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Timestamp: 2019-10-22 06:44:51+00:00

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﻿ SENTENCIA C-1094 DE NOVIEMBRE 19 DE 2003
SENTENCIA C-1094 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. FINALIDAD, REQUISITOS Y BENEFICIARIOS. SE DECLARA INEXEQUIBLE EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 12 Y ALGUNAS EXPRESIONES DEL LITERAL C) Y EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL RESTO DEL ARTÍCULO 12 Y EXEQUIBLES ALGUNAS EXPRESIONES DEL LITERAL A) Y B) DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 797 DE 2003.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:387 DE MARZO DE 2004, PG.433
Sentencia C-1094 de noviembre 19 de 2003
Ref.: Expediente D-4659
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12, 13, 18 y 19 de la Ley 797 de 2003.
Actor: Rafael Rodríguez Mesa y otros
Bogotá D.C., diecinueve de noviembre de dos mil tres.
en relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos Rafael Rodríguez Mesa, Ligia Cielo Romero Marín, Luis Maestre Daza y Daniel Trespalacios contra los artículos 11, 12, 13 (parcial), 18 (parcial) y 19 (parcial) de la Ley 797 de 2003.
«I. Texto de las normas acusadas
“A continuación se transcribe el texto de las disposiciones objeto del proceso y en los artículos parcialmente demandados se subrayan los apartes impugnados:
ART. 11.—Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
ART. 18.—Se modifica el inciso segundo, se modifica el inciso quinto y se adiciona el parágrafo 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
La edad para acceder a la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones, requisitos y monto de la pensión de acuerdo con lo señalado en el numeral 2º del artículo 33 y artículo 34 de esta ley, aplicables a estas personas, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
ART. 19.—Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes legales de las instituciones de seguridad social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes(1).
Los actores piden a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de los artículos 11, 12, 13 (parcial), 18 (parcial) y 19 (parcial) de la Ley 797 de 2003, los que encuentran contrarios a los postulados contenidos en los artículos 1º, 2º, 13, 29, 48, 53, 67, 116 y 158 de la Constitución Política.
En el mismo sentido, estiman que el artículo 12 de la Ley 797 vulnera el principio de igualdad al fijar diferentes requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando se trata de muerte causada por enfermedad o suicidio a los eventos en que se trate de muerte por accidente u homicidio, las que son "discriminaciones que no tienen ningún sustento objetivo, justo ni coherente".
2. Los demandantes manifiestan que los literales a) y b) del artículo 13 de la Ley 797 son inconstitucionales porque establecen una diferenciación de temporalidad para el cónyuge o la compañera permanente. Además, regula situaciones que no corresponden a la legislación de la seguridad social sino a la legislación civil (art. 42 inciso 9º CP), con lo cual se vulnera el principio de unidad de materia (art. 158 CP). Así mismo, la norma acusada crea dos situaciones diferentes para el reconocimiento de una situación jurídica.
En lo referente a la expresión "a la" contenida en el párrafo tercero del literal b) del artículo 13 de la ley en mención, consideran que se trata de una expresión que viola el artículo 13 de la Carta Política porque sin ninguna justificación excluye a los cónyuges (masculino) del derecho a disfrutar de dicha cuota parte.
3. Los accionantes consideran que el inciso primero del artículo 18 de la Ley 797, al reducir a un solo beneficio el régimen de transición, viola el principio de la condición más beneficiosa y por ende el artículo 53 de la Carta Política. A la luz de la condición más beneficiosa, en relación con quienes tenían la calidad de trabajadores regulados por norma existente, si la nueva normatividad menoscaba sus derechos o los de sus beneficiarios, ella no tiene aplicación sino que continúa rigiendo la preexistente más favorable.
4. Por último, los actores estiman que el artículo 19 de la Ley 797 viola el derecho al debido proceso, la seguridad social y al pago oportuno de las pensiones (arts. 29, 48 y 53 CP).
1. El Ministerio de la Protección Social solicita a la Corte declarar exequibles las normas impugnadas en el proceso de la referencia, pues con ellas el Legislador no ha vulnerado ninguno de los preceptos superiores invocados por los actores.
2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicita a la Corte que declare exequibles las disposiciones objeto de la demanda.
En cuanto a la expresión "a la" contenida en el inciso cuarto del artículo 13, se trata simplemente de un error involuntario y nada obsta para que en el contexto del artículo se entienda que los cónyuges masculinos sí están incluidos como beneficiarios de la prestación.
3. El Ministerio del Interior y de la Justicia, por intermedio de su Directora del Ordenamiento Jurídico, solicita a la Corte declarar exequibles los artículos demandados.
4. El señor Ricardo Rodríguez Asensio, en calidad de ciudadano en ejercicio, interviene en el proceso para solicitar la declaratoria de constitucionalidad condicionada del artículo 19 de la Ley 797 de 2003.
— Declarar EXEQUIBLE el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, pero únicamente en relación con los cargos formulados en la demanda de la referencia.
— Declarar EXEQUIBLE el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pero únicamente en relación con los cargos formulados en la demanda de la referencia.
— Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pero únicamente en relación con los cargos formulados en la demanda de la referencia, bajo el entendido que cuando se trate del reconocimiento de pensión de sobrevivientes derivada de la muerte del causante por suicidio, se aplicará 1o prescrito para enfermedad sólo si tal situación ocurre como consecuencia de prolongados padecimientos patológicos de tipo psicológico o siquiátrica, los cuales deben ser demostrados en debida forma por la entidad de seguridad social encargada del reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente correspondiente, y dentro del término máximo establecido para el efecto (4 meses). En los demás casos, el tratamiento pensional de sobrevivientes por suicidio será el señalado para la muerte por accidente.
— Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA. de la expresión "tenga 30 o más años de edad" contenida en el literal a), y del literal b) del articulo 13 de la Ley 797 de 2003, bajo el entendido que la pensión de sobrevivientes de carácter temporal beneficia al cónyuge, compañera o compañero supérstite menor de 30 años de edad al momento de la muerte del causante y que no haya tenido hijos con éste; y que cuando si los ha procreado dentro de un ambiente de familia real y permanente, el cónyuge o compañera o compañero permanente tendrá derecho a pensión de sobrevivientes vitalicia, sin importar su edad como beneficiario ni que el causante ostente el carácter de afiliado o pensionado al momento de su muerte.
— Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión "no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte", contenida en el literal a) del articulo 13 de la Ley 797 de 2003, y modular el efecto de tal declaración al entendido que el término de convivencia continua con el causante con anterioridad a su fallecimiento que debe acreditar el cónyuge o la compañera(o) permanente es de dos (2) años, siempre y cuando la relación conyugal o marital de hecho se haya iniciado con posterioridad al momento en que el causante empiece a ostentar la calidad de pensionado, la que para el efecto se adquiere a partir del instante en que el afiliado cumple con los requisitos mínimos para que se le reconozca y pague su pensión de vejez, o a partir de la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
— Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de las expresiones "a la" y "la" que hacen referencia a la palabra cónyuge, contenidas en la frase final del inciso cuarto del articulo 13 de la Ley 797 de 2003, únicamente por el cargo formulado en la demanda de la referencia, y bajo el entendido que el derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes cuando se haya separado de hecho pero manteniendo la unión conyugal, cobija por igual al cónyuge supérstite, no importando si es esposa o esposo, es decir, el género no es condición para la adquisición de tal derecho.
— Declarar EXEQUIBLE la expresión "y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno", contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
— Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 18 de la Ley 797 de 2003.
— Declarar EXEQUIBLE la expresión "En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aún sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes", contenida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, bajo el entendido que una vez la autoridad inicie el procedimiento administrativo para revocar directamente el acto administrativo de reconocimiento de la pensión o de una prestación económica, ésta debe comunicar a los afectados para que ejerzan su derecho de defensa dentro del periodo de lega1idad y validez del acto, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 74 y concordantes del Código Contencioso administrativo.
1. En relación con los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, el Procurador General manifiesta que existen diferencias objetivas y razonables entre la enfermedad y el accidente que permiten al legislador tratamientos diferentes en materia de seguridad social. Estima que la mayoría de las enfermedades se caracterizan por ser procesos prolongados que las más de las veces permiten diagnósticos, intervenciones y tratamiento médicos que impiden o retardan por largos períodos llegar a un estado de invalidez o muerte; en cambio, los accidentes son de carácter intempestivo, repentino, inesperado, cuya intervención médica está encaminada a impedir ya sea una muerte inminente a causa del accidente, disminuir el grado de invalidez o lograr su recuperación, o disminuir o recuperar totalmente la lesión orgánica o la perturbación funcional.
2. Infiere que resulta razonable y proporcionado que el legislador, por razones de justicia contributiva en materia parafiscal, haya establecido una pensión de sobrevivientes de carácter temporal bajo el entendido que ésta beneficia al cónyuge, compañera o compañero supérstite menor de 30 años de edad al momento de la muerte del causante y que no haya procreado hijos con aquel.
3. Considera que en aras de preservar el derecho a la igualdad en materia familiar y de género, se debe aclarar que el derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes cuando se haya separado de hecho pero manteniendo la unión conyugal, cobija por igual al cónyuge supérstite, no importando si es esposa o esposo, y en esos términos solicita el pronunciamiento de constitucionalidad, pero únicamente en relación con el cargo planteado por el demandante.
4. En cuanto al cargo por violación del principio de unidad de materia no encuentra el Ministerio Público que con la exigencia del término de 5 años se haya vulnerado tal condición, pues la seguridad social, como materia dominante en la Ley 797 de 2003, está encaminada a proporcionar cobertura integral de las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes de Colombia. El Estado debe garantizar la protección integral de la familia, lo cual incluye su seguridad previsional y, por lo tanto, resulta obligatorio, razonable y necesario que temáticamente las normas de seguridad social se ocupen del tema de la pensión de sobrevivientes para el cónyuge, compañera y compañero permanentes supérstite del pensionado causante, lo que incluye la definición de requisitos que el legislador considere necesarios para acceder a tal derecho. Deduce que en este aparatado se está en presencia de una conexidad de carácter temático, teleológico y sistémico, en la medida en que la referida regulación es propia de la seguridad social encaminada a garantizar un derecho irrenunciable en cabeza de la familia.
5. En su criterio, el requisito para los hijos del causante de cumplir con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno Nacional para ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, resulta abiertamente contrario al mandato constitucional sobre la independencia de las diferentes ramas del poder público, porque el legislador deposita en la potestad reglamentaria del Ejecutivo una función que le es propia. Arguye que el requisito del mínimo de condiciones académicas define por sí mismo el derecho a la pensión de sobrevivientes del joven hijo del causante y, por lo tanto, debe ser objeto de regulación exclusiva por el legislador.
1. Aspecto previo: cosa juzgada constitucional
1.1. Los artículos 11 y 18 de la Ley 797 de 2003, que hacen parte de las disposiciones demandadas en el proceso de la referencia, fueron declarados inexequibles por esta corporación en la Sentencia C-1056-03, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Por consiguiente, frente a ellos, la Corte resolverá estarse a lo resuelto en dicha providencia.
En la Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería, la Corte Constitucional resolvió declarar, por los cargos formulados, la exequibilidad condicionada del artículo 19 en mención, en los términos del numeral 4º de esa sentencia. Estas fueron las consideraciones expuestas por la corporación:
4. El artículo 19 de la Ley 797 de 2003
(...) se pregunta la Sala: ¿Cuál debe ser la entidad o importancia del incumplimiento de los requisitos que pueden dar lugar a la revocatoria del acto administrativo de reconocimiento prestacional, aun sin el consentimiento del titular del derecho?
En la misma perspectiva de la pregunta anterior debe observarse que no se puede tratar de cualquier incumplimiento de requisitos, toda vez que ante falencias meramente formales; o ante inconsistencias por desactualización de la información interna de las entidades correspondientes, respecto de las cuales el titular del derecho o sus causahabientes no hayan realizado conductas delictivas, le compete al respectivo funcionario tomar de oficio las medidas tendientes al saneamiento de los defectos detectados, haciendo al efecto acopio de los medios y recursos institucionales, sin perjuicio de la solicitud de información a terceros y, llegado el caso, al titular del derecho o a sus causahabientes. Por lo mismo, ni la administración ni los particulares pueden extenderle a los titulares de las pensiones o prestaciones económicas los efectos de su propia incuria; así como tampoco darle trascendencia a aquello que no la tiene, tal como ocurriría, por ejemplo, con un pensionado que habiendo cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos legales y reglamentarios, sin embargo, se le pretende cuestionar su derecho porque en la contabilización posterior del tiempo requerido, resultan dos días más o dos días menos de tiempo laborado, que en modo alguno modifican el requisito del tiempo que él ya demostró por los medios idóneos, llegando incluso a superar el tiempo exigido. Por consiguiente, la comentada actuación, lejos de cualquier pretensión revocatoria de oficio, debe encaminarse hacia la depuración de la información que soporta la expedición y vigencia del acto administrativo de reconocimiento prestacional. En concordancia con esto, cuando de conformidad con la Constitución y la ley deba revocarse el correspondiente acto administrativo, será necesario el consentimiento expreso y escrito del titular, y en su defecto, el de sus causahabientes. De no lograrse este consentimiento, la entidad emisora del acto en cuestión deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pues: “razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo”. (Cfr. C. Const. S. Segunda de Revisión. Sent. T-347/94, ago. 3, M.P. Antonio Barrera Carbonell).
Cosa distinta ocurre cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté tipificado como delito y la Corte señala claramente que basta con la tipificación de la conducta como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla (sic) comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal tales como el cohecho, el peculado, etc. Como que se trata de una circunstancia de ostensible ilegalidad, respecto de la cual, “(...) la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias”(2).
Según lo expuesto, corresponde ahora avocar el estudio de constitucionalidad de las restantes disposiciones de la Ley 797 de 2003 impugnadas en este proceso.
2. Demanda contra los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.
Los actores impugnan estos dos artículos al encontrarlos violatorios de varios mandatos superiores, en especial los contenidos en los artículos 1º, 13, 42, 48 y 158 de la Carta Política. Formulan los siguientes reparos específicos de constitucionalidad:
Así mismo, cuestionan la atribución dada (sic) el gobierno para que establezca las condiciones académicas que deben cumplir los hijos mayores de 18 años y hasta 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y que dependían económicamente del causante al momento de su muerte.
En atención a lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si los artículos 12 y 13 (parcial) vulneran los mandatos constitucionales invocados por los actores. Con tal fin, se hará referencia a la finalidad, requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, para luego estudiar los cargos específicos presentados contra estos artículos.
2.2. La pensión de sobrevivientes.
Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones(3).
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia(4), sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido(5). Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades(6).
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia. Para esa corporación, “no puede hacerse abstracción del sentido mismo y finalidad de la institución de la pensión de sobrevivientes que busca precisamente impedir que quien haya convivido permanente, responsable y efectivamente, y prestado apoyo afectivo a su pareja al momento de su muerte, se vea abocado a soportar aisladamente las cargas, tanto materiales como espirituales, que supone su desaparición” (7).
2.3. Requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
Esta corporación se ha pronunciado acerca de la finalidad y legitimidad de los requisitos de índole temporal o personal que señale el legislador para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Según lo expuesto en la Sentencia C-1176 de 2001(8), es razonable suponer que las exigencias consignadas en los artículos demandados buscan la protección de los intereses de los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, ante la posible reclamación ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con justicia. Igualmente suponer que el señalamiento de exigencias pretende favorecer económicamente a matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de permanencia; también se ampara el patrimonio del pensionado, de eventuales maniobras fraudulentas realizadas por personas que sólo persiguen un beneficio económico con la sustitución pensional. Por esto, dijo la Corte, con el establecimiento de tales requisitos se busca desestimular la ejecución de conductas que pudieran dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada.
La jurisprudencia constitucional ha resaltado también que el artículo 48 de la Constitución otorga un amplio margen de decisión al legislador para configurar el régimen de la seguridad social(9) .
En ejercicio de esta atribución y de acuerdo con las disposiciones demandadas, las cuales guardan una estrecha relación material entre sí, el legislador distingue entre requisitos exigidos en relación con las condiciones del causante al momento de su fallecimiento (art. 12) y calidades de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (art. 13).
a) Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca;
b) Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca por enfermedad, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y, si era mayor de 20 años, se acredite que haya cotizado el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento. Estos requisitos se exigirán también cuando la causa del fallecimiento sea el suicidio.
c) Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca por accidente, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y, si era mayor de 20 años, se acredite que haya cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento. Estos requisitos se exigirán también cuando la causa del fallecimiento sea el homicidio.
d) Los beneficiarios del afiliado que haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de la ley.
a) El cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite del afiliado al sistema que fallezca, quien tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, si a la fecha del fallecimiento del causante tenía 30 o más años de edad o si, siendo menor de esta edad, procreó hijos con el causante.
b) El cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite del pensionado al sistema que fallezca, quien tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, si a la fecha del fallecimiento del causante tenía 30 o más años de edad o si, siendo menor de esta edad, procreó hijos con el causante. En estos casos deberá acreditarse además que el beneficiario estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y convivió con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su deceso.
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez(10) .
2.4. Constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 797.
ART. 16.—El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
PAR. 1º—Cuando el afiliado haya dejado de cotizar al sistema se exigirán los siguientes requisitos:
a) En caso de enfermedad deberá haber efectuado aportes por lo menos durante setenta y cinco (75) semanas en los últimos tres años anteriores a la muerte;
b) En caso de accidente deberá haber efectuado aportes por lo menos durante veintiséis (26) semanas en el año inmediatamente anterior a la fecha del accidente que determinó la muerte.
PAR. 2º—Perderán el derecho a pensión como sobrevivientes los beneficiarios del causante afectados por causales de indignidad, conforme lo reglamente el Gobierno Nacional(11) .
Posteriormente, en la ponencia para primer debate se propuso modificar los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, en el sentido que no se establecieran en términos de semanas sino de densidad de cotización. Con tal propósito se afirmó que “Para tener derecho a la pensión de invalidez o de sobrevivencia causada por enfermedad común, se exige que el afiliado haya cotizado al menos el 25% del tiempo transcurrido entre los 20 años, y la edad en que ocurre el siniestro. Cuando la causa sea un accidente, el requisito es del 20% de cotización durante el mismo período” (12).
Como justificación de la propuesta se señaló que “Al requerirse más semanas, cuando se tiene mayor edad, se impone la cultura de la afiliación a la seguridad social y se controlan los fraudes”(13).
Indica lo anterior que la intención del legislador al incorporar la “densidad de cotización” como criterio para fijar los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes fue la de propiciar una cultura de afiliación al sistema general de pensiones y la de controlar los fraudes que pudieran cometerse al amparo del anterior régimen.
Además, en consideración a los efectos del siniestro, no es razonable afirmar que en los casos de suicidio se ponga en mayor riesgo la finalidad perseguida por el legislador, esto es el fomento de la cultura de la afiliación a la seguridad social o el control de los fraudes al sistema, que aquél que pueda derivarse de las muertes causadas por accidente. Se vulnera pues el derecho a la igualdad al exigir esos porcentajes diferentes.
2.5. Constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 797.
Como se indicó, el legislador, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, dispone de una amplia libertad de configuración frente a la pensión de sobrevivientes. Además, según lo tiene establecido esta corporación, el señalamiento de exigencias de índole personal o temporal para que el cónyuge o compañero permanente del causante tengan acceso a la pensión de sobrevivientes “constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo familiar” (14).
Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social (15) .
El artículo 11 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003, al referirse a su campo de aplicación, ilustra acerca de la naturaleza propia del régimen de la seguridad social en general y de la pensión de sobrevivientes en particular(16) .
Así entonces, como el literal c) del artículo 13, en lo demandado, traspasa con carácter indefinido al gobierno funciones que la Carta asigna al legislador, se declarará la inexequibilidad de la expresión “y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el gobierno” allí consagrada. No obstante, esta determinación no limita ni impide el ejercicio de la potestad reglamentaria que asiste a las autoridades competentes.
Finalmente, en cuanto a la expresión “a la” contenida en el inicio tercero del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, acusada por no mencionar al cónyuge supérstite, la Corte observa que, al efectuar una lectura integral del artículo 13, se concluye que se trata de un error de trascripción, que no altera el contenido de la norma ni lo excluye como beneficiario de la cuota parte de la pensión de sobrevivientes. Por ello, no es procedente la declaratoria de su inexequibilidad.
1. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1056 de 2003, que declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 18 de la Ley 797 de 2003.
2. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-835 de 2003 en relación con los cargos de inconstitucionalidad formulados contra el artículo 19 (parcial) de la Ley 797 de 2003.
3. Declarar inexequible el parágrafo 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y Exequible, por los cargos analizados en esta Sentencia, el resto de este artículo, en el entendido que para el caso del literal a) del numeral 2 será exigible la cotización del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado al sistema que fallezca cumplió 20 años de edad y la fecha de su muerte.
4. Declarar exequibles, por los cargos analizados en esta Sentencia, las expresiones “tenga 30 o más años de edad” y “no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”, contenidas en el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
5. Declarar exequible, por los cargos analizados en esta Sentencia, el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
6. Declarar inexequible la expresión “y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el gobierno”, contenida en el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
(1) Diario Oficial Nº 45.079 del 29 de enero de 2003.
(3) Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
(4) Al respecto esta corporación había señalado que el propósito perseguido por la ley al establecer la pensión de sobrevivientes, es la de ofrecer un marco de protección a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece, frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte. Sentencia C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(5) Corte Constitucional. Sentencia C-002 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(6) Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 1999.
(7) Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 17 de abril de 1998, Radicación 10406.
(9) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-107 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(10) Además de los señalados, el artículo 13 de la Ley 797 adiciona como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de éste y los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
(11) Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2002, págs. 10 y 11.
(12) Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 56 de 2002 Senado y 055 de 2002 Cámara. En: Gaceta del Congreso Nº 508 del 15 de noviembre de 2002, pág. 7.
(14) Corte Constitucional. Sentencia C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(15) No obstante, no corresponde en esta oportunidad adentrarse en establecer si la norma demandada vulnera o no el principio de proporcionalidad, por no hacer parte de los cuestionamientos formulados por los actores.
(16) Este es el nuevo contenido del artículo 11 de la Ley 100 de 1993: “Artículo 11. Campo de aplicación. El sistema general de pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de prima media y del sector privado en general. Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes”.

References: ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 12
 ARTÍCULO 13
 artículo 36
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 53
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 74
e contrario
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 48
 artículo 12
 artículo 46
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 Artículo 10
 artículo 13
 artículo 11