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Timestamp: 2017-08-23 23:20:04+00:00

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Noticias Ambientales de Argentina: septiembre 2015
Derrame de cianuro de la Barrick, sin información real
Reclaman información oficial sobre el derrame de cianuro en San Juan
Carlos Brown exigió conocer los estudios y controles que realiza el Estado en la zona, tanto antes como después del accidente.
El diputado nacional y candidato a intendente de San Martín por el Frente Renovador Carlos Brown pidió al Poder Ejecutivo información oficial sobre el derrame de cianuro en San Juan.
Brown consideró “extremadamente preocupante la compleja situación que se desató a partir del derrame de cianuro que produjo una rotura en una cañería que transporta esta sustancia a la Mina Veladero, en la provincia de San Juan”, explotada desde 2005 por la empresa minera canadiense Barrick Gold.
Por eso, exigió conocer el seguimiento, mantenimiento, control y estudios que se realizan por parte del Estado en la zona, previa y posteriormente al incidente, ya que “debemos conocer con urgencia las verdaderas consecuencias que dejó esta catástrofe, porque la población se encuentra muy alarmada por un posible envenenamiento del agua”.
Además, reclamó que “autoridades nacionales y provinciales se manifiesten al respecto, informando qué medidas se han tomado durante los últimos años para evitar este tipo de siniestro”.
Escándalo Barrick: San Juan no puede pagar por restricciones presupuestarias
El presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas dice que el derrame de Veladero llega a Mendoza
La FAA preocupada por sus agroquímicos en Entre Ríos
La Federación Agraria pone reparos en la ley de agroquímicos y dice que caerá la producción
La Federación Agraria de Entre Ríos calificó como “preocupante” el proyecto de ley de agroquímicos que se tratará el jueves en el Senado. La entidad cuestionó la prohibición de las fumigaciones aéreas y las restricciones de mil metros desde los cursos de aguas y sus nacientes, para las pulverizaciones terrestres. “Una superficie muy importante quedará sin producir”, señaló el director de la Federación, Elvio Guía
El jueves el Senado tratará el proyecto del senador César Melchiori que busca regular la aplicación de agroquímicos en Entre Ríos. La iniciativa llegará al recinto con el despacho de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, ambas presididas por el propio Melchiori, pero sin el visto bueno del sector agropecuario.
“Ahí tenemos otros problema que se nos viene”, anticipó Elvio Guía de FAA y definió como “preocupante” el texto de la ley cuyo tratamiento se dio hasta ahora “entre gallos y medianoche”, según consideró.
El punto conflictivo que ve en la futura ley el sector agropecuario es el referido a las pulverizaciones y la distancia para ejecutarlas: “Las aéreas están prohibidas salvo casos excepcionales en donde la ley pide mil metros de distancia y otros 500 metros de distancia de cursos de agua para las fumigaciones terrestres”, señaló Guía en declaraciones a la agencia APF Digital.
“Teniendo en cuenta la topografía de Entre Ríos nos quedará la mitad de la provincia sin sembrar”, observó Guía y agregó en diálogo con esta Agencia que si se realiza un relevamiento de los cursos de agua de la provincia, se verá que éstos conforman “una superficie muy importante”.
Finalmente el dirigente confirmó que no fueron convocados para dar su punto de vista sobre el texto de la ley.
Argentina ratificó la Agenda 2030 de desarrollo sostenible
Reitera Argentina compromiso con desarrollo sostenible
Argentina ratificó su compromiso con la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que impulsa la ONU, la cual hoy sustituye tras arduas negociaciones los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La postura de la Casa Rosada la confirmó este domingo el canciller argentino, Héctor Timerman, en la sesión de clausura de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en la sede del organismo internacional.
Esta nueva guía constituye un ambicioso plan de acción para los próximos 15 años, compuesto por 17 objetivos y 169 metas, que deben ser implementados por todos los países para erradicar la pobreza y el hambre, fortalecer la paz universal y hacer realidad los derechos humanos.
Para Argentina, la Agenda encarna el ideal de nuestro tiempo, que no es otro que hacer realidad un mundo más justo, inclusivo, igualitario y en paz, afirmó Timerman al hablar ante el foro internacional.
El canciller destacó, entre otros logros, la reducción de la pobreza que ha logrado argentina durante la última década, así como también la importante reducción de la tasa de mortalidad infantil y materna como resultado de múltiples iniciativas que llevó adelante el Gobierno Nacional.
También recordó que su país fue distinguido en junio pasado por la FAO, por el éxito de su lucha por combatir el hambre, y por la UNESCO en el mes de abril, que lo colocó entre las naciones de más altos índices de escolaridad primaria y de inversión educativa.
Subrayó que para cumplir esta ambiciosa nueva Agenda resulta fundamental abordar, entre otros, los problemas de la estructura financiera internacional, incluyendo el sistema monetario y la deuda soberana.
En esa línea, llamó a "avanzar en la adecuación de la arquitectura financiera y hacia un sistema de comercio transparente, no discriminatorio y justo, que permita a los países en desarrollo recibir los beneficios de su inserción en la economía internacional".
El ministro consideró que la resolución que adoptó la Asamblea General el pasado 10 de septiembre sobre los "Procesos de restructuración de Deuda Soberana", constituye un paso fundamental para ayudar a los países a asegurar la sostenibilidad a largo plazo con un crecimiento con igualdad.
Antes de concluir, Timerman recordó una frase del papa Francisco cuando se dirigió a la Asamblea General.
En el primer discurso de un Sumo Pontífice ante ese órgano, Francisco instó a los organismos financieros internacionales a "velar por el desarrollo sostenible de los países, y por la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a poblaciones a mecanismos de mayor pobreza y exclusión".
"Sin embargo -agrega- tampoco existe un ciento por ciento de seguridad de que aún con un buen uso, el alimento no contenga estas sustancias. Y por otra parte, lo que se ha detectado en estudios anteriores es el uso de agroquímicos que se encuentran prohibidos como los organoclorados".
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Argentinos ganan un certamen medioambiental con una casa sustentable
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales".
La Casa G Sustentable, un proyecto de profesionales argentinos, ganó en Ecuador el premio Latinoamérica Verde en el rubro Energía, galardón que reconoció las mejores iniciativas cuidadosas del medioambiente en Iberoamérica.
El equipo ganador, integrado por ingenieros y arquitectos, presentó la casa sustentable que tiene como objetivo "fomentar el uso racional de los materiales, las buenas prácticas ambientales, el ahorro de energía y la promoción de la sustentabilidad, tanto a nivel público como privado", explican en la página de Facebook del emprendimiento argentino.
De los 1.054 proyectos, la mayoría del sector privado de distintos países de Latinoamérica y también de España, que se presentaron al concurso se seleccionaron 500 en siete categorías y de estos, 21 fueron nominados para, de entre ellos, elegir a los siete ganadores, detalló Efe.
El país anfitrión, Ecuador, se llevó tres premios, seguido por Colombia, que obtuvo dos, mientras Costar Rica y Argentina vencieron cada uno en una categoría.
Ecuador venció en las categorías de Agua, Bosques y Biodiversidad, y Finanzas Sostenibles, en tanto que Colombia logró el primer lugar en Desarrollo humano, inclusión social y educación, así como en Residuos.
Costa Rica venció en la categoría de Emisiones y Argentina en Energía, según un comunicado de los organizadores del premio.
Este evento "se convierte en una radiografía internacional de lo que están haciendo cada uno de los países en su política pública", dijo Gustavo Manrique, presidente del comité organizador del certamen.
Los ganadores recibirán una estatuilla y se hará una filmación de cada proyecto vencedor que se proyectará en un programa de televisión para toda América Latina durante dos meses consecutivos posteriores al evento, anunciaron desde la organización.
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En Chubut experimentan con plantas para descontaminar
Buscan utilizar plantas acuáticas para que limpien aguas contaminadas
Una característica de las sociedades modernas es que sus actividades industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas contaminan el ambiente en el que viven. Uno de tantos ejemplos en nuestro país sucede en Chubut con los líquidos contaminados provenientes de diferentes procesos industriales que maneja la la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial Trelew. Un proyecto llevado a cabo entre la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la Escuela Técnica Nº 27, D.E. 18, “Hipólito Yrigoyen” está en marcha con el objetivo reducir en esas aguas la concentración de contaminantes a partir del uso de cultivos como la caña de castilla (Arundo donax) y mostaza etíope (Brassica carinata).
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Contaminación sonora en la 25 de Mayo, hay sentencia
Intiman al Gobierno porteño a bajar el ruido en la 25 de Mayo
Contaminación sonora.La Justicia confirmó un fallo que obliga a la Ciudad a presentar un plan para cumplir la medida. La causa es de 2001, cuando Pedro Barragán, que vive a 50 metros de la autopista, denunció que el sonido es insalubre.
El Gobierno porteño se va quedando sin excusas. La Justicia de la Ciudad rechazó un recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo presentó contra una sentencia de Cámara, que le dio ocho meses para presentar un estudio de impacto ambiental y un plan para mitigar los ruidos de la autopista 25 de Mayo. Sin embargo, desde AUSA afirman que ya los presentaron. Y anticipan que el año próximo colocarán una primera pantalla acústica para amortiguar la contaminación sonora.
La 25 de Mayo fue inaugurada en 1980 por el ex intendente de facto Osvaldo Cacciatore. Desde entonces, los habitantes de los edificios vecinos conviven con un ruido infernal. Como Pedro Barragán, que en 1973 compró un departamento en Luis Sáenz Peña al 1200 y, siete años después, se encontró con la autopista a 50 metros de su balcón. A toda hora, en su casa hay 97 decibeles provenientes de la vía rápida, por la que circulan 100.000 vehículos por día. Pero la Organización Mundial de la Salud considera que el ruido no debe superar los 30 decibeles y que si excede los 90 durante ocho horas o más provoca daño auditivo.
“Tenemos dolores de cabeza, hipertensión y hay que poner el televisor al máximo volumen para poder escuchar. De noche no podemos dormir, porque es cuando más camiones circulan”, describe Barragán, que en 2001 presentó una denuncia ante la Justicia porteña. Otros 500 vecinos acompañaron su reclamo, basado en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, que protege el derecho a gozar de un ambiente sano. Dos años después, un juez le dio la razón pero AUSA no hizo nada para reducir el ruido. Hasta que en junio de 2014, la Justicia le puso un plazo de ocho meses para que presente un estudio de impacto ambiental y un plan de adecuación.
El Gobierno porteño apeló, pero en diciembre la Cámara confirmó el fallo. Fue entonces que la Procuración de la Ciudad presentó un recurso de inconstitucionalidad para recurrir al Tribunal Superior de Justicia, alegando que la sentencia era arbitraria y vulneraba la garantía de defensa y del debido proceso. La Sala I de la Cámara rechazó este recurso, porque entendió que la intervención de ese Tribunal no corresponde ante una decisión adoptada en la etapa de ejecución de una sentencia firme.
“Ahora el Gobierno de la Ciudad y AUSA van a tener que cumplir sí o sí con el fallo –dice Barragán–. ¿Qué más pueden hacer? Hace años que vienen usando chicanas jurídicas para no respetar la orden judicial, pero ahora la Cámara dice que no hay que seguir resolviendo algo que ya está confirmado. Lo que pasa es que el Ejecutivo sigue alargando la situación y mientras está poniendo el Metrobus en la autopista. Y cuando empiece a circular, el ruido va a ser aún peor”.
A pesar de los recursos judiciales que interpuso para eludir la sentencia, en AUSA aseguran que ya la cumplieron. Y que en enero presentaron el estudio de impacto ambiental ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que es la autoridad de aplicación, y en febrero se lo informaron al Juzgado.“En junio de 2015, APRA otorgó el certificado de aptitud ambiental a la autopista 25 de Mayo, lo que da muestra del cabal cumplimiento de lo ordenado por el juzgado”, informaron en AUSA.
Según AUSA, también hicieron estudios y planes de mitigación para toda la red de autopistas. En el caso de la 25 de Mayo, explicaron, en base a un mapa de ruido se elaboró un plan que contempla la instalación de pantallas acústicas de 3 metros de altura en los lugares más críticos a partir de 2016, y la readecuación edilicia de las escuelas de las zonas más conflictivas.
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El abogado de Barragán y director de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli, niega que AUSA haya obedecido la orden judicial: “Presentó un plan realizado por un técnico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –sostiene–. Pero ese documento no cumple los recaudos técnicos y requisitos previstos por la normativa en vigencia para que pueda ser considerado como un Plan de Adecuación Ambiental. Por ejemplo, carece de un Estudio de Línea de Base, que permita conocer cuál es la situación actual de la autopista en relación a emisión sonora de los vehículos. Y llama la atención la ausencia total de datos sobre la cantidad de vehículos que transitan a diario por la misma o las horas en que mayor emisión sonora se produce”.
Además, Nápoli afirma que el Gobierno porteño no hizo estudios de ruido para medir el impacto que tendrá el Metrobus en la autopista. “En todos estos años, la situación fue empeorando –sostiene–. Y los responsables son el Gobierno porteño y la Justicia misma, que permitió que su propio fallo se diluya en recursos inaceptables”.
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Multaron a dos productores por desmontar zona de bosque nativo
Mediante la Resolución Nº 1162, dictada por la Dirección General de Recursos Naturales (incluida en el Decreto Nº 733), dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Entre Ríos, emitida el 3 de diciembre de 2008 se inició un expediente que alude a un acta de infracción a la Ley nacional Nº 13. 273 contra los titulares de la estancia La Giuliana, ubicada en Distrito Ramírez del Departamento Federal.
Según la normativa vigente de Defensa de la Riqueza Forestal y de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, Santiago y Agustín Suppo, titulares del emprendimiento productivo, fueron sancionados con una multa de 150.000 pesos por tareas de desmonte en ese establecimiento del norte entrerriano. Al tomar conocimiento de la acción legal, los dueños del campo interpusieron un recurso de apelación jerárquica contra la resolución de la Dirección General de Recursos Naturales, la cual fue rechazada el 28 de agosto de 2013. Más allá de este primer revés, los productores volvieron a la carga y el 25 de junio de 2014 avanzaron con un nuevo recurso de apelación jerárquica, pero esta vez lo elevaron ante el gobernador, Sergio Urribarri.
Como parte involucrada en la cuestión, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Producción analizó la procedencia legal del recurso y en base a ello dictaminó: “El recurso de apelación jerárquica interpuesto, debe tenerse por interpuesto en forma legal y en tiempo hábil; que además entiende que con respecto de la cuestión de fondo del recurso, el memorial de agravio carece de argumentos con entidad suficiente como para conmover la decisión atacada”. Al desarrollar su argumentación, el área competente entendió que “son los mismos sancionados que al hacer su primera presentación, no niegan la constatación efectuada por los funcionarios de la Dirección General de Recursos Naturales, manifestando expresamente su deseo de encuadrarse en las disposiciones sobre Manejo de Monte Nativo”.
Entonces, en base a estos fundamentos, se advirtió que el recurso presentado por los Suppo “no logra desvirtuar la consideración razonada sobre los fundamentos y argumentos tomados en cuenta por la administración para proceder al dictado de la resolución atacada”. De esta manera se rechazó el recurso de apelación y se procedió a confirmar la resolución recurrida, refrendada por el ministro Schunk.
El director de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales que depende de la Dirección General de Recursos Naturales, Roque Fernández, se refirió a la importancia de la puesta en vigencia La Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. “En marzo de 2014 se promulgó la Ley provincial Nº 10.284 que habla del ordenamiento del Bosque Nativo, y en mayo de este año se dictó el Decreto Nº 1.329 reglamentario de la norma”, informó el funcionario en diálogo con UNO.
Según detalló, en la misma está tipificada la cuestión de las infracciones, donde las provincias podían elaborar su propio sistema de sanciones o utilizar la que dispone la ley nacional de Presupuesto Mínimo. En relación a las escalas empleadas para fijar los montos de las multas en la provincia, el director de la repartición aseguró que por módulo desmontado la sanción alcanza a 400 pesos. Fernández explicó que se aplica una escala de módulos que va del 1 al 100 por hectárea. “Por ejemplo, si el monte que usted taló es contenedor de la erosión hídrica o que alberga -desde el punto de vista de la ecología- otras especies, las multas pueden ser altas por hectáreas. Esto es en base a informes técnicos que elaboran los inspectores de Recursos Naturales y luego lo evalúa el área jurídica”, manifestó.
El complejo ecosistémico más representativo de Entre Ríos y con áreas de bosques nativos que perdura es el Distrito del Ñandubay. En ese contexto, Fernández también habló de El Espinal, que comprende una clasificación fitogeográfica compartida con Santa Fe y Córdoba. “Hoy la ley lo toma como un complejo ambiental; si el complejo de árboles es abrigo de determinadas especies, de aves o de mamíferos, y además protege el suelo, ese complejo se debe proteger. Ese es el espíritu de la ley de Presupuesto Mínimo. Entonces esos bosques ubicados en El Espinal son de alto valor de conservación”, fundamentó. Con el objetivo de preservar estas áreas boscosas la normativa en cuestión establece una compensación para aquellos productores que protejan estas zonas de montes. Según Fernández, existen distintos planes de conservación o planes de manejo sostenible que permiten al productor desarrollar actividades relacionados con su tarea cotidiana. “No se le restringe su labor, sino que se le permite hacer con determinadas pautas ambientales para mantener los atributos del bosque y no ir en contra de su perpetuidad. Cuando no hace un manejo consustanciado con los actos renovables de la propia especie está condenando al bosque a la muerte”, resaltó. En cuanto a la zona donde se detectó la infracción, específicamente en el Departamento Federal, el funcionario explicó que allí se conserva una de las pocas áreas con Espinal, junto al Departamento Tala y la zona norte de Nogoyá. “Toda esa franja ingresa desde el sur de Santa Fe y el norte de La Pampa. Y deja una margen de unos 50 kilómetros a la margen de la costa del Uruguay que presenta otro tipo de paisaje, de características pampeanas”, aseveró. Entre las especies protegidas debido al avance del desmonte figuran el cardenal amarillo y el aguará guazú, entre otras.
Una vasta extensión de área protegida
De acuerdo a un relevamiento de la Facultad de Agronomía, en la provincia de Entre Ríos alrededor de 350.000 hectáreas están categorizadas como bosques de alto valor de conservación. Según la misma clasificación y catalogadas con el color amarillo -que implica un mediano valor de conservación-, se tienen contabilizadas 1.070.000 hectáreas. “La parte posible de solicitar desmonte alcanzaría las 450.000 hectáreas. Es un derecho que le asiste a un productor; tenemos que tener en cuenta los factores ambientales para saber si es posible hacerlo. Porque una persona que no tiene conocimiento de que el suelo es frágil, o está en evolución o está en desarrollo, probablemente no soporte un ciclo de cultivo”, reflexionó. Consultado por las pautas a seguir en esta materia y la política fijada para preservar los bosques nativos, Fernández consideró vital que los productores respeten la biodiversidad sin restringir su fuente laboral. “Tiene que haber una armonía entre la producción y la conservación”, argumentó.
Por primera vez los productores entrerrianos que son titulares de tierras con bosques nativos accederán a beneficios por conservarlos. Para ello deberán presentar planes entre el 31 de agosto y 31 de diciembre, que se ejecutarán en 2016. Esto es posible porque la normativa local fue validada por la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos Nº 26.331, con lo cual se dispone de recursos que compensen al productor que decida resguardar dicho recurso natural. Así, la provincia tendrá beneficios económicos y mejores estándares ambientales. La Provincia tiene las partidas, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, que dentro del presupuesto nacional se asigna a las provincias que tienen su ordenamiento aprobado. En Entre Ríos hay 39 áreas protegidas: 13 de dominio privados, 17 de municipios y nueve del gobierno entrerriano.
Finalmente, Monsanto cobrará el canon por su soja Intacta a partir de 2016
Monsanto, que hace 20 años lanzó al mundo la primera soja transgénica, superó casi todos los obstáculos para poder comenzar a cobrarles a los productores argentinos una retribución por sus innovaciones. Esa regalía, que llegaría hasta 15 dólares por tonelada de soja, casi 5% de lo que hoy vale el cultivo, solo es resistida por sectores de la producción y el acopio. Pero el resto de la industria cerró filas ante la falta de definición del Estado, según publicó Clarín.
Este canon tecnológico, que se aplicaría a la segunda generación de soja modificada, la “Intacta RR2”, será mucho más oneroso para el productor que no pueda demostrar que pagó las regalías al momento de comprar la semillas.
Monsanto siempre dijo que prefiere cobrar de ese modo, aunque sus ingresos se reduzcan casi a la mitad, 8 dólares por tonelada. Pero como el mercado presenta tanta informalidad como el de la música o el software, instrumentó un sistema privado de control: se hace un test a la soja en puertos y acopios, y si se descubre que es Intacta, se aplica el descuento compulsivamente bajo la Ley de Patentes.
El sistema funcionó hasta ahora para unos pocos productores del Norte, y no hubo conflictos porque la mayoría de ellos aceptó pagar algún dinero de más por la semilla mejorada de Monsanto. Pero con esta nueva campaña, la Intacta comenzó a venderse en el resto del país. Es decir, todos los productores serán controlados en 2016.
Monsanto, de entrada, logró alinear con su sistema a las exportadoras. Según versiones, ese apoyo clave surgió porque las condicionó con no firmarles el “certificado de bioseguridad”, una suerte de salvoconducto de inocuidad para vender granos a China. Como sea, empresas como Cargill o Bunge aceptaron ser agentes de recaudación. La excepción fue AFA, cooperativa ligada a Federación Agraria. Pero el resto ya aplica la “cláusula de biotecnología” a los contratos “forward” para soja 2015/16.
El gobierno al principio pareció mostrar resistencias. Aníbal Fernández y el ministro Carlos Casamiquela anunciaron en mayo un DNU que pondría las cosas en su lugar: establecería que el canon debía pagarse solo en la bolsa de semillas. Pero jamás fue firmado y se reemplazó por un proyecto de ley que, al ritmo actual, llegará tarde. Esto envalentonó al resto de la industria semillera. Una fuente del sector dijo que apoyan los controles, sobre todo porque detrás de la Intacta hay muchos nuevos transgénicos esperando. Syngenta, Basf, Bayer o Dow también querrán cobrar por sus tecnologías.
La Mesa de Enlace se pronunció contra el cobro compulsivo, pero entidades tecnológicas como AAPRESID y AACREA lo aceptaron. La mayor resistencia proviene ahora de la Federación de Acopiadores, ya que serán ellos los que deberán aplicar los test y actuar como recaudadores cuando el sistema se generalice. Han mantenido varias reuniones con Monsanto, pero ha sido imposible un entendimiento. Por eso insistieron en que el Estado debe ponerse los pantalones largos. La entidad presentó dos recursos de amparo que no prosperan. En Defensa de la Competencia, en tanto, una presentación de Federación Agraria “estaría frenada”.
“Monsanto insiste en utilizar a las acopiadoras como cobradoras de supuestas deudas que pudieran tener los productores”, afirmó un documento de los Acopiadores. Y advirtió: “Estas dos posiciones tan antagónicas y el Estado ausente, presagian un escándalo”.
Santa Fe vuelve al debate por los límites a la fumigación
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Desertificación en Mendoza con fondos para el freno
Mendoza recibirá fondos para enfrentar la desertificación
Se destinarán 3,5 millones de dólares a la lucha contra la desertificación en el NOA y Cuyo. Incluye unas 100 mil hectáreas en nuestra región.
Se realizó en la provincia un importante encuentro en donde se presentó el proyecto Manejo Sostenible de Tierras para el NOA y Cuyo a todos los actores involucrados en nuestra provincia y se avanzó en acuerdos preliminares sobre la ubicación general del Sitio Específico de Intervención.
El objetivo del proyecto ejecutado por la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es construir un marco de trabajo basado en el manejo sostenible de tierras para las zonas secas del noroeste y cuyo argentino.
Así, se busca mitigar la degradación de la tierra, mantener los servicios de los ecosistemas y mejorar los medios de vida rurales, promoviendo la implementación de las prácticas de manejo sostenible de tierras en estas áreas, para prevenir, adaptar, mitigar y rehabilitar la degradación de las tierras las áreas críticas y en áreas de alto riesgo; a fin de reducir los impactos ambientales negativos y prestar apoyo a las comunidades locales.
Alberto Molina, coordinador de la Mesa Provincial de Organizaciones de Tierras de Mendoza, del Ministerio de Tierras explicó que Mendoza tiene una superficie de 14 millones de hectáreas de las cuales el 4,8 es irrigado y que luchar contra la desertificación es una necesidad imperante en nuestra provincia.
Molina detalló que este sitio específico de intervención será de 100 mil hectáreas de nuestro secano, donde se realizarán prácticas concretas de apoyo a la producción y al manejo sustentable de tierras para los pobladores de esas zonas.
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Congreso sancionó nueva ley de energías renovables por amplia mayoría
Con apoyo de casi todas las fuerzas políticas, la cámara de diputados dio el visto bueno a la propuesta de modificación de la ley 26.190, elaborada por Marcelo Guinle, el senador del Frente para la Victoria, que se propone lograr que en 2017 un 8 por ciento de la matriz eléctrica esté conformada por energías renovables.
Cerca de las 7 de la tarde la Cámara de Diputados comenzó el debate, que se estiró hasta las 20:39 horas. Hubo 191 legisladores presentes (sumando al presidente de la cámara), que en su gran mayoría acompañaron el proyecto (ver) sin objeciones: 178 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones. Cabe destacar que primó el consenso, como no ocurre con otros temas vinculados a la economía.
Durante toda la sesión hubo quorum, lo que demuestra el interés por los asuntos relacionados a la energía. No fue igual con otras normativas que también figuraron en la orden del día. Al finalizar la votación, los aplausos colmaron el recinto. “Siento una inmensa alegría“, expresó Sebastian Kind, asesor de Guinle, encargado de redactar y gestionar con autoridades el proyecto de ley.
En las exposiciones, los diputados reconocieron la importancia de apostar a las energías limpias y así evitar salida de divisas para importar combustibles fósiles.
También se expresó la importancia de proteger el medio ambiente, aunque no fue el eje de los argumentos. No obstante, fueron posturas que plantearon todos los partidos.
El Frente Renovador señaló algunas disidencias, pero levantó la mano en positivo, mientras que la Unión Cívica Radical expuso reparos, según cuentan fuentes que estuvieron en la audiencia, como “pase de factura” por un proyecto que el oficialismo no le dio lugar, impulsado por Ernesto Sanz, que también promueve las energías renovables.
En definitiva, la iniciativa fue aprobada tal como ingresó en senadores en 2014. Ahora se viene otra discusión, aunque puertas adentro, que tiene que ver con la reglamentación. ¿Se llegará a realizar en 2015? Diferentes actores pujarán para introducir algunas modificaciones.
Llamativamente, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, que apoya la candidatura de Daniel Scioli, ayer salió plantear que se cobren regalías a los proyectos verdes que se instalen en la provincia: “tendremos que ir a leyes eólicas propias, nosotros somos el Kuwait de la energía eólica”.
Lo que está claro, es que así como las provincias reclaman su soberanía por los hidrocarburos frente a YPF y el Gobierno Nacional, apenas las renovables exploten masivamente y se transformen en un gran negocio (como prometen en el corto y mediano plazo) vendrá la misma discusión por la renta. Ya están en la mira. Estos comentarios no aparecen al voleo ni por casualidad, empiezan a instalar el tema en la agenda.
Historia y debate de la nueva ley de renovables
El proyecto de ley comenzó el proceso de gestación a principios de 2013, luego de revisar los errores que había tenido la ley 26.190 de “Energías Renovables”, sancionada en 2006, que no se llegó a cumplir, y el programa “GENREN”, impulsado en 2009 sin demasiado éxito. En líneas generales, la conclusión fue que existía gran potencial e interés de las empresas para invertir en el negocio, pero el cuello de botella aparecía en el financiamiento.
Por eso el texto de Marcelo Guinle intentó concentrar su atención en corregir los déficit del pasado y conformar un nuevo “Fondo Fiduciario de Energías Renovables”, dejando su administración en manos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica.
Desde entonces, se elaboraron 15 borradores hasta llegar al texto definitivo que luego fue aprobado. Hasta el número 5, participaron las cámaras empresarias y otros actores del rubro. Luego fue tratado por los expertos que asesoraron al legislador directamente con Axel Kicillof, el Ministro de Economía y dueño de la lapicera, quién bajó de 127 dólares el precio del MWh, como se planteó en un primer momento, a 113 dólares.
Así como está, libera el camino a inversores en energía eólica, pero posterga a las energías solar y biomasa, que a lo largo del año cerraron contratos con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) por 240 y 180 dólares el MWh, respectivamente. Para seguir creciendo, deberán enmarcarse en la Resolución 108, que abre el juego a valores más altos. Las grandes represas no están incluidas en la nueva normativa, a diferencia de los Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos (menos de 30 MW de potencia).
Una vez introducido en el Senado, Guinle no obtuvo inconvenientes para conseguir el apoyo del oficialismo y sus pares de la oposición: en diciembre de 2014 recibió media sanción por 54 votos a favor y 4 en contra del Frente UNEN, liderado por Fernando “Pino” Solanas, quién no estuvo de acuerdo en facilitar importaciones de equipos: aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos, turbinas, entre otros.
Ya en 2015, fue aprobado sin objeciones en la Comisión de Energía y Combustibles en Diputados, sólo con algunas inquietudes sobre el tratamiento fiscal por parte de Martín Losteau, de ECO.
El 3 de junio de este año, ingresó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, consiguiendo el visto bueno de los 26 legisladores que participaron de la votación. Para sorpresa de los presentes, hubo tres disidencias parciales, por parte de Federico Sturzenegger del PRO, Miguel Bazze y Enrique Vaquié de la UCR.
Posicionamiento de los actores del sector
Cuando se conoció el texto que ingresó en senadores, hubo opiniones encontradas, algunas a favor, otras más negativas, al punto que varias asociaciones plantearon aplicar modificaciones en la normativa, alertando sobre las dificultades para diversificar la matriz, con un precio límite de 113 dólares el MWh.
También advirtieron respecto de las consecuencias que ocasionaría obligar a los Grandes Usuarios – consumo igual o superior a 300 kW -que presenten los certificados de compra de energía limpia. Temen que no se apliquen las multas correspondientes y que no se garantice el cumplimiento de la ley. Incluso, se alertó sobre las complicaciones económicas que acarrearía en el sector Pyme su instrumentación.
Tal es así, que el Comité Argentino de Presas (CAP), entidad que representa al sector hidroeléctrico, y la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) enviaron notas a Julián Domínguez, el presidente de la Cámara de Diputados, solicitándole la revisación de algunos artículos.
Son algunos de los temas que se van a plantear al momento de reglamentar la normativa que aún no tiene fecha cierta ¿Será este año? Los referentes de la industria dudan que en los tres meses que quedan para la actual gestión de Gobierno se pueda resolver.
En este escenario, de ser Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria (FPV) el próximo presidente, habrá más chances de que se mantenga intacto el texto original, aprobado en ambas cámaras. De ganar el PRO de Mauricio Macri, se sabe que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) apoya la iniciativa, pero ya está trabajando en el tema, viendo otras posibilidades para su reglamentación, según supo energiaestratégica.com.
El corazón de la propuesta tiene como objetivo lograr que un 8 por ciento de la matriz nacional de energía eléctrica sea aportada por fuentes renovables de cara al año 2017 y alcanzar un 20 por ciento para el año 2025.
Uno de los aspectos destacados tiene que ver con los mecanismos que conformarían un fondo fiduciario (FODER) para respaldar la financiación de los proyectos de inversión:
- Destinar un mínimo del 50 por ciento del ahorro efectivo en combustibles líquidos causado por las energías renovables (se calcula que las energías renovables ahorrarían al fisco 41.000 millones de dólares hasta el año 2025)
- Cargos específicos a la demanda
- Recupero de capital e intereses de la financiación otorgada
- Dividendos o utilidades percibidas por titularidad de acciones o participaciones en proyectos o ingresos por sus ventas
Con esta medida se pretende que se contraten volúmenes de energía directamente en el mercado, ya sea con generadores de energías renovables independientes, a través de comercializadores, o por medio de la ejecución de proyectos propios.
- a) Amortización acelerada del impuesto a las ganancias, a lo que se suma:
- b) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- c) Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- d) Certificado Fiscal por el 20 % del componente nacional siempre que se integre un mínimo del 30%.
- e) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos (10%) ante la reinversión de utilidades.
- f) Exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.
- g) No aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento.
- h) Traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos.
- i) Tratamiento para el despacho como central hidroeléctrica de pasada, lo que brinda prioridad de despacho a los proyectos.
- j) Aporte de la reserva de potencia soportado por todo el sistema.
- k) Límite de 113 us$/MWh promedio al precio de los contratos suscriptos por los Grandes Usuarios (muy inferior a la penalidad de 200 us$/MWh).
- l) Prioridad de acceso al financiamiento público (FODER) a proyectos con mayor integración de componente nacional.
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Fue de un millón de litros el derrame de la Barrick
Barrick ahora admite que el derrame es de un millón de litros de agua cianurada
Primero había dicho 15 mil, luego 224 mil. La empresa insiste en que no se afectó la salud de la población. Nuevas denuncias contra funcionarios de San Juan.
La minera canadiense Barrick Gold dijo hoy que fueron 1.072 metros cúbicos (más de un millón de litros) de solución cianurada los que se derramaron en la mina de oro Veladero, de San Juan.
La compañía operadora de la mina llegó a esa conclusión a partir de una investigación interna a cargo de un equipo de expertos técnicos de la empresa.
El informe preliminar de la investigación confirmó que la fuga de solución cianurada ocurrió debido a la falla de una válvula de venteo en una tubería de transporte de dicha solución, que habría ocurrido aproximadamente a las 20 del sábado 12 de septiembre.
"Asimismo, la investigación de Barrick permitió determinar que la fuga de la solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas (denominado Canal Norte), que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia", informó la empresa en un comunicado.
Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando y esto permitió el paso de la solución hacia el Río Potrerillos", explicó la compañía.
El informe indica que pese a la cantidad vertida "no ha generado un impacto para la salud de las personas".
Ayer se sumó una nueva denuncia penal contra el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y el ministro de Minería, Felipe Saavedra, por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y encubrimiento.
Ambos fueron informados el domingo 13 por la empresa y no dieron cumplimiento inmediato al protocolo y plan de contingencia dispuesto por el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Veladero para el caso de derrames de cianuro, señala Diego SEguí, abogado de Saúl ZEballos el vecino que inición un recurso de ampara.
El abogado también explicó que los funcionarios también ocultaron el "estrago ambiental" hasta que recién el martes 15 formularon la denuncia, luego de que ya la había hecho Zeballos.
Amplían la medida de suspensión de la mina Veladero por 30 días
Informe de Minería: “Se mantienen los monitoreos de agua, suelo, flora y fauna”
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 artículo 26
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