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Timestamp: 2020-02-21 16:42:52+00:00

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BOE i notícies de premsa del 19 de desembre de 2019
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 19 DE DESEMBRE DE 2019
III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM)
(BOE, 19-12-2019)
Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de diciembre de 2019
Resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 13 de diciembre de 2019
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/index.php?s=3
NOTÍCIES DE PREMSA DEL 19 DE DESEMBRE DE 2019
La Asociación Española de Banca (AEB) y los sindicatos han firmado un acuerdo sobre el registro de la jornada laboral y el derecho a la desconexión digital y laboral de los trabajadores. Un acuerdo que supone "un cambio cultural y organizativo basado en la eficiencia que pretende acabar con el presentismo y las prolongaciones de jornada", según ha explicado CCOO en un comunicado.
Gracias al citado acuerdo, se articula el deber de las empresas de registrar la jornada laboral de las plantillas y se desarrolla también el derecho a la desconexión digital y laboral como herramienta para cumplir con el horario establecido. El texto reconoce que la formación presencial y online, así como las reuniones que se realizan tanto dentro como fuera de la jornada ordinaria diaria, es tiempo efectivo de trabajo.
En el acuerdo se manifiesta que hacer horas extraordinarias es una mala práctica totalmente desaconsejable y especifica que su realización depende de la voluntariedad de los trabajadores que, en ningún caso, pueden ser obligados a realizar. Además, el texto contempla que cada entidad pueda negociar y firmar sus propios acuerdos para desarrollar y complementar el mismo, así como adaptarlos a sus propias particularidades.
Para CCOO la firma de este acuerdo es "muy positiva" porque supone un compromiso para desarrollar una organización del trabajo más eficaz, que no atente contra la salud laboral de las plantillas y las permita conciliar.
(Expansión, 19-12-2019)
La Administración solo puede impedir a los funcionarios que trabajen en el sector privado si están cobrando un complemento que remunere expresamente el concepto de incompatibilidad. Así, lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 5 de diciembre de 2019, en la que fija doctrina jurisprudencial.
La ponente, la magistrada Pico de la Peña, señala que "la asignación de un complemento específico por un motivo concreto ha de identificar su razón de ser en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo para poder ser calificado como factor de incompatibilidad".
Añade como doctrina que "puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las retribuciones complementarias no supere el 30% de las retribuciones básicas, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad y de superarse debe estarse a lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el ámbito de la Administración General del Estado y lo que puedan establecer leyes de función pública autonómica".
El tribunal concluye que, a la vista de lo establecido en la Ley 53/1984, de Incompatilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, "la percepción por parte de los empleados públicos de complementos específicos, o concepto equiparable, que incluyan expresamente entre los componentes que remuneran, el factor de incompatibilidad impide, en todo caso y con independencia de la cuantía de aquellas retribuciones complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas".
En el caso concreto examinado, correspondiente a un técnico de la agencia IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), el Supremo aplica esta doctrina y dice que "no existen elementos para concluir que el complemento 'puesto de trabajo' percibido por el recurrente (en jornada de verano de 8 a 15 horas y en invierno la misma más una tarde, a elegir entre lunes o martes de 16,30 a 19 horas) lo sea por 'incompatibilidad'", en contra de lo que sostenía la Junta andaluza, para quien dicho complemento sí retribuía, entre otros factores, el de incompatibilidad.
El Banco de España calcula que la economía española necesita crecer menos para crear empleo después de la crisis. Si antes de 2008, necesitaba un ritmo medio de al menos un 1,2%, desde 2014 este umbral es de alrededor del 0,8% de promedio. El banco explica que la relación entre el crecimiento del PIB y el del empleo en la economía española "no es constante en el tiempo y, en particular, varía de forma apreciable en función de la fase del ciclo económico".
Además, el Banco de España destaca varios motivos. En primer lugar, pone de relieve las diferencias entre dos fases expansivas analizadas (entre el inicio de 1995 y el tercer trimestre de 2008 y entre el comienzo de 2014 y el segundo trimestre de 2019) en términos de la intensidad, duración o composición del crecimiento, así como también los posibles efectos derivados de la intensa destrucción de empleo durante la crisis.
(El País, 19-12-2019)
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido con los líderes de los sindicatos y los empresarios a negociar con ellos todo lo que tenga que ver con legislación laboral y reforma de pensiones. Eso implica que también hablarán, concretamente, sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), según les ha dicho explícitamente a los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva, cuyas organizaciones están especialmente inquietas. El compromiso ha llegado en las cuatro llamadas que ha hecho Sánchez a los líderes de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, y de las patronales, CEOE y Cepyme, como un paso más hacia la posible investidura mientras ata la abstención de ERC.
Conforme avanzan las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, aparecen informaciones sobre el contenido de estas y uno de los aspectos destacados hasta ahora es la subida del SMI este año y a lo largo de la legislatura. Esto inquieta a los agentes sociales que temen volver a quedarse fuera de esa decisión, como ya sucedió el año pasado. Pero Sánchez, en la ronda de llamadas que está haciendo esta semana a presidentes autonómicos y responsables de la federación de municipios y provincias, en la que también ha incluido a los agentes sociales, habría tratado de calmar a estos últimos diciéndoles que su intención es contar con ellos para negociar sobre el "salario mínimo, reforma de pensiones y reforma laboral", según explica el secretario general de CC OO, Unai Sordo.
"Se ha comprometido a hablar en el diálogo social de la reforma de pensiones, de la reforma laboral y del salario mínimo", ha insistido Pepe Álvarez, de UGT. "Ha dicho que va a cumplir su programa de subirlo hasta el 60% del salario medio", ha continuado. "Yo, además, le he pedido que en la primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, cuando lo haya, derogue el artículo 52.d del Estatuto [el que permite los despidos justificados por enfermedad]".
Desde el lado empresarial, también Garamendi y Cuerva sostienen esta versión sobre el contenido de la llamada. Garamendi, además, ha avanzado que su intención es llamar pronto a los sindicatos para pactar entre ellos una posición sobre el SMI ya para 2020. Este movimiento se antoja preventivo ante las informaciones que aparecen que avanzan que el PSOE y Unidas Podemos habrían pactado ya un aumento hasta los 1.000 euros mensuales, desde los actuales 900. "Eso sería una barbaridad", defiende el líder de CEOE.
Cuerva, por su parte, ha pedido que no se les lleve un acuerdo cerrado que les deje sin margen de negociación. De ahí que tras la llamada del Sánchez muestre un optimismo escéptico: "Tengo que creer lo que me ha dicho el presidente del Gobierno".
A pesar de esto, todos coinciden en que la llamada ha sido de tono institucional y sin un gran desarrollo de detalles, más bien de meros enunciados. Tampoco ha desvelado a sus interlocutores los plazos que maneja para la investidura ni si finalmente la habrá. "No hemos hablado de cuándo va a ser la investidura ni de si tiene los apoyos", ha dicho Álvarez.
(La Vanguardia, 19-12-2019)
Las empresas españolas pierden 1.000 euros por segundo a causa de la gestión burocrática de la contabilidad y la facturación. Son datos de Sage, un software que ofrece soluciones de gestión para empresas. Según el informe, las pymes españolas dedican demasiado tiempo a labores administrativas, y presenta como solución la digitalización de estas tareas- En beneficio de un tiempo que, de dedicarse a las actividades verdaderamente ligadas al negocio, multiplicarían sus ingresos.
(Cinco Días, 19-12-2019)
El Supremo permite que se reclame una cláusula abusiva de suelo, aunque el contrato haya vencido
Los demandantes procedieron entonces a reclamar las cantidades indebidamente pagadas por la aplicación de la cláusula abusiva, y tras pasar por primera instancia y por la Audiencia Provincial de Badajoz, el Supremo les ha dado la razón. No hay fundamento legal, señala el fallo de la Sala de lo civil, adoptado en Pleno, para afirmar que la consumación de un contrato impida el ejercicio de la acción de nulidad.
Más aún, recuerda la sentencia, el Código Civil fija el momento de consumación del contrato como término inicial del plazo para ejercitar la acción de nulidad por error, dolo o falsedad de la causa, es decir, para reclamar. Y lo mismo se puede aplicar en caso de que venza el préstamo, añade al Supremo. Por todo ello, declara nula la sentencia del juzgado extremeño y le insta a dictar una nueva sentencia.
Desde la asociación de consumidores Asufin valoran el fallo del Supremo, que coincide con los postulados que defienden en los tribunales "desde hace mucho tiempo", señala su presidenta, Patricia Suárez. Los afectados por cláusulas abusivas pueden reclamar y recuperar el dinero pagado de más por una cláusula suelo o una multidivisa, aunque hayan vendido la casa o la hayan perdido en una ejecución hipotecaria, destaca Suárez.
El BCE estudia que los ciudadanos puedan abrir cuentas en el banco central
El BCE comenzará en enero el análisis de la efectividad de sus instrumentos de política monetaria y no habría que descartar el debate del uso de otros nuevos y más heterodoxos aún de los empleados hasta ahora. Según avanzó Benoit Coeuré, miembro del comité ejecutivo de la institución, hay que abrir el debate sobre si la política monetaria debe llegar directamente al ciudadano, dándole acceso directo al balance del BCE. En definitiva, abrir una cuenta en el banco central.
Coeuré también ha reconocido que el BCE debería revisar su objetivo de inflación. La revisión estratégica del mandato de la institución es de hecho la tarea en la que se sumergirá la nueva presidenta Chistine Lagarde en enero. “El BCE debería clarificar que pretende lograr una inflación del 2% a medio plazo. Y podría comunicar un rango de inflación posible que puede ser considerado aceptable”, explicó. Es decir, modificar el objetivo actual de estabilidad de precios -por el que el IPC de la zona euro debe estar cerca, aunque por debajo, del 2%- por un objetivo flexible que permitiera desviaciones.
Según Coeuré sería conveniente una mayor tolerancia, sin que ello sea una señal de inacción o complacencia y sin renunciar en todo caso al “ancla” del 2%. Coeuré añadió además que no hay “pruebas convincentes” de que un objetivo siméstrico –por el que el IPC podría superar el 2% de forma puntual–debilite las expectativas de inflación.
La oposición demócrata en Estados Unidos aprobó este miércoles los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en contra del presidente, Donald Trump, convirtiéndolo así en el tercer mandatario en enfrentar un juicio político en la historia del país. Los demócratas han hablado de someter a Trump a un "impeachment" desde que el presidente llegó al poder hace tres años tras una polémica campaña en la que, según la inteligencia estadounidense, recibió el apoyo de Moscú.
Al principio del mandato, los demócratas tenían sus esperanzas de "impeachment" puestas en la investigación que lideró durante dos años el fiscal especial Robert Mueller para buscar nexos entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin, pero esta terminó sin resultados concluyentes contra el mandatario. Pero cuando los demócratas ya se habían resignado y veían los comicios de 2020 a la Presidencia como la única forma de sacar a Trump del poder, una filtración en septiembre desde el interior de la Casa Blanca sobre un controvertido favor que el mandatario pidió a Ucrania reactivó el proceso.
Este miércoles, finalmente, sin un solo congresista republicano a favor, la Cámara de Representantes aprobó los cargos de abuso de poder (230 síes, 197 noes y una abstención) y el de obstrucción al Congreso (229 síes, 198 noes y una abstención) en contra de Trump. Trump se convirtió así en el tercer presidente de la historia de EE.UU. en enfrentar un juicio político después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, ambos absueltos.
Richard Nixon en 1974 también enfrentó un proceso de destitución, pero renunció al cargo antes de que la Cámara de Representantes votase los artículos de "impeachment" en su contra. La filtración que animó en septiembre a los demócratas a impulsar el proceso de destitución fue la que protagonizó un agente de la CIA asignado a la Casa Blanca al informar a los servicios de inteligencia sobre una conversación telefónica de julio entre el presidente y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.
En esa llamada, Trump presionó a Zelenski para que investigara a su rival político y exvicepresidente, el demócrata Joe Biden -actual precandidato de su partido a las elecciones de 2020-, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, aseguró que el de hoy fue "un gran día para la Constitución pero un día triste para el país", y agregó que el actuar del presidente no les dejó otra alternativa que "presentar artículos de juicio político".
(El Mundo, 19-12-2019)
El Poder Judicial prorroga los juzgados de cláusulas suelo
En un comunicado, el CGPJ recuerda que estos juzgados ad hoc se crearon para hacer frente a la gran cantidad de demandas presentadas en relación, entre otros asuntos, con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
Acordada por la comisión permanente del Poder Judicial, el pasado 8 de noviembre, la prórroga afecta a 54 órganos judiciales, en los que tras dos años y medio y gracias a la fluida comunicación de todas las instituciones implicadas, ha sido posible determinar dónde es necesario prorrogar el plan durante un año y dónde seis meses, destaca. Todo ello, añade la nota del CGPJ, cuando son visibles evidentes mejoras.
A 30 de junio de este año, el volumen de asuntos pendientes de resolución era un 2,25 % más bajo que al finalizar el primer trimestre. En prácticamente todos los territorios, apunta Efe, mejoró la tasa de resolución de asuntos, que resulta del cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un determinado periodo y que permite conocer la capacidad de resolución del órgano judicial en relación con el volumen de entrada de nuevas demandas.
Entre abril y junio, la tasa de resolución a nivel nacional era del 118,4 %, frente al 82 % del primer trimestre. Desde su puesta en marcha en junio de 2017, se resolvieron casi la mitad de todas las demandas ingresadas.

References: Real Decreto 
 artículo 52
 resolución 
 resolución 
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