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Timestamp: 2019-12-14 05:33:40+00:00

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Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 146/2018 de 15 Mar. 2018, Rec. 2093/2015
Ponente: Parra Lucán, María Ángeles.
Nº de Sentencia: 146/2018
Nº de Recurso: 2093/2015
Diario La Ley, Nº 9183, Sección Jurisprudencia, 23 de Abril de 2018, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 12371/2018
ECLI: ES:TS:2018:936
Una persona incapacitada para realizar actos de disposición sin la intervención del curador goza de capacidad para otorgar testamento
SUCESIÓN HEREDITARIA. Acción de nulidad de testamento por falta de capacidad de la testadora. Desestimación. Capacidad para otorgar testamento por quien, según la sentencia que limita su capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición. La limitación de la capacidad de obrar para realizar actos de disposición sin intervención del curador no comprende los actos de disposición mortis causa y para apreciar su validez debe estarse a la capacidad del testador en el momento del otorgamiento.
El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda de impugnación de testamentos por falta de capacidad de la testadora. La AP Asturias revocó la sentencia y desestimó la demanda. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por los demandantes.
«1.º- Se declare la nulidad de los testamentos otorgados en fecha de 29 de diciembre de 1993 y de 15 de octubre de 2012 (documentos n.º 12 y 13 de esta demanda) por la fallecida D.ª Eufrasia ante los Notarios de Villaviciosa D. Luis Sergio González Delgado y D. Fernando Sánchez de Lamadrid Sicre, al no tener D.ª Eufrasia capacidad bastante para otorgar los referidos testamentos al tiempo de su formalización y cumulativamente o alternativamente los testamentos son nulos por no haberse observado las formalidades para su otorgamiento previstas en el Código Civil o la Legislación Notarial.-
»3.º (sic).- Con expresa condena en costas a D.ª María Cristina y D.ª Salome ».
4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Jueza Sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Villaviciosa dictó sentencia n.º 1 de fecha 7 de enero de 2015 , con el siguiente fallo:
2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 7.ª de la Audiencia Provincial de Gijón, que lo tramitó con el n.º de rollo 120/2015 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 8 de mayo de 2015 , cuyo fallo dispone:
1.- D.ª Rosalia y D. Fermín interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
«Primero.- Al amparo del ordinal 2.º del art. 469.1 LEC (LA LEY 58/2000) , se denuncia infracción de las normas reguladoras de la sentencia por infracción del artículo 218.2 de la LEC (LA LEY 58/2000) , por incidir la sentencia en falta de motivación, así como la doctrina sentada al respecto por el Tribunal Supremo Sala Primera, S 7-7-2001, n.º 496/2011 , rec. 1221/2010, S 8-10- 2009, n.º 623/2009, rec. 1471/2006, S 23-9-2010, n.º 558/2010, rec. 1576/2006.
»Segundo.- Al amparo del ordinal 4.º del art. 469.1 LEC (LA LEY 58/2000) , se denuncia infracción de las normas reguladoras de la sentencia por infracción del artículo 218.2 de la LEC (LA LEY 58/2000) , por incidir la sentencia en arbitraría o ilógica valoración de las pruebas practicadas, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, infringiéndose por lo tanto el art. 24.1 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) , conforme a la doctrina sentada al respecto por el Tribunal Supremo Sala Primera S 28-11-08, n.º 1069/2008 , 6-11-09, n.º 736/2009 , 9-7-12, n.º 475/2012 ».
«Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 477.1 y al amparo del artículo 477 2.3 .º y 477 3.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) (no excediendo la cuantía del proceso de 600.000 € y presentando interés casacional) se denuncia que la sala sentenciadora ha incurrido en infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por inaplicación de la doctrina jurisprudencial existente sobre el artículo 667 del Código Civil (LA LEY 1/1889) en relación con el artículo 665 del Código Civil (LA LEY 1/1889) dichos preceptos aplicables al caso, presentando interés casacional debido a la interpretación opuesta de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial existente del Tribunal Supremo.
»Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 477.1 y al amparo del artículo 477 (LA LEY 58/2000),2 3 .º y 477 3.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil , (no excediendo la cuantía del proceso de 600.000 € y presentando interés casacional) se denuncia que la sala sentenciadora ha incurrido en infracción por el concepto de infracción de las normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, por inaplicación de la doctrina jurisprudencial existente sobre los artículos 662 (LA LEY 1/1889) , 663 (LA LEY 1/1889) , 665 (LA LEY 1/1889) , 666 (LA LEY 1/1889) y 685 del Código Civil (LA LEY 1/1889) y la doctrina jurisprudencial existente sobre el artículo 665 (LA LEY 1/1889) y 666 del Código Civil (LA LEY 1/1889) , aplicable al caso por presentar interés casacional debido a la interpretación opuesta de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial existente del Tribunal Supremo».
«1.º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.ª Rosalia y D. Fermín , contra la sentencia de fecha 8 de mayo de 2015, dictada por la Audiencia Provincial de Gijón (Sección 7.ª), en el rollo de apelación n.º 120/2015 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 1337/2013 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Villaviciosa.
»2.º) Inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de D.ª Rosalia y D. Fermín , contra la sentencia de fecha 8 de mayo de 2015, dictada por la Audiencia Provincial de Gijón (Sección 7.ª, en el rollo de apelación n.º 120/2015 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 1337/2013 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Villaviciosa».
Esta sentencia fue aclarada por auto del Juzgado de 15 de noviembre de 1995 en el sentido de que « se establece que la incapaz Sra. Eufrasia , lo es para los actos de disposición de sus bienes, y no de administración, tal y como erróneamente figura en el fallo, permaneciendo los demás pronunciamientos de la misma».
Las demandadas se oponen alegando que la testadora padecía una minusvalía que no le impedía hacer vida autónoma y desenvolverse en su vida privada con independencia y que la sentencia que la incapacitó la consideraba apta para la vida normal y cotidiana, limitando su capacidad para los actos de disposición inter vivos , no para otorgar testamento. Respecto del segundo testamento añaden que fue otorgado cumpliendo las previsiones del art. 665 CC (LA LEY 1/1889) , dado que el notario requirió la intervención de dos facultativos de los que la testadora era paciente.
Fundamenta la nulidad del testamento otorgado el 15 de octubre de 2012 en que para entonces ya existía una sentencia de modificación de la capacidad de obrar. Razona que en la modificación de la capacidad de obrar de D.ª Eufrasia para realizar actos de disposición de sus bienes se entiende incluida la incapacidad para poder testar, habida cuenta de que en la sentencia no se hacen distingos entre los actos de disposición de bienes que se puedan realizar o no, y el testamento es un acto de disposición de bienes ( art. 667 CC (LA LEY 1/1889) ). Añade que la naturaleza de la enfermedad que padecía la testadora no permitía la existencia de intervalos lúcidos y que los facultativos que intervinieron en el otorgamiento no realizaron reconocimiento ni prueba alguna a la testadora de manera previa al otorgamiento que revelara cuál era su estado mental en ese preciso acto de testar.
i) Tal y como entendió el notario que autorizó el testamento de 2012, ni la sentencia de modificación de la capacidad de obrar privó a la causante de la facultad de testar ni quedó excluida la posibilidad de otorgar testamento conforme al art 665 CC (LA LEY 1/1889) .
5.- Los demandantes interponen recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación en su modalidad de interés casacional, al amparo del art. 477.1.3.º CC (LA LEY 1/1889) .
1.º) En el primer motivo los recurrentes denuncian la infracción del art. 667 CC (LA LEY 1/1889) en relación con el art. 665 CC (LA LEY 1/1889) y de la doctrina jurisprudencial que los interpreta, en cuanto el testamento es definido como un acto dispositivo.
En el desarrollo del motivo alegan que la sentencia recurrida ha realizado una interpretación errónea de la sentencia dictada en su día sobre la modificación de la capacidad de obrar de la testadora, pues en dicha sentencia se prohibía expresamente a D.ª Eufrasia realizar actos dispositivos, entre los que debe incluirse el testamento, que es un acto de disposición ( sentencia de 8 de julio de 1940 ), por lo que la causante no podía otorgar testamento ni siquiera con arreglo a lo previsto en el art. 665 CC (LA LEY 1/1889) .
2.º) En el motivo segundo los recurrentes denuncian la infracción de los arts. 662 (LA LEY 1/1889) , 663 (LA LEY 1/1889) , 665 (LA LEY 1/1889) , 685 CC (LA LEY 1/1889) y la doctrina jurisprudencial existente sobre los arts. 665 (LA LEY 1/1889) y 666 CC (LA LEY 1/1889) .
El motivo segundo del recurso de casación denuncia, de manera acumulada, la infracción de los arts. 662 (LA LEY 1/1889) , 663 (LA LEY 1/1889) , 665 (LA LEY 1/1889) , 666 (LA LEY 1/1889) y 685 CC (LA LEY 1/1889) y se estructura en dos partes que denomina «primer desarrollo del motivo» y «segundo desarrollo del motivo» que, en realidad, es como si fueran dos motivos diferentes, por lo que se estudian de manera separada.
ii) En la segunda parte del segundo motivo («segundo desarrollo del motivo») la parte recurrente denuncia infracción del art. 665 CC (LA LEY 1/1889) por considerar que la discapacidad intelectual que padecía la causante no es una enfermedad que permita intervalos de lucidez, por lo que no es aplicable el art. 665 CC (LA LEY 1/1889) . Desde este punto de vista considera que la sentencia recurrida, al admitir la validez del testamento otorgado en atención a los informes médicos y al juicio del notario, infringe el citado precepto.
Esta argumentación no puede compartirse. Aparte de que en el desarrollo de este apartado la recurrente vuelve a discutir la valoración de la prueba, hay que aclarar que la finalidad de las normas que regulan la capacidad para otorgar testamento es garantizar la suficiencia mental del testador respecto del propio acto de testar. En consecuencia, con independencia de cuál sea la causa de la discapacidad que da lugar a la modificación de la capacidad de obrar, y con independencia de que la enfermedad se mantenga estable o evolucione, de manera que la persona recupere sus facultades, el art. 665 CC (LA LEY 1/1889) ofrece un cauce para que la persona con la capacidad modificada judicialmente pueda ejercer la facultad de testar.
CUARTO.- La cuestión que se plantea en el motivo primero del recurso de casación versa sobre si puede otorgar testamento conforme al art. 665 CC (LA LEY 1/1889) una persona que, de acuerdo con lo dispuesto en una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición.
1.ª) El principio de presunción de capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento ( art. 10 CE (LA LEY 2500/1978) , art. 322 CC (LA LEY 1/1889) , art. 760.1 LEC (LA LEY 58/2000) ), ha quedado reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. La Convención proclama como objetivo general el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad así como promover el respeto de su dignidad inherente (art. 1).
2.ª) De manera específica para el testamento, el art. 662 CC (LA LEY 1/1889) establece que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe «expresamente». De esta manera se consagra legalmente el principio de que la capacidad para testar es la regla general y la incapacidad la excepción. En consecuencia, no cabe basar la falta de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra incapacidad.
4.ª) Partiendo de que el testamento es un acto personalísimo ( art. 670 CC (LA LEY 1/1889) ), ni el tutor como representante legal puede otorgar testamento en lugar de la persona con la capacidad modificada judicialmente ni el curador puede completar su capacidad cuando sea ella quien otorgue el testamento.
5.ª) Conforme a las reglas sobre la capacidad para otorgar testamento, debe atenderse al estado en el que el testador se halle al tiempo de otorgar el testamento ( art. 666 CC (LA LEY 1/1889) ). Por eso, el testamento hecho antes de la «enajenación mental» es válido ( art. 664). Por eso también el notario debe asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar ( art. 685 CC (LA LEY 1/1889) ).
6.ª) Con el fin de garantizar la suficiencia mental del testador, para el otorgamiento de testamento por la persona con la capacidad modificada judicialmente el art. 665 CC (LA LEY 1/1889) impone una garantía especial adicional que consiste en el juicio favorable a la capacidad para testar que deben emitir dos facultativos.
Como ha declarado reiteradamente esta sala, ello no impide que la aseveración notarial sobre el juicio del testador pueda ser desvirtuada, pero para ello son precisas pruebas cumplidas y convincentes (entre otras, sentencias de esta sala 250/2004, de 29 de marzo , 289/2008, de 26 de abril (LA LEY 53306/2008) , 685/2009, de 5 de noviembre (LA LEY 226662/2009) , 20/2015, de 22 de enero (LA LEY 3023/2015) , 435/2015, de 10 de septiembre (LA LEY 178855/2015), 461/2016, de 7 de julio (LA LEY 79284/2016) ).
De acuerdo con lo dicho, acierta la sentencia recurrida cuando afirma que la limitación de la capacidad de obrar establecida por la sentencia que exige la intervención del curador para los actos de disposición no puede interpretarse en el sentido de que prive de la capacidad para otorgar testamento. El testamento será válido si se otorga conforme a las formalidades exigidas por el art. 665 CC (LA LEY 1/1889) y no se desvirtúa el juicio de capacidad del notario favorable a la capacidad para testar mediante otras pruebas cumplidas y convincentes.
SEXTO.- La desestimación del recurso comporta que las costas del recurso de casación se impongan a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 398.1 (LA LEY 58/2000) y 394 LEC .
De conformidad con lo dispuesto en la disp. adicional 15.9 LOPJ (LA LEY 1694/1985), procede la pérdida del depósito constituido para recurrir.
1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.ª Rosalia y D. Fermín , contra la sentencia de fecha 8 de mayo de 2015, dictada por la Audiencia Provincial de Gijón (Sección 7.ª), en el rollo de apelación n.° 120/2015 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.° 1337/2013 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.° 1 de Villaviciosa.
3.º- Condenar a la recurrente al pago de las costas causadas por el presente recurso.
4.º- Imponer la pérdida del depósito constituido para recurrir.

References: resolución 
 artículo 218
 artículo 218
 artículo 477
 artículo 477
 artículo 667
 artículo 665
 artículo 477
 artículo 477
 artículo 665