Source: https://jurisprudencia.vlex.cl/vid/686595113
Timestamp: 2020-07-02 16:51:27+00:00

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Sentencia nº Rol 3100-16 de Tribunal Constitucional, 11 de Julio de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 686595113
Con fecha 10 de junio de 2016, Inversiones e Inmobiliaria Océano S.A. y Tenglo S.A. –en adelante, la parte requirente- ha presentado un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicitando un pronunciamiento respecto de los artículos 38 de la Ley sobre procedimientos ante los juzgados de policía local –N° 18.287- y 20 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en adelante –LGUC, para que surta efectos en el procedimiento sobre denuncia infraccional, iniciado por denuncia de la Dirección de Obras Municipales de Castro, que fuera tramitado por el Juzgado de Policía Local de Castro, bajo el Rol N° 30038-2013. Actualmente, éste se sustancia por la Corte de Apelaciones de Valdivia, en autos Rol N° 98-2015, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte requirente respecto del veredicto de policía local que le condenara al pago de una multa. La Corte confirmó aquel pronunciamiento y, en su contra, se interpuso sendos recursos de casación en la forma y en el fondo.
La sentencia de dicho órgano jurisdiccional fue apelada y la Corte de Apelaciones de V. confirmó el fallo, con costas.
La casación en el fondo, se fundó en la errada aplicación del derecho, en tanto la parte requirente fue sancionada en dicho proceso, de manera que las nuevas sanciones del Juzgado de Policía Local de Castro contravienen el principio constitucional non bis in ídem. A su vez, se expone que la sentencia sería ilegal y arbitraria, desde el momento que la base por la que condena ha sido la sucesiva emisión de partes de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Castro, emitidos en virtud de una aplicación inconstitucional e ilegal de las facultades sancionadoras que le confiere el artículo 147 de la LGUC en relación con el artículo 20 de la misma.
Lo anterior, teniendo en consideración dos órdenes de razones. La primera razón, es que uno de los elementos integrantes del debido proceso es el derecho a obtener una sentencia motivada, mismo que se ve desconocido cuando la Magistratura de Alzada no se pronuncia sobre todas las alegaciones y excepciones. El derecho en comento, es de suma relevancia, toda vez que legitima la actuación jurisdiccional, al proscribir la arbitrariedad en el ejercicio de la función resolutiva. Aquel derecho a obtener una sentencia motivada, valga recordar, se reafirma en el artículo 8° constitucional, cual prescribe la publicidad de los fundamentos de las resoluciones.
En lo que respecta al reproche del artículo 20 de la LGUC, este es objetado por cuanto infringiría los derechos reconocidos en los numerales 2°, 21, y 24 del artículo 19 de la Constitución, por dos órdenes de razones.
Se vulnera entonces, como se adelantara, el principio de proporcionalidad, a desprender del artículo 19, N° 2°, constitucional, reconocido por la doctrina como también por la jurisprudencia de esta M.. Éste desconocimiento, en el caso sub lite, queda de manifiesto, desde el momento que el precepto permite que una misma infracción pueda ser sancionada con una multa de 1 UTM ($46.000 aproximadamente) o con $106.851.119, en el caso de Inversiones e Inmobiliaria Océano S.A., y $7.200.180, en el caso de Tenglo S.A, quedando entregada su determinación al Juez de Policía Local, sin requerir fundamento...
Sentencia nº T-8-2017 de Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, 9 de Junio de 2017

References: artículo 147
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 19