Source: https://tc.vlex.es/vid/an-sstc-117-lotc-15355249
Timestamp: 2019-11-15 00:38:21+00:00

Document:
STC 177/1996, 11 de Noviembre de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355249
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.996/1994
1. Como es conocido, imperativos del principio de subsidiariedad que informa el recurso de amparo constitucional impide someter a enjuiciamiento cuestiones ajenas a las que fueron objeto del proceso judicial precedente, debido a lo cual los pedimentos que formula el actor respecto de la libertad religiosa, únicamente podrán ser examinadas en este proceso constitucional las relativas a los Autos de archivo dictados por la Sala Quinta del Tribunal Supremo. 2. La jurisdicción militar que, por mandato constitucional y bajo el principio de unidad de jurisdicción, conoce de un ámbito objetivo diferente del que es propio de los demás órganos integrantes del Poder Judicial (SSTC 60/1991 y 113/1995) no puede extender su cognición más allá del «ámbito estrictamente castrense» a que se refiere el art. 117.5 C.E., por lo que -como se declaró en la STC 111/1984- la transgresión de las reglas definidoras de ese orden jurisdiccional, tanto en su formulación como en su indebida aplicación o interpretación, puede, en ocasiones, conducir a una vulneración del derecho al Juez legal que garantiza el art. 24.2 C.E. 3. En el caso de autos, la declaración de competencia de la jurisdicción militar se fundamentó en una interpretación de la legalidad que no puede considerarse contraria a la esfera de actuación que el art. 117.5 C.E. reserva a esa jurisdicción especial, por lo que, al margen del debate hermenéutico suscitado, no ha existido, en puridad, una vulneración del citado derecho fundamental. 4. No es ocioso recordar que lo que se impugna en el presente proceso de amparo no son las medidas disciplinarias impuestas al demandante en relación con su conducta y el incumplimiento de la orden de no abandonar la formación, sino, única y exclusivamente, la decisión de los órganos jurisdiccionales de archivar las diligencias previas instruidas a resultas de la demanda presentada por el actor contra sus superiores, por entender aquél que habían incurrido con tal proceder, en conductas tipificadas como delito. Nuestro examen queda limitado, pues, al Auto de archivo de las actuaciones penales y a la ulterior Sentencia del Tribunal Supremo que lo confirma, a las que el recurrente, como queda dicho, imputa una doble vulneración de su derecho a la libertad religiosa consistente en un entendimiento erróneo del contenido de este derecho que lleva a los órganos judiciales a denegar la imposición de las sanciones penales solicitadas. 5. El recurrente perseguía hacer valer la vertiente negativa de esa misma libertad frente a lo que considera un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias, y por el que un poder público, incumpliendo el mandato constitucional de no confensionalidad del Estado (art. 16.3 C.E.), le habría obligado a participar en un acto, que estima de culto, en contra de su voluntad y convicciones personales. El derecho a la libertad religiosa del art. 16.1 C.E. garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual. Pero, junto a esta dimensión interna, esta libertad, al igual que la ideológica del propio art. 16.1 C.E., incluye también una dimensión externa de «agere licere» que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 19/1985, 120/1990 y 137/1990). Por su parte, el art. 16.3 C.E., al disponer que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», establece un principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa que, como se declaró en las SSTC 24/1982 y 340/1993, «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales». Consecuencia directa de este mandato constitucional es que los ciudadanos, en el ejercicio de su derecho de libertad religiosa, cuentan con un derecho «a actuar en este campo con plena inmunidad de actuación del Estado» (STC 24/1982), cuya neutralidad en materia religiosa se convierte de este modo en presupuesto para la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática (art. 1.1 C.E.). 6. El art. 16.3 C.E. no impide a las Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en ceremonias de esa naturaleza. Pero el derecho de libertad religiosa, en su vertiente negativa, garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia si desea o no tomar parte en actos de esa naturaleza. Decisión personal, a la que no se pueden oponer las Fuerzas Armadas que, como los demás poderes públicos, sí están, en tales casos, vinculadas negativamente por el mandato de neutralidad en materia religiosa del art. 16.3 C.E. En consecuencia, aun cuando se considere que la participación del actor en la parada militar obedecía a razones de representación institucional de las Fuerzas Armadas en un acto religioso, debió respetarse el principio de voluntariedad en la asistencia y, por tanto, atenderse a la solicitud del actor de ser relevado del servicio, en tanto que expresión legítima de su derecho de libertad religiosa. 7. No obstante, que la orden recibida vulnerase la vertiente negativa del derecho a la libertad religiosa del actor, no significa, que por esta sola razón, no debiera decretarse el archivo de la causa, pues, obviamente, no todo acto lesivo de un derecho fundamental es constitutivo de delito o merecedor de sanción penal. De otro lado, ha de tenerse presente que, con arreglo a reiterada doctrina de este Tribunal, el ejercicio de la acción penal no comporta, en el marco del art. 24.2 C.E., un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso penal, sino sólo un pronunciamiento motivado de los órganos judiciales sobre la calificación jurídica de los hechos, con expresión de las razones por las que inadmite su tramitación o acuerda el archivo de las actuaciones (SSTC 108/1983, 148/1987, 175/1989, 157/1990 y 31/1996, entre otras muchas). 8. Este Tribunal Constitucional no puede sustituir a los órganos de la jurisdicción penal en su exclusiva función de valoración y calificación de los hechos por así impedirlo el art. 44.1 a) LOTC, ni -como queda dicho- nada cabe objetar, desde la perspectiva del art. 24.1 C.E., a las resoluciones judiciales cuya impugnación ahora se pretende. Esta circunstancia, vinculada a la naturaleza subsidiaria del proceso de amparo constitucional, condiciona inevitablemente el contenido del fallo de esta Sentencia que, por tal motivo, aun reconociendo que los hechos denunciados por el recurrente han vulnerado su derecho a la libertad religiosa, ha de desestimar el recurso de amparo por cuanto la indicada vulneración no entraña necesariamente la responsabilidad penal que solicita en su querella.
Sentencia citada en: 1141 sentencias, 54 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas, 2 noticias
En el recurso de amparo núm. 2.996/94, promovido por don Francisco E. H. S. quien asume su propia representación y defensa en su condición de Abogado en ejercicio, contra el Auto de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de 14 de julio de 1994. Han comparecido el Ministerio Fiscal y la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Pereda Gil, en nombre y representación de don Agustín Q. G. don Ricardo R. G. don Lucas F. M. y don Venancio D. V. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado ante este Tribunal el día 24 de agosto de 1994, don Francisco E. H. S. Abogado, en su propio nombre y representación, interpuso recurso de amparo constitucional contra el Auto de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 1994, por el que se declaró no haber lugar al recurso de apelación promovido por el actor contra el Auto de archivo, de 17 de mayo del mismo año, recaído en las diligencias previas 1/94.
c) El día 19, una vez iniciada la parada, el sargento Hernández permaneció en formación durante los honores a su excelencia el general jefe de la Región Militar de Levante y a la bandera de España (momentos iniciales de la secuencia de actos) y, cuando se disponían a rendir honores a la Virgen, solicitó permiso para abandonar la formación sin obtener respuesta. Acto seguido, saludó y salió de la formación esperando a que terminase ese acto concreto, incorporándose una vez finalizado el mismo. Posteriormente, en el momento de introducir la imagen de la Virgen en la iglesia de la Capitanía General, volvió a solicitar permiso para abandonar la formación, lo que le fue denegado. No obstante salió de la misma, y esperó a su unidad en los autobuses que aguardaban para transportarlos a la base.
e) Por los anteriores hechos, se iniciaron contra el sargento Hernández los siguientes procedimientos sancionadores:
Mediante Resolución del general jefe de la Región de Levante, de 1 de diciembre de 1993, fue sancionado como autor de una falta leve a treinta días de arresto domiciliario (art. 8.33 de la Ley de Disciplina de las Fuerzas Armadas).
Con posterioridad, se le incoó el expediente disciplinario núm. 54/93, en el que se proponía una sanción de sesenta días de arresto por la falta grave de «llevar a cabo acciones u omisiones contrarias a la dignidad militar, susceptibles de producir descrédito o menosprecio de las Fuerzas Armadas» y otra de noventa días de arresto, como autor de una falta grave consistente en «la falta de subordinación, cuando no constituya delito», lo que comporta un total de cinco meses de arresto. Dicho procedimiento disciplinario se encuentra en la actualidad pendiente de resolución, por suspenderse su resolución en espera de que recaiga Sentencia firme en el procedimiento penal que, a continuación, se describe:
Además de la indicada vía administrativa se incoó un procedimiento penal militar, referenciado con el núm. 17/19/93, por presunto delito de desobediencia, que culminó por Auto de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de 21 de febrero de 1995, acordando el sobreseimiento total y definitivo del sumario.
f) Frente a estas medidas adoptadas por la Administración militar, el recurrente presentó denuncia contra las autoridades militares intervenientes en las medidas represoras de que había sido objeto, ante los Juzgados de Instrucción de Valencia, por delito contra la libertad de conciencia (art. 205 C.P.), y ante los órganos de la jurisdicción militar.
En cuanto a la denunciada vulneración del derecho al Juez predeterminado por la ley, sostiene el actor que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, sobre Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, no puede afirmarse -como lo hace el Auto del Tribunal Supremo que ahora se impugna- que los hechos denunciados pudiesen constituir un delito previsto en el Código Penal Militar (art. 103), toda vez que su denuncia se había basado en la infracción de un delito expresamente tipificado en el Código Penal (art. 205), que no tiene homónimo específico en el Código Penal Militar. La causa debió substanciarse, pues, ante la jurisdicción ordinaria y no -como así se hizo- ante la militar, lo que le impidió actuar como parte en el proceso por ostentar una graduación inferior a la de los denunciados (art. 108 de la Ley Orgánica 4/1987), así como obtener una resolución judicial sobre la conducta concreta denunciada en relación con su derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto. Tal proceder se considera contrario al derecho al Juez legal que garantiza el art. 24.2 C.E.
5. La Sección Cuarta, mediante providencia de 15 de junio de 1995, acordó tener por personado y parte a la Procuradora de los Tribunales doña Sofía Pereda Gil, en nombre y representación de don Agustín Q. G. don Ricardo R. G. don Lucas F. M. y don Venancio D. V. Igualmente, ordenó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, en el plazo común de veinte días, presentasen las alegaciones que estimasen pertinentes (art. 52.1 LOTC).
7. La Procuradora de los Tribunales, doña Sofía Pereda Gil, presentó su alegato el día 13 de julio de 1995. Comienza dicho escrito analizando la denunciada vulneración del derecho a la libertad religiosa y de culto. En este sentido, se trae a colación el art. 177 de las Reales Ordenanzas a cuyo tenor, «todo militar tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye su manifestación individual o colectiva, tanto en público como en privado, sin otras limitaciones que las legalmente impuestas por razones de seguridad o disciplina». Se aprecia así que, al igual que en otros muchos contextos, este derecho fundamental es susceptible de limitaciones en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Hay que plantearse, pues, si la designación del demandante para formar parte de una unidad militar interveniente en los referidos actos de homenaje a la Virgen, constituyó o no un atentado a su derecho de libertad religiosa y de culto. Pues bien, claramente no fue así, por las siguientes razones: a) antes que de un acto de culto se trataba de un acto militar; b) la circunstancia de formar parte de una unidad militar que rinde honores no implica que cada uno de sus componentes rindan a título individual tales honores. Tal rendición la efectúan las Fuerzas Armadas, a las que la unidad en su conjunto -y no cada uno de sus componentes- representa, y c) esa circunstancia no es expresiva de que se profese una determinada religión, ni significa que cada uno de los integrantes de la unidad rinda culto alguno. En los actos de homenaje celebrados, primaban los aspectos militares sobre los religiosos, por lo que la asistencia al acto formando parte de una unidad militar sólo es expresión del acatamiento de una orden del mando y, por tanto, de la disciplina que, como se ha visto, constituye uno de los límites al ejercicio de la libertad religiosa en el seno de las Fuerzas Armadas.
En relación con la eventual vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, entiende esta representación que tampoco ha existido. Se advierte así la propia incoherencia procesal del actor al denunciar unos mismos hechos ante la jurisdicción penal ordinaria y la militar. No obstante, y con independencia de ello, en el presente asunto, la competencia de la jurisdicción militar era inequívoca, en virtud de lo dispuesto en el art. 12.1 de la Ley Orgánica 4/1987. En efecto, aún admitiendo, a efectos puramente polémicos, que los hechos enjuiciados pudiesen ser calificados como religiosos y no militares, nos encontraríamos ante conductas tipificadas tanto en el Código Penal (art. 205) como el Código Penal Militar (art. 103) por lo que es de aplicación la regla de competencia derivada del citado art. 12.1 de la Ley Orgánica 4/1987, a favor de la sanción más grave, tal como lo entendió la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Además, la competencia de la jurisdicción militar se justifica igualmente, tanto por el ámbito en el que se desarrollan los hechos, como por la condición de militares de quienes intervienen en los mismos, así como por el hecho de que, en última instancia, lo que se está discutiendo es la legitimidad de una orden militar o, si se prefiere, la legitimidad de quien la recibe para desobedecerla. En consecuencia, la tramitación y resolución del asunto por la jurisdicción militar es conforme a lo dispuesto en la legislación procesal y en el art. 117.5 C.E., por lo que no ha existido lesión alguna del derecho al Juez legal que garantiza el art. 24.2 C.E.
Tampoco ha existido -como sostiene la parte actora- violación del derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, los órganos jurisdiccionales han ofrecido al actor respuesta motivada en relación con sus pretensiones, máxime, cuando con arreglo a la doctrina del propio Tribunal Constitucional «quien ejercita la acción en forma de querella no tiene, en el marco del art. 24.1 de la Constitución, un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso» (STC 148/1987). Los órganos jurisdiccionales estimaron que los hechos denunciados no podían considerarse como constitutivos de delito, por lo que acordaron el archivo de las actuaciones, sin pronunciarse expresamente sobre la eventual vulneración del derecho a la libertad religiosa y de culto, toda vez que, tal determinación no era propiamente el objeto del proceso penal.
Idéntica consideración ha de realizarse en relación con la imposibilidad legal de personación del actor en la causa. Ello obedece, en todo caso, a una previsión, legal, perfectamente razonable, en el ámbito de la jurisdicción militar, y que, en modo alguno, le ha ocasionado indefensión, puesto que el Tribunal Supremo en el Auto que ahora se impugna, se plantea ex oficio dicha cuestión, ofreciendo una respuesta motivada y razonada. Por todo ello, se concluye interesando la desestimación de la demanda de amparo.
8. El día 14 de julio de 1995, presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal. Tras una sucinta descripción de los hechos y de los antecedentes procesales del recurso, examina el Ministerio Público cada una de las quejas formuladas en la demanda de amparo, comenzando por la denunciada vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, por haberse tramitado la causa ante la jurisdicción militar y no en sede ordinaria. Entiende el Ministerio Fiscal, que bajo esta alegación el actor pretende revisar la interpretación de la legalidad realizada por los órganos jurisdiccionales. En efecto, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional la queja no puede prosperar, puesto que «el contenido del indicado derecho, (...) exige que la Ley haya creado previamente el órgano judicial, que la norma lo haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad a la producción del hecho objeto de enjuiciamiento y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional» (SSTC 101/1984, 307/1993 y 65/1994, entre otras muchas), circunstancias todas ellas que, claramente se cumplen en el presente caso. Por idéntica razón las discusiones sobre conflictos jurisdiccionales no alcanzan relevancia constitucional desde la perspectiva del art. 24.2 C.E. (por todas, vid. STC 39/1994). Es evidente que puede discreparse en Derecho sobre la elección de la vía judicial seguida para juzgar los hechos de Autos. Ahora bien, tal discrepancia jurídica -como la manifestada por el propio Presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el voto particular que acompaña al Auto que ahora se recurre- en nada afecta al derecho al Juez predeterminado por la ley que garantiza el art. 24.2 C.E. Sólo una argumentación de la competencia en favor de un determinado orden jurisdiccional basada en razones arbitrarias, lo que en absoluto se produce en el caso de Autos, permitiría al Tribunal Constitucional revisar el contenido de la decisión judicial impugnada. Así, tanto en la STC 111/1983 como en la STC 93/1996, el Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto que puede existir una violación del derecho al Juez predeterminado por la ley si las normas competenciales se interpretasen o aplicasen de modo tal que resultase incompatible con el alcance restrictivo que el art. 117.5 C.E. otorga a la jurisdicción castrense.
En el caso de autos nada similar ha sucedido. De un lado, la jurisdicción ordinaria declinó su competencia y, de otro, el razonamiento mediante el cual la jurisdicción militar acepta la suya no puede considerarse como arbitrario o contrario al art. 117.5 C.E. Es evidente que si sólo estuviera en juego la libertad de conciencia la respuesta sería la de la procedencia del amparo por su «superioridad» de protección y «especialidad» ordinaria. Pero como quiera que hay una infracción netamente militar y entran en juego las reglas de competencia, el Ministerio Fiscal -consciente de lo fronterizo de la decisión- se inclina por la no vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.
Se alega en la demanda, finalmente, la conculcación del derecho a la libertad religiosa y de culto ex art. 16 C.E., que directamente se imputa a las resoluciones judiciales impugnadas por acordar el archivo de la causa. Tampoco puede prosperar, a juicio del Ministerio Fiscal, este último alegato. En primer término, porque el archivo de las actuaciones se acordó de modo razonado y razonable, sin que, la no aceptación de la tesis de la acusación, implique automáticamente una lesión del derecho fundamental que aparece como bien jurídico protegido por la norma penal. En segundo término, no todos los hechos denunciados afectan al referido derecho fundamental, sino que, en su caso, repercutieron en las pertinentes sanciones administrativas cuya licitud constitucional es objeto de otros procedimientos.
En cuanto al contenido material del derecho invocado, debe partirse de la STC 24/1982, en la que se advierte que el Estado español se prohíbe a sí mismo cualquier acto de concurrencia junto a las creencias de los ciudadanos. La consecuencia inevitable que se deriva de esta premisa es que la posible vulneración del art. 16 C.E. se constata en el caso de Autos, cuando se hace una primera aproximación al tema, y especialmente en relación con la obligatoria asistencia del actor a un acto oficial de contenido religioso. Ahora bien, no es posible un enjuiciamiento constitucional del asunto al margen de la resolución judicial impugnada, de la cual se deduce con claridad el reconocimiento implícito de la vulneración padecida por el actor, aunque se acuerda el archivo porque no se aprecia la concurrencia de dolo en los denunciados, aspecto éste que no es susceptible de revisión en esta vía de amparo constitucional.
1. El demandante de amparo, militar profesional, fue designado para realizar una formación de honores a la Virgen de los Desamparados en el Acuartelamiento «San Juan de la Ribera Norte» de Valencia, los días 19 y 20 de noviembre de 1993, en los que, por Orden general extraordinaria de la superioridad, se habían de celebrar ciertos actos de homenaje de las Fuerzas Armadas a la Virgen con motivo del V Centenario de su Advocación.
a) El recurrente, al conocer con mayor detalle la naturaleza de los distintos actos a celebrar, y por considerar que tenían un inequívoco contenido espiritual y religioso, solicitó, primero oralmente y después por escrito, fechado el día 19 de noviembre, ser relevado de la Compañía de honores, alegando su derecho a la libertad religiosa, la aconfesionalidad del Estado y lo dispuesto en los arts. 117 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y 423 de las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra, precepto este último en el que se dispone expresamente que: «Las ceremonias militares de especial contenido espiritual podrán ir precedidas de los actos religiosos que por tradición correspondan. Con la debida antelación se hará advertencia de que aquellos que no profesen la correspondiente religión quedan dispensados de asistir al acto religioso».
Iniciados, esa misma tarde, los actos de homenaje el sargento Hernández permaneció en la formación durante los honores militares a su excelencia el general jefe de la Región Militar de Levante y a la bandera de España, pero la abandonó -previa solicitud de permiso que le fue denegado- en el momento de rendir honores a la Virgen. Posteriormente, se reincorporó a la formación y continuó en la parada militar hasta llegar a la Capitanía General, donde se iba a recibir de nuevo a la Virgen para introducirla en la iglesia. En ese momento, solicitó permiso para abandonar la unidad, que nuevamente le fue denegado, saliendo, no obstante, de la formación. Requerido por la superioridad para que se reincorporase a la misma y ante la negativa del actor, se le explicó que los distintos actos integrantes de la parada militar, a diferencia de otros actos de culto programados, eran estrictamente militares, por lo que tenía la obligación de tomar parte en los mismos.
Al día siguiente, el sargento Hernández acudió con su unidad a la Capitanía General donde preguntó por la secuencia de actos a realizar, informándosele de que primero se rendirían honores al Excmo. señor general jefe de la Región Militar y luego a la Virgen de los Desamparados. El ahora demandante de amparo decidió no tomar parte en los actos, según manifestó, porque no se encontraba con fuerzas para volver a solicitar permiso para abandonar la formación delante de toda la población civil que presenciaría el acto.
Respecto del derecho a la libertad religiosa (art. 16 C.E.) solicita, por una parte, que este Tribunal declare que, al desobedecer la orden de permanencia en la formación militar, actuó en el ejercicio legítimo de ese derecho fundamental y que, por tanto, se anulen las sanciones disciplinarias que le fueron impuestas. Por otra, en relación con los Autos de archivo dictados por la Sala Quinta del Tribunal Supremo pide que se declare que los mismos parten de una errónea concepción del derecho a la libertad religiosa, de la que ha derivado la vulneración de ese derecho fundamental al privarlo indirectamente de la protección penal que dicho derecho recibe de la ley.
Junto a esta pretensión, alega el demandante la lesión de su derecho a una tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.) y al Juez ordinario predeterminado por la ley (ex art. 24.2 C.E.). Lo primero, porque no se le permitió personarse en el proceso ante la jurisdicción militar; lo segundo, porque la causa se sustanció ante esa jurisdicción cuando -en su criterio- correspondía su conocimiento a la jurisdicción penal ordinaria.
El Ministerio Fiscal interesa la desestimación de la demanda, por no existir lesión del art. 24.2 C.E., y porque, en relación con el derecho a la libertad religiosa, si bien del contenido de la resolución judicial recurrida «se deduce con claridad el reconocimiento implícito de la vulneración padecida por el actor» el archivo se acordó por no apreciarse la concurrencia de dolo en los denunciados, aspecto éste no revisable a través del proceso de amparo constitucional.
3. Antes de entrar en el enjuciamiento de las pretensiones formuladas por el recurrente debemos precisar el objeto del presente proceso constitucional, ya que del conjunto de peticiones formuladas por el actor debe rechazarse de entrada la posibilidad de entrar a conocer la solicitud de anulación de las sanciones disciplinarias impuestas al recurrente. En el proceso judicial que precedió al presente proceso de amparo no fue éste el objeto de debate y resolución, sino únicamente la pretensión de imponer sanciones penales a los mandos que decretaron las referidas medidas disciplinarias. Como es conocido, imperativos del principio de subsidiariedad que informa el recurso de amparo constitucional impide someter a enjuiciamiento cuestiones ajenas a las que fueron objeto del proceso judicial precedente, por ello, de los pedimentos que formula el actor respecto de la libertad religiosa, únicamente podrán ser examinadas en este proceso constitucional las relativas a los Autos de archivo dictados por la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
Es doctrina constante de este Tribunal que el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 C.E.), como derecho fundamental de todo ciudadano a que el órgano judicial haya sido creado por una norma legal, invistiéndolo de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso, y con un régimen orgánico y procesal que no permita calificarlo de órgano especial o excepcional (SSTC 47/1983, 101/1984 y 55/1990, entre otras muchas), puede resultar vulnerado «si se atribuyese un asunto determinado a una jurisdicción especial y no a la ordinaria» (SSTC 75/1982 y 4/1990).
La jurisdicción militar que, por mandato constitucional y bajo el principio de unidad de jurisdicción, conoce de un ámbito objetivo diferente del que es propio de los demás órganos integrantes del Poder Judicial (SSTC 60/1991 y 113/1995) no puede extender su cognición más allá del «ámbito estrictamente castrense» a que se refiere el art. 117.5 C.E., por lo que -como se declaró en la STC 111/1984 (fundamento jurídico 3.)- la transgresión de las reglas definidoras de ese orden jurisdiccional, tanto en su formulación como en su indebida aplicación o interpretación, puede, en ocasiones, conducir a una vulneración del derecho al Juez legal que garantiza el art. 24.2 C.E.
Frente a esta tesis, en el Auto de referencia se justifica la competencia de la jurisdicción militar, acudiendo a la regla prevista en el art. 12.1 de la Ley Orgánica de Competencia y Organización Jurisdiccional, según la redacción que a este precepto dio la disposición adicional sexta de la L.O. 2/1989, Procesal Militar, y a la circunstancia de que la doble tipificación de los hechos debe resolverse con arreglo a la misma, interpretada no en el sentido propuesto por el ahora demandante de amparo (es decir, el de la especificidad del tipo penal) sino atendiendo al contexto, estrictamente castrense, en el que acaecieron los hechos denunciados.
La polémica suscitada en torno a esta cuestión, de singular interés jurídico-procesal, no excede, sin embargo, en este caso del ámbito propio de la legalidad ordinaria, careciendo, en consecuencia, de relevancia constitucional desde la perspectiva de los derechos fundamentales reconocidos en al art. 24.2 C.E. y que el actor invoca.
7. Tampoco puede acogerse la queja del actor en relación con la vulneración de su derecho a una tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.2 C.E.). Es cierto que las particularidades de tramitación previstas en la Ley Procesal Militar, cuyo art. 127, en relación con el art. 108.2 de la L.O. 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, impedían al recurrente su personación en el proceso como consecuencia de la relación jerárquica de subordinación existente entre éste y las personas denunciadas. No obstante, resulta innecesario, a los efectos del presente recurso de amparo, examinar la corrección de esta singular previsión procesal, porque lo cierto es que la declinatoria de jurisdicción interesada por el actor fue analizada de oficio por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, quien, además -en contra de lo manifestado por el demandante-, entró en el examen del fondo del asunto, analizando si los hechos denunciados eran o no constitutivos de delito. No existió, en consecuencia, una indefensión sustantiva o material, única constitucionalmente relevante desde la perspectiva del art. 24.2 C.E. (SSTC 8/1991 y 367/1993, entre otras muchas).
Ahora bien, llegados a este punto, no es ocioso recordar que lo que se impugna en el presente proceso de amparo no son las medidas disciplinarias impuestas al demandante en relación con su conducta y el incumplimiento de la orden de no abandonar la formación, sino, única y exclusivamente, la decisión de los órganos jurisdiccionales de archivar las diligencias previas instruidas a resultas de la demanda presentada por el actor contra sus superiores, por entender aquél que habían incurrido con tal proceder en conductas tipificadas como delito. Nuestro examen queda limitado, pues, al Auto de archivo de las actuaciones penales y a la ulterior Sentencia del Tribunal Supremo que lo confirma, a las que el recurrente, como queda dicho, imputa una doble vulneración de su derecho a la libertad religiosa, consistente en un entendimiento erróneo del contenido de este derecho que lleva a los órganos judiciales a denegar la imposición de las sanciones penales solicitadas.
Antes bien, el recurrente perseguía hacer valer la vertiente negativa de esa misma libertad frente a lo que considera un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias, y por el que un poder público, incumpliendo el mandato constitucional de no confesionalidad del Estado (art. 16.3 C.E.), le habría obligado a participar en un acto, que estima de culto, en contra de su voluntad y convicciones personales.
El derecho a la libertad religiosa del art. 16.1 C.E. garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual. Pero, junto a esta dimensión interna, esta libertad, al igual que la ideológica del propio art. 16.1 C.E., incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 19/1985, fundamento jurídico 2.; 120/1990, fundamento jurídico 10, y 137/1990, fundamento jurídico 8.).
Por su parte, el art. 16.3 C.E. al disponer que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», establece un principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa que, como se declaró en las SSTC 24/1982 y 340/1993, «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales». Consecuencia directa de este mandato constitucional es que los ciudadanos, en el ejercicio de su derecho de libertad religiosa, cuentan con un derecho «a actuar en este campo con plena inmunidad de actuación del Estado» (STC 24/1982, fundamento jurídico 1.), cuya neutralidad en materia religiosa se convierte de este modo en presupuesto para la convivencia pacífica entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática (art. 1.1 C.E.).
Entre dichos actos figuraba una parada militar de homenaje a la Virgen. Obra en autos que el recurrente, al tener conocimiento de este hecho, interesó por escrito ser relevado del servicio. Sin embargo, se le ordenó por la superioridad participar en la mencionada parada militar. Surge así un conflicto entre el deber de disciplina y el derecho a la libertad ideológica y de conciencia que el actor resolvió abandonando la formación en el preciso momento de rendir homenaje a la Virgen.
Esta afirmación debe ser, sin embargo, rechazada. En efecto, el art. 16.3 C.E. no impide a las Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en ceremonias de esa naturaleza. Pero el derecho de libertad religiosa, en su vertiente negativa, garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia si desea o no tomar parte en actos de esa naturaleza. Decisión personal, a la que no se pueden oponer las Fuerzas Armadas que, como los demás poderes públicos, sí están, en tales casos, vinculadas negativamente por el mandato de neutralidad en materia religiosa del art. 16.3 C.E. En consecuencia, aun cuando se considere que la participación del actor en la parada militar obedecía a razones de representación institucional de las Fuerzas Armadas en un acto religioso, debió respetarse el principio de voluntariedad en la asistencia y, por tanto, atenderse a la solicitud del actor de ser relevado del servicio, en tanto que expresión legítima de su derecho de libertad religiosa.
11. No obstante, que la orden recibida vulnerase la vertiente negativa del derecho a la libertad religiosa del actor no significa que por esta sola razón, no debiera decretarse el archivo de la causa, pues, obviamente, no todo acto lesivo de un derecho fundamental es constitutivo de delito o merecedor de sanción penal.
Sostiene el demandante de amparo que tanto el Auto del Juez instructor como la posterior Sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la decisión de archivo, no entraron en el análisis del fondo del asunto, limitándose fundamentalmente a realizar un pronunciamiento sobre la competencia de la jurisdicción militar para conocer del mismo. Una estimación que no puede ser compartida por este Tribunal. La sola lectura de las resoluciones judiciales impugnadas evidencia que el archivo de las actuaciones, tras la práctica de las oportunas diligencias probatorias, obedeció al hecho de que los órganos judiciales no apreciaron atisbo alguno de responsabilidad criminal en la conducta de los denunciados.
En efecto, tras examinar las distintas imputaciones formuladas por el hoy demandante de amparo, el Tribunal Supremo alcanzó la convicción de que «los hechos anteriormente relatados carecen de tipicidad penal, tanto común como militar» (fundamento de Derecho 6.), decisión que se argumenta en la imposibilidad material de sustituir al recurrente, por darse la circunstancia de no existir personal disponible en aquel momento, en la convicción de los denunciados -y que comparte la propia Sala del Tribunal Supremo- de que la parada militar no podía calificarse propiamente como un acto religioso y, en el hecho de que, en última instancia, el actor no rindió los honores.
12. Esta circunstancia, vinculada a la naturaleza subsidiaria del proceso de amparo constitucional, condiciona inevitablemente el contenido del fallo de esta Sentencia, que, por tal motivo, aun reconociendo que los hechos denunciados por el recurrente, han vulnerado su derecho a la libertad religiosa, ha de desestimar el recurso de amparo por cuanto la indicada vulneración no entraña necesariamente la responsabilidad penal que solicita en su querella.
STSJ Andalucía , 4 de Mayo de 2002
STS 1024/2002, 4 de Noviembre de 2002
STS 1072/1997, 28 de Noviembre de 1997

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución