Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23860
Timestamp: 2019-11-22 02:59:32+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 41/2014
SENTENCIA 41/2014, de 24 de marzo
ECLI:ES:TC:2014:41
1. . Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 15 de junio de 2010, doña Rosalía Rosiqué Samper, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Ricardo Alonso Prieto y doña María del Carmen Hidalgo Tovar, interpuso recurso de amparo contra las resoluciones y disposiciones normativas citadas en el encabezamiento.
2. Los hechos que originan la demanda de amparo son los siguientes:
a) El 20 de febrero de 2008 don Ricardo Alonso Prieto solicitó de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León se le reconociera el derecho a la objeción de conciencia frente a la materia Educación para la ciudadanía, de modo que su hija menor de edad no cursara la citada asignatura, por implicar una formación moral contradictoria con sus convicciones. Se amparaba para ello en los arts. 16.1 y 27.3 CE.
b) La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León dictó orden de 28 de julio de 2008 por la que denegó la solicitud de reconocimiento de la objeción de conciencia, estimando que el art. 16.1 CE no es suficiente para eximir a los ciudadanos, por motivos de conciencia, del cumplimiento de deberes legalmente establecidos, resultando que la disciplina de Educación para la ciudadanía es una materia que el Estado configura como obligatoria y evaluable para toda clase de centros educativos, sean públicos, concertados o privados, y que Castilla y León, de acuerdo con la Constitución y su Estatuto de Autonomía, no puede eximir de la asignatura ni de su carácter obligatorio.
c) Frente a dicha orden se interpuso recurso potestativo de reposición ante la misma Consejería, que no recibió resolución expresa.
d) Los recurrentes en amparo interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 28 de julio de 2008 de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León anteriormente citada, deduciéndose la correspondiente demanda. Solicitaban que se anulara y dejase sin efecto la resolución recurrida; que se reconociera su derecho a ejercer objeción de conciencia frente a la materia controvertida y que se declarase a su hija exenta de cursarla, de asistir a sus clases y de ser evaluada, sin que ello tuviera consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso u obtener los títulos académicos correspondientes.
e) La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó Sentencia de 1 de octubre de 2009, declarando la nulidad radical del acto impugnado, por vulneración de los arts. 16.1 y 27.3 CE, dejándolo sin efecto jurídico alguno y reconociendo el derecho de la parte actora a que su hija fuera exonerada de cursar las asignaturas litigiosas, sin que dicha dispensa pudiera tener consecuencias negativas a la hora de promocionar de curso o titularse.
“El establecimiento de la controvertida asignatura ha motivado solicitudes y resoluciones administrativas dispares en su forma pero similares en su fondo. Así, han tenido entrada en esta Sala de lo Contencioso-Administrativo múltiples recursos dirigidos unos contra resoluciones del Consejero de Educación por las que deniega la solicitud de objeción de conciencia para cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía; otros contra resoluciones del mismo Consejero por las que inadmite por falta de objeto la solicitud presentada sobre objeción de conciencia para cursar las asignaturas de ‘Educación para la Ciudadanía’ (al no cursar ese año la asignatura el hijo o la hija del solicitante); y otros donde, a causa de ser varios los hijos, las resoluciones han sido en uno u otro sentido, según los casos. Sin embargo, habida cuenta que en el fondo subyace siempre el mismo debate, es decir, el reclamado derecho de objeción frente a la asignatura, en relación con aquellos supuestos en que tanto la Junta de Castilla y León como la Administración General del Estado plantean la manifiesta falta de objeto que debería determinar la inadmisión del recurso sobre la base de que se pretende una condena de futuro puesto que —en determinados casos— los hijos de la parte actora al tiempo de la solicitud no están cursando la asignatura, cabe señalar que dicho alegato ha de correr suerte desestimatoria.
La lesión de derechos y libertades fundamentales alegada por los actores se produce desde el momento en que, por virtud de la LOE, los reglamentos dictados en su desarrollo, dando contenido a las nuevas asignaturas creadas por dicha ley, imponen la obligatoriedad de cursarlas precisamente con dichos contenidos reglamentarios. Es decir, en ese grupo normativo constituido por la LOE y los reglamentos de desarrollo, la función de la LOE, en lo que aquí interesa, fue crear, enunciar y anunciar la nueva asignatura que denominó Educación para la Ciudadanía; pero tras la promulgación de la LOE y antes de que los reglamentos vinieran a llenar de contenidos tal asignatura, listos para ser transmitidos a los alumnos, no cabía hablar de obligatoriedad y deber de cursar unas concretas asignaturas de Educación para la Ciudadanía, y es que como dichos reglamentos son disposiciones generales de las que no precisan de actos especiales de aplicación, es a partir de la entrada en vigor de los mismos cuando surge la obligación de cursar tales asignaturas, ya determinadas en sus contenidos, y ese es el momento en que para los demandantes se produce la lesión a los derechos y libertades fundamentales que invocan. Sólo a partir de entonces pudieron los actores formular la objeción de conciencia correspondiente, provocando así una actuación administrativa singular recurrible ante los tribunales al no conseguir la exención solicitada porque la Administración educativa autonómica se la desestimó, y se la desestimó precisamente en aplicación de referido grupo normativo.”
“En definitiva, la intensa carga ética, moral e ideológica de la asignatura discutida, que emplea conceptos difusos e indeterminados pero con virtualidad bastante como para propiciar y producir el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación y ello con arreglo a unos autocalificados valores éticos comunes tributarios de una voluntarista labor de identificación y concreción —que, por incierta, cuestiona su invocado generalizado consenso— que en cualquier caso los padres recurrentes no comparten; su carácter obligatorio, concentrado y vertical, superando la transversalidad multidisciplinaria hasta ahora imperante; el confesado propósito de reconstrucción de valores en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores —conciencias, sentimientos, relaciones interpersonales y emociones afectivo sexuales—, que serán evaluados en tal sentido; la indiscutible seriedad en el planteamiento del conflicto por los recurrentes, se compartan o no sus. razones; y aún las significativas reservas y advertencias del Pleno del Tribunal Supremo respecto de proyectos educativos, libros de texto y explicaciones, con continuas llamadas a la más rigurosa y exquisita objetividad, prudente distanciamiento, neutralidad, respeto al pluralismo y exposición crítica de la materia a fin de evitar el deslizamiento hacia el adoctrinamiento, proselitismo o captación de voluntades de los alumnos en relación con cuestiones morales controvertidas sobre las que no exista un generalizado consenso en la sociedad española —reservas y advertencias por sí solas expresivas de la realidad y gravedad del conflicto, en modo alguno artificioso—, son razones todas ellas, no valoradas aisladamente sino en conjunto, más allá del mayor o menor acierto de la concreta terminología utilizada, las que llevan a esta Sala a apreciar el riesgo exorbitante, que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos, lo que les hace acreedores del derecho a que éstos se vean dispensados ex artículo 27.3 CE de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos.”
f) Contra el referido pronunciamiento judicial se presentó recurso de casación por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, resuelto por Sentencia de 6 de mayo de 2010 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal estima el recurso, anula la resolución judicial impugnada y confirma la validez de la Orden del Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, de 28 de julio de 2008.
3. Los demandantes de amparo denuncian que la configuración normativa de la materia de Educación para la ciudadanía transmite unas enseñanzas que vulneran su libertad ideológica y religiosa y contradicen la formación moral elegida para sus hijos (arts. 16.1 y 27.3 CE), de modo que, para que éstos puedan ser educados conforme a sus convicciones morales, debe reconocerse el derecho a la objeción de conciencia que reclaman frente a la obligación de cursar dicha disciplina.
A su juicio, el Tribunal Supremo no entró en el fondo de la cuestión planteada en el proceso, sino que se limitó a remitirse a lo ya resuelto en sus Sentencias de 11 de febrero de 2009 (recursos de casación núms. 905-2008, 948-2008, 949-2008 y 1013-2008), considerando que el recurso objeto de las presentes actuaciones estaba planteado en términos sustancialmente idénticos. Sin embargo, aquellos pronunciamientos del Alto Tribunal (que según los recurrentes parten de una aproximación propia del positivismo legalista, según la cual sólo podría reconocerse el derecho a la objeción a través de la interpositio legislatoris) declararon también, no obstante, que no cabe excluir de raíz que, en circunstancias verdaderamente excepcionales, pueda entenderse que de la Constitución nace tácitamente un derecho a quedar eximido del cumplimiento de algún deber jurídico válido (fundamento jurídico 8 de la Sentencia dictada en el recurso de casación núm. 905/2008, y fundamento jurídico 7 de las Sentencias dictadas en los recursos núms. 1013/2008, 948/2008 y 949/2008). Conforme a dicha lógica, el Tribunal Supremo tendría que haber analizado el caso concreto que se sometía a su consideración, para constatar si concurrían o no dichas circunstancias excepcionales; cosa que no hizo.
Más allá de lo anterior, desde un punto de vista de fondo, la demanda de amparo resalta el conflicto que para su conciencia suponen los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la normativa reglamentaria, reguladora de la educación para la ciudadanía, enunciando las razones por las que se vulnerarían sus convicciones morales y religiosas, y aludiendo asimismo a la necesidad del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia para lograr la dispensa para su hija menor, ex arts. 16.1 y 27.3 CE.
4. Mediante providencia de 20 de octubre de 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de amparo de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y, en aplicación de lo prevenido por el art. 51 de la misma norma, dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales que intervinieron en el proceso para que remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones judiciales, con la práctica de los emplazamientos correspondientes de quienes fueron parte en el procedimiento.
5. Con fecha 25 de octubre de 2010 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Abogado del Estado, en la representación que ostenta, solicitando se le tuviera por personado en el recurso. El día 24 de noviembre de 2010 hizo lo propio el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con idéntico propósito.
6. El Secretario de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, mediante diligencia de ordenación de 30 de noviembre de 2010, acordó tener por personados y parte en el procedimiento, en la representación que ostentan, al Abogado del Estado y al Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, confiriendo a las partes personadas y al Ministerio Fiscal un plazo común de veinte días para que pudieran formular alegaciones.
7. La representación de los recurrentes en amparo presentó su escrito con fecha 16 de diciembre de 2010, dando por reproducidas las que formuló en su demanda.
8. Evacuó el trámite el Abogado del Estado por escrito registrado el día 27 de diciembre de 2010. Señala, en primer lugar, que los demandantes de amparo no se conforman con pretender la invalidación de la Orden del Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, de 28 de julio de 2008, y de la STS de 6 de mayo de 2010, recurso de casación 6268-2009, sino que piden también “la de los preceptos de los Reales Decretos 1513/2006, 1631/2006 y 1467/2007, por los que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación para la Ciudadanía en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato respectivamente”. La invalidación de disposiciones reglamentarias como pretensión de amparo constitucional —dice— goza de sólido anclaje en el texto del art. 43.1 LOTC, pero a tal fin es necesario demostrar que la violación del derecho fundamental es atribuible en su raíz a la disposición reglamentaria cuya nulidad se pretende, lo que no sucede en el presente caso en el que la demanda, de manera indeterminada, pide que se declaren nulos todos los preceptos de tres extensos reales decretos. Por esa razón, dicha pretensión debería ser inadmitida.
Entrando en el fondo del asunto, subraya su escrito que, aun siendo cierto que la libertad ideológica —religiosa o secular— supone inmunidad de coacción estatal y ampara un cierto agere licere o derecho a conducirse de acuerdo con los dictados de la propia conciencia, de las propias convicciones o creencias, tal libertad no faculta para dejar el cumplimiento de los deberes impuestos por una norma jurídica al albur de un juicio privado que se pretende basado en las propias convicciones. Antes al contrario, el art. 16.1 CE establece el mantenimiento del orden público “protegido por la Ley” como límite del agere licere ideológico o de conciencia, sin que quepa imaginar mayor inducción al más completo desorden público que dejar al real o pretendido criterio ideológico de sus destinatarios el cumplimiento de los deberes impuestos por la norma jurídica dictada por el legislador democrático. Si fuera de ese modo, se disolvería la sujeción al Derecho impuesta por el art. 9.1 CE.
9. El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones mediante escrito registrado el día 4 de febrero de 2011. Tras un exhaustivo examen de las normas nacionales y supranacionales reguladoras de la materia, así como de la jurisprudencia de este Tribunal en las cuestiones que estima concernidas, resalta que el recurso de amparo censura al Tribunal Supremo la falta de respuesta a todas las cuestiones planteadas. Bajo esas circunstancias, a su juicio, si la parte demandante entendía que la Sentencia recurrida incurrió en tal incongruencia omisiva, antes de dirigirse a este Tribunal debió hacer uso del cauce previsto en el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respetando el carácter subsidiario del recurso de amparo; remedio procesal que sin embargo fue omitido.
Enjuiciando la cuestión de fondo, aprecia que frente a los derechos alegados aparecen como posibles límites otros derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionales: el derecho a la educación, ex art. 27.1 CE; la potestad-deber de los poderes públicos de garantizar la educación, ex art. 27.5 CE; el interés superior del menor que debe ser el principio rector y orientador de su educación (ex art. 3.1 de la Convención de derechos del niño de 1989); el objetivo de la educación, esto es, el libre desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, ex art. 27.2 CE, y, por último, el límite del orden público, ex art. 16.1 CE. No sería posible admitir, por tanto, que convicciones religiosas o morales propias de cada persona condicionen una opción educativa que aspira a la formación de ciudadanos en valores que son compartidos por las sociedades democráticas, y que procura la transmisión de conocimientos e informaciones y su aprendizaje; en concreto: que los alumnos conozcan y aprecien los valores y las normas de convivencia; aprendan a obrar de acuerdo con ellas; se preparen para el ejercicio activo de la ciudadanía democrática y el respeto a los derechos humanos, del pluralismo propio de una sociedad democrática, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación, analizando y valorando críticamente las desigualdades existentes e impulsando la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad; fomentando la resolución pacífica de conflictos, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, el ejercicio en el diálogo, la adquisición de una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución así como por los derechos humanos, o la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
10. Por diligencia de 17 de mayo de 2011 se hace constar que no se recibió escrito de alegaciones en el plazo conferido al Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
11. Por Auto de fecha de 19 de marzo de 2014, la Sala acordó estimar la causa de abstención formulada por don Juan José González Rivas en el presente recurso de amparo, apartándole definitivamente del conocimiento del mismo.
12. Por providencia de 20 de marzo de 2014, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 24 del mismo mes y año.
1. Es objeto del presente recurso de amparo la Sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo recaída en el recurso de casación núm. 6268-2009, de 6 de mayo de 2010, por la que se anula la previamente dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), de 1 de octubre de 2009, en el recurso núm. 2352-2008. Del mismo modo, los recurrentes solicitan la tutela propia de los arts. 16.1 y 27.3 CE frente a la Orden del Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León de 28 de julio de 2008, confirmada por la primera Sentencia citada, e indirectamente contra los preceptos de las normas reglamentarias por las que se establecen las enseñanzas mínimas de educación para la ciudadanía (Reales Decretos 1513/2006, de 7 de diciembre, 1631/2006, de 29 de diciembre, y 1467/2007, de 2 de noviembre).
2. Como hiciéramos en la reciente STC 28/2014, de 24 de febrero de 2014, procede comenzar por el examen de la legitimación de los recurrentes, por cuanto la eventual apreciación de un óbice procesal de ese carácter habría de conducir necesariamente a la inadmisión del recurso.
3. Constituye doctrina reiterada de este Tribunal, a partir de una lectura sistemática e integradora de los arts. 161.1 b) CE y 46.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que para que concurra legitimación activa no es suficiente con haber sido parte en los distintos procedimientos que conforman la vía previa al amparo constitucional (SSTC 257/1988, de 22 de diciembre, FJ 3; 47/1990, de 22 de marzo, FJ 2; 92/1997, de 8 de mayo, FJ 1; 84/2000, de 27 de marzo, FJ 1; y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 1), sino que es preciso que el demandante acredite un interés legítimo en el asunto que ha de ventilarse, sin que pueda confundirse dicho interés con un “interés genérico en la preservación de derechos”; debiendo ser, por el contrario, un “interés cualificado y específico” en la preservación de los derechos fundamentales cuya tutela se impetra (SSTC 148/1993, de 29 de abril, FJ 2; y 144/2000, de 29 de mayo, FJ 5).
4. Sin perjuicio de ello, y aunque lo expuesto resulta de por sí concluyente para despejar el signo del pronunciamiento constitucional, convendrá declarar la concurrencia de otro óbice procesal, que produce un idéntico resultado de inadmisión del recurso, como cabalmente resalta el Ministerio Fiscal al referirse a la falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1 a) LOTC].
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4915-2010
Fecha de resolución 24/03/2014
Promovido por don Ricardo Alonso Prieto y doña María del Carmen Hidalgo Tovar en relación con las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que desestimaron su recurso sobre reconocimiento de objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Se inadmite el recurso de amparo por la falta de agotamiento de la vía judicial previa. La Sentencia declara que los recurrentes debieron promover el incidente de nulidad de actuaciones al apreciar que la resolución judicial impugnada incurría en incongruencia. Además, la Sentencia, reiterando el criterio de la STC 28/2014, sostiene que no existe legitimación activa ya que no se acredita un interés legítimo porque la menor no era destinataria de la asignatura en el momento de la solicitud de objeción. Por lo tanto, se denunciaron lesiones eventuales o futuras de derechos fundamentales.
Ha de procederse a la inadmisión del recurso de amparo por falta de legitimación de la parte recurrente, ya que, al no ser la menor destinataria de la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos en el momento de la solicitud de objeción, en tanto que aún no le correspondía cursar la misma, no concurre el interés legítimo, denunciándose lesiones eventuales o futuras de los derechos fundamentales (STC 28/2014) [FJ 3].
Para que concurra legitimación activa no es suficiente con haber sido parte en los distintos procedimientos que conforman la vía previa al amparo constitucional, sino que es preciso que el demandante acredite un interés legítimo en el asunto que ha de ventilarse, sin que pueda confundirse dicho interés con un interés genérico en la preservación de derechos; debiendo ser, por el contrario, un interés cualificado y específico en la preservación de los derechos fundamentales cuya tutela se impetra (SSTC 257/1988, 158/2002) [FJ 3].
Los demandantes de amparo, considerando que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo incurría en incongruencia, debieron acudir al incidente de nulidad de actuaciones, puesto que podría haber dado lugar a la reparación de dicha lesión, y con ella, por quedar íntimamente conectada, de la pretendida vulneración que invocan en cuanto a la resolución del fondo del asunto (STC 9/2014) [FJ 4].
Este Tribunal ha venido incluyendo, entre los recursos y remedios procesales exigibles para cumplir el requisito de agotamiento de la vía judicial previa, ex art. 44.1 a) LOTC, el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ que, desde la modificación operada por la Ley Orgánica 19/2003, constituye un remedio destinado a reparar los defectos de la resolución no recurrible que originen cualquier vulneración de un derecho fundamental, entre ellos, la incongruencia omisiva en que puedan incurrir las resoluciones judiciales (STC 9/2014) [FJ 4].
Artículo 241 (redactado por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), f. 4
Decreto de la Junta de Castilla y León 52/2007, de 17 de mayo. Establece el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. Establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas
Inadmisión de recurso de amparoInadmisión de recurso de amparo, ff. 3, 4
Inadmisión de recurso de amparo por sentenciaInadmisión de recurso de amparo por sentencia, ff. 3, 4
Interés legítimo en el recurso de amparoInterés legítimo en el recurso de amparo, ff. 2, 3
Legitimación activa en el recurso de amparoLegitimación activa en el recurso de amparo, ff. 2, 3
Legitimación por ser parte en el proceso previoLegitimación por ser parte en el proceso previo, ff. 2, 3
Lesión efectiva del derecho fundamentalLesión efectiva del derecho fundamental, ff. 2,3
Lesión hipotética del derecho fundamentalLesión hipotética del derecho fundamental, ff. 2, 3
Objeción de concienciaObjeción de conciencia, f. 2
Educación secundaria obligatoriaEducación secundaria obligatoria, ff. 2, 3

References: resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 27
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 241

Real Decreto