Source: http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/leyes/RD141706.html
Timestamp: 2019-03-22 10:28:36+00:00

Document:
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre
BOE de 13 de diciembre de 2006, núm. 297
Establece el sistema arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad.
La citada previsión tiene en cuenta lo establecido por la normativa comunitaria -Directiva 2002/43/CE del Consejo, de 29 de junio y Directiva 2002/73/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de septiembre, que modifica la Directiva 76/207/CE del Consejo- que prevé el establecimiento en los Estados miembros de la Unión Europea de procedimientos de conciliación complementarios a los judiciales y administrativos.
En virtud de lo establecido en el apartado 4 del artículo 1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así como del carácter supletorio de la Ley 451/2003, de 2 de diciembre, a lo dispuesto en la legislación específica de medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación, los arbitrajes laborales quedan excluidos del sistema de arbitraje al que se refiere el presente real decreto.
El presente real decreto ha sido objeto de consulta a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a la Confederación Española de la pequeña y Mediana Empresa y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional de la Discapacidad.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Sanidad y Consumo y de vivienda, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y, previa deliberación del Consejo de Ministros del día 1 de diciembre de 2006.
2. El sistema arbitral se establece, sin formalidades especiales, para atender y resolver con carácter vinculante para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa o judicial que en cada caso proceda.
d) Bienes muebles e inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, comercializados directamente a los consumidores como destinatarios finales, que las personas físicas o jurídicas, individuales o colectivos, profesionales o titulares de establecimientos públicos o privados, fijos o ambulantes, produzcan, faciliten, suministren o expidan, en régimen de derecho privado.
e) Relaciones con las Administraciones públicas en el ámbito del Derecho privado.
b) Aquellas en las que deba intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de las personas con discapacidad que carecen de capacidad de obrar o de representación legal y no puedan actuar por sí mismas.
c) Aquellas en las que concurran indicios racionales de delito.
d) Las cuestiones que estén determinadas en contratos administrativos, así como otras materias que no sean de libre disposición conforme a derecho.
Artículo 3. Constitución de las juntas arbitrales de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad.
En los convenios de colaboración a que se refiere el párrafo anterior, se fijará el ámbito funcional y las demás condiciones de funcionamiento de las juntas arbitrales. Asimismo, se fijarán, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, los honorarios de los árbitros y las compensaciones económicas que proceda, en su caso para los integrantes de las juntas arbitrales y de los colegios arbitrales a que se refiere el artículo 12, para lo que será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
4. Las juntas arbitrales de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, conocerán de las quejas y reclamaciones presentadas por las personas con discapacidad o sus representantes legales y por las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, domiciliadas en su ámbito territorial.
Asimismo resolverán aquellas quejas y reclamaciones en las que no dándose esta circunstancia, la celebración, ejecución o cumplimiento del contrato o la actuación que haya dado lugar a la queja o reclamación, se haya realizado en su ámbito territorial, siempre que no se oponga expresamente una de las partes.
5. La junta arbitral que se considere incompetente por razón de la materia o del territorio trasladará el asunto a aquella a la que considere competente, dirimiéndose los conflictos derivados de estos traslados por la Junta Arbitral Central.
6. La Junta Arbitral Central será competente para establecer criterios técnicos de unificación en materia arbitral.
Las juntas arbitrales de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, teniendo en cuenta en particular los principios de normalización y accesibilidad, desarrollarán las siguientes funciones:
a) El fomento del sistema arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, procurando la adhesión al sistema arbitral, mediante la realización de ofertas públicas de sometimiento.
b) La elaboración y actualización del registro de personas físicas y jurídicas que hayan realizado las ofertas públicas de sometimiento al sistema arbitral en su ámbito territorial. El registro incluirá el ámbito de la oferta.
c) La elaboración y puesta a disposición de los interesados de manera accesible, de los modelos de documentos en los que deberá efectuarse, respectivamente, la oferta pública de sometimiento al sistema arbitral y la formalización de dicho sometimiento.
d) La elaboración y mantenimiento actualizado de las listas de los árbitros acreditados por las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y por las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, en ambos casos con mayor implantación en el ámbito territorial de la junta arbitral.
e) La designación de los árbitros en cada procedimiento.
f) La gestión y administración de los procedimientos arbitrales.
g) La provisión de medios y acciones necesarios para el mejor ejercicio de las funciones por parte del colegio arbitral.
h) La gestión de un registro de laudos emitidos.
2. El presidente y secretario serán nombrados entre el personal que preste servicios en dicha Secretaría de Estado.
El presidente deberá tener la titulación de licenciado en Derecho.
3. Los vocales serán nombrados a propuesta, respectivamente, de:
2. Los cargos de presidente y secretario deberán recaer en personal al servicio de las Administraciones públicas respectivas.
El presidente de la junta arbitral deberá tener la titulación de licenciado en Derecho.
Artículo 7. Sometimiento del sistema arbitral.
Asimismo, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, así como las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, podrán efectuar oferta pública de sometimiento al sistema arbitral.
2. La oferta pública de sometimiento se comunicará por escrito o, siempre que se deje constancia de su remisión y recepción, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, a la junta arbitral a través de la que se adhieran al sistema.
3. El convenio arbitral mediante el que se instrumente jurídicamente la oferta pública de sometimiento deberá contener los siguientes requisitos:
b) Ámbito de la oferta.
d) Plazo de validez de la oferta. En caso de que no conste este requisito la oferta se entenderá realizada por tiempo indefinido.
Si una vez efectuada la renuncia, se siguiera utilizando el distintivo oficial de adhesión y durante ese período se presentara una solicitud de arbitraje, la junta arbitral podrá entender formalizado el convenio arbitral.
2. La renuncia tendrá efectos a partir de los treinta días naturales de su comunicación a la junta arbitral.
Si en el momento de producirse la renuncia hubieran tenido entrada en alguna o algunas juntas arbitrales, solicitudes de arbitraje en la que quien presente la renuncia fuera parte, se iniciarán o continuarán las actuaciones arbitrales.
b) Utilización fraudulenta del distintivo oficial de adhesión.
d) Graves y reiteradas infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad, sancionadas con carácter firme por las Administraciones públicas competentes.
e) Realización de prácticas, constatadas por las Administraciones públicas competentes, que lesionen gravemente los derechos e intereses legítimos de las personas con discapacidad.
4. La resolución será siempre motivada excepto en el supuesto de renuncia voluntaria.
5. El otorgamiento de los distintivos oficiales de adhesión y su retirada se publicarán en el correspondiente Diario Oficial.
1. Se crea un Registro Central de ofertas públicas de sometimiento al sistema arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal que será gestionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
2. Las juntas arbitrales, al tiempo que comuniquen a los interesados la concesión del distintivo oficial de adhesión, notificarán dicha comunicación al Registro Central.
3. La junta arbitral a la que se haya dirigido la renuncia a la oferta pública de sometimiento, en el plazo de cinco días comunicará ésta al Registro Central, y éste lo notificará a todas las juntas arbitrales.
1. La participación como árbitros en el sistema arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, requerirá su acreditación por el presidente de la junta arbitral en la que hayan de intervenir
2. Los árbitros deberán ser licenciados en derecho o expertos o profesionales en alguna de las materias a que se hace referencia en el artículo 2.1 de este real decreto.
3. Los árbitros serán propuestos por las Administraciones públicas, las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y las organizaciones de carácter económico sin ánimo de lucro, en ambos casos, con mayor implantación en el ámbito territorial de la junta arbitral.
4. Los árbitros propuestos deberán solicitar a la junta arbitral su acreditación para actuar ante ella. Dicha solicitud implicará la aceptación de su inclusión en la lista de árbitros acreditados, y la aceptación del cargo de árbitro en los procedimientos en que sea designado como tal, salvo que concurra justa causa apreciada como tal por el presidente de la junta arbitral.
Concedida la acreditación, se notificará a los interesados propuestos.
5. En cualquier momento, los árbitros podrán ser removidos de su condición de tal por la junta arbitral ante la que estuvieran acreditados, previo acuerdo razonado, por incumplimiento grave de sus obligaciones.
6. El secretario de la junta arbitral mantendrá permanentemente actualizada la lista de árbitros acreditados ante la junta.
2.El presidente del colegio arbitral decidirá sobre cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento, pudiendo para ello consultar al resto de los árbitros si lo estima conveniente.
2. Las partes podrán recusar a los árbitros en el plazo de diez días desde el momento en que le sea notificada la designación para decidir el conflicto o desde el conocimiento de cualquier circunstancias que haga suponer la ausencia de la imparcialidad o independencia.
3. La petición de recusación deberá hacerse por escrito ante el presente de la junta arbitral, quien adoptará la decisión, previa audiencia del árbitro, en el plazo de cuarenta y ocho horas. La resolución aceptando o rechazando la recusación será notificada al árbitro y, en su caso a los demás miembros del colegio arbitral, así como a las partes, y deberá ser motivada.
4. Si fuera aceptada la recusación, se procederá a la designación de un nuevo árbitro, en la misma forma en que fue designado el sustituto. el nuevo árbitro decidirá si continúa el procedimiento iniciado, dándose por enterado de las actuaciones practicadas o retrotrayéndolas al momento de la designación del colegio arbitral.
En caso de que el nuevo árbitro asuma las actuaciones practicadas continuará el procedimiento iniciado. Si el nuevo árbitro decidiera que se repitieran las actuaciones, se acordará una prórroga por el tiempo necesario para la práctica de las mismas.
5. Si no prosperase la recusación planteada, la parte que la instó podrá hacer valer la recusación al impugnar el laudo.
6. El procedimiento quedará en suspenso mientras no se haya decidido sobre la recusación, prorrogándose el plazo para decidir en un periodo igual al de la suspensión.
Cuando sea necesario para garantizar la igualdad entre las partes, se efectuarán los ajustes razonables de los medios que sean precisos.
2. Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales están obligados a respectar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales.
Si existiera oferta pública de sometimiento a arbitraje de derecho, se presumirá, salvo manifestación en contrario, que el reclamante acepta este arbitraje en derecho.
2. Las normas jurídicas aplicables y las estipulaciones del contrato, en su caso, servirán de apoyo a la decisión en equidad.
b) Nombre, apellidos o razón social del reclamado, así como documento de identificación y domicilio si éstos fueran conocidos por el reclamante.
c) Copia del contrato escrito del que trae causa la queja o reclamación o con el cual estén relacionadas, si existiera.
d) Hechos que motivan la queja o reclamación y fundamentos en que se basa la pretensión.
e) Exposición sucinta de las pretensiones del reclamante, determinando, en su caso y en la medida de lo posible, la cuantía de las mismas.
4. Junto a la solicitud se aportarán todos los documentos que se consideren oportunos, pudiendo en ese momento proponer las pruebas de que intente valerse.
5. Las juntas arbitrales dispondrán de modelos de solicitud normalizados, que pueden descargarse a través de la página web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
2. En caso de existencia de convenio arbitral, el presidente de la junta arbitral acordará el inicio del procedimiento arbitral.
3. En el caso de inexistencia de convenio arbitral previo, se notificará la solicitud de arbitraje al reclamado, dándole un plazo de diez días hábiles desde el siguiente a la notificación, para la aceptación de la solicitud de arbitraje.
Si el reclamado rechazara o no contestara aceptado la invitación al arbitraje, en el plazo establecido, el presidente de la junta arbitral ordenará el archivo de la solicitud, notificándolo a las partes.
Si el reclamado contestara aceptando la invitación al arbitraje, el presidente de la junta arbitral acordará el inicio del procedimiento arbitral.
4. Las resoluciones del presidente de la junta arbitral acordando el inicio del procedimiento arbitral se notificarán a las partes, sin que quepa recurso alguno contra las mismas.
2. En los arbitrajes que deban decidirse en derecho, los árbitros deberán ser licenciados en derecho.
3. En los arbitrajes que deban decidirse en equidad, los árbitros deberán ser designados entre los expertos o profesionales en la materia sobre la que verse la queja o reclamación objeto de arbitraje.
2.Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, y remitida al reclamante una copia del escrito presentado por el reclamado, el colegio arbitral convocará, si se estima necesario, a una audiencia presencial o, en otro caso, concederá un plazo que no excederá de quince días a ambas partes para formular alegaciones.
Si las partes no hubieran propuesto prueba alguna, se les requerirá en ese momento para que lo hagan.
3. En el caso de que el colegio arbitral no hubiera acordado una audiencia presencial y fuera necesaria una segunda fase de alegaciones, podrá acordarse que éstas se realicen en un plazo no superior a siete días.
2. Las decisiones de los árbitros que se refieran a la realización de pruebas se comunicarán a las partes y éstas podrán asistir a su práctica, siempre que su asistencia no perturbe o entorpezca su ejecución.
3. Cada parte costeará la prueba que hubiera propuesto. Si hubieran sido propuestas por las dos partes o separadamente, pero existiera coincidencia, los gastos ocasionados serán repartidos por mitad.
4. Las pruebas propuestas por el colegio arbitral, serán costeadas por la junta arbitral correspondiente.
Artículo 26. Adopción y decisiones.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las correspondientes Administraciones públicas facilitarán los medios materiales y personales necesarios para la puesta en marcha de las junta arbitrales, en los términos dispuestos en los correspondientes convenios de colaboración.
En el procedimiento regulado en este real decreto, así como en el funcionamiento de los registros previstos en el mismo, se tendrá en cuenta lo dispuestos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus disposiciones complementarias.

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 1
 real decreto 

Artículo 3
 artículo 12
 Real Decreto 

Artículo 7
 resolución 
 artículo 2
 resolución 

Artículo 26