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Timestamp: 2017-08-20 21:13:56+00:00

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Crysol: junio 2011
Caducidad: jueces y fiscales analizarán reapertura de investigaciones
El Ejecutivo informa a la SCJ desarchivo de causas de DDHH
La República. 30 6 11
El Poder Ejecutivo comunicará este viernes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que a través de una resolución se revocaron por razones de "legitimidad" todos los actos administrativos que los gobiernos de los partidos tradicionales incluyeron en la Ley de Caducidad.
El presidente de la República, José Mujica, por primera vez se pronunció sobre su decisión de revocar más de 80 actos administrativos que se encuentran amparados por la Caducidad para que se continúe con las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico ¬ militar (1973-1985).
En diálogo con LA REPÚBLICA, Mujica reconoció que le realizaron diversos "pedidos verbales" con respecto a la necesidad de revisar una serie de decisiones que habían tomado gobiernos anteriores (de los partidos tradicionales) referidas a pasar a archivo un conjunto de causas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de facto.
La determinación fue anunciada el pasado lunes por el gobierno y se abrió un plazo de cinco días para que los familiares de las víctimas realizaran sus observaciones.
"El viernes de tarde (por mañana) enviaremos la comunicación a la Justicia", aseguró el mandatario, quien además indicó que el plazo que se estableció, fue para que si algún familiar directo denunciante "tiene algo en contra, disponga de unos días para plantearlo ante el Ejecutivo y así poder recoger en un tema tan delicado, los pareceres que pueda haber desde el punto de vista familiar".
El plazo caduca el viernes al mediodía. Hasta ayer a última hora, ninguna objeción se había recepcionado, confirmó anoche a LA REPÚBLICA una alta fuente oficial.
Asimismo, Mujica dijo que la decisión del gobierno es en cumplimiento con una decisión que se deriva de la determinación que en su momento adoptó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Presidencia de la República y el Consejo de Ministros decidieron dictar la resolución que, por razones de legitimidad, revocará los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo ¬en aplicación del Artículo 3º de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986¬ que consideró que los hechos denunciados se comprendían en las disposiciones del Artículo 1º de la Ley 15.848. El hecho de que se hable de una razón de "legitimidad", le confiere carácter retroactivo a la determinación del gobierno.
La resolución se fundó en la "obligación" de la Administración de revocar los actos "contrarios a Derecho". Sin embargo, la decisión de reabrir o no una causa estará en manos de jueces y fiscales.
Por su parte, el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, recordó que nuestro país ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos (Ley 15.737 del 8 de marzo de 1985), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (24 de octubre de 1986) y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (21 de setiembre de 2001), así como también la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
El Poder Ejecutivo informará formalmente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la emisión del decreto, en el marco de la comunicación habitual entre poderes del Estado. La comunicación pretende que el decreto sea comunicado a todos los jueces letrados de la República, por medio del máximo órgano del Poder Judicial.
La notificación oficial de la Corte implicará que los magistrados indaguen cuántos expedientes tramitados en su sede fueron archivados ante la vigencia de la Ley de Caducidad, y sobre cuáles puede operar el proceso de desarchivo, explicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA.
Los primeros sondeos indican que varios jueces y fiscales son contestes a promover el desarchivo de investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos en dictadura, sobre las cuales operó la imposibilidad de investigar, ante la vigencia de la Ley de Caducidad. Sin embargo, la reapertura deberá analizarse "caso a caso", porque no todos ellos son similares. Las causas judiciales archivadas se concentran, particularmente, en los Juzgados de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º Turno.
En 2012 llegarán desde Estados Unidos archivos desclasificados sobre Uruguay durante la dictadura.
La Diaria. 30 6 11 - Por Lourdes Rodríguez
"Si se mandan documentos de estos grupos me saco el sombrero y aplaudo", expresó Osorio, y aclaró que algunos de éstos ya fueron desclasificados en el marco de un decreto implementado en el gobierno de Bill Clinton que obliga a ilustrar la política exterior de Estados Unidos. "Ésa es la misión de NARA", puntualizó.
El grupo 84 se abrió durante la administración de George Bush a pedido del gobierno de Panamá para utilizar en la Comisión de la verdad. En Uruguay, ocho archivos de la NARA constituyeron pruebas para que la jueza Mariana Mota condenara al dictador Juan María Bordaberry por “atentado a la Constitución”.
Consultado sobre los criterios de desclasificación de NARA, Osorio señaló que los más accesibles son los del departamento de Estado pero consideró improbable que puedan conocerse archivos de la CIA o del Pentágono. "El ambiente bajo la administración de [Barack] Obama no es en apoyo de desclasificación de archivos vinculados a derechos humanos", consideró.
Y añadió: "La CIA no tiene desclasificados documentos de la época. Hasta el día de hoy hay gente en el servicio diplomático que no quiere hacerlo porque entiende que eso puede afectar las relaciones entre Estados Unidos y Uruguay. Uruguay fue para Estados Unidos un caso piloto de posible aplicación de una sociedad capitalista, y por esa razón le pusieron mucha atención durante la dictadura. Es necesario advertir que no podemos esperar mucho, pero ojalá me equivoque".
Para Jair Krische, Dilma es más confiable que Lula a la hora de investigar los crímenes de la dictadura.
La Diaria. 29 6 11. Por Andrea Martínez.
La gestión del Lula da Silva respecto a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar brasileña (1964-1985) fue criticada por el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krische, en entrevista con la diaria.
Sostuvo que el Plan Condor no nació en Santiago de Chile en 1975, sino un lustro antes y en su país, que "ya practicaba operaciones militares en la región desde 1970". El abogado dijo confiar más en la actual mandataria, Dilma Rousseff, ex guerrillera y presa política, aunque advierte que sigue faltando “voluntad política” para que se avance en el tema.
-¿Cuáles han sido los avances en política de derechos humanos impulsados por la presidenta Dilma Rousseff?
-Confío en que Dilma va a hacer lo que debe hacer, sabe perfectamente de qué se trata, pero recibió una herencia muy complicada del gobierno de Lula. Tuvimos ocho años de gobierno de José Henrique Cardoso y otros ocho de Lula en los que este tema no avanzó nada: Lula nunca recibió a familiares de los desaparecidos e influenció mucho para que siguiera el ministro de Defensa Nelson Jobim, quien es absolutamente contrario a la Comisión de la Verdad; él proponía una comisión de memoria, verdad y reconciliación. Pero la reconciliación trae exigencias: que el violador de los derechos humanos reconozca que es un violador, que inmediatamente pida perdón a sus víctimas, que podrán perdonar o no, es algo muy personal, y recién después de esto se puede pensar en reconciliación. Pero la Justicia hace falta, no se puede pasar por encima.
Adelantos y retrocesos
Dilma Rousseff defenderá la liberación de los archivos de la dictadura militar de Brasil. Así lo indicó Krische a la diaria. El proyecto sobre el secreto eterno de los documentos que fue enviado por el Ejecutivo cerca del final del gobierno de Lula establecía que se mantengan ocultos por 25 años, renovables sin límite. En Diputados se limitó la renovación a una sola. En abril, Rousseff pidió que se acelerara el trámite parlamentario, pero cuando el proyecto fue evaluado en el Senado, la oposición de Collor de Melo y gran parte del aliado PMDB, incluido Sarney, se mostró favorable al proyecto inicial, y se generaron versiones de que la presidenta había cedido ante las presiones.
La presidenta “va a determinar que se apruebe en el Senado, sin la posibilidad de secreto eterno”, vaticinó Krische. “Es una señal importante de Dilma, que parece decir ‘no, señores, tenemos que avanzar en esto’”.
Consultado por el diario Folha de São Paulo sobre este asunto, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, aseguró que los documentos de la dictadura “ya desaparecieron, fueron quemados”, por lo que “no habría ningún problema” si se autoriza la liberación de archivos ultrasecretos. Acerca de la versión de Jobim, sostenida durante años por mandos militares y de gobierno, Krische aseguró: “Es una gran mentira, han aparecido documentos". Y recordó: "En octubre la Fuerza Aérea, que siempre dijo que los había quemado, presentó casi 60.000 documentos al Archivo Nacional".
-¿Cree que la Comisión de la Verdad obtendrá resultados?
-El proyecto de ley para crear la Comisión de la Verdad que está en el Congreso no nos sirve por varias razones muy sencillas. Primero, el plazo a ser investigado es larguísimo, desde 1946 hasta 1988, y a nosotros lo que nos importa es desde 1964, el año del golpe, hasta 1985, el año de la redemocratización, lo que acortaría bastante el período a ser investigado. Segundo, la comisión del proyecto se compone de siete miembros y cada uno puede tener dos auxiliares, ¡y tiene que examinar todo el período en apenas dos años! Para nosotros el período debe ser menor y si quieren mantener siete miembros, bien, pero que cada uno tenga cinco o seis auxiliares y que el plazo sea más largo, podría ser de tres o de cuatro años [ya está pautado un encuentro con el gobierno para debatir estos puntos]. Porque si no, estamos frente a una trampa, pasarán los dos años, no se lograrán resultados reales, porque es absolutamente imposible, y nos dirán: “Ustedes querían Comisión de la Verdad, el resultado es éste, se terminó”.
-¿Existe voluntad política para crear la Comisión?
-El proyecto está en el Congreso y el gobierno de Dilma, como tuvo el de Lula, tiene la mayoría en las dos cámaras, que aprueban lo que el Ejecutivo quiere. Es verdad que en la alianza del gobierno hay un rechazo interno a la aprobación [en referencia al Partido del Movimiento Democrático Brasileño -PMDB-, el mayor aliado y el más conservador del gobernante Partido de los Trabajadores], y el ministro de Defensa es de ese partido, entonces es más complicado aun. Hubo un primer momento en el que el ministro de Defensa amenazó con retirarse junto con los comandantes de las tres fuerzas.
-Se está debatiendo la liberación de documentos del Estado del período de la dictadura...
-No son los archivos de los militares sino los del Estado, porque hasta 1999 no existía el Ministerio de Defensa y los comandantes de las fuerzas eran los ministros. El relator de este proyecto en el Senado es Fernando Collor de Melo [presidente entre 1990-1992], quien recibe el proyecto y dice: “No, no, esto no es posible, es un riesgo”. Inmediatamente, el presiente del Senado, José Sarney [presidente entre 1985-1990], comparte la opinión de Collor, lo que generó gran oposición, por lo que Dilma -esto es una especulación mía- retrocedió un poco para ver el escenario político más ampliamente.
-¿Por qué genera tanta oposición la apertura de estos archivos?
-Porque también están los archivos de Itamaraty [la cancillería] y con respecto a esto hay temores porque en el seno de Itamaraty, durante la dictadura, fue creado de manera absolutamente ilegal y clandestina un centro de inteligencia del exterior que ni siquiera existió en la estructura legal del ministerio. El servicio fue creado por el embajador Piu Correa, quien estuvo en Uruguay.
En el libro La Cia por dentro: diario de un espía, de Philip Agee, quien fue agente de la CIA en Montevideo, se relata cómo fue el proceso: en abril del 64 empiezan a llegar a Montevideo los brasileños para el exilio, João Goulart, Leonel Brizola y algunos ex ministros; entonces, según el libro, Agee pidió ayuda porque era mucha gente para vigilar él solo. Entonces mandan a Piu Correa a Montevideo, y estoy seguro de que desde ahí este señor empezó a crear este servicio de inteligencia dentro de Itamaraty. Después sale hacia Buenos Aires. La mayoría entiende que la Operación Cóndor nació a fines de 1975 en una reunión de Santiago de Chile, yo diría que ahí fue la formalización, porque Brasil ya practicaba operaciones militares en la región desde 1970.
-¿Qué expectativas tiene respecto a los pasos que podría dar gobierno de Rouseff?
- En el pequeñito Uruguay, el último presidente de la democracia [Juan María Bordaberry] y de la dictadura [Gregorio Álvarez] están presos, al igual que Juan Carlos Blanco [canciller], y en Brasil ni el cabo de la guardia fue molestado alguna vez. Cuando se toca el tema de la dictadura en Brasil los militares pegan tres o cuatro gritos y se detiene. Es interesante, porque hoy en día ninguno de los comandantes de las fuerzas está relacionado con la dictadura, estaban en la academia o recién salidos, pero sigue el espíritu del cuerpo militar, equivocadísimo, de proteger a estos militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Es terrible, pero es así. Aun así, pienso que Dilma no lo va a dejar pasar, por su perfil, por su manera de ser, confío en que con ella vamos a poder avanzar.
La Diaria. 28.6.11 Por Lourdes Rodríguez.
El decreto, que contempla "en el entorno de 80 casos", será firmado el "jueves o viernes". Según indicó Breccia, "pueden existir algunas situaciones particulares que hagan que algunos de los denunciantes que comparecieron oportunamente ante la Justicia pretendan actuar de forma diferente y que sus casos no sean excluidos".
En ese sentido, dijo que "aquellos eventualmente interesados pueden expresar una señal discordia" aunque estimó que eso no se producirá. "Pero no queremos actuar en contrario de la voluntad de los interesados", completó. Con anterioridad, el Ejecutivo revocó el caso de Álvaro Balbi a solicitud de su esposa, la actual militante comunista Lille Caruso.
En cuanto a otros aspectos del fallo de la Corte, el secretario de Presidencia explicó que junto con el canciller, Luis Almagro, y el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura se está haciendo "un análisis exhaustivo" a los efectos de cumplirlo en todos sus términos.
Adelantó que está previsto "incrementar las facultades" de la Comisión de Seguimiento y que el Ejecutivo solicitó al Ministerio de Defensa Nacional y a la Suprema Corte de Justicia que se habilite el acceso de los archivos vinculados a la dictadura a los investigadores que trabajan en dicha comisión en convenio con la Universidad de la República (Udelar). Se trata de las fichas clínicas de Sanidad de las Fuerzas Armadas y de las fichas judiciales.
Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Los torturadores serán llevados ante la justicia tarde o temprano”.
El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea de la ONU, por recomendación del Consejo Económico y Social proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura con el fin de potenciar la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
En el día ayer, 26 de junio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, realiza la siguiente declaración para conmemorar esta fecha.
"Comenzando en 1976, durante el periodo de dictadura militar en la Argentina, el director de penal Abel Dupuy ordenó de manera sistemática la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de docenas –y posiblemente cientos- de prisioneros políticos.
Nuevos internos serían recibidos por una doble fila de guardias que los golpearían mientras eran ingresados a la prisión, esposados y encapuchados. A menudo, eran desvestidos antes de que las sesiones de tortura comenzaran.
Las víctimas sufrieron serios daños físicos y mentales, mientras el torturador jefe continuaba viviendo en Buenos Aires como un hombre libre –hasta que, décadas después, se cursara una orden de detención contra Dupuy. En octubre del año pasado, más de 30 años después de que se efectuaran los primeros golpes bajo sus órdenes, finalmente se hizo justicia cuando Dupuy fue encontrado culpable y sentenciado a prisión perpetua.
A lo largo de muchos lugares de América Latina y en otras partes del mundo, hemos estado viendo auspiciosos avances en la implementación de una prohibición estricta contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional, con frecuencia muchos años después de que se cometiera el crimen.
En Argentina, en octubre del año pasado, 748 personas habían sido acusadas por graves crímenes cometidos durante la era militar, y 81, incluyendo a Dupuy, habían sido encontrados culpables. En Colombia, una nueva ley de víctimas ha dispuesto provisiones para reparación, restitución y otras medidas para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. El arresto de Radovan Karadžic y Ratko Mladic, además de las acusaciones en su contra por un gran número de violaciones y crímenes de lesa humanidad, incluyendo tortura, también han fortalecido la lucha global contra la impunidad. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha sindicado a 161 personas y en muchos de estos casos, la tortura estaba incluida entre las acusaciones.
La tortura es ilegal, y si es efectuada de manera sistemática puede constituir un crimen de guerra o de lesa humanidad. Ninguna circunstancia, por excepcional que sea, justifica el uso de la tortura contra ninguna persona, por ninguna razón. Ni un estado de excepción o conflicto, ni la lucha contra el terrorismo o contra el crimen dispensa el uso de la tortura. Estas prácticas deshumanizan tanto a la víctima como al torturador, y dejan marcas en personas, comunidades y sociedades enteras que pueden ser muy difíciles de cicatrizar. El proceso de reparación comienza con la justicia e involucra una rehabilitación a largo plazo de las víctimas y de los victimarios, y también compensaciones. Estas medidas necesitan ir acompañadas con capacitación para los oficiales que hacen cumplir la ley y un enfoque de tolerancia cero frente al uso de la tortura.
Lamentablemente, a pesar de la prohibición total de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional, ejemplos terribles de su práctica continuada son documentadas a diario. El uso de la tortura, sintomático de gobernantes déspotas y de sistemas de justicia criminal disfuncionales, son demasiado comunes. Como hemos visto muy gráficamente en el Norte de África y en el Medio Oriente en los últimos meses, hombres, mujeres e incluso niños son torturados durante detención simplemente para expresar sus opiniones políticas, en busca de forzarlos a confesar o simplemente porque estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada.
Detrás de este uso común hay una expectativa de impunidad por parte de quienes dan las órdenes, de aquellos que de hecho materializan la tortura y de quienes deliberadamente hacen oídos sordos a estas situaciones.
Gracias al coraje y determinación de víctimas y sobrevivientes, y al esfuerzo incansable de defensores de derechos humanos, la rendición de cuenta está llevándose a cabo de manera progresiva, y los torturadores no deberían seguir esperando resultar impunes luego de cometer actos tan atroces.
Procesos del tipo que estamos presenciando ahora, décadas después de la perpetración del acto criminal de tortura, envían un poderoso mensaje. Casos como el de Dupuy demuestran que, con el tiempo, los regímenes también cambian, como sucedió en América Latina a fines del siglo 20 y como empieza a suceder ahora en África del Norte y el Medio Oriente. De hecho, una de las víctimas de Dupuy, Jorge Taiana, se convirtió en Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina y atestiguó en el juicio de Dupuy el año pasado.
El fortalecimiento de los mecanismos internacionales de justicia, incluyendo la rápida maduración de la Corte Penal Internacional, significa que las oportunidades de que los torturadores sean capturados un día, ya sea a nivel nacional o internacional, han aumentado significativamente.
Que los gobiernos y oficiales déspotas tengan cuidado: la tortura es un crimen internacional grave y más torturadores serán llevados a la justicia, tarde o temprano".
“Los participantes del 2° Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia, celebrado en la ciudad de Montevideo entre el 24 y 26 de junio de 2011, a 38 años del golpe de Estado en Uruguay y en el Día Internacional contra la Tortura, coincidimos en que en nuestros países se debe investigar, juzgar, penalizar, reparar y no olvidar los casos de tortura sufridos por nuestros pueblos, que indignan a nuestro sentimiento y condición humana, y constituye un crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible, no amnistiable y pasible de persecución por la justicia internacional, cuando y donde fuera que se cometiere el delito, ya sea cuando las dictaduras del cono sur o por cualquier autoritarismo del presente.
Montevideo, 26 de junio de 2011
La tortura masiva y la prisión prolongada fue la característica distintiva de la represión en Uruguay, a diferencia de lo ocurrido en los otros países de la región, durante el Terrorismo de Estado.
Fue la metodología deliberadamente seleccionada por las FFAA para destruir a sus opositores.
Junto con otros actores de la sociedad civil, Crysol está organizando el 2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia que se llevará a cabo los días, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de junio con la participación de invitados nacionales e internacionales.
La actividad tendrá como eje temático la problemática de la Tortura.
Al respecto habrá mesas redondas de discusión y también habrá presentaciones de obras teatrales.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar será el lugar en el cual básicamente se realizarán las distintas presentaciones.
En el mes de nuestro undécimo aniversario como organización invitamos a todas y a todos a apoyar esta actividad, a difundirla, a concurrir y a participar activamente.
14:00 hs. - MESA I - Organizan: UDELAR y SERPAJ
• Introducción a cargo de SERPAJ (Uruguay)
• Daniel Gil (Uruguay)
• Clara Aldrighi (Uruguay)
• Álvaro Rico (Uruguay)
• Martín Almada (Paraguay)
• Lic.María Sonderéguer (Argentina)
19:00 hs. – MESA II - Organiza: CRYSOL
• Chela Fontora, Baldemar Taroco e Ivonne Klingler. (Comisión de Memoria de Crysol)
• Dr. Miguel Scapusio (Uruguay)
• Lorena Pizarro – Familiares de desaparecidos (Chile)
• Sara Waitman - Presidenta de Ex Presos Políticos Córdoba (Argentina)
10:00 hs. – Taller para redacción de la “Declaración de Montevideo"
14:00 hs. - MESA III - Organizan: FMB y CBB
• Dr. Alejandro Artucio (lectura de palabras a cargo de Walter Cortazzo)
• Jair Krische (Brasil)
• Liliana Tojo- SEJIL (Uruguay)
• Dr. Pablo Chargonia (Uruguay)
• Stella Calloni (Argentina)
• Fiscal Dr. Miguel Osorio (Argentina)
18:00 hs. – MESA IV - Organizan: FZM y Familiares
• Mtro. Miguel Soler (Uruguay)
• Lic. René Leal Hurtado (Chile)
• Psic. Enrico Irrazabal (Uruguay)
• Valentín Enseñat-HIJOS (Uruguay)
20:00 hs. – Cierre de Actividades a cargo de Madelón Aguerre (Uruguay) y Hugo Gutiérrez (Chile), lectura de “Declaración de Montevideo“a cargo de estudiante designado/a por el CECSO.
21:00 hs. – “Algo Habremos Hecho” (en Sala Errandonea de FCS)
“TORTURA CRIMEN DE LESA HUMANIDAD INPRESCRIPTIBLE”
Un colectivo de organizaciones no gubernamentales integrado por Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, el Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj), la Fundación Mario Benedetti, la Fundación Zelmar Michelini, la Casa Bertolt Brecht, la Asociación de ex presos políticos del Uruguay (Crysol), HIJOS y la Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, decidió organizar el 2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se realizará los días 24, 25 y 26 de junio de 2011 en la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo.
Este 2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia, tendrá como eje temático el problema de la tortura, en coincidencia con el Día Internacional contra la Tortura que se conmemora el 26 de junio y ante la problemática que implica la denuncia de este crimen de lesa humanidad, no tipificado como tal en la mayoría de los países de la región, cuyo debate constituye hoy una necesidad de nuestra sociedad ante su aplicación sistemática en el pasado y aún en el presente.
9:30 hs. - Acreditaciones, Facultad de Ciencias Sociales (Constituyente 1502)
10:30 hs. - Conferencia de Prensa - Apertura de la Actividad
14:00 hs. - MESA I - “De la excepción a la regla: El Estado y la tortura”
19:00 hs. – MESA II - “Testimonio, Torturas, Prisión y Secuelas.”
11:30 hs. - Conferencia de Prensa – Presentación del libro “El secuestro de los uruguayos” del periodista brasileño Luis Claudio Cunha.
14:00 hs. - MESA III - “Tortura: crimen de lesa humanidad imprescriptible”
18:00 hs. – MESA IV - "Educar en memoria, fortalecer los Derechos" 20:00 hs. – Cierre de Actividades y aprobación del “Compromiso de Montevideo“
10:30 hs. - Concentración en el Pasaje de los Derechos Humanos en recuerdo del “Día Internacional contra la Tortura” y distribución del “Compromiso de Montevideo”
Seminario sobre la sentencia de la Corte Interamericana

References: resolución 
 resolución 
 Artículo 3
 Artículo 1
 resolución 
e contrario