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﻿ Sentencia T-434 de mayo 23 de 2011
SENTENCIA T-434 DE 23 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS SINDICATOS Y DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS. ES VÁLIDO QUE NO SOLO LOS TRABAJADORES, SINO TAMBIÉN EL SINDICATO RECLAME LA TITULARIDAD DEL DERECHO A LA LIBRE EXPRESIÓN Y QUE SOLICITE POR VÍA DE TUTELA SU AMPARO FRENTE A EVENTUALES VIOLACIONES POR PARTE DEL ESTADO O PARTICULARESEN LA MODALIDAD DE FIJACIÓN DE AFICHES Y CARTELES, DEBE LA EMPRESA ESTABLECER ESPACIOS APTOS PARA EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO. LIBERTAD DE EMPRESA, SUBORDINACIÓN LABORAL Y EL DEBER DE RESPETAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, SINDICATO DE EMPRESA, ESTATUTOS DEL SINDICATO, SUBORDINACIÓN LABORAL
Sentencia T-434 de mayo 23 de 2011
Ref.: Expediente T-2.914.433
1. Fundamento de la demanda de tutela(1).
1.1. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Lechera Sintrainduleche, es una organización sindical de industria, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 1583 de 1955 del Ministerio del Trabajo.
1.3. El 4 de agosto de 2010 se inició la etapa de arreglo directo(2) entre los representantes de Sintrainduleche y Proleche que culminó el 23 de agosto de 2010 sin que se haya llegado a ningún acuerdo en relación al pliego de peticiones(3). No obstante lo anterior, en el acta de terminación de la etapa de arreglo directo, las partes manifestaron su disposición para superar el conflicto.
1.7. Sumado a lo anterior, la empresa inició procesos disciplinarios contra aproximadamente 20 miembros del sindicato por haber violado el reglamento interno de trabajo que prohíbe realizar este tipo de acciones dentro de la empresa(4).
3.1. Primera instancia(5).
3.3. Segunda instancia(7).
En el marco del proceso de referencia, la Corte Constitucional solicitó a la accionada mediante auto del 25 de marzo de 2011, notificado por medio de estado número 096 del 29 de marzo de 2011, para que remitiera la siguiente información al despacho: 1) Sobre el proceso de negociación colectiva entre Sintrainduleche y Proleche S.A. indicando el estado actual del mismo; 2) Sobre el proceso disciplinario iniciado contra los trabajadores Margarita Bedoya, Francisco Carvajal, Jaime Botero, Jorge Marín, Francisco Acevedo, Roberto Zamora, Carlos Marín, Fernando Zapata, Hernán García, Arlet López, Hernando Oquendo, Diego Carmona, Fabiola López, Carlos Mario Gómez, Fredy Rodríguez, William Arango, Alberto Carvajal, Maximiliano Otálvaro, Alba Palacio, Giovanni Castañeda.
El 5 de abril de 2010, durante el término probatorio, la secretaría de la Corte Constitucional recibió un documento remitido por la directora de recursos humanos de Proleche S.A. En dicho documento, se manifestó lo siguiente:
— Que el proceso de negociación colectiva iniciado a raíz de la presentación del pliego de peticiones por parte de los sindicatos existentes en la empresa, es decir Sintrainduleche y Sintraimagra, se adelantó en la etapa de arreglo directo sin que se lograra un pleno acuerdo entre las partes en ese momento, razón por la cual ambos sindicatos solicitaron al Ministerio de la Protección Social la convocatoria de un tribunal de arbitramento obligatorio, el cual fue efectivamente convocado mediante la Resolución 398 del 15 de febrero de 2011, por lo que este se encuentra adelantando el trámite legal correspondiente, y próximamente se posesionarán los árbitros quienes deberán proferir el laudo arbitral.
— Que en forma paralela la empresa y las dos organizaciones sindicales anteriormente mencionadas, se han seguido reuniendo a instancias de la mediación propiciada por el Ministerio de la Protección Social, lográndose un gran avance en los puntos pendientes de acuerdo, de modo que en el transcurso de esa semana o en las semanas siguientes, se espera lograr el acuerdo definitivo y firmar la nueva convención colectiva de trabajo.
— En relación con las sanciones disciplinarias a los trabajadores, se señala que éstos presentaron sus descargos, se les comunicó la respectiva sanción disciplinaria, la cual no fue objeto de apelación o solicitud de revisión como lo establecen tanto la convención colectiva como el propio reglamento interno de trabajo vigente. Sin embargo indica que en la mesa de negociación a la que asisten las partes, los sindicatos han solicitado que se revisen las mencionadas sanciones disciplinarias.
En la presente ocasión, corresponde a la Sala de Revisión determinar si los derechos a la libertad de expresión, y por esta misma vía, a la asociación sindical y a la negociación colectiva del Sindicato, fueron vulnerados por la empresa —mediante el reglamento de trabajo o las órdenes y actuaciones correspondientes—,al sujetar a su expresa autorización la distribución de panfletos y volantes, la fijación de afiches y pancartas y la utilización de petos en sus instalaciones por parte del sindicato en defensa del pliego de peticiones, en el marco de las negociaciones colectivas. En otras palabras, ¿Puede la empresa legítimamente prohibir la circulación de dicho material publicitario e imponer sanciones a quienes hayan participado en esta actividad sin violar la libertad de expresión del sindicato y de sus miembros y por esta vía el ejercicio del derecho a la libre asociación sindical y a la negociación colectiva?
3. Protección por vía de tutela de los derechos fundamentales de los sindicatos y de los trabajadores sindicalizados. Reiteración de la jurisprudencia.
3.1. El tema de la titularidad de derechos fundamentales en cabeza de las personas jurídicas se ha venido desarrollando a través de la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional(8).
Si bien la noción de derecho fundamental se ha construido a partir del concepto de la dignidad humana, no es contradictorio con esta idea, el hecho de que las personas jurídicas, que son entidades que carecen de esta cualidad, puedan ser titulares de derechos de esta naturaleza. En efecto el “sustrato ético-jurídico” de las personas jurídicas son las personas físicas que se organizan para cumplir con fines que en muchos casos están incluidos en el ámbito de protección de los derechos fundamentales(9).
En Colombia, la Corte ha reconocido el carácter fundamental de los derechos de las personas jurídicas, y de la posibilidad de que éstas interpongan acciones de tutela para buscar su amparo frente a una amenaza o vulneración(10). Desde sus primeras sentencias, la jurisprudencia constitucional reconoció la titularidad de las personas jurídicas frente a derechos fundamentales.
En efecto, el precepto superior no distingue y, por el contrario, los fines que él persigue quedarían frustrados o, cuando menos, realizados de modo incompleto si el alcance de la protección se restringiese por razón del sujeto que lo invoca, dejando inermes y desamparadas a las personas jurídicas. Estas también son titulares de derechos reconocidos por el ordenamiento constitucional y no existe razón alguna para impedirles que se acojan al mecanismo preferente y sumario diseñado por el Constituyente para lograr su efectividad”(11).
Así mismo señaló que la acción de tutela era el mecanismo idóneo para que las personas jurídicas reclamaran el amparo de sus derechos fundamentales, tal y como lo señala la Sentencia T-411 de 1992:
3.2. En este orden de ideas, en varias sentencias esta corporación ha analizado casos en los que se solicita el amparo de los derechos de sindicatos precisando que éstos se encuentran legitimados para asumir tanto su propia defensa, como la de los trabajadores que los integran(12).
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, la legitimación de los sindicatos para instaurar la acción de tutela no solo proviene de su propia naturaleza que lo erige en personero de dichos intereses, sino de las normas de los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991, según los cuales la tutela puede ser instaurada por el afectado o por quien actúe en su nombre o lo represente(13).
De esta manera, la Corte ha establecido que el juez de tutela es competente para conocer y decidir con respecto a las relaciones entre trabajadores o sindicatos y empleadores en casos en los que se presenten hechos que impliquen un atentado o vulneración a los derechos fundamentales, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política. Por lo anterior, se ha considerado la acción de tutela como mecanismo válido de protección de los derechos fundamentales, entre ellos el de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva, para obtener por parte del juez constitucional, una orden tendiente a que cesen conductas que impidan u obstaculicen su ejercicio(14).
“... a) Cuando el patrono desconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, o afiliarse a estos, o promueve su desafiliación, o entorpece o impide el cumplimiento de las gestiones propias de los representantes sindicales, o de las actividades que competen al sindicato, adopta medidas represivas contra los trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al sindicato. Igualmente, cuando el patrono, obstaculiza o desconoce, el ejercicio del derecho de huelga, en los casos en que ésta es permitida; b) Cuando el patrono obstaculiza o impide el ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Aun cuando, tal derecho (C.P., art. 55), no figura entre los derechos fundamentales, puede ser protegido a través de la tutela, porque su desconocimiento puede implicar, la violación o amenaza de vulneración de derecho al trabajo, como también el derecho de asociación sindical, si se tiene en cuenta que una de las funciones de los sindicatos es la de presentar pliegos de peticiones, que luego del trámite correspondiente conduce a la celebración de la respectiva convención colectiva de trabajo; c) Cuando las autoridades administrativas del trabajo incurren en acciones y omisiones que impiden la organización o el funcionamiento de los tribunales de arbitramento, sean obligatorios o voluntarios, encargados de dirimir los conflictos colectivos de trabajo, que no se hubieren podido resolver mediante arreglo directo o conciliación, o el ejercicio del derecho de huelga, o cuando incumplan las funciones que le corresponden, según el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, durante el desarrollo de la huelga ...”.
c) Cuando se presenta el incumplimiento de las obligaciones que de modo general incumben al patrono o de alguna de las obligaciones especiales a que aluden los artículos 56 y 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se violan o amenazan algunos de los derechos fundamentales del trabajador, v. gr. (1) la violación de la obligación de protección y seguridad a los trabajadores, al no procurar “locales apropiados y elementos adecuados, de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales”, o de “prestar los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad”, lo cual atenta contra los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud; (2) el irrespeto “a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos”, lo cual puede comportar la violación de los derechos fundamentales, relativos a la prohibición de someter a las personas a tortura y a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la intimidad personal y familiar, a la honra y al buen nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y de cultos y a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones; (3) la negativa del patrono a conceder licencia “para el ejercicio de sufragio”, o “para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación” o “para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización”, constituye, según el caso, violación de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40, nums. 1º y 7º) y de asociación sindical (art. 39); (4) la omisión de patrono de expedir al trabajador, a la terminación del contrato la certificación sobre tiempo de servicios, labor desarrollada y salario devengado, que puede resultar violatoria del derecho al trabajo y de la libertad para escoger profesión u oficio; (5) la negativa a la práctica del “examen sanitario” y a expedir la correspondiente certificación, habiendo mediado petición del trabajador, lo cual viola su derecho fundamental a la salud.
d) Cuando el patrono —caso muy frecuente— consigna por escrito o suministra, por cualquier otro medio a otros empleadores informaciones negativas sobre el comportamiento laboral del trabajador, y viola por consiguiente los derechos fundamentales a la intimidad y al buen nombre (art. 15)”.
De otro lado y a diferencia de lo que consideró el juez de primera instancia, encuentra la Corte que la conducta del patrono fundamentada en el reglamento de trabajo, no se enmarca, como señaló el a quo, en el tipo de conductas legítimas de un particular. Se trata por lo contrario del típico caso de subordinación frente a un particular(15) que configura el presupuesto descrito en el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991(16).
Como lo ha señalado la jurisprudencia en esta materia.
“[...] La subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida esta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”(17).
No hay que olvidar que, no obstante las autoridades públicas en principio no pueden introducirse en algunos espacios de las relaciones privadas, en materia laboral, la injerencia estatal es mayor y se justifica en la medida en que el trabajo es uno de los valores esenciales del Estado social de derecho. Como lo establece la Sentencia T-579 de 1995.
4. La libertad de empresa, la subordinación laboral y el deber de respetar el reglamento interno de trabajo.
4.1. La Constitución garantiza el derecho a la libertad económica y de empresa (C.P., art. 333), entendida como “la facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar un patrimonio”, siempre que las conductas y acciones que se desprenden de esa libertad, encuentran su límite en la Constitución y las leyes(18).
4.2. Dentro de la actividad empresarial se inscribe la figura de la subordinación laboral, para la realización del proyecto productivo que la empresa se proponga. Al capital comprometido y la actividad gerencial necesarios para estructurar una empresa, se ha de sumar la fuerza de trabajo necesaria para el ejercicio de las actividades propias del objeto social. Tal factor económico suele procurarse a través del contrato de trabajo, el cual incorpora el elemento “subordinación” como esencial en la estructuración de la relación laboral. Como lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte Constitucional(19), la subordinación es un componente fundamental del contrato de trabajo ya que en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, faculta al empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto a modo, tiempo y cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos internos, sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos del trabajador.
Con relación a las diferentes teorías sobre subordinación, como la técnica, la económica y la jurídica, la jurisprudencia se ha inclinado por ésta última que define la subordinación como “la aptitud que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y exigirle su cumplimiento, para dirigir su actividad laboral e imponerle los reglamentos internos de trabajo a los cuales debe someterse, todo dirigido a lograr que la empresa marche según los fines y objetivos que se ha trazado”(20).
“La subordinación del trabajador al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la doctrina y la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias, con miras al cumplimiento de los objetivos de la empresa, los cuales son generalmente económicos”(21).
4.3. Una de las expresiones de la subordinación, es precisamente la posibilidad de que el empleador imponga un reglamento interno que regule el comportamiento dentro de la empresa y las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. Dicho reglamento, que debe someterse a los requisitos que impone el Código Sustantivo del Trabajo para ser válido, regirá las políticas de la empresa, las relaciones laborales y regulará las condiciones en que debe desarrollarse el trabajo. Este ha sido definido como “el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores en la prestación del servicio”(22).
En reiteradas sentencias, la Corte ha señalado que el hecho de que en el marco de su actividad económica, las empresas tengan derecho a fijar su propio reglamento, en ningún momento pueden desbordarse los límites fijados por la Constitución.
“Es preciso anotar, que en el campo de esa actividad económica es necesario el señalamiento por los empresarios de sus propios estatutos sociales y reglamentos internos para gobernarse en el seno de su empresa, los cuales por ser de obligatorio cumplimiento, en virtud del pacto que se celebra para su expedición, no excluyen el acatamiento a los principios, derechos y valores constitucionales. Recuérdese que, según el mandato constitucional del artículo 4º de la Carta Fundamental: “es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes”; por lo tanto, es vital que el señalamiento de las condiciones y normas empresariales internas reguladoras de la actividad social empresarial, si bien en desarrollo de la libertad de asociación están regidas en principio por una amplia autonomía configurativa de los asociados, no están excluidas de una adecuada razonabilidad constitucional, en los distintos aspectos que las mismas involucran, como ocurre frente a la posible afectación de los derechos fundamentales de las personas vinculadas a dicha actividad de empresa, como consecuencia del alcance de sus estipulaciones.
De esta manera, las limitaciones de orden legal a las cuales puede verse sometida la libertad económica y de empresa, pueden tener como causa la garantía de los derechos fundamentales de las personas y la prevalencia del interés general. Por ello, es viable señalar que la defensa del propósito legítimo particular de explotación de los derechos patrimoniales en ejercicio de esa libertad, debe presentar la suficiente compatibilidad con la protección especial estatal otorgada a derechos que, como el trabajo y demás ligados a éste, son determinantes para alcanzar los fines económicos para los cuales fue creada la empresa, garantizando su realización efectiva, pero dentro del entorno que asegure la vigencia de un orden justo, protegido por las distintas autoridades públicas”(23) (resaltado fuera del texto).
De esta manera, el reglamento de una empresa no escapa al imperativo de adecuarse a la Constitución. En efecto, la Corte ha reiterado que tanto las autoridades públicas como los particulares están sujetos a la Constitución y a la ley (C.P., arts. 4º y 6º).
“Los principios fundantes del Estado social de derecho, como son la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad social, iluminan las relaciones laborales. Esta axiología básica se traduce en los principios mínimos del estatuto del trabajo que representan verdaderos derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos, la igualdad de oportunidades y la garantía contra el menoscabo de su libertad y dignidad (C.P., art. 53)”(24) (negrilla fuera del texto).
La subordinación del legislador a la Constitución en temas laborales, se extiende igualmente a la relación laboral como tal que debe enmarcarse en los límites establecidos por la Carta Política. Como lo establece la Sentencia C-531 de 1993.
“La interpretación que realiza el Legislador de los textos constitucionales la hace en el contexto del ejercicio de su función legislativa y solo puede obedecer a ese propósito. Las definiciones y precisiones que efectúa no trascienden lo que siempre será norma legal y se funden en ésta. La Corte Constitucional como guardiana de la integridad de la Constitución tiene la misión de confrontar las leyes con sus preceptos y excluir aquellas que los quebranten, lo que garantiza que la Carta siempre se mantenga como parámetro objetivo de la validez de las restantes normas del ordenamiento y que en todo momento pueda distinguirse lo que es obra del poder constituyente y lo que entra en el campo de los poderes constituidos. De lo dicho se desprende la existencia de un límite cierto a la función interpretativa de los poderes constituidos: sus actos no pueden fungir como interpretación auténtica de la Constitución y elevarse al rango de parámetro constitucional. La Corte en ejercicio de sus atribuciones de defensa del orden constitucional no podría cumplirlas si da cabida a interpretaciones auténticas distintas del fiel entendimiento y lectura que ella misma debe en cada caso hacer de su texto”.
5. La libertad de asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva y la libertad de expresión de los sindicatos.
5.1. En reiterada jurisprudencia, la Corte ha señalado que, desde una perspectiva constitucional, el derecho colectivo al trabajo comprende diferentes tipos de libertades y garantías entre las cuales se cuentan la libertad de asociación sindical, la institución de la asociación profesional para la defensa de intereses comunes, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga(25).
5.2. El derecho a la libre asociación sindical está consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política(26).
Se trata de un derecho subjetivo de carácter voluntario, relacional e instrumental(27), supone, según lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación(28), tres tipos de libertades: (i) libertad individual de organizar sindicatos; (ii) libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato; y, (iii) la autonomía sindical, que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno(29).
Para garantizar dicho derecho, las conductas protegidas por la libertad de asociación sindical comprenden según la jurisprudencia constitucional: (i) el derecho a vincularse a organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes y que tienen por objeto la defensa de tales intereses comunes, sin que resulte obligatoria la vinculación ni la permanencia en tales grupos; (ii) El derecho a constituir y a estructurar tales organizaciones como personas jurídicas, sin que para tal efecto se presente injerencia, intervención o restricción por parte del Estado; (iii) La libertad de determinar su propio objeto, las condiciones de admisión, permanencia, retiro y exclusión de sus miembros, el régimen disciplinario aplicable, las instancias internas de poder y de representación, la forma en que han de ser manejados sus propios recursos económicos, la manera como se puede poner fin a la existencia de tales organizaciones, y en general, la determinación de todos aquellos aspectos que los miembros de dichos grupos consideren oportunos, con la debida sujeción tanto al orden legal como a los principios democráticos; (iv) La imposibilidad de cancelación o suspensión de su personería jurídica por vía diferente a la judicial; y (v) La facultad de que disponen tanto los sindicatos como las asociaciones de empleadores de constituir y de vincularse a federaciones y confederaciones de orden nacional e internacional(30).
En síntesis, la Corte(31) ha interpretado este derecho desde su faceta positiva, en el sentido de que la libertad de asociación sindical faculta a los trabajadores para que estructuren organizaciones de diferente orden con el objeto de asumir su defensa frente a los conflictos obrero patronales, para lo cual la misma Constitución establece un conjunto de garantías, tales como el reconocimiento jurídico por la sola inscripción del acta de constitución, reserva judicial para los casos de cancelación o suspensión, fuero sindical y el sometimiento de su estructura interna y funcionamiento al orden legal y al principio democrático(32). Conforme con la jurisprudencia constitucional en la materia, la libertad de asociación sindical abarca todas las garantías y derechos que hagan posible el ejercicio efectivo de la actividad sindical.
5.3. De otro lado, el derecho a la negociación colectiva está descrito en el artículo 55 de la Carta Política(33) cuyo alcance ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte aplicando el artículo 2º del Convenio 154 de la OIT, aprobado mediante la Ley 524 de 1999 y estudiado en la Sentencia C-161 de 2000, que determina que la negociación colectiva es “un concepto genérico que alude a las negociaciones que tengan lugar entre un empleador, grupo de empleadores u organización de empleadores con una o varias organizaciones de trabajadores, con el propósito de fijar las condiciones que habrán de regir el trabajo y el empleo, o con el fin de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores a través de las diferentes organizaciones de unos y otros”.
Así mismo la Corte ha interpretado que los sujetos de la relación laboral en la negociación colectiva, gozan de recíprocos derechos y obligaciones aunque su intervención en el proceso no es igual, en la medida en que los empleadores pueden actuar individualmente mientras que los trabajadores sólo pueden adelantar conversaciones cuando se presentan a través de una organización.
La Corte(34) ha precisado que el derecho de negociación colectiva no se limita a la presentación de los pliegos de peticiones y a las convenciones colectivas, sino que incluye todas las formas de negociación que se den entre trabajadores y empleadores y que tengan el fin de regular las condiciones del trabajo mediante la concertación voluntaria, la defensa de los intereses comunes entre las partes involucradas en el conflicto económico laboral, la garantía de que los representantes de unos y otros sean oídos y atendidos, así como la consolidación de la justicia social en las relaciones que se den entre los empleadores y los trabajadores(35).
Tal y como lo señala la Sentencia C-161 de 2000, reiterando la jurisprudencia en la materia, la negociación colectiva libre y voluntaria “se presenta en el ámbito constitucional como el derecho regulador de una esfera de libertad en cabeza de patronos y los trabajadores”(36), que goza de amplio sustento y garantía constitucional.
En este orden de ideas, el derecho a la negociación colectiva debe leerse en concordancia con el preámbulo de la Constitución Política y el artículo 2º de la misma, en el sentido de que es deber del Estado promover y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, y en el caso particular de los conflictos laborales, garantizar la amplia participación de los sujetos de la relación laboral en la solución de sus controversias, siendo precisamente este el sentido del artículo 55 de la Carta Política. Con este argumento, la Sentencia C-161 de 2000 señala cómo la solución de los conflictos laborales en el marco de la negociación colectiva, representa un asunto de interés público.
(...) Por consiguiente, es indudable que la posibilidad de buscar la solución pacífica, concertada y libre a los conflictos en las ramas de la actividad económica, no sólo beneficia e interesa a las partes de la relación laboral sino que se convierte en un asunto que involucra el interés público.
En otras palabras, de acuerdo con la Carta y con la jurisprudencia constitucional(37), el fin de la negociación colectiva es el de lograr una concertación voluntaria y libre de condiciones de trabajo, el afianzamiento del clima de tranquilidad social en un contexto de diálogo, la defensa de los intereses comunes entre las partes del conflicto económico laboral, la participación de todas las partes en el proceso y, el consolidación de la justicia social en las relaciones laborales.
5.4. El derecho de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva están íntimamente relacionados(38) porque como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte(39), el derecho de negociación colectiva es consustancial al derecho de asociación sindical, en cuanto le permite a la organización sindical cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados y hacer posible, real y efectivo el derecho de igualdad, si se tiene en cuenta que dicha organización, por su peso específico, queda colocada en un plano de igualdad frente al patrono.
No obstante lo anterior, la Corte ha reconocido que se trata de derechos de diferente naturaleza en cuanto el derecho a la libre asociación busca garantizar la libertad sindical y tiene naturaleza fundamental, mientras que el derecho a la negociación colectiva, tiene como fin regular las relaciones laborales y en principio no tiene naturaleza fundamental aunque puede adquirirlo cuando se presenta una amenaza o vulneración del derecho al trabajo o de asociación sindical(40). Como lo señaló en su momento la Sentencia C-161 de 2000.
“(...) de acuerdo con el artículo 55 superior la negociación colectiva es un derecho destinado a “regular las relaciones laborales”, el cual está ligado con otros derechos como el de asociación sindical, pues la primera es una consecuencia de la existencia de sindicatos cuyo “ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados”(41). Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la negociación colectiva puede adquirir la categoría de derecho fundamental cuando su desconocimiento implica la vulneración o amenaza de los derechos al trabajo o de asociación sindical”(42).
Se trata en todo caso de derechos que no tienen carácter absoluto por lo que pueden ser limitados para proteger otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes como la prevalencia del interés general, el cumplimiento de los objetivos trazados por la política económica y social del Estado, la estabilidad macroeconómica y la función social de las empresas, entre otros(43).
5.5. La libertad de expresión está descrita en el artículo 20 de la Constitución Política(44) y por el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos(45).
Se trata de un derecho fundamental ampliamente reconocido por la Constitución Política, los tratados y convenciones ratificados por Colombia(46) como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, y que goza de amplio desarrollo jurisprudencial y doctrinario a nivel nacional e internacional.
En este orden de ideas, la Corte(47) ha reconocido que la libertad de expresión strictu sensu, consiste en el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa. Apareja el derecho de su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones, informaciones o ideas personales, y cuenta con una dimensión individual y una colectiva. La dimensión individual comprende el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el propio pensamiento, mientras que la dimensión colectiva consiste en el derecho de todas las personas a recibir tales pensamientos, ideas, opiniones e informaciones de parte de quien las expresa(48).
En cuanto al alcance y contenido de este derecho, se han descrito por lo menos ocho rasgos del ámbito constitucionalmente protegido que se resumen a continuación: (1) su titularidad es universal sin discriminación, compleja (quien se expresa y del receptor), y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión; (2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los cuales la presunción de defensa del derecho es derrotada, por consenso prácticamente universal plasmado en tratados internacionales que obligan al Estado colombiano; (3) existen diferentes grados de protección constitucional en los variados ámbitos de la expresión humana amparados por la libertad de expresión stricto sensu, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que otros, lo cual tiene efectos directos sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones. Por ejemplo hay que tener en cuenta el emisor, de si es persona natural o jurídica, de la calidad del mensaje que transmite (discusión política, intereses propios), etc.; (4) la expresión protegida por esta libertad puede ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada a través de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades jurídicamente relevantes; (6) la libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; y (8) impone claras obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los particulares.
Íntimamente relacionado con la libertad de expresión, la libertad de información, se caracteriza según lo ha establecido a Corte(49) por (1) su objeto jurídico específico, es decir la libertad de información que protege la comunicación de todo tipo de situaciones para que el receptor se entere de lo que está pasando (importancia interés del receptor para que gracias a la información pueda ejercer el derecho a la información), la libertad de información supone, además, que exista una infraestructura material apta para captar y difundir la información; (2) al igual que la libertad de expresión stricto sensu, la libertad de información es un derecho de titularidad universal y compleja pero el énfasis jurisprudencial se pone en el receptor de la información; (3) su importancia central para la democracia, (4) los deberes y responsabilidades específicos implícitos en su ejercicio, con derechos correlativos para el receptor de la información. Las principales obligaciones, así como los derechos correlativos de los receptores de la información, se refieren a las características de la información que se transmite, dicha información ha de ser “veraz e imparcial”, y respetuosa de los derechos fundamentales de terceros, particularmente a la intimidad y al buen nombre. La información sobre hechos, en tanto ejercicio de la libertad de información, ha de ser veraz e imparcial, mientras que la expresión de opiniones sobre dichos hechos, cubierta por la libertad de expresión stricto sensu, no está sujeta a estos parámetros. Las opiniones equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las acertadas y ecuánimes; (5) la necesidad de aplicar el método de ponderación y armonización concreta en caso de conflicto con otros derechos o valores constitucionales, y (6) la existencia de obligaciones específicas de respeto, protección y promoción para el Estado.
La jurisprudencia(50) de la Corte ha señalado la importancia de la libertad de expresión en nuestro ordenamiento constitucional, por cumplir un rol fundamental en el desarrollo de la autonomía y libertad de las personas y en el desarrollo del conocimiento y la cultura, sino también por constituirse en la base de la verdadera democracia participativa. Sobre esta base, se ha señalado la relevancia de esta libertad(51), que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y ser informado(52).
Ahora bien, es importante anotar que si bien la libertad de expresión no se constituye en un derecho absoluto, las limitaciones de las cuales sea objeto deben ser necesarias, legítimas y estar justificadas. Como bien lo establece la Opinión Consultiva 5 del 13 de noviembre de 1985, citada por la Sentencia C-010 de 2000, la Corte Interamericana analizó el alcance de este derecho concluyendo que su restricción es conforme a la Convención Interamericana si consiste en una forma de responsabilidad posterior, pues la censura previa se encuentra prohibida.
“Este punto es relevante tanto en el caso de partidos políticos y otras colectividades y agremiaciones sociales con intereses públicos o políticos, así como en el caso de empresas y organizaciones privadas con ánimo de lucro; y cobra una dimensión especialmente significativa en el caso de medios de comunicación o empresas editoriales, que además de ser personas jurídicas en sí mismas y ejercer, por lo tanto, su propia libertad, obran como canales para la expresión de terceros. La Corte Constitucional ha reconocido la existencia de un derecho a la libertad de expresión en cabeza de los medios de comunicación, y ha aceptado en numerosas oportunidades que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales según su naturaleza particular; en consecuencia, es claro que la libertad de expresión sí cobija a los medios de comunicación en tanto personas jurídicas, así como a quienes se expresan a través de ellos (...) En el derecho comparado también existen numerosas disposiciones jurisprudenciales que reconocen a las personas jurídicas la titularidad de este derecho constitucional, sea porque lo consideran inherente a la personalidad jurídica, o porque consideran digno de protección el valor de sus expresiones, independientemente de su fuente(53). Por su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha reconocido que las personas jurídicas, medios de comunicación (tales como las editoriales), independientemente de si se asocian o no con el contenido de lo que publican, juegan un rol central en el ejercicio de la libertad de expresión al proveer a los autores de un medio para tal ejercicio; por ello, las afectaciones de la libertad de expresión que se manifiesta a través de tales medios, afectan a su vez sus propios derechos fundamentales como personas jurídicas(54)” (subrayado y negrilla fuera del texto).
La libertad de asociación o de afiliación para constituir una persona jurídica, requiere también que los derechos de esas entidades sean amparados y se les garantice el ejercicio de las actividades que le son propias. Lo anterior es espacialmente ilustrativo en el caso de los sindicatos a los que, en algunos países, se les ha reconocido la titularidad de derechos fundamentales y se les han conferido derechos no consagrados en la Constitución gracias a una interpretación expansiva de la libertad sindical. Por ejemplo en España, se ha considerado que la libertad sindical implica “la libertad de los sindicatos de actuar libremente en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios, permitiendo así que la propia actividad del sindicato, como elemento teleológico que forma parte del contenido esencial de la libertad sindical, se integre en el artículo 28.1 de la Constitución y goce de la protección que el artículo 53.2 atribuye a los derechos y libertades reconocidos en la sección primera del capítulo segundo”(55).
En Colombia, se ha reconocido expresamente por la jurisprudencia constitucional, que las personas jurídicas en general pueden buscar el amparo de sus derechos fundamentales a través de la acción de tutela(56). Se ha señalado que las personas jurídicas, en cuanto proyección del ser humano, tienen sus propios derechos fundamentales como la propiedad, el debido proceso, el derecho de petición, el derecho de acceso a la información. Por consiguiente en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce que, al igual que las personas naturales, las personas jurídicas se encuentran habilitadas para ejercer derechos y contraer obligaciones.
En la medida en que la titularidad de la libertad de expresión ha sido reconocida por la Corte en cabeza de personas tanto naturales como jurídicas, se entiende que ésta se extiende también a otras organizaciones como los sindicatos y sus miembros. Es importante anotar en este punto que, si bien la libertad de expresión es un derecho inherente a los sindicatos porque por medio del mismo se garantizan otros derechos de este tipo de organizaciones, su reconocimiento explícito en la jurisprudencia internacional es relativamente reciente(57). La OIT ha recopilado las decisiones de varias Cortes del mundo que han reconocido la libertad de opinión y de expresión de los sindicatos considerando entre otras cosas que “el ejercicio pleno de los derechos sindicales requiere la existencia de una corriente libre de informaciones, opiniones e ideas y, con este fin, tanto los trabajadores y los empleadores como sus organizaciones deberían disfrutar de libertad de opinión y de expresión en sus reuniones, publicaciones y otras actividades sindicales”(58). También se reconoce que no obstante el establecimiento de una censura general se relaciona en principio con el ejercicio de los derechos civiles, puede afectar los derechos sindicales si la censura se presenta en el marco de un conflicto profesional porque esto puede repercutir en la evolución del conflicto y perjudicar a las partes al impedir la difusión de los hechos exactos(59).
La etapa de arreglo directo iniciada por las partes el 4 de agosto de 2010(60) terminó el 23 de agosto del mismo año(61) sin que se llegara a ningún acuerdo aunque tanto el sindicato como la empresa expresaron su disposición de superar el conflicto.
Luego de solicitar infructuosamente al sindicato el retiro de los medios publicitarios en defensa del pliego de peticiones, la gerencia de Proleche retiró los afiches, volantes, pancartas y petos de la empresa e inició procesos disciplinarios contra aproximadamente 20 miembros del sindicato por haber violado el reglamento interno de trabajo que prohíbe realizar este tipo de acciones dentro de la empresa(62).
De las pruebas solicitadas a Proleche se desprende que el tribunal de arbitramento obligatorio, fue efectivamente convocado mediante la resolución 00398 del 15 de febrero de 2011 y que este se encuentra adelantando el trámite legal correspondiente para que próximamente se posesionen los árbitros.
Así mismo se señala que las partes se han seguido reuniendo a instancias de la mediación propiciada por el Ministerio de la Protección Social, y que se espera que en las próximas semanas se logre el acuerdo definitivo para firmar la nueva convención colectiva de trabajo.
El fin buscado por el empresario consiste entonces en la regulación del proceso comunicativo al interior de la empresa a través de la prohibición de distribución de material publicitario y de fijación del mismo sin la autorización de la empresa en los lugares que esta disponga. Se trata de un fin lícito del empleador que se relaciona directamente con la libertad económica y la facultad de dirección y gerencia que entraña reglas de subordinación.
En cuanto a la necesidad de las medidas adoptadas para el logro de este fin legítimo, se considera que la facultad de limitar proceso de comunicación al interior de la empresa a través de mecanismos relacionados con la prohibición de fijar y distribuir material publicitario y las consiguientes sanciones disciplinarias a los trabajadores, puede llegar a ser lesiva de la libertad de expresión del sindicato, y por esta misma vía, del derecho de asociación sindical y de negociación colectiva, en particular cuando las partes se encuentran en medio del proceso de negociación del pliego de peticiones. En efecto, en el marco de este tipo de procesos de negociación, el sindicato tiene el derecho a defender sus intereses y a comunicarlos a los miembros del sindicato que laboran en la empresa. La libertad de expresión y de opinión como se describió anteriormente, se encuentra ampliamente garantizada por la Constitución Política y su restricción solo puede obedecer a razones relacionadas con el interés general. La empresa puede regular, mas no anular el derecho de libre expresión sindical: puede, por ejemplo, establecer reglas de ubicación de afiches y similares en carteleras prefijadas por ella misma o autorizadas al sindicato, mas no ignorar su derecho de información sobre el curso y contenido de la negociación. Cabe anotar en este punto que, tal y como ha quedado probado en el expediente, los mensajes contenidos en las pancartas no son irrespetuosos con respecto al empleador y se limitan a solicitar el apoyo del pliego de peticiones a los trabajadores y distribuidores de la empresa y a informar sobre el proceso de negociación colectiva(63). En este caso se constatan entonces algunos márgenes de limitación innecesaria de la libertad de expresión del sindicato, que incide directamente en el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores y en su derecho a la negociación colectiva.
6.7. Como lo ha señalado la Corte en casos similares al que se analiza en la presente sentencia(64), es natural que los particulares ejerzan control social sobre otros particulares y desde la perspectiva jurídica, es legítima la utilización de diversos mecanismos para regular distintos actos de las personas en la vida en sociedad. En el marco de las actividades económicas y empresariales, también los patronos tienen derecho a la defensa de sus intereses legítimos mediante la adopción de medidas de control de la conducta de los trabajadores y en este orden de ideas es viable que tomen decisiones para regular las relaciones dentro de su empresa. Los contratos y reglamentos internos de trabajo regulan las obligaciones de los empleados y se constituyen en mecanismos válidos y lícitos para ello.
Sin embargo, la Corte(65) ha indicado que debido a la relevante posición económica y social que ocupan las empresas en el mercado, la Constitución ordena que “ante la posibilidad de la utilización de mecanismos, para la defensa de intereses legítimos, no conciliables con otros principios, derechos y valores constitucionales, debe brindarse protección a los derechos fundamentales frente a los posibles abusos o excesos cometidos en las relaciones privadas laborales”(66).
Por lo anterior la Corte considera que: (i) la aplicación de las normas del reglamento interno de trabajo referentes a la prohibición de distribuir panfletos, volantes y similar material publicitario dentro de la empresa, lesiona el derecho de libertad de expresión sindical; (ii) la fijación de afiches, pancartas y material gráfico debe hacerse en las carteleras o espacios preestablecidos por la empresa, cuidando que sean suficientes y eficaces para asegurar el derecho de información de sindicato y trabajadores; (iii) la utilización de petos o afiches encima de los uniformes de trabajo por los empleados, pueden afectar las condiciones de aseo y las normas de salubridad implícitas en este tipo de actividad productiva de alimentos.
De otro lado, la Corte no se pronunciará sobre las sanciones impuestas a los miembros del sindicato que participaron en estas acciones. Esto en razón de que dichas sanciones no fueron recurridas o impugnadas por sus destinatarios, a pesar de que tuvieron la oportunidad de hacerlo en los términos establecidos tanto en la convención colectiva como en el propio reglamento interno de trabajo vigente(67). Lo anterior, sin perjuicio de que, en ejercicio de los derechos de libertad económica y negociación colectiva, empresa y sindicato lleguen a acordar su modificación o revocatoria.
1. Revocar parcialmente la sentencia del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín del 3 de noviembre de 2010 que confirmó la decisión del Juzgado Decimosexto Civil Municipal de Medellín del 21 de septiembre de 2010. En su lugar, amparar la libertad de expresión y la actividad sindical de Sintrainduleche respecto de la posibilidad de fijar afiches, pancartas y distribuir material gráfico y panfletos en las carteleras y espacios preestablecidos en el interior de la empresa.
2. ORDENAR a Proleche que modifique el reglamento interno de trabajo acorde a lo expuesto en la presente sentencia.
3. Confirmar parcialmente la sentencia del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín del 3 de noviembre de 2010 que confirmó la decisión del Juzgado Decimosexto Civil Municipal de Medellín del 21 de septiembre de 2010 respecto de la posibilidad de que los trabajadores de Sintrainduleche utilicen petos o afiches encima de los uniformes de trabajo por las razones expuestas en esta providencia.
(1) La acción de tutela fue presentada el 7 de septiembre de 2010.
(2) Ver folios 8 a 11 del cuaderno 1.
(3) Ver folios 12 a 14 del cuaderno 1.
(4) Ver folios 15 a 35 del cuaderno 1.
(5) Ver folios 96 a 100 del cuaderno 1.
(6) Ver folios 4 y 5 del cuaderno 2.
(7) Ver folios 5 a 7 del cuaderno 2.
(8) Si bien el tema no ha sido ampliamente tratado, para dar solo algunos ejemplos, constituciones como la Alemana consagran de manera expresa que los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas en la medida en que según su naturaleza le sean aplicables (Ley Fundamental de Bonn, art. 19.3). Por su parte la Constitución de Portugal establece que las personas jurídicas colectivas gozan de los derechos y están sujetas a los deberes compatibles con su naturaleza (Constitución de Portugal, art. 12). En España, si bien no se reconoce de manera expresa la titularidad de los derechos fundamentales en cabeza de las personas jurídicas, sí se contempla la posibilidad de que éstas acudan al Tribunal Constitucional para buscar el amparo de sus derechos (Constitución Española, art. 162.1. b)).
(9) Gómez Montoso, Ángel J. “La titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas: un intento de fundamentación (1). En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 22. Núm. 65. Mayo-agosto 2002.
(10) T-740 de 2009.
(11) T-201-93.
(12) Ver sentencias T-322/98, T-324/98, T-502/98, T-677/98, T-697/98, T-755ª/00, T-1658/00 y T-367/03, entre otras.
(13) Ver SU-342 de 1995.
(14) T-322 de 1998.
(15) T-579 de 1995. “En relación con la protección de los derechos fundamentales, el Constituyente extendió, por vía de reglamentación legal, la procedencia de la acción de tutela contra particulares respecto de los cuales el afectado se encontrare en una situación de subordinación o de indefensión (C.P., art. 86; D. 2591/91, art. 42). Particularmente, la acción de tutela procede contra organizaciones privadas que, por su importancia e influencia, ejercen un poder social funcionalmente análogo o equivalente al estatal dentro del ámbito de sus actividades”.
(16) T-1082 de 2001, T-290 de 1993, T-412 de 1992. “Una de las hipótesis en la cual procede la tutela ante particulares es la existencia de subordinación del accionante frente al accionado. La Corte Constitucional en su desarrollo jurisprudencial ha entendido por subordinación “la existencia de una relación jurídica de dependencia” o “la condición de una persona sujeta a otra o dependiente de ella”.
(17) T-290 de 1993.
(18) T-425 de 1992, T-394 de 1999.
(19) C-934 de 2004.
(21) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-386 del 5 de abril de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
(22) Artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo.
(23) T-394 de 1999.
(24) T-579 de 1999.
(25) C-009 de 1994, SU-342 de 1995 y T-656 de 2004.
(26) ART. 39.—Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.
(27) T-656 de 2004.
(28) T-411 de 1992, C-063 de 2008, entre otras.
(29) Sentencia T-656 de 2004.
(30) Sentencia C-797 de 2000, reiterada en sentencias C-1491 de 2000 y C-280 de 2007.
(31) T-740 de 2009.
(32) El derecho de libre asociación sindical también tiene consagración en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 23), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22), entre otros.
(33) ART. 55.—Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.
(34) C-063 de 2008.
(35) Sentencia C-161 de 2000, reiterada en las sentencias C-1234 de 2005 y C-280 de 2007.
(36) Sentencia SU-342 de 1995.
(37) C-161 de 2000.
(38) La Sentencia C-280 de 2007 señala: “Así, por ejemplo, en la Sentencia C-112 de 1993 se sostuvo que la negociación sindical es “inherente al derecho de sindicalización”, en la misma dirección la Sentencia C-009 de 1994 afirma “El derecho de negociación colectiva es consustancial con el derecho de asociación sindical; su ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados, y hacer posible, real y efectivo el principio de igualdad (C.P., art. 13), si se tiene en cuenta, que dicha organización, por su peso específico, queda colocada en un plano de igualdad frente al patrono”. En el mismo sentido en la Sentencia C-161 de 2000 se sostuvo que «... de acuerdo con el artículo 55 superior la negociación colectiva es un derecho destinado a “regular las relaciones laborales”, el cual está ligado con otros derechos como el de asociación sindical, pues la primera es una consecuencia de la existencia de sindicatos cuyo “ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados”».
(39) Sentencias C-112 de 1993, C-009 de 1994 y C-161 de 2000.
(40) Ver entre otras sentencias la T-418 de 1992, SU-342 de 1995, C-161 de 2000 y C-1050 de 2001.
(41) Sentencia C-009 de 1994. Al respecto también, véase la Sentencia C-013 de 1993.
(42) SU-342 de 1995.
(43) Sentencia C-280 de 2007.
(44) ART. 20.—Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
(45) ART. 13.—Libertad de pensamiento y de expresión
(46) La SU- 667 de 1998 indicó: “Según lo declara el artículo 20 de la Carta Política y lo estipulan varios tratados internacionales obligatorios para Colombia (Cfr., por ejemplo, el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), el derecho a expresar con libertad el propio pensamiento, las opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias tiene el carácter de fundamental en cuanto de él es titular toda persona, sin ningún tipo de discriminaciones (C.P., arts. 5º y 13), a partir del reconocimiento que hace el orden jurídico sobre su íntima vinculación a la esencia misma del ser humano, la naturaleza racional de éste y su inserción, también natural, en la sociedad”.
(47) T-391 de 2007.
(48) La Sentencia SU-667 de 1998 establece: “Según lo declara el artículo 20 de la Carta Política y lo estipulan varios tratados internacionales obligatorios para Colombia, el derecho a expresar con libertad el propio pensamiento, las opiniones, las ideas, los conceptos y las creencias tiene el carácter de fundamental en cuanto de él es titular toda persona, sin ningún tipo de discriminaciones, a partir del reconocimiento que hace el orden jurídico sobre su íntima vinculación a la esencia misma del ser humano, la naturaleza racional de éste y su inserción, también natural, en la sociedad”.
(49) T-391 de 2007.
(50) C-010 de 2000.
(51) Ver entre otras las sentencias T-609 de 1992, T-066 de 1998 y C-087 de 1998.
(52) C-010 de 2000.
(53) Es el caso de algunos sistemas como el de Alemania y el de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso First National Bank of Boston v. Bellotti, [435 US 765, 777 (1978)], invalidó una ley de Massachussets que prohibía a los bancos y corporaciones hacer, en general, contribuciones para influenciar campañas de referendo, por considerar que se lesionaba la libertad de expresión; precisó la Corte que los intereses de los receptores eran decisivos en la determinación de extender la protección de la primera enmienda: “El valor inherente a la expresión en términos de su capacidad para informar al público no depende de la identidad de su fuente, sea una sociedad, una asociación, un sindicato o un individuo” (Traducción informal: “The inherent worth of the speech in terms of its capacity for informing the public does not depend upon the identity of its source, whether corporation, association, union or individual”).
(54) Caso de Éditions Plon V. Francia-(Aplicación 58148/00)-Sentencia mayo 18/2004, versión final agosto 18/2004): “... la Corte considera necesario señalar que las editoriales, independientemente de que se asocien o no con el contenido de sus publicaciones, juegan un rol integral en el ejercicio de la libertad de expresión al proveer a los autores con un medio ...” [Traducción informal: “In this connection, the Court considers it necessary to point out that publishers, irrespective of whether they associate themselves with the content of their publications, play a full part in the exercise of freedom of expression by providing authors with a medium (see, among other authorities, mutatis mutandis, Sürek v. Turkey (Nº 1) [GC], Nº 26682/95, ECHR 1999-IV; see also C.S.Y. v. Turkey, Nº 27214/95, § 27, 4 march 2003)”].
(55) Gómez Montoso, Ángel J. “La titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas: un intento de fundamentación (1). En: Revista Española de Derecho Constitucional. Año 22. Núm. 65. Mayo-agosto 2002.
(56) T-201-93.
(57) Ver entre otros España, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca la cual condenó al secretario provincial en Baleares de la Unión Sindical Obrera (USO) en 2000, Marino de la Rocha, a indemnizar con un millón de pesetas a cada una de las cuatro inspectoras de trabajo a las que tildó en sendas entrevistas en los periódicos Diario de Baleares y Diario 16 de “amiguetas” de los sindicatos CC.OO y UGT, de esta manera el tribunal amparó la libertad de expresión fundamental en el ámbito laboral que reviste el procedimiento de elecciones sindicales. También ver Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos (2010) Citizens United Vs Federal Election Commission.
(58) (Véanse recopilación de 1985, párrafo 175; 244.o informe, caso núm. 1309 (Chile), párrafo 336, f); 254.o informe, caso núm. 1400, párrafo 198, y 295.o informe, caso núm. 1729 (Ecuador), párrafo 34.). http://training.itcilo.it/ils/foa/library/digestdecisions_es/23068.htm.
(60) Ver folios 8 a 11 del cuaderno 1.
(61) Ver folios 12 a 14 del cuaderno 1.
(62) Ver folios 15 a 35 del cuaderno 1.
(63) Folio 46, cuaderno 1.
(64) T-579 de 1995.
(65) T-579 de 1995. “No obstante, las relaciones laborales no pertenecen al campo de la pura autonomía particular. La Constitución prohíbe el menoscabo de la libertad, de la dignidad humana y de los derechos de los trabajadores por vía legal, contractual o convencional, y garantiza como principio mínimo fundamental del estatuto del trabajo “la igualdad de oportunidades de los trabajadores”” (C.P., art. 53).
(67) El 5 de abril de 2010, durante el término probatorio, la secretaría de la Corte Constitucional recibió un documento remitido por la directora de recursos humanos de Proleche S.A., en dicho documento argumentan que en relación con las sanciones disciplinarias a los trabajadores, éstos presentaron sus descargos, se les comunicó la respectiva sanción disciplinaria, la cual no fue objeto de apelación o solicitud de revisión como lo establecen tanto la convención colectiva como el propio reglamento interno de trabajo vigente.

References: Resolución 
 Resolución 
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 artículo 23
 artículo 4
 artículo 39
 artículo 55
 artículo 2
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 artículo 20
 artículo 13
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 Artículo 104
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 artículo 20
 artículo 19
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