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Timestamp: 2018-12-17 02:18:06+00:00

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Violencia laboral y discriminación en el ámbito de la Gendarmería Nacional. Responsabilidad del Estado. Procedencia.
Juzg. Civ. y Com. Fed. Nro. 10 -
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2014.
Y VISTOS: Para dictar sentencia en este expediente caratulado: “C., E. C/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE SEGURIDAD GENDARMERIA NAC S/ ACCIDENTE DETRABAJO/ ENFERM. PROF. ACCION CIVIL” (Nro. 6932/2011), de cuyo estudio,
1.- A fs. 5/21 se presentó Exequiel Cappiello, mediante letrada apoderada, promoviendo demanda por accidente- enfermedad de trabajo contra el Estado Nacional -Ministerio de Seguridad- Gendarmería Nacional Argentina por la suma de $ 300.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, más actualización monetaria, intereses y costas.
Dijo que se incorporó por concurso a la Gendarmería Nacional en el año 2005 en la especialidad de meteorólogo por concurso, como Subalférez de Escalafón “Apoyo Técnico”, por los conocimientos técnicos y profesionales que tenía al poseer título de Observador Meteorólogo.
Contó que se desempeñó como oficial de escalafón técnico, por lo cual carecía de formación militar y por cuanto no recibió instrucción en el tema, no obstante debió portar armas de guerra y realizar guardias de servicio en Campo de Mayo.
Continuó diciendo que luego fue destinado al helipuerto del Edificio Centinela en la zona de Retiro y que alternaba dicho trabajo con las guardias en Campo de Mayo -un día uno y al otro día el otro-.
Agregó que no obstante de las distintas funciones asignadas, siempre demostró su voluntad de superarse y cumplir con cada una de las tareas asignadas, aunque sufrió permanentemente maltrato verbal, agravios y humillaciones respecto a su conocimiento y estado físico por parte de sus superiores inmediatos Silvero, Bilbao y Fernández.
Aseveró que le decían “cucaracha” por no ser un oficial de escuela y que lo discriminaban por su color de piel, a consecuencia de lo cual comenzó a sentir un malestar general, angustia y depresión debiendo efectuar el correspondiente reclamo y denuncia por el maltrato del que era objeto que nunca fue respondido.
Contó que asistió al Servicio de Sanidad de Aviación y a partir del 7.10.08 le diagnosticaron “Trastorno Adaptativo Psicofarmacológico”, y recién el 7.1.09 le iniciaron la Información Militar 01/09 Registro del Centro de Operaciones Aéreas por “Trastorno Adaptativo Mixto- Síndrome de Ansiedad-“.
Sostuvo que, encontrándose con consultas y tratamiento psiquiátrico, sin prestar servicio, fue sancionado injustamente el 20.10.08 por no presentarse en Campo de Mayo para notificarse, a altas horas de la noche, de la resolución que disponía su no confirmación en el grado, resolución que recurrió para impugnarla y hacer valer sus derechos constitucionales, laborales y cumplir con el reglamento de la fuerza.
El 19.11.08 le notificaron la desestimación del recurso y que sería pasado a disponibilidad a partir del 7.11.08 sin concederle las licencias que le correspondían por su enfermedad originada y agravada en los actos de servicio propios cumplidos bajo las órdenes de la contraria.
Añadió que fue dado de baja, considerándolo apto, sin percibir indemnización alguna, sin goce de la licencia por enfermedad, perdiendo también toda la cobertura médica.
Explicó que la demandada lo clasificó “DAF” (Disminuido en sus Aptitudes Físicas) por la afección psicológica que padece, la cual se consideró que no estaba relacionada con los actos de servicio.
Manifestó que se encuentra deprimido, estresado, que no tiene una vida normal y que sus familiares lo ayudan para asistir a médicos y psicólogos y así recuperarse prontamente.
Citó jurisprudencia que considera aplicable al caso.
Planteó la inconstitucionalidad de la normativa que indica.
Realizó un reclamo indemnizatorio en concepto de enfermedad laboral, pérdida de chance, daño moral, lucro cesante.
Ofreció prueba -la amplió a fs. 54-, fundó en derecho e hizo reserva del caso federal.
2.- Notificado el traslado de la demanda, a fs. 80/87 se presentó el Estado Nacional- Gendarmería Nacional -mediante letrado apoderado-, contestándolo, oportunidad en la que dejó pedido su rechazo, con costas.
En cumplimiento de la carga que le impone el artículo 356, inc. 1) del Código Procesal, formuló una lista de negativas respecto de hechos afirmados en el inicio.
Dijo que el actor, al igual que todos los profesionales incorporados, realizó el “Curso de Preparación de Servicios para el Personal Superior en Comisión”, donde se los prepara en diversas materias relacionadas con la vida institucional.
Sostuvo que sólo prestó servicios en el Centro de Operaciones Aéreas, salvo cuando realizó el curso referido en la Ciudad de Mercedes en la Provincia de Buenos Aires.
Manifestó que el desempeño del actor durante su permanencia en la fuerza fue de discreto a pobre, transcribiendo, seguidamente, parte de las diferentes evaluaciones realizadas por sus superiores, como así también de las sanciones que se le aplicaron, las que no fueron impugnadas por él.
Explicó que el régimen de los profesionales incorporados a la fuerza se caracteriza por un período de tres años en los que prestan servicio “en comisión”, período durante el cual deben demostrar sus conocimientos profesionales y su adaptación al régimen de servicio. Luego, se determina si se encuentran en condiciones de ser confirmados en el grado y efectivizarse el alta.
Apuntó que al analizar los antecedentes del actor se apreció nítidamente que no cumplió con las exigencias mínimas para las cuales había sido seleccionado, determinando su baja de la fuerza el 31.5.09.
Contó que se le brindó la oportunidad de perfeccionar sus conocmientos al alentarlo a cursar la Licenciatura de Ciencias de la Atmósfera, autorizándolo a concurrir dos veces por semana a la facultad y otorgándole un suplemento para pagar los gastos extras que demandaba la carrera, no obstante lo cual, al poco tiempo, abandonó los estudios sin informarlo a sus superiores.
Hizo referencia a que sus compañeros coinciden en que Cappiello nunca se adaptó al régimen interno de la fuerza, constantemente les hablaba de sus problemas personales y financieros, y que en reiteradas oportunidades se lo reconvino a mejorar su desempeño profesional.
Sostuvo que la enfermedad del actor fue investigada y diagnosticada por la Junta Médica Regional y la Junta Superior de Reconocimientos Médicos y Asuntos Médicos Legales, y que en todo momento se le brindó atención y las licencias médicas que su estado de salud requería.
Afirmó en que no existe actuación ilegítima del Estado Nacional, que en todo momento ha actuado de conformidad cn la normativa aplicable, sin violar la ley ni los derechos del actor.
Realizó un análisis de la responsabilidad civil.
Ofreció prueba, fundó en derecho e hizo reserva del caso federal.
3.- Abierto el juicio a prueba (conf. fs. 94), las partes produjeron la que obra en autos y la reservada en Secretaría en el casillero 41(2).
4.- Puestas las actuaciones a los fines establecidos por el artículo 482 del Código Procesal (conf. fs. 167), las partes cumplieron con esta tercera etapa del proceso, la actora a fs. 171/180 y la demandada a fs. 182/184.
5.- A fs. 188/190 luce el dictamen del Sr. Fiscal Federal.
Por último, mediante providencia de fecha 3 de octubre del corriente, la que está firme, se llamó AUTOS PARA SENTENCIA, y
1.- Antes de entrar al examen de fondo del asunto, diré que resulta innecesario analizar todos y cada uno de los planteamientos efectuados, por lo que ceñiré mi pronunciamiento a exponer las razones que estimo conducentes para la justa composición del diferendo (conf. C.S., Fallos: 265:301; 278:271; 287: 230; 294:466).
Me atengo así a la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros).
2.- Establecido lo anterior, advierto que a esta altura del debate no se encuentra controvertido que el actor prestó servicios como Subalférez Escalafón Apoyo Técnico en el Centro de Operaciones Aéreas de la Gendarmería Nacional, institución a la que ingresó por concurso como Técnico Superior en Meteorología (conf. fs. 81 vta.) desde su incorporación en el año 2005 y hasta que fue dado de baja de la fuerza el 31.5.09 (conf. fs. 81 vta.).
Atendiendo a la particular naturaleza de los daños cuya reparación se reclama y sus eventuales causas, se debe definir si tienen nexo causal o concausal con el servicio que prestaba si obedeció a otros factores totalmente ajenos a éste.
Ahora bien, la causa debe ser ubicada en el marco de la responsabilidad contractual (conf. Sala II, causas 6134 del 7.10.88 y 11.208/94 “Astariz Miguel Angel c/ Estado Nacional Ministerio de Cultura y Educación” del 9.2.99, ABELEDO PERROT Nº: 20000421 y JA 2000-I-233; ver J. J. Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", t. IV-B, Buenos Aires, 1980, n. 2857, p. 182), en la cual, acreditado el nexo de causalidad entre el accidente y/o la enfermedad y las condiciones laborales, el incumplimiento del deber de seguridad que incumbe al empleador hace presumir su culpa; principio uniformemente aceptado por la jurisprudencia y la doctrina (conf. Sala II, causa 11.208/94 “Astariz” precit.). Salvo, claro está, que dicha presunción se enerve con una prueba clara y categórica que demuestre que la demandada adoptó las precauciones que las circunstancias exigían (conf. Sala III, causas 7.092/00 del 6.11.07 y sus citas y 9.617/01 del 19.4.12).
Esa obligación que incumbe al principal respecto de sus dependientes, en orden a la preservación de su integridad psicofísica, es inherente al contrato -llámese de trabajo o de empleo público- que vinculó a las partes y preexistente al infortunio (conf. Sala II, causas 6134 del 7.10.88, 8872/99 del 1.4.2003 y 4598/2000 del 2.12.04; ver asimismo, J.J. Lambías, “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Bs.As.1980, t. IV-B, nro. 2857 y “La acción de derecho común originada en un accidente de trabajo”, LL-1979-C-852; F. Trigo Represas, “La responsabilidad civil por el hecho de las cosas y los accidentes del trabajo”, D.T., t.XXXII-765; A. Vázquez Vialard, “Efectos laborales de los infortunios y su reparación según las normas del derecho común y del trabajo”, Revista del Colegio de Abogados de Córdoba, nro. 7, p.59/60).
En este mismo orden de ideas, debo resaltar que el Estado empleador tiene como obligación principal la de satisfacer la prestación remuneratoria cuya sustancia es eminentemente patrimonial. Sin embargo, dentro del plexo de poderes y deberes mutuos que la ley distribuye entre las partes del contrato, también es deudor de la obligación de seguridad, la cual le impone el deber de adoptar todas las conductas positivas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica, sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica del trabajador. Tal como lo declaró la Corte Suprema, los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador están prohibidos por el principio alterum non laedere (conf. causa Aquino, Isacio v. Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidentes ley 9688 del 21.9.04) y ésta es una genérica imputación del deber de obrar con especial prudencia y previsión (calificante según los arts. 902 y 909 del C. Civil), con un grado de previsibilidad superior al del hombre medio (conf. C. N. Trab., Sala 7ª, 27.8.93- Rivarola, Virgilio v. Antognoni, Carlos s/ despido).
La obligación de seguridad incluye, asimismo, la protección del trabajador por los riesgos psicosociales, entre los cuales se encuentra la violencia laboral, que ha sido considerada como uno de los riesgos emergentes del trabajo actual (conf. M. Velázquez Fernández, La respuesta jurídico legal ante el acoso moral en el trabajo o “mobbing”, disponible online en www.comfia.net/archivos/mobbing_juridico.pdf).
Por otro lado, la responsabilidad que le cabe al Estado como empleador por instalar tales comportamientos abusivos o consentirlos, debe ser juzgada con el standard agravado al que me he referido, ya que su condición de empleador lo obliga de manera peculiar, al margen de ponderar que en el caso de que, por tratarse del Estado Nacional, su actividad se debe desarrollar, como siempre, al “hilo de la ejemplaridad” (conf. J. Mosset Iturraspe, “Visión iusprivatista de la responsabilidad del Estado”, Revista de Derecho de Daños, nro. 9, Responsabilidad del Estado, p. 11/12). Pero también como gerente del bien común, ha de requerírsele con mayor rigor, el respeto de la buena fe en sus relaciones con los particulares y, en especial, con aquéllos que se encuentran en relación de dependencia con él (conf. C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, causa Waiman, Roberto c. Estado Nacional del 5.6.07).
3.- Centrado entonces el estudio en el ambiente en el que se desenvolvió la problemática de maltrato laboral que invoca el actor, es necesario efectuar algunas precisiones.
Los términos "violencia en el trabajo" o "violencia laboral" son utilizados indistintamente para definir toda acción o comportamiento que se aparte de lo razonable, mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra y/u otras en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de ella.
Ahora bien, dentro del fenómeno de la violencia, debe distinguirse la que es física, de la que es psicológica.
El “mobbing” es una de las manifestaciones de la violencia laboral psicológica y ha sido definido por distintos autores, entre ellos, Heinz Leymann e Iñaki Piñuel y Zabala, como el proceso en el cual una persona o grupo de personas ejercen violencia psicológica extrema de forma sistemática y durante un tiempo más o menos prolongado sobre otra y/u otras en el lugar de trabajo con el objeto de lograr, por ejemplo, que la/s víctima/s abandonen su puesto.
En esta patología socio-laboral está involucrada toda conducta abusiva de violencia psicológica, o el conjunto de acciones, omisiones, hechos o comportamientos de agresión, desarrollados en el ámbito de las relaciones laborales (conf. J. J. Ardoy, Mobbing. Bossing. Responsabilidad del Estado y los Tratados de Derechos Humanos, LL Litoral 2009-diciembre, 1195), durante un tiempo más o menos prolongado, a través de agresiones continuadas, persistentes y deliberadas ejecutadas en forma sistemática ya que por su repetición se tiende a menoscabar el ánimo del trabajador (en busca, por ejemplo, de obtener su renuncia). Se trata de un fenómeno que atenta contra la dignidad e integridad psíquica o física del trabajador, susceptible de alterar su salud y provocar su autolimitación y denigración.
El bien afectado es la dignidad humana, que es el derecho base y constituye el fundamento de todos los demás derechos fundamentales, por lo que la violencia laboral se debe considerar como un ataque al Estado de Derecho y a sus principios esenciales. Atenta, además, contra los derechos fundamentales del trabajador, inherentes a la condición humana, tales como el derecho a la vida, a la salud; respeto de la integridad física, psíquica y moral del trabajador, a la intimidad personal y a la propia imagen; respeto a su honra, a su dignidad y a no ser discriminado ni recibir trato degradante, todos ellos contemplados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional (la reseña de estas normas internacionales se puede consultar en el artículo de mi autoría: “El acoso psicológico en el ámbito laboral de los poderes públicos y la responsabilidad del Estado”, publicado en SJA 29.12.04; JA 2004-IV-1380 y disponible online en ABELEDO PERROT Nº: 0003/011023).
Esta práctica invade la esfera jurídica del trabajador, con violación del principio neminem laedere, contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, al lesionar su integridad psicofísica, ya que no es extraño que aparezcan síntomas de compromiso físico o psíquico que la jurisprudencia ha catalogado como accidentes o enfermedades de trabajo, o merecedores de una indemnización especial o agravada (conf. J. A. Grisolía, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ed. Abeledo Perrot, 2008, disponible online en ABELEDO PERROT Nº: 5610/001176).
En cuanto a la prueba de la violencia laboral, cabe destacar que recibe aplicación la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que encuentra su fundamento en el principio de solidaridad ética que establece el deber de probar de quien se encuentre en mejores condiciones de hacerlo.
Luego, meritando las características propias de la dependencia laboral y de las conductas humanas involucradas, se impone el principio de primacía de la realidad y, en atención a la especial sensibilidad que el/la juzgador/a debe tener en esta materia, no corresponde que se detenga en la superficie aparente de las situaciones jurídicas, sino que debe buscar en lo más profundo, o sea, en lo real (conf. M. A. Maza, El despido discriminatorio: una pequeña derogación con grandes consecuencias jurídicas, Jurisprudencia Argentina, Lexis Nº 0003/400344).
Partiendo de la base de que la prueba de la violencia laboral no debe caer automáticamente sobre el empleador, es necesario que el trabajador aporte los elementos de juicio indiciarios que permitan inferir la existencia del hecho.
En el caso, el actor ha cumplido con este cometido pues sus dichos están acreditados con el testimonio de uno de sus compañeros de trabajo (conf. fs. 112 y vta.), el que está corroborado con el dictamen pericial psicológico rendido en autos.
Adviértase que el experto no advirtió signos de que hubiera simulación en el relato del actor cuando éste le refirió la situación de maltrato que había experimentado durante la relación laboral con la demandada (conf. fs. 126, resp. preg. 5 de la demandada), conclusión ésta que además de implicar una evaluación en forma profesional y científica, no fue impugnada por la demandada (conf. Sala III, causa 6151/07 del 21.6.12; C. Trab. del Neuquén, Sala I, causa “Daniel, Silvia c. Delave, Fernando, citado en el artículo de mi autoría, “La prueba de la violencia psicológica en el ámbito laboral, Rev. De Derecho Laboral, año 2009-1, “Discriminación y violencia laboral-II”, p. 546).
Ahora bien, toda vez que aquélla estaba en mejor posición para ilustrar acerca de las condiciones en que se desenvolvía la relación entre ella y su actual contendiente, le correspondía, como imperativo de su propio interés, invocar y probar las razones objetivas que hubieren justificado el proceder inadecuado de sus dependientes, quienes, a su vez, eran los superiores del actor (conf. C. Nac. Civ., Sala M, doctr. de la causa P., M. c. Cía. de Servicios Hoteleros S.A. del 5.6.01, JA 2001-IV-384).
Nótese que no sólo no rindió dichas probanzas sino que al negar en el responde el maltrato que invoca el actor (conf. fs. 80 vta.), expuso meras negativas genéricas al respecto que importaron la articulación de un artificio defensivo que puso en evidencia una actitud esquiva y carente de aptitud para dejar sin sustento, por sí solas, las alegaciones de su contraparte.
Además, la sintomatología que presentó el actor y motivó que estuviera con licencia psiquiátrica se hizo evidente en setiembre de 2008, luego del proceso sancionatorio al que fue sometido (conf. fs. 82 y vta., 25.10.05, 5.5.07, 20.4.07, 16.5.07, 15.5.06, 31.5.06, 13.6.06, 2.6.06, 21.10.08 y 29.7.08; ver también fs. 70/1 vta. del expte. adm.). siendo irrelevante el hecho de que no hubiera impugnado las sanciones, por cuanto a partir del silencio del trabajador no se puede tener por abdicada la prerrogativa laboral de efectuar los reclamos basados en comportamientos persecutorios, por cuanto se requiere del paso del tiempo y de la consecuente acumulación de evasivas para la consolidación de los efectos dañosos (conf. C. Nac. Trab., sala 9ª, 23.10.01, Campos, Juan C. y otro v. Telefónica de Argentina S.A. s/juicio sumarísimo).
En particular, el Sr. Cappiello expuso en el escrito inicial que sufrió permanentemente maltrato verbal, agravios y humillaciones respecto a su conocimiento y estado físico por parte de sus superiores inmediatos Cmte. Victor Silvero y Alfzs. Guillermo Adolfo Bilbao y Alférez Mauricio Javier Fernández. Puntualmente, aseveró que le decían que era una “cucaracha” por no ser un oficial de escuela y que lo discriminaban por su color de piel, todo lo cual determinó que padeciera malestar general, angustia y depresión (conf. fs. 7).
A su vez, en la denuncia de violencia laboral que efectuó en el expediente administrativo el 16.2.09 (conf. fs. 155 y vta. de dichas actuaciones), explicitó con más detalle las calificaciones agraviantes que recibió. Del estudio de dichas actuaciones, que tengo a la vista, no se advierte se haya investigado la situación, ya que sólo fueron citados los nombrados anteriormente sin que se les preguntara sobre las imputaciones que había planteado el actor (conf. declaraciones de A.G. Balboa, fs. 139/41, M. Fernández, fs. 137 /38 y V. D. Silvero, fs. 131/32 vta. de dichas actuaciones).
Tal como lo anticipé, la situación descripta por el Sr. Cappiello está confirmada con la declaración del testigo O. J. Guiñazú, quien fue su compañero de trabajo y, como tal, era quien podía aportar datos al respecto. Repárese en que, en muchas ocasiones, la prueba testimonial constituye el único elemento de convicción del cual depende el magistrado para esclarecer cuestiones de la naturaleza de la que se debate en autos (conf. C. Nac. Trab., sala 3ª, 26.9.08.- Juárez Víctor M. v. Petit Paris S.A.).
El hecho de que se trate de un único testimonio no obsta a la validez de los dichos y de que éstos tengan eficacia probatoria para confirmar el relato del actor. Aparte de ello, reitero, el perito no advirtió que hubiera habido simulación en su relato (conf. fs. 126, resp. preg. 5 de la demandada), en el sentido de que experimentó violencia psicológica en el ámbito laboral pues las actitudes persecutorias aparecen plasmadas en recargos de tareas, supervisiones desmedidas, maltrato, irrespetuosidad notoria, cuestionamientos, exigencias de resultados sin sentido y presiones (conf. Sup. Corte Bs. As., 10.5.06, Sánchez, Carlos E. v. Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, RDLSS 2006-17-1581).
El testigo mencionado declaró que el jefe del actor le hacía cumplir funciones que no eran las que le correspondían, no le daban los permisos que solicitada y que lo recargaban con tareas (conf. fs. 112 vta., 6° preg.). Dijo asimismo que lo trataban mal y que le hacían llamados de atención en público cuando a otros se los hacían en privado (conf. fs. 112 vta., resp. preg. 7°) y que el jefe quería sacárselo de encima (conf. fs. 112 vta., resp. preg. 9°).
La demandada no cuestionó esta declaración pues no concurrió a la audiencia respectiva (conf. fs. 112) y tampoco hizo mención a ella en su alegato ni aportó, como lo señalé antes, ningún elemento de prueba capaz de desvirtuarla, ya que no citó como testigos en el presente proceso, al Cmte. Silvero y a los Alfs. Sánchez y Bilbao, quienes eran los superiores del actor y habían declarado en sede administrativa.
A su vez, la discriminación existió pues surge del testimonio rendido en autos que el actor recibió un tratamiento de disfavor violándose la igualdad de trato y el artículo 16 de la Constitución Nacional (conf. fs. 112 vta., resp. preg. 7°)
Si a ello se suma que el trastorno adaptativo mixto se desencadenó el 24.9.08 (conf. los certificados médicos obrantes en las constancias administrativas), es evidente que el proceso sancionatorio al que he aludido fue lo que lo llevó a tomar licencias médicas generándose así el vacío organizacional de su puesto de trabajo.
En las apuntadas condiciones, el obrar de los superiores del actor no se adecuó a pautas de razonabilidad y prudencia (doct. de los arts. 512 y 902 del Código Civil), aparte de que la demandada no investigó la denuncia de maltrato que efectuó el actor ante ella en las actuaciones administrativas a fs.155 y vta.
Con relación a la existencia de nexo causal entre la situación y los padecimientos del Sr. Cappiello, la demandada cuestiona que el perito se haya pronunciado afirmativamente, lo cual deviene irrelevante por cuanto, de todas maneras, al Juez le compete determinar si se verifica o no tal extremo.
Entiendo que la nocividad del ambiente laboral que describió el testigo Guiñazú y confirmó el experto, tuvo entidad suficiente para afectar al actor verificándose entonces el incumplimiento del deber constitucional del empleador de garantizar condiciones de trabajo dignas y con la obligación legal de seguridad e higiene en el empleo, conforme lo exigen los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
En consecuencia, la demandada debe responder por dicho incumplimiento, no sólo por ser titular de dichas obligaciones, sino también por tener a su cargo el pleno poder de organización y dirección, lo cual constituye una exigencia derivada del principio de buena fe exigible al buen empleador, cuyo respeto es exigible al Estado con mayor rigor y, en especial, con aquéllos son sus agentes (conf. C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, causa Waiman, Roberto c. Estado Nacional del 5.6.07, precit.).
4.- Admitida la responsabilidad, me ocuparé ahora de examinar el capítulo "daños" que reclama el Sr. Cappiello y que desglosa en los siguientes ítems: daño material -pérdida de ingresos de haber permanecido en la fuerza- ($773.500), daño moral (que estima en el 30% del daño material) e incapacidad permanente total ($300.000).
Trataré por separado cada una de estas partidas, sin perjuicio de analizarlas en conjunto cuando así sea necesario.
4.1.- Daño material (pérdida de los ingresos de haber permanecido en la institución)
Toda vez que la decisión de no confirmar al actor en su cargo fue adoptada por la emplazada como consecuencia del proceso sancionatorio llevado a cabo en un contexto en el que, tal como se acreditó, el actor fue hostigado por sus superiores, resulta procedente la pretensión esgrimida de ser resarcido de la pérdida de la chance de percibir los salarios de haber permanecido en la fuerza (conf. Trigo Represas y López Mesa, "Tratado de la Responsabilidad Civil", T. I, ps. 455 y 465; Sala III, causa "V., C.A. v. Ministerio de Justicia y Seguridad" del 18.2.09), la cual no se identifica con el beneficio seguro de los sueldos que hubiera percibido de permanecer en la institución sino con la frustración de las posibilidades de percibirlos (conf. Sala II, causas: 1368 del 12.7.82; 2601 del 27.4.84; 2837 del 20.8.84; 2684 del 6.11.84; 3342 del 8.3.85; 4013 del 3.12.85; 4688 del 28.10.86; 5346 del 11.9.87, entre otras).
Siguiendo las pautas prudenciales que consagra el artículo 165, ultima parte, Cód. Procesal y considerando que este ítem no se identifica con el lucro en sí, sino que tiene su propia medida -la que es de dificultosa valoración-, considero justo fijar la indemnización respectiva en la suma de $ 100.000.
4.2.- Incapacidad permanente
a.- Este capítulo de los daños es indemnizable en forma autónoma como daño biológico, daño a la integridad física, daño a la salud, etc. y comprende cualquier disminución física o psíquica que afecte la capacidad productiva no sólo la faz laboral sino la influencia negativa que la incapacidad proyecta sobre todas las posibles actividades de la vida de relación, en tanto dotadas de contenido patrimonial (conf. Sala II, causas: 6880 del 19.2.80; 8127 del 14.3.80; 8978 del 29.8.80; 161 del 13.11.80, entre muchas otras).
Lo que interesa es que los menoscabos sufridos por la víctima sean adecuadamente indemnizados, por lo que bajo este rubro consideraré las consecuencias que la afección psíquica genera en el ámbito de los daños materiales.
En el caso, el perito psicólogo informó que el actor presenta un cuadro psicopatológico de trastorno de ansiedad generalizado acompañado de distimia (conf. fs. 126), que le ha provocado una incapacidad del 10% (conf. fs. 125 y 126). Mencionó asimismo que no puede cumplir un examen preocupacional para tareas similares a las que desarrollaba (conf. fs. 125).
Teniendo en cuenta que ello incide en la posibilidad de conseguir trabajo y que es razonable esperar que el tratamiento al que habrá de someterse el accionante (conf. fs. 125 y fs. 126), servirá para disminuir la pérdida y como una preparación mental para afrontar eventuales desajustes o desequilibrios psicológicos (conf. Sala II, causa 1039/98 del 17.4.09 y sus citas), corresponde establecer prudencialmente esta partida de los daños en la suma de $ 30.000.
b.- En cuanto a los tratamientos futuros, el experto consideró que el actor debe seguir un tratamiento psicoterapéutico para superar los hechos traumáticos y recomendó que éste tuviera una duración de seis meses (conf. fs. 126).
Ponderando estas circunstancias, como así también el costo que informó (conf. fs. 125) y los valores actuales que surgen de la experiencia, estimo justo establecer prudencialmente este ítem (art. 165 última parte, Cód. Procesal), en la suma actual de $ 20.000.
4.3.- Daño moral
Este capítulo de los daños es la lesión en los sentimientos que determinan dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir.
Siendo así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido. En su justiprecio, ha de recurrirse a las circunstancias sociales, económicas y familiares de la víctima y de los reclamantes, valoradas con prudencia para evitar un enriquecimiento indebido.
La reparación del daño moral debe determinarse ponderando esencialmente la índole de los sufrimientos de quien los padece y las posibles oscilaciones de agravación o de disminución, pasadas o futuras”; supone indagar sobre la índole del interés espiritual lesionado y sobre las proyecciones disvaliosas en la subjetividad del damnificado que derivan de dicha minoración (conf. D. Pizarro, Valoración y cuantificación del daño moral, el LLC 2006, 893 –RCyS 2006 –XI, 121, conf. Sala II, causa 17292/95 del 17.10.1995, entre otras).
En esta materia, la jurisprudencia de la Cámara del fuero asigna a la indemnización de este daño carácter principalmente resarcitorio (conf. Sala II, causas: 4412 del 1.4.77; 6095 del 6.12.77; 6498 del 4.4.78; 8275 del 23.10.79; 8636 del 21.3.80; 8978 del 29.8.80), descartando el erróneo criterio -carente de base lógica y jurídica- de proporcionarla a la magnitud del menoscabo patrimonial (conf. Sala II, causas: 6883 del 15.9.78; 7345 del 29.9.78; 7722 del 4.5.79; 7893 del 19.6.79; 8307 del 20.10.79; 317 del 24.3.81 y muchas más).
Habida cuenta de que el actor, como consecuencia del obrar antijurídico que da origen a estas actuaciones, sufrió un daño en su personalidad, se afectó su vida de relación y su proyecto de vida, juzgo equitativo fijar la indemnización por este concepto en la suma actual de $ 50.000.
5.- Intereses
Las indemnizaciones de los daños, han sido expresadas según los valores que rigen a la fecha de este pronunciamiento por tratarse de deudas de valor (conf. J. J. Llambías, Tratado de Derecho Civil, 3ra. Edición, T III, pág. 711), por lo que los accesorios correspondientes deben ser computados a la tasa del 6% anual.
En este sentido, cabe mencionar que la Corte Suprema ha resuelto que la determinación del capital actualizado debe llevar a la reducción de los intereses para evitar una grave alteración de los valores contenidos en la condena, habida cuenta de que las ulterioridades que llevan a modificar los montos nominales establecidos traen consigo la necesidad de armonizar tales accesorios (conf. Fallos 308:2402; 314:749, 760:881, entre otros; Sala III causa Cianciulli, Santiago v. Alas Argentinas S.R.L., 10.8.10 Lexis Nº 70067302).
En cuanto al punto de partida, aunque el sub lite se desenvuelve en la órbita de la responsabilidad contractual, como el incumplimiento del deber de seguridad es definitivo, no es necesaria interpelación alguna para que los intereses inicien su curso (conf. Sala II, causa 650/98, "Arriola, Santiago v. Unión Tranviarios Automotor y otros s/daños y perjuicios", del 3.9.98, consid. 6 y sus), por lo que los intereses iniciarán su curso desde que el actor debió tomar la licencia psiquiátrica el 24.9.08 (conf. certificado médico obrante en el legajo del actor), pues fue en ese preciso instante en el que los daños aquí admitidos quedaron configurados como daños definitivos (conf. Sala III, doctr. causas 3.387/96 del 5.7.05 y sus citas y 7.202/04 del 28.8.07).
A partir de la fecha de este pronunciamiento y hasta el pago cancelatorio, los accesorios se deberán liquidar a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, la que se ajusta a la unánime jurisprudencia de las tres salas de la Cámara del fuero (conf. Sala I, causa 2094, del 26.5.94; Sala II, causa 6378/92, del 8.8.95, y Sala III, causa 9397/93, del 27.10.94).
En cambio, los réditos correspondientes a la indemnización por el tratamiento psicológico futuro, correrán a la tasa activa antes indicada desde la notificación de esta sentencia, pues se trata de gastos futuros.
6.- Costas
Relativamente a estos accesorios, la accionada ha resultado sustancialmente vencida y debe cargar con ellas, de conformidad con el criterio objetivo del vencimiento o derrota recibido en el art. 68 parte 1a., del Código de forma, solución a la que no se opone el hecho de que los rubros no prosperen en la medida reclamada, en tanto la acción fue supeditada a lo que en más o en menos resultara de la prueba.
Cabe señalar que si bien la demanda finalmente habrá de prosperar por un monto muy inferior al solicitado en el inicio, el valor de la condena dependía legalmente del arbitrio judicial.
Además, no se puede pasar por alto que en los juicios por daños personales la fijación del resarcimiento depende, en gran medida, de la discrecionalidad judicial, aparte de que -en el caso- la emplazada no ofreció pagar suma alguna, habiendo resultado vencido en la materia de responsabilidad que era el aspecto central de la controversia (conf. Sala III, causas 8.533/99 del 5.9.02 y 1388/99 del 18.7.07, 119/06 del 9.2.12).
Por las consideraciones expuestas, jurisprudencia citada y lo previsto por el artículo 163 del Código Procesal,
1.- Haciendo lugar a la demanda promovida por Exequiel Cappiello y condenando, en consecuencia, al Estado Nacional-Ministerio de Seguridad-Gendarmería Nacional Argentina, a abonarle, en el plazo de 10 días hábiles, la suma de pesos Doscientos mil ($ 200.000), con más los intereses indicados en el considerando 5;
2.- Imponiendo las costas del juicio a la vencida;
3.- Los honorarios serán regulados una vez determinado el monto del juicio en la etapa de liquidación y establecida con carácter firme la base regulatoria aplicable.
Notifíquese a las partes y a los peritos intervinientes mediante cédulas a confeccionar por Secretaría, regístrese y, oportunamente, ARCHIVESE.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 356
 artículo 482
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 165
 artículo 163