado (edad, educación, ilustración costumbres, condiciones sociales y económicas; y si bien es cierto que los motivos que lo impulsaron a delinquir, su comportamiento posterior al hecho ilícito y las demás condiciones en que se encontraba en el momento de cometer el delito), no siendo así los antecedentes propuestos.
Razón por la cual no se considera viable dicha propuesta de reforma, toda vez que se estaría incurriendo en una discriminación al juzgar a una persona con base a sus antecedentes penales.
Artículos referentes a trata de personas.
La trata de personas es un delito que se ha cometido desde tiempos ancestrales, las consecuencias de este delito se ven reflejadas en la vulneración de los derechos humanos de la víctima.
La problemática no es propia de un país, razón por la cual se estableció un Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Dicho Protocolo fue publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, con fecha del 10 de abril de 2003.
CONTEXTO TEÓRICO Y JURÍDICO
El protocolo de Palermo define la Trata de personas en su artículo 3, párrafo tercero:
“a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;”.
5. Afirmar la necesidad de perfeccionar o actualizar cuando corresponda las legislaciones internas, en particular en la tipificación de este delito, y las orientadas a la persecución y penalización de los delitos vinculados a la trata de personas.
Derivado de dicho protocolo y la participación del estado Mexicano como estado parte, se realizaron diversas acciones concretas con la intención de atender a lo dispuesto en dicho protocolo, razón por la cual se publicó Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así mismo se realizó la instalación de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas; así como el establecimiento de diversas leyes en dicha materia para los estados.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realizó el Diagnostico Nacional sobre la Situación de Tarta de Personas en México, en el cual se concluyó lo siguiente:
“En este sentido, el perfil de las víctimas identificadas y rescatadas hasta el momento, en conjunto con distintos indicadores económicos y sociodemográficos, confirman que las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes, son las más susceptibles a ser víctimas de este delito. Este grupo poblacional es el que sufre sistemáticamente de inequidad en el acceso a oportunidades educativas y laborales, así como de estereotipos de género que las desempoderan, objetivan y que contribuyen a la concepción de la mujer como una mercancía que puede venderse, rentarse y desecharse.”37
“… Los hombres también están en riesgo de ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, sobre todo en el caso de varones menores de edad, pero la evidencia sugiere que son relativamente más vulnerables a la trata de personas con fines de trabajos forzados (aunque la proporción entre hombres y mujeres varía según la industria o actividad en específico).”
Razón por la cual las niñas, niños y mujeres guanajuatenses requieren particular atención, a efectos de garantizar la protección a sus derechos, pues se encuentran en mayor riesgo de ser víctima de dichos delitos y los coloca en estado de vulnerabilidad por el simple hecho de serlo.
En atención a la propuesta de iniciativa planteada se menciona que, derivado del análisis comparativo requerido de las legislaciones penales de los estados, se observa que el Estado de México, la ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Yucatán, siguen regulando esta figura dentro de su código penal respectivo.
Sobre la sanción que corresponde a quien comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte a personas menores o incapaces libros, escritos, filmes, anuncios u objetos de carácter pornográfico.
Artículo 268 BIS.- Comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero induzca, procure, promueva, capte, reclute, facilite, traslade, consiga, solicite, ofrezca, mantenga, entregue o reciba a una persona recurriendo a la coacción física o moral, a la privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la entrega de pagos o beneficios para someterla a cualquier forma de explotación o para extraer sus órganos, tejidos o sus componentes.
ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y de 10 mil a 15 mil días multa. Cuando la víctima del delito sea persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad.
Artículo 273.- Comete el delito de trata de personas, quien incurra en la captación, trasporte, traslado, la acogida o la recepción de personas; recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra y con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
ARTÍCULO 348 Bis F.- Comete el delito de trata de personas quien para sí o para un tercero, induzca, procure, promueva, capte, reclute, facilite, traslade, solicite, consiga, ofrezca, mantenga, entregue o reciba a una persona recurriendo a la violencia física o moral, a la privación de la libertad, al engaño, al abuso de poder, al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para someterla a explotación.
Artículo 216.- Comete el delito de trata de personas quien para recibir un beneficio, y mediante amenazas, uso de la fuerza u otras formas de coacción física o psicológica, privación de la libertad, engaño, seducción, abuso de poder, una situación de vulnerabilidad, por necesidad económica o por concesión o recepción de pagos o beneficios; induzca, procure, promueva, facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, traslade, transporte, entregue, reciba, consiga, acoja, favorezca, retenga, permita o solicite para sí o para un tercero, a una persona o más personas con objeto de:
I. Someterla a explotación sexual, prostitución, mendicidad o a trabajos o servicios forzados;
II. Realizar la extracción o extirpación de cualquier órgano, tejidos o parte de su cuerpo, o
III. Prestar servidumbre forzada o prácticas similares a la esclavitud.
El consentimiento otorgado por la víctima en cualquier modalidad del delito de trata de personas no es causa excluyente de delito.
Cuando en el delito mencionado concurran las circunstancias previstas en el artículo 3 y demás relativos de la Ley federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se dará conocimiento a la autoridad competente para lo que corresponda, poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiere, previo desglose de las actuaciones para continuar la investigación por delitos del fuero común.
Por otro lado estados de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas cuentan con su propia Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado.
Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Baja California.
Artículo 15 Bis.- Se calificarán como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en:
EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS:
Del 1 al 44 (…)
EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS Y OTRAS DISPOSICIONES LEGALES:
1 a 2 (…)
3. Trata de personas, previsto y sancionado por la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el estado de Chiapas.
Artículo 15 Ter.- Se clasifican como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en los siguientes artículos:
Del 1 a 8 (…)
9. Delitos graves que determine la Ley en Contra del Libre Desarrollo de la Personalidad.
Se consideran como delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, los siguientes: a) Trata de personas, previsto y sancionado por la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el estado de Chiapas.
En el presente Código Penal del Estado no se encuadra una figura que sancione la trata de personas, aplican lo relativo a la Ley Número 417 Para Prevenir Y Erradicar La Trata De Personas Y Para La Protección, Atención Y Asistencia De Las Víctimas, Ofendidos Y Testigos De Estos Delitos En El Estado De Guerrero.
ARTICULO 4.- Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una ley especial local, se aplicara esta, observando las disposiciones contenidas en este código.
Nota: El estado cuenta con la Ley Para Prevenir, Atender, Combatir Y Erradicar la Trata de Personas en El Estado De Nuevo León.
En el presente Código Penal del Estado no se encuadra una figura que sancione la trata de personas, sin embargo, cuentan con Ley para Prevenir, Combatir, y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Querétaro.
En el presente Código Penal del Estado no se encuadra una figura que sancione la trata de personas, sin embargo, aplica lo dispuesto en Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.
En el presente Código Penal del Estado no se encuadra una figura que sancione la trata de personas, para dichos delitos aplica lo dispuesto en la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Sinaloa.
En el presente Código Penal del Estado no se encuadra una figura que sancione la trata de personas, para dichos delitos aplica lo dispuesto en la Ley de Prevención y Combate de la Trata de Personas para el Estado de Sonora.
En el presente Código Penal del Estado no se encuadra una figura que sancione la trata de personas, para dichos delitos aplica lo dispuesto en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tabasco.
En el presente Código Penal del Estado no se encuadra una figura que sancione la trata de personas, para dichos delitos aplica lo dispuesto en la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas
En el presente Código Penal del Estado no se encuadra una figura que sancione la trata de personas, para dichos delitos aplica lo dispuesto en la Ley para Prevenir , Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En el presente Código Penal del Estado no se encuadra una figura que sancione la trata de personas, para dichos delitos aplica lo dispuesto en la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas.
Los estados que atienden a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, son Campeche, Chiapas, Chihuahua, colima, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala.
Sobre el Homicidio y Lesiones Culposos.
ARTÍCULO 379.- En los casos de Narcomenudeo, Secuestro, Trata de Personas, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y Delitos Electorales se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley General de Salud, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, respectivamente.
CAPÍTULO II TRATA DE PERSONAS DEROGADO [Capítulo Derogado incluidos su artículos 198, 199 y 200; mediante Decreto No. 1201-2013 X P.E. publicado en el P.O.E. No. 38 del 10 de mayo de 2014] Artículo 198, 199 y 200 Derogados CAPÍTULO III DEROGADO [Capítulo Derogado, incluido su artículo 201; mediante Decreto No. 1201-13 X P.E. publicado en el P.O.E. No 38 del 10 de mayo de 2014] Artículo 201. Derogado
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones relativas a los delitos de Trata de Personas, Pornografía con personas menores de edad o que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho y Lenocinio, previstas en el Código Penal del Estado, vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos.
En cuanto a los delitos en particular, se mantienen en su mayoría los tipos penales existentes en el actual Código Penal, destacando que en la iniciativa en estudio no se tipifican más los relativos al secuestro y la trata de personas, siendo que ahora estos delitos tienen regulación especial por la federación, no siendo competentes para su regulación por parte de las entidades.
Artículo 27. La prisión preventiva será de carácter excepcional y se sujetará a las disposiciones de este artículo y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los señalados en este Código, que son los siguientes:
Trata de personas, en los términos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y de la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas;
Artículo 162. Trata de personas
En los tipos penales, las sanciones y competencia de los tribunales locales correspondientes a la trata de personas, se estará a lo dispuesto por la legislación expedida por el Congreso de la Unión en la materia.
Artículo 228.- Los delitos en materia de Trata de Personas y sus sanciones serán los que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
SEXTO. […]
Por lo que se refiere a los delitos de trata de personas y narcomenudeo, se estará a lo señalado en las Leyes Generales respectivas.
Artículo 284. En lo referente a los delitos en materia de trata de personas, se estará a lo previsto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Así mismo los estados que prevén una regulación similar a la propuesta son Campeche, Michoacán, puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala.
En los tipos penales, las sanciones y competencia de los tribunales locales correspondientes a la trata de personas, se estará a lo dispuesto por la legislación expedida por el Congreso de la Unión en la materia
En la iniciativa presentada, se reconoce en el apartado relativo a la exposición de motivos la pretensión y la necesidad de homologar el Código Penal del el Estado de Guanajuato con lo contenido en el Código Penal Federal.
Cabe destacar que de acuerdo a lo ordenado por los artículos 73, fracción XXI, inciso a); 124 de la Constitución Federal, y 2, fracción II, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Corresponde exclusivamente a la Federación, establecer los tipos penales y sanciones relativas a los delitos en materia de trata de personas, razón por la que los estados carecen de facultades para legislar en dicha materia.
XXI. Para expedir: a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
De dichos artículos antes mencionados se prevé que los estados carecen de facultades para legislar en materia de trata de personas, toda vez que es una facultad relativa y exclusiva del congreso de la unión, por estarlo así plasmado en el artículo 73 fracción XXI, inciso a) con relación al artículo 124 constitucional; así mismo y derivado de la publicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se entiende que por el simple hecho de ser legislada como una ley general implica la observancia obligatoria para los estados, por lo que estos últimos tienen la obligación de atender a lo previsto en dicha Ley. Es necesario mencionar que dentro de las atribuciones reconocidas para los estados, se encuentra la de realizar las reformas pertinentes para que los estados logren la armonización normativa en relación con lo establecido en la presente ley; está facultad se encuentra prevista en su décimo transitorio y refiere lo siguiente:
“Décimo. - Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente Ley.”
Por lo antes referido se considera viable la propuesta de reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato de la materia, pues con ello se atiende a lo establecido en el décimo transitorio de dicha ley, pues cuando se trate de estos delitos se deberá atender lo relativo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Así pues atendiendo a este mandato y con la intención de dar cumplimiento a los principios constitucionales de: a) Certeza, el cual alude a la ausencia de duda sobre las normas y b) Seguridad Jurídica, el cual fue definido por la suprema corte e implica que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes; se menciona que es necesario establecer un texto que atienda a la claridad, y evite la confusión del ciudadano y de juzgador por lo que se recomienda la modificación del texto a efecto de establecer mayor claridad, quedando este como sigue:
Propuesta de iniciativa que reforma el Artículo 179-a
Los delitos en materia de trata de personas están establecidos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como a sus diversas formas de explotación.
El Ministerio Público y el Poder Judicial del Estado serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos cuando no sea competencia de la federación conforme a lo dispuesto en dicha Ley General.
“Tratándose de delitos y sanciones en materia de trata de personas, se atenderá a lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para La Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.”
Se menciona que respecto a la leyenda “así como a sus diversas formas de explotación”, dicho delito es un tipo que se encuentra previsto en dentro del cuerpo de la ley General por lo que no es necesario aludir de manera específica al delito de explotación, pues al hacer a lución a dicha ley, se entiende que deberá aplicarse todo lo contenido en ella de manera general y no particular.
En cuanto a la derogación de los artículos 179-b y 179-c, se presume obedece a la justificación de que los estados no tienen facultades amplias, más que las expresadas y dadas por el Congreso de la Unión, por lo que dicho artículos al establecer la acción por la cual se puede considerar como trata de personas el actuar de un individuo, deberá recaer en la ley general en la materia, la cual contiene la tipificación especializada.
La protección a la infancia es necesaria y de carácter obligatorio para los estados, pues son las niñas y los niños quienes suponen un grupo vulnerable, que requiere de atención especial.
De acuerdo a cifras del INEGI, para el año 2010, en Guanajuato, vivían 1 707 187 niños y niñas de 0 a 14 años, y estos representaban el 31% de la población de esa entidad.38A su vez fueron identificados 570,965 habitantes, cuya edad oscila entre los 15 a los 19 años de edad. 39
Los niños y niñas guanajuatense representan un sector poblacional importante, es precisamente la calidad de niños la que los coloca en un estado de vulnerabilidad, ello “Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”40.
Con la intención de lograr la protección de los derechos de los niños y velar por el interés superior del menor, se ha presentado una propuesta de reforma que garantice la protección de estos últimos en el cuerpo penal normativo que rige al Estado de Guanajuato.
Se entiende por niño:
“todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”41
Diversos ordenamientos internacionales, como la Convención Sobre los Derechos del Niño, reconocen que el niño supone una falta de madurez física y mental, razón por la cual necesita protección y cuidado especiales, dicho reconocimiento se encuentra establecido en los siguientes ordenamientos internacionales:
La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que:
Artículo25.-
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.42
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que:
Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales estipula que:
Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.
La Convención sobre los Derechos del Niño, reconocen la obligación de los estados a tomar las medidas necesarias para la protección de los derechos de los niños y niñas, incluyendo la implementación de medidas legislativas, para garantizar sus derechos.
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.43
En la Legislación Mexicana dicha obligación se encuentra establecida en Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos los siguientes artículos:
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte; 44
Así mismo se cuenta con una Ley General De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes, la cual tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, uno de los derechos reconocidos en dicho ordenamiento es el derecho de los niños al Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, el cual tienen por objeto lograr mejores condiciones de bienestar para lograr el libre desarrollo de su personalidad.
Para garantizar este derecho, el artículo 47 del antes referido ordenamiento, prevé la obligación de las autoridades a tomar medidas para prevenir, atender y sancionar los casos en los que las niñas, niños y adolescentes se vean afectados, exponiendo lo siguiente:
III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;45
Las sanciones a referidos casos, se encuentran establecidas en el código penal del estado de Guanajuato. El objeto del presente estudio es analizar de manera específica el delito de violación equiparada cometida contra menores de edad, pues son delitos clasificados como graves por el código penal referido, toda vez que atentan contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual del menor.
Con la intención de dar cumplimiento a lo establecido en los tratados internacionales y ordenamientos nacionales en particular en materia de protección al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Se analiza la propuesta de reforma del artículo 181 del código penal para el Estado de Guanajuato, relativo al delito de violación.
La Asociación Mundial para la salud sexual menciona que “la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, lo orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y en relaciones interpersonales. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o expresan siempre. La sexualidad está influenciada por la interacción de factores, biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales.”46
Cada día es más común que el inicio de una vida sexualmente activa, se presente a temprana edad. De acuerdo con estadísticas emitidas por el Instituto Mexicano de la Juventud se ha incrementado el número de jóvenes que han tenido relaciones sexuales y se encuentran en un rango de edad de los 15 a los 19 años de edad; a su vez menciona que “Sobre la salud sexual y reproductiva, siete de cada 10 jóvenes que tienen relaciones sexuales por primera vez se encuentran entre los 15 y 19 años.”47
Por lo que se presenta un grafica emitida por el Instituto Mexicano de la Juventud en la que se aprecia que para el año 2010 hubo un incremento respecto a las cifras del 2005, del número de jóvenes entre los 15 y 19 años de edad, que tuvieron relaciones sexuales.

References: Artículo 100
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 3

Artículo 268

ARTÍCULO 188

Artículo 273

ARTÍCULO 348

Artículo 216
 artículo 3

Artículo 15

Artículo 15

ARTÍCULO 379
 Artículo 73
 Artículo 198
 artículo 201
 Artículo 201

Artículo 27

Artículo 162

Artículo 228

Artículo 284
 artículo 73
 artículo 124
 Artículo 179

Artículo25
 artículo 47
in fine
 artículo 181