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Timestamp: 2020-02-28 05:03:35+00:00

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Los “CSI” del Conicet: los 32 investigadores que colaboran con la Justicia en la resolución de casos forenses - Catamarca Play
Son antropólogos o abogados, palinólogos o paleobotánicos, biólogos o astrónomos, peritos lingüísticos o peritos en casos de sumersión, químicos o físicos, historiadores o ingenieros electrónicos, filósofos o sociólogos. Son científicos e investigadores convocados a integrar el Programa Nacional Ciencia y Justicia. Fundado hace cinco años, su misión es “fortalecer los lazos entre la comunidad científica y los poderes judiciales, Ministerio Público de la Defensa y defensores de todo el país para acercar las ciencias de aplicación forense a la sociedad”.
Desde este marco institucional ya intervinieron en más de 75 causas, además de brindar capacitaciones, seminarios y un esquema de becas cofinanciadas para impulsar los estudios forenses dentro del organismo gubernamental. Un perfil detallado de la trayectoria y los objetos de estudio de cada uno de los 32 profesionales que aplican sus conocimientos al servicio de la resolución de casos forenses. Las disciplinas, las historias de vida y los pedidos de la Justicia para investigar, por ejemplo, sobre el robo de ganado, la guerra civil de Guatemala, el asesinato de Ángeles Rawson, el contrabando de obras de arte, la muerte de Walter Bulacio, la represión de 2001, el femicidio de Yasmín Chacoma, el caso González Carreño en España, el accidente de LAPA, el suicidio de Alfredo Yabrán, el atentado a la AMIA, las causas mapuches por los títulos de propiedad de tierras, Kosteki y Santillán, la Masacre de Trelew. ¿Quiénes son los “CSI” del CONICET?
Para conceptualizar su área de estudio, citó sentencias de Estados Unidos en las que acusados de color negro sufrieron una pena más severa que personas blancas. Y recuperó la causa González Carreño contra el Estado español. El 3 septiembre de 1999 Ángela González Carreño huyó con su hija Andrea después de que su marido, Felipe Rascón, la agrediera con un cuchillo. Ella había alegado que él era violento en 51 denuncias radicadas en juzgados y comisarías. Les suplicó que no dejaran al padre encontrarse a solas con su hija. La niña, por entonces, tenía tres años. El 24 de abril de 2003, cuatro años después de la agresión, en una audiencia judicial, Rascón le dijo a su ex mujer una frase estremecedora: “Te quitaré lo que más quieres”. Horas después, en un régimen de visitas sin supervisión, asesinó a la niña de un disparo, mató a su perra y se suicidó.
El caso llegó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 2018, luego de quince años de lucha, el Tribunal Superior ordenó a la administración federal indemnizar a la madre con 600.000 euros. El fallo, que admite la responsabilidad del juzgado español, indica que el daño “se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija”. Arena lo describió como un caso paradigmático: “Se advirtió que las decisiones de los jueces se habían apoyado en distintos estereotipos. Uno de esos estereotipos era que el padre debía tener contacto con los hijos y que la madre tenía que criarlos al separarse. Y también operó otro estereotipo: el de la credibilidad de la mujer como testigo. A partir de ese estereotipo que niega credibilidad a los dichos de las mujeres el juez duda de que efectivamente el hombre sea violento y otorga la visita”.
Federico Arena es filósofo, abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, doctorado en Génova e investigador del CONICET. Su línea de investigación es, justamente, los estereotipos enquistados en el sistema judicial. Estereotipos, generalizaciones, atribuciones probabilísticas -ciertas o no- que sufren comúnmente los colectivos desfavorecidos. “Suelen ser modos un poco apresurados de asociar ciertos rasgos con grupos sociales”, definió. Su análisis implica desentrañar el dictamen de los jueces: advertir si aplican el uso de estereotipos en un ejercicio solapado de discriminación. “Mi investigación pretende identificar y sistematizar bajo cuáles criterios los jueces deberían considerar a un estereotipo rechazable o con base estadística no rechazable, dado que los criterios para saber cuándo un estereotipo es perjudicial o no son complejos”, expresó.
El 27 de septiembre de 1981 Emma Guadalupe Molina Theissen, una joven activista de 21 años, es arrestada por el ejército e interrogada en una base clandestina en Quetzaltenando, al oeste de Guatemala. La violan, la golpean, le aplican descargas eléctricas. La tortura, paradójicamente, le permitió escapar del cautiverio: bajó tanto de peso que las esposas quedaron más grandes que sus puños. No sabía que su huida condenaría la vida de su hermano Marco Antonio. Al día siguiente, la fueron a buscar a su casa y como no la encontraron, se llevaron al joven de catorce años. La Comisión de la Verdad lo considera uno de los cinco mil niños desaparecidos por las fuerzas militares en un conflicto armado interno.
Julieta Rostica es una científica argentina que cuando tenía 22 años se preguntó, mientras estudiaba sociología, por qué el Quetzal, la moneda de Guatemala, tiene dibujada una paloma y la palabra “paz”. Supo de un suerte de guerra civil casi permanente, con 36 años de represión, 150 mil muertes y 50 mil desaparecidos. Se involucró tanto que en 2013 centró su estudio en la comparación de la dictadura argentina con el caso de Guatemala al punto de testificar como perito en la causa Molina Theissen.
“Rostica fue convocada por el Ministerio Público de Guatemala para realizar el peritaje del secuestro de Emma Theissen y de la desaparición forzada de su hermano. La investigadora le dio herramientas al tribunal para comprender que esa desaparición forzada estuvo directamente relacionada con la fuga de Emma, hechos articulables en tiempos y espacios diferentes: lo declaró en marzo pasado, cuando participó como perito en el juicio oral y público en el que se terminó procesando por primera vez a cuatro militares de alto rango por violaciones a los derechos humanos, entre quienes estaban el Director de Inteligencia y el Jefe del Estado Mayor del Ejército”, describe la web del CONICET.
“La colaboración argentina y sus consecuencias en la lucha contrasubversiva en Guatemala, 1976-1981” es la carátula del peritaje en el que aplicó la sociología como matriz para investigar el genocidio guatemalteco. Recabó en el archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y en documentos militares desclasificados y encontró que militares guatemaltecos recibieron capacitación en inteligencia militar, lucha contrasubversiva y “lugares de detención temporaria” en el país y que militares argentinos sirvieron como militares adscritos en Guatemala.
Andrea Lombraña, Natalia Ojeda y Leticia Barrera
Son tres científicas del CONICET que procuran contribuir al derecho desde la antropología. Confluyeron en el Núcleo de Estudios Socioculturales sobre el Derecho y sus Instituciones (NESDI), un grupo interdisciplinario fundado en diciembre de 2017 para estudiar la normativa y la praxis del derecho y sus instituciones. Recientemente se anexó al Programa Nacional Ciencia y Justicia con el propósito de abordar el mundo jurídico desde el cristal de las ciencias sociales.
Lombraña y Ojeda son doctoras en antropología. La primera se centró en el comportamiento de las mujeres en la cárcel, la segundo centró su campo en el abordaje etnográfico sobre políticas públicas en seguridad ciudadana y salud mental, en torno a la figura de “emoción” en el derecho penal y la figura de los “inimputables”. Barrera, por su parte, es doctora en derecho y intervino en las prácticas de antropología jurídica a raíz de un trabajo sobre el ejercicio burocrático de la Corte Suprema Argentina.
El NESDI es su creación. Está integrado por más de veinte investigadores, becarios, estudiantes de grado provenientes de carreras como Antropología, Abogacía, Sociología, Trabajo Social y Filosofía, y se nutre de estudiantes de grado detenidos en la Unidad Nº 48 de José León Suárez. “Podemos complejizar la realidad que miramos y ofrecer una mirada distinta sobre la propia práctica de la Justicia y de los funcionarios judiciales. Para que se entienda mejor por qué pasan las cosas que pasan en las cárceles y en los dispositivos jurídicos. La idea no es quedarse solo con la letra del expediente. Si un caso tiene mucha repercusión social, eso va a influir en los peritos, en el juicio, en los discursos. Eso aporta datos. El campo jurídico es vasto y dinámico, y los límites son muy lábiles. Todo está vinculado. De ahí el NESDI”, contó Barrera.
Karin Arbach estudia la reincidencia, la recaída de un violento. Trazó un ejemplo: “Un chico que tiene un delirio muy activo de perjuicio y piensa que le quieren hacer daño. Ese chico, por lo que buceamos en su historia de vida, tiene un delito muy grave: le sacó los ojos a su tío cuando tenía nueve años. Ese es un inicio muy temprano con un delito muy grave. Mi trabajo es hacer que se reduzca su delirio de perjuicio. Con su historia criminal no puedo hacer nada: son factores de riesgo estáticos que me indican un nivel estructural de riesgo alto pero puedo moderar si trabajo estos factores de riesgo más actuales, como los delirios”.
El perfil que ideó el CONICET compara las predicciones de las ciencias ocultas, el horóscopo o las cartas de tarot, los presagios meteorológicos y los vaticinios de los economistas con los estudios para predecir conductas violentas de un reincidente. “En el campo de la criminología se puede estimar la probabilidad de que una persona cometa un acto violento -en un rango de tiempo que oscila entre algunos días hasta varios meses- a través de la ‘evaluación de factores de riesgo’”, estima la descripción. Karin Arbach, desde la ciudad de Córdoba, estudia cómo adaptar los “sistemas de evaluación estructurada de factores de riesgo” en el ámbito judicial argentino, una herramienta que, aplicada mediante la psicología criminal, se propagó con éxito en Canadá, Estados Unidos y parte de Europa Occidental.
Desde 2016, en Diamante, un departamento de la provincia de Entre Ríos con una población de veinte mil habitantes, hay un microscopio electrónico de barrido, una herramienta que presume de un alto poder de resolución para la evaluación de distintas muestras. Fue una gestión de la palinóloga y paleobotánica del CONICET, Mercedes Di Pasquo.
El instrumento facilita la clasificación y discriminación de los microorganismos que invaden el medio ambiente y revelan pistas sobre la humanidad y su devenir. Esos rastros sirven en distintas disciplinas y campos de estudio. También en el área forense: una escena del crimen tiene organismos y sedimentos ocultos facultados para contar la verdad de un hecho. El microscopio, aplicado para tales efectos, puede aportar datos claves en una investigación. Es la línea de trabajo que impulsa Di Pasquo en el Programa Nacional Ciencia y Justicia. “El polen, las esporas y los microorganismos son tan microscópicos que es imposible limpiarlos por completo de una escena del crimen. Y siempre nos hablan del ambiente de origen. Entonces, esos microorganismos son evidencias muy importantes para conocer la procedencia de un cuerpo o poder develar los avatares que sufrió”, explicó.
Walter Bulacio tenía 17 años. Había ido al recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que el 19 de abril de 1991 se celebró en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Pero nunca regresó a su casa: una semana después murió en el Sanatorio Mitre como consecuencia de la la brutalidad policial. El crimen fue paradigmático: exponía la violencia institucional, la complicidad y la connivencia de la Policía Federal Argentina. En 2003, su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Carla Villalta integró el equipo de peritos argentinos en un caso que terminó con una condena al Estado por haber violado el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad ambulatoria del joven.
No fue el único caso en el que intervino. También participó como asistente en la pericia de otra sanción al Estado argentino por sentenciar a cadena perpetua a menores de edad. “Es algo que prohíbe la Convención de los Derechos del Niño, pero a fines de la década de 1990 hubo siete condenas a cadena perpetua en nuestro país. Esa pericia la pidió la Defensoría General de la Nación: además de ilegal, una perpetua implica un arrasamiento subjetivo para un adolescente, el hecho de estar tanto tiempo preso nunca es positivo y menos lo es cuando se trata de personas que están aún creciendo, solo significa un apartamiento total de la sociedad y la imposibilidad de reinsertarse”.
Doctora por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET y reciente incorporación al Programa Ciencia y Justicia, Carla Villalta concentró su investigación en las prácticas de la Justicia de Menores y de Familia. Desde su visión antropológica, se dedica a aportar una mirada ajena a la norma y a la reglamentación para comprender las lógicas de funcionamiento. “Porque la normativa no lo explica todo: hay una serie de valores, prácticas institucionales, sentidos sobre lo legítimo o ilegítimo, matrices interpretativas, que son tan o más determinantes que lo que diga una ley”, expresó. Su propósito en el Programa Nacional Ciencia y Justicia es también su causa: “Entablar un diálogo entre la antropología y el derecho, a través de pericias y asesorías, desde ya en casos concretos, pero también un diálogo más allá de lo meramente instrumental, para que la Justicia se pueda pensar a sí misma, revisar sus prácticas y ponerse en perspectiva. Éste es también un desafío para lograr la plena vigencia de un enfoque de derechos humanos”.
Es abogada, su padre es marxista, es investigadora adjunta del CONICET especializada en temas de familia, infancia y adolescencia, su hermana es la prestigiosa bailarina Paloma Herrera, es profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo, es multifacética, es impulsora en la redacción de leyes históricas del país. Es, también, la única científica del CONICET que participó de la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Marisa Herrera aborda desde la bioética temas que comprenden al ámbito judicial. Trabaja en técnicas de fertilización asistida y analiza casos complejos de situaciones conflictivas. En el proyecto de ley del matrimonio igualitario y en la reforma del Código Civil, trató todo lo referente en materia de familia. Alguna vez la criticaron con una figura que le genera orgullo: le dijeron que no era una investigadora de élite y que su mirada era demasiado política. “El nuevo Código Civil es contemporáneo, realista, plural, pero ¿quiénes lo leen? Y lo más importante, ¿cómo se lee?”, cuestionó. Su empresa, ahora, radica en difundirlo y popularizarlo: capacitará a diferentes operadores del derecho. “Definitivamente no soy una investigadora de escritorio. Soy una investigadora que intenta acercar la ley y sus complejidades a la gente, los principales destinatarios de nuestras investigaciones”, concluyó.
Intuye que su devoción por defender la causa mapuche la explica el punto geográfico de su nacimiento: Bariloche. Sebastián Valverde es antropólogo, investigador del CONICET y perito en causas que atañen y castigan a las comunidades indígenas. Su reflexión distingue una historia de racismo en la distribución de la tierra. “La mayoría de los territorios en los que viven los indígenas tienen una riqueza de recursos naturales que los hace interesantes para capitales privados o, a veces, para el propio Estado. Los pueblos originarios en general no son propietarios de las tierras, pero están asentados desde trescientos años en un territorio y terminan no pudiendo acceder a un título de propiedad, mientras el acceso a la tierra de la población blanca -de origen europeo o norteamericano- es fácil, porque aparece algún heredero que nunca las habitó, pero las reclama y tiene gran parte a su favor. Es un proceso racista, porque no todos tenemos los mismos derechos, y el derecho indígena, en los hechos, está siendo muy difícil de aplicar”, cuestionó.
Desde 2007 se desempeña como perito antropológico en la justicia argentina. Un año antes, exactamente el 23 de noviembre de 2006, se promulgó la ley 26.160 que estableció “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. La norma pretendía obrar ante una demanda histórica, recomponer las relaciones con los pueblos originarios, sistemáticamente vulnerados y desalojados. No fue fácil: la normativa revistió tres prórrogas (2009, 2013 y 2017), un compendio de trabas y obstáculos y un relevamiento parcial de las 1.500 comunidades existentes.
Valverde, desde su área de estudio, busca alcanzar el entendimiento de la Justicia en virtud del derecho indígena, que desconoce los parámetros tradicionales y las convenciones del esquema de propiedad de una tierra. “Los pueblos indígenas se van moviendo con el ganado, según el momento del año, pero para la Justicia por ejemplo sigue pesando si la comunidad vive o no en un territorio”. Contó que, en el sur, durante la invernada, los indígenas suelen movilizarse hacia las costas del Lago Nahuel Huapi, sencillamente, porque hay menos nieve, menos lluvia y los animales pueden pastorear. “La Justicia tiene abrir la mirada a la diversidad cultural, reconocer que somos un país compuesto por muchas culturas y por ende muchos derechos”, exclamó.
La razón nació en el círculo familiar: entender el autismo de su hijo. En 1995, inició estudios interdisciplinarios sobre el cerebro humano. Por entonces, había pocos especialistas dedicados a esa patología específica. Convocó y visitó a neurólogos, fisioterapeutas, terapistas cognitivo conductuales, psiquiatras y genetistas para estudiar las posibilidades y las limitaciones del cerebro, según la enfermedad que padecía su hijo. “La búsqueda de la explicación acerca de por qué algunos acceden y otros no al lenguaje hablado fue fundamental en mi perfil transdisciplinario”, dijo Alicia Poderti, la primera perito lingüístico forense de Argentina.
El autor del reconocimiento facial: creó SIFACE (“si” de “sistema” y “face” por la traducción al español de “cara”), un desarrollo tecnológico que desde 2017 es utilizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La persecución digital en calles y comercios, la proliferación de cámaras de video, la revolución de los teléfonos inteligentes y las redes sociales inspiró a Pablo Negri, doctor en Informática e investigador adjunto del CONICET, a convertir su conocimiento de robótica, filmaciones, imágenes, reconocimiento de patrones y datos en un sistema para la identificación de personas a través del reconocimiento facial.
Antes, la computación como gusto infantil, la ingeniería electrónica como formación universitaria y Siemens como su primera incursión en el ámbito laboral. Emigró en 2001 por la crisis. En Francia cursó un máster en robótica, donde profundizó su estudio en imágenes y videos. Siguió con una pasantía en seguimiento de vehículos con cámaras y un doctorado sobre detección y reconocimiento de modelos de vehículos. Trabajó en Peugeot con el desarrollo de un software para optimizar la conducción autónoma y hacer cálculos a distancia, hasta que regresó al país en 2010. “Estuve trabajando sobre semáforos inteligentes, con la idea de optimizar tiempos de verde para agilizar el tránsito. Trabajé sobre detección y seguimiento de peatones, pasé por temas como tratamiento de videos, detección de vehículos, de personas, conteo, hasta que llegué al SIFACE”, rememoró.
En Argentina hay veinte mil personas desaparecidas y cuarenta mil prófugos de la Justicia. El sistema de reconocimiento facial tuvo un debut auspicioso. “El día que fui a instalar el sistema de búsqueda de personas en el Ministerio, tenían la foto de una chica que había ido a un hospital y estaba sin memoria -contó Negri-. Un enfermero le había tomado una foto y la mandó: la introdujimos en el sistema y la primera prueba dio un positivo. La chica, que daba otro nombre, había sido denunciada como desaparecida y gracias al sistema pudimos saber cómo se llamaba realmente. Fue la primera persona oficialmente identificada con el SIFACE”.
Su área es la genética forense animal. El caso mundial más famoso que recuerda data de enero de 2013: diez millones de hamburguesas congeladas provenientes de Polonia no tenían únicamente carne vacuna como materia prima, había en su composición, según un análisis de ADN, un 20% de restos de carne de caballo y de cerdo. Guillermo Giovambattista trabaja en el Instituto de Genética Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, donde también se encuentra el Laboratorio de Genética Forense Animal. Allí se realizan, desde hace veinte años, las pericias con análisis de ADN de origen animal ordenadas por la Justicia.
Sus objetos de estudio son el análisis genético de distintos animales y las adulteraciones en los productos alimenticios de origen animal. Sin embargo, su principal área de investigación es el robo de ganado, un delito conocido como “abigeato”, común en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la producción vacuna. “Cuando empezamos a fines de los noventa, la estimación oficial de este tipo de robos en la provincia de Buenos Aires era de diez mil vacas por año”, dijo Giovambattista, quien ya acumula más de 400 pericias realizadas y coordina una suerte de censo del ADN de animales.
Estudia, desde entonces, la mecánica de robo de carne animal: entran de noche, matan algunos ejemplares, los faenan y se llevan la carne para comercializarla en circuitos ilegales. Además de la cuestión económica, implica un problema de salud pública y salud animal: “Porque se está comercializando alimento sin ningún tipo de control. Pero en las ciudades, sobre todo en el interior de la provincia o en partidos del conurbano, roban en un partido cercano y después comercializan en otro. Y en general en las ciudades chicas sospechan quiénes son los que venden la carne robada, entonces hay una investigación, tienen las muestras de los animales faenado porque se llevan la carne pero siempre dejan un resto, y hacen algún allanamiento en una carnicería o domicilio. Nosotros, con esas dos muestras analizamos los ADN y comparamos, y vemos si los dos perfiles genéticos son del mismo animal, y decimos si efectivamente esa carne pertenece al animal robado”, detalló el perito.
Gabriela Siracusano y Marta Maier
Gabriela Siracusano es doctora en Historia del Arte. Marta Maier es doctora en Ciencias Químicas. Ambas son investigadoras principales del CONICET y profesoras titulares de la Universidad de Buenos Aires. Dirigen el Centro de Investigación en Arte, Materia, y Cultura de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y desde hace veinte años analizan la dimensión material de piezas artísticas, pinturas, esculturas, objetos. Se incorporaron al Programa Nacional Ciencia y Justicia para usar su verter su experiencia y conocimiento en casos de contrabando de obras de arte, hurtos, robos, falsificación o vandalismo.
“Se suele mirar lo general, nosotras vamos al detalle, a aquello que pareciera irrelevante, para luego volver a lo general”, dijo Siracusano. “Miramos lo aparentemente distinto, para arribar al núcleo duro de lo real pasado”, aseveró Maier. Lo que miran es la madera, los lienzos, los aceites, los pigmentos, los ligantes, cada producto utilizado por los artistas. Lo que esconden estos materiales son datos históricos, artísticos, económicos y sociales, otorgan, sin exponer, el contexto cultural en el que fueron concebidas las piezas artísticas. “No hacemos una historia técnica del arte -explicó Maier-, nos interesa solucionar problemas sobre ese objeto, saber el por qué, qué le pasó, por qué fue creado de esa manera para entender el objeto de manera integral. Es necesario hacerle una pregunta a la obra, plantear un problema”.
Cuando empezó a trabajar, una cada tres noches tenía pesadillas. Soñaba que se ahogaba y se despertaba. Hoy, según el CONICET, es la única perito en casos de muerte por sumersión de Sudamérica. Desde 1997 doctora en Biología e investigadora principal del organismo estatal dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en el país, participó en más setenta resoluciones en el Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada. Es perito asesora del Cuerpo Médico Forense y su función es determinar la presencia y la abundancia de diatomeas. Es capaz de diagnosticar el ahogamiento de una víctima en virtud de un número significativo de estas algas microscópicas. “Una persona puede tener en su cuerpo, bajo ciertas condiciones, un número muy bajo de diatomeas. Y hay distintas especies de diatomeas en cada masa de agua: no son las mismas en la laguna de Mar Chiquita que en un arroyo en las sierras de Córdoba”, explicó.
“Maidana es la única especialista en algas de toda Sudamérica que, siguiendo un protocolo muy riguroso y en forma sistematizada, hace ese análisis para saber si una persona murió o no por ahogamiento”, afirma la web del CONICET. “El cuerpo habla. Manda mensajes en distintos idiomas. Lo que uno espera cuando se hace un peritaje forense es ver qué dice el cuerpo. Lo que hacemos los expertos en cada uno de esos idiomas en los que están escritos esos mensajes es traducirlos. Todo junto da un mensaje común. Sin la ciencia, lo único que podés tener son solo intuiciones, suposiciones”, aseguró Maidana.
Nació en Mercedes, estudió biología con orientación ecología en la Universidad Nacional de La Plata. Se graduó y se radicó en Luján, donde comenzó a trabajar como docente en la Universidad Nacional de Luján. En ese municipio, también ejerció como Director de Medioambiente. Lo técnico y lo académico lo sabía. Se encontró con adversidades en el orden de lo social y lo económico que debió absorber. Eso lo condujo a virar su investigación: de los microorganismos acuáticos hacia cómo detectar, a través de esos elementos presentes en arroyos, ríos y pequeños cuerpos de agua, las disfunciones producidas al ecosistema por erosión, contaminación, pastoreo y otras cuestiones.
Se especializó en ecología de ríos en Barcelona y al retornar al país comenzó la carrera de Investigador Científico. En 2009 conformó el grupo de investigación en ecología de protistas y hongos. Hoy es doctor en Ciencias Naturales, investigador principal del CONICET y director del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable. Se dedica a ver otros mundos por el microscopio. Estudia los protistas, un reino de organismos microscópicos que están en todas partes, pero que él distingue en lagos, lagunas, ríos y cursos de agua en vía libre. “Estudiamos qué es lo que la presencia de esos microorganismos cuentan de ese lugar”, expresó.
Integra el Programa Nacional Ciencia y Justicia para asesorar a los actores judiciales a través de estudios de impacto ambiental en humedales. A partir de su presencia, Giorgi puede inferir qué cambios se produjeron en el entorno o en la construcción de lagunas artificiales, desechos industriales, contaminación. “Algunos los llaman ‘centinelas’ porque funcionan como indicadores de lo que puede estar sucediendo. Ese juego de escalas a uno le da la posibilidad de encontrar respuestas que de otro modo uno no tendría, ni con el estudio global ni solamente con el microscópico”, concluyó el científico.
Adonis Giorgi, de camisa gris
Claudia García Bonelli
Le dicen “la señora de las normas de calidad”. Bioquímica, licenciada en Análisis Clínicos, miembro de la Carrera del Personal de Apoyo del CONICET desde hace 36 años, se desempeña como Responsable de Calidad en la Plataforma EBAL y su lugar de trabajo es el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Su área es la aplicación de normas de calidad en los ámbitos científicos y su función en el Programa Nacional Ciencia y Justicia es asesorar científicamente a los laboratorios judiciales para mejorar las condiciones de trabajo.
Promoverá y regulará acciones preventivas y correctivas para que las tareas en los laboratorios ganen eficiencia. La idea es que redundan en una asistencia sin errores al sistema judicial. “La calidad es una filosofía de trabajo para llegar a un producto final válido. Las normas te orientan y te permiten registrar el seguimiento del ensayo: que sea una muestra univoca e inequívoca. El objetivo es la mejora continua”, aseguró.
María Silvina De Biasi
Una vez llegó a su oficina el caso de un homicidio. Su tarea era calcular la posición del Sol al momento del suceso. Sintió que la condena, en cierta medida, dependía de su área de trabajo. “El hecho era al atardecer, había crepúsculo, revisé las cuentas varias veces y le pedí a mi jefe que lo hiciera, para no equivocarme”, detalló María Silvina De Biasi, astrónoma y miembro de la Carrera de Personal de Apoyo del Instituto de Astrofísica de La Plata. Si un sospechoso esgrime que el sol lo encandiló o que disparó porque se asustó, porque era de noche y estaba todo oscuro, ella puede cotejarlo.
“Cuando llega un oficio a mi oficina, abandono cualquier tarea que esté haciendo y me pongo a trabajar para contestarlo, porque lo considero un aporte importante como astrónoma. Es poner mi conocimiento en función de la sociedad”, dijo. Es cierto que no recibe muchos: un promedio de tres pedidos por año. Es astrónoma forense hace 33 años. Dispone de facultades científicas para responder las eventuales inquietudes de jueces y fiscales. El horario de la puesta del Sol, del crepúsculo matutino o vespertino, el grado de iluminación al momento del hecho son algunos de los parámetros que demanda la Justicia.
“Fui extranjera, exiliada, me crié en Venezuela, después viví en Francia. Mis padres vivían en Mar del Plata y se exiliaron en 1975. Se les complicó antes de la Dictadura Militar. En ese contexto nací yo”. “Yo” es Ana Paula Penchaszadeh, que hizo de su infancia y su autobiografía su campo de estudio. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía por la Universidad de París 8, desde 1998 estudia temáticas vinculadas con la extranjería, la hospitalidad, las migraciones y los derechos humanos desde un enfoque teórico y práctico.
Ingresó al Programa Ciencia y Justicia porque su visión integral sobre justicia, leyes, derechos humanos y la figura del extranjero puede aportar luz a casos forenses del sistema judicial. Según su definición, su misión es brindar argumentos para defender los derechos políticos de los migrantes. “La movilidad humana tiene el poder de poner en jaque toda la estructura sedentaria sobre la cual se erigen las constituciones y las leyes. Los derechos humanos son nuestra herramienta para operar una defensa de todos aquellos que por alguna razón se encuentran fuera-de-lugar. En este sentido, como investigadora y defensora de los derechos humanos de las personas migrantes tengo una mirada que jueces y abogados no tienen. Y es solo dándose un tiempo que es posible no reproducir aquello mismo que criticamos. Los cientistas sociales y filósofos somos aliados claves de todo derecho progresivo”, razonó.
Néstor Basso
Yasmín Chacoma apareció muerta el 16 de septiembre de 2013 en un descampado en Ruta 3 y Constituyentes, a la vera de un asentamiento de Comodoro Rivadavia. Tenía once años. Dos días antes, un hombre la había engañado con una nota que decía “hija, andá con el señor que te va a dar una plata”. La abordó en la puerta de un supermercado, la llevó hasta las inmediaciones de una cancha del fútbol en el barrio 30 de Octubre, donde la violó y la estranguló con un cordón de zapatilla. En 2015, Miguel Ángel Pallalaf fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de la niña.
Néstor Basso es biólogo, doctor en Ciencias Naturales e investigador principal del CONICET. Su relato resume cómo atraparon al femicida: “Aquella vez nos mandaron un hisopado del cuerpo de la nena y ropa y obtuvimos un perfil genético masculino. En 2006 se había creado un Registro de Personas Condenadas por abuso sexual en Chubut, y a partir de cotejar con la muestra, la Justicia pudo llegar a una coincidencia con un hombre que había sido condenado por abuso sexual a dos menores en Trelew tras una pericia de ADN realizada en 2005. El hombre había estado detenido y luego mantenía un régimen de salidas transitorias cuando ocurrió el homicidio en Comodoro Rivadavia. A partir del match, se capturó al homicida”.
Basso conduce el Servicio Técnico de Alto Nivel en Biología Molecular en el Laboratorio de Genética Forense del Centro Nacional Patagónico, actualmente incorporado al Instituto de Diversidad y Evolución Austral. El laboratorio funciona desde 2003 a través de un convenio con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut. Es el único servicio que realiza estudios de identificación genética molecular de individuos y filiación en la Patagonia. Su principal aporte es a causas civiles y penales y a la identificación de personas a través de pericias genéticas. Su colaboración es medular en la resolución de casos de homicidios y abusos a la integridad sexual. En sus inicios, trataban casos aislados u oficios especiales de la Justicia. Hoy, en promedio, los pedidos son seis por semana.
El priviñado es un sistema de poligamia en el que un hombre se casa simultáneamente,con una mujer y con la hija de un matrimonio anterior de su nueva esposa. Hay veces en los que la hija es menor de edad. Para la Justicia argentina es un delito si la joven es menor de edad, en cambio para las comunidades indígenas es una figura común de matrimonio múltiple. José Braunstein fue perito en casos civiles de priviñado, una normativa que genera contrastes en el abordaje judicial y en la tradición indígena. “Sucede una o dos veces por generación. Pero para nuestra ley, ese hombre es un violador”, comprendió. No existe ningún caso penal de este tipo ganado por las comunidades ancestrales. “Ningún juez tuvo el coraje de ir en contra del código penal”, aseguró Braunstein.
Licenciado en Ciencias Antropológicas, doctor en Filosofía y Letras e investigador principal del CONICET, cursó la secundaria en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde los profesores de geografía e historia le inyectaron su inquietud formativa. Se sintió fascinado con el Museo Etnográfico, ubicado a la vuelta de la escuela. Un viaje de estudios a Catamarca le enseñó el mundo de la arqueología. Finalmente, se inclinó por la antropología y, específicamente, por el estudio de los indígenas sobrevivientes. Su trabajo y su pulsión lo llevó a especializarse en antropología jurídica. Desde el rol de perito oficial o de parte, su labor consiste en traducir el sistema jurídico consuetudinario de las comunidades indígenas en el idioma del código judicial nacional.
“Hice asesoramiento legislativo en casos de tierras y otras cuestiones. Poco a poco guié mis investigaciones hacia cuestiones de antropología jurídica, fui integrando las cuestiones académicas casi de manera fortuita”, explicó. Ya participó en más de quince pericias antropológicas de causas vinculadas a los indígenas. Y lo que encuentra en la naturaleza del mundo jurídico es una “colisión normativa”, cuestiones en las que el derecho positivo se topa con los diversos sistemas de derecho indígena consuetudinario. Por caso, la violencia como respuesta a un hecho de violencia previo, las formas de matrimonio, los regímenes de adopción, la eutanasia, el infanticidio, el aborto.
José Braunstein, de camisa blanca
Rodolfo “Willy” Pregliasco
Rodolfo Pregliasco era un científico de laboratorio convencional: gafas, microscopio, delantal blanco. Se había doctorado como físico en la Universidad de Buenos Aires, estudiaba colisiones atómicas y trabajaba en el Centro Atómico Bariloche. Era colega del físico Ernesto Martínez cuando un juez provincial lo convocó para que aplicara sus conocimientos científicos en la resolución de un accidente vial. Aplicó física básica para dirimir un conflicto judicial. Al principiante -relata el perfil firmado por el CONICET- todo lo era ajeno, pero lo estimulaba percibir la pasión con la que trabajaba Martínez.
Le pidieron ayuda cuando cayó una causa más grande al Laboratorio de Propiedades Ópticas de Materiales. El equipo de científicos descubrió que un cuaderno que habían llevado los cuerpos periciales de La Plata para analizar tenía tres letras sobrescritas: decía “BRU”. No sabían a qué causa pertenecía para no condicionarlos: era evidencia significativa en la desaparición del estudiante universitario Miguel Bru, detenido y torturado en la comisaría 9a. de La Plata en 1993. “Me partió la cabeza. Me di cuenta que eso era lo que me gustaba hacer”, reveló. Después llegarían a la oficina del físico forense los casos de la muerte de Teresa Rodríguez en Neuquén, los asesinatos de Kosteki y Santillán, los accidentes en el Cerro Catedral de 2000, 2004 y 2007 y la emblemática reconstrucción de la Masacre de Trelew de 1972, 35 años después del fusilamiento de 16 militantes de distintas organizaciones.
“Hay muchas dificultades para hablar y comunicarse entre científicos y abogados o jueces. Con los años yo fui descubriendo que una pericia es un acto de divulgación científica, donde uno se comunica con alguien que es juez o abogado. Y lo bueno del Programa Ciencia y Justicia es que nos ofrece institucionalmente un soporte para hacer ese puente de comunicación. Permite que investigadores que no tienen experiencia en el sistema judicial puedan apoyarse en otros para hacer ese asesoramiento lo mejor posible”, convalidó.
Rodolfo Pregliasco
María Cecilia Tranchida
El 9 de julio de 2007 nevó en Buenos Aires. Significó un día histórico, un fenómeno irreal que decretó el recuerdo de cada habitante. Todos saben dónde estaban y qué hicieron: sesiones de fotos, muñecos improvisados y la sensación de vivir una excepción meteorológica. A María Cecilia Tranchida le llegó otra imagen, mucho más lúgubre. Era un cuerpo congelado, abandonado. El ojo de la investigador del CONICET divisó algo más: los hongos que habían crecido sobre el cadáver. “Los hongos son una herramienta forense. El cuerpo tenía manchones de hongos en la cara y en las manos y no tenía actividad de insectos ni de fauna cadavérica por el frío. En ese caso, por los hongos, podríamos haber conocido el Intervalo post mortem y algunos otros datos”, reveló.
La periodista Cintia Kemelmajer realizó un perfil para el CONICET: “Estudió Licenciatura en Ecología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y posteriormente realizó su tesis doctoral en control biológico de mosquitos vectores como Aedes aegypti y Culex pipiens. Pero algo no le convencía: había mucha gente dedicándose al mismo tema. Hizo un curso de Entomología Forense (la utilización de fauna cadavérica o insectos para datar un intervalo de muerte) en la Universidad Nacional de Quilmes y advirtió que en ese área también había muchos profesionales trabajando, no así en hongos y bacterias. Conversando con su ahora codirector, el doctor Néstor Centeno, entomólogo, surgió la idea de estudiar a los hongos en la escena del crimen para poder emplearlos como evidencia forense”.
En 2010, contactó a la doctora Marta Cabello del Instituto de Botánica Spegazzini de la Universidad Nacional de La Plata para fundar una nueva línea de investigación: la Micología Forense, un área que permitiría indagar sobre el intervalo de muerte, lugar, tiempo de entierro e identificar modificaciones en los hongos por tratamientos médicos o ingesta de sustancias químicas, capaces de modificar el entorno donde crecen los hongos.
Luciano Merini fue un niño inquieto. Jugaba a armar explosivos caseros, se comía los espirales para ahuyentar mosquitos, experimentaba con la mezcla de sustancias. Tenía ocho años cuando le regalaron su primer juego didáctico de química. Vivió en Chaco hasta la mayoría de edad cuando se mudó a Corrientes para estudiar bioquímica. Su vocación lo trasladó a Buenos Aires para especializarse en toxicología en el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico que funciona dentro de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. “Hacía análisis bioquímico pero me parecía que le faltaba lo novedoso, era muy rutinario y previsible. Como siempre fui muy curioso, en el análisis toxicológico de sustancias, con esa cuota de investigación forense, encontré mi verdadera pasión”, narró.
Un pelo, un papel, un retazo de ropa, una fibra o cualquier elemento en apariencia intrascendente se valida como muestra toxicológica capaz de contribuir en la resolución de un caso forense. “Esa diversidad -dijo Merini- hace que los conocimientos que uno tiene y que parecieran ociosos o misceláneas, empiecen a tener sentido: la naturaleza química de las cosas, por ejemplo. Todo te sirve para hacer inferencias. Por eso yo digo que la toxicología forense es una disciplina en la que se puede aplicar todo”.
Es bioquímico, toxicólogo, doctor en biotecnología e investigador adjunto CONICET en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de La Pampa. Su línea de investigación se aboca, desde 2005, a planificar una perspectiva biotecnológica susceptible a la toxicología ambiental. Estudió el uso de herbicidas en el agro y sus dinámicas en el ambiente para pensar estrategias destinadas a solucionar problemas de contaminación ambiental. “Mi tarea fue y sigue siendo interpretar su toxicidad y su comportamiento en el ambiente desde la ecotoxicidad”, explicó.
Un software de simulación de peatones acabó con las muertes por aplastamiento y asfixia en una de las más grandes aglomeraciones de personas: la peregrinación anual a La Meca. La marea humana, la ansiedad por huir de la multitud, fabricaba un tumulto, interrumpía el curso de circulación normal y se gestaba la tragedia. La ciencia encontró, en 2016, una solución: un programa que rediseñó la geometría de los recorridos de la peregrinación, los sistemas de vigilancia online y el alerta temprana para evitar tragedias.
“Los software de simulación de peatones -dijo Daniel Parisi, doctor en Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires e investigador del CONICET- podrían haber ayudado a evitar tragedias de multitudes”. Se dedica, fundamentalmente, a la investigación en dinámica peatonal con potencial transferencia al diseño de softwares que simulan la circulación de peatones en edificios y lugares cerrados. Como investigador, indagó en profundidad el fenómeno faster is slower (“más rápido es más lento”), un experimento que comprobó en el año 2000 que las personas más desesperadas en salir cuanto antes de una habitación, tardan más y más lento lo hacen.
Estudió la misma lógica, primero, en un reactor químico sólido-gaseoso, donde contempló cómo un flujo de granos se comportaba en la evacuación de una construcción geométrica. Después, con el objeto de buscar evidencias empíricas del efecto, ensayó el atasco con hormigas. Luego, junto a colegas del Grupo de Medios Granulares de la UTN La Plata, probó con un silo bidimensional sobre un plano inclinado. También con vehículos impulsados por vibración y, finalmente, con ovejas en el corral de una granja.
El bagaje experimental le permitió desarrollar modelos computacionales más eficientes y validados en la práctica. En 2006 fomentó un convenio entre el CONICET y la empresa Urbix para crear el primer software de simulación de peatones, capaz de calcular, mediante la geometría del plano de un edificio, la ocupación o el número de personas, y el plan de evacuación, la mejor manera de direccionar el flujo de las personas en el interior de un edificio. “La ventaja de poder simular un sistema complejo radica en evitar reformas a futuro que pueden ser caras y contraproducentes o molestas para los usuarios. La idea de optimizar cómo funciona un espacio redunda en tiempos de tránsito mejores para los usuarios del lugar y se asegura una evacuación lo más rápida y segura posible“, consideró el físico y doctor en ingeniería.
“Yo no quería hacer ésto”, admitió Daniel Corach. Hijo del primer director del Hospital de Clínicas, decidió dejar a la fotografía para el ocio y a la ciencia para el oficio. Estudió biología en la Universidad de Buenos Aires, se recibió en 1980 y se propuso abordar el análisis genético de roedores endémicos de América. Esta investigación le facilitó alcanzar el doctorado en 1987. Dos años después ingresó a la carrera de investigador del CONICET y como método para generar recursos genuinos empleó las mismas técnicas que aplicaba con roedores para identificar personas.
Hoy dirige el Servicio de Huellas Digitales Genéticas, la primera institución argentina dedicada a la Biología Molecular Forense. “Desde allí participó en el esclarecimiento de casos como el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, el accidente de aviación de LAPA, el suicidio de Alfredo Yabrán, el accidente del avión de SOL y la muerte de Ángeles Rawson. Corach propone establecer un nexo entre los requerimientos de la Justicia y la asistencia científico-tecnológica que pueden ofrecer los centros de investigación científica pertenecientes al CONICET, en los que se desarrollan tareas de potencial interés pericial”, definió Cintia Kemelmajer en una publicación del organismo gubernamental dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en el país.
Su primer trabajo consistió en dilucidar los hechos de violencia institucional de finales de 2001. Manipulaba el microscopio electrónico forense en casos de balística, por entonces el único de su tipo que había el país, y se dedicaba a trazar los puntos de impacto de proyectiles de armas de fuego. “Nos llegaron muestras de los hechos en la vía pública: desde pedazos de mampostería hasta maceteros. Me tocó analizar si los impactos que había en las zonas de la represión o algún tipo de tumulto correspondían a armas de fuego, para determinar dónde estaban los tiradores. Con esa evidencia analizada más los videos, se pudo reconstruir la escena, determinar la intencionalidad por su dirección”, explicó. A su vez, asistió en el peritaje de los restos de la camioneta Traffic de la Causa AMIA: analizó las chapas, las partes del motor y los elementos mecánicos en procura de encontrar sustancias compatibles con explosivos, y aisló los restos de pintura para establecer el año de fabricación del vehículo.
Graciela González piensa que fue carne de una prueba piloto. A principios de siglo, mientras cursaba el doctorado de Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, se alertó con un aviso de Gendarmería Nacional: había adquirido un microscopio electrónico de barrido para aplicaciones forenses y necesitaban un licenciado en Química para que lo maneje en la Sección de Microscopía Electrónica de la Dirección de Policía Científica. Antes, cuando aún era estudiante de grado, hizo una pasantía en la institución militar analizando drogas de abuso. “Sentía que como científica me faltaba conectarme más con la sociedad. Hacía mi doctorado sobre un tema de ciencia básica -”El crecimiento inestable de interfaces en electrodeposición ramificada”-, y aunque tenía una proyección tecnológica, yo lo veía muy distante”, interpretó.
Sin un rasgo de vocación militar en su formación, se convirtió, junto a una farmacéutica y una bioquímica, en una de las primeras tres mujeres del país en recibirse como gendarmes. Ya retirada de su función en la fuerza, se sumó al Programa Nacional Ciencia y Justicia del que forma parte como miembro del Consejo Asesor y, a su vez, brinda cursos de Análisis Químico en Criminalística en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
El atentado a la AMIA, la identificación de Alfredo Yabrán o el asesinato de Ángeles Rawson, en estos tres hechos emblemáticos de la historia argentina intervino Andrea Sala. En total, intervino en cerca de veinte mil casos forenses. El trabajo consiste en analizar las muestras de la escena del crimen, de los sospechosos o de las víctimas, clasificarlas y rastrear los perfiles de ADN a los que se correspondían las muestras para intentar identificar los donantes a las mismas. Así, los datos genéticos constituyen una herramienta vital al servicio de la Justicia para esclarecer un caso forense.
Es doctora en Bioquímica del CONICET, profesora de la Cátedra de Genética Forense en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Servicio de Huellas Genéticas desde 1993. Su estudio integral del genoma permite indagar en la filiación, en la descendencia, en los antepasados. Es experta en lo que llama “genética de poblaciones”. “En el ADN podemos ver las huellas que han dejado los sucesivos desplazamientos humanos, desde la salida del hombre de África hasta las poblaciones nativo americanas, que son las nuestras, las más nuevas. Gracias a la genética de poblaciones se han podido trazar rutas migratorias y llegar a saber cómo es la relación entre los diferentes grupos poblaciones”, definió.
El habla como método de prueba para el esclarecimiento de casos judiciales. El registro de voces puede ser de gran utilidad en el ámbito forense. Jorge Gurlekian se especializó en la comunicación verbal dentro de la Ingeniería Electrónica. Es investigador del CONICET y responsable del Laboratorio de Investigaciones Sensoriales, un organismo miembro del Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo.
“Los factores que permiten identificar a una persona a partir del registro de su voz son cientos. No solo importa cómo se dice, sino con qué palabras. La historia de una persona -su formación, su cultura, su vida familiar- se trasluce muchísimo en el lenguaje. Otro aspecto a tener en cuenta es el estilo según con quién se hable, familiares, amigos o en una clase con alumnos. Y el estado de salud: el cansancio, el resfrío, todo eso afecta la voz”, detalló el integrante del Consejo Asesor del Programa Nacional Ciencia y Justicia.
En 2009 impulsó la creación de una base de datos de voces en el país, luego de haber quedado en cuarta posición con un equipo de profesionales argentino en un concurso mundial organizado por el National Institute for Standards and Technology de Estados Unidos. El objetivo era pensar técnicas para compensar la variabilidad del hablante y avanzar así en herramientas más efectivas para el reconocimiento de voces. El investigador hoy dicta talleres de “identificación forense de hablantes”, en los que explica cómo manipular la evidencia de una voz registrada en una escena del crimen.
Quería estudiar sociología pero como en Córdoba, en 1984, no estaba la carrera, se inclinó por derecho. Un profesor la invitó a hacer investigación en un proyecto en Políticas de Salud en Córdoba en años de dictadura. Supo que lo suyo eran las políticas sociales. Egresó, aplicó para becas y le surgió la posibilidad de continuar sus estudios en la Universidad Libre de Berlín. “Me fui cuando se cayó el Muro de Berlín, que era un dato histórico y se convirtió en algo fundamental en mi estadía. Tenía 24 años. Ahí descubrí el feminismo, el cual abracé para toda la vida, viví y analicé todo el proceso de unificación de Alemania. Fueron dos de los mejores años de mi formación”.
Laura Pautassi se considera una feminista. Su campo de estudio es más integral y comprende los universos del derecho social y las políticas públicas. Pero la matriz del género atraviesa toda su investigación. En 2007, en la Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe realizada en Quito, Ecuador, expuso sobre el cuidado. Habló del derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado, propuso instituir el Derecho al Cuidado y postuló desnaturalizar viejos vicios del patriarcado. “¿Por qué habitualmente se endilga a la mujer tener la ‘obligación’ de cuidar a su hijo y no al padre?”, se preguntó la autora del libro ¡Cuánto trabajo mujer! El género y las relaciones laborales.
“Estamos muy tarde en la agenda de cuidado, porque hay una gran cantidad de proyectos de ley que todavía no se logran sancionar y no hay un impulso político del tema -argumentó la científica e investigadora-. La distribución del trabajo es aún muy asimétrica: las mujeres concentramos todo el trabajo. Los varones no se insertaron masivamente a las tareas de cuidado como sí lo hicieron las mujeres al mercado laboral. No hemos desarrollado mecanismos interesantes como sí están desarrollando otros países en la región”.
Laura Pautassi (gentileza OEA)
Martín Moguillansky
La inteligencia artificial se adaptó a las finanzas, la medicina, las industrias, la geología, la astronomía, la aviación, el deporte y la música, entre otras disciplinas. “Pero no en el derecho -dijo Martín Moguillansky, investigador del CONICET, y del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. Hasta el día de hoy, el derecho no se nutría de los aportes de la informática más que para un uso llamativamente discreto: procesar textos con mayor efectividad que el de las viejas Olivetti”.
Según la descripción de la web del CONICET, es uno de los pocos profesionales del país que fusiona estos dos universos, en apariencia antagónicos: el informático y el derecho. “Una vez doctorado en Ciencias de la Computación, Moguillansky comenzó a estudiar derecho para entender las dos lógicas y acercarlas. Hoy trabaja para elaborar teorías lógicas que fundamenten el futuro desarrollo de softwares recomendadores para la Justicia. Como miembro del Programa Nacional Ciencia y Justicia, también brinda un taller sobre Lógica Simbólica y Argumentación Formal para las Ciencias Jurídicas”.
Moguillansky proyecta un software basado en fórmulas matemáticas que permita conectar con fallos análogos de manera automática. Sería la suerte de un sistema recomendador, como los algoritmos digitales que sugieren qué película ver o qué destino de vacaciones analizar. El desarrollo permitiría a los actores judiciales a chequear si sus argumentos están bien formados, si confrontarían con otros argumentos en concepto de elementos probatorios o si podrían ser rebatidos por fallos precedentes y casos judiciales con sentencia.
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