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Timestamp: 2018-11-16 12:17:19+00:00

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﻿ CONCEPTUALIZANDO EL DERECHO DEL SOCIO A LA INFORMACIÓN CORPORATIVA
CONTENIDO:EL PRESENTE ARTÍCULO ANALIZA, DESDE UNA PERSPECTIVA GENERAL Y APLICABLE A LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS HISPANOAMERICANOS, LAS PROYECCIONES DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS SOCIEDADES, EXAMINÁNDOLO DESDE LAS FACULTADES QUE CONFIERE AL SOCIO, Y DISTINGUIENDO LAS PECULIARIDADES TÍPICAS DE CADA TIPO DE ORGANIZACIÓN SOCIETARIA.
TÍTULO:CONCEPTUALIZANDO EL DERECHO DEL SOCIO A LA INFORMACIÓN CORPORATIVA
AUTOR:LUIS R. CARRANZA TORRES
REVISTA FORO DERECHO MERCANTIL N°:27, ABR.-JUN./2010, PÁGS. 71-103
Conceptualizando el derecho del socio a la información corporativa
Si reflexionamos sobre nuestra experiencia vital, nos daremos cuenta que de continuo ella se encuentra en conexión con la información, y que incluso el acceso a ella es un prerrequisito para tener la posibilidad de realizar las actividades humanas más comunes. Es el presupuesto de una acción posterior con perspectivas de eficacia.
De ello se sigue que la información no solo resulta necesaria antes de decidir nuestros actos, si queremos dotar a tales acciones de probabilidades racionales de éxito, sino que también dicha circunstancia le adjudica socialmente un valor.
La importancia de la información es un hecho incontrastable de nuestra época, adquiriendo una magnitud tal que ha desbordado su consideración clásica en el derecho —como libertad de expresión—, para abarcar nuevas áreas y presentar nuevos desafíos en materia jurídica. La revolución tecnológica a la que asistimos, y en la que estamos inmersos en el presente, merced a los continuos progresos en el campo de las ciencias informáticas, ha hecho posible, entre otras cosas, la creación, acceso y entrecruzamiento de todo tipo de informaciones, y es el sustrato cultural del cual surge la necesidad, desde el derecho, de dar solución a este nuevo tipo de demandas con incidencia jurídica(1).
Hoy en día, la información ha desbordado su consideración clásica en el derecho como elemento asociado a la libertad de expresión, para abarcar nuevas áreas, estructurar nuevos institutos jurídicos y presentar, de continuo, desafíos a la consideración jurídica(2).
El desarrollo de los medios de comunicación —especialmente electrónicos— ha tenido gran influencia en el surgimiento y conformación de la actual sociedad de la información, porque ha hecho posible el acceso inmediato y masivo a la información, otorgando a la sociedad una herramienta poderosa para atender necesidades que antes se presentaban como de difícil y lejana satisfacción(3).
En la actualidad, dicha avalancha informativa ha terminado por abarcar casi todos los aspectos de nuestras vidas. Es una realidad que cualquier persona que lea un ejemplar dominical de un diario principal editado en cualquier metrópoli del mundo, o que navega una tarde completa por internet, o que haga zapping por un sistema de televisión por cable de cientos de canales, adquiere más información que la que podría haber conseguido una persona, hace tan solo tres siglos, durante toda su vida.
Incluso la denominada globalización no es sino un aspecto de esta sociedad de la información, o sociedad tecnológica, en la cual lo concerniente a la información ocupa un lugar preponderante, con la lógica proyección hacia el derecho de este dato fáctico que lleva aparejado un nuevo concepto del actuar del sujeto o del poder a través de la vigilancia, la información y el control.
De un tiempo a esta parte, todo lo relativo a la información, ya sea como dato, proceso, técnica o en otras manifestaciones, ha sido el factor determinante en el desarrollo de la historia mundial. Una infinidad de hechos históricos documentan el derrumbe de personajes, la derrota de ejércitos y la pérdida de enormes fortunas, porque alguna de las partes en pugna contaba con información estratégica que las otras partes no poseían(4).
Dicha capacidad de influir no se reduce al ámbito político o estatal. Hoy en día, en el mundo de las finanzas y los negocios, y hasta en la vida diaria de las personas, la información ocupa un lugar cada vez más importante a la hora de definir cualquier tipo de situaciones.
Por ello, es difícil pensar que alguien niegue conscientemente que la información tiene un valor o que no resulte digna de una especial protección jurídica distinta de la genérica de otras épocas, en que se hallaba mezclada con la libertad de prensa y de libre expresión; pues la información ha ido ganando importancia en la toma decisiones, que se halla casi siempre asociada a un valor material o económico. Incluso, en muchos campos ha desplazado en importancia económica a los propios bienes y servicios —Know how, contratos de transferencia de tecnología, franquicias, etc.—(5).
A las épocas de grandes cambios en la historia de la humanidad se les han asignado nombres especiales: Renacimiento, Ilustración, Revolución industrial. En nuestros días, es de tal importancia poseer, administrar y transmitir información que toda la humanidad se ve y se seguirá viendo afectada, influida y posiblemente dominada por quienes tienen, administran y transmiten este recurso, razón por la cual a esta época se le han impuesto los calificativos de “sociedad de la información” o de “revolución electrónica”, este último debido a la facilidad con que se transmite la información por medio de los sistemas modernos basados en dispositivos electrónicos(6).
En el campo societario, el derecho de información, con sus peculiaridades propias, supone en su ejercicio la actuación de un vínculo especial entre quien ha de ejercitarlo —comúnmente el socio— y quien ha de facilitar su ejercicio —el órgano de administración societario—(7). Esta relación genera algunas cuestiones cuyo debate se hace interesante sobre todo por las proyecciones que conectan el derecho de información con otros derechos y hasta con otros institutos jurídicos más allá incluso del derecho societario(8).
Por ello comenzamos con una breve referencia sobre la evolución contemporánea de la información y su consideración como objeto jurídico, a efectos de contextualizar el estudio. Posteriormente, y una vez establecida la configuración del derecho a la información en general, y del estado de socio, posición jurídica desde donde es ejercido ese derecho en el ámbito societario, se irá analizando y señalando las diferentes aristas y derivaciones que presenta. Ello desde su consideración en las distintas legislaciones y la jurisprudencia de Hispanoamérica, en particular la argentina y española, por ser donde se han dado mayores desarrollos en el tema.
Así mismo, por entenderlo de mayor utilidad frente a la pluralidad de realidades jurídicas de los países de Hispanoamérica, se ha procurado tratar, en lo posible, la cuestión a nivel de conceptos generales, sin detallar la normativa particular de un determinado país, salvo que fuera necesario para explicar acabadamente una situación determinada.
2. La información como objeto jurídico
La palabra información, en la lengua española, proviene de la voz latina informatĭo, y entre sus múltiples significados son tres los que nos interesan a los efectos del presente trabajo: “acción y efecto de informar” (1.ª acepción), “comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada” (5.ª acepción) y la de denotar los “conocimientos así comunicados o adquiridos” (6.ª acepción)(9).
Como puede verse, en nuestro idioma la información puede indicar tanto un proceso como un producto. En materia de derecho societario se repite, como se verá más adelante, tal dualidad.
La raíz tanto de “información” como de “informarse” debe buscarse en el verbo latino “informare”, compuesto por la prefijación de la preposición “in”, indicativa de un proceso o dirección, y el verbo “formare”, susceptible de tener varias derivaciones, pero siempre demostrando una fuerza incoativa, significando el infundir una “forma”; o transformar, sustituyendo una forma por otra. Es por ello que se ha concluido, desde los estudios al respecto, que informar en su acepción más usual y cotidiana es transmitir una noticia o dar a conocer lo desconocido, concordando su uso técnico en derecho con esta acepción(10).
La información es todo aquello que se puede coleccionar, almacenar o reproducir, y que sirve para darnos un dato respecto de cualquier tipo de hechos o acciones, tanto humanas como naturales. Como también se utiliza para tomar decisiones, puede conducir a conclusiones acertadas o equivocadas, puesto que es interpretada de diversas formas por distintos individuos, dependiendo de muchos factores subjetivos y del contexto en que se encuentre la persona que la recibe e interpreta. Así como es posible comunicar una noticia, también se comunican estados de ánimo, opiniones o conocimientos(11).
El término información es de uso común en casi todas las ciencias, desde las biológicas hasta las sociales, estando presente incluso en las denominadas “ciencias duras” como la Física(12).
En cuanto al derecho, como resultado de la sociedad de la información presente, y en paralelo con la creciente valorización social de la información y el conocimiento, ha surgido en su ámbito una multiplicidad de nuevas formas y situaciones jurídicamente protegidas(13).
En estos nuevos derechos respecto de intangibles, se pone el acento más en la posibilidad de acceso que en la posesión de su “corpus”(14).
Como dice la doctrina en el derecho comparado: “... pese a que no modifica el espectro de derechos reales, al menos por ahora, sí que debe tenerse en cuenta a la hora de reflexionar sobre los derechos reales y sus contenidos (...) el derecho de propiedad ha sufrido importantes modificaciones en su concepción, fruto del propio devenir económico-social, y que el propietario ya no es aquel propietario que hacía y deshacía como mejor estimaba y era propietario ‘desde el cielo hasta los infiernos’, por utilizar terminología clásica (...) la modificación social que conlleva que a las personas les pueda interesar más acceder a servicios que el ser propietario de bienes: así, puede que más que comprar una lavadora, un ordenador o una base de datos de jurisprudencia, y ser su propietario, me interese más acceder a dichos servicios, por ejemplo, contratando con una empresa la posibilidad de utilizar una lavadora o un ordenador último modelo, incluso instalado en mi propio domicilio, ya que lo que quiero es gozar de ese bien en óptimas condiciones y siempre en su modelo más perfecto, antes que realizar un desembolso económico grande y que quede anticuado en poco tiempo. La mentalidad cambia, y se comprueba la gran demanda que puede tener el no ser propietario de un bien, para gozar y disponer de él, debido a los beneficios que puede reportar el acceder simplemente a los mismos, sin mayores problemas”(15).
En cuanto a la información, la proyección de este fenómeno al área societaria no es menor: ya que ella pasa a ser un “bien societario” y punto de referencia de múltiples derechos y deberes, asociados todos ellos a la posibilidad de dos actuaciones básicas: difundir información, principalmente hacia el exterior de la sociedad, y acceder a ella, principalmente hacia su interior.
3. La información comercial y sus especies posibles
La información comercial es todo aquel dato que tiene relación con el comercio. Estamos por tanto, ante un universo de gran amplitud, que abarca desde las cuestiones de solvencia de las personas hasta la fijación de precios de productos y determinación de costes fabricación.
Dentro de tal universo, se destaca como sector diferenciado la información societaria, es decir, la relativa a la marcha de la sociedad y a los planes futuros de negocios.
En el mundo comercial, el poder en sus múltiples facetas tiene una relación directa con la capacidad de una organización para impulsar o iniciar proyectos, continuarlos, cambiarlos o detenerlos, según la conveniencia y los objetivos de la sociedad.
Dicha posibilidad de actuar, se halla determinada, esencialmente, por la disponibilidad de la información que se necesite para el caso.
De ello se sigue que una sociedad, para el cumplimiento de sus fines comerciales, tendrá la posibilidad y la necesidad de manejar distintas clases de información, según sus aspiraciones, posibilidades, recursos y, en líneas generales, el mercado en que pretenda desarrollar sus actividades.
Dicha pluralidad de orígenes y fines determina así mismo una diferenciación en cuanto a la importancia de la misma.
En cuanto al objeto del presente trabajo, una primera clasificación, de acuerdo con el ámbito en que se utiliza, es la que distingue entre información externa, o dirigida hacia fuera de la sociedad —p. ej., propaganda, publicidad de actos de la empresa—, e información interna, es decir la destinada a ser empleada dentro de ella.
En tanto la información externa es siempre pública, la interna admite distintos grados de restricción en sus posibilidades de conocimiento.
Si bien no existe una normativa jurídica que las delimite, y no siempre dichas categorías conservan las mismas denominaciones en los distintos países, el uso y la costumbre societaria permiten determinar algunos factores en común:
De acuerdo con ello, podemos dividir la información interna societaria en los siguientes niveles de conocimiento, del más amplio al más restrictivo:
a) Pública: de libre acceso, tanto para el conjunto de los actores de la sociedad como eventualmente para los terceros de fuera que la soliciten —nombre de un gerente de producción, si existe o no una filial en un sitio determinado, etc.—.
b) Reservada: el acceso está restringido a un determinado grupo de pertenencia dentro de la sociedad. Su manejo está sujeto a discrecionalidad y responde a normas internas para su uso —listado de clientes o teléfonos de empleados—.
c) Confidencial: el acceso y uso son limitados, generalmente, para fines determinados. Puede tratarse de temas específicamente protegidos por el derecho positivo, como el caso de materiales o investigaciones —protección de los derechos de autor—, o implícitamente regulados, como podría ser el manejo de la información sobre desvinculación de empleados —deber de lealtad— o admisión de un paciente —derecho a la privacidad—.
d) Secreta: de la voz latina secrētus, participio pasado de secernĕre, segregar. Se refiere a aquella información que se oculta, esconde y se separa de la vista o del conocimiento de los demás. Se diferencia de la confidencial en que en la primera se sabe dentro de la organización que existe, pero el acceso está restringido, en tanto que en la secreta se oculta directamente dicha existencia. Se aplica a todo lo concerniente a bienes estratégicos para la sociedad.
4. El estado de socio
En cuanto a sus orígenes, el estatus o estado es el resultado de la situación jurídica de las personas por causa de sus relaciones. Es una situación jurídica determinada por la naturaleza de los vínculos de las personas, que crea un conjunto complejo de deberes, derechos, atribuciones y poderes(16).
Socio, por su parte, del latín socĭus, se refiere en general a la persona asociada con otra u otras para algún fin(17), y, en sentido estricto, a aquel que forma parte de una sociedad o asociación, en tal carácter(18).
Ya Ferrara sostuvo que el estatus de socio “constituye una situación jurídica, una posición del sujeto, productora de derechos y obligaciones”, en este sentido, algunos autores manifiestan que es un problema idéntico y común para todas las sociedades y que debe ser encarado de un modo también idéntico. En cambio, Halperín sostiene que ese estatus no es uniforme, ya que depende: a) del tipo de sociedad, b) de la extensión de los derechos y obligaciones en cada contrato de sociedad.
Así como existe el estatus del padre de familia que posee obligaciones —v. gr., la alimentaria— y derechos —v. gr., los que derivan de la patria potestad—, encontramos el estatus de socio que importa las consecuencias que veremos seguidamente.
Nos dice Garrone(19) que en materia de sociedad la pertenencia del socio a la sociedad se expresa con el concepto de participación, o de interés, al que corresponde el derecho del socio —derecho de participación—.
Hablar de “estado de socio” significa atribuir a una persona la asunción de una calidad determinada por el hecho de formar parte de una sociedad. Esto tiene que ver con la propia naturaleza del negocio jurídico, puesto que la sociedad implica la existencia de un grupo de personas que ha de llevar a cabo una actividad, y cada una de estas personas asume dentro del grupo la posición característica de ser socio. Dicho lugar que ocupa cada persona dentro de la sociedad le confiere un conjunto de obligaciones y derechos de carácter corporativo, que presentan características que permiten calificar la situación de socio como la de un estado(20).
A este conjunto de facultades y deberes no resulta factible reconducirlo a las conocidas categorías tradicionales, porque es, primer lugar, una cualidad o situación, en lugar de un derecho subjetivo; pero sobre todo no se trata de un derecho de crédito, ni mucho menos de un derecho real; el denominado derecho de participación es, más bien, una situación de contenido complejo por sí misma, que incluye derechos personales —de naturaleza no directamente patrimonial—, derechos de crédito —pero por lo general de naturaleza accesoria— y otros derechos patrimoniales, pero de naturaleza no crediticia(21).
Perrotta se ocupó de la clasificación de los derechos y obligaciones que configuran el estado de socio. A continuación, sintetizamos su tipificación:
a) Por su origen: 1) legales, 2) convencionales —estos pueden derivar del contrato social o de la resolución de los órganos societarios—.
b) Por su contenido: 1) patrimoniales —participación en las utilidades o en los resultados de la liquidación—; 2) de gobierno —administración y fiscalización—.
c) Por su titularidad: 1) ordinarios —comunes a todos los socios—; 2) particulares —o privilegiados, solo para algunos socios—. Entre los primeros, que han de sujetarse a la norma de la ley del contrato, según el tipo societario, pueden enumerarse: voto en reuniones, oposición a los acuerdos contrarios a la ley o contrato social, separación de la sociedad —receso en la sociedad por acciones—, participación en las utilidades, transferencia de la parte social, fiscalización y control de la contabilidad, participación en los resultados de la liquidación, reintegro de los pagos efectuados en favor de la entidad y derecho de información.
Ascarelli(22) entiende que la posición del socio en la sociedad, siendo presupuesto de ulteriores derechos y obligaciones, es más bien un estatus que una relación jurídica en sentido estricto.
Halperín(23) entiende que no es técnicamente aceptable la extensión del concepto de estado al de socio, y solo cabe emplearse por comodidad verbal, en atención a que se diferencia de otros estados en que son los derechos y obligaciones los que lo crean, en vez de derivársele, como en el estado de ciudadano.
Por su parte, Vanasco(24) restringe la calidad de “estado de socio” a lo estrictamente vinculado con la participación de este en una sociedad, ya que dicho estado no trasciende a ella, como ocurre con otras situaciones que también han sido calificadas con ese término y que sí tienen influencia en otras relaciones de una persona —p. ej., los estados de casado, soltero, viudo, etc.—.
Farina(25) prefiere hablar de condición de socio o posición jurídica del socio en la sociedad, en tanto no presenta lo que entiende como carácter inherente a un estatus jurídico —prescindencia de la voluntad en la creación de los derechos y deberes, inseparabilidad de la persona, intransferibilidad, irrenunciabilidad, imprescriptibilidad—.
El estado de socio se adquiere por el simple hecho de integrar una sociedad, aunque ella sea regular, de hecho o irregular, accidental o en participación. Presentándose su cese por diferentes causas:
a) Cuando la sociedad se extingue, porque desaparece el nexo que unía a todos los que integraban dicha entidad;
b) Cuando es la persona la que abandona ese estado por separarse de la sociedad;
c) Por muerte del socio.
La separación del socio puede deberse tanto a que resulta excluido o se retira —esto último si la tipicidad y el contrato social lo permiten— como a la transferencia de su participación en la sociedad, es decir, le cede a otra persona no solo el interés económico involucrado en la participación social, sino también la calidad de socio.
Cabe destacar, por último, que la condición de socio le crea al titular diversos derechos, esenciales unos para esa calidad en todos los tipos de sociedad y otros solo característicos de determinados tipos. Estos derechos pueden ser clasificados, en razón de su contenido y función, en derechos patrimoniales y derechos parapolíticos, referentes a la administración y gobierno de la sociedad(26).
5. El derecho de información del socio
Como ya se ha dicho, la calidad de socio se halla vinculada necesariamente a la adquisición de derechos y deberes. Siendo el denominado derecho de participación el que comprende la mayoría de ellos.
Cabe destacar que por su misma esencia, de una pluralidad organizada de personas, la gestión de una sociedad implica una dirección conjunta de ella. Esto no quiere decir que todos los socios tengan el derecho permanente a opinar o decidir sobre todo, sino que las decisiones respecto de la misma implican, de acuerdo con los rasgos de la organización, la posibilidad de integrarse para la formación de la voluntad social, a través de los órganos y actos que se establecen al efecto.
Pero tal derecho de participación, sin información que lo sostenga, en la complejidad creciente de las relaciones económicas contemporáneas, quedará no pocas veces seriamente limitado, cuando no reducido a una posibilidad meramente formal. Por lo que resulta fundamental para que el socio conozca adecuadamente el estado de los negocios sociales —administración, resultado y perspectivas de los negocios sociales, etc.— y pueda pronunciarse con conocimiento cabal en las deliberaciones correspondientes(27).
Es por ello que uno de los derechos esenciales que brinda el estado de socio es el de información. El cual resulta en el derecho a acceder a los datos que le permitan saber lo que ocurre en la sociedad de la que forma parte.
Cabe destacar que el reconocimiento del derecho de información del socio resultó, en el derecho hispanoamericano, como una consecuencia de su establecimiento a favor del accionista en la sociedad anónima, y en general, a favor del socio en las sociedades mercantiles, y que surgió como consecuencia del liberalismo político y económico. La vanguardia en este tipo de normas la llevó el derecho español.
La sociedad anónima fue receptiva al impacto de las nuevas tendencias que hasta el momento de la codificación —siglo XIX— se caracterizaban por el sistema de autorización con supervisión administrativa de los estatutos. A partir de ese momento, dominado por el tránsito a la privatización, se comienzan a configurar los rasgos de la sociedad y la exigencia por dotar a la misma de una serie de garantías que eviten fraudes. Aún así el Código de Comercio español de 1829 preveía la posibilidad de coexistencia de dos sistemas, el de autorización y aprobación por el Rey, y el que exigía que las escrituras contuvieran “todos los reglamentos que han de regir para su administración y manejo directivo y económico” bajo la supervisión del tribunal de comercio del territorio donde se hubieran establecido —C. Co. de 1829, art. 293—. El código de 1829 regulaba las sociedades con unidad de criterio, es decir, se reconocía un derecho de información a los socios, como algo consustancial a la sociedad, pero sin entrar a matizar su ejercicio. De hecho, establecía que “en las compañías en comandita y en las anónimas no pueden los socios comanditarios ni los accionistas hacer examen ni investigación alguna sobre la administración social, sino en las épocas y bajo la forma que prescriban los contratos y reglamentos de la compañía” —art. 309—; de forma que el socio, dado el carácter voluntario de las adhesiones a la sociedad, ya debía conocer esta regla y, por tanto, quedaba sometido expresamente al carácter contractual o reglamentista previsto. Por eso es fácil concluir que el ejercicio del derecho de información, dado el carácter restrictivo de la norma, quedaba supeditado a la voluntad de los administradores, que con su interpretación de las normas societarias e incluso a su albedrío podían facilitar o, por el contrario, entorpecer el ejercicio de este derecho. El código de 1885, mantiene casi textualmente la el texto del de 1829, incluso en contra de las corrientes imperantes en Europa, v. gr. Suiza, que ya en 1881 reconocía el derecho del accionista a solicitar informaciones suplementarias. No obstante, dicho ordenamiento legal es el auténtico introductor del derecho de información en las sociedades anónimas, puesto que le abre el camino al accionista para que conozca la sociedad y la actividad de los administradores(28).
Mata y Trejo(29), siguiendo a Aguinis, lo conceptualiza como el derecho a tener noticia del desenvolvimiento de los negocios sociales, mediante la inspección de los libros y documentos sociales y el requerimiento de datos a los administradores de ella.
Lo ubicamos dentro de los derechos parapolíticos, como un presupuesto de los que corresponden al socio como contralor de la sociedad, siendo aquel derecho esencial a la condición de socio, es decir, que se encuentra presente cualquiera que sea el tipo social en que se enmarque el socio.
El derecho de información en materia societaria tiene sus orígenes y planteamiento en las sociedades de capital, la evolución de la figura llevó luego a la configuración del derecho de información en el marco de la información pública societaria, pasándose de un derecho de información restringido, concebido como el estrictamente necesario para el socio, a un derecho de información amplio.
Quien ejerce este derecho de información, en principio, es el socio, pues es una facultad que surge de su estado.
Sin embargo, en algunos casos se plantea como cuestión de derecho del propio administrador frente a otros administradores que no le dan información, es decir, de algún conflicto entre administradores, pero ya ahí el fundamento sería otro, teniendo en cuenta que la función de fiscalización y control no la tiene un administrador frente a otro, sino el socio frente a la estructura de gobierno y administración de la sociedad. Entonces, es sólo un derecho del socio(30).
Es por ello que la jurisprudencia argentina, en virtud de lo establecido por el artículo 215 de la Ley de Sociedades, —el cual establece que para que la transmisión a título hereditario de acciones nominativas sea oponible a la sociedad y a los terceros, es requisito esencial la inscripción en el libro de registros de la declaratoria de herederos o testamento aprobado judicialmente— ha negado el derecho a requerir información a los herederos de un socio fallecido que no cumplieron con dicho recaudo legal como para ser considerados accionistas(31). La cuestión no es pacífica, teniendo en cuenta que otros fallos han permitido el ejercicio de tales derechos sin cumplimentar con el requisito de la inscripción de la declaratoria en los registros de la sociedad(32).
La doctrina actualmente admite que el derecho de información de los accionistas tutela tanto el interés individual del accionista, en su calidad de socio, como el interés de la sociedad en salvaguardia de su recto funcionamiento, desde que opera como uno de los medios a través de los cuales el socio participa en los órganos sociales(33).
Este derecho se ejerce frente a la sociedad, pues si bien la ley habla de requerir a los administradores, lo que ha llevado a que en más de una oportunidad se lo haya querido plantear como un derecho cuyo ejercicio se realiza frente a los administradores, ello no es así, pues la que produce la información es la sociedad, más allá de que el órgano obligado a brindarla sea el órgano de administración, entre otras cosas, porque es el que la tiene. Por lo que resulta que es la sociedad la que debe informar(34).
Claro está que si bien este derecho a la información es de carácter esencial —y, por tanto, general a todos los tipos sociales— las vías, modo y calidad de la información dependen del tipo social, ya que no es igual si se trata de un socio de una sociedad colectiva o de uno que pertenece a una sociedad anónima que cotiza en bolsa. De todas maneras, en mayor o menor grado todo socio tiene derecho a conocer la situación patrimonial y la marcha de los negocios de la compañía de la que forma parte. La primera y más importante fuente de información a la que los socios tienen derecho a acceder son los llamados estados contables o balances anuales, mediante los cuales la administración brinda una amplia descripción sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad al final de un periodo determinado de tiempo, denominado ejercicio social. Se debe realizar documentalmente y de acuerdo con las normas contables que rigen la forma y contenido de su exposición(35).
Que el derecho de información esté “íntimamente ligado al ‘status’ de socio” no autoriza a derivar un derecho permanente de información, pudiendo la ley circunscribirlo a determinados momentos o en función de determinados actos, en particular en las sociedades de mayor complejidad de organización. Es el caso de la Ley española de Sociedades Anónimas —LSA— que en sus artículos 112 y 212 confiere exclusivamente este derecho antes y durante la junta general de accionistas, y en relación con los tópicos a tratarse en ella(36).
Así mismo, el artículo 51 de la Ley española de Sociedades de Responsabilidad Limitada establece que el derecho a la información de los socios se concreta en la obligación de proporcionar los “informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día”, siendo un derecho “inderogable, irrenunciable y de interpretación amplia”, así como uno “fundamental e inherente a la condición de socio”(37).
Por el contrario, el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Argentina, instituye este derecho a la información en su vertiente de satisfacción directa por la acción del mismo socio, hallándose luego normas particulares que adecuan dicha satisfacción a las peculiaridades de los diversos tipos de sociedad(38).
Resulta de tal forma un derecho emergente de la condición de socio, como componente de la organización, habiéndose instituido a fin de preservar el interés de los socios de un modo más directo. Cabe destacar que en la ley de sociedades se habla del derecho de control en el artículo 55, pero ello presupone el de información(39).
Aunque a dicha facultad se la presenta como íntimamente ligada al principio de control societario(40), en realidad, y a nuestro entender, resulta un presupuesto de cualquier tipo de participación social e incluso de terceros en la sociedad, si se considera en un sentido amplio(41).
Es por ello que se ha dicho que en las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones resulta evidente el desplazamiento del centro de gravedad de la información privada, considerada esta como individual del accionista, a la publicidad informativa, entendiendo por esta última el deber de la sociedad cotizante de comunicar al público en general los datos más relevantes sobre su situación patrimonial y rentabilidad del giro empresarial(42).
Debe destacarse así mismo que, como todo derecho, genera como contracara obligaciones en el seno de la administración societaria, en el caso de estar en condiciones de brindar dicha información; es por ello que en cualquier sociedad los administradores tienen el deber de confeccionar balances anuales y someterlos a consideración de los socios, para que estos los aprueben, desaprueben o modifiquen. Esto no es sino una consecuencia particular de la regla que se ha comentado. Téngase en cuenta que la obligación de informar a los socios, y en especial a los accionistas, no puede operar sin un régimen coherente, no solo de veracidad, sino de objetividad de los datos que se proporcionen(43).
6. Alcance del derecho de información
La dimensión del derecho de información, que la doctrina engloba bajo la denominación de “stricto sensu”, consiste en el derecho a formular preguntas a los administradores de la sociedad. Existe otra manifestación del presente derecho llamado “documental” que engloba el derecho de inspección o examen de información contenida en documentos(44).
La doctrina y la jurisprudencia han admitido que el derecho a examinar los libros y papeles de la sociedad comprende también el derecho a hacerlo asistido por expertos legales o contables para que lo ilustren sobre aspectos técnicos que los socios pueden ignorar(45).
Lo referente al tipo societario incide en el modo de ejercicio del derecho, pues en tanto en las sociedades de personas, en las sociedades de responsabilidad limitada —SRL— y en las sociedades anónimas —SA— en las que no se previera el órgano de fiscalización, este derecho se ejerce en forma directa e individual. En el caso de las SA y SRL que prevean un órgano de fiscalización, o cuando este sea obligatorio, el ejercicio del derecho es a través de la persona o personas que conforman dicho órgano.
Así, en las sociedades con fiscalización organizada, el poder individual del socio desaparece, en el sentido que está limitado a requerir informes al órgano, al síndico o a formular denuncias. Pero el órgano como tal, sea sindicatura o consejo de vigilancia, no tiene ya un derecho a la información, sino un claro deber jurídico, o sea, tiene atribuciones que debe cumplir, que no está en él elegir si las cumple o no, y que, además, tiene un sistema de responsabilidad en caso de incumplimiento, en caso de inobservancia(46).
Tales órganos de fiscalización, la sindicatura o, en su caso, el consejo de vigilancia, asumen en dichas sociedades la función de brindar las informaciones que les soliciten los socios o accionistas de acuerdo con la competencia de dichos órganos(47).
El ejercicio de esta vía interna es simplemente un pedido, un requerimiento. Siempre que la ley no reglamenta el ejercicio de este derecho, podrían contractualmente establecerse límites. Aunque no es frecuente que se haga, cualquier restricción contractual que se establezca tendrá un límite, que es no desnaturalizar el derecho, no establecer complicaciones que impidan su ejercicio efectivo, porque es un derecho inderogable(48).
En cuanto a los pedidos al órgano de fiscalización, este debe cumplimentarlos, siempre que correspondan a la competencia de dicho órgano. En algunos ordenamientos como el argentino, la única condición que exige la ley para que el síndico de la sociedad brinde la información es que esta sea requerida por uno o más accionistas que individualmente o en conjunto representen más del dos por ciento del capital social. Si un accionista tiene un número de acciones inferior a ese porcentaje, el síndico no está obligado a darle ninguna información, por lo que ese accionista deberá esperar la que surja de los estados contables anuales que se llevarán a consideración de la asamblea que fuera del caso(49).
7. La posibilidad de ejercicio del derecho de información por directivos societarios
Las peculiaridades propias del ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de los socios suponen una relación especial entre quien ha de ejercitarlo —el socio preferentemente— y quien ha de facilitar su ejercicio —el órgano de administración—(50). En el ejercicio de este tipo de derecho por parte de los directivos societarios, también existe indudablemente un vínculo entre quien solicita acceder y quien resuelve tal pedido, pero de otro tipo y efectos que el ya mencionado entre el socio y el órgano social.
Pues como aporta Matta y Trejo(51) uno de los aspectos más significativos de las modernas tendencias en materia de derecho de información societario no está dado por el incremento del volumen de la información ni el reforzamiento de las garantías dirigidas a asegurar su veracidad, sino por el cambio de sentido para entender a la información como un derecho, no solo asequible a los socios o accionistas, sino también de terceros interesados en la sociedad bajo determinados supuestos, entendiéndose así asociada al control de la organización societaria.
Se inscriben en esta tendencia los casos de solicitud de información por parte de las autoridades de las sociedades, con ciertas puntualizaciones.
En tal cuestión, se ha expresado que el derecho de información que asiste a los socios opera de modo distinto cuando se trata de socios-administradores, ya que estos tienen limitado dicho derecho, al presumirse que cuentan con medios para conocer la marcha de la sociedad. Respecto de la información que pudieran tener como miembros de un órgano de dirección, en principio les está vedada suministrarla per se a los otros accionistas si no es de naturaleza pública.
Sin embargo, dicha regla general, no se aplica en los supuestos en los cuales el directivo se ve privado de la información que en razón de su cargo debería tener, en tales circunstancias —por no reunirse el órgano del caso, por negársele los datos, etc.—, “el derecho a obtener la información que no se le suministró en momento oportuno, se presenta como derecho legítimo y válido, dada su condición de socio, y en modo alguno limitado. El artículo 48 de la Ley de Sociedades Anónimas consagra este derecho como individual del accionista, de condición inderogable y sucede que no se estableció como acreditado que hubiera hecho un mal uso de su cargo ni haber utilizado cualquier clase de información para causar algún perjuicio al interés social de la mercantil que recurre. Su integración en el Consejo de Administración resulta más bien nominal que efectiva al no poder ejercer el cargo conforme a la normativa legal correspondiente”(52).
En el caso de los socios, su facultad de acceder nace como un derecho parapolítico, presupuesto necesario para el ejercicio del denominado derecho de participación, que sin información que lo sostenga, en la complejidad creciente de las relaciones económicas contemporáneas, no pocas veces quedará seriamente limitado, cuando no reducido a una posibilidad meramente formal, carente de toda posibilidad de discusión, influencia, etc.
Es por ello que la Corte Suprema de Justicia de Argentina, el tribunal más alto de la Nación, ha expresado que el libre intercambio de ideas, concepciones y críticas no es suficiente para alimentar el proceso democrático de toma de decisiones, ese intercambio y circulación debe ir acompañado de información acerca de los hechos que afectan al conjunto social o a algunas de las partes(53).
En cambio, respecto de los directores, el acceso a la información se encuentra en función del cargo que ocupan y no de la participación que tienen en la sociedad, resultando, por tanto, no el ejercicio de un derecho o facultad(54), sino el cumplimiento de un deber; la omisión del mismo puede ser causal de mal desempeño, con la consecuente atribución de responsabilidades por los sucesos desfavorables que ocurran a consecuencia de dicha falta.
Se trata entonces del cumplimiento de un deber. Pero más allá de esta disquisición, de importancia en cuanto a sus proyecciones, es necesario reconocer que agotadas las instancias dentro del órgano administrativo ningún camino le queda para procurarse los datos que fueran del caso, frente a una directiva reticente, que ir por las vías procesales del derecho a la información del socio.
En lo que respecta a la posibilidad de concretar el acceso a la información con terceros, respecto de los directores de la sociedad, entendemos que las reglas son distintas, ya que se halla en una situación distinta a la del socio.
Por lo pronto, siendo los cargos sociales voluntarios, y teniendo estos como requisito implícito(55) el poder desempeñarse como un buen hombre de negocios, su aceptación implica el reconocimiento de estar en posesión de determinadas habilidades, entre ellas, la de interpretar la documentación comercial a fin de extraer de ella los datos de valía que estén registrados(56).
En tal sentido, encontramos en la jurisprudencia del fuero, resoluciones de este tipo: “El ejercicio del derecho de impugnación de balances, por el socio que, cumpliendo funciones de director votara en contra del mismo en la correspondiente reunión de directorio, y que en la asamblea ratificara mediante impugnación el señalado proceder, está condicionado a la inexistencia de culpa por su parte, no siendo bastante la mera invocación de carecer de condiciones técnicas —cuando se pudo lograrlas— para justificar una conducta negligente, que no es otra que la de haberse desentendido de su obligación de proveerse de información en la oportunidad debida, relativa a los documentos contables sobre los cuales tenía que expedirse”(57).
Como puede verse, la exigencia de obrar con la diligencia de un buen hombre de negocios, establecida respecto de los administradores y representantes de la sociedad en la ley de sociedades(58), comprende entre sus deberes, no solo la de procurarse la información necesaria para el debido ejercicio del cargo que se desempeña, sino estar en condiciones de interpretar la misma, cuanto menos, cuando ella no excede del nivel común de dificultad para la información comercial que debe manejarse en virtud del cargo de que se trate.
Cierto es, como se expone en cierta línea tanto jurisprudencial(59) como de doctrina(60), que no se pide con ello que un directivo societario sea un “superhombre” que todo lo sabe y que todo lo controla, no pudiendo por tanto exigírsele un total conocimiento de las cuestiones inherentes al desarrollo de la sociedad que administra. Pero sí entendemos que la ponderación respecto de la ayuda de terceros, y en lo concerniente al acceso a la información, es un tanto más restrictiva a su juicio, por lo dicho anteriormente.
Así mismo, el ejercicio de su función se inscribe, dentro de un órgano —directorio— y una estructura de la sociedad —departamentos contables, archivos, etc.— destinada a realizar los actos de la entidad en el plano de lo real. No pudiendo, a nuestro entender, prescindir de convocar a los propios expertos o técnicos de la sociedad en su ayuda, sin justificarlo debidamente. Teniendo en cuenta que es a través de las estructuras propias que debe concretarse su actuación(61).
Es por ello que, “si bien lo más adecuado sería que se sirviera de los asesores o especialistas del ente, dentro de un contexto de conflicto que este Tribunal no desconoce, puede solicitar ser asistido por contadores o abogados, a los fines del examen de la documentación que se le exhiba”(62).
Sigue en esto, el criterio de intervención restrictiva, de acuerdo en todo con las líneas de la jurisprudencia que postulan tal actitud cuando se halla discutido el interés social en las sociedades anónimas, “cuya complejidad estructural exige que las vicisitudes que puedan comprometer dicho interés deban resolverse en las instancias internas”(63).
8. El cumplimiento del deber de informar
La información a suministrar en respuesta del requerimiento debe ser veraz, completa y amplia, comprendiendo no solo el acceso a los libros sociales, sino además la documentación que sustenta las registraciones. El incumplimiento en la obligación de informar es causal suficiente de remoción del funcionario reticente, y el acuerdo asambleario en el que no se haya observado el derecho de información de algún accionista será nulo(64).
Para cumplir con las condiciones descritas al inicio, la información suministrada a los socios a través de los estados contables y los dictámenes del síndico deben estar sustentados en registros que obren en la contabilidad que lleve la sociedad en sus libros de comercio, y sus constancias deben necesariamente hallarse respaldadas con la respectiva documentación(65).
El derecho de información de los socios también debe ser satisfecho cuando en la asamblea ordinaria se traten los estados contables. En esa ocasión, los socios tienen el derecho de requerir a los directores y síndicos de la sociedad aquellos datos necesarios para interpretar adecuadamente el balance, el estado de resultados, sus notas y cuadros anexos, siempre que con ello no afecten los secretos comerciales o industriales de la sociedad. En la asamblea, pues, los socios deben tener a su disposición los libros sociales, para que puedan formular todas las preguntas que estimen necesarias con el fin de adoptar una decisión válida al votar esos documentos(66).
Respecto de los pedidos de información solicitados en el marco de asambleas o juntas de socios o accionistas, no se produce la inexistencia de información cuando se contestan debidamente las preguntas verificadas por el accionista. Tampoco se produce el incumplimiento, cuando la información se tuvo disponible antes de la reunión del caso, cuando se trata de omisiones simplemente formales o cuando la información que se brinda contiene los datos necesarios y suficientes para la interpretación y comprensión adecuada de la situación, de conformidad con principios y normas generalmente aceptados en la materia(67).
Respecto del cumplimiento “a medias” de lo pedido, por parte de los órganos sociales, la jurisprudencia ha expresado que la circunstancia de que la sindicatura no haya contestado ciertas informaciones requeridas por un accionista, en forma clara y concreta, no posee entidad suficiente para separarla de la administración, pero justifica, en beneficio del derecho del socio minoritario que no ve satisfechas concreta y documentalmente sus inquietudes y de la seguridad de la sociedad, la adopción de una medida de prevención que resguarde sus derechos, tal como la designación de un veedor judicial, funcionario que permita un completo control de la evolución societaria, pues la continuación de esos actos sin control podría importar grave riesgo para aquella(68).
No escapa a nadie que el derecho de información del socio puede usarse torpemente por competidores que sean titulares de acciones, ya sea con abuso de derecho o, simplemente, cuando sea peligroso para la sociedad sin que el socio lo advierta, por lo que frente a tales casos los administradores se hallan autorizados a denegar tal información en los casos en que la divulgación de la misma perjudique los intereses sociales(69).
En cuanto al límite de lo que debe informarse, Stratta puntualiza dos aspectos. Por un lado, el derecho de información y la función de control que está ejerciendo el socio y, por otro lado, que la información es propiedad de la sociedad y está protegida también por confidencialidad, por lo menos hasta un límite. El problema, en realidad, es establecer ese límite, porque hay una cantidad de situaciones intermedias donde es difícil trazar una línea divisoria, por lo menos de tipo general, respecto de dónde termina la confidencialidad de la información para que pueda ser entregada a solicitud del socio. De manera que no es posible definirlo en pautas generales, y deberá verse en cada caso concreto. Es decir, el problema es el abuso del derecho, se relaciona con la posibilidad de que el socio esté procurando obtener información para desviarla(70).
Es claro, en cualquier caso, que el derecho a la información del socio no puede erigirse en un obstáculo para la buena marcha de la administración social, por lo que podrán establecerse reglas para que se lleve a cabo en orden y sin perjudicar el giro social(71).
Pero si bien los órganos sociales de administración disponen de la facultad en tales casos de oponerse a determinadas solicitudes de información, a nuestro juicio dicha licencia debe emplear de forma razonada y motivada.
En definitiva, y ante la complejidad de conciliar en numerosas ocasiones intereses contrapuestos, es importante destacar que el ejercicio del derecho de información debe estar presidido por la buena fe y el sentido común, atendiendo al interés social y sin que, en ningún caso, pueda significar un entorpecimiento de la vida y actividad social(72).
9. ¿Se adquiere algún deber como contrapartida del derecho a informarse?
La alteridad en el derecho, implica que este se refiere a las relaciones de un individuo para con otros. Frente al derecho a informarse, existe el deber de informar, esto es claro. Lo que no ha sido muy estudiado es lo que ocurre a partir de la obtención de la información solicitada. Expresado en otras palabras, ¿el cumplimiento del deber de otorgar determinada información, tiene alguna implicación jurídica respecto del sujeto informado?
Stratta(73), que entiende el derecho de acceso a la información dentro del esquema de la fiscalización de la sociedad, y a tal fiscalización tanto como derecho y función, destaca que no se trata meramente de un derecho individual del socio, sino de un deber de hacer, a los efectos que puedan adoptarse adecuadamente las decisiones en los distintos órganos de formación de la voluntad social y para preservar, en definitiva, el interés social. Tal consideración abre un campo interesante respecto a la responsabilidad por daño y, especialmente, la responsabilidad por omisión, donde las cargas de la prueba tienden a invertirse en situación desfavorable al imputado como responsable.
De nuestra parte, adentrándonos en la otra posible proyección de dicho modo de enfocar la información del socio, es decir por su vertiente positiva, cuando la solicita y accede a ella, vemos que la puesta a disposición de ella, genera respecto del socio, efectos bastante parecidos al acto procesal de una notificación.
Acceder a la información es, pues, un acto de puesta en conocimiento jurídicamente relevante de ciertos datos sociales, que implica a partir de dicha noticia las cargas del caso.
El ejercicio de las acciones posibles, en caso de disconformidad, comienza su cómputo a partir de dicho momento, si ellas no dependieran de otra circunstancia. Así mismo, una actitud omisiva a este respecto, implica que luego no podrá ampararse en el desconocimiento para justificar su no obrar, o para liberarse de las consecuencias que entrañe en el caso el mismo.
10. Conclusiones
Como hemos expuesto en la introducción, nos hallamos en una sociedad donde la información ha llegado a ser la figura representativa de nuestra cultura, hasta el punto que para designar el marco de nuestra convivencia se alude reiteradamente a la expresión “sociedad de la información”.
Si la información ya era valiosa en el pasado, por significar encontrarse en una situación ventajosa respecto a quienes no la tenían, en el presente su valor se acrecienta, merced a la complejidad creciente de los asuntos negociales que se debe llevar a cabo en el ámbito societario. Máxime cuando paralelo a la profusión de información producida y disponible, se cuenta con los medios para convertir informaciones parciales y dispersas en informaciones en masa y organizadas, de interrelacionar esa información y de procesarla con rapidez.
En definitiva, lo que ocurre es que esa información cada vez aporta más conocimiento, que es lo verdaderamente importante, y que quien dispone de conocimiento tiene poder. Peter F. Drucker señala: “el recurso económico básico, el medio de producción, para utilizar el término de los economistas, ya no es el capital ni los recursos naturales —el suelo de los economistas— ni la mano de obra. Es y será el saber”(74).
Dichos cambios políticos, sociales, técnicos y económicos imponen el reconocimiento de nuevos ámbitos jurídicos, y el derecho debe evolucionar para dar cabida a las actuales demandas de la sociedad en busca de protección en tales sectores.
Paralelamente a este contexto histórico-jurídico-cultural, desde el ámbito societario, se observa la demanda de una mayor participación en el conocimiento de los asuntos sociales, pidiéndose así mismo una mayor transparencia de la gestión societaria e información más clara y precisa respecto del curso pasado, presente y futuro de la sociedad(75).
Este derecho de acceso a la información societaria, se presenta hoy como una cuestión jurídica de aristas múltiples. Tradicionalmente tratado como un derecho del socio, la creciente importancia de la información puntual en todos los órdenes de la vida organizada, se refleja así mismo en la esfera de las sociedades. Admitiendo nuevos supuestos y formas de ejercicio, y agregando otras finalidades a la primigenia de ejercer derechos sociales.
Ello obliga a tener una actitud reflexiva, crítica y responsable ante los nuevos problemas que acarrea la información al interior de las sociedades.
La expansión cualitativa y de legitimación del derecho a la información del socio no es sino un reconocimiento lógico por el derecho de la importancia de la información en el desarrollo societario actual. Especialmente, frente a la creciente complejidad tanto de las estructuras sociales como de la actividad misma de las sociedades. Y que se destaca, por la extensión de sus consecuencias hacia las más variadas áreas del derecho —responsabilidad de administradores, nulidad de asambleas o juntas, etc.—.
En el presente, parece que en la doctrina comienza a visualizarse la cuestión, abandonando la perspectiva puramente personal y adscribiendo su ejercicio dentro del complejo tópico del control de la organización societaria(76).
Dicho entendimiento, dentro del esquema de la fiscalización del socio, y de la conceptualización de dicha fiscalización tanto como derecho y función transmuta la cuestión de la petición de información, desde un derecho individual del socio, de carácter facultativo, a un deber vinculado a sus obligaciones para con la sociedad, de necesario ejercicio para poder adoptar adecuadamente sus decisiones en el órgano de formación de la voluntad social y para preservar, en definitiva, el interés social.
Esta visión amplía el marco teleológico del instituto, pasando de entenderlo como una tutela de su interés individual a concebirlo como una acción debida a los efectos de la preservación del interés social.
La trascendencia jurídica concreta de este cambio de enfoque, a la hora de las responsabilidades, no es poca, pudiendo un socio llegar a incurrir en responsabilidades específicas, o sea, en responsabilidad patrimonial propia, por la omisión de informarse debidamente, es decir en la medida que la decisión justificaba hacerlo(77).
¿Estamos frente a una reformulación como instituto complejo, como un derecho-deber a partes iguales, del acceso del socio a la información? ¿O su creciente casuística es solo producto del impacto de la sociedad de la información sobre el devenir societario?
Cualquiera que sea la respuesta, lo innegable es su importancia creciente, que como mínimo exige de los actores del derecho una profundización en la comprensión de sus elementos típicos.
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(1) Carranza Torres, Luis. Hábeas data: la protección de los datos personales. Alveroni Ediciones, Córdoba: 2001, p. 18.
(2) Ibíd., p. 18.
(3) Cfr. Ruiz Martínez, Esteban. Los informes comerciales y el derecho a la información. Abaco, Buenos Aires: 2000, p. 22.
(4) Véase: Kuhlman, Federico y Alonso, Antonio. Información y telecomunicaciones. Fondo de Cultura Económica, México: 1997.
(7) Millán Calenti, Rafael Álvaro. “El ejercicio del derecho de información desde la perspectiva de la relación órgano de administración - socio cooperativista: estudio en la Ley de Cooperativas de Galicia”. Disponible en: http://www.asescan.com/jornadas/ciriec/TNFE-COMNC-MILLAN%20CALENTI.doc. Última consulta 9 de junio del 2004.
(8) Carranza Torres, Luis. El derecho a la información del socio: aspectos prácticos y conceptuales. Universitas, El Derecho Colección Académica, Buenos Aires: 2006, p. 7.
(9) Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/. Última consulta 6 de marzo del 2010.
(10) Seguimos sobre el particular a Sagredo, Félix e Izquierdo, José María. Concepción lógico-lingüística de la documentación. Ibercom-Red COMNET de la Unesco, Madrid: 1983, pp. 155 y ss., esp. pp. 180-181; y a Martínez Comeche, Juan Antonio. Teoría de la Información documental y de las Instituciones Documentales. Síntesis, Madrid: 1995, pp. 13-17.
(11) Kuhlman, Federico y Alonso, Antonio, ob. cit.
(12) Véase: Stonier, Tom. Information and internal structure of the universe: an exploration into the information physicis. Springer Verlag, Berlín: 1990.
(13) Carranza Torres, Luis. Los derechos reales intangibles. Zeus Córdoba, año VI, 30 de octubre del 2007, n.º 268, t. 11, p. 480.
(14) Carranza Torres, Luis. “Evolución de la consideración de los derechos reales y exenciones tributarias”. Foro de Córdoba, n.º 111, p. 115.
(15) Quesada Sánchez, Antonio José. “El Legislador y los particulares a la hora de crear nuevos Derechos Reales: reflexiones inducidas por una Ley”. Disponible en: http:// noticias.juridicas.com/. Última consulta 3 de junio del 2006.
(16) Garrone, José Alberto. Diccionario Jurídico Abeledo Perrot. Abeledo Perrot, Buenos Aires: 1986, t. III, pp. 453-454.
(17) Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/. Última consulta 6 de marzo del 2010.
(18) Garrone, José Alberto, ob. cit., p. 443.
(19) Ibíd., p. 444.
(20) Vanasco, Carlos Augusto. Manual de sociedad comerciales. Astrea, Buenos Aires: 2001, p. 187.
(21) Garrone, José Alberto, ob. cit., p. 444.
(22) Ascarelli, Tullio. Sociedades y asociaciones comerciales. Ediar, Buenos Aires: 1947, p. 127.
(23) Halperín, Isaac. Curso de derecho comercial. Parte General. Sociedades en general. Ed. Depalma, Buenos Aires: 1982, vol. 1, p. 351.
(24) Vanasco, Carlos Augusto, ob. cit., p. 187.
(25) Farina, Juan M. Compendio de sociedades comerciales. Zeus Editora, Rosario: 1989, p. 111.
(26) Halperín, Isaac, ob. cit., p. 361.
(27) Ibíd., p. 363.
(28) Esteban Velasco. “Derecho de información del accionista”. En: AA. VV. Derecho de Sociedades Anónimas, Alonso Ureba, Duque Domínguez, Esteban Velasco, García Villaverde y F. Sánchez Calero (Dirs.) Civitas, Madrid: 1993, t. II., vol. 1 Capital y acciones, p. 181.
(29) Matta y Trejo, Guillermo E. “Reflexiones en torno al derecho de información en la sociedad anónima moderna”, La Ley 1996-E, p. 1210.
(30) Stratta, María Victoria. “Fiscalización interna”, conferencia pronunciada en el marco del Primer Encuentro Regional de Derecho Societario, en homenaje al doctor Carlos Gago, llevado a cabo en el salón “Juan Bautista Alberdi” del Colegio de Abogados de Santa Fe.
(31) Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal —Argentina—, Sala B, 22/10/1993, ED, 157-64.
(32) En este sentido, Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal —Argentina—, Sala C, 29/10/1990, en autos “Schillaci Irene c/ Estab. Textil San Marco S.A.”, LL, 1991-E-109.
(33) Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal —Argentina—, Sala C, 16/08/1978, ED, 81-637.
(34) Stratta, María Victoria, ob. cit.
(35) Vanasco, Carlos Augusto, ob. cit., p. 193.
(36) Tribunal Supremo de España. Sala de lo Civil, STS 7238/2004 del 10/11/2004 en Recurso 3096/1998.
(37) Tribunal Supremo de España. Sala de lo Civil. STS 1473/2006 de fecha 21/03/2006 en Recurso 2662/1999.
(38) Halperín, Isaac, ob. cit., p. 363.
(39) Stratta, María Victoria, ob. cit.
(40) Zunino, Jorge Osvaldo. Régimen de sociedades comerciales. Ley 19550. Astrea, Buenos Aires: 1995, p. 115.
(41) Carranza Torres, Luis. El derecho a la información del socio: aspectos prácticos y conceptuales. Universitas, El Derecho Colección Académica, Buenos Aires: 2006, p. 21.
(42) Matta y Trejo, Guillermo E., ob. cit., p. 1211.
(43) Exposición de motivos de la Ley de Sociedades Comerciales de Argentina, n.º 19550, Sección IX, apartado 1.
(44) Millán Calenti, Rafael Álvaro, ob. cit.
(45) Vanasco Carlos Augusto, ob. cit., p. 196.
(46) Stratta, María Victoria, ob. cit.
(47) Vanasco Carlos Augusto, ob. cit., p.196.
(48) Stratta, María Victoria, ob. cit.
(49) Carranza Torres, Luis. El derecho a la información del socio: aspectos prácticos y conceptuales. Universitas, El Derecho Colección Académica, Buenos Aires: 2006, p. 29.
(50) Millán Calenti, Rafael Álvaro, ob. cit.
(51) Matta y Trejo, Guillermo E., ob. cit., p. 1211.
(52) Tribunal Supremo de España. Sala de lo Civil, STS 5565/2005 de fecha 26/09/2005 en Recurso 1121/1999.
(53) Corte Suprema de Justicia de la Nación —Argentina—, Fallo del 19/08/1992 —disidencia del doctor Barra—, ED, 149-316.
(54) Hay autores, como Stratta, que entienden que el acceso a la información del socio puede ser considerado, frente a determinadas situaciones, como un deber. Véase al respecto, Stratta, María Victoria, ob. cit.
(55) Que surge del propio artículo 59 de la Ley de Sociedades Comerciales de Argentina, Ley 19550 y sus modificaciones.
(56) En igual sentido Matta y Trejo, Guillermo, ob. cit., p. 1211. Doctrina que recoge la Sala en el fallo objeto del presente comentario.
(57) Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal —Argentina—, Sala C, 28/02/1979, en autos “Goldszmid, José c/ Organizacion Publicitaria Car, SA”.
(58) Artículo 59 de la Ley 19550 y sus modificaciones.
(59) Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal —Argentina—, Sala B, 28/02/2005, en autos “Inspección General de Justicia c/ Propel S.A. s/ denuncia”, Expediente 20740/2004.
(60) Odriozola, Carlos. “Reforma al régimen de responsabilidad de los directores o necesidad de una adecuada interpretación”, LL 1982-B-706.
(61) Ello es algo ínsito y de simple lógica en la vida organizacional, tanto privada como pública. Es por eso que en el artículo 54, del Decreto 1759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos de Argentina, n.º 19549, se expresa respecto de la posibilidad de recurrir a perito en el trámite administrativo: “... La Administración se abstendrá de designar peritos por su parte, debiendo limitarse a recabar informes de sus agentes y oficinas técnicas y de terceros, salvo que resultare necesario designarlos para la debida sustanciación del procedimiento”.
(62) Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal —Argentina—, Sala B, 28/02/2005, en autos “Inspección General de Justicia c/ Propel S.A. s/ denuncia”, Expte. 20740/2004.
(63) Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal —Argentina—, Sala A, 08/03/1995, ED, 166-517.
(64) Carranza Torres, Luis. El derecho a la información del socio: aspectos prácticos y conceptuales. Universitas, El Derecho Colección Académica, Buenos Aires: 2006, p. 31.
(65) Vanasco, Carlos Augusto, ob. cit.,p. 195.
(66) Ibíd., p. 197.
(67) Sentencia del Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil, ROJ: STS 5116/2005, Ponente: Román Garcia Varela.
(68) Cámara Nacional en lo Comercial de la Capital Federal —Argentina—, Sala D, 18/06/1980, ED, 89-683.
(69) Sentencia 658/2005 de Tribunal Supremo de España, Sala Primera, de lo Civil, de 22 de julio 2005.
(70) Stratta, María Victoria, ob. cit.
(71) Vanasco, Carlos Augusto, ob. cit., p.197.
(72) Carranza Torres, Luis. El derecho a la información del socio: aspectos prácticos y conceptuales. Universitas, El Derecho Colección Académica, Buenos Aires: 2006, p. 40.
(73) Stratta, María Victoria, ob. cit.
(74) Citado por Herrera Bravo, Rodolfo. “El Derecho en la Sociedad de la Información: Nociones generales sobre el Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Disponible en: http://www.ctv.es/USERS/mpq/estrado/estrado002.html.
(75) Matta y Trejo, Guillermo E., ob. cit. p. 1206.
(76) Ibíd., p. 1211.
(77) Stratta, María Victoria, ob. cit.

References: resolución 
 artículo 215
 artículo 51
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 48
 artículo 59
 Artículo 59
 artículo 54