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Timestamp: 2017-06-25 05:22:33+00:00

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Por Editor - 6 Abril, 2016 5 10441 Compartir en Facebook
Recientemente, un tema controversial ha concentrado la atención de la comunidad jurídica. Se trata del VIII Pleno Casatorio Civil cuyo objeto de análisis son los actos de disposición de bienes sociales por un solo cónyuge. La discusión se centra en determinar cuál es la sanción jurídica aplicable a estos actos de disposición realizados sin la participación de uno de los cónyuges, a propósito de la interpretación de lo establecido en el artículo 315 del Código Civil Peruano (1). Son dos los remedios o sanciones que se han desarrollado tanto jurisprudencial como doctrinariamente: (i) la nulidad y (ii) la ineficacia (en sentido estricto). En el presente escrito, más allá de pretender sentar una posición jurídica respecto al VIII Pleno Casatorio Civil, queremos ir un paso atrás para poder aportar a una mejor comprensión de las materias en discusión. Así pues, lo primero que uno se puede preguntar es (i) en qué consisten dichos actos de disposición y (ii) en qué se diferencian la nulidad y la ineficacia (en sentido estricto). En adelante, esbozaremos las posibles respuestas a estas interrogantes.
El hecho que el VIII Pleno Casatorio Civil pretenda determinar la sanción aplicable a los actos de autonomía privada por los cuales se dispone unilateralmente de bienes conyugales, teniendo que optar entre la nulidad o la ineficacia (en sentido estricto), nos adelanta que dichos remedios o sanciones son en sí mismos distintos. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos sanciones? ¿qué implicancias tiene el optar por una u por otra sanción o remedio? Para responder estas preguntas, lo primero que debemos mencionar respecto a la nulidad y a la ineficacia en sentido estricto, es que éstas son sanciones aplicables a los negocios jurídicos que se encuentran en una situación patológica, esto es, actos que están en una situación de anormalidad lo cual implica, en líneas generales, su no producción de efectos jurídicos y con ello la no realización de ningún finalidad práctica (2).
Ahora bien, para comprender qué es una situación patológica, debemos entender en qué consiste una situación óptima o saludable en términos jurídicos. En este punto es ineludible realizar una explicación de cómo es que se forman y desarrollan los negocios jurídicos hasta alcanzar su finalidad para poder advertir así en qué etapa de su formación aparece una patología. Los negocios jurídicos como hechos jurídicos que se presentan en la realidad, pasan por un proceso que va desde su constitución hasta la consecución de su finalidad. Así, para que un acto de autonomía privada pueda llegar a cumplir su propósito práctico para el cual ha sido concebido debe antes pasar por tres etapas secuenciales, esto es, debe transitar por tres escalones hasta alcanzar su plenitud: (i) existencia, (ii) validez y (iii) eficacia. Un negocio jurídico debe pues primero existir como tal, luego ser válido y, asimismo, eficaz. Primer Escalón: Existencia e Inexistencia (3)
La existencia es el primer escalón que un negocio jurídico debe recorrer en el camino hacia su plena eficacia, por el contrario, la inexistencia constituye su primer gran obstáculo. Segundo Escalón: Validez e Invalidez
Así, en el Código Civil (10) se regulan las causales que generan estas dos formas de invalidez. Siendo un negocio jurídico sancionado con nulidad cuando: Falta la declaración de voluntad de las partes;
Si un contrato incurre en alguna de estas causales, ello determinará su no producción absoluta de efectos jurídicos.(11) El negocio jurídico nulo no podrá cumplir ninguna finalidad en tanto la reglamentación en él contenida no es idónea para satisfacer necesidades prácticas dado que atenta contra el ordenamiento jurídico, por lo tanto no es digno de protección estatal. “La nulidad implica la improductividad automática y general de los efectos”. (12) La sentencia de nulidad por la cual se establece la invalidez de un negocio jurídico es declarativa, lo cual significa que se limita a reconocer una situación existente e insubsanable. En el Código Civil se establece un plazo de prescripción de 10 años para pedir la nulidad de un negocio jurídico, pudiendo solicitarla cualquier persona con interés. Incluso la nulidad puede ser observada de oficio por el juez. La nulidad es la forma más grave de la patología denominada invalidez, en la cual se protegen intereses y valores generales de la sociedad.
Por otro lado, tenemos a la anulabilidad. En la anulabilidad, a diferencia de la nulidad, su protección está circunscrita a las partes del negocio jurídico, toda vez que la afectación de los vicios que la generan recae y aquejan tan solo a ellos mismos. Por lo cual únicamente la parte legitimada para solicitar judicialmente la invalidez por anulabilidad de un acto de autonomía privada, es aquella que ha sido afectada por el vicio, teniendo para ello un plazo de 2 años y siendo la sentencia que emita el juez constitutiva, (13) esto es, la invalidez se constituirá a partir de ese momento extendiéndose retroactivamente hasta el momento de la celebración del negocio. (14) Una particularidad adicional de un contrato que incurre en anulabilidad es que, a diferencia de un contrato nulo que no genera en ningún momento efectos, éste sí llega a surtir efectos provisionalmente, pudiendo estos efectos mantenerse y continuar en el tiempo en caso el acto se convalide o confirme. Un acto se convalida cuando transcurre el plazo de 2 años para alegar la anulabilidad; y se confirma cuando la parte que ha sido afectada por la causal de anulabilidad reafirma la validez del contrato celebrado e informa que desea sus efectos (confirmación expresa) o simplemente ejecuta el contrato a pesar de tener conocimiento del vicio sufrido (confirmación tácita), superándose así la afectación inicial causada.
Es importante mencionar que las causales de invalidez, ya sea de nulidad o de anulabilidad, se presentan en el momento de la formación del negocio jurídico. Es decir, en el momento en que deben concurrir todos los elementos configuradores del contrato y cumplir con los requisitos de validez estipulados en el ordenamiento. Estas causales se determinan en un momento específico en el tiempo y espacio: cuando el contrato se forma. (15) Tercer Escalón: Eficacia e Ineficacia en sentido estricto (16) Habiendo transitado el primer escalón y corroborado que el negocio jurídico existe -en cuanto presenta todos los elementos configuradores-, y luego de haber ascendido al segundo escalón y haber comprobado que es válido –ya que cumple con los requisitos de validez del ordenamiento-, lo último a verificar es si ese negocio jurídico es también eficaz, ósea, susceptible de surtir efectos jurídicos. La eficacia es el tercer y último escalón que deben alcanzar los negocios jurídicos para que puedan cumplir las finalidades prácticas por las cuales han sido concebidos. Así pues, como regla general un negocio jurídico que presenta todos los elementos que lo configuran como tal y que cumpla además con todos los requisitos de validez establecidos por el ordenamiento, debería surtir efectos automáticamente. A saber, debería ser eficaz, ser apto de cumplir su finalidad. Si se escala satisfactoriamente por el primer y segundo escalón, se debería entonces alcanzar automáticamente el tercer escalón: la eficacia. Por ejemplo, un contrato de compraventa que está conformado por todos sus elementos y que no ha incurrido en causales nulidad o anulabilidad, debería estar en aptitud de generar ya las obligaciones de transferencia de la propiedad y del pago del precio entre las partes e incluso incentivar su cumplimiento, modificando así las situaciones jurídicas de las partes y satisfaciendo los intereses prácticos que los llevaron a celebrar ese contrato.
Son ejemplos de causales de ineficacia en sentido estricto: “la ausencia de legitimidad de contratar, la falta de realización de la condición o la ausencia de inscripción”, (18) la resolución, entre otros. Como se puede notar, estos son casos en los cuales un negocio no surte o deja de surtir efectos por causales distintas a las de inexistencia o de invalidez. La ineficacia en sentido estricto puede ser a su vez provisional o definitiva. Es definitiva cuando el negocio ya no surtirá en adelante efectos jurídicos, ejemplos de ello son la resolución del contrato, la no realización definitiva de una condición suspensiva, el cumplimiento de una condición resolutoria o de un plazo de vigencia. Es provisional cuando el negocio si bien en un momento no surte efectos, es posible que posteriormente cobre eficacia, como por ejemplo, en el caso de un contrato sometido a un determinado plazo de inicio de vigencia, un negocio que falta ser inscrito, (19) un contrato celebrado por alguien que carece de legitimidad para contratar. En todos los casos de ineficacia provisional, el negocio jurídico podría cobrar eficacia y modificar situaciones jurídicas.
Determinados supuestos de negocios jurídicos inmersos de manera provisional en causales de ineficacia, pueden ser subsanados mediante la ratificación, como por ejemplo los contratos celebrados por personas que carecen de legitimidad. (20) Muestra de ello es el contrato celebrado por el falsus procurator. En este supuesto se estipula que aquel negocio realizado por un falso representante o por un representante que excede sus poderes de representación es ineficaz (en sentido estricto) o inoponible respecto al representado lo cual significa que ese negocio a pesar de existir y ser válido no surte efectos respecto al titular de las situaciones jurídicas inmersas en el contrato, salvo que opte por ratificarlo. La figura que aquí subyace es la falta de legitimidad del falsus procurator para disponer por medio del contrato de situaciones jurídicas ajenas. Otro ejemplo es el contrato de arrendamiento realizado por un copropietario sin la participación de los otros copropietarios, donde el contrato es válido para las partes que celebraron el contrato pero ineficaz para la copropiedad, toda vez que el copropietario que arrendó unilateralmente carece de legitimidad para contratar. El negocio celebrado se convertirá en eficaz totalmente cuando los otros copropietarios lo ratifiquen. (21) El negocio jurídico realizado por uno sólo de los cónyuges sería pues también un caso en el cual el cónyuge que dispone unilateralmente carece de legitimidad para contratar. (22) La ausencia de legitimidad no es pues causal de inexistencia o de invalidez del negocio jurídico, sino causal de ineficacia en sentido estricto.
Como se ve, una de las peculiaridades de la ausencia de legitimidad para contratar como supuesto de ineficacia en sentido estricto es que puede ser susceptible de subsanación, esto es, el negocio jurídico carente de efectos respecto al verdadero titular de las situaciones jurídicas comprometidas puede llegar a surtir efectos de manera definitiva en caso opere la ratificación del negocio por su parte. Se entiende por ratificación al negocio jurídico unilateral por el cual se atribuye eficacia al contrato (de por sí ineficaz) celebrado por el sujeto carente de legitimidad. (23) Otra particularidad de la ineficacia en sentido estricto por ausencia de legitimidad es que el afectado por esta patología puede pedir la declaración de ineficacia del negocio jurídico en cualquier momento, en cuanto no se ha establecido expresamente un plazo de prescripción. (24) La disyuntiva del VIII Pleno Casatorio Civil
Así en el VIII pleno casatorio civil se busca determinar si la patología de los negocios jurídicos realizados por un solo cónyuge se ubica en el segundo escalón, es decir, si son inválidos o si, por el contrario, están en el tercer escalón, esto es, si son ineficaces en sentido estricto. Serían inválidos por nulidad, según se ha dicho, (25) por tres razones: i) por ausencia de declaración de voluntad del cónyuge no participante, ii) porque su objeto es jurídicamente imposible y/o iii) porque tiene un fin ilícito. Y serían ineficaces en sentido estricto en cuanto son realizados por una parte que carece de legitimidad para contratar. El optar por una u otra opción, como se ha visto hasta este momento, tiene consecuencias jurídicas distintas, en cuanto se ubican en etapas o escalones distintos de la vida del negocio jurídico y toda vez que responden a causales distintas también. Si se opta por la nulidad, lo cual determinaría la invalidez del negocio jurídico, ello significaría la improductividad de efectos jurídicos del negocio desde un inicio, tanto para las partes contratantes como para el cónyuge no participante, así como la imposibilidad de subsanación. “La nulidad del Contrato impediría también que el adquirente de buena fe actuase remedios contractuales supletorios establecidos por ley, tales como las garantías de saneamiento, resolución por incumplimiento y otros remedios sinalagmáticos”. (26) La parte que contrató con el cónyuge no autorizado sólo podría pedir jurisdiccionalmente que se le indemnice la afectación a su llamado “interés negativo” (27) por haber celebrado un contrato inválido, esto es, que se le reestablezca a la posición inicial en la que hubiera estado antes de celebrar este negocio. El plazo para solicitar la nulidad es de 10 años.
En cambio, si se opta por la ineficacia en sentido estricto, ello significaría que el negocio jurídico no surte efectos provisionalmente respecto al cónyuge preterido, pero éste tiene el poder de ratificar ese negocio jurídico o dejarlo sin efectos definitivamente con respecto a su persona (oponibilidad), pudiendo ejercer esta pretensión en cualquier momento dada su imprescriptibilidad. En caso esto último suceda, quedaría a salvo la vinculación entre las partes que celebraron el contrato, para quienes el contrato sí surtiría efectos. En este caso la parte que celebró el contrato podría exigir el cumplimiento del contrato y, toda vez que ello no va a ser posible de realizar, dada la negativa de ratificación, podría demandar el resarcimiento por la afectación a su “interés positivo”, (28) es decir, el interés en el cumplimiento efectivo del contrato que se verá reflejado en el daño emergente y lucro cesante que el incumplimiento de su contraparte le haya generado. La protección del tercero, así como del cónyuge afectado, quedan aseguradas con esta posición.
Para un análisis de la importancia y utilidad de la categoría de existencia e inexistencia del negocio jurídico, véase: MORALES HERVÍAS, Rómulo. “Inexistencia e invalidez del Contrato en el Código Civil peruano de 1984”. En: Revista Jurídica del Perú. Derecho Privado y Público. Normas Legales. Lima: Gaceta Jurídica. 2009. pp. 85-111. Disponible en: http://works.bepress.com/romulo_morales/6/. Asimismo, para un análisis detallado de la inexistencia del negocio jurídico como un fenómeno distinto a la nulidad en el ordenamiento jurídico peruano ver: VÁSQUEZ REBAZA, Walter. “La inexistencia del negocio jurídico. ¿Duplicación inútil, hipótesis de escuela o genuina categoría operativa?”. En: Revista Jurídica del Perú 141. 2012. pp. 164-188. Disponible en: http://works.bepress.com/walter_vasquezrebaza/3
La formalidad obligatoria no se presenta en todos los actos de autonomía privada, tan solo en aquellos llamados “ad solemnitatem”, la regla general es que los negocios jurídicos tengan libertad de forma. Cabe mencionar que, por política legislativa, muchas veces las consecuencias jurídicas ante la ausencia de algunos de estos elementos podría variar. Por ejemplo, tal es el caso del ordenamiento italiano en el cual la ausencia de acuerdo, de objeto o de causa no se sancionan con la inexistencia, sino con nulidad (invalidez) toda vez que se ha plasmado esa solución expresamente. Distinto es el caso peruano, en donde no se menciona que la sanción aplicable ante la ausencia del objeto o de la causa sea la invalidez del negocio jurídico, pero sí se ha plasmado que la ausencia de declaración de voluntad (caso que determinaría la inexistencia de un negocio jurídico unilateral) o la ausencia de formalidad obligatoria, se sancionan con nulidad.
MORALES HERVÍAS, Rómulo. Ob. cit. 2011. p. 195. Un ejemplo de inexistencia del contrato es el contenido en el artículo 1359 del Código Civil que regula la ausencia de acuerdo: “No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria”. (El énfasis es nuestro)
Por ejemplo, el contrato por el cual se constituye una hipoteca que no ha sido aún inscrito, existe y es válido pero aun es ineficaz en sentido estricto hasta su inscripción en Registros Públicos. Véase al respecto: MENDOZA DEL MAESTRO, Gilberto. “La constitución del negocio jurídico hipotecario ¿Inscripción constitutiva?” En: http://polemos.pe/2015/09/la-constitucion-del-negocio-juridico-hipotecario-inscripcion-constitutiva/ “La legitimidad del sujeto proviene de ser titular de situaciones jurídicas subjetivas. (…) la legitimidad es una cualidad del sujeto y la ilegitimidad es la ausencia de dicha cualidad”. MORALES HERVÍAS, Rómulo. “La falta de legitimidad del contrato: inoponibilidad o ratificación”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Vol. 208. 2016. p. 310. Disponible en: http://works.bepress.com/romulo_morales/38/
Véase al respecto: MORALES HERVÍAS, Rómulo. “La falta de legitimidad del contrato: inoponibilidad o ratificación”. En: Diálogo con la Jurisprudencia. Vol. 208. 2016. pp. 309–332; y VASQUEZ REBAZA, Walter. “Los actos de disposición de bienes sociales por parte de uno de los cónyuges. Argumentos adicionales a favor de la tesis “Pro ineficacia” ad portas del Octavo Pleno Casatorio Civil”. En: http://enfoquederecho.com/civil/determinacion-del-objeto-de-la-compraventa-inmobiliaria-o-relevancia-de-la-clausula-ad-corpus-comentario-a-una-reciente-resolucion-de-la-corte-suprema-2/
Es el “(…) interés a la ejecución del contrato válidamente celebrado, y a la adquisición de las correspondientes ganancias” (El énfasis es del original). En: Ídem. pp. 190-191. Compartir
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CAVIEB
CREO QUE ES UNA DISCUSIÓN INUTIL E INNCESARIA, LO IMPORTANTE ES QUE EN CUALQUIER CASO, NULIDAD O INEFICACIA, UN ACTO DE DISPOSICION, SI EXISTE UNA DEFICIENCIA, DEBE DECLARARSE SU NULIDAD, LAS CUESTIONES DE DENOMINACION NO DEBEN LIMITAR LA PRETENSION DE LAS PERSONAS RESPECTO AL ACTO JURIDICO. SE SANCIONA SU NULIDAD Y PUNTO PARA ESO ESTA EL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA
Responder Miguel Angel Pérez Caruajulca
13 Abril, 2016 at 19:31
Estimado Cavieb, en realidad no es una discusión inútil menos innecesaria dada las implicancias jurídicas que tiene optar por una u otra opción. Te invito a leer nuevamente todo el articulo para que puedas dilucidar de mejor manera estos aspectos. Asimismo, si deseas más información, seria importante que revises los textos y autores citados. Saludos,
Responder GAVINO ALBAY MALLMA
16 Julio, 2016 at 1:44
Craso error respecto al escalafón en el que se encuentra el vicio en el caso de la disposición de un bien social por uno solo de los cónyuges en la formación del mismo como negocio jurídico, este está en el segundo escalafón vicio que le impide ser compatible con el sistema jurídico, más no así en cuanto a su eficacia; puesto que así la voluntad del cónyuge no interviniente sea oponerse o no querer los efectos del negocio este seguirá surtiendo tales efectos. Además el Artículo 315 del Código Civil así lo deja sentado cuando dice “… Artículo 315.- Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, SE REQUIERE la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, SI TIENE PODER especial del otro, lo que en cristiano significa que la disposición de un bien social como negocio exprese la conformidad de la relación jurídica generada con el ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico nos dice que para que la disposición de un bien social se halle conforme con este, deben intervenir el marido y la mujer como agente (uno solo: sociedad conyugal) no como representantes de nada; lo que se refuerza cuando uno sólo de ellos puede actuar solo como dicho agente (al referirse al poder que le otorga el otro cónyuge para que actúe por su propio derecho y en nombre del cónyuge otorgante del poder como representante de este poderdante y no de la sociedad conyugal); pero, ¿la disposición de un bien social por uno solo de los cónyuges per se es nulo? NO, porque ello si es posible según nuestras normas, claro está si cuenta con poder otorgado por el otro cónyuge para que lo represente, lo que nos puede llavar a pensar en la causal de falta de manifestación de voluntad (causal residual); entonces aquí entra a tallar lo que la propia norma en comento prescribe que uno solo de los cónyuges SI PUEDE disponer de un bien social SI TIENE PODER otorgado por el otro cónyuge; lo que en cristiano también quiere decir, según la interpretación contrariun sensum que si un cónyuge NO TIENE PODER otorgado por el otro cónyuge NO PUEDE disponer del bien social. Así que si un cónyuge no tiene poder otorgado por el otro cónyuge para disponer de un bien social JURÍDICAMENTE no puede disponer del mismo, fácticamente lo puede hacer, pero estaría reñido con nuestro ordenamiento jurídico, sería un acto (relación jurídica) que no guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, que no es sino la causal de objeto jurídicamente imposible que excluye a la causal residual.
Responder Jesús Cotrina Maccha
8 Mayo, 2017 at 22:01
En concreto me parece un tanto inoficioso que por la terminología sea un acto nulo o acto ineficaz se tiene que perjudicar a la parte de demandante, me pregunto que pasa si el parte demandante hace 4 o 5 años presentó una demanda de nulidad de acto jurídico por venta de un bien social, sin la participación del otro cónyuge y según el VIII Pleno casatorio Civil, establece que dicha venta es ineficaz y en mérito a ello las Salas Superiores están revocando la sentencia de primera instancia y declarando infundada la demanda, me parece que eso no es correcto y justo.
8 Mayo, 2017 at 21:54
Respecto a la categoría jurídica de la nulidad o ineficacia, en la la venta de un bien social por uno de los cónyuges, creo que en cuanto a la terminología utilizada sea nulidad o ineficacia no debe perjudicar a la parte demandante y ademas resulta inoficioso dicha distinción, lo cierto es que dicha venta debe ser declarada nula. Me pregunto que pasa si la parte demandante hace 5 años ha interpuesto la demanda de nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad de uno de los cónyuges en la venta de un bien social y posterior a ello se emite el VIII Pleno casatorio civil, donde dice que dicho acto es de ineficacia y no de nulidad, como queda esa demanda, infundada solo por el hecho de no haber utilizado la terminología de ineficacia y no de nulidad, me parece un tanto incorrecto que por la terminología no se puede afectar el fondo de la controversia. Al final tanto la nulidad como la ineficacia persiguen la misma finalidad que es de dejar sin efecto la venta del bien social. Actualmente en muchos pronunciamientos a nivel de las Salas Civiles Superiores, están revocando las sentencias de primera instancia, solo por la terminología, por que en la demanda se utilizó el término de nulidad y no de ineficacia, me parece que ello no es correcto y justo.

References: artículo 315
 resolución 
 resolución 
 artículo 1359
 Artículo 315
 Artículo 315