Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2014/139/2/
Timestamp: 2019-10-17 15:44:00+00:00

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Diario de Sesiones 139/2014, de fecha 8/10/2014 - Punto 2 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 139/2014, de fecha 8/10/2014 - Punto 2
8L/CG-0019 COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA PROPUESTA LEGISLATIVA DE LOS CABILDOS INSULARES.
El señor PRESIDENTE: Comunicaciones del Gobierno. Comunicación sobre la propuesta legislativa de los cabildos insulares.
Tiene la palabra el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Buenos días, señor presidente. Señorías.
El Gobierno hoy va a presentar dos comunicaciones: una referida a la ley de cabildos y otra referida a la ley de municipios.
El pacto suscrito entre el Partido Socialista Canario y Coalición Canaria en junio del año 2011 fijó como objetivo la aprobación de una nueva ley de las administraciones públicas canarias que definiera, con criterios de racionalidad y eficacia, el marco competencial de cada una de las administraciones locales canarias. Una ley capaz de actualizar el marco normativo que aprobamos en el año 1990 y que requiere una adaptación a la realidad administrativa del siglo XXI.
La confluencia de voluntades políticas e institucionales respecto a la necesidad de proceder a una reforma de la Administración pública en esta legislatura ha sido evidente. Esa voluntad ha coincidido, además, con la exigencia ciudadana que reclama un cambio sustancial en la Administración pública acorde con los nuevos tiempos y avances que los mismos comportan. Además, las dificultades económicas y presupuestarias vividas en esta legislatura se han convertido en este caso en un aliado, en una oportunidad para propiciar esta reforma, que desde un principio quisimos que fuera un objetivo común con un resultado colectivo.
Este Gobierno ha hecho todo lo posible por reducir al mínimo el impacto sobre la prestación de los servicios públicos esenciales de los severos ajustes. Para ello, se ha centrado la contención en la reducción de gastos corrientes administrativos, aplicando sistemas para extraer la mayor rentabilidad al mínimo gasto.
Pero mientras atendíamos las necesidades de la realidad presupuestaria en el corto y medio plazo, desde el inicio de la legislatura, el equipo que dirijo en la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad colocó como prioridad absoluta aprovechar la oportunidad que la crisis económica y su afectación que sobre las arcas públicas generaba para impulsar una verdadera reforma de las administraciones públicas canarias. Así lo dijimos ante esta Cámara el presidente del Gobierno, en nombre de todo el Gobierno, en su discurso de investidura, y yo mismo, en los inicios de la actividad parlamentaria, anunciando una reforma administrativa con medidas cuya aplicación deberían organizarse en el corto, medio y largo plazo y que afectaran a la arquitectura institucional básica de la comunidad autónoma.
Precisamente las comunicaciones del Gobierno que se debaten en esta mañana son el contenido de esa planificación a largo plazo. Dos textos legislativos que pretenden, primero, completar y ordenar la organización de las administraciones públicas locales canarias; en segundo lugar, tender a una mejor y más eficiente estructura de la organización insular y municipal, pero sin olvidar la mejora de la eficacia, de la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios públicos, que es la razón de ser esencial de cualquier reforma administrativa.
Para ello esta ley opta por, uno, clarificar el sistema competencial entre los tres niveles de la Administración -autonómica, insular y local-; segundo, impulsar la descentralización competencial para acercar la prestación de los servicios públicos; tercero, evitar duplicidades funcionales entre ayuntamientos, cabildos y la comunidad autónoma; cuarto, modernizar y simplificar mecanismos de funcionamiento administrativo; quinto, adaptar la Administración a las nuevas tecnologías, extrayendo el máximo provecho de los avances telemáticos en todos los niveles; y, en sexto lugar, incorporar la transparencia a las administraciones locales. Todo ello desde el escrupuloso respeto al principio de autonomía local que confiere la Constitución española en su artículo 137.
La fórmula elegida por este equipo para proceder a una correcta ordenación del ámbito competencial y organizativo ha sido la producción de dos iniciativas legislativas: la específica de la organización administrativa insular, la ley de cabildos, y una segunda referida al ámbito municipal, la ley de municipios. Ambas claramente interconectadas y elaboradas en paralelo para un perfecto engranaje de su contenido. De este modo, señorías, se ha garantizado la coherencia legislativa, evitando ya desde el origen contradicciones entre dos textos complementarios en la definición de la Administración pública. Todo ello con el necesario encaje en el marco normativo básico estatal, cuya aplicación resulta de obligado cumplimiento.
La voluntad de proceder a esta planificación legislativa se la trasladamos a los representantes de la Fecam y a los siete cabildos junto con el ofrecimiento de que participaran desde el primer borrador en la redacción de ambos textos, de modo que estos pudieran nacer desde el consenso institucional. ¿Y por qué?, pues porque solo desde el consenso se posibilita el éxito de una reforma administrativa completa y compleja como la que nos pusimos por objetivo en esta legislatura, la misma que hoy en forma de dos comunicaciones del Gobierno debatimos, con el propósito de que los grupos parlamentarios que componen esta asamblea legislativa hagan suyos estos textos articulados. De este modo, sus señorías respaldarían el acuerdo institucional alcanzado con cabildos y ayuntamientos a través de sus federaciones. Un acuerdo que ha sabido dejar de lado los intereses partidistas; un ejemplo de diálogo, concesión y lealtad institucional, en la que se ha contado con la participación de todos a través de la Fecai y de la Fecam. Por eso espero que esta Cámara esté a la altura y deseche visiones cortoplacistas, partidistas y electorales.
Desde el inicio de la legislatura, se trabajó en la definición de los principios y criterios que debían sustentar los textos que hoy presentamos en forma de comunicación. El trabajo de redacción de los primeros borradores del texto articulado se fue realizando en paralelo a los avances en la tramitación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Una vez aprobada esta por las Cortes Generales, se culminaron, con posterioridad, los borradores. Ambos fueron entregados a los responsables de la Fecam y de la Fecai para su análisis y para iniciar la negociación y el diálogo de su contenido. Ese día el Gobierno de Canarias asumió, ante los alcaldes y ante los presidentes de cabildo, el compromiso de que solo elevaría a esta Cámara los textos en caso de obtener el consenso en la negociación. También se les entregaron ambos borradores a los portavoces de los grupos parlamentarios, en una reunión que sostuvimos con el presidente del Gobierno allá por el mes de marzo del año 2014.
Así fue, después de una decena de reuniones técnicas y políticas y numerosos intercambios de redacciones diferentes que han mejorado las propuestas convirtiéndolas en dos iniciativas legislativas de todos, de todos, lo que nos permite debatirlas hoy aquí.
Y tras esta exposición sobre los objetivos y el proceso que en ambas leyes se ha ejecutado, si me permiten, voy a centrar mi intervención en el contenido del primero de los textos. Haré una breve, una sucinta referencia histórica.
Es la Ley de Régimen del Archipiélago Canario de 11 de julio de 1912 la que da vida a los actuales cabildos insulares, llenando así la laguna que dejara la Constitución de 1812, que la del año 78, la Constitución actual de 1978, se encargó de colmar definitivamente, consagrándolo en la ley de leyes, en su artículo 141.
Desde el año 1912, los cabildos insulares han experimentado algunos pequeños cambios y uno muy, muy profundo. Este último en el Estatuto de Autonomía de Canarias de 1982, en el que se previó lo que hoy se conoce como la doble naturaleza de los cabildos insulares, pues se reconoce en ella la dual condición de ser, simultáneamente, órganos de gobierno local e instituciones de la comunidad autónoma canaria. En el primero de esos dos aspectos, el cabildo insular sigue manteniendo las competencias provinciales insularizadas que le diera la ley de 1912, en su artículo 5, que hoy continúa vigente por la ley del año 90, y también en el texto que hoy presentamos ante esta Cámara. En su condición de instituciones de la comunidad autónoma, recibe un tratamiento funcional, no solo representativo, pues recoge aquellas competencias materiales que le son transferidas, delegadas o encomendadas. Esas competencias fueron por primera vez listadas en la Ley 8/1986, luego en la Ley 14/90, conocida popularmente como "leyes de cabildos". Cabe mencionar también que una parte de las competencias de los cabildos insulares en su día procedieron del vaciamiento que ordenó el Estatuto de Autonomía de 1982 de las que fueron competencias de las mancomunidades provinciales interinsulares. Entre esas competencias traspasadas a los cabildos, destacan los hospitales psiquiátricos y la asignación del 5% del reparto de la recaudación, de los ingresos del Régimen Económico y Fiscal.
Esta síntesis histórica nos contextualiza claramente el origen de la principal singularidad administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias: la existencia de los cabildos insulares y su doble naturaleza jurídica. Los cabildos son administraciones locales pero a su vez, tal y como dispone el Estatuto de Autonomía, también son instituciones de la comunidad autónoma. Como tales, tienen características y atribuciones peculiares que las diferencian de las diputaciones provinciales, más allá de la evidente distinción por el ámbito geográfico sobre el que tienen competencia: la isla y la provincia.
El propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 23.3, establece que la organización y funcionamiento de los cabildos insulares se regirá por una ley aprobada por mayoría del Parlamento de Canarias, cosa que hasta ahora no se ha producido. Es inédita en la historia de la comunidad autónoma y hoy, por primera vez, vamos a colmar ese vacío. Es por ello que resulta justificada, necesaria y oportuna en este momento la aprobación de una ley de cabildos en la que se regule y detalle el régimen organizativo, las materias sobre las que puedan tener competencia, el procedimiento para la atribución de las mismas, el sistema de relaciones entre cabildos y la Administración autonómica y, como elemento novedoso del siglo XXI, la aplicación de los principios de transparencia y de acceso a la información.
En definitiva, un texto legislativo moderno y actualizado, que adapta a los cabildos a los nuevos tiempos y que define un marco estable para el desarrollo de su actividad en los próximos años.
El texto articulado propuesto para la ley de cabildos se compone de un título preliminar y seis títulos completos, que regulan el régimen electoral, el régimen electoral de los cabildos, que, respetuoso con la legislación básica, establece la circunscripción electoral, el número de consejeros y la convocatoria de elecciones por el presidente de la comunidad autónoma, entre otros aspectos.
El título II, referido a las competencias, establece que la atribución de competencias propias atiende a los siguientes principios: garantía de la autonomía insular, eficacia, eficiencia, máxima proximidad al ciudadano, no duplicidad de competencias, estabilidad y suficiencia financiera.
El texto concreta las materias en las que los cabildos tienen atribuciones, por un lado, como órganos de gobierno y representación de la isla, naturaleza de corporación local, y, por otro, como instituciones de la comunidad autónoma, tal y como los define el Estatuto de Autonomía.
En el elenco de competencias de los cabildos como órganos de gobierno, administración y representación de las islas, se desarrollan las competencias recogidas en la legislación básica estatal y, entre ellas, las relativas a la prestación de servicios municipales en los casos previstos por la legislación estatal.
En el segundo grupo de competencias, como instituciones de la comunidad autónoma, destacamos como principales novedades respecto a la legislación vigente la introducción de las delegaciones singulares, entendiendo por tal la posibilidad de atribuir la competencia en una función o tarea determinada a uno o varios cabildos y no a los siete en bloque. También se introduce la previsión expresa de renuncia a la delegación, que, aunque siempre ha sido posible, hasta ahora no ha estado reconocida formalmente.
En cuanto al reparto competencial, la propuesta fija los ámbitos funcionales sobre los que necesariamente deben tener responsabilidad de gobierno los cabildos insulares, fijando criterios para su atribución, siempre bajo el principio de evitar las duplicidades administrativas, y ello sin perjuicio de que por ley se les atribuya lo que se considera necesario o conveniente en otros sectores materiales.
Todo lo anterior debe hacerse en el proceso de ejecución de la ley, en el que el Parlamento será quien adopte la solución que corresponda en cada caso, y que se llevará a cabo con la participación activa de los cabildos, bien directamente o bien a través de la Federación Canaria de Islas.
Desde esta perspectiva, es importante el mandato contenido en la disposición final segunda de la ley para que por los distintos departamentos de la Administración autonómica se proceda, por los departamentos, se proceda al análisis y revisión de la legislación sectorial correspondiente a los ámbitos funcionales de su competencia para detectar y corregir las duplicidades y competencias administrativas de las distintas administraciones públicas.
Refiriéndonos al listado concreto de materias, se ha aprovechado la reforma para depurar y completar el listado de la Ley 14/90, atendiendo a la petición expresa de los cabildos insulares. Así, se han añadido algunas no recogidas en tal ley del año 90, concretamente, igualdad de género, aguas, aumentando así las competencias atribuidas a los cabildos insulares, en el ejercicio de la descentralización administrativa, en la que cree firmemente este Gobierno y que resulta coincidente con la voluntad de los cabildos y de los ayuntamientos.
El listado también incluye otros títulos competenciales, para hacerlo más amplio, como, por ejemplo, la ordenación del territorio y el urbanismo, que se añade, la protección del medio ambiente y los espacios naturales protegidos.
El título III de la ley define la organización de los cabildos insulares, partiendo de la distinción entre el gobierno y la administración de los cabildos.
Con este texto dejamos atrás la actual regulación organizativa de los cabildos canarios, que comporta distinguir entre unos cabildos de primera y unos cabildos de segunda, ya que a partir de esta ley todos los cabildos podrán tener la misma organización, si así voluntariamente deciden, autónomamente.
En el texto se desglosan los diferentes órganos de gobierno y las funciones que le corresponde desempeñar a cada uno de ellos: al Presidente, al Vicepresidente, al Consejo de Gobierno, etcétera.
También se alude a las comisiones del Pleno, similares a las comisiones parlamentarias de esta Cámara, y a la necesidad de la existencia de una junta de portavoces, como órgano complementario de los cabildos insulares.
En cuanto a los órganos administrativos, la iniciativa legislativa que debatimos hoy aplica lo previsto en la ley de grandes municipios, al diferenciar entre órganos superiores y órganos directivos. El primero, órganos superiores, se refiere al Presidente y a los consejeros insulares de área, tareas que solo pueden ser desempeñadas por miembros electos de la corporación. En cuanto a los órganos directivos, se dividen, a su vez, en los de organización general, que tienen capacidad sobre la estructura administrativa del cabildo, y los órganos directivos de área, cuya capacidad organizativa afecta a las áreas o departamentos.
Este título define también la forma de los actos administrativos, el régimen de impugnación, incluyendo el recurso de alzada ante el presidente del cabildo.
El título IV regula el funcionamiento, el acceso a la información y la aplicación de los principios de transparencia. Este título contiene los detalles sobre el funcionamiento de la institución en asuntos como el planteamiento de la cuestión de confianza por el presidente. También hace viable la celebración de un pleno extraordinario solicitado por un número inferior de consejeros del previsto en la legislación básica para debatir la gestión del Consejo de Gobierno Insular en un área determinada, entre otros aspectos de funcionamiento.
En cuanto a la información y transparencia, siguiendo la implantación de los nuevos conceptos democráticos y del compromiso de apertura hacia la ciudadanía que se impone en el siglo XXI, el texto recoge expresamente cuestiones como el derecho de acceso a la información, tanto para las personas en general como para los propios consejeros insulares en el ejercicio de su labor, así como la publicidad activa, desarrollando en el ámbito insular los principios y normas del proyecto de ley de transparencia recientemente presentado ante esta Cámara.
El título V define el marco general de las relaciones entre la Administración pública de la comunidad autónoma y los cabildos insulares, sin que en este apartado se hayan incluido grandes novedades, aunque sí se ha optado por desarrollar y especificar con más detalle algunos extremos. A diferencia de la normativa vigente, en la que existen varios órganos diferentes para canalizar esa colaboración institucional, la propuesta que debatimos atribuye a un único órgano específico de colaboración, que es el Consejo de Colaboración Insular, las funciones que en la actualidad se distribuyen entre el Consejo de Administración Insular, la Comisión de Transferencias y la Comisión de Delegaciones. Esto supone pasar de tres a un único órgano, en la línea de eficacia y de eficiencia marcada por este Gobierno en cuanto a estructura orgánica. Es decir, que hay una reducción de órganos.
Asimismo, en el título VI el texto recoge por primera vez en una norma con rango de ley la Conferencia de Presidentes como institución. Cierto es que ya está constituida pero en la actualidad solo está recogida como un órgano adscrito a la presidencia del Gobierno, según dicta el reglamento orgánico. Pretendemos, por tanto, elevar su rango normativo a ley para dotarlo formalmente de la relevancia que consideramos debe tener.
La propuesta legislativa incluye el reconocimiento expreso de la Fecai y le atribuye la representación institucional de los mismos en sus relaciones con la Administración pública de la comunidad autónoma.
Voy acabando, señorías, haciendo un conjunto de conclusiones.
La primera de ellas es que el texto que hoy traemos pretende dotar a los cabildos del marco legislativo idóneo para responder a las exigencias actuales y a las de futuro. Con esta ley, se impulsa la descentralización competencial hacia los cabildos, con una forma adecuada, para dotar a los servicios y prestaciones públicas de la mayor proximidad a la gestión administrativa y en atención al hecho insular que singulariza a nuestra comunidad autónoma. Esta ley ordena y estructura la organización y el funcionamiento de los cabildos dentro del actual marco normativo, con el fin de garantizar la capacidad para afrontar las atribuciones, las tareas y la prestación de los servicios de su competencia ante la ciudadanía, y lo hace -y esto es importantísimo-, lo hace contando con el consenso previo de los principales afectados, de los propios cabildos, de los siete cabildos de Canarias, y en coherencia, además, con el texto que hemos elaborado y propuesto para los municipios y que veremos en la siguiente comunicación.
Señorías, esta propuesta de texto articulado anexo a la comunicación del Gobierno llega a esta Cámara con la aspiración de ser debatida y aprobada en esta legislatura, rubricándose así un gran trabajo parlamentario de los cabildos insulares, de los ayuntamientos y del propio Gobierno de Canarias.
Turno de los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, don Pedro Justo.
Si me permiten, señorías, quiero darle la bienvenida en este momento, y agradecerle su presencia aquí, al señor presidente del Cabildo de La Palma, don Anselmo Pestana, a quien, además, aprovecho para hacer público el más sentido pésame de la Cámara por el reciente fallecimiento de su padre, aunque ya lo habíamos hecho personalmente; y también a la señora consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria, doña María Auxiliadora Pérez. Les agradecemos su presencia en este Parlamento y especialmente en este debate.
Como decíamos, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Pedro Justo.
El señor JUSTO BRITO: Gracias, señor presidente. Señor consejero, señorías.
En el Grupo Parlamentario Mixto hemos mirado en profundidad la propuesta de acuerdo que ha planteado el Gobierno y hemos llegado a unas conclusiones bastante alejadas de las que planteó el consejero. A nosotros nos parece que la propuesta que hace el Gobierno es una propuesta políticamente torticera y que se plantea de una manera muy irresponsable, y me voy a explicar.
El señor consejero, cuando ha explicado la motivación de la comunicación, al igual que pone el texto de la propuesta, habla sencillamente de que esta propuesta lo que intenta es mejorar la Administración pública, hacerla más sencilla, actualizarla, y es verdad que esos objetivos, que tenemos todos, se plantean más o menos, nosotros creemos que además de una manera negativa, pero se plantean más o menos en la propuesta. Pero nosotros creemos que plantear una propuesta sobre la modificación del papel de los cabildos en la estructura política del archipiélago es una propuesta política de peso, mayor, es una propuesta política que puede desequilibrar la estructura actual de poder que existe en el archipiélago. Es una propuesta que, además, ya se había intentado ir colando en los proyectos de estatuto, por ejemplo, que presentó la mayoría de gobierno en años anteriores. Nosotros consideramos que la magnitud política del cambio que se plantea en este proyecto puede desequilibrar, desestructurar el actual equilibrio que existe en la comunidad canaria.
(El señor presidente abandona su lugar en la Mesa. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González).
Y luego consideramos que es irresponsable porque creemos que es un texto de una complejidad jurídica tan completa que pasarle el muerto al Parlamento nos parece poco serio.
Con respecto a la primera parte, a la parte política, me voy a remitir, porque desde el principio ya tenemos algunas, digamos, discrepancias al contenido histórico, al que se refirió el consejero. Yo, obviamente, estoy de acuerdo con el contenido histórico al que se refirió el consejero, pero con lo que no estoy de acuerdo es con el texto que pone en la exposición de motivos, y que yo les voy a leer. Dice: "Las normas mencionadas -se refiere a la aprobación de la ley de 1912 y del posterior reglamento- ponían fin a la situación creada por la Ley de 27 de enero de 1822, que aprobó la división de España en provincias, con la que se constituyeron las islas Canarias en una de ellas, erigiendo a Santa Cruz de Tenerife como capital con jurisdicción en todo el archipiélago y que determinó la pérdida de la entidad insular y la del cabildo que la representaba". Dicho de otra manera, la ley de cabildos de 1917 solucionó los conflictos internos que había en la provincia única. Yo esto se lo he oído mucho al fallecido director de El Día, pero yo juzgaría que en el año 1927, justamente, porque la ley de 1917 no había solucionado estos problemas que dicen ustedes que había solucionado, se acabó creando dos provincias en Canarias, que es la estructura administrativa que tenemos hoy. O sea, que tienen ustedes una exposición de motivos que yo creo que no se ajusta a la realidad.
Yo creo que se ajusta más a la realidad, y creo que es importante porque, además, refleja la situación política que nosotros creemos que se ha planteado ahora, el texto que el historiador don José Miguel Pérez, en su libro Canarias: de los cabildos a la división provincial...; afirmaba la situación que se había creado en Canarias con la aprobación del reglamento de los cabildos del 12 de octubre de 1912. Dice don José Miguel Pérez:
La modificación del reglamento fue motivo de confrontación, porque había de tratar, entre otros aspectos, sobre la disparidad de competencias entre los cabildos y las restantes instancias de la Administración local y provincial. Las esferas competenciales del gobernador, de los delegados del gobierno, de las diputaciones o de las comisiones provinciales iban a quedar sujetas a variación. El ordenamiento legal vigente se quedaba estrecho y en parte colisionaba con las intenciones de quienes, como ocurre con los divisionistas, trataban de buscar en los cabildos una vía práctica para ir posibilitando la secesión provincial.
Nosotros creemos que desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 1982 se generó una nueva realidad política en el archipiélago y las instituciones que venían previamente, como eran los cabildos, que provienen de 1912, tenían que resituarse. Nosotros creemos que la comunidad autónoma ha ido ganando peso en una serie de circunstancias y los cabildos insulares han ido perdiendo en otra serie de circunstancias, pero hay que ver cuál es el papel que tienen que jugar tanto los unos como los otros por el bien de la estabilidad política del archipiélago. A nosotros la solución que plantean ustedes en esta comunicación no nos gusta. Entonces consideramos que ustedes, con un planteamiento ficticio de que vamos aquí a arreglar unas cosillas en los cabildos para que sean más eficientes y se acerquen más a la Administración y tengan más transparencia, lo que están es haciendo un cambio de fondo en la estructura del archipiélago en contra de los cabildos insulares.
Con respecto a la segunda parte, al tema de la irresponsabilidad, me voy a la cuestión de la complejidad jurídica que tiene el texto. Siempre se puede discutir si lo que yo considero complejidad jurídica lo es o no lo es. Yo voy a empezar, en principio, por unas pequeñas referencias.
Este texto, que, según parece, no debe tener mucha complejidad jurídica porque se trae a la Cámara como una comunicación, en la página 54 del informe justificativo de la propuesta tiene un epígrafe que dice: viabilidad constitucional del régimen electoral contenido en la propuesta legislativa. Constitucional. Y en la página 69, este texto sencillo que no tiene ningún problema, tiene otro texto defendiendo la viabilidad constitucional del régimen competencial contenido en la propuesta legislativa. Como es sencillo el texto, en la página 83 tiene otro que dice: viabilidad constitucional de la organización de la propuesta legislativa. En la página 101 viene otro sobre la viabilidad constitucional del régimen de funcionamiento, información y transparencia de los cabildos insulares de la propuesta legislativa. Y en la página 118 hay otro que dice: viabilidad constitucional del régimen de relaciones de la propuesta legislativa. Antes cuando habló el consejero, diciendo que esto era una cosa sencilla, que todo el mundo, vamos, era simplemente unos desarrollos legislativos sin mucho problema, yo les hago ver que, por ejemplo, la otra propuesta, la de modificación de las entidades municipales, no tiene ninguna necesidad de hacer un apoyo constitucional a las modificaciones que se plantean. Clara demostración de que este es un texto sencillo y no complicado.
Dentro del texto hay multitud de contradicciones y de propuestas contradictorias del Consejo Consultivo y de algunos tribunales superiores con respecto a las propuestas que se hacen en el texto, lo cual debe ser que no es nada problemático, y además, como solo tiene unas pequeñas notas sobre la constitucionalidad, sobre el régimen electoral, el régimen competencial, la organización, el régimen de funcionamiento, información y transparencia y el régimen de relaciones, qué mejor que mandarlo como una comunicación para que no tenga ningún informe al respecto, sino que el Parlamento, con la talla de constitucionalistas que somos todos, nos vamos a dedicar ahora a decidir si tiene razón el Consejo Consultivo, el Tribunal Constitucional, la propuesta que se hace o el Tribunal Supremo. Me parece que es una irresponsabilidad por parte del Gobierno meternos en semejante follón legislativo, conflictivo y complicado, porque el Gobierno hace verdaderas virguerías para ver cómo va cercenando la capacidad y las competencias de los cabildos, incluso en contra de lo que le dicen los órganos consultivos de la comunidad autónoma. Pues qué mejor que este pequeño texto, que solo tiene algunos problemas de constitucionalidad en unas cosas marginales, que traerlo aquí como una comunicación para que sea el Parlamento el que lo haga. Como el Gobierno no tiene capacidad ni tiene medios, qué mejor que lo haga el Parlamento, pero, bueno.
Le quiero, además, decir, como es poco el tema de los temas de constitucionalidad... Usted ha nombrado dos. Uno, sobre si los cabildos son instituciones autonómicas -ya empiezan los problemas-, y le recuerdo que el Consejo Consultivo dice: no pueden ser instituciones autonómicas porque son instituciones insulares. Lo dice el Consejo Consultivo, está en el informe, y eso es la primera. Con respecto a lo segundo que usted planteó, una cosa sencilla, "vamos a cambiar el régimen electoral, porque queremos cambiar el régimen electoral", ustedes dicen que se puede cambiar porque no está recogido dentro del régimen general porque es un tema específico y, sin embargo, usted sabe que el Consejo Consultivo también dice que no, que sí está recogido dentro del régimen general y que no puede el presidente del Gobierno de Canarias ser el que convoque las elecciones porque se tienen que seguir convocando como se han convocado hasta ahora. Usted, cuando hizo la exposición, no comentó esos pequeños temas de discusión marginal que yo creo que son fundamentales.
Entonces, digo yo, siendo un elemento fundamental la estructura de equilibrio de poder entre la comunidad autónoma y los cabildos, es decir, siendo esta una modificación de peso, en mayúsculas, y siendo una modificación legislativamente conflictivísima, porque ustedes en su propio informe tienen informes contradictorios con las posiciones que ustedes tienen, no parece lo más adecuado traerla aquí, en vez de presentar una propuesta de ley, traerla como una comunicación y encima decir que lo quieren resolver de aquí al final de la legislatura. ¡Total, si solo tiene seis problemas de posible inconstitucionalidad, y encima lo vamos a resolver directamente nosotros y encima no les presentamos ningún informe adicional! Lo que pueden decirnos es que salgamos con el carné en la boca y que votemos con el dedo. Entonces yo soy de la opinión de que no es nada razonable la posición del Gobierno, ni por lo que plantea porque es falso, porque no está haciendo una pequeña modificación puntual para mejorar algunas cosas, ni por cómo lo plantea, porque ya me dirá usted, con las propias cosas que pone el informe de ustedes, cómo se atreve el Gobierno a traer una comunicación sobre un texto que tiene cinco elementos fundamentales, donde hay que desarrollar su constitucionalidad, que quiere decir que está en cuestión, porque si la de municipios no se desarrolla la constitucionalidad es porque no hay nada que esté en cuestión; cuando uno se plantea la defensa de la constitucionalidad es porque hay que defenderla, porque puede haber posiciones que no defienden lo mismo.
Entonces, señores, yo creo que lo más razonable es que sean ustedes razonables, se lleven esta comunicación. Si quieren, la plantean como una propuesta del Gobierno, pero además modifíquenla, porque lo que no puede ser es traer un texto, que ustedes dirán que está consensuado con los cabildos, pero con quien deberían a lo mejor haberlo consensuado es con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Supremo y con el Consejo Consultivo, digo yo, porque para eso es para lo que tenemos esos organismos y para eso hay un sistema de presentación de leyes que lo que hace es darle seguridad jurídica a la Cámara para que, cuando un texto puede tener este tipo de complejidad, contemos con los informes adecuados que nos ayuden a tomar las decisiones que corresponden. Entonces yo creo que hay que tener una actitud clara con esta cuestión y no creo que sea injusto decirles que han sido ustedes irresponsables trayéndolo como una comunicación y que ustedes lo plantean de una manera torticera, porque lo plantean como un simple arreglo para tecnificar y modernizar las estructuras administrativas, cuando no es así, y ya discutiremos luego sobre esa descentralización que ustedes dicen que están produciendo, que la verá usted, porque yo desde luego no la veo por ningún lado.
El Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cruz.
El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, señor consejero: muy buenos días a todos.
A los representantes de los cabildos, también un saludo especial.
Señorías, los cabildos insulares. Para responder al pleito insular, la Ley de 11 de julio de 1912, sobre Reorganización administrativa y representación a Cortes de las islas Canarias, crea, como una institución intermedia entre los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, unos órganos insulares singulares en cada una de las islas Canarias: los cabildos insulares.
Posteriormente, los cabildos alcanzan rango incluso constitucional en la Constitución española del 9 de diciembre de 1931.
Posteriormente, tras la Guerra Civil, se mantuvo el régimen especial de los cabildos insulares, pese a imperar en esa época una regulación de todo el régimen local muy centralizada. Así consta en la Ley de Bases de Régimen Local, de 17 de julio de 1945, en el texto articulado del 16 de diciembre de 1950 y el posterior desarrollo en el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, de 1952, vigente prácticamente hasta hace unos días; así como en la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local.
La Constitución española de 1978 configura, en su artículo 137, una organización territorial basada en los municipios, en las provincias y en las comunidades autónomas, apareciendo los cabildos como Administración propia de las islas. Y es, por fin, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en la redacción de 1996, donde se consagra la posición de los cabildos insulares dentro del bloque de constitucionalidad actual, al establecer en su artículo 23.3 lo siguiente: "Los cabildos constituyen los órganos de gobierno, administración y representación de cada isla. Su organización y funcionamiento se regirá por una ley aprobada por mayoría absoluta del Parlamento de Canarias en el marco de la Constitución". Y en su apartado 4 y 5 sigue desarrollando esta previsión y señala que "a las islas les corresponde el ejercicio de las funciones que le son reconocidas como propias; las que se les transfieran o deleguen por la comunidad autónoma, y la colaboración en el desarrollo y la ejecución de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias, en los términos que establezcan las leyes de su Parlamento". "Los cabildos insulares, en cuanto -señor representante del Grupo Mixto, apartado 5 del artículo 23-, los cabildos insulares, en cuanto instituciones de la comunidad autónoma, asumen en cada isla la representación ordinaria del Gobierno y de la Administración autónoma y ejecutan en su nombre cualquier competencia que esta no ejerza directamente a través de órganos administrativos propios, en los términos que establezca la ley". Hemos oído hoy aquí que, por lo visto, no son instituciones de la comunidad autónoma. Está en el Estatuto de Autonomía claramente, en su letra y en su espíritu.
Sin embargo, señorías, la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, igual que la del 1986, conocida popularmente como "ley de cabildos", no acomete el mandato estatutario y renuncia a la regulación de la organización y el funcionamiento de los cabildos. Es por ello que, dieciocho años después, parece imprescindible que, conforme a la previsión estatutaria y las necesidades y desarrollo de otras normas recientes, proceder por este Parlamento, sin más dilación, al cumplimiento del mandato estatutario. Hoy, además, hay que acometer la reforma legislativa sobre el régimen de funcionamiento de los cabildos insulares en su doble vertiente: como entes locales, y por ello respetando lo establecido en la legislación básica de régimen local estatal, y como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que permite introducir una serie de particularidades, ligadas todas ellas al hecho insular.
Señorías, ya desde el primer día de esta legislatura, y lo ha dicho el señor consejero, en el pacto de gobierno suscrito entre Coalición Canaria y el Partido Socialista se fija como objetivo la aprobación de una nueva ley de administraciones públicas canarias que defina con criterios de racionalidad y eficacia el marco competencial de cada una de las administraciones locales, evitando la duplicidad de competencias, reservando para la comunidad autónoma aquellas que por su naturaleza rebasan el ámbito insular, así como las conducentes a garantizar los principios de solidaridad e igualdad entre todos los canarios y canarias.
Asimismo, se señala en ese acuerdo que se tendrá en cuenta en relación con el régimen de organización y funcionamiento de los cabildos su diferente tamaño y lo previsto en la Ley de Grandes Ciudades.
En dicho pacto se partía de que en el escenario de crisis económica se hacían imprescindibles políticas de restricción del gasto con programas de austeridad, mayor cooperación interinstitucional, mancomunando servicios y, sobre todo, evitando duplicidades en la gestión de las competencias, lo que nos debe conducir a una nueva reasignación de competencias y traspaso a los cabildos insulares.
En ejecución del pacto de gobierno, entre los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura figura el de proceder a la modificación del régimen vigente de las administraciones públicas canarias.
Igualmente, señorías, en el debate sobre la nacionalidad del 2013 se aprobaron resoluciones sobre esta materia. Así se decía que, valorando positivamente los procesos de reforma de las administraciones públicas emprendidos, con la consiguiente reordenación y clarificación competencial, y considerando prioritario culminar las mismas, se instaba al Gobierno autonómico y estatal a incluir en dicha reforma determinados aspectos: modificar la Ley 14/1990, en relación con Canarias, modificar la Ley de Bases de Régimen Local, en relación con el Estado; y que, además, dichas modificaciones estuvieran presididas por la potenciación de los objetivos de modernización organizativa, clarificación competencial, necesidad de la prestación del servicio, racionalización de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad y garantizando el control financiero y presupuestario de las administraciones en los términos de la legislación básica establecida. Además, en esa resolución del 2013, se señalaba que la modificación de dichas normas debería contemplar las especificidades propias de la Comunidad Autónoma de Canarias, singularmente las de los cabildos insulares.
Y al mismo tiempo se instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información en relación con esta materia, cosa que el Gobierno ya ha hecho, como sus señorías conocen.
Asimismo, se instaba al Gobierno a continuar con el proceso emprendido de transformación y modernización de las administraciones públicas.
Ya en este año del 2014, en el mismo debate de la nacionalidad, se adopta una nueva resolución incidiendo sobre la materia, instando al Gobierno, literalmente, a promover el diálogo con cabildos y ayuntamientos para alcanzar un acuerdo institucional sobre los términos de la propuesta legislativa que promueva la reforma de las administraciones públicas en Canarias, para debate y aprobación en el Parlamento de Canarias, ley de cabildos y del sector público local.
Señorías, es evidente que, aparte del mandato legal y de los compromisos políticos, asistimos y estamos inmersos en un escenario de crisis económica y política que hace imprescindible llevar a cabo una transformación de las administraciones públicas, de adaptación a las demandas sociales, de dar mayor eficiencia, calidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, de contención del gasto, de mayor transparencia. Los ciudadanos demandan hoy una mejor Administración, más barata, eficaz y muy transparente, al servicio de la ciudadanía y de los intereses generales.
Asimismo, las insuficiencias constatadas en la legislación autonómica vigente y la experiencia práctica de su aplicación en todo el proceso de transferencias iniciado en el año 1986 y en 1994 inciden en la necesidad de acometer el objeto de esta comunicación.
Es por todo lo anterior que el Gobierno de Canarias, cumpliendo el mandato estatutario y los compromisos asumidos, presenta esta comunicación, que inicia, en esta sede parlamentaria, de una manera más definida, la regulación del régimen jurídico de las administraciones públicas canarias, en esta comunicación de los cabildos y la que vemos a continuación de los ayuntamientos canarios.
Comunicación que no solo plantea un criterio de política general sobre la reforma administrativa y política de las administraciones públicas canarias, sino que viene acompañada con un documento de trabajo muy importante. Un documento de trabajo amplio que aborda una propuesta de solución legislativa a los diferentes problemas planteados; y algo más importante: que viene con un alto grado de consenso de las administraciones implicadas, Administración autonómica, cabildos insulares y ayuntamientos canarios.
Ahora, señorías, toca a esta Cámara hacer un trabajo amplio, dar forma y aprobar por fin, dieciocho años después, una ley que regule de forma integral el régimen jurídico de los cabildos insulares, lo cual nos mandata a un esfuerzo de consenso entre todas las fuerzas políticas aquí representadas que dé respuesta a las necesidades y mandatos legales señalados. La necesidad de acometer una regulación integral de los cabildos insulares debe dar respuesta a muchos problemas y necesidades de dimensionar una administración insular adecuada a los importantes retos de dar respuesta a un verdadero gobierno insular, como administración local y como institución de la Comunidad Autónoma de Canarias. Como instrumento, sobre todo, al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas y de los intereses específicos de cada una de las siete islas.
Uno de los problemas sin resolver, que debe ser objeto de la futura ley, es clarificar el sistema competencial, evitando lo que se denomina las dobles duplicidades, las duplicidades administrativas. Señorías, hoy los cabildos insulares, como instituciones autonómicas, han visto incrementadas de una forma notable sus funciones y competencias, especialmente por transferencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Más competencias que deben ser ampliadas, clarificando las bases y principios que han de regir el reparto de las competencias entre las distintas administraciones y que tienen que tener respuesta también en la adecuación de su régimen jurídico y, dado que el marco de la Administración local no da respuesta, procediendo a modificar el régimen jurídico organizativo de los cabildos insulares, dotándolos de una organización adecuada que les permita una acción administrativa y política con mayor eficacia, eficiencia y calidad en la prestación de sus servicios. Igualmente, a mayores competencias hay que introducir en sus normas de funcionamiento normas que garanticen el control de las mismas, con instrumentos y medidas que eviten los problemas que hoy se perciben -y todos en este Parlamento sabemos de lo que hablamos- y los mecanismos establecidos para subsanar cuestiones de control que este Parlamento tiene la obligación de acometer.
Si importante es más competencias y más control, la ciudadanía mira especialmente las medidas y respuestas a plantear en esa futura ley objeto de este debate, encaminadas a dotar de mayor transparencia la gestión de los cabildos insulares, que debe articularse en el marco de las previsiones básicas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el desarrollo y la adecuación a las especificidades de los cabildos insulares.
A más competencias, más control, mayor transparencia, habrá que dar respuesta también, señorías, a los principios de colaboración y cooperación, a las necesarias e imprescindibles relaciones entre las administraciones públicas de la comunidad autónoma y los cabildos insulares, dentro de un marco definido; asimismo también a nivel intrainsular entre los cabildos insulares y los ayuntamientos de cada una de las islas.
El documento de trabajo remitido por el Gobierno como anexo acomete la regulación de los cabildos insulares de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias, dotando a los mismos de un marco normativo ajustado a sus necesidades, contemplando en un solo texto las especificidades que les son propias y que los distinguen y separan de las diputaciones provinciales, contemplando, señorías, y además dando una respuesta al régimen electoral, a las competencias, a la organización de gobierno y a la organización administrativa, al funcionamiento, información y transparencia de los cabildos, a las relaciones de la comunidad autónoma y los cabildos insulares y, asimismo, propone institucionalizar figuras u órganos de gestión como la Conferencia de Presidentes.
A todo esto, señorías, debemos añadir la relación entre los cabildos insulares con este Parlamento, lo que viene regulado en el Estatuto y en el Reglamento del Parlamento, en relación con la política a través de la Comisión General de Cabildos, en relación con el control de las competencias transferidas por este Parlamento y en relación con la titularidad por los cabildos de la iniciativa legislativa plena.
Señorías, estamos ante una respuesta y un cumplimiento del pacto de gobierno y de los acuerdos de gobierno del inicio de la legislatura. Todavía la legislatura no ha acabado, como señalaba alguno, nos quedan muchos meses por delante. Acometamos este trabajo, tenemos el instrumento, tenemos los trabajos, tenemos la propuesta y depende de todas sus señorías, de los grupos parlamentarios, que en esta legislatura tengamos por fin...
Tiene ahora la palabra el Grupo de Coalición Canaria, señor Ruano.
El señor RUANO LEÓN: Señor presidente, señorías. Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Quisiera empezar mi intervención llamando la atención de sus señorías sobre un tema que, siendo notorio, a mi juicio no ha sido suficientemente destacado en las intervenciones anteriores. Lo que nos trae hoy el consejero de Presidencia en forma de comunicación es un acuerdo, y el acuerdo es fruto de un trabajo de muchísimo tiempo, de toda la legislatura.
Ocasionalmente tuvimos una comparecencia, hace algo más de un año, en este Parlamento en relación con cómo iba a afectar al funcionamiento de las instituciones canarias la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En aquel debate, el Gobierno hizo un compromiso en torno a la idea de traer dos textos legislativos a la Cámara que dieran respuesta al marco que se imponía desde el ámbito estatal en relación con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad y hacer posible, por tanto, el ejercicio de las competencias propias que tenemos contenidas en el Estatuto, en torno a dos asuntos: al desarrollo legislativo del artículo 23, el que se refiere precisamente a los cabildos insulares, y al desarrollo legislativo del régimen local, que está en el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Por tanto, lo más importante, lo que el Gobierno nos trae es el acuerdo, el acuerdo al que se incorporan, en este caso, en esta proposición, en esta comunicación sobre esta proposición, los cabildos insulares, y esto es, sin duda, un éxito atribuible al trabajo que han realizado ambas partes.
Si quiere entramos después, o entraremos después, en la segunda parte, en el segundo turno, en torno a la idoneidad de hacerlo mediante una proposición de ley del Parlamento de Canarias y a las consecuencias que trae desde el punto de vista de la tramitación. Yo intentaré ahora, en el tiempo que tengo, hacer referencia a unas cosas que considero importantes, porque se ha hecho invocación de la historia. Cuando se hace invocación de la historia hay que interpretar la historia. La historia normalmente está escrita por aquellos... Dicen que la historia la escriben los vencedores. Está claro que la historia, la historia de Canarias, no la ha escrito Canarias. Canarias ha empezado a escribir muy recientemente, cuando tras la Constitución española de 1978 ha tenido capacidad de autogobernarse y, consecuentemente, de que su autonomía política produzca o emanen de ella leyes como las que este Parlamento tiene capacidad para aprobar.
Por tanto, las referencias que se han hecho a la ley del año 1912 y, en general, a todo el planteamiento de la división territorial del Estado en el siglo XIX... Siglo XIX que empieza como un siglo... con el liberalismo. El liberalismo es tremendamente uniformizador, el liberalismo tras la Constitución de 1812 es uniformizador. El modelo de Estado que se desarrolla tras ese liberalismo, con ese liberalismo, es el de Javier de Burgos, una división provincial de la estructura española, y en esa estructura la consecuencia que se produce en el siglo XIX es que se conforma una única provincia, con problemas que se conocen históricamente con el pleito por la capitalidad. Y eso, que es un pleito decimonónico y que, a pesar de todo, hemos intentado alejar, desterrar, en ese imaginario colectivo, con toda la acción política que se viene haciendo desde el Gobierno y desde las instituciones canarias desde el principio de la solidaridad, ese imaginario sigue aún existiendo.
¿Cómo se respondió en determinado momento a aquel problema de la lucha por la capitalidad? Pues dividiendo al final la estructura, conforme a la estructura que es preexistente, que es necesaria, que forma parte de algo previo, es la isla. La isla es inexcusablemente un hecho geográfico indiscutible y, por tanto, lo normal es que la organización administrativa se adecue a esa organización física, a esa cuestión física preexistente.
¿Cómo lo hemos podido hacer?, en un modelo en el cual a lo largo del siglo XIX habíamos perdido cuestiones que eran muy importantes desde la conquista de las islas hasta el siglo XVIII. Perdimos el sistema monetario diferenciado, perdimos el monopolio comercial de los puertos con América, perdimos, en aquel contexto también, el sistema fiscal, porque hubo una política fiscal uniformizadora, que es la Reforma Mon-Santillán de principios del siglo XX, y hasta mitad del siglo XIX, cuando se aprueba el decreto de Bravo Murillo, no hay constatación de la realidad de Canarias en la legislación del Estado. (El señor presidente se reincorpora a su lugar en la Mesa). Por tanto, la primera mitad del siglo XIX es tremendamente uniformizadora y aleja a Canarias completamente del Estado. Si se leen ustedes -y creo que alguna vez lo hemos hecho aquí- la exposición de motivos del decreto de Bravo Murillo, Bravo Murillo le plantea a la reina entonces cuestiones que tienen que ver con la unidad, la búsqueda de la unidad, la búsqueda de la integración de Canarias en la Corona. Y todas estas cosas, que no son baladíes, forman parte, lógicamente, de nuestra historia y de ahí que la ley de 1912 represente también uno de los hitos fundamentales de cara a organizar Canarias.
¿Qué pasa en 1982 con el primer Estatuto? Básicamente que los estatuyentes en aquel momento tenían que definir un modelo que partía de una realidad previa que era la isla, una realidad administrativa que eran los cabildos insulares, la división provincial seguía estando, porque la división provincial, la provincia es la unidad de organización del Estado. De hecho, hasta ayer había gobernadores civiles, hasta la Lofage de 1997 ha habido gobernadores civiles, hoy subdelegados del Gobierno. Y en la estructura, por tanto, del Estado sigue existiendo la provincia. No existe la provincia en nuestra estructura, no hay ni una sola referencia en el Estatuto canario a la estructura provincial, porque no existe la provincia, existe a efectos de la división territorial del Estado.
¿Con todo esto qué quiero decir? En definitiva, que el propósito del Gobierno es incardinar algo que no hemos sabido hacer o que no hemos hecho, que no hemos perfeccionado suficientemente a lo largo de nuestra historia reciente, de nuestra historia autonómica, en definitiva. Hicimos primero, se hizo en este Parlamento una ley en 1986. Aquella ley tuvo gran controversia. Había en aquella ley una persona, que fue diputado más tarde en esta Cámara y estuvo en el Partido Socialista, don Santiago Pérez, que definió un modelo con direcciones insulares en cada isla, es decir, un modelo que ignoraba la preexistencia de los cabildos insulares y creaba unas direcciones insulares de la Administración canaria en cada isla. Aquel modelo fracasó. Tanto es así que duró cuatro años. En 1990 se aprueba por esta Cámara por unanimidad una ley que es la Ley -todavía vigente- de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Esta ley es la que pretende el Gobierno modificar, cambiar, tener dos textos legislativos. ¿Por qué dos? Básicamente porque para el régimen jurídico de los municipios es fundamental que haya una ley específica que se adecue al marco constitucional que hoy define la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Señorías, decía el portavoz del Grupo Mixto, el señor Justo, en fin, dice: cómo nos derivan la pelota. En fin, mire, tanto es así que es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, porque quien aprueba las leyes es el Parlamento de Canarias. Las leyes se pueden aprobar por modos diversos de iniciativa legislativa. Normalmente la iniciativa legislativa la ejerce el Gobierno a través de proyectos de ley o la ejerce el Parlamento a través de proposiciones de ley. Algunas de esas proposiciones de ley incluso con algunos otros sujetos legitimados, como se sabe, los cabildos insulares. Por tanto, ese es el contexto en el que nos vamos a mover.
Y lo más importante de la comunicación del Gobierno, como dije al principio, es el acuerdo. Si somos capaces de plasmar el acuerdo en una proposición de ley, que a su vez garantice desde el punto de vista jurídico su adecuación al marco estatutario y constitucional, habremos acertado.
Me gustaría, señor Justo, llamar la atención a una cosa que supongo que usted sabe, pero es que esto, cuando sea una proposición de ley y se tome en consideración por la Cámara, tendrá que ser dictaminado por el Consejo Consultivo. Por tanto, en relación con el dictamen del Consejo Consultivo, produciremos después las enmiendas parciales o al articulado que entendamos que procedan.
Es verdad que la ley es de vanguardia cuando incorpora cosas muy muy importantes, como es el régimen electoral de los cabildos, porque esto es, sin duda, hasta ahora un tabú. Ténganse en cuenta que hoy en día está regulado dentro de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. ¿Por qué?, porque está centrado en el carácter de entidad local de los cabildos, pero es que los cabildos, y eso es marco constitucional también, porque el Estatuto es marco constitucional, en fin, dentro del bloque de la constitucionalidad, son también instituciones de la comunidad autónoma, y tenemos que hacer compatible esa consideración de la isla como entidad local y el cabildo como órgano de administración y gobierno de la isla con los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma que reciben transferencias y delegaciones.
Y es precisamente en el régimen de transferencias y delegaciones donde posiblemente hemos fallado en los últimos años. Y creo que la proposición de ley, que será la que se deduzca de la comunicación que el Gobierno hoy nos presenta, nos va a dar la oportunidad de solucionar algunos asuntos, porque la proposición ya establece el marco, es decir, el texto que nos ha mandado, en cuanto sea proposición, establece el marco. Y quizás tengamos la oportunidad en tiempo de hacer incluso algunas enmiendas a las disposiciones finales y adicionales para arreglar algunos temas que, por ejemplo, el Grupo Mixto ha señalado en sus intervenciones, el régimen jurídico de los servicios sociales. No creo que sea posible, sinceramente, señor consejero, que en el plazo que queda de aquí a final de la legislatura podamos contar con un proyecto de ley del régimen de los servicios sociales y, sin embargo, el texto que usted nos trae nos posibilita, nos capacita, nos pone en punto de salida para hacer posible que arreglemos esta materia mediante enmiendas al articulado -posiblemente adicionales o finales-, en torno al régimen jurídico, que diferencie por completo cuestiones que hoy son un auténtico problema y que requieren que los servicios básicos en materia de prestaciones sociales estén en los ayuntamientos, los servicios especializados en los cabildos insulares, el Gobierno no tenga nada en el ámbito de la gestión de los servicios sociales sino solo la potestad normativa, la que le corresponde desde el punto de vista legislativo para presentar iniciativas legislativas o la que le corresponde desde el punto de vista reglamentario.
Por tanto, señorías, este es el escenario. Estamos ante una oportunidad, porque el texto es un texto negociado. Básicamente esto es lo más importante, es el producto de un trabajo de negociación durante mucho tiempo que nos pone en punto de salida. Ahora es nuestra responsabilidad. ¿Podía haber venido como proyecto de ley?, podía, Advertí al consejero, hace un año, algo más de un año, que se tenía que modificar la norma interna de tramitación de los proyectos de ley. Creíamos y creemos aún que puede haber más agilidad en la tramitación interna. Sin embargo, eso no excusa que lo que se constata mediante estas dos comunicaciones, especialmente de la que estamos debatiendo ahora, es un trabajo intensísimo de negociación, un trabajo de relación técnica, jurídica y política de negociación, que acaba en el acuerdo. Y el acuerdo, que se constata en un texto que se anexa a esta comunicación, es un punto de partida valioso, valiosísimo, para iniciar una tramitación como proposición de ley.
Creo, señorías, que estamos ante una auténtica oportunidad. Creo que hablar de islas nos permite, nos pone en las condiciones de poder hablar de lo que para nosotros siempre ha sido una dialéctica, y siempre seguirá siéndolo, porque todos somos isleños de alguna isla y, sin embargo, somos canarios por encima de todo. Creo que esto es fundamental, no solo es un tema de naturaleza emocional, no forma parte solo del discurso de los nacionalistas canarios. Estoy convencido de que la región canaria para los populares, la nacionalidad que puede representar para los socialistas o la nación que creemos los nacionalistas que es Canarias va a seguir siempre necesariamente vinculada a la isla, como núcleo de la organización desde el punto de vista administrativo, como, en fin, lugar emotivo en el cual cada uno vincula su lugar de nacimiento o donde vive, y eso va a producir siempre una dialéctica que forma parte del funcionamiento del archipiélago. Lo importante es que seamos capaces de hacerlo bien y hay cosas que está claro que el marco jurídico del año 1990 hoy no es un marco suficiente. Ha habido cosas, materias, que se han desarrollado desde los años 90 hasta ahora y, especialmente, antes lo decía cuando me refería a servicios sociales, porque tengo gran preocupación, mi grupo tiene gran preocupación por el régimen jurídico de la dependencia, porque se mezcló con un sistema preexistente que teníamos de planes de atención sociosanitaria, después se articuló con arreglo a una normativa estatal, no se ha articulado bien, y el resultado no es bueno. La ley que nos presenta hoy el Gobierno anexada a esa comunicación constituye una oportunidad para dar solución a temas como ese y a muchos temas muy concretos, que agradecerán los ciudadanos desde el punto de vista de la simplificación y de la organización...
El señor PRESIDENTE: Sí, sí. Un minuto.
Sí, cuando quiera...
El señor RUANO LEÓN: Por tanto, señorías, después, cuando tengamos ocasión de debatir sobre las propuestas de resolución consecuentes a esta comunicación del Gobierno, creo que podremos plasmar la voluntad política del Parlamento de que sí vamos a legislar sobre esta materia, que tenemos una responsabilidad de hacerlo y que vamos a hacerlo de la mejor manera posible, y la mejor manera posible es el acuerdo, el acuerdo que nos ha traído el Gobierno de Canarias.
Quiero también sumarme a la bienvenida que hacía el presidente del Parlamento por la presencia hoy del presidente del Cabildo de la isla de La Palma, don Anselmo Pestana, y también de la consejera de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, doña Auxi Pérez.
Señor consejero, reconozco que lo he visto poco entusiasmado a la hora de defender esta comunicación del Gobierno. Me recordaba usted a un opositor que venía a cantarnos la lección pero con poco, con muy poco, entusiasmo.
Señor Cruz, decía usted que este era un compromiso del Gobierno desde el inicio de la legislatura, que así lo puso de manifiesto el presidente de la comunidad autónoma durante su discurso de investidura. ¿Y qué ha pasado en el año 2011, en el 2012, en el 2013 y en el 2014? ¿Es que nos ha entrado ahora la prisa de la diarrea legislativa que no han sido capaces de hacer en tres años?
Señor Ruano, decía usted también que esto es fruto del trabajo y es un texto negociado. Y yo le quiero preguntar: ¿negociado con quién? Porque mi fuerza política, que es la primera fuerza política y parlamentaria en este Parlamento, no ha entrado en ninguna negociación de un texto fundamental e importantísimo para el futuro de Canarias. Por tanto, ¿negociado con quién?
Señor presidente, señorías, hoy comparecemos. Y otra cuestión antes de empezar con el fondo de este debate. Yo, señor Ruano, no me voy a remontar a la historia ni voy a llegar a cien años atrás, a 1912; yo quiero ir, cien años después, a hoy, a la historia de hoy de esta Comunidad Autónoma de Canarias, a la historia del debate de esta comunicación y del momento puntual que estamos viviendo. No hace falta que usted me hable del pleito insular, de 1912, de la ley de cabildos, porque la realidad es a la que estamos enfrentándonos hoy, en esta comunicación o en este proyecto de ley camuflado de comunicación.
Señor presidente, señorías, comparecemos hoy en el Parlamento, como decía, para debatir dos comunicaciones muy relevantes que aspiran a modificar el régimen jurídico de las administraciones públicas en Canarias, tanto la de cabildos, la ley de cabildos, como la de los ayuntamientos, y el propósito del Gobierno es en ambos casos actualizar esta ley de régimen jurídico que lleva veinticinco años, digo bien, veinticinco años, de vigencia.
El propósito del Gobierno -ya lo avanzo y lo quiero dejar muy claro- es compartido por mi grupo parlamentario, es compartido por el Grupo Parlamentario Popular, como les consta a sus señorías porque desde el inicio de legislatura -no en 1912, señor Ruano, en esta legislatura- mi grupo parlamentario ha presentado iniciativas para modificar el régimen jurídico de las administraciones públicas. Y usted recordará muy bien, como lo recuerda el señor consejero, que en aquellas mesas de diálogo, en el año 2013, entre el Gobierno y el Partido Popular una de las prioridades que pusimos sobre la mesa es, evidentemente, llevar a cabo reformas del régimen jurídico de las administraciones públicas. Acuerdo, señor consejero, que no fue posible, en fin, por la falta de voluntad de este Gobierno. Por tanto, la voluntad de actualizar la ley de cabildos y también la de los ayuntamientos es compartida por mi grupo parlamentario, porque creemos, como bien decía el señor Ruano, es fundamental adaptarla a la nueva legislación básica, que entró en vigor el 1 de enero de este año, en esa Ley de Racionalización y Sostenibilidad.
Al margen de las consideraciones de orden político, la nueva ley nacional, y ustedes lo saben bien, señor consejero, tiene varios objetivos, que lo recoge muy bien en su preámbulo. Primero, clarificar el ámbito competencial para evitar duplicidades en el ámbito de la Administración pública en Canarias; segundo, apostar por la racionalización, es decir, tener unas estructuras administrativas que respondan a los principios de estabilidad, eficiencia y sostenibilidad financiera -que de esto he oído poco, en esta comunicación, de esto he oído poco, y es lo más importante-; y, en tercer lugar, dice la ley nacional, el control riguroso del gasto público.
En este marco, señor consejero, señorías, presenta el Gobierno esta comunicación, pero quiero decirle que más allá de la voluntad del Partido Popular, más allá de la voluntad del Grupo Parlamentario Popular, quiero decirle algunas consideraciones.
Señorías, señor consejero, mi grupo parlamentario ni comparte la forma y tiene dudas razonables del fondo. Y no compartimos la forma porque el Parlamento de Canarias en realidad debate hoy un proyecto de ley camuflado de comunicación. Solo basta con hacer una lectura de lo que es la comunicación y ver cómo se presenta un texto perfectamente articulado. En nuestra humilde opinión, debería haberse registrado en esta Cámara no una comunicación del Gobierno sino un proyecto de ley. ¿Sabe usted por qué?, porque hay diferencias muy importantes y hay diferencias considerables que hay que poner sobre la mesa. Porque la comunicación no le obliga a lo que le obliga un proyecto de ley, que es fundamental para garantizar lo que decía el portavoz del Grupo Mixto. Aquí ni tenemos informe de la necesidad ni de la oportunidad, ni trae usted informe del servicio jurídico ni trae los informes del impacto económico y presupuestario ni tampoco, que es exigible, el informe vinculante del Consejo Consultivo de Canarias. Por tanto, más allá de las dudas razonables desde el punto de vista económico, de seguridad jurídica y presupuestario, también creo que es fundamental la tranquilidad jurídica a la que un proyecto de ley obliga y que no así la comunicación.
Por tanto, señor consejero, señorías, esta comunicación, no se justifica la necesidad ni se evidencia la oportunidad ni se acredita, que es lo más importante, el impacto económico ni presupuestario; ni tampoco podemos garantizar... ¿o usted me lo puede garantizar, señor consejero, que esta comunicación o este proyecto de ley camuflado de comunicación se ajusta estrictamente al ordenamiento jurídico vigente?
Por tanto, con estas condiciones, con estas premisas, ustedes acuden hoy al Parlamento, deprisa y corriendo, con una reforma que ha estado durmiendo el sueño de los justos, señor Cruz, desde hace tres años. Porque es verdad que usted lo planteó y el presidente de la comunidad autónoma en su discurso de investidura, ¿pero qué ha pasado en estos tres años? Que han estado ustedes más pendientes de las batallitas del señor presidente del Gobierno que de resolver estas cuestiones, cuestiones básicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, las prisas solo confirman, señorías, la pereza de este Gobierno, la pereza para no afrontar durante estos tres años de legislatura asuntos relevantes, importantes. ¿Qué pasa ahora?: que en estos ocho meses, con la cuenta atrás, al Gobierno y al señor presidente del Gobierno le empieza y le entra esa diarrea parlamentaria de empachar a este Parlamento con un número de proyectos de ley que, al final, señorías, no han sido capaces ustedes de aprobar en estos tres años.
Pero, además, les diré una cosa también que tiene que ver con la forma. Decíamos que a nosotros nos hubiera gustado, como primera premisa, que hubiera sido como proyecto de ley y no como comunicación y la segunda cuestión es que nosotros estamos en contra de la forma. Cuando hablamos de diálogo, de consenso, usted reconoce un consenso con la Fecai, ¿pero qué consenso ha buscado usted con esta fuerza política, con el Grupo Parlamentario Popular, en todo este momento, en todo este proceso? Hay que decirle que somos la primera fuerza política y parlamentaria, aunque a usted no le guste, y como tal creo que es fundamental buscar el diálogo y el consenso. Muy bien con la Fecai pero también con el principal partido político en Canarias representado en esta Cámara, porque creo que es fundamental. Y usted no se ha dirigido en ningún momento, salvo para entregarnos la comunicación o el proyecto en Presidencia. Nosotros hemos echado de menos, señor Spínola, que usted hubiera tenido ese espíritu de diálogo que usted está todo el día diciendo de boquilla, pero que en la práctica o no quiere o no le dejan hacerlo. Y no tenga usted complejo por dirigirse al Grupo Parlamentario Popular, sabe usted que lo acogemos con los brazos abiertos cada vez que usted ha venido a proponer alguna iniciativa de este sentido. Por tanto, cuestionamos también la voluntad real de la búsqueda de acuerdo y de consenso con esta comunicación.
Y ahora quiero entrar en el fondo, que para mí es tan importante, o para mi grupo parlamentario, como la forma. Miren, ustedes dicen que la propuesta del Gobierno para los cabildos aborda uno de los asuntos capitales que es la clarificación competencial. Establecen una especie de catálogo de materias amplio y ampliable por delegación del Gobierno. Estamos de acuerdo con ello, pero ¿qué pasa en la realidad?: que ustedes no materializan esa delegación de competencias a los cabildos insulares. No lo hacen ni tienen voluntad política de hacerlo. Por tanto, a nosotros también nos produce dudas razonables, que ustedes una cosa es lo que digan de boquilla y otra cosa lo que pongan en la práctica, porque evidentemente creo que es fundamental la delegación de competencias a los cabildos. La descentralización se plantea como una hipótesis, señor consejero, cuando se debe afrontar con la valentía y la determinación que este tipo de cuestiones plantean.
Y una segunda duda de fondo razonable: ustedes incorporan también un tema... que la propuesta del Gobierno para los cabildos no incluye un marco financiero. Ustedes de esto nada hablan; proclaman una y otra vez la necesidad de la suficiencia financiera de las corporaciones insulares pero no concretan ni definen cuál es ese nuevo marco económico y presupuestario, y esto a los cabildos también les produce preocupación, como también les produce preocupación a los ayuntamientos. ¿De qué vale que usted les diga a los cabildos "tengan ustedes más competencias -y a los ayuntamientos-, tomen todas estas competencias y póngales usted un caramelo en la boca" si cuando los alcaldes se dirigen a usted y le dicen, "bueno, y cómo vamos a financiar estas competencias que usted nos quiere trasladar"...? ¿Sabe lo que usted les ha contestado a los ayuntamientos?: ese ya no es mi problema, ese ya no es mi problema, ese no es problema de este Gobierno -y además usted lo pone aquí en esta comunicación-, ese tema lo tendrá que resolver el Gobierno que venga después de mayo. ¿Es serio eso, señor consejero?, ¿es serio usted anunciar y poner un caramelo en la boca a los cabildos y ayuntamientos y cuando los cabildos y ayuntamientos, señor Ruano, le dicen "qué pasa con las perras", usted les dice, "no, no, eso a partir de mayo del 2015 que lo resuelve el Gobierno que entra"? ¡Es una falta de seriedad este tema!, es una falta de seriedad este tema. Por tanto, a nosotros nos parece fundamental que los recursos económicos y presupuestarios y la suficiencia financiera tienen que estar resueltos. Porque además, claro, desde el punto de vista de las perras, yo que veo al presidente del cabildo y a la consejera de Presidencia, cuando se sientan en la Comisión General de Cabildos o en la Fecai y han debatido temas como los recursos del REF, claro, ¿qué credibilidad pueden ustedes tener cuando en los recursos del REF ustedes no hacen un reparto justo, como establece la legislación, con los cabildos? ¿Cómo nos podemos fiar de ustedes, cómo los cabildos y los ayuntamientos se pueden fiar de ustedes en este sentido? -y doy la bienvenida también al presidente de la Fecam, don Manuel Ramón-.
Y este es el asunto que hay, pregúnteles usted a los alcaldes y a los cabildos. Cuando el señor presidente de la Fecam le dice al señor Spínola, "oye, me parece muy bien, usted, que me dé competencias", y le dice el señor don Manuel Ramón: "¿y las perras, señor Spínola?, ¿hay alguna respuesta contundente para tranquilizar a la Fecam y a la Fecai de qué pasa con las perras y con los presupuestos y con el marco económico y presupuestario?".
Por tanto, señorías, creo que la suficiencia financiera es un tema fundamental que tiene usted que aclarar hoy.
Por último, habla usted del régimen electoral de los cabildos. Señor Cruz, que ustedes estén hablando ahora de reforma electoral cuando ustedes han sido reaccionarios y alérgicos a la reforma electoral canaria y ahora vengan aquí a defender como nadie la reforma de la ley de cabildos, a nosotros nos produce también una cierta duda jurídica razonable. ¿Por qué?, porque este Gobierno no puede, a través de un proyecto de ley ni de una comunicación ni de una ley ordinaria, modificar el régimen electoral de los cabildos, porque, en todo caso, tendría que hacerlo no a través de una ley ordinaria sino a través de una ley orgánica. Y ustedes plantean este problema de la reforma electoral de los cabildos sabiendo que son -evidentemente, señor Ruano- administraciones de la comunidad autónoma, pero que están regidos como administraciones locales por el régimen electoral general y, como están regidos por el régimen electoral general, ustedes no pueden hoy modificar a su antojo, a través de una ley ordinaria, esta reforma electoral de los cabildos. Tendrían que hacerlo a través de una ley orgánica, a través de la reforma, por ejemplo, del Estatuto de Autonomía. Por tanto, solo podíamos legislar estos aspectos, de la reforma de la ley de cabildos, a través de la reforma del Estatuto de Autonomía o de una ley orgánica.
Para acabar, como conclusión. Les comunico, señor Spínola, que sé que es lo que a usted le preocupa, que mi grupo parlamentario apoya con condiciones esta reforma de la ley de cabildos. No es el proyecto que mi grupo parlamentario hubiéramos traído aquí ni es el proyecto que a mi grupo le gusta, pero no se preocupe que nosotros vamos a participar intensamente para mejorar aquellas cuestiones que hoy hemos puesto ya sobre la mesa, de dudas en la forma y de dudas razonables en el fondo.
Por tanto, a mí me gustaría que nos aclare, primero, la suficiencia financiera; segundo, qué va a hacer con esta reforma electoral de la ley de cabildos; tercero, qué va a hacer para evitar las duplicidades, porque ya después, en el turno de réplica, y con la ley de municipios, pondré sobre la mesa las contradicciones que ustedes dan. Les da las mismas competencias a los ayuntamientos que a los cabildos y las mismas las tiene el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. ¡Aclárense, aclárense!, porque ustedes les dan las competencias a los ayuntamientos en determinadas materias y les dicen a los cabildos "ustedes las tienen igual". Por tanto, lejos de evitar la duplicidad competencial, ustedes hacen una especie de maraña burocrática, de selva normativa, que no aclaran absolutamente nada. Si el espíritu del Gobierno es, como debe ser, esas cuestiones, mi grupo participará activamente en estas cuestiones.
Y para acabar. Tendré tiempo después de poner sobre la mesa lo que le ha dicho, señor consejero, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros...
El señor PRESIDENTE: Un minuto, don Asier.
El señor ANTONA GÓMEZ: Digo que después tendremos tiempo de decirle lo que le ha dicho el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, pero le adelanto algo. Dice con respecto a su comunicación que esta reforma no soluciona ninguno de los problemas planteados; dos, que daña la autonomía local; tres, que invade competencias del Estado; y, cuatro, que no garantiza la ficha financiera. Y esto no lo dice el Partido Popular, que también, lo dice el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, informe que usted lo tiene, igual que lo tiene mi grupo parlamentario.
Si usted es capaz de resolvernos estas dudas y es capaz, no de boquilla de hablar de diálogo y consenso, sino de trabajar desde el consenso, tendrá el apoyo entusiasta del Grupo Parlamentario Popular, que es la primera fuerza política y parlamentaria de este Parlamento.
Segundo turno para el Gobierno. Señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.
En este segundo turno voy a intentar fijar la posición del Gobierno y aclarar muchos de los aspectos que han comentado los distintos portavoces de los grupos parlamentarios.
Y voy a hacer una intervención respondiéndole al primero de los intervinientes, al portavoz de Nueva Canarias, que ha calificado la propuesta que hoy ha presentado el Gobierno de torticera e irresponsable. Yo antes que nada quiero decirle que, cuando le he escuchado a usted hoy, me he quedado perplejo y alucinado como pocas veces en esta Cámara. De verdad, creo que ha hecho usted hoy una intervención muy desafortunada. Usted se ha subido a esta tribuna a decir que los cabildos, nada más y nada menos, no son instituciones de la comunidad autónoma. Y usted tiene que leerse el Estatuto de Autonomía y se tiene que leer el artículo 8, apartado 2, que dice que los cabildos son, simultáneamente, órganos de gobierno y representación de cada una de las islas e instituciones de la comunidad autónoma. Esto es un elemento nuclear y, si usted no maneja este concepto, a partir de aquí toda su intervención, de verdad, está más que descalificada, porque usted se ha descalificado hoy a sí mismo con esa afirmación tan errónea.
Dice usted que esta iniciativa legislativa desestructura las administraciones públicas. ¿Pero de verdad sabe usted de lo que habla? ¿Un trabajo consensuado, meses y meses y meses, entre expertos juristas, de la Fecam, de la Fecai, del Gobierno, que le da forma, actualiza, una ley del año 1990, usted lo descalifica en términos de desestructuración de las administraciones públicas? No se sostiene, señor Justo.
Dice usted que el Gobierno le pasa el muerto al Parlamento. ¿Pero sabe usted cuál es la función más importante de este Parlamento? La legislativa. Le corresponde al Parlamento aprobar las leyes. Y hay varias formas de presentar una ley, una de ellas es la vía de los proyectos de ley, pero otra también, señoría, es la de las proposiciones de ley que presentan los grupos parlamentarios, incluso los cabildos insulares, o la iniciativa legislativa popular. Esas son las vías. Por tanto, no estamos pasándole ningún muerto al Parlamento, estamos cumpliendo un compromiso que el presidente explicitó en el debate de investidura. Y eso a lo mejor es lo que les duele a algunos grupos, que pensaron que este Gobierno no sería capaz de presentarse en esta legislatura con dos iniciativas tan potentes, como una ley de cabildos, que tiene 146 artículos, y una ley de municipios, que tiene 136 artículos. Pero no solo es que las ha presentado en la Cámara, es que las trae consensuadas con los cabildos y con los ayuntamientos. Y eso lo quiero poner en valor, porque es mérito de todos, no solo del Gobierno, es mérito de la Fecam, es mérito de la Fecai, es un mérito colectivo. Por tanto, de verdad, no se sostiene su intervención.
Dice usted, ha hecho una crítica también a la exposición de motivos de la ley. Y le quiero decir que la historia no se reescribe. En primer lugar, le quiero decir, señor Justo, que la ley de cabildos no es del año 2017, como ha dicho aquí tres veces; la ley de cabildos es del año 1912 y hace dos años celebramos el centenario de los cabildos. En segundo lugar, el texto, el texto que se contiene en la exposición de motivos es rigurosamente cierto. Es así, la historia es la que es, no se reescribe, y usted no la va a reescribir. Y, desde luego, nada tiene ni nada aporta hacer la mención a la ley de 1927, de creación de las dos provincias, de la división provincial, porque ese hecho, ese hecho, de cara a la tramitación de una ley de cabildos, no tiene ninguna influencia. Lo que tratamos de resaltar es que en 1912 se rompe, se rompe con una forma de organización que se genera a raíz de la Constitución de 1812, que es la que descansa sobre las provincias. Es con la ley de 1912 con la que se establece una organización administrativa en el ámbito de cada una de las islas a través de los cabildos insulares.
Los informes jurídicos. No se preocupe, no se preocupe, el Consejo Consultivo emite, como se le ha explicado, emite un dictamen jurídico sobre las proposiciones de ley. Luego, este Parlamento va a tener todo el rigor jurídico añadido al que trae el texto consensuado, porque el texto consensuado entre el Gobierno, los cabildos y los municipios ha sido visado por los mejores técnicos, expertos, excelentes juristas, del Gobierno, de los cabildos y de los ayuntamientos. Han participado activamente los siete secretarios de los siete cabildos insulares y expertos administrativistas de la Universidad de La Laguna y funcionarios de la comunidad autónoma que llevan treinta y cinco años o cuarenta años trabajando estos temas y que se los conocen como el dedillo de las manos. Esta es la realidad.
Y en cuanto al régimen electoral, que lo ha planteado también el señor Antona, les quiero decir algo, les quiero decir algo. Canarias tiene competencias en organización y régimen de sus instituciones de autogobierno y los cabildos insulares son instituciones de la comunidad autónoma. Por tanto, haciendo uso de ese título competencial, nosotros podemos regular el régimen electoral de los cabildos insulares, y por eso lo hemos hecho, porque estamos ejerciendo el autogobierno, y lo vamos a hacer porque creemos en el autogobierno y por eso queremos regular el régimen electoral. Y le voy a dar un dato: existe una regulación sobre el régimen electoral en Baleares, en Baleares. Hay un régimen electoral, hay una ley del año 2009 de la Comunidad Autónoma de Baleares que regula el régimen electoral de sus consejos insulares.
Bien. Sé que este es un asunto controvertido, lo sé, y así lo hablamos y lo discutimos con los cabildos insulares, y llegamos a un acuerdo con los cabildos insulares, que fue el siguiente: vamos a mantener en el texto la competencia de la comunidad autónoma para regular el régimen electoral de los cabildos insulares y, si esta opinión no es compartida por el Consejo Consultivo, que entiende que no se atiene al ordenamiento jurídico, nosotros, a través de los grupos parlamentarios, les propondremos a los grupos parlamentarios que, en su caso, se modifique esa cuestión para adaptarla al criterio que fije el Consejo Consultivo. Eso fue lo que nosotros hablamos con los cabildos insulares y por eso está en el texto. Me parece que es un asunto importante que hay que poner sobre la mesa.
Me voy a referir ahora a la intervención del portavoz del Grupo Popular, el señor Antona. Dice el señor Antona, comienza su intervención diciendo que me ve poco entusiasmado. ¡Qué poco me conoce!, qué poco me conoce. Estoy supercomprometido con estos textos, llevo trabajando toda la legislatura en ellos, y llegar al día de hoy y ver que son una realidad, que tenemos dos textos estupendos encima de la mesa para que el Parlamento de aquí, de aquí hasta marzo del próximo año pueda debatirlos y aprobarlos, es una satisfacción enorme. Porque le diré algo: no se ha hecho en treinta años de autonomía. Es la primera vez que un gobierno trae estos dos textos, porque la ley del Estatuto de Autonomía dice, en su artículo 23.3, que una ley del Parlamento regulará la organización y funcionamiento de los cabildos insulares, y eso no se había hecho, en términos de contemplarlo en una única ley, separadamente, como ahora traemos. Por tanto, estoy contentísimo de haber cumplido un mandato que nos establecimos los partidos políticos que firmamos el pacto y que el presidente en su primer discurso en esta Cámara lo dijo. Ustedes pensaron que este Gobierno lo que iba a hacer era vender humo, pero, lejos del humo, lo que hay es una realidad. Ahí están los dos textos.
Prisas. Viene el Gobierno, dice el señor Antona, viene con prisas. Prisa ninguna, prisa ninguna. Hay tiempo más que suficiente para debatir y aprobar estas propuestas. Mire, usted tiene el texto entregado, en una reunión con el presidente del Gobierno, desde el mes de marzo del 2014, desde el mes de marzo tiene usted el texto. Han pasado siete meses. Y si usted hubiese hecho algo tan elemental como todas las noches antes de acostarse leerse un artículo -solo uno, ¿eh?-, solo un artículo de la ley de cabildos, hubiese hecho, hubiese consumido en leerse un artículo cada día cinco meses; o sea, que le hubiesen sobrado dos meses más, porque desde marzo que le entregamos la ley a ahora, que estamos en octubre, han pasado siete meses, han pasado siete meses. Y usted, si se hubiese leído un artículo cada día, hubiese consumido cinco meses, todavía hubiese tenido dos meses para repasar la intervención que hoy iba a hacer aquí, en esta Cámara. (Abandona su lugar en la Mesa el señor presidente. Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente segundo, Fernández González.)
Dice usted que con quién se ha negociado. ¿Con quién vamos a negociar una ley como esta? La hemos negociado con los cabildos y con los ayuntamientos. ¿Con quién?, con sus federaciones. Y lo hemos hecho de una manera intensa, hasta diez reuniones, donde hemos tenido que aceptar, que modificar, porque buscábamos el acuerdo, buscábamos el consenso. Y también -y también- le ofrecimos el texto en marzo del 2014 a los grupos parlamentarios, en una reunión con todos los grupos parlamentarios que tuvimos en Presidencia del Gobierno. ¿Y cuál ha sido su aportación como grupo parlamentario desde marzo hasta hoy?: cero, cero, cero patatero. Usted no me ha hecho llegar ni una sola observación al trabajo que hemos venido desarrollando, y lo podía haber hecho. En todo caso, a tiempo estamos. Y yo le tiendo la mano, y yo le tiendo la mano para que aprovechemos estos meses que tenemos por delante para que, igual que he hecho con sus correligionarios del Partido Popular que están en las instituciones, que están en los ayuntamientos y están en los cabildos, y nos han hecho sugerencias... las hemos aceptado, muchas de ellas las hemos aceptado. Y ahora le ofrezco lo mismo, que sus sugerencias sean también, sean también recogidas y sus aportaciones valoradas por el Gobierno.
Usted ha hecho un canto floral a la ley del año 2013, a la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y, ¿sabe lo que le digo?, que esa ley está en este momento en el Tribunal Constitucional, que fue apoyada en las Cortes Generales solo por el Partido Popular, que hay 16 millones de ciudadanos españoles, que están representados por sus alcaldes, 2.300 alcaldes, han impugnado esa ley porque consideran que es inconstitucional. Por tanto, no me venga a hablar de modelo del Partido Popular con la Ley de Racionalización, porque no ha tenido mayor contestación en la historia del régimen jurídico local en toda la historia de España.
Dice usted que no comparte las formas, no comparte las formas porque el Gobierno no ha presentado un proyecto de ley. Es verdad que el Gobierno podía haber presentado un proyecto de ley, es verdad y yo eso lo reconozco. Era una opción, el Gobierno ha hecho un trabajo y podía presentar un proyecto de ley. ¿Por qué lo hemos hecho en forma de comunicación? Bien. Pues, mire, para que la Cámara tenga más tiempo para debatir la iniciativa. Mire, es que la iniciativa hoy la estamos discutiendo, pero está en el Registro del Parlamento desde el día 5 de septiembre, desde el 5 de septiembre está aquí, en la Cámara, 5 de septiembre. Sí. Y la legislatura acaba, y la legislatura acaba en marzo. Por eso le digo que desde septiembre hasta marzo son siete meses. Siete meses para aprobar una ley, una ley que actualiza, que modifica la ya vigente, la del año 1986, la del año 1990. ¡No tenemos tiempo!: ¿pero quién se lo cree?, ¿quién se puede creer que los parlamentarios no van a ponerse a trabajar y a remangarse y hacer lo que hace cualquier ciudadano en la calle, que están trabajando ocho horas al día como mínimo? ¡Eso es lo que yo les pido, trabajen ocho horas como mínimo al día! Y si trabajan un poco más, con seguridad que entre todos lo vamos a sacar
Bien... (Rumores en la sala). No, no, no. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, lo que quiero decir es que hay tiempo suficiente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Perdón. Perdón, señor consejero, no discuta con los señores diputados. Siga con su exposición.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): Yo respeto y valoro el trabajo de los parlamentarios. Lo que quiero decir, con claridad, para que se me entienda, es que tenemos tiempo suficiente para sacar adelante esta iniciativa legislativa.
Yendo a las cuestiones de fondo que ha planteado el Grupo Popular, primero, no se materializa la delegación de competencias, no se materializa la delegación de competencias. ¿Dónde ha visto usted, señor Antona, que en una ley de esta naturaleza se materializa la delegación de competencias? ¿Dónde?, ¿en qué ley? ¿La vio en la del año 1986?, ¿la vio en la del año 1990? ¿No se da cuenta usted -que lo desconoce y siento que desconozca esto- de que esta ley, que es una ley general, no es el ámbito adecuado para producir la delegación de competencias, que eso se lleva a cabo con posterioridad mediante otro tipo de instrumento reglamentario, a través de decretos, que se acuerdan entre el Gobierno y los cabildos insulares? Por tanto, en ese asunto usted demuestra que no tiene un conocimiento exacto de lo que debe recogerse.
Dice usted que no se incluye el marco financiero. Pero es que no es propio, señor Antona, es que no es propio que se recoja en esta ley el marco financiero. Mire, le voy a explicar cómo funciona esto. En el ámbito estatal: ¿en el ámbito estatal hay una ley de bases de régimen local?, sí, hay una ley de bases de régimen local, y luego hay otra ley distinta, que es un texto refundido que regula las haciendas, la financiación de los municipios. En otra ley, en un decreto, es concretamente un texto refundido del año 2004, real decreto legislativo. Así funciona en el ámbito del Estado. ¿Y cómo funciona en el ámbito de la comunidad autónoma? Pues exactamente igual. Tenemos la ley del año 1990, que es la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y tenemos una ley específica, que es la Ley 9/2003, que es la que regula el sistema de financiación de las corporaciones locales. Esto es así.
Por tanto, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, es modificar la Ley 9/2003, la que regula el sistema de financiación de las corporaciones locales canarias. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no en esta ley, porque es impropio. Ya le he explicado cómo funciona el régimen en el Estado: una ley de bases de régimen local, un texto refundido, Real Decreto Legislativo 2/2004, que regula el régimen financiero. Bien. Por tanto, no es adecuado, no es correcto lo que usted plantea, señor Antona.
Y, en tercer lugar, dice usted: hay que incluir el marco financiero. Mire, nosotros le hemos explicado, y han aceptado tanto los cabildos como los ayuntamientos, han aceptado que la financiación de las corporaciones locales está vinculada a la financiación estatal, está perfectamente conectada, de tal manera, de tal manera, que cuando el Gobierno de España y el señor Montoro planteen, planteen la revisión del sistema de financiación autonómica -que Canarias viene demandando porque tenemos la peor financiación de todo el país con una minoración de 800 millones de euros anual, ¿eh?, y estamos reclamando insistentemente un nuevo sistema de financiación para la comunidad autónoma-, cuando tengamos ese marco, señor Antona, nosotros podemos definir un marco de financiación para las corporaciones locales. ¿Pero podemos ahora regular la financiación de las corporaciones locales sin saber cuál es el régimen de financiación de las comunidades autónomas? No. Sería una locura. Y esa explicación tan sencilla la han entendido perfectamente los cabildos y los ayuntamientos. Por eso hemos puesto una disposición remitiéndola a una ley posterior, para que el Gobierno presente un proyecto de ley en el plazo de un año, en el entendido de que el Gobierno de España en un año va a aprobar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Espero que así sea, porque ya el señor Montoro con retraso viene, y mucho, y mucho.
Yo quiero agradecer las intervenciones de los Grupos Parlamentarios Socialista y Nacionalista. Creo que han sido unas intervenciones atinadas. Han sido unas intervenciones, además, que ponen de manifiesto los aspectos fundamentales que el Gobierno ha pretendido en el día de hoy, y es poner de relieve, poner de manifiesto que, efectivamente, lo que el Gobierno está trayendo hoy aquí...
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (Fernández González): Señor Hernández Spínola, un minuto para terminar.
El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD (Hernández Spínola): ... un acuerdo político, un acuerdo institucional, un acuerdo sobre dos textos consensuados, con los cabildos y con los ayuntamientos. Un acuerdo negociado, y creo que hay que poner esto en valor. Tenemos una gran oportunidad. Les pido a los grupos parlamentarios que aprovechemos esta oportunidad. No es fácil, no es fácil encontrarnos con un momento como en el que estamos, en el que se ha logrado este consenso. Y, por tanto, señores diputados, señor Antona, señor Justo, señor Ruano y señor Cruz, espero que sus grupos parlamentarios apoyen la tramitación de una iniciativa tan importante para el futuro de Canarias como es una nueva ley de cabildos.
Para el turno de dúplica, tiene la palabra el Grupo Mixto, el señor Román. No, perdón, señor Justo Brito.
El señor JUSTO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ver, quiero tranquilizar yo al señor consejero, o a lo mejor no. Según él, él me preguntó antes que si yo era jurista y yo le dije que no, que soy economista. Y yo lo que suelo hacer es hablar en función de que tengo unos fundamentos sobre los que moverme. Le voy a hacer una pequeña lectura -este es el texto de su comunicación-:
De esta doctrina del órgano consultivo autonómico hay que resaltar las siguientes conclusiones:
Uno. Las islas son personas jurídicas públicas con reconocimiento constitucional, cuyos órganos de gobierno y administración son los cabildos. Consecuentemente, los cabildos son instituciones de las islas, por lo que, si son instituciones insulares, no pueden serlo de la comunidad autónoma, que es lo que a usted le tiene tan traumatizado.
Segundo punto. Los cabildos no se hallan integrados en la estructura institucional de la comunidad autónoma, sin perjuicio de que a través suyo se puedan ejercer funciones autonómicas, pero sí tienen una cualificada participación en la vida institucional de la comunidad autónoma.
Y tercero, la consideración de los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma por el vigente Estatuto -como usted ha dicho-, artículo 8.2, segundo párrafo, y 23.5, ha de entenderse de forma que son instituciones de la comunidad en sentido funcional, pero no orgánicamente. Yo lo que le dije antes es que en la propuesta se tiene una opinión distinta y que había otra gente, en este caso el Consejo Consultivo, que planteaba esta. Si a usted le parece que esta es tan tremenda y que desautoriza tanto, pues, vaya echando a los del Consejo Consultivo, pero déjeme a mí en paz, porque yo lo único que hice fue decir que esto se dice, y aquí lo tiene bastante claro. No fui yo el que lo dijo, es el Consejo Consultivo el que lo dice. Por si tiene alguna duda, se lo he dicho, página 14. Entonces, con respecto a esto, pues, espero que me desautorice menos.
Pero, bueno, en cualquier caso, yo antes hice una intervención y dije dos adjetivos, y yo me sigo manteniendo en ellos. Con todo el respeto del mundo, no es la misma la seguridad jurídica si viene como un proyecto de ley que si viene como una comunicación. Obviamente, es una opción del Gobierno el venir por una vía o por otra, pero también es verdad que es una opción del Parlamento opinar si esa decisión que ha tomado el Gobierno le parece adecuada o no teniendo en cuenta la conflictividad jurídica que tiene el proyecto, que es en este caso lo que hemos dicho, y se ha expuesto, entre otras cosas, porque se habla de elementos que pueden tener errores constitucionales.
Nosotros, obviamente, estamos de acuerdo, en el sentido de que se ha hecho un trabajo de consenso. A usted en concreto, además, le reconocemos que, en una última ley que se aprobó, tuvo también el detalle de consensuar con nosotros, que era la primera vez en toda la legislatura que alguien del Gobierno consensuaba con nosotros. Entonces está claro que se ha hecho un trabajo de consenso y que eso incluye a la Fecai, pero tenga en consideración que nosotros aquí tenemos la ventaja de no ser un grupo de gobierno con opciones de gobierno a corto plazo y entonces nosotros aquí le hacemos básicamente planteamientos políticos.
Nosotros tenemos una defensa cerrada del tema a los cabildos, porque nos parece que es la institución básica para hacer el reequilibrio dentro de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tanto es así que nosotros estamos por que se fortalezcan las competencias propias de los cabildos y se reduzcan las competencias delegadas y las competencias transferidas. En cuanto a este tema, en el proyecto vienen recogidas por dos vías las posibles competencias propias de los cabildos. Una de las vías es el artículo 11 -creo que era-, que viene a recoger, de una forma detallada, toda una serie de competencias propias, que son las que recoge la regulación estatal, con la última modificación que se ha hecho de la misma. Y luego hay otro artículo, que es el artículo 12, donde teóricamente se recogen las competencias propias que vendrían por la comunidad autónoma y que no dice nada, no dice nada de nada. Les voy a leer lo que dice, para que vea usted si cree que está muy claro el asunto. Dice en el punto 2 del artículo 12, que pone "Atribución de competencias propias a los cabildos insulares" -que serían las que vendrían por la vía autonómica-: "La ley determinará con precisión las competencias propias que se atribuyen a los cabildos insulares, de forma que impida las duplicidades administrativas con las competencias de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y con las atribuidas a otras administraciones públicas". Esto es una declaración de intenciones, no desarrolla lo más mínimo la posibilidad de las competencias propias. Nosotros consideramos que, por ejemplo, los cabildos llevan años gestionando unas competencias por la vía de la ley del 90, de administraciones públicas, que son veintiocho competencias, que se llevan gestionando desde hace mucho tiempo, que si no me equivoco son delegadas, y nosotros decimos: ¿no es posible que parte de esas competencias que se llevan gestionando por parte de los cabildos, que se ha hecho de una forma adecuada, pasen a ser competencias propias y no tengan que seguir dependiendo de las delegaciones del Gobierno autónomo? Nosotros creemos que, para fortalecer a los cabildos, lo fundamental es que tengan el mayor número de competencias propias y no dependan todas sus competencias de otras entidades.
Como además, como dijo el portavoz popular, tenemos ahora la ventaja, que es la única ventaja que tenemos, de que con la nueva legislación de sostenibilidad financiera las competencias hay que financiarlas adecuadamente, sería un buen momento para que un paquete de competencias se pudiera transferir como competencias propias a los cabildos, de esas que están en el paquete ese amplio de la ley de régimen local... no, de administraciones públicas, y que no forman parte del paquete de competencias estrictas de la comunidad autónoma. ¿Por qué no se puede hacer?
Entonces nosotros planteamos ese fortalecimiento de los cabildos. No vamos, obviamente, a tener una actitud negativa si el proyecto de ley se sigue tramitando y vamos a participar obviamente a tope, trabajando como mínimo ocho horas, a tope, para intentar que se mejore en el sentido en que nosotros planteamos las cuestiones, pero, en principio, consideramos que era mejor replantearlo, de forma como dijimos simplemente, es decir, planteándolo como una proposición de ley.
Por parte del Grupo Socialista, el señor Cruz.
La verdad es que me sorprendió la intervención del señor Antona. Me sorprendió porque que su grupo parlamentario venga aquí a decir "prisas, consenso, necesidad de evitar duplicidades, necesidad de que hay que... el primer partido de no sé qué sitio y el primero de no sé qué otro sitio", ¡pero, hombre, por favor, si ustedes llevan años practicando el rodillo en las Cortes Generales!, si no hay una ley que afecte a las administraciones públicas de este país que hayan consensuado absolutamente con nadie. Ustedes solos, el señor Montoro y el señor Rajoy. Pero es que ni siquiera ya de las administraciones, es que no han consensuado absolutamente nada, ni siquiera de derechos, porque ustedes han hecho todo lo contrario de lo que decían.
Y venir a decir que el pacto de gobierno, dónde estaban el Gobierno y los grupos que lo apoyan desde el 2011 hasta ahora... Mire, nosotros propusimos en el pacto de gobierno hacer una modificación y la hemos hecho. Ya se lo ha explicado el señor consejero, consensuado con los cabildos y con los ayuntamientos. Claro, a usted eso le extraña, porque eso de consensuar evidentemente no está en su lenguaje y no está en su forma de actuar. Las actuaciones del Partido Popular... Por cierto, dígaselo al presidente del Cabildo de Gran Canaria, porque ese sí consensuó, pero usted no. Pero, claro, aquí hay que gestionarlo dentro, señor Antona, dentro de este Parlamento.
Usted habla, y me ha sorprendido mucho, diciendo que esto responde a evitar duplicidades, racionalización y control del gasto público en el marco de la ley del Estado. No, en el marco de la ley del Estado no, porque esa ley del Estado no la suscribimos nadie excepto ustedes; no la suscriben los ayuntamientos, no la suscriben los cabildos, no la suscriben las comunidades autónomas, no la suscribe ni este Parlamento, que le recuerdo que dictó y acordó proposiciones y resoluciones en contra de esa ley. Esta reforma responde al Estatuto de Autonomía de Canarias, al Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 32, que lo contempla claramente, establece claramente las competencias de esta comunidad autónoma, la regulación de la organización, el funcionamiento, etcétera, de los cabildos insulares. Por lo tanto, están contemplados.
Y decir la racionalización, yo quiero recordar que en el artículo 12 del texto que propone el Gobierno se dice que, en aplicación del principio de suficiencia financiera, la atribución de nuevas competencias a los cabildos llevará aparejados los correspondientes traspasos de medios. Pero, claro, hablar de medios, de recursos económicos por el Partido Popular, que ha atosigado, que ha cercenado, que ha aplicado el rodillo a esta comunidad autónoma, que lleva tres años asfixiando a esta comunidad autónoma, por razones sectarias, ideológicas y políticas, pero no de equilibrio de los ciudadanos y de la igualdad de los ciudadanos de este país, me parece que no es razonable, que no es razonable.
Pero ahora, sí le digo, me parece que al final usted ha llegado a la conclusión lógica, que es el consenso. ¿Dónde tenemos que llegar a un consenso? Aquí. El Gobierno ha hecho un trabajo, ha planteado una comunicación; se le ha mandatado en las resoluciones de los debates de la nacionalidad, estaba en el acuerdo de gobernabilidad entre las fuerzas políticas, en el discurso de investidura del señor presidente; se llega al acuerdo, se negocia por el Gobierno dentro de las administraciones. ¡Ahí es donde está el ámbito del Gobierno! Ahora donde tenemos que negociar es aquí. Hay un texto, un documento, un documento de trabajo. No quiere decir que estemos al cien por cien de acuerdo, ni ustedes ni el Grupo Nacionalista ni el Grupo Mixto ni nosotros. Es ahora este Parlamento quien tiene que adoptar el criterio, quien tiene que hacer la ley. Ya no es responsabilidad del Gobierno, es responsabilidad nuestra. Y nosotros, como usted señala al final que está de acuerdo... Mire, le reto a una cosa: suscribamos el texto, como documento de trabajo, mero documento de trabajo, lo suscribimos entre las cuatro fuerzas políticas, lo presentamos en esta Cámara la próxima semana e iniciamos la andadura. Lo tomamos en consideración y entramos en el debate aquí, cuando toque, cuanto toque, entramos en el debate de los artículos concretos: si la ley del régimen electoral, si hay que modificar la ley del régimen electoral, si es posible o no conforme al Estatuto de Autonomía. Aunque Baleares lo tenga, pero usted sabe que en Baleares se hacen muchas cosas que aquí ustedes no suscriben, porque allí son distintos, para esto y para otras cosas son distintos. Aquí no. Pero, bueno, eso... tal, pero lo podemos hablar, lo podemos hablar. Aquí lo podemos hablar, aunque ustedes no apoyen y no se comporten igual. Pero aquí lo podemos hablar, lo podemos consensuar. Y tratar la reforma electoral, tratar la negociación y la gestión de los recursos públicos y que las transferencias de las competencias, las delegaciones, se hagan con la suficiencia financiera. Es más, podemos acordar incluso instar al Gobierno de España y establecer un marco de, en función de los recursos que vengan del Estado, poder transferir a los cabildos y a los ayuntamientos para la suficiencia de esas administraciones. Porque estamos hablando, señorías, de que no es una cuestión aquí de quién gobierna o quién tiene la competencia; no, aquí de lo que se trata es de establecer unas reglas, unos mecanismos y unas administraciones que tienen que estar al servicio de los ciudadanos, que tienen que estar al servicio de los servicios públicos, y para eso tiene que prestar el servicio el ayuntamiento, el cabildo o la comunidad autónoma. El que mejor lo pueda hacer, el que esté más cercano al ciudadano, el que menor coste tenga para las arcas públicas, el que menor coste tenga para los impuestos de los ciudadanos, pero que también garantice que el servicio se presta en igualdad de condiciones, en solidaridad de todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos de Canarias tengan el mismo trato y reciban el mismo servicio público allá donde vivan en esta comunidad autónoma. Ese es el objetivo. Esta es una ley instrumental, estamos intentando racionalizar, ayudar, en un mandato estatutario, en un mandato legislativo, hacerlo.
Por ello, señorías, creo que estamos ante una oportunidad, hay tiempo, hay tiempo. Miren, yo llevo algún tiempo aquí y he visto múltiples finales de legislatura donde siempre los gobiernos de turno siempre invaden el Parlamento de leyes, pero no este Gobierno, el anterior y el anterior y el anterior, y algunos con ustedes, y algunos incluso en los últimos días, cuando se iban, pues, dictaban resoluciones y aprobaban presupuestos que asfixiaban al Gobierno que venía a continuación. Pero eso no va a suceder, no va a suceder en esta ocasión. Aquí estamos hablando de cuestiones serias y lo serio es, afrontemos sin prisas pero afrontemos también con consenso. Nos quedan siete meses de legislatura; por lo tanto, si todos estamos de acuerdo y ya tenemos un documento, suscribámoslo, suscribámoslo esta tarde, suscribámoslo mañana. Si hay que quitar algún artículo, se quita, no hay ningún problema. Llevemos y tratemos entre todos, sin ningún condicionante, sin ningún establecimiento previo, sino todos a plantear una resolución a los problemas de las administraciones públicas.
Tenemos un amplio trabajo del Gobierno. Que yo quiero felicitar al Gobierno, a los cabildos y a los ayuntamientos por un trabajo hecho. Por primera vez, y a ejemplo de otras comunidades autónomas, y del Estado ya ni les digo, del Estado ya ni les digo, se consensúa una ley de estas características, se consensúa con quiénes van a prestar el servicio, con los representantes también legítimos de esos ciudadanos en los municipios y en los cabildos y en las islas.
Por lo tanto, estamos ante una oportunidad, una oportunidad que nunca se ha podido hacer en esta comunidad autónoma, y no dejemos, señorías, pasar la ocasión. No nos perdonarían los ciudadanos, estamos en un contexto muy difícil.
Y, mire, del 2011 a ahora se ha tardado, entre otras cosas, porque había legislación del Estado que se estaba haciendo y no se puede plantear una legislación de este tipo sin saber el marco a nivel del Estado. El marco del Estado está definido, el marco de la comunidad autónoma está definido, el Estatuto de Autonomía, tenemos un proyecto, tenemos una posibilidad de consenso, los grupos que apoyamos al Gobierno queremos llegar a un acuerdo, ustedes dicen mucha crítica pero que están dispuestos a llegar al acuerdo, pues, miren, fácil, apoyemos, votemos, firmemos el documento, su portavoz y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, firmemos el documento, iniciemos el debate y ya debatiremos aquí artículo por artículo. Estaremos de acuerdo en algunos, estaremos en desacuerdo en otros, propondrán ustedes soluciones y nosotros otras soluciones, pero si todos tenemos la voluntad estoy seguro de que Canarias tendrá al final de esta legislatura lo que se merece: una ley de administraciones públicas de la comunidad autónoma que regula los cabildos, los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Y, por lo tanto, ese Gobierno que usted señala, que inicia en mayo del año que viene, tendrá un marco perfecto para mejorar el funcionamiento de la comunidad autónoma.
Y los recursos, no se preocupe, los recursos vienen establecidos, son los recursos que nos tenemos que administrar aquí. Ahora bien, también le digo, si el Estado se acordara de Canarias alguna vez, los recursos para la comunidad autónoma, para los cabildos y para los ayuntamientos mejorarían considerablemente. Pero le digo otra ocasión: el Gobierno de España tiene fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad será el amanecer para la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con los recursos que nos merecemos y que necesitamos.
Señor Antona, la verdad es que con la intervención del señor Cruz el ofrecimiento de consenso es tan, tan, tan diáfano y tan claro que, en fin, poco puedo yo incidir en ese ofrecimiento. Creo que ya ha sido meridianamente claro.
Sí me gustaría hacer referencias a algunas cosas de su intervención. Por orden, le toca a usted. Además insiste siempre en eso de primera fuerza política; a fuerza de repetirlo tantas veces siempre se lo han creído. Quisiera yo también contar que las islas, precisamente hoy que hablamos de las islas, podíamos decir también que en cinco islas de Canarias la primera fuerza política es Coalición Canaria y que al final el desigual reparto de la población, entre otras cuestiones, hace que, teniendo el mismo número de escaños, ustedes tengan más votos.
En cualquier caso, en cualquier caso, esta es la cuestión de la integración del modelo de Canarias, cómo integramos la isla con la comunidad, lo que algunos llaman, en definitiva, algunos hablan de región -como dije antes-, otros de nacionalidad, otros de nación. El debate, desde el punto de vista histórico, señor Antona, merece que por lo menos piense en ello. Usted, en fin, es un hombre con la formación suficiente como para que piense en ello. Y quiero aprovechar la ocasión para citarle a una persona más bien próxima a ustedes, más que a nosotros o incluso al PSOE, por su pensamiento, pero un hombre muy inteligente, con mucha formación, con mucha capacidad jurídica, como es don Miguel Herrero de Miñón, actualmente consejero de Estado, fue ponente constitucional; y dice don Miguel Herrero de Miñón, en su libro Derechos históricos y Constitución, dice: "la historia suele vengarse de quienes la ignoran". Eso que les está pasando hoy en Cataluña al Gobierno de España por no haber gestionado a tiempo una situación, que se ha polarizado, acentuado, que ha llevado o conduce a una situación muy complicada, que nosotros no compartimos ni deseamos, pero que tiene también responsables en quienes dirigen el Estado y no han sabido afrontarla, porque no han sabido encontrar respuesta a eso y hoy día se encuentran repitiendo una situación, repitiendo una situación que se produjo en los años 30 del siglo XX. Por eso digo: la historia suele vengarse de quienes la ignoran.
Ahora lo que nos corresponde a nosotros es saber cómo incardinamos isla y Canarias, cómo lo hacemos desde el punto de vista real. Miren, ustedes, por ejemplo -los populares-, desde que tuvieron ocasión de gobernar el Cabildo de Gran Canaria, se incorporaron al discurso de que "más para los cabildos", y es, por ejemplo, un mantra muy repetido o acostumbrado en su discurso, en torno al fortalecimiento de los cabildos. Pero fortalecer se hace respecto de un modelo, es decir, hay que saber cuál es el modelo. Si existe Canarias, cuál es la función que debe cumplir la Administración pública, el Gobierno y la Administración pública de la comunidad canaria, cuál es la función, política fundamentalmente, del Parlamento de Canarias y, en ese sentido, qué papel juegan las islas en relación con esto. (Se reincorpora a su lugar en Mesa el señor presidente).
Y esto también me sirve para hacerle alusión al señor, bueno, no es una alusión, hacer referencia a la intervención del señor Justo respecto de las competencias. Las competencias son propias, son transferidas o son delegadas. Las propias que tienen los cabildos son las que les da la legislación de régimen local. Las que nosotros hacemos, por las dos vías, transferencias o delegaciones...; o sea, usted habló de la relación que está hoy en la adicional de la Ley 14/90, y la mayoría de ellas, creo que todas, están transferidas.
Y, en cualquier caso, el problema que tenemos hoy es con la legislación sobrevenida del Estado. Es decir, por ejemplo, hablé concretamente de dependencia, en mi primera intervención, para referirme a que una ley estatal viene, modifica nuestra estructura organizativa en relación con un tema que había previamente, cuales eran los planes sociosanitarios, y no hemos sabido, porque no hemos tenido ahora todavía capacidad legal para hacerlo, organizar bien el sistema con los tres niveles de las administraciones públicas canarias. La ley, el texto que nos remite el Gobierno cuando lo materialicemos en forma de proposición de ley y finalmente de ley, nos da la oportunidad de resolverlo, por lo menos de darle una respuesta que hoy no tiene. En fin.
Creo que las referencias a sostenibilidad financiera merecen una reflexión. La reflexión primera es que el retraso del Gobierno en relación con este texto...; y comparto, lo ha dicho el consejero, lo mejor hubiera sido un proyecto de ley, pero el retraso del Gobierno en relación con este texto tiene una causa muy importante, muy importante, fundamental. Sin esa causa tendríamos sin duda un texto anterior, y es que el Estado proyectaba la ley de sostenibilidad y Administración local, que estuvo año y medio, porque tuvo muchísimo debate, incluso en la Federación Española de Municipios, por el cambio tan importante que representaba. Y la ley se publicó el 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, el Gobierno ha tenido que hacer su trabajo, el Gobierno de Canarias ha tenido que hacer su trabajo con la Federación Canaria de Islas, como lo ha hecho con la Fecam, en relación con el texto que veremos a continuación, a lo largo de este año. Sin esa referencia, era imposible hacer este trabajo.
En consecuencia, tenemos ahora la oportunidad, tenemos la oportunidad de hacer un texto; tenemos la oportunidad y el deber de hacerlo. La oportunidad, porque todavía queda tiempo para hacerlo; el deber, porque para eso estamos aquí. Como decía el consejero, es nuestra principal función.
Quisiera también hacer la segunda referencia a la suficiencia financiera. Me dice, comentaba con mi compañero y portavoz de grupo, José Miguel Barragán, cómo utiliza el Grupo Popular siempre el doble discurso, cuando habla de la suficiencia, las competencias tienen que estar suficientemente dotadas y demás y cuando hablamos de la financiación autonómica, no hablamos de lo mismo, ¿verdad? No hablamos de lo mismo, no hablamos de eso, hablamos de otra cosa. Pero realmente hablamos de lo mismo, porque el Estado al final tiene que garantizar las previsiones del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que es la igualdad entre todos los españoles. Para eso existe una política fiscal estatal y existe un sistema de financiación autonómica. Y el sistema de financiación autonómica ha caído a lo largo de los últimos años fundamentalmente porque cayeron los ingresos del Estado y requiere una reforma y primero el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, se comprometió a esa reforma y ahora han desistido de la reforma. Mientras tanto, aquí seguimos padeciendo que Canarias tiene 800 millones menos que la financiación... -haga el favor de tener educación y no me corrija (dirigiéndose a los escaños del Grupo Parlamentario Popular). En fin... -señora, para que quede claro, es la señora Navarro-.
En primer lugar, lo sustancial en esta propuesta es tener condiciones para iniciar el debate. Las tenemos en este momento y creo que podemos hacer un gran texto. También con el concurso del Partido Popular. En el tema de la suficiencia financiera hablamos del bloque de financiación canario; en el bloque de financiación hablamos del reparto. Tenemos acuerdos muy recientes, modificaciones legales muy recientes, en torno a esto, porque desde la reforma fiscal del 2012 hemos tenido acuerdos con los cabildos y con los ayuntamientos para que hasta 2016 funcione un modelo de reparto y a partir del 2016 funcione el modelo tal cual estaba originariamente previsto.
En consecuencia, tenemos una ley financiada, este no es el problema. El problema, señor consejero, se lo anticipo, porque nosotros pretendemos ponernos de acuerdo, naturalmente, con el Gobierno y ponernos de acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios, naturalmente, en primer lugar, con el Grupo Parlamentario Socialista, y es encontrar algunas soluciones puntuales que el texto legal posibilita. Y me refiero exclusivamente a que podemos anticipar algunas decisiones en torno a sectores materiales donde tenemos algún problema. Y eso lo podemos hacer sin duda, como dije en mi primera intervención, a través de disposiciones adicionales y finales.
Con esto creo que estamos, como digo, señorías, en condiciones de afrontar un debate que tendremos en forma de toma en consideración, cuando esto sea una proposición de ley, y después el dictamen del Consejo Consultivo, que nos orientará sobre algunas dudas, que yo creo razonables, señor Antona, en torno a algunos asuntos, pero que, como digo, vendrán dictaminadas cuando llegue el momento por el Consejo Consultivo de Canarias, y en función de ese dictamen tomaremos las decisiones que sean más pertinentes.
Señor consejero, cuando le decía su falta de entusiasmo -no se lo tome a mal-, lo decía porque lo vi aquí, en fin, sin la suficiente ilusión para afrontar dos comunicaciones importantes. Y no me extraña, sabe usted que forma parte de un Gobierno prejubilado y en retirada, y eso le hace a usted una difícil tarea.
Mire, hablábamos de tiempos. El problema de los tiempos, señor Spínola, no los marca el Grupo Popular. Tenemos veintiún diputados trabajando a destajo. El problema de los tiempos es que su presidente del Gobierno, el que usted apoya, en el inicio del curso académico dijo que, si por él fuera, adelantaba las elecciones. Por tanto, lo que está dando a entender es que el tiempo ya lo ha agotado y da por tirados estos ocho meses que quedan de legislatura. Ese es el drama de esta comunidad, señor Spínola, del que usted forma parte y usted es cómplice calladito ahí en el banco azul.
Por tanto, con estos temas, señor Ruano, señor Justo y señor Cruz, vamos a contarle la verdad a la gente; a la Fecam, a la Fecai y fundamentalmente a los ciudadanos. Claro, es que cuando dicen, "bueno, el tema de la suficiencia financiera, del recurso y del marco económico presupuestario" dependen del Gobierno de España, depende del sistema de financiación. Ruano, ¿quién aprobó el sistema de financiación?, porque usted viene aquí de nuevas. Cuando la señora portavoz de mi grupo le corregía, le corregía porque fue en el año 2009 cuando usted, su grupo, su presidente, con el señor Zapatero, aprobó el sistema de financiación. (Aplausos).
Dicho esto, señor Ruano, dicho esto, señor Ruano, usted estará de acuerdo conmigo, señor Ruano, estará de acuerdo conmigo en que lo que no podemos decirles a los ayuntamientos, que aquí están representados en la Fecam, ni a los cabildos, representados en la Fecai, es, "estas reformas, estas comunicaciones que pone el Gobierno están muy bien pero la garantía financiera y la suficiencia presupuestaria, que la resuelva el Gobierno de España", porque no es contarle la verdad a la gente. No se puede sentar, señor Spínola, como usted lo ha hecho, con los ayuntamientos a decirles qué competencias tienen. Y ahí está, vamos a leer el artículo 11 de la comunicación del Gobierno, municipal. Les otorga a los ayuntamientos un conjunto de competencias, es más, les delega otras como empleo, y al mismo tiempo, en el artículo 9, a los cabildos les da las mismas competencias. Por tanto, ¿estamos hablando de clarificación competencial o de duplicidad competencial?
¿Qué es lo que defiende el Partido Popular, y estaremos de acuerdo y vamos a trabajar intensamente si es así? Clarificar el ámbito competencial. No les puede dar las mismas competencias a los ayuntamientos y a los cabildos que tiene el Gobierno de Canarias, no se las puede dar. Eso no está recogido en la comunicación, señor Spínola. Dos, racionalizar las administraciones. Hay que adecuar las administraciones públicas a la realidad económica y social en la que estamos. Tres, mayor transparencia. Usted en esta comunicación no habla nada de transparencia de las administraciones públicas. Y cuatro, que haya una suficiencia financiera, un control del gasto público. De eso tampoco se dice nada, señor Ruano, y eso es lo que no es decir toda la verdad en estas cuestiones.
A partir de ahí, ¿el Grupo Popular trabajará intensamente cuando esto se convierta en proposición de ley? Claro que sí vamos a trabajar intensamente. Pero de las cuestiones formales y de las dudas razonables de fondo siguen estando presentes, y usted me daba la razón, señor Ruano. ¿Qué pasa con la modificación de la ley electoral que afecta a los cabildos?: que no se puede llevar a cabo; y no se puede llevar a cabo porque esto implica una modificación del régimen electoral general, porque están sometidos los cabildos como Administración local que son. Y si no decimos esto estamos engañando a los ciudadanos, estamos engañando a los cabildos y estamos engañando a los ayuntamientos.
¿Qué problema tienen hoy los ayuntamientos? Oye, cuando los alcaldes vienen a dar con nosotros, y yo tengo muchos alcaldes en la isla de La Palma y en toda Canarias que vienen a decirme "el problema es que cuando estábamos en época de vacas gordas los ayuntamientos asumieron competencias impropias y que hoy, en época de recesión y de limitación presupuestaria, no las pueden seguir asumiendo". Y ese es el principal problema que hoy tienen los ayuntamientos y usted, señor Spínola, en este proyecto de ley camuflado de comunicación, no les da una respuesta tranquilizadora a los ayuntamientos y a los cabildos.
Usted decía: no, el sistema de financiación depende del Gobierno de España, el sistema de financiación autonómica. ¿Y qué pasa con los recursos del Régimen Económico y Fiscal, que es competencia de usted?, ¿y qué pasa con el fondo municipal, que también es competencia de usted? ¿O es que no ha oído a los cabildos cuando se han quejado de que el reparto del REF no se está haciendo de acuerdo con lo establecido? ¿Eso también depende del señor Rajoy y del Gobierno de España? ¿Y el fondo municipal de financiación? Dígaselo a los ayuntamientos. ¿Eso también depende del Gobierno de Rajoy y del Gobierno de España o depende de esta comunidad autónoma?
Miren, la reforma de la ley electoral no es un antojo del Partido Popular, y vuelvo otra vez a este tema para aclararlo. Es que, señor Spínola, usted lo debería saber, porque hay una sentencia firme del Tribunal Constitucional del año 2012 que dice claramente que no se puede llevar a efecto una reforma electoral de esta Administración como Administración local a través de una ley ordinaria sino a través de una ley orgánica. Y eso también hay que decirlo y hay que ponerlo sobre la mesa.
Mire, las prisas, usted habla de prisas. Es que las prisas hoy obedecen a la pereza de este Gobierno, señor Spínola. Usted lleva tres años, señor Spínola, y su grupo... -sí, señor Spínola, oye, con todo el cariño que usted sabe que le tengo, no se lo tome a mal, no se lo tome a mal-, ustedes llevan tres años hablando de todo menos de lo que preocupa a los canarios, llevan hablando de consultas, de prospecciones, de sondeos de investigación, de no sé qué... Menos de lo que preocupa a Canarias... Esto es un asunto vital: ¿dónde ha estado estos tres años, señor Barragán? Durmiendo el sueño de los justos, es así. Y usted ha estado muy cómodo, reconózcalo, reconózcalo... (se producen comentarios desde los escaños). No, no hace falta que me lo diga ahora, si el señor Paulino Rivero quiere tocar la campana de que se acabó el partido. Señores, señor Barragán, seamos muy serios.
Miren, miren, el tema de financiación presupuestaria y del marco presupuestario. ¿Ustedes recuerdan, en un debate que tuvimos aquí en un asunto vital como el tema de la lucha contra la pobreza, lo que manifestó la consejera de turno? Dijo: vamos a luchar contra la pobreza. Y cuando mi grupo le dijo: ¿y dónde están los recursos presupuestarios?, ¿saben lo que contestó?: eso depende del sistema de financiación. Hoy le decimos: ¿y este nivel competencial quién lo asume, dónde están los presupuestos? El señor Ruano y el señor...: eso depende del sistema de financiación. ¿Vamos a seguir engañando con el mismo argumentario para hablar de pobreza, para hablar de reforma local, para hablar de reforma de los cabildos, con lo mismo? ¿Vamos a seguir utilizando el sistema de financiación autonómica, que aprobó Coalición Canaria y el Partido Socialista, para resolver todos los problemas económicos y presupuestarios y financieros de la Comunidad Autónoma de Canarias? ¿O usted no recuerda bien que para hablar de la pobreza también hicieron alusión a esas cuestiones?
Miren, señor Cruz, usted habla de consenso y está todo el día hablando de consenso. ¡Vaya cruz que tenemos aquí, señor Cruz! Habla de consenso de boquilla, pero es como mi madre cuando era chico, me ponía un plato de lentejas: "si quieres las tomas y, si no, también". Ustedes vienen aquí con un texto que previamente no ha sido consensuado, y nosotros lo que hemos dicho es, "oye, el Grupo Popular y el Partido Popular está por la labor de buscar acuerdos, de buscar, de enriquecer y de mejorar aquellas cuestiones". Usted lo sabe, señor Spínola. Y vamos a dar muestras de ello, señor Cruz. Ahora, lo que no puede ser es decir: "este es el texto, si les gusta bien y, si no, también", porque eso no es voluntad real de diálogo. Por tanto, creo que es fundamental que tengamos claras cuáles son las cuestiones.
Usted decía -señor Ruano-, hacía referencia también al sistema de financiación y a la suficiencia presupuestaria, y yo reitero hoy que creo que eso es fundamental para resolver estas cuestiones. Hay que decirles a los ciudadanos, hay que decirles a las canarias y a los canarios que el Partido Popular está por la labor de reformar la ley de cabildos y la ley de municipios, pero no a cualquier precio, no con medias verdades, no con consensos de boquilla, sino haciendo reforma de la Administración pública que evite la duplicidad, que un ciudadano que tenga que tocar a la puerta de un cabildo sepa a qué puerta tiene que tocar para pedir una determinada prestación de servicios, no se confunda si tiene que ir al ayuntamiento, al cabildo, al Gobierno, depende del Gobierno de España, como ustedes hacen con esta reforma, que hagamos más transparente esta reforma, que hagamos más transparentes las administraciones públicas, que nada se habla de esto y creo que es fundamental que les digamos a los ciudadanos también que estamos por la labor de poner cristales, ventanas, que todo el mundo pueda ver en dónde nos gastamos los recursos y cuáles son las prioridades. Y también hay que racionalizar las administraciones públicas, hay que decir a los alcaldes, y por tanto a los ciudadanos, que este Gobierno va a garantizarles que puedan prestar con calidad las prestaciones que tienen asumidas, que no les podemos dejar en la estacada, que no les podemos abandonar, que cuando los vecinos van a tocar a la puerta del ayuntamiento y les dicen, "oye, que el tema de las guarderías infantiles usted no lo puede mantener pero estoy preocupado porque puedan cerrar la de mi pueblo", tiene que haber un Gobierno, que es competencia suya la de las escuelas infantiles, que le diga al ayuntamiento: "no se preocupe, yo, Gobierno, asumo esa competencia o le presto la ayuda financiera para que usted la cumpla". Eso hay que decirlo y de eso se trata si queremos hablar de verdad de la reforma de la Administración pública en Canarias, porque, de lo contrario, porque de lo contrario, señorías, estaríamos engañando a los ciudadanos.
Es verdad, nada vamos a contribuir en estos ocho meses, siete meses, o el tiempo que queda, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo que es la esencia de una reforma de la Administración. Y esa reforma no tiene que estar pensando en la Administración en sí, como ustedes en la comunicación, la reforma tiene que estar pensando en los ciudadanos, a aquellos que va la prestación de los servicios, y los ciudadanos quieren que haya administraciones cercanas, eficaces, eficientes, que no gasten más de lo que ingresan. ¿Saben por qué?, porque eso mismo hacen ellos en las familias, hacen en sus empresas.
Por tanto, señor Spínola, le invito a que demos ejemplo, le invito a que ese consenso de boquilla lo ponga usted en práctica cuando entre una proposición de ley en este Parlamento. Que el Grupo Popular -sí, señor Ruano, el principal partido político y parlamentario de Canarias, que fue quien ganó las elecciones, y si hay una desigualdad poblacional ayúdenos a reformar la ley electoral, que usted se opone- está por la labor de cambiar y de trabajar intensamente para modificar esta ley. Ahí estamos, todos a una, pero con buena voluntad, que es lo que le falta a este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Muchas gracias, don Asier.
Para concluir este asunto, el Gobierno, el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don Francisco Hernández Spínola.
Estamos en la recta final del debate, que ha sido un debate intenso, un debate yo creo que muy provechoso, porque estamos hablando de un asunto capital; estamos hablando de la estructura, la vertebración institucional de la comunidad autónoma, como es la ley de cabildos. Y yo agradezco, de verdad, agradezco el debate, agradezco las intervenciones, que creo que, en términos generales, con los lógicos matices que tiene que haber, han sido unas intervenciones constructivas. Porque con lo que me voy a quedar al final de este debate es que aprecio, aprecio, una voluntad real de consensuar estas leyes y creo que de verdad eso es una gran noticia para el Gobierno, para todos los grupos parlamentarios, pero sobre todo para los cabildos, para los municipios y para los ciudadanos. Es muy importante. Y de verdad que creo que con generosidad, con buena voluntad -que el Gobierno la tiene, señor Antona, el Gobierno tiene buena voluntad-, creo que el texto que hoy hemos presentado, que no es un texto cerrado, es un texto que se puede mejorar, que estoy seguro de que se va a mejorar con las aportaciones y el trabajo, y el buen trabajo, que hagan los parlamentarios. Y, en definitiva, creo que hoy este Parlamento está haciendo honor a la importantísima función que tiene como cámara de representación del pueblo de Canarias.
Quería, eso sí, aprovechar esta última intervención para hacer algunas reflexiones y contestar a algunas cuestiones que es preciso dejar bien claras.
¿Está vinculado el sistema de financiación de las comunidades autónomas con la financiación de las corporaciones locales? Sí, sí, evidentemente, porque de los recursos de los que disponga la comunidad autónoma se van a financiar en parte las corporaciones locales.
Al señor Antona no le gusta el sistema de financiación vigente, el sistema que se aprobó en el año 2009. No le gusta y lo ha dicho. A nosotros tampoco, al Gobierno no le gusta, lo hemos denunciado una y mil veces. Todos los días hablamos del déficit de financiación de los servicios públicos esenciales, pero es que hoy aquí, en esta Cámara, tengo que volver a decir que quien negoció el sistema de financiación vigente fue el vicepresidente del Gobierno de entonces, el señor Soria. Fue él quien lo negoció, y eso lo tienen que saber todos los canarios. Ahora se queja del sistema de financiación, pero quien se sentó en aquella mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el año 2009 y levantó la mano para apoyarlo fue el vicepresidente y consejero entonces de Economía y Hacienda, señor Soria.
Le voy a explicar a continuación al señor Antona, le voy a explicar una cuestión que me parece que es esencial para entender correctamente de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a una duplicidad competencial, porque yo creo que tiene un error de concepto. Vamos a ver, hay materias, y sobre una materia, que podría ser, por ejemplo, la materia de igualdad, esa materia, igualdad, puede llevarse y gestionarse por el Gobierno de Canarias, por el cabildo insular y por el municipio. Esa es la materia. Por tanto, a usted no debe extrañarle que figure en la ley de cabildos o en la ley de municipios que igualdad la llevan los municipios, el Gobierno y los cabildos. No le debe extrañar. Lo que debería a usted extrañarle es la función, es lo que tratamos de evitar. Nosotros no queremos que una función en materia de igualdad pueda estar duplicada entre el Gobierno, el cabildo o el municipio. Eso sí que es lo dañino y eso es lo que hay que corregir. Es decir, no podemos reproducir una misma función en los municipios que en el cabildo respecto de una materia que es igualdad. Poner un ejemplo, la violencia de género: habrá que determinar, en violencia de género, qué compete al Gobierno, qué compete al cabildo o qué compete al municipio, pero evitemos que la misma función la realice el cabildo, el municipio o el Gobierno. Este es el sentido.
Quería aclararle, señor Antona, también que yo sí que hablé de transparencia cuando hice mi primera intervención, pero le hemos dado, lógicamente, una preeminencia a la ley de transparencia, porque incluso así lo hemos acordado y lo hemos hablado, en donde haya una remisión de la transparencia, en la ley de municipios, la ley de cabildos, a la ley que vamos a aprobar próximamente.
Sobre la financiación también le quiero aclarar algunas cosas. Mire, financiación, mire, cuando usted dice aquí, en la tribuna, eso no está recogido, eso no está regulado, yo le invito a que usted se lea la comunicación. Si usted se lee la comunicación, verá que en el artículo 30.1 d) de esa ley de cabildos se establece la necesidad de que exista una financiación adecuada. Si usted se lee el artículo 32 de la ley de cabildos, usted verá cómo mandata al Gobierno a que en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma de cada año se consignen las cuantías para atender las transferencias y las delegaciones. Por tanto, ¿está recogido en el sistema?: sí, en el artículo 30.1 d) y en el artículo 32.
También usted hace un comentario sobre los recursos del REF y diciendo "¿también le van a echar ustedes la culpa al Gobierno de Rajoy sobre el régimen de los recursos del REF?". Claro que no, eso lo regulamos en Canarias. Y tenemos instrumentos para ello: la Ley 9/2003, que establece cómo se reparten los recursos del bloque de financiación de la comunidad autónoma. Y eso es lo que venimos haciendo, con acuerdos de cabildos y con municipios. Es verdad que han surgido problemas y conflictos, claro, y el Gobierno los reconoce y es obligación del Gobierno intentar resolver y solventar esos problemas. Pero después de la Ley 9/2003 hubo un acuerdo, hubo un acuerdo que hicimos en el año 2012 con los cabildos y ayuntamientos, para hacer una modificación de ese reparto como consecuencia de la crisis económica y la necesidad que les planteó el Gobierno a los cabildos y a los ayuntamientos para variar los porcentajes, con un único objetivo, que era garantizar la prestación de los servicios básicos de la comunidad autónoma; es decir, que tuviésemos financiación adecuada para gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y tengo que decir y reconocer hoy aquí que generosamente, generosamente, los cabildos y los ayuntamientos han contribuido, de una forma muy solidaria, a que esa prestación se esté prestando en los términos en que hoy se hace.
También ha hablado -lo ha tocado de pasada- del Fondo Canario de Financiación Municipal y le quiero decir que este es un elemento importantísimo en la financiación de los ayuntamientos canarios y que el Gobierno, a pesar de la crisis, ha mantenido. Mire, el Fondo Canario de Financiación Municipal nació en el año 1999 con una dotación de 109 millones de euros -109 millones de euros-. En el año 2014 el Gobierno ha entregado a los ayuntamientos, por virtud del Fondo Canario de Financiación Municipal, 206 millones de euros. Quiere decir que hemos duplicado desde el Gobierno, una financiación añadida, complementaria, a los municipios de 206 millones de euros. Y le quiero decir también que en el año, creo que fue el 2012, alcanzamos un acuerdo con la Fecam para fijar un suelo, un suelo, de financiación de las corporaciones locales por el Fondo Canario de Financiación, que ha sido muy positivo para las corporaciones locales canarias.
Sobre el régimen electoral. Sobre el régimen electoral ha vuelto usted a poner en duda, en fin, el contenido del proyecto de ley. Yo ya dije antes que es un asunto controvertido, que no hago un planteamiento dogmático de que el Gobierno tiene razón y eso va a ser así, pero sí le voy a leer un párrafo de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema, que dice así: Dentro de los límites del artículo 141.4 de la Constitución, se otorga un ancho margen de decisión al legislador estatutario para regular el régimen jurídico de los consejos insulares -se está refiriendo a los consejos insulares de Baleares-, como administración propia de la isla y a su vez, y en su caso, como institución autonómica, atendiendo a la singularidad del fenómeno insular, dadas las competencias asumidas en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno -artículo 30 del Estatuto de Autonomía, también del canario, que tiene la misma competencia- y del procedimiento administrativo derivado de las especialidades del régimen administrativo, económico y fiscal de Canarias, así como competencias de desarrollo legislativo y ejecución en el marco de la legislación básica estatal en materia de régimen local. Por tanto, con esta sentencia del Tribunal Constitucional nosotros entendemos que hay margen para que regulemos esta cuestión, pero ya dije en mi primera intervención que estaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional.
Usted también de pasada ha hablado de la consulta, que no les preocupa a los ciudadanos, y discrepamos radicalmente. No es hoy el objeto de este debate hablar de la consulta, pero sí que estamos plenamente convencidos de que es un asunto prioritario para los ciudadanos de Canarias, que quieren pronunciarse, y estaremos, por supuesto, a lo que en un Estado de derecho diga, de un lado, el Gobierno de España y, de otro, el Tribunal Constitucional. Eso lo respetaremos, como no podía ser de otra manera.
Y, por último, ha hecho usted una referencia, una referencia, dándole además mucho empaque, porque ha terminado su intervención diciendo "ojo con lo que dicen los secretarios, interventores y tesoreros". Como si estuviese, en fin, expresando la posición de un consejo de estado o de un consejo consultivo o de un tribunal constitucional. Nosotros respetamos, respetamos el trabajo que hacen los secretarios a través de la Cosital. Por supuesto que como funcionarios públicos creo que hacen un trabajo estupendo, la inmensa mayoría de ellos, pero como Cosital, como Cosital, han hecho un texto, un documento, que nosotros lo tachamos de gremialista, gremialista. Es decir, es un documento que han hecho para defender los intereses de los secretarios, tesoreros e interventores. Eso es lo que opina el Gobierno y por eso no hemos atendido esa recomendación que nos ha hecho.
Mire, ¿sabe usted que en esta ley de municipios -a lo mejor no lo sabía, pero se lo voy a decir-, sabe que en esta ley de municipios nosotros, por primera vez, por primera vez, regulamos cuáles son las funciones de un secretario en una corporación local, en un ayuntamiento? ¿Y sabe que eso no les ha gustado a los secretarios?, ¿sabe que no les ha gustado? Pero nosotros entendemos que por ley deben recogerse las funciones de los secretarios o de los interventores o de los tesoreros de las corporaciones locales. Creo que es bueno, creo que es bueno. Es bueno para el sistema, es bueno para el sistema. Yo entiendo que a ellos no les guste y que se hayan opuesto a que nosotros regulemos las funciones que tiene un secretario, un tesorero o un interventor, pero creo que es una obligación de este Parlamento aprobar una ley donde se recoja y se regule ese tipo de funciones.
Sin más, acabo esta intervención valorando las aportaciones que han hecho todos los grupos parlamentarios, siendo conscientes de que el texto puede mejorarse. Yo espero que las mejoras también las comentemos con la Fecam y con la Fecai. Yo invito a los grupos parlamentarios, cuando, lógicamente, decidan presentar enmiendas, que también las hablen con ellos, que la hablen con la Fecam y con la Fecai, porque el texto que traemos hoy a la Cámara es un texto consensuado con ellos y me gustaría que las modificaciones que introdujera el Parlamento también sean conocidas, al menos, por la Fecam y por la Fecai.
Me felicito desde el Gobierno por la posibilidad explicitada de alcanzar un acuerdo y de que podamos ver en el Boletín Oficial de Canarias esta ley. Y les digo desde ahora que el Gobierno estará a disposición de los cuatro grupos parlamentarios, estaremos a disposición, para ayudar en lo que ustedes nos demanden.
Si son tan amables, solo un momentito, la señora portavoz, los señores portavoces. (Los señores portavoces y el señor representante del Gobierno, Hernández Spínola, atienden el requerimiento de la Presidencia. Pausa.)
Vamos a tratar ahora la comunicación del Gobierno sobre la propuesta legislativa de los municipios de Canarias. En este momento también quiero aprovechar para dar la bienvenida a los representantes de la Fecam -de la Federación Canaria de Municipios- aquí presentes. Están varios alcaldes y especialmente, pues, a su presidente, a don José Ramón Plasencia. Alcaldes, todos, sean bienvenidos. Y además quiero, en nombre de todos nosotros, agradecerles su presencia aquí, máxime cuando hoy se va a tratar un asunto de tanta relevancia y de tanto interés para los municipios canarios.
En primer lugar, tiene la palabra... (Ante una sugerencia que se efectúa desde los escaños). De acuerdo, vamos a esperar un segundo para que coja aire el señor consejero, iniciar el debate de este asunto. (Pausa.)

References: artículo 137
 artículo 141
 artículo 5
 artículo 23
 artículo 137
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 32
 resolución 
 artículo 8
 artículo 23
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 32
 artículo 12
 resolución 
 artículo 149
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 30
 artículo 32
 artículo 30
 artículo 32
 artículo 141