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BOE.es - Documento BOE-A-2012-6494
Documento BOE-A-2012-6494
Pleno. Sentencia 84/2012, de 18 de abril de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad 3151-2003. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el art. 138.6 del texto refundido de la Ley de procedimiento laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. Derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el obligado cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes: incorrecta formulación del juicio de relevancia al promoverse la cuestión de inconstitucionalidad respecto de un precepto de cuya validez no depende el fallo que deba dictarse en el recurso de suplicación.
«BOE» núm. 117, de 16 de mayo de 2012, páginas 162 a 172 (11 págs.)
BOE-A-2012-6494
c) Mediante escrito presentado en el Juzgado el día 2 de marzo de 2001 el demandante interesó la ejecución del fallo de la Sentencia a fin de que se requiriera a la demandada para que le repusiera en su puesto de trabajo, al haberse negado a ello, según aducía. Tras la oportuna tramitación del incidente de ejecución, el Juzgado dictó Auto de 29 de marzo de 2001 en cuya parte dispositiva dispuso, textualmente, lo siguiente: «Que no siendo posible reponer al actor en el puesto de trabajo de la sucursal de La Solana deberá el mismo en el plazo de CINCO DIAS desde la notificación de esta resolución optar entre continuar prestando servicios en el puesto de trabajo que actualmente ocupa en la sucursal de Argamasilla de Alba o extinguir la relación laboral conforme a lo preceptuado en el art. 50.1.c del Estatuto de los Trabajadores». En el Auto se indicaba expresamente que contra el mismo podrían las partes interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia.
h) El Ministerio Fiscal, por su parte, consideró en el escrito presentado al efecto no procedente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, al entender que existía un posible ajuste de la norma a la Constitución por vía interpretativa, tal y como había patrocinado la Sala, aun de forma incidental, en un Auto de fecha 19 de noviembre de 2002, en la resolución de un recurso de queja, en virtud de la cual se entendería que la conjunción copulativa «y» utilizada por el precepto considerado podría interpretarse no en clave de exigencia simultánea sino en términos complementarios (ejecución del fallo in natura y, en su caso, extinción del contrato).
j) Finalmente, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó Auto el 25 de marzo de 2003, cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo que sigue: «Que con suspensión del plazo para dictar Sentencia, se acuerda plantear la Cuestión de Inconstitucionalidad del párrafo 6 del artículo 138 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto articulado de 7-4-95, en la medida que se entienda que cuando en el mismo se alude a que, cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciese de modo irregular, la ejecución que el trabajador puede instar de la sentencia supone la extinción del contrato de trabajo por causa de lo previsto en el artículo 50.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin otra opción posible de ejecución de la misma, por su posible colisión con los artículos 24.1 y 118 de la Constitución».
Conforme a la dicción literal del art. 138.6 LPL, el mismo señala que, dictada Sentencia favorable a la demanda presentada por el trabajador, y declarado que el traslado efectuado por la empresa no es ajustado a derecho, calificado como injustificado, con condena a reincorporar al trabajador al centro de trabajo de origen [art. 41.5 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET)], si la empresa incumple esa declaración de condena y se niega a realizar esa reincorporación, en ejecución de esa Sentencia, el trabajador sólo tiene la opción de extinguir su contrato de trabajo. Parece que la norma que se debate pretende, al señalar que el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social «y la extinción del contrato», da a entender, y así se viene considerando en la doctrina y en la escasa doctrina jurisprudencial existente, que la petición de ejecución de la Sentencia comporta, sin más, la extinción del contrato de trabajo, dado el tenor de la conjunción «y», que no parece dejar opción a poder elegir entre la ejecución o la extinción del contrato. Imposibilidad legal avalada en la intención del legislador por la introducción del nuevo apartado 7, donde sí se da la posibilidad de la ejecución «en sus propios términos». Es, precisamente, en esa imposibilidad de ejecución de la Sentencia en sus propios términos, en coherencia con el fallo de la misma, y en la reconversión final de la acción ejercitada en una extinción del contrato, donde la Sala proponente tiene la duda de constitucionalidad.
Parece así, a juicio de la Sala, constitucionalmente desacertado un precepto procesal que impide la ejecución en sus propios términos de una Sentencia que contempla una obligación al condenado que, además, propiamente no es de hacer, como demuestra el siguiente apartado del precepto, o que, cuando menos, podría ser entendida como una condena de hacer «no personalísimo» (art. 706 LEC), y que deja, por lo tanto, huérfana de todo contenido la declaración del fallo emitido, sin justificación alguna de razonabilidad de esa transformación de la acción ejercitada en otra distinta extintiva, la más grave y perjudicial para el trabajador. Y, por lo tanto, el precepto cuestionado aparece, al entender de la Sala, enfrentado con el art. 24.1 CE. Lo que, además, se agrava si se tiene en cuenta que ni tan siquiera se establece un diferente trato procesal para el trabajador despedido beneficiado con garantías representativas o sindicales que podría así, por esa vía indirecta, ser objeto de una situación límite que le condujera a que, caso de pretender la ejecución de una Sentencia favorable, ello realmente acabara en una extinción de su contrato.
Añade la Sala que ha intentado interpretar el precepto debatido de tal modo que resulte coherente con el entramado constitucional y con lo postulado en demanda y recurso, entendiendo que, realmente, cuando el precepto dice «y», quiere decir «o». De tal modo que permita así una opción al trabajador, entre solicitar la ejecución de la Sentencia que le ha sido favorable en sus propios términos, pudiendo el órgano judicial adoptar las medidas de coerción precisas a ello encaminadas, para lo que, entre otras varias posibles, serviría por analogía lo que establece el art. 282 LPL, o bien, poder solicitar de modo directo, sin necesidad de acudir a un nuevo pleito, la extinción del contrato por causa de lo previsto en el art. 50.1 c) LET. Lo que, como mero obiter dictum, se ha indicado en un Auto de fecha 19 de noviembre de 2002, dictado resolviendo una queja, tal y como señala el Ministerio Fiscal, en cuyo trámite el precepto no adquiría la relevancia que ahora tiene. Pero la realidad, señala la Sala, es que ese intento interpretativo del precepto en concordancia con las exigencias constitucionales excede del ámbito que competencialmente es propio de este órgano judicial, en cuanto que implica realizar una censura de constitucionalidad de un precepto legal haciéndole decir lo que literalmente no dice.
Concluye, por ello, la Sala reafirmando su duda de que el reiterado precepto pueda encajar en una interpretación razonable de la tutela judicial efectiva contemplada para todos, incluidos, sin duda alguna, los trabajadores, por lo que, vista la duda de constitucionalidad que le ofrece el art. 138.6 LPL, precepto de cuya aplicación depende el recurso de suplicación que debe de resolver, lo que comporta que concurra la relevancia necesaria, acuerda plantear la duda de constitucionalidad del mencionado artículo, en la medida en que, al señalar que se podrá instar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social «y» la extinción del contrato, se impida con ello optar por la ejecución en sus propios términos del fallo de la Sentencia objeto de la ejecución, que haya reconocido su derecho a ser repuesto en su antiguo puesto de trabajo, y se haga obligatoria la extinción del contrato, sin otra opción posible, lo que podría colisionar con los arts. 24.1 y 118 de la Constitución.
4. Por providencia de 21 de octubre de 2003 la Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión, así como dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes, y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» (lo que se cumplimentó en el «BOE» núm. 262 de 1 de noviembre de 2003).
En todos estos casos el legislador ha valorado, sin duda, el hecho de que, sin merma de los mecanismos protectores del trabajador, la negativa del empresario a reincorporarlo revela una situación insostenible, donde desaparece la propia causa determinante del contrato y donde no es reconocible un interés de nadie a mantener a ultranza la vigencia de la relación laboral, como ilustra el caso concreto que motivó el planteamiento de la presente cuestión. Ello explica la compatibilidad entre la injustificación del traslado que pueda declararse en sentencia y el hecho de quedar «justificada» la conducta del empresario evitando el reintegro del trabajador, aunque sometiéndose a las indemnizaciones por despido improcedente. En el fondo, es una manera de armonizar dos cosas: el hecho de reconocer que no hay posibilidad de ocupación efectiva del trabajador en el lugar de origen y el hecho de juzgar injustificado su traslado a otro lugar.
Y es que, si bien las SSTC 322/1994 y 3/1998 señalaron que «el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a que las Sentencias sean ejecutadas en sus propios términos, de modo que desconoce el derecho fundamental el Juez que, por omisión, pasividad o defectuoso entendimiento se aparta, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que debe ejecutarse (SSTC 32/1982, 125/1987, 148/1989, 194/1993), puesto que, en definitiva, el derecho reconocido en el art. 24 C.E. se concreta en que se cumpla el fallo judicial, de modo que las resoluciones judiciales no se conviertan en meras declaraciones sin efectividad (SSTC 32/1982, 58/1993)», también añaden que «el derecho a la ejecución de las Sentencias no alcanza a cubrir las modalidades con las que aquélla se pueda satisfacer, ya que tan constitucional resulta una ejecución en la que se observe identidad total entre el contenido del fallo y lo ejecutado finalmente, como aquélla en la que, bien por disposición legal bien por razones atendibles, la condena original se sustituya por su equivalente pecuniario u otro tipo de prestación (doctrina posteriormente reiterada en SSTC 69/1983, 67/1984, 205/1987, 149/1989, 194/1991, 61/1992, 322/1994)».
El art. 138 de la Ley de procedimiento laboral regula el procedimiento de impugnación de las decisiones empresariales en materia de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo. El apartado 5 del artículo establece que la Sentencia (que, como aclara el apartado 4, «no tendrá recurso y será inmediatamente ejecutiva») «declarará justificada o injustificada la decisión empresarial, según hayan quedado acreditadas o no, respecto de los trabajadores afectados, las razones invocadas por la empresa». La Sentencia que declare injustificada la medida, continúa señalando el precepto, «reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo». Finalmente, establece que «se declarará nula la decisión adoptada en fraude de ley, eludiendo las normas establecidas para las de carácter colectivo en el último párrafo del apartado 1 del artículo 40 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, y en el último párrafo del apartado 3 del artículo 41 del mismo texto legal».
«Cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinción del contrato por causa de lo previsto en el artículo 50.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores conforme a lo establecido en los artículos 277, 278 y 279 de la presente Ley.»
Finalmente, el artículo concluye con un apartado 7 que establece que «si la sentencia declarara la nulidad de la medida empresarial, su ejecución se efectuará en sus propios términos, salvo que el trabajador inste la ejecución prevista en el apartado anterior. En todo caso serán de aplicación los plazos establecidos en el mismo.»
Sentado lo anterior, es preciso comenzar recordando que el art. 35.1 LOTC exige que la norma con rango de ley de la que tenga dudas un Juez o Tribunal debe ser «aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo», añadiéndose en el apartado 2 del indicado precepto que el órgano judicial deberá especificar o justificar, en el auto de planteamiento de la cuestión, en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión.
Es decir, la norma cuestionada debe superar el denominado «juicio de relevancia», o lo que es lo mismo, la justificación de la medida en que la decisión del proceso depende de su validez, habida cuenta de que la cuestión de inconstitucionalidad, por medio de la cual se garantiza el control concreto de la constitucionalidad de la ley, no puede resultar desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y finalidad propias, lo que sucedería si se permitiera que se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que la cuestión se suscita (SSTC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1; y 141/2008, de 30 de octubre, FJ 6; AATC 42/1998, de 18 de febrero, FJ 1; 21/2001, de 30 de enero, FJ 1; 25/2003, de 28 de enero, FJ 3; 206/2005, de 10 de mayo, FJ 2; y 360/2006, de 10 de octubre, FJ 2).
Como hemos señalado en diversas ocasiones, el control del juicio de relevancia que corresponde efectuar a este Tribunal debe centrarse en el análisis de la argumentación contenida en el Auto de planteamiento de la cuestión para justificar que la decisión del proceso depende de la validez de la norma cuestionada, sin que dicho análisis pueda extenderse al examen del proceso mismo en que la cuestión se plantea ni de los presupuestos procesales que le sirven de base, pues, por esa vía indirecta, estaría resolviendo el Tribunal un problema de legalidad ordinaria —en este caso, la admisión o inadmisión a trámite del recurso de suplicación en cuyo seno se plantea la cuestión— para lo que, obviamente, carece de jurisdicción y de competencia [SSTC 196/1987, de 11 de diciembre, FJ 2; Ç186/1990, de 15 de noviembre, FJ 2; y 110/1993, de 25 de marzo, FJ 2 a)].
En el presente caso la Sala proponente no efectúa consideración alguna que permita a este Tribunal llevar a cabo su necesario control sobre el juicio de relevancia desde la perspectiva que se acaba de mencionar, en orden a garantizar que la resolución del proceso judicial dependa realmente de la validez de la norma cuestionada, limitándose a señalar, en el apartado sexto del Auto de planteamiento, que el art. 138.6 LPL es «precepto de cuya aplicación depende el Recurso de Suplicación que debe resolver (art. 35.1 LOTC), lo que comporta que concurre la relevancia necesaria». Y es claro que esta apodíctica afirmación del Auto no puede considerarse suficiente para justificar la relevancia de la cuestión, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas por las partes en el proceso y en el propio trámite de audiencia. Puede pensarse, sin duda, que al plantear la cuestión la Sala está de hecho rechazando, implícitamente, las objeciones procesales de la parte recurrida; pero no es a través de justificaciones implícitas como este Tribunal puede controlar la razonabilidad, suficiencia y coherencia del juicio de relevancia, en orden a garantizar que la cuestión de inconstitucionalidad no se utilice para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para el proceso a quo, con la consiguiente perturbación inútil del litigio y, desde la perspectiva del proceso constitucional, con un uso del mismo no acomodado a su naturaleza (SSTC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1; 141/2008, de 30 de octubre, FJ 6; y 115/2009, de 30 de mayo, FJ 2).
DICTADA en la CUESTIÓN 3151/2003 (Ref. BOE-A-2003-20141).
DECLARA la INADMISIÓN de la CUESTIÓN 3151/2003, en relación con el art. 138.6 de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/1995 (Ref. BOE-A-1995-8758).

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 138
 artículo 50
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 50
 resolución 
 Real Decreto