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Timestamp: 2020-03-29 17:56:46+00:00

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Daniel Montero Bustabad (Blog Literario).: 27/05/12 - 3/06/12
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3. Sostiene la existencia de responsabilidad civil ambiental objetiva respecto a las actividades generadoras de riesgos, la sentencia del Tribunal de Casación Penal Nº 2004-0493, del 20 de mayo del 2004.
“El tribunal de juicio absuelve al encartado en aplicación del principio in dubio pro reo, pero condena a la demandada civil en aplicación de la responsabilidad objetiva y con fundamento en el artículo 1045 del Código Civil. De manera que lo único que se discute en el presente recurso son los aspectos civiles y no los penales. Lo anterior hace que resulte cuestionable la discusión y aplicación de los requisitos de la “Cadena de Custodia”, que es un instituto netamente penal para determinar la legitimidad de la prueba a un tema estrictamente civil, donde operan otros principios y fundamentos. En efecto, como todos sabemos, la responsabilidad civil surge de dos grandes vertientes. Por un lado la responsabilidad contractual, que no es del caso analizar, y por otro la responsabilidad extracontractual. Esta última se compone de la responsabilidad subjetiva y la objetiva. La responsabilidad subjetiva es aquella que surge como consecuencia de un comportamiento doloso o culposo en virtud del cual se produce un daño. Precisamente esta responsabilidad se encuentra expresamente contemplada en el artículo 1045 del Código Civil, el cual señala “Todo aquel que por dolo, falta, negligencias o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”. De donde se colige que resulta indispensable demostrar tanto la existencia del daño como la relación de causalidad entre ese daño y la conducta dolosa o culposa. Lo anteriormente expuesto, nos permite establecer que el juzgador un error material al sustentar la responsabilidad objetiva en el citado artículo 1045 del Código Civil, cuando precisamente esa norma se refiere a la subjetiva, yerro que, conforme a lo dispuesto por los artículos 146 y 433 del Código Procesal Penal debe ser corregido en la forma que se dirá seguidamente. En el presente caso surge la responsabilidad objetiva, cuyo punto de partida no es la acción del sujeto sino más bien el desarrollo de actividades industriales, comerciales, agrícolas que aunque lícitas, son causas generadoras de riesgo y fuente potencial de daños. Su fundamento no es subjetivo, sino más bien objetivo en la medida que el interés central no es sancionar o castigar, sino reparar. Progresivamente, el nuevo derecho de daños, con criterios solidaristas, se orienta hacia la objetivación de la responsabilidad y toma en cuenta otros criterios basados en valoraciones económicas, sociales, etc, que impone que el daño sufrido no sea asumido exclusivamente por la víctima y pueda ser trasladado económicamente a un tercero. La idea se centra no ya en sancionar o castigar al autor de la conducta antijurídica, sino en la necesidad de que el daño sea reparado. (Cfr: Ghersi , Carlos Alberto. Teoría General de la Reparación de daños. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997, p 143 y 144.) Según dispone el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica, “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales…” De acuerdo con dicha normativa, el fundamento de la reparación no estriba en la culpa o el dolo, sino más bien en la producción de un daño. Norma que se complementa con los artículos 46 y 50 de la misma Constitución. Al respecto el ordinal 46, párrafo final dispone que “…los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo…”, mientras que el 50 establece: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes” (El subrayado es nuestro). Por su parte, la Ley Orgánica del Ambiente, desarrollando el postulado constitucional, en su artículo 2 inciso d) dispone un principio general a cuyo tenor: “Quien contamine el ambiente o le ocasiones un daño será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y las Convenciones internacionales vigentes.” Mientras tanto el numeral 59 del mismo cuerpo normativo define la contaminación del ambiente como “toda alteración o modificación del ambiente que pueda perjudicar a la salud humana, atentar contra los recursos naturales o afectar el ambiente en general de la Nación. La descarga y la emisión de contaminantes, se ajustará, obligatoriamente a las regulaciones técnicas que se emitan. El Estado adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental.” Respecto al vertido de material contaminante, que es precisamente lo que estamos discutiendo, artículo 66 de la ley en comentario establece que “ …la responsabilidad de tratamiento de vertidos corresponderá a quien produzca la contaminación…”. Finalmente, el 101 de la Ley Orgánica del Ambiente dispone que “Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente ley o las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados…” De la normativa citada se desprende claramente que nuestro legislador ha receptado y materializado el principio tradicional en materia ambiental, conforme al cual “el que contamina paga” con independencia de la existencia de un vínculo subjetivo. Estamos frente aun cambio de paradigma, ya que no siempre la responsabilidad se encuentra fundada únicamente en la teoría de la culpa, sino que el aumento de causas de dañosidad producidas por el desarrollo industrial, comercial y agrícola exponen al ser humano a mayores riesgos. En relación con esta temática y analizando el párrafo quinto del Código Civil, Víctor Pérez señala que " en nuestra jurisprudencia… se ha aclarado que los párrafos 4 y 5 del artículo 1048 del Código Civil no se basan en la responsabilidad por culpa directa o indirecta, sino en la responsabilidad objetiva- es decir sin culpa-, que recae sobre los empresarios de establecimientos peligrosos y los que se dedican a la explotación de los medios de transporte; estos dos reglas son reflejo de la teoría del riesgo. En realidad, con esto, la ley ha tomado en cuenta dos cosas: de un lado, excitar el cuidado de los dueños y empresarios de actividades peligrosas, en el sentido de impedir accidentes y, de otro lado, garantizar mejor el pago de la respectiva indemnización, poniéndolo directamente a cargo de los individuos solventes. Como puede observarse, a diferencia de los casos de "responsabilidad por culpa", la responsabilidad objetiva reside en el hecho de que aquél para su propio provecho crea una fuente de probables daños y expone a las personas y los bienes ajenos a peligros y queda obligado si el daño se verifica…" (Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. San José, Publitex, 1998, p. 416). Desde la óptica práctica, la responsabilidad objetiva se resume en una ventaja a favor del lesionado que significa una inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que éste queda exonerado de la carga de probar la culpa o dolo del causante del daño y tampoco requiere probar su falta de culpa, a diferencia de los casos de responsabilidad subjetiva. El fundamento de este tipo de responsabilidad es el reconocimiento social de que ciertas actividades, aún siendo lícitas (por lo que no es requisito el ser antijurídicas) y necesarias dentro del desarrollo social y tecnológico actual, que no puede ni debe ser obstruido, pero que, concomitantemente generan un riesgo -como entidades productoras de eventuales daños- el cual desde luego no debe ser asumido por la víctima o sus allegados, sino más bien por aquel que se beneficia de la actividad riesgosa o de la tenencia de una fuente productora de peligro. Esas empresas, generadoras de peligro para la comunidad y de beneficio para su dueño, constituyen un medio a través del cual se produce el daño a la víctima. De manera que como causante del perjuicio, se encuentran obligados a repararlo. (Sobre la responsabilidad civil objetiva, crf: Voto 085-F-99 del 10 de marzo de 1999, Tribunal Superior de Casación Penal. Voto No: 1262-97 de las 11:30 horas del 14 de noviembre de 1997. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No: 525-F- 2001 del 31 de mayo del 2001, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente Sala Segunda Civil de la Corte Suprema de Justicia, No: 304 de las 15:10 horas del 4 de octubre de 1973 y 481 de las 10:05 horas de 20 de julio de 1992, del Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Segunda). Así las cosas, el argumento central del recurrente en cuanto a que se violó la cadena de custodia en relación con la recolección de muestras no resulta atendible. Tales principios son válidos para establecer la responsabilidad penal, no así para la responsabilidad civil donde aplican otros criterios. Debemos recordar que las muestras de agua no fueron tomadas por miembros del Organismo de Investigación Judicial, ni por oficiales de dicha dependencia. Fueron más bien los miembros de la estación de Guarda costas de Golfito y personeros del Ministerio de Salud quienes se encargaron de dichas diligencias. En todo caso, en relación a los reparos sobre la recolección de agua y sus resultados, la sentencia se pronuncia de manera motivada”.
4. En el mismo sentido se pronuncia también el Tribunal de Casación Penal en su fallo Nº 2005-1278, del 2 de diciembre del 2005:
5. Se ha de notar que en estas sentencias se absolvió penalmente a los autores pero se los condenó civilmente por parte de la jurisdicción penal.
6. En todo caso, respetuosamente sostenemos que dichas sentencias no han ponderado el artículo 109 de la Ley de la Biodiversidad. Debe aclararse que dicho precepto NO establece un régimen de responsabilidad por culpa con inversión de la carga de la prueba (presumiendo, salvo prueba en contrario, la existencia de la culpa). Si ese fuera el caso, el precepto estaría redactado de forma distinta. De la redacción del texto se desprende que la carga de la prueba que se está invirtiendo es la que se refiere al resultado dañoso del que se acusa a quien se atribuye una acción u omisión que contraviene la normativa tutelar del ambiente (“no permitidas” dice el artículo). Dicho precepto parte de la base de que la simple violación de la normativa hace nacer la presunción de generación del daño. Esto sólo se entiende si se piensa que el artículo naturalmente no está exigiendo la existencia de culpa, pues salta de la infracción al resultado dañoso que se presume, sin exigir ningún otro requisito. De lo anterior se concluye que no es sólo que no aplique la responsabilidad subjetiva, sino que incluso la Ley ya no exige que existan todos los requisitos de la responsabilidad objetiva, pues del sólo hecho de que exista una infracción a la normativa ambiental, se presume la generación de daño ambiental.
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LA JUEZA EN FORMACIÓN ANTE EL SISTEMA JURÍDICO, I:
En el presente escrito abordaremos una materia que a nuestro entender ha de formar parte del proceso de formación de las juezas en la Escuela Judicial: el sistema jurídico y el papel de la jueza en éste.
En este sentido apelamos al dicho de Carnelutti:
Podrían (mal) interpretarse las palabras de Eizaguirre separando los tres componentes del sistema. Sin embargo, el sistema de valores de nuestro Ordenamiento une los tres elementos, de modo que la labor de la jueza no se realiza de espaldas al legislador (artículo 11 de la Constitución Política) ni tampoco pasando por alto la doctrina. Ésta, en su carácter de exponente de las instituciones, sus principios y su sistematización, alimenta la jurisprudencia, y a la vez es sustentada por ésta. Los tres componentes forman, en realidad, una unidad inescindible, dirigidos todos a la realización de los derechos constitucionales de las habitantes. (citar enterría ppos generales y jueces, así como doctrina).
III. Importancia de la formación de las juezas.
Respecto a la formación que va a recibir quien ya ha sido escogida como jueza, éste es el hermoso reto de la Escuela Judicial del honorable Poder Judicial, y su gran responsabilidad de cara a la pervivencia de la democracia. Una jueza sin el basamento jurídico adecuado elaborará el Derecho a lo largo de la carrera de una forma deficiente, con desprestigio directo al Poder Judicial y a la democracia, además del perjuicio a los justiciables.
IV. El contenido de la formación.
La protagonista de la formación se encuentra en la misma jueza. Quien ha sido seleccionada para tan honorable función, ha de recibir una formación específica para el cargo, lo más sólida posible. Pero la base de la educación se encuentra en el estudio continuo de la jueza a lo largo de todos y cada uno de los años de su carrera. No se trata de una simple “actualización” de conocimientos, sino de algo mucho más importante: la continua profundización en la materia propia de su especialidad, así como en las bases mismas del Derecho como disciplina.
La Escuela Judicial ha de fortificar progresivamente el proceso de impartir educación jurídica de profundización a quienes han sido seleccionadas para desempeñar el cargo de juezas. Consideramos que dicha formación ha de comenzar por un estudio en profundidad de lo que constituye un sistema jurídico, y del papel de la jueza en el mismo, incluyendo su responsabilidad.
Los fundamentos de una labor, la labor jurisdiccional en nuestro caso, son fundamentales, pues sin el pleno dominio de la misma, el practicante nunca llegará a comprender de verdad la materia que ejerce y, por tanto, cometerá errores de bulto a lo largo de sus años. Una buena teoría, por el contrario, permite una correcta asimilación de los aspectos prácticos que se vayan adquiriendo, insertando los conocimientos que se reciban con el tiempo en un adecuado sistema mental, orientando la práctica del Derecho en el camino correcto.
V. El Derecho como disciplina.
De acuerdo a la tesis predominante, el Derecho es objeto de, predominantemente, cuatro “ciencias”: la teoría del Derecho, la dogmática, la axiología o teoría de los valores jurídicos, y la sociología jurídica.
a. Se entiende por teoría del Derecho el proceso de elaboración de las estructuras conceptuales fundamentales para organizar la comprensión del Ordenamiento Jurídico. Esta teoría elabora las herramientas conceptuales necesarias para operar con el Ordenamiento. Como tales herramientas, las mismas no se aplican sólo al Derecho de un país determinado, sino que permiten explicar los contenidos de los Ordenamientos de naciones y tiempos diversos. Los conceptos de “persona”, “derecho subjetivo”, “facultad”, “contrato”, “bien mueble”, “bien inmueble”, etc. son aplicables independientemente del país de que se trate. Son estructuras no limitadas a un tiempo y lugar, sino de pervivencia durable y ubicua.
b. La dogmática (conocida como la “ciencia” del Derecho propiamente tal), emplea los instrumentos elaborados por la teoría del Derecho para exponer y explicar el contenido del Derecho vigente en un tiempo y lugar determinados. Es una técnica de resolución de conflictos sociales hacia la justicia desde un Ordenamiento Jurídico en concreto.
Estas distinciones son sumamente esclarecedoras, aunque consideramos que, aun manteniendo su utilidad, han de mostrar un proceso de unión a raíz del paradigma neoconstitucional, o sea, de las exigencias que a la elaboración del Derecho plantea la promulgación de las Constituciones de la segunda postguerra como normas jurídicas rígidas que imponen el respeto a los derechos fundamentales, incluyendo derechos sociales, y la división de poderes, en el marco de una convivencia en democracia.
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References: in dubio
 artículo 1045
 artículo 1045
 artículo 1045
 artículo 41
 artículo 2
 artículo 66
 artículo 1048
 artículo 109
 resolución