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Timestamp: 2018-03-21 12:50:54+00:00

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Internacional – Codigo de Conducta Comentado por la Dra. Nancy Abed |
Internacional – Codigo de Conducta Comentado por la Dra. Nancy Abed	febrero 6, 2007
CODIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ( 1979)
Artículo 1: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión.
En nuestra legislación nacional los términos funcionario público ( aquel que es directa o indirectamente designado por el voto popular) y empleado público ( aquel que mantiene relación laboral con el estado nacional, provincial o municipal) están equiparados por imperio del Código Penal de la Nación que utiliza ambos términos como sinónimos en la redacción de los tipos delictivos.
Por lo tanto, la expresión incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados, designados o elegidos, que ejerzan funciones judiciales , de policía o cualquier otra que les faculte a disponer el arresto, detención o demora de personas o cualquier otra retricción al sagrado derecho de la libertad individual.
El servicio a la comunidad que expresa la norma incluye no solo el de seguridad sino la asistencia a los miembros de la comunidad que por razones personales, económicas, sociales o de emergencia necesiten ayuda inmediata.
Esta disposición abarca no solo a los actos de violencia, sino a toda la gama de prohibiciones previstas en la legislación penal.
Artículo 2 : En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas.
Los derechos humanos de que se trata son las perrogativas jurídicas reconocidas nacional e internacionalmente para todas las personas. En nuestra legilasción tienen raigrambre constitucional entre otros: La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, La Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, etc.
Además nuestra legislación nacional, históricamente incluyó en sus normas disposiciones básicas a favor de los derechos humanos aún antes de la redacción de la Constitución Nacional de 1853. Ejemplo de ello es la actividad legislativa de la Asamblea del Año 1813 a quien pertenecen, entre otras , las siguientes disposiciones: Abolición de los elementos de Tortura, Libertad de Vientres, Libertad de Imprenta, Supresión de Títulos de Nobleza etc., en claro apego a la doctrina jurídica francesa que ya en 1749 emitía la Declaración de los Derechos Fundamentales del Ciudadano.
Artículo3: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.
El uso de la fuerza debe ser excepcional, y se ha dicho hasta el cansancio, tanto en doctrina como en jurisprudencia. Pero hoy nos toca vivir un momento histórico que obliga a la reafirmación de este principio soberano.
Efectivamente se impone una férrea decisión política acerca de la necesidad de no victimiozar los agentes de reclamo social, ya que a problemas sociales no habrá jamás soluciones de seguridad, sino solo soluciones políticas. No solo se trata del principio de proporcionalidad que impone el ordenamiento jurídico sino ademas de un principio de solidaridad social y de razonabilidad en la utilización de la fuerza, por parte de quienes el monopolio de la misma.
El uso de armas de fuego requiere de una responsabilidad extrema. Jamás se utilizará contra niños o en forma indiscriminada ( o “ al bulto”).
Artículo4: Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
Esta norma intenta reguardar la información que a estos funcionarios pueda llegarles acerca de la vida privada de las personas, su reputación etc. Toda revelación que no emane del cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente es totalmente impropia. Recuérdese que la Constitución Nacional Argentina protege la confidencialidad de los datos recogidos por entes públicos o privados por medio de la garantía constitucional de “ Habeas Data”.
Artículo 5 : Ningún fncionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Esta prohibición es el reflejo de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas que prescribe:
“ ( Todo acto de esta naturaleza constituye) una ofensa a la dignidad humana y será condenada como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.”
Debemos aclarar que el mismo ordenamiento define a la tortura como todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un hecho que haya cometido, o de intimidar a esa persona u otras. No se consideran torturas las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad o sean incidentales a ésta, en la medida que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos”.
Artículo 6: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
La atención médica debe entenderse en sentido amplio y siempre favoreciendo la urgencia en la atención, por ello se incluye a profesionales médicos, enfermeros, paramédicos y todo profesional idóneo del arte de curar. Asimismo incluye la obligatoriedad de cumplir con las indicaciones y tratamiento que aconseje el profesional actuante. Esta protección se extiende a las víctimas de delitos , accidentes, catástrofes etc.
Artículo7: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a todos los actos de esta índole y los combatirán.
Esta disposición debe ser de estricto cumplimiento por parte de los gobiernos, ya que no hay gobierno que pueda pretender que los ciudadanos cumplan las leyes si ellos ni pueden o no quieren hacerlas cumplir por sus propios agentes y en sus propios organismos.
Para nuestra legislación el término corrupción abarca tanto la comisión u omisión de un acto por parte del responsable en el desempeño de sus funciones o con motivo de estas, en virtud de dádivas, promesas o estímulos ilegítimos, exigidos o aceptados, como la recepción indebida de estos, una vez realizado u omitido el acto.
Artículo 8: Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley y el presente código. También harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivo para creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente código informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.
La aplicación de este artículo impone un delicado equilibrio entre la necesidad de disciplina interna del organismo de seguridad pública por una parte, y por la otra, la obligación de hacer frente a posibles violaciones de derechos humanos. Entendemos que en el caso en concreto el funcionario debe informar de la posible violación a sus superiores inmediatos y solo adoptarán otras medidas sin respetar la escala jerárquica si no disponen de posibilidad de comunicación o si creen que ella sería inocua.
Dra. Nancy Regina Abed

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo3

Artículo4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo7

Artículo 8