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Timestamp: 2019-10-14 00:54:15+00:00

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Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesion de incentivos publicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo, y se efectua su convocatoria para el año 2015. | Iberley
Orden de 23 de diciembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo, y se efectúa su convocatoria para el año 2015. - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 02-01-2015
Acción subvencionable: El mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, ya sean los contratos de trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial, así como... indefinidos o de duración determinada. En el supuesto de jornada de trabajo a tiempo parcial, ésta no podrá ser inferior a 18 horas semanales o su promedio en cómputo anual.
Requisitos: a) Estar debidamente calificadas e inscritas como Centro Especial de Empleo en cualquiera de los Registros de Centros Especiales de Empleo ubicados en el territorio nacional.
b) No haber si...do condenadas por sentencia judicial firme o sancionada
Cuantía: La cuantía del incentivo será el equivalente al 50% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en el momento de la solicitud, por cada mes en el que el puesto de trabajo se encuentre ocupado por p...ersona con discapacidad y que realice una jornada a tiempo
Desde que comenzara la actual situación de crisis económica, el Gobierno Andaluz viene realizando un esfuerzo importante en materia de políticas activas de empleo para hacer frente a la actual situación de crisis económica en la que se encuentra España y que padece especialmente la sociedad andaluza. Los principales hitos han sido el Plan de Choque por el Empleo en Andalucía, aprobado el 12 de febrero de 2013, que recoge veintiuna medidas de carácter transversal; el Decreto-ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, convalidado con fecha 12 de junio de 2013 por el Parlamento, dirigido a establecer medidas urgentes para la creación de empleo y fomento del emprendimiento; el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la «Iniciativa @mprende+», convalidado con fecha 19 de mayo de 2013, por el Parlamento, que incluye medidas para activar el empleo en la comunidad Autónoma Andaluza mejorando la empleabilidad de las personas jóvenes, facilitando su inserción en el mercado de trabajo; y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+, convalidado con fecha 24 de julio por el Parlamento, dirigido a establecer un conjunto de medidas destinadas a fomentar la inserción laboral de personas desempleadas de treinta o más años de edad.
La relación laboral de los trabajadores con discapacidad que presten sus servicios en los centros especiales de empleo es de carácter especial, conforme al artículo 2.1.g) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Para ello, los Centros Especiales de Empleo a la vez que desarrollan una actividad productiva en las operaciones de mercado, prestan, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social, que requieran las personas trabajadoras con discapacidad atendiendo a sus circunstancias, contribuyendo directamente a la inserción social y laboral de las mismas. El carácter social de los Centros Especiales de Empleo, así como las funciones encomendadas, y el marcado interés económico general de las actividades que desarrollan, suponen una destacada diferencia con respecto a cualquier otra empresa ordinaria.
La prestación de servicios de interés económico general de los Centros Especiales de Empleo, inherentes a su propia naturaleza, se mantendrán, por tanto, hasta que se produzca su descalificación como tal.
El artículo 44 del citado Texto Refundido prevé que, en atención a las especiales características que concurren en los Centros Especiales de Empleo y para que éstos puedan cumplir la función social requerida, las administraciones públicas puedan, en la forma que reglamentariamente se determine, establecer compensaciones económicas, destinadas a los centros, para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, los mecanismos de control que se estimen pertinentes.
Además, dispone que para establecer dichas compensaciones económicas estos Centros Especiales de Empleo deben reunir las condiciones de utilidad pública y de imprescindibilidad y que carezcan de ánimo de lucro.
Como mecanismos de control, se exige que los Centros Especiales de Empleo se encuentren debidamente inscritos como tales y que cumplan con la obligación de presentación de la memoria anual a que se refiere el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo, definidos en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido.
La presente Orden tiene por objeto regular la compensación económica por la prestación de los servicios de interés económicos general desarrollados por los Centros Especiales de Empleo, a través de la concesión de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.
El parámetro establecido para determinar dicha compensación es el Salario Mínimo Interprofesional vigente, consistiendo la cuantía de la ayuda en un 50% del mismo, por cada mes en el que el puesto de trabajo incentivado se encuentre ocupado por persona trabajadora con discapacidad y que realice una jornada a tiempo completo.
Esta cuantía viene a sufragar parte de los gastos ocasionados a los Centros Especiales de Empleo en la ejecución de los servicios de interés económico. Al tratarse de una cuantía previamente determinada, que en ningún caso podrá exceder del coste económico de los servicios prestados, no resulta necesario establecer parámetros para evitar y recuperar posibles compensaciones excesivas.
Sobre la base de todo lo anterior, el incentivo regulado resulta compatible con el mercado interior, cumpliendo con todas las previsiones contempladas por la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 11 de enero de 2012, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, y por la Comunicación de la Comisión (2012/C 8/02), relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general. Por tanto, el incentivo regulado no está sujeto a la obligación de notificación previa establecida en el artículo 108.3 del Tratado de la Unión Europea.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, el Decreto 149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido, establece entre otros, los incentivos a los Centros Especiales de Empleo para el mantenimiento de los puestos de trabajos ocupados por personas con discapacidad en régimen de concurrencia no competitiva.
Teniendo en cuenta el objeto del incentivo regulado y la función social de los Centros Especiales de Empleo, así como el colectivo de personas destinatarias, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en conexión con el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los mismos no se someterán al régimen de concurrencia competitiva, no siendo necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas, pudiéndose conceder en atención al cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras.
En su virtud, en uso de las facultades y competencias conferidas por el artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y por los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía; a propuesta de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, oído el Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo, y al amparo de las competencias que me vienen conferidas por la legislación vigente,
Cuantías Máximas Anualidad 2015
01.11.39.18.00.460.04.32L
01.11.39.18.00.470.04.32L
01.11.39.18.00.480.04.32L
1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las personas o entidades contempladas los apartados 4.a).1.º del Cuadro Resumen, que reúnan todos los requisitos indicados en su apartado 4.a).2.º
5. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.e) del Cuadro Resumen, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado en el apartado 25.b el Cuadro Resumen.
1. La entrega y distribución de los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias y/o la colaboración en la gestión de las subvenciones se efectuará por entidad/es colaboradora/ s cuando así se haya previsto en el apartado 8.a) del Cuadro Resumen.
2. Conforme al artículo 23 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano instructor para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia e Hacienda que estas bases reguladoras requieran aportar, salvo que haya quedado exceptuado por el apartado 4.c) del Cuadro Resumen.
Por aportarlos con la solicitud, en los términos previstos en dicho artículo.
Por limitarse a cumplimentar en la solicitud una declaración responsable de que cumplen los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, con el compromiso de aportarlos en el trámite de audiencia, en los términos del artículo 17.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en el apartado 11.a) del Cuadro Resumen. No obstante, siempre que así se establezca en el apartado 11.b) del Cuadro Resumen, en el supuesto de que antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes se agotara el crédito establecido en la convocatoria, el órgano competente ara efectuarla publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía una resolución para su general conocimiento; en tal caso, el plazo de presentación de solicitudes finalizará el día de esta publicación.
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá a la persona o entidad solicitante un plazo de diez días para que, utilizando el formulario-anexo II, pueda:
1.º Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de auditores de Cuentas dependiente el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, que llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el alcance que se determina en el apartado 25.f).2.º del Cuadro Resumen, y con sujeción a las normas de actuación y supervisión que, en su caso, proponga el órgano que tenga atribuidas las competencias de control financiero de subvenciones en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
En aquellos casos en que la persona beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que en el apartado 25.f).2.º del Cuadro Resumen, se prevea el nombramiento de otro auditor. En el supuesto en que la persona beneficiaria no esté obligada a auditar sus cuentas anuales, la designación del auditor de cuentas será realizada por la misma, salvo que en el apartado 25.f).2.º del Cuadro Resumen, se prevea su nombramiento por el órgano concedente. El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así se establezca en el apartado 25.f).2.º del Cuadro Resumen, y hasta el límite que en él se fije.
Cuando la subvención tenga por objeto una actividad o proyecto a realizar en el extranjero, este régimen se entenderá referido a auditores ejercientes en el país donde deba llevarse a cabo la revisión, siempre que en dicho país exista un régimen de habilitación para el ejercicio de la profesión y, en su caso, sea preceptiva la obligación de someter a auditoria sus estados contables. De no existir un sistema de habilitación para el ejercicio de la profesión de auditoria de cuentas en el citado país, la revisión prevista en este artículo podrá realizarse por un auditor establecido en el citado país, siempre que la designación del mismo la lleve a cabo el órgano concedente con arreglo a unos criterios técnicos que garantice la adecuada calidad.
2º En caso de exigirse en el apartado 25.f).5.º del Cuadro Resumen, informe complementario elaborado por el auditor de cuentas, siguiendo lo previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas.
Este informe complementario será necesario cuando el alcance de una auditoria de cuentas no se considere suficiente, indicándose en el apartado 25.f).5.º del Cuadro Resumen, el alcance adicional de la revisión a llevar a cabo por el auditor respecto de la información contable que sirva de base para determinar la cuantía de la subvención. La retribución adicional que corresponda percibir al auditor de cuentas podrá tener la condición de gasto subvencionable cuando así se indique en el apartado 25.f).5.º del Cuadro Resumen, hasta el límite que él se fije.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales
Incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. El objeto de la presente Orden es compensar económicamente la prestación de los servicios de interés económicos general desarrollados por los Centros Especiales de Empleo, y con ello su viabilidad, mediante la concesión de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad con la finalidad de conseguir su inserción en el mercado laboral, así como su total integración laboral, y por tanto social.
2. A los efectos de lo establecido en la presente Orden, se entienden por personas con discapacidad aquéllas que acrediten estar afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento a través del correspondiente certificado expedido por los servicios públicos competentes. Asimismo, y siempre que se encuentren en edad laboral, se considerarán afectadas por una discapacidad en grado igual al 33 por ciento, quienes tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez, así como las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de retiro por incapacidad permanente para el servicio.
2. Objetos subvencionables. (Artículos 1 y 17).
El mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, ya sean los contratos de trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial, así como indefinidos o de duración determinada.
Número: una solicitud por cada provincia donde se ubique su centro o centros de trabajo.
a) Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.
b) Comunicación de la Comisión (2012/C 8/02), relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general.
d) Real Decreto 2273/1985, de 4 diciembre, por el que se regula los Centros Especiales de Empleo de minusválidos.
e) Decreto 149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido.
Los Centros Especiales de Empleo que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, cuyo objeto principal sea realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tengan como finalidad asegurar un empleo remunerado a las personas con discapacidad, favoreciendo la inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Texto Refundido de la Ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
Los Centros Especiales de Empleo deberán prestar los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a la normativa vigente.
Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo. Igualmente, se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva.
a) Estar debidamente calificadas e inscritas como Centro Especial de Empleo en cualquiera de los Registros de Centros Especiales de Empleo ubicados en el territorio nacional.
b) No haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos tres años por falta muy grave en materia de prevención de riesgos laborales.
c) No haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme, por despido improcedente, en el año en curso, o en el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria de las ayudas, siempre que no se hubiese optado por la readmisión de la persona trabajadora.
d) No haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme por prácticas de discriminación laboral o de género.
e) No haber sido excluidas por sanción firme de los beneficios derivados de los programas de empleo, de acuerdo con el artículo 46.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse desde el inicio del periodo incentivado hasta la finalización del plazo presentación de solicitud determinados en la correspondiente convocatoria.
Otra forma de concretar la cuantía: La cuantía del incentivo será el equivalente al 50% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en el momento de la solicitud, por cada mes en el que el puesto de trabajo se encuentre ocupado por persona con discapacidad y que realice una jornada a tiempo completo.
Dicha ayuda se reducirá proporcionalmente cuando los períodos de ocupación sean inferiores a un mes completo y cuando la jornada laboral se realice a tiempo parcial.
5.b).1º. Gastos subvencionables:
Serán gastos subvencionables los costes salariales, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social por parte del Centro Especial de Empleo como entidad empleadora, de las personas con discapacidad contratadas cuya actividad se desarrolle en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Cuando la persona trabajadora se encuentre en situación de incapacidad temporal, el importe del incentivo salarial se referirá exclusivamente a los días cuyo pago corra a cargo obligatoriamente del Centro Especial de Empleo, de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente en materia de Seguridad Social y, en su caso, convenio colectivo.
Los gastos subvencionables deberán haberse realizado en el periodo establecido en la correspondiente convocatoria.
Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en la resolución de concesión.
La aportación de fondos propios por la entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos de, la cantidad que resulte de la diferencia entre los costes totales derivados de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad incentivados y el importe del incentivo concedido.
La Administración General del Estado, participa en la financiación de estas subvenciones.
9. Posibilidad de subcontratación. (Artículo 8)
1.º En la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.
2.º En la sede de los siguientes órganos: Agencia Servicio Andaluz de Empleo.
1.º Con carácter preferente, en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.
2.º En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Dirección Provincial de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo competente por razón del territorio.
Órgano/s competente/es para resolver: La persona titular de la Dirección Provincial de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo competente por razón del territorio, por delegación de la persona titular de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
13. Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento.(Artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.
a) Certificado acreditativo de la situación de discapacidad de la persona contratada emitido por la administración competente, o cualquiera de los documentos establecidos en el artículo 2 del Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad, a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o autorización firmada por la persona contratada para proceder a la consulta telemática de su certificado dirigida al órgano instructor.
b) Contratos de trabajo correspondientes al puesto de trabajo cuyo mantenimiento se incentiva, salvo en el supuesto de que las contrataciones se hubiesen formalizado a través de los aplicativos Contrat@ o Gescontrat@, en cuyo caso, y a los efectos de tramitación el expediente, el órgano instructor expedirá el certificado relativo a la formalización de las mismas.
c) Nóminas y justificantes bancarios del abono de los salarios derivados de los puestos de trabajo cuyo mantenimiento se incentiva.
d) Alta en la Seguridad Social de la persona con discapacidad contratada. Si la empresa estuviera acogida al sistema RED de transmisión telemática de datos a la Seguridad Social será suficiente aportar la acreditación correspondiente.
e) Certificación bancaria acreditativa de la titularidad de la cuenta, firmada por la persona que actúe en representación de la entidad solicitante y por la entidad bancaria.
16. Necesidad de aceptación expresa de la solicitud de concesión. (Artículo 19).
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o ayuda pública, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, en todo caso, las medidas dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en los términos del artículo 28.4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, o en su caso, el que lo sustituya en la Ley de Presupuestos correspondiente.
Sí. La entidad beneficiaria deberá llevar una contabilidad separada o codificación contable que permita la identificación inequívoca de los gastos incentivados, así como la relación existente entre éstos y los documentos justificativos.
Hacer constar de modo expreso en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad objeto de la subvención que la misma está financiada por la Junta Andalucía, así como, la colaboración del Servicio Andaluz de Empleo.
Para el cumplimiento de las obligaciones relativas a información o publicidad se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre.
a) Que el periodo mínimo del mantenimiento del puesto de trabajo incentivado haya sido, de al menos, 10 días continuos por cada periodo de un mes.
b) Que la jornada laboral de la persona que ocupa el puesto de trabajo incentivado no sea inferior a 18 horas semanales o su promedio en cómputo anual.
c) Que los puestos de trabajo cuyo mantenimiento se incentiva estén ocupados en la Comunidad Autónoma de Andalucía por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
Sí. Pago del 100% del importe de la subvención, previa justificación, por la entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Antes de proponerse el pago, la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
La justificación es previa al pago.
Documentos originales. Procede su posterior estampillado: Sí.
Originales, copias autenticas o autenticadas de la documentación enumerada en las letras a), b) y c) del apartado 14.
Razones motivadas para determinar este contenido de la cuenta justificativa: Acreditación previa a la resolución de concesión, por cualquier medio admisible en derecho, de la situación que da lugar a la subvención, sin perjuicio de los controles que puedan establecerse para verificar su existencia.
En caso de existir costes generales/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación: No.
- Iniciar el procedimiento de reintegro: La Dirección provincial de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo competente por razón de territorio.
- Instruir el procedimiento de reintegro: La Dirección provincial de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo competente por razón de territorio.
- Resolver el procedimiento de reintegro: La Dirección provincial de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo competente por razón de territorio, por delegación de la persona titular de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
- Iniciar el procedimiento sancionador: La Dirección Gerencia de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, por delegación de la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo.
- Instruir el procedimiento sancionador: La Dirección General de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo competente en materia de fomento del empleo.
- Resolver el procedimiento sancionador: Dirección Gerencia de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo, por delegación de la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo.
ANEXO I. SOLICITUD INCENTIVOS PARA FINANCIAR COSTES SALARIALES EN CEE
ANEXO II. FORMULARIO DE ALEGACIONES / ACEPTACIÓN / REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
ANEXO III. MANTENIMIENTO CEE DATOS ESPECÍFICOS PARA INCENTIVOS PARA FINANCIAR COSTES SALARIALES EN CEE

References: artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 44
 Real Decreto 
 artículo 42
 artículo 106
 artículo 108
 artículo 120
 artículo 22
 artículo 118
 artículo 26
 artículo 23
 artículo 17
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 106
 Real Decreto 
 artículo 43
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 82
 artículo 2
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 28
 resolución