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Timestamp: 2019-05-20 07:53:38+00:00

Document:
Confianza legítima - Chile
Corte Suprema, 27 de octubre de 2005. Corte de Apelaciones de Antofagasta (30 de septiembre de 2005). Sibilia Contreras, Elizabeth y otro con Municipalidad de Antofagasta y otro (recurso de protección) Mejor documento
Páginas: 1084-1092
MEDIDA DE PROTECCIÓN: Se ordena a recurridos dejar sin efecto cancelación de patentes que se indican y al Departamento de Rentas girar los derechos correspondientes a las referidas patentes y percibir dichos valores al ser pagado por los contribuyentes. DOCTRINA. Si bien toca a la Administración permitir el ejercicio de determinados derechos de los particulares comprobando previamente el cumplimiento por éstos de las exigencias que impone la ley, ello no exime a la autoridad de someterse al imperio de la Constitución y las leyes dictadas en su conformidad. Una solicitud de aprobación de transferencias de patentes de alcohol y comercial de un establecimiento presentada en el inicio del año 2003 y habiendo admitido el pago de ellas durante el período comprendido entre el año 2003 y primer semestre del año 2005 sin impedimento alguno por parte de la Municipalidad recurrida, no puede legítimamente ser cancelada dos años después si consta que fue informada positivamente por la unidad de inspección y control de la corporación edilicia. La excesiva dilación administrativa en que ha incurrido la recurrida para pronunciarse formalmente sobre una solicitud de aprobación de una transferencia gratuita de patentes municipales, aprobada tácitamente al recibir los pagos de ellas sin observación alguna durante dos años, no puede perjudicar de manera alguna al requirente, y menos hacerle aplicable retroactivamente una legislación dictada dos años después de su presentación. El principio de la confianza legítima tiene plena aplicación en la actividad de la Administración del Estado, siendo una manifestación de la más amplia noción de la seguridad jurídica y de certeza de la situación de cada ciudadano y en la cual se basan los derechos que la propia Constitución reconoce y ampara en su artículo 10 Nos 2º, 3º, 16, 20 y 22. Una conducta como la impugnada es ilegal desde que aplica retroactivamente una norma sustantiva y, además, arbitraria, en la medida que carece de fundamentación debida una decisión adoptada luego de transcurridos más de dos años en los cuales se aceptaron los pagos respectivos.* __________ Voces: Cancelación de patentes de alcohol y comercial – Acto ilegal y arbitrario – Transferencia gratuita de patentes – Aceptación de corporación edilicia (informes internos) – Recepción municipal de obras menores (extravío en Municipalidad de certificados correspondientes) – Ausencia de acto administrativo formal y debidamente notificado – Conocimiento de cancelación de patentes al impedírsele a recurrente pago de ellas (no obstante haberse pagado ellas durante dos años anteriores sin impedimento alguno) – Titular de patentes – Departamento de Rentas Municipales – Descoordinación administrativa – Exigencias a comerciantes no previstas en la ley – Aplicación errónea de la ley (art. 1º transitorio Ley Nº 19.925: se reconocen derechos adquiridos) – Vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 Nº 2 de la Constitución) – Dilaciones excesivas en actuación administrativa (no pueden perjudicar a peticionarios que ejercen actividad comercial cotidiana) – Confianza legítima (principio de derecho que resulta de la seguridad jurídica/certeza, y que fundamenta diversas garantías individuales) – Aplicación de precepto legal dictado más de dos años de presentada solicitud sin que ésta se resolviera formalmente (si bien resuelta en los hechos) – Retroactividad improcedente de norma legal (arbitrariedad e ilegalidad de actuación administrativa).
Resolución núm. 33 EXENTA, publicada el 28 de Agosto de 2015. RESUELVE SOLICITUD DE INVALIDACIÓN ADMINISTRATIVA PARCIAL DEL DECRETO SUPREMO Nº 14, DE 14 DE FEBRERO DE 2012, DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, QUE FIJA TARIFAS DE SUBTRANSMISIÓN Y DE TRANSMISIÓN ADICIONAL Y SUS FÓRMULAS DE INDEXACIÓN
Dictamen nº 38064 de Contraloría General de la República, de 16 de Agosto de 2006
La Dirección General de Aguas debe dejar invalidar resoluciones que denegaron solicitudes de aprovechamiento de aguas subterráneas, en calidad de permanentes requeridas por empresas en 1998. Ello, puesto que conforme a la normativa vigente a la época de presentación de tales solicitudes, debe distinguirse entre la existencia y la disponibilidad de aguas subterráneas.Para determinar la existencia de esas aguas, se debe comprobar, mediante las pericias técnicas correspondientes, que la obra de captación entregue el caudal o flujo requerido expresado en volumen por unidad de tiempo. Así, la existencia, se verifica en el alumbramiento que realiza cada interesado en su captación individual, y en el procedimiento administrativo es sólo esta existencia de aguas la que según la ley cabe probar por dicho solicitante, y no puede exigírsele más pruebas y requisitos al compareciente, como es la comprobación de la disponibilidad global, a nivel de acuífero, que es algo que debe establecer el organismo respectivo de la Administración, mediante los estudios y mecanismos correspondientes. Así, es esa existencia y comprobación lo que fija el art/60 del Código de Aguas como obligación del interesado para que él pueda solicitar y eventualmente obtener la constitución del derecho respectivo. El concepto legal de disponibilidad de las aguas, es más amplio, e incumbe comprobar al órgano administrativo, mediante estudios, realizando, en su caso, las declaraciones que correspondan. Estos estudios y declaraciones, por necesidad de respeto del principio de la confianza legítima del administrado en las actuaciones de la Administración, deben ser previos a las denegaciones de las solicitudes, por lo que la Dirección General de Aguas sólo podrá rechazar una solicitud de derecho de aprovechamiento fundándose en la falta de disponibilidad del recurso a nivel de acuífero, cuando previamente haya declarado área de restricción o zona de prohibición del mismo, pues en tal caso habrá probado la indisponibilidad. Del mismo modo, los terceros opositores, en sus oposiciones deben probar aquella. Si estos mecanismos de declaraciones y cumpliendo las bases y principios de la ley 19880, dirigidas a establecer efectos generales a la restricción o prohibición de acceso a los derechos en un acuífero, no han operado, en virtud de la certeza jurídica y del principio de la confianza legítima, los administrados sólo pueden considerar que las aguas están "disponibles" para ser solicitadas en aprovechamiento particular, y una vez comprobada su existencia en la respectiva captación, sólo cabe constituir los derechos respectivos. Además, dicha restricción o prohibición opera solo hacia el futuro, o sea, la Dirección puede rechazar las solicitudes de aprovechamiento de aguas cuando éstas se hayan presentado con posterioridad a las declaraciones antedichas. No procede aplicar el artículo 147 bis, inciso quinto, del Código de Aguas, a las solicitudes de derechos pendientes a la fecha de entrada en vigencia de la ley 20017, esto es, al 16/6/2005, dado que el artículo 1 transitorio de esta ultima ley no establece la aplicación retroactiva de dichas solicitudes pendientes de todas las nuevas disposiciones de fondo incorporadas al Código aludido, en relación a la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, sino que única y exclusivamente de aquellas normas referidas a requisitos de forma de las peticiones y a la aplicación del procedimiento de remate. Consecuentemente, no corresponde que la Dirección General de Aguas, deniegue solicitudes en trámite presentadas antes de esa fecha por incumplimiento de los nuevos requisitos que establece el referido artículo 147 bis, inciso quinto.
Causa nº 293/2013 (Casación). Resolución nº 76957 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 14 de Octubre de 2013
Dictamen nº 12821 de Contraloría General de la República, de 20 de Febrero de 2014
La Conaf no ha cometido infracción a los principios de buena fe y confianza legítima en los procedimientos que se indican.
Dictamen nº 51775 de Contraloría General de la República, de 14 de Agosto de 2013
El ejercicio de la potestad invalidatoria se encuentra limitado por el principio de confianza legítima de los particulares en la Administración.
Causa nº 11786/2014 (Otros). Resolución nº 205811 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 3 de Septiembre de 2014
Causa nº 13179/2013 (Otros). Resolución nº 53558 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 26 de Marzo de 2014
Causa nº 2614/2015 (Casación). Resolución nº 91027 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 16 de Junio de 2015
Causa nº 8079/2015 (Apelación). Resolución nº 192071 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Noviembre de 2015
Causa nº 7567/2012 (Otros). Resolución nº 126800 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 19 de Diciembre de 2013
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA. En caso de que por cualquier motivo sea necesario cambiar la ubicación de estas instalaciones del lugar en que fueron autorizadas, este traslado será hecho por cuenta exclusiva del respectivo propietario o en las condiciones que se hayan fijado al otorgar el permiso o contrato de concesión respectivo. Se desestima la casación.
Actualidad sobre «Confianza legítima»
Diario Constitucional y Universidad Mayor realizarán Seminario
La Escuela de Derecho de la Universidad Mayor y el Diario Constitucional realizarán, este Miércoles 31 de Mayo, en el Auditorio del Campus Manuel Montt, el Seminario: "Trato del Estado con sus Funcionarios: Tutela de Derechos Fundamentales, Confianza Legítima y otros Tópicos". La cita tiene carácter gratuito, y contará con la participación de destacados expositores. El objetivo es analizar diferentes estatutos funcionarios que conviven al interior de la administración del Estado, entre otros. Ver Invitación e Inscripción.
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References: artículo 10

Resolución 
 artículo 147
 artículo 1
 artículo 147
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