Source: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-91932008000100003&script=sci_arttext
Timestamp: 2020-08-08 12:59:44+00:00

Document:
Cuest. Const. no.18 México ene./jun. 2008
Fecha de recepción: 29 de enero de 2007.
Fecha de dictamen: 12 de octubre de 2007.
RESUMEN: El presente artículo aborda al derecho fundamental al agua en México; se aprovecha la teoría del garantismo constitucional que parte de la idea según la cual el Estado es un instrumento creado por los ciudadanos con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de todas las personas, la supervivencia de otras poblaciones animales y la sustentabilidad de los ecosistemas. Por lo que toca a la problemática del agua, un amplio sector de la población en México está generando un importante debate sobre la posibilidad y la conveniencia de proteger este recurso mediante la constitucionalización del derecho fundamental al agua. Ello se debe a que tanto la administración como la academia y la sociedad han cobrado conciencia de que este recurso es escaso y está en grave peligro. El derecho, y de manera específica los derechos sociales y ambientales, parecen un instrumento capaz de colaborar en la construcción de estos espacios.
Palabras clave: Derecho al agua, conflicto de intereses, garantismo constitucional, protección, recurso escaso.
ABSTRACT: This article refers to the fundamental right to the water in Mexico; it uses the theory of the constitutional guarantees which is based on the idea of the State as an instrument created by the citizens with the principal idea of better the conditions of life of all persons, the survival of others animal populations and the sustainability of the ecosystems. In reference to the problem of the water, an ample sector of the population in Mexico is having an important discussion over the possibility and the convenience of the fundamental right to the water. This is because the administration and the academy and the society are conscious of the scarcity of this resource and she is in grave peril. The right, and specifically the social and environmental rights seems an instrument capable of collaborate in the construction of this spaces.
Descriptors: right of the water, conflict of interests, constitutional guaranties, protection, scarcity of the resource.
Para ello considerá conveniente comenzar trazando algunas líneas básicas que permitan esbozar lo que significa, en términos jurídicos, proteger un interés o una necesidad con base en un derecho fundamental. Una vez expuesto este bosquejo preliminar intentaré dar respuesta a cuatro preguntas clave: a) cuál es el papel que estas normas desempeñan dentro del Estado constitucional; b) cuál es el contenido del derecho fundamental al agua; c) qué obligaciones se desprenden del mismo para el Estado, y d) qué relación existe en la actualidad entre el derecho fundamental al agua y nuestra Constitución. En el apartado de cierre hago referencia a las objeciones más recurrentes que se anteponen a este derecho y propongo algunas respuestas posibles.
Es importante señalar que para construir el documento he aprovecha do la teoría del garantismo constitucional, que parte de la idea según la cual el Estado es un instrumento creado por los ciudadanos con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida de todas las personas, la supervivencia de otras poblaciones animales y la sustentabilidad de los ecosistemas. En concordancia con este marco teórico considero que todos los derechos se encuentran en situación de interdependencia2 y son todos exigibles igualmente en su totalidad.3 Los concibo como estrategias jurídicas de defensa y protección de aquellos bienes, necesidades e intereses que una comunidad política identifica como los más relevantes para asegurar una vida digna en el planeta, tanto de las generaciones presentes como de las futuras.
Antes de esbozar el contenido y las obligaciones, es conveniente hacer un breve paréntesis para subrayar que esta norma internacional forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y tiene un alto rango jerárquico dentro del mismo . A partir de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó del artículo 133 constitucional, al resolver un amparo promovido por el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos (amparo 1475/98), hoy, en México, los tratados internacionales se encuentra sólo por debajo de la Constitución pero por encima de todas las demás normas,16 incluyendo todas las leyes secundarias creadas por el Congreso de la Unión, así como los reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo o los demás actos que éste produzca.
1. Obligaciones jurídicas generales.
El artículo 2o. del PIDESC resulta especialmente relevante debido a que en él se describe la índole de las obligaciones jurídicas generales contraídas por los Estados firmantes. El Comité ha interpretado21 que, aun cuando en el párrafo 1 de dicho artículo se establece que la realización de las obligaciones es paulatina y progresiva, los Estados firmantes adquieren algunas de ellas con efecto inmediato. De ástas, dos resultan especialmente importantes: 1) garantizar los derechos reconocidos en el pacto sin discriminación, y 2) adoptar medidas.
Entre las medidas que el Estado debe adoptar —sin poder justificar su omisión— están las de: a) adecuación el marco legal; b) revelación de información, y c) provisión de recursos judiciales efectivos en la materia.22
Ahora bien, al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los Estados parte, ástas son las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. Las tres tienen como objetivo general que el derecho al agua se convierta en una prioridad para los Estados parte y en una realidad para personas y medio ambiente.
Como ya se ha señalado en párrafos anteriores, a partir de que el Se nado de la República ratificó el PIDESC, todos los derechos contenidos en el Pacto (incluyendo el derecho al agua), y sus correlativas obligacio nes, forman parte de nuestro sistema jurídico. Sin embargo, debido a las características de nuestra cultura jurídica, muy arraigada a una tradición legalista y autorreferencial, dichos instrumentos internacionales suelen ser desatendidos por la mayoría de los operadores jurídicos en el país, a pesar de que ello supone incurrir en responsabilidad internacional. Como lo señala Rodríguez:
A esta inconveniente circunstancia hay que añadir el permanente estado de confusión jurídica que existe en el país por el hecho de que el agua está regulada en nuestra Constitución, pero no como un derecho fundamental. Esta contradicción entre los Tratados y la Norma Suprema impide aclarar la naturaleza jurídica de nuestras aguas generando inconsistencias de la legislación secundaria. Hasta la fecha, la Ley de Aguas Nacionales, reformada en el 2004, no hace ninguna alusión al derecho fundamental al agua, a pesar de que la OG 15 del PIDESC —donde se precisa con detalle dicho derecho— es anterior a la reforma. Esto produce que hoy tengamos una Constitución que no contiene el derecho al agua, aunque diversos pactos, convenciones y tratados firmados por México —con rango superior a las le yes — sí lo establecen, y toda una legislación secundaria no lo desarrolla, contraviniendo así a los tratados.
VII. OBJECIONES QUE COMÚNMENTE SE ANTEPONEN AL DERECHO DEL AGUA Y ALGUNAS RESPUESTAS
Antes de cerrar conviene señalar cuáles son las objeciones que se suelen oponer contra el derecho al agua, ástas se pueden sintetizar en cuatro planteamientos principales: a) el argumento sobre el carácter prestacional, económicamente gravoso, del derecho; b) el argumento de la indeterminación del derecho; c) el argumento de que el derecho implica su gratuidad, y d) el argumento del no pago por parte de los usuarios.
1 En México a los derechos fundamentales la doctrina tradicional suele denominar los "garantías individuales". En este documento no habrá de utilizar esta categoría. Considero necesario —por las consecuencias prácticas que se desprenden de ello— que en México debemos comenzar a distinguir entre derechos y garantías y, paralelamente, debemos profundizar en el debate sobre derechos colectivos y no sólo sobre los individuales.
2 La interdependencia de los derechos fue reconocida formalmente en el apartado 1.5 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU el 25 de junio de 1993. En dicho apartado se señala que "Todos los derechos son universales, indivisibles, e interdependientes y están relacionados entre sí".
3 Para profundizar en el concepto de exigibilidad, véase Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002.
4 Guastini, Ricardo, "Derechos: una contribución analítica", en Sauca, José María, Problemas actuales de los derechos fundamentales, Madrid, Universidad Carlos III, 1994, p. 128. [ Links ]
5 Ibidem, p. 129.
6 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales en el debate democrático, Madrid, Ediciones GPS, 2006, p. 5. [ Links ]
7 Existen varios países donde ya se ha constitucionalizado el derecho al agua. En las Constituciones de Uganda (1995), Sudáfrica (1996) y Ecuador (1998) se reconoce el derecho de forma explícita. En las de Cambodia (1993), Colombia (1991), Eritrea (1997), Etiopía (1995), Guyana (1980), Gambia (1996), Irán (1979), Laos (1991), Nigeria (1999), Panamé (1994), Portugal (1997), Venezuela (1999) y Zambia (1996) hay un reconocimiento explícito de obligaciones para el Estado. Véase, Legal Resources for the Right to Water: Internacional and National Standards, Sources 8, COHRE, Ginebra, 2004, pp. 46-52. [ Links ]
8 En México, la contaminación del agua que produce Pemex en Tabasco, podría ser considerada como la violación de un derecho fundamental y por tanto permitiría que ciudadanos pudieran exigir, a través del Poder Judicial, que se frenaran los derrames, se indemnizara a las víctimas o se repararan los daños ambientales.
9 En el apartado V de este trabajo habremos de señalar algunas de las obligaciones a las que ya se ha comprometido el Estado mexicano en materia de derecho fundamental al agua al firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
10 El Instituto Federal de Acceso a la Información y sus réplicas en los estados son sólo un ejemplo de ello. También hay que tomar en cuenta todo el gasto que el Estado lleva a cabo en el mantenimiento de tribunales, procuradurías o en las instancias de vigilancia y regulación de medios de comunicación e información que también son instancias de protección de este derecho.
11 Como ejemplos podemos citar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (1979) que expresamente establece en su artículo 14 inciso h) "Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones...", ratificada por México el 18 de diciembre de 1980 mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981. [ Links ] El inicio de la vinculación es de 23 de marzo de 1981.
12 El Comité fue establecido en 1985 a través de la resolución del ECOSOC 1985/17 de 28 de mayo de 1985. Su primera sesión ocurrió del 9 al 27 de marzo de 1987.
13 Derecho a un nivel de vida adecuado.
14 Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.
15 E/C. 12/2002/11, noviembre de 2002.
16 De esta resolución deriva la tesis 192,867 cuyo título es "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL", véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. X, noviembre de 1999, novena época, pleno, tesis P. LXXVII/99, p. 46. [ Links ]
17 "Continuo" significa que la periodicidad del suministro de agua es suficiente para los usos personal y doméstico.
18 El hogar puede ser tanto vivienda permanente o simplemente un lugar de alojamiento provisional.
19 Carmona, Ma. del Carmen, "Derechos humanos y medio ambiente: nuevos desafíos", en Díaz-Müller, Luis (coord.), El mito del desarrollo y las transiciones a la democracia, México, UNAM, 2006, p. 35. [ Links ]
20 Para una definición de sostenibilidad, la Observación General 15 remite a los principios 1, 8, 9, 10, 12 y 15 de la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo; al Informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992; y al Programa 21, en particular a los principios 5.3, 7.27, 7.28, 7.35, 7.39, 7.41, 18.3, 18.8, 18.35, 18.40, 18.48, 18.50, 18.59 y 18.68.
21 Observación General número 3 punto 1.
22 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002, pp. 81-89. [ Links ]
23 Observación General número 15 punto 19.
24 Rodríguez, Gabriela, "Normas de responsabilidad internacional de los Estados", en Courtis, Christian et al., Protección internacional de derechos humanos: nuevos desafíos, México, Porrua-ITAM, 2005, p. 251. [ Links ]
25 El artículo 27 de nuestra Constitución ha sido reformado en 16 ocasiones, lo que ha supuesto una transformación radical del mismo. En la redacción original de 1917 el párrafo tercero tenía un fraseo que establece el derecho al agua. En él se señalaba que "Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación".
26 Valgan por todas las sentencias, las de la Corte Europea de Derechos Humanos que en múltiples casos ha establecido el carácter positivo de las obligaciones de derechos civiles. Asimismo lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios asuntos, entre otros el Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, serie C, núm. 4, párrafo 166. Véase, Sepúlveda, Magdalena, "La supuesta dicotomía entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos sociales y culturales a la luz de la evolución del derecho internacional de los derechos", en Courtis, Christian et al., Protección internacional de derechos humanos..., cit., nota 24, p. 285.
27 Ibidem, p. 287.
28 Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un derecho en (de) construcción, Madrid, Icaria, 2004, p. 163. [ Links ]
29 Kothari, Miloon, "La privatización de los derechos humanos: el impacto de la globalización en la vivienda digna el agua y el saneamiento", en Social Watch, Los pobres y el mercado, Informe 2003, p. 18. [ Links ]
30 Son muchos los ejemplos que se pueden señalar en México. Valga por todos el reciente caso de una empresa lechera que goza de exenciones fiscales en materia de agua y agotó en tres meses reservas subterráneas en Cuatrociénegas muy importantes para personas y ecosistemas. Véase, La Jornada, 12 de agosto de 2006.

References: artículo 133
 artículo 2
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 artículo 27