Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5223
Timestamp: 2020-02-29 04:37:07+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 218/2004
SENTENCIA 218/2004, de 29 de noviembre
ECLI:ES:TC:2004:218
c) Ante esta situación la parte recurrente consideró desestimada su solicitud por silencio administrativo, formulando contra dicho acto presunto reclamación económico-administrativa. Esta reclamación fue, a su vez desestimada, aunque esta vez de manera expresa, mediante la Resolución de 19 de noviembre de 1997 del Tribunal Económico-Administrativo Central, al apreciar que no había quedado acreditado de manera satisfactoria el nombramiento del esposo de la recurrente como capitán del ejército republicano. Precisa este acto administrativo, en concreto, que la "Orden circular de 27 de abril de 1938 por la que se confirma en el empleo de capitán en la 68 Brigada Mixta a Francisco Gómez Rodríguez" ya fue aducida "con anterioridad, mediante solicitud inscrita en el Registro correspondiente el 26 de abril de 1988, por otra persona, de iguales nombres y apellidos, a quien, por resolución de la Dirección General de 13 de octubre siguiente, se señaló pensión en aplicación del Título II de la Ley 37/1984 y, ante tal situación, como pese a lo alegado en la reclamación la carga de la prueba recae sobre el solicitante del derecho, es preciso concluir que, en tanto el segundo de los inscritos en el Registro de solicitantes de pensión no acredite fehacientemente que es a él a quien se refiere el citado nombramiento, tal circunstancia debe darse por incierta".
d) La parte demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicha Resolución, indicándose en la demanda que la Sra. García Gabela había probado que su marido fue capitán del ejército republicano, por lo que "si la Administración alega que existe otra persona que cobra la pensión y que era la nombrada en la Orden circular alegada por mi mandante, es a la Administración a quien incumbe probar que esta persona que está cobrando la pensión es la misma nombrada en la Orden circular alegada por el recurrente". En su escrito de contestación a la demanda el Abogado del Estado considera que la pretensión de la demandante "debe desestimarse ya que, como resulta de la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central que se impugna, el empleo de capitán que predica de su esposo y su condición de militar profesional no resulta acreditado, no por haberse aportado documentación a nombre de otra persona con idéntica filiación, como se sostiene en el escrito de demanda, sino porque aportada aquélla para otro expediente, sólo se presenta para fundamentar su derecho acta de notoriedad insuficiente, por su contenido, para acreditar los extremos exigidos por la normativa legal".
e) Este recurso contencioso-administrativo fue desestimado mediante la Sentencia de 27 de abril de 1999, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, declarando conforme a Derecho la resolución impugnada. En el fundamento de Derecho tercero de esta resolución judicial se indica, en lo que aquí interesa, que: 1) Resulta suficientemente acreditado que el marido de la recurrente fue "capitán del Ejército de la II República Española". 2) Este señor, a pesar de ser "español de origen, estaba en posesión de la nacionalidad venezolana en el momento de su fallecimiento" en Cáceres (Venezuela) el año 1977, "sin haber promovido previamente la recuperación de su nacionalidad originaria". 3) Por tanto, la señora recurrente "carece de todo derecho de pensión de clases pasivas causada por el referido capitán del Ejército Republicano, dado que su marido no estaba en posesión de la nacionalidad española en el momento de su muerte, años después de terminada aquella Guerra Civil, tal y como ello es exigido en la disposición adicional tercera de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, en relación con los citados preceptos del Real Decreto 1033/1985, de 19 de junio, y del Decreto 1211/1972, de 13 de abril, y en relación igualmente con el expresado principio jurídico general del Derecho sobre pensiones", que exigiría "al sujeto causante de la pensión de viudedad de que se trate estar en posesión de la nacionalidad española en la fecha de su fallecimiento, por constituir esta última el momento a partir del cual se pueden producir los efectos del hecho causante de tal derecho pasivo".
g) Este incidente fue inadmitido por Auto de 1 de septiembre de 1999, al estimar la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que no se aprecia en la Sentencia cuestionada "ningún defecto de forma, ni tampoco incongruencia alguna entre lo razonado en la misma y lo resuelto en su parte dispositiva, que viene a confirmar la validez de lo acordado en el acto administrativo impugnado" (razonamiento jurídico único).
3. La recurrente en amparo considera que la Sentencia de 27 de abril de 1999, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), puesto que esta resolución está incursa en un vicio de incongruencia, en la medida en que funda "su decisión desestimatoria en motivo no invocado por la Administración demandada y sin dar trámite de audiencia sobre este punto". Y es que la resolución judicial impugnada, "alterando los términos del debate", ha declarado que la señora recurrente carece de todo derecho a la concesión de pensión de viudedad al amparo de la Ley 37/1984, "dado que su marido no estaba en posesión de la nacionalidad española en el momento de su muerte". Esta actuación del órgano judicial "contraviene el principio de congruencia antes expuesto, por cuanto el citado motivo no fue alegado en ningún momento por la Administración demandada, como causa que impidiere reconocer a mi mandante los referidos beneficios de la Ley 37/84, en su condición de viuda del causante D. Francisco Santiago Gómez Rodríguez". En este sentido, señala la demanda de amparo que la dependencia administrativa que tramitó la solicitud de pensión de la recurrente "se limitó a exigirle pruebas de que su esposo fue capitán del Ejército Republicano durante la contienda civil"; el Tribunal Económico- Administrativo Central desestima su reclamación por la supuesta falta de acreditación de la circunstancia citada, sin hacer la más mínima referencia a la cuestión de la nacionalidad del causante; y, por último, la Abogacía del Estado tampoco aludió durante la tramitación del procedimiento contencioso-administrativo a la nacionalidad del marido de la recurrente en el momento de su fallecimiento. Partiendo de estas consideraciones, concluye la demanda de amparo que "la indefensión se produce, en este caso, por fundarse el fallo desestimatorio del recurso en un motivo no invocado por la Administración demandada, sin dar a las partes trámite de audiencia sobre ese punto, conforme a lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción de 1956".
4. Por providencia de 5 de mayo de 2000 la Sección Segunda de este Tribunal acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda presentada por la representación procesal de doña Jacinta García Gabela. En esta providencia se dispuso también que se dirigiese atenta comunicación tanto a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, como al Tribunal Económico-Administrativo Central, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiesen, respectivamente, testimonio del recurso contencioso-administrativo núm. 1541/97 y de los expedientes administrativos con número de referencia R.G. 9160/96 y R.S. 806/97; y se emplazase a quienes hubieran sido parte en el proceso judicial previo (con excepción de la parte recurrente en amparo) para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional.
6. El Abogado del Estado solicitó mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de julio de 2000 la denegación del amparo pretendido. Considera, en primer lugar, el representante de la Administración estatal que la demanda de amparo "oscila argumentativamente entre la incongruencia y la indefensión. Por un lado, sostiene que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 2ª, de 27 de abril de 1999, dictada en [el] asunto 1541/1997, es incongruente por haber desestimado el recurso en virtud de un motivo no debatido entre las partes. Pero, por otro lado, alega indefensión material y la imputa a una omisión de la Sala: no haber planteado la tesis, tal y como prevé el art. 43.2 de la LJCA de 1956, aplicable al asunto".
8. El Fiscal interesó mediante escrito presentado el 12 de julio de 2000 en el Registro General de este Tribunal el otorgamiento del amparo solicitado. En su escrito de alegaciones considera el Ministerio público que nos encontramos efectivamente ante un supuesto de incongruencia extra petitum, pues la Sentencia impugnada en el presente proceso constitucional "introdujo ex novo una cuestión que no fue objeto de contradicción ni de debate procesal, como fue la de determinar si la no posesión de la nacionalidad española del esposo de la actora al tiempo de su fallecimiento suponía un obstáculo al reconocimiento del derecho al percibo de la pensión de viudedad solicitada, generando, por consiguiente, una real y efectiva indefensión a la recurrente". Precisa, además, el Fiscal que "la eventual idea de indefensión constitucional que habría podido ocasionar a la parte actora la sentencia impugnada radica, no en si hubo o no acierto por parte del órgano judicial en la selección y aplicación de las normas legales y, en concreto, en la determinación de los requisitos exigidos para aspirar al reconocimiento de la pensión de viudedad que se había solicitado de la Administración, sino más bien en la aparición de una cuestión jurídica nueva, no suscitada por las partes, y en la ulterior resolución del proceso partiendo del análisis de dicha cuestión, sin que, como preceptuaba el ya derogado art. 43 de la LJCA de 1956, la Sala hubiera acordado la apertura de un trámite de audiencia a las partes para que alegaran lo que tuvieran por conveniente sobre dicha cuestión nueva, para preservarles en su derecho de defensa de los intereses propios". Concluye el Ministerio público sus alegaciones fijando el alcance del amparo, que, en su opinión, debería "limitarse a la anulación de la Sentencia de 27 de abril de 1999 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, debiéndose retrotraer las actuaciones al trámite anterior a la Sentencia para que la Sala, en cumplimiento de lo establecido en el art. 43 de la LJCA, acuerde la apertura de un trámite de audiencia a las partes personadas al objeto de que, en su caso, les someta a su consideración las cuestiones no suscitadas por aquéllas que puedan resultar procedentes a la resolución del proceso".
La parte demandante de amparo así lo estima, al considerar que la Sentencia impugnada ha alterado los términos del debate procesal declarando en vía judicial que doña Jacinta García Gabela carece de todo derecho a la concesión de una pensión de viudedad solicitada al amparo de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, por un motivo (la falta de la nacionalidad española del marido- causante) que no ha sido alegado en ningún momento por la Administración demandada, ya no sólo en la vía administrativa, sino tampoco durante la sustanciación del procedimiento contencioso-administrativo. Y es que antes del pronunciamiento de la resolución judicial impugnada el debate procesal se ha centrado exclusivamente en la determinación de si el esposo de la recurrente había sido o no capitán del ejército republicano durante la Guerra Civil española.
3. Centrándonos en la incongruencia extra petitum, vicio procesal en torno al que, como ya hemos anunciado, gira específicamente el asunto ahora enjuiciado, hemos afirmado que para que la misma adquiera relevancia constitucional, constituyendo una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder algo distinto de lo pedido (extra petitum), "suponga 'una completa modificación de los términos en que se produjo el debate procesal' (STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 1) causante de indefensión para las partes por haberse dictado un fallo extraño a sus respectivas pretensiones, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidos oportunamente en el proceso y respecto de los cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones y los argumentos que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales" (STC 45/2003, de 3 de marzo, FJ 3; y todas las allí citadas).
4. Un análisis de los autos revela que en el presente caso la Sentencia impugnada ha incurrido, ciertamente, en una incongruencia extra petitum lesiva del art. 24.1 CE. En efecto, tanto durante la vía administrativa como durante la sustanciación del procedimiento contencioso- administrativo todas las discrepancias entre la Administración y la parte recurrente giraron exclusivamente en torno a la acreditación de la condición de capitán del ejército republicano durante la Guerra Civil del marido de doña Jacinta García Gabela. Así, ni la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda, dependencia administrativa que tramitó su solicitud de pensión de viudedad, ni el Tribunal Económico- Administrativo Central, que rechazó su reclamación contra la desestimación presunta de la pensión solicitada, ni finalmente la Abogacía del Estado en su contestación a la demanda contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional, hicieron la más mínima referencia a la ausencia de nacionalidad española del causante de la pensión en el momento de su fallecimiento, sino que la referida Dirección General se limitó a solicitar a la ahora recurrente pruebas de la condición militar de su finado esposo, y el órgano económico-administrativo fundamentó su resolución desestimatoria en el motivo único de la falta de acreditación de dicha condición, argumento que asumió en su totalidad la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional, sin efectuar ninguna consideración suplementaria para apoyar la desestimación del recurso contencioso-administrativo ni, en definitiva, de la pensión solicitada.
Pues bien, a pesar de que el debate jurídico se desarrolló en los términos indicados, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consideró acreditada la condición de capitán del ejército de la Segunda República del marido de la recurrente durante la contienda civil, pero desestimó el recurso contencioso-administrativo, confirmando la decisión administrativa denegatoria de la pensión solicitada, basándose en un nuevo motivo no esgrimido en ningún momento ni por la Administración ni por la parte ahora recurrente en amparo, ni puesto de manifiesto a las partes por el referido órgano judicial para que pudiesen alegar lo que estimaren pertinente con anterioridad al momento de dictar Sentencia, haciendo uso de la vía prevista en el art. 43.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa de 1956 (precepto éste aplicable en el proceso contencioso-administrativo del que trae causa este recurso de amparo), sustituido en la actualidad por el art. 33.2 LJCA de 1998.
2º Anular la Sentencia de 27 de abril de 1999, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, recaída en el recurso contencioso- administrativo núm. 1541/1997, así como el Auto de 1 de septiembre de 1999, de este mismo órgano judicial, por el que se inadmite el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra dicha resolución judicial.
Número y fecha BOE [Núm, 3 ] 04/01/2005 Corrección 1
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4171-1999
Promovido por doña Jacinta García Gabela frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su demanda contra el Ministerio de Hacienda sobre pensión como viuda de un militar de la República, y Auto denegando la nulidad de lo actuado.
La Sentencia impugnada ha incurrido en un vicio de incongruencia extra petitum con plena relevancia constitucional (STC 29/1999) [FJ 5].
A pesar de que el debate jurídico se desarrolló en torno a solicitar a la ahora recurrente pruebas de la condición militar de su finado esposo, la Audiencia Nacional desestimó el recurso contencioso-administrativo basándose en un nuevo motivo no esgrimido en ningún momento, la ausencia de nacionalidad española del causante de la pensión en el momento de su fallecimiento [FJ 4].
La incongruencia extra petitum se produce cuando el pronunciamiento judicial recae sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, provocando indefensión al defraudar el principio de contradicción (SSTC 154/1991, 124/2000) [FJ 2].
El derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas [FJ 2].
La incongruencia omisiva tendrá lugar cuando el órgano judicial deje sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración (SSTC 91/1995, 114/2003) [FJ 2].
La incongruencia por error acontece cuando no se resuelve sobre la pretensión formulada, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado (SSTC 213/2000, 92/2003) [FJ 2].

References: Resolución 
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 Real Decreto 
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 artículo 43
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