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Timestamp: 2017-02-28 06:36:55+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarse70NORMAS LEGALES
Que, mediante Ley N° 30506, Ley que delega en
y reorganización de Petroperú S.A., el Congreso de la
de legislar sobre dichas materias por un plazo de noventa
(90) días calendario;
Que, las facultades otorgadas en materia de seguridad
ciudadana se encuentran previstas en el numeral 2) del
artículo 2 de la citada ley; y, dentro de este numeral, el
literal i) faculta al Poder Ejecutivo para incorporar la
responsabilidad autónoma de las personas jurídicas
involucradas en actos de corrupción, lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, respectivamente;
Que, el Perú ha ratificado los principales instrumentos
internacionales en materia de lucha contra la corrupción,
tales como la Convención de Naciones Unidas Contra la
Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio
Internacional para la represión de la Financiación del
Terrorismo; instrumentos que exigen al Perú regular la
por su participación en los delitos de corrupción, lavado
de activos y financiamiento del terrorismo, sea en el
ámbito penal, civil o administrativo, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que incumba a las personas
naturales que los hayan cometido;
Que, asimismo, conforme a las Recomendaciones tres
(3) y cinco (5) del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) y sus respectivas notas interpretativas, los
países, entre ellos, el Perú - que asumió el compromiso
de cumplirlas en el año dos mil - deben asegurar que se
aplique a las personas jurídicas involucradas en los delitos
de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo
responsabilidad penal, civil o administrativa; y, por su parte,
la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), exige legislar la
responsabilidad autónoma de las personas jurídicas por su
participación en el cohecho activo transnacional;
Que, mediante Ley N° 30424, Ley que regula la
por el delito de cohecho activo transnacional, se estableció
la responsabilidad de las personas jurídicas pero
únicamente para el delito de cohecho activo transnacional,
previsto en el artículo 397-A del Código Penal;
Que, con la finalidad de cumplir con todas las exigencias
internacionales antes mencionadas, se hace necesario
perfeccionar el marco normativo vigente y establecer
un nuevo campo de responsabilidad administrativa que
regule, además del delito de cohecho activo transnacional,
la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas
que participan en otros delitos de corrupción, tales como
el delito de cohecho activo genérico y cohecho activo
específico, así como en los delitos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo;
De conformidad con lo establecido en el literal a) e
i) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30506 y el
Decreto Legislativo que AMPLIA LA
responsabilidad administrativa de las
Artículo 1.- Modificación la Ley N° 30424, Ley
que regula la responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas por el delito de cohecho activo
Modifíquense los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,
13, 14, 16, 17 y 18 de la Ley N° 30424, Ley que regula la
por el delito de cohecho activo transnacional, en los
La presente Ley regula la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas por los delitos
previstos en los artículos 397, 397-A, y 398 del Código
Penal, en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo
N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el
Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería
ilegal y crimen organizado; y, en el artículo 4-A del Decreto
Ley N° 25475, Decreto Ley que establece la penalidad
para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la
investigación, la instrucción y el juicio.
Para efectos de la presente Ley, son personas
jurídicas las entidades de derecho privado, así como
las asociaciones, fundaciones, organizaciones no
gubernamentales y comités no inscritos, las sociedades
irregulares, los entes que administran un patrimonio
autónomo y las empresas del Estado peruano o
El cambio de nombre, denominación o razón social,
reorganización societaria, transformación, escisión,
fusión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda
afectar la personalidad jurídica de la entidad no impiden la
atribución de responsabilidad a la misma.
En el caso de una fusión o escisión, la persona jurídica
absorbente: (i) solo puede ser sancionada con el pago de
una multa, que se calcula teniendo en cuenta las reglas
establecidas en los artículos 5 o 7, según corresponda, y
en función al patrimonio transferido, siempre que el delito
haya sido cometido antes de la fusión o escisión, salvo
que las personas jurídicas involucradas hayan utilizado
estas formas de reorganización societaria con el propósito
de eludir una eventual responsabilidad administrativa de
la persona jurídica fusionada o escindida, en cuyo caso no
opera este supuesto; y, (ii) no incurre en responsabilidad
administrativa cuando ha realizado un adecuado proceso
de debida diligencia, previo al proceso de fusión o
escisión. Se entiende que se cumple con la debida
diligencia cuando se verifique la adopción de acciones
razonables orientadas a verificar que la persona jurídica
fusionada o escindida no ha incurrido en la comisión de
cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1.
Artículo 3. Responsabilidad administrativa de las
administrativamente por los delitos señalados en el
artículo 1, cuando estos hayan sido cometidos en su
nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o
indirecto, por:
a. Sus socios, directores, administradores de hecho
o derecho, representantes legales o apoderados de la
persona jurídica, o de sus filiales o subsidiarias.
b. La persona natural que, estando sometida a la
autoridad y control de las personas mencionadas en el
literal anterior, haya cometido el delito bajo sus órdenes
c. La persona natural señalada en el literal precedente,
cuando la comisión del delito haya sido posible porque
las personas mencionadas en el literal a. han incumplido
sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre
la actividad encomendada, en atención a la situación
concreta del caso.
Las personas jurídicas que tengan la calidad de
matrices serán responsables y sancionadas siempre
que las personas naturales de sus filiales o subsidiarias,
que incurran en cualquiera de las conductas señaladas
en el primer párrafo, hayan actuado bajo sus órdenes,
autorización o con su consentimiento.
Las personas jurídicas no son responsables en los
casos en que las personas naturales indicadas en el
primer párrafo, hubiesen cometido los delitos previstos en
el artículo 1, exclusivamente en beneficio propio o a favor
de un tercero distinto a la persona jurídica. Artículo 4. Autonomía de la responsabilidad
administrativa de la persona jurídica y extinción de la
acción contra la persona jurídica
La responsabilidad administrativa de la persona
jurídica es autónoma de la responsabilidad penal de la
persona natural. Las causas que extinguen la acción penal
contra la persona natural no enervan la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas.
La acción contra la persona jurídica se extingue por
prescripción o cosa juzgada.
La acción contra la persona jurídica prescribe en el
mismo tiempo que el previsto para la persona natural,
de conformidad con el primer párrafo del artículo 80 del
Código Penal, siendo de aplicación asimismo, en lo que
corresponda, los artículos 82, 83 y 84 del Código Penal.
El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede
disponer, según corresponda, las siguientes medidas
administrativas contra las personas jurídicas que resulten
responsables de la comisión de los delitos previstos en el
a. Multa no menor al doble ni mayor al séxtuplo
del beneficio obtenido o que se espera obtener con la
comisión del delito, sin perjuicio de lo dispuesto en el
b. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes
1. Suspensión de sus actividades sociales por un
plazo no menor de seis meses ni mayor de dos años.
2. Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades
de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya
realización se haya cometido, favorecido o encubierto
el delito. La prohibición podrá tener carácter temporal o
definitivo. La prohibición temporal no será menor de un
año ni mayor de cinco años.
c. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y
otras autorizaciones administrativas o municipales.
d. Clausura de sus locales o establecimientos, con
carácter temporal o definitivo. La clausura temporal es no
menor de un año ni mayor de cinco años.
e. Disolución. Artículo
ordenar a la autoridad competente que disponga la
intervención de la persona jurídica que resulte responsable
de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1,
cuando sea necesario, para salvaguardar los derechos de
los trabajadores y de los acreedores hasta por un período
La intervención puede afectar a la totalidad de la
organización o limitarse a alguna de sus instalaciones,
secciones o unidades de negocio. El juez debe fijar
exactamente el contenido y alcances de la intervención
y determinar la entidad a cargo de la intervención y
los plazos en que esta debe cursarle informes a fin de
efectuar el seguimiento de la medida.
La intervención se puede modificar o suspender en
todo momento previo informe del interventor y disposición
del Ministerio Público. El interventor está facultado para
acceder a todas las instalaciones y locales de la entidad
y recabar la información que estime necesaria para el
ejercicio de sus funciones, debiendo guardar estricta
confidencialidad respecto de la información secreta o
reservada de la persona jurídica, bajo responsabilidad.
Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio
obtenido o del que se esperaba obtener con la comisión
de los delitos previstos en el artículo 1, el valor de la multa
se establece conforme a los siguientes criterios:
a) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al
momento de la comisión del delito asciende hasta ciento
cincuenta (150) unidades impositivas tributarias, la multa
es no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50)
b) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica al
momento de la comisión del delito sea mayor a ciento
cincuenta (150) unidades impositivas tributarias y menor
de mil setecientas (1700) unidades impositivas tributarias,
la multa es no menor de cincuenta (50) ni mayor de
quinientas (500) unidades impositivas tributarias (UIT).
c) Cuando el ingreso anual de la persona jurídica
al momento de la comisión del delito sea mayor a mil
setecientas (1700) unidades impositivas tributarias, la
multa es no menor de quinientas (500) ni mayor a diez mil
(10000) unidades impositivas tributarias (UIT).
La multa debe ser pagada dentro de los diez días
hábiles de pronunciada la sentencia que tenga la calidad
de consentida o ejecutoriada. A solicitud de la persona
jurídica y cuando el pago del monto de la multa pueda
poner en riesgo su continuidad o el mantenimiento de
los puestos de trabajo o cuando sea aconsejable por el
interés general, el juez autoriza que el pago se efectúe en
cuotas mensuales, dentro de un límite que no exceda de
En caso de que la persona jurídica no cumpla con
el pago de la multa impuesta, esta puede ser ejecutada
sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento
judicial, en la medida de prohibición de actividades de
manera definitiva, prevista en el numeral 2 del literal b)
del artículo 5.
disponer el decomiso de los instrumentos, objetos,
efectos y ganancias del delito cometido por el que se
declare responsable a la persona jurídica, de conformidad
con el artículo 102 del Código Penal, conjuntamente con
las medidas del artículo 5 que resulten aplicables.
Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas las siguientes:
a. La colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el
esclarecimiento del hecho delictivo, hasta antes del inicio
de la etapa intermedia.
b. El impedimento de las consecuencias dañosas del
d. La adopción e implementación por parte de la
persona jurídica, después de la comisión del delito y antes
del inicio del juicio oral, de un modelo de prevención. e. La acreditación parcial de los elementos mínimos
del modelo de prevención. La confesión, debidamente corroborada, de la
comisión del delito, con anterioridad a la formalización
de la investigación preparatoria, tiene como efecto que el
juez pueda rebajar la medida establecida en los literales
a), b), y d) del artículo 5 hasta un tercio por debajo del
mínimo legal establecido, cuando se trate de medidas
temporales. Este supuesto es inaplicable en caso de
flagrancia, irrelevancia de la admisión de los cargos en
atención a los elementos probatorios incorporados en el
proceso o cuando se haya configurado la reincidencia de
acuerdo al segundo párrafo del artículo 13.
Constituye circunstancia agravante la utilización
instrumental de la persona jurídica para la comisión de
cualquiera de los delitos comprendidos en el artículo
1. Este supuesto se configura cuando se pruebe
que la actividad que desarrolla la persona jurídica es
predominantemente ilícita.
Asimismo, constituye circunstancia agravante cuando
la persona jurídica contiene dentro de su estructura un
órgano, unidad, equipo o cualquier otra instancia cuya
finalidad o actividad es ilícita.
La comisión de cualquiera de los delitos comprendidos
en el artículo 1, dentro de los cinco años posteriores a la
fecha en que se le haya impuesto, mediante sentencia
firme, una o más medidas, tiene como efecto que el juez
pueda aumentar las medidas establecidas en los literales
a), b) y d) del artículo 5, hasta en una mitad por encima del
máximo legal establecido.
Artículo 14. Criterios para la aplicación de las
Las medidas previstas en los literales b, c y d del
artículo 5 son determinadas por el juez en atención a los
siguientes criterios, según corresponda:
f. El puesto que en la estructura de la persona jurídica
ocupa la persona natural u órgano que incumplió el deber
Artículo 16. Suspensión de la ejecución de las
16.1. El juez puede disponer mediante resolución
debidamente motivada y de modo excepcional, la
suspensión de la ejecución de las medidas impuestas y
sus efectos por un plazo no menor de seis meses ni mayor
de dos años, siempre que la medida a imponerse esté
por debajo del tercio inferior conforme a lo establecido en
el artículo 15, y no se refiera a la prevista en el primer
párrafo del artículo 8, el primer párrafo del artículo 9 o en
16.2. El juez al ordenar la suspensión de la ejecución
de la medida impuesta y sus efectos impone a la persona
jurídica las siguientes reglas: (i) la reparación total del
daño y (ii) la obligación de adoptar e implementar un
modelo de prevención.
16.3. Si durante el periodo de suspensión la persona
jurídica no cumple con las reglas impuestas, el Juez
puede, según sea el caso: (i) prorrogar el periodo de
suspensión hasta la mitad del plazo fijado; en ningún caso
la prorroga acumulada debe exceder los dos años, o (ii)
revocar la suspensión decretada.
16.4. Si transcurre el periodo de suspensión sin que la
persona jurídica sea incorporada a un nuevo proceso penal
de conformidad con lo previsto en los artículos 90 y 91 del
Decreto Legislativo N° 957, Decreto Legislativo que promulga
el nuevo Código Procesal Penal, y se verifica el cumplimiento
de las reglas impuestas, el juez deja sin efecto la sanción
impuesta y resuelve el sobreseimiento de la causa.
16.5. Esta suspensión no afecta el decomiso dispuesto
judicialmente, según lo previsto en el artículo 11.
Artículo 17. Eximente por implementación de
17.1. La persona jurídica está exenta de responsabilidad
por la comisión de los delitos comprendidos en el
artículo 1, si adopta e implementa en su organización,
con anterioridad a la comisión del delito, un modelo
de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos,
necesidades y características, consistente en medidas de
vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes
mencionados o para reducir significativamente el riesgo
17.2. El modelo de prevención debe de contar con los
siguientes elementos mínimos:
17.2.1. Un encargado de prevención, designado por el
máximo órgano de administración de la persona jurídica
o quien haga sus veces, según corresponda, que debe
ejercer su función con autonomía. Tratándose de las
micro, pequeña y mediana empresas, el rol de encargado
de prevención puede ser asumido directamente por el
17.2.2. Identificación, evaluación y mitigación de
riesgos para prevenir la comisión de los delitos previstos
en el artículo 1 a través de la persona jurídica.
17.2.3. Implementación de procedimientos de
17.2.4. Difusión y capacitación periódica del modelo
17.2.5. Evaluación y monitoreo contínuo del modelo
El contenido del modelo de prevención, atendiendo a
las características de la persona jurídica, se desarrolla en
el Reglamento de la presente Ley. En caso de la micro,
pequeña y mediana empresa, el modelo de prevención será
acotado a su naturaleza y características y solo debe contar
con alguno de los elementos mínimos antes señalados.
17.3. En el caso de las empresas del Estado o
sociedades de economía mixta, el modelo de prevención
como de todos los órganos conformantes del Sistema
17.4. Se excluye también la responsabilidad de la
persona jurídica, cuando cualquiera de las personas
naturales señaladas en el artículo 3 comete el delito
eludiendo de modo fraudulento el modelo de prevención
debidamente implementado.
preparatoria debe contar con un informe técnico de la
Superintendencia del Mercado de Valores – SMV que
analice la implementación y funcionamiento del modelo
de prevención, que tiene valor probatorio de pericia
Si el informe técnico de la SMV establece que
la implementación y funcionamiento del modelo de
prevención antes de la comisión del delito, es adecuado,
el fiscal dispone el archivo de lo actuado, mediante
decisión debidamente motivada.”
Artículo 2.- Modificación de la Segunda, Tercera,
Cuarta, Quinta y Octava Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas por el delito de
Modificase la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta,
Quinta y Octava Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad
cohecho activo transnacional, en los siguientes términos:
La presente norma entra en vigencia el 1 de enero del
El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días (90)
hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto
Legislativo, aprueba el reglamento a que hace referencia
el numeral 17.2 del artículo 17, a propuesta del Ministerio
de la Producción; y, con el refrendo de los Ministros de
Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos.
TERCERA. Vía procesal y puesta en vigencia de
La investigación, procesamiento y sanción de las
personas jurídicas, de conformidad con lo establecido
en el presente Decreto Legislativo, se tramitan en el
marco del proceso penal, al amparo de las normas y
disposiciones del Decreto Legislativo N° 957, gozando la
persona jurídica de todos los derechos y garantías que la
Constitución Política del Perú y la normatividad vigente
reconoce a favor del imputado.
Para dicho efecto, se adelanta la vigencia de los
artículos 90 al 93, 372 y 468 al 471 del Decreto Legislativo
N° 957 y demás normas de este Decreto Legislativo que
resulten aplicables en aquellos distritos judiciales donde
no se encuentre vigente.
La persona jurídica puede ser asistida por la defensa
pública, en caso lo requiera, bajo los alcances de la Ley
29360, Ley del Servicio de Defensa Pública, del Decreto
Supremo 007-2012-JUS y demás normas conexas, en lo
El Poder Judicial implementa un registro informático de
carácter público para la inscripción de las medidas impuestas
a las personas jurídicas, con expresa mención del nombre,
clase de medida y duración de la misma, así como el detalle
del órgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin
perjuicio de cursar partes a los Registros Públicos para la
inscripción correspondiente, de ser el caso.
En caso de que las personas jurídicas cumplan con la
medida impuesta, el juez, de oficio o a pedido de parte,
ordena su retiro del registro, salvo que la medida tenga
El Poder Judicial puede suscribir convenios con el
(OSCE), entre otras instituciones, para compartir la
información que conste en el registro.
El Poder Judicial, en el plazo de noventa días hábiles
contados a partir de la publicación del presente Decreto
Legislativo, emite las disposiciones reglamentarias
pertinentes que regulen los procedimientos, acceso,
restricciones, funcionamiento del registro y demás
aspectos necesarios para su efectiva implementación.
OCTAVA. Funciones de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV
Dispóngase que la SMV está facultada para emitir
el informe técnico con calidad de pericia institucional,
y que constituye un requisito de procedibilidad para la
formalización de la investigación preparatoria por los
delitos contenidos en el artículo 1 de la presente norma.
El informe que analiza la implementación y
funcionamiento de los modelos de prevención debe ser
emitido dentro de los 30 días hábiles desde la recepción
del pedido fiscal que lo requiera.”
Deróganse el artículo 19, la Sexta Disposición
Complementaria Final y la Primera Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30424, Ley que
jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional
y el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto
Legislativo de Lucha Eficaz contra el lavado de activo y otros
delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado.
Que, mediante Ley N° 30506, “Ley que delega en
Que, en este sentido, los literales a) y b) del inciso 3 del
Ejecutivo está facultado para legislar en materia de lucha
contra la corrupción a fin de crear la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como
aprobar medidas orientadas a la lucha contra la corrupción
proveniente de cualquier persona, incluyendo medidas
para facilitar la participación de los ciudadanos mediante
mecanismos que permitan la oportuna y eficaz recepción de
denuncias sobre actos de corrupción.
De conformidad con lo establecido en el literal a) y b)
del inciso 3 del artículo 2 de la Ley N°30506 y el artículo
DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA LA
FORTALECE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES Y LA REGULACIÓN DE LA
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto crear
Información Pública, fortalecer el Régimen de Protección de
Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.
Las normas contenidas en el presente Decreto
Legislativo son aplicables a todas las entidades señaladas
en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General; así como a las
empresas del Estado, personas naturales y jurídicas de
derecho privado, en lo que corresponda; y a las personas
comprendidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de
DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA
Artículo 3.- Naturaleza jurídica y competencias de
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a
través de la Dirección Nacional de Transparencia y
Acceso a Información Pública es la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
adelante la Autoridad.
La Autoridad se rige por lo dispuesto en la Ley N°
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por esta Ley y las normas reglamentarias.
La Autoridad tiene las siguientes funciones en materia
de transparencia y acceso a la información pública:
1. Proponer políticas en materia de transparencia y
2. Emitir directivas y lineamientos que sean necesarios
para el cumplimiento de las normas en el ámbito de su
3. Supervisar el cumplimiento de las normas en materia
4. Absolver las consultas que las entidades o las
personas jurídicas o naturales le formulen respecto de
la aplicación de normas de transparencia y acceso a
5. Fomentar la cultura de transparencia y acceso a la
6. Solicitar, dentro del ámbito de su competencia, la
información que considere necesaria a las entidades,
las cuales están en la obligación de proveerla, salvo
las excepciones previstas en la Ley de Transparencia y
7. Elaborar y presentar al Congreso de la República
el informe anual sobre los pedidos de acceso a la
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 artículo 397
 artículo 2

Artículo 1
 artículo 4
 artículo 1

Artículo 3

artículo 1
 artículo 1
 Artículo 4
 artículo 80
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 102
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 13
 artículo
1
 artículo 1
 artículo 5

Artículo 14

artículo 5

Artículo 16
 resolución

 artículo 15
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 11

Artículo 17

artículo 1
 artículo 1
 artículo 3

Artículo 2
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 2

Artículo 3
 Resolución