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Timestamp: 2018-08-17 13:08:59+00:00

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﻿ Sentencia 37174 de agosto 10 de 2010
SENTENCIA 37174 DE 10 DE AGOSTO DE 2010
CONTENIDO:RETORNO AL RÉGIMEN PENSIONAL DE PRIMA MEDIA. CONDICIONES PARA RECUPERAR EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL, RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:466 DE OCTUBRE DE 2010, PÁG.1719
Sentencia 37174 de agosto 10 de 2010
Ref.: Expediente 37174
Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil diez.
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia de 30 de mayo de 2008, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario adelantado contra la recurrente por Judith de los Dolores López Estrada.
Previamente se reconoce al abogado Jaime Humberto Salazar Botero C.C. 15’456.776 y T.P. 66.272 C. S. de la J. como apoderado sustituto de la demandante.
1. La citada demandante convocó a proceso al Instituto de Seguros Sociales con el fin de que fuera condenado, en lo que interesa al recurso extraordinario, a la reliquidación de la pensión de vejez, a partir del 6 de febrero de 2004.
Como apoyo de su pedimento expuso que el Instituto le reconoció la pensión de vejez, pero para calcular el monto no tuvo en cuenta que ella era beneficiaria del régimen de transición, con el argumento que había perdido el beneficio por haberse trasladado al régimen de ahorro individual.
2. En la respuesta al libelo el Instituto aceptó unos hechos, se opuso a la reliquidación de la pensión y propuso las excepciones de buena fe, prescripción, compensación, entre otras.
3. Mediante sentencia de 31 de agosto de 2007, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, condenó al reajuste pensional deprecado y fijó la mesada para el 2007 en $ 3’422.873,22. Impuso como retroactivo la cantidad de $ 108’162.626,90 y condenó a indización.
En virtud de la apelación interpuesta por las partes conoció el Tribunal Superior de Medellín, que mediante la sentencia gravada confirmó el fallo de primer grado pero modificando el valor de la mesada para el 2007 que lo fijó en $ 3’955.896 y el retroactivo entre febrero y agosto de 2007 lo corrigió a la cantidad de $ 16’246.759.
En lo que interesa a este recurso sostuvo el Juzgador Ad quem que:
“La discrepancia fundamental planteada por esta parte gira alrededor de la aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por haberse trasladado la demandante al régimen de ahorro individual y al regresar al régimen de prima media ‘(...) el rendimiento producido por sus cotizaciones en Protección no corresponde al rendimiento que tendría si hubiera permanecido en el ISS’ (fl. 277).
Esta argumentación no la puede aceptar la Sala, porque si el traslado de la actora del régimen de prima media al régimen de ahorro individual se dio, conforme a la documentación obrante a folios 32, cuando llevaba más de 15 años de servicios cotizados, significa que al regresar al régimen de prima media nuevamente en el mes de septiembre de 2000, tal cual se puede colegir de los documentos obrantes a folios 23 y 26, no perdía los beneficios de la transición debido a que el inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, vigente para tal época, solo refería tal ‘sanción’ o pérdida para aquellos que tuviesen 35 años si eran mujeres o 40 si eran hombres a la fecha de vigencia del Sistema General de Pensiones.
Sobra agregar que el condicionamiento dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-789 de 2002 a lo normado en el inciso antes mencionado, no tuvo efectos retroactivos, y mucho menos lo tuvo lo normado en el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003”.
Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Sala se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y su réplica.
El recurrente solicita la casación de la sentencia gravada y en sede de instancia se revoque la del Juzgado y se absuelva al Instituto de todos los cargos.
Con tal fin propone tres cargos, así:
Cargo primero. Acusa la sentencia por infracción directa “del inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, artículo 34 de la mencionada Ley 100 de 1993; violaciones que lo condujeron a la aplicación indebida de los artículos 12, 13, numeral II del artículo 20, 23 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año”.
En el desarrollo afirma que:
“(...) el Tribunal dejó de aplicar el inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el argumento que la demandante llevaba más de 15 años cotizados al momento del traslado, pasando por alto que el mencionado inciso no tiene condicionamiento alguno diferente a la edad, no importaba si la accionante tenía o no más de 15 años de servicios al momento del traslado, ello no era excusa para sustraerla de la que el Tribunal llama ‘sanción’, impuesta por el mencionado inciso.
La anterior violación, condujo a su vez a que se dejara de aplicar el artículo 34 de la ley de seguridad social, que era el llamado a regular la liquidación de la prestación por vejez; de igual manera condujo a la aplicación indebida de los artículos 12, 13, numeral II del artículo 20 y artículo 23 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, los cuales aunque se relacionaban con la pensión de vejez y con la forma de liquidarla, no eran los llamados a regular el sub-lite como consecuencia de la pérdida de los beneficios del régimen de transición.
Es del caso mencionar que lo anterior no desconoce lo señalado en la Sentencia C-789 de 2002, pero debe tenerse presente que tal pronunciamiento constituye un canon de ‘interpretación de autoridad’, mas no obliga al juez, toda vez, que él solo está sometido ‘al imperio de la Ley’.
En sede de instancia, podrá corroborar la Corte, de acuerdo con documental de folio 7, que la señora López Estrada tenía más de 35 años al entrar en vigencia el Sistema General de pensiones, por ello, sí perdía los beneficios de la transición al producirse el traslado”.
El segundo cargo es similar al anterior, aunque construido en la modalidad de interpretación errónea del inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
El opositor remarca que el Tribunal interpretó las disposiciones acusadas en su genuino sentido y alcance, pues dos son los requisitos establecidos en la Ley para conservar el régimen de transición edad y tiempo de servicios.
Cargo tercero. Acusa la sentencia por vía indirecta en la modalidad de aplicación indebida “del inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, infracción directa del artículo 34 de la mencionada Ley 100 de 1993; violaciones que lo condujeron a la aplicación indebida de los artículos 12, 13, numeral II del artículo 20, 23 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año”.
Cita como error de hecho:
— No dar por demostrado, estándolo, que la demandante tenía más de 35 años al entrar en vigencia el régimen de seguridad social.
Acusa como no apreciada la documental de folio 7.
En el desarrollo dice:
“Del análisis del Tribunal se deduce que fue consiente que quienes a la fecha de entrada en vigencia del régimen tuviesen más de 35 años (para el caso de las mujeres) y se trasladaran de régimen, perdían los beneficios del régimen de transición.
No obstante lo anterior, pasó por alto que de acuerdo con la documental obrante a folio 7 y que corresponde al registro civil de nacimiento de la señora Judith de los Dolores López Estrada, era evidente que ella al momento de entrar en vigencia el régimen, tenía mucho más de treinta y cinco años, por ello el traslado afectaba su régimen de transición.
Del Tribunal haberse percatado de lo precedente, habría declarado que la demandante había perdido los beneficios del régimen de transición, por ende habría absuelto a la entidad de seguridad social, sin embargo, se limitó a examinar el número de años cotizados, sin reparar en la edad que acreditaba la accionante al momento de entrar en vigencia el régimen, que era lo relevante”.
El replicante sostiene que el Tribunal no pudo incurrir en yerros fácticos, toda vez que sus argumentaciones fueron esencialmente jurídicas.
La Corte procederá al estudio conjunto de los cargos que se elevan contra el fallo del tribunal, en atención a que citan similar elenco normativo y persiguen el mismo objetivo.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció dos formas de acceder al régimen de transición consagrado en esa disposición: edad o tiempo de servicios. Esas condiciones fueron disyuntivas: la una o la otra, permitían el amparo del régimen.
Se previó entonces, que quienes a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones tuvieran 35 ó más años de edad en el caso de las mujeres, y 40 ó más años de edad en el de los hombres; o 15 ó más años de servicios cotizados podrían alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto del régimen que se les venía aplicando con anterioridad a esa fecha.
No obstante, en aquellas hipótesis en que el afiliado beneficiario del régimen de transición luego del traslado al régimen privado, decide retornar al de prima media, de conformidad con los citados incisos recupera la transición, siempre y cuando hubiera adquirido los beneficios del régimen en razón del tiempo de servicios o número de cotizaciones, esto es, haber prestado servicios o cotizado por 15 ó más años con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.
La Corte Constitucional en Sentencia C-789 de 2002, declaró exequibles en forma condicionada los incisos en referencia, con el alcance de que para recuperar el régimen de transición quienes accedieron a él por haber cumplido 15 ó más años de servicios o cotizaciones, y retornen al régimen de prima media, debían cumplir además dos requisitos adicionales:
En cuanto la actora era beneficiaria del régimen de transición en razón del tiempo de servicios, para nada interesa el aspecto de la edad, por lo que el error de hecho que se le atribuye en la sentencia en el cargo tercero resulta inane para los efectos de esta decisión.
Como el recurso no plantea el tema de los requisitos para recuperar la transición atinentes a la equivalencia del ahorro, no puede la Corte pronunciarse al respecto.
Por las razones anteriores, los cargos no prosperan.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por Judith de los Dolores López Estrada contra el Instituto de Seguros Sociales.

References: artículo 36
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 artículo 3
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