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Timestamp: 2017-12-17 09:58:37+00:00

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B.O.E. Nº 126 de 27/05/2005
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisiÃ³n en vÃ­a administrativa.
La aprobaciÃ³n de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha supuesto una importante reforma en la revisiÃ³n de actos en vÃ­a administrativa, por lo que resulta necesaria la renovaciÃ³n de las normas que constituyen el desarrollo reglamentario de esta materia. En concreto, la ley contiene una nueva sistemÃ¡tica de las normas reguladoras de la revisiÃ³n en vÃ­a administrativa, al incorporar algunos de los preceptos contenidos en el Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de bases sobre procedimiento econÃ³mico-administrativo; en el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula el procedimiento para la realizaciÃ³n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria; en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposiciÃ³n previo al econÃ³mico-administrativo; en el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones econÃ³mico-administrativas, y en el Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, en lo relativo al reembolso del coste de las garantÃ­as prestadas para suspender la ejecuciÃ³n de las deudas tributarias y al rÃ©gimen de actuaciones de la inspecciÃ³n de los tributos y se adapta a las previsiones de dicha ley el procedimiento para la realizaciÃ³n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
Esta nueva regulaciÃ³n de la revisiÃ³n en vÃ­a administrativa en el Ã¡mbito legal ha hecho necesario que se dicte un nuevo texto reglamentario de carÃ¡cter fundamentalmente procedimental que se adapte a los cambios introducidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de acuerdo con la habilitaciÃ³n general al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo y aplicaciÃ³n de la ley, contenida en su disposiciÃ³n final novena y en virtud de las diversas habilitaciones concretas establecidas en el tÃ­tulo V de la ley.
El real decreto que ahora se aprueba contiene un ar-tÃ­culo Ãºnico por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisiÃ³n en vÃ­a administrativa, una disposiciÃ³n transitoria dedicada a las competencias de los tribunales econÃ³mico-administrativos, una disposiciÃ³n derogatoria y una disposiciÃ³n final por la que se establece la fecha de entrada en vigor.
El Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisiÃ³n en vÃ­a administrativa, estÃ¡ integrado por cinco tÃ­tulos, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias y una disposiciÃ³n final.
El tÃ­tulo I, Â«Disposiciones generalesÂ», contiene el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de este reglamento y los aspectos comunes a todos los procedimientos de revisiÃ³n, y en Ã©l se regula el contenido mÃ­nimo del escrito que debe presentar el interesado, las reglas generales de subsanaciÃ³n y la aportaciÃ³n, subsanaciÃ³n o ratificaciÃ³n del poder otorgado al representante del interesado.
En el tÃ­tulo II, Â«Procedimientos especiales de revisiÃ³nÂ», se recogen los aspectos fundamentales del procedimiento de revisiÃ³n de actos nulos de pleno derecho, del procedimiento para la declaraciÃ³n de lesividad de actos anulables, del procedimiento de revocaciÃ³n, del procedimiento para la rectificaciÃ³n de errores y de la regulaciÃ³n de la devoluciÃ³n de ingresos indebidos, con especificaciÃ³n del procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devoluciÃ³n en los supuestos del apartado 1 del artÃ­culo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Con el fin de evitar en el texto del reglamento las menciones a Ã³rganos concretos y facilitar el desarrollo de la facultad de organizaciÃ³n de las distintas Administraciones tributarias, no se realiza una atribuciÃ³n de competencias exhaustiva en relaciÃ³n con la tramitaciÃ³n, por lo que queda parcialmente supeditada a lo que se establezca en normas de organizaciÃ³n de rango inferior.
En lo relativo a la iniciaciÃ³n del procedimiento de revisiÃ³n de actos nulos de pleno derecho, se recogen las formas de inicio previstas en el apartado 2 del artÃ­culo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. En la tramitaciÃ³n destaca la solicitud de informe al Ã³rgano que dictÃ³ el acto, asÃ­ como la audiencia a los interesados para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que consideren oportunos. Finalmente, en la fase de resoluciÃ³n se reitera la necesidad del dictamen del Consejo de Estado u Ã³rgano equivalente de la comunidad autÃ³noma.
El procedimiento de declaraciÃ³n de lesividad se iniciarÃ¡ siempre de oficio de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 218 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y se prevÃ© un trÃ¡mite de audiencia al interesado y la obligaciÃ³n de solicitar informe al Ã³rgano con funciones de asesoramiento jurÃ­dico.
El procedimiento de revocaciÃ³n se iniciarÃ¡ siempre de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover dicho inicio. AdemÃ¡s, se establece la posibilidad de que el Ã³rgano que hubiera dictado el acto o cualquier otro Ã³rgano de la misma AdministraciÃ³n pueda proponer el inicio del procedimiento. Asimismo, se deberÃ¡ solicitar informe al Ã³rgano con funciones de asesoramiento jurÃ­dico tal y como dispone la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
En la rectificaciÃ³n de errores se concretan ciertos aspectos procedimentales y se tienen en consideraciÃ³n las dos posibles formas de iniciaciÃ³n del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado, segÃºn el artÃ­culo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
Por Ãºltimo, en la devoluciÃ³n de ingresos indebidos destaca la ampliaciÃ³n de los supuestos de legitimaciÃ³n para solicitar la devoluciÃ³n de los ingresos indebidos a las personas o entidades que hayan soportado la retenciÃ³n, el ingreso a cuenta o la repercusiÃ³n. En este caso, estas podrÃ¡n instar la rectificaciÃ³n de la autoliquidaciÃ³n a travÃ©s de la cual se hubiese realizado el ingreso indebido.
El tÃ­tulo III se dedica al recurso de reposiciÃ³n previsto en los artÃ­culos 222 a 225 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La regulaciÃ³n del recurso de reposiciÃ³n destaca por su carÃ¡cter continuista respecto del rÃ©gimen anterior, puesto que la ley ha recogido algunas normas sobre tramitaciÃ³n y sobre suspensiÃ³n contenidas en el Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, y sÃ³lo ha introducido novedades en cuanto al plazo para interponer, resolver y notificar.
El capÃ­tulo I contiene disposiciones generales en las que se regulan las consecuencias de la presentaciÃ³n simultÃ¡nea de un recurso de reposiciÃ³n y de una reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa y los efectos de la interposiciÃ³n de un recurso de reposiciÃ³n respecto a los plazos para el ejercicio de otros recursos, que se verÃ¡n interrumpidos.
El capÃ­tulo II regula el procedimiento. Dentro de la iniciaciÃ³n se aclara que el escrito de interposiciÃ³n debe contener necesariamente las alegaciones y que una vez presentado el recurso no se podrÃ¡ examinar el expediente al efecto de formularlas.
Dentro de la secciÃ³n de tramitaciÃ³n se encuentran las normas relativas a la suspensiÃ³n. Se aclara que la garantÃ­a podrÃ¡ tener la vigencia que solicite el recurrente y la posibilidad de que abarque Ãºnicamente a la tramitaciÃ³n del recurso de reposiciÃ³n. En otro caso, deberÃ¡ cubrir toda la duraciÃ³n de la vÃ­a econÃ³mico-administrativa e, incluso, podrÃ¡ extender sus efectos a la vÃ­a contencioso-administrativa hasta la adopciÃ³n de la decisiÃ³n que proceda por el Ã³rgano judicial.
El tÃ­tulo IV se refiere a las reclamaciones econÃ³mico-administrativas.
El capÃ­tulo I contiene normas generales y dedica la secciÃ³n 1.Âª a regular la organizaciÃ³n y las competencias. En dicha secciÃ³n se describe con detalle la ubicaciÃ³n y competencia territorial del Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central y de los tribunales econÃ³mico-administrativos regionales y locales. Asimismo, se crean diferentes salas desconcentradas y se prevÃ© la existencia de dependencias provinciales en sustituciÃ³n de las secretarÃ­as delegadas existentes con la anterior normativa. Por otra parte, y de acuerdo con la disposiciÃ³n adicional decimotercera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se fija la composiciÃ³n de la Sala Especial que pudiera crearse en virtud de convenio entre el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda y la comunidad autÃ³noma correspondiente. TambiÃ©n hay que destacar la regulaciÃ³n de los Ã³rganos unipersonales y de la Sala Especial para la UnificaciÃ³n de Doctrina.
La secciÃ³n 2.Âª establece normas sobre cuantÃ­a y acumulaciÃ³n de las reclamaciones.
La secciÃ³n 3.Âª contiene un artÃ­culo relativo a los interesados. Se regula el procedimiento para determinar, en caso de duda, aquellos titulares de derechos o intereses legÃ­timos que pudieran resultar afectados por la resoluciÃ³n.
La secciÃ³n 4.Âª se refiere a la suspensiÃ³n. Como novedad, se aclara que la suspensiÃ³n tendrÃ¡ efectos desde la fecha de la solicitud y se establecen los efectos en caso de denegaciÃ³n de la suspensiÃ³n.
Se regula la suspensiÃ³n automÃ¡tica, la suspensiÃ³n con prestaciÃ³n de otras garantÃ­as y los supuestos en que la suspensiÃ³n es acordada por el tribunal econÃ³mico-administrativo, y se aclara que este es el competente en caso de que la peticiÃ³n se funde en error aritmÃ©tico, material o de hecho.
En el caso de que la solicitud de suspensiÃ³n se base en la existencia de perjuicios de difÃ­cil o imposible reparaciÃ³n, su presentaciÃ³n supondrÃ¡ que, si la deuda se encuentra en periodo voluntario en el momento de instarse, se suspenda cautelarmente el procedimiento de apremio y la AdministraciÃ³n no pueda realizar actuaciones mientras el tribunal adopte la decisiÃ³n de admitirla o inadmitirla a trÃ¡mite. La inadmisiÃ³n a trÃ¡mite supondrÃ¡ que la solicitud se tendrÃ¡ por no presentada, mientras que la admisiÃ³n a trÃ¡mite conllevarÃ¡ que los efectos suspensivos deban entenderse producidos desde la solicitud y se mantengan hasta la resoluciÃ³n relativa a la suspensiÃ³n.
El capÃ­tulo II estÃ¡ dedicado al procedimiento general econÃ³mico-administrativo.
La secciÃ³n 1.Âª contiene normas generales sobre obtenciÃ³n de copias certificadas, presentaciÃ³n, desglose y devoluciÃ³n de documentos, domicilio para notificaciones y costas del procedimiento.
La secciÃ³n 2.Âª regula el procedimiento en Ãºnica o primera instancia e incluye normas diversas que desarrollan la extensa regulaciÃ³n de la ley en esta materia. Destaca la regulaciÃ³n del recurso de anulaciÃ³n, introducido como novedad en el apartado 6 del artÃ­culo 239 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
La secciÃ³n 3.Âª se refiere a los recursos en vÃ­a econÃ³mico-administrativa. Se completa la regulaciÃ³n contenida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y destaca el establecimiento del plazo de tres meses para la interposiciÃ³n del recurso extraordinario para la unificaciÃ³n de doctrina.
El capÃ­tulo III desarrolla el procedimiento abreviado ante Ã³rganos unipersonales, y se concretan los casos en que aquel serÃ¡ aplicable por razÃ³n de la cuantÃ­a. En todo lo no previsto de forma expresa, se realiza una remisiÃ³n al procedimiento general; en particular, se establece que determinados acuerdos se podrÃ¡n dictar por el secretario del tribunal aun cuando no fuera el Ã³rgano unipersonal competente para resolver el procedimiento en cuestiÃ³n.
Finalmente, el tÃ­tulo V regula la ejecuciÃ³n, y distingue entre normas generales para la ejecuciÃ³n de resoluciones administrativas y normas especiales aplicables a la ejecuciÃ³n de las resoluciones econÃ³mico-administrativas y judiciales y al reembolso del coste de las garantÃ­as.
La disposiciÃ³n adicional primera remite a la normativa especÃ­fica de las comunidades autÃ³nomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales a los efectos de determinar los Ã³rganos competentes en los procedimientos regulados en el reglamento.
La disposiciÃ³n adicional segunda establece la aplicaciÃ³n supletoria de este reglamento a la devoluciÃ³n de ingresos indebidos de deudas aduaneras, que se regirÃ¡n en primer lugar por la normativa comunitaria, y a la devoluciÃ³n de otros ingresos de naturaleza pÃºblica indebidamente ingresados.
La disposiciÃ³n adicional tercera dispone que la remisiÃ³n de expedientes entre Ã³rganos administrativos que resulte de los procedimientos regulados en este reglamento pueda realizarse por medios electrÃ³nicos en lugar de hacerlo por otro tipo de soporte.
La disposiciÃ³n transitoria primera regula el rÃ©gimen aplicable a las solicitudes de suspensiÃ³n presentadas antes de la entrada en vigor del reglamento; la disposiciÃ³n transitoria segunda se refiere al recurso extraordinario para la unificaciÃ³n de doctrina al efecto de permitir su presentaciÃ³n para las resoluciones notificadas desde la entrada en vigor de la ley hasta la entrada en vigor del reglamento, y la disposiciÃ³n transitoria tercera regula un rÃ©gimen transitorio para la aplicaciÃ³n de la cuantÃ­a que se toma como lÃ­mite para la tramitaciÃ³n de las reclamaciones por el procedimiento abreviado.
Finalmente, la disposiciÃ³n final Ãºnica contiene la habilitaciÃ³n al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para dictar las normas de desarrollo del reglamento.
En su virtud, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, con la aprobaciÃ³n previa del Ministro de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 13 de mayo de 2005,
ArtÃ­culo Ãºnico. AprobaciÃ³n del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisiÃ³n en vÃ­a administrativa.
Se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisiÃ³n en vÃ­a administrativa, cuyo texto se inserta a continuaciÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. Competencias de los Ã³rganos del Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central respecto a las reclamaciones pendientes.
A los efectos previstos en la disposiciÃ³n transitoria quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en tanto deba continuar aplicÃ¡ndose el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones econÃ³mico-administrativas, aprobado por el Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, a las reclamaciones o recursos interpuestos con anterioridad al 1 de julio de 2004, las competencias atribuidas en este a los vocales del Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central pasarÃ¡n a ser ejercidas por el Secretario General del citado tribunal, excepto las previstas en los pÃ¡rrafos c) y d) del apartado 1 y en el apartado 2 del artÃ­culo 14 del citado reglamento, en su artÃ­culo 21 y, en general, las funciones de asistencia y votaciÃ³n en las salas y en el pleno del tribunal, que continuarÃ¡n siendo ejercidas por los vocales.
a) El Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposiciÃ³n previo al econÃ³mico-administrativo.
b) El Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula el procedimiento para la realizaciÃ³n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria, excepto los artÃ­culos 8, 9, 10, 11, 13, 14, la disposiciÃ³n adicional tercera y el apartado 3 de la disposiciÃ³n adicional quinta.
c) El Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones econÃ³mico-administrativas.
d) El Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y GarantÃ­as de los Contribuyentes, en lo relativo al reembolso del coste de las garantÃ­as prestadas para suspender la ejecuciÃ³n de las deudas tributarias y al rÃ©gimen de actuaciones de la inspecciÃ³n de los tributos y se adapta a las previsiones de dicha ley el procedimiento para la realizaciÃ³n de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor al mes de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», salvo la disposiciÃ³n transitoria Ãºnica, que entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n.
[encabezado]REGLAMENTO GENERAL DE DESARROLLO DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN MATERIA DE REVISIÃN EN VÃA ADMINISTRATIVA
ArtÃ­culo 2. Contenido de la solicitud o del escrito de iniciaciÃ³n.
ArtÃ­culo 3. RepresentaciÃ³n.
TÃ­tulo II. Procedimientos especiales de revisiÃ³n.
CapÃ­tulo I. Procedimiento de revisiÃ³n de actos nulos de pleno derecho.
ArtÃ­culo 6. ResoluciÃ³n.
CapÃ­tulo II. Procedimiento para la declaraciÃ³n de lesividad de actos anulables.
ArtÃ­culo 7. IniciaciÃ³n.
ArtÃ­culo 8. TramitaciÃ³n.
CapÃ­tulo III. Procedimiento para la revocaciÃ³n.
ArtÃ­culo 10. IniciaciÃ³n.
ArtÃ­culo 11. TramitaciÃ³n.
ArtÃ­culo 12. ResoluciÃ³n.
CapÃ­tulo IV. Procedimiento de rectificaciÃ³n de errores.
ArtÃ­culo 13. Procedimiento de rectificaciÃ³n de errores.
CapÃ­tulo V. DevoluciÃ³n de ingresos indebidos.
SecciÃ³n 1.Âª Disposiciones generales.
ArtÃ­culo 14. Legitimados para instar el procedimiento de devoluciÃ³n y beneficiarios del derecho a la devoluciÃ³n.
ArtÃ­culo 15. Supuestos de devoluciÃ³n.
ArtÃ­culo 16. Contenido del derecho a la devoluciÃ³n de ingresos indebidos.
SecciÃ³n 2.Âª Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devoluciÃ³n de ingresos indebidos en los supuestos del artÃ­culo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ArtÃ­culo 17. IniciaciÃ³n.
ArtÃ­culo 18. TramitaciÃ³n.
ArtÃ­culo 19. ResoluciÃ³n.
SecciÃ³n 3.Âª EjecuciÃ³n de la devoluciÃ³n de ingresos indebidos.
ArtÃ­culo 20. EjecuciÃ³n de la devoluciÃ³n.
TÃ­tulo III. Recurso de reposiciÃ³n.
ArtÃ­culo 21. Consecuencias de la simultaneidad.
ArtÃ­culo 22. Efectos de la interposiciÃ³n respecto al ejercicio de otros recursos.
CapÃ­tulo II. Procedimiento.
SecciÃ³n 1.Âª IniciaciÃ³n.
ArtÃ­culo 23. IniciaciÃ³n.
ArtÃ­culo 24. Puesta de manifiesto del expediente.
SecciÃ³n 2.Âª TramitaciÃ³n.
ArtÃ­culo 25. SuspensiÃ³n del acto impugnado.
ArtÃ­culo 26. Interesados en el procedimiento.
SecciÃ³n 3.Âª ResoluciÃ³n.
ArtÃ­culo 27. NotificaciÃ³n de la resoluciÃ³n.
TÃ­tulo IV. Reclamaciones econÃ³mico-administrativas.
SecciÃ³n 1.Âª OrganizaciÃ³n y competencias.
ArtÃ­culo 28. OrganizaciÃ³n.
ArtÃ­culo 29. El Tribunal EconÃ³mico-AdministrativoCentral.
ArtÃ­culo 30. Los tribunales econÃ³mico-administrativos regionales, locales, las salas desconcentradas y las dependencias provinciales y locales.
ArtÃ­culo 31. ParticipaciÃ³n de las comunidades autÃ³nomas en los tribunales econÃ³mico-administrativos.
ArtÃ­culo 32. Ãrganos unipersonales.
ArtÃ­culo 33. Sala Especial para la UnificaciÃ³n de Doctrina.
ArtÃ­culo 34. Actas de las sesiones.
SecciÃ³n 2.Âª CuantÃ­a y acumulaciÃ³n de las reclamaciones.
ArtÃ­culo 35. CuantÃ­a de la reclamaciÃ³n.
ArtÃ­culo 36. CuantÃ­a necesaria para el recurso de alzada ordinario.
ArtÃ­culo 37. AcumulaciÃ³n.
SecciÃ³n 3.Âª Interesados.
ArtÃ­culo 38. Interesados.
SecciÃ³n 4.Âª SuspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n del acto impugnado en la vÃ­a econÃ³mico-administrativa.
ArtÃ­culo 39. Supuestos de suspensiÃ³n.
SubsecciÃ³n 1.Âª Reglas generales.
ArtÃ­culo 40. Solicitud de suspensiÃ³n.
ArtÃ­culo 41. GarantÃ­as de la suspensiÃ³n.
ArtÃ­culo 42. Efectos de la concesiÃ³n o de la denegaciÃ³n de la suspensiÃ³n.
SubsecciÃ³n 2.Âª SuspensiÃ³n automÃ¡tica en vÃ­a econÃ³mico-administrativa.
ArtÃ­culo 43. SuspensiÃ³n automÃ¡tica.
SubsecciÃ³n 3.Âª SuspensiÃ³n con prestaciÃ³n de otras garantÃ­as en vÃ­a econÃ³mico-administrativa.
ArtÃ­culo 44. SuspensiÃ³n con prestaciÃ³n de otras garantÃ­as.
ArtÃ­culo 45. ConstituciÃ³n de las garantÃ­as.
SubsecciÃ³n 4.Âª SuspensiÃ³n por el tribunal econÃ³mico-administrativo.
ArtÃ­culo 46. SuspensiÃ³n por el tribunal econÃ³mico-administrativo.
ArtÃ­culo 47. TramitaciÃ³n y resoluciÃ³n por el tribunal econÃ³mico-administrativo de la solicitud de suspensiÃ³n.
CapÃ­tulo II. Procedimiento general econÃ³mico-administrativo.
SecciÃ³n 1.Âª Normas comunes.
ArtÃ­culo 48. ObtenciÃ³n de copias certificadas.
ArtÃ­culo 49. PresentaciÃ³n, desglose y devoluciÃ³n de documentos.
ArtÃ­culo 50. Domicilio para notificaciones.
ArtÃ­culo 51. Costas del procedimiento.
SecciÃ³n 2.Âª Procedimiento en Ãºnica o primera instancia.
SubsecciÃ³n 1.Âª IniciaciÃ³n.
ArtÃ­culo 52. EnvÃ­o del expediente administrativo objeto de la reclamaciÃ³n.
ArtÃ­culo 53. Incompetencia territorial y jerÃ¡rquica.
ArtÃ­culo 54. SubsanaciÃ³n de defectos.
SubsecciÃ³n 2.Âª TramitaciÃ³n.
ArtÃ­culo 55. TrÃ¡mites para completar el expediente.
ArtÃ­culo 56. PersonaciÃ³n en las reclamaciones derivadas de actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria.
ArtÃ­culo 57. Pruebas e informes.
ArtÃ­culo 58. Plazo para plantear cuestiones incidentales.
ArtÃ­culo 59. ExtensiÃ³n de la revisiÃ³n.
SubsecciÃ³n 3.Âª ResoluciÃ³n.
ArtÃ­culo 60. Recurso de anulaciÃ³n.
SecciÃ³n 3.Âª Recursos en vÃ­a econÃ³mico-administrativa.
ArtÃ­culo 61. Recurso de alzada ordinario, recurso extraordinario de alzada para la unificaciÃ³n de criterio y recurso extraordinario para la unificaciÃ³n de doctrina.
ArtÃ­culo 62. Recurso extraordinario de revisiÃ³n.
ArtÃ­culo 63. LegitimaciÃ³n para recurrir.
CapÃ­tulo III. Procedimiento abreviado ante Ã³rganos unipersonales.
ArtÃ­culo 64. Reclamaciones econÃ³mico-administrativas ante Ã³rganos unipersonales.
ArtÃ­culo 65. Procedimiento abreviado ante Ã³rganos unipersonales.
TÃ­tulo V. EjecuciÃ³n de resoluciones.
CapÃ­tulo I. EjecuciÃ³n de resoluciones.
SecciÃ³n 1.Âª Normas generales para la ejecuciÃ³n de resoluciones administrativas.
ArtÃ­culo 66. EjecuciÃ³n de las resoluciones administrativas.
ArtÃ­culo 67. ReducciÃ³n proporcional de garantÃ­as aportadas para la suspensiÃ³n.
SecciÃ³n 2.Âª Normas especiales para la ejecuciÃ³n de resoluciones econÃ³mico-administrativas.
ArtÃ­culo 68. Cumplimiento de la resoluciÃ³n.
ArtÃ­culo 69. ExtensiÃ³n de las resoluciones econÃ³mico-administrativas.
SecciÃ³n 3.Âª Normas especiales para la ejecuciÃ³n de resoluciones judiciales.
ArtÃ­culo 70. EjecuciÃ³n de resoluciones judiciales.
ArtÃ­culo 71. ExtensiÃ³n de los efectos de las sentencias de la jurisdicciÃ³n contencioso-administrativa.
CapÃ­tulo II. Reembolso del coste de las garantÃ­as.
SecciÃ³n 1.Âª Alcance del reembolso del coste de garantÃ­as.
ArtÃ­culo 72. Ãmbito de aplicaciÃ³n.
ArtÃ­culo 73. GarantÃ­as cuyo coste es objeto de reembolso.
ArtÃ­culo 74. DeterminaciÃ³n del coste de las garantÃ­as prestadas.
SecciÃ³n 2.Âª Procedimiento para el reembolso del coste de las garantÃ­as aportadas.
ArtÃ­culo 75. Ãrganos competentes.
ArtÃ­culo 76. IniciaciÃ³n.
ArtÃ­culo 77. TramitaciÃ³n.
ArtÃ­culo 78. ResoluciÃ³n.
ArtÃ­culo 79. EjecuciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional primera. Ãrganos equivalentes de las comunidades autÃ³nomas, de las ciudades con Estatuto de AutonomÃ­a o de las entidades locales.
DisposiciÃ³n adicional segunda. DevoluciÃ³n de ingresos indebidos de la deuda aduanera y de otros ingresos de naturaleza pÃºblica.
DisposiciÃ³n adicional tercera. RemisiÃ³n de expedientes por medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos y telemÃ¡ticos.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Procedimientos de revisiÃ³n en vÃ­a administrativa.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Recurso extraordinario para la unificaciÃ³n de doctrina.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. Procedimiento abreviado ante Ã³rganos unipersonales.
1. Este reglamento desarrolla la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisiÃ³n en vÃ­a administrativa, asÃ­ como el reembolso por la AdministraciÃ³n del coste de las garantÃ­as aportadas para suspender la ejecuciÃ³n de un acto, si dicho acto es declarado improcedente en virtud de sentencia o resoluciÃ³n administrativa firmes.
2. Este reglamento serÃ¡ de aplicaciÃ³n en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
1. Cuando los procedimientos regulados en este reglamento se inicien a instancia del interesado, la solicitud o el escrito de iniciaciÃ³n deberÃ¡n contener los siguientes extremos:
a) Nombre y apellidos o razÃ³n social o denominaciÃ³n completa, nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal y domicilio del interesado. En el caso de que se actÃºe por medio de representante, se deberÃ¡ incluir su identificaciÃ³n completa.
b) Ãrgano ante el que se formula el recurso o reclamaciÃ³n o se solicita el inicio del procedimiento.
c) Acto administrativo o actuaciÃ³n que se impugna o que es objeto del expediente, fecha en que se dictÃ³, nÃºmero del expediente o clave alfanumÃ©rica que identifique el acto administrativo objeto de impugnaciÃ³n y demÃ¡s datos relativos a este que se consideren convenientes, asÃ­ como la pretensiÃ³n del interesado.
d) Domicilio que el interesado seÃ±ala a los efectos de notificaciones.
2. Si la solicitud o el escrito de iniciaciÃ³n no reÃºne los requisitos que seÃ±ala el apartado anterior, y sin perjuicio de las normas especiales de subsanaciÃ³n contenidas en este reglamento, se requerirÃ¡ al interesado para que en un plazo de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n del requerimiento, subsane la falta o acompaÃ±e los documentos preceptivos con indicaciÃ³n de que la falta de atenciÃ³n a dicho requerimiento determinarÃ¡ el archivo de las actuaciones y se tendrÃ¡ por no presentada la solicitud o el escrito.
1. Cuando se actÃºe por medio de representante, este deberÃ¡ acreditar representaciÃ³n bastante, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 respecto a la ratificaciÃ³n.
2. El Ã³rgano competente concederÃ¡ un plazo de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n del requerimiento, para realizar la aportaciÃ³n o subsanaciÃ³n del documento acreditativo de la representaciÃ³n. En ese mismo plazo el interesado podrÃ¡ ratificar la actuaciÃ³n realizada por el representante en su nombre y aportar el documento acreditativo de la representaciÃ³n para actuaciones posteriores.
Procedimientos especiales de revisiÃ³n
Procedimiento de revisiÃ³n de actos nulos de pleno derecho
1. El procedimiento de revisiÃ³n de actos nulos de pleno derecho podrÃ¡ iniciarse de oficio, por acuerdo del Ã³rgano que dictÃ³ el acto o de su superior jerÃ¡rquico, o a instancia del interesado. En este Ãºltimo caso, el escrito se dirigirÃ¡ al Ã³rgano que dictÃ³ el acto cuya revisiÃ³n se pretende. El inicio de oficio serÃ¡ notificado al interesado.
2. El Ã³rgano competente para tramitar el procedimiento podrÃ¡ dictar acuerdo motivado de inadmisiÃ³n a trÃ¡mite de las solicitudes de revisiÃ³n en los supuestos previstos en el artÃ­culo 217.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
1. El Ã³rgano competente para tramitar serÃ¡ el que establezca la norma de organizaciÃ³n especÃ­fica.
2. El Ã³rgano competente para tramitar el procedimiento solicitarÃ¡ al Ã³rgano que dictÃ³ el acto la remisiÃ³n de una copia cotejada del expediente administrativo y de un informe sobre los antecedentes del procedimiento que fuesen relevantes para resolver. Asimismo, podrÃ¡ solicitar cualquier otro dato o antecedente que considere necesario para elaborar la propuesta de resoluciÃ³n.
3. Recibida la documentaciÃ³n indicada en el apartado anterior, se darÃ¡ audiencia por un plazo de 15 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la apertura de dicho plazo al interesado y a las restantes personas a las que el acto reconociÃ³ derechos o cuyos intereses resultaron afectados por el acto, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
4. Concluido el trÃ¡mite de audiencia, el Ã³rgano competente para tramitar el procedimiento formularÃ¡ la propuesta de resoluciÃ³n al Ã³rgano competente para resolver.
1. Recibida la propuesta de resoluciÃ³n, se solicitarÃ¡ el dictamen del Consejo de Estado u Ã³rgano equivalente de la comunidad autÃ³noma, si lo hubiera.
2. La declaraciÃ³n de nulidad requerirÃ¡ el dictamen favorable del Consejo de Estado u Ã³rgano equivalente de la comunidad autÃ³noma.
3. En el Ã¡mbito de competencias del Estado, la competencia para resolver corresponderÃ¡ al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, que podrÃ¡ delegarla.
Procedimiento para la declaraciÃ³n de lesividad de actos anulables
El procedimiento de declaraciÃ³n de lesividad de actos anulables se iniciarÃ¡ de oficio mediante acuerdo del Ã³rgano que establezca la norma de organizaciÃ³n especÃ­fica, a propuesta del Ã³rgano que dictÃ³ el acto o de cualquier otro de la misma AdministraciÃ³n pÃºblica. El inicio serÃ¡ notificado al interesado.
2. Acordado el inicio del procedimiento, se comunicarÃ¡ esa decisiÃ³n al Ã³rgano proponente, al competente para tramitar y al que dictÃ³ el acto objeto del procedimiento, que deberÃ¡ remitir una copia cotejada del expediente al Ã³rgano competente para tramitar en el plazo de 10 dÃ­as a partir de la recepciÃ³n de la comunicaciÃ³n y a la que acompaÃ±arÃ¡ un informe sobre los antecedentes que fuesen relevantes para resolver.
Asimismo, se podrÃ¡ solicitar cualquier otro dato, antecedente o informe que se considere necesario.
3. Recibida la copia del expediente y emitidos, en su caso, los informes, se darÃ¡ audiencia a los interesados por un plazo de 15 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la apertura de dicho plazo, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
4. Concluido el trÃ¡mite de audiencia, el Ã³rgano competente para tramitar el procedimiento formularÃ¡ una propuesta de resoluciÃ³n.
5. Formulada la propuesta, el Ã³rgano competente para tramitar deberÃ¡ solicitar un informe del Ã³rgano con funciones de asesoramiento jurÃ­dico sobre la procedencia de que el acto sea declarado lesivo.
CorresponderÃ¡ a la AbogacÃ­a General del Estado-DirecciÃ³n del Servicio JurÃ­dico del Estado elaborar los informes de los expedientes que se incoen para declarar lesivos a los intereses pÃºblicos los actos de la AdministraciÃ³n General del Estado, de sus organismos autÃ³nomos o de los demÃ¡s organismos y entidades pÃºblicas a los que asista jurÃ­dicamente.
6. Una vez recibido el informe jurÃ­dico, se remitirÃ¡ una copia cotejada del expediente completo al Ã³rgano competente para resolver.
1. El Ã³rgano competente para resolver dictarÃ¡ la resoluciÃ³n que proceda y, en el caso de declararse la lesividad, la remitirÃ¡ junto con la copia cotejada del expediente administrativo al Ã³rgano encargado de la defensa y representaciÃ³n en juicio de la AdministraciÃ³n autora del acto a fin de proceder a su posterior impugnaciÃ³n en vÃ­a contencioso-administrativa.
2. En el Ã¡mbito de la AdministraciÃ³n General del Estado, la competencia para resolver corresponderÃ¡ al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, que podrÃ¡ delegarla.
Procedimiento para la revocaciÃ³n
1. El procedimiento de revocaciÃ³n se iniciarÃ¡ exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciaciÃ³n por la AdministraciÃ³n competente mediante un escrito que dirigirÃ¡n al Ã³rgano que dictÃ³ el acto. En este caso, la AdministraciÃ³n quedarÃ¡ exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito. El inicio serÃ¡ notificado al interesado.
2. El Ã³rgano competente para acordar el inicio del procedimiento serÃ¡ el superior jerÃ¡rquico del que lo hubiese dictado. El inicio podrÃ¡ ser propuesto, de forma motivada, por el propio Ã³rgano que hubiera dictado el acto o por cualquier otro de la misma AdministraciÃ³n pÃºblica.
3. Los actos de aplicaciÃ³n de los tributos y de imposiciÃ³n de sanciones podrÃ¡n ser revocados conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aunque hayan sido objeto de impugnaciÃ³n en vÃ­a econÃ³mico-administrativa, en tanto no se haya dictado una resoluciÃ³n o un acuerdo de terminaciÃ³n por el tribunal econÃ³mico-administrativo.
Las resoluciones y los acuerdos de terminaciÃ³n dictados por los tribunales econÃ³mico-administrativos, asÃ­ como los actos de aplicaciÃ³n de los tributos y de imposiciÃ³n de sanciones a los que se refieran dichos acuerdos y resoluciones, no serÃ¡n susceptibles de revocaciÃ³n, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 213.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
2. Acordado el inicio del procedimiento, se comunicarÃ¡ esa decisiÃ³n al Ã³rgano proponente, al competente para tramitar y al que dictÃ³ el acto objeto del procedimiento, que deberÃ¡ remitir una copia cotejada del expediente al Ã³rgano competente para tramitar en el plazo de 10 dÃ­as a partir de la recepciÃ³n de la comunicaciÃ³n y a la que acompaÃ±arÃ¡ un informe sobre los antecedentes que fuesen relevantes para resolver y sobre la procedencia de la revocaciÃ³n.
4. Concluido el trÃ¡mite de audiencia, se solicitarÃ¡ informe del Ã³rgano con funciones de asesoramiento jurÃ­dico sobre la procedencia de la revocaciÃ³n.
Emitido el informe, el Ã³rgano competente para tramitar el procedimiento formularÃ¡ la propuesta de resoluciÃ³n al Ã³rgano competente para resolver.
En el Ã¡mbito de competencias del Estado, el acuerdo sobre la revocaciÃ³n deberÃ¡ adoptarse por el director general competente o por el director del departamento de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria competente del que dependa el Ã³rgano que dictÃ³ el acto. Si la revocaciÃ³n se refiere a un acto dictado por un director general o un director de departamento de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, serÃ¡ competente su superior jerÃ¡rquico inmediato.
Procedimiento de rectificaciÃ³n de errores
1. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, junto con el acuerdo de iniciaciÃ³n se notificarÃ¡ la propuesta de rectificaciÃ³n para que el interesado pueda formular alegaciones en el plazo de 15 dÃ­as contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la propuesta.
Cuando la rectificaciÃ³n se realice en beneficio de los interesados, se podrÃ¡ notificar directamente la resoluciÃ³n del procedimiento.
2. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado a instancia del interesado, la AdministraciÃ³n podrÃ¡ resolver directamente lo que proceda cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resoluciÃ³n otros hechos, alegaciones o pruebas que los presentados por el interesado. En el caso contrario, deberÃ¡ notificar la propuesta de resoluciÃ³n para que el interesado pueda alegar lo que convenga a su derecho en el plazo de 15 dÃ­as contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la propuesta.
3. Se podrÃ¡ suspender la ejecuciÃ³n de los actos administrativos sin necesidad de aportar garantÃ­a cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmÃ©tico, material o de hecho.
DevoluciÃ³n de ingresos indebidos
1. TendrÃ¡n derecho a solicitar la devoluciÃ³n de ingresos indebidos las siguientes personas o entidades:
a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran realizado ingresos indebidos en el Tesoro pÃºblico con ocasiÃ³n del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, asÃ­ como los sucesores de unos y otros.
b) AdemÃ¡s de las personas o entidades a que se refiere el pÃ¡rrafo a), la persona o entidad que haya soportado la retenciÃ³n o el ingreso a cuenta repercutido cuando consideren que la retenciÃ³n soportada o el ingreso repercutido lo han sido indebidamente. Si, por el contrario, el ingreso a cuenta que se considere indebido no hubiese sido repercutido, tendrÃ¡n derecho a solicitar la devoluciÃ³n las personas o entidades indicadas en el pÃ¡rrafo a).
c) Cuando el ingreso indebido se refiera a tributos para los cuales exista una obligaciÃ³n legal de repercusiÃ³n, ademÃ¡s de las personas o entidades a que se refiere el pÃ¡rrafo a), la persona o entidad que haya soportado la repercusiÃ³n.
2. TendrÃ¡n derecho a obtener la devoluciÃ³n de los ingresos declarados indebidos las siguientes personas o entidades:
a) Los obligados tributarios y los sujetos infractores que hubieran realizado el ingreso indebido, salvo en los casos previstos en los pÃ¡rrafos b) y c) de este apartado, asÃ­ como los sucesores de unos y otros.
b) La persona o entidad que haya soportado la retenciÃ³n o el ingreso a cuenta, cuando el ingreso indebido se refiera a retenciones soportadas o ingresos a cuenta repercutidos. No procederÃ¡ restituciÃ³n alguna cuando el importe de la retenciÃ³n o ingreso a cuenta declarado indebido hubiese sido deducido en una autoliquidaciÃ³n o hubiese sido tenido en cuenta por la AdministraciÃ³n en una liquidaciÃ³n o en una devoluciÃ³n realizada como consecuencia de la presentaciÃ³n de una comunicaciÃ³n de datos.
Cuando el ingreso a cuenta declarado indebido no hubiese sido repercutido, las personas o entidades indicadas en el pÃ¡rrafo a). No procederÃ¡ restituciÃ³n alguna cuando el importe del ingreso a cuenta hubiese sido deducido en una autoliquidaciÃ³n o hubiese sido tenido en cuenta por la AdministraciÃ³n en una liquidaciÃ³n o en una devoluciÃ³n realizada como consecuencia de la presentaciÃ³n de una comunicaciÃ³n de datos, sin perjuicio de las actuaciones que deba desarrollar el perceptor de la renta para resarcir a la persona o entidad que realizÃ³ el ingreso a cuenta indebido.
c) La persona o entidad que haya soportado la repercusiÃ³n, cuando el ingreso indebido se refiera a tributos que deban ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades. No obstante, Ãºnicamente procederÃ¡ la devoluciÃ³n cuando concurran los siguientes requisitos:
1.Âº Que la repercusiÃ³n del importe del tributo se haya efectuado mediante factura o documento sustitutivo cuando asÃ­ lo establezca la normativa reguladora del tributo.
2.Âº Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido ingresadas. En los tributos en los que el destinatario de las operaciones que haya soportado la repercusiÃ³n tenga derecho a la deducciÃ³n de las cuotas soportadas o satisfechas, se entenderÃ¡ que las cuotas indebidamente repercutidas han sido ingresadas cuando quien las repercutiÃ³ las hubiese consignado debidamente en su autoliquidaciÃ³n del tributo, con independencia del resultado de dicha autoliquidaciÃ³n.
3.Âº Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya devoluciÃ³n se solicita no hayan sido devueltas por la AdministraciÃ³n tributaria a quien se repercutieron o a un tercero.
4.Âº Que el obligado tributario que haya soportado la repercusiÃ³n no tuviese derecho a la deducciÃ³n de las cuotas soportadas. En el caso de que el derecho a la deducciÃ³n fuera parcial, la devoluciÃ³n se limitarÃ¡ al importe que no hubiese resultado deducible.
3. En los supuestos previstos en los pÃ¡rrafos b) y c) del apartado 1, el obligado tributario que hubiese soportado indebidamente la retenciÃ³n o el ingreso a cuenta o la repercusiÃ³n del tributo podrÃ¡ solicitar la devoluciÃ³n del ingreso indebido instando la rectificaciÃ³n de la autoliquidaciÃ³n mediante la que se hubiese realizado el ingreso indebido.
4. Cuando la devoluciÃ³n de dichos ingresos indebidos hubiese sido solicitada por el retenedor o el obligado tributario que repercutiÃ³ las cuotas o hubiese sido acordada en alguno de los procedimientos previstos en el artÃ­culo 15, la devoluciÃ³n se realizarÃ¡ directamente a la persona o entidad que hubiese soportado indebidamente la retenciÃ³n o repercusiÃ³n.
5. Cuando el derecho a la devoluciÃ³n corresponda a los sucesores, se atenderÃ¡ a la normativa especÃ­fica para determinar los legitimados para solicitar la devoluciÃ³n y sus beneficiarios y la cuantÃ­a que a cada uno corresponda.
1. El derecho a obtener la devoluciÃ³n de ingresos indebidos podrÃ¡ reconocerse:
a) En el procedimiento para el reconocimiento del derecho regulado en la secciÃ³n 2.Âª de este capÃ­tulo, cuando se trate de los supuestos previstos en el artÃ­culo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
b) En un procedimiento especial de revisiÃ³n.
c) En virtud de la resoluciÃ³n de un recurso administrativo o reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa o en virtud de una resoluciÃ³n judicial firmes.
d) En un procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos.
e) En un procedimiento de rectificaciÃ³n de autoliquidaciÃ³n a instancia del obligado tributario o de otros obligados en el supuesto previsto en el apartado 3 del artÃ­culo anterior.
2. El procedimiento para la devoluciÃ³n de ingresos indebidos mediante el empleo de efectos timbrados se regularÃ¡ mediante orden del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
La cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estarÃ¡ constituida por la suma de las siguientes cantidades:
c) El interÃ©s de demora vigente a lo largo del periodo en que resulte exigible, sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 32.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
SecciÃ³n 2.Âª Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devoluciÃ³n de ingresos indebidos en los supuestos del artÃ­culo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
1. En los supuestos previstos en el artÃ­culo 221.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devoluciÃ³n de ingresos indebidos podrÃ¡ iniciarse de oficio o a instancia del interesado.
2. Cuando el procedimiento se inicie a instancia del interesado, la solicitud deberÃ¡ dirigirse al Ã³rgano competente para resolver y, ademÃ¡s de las menciones a que se refiere el artÃ­culo 2 de este reglamento, contendrÃ¡ los siguientes datos:
a) JustificaciÃ³n del ingreso indebido. A la solicitud se adjuntarÃ¡n los documentos que acrediten el derecho a la devoluciÃ³n, asÃ­ como cuantos elementos de prueba considere oportunos a tal efecto. Los justificantes de ingreso podrÃ¡n sustituirse por la menciÃ³n exacta de los datos identificativos del ingreso realizado, entre ellos, la fecha y el lugar del ingreso y su importe.
b) DeclaraciÃ³n expresa del medio elegido por el que haya de realizarse la devoluciÃ³n, de entre los seÃ±alados por la AdministraciÃ³n competente.
Si la AdministraciÃ³n competente no hubiera seÃ±alado medios para efectuar la devoluciÃ³n, el beneficiario podrÃ¡ optar por:
1.Âº Transferencia bancaria, indicando el nÃºmero de cÃ³digo de cuenta y los datos identificativos de la entidad de crÃ©dito.
Si el beneficiario de la devoluciÃ³n no hubiera seÃ±alado medio de pago, se efectuarÃ¡ mediante cheque.
c) En su caso, una solicitud de compensaciÃ³n, en los tÃ©rminos previstos en el Reglamento General de RecaudaciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
3. Cuando el procedimiento se inicie de oficio, se notificarÃ¡ al interesado el acuerdo de iniciaciÃ³n.
Cuando los datos en poder de la AdministraciÃ³n tributaria sean suficientes para formular la propuesta de resoluciÃ³n, el procedimiento podrÃ¡ iniciarse mediante la notificaciÃ³n de dicha propuesta.
1. En la tramitaciÃ³n del expediente, el Ã³rgano competente de la AdministraciÃ³n tributaria comprobarÃ¡ las circunstancias que, en su caso, determinen el derecho a la devoluciÃ³n, la realidad del ingreso y su no devoluciÃ³n posterior, asÃ­ como la titularidad del derecho y la cuantÃ­a de la devoluciÃ³n.
2. El Ã³rgano competente para la tramitaciÃ³n podrÃ¡ solicitar los informes que considere necesarios.
3. Con carÃ¡cter previo a la resoluciÃ³n, la AdministraciÃ³n tributaria deberÃ¡ notificar al obligado tributario la propuesta de resoluciÃ³n para que en un plazo de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n, presente las alegaciones y los documentos y justificantes que estime necesarios.
Se podrÃ¡ prescindir de dicho trÃ¡mite cuando no se tengan en cuenta otros hechos o alegaciones que las realizadas por el obligado tributario o cuando la cuantÃ­a propuesta a devolver sea igual a la solicitada, excluidos los intereses de demora.
4. Finalizadas las actuaciones, el Ã³rgano competente para la tramitaciÃ³n elevarÃ¡ al Ã³rgano competente para resolver la propuesta de resoluciÃ³n.
1. En el Ã¡mbito de competencias del Estado, la competencia para resolver corresponderÃ¡ al Ã³rgano de recaudaciÃ³n que se determine en la norma de organizaciÃ³n especÃ­fica.
2. El Ã³rgano competente para resolver dictarÃ¡ una resoluciÃ³n motivada en la que, si procede, se acordarÃ¡ el derecho a la devoluciÃ³n, se determinarÃ¡ el titular del derecho y el importe de la devoluciÃ³n.
3. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el interesado podrÃ¡ entender desestimada su solicitud por silencio administrativo transcurrido el plazo mÃ¡ximo de seis meses sin haberse notificado la resoluciÃ³n expresa.
SecciÃ³n 3.Âª EjecuciÃ³n de la devoluciÃ³n de ingresos indebidos
Reconocido el derecho a la devoluciÃ³n mediante cualquiera de los procedimientos previstos en el artÃ­culo 15 o cuando mediante ley se declare la condonaciÃ³n de una deuda o sanciÃ³n, se procederÃ¡ a la inmediata ejecuciÃ³n de la devoluciÃ³n.
Recurso de reposiciÃ³n
1. Al interponer el recurso de reposiciÃ³n, el interesado harÃ¡ constar que no ha impugnado el mismo acto en la vÃ­a econÃ³mico-administrativa.
Si pese a ello se acreditase la existencia de una reclamaciÃ³n sobre el mismo asunto y anterior al recurso de reposiciÃ³n, se declararÃ¡ la inadmisiÃ³n de este Ãºltimo y se remitirÃ¡ el expediente que pueda existir al tribunal econÃ³mico-administrativo que estÃ© tramitando la reclamaciÃ³n.
2. Los tribunales econÃ³mico-administrativos declararÃ¡n inadmisible toda reclamaciÃ³n relativa a cualquier acto de la AdministraciÃ³n cuando conste que dicho acto ha sido previamente impugnado mediante recurso de reposiciÃ³n y que este no ha sido resuelto expresamente y no puede entenderse desestimado por silencio administrativo. En este supuesto, el Ã³rgano administrativo que haya dictado el acto reclamable remitirÃ¡ al tribunal competente una copia del escrito de interposiciÃ³n del recurso de reposiciÃ³n y de la reclamaciÃ³n junto con una diligencia en la que se ponga de manifiesto la existencia del recurso de reposiciÃ³n y, por tanto, la no procedencia de la remisiÃ³n del expediente correspondiente. El tribunal podrÃ¡ solicitar la documentaciÃ³n complementaria que considere necesaria para determinar la procedencia de la inadmisiÃ³n.
La interposiciÃ³n del recurso de reposiciÃ³n interrumpe los plazos para el ejercicio de otros recursos, que volverÃ¡n a contarse desde su inicio a partir del dÃ­a siguiente a aquel en que el recurso de reposiciÃ³n pueda entenderse presuntamente desestimado o, en cualquier caso, a partir del dÃ­a siguiente a la fecha en que se hubiera practicado la notificaciÃ³n expresa de la resoluciÃ³n del recurso.
SecciÃ³n 1.Âª IniciaciÃ³n
1. El escrito de interposiciÃ³n deberÃ¡ incluir las alegaciones que el interesado formule tanto sobre cuestiones de hecho como de derecho. A dicho escrito se acompaÃ±arÃ¡n los documentos que sirvan de base a la pretensiÃ³n que se ejercite.
2. Cuando se solicite la suspensiÃ³n del acto impugnado al tiempo de presentar el recurso, al escrito de iniciaciÃ³n del recurso deberÃ¡ acompaÃ±arse el documento en que se formalice la garantÃ­a constituida de entre las seÃ±aladas en el artÃ­culo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Si el interesado desea examinar el expediente administrativo para formular sus alegaciones, deberÃ¡ comparecer a tal objeto ante el Ã³rgano actuante a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n del acto administrativo que se impugna y antes de que finalice el plazo de interposiciÃ³n del recurso.
En este supuesto, el Ã³rgano competente tendrÃ¡ la obligaciÃ³n de poner de manifiesto el contenido del expediente estrictamente relacionado con el acto objeto de impugnaciÃ³n o la documentaciÃ³n relativa a las actuaciones administrativas concretas que hayan sido expresamente solicitadas y guarden relaciÃ³n con el acto impugnado.
Una vez presentado el recurso no se podrÃ¡ ejercer el derecho a examinar el expediente a efectos de formular alegaciones.
SecciÃ³n 2.Âª TramitaciÃ³n
1. La mera interposiciÃ³n del recurso de reposiciÃ³n no suspenderÃ¡ la ejecuciÃ³n del acto impugnado.
No obstante, a solicitud del interesado se suspenderÃ¡ la ejecuciÃ³n del acto impugnado en los siguientes supuestos:
a) Cuando se aporte alguna de las garantÃ­as previstas en el artÃ­culo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los tÃ©rminos previstos en este artÃ­culo.
b) Sin necesidad de aportar garantÃ­a, cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmÃ©tico, material o de hecho.
c) TratÃ¡ndose de sanciones que hayan sido objeto de recurso de reposiciÃ³n, su ejecuciÃ³n quedarÃ¡ automÃ¡ticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantÃ­as hasta que sean firmes en vÃ­a administrativa.
2. La solicitud de suspensiÃ³n con aportaciÃ³n de las garantÃ­as que seÃ±ala el artÃ­culo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, suspenderÃ¡ el procedimiento de recaudaciÃ³n relativo al acto recurrido.
El recurrente podrÃ¡ solicitar la suspensiÃ³n cuyos efectos se limitarÃ¡n al recurso de reposiciÃ³n.
Las garantÃ­as que se constituyan podrÃ¡n extender su eficacia, en su caso, a la vÃ­a econÃ³mico-administrativa posterior. En este caso, la garantÃ­a mantendrÃ¡ sus efectos en el procedimiento econÃ³mico-administrativo en todas sus instancias.
Asimismo, si el interesado lo considera conveniente, y sin perjuicio de la decisiÃ³n que adopte el Ã³rgano judicial en la pieza de medidas cautelares, la suspensiÃ³n podrÃ¡ solicitarse con extensiÃ³n de sus efectos a la vÃ­a contencioso-administrativa.
3. La garantÃ­a deberÃ¡ cubrir el importe del acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensiÃ³n y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de suspensiÃ³n.
Cuando la garantÃ­a consista en depÃ³sito de dinero o valores pÃºblicos, los intereses de demora serÃ¡n los correspondientes a un mes si cubre sÃ³lo el recurso de reposiciÃ³n. Si extendiese sus efectos a la vÃ­a econÃ³mico-administrativa, deberÃ¡ cubrir ademÃ¡s el plazo de seis meses si el procedimiento de la reclamaciÃ³n es el abreviado, de un aÃ±o si el procedimiento de la reclamaciÃ³n es el general y de dos aÃ±os si la resoluciÃ³n es susceptible de recurso de alzada ordinario.
4. La solicitud de suspensiÃ³n se presentarÃ¡ ante el Ã³rgano que dictÃ³ el acto, que serÃ¡ competente para tramitarla y resolverla.
5. La solicitud de suspensiÃ³n deberÃ¡ ir necesariamente acompaÃ±ada del documento en que se formalice la garantÃ­a aportada, constituida a disposiciÃ³n del Ã³rgano competente a que se refiere el apartado anterior. Cuando la solicitud no se acompaÃ±e de la garantÃ­a a que se refiere el artÃ­culo 224.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aquella no surtirÃ¡ efectos suspensivos y se tendrÃ¡ por no presentada a todos los efectos. En este supuesto se procederÃ¡ al archivo de la solicitud y a su notificaciÃ³n al interesado.
Si, posteriormente, la resoluciÃ³n que recayese en el recurso de reposiciÃ³n fuese objeto de reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa y la suspensiÃ³n hubiese extendido sus efectos a dicha vÃ­a, el documento en que se formalice la garantÃ­a deberÃ¡ ser puesto a disposiciÃ³n del Ã³rgano competente para la recaudaciÃ³n del acto objeto de reclamaciÃ³n por parte del Ã³rgano que dictÃ³ el acto.
El documento en que se formalice la garantÃ­a deberÃ¡ incorporar las firmas de los otorgantes legitimadas por un fedatario pÃºblico, por comparecencia ante la AdministraciÃ³n autora del acto o generadas mediante un mecanismo de autenticaciÃ³n electrÃ³nica. Dicho documento podrÃ¡ ser sustituido por su imagen electrÃ³nica con su misma validez y eficacia, siempre que el proceso de digitalizaciÃ³n garantice su autenticidad e integridad.
6. Si la solicitud acredita la existencia del recurso de reposiciÃ³n y adjunta garantÃ­a bastante, la suspensiÃ³n se entenderÃ¡ acordada a partir de la fecha de la solicitud y dicha circunstancia deberÃ¡ notificarse al interesado.
7. Cuando sea necesaria la subsanaciÃ³n de defectos del documento en que se formalice la garantÃ­a de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 2.2 y aquellos hayan sido subsanados, el Ã³rgano competente acordarÃ¡ la suspensiÃ³n con efectos desde la solicitud. El acuerdo de suspensiÃ³n deberÃ¡ ser notificado al interesado.
Cuando el requerimiento de subsanaciÃ³n haya sido objeto de contestaciÃ³n en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, procederÃ¡ la denegaciÃ³n de la suspensiÃ³n.
8. Cuando se solicite la suspensiÃ³n en un momento posterior a la interposiciÃ³n del recurso, los efectos suspensivos se producirÃ¡n, de concurrir los requisitos expuestos en los apartados anteriores, a partir del momento de presentaciÃ³n de la solicitud.
9. Cuando en los supuestos de estimaciÃ³n parcial de un recurso deba dictarse una nueva liquidaciÃ³n, la garantÃ­a aportada quedarÃ¡ afecta al pago de la nueva cuota o cantidad resultante y de los intereses de demora calculados de acuerdo con el artÃ­culo 26.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
10. Si en el momento de solicitarse la suspensiÃ³n la deuda se encontrara en periodo voluntario de ingreso, con la notificaciÃ³n de su denegaciÃ³n se iniciarÃ¡ el plazo previsto en el artÃ­culo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para que dicho ingreso sea realizado.
De realizarse el ingreso en dicho plazo, procederÃ¡ la liquidaciÃ³n de los intereses de demora devengados a partir del dÃ­a siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificaciÃ³n de la denegaciÃ³n. De no realizarse el ingreso, los intereses se liquidarÃ¡n hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio de los que puedan devengarse con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
Si en el momento de solicitarse la suspensiÃ³n la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la notificaciÃ³n del acuerdo de denegaciÃ³n implicarÃ¡ que deba iniciarse el procedimiento de apremio en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de no haberse iniciado con anterioridad a dicha notificaciÃ³n.
11. Las resoluciones denegatorias de la suspensiÃ³n serÃ¡n susceptibles de reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa ante el tribunal al que corresponderÃ­a resolver la impugnaciÃ³n del acto cuya suspensiÃ³n se solicita.
12. Los casos de suspensiÃ³n regulados en una norma especÃ­fica se regirÃ¡n por lo establecido en ella.
1. Si durante la tramitaciÃ³n del procedimiento se advierte la existencia de otros titulares de derechos o intereses legÃ­timos que no hayan comparecido en aquel, se les notificarÃ¡ la existencia del recurso para que formulen alegaciones en el plazo de 10 dÃ­as contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n.
2. Si el Ã³rgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrÃ¡ a los que estuvieren personados en el procedimiento y les concederÃ¡ un plazo de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la apertura de dicho plazo, para que formulen alegaciones.
SecciÃ³n 3.Âª ResoluciÃ³n
La resoluciÃ³n expresa que se dicte deberÃ¡ ser notificada al recurrente y a los demÃ¡s interesados, si los hubiera.
SecciÃ³n 1.Âª OrganizaciÃ³n y competencias
1. El Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central tendrÃ¡ su sede en Madrid y extenderÃ¡ su competencia a todo el territorio nacional.
2. ExistirÃ¡n los siguientes tribunales econÃ³mico-administrativos regionales y locales, cada uno con competencia sobre el territorio de su respectiva comunidad autÃ³noma o ciudad con Estatuto de AutonomÃ­a:
a) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de AndalucÃ­a, con sede en Sevilla.
b) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de AragÃ³n, con sede en Zaragoza.
c) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional del Principado de Asturias, con sede en Oviedo.
d) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de las Illes Balears, con sede en Palma de Mallorca.
e) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
f) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Cantabria, con sede en Santander.
g) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo.
h) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Castilla y LeÃ³n, con sede en Valladolid.
i) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de CataluÃ±a, con sede en Barcelona.
j) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Extremadura, con sede en Badajoz.
k) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Galicia, con sede en A CoruÃ±a.
l) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Madrid, con sede en Madrid.
m) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de la RegiÃ³n de Murcia, con sede en Murcia.
n) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Navarra, con sede en Pamplona.
Ã±) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional del PaÃ­s Vasco, con sede en Bilbao.
o) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de La Rioja, con sede en LogroÃ±o.
p) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia.
q) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Local de Ceuta, con sede en Ceuta.
r) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Local de Melilla, con sede en Melilla.
3. ExistirÃ¡n las siguientes salas desconcentradas de los tribunales econÃ³mico-administrativos regionales:
a) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de AndalucÃ­a: Sala de Granada, con sede en Granada, con competencia sobre las provincias de AlmerÃ­a, Granada y JaÃ©n.
b) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de AndalucÃ­a: Sala de MÃ¡laga, con sede en MÃ¡laga, con competencia sobre dicha provincia.
c) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Canarias: Sala de Santa Cruz de Tenerife, con sede en Santa Cruz de Tenerife, con competencia sobre la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
d) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de Castilla y LeÃ³n: Sala de Burgos, con sede en Burgos, con competencia sobre las provincias de Ãvila, Burgos, Segovia y Soria.
e) Tribunal EconÃ³mico-administrativo Regional de la Comunidad Valenciana: Sala de Alicante/Alacant, con sede en Alicante, con competencia sobre dicha provincia.
4. Las salas desconcentradas extenderÃ¡n su competencia sobre toda la materia econÃ³mico-administrativa, incluida la relativa a suspensiones.
5. El pleno, las salas y los Ã³rganos unipersonales de cada tribunal podrÃ¡n constituirse y ejercer sus competencias en cualquiera de las oficinas de los tribunales en el territorio nacional. Las resoluciones que dicten se entenderÃ¡n adoptadas a los efectos de recursos en la sede que tenga atribuida cada tribunal o sala desconcentrada.
6. Cada tribunal econÃ³mico-administrativo regional tendrÃ¡ una dependencia provincial en cada capital de provincia de su Ã¡mbito territorial que no sea sede del respectivo tribunal o de sus salas desconcentradas. AdemÃ¡s, existirÃ¡n dependencias locales en las siguientes ciudades:
a) Cartagena, cuyo Ã¡mbito territorial coincidirÃ¡ con el de la DelegaciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria de Cartagena.
b) GijÃ³n, cuyo Ã¡mbito territorial coincidirÃ¡ con el de la DelegaciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria de GijÃ³n.
c) Jerez de la Frontera, cuyo Ã¡mbito territorial coincidirÃ¡ con el de la DelegaciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria de Jerez de la Frontera y con las de las Administraciones de la Agencia de El Puerto de Santa MarÃ­a, SanlÃºcar de Barrameda y Ubrique.
d) Vigo, cuyo Ã¡mbito territorial coincidirÃ¡ con el de la DelegaciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria de Vigo.
7. Las dependencias provinciales tendrÃ¡n competencia sobre el territorio de la respectiva provincia o sobre la parte del territorio en que no se extienda la competencia de la dependencia local correspondiente.
8. Por orden del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda se podrÃ¡n crear o suprimir salas desconcentradas o dependencias provinciales o locales, asÃ­ como modificar su sede y competencia territorial.
ArtÃ­culo 29. El Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central.
1. El Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central funcionarÃ¡ en pleno, en salas y de forma unipersonal.
El pleno estarÃ¡ formado por el presidente, todos los vocales y el Secretario General.
Las salas estarÃ¡n formadas por el presidente del tribunal, uno o mÃ¡s vocales y el Secretario General.
2. El presidente serÃ¡ nombrado y separado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, entre funcionarios de reconocido prestigio en el Ã¡mbito tributario y tendrÃ¡ la categorÃ­a de director general del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.
Los vocales serÃ¡n nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, entre funcionarios de los cuerpos que se indiquen en la relaciÃ³n de puestos de trabajo y tendrÃ¡n la condiciÃ³n de subdirectores generales del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.
3. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente del tribunal serÃ¡ sustituido por el vocal mÃ¡s antiguo del pleno. En cada sala, el presidente del tribunal serÃ¡ sustituido por el vocal mÃ¡s antiguo de los que formen la sala.
4. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o por otra causa legal que afecte a alguno de los vocales, el presidente podrÃ¡ asignar sus asuntos a otro vocal de la misma sala.
5. El presidente fijarÃ¡ mediante acuerdo la creaciÃ³n, composiciÃ³n y supresiÃ³n de las salas, el reparto de atribuciones entre estas y el pleno y la distribuciÃ³n de asuntos entre las salas.
6. CorresponderÃ¡ a los vocales proponer las resoluciones y demÃ¡s acuerdos de terminaciÃ³n en el procedimiento general econÃ³mico-administrativo, asÃ­ como aquellas otras tareas que les sean expresamente asignadas por el presidente.
AdemÃ¡s de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, tambiÃ©n ejercerÃ¡n las competencias que les correspondan como Ã³rganos unipersonales.
7. El Secretario General procederÃ¡ del Cuerpo de Abogados del Estado y serÃ¡ asistido o sustituido en el ejercicio de sus funciones por funcionarios pertenecientes tambiÃ©n a dicho cuerpo.
Corresponde al Secretario General la direcciÃ³n y coordinaciÃ³n de la tramitaciÃ³n de las reclamaciones econÃ³mico-administrativas, dictar los actos de trÃ¡mite y de notificaciÃ³n e impulsar de oficio el procedimiento, asÃ­ como aquellas otras tareas que le sean expresamente atribuidas por el presidente.
AdemÃ¡s de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, tambiÃ©n ejercerÃ¡ las competencias que le correspondan como Ã³rgano unipersonal.
8. Todos los miembros del pleno o de las salas estÃ¡n obligados a asistir a las sesiones a las que sean convocados y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopciÃ³n de acuerdos o resoluciones. Los acuerdos serÃ¡n adoptados por mayorÃ­a entre los asistentes, con voto de calidad del presidente en el caso de empate. Ninguno de los asistentes podrÃ¡ abstenerse de votar y el que disienta de la mayorÃ­a podrÃ¡ formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas. El voto particular se incorporarÃ¡ al expediente y deberÃ¡ hacerse menciÃ³n a Ã©l en la resoluciÃ³n de la reclamaciÃ³n.
9. Todos los miembros del pleno o de las salas, asÃ­ como los Ã³rganos unipersonales, ejercerÃ¡n con total independencia, y bajo su responsabilidad, las funciones que tengan legalmente atribuidas y las restantes que les pueda asignar el presidente.
10. En el Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central existirÃ¡n ponentes que actuarÃ¡n bajo la direcciÃ³n de los vocales y, en su caso, de los Ã³rganos unipersonales. Estas funciones tambiÃ©n podrÃ¡n ser desempeÃ±adas respecto de otros tribunales econÃ³mico-administrativos distintos, cuando asÃ­ lo disponga el presidente del Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central.
1. Los tribunales econÃ³mico-administrativos regionales y locales funcionarÃ¡n en pleno, en salas y en salas desconcentradas, en su caso, y de forma unipersonal.
El pleno estarÃ¡ formado por el presidente, los presidentes de sala y de sala desconcentrada, en su caso, los vocales y el secretario del tribunal.
Las salas del tribunal estarÃ¡n formadas por el presidente del tribunal, el de la sala competente segÃºn resulte del reparto de atribuciones conforme al apartado 6, uno o mÃ¡s vocales, segÃºn proceda, y el secretario.
Las salas desconcentradas estarÃ¡n formadas por su presidente, uno o mÃ¡s vocales, segÃºn proceda, y el secretario de la sala.
2. El presidente, los presidentes de sala desconcentrada, los presidentes de sala y los vocales serÃ¡n nombrados y separados por orden del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda entre funcionarios de los cuerpos que se indiquen en la relaciÃ³n de puestos de trabajo. Se nombrarÃ¡n presidentes de sala cuando el nÃºmero de reclamaciones o alguna otra circunstancia lo aconseje, y presidentes de sala desconcentrada cuando esta se haya creado.
3. Los funcionarios procedentes de las comunidades autÃ³nomas que con tal carÃ¡cter participen en los tribunales econÃ³mico-administrativos regionales del Estado serÃ¡n nombrados por orden del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda a propuesta de la respectiva comunidad autÃ³noma en los puestos de vocales o ponentes que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo. Dichos funcionarios desempeÃ±arÃ¡n las mismas funciones y en idÃ©ntico rÃ©gimen que los restantes vocales de los tribunales.
4. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente del tribunal serÃ¡ sustituido por el presidente de sala o, en su defecto, por el vocal mÃ¡s antiguo del pleno o de la respectiva sala. Los presidentes de sala y de sala desconcentrada lo serÃ¡n por el vocal mÃ¡s antiguo de cada una de ellas.
5. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a alguno de los presidentes de sala o vocales, el presidente del tribunal o de la sala desconcentrada podrÃ¡ encomendar el ejercicio de sus funciones a otro vocal de la misma sala.
6. El presidente fijarÃ¡ mediante acuerdo la creaciÃ³n, composiciÃ³n y supresiÃ³n de las salas, el reparto de atribuciones entre estas y el pleno y la distribuciÃ³n de asuntos entre las salas.
7. Los presidentes de los tribunales econÃ³mico-administrativos regionales, locales y de salas desconcentradas ejercerÃ¡n las funciones de direcciÃ³n orgÃ¡nica y funcional y las demÃ¡s previstas en este reglamento, y serÃ¡n los responsables superiores de todo el personal, sin perjuicio de la direcciÃ³n del presidente del correspondiente tribunal regional respecto a las salas desconcentradas.
8. CorresponderÃ¡ a los vocales del tribunal proponer las resoluciones y demÃ¡s acuerdos de terminaciÃ³n en el procedimiento general econÃ³mico-administrativo, asÃ­ como las restantes tareas que les sean encomendadas por el presidente del tribunal o de la sala desconcentrada, segÃºn corresponda.
9. Los secretarios de los tribunales procederÃ¡n del Cuerpo de Abogados del Estado y serÃ¡n asistidos o sustituidos en el ejercicio de sus funciones por funcionarios pertenecientes tambiÃ©n a dicho cuerpo.
Corresponde a los secretarios de los tribunales la direcciÃ³n y coordinaciÃ³n de la tramitaciÃ³n de las reclamaciones econÃ³mico-administrativas, dictar los actos de trÃ¡mite y de notificaciÃ³n e impulsar de oficio el procedimiento, asÃ­ como aquellas otras tareas que les sean encomendadas por el presidente. En los casos en que existan salas desconcentradas, las anteriores funciones serÃ¡n realizadas por su secretario, sin perjuicio de la direcciÃ³n del secretario del correspondiente tribunal econÃ³mico-administrativo regional y de que la atribuciÃ³n de tareas sea competencia del presidente de la sala desconcentrada.
10. Los Ã³rganos competentes ubicados en localidades donde no radique la sede del tribunal o de sus salas desconcentradas ejercerÃ¡n las funciones que les delegue el secretario del tribunal o de la sala desconcentrada, asÃ­ como aquellas tareas que les sean encomendadas por el presidente del tribunal o de la sala desconcentrada.
11. Todos los miembros del pleno o de las salas estÃ¡n obligados a asistir a las sesiones a las que sean convocados y a participar en las deliberaciones necesarias para la adopciÃ³n de acuerdos o resoluciones. Los acuerdos serÃ¡n adoptados por mayorÃ­a entre los asistentes y con voto de calidad del presidente en el caso de empate. Ninguno de los asistentes podrÃ¡ abstenerse de votar y el que disienta de la mayorÃ­a podrÃ¡ formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas. El voto se incorporarÃ¡ al expediente y deberÃ¡ hacerse menciÃ³n a Ã©l en la resoluciÃ³n de la reclamaciÃ³n.
12. Todos los miembros del pleno o de las salas, asÃ­ como los Ã³rganos unipersonales, ejercerÃ¡n con total independencia, y bajo su responsabilidad, las funciones que tengan legalmente atribuidas y las restantes que les pueda encomendar el presidente del tribunal o el presidente de la sala desconcentrada.
13. En los tribunales econÃ³mico-administrativos regionales y locales existirÃ¡n ponentes que actuarÃ¡n bajo la direcciÃ³n de los vocales y, en su caso, de los Ã³rganos unipersonales. Estas funciones tambiÃ©n podrÃ¡n ser desempeÃ±adas respecto de otros tribunales econÃ³mico-administrativos cuando asÃ­ lo disponga el presidente del Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central.
Conforme a lo establecido en la disposiciÃ³n adicional decimotercera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la sala especial del tribunal econÃ³mico-administrativo regional que pueda crearse en virtud de un convenio entre el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda y la consejerÃ­a competente de la comunidad autÃ³noma estarÃ¡ presidida por el presidente del tribunal e integrada por el secretario del tribunal y un nÃºmero idÃ©ntico de vocales del tribunal econÃ³mico-administrativo regional y de miembros del Ã³rgano econÃ³mico-administrativo de la comunidad autÃ³noma respectiva.
En el resto de las cuestiones, la actuaciÃ³n de esta sala se regularÃ¡ por lo establecido para las reclamaciones econÃ³mico-administrativas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en este reglamento.
1. En el procedimiento abreviado ante Ã³rganos unipersonales, a los efectos de su tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de Ã³rganos unipersonales de cada tribunal y de cada sala desconcentrada los que sean designados por acuerdo del presidente del Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central entre los funcionarios que estuviesen destinados en tales tribunales o salas, a propuesta de sus respectivos presidentes.
En cada tribunal o sala desconcentrada podrÃ¡n existir varios Ã³rganos unipersonales. El acuerdo de nombramiento de los citados Ã³rganos unipersonales fijarÃ¡ la distribuciÃ³n de materias y asuntos entre ellos.
2. A los efectos de declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario de revisiÃ³n previsto en el artÃ­culo 244 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de Ã³rganos unipersonales los vocales y el Secretario General del Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central.
3. A los efectos de dictar una resoluciÃ³n sobre cuestiones incidentales o declarativa de la inadmisibilidad y de dictar el acuerdo de archivo de las actuaciones, tanto en el procedimiento general como en el abreviado, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de Ã³rganos unipersonales de cada tribunal y de cada sala desconcentrada el presidente, los vocales y el secretario de estos.
1. El presidente de la Sala Especial para la UnificaciÃ³n de Doctrina designarÃ¡ en el acuerdo mediante el que convoque su celebraciÃ³n a los vocales del Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central que deban formar parte de ella.
2. CorresponderÃ¡ al miembro de la sala que en cada caso designe el presidente de la Sala Especial proponer las resoluciones y demÃ¡s acuerdos de terminaciÃ³n.
3. Corresponde al Secretario General del Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central la direcciÃ³n y coordinaciÃ³n de la tramitaciÃ³n del recurso extraordinario para la unificaciÃ³n de doctrina, dictar los actos de trÃ¡mite y de notificaciÃ³n e impulsar de oficio el procedimiento, asÃ­ como desempeÃ±ar la secretarÃ­a de la Sala Especial.
1. De cada sesiÃ³n que celebren los Ã³rganos colegiados se levantarÃ¡ un acta, que contendrÃ¡ la identificaciÃ³n de los asistentes, el lugar y la duraciÃ³n de la sesiÃ³n, la menciÃ³n de los expedientes analizados, el resultado de las votaciones y el sentido de las resoluciones y de los demÃ¡s acuerdos de terminaciÃ³n.
2. Las actas se aprobarÃ¡n en la misma o posterior sesiÃ³n, se firmarÃ¡n por el secretario con el visto bueno del presidente y se conservarÃ¡n correlativamente numeradas en la secretarÃ­a de cada Ã³rgano colegiado.
3. Se considerarÃ¡n como sesiones distintas, aunque se desarrollen el mismo dÃ­a, cada reuniÃ³n que celebren los tribunales con asistencia de distintos componentes. De cada reuniÃ³n se levantarÃ¡ un acta por separado.
SecciÃ³n 2.Âª CuantÃ­a y acumulaciÃ³n de las reclamaciones
1. La cuantÃ­a de la reclamaciÃ³n serÃ¡ el importe del componente o de la suma de los componentes de la deuda tributaria a que se refiere el artÃ­culo 58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean objeto de impugnaciÃ³n, o, en su caso, la cuantÃ­a del acto o actuaciÃ³n de otra naturaleza objeto de la reclamaciÃ³n. Si lo impugnado fuese una base imponible o un acto de valoraciÃ³n y no se hubiese practicado la correspondiente liquidaciÃ³n, la cuantÃ­a de la reclamaciÃ³n serÃ¡ el importe de aquellos.
2. Cuando en el documento en el que se consigne el acto administrativo objeto de la impugnaciÃ³n se incluyan varias deudas, bases, valoraciones o actos de otra naturaleza, se considerarÃ¡ como cuantÃ­a de la reclamaciÃ³n interpuesta la de la deuda, base, valoraciÃ³n o acto de mayor importe que se impugne, sin que a estos efectos proceda la suma de todos los consignados en el documento.
3. En las reclamaciones por actuaciones u omisiones de los particulares, la cuantÃ­a serÃ¡ la cantidad que debiÃ³ ser objeto de retenciÃ³n, ingreso a cuenta, repercusiÃ³n, consignaciÃ³n en factura o documento sustitutivo, o la mayor de ellas, sin que a estos efectos proceda la suma de todas en el supuesto de que concurran varias.
4. Se consideran de cuantÃ­a indeterminada los actos dictados en un procedimiento o las actuaciones u omisiones de particulares que no contengan ni se refieran a una cuantificaciÃ³n econÃ³mica.
5. En los casos de acumulaciÃ³n previstos en el ar-tÃ­culo 230 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la cuantÃ­a de la reclamaciÃ³n serÃ¡ la que corresponda a la de mayor cuantÃ­a de las acumuladas, determinada segÃºn las reglas de los apartados anteriores. A estos efectos, la acumulaciÃ³n atenderÃ¡ al Ã¡mbito territorial de cada tribunal econÃ³mico-administrativo regional o local o sala desconcentrada.
De acuerdo con el artÃ­culo 229 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, sobre las competencias de los tribunales econÃ³mico-administrativos, podrÃ¡ interponerse recurso de alzada ordinario cuando la cuantÃ­a de la reclamaciÃ³n, calculada conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo anterior, supere 150.000 euros, o 1.800.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones. Si el acto o actuaciÃ³n fuese de cuantÃ­a indeterminada, podrÃ¡ interponerse recurso de alzada ordinario en todo caso.
1. El tribunal, en cualquier momento previo a la terminaciÃ³n, de oficio o a solicitud del interesado, acordarÃ¡ la acumulaciÃ³n o la desacumulaciÃ³n, sin que en ningÃºn caso se retrotraigan las actuaciones ya producidas o iniciadas en la fecha del acuerdo o de la solicitud.
Se entenderÃ¡ que se ha solicitado la acumulaciÃ³n cuando el interesado interponga una Ãºnica reclamaciÃ³n que incluya varias deudas, bases, valoraciones, actos o actuaciones y cuando varios interesados reclamen en un mismo escrito.
2. Denegada la acumulaciÃ³n o producida la desacumulaciÃ³n, cada reclamaciÃ³n proseguirÃ¡ su propia tramitaciÃ³n, con envÃ­o de la desacumulada al tribunal competente si fuese otro, y sin que sea necesario un nuevo escrito de interposiciÃ³n, ratificaciÃ³n o convalidaciÃ³n. En cada uno de los nuevos expedientes se consignarÃ¡ una copia cotejada de todo lo actuado hasta la desacumulaciÃ³n.
SecciÃ³n 3.Âª Interesados
Cuando en el procedimiento se plantee la personaciÃ³n de un posible interesado en virtud de lo previsto en el artÃ­culo 232.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y no resulte evidente su derecho, su interÃ©s legÃ­timo o que pudiese resultar afectado por la resoluciÃ³n que se dicte, se actuarÃ¡ conforme a lo dispuesto en este artÃ­culo mediante la apertura de la correspondiente pieza separada.
Se abrirÃ¡ un plazo comÃºn de alegaciones de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la apertura de dicho plazo, respecto de todos los interesados en el procedimiento y respecto de aquel del que no resulta evidente tal condiciÃ³n.
Transcurrido el plazo a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, el tribunal resolverÃ¡ lo que proceda en atenciÃ³n a lo alegado y a la documentaciÃ³n que pueda obrar en el expediente.
La resoluciÃ³n que se dicte podrÃ¡ ser objeto de recurso contencioso-administrativo.
SecciÃ³n 4.Âª SuspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n del acto impugnado en la vÃ­a econÃ³mico-administrativa
1. La mera interposiciÃ³n de una reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa no suspenderÃ¡ la ejecuciÃ³n del acto impugnado, salvo que se haya interpuesto previamente un recurso de reposiciÃ³n en el que se haya acordado la suspensiÃ³n con aportaciÃ³n de garantÃ­as cuyos efectos alcancen a la vÃ­a econÃ³mico-administrativa.
2. No obstante, a solicitud del interesado se suspenderÃ¡ la ejecuciÃ³n del acto impugnado en los siguientes supuestos:
a) Cuando se aporte alguna de las garantÃ­as previstas en el artÃ­culo 233.2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los tÃ©rminos previstos en los artÃ­culos 43, 44 y 45 de este reglamento.
b) Con dispensa total o parcial de garantÃ­as, cuando el tribunal que conozca de la reclamaciÃ³n contra el acto considere que la ejecuciÃ³n pudiera causar perjuicios de imposible o difÃ­cil reparaciÃ³n, en los tÃ©rminos previstos en los artÃ­culos 46 y 47.
c) Sin necesidad de aportar garantÃ­a, cuando el tribunal que haya de resolver la reclamaciÃ³n aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en un error aritmÃ©tico, material o de hecho.
d) Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o una cantidad lÃ­quida, si el tribunal que conoce de la reclamaciÃ³n contra el acto considera que la ejecuciÃ³n pudiera causar perjuicios de imposible o difÃ­cil reparaciÃ³n.
3. TratÃ¡ndose de sanciones que hayan sido objeto de reclamaciÃ³n, su ejecuciÃ³n quedarÃ¡ automÃ¡ticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantÃ­as hasta que sean firmes en vÃ­a administrativa.
4. Los casos de suspensiÃ³n regulados en una norma especÃ­fica se regirÃ¡n por lo dispuesto en ella sin que quepa intervenciÃ³n alguna del tribunal sobre la decisiÃ³n.
SubsecciÃ³n 1.Âª Reglas generales
1. Cuando no se hubiera acordado la suspensiÃ³n en el recurso de reposiciÃ³n con efectos en la vÃ­a econÃ³mico-administrativa o este no hubiera sido interpuesto, la suspensiÃ³n podrÃ¡ solicitarse al interponer la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa o en un momento posterior ante el Ã³rgano que dictÃ³ el acto objeto de la reclamaciÃ³n, que la remitirÃ¡ al Ã³rgano competente para resolver dicha solicitud.
En el caso de que la suspensiÃ³n sea solicitada en los supuestos regulados en el artÃ­culo 46, se deberÃ¡ remitir una copia de la solicitud al Ã³rgano competente de recaudaciÃ³n a los efectos de la suspensiÃ³n cautelar regulada en dicho artÃ­culo.
La solicitud de suspensiÃ³n que no estÃ© vinculada a una reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa anterior o simultÃ¡nea a dicha solicitud carecerÃ¡ de eficacia, sin necesidad de un acuerdo expreso de inadmisiÃ³n.
2. La suspensiÃ³n deberÃ¡ solicitarse en escrito independiente e ir acompaÃ±ada por los documentos que el interesado estime procedentes para justificar la concurrencia de los requisitos necesarios para su concesiÃ³n y de una copia de la reclamaciÃ³n interpuesta.
DeberÃ¡ aportarse necesariamente la siguiente documentaciÃ³n:
a) Cuando se solicite la suspensiÃ³n automÃ¡tica, se adjuntarÃ¡ el documento en que se formalice la garantÃ­a, que deberÃ¡ incorporar las firmas de los otorgantes legitimadas por un fedatario pÃºblico, por comparecencia ante la AdministraciÃ³n autora del acto o generadas mediante un mecanismo de autenticaciÃ³n electrÃ³nica. Dicho documento podrÃ¡ ser sustituido por su imagen electrÃ³nica con su misma validez y eficacia, siempre que el proceso de digitalizaciÃ³n garantice su autenticidad e integridad.
b) Cuando se solicite la suspensiÃ³n con otras garantÃ­as distintas a las del pÃ¡rrafo a), se deberÃ¡ justificar la imposibilidad de aportar las garantÃ­as previstas para la suspensiÃ³n automÃ¡tica. TambiÃ©n se detallarÃ¡ la naturaleza y las caracterÃ­sticas de las garantÃ­as que se ofrecen, los bienes o derechos sobre los que se constituirÃ¡ y su valoraciÃ³n realizada por perito con titulaciÃ³n suficiente. Cuando exista un registro de empresas o profesionales especializados en la valoraciÃ³n de un determinado tipo de bienes, la valoraciÃ³n deberÃ¡ efectuarse, preferentemente, por una empresa o profesional inscrito en dicho registro.
c) Cuando la solicitud se base en que la ejecuciÃ³n del acto podrÃ­a causar perjuicios de difÃ­cil o imposible reparaciÃ³n, deberÃ¡ acreditarse dicha circunstancia. En ese caso, de solicitarse la suspensiÃ³n con dispensa parcial de garantÃ­as, se detallarÃ¡n las que se ofrezcan conforme a lo dispuesto en el pÃ¡rrafo b).
d) Cuando se solicite la suspensiÃ³n sin garantÃ­a porque el acto recurrido incurra en un error aritmÃ©tico, material o de hecho, se deberÃ¡ justificar la concurrencia de dicho error.
1. Las garantÃ­as quedarÃ¡n, a los efectos de su eventual ejecuciÃ³n, a disposiciÃ³n del Ã³rgano competente para la recaudaciÃ³n del acto objeto de la reclamaciÃ³n y deberÃ¡n cubrir el importe de la obligaciÃ³n a que se refiere el acto impugnado, los intereses de demora que genere la suspensiÃ³n y los recargos que pudieran proceder en el momento de la solicitud de suspensiÃ³n.
Cuando la garantÃ­a consista en el depÃ³sito de dinero o valores pÃºblicos, los intereses de demora serÃ¡n los correspondientes al plazo de seis meses si el procedimiento de la reclamaciÃ³n es el abreviado, de un aÃ±o si el procedimiento de la reclamaciÃ³n es el general y de dos aÃ±os si la resoluciÃ³n es susceptible de recurso de alzada ordinario.
2. Cuando en los supuestos de estimaciÃ³n parcial de un recurso o de una reclamaciÃ³n deba dictarse una nueva liquidaciÃ³n, la garantÃ­a aportada quedarÃ¡ afecta al pago de la nueva cuota o cantidad resultante y de los intereses de demora calculados de acuerdo con el artÃ­culo 26.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. En aquellos supuestos en los que hubiese sido acordada con anterioridad a la interposiciÃ³n de la solicitud de suspensiÃ³n alguna medida cautelar de las reguladas en el artÃ­culo 81.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, el Ã³rgano que dictÃ³ el acto objeto de impugnaciÃ³n deberÃ¡ remitir de forma inmediata al Ã³rgano competente para decidir sobre dicha suspensiÃ³n una comunicaciÃ³n sobre tal circunstancia, con indicaciÃ³n de la fecha de caducidad de la medida cautelar.
1. La suspensiÃ³n concedida tendrÃ¡ efectos desde la fecha de la solicitud.
Cuando el Ã³rgano competente o el tribunal, en virtud del artÃ­culo 233.3 y 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entiendan que debe modificarse la resoluciÃ³n de suspensiÃ³n, lo notificarÃ¡n al interesado para que pueda alegar lo que convenga a su derecho en el plazo de 10 dÃ­as contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la apertura de dicho plazo.
Contra la resoluciÃ³n adoptada en relaciÃ³n con este trÃ¡mite de modificaciÃ³n podrÃ¡ interponerse un incidente en la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa relativa al acto cuya suspensiÃ³n se solicita. La resoluciÃ³n que ponga tÃ©rmino al incidente no serÃ¡ susceptible de recurso.
2. Si en el momento de solicitarse la suspensiÃ³n la deuda se encontrara en periodo voluntario de ingreso, con la notificaciÃ³n de su denegaciÃ³n se iniciarÃ¡ el plazo previsto en el artÃ­culo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, para que dicho ingreso sea realizado.
SubsecciÃ³n 2.Âª SuspensiÃ³n automÃ¡tica en vÃ­a econÃ³mico-administrativa
1. La solicitud de suspensiÃ³n automÃ¡tica con aportaciÃ³n de las garantÃ­as a que se refiere el artÃ­culo 233.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, suspenderÃ¡ el procedimiento de recaudaciÃ³n relativo al acto recurrido.
2. SerÃ¡ competente para tramitar y resolver la solicitud de suspensiÃ³n el Ã³rgano de recaudaciÃ³n que se determine en la norma de organizaciÃ³n especÃ­fica.
3. La solicitud de suspensiÃ³n deberÃ¡ ir necesariamente acompaÃ±ada del documento en que se formalice la garantÃ­a aportada. Cuando la solicitud no se acompaÃ±e de la garantÃ­a a que se refiere el artÃ­culo 233.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, aquella no surtirÃ¡ efectos suspensivos y se tendrÃ¡ por no presentada a todos los efectos. En este supuesto se procederÃ¡ al archivo de la solicitud y a su notificaciÃ³n al interesado.
Si la solicitud adjunta una garantÃ­a bastante, la suspensiÃ³n se entenderÃ¡ acordada desde la fecha de la solicitud y dicha circunstancia deberÃ¡ notificarse dicha circunstancia al interesado.
4. Cuando sea necesaria la subsanaciÃ³n de defectos del documento en que se formalice la garantÃ­a de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 2.2 y aquellos hayan sido subsanados, el Ã³rgano competente acordarÃ¡ la suspensiÃ³n con efectos desde la solicitud. El acuerdo de suspensiÃ³n deberÃ¡ ser notificado al interesado.
5. Contra la denegaciÃ³n podrÃ¡ interponerse un incidente en la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa relativa al acto cuya suspensiÃ³n se solicitÃ³.
La resoluciÃ³n que ponga tÃ©rmino al incidente no serÃ¡ susceptible de recurso.
6. Si se hubiese solicitado la suspensiÃ³n al amparo del artÃ­culo 233.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y la garantÃ­a aportada no fuera una de las previstas en dicho artÃ­culo, se aplicarÃ¡ lo dispuesto en las subsecciones siguientes, segÃºn corresponda.
SubsecciÃ³n 3.Âª SuspensiÃ³n con prestaciÃ³n de otras garantÃ­as en vÃ­a econÃ³mico-administrativa
1. La solicitud de suspensiÃ³n con prestaciÃ³n de otras garantÃ­as a que se refiere el artÃ­culo 233.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, presentada junto con la documentaciÃ³n a la que se refiere el artÃ­culo 40.2.b) de este reglamento, suspenderÃ¡ cautelarmente el procedimiento de recaudaciÃ³n relativo al acto recurrido si la deuda se encontrase en periodo voluntario en el momento de presentarse la solicitud.
Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la solicitud de suspensiÃ³n no impedirÃ¡ la continuaciÃ³n de las actuaciones de la AdministraciÃ³n, sin perjuicio de que proceda la anulaciÃ³n de las efectuadas con posterioridad a la fecha de solicitud si la suspensiÃ³n fuese concedida finalmente.
2. La competencia para tramitar y resolver la solicitud corresponderÃ¡ al Ã³rgano de recaudaciÃ³n que se determine en la norma de organizaciÃ³n especÃ­fica.
3. Examinada la solicitud, se procederÃ¡, en su caso, a la subsanaciÃ³n prevista en el artÃ­culo 2.2.
4. Cuando los defectos se hayan subsanado en el plazo al que se refiere el artÃ­culo 2.2, la suspensiÃ³n acordada producirÃ¡ efectos desde la solicitud.
La resoluciÃ³n que otorgue la suspensiÃ³n detallarÃ¡ la garantÃ­a que debe ser constituida y el plazo en que debe constituirse.
5. Contra la denegaciÃ³n podrÃ¡ interponerse un incidente en la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa interpuesta contra el acto cuya suspensiÃ³n se solicitÃ³.
La garantÃ­a ofrecida deberÃ¡ ser constituida dentro del plazo de dos meses contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n del acuerdo de concesiÃ³n, cuya eficacia estarÃ¡ condicionada a su formalizaciÃ³n.
Dicha garantÃ­a deberÃ¡ ser objeto de aceptaciÃ³n, en su caso y segÃºn su naturaleza, por el Ã³rgano de recaudaciÃ³n que dictÃ³ la resoluciÃ³n de concesiÃ³n.
Transcurrido el plazo de dos meses sin que la garantÃ­a se hubiese formalizado, las consecuencias serÃ¡n las siguientes:
a) Si la solicitud de suspensiÃ³n se hubiese presentado en periodo voluntario de ingreso, el periodo ejecutivo se iniciarÃ¡ el dÃ­a siguiente al de la finalizaciÃ³n del plazo concedido para la formalizaciÃ³n de la garantÃ­a, y deberÃ¡ iniciarse el procedimiento de apremio en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exigiÃ©ndose el ingreso del principal de la deuda y el recargo del periodo ejecutivo.
En este supuesto procederÃ¡ la liquidaciÃ³n de los intereses de demora devengados a partir del dÃ­a siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta el Ãºltimo dÃ­a del plazo para la formalizaciÃ³n de la garantÃ­a, sin perjuicio de los que se devenguen con posterioridad conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
b) Si en el momento de solicitarse la suspensiÃ³n la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, deberÃ¡ iniciarse el procedimiento de apremio en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de no haberse iniciado con anterioridad.
SubsecciÃ³n 4.Âª SuspensiÃ³n por el tribunal econÃ³mico-administrativo
1. El tribunal econÃ³mico-administrativo que conozca de la reclamaciÃ³n contra el acto cuya suspensiÃ³n se solicita serÃ¡ competente para tramitar y resolver las peticiones de suspensiÃ³n con dispensa total o parcial de garantÃ­as que se fundamenten en perjuicios de difÃ­cil o imposible reparaciÃ³n, tanto para los supuestos de deuda tributaria o cantidad lÃ­quida como en aquellos otros supuestos de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad lÃ­quida.
TambiÃ©n serÃ¡ competente para tramitar y resolver la peticiÃ³n de suspensiÃ³n que se fundamente en error aritmÃ©tico, material o de hecho.
2. Si la deuda se encontrara en periodo voluntario en el momento de formular la solicitud de suspensiÃ³n, la presentaciÃ³n de esta Ãºltima basada en que la ejecuciÃ³n del acto podrÃ­a causar perjuicios de imposible o difÃ­cil reparaciÃ³n o en la existencia de error material, aritmÃ©tico o de hecho, incorporando la documentaciÃ³n a que se refieren, segÃºn el caso de que se trate, los pÃ¡rrafos c) y d) del artÃ­culo 40.2, suspenderÃ¡ cautelarmente el procedimiento de recaudaciÃ³n mientras el tribunal econÃ³mico-administrativo decida sobre la admisiÃ³n o no a trÃ¡mite de la solicitud de suspensiÃ³n.
Si la deuda se encontrara en periodo ejecutivo, la solicitud de suspensiÃ³n no impedirÃ¡ la continuaciÃ³n de las actuaciones de la AdministraciÃ³n, sin perjuicio de que proceda la anulaciÃ³n de las efectuadas con posterioridad a la fecha de la solicitud si finalmente llegase a producirse la admisiÃ³n a trÃ¡mite.
Cuando el requerimiento de subsanaciÃ³n haya sido objeto de contestaciÃ³n en plazo por el interesado pero no se entiendan subsanados los defectos observados, se inadmitirÃ¡ a trÃ¡mite la solicitud de suspensiÃ³n con las consecuencias previstas en el apartado siguiente.
4. Subsanados los defectos o cuando el trÃ¡mite de subsanaciÃ³n no haya sido necesario, el tribunal econÃ³mico-administrativo decidirÃ¡ sobre la admisiÃ³n a trÃ¡mite de la solicitud, y la inadmitirÃ¡ cuando no pueda deducirse de la documentaciÃ³n incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjuicios de difÃ­cil o imposible reparaciÃ³n o la existencia de error aritmÃ©tico, material o de hecho.
La admisiÃ³n a trÃ¡mite producirÃ¡ efectos suspensivos desde la presentaciÃ³n de la solicitud y serÃ¡ notificada al interesado y al Ã³rgano de recaudaciÃ³n competente.
La inadmisiÃ³n a trÃ¡mite supondrÃ¡ que la solicitud de suspensiÃ³n se tiene por no presentada a todos los efectos. Dicho acuerdo deberÃ¡ notificarse al interesado y comunicarse al Ã³rgano de recaudaciÃ³n competente con indicaciÃ³n de la fecha de notificaciÃ³n al interesado.
El acuerdo de inadmisiÃ³n a trÃ¡mite no podrÃ¡ recurrirse en vÃ­a administrativa.
1. Admitida a trÃ¡mite la solicitud de suspensiÃ³n, el tribunal econÃ³mico-administrativo podrÃ¡ solicitar al Ã³rgano que fuese competente para la recaudaciÃ³n del acto reclamado un informe sobre la suficiencia jurÃ­dica y econÃ³mica de las garantÃ­as ofrecidas, asÃ­ como sobre la existencia de otros bienes susceptibles de ser prestados como garantÃ­a, especialmente en los supuestos de solicitud de suspensiÃ³n con dispensa total de garantÃ­as. El Ã³rgano competente deberÃ¡ pronunciarse expresamente sobre la suficiencia de los bienes ofrecidos y sobre la existencia de otros bienes susceptibles de ser prestados en garantÃ­a, tanto en los supuestos de dispensa total como parcial, y especÃ­ficamente sobre la existencia de medidas cautelares adoptadas en relaciÃ³n con el acto objeto de impugnaciÃ³n cuya ejecuciÃ³n se pretende suspender.
2. El tribunal deberÃ¡ dictar una resoluciÃ³n expresa que otorgue o deniegue la suspensiÃ³n. En los supuestos de suspensiÃ³n con dispensa parcial, el acuerdo especificarÃ¡ las garantÃ­as que deben constituirse.
Estos acuerdos se notificarÃ¡n al interesado y al Ã³rgano de recaudaciÃ³n competente.
3. Contra la denegaciÃ³n podrÃ¡ interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
4. Cuando se otorgue la suspensiÃ³n con garantÃ­a parcial, esta deberÃ¡ ser constituida ante el Ã³rgano competente para la recaudaciÃ³n del acto, que procederÃ¡, en su caso, a la aceptaciÃ³n, y se aplicarÃ¡ lo dispuesto en el artÃ­culo 45.
Procedimiento general econÃ³mico-administrativo
1. Los interesados podrÃ¡n solicitar por escrito la expediciÃ³n de copia certificada de extremos concretos contenidos en el expediente tramitado por el tribunal en la reclamaciÃ³n o recurso interpuesto en vÃ­a econÃ³mico-administrativa.
2. La expediciÃ³n de copias certificadas de extremos concretos contenidos en el expediente de la reclamaciÃ³n o recurso econÃ³mico-administrativo deberÃ¡ solicitarse por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios pÃºblicos, mediante peticiÃ³n individualizada de las copias de los documentos que se solicite, sin que quepa formular, salvo para su consideraciÃ³n con carÃ¡cter potestativo, una solicitud genÃ©rica sobre el contenido del expediente en su conjunto.
3. La expediciÃ³n de las copias certificadas requerirÃ¡ el acuerdo del tribunal econÃ³mico-administrativo respectivo. Se podrÃ¡ denegar la solicitud cuando concurra la causa prevista en el apartado 2 o cuando se trate de informaciÃ³n que deba permanecer reservada de conformidad con la normativa vigente.
4. Las certificaciones serÃ¡n extendidas por la secretarÃ­a de los respectivos tribunales o salas desconcentradas.
1. Al presentar un documento, los interesados podrÃ¡n acompaÃ±arlo de una copia para que la secretarÃ­a, previo cotejo, devuelva el original, salvo que la propia naturaleza del documento aconseje que su devoluciÃ³n no se efectÃºe hasta la resoluciÃ³n definitiva de la reclamaciÃ³n.
2. Una vez terminada la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa en todas sus instancias, los interesados podrÃ¡n pedir el desglose y devoluciÃ³n de los documentos de prueba presentados por ellos, lo que se acordarÃ¡ por la secretarÃ­a de los respectivos tribunales o salas desconcentradas. Estas actuaciones se practicarÃ¡n dejando constancia de la devoluciÃ³n y de la copia cotejada del documento en el expediente de la reclamaciÃ³n.
1. Cuando en el expediente de la reclamaciÃ³n figurasen varios domicilios para la prÃ¡ctica de notificaciones designados por el interesado, se tomarÃ¡ en consideraciÃ³n el Ãºltimo seÃ±alado a estos efectos.
2. Cuando en el expediente de la reclamaciÃ³n no figure ningÃºn domicilio seÃ±alado expresamente a efectos de notificaciones, estas podrÃ¡n practicarse en el domicilio fiscal del interesado si el tribunal tuviese constancia de Ã©l.
3. Cuando no sea posible conocer ningÃºn domicilio segÃºn lo dispuesto en los dos apartados anteriores, la notificaciÃ³n deberÃ¡ practicarse directamente mediante depÃ³sito en la secretarÃ­a, segÃºn lo establecido en los pÃ¡rrafos segundo y tercero del apartado 5.
4. La notificaciÃ³n podrÃ¡ practicarse mediante correo certificado o por un funcionario del tribunal que extenderÃ¡ una diligencia de constancia de hechos para su incorporaciÃ³n al expediente y dejarÃ¡ una copia de aquella en el domicilio donde se realice la actuaciÃ³n.
5. Cuando no sea posible efectuar la notificaciÃ³n al interesado por causas no imputables al tribunal e intentada la notificaciÃ³n al menos dos veces, se harÃ¡n constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificaciÃ³n sin resultado y se efectuarÃ¡ la notificaciÃ³n en la secretarÃ­a del tribunal. En este supuesto, el interesado podrÃ¡ recoger en la secretarÃ­a del tribunal una copia del acto en el plazo de un mes contado a partir del dÃ­a siguiente a aquel en el que se efectuÃ³ el Ãºltimo intento, previa firma del recibÃ­. En dicho momento, se le tendrÃ¡ por notificado. SerÃ¡ suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido.
Transcurrido el plazo a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, una copia del acto serÃ¡ depositada formalmente en la secretarÃ­a del tribunal. Se considerarÃ¡ como fecha de notificaciÃ³n del acto la fecha en que se produzca dicho depÃ³sito, de lo que se dejarÃ¡ constancia en el expediente.
Al interesado que se persone posteriormente se le entregarÃ¡ dicha copia, sin firma de recibÃ­. Dicha entrega no tendrÃ¡ ningÃºn valor a los efectos de notificaciones o de reapertura de plazos y no serÃ¡ preciso dejar constancia de ella en el expediente.
1. El Ã³rgano econÃ³mico-administrativo podrÃ¡ apreciar la existencia de temeridad o mala fe del reclamante a los efectos de exigirle que sufrague las costas del procedimiento cuando se produzcan peticiones o se promuevan incidentes con manifiesto abuso de derecho o que entraÃ±en fraude de ley o procedimental.
En particular, podrÃ¡ ser apreciada la existencia de temeridad o mala fe cuando se planteen recursos o reclamaciones econÃ³mico-administrativos con una finalidad exclusivamente dilatoria. Dichas circunstancias deberÃ¡n ser debidamente motivadas por el Ã³rgano econÃ³mico-administrativo competente.
2. Cuando se imponga al reclamante el pago de las costas, estas se cuantificarÃ¡n mediante la aplicaciÃ³n de los importes fijados por orden del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda atendiendo al coste medio del procedimiento y la complejidad de la reclamaciÃ³n.
3. Cuando se hubiese acordado exigir el pago de las costas del procedimiento, el Ã³rgano econÃ³mico-administrativo competente concederÃ¡ el plazo a que se refiere el artÃ­culo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al reclamante para que satisfaga las costas. Transcurrido dicho plazo sin que aquellas se hubieran hecho efectivas, se procederÃ¡ a su exacciÃ³n por el procedimiento de apremio.
4. No se impondrÃ¡n al reclamante las costas del procedimiento cuando la reclamaciÃ³n hubiese sido estimada en primera instancia total o parcialmente.
SecciÃ³n 2.Âª Procedimiento en Ãºnica o primera instancia
SubsecciÃ³n 1.Âª IniciaciÃ³n
1. Cuando se hubiera interpuesto un recurso de reposiciÃ³n previo que todavÃ­a no hubiera sido resuelto ni pudiera considerarse desestimado por silencio administrativo al interponer la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa, el Ã³rgano que dictÃ³ el acto impugnado indicarÃ¡ este hecho al enviar al tribunal el escrito de interposiciÃ³n del recurso y de la reclamaciÃ³n y se actuarÃ¡ conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 21 para determinar la procedencia de la inadmisiÃ³n de la reclamaciÃ³n.
El plazo del mes al que se refiere el artÃ­culo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se contarÃ¡ desde que la reclamaciÃ³n tuvo entrada en los registros del Ã³rgano administrativo que haya dictado el acto objeto de aquella.
2. En el caso de que el Ã³rgano administrativo que haya dictado el acto observase la existencia de extemporaneidad en la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa, se abstendrÃ¡ de realizar actuaciÃ³n alguna y darÃ¡ traslado inmediato del escrito de presentaciÃ³n y del expediente al tribunal competente.
3. Cuando el Ã³rgano administrativo haya anulado total o parcialmente el acto impugnado en virtud de lo dispuesto en el artÃ­culo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, deberÃ¡ enviar la siguiente documentaciÃ³n al tribunal:
a) Si se hubiera anulado el acto impugnado sin que se hubiera dictado otro acto en sustituciÃ³n del anterior, se notificarÃ¡ el acuerdo de anulaciÃ³n al interesado y de todo ello se darÃ¡ traslado al tribunal competente.
En la notificaciÃ³n al interesado se harÃ¡ constar que en el plazo de 15 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n, podrÃ¡ manifestar ante el tribunal competente su conformidad o disconformidad con la anulaciÃ³n acordada, y se le advertirÃ¡ que, de no formular manifestaciÃ³n expresa en dicho plazo, se le tendrÃ¡ por desistido de la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa y se dictarÃ¡ un acuerdo de archivo de actuaciones.
En el caso de disconformidad, el tribunal competente proseguirÃ¡ la tramitaciÃ³n de la reclamaciÃ³n y se considerarÃ¡n impugnados tanto el acto originario como el de anulaciÃ³n dictado posteriormente, a salvo de lo que resulte de las posteriores alegaciones del reclamante.
b) Si se anula el acto impugnado y se dicta un nuevo acto en sustituciÃ³n del anterior, se enviarÃ¡ al tribunal el acuerdo de anulaciÃ³n y el nuevo acto dictado, junto con el escrito de interposiciÃ³n y el expediente administrativo dentro del plazo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El tribunal considerarÃ¡ que la reclamaciÃ³n interpuesta impugna tanto el acuerdo de anulaciÃ³n como el contenido del segundo acto, a salvo de lo que resulte de las posteriores alegaciones del reclamante, y proseguirÃ¡ la tramitaciÃ³n a menos que el interesado desista de forma expresa.
Si se hubiera acordado la suspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n del acto que se anula, la ejecuciÃ³n del nuevo acto dictado quedarÃ¡ igualmente suspendida siempre que se mantengan las circunstancias que permitieron acordarla, sin perjuicio del derecho a la reducciÃ³n proporcional de las garantÃ­as aportadas para la suspensiÃ³n del acto inicialmente impugnado.
c) Cuando la anulaciÃ³n afecte parcialmente al acto impugnado se enviarÃ¡ al tribunal el acuerdo de anulaciÃ³n junto con el escrito de interposiciÃ³n y el expediente administrativo. El tribunal considerarÃ¡ que la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa presentada impugna tanto el acuerdo de anulaciÃ³n como el contenido del acto que queda subsistente, sin perjuicio de lo que resulte de las posteriores alegaciones del reclamante, y proseguirÃ¡ la tramitaciÃ³n, salvo que el interesado desista de forma expresa.
Si se hubiera acordado la suspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n del acto que se anula parcialmente, la ejecuciÃ³n del acto subsistente quedarÃ¡ igualmente suspendida siempre que se mantengan las circunstancias que permitieron acordarla, sin perjuicio del derecho a la reducciÃ³n proporcional de las garantÃ­as aportadas para la suspensiÃ³n del acto inicialmente impugnado.
4. En los supuestos previstos en los pÃ¡rrafos b) y c) del apartado anterior, los nuevos actos administrativos dictados surtirÃ¡n efecto desde su notificaciÃ³n al interesado, salvo que hubiese sido acordada la suspensiÃ³n en relaciÃ³n con los dictados originariamente y esta mantenga su eficacia segÃºn lo dispuesto en el apartado anterior. Dichos actos sustitutorios no podrÃ¡n ser objeto de recurso de reposiciÃ³n ni de reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa independiente, y las cuestiones relativas a estos se resolverÃ¡n en la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa interpuesta contra el acto administrativo inicialmente recurrido.
Los actos anulados total o parcialmente serÃ¡n los determinantes de la cuantÃ­a de la reclamaciÃ³n.
5. Cuando se acredite ante el tribunal la interposiciÃ³n de una reclamaciÃ³n sin que se haya recibido el expediente dentro del plazo establecido en el artÃ­culo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el tribunal reclamarÃ¡ su envÃ­o, sin perjuicio de poder continuar con la tramitaciÃ³n correspondiente con los antecedentes conocidos por el tribunal y, en su caso, con los que el interesado aporte o haya aportado.
1. Recibido el expediente en el tribunal, si entiende que no es competente para la resoluciÃ³n de la reclamaciÃ³n, remitirÃ¡ el expediente, de oficio y de forma motivada, al tribunal que estime competente. Dicha remisiÃ³n se notificarÃ¡ al interesado, que podrÃ¡ presentar en el plazo de 15 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n, un escrito donde manifieste sus alegaciones relativas a la cuestiÃ³n de competencia ante el tribunal destinatario. Si este Ãºltimo tribunal tambiÃ©n declina la competencia sobre el expediente, motivarÃ¡ su decisiÃ³n y remitirÃ¡ lo actuado al Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central, que decidirÃ¡ y enviarÃ¡ las actuaciones al tribunal que deba continuar con la tramitaciÃ³n de la reclamaciÃ³n.
2. El Ã³rgano que dictÃ³ el acto impugnado deberÃ¡ ser informado sobre tal extremo por el tribunal econÃ³mico-administrativo que resulte finalmente competente para conocer de la reclamaciÃ³n.
Si el escrito de interposiciÃ³n no cumple con los requisitos exigidos en el artÃ­culo 2, se procederÃ¡ a la subsanaciÃ³n de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de dicho artÃ­culo. No obstante, en los supuestos en los que el reclamante no haya identificado el domicilio para notificaciones se aplicarÃ¡ lo dispuesto en el artÃ­culo 50.
SubsecciÃ³n 2.Âª TramitaciÃ³n
1. El tribunal podrÃ¡ solicitar que se complete el expediente, de oficio o a peticiÃ³n de cualquier interesado.
2. La solicitud del interesado podrÃ¡ formularse una sola vez y deberÃ¡ presentarse dentro del plazo de alegaciones otorgado. Dicha solicitud deberÃ¡ formularse mediante un escrito en el que se detallen los antecedentes que deban integrar el expediente conforme a las normas que lo regulan pero que no figuren en Ã©l.
La peticiÃ³n para completar el expediente suspenderÃ¡ el trÃ¡mite de alegaciones.
3. Si el tribunal deniega la peticiÃ³n, se reanudarÃ¡ el plazo de alegaciones por el tiempo que quedara en el momento de la solicitud del interesado.
4. Si el tribunal acepta la peticiÃ³n, deberÃ¡ remitir el acuerdo con el que reclame los antecedentes al Ã³rgano que haya dictado el acto. Recibidos los antecedentes o la declaraciÃ³n de que estos no existen o no forman parte del expediente segÃºn su normativa reguladora, el tribunal concederÃ¡ un nuevo plazo de alegaciones.
5. A los efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarÃ¡ como periodo de interrupciÃ³n justificada en el cÃ³mputo del plazo para dictar resoluciÃ³n en el procedimiento econÃ³mico-administrativo el comprendido entre el momento en el que se hubiera suspendido el trÃ¡mite de alegaciones y aquel en que se hubiera reanudado o se hubiera otorgado un nuevo plazo.
6. Lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4 y 5 no serÃ¡ de aplicaciÃ³n para las reclamaciones que se interpongan contra actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria.
La persona o entidad cuya actuaciÃ³n u omisiÃ³n constituya el objeto de la reclamaciÃ³n deberÃ¡ personarse en el plazo de un mes contado a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n realizada al efecto. Su personaciÃ³n en un momento posterior del procedimiento no podrÃ¡ perjudicar al recurrente ni reabrir trÃ¡mites o plazos concluidos con anterioridad.
1. El tribunal podrÃ¡ denegar la prÃ¡ctica de las pruebas solicitadas o aportadas cuando se refieran a hechos que no guarden relevancia para la decisiÃ³n de las pretensiones ejercitadas en la reclamaciÃ³n, sin perjuicio de lo que decida en la resoluciÃ³n que ponga tÃ©rmino a esta, ratificando su denegaciÃ³n o examinÃ¡ndolas directamente si ya estuviesen practicadas e incorporadas al expediente.
El tribunal podrÃ¡ ordenar posteriormente la prÃ¡ctica de las pruebas previamente denegadas.
Las resoluciones del tribunal que acuerden o denieguen la prÃ¡ctica de las pruebas tendrÃ¡n carÃ¡cter de meros actos de trÃ¡mite.
2. El tribunal podrÃ¡ requerir todos los informes que considere necesarios o convenientes para la resoluciÃ³n de la reclamaciÃ³n.
3. En el caso de pruebas e informes practicados o solicitados de oficio, se pondrÃ¡ de manifiesto el expediente de la reclamaciÃ³n a los interesados para que, en el plazo de 10 dÃ­as contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la apertura de dicho plazo, aleguen lo que estimen conveniente.
A los efectos del plazo mÃ¡ximo para notificar la resoluciÃ³n, no se incluirÃ¡ el periodo empleado por otros Ã³rganos de la AdministraciÃ³n para remitir los informes a que hace referencia este artÃ­culo. Los periodos no incluidos en el cÃ³mputo del plazo no podrÃ¡n ser superiores a dos meses.
Las cuestiones incidentales se plantearÃ¡n en el plazo de 15 dÃ­as contados a partir del dÃ­a siguiente a aquel en que se tenga constancia fehaciente del hecho o acto que las motive.
Si el Ã³rgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrÃ¡ a los que estuvieran personados en el procedimiento y les concederÃ¡ un plazo de 10 dÃ­as, contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la apertura de dicho plazo, para que formulen alegaciones.
SubsecciÃ³n 3.Âª ResoluciÃ³n
1. El recurso de anulaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 239.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrÃ¡ interponerse contra los acuerdos y resoluciones que pongan tÃ©rmino en cualquier instancia a una reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa. La competencia para resolver corresponderÃ¡ al Ã³rgano del tribunal que hubiese dictado el acuerdo o la resoluciÃ³n recurrida.
2. Cuando la resoluciÃ³n de la reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa fuera susceptible de recurso de alzada ordinario, el plazo para la interposiciÃ³n de este Ãºltimo comenzarÃ¡ a contarse a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n del recurso de anulaciÃ³n o a partir del dÃ­a siguiente a aquel en que se entienda desestimado por silencio administrativo.
3. El recurso de anulaciÃ³n interpuesto extemporÃ¡neamente no causarÃ¡ ningÃºn efecto sobre los plazos para la interposiciÃ³n del recurso de alzada ordinario.
4. La resoluciÃ³n que se dicte como consecuencia del recurso de anulaciÃ³n sÃ³lo podrÃ¡ ser impugnada en el mismo recurso que pudiera proceder contra el acuerdo o la resoluciÃ³n de la reclamaciÃ³n.
No obstante, cuando se dicte resoluciÃ³n expresa una vez transcurrido el plazo de resoluciÃ³n del recurso de anulaciÃ³n, esta resoluciÃ³n podrÃ¡ ser impugnada de forma independiente.
SecciÃ³n 3.Âª Recursos en vÃ­a econÃ³mico-administrativa
1. Los tribunales econÃ³mico-administrativos notificarÃ¡n sus resoluciones a los interesados.
Asimismo, notificarÃ¡n la resoluciÃ³n a los Ã³rganos legitimados para interponer el recurso de alzada ordinario y el recurso extraordinario de alzada para la unificaciÃ³n de criterio segÃºn lo previsto en los artÃ­culos 241, 242 y en los apartados 5 y 6 de la disposiciÃ³n adicional undÃ©cima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando la citada resoluciÃ³n estime total o parcialmente la reclamaciÃ³n interpuesta.
A los efectos del recurso extraordinario para la unificaciÃ³n de doctrina, el Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central notificarÃ¡ la resoluciÃ³n al Director General de Tributos.
2. El recurso de alzada ordinario se dirigirÃ¡ al tribunal que hubiese dictado la resoluciÃ³n recurrida, que, en el plazo de un mes, lo remitirÃ¡ junto con el expediente de aplicaciÃ³n de los tributos y el de la reclamaciÃ³n al Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central.
Cuando el legitimado para recurrir no hubiera estado personado en el procedimiento en primera instancia, el tribunal econÃ³mico-administrativo regional o local le pondrÃ¡ de manifiesto los expedientes a los que se refiere el pÃ¡rrafo anterior para que pueda formular alegaciones en el plazo de un mes, contado a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n, y a continuaciÃ³n darÃ¡ traslado de ellas al reclamante en primera instancia y a los demÃ¡s personados para que en el plazo de otro mes, contado a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la apertura de dicho plazo, puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. Una vez completados estos trÃ¡mites, los expedientes se remitirÃ¡n al Tribunal EconÃ³mico-administrativo Central.
La prÃ¡ctica de las pruebas, en su caso, se regularÃ¡ por lo dispuesto para la primera instancia.
3. En el recurso extraordinario de alzada para la unificaciÃ³n de criterio serÃ¡ aplicable lo dispuesto en el apartado anterior.
4. El recurso extraordinario para la unificaciÃ³n de doctrina previsto en el artÃ­culo 243 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, se interpondrÃ¡ en el plazo de tres meses contados a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n.
En el recurso extraordinario de revisiÃ³n serÃ¡ aplicable lo dispuesto para el procedimiento en Ãºnica o primera instancia en todas las cuestiones no previstas en el ar-tÃ­culo 244 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
A los efectos de los apartados 5, 6 y 7 de la disposiciÃ³n adicional undÃ©cima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, estarÃ¡n legitimados para interponer el recurso de alzada ordinario, el recurso extraordinario de alzada para unificaciÃ³n de criterio y el recurso extraordinario de revisiÃ³n, cuando se refieran a materias de su competencia, el Director General del Tesoro y PolÃ­tica Financiera, el Director General de Costes de Personal y Pensiones PÃºblicas y el Director del Departamento de RecaudaciÃ³n de la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria.
Procedimiento abreviado ante Ã³rganos unipersonales
Las reclamaciones econÃ³mico-administrativas se tramitarÃ¡n por el procedimiento abreviado ante Ã³rganos unipersonales cuando sean de cuantÃ­a inferior a 6.000 euros, o 72.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones, y en los demÃ¡s supuestos establecidos en el artÃ­culo 245.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
1. Si el escrito de interposiciÃ³n no cumple los requisitos exigidos en el artÃ­culo 246.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, se procederÃ¡ a la subsanaciÃ³n de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 2 de este reglamento. No obstante, en los supuestos en los que el reclamante no haya identificado el domicilio para notificaciones, se aplicarÃ¡ lo dispuesto en el artÃ­culo 50 de este reglamento.
Si el Ã³rgano unipersonal acuerda la convocatoria de vista oral, podrÃ¡ acordar que la subsanaciÃ³n prevista en el pÃ¡rrafo anterior se realice al comienzo de dicha vista. Si el defecto no fuera subsanado en ese momento e impidiese la continuaciÃ³n de la tramitaciÃ³n del procedimiento, la vista oral no se celebrarÃ¡.
2. La prÃ¡ctica de la prueba se efectuarÃ¡ conforme a lo previsto para el procedimiento general, pero el Ã³rgano unipersonal podrÃ¡ trasladar la prÃ¡ctica de alguna prueba a la vista oral, si esta fuera a celebrarse. Tras la vista oral no se podrÃ¡ realizar la prÃ¡ctica de ninguna prueba.
3. La falta de comparecencia en la vista oral producirÃ¡ el decaimiento del trÃ¡mite, y continuarÃ¡ el procedimiento segÃºn proceda.
4. A la vista oral deberÃ¡n comparecer el interesado o su representante.
5. Durante la vista oral, el interesado o su representante podrÃ¡n explicar, detallar y aclarar las alegaciones incluidas en el escrito de interposiciÃ³n, asÃ­ como las pruebas propuestas y practicadas o que se practiquen en el trÃ¡mite. Asimismo, deberÃ¡n contestar a las preguntas que les formule el Ã³rgano econÃ³mico-administrativo.
El interesado o su representante podrÃ¡n efectuar alegaciones en el supuesto previsto en el artÃ­culo 237.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para los casos en los que el Ã³rgano unipersonal estime pertinente examinar cuestiones no planteadas por los interesados. El Ã³rgano unipersonal podrÃ¡ aplazar la conclusiÃ³n de la vista para otro dÃ­a que se determine, si ello fuera conveniente para la presentaciÃ³n de dichas alegaciones.
6. En las cuestiones no reguladas en este artÃ­culo serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo establecido para el procedimiento general. En particular, los acuerdos previstos en el ar-tÃ­culo 236.6, el artÃ­culo 238.2 y el artÃ­culo 239.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrÃ¡n ser dictados tambiÃ©n por el secretario del tribunal aun cuando no fuera el Ã³rgano unipersonal competente para resolver el procedimiento abreviado que se tramite. Igualmente, corresponderÃ¡ a la secretarÃ­a del tribunal la tramitaciÃ³n del procedimiento, excepto en lo que se refiere a la vista oral, que corresponderÃ¡ al Ã³rgano unipersonal que estÃ© conociendo de la reclamaciÃ³n.
EjecuciÃ³n de resoluciones
SecciÃ³n 1.Âª Normas generales para la ejecuciÃ³n de resoluciones administrativas
1. Los actos resolutorios de los procedimientos de revisiÃ³n serÃ¡n ejecutados en sus propios tÃ©rminos, salvo que se hubiera acordado la suspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n del acto inicialmente impugnado y dicha suspensiÃ³n se mantuviera en otras instancias.
La interposiciÃ³n del recurso de alzada ordinario por Ã³rganos de la AdministraciÃ³n no impedirÃ¡ la ejecuciÃ³n de las resoluciones, salvo en los supuestos de suspensiÃ³n.
2. Los actos resultantes de la ejecuciÃ³n de la resoluciÃ³n de un recurso o reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa deberÃ¡n ser notificados en el plazo de un mes desde que dicha resoluciÃ³n tenga entrada en el registro del Ã³rgano competente para su ejecuciÃ³n.
Los actos de ejecuciÃ³n no formarÃ¡n parte del procedimiento en el que tuviese su origen el acto objeto de impugnaciÃ³n.
En la ejecuciÃ³n de las resoluciones serÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas sobre transmisibilidad, conversiÃ³n de actos viciados, conservaciÃ³n de actos y trÃ¡mites y convalidaciÃ³n previstas en las disposiciones generales de derecho administrativo.
3. Cuando se resuelva sobre el fondo del asunto y en virtud de ello se anule total o parcialmente el acto impugnado, se conservarÃ¡n los actos y trÃ¡mites no afectados por la causa de anulaciÃ³n, con mantenimiento Ã­ntegro de su contenido.
En el caso de la anulaciÃ³n de liquidaciones, se exigirÃ¡n los intereses de demora sobre el importe de la nueva liquidaciÃ³n de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 26.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Cuando la resoluciÃ³n parcialmente estimatoria deje inalterada la cuota tributaria, la cantidad a ingresar o la sanciÃ³n, la resoluciÃ³n se podrÃ¡ ejecutar reformando parcialmente el acto impugnado y los posteriores que deriven del parcialmente anulado. En estos casos subsistirÃ¡ el acto inicial, que serÃ¡ rectificado de acuerdo con el contenido de la resoluciÃ³n, y se mantendrÃ¡n los actos de recaudaciÃ³n previamente realizados, sin perjuicio, en su caso, de adaptar las cuantÃ­as de las trabas y embargos realizados.
Cuando el importe del acto recurrido hubiera sido ingresado total o parcialmente, se procederÃ¡, en su caso, a la compensaciÃ³n prevista en el artÃ­culo 73.1 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando existiendo vicio de forma no se estime procedente resolver sobre el fondo del asunto, la resoluciÃ³n ordenarÃ¡ la retroacciÃ³n de las actuaciones, se anularÃ¡n todos los actos posteriores que traigan su causa en el anulado y, en su caso, se devolverÃ¡n las garantÃ­as o las cantidades indebidamente ingresadas junto con los correspondientes intereses de demora.
5. Cuando la resoluciÃ³n estime totalmente el recurso o la reclamaciÃ³n y no sea necesario dictar un nuevo acto, se procederÃ¡ a la ejecuciÃ³n mediante la anulaciÃ³n de todos los actos que traigan su causa del anulado y, en su caso, a devolver las garantÃ­as o las cantidades indebidamente ingresadas junto con los correspondientes intereses de demora.
6. Cuando la resoluciÃ³n administrativa confirme el acto impugnado y este hubiera estado suspendido en periodo voluntario de ingreso, la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n iniciarÃ¡ el plazo de ingreso del artÃ­culo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Si la suspensiÃ³n se produjo en periodo ejecutivo, la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n determinarÃ¡ la procedencia de la continuaciÃ³n o del inicio del procedimiento de apremio, segÃºn que la providencia de apremio hubiese sido notificada o no, respectivamente, con anterioridad a la fecha en la que surtiÃ³ efectos la suspensiÃ³n.
La liquidaciÃ³n de intereses de demora devengados durante la suspensiÃ³n se realizarÃ¡ de la siguiente forma:
a) Si la suspensiÃ³n hubiese producido efectos en periodo voluntario, el Ã³rgano que acordÃ³ la suspensiÃ³n liquidarÃ¡ los intereses de demora por el periodo de tiempo comprendido entre el dÃ­a siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y la finalizaciÃ³n del plazo de pago en periodo voluntario abierto con la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n que ponga fin a la vÃ­a administrativa o hasta el dÃ­a en que se produzca el ingreso dentro de dicho plazo.
Cuando la suspensiÃ³n hubiera sido acordada por el tribunal, la liquidaciÃ³n de intereses de demora a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ realizada por el Ã³rgano que dictÃ³ el acto administrativo impugnado.
Si la suspensiÃ³n hubiese limitado sus efectos al recurso de reposiciÃ³n y la resoluciÃ³n de este recurso hubiese sido objeto de reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa, los intereses de demora se liquidarÃ¡n desde el dÃ­a siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de la resoluciÃ³n del recurso de reposiciÃ³n.
b) Si la suspensiÃ³n hubiese producido efectos en periodo ejecutivo, el Ã³rgano de recaudaciÃ³n liquidarÃ¡ los intereses de demora por el periodo de tiempo comprendido entre la fecha en la que surtiÃ³ efecto la suspensiÃ³n y la fecha de la resoluciÃ³n que ponga fin a la vÃ­a administrativa.
Si la suspensiÃ³n hubiese limitado sus efectos al recurso de reposiciÃ³n y la resoluciÃ³n de este recurso hubiese sido objeto de reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa, los intereses de demora se liquidarÃ¡n desde la fecha en que surtiÃ³ efectos la suspensiÃ³n hasta la fecha de la resoluciÃ³n del recurso de reposiciÃ³n.
7. Comprobada la procedencia de la devoluciÃ³n de la garantÃ­a prestada, el Ã³rgano competente la efectuarÃ¡ de oficio sin necesidad de solicitud por parte del interesado.
8. Para la ejecuciÃ³n de los acuerdos que resuelvan los procedimientos especiales de revisiÃ³n se aplicarÃ¡ lo dispuesto en los apartados anteriores.
1. En los supuestos de la estimaciÃ³n parcial del recurso o reclamaciÃ³n interpuesto cuya resoluciÃ³n no pueda ser ejecutada de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artÃ­culo anterior, el interesado tendrÃ¡ derecho, si asÃ­ lo solicita, a la reducciÃ³n proporcional de la garantÃ­a aportada.
A estos efectos, el Ã³rgano competente practicarÃ¡ en el plazo de 15 dÃ­as, desde la presentaciÃ³n de la solicitud del interesado, una cuantificaciÃ³n de la obligaciÃ³n que, en su caso, hubiera resultado de la ejecuciÃ³n de la resoluciÃ³n del correspondiente recurso o reclamaciÃ³n, la cual servirÃ¡ para determinar el importe de la reducciÃ³n procedente y, en consecuencia, de la garantÃ­a que debe quedar subsistente.
No obstante, de acuerdo con el artÃ­culo 25.9 y con el artÃ­culo 41.2, la garantÃ­a anterior seguirÃ¡ afecta al pago del importe del acto, deuda u obligaciÃ³n subsistente, y mantendrÃ¡ su vigencia hasta la formalizaciÃ³n de la nueva garantÃ­a que cubra el importe del acto, deuda u obligaciÃ³n subsistente.
2. SerÃ¡n Ã³rganos competentes para proceder a la sustituciÃ³n de la garantÃ­a los Ã³rganos que acordaron la suspensiÃ³n.
SecciÃ³n 2.Âª Normas especiales para la ejecuciÃ³n de resoluciones econÃ³mico-administrativas
1. Si el interesado estÃ¡ disconforme con el nuevo acto que se dicte en ejecuciÃ³n de la resoluciÃ³n, podrÃ¡ presentar un incidente de ejecuciÃ³n que deberÃ¡ ser resuelto por el tribunal que hubiese dictado la resoluciÃ³n que se ejecuta.
2. El tribunal declararÃ¡ la inadmisibilidad del incidente de ejecuciÃ³n respecto de aquellas cuestiones que se planteen sobre temas ya decididos por la resoluciÃ³n que se ejecuta, sobre temas que hubieran podido ser planteados en la reclamaciÃ³n cuya resoluciÃ³n se ejecuta o cuando concurra alguno de los supuestos a que se refiere el artÃ­culo 239.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. El incidente de ejecuciÃ³n se regularÃ¡ por las normas del procedimiento general o abreviado que fueron aplicables para el recurso o la reclamaciÃ³n inicial, y se suprimirÃ¡n de oficio todos los trÃ¡mites que no sean indispensables para resolver la cuestiÃ³n planteada.
4. Los Ã³rganos que tengan que ejecutar las resoluciones de los Ã³rganos econÃ³mico-administrativos podrÃ¡n solicitar al tribunal econÃ³mico-administrativo una aclaraciÃ³n de la resoluciÃ³n.
1. La resoluciÃ³n de la reclamaciÃ³n interpuesta podrÃ¡ extender sus efectos a todos los actos, actuaciones u omisiones posteriores a la interposiciÃ³n de la reclamaciÃ³n que sean en todo idÃ©nticos al citado en el escrito de interposiciÃ³n de la reclamaciÃ³n y no sean firmes en vÃ­a administrativa.
2. Para ello, el reclamante o interesado en la reclamaciÃ³n inicial deberÃ¡ presentar, en el plazo de un mes contado a partir del dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n, los documentos en los que consten los citados actos, actuaciones u omisiones.
3. El pleno, la sala o el Ã³rgano unipersonal que hubiera dictado la resoluciÃ³n dictarÃ¡ un acuerdo en ejecuciÃ³n de esta en el que relacionarÃ¡n todos los actos, actuaciones u omisiones a los que la resoluciÃ³n debe extender sus efectos, incluidos los relativos a los recursos procedentes.
SecciÃ³n 3.Âª Normas especiales para la ejecuciÃ³n de resoluciones judiciales
La ejecuciÃ³n de las resoluciones de los tribunales de justicia se efectuarÃ¡ de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la jurisdicciÃ³n contencioso-administrativa.
En todo lo que no se oponga a la normativa citada y a la resoluciÃ³n judicial que se estÃ¡ ejecutando, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en la secciÃ³n 1.Âª de este capÃ­tulo.
1. La AdministraciÃ³n tributaria atenderÃ¡ los requerimientos que se le formulen de conformidad con el ar-tÃ­culo 110 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la JurisdicciÃ³n Contencioso-administrativa.
2. Los tribunales econÃ³mico-administrativos serÃ¡n Ãºnicamente competentes para atender dichos requerimientos cuando la sentencia firme cuya extensiÃ³n se pretenda haya anulado el acuerdo o la resoluciÃ³n dictada por razones de defecto en la tramitaciÃ³n del procedimiento econÃ³mico-administrativo.
Reembolso del coste de las garantÃ­as
SecciÃ³n 1.Âª Alcance del reembolso del coste de garantÃ­as
De acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 33 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, corresponderÃ¡ efectuar el reembolso del coste de las garantÃ­as a la AdministraciÃ³n, entidad u organismo que hubiese dictado el acto que haya sido declarado improcedente.
El reembolso de los costes de las garantÃ­as aportadas para obtener la suspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n de un acto alcanzarÃ¡ a los costes necesarios para su formalizaciÃ³n, mantenimiento y cancelaciÃ³n.
En los supuestos de resoluciones administrativas o sentencias judiciales que declaren parcialmente improcedente el acto impugnado, el reembolso alcanzarÃ¡ a los costes proporcionales de la garantÃ­a que se haya reducido.
El procedimiento previsto en los artÃ­culos siguientes se limitarÃ¡ al reembolso de los costes anteriormente indicados, si bien el obligado al pago que lo estime procedente podrÃ¡ instar, en relaciÃ³n con otros costes o conceptos distintos, el procedimiento de responsabilidad patrimonial previsto en el tÃ­tulo X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, cuando se den las circunstancias previstas para ello.
El derecho al reembolso del coste de las garantÃ­as alcanzarÃ¡ a aquellas que, prestadas de conformidad con la normativa aplicable, hayan sido aceptadas y que se mencionan a continuaciÃ³n:
a) Avales o fianzas de carÃ¡cter solidario de entidades de crÃ©dito o sociedades de garantÃ­a recÃ­proca o certificados de seguro de cauciÃ³n.
d) Cualquier otra que la AdministraciÃ³n o los tribunales hubieran aceptado.
1. El coste de las garantÃ­as estarÃ¡ integrado por las siguientes partidas:
a) En los avales o fianzas de carÃ¡cter solidario y certificados de seguro de cauciÃ³n, por las cantidades efectivamente satisfechas a la entidad de crÃ©dito, sociedad de garantÃ­a recÃ­proca o entidad aseguradora en concepto de primas, comisiones y gastos por formalizaciÃ³n, mantenimiento y cancelaciÃ³n del aval, fianza o certificado, devengados hasta la fecha en que se produzca la devoluciÃ³n de la garantÃ­a.
b) En las hipotecas y prendas mencionadas en el artÃ­culo anterior, el coste de estas incluirÃ¡ las cantidades satisfechas por los siguientes conceptos:
3.Âº Tributos derivados directamente de la constituciÃ³n de la garantÃ­a y, en su caso, de su cancelaciÃ³n.
4.Âº Gastos derivados de la tasaciÃ³n o valoraciÃ³n de los bienes ofrecidos en garantÃ­a a que se refiere la normativa reguladora de las reclamaciones econÃ³mico-administrativas.
c) Cuando se hubieran aceptado por la AdministraciÃ³n o por los tribunales garantÃ­as distintas de las anteriores, se admitirÃ¡ el reembolso de los costes de estas, limitado, exclusivamente, a los costes acreditados en que se hubiera incurrido de manera directa para su formalizaciÃ³n, mantenimiento y cancelaciÃ³n devengados hasta la fecha en que se produzca la devoluciÃ³n de la garantÃ­a.
d) En todo caso, se abonarÃ¡ el interÃ©s legal vigente que se devengue desde la fecha debidamente acreditada en que se hubiese incurrido en dichos costes hasta la fecha en que se ordene el pago.
2. En el caso de que la garantÃ­a constituida lo hubiese sido mediante depÃ³sito de dinero, y sin perjuicio de la aplicaciÃ³n de los pÃ¡rrafos c) y d) del apartado anterior en relaciÃ³n con los costes de constituciÃ³n del depÃ³sito, se abonarÃ¡ el interÃ©s legal vigente hasta el dÃ­a en que se produzca la devoluciÃ³n del depÃ³sito.
SecciÃ³n 2.Âª Procedimiento para el reembolso del coste de las garantÃ­as aportadas
SerÃ¡ competente para acordar el reembolso del coste de las garantÃ­as la AdministraciÃ³n, entidad u organismo que hubiese dictado el acto que haya sido declarado improcedente.
SerÃ¡n Ã³rganos competentes para la tramitaciÃ³n los Ã³rganos de la AdministraciÃ³n, entidad u organismo que determine su norma de organizaciÃ³n especÃ­fica.
1. El procedimiento se iniciarÃ¡ a instancia del interesado mediante escrito que se deberÃ¡ dirigir al Ã³rgano competente para su resoluciÃ³n con el contenido al que se refiere el artÃ­culo 2.
a) Copia de la resoluciÃ³n administrativa o sentencia judicial firme por la que se declare improcedente total o parcialmente el acto administrativo o deuda cuya ejecuciÃ³n se suspendiÃ³.
b) AcreditaciÃ³n del importe al que ascendiÃ³ el coste de las garantÃ­as cuyo reembolso se solicita e indicaciÃ³n de la fecha efectiva de pago.
c) DeclaraciÃ³n expresa del medio elegido por el que haya de efectuarse el reembolso, de entre los seÃ±alados por la AdministraciÃ³n competente. Si la AdministraciÃ³n competente no hubiera seÃ±alado medios para efectuar el reembolso, el interesado podrÃ¡ optar por:
Si el interesado no hubiera seÃ±alado medio de pago, el reembolso se efectuarÃ¡ mediante cheque.
d) En su caso, una solicitud de compensaciÃ³n, en los tÃ©rminos previstos en el Reglamento General de RecaudaciÃ³n, aprobado por el Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.
1. El Ã³rgano que tramite el procedimiento podrÃ¡ llevar a cabo las actuaciones que resulten necesarias para comprobar la procedencia del reembolso que se solicita y podrÃ¡ recabar los informes e instar las actuaciones que juzgue necesarios.
2. Si el escrito de solicitud no reuniera los datos expresados en el apartado 1 del artÃ­culo anterior o no adjuntara la documentaciÃ³n prevista en su apartado 2.b), se procederÃ¡ a la subsanaciÃ³n de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 2.2.
3. El plazo concedido para la subsanaciÃ³n podrÃ¡ ser ampliado a peticiÃ³n del interesado cuando la aportaciÃ³n de los documentos requeridos presente dificultades especiales debidamente acreditadas.
4. Finalizadas las actuaciones y antes de redactar la propuesta de resoluciÃ³n, se darÃ¡ audiencia al interesado para que pueda alegar lo que considere conveniente a su derecho.
No obstante, se podrÃ¡ prescindir del trÃ¡mite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resoluciÃ³n otros hechos ni otras alegaciones que las presentadas por el interesado.
1. El Ã³rgano competente dictarÃ¡ la resoluciÃ³n y la notificarÃ¡ en un plazo mÃ¡ximo de seis meses a contar desde la fecha en que el escrito de solicitud del interesado haya tenido entrada en el registro del Ã³rgano competente para su resoluciÃ³n.
2. Cuando en virtud de los actos de tramitaciÃ³n desarrollados resulte procedente el reembolso del coste de la garantÃ­a aportada, se acordarÃ¡ el reembolso de las cantidades previstas en el artÃ­culo 74, en cuanto hayan quedado debidamente acreditadas y correspondan a la suspensiÃ³n del acto declarado total o parcialmente improcedente.
3. Transcurrido el plazo para efectuar la notificaciÃ³n sin que esta se haya producido, el interesado podrÃ¡ entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer contra la resoluciÃ³n presunta el correspondiente recurso o reclamaciÃ³n. La resoluciÃ³n expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptarÃ¡ por la AdministraciÃ³n sin vinculaciÃ³n alguna al sentido del silencio.
4. La resoluciÃ³n que ponga fin a este procedimiento serÃ¡ reclamable en la vÃ­a econÃ³mico-administrativa, previo recurso potestativo de reposiciÃ³n.
Dictada la resoluciÃ³n por la que se reconoce el derecho al reembolso del coste de la garantÃ­a aportada, se expedirÃ¡ el oportuno mandamiento de pago en favor de la persona o entidad acreedora, por el medio que resulte procedente segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo 76.
Los Ã³rganos competentes de las comunidades autÃ³nomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades locales en materia de los procedimientos regulados en este reglamento se determinarÃ¡n conforme a lo que establezca su normativa especÃ­fica.
1. Las devoluciones de ingresos indebidos en relaciÃ³n con la deuda aduanera se regirÃ¡n por los reglamentos comunitarios que les sean especÃ­ficamente aplicables. Las disposiciones contenidas en este reglamento tendrÃ¡n carÃ¡cter supletorio, cuando lo permita el ordenamiento jurÃ­dico comunitario.
2. Las disposiciones de este reglamento relativas al procedimiento de devoluciÃ³n de ingresos indebidos se aplicarÃ¡n como supletorias en las devoluciones de las cantidades que constituyan ingresos de naturaleza pÃºblica, distintos de los tributos.
1. El Ministro de EconomÃ­a y Hacienda dictarÃ¡ las normas de desarrollo de la disposiciÃ³n adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativas a la utilizaciÃ³n de medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos para la interposiciÃ³n, tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n de las reclamaciones econÃ³mico-administrativas.
2. La remisiÃ³n de expedientes entre Ã³rganos administrativos prevista en este reglamento podrÃ¡ ser sustituida por la puesta a disposiciÃ³n del expediente electrÃ³nico, siempre y cuando este reÃºna las condiciones exigidas por el ordenamiento jurÃ­dico para su admisiÃ³n.
En estos casos, el reclamante tendrÃ¡ derecho a obtener copia en papel.
Las solicitudes de suspensiÃ³n que se hubieran presentado con anterioridad a la entrada en vigor de este reglamento se tramitarÃ¡n hasta su conclusiÃ³n conforme a la normativa vigente en el momento de su presentaciÃ³n.
El plazo de tres meses previsto en el artÃ­culo 61.4 de este reglamento para la interposiciÃ³n del recurso extraordinario para la unificaciÃ³n de doctrina comenzarÃ¡ a contarse a partir de la entrada en vigor de este reglamento para las resoluciones notificadas desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hasta la entrada en vigor de este reglamento.
Hasta el 30 de abril de 2006 las reclamaciones econÃ³mico-administrativas se tramitarÃ¡n por el procedimiento abreviado ante Ã³rganos unipersonales cuando sean de cuantÃ­a inferior a 2.000 euros, Ã³ 24.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones, y en los demÃ¡s supuestos establecidos en el artÃ­culo 245.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se autoriza al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuciÃ³n de este reglamento.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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