Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500419.html
Timestamp: 2019-03-20 03:14:10+00:00

Document:
se201500419
SENTENCIA: 419/2015.
EXPEDIENTE Nº: 305/2010.
Pronunciada dentro el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 24 a 27, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0133 de 23 de abril de 2010, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la respuesta de fs. 57 a 59, memorial de réplica de fs. 63 a 64, los antecedentes procesales y;
CONSIDERANDO I: Que, la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Zenón Zepita Pérez, se apersonó interponiendo demanda contenciosa administrativa, expresando en síntesis, lo siguiente:
Señalando los puntos x. y xi. de la fundamentación Técnico-Jurídica de la Resolución de Recurso Jerárquico Nº AGIT-RJ 0133/2010, con la que la Autoridad General de Impugnación Tributaria, anuló obrados en aplicación de los arts. 36-II de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), señaló que al considerar que los mismos no desvirtúan el accionar de la AT, más por el contrario vulneran sus facultades y atribuciones yendo en contra de los intereses del Estado.
1.- En este sentido, respecto al domicilio fiscal de la contribuyente, señaló lo previsto en el art. 103 del Código Tributario Ley Nº 2492 y manifestó que la Gerencia Distrital de Oruro del SIN, procedió a efectuar un operativo de control de obligaciones formales de los contribuyentes situados en el Barrio Kantuta en fecha 31 de agosto de 2009, ingresando al establecimiento comercial ubicado en calle D entre 4 y 5 s/n, habiendo constatado que la contribuyente Brígida Quispe Gutierrez estaba ejerciendo una actividad económica de venta de ropa americana, habiendo las funcionarias fiscalizadoras solicitado su certificado de inscripción al padrón de contribuyentes y el cartel con la leyenda “exija su factura”, en los cuales se evidenció que en los mismos se consignó como domicilio fiscal la calle final Pedro Ferrari y final Illampu Nº 410, dirección que no coincide con el lugar donde estaba ejerciendo la actividad comercial, incumpliendo con las obligaciones establecidas en el art. 70. 2 y 3 del Código Tributario, procediendo al labrado del Acta de Infracción Nº 119517 con los requisitos exigidos en el art. 17 de la RND Nº 10.0037.07.
Con base en tales antecedentes adujo que, el hecho de que la contribuyente estaba ejerciendo una actividad económica no es objeto de discusión sino el lugar y ubicación de la actividad comercial, pues no cabe duda que ese domicilio se encuentra en la calle D entre 4 y 5 (Barrio Kantuta), la consignación en el Acta de Infracción Nº 119517 del domicilio de calle Pedro Ferrari y final Illampu Nº 410, responde únicamente al hecho de que ese dato fue extraído del certificado de inscripción, aspecto que no entorpece ni pone en duda la actuación de las fiscalizadoras; desvirtuando el fundamento de la Autoridad General de Impugnación Tributaria respecto a la supuesta contradicción de que el operativo se realizó en la calle D entre 4 y 5 s/n Barrio Kantuta, sin embargo, en el acta se señaló que el 31 de agosto de 2009, las funcionarias se constituyeron en el domicilio de la contribuyente.
2.- Respecto a la falta de activación del NIT de la contribuyente, manifestó que, en el momento del labrado del Acta de Infracción las fiscalizadoras extractaron todos los datos de la contribuyente del cartel “exija su factura”, de donde se presume que la contribuyente se encuentra en estado activo, que además el sujeto pasivo manifestó contar con registro de inscripción.
Que la misma AGIT, reconoció que la recurrente, estaba ejerciendo una actividad económica, por lo que correspondía que la misma se encuentre debidamente habilitada para tal efecto y no eludia sus obligaciones aduciendo su inactividad, contraviniendo el art. 70. 2 y 3 de la Ley Nº 2492.
Para el caso de aplicación de una multa por incumplimiento de deber formal, no es necesario tramitar un proceso de verificación y/o comprobación de incumplimiento a deber formal, citando al respecto doctrina emitida por Héctor B. Villegas en su obra Curso de Finanzas Derecho Financiero y Tributario, pag. 341, obra citada por la Superintendencia Tributaria General en la Resolución de Recurso Jerárquico Nº STG/RJ/0227/2007 de 30 de mayo de 2007 y con relación a la aplicación de la normativa tributaria vigente a tiempo de cometerse el citado incumplimiento, citó el punto iv del apartado IV. 4 del aludido Recurso Jerárquico, en este entendido, considera que la AT, actuó de acuerdo a derecho.
Respecto a la anulabilidad que refiere la AGIT, en la Resolución de Recurso Jerárquico refirió “Posibilidad de declarar nulo sin efectos ciertos actos anulables a causa de existencia en ellos de un vicio o defecto sustantivo” Diccionario de Guillermo Cabanellas, es decir, cuando ostenta un vicio previsto por ley, señalando al respecto lo previsto en el art. 36. I de la Ley Nº 2341, de donde se constata que, ninguna de las causales invocadas en el procedimiento administrativo se cumplió, por lo que la nulidad del recurso de alzada, carece de sustento legal para dicho fin.
Finalmente sostuvo que, a tiempo de resolver la presente causa, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el art. 65 del Código Tributario, concordante con el art. 4. g) de la Ley Nº 2341, por la que se entiende que los actos de la AT, se presumen legítimos y son ejecutados por estar sometidos a la ley, lo cual, en el presente caso, se refleja en la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias expuestas y lo dispuesto en el art. 76 de la Ley Nº 2492, presupuesto legal que la autoridad de impugnación no observó para hacer cumplir dentro del proceso administrativo.
En base a estos argumentos, solicitó se declare probada la demanda y se confirme la resolución Sancionatoria Nº 18-000111-09 de 5 de octubre de 2009, emitida por la Administración Tributaria, manteniéndolas firme y subsistente en todas sus partes.
CONSIDERANDO II: Que, admitida la demanda mediante decreto de fs. 30, se corrió traslado y citado a la autoridad demandada, se apersonó Juan Carlos Maita Michel, en representación de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), quien en tiempo hábil, por memorial de fs. 57 a 59, respondió en forma negativa la demanda, en base a los argumentos de hecho y de derecho que se sintetizan a continuación:
1.- Que el acta de infracción establece en forma clara que las funcionarias del SIN, se constituyeron en el domicilio de la calle final Pedro Ferrari esquina final Illampu Nº 410 zona sud, tal cual registra el reporte del padrón; no obstante, en la descripción de los hechos, las funcionarias sostienen que el momento de la inspección, la contribuyente se encontraba desarrollando la actividad de venta de ropa usada en fardos, en la tienda ubicada en la calle D entre 4 y 5 s/n, Barrio Kantuta, es decir, según el acta, las funcionarias se constituyeron en dos domicilios distintos para efectos de la inspección, lo cual constituye una contradicción, hecho que no permite aplicar la presunción de legitimidad prevista en el art. 65 de la Ley Nº 2492 (CTB) por la contradicción.
Respecto a la inactivación del NIT, sostuvo que, la sanción impuesta al sujeto pasivo porque no actualizó los datos de su domicilio, incumpliendo el numeral 2 del art. 70 de la Ley Nº 2492, aplicando la sanción prevista en el numeral 1.3 del Anexo A de la RND 10-0037-07, sin embargo, no se consideró que su NIT se encontraba inactivo desde el 3 de junio de 2008, y lo que correspondía a la AT, era emitir un acto administrativo sancionatorio que se fundamente en la falta de activación del NIT de la contribuyente, para realizar nuevamente actividades económicas, por lo que no se configura la tipificación de incumplimiento de comunicación de cambio de domicilio.
Al respecto, para que exista anulabilidad de un acto deben ocurrir los aspectos previstos en los arts. 36-II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales, por lo que un acto es anulable cuando carece de los requisitos formales indispensables para realizar su fin, y en caso presente, por existir contradicción en cuanto al lugar del operativo de inspección y por no haberse tomado en cuanta la inactividad del NIT para fundamentar la contravención tributaria de no actualización de datos del domicilio fiscal.
En este sentido adujo que, la presente demanda, carece de sustento jurídico-tributario, no existiendo agravio ni lesión de derechos que se hubieran causado al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico, erróneamente impugnada.
Con estos argumentos solicitó se declare improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0133/2010 de 23 de abril respuesta que fue aceptada por decreto de fs. 61.
Finalmente, el SIN-Oruro, presentó su réplica por memorial de fs. 63 a 64, mientras que la entidad demandada presentó duplica, dando lugar al proveído de fs. 72 que decretó “Autos para Sentencia”.
CONSIDERANDO III: Que de la revisión de antecedentes procesales, se tiene que:
El 31 de agosto de 2009, funcionarias del Servicio de Impuestos Nacionales Regional Oruro, procedieron a verificar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes ubicados en los alrededores del barrio Kantuta, llegando a elaborar el Acta de Infracción Nº 119517 de fs. 1, contra la Contribuyente Brígida Quispe Gutiérrez por contravención a lo dispuesto en el art. 70. 2 del Código Tributario, sancionándola con una multa de 500.- UFV´s, otorgándole el plazo de 20 días para que pague la multa o presente descargos.
Ante su incumplimiento, la Administración Tributaria, emitió la resolución Sancionatoria Nº 18-00111-09 de 5 de octubre de 2009 (fs. 4 a 5 de antecedentes), aplicando a la contribuyente la sanción pecuniaria de 500.- UFV´s, equivalente a Bs. 767.
Ante esta circunstancia Brígida Quispe Gutierrez interpuso Recurso de Alzada conforme consta a fs. 6 de obrados, que fue resuelto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria mediante Resolución del Recurso de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0036/2010 de 17 de febrero de 2010 (fs. 23 a 26) que dispuso revocar totalmente la Resolución Sancionatoria Nº 18-00111-09 de 5 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la sanción de 500 UFV´s, impuesta contra Brígida Quispe Gutiérrez; como consecuencia del aludido fallo, la Gerencia Distrital Oruro del SIN interpuso Recurso Jerárquico (fs. 35 a 36), que fue resuelto mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0133/2010 de 23 de abril de 2010, anulando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0036/2010, de 17 de febrero de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Brígida Quispe Gutiérrez, contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Infracción Nº 119517, inclusive, a fin de que la Administración Tributaria establezca el lugar o domicilio donde se cometió la contravención y fundamente correctamente el ilícito atribuido en la Resolución Sancionatoria Nº 18-00111-09, de 5 de octubre de 2009.
Contra esta determinación la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales formuló demanda contencioso-administrativa conforme consta a fs. 24 a 27 de obrados.
CONSIDERANDO IV: Que, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo, que reviste las características de juicio ordinario de puro derecho, cuyo conocimiento y resolución de la controversia en única instancia, es de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, por mandato del artículo 10 párrafo I de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2011, en concordancia con los artículos 778 a 781 del Código Procedimiento Civil, siendo el objeto de acuerdo a las circunstancias del reclamo conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, toda vez que el trámite en la fase administrativa concluyó en todas sus instancias con la resolución del recurso jerárquico; por consiguiente, corresponde a este Tribunal analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales, con relación a los hechos sucedidos en el proceso administrativo y, realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
Que, de la compulsa de los datos procesales como la resolución administrativa impugnada, se establecen los siguientes hechos:
1.- El objeto de la controversia radica en determinar el lugar o domicilio exacto donde se habría cometido la contravención por parte de Brígida Quispe, ya que según el Acta de Infracción las funcionarias se habrían constituido de manera simultánea en dos domicilios distintos.
Al respecto, de la revisión de antecedentes procesales se evidencia que, en fecha 31 de agosto de 2009, funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales Regional Oruro, en ejercicio de las facultades de control, verificación e investigación otorgadas por los arts. 66 y 100 del Código Tributario, según el Acta de Infracción Nº 119517 de fs. 1 de antecedentes, se constituyeron en el domicilio de la contribuyente Brígida Quispe Gutiérrez, ubicado en la calle Final Pedro Ferrari y Final Illampu Nº 410 Zona Sud de la ciudad de Oruro, donde fueron atendidas por la nombrada señora, sin embargo, en la misma acta de infracción aludida, señalan que verificaron el cumplimiento de obligaciones tributarias de contribuyentes en las inmediaciones del Barrio Kantuta de la ciudad de Oruro, manifestando que en el momento de la inspección se verificó que la contribuyente se encontraba desarrollando actividades de venta de ropa usada por fardo en la tienda ubicada en la calle 4 y 5 s/n (Barrio Kantuta), señalando que tales datos no se encuentran actualizados en el Padrón de Contribuyentes, incumpliendo asi, lo previsto en el art. 70. 2 del Código Tributario y sancionado por el numeral 1.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07, con una multa de 500 UFV´s, concediéndole plazo de 20 días para que presente pruebas que hagan a su derecho o pague la multa establecida.
Con base en los antecedentes descritos precedentemente se evidencia que, en el Acta de Infracción Nº 119517 elaborada por funcionarias del Servicio de Impuestos Nacionales, en primer lugar se señaló que en fecha 31 de agosto de 2009, se constituyeron en el domicilio de la contribuyente ubicado en la calle Final Pedro Ferrari y Final Illampu Nº 410; sin embargo, en la misma acta, manifiestan que “en el momento de la inspección, la contribuyente se encontraba en la tienda ubicada en la calle D entre 4 y 5 s/n Barrio Kantuta, hecho que da a entender que, las funcionarias realizaron el operativo en dos domicilios distintos, extremo que desde todo punto de vista resulta ilógico y contradictorio, ya que no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, de donde se deduce que, en el caso objeto de análisis, se debe establecer con exactitud el lugar donde se cometió la contravención.
Con relación a la falta de actualización de los datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes por parte del sujeto pasivo; motivo por el que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00111-09 de 5 de octubre de 2009 cursante a fs. 4 a 5 de obrados, a través de la cual se sancionó a Brígida Quispe Gutiérrez, por no renovar los datos de su domicilio fiscal; sin embargo, la Administración Tributaria no tomó en cuenta que el NIT Nº 3549203015, con domicilio fiscal en la calle Final Pedro Ferrari esquina Final Illampu Nº 410 Zona/Barrio Sud, correspondiente a la nombrada señora, se encontraba inactivo desde el 3 de junio de 2008, aclarándose que la actividad que desempeñaba estaba relacionada con el rubro de salud (fisioterapia, laboratorios, paramédicos) y no así a la venta de ropa usada americana como sostiene la Administración Tributaria, toda vez que el artículo 65 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 (Código Tributario Boliviano) referido a la presunción de legitimidad prevé: “Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece, concordante con el artículo 4. g) de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 de 23 de abril de 2002, normativa que no se puede aplicar al caso objeto de análisis, por la falta de legitimidad de los actos de la administración tributaria al consignar en el acta de infracción dos domicilios diferentes en los que se hubiera llevado a cabo la inspección a tiempo de elaborar el acta de infracción en contra de la Sra. Brígida Quispe Gutiérrez.
En este sentido, la nulidad dispuesta por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, es correcta, primero por existir contradicción respecto al lugar donde se llevó a cabo la inspección y segundo, porque no consideró que el NIT de la recurrente se encontraba inactivo, como se fundamentó ut supra.
En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida de ejercer el control judicial de legalidad, concluye que la autoridad demandada, no incurrió en ninguna conculcación de normas legales a tiempo de pronunciar la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0133/2010 de 23 de abril de 2010.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 24 a 27, interpuesta por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene subsistente y con total validez la Resolución del Recuso Jerárquico AGIT-RJ 0133/2010 de 23 de abril de 2010.

References: Resolución 
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 artículo 10
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 artículo 65
 artículo 4
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