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Timestamp: 2017-04-28 02:29:31+00:00

Document:
Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal General de los tributos y demás ingresos de derecho público encomendados al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife
Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal General de los tributos y demás ingresos de derecho público encomendados al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal General de los tributos y demás ingresos de derecho público encomendados al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife Mis Leyes
Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal General de los tributos y demás ingresos de derecho público encomendados al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife Nº de Disposición	:
BOP-TENERIFE 45	Fecha Disposición	:
08/03/2010	Fecha Publicación	:
08/03/2010	Órgano Emisor	:
CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLADE TENERIFE	Título I. Normas tributarias de carácter general. Artículo 1. Carácter de la ordenanza. Artículo 2. Ámbito territorial de aplicación. Título II. La relación jurídicotributaria. Capítulo I. Los obligados tributarios. Artículo 3. Domicilio fiscal. Capítulo II. La deuda tributaria. Sección 1ª El pago. Artículo 4. Legitimación, lugar de pago y forma de pago. Artículo 5. Medios y momento del pago en efectivo. Artículo 6. Pago mediante cheque. Artículo 7. Pago mediante tarjeta de crédito y débito. Artículo 8. Pago mediante transferencia bancaria. Artículo 9. Pago mediante cargo en cuenta y domiciliación bancaria. Artículo 10. Pago mediante giro postal. Artículo 11. Justificantes y certificaciones de pago. Sección 2ª Otras formas de extinción de la deuda tributaria. Artículo 12. Compensación. Artículo 13. Compensación de oficio de deudas. Artículo 14. Compensación a instancia del obligado al pago. Artículo 15. Baja provisional por insolvencia y prescripción de las deudas. Artículo 16. Derechos económicos de baja cuantía. Capítulo III. Aplazamiento y fraccionamiento de deudas. Artículo 17. Ámbito y competencia. Artículo 18. Solicitudes. Artículo 19. Garantías. Artículo 20. Tramitación. Artículo 21. Criterios de concesión. Artículo 22. Intereses por aplazamiento o fraccionamiento. Artículo 23. Efectos de la falta de pago. Título III. La aplicación de los tributos. Capítulo I. Normas comunes a las actuaciones y procedimientos tributarios. Artículo 24. Notificaciones en materia tributaria. Artículo 25. Notificación por comparecencia. Capítulo II. Gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Sección 1ª- Beneficios fiscales: criterios generales. Artículo 26. Compatibilidad. Artículo 27. Identificación del inmueble. Artículo 28. Interés legítimo. Artículo 29. Cotejo de documentación. Sección 2ª.- Bonificaciones de carácter potestativo. Artículo 30. Carácter rogado. Artículo 31. Efectividad. Artículo 32. Plazo de solicitud. Artículo 33. Potestad de comprobación. Artículo 34. Conceptos. Sección 3ª - Documentación requerida para la concesión de determinadas bonificaciones. Artículo 35. Documentación específica. Artículo 36. Bonificación por obras de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria. Artículo 37. Bonificación a las Viviendas de Protección Oficial. Artículo 38. Bonificación a los titulares de Familia Numerosa. -Título oficial vigente que acredite la condición de familia numerosa. -Certificado de empadronamiento o de convivencia que acredite que todos los miembros de la familia que constan en el título de familia numerosa están empadronados en el domicilio familiar. Artículo 39. Bonificación a las viviendas con instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. Capítulo III. Recaudación. Sección 1ª Recaudación en período voluntario. Artículo 40. Iniciación y terminación. Sección 2ª Recaudación en período ejecutivo. Artículo 41. Iniciación y terminación. Artículo 42. Embargo de bienes y derechos en el procedimiento de apremio. Artículo 43. Interés de demora del período ejecutivo. Artículo 44. Costas. Artículo 46. Anuncio de subasta. Título IV. Revisión de los actos de aplicación de los tributos y demás ingresos de Derecho Público. Capítulo I. Recurso de reposición. Artículo 47. Ámbito de aplicación. Artículo 48. Competencia para resolver. Artículo 49. Suspensión del acto impugnado. Artículo 50. Intereses de demora derivados de procedimientos de revisión. Artículo 51. Devoluciones de ingresos derivados de actos de aplicación de los tributos y demás ingresos de derecho público.
Habiendo transcurrido 30 días hábiles desde la exposición al público de la Ordenanza Fiscal General de los tributos y demás ingresos de derecho público encomendados al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 255, de 30 de diciembre de 2009, y no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencia alguna, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el presente se hace público que ha quedado definitivamente aprobada dicha Ordenanza, cuyo texto íntegro es el siguiente:
Ordenanza Fiscal General de los Tributos y demás Ingresos de Derecho Público encomendados al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.
Título I. Normas tributarias de carácter general. Artículo 1. Carácter de la ordenanza.
1. La presente ordenanza se aprueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en desarrollo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, e igualmente en desarrollo del apartado e) del artículo 7 y Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y de las demás normas concordantes.
2. Contiene las normas aplicables al ejercicio de las competencias del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife en las materias de gestión, liquidación, recaudación y revisión de los actos de aplicación de tributos e ingresos de derecho público, en cuanto estas funciones se ejerzan por encomienda o delegación de las entidades que lo integran.
3.Enlo no previsto en esta Ordenanza, se atenderá a la regulación establecida en los reglamentos generales de desarrollo de la Ley General Tributaria.
Esta ordenanza será de aplicación en todo el territorio insular de Tenerife.
Título II. La relación jurídicotributaria. Capítulo I. Los obligados tributarios.
1. El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria:
a) Para las personas físicas, es el lugar donde tengan su residencia habitual. No obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, la Administración tributaria municipal podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen las actividades económicas.
b) Para las personas jurídicas y las entidades a las que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la Ley General Tributaria, es su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección.
2. Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria, mediante declaración expresa a tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efecto frente a la misma, hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación. La Administración podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios.
Los obligados tributarios que residan fuera del territorio insular,paracuanto se refiere a sus relaciones con el Consorcio de Tributos, vendrán obligados adesignar un representante con domicilio en el territorio de la isla de Tenerife.
3. El incumplimiento de la obligación establecida en el número anterior constituirá infracción leve.
Capítulo II. La deuda tributaria. Sección 1ª El pago.
Artículo 4. Legitimación, lugar de pago y forma de pago.
1. Cualquier persona puede efectuar el pago, salvo que al órgano competente para la recaudación le conste con carácter previo y de forma fehaciente la oposición del deudor.
La oposición del deudor no surtirá efectos respecto de cualquier persona obligada a realizar el ingreso en virtud de una disposición legal o reglamentaria.
El tercero que pague la deuda no estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que corresponden al obligado al pago. Sin embargo, podrá ejercitar los derechos que deriven a su favor exclusivamente del acto del pago, en especial, las acciones civiles pertinentes. Se exceptúa de este supuesto, aquellos terceros que hubieran abonado indebidamente deudas a través de domiciliación por error de la Administración Tributaria.
2. Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor indebido.
Artículo 5. Medios y momento del pago en efectivo.
Asimismo se podrá realizar por alguno de los siguientes medios, con los requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establecen en la presente ordenanza y siguiendo los procedimientos que se dispongan en cada caso:
d) Domiciliación bancaria y cargo en cuenta.
f) Cualesquiera otros que se autoricen expresamente por la Presidencia, previo informe de la Tesorería General.
2. El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que autorice su propia normativa. Si no se hubiera dispuesto regla especial, el pago deberá realizarse por los medios citados en el apartado anterior.
3. Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las cajas de las oficinas del Consorcio, entidades colaboradoras o entidades que, en su caso, presten el servicio de caja o demás personas o entidades autorizadas para recibir el pago. Los ingresos se realizarán de lunes a viernes excepto los días no laborables. Los plazos cuyos vencimientos coincidan con un sábado quedan trasladados a primer día hábil siguiente.
4. No obstante, cuando el pago se realice a través de entidades de depósito u otras personas autorizadas, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a éste desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él, quedando obligada la entidad o intermediario financiero frente al Consorcio de Tributos desde ese momento ypor dicho importe, salvo que pudiera probarse fehacientemente la inexactitud de la fecha o el importe que conste en la validación del justificante.
5. Las órdenes de pago dadas por el deudor a las entidades de depósito y otras personas autorizadas para recibir el pago no surtirán por sí solas efectos liberatorios, sin perjuicio de las acciones que correspondan al ordenante frente a la entidad o persona responsable del incumplimiento.
6. En los casos en que un deudor, por una deuda en período ejecutivo, realice un ingreso en la Tesorería del ente acreedor, el mismo no tendrá efectos liberatorios frente al Consorcio de Tributos hasta su contabilización por el mismo, sin perjuicio de la consideración de la fecha del ingreso a los efectos del cálculo de recargos e intereses. La previsión de este apartado alcanzará sólo a los recursos en los que el Consorcio de Tributos no realice la recaudación voluntaria.
7. La Presidencia, previo informe de la Tesorería, regulará los requisitos y condiciones para que el pago pueda efectuarse utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos.
Artículo 6. Pago mediante cheque.
1. Los pagos que deban efectuarse en las cajas consorciales podrán hacerse mediante cheque, que deberá reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes:
a) Ser nominativo a favor del Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.
b) Yasea bancario o de cuenta corriente, estar debidamente conformado o certificado por la entidad de crédito, en fecha y forma.
c) El nombre o razón social del librador, que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
2. La entrega del cheque liberará al obligado al pago por el importe satisfecho, que podrá contraerse a uno o varios débitos para su pago de forma simultánea, cuando sea hecho efectivo. En tal caso, surtirá efectos desde la fecha en que haya tenido entrada en la caja correspondiente. Excepcionalmente, ante la recepción por correo de un cheque que reúna los requisitos a) y c) anteriores se atenderá a la gestión de su cobro, no surtiendo efectos liberatorios hasta que se haga efectivo.
Artículo 7. Pago mediante tarjeta de crédito y débito.
1. Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito, a través de los medios de las entidades que presten el servicio de caja por TPV, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, A tal fin, sean admitidas por el Consorcio de Tributos.
2. El límite de los pagos a realizar vendrá determinado por el asignado por la entidad emisora individualmente a cada tarjeta y que, en ningún caso, podrá superar la cantidad que se establezca por la Tesorería General por cada documento de ingreso, no pudiendo simultanearse, para un mismo documento de ingreso, con cualquier otro de los medios de pago admitidos.
4. La eficacia liberatoria del pago mediante tarjeta de crédito o débito quedará condicionada a la efectiva entrada del importe en la cuenta restringida de ingresos mediante TPV. En tal caso, surtirá efectos desde la fecha en que se haya ejecutado la operación.
Artículo 8. Pago mediante transferencia bancaria.
1. Será admisible el pago mediante transferencia bancaria a alguna de las cuentas corrientes restringidas de ingreso únicamente en aquellos supuestos en que así se le comunique al obligado al pago por la unidad recaudatoria competente.
2. El mandato de la transferencia será por importe igual al de la deuda; habrá de expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso corresponda, y contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y haya de aplicarse a varios conceptos.
3. Simultáneamente al mandato de transferencia el ordenante pondrá en conocimiento de la unidad recaudatoria competente la fecha, importe y la Entidad financiera receptora de la transferencia, así como el concepto o conceptos tributarios a que corresponde.
4. Se considerará momento del pago la fecha en que haya tenido entrada el importe correspondiente en cuentas corrientes, quedando liberado desde ese momento el obligado al pago.
Artículo 9. Pago mediante cargo en cuenta y domiciliación bancaria.
1.Elpagomediante cargo en cuenta y domiciliación bancaria se realizará en los supuestos y con los requisitos regulados en este artículo.
2. En el supuesto de aplazamientos, fraccionamientos y otros ingresos distintos de los de vencimiento periódico y notificación colectiva, el cargo en cuenta o domiciliación bancaria deberá ajustarse alos siguientes requisitos:
a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad de depósito.
b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación al Consorcio de Tributos, a través de los medios establecidos.
c)Enlos casos de liquidaciones de notificación individual e ingreso directo, que tal forma de pago se encuentra autorizada previamente para el correspondiente concepto y así conste en la notificación.
3. El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrá realizarse mediante domiciliación en entidades de depósito, ajustándose alas condiciones que se detallan a continuación:
a) Solicitud dirigida al Consorcio de Tributos, que establecerá los requisitos formales de admisión de solicitud, bajo el criterio de máxima simplicidad de trámites para el obligado al pago.
b) Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, pudiéndose anular en cualquier momento. Asimismo podrán ser modificadas mediante traslado a otras cuentas o entidades de depósito, poniéndolo en conocimiento del Consorcio de Tributos dentro del plazo a que se refiere el apartado siguiente.
c) La Tesorería General establecerá, en cada momento, la fecha límite para la admisión de solicitudes de alta y modificación de domiciliación y el período a partir del cual surtirán efecto. En defecto de previsión expresa, las solicitudes de domiciliación, modificación o traslado habrán de realizarse con una antelación mínima de un mes antes del comienzo del plazo de ingreso en período voluntario establecido para el ingreso del tributo de que se trate; las efectuadas con posterioridad a dicho plazo surtirán efecto a partir del período siguiente.
4. Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la entidad de depósito donde se encuentre domiciliado el pago, debiendo recoger los datos identificativos de la deuda correspondiente.
Artículo 10. Pago mediante giro postal.
1. Cuando así se indique en la notificación, los pagos en efectivo de las deudas tributarias que hayan de realizarse en las Cajas consorciales podrán efectuarse mediante giro postal.
2. Los sujetos pasivos consignarán, sucintamente, en el talón para el destinatario que integra el impreso de imposición, los datos referentes al remitente y domicilio, sujeto pasivo, tributo o exacción de que se trate, período impositivo, número de recibo o liquidación, objeto tributario y, en su caso, situación del mismo. Sin perjuicio de lo anterior,al mismo tiempo de imponer el giro, cursarán el ejemplar de la declaración o notificación, según los casos, al Consorcio de Tributos, consignando en dicho ejemplar, la Oficina de correos o estafeta en que se haya impuesto el giro, fecha de imposición y número que aquélla le haya asignado.
3. Los ingresos por este medio se entenderán a todos los efectos realizados en el día en que el giro se haya impuesto.
Artículo 11. Justificantes y certificaciones de pago.
1. El que pague una deuda tendrá derecho a que se le entregue justificante del pago realizado.
El pago de las deudas tributarias solamente se justificará mediante la exhibición del documento que, de los enumerados en el apartado siguiente, proceda.
c) Los resguardos expedidos por las entidades de depósito donde se encuentre domiciliado el pago.
e) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago por el órgano municipal competente.
a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal, si consta, y domicilio del deudor.
5. El deudor podrá solicitar de la Administración certificación acreditativa del pago efectuado quedando ésta obligada a expedirla.
Sección 2ª Otras formas de extinción de la deuda tributaria.
1. Las deudas de derecho público encomendadas al Consorcio de Tributos, tanto en período voluntario o ejecutivo, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos reconocidos a favor del mismo obligado, ya sean derivados de la gestión presupuestaria del propio Consorcio o por devoluciones de ingresos de un ente consorciado.
2. La compensación se acordará de oficio o a instancia del deudor.
Artículo 13. Compensación de oficio de deudas.
1. Cuando un deudor sea, a su vez, acreedor del Consorcio de Tributos por un crédito reconocido, una vez transcurrido el período voluntario se compensará de oficio la deuda y los recargos del período ejecutivo que procedan con el crédito, así como los intereses de demora que procedan.
2. No obstante, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario:
a) Las cantidades a ingresar o a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección.
b) Las cantidades a ingresar o a devolver que resulten de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior.
3. Las deudas a favor del Consorcio o de una Entidad consorciada, en los casos en que el ente deudor fuera otro organismo consorciado, serán compensables una vez vencido el período voluntario de pago, sin que proceda el inicio del procedimiento de apremio. La compensación podrá realizarse con cargo a las liquidaciones mensuales de la recaudación. El inicio del procedimiento de compensación se notificará a la entidad correspondiente indicando la deuda y el crédito que van a ser objeto de compensación en la cantidad concurrente, siendo posible practicar compensaciones sucesivas con los créditos que posteriormente puedan reconocerse a favor del obligado al pago y sin perjuicio de los eventuales acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que pudiera establecerse.
Artículo 14. Compensación a instancia del obligado al pago.
1. El deudor que inste la compensación, tanto en período voluntario de pago como en período ejecutivo, deberá dirigir al Consorcio de Tributos para su tramitación, la correspondiente solicitud que contendrá los siguientes requisitos: a)Nombrey apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Identificación de la deuda cuya compensación se solicita, indicando al menos su importe, concepto y fecha de vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario.
c) Identificación del crédito reconocido por la Hacienda municipal o consorcial a favor del solicitante cuya compensación se ofrece, indicando su importe y concepto. La deuda y el crédito deben corresponder al mismo deudor.
d) Declaración expresa de no haber sido transmitido, cedido o endosado el crédito a otra persona.
2. Ala solicitud de compensación se acompañarán los siguientes documentos:
a) Si la deuda cuya compensación se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, modelo oficial de autoliquidación, debidamente cumplimentado, salvo que el interesado no esté obligado a presentarlo por obrar ya en poder de la Administración, en cuyo caso señalará el día y procedimiento en que lo presentó.
b) Certificado que refleje la existencia del crédito reconocido, pendiente de pago, o justificante de su solicitud, y de la suspensión, a instancia del interesado, de los trámites para su abono en tanto no se comunique la resolución del procedimiento de compensación.
Si el crédito ofrecido en compensación deriva de un ingreso indebido por cualquier tributo, en lugar de la certificación anterior se acompañará copia del acto, resolución o sentencia que lo reconozca.
3. Cuando la solicitud de compensación se presente en período voluntario, si al término de dicho plazo estuviese pendiente de resolución no se iniciará el período ejecutivo por el importe concurrente entre deuda y crédito ofrecido, lo que no impedirá, en su caso, el devengo de los intereses de demora que puedan proceder hasta la fecha de reconocimiento del crédito o, en su caso, hasta la fecha de la resolución denegatoria, y sin perjuicio de los intereses que se devengaran a favor del contribuyente.
4. Si la solicitud se presentó en período voluntario yse dicta resolución denegatoria, dependiendo de que dicha resolución se notifique entre los días 1 y 15 de cada mes o entre el 16 y el último de cada mes, el obligado al pago deberá ingresar la deuda, junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o hasta el 5 del mes siguiente. Transcurrido dicho plazo, si no se produceel ingreso de la deuda y los intereses, se exigirá la cantidad pendiente por el procedimiento de apremio.
Si la compensación se hubiese solicitado en período ejecutivo y se deniega, se continuará el procedimiento de apremio.
5. Las solicitudes de compensación serán comunicadas a los Entes Consorciados a los efectos de que se proceda a suspender el pago del crédito reconocido al deudor.
6. La resolución deberá adoptarse y notificarse en el plazo de seis meses contados desde el día siguiente en que la solicitud tuvo entrada en el registro del órgano administrativo competente para su tramitación.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución, los interesados podrán considerar desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa.
7. La extinción de la deuda se producirá con efectos de la presentación de la solicitud o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si ese momento fuera posterior a dicha presentación. Adoptado el acuerdo de compensación se declararán extinguidaslas deudas y créditos en la cantidad concurrente. Dicho acuerdo será notificado al interesado y servirá como justificante de la extinción de la deuda.
8. La presentación de una solicitud de compensación no impedirá la solicitud de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda restante.
Artículo 15. Baja provisional por insolvencia y prescripción de las deudas.
1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios se declararán provisionalmente extinguidas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. A tal efecto, el Pleno del Consorcio de Tributos establecerá los criterios justificativos de dicha declaración.
La deuda tributaria se extinguirá definitivamente si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera rehabilitado.
2. Anualmente, se instruirá por el Servicio de Tesorería expediente colectivo para declarar la prescripción de todas aquellas deudas prescritas en el año que no hayan sido así declaradas individualmente. Dicho expediente será aprobado por el Presidente del Consorcio de Tributos, previa fiscalización del órgano interventor. 3.Concarácter previo a la declaración de prescripción, en cualquier expediente, será necesario el informe justificativo del jefe de la unidad recaudatoria correspondiente.
1. Se procederá a la anulación y baja en cuentas de aquellas deudas de importe principal inferior a 6 euros, siempre que se trate de deudas en período ejecutivo de al menos dos años de antigüedad, desde el vencimiento del período voluntario de ingreso. Alos efectos del cómputo de la citada cantidad, se tendrán en consideración de manera acumulada todas las deudas de un mismo obligado.
2. Con carácter general, no se practicarán liquidaciones de intereses de demora por importe inferior a 10 euros cuando deban ser notificados individualmente, salvo en los supuestos de suspensión, aplazamiento y fraccionamiento. Alos efectos de la determinación de dicho límite, se acumulará el total de intereses devengados por el sujeto pasivo, aunque se trate de deudas o períodos impositivos distintos, si traen su causa de un mismo expediente.
3. Mediante Resolución de la Tesorería General, previamente fiscalizada por la Intervención General, se podrá acordar la cancelación definitiva de aquellas deudas gestionadas de las que resulte una cantidad pendiente de recaudar inferior a 10 euros en concepto de intereses de demora, siempre que se trate de deudas no acumulables a otros procedimientos contra el mismo obligado.
4. Con carácter general, no se practicarán liquidaciones en concepto de tributos cuya gestión está atribuida al Consorcio de Tributos cuando el importe de las mismas sea inferior a 6 euros.
Capítulo III. Aplazamiento y fraccionamiento de deudas. Artículo 17. Ámbito y competencia.
1. El Consorcio de Tributos podrá a solicitud del obligado aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya gestión recaudatoria tenga encomendada, en los términos previstos en los artículos 65 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. De acuerdo con lo prevenido en el apartado tercero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la regulación que sobre aplazamientos y fraccionamientos de pago se contiene en la presente Ordenanza será, en todo caso, de aplicación preferente a la que sobre los mismos se dispone en el Reglamento General de Recaudación, que sólo será aplicable con carácter supletorio.
3.Correspondea la Tesorería General, con carácter delegable, la competencia para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago, conforme a los criterios generales previstos en el presente capítulo, salvo en el supuesto previsto en el art. 13.3 de la presente Ordenanza, en cuyo caso la competencia corresponderá al Presidente del Organismo.
a) Nombre y apellidos o razón social completa, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del solicitante.
b) Identificación de la deuda o deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita.
c) Referencia a las causas que justifiquen que su situación económico-financiera le impide, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
e) Ofrecimiento de garantía en forma de aval solidario de entidades de crédito o sociedad de garantía recíproca o contrato de seguro de caución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
f) Orden de domiciliación bancaria, indicando el número de cuenta y los datos identificativos de la entidad de crédito que haya de efectuar el cargo en cuenta.
g) Lugar,fechay firma del solicitante.
2. Ala solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar:
-Compromiso expreso e irrevocable de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución, o la documentación que se detalla en el artículo siguiente según el tipo de garantía que se ofrezca.
-En su caso, los documentos que acrediten la representación y el lugar señalado a efectos de notificación.
-Los demás documentos o justificantes relativos a la existencia de dificultades económico-financieras que le impidan de forma transitoria efectuar el pago en el plazo establecido.
3. Las personas físicas y los entes a los que se refiere el art. 35.4 de la Ley General Tributaria acompañarán a la solicitud:
-Cualquier documentación que acredite la renta mensual percibida.
-Última declaración del IRPF o justificación de su no presentación.
4. Las personas jurídicas acompañarán a la solicitud.
-Última declaración del Impuesto sobre Sociedades.
-Balance de situación a fecha de la solicitud, acompañado de justificantes de los saldos bancarios.
-Última cuenta de resultados.
5. La concesión del aplazamiento o fraccionamiento de pago requerirá que el solicitante domicilie el pago de la deuda aplazada o de las sucesivas fracciones.
6. Alos efectos de simplificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo a los usuarios de los servicios sociales municipales, se podrán concertar protocolos normalizados de actuación con los Ayuntamientos.
1. No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas tributarias y demás de Derecho Público, cuando su importe principal no exceda de 6.000 euros y se encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud.
A efectos de la determinación de la cuantía señalada se acumularán en el momento de la solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas. Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del Consorcio de Tributos.
Asimismo, no se exigirá garantía cuando el solicitante sea una Administración pública.
2. Con carácter general, se aceptarán aquellas garantías consistentes en aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o bien, certificado de seguro de caución, siempre que cubra el importe de la deuda y de los intereses que origine el aplazamiento más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas. A efectos de la garantía, dentro del importe de la deuda deberán computarse los intereses de demora que pudieran haberse generado en período ejecutivo, hasta el momento de la solicitud.
3. Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, se aportará, junto a la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento la siguiente documentación:
-Declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de seguro de caución, en la que consten las gestiones efectuadas para su obtención.
-Valoración de los bienes y derechos ofrecidos en garantía efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes. Cuando exista un registro de empresas o profesionales especializados en la valoración de un determinado tipo de bienes, la valoración deberá efectuarse, preferentemente, por una empresa o profesional inscrito en dicho registro.
-Informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad.
4. Cuando se solicite la dispensa total o parcial de garantía, se aportará junto a la solicitud la siguiente documentación:
-Declaración responsable y justificación documental manifestando carecer de otros bienes o derechos o no poseer otros que los ofrecidos en garantía.
-Justificación documental de la imposibilidad de obtener aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, en la que consten las gestiones efectuadas para su obtención.
-Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoria, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad.
-Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.
5. Cuando se haya realizado anotación preventiva de embargo en registro público de bienes de valor suficiente, deducidas las cargas preferentes que recaigan sobre los mismos, se considerará garantizada la deuda y no será necesario aportar nueva garantía. No obstante ello, el obligado podrá solicitar el levantamiento del embargo de dichos bienes si constituye previamente en la Tesorería del Consorcio aval solidario de entidad de crédito en la cuantía señalada anteriormente. Asimismo, tanto para deudas en período voluntario como ejecutivo, el obligado al pago podrá solicitar, a su costa, la adopción de medidas cautelares para constituir la garantía, mediante anotación preventiva del embargo de bienes que le pertenezcan.
6. La garantía deberá aportarse en el plazo de dos meses a partir de la notificación del acuerdo de concesión. Transcurrido este plazo sin formalizar la garantía, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus intereses y recargos correspondientes del período ejecutivo, siempre que haya concluido el período reglamentario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.
1. Presentada la solicitud de aplazamiento, si concurriere algún defecto en la misma o en la documentación aportada, se concederá al interesado un plazo de 10 días para su subsanación con el apercibimiento de que si así no lo hiciere se procederá sin más trámite al archivo de la solicitud, que se tendrá por no presentada, con la consiguiente continuación del procedimiento recaudatorio.
2. Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento yla documentación preceptiva no presentasen defectos u omisiones, o si éstos hubieren sido subsanados en plazo, se procederá, previos los trámites oportunos, a dictar resolución expresa, sin que proceda dictar providencia de apremio, aun cuando haya transcurrido el plazo de pago en período voluntario, hasta tanto no haya sido resuelta la petición. Cuando la solicitud se presente en período ejecutivo, la Administración podrá iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio. No obstante, deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento.
3.Sila resolución del expediente fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario, la notificación al deudor contendrá la advertencia de que la deuda deberá pagarse dentro del plazo que reste de período voluntario. Si hubiera transcurrido el período voluntario, el obligado al pago deberá ingresar la deuda, junto con los intereses devengados en el plazo comprendido desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o hasta el día 5 del mes siguiente, dependiendo de que dicha resolución se notifique entre los días 1 y 15 o entre el 16 y último del mes, respectivamente. Transcurrido el plazo sin que se hubiera realizado el ingreso de la deuda se iniciará el período ejecutivo.
Si se hubiese solicitado en período ejecutivo, se reanudarán las actuaciones por la totalidad del débito no ingresado.
4.Durantela tramitación de la solicitud el deudor deberá efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones propuestos en aquella. El órgano competente para la tramitación de la solicitud, si estima que la resolución pudiera verse demorada como consecuencia de la complejidad del expediente, valorará el establecimiento de un calendario provisional de pagos hasta que la resolución se produzca. Dicho calendario podrá incorporar plazos distintos de los propuestos por el solicitante y lo sustituirá a todos los efectos. En caso de incumplimiento de cualquiera de dichos pagos, ya sean los propuestos por el interesado o los fijados por la Administración en el correspondiente calendario, se podrá denegar la solicitud por concurrir dificultades económico-financieras de carácter estructural.
Artículo 21. Criterios de concesión.
1.- Los criterios generales de concesión de aplazamientos son:
a) Las deudas de importe inferior a 750 euros podrán aplazarse o fraccionarse por un período máximo de 3 meses.
b) El pago de las deudas de importe comprendido entre 750 euros y 1.500 euros puede ser aplazado o fraccionado hasta 6 meses.
c) El pago de las deudas de importe comprendido entre 1.500 euros y 3.000 euros puede ser aplazado ofraccionado hasta 12 meses.
d) Si el importe excede de 3.000 euros, los plazos concedidos pueden extenderse hasta 18 meses.
2.- Sólo excepcionalmente se concederá aplazamiento o fraccionamiento por períodos más largos que los enumerados en el punto anterior,que en ningún caso podrán superar los 3 años. Sin perjuicio de otras consideraciones, se considerarán excepcionales todas las deudas que superen los 100.000 euros.
3.- En ningún caso, se concederán aplazamientos ofraccionamientos de deudas cuyo importe sea inferior a 150 euros.
4.- En el caso de diversas deudas, o bien de la presentación de varias solicitudes, se acumularán a efectos de la aplicación de los umbrales de concesión. En el caso de que el deudor mantenga otras deudas además de las que incluye en la solicitud del aplazamiento o fraccionamiento, y estén en período ejecutivo sin encontrarse suspendidas, no se concederá el solicitado, salvo que opte por la inclusión de las mismas en la solicitud. En los fraccionamientos, las alícuotas del importe y del plazo lo serán por fracciones iguales.
5.- Como regla general, se concederán aplazamientos ofraccionamientos de la deuda, salvo que se encuentre En los supuestos objeto de denegación que figuran en el apartado siguiente, o bien se desprenda inequívocamente de la documentación presentada la ausencia de dificultades transitorias de tesorería.
6.- Salvo circunstancias excepcionales, se denegarán las siguientes solicitudes:
a) Las de reconsideración de aplazamientos o fraccionamientos resueltos según los presentes criterios yque no están debidamente fundadas teniendo como única finalidad demorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
b) Las presentadas por los obligados que hayan incumplido reiteradamente aplazamientos o fraccionamientos concedidos o no hayan formalizado las garantías correspondientes.
c) Las de fraccionamientos o aplazamientos de deudas que sean objeto de compensación.
d) Las deudas que se encuentren en período ejecutivo en cualquier momento posterior al de la notificación del acto administrativo por el que se acuerde la enajenación de los bienes embargados.
Artículo 22. Intereses por aplazamiento o fraccionamiento.
1.- Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido, en su caso, el recargo del período ejecutivo aplicable, devengarán el interés de demora a que refieren los artículos 26.6 de la Ley General Tributaria y 17 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no tributarias, respectivamente.
2.- En la aplicación del punto 1, se tendrán en cuenta estas reglas:
a) En caso de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período voluntario y hasta el término del plazo concedido.
b) En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción. En caso que el fraccionamiento oaplazamiento sea superior al año y, por tanto, se desconozca el tipo de interés aplicable, se calculará éste en base al tipo vigente y posteriormente se regularizará si se hubiera modificado el tipo de interés aplicable. En las domiciliaciones bancarias, el cargo de cada fracción se efectuará por el importe exacto, resultante de aplicar el tipo de interés vigente en el ejercicio de vencimiento de la fracción, sin necesidad de notificación expresa al contribuyente.
3.-Si llegado el vencimiento de la deuda aplazada ofraccionada, no se realizara el pago, se anulará la liquidación de intereses de demora, la cual se practicará en el momento del pago tomando como base de cálculo el principal.
Artículo 23. Efectos de la falta de pago.
1. En los aplazamientos solicitados en período voluntario, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectuara el pago se iniciará el período ejecutivo que incluirá la deuda aplazada, los intereses devengados y el recargo del período ejecutivo correspondiente. En los aplazamientos solicitados en período ejecutivo, se procederá, en su caso, a ejecutar la garantía, o, en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta se seguirá el procedimiento de apremio para la realización del débito pendiente.
2. En los fraccionamientos solicitados en período voluntario, si llegado el vencimiento de cualquiera de los plazos no se efectuara el pago se considerarán también vencidas las fracciones pendientes, iniciándose el período ejecutivo para el cobro de la totalidad de la deuda fraccionada no satisfecha y sus intereses devengados hasta la fecha de vencimiento del plazo incumplido, con el recargo del período ejecutivo que corresponda. Si el fraccionamiento fue solicitado en período ejecutivo, del mismo modo, se consideran vencidas anticipadamente las fracciones pendientes procediéndose conforme lo dispuesto en el apartado anterior.
Título III. La aplicación de los tributos. Capítulo I. Normas comunes a las actuaciones y procedimientos tributarios.
Artículo 24. Notificaciones en materia tributaria.
El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales, con las especialidades establecidas en la Ley General Tributaria y en las demás normas reguladoras de los tributos en el ámbito local.
Artículo 25. Notificación por comparecencia.
1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante, por causas no imputables a la Administración e intentada, al menos, dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.
En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicha publicación se efectuará los días 5y20 de cada mes o, en su caso, el día inmediato hábil posterior.
Estos anuncios podrán exponerse asimismo en los lugares destinados al efecto en los Ayuntamientos o entidades titulares de la deuda.
La Administración tributaria podrá llevar a cabo los anteriores anuncios mediante el empleo y utilización de los medios informáticos, electrónicos y telemáticos en los términos que se prevean.
2. En la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia se hará constar la relación codificada de actos pendientes de notificación, con indicación del obligado al pago o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas, deberá comparecer para ser notificado.
En todo caso, la comparecencia deberá tener lugar en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo, salvo las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de bienes embargados, que deberán ser notificados con arreglo a lo establecido en esta sección. No obstante ello, anualmente se publicará una relación de procedimientos ejecutivos en los que se contenga algún acto pendiente de notificación, con indicación de los correspondientes obligados.
Capítulo II. Gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Sección 1ª- Beneficios fiscales: criterios generales.
1. Las determinaciones contenidas en el presente Capítulo se entenderán sin perjuicio de lo establecido en la correspondiente ordenanza fiscal de cada ayuntamiento.
2. Las condiciones de compatibilidad entre las distintas bonificaciones que beneficien a un mismo inmueble serán las especificadas en la respectiva ordenanza fiscal municipal. En defecto de determinación municipal se entenderá, con carácter general, que el disfrute de estos beneficios fiscales es acumulable.
Artículo 27. Identificación del inmueble.
Las solicitudes de concesión de estas bonificaciones deberán identificar de forma indubitada la ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la referencia catastral.
A tal fin habrán de ir acompañadas en todo caso de copia del recibo anual del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o de documento que permita dicha identificación, además de la documentación específica que se exija, detallada en el apartado correspondiente de la presente ordenanza, de acuerdo con el tipo de bonificación de que se trate.
Artículo 28. Interés legítimo.
Cuando no coincida la identidad del solicitante con la de quien figura como sujeto pasivo del Impuesto habrá de acreditarse por el primero el interés legítimo en la concesión del beneficio fiscal que solicita, por medio de escritura pública, documento privado, sentencia judicial, certificación del registro de la propiedad o cualquier otro documento justificativo.
Ala vista de la documentación presentada la Administración podrá proceder a la oportuna regularización de la titularidad catastral del inmueble correspondiente.
Artículo 29. Cotejo de documentación.
En todo caso deberá presentarse original y fotocopia o bien copia compulsada de la documentación que se aporte, para su cotejo.
Sección 2ª.- Bonificaciones de carácter potestativo.
Artículo 30. Carácter rogado.
Las bonificaciones potestativas tendrán carácter rogado y el procedimiento para su reconocimiento se iniciará a instancia del obligado tributario mediante solicitud dirigida al Presidente del Consorcio de Tributos, acompañada de los documentos y justificantes exigibles y de los que el obligado tributario considere convenientes.
Artículo 31. Efectividad.
El reconocimiento de estos beneficios fiscales tendrá efectividad en el devengo del impuesto inmediatamente posterior al momento en que se soliciten.
Artículo 32. Plazo de solicitud.
1. La concesión de estas bonificaciones se podrá solicitar hasta el treinta de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquel en que deba tener efectividad, sin que pueda tener carácter retroactivo.
2.Conefectos exclusivos para el primer ejercicio en que sean de aplicación, se puede solicitar su concesión hasta el último día del período de pago voluntario del impuesto. En este caso, la concesión del beneficio fiscal tendrá efectos en ese mismo ejercicio y conllevará el reconocimiento del derecho a la devolución del exceso ingresado.
Artículo 33. Potestad de comprobación.
Los actos de concesión o reconocimiento de beneficios fiscales condicionados al cumplimiento de condiciones futuras o a la efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados en el expediente tendrán carácter provisional. Su aplicación estará condicionada a la concurrencia en todo momento de las condiciones y requisitos previstos en la normativa aplicable, pudiendo el órgano competente para su concesión comprobar dicha concurrencia en un posterior procedimiento y, en su caso, regularizar la situación tributaria del obligado.
Artículo 34. Conceptos.
1. Se entenderá por vivienda habitual aquella que figura como domicilio del sujeto pasivo en el padrón municipal de habitantes.
2. Como regla general se entiende como unidad familiar la integrada por los miembros que convivan en un mismo domicilio que seguidamente se definen:
a) Los cónyuges no separados legalmente y,si los hubiera, los hijos, sean o no comunes, menores y los mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada, así como los ascendientes de aquéllos mayores de 65 años.
b) En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre y/o la madre y todos los hijos y ascendientes que reúnan los requisitos a que se refiere el apartado a) anterior.
3. En el caso de establecimiento de límites cuantitativos en función de los ingresos que se perciban, con carácter general se considerarán los ingresos brutos.
Sección 3ª - Documentación requerida para la concesión de determinadas bonificaciones.
Artículo 35. Documentación específica.
Además de los requisitos y documentos exigidos con carácter general en la presente ordenanza, para la concesión de los siguientes beneficios fiscales será preciso cumplir los requisitos y aportar la documentación específica que se detalla en los artículos siguientes.
Artículo 36. Bonificación por obras de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria.
1. La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio de obras.
-Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante la presentación de al Declaración Censal de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
-Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del inmovilizado, que se puede probar mediante certificación del Administrador de la Sociedad, o fotocopia del último balance presentado ante el Agencia EstAtal de Administración Tributaria, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
-Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se documentará mediante certificado del Técnico Director competente de las mismas, visado por el Colegio profesional.
-Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se justificará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del administrador de la sociedad, fotocopia del último balance detallado presentado ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a efectos del Impuesto de Sociedades.
-Certificación del Técnico Director competente de las obras, a presentar antes del uno de enero de cada año, acreditando que durante el plazo de aplicación de la bonificación se han realizado obras de urbanización o construcción efectiva.
-Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectasen a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diversos solares.
-Plano de situación del solar o solares afectados.
Artículo 37. Bonificación a las Viviendas de Protección Oficial.
Junto con la solicitud deberá presentarse fotocopia de la Cédula de Calificación Definitiva.
Artículo 38. Bonificación a los titulares de Familia Numerosa.
1. El límite temporal de aplicación es el de período de vigencia del título que acredita la condición de familia numerosa y se mantendrá mientras concurran las circunstancias exigidas para tener tal consideración.
2. Los contribuyentes deberán comunicar ante la oficina encargada de la gestión tributaria del impuesto cualquier variación que se produzca en su familia y se refiera a las circunstancias que deban ser tenidas en cuenta a efectos de la modificación o extinción del derecho al título de familia numerosa.
3. Para la concesión de este beneficio fiscal será preciso:
Que los sujetos pasivos, conforme a la normativa vigente, ostenten la condición de titulares de familia numerosa en la fecha del devengo del impuesto.
a) Que el inmueble de que se trate constituya la vivienda habitual de la familia.
4. Junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:
-Título oficial vigente que acredite la condición de familia numerosa. -Certificado de empadronamiento o de convivencia que acredite que todos los miembros de la familia que constan en el título de familia numerosa están empadronados en el domicilio familiar.
Artículo 39. Bonificación a las viviendas con instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo.
Para la concesión de esta bonificación será preciso:
a) Que los inmuebles estén destinados a vivienda.
b) Que la adecuación del inmueble para la realización de las citadas instalaciones se lleve a efecto de forma voluntaria y no como consecuencia de la entrada en vigor de las exigencias básicas a que obliga el Código Técnico de Edificación en materia de ahorro energético (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo).
- Certificado de Instalación, copia de la Factura o de la Garantía de instalación, en que se indique el lugar y la fecha de instalación, el modelo de colector instalado y que la instalación no es consecuencia de las exigencias básicas del Código Técnico de Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo) en materia de ahorro energético.
-Copia de Resolución de Certificación del equipo solar, expedida por el Ministerio de Industria, TurismoyComercio u órgano equivalente sobre homologación del colector instalado, en vigor a la fecha de instalación.
Capítulo III. Recaudación. Sección 1ª Recaudación en período voluntario.
Artículo 40. Iniciación y terminación.
a.) Cuando la notificación se practique individualmente al obligado al pago o a su representante, desde la fecha de recepción de la notificación o de aquélla en que se entienda producida la misma a todos los efectos legales.
b.) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica.
c.) La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones.
2. La recaudación en período voluntario concluirá el día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. Si el vencimiento del plazo de ingreso coincide con un sábado o con un día inhábil quedará trasladado al primer día hábil siguiente.
3. Los obligados al pago podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en período voluntario. Por la cantidad no pagada se iniciará el período ejecutivo.
4. Anualmente, el Pleno del Consorcio de Tributos determinará los períodos de cobro de los impuestos municipales de carácter obligatorio, notificación colectiva e ingreso por recibo. Dicho Acuerdo será objeto de publicación en la sede electrónica del Organismo, con independencia de su reflejo en los correspondientes anuncios de cobranza.
Sección 2ª Recaudación en período ejecutivo.
Artículo 41. Iniciación y terminación.
a) En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentariamente establecido para su ingreso.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. 2.Lapresentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.
3.Iniciadoel período ejecutivo se efectuará la recaudación de las deudas liquidadas o autoliquidadas con el recargo correspondiente y, en su caso, los intereses y las costas que procedan por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
4. El inicio del período ejecutivo determina la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
5. El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada al deudor en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los recargos correspondientes y se le requerirá para que efectúe el pago.
Si el deudor no hiciere el pago dentro del plazo para el pago establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. Si el vencimiento del plazo de ingreso coincide con un sábado o con un día inhábil quedará trasladado al primer día hábil siguiente.
6. La providencia anterior, expedida por la Tesorería General del Consorcio de Tributos, es el título suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados al pago.
Artículo 42. Embargo de bienes y derechos en el procedimiento de apremio.
1. Las unidades recaudatorias ajustarán sus actuaciones a las previsiones en materia de embargos contenidas en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
2. En la diligencia de embargo, se podrán acumular todas las deudas del obligado, incluso las que traigan causa de otro expediente, siempre que las mismas se hallen en período ejecutivo, se encuentren apremiadas, hubiere vencido el plazo previsto en el art. 62.5 de la Ley General Tributaria y sobre ellas no hubiere recaído resolución de suspensión, paralización, aplazamiento o fraccionamiento.
3.Elembargo de cuentas bancarias a la vista se realizará, con carácter general, de manera automatizada y por medios telemáticos. De acuerdo con el art. 2.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en dicho procedimiento, el Consorcio de Tributos ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del Estado.
4. Los embargos de devoluciones del IRPF tendrán la consideración, a los efectos de que el obligado pueda interponer el recurso de reposición, de un embargo de crédito. La notificación de los correspondientes embargos se efectuará una vez aplicados los ingresos obtenidos.
5. En los casos que, por modificaciones en la cuantía de la deuda posteriores a la diligencia de embargo, se produjeran excesos pendientes de aplicación, podrán ser imputados al pago de otras deudas susceptibles de embargo que ostentara el obligado y no se hubiesen incluido en la diligencia original. Dicho acto de ampliación del embargo será objeto de notificación. Asimismo, la aplicación del citado ingreso podrá ser instada por el propio obligado a los efectos de su imputación tanto a deudas en período voluntario como en período ejecutivo.
Artículo 43. Interés de demora del período ejecutivo.
Como regla general, el interés de demora devengado en período ejecutivo deberá ser abonado en el momento del pago de la deuda apremiada y será siempre exigible, cuando proceda, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 a 28 de la Ley General Tributaria, cualquiera que sea la cantidad devengada por tal concepto.
Artículo 44. Costas.
Además de las enumeradas en el Reglamento General de Recaudación, tendrán la consideración de costas del expediente por ser gastos que imprescindible y concretamente exige y requiere la tramitación del procedimiento:
a) Las citaciones o emplazamientos que deban publicarse, por exigirlo un precepto legal o reglamentario, en los Boletines Oficiales, cuando estén sujetos al pago de las tasas correspondientes.
b) Los anuncios de subasta o concurso, íntegros o en extracto, en los medios a que hace referencia el Reglamento General de Recaudación y esta ordenanza.
c) Los gastos de franqueo según la tarifa del Servicio de Correos.
d) Los gastos originados por la gestión de cobro de los cheques remitidos por correo. Artículo 45. Mesa de subasta.
La Mesa de subasta de bienes estará integrada por el Tesorero, que actuará como presidente, el Interventor, como vocal, y el Secretario, en el ejercicio de las funciones que le son propias.
Artículo 46. Anuncio de subasta.
El anuncio de subasta de bienes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos de las dependencias del Consorcio y, opcionalmente, cuando la naturaleza y valoración del bien lo aconsejen, se insertarán en medios de comunicación de gran difusión y en publicaciones especializadas, oen cualquier otro medio oportuno al efecto. Los anuncios de subasta de bienes se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, cuando el tipo de subasta exceda de la cifra de 450.700 euros. Asimismo, se solicitará al Ayuntamiento del lugar donde esté ubicados los bienes y al entre acreedor que publiquen en su tablón de edictos la celebración de la subasta.
Título IV. Revisión de los actos de aplicación de los tributos y demás ingresos de Derecho Público. Capítulo I. Recurso de reposición.
Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público dictados por un órgano del Consorcio de Tributos, sólo podrá interponerse el recurso de reposición previsto en el art. 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, siempre que no se opongan a lo previsto en el presente Título.
Artículo 48. Competencia para resolver.
1. Será competente para tramitar y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto administrativo impugnado. Se entenderá, en su caso, a estos efectos que el órgano que dictó el acto recurrido es siempre el órgano delegante, al que se imputan los actos dictados por sus delegados.
2. En materia de actos de gestión recaudatoria, corresponderá a la Tesorería General la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra sus actos, así como contra las diligencias de embargo dictadas por los jefes de las unidades recaudatorias, y acordar la suspensión con ocasión de la interposición de aquéllos. Asimismo, le corresponderá la paralización las actuaciones de recaudación, respecto de deudas en período voluntario y ejecutivo, en los mismos supuestos que la normativa tributaria prevé para la suspensión automática, así como en aquellos casos en los que pudieran irrogarse perjuicios a los interesados y a la propia Administración titular del crédito tributario.
Artículo 49. Suspensión del acto impugnado.
1. La interposición de cualquier recurso administrativo no suspenderá la ejecución del acto impugnado, con las consecuencias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses, recargos y costas. Los actos de imposición de sanciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos.
2. Procederá la suspensión en los mismos términos previstos en la Ley General Tributaria y el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, teniendo en cuenta que:
a.) No surtirá efectos suspensivos la solicitud a la que no se acompañe la correspondiente garantía, sin necesidad de resolución expresa al efecto.
b) Si la impugnación afectase a un acto censal relativo a un tributo de gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho, el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello sin perjuicio de que, si la resolución que se dicte en materia censal afectase al resultado de la liquidación abonada, se realice, si procediera, la correspondiente devolución de ingresos.
Artículo 50. Intereses de demora derivados de procedimientos de revisión.
1. Procederá la liquidación de intereses de demora cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y reclamaciones contra sanciones, durante el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
2. En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución. Capítulo II. Devolución de ingresos.
Artículo 51. Devoluciones de ingresos derivados de actos de aplicación de los tributos y demás ingresos de derecho público.
1. En los casos que se declare la improcedencia de una domiciliación o de un embargo efectuado en una cuenta bancaria, la correspondiente devolución del ingreso indebido se practicará en la misma cuenta, sin necesidad de presentación por el titular de la misma de la correspondiente Alta a Terceros.
2. Cuando se proceda a la devolución de un ingreso indebido derivado de una autoliquidación ingresada en varios plazos, se entenderá que la cantidad devuelta se ingresó en el último plazo y, de no resultar cantidad suficiente, la diferencia se considerará satisfecha en los plazos inmediatamente anteriores. Esta previsión será aplicable a la devolución de ingresos indebidos derivados de pagos fraccionados de deudas de notificación colectiva y periódica.
Disposición Adicional. Entrada en vigor. La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Disposición Transitoria. La regulación contenida en la presente Ordenanza será de aplicación a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor en cuanto a las actuaciones que se realicen con posterioridad a dicha entrada en vigor.
Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de febrero 2010.
El Presidente p.d., Víctor Pérez Borrego.- El Secretario, José Antonio Duque Díaz.7528367.pdf
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 Resolución 
 Artículo 17
 resolución 
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 resolución 

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39
 Resolución 

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 62

Artículo 42
 resolución 

Artículo 43

Artículo 44
 Artículo 45

Artículo 46
 Real Decreto 

Artículo 48
 resolución 

Artículo 49
 resolución 
 resolución 

Artículo 50
 resolución 
 resolución 

Artículo 51