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Timestamp: 2019-02-18 20:55:17+00:00

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﻿ Sentencia 37523 de mayo 8 de 2012
SENTENCIA 37523 DE 08 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:EMPLEADOR NO PUEDE SUPRIMIR ARBITRARIAMENTE DERECHOS CONVENCIONALES. PERMITIR QUE EL EMPLEADOR PUEDA MODIFICAR A SU ARBITRIO, O SUPRIMIR LOS DERECHOS QUE TIENEN RANGO CONVENCIONAL, SERÍA DESCONOCER QUE, JUSTAMENTE, AQUELLOS SON FRUTO DE UN EJERCICIO DE CONCERTACIÓN, QUE BUSCA PONER EN UN PLANO DE IGUALDAD LAS RELACIONES OBRERO-PATRONALES Y ELLO DARÍA AL TRASTE CON UN MECANISMO QUE HA RESULTADO EFICAZ EN ARAS DE LA CONSECUCIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:SINDICATO, LAUDO ARBITRAL LABORAL, TRABAJADOR SINDICALIZADO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:492 DE DICIEMBRE DE 2012, PG.2141
Sentencia 37523 de mayo 8 de 2012
Rad.: 37523
Bogotá, D.C., ocho de mayo de dos mil doce.
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Entidades de la Cruz Roja Colombiana “Sintracruzroja Colombia”, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de abril de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que el recurrente adelantó contra la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.
Sintracruzroja Colombia demandó a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, para que se le ordenara “restablecer a favor de los trabajadores sindicalizados todos los beneficios y servicios extralegales consagrados en la cartilla de beneficios y servicios, vigente a partir de 1987”, junto con el pago de los beneficios extralegales y servicios allí contemplados, desde el 1º de septiembre de 2003 hasta que se reanude su cancelación, la liquidación de las cesantías y sus intereses acumuladas a 31 de diciembre de 2003, teniendo en cuenta la totalidad de los factores salariales contemplados en la citada cartilla y las costas del proceso.
En sustento de sus pretensiones, la parte recurrente afirmó que, desde el año 1987, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá “adoptó a favor de todos sus trabajadores de nómina una cartilla de beneficios y servicios en la que se consagraron algunas garantías extralegales que se les aplicaría por decisión unilateral a cada uno de ellos”; los citados beneficios se mantuvieron incólumes, incluso, con la transición que se suscitó con la aplicación de la Ley 50 de 1990 en la entidad y que de ello dan cuenta las diferentes comunicaciones que en ese sentido les dirigieron; el 7 de mayo de 2002 el Sindicato presentó un pliego de peticiones “con la pretensión de firmar la primera convención colectiva de trabajo”, y elevar a rango convencional los beneficios contenidos en la cartilla; como no fue posible llegar a ningún acuerdo, el conflicto lo dirimió un tribunal de arbitramento en el laudo de 15 de julio de 2003, y que por no encontrarse conformes con lo decidido interpusieron recurso de anulación; esta corporación dictó sentencia el 21 de agosto de 2003, en la que dejó en firme el fallo arbitral, bajo el entendido de que la cartilla se elevó a canon convencional y que por tanto no podía modificarse sino tan solo por razones económicas, financieras o administrativas del empleador; luego de emitido tal pronunciamiento “la Cruz Roja abruptamente sin que mediara ninguna justificación, amparándose según ellos en algunos apartes de la sentencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, unilateralmente determinó dejar sin efectos los beneficios extralegales que venía reconociendo desde el año de 1987 a todos sus trabajadores y que se encontraban expresos en la cartilla de beneficios”; tal determinación afecta a los trabajadores sindicalizados y por ello procede el restablecimiento de sus derechos.
La demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones incoadas. Aceptó la existencia de la cartilla de beneficios y servicios, pero negó que la decisión de eliminarla fuera arbitraria, dado que estaba autorizada por lo dispuesto en el laudo arbitral. formuló las excepciones de pago y cobro de lo no debido (fls. 100 – 110).
El 31 de enero de 2007, el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá absolvió a la demandada y gravó con costas a la parte actora.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral, el 30 de abril de 2008, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.
En lo que importa al recurso, el ad quem estimó que la Cartilla de Beneficios fue elevada a rango de disposición colectiva, en razón de la decisión del tribunal de arbitramento que así lo señaló, pero que no obstante su aplicación y vigencia fue condicionada a la ocurrencia de determinadas circunstancias que ese tribunal planteó y que, precisamente, en este sentido fue que esta corporación se pronunció al establecer el deber de la entidad de respetar los derechos contenidos en la cartilla, pero sin garantizar “su perpetuidad, pues la norma carece de suficiente fuerza vinculante para garantizar su efectividad”.
Consideró que el comunicado remitido a los trabajadores, por la Cruz Roja Seccional Bogotá y Cundinamarca, en el que les notificaba la eliminación de los beneficios de la cartilla, a partir del 1º de septiembre de 2003, fundada en su precaria situación financiera, acaecida desde 2002, tenía el aval del revisor fiscal, según se desprende del texto de ese comunicado que trascribió; que pese a que la defensa de la entidad en el proceso no se circunscribió a demostrar su estado económico, de algunos apartes del texto del laudo arbitral, que también copió, ello se infería.
Advirtió que “en la misma providencia del tribunal de arbitramento, damos cuenta de la proyección respecto del valor económico que para el año 2002 representó el pago de los beneficios extralegales, considerados en suma equivalente a ($ 518.000.000.00); haciendo claridad sin embargo que hacen parte de prerrogativas unilaterales constituidas por mera liberalidad de la entidad, pero que de continuarse con ellas podría llevar a la inviabilidad de la existencia de la seccional. No obstante lo anterior y en un gesto de respeto hacia dicha liberalidad, relegó su determinación final en su aplicación a la entidad”.
En ese orden estimó que el numeral 4º del citado laudo arbitral, en el que se contempló lo relacionado con la adopción de la cartilla de beneficios y servicios, no era del todo vinculante para la entidad, puesto que aquel permitió la extinción de los derechos, amén de la verificación de la situación financiera de la entidad, que por ello “No le asistía mayor esfuerzo o estudio a fondo de circunstancias económicas, financieras o administrativas, para poder desmontar los privilegios otorgados a sus trabajadores, porque en tanto cobró firmeza dicho acto, se procedió en (sic) su eliminación”.
Textualmente dijo, “Pretendo con esta demanda se case totalmente por esa honorable corporación la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala de Descongestión Laboral, de fecha 30 de abril de 2008 (...) por la cual se confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Décimo de Descongestión Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el día 31 de enero de 2007, para que convertida en sede de instancia proceda mediante sentencia de casación laboral a condenar a la entidad empleadora demandada a las súplicas de la demanda, principalmente a restablecer a favor de todos los trabajadores sindicalizados la cartilla de beneficios y servicios a partir del primero de septiembre de 2003, fecha para la cual fue eliminada ilegalmente por la entidad demandada y a que se les reconozca y pague a todos y cada uno de los sindicalizados beneficiarios los derechos injustamente dejados de reconocer a partir del momento en que se dejó de aplicar, es decir a partir del 1° de septiembre de 2003”.
Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formuló un cargo que fue objeto de réplica.
Acusó la sentencia gravada de violar “la ley sustancial por la vía directa al omitir aplicar al caso controvertido los artículos 461-Compilado. D. 1818/98, art. 190, 467, 468, 469, 476, 479.- Modificado. D.L. 616/54 art. 14, 480, 19 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que la llevó a incurrir en error de derecho al no darle el efecto jurídico debido al Laudo arbitral y consecuencialmente desconociendo los derechos que de él emanan”.
Copió apartes de los artículos 461 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, y señaló que el Laudo Arbitral de 15 de julio de 2003 tenía un efecto vinculante para las partes; que la sentencia dictada por esta corporación, al resolver el recurso de anulación asentó que “si el fin último de la convención colectiva es crear nuevas condiciones laborales que mejoren las existentes para los trabajadores, y el laudo arbitral hace las veces de tal acuerdo, aquí se logró el cometido de elevar a canon convencional los beneficios anteriores contenidos en la cartilla, que antes no eran imperativos para el empleador, en cuanto podía a su arbitrio modificarlos o revocarlos en cualquier tiempo, cosa que ahora sólo podrá hacer por específicas razones económicas, financieras o administrativas” y que en últimas ello lo avaló la Sala Laboral del Tribunal, pero que no obstante, de forma desacertada, concluyó, sin soporte legal, que la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá y Cundinamarca “había actuado conforme a derecho al avalar la decisión unilateral adoptada de eliminar la referida cartilla”.
Precisó que las comunicaciones del 8 de septiembre de 2003, en las que se les informó sobre la eliminación de los derechos contenidos en la pluricitada cartilla, no guardaban relación, en cifras, con las que reveló el Tribunal de Arbitramento al proferir el Laudo y que por ello era necesario hacer “un examen comparativo de los estados financieros de la institución reflejados en los párrafos transcritos con la afirmación que se lee en las comunicaciones dirigidas a sus trabajadores en donde se afirma que las pérdidas acumuladas a 31 de diciembre de 2002 suman mil novecientos sesenta y siete millones ($ 1.967.000.000) de pesos, cifra avalada por el Revisor Fiscal y revisada por el Tribunal mencionado. La última cifra no aparece escrita en ningún documento de los arrimados al expediente”.
Que la demandada no podía, arbitrariamente “recoger las pruebas practicadas al interior del tribunal de arbitramento para justificar su posterior determinación, sin fundamento alguno”; que desde el momento en que quedó en firme el laudo arbitral que dirimió el conflicto colectivo económico, las partes tenían la posibilidad de enmendar, modificar, aumentar o eliminar la cartilla de beneficios y servicios, o cualquier otra de sus cláusulas, pero mediante proceso de negociación colectiva, por así preverlo el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo y el 4º de la Ley 27 de 1976, o acudir al proceso de revisión contemplado en el 480 de aquella codificación.
Apuntó que el recurso carece de los mínimos requisitos de técnica y que es inane para quebrar la sentencia del tribunal; en primer lugar resaltó que el alcance de la impugnación es incompleto porque aun cuando busca que se case el fallo de segunda instancia, omite señalar qué hacer con el del Juzgado, lo que, en criterio del opositor, lo deja intacto; en segundo, que pese a que escogió la vía directa para atacar la providencia del Tribunal, dijo que incurrió en error de derecho, propio de la vía indirecta y que tampoco precisa la modalidad de violación; en tercero, recabó que el desarrollo de la demanda advierte la existencia de un problema fáctico; que olvidó identificar el error de derecho cometido por el ad quem, y las pruebas que lo motivaron y que, con todo éste tampoco pudo existir, por cuanto debió darse “por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por ley o dejó de apreciarse una prueba que para la validez de un acto exige una determinada solemnidad”.
Que si se decidiera estudiar de fondo el cargo, tampoco saldría avante, pues la incorporación de la cartilla en el Laudo estuvo condicionada “a la existencia de una buena condición económica que al no existir permitió, como lo indicó el Laudo y ratificó la Corte, su eliminación, por tan sencilla razón no se requería esperar una nueva negociación para extirparlos”.
Señaló que “la misión que le correspondía al recurrente en estas condiciones era solo desvirtuar que se dieron las condiciones de hecho demostrativas de una mala situación económica que invocó la demandada para eliminar los derechos de la cartilla, incorporados al laudo, empeño que no cumplió, además que el mismo ha debido hacerse por la vía indirecta, por lo que no merece que su confuso planteamiento para que se condene a la demandada llegue a feliz término”.
Aun cuando el planteamiento del recurso no es el más afortunado, tal situación, en criterio de esta Sala, no impide su estudio; ello es así porque el alcance de la impugnación permite entender que lo que busca la censura es que esta Corte, convertida en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, acceda a las súplicas de la demanda; frente a la formulación del cargo, es claro que la modalidad de violación que denuncia es la de infracción directa, dado que le atribuye al ad quem la omisión en la aplicación de las normas que allí consignó, y aun cuando aduce que ello lo conllevó a incurrir en “error de derecho”, lo cierto es que lo que realiza es un eminente reproche jurídico.
Como la vía elegida fue la directa, no hay discusión frente al contenido de la norma convencional, la decisión unilateral de la demandada de suprimir el pago de los beneficios contenidos en la cartilla, la fecha en que ello ocurrió, ni la difícil situación económica por la que aquella atravesaba cuando adoptó tal determinación.
Así las cosas, el asunto se centra en dilucidar si el ad quem infringió las normas acusadas, al desconocer que la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá - Cundinamarca podía denunciar la convención colectiva de trabajo, o eventualmente, pedir la revisión para dejar de aplicar los beneficios contenidos en la cartilla, o si por el contrario estaba habilitada para hacerlo.
En ese orden se destaca que pese a que el tribunal advirtió sobre el carácter de disposición colectiva del artículo 4º del laudo arbitral, a juicio de esta Corte, sí desconoció que, por tal motivo, la única posibilidad para que el empleador hubiese podido suprimir los beneficios allí consignados, era, precisamente, a través de la denuncia de la convención o, si se presentaba el supuesto, mediante la revisión de que trata el artículo 480 del ibídem, esto bajo el respeto del carácter convencional que investía la cláusula.
Lo contrario sería desconocer la importancia de la negociación colectiva, específicamente, la de los derechos que por su virtud se materializaron en el documento y que son normas obligatorias para las partes.
Permitir que el empleador pueda modificar a su arbitrio, o suprimir los derechos que tienen rango convencional, sería desconocer que, justamente, aquellos son fruto de un ejercicio de concertación, que busca poner en un plano de igualdad las relaciones obrero-patronales y ello daría al traste con un mecanismo que ha resultado eficaz en aras de la consecución de la justicia laboral.
Justamente, cuando alguna de las partes considera que las disposiciones colectivas son lesivas a sus intereses, cuenta con dos posibilidades, la denuncia de la convención colectiva de trabajo o su revisión “cuandoquiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica”, y ha entendido la jurisprudencia de esta Corte, que en estos eventos se acoge la teoría de la imprevisión.
Inclusive, antes de que entrara en vigencia el Código Sustantivo Laboral, el Tribunal Supremo del Trabajo, se ocupó del tema, y en providencia de 20 de octubre de 1949, así lo consignó:
“Los civilistas rechazaron durante mucho tiempo la antigua doctrina de la cláusula “rebus sic stantibus” según la cual un contrato solo vincula mientras las circunstancias en que fue concluido no se modifiquen en lo fundamental. Apenas si aceptaron, en caso de alteración imprevisible de las circunstancias, un derecho de resolución, si bien algunos intentaron derivar este derecho no de la mencionada doctrina sino del principio de la buena fe.
“El derecho del trabajo sí ha acogido la mencionada doctrina para el supuesto de que cambien las condiciones económicas en que se haya celebrado el contrato individual o la convención colectiva de trabajo.
“(...) es obvio que aun sin precepto expreso tiene lugar, respecto de dichas convenciones, la teoría de la imprevisión, tanto más cuanto que no limitando la ley el término de su duración, como sí lo ha hecho para los contratos individuales, pueden celebrarse aquellas por un tiempo más o menos largo, con lo cual aumenta la contingencia de los cambios en las condiciones económicas.
“Otro tanto cabe decir de los laudos arbitrales que ponen fin a los conflictos colectivos y que están equiparados por la ley a las convenciones colectivas de trabajo” (Gaceta del Trabajo tomo IV enero a diciembre de 1949).
No obstante, esta Corte delimitó que tal revisión solo operaba en el evento en el que sobrevinieran situaciones desconocidas para las partes, al momento de suscribir la citada convención, y estableció que para los eventos en que alguna de ellas considerara necesario un cambio debía utilizar la denuncia a la convención. Así, por ejemplo la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 12 de junio de 1970 expresó:
“… para hacer cesar en todo o en parte una convención colectiva o un pacto de esta índole no existe sistema distinto del de suscribir una nueva y para llegar a este fin el Código Sustantivo del Trabajo ha establecido la denuncia de tales convenciones, la cual se halla reglamentada por los artículos precitados que la entienden como “expresa voluntad de darla por terminada” y conceden la facultad de producirla “a las partes o una de ellas” de acuerdo con el texto del 478 o “a una de las partes o a ambas separadamente”, según voces del 479 íbidem. Obvio es por tanto que esa denuncia de una convención por cualquiera de las partes debe tener eficacia jurídica para conseguir el fin que al constituirla se propuso la ley laboral, ya que no es aceptable, salvo los derechos correlativos a las obligaciones naturales, un derecho sin medios para ejercitarlo o que no conduzcan a un objetivo concreto.
“… Arguyese que el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo estatuye la acción de revisión de las convenciones mencionadas y con su ejercicio puede librarse el patrono de las obligaciones convencionales que le sean excesivamente onerosas o imposibles de sobrellevar; pero esta acción, en primer término, la concede aquel precepto no solo a los patronos sino también a los trabajadores, lo que indica que no fue instituida para sustituir la denuncia patronal de la convención de que acaba de hablarse. En segundo lugar procede su ejercicio “cuandoquiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica”, es decir, en eventos de crisis general o de una rama o de un grupo de industrias y no para el caso de una mala situación económica de un determinado empresario o patrono o sindicato, ya que la expresión “normalidad económica”, a que el precepto remite, son situaciones de conjunto, comunes a varios patronos, empresarios o asociaciones de trabajadores para quienes sobrevino imprevista y grave anormalidad en la economía y los que pueden en virtud de esa causa general ejercitar, separadamente, la acción de revisión de las convenciones colectivas. No reemplaza, pues, esta acción de revisión, la de denuncia de ellas, atrás estudiada”.
Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia de 27 de septiembre de 2000 (C-1319/00), al referirse a este mismo tema, expresó:
“Aclarado así que las convenciones colectivas no son inmodificables, es preciso definir, de cara a la Constitución, cuándo pueden serlo y sobre qué objeto puede recaer la modificación. Sobre la primera de estas cuestiones, está visto como según la jurisprudencia las convenciones son esencialmente modificables “para adaptarlas a las necesidades e intereses, tanto de los patronos como de los trabajadores”. Pero además, también son revisables “cuando por circunstancias imprevisibles varíen sustancialmente las circunstancias económicas que se tuvieron en cuenta al momento de su celebración”. Así las cosas, podría concluirse que tales convenciones deben modificarse en dos circunstancias: ordinariamente y en forma periódica en tiempos de normalidad económica, pues ello es lo que realmente se ajusta al derecho de negociación colectiva, y lo que permite adaptarlas a las necesidades cambiantes tanto de los patronos como de los trabajadores; y, además, extraordinaria o excepcionalmente cuando por razones no previstas han variado las circunstancias económicas presentes al momento de su celebración, lo que impone su revisión para no alterar el equilibrio económico de las relaciones laborales.
“En cuanto al objeto sobre el cual puede recaer la modificación de las convenciones, en tiempos de normalidad ella puede comprender la modificación, sustitución o eliminación de derechos laborales reconocidos, “siempre que la nueva situación en que se ubique a los trabajadores, en términos reales u objetivos, implique el reconocimiento de derechos que sean iguales o superiores a los obtenidos anteriormente”. Pero en aquellas oportunidades en las cuales cabe aplicar la teoría de la imprevisión para lograr la referida modificación, debido al advenimiento de nuevas circunstancias económicas excepcionales e imprevisibles, es claro que los beneficios laborales reconocidos anteriormente pueden reducirse de mutuo acuerdo, a fin de lograr restablecer el equilibrio económico entre las partes.
“Para la Corte, el nuevo acuerdo modificatorio de una convención anterior, en el cual, a fin de restablecer el equilibrio económico afectado por las nuevas circunstancias imprevistas, patronos y trabajadores deciden suspender o reducir temporalmente derechos laborales antes reconocidos, no resulta contrario a la Carta. En efecto, los derechos laborales que se reconocen en las convenciones colectivas son de naturaleza extralegal y una vez adquiridos no pueden ser desconocidos unilateralmente por el empleador, ni eliminados por leyes posteriores, pero ello en sí mismo no impide una concertación para acordar su suspensión total o parcial, como lo propone la normatividad demandada”.
En ese orden de ideas, es claro que los procedimientos contenidos en el ordenamiento jurídico son garantía para las partes, y adquieren connotación porque a través de ellos, entre otros, se consolidan acuerdos o se crean derechos, y su respeto es requisito sine qua non para armonizar relaciones que, como las del trabajo, implican un ejercicio democrático para concretar principios y derechos como el de la igualdad; en tal sentido es diáfano que el tribunal infringió el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, pues si como lo consideró en el texto de la providencia atacada, los beneficios extralegales contenidos en la “Cartilla de servicios y beneficios a los empleados de junio de 1999”, tenían fuerza de convención colectiva, aun cuando su aplicación estuviera condicionada a las circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador, esta eventualidad tan solo lo habilitaba para mantener en suspenso su reconocimiento, mientras la situación mejoraba, y en su defecto denunciar la convención, mas no podía revocarla, unilateralmente, como en efecto sucedió.
En consecuencia el cargo prospera.
En sede de instancia, es pertinente indicar que el laudo arbitral, de 15 de julio de 2003, en su artículo cuarto elevó a cláusula convencional los beneficios extralegales, supeditados a que el empleador los reconociera “si las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador se lo permiten, por lo tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios, en cualquier momento, fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero, económico o administrativo”.
Lo anterior, sin embargo, conforme lo señalado en las consideraciones del recurso, implicaba que la Cruz Roja Colombiana no podía por sí misma, sin cumplir con lo dispuesto en la normatividad, eliminar unilateralmente los beneficios; y es claro, además, que la demandada no demostró que estuviera afrontando las situaciones que comprendían dicha cláusula, para suspender el pago de la cartilla de beneficios, por cuanto tan sólo se limitó a acudir a las consideraciones del laudo arbitral, sin aportar siquiera balances de la entidad para, se reitera, demostrar su inviabilidad económica, financiera o administrativa, pese a que era en ella en quien recaía la carga de la prueba, de manera tal que su actuación no está amparada y por tal motivo deberá restablecer, a partir del 1º de septiembre de 2003 los derechos contenidos en la cartilla de servicios y beneficios a los empleados, esta declaración sin perjuicio de las acciones individuales que recaen en cada trabajador, en atención a lo previsto en el artículo 476 del Código Sustantivo del Trabajo, sin que por tanto sea viable acceder al resto de las pretensiones incoadas.
Sin costas en el recurso, dada su prosperidad, las de las instancias a cargo de la demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 30 de abril de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que el Sindicato Nacional de Trabajadores de las entidades de la Cruz Roja Colombiana “Sintracruzroja Colombia”, promovió contra la Cruz Roja Colombiana seccional Bogotá y Cundinamarca, en su lugar REVOCA ÍNTEGRAMENTE la providencia de 31 de enero de 2007, dictada por el Juzgado Décimo Laboral de Descongestión del Circuito de Bogotá y en su lugar condena a la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá a restablecer, a partir del 1º de septiembre de 2003, la totalidad de los derechos contenidos en la cartilla de servicios y beneficios a los empleados.
Sin costas en el recurso, dada su prosperidad, en las instancias a cargo de la demandada.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito consignar las razones que me asisten para discrepar de la decisión de la mayoría que casó la sentencia del Tribunal, confirmatoria de la absolución impartida en primera instancia.
No obstante la postura flexible que esta Sala de la Corte ha adoptado respecto de las exigencias técnicas que debe reunir la demanda de casación, estimo que en el presente caso las deficiencias de esa índole son de tal magnitud que no permitían incursionar en el análisis de fondo del único cargo formulado por la censura, dado que, si bien, pudiera dispensarse la equivocación en la declaración del alcance de la impugnación, de los restantes desatinos no puede decirse lo mismo.
Sabido es que la sentencia gravada viene precedida de la presunción de acierto y legalidad que caracteriza toda decisión judicial, en tanto ha sido dictada por un funcionario público investido de la potestad funcional de emitirla. Ha insistido la Corte en que el carácter rogado y dispositivo del recurso de casación, impone a quien pretende su quebrantamiento, la carga de derruir todos los pilares del fallo sometido al escrutinio en esta sede. En esa dirección, la censura debe acertar en la escogencia de la vía por la cual endereza su ataque, en cuyo propósito le incumbe, y sólo a él, identificar la naturaleza de dichos soportes para encauzar el ataque, conforme a esa labor previa.
En mi concepto, el ataque a la decisión que puso fin a la segunda instancia debió dirigirse por la senda de los hechos, toda vez que, si tal cual lo consideró la mayoría de la Sala, el artículo 4º del laudo arbitral adquirió el carácter de “disposición colectiva” y, a su vez el numeral 1º del artículo 461 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el fallo arbitral “tiene el carácter de convención colectiva”, en los términos que lo tiene adoctrinado esta Sala, al tratarse el convenio colectivo de trabajo de una prueba en casación, la vía adecuada era la indirecta.
Sostengo lo anterior, además, porque el fallo del ad quem no desconoció la fuerza obligatoria de que quedó impregnada la decisión del tribunal de arbitramento luego de haber adquirido firmeza, sino que, dada la redacción del artículo 4º del laudo, “lo único que se garantiza con ello es la existencia y aplicación provisional de lo allí contenido, mas no garantiza de fondo su perdurabilidad en el tiempo, en el entendido que es la misma determinación la que faculta a la empresa para su eliminación condicionada eso sí a las circunstancias económicas, administrativas y financieras”; traduce lo anterior que para el juzgador de la alzada, quedó claro el carácter provisional de los derechos incorporados en la cartilla de beneficios que se incorporó al laudo, pues la misma cláusula facultó al empleador para dejarlos de conceder, si las circunstancias allí mencionadas lo ameritan. A más de lo precedente, al resolver el recurso de anulación, la Corte Suprema impuso a la entidad el deber de “respetar los derechos contenidos en la cartilla de beneficios, no significa que este (sic) igualmente garantizada su perpetuidad, pues la norma carece de suficiente fuerza vinculatoria para garantizar su efectividad”, inferencia fáctica, en la medida en que proviene de la lectura del artículo 4º del fallo arbitral que, se reitera, hace las veces de convención colectiva.
Tan evidente es lo anterior, que en la demanda de casación, el recurrente parte de dar por sentado que tanto en la sentencia que negó la anulación, como en el fallo que combate, se dio por descontado el carácter vinculante adquirido por la cartilla de beneficios y servicios, lo cual, desde luego, implica la aplicación del compendio normativo, solo que, reitero, el texto de la norma arbitral no daba para entender la permanencia de esos derechos a perpetuidad, sino condicionados a las circunstancias allí enlistadas.
En cuanto al fondo del debate, pienso que fue acertada la decisión del Tribunal Superior, porque la literalidad de la cláusula de marras supeditó el reconocimiento de la cartilla de beneficios a los trabajadores a su viabilidad en el plano financiero, económico, y administrativo, pues ni siquiera dice el canon extralegal que deberá conceder esas prebendas, sino que las "podrá conceder (...) solamente si las condiciones y circunstancias financieras, económicas y administrativas del empleador de(sic) lo permiten, por tanto podrá enmendar, modificar, aumentar o eliminar dichos beneficios, en cualquier momento fundamentando su decisión desde el punto de vista financiero, económico o administrativo” (resalta quien suscribe).
Tan claro es lo anterior que fue la propia organización sindical la que pidió la anulación de, entre otros, el artículo de marras, bajo el entendimiento de que el tribunal de arbitramento, en ejercicio de sus atribuciones, no les había imprimido el carácter de obligatorio, de suerte que, ante la no anulación de dicha norma por parte de la Corte, lo adecuado era asumir que su texto permaneció inalterable, en los términos definidos en la sentencia respectiva; es decir que, aunque se elevó a canon convencional la cartilla de beneficios, la empleadora podía aplicarla solamente si sus condiciones administrativas y económicas lo permitían, y podía cesar ese reconocimiento en cualquier momento, sin necesidad de acudir al procedimiento establecido en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo, o en el marco de un nuevo conflicto colectivo ídem.
Resta referir que si, en gracia de discusión, se pudiera admitir la acusación por la vía directa, el sub motivo menos indicado sería el de la infracción directa, en la medida en que de lo que no hay duda, es que el juez de apelaciones sí dio aplicación a las normas que integran la proposición jurídica, solo que con efectos adversos a los intereses del ente sindical accionante.
En los anteriores términos dejo consignada mi posición sobre el tema controvertido.
Camilo Tarquino Gallego.

References: artículo 467
 artículo 4
 artículo 480
 artículo 480
 artículo 479
 artículo 476
 artículo 4
 artículo 461
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 480