Source: http://www.envio.org.ni/articulo/4776
Timestamp: 2018-09-25 13:41:48+00:00

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Revista Envío - “La militarización del Estado es el eje de las reformas. ¿A qué le teme Ortega?”
Eliseo Núñez Morales, Diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Liberal Independiente, compartió sus reflexiones sobre el proyecto de reformas constitucionales del Presidente Daniel Ortega, en una charla con Envío que transcribimos.
En un ambiente casi navideño, con Managua iluminada con los “árboles de la vida”, con las fiestas de la Purísima cercanas, y hasta con el aguinaldo pagado con más anticipación que nunca, Ortega introdujo en la Asamblea Nacional su proyecto de reformas constitucionales. Lo hizo en ese momento porque busca generar artificialmente en la población una sensación de bienestar que la mantenga anestesiada. Así anestesiada ejecutará la amputación que le hará al sistema democrático con las reformas a la Constitución.
Hasta llegar a este momento de la amputación democrática vayamos brevemente unos años atrás. En el año 2006,
la lucha por la sucesión de Alemán al frente del liberalismo era encarnizada. Alemán no quería dejar el poder,
no permitía la sucesión, manipulaba el partido desde abajo… En esa lucha nos desgastamos, dejamos de ser contrapeso del Frente Sandinista y le facilitamos a Ortega el triunfo electoral. En aquellas elecciones, en vez de entristecernos porque Ortega quedó en primer lugar, nos alegramos porque en el Movimiento Vamos con Eduardo quedamos en segundo lugar por encima del PLC, que bajó al tercer lugar. Las elecciones de 2006 no las ganó Ortega, las perdimos nosotros, los liberales. Dos factores favorecieron a Ortega aquel año: la división de los liberales y la muerte de Herty Lewites, que le hubiera podido comer a Ortega al menos el 6% de su base electoral dura, lo que hubiera sido suficiente para llevarlo a segunda vuelta y ahí liquidarlo políticamente. La muerte de Herty le fue muy favorable a Ortega y por eso caben todas las imaginaciones al pensar en ese hecho…
En las siguientes elecciones, las municipales de 2008, apostamos a que una unidad de todos los liberales, los
del PLC y los del Movimiento Vamos con Eduardo, era suficiente para detener a Ortega. En esa ocasión Alemán nos traicionó y le entregó, por fraude, al Frente Sandinista las alcaldías que habíamos ganado con los candidatos de Vamos con Eduardo. De las 40 alcaldías robadas, 39 las ganamos nosotros. Y la única que ganó el PLC, la de Jinotega, el Poder Electoral se la entregó al FSLN, a pesar de que ya se la había asignado al PLC, cuando el candidato apareció dando una declaración junto a nuestros candidatos. Ya en las elecciones generales de 2011 el problema no fue ni la división ni Alemán.Hubo mucha abstención, provocada por los fraudes y por los políticos: la gente dejó de confiar en el voto y dejó de confiar en los políticos. El sistema electoral estaba desprestigiado y también estábamos desprestigiados los políticos. Mucha gente no fue a votar en 2011 porque vio en el ejercicio electoral un ejercicio curulero y no la solución para un cambio en el país.
Después de todos estos fracasos, Ortega se mueve en un terreno que le es total y absolutamente favorable. Cuando inicia en 2012 su segundo período ya había avanzado en su plan de desactivar y destruir los mecanismos de la democracia representativa. Ya había anulado la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia. Ya tenía sometido al Poder Electoral. Lo último que le faltaba por desactivar era la Asamblea Nacional. Y con los 63 diputados que se autoasignó por fraude en las elecciones de 2011 podía desactivarla totalmente. ¿Qué es hoy la Asamblea Nacional? No les miento: todos los días, muchos de los 24 diputados opositores que llegamos a la Asamblea nos preguntamos qué diablos llegamos a hacer ahí. Algunas veces encontramos razones para estar, pero la mayoría de los días es un dilema para nosotros saber qué puede hacer una posición tan débil ante la aplanadora del Frente Sandinista.
La Asamblea Nacional era el último mecanismo democrático que le quedaba a Ortega por anular. Logrado ese objetivo, era para él la hora de las reformas constitucionales. Fue el liberal Rousseau quien dijo que “un fuerte no es suficientemente fuerte si no convierte su palabra en ley y la sumisión en obediencia”. Es ahora cuando Ortega ha decidido agarrar toda la fortaleza que ha acumulado desactivando los Poderes del Estado para convertir su fuerza en ley, en reformas constitucionales. Y para convertir la sumisión de quienes le siguen en obediencia a la ley.
La reforma constitucional no es más que la expresión de todo lo que Ortega ha venido armando en estos años y que ahora quedará plasmado en la Constitución. Convertida su fuerza en ley, la sumisión que ha conseguido de muchos sectores se convertirá en obediencia a la ley. “Dura es la ley, pero es la ley” es la famosa frase romana que asume como moral y éticamente correcta la fuerza cuando se ha convertido en ley. Es mucha la gente común que piensa que obedecer las leyes es lo moral y no es frecuente romper con esa idea. La mayoría de la gente no es rebelde, la mayoría de la gente prefiere seguir la corriente y la sigue obedientemente hasta que encuentra algo, hasta que encuentra a alguien, a algún grupo, que lidera el cambio.
Con la reforma constitucional se institucionaliza la dictadura que Ortega ha venido fraguando, las que yo llamo Dictaduras 2.0. Son dictaduras que hicieron un “upgrade”, se actualizaron para mejorar su eficiencia, y siguiendo con el lenguaje informático, “tienen un mejor performance”. ¿Qué hacían todas las dictaduras latinoamericanas de los años 60 y 70? Censuraban los medios de comunicación. Ortega no censura, compra medios de comunicación y a través de los muchos medios que ya tiene promueve inercia social. Lo logra por dos vías. Por una, nos pinta a diario el ambiente de un país feliz, ofrece música, alegría, fiesta, baile, deportes… todo lo que Vargas Llosa incluye en “la civilización del espectáculo”. La otra vía es la información: sus medios sólo dan las noticias que le interesa dar, lo que llaman noticias “incontaminadas”. Es una dictadura 2.0. No se parece a la de Somoza, que cerraba el medio de comunicación, lo censuraba, le ordenaba lo que tenía que decir. Esta dictadura es diferente, en esta dictadura todo el mundo dice lo que quiere… pero no tiene dónde decirlo. Ahora la reforma constitucional estableceraun control estricto de las comunicaciones.
Hay otra diferencia. Somoza y otros dictadores latinoamericanos dejaron subsistir a la clase media. Y fueron las clases medias las que se organizaron, las que difundieron ideas, las que plantearon una alternativa. Y al final, fue la clase media la que derrocó a Somoza. El pueblo participó, pero lo hizo ya al final de un proceso de producción de ideas. La producción de ideas y el planteamiento de cambios provino de la clase media, que, según la pirámide de Maslow, ya había ascendido para tener intereses que iban más allá de lo básico y lo inmediato, más allá de la comida
y el techo.
Esta dictadura 2.0 busca anular a la clase media. Para lograrlo se ha aliado con el poder fáctico más poderoso que existe en el mundo: el capital. En la reforma constitucional el gran capital entra a la Constitución como un nuevo poder. Yo le decía a alguien del Frente Sandinista que eso es un anatema ideológico. Porque el capital tiene suficiente poder para no tener que estar protegido por la Constitución. Porque cuando el capital entra a la Constitución anula el poder de quienes no tienen capital y deben controlar a quienes lo tienen para moderar su poder. Porque si el capital entra a la Constitución ya no permitirá que se tomen decisiones a costa del capital. Con el modelo corporativo que establecen las reformas constitucionales, Ortega está incluyendo en la Constitución a un poder fáctico, al gran capital nicaragüense, lo que dificultará soluciones auténticamente nacionales que favorezcan y prioricen a quienes no tienen poder. El Estado comenzará a perder capacidad para redistribuir las riquezas, para regular las instituciones. Desde todo punto de vista es un anatema ideológico. Ortega ha elegido ese modelo porque su objetivo es anular a la clase media. Su modelo consiste en asegurar ganancia y lograr arreglos con los más ricos, regalar dádivas a los pobres y anular a la clase media. El resultado de un modelo así son sociedades inerciales, sociedades que no se mueven.
Las clases medias no las determina el grado de ingresos que tienen, sino el grado de intelectualidad que han alcanzado sus integrantes. Para mí, es clase media un maestro, porque a pesar de sus bajos ingresos, tiene una capacidad intelectual desarrollada que le permite ascender, pensar, proponer. Ciertamente, ha habido en Nicaragua un crecimiento vegetativo de la clase media, simplemente porque la población creció. Pero hay estadísticas que nos deben hacer pensar. Por ejemplo, ésta: el 40% de la tierra en Nicaragua está en manos del 2% de la población. Es un dato que nos indica que aquí la clase media está pegada con saliva, porque no es dueña de nada, sólo es dueña del trabajito que tiene. No tiene arraigo. Tal vez mi visión de clase media está sesgada porque en mi pueblo, en Masaya, un lugar de minifundios, cualquiera tiene una parcela, una manzana, dos, hasta cinco manzanas. Somos clase media porque tenemos tierra propia, empresas propias… Hoy la clase media se está reduciendo. Subsiste en Managua, Masaya, Granada y no mucho más allá. Subsiste a pesar de sus pobres ingresos. Subsiste impactada por la reciente reforma tributaria, diseñada para proteger a los más ricos, entendiendo el empleo que dan como una compensación tributaria. Esta reforma tributaria mantiene la famosa tesis del goteo: cuando los de arriba rebalsen sus arcas, el goteo aliviará las carencias de los de abajo. La reforma tributara afecta a la clase media, el sector que Ortega pretende anular, pero que no va a poder controlar. Ésa es la esperanza que tenemos.
Otra cosa que Ortega ha logrado, con la ayuda de nosotros los políticos, es el desprestigio total de la clase política, de la clase dirigente. No me extraña ni me molesta saber que seguramente siete de cada diez de ustedes tienen dudas sobre si lo que yo les estoy diciendo es sincero porque provengo de una clase política que no ha hecho las cosas bien, que ya está a punto de fracasar. El día en que a los políticos nos sustituyan las balas -como ya está sucediendo en el Norte de Nicaragua- no asistiremos sólo al fracaso de este país, que tiene demasiados fracasos a cuestas, será el fracaso de nosotros los políticos por haber sido incapaces de encontrar soluciones a los problemas de la gente por la vía cívica, por canales que no requieran ni de más sangre ni de más muertes.
Nosotros hemos contribuido a nuestro propio fracaso. ¿Y cuál ha sido la mejor receta de Ortega para lograrlo? Pienso que hay una respuesta cuando nos preguntamos cuál es la utilidad del Cardenal Obando para Ortega. Creo que Obando no le ha sido útil a Ortega porque rece mucho por él para que le vayan bien las cosas. Ni siquiera a Rosario Murillo la veo interesada en que Obando ore mucho por ella. Tampoco creo que Obando le es útil a Ortega porque le trae el voto de huestes de católicos. La utilidad de Obando es que Ortega nos demuestra que si un Cardenal de la Iglesia Católica, la institución más antigua de Occidente, es comprable, ¿a quién más no podrá él comprar? Es un mensaje muy poderoso, es decirnos: Aquí todo mundo tiene un precio y si logré comprar a Obando y Bravo habrá precios más bajos, pero todos lo tienen.
Convertir a la clase dirigente en mercancía de cambio o poner en la imaginación de la población que todo político tiene un precio ha sido un logro de Ortega. ¿Cómo convencer a la gente de que somos sinceros? Ustedes tienen derecho a pensar: Eliseo dice hoy esto, pero ¿cuándo lo vamos a ver arreglándose con Daniel Ortega? Es un pensamiento válido ante todo lo que hemos vivido. Hay gente que dice que en ninguna parte del mundo se ha visto que un partido de oposición no dialogue con el gobierno. Pero en las discusiones internas del PLI comprobamos que nos vemos obligados a no dialogar con este gobierno porque todo diálogo, bajo los parámetros que Ortega ha establecido, genera un nivel de desconfianza tal que perdemos la poca credibilidad que todavía nos tiene la población. Es un riesgo siquiera intentar algún arreglo con el gobierno de Ortega porque el costo que pagamos es altísimo. Colocarnos en ese riesgo y llevarnos a pagar ese costo ha sido también una estrategia de Ortega.
Su estrategia ha funcionado. Ortega sabe que en democracia él no funciona y para imponer su modelo destruyó antes todo vestigio de democracia. ¿Qué tenemos hoy? Un Poder Judicial desprestigiado, un Poder Electoral que no hace elecciones creíbles y un Poder Legislativo que no le resuelve a nadie. Y como no le bastó a Ortega desmontar los Poderes del Estado, también ha ido desmontando el poder municipal. Comenzó a colapsarlo metiendo en las alcaldías cantidades de concejales, 80 en Managua, 40 en Masaya y así en todos los municipios. Sabe que esos 80 no se pondrán nunca de acuerdo y quien decidirá todo al final será el alcalde. Ahora, también ha reformado la ley de transferencias municipales, estableciendo una comisión que le ordenará al alcalde en qué debe invertir los recursos que le transfiere el gobierno central. Asistimos al fin de la autonomía municipal. Todo, también los poderes locales, las alcaldías, han sido desmontadas. Ortega no está dejando piedra sobre piedra de la democracia que conocíamos. No hay poder que se le pueda oponer. Ha diluido todo el poder para ser él el único poder. Ése es el objetivo de estas reformas constitucionales: institucionalizar ese desmontaje. En un modelo así, ¿quién resuelve? La “democracia directa” que promueve Ortega y que ahora ingresa a la Constitución con rango constitucional, pero que no es la democracia directa que están promoviendo en Suecia o en Finlandia, sino que es la de los Gabinetes de Familia, los Consejos Territoriales y los Consejos Sectoriales, que sabemos que son correas de transmisión de las órdenes del Ejecutivo. Esa democracia directa es otra expresión de la disolución total del poder para que el poder se concentre en Ortega, convertido en el hacedor de todo,con un poder tan diluido, lo que está diciéndonos Ortega es que el único que decidirá es él.
Con este breve repaso histórico, comentemos algunas de las reformas constitucionales. Lo primero que me llamó la atención a mí fue que del artículo 5 de la Constitución vigente suprimió la prohibición en Nicaragua de partidos
que “pretenden el restablecimiento de todo tipo de dictadura o de cualquier sistema antidemocrático”. ¿Fue un acto de honestidad? ¿Sintió Ortega que su sistema no calzaba con esa prohibición constitucional? El caso es que eso lo anularon, lo borraron.
Ese mismo artículo 5 contiene otra reforma para anular aún más a los partidos políticos. Si ya la gente los consideraba inoperantes, ahora será peor. En la Constitución vigente decía que los partidos políticos teníamos derecho a participar “en los asuntos económicos, políticos y sociales del país”. La reforma dice que los partidos políticos tenemos derecho “a la libre organización y participación en los procesos electorales establecidos en la Constitución y las leyes”.
Y punto. Nada más. Podemos ir a las elecciones y después sentarnos en el curul, pero opinar y participar en los asuntos del país ya no le atañe a los partidos políticos. Desde ahora, los partidos sólo servimos para ir a las elecciones.
En ese mismo artículo 5, donde se establecen “los principios de la nación nicaragüense”, la reforma introduce como definitorios de Nicaragua “los valores cristianos, los ideales socialistas y las prácticas solidarias”, ¿Nicaragua cristiana? Yo creo en el Estado laico, en el Estado secular. Fui educado con los salesianos y estudié en la UCA, la universidad de los jesuitas, pero no creo que el Estado tenga que tener religión, tenga que definirse con valores religiosos. Creo que el laicismo, creo que el secularismo, beneficia a la Iglesia. Una vez leí una idea del arzobispo Dominique Mamberti, que afirmaba que el secularismo es positivo para la Iglesia católica porque le ha solventado el problema de estar sujeta a los vaivenes del poder terrenal. El secularismo, el laicismo, le deja abierto a la Iglesia el campo para su trabajo espiritual. Al ver el artículo 5 reformado para incluir “valores cristianos”, pienso en la comunidad palestina, que es muy numerosa en el país. En Nicaragua viven unos 30 mil musulmanes que se sentirán excluidos de esa definición constitucional. También hay budistas, que no son muy numerosos, pero que también se sentirán al margen. Imponer los valores de una religión es una concepción autoritaria. Y eso no sería tan negativo si fuera sincero, pero se está incorporando por manipulación.
¿Nicaragua socialista? Yo respeto a quien quiera ser socialista. Y no tengo problema en interactuar con socialdemócratas y con socialistas. Pero como liberal, yo no creo que en la Constitución, que es de todos, tenga que definirse la ideología del Estado, que no debe ni puede ser ni liberal ni socialista ni conservadora. No debe existir una ideología del Estado. Es principio de la democracia que basta una sola voz contraria para que tenga que ser tomada en cuenta. Y en Nicaragua lo que estamos sufriendo, ya antes de estas reformas, es una dictadura basada en la tesis de las mayorías, que afirma que la mayoría de quienes votaron por un partido son los que toman todas las decisiones. Es un concepto obsoleto. La democracia moderna da suficiente peso a las minorías para que haya un balance permanente de poder.
¿Nicaragua solidaria? Aunque ha sido el tema menos discutido, ¿cómo definirnos como solidarios en un Estado que mantiene un formato totalmente inequitativo? Sólo este dato: en 2012 tuvimos un incremento de casi el 10% de gente con capital personal de más de 30 millones de dólares. Pasamos de 180 personas en el año 2011 con esa fortuna a 192 personas con esa riqueza sólo un año después. Y en ese mismo año la pobreza decreció en Nicaragua sólo un 0.2%, según los datos del FIDEG, dirigido por Alejandro Martínez Cuenca, que no es un opositor de derecha. Nicaragua es una sociedad profundamente inequitativa. ¿Cómo definirnos como solidarios, qué solidaridad hay en Nicaragua? Creo que si quitar de la Constitución la prohibición de la dictadura fue un acto de honestidad, poner en la nueva Constitución que somos un Estado solidario, con los niveles de inequidad que tenemos, es un acto de hipocresía sublime.
A mi juicio, lo más de fondo en las reformas constitucionales es la militarización del Estado. En el artículo 95 las reformas establecen que “los miembros del Ejército de Nicaragua podrán ocupar cargos en instituciones del Estado, que no sean de elección popular, cuando por interés supremo de la nación, así se demande, considerándose en este caso al militar en comisión de servicio para todos los efectos legales”. Que los militares puedan acceder a puestos públicos afecta la profesionalización del Ejército de Nicaragua, que desde los años 90 había venido avanzando en ese proceso, ganándose el respeto de nuestra sociedad. Ser militar en Nicaragua ya era algo prestigiado. Conozco a hijos de liberales que han ingresado a la Academia Militar porque ya no percibían al Ejército como el Ejército de un partido sino como una institución nacional, en la que no sólo confiaban, sino a la que se sentían orgullosos de pertenecer. ¿Seguirán sintiéndolo así con lo que significan estas reformas, que vinculan al Ejército al proyecto autoritario de un partido político?
Que los militares puedan acceder a cargos civiles mientras están activos en el Ejército tiene consecuencias graves para la institucionalización del Ejército. La primera consecuencia es la posibilidad de una ruptura en la cadena de mando. Los militares funcionan con una jerarquía, con una cadena de mando vertical. El Presidente de la República, aun cuando sea el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tiene que darle su orden al Jefe del Ejército para que éste la dé a sus subalternos. No puede el Presidente llamar por teléfono a un militar para darle ninguna orden, siempre tiene que pasar por la cadena de mando y respetarla. ¿Qué puede pasar ahora? Que, por ejemplo, Ortega dé cualquier orden a algún coronel “rebelde”, rompiendo la cadena de mando que se deriva del Jefe del Ejército y cuando el Jefe del Ejército, suponiendo que no está de acuerdo con la orden de Ortega, lo quiera sancionar, Ortega lo nombra para un cargo ejecutivo, salvándolo así de su responsabilidad.
Saber que Ortega puede premiar con cargos civiles a los militares puede deteriorar el respeto militar a la cadena de mando. Lo segundo, tan grave como esto, es que se afecta el sistema de ascenso en grados. Ortega lo puede interrumpir y puede manipularlo con el nombramiento de militares activos para puestos civiles. Para determinar los ascensos, existe un consejo militar compuesto por militares de distintas áreas, que proponen a quienes ascienden. ¿Qué puede pasar ahora? Que, por ejemplo, si Ortega sabe que algunos militares no tienen posibilidades de lograr el ascenso, los saca del Ejército y los nombra para un cargo civil y así balancea las voces dentro del sistema de ascenso y sucesión.
Una vez le pregunté a un ex-coronel guatemalteco cómo funcionaban los ascensos militares y me dijo: Es sencillo: o ascendés o te retirás. Y me explicó que si hay sólo diez puestos para coronel y hay cuarenta mayores esperando en línea de ascenso, sólo diez ascienden a coronel y treinta se van, se retiran. Si el tiempo establecido para que un mayor logre el ascenso a coronel son cinco años y pasaron seis años y no lo logró pasa a retiro. “Es así -me dijo-, porque si no lo hacés así, llenás el ejército de resentidos. Siempre tenés un tiempo determinado para ascender y si no lo lográs te vas”. Ahora, con el nombramiento de militares para cargos civiles, el sistema de ascensos puede congelarse. Porque Ortega puede nombrar a un mayor en la línea de ascenso para un cargo civil y cuando salga de ese cargo conservará el grado que tenía y habrá otros que avanzaron más y… ¿qué va a pasar entonces?
Hay que añadir a esta injerencia del Poder Ejecutivo en el Ejército, plasmada en las reformas constitucionales,
que Ortega envió también a la Asamblea su proyecto de reformas al Código Militar, en el que establece la posibilidad de una reelección indefinida del Jefe del Ejército, anulándose el período de los cinco años, después de los cuales pasaba a retiro. La reforma al Código Militar sube también a 40 años el tiempo de permanencia en el Ejército para que un militar se retire. Creo que es el plazo más largo en todos los ejércitos latinoamericanos.El Código Militar reformado permite llamar a servicio activo a los militares ya en retiro. Todo esto afectará y distorsionará el sistema de ascensos en el Ejército.
¿Por qué hace esto Ortega, porque afecta así al Ejército? Por la misma razón por la que desactivó el Poder Judicial, por la que desactivó el Poder Electoral, por la que desactivó el Poder Legislativo, por la que desactivó los poderes municipales. Para controlarlo todo él. Controlada también la Policía, le faltaba el Ejército, que ya no tendrá posibilidad de hacerle contrapeso.
Aunque he sido particularmente enemigo de la existencia del Ejército, el de Nicaragua ha vivido una difícil transición para profesionalizarse, que es de aplaudir. Pero eso se acabó ahora. Y aunque no estoy de acuerdo con que ningún Ejército le haga contrapeso al poder civil, en Nicaragua ese contrapeso también se acabó. A esto sumémosle otros aspectos más terrenales: Ortega le da empleo en el Estado a las esposas y parientes de los militares, les obsequia vehículos -a todo el que se gradúa de la Academia Militar Ortega le regala un Suzuki-…
La militarización del Estado me lleva a pensar que Nicaragua sería para Giambattista Vico un excelente laboratorio donde comprobar su idea de los ciclos históricos, del curso y del recurso de la historia que se repite constantemente como en una espiral. Comprobaría su tesis de que la historia se repite siempre, sólo cambiando de actores y con cierta actualización en los métodos. Por eso hablo de una dictadura 2.0. La figura del militar activo en cargos civiles en “comisión de servicio”, como ahora establecen las reformas constitucionales, también existió durante la dictadura somocista. Y también estableció Somoza que cuando un civil entrara a las fuerzas armadas se le diera un rango militar correspondiente al grado académico que tenía. Si un médico civil era contratado por la Guardia Nacional tenía rango de coronel automáticamente.
La reforma constitucional que hizo Somoza en 1939 es muy similar a la reforma de Ortega. La de ahora tiene muchos de aquellos componentes. En 1939 Somoza García transformó la Guardia Nacional, que venía evolucionando de ser un ejército intervencionista e ideologizado y había tratado durante diez años de profesionalizarse, y la convirtió en su Guardia Nacional. Con el paso de los años vimos a militares que se rebelaron: Abelardo Cuadra, el padre de Aguirre Sacasa, y después de ellos, otras generaciones de militares que también se le rebelaron.
También en 1939 Somoza tuvo un arreglo con los grandes empresarios del país, muy similar al que ahora tiene Ortega con los empresarios del COSEP, en el modelo que llama “de responsabilidad compartida”.
Pero hay más. Según las reformas constitucionales, al Ejército de Nicaragua se le confía el control de las telecomunicaciones. En el artículo 92, que es nuevo, y que aparece bajo el título de “seguridad nacional”, se lee: “Para los efectos de la defensa y seguridad nacional: a) Las bases de datos y registros informáticos deberán permanecer en el país; b) En ningún caso es permisible el establecimiento de sistemas que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional; c) Los puntos de comunicación estatal deberán ser propiedad del Estado de Nicaragua; y d) El espectro radioeléctrico y satelital que incida en las comunicaciones nicaragüenses debe ser controlado por el Estado”. Este último punto tiene lógica y lo que llama la atención es que el espectro será “controlado” y no “regulado” como establecen las leyes de cualquier país.
¿Qué significa que todas las bases de datos y registros informáticos deben permanecer en el país? Actualmente, el sistema de almacenamiento de datos informáticos se conoce como almacenamiento “en la nube”. Y esa “nube” le ha dado la posibilidad a pequeñas empresas de contar con una base tecnológica a un menor costo. Porque un servidor propio con una base considerable de datos les costaría unos 5 mil dólares, les exigiría contratar a un ingeniero en sistemas, les exigiría climatizar el lugar donde esté el servidor y les exigiría pagar una conexión a Internet de punto a punto -que es una conexión especial- para poder conectar los datos de su servidor con otras bases de datos. Todo esto es muy costoso. Una conexión punto a punto significa poder subir a la red tanto como bajar y a la misma velocidad, tanto al subir como al bajar. La diferencia de costo entre una conexión asimétrica y una de punto a punto es abismal. Si hoy la empresa de Internet nos vende hoy 1 gigabyte de bajada, de subida es apenas la cuarta parte: 256 kilobytes. Esa conexión asimétrica que nos vende, que no es de punto a punto, nos cuesta 29 dólares. Si pidiéramos una conexión de punto a punto de 1 mega nos costaría 450 dólares. Porque es un servicio especializado
y porque es mucho más caro subir información que bajar información. Si hoy en Nicaragua una compañía pequeña tiene que tener aquí su servidor para poder tener conexión de punto a punto, tiene que tener climatización de aire acondicionado y tiene que pagar la energía que gasta ese servidor diariamente. Se le subirán mucho los costos. Y como los empresarios nunca pierden, esos costos se los trasladarán a los usuarios.
Hoy, si mando un SMS en cualquier teléfono, ese mensaje se aloja en la base de datos de la empresa, que identifica quién lo manda, valida si tiene saldo, identifica el destinatario y lo manda, un proceso velocísimo. Pero el servidor que hace ese proceso no está en Nicaragua, está en Guatemala, El Salvador o México, dependiendo de la empresa, porque es un servidor regional para toda Centroamérica y sirve de espejo para otras operaciones de las compañías telefónicas en otras partes. Con la reforma constitucional, ese servidor debe traerse a Nicaragua, lo que le impedirá a las empresas de telecomunicaciones mantener una economía de escala y los SMS elevarán su costo. Porque de los 30-40 millones de registros que hay en el servidor regional tendrán que traer 5 millones a Nicaragua. Y cuando queramos mandar un SMS a alguien que viva fuera de Nicaragua el proceso se complejizará y se encarecerá. Algunos expertos estiman que una compañía telefónica tendrá que invertir entre 8 y 10 millones de dólares para traer sus bases de datos a Nicaragua. Y no será una inversión que le quedará al país porque el servidor se lo comprarán a la IBM o a otra compañía extranjera y el ingeniero probablemente no será nicaragüense. Tal vez el único beneficio que quedará en Nicaragua será el pago por la energía eléctrica, que se lo pagarán a la generadora eléctrica, que es de Ortega.
Por muchas razones, pues, es positivo para las empresas, y para los usuarios, que las bases de datos y los registros informáticos estén fuera de Nicaragua, sobre todo porque eso abarata los costos a las empresas y a los usuarios.
Dice también el artículo 92 que “los puntos de comunicación estatal deberán ser propiedad del Estado de Nicaragua”. Como no supe entender qué querían decir con esto, pregunté a un experto y me explicó que existe un cable submarino que entra por Bluefields a Nicaragua y que es el “punto de comunicación” del Estado porque es por ese punto por donde el Estado De Nicaragua se conecta a Internet. Lo que plantea ahora la reforma es que ese punto, esa terminal, que es actualmente de Claro, será del Estado, que ahora tiene a la empresa china XinWei y a la empresa rusa Yota, socias de los negocios de Ortega. Lo que presumimos es que esa terminal se la quitarán a Claro o llegarán a alguna negociación que les sea beneficiosa. Lo que presumimos es que la XinWei y la Yota tienen interés en colocarse en la plataforma que han construido otros, pero no en construir su propia plataforma.
¿Por qué darle tanto poder a los militares? ¿Por qué militarizar el Estado? ¿Por qué las telecomunicaciones son un tema de seguridad nacional y las controlará el Ejército? Ortega, y eso lo sé por pláticas con gente cercana a él, no ha podido entender la comunicación que circula en las redes sociales, en la Internet. Y ese terreno le preocupa mucho porque no lo entiende. Le genera temor. Teme que por esas redes que no entiende y no controla puedan circular ideas que perjudican su proyecto. Y ha decidido controlarlas con los militares. Sí, los militares controlarán la comunicación en Nicaragua. Pero no sucederá que de la noche a la mañana vamos a quedarnos sin Facebook o sin Internet. Nos van a aplicar “el método de la rana en agua tibia”. Funciona así: si metemos a una rana en agua caliente, lo más probable es que la rana salte y se escape, pero si la meten en agua fresca y se la van poniendo tibia, la rana no saltará, hasta se sentirá bien, pero subiéndole la temperatura al agua, al final la rana se cocerá. Nos van a aplicar ese método, graduando poco a poco la temperatura del control.
Ortega está militarizando el Estado para solucionar dos problemas que él mira que están delante y que él no controla. Le teme a las redes sociales porque teme una revolución que venga desde abajo y que él no pueda ni predecir ni controlar. Como la de Egipto, como la de Túnez, como estos cambios actuales, que se generan en la base y no en el liderazgo político, sino entre la gente que se comunica por nuevos medios. La “solución” egipcia no nos la podíamos imaginar cuando asistíamos tan animados a la efervescencia de la gente en la Plaza Tahrir contra Mubarak. Antes de que el poder de Mubarak colapsara por la presión de los manifestantes, sus militares leales lo depusieron y provocron una serie de hechos para preservar la vida y el capital de Mubarak y su familia. Después, esperaron con paciencia el primer error de las autoridades electas y las quitaron. Eso fue lo que le hicieron a Mursi. Y ahora vemos que el poder sigue en manos de la misma cúpula que sostuvo a Mubarak, que hoy está libre en su casa. Aprendiendo de este ejemplo, Ortega militariza el Estado para tener una especie de seguro en el caso de una rebelión popular.
Ortega también está militarizando el Estado porque teme el caos que seguirá a su desaparición física. Teme la sucesión. Como dictador y como caudillo, Ortega sabe lo difícil que será su sucesión. Lo que rompió en mil pedazos al PLC y lo que lo hizo colapsar, en apenas seis años, fue la lucha por la sucesión de Alemán. Ortega sabe que él es capaz de imponerse a sí mismo y sabe también que es incapaz de imponer a un tercero. No tiene posibilidades de sucesor. No puede imponer a su esposa ni a sus hijos y sabe que después de él vendrá el caos. Entonces, incorpora al Estado a los militares no sólo para protegerse de una eventual lucha social, también cuenta con los militares porque teme lo que seguirá a su muerte. Teme que su desaparición dé paso a una situación muy fluida que perjudique a su familia, a sus hijos. Entiendo así el fuerte componente militar que tienen las reformas constitucionales: protegerse, prepararse ante lo que va a suceder y él no va a controlar. Que lo controlen los militares.
Y sobre esto de la sucesión veo en las reformas constitucionales dos “travesuras” de la vieja guardia del Frente Sandinista dirigidas a Rosario Murillo. La primera está en el artículo 147. Suprimieron los dos candados que impedían la reelección presidencial consecutiva y la reelección para un tercer período, pero dejaron incólumes las inhibiciones a la candidatura presidencial para los parientes de quien haya sido Presidente hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad. Hay actualmente una discusión jurídica sobre si Rosario Murillo podría ser Presidenta de Nicaragua. Según algunos sí, porque consideran que entre esposos no hay ningún grado de afinidad y según otros no, que dicen que está inhibida. Hay dos interpretaciones. Que hayan dejado esas inhibiciones en la Constitución significa que si Rosario Murillo quiere ser candidata a la Presidencia de la República tendrá que ir a la Corte Suprema de Justicia
a buscar una interpretación y tendrá que ir donde el magistrado Rafael Solís, lo que significa que no la tendrá tan fácil. Esto me huele a travesura de la vieja guardia del Frente.
La otra travesura es que la reforma constitucional establece otra versión del Consejo de la Magistratura, una institución que ya existía. ¿Qué es lo que llama la atención en esta nueva versión? Que desplazan a la magistrada Alba Luz Ramos porque ahora el Consejo de la Magistratura estará integrado por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el Presidente de la Corte, la magistrada Alba Luz Ramos. Pero la reforma establece que esos cuatro magistrados no tendrán funciones jurisdiccionales, solamente administrarán la carrera judicial. Alba Luz Ramos ha sido durante años la principal aliada de Rosario Murillo en los poderes del Estado. Ahora la dejan “pintada en la pared”, sólo administrando los pesos y centavos en la Corte, sancionando jueces cuando se porten mal -tendría que sancionar a muchos, pero no lo hace- y valorando recomendaciones para los ascensos. La están marginando a funciones de administración y de recomendación, a poca cosa. Viendo estas dos travesuras de la vieja guardia del Frente Sandinista pareciera que el conflicto al interior del Frente es serio y que en las reformas constitucionales la vieja guardia le ganó la batalla a Rosario Murillo, porque lo único que le dejaron a ella fue el artículo 50, el de la Madre Tierra, que las reformas dicen “es nuestra Gran Madre y debe ser amada, cuidada, regenerada y venerada”.
Y esto de la veneración a la Madre Tierra se contradice con lo que añadieron en el artículo 102, el referido a los recursos naturales, que afirma ahora que “dada la ventajosa posición geográfica del país el Estado podrá celebrar contrato u otorgar concesión para la construcción y explotación racional de un Canal Interoceánico”. Hay quien dice que en estos dos artículos está la paradoja más absoluta de estas reformas: por un lado la Constitución me manda venerar a la Madre Tierra y por otro lado le parten la madre a la Tierra… Porque la ley de concesión del Canal, que ya existe, supone una total depredación de los recursos naturales de la Madre Tierra. Esa concesión, además de depredadora, es tan ilegal que en la cláusula 9.1 dice que deberán reformarse la Constitución y las leyes del país para darle legalidad a lo que contiene el contrato, reconociendo así su total ilegalidad.
Las reformas constitucionales son la expresión final de un proyecto político. Cuando en la bancada de la Alianza PLI discutimos si acudir o no a la comisión de consulta, organizada por el Frente Sandinista, llegamos a la conclusión de que lo mejor era enviar a dos de nuestros diputados, pero con el mandato de cero negociación. Era caer en una tentación pensar que negociando se iban a lograr cambios significativos. Yo decía que cambiar algo en uno o dos de los artículos reformados era como buscar a un odontólogo para sacarle un par de dientes a un tiburón para después poder enfrentarnos con él, creyendo con eso que un tiburón, que tiene 200 dientes, es menos peligroso con 198.
El concepto general de las reformas es un conjunto, es un proyecto y todo él es rechazable. Hemos visto cómo el gran capital agrupado en el COSEP y aliado del gobierno migró en sólo unos días desde posiciones más tímidas, preocupado sólo por el control de las telecomunicaciones, a preocuparse por la militarización del Estado, por los recortes a la democracia…Tal vez no habían leído las reformas. O tal vez ya se han dado cuenta de que en Nicaragua se acabó el cortoplacismo. Hasta ahora, Ortega ha funcionado con arreglos bilaterales con cada gran empresario de este país. Ambos negociaban, el empresario y Ortega, al margen de las leyes. Ahora, como Ortega tendrá ya montado el Banco Corporativo del ALBA, que es el banco de la familia Ortega, los arreglos seguirán, pero las cosas empezarán a cambiar.
Los empresarios se están dando cuenta que su cortoplacismo se acabó. También se acabó el cortoplacismo de la clase política. Yo ocupo una idea que grafica las responsabilidades que tenemos quienes hemos estudiado más o quienes tenemos más posibilidades económicas. Cuando siete de cada diez nicaragüenses viven con menos de dos dólares al día -eso es lo que dicen las estadísticas-, para esos siete nicaragüenses, una vez que desayunan, su horizonte de planificación es el almuerzo. Son cortoplacistas, sólo piensan cómo van a almorzar. No pueden pensar qué estudiarán sus hijos cuando se bachilleren o en nada parecido. Son cortoplacistas: necesitan resolver el problema inmediato del plato de comida de mediodía para ellos y para sus hijos.
Si el horizonte de planificación para siete de cada diez nicaragüenses no pasa del almuerzo, qué responsabilidad tenemos en no ser cortoplacistas quienes comemos los tres tiempos… Y si vemos a los asalariados, con el promedio de salario mensual que tenemos en Nicaragua, que es de 4,500 córdobas según las estadísticas del Banco Central, el horizonte de planificación del asalariado no llega siquiera al mes completo, no pasa de los primeros quince días.
Son también cortoplacistas.
En esta situación de tantas carencias, vivimos en una sociedad que tiende al inmediatismo, tiende a solucionar solamente el día a día. Es una sociedad cortoplacista. Ortega ha entendido muy bien esto y por eso reparte láminas de zinc y bolsas de comida. Eso le ha funcionado muy bien, porque así le resuelve lo inmediato a gente que no puede pensar más allá, que no puede pensar en la calidad de la educación, que es un problema de largo plazo, o en problemas de productividad o de atraso tecnológico con los que no se les resuelve el plato de comida diario. Por eso, la responsabilidad que tenemos como políticos, como académicos, todos los que no estamos en ese 70% cortoplacista, es ir más allá y tratar de que la gente que está en ese 70% pueda ir yendo más allá, teniendo un empleo y un ingreso decente que les permitan poder pensar en su futuro.
En Nicaragua, empresarios y políticos -no quiero eximirnos de culpa- nos hemos sumido en el cortoplacismo y en la inmediatez: Arreglémonos con éste, paguemos la coima, metamos un magistrado… y veremos qué pasa después. Somos culpables de dejarnos llevar por la inmediatez. Pero con estas reformas estamos ante un importante alto en el camino. Éste es un punto de inflexión. Nos estamos percatando que la inmediatez se acabó, que estamos ante un proyecto de largo plazo, que se nos acabó el vivir en el cortoplacismo.
La sensación que tienen los embajadores europeos al ver el contenido de las reformas constitucionales es de desconcierto. Uno me decía: Es asombroso que la población no mire lo que vemos: que se está repitiendo aquí el mismo patrón que en Europa vivimos con Hitler, con Mussolini, con Franco. Me decía: Ustedes están viviendo esa misma historia, sesenta años después, repitiendo los mismos errores: el estado corporativista, el modelo fascista, el cierre de espacios democráticos, la militarización… Creo que por respeto no me dijo algo que empeora aún más las cosas: que tenemos en Nicaragua una población mucho menos educada que la de Europa hace sesenta años. Y eso agrava las cosas porque facilitará que Ortega se quede en el poder durante más tiempo, porque con más educación los seres humanos tendemos a rebelarnos más.
Quiero concluir con un tema que a poca gente le gusta tocar, que es el tema de los rearmados en el Norte del país. Ésa es gente que yo conozco, pero no porque los liberales estemos detrás de ellos o los financiemos. A la mayor parte de esa gente yo las conozco porque fueron fiscales del PLI y jefes de ruta, jefes de campaña en el territorio. Y esa gente tanto le quiere pegar un tiro a Daniel Ortega como me lo quieren pegar a mí o a cualquiera de los que insistimos en una salida política a lo que está pasando. Porque ellos creen que lo que estamos haciendo y lo que está haciendo Ortega no les soluciona ni los problemas a ellos ni se los soluciona al país. Y ellos han elegido otra vía, una vía peligrosísima. Hay que aceptarlo: estamos volviendo a la espiral de violencia que ya conocimos. Darle la espalda a este problema diciendo que esa gente son delincuentes es simple y llanamente asegurarnos de que el problema subsista.
Y voy a decir algo más: para los más de 40 mil desempleados que hay en el Norte por la plaga de la roya que está azotando el café, ¿qué es más digno para un pobre cortador de café: ir a asaltar a alguien para robarle comida o enrolarse en un proyecto político que le asegura comida a él y a sus hijos y que es un proyecto con el que cree que va a liberar a Nicaragua de esta dictadura? Creo que es más digno el proyecto que el robo.
Este gobierno no ha demostrado ineptitud ante el problema de la gente afectada por la roya, lo que ha demostrado es mezquindad. Sabe que la gente más afectada nunca ha votado por el Frente y les han dado la espalda por razones políticas. Cuando esos miles de desempleados han llegado a pedir ayuda a las instituciones del Estado eso les han dicho: Si no votaron por nosotros,ahora no pidan nada... Y ésa es una de las razones por las que gente rearmada mató a José Cruz, secretario político del FSLN en Aguas Rojas, Wiwilí. No digo que haya sido razón para matarlo, pero ¿qué pasó allí? Que gente desempleada llegó donde él a pedirle ayuda porque los cortes de café no estaban dando empleo… ¿Y qué les dijo? ¡Ah no, ni ustedes ni sus familias votaron por nosotros! Y entonces a alguien se le ocurrió que la solución era matarlo y colgarlo en el poste de la entrada de su potrero.
Con estas reformas constitucionales estamos llevando a Nicaragua a un ciclo de violencia que ya conocimos. Somoza lo hizo así y terminó donde terminó. Ortega lo está haciendo igual y va a terminar donde tiene que terminar si antes no encontramos otra salida. Creo que estos tres años que vienen son vitales para saber si Nicaragua se va a decantar por una dictadura de larga duración con una salida violenta después de diez o quince años, o si vamos a lograr alinearnos todos para enrumbar por fin a este país, que nunca concluyó su transición de la guerra a la paz, de la dictadura a la democracia, y que por muchas traiciones y ambiciones se apartó de ese camino.
Esta reforma constitucional deja a Nicaragua en el mismo camino en donde quedó en 1939. Salir de Somoza cuarenta años después, ni cinco ni diez ni veinte, sino cuarenta años después, nos costó 50 mil muertos. Y otros 50 mil muertos nos costó salir de la guerra que siguió a la caída de Somoza. 100 mil muertos sobre 2 millones y medio de personas que había en Nicaragua en ese momento. Aproximadamente el 4% de la población murió en ese esfuerzo. Y medio millón de personas fue desplazada, obligada al exilio o a abandonar sus hogares. La quinta parte de la población desplazada por la guerra… La magnitud de lo que pasó al dejar que Somoza se entronizara no la estamos percibiendo todavía. Y por eso hay que repetir y repetir el peligro en el que hoy nos encontramos. No permitamos que esto vuelva a suceder. Estos tres años que vienen serán vitales para que encontremos otro camino.

References: artículo 5
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 artículo 95
 artículo 92
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 artículo 147
 artículo 50
 artículo 102