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CONSULTA: Para interponer el recurso de apelación solo se requiere encon-
trarse agraviado con lo decidido por el órgano jurisdiccional.
calidad de diferida acarrea nulidad [Casación Nº 2599-2012-Tacna]
La falta de pronunciamiento sobre apelación sin efecto suspensivo y con
KARLA VILELA CARBAJAL: Acciones de impugnación y medios de gravamen
1. Acciones de impugnación y me-
dios de gravamen
Ambas figuras procesales se interponen contra
un estado jurídico ya existente. Ahora bien,
se comprende que la sentencia sujeta a ser
anulada o revocada por una acción de im-
* Doctora en Derecho por la Universidad de Navarra
(España). Abogada por la Universidad de Piura. Pro-
fesora asociada de la Academia de la Magistratura.
Sentencia nula y sentencia apelable
Medios de impugnación y cosa juzgada
Situación del problema en el Derecho positivo
PREGUNTAN Y
Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura
pugnación sea una verdadera declaración de certeza del derecho, y ejerza por consiguiente, mientras la impugnación no sea acogida, to- dos los efectos de una sentencia verdadera. En cambio, la sentencia sujeta a gravamen, que trata de impedir que se perfeccione un estado jurídico todavía no perfecto, no puede
producir los efectos de una verdadera declara- ción de certeza (el llamado “efecto suspensivo del gravamen”).
290 Instituto Pacífico
Volumen 3 | Setiembre 2014
Tanto la acción de impugnación como el medio de gravamen provocan una nueva decisión, pero la materia que constituye el objeto de cada una es muy distinta. En el
primer caso, la decisión se refiere solo a la
existencia del derecho de impugnación, se trata de establecer con certeza si existe una voluntad de la ley que dé al autor el derecho a obtener la variación de la sentencia; y donde
exista tal voluntad de la ley, el juez, a base de la declaración de certeza, lleva a cabo al
mismo tiempo la anulación, modificando el estado jurídico existente (el llamado iudicium rescidens). En el segundo caso, por el contra-
rio, el juicio ante el nuevo juez se refiere al
fondo de la relación controvertida, esto es, a la existencia de la voluntad de la ley sustancial que el actor ya ha hecho valer en primer gra- do. Esto no quiere decir que ante el nuevo juez no se pueda discutir preliminarmente acerca de la existencia del derecho de gravamen, pero nunca en este caso la decisión sobre el
derecho de gravamen tiene el carácter de un iudicium rescidens, porque el reconocimiento de que la parte tenía derecho de gravamen
no significa reconocer que la misma tenga
derecho a una nueva decisión diversa de la de primera instancia.
El juez no rescinde la decisión precedente, puesta que la rescisión presupone la existencia
de una sentencia originariamente eficaz, lo
que no es la sentencia sujeta a gravamen. No se debe confundir la nueva decisión sobre el fondo que se pronuncia en caso de gravamen con el iudicium rescissorium que las legislaciones confían a veces al juez una vez realizado el iudicium rescidens (por ejemplo, la “querella nu- llitatis” del derecho común). En efecto, en esta hipótesis, el juicio se desarrolla ante todo sobre
la existencia del derecho de impugnación, esto es, sobre el derecho del actor a obtener la rescisión de la sentencia; si el juez decide
afirmativamente tal cuestión, simultáneamente
actúa el derecho, rescindiendo la sentencia (iudicium rescidens); pero en este punto, como la relación controvertida debe también ser decidida; la ley, por economía procesal, confía
La autora en este artículo analiza y diferencia
a las acciones de impugnación y los medios
de gravamen, a nivel doctrinario como su
insertación en nuestra legislación procesal
vigente; afirmando que en la práctica el
medio de gravamen ha absorbido en sí el
ejercicio de las acciones de impugnación, o
las ha revestido de sus características formas
procesales, dando existencia al principio por
el cual el concepto de nulidad es sustituido
por el de impugnabilidad del fallo.
Código Procesal Civil: Artículos 176 y 386 -3
Ley Orgánica del Poder Judicial: Articulo 240 -1
Acciones de impugnación / Medio de gra-
vamen / Impugnabilidad del fallo / Sanea-
miento de vicios
al mismo juez la nueva decisión en cuanto al fondo (iudicium rescissorium).
De las antedichas diferencias deriva una úl-
tima, que es la más clara: mientras la acción
de impugnación da lugar a un nuevo proceso sobre la existencia de una voluntad de la ley diversa de la que es objeto de controversia en el fondo y, por ello, tiene naturaleza de acción autónoma, el medio de gravamen abre una nueva fase del mismo proceso y da lugar a la continuación de la misma controversia decidida por la primera sentencia.
Esta diferencia fundamental no produce, sin
embargo, todas las consecuencias que lógica- mente debieran seguirse. Y esto porque la ley procesal, al acoger en su campo las acciones
de impugnación, las configura de un modo
especial, hasta asimilarlas con los medios de
gravamen, con los cuales tienen en común
hasta su nombre: medios de impugnación.
Y esta similitud es apoyada, por un lado, en
la economía procesal, y por otro, en el nexo
que une a estas acciones con el objeto de la relación procesal precedente, ya que a través de la anulación de lo fallado se proponen una nueva decisión sobre el mismo objeto. Son procesos sobre un proceso, y la ley les exige como requisitos muchos de los del proceso ter- minado. De esta suerte, la autonomía de estos procesos se atenúa aunque sin desaparecer.
Desde una perspectiva diferente, pero conclu- yendo igualmente sobre que la regulación de las acciones de impugnación y de los medios de gravamen se da también por razones de oportunidad práctica, Satta 1 afirma que
1 Cfr. SATTA, Salvatore, Manual de Derecho procesal civil, Volumen I, Traducción Santiago Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971, pp. 399-402. Se debe a esta observación la diferencia establecida por la doctrina entre impug- naciones verdaderas y medios de gravamen. Esta diferenciación, que se reconduce a la que existe entre errores in procedendo y errores in iudicando, se funda en el doble carácter que tendría la sentencia: de acto jurídico y de juicio. Como acto jurídico, la sentencia, a la par de cualquier otro acto, puede presentar defectos de construcción, debidos a violaciones de reglas procesales; y errores de juicio, tanto de hecho como de derecho, esto es, errores en la que es la función propia y exclusiva del juez. Estos errores no tienen correspondencia con los de algún otro acto, y por eso no pueden dar lugar a impugnaciones, sino a remedios internos al proceso, a los cuales se da el nombre de medios de gravamen. Pertenecen a las im- pugnaciones la revocación y la oposición de terceros; serían medios de gravamen la apelación y la casación. La diferenciación tiene una cierta justificación lógica, porque el juicio como tal, en su carácter discrecional, no es susceptible de valoración más que con otro juicio; y por otra parte, los errores in procedendo no son considerados como errores de juicio. Pero con esto, la diferenciación no puede ser acogida en la sistemática del proceso, porque la norma (sustancial) que el juez debe aplicar en su juicio no es extraña al proceso, que es unitario en su esencia. Proceso significa precisamente que el juicio y la sentencia que contiene deben ser fieles a ciertas normas, que son las normas de su formación. La infidelidad deter- mina la injusticia, y hasta se identifica con esta, que viene a ser el único verdadero vicio de la sentencia, fundamento de la impugnación. Esta unidad esencial de la impugnación no impide, sin embargo, que la ley diferencie, por razones de oportunidad, distintas posibles infidelidades al proceso, y con relación a ellas concrete la impugnación en determinados medios, como veremos próximamente. En la actualidad, y siguiendo la doctrina, las nulidades son absorbidas en los medios de gravamen. Esto significa que las
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la peculiaridad de las impugnaciones de la sentencia nace del hecho de que esta se inserta en un proceso, y por consiguiente, las impugnaciones aparecen como elementos del proceso mismo, carentes de una verdadera autonomía.
Si la nulidad y la apelación tuvie-
ron en teoría campos de eficiencia
diferentes, en la práctica, como el efecto último de los dos institutos
era en parte idéntico.Tal influjo se
hizo sentir en dos direcciones: 1ª)
La nulidad de la sentencia, además de por vicios procesales, podía pro- ducirse, en virtud de consideracio- nes políticas, también por algunos
errores de juicio cometidos en la
resolución de la cuestión de de- recho. 2ª) Si bien queda en vigor sin excepción el principio de que contra la sentencia nula no es ne- cesario apelar, se comienza a admi- tir que contra la sentencia nula es posible la apelación.
La nulidad de la sentencia y la apelación contra la misma forman pues, dos institutos diferentes. La nulidad opera ipso iure en el caso de defectos cometidos en la construc- ción procesal del proceso y de la sentencia y
nulidades deben ser postuladas como injusticia, no existe una acción autónoma de nulidad. Esta regla
tiene sin embargo un límite: la existencia del juicio.
Si este no existe, es decir, si faltan las condiciones para la formación del fallo, de la cosa juzgada, la absorción no existe. Sobrevive entonces una excepción o, si es el caso, una acción autónoma de nulidad. Es necesario señalar, sin embargo, que en caso de existir nulidades estas no excluyen la impugnación, no la hacen a priori inadmisible. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el Códice di Procedura Italiano de 1942, que en su artículo 354, prevé la impugnación
por aquel defecto de firma del juez que el art. 161
excluye de la absorción.
en el caso excepcional de gravísimo error de juicio. La apelación, en cambio, puede servir para corregir todos los errores de juicio de la primera sentencia e incluso para eliminar, con la producción de nuevas pruebas, una sentencia perfectamente regular y justa con relación a la materia de decisión producida en primer grado.
Y sin embargo, si la nulidad y la apelación tuvieron, en teoría, campos de eficiencia di- ferentes; en la práctica, como el efecto último
de los dos institutos era en parte idéntico, pudo ocurrir que sobre la nulidad, formación originaria de derecho republicano, ejerciera su influjo la appellatio, formación sobrevenida de derecho imperial. Tal influjo se hizo sentir en dos direcciones:
La nulidad de la sentencia, además de
por vicios procesales, podía producirse, en virtud de consideraciones políticas, también por algunos errores de juicio cometidos en la resolución de la cuestión
de derecho. Ahora bien, cuando la ape-
lación, cuya finalidad fundamental era precisamente la de corregir los errores de
juicio más graves, hubo alcanzado gran
desarrollo, se marcó la tendencia a limitar la nulidad a los solos casos de defectos procesales y a comprender dentro de la
apelación todo error de juicio.
Si bien queda en vigor sin excepción el principio de que contra la sentencia nula no es necesario apelar, se comienza a admitir que contra la sentencia nula es
posible la apelación: la apelación puede
declarar la nulidad del primer fallo, pero no se puede entender que, transcurrido el término para apelar o rechazada la ape- lación, esta nulidad debiera considerarse saneada. La apelación, en este caso, no tenía el carácter propio de medio de gra- vamen destinado a provocar una nueva sentencia sobre el fondo, ni a obtener la rescisión de una sentencia existente, sino que funcionaba como una acción de mera declaración negativa de certeza
encaminada a declarar la inicial ineficacia
3. Medios de impugnación y cosa juzgada
Actualmente, dada la pluralidad de medios
de impugnación, ¿cuándo habrá que enten- der que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada? Los ordenamientos jurídicos
normalmente no definen qué es lo que se
entiende por ella. Por otro lado, por la natu-
raleza, en parte nueva, de algunos medios de impugnación, no siempre es posible servirse de conceptos doctrinales.
Parece ser característico del medio extraordi- nario no impedir la cosa juzgada, y así se ad- mitió un tiempo por la doctrina; tanto que hay algunos medios extraordinarios en los cuales el plazo de impugnación puede quedar en suspenso por un tiempo indeterminado; y el hecho mismo de que los medios extraordina- rios no suspendan la ejecución de la sentencia
parecería confirmar esta opinión, pero hay
ejemplos que nos demuestran lo contrario. Y así en la ley italiana el medio extraordinario
de la casación está encerrado en tan breves
términos y con tal largueza lo admite la ley que la sentencia sujeta al recurso no puede
tomarse como firme ni producir declaración. Análogamente, sucede lo mismo con la de-
manda de revisión, (fundada en los inc. 4 y
5 del art. 494 2 ) por la brevedad del término y la certidumbre del momento que ha de
contarse, tiene en suspenso la eficacia defini- tiva de la sentencia 3 . En Perú, se presenta la misma situación con el recurso de casación,
más aún cuando este acarrea la suspensión de
la ejecución de la sentencia recurrida.
Con la absorción de las acciones de impugna- ción en los medios de gravamen se da exis- tencia al principio por el cual el concepto de nulidad es sustituido por el de impugnabilidad del fallo. Si bien es cierto que este principio se dio en interés de la estabilidad de la sentencia,
2 Actual art. 395 inc. 4 del Códice de Procedura Civile.
3 CHIOVENDA, Guiseppe, Instituciones de Derecho procesal civil, Tomo III, traducción del italiano de Emilio Gómez Orbaneja, Editorial Revista de Derecho privado, Madrid, 1954., pp. 367-372.
no se puede decir que siempre haya alcanzado dicha finalidad, y aunque no lo podamos des- conocer, sí se debe admitir que este principio general de saneabilidad no puede exceder los límites de la posibilidad jurídica y que no es procedente atribuir a la preclusión de los medios de impugnación efectos más amplios de los que la naturaleza de esta preclusión y de estos medios lleva consigo 4 .
Se llega así a una cuestión fundamental: si
entre los vicios de la sentencia y el medio de
gravamen existe un vínculo de perfecta cone- xión al extremo que, una vez que precluyen los medios de gravamen, dejan de existir al mismo tiempo los vicios del fallo.
El problema podrá resolverse solamente cuan- do se haya puesto en claro, por una parte, el efecto intrínseco que sobre la validez de una sentencia puedan tener sus vicios, y por otra parte, la naturaleza propia del medio de gravamen.
Considerar inseparables estas dos investi - gaciones y querer deducir, a toda costa, de la falta de medios de impugnación la falta de defectos de la sentencia, constituye una petición de principio y una confusión entre la naturaleza de cosa juzgada formal (preclusión de impugnaciones) y la cosa juzgada material (fuerza de impedir todo juicio ulterior distinto sobre el punto decidido); cuestiones que ya se han visto preliminarmente.
El problema se puede plantear de esta for-
ma: si alcanzar la categoría de cosa juzgada
formal lleva siempre consigo la cosa juzgada material. Calamandrei, después de analizar principalmente los vicios in procedendo y sus correspondientes acciones de impugnación, sin dejar de lado a los vicios in iudicando con sus medios de gravamen, llega a la conclusión negativa, opinión que se comparte y que se
4 CALAMANDREI, Piero, “Vicios de la sentencia ”, ... En Estudios sobre el proceso civil. Traducción de SENTIS MELENDO, Santiago, Editorial bibliográfica argentina, Buenos Aires, 1945, pp. 424-425.
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pasa a exponer brevemente 5 : Al establecer que el medio de gravamen es cosa absoluta- mente diferente de las acciones que pueden darse contra los vicios de la sentencia, no parecería irracional un sistema procesal en el que el medio de gravamen se considerase como un instituto enteramente separado de tales acciones y paralelo a ellas; de modo que mientras estas acciones deberían servir como
remedios excepcionales para establecer la cer- teza de la invalidez o para destruir la validez de las sentencias viciadas por ciertos defectos, el medio de gravamen sería el instituto normal con el que se pasara de una fase anterior del proceso a la sucesiva, al objeto de obtener una
decisión presumiblemente más justa.
Pero aun cuando el derecho positivo, en la
tradicional división de los medios de im- pugnación en ordinarios y extraordinarios, contenga una distinción casi coincidente con la que se puede hacer entre los medios de gravamen y las acciones de impugnación; y aun cuando las legislaciones procesales
más modernas hayan tratado de acentuar cada vez más la separación entre estos dos
conceptos, lo cierto es que en la práctica el
ejercicio de las acciones de impugnación, o las ha revestido de sus características formas procesales. A quien se preocupa de poner en claro el esqueleto conceptual del sistema de los “medios para impugnar las sentencias”, se le presenta una mezcla de diversa índole. Tal
situación se manifiesta:
a) En el hecho de que cuando contra una sentencia se admite el ejercicio de un medio de gravamen, el cual como se sabe tiene la única finalidad de alejar la proba- bilidad de sentencias injustas, cualquier vicio de dicha sentencia, aún diverso de la injusticia (inexistencia, nulidad, anula- bilidad, revocabilidad), puede ser hecho valer a través de él, que viene así a servir a una finalidad diversa de aquella para la cual había sido creado.
5 Ibídem, pp. 45 y ss.
b) En el hecho de que cuando contra la sen- tencia que ya no está sujeta a gravamen, la ley permite la utilización de verdaderas y propias acciones de impugnación para determinar los vicios que existen en ellas. Estas manifestaciones procesales son idénticas a las del medio de gravamen, de manera que su naturaleza originaria se altera y se transforma.
La apelación funciona como una
verdadera y propia querela nullita- tis, esto es, como una acción de im- pugnación hecha valer ante el juez
superior. Este influjo se ha trasla- dado también al ordenamiento pe- ruano cuando en el art. 176 CPC se dispone que la nulidad solo puede ser alegada expresamente en el escrito de la apelación, si el pro- ceso ya estuviera sentenciado en primera instancia; y también en el español ya que el artículo 240 inc. 1 de la LOPJ dispone que la nulidad debe hacerse valer por los recursos previstos en la ley, siendo el de apelación el más característico.
3.2. Situación del problema en el Derecho positivo
Las dos manifestaciones que acabamos de
reseñar son:
a) En la ley italiana los verdaderos y propios medios de gravamen, como la apela- ción 6 , no son el ejercicio de un derecho de impugnación frente a una sentencia ya entrada en vigor, sino el ejercicio del derecho de obtener una nueva decisión sobre el fondo y, por consiguiente, de suspender hasta el pronunciamiento de la nueva decisión la eficacia de cosa juzgada de la primera sentencia.
6 Art. 323 del Codice de procedura civile.
Se ejercitan, pues, independientemente del vicio que pueda afectar a la primera sentencia. Pero puede ocurrir que una sentencia sujeta a gravamen se halle vi- ciada por uno de los defectos que, según los conceptos ya expuestos, deberían dar lugar o a una acción de impugnación o a una acción declarativa de certeza;
en este caso, puesto que está abierto el
ejercicio del gravamen, el mismo sirve
para hacer valer también estos defectos.
O sea, que con las formas exteriores de un
medio de gravamen, actúa en realidad en función de impugnación o de acción de declaración negativa de certeza. En este caso, la apelación funciona, pues, como una verdadera y propia querela nullitatis, esto es, como una acción de impugnación
válida ante el juez superior. Este influjo se ha trasladado también al
ordenamiento peruano cuando en el art. 176 CPC se dispone que la nulidad solo puede ser alegada expresamente en el escrito de la apelación, si el proceso ya
estuviera sentenciado en primera ins- tancia; y también en el español ya que el artículo 240 inc. 1 de la LOPJ dispone que la nulidad debe hacerse valer por los recursos previstos en la ley, siendo el de
apelación el más característico.
b) El segundo fenómeno se verifica en los medios extraordinarios para impugnar las sentencias. Una vez utilizados todos los posibles medios de gravamen y obtenida con la última sentencia una verdadera declaración de certeza del derecho, sería lógico que la ley dejase subsistir contra la sentencia así obtenida solamente verdade- ras y propias acciones idóneas para hacer valer los eventuales vicios de construcción de esta sentencia, pero no para llevar a discusión la decisión sobre el fondo por el solo motivo de su injusticia, contra la cual debe haber constituido un remedio suficiente el medio de gravamen.
Algo parecido hace la ley italiana. Pero en vez
de conceder contra la sentencia que ha alcan-
zado la categoría de cosa juzgada verdaderas
y propias acciones, admite que la misma sea atacada incluso utilizando medios de índole híbrida, que participan de los caracteres de la simple acción y del verdadero medio de gravamen. Dejando de lado la oposición de tercero, ins-
tituto de carácter especialísimo y muy afín a
la acción revocatoria del derecho sustantivo,
la mezcla de principios se manifiesta en los
dos remedios de la revocación y la casación.
La primera es una verdadera y propia acción de impugnación. Pero sobre esta, la noción
de gravamen deja sentir sus influjos en dos sentidos: en uno, porque mientras las simples
acciones que dan lugar a un nuevo proceso se ejercitan ante el juez ordinario de primer grado, la revocación, a semejanza de la opo- sición del rebelde, se lleva “ante la autoridad judicial que ha pronunciado la sentencia
impugnada” (art. 498 Codice di procedura civile 7 ); en otro sentido, porque no todos los motivos en virtud de los cuales puede pedirse la revocación corresponden a su naturaleza de acción de impugnación, sino que hay uno
especialmente (art. 395. Inc. 4 CPCI: “error de
hecho que resulte de los actos y documentos de la causa”) que, produciendo solamente una injusticia en la decisión de fondo, correspon- dería mejor a la naturaleza de un verdadero
medio de gravamen.
Pero esto no significa, en opinión de Cala- mandrei, que la demanda de revocación se convierta, en este caso, en un verdadero y pro- pio medio de gravamen; en efecto, también cuando se pide la revocación de acuerdo con el art. 395.4 CPCI se hace valer el derecho a obtener la destrucción de la sentencia, esto es, un derecho de impugnación, que da lugar a un iudicium rescidens sobre la existencia de este derecho, no a una nueva decisión de la relación controvertida.
En lugar de ver en la revocación del art. 395 inc. 4 un verdadero y propio medio de gravamen, Calamandrei ve una acción de
7 Actual art. 398 del codice di procedura civile.
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impugnación concedida por un vicio, que lógicamente pertenecería a la categoría de vicios (defectos de juicio) para reprimir los cuales es remedio adecuado el medio de
gravamen; esto es, la ley, con una falta de
lógica justificada por razones prácticas, admite
que también la injusticia que normalmente no tiene efectos sobre la validez de la sentencia, pueda, cuando reviste caracteres de especial
gravedad, hacer surgir el derecho de impug- nación contra la sentencia.
Igual confusión de nociones heterogéneas tiene lugar en el recurso de casación italiano. Por lo que se refiere al recurso motivado en defectos de actividad (arts. 517 incs. 1-2, 4-6 Codice di procedura civile 8 ), el mismo consti- tuye una acción de impugnación, esto es, el ejercicio del derecho a obtener la anulación de una sentencia por determinados vicios procesales; puede también funcionar como acción de declaración negativa de certeza, cuando el vicio que se hace valer por medio del recurso ha producido la inexistencia o la nulidad inicial, no la sola anulabilidad de la sentencia. Pero la sustancia de la acción de impugnación aparece exteriormente revestida con la forma de un medio de gravamen, ya que el recurso de casación se propone, como la apelación, ante el juez superior 9 .
La misma situación la podemos encontrar en la regulación peruana (art. 386 inc. 3 CPC) y en la española (art. 360 incs. 1, 2, 4 y 5 de la LEC 10 ).
3.3. Solución de la cuestión
Puesto que la existencia del medio de grava-
men hace sentir su influjo sobre las acciones
derivadas de los vicios de la sentencia, Ca- lamandrei tiene especial interés en estudiar si el hecho de que el medio de gravamen
8 Actual art. 360 inc. 1,2, 4 y 5 del Codice vigente.
9 Cfr. CALAMANDREI, Piero, Estudios sobre el proceso civil, Traducción de SENTIS MELENDO, Santiago, Editorial bibliográfica argentina, Buenos Aires, 1945,
Situación que en la antigua LEC se regulaba en el art.
1692 incisos del 1 al 3.
esté siempre limitado por un breve plazo
perentorio tiene, por analogía, la eficacia de
restringir también dentro de un plazo breve el ejercicio de las acciones derivadas de los vicios de la sentencia; y en los casos en que
esta investigación dé resultado positivo, es esencial establecer hasta qué punto las posi- bilidades jurídicas han permitido que opere esta restricción.
Que el medio de gravamen, esté sometido a un breve plazo perentorio se comprende perfectamente; puesto que la cosa juzgada se forma solamente cuando el medio de gravamen no es ya utilizable; la falta de un
plazo para ponerlo en práctica produciría
un fallo perpetuamente sospechoso. Pero ¿es oportuno contener dentro de un breve plazo el ejercicio de las verdaderas y propias acciones contra la sentencia?
En la práctica el medio de grava-
men ha absorbido en sí el ejercicio
de las acciones de impugnación, o las ha revestido de sus característi- cas formas procesales. A quien se preocupa de poner en claro el es- queleto conceptual del sistema de los “medios para impugnar las sen- tencias”, se le presenta una mezcla de diversa índole.
a) En los casos en los que el medio de gravamen es empleado para hacer valer un vicio de la primera sentencia y, por tanto, actúa en función de acción de impugnación o de acción declarativa negativa de certeza, es claro que quien para hacer valer un vicio de la sentencia quiere tomar la vía del gravamen, debe aceptar las formas y los términos de este medio.
b) La cuestión es diferente en los casos en que la ley, después de la utilización del gravamen o después de transcurrido inú-
tilmente el plazo para utilizarlo, admite para determinados vicios el ejercicio de
acciones contra el fallo: ¿es posible y
oportuno limitar este ejercicio, a se- mejanza de lo que ocurre en cuanto al medio de gravamen, dentro de un plazo perentorio?
La respuesta dependerá de la consideración de la diversa naturaleza que estas acciones pueden ofrecer en los varios casos que a continuación analizaremos 11 :
1) Las acciones de impugnación dirigidas contra una sentencia tienen naturaleza constitutiva, en cuanto tratan de elimi- nar una relación jurídica existente. Esto
significa que hasta el momento en que
se ejercita la acción de impugnación, la relación jurídica contra la cual aquella
podrá dirigirse existe como tal y produce
Sentado esto, es evidente que limitar
la acción de impugnación dentro de un
término breve es jurídicamente posible y
prácticamente oportuno. Jurídicamente
posible porque el transcurso del término
tendrá el significado de quitar al intere- sado el derecho de hacer modificar un estado jurídico existente. Prácticamente
oportuno, porque la limitación de la impugnación dentro de un plazo breve cooperará a producir que se alcance rá- pidamente la estabilidad y la seguridad
en las relaciones jurídicas.
Deriva de tales consideraciones que
ninguna razón obstaculiza la posibilidad de contener el ejercicio de las acciones de impugnación dirigidas contra la sen- tencia, dentro de un plazo perentorio similar al que es propio de los medios de gravamen.
Tanto frente a los medios de gravamen como frente a las acciones de impugna- ción la fijación previa de un plazo con- templa la misma meta última, que es la
11 Cfr. CALAMANDREI, Piero, “Vicios de la sentencia En Estudios… Op. cit., pp. 455-459.
certeza del derecho: en el primer caso el plazo se establece a fin de que las partes
no puedan retardar perpetuamente la for- mación de la cosa juzgada; en el segundo
caso, a fin de que las partes no puedan
producir perpetuamente una variación en la cosa juzgada ya formada.
Así, pues, cuando el legislador ha que-
rido limitar dentro de confines breves
el ejercicio de acciones de impugnación contra la sentencia, ha pretendido con ello que los vicios de la sentencia que
fundamentan tales acciones se entiendan,
una vez transcurrido el breve plazo para
su ejercicio, definitivamente sanados.
2) Frente a las acciones de impugnación que tienen naturaleza constitutiva, las acciones de certeza tienen naturaleza puramente declarativa, en cuanto no se dirigen a introducir una variación en el mundo jurídico, sino a eliminar la falta de certeza. La acción de declaración de certeza trata de poner en claro lo que jurídicamente es o no es, pero no de crear o destruir relaciones jurídicas.
Estas simples consideraciones demuestran la imposibilidad jurídica de limitar dentro de un plazo perentorio la acción de declaración de certeza contra la sentencia. Puesto que, como se ha dicho, esta acción puede ser hecha valer también por vía de gravamen, es indudable que, cuando se quiera ejercitarla por tal
medio, será necesario seguir las formas y los
términos del medio de gravamen mismo; se trata aquí, por el contrario, de decidir si desde el momento en que sobre todos los medios de gravamen contra la sentencia pesa una pre-
298 Instituto Pacífico
clusión, y no son ya utilizables por transcurso del plazo, se debe entender inexorablemente cerrada la posibilidad de hacer declarar que la sentencia no impugnada dentro de los plazos, no tiene y no ha tenido nunca existencia y validez de derecho.
Se ha visto que la limitación dentro de un plazo perentorio de las acciones de impug- nación, conduce a la consecuencia de que al transcurrir el plazo, la sentencia llegue a ser
invariable. Pero ¿qué efecto, práctico y útil,
tendría el limitar dentro de un plazo peren- torio la acción de declaración de certeza? Obviamente no sería el dar a la sentencia, al transcurrir el plazo, la existencia o la validez jurídica que no ha tenido nunca.
Por ello sería un contrasentido jurídico some- ter la acción de declaración de certeza contra
la sentencia a un plazo perentorio, ya que
esta limitación no tendría el efecto práctico de hacer definitiva e irrevocable la sentencia
inexistente o nula.
Así el plazo frente a la acción de declaración
de certeza no significa más que la prohibición
inútil de establecer la certeza sobre la inexis- tencia del fallo, seguida de la prolongación en el mundo jurídico de este estado de inexisten- cia, perpetuamente insanable.
Con ello, Calamandrei concluye en el siguiente
principio que nosotros compartimos: la ley
puede establecer que dentro de un plazo bre-
ve, similar al fijado para el ejercicio del medio de gravamen, se sanen definitivamente los
vicios de la sentencia que fundamentan una acción de impugnación (acción constitutiva), no aquellos a los cuales corresponde una acción de declaración de certeza.
Para interponer el recurso de apelación solo se requiere encontrarse agraviado con lo decidido
por el órgano jurisdiccional.
Si Carlos demanda a María por la deuda que contrajo con él hace dos
años, la cual no cumple desde hace seis meses. Iniciado el proceso, Carlos
decidió embargar el auto de María para poder garantizar su crédito; el
juzgado ampara el pedido de embargo, y María solicita al juzgado que
se levante dicha medida cautelar porque el auto es su herramienta de
trabajo y manutención de su menor hija, pero el auto no se encontraba a
nombre de María sino del padre de los hijos de ella; sin embargo, dicho
pedido fue desestimado, y en sentencia, se decidió estimar la demanda
de Carlos; ante ello, María se encuentra conforme con la demanda por-
que reconoce la deuda con Carlos, pero el padre de los hijos de María
no se encuentra conforme con lo decidido, por lo que nos pregunta si
puede interponer el recurso de apelación en este proceso de obligación
de dar suma de dinero.
En el presente caso, podemos apreciar que
existe una deuda pecuniaria entre Carlos y
María, que ante el incumplimiento de las
prestaciones de María se inicia un proceso de
Sin embargo, el demandante logró garanti-
zar su deuda por medio del embargo sobre
el auto que se encuentra en posesión de la
demandada; no obstante, dicho bien es el
instrumento de trabajo de la demandada que
tiene la obligación de la manutención de sus
hijos; pero lo relevante de estos hechos es que
la titularidad del auto recae sobre el padre de
los menores; y que ante el fallo emitido por el
juzgado la demandada se encuentra confor-
me, pero el padre sus hijos quiere interponer
algún recurso contra dicha decisión.
o parcial por un presunto error o vicio en la
decisión contenida sea en un acto procesal,
de conformidad con el artículo 355 del Có-
digo Procesal Civil. No obstante, se requiere
para la procedencia de la apelación que sea
interpuesto contra las sentencias, autos o casos
expresamente establecidos en el artículo 365
De esa manera, como presupuestos para in-
terponer el recurso de apelación, se estarían
configurando en el presente caso propuesto;
sin embargo, encontramos como detalle que
la demandada se encuentra conforme con lo
resuelto por el juzgado, y quien tiene interés
en formular el cuestionamiento es el padre
de los hijos de la demanda, quien no es parte
Dentro de los medios impugnatorios se re-
conoce a la apelación como el recurso que
permite el cuestionamiento de manera total
Si el interesado en formular la apelación es
una persona ajena a la relación jurídica pro-
cesal, su intervención se encuentra limitada al
300 Instituto Pacífico
tipo de interés que tiene; en este caso, sería como un tercero en el proceso; pero los fun- damentos por los cuales se sustenta el recurso de apelación provienen de este tercero el cual tendría que fundamentar un interés directo en cuestionar lo decidido.
Si bien existe un interés en el cuestionamiento de la decisión que agravia al titular del bien
que garantiza la obligación de la demanda- da, tiene que solicitar la incorporación en el proceso como tercero y formular la apelación correspondiente, de conformidad con los artí- culos 98, 364, 366 y 367 del Código Procesal Civil.
Código Procesal Civil: Artículos 364, 366 y 367.
CAS. N.º
2599-2012-Tacna
La falta de pronunciamiento sobre apelación sin efecto suspensivo y con calidad de diferida acarrea nulidad
CASACIÓN N.º 2599-2012-TACNA Publicado en Sentencias en Casación, Año XVIII, Nº 694 (El Peruano, 30 de julio de 2014, p. 54298)
Código Procesal Civil: Artículo 396
Se concedió la apelación sin efecto suspensivo y con calidad de diferida contra la reso -
extemporáneo los acompañados presentados por la demandante en su escrito de
lución número cincuenta y dos emitida en la Audiencia de Saneamiento y Conciliación
de fecha doce de enero de dos mil once, que resolvió admitir como medio probatorio
fecha once de enero de dos mil once, obrante a fojas ciento ochenta, que al analizar
la resolución recurrida se advierte que la Sala Superior ha omitido pronunciarse sobre la apelación concedida sin efecto suspensivo y con calidad diferida mencionada en
el considerando anterior, en tal sentido se ha configurado la afectación del derecho
al debido proceso, lo que determina la nulidad insubsanable a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Código Procesal Civil.
TEXTO DE LA CASACIÓN
CASACIÓN Nº 2599-2012 TACNA
SUMILLA: La falta de pronunciamiento sobre los agravios esgrimidos por la parte procesal en apela- ción, vulnera el derecho de motivación y el debido proceso. Lima, cuatro de junio de dos mil trece.-
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número dos mil quinientos noventa y nueve del dos mil doce; en audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de reconocimiento de unión de hecho, la parte demandada Luz Marina Limache Mamani interpone recurso de casación, contra la sentencia de vista de
fecha cuatro de mayo de dos mil doce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Tacna, que confirma la apelada que declara fundada la demanda, en consecuencia, declara la existencia de unión de hecho habida entre Carmen Ccosi Gallegos y David Wilson Limache Huarcusi, entre los años mil novecientos noventa y tres y dos mil tres; seorigina una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable. II. ANTECEDENTES: DEMANDA: Según escrito de fojas treinta y cinco, Carmen Ccosi Galle-
302 Instituto Pacífico
gos interpone demanda de reconocimiento de unión de hecho contra la Sucesión de David
Wilson Limache Huarcusi, a fin que se declare judicialmente la unión de hecho y sus efectos legales,habida entre Carmen Ccosi Gallegos y David Wilson Limache Huarcusi, entre los años mil novecientos noventa y tres y dos mil tres. La demandante sostiene como soporte de su pretensión lo siguiente: Que, desde el año mil novecientos noventa y dos mantuvo una rela- ción con David Wilson Limache Huarcusi, voluntariamente y libre de impedimento matrimo - nial, producto dedicha relación procrearon a sus dos hijos Wilson Alexander Limache Ccosi y Fresia Alexandra Limache Ccosi nacidos con fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa y tres y tres de julio de mil novecientos noventa y cinco respectivamente. Indica que durante su convivencia adquirieron un bien inmueble, propiedad rural ubicado en el Asenta- miento Uno, Pampas de la Yarada, Parcelas números UC 11253 y UC 11286. CONTESTACION DE LA DEMANDA: Luz Marina Limache Mamani integrante de la Sucesión de David Wilson Limache Huarcusi mediante escrito de fojas noventa y ocho contesta la demanda negándolo en todo sus extremos, señala como fundamento principal que: Es falso que la demandante
haya mantenido una relación de convivencia con su finado padre, que al fallecer su padre interpuso una solicitud de sucesión intestada que no pudo ser inscrita en los registros públicos por haber ya otra inscrita a favor de Wilson Alexander y Fresia Alexandra Limache Ccosi, en- terándose de esta forma que su padre había tenido otros hijos. Respecto del inmueble adqui- rido, este fue entregado en venta ficticia por sus abuelos paternos José Cruz Limache Mamani y Mercedes Huarcusi Apaza, a su progenitor para lo cual se firmó la Escritura Pública de fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco. SENTENCIAS DE PRIMERA Y SE- GUNDA INSTANCIA: Los órganos de instancia amparan la demanda, en base a los siguientes fundamentos: Precisan que la unión de hecho es una comunidad que persigue “fines, objeti- vos, modos de apreciar el mundo y expectativas sobre futuro, substrato sobre la cual se erige
el aprecio y afecto que se proveen las parejas, precisamente por lo cual, comparten su vida en
un “aparente matrimonio.” De lo que se infiere que existen también ciertas obligaciones no patrimoniales, como el deber de fidelidad entre otros. En suma, debe enfatizarse que la unión de hecho genera una dinámica a partir de la cual se origina la interdependencia entre los
convivientes, por ejemplo que se dé el caso en donde uno de ellos se ocupe de las labores que
exige el hogar, dejando de lado el ámbito laboral, mientras que la pareja, se desarrollará en
el espacio profesional, cumpliendo la tarea de brindar los medios económicos que sustenten la vida en comunidad. Esta sinergia incluye pues un deber de asistencia mutua. Indican que es característica de una relación convivencial como se ha expresado en el considerando ante- rior la interdependencia de la pareja que en un sentido amplio se puede constituir en el hecho
de que un concubino vela por el otro, y en caso de autos al fallecer el causante la demandan-
te fue quien con el deber de pareja tuvo que realizar los trámites funerarios de su concubino más aun teniendo el causante otros familiares estos no realizaron dicha acción, por tanto en
cumplimiento de su rol como concubina supérstite la demandante realizó los gastos funerarios
tal como se puede aprecia a fojas catorce, diecisiete a veintidós, evidenciando otro indicio
característico de la convivencia. Refieren que producto de la relación convivencial procrearon
a sus dos menores hijos como son Wilson Alexander y Fressia Alexandra Limache Ccosi, naci- dos el primero con fecha veintiséis de septiembre del año mil novecientos noventa y tres y el segundo en mención el año mil novecientos noventa y cinco tal como fluye a fojas nueve y ocho respectivamente, advirtiéndose al margen de la partida de nacimiento de Wilson Alexan- der Limache Ccosi, la anotación de la inscripción administrativa Nº 009-94-URC-MDAA Reso - lución de Alcaldía Nº73 Ley 26102, con lo que se acredita que dicho nacimiento fue inscrito mediante trámite administrativo, lo que es corroborado con las documentales de fojas seis- cientos sesenta y tres, apreciándose que el causante había tramitado la inscripción de su me- nor hijo ello lógicamente por razones de unión familiar. Asimismo, a fojas veintiuno se aprecia un contrato de usufructo en la cual el causante señala como su domicilio sito en Asociación Cecoavi, manzana treinta y cinco, lote seis, lo cual es coherente con lo manifestado por la demandante respecto a los domicilios donde se llevó cabo la convivencia, por tanto resultan
evidentes dichas afirmaciones a criterio del juzgador. Por otra parte, la Sucesión demandada
no ha ofrecido medio probatorio alguno que enerve lo alegado por la demandante respecto a la convivencia, esto es cuestionando de manera idónea los requisitos de la unión de hecho,
más bien se limita a manifestar únicamente que ello es falso sin sustento acorde a nuestra
normatividad procesal, que valorados los medios probatorios de manera conjunta se advierte indicios razonables de la existencia de un estado de convivencia habida entre la demandante y el causante de la sucesión demandada. RECURSO DE CASACIÓN: La demandada Luz Ma- rina Mamani interpone recurso de casación contra la resolución dictada por la Sala Superior,
el mismo que ha sido calificado mediante resolución de fecha uno de agosto de dos mil doce,
declarándose procedente por la causal de infracción normativa de los artículos I y X del
Título Preliminar y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, por supuesta vulneración del
derecho al debido proceso, pluralidad de instancia y tutela jurisdiccional efectiva, en razón a
que Sala Superior no se ha pronunciado respecto a la apelación que interpuso contra la reso -
lución número cincuenta y dos, expedida en la audiencia de saneamiento y conciliación de
fecha doce de enero de dos mil once, en el extremo que resuelve admitir los medios probato -
rios extemporáneos ofrecidos por la demandante, máxime aún cuando la Sala Superior
confirma la sentencia de primera instancia sustentando su decisión en los medios probatorios
extemporáneos, cuya admisibilidad como se ha indicado se encuentran cuestionados. III.
MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer que la materia en discusión estriba
en determinar si la resolución impugnada adolece de una debida motivación, en razón a que
ha omitido pronunciarse como órgano de segundo grado apelaciones que han sido concedi-
das sin efecto suspensivo y con calidad de diferida, vulnerando con ello su derecho a un de-
bido proceso. IV. FUNDAMENTOS: 1. Ante todo, en materia de casación es factible ejercer el
control de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en ellas se han infringido o no las
normas que garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en consideración que éste
supone el cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el proceso como
instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa de
las partes en litigio. 2. Que, respecto a la denuncia formulada, es pertinente señalar que El
Derecho al Debido Proceso, previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política
del Estado, comprende -entre otros derechos - el de obtener una resolución fundada en dere-
cho y mediante sentencias en las que los jueces y tribunales, expliciten en forma suficiente las
razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los deter-
minaron, dispositivo que resulta concordante con lo preceptuado el inciso 3 del artículo 122
del Código Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo
modo no puede dejarse de anotar la exigencia de la motivación suficiente prevista en el inci-
so 5 del artículo constitucional antes citado, por la cual el justiciable puede comprobar que la
solución del caso en concreto viene dada por una valoración racional de los elementos fácticos
y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez, de allí que una
resolución que carezca de motivación suficiente no solo vulnera las normas legales citadas,
sino también los principios de rango constitucional. 3. El jurista Devis Echandia , afirma res-
pecto a la motivación de las resoluciones judiciales que: “(
de ésta manera se evitan arbitra-
riedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho a la impugnación contra la sen-
tencia para los efectos de segunda instancia, planteándole al superior las razones legales y jurídicas
que desvirtúan los errores que conducen al Juez a su decisión; porque la resolución de toda senten-
cia es el resultado de las razones o motivaciones que en ella se explican (
4. Una defectuosa
motivación puede expresarse en: a) Falta de Motivación propiamente dicha.- Cuando se
advierte una total ausencia de motivación en cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el
caso materia de controversia ya sea fáctica o jurídica; b) Motivación aparente.- En el sentido
de que el razonamiento esbozado en la sentencia sea inconsistente, sustentado en conclusio -
nes vacías que no guardan relación con el real contenido del proceso; c) Motivación
insuﬁciente.- Cuando se transgrede el principio lógico de la razón suficiente; es decir el sen-
tido de las conclusiones arribadas por el juzgador no se sustentan en pruebas fundamentales
y relevantes de las cuales éste debe partir en su razonamiento para asumir convicción de lo -
que es materia de la controversia y d) Motivación defectuosa en sentido estricto.- cuando
se violan las leyes del pensar tales como la contradicción (nada puede ser y no ser al mismo
tiempo), identidad (correspondencia de la conclusiones a las pruebas),Tercero Excluido entre
otros, omitiendo los principios elementales de la lógica y la experiencia común. 5. En princi-
pio se debe considerar que el recurso de apelación responde a la necesidad del doble grado
de la jurisdicción, en el sentido que lo resuelto en una primera instancia no es definitivo, sino
es necesario recorrer un segundo grado a fin de que se realice un nuevo examen de lo resuel-
to y se obtenga una nueva decisión; siendo ello así nuestro Código Procesal Civil en sus artí-
culos 368 y 369 ha clasificado las apelaciones atendiendo principalmente a los efectos que
produce frente a la resolución impugnada y determinados al momento de concederse el re-
curso, así la apelación con efecto suspensivo priva temporalmente de eficacia a la resolu-
ción impugnada hasta que sea resuelta por el superior jerárquico, en cambio la apelación sin
efecto suspensivo no limita o suspende la ejecución de la resolución impugnada, la cual se
ejecuta provisionalmente condicionada para que sea definitiva a que el superior la confirme,
ésta clase de apelación puede ser a su vez sin la calidad de diferida, es decir una vez conce-
304 Instituto Pacífico
dido el recurso de apelación se formará un cuaderno con las copias certificadas necesarias, el
cual luego se remitirá al Superior Jerárquico, mientras el principal continúa su trámite; asimis-
mo, puede concederse apelación con la calidad de diferida, esto implica que su trámite
queda reservado por el juez para que sea resuelta por el Superior Jerárquico conjuntamente
con la apelación de la sentencia o auto definitivo que ponga fin a la instancia procesal; en esta
apelación se concede el recurso, pero su tramitación y resolución queda supeditada a otra
apelación que puede ser interpuesta contra la sentencia o un autointerlocutorio, si se apela las
citadas resoluciones, los autos principales son sometidos al fuero del Superior Jerárquico para
que emita pronunciamiento previamente, siendo ello así, a decir de Hinostroza Minguez, –ci-
tando a Loutayf Ranea– respecto a la apelación diferida señalan que el fundamento de la
misma reside en la conveniencia de evitar las frecuentes interrupciones que en desmedro de
la celeridad procesal, sufre el procedimiento de primera instancia sometido exclusivamente a
un régimen de apelación inmediata; en consecuencia podemos señalar que éste tipo de ape-
laciones se sustenta en razones de economía procesal 1 . Es así que nuestro Código Procesal
respecto a los efectos de la apelación en su artículo 369 ha establecido que “Además de los
casos de que éste Código lo disponga, de oﬁcio o a pedido de parte, el juez puede ordenar que se
reserve el trámite de una apelación sin efecto suspensivo, a ﬁn de que sea resuelta por el superior,
conjuntamente con la sentencia u otra resolución que el juez señale(
en tal sentido, queda
claro que es un deber procesal que el Superior Jerárquico absuelva la apelación (concedida
con la calidad de diferida) al momento de absolver el grado de la decisión definitiva, de no
ser así se contravendría lo dispuesto por el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, así
como lo dispuesto por el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política, que consagran
los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a de defensa, respec-
tivamente 2 . De los actuados, se verifica que mediante resolución número cincuenta y tres
obrante a fojas seiscientos ochenta y cinco, se concedió la apelación sin efecto suspensivo y
con calidad de diferida contra la resolución número cincuenta y dos emitida en la Audiencia
de Saneamiento y Conciliación de fecha doce de enero de dos mil once que resolvió admitir
como medio probatorio extemporáneo los acompañados presentados por la demandante en
su escrito de fecha once de enero de dos mil once, obrante a fojas ciento ochenta. 8. Proce-
diendo a analizar la resolución recurrida se advierte que la Sala Superior ha omitido pronun-
ciarse sobre la apelación concedida sin efecto suspensivo y con calidad diferida mencionada
en el considerando anterior, en tal sentido se ha configurado la afectación del derecho al de-
bido proceso, lo que determina la nulidad insubsanable a tenor de lo dispuesto en el artículo
171 del Código Procesal Civil. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado
por el artículo 396 tercer párrafo, numeral 1 del Código Procesal Civil; declararon: a) FUN-
DADO el recurso de casación de fojas ochocientos ochenta y dos, interpuesto por Luz Marina
Limache Mamani; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de
dos mil doce, obrante a folios ochocientos sesenta y ocho, expedida por la Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Tacna. b) ORDENARON a la Sala Superior emita nueva resolu-
ción teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por este Supremo Tribunal. c)DISPU-
SIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, bajo responsa-
bilidad, y los devolvieron; en los seguidos por Carmen Ccosi Gallegos con la Sucesión de David
Wilson Limache Huarcusi y otro, sobre reconocimiento de unión de hecho; intervino como
ponente, el Juez Supremo señor Calderón Castillo.-
Almenara Bryson / Huamaní Llamas / Estrella Cama / Calderón Castillo / Calderón Puertas
1 DEVIS ECHANDIA. Teoría General del Proceso. Tomo I, p. 48.
2 Comentarios al Código Procesal Civil Gaceta Jurídica, año 2006, p. 680.
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References: resolución 
 artículo 354
 resolución 
 artículo 240
 artículo 240
 artículo 355
 artículo 365
 Artículo 396
 resolución 
 artículo 171
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 122
 artículo 12

resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 369
 resolución 
 artículo 122
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo
171
 artículo 396
 resolución