Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831798.html
Timestamp: 2019-11-22 05:44:22+00:00

Document:
as201831798
Auto Supremo Nº 798
Expediente: 329/2018
Demandante: María Clementina Chuquimia Machicado
El Recurso de Casación planteado por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) a través de Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo y representante legal, cursante de fs. 65 a 71, contra el Auto de Vista Nº 32/18 de 5 de febrero de 2018, de fs. 60 a 61, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso Social de Reclamación de Compensación de Cotizaciones, seguido por María Clementina Chuquimia Machicado contra la institución recurrente, el memorial que responde el recurso de fs. 74 a 77, el Auto que concede el recurso de fs. 78, el Auto de admisión de 26 de julio de 2018, antecedentes del proceso; y:
Iniciado el trámite de Compensación de Cotizaciones (CC) Procedimiento Manual por María Clementina Chuquimia Machicado y previo el trámite correspondiente, el ente gestor desestimó la solicitud de CC, en razón a que la empresa “Americana Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima (SA)”, periodo septiembre/1974 a febrero/1980, no contaba con el Estudio Matemático Actuarial (EMA) en la documentación cursante en el SENASIR y no se encontraba afiliada a la Caja Nacional de Salud (CNS). Con relación a la empresa “La Continental de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima (SA)”, periodo julio/1981 a junio/1983, la asegurada no figuraba en el EMA; aclara que el EMA es un documento esencial para la certificación de dichos periodos, según lo establece en el Capítulo I, Numeral 2.8, Inciso a) de la Resolución Administrativa (RA) Nº 299.13 de 31 de julio de 2013 que aprueba el Manual de Certificación CC; plasmado en el Auto Nº 1073 de 10 de abril de 2017, corriente a fs. 25 de obrados.
El recurso de reclamación presentado por la asegurada contra el Auto Nº 1073, que desestimó su solicitud de CC por procedimiento manual, fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante la Resolución Nº 382/17 de 7 de julio de 2017, confirmando el Auto reclamado (fs. 39 a 44 del expediente).
En apelación interpuesta por la asegurada, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 32/18 de 5 de febrero de 2018, cursante de fs. 60 a 61, revoca la resolución dictada por la Comisión Reclamación, por consiguiente, deja sin efecto el Auto de fs. 25 de obrados, dispone que el SENASIR emita la Certificación de CC por procedimiento manual a favor de la interesada, observando las consideraciones de la resolución.
Contra el Auto de Vista, el ente gestor formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 65 a 71, con los argumentos siguientes:
Señala que fueron erróneamente aplicados los arts. 13 y 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004; ya que en el sector de la Banca Privada, la certificación de aportes a largo plazo se encontraba a cargo del Fondo de Empleados (hasta abril/1987 y en algunos casos hasta febrero/1988), instituciones que transfirieron al ente gestor, los EMA a nivel nacional; en consecuencia, la certificación debe realizarse en base a estos estudios, conforme prevé la RA Nº 774 de 20 de octubre de 1999 y el Sistema de Inventario del Sector Banca (SISBANC) del archivo del área de certificación del SENASIR; tomando en cuenta además, que en base a estos estudios el Fondo de Empleados de la Banca Privada, otorgaba las prestaciones que correspondía a sus asegurados.
Argumenta que, con el fin de cumplir con lo dispuesto en el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE) y con el principio de verdad material, el SENASIR debe realizar un trabajo, técnico, jurídico, social, económico; manejando la verdad formal o documentada en pos de encontrar la verdad real, aplicando elementos de verificabilidad para lograr la certeza, reconociendo los periodos efectivamente cotizados por los asegurados; certeza que en el presente caso no se tiene, ya que no se cuenta con el documento que acredita fehacientemente el traspaso de los aportes de la asegurada para que pueda ser beneficiaria de la renta, por lo que desestimó la solicitud de CC de la asegurada.
Indica que, el Auto de Vista recurrido viola el art. 24.I de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010; y los arts. 1 y 48.I inc. a) y b) del DS Nº 822 de 16 de marzo de 2011, que dispone que la CC es el reconocimiento por lo aportes efectivamente cotizados al Sistema de Reparto.
Alega transgresión del art. 2º de la Resolución Ministerial (RM) Nº 498 de 7 de septiembre de 2005, y art. 1 de la RA Nº 774 de 20 de octubre de 1999, cuando el Auto de Vista dispone la certificación de aportes de la asegurada, sin que exista documentación acreditable, refiriéndose concretamente a los EMA, que respalden sus aportes.
Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, Case el Auto de Vista Nº 32/18 de 5 de febrero, y confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.
En el transcurso del tiempo, la Seguridad Social en Bolivia tuvo una serie de transformaciones o cortes, es así que para que una persona acceda a una jubilación en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), vigente desde la promulgación de la Ley de Pensiones 065 de 10 de diciembre de 2010, su densidad de aportes, que es la suma de los periodos efectivamente aportados por el asegurado al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al SIP, incidirán en el monto de renta; derecho fundamental reconocido en el art. 45 de la CPE y considerado actualmente como un derecho humano inalienable, protegido por organismos internacionales e instituciones supranacionales.
La Compensación de Cotizaciones, definida por la Ley de Pensiones 065, como el reconocimiento que realiza el Estado Plurinacional de Bolivia a través del SENASIR, a los Asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, financiado con recursos del Tesoro General de la Nación; viene a ser una prestación del Sistema Residual de Reparto, aportes que necesariamente inciden en el monto de la pensión, cuando el trabajador decida acogerse a la jubilación en el SIP; motivo que obliga a éste Tribunal Supremo de Justicia aplicar las normas que resguardan el derecho fundamental a la jubilación.
El Principio de Verdad Material se encuentra reconocido en el art. 180 de la CPE y desarrollado por la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, en los siguientes términos: constituye en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, siendo aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios y valores consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación. Si bien las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, garantizando la paz social y evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material; por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente.
Revisado el expediente, concluimos que el recurso versa sobre el reconocimiento o certificación de los aportes realizados por la asegurada como dependiente de las empresas: “Compañía Americana de Seguros y Reaseguros SA”, del periodo septiembre/1974 a febrero/1980 y “La Continental de Seguros y Reaseguros SA” del periodo julio/1981 a junio/1983. Se realiza esta puntualización, en razón a que, a fs. 35 del expediente, cursa en fotocopia simple, finiquito del “Banco de La Paz”, del periodo 12/enero/1984 a 9 de enero/1985; y a fs. 36, fotocopia simple del certificado de trabajo, expedido por el “Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima”, que acredita el trabajo de la asegurada del 12/enero/1984 al 9 de enero/1985; aportes sobre los que no se pronunció el ente gestor y no fue objeto de reclamo por parte de la asegurada; encontrándose limitado este Tribunal a pronunciarse sobre este periodo de aportes.
La desestimación de la solicitud de CC por procedimiento manual, está sustentada en el argumento que la asegurada, no figura en el EMA presentado por La Continental de Seguros y Reaseguros SA, a la entidad gestora, por lo que no corresponde certificar los aportes del periodo julio/1981 a junio/1983; y que la Compañía Americana de Seguros y Reaseguros SA, no cuenta con EMA, por lo que tampoco corresponde certificar sus aportes de septiembre/1974 a febrero/1980; en estricta aplicación del Capítulo I, Numeral 2.8, Inciso a) de la RA Nº 299.13 de 31 de julio de 2013 que aprueba el Manual de Certificación CC, concordante con las RA’s Nº 774 de 20 de octubre de 1999 y Nº 618 de 6 de noviembre de 2001; y con la RM Nº 498 de 7 de septiembre de 2005; considerando que estas empresas realizaban sus aportes al sector de la banca privada y la certificación de los aportes para este sector hasta 1987, necesariamente deben ser realizados a través de los EMA y sus complementos, no correspondiendo la aplicación de los arts. 13 y 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, referido a la certificación extraordinaria de aportes.
Si el número de aportes realizados y reconocidos al Sistema de Reparto, necesariamente incide en forma positiva en el monto de pensión por jubilación en el SIP, esta prestación del Sistema Residual de Reparto, nos referimos a la Compensación de Cotizaciones, está incluida y protegida por el derecho constitucional a la seguridad social y en particular al de la jubilación; encontrándonos obligados a su aplicación directa; más si el art. 410 de la CPE, dispone que la Constitución es considerada la norma suprema del ordenamiento jurídico, disposición concordante con el art. 15 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.
Bajo este razonamiento, en busca siempre de la verdad, con la finalidad de efectivizar la función de impartir justicia menos formalista y procesalista, para dar lugar a la justicia material y efectiva; velando por la aplicación y respeto de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales de los bolivianos, corresponde aplicar el principio de verdad material buscando efectivizar el derecho a la jubilación, como componente del derecho a la seguridad social.
Los documentos que cursan de fs. 2 a 7 demuestran fehacientemente que la asegurada trabajó en las empresas: “Compañía Americana de Seguros y Reaseguros SA” y “La Continental de Seguros y Reaseguros SA” en los periodos septiembre/1974 a febrero/1980 y julio/1981 a junio/1983, respectivamente; no siendo responsabilidad de ella como trabajadora, el cumplir con los aportes a la seguridad social a largo plazo, siendo esta, una facultad privativa del empleador, más si se considera que esas empresas eran privadas y su cumplimiento obligatorio; entonces, el fundamento del ente gestor referido a que si la asegurada no figura en el EMA de “La Continental de Seguros y Reaseguros SA” y que la “Compañía Americana de Seguros y Reaseguros SA”, no cuenta con el EMA; no es válido para negar o desestimar la solicitud de CC mensual, porque estos aportes, son un componente de la futura jubilación de la asegurada.
El SENASIR pretende y así lo expresa en su recurso, cuando señala: “No certificar aportes para la CC, en cumplimiento de lo establecido en la RA Nº 299.13 de 31 de julio de 2013, que aprobó el Manual de Certificación para la CC, aplicando lo dispuesto en la RA Nº 774 de 20 de octubre de 1999, RA Nº 618 de 6 de noviembre de 2001 y RM Nº 498 de 7 de septiembre de 2005”; señalando como transgredidas o erróneamente aplicadas, normas de menor jerarquía y contrarias a la Constitución; las que no pueden ser aplicadas por encima de la Constitución, porque ello implica, vulneración del derecho a la seguridad social, concretamente a la jubilación.
Sólo a manera de aclaración, la RA Nº 618 de 6 de noviembre de 2001 que complementa la RA Nº 774, autoriza al ente gestor para que a través de los Bancos Correspondientes, se proceda a realizar estudios complementarios que permitan obtener información requerida tanto para la calificación de las rentas como de la CC de los ex trabajadores de la Banca Privada; toda vez que, según la Circular Nº 290/2001 de 13 de noviembre de 2001 de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) estableció: “… revisados los Estudios Matemáticos Actuariales se verificó que muchos trabajadores que estaban efectuando su trámite de jubilación no figuran en tales estudios, por lo cual no pueden jubilarse ni tampoco elaborar la nómina personal que se beneficiará con la Compensación de Cotizaciones para la jubilación en el nuevo sistema”. Resolución Administrativa que bien puede ser utilizada por el ente gestor para obtener EMA complementarios, así proteger el derecho a la seguridad social de todos los ex trabajadores de la banca privada y no fundamentar sus resoluciones en normativa contraria a la Constitución y de menor jerarquía, violando derechos fundamentales, arguyendo que el SENASIR debe realizar un trabajo, técnico, jurídico, social, económico; manejando la verdad formal o documentada en pos de encontrar la verdad real, aplicando elementos de verificabilidad para lograr la certeza, reconociendo los periodos efectivamente cotizados por los asegurados; certeza que en el presente caso no es evidente, por lo que corresponde su desestimación.
Con referencia a la aplicación del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 y la RM Nº 559 de 3 de octubre de 2005 que amplía el art. 14 del aludido DS, sobre el que basa su decisión el Tribunal de apelación, aclaramos que no corresponde su aplicación, toda vez que según lo argumentado líneas arriba, corresponde aplicar el principio de verdad material, siempre precautelando el derecho a la seguridad social y a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE, referido a la jerarquía normativa.
Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.II del Código Procesal Civil (CPC), por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 55.III del DS Nº 822 Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley Nº 065 de Pensiones.
La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 65 a 71, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR” mediante su representante legal.

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