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Sentencia en Ordinario mercantil 152/2008. Responsabilidad de administradores societarios | Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil
24 de junio de 2010 - 14:51	 - SENTENCIAS DE JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES
SENTENCIA Nº 36/2010(mrc)
En Cuenca, a diez de Junio de dos mil diez.
Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 152 del año 2.008, a instancia de xxxxx S.L., representado por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo y asistido por el Letrado Don José A. Toledo Escribano, contra Construcciones xxxxxx S.L., Don xxxx y Doña xxxxx, declarados en rebeldía.
PRIMERO.- Por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo, en nombre y representación de XXXXX S.L.., se presenta demanda de Juicio Ordinario en reclamación de que se condene solidariamente a los demandados a pagar a su representada la cantidad de 150.770,03 euros, más los intereses legales y las costas del presente proceso.
SEGUNDO.- Por Auto de fecha 15 de Abril de 2.008 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados emplazándola para que conteste en el plazo de veinte días hábiles.
TERCERO.- Por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta, en nombre y representación de Construcciones XXXXXX S.L., Don XXXX y Doña XXXXXX contesta a la demanda de Juicio Ordinario presentada de contrario solicitando la desestimación de la demanda en cuanto al fondo del asunto, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora.
CUARTO.- Mediante Providencia dictada por este Juzgado en fecha 20 de Octubre de 2.008 se convoca a las partes al acto de la audiencia previa.
Al acto de la audiencia previa concurren ambas partes proponiéndose como prueba por la actora: interrogatorio de los demandados, documental y testifical. Por la parte demandada se propusieron como medios de prueba: interrogatorio del actor y documental acompañada con la contestación a la demanda.
Se admitieron todos los medios de prueba, convocándose a las partes para la celebración del acto del juicio.
QUINTO.- Mediante Providencia de fecha 12 de Marzo de 2.010 se declara en situación de rebeldía procesal a la parte demandada.
SEXTO.- Celebrado el acto del juicio y practicadas todas las pruebas declaradas pertinentes, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.
SÉPTIMO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO.- Reclama el actor al amparo de lo establecido en los artículos 69, 105, 127 y 133 LSRL y los artículos 127, 133, 135 y 265.2 LSA la cantidad de 150.770,03 euros, en el ejercicio de la acción de responsabilidad individual y solidaria de los administradores solidarios y la acción de responsabilidad contractual contra la sociedad mercantil demandada el importe debido como consecuencia del impago de las mercancías entregadas a la sociedad demandada, más intereses legales de demora y costas del procedimiento.
Por el contrario, la parte demandada no comparece al presente proceso contestando a la demanda alegando hechos impeditivos o extintivos de las pretensiones de la actora, por lo que ha sido declarada en rebeldía.
SEGUNDO.- No obstante la incomparecencia de la parte demandada no por ello lleva a la estimación de la demanda correspondiéndole a la parte actora acreditar sus pretensiones al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC.
La deuda reclamada ha quedado acreditada mediante la documental aportada, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la san crítica, y del interrogatorio de la parte demandada ya que al no haber comparecido los demandados al acto del juicio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 LEC debe tenérseles por reconocidos los hechos en que dicha parte intervino personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, que en el caso de autos es el pago de la deuda reclamada, debiendo por tanto estimarse en este punto la demanda interpuesta contra la parte demandada.
Existen distintas sentencias que distinguen entre los dos distintos regímenes de responsabilidad, a saber, la responsabilidad individual y la responsabilidad por deuda, y así, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Civil) de 18 de julio de 2002 número 766/2002 en la que fue ponente el magistrado Sr. González Poveda, en que el Tribunal Supremo declara: «Refiriéndose a la acción de responsabilidad individual a favor de los terceros por los actos de los administradores que directamente lesionen los intereses de aquéllos, regulada en el art. 135 de la Ley de Sociedades Anónimas dice la sentencia de 30 de marzo de 2001 que «se trata de una acción resarcitoria, para la que están legitimados los acreedores sociales ("ad exemplum", sentencias de 21 de septiembre de 1999 y 30 de enero de 2001), que exige una conducta o actitud –hechos, actos u omisiones– de los administradores carentes de la diligencia de un ordenado comerciante (basta la negligencia simple sin que sea necesaria como ocurría en la legislación anterior, la malicia o negligencia grave) que dé lugar a un daño, de modo que el accionante perjudicado ha de probar que el acto se ha realizado en concepto de administrador y el resultado dañoso». Es decir, la estimación de esta acción de responsabilidad individual requiere la concurrencia de una acción u omisión calificada de culposa o negligente, un daño y la existencia de una relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido. Por el contrario, la responsabilidad solidaria que impone el art. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas a los administradores sociales no requiere más que la prueba de los hechos que son presupuesto de la efectividad de la sanción legal, es una responsabilidad "ex lege" (sentencias de 3 de abril de 1998 y 26 de octubre de 2001, entre otras); configurada ésta como una responsabilidad "cuasi objetiva" y entendida desde luego como una responsabilidad "ex lege" (sentencias de 12 de noviembre de 1999, 20 de octubre de 2000 y 20 de diciembre de 2000) no se identifica con la acción fundada en la negligencia de los arts. 133 a 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, por no ser necesaria una relación de causalidad entre la omisión de los administradores y la deuda social ni una negligencia distinta de la prevista en el propio precepto, que comenzaría en el momento mismo en que los administradores conocen la situación patrimonial y sin embargo no proceden como dispone el art. 262 (sentencias de 29 de abril de 1999, 22 diciembre de 1999 y 30 de octubre de 2000), de modo que la mera pasividad de los administradores traería aparejada su responsabilidad solidaria por obligaciones sociales a modo de "consecuencia objetiva" (sentencias de 14 de abril de 2000 ), como resume la sentencia de 20 de julio de 2001»
Respecto de la acción individual de responsabilidad de administradores el artículo 133 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada por remisión del artículo 69 de la Ley 2/1.995, de 23 de Marzo, establece que “los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo”. La acción social podrán ejercitarla también los acreedores de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 134 LSA, si bien es necesario que no haya sido ejercitada previamente por la propia sociedad o sus accionistas y que se acredite la insuficiencia del patrimonio social para la satisfacción de sus créditos, determinándose en el artículo 135 LSA que:” No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos.”.
Aplicando lo dispuesto anteriormente al caso de autos hay que decir en cuanto a la responsabilidad personal de los administradores, que a la vista de la documental obrante en los autos, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, y del interrogatorio de la parte demandada, que al no haber comparecido los demandados al acto del juicio por aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 LEC debe tenérseles por reconocidos los hechos en que dicha parte intervino personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, tenemos por acreditados los hechos siguinetes:
1. En virtud de los documentos nº 3 a 14 acompañados con la demanda ha quedado acreditado la existencia de una relación comercial entre la parte actora y Construcciones Brisava S.L. en virtud de la cual la primera realizó diversos trabajos de instalación de fontanería, calefacción, venta de distintos suministros de material de fontanería y calefacción, instalación de preinstalaciones de energía solar, preinstalaciones de suelos radiantes, descalcificadotes y trabajos relacionados con la construcción de viviendas de obra nueva realizadas por los demandados en las localidades de Arcas del Villar (Cuenca), Fuentelespino de Haro (Cuenca, La Roda (Albacete), Santa María de Campo Rus (Cuenca) y Vara del Rey (Cuenca) desde el mes de Abril de 2.006 al mes de Mayo de 2.007 que ascendían al importe de 377.104,49 euros, habiendo sido impagadas al vencimiento diversas facturas que comprenden los trabajos mencionados anteriormente (documentos nº 15 a 20 acompañados con la demanda), si bien procede precisar que la parte demandada ha satisfecho a cuenta la cantidad de 226.334,46 euros, por lo que resulta una deuda a favor de la actora que asciende al importe de 150.770,03 euros.
2. Los demandados Don xxxx y Doña Mxxxxx son administradores solidarios de la sociedad Construcciones xxxxx S.L. desde fecha 8 de Febrero de 2.002, fecha de la constitución de la sociedad mercantil demandada, teniendo por objeto social la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones y obras civiles, debiendo de indicarse que la citada sociedad suscribió un capital de 12.000 euros (documento nº 2 acompañado con la demanda).
3. La sociedad Construcciones xxxxx S.L. ha dejado de operar, estando inactiva.
4. La sociedad Construcciones xxxxx S.L. ha tenido pérdidas o deudas que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior al capital social.
Así, en el que caso que nos ocupa procede indicar que se cumplen todos los requisitos necesarios para que prospere la la acción individual de responsabilidad de administradores puesto que existe una acción negligente por parte de la demandada al haber cesado en su actividad, habiendo tenido deudas que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior al capital social, así como también se ha producido un daño ya que la demandada ha contraído una deuda con la parte actora que asciende a la cuantía de 150.770,03 euros, y por último procede indicar que el daño causado a la parte actora ha sido producido por la actitud negligente de la demandada tal como se ha expuesto anteriormente.
TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 LSRL la responsabilidad de los administradores de una sociedad de responsabilidad limitada se regirá por lo dispuesto para los administradores en la ley de sociedades anónimas. El artículo 127 LSA dispone que los administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal; expresándose en el artículo 133.1 LSA que los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.
Los términos del artículo 105 en relación con el 104 de la LSRL y artículo 262 LSA, son terminantes en el sentido de la naturaleza solidaria de la responsabilidad de los administradores.
De lo actuado resulta igualmente acreditado que los administradores solidarios de la sociedad Construcciones xxxx S.L., Don xxxx y Doña xxxxx, vulneraron su obligación al no desempeñar su cargo con la diligencia que el artículo 127 de la LSA le impone puesto que la sociedad Construcciones Brisava S.L. ha tenido pérdidas o deudas que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior al capital social y, más concretamente, la obligación que le impone el artículo 262.2 de la LSA, esto es, a convocar en el plazo de dos meses la pertinente junta general para adoptar el acuerdo de disolución, incurriendo por ello en la responsabilidad solidaria que establece el artículo 260.5 de la LSA para el supuesto de incumplimiento de tal obligación de convocatoria de la junta general.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 341 CCo la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la demandada devengará los intereses legales desde la fecha de interpelación judicial hasta su completo pago.
QUINTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas en esta instancia a la parte demandada.
Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo, en nombre y representación de xxxxx S.L., contra Construcciones xxxx S.L., Don xxxx y Doña xxxxx y condeno a los demandados a los siguientes pronunciamientos:
1. Pagar solidariamente a xxxxx S.L. la cantidad de 150.770,03 euros.
3. Pagar las costas procesales causadas en esta instancia.
Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de los de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, y su Partido. Doy fe.
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References: e contrario
 artículo 217
 artículo 304
 artículo 133
 artículo 69
 artículo 134
 artículo 135
 artículo 304
 artículo 69
 artículo 127
 artículo 133
 artículo 105
 artículo 262
 artículo 127
 artículo 262
 artículo 260
 artículo 394