Source: https://tiempodepolitica.com/c-peru/constitucion-politica-del-peru/
Timestamp: 2020-08-14 22:26:04+00:00

Document:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: ¿Qué es? Histroria y mucho más
La magnífica Constitución Política del Perú del año de 1993 es la regla básica de la República peruana. La misma fue escrita hacia el inicio del mandato de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Demócrata que el mismo convocó después de la desintegración del Congreso en el autogolpe del año de 1992, afirmado así por la consulta realizada en el año de 1993 a pesar del hecho de que los resultados han sido examinados por ciertas áreas.
1 ¿Qué es la Constitución Política del Perú?
2 Historia de la Constitución Política del Perú
2.1 Gran Congreso Constituyente demócrata del año de 1992
3 Tipos de Constitución Política del Perú
3.1 La Constitución del año de 1979
3.2 La Constitución del año de 1993
4 Estructura de la Constitución Política del Perú
5 Constitución Política del Perú comentada
5.1 Por artículos
6 Constitución Política del Perú actualizada
7 Vacancia presidencial en la Constitución Política del Perú
7.1 ¿Insuficiencia moral?
8 Constitución Política del Perú y el Indulto
8.1 Condiciones
9 Constitución Política del Perú y las Elecciones
10 ¿Qué dice la Constitución Política del Perú sobre la familia?
11 ¿Qué dice la Constitución Política del Perú sobre la educación?
12 Primera Constitución Política del Perú
13 Constitución Política del Perú derechos y deberes
13.1 Derechos fundamentales de la persona
13.2 Derecho al trabajo
13.3 Derechos humanos
13.4 Derecho al agua
13.5 Derecho al nombre
13.6 Derecho a la educación
13.7 A la Salud
13.8 Al Matrimonio
13.9 Al Medio ambiente
13.10 A la Libertad de expresión
14 Constitución Política del Perú y el Régimen económico
15 Constitución Política del Perú y las Garantías constitucionales
Es una ley esencial que comprende todo el conglomerado del ordenamiento jurídico nacional como sus normas legales, políticas, sociales, filosóficas y financieras de las que se derivan todas las leyes del Estado. Mediante la constitución se organizan las fuerzas políticas y fundaciones con el fin de construir, controlar los derechos y oportunidades de los nativos peruanos. Es tan fundamental como lo es la Constitucion de Guatemala y la Constitucion de Uruguay
La Constitución es tan suprema que esta sobre cualquier ley, sus directrices son sagradas y obligatorias. La Carta Magna del año de 1993 es uno de los estándares básicos que ha representado más tiempo en el Perú, superada solo por los escritos de los años de 1860 y 1933.
La Constitución Política del Perú es la Carta Regia y extraordinaria sobre la cual descansan los pilares del Derecho, la ley, la equidad y los estándares de la nación. Porque inspecciona, dirige a la vez que protege los derechos y libertades de los peruanos. Instaura fuerzas y fundaciones políticas. Es una carta suprema que fue escrita por el Congreso Constituyente Demócrata.
Es tan importante considerar que fue afirmada a través de la consulta realizada en el año de 1993 en medio del gobierno de Alberto Fujimori, además es de mucha importancia comprender que desde su fundación como República el Perú ha logrado tener 12 Constituciones. Solo esta es tan superior a cualquier ley que no existe otra que sirva para guiar y controlar las acciones conductuales de los peruanos.
La constitución es aquella que establece los puntos de corte y caracteriza las relaciones entre las fuerzas del Estado como los controles que en las naciones occidentales de vanguardia se caracteriza como poder autoritario, oficial y legal para con sus súbditos.
En este sentido construyen las bases para su mandato y para la asociación de los fundamentos en los que se basan tales poderes. Este instrumento legal trata de garantizar a la población en general sus derechos y oportunidades llamadas por así decirlo libertades.
El término Constitución en un sentido legítimo alude a la disposición de directrices legales compuestas y no escritas, que establecen el ordenamiento legítimo de un estado, en particular la estructuración de fuerzas abiertas o públicas y sus competencias como los establecimientos de actividad financiera al igual que pública con las obligaciones y privilegios pertinentes de los nativos.
De acuerdo a lo que establece la historia que el 5 de abril del año de 1992 el ciudadano Alberto Fujimori, presidente electo en el tiempo que data del año de 1990, quien en ese momento y en virtud de la Constitución aun vigente del año de 1979 declaró en un mensaje al país la necesidad de crear la base para sacar de la crisis al País.
Así como la formación de gobierno que reconstruyera nacionalmente todas las bases suficientes, cuya razón sería la transformación institucional de la nación con el cambio sagrado y muy esencial de la constitución. Contando que entre las disposiciones adoptadas el mandatario Fujimori instó la desintegración del Congreso y la intervención del Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos territoriales.
Este desglose del mandato establecido legítimamente llamado autogolpe, tuvo el mayor respaldo de la población peruana debido en gran parte a la ruina en que la clase política y sus agentes habían caído en el parlamento a pesar del hecho de que deberían tener muy en cuenta que la pérdida de notoriedad Partidocracia fue fortalecida y animada en todos los aspectos antes de lo previsto por el propio gobierno de Fujimori.
A pesar del hecho de que en la dimensión interior el autogolpe fue soportado por la población, la red mundial demostró más bien una posición de recriminación. Por ejemplo los países de la Organización de Estados Americanos lamentaron el autogolpe del Perú y alentaron al presidente Fujimori a buscar un procedimiento para la llegada de un gobierno demócrata.
Al reunirse con sus funcionarios se dio el momento cuando el ministro peruano Augusto Blacker Miller intentó legitimar el autogolpe, aun desde el peligro que esto había significado para el Perú por la revuelta causada por los miembros del círculo extremista. Esta disputa no persuadió a los delegados de las naciones más críticas de América, por mucho que trataron no los convencieron.
Fueron experiencias muy lamentables que en ese entonces solo se buscaban excusar con la finalidad de que el mandatario siguiera gobernando el Pais, sin tomar en cuenta los daños que este tipo de acciones acarrearía al País en un futuro no muy lejano, cada gobierno y Pais vive su propia experiencia considerando que cada pueblo la siente. Siempre el más afectado de cada momento vivido es Pueblo. Vea a Cipriano Castro
Se decretaron metas en las que el gobierno peruano debía intercambiar ideas o lo que es mejor, sostener un dialogo justo con la oposición demócrata y descubrir una manera de volver al sistema basado en la votación; De lo contrario, en la siguiente reunión de cancilleres, se adoptarán sanciones contra Perú.
Es por ello que en el mes de mayo del año de 1992, Alberto Fujimori fue a la XXII a la gran Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos que tuvo su asiento para la asamblea en Nassau, Bahamas; en el cual se abrazó el compromiso para restablecer los derechos sagrados en la nación al igual que para reunir un Congreso Constituyente Democrático para asegurar la igualación de fuerzas y el apoyo nativo convincente en la redacción de otro entendimiento implícito.
Gran Congreso Constituyente demócrata del año de 1992
Esta gran asamblea fue el producto del interés de la Comunidad mundial el 17 de junio del año de 1992 en donde Fujimori reunió un Congreso Constituyente Democrático, sin embargo el gobierno confundió tanto el discurso con los grupos ideológicos que logró su motivación de dividirlos: algunos reconocieron ir al Congreso Constituyente Demócrata.
Mientras que otros descartaron esta opción como el Partido Aprista Peruano. En cuanto a su importancia a la administración gubernamental se le habló de la asociación con la alianza oficialista enmarcada por Cambio 90 y el último partido de Nueva Mayoría. Puede ver a Domingo Santa María
Tipos de Constitución Política del Perú
Es de mucha importancia hacer mención de manera detallada que el Perú fue administrado bajo un imperioso gobierno de orden totalmente militar que imperó durante los años de 1968 hasta el 1980; En Perú las instituciones estaban basadas ​​en la popularidad y la sagrada libertad que han tenido y aún tienen una legitimidad más formal que genuina, a pesar de haber sido incorporados a escritos protegidos y conversaciones políticas.
Uno de los ángulos donde más se ha mostrado esta deficiencia institucional ha sido la crisis de capacidad administrativa y el fundamento de las rutinas opresivas debido a los derrocamientos militares que plasmaron a la nación en medio de las décadas anteriores al período examinado en este documento. Perú tuvo Doce Constituciones Politicas que datan desde 1823 hasta 1993.
Posteriormente y prácticamente todos los mandatos que optaron equitativamente desde el año de 1930 y 1968 fueron decretos que no alcanzaron a cumplir su mandato en toda su totalidad porque fueron derrocados por determinados ataques militares. Lo coherente era que cuando una administración de gobierno no tenía la totalidad parlamentaria auténtica provocaba la mayoría de las veces enfrentamientos muy rudos.
Entre el Poder Ejecutivo y el Congreso trayendo como seria consecuencia una emergencia política acompañada de una ingobernabilidad que a su vez servía como plataforma para el quiebre del orden constitucional y la instauración de un gobierno de facto dirigido por algún militar. Vea Tambien A Juan Vicente Gómez
El gobierno militar expresaba que no se retiraría rápidamente sin embargo fijaba una fecha para su vuelo, extendiendo un calendario donde hacia un traspaso de poder que se cerraría con la elección justa de una administración de gobierno en el año que pudiese asumir sus funciones en los lapsos de tiempo establecidos, obviamente en el año cuando se hacia el proceso para realizar las convocatorias a elecciones presidenciales como en el año de 1980.
Como compromiso y encargo que la Constitución traería la mejor de las opciones para regir un gobierno de manera legitima para que conduzca a sus gobernados bajo normas que se hagan notorias y obligatorios de fiel cumplimiento en todo el territorio donde impere y sirva, para ello se hace marcada mencion a la Constitucion de 1979 y 1993 como el conglomerado sagrado del cual se derivan las leyes que hasta ahora han favorecido al País peruano
De antemano reuniría una Asamblea Constituyente la cual se encargaría únicamente de establecer otra Constitución que debería según la proposición de la administración de gobierno constitucionalizar y estandarizar los cambios estructurales requeridos que a su vez fueran realizados por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, para ello surge:
La Constitución del año de 1979
La no aparición de un partido de la parte que controlaba la Asamblea Constituyente y que, sin la aportación de nadie más pudiera imponer la nueva Constitución determinando con ello la necesidad de construir entendimientos y conceder ciertas concesiones que afectaran enfáticamente el carácter dinámico y plural de la Constitución del año de 1979.
Que estaba flotando por su consiguiente reconocimiento y relativo acuerdo político. La confirmación de esto es incluso que el Partido de Acción Popular de Belaunde que no se interesó en el procedimiento constituyente, representó a la nación desde el año de 1980 con esa Constitución que percibió explícitamente sin definir una queja ni presentar ningún cambio. Vea también a Jorge Montt
La Constitución del año de 1979 fue certificada por la Asamblea Constituyente y puesta en vigencia a partir del 28 de julio del año de 1980 cuando se retiró el gobierno militar y se dio el inicio del régimen demócrata que estuvo basado en la dirección impulsada por Fernando Belaunde la cual fue grabada en una introducción política relacionada con el Estado Social de Ley.
A fin de cuentas se reunió una amplia lista de derechos protegidos incluidos los derechos comunes y políticos al igual que los derechos monetarios, sociales y culturales. Concedió el estatus establecido a los estándares de tratados globales sobre derechos humanos confirmados por Perú, respaldando naturalmente la Convención Americana de Derechos Humanos y el sometimiento de Perú a la potestad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La utilización de la pena de muerte se limitó únicamente al delito de la traición a causa de una guerra exterior un tema que asumiría una ocurrencia y discusión únicas en los próximos años y hasta el presente, particularmente debido a las ramificaciones del Pacto de San José que contrarresta extendiéndolo a nuevas violaciones o delitos.
La Constitución del año de 1993
La Magna Carta Política que se afirmó en el año de 1993 fue expuesta a causa de los intereses políticos del gobierno fujimorista. Mientras que numerosos artículos de la Constitución del año de 1979 se relanzaron en el nuevo contenido e incluso se siguió su estructura, se presentaron cambios críticos en el Régimen Económico y el Régimen Político.
Los objetivos fundamentales de la Constitución del año de 1993 lo conformaron dos aspectos bien importante: el primero se basó en la dimensión política cuyo fin era para consolidar el poder presidencial y la congruencia de la prolongación del dictador a través de la posibilidad del nuevo nombramiento rápido de Fujimori.
El segundo fue en la dimensión de la economía como avanzar en la privatización de los esfuerzos estatales y transmitir al mercado la administración total del movimiento económico. Se recibió un modelo financiero extraordinariamente neoliberal donde el Estado renunció totalmente a la mediación en la acción monetaria y los derechos sociales asi como los monetarios que poseían un lugar bastante modesto.
Se puede recalcar que esta Carta eliminó la norma precursora en la dimensión latinoamericana que existía en la Constitución del año de 1979 y dio un estatus establecido sobre los acuerdos de derechos humanos contenidos en acuerdos globales confirmados por Perú. Vea y deléitese leyendo a Vinicio Cerezo
Asimismo aprobó el juicio preliminar de los ciudadanos civiles ante la sala militar en los delitos de traición y ataques basados en el miedo cuyos objetivos no eran apelables ni revisables bajo la atenta mirada del Tribunal Supremo, aparte de cuando la sentencia imponía la pena capital que nunca ha ocurrido. Los jueces militares eran dinámicos militares.
Bajo esta guía, las órdenes eran leyes autorizadas y ordenanzas que formaban jueces sin rostro con carácter desconocido, oculto con cambios en el procedimiento penal que limitaba los privilegios principales de los procesados y sus asesores legales, percibidos en los convenios mundiales de derechos humanos.
Con la elección y la tarea del supuesto Congreso Constituyente basado en el voto y la legitimidad de la nueva Constitución del año de 1993 que poseía el carácter ordinario de la mayoría, se consideró con ello que se restauraría el orden constitucional. Vea a Juan Esteban Montero
Es por lo que se establece que esta Constitución fue afirmada por una elección general hacia el final del año de 1993 donde el “SI” obtuvo un triunfo cercano muy comentado mientras que sobre el “NO” no hubo ningún favorecimiento solo una distinción de apenas el 4% de los votos.
Sea como fuere, la idea tirana del gobierno de Fujimori y el control absorbente del Congreso por parte del partido del oficialismo decidió la ausencia de control y estabilizador político a pesar de la batalla de la restricción de la minoría parlamentaria. La introducción neoliberal en la economía y la política moderada fueron el sello registrado de la junta del gobierno.
La magna carta Política del Perú se compone en su total estructura de 206 artículos, 16 ajustes finales que son bastante breves que se encuentran organizados en 6 magníficos títulos con 26 secciones comprendiendo además un preludio y una gran declaración.
Su Título Uno comprende todo lo que compete Del individuo y la Sociedad la cual se distribuye en secciones:
Sección Primera: Privilegios fundamentales del individuo.
Sección Segunda: De los derechos sociales y financieros.
Sección Tercera: De los derechos y obligaciones políticos.
Sección Cuarta: De la Función Pública.
Un Título Dos que trata lo alusivo Del Estado y del país, con su respectiva distribución:
Sección Primera: El Estado, el País y la Región.
Sección Segunda: sobre los Tratados.
Un Título Tres que muestra lo referente Del Régimen financiero conformado por su distribución:
Sección Primero: Está conformada por las Normas generales.
Sección Segunda: Medio ambiente y activos característicos.
Sección Tercero: Sobre la Propiedad.
Sección Cuarta: Todo lo referente Del Régimen fiscal y presupuestario.
Sección Quinta: Sobre la Moneda y la
Sección Sexta: De la rutina agraria, de las redes obreras y las locales.
El excelentísimo Título Cuatro que muestra como debería ser la estructura del Estado y se distribuye así:
Sección Primera: Que engloba todo sobre el Poder legislativo.
Sección Segunda: Todo en relación De la capacidad autoritaria.
Sección Tercera: Sobre el desarrollo y sanción de leyes.
Sección Cuarto: Sobre el Poder ejecutivo.
Sección Quinta: Todo lo alusivo Del Consejo de Ministros.
Sección Sexta: Sobre las Relaciones con el Poder Legislativo.
Sección Séptima: Del Régimen excepcional.
Sección Octava: Del Poder judicial.
Sección Novena: Del Consejo Nacional de la Magistratura.
Sección Décima: Del Ministerio Público.
Sección Décima Primera: Todo el marco De la Defensoría del Pueblo.
Sección Décima Segunda: Sobre la seguridad nacional y la guardia.
Sección Décima Tercera: Del marco Electoral.
Sección Décima Cuarta: De la descentralización, los locales y las regiones.
En el grandísimo Título Cinco se nota de forma bien sencilla y entendible todo lo que refiere De las Garantías sagradas certificadas.
Acá en el Título Sexto se hace marcadísima alusión a las reformas que puede sufrir la Constitución como Del cambio de la constitución
Y ya casi al final se encuentran los Arreglos últimos y momentáneos. Y para finalizar una apoteósica Declaración que expresa así: Congreso Constituyente Democrático, Pronuncia que Perú como nación del lado sur del ecuador que está conectada a la Antártida por costas que se anticipan hacia ella al igual que por variables ambientales y precursoras narradas.
Y en concurrencia con los derechos y compromisos que tiene como pieza consultiva del Tratado Antártico apacigua la preservación de la Antártida como una Franja de Paz, consagrada para la investigación científica y la legitimidad de una régimen global que sin preferencia a los derechos relacionados con la Nación promueve el favorecimiento normal y justo de los activos antárticos para ayudar a toda la humanidad y garantizar el seguro con la protección del sistema biológico de la Masa de tierra.
Misión Científica en la Antártida
Constitución Política del Perú comentada
La Constitución Política del Perú comentada es de gran importancia porque permite que de manera más clara y sencilla se pueda entender lo que al conocimiento del individuo fuese oscuro y complejo, el comentario garantiza que se haga más práctico el entendimiento de las palabras técnicas y jurídicas que se encuentran inmersa en todo su contenido, el cometario hace que sea más fácil la lectura.
Cada artículo comentado es un hermoso trabajo que se hace de análisis bastante reflexivo con la idea de realizar una buena crítica del texto que se está leyendo, cuando existe el comentario la lectura se hace más fácil porque se puede entender de forma más clara, el comentario hace que el articulo no solo se lea sino que además se internalice e interprete de manera más entendible y perfecta.
Constitución Política del Perú actualizada
La Constitución Política del Perú es la regla legal, política que valora los privilegios de las personas y construye la organización del Estado peruano, convirtiéndose en una columna central del Estado de derecho democrático y reglamentario, donde la idea de supremacía de ley ofrece una ruta a la calidad inigualable de los principios, valores y leyes constitucionales que estén sobre el ordenamiento jurídico.
A la luz de la variedad étnica y social de los peruanos es de notar que la Constitución valora el derecho central que cada individuo tiene a su carácter étnico y social, para ello se actualiza incluyendo el tema multicultural de manera que los de las diferentes etnias también puedan leer la constitución en su dialecto o lenguaje indio
Es por ello que el Estado percibe con mucha precisión para asegurar la mayoría étnica y social del país notándose que en este sentido tiene la obligación de considerar y avanzar las diferentes apariencias sociales, con la intención de conservar la esencia de la multiculturalidad del país peruano.
Uno de los indicios más evidentes de la mayoría social del país se establece mediante la utilización de la lengua quechua por más de tres millones de peruanos que le proporcionan vida y dinamismo. Lo anterior nos permite recordar que la Constitución Política se basa en que el quechua es el idioma oficial en las zonas donde prevalece, es por ello que se actualizó para incluirle la lengua indígena.
Es de suma importancia reconocer que la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos planificó e introdujo la Cuarta Edición Oficial de la Constitución Política del Perú en español y en dialecto quechua como un informe de extraordinaria estima que se convierte en un factor de interés social.
Una incorporación que permitirá a los hablantes de quechua de la nación que sean educados sobre sus derechos y oportunidades para el ejercicio pleno. Esta versión se actualiza con la finalidad de nutrir a las personas que hablan lengua quechua.
Vacancia presidencial en la Constitución Política del Perú
Es de mucha significancia comprender que una vacancia o lo que es mejor decir cuando un gobernante deja a disposición su cargo u ocupación por alguna razón o acto que conlleve a que cese en sus funciones, ahora bien es de mucho notar de forma precisa lo que establece la Constitución Política del Perú en relación al caso. De acuerdo a lo establecido en su artículo 113 en la República se da una vacancia cuando:
Numeral Uno, Fallece el Gobernante de la república
Numeral Dos, se considera física o moralmente incapaz permanente al gobernante aquella que es declarada y establecida por el Congreso.
Numeral Tres, Cuando el Congreso acepta la Renuncia.
Numeral Cuatro, Cuando el Gobernante sale del Territorio Nacional sin la autorización del Congreso, o cuando sale y no regresa en el lapso de tiempo establecido, y
Numeral Cinco, Cuando es destituido una vez que ha sido sancionado por alguna de las faltas que se estipulan en el artículo 117 de la Constitución, en el que se hace mención a traición a la Patria, cuando se disuelve el congreso, cuando se impiden elecciones Presidenciales entre, otras.
Como un ejemplo bastante notorio como experiencia auténtica de la vacancia presidencial es la que se remonta al año 2000 cuando Alberto Fujimori era presidente del Perú y huyó por delitos cometidos, fue una situación en la que se estableció que el Congreso contradijo su renuncia por fax y eligió pronunciar su vacancia debido a una incapacidad moral.
Actualmente, como en aquel entonces se mantiene que los actos de corrupción son la acusación que más se adecua al sentimiento general de las personas y se usa como la causal base para declarar una incapacidad moral como una insuficiencia para gobernar. De acuerdo a la ley se hace mención de la manera más sencilla de cómo declarar una vacancia presidencial.
En cuanto al proceso de ilegalidad registrado en contra de la alteración del Artículo 89 del Reglamento del Congreso en relación con la votación demandada para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el Tribunal Constitucional sostuvo la oportunidad de administrar la necesidad de conceder un sistema específico a la metodología que debe seguir el movimiento de vacancia presidencial y un voto certificado a favor del respaldo.
Por lo tanto el Congreso aprueba mediante el artículo 89 literal A, del Reglamento que establece la técnica y los requisitos previos para la presentación de una votación:
El movimiento de apertura presidencial debe ser exhibido en cualquier caso por un 20% del número legal que se requiere para que sea válida la denuncia.
Después de haberla consignado se envía al Presidente del Consejo de Ministros de la República y además se somete a votación su afirmación que requiere el voto del 20% de los congresistas hábiles.
En el caso de que se conceda la moción debe discutirse y someterse a votación entre el tercer día y el décimo día de su confirmación, lo que se conoce como el período de tiempo de enfriamiento. En cualquier caso la dificultad de la discusión antes del tercer día puede ser superada por el voto de 104 congresistas que pueden elegir que la discusión sea inmediata.
Ministro de Justicia Enrique Mendoza
En medio de la discusión el Presidente de la República tendrá una hora para su legítima defensa, lo que debería ser posible por él o con la ayuda de un asesor legal. Se requieren 87 votos para el respaldo de la oportunidad presidencial.
Es fundamental llamar la atención sobre el hecho de que esta estrategia administrativa tiene el carácter de un esquema, por lo que no requiere la mediación de ninguna comisión. Asimismo que su discusión en conjunto valora la necesidad en el plan del día.
¿Insuficiencia moral?
A pesar del hecho de que la razón de la vacante sea debido a la insuficiencia moral es realmente aplicada al gobierno peruano desde la Constitución que viene desde el año de 1839 aunque todavía no exista un acuerdo sobre su contenido. En este sentido la mayoría de las veces se ha elegido para caracterizarlo en contra de otras figuras establecidas.
En este sentido, se plantea que la insuficiencia ética puede incorporar todas las prácticas que sin establecer deberes criminales legítimos pre-preliminares o las rupturas de la constitución de un género político como un juicio que rompen la nobleza presidencial, para tal grado hace que sea impensable que el funcionario permanezca en su posición.
Por ejemplo la moción que solicita la vacancia presidencial tal como sucedió con Pedro Pablo Kuczynski la cual demuestra que ser falso es una oposición directa a la altura de la oficina presidencial, es decir falta de probidad, fueron actos muy vergonzosos no dignos de un mandatario que lo obligaron a renunciar y que por ende causo una vacancia Presidencial.
Constitución Política del Perú y el Indulto
Cabe destacar que para la Constitución el indulto es un derecho de gracia que solamente es administrado por el Presidente de la República a las personas que han sido procesadas mediante razones humanitarias o por casos de rehabilitación. Por fin, debe notarse que la laxitud o relajación de la razón de una incapacidad moral será de manera confiable, una vía abierta a la mediación.
No obstante, reacciona a la naturaleza política rápida del Congreso de la República quien en representación de la voluntad del pueblo se caracterizará en cada caso concretamente ya que es el facultado para comprender cuando esta presente una incapacidad o falta de facultad moral así como también que no lo es.
Ahora bien el indulto o la exoneración constitucionalmente es una razón para la extinción de la responsabilidad penal de la que se acusa al individuo y que por ende solicita la exoneración de la pena. Es una circunstancia alternativa a la amnistía que implica la absolución de las faltas ya que por el indulto o derecho de gracia el individuo todavía es culpable, sin embargo se le ha justificado el cumplimiento de la sentencia.
La exoneración o indulto puede ser parcial o total y puede partir de lo general a lo a particular. La exoneración total incorpora la reducción de la considerable cantidad de castigos a los que se condenó al imputado o persona acusada y condenada y que aún no se ha acordado su cumplimiento.
La absolución media establece la reducción o remisión de algunas o una parte de las penas forzadas o su reemplazo por otros menos genuinos o graves. En cuanto a la probabilidad de exoneración presidencial a Alberto Fujimori esto es lo que dice la Carta Magna sobre esta facultad del presidente.
Los lineamientos de la Comisión Presidencial de Agradecimiento muestran que el presidente tiene la capacidad de permitir indultos, privilegios de facilidad de esfuerzo y por este motivo otorga tres casos para que estas ventajas se conecten en una premisa filantrópica que sea de origen humanitario:
A las personas que padecen dolencias terminales.
A las personas que experimentan los efectos negativos de enfermedades no terminales genuinas, que son propulsadas, dinámicas, degenerativas y sin esperanza. Teniendo en cuenta además que las condiciones de la cárcel pueden poner en peligro su vida, su bienestar y su rectitud.
A los individuos que experimentan los efectos nocivos de la confusión mental perpetua, irreversible y degenerativa. Teniendo en cuenta además que las condiciones de la cárcel pueden poner en peligro su vida, su bienestar y su integridad.
Constitución Política del Perú y las Elecciones
De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú en su artículo 176 que refiere que el marco electoral tiene como función principal garantizar que los votos descifren la articulación auténtica, libre y sin restricciones de los nativos; y que los votos son una impresión exacta y oportuna del deseo del votante comunicado en las cajas por voto directo.
Teniendo además por reglas básicas pero muy importantes las de realizar la planificación, conformación y ejecución de los procesos o movimientos electorales o de consulta popular así como el mantenimiento y guarda del debido registro autentico de identificación de los individuos y de cada uno de los actos que cambien el estado civil.
Es por ello que todo acto que tenga que ver con elecciones legítimas debe estar amparado y respaldado por las leyes competentes como la Constitución que es la norma suprema y por ende las leyes electorales de las cuales dispone el marco peruano para realizar sus labores de forma clara y transparente.
Por otro lado la Constitución respalda el derecho al sufragio en su articulado 30 y 31 del Capítulo III que hace referencia a los Derechos Políticos y de los Deberes de los Ciudadanos cuando el artículo 31 establece que todo individuo debe inscribirse en el sistema electoral una vez que este ha cumplido la mayoría de edad y esté totalmente hábil.
Para que pueda ser un individuo activo y tome decisiones que favorezcan su entorno al tomar participación mediante el voto en las gerencias municipales de su localidad, estableciendo así que su voto es totalmente valedero y legal y que este es de obligatorio cumplimiento hasta la edad de los Setenta años y que después de allí es meramente facultativo. Vea a Alejandro Toledo y descubra como fue su historia.
Y el artículo 32 que todo individuo tiene el derecho de participar en las cuestiones públicas alusivas a consultas abiertas y publicas, decisiones legislativas, entre otras así como el de ejercer su derecho a ser elegido y también elegir libremente sus candidatos conforme a lo establecido en las leyes.
¿Qué dice la Constitución Política del Perú sobre la familia?
La familia como una agrupación social es confiable y vive en un total avance que es realmente constante. Diferentes partes de las ciencias sociales se han comprometido a ampliar y examinar los límites distintivos de esta maravilla. Es por ello que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Perú en su Capítulo II que hace marcada referencia a los Derechos Sociales y Económicos en su articulado que parte desde el 4 hasta el 7.
Los cuales refieren la debida protección a la familia que parte desde el estado que es garante de ese resguardo muy específicamente al niño, al adolescente, a la madre así como también al anciano en condición de abandono y que de igual manera le brinda a la familia la debida protección en tanto que insta al matrimonio entre un hombre y una mujer para que se establezcan y formen una hogar compuesto por la familia mediante los hijos que logren procrear.
Definitivamente, se puede ver que en los últimos tiempos se ha producido una progresión de cambios en el público en general explícitamente en el problema familiar, teniendo como resultado un ajuste en el origen habitual de la familia debido al equilibrio de los derechos.
La incomparable ley define a la familia como el núcleo central de la sociedad y tiene el privilegio del seguro de esto y del Estado. El individuo, la familia y la comunidad misma son héroes del plan de mejora humana del país.
La familia como base fundamental de la sociedad funciona como centro de la estructura social que se conecta en una gran cantidad de relaciones económicas, social, llena de sentimiento, social, instructiva, transmisora de cualidades y material espiritual, multiplicación emblemática.
Este desarrollo imagina a la familia como un pilar central de la sociedad que se origina en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La familia desde el punto de vista jurídico se convierte en un sujeto de derecho y de esta manera en una institución con identidad propia que debe ser garantizada por el Estado y por la sociedad. Este es un impulso subjetivo en el razonamiento de los derechos humanos, lo que implica que los individuos están sujetos a derechos pero además, es el espacio de la socialización donde se conciben, desarrollan y crean.
Esta es la encarnación, el método de razonamiento y la base de la naturaleza de la Familia como muchos acuerdos legítimos, organizados de manera lúcida, amistosa y fundamental que tienen en cuenta la seguridad de los derechos de la familia, incluido: el privilegio de conformar una familia, la certificación de la herencia familiar, su carácter indiscutible y la exclusión de cualquier cargo abierto.
El seguro único de los niños y la plena legitimidad de cada uno de sus derechos, la garantía del matrimonio y la asociación de hecho estable como dos cifras del estatus legal equivalente, la seguridad de las conexiones familiares que dependen del respeto, la solidaridad y la correspondencia total de los derechos con obligaciones entre las personas como hombre y mujer.
Se incluye la actividad de paternidad y maternidad capaces en la consideración y la seguridad de los jóvenes, el seguro de la generación humana y el cuido en medio del embarazo, los privilegios equivalentes del considerable número de niños, la seguridad de los beneficios de los adultos más establecidos al igual que los individuos con incapacidades, el privilegio de apropiación en el entusiasmo de la elite por el necesario avance de la juventud y el favor de investigar para decidir la paternidad y la maternidad.
¿Qué dice la Constitución Política del Perú sobre la educación?
De conformidad con lo que establece la Carta magna de Perú en su articulado 13 y 14 cabe hacer mención que la formación es de vital importancia porque le permite al individuo un desarrollo apto e idóneo con toda las garantías que el Estado le provea en trabajo mancomunado con los padres quienes serán los forjadores principales en el crecimiento cognitivo desde que el individuo inicia sus primeros pasos.
Para ello se hará una notoria reseña más detallada de este articulado y lo haremos en tres sencillas secciones: En la primera sección se nota que apunta a la razón para el entrenamiento, lo cual demuestra que el avance básico del individuo esta en el desarrollo. Ahora bien ¿Que entendemos por desarrollo del ser humano? diremos que está coordinado, como sustancia primaria, con las cualidades y los encuentros que el individuo obtiene con una duración sorprendente.
Que de manera similar como sustancia secundaria aunque no menos importante sea el gran impacto en esta mejora así como también las ocasiones que surgen en su condición como su propia aceptación que realmente se considera como el contenido principal al igual que el lenguaje como su tipo de articulación o expresión. Vea adémas a Pedro Aguirre Cerda
En todo esto ya no se estaría en la órbita privada del individuo sino más bien en el círculo abierto, ya que está coordinado con el pretendido por el Estado dentro de la capacitación, declarando por lo tanto que debe promover la oportunidad de instrucción es decir, el privilegio de todos los hombres que deben ser enseñados continuamente y la obligación de muchos otros de dar el aprendizaje que tienen.
A pesar del hecho de que la última sección parte de la norma, no posee por completo el círculo privado del individuo podríamos afirmar que se trata de su condición más cercana por ejemplo la Familia. Por lo tanto dentro de la capacitación la familia tiene la obligación de instruir a sus hijos con una sana formacion basada en buenos principios, ya que son su deber y esto parte desde el momento en que se establecen en la familia.
Además se reservan muy seriamente la opción de poder elegir los centros de estudios idóneos para la gran formación e instrucción de los hijos ya que la auto-mejora de los jóvenes debe ser estimados por la gran naturaleza de la educación que también debería ser un objetivo primordial del estado, como garante de promocionar ese derecho y hacerlo proactivo a traves del desarrollo academico del niño desde el mismo momento cuando este es instruido no solo desde el hograr como sede principal de ensenañza sino mediante la escuela.
En relación con la capacitación estatal además se reservan la opción de interesarse en el procedimiento instructivo, que mas que un derecho es un deber del cual no se puede privar a los hijos. Es una obligación ya que la figura de los padres debería ser el mejor ejemplo para sus hijos, son ellos los encargados de brindar la primera enseñanza basada en principios que alimenten su vida moral como instructivo que a futuro les ayudará a formarse como individuos idoneos y capaces de desarrollarse sanamente.
Primera Constitución Política del Perú
La primera Constitución Política del Perú debe su creación al ilustre José de San Martín quien había aceptado el 3 de agosto del año de 1821 la intensa responsabilidad política y militar del Perú con el título de Defensor. Fue la persona que le dio al Estado peruano su primer estandarte, su himno como cantico lema, su moneda así como su única organización y sus primeras fundaciones públicas.
Sin embargo hacía falta un algo legal que les permitieses guiar al individuo, eso era la falta de una Constitución política y mientras tanto, se guiaban por un Reglamento temporal que luego fue suplantado por un Estatuto.
Fue tal su preocupación que San Martín pautó para el 27 de diciembre del año de 1821 una gran reunión con toda la ciudadanía, sin precedente alguno para solicitar elegir abiertamente un Congreso Constituyente con la misión de construir el tipo de gobierno que, en consecuencia controlaría el Perú así como también que tuviese una Constitución Política que fuese suficiente.
Ilustre José de San Martín
Es por lo que cabe connotar que el Primer Congreso Constituyente del Perú se implantó en Lima el 20 de septiembre del año de 1822, destacándose entre su convocatoria los individuos más notables del clero como los del foro, las letras y las ciencias. Fue una asamblea para San Martín notificar que dejaba al protectorado y se preparaba para dejar el Perú.
Los regentes legisladores comenzaron a hacer su tarea fundamental como fue la redacción de la Primera Constitución del Perú libre, de la misma manera dependían de la capacidad oficial de una reunión de tres legisladores quienes formaron un cuerpo titulado llamado la Junta de Gobierno Supremo compuesta por Felipe Antonio Alvarado, José de La Mar, Manuel Salazar y Baquíjano.
Como primer paso para la redacción de la Constituyente fue la concertación de las Bases de la Constitución Política que estaba a cargo de una comisión del Congreso, constituida por los representantes Justo Figuerola, Francisco Xavier de Luna Pizarro, José Joaquín de Olmedo, Manuel Pérez de Tudela y Hipólito Unanue.
Primer Congreso Constituyente, 12 de noviembre de 1823
Siendo proclamadas estas bases por la Junta de Gobierno el 17 de diciembre del año de 1822, queda compuesta así 24 artículos que expresaban ampliamente que cada una de las regiones del Perú se unía en un único y solo cuerpo, conformando de esa forma al País peruano que a partir de ese momento se designaría República del Perú.
Además, estableció que el dominio moraba en la Nación siendo autónomo totalmente del gobierno español y de algún otro tipo de dominio externo; Su religión sería la católica a la prohibición de alguna otra y con respecto al Poder Nacional este se dividiría en tres ramas, la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial.
Esta gran carta política comprendía 194 artículos separados en tres segmentos con sus partes comparativas. El segmento principal gestionó el país, dominio, religión y ciudadanía; el segundo sobre el tipo de gobierno y las fuerzas que lo coordinaron, y el tercero sobre los métodos para salvaguardar la administración de gobierno.
Es de reseñarse que la Constitución Política de la República del Perú del año de 1823 fue el contenido sagrado organizado por el Primer Congreso Constituyente del Perú, implantado en el año de 1822. Fue de estilo liberal y fue declarado por el Presidente José Bernardo de Tagle el 12 de noviembre del año de 1823.
Fue una aseveración realmente cuestionable porque esta carta no alcanzó a regir como debería hacerlo porque de inmediato fue suspendida en la totalidad de sus artículos para no obstruir la labor del Libertador Bolívar, quien en ese momento estaba organizando la última cruzada por la libertad del Perú. Más adelante fue restablecida en el año de 1827 predominando hasta el año de 1828, cuando fue sustituida por otra Constitución liberal.
Constitución Política del Perú derechos y deberes
La Constitución Política del Perú es la imperiosa carta que dentro de su plano legal y político se encarga de respetar los derechos de las personas. Convirtiéndose así en la gran plataforma del Estado peruano como un pilar central del Estado de Derecho Constitucional y Democrático, donde la idea de la supremacía de la ley ofrece una ruta a la calidad inigualable de los principios, valores y reglas consagrados en la constitución.
En su acoplado normativo se establece principalmente en el artículo 1 que la fundamental defensa del individuo humano y el respeto por su dignidad son el objetivo incomparable de la misma sociedad y del Estado. Su gran lema es velar por la integridad del individuo así como la guía para que este responda por sus actos a la vez que le defiende sus derechos.
A la luz de la variedad étnica y sociocultural resaltante de los peruanos se hace notorio que la Constitución valora muy rigurosamente el derecho esencial que cada individuo tiene a su personalidad étnica y social. Se entiende además que el Estado reconoce y afirma la promoción de las distintas declaraciones que tengan que ver con la cultura del país.
Puede destacarse que entre los signos más obvios de la diversidad sociocultural del país está el comprendido por la utilización del idioma quechua por más de tres millones de peruanos, cosa bien importante que hizo el Estado al dotarla con existencia y energía. Considerando que se debe tener presente que la lengua Quechua es un dialecto que debe prevalecer en toda la región donde prevalezca, es decir que donde resida un indigena alli deberia existir tal cual.
Es deber de todo individuo peruano cumplir con todas sus obligaciones como un ciudadano activo totalmente hábil en cuanto a derecho se refiera, pues así como el Estado se encarga de tutelar sus derechos también le exige que cumpla con lo establecido respondiendo de manera precisa por cada acto que este realice con todo compromiso y responsabilidad desde el momento cuando acciones y así lo requiera.
El privilegio de trabajar es un deseo social e individual al que aspira toda persona, es un privilegio éticamente legítimo y dinámico que se hace con el fin de lograr una forma de vida suficiente y digna tanto para el individuo como para la familia, es garantizado por el Estado con acciones de seguros y avances que permiten elevar el equilibrio del trabajador y su familia.
Es como un motor que se mueve a través de gestiones políticas y de regularización monetaria, sociocultural que en cualquier caso garantizan la plena faena, brindándole una estabilidad laboral, salarios razonables y condiciones satisfactorias en el trabajo.
En un nivel fundamental existe una correlación desde el punto de vista formal entre los escritos de las Constituciones de los años de 1979 y 1993 que permite distinguir los contrastes vitales entre los contenidos de trabajo establecidos en ambas constituciones. Estos están conectados, lo más importante con la ayuda que cada uno de ellos relega al trabajo y los derechos identificados con él.
Reseñas tan significativas de trabajo como las contenidas en los artículos 42, 79 y 110 de la Constitución del año de 1979 a través de las cuales se le atribuye el triple estatus de la fuente fundamental de la riqueza acoplada a la partida del Estado y la política financiera que se desvanece en la Constitución del año de 1993 que igualmente elige no asignar una parte única a los derechos laborales y negarlos por así decirlo al no garantizarlos completamente.
De hecho, incluso la capacidad de lo básico al colocarlos fuera de los divisores del Capítulo I, Título I que es el que reúne los privilegios de tal naturaleza. Si bien los hechos confirman que ninguna de estas alternativas ha arrojado resultados útiles pertinentes, particularmente cuando la garantía de los derechos establecidos se extiende dentro del acuerdo de la Constitución del año de 1993.
Desestimando a cada uno de ellos su valoración al prestar poca atención al Capítulo en el que se encuentran, es evidente que a través de ellos se expresan como se ha presentado como un objetivo claro del constituyente para reducir la importancia del trabajo como un centro de evaluación dentro de la norma principal.
Posteriormente el trabajo pierde centralidad tanto asi que se hace poco en lo referente al modelo financiero. En fin se nota que las referencias de detalle al contenido de ciertos derechos o principios de trabajo que estuvieron presentes en la Constitución abolida y que fueron suplantadas por sugerencias insignificantes han sido sin ningún sentido de importancia.
Se puede hacer un aviso aquí de las instancias de la regla de equidad cuyo tratamiento ha sido mejorado por unos pocos estatutos que son los que se encargan realmente de hacer valer el derecho de los trabajadores como un fin central de que el trabajador importa y su relación de trabajo también.
Actualmente se centra en una referencia convencional dirigida más que todo a la igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación tal como lo reseña la Constitución en su artículo 26 numeral 1 así como la libertad de aprovechar con todos los rigores de ley la oportunidad de afiliación que según el artículo 28 numeral 1 de la Constitución le garantiza el favor de ser resguardado por un ente que velará por sus derechos laborales.
Son partes que recientemente se hicieron dependientes de las disposiciones que están establecidas en los convenios de la OIT con respecto al tema, relativo a la norma de no renunciar a los derechos laborales que de conformidad con el artículo 26 numeral 2 de la Constitución, en relación con la cual desaparece el signo expreso de los resultados de su vulneración.
En perspectiva sobre este amplio conjunto de cambios la gran mayoría de ellos con una posible inclinación prohibitiva, no es difícil terminar como en realidad se ha hecho que el respaldo de la nueva Constitución haya presentado una dificultad, debilidad o corte razonable en cuanto a la garantía de los derechos laborales en cuanto a su punto de referencia más importante.
Que se convierte en una disminución crítica en la cantidad de derechos, principios u órdenes para quien se hace administrador del contenido de trabajo recopilado intrínsecamente, es una disminución de la profundidad con la que están garantizados y una reducción en los arreglos que caracterizan su contenido e introducir por lo tanto puntos de confinamiento a su pauta por parte del funcionario.
Cabe destacar que los derechos humanos surgen a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que fue asumida por la flamante Revolución Francesa en el año de 1789 donde se expresa que los hombres son concebidos para mantenerse libres y semejantes en derechos. Vea también a Andrés Avelino Cacéres
Caracteriza el dominio del país porque establece el control en la mayor parte y anuncia la propiedad como un derecho sagrado e inviolable. Son derechos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial con el respaldo de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año de 1948. En el que se incorporaron los privilegios de la persona como componente de una colectividad global.
Han aumentado desde finales del siglo XIX como resultado de los enfrentamientos sociales y la batalla de los trabajadores. Donde agrega el privilegio de trabajar, el gran favor de la sindicalización, la garantía del bienestar, de los ahorros estandarizados y de la instrucción como medio activo de formación.
La experiencia peruana con respecto a la utilización de los asentamientos globales en materia de derechos humanos dentro del sistema y la ley de regularización interna incluye rotaciones dentro de un desarrollo intrigante que depende de inconsistencias lógicas muy acentuadas en los últimos veintiocho años. Puede ver a Ollanta Humala
El emocionante avance realizado por la Constitución como una norma precursora que reconocía el estado establecido de las normas, aludiendo a los derechos humanos contenidos en las concesiones globales al tema respaldado por Perú que fue extremadamente influenciado en la supremacía de la Constitución del año de 1993 eliminando toda clase de disposición que atentaba contra el trabajo y la persona.
Por lo que es menester tener en cuenta que la Constitución del Perú actualmente tiene un nuevo artículo el 7 literal A el cual fue anexado a la actual Constitución mediante decreto. Es una disposición que reconoce totalmente el privilegio de cada individuo para acceder lógicamente y en general al agua potable. Asimismo obliga al Estado a garantizar este privilegio mediante la organización del uso humano en diferentes usos.
Esta disposición está establecida en la Ley que fue signada con el número 30.588 que a su vez fue distribuida en el periódico oficial El Peruano el jueves 22 de junio del año de 2017. Además dicho artículo 7 literal A establece que el Estado avanza en la posible administración del agua que se reconoce como un verdadero recurso realmente natural muy vital que es considerando como un bien de la nación.
Asimismo, establece que su espacio es inevitable e imprescriptible que el derecho al agua como recurso vital está respaldado por la Ley de Recursos Hídricos que fue signada como Ley bajo el número 29.338 y sus directrices, respaldadas por el Decreto Supremo Número. 01-2010-AG. Además del nuevo contenido del artículo 7 literal A de la Constitución.
Es bien merecido entender que los individuos desde el nacimiento son calificados para el carácter de identidad como sujetos de derecho dentro del marco jurídico y de la sociedad. Por lo tanto pueden practicar sus derechos esenciales por ejemplo el trabajar, dar forma a una familia, practicar su voto, obtener capacitaciones y administraciones de bienestar financiadas por el estado y estar bajo el alcance de la costumbre.
Es bien notorio que en Latinoamérica numerosas personas no tienen una partida de nacimiento muy aparte de un archivo de personalidad, permaneciendo en el limbo de las administraciones públicas. Perú no es la excepción con respecto a este tema. Por lo que se deduce que desde el año 2010.
Los tiernos niños han recibido tarjetas de identificación con el fin de crear un registro suficiente de nacimientos y de identidad completamente. El Reniec como ente ha demostrado una progresión de buenas prácticas en la disposición de las actas de nacimiento, matrimonio, fallecimiento que son valiosos totalmente.
Como puede comprenderse en lo establecido en el artículo dos en su numeral uno que hace marcada alusión al Derecho a la Identidad el cual es un favorecido privilegio del cual goza todo ciudadano en el que asegura al individuo que merece su propio reconocimiento: quién y cómo es.
Incorporar además diferentes partes del individuo que van desde lo más enteramente físico y orgánico como su legado hereditario, sus atributos corporales, entre otros, hasta aquellos de supremo valor y desarrollo espiritual como sus dones, su sistema de creencias, su personalidad social, su personalidad y las mismas cualidades como el respeto y la seriedad.
En Perú las personas que asisten a una escuela financiada por el estado son aquellas cuyas familias no pueden administrar el costo de una escuela basada en la matrícula privada. La educación financiadas por el gobierno como parte del Estado es la que prosigue a la búsqueda de más oportunidades.
Todas aquellas que por demás sean bien prominentes y que sirvan para lograr el avance que impulsa a las personas que tienen activos financieros más desarrollados para conseguir una mejor educación. Y por otro lado queda el resguardo para aquellos que no cuentan con esos prominentes recursos y que por ende deben estudiar en escuelas financiadas por el gobierno y el Estado.
El Estado peruano ha respaldado algunas responsabilidades universales sobre el privilegio de la educación. En la dimensión nacional en la Constitución del año de 1993 que es el informe de presentación más importante de la nación se ve que el privilegio de la instrucción se manifiesta dentro de los derechos monetarios y sociales y no dentro de los derechos principales, tal como se presentó en la Constitución del año de 1979.
Este cambio es digno de mención, considerando que la Constitución del año de 1993 se aprobó cuando el Estado peruano comenzó a cambiar hacia el neoliberalismo. En esta condición la instrucción peruana teniendo un carácter paralelo se relaciona con el razonamiento neoliberal que propone el cambio de los privilegios sociales del deber del Estado en derechos de obligación individual.
Los derechos singulares sugieren una no actividad del Estado, mientras que los derechos sociales obligan a realizar un acuerdo positivo más notable que otorga mejores condiciones de vida para las personas que se encuentran en una circunstancia de mayor disparidad y subestimación.
La Constitución Política del Perú del año de 1993 estableció el privilegio de la salud y la seguridad social como una gestión del gobierno que caracteriza como una obligación del Estado al considerarla como un derecho nacional al libre acceso de gozar de los beneficios que están establecidos en la norma, tal como lo reseña el artículo 7 que establece de manera enfática que todos tiene derecho a la salud, es bien garantizado el seguro para los inválidos, entre otros de igual importancia.
Todos tienen la opción de garantizar su bienestar, el de la condición familiar y el de la comunidad al igual que la obligación de aumentar su promoción y amparo. Un individuo no capacitado ni facultado por si mismo tiene la opción de merecer el respeto hacia su persona y a una legítima garantía de seguridad, consideración, reorganización.
El matrimonio es considerado una institución conformada por un hombre y una mujer que han decidido mediante un contrato, unirse para formar un hogar basado en derechos y deberes que ambos se disponen a gozar y cumplir desde el marco legal que le establece la constitución. Ahora bien de conformidad con lo que reseña el Artículo 4- el matrimonio al igual que la familia son obligación del Estado como una institución que merece ser protegida y resguardada.
Desde este punto de vista se puede notar dos cambios bien importantes que se destacan en cada constitución:
a) Mientras que en la Constitución de 1979 el matrimonio y la familia están conectados. A la inversa sucede que en la Constitución de 1993 estas dos instituciones están separadas.
En general obviamente en el año de 1979 la familia asegurada era la que se originaba de una unión matrimonial. Mientras que el año de 1993 a pesar de lo que podría esperarse la familia que se asegura a sí misma es la que se concibe principalmente a partir de un matrimonio, a pesar de que no es la fuente principal
b) Es de considerar que en la Constitución de 1979 la relación de hecho aceptada no es la fuente de una familia. Por otro lado en la Constitución del año de 1993 la verdadera relación de hecho es una fuente que crea una familia. En la constitución anterior obviamente la verdadera unión era solo un creador de impactos patrimoniales no adulterados.
Porque sencillamente solo existía una relación de hecho y nada más no había prole y por lo tanto no había familia. En la actual constitución a pesar de lo que podría esperarse la relación aceptada es solo un creador de bienes individuales y gananciales, ya que una familia se concibe a partir de ella.
En cuanto al entorno ambiental se hace marcada referencia a la Constitución del año 1993, como la gran mayoría de las Constituciones externas que van dirigida desde los años 70 y que fueron muy efusivas en los contenidos de normas relativas al entorno. En la región peruana esta guía no es nada novedosa.
Fue a partir de la Constitución del año de 1979 que se estableció por primera vez una regla que trataría sobre el tema del medio ambiente. En este sentido declaraba en su artículo 123 que En general nos reservamos la opción de vivir en una situación sólida, biológicamente ajustada y apropiada para la mejora de la vida y la salvaguarda de la escena y la naturaleza.
Nosotros en conjunto tenemos la obligación de salvar esa condición. Es obligación del Estado evitar y excluir la contaminación ecológica. Dentro de sus características alusivas al ambiente establecidas por la norma se vincula muy estrechamente con uno de los objetivos de resguardo y cuido del entorno: el seguro de la existencia de la persona como una variedad viva y con otros tipos de vida alternativos.
Sin lugar a dudas, cuando la Asamblea Constituyente encuentra la presencia de una situación justa trata de salvaguardar las condiciones naturales básicas para la presencia de la vida en general, mientras que la devastación o la podredumbre del entorno va mucho más allá de su capacidad de resguardo y apoyo, esto sugiere la eliminación de los factores orgánicos que permiten al hombre existir como especie viva en la tierra.
Este seguro influye no solo en el individuo como único titular del bien a proteger sino además específicamente y sin demora en la protección de diferentes tipos de vida. La seguridad de la tierra además tiene un grado dinámico.
Los individuos no solo reservan la opción de vivir en un dominio adecuado que sugiere la obligación de los “otros” de no entrometerse adversamente en él sino también el compromiso de interesarse por todo lo que se considera en la mejora dinámica de la naturaleza y más aún de manera importante solicitar al Estado el significado de las gestiones satisfactorias que buscan un objetivo similar.
La majestuosa libertad de expresión es un privilegio reconocido por la Constitución, al igual que los instrumentos fundamentales universales que tratan sobre derechos humanos por ejemplo la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos que lo establece en su artículo 19 como un derecho que no debe cortarse ni amordazarse.
Este privilegio no termina en un entusiasmo abstracto para transmitir sin dificultad ni controlar observaciones, sentimientos y realidades anteriores o para obtener datos y conocer conclusiones, pensamientos o perspectivas de otros, pero además tiene un objetivo o notoriedad institucional relacionada con la actividad del Marco basado en la votación. Vea a Manuel Candamo
En esta línea desde su medida institucional la libertad de expresión se suma a la sencillez, a la inversión educada y sana de individuos en empresas abiertas y a la responsabilidad. Da para decirlo claramente los instrumentos para completar el control social y la supervisión de la intensidad por parte del sujeto al igual que la discusión plural, todos estos puntos de vista fundamentales en un Estado de derecho basado en la ley.
La legitimidad de la libre expresión no puede manejarse únicamente con los criterios y parámetros utilizados en diferentes temporadas por ejemplo el que se confirmó en la nación en medio del fascismo militar, particularmente en los años setenta.
Con frecuencia se dice que el pilar de la libre expresión muestra, desde una perspectiva, una medida emocional como una indicación de la nobleza humana mientras que en la otra tiene un objetivo o una medida institucional al comprender una suposición esencial Por la legitimidad de un gobierno de mayoría.
Es a bien recordar que las Constituciones del siglo XIX hasta la década del año de 1920 aluden a la libertad de la prensa, delineando la libre expresión como una de las particularidades mediante las cuales se muestra como los medios impresos.
De esta manera, la Constitución del año de 1933 deja de lado dicho grupo y selecciona la libertad de prensa. Por fin, son los escritos establecidos del año de 1979 y 1993 los que indican un desarrollo excelente aplicado al aludir a la libre expresión como una oportunidad de transmitir datos e información relevante.
Constitución Política del Perú y el Régimen económico
Es de enmarcar que tanto la Constitución del año de 1979 como la Constitución del año de 1993 apoyan una práctica financiera que depende de una Economía Social de Mercado, que es la quinta esencia de una actividad privada gratuita.
Para los peruanos, una economía social de mercado satisface las necesidades de la población, que es un error genuino que se continúa, ya sea específicamente de orden particular o sencillamente una terrible ignorancia. De hecho, si la economía social de mercado depende de la oportunidad de la actividad privada, en ese momento se entrega para beneficiar y no para
Cuando se habla de una economía social de mercado debe destacarse el modificador social que muestra un aspecto de asociación y comunidad, forzándose a sí mismo en la cosa como la “economía”. En cualquier caso entre Economía de mercado social y Economía de mercado tenemos que el segundo es antimonopolio y un modelo de negocios imponente que pulveriza la rivalidad.
Es de plantear que de manera fundamental los artículos 58 de la presente constitución y 115 de la constitución del año de 1979; se hace mención a las demostraciones estatales que son quienes actúan no solo de manera distinguida, sino que promueven la mejora monetaria social a través de regiones de avance empresarial como la de bienestar, educación, seguridad.
Es posible afirmar por el método de aportación, que el monitoreo del actual Régimen Económico Social contenido en la constitución del año de 1993 y en el año de 1979, existe un desconcierto expresado en la conjetura financiera, que argumenta que lo que es bueno para la población probablemente fomenta el dinamismo de los negocios.
Porque permite la garantía de dar trabajo, dar salarios altos y hacer justicia social monetaria tal como lo establecido en el artículo 110 de la Constitución del año de 1979 y parte del artículo 58 de la presente constitución. No obstante, la comprensión realista de cada uno de estos años nos demuestra lo inverso.
Constitución Política del Perú y las Garantías constitucionales
Las garantías constitucionales incorporan la disposición de instrumentos procesales que dentro del marco legítimo del estado satisfacen la capacidad del seguro directo de los derechos humanos como los Instrumentos que son inevitablemente consagrados y que como tales deben resguardarse y respetarse y que el Estado como garante de justicia debe protegerlos.
la majestuosa Acción Habeas Corpus es aquella que continúa antes de la demostración o supervisión con respecto a cualquier experto, autoridad o individuo que dañe o comprometa la libertad individual o los derechos protegidos relacionados entre sí como sagrados e inapelables.
La grandísima Acción de Amparo es al que apela contra la manifestación o exclusión con respecto a cualquier especialista, autoridad o individuo que abusa o compromete los derechos alternativos reconocidos por la Constitución.
La extraordinaria Acción de Habeas Data va en contra de la manifestación o exclusión por parte de cualquier especialista, autoridad o individuo que abusa o socava los derechos a los que se hace referencia en el artículo 2 literal 5 y 6 de la Constitución. En la que se establece que toda persona tiene derecho a la averiguación requerida y que ninguna institución puede bajo ninguna circunstancia negar el derecho de suministrar la información a dicho individuo.
La Acción de inconstitucionalidad, es en contra de las normas que tienen el grado de ley como las ordenanzas, sentencias administrativas, órdenes de conflicto, acuerdos, directrices del Congreso, pautas provinciales generales y estatutos civiles que niegan la Constitución en su forma o fondo arguyendo que no es así como lo establece sino a su conveniencia.
La Acción Popular se da por infracción de la Constitución y la ley, en contra de las directrices, los principios y objetivos reglamentarios y los anuncios de carácter general sea cual sea el especialista del que procedan.
La Acción de Cumplimiento, que continúa en contra de cualquier experto o autoridad dudosa de someterse a una regla legítima o una demostración de gestión sin prejuicios a los deberes de la ley. Una ley natural gestiona la actividad de estas certificaciones y los impactos de la afirmación de ilegalidad o ilicitud de las normas.
La práctica de las actividades de hábeas corpus y amparo no se pasman en medio de la legitimidad de las rutinas de casos especiales a las que se alude en el artículo 137 de la Constitución.
En el momento en que se registran actividades de esta naturaleza en relación con derechos limitados o suspendidos, el tribunal especializado analiza la sensibilidad y la proporcionalidad de la demostración prohibitiva.
No depende del juez el escrutinio de la afirmación de la situación o el sitio altamente sensible. Es una certificación para la persona individual contra la posible discreción que los especialistas y las autoridades del Estado deben practicar en su contra.

References: artículo 113
 artículo 117
 Artículo 89
 artículo 89
 artículo 176
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 Artículo 4
 artículo 123
 artículo 19
 artículo 110
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 137