Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-280-de-junio-5-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041818cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-17 17:51:18+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA T-280 DE JUNIO 5 DE 1998
SENTENCIA T-280 DE 05 DE JUNIO DE 1998
CONTENIDO:APLICACIÓN DE LA TUTELA COMO DEFENSA DEL DEBIDO PROCESO. (VÍA DE HECHO Y TEMERIDAD AL INSTAURAR LA TUTELA)
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, ACCIÓN DE TUTELA POR VÍA DE HECHO, GARANTÍAS EN EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Sentencia T-280 de junio 5 de 1998
Ref.: Expedientes T-145620 y T-152265 (acumulados)
Y: Sala Penal del Tribunal de Barranquilla
Bogotá, D. C., cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho.
Dentro del expediente de la tutela Nº 145620, instaurada por la Sociedad Gonzalo Baquero y Cía. Ltda. contra una providencia judicial proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla; y dentro del expediente de la tutela Nº 152265, instaurada por Rafael Fernández y Carmen Olaciregui contra una providencia judicial proferida por el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla.
“Gonzalo Baquero y Cía. Ltda., presentó demanda contra Carmen Cecilia Olacigueri (sic) y Rafael Fernández, para que por los trámites especiales del proceso de restitución consagrado en el artículo 948 (sic) Código de Comercio y por la vía del proceso verbal de mayor cuantía; se ordenara la restitución del apartamento 201 y los garajes 21 y 22 del edificio el Socorro, así como la indemnización correspondiente al uso de los inmuebles según el artículo 950 (sic) Código de Comercio.
“2. La base de la acción está en que los demandados quedaron debiendo a la sociedad demandante la suma equivalente a US $45.000,oo dólares (sic) como parte del precio acordado (…)”.
“a) Se quedaron debiendo por los compradores US $45.000,00 dólares (sic)
“b) Lo referente al pago total del precio consignado en la Escritura Pública de Compraventa Nº 2585 es simulado, por no corresponder a la verdad.
“4. La sociedad Gonzalo Baquero y Cía. Ltda., nunca autorizó para que el saldo del precio debido, equivalente a US $45.000,oo dólares se pagara en favor del representante legal y no de la sociedad vendedora.
“7. Los demandados, dentro del término legal, no presentaron excusas para justificar su inasistencia a la conciliación y el interrogatorio de parte, razón por la cual el juez tuvo por ciertos los hechos 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de la demanda e igualmente declaró confesos fictamente a los demandados.
“9. El tribunal, incurriendo en una vía judicial de hecho, revocó la sentencia anterior y absolvió a los demandados”.
Con base en estos hechos pide “que se deje sin efectos la sentencia de fecha 19 de junio de 1997 proferida en el proceso verbal de Gonzalo Baquero y Cía. Ltda. contra Carmen Cecilia Olaciregui y otro”.
6. El 26 de enero de 1998, esta Sala Séptima de Revisión consideró que cuando se trata de tutela contra providencias, ha sido posición de la Corte que se les debe notificar la iniciación de la acción a quienes se verían afectados dentro de una acción de tutela, así no fueren indicados en la solicitud; es decir, no solamente se notifica a los funcionarios que firmaron la providencia, sino a quienes quedan sujetos por la decisión de tutela, entre otras cosas porque les asiste el derecho a impugnar. Dijo la Sala que esto se aplica no solo a providencias judiciales sino también a actuaciones administrativas que reconocen derechos subjetivos. Estos terceros, en su condición de particulares, cuando pueden ser afectados por una posible orden de tutela, deben ser informados de la iniciación de la acción para que puedan aportar pruebas, controvertir las aportadas, sin tomar en consideración el hecho de que la decisión que le pone fin a la actuación sea la de conceder o denegar la tutela. Si no se efectúa la notificación a ese “tercero” que resultaría afectado por el fallo de tutela, se incurre en nulidad, que puede ser allanada. En el presente caso, Rafael Fernández y Carmen Olaciregui Llinás han debido ser notificados del auto 5 de agosto de 1997, sobre la admisión e iniciación del trámite, ya que el fallo de tutela los podría afectar puesto que se atacaba una decisión de un juez ordinario que los había favorecido. No ocurrió la notificación, ni de la iniciación de la tutela, ni de la sentencia proferida, luego se incurrió en una causal de nulidad por falta de notificación.
“1) Por intermedio del juez de primera instancia (18 Civil Municipal de Barranquilla), póngase en conocimiento de Rafael Fernández, Carmen Olaciregui Llinás y Claudia Elena Rentería Olaciregui la existencia de la nulidad derivada de no habérseles citado informándoseles la iniciación de la acción de tutela, a fin de que digan si allanan o no la nulidad. Si en el término de los 3 días siguientes a la fecha en que se le notifique este auto de la Corte Constitucional por parte del juez de primera instancia, no alegan la nulidad, se entiende que queda saneada y el expediente regresará a la Corte Constitucional para continuar con la tramitación.
“3) Envíese copia de este auto al Defensor del Pueblo para los efectos pertinentes”.
7. El veintinueve (29) de enero de 1998 se recibió en la secretaría de la Corte Constitucional, un memorial suscrito por el doctor Jorge Hernán Gil, en calidad de apoderado de Gonzalo Baquero y Cía. Ltda., en el cual manifiesta interponer recurso de reposición y en subsidio de súplica ante la Sala Plena de la Corporación, contra el auto del 26 de enero de 1998.
“Teniendo en cuenta la necesidad de protección de derechos de terceros y el principio de celeridad que gobierna el trámite constitucional, esta Corte dispuso de un término de tres días para que el juez de instancia definiera si se allana o no una nulidad. Es de recordar que frente a estas disposiciones no procede recurso alguno, por consiguiente resulta extraño que el solicitante, quien es el más interesado en que se de una resolución oportuna a su situación, se permita interponer recursos, que infundados, puedan entorpecer la celeridad del trámite constitucional.
“Por otra parte, cabe precisar que de conformidad con el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil: ‘Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición’ lo que haría improcedente esa posibilidad frente a la Sala Séptima de Revisión de esta Corte.
“En lo que tiene que ver con el recurso de súplica, es necesario recordar que salvo expresa disposición legal, dicho recurso tal como lo establece el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, procede contra ‘autos que por su naturaleza sean apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia, o durante el trámite de la apelación o casación del auto’.
“Teniendo en cuenta expresamente estas consideraciones procesales, es claro que el auto en comento fue proferido por la Sala y no exclusivamente por el magistrado ponente, lo que desvirtuaría la posibilidad de que operara el recurso de súplica ante esta eventualidad. Adicionalmente, en múltiples ocasiones ha señalado la Corte, que el proceso de revisión de tutela no constituye una instancia procesal, sino que es un procedimiento especial. En efecto, según lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Nacional y 31, 32 y 33 del Decreto 2591, la competencia de esta Corte en materia de tutela, se circunscribe a la revisión de las decisiones adoptadas en primera y segunda instancia por los jueces y tribunales competentes. Además, el auto de la Sala de Revisión no tiene apelación, luego no es susceptible de súplica”.
8. Como por otro aspecto la Sala Séptima de Revisión se informó de la existencia de un expediente que contenía una tutela interpuesta por Rafael Joaquín Fernández y Carmen Olaciregui Llinás contra la Juez Trece Civil Municipal de Barranquilla, remitido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con destino a la Sala de Selección, tutela que podría tener conexión con la tutela Nº 145620, se alertó a la oficina de “unidad de tutela” y fue así como también se escogió para revisión la mencionada tutela contra providencia judicial de la Juez 13 Civil Municipal de Barranquilla, tutela que se radicó bajo el número.
10. El 4 de febrero de 1998, Miguel Gonzalo Baquero Ramírez, en memorial dirigido al mencionado Juzgado 18 Civil Municipal, interpuso “recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el auto de fecha 29/1/98, solicitando al honorable juez que en su lugar, se dé por subsanada la posible nulidad, en razón a que los terceros supuestamente afectados, conocieron del proceso de tutela, con anterioridad a la providencia de la Corte Constitucional y sin embargo guardaron silencio (…)”. En subsidio solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, la prejudicialidad y pidió que el juez se abstuviera de decretar la nulidad.
12. El 16 de febrero de 1998, el Juzgado 18 Civil Municipal de Barranquilla denegó la tutela y no tramitó unos recursos interpuestos por el apoderado del solicitante, por no ser ellos “de recibo en esta acción”. Entre las razones aducidas para la no prosperidad de la acción, merecen resaltarse las siguientes:
“El accionante afirma que el Tribunal Superior de Barranquilla cometió errores inexcusables, protuberantes y manifiestos que lo hicieron incurrir en diferentes vías de hecho judiciales (sic) a saber: 1) El tribunal de manera arbitraria decidió desconocer el canon de orden público, contenido en el artículo 10 del Decreto 2651 de 1991, pasando por alto además que el juez de primera instancia no se concretó a presumir como ciertos los hechos de la demanda, pues los tuvo como ciertos; 2) El tribunal desconociendo los efectos propios del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil respecto de la confesión ficta o presunta, de todas maneras deja la carga de la prueba en cabeza del demandante favorecido por dicha confesión ficta o presunta; y, 3) Por la forma tan manifiestamente equivocada lo que objetivamente se desprende de las pruebas.
“Por su parte la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla al rendir el informe que se les solicitó, sostuvieron que en la sentencia del 19 de junio de 1997 que desató el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia del 23 de septiembre de 1996 dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Barranquilla están claramente expuestos los motivos por los cuales se decidió revocar la providencia objeto del recurso. En lo que se refiere al supuesto de la determinación, la Sala se remite a las argumentaciones jurídicas y fácticas consignadas en la susodicha sentencia, circunstancia que a su modo de ver impiden hacer un cuestionamiento sobre los fundamentos de la acción impetrada, habida consideración de que no constituye una tercera instancia en que sea válido confrontar las apreciaciones de orden legal consignados en los fallos judiciales.
“Del examen realizado a la providencia judicial proferida por la Sala de Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla no se dislumbra (sic) violación alguna a los derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso de que es titular la persona jurídica que acciona, puesto que los magistrados que componen la Sala fundamentaron razonable y legalmente su decisión de revocar la sentencia que se había proferido en primera instancia mediante un pronunciamiento definitivo delo derecho en litigio provisto de justificación jurídica.
“El hecho de que no se esté de acuerdo con una determinación providencia judicial que le sea adversa a sus intereses no constituye por sí solo que se le esté vulnerando sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, siempre y cuando esta contenga una resolución motivada ajustada a derecho y haya sido dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías previstas en la Constitución y la ley.
“Tampoco se observa que la decisión adoptada en forma unánimemente por los magistrados que componen la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de este distrito judicial contenga un fundamento arbitrario, caprichoso o abusivo a través del cual se le vulnere los derechos fundamentales que considera lesionados el petente, ni mucho menos se encuadra dentro de las denominadas vías de hecho como se pasa a analizar.
“El primer error que se le endilga a la providencia judicial resulta inaceptable dado que los magistrados al momento de resolver el tema decidendum exponen razonablemente, con fundamento en el texto legal y jurisprudencial sobre la carga de la prueba que le incumbe a la parte que alega el hecho (CPC, art. 177) y el valor probatorio de la confesión ficta o presunta, la cual admite prueba en contrario (CPC, art. 201; Sent. Junio/79 Cas. Sala Civil), fundamentación que no pone de manifiesto que se desconozca el mandato contenido en el artículo 10 del Decreto 2651 de 1991 sino por el contrario la prevalencia de otra normas jurídicas ante la existencia de otras pruebas que infirman la confesión ficta o presunta que operó respecto de algunos hechos contenidos en la demanda ante la no comparecencia de los demandados a la audiencia de conciliación e interrogatorio de parte.
“Constituye una labor legítima del juzgador aplicar las normas jurídicas que sean pertinentes al caso que se resuelva dentro de todo ordenamiento jurídico vigente y no constituye arbitrariedad cuando la decisión se fundamenta en la ley como en el caso sub examine. El hecho de no compartir una determinada providencia judicial ante la creencia de que el juez de la causa no aplicó de prevalencia una norma legal, es un asunto que no debe ni puede debatirse del campo de la acción de tutela.
“Con respecto al segundo error que se le entrostra (sic) a la providencia, se evidencia en ella que el tribunal expone razonablemente los efectos previstos en la ley cuando el demandado no comparece a la audiencia en que debe absolver el interrogatorio de parte y el valor probatorio de esa confesión ficta o presunta, abordando el tema con sustentos jurídicos y jurisprudencia para llegar a la conclusión que toda confesión admite prueba en contrario y ante la valoración de otras pruebas toma la decisión de revocar la sentencia objeto de recurso al estimar que de esta forma quedó infirmada la confesión ficta o presunta que se le endilga a la parte demandada. Las anteriores motivaciones ponen de manifiesto que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla no desconoce los efectos previstos en el art. 210 del Código de Procedimiento Civil, sino que en su labor valorativa de las pruebas encuentra que existen algunas que desvirtúan esa presunción ficta o presunta, circunstancia procesal que también prevee (sic) la ley.
“En lo que concierne al supuesto error en la apreciación de las pruebas, este despacho considera que no es un asunto que debe debatirse dentro del campo de la acción de tutela porque así como lo ha expuesto la H. Corte Suprema de Justicia ‘El juez de tutela esta llamado a amparar derechos constitucionales fundamentales, violados o amenazados, pero no para inmiscuirse o extender su poder de decisión hasta el extremo de resolver cuestiones legales que deben definirse o han sido definidas en el marco de un proceso por el juzgador competente’.
“Es por ello, que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de la competencia, porque sería contrario al principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones, principios protegidos constitucionalmente en los artículos 228 y 239 de la Constitución Nacional (…)”.
13. Como la decisión de tutela fue impugnada por Miguel Gonzalo Baquero Ramírez, al efectuarse el reparto del expediente por la Oficina Judicial, le correspondió conocer en segunda instancia al Juzgado 1º Civil del Circuito de Barranquilla, el cual profirió sentencia el 20 de marzo de 1998 confirmando lo decidido por el a quo en sentencia de 16 de febrero de 1998 (serán estos dos fallos de instancia los que se revisarán por la Corte Constitucional). Entre las razones aducidas por el ad quem para confirmar el fallo merecen citarse las siguientes:
“Dentro del desarrollo del proveído de la corporación tutelada, se observa, que se hizo uso de esa facultad amplia de valoración de la prueba que la ley permite, efectuándose una apreciación razonada y no arbitraria del acervo probatorio a su alcance. Se encuentra que se da validez a pruebas que fueron legal y oportunamente allegadas al proceso verbal, dando fundamentaciones del porqué se realizó en la forma en que se hizo dicho análisis, y así deja ver en la sentencia cuando se manifiesta porqué (sic) no se comparte el criterio del inferior y el porqué (sic) se dá (sic) mérito a documentos que el primero no le dio.
“Lo que deja ver los fallos emitidos por los respectivos funcionarios encargados de administrar justicia, no es otra cosa que distintos criterios en cuanto a la valoración de pruebas pero que legalmente se permite, y no es dado al juez constitucional entrar a determinar a cual fallador le asiste la razón, pues su ámbito de acción solo le permite buscar la violación inexcusable de aspectos reglados por el legislador y que sean desconocidos por el encargado de decidir, pero de ninguna manera entrar a adoptar una posición de juez de tercera instancia. De tal manera que si dicha vía de hecho no se contempla no hay lugar a conceder razón a uno o a otro funcionario.
“Es dable instaurar una acción de tutela contra providencias judiciales como inicialmente se enunció, pero como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la conducta del juez debe ser de tal gravedad e ilicitud que estructuralmente pueda calificarse como una vía de hecho, lo que ocurre cuando el funcionario decide, o actúa con absoluta falta de competencia o de un modo completamente arbitrario e irregular que comporta, según la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, una agresión grosera y brutal al ordenamiento jurídico, hasta el punto de que, como lo anota Jean Rivero en su libro de derecho administrativo, ‘su actuación no aparece como un puro hacho material, desprovisto de toda justificación jurídica’, con lo cual, la actividad del juez o funcionario respectivo, pierde legitimidad y sus actos, según el mismo Rivero, se han ‘desnaturalizado’. (Corte Constitucional. Sentencia T-442 del 12 de octubre de 1993).
“No se quiere decir con esto que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito no falló en debida forma y que sí lo hizo el superior jerárquico, pues se reitera no es esta la labor del juez de tutela, pero si se debe dejar claro que no se observa arbitrariedad alguna en la decisión tomada por el ente accionado. Las pruebas tienen por fin lograr la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos del proceso, y las obrantes en el proceso verbal permitieron a la Sala Civil Familia como lo hizo”.
15. Por otro aspecto, el 23 de febrero de 1998, la Sala de Selección Nº 2 de la Corte Constitucional, decidió “acumular entre sí los expedientes de tutela T-145620 cuyo peticionario es la sociedad Gonzalo Boquero (sic) y Cía. Ltda. y T-152265 cuyo peticionario es Rafael Fernández y otro, seleccionados y repartidos al doctor Alejandro Martínez Caballero, para que sean fallados en una misma sentencia”.
19. El 25 de noviembre del mismo año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del a quo con el siguiente razonamiento:
“De acceder a la pretensión del impugnante y entrar a revisar por vía de tutela otra decisión de amparo de segundo grado, proferida en legal forma por el juez de la República en ejercicio de la jurisdicción constitucional de que se halla investido, esta acción extraordinaria pervertiría el debido proceso de tutela previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollado por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, vulnerando además los principios de independencia y autonomía de los administradores de justicia (C.N., arts. 228 y 230).
“En la sentencia de primer grado tan solo se invocan razones de ‘inconveniencia’ para declarar la improcedencia del amparo deprecado —por la posibilidad, de acceder a las pretensiones del postulante, de incoar un número infinito de acciones de tutela—, pero no examinó el tribunal de instancia, que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 306 de 1992, al trámite tutelar le son aplicables ‘los principios generales del Código de Procedimiento Civil’, y de contera, por virtud del principio de contradicción, la parte no recurrente pudo presentar alegaciones oponiéndose a la pretensión contenida en la impugnación, o solicitando su deserción por ausencia o indebida sustentación.
“Corrobora la conclusión anterior sobre la improcedencia del amparo como mecanismo para revocar o anular una sentencia de esta naturaleza, la existencia de un alternativo y no menos eficaz mecanismo judicial de protección de los derechos fundamentales que se predican vulnerados, cual es la posibilidad de revisar, por parte de la Corte Constitucional, el fallo que ahora Constitucional (sic), el fallo que ahora se pretende cuestionar extraprocesalmente por vía de tutela, hipótesis prevista en los artículos 86 inciso 2º de la Constitución Nacional y 33 y ss. del Decreto 2591 de 1991:
“’El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión’.
“Reafirma la improcedencia de la acción instaurada la inseguridad jurídica que generaría la posibilidad de proferir, por parte de diferentes Corporaciones Judiciales —en este caso la Corte Suprema de Justicia al desatar la alzada, y la Corte Constitucional al revisar el fallo cuestionado por vía de tutela— sendas decisiones contradictorias sobre el mismo asunto litigioso”.
Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución en armonía con los artículos 33, 35, y 42 del Decreto 2591 de 1991. Además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento y de la acumulación ordenada.
El debido proceso es todo un conjunto de derechos de las personas expresado en los artículos 28 (libertad de movimiento y otras cortapisas que se le imponen al Estado), 29 (el propio debido proceso y el derecho de defensa), 30 (recurso de hábeas corpus), 31 (doble instancia), 33 (inmunidad penal), 34 (prohibición de destierro, confiscación y prisión perpetua), 36 (derechos de asilo). La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden justo, por consiguiente, en la Constitución de 1991 el debido proceso es algo más profundo que tipificar conductas, fijar competencias, establecer reglas de sustanciación y ritualismos, indicar formalidades y diligencias, como se deducía de los términos empleados por la Ley 153 de 1887.
El debido proceso no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo.
2. Reglas y principios en el debido proceso.
En el título “De los principios fundamentales” de la Constitución está incluido el artículo 2º que señala como fin esencial del Estado la efectividad de los principios. En el artículo 228 se establece la prevalencia del derecho sustancial, en el artículo 229 de la Constitución Política se consagra el acceso a la administración de justicia, en el artículo 230 se habla del imperio de la ley y en el artículo 29 se desarrolla el debido proceso. Respecto a esta última norma, la enumeración allí contenida no puede ser una camisa de fuerza, sino que se trata de las llamadas normas abiertas. Entonces, la discrecionalidad del juez (característica de la escuela antiformalista del realismo jurídico norteamericano) permite que la cláusula abierta sea un instrumento fundamental para lograr la finalidad constitucional del debido proceso. Sobre este tópico de las normas abiertas, Ernest Fuchs, a principios del siglo, dijo: “en los estudios, la ciencia y la praxis las reglamentaciones procesales no tienen por qué jugar un papel mayor que el que en la medicina tiene la reglamentación hospitalaria”.
Pero esta posición lleva a un planteamiento más de fondo: el debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las normas básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello nada más necesario que el respeto a los derechos fundamentales); ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y derechos y este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en tratándose de la tutela.
Como no es razonable que el formalismo supere a los valores principios y derechos, la única explicación lógica para justificar la aplicación de la tutela como defensa del debido proceso es cuándo determinados institutos jurídicos que le dan a la persona un derecho a algo, son desconocidos por el juez. Ello permite exigirle al Estado la vigencia de normas que le den efectos jurídicos a las competencias asignadas a los jueces, luego el Estado debe contribuir a ese derecho objetivo que desarrolla las competencias que el legislador ha fijado y cuya inaplicación violaría derechos fundamentales. Se podría concluir que estas normas de procedimiento son status positivo, para la búsqueda del orden justo, y no simples reglas de carácter formalista. En otras palabras, el titular del derecho fundamental tiene competencia para imponer judicialmente, un procedimiento indispensable para los fines de la justicia. Se sale entonces del status negativo y se pasa a los derechos a algo, status positivo.
Pero, se repite, lo que se protege mediante la tutela, no es el riguroso seguimiento de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente, es decir, hay que ver el debido proceso desde el ámbito constitucional y no desde el simplemente legal.
3. Vía de hecho.
Más compleja es la situación cuando se afirma que se ha violado el debido proceso porque en una sentencia se ha incurrido en vía de hecho.
En Sentencia T-368 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa se dijo:
“No es la apariencia de una decisión, sino su contenido, lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez. Hay que distinguir entre providencias judiciales y las vías de hecho. Las primeras son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la decisión judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios de defensa judiciales establecidos por el ordenamiento jurídico. Las segundas son apariencias de providencias judiciales que vulneran los derechos básicos de las personas. “De suerte que la violación de la Constitución Política por parte de la autoridad judicial puede ser atacada mediante la acción de tutela, siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Carta y no exista otro medio de defensa judicial para la adecuada protección del derecho fundamental lesionado”.
Se revisan las decisiones tomadas dentro de la tutela instaurada por la Sociedad Gonzalo Baquero y Cía. Ltda. contra una sentencia del Tribunal de Barranquilla, de 19 de junio de 1997. Las decisiones de tutela fueron proferidas por el Juzgado 18 Civil Municipal de Barranquilla, en primera instancia el 16 de febrero de 1998, y por el Juzgado 1º Civil del Circuito de la misma ciudad, en segunda instancia el 20 de marzo de 1998. En estas dos decisiones no prosperó la tutela contra la providencia judicial motivo de la acción según se explicó en capítulo anterior del presente fallo. Al llegar el expediente a la Corte Constitucional se mantuvo la radicación con el número 145.620.
Igualmente se revisan otras dos decisiones, contenidas en el expediente 152.265: la de primera instancia de la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, del 30 de septiembre de 1997 y la de segunda instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 25 de noviembre de 1997, dentro de la tutela instaurada por Rafael Joaquín Fernandez y Carmen Olaciregui Llinás, también contra una decisión judicial, esta vez contra el fallo de tutela (que ya fue anulado), proferido precisamente en la tutela que Gonzalo Baquero y Cía. Ltda. instaurara y que aparece en el expediente radicado en la Corte Constitucional bajo el Nº 145.620.
Por otro aspecto, no se ve por parte alguna una ilicitud grave en la interpretación jurídica de la sentencia civil del Tribunal de Barranquilla y si se aprecia, por el contrario, una voluntad del solicitante de tutela de replantear interpretaciones y valoraciones de un fallo que produjo una decisión ajustada a derecho. Es decir, el solicitante le da a la tutela una característica de recurso y no de acción.
“El artículo 25 del decreto 2591 de 1991 habla en dos partes de ‘costas’. En el primer inciso se refiere al fallo que concede la tutela, cuando la violación que motivó ha sido clara e indiscutiblemente arbitraria; en este evento se ordena en abstracto ‘el pago de las costas del proceso’.
“En el último inciso se contempla la situación diametralmente opuesta: cuando la tutela es rechazada o denegada, en este caso el juez ‘condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad’(1). Es decir, que si no hay temeridad no hay costas, esta circunstancia obliga a profundizar en este tema procesal.
“5.1. Hay que decir que, tratándose de la tutela, la condenación en costas no obedece a un carácter disuasivo porque el Constituyente consagró la tutela como una acción pública, es de su esencia la gratuidad, está íntimamente ligada al derecho de las personas de acceder a la justicia, luego un señalamiento de costas no puede verse como algo que desestima la presentación de esta acción.
“Pero, otra cosa muy diferente es que se abuse dolosamente de su ejercicio, entonces, la conducta abusiva perjudica la administración de justicia, impide, obstaculiza que el acceso a la justicia de otros se desarrolle normalmente. La Corte Suprema de Justicia, al declarar inexequible el inciso 2º de la regla 2ª del ordinal 199 del artículo 1º del Decreto 2282/89 que modificó el Código de Procedimiento Civil, dijo:
‘Las que deben impedirse son las actuaciones dolosas o temerarias que por constituir un verdadero abuso del derecho lesionan los intereses legítimos de la otra parte y le causan perjuicios indemnizables y entraban, contrariando el bien común, la recta y pronta administración de justicia (…)’(2).
“5.2. Esas actuaciones signadas por la temeridad en la acción, nos remiten a los albores de la culpa aquiliana, siendo las costas una forma de pena civil contra quien sin razón alguna instauraba una acción o temerariamente se oponía a ella, ocasionándose un daño injusto que debía ser reparado.
“En Colombia, la teoría de la culpa aquiliana fue adoptada desde antes de la Constitución de 1886 (Código Judicial de la Nación) en 1872, reformado en 1873, editado en 1874 y adoptado por el artículo 1º de la Ley 57 de 1887; se consagró en el artículo 575 de la Ley 105 de 1931 que habló de temeridad maliciosa. Se decía que quien procedía con temeridad era el ’improbus litigator’ de que hablaba Justiniano (‘contendiente deshonesto’, ‘pleitista de mala fe’, quien promueve un juicio sin derecho y con mala intención)(3). El elemento de temeridad consistía, según la doctrina, en la conciencia plena de la injusticia o en el reconocimiento de su propia falta de razón.
“En 1951 (D. 243, art. 2º) se dejó de lado la culpa aquiliana, criterio subjetivo, y fue reemplazado por el criterio objetivo del litigante vencido en juicio como sujeto que paga costas.
“Este criterio objetivo permanece en el actual Código de Procedimiento Civil (arts. 392 y ss.), sin embargo, paralelamente a las costas y dentro del esquema de la responsabilidad patrimonial de las partes, el mismo código, artículo 72, establece:
‘Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe, causa a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida (…)’.
“5.3. El artículo 73 castiga la temeridad con multa de diez a veinte salarios mínimos mensuales, el artículo 74 establece los casos de temeridad o mala fe uno de ellos es ‘cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal’, y la Corte Suprema(4) señala que si el juez encuentra temeridad o mala fe ‘puede fulminar contra el litigante temerario o doloso o contra su apoderado, la sanción mencionada’ y establece como obligación del juzgador pronunciar la condena de los artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil cuando el caso concreto da lugar a ello.
“5.4. Tratándose de la tutela, la parte final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas y la temeridad, sino que identifica esta con aquellas, así debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretación es coherente con el carácter público, informal, gratuito de la tutela.
“Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurrió en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresión del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción. Y quien tasa las ‘costas’ es el juez de tutela porque el inciso final del artículo 25 del Decreto 2591/95 se refiere a él (algo muy distinto ocurre en la situación consagrada en el primer inciso del mismo artículo en el cual lo principal son los perjuicios)”(5).
Primero. CONFIRMAR las sentencias de primera y de segunda instancia proferidas por el Juzgado 18 Civil Municipal de Barranquilla el 16 de febrero de 1998 y el Juzgado 1º Civil del Circuito de dicha ciudad el 20 de marzo de 1998, dentro de la tutela instaurada por la sociedad Gonzalo Baquero y Cía. Ltda. contra la providencia judicial de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla del 19 de junio de 1997.
Magistrados: Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Diaz—Vladimiro Naranjo Mesa
(1) El artículo 25 se declaró exequible mediante Sentencia C-543/93, M.P. José Gregorio Hernández.
(2) M.P. Pablo Cáceres Corrales, Gaceta Judicial CCIX, #2448, págs. 213 y ss. Demanda presentada por Álvaro Tafur.
(3) Diccionario de expresiones y frases latinas, Víctor José Herrero.
(4) M.P. Germán Giraldo Zuluaga, 17 marzo /81.
(5) Sentencia T-443/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: artículo 948
 artículo 950
 resolución 
 artículo 348
 artículo 363
 artículo 10
 artículo 210
 resolución 
 artículo 10
 artículo 86
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 228
 artículo 229
 artículo 230
 artículo 29
 artículo 86
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 575
 artículo 72
 artículo 73
 artículo 74
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25