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Sentencia T.S. 496/2011, (Sala 1) de 7 de julio. Guarda y custodia. Menores. Protección - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. 496/2011, (Sala 1) de 7 de julio
Guarda y custodia compartida contenciosa: Debe de acordarse teniendo en cuenta el interés de los menores. No es una situación excepcional ni de interpretación restrictiva. Efectividad del derecho de los hijos a relacionarse con ambos progenitores. Recurso extraordinario por infracción procesal: Falta de motivación de la sentencia. Concurre.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 6.ª, por D. Pedro Jesús, representado por la Procuradora de los Tribunales D.ª Pilar Fuentes Tomas, contra la Sentencia dictada por la referida Audiencia y Sección, el día 22 de marzo de 2010, en el rollo de apelación n.º 105/2006, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Alicante, en el juicio verbal n.º 432/05. Ante esta Sala comparece el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro, en representación de D. Pedro Jesús en calidad de parte recurrente; la Procuradora D.ª Blanca Berriatua Horta, en nombre y representación de D.ª Tarsila en calidad de parte recurrida. Asimismo es interviniente el Ministerio Fiscal.
Primero.—Ante el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Alicante, interpuso demanda de juicio verbal D.ª Tarsila contra D. Pedro Jesús, en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia en los siguientes términos:
3.- ALIMENTOS.- Se determine que el Sr. Pedro Jesús contribuya en concepto de alimentos para con sus tres hijos en la cantidad de 4.000 € mensuales, actualizables en el mes de enero de cada año conforme el IPC que publique el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que le sustituya.
3. Alimentos: Se establezca que los gastos ordinarios de los hijos habrán de ser atendidos por cada progenitor, durante el tiempo que ostente temporalmente la guarda y custodia, con la previsión y salvedad de que cualquier gasto que por instrucción y educación de los hijos se precisara y no estuviere atendido por razón del trabajo de la madre, deberá ser satisfecho por mitad entre ambos cónyuges.
4. Gastos extraordinarios: Se estime la petición de con contribución por ambos progenitores y por mitad, por dicho concepto y en la forma solicitada en correlativo por la madre".Ambos progenitores contribuirán por mitad a los gastos extraordinarios de los citados menores.
El Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Alicante dictó Sentencia, con fecha 15 de noviembre de 2005 y con la siguiente parte dispositiva: " FALLO: Que ESTIMANDO EN PARTE la demanda formulada por el Procurador Sr. NAVARRETE RUIZ, en nombre y representación de Dña. Tarsila contra D. Pedro Jesús, representado por la procuradora Sra. FUENTES TOMAS, debo acordar las siguientes medidas en beneficio de los hijos menores:
Segundo.—Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación D.ª Tarsila. Sustanciada la apelación, la Sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Alicante dictó Sentencia, con fecha 8 de mayo de 2006, con el siguiente fallo: "Estimar en lo necesario el recurso de apelación interpuesto por Procurador Don Juan Navarrete Ruiz en representación de Doña Tarsila contra la sentencia dictada por el Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.ª Diez de la ciudad de Alicante en fecha 15 noviembre de 2005 y en los autos de los que dimana el presente rollo, y en su consecuencia REVOCAR COMO REVOCAMOS la misma y en su consecuencia DECLARAR COMO DECLARAMOS:
Esta sentencia fue recurrida por D. Pedro Jesús quien interpuso los recursos de casación y de infracción procesal, los que fueron admitidos y remitidos a la Sala Primera del Tribunal Supremo, instruyéndose el recurso n.º 1471/2006, en el que se dictó sentencia n.º 623/2009, con fecha 8 de octubre de 2009, que contiene el siguiente fallo: "1.º Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de D. Pedro Jesús contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6.ª, de 8 mayo 2006 .
2.º Anular la sentencia recurrida y reponer las actuaciones de segunda instancia al momento inmediatamente anterior a dictar sentencia, para que vuelva a dictarse sentencia que en cualquier caso argumente sobre el interés de los menores en relación a la guarda y custodia compartida pedida, con arreglo a los hechos que considere probados según el planteamiento del litigio y la prueba practicada. La anulación afecta también a la declaración de las costas generadas.
3.º No ha lugar a resolver el recurso de casación interpuesto también por D. Pedro Jesús contra la misma sentencia.
4.º No imponer especialmente a ninguna de las partes las costas causadas por los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.
5.º Y que si contra la nueva sentencia volviera a interponerse cualquiera de los dos recursos, o ambos simultáneamente, se advierta de esta circunstancia al remitir las actuaciones a esta Sala para acordar su tramitación preferente a fin de evitar más dilaciones en la resolución del litigio".
La sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Alicante dictó nueva sentencia el 22 de marzo de 2010, que contiene el fallo del tenor literal siguiente: "Estimar en lo necesario el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D.ª Irene Martínez López en representación de Doña Tarsila contra la sentencia dictada por el Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º Diez de la ciudad de Alicante en fecha 15 de noviembre de 2005 y en los autos de los que dimana el presente rollo, y en su consecuencia REVOCAR COMO REVOCAMOS la misma en su consecuencia DECLARAR COMO DECLARAMOS:
Con fecha 14 de abril de 2010, se dictó Auto aclarando la sentencia que contiene la parte dispositiva del tenor literal siguiente: "Estimar la aclaración de la sentencia dictada por esta Sala n.º 100/10 en fecha 22 de marzo de 2010 que se peticiona por el Procurador D. Juan Navarrete Ruiz en la representación que ostenta en el presente procedimiento de Doña Tarsila, parte apelante, debiéndola corregir en el sentido de que tanto en los antecedentes como en el fallo debe constar que la citada recurrente fue representada por el Procurador Don Juan Navarrete Ruiz en lugar de la Procuradora Doña Irene Martínez López".
Tercero.—Anunciado recurso extraordinario por infracción procesal y de casación por D. Pedro Jesús, representado por el Procurador de los Tribunales D.ª Pilar Fuentes Tomas, formalizó recurso extraordinario por infracción procesal, articulándolo en los siguientes motivos:
Primero.—Infracción de las Normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional, ex artículo 469.1.1.º LEC, infracción del art. 15 del Reglamento 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.
Segundo.—Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia: Defecto en la forma de motivar la sentencia, infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, ex art. 469.1.2.º LEC, infracción del art. 218.2 de la LEC.
Tercero.—Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia: errónea valoración de la prueba practicada en el juicio. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, ex art. 469.1.2.º LEC, infracción del art. 218.2 de la LEC.
Cuarto.—Infracción de las normas procesales reguladoras de la Sentencia: Interpretación arbitraria. Interpretación arbitraria o ilógica de la prueba practicada en el juicio. Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, ex art. 469.1.2.º LEC, infracción del art. 218.2 de la LEC.
Quinto.—Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión. Vulneración del art. 752 LEC.
Sexto.—Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantía del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión. Vulneración del art. 92.7 CC.
Séptimo.—Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantía del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión. Vulneración del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Octavo.—Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la Ley o hubiere podido producir indefensión. Vulneración del art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Primero.—Interés Casacional. Existencia de Jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
Segundo.—Interés Casacional. Norma en vigor menos de cinco años. Infracción del art. 92 del CC.
Cuarto.—Recibidos los autos y formado el presente rollo, se personó el Procurador D. Anibal Bordallo Huidobro, en representación de D. Pedro Jesús en calidad de parte recurrente; la Procuradora D.ª Blanca Berriatua Horta, en nombre y representación de D.ª Tarsila en calidad de parte recurrida. Asimismo es interviniente el Ministerio Fiscal.
Admitido el recurso por auto de fecha 18 de enero de 2011 y evacuado el traslado conferido al respecto, la Procuradora D.ª Blanca Berriatua Horta, en nombre y representación de D.ª Tarsila, impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso. El Ministerio Fiscal, presentó escrito, solicitando la admisión del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, y los dos motivos del recurso de casación.
Quinto.—Se señaló como día para votación y fallo del recurso el quince de junio de dos mil once, en que el acto tuvo lugar.
Primero.—.Resumen de los hechos probados.
1.º En el litigio sobre guarda y custodia compartida y otros extremos que tuvo lugar entre D. Pedro Jesús y D.ª Tarsila, el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 10 de Alicante, en sentencia de 15 noviembre 2005, acordó que los hijos menores quedaran bajo la guarda y custodia compartida de ambos progenitores, alternándose los tiempos de estancia con cada uno de ellos por periodos semanales. Recurrida esta sentencia por D.ª Tarsila, la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6.ª, en 8 mayo 2006, estimó el recurso y acordó que los hijos menores quedaran bajo la guarda y custodia de la madre, con derecho de visitas del padre. Esta sentencia fue recurrida por D. Pedro Jesús quien interpuso los recursos por infracción procesal y de casación.
2.º La sentencia de esta Sala 623/2009, dictada en el recurso 1471/2006, se pronunció con el Fallo que se reproduce en lo que aquí interesa: "1.º Estimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de D. Pedro Jesús contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6.ª, de 8 mayo 2006 . 2.ºAnular la sentencia recurrida y reponer las actuaciones de segunda instancia al momento inmediatamente anterior a dictar sentencia, para que vuelva a dictarse sentencia que en cualquier caso argumente sobre el interés de los menores en relación a la guarda y custodia compartida pedida, con arreglo a los hechos que considere probados según el planteamiento del litigio y la prueba practicada. La anulación afecta también a la declaración de las costas generadas.[...]. 5.º Y que si contra la nueva sentencia volviera a interponerse cualquiera de los dos recursos, o ambos simultáneamente, se advierta de esta circunstancia al remitir las actuaciones a esta Sala para acordar su tramitación preferente a fin de evitar más dilaciones en la resolución del litigio".
3.º La sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Alicante dictó nueva sentencia el 22 marzo 2010, en la que se desestimó el recurso presentado por D. Pedro Jesús contra la sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia, partiendo de los siguientes argumentos: a) "La figura de la custodia compartida es de interpretación restrictiva y de aplicación excepcional" (FJ 5.º in fine); b) a pesar de que el 9 junio 2005 se había dictado ya un auto de medidas provisionales en el que se acordaba la custodia compartida, y que del informe de los servicios psicosociales resultaba el alto nivel de satisfacción de la única hija examinada, los otros dos hijos no pudieron ser examinados debido a su corta edad; c) en autos constaban otros dos informes contradictorios con el anterior aportados en primera instancia por D.ª Tarsila; d) concluyó la sentencia recurrida que "lo manifestado nos conduce a no estimar adecuado el establecimiento del sistema de custodia compartida, no ya en relación de la menor Daniela para la que no existiría inconveniente dado el grado de adaptación que manifiesta a uno u otro de los progenitores, sino en la de los otros hijos Carlos y Doroteo, dada la corta edad de los mismos que precisan de un hogar más permanente, aunque ambos progenitores vivan actualmente en la ciudad de Bruselas y tengan domicilios próximos, lo que entra de lleno en el último inciso del apartado 5 del Art. 92 , que el Juez no debe separar a los hermanos, a lo que se llegaría inexorablemente de acordarse la de aquélla y no la de éstos". La sentencia fue objeto de aclaración por auto de 14 abril 2010.
4.º D. Pedro Jesús presenta recurso extraordinario por infracción procesal, al amparo del Art. 469.1 LEC, dividido en ocho motivos, y recurso de casación por presentar el asunto interés casacional al existir jurisprudencia contradictoria de las audiencias y referirse a una norma que lleva menos de cinco años en vigor. Los recursos fueron admitidos por el Auto de esta Sala de 18 de enero de 2011.
Segundo.—.El contenido del recurso extraordinario por infracción procesal.
Tercero.—.Competencia de los Tribunales españoles según el art. 15 del Reglamento 2201/2003 del Consejo .
El primer motivo denuncia la infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva y funcional según el Art. 469.1, 1.º LEC. Entiende el recurrente que se ha vulnerado el Art. 15 del Reglamento 2201/2003 del Consejo, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, porque entiende que dado el largo tiempo transcurrido desde que empezó el procedimiento y dado también que los menores viven en Bruselas, sería más conveniente suspender el conocimiento del asunto e invitar a las partes a someter una demanda ante el órgano jurisdiccional de Bruselas, dado que el Art. 15 del Reglamento citado permite tomar esta decisión en beneficio de los menores.
Esta disposición es calificada por el Reglamento como excepcional, porque según el Art. 14 del propio Reglamento, "[...] la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado".
Cuarto.—.La falta de motivación.
El segundo motivo denuncia la infracción del Art. 218.2 LEC, por falta de motivación de la sentencia recurrida. Se dice que la no adopción de la medida pedida está fundada en la ausencia de un hogar permanente y ello afecta a los niños de corta edad y alega que ya no se da esta circunstancia, porque el más pequeño tenía más de cinco años en la fecha de la sentencia recurrida.
El Ministerio Fiscal apoya este motivo del recurso, porque entiende que las razones para la denegación de la guarda y custodia compartida son las mismas que habían sido desechadas en la sentencia del Tribunal Supremo, de 8 octubre 2009, que anuló la de la Audiencia Provincial por falta de motivación y porque no se ha tenido en cuenta la edad actual de los niños. Además, la nueva decisión se basa en dos dictámenes de psicólogos que no han examinado a nadie y que afirmaron no tener gran experiencia en esta institución. Por ello concluye el Ministerio Fiscal que "no cabe duda que carece de fundamentación y la expuesta no es la adecuada para garantizar el interés superior de los menores".
"La motivación de las sentencias es una exigencia constitucional establecida en el Art. 120.3 CE . Desde el punto de vista constitucional, el deber de motivación es inherente al ejercicio de la función jurisdiccional y forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, porque está prohibida la arbitrariedad del juez y la forma de controlar la razonabilidad de las decisiones se efectúa por medio de la motivación, y todo ello para evitar que el derecho a la tutela judicial efectiva sufra una lesión( STS 14 abril 1999 ). La respuesta a las peticiones formuladas en la demanda no debe ser ni extensa ni pormenorizada, pero sí debe estar argumentada en derecho, puesto que el juez no puede decidir según su leal saber y entender, sino mediante el recurso al sistema de fuentes establecido, tal como dispone el Art. 1.7 CC , lo que deriva de la sumisión de los jueces a la ley, establecida en el Art. 117.1 CE . En este sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que "la motivación [...] ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, puedan conocer el fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones[...]( STC 77/2000 , así como las SSTS 69/1998 , 39/1997 , 109/1992 , entre muchas otras). Esta Sala ha aplicado esta norma, exigiendo la motivación suficiente, sobre la base del cumplimiento de una doble finalidad: la de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explícito que responde a una determinada interpretación del derecho, así como la de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos( SSTS 5 noviembre 1992 , 20 febrero 1993 , 26 julio 2002 y 18 noviembre 2003 , entre muchas otras). La obligación de motivación de las sentencias está recogida en el Art. 218 LEC, cuyo párrafo 2 establece que "las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho" y todo ello, "ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón". La falta de motivación de la sentencia constituye un motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, tal como aparece en el Art. 469.1, 2.º LEC , y su concurrencia da lugar a la nulidad, con reposición de actuaciones (Art. 476.2,4 LEC ).
En efecto, la sentencia de la sección 6.ª de la Audiencia Provincial de Alicante, de 22 marzo 2010, incluye los argumentos alegados en la anterior y recogidos de su decisión de 29 diciembre 2004, para que pueda procederse a acordar la guarda y custodia compartida que se limita a reproducir, pero que no aplica en la resolución del caso objeto del recurso. La decisión actualmente recurrida añade a este razonamiento otra resolución de la propia sección 6.ª, de 10 enero 2006, de acuerdo con la cual "la figura de la custodia compartida es de interpretación restrictiva y de aplicación excepcional".
Quinto.—.Estimación del recurso extraordinario por infracción procesal.
1.º La exención del examen de los demás motivos del recurso.
2.º La anulación de la sentencia recurrida.
3.º Si bien de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 476.2,4 LEC, esta Sala debería ordenar que se repusieran las actuaciones al estado y momento en que se incurrió en la vulneración, dado que se ha producido la misma infracción que en la sentencia originaria, es decir, la falta de motivación, esta Sala entiende que debe aplicar lo dispuesto en la Disposición final 16, 7.ª LEC, al haberse recurrido la sentencia por infracción procesal al amparo de lo dispuesto en el Art. 469.2 LEC, por lo que debe dictar nueva sentencia, teniendo en cuenta lo alegado en el recurso de casación.
Sexto.—.Los motivos del recurso de casación. No contradicción entre las sentencias de las Audiencias Provinciales.
El recurrente no puede pretender que se dicte una sentencia unificando una doctrina que en sí misma no resulta contradictoria, sino que se adapta a las distintas situaciones en que pueden encontrarse los menores de edad cuando se ha producido la crisis sentimental de sus progenitores. El único criterio unificador para la solución de cada uno de los casos presentados se encuentra en la necesidad de respetar e implementar el interés del menor y esta exigencia se encuentra ya establecida en las diversas leyes que se ocupan de regular estas situaciones, entre ellas, el propio Art. 92.4 CC. Cosa distinta son los criterios en que el interés del menor se concreta y que las diversas decisiones de las Audiencias Provinciales se encargan de concretar en cada caso.
Séptimo.—.La interpretación del art. 92 CC .
En cambio, debe estimarse el segundo motivo, basado en la necesidad de interpretar una norma, el Art. 92 CC, con menos de cinco años de vigencia, dada la reforma que dicho artículo experimentó en 2005.
La STS 623/2009, que anuló la anterior de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6.ª, decía que del examen del derecho comparado se deducía que se utilizaban "criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que forzosamente deberá ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven". Estos criterios se utilizan también en las SSTS de 10 y 11 marzo 2010.
Octavo.—.Los argumentos de la sentencia recurrida.
La sentencia recurrida explicita, como ya había hecho la sentencia anulada, las que denomina "condiciones que se requieren para una exitosa guarda compartida", que son: "muy bajo nivel de conflicto entre los progenitores; buena comunicación y cooperación entre ellos; residencias cercanas o geográficamente compatibles; rasgos de la personalidad y carácter de los hijos y los padres compatibles, estilos educativos de los progenitores similares o compatibles; edad de los menores y número de hermanos que permitan su adaptación; cumplimiento por los progenitores de sus obligaciones económicas; respeto mutuo por ambos progenitores; que no haya excesiva judicialización de la separación o divorcio; existencia de un vínculo afectivo de los niños con ambos padres y que acepten este tipo de custodia y que ambos progenitores estén de acuerdo con la alternativa de la custodia compartida. En definitiva, características de los progenitores como madurez personal y capacidad para separar el plano de pareja de sus roles como padres". Algunos de estos criterios vienen a coincidir con los enumerados en la STS 623/2009; algún otro, como el acuerdo de los progenitores en este sistema de guarda, es contrario a lo establecido a lo establecido en el Art. 92 CC, que permite acordarla aun cuando ambos progenitores no coincidan en ello, con las cautelas exigidas en el propio art. 92 CC. Pero en cualquier caso, debe entenderse que la sentencia recurrida efectúa esta relación, repetimos, coincidente con la anulada, con la finalidad de utilizar estos criterios en un conjunto, sin primar uno con exclusión de los demás.
1.º Se admite que la guarda compartida resulta beneficiosa para la hermana mayor, por lo que "no existiría inconveniente dado el grado de adaptación que manifiesta a uno u otro de los progenitores".
2.º A continuación, afirma que los hermanos Carlos y Doroteo, dada "su corta edad", requieren un "hogar más permanente", y ello aunque ambos progenitores vivan en Bruselas "y tengan domicilios próximos". Los criterios que se manejan, se utilizan para evitar la guarda compartida, debiendo recordarse que la STS de esta Sala de 11 marzo 2010 rechazó el criterio de la "deslocalización" de los niños para no aplicar la guarda y custodia compartidas, por ser los cambios de domicilio una consecuencia inherente a este tipo de guarda, que hay que decidir precisamente cuando los padres han acordado no vivir juntos.
3.º A partir de lo anterior, la sentencia recurrida aplica el criterio de no separar a los hermanos, cuando la Audiencia no ha comprobado si este tipo de guarda era o no beneficioso para los hermanos Carlos y Doroteo, de modo que para proteger el hipotético interés de estos dos niños, se perjudica el de la hermana mayor, sin una base para ello.
4.º En el procedimiento figuran tres informes: el de la psicóloga adscrita al Juzgado de Familia de Alicante, en relación a las medidas provisionales, y que es favorable a la guarda y custodia compartidas; un segundo, firmado por el Dr. Cosme, con abundantes citas doctrinales, que es contrario a este tipo de guarda, y un tercero, de otro psicólogo, relativo a una serie de crisis sufridas por D.ª Tarsila. Asimismo figura el informe del Ministerio Fiscal, de 28 octubre 2005, que considera beneficioso para el interés de los hijos menores de edad la adopción de la medida de la guarda y custodia compartida. Debe recordarse que en la sentencia recurrida solo se han tenido en cuenta los informes presentados a instancia de parte y ni tan solo se ha valorado el contenido del presentado por el psicólogo del Juzgado de familia.
Noveno.—.Estimación del segundo motivo del recurso.
La estimación del motivo segundo del recurso de casación presentado por la representación procesal de D. Pedro Jesús contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6.ª, de fecha 22 marzo 2010 determina en parte la de su recurso.
Procede anular y casar la sentencia recurrida y reponer la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª instancia n.º 10 de Alicante, de fecha 15 noviembre 2005, cuyo fallo atribuyó la guarda y custodia compartida de los niños Daniela, Carlos y Doroteo a ambos progenitores.
Décimo.—Costas.
No se imponen las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC.
1.º Se estima el recurso extraordinario por infracción procesal presentado por la representación procesal de D. Pedro Jesús contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6.ª, de fecha 22 marzo 2010, dictada en el rollo de apelación 105/06.
2.º Se estima en parte el recurso de casación presentado por la representación procesal de D. Pedro Jesús contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sección 6.ª, de fecha 22 marzo 2010, dictada en el rollo de apelación 105/06.
4.º Se repone la sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª instancia n.º 10 de Alicante, de fecha 15 noviembre 2005, cuyo FALLO dice: "...Que ESTIMANDO EN PARTE la demanda formulada por el Procurador Sr. NAVARRETE RUIZ, en nombre y representación de Dña. Tarsila contra D. Pedro Jesús, representado por la Procuradora Sra. FUENTES TOMÁS, debo acordar las siguientes medidas en beneficio de los hijos menores:
6.º No se hace especial declaración de las costas originadas por el recurso de apelación.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Encarnacion Roca Trias.- Firmado y rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMA. SRA. D.ª Encarnacion Roca Trias, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

References: resolución 
 artículo 469
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 398