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Timestamp: 2018-08-20 15:17:25+00:00

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﻿ SENTENCIA 6806 DE JUNIO 28 DE 1994
SENTENCIA 6806 DE 28 DE JUNIO DE 1994
CONTENIDO:NO PROCEDE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS CASOS DE OCUPACIÓN DE UN BIEN PARA FINES DE EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO PUES ÉSTA ES UNA ACTIVIDAD REGULADA Y PERMITIDA EN LA LEY. ANTE DEMANDA TENDIENTE A QUE SE DECLARE A LA NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS, SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS A UNAS PERSONAS, EN SU CONDICIÓN DE PROPIETARIOS DE UNA HACIENDA POR LA EXPLOTACIÓN AURÍFERA ILEGAL, TOLERADA Y AUN AUSPICIADA POR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y REALIZADA POR UNA SERIE SUCESIVA DE INVASIONES QUE CUBRE UN ÁREA GANADERA DE LA HACIENDA Y FRENTE A LAS CUALES EL ESTADO NO BRINDÓ PROTECCIÓN. SE INDICA QUE LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE RESULTAR CONDENADA A PAGAR PERJUICIOS POR OMISIÓN, PUESTO QUE LOS DUEÑOS DE LA HACIENDA NO SON PROPIETARIOS DEL SUBSUELO QUE PERTENECE A LA NACIÓN, LA CUAL PUEDE CONCEDER EN CONSECUENCIA LICENCIAS AMBIENTALES. Y LA LEY, OTORGA A LA ACTIVIDAD MINERA EL RANGO DE ACTI¬VIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS SOCIALLO QUE, LO EXPLICA QUE LOS TITULARES DE DICHO DERECHO DE DOMINIO DEBAN SOPORTAR LA EXPLOTACIÓN DEL SUBSUELO DE SUS PREDIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ELLA MISMA PUDIENDO OBTENER DE LOS MINEROS LA INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS QUE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OCASIONE EN SUS PREDIOS. NO PUEDEN, ENTONCES, LOS TITULARES DEL DERECHO DE DOMINIO SOLICITAR INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS AL ESTADO, POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE ESTÁN REGULADAS Y PERMITIDAS EN LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:LICENCIA AMBIENTAL, EXPLOTACIÓN DE BIEN PÚBLICO, OCUPACIÓN DE HECHO, EXPLOTACIÓN DE MINAS, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Sentencia 6806 de junio 28 de 1994
Radicación: 6806
Actor: Olga Bernal de Unda y otros
Demandada: La Nación - Ministerio de Minas y Energía, departamento del Tolima y municipio de Chaparral
Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Minas y Energía, el Departamento del Tolima, el Municipio de Chaparral y la parte actora, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 29 de mayo de 1991, la cual en su parte resolutiva dispuso:
“1. ACEPTAR el desistimiento que presentó el señor apoderado de la parte demandante de las pretensiones 4ª y 5ª de la demanda.
“2. NEGAR las excepciones propuestas por los demandados.
“3. DECLARAR a la Nación representada por el Ministerio de Minas y Energía, al Departamento del Tolima y al Municipio de Chaparral, solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados a Eduardo Bernal Arango, Jorge o José Jorge Bernal Arango, Pablo o Pedro Pablo Bernal Arango, Gustavo Bernal Arango, María Teresa Bernal de Calle, María del Carmen Olga Bernal de Unda, Clara Eugenia Bernal de Arjona y María Cristina Bernal de Jaramillo, sustituidos dentro del proceso por la sociedad comercial RISAL S.A., domiciliada en Bogotá, y actual propietaria de la finca SANTA ROSA, y representada por su Gerente Gustavo Bernal Arango, por hechos que da cuenta la demanda.
“4. CONDENAR a pagar a los demandados solidariamente la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 11'297.675) por concepto de lucro cesante a la sociedad comercial RISAL S.A., representada por el señor Gustavo Bernal Arango o quien haga sus veces.
“5. Se dará cumplimiento a los artículos 176 y 177 inciso final del Código Contencioso Administrativo y,
“6. NEGAR la segunda pretensión inciso primero del libelo demandatorio”.
1. La demanda que dio origen al proceso, presentada el día 3 de noviembre de 1988, persigue que se declare a las entidades demandadas, NACIÓN COLOMBIANA REPRESENTADA POR EL MINISTERIO DE MINAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y MUNICIPIO DE CHAPARRAL, solidariamente responsables de los perjuicios sufridos por los demandantes, en su condición de propietarios de la hacienda SANTA ROSA, ubicada en la circunscripción territorial del municipio de Chaparral (Tolima), por la “explotación aurífera ilegal, tolerada y aun auspiciada por las autoridades públicas y realizada por una serie sucesiva de invasiones que cubre en la actualidad el 60% de la mejor área ganadera de la Hacienda y frente a las cuales el Estado no brindó protección”.
Como consecuencia de lo anterior, se pide que las entidades demandadas sean condenadas a pagar el valor de la hacienda, con deducción de lo pagado por daño emergente, según la sentencia del 8 de febrero de 1985.
Igualmente, se solicita en la demanda que se disponga la transferencia a las entidades demandadas del dominio de la Hacienda objeto de proceso y que en consecuencia la sentencia sea inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
2. Los hechos en que se fundamentan las anteriores pretensiones, se sintetizan así:
A. En el año de 1975, cuando la finca objeto del proceso, que en dicha época pertenecía a PEDRO BERNAL ESCOBAR, se encontraba en plena capacidad productiva, comenzó a ser invadida por personas que empezaron a realizar exploraciones en búsqueda de oro por el sistema de excavaciones, sin consentimiento del propietario y sin licencia del Ministerio de Minas, ocasionando perjuicios al predio en un área de 337 hectáreas.
B. PEDRO BERNAL ESCOBAR, inició entonces una acción de reparación directa de única instancia ante el Consejo de Estado, el cual en sentencia del 8 de febrero de 1985 condenó a la parte demandada a pagarle, por concepto de daño emergente actualizado, la suma de OCHO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 8'117.811,50).
C. Los invasores no fueron desalojados por las autoridades competentes, sino que por el contrario éstos aumentaron y en los últimos dos años alcanzaron a cubrir un 60% de la parte plana de la hacienda, volviendo antieconómica su explotación. “En síntesis —señala la demanda— de las 336 hectáreas afectadas, hasta la fecha de la anterior sentencia del Consejo de Estado, dicha área alcanza hoy las 900 hectáreas, sobre una superficie total de 1.649.730 m2”. Lo anterior trajo como consecuencia la imposibilidad de explotar económicamente la hacienda, quedando sus propietarios privados del derecho de usufructuarla.
D. La explotación de oro que se realiza en la hacienda Santa Rosa, no está amparada por autorización o licencia del Ministerio de Minas, pero se desarrolla con su conocimiento, pues “en el mismo sitio funciona una inspección o dependencia de dicho Ministerio que nada hace para impedir las actividades ilegales de los explotadores”.
E. El anterior propietario, PEDRO BERNAL y sus herederos, que son quienes instauran la presente demanda, solicitaron amparo policivo a las autoridades del municipio de Chaparral, sin obtener protección de ninguna clase, pues dicho municipio no profirió ninguna decisión de fondo, fundamentando su rechazo en argumentos de tipo formal.
3. El Ministerio de Minas al dar respuesta a la demanda (fl. 214), propuso las siguientes excepciones:
A. Inexistencia de causa legal para la acción pretendida.
Para fundamentar esta excepción, señaló que los mineros que realizaban labores de explotación en el predio de propiedad de la parte actora, contaban para tal fin con licencia 11717, expedida en favor de ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE MINEROS ATACO-CHAPARRAL, por la gobernación mediante la Resolución 24 del 26 de mayo de 1988, cuya copia fue allegada al expediente (fl. 199). Al no ser la parte actora propietaria del subsuelo, debía hacer acordado con los titulares de la licencia el pago de la correspondiente servidumbre en los términos del Decreto 2477 de 1986, pues es al minero a quien le corresponde el pago de los perjuicios que se causen con el ejercicio de la servidumbre, de acuerdo con lo normado en el artículo 186 del mencionado decreto.
Expresó igualmente que los demandantes no formularon ningún tipo de oposición durante el trámite de la licencia concedida a los mineros, y que la acción policiva adelantada por los citados demandantes fue legalmente rechazada.
Esta excepción se fundamenta en que, por los mismos hechos, el señor PEDRO BERNAL, que es el padre de los demandantes y de quien ellos derivaron el derecho de dominio en el inmueble, instauró un proceso ordinario contra las mismas entidades demandadas, el cual se tramitó en el Consejo de Estado y se radicó bajo el Nº 3504; y, la sentencia pronunciada en el mismo decretó la indemnización pedida por el demandante.
4. El departamento del Tolima y el municipio de Chaparral contestaron conjuntamente la demanda (fl. 232) y formularon las siguientes excepciones:
A. Indebida representación de la parte demandante.
Se señala que es irregular el poder conferido por los demandantes a su apoderado judicial, por cuanto en el mismo se indicó como parte demandada el Estado, sin expresar cuál entidad estatal concretamente debía ser demandada.
B. Falta de jurisdicción.
Se indica que la acción ha debido instaurarse ante la justicia ordinaria y contra los particulares ocupantes del predio SANTA ROSA, en aplicación del Decreto 2477 de 1986.
“No fue pues, que la protección hubiera faltado, sino que ésta no se solicitó en la forma establecida en el estatuto minero que consagra los procedimientos cuyos textos ya fueron objeto de análisis”.
C. Falta de legitimación por pasiva.
Se fundamenta esta excepción en que el Departamento del Tolima ejerce algunas funciones en materia minera, por delegación expresa del Ministerio de Minas, en los términos del Decreto 1633 de 1971, modificado por el 3514 de 1981; normas éstas que determinaron que las funciones de inspección y vigilancia continuarían siendo ejercidas por el Ministerio.
Se expresa además que, de acuerdo con el artículo 218 del Decreto 2477 de 1986, los actos expedidos por los gobernadores en ejercicio de funciones delegadas se deben considerar como actos administrativos de agentes o funcionarios del orden nacional.
D. Cosa juzgada.
Fundamentada, al igual que en la contestación de la demanda del Departamento, en la sentencia proferida dentro del proceso 3405.
Se indica que, respecto de las omisiones administrativas ocurridas con anterioridad al mes de noviembre de 1986, se encontraría vencido el término de caducidad señalado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
5. Antes de vencer el período probatorio, los demandantes allegaron al proceso copia auténtica de la escritura pública 2.225 otorgada el 28 de julio de 1989 en la Notaría treinta y cinco del círculo de Bogotá, mediante la cual vendieron el predio objeto del proceso por la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 10'880.000) a la sociedad RISAL S.A., incluyendo en la venta los derechos derivados del presente proceso (fl. 264).
Igualmente, se allegó al expediente el poder del representante legal de la sociedad compradora conferido al mismo abogado de los demandantes, en el cual se ratifica su actuación anterior (276).
Mediante auto del 21 de noviembre de 1989 (fl. 278), el Tribunal de primera instancia dispuso aceptar la sustitución de los demandantes a la sociedad cesionaria, ordenando la notificación de dicha providencia a los apoderados de las entidades demandadas, la cual se surtió por estado.
6. Luego de vencido el término para alegar de conclusión y encontrándose el proceso al despacho para fallo, el apoderado judicial de la sociedad cesionaria de los demandantes, RISAL S.A., presentó un memorial al Tribunal de primera instancia (fl. 370) con el cual allegó copia de la escritura pública 2.322, mediante la cual dicha sociedad vendió el inmueble objeto del proceso al INCORA, por la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 146'777.372).
En dicho escrito, el citado apoderado desiste de las pretensiones cuarta y quinta de la demanda, en las cuales se solicita que se disponga la transferencia a las entidades demandadas del dominio del predio objeto de proceso y que en consecuencia la sentencia se inscriba en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Señala el apoderado en el memorial al que se hace referencia en este numeral:
“Así las cosas, el monto del perjuicio queda perfectamente esclarecido por la diferencia entre la estimación del dictamen que obra en autos $ 371'063.975 (sobre la base de una plena explotación económica y la del Instituto Agustín Codazzi por $ 146'777.000, con base en la situación actual del predio, invadido por explotaciones, tal y como también quedó consignado en la diligencia de Inspección Judicial en este proceso. La cifra deberá adicionarse con el monto del lucro cesante, más el reajuste monetario, etc.”.
Se allegó igualmente al proceso en esta oportunidad el acta de entrega del inmueble al Incora (fl. 379), en la cual textualmente se señala: “como quiera que en el recorrido se encontró la existencia de un cultivo de aproximadamente 22 hectáreas de sorgo y diez (10) hectáreas de maíz, propiedad de la sociedad Risal S.A., ubicados en el potrero San José, se le concede un plazo hasta el 31 de enero de 1991 para recogerlo”. De acuerdo con este documento, la finca es recibida por el Incora y a su vez se hace entrega de ella a la Cooperativa Agroindustrial y Minera de Ataco.
8. La sentencia del Tribunal de primera instancia, cuya parte resolutiva fue antes transcrita, condenó a las entidades demandadas a pagar a la sociedad RISAL S.A. la suma de ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 11'297.675) por concepto de lucro cesante.
La petición concerniente al pago del valor de la finca fue rechazada en la sentencia de primera instancia, en razón de que “la parte demandante no probó la inutilización total o parcial definitiva del inmueble”. De acuerdo con el dictamen pericial se señala en la sentencia que, “el 33.14% de la finca tiene dificultades para la explotación ganadera pero recuperable para ésta o agricultura mediante los medios o labores de adecuación por tapado o apizonamiento (sic) de trabajos de minería, reparación de cercas, limpieza de potreros, quema de los mismos y siembra de pasto puntero”.
“Tampoco debe confundirse la inutilización total o parcial del inmueble por estar privado el propietario de su explotación con el fenómeno de improductividad definitiva por diferentes factores. Son cuestiones distintas y así hay que entenderlas y mal puede pedirse una indemnización consistente en el reconocimiento y pago del valor del inmueble aunque fuere de una parte, cuando éste puede ser recuperado a entera satisfacción empleando los medios adecuados y los valores necesarios a invertir”.
9. Los apoderados judiciales del Ministerio de Minas, del Municipio de Chaparral y del Departamento del Tolima, al sustentar los recursos interpuestos (fls. 413 y 434) insisten en que se declaren probadas las excepciones propuestas al contestar la demanda.
10. La parte actora al sustentar su recurso solicita que se revoque el numeral sexto de la sentencia apelada, en el cual se negó la pretensión segunda de la demanda y que en su lugar se condene a las entidades demandadas a pagar la suma de $ 407'589.985 (pesos a feb./91), por concepto de daño emergente.
Señala el demandante que las entidades demandadas deben ser condenadas al pago del valor comercial del predio señalado por los peritos en el curso del proceso, el cual se determinó considerando que sobre el mismo no se hubiesen producido los daños en $ 371'063.925, menos el valor recibido por la venta del predio al INCORA, el cual fue determinado por el INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI en $ 146'777.000, y menos el valor recibido por los demandantes por concepto de daño emergente en el primer proceso tramitado contra las mismas entidades ($ 6'225.066), con las respectivas actualizaciones, para obtener la cifra citada en el párrafo anterior (fl. 429).
1. En lo relacionado con el rechazo de las excepciones de indebida representación, falta de jurisdicción, cosa juzgada y caducidad la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
A. Indebida representación.
Considera la Sala que el hecho de que los demandantes hubiesen indicado en el poder otorgado a su apoderado judicial que la demanda debía dirigirse contra el Estado sin señalar concretamente cuáles eran las entidades públicas demandadas, no puede conducir a un fallo inhibitorio, en la medida en que en el poder se encuentra determinado claramente el objeto del proceso, sin que pueda confundirse con otro, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 65 del código de procedimiento civil. Los requisitos para el otorgamiento del poder se encuentran contenidos en dicha norma y no puede el juzgador hacer respecto del poder las mismas exigencias que se consagran en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, para la demanda.
Además de lo anterior, no puede hablarse aquí de indebida representación de la parte actora, si se tiene en cuenta que la sociedad reconocida en el proceso como cesionaria de los derechos litigiosos de los demandantes originales al conferir poder al mismo apoderado de aquéllos manifestó expresamente ratificar todas las actuaciones del citado apoderado.
Si la demanda de reparación directa fue formulada contra la Nación (representada por el Ministerio de Minas), el departamento del Tolima y el Municipio de Chaparral, resulta evidente que de ella debía conocer la jurisdicción contencioso administrativa, por lo cual esta excepción no podía tener prosperidad.
El argumento expuesto por la parte excepcionante en el sentido de que la responsabilidad de los daños ocasionados a los demandantes era de los mineros particulares y no de las entidades públicas demandadas, no corresponde formalmente a la excepción de falta de jurisdicción, ya que en el fondo se le imputa a la administración responsabilidad por los mismos hechos. Es un argumento para desvirtuar la responsabilidad de los entes demandados y la Sala lo tendrá en cuenta al momento de analizar el fondo del proceso.
Considera la Sala que en la demanda se deslinda claramente el objeto del primer proceso tramitado contra las mismas partes, de lo pretendido por los demandantes al instaurar esta segunda demanda. Tratándose entonces de objetos distintos no hay lugar a declarar probada esta excepción.
Tampoco hay lugar a declarar probada esta excepción por cuanto en la demanda se solicita el pago de perjuicios causados por hechos ocurridos dentro de los dos años anteriores a la presentación de la misma.
2. Obra en el expediente (fl. 119, cdno. 2) copia auténtica del fallo proferido por el Consejo de Estado el día 8 de febrero de 1985, en el proceso radicado bajo el Nº 3504, instaurado por el señor PEDRO BERNAL ESCOBAR en su condición de propietario de la finca SANTA ROSA, contra la Nación, el departamento del Tolima y el municipio de Chaparral, con el objeto de que se declarara la responsabilidad solidaria de las entidades demandadas, por los perjuicios causados en el citado predio, como consecuencia de una explotación aurífera ilegal, tolerada y aún auspiciada por la autoridad.
En dicho fallo las entidades demandadas fueron declaradas solidariamente responsables de los perjuicios ocasionados al demandante y fueron condenadas, por concepto de daño emergente, a pagar al demandante la suma de $ 6'225.066, teniendo en cuenta la inutilización del predio en 326 hectáreas sobre el área total determinada en 1.649 hectáreas y 1.730 metros cuadrados.
En la parte motiva del mismo, textualmente se señala:
“... Resultaron probados dentro del expediente los siguientes hechos:
“1. La propiedad de la finca Santa Rosa en cabeza del señor Pedro Bernal E., mediante la copia de la escritura pública 7473 de la notaría 9 de esta ciudad y el certificado del señor registrador de instrumentos públicos de Chaparral (Ver documentos a los fls. 2 y 4 y a 9, cdno. ppal.).
“2. La identificación de la finca Santa Rosa, mediante la inspección judicial con peritos que obra a folios 58 del cuaderno de pruebas de la parte actora. Allí se constató que la propiedad a que se refieren los documentos indicados en el numeral precedente coincide con la visitada, objeto de la controversia. Se refuerza lo dicho con la peritación que obra a los folios 108 y siguientes del mismo cuaderno.
“3. La superficie de la finca Santa Rosa y el área objeto de la explotación minera inutilizada para la ganadería; aquella estimada en 1.649 hectáreas 1.730 metros cuadrados y ésta en 326 hectáreas (ver dictamen pericial a fls. 108 y 109)”.
“7. El permiso otorgado por el señor Bernal para que la explotación se limitara a un área de 88 hectáreas, debidamente cercada. Este punto se desprende de la comunicación suscrita por el gobernador Lozano, reconocida por éste y ratificada en su declaración que obra a los folios 82 del cuaderno 1 y de las declaraciones de los señores Guillermo Charry B. y Rogelio Guzmán Guzmán (a fls. 62 y 63, cdno. 1).
“8. La instalación del puesto de policía dentro de la finca para controlar la explotación en el área indicada y evitar las invasiones por fuera de la zona. A folios 31 del mismo cuaderno aparece la copia autenticada de la Resolución 47 de 1975, expedida por el comandante de policía del Tolima en la cual se dispone dicha instalación y se le adscriben 4 agentes. En declaración del mismo señor Charry se dan detalles sobre el funcionamiento de dicho puesto policial.
“9. El retiro del puesto de policía se comprobó con la copia autenticada de la Resolución 37 de marzo 26 de 1977, expedida por el mismo comandante, en la cual se dispuso ese retiro y el traslado de los agentes de la base de Ataco (a fls. 31, cdno. 2), y con las declaraciones de los señores Charry y Guzmán a folios 62 y 65.
“10. El desbordamiento de las invasiones luego de retirada la fuerza pública, por fuera del área convenida de 88 hectáreas. Sobre este punto las siguientes pruebas dan certeza suficiente: las copias de las decisiones de primera y segunda instancia proferidas dentro del juicio de amparo promovido por don Pedro en abril de 1977, y por las cuales se ordenó el desalojo de los invasores. Las declaraciones de Guillermo Charry (al fl. 62) y Rogelio Guzmán (a fls. 62 y 64); la comunicación oficial del secretario de gobierno al señor Bernal, expedida el 20 de abril de 1977.
“11. El no otorgamiento por parte de las autoridades mineras de concesión o permiso alguno, ni la constitución de aportes en la finca. Ver a este respecto la certificación de la oficina jurídica de minas (dependencia de la secretaría de gobierno del Tolima) del 18 de agosto de 1982 (a fls. 47, cdno. de pbas. de la parte actora)...”.
“De las pruebas que se dejan reseñadas se pone de presente que la conducta oficial, a los niveles explicados (Ministerio de Minas, Policía Nacional, gobernación del Tolima y Municipio de Chaparral), no operó en la forma debida, propiciando así en forma indirecta las invasiones a la finca Santa Rosa de propiedad del demandante. Claro está que podría alegarse que los hechos desbordaron la capacidad misma de la autoridad pública y que ésta se vio impotente para controlarlos.
“Pero esto no fue así desde un principio. Los hechos inicialmente no tuvieron especial gravedad. La protección policiva pudo operar efectivamente y no se prestó con eficacia. Fueron desoídos los múltiples requerimientos de los propietarios y su falta de respuesta motivo a los invasores a adentrarse más y más en los terrenos de la finca. Si bien es cierto que estos fueron desalojados en varias oportunidades (abr. 1977 y 1979, por ejemplo) por orden de autoridad competente, no lo es menos que las invasiones siguieron con mayor intensidad hasta adquirir las proporciones de orden público que se observan hoy y que motivaron la presente controversia”.
“Pero además de los desalojos anotados, el demandante obtuvo amparos policivos favorables que no se hicieron efectivos por la situación de orden público que se había creado en la región”.
“... Hubo aquí ciertamente una falla del servicio. Las autoridades mineras tampoco colaboraron con la solución del conflicto al no tomar medidas para organizar la explotación dentro de los cauces legales. Así mismo manifiestan que no habían otorgado permiso o concesión de explotación aurífera en terrenos de la finca”.
“Las fallas anotadas causaron el perjuicio. La finca quedó en esta forma reducida en su explotación ganadera. Los potreros perdieron su utilización y quedaron cubiertos de “apiques” o fosos que no sólo hicieron imposible el pastoreo del ganado, sino de gran peligrosidad, dada la profundidad de los fosos”.
Los perjuicios a que se condenó solidariamente a las entidades demandadas en esta sentencia, se discriminan así:
A. Costos de adecuación de los terrenos $ 6'225.066.00
B. Pérdida de ganado $ 8'272.510.00
C. Valor actual por el encarecimiento de los costos de administración y manejo $ 682.030.00
D. Valor actual del lucro cesante $ 14'304.260.00
Total $ 29'483.866.00
La sentencia ordenó la actualización de dicha suma, desde el 29 de abril de 1983, hasta la fecha de la sentencia, o sea hasta el 7 de abril de 1985, a lo cual se procedió mediante trámite incidental; y mediante auto del 30 de septiembre de 1985 se dispuso que el valor correspondiente a dicha actualización ascendía a la suma de $ 8'963.095.26.
Al folio 283, cuaderno 1, aparece copia de la Resolución 2493 de fecha 31 de julio de 1986, por la cual el Ministerio de Hacienda ordenó el pago de la suma anteriormente indicada, suma que ascendió, con los intereses causados a $ 50'062.491.00. De acuerdo con lo señalado en el hecho octavo de la demanda, esta suma fue cancelada así: El capital el 14 de enero de 1986, y los intereses el 5 de agosto de 1986.
3. La demanda objeto del presente proceso fue presentada el día 3 de noviembre de 1988 y en ella se pretende textualmente:
Primera. Que se declare al Estado, y específicamente a la Nación, al departamento del Tolima y al Municipio de Chaparral, solidariamente responsables por los daños y perjuicios en la finca Santa Rosa, de propiedad de mis mandantes, situada en jurisdicción del municipio de Chaparral (Tolima), causados como consecuencia de una explotación aurífera ilegal, tolerada y aún auspiciada por las autoridades públicas y realizada por una serie sucesiva de invasiones que cubre en la actualidad el 60% de la mejor área ganadera de la Hacienda y frente a las cuales el Estado no brindó la debida protección.
Segunda. Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la Nación, al Departamento del Tolima y al Municipio de Chaparral, a pagar solidariamente a los propietarios actuales de la hacienda Santa Rosa una suma equivalente al precio que tendría la Hacienda en mención a la fecha de la sentencia, si su explotación económica hubiera podido desarrollarse normalmente como lo fue hasta antes de las invasiones y depredaciones realizadas por los exploradores y explotadores ilegales de oro, según estimación de peritos dentro de este proceso, con deducción de lo pagado por daño emergente según la sentencia de febrero 8 de 1985.
Así mismo, se condenará al pago del lucro cesante que consiste en los beneficios dejados de percibir en la Hacienda por sus propietarios durante los últimos dos años por causa de invasiones de mineros ilegales.
Tercera. Que se disponga el cumplimiento de la condena anterior, dentro del término de treinta días, contados a partir de la comunicación de la sentencia y que se condene, además, al pago de intereses comerciales durante los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo y de los moratorios a partir de este último término.
Cuarta. Que, como consecuencia de estas condenas se disponga que el dominio o propiedad de la Hacienda Santa Rosa se transfiere a la Nación, al Departamento del Tolima o al Municipio de Chaparral, según sea la entidad de derecho público que cumpla o satisfaga la condena, o conjuntamente a las tres si todas concurren a su pago.
Quinta. Que se ordene la protocolización ante Notario de la sentencia favorable a estas peticiones y de los documentos de pago de la condena, una vez efectuado éste, así como la inscripción de los mismos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Chaparral (CCA, art. 174), cumplido todo lo cual el Tribunal procederá a la entrega material del inmueble (CPC, art. 337)”.
4. La condición de propietarios en cabeza de los demandantes, con la cual se satisface la legitimación por activa, fue debidamente acreditada en el proceso. Con la demanda se allegó copia auténtica del trabajo de partición y de la sentencia aprobatoria en la sucesión del causante PEDRO BERNAL, proferida por el Juzgado Décimo Sexto Civil del Circuito de Bogotá, el 8 de septiembre de 1988 en la cual el predio fue adjudicado a MARÍA CRISTINA BERNAL DE JARAMILLO, CLARA EUGENIA BERNAL DE ARJONA, JOSÉ JORGE BERNAL ARANGO, PEDRO PABLO BERNAL ARANGO, MARÍA DEL CARMEN OLGA BERNAL ARANGO, MARÍA TERESA BERNAL ARANGO, EDUARDO BERNAL ARANGO y GUSTAVO BERNAL ARANGO, en octavas partes para cada uno de ellos (fl. 3 al 24).
Tal como se mencionó en los antecedentes, se allegó copia auténtica de la escritura pública 2.225 otorgada el 28 de julio de 1989 en la Notaría treinta y cinco del círculo de Bogotá, mediante la cual los citados demandantes vendieron el predio objeto del proceso a la sociedad RISAL S.A. (fl. 264), representada por GUSTAVO BERNAL ARANGO; sociedad a la cual fueron cedidos los derechos litigiosos de este proceso, como también se advirtió en los antecedentes.
Se allegó igualmente copia auténtica del certificado de tradición correspondiente al inmueble, donde aparece inscrita tanto la adjudicación en el proceso sucesoral como la venta a la sociedad RISAL S.A. (fl. 275).
5. La causa por la cual se demandan los perjuicios en este segundo proceso, es entonces similar a la esgrimida en la primera demanda: se acusa a las entidades demandadas de tolerar y auspiciar una explotación aurífera ilegal en el predio de propiedad de los demandantes, realizadas por una serie sucesiva de invasiones que, de acuerdo con la demanda, cubren para la fecha de su presentación el 60% de la mejor área ganadera de la hacienda.
6. La falla del servicio de la cual pretenden derivar la responsabilidad de las entidades demandadas, consiste entonces en una conducta omisiva de parte de dichas entidades; en la falta de protección a los demandantes para garantizar el ejercicio de su derecho de dominio sobre el predio denominado Santa Rosa.
Pero, al contrario de lo que sucedió en el primer proceso, en este caso no se acreditó la ocurrencia de dicha falla, como se concluye del análisis de las pruebas obrantes al expediente. Así, se observa:
A. Con la demanda la parte actora aportó al expediente copia auténtica de una querella civil ordinaria de policía tramitada ante la Alcaldía Especial de Chaparral, con el objeto de recuperar la posesión del predio de propiedad de los demandantes. Esta actuación fue iniciada el 28 de agosto de 1987 (fl. 25 al 116) mediante poder conferido por GUSTAVO BERNAL ARANGO; posteriormente, al fallecer don PEDRO BERNAL ARANGO (nov. 5/87), sus herederos confirieron poder al mismo abogado que había iniciado la actuación y ésta fue continuada con ellos.
La acción instaurada fue la correspondiente a un proceso civil de policía por perturbación de posesión. Fue dirigida contra cuatro ocupantes con nombre propio (MARTÍN NARVÁEZ, POLICARPO GUETENDO, SIMÓN FIGUEROA y SATURNINO CAMPERA) y contra “por lo menos 2.000 personas más que están invadiendo el predio”.
Dentro de dicha actuación, la Asociación Empresarial de Mineros presenta un escrito en el cual comunica que en el predio se realizan explotaciones bajo el amparo de una oposición minera y que en dicho momento se encuentra en trámite la correspondiente licencia.
Luego de haberse llevado a cabo una audiencia de conciliación y practicado las pruebas, la Alcaldía Especial de Chaparral (Tolima), profiere una providencia el 7 de enero de 1988, en la cual resuelve absolver a los demandados y señalar a los demandantes, que les “queda libre la potestad de hacer valer sus derechos ante la justicia ordinaria, si los consideran inculcados (sic)”.
En las motivaciones de esta providencia se señala que existe constancia acerca de que los mismos demandantes habían iniciado con anterioridad acciones posesorias, y que igualmente los ocupantes indicaron al rendir testimonio que se encuentran en el predio hace más de un año y que el artículo 219 del código de policía indica como término de prescripción para instaurar la acción policiva por perturbación el de seis (6) meses contados a partir del primer acto de molestia o embarazo a la posesión, tenencia, nuda propiedad y servidumbre (fl. 103).
Esta providencia fue apelada y al resolverse el recurso por parte de la Dirección de Orden Público y Justicia del Departamento del Tolima, se declaró la nulidad de toda la actuación, por haberse dado a la querella un trámite inadecuado.
En la parte motiva de dicha providencia se expresa:
“Observa además el Despacho que con fundamento en lo expuesto en el hecho 4 de la querella, el término de que habla el artículo 15 del Decreto 992 de 1930, ya estaba fenecido, pues en la querella se dice que los hechos fueron ejecutados en julio y agosto, y son continuación permanente de los anteriores meses y semanas”.
“... así las cosas, la nulidad debe declararse a partir del auto visto al folio 11 vto. hasta la última actuación del a quo, sin que haya lugar a reponer lo invalidado porque ya feneció la oportunidad para presentar una nueva demanda (D. 992/30, art. 15 y CPP del Tolima, art. 219)”.
B. Con la demanda igualmente se aportó una constancia expedida el 3 de noviembre de 1988, a solicitud de uno de los demandantes, por la Oficina de Minas de la Secretaría de Gobierno del departamento del Tolima (fl. 117), en la cual se señala que a la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE ATACO CHAPARRAL, se le concedió la licencia 11717 para la explotación técnica de Oro en jurisdicción del municipio de Chaparral, departamento del Tolima, y que dicha licencia fue otorgada mediante Resolución 24 del 26 de mayo de 1988.
Al contestar la demanda el Ministerio de Minas allegó al proceso copia auténtica de la Resolución 1843 del 21 de julio de 1978 expedida por el Gobernador del Departamento del Tolima, en la cual se acepta la oposición formulada por la ASOCIACIÓN MERCANTIL DE MINEROS DE ATACO Y CHAPARRAL, en una zona ubicada en el municipio de Chaparral con un área superior a las 528 hectáreas, la cual se identifica por sus linderos. En dicha resolución se concede el término de 30 días a la Asociación para nombrar apoderado y continuar con la actuación.
Igualmente, esta entidad demandada allegó al proceso copia auténtica de la Resolución 24 del 26 de mayo de 1988, mediante la cual la gobernación del Tolima concedió la licencia 11717 a la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE MINEROS ATACO-CHAPARRAL, para la exploración técnica de oro y demás minerales concesibles, en jurisdicción del Municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, en un área de 499 hectáreas 4.000 metros cuadrados, cuyos linderos se indican en la resolución (fl. 199).
Esta licencia, de acuerdo con lo que se indica en su parte motiva, tiene por objeto legalizar la oposición aceptada por la gobernación mediante la Resolución 1843 de 1978, a la cual hicimos referencia con anterioridad.
Finalmente, el mismo Ministerio allegó al proceso copia del acta de entrega de la zona a los mineros, la cual se llevó a cabo el 13 de noviembre de 1988 (fl. 212).
C. En el dictamen pericial de fecha 7 de diciembre de 1989 rendido en el curso del proceso (fl. 89, cdno. 2), en puntos que no fueron materia de objeción por ninguna de las partes, y que explican el plano obrante al folio 88, los peritos señalaron:
“El área otorgada para la EXPLOTACIÓN MINERA mediante licencia 11717, es de 499 hectáreas y 4.000 metros cuadrados. De esta área 223 hectáreas y 9.500 metros cuadrados, se encuentran actualmente invadidos por trabajos de minería, la cual representa el 44.84% del total del área de Licencia. Además dentro de la misma Zona de Licencia se hayan (sic) 59 hectáreas y 3.000 metros cuadrados de Zona de Influencia, la cual representa el 11.87% del área total de la licencia. El total del ÁREA AFECTADA actualmente es de 283 hectáreas y 2.500 metros cuadrados, la cual corresponde al 56.71% de la licencia”.
“... La frontera de explotación minera se ha ampliado a partir de 1986, en la zona cubierta en la licencia 11717 y actualmente es de 223 hectáreas y 9.500 metros cuadrados; quiere esto decir que descontando las 139 hectáreas y 7.900 metros cuadrados que ya fueron indemnizados, aparecen 84 hectáreas y 7.900 metros cuadrados nuevas, actualmente en explotación de la zona concedida en licencia...”.
“... Las áreas físicas o potreros sobre los cuales se reclaman perjuicios en esta demanda, en términos generales son los mismos que tuvieron en cuenta en el expediente 3504 fallado en febrero de 1986, pero es preciso aclarar que la extensión actual zona afectada (minería más influencia se ha incrementado desde 1986 en 219 hectáreas y 5.512 metros cuadrados...”.
“El área utilizada por los trabajos de minería realizados antes de 1986 y que aparecen en el plano de fecha marzo de 1983, sí corresponden a 327 hectáreas y 397 metros cuadrados; los cuales ya fueron indemnizados. Actualmente el total de hectáreas utilizadas en la Hacienda Santa Rosa por trabajos de minería y zona de influencia posterior a 1986 es de 546 hectáreas y 5.549 metros cuadrados, vale decir que en los últimos tres (3) años la zona de explotación e influencia se ha incrementado en 219 hectáreas y 5.512 metros cuadrados dentro de la totalidad de la Hacienda”.
7. De las pruebas anteriormente relacionadas se deduce que no es cierto que los mineros que ocuparon la finca de los demandantes adelantaran una explotación aurífera ilegal, como se señala en el escrito introductorio. Su ocupación se encontraba amparada, primero en la oposición que les fue concedida mediante la Resolución 1843 del 21 de julio de 1978 expedida por el Gobernador del Departamento de Tolima, y posteriormente mediante la licencia 11717 concedida mediante la Resolución 24 del 26 de mayo de 1988, expedida también por la gobernación del Departamento del Tolima.
Del dictamen pericial y de acuerdo con el plano aportado al proceso con dicho dictamen, resulta absolutamente claro que el área de la licencia se encuentra comprendida en el área total de la finca de propiedad de los demandantes.
Esta circunstancia, entonces, otorgaba a los mineros un derecho de servidumbre en el predio de propiedad de los demandantes, el cual se encontraba regulado en el Decreto 2477 de 1986, que era el estatuto minero vigente en dicha época, y que consagraba en su artículo tercero la naturaleza de utilidad pública y de interés social a la industria minera.
El artículo 175 de dicho estatuto minero disponía:
“Las áreas de derechos mineros gozan de las servidumbres necesarias para su exploración, explotación, beneficio y transformación adecuados, tales como las de uso de los terrenos, de extracción de maderas y otros materiales, de tránsito y transporte de acueducto, de ventilación, de desagüe, de pastaje y de visita a las minas inmediatas”.
Correlativamente a dicho derecho de los mineros y tal como lo señaló el Ministerio de Minas al dar contestación a la demanda, el estatuto les impone la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados con las labores que desarrollen en el predio sirviente. El artículo 186 señala textualmente que el minero “está obligado a indemnizar los perjuicios que cause en el establecimiento y por el ejercicio de las servidumbres”.
El mismo estatuto señala el procedimiento para hacer efectivo el pago de dichos perjuicios. Su monto, cuando no hay acuerdo entre el minero y el tercero perjudicado, se fija provisionalmente por el alcalde; y si cualquiera de las partes queda inconforme con el mismo debe acudir a la vía judicial para que allí se haga dicho señalamiento, mediante el trámite de un proceso abreviado, y de conformidad con lo normado en el artículo 414, numeral 6º del Código de Procedimiento Civil (hoy 418, num. 1º).
Por último el estatuto minero concede el derecho al propietario de impedir la explotación mientras el pago no se cumpla, indicando que “Es entendido que mientras el pago no se efectúe el minero no podrá ejercitar la servidumbre a menos que el dueño o poseedor del terreno expresamente lo consienta”.
Los propietarios de la finca Santa Rosa no hicieron uso de los derechos que en su condición de tales les otorgaba el estatuto minero. No procedieron en la forma establecida en la ley para lograr el pago de los perjuicios que la explotación minera, amparada por el Estado y realizada en su finca, a ellos les concedía y de los cuales los deudores eran los mineros y no el Estado.
No puede aquí imputarse una conducta omisiva a la administración, cuando el particular no acude a las vías que la ley le otorga para el ejercicio de sus derechos. No puede acusársele de falta de protección de los mismos si no se reclaman en la forma en que corresponde según la ley.
El Estado se encontraba con la obligación de hacer respetar el derecho a ser indemnizado que le otorga el estatuto minero al propietario de la finca. Estaba obligado, luego de que se hubieran determinado los perjuicios en la forma establecida en dicho estatuto, a impedir el ejercicio de la servidumbre, mientras no se hubiera producido el pago de los mismos. Incluso estaba obligado a imponer una caución a los mineros e impedirles la utilización de la servidumbre mientras ella no hubiera sido cancelada. Pero todo lo anterior no podía hacerlo de oficio sino que requería de la petición legalmente formulada por el propietario del terreno, la cual no se hizo en este caso.
La obligación de respuesta del Estado, en estos eventos, solo surge cuando el particular ejerce su derecho de petición en la forma en que la ley (que se presume de derecho conocida por todos) lo ha reglamentado. La administración no puede resultar condenada a pagar perjuicios por omisión, cuando en cierta forma ni siquiera se le ha concedido la oportunidad legal o no se la ha colocado en la situación de cumplir determinada obligación.
Los demandantes son propietarios del inmueble ocupado por los mineros amparados por una licencia estatal. Ellos, como bien lo anota la parte pasiva, no son propietarios del subsuelo que pertenece a la nación, la cual puede conceder en consecuencia este tipo de licencias.
Y la ley, como también quedó anotado anteriormente, otorga a la actividad minera el rango de actividad de utilidad pública y de interés social; lo que, lo explica que los titulares de dicho derecho de dominio deban soportar la explotación del subsuelo de sus predios, mediante los procedimientos establecidos en ella misma pudiendo obtener de los mineros la indemnización de los perjuicios que el desarrollo de sus actividades ocasione en sus predios.
No pueden, entonces, los titulares del derecho de dominio solicitar indemnización de perjuicios al Estado, por el desarrollo de actividades que están reguladas y permitidas en la ley.
8. Volviendo al caso sub judice, y aceptando en gracia de discusión que la explotación realizada por los mineros en la finca de propiedad de los demandantes era ilegal, también se llega a la conclusión de que los propietarios del predio no iniciaron las acciones judiciales conducentes a recuperar la posesión del mismo.
Resulta obvio que ante la ocupación del predio por los mineros, la cual, como se desprende de lo expresado en la propia demanda data desde el año de 1975, en el año de 1987 ya no era procedente obtener la restitución del mismo mediante una simple acción policiva de perturbación de la posesión, que caduca seis (6) meses después del primer acto perturbatorio. Quedaban ya abiertas otras vías judiciales que no se utilizaron.
La decisión de las autoridades municipales de Chaparral que primero negaron la acción y posteriormente decretaron la nulidad de la querella en la forma explicada y por las razones anotadas anteriormente, era el final al cual lógicamente debía llegar una acción policiva de este tipo y de semejante inoportunidad.
Resulta claro que las acciones tendientes a terminar las perturbaciones a la posesión no eran las procedentes en este caso y que los propietarios debían, si en realidad tenían la intención de recuperar la posesión del predio, mediante una acción judicial, acudir ante los jueces competentes y mediante el proceso indicado para reivindicar la posesión de la parte del inmueble que habían perdido.
C. No solamente no hay falla en el servicio por omisión por cuanto no se acudió a la vía judicial adecuada para garantizar el derecho de propiedad, sino por cuanto la decisión de las autoridades municipales, a la que se hizo referencia anteriormente, goza, como todos los actos administrativos, de presunción de legalidad; y no puede considerarse como falla del servicio que las autoridades obedezcan los actos que están amparados por dicha presunción.
D. En el presente asunto no se dio ninguna decisión judicial o administrativa que impusiera a las entidades demandadas la obligación de restituir a los demandantes la posesión del inmueble objeto del proceso. Ni siquiera la sentencia del Consejo de Estado proferida el 8 de febrero de 1985, en el proceso radicado bajo el Nº 3504, impone esta obligación a las autoridades, pues no era, ni podía ser ese, el objeto de dicho proceso.
Los propietarios del predio invadido debían haber ejercitado las acciones legales correspondientes para recuperar la posesión del inmueble y sólo ante una decisión judicial o administrativa que ordenara la restitución del inmueble a los particulares y que fuera incumplida por el Estado, podría hablarse de una conducta omisiva constitutiva de falla del servicio.
Aquí la acción policiva instaurada por los demandantes no tuvo ese objeto. No puede la Sala pensar que los demandantes pretendieran realmente por este solo medio obtener la restitución de la posesión de su predio.
La omisión, que evidentemente puede configurar falla del servicio, en casos como el aquí estudiado, sólo constituye falla cuando se ha acudido a las vías legales y ante las autoridades competentes a solicitar la acción del Estado y ésta no se obtiene. Cuando la administración ha “omitido una actuación que le correspondía y por lo cual se causó a los administrados un perjuicio que piden se les reconozca y les pague” (Sec. Tercera, sent. oct. 23/90, exp. 5945, actor Argemiro Vargas Medina, ponente: Dr. Gustavo De Greiff Restrepo).
No cuando, como en este caso, se utiliza una acción inadecuada y se acude ante una autoridad incompetente para lograr la protección de un derecho, que por esta vía indudablemente no puede conseguirse.
9. Ahora bien, tampoco resulta viable acudir a la jurisdicción con el objeto de obligar al Estado a adquirir la propiedad de un predio a un particular, en la forma en que lo solicita la parte actora en la demanda y lo reitera en sus alegatos de conclusión.
No puede, de una parte, pedirse al Estado el pago del valor que habría tenido el inmueble para la fecha de la sentencia como si no se hubieran realizado explotaciones mineras en el mismo, por cuanto, el perjuicio así alegado, que no tendría la nota de certeza exigida en la ley, ni siquiera podría imputársele al Estado porque esa desmejora tendría una causa legal (la explotación minera es prevalente y de utilidad pública).
De otra parte, la legislación colombiana no consagra la acción planteada por el demandante, que se presenta como un tipo de expropiación a la inversa, esto es, provocada por el particular interesado en que el Estado adquiera un inmueble de su propiedad.
El Código Contencioso Administrativo contempla dentro del proceso de reparación directa la acción específica para lograr la reparación de perjuicios cuando estos se causen por ocupación permanente de una propiedad; y en este caso, de conformidad con el artículo 220 del código, si la sentencia ordena el pago al particular del inmueble ocupado o de parte de él, la misma sentencia servirá como título traslaticio del dominio a la entidad demandada.
Esta acción denominada de ocupación de hecho por trabajos públicos, como ya lo ha dicho la Sala, puede utilizarse en el caso en que, no obstante no ser la entidad de derecho público la que materialmente ocupa el predio, los efectos de su conducta irregular o las consecuencias de su falla son similares por cuanto el particular resulta, por dicha falla, privado del derecho de dominio que ejerce sobre su bien.
En sentencia del 25 de junio de 1992, dentro del expediente 6947; partes: JORGE AUGUSTO VILLAMIL contra el INDERENA, M.P. Dr. Daniel Suárez Hernández, la Sala dijo:
“Procedió erradamente el Inderena al omitir las medidas económicas necesarias para indemnizarle a la parte actora la imposibilidad en que la situó para que enajenara su inmueble o para ejercer sobre éste la explotación agropecuaria que de años atrás venía realizando. La situación que en este caso se presenta no difiere en mayor grado de la limitación de derechos que genera una ocupación permanente y por esta similitud estima la Sala que se le debe dar un tratamiento jurídico similar”.
“... Cabe anotar como la ocupación, figura asimilable a la reserva como parque nacional del terreno del demandante, no conlleva necesariamente la condición de originarse por trabajos públicos. Así lo consagra el artículo 220 del Código Contencioso Administrativo, de donde se infiere que no fue intención del legislador circunscribir tal ocupación de una propiedad inmueble exclusivamente a la resultante por trabajos públicos sin que la misma bien puede concebirse y configurarse como en el caso examinado, con la prohibición absoluta del dueño de ejercer los derechos personales y reales que le corresponden sobre el inmueble de su propiedad”.
Pero, el ejercicio de esta acción requiere que el particular haya sido privado del bien cuyo pago demanda, en forma definitiva. Que la posesión sobre el mismo sea irrecuperable, en forma tal que la única manera de resarcirle sus perjuicios sea pagándole el valor de dicho inmueble.
Aquí, tal como lo señala claramente la sentencia de primera instancia, el inmueble no fue ocupado en su totalidad (nótese que desde las mismas peticiones de la demanda se habla de un 60% del predio) y la parte del terreno ocupada era recuperable mediante la realización de los trabajos que aparecen determinados y cuantificados en el dictamen pericial.
10. De lo expuesto se infiere que en este caso el demandante acudió a la jurisdicción con el objeto de obtener reparación de perjuicios, mediante vías equivocadas. No impugnó en forma alguna la licencia que el Estado había concedido a los mineros que ocupaban el predio de su propiedad. Conociendo dicha licencia no acudió al procedimiento establecido en el estatuto minero para obtener la reparación de sus perjuicios. Intentó, mediante querella policiva obtener la restitución del predio y frente a la decisión negativa de la administración, no la impugnó ante el juez competente (el civil) para acudir simplemente a la acción de reparación directa con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios sufridos.
La Sala entonces, revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar rechazará las pretensiones de la demanda.
11. Sin embargo, considera la Sala oportuno hacer mención de una irregularidad procesal sobre la cual no se pronuncia en la medida en que ella debe considerarse saneada de conformidad con los artículos 140 y 146 del Código de Procedimiento Civil.
La sustitución de la parte demandante, admitida por el a quo requería de la aceptación expresa de la parte pasiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil que textualmente dispone:
El doctor Hernando Morales, explica el alcance de esta disposición así:
“Para que pueda desaparecer el cedente del crédito que se litiga o del derecho litigioso, se requiere que la contraparte lo acepte, pues a ella no le es indiferente la persona de su adversario, porque si el cesionario es insolvente aquella se perjudicará en caso de obtener éxito en el proceso, para efectos del pago de costas y perjuicios (art. 60). Así se tutela al demandante contra el peligro de ver agravada o complicada su posición procesal como consecuencia de la cesión” (Hernando Morales M. Curso de Derecho Procesal Civil Editorial ABC, pág. 247).
1. Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 29 de mayo de 1991, en sus numerales 1º y 2º.
2. Revócanse los numerales 3º, 4º, 5º y 6º.
3. Deniéganse todas las súplicas de la demanda.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese en los anales de la Corporación.
Esta providencia fue aprobada por la Sala en su sesión celebrada el día veintitrés (23) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Magistrados: Daniel Suárez Hernández, Presidente de la Sala—Juan de Dios Montes Hernández—Carlos Betancur Jaramillo—Julio César Uribe Acosta.

References: Resolución 
 artículo 186
 artículo 218
 artículo 136
 artículo 65
 artículo 137
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 219
 artículo 15
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 175
 artículo 186
 artículo 414
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 60