Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-840-10.htm
Timestamp: 2019-07-16 13:41:28+00:00

Document:
C-840-10
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Definición/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
El concepto de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”. Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas”; (ii.) el “’contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan’”; (iii.) “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2º numeral 3º del Decreto 2067 de 1991)”, que sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. Esto último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas; mostrar de manera específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales o de conveniencia. Finalmente, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
La Constitución consagra inequívocamente dos formas de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. La primera forma corresponde a ‘la voluntad responsable de conformarla’. Aquí no hay focalización de un vínculo jurídico para el establecimiento de una familia. La segunda corresponde a la decisión libre de contraer matrimonio: aquí el vínculo jurídico es solemne plasmado el contrato de matrimonio”. Dicha “clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia”.
Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones (…) las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente. Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio. Por lo tanto, sin consentimiento no hay matrimonio y el principio formal del mismo es el vínculo jurídico. En este sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que ‘(E)l contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes...’. El matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal; Ésta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges. De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 numerales 3° y 5° (parciales) de la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, los ciudadanos Julián Duque y Elkin de Jesús Peña solicitaron ante esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años” contenida en los numerales 3° y 5° del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”.
PARÁGRAFO 2º. Si el niño, niña o adolescente tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades exigidas para los guardadores”.
Consideran los demandantes que las expresiones acusadas contenidas en los numerales 3º y 5º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, vulneran los mandatos constitucionales establecidos en los artículos 5, 13, 16, 42, 44 y 45 de la Constitución, el interés superior del menor y las normas internacionales contenidas en “la Declaración de los derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención de la Haya, relativa a las adopciones, el principio pro hómine”.
1.1. El artículo 13 se vulneraría comoquiera que la norma impide a los compañeros permanentes adoptar “tan pronto como deciden unirse y conformar una comunidad de vida permanente y singular”. Desde este punto de vista, la exigencia de acreditar una convivencia de por lo menos dos (2) años, es discriminatoria para los compañeros permanentes y favorece a los cónyuges, quienes pueden adoptar en cualquier tiempo durante la convivencia. Ello es así por cuanto la Constitución (Arts. 5° y 42) establece que la familia goza de protección y amparo especial, ya sea que tenga su origen en un vínculo jurídico o en uno natural. Así, en materia de responsabilidades para con los hijos no existen diferencias por lo que no se puede establecer un trato discriminatorio entre los cónyuges y los compañeros permanentes a la hora de conformar una familia.
La Ley 54 de 1990 estableció el término de dos (2) años de convivencia ininterrumpida para demostrar la sociedad patrimonial de hecho, pero no para demostrar la conformación de la unión. Se debe tener en cuenta que “tan pronto un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular, conforman una unión marital de hecho, tan pronto se unen ipso facto”.
2.1. “¨(…) Resulta inconstitucional e ilógico imponerle dos largos años, para adoptar a ese hijo de hecho que vive bajo su mismo (sic) convivencia y protección. Se debe tener en cuenta que el cónyuge o compañero permanente padre o madre biológica deben dar su consentimiento para que el otro cónyuge o compañero adopte a su hijo; ese consentimiento recordemos que es informado asesorado y cualificado; esa decisión materna o paterna de dar en adopción y permitir que el otro cónyuge o compañero adopte e integre a la familia un hijo que no es de sangre pero sí lo es de hecho, precisamente por ese cariño y afecto que le brinda diariamente, ya que han establecido (entre el posible adoptante y posible adoptivo) una relación verdadera e innegable de compenetración, afecto, conllevando una situación emocional de amor y fraternidad entre padre o madre biológica, el menor de edad y el cónyuge o compañero permanente posible adoptante; esa decisión del padre o madre biológica está en caminada y dirigida verdaderamente a proteger los intereses de su menor hijo, y así brindarle y proveerle a ese menor una familia adoptiva estable, por ello no es dable que esperen dos largos años para que el compañero o cónyuge lo adopte.
Finalmente debe advertirse que, conforme a ese consentimiento que es libre voluntario y autónomo de permitir la adopción por parte del padre o madre de sangre; nunca un cónyuge o compañero permanente que ostente la calidad de padre o madre biológica dará su consentimiento para que adopte a su hijo un cónyuge o compañero que le ofrecerá mal trato, mal ejemplo y mala vida a su menor hijo; nó todo lo contrario si ese padre o madre que ya está conviviendo bajo el mismo techo con el cónyuge o compañero ya sabe y conoce la forma de ser y de actuar de su pareja y por eso da su consentimiento y voluntariamente da en adopción y decide compartir con su compañero por el resto de su vida y bajo el mismo techo, el lazo de filiación de su hijo, brindándole ambos educación, amor, y formación integral, por ello imponer la carga de dos años resulta lesivo e ilógica para con el menor de edad y los compañeros permanentes o cónyuge”.
4. Manifiesta que la norma acusada vulnera disposiciones internacionales como la Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, sin que exponga el concepto de la violación de esos preceptos internacionales. No obstante, solicita la aplicación del principio pro homine, dado que “las normas internacionales deben aplicarse a favor de la persona y no del Estado, en este caso que la norma y requisitos para adoptar se apliquen de manera más favorable en pro de la familia, compañero permanente y los niños, niñas y adolescentes”.
Afirma que “resulta razonable la exigencia del término de dos años de convivencia entre los compañeros permanentes para que puedan adoptar, porque dada la naturaleza del vínculo (unión libre o unión marital de hecho) este término implica la debida seriedad del compromiso, en ausencia del compromiso formal que existe entre los cónyuges desde el momento de la celebración del matrimonio, máxime cuando está de por medio la protección superior del menor objeto de adopción”.
En conclusión, no se desconoce la igualdad de derechos entre cónyuges y compañeros permanentes para conformar la familia, sino que, dada la naturaleza del vínculo entre compañeros, meramente voluntaria, que no implica el nacimiento formal de un compromiso entre ambos y frente a terceros desde el mismo momento en que toman la decisión de conformar la familia constituida por ellos en su conjunto, como sí ocurre con los cónyuges, quienes desde el momento del matrimonio adquieren ese compromiso formal, por ello, si bien ambas parejas pueden conformar una familia adoptiva, las condiciones para unos y otros es diferente, dada la seriedad del compromiso y la naturaleza del vínculo. Es decir, tienen los mismos derechos pero las condiciones para ejercerlos pueden ser diferenciadas por el legislador…”.
Cuando la Corte Constitucional en la sentencia C-477 de 1999, moduló la constitucionalidad de anteriores disposiciones sobre adopción contenidas en el antiguo Código del Menor, a que tales disposiciones también se apliquen a los compañeros permanentes, no restringió las facultades del legislador para establecer un tiempo mínimo de convivencia entre compañeros permanentes para ejercer el derecho de adopción en igualdad de condiciones que los cónyuges, “dada la seriedad del compromiso y la naturaleza del vínculo, como criterio de diferenciación fijado por la Corte en la sentencia C-029 de 2009…”.
1.2.3. Sostiene que hay una diferencia esencial entre el matrimonio y la unión marital de hecho prevista en la Ley 54 de 1990, consistente en que en el matrimonio la pareja está jurídicamente vinculada, en tanto que en la unión libre “los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio en cambio las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que puede llegar a extinguirse por divorcio y este a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico”.
La disposición acusada busca establecer una garantía de estabilidad teniendo en cuenta las características propias de su origen o conformación de la unión marital de hecho, a fin de proteger los intereses del menor de edad más allá del concepto de igualdad familiar. “Persigue brindar un escenario familiar en lo posible estable, adecuado y cuando menos en óptimas condiciones emocionales y sicológicas que favorezcan el normal desarrollo del niño, niña o adolescente, un ambiente familiar sano y desprovisto de los sobresaltos de una unión simplemente pasajera”.
La apoderada de este Ministerio sostiene que concurre ante la Corte “a exponer las razones que justifican la legalidad de la norma demandada”.
Destacan como punto de partida del análisis el hecho de que en el régimen legal colombiano se equiparó – mediante la Ley 54 de 1990- el régimen de las parejas vinculadas mediante el matrimonio a las que lo hacen mediante la unión marital de hecho. De esta manera el Estado transitó de una concepción única de familia a una más amplia, menos segregadora y “más ajustada a la idiosincracia de la sociedad colombiana”. La única excepción, agregan, a la igualdad entre estos dos tipos de parejas, tiene que ver con la situación patrimonial.
Los dos años de convivencia “como requisito para adoptar no resulta consecuente con la naturaleza de la unión marital de hecho como instituto jurídico concebido para ampliar el concepto de familia en Colombia. Dicho requisito de dos años tiene solamente sustento en la extensión de efectos patrimoniales…”.
Identifican así un criterio diferenciador en perjuicio de las parejas bajo el régimen de la unión marital de hecho, pero adicionalmente refieren “un perjuicio contra los menores en condición de adaptabilidad, a quienes se les niega la posibilidad de ser adoptados por parejas que estando en una convivencia permanente y singular así lo quieran”, lo cual iría en contravía de la cláusula de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de la especial protección que la Constitución y los tratados internacionales establecen a favor de este “grupo particular de la población en permanente estado de debilidad manifiesta”.
Sostienen que la medida que la norma prevé no es idónea para conseguir fines constitucionalmente imperiosos, como la satisfacción de los intereses superiores de los menores, comoquiera que el requerimiento más riguroso para un grupo determinado de la población que pretende adoptar, desincentiva la adopción como mecanismo de restablecimiento de los derechos de estos sujetos de especial protección. Y agregan que “si el objetivo de la disposición subjudice es garantizarle a los menores la estabilidad en el núcleo familiar receptor, de ninguna forma influye u otorga mayor certeza que dicho núcleo esté constituido por una pareja unida bajo el vínculo matrimonial, toda vez que el divorcio, así como la interrupción de la comunidad de vida, en cualquier momento se puede presentar. Incluso, a partir de la vigencia de la Ley 962 de 2005, basta con un trámite notarial y el acuerdo de los cónyuges para dar por terminado el vínculo matrimonial”. Así, a su juicio, no parece razonable argumentar que una pareja unida por matrimonio otorga mayor garantía de estabilidad que una unión marital de hecho.
El trato desigual contemplado en la norma enjuiciada resulta así mismo innecesario, toda vez que el requisito adicional que determina la diferenciación no garantiza la estabilidad familiar del niño, niña o adolescente. Por el contrario, “la descalificación de un grupo conformado por la uniones maritales de hecho” configura un perjuicio a los intereses superiores del menor en cuanto restringe la opción de ser adoptados por parejas unidas de hecho.
Se trata en consecuencia de un trato diferenciado desproporcionado entre los dos tipos de parejas que aspiran a adoptar, en tanto “imponen cargas excesivas al ejercicio mismo de derechos constitucionales como la libre y responsable elección de conformar una familia por vínculos diferentes al matrimonio y la libre y responsable elección respecto al número de hijos, y de otro lado desconoce los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes en los términos planteados a lo largo de este capítulo”.
1. El interés superior del niño constituye una garantía constitucional que se debe materializar en normas adecuadas a su específica condición de personas con necesidades y expectativas propias, y en esa medida son titulares de una protección reforzada. Este principio debe guiar las políticas públicas y las prácticas administrativas y judiciales. “Estas se deben planear y realizar (…) sobre la base de una adecuada ponderación de los derechos de los niños afectados, de los que se puedan afectar. Se debe asegurar la máxima satisfacción posible de los derechos de los niños y la menor restricción de los mismos, tanto desde el punto de vista del número de derechos afectados como desde el punto de vista de su importancia relativa”.
2. La adopción es ante todo una medida de especial protección de los niños orientada a satisfacer su derecho prevalente a tener una familia y a no ser separados de ella. Esta institución pretende garantizar al niño en situación de abandono un hogar estable, en el que pueda desarrollarse de manera armónica e integral. De tal manera que no existe un derecho constitucional a adoptar, comoquiera que si bien los potenciales padres tienen una expectativa legítima de consolidar libre y responsablemente una relación paterno – filial, de la que no gozan por naturaleza, la misma no los faculta para reclamar que se regule la adopción con los mismos criterios de la formación de una familia biológica, ya que se trata de fenómenos distintos, como tampoco para imponer su expectativa sobre el interés superior del menor.
4. Para el Ministerio Público el objeto y fin de la distinción introducida por la norma bajo análisis, tiene pleno asidero en la Constitución, comoquiera que la adopción es una institución que busca proteger al menor y salvaguardar sus derechos e intereses, y no un derecho de los potenciales adoptantes. “No es posible predicar en este caso una identidad de hipótesis que imponga al legislador la obligación de dispensar un tratamiento jurídico idéntico a los cónyuges y compañeros permanentes, por cuanto al observar el fundamento teleológico de la adopción, no puede resultarle a este indiferente el tipo de familia dentro de la cual autoriza insertar al menor de edad adoptable, pues tiene la obligación prevalente de proveerle aquella que mejor se ajuste al concepto acogido por la propia Carta”.
En ejercicio de su autonomía de configuración normativa el legislador estableció el requisito de dos años de cohabitación, en el caso de las parejas en unión marital de hecho, “para contrarrestar la informalidad que rige este tipo de unión, que acarrea para el menor de edad expósito o abandonado el riesgo de ser adoptado por una pareja inestable, la cual eventualmente se puede desintegrar y al hacerlo evada sus obligaciones de cuidado y amor, y también las económicas que cada uno de sus miembros adquiere en relación con él”.
Finalmente, recuerda la Procuradora (E) que a tono con lo establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se debe tener en cuenta la opinión del menor de edad sobre su eventual adopción por parte del cónyuge o compañera marital permanente del padre o madre biológicos, “para lo cual le debe ser proporcionada la información, asistencia y atención necesarias, a fin de facilitarle los elementos necesarios para crearse un juicio propio sobre el alcance de los efectos de dicha medida en su vida, de acuerdo con su nivel de desarrollo intelectual y emocional”.
Sugiere la exequibilidad simple de la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por los menos dos (2) años”, contenida en el numeral 3° del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, y la exequibilidad condicionada de la misma expresión del numeral 5° “bajo el entendido que se debe consultar y atender el consentimiento del niño, niña o adolescente a ser adoptado, según su nivel de desarrollo volitivo, el cual debe ser manifestado ante el Defensor de Familia, quien debe informarle, adecuadamente sobre las consecuencias e irrevocabilidad de su decisión”.
2.1. Los actores dirigen su demanda contra la misma expresión, “que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en dos preceptos que regulan situaciones jurídicas distintas relacionadas con la definición legal de las personas que pueden adoptantar.
El primero de ellos, el numeral 3º del artículo 68, contempla la posibilidad de que los compañeros permanentes se postulen conjuntamente para adoptar a un menor respecto del cual ninguno de los adoptantes tiene vínculo materno o paterno filial. La segunda norma, contenida en el numeral 5º del mismo artículo, se refiere a aquellos eventos en los que quien aspira a ser adoptante – individualmente - es el cónyuge, compañero o compañera permanente, respecto de la hija o hijo biológicos de su pareja. En ambos eventos previó el legislador el requisito temporal de por lo menos dos años de convivencia ininterrumpida, como exigencia adicional a las contempladas en el enunciado del artículo, relativas a la edad, a la idoneidad física, mental, moral y social suficiente para proporcionar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente.
2.3 De otra parte, en relación con el numeral 5º del artículo 68 aducen que “resulta inconstitucional e ilógico” imponer al cónyuge, compañero o compañera permanente, la condición de acreditar mínimo dos largos años de convivencia para postularse como adoptante del hijo o hija de su pareja, toda vez que esta decisión del padre o madre biológicos “está en caminada y dirigida a brindarle y proveerle a ese menor una familia adoptiva estable”.
Destacan la importancia del consentimiento informado del padre o madre del adoptable como garantía de que la adopción será la mejor alternativa para el menor dado que “nunca un cónyuge o compañero permanente que ostente la calidad de padre o madre biológica dará su consentimiento para que adopte a su hijo un cónyuge o compañero que le ofrecerá mal trato, mal ejemplo y mala vida a su menor hijo”. En esa misma línea de argumentación manifiestan que la norma impone una carga que “resulta ilógica para con el menor de edad y los compañeros permanentes y cónyuge”, como quiera que “han establecido (el posible adoptante y el posible adoptivo) una relación verdadera e innegable de compenetración, afecto, conllevando una situación emocional de amor y fraternidad entre padre o madre biológica, el menor de edad y el cónyuge o compañero permanente posible adoptante”.
El concepto de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”. Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas”[6]; (ii.) el “’contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan[7]’”; (iii.) “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2º numeral 3º del Decreto 2067 de 1991)”, que sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
Tal motivación, aunque breve y puntual, provee argumentos específicos para contrastar el contenido normativo acusado con los preceptos superiores que se invocan como parámetros del juicio de constitucionalidad, y reúne la necesaria suficiencia para provocar un pronunciamiento de mérito sobre la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años contenida en el numeral 3º del artículo 68 del Código de la Ley de la Infancia y la Adolescencia.
3.2.2. No ocurre lo mismo con la censura que se dirige contra el numeral 5º del artículo 68 parcialmente acusado. Pese a que se enuncian como preceptos vulnerados los mismos artículos 13, 42, 44 y 45 de la Carta, lo demandantes no exponen con claridad las razones del aducido quebrantamiento. Su planteamiento en torno a esta acusación se contrae a hacer una emotiva e idealizada defensa de esta modalidad de adopción, destacando los incontables beneficios que, en el plano afectivo y emocional, recibiría el hijo o hija del cónyuge o compañero permanente que fuere recibido en adopción por su pareja. Atribuye a la norma una serie de consecuencia que no se derivan de su contenido normativo como “la verdadera e innegable relación de compenetración” afecto y fraternidad que se desarrollaría entre el padre o madre biológica, el menor y el compañero o cónyuge adoptante. Esta clase de argumentación despoja de certeza la formulación de los cargos.
En suma, las razones expuestas por los demandantes, respecto de este aparte de la demanda, para fundamentar un supuesto quebrantamiento de los artículos 13, 42, 44 y 45, no reúne los atributos que exige un cargo de inconstitucionalidad. En particular carecen de la certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, necesarios para provocar un pronunciamiento de mérito en relación con la censura formulada contra la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en el numeral 5º del artículo 68 del Código de la Ley de la Infancia y la Adolescencia.
5.2. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha decantado unos parámetros generales que contribuyen a establecer criterios definidos para el análisis de situaciones específicas que involucran los derechos de menores. En efecto, se han fijado dos condiciones a verificar: unas de naturaleza fácticas y otras de índole jurídica, que contribuyen a determinar el grado de bienestar del menor. Dentro de las fácticas se han ubicado“–las circunstancias específicas del caso, visto en su totalidad y no atendiendo a aspectos aislados–,” y en cuanto a las jurídicas se prevén “–los parámetros y criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar infantil–.”[12]
En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, dispone en su artículo 3-1 que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”; y en el artículo 3-2, establece que “los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 24-1 que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”, en el mismo sentido que el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, y que el artículo 10-3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ordena: “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”.
También el Principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone que los niños gozarán de especial protección, y serán provistos de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad. Para ello, precisa la Declaración, las autoridades tomarán en cuenta, al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior del menor como su principal criterio de orientación; e igualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25-2, establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
Así, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales e internacionales citadas, la Corte Constitucional ha señalado que “los criterios que deben regir la protección de los derechos e intereses de los menores que comprende la garantía de un desarrollo armónico e integral son: i) la prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de las medidas de protección que su condición de menor requiere; iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y en condiciones de libertad y dignidad.”[16]
“(…) La vulneración del derecho a la familia constituye una amenaza seria contra derechos fundamentales como el de la integridad física, la salud, a crecer en un ambiente de afecto y solidaridad, a una alimen­tación equilibrada, a la educación, a la recreación y a la cultura. Un niño expósito no sólo es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas, sino que está en una circunstancia especial de riesgo respecto de fenómenos como la violencia física o moral, la venta, el abuso sexual, la explotación laboral o económica y el sometimiento a la realización de trabajos riesgosos. En síntesis, el derecho a formar parte de un núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental que goza de especial prelación, constituye una garantía esencial para asegurar la realización de otros derechos fundamentales de la misma entidad, consagrados en el artículo 44 de la Carta”.[17]
5.5. En el caso de la adopción, la jurisprudencia constitucional ha reconocido esta figura como un mecanismo orientado primordialmente a satisfacer el interés superior del menor cuya familia no provea las condiciones necesarias para su desarrollo, mediante su ubicación en un núcleo familiar apto: “se desprende del derecho a tener una familia y no ser separado de ésta que en caso de que la familia natural no le brinde al menor el cuidado que merece procede la adopción como forma de garantizarlo. Así, quienes no son padres biológicos contraen por ministerio de la ley las obligaciones que tiene un padre natural. El hijo a su vez encuentra en este nuevo núcleo no natural a la que de ahora en adelante será su familia, a la cual pertenecerá y de la cual no debe ser separado”.[18] En el mismo sentido, se ha afirmado que la adopción “persigue el objetivo primordial de garantizar al menor que no puede ser cuidado por sus propios padres, el derecho a integrar de manera permanente e irreversible, un núcleo familiar.”[19]
De este modo, la adopción es concebida fundamentalmente como una institución establecida en beneficio del menor adoptable y para su protección. Y si bien permite que personas que no son padres o madres por naturaleza lleguen a serlo en virtud del parentesco civil, posibilitándoles a ellos el ejercicio de varios derechos como el conformar una familia, el del libre desarrollo de la personalidad, etc., no persigue prioritariamente este objetivo, sino el de proteger al menor de la manera que mejor convenga a sus intereses, aplicando en ello el artículo 44 de la Carta[20]. Esto ha permitido concluir a la Corte que “dada su naturaleza eminentemente protectora, el proceso de adopción debe estar orientado ante todo por la búsqueda del interés superior del menor,[21] el cual se debe aplicar como parámetro de interpretación de todas las normas aplicables”[22].
6.1.2. En pronunciamientos anteriores, esta Corporación ha definido la familia “como aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes mas próximos”[26]. La familia, originada en vínculos naturales, se constituye así a partir de la unión afectiva que surge entre sus miembros, mientras que la institución jurídica tiene su fuente originaria en el matrimonio, siendo éste el mecanismo a través del cual la unión ingresa a un régimen legal.
La institución de la familia ha sido considerada igualmente como un “presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura familiar, ya que ‘[e]s la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen.”[27]
6.1.2. De acuerdo con esta perspectiva, el derecho internacional, en diversos instrumentos (declaraciones, pactos y convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales), se refiere a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” y le asigna a los estados y a la sociedad la responsabilidad de protegerla y asistirla. Tal consideración aparece contenida, entre otros instrumentos internacionales, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10°) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (art. 17); los cuales se encuentran incorporados a nuestro derecho interno por haber sido suscritos, aprobados y ratificados por el Estado colombiano.
Así, en la Sentencia C-595 de 1996[30], la Corte indicó que la Constitución consagra inequívocamente dos formas de constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. La primera forma corresponde a ‘la voluntad responsable de conformarla’. Aquí no hay focalización de un vínculo jurídico para el establecimiento de una familia. La segunda corresponde a la decisión libre de contraer matrimonio: aquí el vínculo jurídico es solemne plasmado el contrato de matrimonio”[31]. Dicha “clasificación no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia”[32].
El noveno inciso del artículo mencionado, determina que ‘Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derecho de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo se rigen por la ley civil’. Nada semejante se prevé en relación con la unión marital de hecho, precisamente por ser unión libre”[33].
“Según el inciso décimo, ‘Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley’. Obsérvese que la atribución de efectos civiles a los matrimonios religiosos, no está sometida a lo que disponga la respectiva religión. No: esos efectos se dan ‘en los términos que establezca la ley’. Y esta norma es aplicable sólo al matrimonio.
De conformidad con el inciso décimo primero, del mismo artículo 42, ‘Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil’. Esta es otra norma sólo aplicable al matrimonio, que nada tiene que ver con la unión marital de hecho.
Y lo mismo puede decirse del inciso décimo segundo, según el cual ‘También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley’. Si bien en el plano puramente teórico podría pensarse en la nulidad de la unión marital de hecho, por ejemplo, por la fuerza que uno de los compañeros ejerciera sobre el otro para iniciar o mantener tal unión, es claro que una autoridad religiosa no sería la llamada a decidir sobre tales hechos, por sentencia que produjera efectos civiles”[34].
“Las diferencias son muchas, pero una de ellas es esencial y la constituye el consentimiento que dan los cónyuges en el matrimonio al hecho de que la unión que entre ellos surge sea una unión jurídica, es decir una unión que en lo sucesivo tenga el carácter de deuda recíproca. La unión que emana del consentimiento otorgado por ambos cónyuges, hace nacer entre ellos una serie de obligaciones (…) las cuales son exigibles por cada uno de ellos respecto del otro, y que no terminan sino por la disolución del matrimonio por divorcio o muerte o por su declaración de nulidad. Entre ellas, las más relevantes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Algunas de las obligaciones derivadas de este vínculo jurídico comprometen a los cónyuges incluso después del divorcio, como las que conciernen a la obligación alimentaria a favor del cónyuge inocente.[36]
Así, este consentimiento respecto de un vínculo que es jurídico, es lo que resulta esencial al matrimonio. Por lo tanto, sin consentimiento no hay matrimonio y el principio formal del mismo es el vínculo jurídico. En este sentido el artículo 115 del Código Civil expresa que ‘(E)l contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes...’. El matrimonio no es pues la mera comunidad de vida que surge del pacto conyugal; Ésta es el desarrollo vital del matrimonio, pero no es lo esencial en él. La esencia del matrimonio es la unión jurídica producida por el consentimiento de los cónyuges.
De lo anterior se deducen conclusiones evidentes: en primer lugar, que el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas. La unión libre, en cambio, sí se produce por el solo hecho de la convivencia y en ella los compañeros nada se deben en el plano de la vida en común, y son libres en la determinación de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja. En el matrimonio, en cambio, las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges[37], es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”.
6.2.5. Siguiendo esta interpretación, en la que se destaca la diferencia que la propia Constitución establece entre la institución del matrimonio y la unión marital de hecho, la Corte ha afirmado que “una es la situación jurídica de los cónyuges, y otra diferente, la de los compañeros permanentes”[38]. A partir de esta premisa ha considerado que no es contrario al principio de igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el matrimonio y para la unión marital de hecho, siempre que éstas tengan un carácter objetivo y razonable y no resulten discriminatorias.
“Como se ve, no se quebranta el principio de igualdad consagrado en la Constitución, cuando se da por la ley un trato diferente a quienes están en situaciones diferentes, no sólo jurídica sino socialmente. No se olvide, como se ha dicho, que cónyuges y compañeros permanentes, tienen un estado civil diferente, según lo prevé el último inciso del artículo 42 de la Constitución. Y que el estado civil, como se ha dicho, trae consigo derechos y deberes, acordes con él y fijados por el legislador, según la evolución social.”
Dicha posición fue reiterada por la Corte en la Sentencia C-1033 de 2002 al precisarse en ella que, tratándose del matrimonio y la unión marital de hecho, “el juicio de igualdad deberá tener en cuenta las particularidades de la norma o situación fáctica sometida a consideración, tendientes a constatar si existe discriminación entre cónyuges y compañeros permanentes, pero sin soslayar las diferencias existentes entre el matrimonio y la unión marital de hecho.”
La Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, redujo a dos (2) años el tiempo de convivencia ininterrumpida que los compañeros permanentes deben acreditar para postularse conjuntamente como potenciales adoptantes (Art. 68 num. 3º). Adoptó un criterio temporal similar al requerido para presumir la existencia de sociedad patrimonial de hecho. Este mismo parámetro temporal y probatorio – la acreditación de una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos años - fue extendido por el legislador de 2006 a otras situaciones que requieren la demostración de una cierta estabilidad y de un ánimo de permanencia o de conocimiento mutuo ya sea entre la pareja que acude a adoptar de manera conjunta, o entre adoptante y adoptivo. En este sentido estableció el mismo requisito de acreditación de convivencia ininterrumpida para el cónyuge o compañero permanente que decida adoptar al hijo o hija de su pareja (Numeral 5º Art. 68). Así mismo extendió este parámetro temporal al adoptante del mayor de edad, quien puede postularse como tal cuando hubiere tenido al adoptado bajo su cuidado personal “por lo menos dos años antes de que este cumpliera dieciocho (18) años (Art. 69).
Los ponentes del proyecto de ley que dio origen al Código de la Infancia y de la Adolescencia justificaron la inclusión de este parámetro temporal de dos años de convivencia, referido a diversas situaciones relacionadas con la adopción y respecto de diferentes actores, señalando que: “Se amplían los requisitos para adoptar para hacer dar seguridad a la figura de la adopción”[40].
7.3. En conclusión, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menor dos (2) años”, contenida en el numeral 3° del artículo 68 la Ley 1098 de 2006, en razón a que propende por la satisfacción del interés superior del menor que se encuentra en situación de adoptabilidad, comoquiera que se orienta a proveer a las autoridades de un criterio objetivo, que junto con otros elementos, le permite valorar el grado de estabilidad, o de conocimiento de la pareja que aspira a adoptar. El requisito censurado no establece un trato discriminatorio para los compañeros permanentes y un correlativo privilegio para los cónyuges postulantes como adoptantes, toda vez que ha sido establecido también para otro tipo de situaciones y en relación con otros actores que se postulan para adoptar como es el caso del cónyuge en relación con el hijo o hija de su pareja, o del adoptante de persona mayor de edad. Además se trata de una medida que se funda en el reconocimiento de la legitimidad de la diversidad de fuentes para la constitución de la familia (vínculos jurídicos y naturales), y en la corroboración de que la naturaleza y efectos diversos que la Constitución les reconoce a los diversos tipos de unión, permite a su vez regulaciones disímiles.
Primero. Declararse INHIBIDA, por ineptitud sustantiva de la demanda, para emitir pronunciamiento de fondo sobre la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en el numeral 5° del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006.
Con el acostumbrado respeto, a continuación expongo las razones que me llevaron a salvar el voto en la presente sentencia. Para la mayoría, (i) la demanda era inepta frente al cargo contra la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en el numeral 5° del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006; y (ii) exequible la expresión “que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años”, contenida en el numeral 3° del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006.
En mi concepto, era necesario hacer una integración normativa de la disposición demandada, con el numeral 2 del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006. A pesar de que el demandante sólo cuestionó parcialmente el numeral 3 del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, la Sala no debió desconocer la estrecha relación que existe con el numeral 2, al regular la materia, puesto que el tratamiento irrazonable – la distinción entre matrimonio y unión marital de hecho para efectos de la adopción conjunta, se observaba al comparar el numeral 3 con lo preceptuado en el numeral 2 para los cónyuges, a quienes la norma les permite adoptar conjuntamente, sin exigirles un término mínimo de convivencia.
[1] La expresión “física” fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-804 de 2009.
[8] Constitución Política, art. 44; Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3-1; Ley de Infancia y Adolescencia, artículos 6°, 8° y 9°. : “Las personas y las entidades tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés superior del menor”. || Código del Menor, artículo 22: “La interpretación de las normas contenidas en el presente código deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor”.
[13] Ley 1098 de 2006, Artículo 6o. Reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. ║ La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas. ║ Artículo 8o. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. ║ Artículo 9o. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. ║ En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
[14] La Convención sobre Derechos del Niño establece en el artículo 3-2 que “los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley” En igual sentido, el artículo 5 de la Convención sobre Derechos del Niño dispone que “los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención.” Ver también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
[21] En ese sentido, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional” establece en el preámbulo que en todo proceso de adopción, el interés superior del menor debe constituir la principal consideración; a su vez, el artículo 14 de esta Declaración establece que al decidir sobre procesos de adopción, se debe procurar la ubicación del menor en el ambiente más apropiado para su desarrollo.
[30] En esta sentencia la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “ilegítimo” referida al parentesco, contenida en los artículos 38, 39 y 48 del Código Civil, ratificando así la jurisprudencia sobre imposibilidad de trato discriminatorio por el origen familiar.
[36] Cfr. Código Civil artículo 411 numeral 4°.
[37] Cfr. Código Civil art. 154 numerales 8° y 9°.
[39] Ni el Código Civil, ni la Ley 140 de 1960, ni la Ley 5ª de 1975 que modificó el Título XIII del Libro 1º del Código Civil, contemplaban la posibilidad de que quienes convivían en unión marital de hecho concurrieran conjuntamente a adoptar.
[40] Gaceta del Congreso de la República No. 887. Diciembre 9 de 2005. Informe de ponencia para primer debate en Cámara al Proyecto de Ley No. 085 de 2005. Pag. 17.

References: artículo 115
 artículo 68
 artículo 241
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 42
 artículo 115
 artículo 42
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 22
 Artículo 6
 Artículo 8
 Artículo 9
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 411