Source: http://cmpr.edu/docs/politicas/cmpr/Varias%20Leyes%20de%20%C3%89tica%20Gubernamental.htm
Timestamp: 2018-01-18 01:35:52+00:00

Document:
LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL *
(Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 - contiene enmiendas incorporadas por las siguientes)
(Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 - contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: Ley Núm. 7 de 30 de abril de 1990,
Ley Núm. 6 de 4 de abril de 1997,
Ley Núm. 131 de 15 de noviembre de 1997,
Ley Núm. 143 de 18 de julio de 1998,
Ley Núm. 157 de 18 de julio de 1999,
Ley Núm. 228 de 29 de agosto de 2000,
Ley Núm. 291 de 1 de septiembre de 2000,
Ley Núm. 381 de 6 de septiembre de 2000,
Ley Núm. 13 de 11 de abril de 2001,
Ley Núm. 53 de 6 de julio de 2001,
Ley Núm. 8 de 5 de enero de 2002 y
Ley Núm. 41 de 3 de enero de 2003)
Para promover y preservar la integridad de los funcionarios e instituciones públicas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer un Código de Ética para los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva, establecer disposiciones referentes a los funcionarios y empleados de las Ramas Judicial y Legislativa y para los ex servidores públicos de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial; crear la Oficina de Ética Gubernamental y determinar sus funciones; requerir que funcionarios gubernamentales que ocupen cargos electivos, de alto nivel y sensitivos sometan informes sobre sus finanzas personales para evitar posibles conflictos de intereses; imponer ciertos deberes y conceder ciertas facultades al Secretario de Justicia; establecer penalidades, proveer fondos para la ejecución de esta Ley, y para derogar la Ley Núm. 110 de 12 de mayo de 1943, según enmendada y la Ley Núm. 28 de 8 de junio de 1948, según enmendada.
Artículo 1.1 Esta ley se conocerá como la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(e) agencias ejecutivas incluye los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas, los municipios y las agencias que estén bajo el control de esta Rama.
(k) regalo incluye, entre otros, dinero, bienes o cualquier objeto, oportunidades económicas, propinas, descuentos, o atenciones especiales.
(m) Gobierno de Puerto Rico significa Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(n) Rama Legislativa significa la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, el Contralor de Puerto Rico, el Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y cualquier oficina o dependencia conjunta de ambos cuerpos legislativos.
(p) Oficina significa la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.
(q) Director significa el Director de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.
CAPITULO II CREACION DE LA OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL
Artículo 2.2 Nombramiento y Destitución del Director Ejecutivo.
(d) Establecer y administrar procedimientos para identificar violaciones a la ética y a la honestidad, para prevenir los conflictos de intereses y para tomar u ordenar las medidas disciplinarias, administrativas o civiles autorizadas por esta ley, luego de las correspondientes investigaciones y vistas en las que las partes afectadas tengan adecuada oportunidad de ser oídas y de defenderse.
A requerimiento del Director toda agencia ejecutiva y gobiernos municipales creará un Comité de Ética Gubernamental, en adelante "el Comité", compuesto por los servidores públicos que ocupen los siguientes puestos o similares:
Con el propósito de ampliar e intensificar la política pública de prevención, a través de la educación, delegada a la Oficina, se crea el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético (en adelante, el "Centro").
CAPITULO III CODIGO DE ÉTICA PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA EJECUTIVA; RESTRICCIONES PARA LAS ACTUACIONES DE EX SERVIDORES PUBLICOS, DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS RAMAS JUDICIAL Y LEGISLATIVA
(i) Ningún funcionario público o empleado público podrá nombrar, promover o ascender a un puesto de funcionario o empleado público, o contratar por sí, o a través de otra persona natural o jurídica, negocio o entidad que tenga interés en la agencia ejecutiva en la que trabaje o tenga la facultad de decidir o influenciar, a cualquier persona que sea pariente de dicho funcionario o empleado público dentro del cuarto grado de consanguinidad o del segundo grado por afinidad.
Cuando el funcionario público o empleado público con facultad para decidir o influenciar entienda que es imprescindible por el bienestar del servicio público y el buen funcionamiento de la agencia contratar, nombrar, promover o ascender a un pariente suyo dentro de los grados de parentesco antes mencionados, en un puesto de funcionario público o empleado público, tendrá que solicitar una autorización por escrito al Director Ejecutivo de la Oficina de Etica Gubernamental donde exponga las razones específicas que justifican tal contrato, nombramiento, o ascenso en ese caso en particular, previo a llevar a cabo dicha acción, de conformidad a la reglamentación que adopte la Oficina de Etica Gubernamental.
La Oficina de Etica Gubernamental deberá, dentro del término directivo de treinta (30) días desde la fecha de haberse radicado la solicitud de dispensa, autorizar o denegar la misma. La Oficina de Ética Gubernamental notificará al solicitante de la aprobación de la dispensa o de su denegación. En caso de denegar la solicitud de dispensa deberá fundamentar dicha decisión presentando un informe escrito.
La prohibición que aquí se establece no será de aplicación a la situación de un funcionario o empleado público que nombre, promueva o ascienda en un puesto de carrera en la agencia en que trabaje o sobre la cual ejerza jurisdicción, a un funcionario o empleado público que sea su pariente dentro de los referidos grados, cuando el funcionario o empleado público, nombrado, promovido o ascendido haya tenido la oportunidad de competir en igualdad de condiciones con otros aspirantes mediante un proceso de selección a base de pruebas, exámenes o evaluaciones de preparación y experiencia, y se haya determinado objetivamente que es el candidato idóneo o mejor calificado en el registro de elegibles para el puesto en cuestión y el pariente con facultad no haya intervenido en el mismo. Asimismo, las prohibiciones antes descritas, con excepción de la de nombramiento, serán de aplicación a aquellos empleados o funcionarios públicos que advengan a la relación de grado de parentesco dispuestos en esta Ley después de su nombramiento o designación.
(j) Ningún funcionario o empleado de la Rama Ejecutiva podrá utilizar cualquier distintivo, emblema, logo, botones, calcomanía, pegatina, rótulo o insignia representativa de un partido político o que identifique o promueva directa o indirectamente los intereses electorales de cualquier partido político o candidato, mientras dicho empleado o funcionario público se encuentre en funciones de su trabajo independientemente del lugar donde se estén prestando los servicios.
(b) Ningún funcionario o empleado público aceptará un empleo o mantendrá relaciones contractuales de negocio, con una persona, negocio o entidad que esté reglamentada por o que haga negocios con la agencia gubernamental para la cual él trabaja cuando el funcionario o empleado público participe en las decisiones institucionales de la agencia o tenga facultad para decidir o influenciar las actuaciones oficiales de la agencia que tengan relación con dicha persona, negocio o entidad.
(d) Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar a cabo un contrato en el que cualquiera de sus funcionarios o empleados o algún miembro de las unidades familiares de éstos tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario, a menos que el Gobernador, previa recomendación del Secretario de Hacienda y del Secretario de Justicia, lo autorice.
(f) Ningún funcionario o empleado público que tenga la facultad de aprobar o autorizar contratos podrá evaluar, considerar, aprobar o autorizar un contrato entre una agencia ejecutiva y una entidad o negocio en que él o algún miembro de su unidad familiar tenga o haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo, directa o indirectamente, interés pecuniario.
(g) Ningún funcionario o empleado público podrá otorgar o autorizar un contrato con persona privada a sabiendas de que esta persona a su vez esté representando intereses particulares en casos o asuntos que involucren conflictos de intereses o de política pública entre la agencia gubernamental contratante y los intereses particulares que representa dicha persona privada. A esos efectos, toda agencia gubernamental requerirá de toda persona privada con quien contrate la inclusión de una cláusula contractual en la que dicha persona privada certifique que no está incursa en un conflicto de intereses o de política pública conforme a lo descrito en este inciso.
Artículo 3.4 [Prohibiciones] Relacionadas con la representación de intereses privados conflictivos con las funciones oficiales
(a) Ningún funcionario o empleado público podrá representar, directa o indirectamente a persona privada alguna para lograr la aprobación de una ley u ordenanza, para obtener un contrato, el pago de una reclamación, un permiso, licencia o autorización ni en cualquier otro asunto, transacción o propuesta, si él o algún miembro de su unidad familiar ha participado o participará o probablemente participe en su capacidad oficial en la disposición del asunto. Esta prohibición no será aplicable cuando se trate de actuaciones oficiales del funcionario o empleado público dentro del ámbito de su autoridad.
(b) Ningún funcionario o empleado público podrá representar, directa o indirectamente, a persona privada alguna ante una agencia ejecutiva, respecto a cualquier reclamación, permiso, licencia, autorización, asunto, transacción o propuesta que envuelva acción oficial por parte de la agencia si él o algún miembro de su unidad familiar posee autoridad ejecutiva sobre esa agencia.
(c) Ningún funcionario o empleado público podrá representar o de cualquier otra manera asesorar, directa o indirectamente, a persona privada alguna ante cualquier agencia ejecutiva, tribunal u otra dependencia gubernamental, en casos y asuntos relacionados con el Gobierno de Puerto Rico ni en casos y asuntos que envuelvan conflictos de intereses o política pública entre el Gobierno y los intereses de dicha persona privada.
(d) Ningún funcionario o empleado público a jornada completa podrá, durante horas laborables, representar, asesorar o servir como perito a personas o entidades privadas en litigios, vistas, audiencias públicas o cualquier asunto ante tribunales de justicia, organismos cuasi judiciales y agencias administrativas.
(e) Para los fines de este Artículo y del Artículo 3.7 el término "asunto" significa aquellos en que el funcionario o empleado haya participado personal y sustancialmente y que ocurrieron mediante decisión, aprobación o desaprobación, recomendación o consejo, o investigación particular que involucre partes específicas. No incluye la intervención o participación del funcionario o empleado en la promulgación de normas o reglamentos de aplicación general o de directrices e instrucciones abstractas que no aludan a situaciones particulares o casos específicos.
Las dispensas que se concedan a tenor con lo dispuesto en este Artículo o en cualquier otra disposición de esta ley se remitirán a la Oficina de Ética Gubernamental y se mantendrán en un Registro disponible al público.
(a) Ningún ex servidor público podrá ofrecer información, asesorar en forma alguna o representar en cualquier capacidad, ya fuere personalmente o a través de otra persona privada, a cualquier persona de intereses contrarios a los del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en aquellos asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones que estuvieron en alguna forma sometidos al conocimiento, estudio, investigación, resolución, decisión, o trámite ante alguna agencia, oficina, dependencia o tribunal del Gobierno de Puerto Rico mientras dichos ex servidores prestaban servicios en esa agencia, oficina, dependencia o tribunal y siempre que dichos ex servidores hubieren tenido que ver directa o indirectamente con dichos asuntos y acciones.
Ningún ex servidor público podrá cooperar en forma alguna, ya fuera personalmente o a través de otra persona privada, en la preparación o tramitación contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de dichos asuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones ni usar ni facilitar el uso contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de la información de hecho obtenida mientras fue funcionario o empleado público.
(e) Ninguna agencia ejecutiva contratará con o para beneficio de personas que hayan sido funcionarios o empleados públicos de dicha agencia ejecutiva, hasta tanto haya transcurrido dos (2) años desde que dicha persona haya cesado en sus funciones como tal. El Gobernador podrá expedir dispensa en cuanto a la aplicabilidad de esta disposición siempre que tal dispensa resulte en beneficio del servicio público. Esta prohibición no será aplicable a contratos para la prestación de servicios ad honorem.
De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta tres mil (3,000) dólares. De mediar circunstancias atenuantes la pena podrá ser reducida hasta un mínimo de nueve (9) meses o hasta mil (l,000) dólares.
(c) Acciones de Naturaleza Administrativa
(1) Toda persona que viole las prohibiciones y disposiciones establecidas en esta Ley y en los reglamentos, órdenes y normas promulgadas a su amparo, podrá ser sancionada por el Director con multa administrativa que no excederá de veinte mil (20,000) dólares por cada violación. Lo anterior no limita la facultad de la Oficina de Ética Gubernamental de imponer, además de dicha multa administrativa, la sanción de triple daño, según lo autoriza el inciso (b) de este Artículo.
(a) El Director de la Oficina de Ética Gubernamental tendrá facultad para, de su propia iniciativa o a solicitud de persona interesada, eximir del requisito de rendir el informe financiero a una persona desaparecida, fallecida o incapacitada a tal grado que le impida presentar su informe, o de eximir a cualquier persona de incluir en el informe determinados datos, o autorizar alguna modificación en su presentación, si concluye que la aplicación estricta del requisito de ley ocasionaría perjuicio irrazonable al solicitante o a un tercero, y que al hacer la excepción no se frustrarán los propósitos de esta ley.
Artículo 4.8 Custodia y Acceso Público a los Informes Financieros Requeridos por esta ley
(b) Toda persona que obtenga acceso a parte o a la totalidad de un informe de situación financiera radicado ante la Oficina, podrá usar la información así obtenida únicamente para los propósitos relacionados con los fines de esta ley. Cualquier otro uso que haga de la referida información será ilegal.
(b) Si el Director determina que es necesario que se someta información adicional, notificará a la persona que radicó el informe financiero la información adicional que se requiere y le exigirá que someta dicha información adicional dentro de un período no mayor de treinta (30) días, a partir de la fecha de dicha notificación. Si, en su opinión, basado en la información sometida, la persona no está cumpliendo con las leyes y los reglamentos aplicables, así se lo notificará a dicha persona, indicando específicamente los aspectos en que se considera que el informe no cumple con los requisitos de ley. En dicha notificación, el Director le informará a la persona su derecho de presentar su contención por escrito, y, además si así lo interesare solicitar una vista ante la Oficina. Basado en toda la información sometida, el Director preparará una determinación preliminar, la cual notificará a la persona, y le proveerá tiempo razonable para contestar la misma, que no excederá de treinta (30) días.
De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años o hasta cinco mil (5,000) dólares. De mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses un (1) día o hasta mil (1,000) dólares.
2. La persona así convicta quedará inhabilitada para desempeñar cualquier cargo o empleo público sujeto a lo dispuesto en la Sección 3.4 de la Ley 5 del l4 de octubre de l975, según enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.
3. Los delitos establecidos en este artículo prescribirán a los siete (7) años.
4. La persona convicta no tendrá el beneficio de sentencia suspendida.
La Oficina de Ética Gubernamental rendirá al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no más tarde del 30 de junio de cada año, un informe detallado que contenga, entre otra, la siguiente información:
Se asigna a la Oficina de Ética Gubernamental la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para iniciar y llevar a cabo las funciones de esta Oficina durante el año l985 86. En años fiscales subsiguientes, el Gobernador incluirá los cálculos para los gastos corrientes de la Oficina en el Presupuesto sin revisarlos.
Artículo 5.6 Separabilidad de las Disposiciones
* Este documento fue preparado por la Oficina de ética Gubernamental. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley de ética Gubernamental a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dichas leyes.
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