Source: https://www.defensa-nacional.com/blog/monografia-de-presentacion-militar/
Timestamp: 2020-08-07 18:20:50+00:00

Document:
Monografía sobre "lo militar". - Doctor. D. Enrique F. Area Sacristan
Sobre “lo militar”
1.- Los Ejércitos, Institución social.
Según Serrano Villafañe, rara vez se aseguró mayor verdad que cuando se dijo que el hombre es un ser social por naturaleza —Zón politicón le definió Aristóteles—. El impulso para vivir en sociedad es tan congénito a su ser como la misma tendencia a su fin último. No le es posible lograr éste, conseguir su propio perfeccionamiento integral, sin el concurso de la sociedad. De ella ha de recibir todos los medios para el desarrollo normal de su actividad, los tesoros de verdad que han de formar su cultura, los impulsos y directrices que han de orientar su “vida moral y religiosa”, los bienes económicos con que sustentar su vida material, en una palabra, lo necesario para la plena expansión de su personalidad. La sociedad ofrece a todos y cada uno un bien común que supla la insuficiencia de los bienes privados. La sociedad reclama para su servicio, en cierto modo, a todo el hombre, las energías todas del individuo, y éste no debe aislarse ni buscar egoístamente su propio bien, con mengua del bien de los demás, como si el interés de la vida social fuese tan sólo un lujo de caridad y no un deber sagrado impuesto a todos los miembros del cuerpo social. Es una exigencia de la justicia legal, cuyo objeto es el mismo que el de la sociedad y cuya función es la de orientar socialmente nuestra vida y encauzar toda nuestra actividad en beneficio del bien común, de inspirar nuestras acciones, no sólo el anhelo de perfección personal, sino la suprema aspiración de hacer de todas ellas un acto de servicio para con los demás hombres, es decir, para con el bien de la patria o de la sociedad que los personifica a todos. Porque “aquel que sirve a la comunidad sirve a todos los hombres contenidos en ella”. Esta es —diríamos en términos de filosofía política— la justificación metafísica del bien común y, como consecuencia, del servicio a la sociedad, al Estado, a las instituciones, al Ejército. Pues bien, la idea de vida como servicio, que es fundamental en el Ejército, conduce:
1-2 Los ejércitos, Institución
Ya el mismo concepto «Ejército» puede entenderse en un doble significado: el institucional y el orgánico. Ambos de características perfectamente definidas por responder a distintos puntos de vista. El primero podría definirse como la fuerza militar nacional, más o menos permanente, de tierra, mar y aire, organizada para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior en situaciones de extrema gravedad como las contempladas en la Ley de Estados. La segunda significación contempla al Ejército en su aspecto «humano», mira a sus elementos personales como miembros componentes de un Organismo estatal y estudia al militar como persona física encargada del servicio de la defensa nacional. Ambos conceptos, institucional y orgánico, son recogidos y fundidos en los artículos 1.° y 2º.° de la ley Constitutiva del Ejército de 19 de noviembre de 1878 y ley adicional del año siguiente al decir que «el Ejército constituye una institución especial por su origen e índole y una de las carreras del organismo del Estado». El Ejército es una institución nacional permanente de defensa, tanto interior como exterior, del Estado. Sabido es que, al lado de los dos tipos clásicos de personas jurídicas o morales del Derecho romano, las asociationes personarum y las universitates rerum, aparece, en la doctrina moderna un tercer tipo: la institución, de la que acaso pudiéramos decir que es una denominación nueva para un objeto muy antiguo. La teoría de la institución —dice Délos, refiriéndose a Hauriou, que es su fundador— ocupa hoy un lugar destacado en las preocupaciones de los juristas y sociólogos. «Es una noción vieja como el mundo, pero que parece moderna y nueva porque responde a cuestiones nuevas que el pensamiento jurídico se presenta hoy con vistas a las transformaciones de la sociedad y a la intensificación de la vida social.» Y si esto decía Délos hace unos años, su apreciación sube de punto y gana actualidad con el incremento de los procesos de socialización de nuestros días. Con un pequeño esfuerzo de «reducción» fenomenológico-sociológica —en términos de Husserl— podíamos decir que la teoría de la institución se deja resumir en pocas palabras porque es de una gran claridad. La teoría de la institución es como una síntesis que contiene todo un conjunto de teorías jurídicas, sociales, filosóficas e históricas y es feliz superación de alguna de ellas, sobre todo, de las de tipo individualista o subjetivista. Maurice Hauriou, fundador de la moderna teoría de la institución, ha expresado la problemática de la estructura de la sociedad en una sugestiva y simple doctrina que no pierde en su simplicidad la esencial complejidad del hecho. La estructura de una sociedad de cualquier género —dice— es siempre dualista, en parte objetiva y en parte subjetiva. El contenido de esa sociedad nos ofrece dos objetivos de conocimiento: los acontecimientos que son la obra subjetiva de los hombres, y las instituciones que son el sedimento objetivo que permanece. Estas instituciones son «todo elemento de la sociedad cuya duración no depende de la voluntad de individuos determinados». La institución transporta la realización histórica de una idea convirtiendo su contenido en una obra social; se madura en un medio social reclutando adhesiones que incorpora a su servicio como órganos de su estructura y su vida social. Y así formada y madurada se objetiva y perdura a la vida de quienes la integran y la sirven. Su duración no depende ya de una ni de muchas voluntades individuales subjetivas, sino que desde la objetividad de la idea que encarna su existencia, se adhiere a las necesidades que satisface y a la justicia que la anima. En la autonomía de su propia vida se nos manifiesta con una eficiencia real y con una objetiva resistencia a las conductas que la contradigan o atacan la idea que le da vida. La institución alcanza personalidad moral y jurídica por poseer en su estructura las posibilidades de una titularidad de la acción y una responsabilidad. Este tipo de instituciones son flexibles, jerárquicas y fundan relaciones estatutarias y objetivas. En ellas, el poder —que es voluntad subjetiva— en cuanto actúa realiza ideas que al descender al medio social se convierten en instituciones. Esto lo vemos claramente —y nos vamos acercando a las aplicaciones que queremos hacer a través de este estudio— en la vida de los Estados. Y así cuando el Estado de una nación actúa para realizar sus ideales y sus fines de cultura, sanidad, orden público, defensa, etc., se organiza a través de instituciones que atienden aquellos fines y que, actuando regularmente a través de sus órganos, dan vida política y jurídica a una realidad. El pensamiento de Hauriou se caracteriza por el papel esencial que atribuye a la «idea». La idea está siempre en el centro; es el principio fundamental de la teoría de la institución. «El elemento más importante de toda institución corporativa —dice el profesor francés— es el de la idea de obra a realizar en un grupo social o en provecho de este grupo. Todo cuerpo constituido es la realización de una obra o de una Empresa.» La pretensión fundamental de Hauriou y de sus seguidores Renard y Délos es la de coordinar y conciliar la idea con la realidad; y esta conciliación se efectúa en el concepto de «institución», a la que definen como a una idea de obra o de Empresa que se realiza y perdura en un medio social. Para realizar esa idea se constituye una autoridad, que se provee a sí misma de órganos; además, entre los miembros del grupo social interesados en la realización de la idea surgen manifestaciones de comunión, dirigidas por los órganos de autoridad y reguladas por normas de procedimiento». Expresando este mismo concepto general, Georges Renard define la institución como la «comunión de los hombres de una idea». La institución es una idea práctica que se ha objetivado, encarnado en una peculiar estructura u organización social, jurídica y política, que es fertilidad a través de los individuos que la componen. La justificación como grupo social está determinada por la participación de sus miembros en esa idea común de empresa. Por la aplicación del concepto de institución al Ejército, no cabe duda de que podemos afirmar que éste encaja dentro de esta noción, según la hemos expuesto siguiendo a sus fundadores y más destacados expositores. En efecto, el Ejército es la encarnación de la idea de defensa nacional; posee las notas de objetividad, organización, permanencia y fin, que caracterizan la institución. Si el Ejército es la fuerza militar de la nación, permanente y organizada para la defensa exterior del Estado y «garantiza la defensa del orden institucional» —según la atribuye la Constitución de 1978—, queda de manifiesto la misión vital necesaria de esta institución para la subsistencia misma del Estado. Y es de vital importancia su fin de defensa, ligado al fin de potencia nacional del Estado, y tan completas su estructura y organización en la fusión de fuerzas personales y elementos materiales que incluso se ha hablado de un poder militar específico y distinto de los demás poderes del Estado, al menos a nivel internacional. Nosotros entendemos que, dada la unidad y soberanía del Estado no se da un verdadero poder militar como diferente y separado de los demás poderes del Estado {algunos incluso han visto el Ejército como un Estado dentro del Estado); ni esto es así ni lo ha pretendido nunca el Ejército, sino que éste es una faceta del poder ejecutivo. Y por excepcionalmente importante que sea el Ejército —nada menos que el soporte mismo del Estado— sería exagerado estimarlo como un poder independiente (lo mismo que la cabeza o el corazón no son todo el hombre). Es más, aun dada la caracterización del Ejército como institución política e institución especial, por la trascendencia de sus fines en el cuadro de la Administración del Estado, no le eleva por eso a la categoría de poder soberano. Se trata de una institución encuadrada en la Administración General del Estado (que es una), como prolongación del poder ejecutivo, que encarna la idea de defensa, organizada jerárquicamente, y que posee una función coactiva general y otra concreta de mantenimiento de la seguridad interior, del orden institucional y de la paz pública y, en definitiva, de la libertad, porque sólo es posible la libertad cuando el orden y la paz están garantizados. La consideración del Ejército como organismo permanente de garantía del ser mismo de la Patria, le confiere el carácter de institución política de primer orden. Por eso, ningún sector orgánico ni social ha tenido mayor trascendencia política durante el período constitucional que el Ejército. Y por eso todos los Estados modernos en sus leyes fundamentales o Constituciones atienden, sin excepción, a la institución militar como la primera entre las demás del Estado. Bien decía Lorenz von Stein cuando fijaba en cinco las ramas de la Administración: judicial, social o interior, financiera, exterior o internacional, y militar o de defensa, todas ellas imprescindibles al Estado para el cumplimiento de sus fines. Y entendida la Administración como actividad del Estado —«es el Estado actuando», como dice Merkl— es esencial la noción de servicio, ya que, en último término, la actividad de la Administración se resuelve en servicios públicos. Y «el primer servicio que se ha pedido al Estado —afirma Hauriou— es la defensa militar de una población civil» cuya finalidad requiere la existencia de la institución militar. No entramos aquí en la polémica doctrinal entre los autores franceses e italianos sobre si la defensa nacional constituye o no servicio público, pero nos quedamos con la posición unánime afirmativa de los administrativistas españoles para quienes nada falta para que sea tal. Es más —dice acertadamente el profesor Guaita—, es condición del servicio porque garantiza el orden y la seguridad, sin los cuales no podrían realizarse los servicios públicos, ya que la Administración militar «coopera a su satisfacción mediante una especie de amenaza que su sola presencia infunde a los eventuales perturbadores de la paz interior y exterior, y guardando esta paz hace posible el normal desenvolvimiento y prestación de aquellos servicios». En el Derecho constitucional, político y administrativo modernos, la fuerza armada, los Ejércitos, se estiman como una fundamental institución nacional y se propende a considerarla, sobre todo, como la institución defensiva por excelencia. Para los fines de su propia subsistencia, el Estado dispone de un conjunto de órganos e instituciones a los que encomienda su seguridad y defensa: son las Fuerzas Armadas. La defensa nacional requiere necesariamente unos medios, personales y materiales, indispensables para el cumplimiento de sus primordiales fines. Queremos fijar aquí únicamente nuestra atención en la «máquina humana», como dice Merkl, en el elemento personal, porque sólo en atención a él enfocamos nuestro tema. Y porque el Ejército es, ante todo, una agrupación humana y no tendría sentido considerarle como institución social, jurídica y política sino fuese por los hombres que lo integran. En la obligada subordinación de los individuos al bien común, exigencia de la vida social, encontramos el verdadero fundamento moral y filosófico-jurídico y político de las prestaciones y servicios debidos a la sociedad. Es más. ello nos justifica plenamente no sólo el deber, necesidad moral de subordinarse a ese bien común, sino un verdadero derecho, un jus militiae en este caso, que no es sino consecuencia del servicio al Estado y de la contribución al propio perfeccionamiento y al bien de los demás —que para eso existe la sociedad—. Las prestaciones personales de servicio no son obligatorias o voluntarias por su naturaleza; dependen de los fines, de las necesidades, de las circunstancias especiales del Estado y del servicio público. El servicio militar, por ejemplo, puede establecerse con carácter voluntario o forzoso. La obligación del servicio forzoso es una obligación de servir según el Derecho público, impuesta de modo imperativo, independientemente del consentimiento del súbdito interesado. Este carácter imperativo-coactivo constituye una limitación de la libertad para la cual es necesaria una fundamentación legal. La legislación provee esos fundamentos —como veremos— para el servicio obligatorio. Desobedecer la orden del llamamiento, negarse a prestar el servicio acarrea una sanción penal. Y si se trata del servicio militar, se podrá vencer esa resistencia mediante el empleo de la fuerza, manu militari. Por la relación que el servicio militar (entendido éste en un amplio sentido como actividad del Ejército) implica entre el Estado y los obligados a prestarle, porque han hecho de él un estatus —permanente o temporal—, se trata de una prestación personal de los obligados, para que el Estado posea, en condiciones de eficacia, el poder indispensable para la defensa de su integridad e independencia y el mantenimiento del orden institucional. El servicio militar, así entendido, ofrece el doble aspecto de profesión y de obligación; profesión libremente elegida por el que, con vocación para seguirla, hace de ella su carrera u oficio (convirtiéndose en funcionario público); y como obligación que debe prestarse, aun careciendo de aquella vocación, cuando es preciso para la defensa de la patria. La justificación viene impuesta por la relación de los medios y los fines, porque si los medios son necesarios para los fines, el Ejército, y en él el servicio de las armas como servicio a la patria, quedan justificados con sólo afirmar que es necesario para el cumplimiento del Derecho que, a su vez, justifica la existencia del Estado; por lo cual la necesidad del servicio público, la necesidad de éste a la del servicio militar y la del servicio militar a la obligación de prestarlo que tienen todos los que al Estado pertenezcan. Así ha sido considerado tradicionalmente en las Constituciones españolas. «Todo español —dice el art. 3.0 de la Constitución de 1876— está obligado a defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley.» Análoga declaración se contiene en las Constituciones de 1812 (art. 9.°), de 1837 (artículo 6.°), de 1845 (art. 6.’), de 1856 (art. 7.0 ) y de 1869 (art. 28). La ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878 define a éste como «una institución regida por leyes y disposiciones especiales cuyo fin principal es mantener la independencia’ e integridad de la patria y el imperio de las leyes», siendo, según dice el artículo 1.°, «una institución especial por su objeto e índole y una de las carreras del organismo del Estado», y con «la misión primera y más importante —añade el artículo siguiente— de sostener la independencia de la patria y defenderla de enemigos exteriores e interiores». La ley adicional a la anterior, de 19 de julio de 1879, repite en su artículo 1.° que «el Ejército constituye una institución nacional regida por leyes y disposiciones especiales». Idénticas afirmaciones de especialidad encontramos en la ley del Régimen jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 (arts. 21 y 49), y en la ley de Procedimiento administrativo de 17 de julio de 1958- (artículo 146). así como en las excepciones de los artículos 1° y 40 de la ley Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y en las de la ley de Procedimiento administrativo. Más tarde, en las leyes Fundamentales del Reino, textos refundidos de 20 de abril de 1967. En primer lugar, en la ley de Principios del Movimiento nacional, en el Iº de ellos, tras afirmar que «España es una unidad de destino en lo universal», añade que «el servicio a la unidad, grandeza y libertad de la patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles»; y en el principio IV se establece que «la integridad de la patria y su independencia son exigencias supremas de la comunidad nacional. Los Ejércitos de España, garantía de la seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio de la patria». En el Fuero de los Españoles, después de sentar en el artículo 2° que «Ios españoles deben servicio fiel a la patria», afirma en el artículo J.” que «constituye título de honor para los españoles el servir a la patria con las armas», y que «todos los españoles están obligados a prestar este servicio cuando sean llamados con arreglo a la ley». La ley Orgánica del Estado, de 13 de enero de 1967. tras atribuir, en el artículo 6.°, el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire al Jefe del Estado, dedica un sustancioso artículo, el 37, a las Fuerzas Armadas que «constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden público, garantizan la unidad e independencia de la patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional». No se puede prestigiar más una institución a la que se encomiendan fines tan fundamentales. Y estas misiones que la ley atribuye a las Fuerzas Armadas, compendia elocuentemente y del modo más solemne las funciones que tradicionalmente ha tenido el Ejército, si bien aquí con algunos matices actuales que no escapan a una fina observación. Su alta jerarquía en el conjunto de las instituciones del Estado deriva del hecho de ser la que garantiza su existencia, cualesquiera que sean los moldes de su organización. La ley Básica de movilización nacional, de 26 de abril de 1969, establece en su preámbulo que «la defensa de la nación es un honor y primordial deber de todos los españoles, y corresponde a éstos contribuir con su esfuerzo y el sacrificio de sus intereses particulares y colectivos en la medida que aquélla lo requiera», concretando el artículo 1. ° que la «movilización nacional comprende la movilización de las Fuerzas Armadas, la movilización humana, de recursos», etc. Lo cierto es que el principio constitucional de defensa nacional que hace del Ejército una institución política, tiene su desarrollo en las leyes de Reclutamiento a partir de 1885 hasta la actual. Así, la ley articulada de 19 de marzo de 1912, al desarrollar la ley de Bases de 29 de junio del año anterior, presenta una notable innovación por lo que al servicio militar se refiere, afirmando que «es obligatorio para todos los españoles y constituye título honorífico de ciudadanía» (lo cual veremos repetido en el Fuero de los Españoles y en las últimas leyes y Reglamentos del servicio militar). La ley de Reclutamiento, de 1940, y el Reglamento para su aplicación, de 1943, en sus respectivos artículos 1. ° establecen que «el servicio militar es obligatorio para todos los españoles con aptitud física para ello y se prestará personalmente por aquellos a quienes corresponda». Terminamos este breve recorrido cronológico con la ley del Servicio militar, de 27 de julio de 1969, y su Reglamento, de 6 de noviembre siguiente. Ya en el preámbulo de la ley se habla de la necesidad de adaptar al servicio militar a las variaciones motivadas por la creciente evolución de la vida nacional en sus aspectos cultural, social, técnico y económico; es decir, teniendo en cuenta los factores que conforman la sociedad para, siguiendo sus exigencias, mejor servir a ésta. Al inspirarse en el principio tradicional de que el servicio militar es un honor y un deber que afectan a todos los españoles, suprime todo lo que suponga trato diferenciado respecto al individuo, pero exceptuando los casos especiales en que intereses tan respetables como la familia o la propia nación aconsejen adoptar los sistemas adecuados para su protección. Pero hay algo nuevo en la ley y Reglamento de excepcional interés para que podamos calificar al Ejército como verdadera institución social. Y no sólo porque comprenda a todos, sin otras excepciones que las de intereses sociales superiores, lo cual es ya una prueba de la contribución del Ejército al bien común (ya que en atención a la familia se conceden las prórrogas de primera y tercera clase, y por «razones de interés nacional» —protección a industrias de importancia para la economía nacional— se han creado las prórrogas de cuarta clase), sino porque, por primera vez, se reconoce que el servicio militar es —además de honor y deber inexcusable— «un instrumento para la formación espiritual, física y cultural y para la promoción social de la juventud española». Así lo declaran expresamente los artículos 1. ° de la ley y del Reglamento. Y más concretamente se consagra esta promoción cultural y técnica, que es decir social, cuando en los artículos 8.° de la ley y 17 del Reglamento se dice que «en la medida en que sea compatible con el servicio militar en filas, se promocionará en los tres Ejércitos la educación y cultura de los soldados, así como, según su aptitud, la formación profesional acelerada de los mismos en las distintas especialidades y oficios» (hemos subrayado nosotros por la importancia y novedad que esto supone y la ambiciosa pretensión del Ejército de convertirse en verdadera escuela social en pro del bien de la sociedad a la que sirve). Y, asimismo, el Ejército cuida de fomentar los oficios y profesiones de los incorporados cuando éstos, tras las pruebas de aptitud en los centros de instrucción, son destinados en función de sus profesiones. La Ley 19/1984 compagina el derecho y deber de los ciudadanos a participar en la Defensa de la Patria con el derecho a conservar el puesto de trabajo mientras se esté sirviendo en filas, acción protectora de la Seguridad Social con situación asimilada a la de alta.
Esta era, grosso modo, la Institución militar hasta la Ley 18/84. Veremos ahora, desde un punto de vista, quizás menos deontológico y más funcionarial, jurídico administrativo lo que fue a partir de esta nueva Ley, según Alli, Doctor por la Universidad de Navarra.
Sin embargo, el Derecho administrativo, en su concreta parcela del Derecho funcionarial, sí tiene que decir mucho sobre el régimen funcionarial del militar de carrera que, a efectos jurídicos, es un funcionario público, aún con sus peculiaridades. Tanto la Ley 17/89- que ha tenido entre sus muchos defectos, la virtud de ordenar el régimen funcionarial militar- como la parcialmente vigente Ley 17/99 han destacado este hecho: la “función pública militar, constituye una parte de la función pública, aunque sus peculiaridades obliguen a regularla por normas específicas que, sin embargo, han de basarse en principios análogos a los que rigen aquella”. (Preámbulo Ley 17/89).
1-2.1.- De la necesaria respuesta del Estado a esta realidad metajurídica.
Pero las autoridades han de dar una adecuada respuesta a la pequeña revolución que, a decir de los sociólogos militares, se está produciendo paulatinamente en los ejércitos occidentales. Las líneas maestras de esos cambios que es posible se hayan acrecentado en España con la profesionalización total de sus FAS y el cambio de enseñanza y carrera militar con la Ley de la Carrera Militar, que analizaremos en concreto más adelante, son:
Constituye, pues, la carrera de las armas, una de las más tradicionales y primigenias formas de servir al Estado, sobre todo desde la burocratización del militar como “funcionario” u oficial, amplio sensu, al servicio particular del Estado. Y aunque la actual Ley 17/99 para las Escalas de Complemento y la Ley de la Carrera Militar omite cualquier consideración al respecto, era muy claro sobre este punto el Art. 1 de la Ley 17/89 que decía que “la función militar es un servicio del Estado a la comunidad nacional prestado por las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del Gobierno, para cumplir la misión definida en el Art. 8.1 de la Constitución” y, por tanto, tiene una función social, política y jurídica.
2.- Un breve paso por la Historia contemporánea del Servicio Militar.
La trascendencia de la Ley 17/89, de 19 de julio, de Régimen del Personal Militar Profesional (LPMP), vino dada por su propio contenido, en cuanto modifica la estructura de Cuerpos y Escalas, diseña sistemas de ascenso y promoción, define un nuevo modelo de enseñanza militar y, en definitiva, configura el estatuto funcional del militar profesional, aprobado por RD 1385/1990, fuera del ámbito administrativo y en la necesidad de un estudio detallado que justificara determinadas previsiones o, por el contrario ponga de manifiesto su carencia de fundamento. Por ejemplo, ¿qué razones llevaron al legislador a mantener la sujeción a las leyes penales y disciplinarias castrenses del militar que pasara a la situación de servicios especiales cuando no en servicio activo en las desaparecidas Escalas de Complemento y de Reserva Naval o como aspirantes a ingreso en ellas?, artº 8.4 CPM.
a.- Según el artº 35.1, “especialmente se tendrá en cuenta la condición de no profesional del culpable para imponer la pena en su menor extensión”.
b.- Por último, el artº. 159, agrava la pena en “el caso de imprudencia temeraria y de que tuviese, el sujeto, la condición de militar profesional”.
2-1.- El militar profesional en la legislación disciplinaria.
2-2.- Militares.
2-3.- Militares Profesionales.
2-4.- Antecedentes de la plena profesionalización.
La investigación del Servicio Militar, como afirmó en su trabajo “Los procesos de la Defensa en la Región Militar Pirenaico-Occidental” Area Sacristán, tiene un carácter interdisciplinario, dado que la problemática en torno al mismo abarca, para comprenderlo, de materias de distinta naturaleza: sociológicas, históricas, políticas, económicas, jurídicas, etc. Durante el último decenio del s. XX, hemos tenido que enfrentarnos a una serie de circunstancias, altamente debatidas en todos los terrenos respecto al modelo de Servicio Militar a adoptar. El éxito o el fracaso obtenido en los primeros años de vigencia del nuevo Servicio Militar lo valoraremos más adelante, teniendo presente que, posiblemente aún sea muy temprano para realizar una valoración real y científica del mismo por el poco tiempo transcurrido ya se vislumbran algunas deficiencias graves como la de la falta de oficialidad en las cualificaciones. En realidad, se trata de saber si ese modelo tiene la posibilidad de instaurarse en la Sociedad, cumpliendo con los objetivos estratégicos de la Institución.
2-5.- El Servicio Militar Obligatorio y voluntario. (Mixto)
En la Constitución española se parte del concepto jurídico de que el servicio militar es un derecho y un deber u obligación de todo ciudadano, donde estaban excluidas las mujeres en determinados destinos; situación que se modificó de facto y realmente con la entrada en vigor de la profesionalización de este en el año 2000.
En la práctica, siguiendo las tesis de Alli, existió un distanciamiento entre el espíritu del principio y la realidad social que tiende a verlo como una imposición. Este distanciamiento no parece haberse eliminado ni con la reducción de efectivos en los Ejércitos ni con las asignaciones presupuestarias del Ministerio dedicadas a la remuneración de las clases de tropa; lo que puede indicar un distanciamiento entre la Sociedad Civil y Militar, bien sea por las escasas remuneraciones que percibe el personal de tropa, bien por causas históricas no superadas. Todo ello a la luz de la Ley 17/89..
Este Servicio Militar obligatorio cumplía, al menos, una triple función: formar un Ejército con unidades permanentes, capacitar a la totalidad de la población a participar en la Defensa común e integrar y doctrinar al personal que pasa por filas en determinados valores comunes nacionales, que no lo hacía ninguna otra Institución y que sigue sin hacerse.
En relación con los medios, continua este autor afirmando que los ahorros que se consiguen en la remuneración de personal con respecto al reclutamiento estrictamente voluntario permiten equipar a un mayor número de hombres con un equipo aceptable. Frente a esta argumentación, los defensores del Servicio Militar voluntario apuntaban, argumentaban que resulta imposible hoy en día armar adecuadamente a grandes Ejércitos de masas.
3.- Fuerzas Armadas Profesionales: Ley 17/99. Principios
Es necesario aseverar que las propuestas que hicieron hincapié en la profesionalización total de los Ejércitos como prioridad número “uno” de la reforma del Sistema de Defensa Nacional pudieron ser una reacción política a los informes que culpaban a los Cuadros de Mando de una percepción negativa y desvirtuada que tenía una parte de la Sociedad de sus Ejércitos y que se materializaba en unos altos índices de exención, objeción e insumisión, pero solo y solamente en aquellas regiones en que el nacionalismo era una fuerza política pujante.
Múltiples declaraciones, documentos e informes oficiales reclamaban la “profesionalización” de los Ejércitos, junto a intensas campañas mediáticas que estimulaban el rechazo al Servicio Militar Obligatorio y reclamaban como solución la “profesionalización” de los mismos sin saber a ciencia cierta lo que ello conllevaba; una meta compleja dado, en primer lugar, lo evanescente del propio término, como ha quedado mostrado en el análisis de la Ley 17/89 y, en segundo lugar, dada la precariedad de las políticas de Defensa en el campo económico.
Con respecto al refuerzo Institucional es sabido el papel mediacional que las Instituciones asumen entre las percepciones asequibles a los individuos sobre la realidad social que les rodea y la realidad social misma; en nuestro caso, entre la auto- percepción identificante explicada en el párrafo anterior y el reconocimiento social que vamos a explicar en el siguiente. Es también conocido que “media”, “mediatiza”, es decir, condiciona, limita márgenes de libertad de proyectos y actuaciones. No todas las Instituciones de la Nación, especialmente en determinadas Comunidades Autónomas, han respetado este proceso de refuerzo, lo que ha provocado el rechazo a nuestra Institución en una gran parte de la población, especialmente “progresista”.
En último lugar, debemos tratar el reconocimiento social. Sin entrar en discusiones terminológicas a propósito de rol y estatus (elementales para los sociólogos), se debe subrayar que la percepción socialmente vigente acerca de la función que desempeñamos los profesionales de la milicia disminuye su ponderación profesional, entre otras cosas porque la extracción social de la tropa profesional genera un isomorfismo de prestigio de clase no muy elevado, con su consiguiente transferencia a la función social que dicha “clase profesional” desempeña. En relación con ésta última afirmación, se da una imagen social de estratificación curiosamente invertida: el prestigio social de los profesionales de la milicia de las clases de Tropa es inversamente proporcional, en cuanto a tales profesionales precisamente, a la preparación técnica. Así, quienes más formación profesional deben recibir en los Ejércitos, hablamos de Tropa de Rama Técnica, ocupan el rango inferior en la escala de prestigio social, además de no recibir ningún refuerzo institucional neto (sueldo). Los integrantes de las Unidades Operativas, Rama Operativa, que suelen carecer de toda exigencia institucionalizada de certificación de su especialidad, tienen un nivel más alto de prestigio social.
– Contra el rasgo de la “sabiduría específica no trivial”; de cierta complejidad y dificultad de dominio que distingue/separa a los miembros de una profesión de quienes no la ejercen o no pueden/no deben ejercerla, precisamente porque (criterio profesionalizante) les falta el saber específico citado.
Partiendo de estos principios podemos pasar al análisis de la Ley 17/99, que hizo posible la “profesionalización” de los Ejércitos
3-1.- Qué es un militar profesional en la Ley 17/99.
3-1-1.- Los conceptos recogidos en la legislación.
La reciente aparición de adjetivos al lado de la palabra “militar” (militar profesional, no profesional, de carrera, de empleo, de reemplazo, de complemento, etc.) ha generado cierto confusionismo en torno a este concepto.
– “Son militares de carrera los oficiales, suboficiales y personal asimilado que forman los cuadros permanentes de los Ejércitos y que han ingresado en las escalas correspondientes por los procedimientos selectivos señalados en la Ley…”.
El Código penal militar señalaba que:
A los efectos de este código se entenderá que son militares quienes posean dicha condición conforme a las leyes relativas a la adquisición y pérdida de esta y, concretamente, durante el tiempo en que se hallen en cualquiera de las situaciones de actividad o reserva, con las excepciones que expresamente se determinen en su legislación específica, los que:
5º.- Con cualquier asimilación militar presten servicio al ser movilizados o militarizados por decisión del Gobierno”. (Art. 8 CPM).
Mientras que la Ley 17/99 señaló:
“Son militares profesionales los españoles vinculados con las FAS con una relación de servicios profesionales que adquieren la condición de militar de carrera, de militar de complemento o de militar profesional de tropa y marinería”. (Art. 2.1).
Después, la Ley 17/99 define cada uno de estos tipos de “militar profesional”, que van a ser el objeto de estudio y no solo los de carrera como exclusivamente interesa en la tesis que se está extractando.
De la lectura de todos ellos nos quedan los siguientes datos en cuanto a la vinculación jurídico-funcionarial. En primer lugar, la existencia de un concepto, el de “militar” dentro del que se incluye: a) los cuadros de mando permanentes del ejército; b) los cuadros de mando temporales (mandos de empleo para la Ley 17/89); c) la tropa profesional; d) la tropa de reemplazo y e) los alumnos de centros militares de formación, aspirantes a militar de carrera y de empleo o complemento.
Desde una perspectiva objetual de la relación funcionarial, y por ello más sociológica, es claro que es militar toda persona vinculada con las FAS, no estando de acuerdo con Juan-Cruz Alli Turrillas en que hay diferentes tipos de militares profesionales en el sentido que este indica (militares encargados de la fuerza, del apoyo a la misma, especialistas y los profesionales de otras áreas, dígase Cuerpos Comunes) que es una diferencia estrictamente funcional y de especialidades.
No se está en absoluto de acuerdo con Alli Turrillas en tanto afirma que los profesionales temporales carecen de carrera militar. La carrera militar, como antes ha afirmado el mismo es el paso por los diferentes empleos en cada escala. Los militares temporales tienen la posibilidad de acceder a militar de carrera en todos los empleos, incluyendo la tropa. Es más, la mayor parte o una parte importante de la escala de oficiales y de suboficiales se nutre por promoción interna de los profesionales temporales, pasando a constituir parte de los cuadros de mando permanentes de los tres ejércitos.
El dato esencial para saber si el militar profesional lo es en toda la integridad del adjetivo está en su carrera. Concepto que no aparecía de un modo claro ni en la Ley 17/89 ni en su legislación complementaria. Esta clarificación de la necesidad de que exista una carrera en la profesión militar, es decir, un recorrido por los diferentes empleos se produce en un momento final de la normativa de desarrollo de la Ley 17/89, en concreto en el Reglamento de Cuerpos y Especialidades Fundamentales de 1997, cuyo Art. 2.1 señaló, con enorme claridad, y así lo recogió la 17/99 que:
“La carrera militar es la trayectoria profesional definida por el ascenso a los sucesivos empleos, en las condiciones establecidas por la Ley, que siguen los militares integrantes en los cuadros permanentes de las FAS…”.
Con estas apreciaciones, espero que haya quedado claro, que es un militar profesional. En mi opinión no estaba nada claro legalmente.
4.- La Ley de la Carrera Militar de 2007. Disquisiciones legales de actualidad.
Quizás lo más importante de la Ley de la Carrera militar, desde el punto de vista laboral, la estabilidad en los Ejércitos no está garantizada para la Tropa, las relaciones temporales son la norma, y sólo unos pocos pueden esperar continuar de por vida en los mismos. El concepto de “carrera” para la tropa, pase por distintos empleos hasta finalizar su vida militar, es mucho más relevante que en el pasado. El conjunto de fenómenos que se ha dado por llamar profesionalización total de las Fuerzas Armadas se basa, sobre todo, en la utilización del talento humano como base para determinar quiénes son “útiles” para la consecución de los objetivos de defensa y cuáles no. Esto significó que la Institución militar se planteara, en su momento, cómo atraer o dejar ir a esta base de talento, lo cual significa que se planteó cómo iban a contribuir a qué estos profesionales y como iban a construir sus carreras tanto en el corto y medio, contrato de larga duración hasta los 45 años, como en el largo plazo o permanentes.
“La temporalidad es irrenunciable para las Fuerzas Armadas. Si se eliminara, repercutiría negativamente en su operatividad”, advirtió el que fue subsecretario de Defensa, Arturo Romaní. “La tropa constituye el 54,7% del personal desplegado en operaciones en el exterior. La gran mayoría está destinada en puestos operativos que requieren una edad acorde con las necesidades de disponibilidad y condiciones físicas. La edad media de nuestros soldados es de 34 años, durante los próximos diez años podría pasar a una horquilla de entre 35 y 45. Un cambio de modelo generaría un aumento de edad aún mayor”.
Un efecto de este fenómeno es que estas personas demandarán a la Institución no una garantía de seguridad laboral que pensaban iban a tener por cambios posteriores en la Ley al final de sus compromisos, sino lo que se ha dado en llamar “empleabilidad”. Es decir, una promesa implícita de que el tiempo que pasen en la Institución les ayudará a adquirir conocimientos y habilidades que les serán útiles cuando hayan de trasladarse a otras organizaciones. Los Ejércitos no se han tomado en serio este requerimiento y no ofrecen a las Clases de Tropa servicios de formación, compatibles en tiempo con su trabajo diario, porque incrementa sus costes laborales con este tipo de servicios y no obtiene ningún beneficio a corto plazo, olvidando que hacer Patria y desarrollar una auténtica conciencia de Defensa debe empezar por tener que cumplir las promesas que se realizan a quienes tienen o han tenido la responsabilidad principal de la defensa de España, aunque sus puestos de trabajo se puedan calificar de poco cualificados.
“No ha habido vulneración de derechos fundamentales en la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso presentado, en casación, por varios por miembros de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, contra los despidos de Defensa a los soldados profesionales mayores de 45 años. La Sección Tercera de la Sala Segunda del Constitucional no dará amparo a la causa y, por tanto, avala las providencias del Alto Tribunal que denegaron la admisión del escrito presentado por el abogado Antonio Martínez Canevas como trámite previo a que el Supremo entrase en el fondo del asunto”. Así abría su noticia el pasado 18 de junio el Diario Digital OKDIARIO.
Los magistrados Roca Trías, Xiol Riós y González-Trevijano Sánchez han descartado continuar con el procedimiento dada «la manifiesta inexistencia de la violación de un derecho fundamental», tal y como consta en la resolución.
El detonante era la decisión emitida por la Sección 3ª, Sala 1ª de lo Contencioso-Administrativo, con la que elSupremo cerró la posibilidad de que los miembros no funcionarios del Ejército, vinculados a Defensa en régimen no permanente, pudiesen continuar litigando por una causa que llevan años denunciando.
Los militares profesionales sostienen que, según la legislación española actual, Defensa estaría segmentando al personal militar de base en función de la modalidad del contrato laboral que lo vincula a las Fuerzas Armadas. Un escenario que permite despidos masivosde todos aquellos efectivos que hayan cumplido los 45 años, incluso aunque hubiesen mantenido compromisos de larga duración con la institución.
Una vez que el Constitucional se ha pronunciado formalmente -aunque no sobre el fondo de la cuestión- a favor de Defensa frente a los trabajadores del Ministerio que pleiteancontra el régimen de contratación del personal temporal, en una batalla jurídica inédita hasta la fecha, el objetivo de los afectados será obtener un pronunciamiento positivo de la Justicia europea, ya agotadas todas las instancias internas.
Más de 3 años duraba la batalla judicial iniciada por la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM)-representada por Martínez Canevas Abogados-contra Defensa para que se declaren inconstitucionales tanto el carácter «eventual» de los efectivos sin oposición, como sus despidos una vez alcanzan los 45 años de edad.
Así las cosas, ni la ministra de Defensa tiene previsto modificar la Ley de Tropa y Marinería ni tampoco tiene en agenda ningún cambio normativo en torno a una nueva Ley de Carrera Militar Única. Al menos, no ha expresado su voluntad al respecto en la primera toma de contacto con las entidades que integran el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas en la reunión informal que mantuvieron el pasado 24 de enero. De manera que no habrá cese de los despidos de los militares no permanentes que alcancen los 45 años.
Margarita Robles sí dejó claro, por el contrario, que el Gobierno de Pedro Sánchez va a limitarse a cumplir con las 40 medidas que aprobó la Comisión de Defensa del Congreso en septiembre de 2018. Entre las propuestas que salieron adelante con los votos de PP, PSOE, PNV y UPN y el rechazo de Ciudadanos (Cs) y Unidas Podemos (UP) se encuentran la homologación con la enseñanza general de los cursos que reciben los efectivos, su pase a la administración civil con la reserva de plazas en las convocatorias públicas o los acuerdos con el sector privado para facilitar la reinserción en el mercado laboral.
En este contexto, han trascendido, por el momento, los contactos entre Defensa e Instituciones Penitenciarias o Renfe para formalizar convenios que faciliten la recolocación, algo que ha despertado reservas en los representantes sindicales sectoriales pero también en las asociaciones profesionales de miembros de las FFAA. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) colabora con el Ejecutivo para reservar un 20% de plazas de Policía Local para los soldados afectados, aunque solo han suscrito acuerdos los ayuntamientos de Madrid, Murcia, Valladolid y Zaragoza, y en Andalucía ninguno.
Robles se mostró receptiva a la propuesta hecha por asociaciones como la Unión de Militares de Tropa (UMT) para modificar la Ley de Carrera Militar, para poner solución a lo que ellos consideran el problema de la temporalidad de soldados y marineros que tienen que dejar las Fuerzas Armadas a los 45 años. Esto, en mi opinión, debe pasar por la formación en un grado medio de todos a aquellos militares de Tropa que hayan cumplido un mínimo de 6 años en las Fuerzas Armadas y no llegando nunca a superar los 35 años. Hay que tener en cuenta que la formación en un grado medio no es una exigencia actual en los contratos de larga duración y que según el artículo 47 de la Ley sólo se iniciará la preparación a la consecución del mismo, con el consiguiente falto de incentivo a la Tropa a superarse y prepararse antes de los 35 años, primer ciclo de la carrera militar para las Clases de Tropa, para su reinserción en el mundo laboral, objetivo último para aquellos que, por una parte, quieren abandonar los Ejércitos a esa edad y, por otra, para poder cualificar a los que se quedan hasta los 45 años.
“Artículo 47. Enseñanza de formación de tropa y marinería.
2. Con esta formación se iniciará la preparación encaminada a que los militares de tropa y marinería obtengan el título de técnico de formación profesional de grado medio, o el que corresponda en el caso de las especialidades de música, integrando de forma progresiva tanto enseñanzas teóricas como la experiencia durante el ejercicio de la profesión”.
Creo que esto no se lleva a cabo o, por lo menos, no como se debiera dedicando el tiempo necesario dentro de su carrera a la consecución de este objetivo en beneficio de una rotación equilibrada de las Clases de Tropa y a la colocación de ésta en trabajos civiles.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que:
La legislación sobre formación militar no puede ir en contra de lo establecido por las leyes del Estado y el Espacio Europeo de Educación Superior. Es evidente que la formación y trayectoria de la tropa y los suboficiales en lo que a promoción se refiere no son reconocidas por el Ministerio de Defensa.
Al no reconocerse en el proceso de selección las titulaciones civiles, profesionales y universitarias, se rompen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
En la sociedad civil, conforme a la normativa vigente que luego se detallará, junto con otra específica de la Defensa, que están siendo contravenidas, cualquier Ingeniero Técnico o Diplomado Universitario puede obtener la titulación de grado después de realizar uno o dos cursos de formación. Según se deduce de la normativa de Defensa, esto no es así en las Fuerzas Armadas.
La promoción interna de los suboficiales supone un ahorro para las maltrechas arcas del Estado, habiendo sido potenciada históricamente en el ámbito de la Defensa Nacional, tanto en lo que se refiere al tiempo de formación como en los medios económicos; sin embargo, con actitudes como esta se bloquea y dificulta el acceso por promoción. El reglamento de Ingreso y Promoción en las Fuerzas Armadas no contiene ninguna tabla de equivalencias para que los suboficiales que deseen efectuar la promoción interna a la Escala de Oficiales vean reconocida su formación y experiencia profesionales al igual que en el sistema universitario europeo.
Debe contemplarse, a este respecto, que la normativa europea (el denominado Plan Bolonia) no distingue entre unas y otras Ingenierías o Títulos Profesionales y/o Universitarios, sino que habla de Grados, y no sería legal que el Reglamento de Formación Militar, y la Ley de la Carrera Militar citada lo hiciesen; por ello, el espíritu con el que ha de interpretarse la norma es con el que ahora indicamos.
El artículo 37 de La Ley de Universidades, en su nueva redacción dada por la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril (B.O.E. núm. 89, de 13 de abril de 2007, págs. 16.241 a 16.260), para armonización dentro del marco del espacio europeo de educación superior, establece: “Las enseñanzas universitarias se estructurarán en tres ciclos: Grado, Máster y Doctorado. La superación de tales enseñanzas dará derecho, en los términos que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, a la obtención de los títulos oficiales correspondientes”.
La Disposición adicional decimoquinta de la Ley de Universidades como continuación, refiere: “En las directrices y condiciones previstas en el artículo 35.1, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universidades, establecerá las condiciones para el paso de un ciclo a otro de aquéllos en que se estructuran los estudios universitarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 37, así como para el acceso a los distintos ciclos desde enseñanzas o titulaciones universitarias o no universitarias que hayan sido declaradas equivalentes a las universitarias a todos los efectos”.
Sobre el reconocimiento como Grado, tanto de las Ingenierías Superiores como de las Ingenierías Técnicas, nos remitimos a los contenidos de la Disposición adicional cuarta del REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (B.O.E. núm. 260, de 30 de octubre de 2007, págs. 44.037 a 44.048), que se refiere al “Efecto de los títulos universitarios oficiales correspondientes a la anterior ordenación”.
El artículo 9 del expresado Real Decreto, establece en cuanto a las Enseñanzas de Grado:
“1. Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional.
3. La denominación de los títulos de Graduado será: Graduado o Graduada en T por la Universidad U, siendo T el nombre del Título y U la denominación de Universidad que expide el título. En el Suplemento Europeo al Título, de acuerdo con las normas que lo regulen, se hará referencia a la rama de conocimiento en la que se incardine el título. En todo caso, las Administraciones Públicas velarán por que la denominación del título sea acorde con su contenido, y en su caso, con la normativa específica de aplicación, coherente con su disciplina y no conduzca a error sobre su nivel o efectos académicos ni a confusión sobre su contenido y, en su caso, efectos profesionales”.
Dice el artículo 12.4 del mismo cuerpo legal: “La Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de Graduado o Graduada a alguna de las siguientes ramas de conocimiento:
Dicha adscripción será igualmente de aplicación en aquellos casos en que el título esté relacionado con más de una disciplina y se hará respecto de la principal”.
Reza el artículo 13 del meritado Real Decreto, en lo que respecta al Reconocimiento de Créditos en las Enseñanzas de Grado:
“Además de lo establecido en el artículo 6 de este real decreto, la transferencia y reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal”.
Defensa actúa en clara contravención de lo armonizado en materia de créditos por el REAL DECRETO 1393/2007, que dice en su artículo 12:
“Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado.
Dicha adscripción será igualmente de aplicación en aquellos casos en que el título esté relacionado con más de una disciplina y se hará respecto de la principal.”
En este punto resulta necesario, por esclarecedor, transcribir literalmente la Disposición Adicional Cuarta del REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (B.O.E. núm. 260, de 30 de octubre de 2007, págs. 44.037 a 44.048), que es la que se refiere al “Efecto de los títulos universitarios oficiales correspondientes a la anterior ordenación”; ya que la representación de contrario solo ha utilizado parcialmente y a su conveniencia la literalidad del texto.
“1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales.
Los titulados a que se refiere el párrafo anterior podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17. En todo caso, las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudios de origen y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas”.
En definitiva, podemos ver como existe una grave carencia en las homologaciones de las cualificaciones con el Sistema General de Enseñanza en toda la enseñanza militar, teniendo especial repercusión en las Clases de Tropa a las que se niega la posibilidad real de conseguir un trabajo cualificado en el mercado laboral, máxime cuando su edad de pase a la reserva es a los 45 años y a esa edad se les cierra muchas puertas en empresas civiles si no se poseen conocimientos y experiencia en los distintos puestos de trabajo que se ofertan.
6.- Solución imperativa. Nuevo modelo.
6-1.- Introducción.
Por ello, lo único que este Oficial pretendía, con las líneas que suceden a estas, fue destacar la encomiable labor que nuestras Fuerzas Armadas han venido llevando a cabo, año tras año y llamamiento tras llamamiento, en el campo de las enseñanzas de la Extensión Cultural y la preparación humanística. Labor que ya tuvo su fruto de oro de la mejor ley, en la aportación decisiva a la reducción de los índices de analfabetismo, a la par que intensificando los esfuerzos encaminados a la mayor elevación del nivel cultural del contingente anual de españoles que llegaban a sus filas. Y no quisiera cerrar esta introducción de este epígrafe, continuaba este Oficial, sin rendir “mi modesto homenaje de afecto y gratitud a los profesores de las clases de Extensión Cultural, que, con su celo y competencia docente, hicieron posible, día tras día, la realidad de una auténtica formación de enseñanza integral entre sus compañeros de todas las tierras de España.”
En segundo lugar, y en lo que a educación militar se trata, se ha de decir que los Ejércitos, como quedó demostrado durante la transición, tras la muerte del Generalísimo Franco, no han aplicado técnicas de adoctrinamiento político durante la realización del Servicio Militar Obligatorio o Mixto, aunque sí admitimos que se ha doctrinado a nuestros soldados; es decir: no se ha llevado a efecto ningún control del comportamiento que no sea el respeto a las normas de disciplina y jerárquicas de una Institución profundamente disciplinada y unida, control del pensamiento, control emocional y control de la información; cada una de estas formas de control tiene un gran poder e influencia sobre la mente humana que, repito, no se han aplicado en el Ejército Español de la segunda mitad del siglo XX y, menos aún, del XXI.
Pero los tiempos han cambiado. Con la profesionalización de las Clases de Tropa se modifica sustancialmente la enseñanza que se debe de impartir a estas si se quiere cumplir con la promesa realizada por el Ministerio de Defensa en aras a que, una vez hayan cumplido con sus contratos, la tropa esté en condiciones de incorporarse a la vida laboral. Las expectativas iniciales de reclutamiento en los años 2000-2008, no se cumplieron y tuvieron que disminuirse las exigencias de ingreso en las Fuerzas Armadas. Ingresó personal sin apenas estudios y este factor ha sido un lastre, como ha quedado demostrado en la actualidad, a la hora de “colocar” en las empresas a este personal una vez cumplidos los 45 años. Es necesario un cambio cultural en la Institución de tal manera que se dediquen dos años de su servicio en filas a la obtención de un título de grado medio a toda la Tropa que firme un compromiso de larga duración a los 35 años. Con ello conseguiríamos cumplir con las expectativas de los jóvenes que ingresan actualmente a la realización de un Servicio a la Sociedad y con la obligada rotación normal de las Clases de Tropa sin conformarse en un problema para los Ejércitos y otro para los poderes políticos que ven como existe un problema de difícil solución en las Fuerzas Armadas después de veinte años profesionalizadas por no haber previsto en su día la formación cualificada de sus hombres.
Es por esto por lo que defiendo que la solución al problema pasa por dedicar dos años antes de los 35 de edad a la formación en un grado medio, cuyo periodo de prácticas bien se podría realizar en las Unidades logísticas de los diferentes Ejércitos y Armada, con lo que, realmente, sólo faltarían a la actividad diaria de éstas nueve meses, correspondientes al primer año del grado medio. Pasemos al análisis de los beneficios de la formación.
6-2.- La obligación de la formación
– Las perspectivas de continuidad. Sería una incongruencia invertir en la formación de nuestros profesionales si estuvieran próximos a la edad de pase a la reserva. La clave está para la Institución en que el tiempo mínimo que la Tropa va a estar en activo en los Ejércitos es de un mínimo de otros diez años si no accede a Tropa Permanente, alargándose este periodo si lo hiciera.
6-3.- La apropiación de la formación.
– Las habilidades ocultas y el problema de la selección adversa. Si el Ejército proporciona formación a las Clases de Tropa en habilidades genéricas debe preocuparse por la posibilidad de que los instruidos o adiestrados usen ese conocimiento para irse con lo aprendido. Sin embargo, la credibilidad de tal amenaza depende de que las otras organizaciones potenciales puedan discernir acerca del profesional militar y sus nuevas habilidades que, nos guste o no es lo que se ha pretendido por Ley con los contratos de larga duración hasta los 45 años.
6.4.- Los costes de la formación
La psicología ha analizado de manera exhaustiva el comportamiento de los individuos, particularmente su motivación. En lo referente al impacto de la retribución sobre su comportamiento, podríamos encontrar ideas coincidentes con aquellas comentadas en los artículos publicados en las dos últimas semanas sobre la falsa profesionalización de los Ejércitos. La Teoría de las expectativas viene a señalar que la motivación de un individuo para actuar de una determinada manera depende de la relación existente entre las acciones y las recompensas recibidas a cambio, y el valor que la persona otorga a dichas recompensas. De este modo, el poder de los incentivos para motivar a un mayor esfuerzo dependerá de la relación que exista entre dicho esfuerzo y la probabilidad de alcanzar el resultado que permite lograr ese incentivo.
La idea básica es enormemente simple e indica que la motivación y, en definitiva, el rendimiento de un profesional depende directamente de lo justa o equitativa que considere la retribución que recibe a cambio de su trabajo. Esta percepción de justicia no sólo afecta a la motivación del profesional, sino que también determina la decisión de aceptar la oferta de empleo y, por tanto, la autoselección de los aspirantes. La insatisfacción en el profesional que se deriva de la percepción de injusticia, inequidad, puede precipitar la marcha de los profesionales más preparados y el rechazo de los jóvenes a auto reclutarse. El riego para la Institución es evidente al incrementar la posibilidad de perder profesionales clave en puestos de trabajo en los que se exige una cualificación determinada y específica, con el consiguiente efecto pernicioso sobre la capacidad de los diferentes escalones logísticos que es donde más especialistas hay. Podemos hablar de dos tipos de justicia, la justicia distributiva y la justicia de procedimientos. La primera de ellas hace referencia a lo justa que es la distribución de las recompensas repartidas entre los profesionales que coincidiría con los Complementos del salario u otros intangibles como la formación. Por su parte, el segundo considera lo justo o injusto que les parece a los profesionales el “procedimiento” seguido para determinar las retribuciones. De este modo, el primer concepto enfatiza la relevancia de la dispersión salarial, mientras que el segundo pone su énfasis en el procedimiento que se establece para determinar las retribuciones. Aunque ambos tipos de justicia están correlacionados, la evidencia indica que se trata de conceptos distintos y con importantes implicaciones para la Institución, Baron y Kreps, 1999.
Esta Última es la base de la injusticia e inequidad en el salario no sólo de las Clases de Tropa, que es una verdadera ignominia, sino en todos los empleos y Escalas de los Ejércitos en comparación con Instituciones hermanas. Todo esto se podría rectificar añadiendo intangibles a las retribuciones con formación, que tendría una doble finalidad; por una parte la satisfacción personal del personal más cualificados y, por otra parte, su capacidad para incorporarse a la vida laboral antes de cumplir los 45 años.
Este sistema ha llegado hasta el año 2015 con la nueva Ley 30/2015, la nueva denominación de la Tripartita llamándose Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y el nuevo dominio de su webwww.fundae.es.
Teniendo en cuenta todos los factores analizados en este trabajo no hay que olvidar que no sólo se deberá considerar los costes económicos de una decisión de inversión en formación sino también los de contenido social y simbólico. Así pues, ante una inversión en capital humano, vía formación, el recuperar dicha inversión dependerá, al menos en parte, de lo bien elegido que hayan sido los profesionales en la fase de selección y en los que se va a invertir.
Un análisis de las características informativas de los anuncios de reclutamiento junto con el análisis realizado sugiere que entre nosotros existe una visión “tradicional” del proceso de reclutamiento. De acuerdo con esta perspectiva, el objetivo del anuncio es ofrecer la mejor visión posible de la misma, aunque no se corresponda con la realidad (Wanaus, 1992). Es frecuente adornar la oferta con frases como “Es una carrera que nunca acaba”, “Construye un futuro a tú medida”, “Un empleo, una formación, un futuro”(ver www.soldados.com). Si bien es cierto que en algunos casos tales frases se corresponden con la realidad, no es menos cierto que en un alto porcentaje no son totalmente correctas.
Frente a la perspectiva tradicional del proceso de reclutamiento, hace algunos años que ha surgido una alternativa denominada previsiones o anticipaciones realistas del puesto de trabajo (Wanous, 1992; Palací y Peiró, 1995). Desde esta perspectiva se pretende dar al solicitante toda la información pertinente para que tome su decisión, incluida aquella que puede percibirse como desfavorable. Estas visiones previas tienen dos efectos principales, según se refleja en “Dirección Estratégica de personas”, Prentice Hall, 2004.
1.- Hacen que los solicitantes se autoseleccionen, es decir, contesten a unas ofertas de empleo y no otras.
No todos los métodos de reclutamiento son igualmente eficaces en cuanto al número de solicitantes, ni todos los métodos proporcionan personal que permanece en las Fuerzas Armadas el tiempo suficiente como para amortizar el coste del proceso de selección y formación. Las investigaciones de Caldwell y Spivey (1983) muestran que el anuncio de reclutamiento proporciona generalmente candidatos que una vez contratados presentan un mayor rendimiento en el puesto que los contratados por otros métodos. Sería cuestión que las autoridades pertinentes hicieran un estudio estadístico con los datos que tienen de reclutamiento 2000-2008, que son los soldados que alcanzan los 45 años en este decenio, para que concretara qué formación académica se les ha dado para su salida al mundo laboral, que sería el mejor método informal para mantener los ciclos de rotación en los Ejércitos.
8.- Reflexiones deontológicas finales sobre el ser de las Fuerzas Armadas actuales.
Para finalizar, quién entiende la profesión de militar como un servicio a sus semejantes, que desearía que los conflictos bélicos y las guerras no existieran y que la condición de ser humano social y pacífico prevaleciera sobre todas las demás, es natural y legítimo querer tener un sólido fundamento ético para el desarrollo de su profesión. Esto es consecuencia de la tendencia del ser humano a amparar sus comportamientos en unos valores de referencia, en principios que orienten la acción y den respuestas a lo que está bien y mal. La reflexión sobre los valores que sustentan da sentido y justifican las funciones, actividades y tareas de los militares profesionales, busca el fundamento ético que rige su conducta profesional. También indago en los principios morales de una profesión que se justifica en el logro de la máxima eficiencia al ganar batallas, actuando en algo tan terrible para la humanidad como es la guerra, aunque no solo en ella.
Esta es la cuestión básica que está en el centro de este monográfico: la reflexión ética sobre la profesión militar intentando desarrollar las justificaciones morales para el ejercicio de esta, teniendo en cuenta que se considera el combate como la función esencial y principal del militar. En él se implica la propia vida y se asume racional y moralmente que produce destrucción y muerte, que se puede llegar a matar y herir a otros combatientes, seres humanos que también destruyen, luchan, matan y hieren en defensa de su vida, intereses, convicciones y valores. Aunque se debe reseñar que la existencia misma de unos Ejércitos organizados y preparados produce efectos pacificadores y disuade e impide que se produzcan conflictos y guerras, siendo este mantenimiento de la paz el primer objetivo de nuestras Fuerzas Armadas.
Según Josep Baqués, de la Universidad de Barcelona, desde las Fuerzas Armadas españolas se viene asumiendo la necesidad de compensar su dimensión puramente institucional mediante la progresiva asunción de nuevos modos de entender la profesión de las armas. Esto es debido, en buena medida, a que sus miembros están inmersos en unas dinámicas que favorecen la transformación del viejo modelo institucional. En realidad, las influencias que presionan en esta dirección son estandarizables con las existentes en otros países de nuestro entorno. Algunas de esas influencias fueron tempranamente detectadas por Janowitz. Otras fueron añadidas por Moskos. Las más recientes forman parte de un emergente paradigma de FAS postmodernas, que a duras penas puede considerarse cerrado.
En concreto, las variables d), e), f) y g) son consideradas, por algunos, como argumentos que favorecen la transición hacia un modelo de FAS que, a fuerza de ser ocupacional, es incluso posmoderno. Pues bien, poco a poco el reto se está alcanzando, aunque con más celeridad en unos terrenos que en otros. Y también, como siempre sucede en estos casos, con diferencias nacionales significativas. Pensemos en un caso típico: el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en este siglo, heredado de finales del siglo XX. No en vano, como señala James Burk, “las fuerzas armadas de los países desarrollados evolucionan hacia la posmodernidad una vez que llegó a estar claro que la guerra ya no era el principal, ni mucho menos el inevitable medio para resolver los conflictos existentes entre ellos” (Burk, 1994: 13).
Nótese que todo ello puede contribuir a la erosión de los argumentos citados anteriormente en este análisis dedicado precisamente a esbozar las líneas maestras de la justificación funcional de la dimensión institucional de las FAS. Por lo demás, lo decisivo no es tanto que esas variables sean operativas, sino, más bien, que su operatividad sea asumida como algo normal (y hasta deseable) por los propios militares.
Quizá porque este proceso tiene mucho de irreversible, y así se asume por parte de los militares, lo cierto es que en el concreto caso español se puede percibir un intento de canalizar esas tendencias de modo que sean digeribles por la Institución, sin traumas y sin solución de continuidad. Las dos cosas son importantes: tanto el esfuerzo de adaptación como la convicción acerca de la conveniencia de no distanciarse en exceso de los valores tradicionales. De ahí la insistencia en que adaptarse no consiste en renunciar a nada, sino en mejorar lo ya existente a partir de nuevas aportaciones. Es por eso que se aboga por soluciones sintéticas y yo diría que, hasta sincréticas, un intento de conciliar doctrinas, cuya puesta en funcionamiento no tiene por qué ser fácil. En este sentido, los años ochenta y noventa son años en los que se divulgan y asumen los mensajes de Janowitz y Moskos.
De ser cierta esta hipótesis, desde luego muy plausible, los respectivos cambios de paradigma en la profesión militar (institucional, ocupacional y, si se desea, posmoderno) poseerían una relación acumulativa, soslayándose en lo posible los juegos de suma cero. Ni que decir tiene que esto incrementa sobremanera la complejidad de la institución militar, obligando a un gran esfuerzo de constante adaptación tanto a los propios militares como, por supuesto, a quienes nos dedicamos a la investigación social intramuros de dicha organización. Pero, más allá de esas dificultades añadidas, así como de los hipotéticos deseos o preferencias de cada cual (deseos y preferencias que, por definición, quedan muy alejados de las ciencias sociales), esta imagen compleja posee una carga explicativa muy considerable.
Por tanto, yo aludiría a la existencia de una síntesis entre lo institucional y lo ocupacional, pero a sabiendas de que se trata de una síntesis asimétrica, todavía sesgada hacia lo institucional. Por el momento, puede decirse que hemos abandonado el modelo institucional puro sin que ello suponga que se haya abrazado el modelo ocupacional. Más concretamente, puede aducirse que los elementos ocupacionales se van integrando sí, pero de forma lenta y selectiva, en el erario de unas Fuerzas Armadas que durante muchos años se han encontrado cómodas en el paradigma opuesto. El gran problema que tienen planteado las FAS españolas, en este sentido, es el de avanzar por la senda de la posmodernidad sin antes haber cubierto por completo esta etapa intermedia de la inclusión de los valores de perfil ocupacional entre sus cuadros de mando, lo que no es bueno ni malo en principio si tenemos en cuenta que las Fuerzas Armadas deben estar compuestas por individuos exquisitamente morales.
En España la norma fundamental que rige su ordenamiento jurídico es la Constitución de 1978 (CE). En ella se establece que la misión de las Fuerzas Armadas es “garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. Esta sencilla descripción implica que las FAS deben defender los valores esenciales que inspiran nuestra convivencia democrática y que son la libertad, el imperio de la ley y la justicia, la igualdad y la dignidad del ser humano, el bien común y también la paz, recogidos por la Constitución, así como la voluntad de lograr “relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra”.
Esta es la responsabilidad con la paz que tienen los que forman parte de las FAS, los militares españoles, y que reafirman en un juramento o promesa y a los que hay que respetar en su dignidad profesional “no dejando jamás a un hombre abandonado en el campo” a los 45 años, proporcionándole los elementos suficientes durante su vida plena militar con una formación acorde con los tiempos y las exigencias que impone el mercado laboral en los ciclos medios de su vida, los 32-35 años, que coincide con el primer tramo de la carrera militar para la juventud que se alista voluntaria en los Ejércitos.
Alberto Alonso Neira.
Letrado de los de Madrid.
Asesorado por Enrique Area Sacristán. (Teniente Coronel)

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 47
 artículo 37
 artículo 35
 artículo 37
 REAL DECRETO 
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 6
 REAL DECRETO 
 artículo 12
 REAL DECRETO 
e contrario
 real decreto 
 artículo 17