Source: https://www.hrw.org/legacy/spanish/inf_anual/2003/cuba.html
Timestamp: 2019-05-22 08:59:52+00:00

Document:
human rights watch | informe anual 2003 (sucesos de 2002)
(New York: Human Rights Watch, 2003)
Con la visita del ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter en mayo, los cubanos fueron expuestos a un debate público sin precedentes sobre democracia y derechos humanos. Sin embargo, al no emprenderse ninguna reforma de caracter legal o institucional, Cuba continuó constituyendo un caso único en la región, principalmente debido a la falta de democracia y al actitud de intolerancia del gobierno hacia la disidencia interna.
La situación de derechos humanos
La falta de democracia y la intolerancia frente a la disidencia interna continuaron siendo un caso único en la región.
El momento más destacado en los cinco días de visita del Presidente Carter a Cuba fue su discurso en la Universidad de La Habana, emitido en directo por la televisión cubana el 14 de mayo. Carter, en español, instó a las autoridades cubanas a promover cambios democráticos y garantizar el disfrute de libertades políticas básicas. Criticó específicamente la prohibición oficial de los movimientos de oposición y se refirió directamente al Proyecto Varela, una campaña de recogida de firmas organizada por disidentes cubanos para reclamar un referendo nacional sobre la reforma civil y política. Al finalizar su discurso, participó en una animada sesión de preguntas y respuestas con el público -- en el que se encontraba el presidente cubano Fidel Castro.
Carter llamó la atención sobre algunos de los problemas más graves del país en materia de derechos humanos. El estado monopartidista cubano restringe casi todas las vías para la disidencia política. Aunque sea cada vez más raro el enjuiciamiento penal de figuras de la oposición, la prisión siguió siendo una amenaza plausible para los cubanos que estuvieran considerando sumarse a la disidencia política no violenta. El gobierno también silenció con frecuencia a sus críticos mediante detenciones de corto plazo, arrestos domiciliarios, restricciones de viajes, amenazas, vigilancia, despidos laborales por razones políticas y otro tipo de hostigamiento.
Las estructuras legales e institucionales son la causa fundamental de las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Las estructuras legales e institucionales son la causa fundamental de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, cuya legislación limita estrictamente el disfrute de los derechos de libertad de expresión, asociación, asamblea, movimientos y de prensa. Al criminalizar la propaganda enemiga, la divulgación de "noticias no autorizadas" y el insulto a los símbolos patrios, el gobierno restringió la libertad de expresión con la excusa de proteger la seguridad del estado. El gobierno también encarceló u ordenó la vigilancia de personas que no habían cometido ningún delito sirviéndose de leyes que sancionan el "estado peligroso" y permiten la "advertencia oficial". Los tribunales, controlados por el gobierno, debilitaron el derecho a un juicio justo al restringir el derecho a la defensa, e incumplieron con frecuencia las escasas garantías procesales que la legislación nacional otorga a los acusados.
Los organizadores del Proyecto Varela, liderado por el destacado disidente Oswaldo Payá, lanzaron un importante desafío simbólico a la intransigencia oficial en materia de derechos políticos, cuando el 10 de mayo entregaron una petición a la Asamblea Nacional-el único órgano del sistema legislativo unicameral cubano-firmada por más de 11.000 personas. Amparándose en las garantías constitucionales del derecho a formular una petición, el Proyecto Varela solicitó al gobierno que celebrara un referendo sobre toda una serie de cuestiones civiles y políticas, como la convocatoria de elecciones libres, la libertad de prensa y una amnistía para los presos políticos.
El gobierno cubana respondió a este esfuerzo con su propia iniciativa. En junio, en lo que parecía una caricatura distorsionada de la anterior, las autoridades organizaron una campaña masiva de recogida de firmas de apoyo al sistema socialista de Cuba. Tras celebrar marchas por todo el país y emplear a muchos miles de personas en el esfuerzo, el gobierno afirmó que había recogido más de ocho millones de firmas en dos días. Partiendo de este presunto respaldo, la Asamblea Nacional procedió a aprobar una propuesta oficial para declarar "irrevocable" el sistema socialista en la Constitución de Cuba.
Una serie de disidentes políticos fueron detenidos durante el transcurso del año y algunos de ellos estaban a la espera de juicio. En julio, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), una prestigiosa organización no gubernamental de La Habana, publicó una lista parcial de presos políticos con 230 casos bien acreditados. (Cabe señalar que no todos los casos correspondían a personas injustamente detenidas o enjuiciadas por expresar pacíficamente sus ideas políticas; también se enumeraban los nombres de condenados por delitos, la "piratería" entro otros, cuando éstos se habían cometido por razones políticas.) La lista reflejaba un aumento neto de 20 casos con respecto a los registrados en enero. Por este motivo, la CCDHRN sugirió que la tendencia general de los últimos años a disminuir el uso de la encarcelación contra los disidentes políticos estaba llegando a su fin.
La gran mayoría de las detenciones por motivos políticos se produjeron durante los incidentes ocurridos en febrero y marzo. La primera oleada de arrestos tuvo lugar cuando el gobierno intentó impedir que los miembros de la oposición conmemoraran el aniversario del derribo de dos avionetas por parte de la fuerza aérea cubana en 1996. Las autoridades detuvieron a varios disidentes antes del evento y a otros cuando se dirigían a una playa del barrio Miramar de La Habana para arrojar flores al mar. Aunque se puso rápidamente en libertad a la mayoría de los detenidos, unos cuantos permanecieron encarcelados.
Entre las personas que seguían detenidas a principios de noviembre se encontraban Leonardo Miguel Bruzón Ávila, presidente del Movimiento de Derechos Humanos 24 de Febrero, Carlos Alberto Domínguez González, periodista independiente, y Emilio Leyva Pérez y Lázaro Miguel Rodríguez Capote, presidente y coordinador, respectivamente, del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. No se formularon cargos contra ninguno de los detenidos. Para llamar la atención sobre su detención indefinida sin juicio, Bruzón Ávila inició una huelga de hambre en agosto que, según se informó, se prolongó hasta octubre, lo que hizo temer seriamente por su salud.
En un dramático incidente ocurrido el 27 de febrero, un grupo de 21 jóvenes cubanos, entre ellos tres adolescentes, estrellaron un autobús robado contra las puertas de la embajada mexicana en La Habana. El grupo creía al parecer que México estaba concediendo visas de refugiados a ciudadanos cubanos, un rumor originado por un programa de Radio Martí, emisora financiada por Estados Unidos, en el que se dijo que el canciller mexicano había manifestado que las puertas de la embajada estaban abiertas a todos los cubanos, incluidos los disidentes. Numerosos cubanos fueron rechazados cuando intentaron entrar a pie en la embajada. A petición de las autoridades mexicanas, la policía cubana entró en la embajada unas 30 horas después del incidente y detuvo a los solicitantes de asilo. También detuvo a otro centenar de personas.
Se informó de que también se había detenido a una treintena de disidentes políticos que no participaron en los hechos y se encontraban a cierta distancia de la embajada. A principios de noviembre, un grupo de presos entre los que se encontraban Yosvany Aguilar Camejo, coordinador del Movimiento Hermanos Fraternales por la Dignidad, y Carlos Oquendo Rodríguez y José Aguilar Hernández, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Movimiento 13 de Julio, seguía entre rejas.
El incidente de la embajada se saldó con una oleada de recriminaciones y teorías sobre la conspiración. El gobierno cubano acusó al de Estados Unidos de instigar malintencionadamente los hechos, mientras que algunos disidentes conjeturaron que el Presidente Castro había planeado el incidente para poner en una situación embarazosa al presidente mexicano Vicente Fox, al que se consideraba demasiado comprensivo con la comunidad disidente cubana. Las autoridades cubanas llegaron a emitir un programa especial de televisión para discutir el incidente, en el que Castro subrayó que "Cuba jamás permitirá la salida de uno de sus ciudadanos que penetre por la fuerza en una embajada", y calificó a los solicitantes de asilo de "delincuentes y elementos antisociales".
El 4 de marzo, un grupo de diez disidentes, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes, fue detenido en el hospital provincial de Ciego de Ávila. Habían ido a visitar a un reportero al que la policía había presuntamente maltratado físicamente ese mismo día cuando se dirigía a una reunión de la Fundación Cubana de Derechos Humanos. La policía de seguridad del estado reaccionó con una severidad desproporcionada cuando el grupo gritó consignas como "viva los derechos humanos" y detuvo a sus componentes. Uno de los detenidos era Juan Carlos González Leiva, defensor de los derechos humanos ciego que, según se dijo, había sido maltratado por la policía en el momento del arresto. Los otros detenidos eran siete disidentes y activistas pro derechos humanos-Delio Laureano Requejo, Lázaro Iglesias Estrada, Virgilio Mantilla Arango, Enrique García Morejón, Antonio García Morejón, Odalmis Hernández Matos y Ana Peláez García-y dos periodistas independientes-Léster Téllez Castro y Carlos Brizuela Yera.
Las autoridades dejaron rápidamente en libertad a las dos mujeres detenidas, que quedaron bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el resto de los activistas seguían detenidos a principios de noviembre. En septiembre, la fiscalía de Ciego de Ávila notificó a los diez miembros del grupo que habían sido acusados de desacato, alteración del orden público, resistencia a la autoridad y desobediencia. Las penas solicitadas por la fiscalía variaban y uno de los acusados se exponía a siete años de cárcel. En el caso de González Leiva, el principal acusado sobre el que pesaba una posible condena de seis años de prisión, el auto de procesamiento señalaba en tono crítico que no estaba integrado en organizaciones de masas ni participaba en ninguna actividad útil para la sociedad.
En 2002 también salieron en libertad varios disidentes conocidos. A principios de mayo, justo antes de la visita de Carter, Vladimiro Roca Antúnez salió de la prisión Ariza. Había pasado más de dos de los cinco años de condena encerrado en solitario. Roca, juzgado junto a otros tres disidentes destacados puestos en libertad en 2001, salió libre dos meses antes del cumplimiento de su condena. Era hijo del difunto Blas Roca, considerado un héroe de la revolución cubana, y había estudiado economía y pilotado aviones de combate de la fuerza aérea cubana. Años antes, Roca había participado, junto con las personas juzgadas con él, en actividades disidentes relativamente notorias, tales como la celebración de conferencias de prensa en 1997 y la publicación de un documento de análisis de la economía, los derechos humanos y la democracia en Cuba. En el proceso penal resultante, el gobierno lo había considerado cabecilla del grupo y le aplicó la condena más dura.
El 31 de octubre, el Dr. Óscar Elías Biscet González fue puesto en libertad tras haber cumplido una condena de tres años. Biscet, médico y activista político prominente, fue condenado en febrero de 2002 por deshonrar los símbolos patrios, alteración del orden público e instigación del delito, por actos de protesta como darle la vuelta a la bandera cubana o portar pancartas contra el aborto. Entre los disidentes que seguían cumpliendo condenas de cárcel se encontraban Francisco Chaviano González, encarcelado desde 1994, Carlos Cabrera Roca, en prisión desde 1996, Joaquín Barriga San Emeterio, encarcelado desde 2000, y Néstor Rodríguez Lobaina y Eddy Alfredo Mena González, juzgados junto con Barriga San Emeterio y también en prisión desde 2000.
El gobierno siguió enjuiciando a personas por "salida ilegal" si intentaban salir de la isla sin autorización oficial previa. En ocasiones, las autoridades denegaron arbitrariamente dicha autorización o requirieron la compra de un costoso permiso de salida.
Los presos padecieron condiciones abusivas, hacinados con frecuencia en sus celdas. Muchos de ellos perdieron peso durante el cumplimiento de la condena y recibieron una atención médica inadecuada. Algunos tuvieron que soportar abusos físicos y sexuales, habitualmente por parte de otros presos con la aquiescencia de los guardias. Las autoridades penitenciarias insistieron en que todos los presos participaran en sesiones de "reeducación" política bajo amenaza de sanciones. Los presos políticos que denunciaron las malas condiciones en las cárceles fueron castigados con frecuencia al encierro en celdas de aislamiento, restricción de las visitas o negación de la atención médica.
Cuba ha mantenido la pena de muerte para un gran número de delitos, pero se aplicó aparentemente una moratoria para no aplicarla. No obstante, dado que las autoridades no hicieron pública la información sobre condenas y ejecuciones, fue difícil determinar la situación de los presos condenados a muerte.
El gobierno mantuvo un control estricto sobre la prensa, prohibiendo la publicación de información periodística independiente dentro de Cuba. Aunque los periodistas independientes locales enviaban regularmente sus artículos para ser publicados fuera del país, tuvieron que trabajar en condiciones extremadamente difíciles. Se enfrentaron con frecuencia a interrogatorios policiales, breves períodos de detención, vigilancia, confiscación de sus notas y otros materiales y restricciones en sus movimientos con el fin de impedirles cubrir "ciertos eventos." En mayo, el Comité para la Protección de los Periodistas, una organización estadounidense de defensa de la libertad de prensa, incluyó a Cuba en su lista de los "peores lugares del mundo para ser periodista". Además de Domínguez, detenido desde febrero, y Téllez Castro y Brizuela Yera, encarcelados desde marzo, las autoridades mantuvieron entre rejas al periodista independiente Bernardo Arévalo Padrón, encarcelado desde 1997, con una condena de seis años por "injurias" al Presidente Castro.
A pesar de algunas limitaciones al ejercicio de la libertad de culto, las instituciones religiosas y sus líderes disfrutaron de un grado de autonomía que no tuvieron otras instituciones. Varias organizaciones administradas por la iglesia distribuyeron ayuda humanitaria y llevaron a cabo programas sociales. Sin embargo, las autoridades continuaron frenando la entrada de sacerdotes y monjas extranjeras, limitando la construcción de nuevas iglesias y prohibiendo que las instituciones religiosas dirigieran escuelas (aunque la educación religiosa estaba permitida). En contraste con las primeras décadas de la revolución cubana, fue rara la persecución de personas que practicaban abiertamente su religión.
El gobierno solo reconoció un sindicato, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Los sindicatos independientes no obtuvieron reconocimiento oficial y sus miembros fueron hostigados. Los trabajadores empleados en empresas financiadas con inversiones extranjeras siguieron estrechamente controladas por el gobierno. De acuerdo con la restrictiva legislación laboral cubana, las autoridades tuvieron un papel determinante en la selección, retribución y despido de trabajadores, denegando efectivamente el derecho de los empleados a negociar colectivamente los beneficios, los ascensos y los salarios. Cuba también continuó sirviéndose del trabajo penitenciario en campos agrícolas y gestionó plantas de ensamblaje de ropa y otro tipo de fábricas en sus prisiones. La insistencia de las autoridades en que los presos políticos trabajaran sin cobrar y en malas condiciones constituye una violación de las normas internacionales sobre el trabajo.
La preocupación por las condiciones de los derechos humanos no se consideró una actividad legítima, sino un gesto de deslealtad y traición a la soberanía nacional. No se reconocía oficialmente ninguna organización local de derechos humanos. Como resultado de ello, los defensores de los derechos humanos se enfrentaron a un sistemático hostigamiento por el gobierno y vieron considerablemente mermada su capacidad de actuación. Además de la vigilancia y las escuchas telefónicas habituales, en algunos casos, las autoridades utilizaron los registros arbitrarios, las detenciones breves, los desalojos, las restricciones de los viajes y los despidos por motivos políticos.
Se denegaron generalmente los visados de salida al extranjero a los activista pro derechos humanos salvo que demostraran razones humanitarias para viajar (como visitar a un familiar enfermo). Oswaldo Payá, por ejemplo, no pudo viajar a Washington, DC, en septiembre para recibir un premio del Instituto Nacional Demócrata.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos tales como Human Rights Watch no pudieron realizar investigaciones en la isla. Cuba fue también uno de los pocos países del mundo, y el único de Hemisferio Occidental, que negó el acceso a sus prisiones a la Comité Internacional de la Cruz Roja.
En su 58ª Sesión en abril, por décima vez en 11 años, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. El texto, aprobado por 23 votos a favor y 21 en contra, fue menos contundente que en años anteriores. En lugar de expresar su preocupación por las violaciones, la resolución invitaba simplemente al gobierno cubano a hacer, con respecto a los derechos civiles y políticos, los mismos avances que ya había alcanzado en materia de derechos económicos y sociales. Sin embargo, lo más notable de la resolución es que fuera ampliamente promovida por países latinoamericanos, cada vez más dispuestos a reconocer los problemas de Cuba en esta materia.
Los representantes cubanos ante la Comisión tuvieron una actuación negativa al intentar debilitar sus mecanismos de vigilancia con la excusa de revisar su funcionamiento. De manera similar, en la sesión de la Asamblea General de la ONU de noviembre, Cuba fue uno de los ocho países que votaron en contra de la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, un nuevo tratado para la eliminación de la tortura y la mejora de las condiciones en las cárceles.
Al igual que en años anteriores, en noviembre de 2001 y en noviembre de 2002, la Asamblea General de la ONU adoptó por mayoría abrumadora una resolución pidiendo el fin del embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba.
Ignorando las duras acusaciones vertidas por Cuba, ocho países latinoamericanos -- una cifra sin precedentes -- votaron a favor de la resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre este país. Venezuela fue el único país que votó en contra, mientras Brasil y Ecuador se abstenían.
Aunque el presidente mexicano Vicente Fox visitó Cuba en febrero, una decisión aplaudida por los cubanos como muestra de un estrechamiento de los lazos entre ambos países, las relaciones bilaterales empeoraron rápidamente. Foz se entrevistó con disidentes durante su visita y, en abril, su gobierno respaldó la citada resolución de la ONU. A finales de abril, en un gesto que se consideró de represalia, el Presidente Castro hizo pública la grabación de una conversación telefónica privada entre él y Fox. En ésta, a diferencia de lo que habían dicho las autoridades mexicanas, se demostraba que, en marzo, Fox le había pedido a Castro que se fuera antes de una conferencia sobre desarrollo en México para no coincidir con el presidente de Estados Unidos George W. Bush.
Los representantes de la Unión Europea (UE) reanudaron oficialmente el diálogo político con el gobierno cubano en diciembre de 2001, durante una visita a La Habana. Sin embargo, a principios de noviembre de 2002, Cuba seguía siendo el único país latinoamericano sin un acuerdo de cooperación con la UE. La "posición común" de la UE con respecto a Cuba, adoptada originalmente en 1996 y revisada cada seis meses, condicionaba la plena cooperación económica a la adopción de reformas en favor de la democracia y la protección de los derechos humanos.
En octubre, el Parlamento Europeo anunció la concesión del Premio Sakharov a la libertad de conciencia al activista pro democracia Oswaldo Payá.
Puede que el viaje del ex presidente Carter fuera el más destacado, pero no fue ciertamente la única visita de personalidades de la política de Estados Unidos a la isla en el transcurso del año. Cuba recibió la visita de políticos tales como el gobernador de Minnesota Jesse Ventura, el alcalde de Tampa Dick Greco y varios miembros del Congreso. Con la presión considerable de empresarios e intereses agrícolas estadounidenses para el levantamiento del embargo, los partidarios del reestablecimiento de las relaciones comerciales entre los dos países demostraron un aumento de su influencia política. Durante su visita a la isla, el propio Carter pidió el cese del embargo, alegando que restringía las libertades de los ciudadanos de Estados Unidos. En julio, la Cámara de Representantes aprobó, por 262 votos a favor y 167 en contra, una relajación de las restricciones sobre el comercio y los viajes, y un proyecto de ley similar estaba pendiente en el Senado. El principal obstáculo para el cambio siguió siendo el poder ejecutivo, que prometió vetar cualquier ley que debilitara las condiciones del embargo.
Los funcionarios del gobierno de Bush intentaron contrarrestar las iniciativas para el levantamiento del embargo con continuos y fuertes ataques verbales contra Cuba. En mayo, justo antes de la visita de Carter a la isla, el Subsecretario de Estado para el Control de Armamento, John R. Bolton, acusó a Cuba de contar con una cierta capacidad para el desarrollo de armas bacteriológicas. Otto Reich, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, retomó estas acusaciones en octubre, aunque no ofreció pruebas que las respaldaran. Y justo después del aniversario de los atentados terroristas del 11 de Septiembre, el asistente de Reich afirmó que agentes cubanos habían ofrecido intencionadamente pistas falsas sobre posibles planes terroristas.
En agosto, el antiguo enfermero cubano Eriberto Mederos fue condenado por obtener ilegalmente la ciudadanía estadounidense al ocultar su participación en lo que los fiscales calificaron como una década de tortura con electrochoques en un hospital psiquiátrico cercano a La Habana. Menos de un mes después, Mederos murió de cáncer y su condena fue anulada porque no pudo apelarla.

References: resolución 
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