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Timestamp: 2018-12-15 04:01:08+00:00

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Colegios/Club | ABILLEIRA - MIRADAS TRIBUTARIAS desde URUGUAY
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Se comienza a “cruzar” la información de los Colegios y Clubes. Aquél que destine más del 30% de sus ingresos en cuotas de Colegios y Clubes, es candidato a ser Inspeccionado.
junio 29, 2013 · by Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez
SALEN DE INFORMACIÓN DE GASTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CLUBES
DGI investiga a unas 450 personas por la presunta evasión del IRPF
La Dirección General Impositiva (DGI) citará a 450 personas que presume que evaden o subdeclaran IRPF. De ese total hay 200 que fueron seleccionadas procesando los datos que el fisco obtuvo de instituciones educativas y clubes deportivos.
Resolución DGI Nº 1330/012, las exigencias que se solicitaban a las Instituciones de Enseñanza Privada (Colegios, etc) e Instituciones Deportivas, se les pide lo mismo a las Instituciones de Enseñanza Pública. Deberán presentar Formulario 3150
enero 1, 2013 · by Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez
Resolución Nº 1.330/012
Se agregan disposiciones a la Resolución Nº 1.486/011 – Obligaciones a las Instituciones de Enseñanza e Instituciones Deportivas
Montevideo, 5 de julio de 2012
VISTO: la Resolución Nº 1486/2011 de 16 de setiembre de 2011.
RESULTANDO: que la citada norma dispuso obligaciones para las Instituciones de Enseñanza Privada e Instituciones Deportivas.
CONSIDERANDO: necesario incluir en las referidas obligaciones a las Instituciones de Enseñanza Públicas, en tanto desarrollen actividades en condiciones similares a las previstas para las Instituciones mencionadas; es decir, cuando verifiquen las condiciones cuantitativas y cualitativas a que refiere la citada resolución, en lo que respecta a los importes correspondientes a los servicios prestados.
El CIAT pide profundizar búsqueda de datos. El fisco debe tener acceso a toda la información, que debe ser tratada de forma sigilosa, solo para fines de cálculo y verificación
Autoridad internacional avala pedidos de información de DGI
Secretario del CIAT llamó al fisco a profundizar búsqueda de datos
El Observador – 30.09.2011, 06:00 hs
La iniciativa de la Dirección General Impositiva (DGI) de exigir información sobre el gasto de los contribuyentes a los colegios y otras instituciones educativas y deportivas, no solo está en línea con las prácticas realizadas en la región y en los países desarrollados, sino que también debe ser profundizada por el fisco uruguayo. El único secreto que debe limitar a la administraciónes el secreto tributario.
Así lo señaló Márcio Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), una organización pública internacional que reúne a 40 países de todo el mundo.
En una visita a Uruguay, en el marco de las IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI en la Facultad de Economía de la Universidad de la República, el experto dialogó con El Observador sobre los instrumentos de los cuales pueden valerse los fiscos en la lucha contra la evasión.
Para Verdi, “el peor impuesto para una sociedad es aquel que solo lo paga un contribuyente y otro no”. En ese sentido, “todos deben apoyar que el fisco tenga las herramientas suficientes para verificar si cada persona está pagando lo que le corresponde”, agregó.
El experto en tributación y asesor de cuatro administraciones de gobierno en Brasil, dijo que aquellos fiscos que solo utilicen la información aportada por los contribuyentes y sus bases de datos históricas para realizar el control de la recaudación, “jamás alcanzarán la plenitud ni podrán verificar que las personas paguen lo que deberían pagar”.
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales se expidió de forma favorable la semana pasada sobre la potestad de la DGI de exigir a las instituciones educativas y deportivas información sobre las personas que pagan cuotas y matrículas.
Sin embargo, algunos expertos del sector privado señalan que los mecanismos que emplea la administración local para obtener información tributaria vulneran el derecho a la intimidad.
Tanto en la región como en Europa y Norteamérica, “todos los fiscos tienen pleno acceso a la información. Eso no es entrar a la intimidad de cada uno”, sostuvo Verdi de manera categórica.
Dijo que las autoridades deben ir más allá en la utilización de datos proporcionados por terceros. “El fisco tiene hoy la necesidad absoluta de usar informaciones de los movimientos financieros, de las tarjetas de crédito, de los registros notariales”, señaló a modo de ejemplo.
La utilización de manera creativa de las bases de datos a las cuales pueda tener acceso la DGI y el uso de instrumental tecnológico de última generación, es una tendencia a nivel mundial que está siendo adoptada también en Uruguay, explicó el experto.
De hecho, la DGI ya realizó un cruzamiento de datos entre las ventas de autos de lujo y las declaraciones de ingresos de sus compradores, como así tambiénde transferencias de inmuebles.
Verdi señaló, sin embargo, que debe haber una clara contrapartida por parte de la DGI. La administración tributaria debe asegurar la confidencialidad de los datos. “El fisco debe tener acceso a toda la información, que debe ser tratada de forma sigilosa, solo para fines de cálculo y verificación”, explicó.
Según sostuvo, la administración uruguaya, junto a la de Ecuador y República Dominicana, fueron las que registraron un mayor avance en materia de profesionalización durante la última década a nivel regional.
IVA personalizado
Durante las Jornadas Tributarias, un grupo de investigadores de la Asesoría Económica de la DGI, presentó una serie de trabajos de investigación. Uno de ellos, simula la implementación de un IVA personalizado, donde cada uno de los contribuyentes paga una tasa diferente, de acuerdo a la posición que ocupan en la distribución del ingreso.
La investigación, que se encuentra en su fase final, arroja que en un contexto de bancarización completa, donde se universalice el acceso a instrumentos financieros tanto por parte de las familias –tarjetas de crédito y débito– como de las empresas –posibilidad de realizar operaciones con plásticos–, el sistema no solo es viable sino que permitiría reducir 2,83 puntos el índice de Gini, que mide la desigualdad.
Fuentes del Ministerio de Economía (MEF) dijeron a El Observador que no solo se trata de un ejercicio académico realizado por los investigadores: es un objetivo de mediano y largo plazo para la administración apuntar a instrumentos que individualicen la carga impositiva y permitan profundizar las políticas distributivas.
Actualmente, el IVA es un impuesto regresivo. Esto es, una vez pago el tributo, la distribución de los ingresos disponibles de los uruguayos se vuelve 1,03 puntos más desigual en el índice de Gini.
Sin embargo, el estudio realizado por los técnicos Gustavo González, Marcelo Monterio, Leticia Olmos y Fernando Peláez, una vez implementado un IVA personalizado, el impuesto pasaría a contribuir de forma positiva a la redistribución.
Según los investigadores, el requisito previo para la aplicación es el acceso universal a los servicios financieros, debido a que se implementaría solo en las compras con tarjeta de crédito y débito.
http://www.elobservador.com.uy/noticia/210278/autoridad-internacional-avala-pedidos-de-informacion-de-dgi/
El Consejo Ejecutivo de la URCDP se reunió ayer (22/09 un jueves) y tomó su decisión (favorable a la administración), que será notificada a los colegios consultantes. El viernes pasado (16/09), la DGI aprobó una resolución que tenía en cuenta buena parte de los reclamos de los colegios privados.
Unidad de Control de Datos dice que el pedido de la DGI es legal
Pedirá información a colegios, clubes y universidades – El País 23/09/2011
Es legal. Tras cuatro meses analizando el tema, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) se expidió así sobre el pedido de información que realizó la Dirección General Impositiva (DGI) a instituciones educativas y deportivas privadas, según supo El País. Los colegios esperaban el dictamen para saber si pueden otorgar datos sobre sus clientes, que ellos recolectaron con otros fines diferentes a la fiscalización.
El Consejo Ejecutivo de la URCDP se reunió ayer y tomó su decisión, que será notificada a los colegios consultantes. El presidente del Consejo, Federico Monteverde, no quiso responder a El País cuál fue el fallo. “Esto no es una resolución de la Unidad sino que son consultas que realizaron ciertas instituciones de educación. Lo primero que corresponde es notificar a los interesados antes de hacerlo público”, se excusó. Dijo que se trata de un procedimiento jurídico que deben cumplir y que antes que el interés público “está el interés de quien formula la consulta”. Pese al hermetismo, El País pudo saber en base a una fuente oficial que el dictamen fue favorable a la administración.
El viernes pasado, la DGI aprobó una resolución que tenía en cuenta buena parte de los reclamos de los colegios privados, ya que a una decena de ellos se les había solicitado datos de los padres o tutores de sus alumnos para contrastarlos con las declaraciones juradas de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un hecho sin precedentes.
En esa resolución se estableció que esos colegios -y también otras instituciones educativas y deportivas- deberán incluir todos los años en su régimen especial de documentación los datos de clientes que gasten más de 70.000 Unidades Indexadas (en el caso de la enseñanza privada) y 30.000 UI (en institutos deportivos) al año. Esos montos equivalen al día de hoy a unos $ 159.300 y $ 68.300, respectivamente.
“Ahora se propone que a partir del año próximo se agreguen nuevos datos a la base de datos existente con la finalidad de ser entregados a la DGI y el interesado estará en conocimiento de que esa es la finalidad de los datos que proporcionará y estará dando su consentimiento explícito”, había dicho a El País el miércoles el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Eduardo Tornaría.
La preocupación de los colegios era que la ley 18.331 no permite que se utilicen datos con una finalidad diferente a la que fueron solicitados, ni que se entreguen sin el conocimiento del interesado (en este caso, los responsable del pago de la educación de los alumnos).
Pero la decisión de la URCDP no es la última palabra, según dijo a El País Alberto Varela, socio del estudio Ferrere Abogados. Según el experto, aunque el pedido de DGI no viole la protección de datos personales, sí lesiona el derecho a la intimidad.
De hecho, El País pudo saber que varios colegios privados analizan impugnar la resolución de la DGI, que fue aprobada el viernes 16. Desde entonces, cuentan con diez días para hacerlo. El tiempo corre y juega en contra que es semana de vacaciones de primavera y varios cierran jueves y viernes.
El director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien ayer no estaba enterado del dictamen, dijo a El País que la reciente resolución se elaboró tras “reuniones muy fructíferas con la Unidad y los colegios”. “Fue armada muy minuciosamente y a consciencia para tratar de salvar todas las objeciones” de las instituciones y de la URCDP.
Agregó que hacerse de datos personales es necesario para controlar el pago del IRPF. “Con un sistema que está incorporando impuestos personales obviamente la Administración tiene que tener datos de personas para fiscalizarlos, no hay otra forma de hacerlo”, sostuvo. El jerarca dijo que las personas físicas que tienen ingresos gravados con IRPF son 1.200.000, de las cuales 300.000 pagan el impuesto y 100.000 presentan declaraciones. “El universo es exponencialmente mayor y la única forma de fiscalizar -esto ocurre así en todas partes del mundo donde hay el impuesto-, es cruzando bases de datos generales, por una cuestión de eficacia y eficiencia. Si no, sería materialmente imposible para cualquier administración controlar uno a uno. La DGI no ha sido para nada original”.
http://www.elpais.com.uy/110923/pecono-595195/economia/unidad-de-control-de-datos-dice-que-el-pedido-de-la-dgi-es-legal/#notacomentarios
¿No es raro que se pronuncie unos días después que es publicada la resolución de la DGI?
La Asociación Uruguaya de Colegios Católicos (Audec) resolvió acatar la resolución de la Dirección General Impositiva (DGI)
Colegios católicos acatarán a la DGI
Asociación que los aglutina trabaja en cómo dar datos – El País 30/09/2011
La Asociación Uruguaya de Colegios Católicos (Audec) resolvió acatar la resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) por la que las instituciones educativas y deportivas deben proporcionar datos de sus obligados al pago que superen cierto nivel de gasto todos los años, según informó ayer a El País su presidente, Marcelo Fontona.
“La Asociación va a seguir lo que resolvió la DGI“, dijo Fontona. Remarcó que se arribó a esa decisión tras el fallo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que la pasada semana determinó que la solicitud del Fisco no violaba la protección de datos. “Dice que la resolución es legal y vamos a seguir con eso”, afirmó.
No obstante, indicó que “cada colegio tiene libertad y si entiende que no es legal puede impugnar (la resolución)“.
Mientras tanto, Audec trabaja para “ver cómo implementar” la medida y “despejar dudas de interpretación, de alcance”. Por lo pronto, Fontona se reunirá hoy con el director general de Rentas, Pablo Ferreri, para seguir trabajando en este sentido.
http://www.elpais.com.uy/110928/pecono-596141/economia/Colegios-catolicos-acataran-a-la-DGI/
Es cierto que la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales se pronunció a favor de lo que solicitaba la DGI, pero llama poderosamente la razón, que esa opinión o resolución demoró casi 4 meses y sale a la luz dos días después que la DGI emite su decisión de que los Colegios y Clubes debían informar ciertos datos de sus clientes. Por lo cual no es muy transparente el procedimiento, primero se tendría que haber hecho público el pronunciamiento de la Unidad Reguladora y luego la DGI emitir su diposición, o por el contrario, que la DGI siguiera con su camino y la Unidad Reguladora demorar 4 meses más su decisión, pero uno encima del otro da la sensación de que no hubo independencia de criterios y que actuaron coordinadamente.
Colegios no católicos impugnarán norma de DGI, pero aclaran:”todas las instituciones asociadas son fieles cumplidoras de sus obligaciones con el Estado y no están dispuestas a amparar a posibles incumplidores de sus deberes con el mismo”. Por otro lado Verdi del CIAT dijo: Un fisco sin información no es un Fisco y que el Impuesto más injusto es la Evasión
Colegios no católicos impugnarán norma que les exige informar a DGI
Experto. Cree que en la región son necesarios datos para combatir evasión
MARCELA DOBAL – El País 30/09/2011
Varias instituciones de enseñanza privada no católicas impugnarán la resolución de DGI que las obliga a proporcionar datos sobre sus clientes cada año, informó en un comunicado de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep).
“La mayoría de las instituciones asistentes reunidas en Asamblea General Extraordinaria manifestó la voluntad de presentar recursos de impugnación”, dice el documento con fecha de ayer al que accedió El País. El comunicado deja constancia de que esta agrupación que aglutina a instituciones de enseñanza no católica analizó “profundamente la situación” vinculada a la resolución aprobada por la Dirección General Impositiva (DGI) el viernes 16 y que deja diez días hábiles para presentar recursos, plazo que vence hoy.
Esa norma establece la “obligación de informar” de esas instituciones y otras deportivas sobre el gasto que realizan los obligados al pago (clientes) que superen un determinado nivel mínimo. Deberán hacerlo cada año a partir de 2012.
No obstante, Aidep hizo salvedades en su comunicado sobre los puntos en que “la totalidad de los presentes” coincidieron. Uno de ellos es que “todas las instituciones asociadas son fieles cumplidoras de sus obligaciones con el Estado y no están dispuestas a amparar a posibles incumplidores de sus deberes con el mismo”. También “entienden que se encontraron algunas deficiencias legales, en como se plantea el procedimiento” y “renuevan la disposición total al diálogo y a participar en la construcción de una ciudadanía responsable”.
En mayo, la DGI solicitó datos a una decena de colegios privados para identificar la capacidad contributiva de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Esto generó críticas en el marco de la defensa del derecho a la intimidad de los contribuyentes, por lo que Aidep y la Asociación Uruguaya de Colegios Católicos (Audec) consultaron a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Tras cuatro meses de análisis, la Unidad falló a favor de la administración tributaria luego de que ésta hiciera ajustes en su pedido que incluyó luego en su resolución.
La consulta a la Unidad la formularon también colegios privados como The Britsh Schools, Stella Maris (Christian Brothers), Woodlands, Escuela Integral Hebreo Uruguaya y Saint Patrick`s.
Por su parte, Audec decidió acatar la resolución de DGI, informó esta semana su presidente, Marcelo Fontona.
VISIÓN REGIONAL. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias considera que “un fisco sin información no es un fisco”, por lo que solicitar a colegios datos de gasto de los contribuyentes para fiscalizar contribuye a la justicia tributaria. Esa es la visión que presentó ayer su secretario ejecutivo, Márcio Verdi en el marco de las IV Jornadas Tributarias organizadas por la DGI.
“Un fisco no puede promover la Justicia tributaria si no tiene información. No va a cumplir con su capacidad de detectar el fraude fiscal, que debe ser detectado, combatido, penalizado y eliminado. Pero detectar el fraude fiscal sin información no es posible“, dijo.
Mencionó tres tipos de datos básicos: los que proporciona el contribuyente, la base histórica que muestra su comportamiento y aquellos que provienen de terceros, entre los que mencionó el gasto en propiedades de lujo y el uso de tarjetas de crédito. Consultado por El País sobre si las instituciones educativas privadas también pueden ser fuente de información, respondió afirmativamente.
“El fisco no tiene que saber en qué gastas con tu tarjeta de crédito, pero puede querer saber cuánto gastas. En la educación también. Esa información ayuda a identificar personas que están ocultando renta“, dijo. El experto agregó que la responsabilidad principal de las administraciones es recaudar lo que determina la ley.
“Para recaudar tienes que verificar que las personas estén pagando. Yo no puedo darme por satisfecho de que tú me dices que has ganado $ 10.000, tengo que confirmar tu renta. Eso se hace en todas las economías del mundo”. Para Verdi, el impuesto más injusto es la evasión.
http://www.elpais.com.uy/110930/pecono-596638/actualidad/colegios-no-catolicos-impugnaran-norma-que-les-exige-informar-a-dgi/
Algunos Clubes Deportivos decidieron Impugnar el pedido de la DGI de brindar datos de sus clientes, el miedo es que mañana de repente cambien el monto y afecten a una cantidad enorme de clubes y clientes.
Clubes deportivos impugnaron el pedido de la DGI
Publicación en diario oficial agregó otros 10 días más – El País 1/10/2011
Varios clubes deportivos presentaron un recurso para impugnar la resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que los obliga desde el año que viene a proporcionar datos sobre clientes que gasten más de 30.000 Unidades Indexadas (UI) al año, unos $ 68.382 en la actualidad.
Al menos el Carrasco Lawn Tennis, el Yacht Club y el Biguá efectuaron la impugnación, según pudo saber El País. El Club de Golf decidió no hacerlo, informó su gerente general, Aldo Bonsignore.
La Cámara de Instituciones Deportivas “por distintos motivos no se pudo reunir todavía” para tratar el tema, dijo a El País su asesor, Arturo Servillo. No obstante, dijo que algunos clubes ya presentaron un recurso ante la DGI para impugnar la resolución que aprobó el viernes 16.
Desde entonces, corrieron diez días en los que tanto los clubes como los colegios y universidades privadas (también alcanzados por la norma aunque para un mínimo de gasto de 70.000 UI) podían impugnar la norma.
No obstante, ayer la DGI publicó en el Diario Oficial la resolución, por lo que se extiende diez días más el plazo, afirmó Servillo. La primera vez que publicó la resolución lo hizo en dos diarios.
Servillo dijo que si bien la medida “afecta a pocos clubes” porque con las cuotas que cobran las instituciones es más difícil superar el monto mínimo de 30.000 UI, existe el temor de que “mañana de repente cambien el monto y afecta a una cantidad enorme de clubes”.
El directivo del club Biguá, Eduardo Graiño, dijo a El País que se resolvió hacer la impugnación para proteger los datos de sus socios. “No tenemos por qué dar datos que nos dan nuestros clientes en forma confidencial”, dijo. Agregó que “correspondía hacerlo como defensa de los propios asociados”. Destacó el “derecho de mantener la privacidad” de esa información.
Por su parte, el Yacht Club también interpuso recursos, según informó a El País el abogado Fernando Jiménez de Aréchaga, socio del estudio que está llevando adelante el caso. En tanto, la mayoría de las instituciones que integraron esta semana la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Institutos de Educación Privada también decidieron seguir este camino.
Un proceso de impugnación puede llevar años, desde la vía administrativa y, en última instancia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
http://www.elpais.com.uy/111001/pecono-596872/actualidad/clubes-deportivos-impugnaron-el-pedido-de-la-dgi/
“Queremos saber con qué criterios ponderará DGI los datos, con relación a qué nivel de ingresos considera que el gasto en educación tiene una relación adecuada o hay sospecha de que se está escondiendo ingresos”
septiembre 23, 2011 · by Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez
Instituciones evalúan si es legal brindar datos a DGI
Colegios. Al menos 5 tienen cuota mayor a $ 13.270 al mes
MARCELA DOBAL – El País 22/09/2011
Colegios, universidades e instituciones deportivas analizarán la legalidad de la resolución de la DGI que les estableció la obligación anual de informar sobre aquellos clientes que gasten más de un monto mínimo anual en servicios a partir de 2012.
Esas instituciones deberán proporcionar datos a la Dirección General Impositiva (DGI) cada año (nombre, cédula de identidad y dirección) en caso de que los gastos superen los $ 68.256 anuales en un centro deportivo o los $ 159.264 en uno de enseñanza privada. Esos mínimos son independientes de si el monto que abona una persona corresponde a la cuota de uno o más inscriptos en la institución.
La Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) “todavía no se reunió por el tema”, por lo que aún no definió una “posición colectiva” al respecto, dijo ayer a El País su presidente, Eduardo Tornaría. “Los colegios estamos analizando y estudiando la Resolución para determinar la forma que nos posicionaremos”, agregó.
De todas maneras, Tornaría subrayó que en la resolución de DGI “se atienden satisfactoriamente prácticamente todos los puntos que en mayo le planteamos”, dijo.
Ese mes, el Fisco solicitó datos a una decena de colegios, lo que desató la duda sobre si el pedido violaba el derecho a la protección de datos de los involucrados. “Ahora se propone que a partir del año próximo se agreguen nuevos datos a la base de datos existente con la finalidad de ser entregados a la DGI (y) el interesado estará en conocimiento de que esa es la finalidad de los datos que proporcionará y estará dando su consentimiento implícito”, estimó Tornaría.
De todas maneras la Aidep esperará que la Unidad de Registro y Control de Datos Personales se expida sobre la legalidad del proceder de DGI. La diferencia es que “ahora hay tiempo”, porque la resolución entra en vigencia en 2012.
A su vez, la Asociación Uruguaya de Educación Católica no tomará una resolución sobre la exigencia de DGI hasta no contar con un pronunciamiento de la Unidad, informó a El País su presidente, Marcelo Fontona.
Según un relevamiento realizado por El País en una veintena de colegios privados, la cuota mensual de un solo alumno supera el mínimo determinado por la DGI en por lo menos cinco de los ubicados en la costa este de Montevideo. En el más caro, es de $ 21.000.
De los colegios consultados, 15 tienen cuotas que superan los $ 10.000 mensuales por hijo. Eso sin considerar otros gastos incluidos en la resolución del Fisco (como matrícula, cursos extracurriculares, comedor y transporte). Por tanto, con tener dos hijos en etapa escolar o liceal se sobrepasa fácilmente el mínimo definido por DGI, lo que da cuenta del volumen de datos a los que tendrá acceso.
Las universidades, en tanto, recién ayer se enteraron de que deberían proporcionar datos, ya que no habían sido contempladas en mayo. El secretario protémpore del Consejo de Rectores de las universidades privadas estaba de viaje ayer. Fuentes cercanas informaron que aún no hay una decisión tomada al respecto. El precio de cursar una licenciatura en esas instituciones puede superar fácilmente los $ 14.000 mensuales, según pudo saber El País.
En cuanto a los clubes, Arturo Servillo, asesor de la Cámara de Instituciones Deportivas, dijo a El País que el tema se tratará en una reunión que ya estaba fijada para la semana próxima. Estimó que la resolución “va a afectar a pocos clubes, van a ser casos extraordinarios”.
Como todos los miércoles, ayer por la noche se reunió la directiva del Carrasco Lawn Tennis Club y este tema estuvo sobre la mesa, dijo a El País el gerente general, Eduardo Vitale. “Como la aplicación es a partir del año que viene, no hay urgencia, hay tiempo para leer el texto (de la resolución)”, indicó. Se prevé mantener contactos con otras instituciones deportivas e incluso no se descarta recurrir a asesores jurídicos. La cuota de ingreso promedio de sus socios fue de US$ 1.000 y su cuota mensual media alcanza los $ 1.400, dijo Vitale.
Diputados citarán a Ferreri
El diputado nacionalista Pablo Abdala dijo a El País que “no hay fundamento legal que habilite (al Fisco) a demandar esos datos”, por lo que en la próxima reunión de la Comisión de Hacienda promoverá que se formalice un pedido al director general de Rentas, Pablo Ferreri, para que explique el alcance de la medida. “Queremos saber con qué criterios ponderará DGI los datos, con relación a qué nivel de ingresos considera que el gasto en educación tiene una relación adecuada o hay sospecha de que se está escondiendo ingresos”, dijo.
http://www.elpais.com.uy/110922/pecono-594970/actualidad/instituciones-evaluan-si-es-legal-brindar-datos-a-dgi/
“A nosotros no nos interesa en qué se gasta o las cuestiones personales, nos interesa la capacidad contributiva que tiene el obligado al pago. El problema no es si se gasta $ 13.000 en un hijo o en cinco, el tema es que gasta $ 13.000. Lo que interesa ver es su capacidad económica. Eso después se contrastará con el pago de IRPF”
Colegios, universidades y clubes deberán dar datos de familias a DGI
Resolución. Fisco reglamentó qué nivel de gasto de clientes deben informar
MARCELA DOBAL – El País 21/09/2011
Mientras la Unidad Reguladora de Datos sigue sin expedirse sobre la legalidad del pedido de información que meses atrás realizó el Fisco a colegios con fines fiscalizadores, DGI reglamentó en qué casos esas y otras instituciones deben proveerle datos.
Quien cada año gaste más de $ 68.256 en un club deportivo o más de $ 159.264 en un centro de enseñanza privada estará en la mira de la Dirección General Impositiva (DGI), que redobló su apuesta fiscalizadora.
El Fisco aprobó una resolución donde establece la “obligación de informar” a esas instituciones sobre el gasto que realizan los clientes que superen un determinado nivel mínimo. La información deberán entregarla a través de una “declaración jurada anual” a partir de 2012.
Esta decisión se produjo cuatro meses después de que la DGI intentara fiscalizar solicitando datos a una decena de colegios privados para identificar la capacidad contributiva de los tutores de sus alumnos. Al conocerse el proceder, se generaron críticas en el marco de la defensa del derecho a la intimidad de los contribuyentes.
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales está estudiando el tema desde mayo, pero sigue sin expedirse sobre su legalidad. “Está en estudio”, dijo Federico Monteverde a El País, quien es miembro del Consejo Ejecutivo.
La resolución de la DGI amplió el rango de instituciones que deberán proporcionar datos. En la enseñanza privada están alcanzados no solo los colegios sino también las universidades y otros institutos de educación autorizados por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) o por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). También las instituciones deportivas inscriptas en el Registro de Clubes Deportivos del Ministerio de Turismo y Deporte.
MÍNIMOS. “La obligación de informar alcanza a la totalidad de los importes anuales documentados a cada uno de los efectivos obligados al pago”, resolvió la DGI.
Los institutos de enseñanza, deberán informar cuando el gasto que realiza un cliente -por conceptos como “enseñanza curricular y extracurricular, matrícula, comedor, atención médica, transportes, deportes, material educativo y recargos”- exceda las 70.000 Unidades Indexadas (UI).
Para las instituciones deportivas el gasto mínimo a informar es de 30.000 UI, por concepto de “cuota social, matrícula, enseñanza, uso de instalaciones y equipamiento por parte de socios, servicios adicionales y recargos”. En ambos casos se considerará la cotización de la UI al 31 de diciembre. Al valor de hoy, esos mínimos equivalen a $ 159.264 y $ 68.256 anuales, respectivamente. Por mes, son $ 13.272 y $ 5.688.
A partir de esos datos, DGI busca encontrar inconsistencias de los niveles de gasto de los contribuyentes con sus declaraciones juradas de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esto se debe a que la DGI estima que los niveles de gasto en deporte y educación privada que fijó en su resolución son indicios de “capacidad contributiva”.
Los mínimos son independientes de si el titular de los pagos los abona por el servicio para uno o más usuarios de la institución (en el caso más común, sus hijos).
“A nosotros no nos interesa en qué se gasta o las cuestiones personales, nos interesa la capacidad contributiva que tiene el obligado al pago. El problema no es si se gasta $ 13.000 en un hijo o en cinco, el tema es que gasta $ 13.000. Lo que interesa ver es su capacidad económica. Eso después se contrastará con el pago de IRPF”, explicó a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri.
Consultado sobre cómo se determinó el monto mínimo de gasto que será fiscalizado, dijo que se definió “en función de estudios que realizamos en la DGI”, sin proporcionar detalles.
El jerarca también fue consultado sobre por qué en la resolución se incluyeron las instituciones deportivas. Dijo que se consideró “oportuno” incluirlo.
De hecho, la DGI dejó constancia en uno de los “resultandos” de la resolución de que los contribuyentes exonerados por todas sus operaciones de impuestos administrados por el Fisco “disponen de un régimen especial de documentación”. Eso da una pauta de los elementos en común que tienen las instituciones alcanzadas.
La norma estableció también que la obligación será aplicable para los servicios prestados a partir del 1° de enero de 2012, “incluso cuando sean documentados con anterioridad a dicha fecha”.
UN TEMA POLÉMICO. Aunque DGI dice tener las más amplias facultades de requerir información sobre terceros, varios tributaristas ya han criticado su proceder. Esta vez, Gianni Gutiérrez, del departamento tributario de Ferrere Abogados, dijo a El País que la resolución “es ilegal”. “La ley no habilita a la DGI a efectuar expediciones de pesca sobre grupos de contribuyentes. La situación no ha cambiado con respecto a lo que se había pretendido en mayo de este año”, indicó. Sobre el caso de los colegios, insistió en que la información “también es íntima” y “se pretende hacer más flexible el flujo de la información, sin que exista ninguna justificación.” señaló. La DGI también está fiscalizando los gastos en inmuebles, automóviles y yates de valores elevados.
Nombre, cédula y dirección
Los datos que las instituciones educativas y deportivas deberán proporcionar a la DGI deben identificar quién es el efectivo obligado al pago (cliente), incluyendo su nombre y apellido, domicilio, cédula de identidad, DNI o pasaporte, así como el importe total anual documentado, según establece la resolución aprobada en su cuarto artículo. Deberán ser presentados como declaración jurada “dentro del cuarto mes siguiente a la finalización del año civil”. Los datos deberán remitirse “incluso si los importes correspondientes se encuentran pendientes de pago, total o parcialmente”.
http://www.elpais.com.uy/110921/pecono-594734/economia/colegios-universidades-y-clubes-deberan-dar-datos-de-familias-a-dgi/
La DGI pretende saber cuánto pagan las familias a los Colegios Privados, quiénes compran Vehículos e Inmuebles Costosos y ahora también quiénes compran Yates
junio 1, 2011 · by Contador Público (Uruguay) Darío Aurelio Abilleira Alvarez
Colegios piden fiscalización sin violentar principios
Consultaron órgano estatal especializado por solicitud de DGI – El País – 31/05/2011
Los colegios privados consideran “imprescindible” que se evalúe en “el tiempo necesario” la pertinencia de la solicitud de información que les realizó el fisco. Este jueves se reunirán con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales para asesorarse sobre si deben entregar datos sobre los padres de sus alumnos.
La semana pasada, el director general de Rentas, Pablo Ferreri, se mostró confiado en que habrá un pronunciamiento favorable que le permita seguir con esa práctica de fiscalización. Además, la DGI tiene “especial interés” en que la resolución salga “cuanto antes”, publicó El País la semana pasada.
Pero en los colegios hay menos urgencia y desean que el tema sea tratado en profundidad. “Es imprescindible que los responsables se tomen el tiempo necesario para escuchar todas las voces y recibir todos los dictámenes porque el tema no es jurídicamente claro”, dijo a El País el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Eduardo Tornaría.
Agregó que los colegios valoran “en su justa medida” la actitud de la DGI de otorgarles una prórroga al plazo para entregar los datos requeridos, “pues ello permite que entre todos se busquen los caminos que posibiliten la fiscalización que la DGI necesita sin violentar los otros principios que en Uruguay son muy valorados”.
A los colegios les preocupa vulnerar el derecho a la intimidad de las personas o el derecho a la protección de sus datos de cumplir con el pedido de DGI, explicó Tornaría.
El titular de Aidep considera que “ésta es una oportunidad para que los colegios obtengan el respaldo legal, necesario para justificar las acciones que deban emprender y es una oportunidad para todos para avanzar en el desarrollo de la cultura vinculada a este tema”.
Añadió que la entrevista mantenida con Ferreri y su equipo fue “muy alentadora, pues se logró crear un clima de cordialidad en el que ellos pudieron comprender las inquietudes” planteadas.
La DGI ha pedido información a 10 colegios privados que consideró con “alto nivel de cuota”. Se enviaron formularios donde se pide nombre y cédula de identidad de los padres, así como cuánto pagan de cuota mensual, entre otros. Esta información fue considerada un indicio de la capacidad contributiva de esas personas.
El organismo fiscalizador pretendía contrastar estos insumos con las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el fin de verificar o descartar inconsistencias. Este recurso fue utilizado el año pasado cuando se solicitaron datos de ventas de vehículos e inmuebles costosos. Este año se repitió y se agregó la compra de yates publicó el diario El Observador.
http://www.elpais.com.uy/110531/pecono-569927/actualidad/colegios-piden-fiscalizacion-sin-violentar-principios/
¿Cómo es posible que la DGI está interesada en que la resolución salga cuánto antes?; no se puede entender ese comentario, se supone que tiene que expedirse en el tiempo que corresponda y no a pedido la Unidad Reguladora.
Las cuotas de los Colegios no son deducibles para el IRPF, pero sí pueden ser indicadores de “evasión” de dicho impuesto.
DGI pidió datos a colegios para detectar evasores
IRPF. Buscan inconsistencias con los ingresos declarados – El País – 12/05/2011
Al menos dos colegios privados recibieron pedidos de información de DGI sobre los padres de sus alumnos y los responsables del pago de cuotas con el fin de cruzar datos y detectar evasores, como se hizo en 2010 con automotoras e inmobiliarias.

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