Source: http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/Espan/Stribunal8-14-00.html
Timestamp: 2016-05-26 18:31:36+00:00

Document:
Caso del Tribunal Constitucional, Resolución de la Corte de 14 de agosto de 2000, Corte I.D.H. (Ser. E) (2000). VISTOS:
1. El escrito de 3 de abril de 2000 y sus anexos, mediante el cual la señora Delia Revoredo Marsano de Mur (en adelante “la señora Revoredo”) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), al amparo de los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y 25 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), una solicitud de medidas provisionales a su favor y de su esposo, señor Jaime Mur Campoverde, relativas al caso del Tribunal Constitucional referente a Perú (en adelante “el Estado”), en trámite ante la Corte. En dicho escrito, la señora Revoredo solicitó a la Corte
2. Los argumentos en los cuales la señora Revoredo fundamentó la solicitud de medidas provisionales son los siguientes:
a. Que durante el proceso que conoció como miembro del Tribunal Constitucional de su país, en el cual se examinó la acción de inconstitucionalidad respecto de una ley “interpretativa” de la Constitución Política del Estado que permitía al actual Presidente del Perú postularse para un tercer período presidencial consecutivo, tres de los siete magistrados actuantes, que sostuvieron la inconstitucionalidad de aquélla “ley interpretativa”, fueron destituidos y sufrieron “todo tipo de presiones: ofertas, amenazas, hostigamientos”. b. Que, por lo que a ella respecta, como al no poder ser procesada ni condenada, en razón de su inmunidad constitucional, los ataques se centraron en su marido, reabriéndose un proceso que ya se había archivado por un supuesto contrabando de un vehículo. Dentro de este período, ella y su marido sufrieron ataques contra sus bienes e interceptación telefónica, además de actos de injerencia en la actividad empresarial de su marido.
c. Que luego de su destitución como Magistrada del Tribunal Constitucional fue designada como Decana del Colegio de Abogados de Lima y Presidenta de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y encargada por entidades de la sociedad civil para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la injerencia del Poder Ejecutivo en las funciones constitucionales de otros órganos del Estado. A consecuencia de ello, fue informada de que su marido iba a ser condenado “y que se haría efectiva su detención”, razón por la cual salieron al exilio. d. Que luego de declaraciones del Presidente del Perú refiriéndose negativamente a la honorabilidad de los esposos Mur, éstos decidieron renunciar al asilo y regresar al Perú.
3. La resolución del Presidente de 7 de abril de 2000, en cuya parte considerativa señaló
4. Que, de [las] disposiciones [de los artículos 63.2 de la Convención Americana y 25.1 y 25.4 del Reglamento de la Corte], resulta claro que la Corte, o, en su caso, su Presidente, puede actuar de oficio en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. La Corte ya lo ha hecho anteriormente (Resolución de 15 de enero de 1988, Medidas Provisionales en los casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales, y Godínez Cruz, considerandos cuarto y quinto). Al no estar la Corte en sesión, su Presidente tiene la facultad de adoptar medidas urgentes, de oficio, en tales casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas.
7. Que los antecedentes presentados en este caso revelan prima facie una amenaza a la integridad de la señora Revoredo. El estándar de apreciación prima facie de un caso y la aplicación de presunciones ante las necesidades de protección, han llevado a esta Corte a ordenar medidas provisionales en distintas ocasiones (cfr., inter alia, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, Medidas Provisionales en el caso Digna Ochoa y Plácido y otros, considerando quinto; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de junio de 1999, Medidas Provisionales en el caso Cesti Hurtado, considerando cuarto; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de mayo de 1999, Medidas Provisionales en el caso James y Otros, considerando octavo; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de junio de 1998, Medidas Provisionales en el caso Clemente Teherán y otros, considerando quinto; Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de julio de 1997, Medidas Provisionales en el caso Álvarez y Otros, considerando quinto; Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 16 de agosto de 1995, Medidas Provisionales en el caso Blake, considerando cuarto; Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de julio de 1995, Medidas Provisionales en el caso Carpio Nicolle, considerando cuarto; Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de junio de 1995, Medidas Provisionales en el caso Carpio Nicolle, considerando quinto; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de diciembre de 1994, Medidas Provisionales en el caso Caballero Delgado y Santana, considerando tercero; y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de junio de 1994, Medidas Provisionales en el caso Colotenango, considerando quinto).
9. Que, en este particular, como ya ha afirmado esta Corte, “es responsabilidad del Estado adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción; este deber se torna aún más evidente en relación con quienes estén vinculados en procesos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana” (cfr. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, Medidas Provisionales en el caso Digna Ochoa y Plácido y otros, considerando séptimo).
13. Que, de acuerdo con el artículo 25.4 del Reglamento, el Presidente de la Corte está facultado únicamente para dictar medidas urgentes necesarias a fin de asegurar la eficacia de las medidas provisionales que pueda adoptar la Corte en su próximo período de sesiones (cfr. inter alia, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de febrero de 1998 en el caso Paniagua Morales y otros y Vásquez y otros; y Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de julio de 1997, Medidas Provisionales en el caso Cesti Hurtado).
Y en cuya parte dispositiva decidió
4. El escrito de la Comisión de 20 de abril de 2000, mediante el cual solicitó a la Corte que “[r]atifique las medidas [urgentes] dictadas por el Presidente de la Corte el 7 de abril de 2000 en favor de la señora Delia Revoredo Marsano de Mur”.
5. La no presentación por parte del Estado, ni dentro del plazo otorgado ni con posterioridad a éste, de los informes requeridos en los puntos resolutivos 2 y 3 de la resolución del Presidente de la Corte de 7 de abril de 2000.
1. Que el Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia de la Corte el 21 de enero de 1981.
5. Que la resolución del Presidente de 7 de abril de 2000 fue adoptada conforme a derecho y ajustada al mérito de los hechos y circunstancias que justificaron la adopción de medidas urgentes y que esta Corte la ratifica en todos sus términos.
6. Que la Comisión ha pedido a este Tribunal mantener las medidas provisionales en el presente caso, por cuanto “[l]a extrema gravedad y urgencia de la situación, ha quedado de manifiesto en el relato de los hechos”.
7. Que la solicitud de medidas provisionales está relacionada con el caso del Tribunal Constitucional, en trámite ante la Corte.
8. Que la Corte considera que el Estado tenía el deber, de acuerdo con la resolución del Presidente de 7 de abril de 2000, de ordenar cuantas medidas sean necesarias para “asegurar eficazmente la integridad física, psíquica y moral de la señora Delia Revoredo Marsano de Mur, peticionaria en el caso del Tribunal Constitucional en conocimiento de esta Corte”.
9. Que la Corte ha establecido que es responsabilidad del Estado “adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción; este deber se torna aún más evidente en relación con quienes estén vinculados en procesos ante los órganos de supervisión de la Convención Americana”[1].
10. Que esta Corte ya ha hecho notar a algunos Estados las omisiones en que han incurrido respecto a su obligación de adoptar providencias atinentes a las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal[2].
11. Que el Estado ha omitido presentar, hasta la fecha, el informe urgente que le fuere requerido por la Resolución del Presidente de 7 de abril de 2000, tanto sobre las medidas adoptadas para asegurar eficazmente la integridad física, psíquica y moral de la señora Delia Revoredo Marsano de Mur como sobre la situación de ésta.
12. Que el incumplimiento por parte del Estado es especialmente grave dada la naturaleza jurídica de las medidas provisionales, que buscan la prevención de daños irreparables a las personas en situación de extrema gravedad y urgencia.
13. Que, tal y como lo ha señalado este Tribunal, “[l]os Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos[3].
14. Que la disposición establecida en el artículo 63.2 de la Convención confiere un carácter obligatorio a la adopción, por parte del Estado, de las medidas provisionales que le ordene este Tribunal, ya que “el principio básico del derecho de la responsabilidad del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, [ha señalado que] los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales de buena fe (pacta sunt servanda)”[4].
15. Que, asimismo, el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que motivan esta solicitud de medidas provisionales con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones pertinentes.
4. Requerir al Estado que, a partir de la fecha de notificación de esta resolución, presente informes sobre las medidas provisionales adoptadas en el presente caso cada dos meses.
5. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que remita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sus observaciones sobre dichos informes del Estado, en un plazo no mayor de seis semanas contadas desde su recepción.
[1] cfr. inter alia, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de octubre de 1996, Medidas Provisionales en el caso Giraldo Cardona, considerando séptimo; Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de marzo de 1998, en el caso Clemente Teherán y otros, considerando séptimo; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, Medidas Provisionales en el caso Digna Ochoa y Plácido y otros, considerando séptimo; y Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de abril de 2000, Medidas Urgentes en el caso del Tribunal Constitucional, considerando noveno y supra Visto 9.
[2] cfr. inter alia, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de junio de 1998 en el caso Carpio Nicolle; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 1998 en el caso Carpio Nicolle; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 1998 en el caso Giraldo Cardona; Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 30 de septiembre de 1999 en el caso Giraldo Cardona; y Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de noviembre de 1999 en el caso Cesti Hurtado.
[3] Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37 y Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 36.
[4] cfr. inter alia, Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y Otros. Cumplimiento de sentencia. Resolución de 17 de noviembre de 1999. Serie C No. 59, considerando cuarto; y Caso Loayza Tamayo. Cumplimiento de sentencia. Resolución de 17 de noviembre de 1999. Serie C No. 60, considerando séptimo; Resolución de la Corte de 14 de junio de 1998, Medidas Provisionales en el caso James, Briggs, Noel, García y Bethel, considerando sexto; Resolución de la Corte de 29 de agosto de 1998, Medidas Provisionales en el caso James y otros, considerando séptimo; y Resolución de la Corte de 27 de mayo de 1999, Medidas Provisionales en el casos James y otros, considerando noveno.

References: Resolución 
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 artículo 25
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 artículo 63
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