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Timestamp: 2018-11-15 23:37:54+00:00

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﻿ Auto 2014-00030 de mayo 7 de 2014
AUTO 2014-00030 DE 07 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN MATERIA ELECTORAL. SE INADMITE EL RECURSO ELECTORAL, LUEGO DE EVIDENCIAR QUE NO SE HABÍAN PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL RECLAMACIONES, SOLICITUDES DE REVISIÓN O CUESTIONAMIENTOS QUE PUSIERAN EN EVIDENCIA LOS VICIOS ALEGADOS EN SEDE JURISDICCIONAL, A FIN DE AGOTAR EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 237 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y RECOGIDO EN EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:NULIDAD ELECTORAL, DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL, AUTO, ADMISIÓN DE LA DEMANDA, CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ELECTORAL, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, REFORMA DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEMANDA EN PROCESO ELECTORAL, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL
Auto 2014-00030 de mayo 7 de 2014
Rad.: 11001-03-28-000-2014-00030-00
Procede el despacho a pronunciarse sobre el escrito de la demanda presentada por el apoderado judicial del ciudadano Ciro Alberto Vargas Silva.
En ejercicio del medio de control de nulidad electoral la parte actora instauró demanda con el objeto de que se declare la nulidad de la elección como Representantes a la Cámara por el departamento del Guainía de los señores Carlos Alberto Cuenca Chaux identificado con la cédula de ciudadanía número 12.256.979 y del señor Edgar Alexander Cipriano Moreno identificado con la cédula de ciudadanía número 19.0001.900.
Textualmente las pretensiones fueron (fls. 2 a 4):
“1. Nulidad electoral parcial del acta general de escrutinios en lo que tiene que ver con los votos obtenidos por los señores Carlos Alberto Cuenca Chaux y Edgar Alexander Cipriano Moreno, de los PartidosPolíticos (sic) Cambio Radical, lista cerrada y Alianza Social Independiente, lista abierta, respectivamente, en calidad de representantes electos a la Cámara por el departamento del Guainía en las pasadas elecciones del nueve (9) de marzo de 2014.
2. Como consecuencia de la declaratoria de la nulidadelectoral (sic) parcial del acta general de escrutinios, se declare la nulidad del acto administrativo y la cancelación de las correspondientes credenciales en las que se promulga la elección de los citados representantes electos: Carlos Alberto Cuenca Chaux identificado con cédula de ciudadanía Nº 12.253.979 (sic) y Edgar Alexander Cipriano Moreno identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.001.900 para el periodo constitucional 2014-2018, por la circunscripción territorial del departamento del Guainía.
3. Que se realice el escrutinio sobre los votos válidos, se excluyan los votos totales de la lista cerrada de Cambio Radical en cabeza de Carlos Alberto Cuenca Chaux,y (sic) de igual manera se excluyan los votos de la lista abierta correspondientes al candidato Edgar Alexander Cipriano Moreno del Partido Alianza Social Independiente, y se declare la legítima elección, con la expedición de las respectivas credenciales, a los candidatos que siguen en el orden descendente de votación en la (sic) correspondientes listas cerradas que alcanzaron el umbral, Partidos Opción Ciudadanay (sic) Alianza Verde, por las causales contempladas en el artículo137 (sic) numeral 3º de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), que establece:
‘3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico’ (…).
4. Que se tenga como elemento probatorio el desarrollo del proceso penal que cursa en la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, por los presuntos delitos de perturbación de certámen democrático, constreñimiento al sufragante y corrupción de sufragante (arts. 386,387 (sic) y 390 del Código Penal). Acciones interpuestas por ciudadanos de Puerto Inírida del departamento del Guainía, contra los representantes electos Carlos Alberto Cuenca Chaux identificado con cédula de ciudadanía Nº 12.253.979 (sic) denuncia radicada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recibido de fecha 2014MAR28 (sic) y Edgar Alexander Cipriano Moreno identificado con cédula de ciudadanía Nº 19.001.900con (sic) Radicación 001132 ante la Fiscalía General de la Nación delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá”.
De igual manera el demandante esgrime tanto en los hechos como en el concepto de violación, el quebrantamiento de los artículos 40 y 258 de la Constitución Política, el 192 del Código Electoral y, el 137 y 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al considerar que existió violencia y constreñimiento frente a los sufragantes para favorecer la elección de los demandados mediante maniobras de ofrecimientos de bienes y compras de votos que perturbaron gravemente el certamen electoral (fls. 4 a 10).
1. Del escrito introductorio se desprende que la causal invocada para pretender la nulidad del acto de elección atacado es la consagrada en el numeral 1º del artículo 275 del CPACA, esto es, que “se haya ejercido cualquier tipo de violencia, sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales”.
2. El artículo 237 de la Constitución Política adicionado en su numeral 7º por el Acto Legislativo 01 de 2009 estableció como requisito de procedibilidad para el ejercicio del medio de control de nulidad electoral, la obligación de exponer previamente los presuntos vicios y causales de irregularidad en el proceso de votación y escrutinio ante las autoridades electorales respectivas, exigencia recogida en la disposición 139 del CPACA al requerir la precisión sobre las etapas o registros electorales en que se presentaron las alteraciones o vicios que incidan en el acto de elección.
3. Por su parte, la jurisprudencia de esta Sección tiene determinadas claramente cuáles son las características que informan este requisito a saber: i) Legitimación: Se predica de cualquier ciudadano en razón a la naturaleza pública del contencioso electoral. Implica que no puede exigir correspondencia entre quien plantea las irregularidades ante la autoridad electoral y quien acude al contencioso electoral, pues puede existir coincidencia, como puede no haberla. ii) Oportunidad: La solicitud que se eleva con tal propósito debe ejercitarse con anterioridad a la declaratoria de elección. Iii) Objeto: Tiene por tal obtener de la autoridad electoral en sede administrativa, ante la inmediatez de la prueba y con los recursos logísticos que posee introducir correctivos que protejan la verdad electoral, lo que a la vez contribuye a racionalizar la labor judicial. iv) Consecuencia jurídica: La solicitud permite que alegando las mismas censuras planteadas ante la autoridad electoral se pueda concurrir a ejercitar la acción de nulidad electoral, con independencia de si fueron decididas o no(1).
4. En la demanda no se manifiesta ni siquiera de manera tangencial que se hubieran presentado ante la autoridad electoral reclamaciones, solicitudes de revisión o cuestionamientos que pusieran en evidencia los vicios que ahora se alegan en sede jurisdiccional; no se establecieron las zonas, puestos y mesas donde presuntamente ocurrieron los hechos que afectaron el certamen electoral, por lo que dentro del plenario no aparece acreditado el cumplimiento del requisito de procedibilidad exigido por la Constitución y por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así las cosas, el demandante deberá indicar de manera clara y precisa las zonas, puestos y mesas donde ocurrieron las irregularidades anotadas en el libelo y aportar las pruebas pertinentes sobre el conocimiento formal previo que tuvieron las autoridades electorales de tales circunstancias.
Por las anteriores razones y con fundamento en el artículo 276 del CPACA el despacho.
1. INADMITIR la demanda de Nulidad Electoral Nº 110010328000201400030-00, promovida por el señor Ciro Alberto Vargas Silva contra la elección de los señores Carlos Alberto Cuenca Chaux y Edgar Alexander Cipriano Moreno como representantes a la Cámara por el departamento del Guainía.
2. Conceder al demandante el término de tres (3) días para que la subsane, so pena de rechazo.
(1) Ver entre otras, sentencias de 1º de noviembre de 2012, Expediente 11001-03-28-0.00-2010-00086-00 y 11001-03-28-000-2010-00102-00, C. P. Mauricio Torres Cuervo, de 18 de abril de 2013, Radicación 85001-23-31-000-2011-00189-01, C. P. Susana Buitrago Valencia y de 10 de abril de 2014, Expediente 76001233100020110179102, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
A continuación expongo las razones de mi aclaración de voto frente al auto proferido el día tres (3) de los corrientes, con ponencia de la honorable Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, las cuales se encaminan a demostrar la imposibilidad de exigir el requisito de procedibilidad en materia electoral, básicamente, por las siguientes razones: (i) ante la insuficiente, pero al mismo tiempo notoriamente limitante, regulación que trae el CPACA sobre el requisito de procedibilidad en materia electoral; (ii) teniendo en cuenta que era un tema de reserva de ley estatutaria que debía surtir un trámite especial en el Congreso y un control previo de constitucionalidad; y (iii) dada la inexistencia de una regulación estatutaria de la facultad de revisión de escrutinios por parte del CNE. Los anteriores argumentos serán desarrollados in extenso más adelante.
Si bien el auto que acompañé con mi voto en su parte resolutiva dispuso la admisión de la demanda sin exigir el requisito de procedibilidad al que he hecho referencia —por tratarse de una nulidad electoral fundamentada en la primera de las causales del artículo 275 del CPACA—, lo cierto, es que aquella providencia parece sugerir que cuando se trate de las causales a las que se refiere el numeral 6º del artículo 161 de aquel estatuto, es decir, la 3º y la 4º del artículo 275 ibídem, aquel sí debe acreditarse.
Con el propósito de argumentar las razones que imponen concluir que el requisito de procedibilidad electoral, no puede exigirse en este tipo de procesos, se abordará el estudio de los siguientes problemas jurídicos:
“ART. 14.—El artículo 237 de la Constitución Política quedará así:
“ART 18.—El artículo 265 de la Constitución Política quedará así:
5. Conocer y decidir, conforme a lo establecido en la ley, de las reclamaciones presentadas por cualquier irregularidad en el manejo, preservación, autenticidad, objetividad y eficacia del voto y de los documentos electorales en que reposen los resultados de las elecciones. En estos casos, las etapas del procedimiento administrativo electoral no serán preclusivas” (negrillas agregadas).
En lo que se refiere a las funciones del Consejo de Estado en materia electoral, se pretende adicionar el artículo 237 constitucional y actualizar las causales de nulidad de los actos administrativos de naturaleza electoral, sobre el principio de que el debate judicial en la instancia contencioso administrativa, se materialice específicamente sobre las circunstancias de derecho que se discutan respecto de dichos actos. Esta iniciativa, cumple con la finalidad de agilizar y optimizar el trámite y el pronto resultado de los procesos contencioso administrativos de carácter electoral que, según voces de la Constitución Política vigente, no debería exceder de seis meses, disposición que en la actualidad se hace de difícil cumplimiento, como quiera que la Sección Quinta del Consejo de Estado, conoce de situaciones de hecho ya resueltas por el Consejo Nacional Electoral en instancia administrativa” (negrillasy subrayados agregados).
Ya en el texto propuesto para segundo debate al proyecto de Acto Legislativo 106 de 2008 Cámara, se planteó en la Plenaria de la Cámara de Representantes, modificar el artículo 237 superior, en los siguientes términos:
“ART. 12.—El artículo 237 de la Constitución Política tendrá dos nuevos numerales, así:
7. Conocer exclusivamente de las acciones electorales relacionadas con la nulidad de las decisiones que sobre escrutinios, hayan sido expedidas por el Consejo Nacional Electoral, cuando estas se refieran a errores de derecho por indebida o errónea interpretación o aplicación de las normas electorales. La jurisdicción contencioso administrativa decidirá estas acciones dentro del término máximo de seis (6) meses con observancia del principio de la doble instancia. El incumplimiento del término mencionado, constituirá causal de mala conducta(3) (negrillas agregadas).
“ART. 17.—El artículo 265 de la Constitución Política quedará así:
En lo que se refiere a las funciones del Consejo de Estado en materia electoral, se pretende adicionar el artículo 237 constitucional y actualizar las causales de nulidad de los actos administrativos de naturaleza electoral, sobre el principio de que el debate judicial en la instancia contencioso administrativa, se materialice específicamente sobre las circunstancias de derecho que se discutan respecto de dichos actos. Esta iniciativa, cumple con la finalidad de agilizar y optimizar el trámite y el pronto resultado de los procesos contencioso administrativos de carácter electoral que, según voces de la Constitución Política vigente, no debería exceder de seis meses, disposición que en la actualidad se hace de difícil cumplimiento, comoquiera que la Sección Quinta del Consejo de Estado, conoce de situaciones de hecho ya resueltas por el Consejo Nacional Electoral en instancia administrativa (negrillas agregadas).
“ART. 9º—El artículo 237 de la Constitución Política tendrá un nuevo numeral, así:
Por esta razón, se sugiere la supresión del inciso 1º del parágrafo que establece:
b) En relación con el inciso 2º del parágrafo:
Se observa que es inconveniente exigir como requisito de procedibilidad de la acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que se surta una etapa previa ante el Consejo Nacional Electoral. Esto dado que, en primer lugar, se trata de jurisdicciones autónomas y no jerárquicas. En segundo lugar, esta etapa previa tan sólo contribuiría a demorar el procedimiento cuando lo que se requiere es celeridad y eficacia (negrillas y subrayados agregados).
Por esta razón, se sugiere la supresión del inciso 2º del parágrafo que establece:
2.1. El artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009 configura una medida de intervención en el derecho a acceder a la administración de justicia electoral.
“ART. 52.—Todo ciudadano tiene derecho de pedir al respectivo tribunal seccional administrativo que se declare la nulidad de una ordenanza u otro acto de una asamblea departamental que se considere contrario a la Constitución o a la ley.
ART. 53.—La demanda debe introducirse dentro orden del término de noventa días, a contar de la fecha en que fue sancionada la ordenanza, o ejecutado el acto de que se trata.
ART. 54.—La demanda debe contener: a) La designación del tribunal a que se dirige, b) Lo que se demanda, c) Las disposiciones constitucionales o legales en que se funda; y d) Los hechos en que se apoya”.
“ART. 209.—Toda demanda en relación con alguna de las acciones concedidas en los artículos anteriores, deberá presentarse ante la entidad competente dentro del término de diez días hábiles a contar del siguiente al en que se verifique el acto por medio del cual la elección se declara. Dentro del mismo término deberá presentarse la demanda contra un nombramiento, y en tal caso los diez días se cuentan desde el siguiente a la fecha de la expedición de aquél.
Artículo 210. La demanda deberá contener:
e) Las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación”.
“ART. 227.—Podrá cualquier persona ocurrir en demanda directa por la vía jurisdiccional contra los actos de las corporaciones electorales para que se anulen, o se rectifiquen, modifiquen, adicionen o revoquen las resoluciones de esas corporaciones electorales por medio de las cuales se declare indebidamente alguna nulidad, o se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles, o se hubiere dejado de computar un registro, o se haya alterado o cambiado el nombre de uno o varios candidatos”.
“137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:
2.2. La norma constitucional sólo enuncia algunos elementos definitorios o esenciales del requisito de procedibilidad.
El artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009 solo establece algunos elementos definitorios o esenciales del requisito de procedibilidad. De hecho, la estructura de las normas constitucionales, en especial aquellas de carácter procesal, se caracteriza por su carácter abierto e indeterminado, fijando tan solo unos mínimos y máximos para la futura regulación legal. Su finalidad no es, en consecuencia, entrar sobre el detalle. De allí que el legislador cuente con un margen de configuración normativo, más o menos extendido, al momento de precisar los diversos aspectos de la mencionada figura procesal.
En el caso concreto del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009, encuentro que no se trata de una disposición constitucional que consagre un principio, como lo sería cualquiera que estipula un derecho fundamental. Por el contrario, como se ha explicado, se trata es de un conjunto de reglas que configuran una figura procesal (requisito de procedibilidad), la cual, en teoría de los derechos fundamentales, configura una medida de intervención en el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia electoral, es decir, un límite al ejercicio de un derecho, motivo por el cual sólo puede ser regulado mediante una ley(19).
Sobre el tema de reserva de ley en materia de límites a los derechos fundamentales, la Corte Constitucional en Sentencia C-593 de 2005, consideró lo siguiente:
“La reserva de ley en materia de limitaciones y restricciones a los derechos fundamentales cuenta, así mismo, con un amplio sustento en el derecho internacional de los derechos humanos, que es constitucionalmente relevante por virtud del mandato del artículo 93 superior. Así, la Convención americana de derechos humanos, en su artículo 30, dispone que solo serán permisibles aquellas restricciones establecidas “conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general”. Según ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-06/86, citada en anteriores oportunidades por esta corporación, la expresión “leyes” contenida en este artículo “significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados partes para la formación de las leyes (…). La Corte concluye que la expresión leyes, utilizada por el artículo 30, no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el poder ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado”.
1. Por departamento.
Bogotá D. C. 3.676 1.890 51%
3. Por cargo.
Cód. Descripción Demandados Sin
procedib. %
062 E-14 en blanco/ilegible/inexistente ¹ E-24 36 0%
146 Indebida modificación del E-24 ordenada por el CNE (particular) 35 12 34%
“Artículo 265.- El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:
4. Además, de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados (negrillas y subrayados agregados).
En efecto, la nueva competencia constitucional asignada al CNE para revisar los escrutinios, a solicitud de parte o de oficio, fue objeto de un desarrollo normativo mediante la Resolución 734 de 2010, “Por la cual se adopta un protocolo de revisión de escrutinios”, adoptada por el CNE, la cual fue declarada nula por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de octubre de 2012(22). En esencia, en la citada providencia se sostuvo que la nueva facultad constitucional para revisar los escrutinios era “una típica función electoral, en razón de su incidencia directa en el proceso electoral y en sus resultados, que corresponde desarrollar exclusiva y excluyentemente al legislador estatutario, en los términos de los artículos 152 y 153 constitucionales”(23).
• El sentido, el alcance y la aplicación práctica del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009 dependerán de aquellos del artículo 265.4 superior, el cual versa sobre la facultad de revisión de los escrutinios por parte del CNE, disposición constitucional que, por lo demás, tampoco es de aplicación directa, ya que requiere de un desarrollo previo por ley estatutaria (C.P., art. 152 lit. c). A decir verdad, el requisito de procedibilidad y la facultad de revisión de los escrutinios son dos caras de una misma moneda; ninguno se entiende ni puede aplicarse sin el otro.
Pues bien, ante la inactividad del legislador en la materia, el CNE decidió reglamentar su competencia en materia de revisión de escrutinios, mediante la Resolución 754 de 2010, “Por la cual se adopta un protocolo de revisión de escrutinios”, la cual fue declarada nula por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de octubre de 2012(24). En esencia, en la citada providencia se sostuvo que la nueva facultad constitucional para revisar los escrutinios era “una típica función electoral, en razón de su incidencia directa en el proceso electoral y en sus resultados, que corresponde desarrollar exclusiva y excluyentemente al legislador estatutario, en los términos de los artículos 152 y 153 constitucionales”(25).
En esa providencia del mes de septiembre de 2010, la magistrada doctora María Nohemí Hernández Pinzón expresamente puso en evidencia que las demandas de nulidad contra la elección de congresistas, periodo 2010-2014, se habían admitido sin exigir el requisito de procedibilidad consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2009; y, en forma tácita también develó que dicho presupuesto precisaba de una regulación legal ante los múltiples vacíos existentes sobre la materia, pues en la providencia fue menester dar las primera puntadas de una posible reglamentación de la norma constitucional. Ante ello decidió declarar la nulidad de todo lo actuado por falta de agotamiento del citado requisito, en un proceso electoral donde se habían denunciado algunas irregularidades en el proceso de elección y votación en distintos municipios de Norte de Santander, relativas a la falsificación de los resultados electorales al momento de pasarlos de un formulario al otro.
Las razones que fundaron la citada decisión fueron las siguientes: (i) desde la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2009, la admisibilidad de las demandas electorales quedó atada al agotamiento del requisito de procedibilidad “sin el cual el operador jurídico no puede dar paso a ese acto procesal ni darle impulso, puesto que el mismo se constituyó, por voluntad del constituyente, en presupuesto de la acción”(27); (ii) se trata de un requisito que debe agotarse frente a todos los fenómenos que la jurisprudencia electoral ha identificado como constitutivos de causal de nulidad objetiva (vgr. suplantación, trashumancia, doble votación, votación de personas fallecidas, violencia, entre otras); (iii) el requisito de procedibilidad se acredita acompañando a la demanda los actos o decisiones administrativas, diferentes al acto de elección, que hayan sido proferidos por la autoridad electoral para desatar las peticiones; (iv) en caso de haber existido impugnaciones en sede administrativa, también deberán acreditarse; (v) la exigencia del requisito es de orden constitucional, “de suerte que la misma tiene aplicación directa y no se subordina a la existencia de otra norma jurídica de rango inferior”(28); (vi) además, el CNE adoptó algunas medidas para que los interesados puedan agotar el requisito de procedibilidad, como son la Resolución 0552 del 10 de marzo de 2010, “Por la cual se establecen unos procedimientos de control de escrutinios”, la Resolución 1480 del 3 de julio de 2010, “Por la cual se modifica el numeral primero del artículo 9º de la Resolución 0522 de 2010”; y (vii) los interesados contaban con el texto constitucional, como con las resoluciones adoptadas por el CNE.
b) El cumplimiento del requisito se materializa con la presentación de cualquier solicitud mediante la cual se promueva la verificación y corrección de las respectivas irregularidades, sin importar la nominación que se les dé (reclamación, solicitud de corrección, solicitud de revisión, etc.)(33).
c) El requisito se agota respecto de los vicios que impliquen nulidad, ocurridos en la etapa electoral —votación—, o poselectoral —escrutinio—, y no se puede exigir para vicios acaecidos en la etapa preelectoral, la cual corresponde a la inscripción de candidatos, la designación de jurados de votación y todas aquellas actuaciones necesarias para la jornada electoral propiamente dicha (títulos IV y V del Código Electoral)(34).
g) El solicitante como el demandante, respectivamente, tienen la carga de señalar, de forma concreta, por qué consideran que la actuación no se ajusta al ordenamiento jurídico, en qué consiste la vulneración alegada, y cómo pretenden demostrar su dicho(37).
Una revisión sistemática del CPACA evidencia que las normas que guardan una relación con el requisito de procedibilidad son las atinentes a: (i) la acción de nulidad (art. 139); (ii) los requisitos previos para demandar (art. 161.6) y (iii) ciertas causales de nulidad (art. 275, nums. 3º y 4º).
“ART. 139.—Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.
En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección (negrillas agregadas).
6. Cuando se invoquen como causales de nulidad del acto de elección por voto popular aquellas contenidas en los numerales 3º y 4º del artículo 275 de este código, es requisito de procedibilidad haber sido sometido por cualquier persona antes de la declaratoria de la elección a examen de la autoridad administrativa electoral correspondiente” (negrillas agregadas).
4. Las dimensiones subjetiva y objetiva de los derechos políticos y el recurso judicial efectivo.
Los derechos políticos ofrecen igualmente ambas dimensiones. Así, en la dimensión subjetiva, hasta la primera mitad del S. XX, el debate en materia electoral se centró en la titularidad del derecho al sufragio y en la capacidad para ser elegido, en el sentido de eliminar discriminaciones basadas en el sexo, la riqueza y la educación, y acordarle asimismo el mismo peso o valor a todos los sufragios, eliminando los votos por clases o censitario, para finalmente llegar a la máxima “un hombre, un voto”, fórmula consagrada en la Declaración universal de los derechos humanos (art. 23), posteriormente, en el Protocolo I al Convenio europeo de derechos humanos (art. 3º), luego en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 25) y finalmente en la Convención americana sobre derechos humanos (art. 23), e igualmente reproducida en numerosos textos constitucionales actuales.
La jurisprudencia del TEDH ha considerado que (i) el término “recurso” comprende todo procedimiento por el cual se somete un acto constitutivo de violación del convenio, a una instancia cualificada a este efecto, con el propósito de obtener, según el caso, la cesación del acto, su anulación, su modificación o una reparación(46); (ii) la efectividad del recurso no depende de la certeza de la decisión favorable, ya que la mera circunstancia de que no se haya alcanzado no significa que el recurso no sea efectivo(47); (iii) para ser efectivo, el recurso debe servir para poder impugnar directamente la vulneración que se alega(48); y (iv) la efectividad del recurso no depende únicamente de su existencia sino también del plazo para su resolución(49).
A semejanza del TEDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado diversas líneas jurisprudenciales sobre el derecho a contar con un recurso judicial efectivo, tales como (i) no basta con la existencia formal de los recursos, ya que estos deben ser efectivos e idóneos(50); (ii) no pueden considerarse efectivos los recursos que resulten ilusorios por lascondiciones del país o por las circunstancias de ciertos casos(51); (iii) del artículo 25 de la CADH se deriva la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo para conocer de las violaciones a los derechos fundamentales; la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a una persona en estado de indefensión(52); (iv) además de la existencia de los recursos el Estado debe garantizar el cumplimiento de las sentencias(53); (v) los Estados partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1.1)(54); (vi) la razonabilidad del plazo al que se refiere el artículo 8º de la CADH se debe apreciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse(55); (vii) el artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, pero también la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales(56); (viii) la existencia de garantías judiciales para la protección de los derechos fundamentales constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática en el sentido de la convención(57); y (ix) los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos(58).
Como puede advertirse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al momento de examinar si un Estado ha cumplido con su obligación internacional de diseñar normativamente un recurso judicial efectivo (vgr. acción pública de nulidad electoral) encaminado a amparar un derecho de rango convencional (vgr. los derechos políticos), adelanta una interpretación sistemática entre, por una parte, el respectivo artículo del tratado que consagra un derecho subjetivo y, por la otra, los artículos 1.1 (obligación general de respeto y garantía de derechos); 2 (obligación de adoptar medidas internas de ejecución del tratado); 8.1 (garantías judiciales) y 25 (tutela judicial efectiva).
En este orden de ideas, una revisión de la jurisprudencia internacional indica que, si bien los Estados cuentan con un cierto margen de configuración normativa al momento de diseñar sus distintos procesos judiciales(59), también lo es que existen límites internacionales materiales a tal facultad, tales como: (i) la igualdad de armas, que apunta a que “un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables”(60); (ii) la existencia de un control judicial efectivo sobre las decisiones administrativas, lo cual implica que “los jueces deben mantener, por lo menos, una supervisión básica de la legalidad y racionalidad de las decisiones de derecho administrativo a fin de cumplir con las garantías estipuladas en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración americana y de los artículos 1.1 y 25 de la Convención americana”(61); (iii) el plazo razonable que debe durar un procedimiento administrativo, por cuanto “existen circunstancias propias del diseño y el funcionamiento de los mecanismos de determinación de derechos, que tienen efecto directo sobre los mismos”(62); y (iv) el derecho a contar con una decisión fundada sobre el fondo del asunto(63).
Es por lo anterior que, de nada sirve (i) haber avanzado históricamente en el reconocimiento del derecho subjetivo de elegir y ser elegido mediante sufragio universal; y (ii) haber fijado unos parámetros internacionales para verificar si unas elecciones fueron limpias, periódicas, inclusivas, transparentes y con garantía del derecho a la igualdad en la competencia democrática, si al final ni los electores ni los competidores electorales pueden acceder materialmente a la jurisdicción, a efectos de hacer valer sus derechos. Lo anterior implica, como se ha explicado, abstenerse de fijar trabas o requisitos normativos que, si bien prima facie pueden parecer razonables, en la práctica, configuran una barrera insalvable para alcanzar la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales electorales.
Con base en las anteriores consideraciones, el suscrito concluye que (i) ante la insuficiente, pero al mismo tiempo notoriamente limitante, regulación que trae el CPACA sobre el requisito de procedibilidad en materia electoral; (ii) teniendo en cuenta que era un tema de reserva de ley estatutaria que debía surtir un trámite especial en el Congreso y un control previo de constitucionalidad; y (iii) dada la inexistencia de una regulación estatutaria de la facultad de revisión de escrutinios por parte del CNE, exigirle hoy por hoy a los ciudadanos que cumplan el mencionado requisito a efectos de acudir ante la justicia electoral con el fin de cuestionar la validez y pureza de unas elecciones, configura una medida desproporcionada que vulnera gravemente los estándares internacionales sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral. Por tanto, comoquiera que se configuran los supuestos requeridos por el artículo 4º superior para hacer operar la excepción de inconstitucionalidad, en este y en otros casos similares se debe inaplicar el requisito de procedibilidad consagrado en el artículo 161 numeral 6º del CPACA, medida que por supuesto no vulnera derecho fundamental alguno pues por el contrario facilita el acceso a la administración de justicia, al permitirle a los interesados en salvaguardar la pureza y autenticidad de las elecciones por voto popular llevar directamente al juez electoral las inconsistencias sin necesidad de que previamente las hubiera dado a conocer a las autoridades electorales.
(1) Gaceta del Congreso Nº 558 de 2008.
(2) Gaceta del Congreso Nº 889 de 2008.
(3) Gaceta del Congreso Nº 725 de 2008.
(4) Gaceta del Congreso Nº 828 de 2008.
(5) Gaceta del Congreso Nº 889 de 2008.
(6) Gaceta del Congreso Nº 227 de 2009.
(7) Gaceta del Congreso Nº 241 de 2009.
(8) Gaceta del Congreso Nº 427 de 2009.
(9) Gaceta del Congreso Nº 227 de 2009. Informe de ponencia primer debate proyecto acto legislativo 106 de 2008 Cámara, 012 de 2008 Senado.
(11) Augusto Hernández Becerra, “Acción electoral y requisito de procedibilidad en el Acto Legislativo 1 de 2009”, Revista Centro de Estudios Políticos, junio 2010.
(12) Consejo de Estado, Sección Quinta, aclaración de voto del Consejero Alberto Yepes Barreiro a la sentencia del 13 de febrero de 2014, demandante: David Alejandro Murcia Mesa y otro; demandados: Diputados del Valle del Cauca.
(14) Yepes Barreiro, Alberto. “Apuntes sobre la autonomía de la función electoral en Colombia” (Págs. 555 a 569). Publicado en Derecho Electoral de Latinoamérica. Memorias del II Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral. 2013.
(15) Ver aclaración de voto presentada por el suscrito al fallo proferido el 5 de febrero de 2013 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo dentro de la Acción de Pérdida de Investidura Nº 110010315000201100261-00, adelantada por Henry García Ramírez contra el Representante a la Cámara Rodrigo Lara Restrepo.
(16) Ver al respecto, Ignacio de Otto, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, Edit. Ariel, 1999, pág. 76.
(17) Klaus Stern, Derecho del Estado de la República Federal alemana, Madrid, Centro de Estudios Constitucional, 1987, pág. 265.
(18) Ibídem, pág. 279.
(19) Augusto Hernández Becerra, “Acción electoral y requisito de procedibilidad en el Acto Legislativo 1 de 2009”, Revista Centro de Estudios Políticos, junio 2010.
(20) Humberto A. Sierra Porto, Concepto y tipos de ley en la Constitución colombiana, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pág. 60.
(21) BVerfGE 1, 14(32). En el mismo sentido, BVerfGE 7, 198 (205).
(22) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de octubre de 2012, Radicado 11001-03-28-000-2010-000-14-00, M. P. Alberto Yepes Barreiro.
(24) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de octubre de 2012, Radicado 11001-03-28-000-2010-000-14-00, M. P. Alberto Yepes Barreiro.
(26) Consejo de Estado, Sección Quinta, M. P., auto del 1º de septiembre de 2010, M. P. María Nohemí Hernández, Radicado 11001-03-28-000-2010-00051-00, actor: Jorge Alberto García-Herreros Cabrera, demandados: representantes Cámara por el departamento de Norte de Santander.
(29) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de junio de 2011, M. P. Susana Buitrago Valencia, Radicado 11001-03-28-000-2010-00026-00, actor: Miguel Cabrera Castilla, demandados: representantes a la Cámara por el departamento de Córdoba.
(30) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de agosto de 2011, M. P. Susana Buitrago Valencia, Radicado 110010328000201000045 y 110010328000201000046-00 (acumulados), Cámara Boyacá.
(31) El precedente jurisprudencial fue acogido igualmente en: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de agosto de 2012, M. P. Mauricio Torres Cuervo. Radicado 11001-03-28-000-2010-00050-0, actor: José Antonio Quintero Jaimes y Jorge Alberto García Herreros, demandados: representantes a la Cámara por Norte de Santander. En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de marzo de 2012, M. P. Susana Buitrago Valencia, Radicado 25000-23-31-000-2012-00052-01, actor: Iván Díaz Tamayo, demandados: ediles de Suba.
(32) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2013, M. P. Alberto Yepes Barreiro, Radicado 08001-23-31-000-2011-01436-01 actor: Eduard Antonio Torres Altamar, demandando: alcalde del municipio de Malambo.
(33) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de agosto de 2012, M. P. Mauricio Torres Cuervo. Radicado 11001-03-28-000-2010-00050-0, actor: José Antonio Quintero Jaimes y Jorge Alberto García Herreros, demandados: representantes a la Cámara por Norte de Santander.
(34) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2013, M. P. Alberto Yepes Barreiro, Radicado 08001-23-31-000-2011-01436-01 actor: Eduard Antonio Torres Altamar, demandando: alcalde del municipio de Malambo.
(36) Ibídem. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de enero de 2013, M. P. Susana Buitrago Valencia, Radicado 27001-23-31-000-2012-00025-01, actor: Sócrates Kury Perea, demandados: diputados del departamento del Chocó.
(37) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2013, M. P. Alberto Yepes Barreiro, Radicado 08001-23-31-000-2011-01436-01 actor: Eduardo Antonio Torres Altamar, demandando: alcalde del municipio de Malambo.
(38) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de noviembre de 2012, M. P. Alberto Yepes Barreiro, Radicado 11001-03-28-000-2010-00055-00, actor: Luz Marina Gordillo Salinas y otros, demandados: representantes a la Cámara por Bogotá.
(39) Ver aclaración de voto presentada por el ponente a la sentencia proferida el 30 de enero de 2014 por la Sección Quinta dentro del proceso de nulidad electoral Nº 760012331000201101849-02 y otro, adelantado por David Alejandro Murcia Mesa y otro contra la elección de diputados del Valle del Cauca. Allí expresé las razones por las cuales no se debía seguir exigiendo el requisito de procedibilidad a las demandas de nulidad basadas en causales objetivas de nulidad por irregularidades en la votación y los escrutinios, que entre otras cosas dicen:
Así las cosas, respetuosamente considero que lo jurídico y lo más aconsejable para las autoridades judiciales encargadas de practicar el control de legalidad a los actos electorales surgidos de las elecciones por voto popular, es que así como la facultad de revisión ya no puede ser ejercida por el Consejo Nacional Electoral porque esa atribución solamente puede cumplirse cuando se expida la respectiva ley estatutaria, tampoco se siga exigiendo el requisito de procedibilidad a las demandas de nulidad electoral que seguramente se impetrarán con ocasión de la elección del Congreso de la República y de la elección de Presidente de la República, para el período constitucional 2014-2018”.
(40) Recasens Siches, Luis. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa. México. 2003.
(41) Pérez Luño, Antonio, Los derechos fundamentales, Madrid, Edit. Tecnos, 1995, pág. 22.
(43) Sánchez Muñoz Óscar, La igualdad de oportunidades en las competencias electorales, Madrid, Edit. Centro de Estudios Constitucionales, 2007.
(44) Organización de Estados Americanos, Manual para las misiones de observación electoral de la OEA, Washinton, 2008.
(46) Drzemczwsi, A. y Giakoumopoulos, C, “Article 13”, en La Convention Européene des Droits de l’Homme. Commentaire article par article, Paris, L.G.D.J. 1995.
(47) TEDH, asunto Soering vs. Reino Unido, sentencia del 7 de julio de 1989.
(48) TEDH, asunto Balogh vs. Hungría, sentencia del 20 de julio de 2004.
(49) Arrese Iriondo, Nieves, “Derecho a un recurso efectivo”, en Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático. Madrid, Edit. Civitas, 2009.
(50) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la “masacre de Mapiripán” vs. Colombia, sentencia de 15 septiembre de 2005; caso Acosta Calderón vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005; caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia de 23 de junio de 2005; caso comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005; caso de la comunidad Moiwana vs. Suriname, sentencia de 15 de junio de 2005; caso 19 comerciantes vs. Colombia, sentencia de 5 de julio de 2004; caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, sentencia de 27 de noviembre de 2003; caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia de 7 de junio de 2003; caso “cinco pensionistas” vs. Perú, sentencia de 28 de febrero de 2003; caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia de 21 de junio de 2002, entre otros.
(51) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, sentencia de 7 de febrero de 2006.
(52) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005; caso Acosta Calderón vs. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005; caso Yatama vs. Nicaragua, sentencia de 23 de junio de 2005; caso Cantos vs. Argentina, sentencia de 28 de noviembre de 2002; caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú), sentencia de 31 de enero de 2001; caso barrios altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), sentencia de 14 de marzo de 2001, entre otros.
(53) Corte Interamericana de Derecho Humanos, caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, sentencia de 7 de febrero de 2006.
(54) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006.
(55) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi vs. Ecuador, sentencia de 07 de septiembre de 2004.
(56) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras.
(57) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005.
(58) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002.
(59) Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 6 de agosto de 2008, asunto Castañeda Gutman vs. México.
(60) Corte Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A Nº 16.
(61) Comisión Interamericana de Derechos, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, 22 de octubre de 2002.
(62) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa, sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125.
(63) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C Nº 79.

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