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Ponencia para primer debate al proyecto de acuerdo - Partido Político MIRA
Home » Ponencia para primer debate al proyecto de acuerdo	Ponencia para primer debate al proyecto de acuerdo Morelia, Caquetá 30 de mayo de 2012.
LUIS ENRRIQUE LAGUNA CABALLERO
Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública
REFERENCIA: Ponencia para primer debate al proyecto de acuerdo “Por el cual se le conceden facultades y autorizaciones protempore al alcalde municipal de Morelia, para modificar la planta de personal, determinar la nomenclatura y la escala salarial de la alcaldía municipal de Morelia”
Reciba un cordial saludo, respetado CONCEJAL:
En cumplimiento de la asignación que se me hiciera como ponente del proyecto de “por el cual se le conceden facultades y autorizaciones protempore al alcalde municipal de Morelia, para modificar la planta de personal, determinar la nomenclatura y la escala salarial de la alcaldía municipal de Morelia” me permito rendir ponencia en los siguientes términos: OBJETO DEL PROYECTO
Haciendo un análisis del contenido de la iniciativa normativa, y revisado el articulado, se observa que el proyecto de acuerdo busca modificar la planta de personal, la nomenclatura y la escala salarial del municipio de Morelia, Caquetá
Respecto a la competencia en materia salarial, la Constitución Política, establece:
ARTÍCULO 313. “Corresponde a los Concejos”
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. (Subrayas fuera del texto)
Por tanto la obligación del Concejo Municipal, radica en definir las funciones de las dependencias de la Administración, asignar las escalas de remuneración para los empleados públicos de los municipios, incluyendo sus entidades adscritas y vinculadas. Sobre el particular es procedente tener conocer algunos apartes de la Sentencia C – 510 de 1999 de la Honorable Corte Constitucional, que sobre el tema de ajuste salarial, manifiesta: En estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional.
Es una obligación del alcalde municipal, señalar las funciones específicas de los empleos de la administración, así lo ordena el numeral 7 del artículo 315 superior:
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. (Subrayas fuera del texto)
En materia de competencia salarial en el nivel territorial, la competencia de los Concejos Municipales, se limita a la fijación de las escalas de remuneración para las distintas categorías de empleos, esto es, de las asignaciones básicas mensuales respectivas.
El artículo 91 de la ley 136 de 1994, establece las funciones del alcalde municipal y dentro de ellas, señala el deber de crear las funciones específicas de los empleados de la administración, así: Artículo 91º.- Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo.
5. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado.” (Subrayado fuera de texto).
La ley 136 de 1994 en su artículo 87, dispone que la asignación mensual del alcalde debe estar sujeta a rangos mínimos y máximos y, que los salarios y prestaciones de los mismos se pagaran con cargo al presupuesto municipal, según la categoría de los respectivos municipios, de conformidad con el siguiente texto:
Artículo 87. Salarios y prestaciones: Los salarios y prestaciones de los alcaldes se pagarán con cargo a los respectivos presupuestos municipales.
ARTÍCULO 90. ASIGNACIÓN FIJADA. En ningún caso podrá desmejorarse la asignación fijada al alcalde durante su período correspondiente.
Por tanto es pertinente señalar, que el salario del Alcalde al ser autorizado por el concejo antes de establecerlo, este tendrá en cuenta los ingresos, la capacidad económica del Municipio.
Ley 4 de 1992, fija un límite máximo al gasto burocrático establecer al régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales.
ARTÍCULO 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.
En desarrollo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992, se expidió el Decreto Nacional No 0840 de 2012, “Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores y alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”, sus artículos 1°,3° y 13° prescriben lo siguiente:
ARTÍCULO 1°. El monto máximo que podrán autorizar las Asambleas Departamentales y los
Concejos Municipales y Distritales como salario mensual de los Gobernadores y Alcaldes
estará constituido por la asignación básica mensual y los gastos de representación, y en
ningún caso podrán superar el límite máximo salarial mensual, fijado en el presente Decreto.
Artículo 3°. A partir del 1° de enero del año 2012 y atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, el límite máximo salarial mensual que deberán tener en cuenta los Concejos Municipales y Distritales para establecer el salario mensual del respectivo Alcalde será:
CATEGORÍA LÍMITE MÁXIMO SALARIAL MENSUAL ESPECIAL $11.513.616 PRIMERA $9.755.626 SEGUNDA $7.051.581 TERCERA $5.656.490 CUARTA $4.731.890 QUINTA $3.810.994 SEXTA $2.879.348 Artículo 13. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1048 de 2011 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero del año 2012 con excepción de lo previsto en los artículos 5° y 9° de este decreto.
En lo relativo a los empleados públicos territoriales, y con aplicación al principio de economía y eficiencia del gasto público, el gobierno debe fijar el límite salarial la cual debe guardar equivalencia con cargos similares del orden nacional. En cuanto al análisis de los limites y máximos salariales de los empleados públicos de las entidades territoriales, se establece que: Es necesario verificar sí los grados corresponden a los cargos y la remuneración, que para tales efectos debe concordar con la normativa para el año 2012. Dado que, según el Decreto 0840 de 2012, “ Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”, en su artículo séptimo, fija los máximos de las asignaciones básicas mensuales de los empleos públicos de las entidades territoriales para el año 2012.
En síntesis, es importante aclarar que, independientemente de la proyección de las asignaciones salariales para el año 2012, la administración debe atenerse a los decretos nacionales que determinaran los topes mínimos y máximos para la asignación salarial de cada nivel, lo cual se observa que el proyecto no tiene este contenido.
El proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política.
Además el proyecto de acuerdo fue presentado sin impacto fiscal, requisito indispensable para los acuerdos de conformidad con lo ordenado por la ley 819 de 2003: “Artículo 7º.
Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.
De acuerdo con la ley sería ilegal aprobar el proyecto de acuerdo sin el impacto fiscal.
Luego del estudio del proyecto de acuerdo, se observo que el mismo no cuenta con el respectivo certificado de disponibilidad de los recursos. En síntesis, la función de dictar las normas generales sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos puede ser delegada a las corporaciones públicas territoriales. En tanto, la obligación del concejo municipal radica en asignar las escalas de remuneración correspondiente a los diferentes empleos, de acuerdo con el numeral 6 del artículo 313 Superior. Ahora, según el esquema de fraccionamiento de las competencias puesto por la constitución y la ley a los entes territoriales, en lo que toca al establecimiento de las escalas de remuneración correspondientes a las categorías de empleo de los servidores públicos, es competencia exclusiva del Concejo Municipal, es así que de conformidad con el artículo antes señalado, corresponde al Concejo mediante un acuerdo establecer las bases y pautas generales que habrá de aplicar el Alcalde al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores del municipio. <
De está forma una vez el Concejo haya fijado las pautas generales, el Alcalde habrá de desarrollar y ejecutar los topes dentro de los cuales se señalaran las remuneraciones específicas de las dependencias de la Administración. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA
El articulo 72 de la ley 136 de 1994 establece “Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus decisiones serán apelables ante la corporación”
Al respecto la Corte ha reiterado que significa que todas las disposiciones que integran un proyecto deben guardar correspondencia conceptual con núcleo temático, según lo establecido en el Art 158 que establece “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella” (iii) Conveniencia
Existe un derecho constitucional, en cabeza de todos los servidores públicos, que consiste en mantener el poder adquisitivo de sus salarios[1], por tanto deben ser sujetos de beneficios tales como el ajuste anual de los salarios en proporción igual o superior a la inflación causada, esto es, al aumento del I.P.C El proyecto se encuentra dentro del marco constitucional dado que por norma general se le otorga a los concejos determinar los parámetros para modificar la estructura de la Administración.
Sin embargo es necesario estudiar la propuesta puesto que el el proyecto se encuentra muy general y no tiene los requisitos de ley, es decir, la clasificación, codificación y nomenclatura y una justificación adecuada de la justificación de estos cambios en la estructura de la administración.
Las autoridades locales, tienen competencias expresas para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de sus empleados públicos.
El proyecto es demasiado general no especifica funciones, códigos y clasificación por lo tanto no es viable, además de establecer que se modificará la planta, determinar las escalas salariales y modificar el manual de procedimientos de manera muy general. En realidad no se determina cuales son los ajustes que se van hacer en la administración, lo cual debe ser muy claro y especifico.
En el parágrafo del artículo primero establece que el “Gobierno municipal deberá realizar el respectivo estudio técnico para la modificación de la planta de personal” dicho estudio debe ser presentado a la corporación para poder ver la viabilidad del proyecto, es decir para justificación de cambiar la planta de personal.
El Articulo menciona una autorización adicional de realizar operaciones presupuestales para ejecutar el proyecto lo cual es ilegal, puesto que precisamente para ello debe presentar el impacto fiscal que este genera en el presupuesto.
En el titulo o epígrafe nombra “facultades protempore” al alcalde lo cuál se encuentra errado, pues este tipo de facultades es exclusiva para contratación según el articulo 313 numeral 3° aplica solo para las autorizaciones en materia contractual.
Para reestructurar es decir vincular y desvincular funcionarios debe contar con el concepto favorable del Departamento Administrativo de la Función Publica, quien es el ente rector en la materia, y sin contar con un concepto favorable del mismo, por lo tanto el presente proyecto se reputa ilegal y la consecuencias de aprobarlo así podría causar múltiples demandas a la administración causando una carga muy grande para el municipio. El proyecto carece de impacto fiscal.
Con fundamento en lo expuesto, me permito rendir ponencia NEGATIVA para primer debate, al proyecto de acuerdo “Por el cual se le conceden facultades y autorizaciones protempore al alcalde municipal de Morelia, para modificar la planta de personal, determinar la nomenclatura y la escala salarial de la alcaldía municipal de Morelia”
JOSE OMAR VALLEJO ALBIS
Concejal de Morelia – Caquetá
26 Julio, 2012 / In Rendición de Cuentas / By / Comentarios desactivados en Ponencia para primer debate al proyecto de acuerdo Buscar:

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