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Timestamp: 2020-08-07 19:53:21+00:00

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Providencia | Ley constitucional | Ley Pública
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Brinkmann Cadena
h Informe Bienes-1 CONTRALORIA
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Res SuperIntendencia Migraciones Jaime Baquerizo
Contrato Spot Publicitario
Geol Ago
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR. - SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO. -
Quito, jueves 28 de julio de 2016, a las 10h11.-
VISTOS: Incorpórese al presente expediente, el incidente Nº 00- 2016, con el que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 20 de julio de 2016, resolvió el conflicto de competencia suscitado entre la doctora Gladys Terán Sierra y el doctor Jorge M. Blum Carcel én, en sus calidades de Jueza y Juez Nacionales, integrantes de esta Sala, haciéndolo a favor del suscrito Juez Nacional, en los siguientes términos:
“3. DECISIÓN SOBRE EL CONFLICTO DE COMPETENCIA
El conflicto de competencia que ahora se conoce, debe resolverse con sustento en
la correcta y debida aplicación del artículo 192.1 del Código Orgánico de la
Función Judicial, que dispone:
Art. 192 COFJ. - La Sala de lo Penal conocerá las acciones que, por responsabilidad penal de acción pública, se signa contra […] los Asambleístas y las Asambleístas […]
1. Será competente para conocer la indagación previa, la instrucción fiscal y sustanciar la etapa intermedia, una jueza o juez, designada o designado por sorteo.
Del texto del artículo citado, se desprende que, en los casos penales seguidos contra personas sujetas a fuero de Corte Nacional, es un solo juzgador, determinado por sorteo, al que le corresponde conocer de la fase pre- procesal de indagación previa (ahora investigación previa), así como de las etapas procesales de instrucción fiscal e intermedia (ahora de evaluación y preparatoria de juicio).
En tal sentido, el punto a resolver es cuál de los jueces nacionales conoció primero
o previno en el conocimiento de los hechos que han motivado las distintas indagaciones previas.
Para resolver la precitada pregunta, se tiene que considerar que, como se deja establecido en el numeral 2 de esta resolución, las actuaciones investigativas efectuadas dentro de las indagaciones previas 101- 2013 y 49 - 2014, así como en los expedientes de Corte Nacional de Justicia 1879 - 2013, 626 - 2016 y 778 - 2016, todas parten de un mismo hecho, por lo que deberían haberse efectuado, desde un inicio, en una sola indagación previa y, si se requería de la actuación de un órgano jurisdiccional, en un solo expediente ante la Corte Nacional de Justicia.
El desperdigamiento de las actuaciones investigativas, deviene del manejo que les
ha dado la Fiscalía General del Estado, en cuya actuación se observa:
· a) La apertura de la indagación previa Nro. 49- 2014, con fecha 7 de julio
de 2014, pese a que con anterioridad a ella, y por los mismos hechos, ya se
encontraba abierta la indagación previa 101- 2013 (desde el 11 de noviembre de 2013).
· b) La solicitud de un acto urgente, aislado de cualquier indagación
previa, y pese a que por los mismos hechos ya se encontraba abierta tal fase procesal dentro del expediente de Fiscalía Nro. 101 - 2013.
· c) La errada incorporación de los resultados del acto urgente
(indebidamente solicitado) a una nueva indagación previa (49- 2014), pese a que, como se dijo, ya constaba una de ellas aperturada (101- 2013).
· d) Las peticiones independientes de que se designe jueces nacionales,
para conocer de la viabilidad de los actos investigativos, ordenados para esclarecer los hechos que dieron inicio a la indagación previa Nro. 101- 2013, y que provocaron la apertura de tres expedientes de Corte Nacional de
Justicia (1879- 2013, 626- 2016 y 778- 2016).
Las medidas correctivas de acumulación, tanto de las indagaciones previas 49- 2014 y 101- 2013, así como de los expedientes 1879- 2013, 626- 2016 y 778- 2016, tomadas por la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia, no hacen más que confirmar la exist encia de una sola investigación por un solo hecho supuestamente delictivo (101- 2013).
De lo anteriormente indicado, es posible afirmar que el juez nacional que primero avocó conocimiento y previno de los hechos que se investigan en la, ahora única indagación previa Nro. 101- 2013, ha sido el doctor Jorge Blum Carcelén, Juez Nacional, pues tal como consta en el numeral 2 de esta resolución, el precitado juzgador autorizó, mediante providencia, el acto urgente de allanamiento de los inmuebles pertenecientes a los ciudadanos Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, con fecha 18 de diciembre del 2013; es decir, a poco más de un mes de que se diera apertura a la indagación previa 101- 2013 (11 de noviembre de
La intervención de la señora doctora Gladys Terán Sierra, en las actuaciones investigativas que parten de la indagación previa Nro. 101- 2013, inicia con el sorteo de fecha 5 de mayo del 2016 (relativo al expediente de Corte Nacional Nro. 626- 2016); por tanto, son posteriores a la intervención de l doctor Jorge Blum Carcelén, al haberse dado luego de transcurridos casi dos años y medio desde la apertura de la precitada investigación de Fiscalía.
Esta conclusión no se ve afectada por el hecho de que Fiscalía General del Estado, erróneamente haya solicitado el acto urgente por fuera de la indagación previa Nro. 101- 2013, pues, como se ha dicho, precisamente la incorporación de los resultados de dicho acto a la indagación Nro. 43 - 2014; y, la posterior acumulación de esa indagación a la signada con el Nro. 101- 2013, fueron tendientes a unificar todas las diligencias investigativas iniciadas por los hechos que, ad nauseam, fueron descritos en el numeral 2 de esta resolución, en un solo expediente. Así, al
constar ya la actuación del señor doctor Jorge Blum Carcelén en la indagación previa Nro. 101- 2013, le correspondía, al tenor del artículo 192.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, seguir conociendo de todas las peticiones efectuadas dentro de esa investigación, así como de las posteriores etapas procesales de instrucción fiscal e intermedia (ahora de evaluación y preparatoria de juicio).
En virtud de los argumentos antes indicados, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia dirime la competencia para conocer del expediente Nro. 1879- 2013 (al que se encuentran acumulados los expedientes 626- 2016 y 778 - 2016), en los términos establecidos en el artículo 192.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, al señor doctor Jorge Blum Carcelén, Juez Nacional”. (Sic).
En tal virtud, de conformidad con el artículo 192.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, avoco conocimiento de la indagación previa Nº 101- 2013, en la que se encuentra inmersa la indagación Nº 49- 2014; y, se acumulan los expedientes Nº- 626- 2016 y 778 - 2016, al Nº 1879 -2013 , que por sorteo efectuado el 16 de diciembre de 2013, recayó la competencia en el suscrito Juez Nacional.
El señor Fiscal General del Estado, mediante escritos presentados el 02 y 09 de junio de 2016, solicita se señale día y hora para formular cargos en contra del señor José Clever Jiménez Cabrera y Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, por los siguientes presuntos hechos:
“Tomando como noticia del delito la publicación El Universo, de fecha 10 de noviembre del 2013 en la página 2 bajo el título “Glas pidió investigación penal contra asambleísta”, en la cual, consta que el señor Vicepresidente de la República, manifestó que el Asambleísta Clever Jiménez, aseguró que cuenta con información proveniente de un correo electrónico del Presidente de la República, Rafael Correa sobre el caso Chevron. Además, en el Diario Metro Hoy de fecha 11 de noviembre, en el artículo “PIDEN JUICIO PARA EL ASAMBLEÍSTA JIMÉNEZ”, se hace referencia al pedido del señor Vicepresidente de la República, de que se procese penalmente al Asambleísta Jiménez por filtrar correos interceptados ilegalmente al gobierno, los mismos que intentaron ser empleados por Chevron en un juicio. Finalmente en el Diario Hoy, en la publicación de fecha 4 de noviembre de 2013, bajo el título “Procurador de Ecuador revela caso de espionaje a funcionarios y Presidente”, se menciona que el Procurador General del Estado, Dr. Diego García, denunció que están siendo espiadas las Autoridades del Estado, y que en un juicio que se celebra en Estados Unidos se intentaron revelar comunicaciones entre Autoridades del Estado que incluyen al Presidente de la República; los cuales se tratan de correos electrónicos internos entre funcionarios del Estado que finalmente no fueron dados a conocer ante el Tribunal, por tratarse de datos reservados, aunque según el Procurador, el pasado 29 de octubre el Asambleísta Clever Jiménez a ludió en un boletín de prensa a contenidos de esas comunicaciones”.
Al respecto, el artículo 128 de la Constitución de la República, establece: “Las asambleístas y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio d e sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Para iniciar causa penal en contra de una asambleí sta o de un asambleísta se requerirá autorización previa de la Asamblea Nacional , excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud de la jueza o juez competente en la que pide la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. (…)”.
El artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre el fuero y responsabilidades, señala que: “Las y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de una o un asambleísta se requerirá autorización previa del Pleno de la Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se encuentren relacionados con el ejercicio de sus funciones. Si la solicitud del fiscal competente o de los jueces, según corresponda, en la que piden la autorización para el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá concedida. (…)”.
En virtud de las normas antes transcritas y ante las solicit udes presentadas por el señor doctor Galo Chiriboga Zambrano, en calidad de Fiscal General del Estado, de formular cargos en contra del señor José Clever Jiménez Cabrera, por lo que en mi calidad de Juez Nacional, al haber asumido la competencia por expresa disposición del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que resolvió en mi favor el conflicto de competencia, resuelvo solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional, la respectiva autorización para iniciar la causa penal en contra del indiciado antes referido, quien a la fecha de los hechos se desempeñaba en calidad de Asambleísta por la Provincia de Zamora Chinchipe, por el presunto delito, tipificado en el artículo innumerado 1 agregado al artículo 202 del Código Penal, para cuyo efecto la Secretaría de es ta Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, en forma inmediata, envié atento oficio a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, haciéndole conocer el presente auto resolutivo y le adjuntará la documentación pertinente, para que el Pleno emita el pronunciamiento que legalmente corresponde. Actué en la presente causa la Dra. Ivonne Guamaní León, en calidad de secretaria relatora. Notifíquese y Cúmplase.- Dr. Jorge M. Blum Carcelén, MSc. JUEZ NACIONAL
Dra. Ivonne Guamaní León
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 artículo 202