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Timestamp: 2017-03-25 20:52:38+00:00

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1_9788491190158 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
ACTUALIZADO A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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Catedrático de Teoría y Filosofía
de Derecho. Instituto Tecnológico
Catedrático emérito de Teoría del Derecho
de la Universidad de Yale (EEUU)
Filosofía Política de la
Jueza del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Catedrática de Derecho
Internacional de la Universidad de Colonia
Catedrático de Derecho Internacional de
la Universidad del Rosario (Colombia) y
Presidente del Instituto Ibero-Americano de
Universitat de València. Abogado
las publicaciones oficiales de los correspondientes organismos autonómicos o
© Francisco de P. Blasco Gascó
ISBN: 978-84-9119-015-8
En azul se han introducido los artículos modificados y que
ya han entrado en vigor.
Como nota y en azul y en concordancia a continuación del
artículo correspondiente, se han introducido los artículos que
entran en vigor en fechas posteriores, con advertencia de la
fecha de su entrada en vigor.
Se ha prescindido de aquellos artículos que, modificados
por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, entran en vigor el 30 de junio de 2017
Ad.	Adicional.
B.I.M.J.	Boletín Informativo del Ministerio de Justicia.
B.O.E.	Boletín Oficial del Estado.
C. Arag.	Código de Aragón. RD-Leg. 1/2011, de 22 de marzo, del
gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título
“Código de Aragón”, el Texto Refundido de las Leyes
civiles aragonesas.
C.C.	Código Civil, R.D. de 24 de julio de 1889.
C. de c.	Código de Comercio, de 22 de agosto de 1885.
C.D.A.	Compilación de Derecho civil de Aragón.
C.D.B.	Compilación de Derecho civil de Baleares.
C.C.C.	Código civil de Cataluña.
C.D.Can.	Código de Derecho Canónico.
C.D.N.	Compilación de Derecho civil foral de Navarra o Fuero
C.E.	Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.
C.E.E.	Comunidad Económica Europea.
C.P.	Código penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.
D.G.R.N.	Dirección General de los Registros y del Notariado.
Disp.	Disposición.
D.U.D.H.	Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10
de diciembre de 1948
E.T.	Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo
L.A.	Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
L.A.R. Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos
L. Arb.	Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Modificada por Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la
Ley 60/2003, de arbitraje y de regulación del arbitraje
institucional en la Administración General del Estado.
L.A.U. (1964)	Decreto núm. 4104/1964, de 24 de diciembre 1964, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos
L.A.U. (1994)	Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
L.C.	Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
L.C.A.	Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia.
L.C.C.	Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de Crédito al
L. C. Ch.	Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.
L.C.D.	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
L.C.G.C.	Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de
L.C.I.	Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario.
L.Con.	Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Reformada por
Ley 38/20011, de 10 de octubre.
L.C.S.	Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
L.C.S.P.	Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
L.C.U.	RD-Leg. 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la
L.Coop.	Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas
L.D.C.	Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, reformada por Ley 52/1999, de 28 de diciembre.
L.D.C.G.	L.D.C.P.V.	L.E.C. L.E.C. (1881)	L.E.Crim.	L.E.F.	L. Fund.	L.G.P.	L.G.Publ.	L.G.S.S.	L.G.T.	L.H.	L.H.M.	L.H.N.	L.J.C.A.	L.M.	L. Mar.	L. Mont.	L.O.	L.O.C.M.	L.O.D.A.	L.O.E.	Ley de Derecho civil de Galicia.
Ley de Derecho civil foral del País Vasco.
Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881.
Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
Ley Hipotecaria, Texto Refundido de 8 de febrero de
Ley de Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, de 16 de diciembre de 1954.
Ley de Hipoteca naval, de 21 de agosto de 1893.
Ley 1/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
L.O.P.J.	L.O.T.C.	L.O.T.T.	L. Pat.	L.P.H.	L.P.H.E.	L.P.I.	L.P.J.M.	L.P.N.	L.P.D.P.	L.R.C.	L.R.D.A.	L.R.J.A.P.	L.R.L.	L.S.	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ley Orgánica 2/1979, de 30 de octubre, del Tribunal
Ley 46/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal,
reformada por Ley 8/1999, de 6 de abril.
Ley 16/1985, de 25 de julio, de Patrimonio Histórico
Ley de Propiedad Intelectual. T.R. que aprueba el
R.D.-Leg. 1/1996, de 12 de abril. Modificada por Ley
23/2006, de 7 de julio, u por Ley 19/2006, de 5 de
mayo, por la que se amplían los medios de tutela de los
derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen las normas procesales para facilitar la aplicación
de los diversos reglamentos comunitarios.
Ley Orgánica 1/1996, de 1 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Ley 23/1982, de 16 de junio, del Patrimonio Nacional.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Desarrollada por RD
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999.
Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, Texto Refundido
aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero.
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.
L.S.C.	Ley de Sociedades de Capital. RD-Leg. 1/2010, de 2 de
julio. Modificada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de
reforma parcial de la LSC y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de las sociedades cotizadas.
L.S.L.	Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.
L.T.R.A	Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Asistida.
L.V.P.B.M.	Ley 28/1998, de 13 de julio, de Ventas a Plazos de Bienes Muebles.
L.V.Pec.	Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
L.V.P.O.	Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de protección oficial.
R.D.	Real Decreto.
R.D.P.H.	Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
R.E.F.	Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de
R.H.	Reglamento Hipotecario, de 14 de febrero de 1947.
R.N.	Reglamento Notarial, aprobado por Decreto de 2 de junio de 1944.
R.R.C.	Reglamento del Registro Civil, de 14 de noviembre de
R.R.M.	Reglamento del Registro Mercantil.
S.T.C.	Sentencia del Tribunal Constitucional.
T.C.	Tribunal Constitucional.
T.C.E.E.	Tratado de la Comunidad Económica Europea.
Trans.	Transitoria.
LEY DE BASES DE 11 DE MAYO DE 1888, POR
LA QUE SE AUTORIZA AL GOBIERNO PARA
PUBLICAR UN CÓDIGO CIVIL, CON ARREGLO
A LAS CONDICIONES Y BASES ESTABLECIDAS
(Gaceta de Madrid de 22 de mayo de 1888)
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de
España, y en su nombre y durante su menor edad la REINA Regente del
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo 1.º Se autoriza al Gobierno para publicar un Código civil
con arreglo a las condiciones y bases establecidas en esta Ley.
Art. 2.º La redacción de este cuerpo legal se llevará acabo por la
Comisión de Códigos, cuya Sección de Derecho civil formulará el texto
del proyecto, oyendo, en los términos que crea más expeditos y fructuosos, a todos los individuos de la Comisión, y con las modificaciones
que el Gobierno crea necesarias, se publicará en la Gaceta de Madrid.
Art. 3.º El Gobierno, una vez publicado el Código, dará cuenta a las
Cortes, si estuvieren reunidas, o en la primera reunión que celebren,
con expresión clara de todos aquellos puntos en que haya modificado,
ampliado o alterado en algo el proyecto redactado por la Comisión, y
no empezará a regir como ley ni producirá efecto alguno legal hasta
cumplirse los sesenta días siguientes a aquel en que se haya dado
cuenta a las Cortes de su publicación.
LEY DE BASES DE 11 DE MAYO DE 1888
Art. 4.º Por razones justificadas de utilidad pública, el Gobierno, al
dar cuenta del Código a las Cortes, o por virtud de la proposición que
en éstas se formule, podrá declarar prorrogado ese plazo de sesenta
Art. 5.º Las provincias y territorios en que subsiste derecho foral,
lo conservarán por ahora en toda su integridad, sin que sufra alteración
su actual régimen jurídico por la publicación del Código, que regirá
tan sólo como supletorio en defecto del que lo sea en cada una de
aquéllas por sus leyes especiales. El título preliminar del Código, en
cuanto establezca los efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas
generales para su aplicación, será obligatorio para todas las provincias
del Reino. También lo serán las disposiciones que se dicten para el
desarrollo de la base 3.ª, relativa a las formas de matrimonio.
Art. 6.º El Gobierno, oyendo a la Comisión de Códigos, presentará
a las Cortes, en uno o en varios proyectos de ley, los apéndices del
Código civil, en los que se contengan las instituciones forales que
conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde
hoy existen.
Art. 7.º No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Código civil empezará a regir en Aragón y en las Islas Baleares al mismo
tiempo que en las provincias no aforadas, en cuanto no se oponga a
aquellas de sus disposiciones forales y consuetudinarias que actualmente estén vigentes.
El Gobierno, previo informe de las Diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca, Teruel e Islas Baleares y de los Colegios de Abogados
de las capitales de las mencionadas provincias, y oyendo a la Comisión
general de Codificación, presentará a la aprobación de las Cortes, en
el plazo más breve posible, a contar desde la publicación del nuevo
Código, el proyecto de ley en que han de contenerse las instituciones
civiles de Aragón e Islas Baleares que convenga conservar.
Iguales informes deberá oír el Gobierno en lo referente a las demás
provincias de legislación foral.
Art. 8.º Tanto el Gobierno como la Comisión se acomodarán en la
redacción del Código civil a las siguientes bases:
El Código tomará por base el proyecto de 1851 en cuanto se halla
contenido en éste el sentido y capital pensamiento de las instituciones
civiles del derecho histórico patrio, debiendo formularse, por tanto,
este primer cuerpo legal de nuestra codificación civil sin otro alcance
y propósito que el de regularizar, aclarar y armonizar los preceptos de
nuestras leyes, recoger las enseñanzas de la doctrina en la solución
de las dudas suscitadas por la práctica, y atender a algunas necesidades nuevas con soluciones que tengan un fundamento científico o un
precedente autorizado en legislaciones propias o extrañas, y obtenido
ya común asentimiento entre nuestros jurisconsultos, o que resulten
bastante justificadas, en vista de las exposiciones de principios o de
método hechas en la discusión de ambos Cuerpos Colegisla­dores.
Los efectos de las leyes y de los estatutos, así como la nacionalidad, la naturalización y el reconocimiento y condiciones de existencia
de las personas jurídicas, se ajustarán a los preceptos constitucionales
y legales hoy vigentes, con las modificaciones precisas para descartar
formalidades y prohibiciones ya desusadas, aclarando esos conceptos
jurídicos universalmente admitidos en sus capitales fundamentos y fijando los necesarios, así para dar algunas bases seguras a las relaciones
internacionales civiles, como para facilitar el enlace y aplicación del
nuevo Código y de las legislaciones forales, en cuanto a las personas
y bienes de los españoles en sus relaciones y cambios de residencia o
vecindad en provincias de derecho diverso, inspirándose hasta donde
sea conveniente en el principio y doctrina de la personalidad de los
Se establecerán en el Código dos formas de matrimonio: el canónico, que deberán contraer todos los que profesen la religión católica, y
el civil, que se celebrará del modo que determine el mismo Código, en
armonía con lo prescrito en la Constitución del Estado.
El matrimonio canónico producirá todos los efectos civiles respecto
de las personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes, cuando
se celebre en conformidad con las disposiciones de la Iglesia católica,
admitidas en el Reino por la ley 13, título I, libro I de la Novísima
Recopilación. Al acto de su celebración asistirá el Juez municipal u
otro funcionario del Estado, con el solo fin de verificar la inmediata
Las relaciones jurídicas derivadas del matrimonio en cuanto a las
personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes, paternidad
y filiación, patria potestad sucesiva del marido y de la mujer sobre sus
hijos no emancipados, efectos civiles del contrato, y en suma, cuantas
constituyen el derecho de familia, se determinarán de conformidad con
los principios esenciales en que se funda el estado legal presente, sin
perjuicio de lo dispuesto en las bases 17, 18, 22 y 25.
No se admitirá la investigación de la paternidad sino en los casos
de delito o cuando exista escrito del padre en el que conste su voluntad
indubitada de reconocer por suyo al hijo, deliberadamente expresada
con ese fin, o cuando medie posesión de estado. Se permitirá la investigación de la maternidad, y se autorizará la legitimación bajo sus dos
formas de subsiguiente matrimonio y concesión Real, limitando ésta a
los casos en que medie imposibilidad absoluta de realizar la primera,
y reservando a terceros perjudicados el derecho de impugnar, así los
reconocimientos como las legitimaciones, cuando resulten realizados
fuera de las condiciones de la ley. Se autorizará también la adopción
por escritura pública, y con autorización judicial, fijándose las condiciones de edad, consentimiento y prohibiciones que se juzguen bastantes a prevenir los inconvenientes que el abuso de ese derecho pudiera
traer consigo para la organización natural de la familia.
Se caracterizarán y definirán los casos de ausencia y presunción de
muerte, estableciendo las garantías que aseguren los derechos del ausente y de sus herederos, y que permitan en su día el disfrute de ellos
por quien pudiera adquirirlos por sucesión testamentaria o legítima,
sin que la presunción de muerte llegue en ningún caso a autorizar al
cónyuge presente para pasar a segundas nupcias.
La tutela de los menores no emancipados, dementes y los declarados pródigos o en interdicción civil, se podrá deferir por testamento,
por la ley o por el consejo de familia, y se completará con el restablecimiento en nuestro derecho de ese consejo y con la institución del
Se fijará la mayor edad en los veintitrés años para los efectos de
la legislación civil, estableciendo la emancipación por matrimonio y la
voluntaria por actos entre vivos a contar desde los diez y ocho años de
edad en el menor.
El Registro del estado civil comprenderá las inscripciones de nacimientos, matrimonios, reconocimientos y legitimaciones, defunciones
y naturalizaciones, y estará a cargo de los Jueces municipales u otros
funcionarios del orden civil en España y de los Agentes consulares o
diplomáticos en el extranjero.
Las actas del Registro serán la prueba del estado civil, y sólo podrá
ser suplida por otras en el caso de que no hayan existido o hubieren
desaparecido los libros del Registro, o cuando ante los Tribunales se
suscite contienda.
Se mantendrá la obligación, garantida con sanción penal, de inscribir
los actos o facilitar las noticias necesarias para su inscripción los actos o
facilitar las noticias necesarias para su inscripción tan pronto como sea
posible. No se dará efecto alguno legal a las naturalizaciones mientras
no aparezcan inscritas en el Registro, cualquiera que sea la prueba con
que se acrediten y la fecha en que hubieren sido concedidas.
Se mantendrán el concepto de la propiedad y la división de las
cosas, el principio de la accesión y de copropiedad con arreglo a los
fundamentos capitales del derecho patrio, y se incluirán en el Código
las bases en que descansan los conceptos especiales de determinadas
propiedades como las aguas, las minas y las producciones científicas,
literarias y artísticas, bajo el criterio de respetar las leyes particulares
por que hoy se rigen en su sentido y disposiciones, y deducir de cada
una de ellas lo que pueda estimarse como fundamento orgánico de
derechos civiles y sustantivos para incluirlo en el Código.
La posesión se definirá en sus dos conceptos, absoluto o emanado
del dominio y unido a él, y limitado y nacido de una tenencia de la que
se deducen hechos independientes y separados del dominio, manteniéndose las consecuencias de esa distinción en las normas y medios de adquirirla, estableciendo los peculiares a los bienes hereditarios, la unidad
personal en la posesión fuera del caso de indivisión, y determinando
los efectos en cuanto al amparo del hecho por la Autoridad pública, las
presunciones a su favor, la percepción de frutos, según la naturaleza de
éstos, el abono de expensas y mejoras y las condiciones a que debe ajustarse la pérdida del derecho posesorio en las diversas clases de bienes.
El usufructo, el uso y la habitación se definirán y regularán como
limitaciones del dominio y formas de su división, regidas en primer término por el título que las constituya, y en su defecto por la ley como
supletoria a la determinación individual; se declararán los derechos
del usufructuario en cuanto a la percepción de frutos, según sus clases
y situación en el momento de empezar y de terminarse el usufructo,
fijando los principios que pueden servir a la resolución de las principales dudas en la práctica respecto al usufructo y uso de minas, montes,
plantíos y ganados, mejoras, desperfectos, obligaciones de inventario
y fianza, inscripción, pago de contribuciones, defensa de sus derechos
y los del propietario en juicio y fuera de él, y modos naturales y legítimos de extinguirse todos esos derechos, con sujeción todo ello a los
principios y prácticas del derecho de Castilla, modificado en algunos
importantes extremos por los principios de la publicidad y de la inscripción contenidos en la legislación hipotecaria novísima.
El título de las servidumbres contendrá su clasificación y división
en continuas y discontinuas, positivas y negativas, aparentes y no
aparentes por sus condiciones de ejercicio y disfrute, y legales y voluntarias por el origen de su constitución, respetándose las doctrinas
hoy establecidas en cuanto a los modos de adquirirlas, derechos y
obligaciones de los propietarios de los predios dominante y sirviente
y modo de extinguirlas. Se definirán también en capítulos especiales
las principales servidumbres fijadas por la ley en materia de aguas, en
el régimen de la propiedad rústica y urbana, y se procurará, a tenor de
lo establecido en la base 1.ª, la incorporación al Código del mayor número posible de disposiciones de las legislaciones de Aragón, Baleares,
Cataluña, Galicia, Navarra y Provincias Vascas.
Como uno de los medios de adquirir, se definirá la ocupación, regulando los derechos sobre los animales domésticos, hallazgo casual de
tesoro y apropiación de las cosas muebles abandonadas. Les servirán
de complemento las leyes especiales de Caza y Pesca, haciéndose referencia expresa a ellas en el Código.
El traslado de las sucesiones se ajustará en sus principios capitales a los acuerdos que la Comisión general de codificación reunida en
pleno con asistencia de los señores Vocales correspondientes y de los
señores Senadores y Diputados, adoptó en las reuniones celebradas en
noviembre de 1882, y con arreglo a ellos se mantendrá en su esencia
la legislación vigente sobre los testamentos en general, su forma y
solemnidades, sus diferentes clases de abierto, cerrado, militar, marítimo y hecho en país extranjero, añadiendo el ológrafo, así como todo
lo relativo a la capacidad para disponer y adquirir por testamento, a
la institución de heredero, la desheredación, las mandas y legados, la
institución condicional o a término, los albaceas y la revocación o ineficacia de las disposiciones testamentarias, ordenando y metodizando
lo existente, y completándolo con cuanto tienda a asegurar la verdad y
facilitad de expresión de las últimas voluntades.
Materia de las reformas indicadas serán en primer término las sustituciones fideicomisarias, que no pasarán, ni aun en la línea directa,
de la segunda generación, a no ser que se hagan en favor de personas
que todas vivan al tiempo del fallecimiento del testador.
El haber hereditario se distribuirá en tres partes iguales: una que
constituirá la legítima de los hijos, otra que podrá asignar el padre a
su arbitrio como mejora entre los mismos, y otra de que podrá disponer libremente. La mitad de la herencia en propiedad, adjudicada por
proximidad del parentesco y sin perjuicio de las reservas, constituirá,
en defecto de descendientes legítimos, la legítima de los ascendientes,
quienes podrán optar entre ésta y los alimentos. Tendrán los hijos naturales reconocidos derecho a una porción hereditaria, que, si concurren con hijos legítimos, nunca podrá exceder de la mitad de lo que por
su legítima corresponda a cada uno de éstos; pero podrá aumentarse
esta porción cuando sólo quedaren ascendientes.
Se establecerá a favor del viudo o viuda el usufructo que algunas
de las legislaciones especiales le conceden, pero limitándolo a una
cuota igual a lo que por su legítima hubiera de percibir cada uno de
los hijos, si los hubiere, y determinando los casos en que ha de cesar
A la sucesión intestada serán llamados: 1.º Los descendientes. 2.º
Los ascendientes. 3.º Los hijos naturales. 4.º Los hermanos e hijos de
éstos. 5.º El cónyuge viudo. No pasará esta sucesión del sexto grado
en la línea colateral. Desaparecerá la diferencia que nuestra legislación establece respecto a los hijos naturales entre el padre y la madre,
dándoseles igual derecho en la sucesión intestada de uno y otro. Sustituirán al Estado en esta sucesión, cuando a ella fuere llamado, los
establecimientos de Beneficencia e instrucción gratuita del domicilio
del testador; en su defecto, de los de la provincia; a falta de unos y
otros, los generales. Respecto de las reservas, el derecho de acrecer,
la aceptación y repudiación de la herencia, el beneficio de inventario,
la colación y partición, y el pago de las deudas hereditarias, se desenvolverán con la mayor precisión posible las doctrinas de la legislación
vigente, explicadas y completadas por la jurisprudencia.
La naturaleza y efectos de las obligaciones serán explicados con
aquella generalidad que corresponda a una relación jurídica cuyos orígenes son muy diversos. Se mantendrá el concepto histórico de la mancomunidad, resolviendo por principios generales las cuestiones que nacen de la solidaridad de acreedores y deudores, así cuando el objeto
de la obligación es una cosa divisible, como cuando es indivisible, y
fijando con precisión los efectos del vínculo legal en las distintas especies de obligaciones, alternativas, condicionales, a plazo y con cláusula penal. Se simplificarán los modos de extinguirse las obligaciones,
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References: Real Decreto 
	Real Decreto 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 1
 resolución