Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/T-056-11.htm
Timestamp: 2017-10-23 22:35:14+00:00

Document:
T-056-11
Sentencia T-056/11
ACCION DE TUTELA CONTRA UNIVERSIDAD-Caso en que el demandante no ha podido obtener el título de ingeniero ambiental porque se le exigen requisitos de un nuevo programa académico
ACCION DE TUTELA-Procedencia para controvertir decisión de una universidad
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Goce efectivo/PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y EL REGLAMENTO ACADEMICO
AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y EXIGENCIA DE REQUISITOS DE GRADO-La conducta desplegada por la universidad impide y obstruye los derechos al goce efectivo de la educación y conexos/REQUISITOS DE GRADO-Se deberán exigir los correspondientes al pensum académico con que se matriculó originalmente
Referencia: expediente T-2807264
1.2. Informa que en el primer semestre de 2008 efectuó la inscripción de asignaturas ante el Consejero asignado por la institución para este fin, quien le informó que le hacía falta ver dos materias denominadas Ecuaciones Diferenciales y Silvicultura,[1] pero le aclaró que debía solo presentar la primera materia ya que Silvicultura había desaparecido del producto de una reforma curricular.
1.5. Sostiene que una vez culminados los estudios de inglés y presentado el trabajo de grado que fue aprobado por la universidad, solicitó estudio para graduación, el cual fue negado ya que hacía falta ver la materia Silvicultura, “la que tres semestres antes el Consejero asignado por la universidad me había dicho que no era necesario ver porque había desaparecido del pensum, además porque ya no había forma de inscribirla.”
1.6 Adiciona que la universidad le informó que por no haber sido estudiante regular de la institución por un término mayor a un año, esto es, mientras hacía los cursos de inglés como requisito de grado, debía reintegrarse a la institución y acogerse al nuevo pensum, el cual fue aprobado en abril 16 de 2008 y que exige como requisito de grado cursar un total de 155 créditos.
1.7 Señala que el 19 de octubre de 2009 dirigió derecho de petición a la universidad solicitando que se le dejara ver la materia de Silvicultura (que le hacía falta para culminar con el pensum vigente para él), teniendo en cuenta que había estado matriculado en la institución mientras adelantaba el curso de inglés que le exigió como requisito de grado. Precisa que la universidad le negó la anterior alternativa debido a que los estudios de inglés conforme al reglamento con el que se matriculó no eran materias del pensum sino un requisito para recibir el título.
1.8 Relata que solicitó nuevamente que se estudiara la posibilidad de su reintegro, a lo cual se le informó el 30 de abril de 2010 que debería cursar un total de seis materias más una electiva, las cuales corresponden a 17 créditos para quedar a Paz y Salvo académico y poder graduarse.
1.9 Puntualiza que ha cursado 149 créditos del plan de estudios con el que empezó a estudiar la carrera y el cual le exigía cursar un total de 152 créditos. Así mismo, explica: “el actual pensum exige cursar un total de 155 créditos que la materia de Silvicultura que nunca me dejaron ver correspondía a 3 créditos, con los que hubiera culminado satisfactoriamente el programa académico, al cursar 152 créditos, pero además encuentro que la materia de Inglés de la cual hice tres módulos, en el nuevo pensum es una materia que cuenta con un crédito semestre para un total de seis créditos”.
2. Contestación de la Universidad Manuela Beltrán
“(…) ha sido voluntad del ex alumno, ausentarse de las actividades académicas y contrario a lo afirmado por él, fue su elección no aprobar los tres niveles de inglés en instituciones acreditadas, sino solo como se ve en los registros que acompaña a la demanda (allí menciona “ingles III” faltaría dos niveles más. Adicionalmente, el requerimiento justo de cursar la materia de “silvicultura” se originaba en su época del plan de estudios que lo obligaba, pero él, jamás la registró para ser aprobada. Así pues, afirmamos una vez más, que ha sido la conducta del peticionario la que ha ocasionado el desvío del curso de sus estudios, y la culpa exclusiva de quien alega ser víctima en esta tutela, la causa de los males que dice padecer, interpretarlo de una manera contraria sería desconocer las obligaciones contractuales dispuestas en el contrato de matrícula suscrito entre las partes”.
Única de instancia.
El Juzgado Segundo Civil Municipal Piloto de Oralidad de Bogotá D.C., mediante sentencia del 03 de agosto de 2010, decidió no tutelar los derechos fundamentales alegados por el alumno Cuervo Cárdenas. Partiendo de un análisis de igualdad el juez establece que la situación fáctica presentada por Andrés Cuervo es particular y lo sitúa en una condición diferente a la de otros alumnos que cursan la misma carrera en la misma universidad, ya que el accionante quiere alcanzar el título de Ingeniero Ambiental al considerar que ya cumple los requisitos en créditos exigidos, lo cual no comparte, porque “no es cierto que ha terminado todo el pensum académico, a diferencia de aquellos estudiantes que ingresaron con él y se acogieron al plan de estudios 031D pero cumplieron los 152 créditos y los demás requisitos de grado”.
· Fotocopia del Plan de Estudios con el que el accionante afirma haber ingresado a la universidad denominado 031D y del plan vigente al momento de la interposición de la acción de tutela. (Folios 3, 4 y 16 a 23).
· Fotocopia de la Resolución núm. 016 de febrero 14 de 2008, por la cual se unifican los criterios con los cuales se administra el diseño curricular en los programas que ofrece la institución. (Folio 15).
· Fotocopia del Acuerdo Núm. 043 del Consejo Superior de abril 30 de 2008 o reglamento estudiantil de la Universidad. (Folios 24 a 50).
Con el fin de mejor proveer, el despacho del magistrado sustanciador procedió a comunicarse telefónicamente con personal de la Universidad Manuela Beltrán, el cual allegó por vía de correo electrónico la Resolución Rectoral 011 del 18 de Febrero de 2003, el Acuerdo Núm. 135 de Marzo 26 del 2003 y dos recibos de pago correspondientes al curso de inglés que el accionante adelantó en la institución. Los documentos hacen referencia al Reglamento académico vigente al momento del inicio de los estudios por parte del accionante en la institución y las disposiciones relacionadas con el requisito de grado de suficiencia en lengua inglesa. Los documentos referidos obran en los folios11 a 23 del cuaderno de revisión.
2.1 ¿Es procedente la acción de tutela para controvertir la decisión de una institución educativa de naturaleza privada cuando se solicita la protección del derecho a la educación y conexos?
2.2 ¿Desconoce el derecho a la educación la institución que para otorgar un título profesional exige requisitos de un nuevo programa académico, bajo el argumento de que se ha perdido la calidad de estudiante y por tanto éste debe vincularse mediante reintegro, a pesar de haber permitido adelantar un curso de idioma extranjero en el establecimiento?
En cuanto a la subsidiariedad o existencia de otros mecanismos de defensa, atendiendo a las circunstancias del caso especifico, esta Sala no encuentra que existan en el ordenamiento otros medios de defensa judicial materialmente idóneos, diferentes a la tutela, a los cuales pueda acudir el actor para solicitar la protección de su derecho fundamental a la educación y conexos al parecer afectados por la negativa de la universidad en otorgar el título de Ingeniero Ambiental requerido. Además, se tiene en cuenta que, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, el peticionario ya ha agotado ante la propia casa de estudios las instancias posibles para reclamar la reivindicación de los derechos presuntamente afectados. Por consiguiente, procede la Corte a abordar el análisis de fondo de la presente acción de tutela.[2]
En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha especificado que el derecho al goce efectivo de la educación es aquél que hace referencia a la posibilidad que tienen todas las personas de vincularse a una institución pública o privada para apoyar por esta vía el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a las demás disciplinas, bienes y valores de la cultura en sociedad.
Esta Corporación ha reconocido la fundamentalidad del derecho al goce efectivo de la educación a pesar de no estar reconocida expresamente en la Constitución, porque su núcleo esencial comporta uno de los principales factores de acceso a la información y de desarrollo no solo individual sino colectivo, ya que se procura el bienestar del ser humano y su entorno en todos los ámbitos posibles. Del mismo modo, se ha precisado por la jurisprudencia que este derecho constituye un medio a través del cual el individuo se integra efectiva y eficazmente a la sociedad, por ello, es evidente que pertenece a la categoría de los derechos sustanciales de los ciudadanos.[3]
Con fundamento en los artículos anteriores, esta Corporación ha sentado una extensa jurisprudencia en la que se han identificado como características principales del derecho fundamental a la educación las siguientes: (i) es objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales conexos, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de realización personal, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros; (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho; (iv) está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una “adecuada formación”; (v) se trata de un derecho deber y genera obligaciones recíprocas entre todos los actores del proceso educativo.[4]
4. El principio de autonomía universitaria y el reglamento académico. Reiteración de jurisprudencia.
4.1 El artículo 69 de la Constitución Política consagra una potestad especial de las instituciones de educación superior, relativa al principio de la autonomía universitaria, en los siguientes términos: “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.”
La autonomía universitaria constituye la facultad que tienen los centros educativos de educación superior para auto-determinarse y/o auto-regularse conforme a la misión y a la visión que quieran desempeñar dentro del desarrollo del Estado social de derecho. La definición anterior encuentra su principal sustento en la libertad que tienen las universidades de regular las relaciones y problemáticas que coexisten en el ejercicio académico entre alumnos y demás actores del sistema educativo; de allí que el Constituyente permitió que los aspectos administrativos, financieros o académicos fueran determinados sin injerencia de poderes externos.[5]
En cuanto al principio de autonomía universitaria en lo que se refiere a la libertad, alcance y contenido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-1435/00, puntualizó:
“De esta manera, bajo la actual Constitución Política las universidades gozan de un alto grado de libertad jurídica y capacidad de decisión que, desde una perspectiva netamente académica, les permite a tales instituciones asegurar para la sociedad y para los individuos que la integran un espacio libre e independiente en las áreas del conocimiento, la investigación científica, la tecnología y la creatividad; espacio que estaría delimitado tan sólo por el respeto a los principios de equidad, justicia y pluralismo[6].
4.2 El reglamento académico puede ser entendido como el instrumento en el que se concretan los derechos, deberes y obligaciones que pesan sobre la comunidad educativa, noción que se extiende tanto a las autoridades académicas como a las personas inscritas y debidamente matriculadas en los centros de educación superior; en otras palabras, de aquellos que ostentan la calidad de estudiantes.
(iii) Como ordenamiento jurídico: El reglamento académico es reconocido como consecuencia del ejercicio de la potestad regulatoria atribuida por la Constitución a los establecimientos educativos de educación superior (art. 69) y por las leyes que lo desarrollan. Por esta razón, hace parte de la estructura normativa del Estado, ya que desarrolla los contenidos de las normas superiores e integra el contrato de matrícula celebrado entre la universidad y el estudiante, siendo oponible a los miembros de la comunidad educativa.[7]
5.1 Las universidades pueden exigir requisitos de grado que garanticen la mejor calidad de la educación de sus estudiantes. Al respecto son bastantes los precedentes elaborados por la Corte Constitucional en materia del principio de autonomía universitaria, en relación con la posibilidad de exigir obligaciones para acceder al título profesional. Entre otros, se encuentran los relativos a la potestad que se le otorgó a las universidades para que pudiesen establecer la presentación y aprobación de exámenes preparatorios de grado para el caso de estudiantes de derecho, ya que la Ley 552/99 eliminó tal exigencia. En respuesta a esa problemática la Corte reiteró:
“(…) (i) las universidades, en ejercicio de la autonomía universitaria, tanto antes como después de la sentencia C-1053 de 2001, podían y pueden fijar exámenes preparatorios, cursos, otros exámenes de comprobación de conocimiento, exigencia de idiomas, u otros requisitos, como requisito de grado para obtener el título de abogado, (ii) en el momento de ingresar a cursar sus estudios de derecho, los accionantes adquirieron la obligación de cumplir las normas de la universidad dentro de las cuales estaba la presentación de preparatorios, y (iii) entrando al estudio particular de los derechos fundamentales invocados no se encuentra que ninguno de éstos se encuentre vulnerado con la exigencia de las universidades.“
“Los niveles de inglés hacen parte del programa académico, como quiera que es un requisito de formación integral para el estudiante cuyo ejercicio profesional se relaciona directamente con la utilización de textos y documentos escritos en ese idioma. De ahí pues que la exigencia de la aprobación de los niveles de inglés es una manifestación clara de la autonomía universitaria para crear y desarrollar los programas académicos (numeral c. del art. 29 de la Ley 30 de 1992).[8]
En la carrera de jurisprudencia, el umbral se estableció en 86 créditos académicos. Independientemente de la forma en que funcione el sistema de “créditos” en la Institución, en el caso de los peticionarios, este fue alcanzado al momento de inscribir materias para sexto semestre, de donde se infiere que pudieron presentar el examen durante los cinco semestres anteriores.”[9] (Subrayado por fuera del texto original).
De todo lo expuesto es plausible concluir que las instituciones de educación superior, en ejercicio del principio de autonomía universitaria, pueden establecer en los reglamentos académicos requisitos para otorgar títulos profesionales conforme a la misión y visión que tengan como academia en aspectos como pruebas de conocimiento, preparatorios, cursos e idiomas; de allí que la jurisprudencia precise que “tratándose del derecho a la educación, si para asegurar su ejercicio los reglamentos fijan requisitos y adoptan medidas que no lo restringen de modo injustificado, desproporcionado y arbitrario, entonces no puede afirmarse que por ese solo hecho se configura una violación del mismo o de aquellos que le son afines.”[10]
“Si los reglamentos académicos de las universidades tienen sustento constitucional (arts. 67, 69 y 365) y poseen, como se ha visto, un valor normativo similar a los reglamentos administrativos expedidos por las autoridades públicas, constituyendo por lo tanto normas particulares de derecho aplicables dentro del ámbito universitario y con fuerza obligatoria para sus destinatarios -los educandos adscritos al respectivo programa académico- necesariamente hay que concluir que también a dichos reglamentos les es aplicable el principio de la irretroactividad de la ley y, en general, de las normas jurídicas, según el cual estas empiezan a regir a partir de su expedición y promulgación, lo cual es garantía para la protección de las situaciones jurídicas que han quedado consolidadas bajo la vigencia de una determinada normatividad.
Por consiguiente, las instituciones universitarias no pueden dictar reglamentos con efectos retroactivos o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a situaciones que han quedado definidas o consolidadas bajo un régimen normativo anterior. Si de hecho lo hacen, violan los arts. 58 y 83 de la Constitución que consagran el respeto por los derechos adquiridos, el principio de la buena fe, y la confianza legítima o debida, íntimamente vinculada a éste, cuyo contenido y alcance ha sido precisado varias veces por la Corte[11].”
“Esta Sala considera que resulta contrario a la Constitución, especialmente al principio de buena fe y de confianza legítima, exigirle el cumplimiento de los requisitos de grado que surgen con la modificación del año 2006, máxime si se tiene en cuenta que a la actora le permitieron presentar los exámenes preparatorios desde 2002 hasta 2008, situación que afianza la confianza que tenía en obtener el grado según las disposiciones contenidas en el reglamento expedido en 1991. No comparte esta Sala las razones expuestas por la entidad accionada al expresar que la actora “en forma habilidosa, contraviniendo lo preceptuado en el Reglamento Estudiantil y a sabiendas de que se encontraba inmersa en una irregularidad y falta a los deberes del estudiante, por estar fuera del término para la presentación de preparatorios, inscribió presentó y aprobó los correspondientes a las áreas de Derecho Privado y Comercial”, pues ella actuó basada en la certeza de que su actuación y la de la universidad, que le permitió inscribir los preparatorios, se regía por lo descrito en el reglamento estudiantil de 1991.”
“ART. 83. — Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas.”
En consonancia con lo establecido por la Sentencia C-131/04 “no se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas.”
En suma, el ejercicio de la autonomía universitaria se materializa en la posibilidad que tienen las instituciones educativas de fijar sus propios reglamentos internos, sometidas jerárquicamente a la Constitución y la ley; por tanto, en el ejercicio de dicha potestad no se pueden dictar reglamentos con consecuencias retroactivas y/o aplicar las normas contenidas en nuevos reglamentos a derechos que han quedado afianzados bajo un régimen normativo preliminar lo que en todo caso ha generado situaciones de legítima confianza. [12]
6.1 Corresponde a esta Sala de revisión determinar si al ciudadano Andrés Cuervo Cárdenas, la Universidad Manuela Beltrán (en adelante la UMB) le desconoció o no la garantía constitucional al goce efectivo del derecho a la educación y conexos, puesto que para otorgar el título profesional universitario de Ingeniero Ambiental que demanda el accionante, la entidad exige requisitos de un nuevo programa académico, bajo el argumento de que se ha perdido la calidad de estudiante y por tanto éste debe vincularse mediante reintegro, a pesar de que lo matriculó y permitió adelantar un curso de idioma extranjero como requisito de grado.
6.2 Conforme a los antecedentes del presente caso, Andrés Cuervo Cárdenas se matriculó en la Universidad Manuela Beltrán en la carrera de Ingeniería Ambiental. Una vez consideró que había cumplido con todos los requisitos exigidos por la institución educativa, procedió a solicitar el título de grado, el cual le fue negado sobre la base de no cumplir con todos los créditos establecidos por el programa ya que adeuda la materia Silvicultura, la cual equivale a 3 créditos, por lo que no puede alcanzar los 152 que exige el reglamento académico para acceder el título de grado.
Sumado a lo anterior, la Universidad estima que los estudios de inglés que el accionante efectuó en la institución no pueden darle la calidad de alumno matriculado, ya que la demostración de la suficiencia en el idioma es un requisito de grado y no una materia del pensum académico, razón por la que el alumno perdió la condición de estudiante y debe acogerse a la figura del reintegro que lo obliga a ver las materias respectivas del programa actual para la carrera de Ingeniería Ambiental, las cuales corresponden a 6 materias más una electiva. [13]
6.3 Conforme al problema jurídico de fondo que plantea el presente asunto, es claro que debe determinarse si el accionante, durante el tiempo que se dedicó a adelantar el curso de inglés perdió o no la calidad de estudiante de la UMB, para así saber qué pensum es el que está obligado a cumplir, es decir, si aquel con el cual comenzó la carrera denominado 031D, o el actual, bajo la figura del reintegro, que obra en la Resolución Rectoral Núm. 16 de 2008 y que exige cursar 06 materias y una electiva.
Puntualizado lo anterior, encuentra la Sala necesario establecer, conforme al reglamento académico de la propia institución, a partir de qué momento y cómo se pierde la condición de estudiante. Sobre el particular, el artículo 9º del Acuerdo núm. 135 del Consejo Superior de la UMB, suscrito el 26 de marzo de 2003, define este acto en los siguientes términos:
“ARTICULO 9. MATRÍCULA. La matrícula es un acto convenio por el cual el aspirante adquiere la calidad de estudiante de la UMB. Es renovable para cada periodo académico y se regirá por los siguientes criterios
c. La matrícula deberá gestionarse para cada periodo académico, dentro del calendario previamente establecido por la institución.”[14] (Subrayado por fuera del texto original).
Como se aprecia en los apartes subrayados, según el reglamento académico de la UMB, la matrícula otorga la condición de estudiante. Una vez analizado el expediente, a folio 12 aparecen dos (2) recibos de pago bajo la denominación “orden de matrícula”, con sellos de aceptación con el escudo de la universidad por concepto de los niveles I y III de inglés.[15]
Sobre la base de lo anterior, es plausible afirmar, sin mayores consideraciones, que a la luz de lo dispuesto en la citada norma interna de la UMB, el señor Andrés Cuervo Cárdenas no perdió la condición de estudiante, en la medida en que cursó niveles de inglés estando vinculado a la institución. Lo dicho está sustentado en que el accionante decidió adelantar el curso de lengua inglesa dentro de la universidad con la expectativa de así cumplir con los requisitos de grado para acceder al título de Ingeniero Ambiental, a pesar de que para aquella época la universidad permitiese presentar un examen de suficiencia de la lengua inglesa o cursar y aprobar determinados números de horas en instituciones externas a la UMB con reconocimiento oficial.[16]
Bajo el anterior criterio, el alumno presentó oficio adjunto a la presente tutela en el que consta el registro histórico de calificaciones de los periodos académicos de 2005 a 2008. La base de datos de la Universidad registra allí la materia de inglés con las demás asignaturas al igual que especifica notas, promedios y si la materia se encuentra aprobada o no.[17]
La Corte Constitucional, aclara que no desconoce la potestad que tienen las instituciones educativas de determinar situaciones como la pertenencia o no al pensum de un curso de lengua extranjera, como en efecto la propia UMB lo hizo al vincular en el plan de estudios vigente las materias de inglés en todos sus programas.[18] Lo que se echa de menos en el presente caso es la falta de claridad de parte de la institución para con el alumno, en lo que se refiere a las condiciones bajo las cuales adelantaría el curso de inglés en la propia institución, de manera que se mantuvo la calidad de estudiante o cuando menos se generó una legítima expectativa en este sentido, al haber sido expedido un recibo de matrícula y aceptado el pago correspondiente a los cursos de inglés, sumado a que se registró la nota del mismo como si se tratara de una materia del programa.
6.4 A partir de todo lo expuesto, se puede afirmar que la conducta desplegada por la UMB, en el sentido de exigir al accionante Andrés Cuervo Cárdenas cursar, bajo la modalidad de reintegro, varias asignaturas ajenas al plan de estudios con el que ingresó a la universidad, impide y obstruye los derechos al goce efectivo de la educación y conexos. Por consiguiente, dado que conforme a las reglas de la propia institución educativa el actor no ha perdido la condición de alumno, se le deberán exigir los requisitos de grado conforme al pensum académico con el que se matriculó originalmente.
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal Piloto de Oralidad de Bogotá D.C. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la educación y conexos del señor Andrés Cuervo Cárdenas.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Universidad Manuela Beltrán que, exija al alumno Andrés Cuervo Cárdenas los requisitos de grado previstos en el reglamento con el que fue admitido al programa de Ingeniería Ambiental, debiendo ofrecer la asignatura pendiente (Silvicultura) u otros mecanismos de homologación o equivalencia que le permitan cumplir los créditos pendientes para la obtención del título profesional.
[1] Silvicultura. (Del lat. silva, selva, bosque, y -cultura). 1. f. Cultivo de los bosques o montes. 2. f. Ciencia que trata de este cultivo. Fuente: DRAE.
[2] Respecto de la procedencia de la acción de tutela por las razones descritas pueden consultarse, entre otras, las Sentencias SU-667/98 y T-933/05.
[3] Sobre el particular puede confrontarse la Sentencia T-202 de 2000.
[4] Los presupuestos anteriores pueden ser consultados en las Sentencias T-527/95, T-329/97, T-534/97, T-974/99, T-925/02, T-041/09, T-465/10, entre muchas otras.
[5] Sobre el particular en la Sentencia T-492 de 1992, la Corte precisó que la autonomía universitaria encuentra fundamento en “que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo”.
[6] Cfr., entre otras, las Sentencias C-220/97 y T-310/99.
[7] Sobre el particular en la Ley 30 de 1992, el Congreso organizó el servicio público de la Educación Superior, planteando como uno de los principales objetivos el de "garantizar la autonomía universitaria y velar por la calidad del servicio público a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior”.
[8] Sentencia T-669 de 2000
[9] En lo relacionado con la autonomía uuniversitaria y la posibilidad de fijación de requisitos de grado, pueden consultarse las sentencias SU-783 de 2003, T-035/04, T-297/04, T-404/04, entre otras.
[10] Sentencia T-933 de 2005
[11] T-617/07 y SU-250/98.
[12] En relación con los temas descritos a lo largo del presente numeral, se pueden consultar entre otras, las Sentencias T-492/92, T-573/93, T-515/95, T-180/96, T-1228/ 05,T-286//05 yT-886/09.
[13] Según estudio de reintegro la universidad informó al accionante que debería ver las siguientes materias: Expresión Grafica, Diseño Hidráulico Asistido por Computador, Fisicoquímica y Laboratorio, Métodos Numéricos, Química Ambiental y Laboratorio, Costos y Presupuestos, más una electiva.
[14] La disposición sometida a subraya es similar en el actual reglamento académico de la UMB, reglado en el Acuerdo núm. 0043 del Consejo Superior, con fecha del 30 de abril de 2008, en los siguientes términos: “ARTÍCULO 7. MATRÍCULA. Es un contrato mediante el cual el inspirante adquiere la calidad de estudiante de la UMB. Se perfecciona mediante el pago de la matrícula y demás derechos académicos. (…)” (Subrayado por fuera del texto original)
[15] La matrícula con el comprobante para el nivel II fue allegado a esta Corporación por vía electrónica por el abogado de la UMB. Folio (23) del cuaderno de revisión.
[16] Posibilidades consignadas en la Resolución 011de Rectoría suscrita el 18 de febrero de 2003.
[17] Registro y control académico obrante a folios 5,6 y 7.
[18] Anexo de la resolución 016 del 14 de febrero de 2008.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 69
 Resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 resolución