Source: https://www.scribd.com/doc/194126879/recomendacion-cndh
Timestamp: 2017-03-23 22:11:22+00:00

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BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinComisión Nacional de los Derechos Humanos MéxicoRECOMENDACIÓN No. 80/2013 CASO DE PRIVACIÓN DE LA VIDA DE 72 PERSONAS MIGRANTES Y ATENTADOS A LA VIDA DE LOS EXTRANJEROS V73 Y V74, EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS México, D.F., a 23 de diciembre de 2013.
LICENCIADO JESÚS MURILLO KARAM, PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA INGENIERO EGIDIO TORRE CANTÚ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Distinguidos señores: 1. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, párrafo segundo, 6, fracción II, incisos a) y b), 24, fracción II; 41, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 9, 16 y 89 de su reglamento interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente CNDH/5/2010/4688/Q, relacionados con el caso de privación de la vida de 72 personas migrantes, de los cuales dos eran menores de edad, y atentados a la vida de los extranjeros V73 y V74, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010. 2. Con el propósito de proteger la identidad de las víctimas, a fin de asegurar que sus nombres y datos personales no sean divulgados, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 147 de su reglamento interno. La información se pondrá en conocimiento de las autoridades recomendadas, a través de un listado adjunto en que se describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de que dicten las medidas de protección correspondientes; y vistos los siguientes:
I. HECHOS 3. El 25 de agosto de 2010, en el portal de internet del periódico El Universal, se publicó la nota titulada “Migrantes, 72 muertos de fosa en Tamaulipas”, por medio de la cual se difundió que un hombre se había presentado en el puesto de control carretero instalado por la Secretaría de Marina, en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas, para solicitar apoyo médico, ya que presentaba herida producida por proyectil de arma de fuego, la que señaló haber sufrido en un rancho cercano, por parte de miembros de un grupo delictivo; que él y otras personas migrantes de diferentes nacionalidades, al viajar rumbo a los Estados Unidos de América, habían sido interceptadas por los referidos delincuentes y que, al negarse a trabajar como sicarios a su servicio, fueron privadas de la vida, en su mayoría. 4. En razón de lo anterior, el 25 de agosto de 2010, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 3, 4, 6, fracción II, 15, fracciones I y III, y 24, fracción II, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 89 de su reglamento interno, se inició de oficio el expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q, por lo que se comisionó a personal de esta institución nacional, al lugar de los hechos, para llevar a cabo la investigación requerida. Además, para su debida integración se solicitaron informes a la Secretaría de Marina, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Seguridad Pública Federal, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas; al Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuya valoración lógico jurídica es objeto de análisis en el capítulo de observaciones de esta recomendación. II. EVIDENCIAS 5. Comunicado de prensa 216/2010, de 24 de agosto de 2010, emitido por la Secretaría de Marina, en que se informa que en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, personal de esa dependencia federal repelió una agresión por parte de presuntos integrantes de la delincuencia organizada; que los hechos ocurrieron después de que en un puesto de control carretero arribó una persona de sexo masculino, con el fin de solicitar apoyo médico, ya que presentaba herida por arma de fuego y denunció haber sufrido tal agresión en un rancho cercano, razón por la que personal de infantería acudió al lugar, donde se suscitó un enfrentamiento con personas armadas, en donde fueron encontrados 72 cuerpos. 6. Nota periodística de 25 de agosto de 2010, publicada en la página de internet del diario El Universal, titulada “Migrantes, 72 muertos de fosa en Tamaulipas”, en la que se señala que una persona de origen extranjero había logrado escapar de un grupo delictivo y denunciar que 72 personas migrantes, que intentaban llegar a
los Estados Unidos de América, habían sido interceptadas y conducidas a un rancho ubicado en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas y, al negarse a colaborar como sicarios, se les había privado de la vida. 7. Acuerdo de 25 de agosto de 2010, por el que se inicia de oficio el expediente CNDH/5/2010/4688/Q, para la investigación de los hechos. 8. Acta circunstanciada de 25 de agosto de 2010, en la que personal de esta Comisión Nacional hace constar que ese día se constituyó en las instalaciones de la Agencia Tercera del Ministerio Público de la Federación en Matamoros, Tamaulipas, en la que se obtuvo información referente a la AP2 iniciada con motivo de los hechos, así como copia del dictamen previo número de folio 983, suscrito por AR7, perito médico legista del Departamento Médico Forense de la Unidad de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas. 9. Actas circunstanciadas de 25, 26 y 27 de agosto de 2010, respectivamente, en las que personal de esta Comisión Nacional hace constar que en esas fechas se constituyó en las instalaciones del Hospital IS1, y en el Hospital IS2 de Matamoros, Tamaulipas, en los que se entrevistó a V73 en relación con los hechos materia de esta Recomendación y se verificó su estado psicofísico. 10. Solicitud de medidas cautelares, remitida el 26 de agosto de 2010, al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, por la que se requiere la implementación de acciones para garantizar la seguridad e integridad personal de V73. 11. Solicitud de medidas cautelares, remitida mediante oficio CNDH/QVG/291/2010, de 26 de agosto de 2010, por la que se requiere al Procurador General de Justicia del estado de Tamaulipas, la implementación de acciones para preservar los indicios obtenidos en el lugar de los hechos, así como aquellos datos que permitieran la identificación de los cadáveres. 12. Certificado de lesiones, de 26 de agosto de 2010, elaborado por personal médico de esta Comisión Nacional, con motivo de la revisión física de V73, en el Hospital IS2 de Matamoros, Tamaulipas. 13. Opinión clínico–psicológica, de 26 de agosto de 2010, elaborada por personal de esta Comisión Nacional, con motivo de la revisión practicada a V73. 14. Acta circunstanciada, de 26 de agosto de 2010, en la que personal de esta Comisión Nacional hace constar que se constituyó en una funeraria, ubicada en San Fernando, Tamaulipas, en la que se dio fe del estado físico de diversos cadáveres; se recabaron placas fotográficas y se entrevistó a elementos de la Secretaría de Marina, adscritos a la Base de Operaciones San Fernando, así como a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, quienes proporcionaron información respecto del manejo de los 72
cadáveres y de las diligencias ministeriales practicadas en la AP1, iniciada en la referida Procuraduría. 15. Acta circunstanciada, de 26 de agosto de 2010, en la que personal de esta Comisión Nacional hace constar que ese día se constituyó en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, ubicadas en la localidad de San Fernando, donde se entrevistó a una servidora pública bajo del área de Servicios Periciales y se obtuvo información e impresiones fotográficas respecto de la integración de la AP1. 16. Notas periodísticas publicadas del 25 al 28 de agosto de 2010, en los diarios El Universal, El País, Contacto, Reforma, El Mañana y La Razón, en que se describen los hechos ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, y se hacen públicos los datos de identificación de V73 relativos a su nombre, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio, procedencia, datos personales de sus familiares, y acerca de la averiguación previa AP2. 17. Acta circunstanciada, de 27 de agosto de 2010, en la que personal de esta Comisión Nacional hace constar que ese día se constituyó en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, ubicadas en la ciudad de Reynosa, en las que AR2, auxiliar de la Dirección de Averiguaciones Previas, proporcionó información respecto de la identificación de 20 cadáveres. 18. Nota periodística titulada “Buscan más cadáveres en San Fernando; matan al MP que indagaba el caso”, publicada el 27 de a gosto de 2010 en el periódico La Jornada, en la que se señala que la autoridad ministerial enfrentaba el problema de que la morgue resultaba insuficiente para realizar las necropsias, así como efectuar los estudios periciales y criminológicos necesarios a efecto de identificar los cuerpos. 19. Comunicado de prensa, de 30 de agosto de 2010, emitido mediante boletín número 371 de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, en que se da a conocer que el 29 del mismo mes y año V73 había sido trasladado a su país de origen. 20. Nota periodística, de 1 de septiembre de 2010, publicada en la página de internet, del periódico Reforma, titulada “Sí sobrevivió otro a masacre.- PGR”, en la cual se señala que la Procuraduría General de la República confirmó la existencia de V74, segundo extranjero que sobrevivió a los hechos en que perdieron la vida 72 personas migrantes, en San Fernando, Tamaulipas. 21. Nota periodística, de 1 de septiembre de 2010, publicada en la página de internet, del periódico El Universal, de título “Choca tráiler con cuerpos de migrantes asesinados”, de cuyo contenido se advierte que 56 cadáveres habían sido trasladados de Reynosa, Tamaulipas, al Distrito Federal, para ser ingresados a las instalaciones del Servicio Médico Forense de esa ciudad, en donde la unidad de transporte se impactó con otros vehículos, al dar vuelta en una calle estrecha.
22. Oficios 6118/10, 6497/10 y 6558/10, de 1, 18 y 21 de septiembre de 2010, respectivamente, por medio de los cuales el jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina rinde informe sobre los hechos motivo de la queja y acerca de la atención proporcionada a V73, en el Hospital IS2 de Matamoros, Tamaulipas, así como copia del oficio 1473/2010, de 25 de agosto de 2010, emitido dentro de la AP2, mediante el cual el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia III de Averiguaciones Previas de la delegación estatal Tamaulipas de la Procuraduría General de la República, autorizó el traslado de V73 del Hospital IS1 a las instalaciones del Sanatorio Naval Militar en Matamoros. 23. Oficios INM/CJ/DH/1833/2010, INM/CJ/DH/1925/2010, INM/CJ/DH/2191/2010 y INM/CJ/DH/386/2010, de 2 y 20 de septiembre, 22 de octubre y 20 de diciembre de 2010, respectivamente, mediante los cuales la Coordinación Jurídica del Instituto Nacional de Migración rinde informes y adjunta diversas documentales, de las que destacan las siguientes: 23.1. Copia del Acuerdo de Coordinación de 25 de agosto de 1995, celebrado entre el Ejecutivo Federal, el gobierno del estado de Tamaulipas y el municipio de Matamoros, para la realización de acciones tendentes a la Protección de Migrantes, mediante la integración del Grupo Ébano. 23.2. Copia del oficio 2294/2010, de 28 de marzo de 2010, por el que el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Mesa III, en la Subdelegación de Procedimientos Penales A, en Matamoros, Tamaulipas, pone a V73 a disposición del delegado del Instituto Nacional de Migración en esa localidad. 23.3. Copia del oficio INM/DRTAM/DLMAT/DCMAJ/0766/10, de 27 de agosto de 2010, a través del cual, el delegado local del Instituto Nacional de Migración en Matamoros, Tamaulipas, solicita al comandante del Sector Naval Matamoros continuar con el tratamiento y la atención médica proporcionada a V73 e implementar las medidas de seguridad que el caso requiere. 23.4. Parte informativo de 27 de agosto de 2010, dirigido al delegado regional del Instituto Nacional de Migración en el estado de Tamaulipas, por medio del cual la entonces jefa de departamento de la Estación Migratoria en Matamoros rinde información relacionada con la situación jurídica migratoria de V73, así como respecto de su traslado a la Ciudad de México. 23.5. Expediente administrativo migratorio PA1, integrado con motivo del aseguramiento de V74, en el que consta su declaración de 26 de agosto de 2010 relativa a los hechos. 23.6. Tarjeta informativa de 31 de agosto de 2010, elaborada por el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración en Nuevo Laredo, Tamaulipas, referente a la situación jurídica migratoria de V73 y a la asesoría jurídica migratoria
que le proporcionó personal de ese Instituto, durante su estancia en el Hospital IS2 de Matamoros, Tamaulipas. 23.7. Copia del oficio INM/DRTAM/SDR/1891/10, de 3 de septiembre de 2010, a través del cual, el subdelegado regional del Instituto Nacional de Migración en Nuevo Laredo, Tamaulipas, rinde informe sobre los hechos, al director de Derechos Humanos de ese Instituto. 23.8. Copia del oficio INM/CCVMDEM/1262/2010, de 8 de septiembre de 2010, a través del cual la Dirección de Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración informa a su homóloga de Derechos Humanos de ese órgano la fecha y hora en que V73 había sido repatriado a su país de origen. 23.9. Copia del oficio INM/DRTAM/SDR/2456/10, de 2 de diciembre de 2010, por medio del cual el subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Nuevo Laredo, Tamaulipas, informa al director de Control y Verificación de ese Instituto que no tuvo participación en la repatriación de V73, debido a que fue trasladado a la Ciudad de México por instrucciones superiores. 24. Nota periodística titulada “Indocumentados, reclutados por zetas desde hace un año”, publicada en el diario La Jornada el 6 de septiembre del 2010, en la que se hace del conocimiento público diversas actuaciones de la AP2, como el nombre de un sujeto arraigado por estar presuntamente implicado en el homicidio de los 72 migrantes. 25. Acta circunstanciada, de 10 de septiembre de 2010, a través de la cual se hace constar la entrevista que personal de este organismo nacional sostuvo con T1, en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, del Distrito Federal. 26. Oficio sin número, de 14 de septiembre de 2010, suscrito por el director contencioso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud Federal, por el que se rinde informe sobre los hechos y se adjunta el similar 06248 de esa fecha, en que se describen las disposiciones legales relativas al manejo y traslado de cadáveres. 27. Acta circunstanciada, de 25 de septiembre de 2010, en la que personal de esta Comisión Nacional hace constar que el 24 de septiembre de 2010 se consultó y obtuvo un ejemplar en fotocopia de la AP1, que obra en el archivo de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, iniciada el 24 de agosto de 2010, en la agencia del Ministerio Público Investigador de San Fernando, Tamaulipas, con motivo de la denuncia de hechos presentada por personal de la Secretaría de Marina. 28. Oficios 2803, 3178 y 3514, de 21 de septiembre, 19 de octubre y 16 de noviembre de 2010, respectivamente, mediante los cuales la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal rinde el informe solicitado por esta Comisión Nacional, a los que se adjuntan diversas documentales referentes al apoyo institucional prestado a la Procuraduría General de la República, para el resguardo de 56 cadáveres, que habían sido ingresados al Servicio Médico Forense del Distrito Federal los días 1 y 2 de septiembre de 2010, así como las órdenes de levantamiento del depósito, emitidas por el Ministerio Público de la Federación, respecto de 38 cuerpos que habían sido trasladados a su país de origen hasta el 19 de noviembre de 2010, de las cuales destacan las siguientes: 28.1. Oficio DGCAP/4136/2010, de 30 de agosto de 2010, por medio del cual el director general de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República, solicita al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, apoyo institucional para permitir el depósito de 56 cadáveres en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Institución. 28.2. Oficio 3534, de 1 de septiembre de 2010, a través del cual la primera secretaria de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal comunica al director del Servicio Médico Forense de esa Institución el acuerdo por el que se autoriza depositar, en ese lugar, 56 cadáveres, otorgándose las facilidades para tal efecto. 28.3. Constancia ministerial de 1 de septiembre de 2010, relativa a la “Diligencia de recepción de cuerpos e ingreso al Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”, asentada por la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, en auxilio de la Tercera Mesa Investigadora, de la Subdelegación de Procedimientos Penales A, Zona Norte, Subsede Matamoros, Tamaulipas. 28.4. Lista a través de la cual, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República, informa que los cuerpos de V2, V4, V28, V36, V38, V46, V52, V53, V54, V70 y V72, han sido identificados y transportados a sus países de origen el 5 de septiembre de 2010, asimismo, los cuerpos de V15 y V43, que fueron trasladados a sus países de origen el 23 de septiembre de ese año, también los de V24, V25, V51, que fueron enviados a su patria el 24 de ese mes y año, así como el de V31, que fue remitido a su país al siguiente día; al igual que los cuerpos de V21 y V22, los que, tras su identificación, fueron repatriados el 28 de septiembre de ese año, y el de V41 devuelto el 4 de octubre de 2010. 28.5. Copia del oficio D-1809/2010, de 19 de noviembre de 2010, por el cual, el director del Servicio Médico Forense, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal informa a la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos de
esa institución que a esa fecha permanecían 18 cadáveres en las cámaras de refrigeración del lugar. 29. Oficio 187/2010, de 22 de septiembre de 2010, por medio del cual el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, remite copia del informe rendido por el Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, de 14 de septiembre de 2010, mediante el cual comunica la realización de 16 trámites correspondientes al traslado de cadáveres hacia Honduras y proporciona copia del expediente clínico integrado en el Hospital IS1, de Matamoros, Tamaulipas, con motivo de la atención médica otorgada a V73 en ese lugar, del 23 al 25 de agosto de 2010. 30. Oficios DJ/DH/006481, DJ/DH/006535, y DJ/DH/007152, de 20 y 25 de septiembre, y 21 de octubre de 2010, respectivamente, a través de los cuales la Dirección Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas rinde informe y adjunta copia de diversos documentos, de los que destacan: 30.1. Oficio DJ/DH/006136, de 2 de septiembre de 2010, por medio del cual el director jurídico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas requiere al director de Servicios Periciales de la Institución atender la solicitud de medidas cautelares giradas por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de preservar los indicios que se obtengan en el lugar de los hechos y de aquellos datos que permitan la identificación de los cadáveres. 30.2. Oficio DAP/DIR/1684/2010, de 14 de septiembre de 2010, mediante el que el director general de Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, proporciona al director jurídico de la Institución información respecto de las diligencias practicadas en la AP1, iniciada el 24 de agosto de 2010, por el agente del Ministerio Público Investigador de San Fernando, Tamaulipas. 30.3. Oficio 16687/10, de 20 de septiembre de 2010, suscrito por el director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, por el que se informa al director jurídico de la Institución respecto de la realización de diversas acciones para la preservación de indicios, así como para la conservación y práctica de necropsias en los 72 cadáveres. 30.4. Oficio DGAP/DIR/111/2010, de 18 de octubre de 2010, por el que el director general de Averiguaciones Previas, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas rinde información al director jurídico de la Institución sobre diversas diligencias practicadas en la AP1, así como de las acciones que tuvieron como fin el traslado a Honduras de 16 cadáveres y el traslado de los 56 restantes al Distrito Federal.
31. Oficio 4425, de 24 de septiembre de 2010, suscrito por el secretario de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas, mediante el cual se informa de la presencia de corporaciones policiales de esa dependencia en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria, con el objeto de prevenir y disuadir conductas delictivas, así como para detectar el tráfico de extranjeros, a través del Grupo de Coordinación Interinstitucional de los tres niveles de gobierno. 32. Oficios 7815/10 DGPCDHAQI y 9006/10 DGPCDHAQI, de 1 de octubre y 10 de noviembre de 2010, respectivamente, remitidos por la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, a los que se acompañan los similares 767/2010 y PGR/DCAP/ZNE/916/2010, de 27 de septiembre y 3 de noviembre de 2010, firmados por AR28 y AR25, agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas Zona Noreste, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en los que se precisa que no puede otorgarse, en versión pública, la información solicitada por esta comisión nacional, referente a la integración de las AP3 y AP4, por tratarse de información estrictamente reservada, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales. 33. Oficios ASJ-34264, ASJ-35376 y ASJ-37724, de 29 de septiembre, 15 de octubre y 4 de noviembre de 2010, respectivamente, por los que el director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Relaciones Exteriores da respuesta a los requerimientos de esta Comisión Nacional y aporta diversa información respecto de su intervención en el caso. 34. Dictamen médico forense de 11 de octubre de 2010, emitido por personal adscrito a esta Comisión Nacional, respecto de diversas constancias periciales contenidas en la AP1, iniciada el 24 de agosto de 2010 en la agencia del Ministerio Público Investigador de San Fernando, Tamaulipas. 35. Oficios DAJ/SAA/3085/2010 y DAJ/SAA/3493/2010, de 14 de octubre y 8 de noviembre de 2010, respectivamente, por medio de los cuales el director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal informa respecto de la intervención de ese organismo público descentralizado en los trámites de embalsamamiento de 56 cadáveres y del traslado a su país de origen, de aquellos que habían sido identificados. 36. Oficio CDHDF/OE/DGQO/23-11, de 15 de febrero de 2011, suscrito por el director de la Oficina de Información Pública y encargado de la dirección de Admisibilidad e Información de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el cual se remite a esta Comisión Nacional la siguiente documentación relacionada con el caso:
36.1. Copia del oficio DGCAP/ZNE/1054/2010, de 1 de diciembre de 2010, suscrito por el director de Control de Averiguaciones Previas para la Zona Noreste de la Procuraduría General de la República, a través del cual informa al director del Servicio Médico Forense que se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores se considere la fecha de 1 de marzo de 2011, como límite para lograr la identificación de los cuerpos restantes y, para en caso de no cumplir con ese objetivo, se enviarían a la fosa común. 36.2. Copia del oficio D-0245/2011, de 11 de febrero de 2011, suscrito por el director del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que solicita a la Procuraduría General de la República que considere el plazo máximo del 1 de marzo de ese año para retirar de sus instalaciones los 15 cadáveres que restan por identificar. 37. Actas circunstanciadas, de 22 de febrero y 3 de marzo de 2011, en las que personal de la Comisión Nacional hace constar que en los medios de comunicación La Crónica y Excélsior, los días 22 de febrero y 2 de marzo de 2011, respectivamente, se publicó información respecto de diversos cuerpos no identificados, que permanecían depositados en el Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 38. Oficio 563, de 23 de febrero de 2011, suscrito por el defensor del Pueblo de Ecuador, en el que se rinde la información solicitada por esta Comisión Nacional, en vía de colaboración, y se adjunta copia del cuestionario que se aplicó a V73, en relación con los hechos. 39. Oficio 929, de 15 de marzo de 2011, por el cual la directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal remite el informe suscrito por el director del Servicio Médico Forense, mediante el cual se informa que al 9 de marzo de 2011, permanecían 15 cuerpos en esa institución. 40. Comunicados de prensa 128/2011 y 130/2011, de 16 y 17 de abril de 2011, respectivamente, emitidos por la Secretaría de Marina, en que se informa sobre la detención de una persona presuntamente responsable de los hechos ocurridos en el mes de agosto de 2010, en perjuicio de 72 personas migrantes. 41. Oficio 1575, de 30 de mayo de 2011, mediante el que el Jefe de Unidad de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal remitió el diverso D-0871/2011, de 25 de mayo de ese año, en el que el director del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal informa que el 23 de marzo de 2011, entregó a AR24, el cuerpo identificado de V40, así como de 13 cuerpos desconocidos y uno de origen hindú, de los 56 que fueron ingresados al Servicio Médico Forense. 42. Boletín de prensa 354, de 17 de junio de 2011, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en que se comunica respecto de la detención de una
persona que presuntamente coordinó los hechos en que perdieron la vida 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 43. Comunicado de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional del 30 de junio del 2011, mediante el que informa que efectivos de esa dependencia destacamentados en Coatzacoalcos, Veracruz, efectuaron la detención de otro sujeto presuntamente responsable de los hechos en que perdieron la vida las 72 personas migrantes. 44. Oficio 213101000/1561/2011, de 21 de julio de 2011, por el que la Procuraduría General de Justicia del estado de México remite el informe rendido por el Servicio Médico Forense de esa entidad federativa, en el que se refiere que el 8 y 22 de junio del mismo año, respectivamente, se entregó el cuerpo de V8, nacional de la India, a la PGR, así como el levantamiento de la depositaría de los trece cadáveres de identidad desconocida, de sus instalaciones. 45. Acta circunstanciada, de 25 de agosto de 2011, a través de la cual se hace constar diligencia telefónica con el entonces subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, quien precisó que, por instrucciones superiores, a las 09:30 horas del 26 de agosto de 2011 se daría acceso a personal de esta Comisión Nacional para consultar la AP5. 46. Oficio 8675/11 DGPCDHAQI, de 12 de septiembre de 2011, mediante el cual el encargado del despacho de la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección de la Procuraduría General de la República remite copia del diverso DGCAP-ZNE/1391/2011, de 29 de agosto de 2011, en el que el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de la Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, rinde el informe solicitado. 47. Acta circunstanciada de 12 de septiembre de 2011, en que personal de esta Comisión Nacional hace constar la consulta de la AP5, en las instalaciones de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, dependiente de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República. 48. Oficio V5/67323, de 14 de octubre de 2011, mediante el cual se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. 49. Oficio 67324, de 14 de octubre de 2011, en que se solicita información, en colaboración, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 50. Oficio QVG/DG/70110, de 24 de octubre de 2011, a través del que se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención
a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. 51. Acta circunstanciada, de 4 de noviembre de 2011, en la que se hace constar que se anexan las notas periodísticas del 3 de noviembre de 2011, intituladas “Madres centroamericanas visitan San Fernando”; “Bendicen madres predio de San Fernando para darle vida” y “Los hijos ausentes de San Fernando”, publicadas en “El Universal”, “La Jornada” y “Milenio”, respectivamente. 52. Oficio 73754, de 8 de noviembre de 2011, por el que se envía recordatorio de solicitud de información al Procurador General de Justicia del estado de México. 53. Oficios V5/73756 y QVG/DG/73708, de 8 de noviembre de 2011, mediante el que se envía recordatorio de solicitud de ampliación de información y se solicita ampliación de información, respectivamente, a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. 54. Oficio QVG/DG/73707 de 8 de noviembre de 2011, por el que se solicita ampliación de información a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, respecto de la atención psicológica que, como víctimas del delito, se proporcionó a V73 y V74. 55. Oficio 10962/11 DGPCDHAQI, recibido en esta Comisión Nacional el 9 de noviembre de 2011, al que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, anexa el diverso DCAP-ZNE/1577/2011, de 27 de octubre de 2011, por el que el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, rinde el informe solicitado. 56. Acta circunstanciada, de 9 de noviembre de 2011, mediante la cual personal de esta Comisión Nacional hace constar la consulta practicada a la AP5, en las instalaciones de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, dependiente de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República. 57. Oficio SEMEFO: 213B10103/462/2011, recibido en esta Comisión Nacional el 14 de noviembre de 2011, en que el subdirector del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de México informa que, el 22 de junio de 2011, 13 cadáveres no identificados habían sido enviados a la fosa común. Asimismo, se anexa la tarjeta informativa de 22 de junio de ese año, en la que se refiere que los cuerpos habían sido trasladados al Panteón General de Dolores en la Ciudad de México, para su respectiva inhumación. 58. Oficio QVG/DG/84974, de 7 de diciembre de 2011, por el que se envía recordatorio de solicitud de ampliación de información a la Procuraduría General
de Justicia del estado de Tamaulipas, respecto de la atención psicológica que como víctimas del delito se proporcionó a V73 y V74. 59. Oficio número DJ/DH/7741 de 9 de diciembre de 2011, suscrito por el director jurídico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, mediante el cual informa que no existe antecedente respecto de la atención psicológica brindada a V73 y V74 en su carácter de víctimas del delito. 60. Oficio 12607/11 DGPCDHAQI, recibido el 22 de diciembre de 2011 en esta Comisión Nacional, mediante el cual el encargado de Despacho de la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, informa las acciones que se efectuaron en asistencia de V73 y V74, y remite el oficio 1757/2011, de 12 de diciembre de 2011, a través del cual AR26, agente del Ministerio Público de la Federación, responsable de la integración de la AP5, informa que, por lo que respecta a V74, fue atendido en su calidad de víctima del delito por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y que V73 nunca estuvo a disposición de la Dirección General de Control de Averiguaciones, ni pudo brindársele atención psicológica, ya que todo el tiempo permaneció internado en el Hospital IS1, de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, lugar del que fue trasladado directamente a la Cancillería y repatriado a su país de origen el 29 de agosto de 2010. 61. Acta circunstanciada, de 4 de enero de 2012, mediante la cual se hace constar que servidores públicos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República entregaron copia simple del oficio 12607/11 DGPCDHAQI, de 16 de diciembre de 2011, mediante el cual rinde el informe solicitado. 62. Oficio 001640/12 DGPCDHAQI, de 2 de marzo del 2012, signado por el encargado del despacho de la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, de la Procuraduría General de la República, al que anexa el diverso 143/2012, de 10 de febrero del 2012, en que el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa IX Zona Noreste de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, informa que no se levantó constancia alguna respecto de la negativa de V74 a recibir atención psicológica. 63. Oficios 35931 y 43482, de 9 y 29 de mayo de 2012, por los que se solicita ampliación de información y se envía recordatorio de ésta respectivamente, a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. 64. Oficio 5256/12 DGPCDHAQI, de 20 de junio de 2012, por el que el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección de la Procuraduría General de la República remite copia del diverso 609/2012, de 4 de junio de 2012, mediante el cual el agente del Ministerio Público de Federación, titular de la mesa IX de la Zona Noreste, de la Dirección General
de Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, rinde el informe solicitado. 65. Oficio 57015, de 5 de julio de 2012, en que se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. 66. Oficio 63281, de 6 de agosto del 2012, mediante el cual se envía recordatorio de ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. 67. Acta circunstanciada, de 9 de agosto del 2012, en la que consta que personal de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos se comunicó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, con el objeto de solicitar la respuesta a la solicitud de ampliación de información. 68. Oficio 07189/12 DGPCDHAQI, de 10 de agosto del 2012, signado por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, mediante el que rinde la información solicitada respecto de la actualización de sus investigaciones. 69. Oficio 66267, de 13 de agosto del 2012, mediante el cual se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. 70. Oficio 007197/12 DGPCDHAQI, del 13 de agosto del 2012, signado por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, mediante el que anexa informe de misma fecha signado por la directora general adjunta adscrita a la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la propia institución, relativo a la actualización de la información solicitada por esta Comisión Nacional. 71. Oficio 07249/12 DGPCDHAQI, del 13 de agosto del 2012, signado por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, mediante el que anexa informe de misma fecha signado por la directora general adjunta adscrita a la subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la propia institución, al que anexa el listado de cuerpos repatriados. 72. Oficio 66696, de 14 de agosto de 2012, en que se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República.
73. Acta circunstanciada, de 15 de agosto del 2012, en la que personal de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace constar la recepción de diversa documentación aportada por la Subdirección de Digitalización de este organismo nacional. 74. Acta circunstanciada, de 16 de agosto del 2012, mediante la cual se hace constar la consulta que personal de este organismo nacional efectuó a la CP1 y CP2, en las instalaciones del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales del estado de Tamaulipas. 75. Acta circunstanciada, de 22 de agosto del 2012, en la que personal de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace constar la recepción del mensaje del director de Quejas e Inconformidades, de Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, en el que se informa sobre la autorización de revisar los autos de la AP6. 76. Acta circunstanciada, de 22 de agosto de 2012, en que personal de esta Comisión Nacional hace constar la consulta de la AP6, en las instalaciones de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, dependiente de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República. 77. Oficio 98942, de 8 de noviembre de 2012, en que se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, en relación con el estado que guarda la AP6. 78. Oficio 11013/12 DGPCDHAQI, de 20 de noviembre del 2012, signado por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, mediante el cual anexa el informe de 15 de noviembre de 2012, suscrito por AR26, responsable de la integración de la AP6. 79. Oficio 109889, de 14 de diciembre de 2012, en que se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, en relación al estado que guarda la AP6. 80. Oficio 716/13 DGPCDHQI, de 17 de enero del 2013, signado por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, mediante el cual anexa el informe de 14 de enero de 2013, suscrito por AR26, responsable de la integración de la AP6.
81. Oficio 2268, de 23 de enero de 2013, recordatorio de solicitud de ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. 82. Oficios 6002 al 6057 de 8 de febrero de 2013, en los que se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, respecto de la identificación de las víctimas. 83. Oficios 6058 al 6073 de 8 de febrero de 2013, en los que se solicita ampliación de información a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, respecto a la identificación de las víctimas. 84. Acta circunstanciada de 6 de febrero de 2013, en que se hace constar gestión telefónica que se efectuó con personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, a fin de consultar la AP6. 85. Oficio 6928, de 12 de febrero de 2013, en que se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, en relación al estado que guarda la AP6. 86. Oficios 12222 al 12277, de 26 de febrero de 2013, mediante los cuales se envían recordatorios a la solicitud de ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, respecto de la identificación de las víctimas. 87. Oficio 002651 / 13 DGPCDHQI, de 4 de marzo de 2013, a través del cual, el director General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, remite copia de los diversos SCRPPA/DS/02054/2013 y SCRPPA/DS/02056/2013, de 22 de febrero de 2013, con los que la directora de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de esa Procuraduría, emite sus informes. 88. Oficios 16141 al 16156, de 7 de marzo de 2013, en los que se efectúa atentos recordatorios a la solicitud de ampliación de información a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, respecto a la identificación de las víctimas. 89. Acta circunstanciada de 14 de marzo de 2013, en que personal de esta Comisión Nacional hace constar la consulta de la AP6, en las instalaciones de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, dependiente de la
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República. 90. Oficio 19767 de 15 de marzo de 2013, a través del cual se da vista al Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, por haber negado el acceso a esta Comisión Nacional a las averiguaciones previas relacionadas con el caso, lo cual se permitió un año después de ocurridos los hechos y luego de que se diera a conocer a la opinión pública la resistencia por parte de esa autoridad a colaborar en ese sentido. 91. Oficio AQ/17/1733/2013, de 21 de marzo de 2013, mediante el cual, el titular del Área de Quejas, del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, informa que se inició el expediente administrativo correspondiente, el cual, por razón de competencia, fue remitido a la Visitaduría General de esa Procuraduría. 92. Oficios DJ/DH/002464 al 2479, de 12 de marzo de 2013, a través del cual, el director Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, rinde los informes correspondientes. 93. Acta circunstanciada, de 17 de abril de 2013, en la que personal de esta Comisión Nacional hace constar la gestión telefónica que se efectuó con un servidor público de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. 94. Oficio VG/DGACyAJ/778/2013, de 29 de abril de 2013, mediante el cual, el encargado del Despacho de la Dirección de Área en la Visitaduría General, de la Procuraduría General de la República, informa que el expediente remitido a esa instancia por el Órgano Interno de Control en esa dependencia, fue tunado a la Dirección General de Asuntos Internos. 95. Oficio VG/DGA/DI-A/ 2351/2013, de 7 de mayo de 2013, mediante el cual, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos, de la Visitaduría General, de la Procuraduría General de la República, comunica que se radicó el expediente de investigación correspondiente. 96. Oficio 54342, de 12 de julio de 2013, a través del cual se requiere información a la Dirección General de Asuntos Internos, de la Visitaduría General, de la Procuraduría General de la República, respecto del expediente de investigación radicado con motivo de la negativa de consulta de las averiguaciones previas relacionadas con el asunto. 97. Oficio 64545, de 30 de agosto de 2013, en el que se solicita ampliación de información a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, respecto de la recepción de la cadena de custodia.
98. Copia del Convenio de Colaboración para la identificación de restos localizados en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León que se llevará a cabo por conducto de una Comisión Forense, que celebran la Procuraduría General de la República, el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., la Asociación Civil Voces Mesoamericanas, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., y el Foro Nacional para la Migración en Honduras, publicado el 4 de septiembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación. 99. Oficio 66486, de 9 de septiembre de 2013, a través del cual se envía recordatorio de solicitud de información, en colaboración, a la Dirección General de Asuntos Internos, de la Visitaduría General, de la Procuraduría General de la República, respecto del expediente de investigación DGAI/189/DF/2013-A. 100. Oficio 010044 /13 DGPCDHQI, de 25 de octubre del 2013, signado por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, mediante el cual anexa el diverso DGCAP/DG/2377/2013 de 22 de octubre de 2013, suscrito por SP1. III. SITUACIÓN JURÍDICA 101. El sábado 21 de agosto de 2010, alrededor de las 22:00 horas, un grupo aproximado de 74 personas migrantes, de diversas nacionalidades, entre éstos V73 y V74, cuando viajaban a bordo de dos camiones, rumbo a la frontera norte de México, fueron interceptados en las inmediaciones del municipio de San Fernando, Tamaulipas y secuestrados por un grupo de hombres armados. 102. Al día siguiente, el mismo grupo de personas migrantes fue trasladado a un rancho ubicado en el referido municipio, donde 72 fueron privadas de la vida con disparos de arma de fuego. Derivado de los hechos resultó lesionado V73, quien, el 23 de agosto de 2010, solicitó apoyo médico y narró lo acontecido a personal de la Secretaría de Marina, en el puesto de control carretero que esa dependencia mantenía en las inmediaciones de San Fernando, Tamaulipas. El 29 del mismo mes y año, V73 fue repatriado a su país de origen. 103. Asimismo, en los hechos referidos sobrevivió V74, quien resultó ileso y se trasladó a Matamoros, lugar en el que, el 24 de agosto de 2010, solicitó apoyo del personal del Grupo Beta, quienes notificaron de los hechos al Instituto Nacional de Migración, instancia ante la cual se instauró el procedimiento administrativo PA1, resuelto el día 26, por lo que, el 27 del mismo mes y año, la Coordinación de
Control y Verificación Migratoria expidió el documento por el que se autorizó a V74 su regularización migratoria en México, en calidad de víctima del delito, quien, el 24 de septiembre de 2010, salió del país, en condición de testigo protegido. 104. Por otra parte, los días 23 y 24 de agosto de 2010, en la Subdelegación de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República en Matamoros, Tamaulipas con motivo de los mismos hechos, se iniciaron las averiguaciones previas AP4 y AP2, respectivamente, por los delitos de homicidio y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las que fueron acumuladas, a la averiguación previa AP5. 105. Con motivo de los hechos referidos, el 24 de agosto de 2010, el agente del Ministerio Público Investigador de San Fernando, Tamaulipas AR1 inició la averiguación previa AP1, contra quien o quienes resultaran responsables por la comisión del delito de homicidio y el que resultare. 106. Ahora bien, debido a que los hechos revisten relevancia de carácter nacional, el 29 de agosto de 2010, la Procuraduría General de la República resolvió ejercer la facultad de atracción respecto de la AP1, por lo que el 3 de septiembre de ese año, la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas remitió a la representación social federal las constancias originales de esa indagatoria. 107. El 30 y 31 de agosto de 2010, AR2 y AR3, personal ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas hizo entrega de los cuerpos de V5, V10, V11, V14, V17, V19, V27, V30, V44, V55, V60, V61, V62 y V64, a las autoridades consulares de la República de Honduras, a efecto de ser trasladados a ese país, así como de V18 y V29, a sus familiares. Mientras que los cuerpos de V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9, V12, V13, V15, V16, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V28, V31, V32, V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V45, V46, V47, V48, V49, V50, V51, V52, V53, V54, V56, V57, V58, V59, V63, V65, V66, V67, V68, V69, V70, V71 y V72, (56) restantes fueron enviados de Reynosa, Tamaulipas, a la Ciudad de México, por lo que quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República, en las instalaciones del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 108. Además, el 6 de septiembre de 2010, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República radicó la AP3, derivada de la acumulación de las averiguaciones previas AP2 y AP4, relativas al caso, por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, en su modalidad de causar daño, portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y homicidio calificado, contra quien resulte responsable, la cual fue consignada el 13 del mismo mes y año, ante el Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Matamoros, Tamaulipas, y se ejercitó acción penal contra ocho personas. Para el seguimiento de la investigación, el 19 de octubre del 2010 se inició la AP5, en la cual, el 28 de junio del 2012, se ejerció acción penal, lo que dio origen a la CP2, del conocimiento del Juez Segundo de
Distrito en materia de Procesos Penales Federales, en Matamoros, Tamaulipas, aún en integración. 109. Posteriormente, el 12 de abril de 2011, la agente del Ministerio Público de la Federación Titular, adscrita a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, dependiente de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en auxilio de la IX Mesa Investigadora, Zona Noreste de la Procuraduría General de República, ordenó el levantamiento del depósito de catorce cadáveres, para realizar su traslado del Distrito Federal al Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a fin de ser resguardados en esas instalaciones. 110. El 22 de junio de ese año, AR24 dispuso que los cuerpos de V1, V6, V9, V20, V23, V32, V37, V45, V49, V63, V65, V66 y V67, se enviaran a la fosa común, en un panteón de la ciudad de México. 111. El 9 de julio del 2012 se inició la AP6, con el triplicado de la AP5, en continuación de las investigaciones sobre el caso y la identificación y entrega de los 12 cuerpos restantes, de manera que la indagatoria relacionada con los hechos materia de esta recomendación continúa en trámite. IV. OBSERVACIONES 112. Previo al estudio de las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de 74 personas migrantes, conviene precisar que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades, sino a que con motivo de esto se vulneren derechos humanos, por lo que hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar, con los medios a su alcance, los ilícitos que se cometen, en el ámbito de su competencia, a fin de identificar a los responsables y lograr que se impongan las sanciones pertinentes, así como de proporcionar a las víctimas del delito un trato digno, sensible y respetuoso y, fundamentalmente, brindarles una debida atención. 113. Asimismo, esta institución protectora de derechos humanos no se pronuncia sobre las actuaciones estrictamente jurisdiccionales realizadas por la autoridad judicial, que tramita las causas penales CP1 y CP2, respecto de las cuales expresa su absoluto respeto y de las que carece de competencia para conocer, en términos de lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo primero, 7, fracción II, y 8, última parte, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 2, fracción IX, incisos a), b) y c), de su reglamento interno. 114. Del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q, se advierten en el caso violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la
procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor, relacionado con la pérdida de la vida de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades; asimismo, se advierte violación a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de V73 y V74, así como a la privacidad y protección de datos de identidad de V73, quienes sobrevivieron a los hechos, en atención a las siguientes consideraciones: 115. Los días 25, 26 y 27 de agosto de 2010, personal de esta institución entrevistó a V73 en las instalaciones del Hospital IS1 y en el Hospital IS2, en Matamoros, Tamaulipas, lugares en que recibió atención médica debido a las lesiones que le fueron inferidas por disparo de arma de fuego. 116. En esas diligencias, V73 manifestó que el sábado 21 de agosto de 2010, alrededor de las 22:00 horas, él y otros extranjeros habían sido secuestrados por un grupo aproximado de ocho hombres, que portaban armas de fuego, para ser trasladados a una casa cercana, donde les ataron las manos con cintas plásticas. 117. En la mañana del día siguiente, a bordo de un autobús, fueron conducidos a un rancho en el que les preguntaron si querían trabajar para el grupo delictivo, a lo que la mayoría se negó. Más tarde les vendaron los ojos y los tiraron al suelo e, instantes después, V73 empezó a escuchar detonaciones de arma de fuego, percatándose que los disparos iban dirigidos a sus compañeros. 118. Refirió que él también recibió un impacto de bala, ante lo cual fingió estar muerto y, minutos después de que cesaron las detonaciones, se levantó y se percató que los agresores se habían ido y V74 había sobrevivido ileso; por lo que, con su ayuda, salió del lugar, sin embargo, al notar que varios vehículos se acercaban a ellos se separaron y, a la mañana siguiente, V73 logró llegar ante un grupo de elementos de la Secretaría de Marina, quienes le bridaron auxilio médico. 119. En el mismo sentido, el 26 de agosto de 2010, V74 rindió su declaración ante personal del Instituto Nacional de Migración, en la que precisó que con la intención de llegar a los Estados Unidos de América había contratado los servicios de “un pollero” y el 21 del mismo mes y año, al transitar en compañía de otras personas migrantes, a bordo de dos camionetas, rumbo a Reynosa, Tamaulipas, fueron interceptados por varios hombres, que viajaban en diversos vehículos y portaban armas de fuego, quienes enseguida los trasladaron a “un galerón”, donde les dijeron que pertenecían a un grupo delictivo y les ofrecieron trabajo. 120. Agregó V74 que los subieron a los vehículos, en los que viajaron por un lapso de 20 a 30 minutos, hasta llegar a un inmueble, en que fueron introducidos y atados de manos, para posteriormente recibir disparos de arma de fuego durante cinco minutos aproximadamente; no obstante, logró desatarse las manos y ocultarse en unos matorrales, donde permaneció durante el ataque, por lo que, una vez que los agresores se retiraron, observó que uno de los extranjeros, V73, se levantó y juntos salieron del lugar para dirigirse a un pueblo cercano.
121. Señaló V74 que durante el trayecto se percataron que se aproximaban cuatro automóviles, por lo que decidieron separarse, y el 24 de agosto de 2010, llegó a la ciudad del Matamoros, Tamaulipas, localidad en que solicitó apoyo a integrantes del Grupo Beta de Protección a Migrantes y a personal del Instituto Nacional de Migración. 122. Por su parte, a través del oficio 6118/10, 6497/10 y 6558/10, de 1, 18 y 21 de septiembre de 2010, respectivamente, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, informó a esta Comisión Nacional que el 23 de agosto de 2010 se presentó a las inmediaciones de un puesto de control en San Fernando, Tamaulipas, una persona del sexo masculino (V73) con lesión ocasionada por arma de fuego y les solicitó apoyo médico, por lo que fue trasladado al Hospital IS1 de Matamoros, Tamaulipas, manifestándoles que la agresión se la había ocasionado un grupo delictivo, el cual, además, había dado muerte a varias personas de distintas nacionalidades. 123. Por lo anterior, el 23 de agosto de 2010, aproximadamente a las 18:15 horas, personal de Infantería de Marina, con el apoyo de unidades aeronavales, se dirigió al lugar de los hechos y advirtió desde el aire a los infractores de la ley, quienes, al observar su presencia, los agredieron, por lo que, al repeler el ataque se ocasionaron bajas de las dos partes, lugar en que se aseguró a un menor, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, además de asegurarse diverso armamento exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 124. Asimismo, la Secretaría de Marina informó que, en seguimiento a la investigación, el 24 de agosto de 2010, aproximadamente a las 17:55 horas, personal de Marina se desplazó de nueva cuenta al área referida por V73, lugar en que se encontraron 72 cuerpos, por lo que se dio aviso a las instancias ministeriales correspondientes, de cuyos informes rendidos a este organismo nacional, se advierte que AR1, agente del Ministerio Público del fuero local se presentó ese mismo día en el lugar de los hechos, dando inició a la AP1. 125. Derivado de la intervención que tuvieron la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Procuraduría General de la República, respectivamente, esta Comisión Nacional advierte violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la procuración de justicia, relacionadas con violaciones al derecho al trato digno y al conocimiento de la verdad, en agravio de 72 personas migrantes, que fueron halladas sin vida en el lugar de los hechos, así como de sus familiares y de V73 y V74, supervivientes de esos hechos, atribuibles a servidores públicos adscritos a las citadas Procuradurías. 126. Lo anterior en atención a que los procedimientos de investigación y procuración de justicia no se adecuaron a los ordenamientos legales vigentes en el momento en que acontecieron los hechos, en atención a lo siguiente:
127. El 24 de agosto de 2010, a las 18:30 horas, el agente del Ministerio Público Investigador de San Fernando, Tamaulipas AR1, se constituyó en el inmueble ubicado en el lugar de los hechos, acompañado de AR16, AR17 y AR21, personal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, e hizo constar que se procedía al levantamiento de las 72 personas sin vida, para su traslado y resguardo en las instalaciones de la Secretaría de Marina, en esa ciudad, lugar del que serían remitidas a una funeraria para la realización de la necropsia de ley, como se advierte del contenido del acta de inspección ministerial y levantamiento de cadáveres realizadas en esa fecha. 128. Sobre el particular si bien AR4, director de Servicios Periciales del estado de Tamaulipas giró instrucciones, a efecto de que se tomaran las medidas idóneas para la preservación de los cuerpos e indicios, de las evidencias que constan en el expediente, se advierte que AR1, AR2 y AR3, encargados de la AP1 omitieron implementar acciones efectivas para impedir el acceso al lugar donde ocurrieron los hechos y así evitar la pérdida o manipulación de evidencias relacionadas con los mismos, como se dispone en el artículo 132, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales, para el estado de Tamaulipas, que prevé ese supuesto, en aquellos casos en que resulte necesario conservar los indicios, huellas y el lugar en que se cometió el delito. 129. De igual forma, se transgredieron los lineamientos citados en el Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violación de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, instrumento internacional, que si bien no constituye norma vinculante, es criterio orientador de interpretación que esta Comisión toma en cuenta, a fin de hacer más amplia la protección de los derechos de las víctimas del delito, así como en la aplicación de estándares mínimos de investigación forense en situaciones de violaciones a derechos humanos. 130. Por otra parte, del dictamen emitido por un perito de este organismo nacional, se advierte que el levantamiento de evidencias e indicios, así como de cada uno de los cadáveres y la fijación fotográfica efectuados por el personal de los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, se realizó en forma precipitada, sin metodología y deficiente, lo que motivó la pérdida de indicios importantes, como son, la ubicación de casquillos percutidos, balas e impactos relacionados con la trayectoria de cada uno de los proyectiles. Ejemplo de esto lo constituye la certificación realizada por el jefe de la unidad de Servicios Periciales de esa Procuraduría estatal, en San Fernando, Tamaulipas AR16, quien señaló el hallazgo de un “proyectil de plomo encamisado de cobre”, sin precisar su procedencia, ni relación con alguno de los cadáveres. 131. Lo anterior debido a que los peritos que acudieron al lugar de los hechos (AR16, AR17 y AR21), fueron omisos en asentar, de manera exacta y minuciosa, respecto de cada uno de los cadáveres encontrados, la descripción de su posición, orientación, edad aproximada, media filiación, estatura, ropas que
vestían, calzado, rigidez cadavérica, grado de putrefacción y las lesiones que se podían advertir a simple vista, a efecto de hacer constar las circunstancias en que fueron privadas de la vida y encontrados por la autoridad ministerial, en términos de lo dispuesto en el artículo 229 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, para entonces ordenar el levantamiento de los cuerpos y las medidas de conservación cadavérica correspondientes. 132. Adicionalmente, la autoridad ministerial AR1 omitió dar fe de las circunstancias específicas del hallazgo de las 72 personas migrantes, en contravención a lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, que obliga al Ministerio Público a conservar las evidencias, huellas, circunstancias y el lugar de los hechos en las condiciones en que fue encontrado al inicio de las investigaciones. 133. Sobre el particular, en los artículos 106, 131 y 135, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, se establece, en términos generales, que para la comprobación de la existencia del delito, de sus elementos o de sus circunstancias, es de importancia el reconocimiento del lugar, por lo que debe ordenarse su verificación, haciendo constar en el acta la descripción del mismo y de todos los detalles que puedan tener significación para la apreciación de los hechos, agregando las fotografías correspondientes, lo que no se realizó en el caso, en demérito de las investigaciones y el derecho al conocimiento de la verdad de los hechos para las víctimas y sus familiares. 134. Por su parte, en el apartado C, inciso 1 “Investigación del lugar del crimen”, del Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, emitido por la Organización de las Naciones Unidas, se precisa que los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y otros investigadores, no médicos, deben coordinar sus actividades, con las del personal médico, al investigar el lugar de los hechos delictivos, para lo cual la zona contigua del cadáver debe cerrarse y el ingreso a ésta sólo debe permitirse a los investigadores y su personal, lo que en el caso no se cumplió por parte de AR1, AR2, AR3, AR16, AR17 y AR21, personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, ya que de las constancias recabadas por esta Comisión Nacional, no se advierte la práctica de diligencia alguna para resguardar el área donde fueron encontradas las 72 víctimas. 135. En ese sentido, el Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violación de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refiere que el examen del sitio del hallazgo reviste de gran importancia, porque puede aportar al perito médico datos que de otra manera no podría obtener. 136. Aunque el perito médico no pueda estar presente en el sitio de los hechos, puede siempre intentar obtener información sobre la forma cómo el cadáver fue encontrado, su posición, los objetos que le rodeaban, la presencia o no de
manchas de sangre, vómito, heces u otro material orgánico, etcétera, datos aparentemente intrascendentes que pueden ser la clave para aclarar dudas o confirmar sospechas. También señala que es conveniente obtener un registro fotográfico del sitio de los hechos, de todo lo cual no se tiene evidencia de que AR1, responsable de la integración de la AP1, haya tomado las medidas para realizarlo o para que los especialistas correspondientes recabaran tales elementos. 137. De lo anterior, se advierte que los peritos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas AR16, AR17 y AR21, desde el levantamiento de las 72 personas sin vida, con anuencia de AR1, AR2 y AR3, fueron omisos en preservar adecuadamente el lugar de los hechos, en reunir los elementos e indicios que deban ser investigados o recabados, en efectuar las acciones de investigación para la acreditación del cuerpo del delito y en realizar las diligencias adecuadas, a fin de brindar un trato digno y de respeto a los cadáveres hallados, esto en términos de lo dispuesto en los artículos 346 de la Ley General de Salud, 132, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas y 33, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Tamaulipas, a pesar de la solicitud de medidas cautelares formulada por este organismo nacional, el 26 de agosto de 2010, precisamente para garantizar esta circunstancia. 138. Esto es así habida cuenta que, en principio, el 24 de agosto de 2010, AR1, dispuso que todos los cuerpos fueran trasladados, para su custodia, en camionetas tipo pick up, a la Base Naval de Operaciones de San Fernando, Tamaulipas; de tal suerte que, al día siguiente, los cuerpos de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V21, V22, V24 y V28, fueron transportados a la Funeraria F1, para realizar la autopsia de ley. 139. Mientras que, el 25 y 26 de agosto de 2010, se efectuaron las autopsias de V20, V23, V25, V26, V27, V29, V30, V31, V32, V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V44, V45, V46, V47, V48, V49, V50, V51, V52, V53, V54, V55, V56, V57, V58, V59, V60, V61, V62, V63, V64, V65, V66, V67, V68, V69, V70 y V71 en la Base Naval de Operaciones de San Fernando, Tamaulipas. Lugar en el que, según se advierte de las propias necropsias de esas víctimas, así como lo hecho constar por personal de este organismo el propio 26 de agosto de 2010, permanecieron aproximadamente dos días expuestos a la intemperie y apilados, para posteriormente ser depositados, junto con los demás cuerpos, en las instalaciones de la funeraria F1, algunos en el piso, y rociados de un polvo de color blanco y otros en una caja de tráiler, en bolsas de plástico. 140. Es decir, de acuerdo con lo expuesto en el dictamen emitido por un perito de este organismo nacional el 11 de octubre de 2010, desde el punto de vista pericial y criminalístico destaca que las 72 personas migrantes fueron privadas de la vida el 22 de agosto de 2010, lo que exigía que, desde el día de su hallazgo, esto es, el 24 del mismo mes y año, se implementaran las medidas o acciones tendentes a evitar el proceso de descomposición.
141. La omisión de AR1, AR2 y AR3, autoridades ministeriales, para proteger los cuerpos de las condiciones climáticas que permanecían en el lugar, significó la ausencia de providencias efectivas para preservar los cadáveres, huellas y evidencias de los hechos, máxime que, a raíz de los acontecimientos, esta comisión nacional solicitó la adopción de medidas cautelares, a efecto de preservar los indicios obtenidos en el lugar de los hechos, así como de aquellos datos que permitieran la identificación de los cadáveres, medidas que fueron aceptadas por la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas y, por ende, obligaban a las autoridades AR2, AR3, AR4 y AR5, a garantizar su efectivo cumplimiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 40, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 116 y 117, de su Reglamento Interno. 142. Con la omisión precisada, omitió observar lo establecido en los artículos 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 134, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, que detallan las acciones que el Ministerio Público y los peritos deben efectuar, para la comprobación del cuerpo del delito, el resguardo de vestigios, instrumentos y objetos del mismo. 143. Sobre el particular, resulta fundamental garantizar la cadena de custodia de las muestras, a fin de asegurar que el material recogido no sufra ningún tipo de alteraciones o manipulaciones (fortuitas o intencionadas) durante su transporte hacia el laboratorio. 144. En ese orden de ideas, no pasa desapercibido el hecho de que a través del diverso DAP/DIR/1684/2010 de 14 de septiembre de 2010, AR22 señalara que las autopsias de los cuerpos de V11 y V72, respectivamente, se llevaron a cabo, el primero en las instalaciones de la Funeraria F1, mientras que del segundo se efectuó en la Funeraria F2; al respecto, en la Inspección Ministerial de cadáver y autopsia de V11, suscrita por AR2 y AR3, en colaboración con AR7, se advierte que está se elaboró en la F1, sin embargo, en el informe médico legal firmado por AR7, se precisa que se realizó en la Base Naval de Operaciones de San Fernando, Tamaulipas; mientras que la Inspección Ministerial de cadáver y autopsia de V72, signada por AR2 y AR3, con asistencia de AR18 y AR19, se especifica que se hizo en la referida zona naval, en cuanto que el perito médico legista AR12, sostiene que elaboró el informe médico legal en el Servicio Médico Forense del estado de Tamaulipas, lo que constituye una evidente contradicción. 145. Ahora bien, respecto de la posición de los 72 cuerpos de las víctimas descrita (decúbito dorsal) no corresponde a la que guardaban en la escena de los hechos, sino a aquélla en la que les fue practicada la autopsia en el interior de la F1, es decir, posterior a que se efectuara el levantamiento inicial. De manera que no existe constancia de la posición en que fueron hallados los cuerpos en el lugar de los hechos, debido a que ésta no fue circunstanciada en forma específica.
146. A ese respecto, en el apartado C, inciso 1, “Investigación del lugar del crimen”, del Manual sobre la Prevención e Investigación Efi caces de las Ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, de la Organización de las Naciones Unidas, se establece que debe dejarse constancia de la posición del cadáver y de la condición de la vestimenta; asimismo, que para determinar la hora de la muerte se debe anotar la temperatura del cuerpo (tibio, fresco, frío), ubicación y grado de fijación de las livideces, rigidez cadavérica y estado de descomposición. 147. En el caso, únicamente se determinó la edad aproximada de los cuerpos de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V27, V28, V29, V32, V35, V38, V41, V43, V44, V46, V47, V50, V52, V53, V55, V59, V60, V61, V62, V65 y V72 (45), sin que los médicos que participaran en la necropsia de los 27 restantes (AR9, AR10 y AR12) rindieran argumentos periciales sobre la omisión en el cálculo de sus edades (V25, V26, V30, V31, V33, V34, V36, V37, V39, V40, V42, V45, V48, V49, V51, V54, V56, V57, V58, V63, V64, V66, V67, V68, V69, V70 y V71), aspecto que también resulta imprescindible para su identificación. 148. Asimismo, de las constancias contenidas en la AP1 no es posible determinar el número de cadáveres que, entre los hallados en el lugar de los hechos, presentan maniobras de atadura por medio de cinchos de plástico y vendajes en los ojos, puesto que en el acta en que se ordena el levantamiento de los cuerpos se indica que fueron encontrados con esas maniobras, sin que se precise en cuántos y cuáles cuerpos fueron advertidas. 149. Ahora bien, en el acta circunstanciada correspondiente a la consulta que el 9 de noviembre de 2011 realizó personal de esta Comisión Nacional, de las diligencias que integran la AP5, se hizo constar que en el oficio de procesamiento de los indicios o evidencias de 1 de septiembre de 2010, el agente del Ministerio Público responsable de la AP4, en el apartado correspondiente al “estado en que se encontraban” las 51 evidencias de balística como casquillos .223 y 9mm, cartuchos y una ojiva, asentó: “sin resguardar ni reservar” (lugar abierto). Se anotó, además, que con pinzas con punta de goma y guantes de latex, los peritos técnicos en ubicación y levantamiento de indicios, de fijación y fotografía y de procesamiento del lugar y levantamiento, de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales, Especialidad de Criminalística, de la Delegación de la Procuraduría General de la República, embalaron con material sintético transparente las evidencias que fueron cerradas con grapas. 150. Con lo anterior, se evidencia que AR16, AR17 y AR21, peritos adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, al emitir el dictamen en criminalística de campo, se limitaron, exclusivamente, a informar respecto de los objetos y pertenencias encontrados, sin que se advierta correlación directa entre las pertenencias con la identificación de los cadáveres.
151. En ese sentido, en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en el apartado C, inciso 2 “Investigación de las pruebas”, se establece el deber de llenar formularios de propiedad en que se enumeren todas las pruebas para mantener la cadena de custodia; así como la obligación de reunirlas, analizarlas, etiquetarlas y colocarlas apropiadamente en un lugar seguro, para impedir su contaminación y pérdida, así como tomar y conservar todas las pruebas de la existencia de armas de fuego, proyectiles, balas y casquillos o cartuchos, y que en el informe se detallen todas las observaciones del lugar, lo practicado por los investigadores y la disposición de todas las pruebas recuperadas, lo cual en el caso, no se realizó puntualmente. 152. Por otra parte, cabe señalar que no obstante que AR2 solicitó que en el protocolo de necropsia se determinara el número de lesiones, su localización y dimensiones, el trayecto y los órganos que se afectaron por los disparos realizados y la causa de la muerte, en los dictámenes de necropsia realizados por AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11 y AR12, se omiten tales referencias, así como la descripción de las características particulares de las heridas por proyectil de arma de fuego, como escaras, ahumamientos, zonas de quemadura, biseles a nivel de cráneo o cualquier otra que hubiera podido contribuir a establecer la distancia de disparo, trayectorias y trayectos en cada uno de los cadáveres. 153. Lo que se corrobora por Dictamen Médico Forense, realizado por un perito de esta Comisión Nacional, en el que se advierte que los referidos especialistas que participaron en las necropsias incurrieron en una descripción ambigua y sin fundamento bibliográfico, al confundir la trayectoria y los trayectos de las lesiones producidas por el proyectil de arma de fuego en las 72 víctimas. 154. Lo mismo tratándose del dictamen de balística de 31 de agosto de 2010, suscrito por AR19 y AR20, personal de la citada Procuraduría estatal, en que se hace referencia a los proyectiles localizados en tres cuerpos y en un morral, y se precisa el calibre al que pudieron haber correspondido y el arma o armas de fuego con las que probablemente se dispararon, omitiéndose hacer mención a la práctica de diligencia pericial alguna en el lugar de los hechos, que permitiera evidenciar la dirección y trayectoria de los disparos de arma de fuego con que las personas migrantes habían sido privadas de la vida, y así determinar respecto de la existencia de mayores vestigios o indicios. 155. Ahora bien, en relación con los Informes Médico-legales de Autopsia, suscritos por AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11 y AR12, médicos forenses de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, un perito de este organismo nacional asentó el 11 de octubre del 2010, que hubo serias deficiencias en su elaboración, esto es así, debido a que, en primer lugar, se advirtió que para la identificación de cadáveres no se realizó una descripción completa y adecuada, ya que se omitió detallar el estado de la dentadura de las víctimas, al clasificarse únicamente como “mal” y “bien”.
156. Destaca el hecho de que todos los cadáveres se encontraban en un proceso de putrefacción (cromático o enfisematoso), no obstante, en las necropsias practicadas a V1, V2, V5, V6, V9, V10, V13, V14, V17 y V18, por AR6, AR7 y AR11, respectivamente, se describió que tenían incluso rigidez cadavérica, lo que implica que AR6, AR7, AR10 y AR9, practicaron el reconocimiento o análisis médico forense en forma deficiente. 157. A pesar de que AR2 solicitó la revisión completa de cada uno de los cadáveres, incluyendo el número de lesiones, sus dimensiones, y otras, entre éstas el examen proctológico y ginecológico, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14 y AR15, médicos que realizaron las necropsias de las 72 víctimas, así como los que participaron en la inspección ministerial correspondiente, omitieron efectuarlo y llevarlo a cabo, más aún, como se describió en párrafos que anteceden, cuando fundamentan en algunos de los dictámenes el estado de putrefacción, lo cual no impedía que se realizara la revisión médico-forense. 158. Se observa que los médicos legistas que en este caso practicaron las necropsias (AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11 y AR12), lo hicieron de manera negligente toda vez que en la descripción de las lesiones se incluyen errores gramaticales (“bendaje”), además que cada uno de ellos, utilizó un formato para reportar la necropsia a su libre albedrío, aún cuando existe bibliografía precisa al respecto y describieron sus hallazgos de manera ambigua y sin lineamientos, de forma confusa y contradictoria. 159. En términos médico legales que para el caso se aluden, existen al menos dos cuerpos que no tienen correspondencia con el mecanismo de producción de la muerte: el primero es el de V20, del que AR8, médico que practicó la necropsia o informe, describe en las lesiones fracturas de cráneo, que fueron importantes y que incluyen hematoma intracraneano (coagulo), lo cual determina la causa de la muerte, sin embargo, concluye en dos vertientes: por una parte, que se trata de un golpe de calor e insolación, que desde el punto de vista médico forense no se relaciona con los antecedentes y hechos que se suscitaron en este caso, y por la otra, que el haberse establecido la existencia de un traumatismo, que produjo a la víctima una conmoción cerebral, no tiene sustento técnico-científico, ya que esta situación no es comprobable por medio de la práctica de la necropsia, más aún cuando el cerebro ya se encontraba en proceso de licuefacción. 160. Resultado por demás incompatible desde el punto de vista médico forense, por lo que AR8 no solamente interpretó las características clínicas, sino incluso faltó a los preceptos médico-legales y jurídicos del objetivo y función de la prueba pericial para determinar con exactitud la causa por la que falleció dicho individuo. 161. En la misma tesitura, se tiene con la necropsia del cuerpo de V42, en la cual, AR9, determinó que falleció por un trauma con objeto contuso y no por proyectil de arma de fuego, como todas las demás víctimas, además no precisó la región en que se efectuó la lesión, lo que implica la ineficiencia, en la que incurrió AR9.
162. No pasa desapercibido el hecho de que AR12 haya asentado en los informes de las necropsias y los certificados de defunción de V56, V57, V58, V59, V60, V61, V62, V63, V64, V65, V66, V67, V68, V69, V70, V71 y V72, el shock hipovolémico como causa de la muerte, incluso en aquellos que presentaron heridas penetrantes de cráneo, ya que la lesión en el cerebro en forma intrínseca es mortal por necesidad, sin que el sangrado sea compatible con la causa de la muerte que fue determinada, lo que demuestra una vez más la negligencia en la que se incurrió en el presente caso. 163. Asimismo, se advierte que AR2 y AR3, incurrieron en dilación en el ordenamiento de la práctica de las necropsias, toda vez que éstas se efectuaron más de 48 horas después de los hallazgos de los cuerpos, sin la debida atingencia y evitar perder evidencias fundamentales para la identificación y descripción precisa de las lesiones presentadas. 164. Asimismo, el perito de este organismo nacional expone que con base en la determinación del sexo de los 72 cadáveres, se advirtió que incluso existe duda respecto de la víctima V37, ya que al rendir el reporte legal o forense, AR10, refirió al inicio que esta persona era del sexo masculino, sin embargo concluyó que se trataba de una persona del sexo femenino, lo que se traduce en impericia, y repercutirá en lo sucesivo en la identificación de cada una de las víctimas, más aún, cuando se trata de un cuerpo desconocido y/o desconocida. 165. De igual manera, se advirtió que durante el manejo documental y pericial del cuerpo de la víctima V23, AR2, AR3, AR8, AR16, AR17 y AR22 se efectuó como si fuera el de la persona que en vida llevara el nombre de V72, es decir, no se tuvo certeza de su identificación, hasta que la Procuraduría General de la República certificó, en definitiva, la identificación de ese cuerpo. 166. Sobre lo antes descrito, el Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes Sospechosas de Haberse Producido por Violación de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establece que siempre deben buscarse las mejores condiciones para efectuar las autopsias médico-forenses. Que la identificación del cadáver, o su confirmación, es el primer paso de toda autopsia médico-forense, para lo cual es de suma importancia que la ropa y los objetos que acompañan el cadáver se describan con todo detalle, incluyendo el tipo de prenda, sus características, su color, el diseño del tejido y las etiquetas, describiendo en especial la talla de la prenda. Debe señalarse también, el estado de conservación de la ropa, su limpieza, la presencia de desgarrones, orificios de proyectiles de armas de fuego o de armas blancas, manchas de fluidos orgánicos, como sangre, entre otros, lo cual en el caso concreto no se realizó. 167. De igual manera, ese documento expone que en la técnica de autopsia médico-forense, en un caso de sospecha de violación de los derechos humanos, el examen del cadáver debe ser minucioso, cuidado, sistemático y completo. El
perito médico nunca debe actuar con prisa ni bajo presión. La autopsia ha de ser siempre completa, es decir, se debe observar todo el cadáver, aun en el caso de que las lesiones mortales sean del todo evidentes. 168. De tal manera que en términos de lo dispuesto en los artículos 227 y 229 del Código de Procedimientos Penales del estado de Tamaulipas, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17 y AR21, servidores públicos de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas se encontraban obligados a realizar todas las operaciones y análisis que su ciencia o arte les permitiera, además de especificar, en sus respectivos dictámenes, los hechos y circunstancias que sirvieron de sustento a sus conclusiones, con una metodología concreta y acorde al contexto y no, como ocurrió en el caso, circunscribirse a un reporte liso y llano, con afirmaciones genéricas sobre las posibles causas de los hechos, en las que se omitió la realización de exploraciones significativas de indicios conducentes a determinar lo que en realidad sucedió los días 21 y 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. 169. Por lo anterior se advierte que AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17 y AR21, contravinieron lo dispuesto en el artículo 139, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, en que se establece que, cuando se trate de homicidio, además de la descripción que haga el que practique la diligencia, la harán también los peritos encargados de la autopsia del cadáver, expresando con minuciosidad el estado que guarda y las causas que originaron la muerte. 170. No es óbice a lo anterior el hecho de que, en el auto de inicio de la AP1, de 25 de agosto de 2010, AR2 y AR3, agentes investigadores, responsables de su integración, indicaron que se practicaría la diligencia de inspección ministerial siempre que “existan las condiciones de seguridad que lo permitan ”, circunstancia que revela que los representantes sociales omitieron, en perjuicio de las víctimas y ofendidos en esa investigación ministerial, hacer uso de la facultad que les confieren los artículos 7, fracción I, inciso A, numeral 2, y 8, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, para disponer de la Policía Estatal y ministerial en el ejercicio de sus funciones. 171. Máxime que tienen la posibilidad de solicitar el apoyo de otras dependencias de seguridad pública, tanto del orden federal como locales, en términos de lo establecido en el Convenio de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un estados integrantes de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio del 2007. 172. Asimismo, no pasa inadvertido, el hecho de que en términos de lo dispuesto en el artículo 3, fracciones I, II y VI, del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, se prevé que el Ministerio Público está obligado a practicar
las diligencias necesarias para integrar debidamente una averiguación previa, ordenando la realización de todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos del tipo penal, así como a demostrar la probable responsabilidad de los inculpados, situación que en el caso, AR2 y AR3 omitieron realizar en prejuicio del derecho a la debida procuración de justicia; de las víctimas y ofendidos, incurriendo en una deficiente integración de la averiguación previa AP1. 173. Igualmente, en el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el estado de Tamaulipas, se establece el deber del Ministerio Público de practicar las diligencias previas, ordenando el reconocimiento detallado, por todos los peritos necesarios, del lugar, armas, instrumentos u objetos, para una mejor apreciación de la relación con la comisión del delito que se persigue; adoptar medidas para conservar las evidencias y huellas de los hechos; describir minuciosamente el estado que guardan y las causas de muerte de las víctimas; citar a las personas que por cualquier concepto participen en éstos o aparezca que tengan datos sobre los mismos para que declaren sobre los hechos que se investigan. 174. En ese orden de ideas, como quedó asentado con antelación, las diligencias periciales y ministeriales se efectuaron de manera precipitada, deficiente y sin la metodología adecuada, lo que, incluso, derivó en la confusión de uno de los cuerpos, el cual fue enviado a la República de Honduras, cuando correspondía a un ciudadano brasileño. 175. En efecto, mediante oficio DGAP/DIR/111/2010, de 18 de octubre de 2010, AR22 informó que el 30 y 31 de agosto de 2010, respectivamente, AR2 y AR3, agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, habían entregado 16 cuerpos al representante del Consulado de Honduras, sin que de las constancias que integran la AP1 se advierta que tales autoridades hubieran agotado todas las diligencias necesarias para la plena e irrefutable identificación de los cadáveres, toda vez que autorizaron la entrega del cuerpo de la víctima V16, para su repatriación a la República de Honduras, cuando en realidad el cadáver de referencia correspondía a la víctima V44, ciudadano de nacionalidad brasileña, según lo reportó la Directora Nacional de Medicina Forense del Ministerio Público de Honduras. 176. De hecho, al momento en que se suscitaron los hechos, V44 portaba un pantalón de color negro, de lo cual la embajada de Honduras en México había remitido una nota verbal en la que informó que uno de los ciudadanos hondureños, que aún no había sido identificado, había sido visto por última vez portando pantalón color café, sin embargo, AR2 y AR3 omitieron considerar tal situación, ya que, de conformidad con la inspección ministerial de cadáveres realizada en la AP1, se advierte que el único cuerpo que no había sido identificado y que portaba un pantalón café, era el de V16, el cual fue conducido a las instalaciones del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo que se confirmó por parte de la referida funcionaria del gobierno de Honduras.
177. La confusión del envío del cuerpo pone de manifiesto que AR2 y AR3, servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, incurrieron en omisiones al verificar la plena identificación de los cuerpos. 178. Todo lo cual, evidencia que las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, el desarrollo de la investigación y el tratamiento de los cuerpos de las 72 personas fallecidas en los hechos fueron de tal magnitud que 12 de ellas (V1, V6, V9, V20, V23, V32, V45, V49, V63, V65, V66 y V67) tuvieron que ser inhumadas sin haber sido identificadas, con la consecuencia de que los familiares de éstas 12 víctimas han sido privados de la posibilidad de saber la verdad de los hechos en cada uno de esos casos. 179. Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el proceso destinado a establecer la verdad requiere del libre ejercicio del derecho a buscar y recibir información, así como de la formación de comisiones investigadoras y la adopción de las medidas necesarias para emprender y completar las investigaciones correspondientes, situación que en el caso no se actualizó. 180. De igual manera, la CIDH ha establecido, en su sentencia del Caso Bámaca Velásquez, de 25 de noviembre de 2000, párrafo 201, que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener, de los órganos competentes del Estado, el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los responsables conforme a los parámetros de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. 181. En cualquier caso, el goce de este derecho a conocer la verdad sobre la comisión de crímenes no se limita a los familiares de las víctimas, sino que la propia sociedad es afectada por la violencia y por eso tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que los delitos llegan a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir. 182. Lo expuesto pone de manifiesto la ineficiencia con que las autoridades AR1, AR2 y AR3, encargadas de la procuración de justicia actuaron en materia de identificación y entrega de los cuerpos, hallados en el lugar de los hechos, así como en la investigación de los mismos, esto es, tanto respecto de la integración de la indagatoria AP1 relacionada con los delitos cometidos en perjuicio de las 74 personas migrantes, como en lo relativo al tratamiento que se dio a los cuerpos de 72 de estas personas halladas sin vida. 183. En ese orden de ideas, se advierte que AR1, AR2 y AR3, servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, que participaron en la integración de la AP1, vulneraron el derecho a la debida procuración de justicia, así como a un trato digno y, en consecuencia, a la seguridad jurídica de las víctimas y de sus familiares; omitiendo con ello prestar un servicio público
apegado a la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto que se deben de observar en el desempeño del cargo, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, 21, párrafo noveno y 128, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 16, párrafo primero y segundo, 124, párrafo primero, así como fracciones VIII y XII, de la Constitución Política del estado de Tamaulipas. 184. Se incurrió, además, en la omisión de observar las obligaciones previstas en el artículo 47, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Tamaulipas, en que se establece la obligación de todo servidor público, de conducirse con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño del servicio público encomendado, con la máxima diligencia, así como de abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio, por lo que se deberán deslindar las responsabilidades de carácter administrativo y penal ante las instancias competentes. 185. En atención a lo esgrimido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III, 71, párrafo segundo, y 72, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 28, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas, se cuenta en el caso con elementos para presentar denuncia penal ante las instancias competentes, así como dar vista de ello ante la Visitaduría General de la Procuraduría General del estado de Tamaulipas, a fin de que se inicien los procedimientos administrativos de investigación correspondientes, respecto de los servidores públicos de esa institución que intervinieron en los hechos materia de esta recomendación, de tal manera que se deslinden las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar. 186. Por otra parte, en relación con la actuación de AR23, AR24, AR25, AR26, AR27, AR28 y AR29, servidores públicos de la Procuraduría General de la República, se advierten en el caso violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, al trato digno, al honor y a la verdad, en agravio de las 72 personas migrantes, que fueron halladas sin vida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, atribuibles a servidores públicos adscritos a esa institución, con motivo del tratamiento que recibieron sus cadáveres, así como por la dilación en las acciones relativas a la identificación de los 12 cuerpos que aún permanecen sin ser entregados a sus familiares. 187. En los autos de la AP5, se advierte el oficio DET/3222/2010, signado por el encargado del Despacho de la Delegación de la PGR en Tamaulipas, mediante el cual ejerce la facultad de atracción de la AP1, solicitando la entrega de esa indagatoria, así como de los indicios, evidencias y demás objetos relacionados con la misma; asimismo, en la AP3, se observa el acuerdo ministerial en el que se
acordó el traslado de 56 cuerpos, para su depósito en las instalaciones del Servicio Médico Forense, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 188. Pues bien, sobre ese aspecto se pudo evidenciar que el Ministerio Público de la Federación (AR23), al recibir de parte de su homólogo del fuero común, los indicios y evidencias del caso, omitió especificar en la averiguación previa y en el Registro de Cadena de Custodia (RCC) respectivo, las diversas irregularidades que éstos presentaban, relativos al estado en que se encontraban las 51 evidencias de balística como casquillos .223 y 9mm, cartuchos y una ojiva, así como en los errores en las necropsias y la entrega del cuerpo de V44, en términos de lo señalado con antelación y tampoco dio aviso de ello a la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. 189. Vulnerándose así lo previsto en los artículos 123 BIS, del Código Federal de Procedimientos Penales, así como lo dispuesto en el punto 4 del artículo Décimo Séptimo, del Acuerdo número A/002/10, mediante el cual se establecen los lineamientos que deben observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 2010 que, en términos generales, disponen que la preservación de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, es responsabilidad directa de los servidores públicos que entren en contacto con ellos, y que en los casos en que de la verificación de la preservación del indicio y/o evidencia, resulte que estos han sido modificados, se deberá asentarlo en la averiguación previa y en el RCC. 190. Por otra parte, por disposición del agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la AP2, el 1 de septiembre de 2010, se trasladó a los 56 cuerpos de las víctimas V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9, V12, V13, V15, V16, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V28, V31, V32, V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V45, V46, V47, V48, V49, V50, V51, V52, V53, V54, V56, V57, V58, V59, V63, V65, V66, V67, V68, V69, V70, V71 y V72, de San Fernando, Tamaulipas, a las instalaciones del Servicio Médico Forense, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, sin que se diera aviso a la autoridad sanitaria del estado de Tamaulipas, ni se verificara que C1, contara con la licencia sanitaria correspondiente para prestar ese servicio; si el vehículo en el que se trasladarían los restos era de uso exclusivo para tal fin y operado por personal calificado. 191. Es así que, T1, chofer de la compañía C1, que conducía el tráiler que los trasportaba, indicó a personal de este organismo nacional, que en ningún momento se enteró que la “carga” que entregaría eran esos cuerpos, tampoco supo si los cadáveres hubieran sido preparados para evitar su putrefacción, y que no contaba con el permiso sanitario correspondiente para su traslado.
192. De tal suerte que AR23, Representante Social de la Federación fue omiso en disponer de todas las medidas adecuadas para el buen desarrollo de la recepción y traslado de los cuerpos de las citadas víctimas, en términos de lo dispuesto en los artículos 350 Bis 1, de la Ley General de Salud, 69, 90, fracción VI, así como 100, fracción IV, del Reglamento en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos y 3.1, de la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCFI-2007, Prácticas comerciales-Requisitos de información en la comercialización de servicios funerarios que, en términos generales, disponen, entre otros aspectos, la obligación de dar aviso a la autoridad sanitaria del estado de Tamaulipas acerca del traslado de esos cuerpos; verificar que C1, tuviera la licencia sanitaria correspondiente para llevar a cabo ese servicio; y asegurar que el vehículo en el que se trasladarían los restos estuviera exclusivamente destinado para tal fin y fuera operado por personal calificado. 193. Aunado a lo anterior, se advierte la omisión de brindar atención psicológica a V73 y V74. En principio, cabe señalar que, de acuerdo con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder se entiende por “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que vulneren la legislación penal vigente. 194. En ese contexto, en el informe recibido en esta Comisión Nacional el 22 de diciembre de 2011, remitido por la Subprocuraduría de Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), al que se anexa el oficio mediante el cual AR26, agente del Ministerio Público de la Federación, se precisa que a pesar de que se ofreció a V73, atención psicológica como víctima de delito, nunca estuvo a disposición de la Dirección de Control de Averiguaciones, ni pudo brindársele la atención, ya que todo el tiempo permaneció internado en el Hospital IS1, de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, lugar del que fue trasladado directamente a la Cancillería y finalmente a su país de origen el 29 de agosto de 2010. 195. Sin embargo, de las constancias que se allegó esta Comisión Nacional se advierte que mediante oficio 1473/2010, del 25 de agosto del 2010, emitido en la AP2, AR23, agente del Ministerio Público Federal, autorizó el traslado de V73 del Hospital IS1 a las instalaciones del Sanatorio IS2 en Matamoros, e indicó que continuaría a disposición de esa institución de procuración de justicia recibiendo atención médica. 196. Asimismo, mediante oficio 2294/2010, de 27 de agosto del 2010, el propio agente ministerial, (AR23), notificó al delegado local del Instituto Nacional de Migración en Matamoros, Tamaulipas, que había puesto a su disposición a V73, quien se encontraba internado en el IS2 en esa localidad, relacionado con la AP2, en su calidad de víctima; no obstante, no se advierten evidencias con las que se acredite que se la haya brindado atención psicológica de urgencia desde que
estuvo a disposición de AR23, es decir, del 25 al 29 de agosto de 2010, en que abandonó el país. 197. Ahora bien, respecto de V74, mediante oficio 1757/2011, AR26 informó que AR28, agente del Ministerio Público, que integró la AP3, refirió que V74 solicitó apoyo del personal del Grupo Beta el 24 de agosto de 2010 y fue canalizado a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la Procuraduría General de la República, donde fue atendido, en su calidad de víctima, el 26 de agosto de 2010. Asimismo, que por la mañana del 29 de agosto de 2010, V74 fue visitado por personal del consulado de su país de origen, quien le manifestó que le darían apoyo y solicitó se resguardaran sus datos de identidad, a fin de evitar represalias en su contra o de su familia y, en tanto abandonaba el territorio nacional, además AR26 precisó que V74 se negó a recibir atención psicológica, sin embargo no obra constancia alguna que acredite tal señalamiento y, por su parte, AR28 omitió circunstanciar la negativa en cuestión. 198. De lo anteriormente expuesto, se advierte que AR23 y AR28, servidores públicos de la Procuraduría General de la República, omitieron dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, toda vez que durante el tiempo en que V73 y V74 permanecieron vinculados con las investigaciones a cargo de tal institución de procuración de justicia federal, esto es, del 24 al 29 de agosto de 2010 y del 24 de agosto al 24 de septiembre de ese año, respectivamente, no recibieron atención psicológica de urgencia, no obstante que lo ameritaban por la gravedad y relevancia de los hechos que vivieron. 199. Al respecto, cabe señalar que en la Recomendación General Número 14, Sobre los Derechos de las Víctimas de Delito, el 27 de marzo de 2007, este organismo nacional estableció que el impacto físico de la victimización no siempre es perceptible a simple vista; sin embargo, al cometerse un delito o descubrirse éste, las víctimas suelen experimentar reacciones físicas con el acontecimiento; y éstas pueden incluir un incremento de la adrenalina en el cuerpo, aumento del ritmo cardíaco, hiperventilación, revivir los acontecimientos en cámara lenta, sequedad en la boca, potenciación de los sentidos, tales como el olfato, y la respuesta de “combatir o huir”; de igual manera, es común perder el control sobre las funciones intestinales, reacciones que pueden no ocurrir sino hasta que el peligro ha pasado y pueden repetirse en un momento posterior, cuando el delito es recordado. 200. Además, en la referida Recomendación General 14, se precisa que el delito también tiene consecuencias psicológicas, ya que usualmente es percibido como un acontecimiento más grave que un accidente o una desgracia, cuando se enfrentan pérdidas y lesiones ocasionadas por el acto deliberado de otro ser humano.
201. Asimismo, se señala que la reacción inicial puede ser de alto impacto (shock), miedo, enojo, desamparo, incredulidad y culpa. Que tales reacciones suceden inmediatamente después del delito, y algunas de éstas pueden volver a ocurrir con posterioridad, al presentarse la denuncia, asistir al juicio o acudir al hospital para buscar atención médica. 202. En atención a lo anterior, en la Recomendación General 14 se ha establecido que es importante proporcionar servicios de primeros auxilios psicológicos en la etapa de crisis, mediante el apoyo psicoterapéutico (individual o grupal), a efecto de que las víctimas que lo requieran puedan afrontar el evento traumático del delito, así como sus efectos emocionales y la respuesta social, a fin de proteger, adaptar y mantener la salud mental, y para que recuperen la funcionalidad disminuida o perdida, mediante el tratamiento de rehabilitación correspondiente. 203. Resulta grave, por tanto, lo informado por AR26, respecto de que V74 se negó a recibir atención psicológica, máxime que tanto en las consultas realizadas por personal de esta Comisión Nacional a la AP5, así como de la información que remitió la Procuraduría General de la República, no obra constancia alguna con que se acredite este señalamiento de la autoridad, así como también que la propia autoridad, en el oficio 143/2012, de 10 de febrero del 2012, asentó que AR28 omitió levantar acta circunstanciada de la negativa en cuestión. 204. Sobre el particular, es aplicable el criterio establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya obligatoriedad deriva del reconocimiento de su competencia contenciosa por parte del Estado mexicano, según el artículo 62, párrafos primero y segundo, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de febrero de 1999, específicamente en la sentencia del caso Fernández Ortega y otros vs. México, de 30 de agosto del 2010, párrafo 112, en que se establece que en los procesos relacionados con violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad de allegarse de pruebas cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos. 205. En el caso, la autoridad justifica su omisión de brindar atención psicológica a V74 en la negativa de la víctima sin proveer de la constancia respectiva, cuya expedición estaba en control del Estado, de manera que no es posible corroborar que V74 se negó a recibir atención psicológica y, por ende, que la autoridad se la hubiera ofrecido. 206. En ese sentido, AR23 y AR28, con sus omisiones, infringieron lo establecido en los artículos 20, apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1.1, 5.1., 7.1. y 11.1., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 2 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder; I, 2, inciso c) y VI.10, de los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las
Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, que, en términos generales, prevén que las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y derechos humanos, para lo cual deben adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico, así como su intimidad; asimismo, que las víctimas de violencia y traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma. 207. Por otra parte, se advierte en el caso violación a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la privacidad y a la seguridad personal, con motivo de la revelación de datos personales de V73, por parte de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, en atención a lo siguiente: 208. En efecto, mediante las notas periodísticas descritas en las evidencias 16 y 19 de este documento, se hicieron públicos los datos de identificación de V73 relativos a su nombre, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y procedencia, entre otros, así como datos personales de sus familiares. 209. En alusión a ello, de las documentales que constan en el expediente se advierte que los datos de identificación de V73 eran del conocimiento de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Matamoros, Tamaulipas, en la cual, el 24 de agosto de 2010, se tomó conocimiento del hallazgo de los 72 cadáveres en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, lo que derivó en el inicio de la AP2. 210. Además, la Secretaría de Marina informó a este organismo nacional que el 23 de agosto de 2010 se hicieron saber a la Procuraduría General de la República las manifestaciones rendidas por V73, institución que al 25 de agosto de 2010 ya había recabado la declaración del agraviado, en el Hospital IS1. De manera que, a partir del 23 de agosto de 2010, personal de la Procuraduría General de la República tuvo conocimiento de lo acontecido con V73. 211. Aunado a lo anterior, destaca que desde el 25 de agosto de 2010, fecha en que AR23 recabó la declaración de V73, comenzaron a divulgarse tanto sus datos personales, como los de sus familiares, en las notas periodísticas publicadas en diversos diarios de circulación local, nacional e internacional. 212. El conocimiento de los datos de identidad de V73 por parte de la Procuraduría General de la República se corrobora con el oficio suscrito por AR23, agente ministerial encargado de la AP2, quien el 27 de agosto de 2010 puso a V73 a disposición del Instituto Nacional de Migración, describiendo sus datos personales tales como nombre, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y procedencia, entre otros, así como datos personales de sus familiares.
213. A lo anterior cabe añadir que de lectura de las notas periodísticas a las que se ha hecho referencia se advierte que, según los medios informativos, la fuente para obtener información relativa a V73 fue “un servidor público federal”. Incluso, en una nota publicada el 6 de septiembre de 2010, en un medio escrito, se advierte que se tuvo acceso a la AP2, indagatoria a cargo de AR23. 214. Por lo anterior, se considera que en el caso se cuenta con indicios suficientes que permiten concluir que AR23 faltó al deber de sigilo en relación con la información de V73, contenida en la AP2, lo que puso en riesgo la integridad y seguridad del agraviado y de sus familiares, en razón de la situación de vulnerabilidad en que éste se encontraba y de su calidad de víctima del delito. 215. Además, en los informes que las autoridades de la Procuraduría General de la República rindieron ante este organismo nacional no se aportaron elementos de prueba, a efecto de acreditar la realización de acciones necesarias para salvaguardar los datos personales de V73, en términos de lo previsto en los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, en que se establece la obligación del Ministerio Público de garantizar la protección de las víctimas, ofendidos y testigos y, en general, de todas las personas que intervienen en el proceso penal, a fin de preservar su integridad. Asimismo, se prevé el carácter estrictamente reservado de los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, así como de los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que se relacionen con una indagatoria. 216. Lo anterior, tomando en consideración que, como se estableció en líneas precedentes, fue hasta el 27 de agosto de 2010 cuando AR23, agente del Ministerio Público de la Federación, puso a V73 a disposición del Instituto Nacional de Migración, por lo que, previo a esa fecha, no se advierten en el expediente constancias con las que se evidencie que ese Instituto contaba con sus datos de identidad; esto, aunado a que desde el 24 de agosto de 2010, cuando se inició la AP2, correspondía a la representación social adoptar medidas para proteger la identidad de V73, sin que se cuente con constancia alguna que acredite tal situación dentro de la referida indagatoria. 217. Se advierte, por tanto, que en el caso, AR23, omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales; así como en los numerales primero y segundo de la Circular número C/06/1996, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1996, en los que se instruye a dar escrupulosa y debida observancia al artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales. 218. Asimismo, la autoridad ministerial AR23 incumplió con lo dispuesto en los artículos 4, apartado C), inciso k), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en que se prevé la obligación legal del Ministerio Público de la Federación, de garantizar los derechos de las víctimas, así como de promover la
reserva de la identidad y otros datos personales de la víctima o el ofendido, entre otros, en el supuesto de que se trate de delitos de privación ilegal de la libertad o delincuencia organizada. 219. El hecho de que los derechos humanos a la información y a la libertad de expresión deben hacerse efectivos en favor de los profesionales de la comunicación, no puede, bajo ninguna circunstancia, implicar que el ejercicio de esas prerrogativas se constituya en situaciones de hecho que, a su vez, vulneren otros derechos humanos estrechamente vinculados con la dignidad, integridad y seguridad de las personas, como se actualizó en el caso, con la violación al derecho a la privacidad de V73, como consecuencia de haberse difundido sus datos personales y de sus familiares, circunstancia que contraviene las disposiciones contenidas en el artículo 6, apartado “A”, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales debe ser protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 220. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya obligatoriedad deriva del reconocimiento de su competencia contenciosa por parte del Estado mexicano, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de febrero de 1999, que en el caso Escher y otros vs. Brasil, estableció que si bien la fluidez informativa que existe hoy en día coloca el derecho a la vida privada de las personas en una situación de mayor riesgo, esto no significa que deban quedar en una situación de vulnerabilidad, por lo que las autoridades tienen la obligación de asumir un compromiso, aún mayor, para garantizar una efectiva protección al derecho a la vida privada. 221. En ese orden de ideas, la debida protección del derecho a la vida privada no se agota en el deber de la autoridad de omitir hacer públicos sus datos personales, sino que también comprende la obligación de crear condiciones y adoptar medidas efectivas para evitar su divulgación. 222. En este caso, AR23, agente del Ministerio Público Federal, responsable de la integración de la AP2, debió implementar medidas para proteger los datos de identificación de V73 y sus familiares, a fin de evitar su difusión, por lo que tal omisión transgrede el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la privacidad del agraviado, previstos en los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafos primero y segundo; 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17.1. del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1.1. y 11.2. y 11.3. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, inciso d), de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, de la Organización de las Naciones Unidas, en los que, en términos generales, se establece que cada Estado Parte protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas.
223. Por otra parte, durante la investigación del caso materia de esta recomendación se presentaron obstáculos y dilación en la colaboración por parte de la Procuraduría General de República, en el sentido de haberse impedido a esta Comisión Nacional el acceso inmediato a la información que obra en su poder, indispensable para conocer respecto de la verdad histórica de los hechos, la identidad de todas las víctimas y constatar que la autoridad ministerial observaba los preceptos del orden jurídico nacional e internacional que amparan la protección a los derechos humanos o, en su caso, documentar su incumplimiento, lo cual se evidencia del contenido de los oficios 767/2010 y PGR/DCAP/ZNE/916/2010 de 27 de septiembre y 3 de noviembre de 2010, signados por AR28 y AR25, mediante los cuales se negó acceso a la información relativa a las averiguaciones previas AP3 y AP4, con el argumento de que se trataba de datos estrictamente reservados, en términos de lo dispuesto en artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales. 224. Se esgrimió, además, que proporcionar cualquier dato relacionado con la indagatoria o permitir el acceso a las constancias que la integran, a personas distintas de las señaladas en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, pondría en riesgo la seguridad personal de los testigos y eventualmente de sus familiares, así como las líneas de investigación que la representación social realiza. 225. Lo anterior constituye una transgresión al principio lógico de no contradicción, ya que la autoridad clasificó la información como reservada, posteriormente como se precisó, la difundió a medios informativos nacionales y, a requerimiento expreso, nuevamente se volvió a negar bajo el argumento de la reserva, de tal manera que divulgó parcialmente y de manera indebida información que se encontraba bajo su custodia, siendo causa de responsabilidad administrativa, según lo establece el numeral 63, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 226. Destaca que para la integración de diversos expedientes de queja, tramitados ante este organismo nacional, la Procuraduría General de la República ha rendido la información solicitada y permitido el acceso del personal de esta institución defensora de los derechos humanos a las averiguaciones previas correspondientes. 227. Además, el 12 de septiembre y 9 de noviembre de 2011, esto es 351 días después de verificada la información correspondiente, finalmente, se permitió a personal de esta Comisión Nacional el acceso a las averiguaciones previas que la Procuraduría General de la República inició con motivo de los mismos. 228. Es así que la negativa de AR25 y AR28 a proporcionar la información solicitada y permitir el acceso a las indagatorias referidas, se traduce en un acto que inhibe las investigaciones a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y obstaculiza las tareas que tiene encomendadas, con lo que se omite atender el contenido de la fracción XIX del artículo 8 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el cual se establece que todo servidor público tiene la obligación de proporcionar, en forma oportuna y veraz, la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos y que, en el cumplimiento de esta obligación, el servidor público debe permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones. 229. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, fracción III, 72, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante oficio 19767 de 15 de marzo de 2013, se dio vista al Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente respecto de AR25 y AR28, servidores públicos de esa institución que impidieron a este organismo nacional el acceso a la información contenida en las averiguaciones previas relacionadas con los hechos materia de esta Recomendación. 230. Adicionalmente, cabe señalar que mediante oficio 1757/2011, de 12 de diciembre de 2011, AR26 puso en conocimiento de esta comisión nacional que el día de los hechos había sido detenido un sospechoso, así como que el 3 y el 7 de septiembre del 2010 se sumaron otros probables responsables, y que el 13 de octubre del 2010, la AP3 había sido consignada y se ejerció acción penal contra 7 individuos. 231. Igualmente, mediante oficio 007197/12 DGPCDHAQI, del 13 de agosto del 2012, signado por el director general de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a quejas e Inspección, de la Procuraduría General de la República, se remitió informe de misma fecha, en que se indica que la AP5, relativa al homicidio de las 72 víctimas, había sido consignada el 28 de junio del 2012 y que el 9 de julio del mismo año se inició la AP6, para continuar con las investigaciones. 232. A pesar de lo anterior, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que a más de tres años de ocurrido el evento materia de esta recomendación, las autoridades de la Procuraduría General de la República aún continúan con el procedimiento de identificación de cuerpos, lo cual incide en la violación al derecho a la debida procuración e impartición de justicia pronta y expedita. 233. En este orden de ideas, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye que la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas y la Procuraduría General de la República, incurrieron en responsabilidad institucional al incumplir con el deber de garantizar los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al
honor, de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades; así como, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la privacidad, en perjuicio de V73 y V74, quienes sobrevivieron a los hechos. 234. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción III; 71, segundo párrafo, y 72, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se considera que en el caso se cuenta con elementos de convicción suficientes para presentar formal queja ante las Visitadurías Generales de ambas Procuradurías, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente respecto de los servidores públicos que participaron en los hechos que se consignan, de manera que se deslinden las responsabilidades que pudieran verse actualizadas con los hechos narrados. 235. Finalmente, debe precisarse que si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño, derivado de la responsabilidad institucional, consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del estado, la recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 236. En razón de lo anterior, se formulan a ustedes, respetuosamente, procurador general de la República y señor gobernador constitucional del estado de Tamaulipas y, las siguientes: V. RECOMENDACIONES A usted, señor procurador general de la República: PRIMERA. Se instruya, a quien corresponda, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para que los agentes de esa Institución observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, ejerciendo sus atribuciones como garantes de tales derechos y asegurando que no enfrenten complejidades que signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de éstos, en términos de lo que se establece en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los instrumentos
internacionales en la materia, hecho lo cual se remitan a esta comisión nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. SEGUNDA. Se instruya a los agentes del Ministerio Púbico y peritos de esa Procuraduría sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, a efecto de que reciban la capacitación necesaria para que en la integración de averiguaciones previas en las que participen se actúe con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos y se garanticen los derechos de las víctimas del delito, según los estándares internacionales de protección de derechos humanos, hecho lo cual se remitan a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. TERCERA. Se practiquen todas las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos y adoptar las medidas necesarias para que en un el plazo razonable se concluya la AP6, hecho lo cual se remitan a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. CUARTA. Se instruya, a quien corresponda, para que los servidores públicos encargados del manejo del Banco Nacional de Datos Genéticos, actúen en coordinación con las instancias competentes, para alimentar esta base de datos y enriquecerla mediante la comunicación con los diversos países de origen de la migración hacia México, de manera que la actuación del Estado Mexicano provea a la identificación de las personas migrantes víctimas de la vulneración de los derechos humanos en forma sistemática y coordinada, hecho lo cual se remitan a esta comisión nacional las pruebas de cumplimiento respectivas. QUINTA. Se giren instrucciones, a quien corresponda, a efecto de que se realicen acciones de coordinación con las demás autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de recabar información respecto de la comisión y combate del delito de privación ilegal de la libertad de personas migrantes, a fin de generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito, hecho lo cual se remitan a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. SEXTA. Se colabore con esta comisión nacional en la presentación y trámite de la denuncia que se promueva ante la Visitaduría General en esa Procuraduría, para que se inicie una investigación administrativa respecto de los servidores públicos de esa institución que omitieron dictar medidas tendentes a la protección de los datos de identidad de V73 y sus familiares, así como respecto de la responsabilidad por la dilación en la identificación de los cuerpos pendientes, hecho lo cual se remitan a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. SÉPTIMA. Se instruya, a quien corresponda, para que, en lo subsecuente, los agentes del Ministerio Público de la Federación, atiendan, en tiempo y forma, las
solicitudes de información que esta comisión nacional formule con motivo de las investigaciones que lleva a cabo por presuntas violaciones a derechos humanos y se remitan a este organismo nacional las evidencias que les sean solicitadas, así como las constancias con que se acredite su cumplimiento. A usted, señor gobernador constitucional del estado de Tamaulipas: PRIMERA. Se instruya, a quien corresponda, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para que en todos aquéllos casos en que los cuerpos de las personas sean enviados a la fosa común, se adopten protocolos de identificación de cadáveres que garanticen a los familiares de las víctimas el conocimiento del destino de sus parientes, informándose a esta comisión nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto. SEGUNDA. Se instruya, a quien corresponda, para que se expidan protocolos o directivas de identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como de procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, de conformidad con los estándares internacionales aceptados, con el objeto de prevenir en el futuro violaciones como las advertidas en el caso que nos ocupa y se remitan a esta institución nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. TERCERA. Se instruya a los agentes del Ministerio Púbico y peritos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, a efecto de que esos servidores públicos reciban la capacitación necesaria para que en la integración de averiguaciones previas en las que participen se actúe con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos y se garanticen los derechos de las víctimas del delito, según los estándares internacionales de protección de derechos humanos, hecho lo cual se remitan a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. CUARTA. Se instruya al procurador general de Justicia de esa entidad federativa, para que en términos de lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscriba, de inmediato, con la Procuraduría General de la República, el Convenio de Colaboración para la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, hecho lo cual, se remitan a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. QUINTA. Se instruya al Procurador General de Justicia y al secretario de Seguridad Pública de la entidad, a efecto de que se realicen acciones de coordinación con las demás autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendentes a recabar información respecto de la comisión y combate del delito de privación ilegal de la libertad de personas migrantes, para
generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito, hecho lo cual se remitan a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. SEXTA. Se giren instrucciones al secretario de Seguridad Pública del estado, a efecto de que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Seguridad Pública y con el Ayuntamiento de San Fernando, y en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se intensifiquen las acciones de vigilancia en cualesquiera de las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas migrantes, a fin de evitar que resulten víctimas de abusos o de conductas delictivas, hecho lo cual se informe a esta comisión nacional. SÉPTIMA. Se colabore ampliamente con esta comisión nacional en la presentación y trámite de la queja que se promueva ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, para que se inicie investigación administrativa respecto de la actuación del personal ministerial y de servicios periciales de esa institución, involucrado en los hechos violatorios a los derechos humanos, así como el incumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por esta institución nacional y se envíen a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento. 237. La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 238. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se les solicita que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, en su caso, se informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a esta notificación. 239. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, se les solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación se envíen a esta comisión nacional dentro de un término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su aceptación. 240. No omito manifestarles que, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos; previniéndolos, de que este organismo nacional, ante una respuesta negativa de su parte, podrá solicitar a las legislaturas de las entidades federativas, al Senado de la República o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, según corresponda, que tanto ustedes como los servidores públicos responsables, comparezcan ante tales órganos legislativos, a efecto de que expliquen los motivos de esa determinación. EL PRESIDENTE DR. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA
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