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Timestamp: 2020-04-09 18:17:57+00:00

Document:
200901-Sala Social Segunda-2-012
SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 12
Sucre, 14 de enero de 2.009
PARTES: Empresa Unipersonal COBOL c/ Aduana Nacional de Bolivia.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 182-191, interpuesto por Roberto Abaroa Leigue, Síndico de la "Empresa Unipersonal Cobol", declarada en quiebra, contra el Auto de Vista Nº 030/2007 de 24 de julio de 2007, cursante a fs. 178-179, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso contencioso tributario seguido por el representante de la entidad recurrente, contra la Aduana Nacional Regional Cochabamba, solicitando la restitución del remanente de una adjudicación, la contestación de fs. 199 y vta., los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que, tramitado el proceso contencioso tributario, previa la acumulación de un proceso similar y las revocatorias de los rechazos a las demandas formuladas, conforme constan en los Autos de Vistas de fs. 53 y vta. y 111 y vta., y excusa del Juez Segundo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la ciudad de Cochabamba, la Juez Primero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la misma ciudad, emitió la Sentencia Nº 001/2004 de 2 de enero de 2004 (fs. 149-151 vta.), por la que declaró improbada la demanda contencioso tributaria.
En grado de apelación formulada por el demandante (fs. 154-157), previas excusas de varios vocales y convocatorias de otros, mediante Auto de Vista Nº 30/2007 de 24 de julio de 2007, emitido por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, se confirmó la sentencia apelada (fs. 178-179).
Este fallo, motivó el recurso de casación en el fondo interpuesto por el mencionado representante de la empresa demandante en liquidación (fs. 182-191), en el que luego de extensa relación de los antecedentes y los hechos que motivaron el presente proceso, fundamentó que el auto de vista incurrió en error de hecho, porque afirmó que el adjudicatario directo de las 8 furgonetas de propiedad de la entidad que representa, canceló por las mismas la suma de $us. 12.160,33 conforme a las pólizas cursante de fs. 34 a 41, sin que conste el comprobante por el saldo de $us. 15. 839,67 para completar el monto de la adjudicación total de $us. 28.000 que se aduce en la apelación, omitiendo considerar los documentos siguientes:
Fs. 2, 3, y 4, donde se establece que la base del remate de las 8 furgonetas de propiedad de COBOL era de $us. 4.250 cada una.
Fs. 8, la carta original remitida por Pablo G. Terceros Arnez, por la que solicitó la adjudicación de las indicadas movilidades ofreciendo $us. 3.500 por cada una.
Fs. 9, la Resolución Administrativa "V" Nº 217/95 de 16 de junio de 1995, por la que se adjudicó las 8 furgonetas en el precio de la oferta realizada.
Fs. 10, memorándum de orden de salida de las 8 furgonetas detalladas en la mencionada R.A.
Prueba que evidencia el error de hecho incurrido por el tribunal de alzada, porque como hubo ya con anterioridad tres remates, en aplicación del art. 532 Cód. Pdto. Civ. era permitido la adjudicación directa como ocurrió en autos, e incluso pudo ser sólo en el 75% de la última base de la subasta; es decir $us. 13.339,67, importe que es inferior al de la propuesta, pero que cubrirían todos los adeudos a la Aduana, conforme refieren las pólizas. Aspectos que no fueron considerados por el tribunal ad quem, porque la Aduana está obligada a restituir el remanente del valor de las movilidades adjudicadas, más los intereses.
Similar situación ocurrió respeto de los documentos de fs. 1-3, 8, 9, 10, 46 y 53, porque se omitió darles la tasación que les asigna los arts. 1286, 1289 del Cód. Civ., 397-I y II, 399-I, 400 incs. 1) y 2) y 401 del Cód. Pdto. Civ. que demuestran que los 8 vehículos fueron adjudicados a Pablo G. Terceros Arnez, en la suma de $us. 28.000, conforme ofertó mediante la carta de fs. 8, se adjudicó mediante la R.A. Nº 217/95 (fs. 10) y que por ello se emitieron las pólizas de fs. 46-53 del anexo.
Considera que constituye razonamiento erróneo el del tribunal de alzada, cuando afirma que la parte ahora recurrente, tenía la obligación de recabar el comprobante que acredite el pago del mencionado saldo, pues no existe prueba que la referida oferta quedó sin efecto o que se rebajó a la suma de $us. 12.160.33, porque sería contrario al art. 532 del Cód. Pdto. Civ., aspecto que además es imputable únicamente la Aduana, quien no pudo determinar esa rebaja luego de la adjudicación, la emisión de las pólizas y la entrega de las movilidades, circunstancias que demuestran también la violación de los arts. 7 inc. a) de la C.P.E., 90, 91, 190, 477 del Cód. Pdto. Civ., 299, 300, 301 del Cód. Trib. (Ley Nº 1340), 961 y 963 del Cód. Civ., al no haber resuelto el tribunal de alzada el proceso en resguardo de la seguridad jurídica constitucionalmente reconocida, conforme mandan dichas normas y que sustentan el derecho a la repetición del importe demandado.
Por último refiere que no correspondía a la empresa en liquidación que representa, acudir a las vías llamadas por ley para que se investigue el presunto enriquecimiento ilegítimo, porque el objeto de este proceso es la repetición en los términos de la demanda de fs. 95-97.
Concluyó pidiendo que este tribunal case el auto de vista y deliberando en el fondo declare probada la demanda, con costas.
CONSIDERANDO II: Que analizados los fundamentos del recurso respecto de los antecedentes remitidos, se establece lo siguiente:
1.- De acuerdo a los fundamentos del recurso formulado, independientemente de las causales de casación e identificación de los errores de hecho alegados, se concluye que si bien la fundamentación se adecua a las previsiones contenidas en el art. 258 inc. 2) del Cód. Pdto. Civ., se advierte que adolece de redacción repetitiva, que torna difícil su lectura, este aspecto no puede perjudicar a los litigantes, -si se identifica en su texto que se abrió suficientemente la competencia de este tribunal para considerar el recurso-; empero, corresponde llamar la atención al profesional Abogado, para que en lo sucesivo, sea más preciso en su redacción y no incurra en la referida deficiencia que puede dar lugar a desestimar las solicitudes que formule, en perjuicio de sus patrocinados.
2.- Ingresando al análisis de los fundamentos expuestos en el recurso, previa revisión detallada del proceso y específicamente del anexo del mismo, consistente en los antecedentes para la adjudicación de las ocho furgonetas de propiedad de la entidad en liquidación que representa el recurrente, se advierte que es verdad que mediante la Resolución Administrativa V Nº 217/95 de 16 de junio de 1995, se adjudicó al oferente directo Pablo G. Terceros Arnez, en representación de Cia. Sergemen S.R.L. las ocho furgonetas objeto del presente proceso, en el monto de $us. 3.500 cada una, habiéndose acreditado que posteriormente canceló el valor de las pólizas correspondientes en la suma de $us. 12.160,33 (fs. 34-41), sin que conste en obrados que hubiese cancelado el saldo del valor de la adjudicación y pese a eso, se realizó la entrega de las movilidades al referido comprador, conforme consta del memorándum s/n de 19 de junio de 1995 (fs. 8, 9, 10).
3.- Entre los antecedentes remitidos a este tribunal, ciertamente no cursa la constancia del pago de la diferencia del precio total determinado en la Resolución Administrativa V Nº 217/95 de 16 de junio de 1995 (fs. 9 del anexo), respecto del valor adjudicado y el importe cancelado para que se giren la pólizas de importación; empero tampoco consta que dicha determinación hubiese sido dejada sin efecto o que se habría emitido otra resolución similar por la que se redujo el mencionado precio al importe total de los adeudos tributarios consignados en las indicadas pólizas de importación (fs. 34-41 y legalizadas a 46-53), por el contrario, resulta una omisión insalvable la circunstancia de no haberse hecho constar en el legajo correspondiente el pago total del monto determinado en la referida resolución, omisión que definitivamente, no desvirtúa el referido pago, porque en su cumplimiento se ordenó la salida de las furgonetas y se giraron las correspondientes pólizas el 26 y 27 de junio de 1995 y si no consta ese hecho, constituye una irregularidad que no puede gravar a la entidad solicitante (sujeto pasivo), por ser responsabilidad del Administrador de Aduana, como de las diferentes reparticiones, cumplir y hacer cumplir sus propias determinaciones.
Todos estos aspectos demuestran el error de hecho incurrido por el tribunal de alzada, porque se ha demostrado la adjudicación por el importe de la oferta realizada mediante carta de 5 de junio de 1995 (fs. 8), consiguientemente, al constar también el importe de los adeudos tributarios en las correspondientes pólizas, (fs. 31-42, legalizadas a fs. 46-53), se evidencia que estas tampoco fueron consideradas por el tribunal de alzada para determinar la existencia cierta de la diferencia que debe ser restituida a la entidad propietaria de las movilidades importadas cuyos tributos fueron omitidos por el abandono que hicieron en su oportunidad y que motivó el señalamiento consecutivo de su remate y posterior adjudicación directa, conforme faculta el art. 532 del Cód. Pdto. Civ., norma que también se cita en la Resolución Administrativa objeto de análisis y que al no haber reconocido la obligación de restitución del saldo, también ha sido violada por el tribunal de alzada.
Estos aspectos evidencian la violación de las normas citadas en el recurso (arts. 1286, 1289 del Cód. Civ., 397-I y II, 399-I), 400 incs. 1) y 2) y 401 del Cód. Pdto. Civ.) porque era obligación del órgano jurisdiccional apreciar en su conjunto las pruebas producidas por ambas partes, otorgándoles el valor que les asigna la ley y no omitir en su resolución el resultado de esa valoración que incuestionablemente demuestra que se canceló por las movilidades el importe de la oferta realizada, por lo que en aplicación de las previsiones contenidas en los arts. 295 de la Ley Orgánica de Aduanas, correspondía la devolución del remanente del importe adjudicado, al haberse efectuado la primera solicitud de devolución, dentro del plazo que establece dicha norma, es decir el 24 de mayo de 1996, conforme se acredita por los documentos cursantes a fs. 55, 79 del anexo y 14, 71 del expediente, que no fueron observados por la Administración Aduanera demandada.
4.- Por otra parte, se considera también que se incurrió en violación de los arts. 299, 300, 301 del Cód. Trib. (Ley Nº 1340), 961 y 963 del Cód. Civ., porque al haberse acreditado fehacientemente el derecho a la restitución del saldo del precio total de la adjudicación directa, que tanto en sede administrativa, como en sede jurisdiccional, se negó la pretensión de la entidad demandante, afirmando erróneamente que como no se acreditó el pago de la diferencia de los impuestos y del precio de la adjudicación total, no correspondía la devolución solicitada, sin considerar que es una obligación de la entidad demandada, consignar entre los antecedentes del proceso administrativo, todos los pagos realizados por las partes y terceros.
Este aspecto que no se cumplió en el caso presente, respecto del pago realizado por el oferente y luego adjudicatario, porque si no se efectivizó dicho pago se entregó indebidamente las movilidades adjudicadas, o si lo hizo, no se registro en el expediente, aspectos que corresponden determinar para aplicar la responsabilidad del o de los funcionarios que incumplieron sus funciones, conforme a la Ley Nº 1178 y normativa conexa.
5.- Las otras normas citadas en el recurso, no fueron debidamente fundamentadas, pues estas ameritan un pronunciamiento referido a la existencia de errores in procedendo que no fueron identificados, pese a la tarea de fiscalización encomendada a este tribunal por el art. 15 de la L.O.J., por lo que al respecto, no corresponde emitir criterio alguno.
6.- Consiguientemente, al haberse advertido que se incurrió en los errores de hecho denunciados y las violaciones alegadas, corresponde resolver el recurso, conforme establecen los arts. 271-4 y 274-I, del Cód. Pdto. Civ., con la permisión remisiva de los arts. 214 y 297 del Cód. Trib.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el art. 60-1) de la L.O.J., CASA el Auto de Vista Nº 030/2007 de 24 de julio de 2007 (fs. 178-179) y deliberando en el fondo, declara probada la demanda contenciosa tributaria de fs. 95-96 vta., aclarada a fs. 100, así como la demanda de fs. 37-38 vta., aclarada a fs. 42, acumulada al presente proceso en virtud del auto definitivo de 29 de septiembre de 2001 de fs. 101-102, consiguientemente, se deja sin efecto la Resolución Administrativa Nº GR CBA-03-224/01 de 19 de abril de 2001 y su Resolución complementaria s/n de 24 de abril de 2001, emitidos por el Gerente Regional de la Aduana Cochabamba, cursantes a fs. 11 y 119 del anexo y fs. 91 y 93 del expediente principal, disponiendo que la entidad demandada restituya a favor de la empresa demandante, el importe de $us. 15.839,67 por el remanente de la adjudicación directa determinada mediante Resolución Administrativa V Nº 217/95 de 16 de junio de 1995, más el interés correspondiente, conforme establece el art. 301 de la Ley Nº 1340, computable a partir del 27 de junio de 1995, oportunidad en la que se acabaron de emitir todas las pólizas.
Se salva el derecho de repetición de la entidad Aduanera, contra los funcionarios responsables de la recepción de dicho importe, que conforme a los datos del proceso, presuntamente permitieron la entrega de las movilidades importadas sin recibir el remanente de la adjudicación directa o que si lo hicieron, no acumularon a los antecedentes los comprobantes de dicho pago.
Para resolución, según convocatoria de fs. 203, interviene la Ministra Presidenta de la Sala Social y Administrativa Primera, Dra. Beatriz A. Sandoval Bascopé de Capobianco.
Sucre, 14 de enero de 2009

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