Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510485.html
Timestamp: 2019-03-25 22:07:03+00:00

Document:
as201510485
AUTO SUPREMO Nº 485/2015-RA
Sucre, 16 de julio de 2015
Expediente : Beni 3/2015
Parte Imputada : Carla Lizzy Willy Ruiz
Por memorial presentado el 6 de abril de 2015, cursante de fs. 71 a 80, Carla Lizzy Willy Ruiz interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 45/2013 de 12 de diciembre, de fs. 52 a 57 vta., pronunciado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 198 y 199 ambos del Código Penal (CP), respectivamente.
En mérito a la imputación formal y requerimiento de salida alternativa de aplicación de Procedimiento Abreviado (fs. 5 a 6), el Juez Primero de Instrucción en lo penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, pronunció la Sentencia SAPA/2013 de 9 de enero de 2013 (fs. 18 a 19); por la que, declaró a la imputada Carla Lizzy Willy Ruiz autora y culpable de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 198 y 199 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años de reclusión; asimismo, en aplicación del art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), le concedió la suspensión condicional de la pena, debiendo cumplir las siguientes reglas de conducta: i) la obligación de presentarse ante el Juez de Ejecución Penal cada 15 días, ii) la presentación mensual de trabajo; y, iii) la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, por el período de prueba de tres años a computarse a partir de la ejecutoría de la presente Resolución.
Contra la referida Sentencia, la imputada Carla Lizzy Willy Ruiz formuló recurso de apelación restringida (fs. 31 a 40), resuelto por Auto de Vista 45/2013 de 12 de diciembre (fs. 52 a 57 vta.), dictado por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, que confirmó totalmente la Sentencia apelada.
Notificada la recurrente con el referido Auto de vista el 27 de marzo de 2015 (fs. 58), interpuso recurso de casación el 6 de abril del mismo año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.
Del memorial de fs. 71 a 80, se extraen los siguientes motivos:
La recurrente previa cita de los Autos Supremos 527 de 17 de noviembre de 2006, 455 de 14 de noviembre de 2005 y 223 de 21 de junio de 2008 y realizando una transcripción del punto IV del Auto de Vista, como primer agravio, alega, que en el numeral 5 de su recurso de apelación, denunció la concurrencia de defectos absolutos por inobservancia o errónea aplicación de la ley; toda vez, que el Juez de primera instancia no habría cumplido con su rol de revisión de oficio de las actuaciones procesales conforme prevé el art. 17.I de la ley 025; puesto que, no habría advertido, que el representante del Ministerio Público incumplió lo previsto por el art. 341 inc. 5) del CPP; por cuanto, afirma, que en la solicitud de procedimiento abreviado debió de presentarse todos los elementos probatorios, no siendo suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor, ya que, este procedimiento estaría sustentado en el principio de legalidad y verdad real, no pudiendo ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes, conforme se habría establecido en la Sentencia Constitucional 1659/2004-R de 11 de octubre, además refiere, que a ello se sumó la falta de una defensa técnica en favor de su persona, originándose una actividad procesal defectuosa conforme prevé el art. 167 del CPP e incurriendo en defecto absoluto previsto por el art. 169 incs. 1), 3) y 4) de la citada norma.
Agrega, que el Juez Primero de Instrucción Cautelar, al no haber efectuado el control jurisdiccional durante la audiencia del procedimiento abreviado, vulneró los arts. 5, 7 y 54 inc. 1) del CPP; arts. 3 incs. 4) y 12), 15.I y II, 17.I y 30 incs. 6), 7) y 12) de la Ley 025; arts. 5, 8, 45 incs. 1) y 4), 59 y 60 de la Ley 2175; arts. 13, 109, 115.I y II, 116.I, 117.I, 123 y 240 de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 8, 10 y 11 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y art. 8.1 y 2.l inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica; empero, el Tribunal de alzada se habría limitado a señalar que por el hecho de existir un acuerdo firmado por su persona donde hubiere admitido una supuesta culpabilidad, se habría cumplido a cabalidad con lo previsto por el art. 373 y siguientes del CPP, no considerando, el art. 374 de la referida norma, debiendo en consecuencia, a su criterio ser anulada la Sentencia condenatoria.
Por otro lado refiere, que en el numeral 6 de su recurso de apelación restringida, denunció defectos de la sentencia por errónea valoración de la prueba art. 370 incs. 4) y 6) del CPP; por cuanto, el juez al dictar la sentencia habría valorado el informe de 7 de enero de 2013 realizado por Marioly Titiboco (auxiliar de la fiscalía) y Carla Romina Mercado Flores (auxiliar legal de la fiscalía), quienes supuestamente habrían encontrado en flagrancia a su persona firmando el libro de firmas para los imputados de la fiscal Mabel Martínez Daguer; empero, asevera, que dichos informes no podrían generar plena certeza en el juzgador; puesto que, el Juez A quo, no hubiere cumplido lo dispuesto por el art. 217 del CPP, ya que en ningún momento se habría exhibido los objetos que fueron secuestrados a efectos de que su persona pudiera reconocerlos; 216 de la misma norma; por cuanto, el juez en ningún momento le habría interrogado si su persona estaba o no dispuesta a declarar sobre la autenticidad de la supuesta firma; art. 280 última parte del CPP; toda vez, que no se habría observado lo dispuesto por el art. 333 incs. 1), 2) y 3) del CPP; por cuanto, el informe de 7 de enero de 2013 incorporado a juicio no tendría ningún valor; y, 355 de la referida norma procesal penal; ya que, en ningún momento se habría procedido a exhibírsele los objetos secuestrados, efectuándole el Juez de forma simple las preguntas rituales para ser sometida al procedimiento abreviado y luego dictar Sentencia condenatoria en su contra en inobservancia y errónea aplicación de la ley, vulnerando los arts. 13, 71, 167, 169 inc. 4), del CPP, arts. 15.I y II, 16.II, 17.I, 30 incs. 6), 7) y 12) de la Ley 025, arts. 8, 10 y 11 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, art. 8.1 y 2.I inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica, incurriendo en actividad procesal defectuosa prevista por los arts. 167 y 169 incs.. 3) y 4) del CPP, situación por la que, considera que el Tribunal de apelación debió anular totalmente la Sentencia.
Por último, reclama que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera concreta respecto a su denuncia realizada en el numeral 7 de su recurso de apelación referida a la valoración defectuosa de las pruebas y errónea aplicación de la ley sustantiva; por cuanto, habría sido condenada por los delitos de Falsedad Material e Ideológica con pena de tres años de reclusión que habría sido requerida por el Ministerio Público; sin embargo, asevera que su persona, no admitió su culpabilidad en relación a los delitos por los cuales fue condenada, incurriendo el Tribunal de Sentencia en los defectos del art. 370 incs. 1), 5) y 8) del CPP; por cuanto, citando a los autores Cuello Calon, Jiménez Asenjo y Benjamin Miguel Harb, arguye, que en ambas falsedades el delito se consumaría en el momento en el que quedaría realizada la falsificación; empero, la punibilidad dependería en gran parte de las circunstancias que pudieran causar perjuicios; sin embargo, en ningún momento se habría demostrado mediante prueba pericial grafológica cómo su persona hubiera firmado el libro de la fiscal Mabel Martínez, peor aún no se habría demostrado cuál es el daño que hubiere sufrido la supuesta víctima; por cuanto, no se demostró quien es la víctima, actuando a su criterio el Ministerio Público de forma oficiosa, no cumpliendo el Ad quo lo dispuesto por el art. 173 del CPP, ni con el art. 37 del CP, violando el principio de legalidad; toda vez, que su conducta no habría sido adecuadamente calificada, ignorándose los principios de favorabilidad e in dubio pro reo; limitándose el Tribunal de alzada a señalar, que “el procedimiento abreviado tiene sus características particulares de lo cual se ha dado cumplimiento a este procedimiento tal como se puede evidenciar del cuaderno procesal remitido a este tribunal, no pudiendo la parte apelante ahora pretender desconocer lo aceptado voluntariamente, bajo un ritualismo formal que no se ajusta para nada al caso de autos por lo expresado por este tribunal, consecuentemente NO, se ha incurrido en la valoración defectuosa de las pruebas y errónea aplicación de la ley sustantiva penal”, criterio que considera, no fue sometida a las normas legales adjetivas aplicables; puesto que, no se habría cumplido con las exigencias de los arts. 124 y 398 del CPP, aspecto que implicaría violación al debido proceso y al derecho a la defensa, constituyéndose en una Resolución arbitraria dictado sin la observancia a las garantías constitucionales constituyendo defecto absoluto. Al efecto invoca los Autos Supremos 527 de 17 de noviembre de 2006, 455 de 14 de noviembre de 2005, 223 de 21 de junio de 2008, 176 de 26 de abril de 2010, 411 de 20 de octubre de 2006, 6 de 26 de enero de 2007, 051/2013-RRC de 1 de marzo, 167/2013-RRC de 13 de junio y 219/2013 de 30 de julio.
De la revisión de antecedentes, se tiene que la recurrente cumplió con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta que, fue notificada con el Auto de Vista impugnado el 27 de marzo de 2015 (fs. 58), presentando su recurso de casación el 6 de abril del mismo año; puesto que el 3 de abril fue feriado nacional por semana santa, conforme consta en el sello electrónico de recepción a fs. 71, cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.
Ahora bien, respecto al primer motivo, en el que denuncia que el Tribunal de alzada no observó su denuncia referida a la concurrencia de defectos absolutos por inobservancia o errónea aplicación de la ley; por cuanto, el Juez de Primera Instancia no habría advertido, que el representante del Ministerio Público no cumplió con el art. 341 inc. 5) del CPP, ya que, a criterio de la recurrente, la solicitud de procedimiento abreviado debió de presentarse con todos los elementos probatorios, no siéndole suficiente sólo contar con el acuerdo de su persona como imputada y su defensor, vulnerando el Juez Primero de Instrucción Cautelar, los arts. 5, 7 y 54 inc. 1) del CPP; arts. 3 incs. 4) y 12), 15.I y II, 17.I y 30 incs. 6), 7) y 12) de la Ley 025; arts. 5, 8, 45 incs. 1) y 4), 59 y 60 de la Ley 2175; arts. 13, 109, 115.I y II, 116.I, 117.I, 123 y 240 de la CPE; arts. 8, 10 y 11 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y art. 8.1 y 2.l inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica; limitándose el Tribunal de alzada a señalar que por el hecho de existir un acuerdo firmado por su persona donde hubiere admitido una supuesta culpabilidad, se habría cumplido a cabalidad con lo previsto por el art. 373 y siguientes del CPP, no considerando la aplicación del art. 374 de la citada norma. Sobre este reclamo si bien la recurrente en el inicio de su recurso cita los Autos Supremos 527 de 17 de noviembre de 2006, 455 de 14 de noviembre de 2005 y 223 de 21 de junio de 2008;empero, se limitó a su mera enunciación, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción que impone la ley; toda vez, que no basta con citar los Autos Supremos, como se advierte en este caso; sino, corresponde explicar por qué considera que la Resolución impugnada contradijo los entendimientos de los Autos invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente recurso, por lo que este motivo deviene en inadmisible.
Con relación al segundo motivo, referido a defectos de la Sentencia por errónea valoración de la prueba art. 370 inc. 4) y 6) del CPP; por cuanto, el Juez al momento de emitir la resolución condenatoria habría valorado el informe de 7 de enero de 2013 realizado por Marioly Titiboco y Carla Romina Mercado Flores, quienes supuestamente habrían encontrado a su persona en flagrancia firmando el libro de firmas para los imputados de la fiscal Mabel Martínez Daguer; empero, a su criterio dicho informe no podría generar certeza; puesto que, el Juez de primera instancia no habría observado lo dispuesto por los arts. 216, 217, 280, 333 incs. 1), 2) y 3); y, 355 del CPP; toda vez, que en ningún momento se le habría exhibido los objetos secuestrados, efectuándole el Juez de forma simple las preguntas rituales para ser sometida al procedimiento abreviado y luego dictar Sentencia condenatoria, aspecto que considera violatorio a los arts. 13, 71, 167, 169 inc. 4), del CPP, arts. 15.I y II, 16.II, 17.I, 30 incs. 6), 7) y 12) de la Ley 025, arts. 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 y 2.I inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica, incurriendo en actividad procesal defectuosa prevista por el art. 167 y 169 incs. 3) y 4) del CPP, debiendo a su criterio, el Tribunal de alzada anular la Sentencia. Sobre este reclamo, se advierte que la recurrente no invocó precedente contradictorio alguno; en consecuencia, no cumplió con la carga procesal de exponer en qué consiste la contradicción en que habría incurrido el Tribunal de alzada, en los términos exigidos por el art. 417 del CPP, impidiendo a este Tribunal Supremo realizar la labor que le encomienda la ley, sin que la omisión en la que incurrió la imputada pueda ser suplida de oficio; en consecuencia, al no ser posible verificar la probable aplicación distinta de doctrina legal contenida en precedentes, ante el evidente incumplimiento de los requisitos de admisión, el motivo en examen resulta inadmisible.
Finalmente respecto al tercer motivo, referido a que el Tribunal de alzada no se habría pronunciado de manera concreta ante su denuncia concerniente a que el Tribunal de juicio incurrió en valoración defectuosa de las pruebas y errónea aplicación de la ley sustantiva; por cuanto, habría sido condenada a requerimiento del Ministerio Público por los delitos de Falsedad Material e Ideológica con pena de tres años de reclusión; empero, afirma que su persona jamás habría admitido su culpabilidad en relación a los delitos por los cuales fue condenada; toda vez, que en ningún momento se habría demostrado cómo su persona hubiera firmado el libro de la fiscal Mabel Martínez, peor aún no se habría demostrado cuál es el daño que hubiere sufrido la supuesta víctima; por cuanto, no se hubiere establecido quien es la víctima, incurriendo el Ad quo en valoración defectuosa de la prueba y vulneración de la ley sustantiva, no cumpliendo con lo dispuesto por el art. 173 del CPP, ni con el art. 37 del CP. Sobre este reclamo la recurrente invocó los Autos Supremos 527 de 17 de noviembre de 2006, 455 de 14 de noviembre de 2005, 223 de 21 de junio de 2008, 176 de 26 de abril de 2010, 411 de 20 de octubre de 2006, 6 de 26 de enero de 2007, 51/2013-RRC de 1 de marzo, 167/2013-RRC de 13 de junio y 219/2013 de 30 de julio; empero, se limitó a realizar una transcripción de ciertas partes de los citados precedentes, no habiendo explicado cómo el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos asumidos en los Autos Supremos invocados, incumpliendo el entendimiento asumido en el art. 417 segundo párrafo del CPP; aspecto que imposibilita a este Tribunal efectuar su labor encomendada por ley.
No obstante a lo anterior, este Tribunal no puede soslayar que la recurrente fundamentó la vulneración a sus derechos constitucionales, señalando como antecedentes generadores del hecho, (que el Tribunal de alzada no se pronunció de manera concreta ante su denuncia referida a la valoración defectuosa de las pruebas y errónea aplicación de la ley sustantiva en la que habría incurrido el Tribunal de Sentencia); así mismo, identificó como derechos vulnerados (el debido proceso y el derecho a la defensa), explicando que la restricción de sus derechos; y, el resultado dañoso emergente del defecto consiste en que la Resolución recurrida al no cumplir con las exigencias de los arts. 124 y 398 del CPP, se constituiría en una Resolución arbitraria. De la fundamentación expuesta, se observa que la recurrente cumplió con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente Auto Supremo, haciéndose viable la admisión de este motivo para su análisis en la Resolución de fondo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Carla Lizzy Willy Ruíz, de fs. 71 a 80, únicamente con relación al tercer motivo del acápite II de la presente Resolución; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del mencionado artículo, dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

References: in dubio
 Resolución 
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