Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/58234
Timestamp: 2019-10-23 21:13:53+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/1PPO-25/58234
La suscrita, Lorena Cuéllar Cisneros, Senadora de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguienteINICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 116 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE DERECHO A LA IDENTIDAD,al tenor de la siguiente:
Cuando no se inscribe en un registro el nacimiento de una niña o un niño, se le niega el derecho a una identidad oficial, a un nombre reconocido y a una nacionalidad. Por ende, muy probablemente será excluido o excluida de la sociedad.
Es el certificado de nacimiento una llave que abre, o en su ausencia, cierra el camino al disfrute de toda una serie de derechos.
La falta de tal certificado no debería servir para negar ningún derecho, pero en la realidad, es así como sucede, al menos por lo que hace al derecho a la educación y a los servicios de salud.
Es sabido que una de las causas de la inasistencia a las escuelas y de la deserción escolar es la falta de actas de nacimiento de las niñas y los niños, en especial en las zonas de población indígena.
Aunque la inscripción del nacimiento en un registro no signifique de por sí una garantía de eduación, salud, protección y participación, su ausencia puede poner estos derechos fundamentales fuera del alcance de quienes ya se encuentran al margen de la sociedad.
Los niños no registrados, que no aparecen en los datos recogidos, suelen ser pasados por alto en la planificación del desarrollo social. Son completamente invisibles a la hora de tomar importantes decisiones políticas y presupuestarias.
Un sistema eficaz de registro de nacimientos, unido a la expedición coordinada de certificados de nacimiento, puede contribuir a la protección de los niños contra toda modificación ilegal de su identidad, como el cambio de nombre o la falsificación de sus vínculos de parentela.
También sabemos que el acta de nacimiento es además un documento esencial para la identidad ciudadana y jurídica de las personas, para el ejercicio de sus derechos y obligaciones y, por lo tanto, un instrumento de protección de la persona.
La ausencia del certificado, implica una desprotección en otros casos como es el matrimonio prematuro, el trabajo infantil, el reclutamiento en las fuerzas armadas o la detención y procesamiento en las mismas condiciones que si se tratara de un adulto.
UNICEF ha señalado que existe en los hechos una “invisibilidad” de los niños no registrados, que aumenta las probabilidades de que pasen inadvertidos hechos de discriminación,desatención o los diferentes abusos de los que son objeto.
Quienes carecen de pruebas de su edad e identidad, puede faltarles también todo tipo de protección contra los abusos.
Una tendencia en auge de la explotación de niños es el tráfico de los mismos con destino a la prostitución u otras formas contemporáneas de esclavitud, a menudo bajo la falsa apariencia de trabajo doméstico infantil.
El tráfico de niños ha alcanzado dimensiones alarmantes, llegando a abarcar varios millones actualmente atrapados en las redes criminales de dicho comercio. Un niño que carece de identidadoficial o de una nacionalidad demostrable (yque puede, por lo tanto, permanecer ocultoy desprotegido) constituye inevitablementeuna presa más apetecible para todo traficante.
Esto significa también que las áreas geográficasen las cuales los niveles del registrode nacimientos son bajos representan unblanco más probable para las operaciones detráfico.
La carencia de un registro de nacimiento los sumerge aún más en la miseria y recalca su estado de marginalización.
ElArtículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce a todo niño elderecho a ser inscrito inmediatamente despuésde su nacimiento por el Estado bajo cuya jurisdicciónel niño ha nacido. Esto significa quelos Estados deben poner el registro de nacimientosal alcance y a disposición de todos losniños, sin excluir a quienes solicitan asilo, a losrefugiados e inmigrantes, ya sea que poseandocumentos o no.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, dispone en el Artículo 24 que: “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. ... Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”.
Por lo tanto, la ausencia de inscripción en el registro de nacimientos es una violación a un derecho humano inalienable de todo niño a recibir una identidad y una nacionalidad desde que nace.
No hay estadísticas precisas sobre el número de personas sin actas de nacimiento en nuestro país.
De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para 2012, en México 10.8 por ciento de la población carecía de acta de nacimiento; es decir, personas que están en una especie de limbo jurídico, como ha señalado la asociación civil “Be Foundation, Derecho a la Identidad”, que se ha especializado en este tema.
Esa población invisible está integrada sobre todo por niños, niñas y adultos mayores de zonas indígenas y rurales, aunque también existe en grandes ciudades.
Se sabe que un número importante de niñas y niños migrantes e indígenas carecen del certificado.
Los estados con menor nivel de cobertura, según Be Foundation, son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos y Michoacán. Los que tienen registros más completos, Aguascalientes, Yucatán, Querétaro, Zacatecas y Jalisco.
Aunque no hay datos totalmente confiables, se calcula que de 2.5 millones de nacimientos anuales en el país, unos 600 mil nunca son registrados
En algunos estados como Chiapas, se han lanzado campañas para promover el registro de los hijos, se decretó como un servicio gratuito cuando se efectúa en los tiempos estipulados por la ley, entre 0 y seis meses de edad, así como para quienes lo necesiten para ingresar al sistema escolar.
En el Distrito Federal, UNICEF apoyó también una campaña de difusión para promover el registro civil de las niñas y niños que pertenecen a poblaciones vulnerables.
El principal desafío en el tema es avanzar en el diagnóstico detallado de la situación de registros de nacimientos, así como en medidas concretas para que el Gobierno lo facilite en todo el país de manera gratuita, por ser un derecho fundamental de la persona.
El gobierno federal, por su parte, ha declarado que le preocupa el problema, pero no ha dado pasos concretos para solucionarlo
El registro de nacimiento enfrenta diversos obstáculos, pero el mayor de ellos, es la falta de voluntad política. Hoy no se comprende en toda su dimensión, la importancia del registro de nacimientocomo uno de los derechos humanos.
Otro obstáculo, son los costos directos de la inscripcióndel nacimiento de un niño en el registro, elcosto que implica la pérdida de tiempo, elviaje y la ausencia del trabajo o del lugar deresidencia y de las responsabilidades familiares,gastos en los que los padres se ven obligados aincurrir cuando no es fácil acceder al registrocivil.
La restricción geográfica más evidenteque afecta el registro de nacimiento es la distanciaque separa a la familia de la oficina deregistro más próxima. Cuanto mayor es ladistancia respecto al punto de registro, tantomás aumentan los gastos “ocasionales” y elcosto del viaje para los padres que, además,pueden verse obligados a pagar una multa siel registro se efectúa con retraso.
Por otrolado, los padres pueden viajar en vano, dadoque las oficinas a menudo tienen horarios deapertura poco cómodos e irregulares, el personalpuede encontrarse ausente y suelenproducirse desabastecimientos de papel yotros materiales.
También puede haber barreraslingüísticas que impiden el registro.
No obstante las barreras o problemas señalados, UNICEF ha mostrado que el objetivo final deun registro de nacimientos permanente, ininterrumpidoy universalizado, con todos losbeneficios que acarrea, representa una metaque está al alcance de todos los países.
Entre otras medidas, UNICEF ha recomendado las siguientes:
La participación de todos los niveles de lasociedad, incluidas las comunidades locales.
La conquista del favor de todos los actoresdel proceso mediante la sensibilización respectoa la importancia del registro de nacimientocomo derecho del niño y el incrementode la demanda de dicho servicio entrela población;
La aprobación de una adecuada legislaciónpertinente al tema o la actualización de leyesanticuadas;
La garantía de que exista una coordinacióneficaz entre las instituciones y los ministeriosdel gobierno implicados en la cuestión atodos los niveles;
La creación de la infraestructura necesariapara cubrir a toda la población;
El apoyo al registro de nacimiento mediantela combinación con otras actividades gubernamentalesy la posibilidad de que otros programasde suministro de servicios ya puestosen marcha lo “lleven de la mano” como parteintegrante de su quehacer;
La optimización de la capacitación de losfuncionarios de gobierno implicados en elproceso mediante formación y materialesadecuados;
Porotro lado, se ha documentado que por amplia que sea la red de oficinas fijas de registro,muchos países han comprobado que lasmismas deben ser complementadas con unidadesmóviles de uno u otro tipo para hacerllegar sus servicios hasta los grupos marginados,como los que viven en los suburbiospobres de las ciudades y en las áreas geográficamenteinaccesibles.
Argentina utiliza unidadesmóviles para suministrar servicios en laregión de la Patagonia, mientras que Chiletiene tres modernas furgonetas provistas decomputadoras y conexiones vía satélite con elregistro central.
Aunque lamayor parte de los países emplean equiposmenos sofisticados, son más de 30 (entre loscuales figuran Ecuador, Irán, Malasia, Perú yTailandia) los que hacen uso de funcionariositinerantes del registro para identificar a losniños no registrados y expedirles certificadosde nacimiento.
En México, el 17 de junio de 2014 se publicó la adición de un párrafo al artículo 4º de la Constitución General de la República, donde se dispone que: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”.
Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 6 de diciembre de 2014, estableció en el artículo 13 fracción III, el Derecho a la Identidad.
El capítulo tercero, título segundo del mismo ordenamiento, regula el Derecho a la Identidad, de la forma siguiente:
La fracción II del Artículo 103, establece como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de las niñas, niños o adolescentes, registrarlos dentro de los primeros 60 días de vida.
Por su parte, el Artículo 116, fracción VII, dispone que las autoridades federales y locales de manera concurrente, deben colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes.
A partir de 2014, contamos con un marco jurídico-constitucional que reconoce el derecho a la identidad, previsto en los instrumentos internacionales, lo cual es un avance insoslayable.
No obstante, consideramos que es indispensable establecer medidas de largo plazo, no sólo campañas informativas, como se ha hecho, porque los nacimientos son permanentes y la marginación que enfrentan muchas comunidades del país es evidente.
Si se trata de garantizar el derecho a la identidad, debe existir una política que tenga continuidad en el tiempo. Al menos, hasta que existan mejores condiciones socioeconómicas para niñas, niños y adolescentes y los padres, quienes viven justamente en dichas comunidades.
Es por ello, que proponemos adicionar una fracción VII bis al artículo 116, para señalar como obligación de las autoridades federales y locales, establecer una política pública que permita hacer accesible los servicios de registro de nacimiento.
Consideramos que sin una política permanente, que tenga criterios de equidad e inclusión social, muchas niñas y niños mexicanos seguirán excluidos del derecho humano a la identidad.
ÚNICO. Se adiciona una fracción VII bis al artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la forma siguiente:
VII bis. Garantizar un registro de nacimientos permanente, ininterrumpido y universalizado, para lo cual, establecerán una Política Pública específica, que deberá incluir, entre otras medidas:
Contar con diagnóstico detallado de la situación de registros de nacimientos a nivel nacional, que deberá actualizarse constantemente.
El apoyo al registro mediante la combinación con otras actividades, programas o servicios gubernamentales.
Implementar medidas de accesibilidad de la población en situación de pobreza o marginación a la red de registros existente.
La utilización de unidades móviles que acerquen el servicio público de registro de nacimientos a las comunidades en situación de marginación.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, los 6 días del mes de octubre de 2015.

References: artículo 71
 artículo 8
 ARTÍCULO 116
 Artículo 24
 artículo 4
 artículo 13
 Artículo 103
 Artículo 116
 artículo 116
 artículo 116