Source: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86303
Timestamp: 2018-05-26 21:37:34+00:00

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﻿ Decreto 762 de 2018 - Gestor Normativo Función Pública
Adiciona un Capítulo del Decreto Único Reglamentario del Sector Interior para adoptar la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas
En uso de sus atribuciones constitucionales, en especial las conferidas por el artículo 189 numeral 11º de la Constitución Política, el artículo 130 de la Ley 1753 de 2017, en desarrollo del Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por el Decreto 2340 de 2015, y
Que la Constitución Política establece, tanto en el Preámbulo como en sus artículos 1, 2, 5 y 13 la igualdad como principio constitucional esencial, particularmente este último dispone que "[t]odas las personas (...) gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados".
Que el artículo 130 de la Ley 1753 de 2015, mediante la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos", establece que "el Gobierno nacional a través de sus entidades, llevará a cabo las acciones necesarias tendientes a la implementación y seguimiento de la Política Pública Nacional para la Garantía de Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e lntersexuales (LGBTI) a través del Ministerio del Interior, e impulsará ante las Entidades Territoriales la inclusión en los Planes de Desarrollo Departamentales, Distritales y Municipales de acciones y metas que garanticen los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI".
Que mediante la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, se dictaron disposiciones para "sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación".
Que el Decreto 2340 de 2015, "por el cual modifica el Decreto ley 2893 de 2011 ", establece que el Ministerio del Interior debe diseñar programas de asistencia técnica, social y de apoyo para población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI), coordinar con las instituciones gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la población LGBTI y el ejercicio de sus libertades y derechos, y promover acciones con enfoque diferencial, tanto de parte del Ministerio como de las demás entidades del Estado, orientadas a atender la población y la formulación de acciones conjuntas.
Que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su Informe sobre Colombia (2013), señaló las particulares condiciones de vulnerabilidad, abuso y discriminación que enfrentan las personas de los sectores sociales LGBTI en Colombia.
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sostenido, de manera reiterada, que la obligación de prevenir las violaciones a los derechos de los sectores sociales LGBTI es de carácter general y permanente y cobija a todas las instituciones del · Estado ( Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile, sentencia de 24 de febrero de 2012, Fondo, Reparaciones y Costas; y Caso Duque vs. Colombia, sentencia de 26 de febrero de 2016, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
Que, mediante la Resolución AG/RES.2435 (XXXVlll-0/08), la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género resolvió "manifestar preocupación por los actos de violencia y. las violaciones de derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género".
Que el 24 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Opinión Consultiva de 24 de noviembre de 2017, sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. En esta, la Corte reiteró que se trata de categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, puso en evidencia que la falta de consenso al interior de algunos países sobre el respeto y garantía plenos no puede ser considerado como un argumento válido para negar o restringir derechos humanos o perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural.
Que la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas sentencias sobre la autonomía de las personas para definir su orientación sexual e identidad de género (C-098 de 1996, SU-337 de 1999, T-551 de 1999, C-507 de 1999, T-1096 de 2004, C-577 de 2011, T-196 de 2016 y C-584 de 2015, entre otras), como opción no sometida a la interferencia o a la dirección del Estado. Igualmente, considera la identidad de género y la orientación sexual como expresiones propias de la autonomía, identidad y libre desarrollo de la personalidad. La Corte insta a subsanar vacíos existentes en la normatividad vigente con el objeto de ampliar la protección y eliminar toda forma de discriminación.
Que la Corte Constitucional, al abordar escenarios constitucionales que comprometen el goce efectivo de derechos en razón a la intersexualidad, la orientación sexual e identidad de género diversas, determinó estándares de protección entre los que se destacan la posibilidad de que las parejas del mismo sexo (i) conformen familia mediante la unión marital de hecho (sentencia T-717 de 2011) y el matrimonio civil (sentencias C-577 de 2011 y SU-214 de 2016), (ii) accedan al registro civil de sus hijos acorde a la realidad familiar que componen (sentencias SU-696 de 2015 y T-196 de 2016) y (iii) accedan a los efectos jurídicos que el Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones confiere a las familias (sentencia SU-623 de 2001).
Que, de igual manera, en lo que concierne a las personas trans e intersex, la Corte determinó reglas constitucionales para el acceso (i) al cambio del componente nombre y sexo en los documentos de identidad (sentencias T-087 de 2014, T-797 de 2012 y T-099 de 2015), (ii) a procesos de reafirmación genital o de transformaciones corporales asistidas médicamente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (sentencias T-450A de 2013 y T-622 de 2014) y (iii) a la regulación de la situación militar, de conformidad a su identidad de género (sentencias T-476 de 2014 y T-099 de 2015).
Que, además, en la sentencia T-314 de 2011, la Corte Constitucional estableció que la ausencia de garantías para condiciones materiales de igualdad en casos de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados implica la limitación o, incluso, la anulación de otros derechos como el acceso al trabajo, la educación y a una ciudadanía plena. En consecuencia, consideró que el Estado debe adelantar políticas públicas y acciones afirmativas para incentivar el reconocimiento, el respeto y la protección de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades. de género diversas. Al respecto, exhortó al Ministerio del Interior para articular "una política pública integral, nacional, constante y unificada con los entes territoriales para el sector LGBTI, que posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas".
Que a partir de la información recolectada tanto por el Ministerio del Interior como por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Defensoría del Pueblo se destaca un déficit de protección de derechos de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas que se deriva de (i) una falta de acceso a servicios proporcionados por el Estado e incidencia en la vida política, (ii) un déficit de información para formular propuestas de políticas públicas asertivas de garantía de derechos, (iii) aumentos en los niveles de violencia, (iv) una falta de calidad de vida y de bienestar, y (v) una segregación desproporcionada que afecta a las personas más vulnerables dentro de los sectores sociales LGBTI.
Que en la formulación del Plan Decenal de la Justicia (2017-2027), liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, se ha identificado: (i) desconocimiento de derechos reconocidos a los sectores LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, (ll) falta de sensibilización por parte de las y los funcionarios de los derechos y rutas de atención a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, (iii) persistencia de prácticas o tratamientos discriminatorios en despachos judiciales, (iv) omisión de las garantías del debido proceso y ausencia de reconocimiento de la ciudadanía a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, entre otros.
Que esta política pública responde a la voluntad del Gobierno Nacional de respetar, promover, garantizar y restituir los derechos de los sectores sociales LGBTI en el territorio nacional.
Que mediante el Decreto 410 de 2018 se adicionó el Título 4 a la Parte 4, del Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.
ARTÍCULO . 1. Adición. Adicionar el Capítulo 2 al Título 4, de la Parte 4, del Libro·2, del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, con el siguiente texto:
Política pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI Y. de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas
Este objetivo está encaminado a establecer y producir condiciones para que la igualdad sea efectiva y real mediante medidas a favor de las personas de los sectores sociales LGBTI, históricamente discriminadas y marginadas. Para ello, se persigue la adopción de medidas para la protección de la discriminación, con base en criterios sospechosos que identifiquen actos de discriminación asociados a la diversidad sexual y de género. Esto incluye crear las condiciones -materiales y simbólicas- para que ejerzan plenamente sus derechos a la vida, la integridad –física y mental-, la libertad de expresión, la seguridad, al debido proceso y a una tutela judicial efectiva. No puede haber lugar a que la intersexualidad, la identidad de género o la orientación sexual sean usadas como un criterio para limitar, restringir o negar el acceso a los bienes y servicios del Estado. Este objetivo procurará que la atención estatal esté orientado por un enfoque OS/IG que atienda las condiciones diferenciales de estos sectores sociales.
Este objetivo busca la adopción de medidas y estrategias institucionales para garantizar e incentivar la efectiva participación de los sectores sociales LGBTI. Esto implica (i) fortalecer la incidencia política de las personas y organizaciones para la exigibilidad de derechos, (ii) promover una mayor participación en espacios de incidencia existentes, Y· (iii) diseñar de espacios de participación adecuados para su efectiva incidencia.
PARÁGRAFO . Las medidas de política adoptadas en el presente capítulo tienen por base el reconocimiento de derechos a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas consagradas en el ordenamiento constitucional y legal, así como los compromisos y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, civiles. políticos, económicos, sociales y culturales. En consecuencia, lo aquí dispuesto establece medidas para el cumplimiento del deber estatal de promoción, respeto, protección y cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación en torno al goce efectivo de derechos.
PARÁGRAFO . Estos ejes estructuran los mecanismos y procedimientos que permiten la materialización de los objetivos, mediante la articulación de acciones coordinadas en el orden nacional y territorial que estarán previstas en el plan de acción de la presente política pública.
3. Promover la implementación de protocolos para la inclusión de criterios que permiten diferenciar a la población" acorde a su orientación sexual e identidad de género en los registros administrativos y/o en los sistemas de información de las entidades, para facilitar la caracterización y el registro de información de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI.
5. Establecer mecanismos y lineamientos de política pública para garantizar el ejercicio. efectivo· de los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad que hacen parte de los sectores sociales LGBTI, como: personas en situación de discapacidad, habitantes de la calle, personas consumidoras habituales de sustancias psicoactivas, adultos mayores, trabajadores sexuales, personas que viven con VIH -o en riesgo de contraerlo-, personas privadas de la libertad, y personas del sector rural, entre otros.
14. Crear y fortalecer procesos de formación continua a los servidores públicos sobre la implementación del enfoque de rientaciones (sic) sexuales e identidades de género diversas.
1. Implementar estrategias. que promuevan el respeto y reconocimiento para la construcción de una sociedad plural y diversa, encaminadas a resaltar el valor del movimiento LGBTI en su proceso de reivindicación de derechos.
6. Promover el desarrollo medidas técnicas para garantizar acceso,
permanencia y condiciones laborales dignas a las personas de los sectores sociales LGBTI.
9. Establecer medidas · encaminadas a atender la · vulneración sistemática y sistémica de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI.
14. Adoptar medidas administrativas tendientes a garantizar la obligación · de los servidores públicos a no incurrir en actos de discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género, derivada de la cláusula de no discriminación.
Por lo tanto, el Estado debe, por un lado, tener en cuenta y analizar esas condiciones para conseguir la efectividad y acceso a derechos. Por otro lado, debe poner en marcha acciones que garanticen la igualdad, disminuyan las brechas y desmonten los procesos sociales que hacen posible dicha condición social, cultural, política y económica.
10. Enfoque interseccional: Articula y analiza la confluencia de múltiples categorías identitarias o características particulares, como: sexo, género, orientación sexual, identidad de género, etnicidad, discapacidad, ruralidad, rol social o político, clase, etnicidad o raza, entre otras. De esta forma, comprende cómo interactúan en la vida de las personas para poder intervenirlas de manera conjunta. y articulada.
1. Orientación sexual: Se· trata de la atracción sexual, afectiva y erótica que una persona siente hacia otras de su mismo género, del género opuesto, de ambos o que no sienten atracción por ninguno de los géneros. También hace referencia a la capacidad de mantener relaciones afectivas y sexuales con esas personas. Por lo tanto, se habla de mujeres lesbianas, de hombres gay y de personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales o asexuales.
2. Identidad de género: Hace referencia a la vivencia individual y personal del género. Es independiente del sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que puede o no involucrar transformaciones corporales escogidas libremente. Incluye también otras expresiones de género, tales como la forma de vestir, el modo. de hablar y la expresión corporal.
3. lntersexualidad: Se trata de una variación orgánica bajo la cual el desarrollo del sexo cromosómico, gonadal o anatómico no coincide con los dos sexos que tradicionalmente se asignan. Se trata de una condición biológica y, en algunos casos, política, debido a que algunas personas construyen su identidad a partir de la no identificación con los dos sexos -masculino y femenino- que cultural y socialmente se establecen.
4. Acrónimo LGBTI: Se trata de una categoría identitaria y política que comprende distintas orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como diferentes estados de intersexualidad. Al respecto, el acrónimo LGBTI reivindica los derechos en el campo de las luchas sexuales y. de género.
PARÁGRAFO . Las definiciones descritas no implican restricción al ejercicio de derechos, ni limitan las experiencias e identidades individuales, que llevan a la constante evolución y trasformación de los conceptos.
2. Identidad y diversidad: Esta política pública toma en cuenta que las personas que hacen parte de los sectores sociales tienen orientaciones sexuales, identidades de género y corporalidades diversas que implican dinámicas de relaciones e interacciones sociales específicas. Estas, a su vez, se conjugan con otros rasgos identitarios (edad, raza, situación de discapacidad, condición económica, etc.). En este sentido, la implementación y las acciones que se definen parten de reconocer las violencias que se ejercen en razón de estas identidades, porque sólo de esa manera es posible entender los contextos de opresión que afectan específicamente a personas LGBTI. Así mismo, es necesario identificar y contribuir a superar vulneraciones de derechos que configuran desigualdades y afectan de manera diferenciada a las personas de los sectores sociales LGBTI.
a. Mesa temática para la atención de casos urgentes que vulneren los derechos a la vida, la seguridad y la integridad.
b. Mesa temática sobre derechos civiles, políticos y de participación.
c. Mesa temática sobre derechos económicos, sociales y culturales.
PARÁGRAFO 1. A las sesiones del Grupo Técnico deberán acudir los/las Ministros/as y cabezas de cada sector administrativo y demás entidades que la conforman. La delegación que se haga deberá realizarse a un funcionario/a del más alto nivel decisorio de cada una de las instituciones, en los términos previstos en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998.
PARÁGRAFO 2. Dependiendo del tema abordado en cada sesión, el Grupo Técnico podrá invitar a participar a otras instituciones del Estado, organismos intergubernamentales de derechos humanos, sectores académicos u organizaciones sociales representativas, según su competencia y conocimientos, para garantizar el cumplimiento de su objeto.
PARÁGRAFO 3. El Ministro del Interior ejercerá la coordinación de las sesiones.
6. Las demás 'funciones que sean necesarias para cumplir su rol de coordinador del grupo técnico y de la presente política pública.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.1. Incorporación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. El Ministerio del Interior orientará a las entidades territoriales en el diseño e implementación de planes, programas, proyectos y mecanismos de planeación, para que. incorporen el enfoque OS/IG para la garantía de derechos, la eliminación de todo tipo de violencias y la transformación de significados y representaciones culturales.
ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2. Territorialización de las acciones consagradas en la presente política pública. El Ministerio del Interior, a partir de un diagnóstico de las acciones que vienen adelantando las entidades nacionales y territoriales a favor de los sectores sociales LGBTI, recomendará las medidas que' respondan a las necesidades de cada entidad, a efecto de fortalecer la formulación, implementación o evaluación de planes de acción que materialicen la presente política pública.
PARÁGRAFO 1. El Plan de Acción será de obligatorio cumplimiento para las entidades nacionales y territoriales con responsabilidad en la implementación de la política.
PARÁGRAFO 2. El Grupo Técnico podrá ajustar el Plan de Acción, el cual tendrá una vigencia de cuatro (4) años, y seis (6) meses antes de su vencimiento, se formulará el Plan de Acción del siguiente cuatrienio.
PARÁGRAFO 1. El diseño e implementación de los indicadores se soportará en un sistema de información o base de datos a cargo del Ministerio del Interior, el cual definirá los métodos e instrumentos apropiados para la recopilación de la información, así como la pertinencia, evolución y modificación de los indicadores y variables a estudiar.
PARÁGRAFO 2. El Ministerio del Interior garantizará el flujo de información sobre el desempeño de la política pública y ofrecerá a las instancias, entidades responsables y actores interesados reportes y valoraciones acerca del cumplimiento de sus objetivos y metas.
1. Grupo Técnico para la Garantía en el Goce Efectivo de los Derechos de las Personsa (sic) LGBTI y Mesas Temáticas responsables de direccionar e implementar las decisiones de política: Podrá utilizar las evaluaciones y reportes para conocer el estado de ejecución del plan de acción, identificar aprendizajes, desafíos y riesgos que deben tenerse en cuenta en la planeación del año siguiente. Igualmente, servirán de insumo para la elaboración del informe anual a cargo del Grupo Técnico. Este último definirá otras estrategias según los parámetros y lineamientos de las entidades con experticia técnica en el seguimiento y evaluación de políticas.
ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y adiciona el Capítulo 2 al Título 4, de la Parte 4, del Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.
Dado en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de mayo de 2018

References: artículo 189
 artículo 130
 artículo 130
 Resolución 
 artículo 9

ARTÍCULO 2

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