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Timestamp: 2017-02-21 16:35:39+00:00

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TUTELA DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL TUTELA DE LA EJECUCIÓN JUDICIAL sábado, 7 de junio de 2014
CONDENA EN COSTAS VOTO SALVADO
“…DE LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LEY PARA QUE LA SENTENCIA PANAMEÑA TENGA EFECTO EN VENEZUELA En el poco tiempo en que esta Sala ha ejercido la competencia para decidir solicitudes de exequátur, ya ha asentado la siguiente doctrina:
“Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados".
Dicha disposición ordena, en primer lugar, la aplicación de las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En el caso de autos, se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, de una sentencia dictada por un Tribunal de la República Federal de Alemania, país con el que Venezuela no ha suscrito tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias; por tal razón, y siguiendo el orden de prelación de las fuentes en la materia, se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano…”.
En este orden de ideas, se observa que la Ley de Derecho Internacional Privado, consagra en su Capítulo X las disposiciones concernientes a la eficacia de las sentencias extranjeras, estableciendo en el artículo 53, derogatorio parcialmente de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela, los cuales son: ...Omissis...
6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera".’
Asimismo, tratándose de un buque de bandera extranjera que se encontraba en aguas panameñas, el criterio contenido en el artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley de Derecho Marítimo daría jurisdicción a los tribunales panameños para conocer de esta controversia si se aplica dicho criterio a los supuestos que originaron la acción. En este sentido, la más autorizada doctrina patria, ha explicado:
"Eficacia de las Sentencias Extranjeras en el Sistema Venezolano", Maekelt, Tatiana, en "Avances del Derecho Internacional Privado en América Latina", Liber Amicorum Jurgen Samtleben, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2002, p. 565, citando "CSJ/SPA, No. 1.048, Marítima Aragua, C.A., del 13/12/1994, consultada en original. La sentencia se refiere al arto 2 del Código de Procedimiento Civil que fue sustituido por el arto 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado con contenido similar" (explicación contenida en la cita).
Sobre este punto, la mencionada sentencia No. 10.019 de fecha 18 de agosto de 2004, caso OLIMPIA PEÑA TEJERA, ha señalado:
La misma apreciación es aplicable al caso de autos, como hemos demostrado supra, toda vez que la sentencia versa sobre materia mercantil/marítima y, en general, sobre materia de relaciones jurídicas privadas, específicamente, sobre la indemnización de daños y perjuicios que reclamó nuestra representada a la demandada consecuencia de un hecho ilícito, materia sobre la cual cabe transacción según la ley venezolana; la sentencia no afecta los principios esenciales del orden público venezolano pues las materias por ella tratadas no afectan dicho orden público sino que se trata de relaciones estrictamente de naturaleza privada, o más específicamente, un juicio por daños y perjuicios como el analizado en la referida sentencia, caso OLIMPIA PEÑA TEJERA, en la cual la Sala Político-Administrativa de este máximo Tribunal expresamente dejó asentado que sentencias extranjeras sobre tal materia pueden perfectamente ser objeto de exequátur. Consecuencia de lo anterior, también se cumple en este caso con el requisito contenido en dicho ordinal 3 del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado...
Como se evidencia, en opinión de la representación del Ministerio Público, resulta procedente la solicitud deexequátur de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en fecha 11 de junio de 2004 y su aclaratoria presentada por la sociedad mercantil Tuna Atlántica C.A., por cuanto la misma cumple con las formalidades requeridas, es decir, la sentencia extranjera fue dictada con ocasión de un juicio en materia mercantil, tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo a la ley del Estado en la cual fue pronunciada, no fue arrebatada la jurisdicción de los tribunales venezolanos, y corresponde la decisión a los tribunales panameños, por haber ocurrido el accidente en aguas de ese país, el proceso fue sustanciado con apego al debido proceso del país en donde se tramitó, con observancia y preservando el derecho de defensa de las partes intervinientes, la sentencia no resulta incompatible con una sentencia anterior que tenga fuerza de cosa juzgada en el territorio venezolano.
DE LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR INTERPUESTO
Como se observa, la referida disposición ordena para resolver un asunto de esta naturaleza, en primer lugar, la aplicación de las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales ratificados por Venezuela; en segundo lugar, las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; en tercer lugar, la analogía y, en caso de no aplicar ninguna de las anteriores se regirá por las normas de Derecho Internacional Privado generalmente aceptadas. "...
....Por consiguiente, el acto de disposición procesal realizado por Tuna Atlántica C.A. en el proceso sustanciado en Venezuela, es conforme a derecho, y hace prueba de la existencia de un juicio entre los mismos sujetos, la misma causa y el mismo objeto sustanciado en los tribunales venezolanos, lo que da pie a considerar que el auto que homologó el desistimiento, es una sentencia definitiva formal, que puso fin a aquel juicio, razón por la cual esta Sala considera que en el presente exequátur no está cumplido el ordinal 6° del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, pues la sentencia extranjera es incompatible con sentencia anterior dictada en Venezuela con autoridad de cosa juzgada....
Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ, expresa su disentimiento con la sentencia precedentemente consignada y aprobada por los demás Magistrados y Magistradas integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se omite condenar al pago de las costas procesales a la solicitante, no obstante la calificación de su conducta que la ponencia recoge con total acierto; y por otra parte, mas juzgo que no hay congruencia entre la calificación de temeridad y mala fe de los representantes y apoderados de la peticionante y el dispositivo de la ponencia, ya que el mismo se limitó a desestimar “…LA SOLICITUD de conceder fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela…” y no le aplica la valoración procesal consecuencial de la conducta temeraria en cuestión, a la sentencia dictada en fecha 11 de junio de 2004 y su aclaratoria del 13 de agosto de 2004, por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá…”.
La equidad y espíritu de justicia deben privar y han de ser tutelados en todas las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales, en tanto que el abuso en el ejercicio del derecho, constituye un ilícito procesal, según opinión vinculante de la Sala Constitucional, contenida en decisión Nº 776, de fecha 18 de mayo de 2001, Expediente Nº 00-2055, en el caso de Rafael Enrique Montserrat Prato.
Sobre el particular, la Sala de Casación Civil se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, a título de ejemplo, menciono la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2002, en el juicio seguido por Almicar Brito contra la sociedad mercantil Banco de los Trabajadores de Venezuela, C.A., exp. N° 2001-000397, sentencia N° 81, bajo la ponencia del Magistrado que suscribe este voto salvado, en la cual se señaló lo siguiente:
“…Esta Sala no puede pasar por alto la censurable conducta del abogado (…Omissis…) al intentar un recurso de casación en un juicio cuyo interés principal no supera la cuantía exigida para la admisibilidad de dicho recurso extraordinario.
Por las razones señaladas, esta Sala, de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, considera necesario apercibir severamente al abogado (…Omissis…), que debe abstenerse, en lo sucesivo, de incurrir en tal conducta, no sólo en este asunto, sino en cualquier otro que le corresponda asistir o representar intereses ajenos; y para evitar que tal comportamiento vuelva a repetirse, se ordena oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Área Metropolitana de Caracas, para que resuelva, sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el mentado profesional del derecho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide…”.
“…Al determinarse la extinción del proceso, como consecuencia de estimarse inadmisible la pretensión, tal y como sucedió en el presente caso, aquel que lo instauró debe considerarse vencido totalmente y en tal razón al haber conminado al accionado a ejercer su defensa, ocasionó que este incurriera en gastos y, en consecuencia, habrá lugar al resarcimiento de tales erogaciones y ello se consolida con el pago de las costas procesales…” (Resaltado del texto transcrito)..
No distingue la Ley exención en la condenada en costas por la naturaleza de la acción ni del procedimiento, más sí cuando se trata de órganos del Estado, por ejemplo. En el caso de autos, la conducta temeraria de la peticionaria y, por ende, de mala fe, aparece demostrada en demasía en las actas del expediente, circunstancia que recoge con detalles la ponencia que obtuvo la decisión de la mayoría, por tanto, encontrándose basada en el expediente la conducta temeraria y de mala fe, cuyo impulso activó la actuación injustificada de los órganos jurisdiccionales (Sala Constitucional y esta Sala de Casación Civil), en un dispendio ominoso de actividad y recursos que obligó a la requerida a proveer por medios propios, también onerosos, su defensa, considero de imperativo valor jurídico procesal no aplicar el criterio contenido en la sentencia del 31 de enero de 2008, caso: ORLANDO CASTRO LLANES y ORLANDO CASTRO CASTRO, expediente Nº 2005-000425), de suerte que la exención al pago de las costas procesales en el procedimiento de exequátur no se tenga como regla, pues es una distinción y un privilegio procesal que el Legislador no ha determinado ni establecido expresamente.
Pues bien, parto de asumir por analogía el fundamento de la doctrina clásica sobre la irretroactividad de las leyes aplicada por la Sala Constitucional, según la cual la ley solamente es retroactiva “...cuando ataca los derechos adquiridos, destruyendo los que se habían obtenido anteriormente...”, debe entonces distinguirse entre“...lo que se llama comúnmente derechos adquiridos o expectativas...”, con base en cuya precisión era totalmente factible realizar un pronunciamiento positivo en torno a condenar al pago de las costas procesales, incluso para el caso bajo estudio, pues bajo el principio objetivo de vencimiento total consagrado, como ya se expresó, en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, NO PUEDE ASIMILARSE LA EXISTENCIA DE NINGÚN DERECHO QUE SE AFIRME FUE ADQUIRIDO SOBRE LA BASE DE LA CONDUCTA LITIGIOSA TEMERARIA QUE NO OBTUVO ÉXITO Y, SIN EMBARGO, PUDIERA QUEDAR EXENTA DE COSTAS. ELLO VA CONTRA TODA LA DOCTRINA ELABO RADA EN TORNO A ESTE PRINCIPIO DE VENCIMIENTO TOTAL y contra la pacífica doctrina que ha establecido la Sala en todo orden de juicios y procedimientos, salvo las exenciones expresamente contenidas en el texto legal.
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/enero/exeq.00012-19109-2009-05-451.html Mediante escrito presentado en fecha 15 de junio de 2005, ante la Secretaría de la Sala de Casación Civil, por los abogados Rodrigo Pérez Bravo, María Gabriela Angelisanti Disonno y Bernardo Bentata Rieber, en representación de la sociedad mercantil TUNA ATLÁNTICA C.A., solicitaron el exequátur de la sentencia dictada en fecha 11 de junio de 2004 y su aclaratoria del 13 de agosto de 2004, por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, que condenó a M/N CARIRUBANA (propiedad de FOSAPATUN S.A.) a indemnizar a TUNA ATLÁNTICA C.A. (M/N CARIBE) por la cantidad de dos millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos balboas (B/ 2.745.600,00) por daño emergente, lucro cesante, pago de prima de pesca, costas procesales e intereses y gastos.
Libradas las boletas de citación y la comisión al Juzgado de Municipio mencionado, con anexo de las compulsas del libelo y demás documentos pertinentes, el 19 de mayo de 2006, el representante legal de la sociedad mercantil Fosapatun S.A, recibió y firmó la boleta de citación que le fue presentada para darse por citado en el presenteexequátur, y el 23 de mayo de 2006, el representante legal de la sociedad mercantil Vargas & Clotet Arquitectos Constructores C.A., asistido por el abogado Eduardo Muñoz, se dio por citado personalmente de la solicitud interpuesta.
El 15 de febrero de 2007, el Juzgado de Sustanciación de la Sala fijó la audiencia oral para la presentación de los informes, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual se llevó a cabo ese mismo día, con la asistencia del abogado Rodrigo Pérez Bravo, apoderado judicial de la sociedad mercantil Tuna Atlántica C.A.; del abogado Tulio Colmenares Rodríguez, apoderado judicial de las sociedades mercantiles Fosapatun S.A. y Vargas & Clotet Arquitectos Constructores C.A. y; de la abogada Alis Carolina Fariñas Sanguino, en su condición de Fiscala Segunda del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en representación del Ministerio Público.
4. - Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;
6. - Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera...". (Sentencia No. EXEQ. No. 256 del 11 de mayo de 2005, caso MILLYE JOSEFINA VARGAS NAVARRO DE HAMM y LUDWIG HAMM.).’
En el caso de autos, la solicitud de exequátur se refiere a una sentencia y su aclaratoria, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de la República de Panamá. Al respecto, como lo determinó la Sala Político-Administrativa en la mencionada sentencia No. 10019 de fecha 18 de agosto de 2004, caso OLIMPIA PEÑA TEJERA, no existe entre Venezuela y Panamá tratado internacional que regule el reconocimiento y ejecución de sentencias de ambos países. En dicha decisión, la Sala explicó:
‘"En el caso de autos, se solicita que por el procedimiento de exequátur se declare la fuerza ejecutoria en la hoy República Bolivariana de Venezuela de una sentencia dictada por un Tribunal de Panamá,país que no ha ratificado tratados internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias con Venezuela; por tal razón, y siguiendo el orden de prelación de las fuentes en la materia, se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano". (Subrayado nuestro).’
1. Que [las sentencias extranjeras] hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas;
5. Los créditos nacidos de hecho ilícito por razón de la pérdida o el daño material causado por la explotación del buque, distintos de la pérdida o el daño ocasionado a las mercancías y equipajes, transportadas a bordo del buque" .’
La misma apreciación es aplicable al caso de autos, como hemos demostrado supra, toda vez que la sentencia versa sobre materia mercantil/marítima y, en general, sobre materia de relaciones jurídicas privadas, específicamente, sobre la indemnización de daños y perjuicios que reclamó nuestra representada a la demandada consecuencia de un hecho ilícito, materia sobre la cual cabe transacción según la ley venezolana; la sentencia no afecta los principios esenciales del orden público venezolano pues las materias por ella tratadas no afectan dicho orden público sino que se trata de relaciones estrictamente de naturaleza privada, o más específicamente, un juicio por daños y perjuicios como el analizado en la referida sentencia, casoOLIMPIA PEÑA TEJERA, en la cual la Sala Político-Administrativa de este máximo Tribunal expresamente dejó asentado que sentencias extranjeras sobre tal materia pueden perfectamente ser objeto de exequátur. Consecuencia de lo anterior, también se cumple en este caso con el requisito contenido en dicho ordinal 3 del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
4. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capitulo IX de esta Ley;
“...II: BREVE RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA:
El día 14 de marzo de 1.988, se produjo en la alta mar del Pacífico Orienta1 un abordaje entre dos (2) buques atuneros, ambos de bandera venezolana; el M/N CARIRUBANA, propiedad de la firma pesqueraFOSAPATUN, S.A. y el M/N CARIBE, propiedad de la firma TUNA ATLÁNTIDA, (sic) C.A.. Los buques eran gemelos, es decir, fabricados en los Estados Unidos bajo las mismas características técnicas y formaban parte de lo que se llamó la "FLOTA ATUNERA VENEZOLANA", constituida en esos tiempos por más de setenta (70) barcos que realizaban su faena en el Pacífico Oriental. La única diferencia entre ambas naves y sus armadores era que la M/N CARIRUBANA tenía su puerto sede en Carirubana, estado Falcón; que el objeto de la pesca obtenida en su faena era proporcionar la materia prima a una planta atunera establecida en Cumaná; que estaba tripulada mayoritaria mente por venezolanos y que sus armadores tenían su domicilio y residencia en Venezuela.
En tal circunstancia de minusvalía procesal _por el secuestro decretado a M/N CARIRUBANA, su propietaria debió enfrentar el proceso que se había hecho plural, pues además de la empresa propietaria de la nave siniestrada, se hicieron parte en el juicio respectivo el Capitán Asisclo Salazar y los marineros José Gabriel Rodríguez Do Santos y otros.
La defensa inmediata esgrimida se concretó en el ofrecimiento de la Garantía de Liberación distinguida con el N° 81B00419 de fecha 24 de junio de 1988, expedida por la aseguradora ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. por la suma suficiente de DOS MILLONES DEL BALBOAS (B/2.000.000). El Tribunal Segundo Marítimo de Panamá que conocía del asunto, entonces bajo la rectoría del Juez Licenciado Edgardo Arias, en razón de que la caución ofrecida, "reúne los requisitos de ley y excede la suma fijada por el Despacho mediante resolución fechada en ésta misma fecha", no hizo objeción alguna al pedimento de suspensión y, en consecuencia, "administrando justicia en nombre de la República y por autidad (sic) de la ley, ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LOS SECUESTROS que pesan sobre la nave de registro venezolano "CARIRUBANA”, fondeada en Taboga, los cuales fueron decretados por resoluciones de los días 7 de marzo, 8 de abril y 15 de abril de 1.988, dictado dentro del proceso acumulado que nos ocupa.".
Nuestra legislación constitucional apunta más hacia el respeto de los derechos humanos vistos desde el ángulo jusnaturalista que del positivismo kelseniano. En este sentido, la Norma Suprema impone la transferencia como supuesto indispensable en la condena y también que haya correspondencia entre los tipos legales que aplicó la sentencia cuyo pase de ejecución se pide, con esos mismos presupuestos que nuestra legislación consagra.
El poder conque (sic) actúan los apoderados fue otorgado por el Vice-Presidente Salvatore Natoli, quien no aparece investido con las facultades de un liquidador, amén de que la gestión emprendida mediante la acción que se examina, excede el objetivo propio de la liquidación. En tales circunstancias, el poder invocado por los apoderados actores deviene insuficiente y su representación ilegítima, motivo por el cual la solicitud intentada debe tenerse como no interpuesta. Pedimos resolución en tal sentido.
El 23 de marzo de 1985, la Presidenta encargada de TUNA ATLÁNTIDA, (sic) C.A., ciudadanaCARMELA GENTILE DE NATOLI, demandó a FOSAPATUN, C.A. por idénticos hechos derivados de abordaje referido de los que dedujo en juicio ante los Tribunales competentes de la República de Panamá- La demanda fue admitida el 23 de marzo de 1988; reformada para ampliar sus pretensiones el 11 de abril de 1988 y emplazadas que las partes fueron, se libró un ardúo (sic) debate para establecer la jurisdicción territorial competente, entre otros. Dicha demanda fue desistida en cuanto a su acción y procedimiento por apoderado suficiente, quien atendió instrucciones recibidas, según diligencia de 15 de octubre de 1991. La demandada presto su consentimiento por diligencia de 17 de octubre de 1991 y el Juzgado Superior Primero (sic) Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, por auto de (sic) 21 de octubre de 1991, homologó dicho desistimiento, “le impartió su aprobación, dá (sic) por consumado el acto y le dá (sic) el carácter de sentencia pasada en autoridad de COSA .JUZGADA, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.”. Se acompaña legajo contentivo de dichas actuaciones, el cual se identifica “E”.
Ante el Tribunal de Primera Instancia Marítimo con competencia nacional y sede en esta ciudada (sic),TUNA ATLÁNTIDA, (sic) C.A., a través de sus apoderados de hoy, solicitó medida preventiva anticipada sobre la M/N CARIRUBANA la cual le fue negada por decisión de (sic) 8 de agosto del 2005. Se acompaña "F", la copia respectiva.
Ya dijimos que por fuerza de una manipulación de circunstancias, el siniestro ocurrido entre dos (2) embarcaciones pesqueras venezolanas en aguas internacionales, fue atribuído (sic) a la jurisdicción de los tribunales competentes por la materia de la República de Panamá. Pues bien, ninguna conducta contra legempuede soportar derecho alguno y en el caso que se examina fue arrebatado de Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondía para conocer del referido siniestro.
1. Con el propósito de acreditar representación, agregamos "A" y "B" los poderes otorgados.
2. Distinguido "C" copia del decreto que ordenó el levantamiento de la M/N CARIRUBANA.
3. Se anexa "O" acuerdo transaccional celebrado entre las partes. Se invoca, al efecto, el contenido del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
4. Se adjunta "E" en legado de 29 folios copia de la demanda y demás recaudos correspondientes a la acción por indemnización de daños derivados del abordaje, desistida por TUNA A TLÁNTIDA, (sic) C.A.
5. Se acompaña "F" copia de sentencia interlocutoria dicatada (sic) con ocasión de negar medida cautelar solicitada por TUNA ATLÁNTIDA, (sic) C.A.
6. Se acompaña "G" copia de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Supremo Tribunal en el amparo interpuesto por TUNA ATLÁNTIDA, (sic) C.A.
En fecha 20 de julio de 2006, el abogado Rodrigo Pérez Bravo, actuando en representación de Tuna Atlántica C.A. reiteró la solicitud de ejecutoria de la sentencia del 11 de junio de 2004 y a su aclaratoria del 13 de agosto de 2004, por considerar que la solicitud de exequátur tiene en derecho una justificación en tanto y en cuanto existe una sentencia definitivamente firme emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en cuyo proceso los representantes de Carirubana participaron de todas las garantías del debido proceso; manifiesta que su representación no ha venido a esta instancia a reabrir un proceso constitucional ni a reabrir el proceso ya transcurrido en Panamá.
Por su parte, la representación fiscal, representada por la Fiscala Segunda del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dio su opinión sobre la solicitud de exequáturinterpuesta en la oportunidad de la audiencia pública llevada a cabo el 15 de febrero de 2007, en la cual consideró lo siguiente:
“…OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Por los razonamientos antes expuestos, es opinión de esta Representación del Ministerio Público, que resulta procedente la solicitud de exequátur de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil de la República de Panamá de fecha 11 de junio de 2004 y su aclaratoria del 13 de agosto de 2004, presentada por los profesionales del derecho Rodrigo Pérez Bravo y María Gabriela Angelisanti Disonó, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad de comercio TUNA ATLÁNTICA, C. A., por lo que solicito respetuosamente a esa Sala, se CONCEDA FUERZA EJECUTORIA, en el territorio de la República de Bolivariana de Venezuela, a la sentencia y aclaratoria antes mencionadas…”. (Negritas, mayúsculas, cursivas y subrayado del texto de la cita).
En fecha 2 de agosto de 2007, la abogada Miryam Paredes, en representación de los ciudadanos Lorenzo Parker Dupuy, Claudio Timpson Layne y Cayetano Martucci, consignó escrito de tercería sustentado en lo siguiente:
“…Por ante esta Sala de Casación Civil, cursa bajo el Expediente No. 2005-000451, solicitud de EXEQUÁTUR incoada por la sociedad mercantil TUNA ATLÁNTICA C.A. en relación a sentencia dictada en fecha 11-6-2004 y aclarada por la Corte Suprema de Justicia de 1a República de Panamá en fecha 13-8-2004.
‘"Cuando el tercero tenga interés legítimo actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudadas a vencer en el proceso”,’
Junto con la diligencia o el escrito deberá acompañar prueba fehaciente que demuestre el interés que tenga en el asunto, sin lo cual no será admitida su intervención.”.’
5. En fecha 6 de junio de 2000, mis poderdantes (los cesionarios) y el cedente (por la empresa Tuna AtlánticaC.A., Inocenzo Natoli), suscriben Novación de Cesión de Crédito Marítimo Privilegiado, mediante el cual acuerdan reducir el 40% pactado en la cesión del año 1989 a el (sic) 30% del total del crédito marítimo privilegiado, cesión ésta que anexamos en copia certificada emanada del Tribunal Marítimo, debidamente apostillada por Órgano Judicial de la República de Panamá, en fecha 28 de junio de 2007, se anexan a la presente marcado “E”, del cual se extraen segmentos textuales que señalan:
· Original de Carta de Garantía de FOSAPATUN S.A., de fecha 11-10-1991, que se sustituye la fianza emitida por Assa, apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en fecha 3-4-2007, bajo el número 100-B/SB y número REC143463. Dicha carta en original es entregada a el (sic) Dr. Lorenzo Parker (uno de mis poderdantes) en fecha 23-3-2007 mediante diligencia de devolución No. 04 y que deberá ser presentada por el ejecutor de la sentencia ante la empresa comprometida, apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en fecha 3-4-2007 bajo el No. 101-B/SB y No. Rec: 140238. Se anexa marcado “H1 y H2”.
· Edicto No. 267 emanado del Tribunal Marítimo de Panamá el 31-8-2006, en el cual acuerda ejecutar sentencia y elevar a embargo carta de garantía, apostillada por el Órgano Judicial de la República de Panamá, en fecha 27-4-2007, bajo el No. 374. Se Anexa marcado “J”.
1. Que mis representados LORENZO PARKER DUPUY, CLAUDIO TIMPSON LAYNE Y CAYETATO MARTUCCI, supra identificados, sean tomados en cuenta como terceros intervinientes interesados en la presente causa, dado su carácter de cesionarios de un 30% de (sic) total del crédito marítimo privilegiado que le corresponde a TUNA ATLÁNTICA C.A., parte solicitante del presente pase de sentencia.
4. Finalmente solicito se sirva declarar con lugar el presente EXEQUÁTUR, de conformidad con el artículo 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado…”. (Mayúsculas y negritas del texto de la cita).
Como se evidencia, los ciudadanos Lorenzo Parker Dupuy, Claudio Timpson Layne y Cayetano Martucci, interpusieron, ante la Secretaría de la Sala, escrito de tercería de conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, con base en que en fecha 5 de septiembre de 1989, el ciudadano Inocenzo Napoli, en su carácter de presidente y representante legal de Tuna Atlántica C.A., les cedió el cuarenta por ciento (40%) del total del crédito litigioso en el juicio sustanciado en la República de Panamá entre Tuna Atlántica C.A. y Fosapatun S.A., crédito éste que fue posteriormente reducido en fecha 6 de junio de 2000, por convenio entre las partes al treinta por ciento (30%) del crédito litigioso.
La Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal, se ha pronunciado sobre lo que debe entenderse por contención. En tal sentido ha señalado que “...la contención supone que exista un litigio entre las partes, es decir que exista una controversia entre las partes que deba ser resuelta por el órgano judicial; supuesto en el, en efecto, la competencia para conocer de la solicitud interpuesta correspondería a esta Sala de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 25 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 ejusdem...”. (Sentencia del 8 de abril de 2003, Caso: Tamara Carolina Miranda Tirapegui).
Como fue advertido precedentemente, la abogada Miryam Paredes, en representación de los ciudadanos Lorenzo Parker Dupuy, Claudio Timpson Layne y Cayetano Martucci, en fecha 2 de agosto de 2007, solicita a la Sala la admisión del escrito de tercería en el presente exequátur, con base en que de conformidad con el ordinal 3° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, sus mandantes tienen interés legítimo en las resultas de la presente solicitud, al ser cesionarios del treinta por ciento (30%) del crédito litigioso surgido con ocasión del juicio interpuesto por Tuna Atlántica C.A. contra M/N Carirubana en la República de Panamá, por la colisión o abordaje ocurrido el 14 de marzo de 1988, a las 8:40 de la noche, en la cual resultó hundida la embarcación M/N Caribe, propiedad de Tuna Atlántica C.A., y por la cual fue condenada la empresa Fosapatun S.A., por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en fecha 11 de junio de 2004, al pago de dos millones setecientos cuarenta y cinco mil seiscientos balboas (B/ 2.745.600,00), por daño emergente, lucro cesante, pago de prima de pesca, costas procesales, intereses y gastos del juicio.
3° Cuando el tercero tenga un interés jurídico actual en sostener las razones de alguna de las partes y pretenda ayudarla a vencer en el proceso...”. (Negritas de la Sala).
“La intervención del tercero a que se refiere el ordinal 3° del artículo 370, se realizará mediante diligencia o escrito, en cualquier estado y grado de proceso, aun con ocasión de la interposición de algún recurso. Junto con la diligencia o el escrito, el tercero deberá acompañar prueba fehaciente que demuestre el interés que tenga en el asunto, sin lo cual no será admitida su intervención”. (Negritas de la Sala).
Manifiesta la apoderada judicial de los ciudadanos Lorenzo Parker Dupuy, Claudio Timpson Layne y Cayetano Martucci, que sus representados tienen interés legítimo en las resultas de la solicitud de exequátur, y además, son coadyuvantes en la pretensión de Tuna Atlántica C.A. en la ejecutoria de las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en fecha 11 de junio de 2004 y su aclaratoria del 13 de agosto de 2004, toda vez que son cesionarios del treinta por ciento (30%) del crédito litigioso en el juicio sustanciado en el extranjero, y la ejecutoria de la sentencia extranjera les resulta beneficiosa.
Para demostrar su interés jurídico actual, la apoderada judicial consignó copia certificada y debidamente legalizada del documento de cesión de crédito litigioso, otorgado ante el Tribunal Marítimo de Panamá por Inocenzo Natoli en su condición de presidente y representante legal de Tuna Atlántica C.A., a los ciudadanos Lorenzo Parker Dupuy, Claudio Timpson Layne y Cayetano Martucci, el día 5 de septiembre de 1989. Asimismo, consignó copia certificada y legalizada del documento de novación de ese mismo crédito litigioso, el cual fue suscrito por las partes, ante el mismo tribunal, el día 6 de junio de 2000. Consignó copia certificada y legalizada de la solicitud de intervención de terceros ante la jurisdicción panameña; copia certificada y legalizada de la audiencia especial realizada con ocasión de la solicitud de intervención de terceros ante el Tribunal Marítimo de Panamá, así como copia certificada y legalizada del auto de admisión dictado por el mismo Tribunal respecto de la intervención de los ciudadanos Lorenzo Parker Dupuy, Claudio Timpson Layne y Cayetano Martucci, en aquel proceso, de fecha 6 de abril de 2000.
La Sala considera que las pruebas consignadas a los autos antes mencionadas, demuestran fehacientemente el interés jurídico actual de los ciudadanos Lorenzo Parker Dupuy, Claudio Timpson Layne y Cayetano Martucci, en las resultas del presente procedimiento.
En consecuencia, se admite su intervención como terceros adhesivos a los ciudadanos Lorenzo Parker Dupuy, Claudio Timpson Layne y Cayetano Martucci en la presente solicitud de exequátur, así como la representación de la abogada Miryam Paredes como su apoderada judicial, y se les advierte que de conformidad con lo establecido en los artículos 380 y 381 del Código de Procedimiento Civil, deben aceptar la causa en el estado en que se encuentra este proceso, y están autorizados para hacer valer todos los medios de ataque o defensa admisibles en tal estado de la causa, siempre que sus actos y declaraciones no se encuentren en oposición con los de la parte principal (solicitante). Asimismo, esta Sala advierte, que cuando la sentencia firme del proceso principal haya de producir efectos en la relación jurídica de estos intervinientes adhesivos con la parte contraria, estos serán considerados litisconsortes de la parte principal (solicitante), a tenor de lo dispuesto en el artículo 147 eiusdem. Así se establece.
Cabe destacar que dicho instrumento fue agregado a este expediente en copia certificada, es decir, como un traslado fiel y exacto del documento original que reposa en los folios 242 y 243 del expediente N° 2005-000013, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional seguida por Tuna Atlántica C.A. contra la decisión del Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón. De la copia fotostática certificada, se evidencia que dicho instrumento está debidamente apostillado de acuerdo con las formalidades exigidas por la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961 y por la autoridad competente panameña, razón por la cual esta Sala, le da pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 111, 112 y 852 del Código de Procedimiento Civil y 1.359 del Código Civil.
Las resultas, si bien no fueron consignadas por Tuna Atlántica en el término establecido por esta Sala, consta de las actas que en fecha 2 de abril de 2008, los abogados Tulio Colmenares y Juan Francisco Colmenares, en representación de las empresas Fosapatun S.A. y Vargas & Clotet Arquitectos Constructores C.A., consignaron copia certificada del peritaje ordenado por el Tribunal Marítimo de Panamá, en fecha 5 de julio de 1991, el cual se llevó a cabo por orden del Tribunal Marítimo de Panamá, para establecer las coordenadas donde ocurrió el abordaje entre M/N Carirubana y la M/N Caribe.
El informe rendido por el perito designado por el tribunal, Ingeniero Denis Fuentes, en fecha 22 de agosto de 1991, es del siguiente tenor:
“...Con relación a la solicitud del 22 de agosto de 1991, donde me solicita realizar un peritaje ordenado por el Tribunal Marítimo de Panamá, mediante resolución del 5 de julio de 1991, con el objeto de establecer las coordenadas donde ocurrió el abordaje entre M/N CARIRUBANA y la M/N CARIBE, y si el mismo ocurrió en aguas territoriales de la República de Panamá, esta es mi opinión:
Denis O. Fuentes M.
Adjunto copia de mi licencia...”. (Negritas y mayúsculas de la Sala).
Cuestionan los apoderados judiciales de las empresas Fosapatun S.A. y Vargas & Clotet Arquitectos Constructores C.A., el valor probatorio del dictamen pericial evacuado en la República de Panamá, y a tal efecto, señalan que para el nombramiento del experto designado por el juez marítimo, no se observó la debida formalidad exigida por la ley para que fuese tenida como experticia; además, cuestionan que los datos relativos a la ubicación del sitio donde supone ocurrió el siniestro, fueron proporcionados por el Capitán de la motonave siniestrada, quien tiene interés presunto en atribuir la competencia a los tribunales de Panamá, y de forma relevante consideran que la opinión del ingeniero Denis Fuentes (perito) es tan deleznable como su propio dicho, al manifestar que en caso de no poder realizarse la inspección recomendada, tomaría en cuenta las coordenadas suministradas por el capitán de la siniestrada M/N Caribe.
“...al capitán del buque le corresponden facultades de control, dirección y representación a bordo del buque. Asimismo, la ley lo faculta para desempeñar funciones de seguridad y policía, así como funciones de fe pública o registrales (sic).
Por esa razón deja sentado que el protesto de mar constituye un documento en sentido amplio, por cuanto es capaz de representar en forma impresa hechos, que al ser reconocido ante funcionarios públicos adquiere certeza legal respecto de su autor y, por ende, adquiere autenticidad, sin que pueda ser asimilado a la categoría de prueba documental, prevista en los artículos 1.359 y siguientes del Código Civil, por no tener contenido negocial, sino meras declaraciones de conocimiento, que si bien podrían ser asemejadas a un testimonio o una experticia, no son rendidas por un tercero ajeno al proceso y sin interés personal ni directos sobre los hechos declarados, ni tampoco son formadas por requerimiento del juez, sino en cumplimiento de un mandato legal, lo que permite concluir que se trata de un medio de prueba sui géneris, particular y diferente de cualquier otro medio de prueba, que contiene norma expresa de establecimiento y valoración de la prueba, de naturaleza especial y aplicación preferente respecto de cualquier otra, que en el caso concreto es el artículo 649 del Código de Comercio de Comercio, de conformidad con el cual produce fe, salvo prueba en contrario...”. (Negritas de la Sala).
Por consiguiente, esta Sala desestima la solicitud de los abogados Tulio Colmenares y Juan Francisco Colmenares, sobre la ilegitimidad e inidoneidad de la prueba pericial, pues está basado en que la misma “es tan deleznable como su propio dicho”, refiriéndose a que el perito panameño tomó en cuenta las coordenadas suministradas por el capitán de la siniestrada M/N Caribe, sin previamente valerse de una inspección judicial para la comprobación de las mismas, por considerar éstas sesgadas, sin considerar que las coordenadas acogidas por el perito, fueron tomadas de la participación que estaba obligado hacer el capitán del buque ante la autoridad marítima competente, sobre los hechos particulares ocurridos en el buque y los daños producidos en las mercancías a transportar, si las hubiere, dentro de las veinticuatro horas a partir de su llegada a un puerto seguro.
“El capitán estará obligado, dentro de las veinticuatro horas útiles siguientes a su llegada a un puerto cualquiera, a presentar su “Diario de Navegación” y a declarar:
3. Los peligros que haya corrido, los daños sucedidos en el buque o carga, y las demás circunstancias notables de su viaje”.
“...En caso de naufragio, avería o arribada forzosa, el capitán está en la obligación, con los oficiales e individuos de la tripulación, de dar por escrito, un informe sobre todas las circunstancias del suceso, dentro de las veinticuatro horas de su llegada a un puerto cualquiera. El informe se ratificará bajo juramento, en los puertos de la República, ante el Juez de Comercio, y en su defecto, ante otro Juez; y en países extranjeros, ante el Cónsul venezolano, y en defecto de éste ante la autoridad competente del lugar...”.
En consecuencia, dado el valor probatorio de dichos instrumentos, y en virtud de que este procedimiento deexequátur no tiene por objeto cuestionar ni objetar los fallos extranjeros, sino simplemente verificar el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Privado en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras para su eficacia en el país, esta Sala considera determinante la opinión del Ingeniero Denis O. Fuentes M., en su condición de perito designado por el Tribunal Marítimo de Panamá, Lic. # 91-044-001.
Consta de la copia certificada agregada a la primera pieza del expediente (folios 947 y 948) que entre la ciudadana Carmela Gentile de Natoli, en su condición de accionista y apoderada judicial de la sociedad mercantil Tuna Atlántica C.A., propietaria de M/N Caribe, la ciudadana Tiziana Natoli Gentile, en su condición de accionista de la misma sociedad, el abogado Gilberto Boutin, apoderado judicial de la misma sociedad, por una parte, y Francesco Ortisi, en su condición de representante de la sociedad de registro venezolano Fosapatun S.A. y de la M/N Carirubana, propiedad de la misma sociedad, y el abogado Francisco Carreira Pitti, apoderado judicial de la M/N Carirubana, por la otra, acordaron ante el Notario Primero del Circuito de Panamá, el 31 de octubre de 1991, lo siguiente:
“...CLÁUSULA PRIMERA: TUNA ATLÁNTICA C.A., propietaria de la M.N. Caribe se compromete al inmediato desistimiento de las acciones judiciales instauradas en contra de FOSAPATUN S.A. Y/O M.N. CARIRUBANA Y/O KAROL BLOCK en Venezuela, consecuencia del abordaje, mediante la emisión de un poder e instrucciones otorgadas a un abogado venezolano escogido por las partes, para que efectúe el desistimiento del proceso. Dicho poder será otorgado por los representantes de TUNA ATLÁNTICA C.A. conforme al modelo que se detalla como ANEXO (A).
CLÁUSULA TERCERA: Ambas partes acuerdan que a consecuencia de este desistimiento no se producirá ningún reclamo de daños, perjuicios, costas y gastos en relación con el proceso desistido...”. (Mayúsculas y negritas del texto de la cita).
Asimismo, consta de la copia certificada inserta al folio 1043 de la segunda pieza del expediente, que el abogado Víctor Hugo Bolívar, en representación de la sociedad mercantil Tuna Atlántica C.A., según se manifiesta, cumpliendo instrucciones de su representada, desistió tanto de la acción como del procedimiento intentado instaurado en Venezuela por Tuna Atlántica C.A. contra Fosapatun S.A. y Farol Blok, por los mismos hechos dirimidos en la jurisdicción panameña, es decir, por el abordaje entre las naves Carirubana y Caribe con pérdida de esta última.
“...Consigno poder otorgado en la Notaría Cuarta del Circuito de la ciudad de Panamá, en Panamá por la demandante en este juicio y las copias certificadas del mismo emanadas de esa Notaría el 4 de octubre de 1991, para que sean agregadas a este expediente y se me tenga como parte en representación de la otorgante TUNA ATLÁNTICA C.A., debidamente identificada en autos, e invocando las facultades que se me otorgan y cumpliendo instrucciones de mis representadas desisto de la acción y del procedimiento en el presente juicio. Pido la homologación del desistimiento y las certificación de las mismas...”. (Negritas de la Sala).
“...Visto el desistimiento de la parte actora, tanto de la acción como del procedimiento, manifiesto mi conformidad y solicito sea homologado y se remita el expediente al juzgado de la causa...”.
“…Vista la diligencia de fecha 15 de octubre de 1991, suscrita por el abogado VICTOR HUGO BOLÍVAR, en su carácter de apoderado de la parte actora, TUNA ATLÁNTICA C.A, mediante la cual desiste formal y expresamente del procedimiento y de la acción en el presente juicio y vista igualmente la diligencia de fecha 17 del citado mes y año suscrita por el abogado HUMBERTO ARENA MACHADO, en su carácter de apoderado de la parte demandad, FOSAPATUN S.A, donde acepta el desistimiento del procedimiento y de la acción realizada por la parte actora. En consecuencia, este Tribunal HOMOLOGA dicho desistimiento, le imparte su aprobación, da por consumado el acto y le da el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.
Terminada como ha sido por esta vía, el presente juicio, se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de la causa, que lo es el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial y así se decide…”. (Negritas de la Sala y mayúsculas del texto).
“...Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos:
6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera…”. (Negritas de la Sala).
En el caso planteado, la decisión extranjera que se pretende ejecutar es incompatible con la sentencia anterior con autoridad de cosa juzgada, pues en fecha 15 de octubre de 1991, el abogado Víctor Hugo Bolívar, en representación de la empresa Tuna Atlántica C.A., desistió tanto de la acción como del procedimiento instaurado en Venezuela con ocasión del abordaje entre las naves Carirubana y Caribe con pérdida de esta última, por los mismos hechos dirimidos en la jurisdicción panameña.
“...confiero PODER al abogado VICTOR HUGO BOLÍVAR GRATEROL... para que represente los derechos de TUNA ATLÁTICA C.A. contra FOSAPATUN S.A. y KAROL BLOK en razón del abordaje entre las naves Carirubana y Caribe con pérdida de esta última. El presente PODER tiene el propósito de que se desista tanto de la acción como del procedimiento referido, así como también de cualquiera otra acción o derecho derivado o concomitante con el referido abordaje...”. (Negritas de la Sala y mayúsculas del texto).
“...En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal”. (Negritas de la Sala).
Con base en los fundamentos expuestos, esta Sala desestima la solicitud de exequátur interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil Tuna Atlántica C.A. así como por los ciudadanos Lorenzo Parker Dupuy, Claudio Timpson Layne y Cayetano Martucci, como terceros adhesivos y coadyuvantes en la presente solicitud. Así se establece.
“…Al determinarse la extinción del proceso, como consecuencia de estimarse inadmisible la pretensión, tal y como sucedió en el presente caso, aquel que lo instauró debe considerarse vencido totalmente y en tal razón al haber conminado al accionado a ejercer su defensa, ocasionó que este incurriera en gastos y, en consecuencia, habrá lugar al resarcimiento de tales erogaciones y ello se consolida con el pago de las costas procesales…” (Resaltado del texto transcrito)
En este orden de ideas, con respecto a la retroactividad de la ley, Marcel Planiol y Georges Ripert, Biblioteca Clásicos del Derecho, página 31, señalan que:
“La forma de entender la retroactividad de las leyes es uno de los puntos que por mucho tiempo han sido menos claros del derecho civil. Por lo general, para definir la retroactividad, se recurre a una distinción entre los derechos adquiridos y las simples expectativas.
La ley es retroactiva cuando modifica los derechos adquiridos; no lo es cuando se limita a destruir simples expectativas...”. (Subrayado propio).
Por su parte, Julien Bonnecase, en su obra Tratado Elemental del Derecho Civil, Biblioteca Clásicos del Derecho, página 78, con respecto a esta doctrina clásica de la irretroactividad de las leyes, explica:
“...La doctrina tradicional o clásica sobre la no retroactividad de las leyes consiste en distinguir, por una parte, los derechos adquiridos, y por la otra, las expectativas. Es retroactiva la ley nueva que afecta a los derechos adquiridos; pero no lo es la que se conforma con destruir o modificar las simples expectativas. La expresión última de la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas se encuentra en el Traité de Droit Civil de Baudry-Lacantinerie, bajo la redacción de Houques-Fourcade, en los términos siguientes:
"He aquí, declaran los dos autores, el principio que debe guiar al juez. Toda ley nueva constituye a los ojos del poder del cual emana, un progreso sobre la legislación anterior. Para sus autores, reglamenta ciertas relaciones jurídicas mejor que la precedente. El interés social exige pues, para que la legislación más reciente produzca todos sus efectos bienhechores, que se aplique en el mayor número posible de casos y, en consecuencia, también a las relaciones nacidas antes de su publicación. Sin duda esta aplicación lesionará ciertas esperanzas. Pero el progreso se compra a este precio y, por otra parte, nadie puede sentirse realmente lesionado por esta extensión de la ley, si no se le despoja de ningún derecho adquirido. Contra el derecho adquirido, al contrario, la ley nueva no puede nada; su fuerza expira allí donde encuentra un derecho verdadero, consagrado por la antigua ley bajo imperio ha nacido. Al efectuar este derecho, la ley nueva no sería ya una causa de progreso social, sino de desorden, pues se exterminaría toda seguridad de las transacciones y la Ley llegaría aún antes de existir, lo cuál sería injusto y contrario tanto al buen sentido, como a la idea misma de la publicación. La ley no debe pues, tener efectos retroactivos, y tal es la regla que establece el art. 2 en los siguientes términos: ‘la ley sólo dispone para el porvenir, no tiene efecto retroactivo’. Nótese bien que no produce efectos retroactivos por el sólo hecho de que se aplique a situaciones antiguas y a relaciones anteriores, porque son entonces las consecuencias nuevas las que rige y no se puede decir que vuelve sobre el pasado. Sólo es retroactiva cuando ataca los derechos adquiridos, destruyendo los que se habían adquirido anteriormente, lo que implica una pérdida para sus titulares. En virtud de este análisis se ve que si la ley, en principio, no es retroactiva, no es absolutamente exacto decir, como hace el artículo 2, que sólo dispone para el porvenir ya que en cierta medida rige el pasado mismo, al pasado que no es, si esta expresión es permitida, constitutivo de una orden adquirido. O como se ha dicho en otros términos, la Ley nueva no se extiende únicamente a los hechos futuros que se producen sin ninguna relación con un hecho anterior, sino que también puede regir los hechos futuros que deriven de los pasados. De esta manera la dificultad no es tan grave, pues reside, en definitiva, en una distinción de lo que se llama comúnmente derechos adquiridos o expectativas’...”. (Resaltado de la sentencia).

References: artículo 53
 artículo 12
 artículo 53
 artículo 53
 decisión Nº 
 artículo 17
 artículo 274
 artículo 19
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 263
 artículo 429
 artículo 53
 artículo 370
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 370
 artículo 370
 artículo 147
 resolución 
 artículo 649
 artículo 263
 artículo 2