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Timestamp: 2018-01-19 05:20:55+00:00

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Published in PROCESOS CONSTITUCIONALES
Los procesos tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo.
Caso "El Frontón"
Nº 3173-2008-HC/TC
Sumilla Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Instituto de Defensa Legal contra la resolución de la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, conformada por los votos de fechas 10 de mayo y 27 de julio de 2007, que declaran fundada la demanda de hábeas corpus de autos.
[ Nº 3173-2008-HC/TC ]
N.º 02018-2009-HC/TC
Virginia Dora Delgado Berlanga
Sumilla Se precisa que el actuar temerariamente en el ejercicio de los derechos procesales, como cuando se presentan demandas que carecen manifiestamente de fundamento jurídico, constituye una vulneración del artículo 103º de la Constitución, que proscribe el abuso del derecho, en general, y de los procesos constitucionales, en particular. el abuso de los procesos constitucionales constituye no sólo un grave daño al orden objetivo constitucional, sino también a la tutela de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. (FJ 6-9)
[ N.º 02018-2009-HC/TC (FJ 6-9) ]
N.º 05740-2008-AA/TC
Jesús Linares Cornejo y otros
Sumilla No cabe duda que conductas de ese tipo constituyen una vulneración del artículo 103º de la Constitución, que proscribe el abuso del derecho, en general, y de los procesos constitucionales, en particular. Y es que el abuso de los procesos constitucionales no sólo constituye un grave daño al orden objetivo constitucional, sino también a la tutela de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Esto es así, por cuanto al hacerse un uso abusivo de los procesos constitucionales, de un lado, se restringe prima facie la posibilidad de que este Colegiado pueda resolver las causas de quienes legítimamente acuden a este tipo de procesos a fin de que se tutele prontamente sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y de otro lado, constituye un gasto innecesario para el propio Estado que tiene que premunir de recursos humanos y logísticos para resolver tales asuntos. En concreto, con este tipo de pretensiones, lo único que se consigue es dilatar la atención oportuna de las auténticas demandas de justicia constitucional y a la vez frustrar la administración de justicia en general. (FJ 15)
[ N.º 05740-2008-AA/TC (FJ 15) ]
N. º 01383-2001-AA/TC
Luis Alfredo Rabines Quiñones
Se indica que en ningún supuesto existe la posibilidad de que un Estado limite o elimine la posibilidad de que sus ciudadanos puedan acceder a un recurso efectivo para la protección de sus derechos fundamentales (FJ 6-8).
[ N. º 01383-2001-AA/TC (FJ 6-8) ]
N.º 03259-2006-AC/TC
Maricela Manuela Fernández Ãƒâ€˜iquen
Sumilla El Tribunal solo puede aclarar sus sentencias cuando advierta que de su contenido se desprenden dudas o confusiones (objetivas y razonables) que inciden sobre su ejecución o cumplimiento cabal, en ningún caso es admisible su utilización con el objeto de modificar o cambiar el sentido de la decisión emitida, pues ello contravendría tanto el primer párrafo del artículo 121 y el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, que reconoce el principio y el derecho constitucional a la cosa juzgada. (FJ 2)
[ N.º 03259-2006-AC/TC (FJ 02) ]
Actuación inmediata de sentencia estimatoria
N. º 0607-2009-AA/TC
Sumilla “[e]l proceso de amparo se presenta más como un proceso de condena, antes que como uno de cognición o uno de declaración. En consecuencia, una sentencia de amparo de primer grado que declara fundada la pretensión del demandante ha de ser entendida, correctamente, como el resultado de una oportuna evaluación del derecho o derechos implicados en la litis, realizada además por el juez constitucional que se encuentra más familiarizado con los hechos del caso; decisión que, por ese motivo, merece ser ejecutada de inmediato.”(F J 40 y 41)
[ N. º 0607-2009-AA/TC (F J 40 y 41 [nuevo]) ]
Amenaza de derechos fundamentales
N. º 02665-2006-HC/TC
José Luis Cáceres Echegaray
Respecto a que la amenaza debe ser inminente y real cabe advertir que los procesos constitucionales no sólo buscan remediar las violaciones de los derechos ya producidas, sino que también buscan prevenir la comisión de ellas. Para determinar si la amenaza de un derecho es inminente hay que establecer en primer lugar la diferencia entre actos futuros remotos y actos futuros inminentes (FJ 3).
[ N. º 02665-2006-HC/TC (FJ 3) ]
Nº 0091-2004-AA/TC
Fidel Esteban Reynoso Martínez
Sumilla El Tribunal Constitucional reitera que la amenaza de violación de un derecho constitucional debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez, el perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en hechos verdaderos; efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los derechos tutelados; tangible, esto es, que debe percibirse de manera precisa; e ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una violación concreta (FJ 8).
[ Nº 0091-2004-AA/TC (FJ 8) ]
N. º 09878-2005-HC/TC
El Código Procesal Constitucional (artículo 9) señala que en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sin embargo, ello no significa, que las partes en los procesos constitucionales también estén exentas de la carga de adjuntar las pruebas documentadas que sustenten sus afirmaciones.
La actuación de los medios probatorios no se realiza en los procesos constitucionales como en los procesos judiciales ordinarios, lo que no quiere decir que en los primeros dicha actuación sea inexistente. No obstante, los procesos constitucionales exigen también a los pretensores que acuden a la vía constitucional adjuntar los medios probatorios idóneos que sean suficientes para crear en el juzgador un criterio respecto de la vulneración del derecho que se alega (FJ 1 y 2).
[ N. º 09878-2005-HC/TC (FJ 1 y 2) ]
N. º 01902-2005-AA/TC
Melco Ejecutores Generales S.R. LTDA.
En los procesos constitucionales no existe estación probatoria porque en ellos no se declaran ni se constituyen a favor de ninguna de las partes derechos constitucionales, lo que sí puede suceder en los procesos ordinarios, en cuyo caso se ha previsto la estación probatoria (FJ 4).
[ N. º 01902-2005-AA/TC (FJ 4) ]
Nº 00091-2004-AA/TC
El Tribunal Constitucional reitera que el artículo 9º del Código Procesal Constitucional no impide, en modo alguno, que se pueda valorar y merituar, debidamente, las pruebas aportadas por las partes. La inexistencia de una estación de pruebas en los procesos constitucionales se debe a que en éstos no se dilucida la titularidad de un derecho, sino sólo se restablece su ejercicio, y que el juez no tiene tanto que actuar pruebas, sino juzgar, en esencia, sobre su legitimidad o ilegitimidad constitucional (FJ 6 y 7).
[ Nº 00091-2004-AA/TC (FJ 6 y 7 ) ]
Cese del acto lesivo
N.º 04530-2008-HD/TC
Segundo Marcial Minchán Briones
Sumilla El Código Procesal Constitucional ha previsto de forma expresa que no en todos los supuestos en que el acto lesivo cesó o devino en irreparable luego de presentada la demanda corresponde declarar su improcedencia. En este sentido ha establecido la potestad de la autoridad jurisdiccional para que, atendiendo a las particularidades de cada caso concreto, puede emitir un pronunciamiento estimatorio sobre el fondo de la controversia. Esta facultad tiene por objetivo evitar que actos similares puedan reiterarse en el futuro. Se trata por lo tanto de una opción legislativa acorde con el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece como una de las finalidades de los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, lo que también se obtiene a través de una tutela procesal preventiva. Cuando se declara fundada una demanda de este tipo no se hace con el objeto de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales (lo cual es imposible), sino con el propósito de evitar que las mismas conductas se vuelvan a repetir (STC N.° 603-2004-AA, fundamento N.º 4). Para este Colegiado la aplicación del segundo párrafo del artículo 1º del Código obliga al juez a realizar una adecuada ponderación de los derechos y valores inmersos en el conflicto constitucional, y evaluar si resulta necesario en el caso concreto la aplicación de la tutela procesal preventiva en sede constitucional, que permitiría resguardar los derechos fundamentales de una lesión futura. (FJ 16-17)
[ N.º 04530-2008-HD/TC (FJ 16-17) ]
01211-2006-AA/TC
Felipa Mónica Cáceres Callata
El requisito previsto en el articulo 5 inciso 3 del Código Procesal Constitucional (vía ordinaria concurrente o paralela), desde una perspectiva procesal debe entenderse como el establecimiento de una “condición de la acción”, que al ser inobservada impide al Juez de los derechos fundamentales expedir un pronunciamiento sobre el fondo. Desde una perspectiva material, dicho requisito implica una limitación del derecho fundamental de obtener un pronunciamiento de fondo de parte de un Tribunal de Justicia; y, como tal, debe ser entendido restrictivamente y a la luz del principio pro actione (FJ 5 y 6).
[ 01211-2006-AA/TC ((FJ 5 y 6)) ]
1014-2007-PHC/TC
El Tribunal no es instancia en la que se determine la responsabilidad penal de una persona, se califique el tipo penal o se valoren las pruebas aportadas, pues éstos ámbitos son de exclusiva competencia de la jurisdicción penal ordinaria, lo anterior tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales (FJ 3).
[ 1014-2007-PHC/TC (FJ 3) ]
09809-2006-HC/TC
Fernando Melciades Zevallos Gonzales
El proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional sustentada en actividades investigatorias y de valoración de pruebas, siendo aspectos propios de la jurisdicción ordinaria y no de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza. (FJ 6).
[ 09809-2006-HC/TC (FJ 6) ]
Procesos constitucionales / Seguridad jurídica /
N.º 0054-2004-AI / TC
Sumilla Conforme a lo previsto constitucionalmente, este Tribunal, ha precisado que la cosa juzgada proscribe que las autoridades distorsionen el contenido o realicen una interpretación parcializada de las resoluciones judiciales que hayan adquirido tal cualidad. Cualquier práctica en ese sentido debe ser sancionada ejemplarmente no sólo a la institución de la que emana la decisión sino también a los que actúan en su representación (FJ 14 y 15).
[ N.º 0054-2004-AI / TC (FJ 14 y 15) ]
N.º 0009-2004-AI/TC
Decreto de Urgencia N.º 088-2000
Sumilla En el presente caso no se ha vulnerado la autoridad de cosa juzgada constitucional, debido a que lo que se declaró inconstitucional en la STC N.º 022-1996-AI fue el desconocimiento de la indemnización justipreciada en caso de expropiación por la reforma agraria, y lo que establece el decreto de urgencia impugnado es un procedimiento alternativo para obtener la indemnización (FJ 9,10 y 11).
[ N.º 0009-2004-AI/TC (FJ 9, 10 y 11) ]
Declaración de invalidez de todo lo actuado
N.º 4587-2004-AA/TC
Sumilla Se establece que la declaración de invalidez de todo lo actuado en los procesos constitucionales sólo es procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. En particular, del emplazado con la demanda, cuya intervención y defensa pueda haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar. Tal construcción jurisprudencial se sustenta en diferentes principios propios a la naturaleza y fines de los procesos constitucionales y, particularmente, en los de a)economía, b)informalidad y c)la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de derechos fundamentales (FJ 14-19).
[ N.º 4587-2004-AA/TC (FJ 14-19) ]
N. º 0005-2005-CC/TC
Sumilla Los procesos constitucionales gozan de una dimensión objetiva orientada a preservar el orden constitucional como una suma de valores institucionales. En consecuencia, en todos los procesos constitucionales subyace una defensa del orden público constitucional, expresado en que el Estado se disgrega en múltiples centros de poder equilibrados (FJ 7).
[ N. º 0005-2005-CC/TC (FJ 7) ]
Excepción de irreparabilidad de derechos fundamentales
Sumilla El Tribunal Constitucional, siguiendo su línea jurisprudencial ya consolidada, reitera que para que sea aplicable la excepción de irreparabilidad de derechos fundamentales en la regla de agotamiento de la vía previa, no basta con su alegación, sino que debe quedar probada con razones objetivas, suficientes y verosímiles que efectivamente el paso del tiempo tornará en irreparable la afectación (FJ 5)
[ N.º 0091-2005-PA/TC (FJ 5) ]
N.º 0266-2002-AA/TC
Carmen Tafur Marín de Lazo y otros
Sumilla La protección de los derechos fundamentales y garantizar la efectividad del principio de supremacía constitucional son la finalidad de los procesos constitucionales, como lo señala el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (FJ 5).
[ N.º 0266-2002-AA/TC (FJ 5) ]
N.º 01271-2008-HC
José Enrique Crousillat López Torres
Sumilla Los tratados sobre derechos humanos han sido establecidos con la finalidad de proteger los derechos de toda persona que se encuentra en el territorio de los Estados que han ratificado tales instrumentos. Por este motivo el derecho a la protección judicial de los derechos humanos debe ser reconocido a toda persona que se encuentra en un determinado país, sea nacional o extranjero. Así, por ejemplo, cualquier persona afectada en su derecho a la libertad o integridad personal, puede acudir al proceso de hábeas corpus, o cualquier persona que se considere discriminada en razón de su nacionalidad puede acudir a un proceso de amparo.
Para el Tribunal Constitucional la actividad de los tribunales nacionales en materia de protección de derechos fundamentales, además de responder frente a los actos lesivos de los mismos producidos en el territorio nacional, también deben servir para la tutela de los derechos fundamentales que pueden haber sido afectados en otro país y cuyas consecuencias se extiendan en el ámbito nacional. Esta nueva perspectiva de los procesos constitucionales deberá ser apreciada por los jueces y ser aplicada según las circunstancias particulares del caso concreto. (FJ 12-13)
[ N.º 01271-2008-HC (12-13) ]
N. º 00023-2005-AI/TC
Sumilla Los "derechos fundamentales"y los "procesos para su protección"se han instituido como institutos que no pueden entenderse de modo aislado, pues tales derechos sólo podrían "realizarse"en la medida en que cuenten con mecanismos "rápidos", "adecuados"y "eficaces"para su protección.
Estos procesos poseen un especial carácter, que los hace diferentes de los procesos ordinarios en cuatro aspectos: 1) Por sus fines, pues a diferencia de los procesos constitucionales, los ordinarios no tienen por objeto hacer valer el principio de supremacía constitucional ni siempre persiguen la protección de los derechos fundamentales; 2) Por el rol del juez, porque el control de la actuación de las partes por parte del juez es mayor en los procesos constitucionales; 3) Por los principios orientadores, pues si bien es cierto que estos principios, nominalmente, son compartidos por ambos tipos de procesos, es indudable que la exigencia del cumplimiento de principios como los de publicidad, gratuidad, economía procesal, socialización del proceso, impulso oficioso, elasticidad y de favor processum o pro actione, es fundamental e ineludible para el cumplimiento de los fines de los procesos constitucionales; y 4) Por su naturaleza, que es de carácter subjetivo-objetivo, pues no sólo protegen los derechos fundamentales entendidos como atributos reconocidos a favor de los individuos, sino también, en cuanto se trata de respetar los valores materiales del ordenamiento jurídico, referidos en este caso a los fines y objetivos constitucionales de tutela de urgencia (FJ 8-12).
[ N. º 00023-2005-AI/TC (FJ 8-12) ]
Sumilla Se señala que la naturaleza de los procesos constitucionales es diferente a la de los procesos ordinarios en cuatro aspectos: 1) Por sus fines, pues a diferencia de los procesos constitucionales, los ordinarios no tienen por objerto hacer valer el principio de supremacía constitucional ni siempre persiguen la protección de los derechos fundamentales; 2) Por el rol del juez, porque el control de la actuación de las partes por parte del juez es mayor en los procesos constitucionales; 3) Por los principios orientadores, pues si bien es cierto que los principios son compartidos por ambos procesos, en los constitucionales su exigencia es fundamental e ineludible para el cumplimiento de sus fines; y 4) Por su naturaleza, pues a diferencia de los ordinarios, los constitucionales son procesos de tutela de urgencia.
[ N.º 0266-2002-AA/TC (FJ 6) ]
N.º 00041-2006-PHC/TC
Marisol Tolentino Condeco
Sumilla Los procesos constitucionales como principio general exigen que la afectación se produzca respecto de un derecho constitucional debiendo ser clara y manifiesta la referida afectación del derecho constitucional invocado; asimismo, en el caso de amenaza de algún derecho constitucional, esta debe ser cierta y de inminente realización, es decir que la amenaza que se cierne sobre el derecho protegido debe ser real y no hipotético además que debe ser de tal naturaleza que se desprenda inequívocamente que de mantenerse tal situación, la amenaza se convertiría en violación efectiva en un tiempo breve, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º del Código Procesal Constitucional. (FJ 4).
[ N.º 00041-2006-PHC/TC (FJ 04) ]
Procedencia contra resoluciones judiciales firmes
N.º 6712-2005- PHC / TC
Magaly Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana
Sumilla Una resolución judicial firme es aquella resolución sobre las que se han actuado todos los medios impugnatorios que la ley procesal de la materia prevé, y sólo cabe cuestionamiento constitucional sobre este tipo de resoluciones (FJ 7).
[ N.º 6712-2005- PHC / TC (FJ 7) ]
El juez constitucional deberá tener presente frente a un proceso de inconstitucionalidad que no solo está orientado a defender la supremacía de la Constitución, sino también a preservar los derechos fundamentales de las personas (FJ 8).
[ 00005-2006-AI/TC (FJ 8) ]
N.º 03674-2007--AA/TC
Pedro Navarro Blanco
Sumilla Se precisa que incluso cuando una demanda ha sido mal planteada y corresponde disponer la nulidad de los actuados y el reencausamiento de la demanda, el Tribunal Constitucional puede disponer la reconversión de un proceso constitucional en otro si es que concurren las siguientes circunstancias:
(i) Que los jueces de ambos procesos tenga las mismas competencias funcionales; (ii) Que se mantenga la pretensión originaria de la parte demandante; (iii) Que existan elementos suficientes para determinar la legitimidad para obrar activa y para poder resolverse sobre el fondo del asunto; (iv) Que se estén cumpliendo los fines del proceso constitucional; (v) Que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciarse ; y, (vi) Que exista predictibilidad en el fallo a pronunciarse. (FJ
[ N.º 03674-2007--AA/TC (FJ 6-10) ]
N.º 05287-2008-AA/TC
Mario Lovón Ruiz Caro
Sumilla Se delimitan los alcances de la institución de los actos represivos homogéneos, mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales frente a actos que presentan características similares a aquellos que han sido considerados en una sentencia previa como contrarios a tales derechos, contemplada en el artículo 60º del Código Procesal Constitucional. (FJ 2-29)
[ N.º 05287-2008-AA/TC (FJ 2-29) ]
[ N.º 04878-2008-AA (FJ 3-42) ]
04989-2006-PHC/TC
John Mc. Carter y otros
Si una resolución judicial desconoce o desnaturaliza derechos constitucionales, tales como a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, resulta procedente el ejercicio del proceso constitucional, como instrumento de defensa y corrección de la resolución judicial contraria a la Constitución. Asimismo, la anomalía o irregularidad, que se presenten, serán corregidas mediante los medios de impugnación previstos al interior del proceso. Este es el límite y garantía, a su vez, por el que el juez constitucional opera, ya que no todo reclamo por infracciones al interior de un proceso judicial debe considerarse como tema constitucional (FJ 7).
[ 04989-2006-PHC/TC ((FJ 7)) ]
Magaly Medina Vela y Ney Guerrero Orellana
El Tribunal Constitucional ha determinado que no se puede declarar improcedente una demanda contra una resolución judicial, en un proceso constitucional, puesto que dicha resolución proviene de un proceso regular, sin explicar esa "regularidad"en la declaratoria de improcedencia (FJ 10).
[ N.º 6712-2005- PHC / TC (FJ 10) ]
N.º 0005-2005-CC/TC
El principio de dirección judicial del proceso se redimensiona en el proceso constitucional, en la medida en que la jurisdicción constitucional no es simple pacificadora de intereses de contenido y alcance subjetivos, sino del orden público constitucional en conjunto. Con relación a la Constitución, la jurisdicción constitucional no actúa ni puede actuar como un órgano neutro, sino, por el contrario, como su principal promotor (FJ 4).
[ N.º 6167-2005-HC/TC (FJ 14) ]
SUB INDICE PROCESOS CONSTITUCIONALES
AUTONOMÍA PROCESAL (7)
CONTROL DIFUSO (13)
PROCESO DE CUMPLIMIENTO (9)
PROCESO DE AMPARO (10)
PROCESO DE HÁBEAS CORPUS (3)
PROCESO DE HÁBEAS DATA (3)
PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD (4)
PROCESO COMPETENCIAL (4)

References: resolución 
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 121
 artículo 139
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 60
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución