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Timestamp: 2018-10-20 04:43:49+00:00

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﻿ AUTO 2015-00554 DE OCTUBRE 6 DE 2017
AUTO 2015-00554 DE 06 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NO PERMITE ACUDIR DIRECTAMENTE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA SIN AGOTAR EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. ASÍ SE PRECISA, YA QUE CUANDO SE TRATA DE LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO, LA MISMA NO TIENE UNA NATURALEZA PATRIMONIAL, COMO SE HA INDICADO. ENTONCES, SE ESTABLECE QUE, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NO ESTÁ INCLUIDA DENTRO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE PERMITEN, AL TENOR DEL ARTÍCULO 613 DEL CGP, EN PROCESOS DIFERENTES A LOS EJECUTIVOS, ACUDIR DIRECTAMENTE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SIN AGOTAR EL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL (NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 161 DEL CPACA), EN LA MEDIDA EN QUE EL PRECITADO ARTÍCULO DEL CGP HACE REFERENCIA A LAS MEDIDAS DE CARÁCTER PATRIMONIAL, NATURALEZA QUE NO SE ENCUENTRA PRESENTE EN LA PRECITADA CAUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SUSPENSIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RECURSO DE APELACIÓN, REQUISITOS DE PROCEDENCIA
Rad.: 25000-23-41-000-2015-00554-01
La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora en contra del auto de 21 de julio de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante el cual rechazó la demanda por no haber sido subsanada en debida forma.
Mediante escrito presentado el 5 de marzo de 2015 ante la secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 1 a 18), la sociedad Movilgas Ltda., a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, presentó demanda en contra del “[…] acto administrativo ficto o presunto proferido por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá […]”, en la que elevó las siguientes pretensiones:
1. Se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, que constituye SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, ya que NO resolvió de fondo la petición realizada por la empresa Movilgas Ltda., de fecha 18 de septiembre de 2014, con Radicado 2014ER154524, mediante la cual se solicitó el levantamiento de la medida preventiva de suspensión de actividades de distribución y almacenamiento de combustibles de gasolina ACPM, corriente y Diesel (extra), impuesta por la Secretaría Distrital de Ambiente a la estación de servicio Mileniumgas Kennedy de propiedad de la sociedad Movilgas Ltda., mediante ACTA DE DILIGENCIA DE MEDIDA PREVENTIVA EN CASO DE FLAGRANCIA, de fecha 9 de octubre de 2013, no obstante, de cumplir con los requisitos legales y ambientales para el levantamiento de dicha medida.
3. Como consecuencia de la nulidad del acto administrativo ficto o presunto SILENCIO NEGATIVO proferido por la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante el cual se niega el levantamiento de la medida preventiva de suspensión de actividades de distribución y almacenamiento de combustibles de gasolina ACPM, corriente y Diesel (extra) impuesta a la estación de servicio Mileniumgas-Kennedy de propiedad de la sociedad Movilgas Ltda.; a título de restablecimiento del derecho, SE DECLARE que la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, ha ocasionado daños y perjuicios a la sociedad Movilgas Ltda. y a la estación de servicio Mileniumgas-Kennedy, con la imposición legal de la medida preventiva de suspensión de actividades de distribución y almacenamiento de combustibles de gasolina ACPM, corriente y Diesel (extra) de fecha 9 de octubre de 2013.
4. Como consecuencia de lo anterior a título de restablecimiento del derecho se condene a la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá, pagar a favor de la Sociedad Movilgas Ltda., a título de indemnización por concepto de LUCRO CESANTE, la suma de $ 1.050.000.000, mil cincuenta millones de pesos mcte, indexada al momento de su pago; correspondiente a las utilidades dejadas de percibir por la empresa Movilgas Ltda. desde el día 9 de octubre de 2013, fecha en la que desaparecieron las causas para mantener vigente la medida preventiva de suspensión de actividades de distribución y almacenamiento de combustibles de gasolina ACPM, Corriente y Diesel (extra) impuesta a la estación de servicio Mileniumgas-Kennedy de propiedad de la sociedad Movilgas Ltda.; hasta la fecha de presentación de esta demanda y los que en lo sucesivo se causen y que se deben liquidar y actualizar hasta la fecha en que sea levantada la medida preventiva ilegal.
5. La suma de dinero que resulte establecida y sea materia de condena se actualice conforme a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y de acuerdo a los índices de precios al consumidor o al por mayor, Asímismo (sic) que devenga intereses como lo establece los artículos 187, 189, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
El proceso fue asignado por reparto al doctor Fredy Hernando Ibarra Martínez, Magistrado de la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien mediante auto de 19 de marzo de 2015 (fl. 22) dispuso su inadmisión, señalando que la parte actora debía allegar al proceso i) “[…] las direcciones de notificaciones electrónicas de la parte demandada ya que no fueron aportadas dentro del escrito de la demanda […]”; y la ii) “[…] constancia idónea del agotamiento del requisito de procedibilidad ya que dentro del expediente solo se encuentra la constancia de solicitud de esta sin radicación ante la Procuraduría General de la Nación, y tampoco se adjuntó prueba de la decisión adoptada […]”.
2. […] Frente al cumplimiento del requisito de procedibilidad consistente en el agotamiento del trámite de conciliación prejudicial en materia Contencioso Administrativo, es preciso manifestar que dentro de la demanda se indicó que no se requiere agotar dicho requisito en razón, a que dentro de la demanda en cuaderno a parte se solicitaron medidas cautelares de suspensión provisional del acto administrativo ficto o presunto expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá […] Artículo 161 numeral 2 de la Ley 137 de 2011 Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. Elsilencionegativoenrelaciónconlaprimerapeticiónpermitirádemandardirectamenteelactopresunto. (Negrilla y Subrayado fuera de texto).
Así las cosas, mediante auto de 4 de junio de 2015, al resolver el recurso de reposición, el magistrado sustanciador del proceso manifestó que le asistía la razón al recurrente respecto de las direcciones de notificación electrónicas, en tanto estas ya se encontraban dentro del expediente. Sin embargo, respecto del agotamiento del requisito de procedibilidad, manifestó:
Bajo este marco normativo es perfectamente claro que en el presente caso la parte actora solicitó que se decrete como medida cautelar la suspensión provisional de los actos demandados lo cual no corresponde a las taxativas excepciones previstas en el artículo 613 de la Le (sic) 1564 de 2012, razón por la cual sí es exigible a la parte actora el agotamiento de la conciliación extrajudicial previa como requisito de procedibilidad para impetrar el presente proceso y por tanto no hay lugar a reponer el numeral 2 de la parte resolutiva de la providencia impugnada.
El honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Elzabeth García González, expediente 76001-23-33-000-2014-00550-01 de veintisiete (27) de noviembre de dos mi catorce (2014). Al resolver recurso de apelación contra Auto Rechazo (sic) la demanda sin requisito de procedibilidad dispuso: […].
La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 21 de julio de 2015 (fls. 68-69), rechazó la demanda por no haber sido subsanada en debida forma. Dicha corporación sustentó su decisión con los siguientes argumentos:
“[…] se pone de presente que según lo consignado en el informe secretarial visible en el folio 67 del cuaderno principal del expediente la parte actora mediante memorial solicitó la admisión de la demanda en el entendido que la orden impartida debe ser revocada pues no es congruente con la jurisprudencia del Consejo de Estado pero, en el mentado memorial no da cumplimiento con la orden que le fue impartida, por lo que se tiene que la demanda a la fecha no ha sido subsanada, en consecuencia dado que el término de 10 días para subsanarla otorgado en el auto de 26 de marzo de 2015 de este año que, a su vez, cobró ejecutoria una vez fue notificado por estado el auto que decidió el recurso de reposición de 4 de junio de 2015 esto es, el 10 de esos mismos mes y año venció el 25 de junio de 2015 sin que se haya corregido el libelo demandatorio por lo que la demanda interpuesta por la sociedad Movilgas Ltda. deberá ser rechazada […]”.
El apoderado judicial de la parte actora, presentó oportunamente recurso de apelación en contra del auto que rechazó la demanda, manifestando que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se equivocó al considerar que no se subsanó en debida forma el agotamiento del requisito de procedibilidad, señalando, para el efecto, lo siguiente:
“[…] en el caso que nos ocupa se realizó efectivamente la solicitud de práctica de medidas cautelares, dentro de las cuales se ocupan primordialmente de que se efectúe el levantamiento de la medida preventiva impuesta de no realizar ninguna actividad relacionada con el almacenamiento y distribución de combustible que tiene un efecto patrimonial en la parte accionante.
‘Enelcasobajoestudio,esclaroquelamedidacautelarsolicitadaporlaactora,tieneunaincidenciadecarácterpatrimonial,puessieventualmenteelJuezcompetenteconsideraquesecumplenlospresupuestosparadecretarlasuspensiónprovisionaldelosefectosdelactoadministrativoqueordenóelcierredefinitivodelazonadelaterrazadelhotel, estepodríareanudarlaoperacióndelestablecimientodecomercioobjetodelasanciónencondicionesnormalesyevitarqueselecausenmásperjuicioseconómicos,delosque,asujuicio,yasehanproducido’(1).
Particularmente en el caso que nos ocupa así como en el caso sub examine no se trata de un hotel sino de una estación de servicio, establecimiento de comercio cuyo objeto social es el almacenamiento y venta de combustible al público, quienes desde el momento en que se impuso la medida preventiva de suspensión de actividades ha generado pérdidas alrededor de mil quinientos cuarenta millones de pesos ($ 1.540.000.000) desde el día en que de decretó la medida preventiva, esto es el día 9 de octubre de 2013 y por los 16 meses siguientes a la fecha de la imposición de la medida. Ahora lo que se busca con las medidas cautelares es lograr que cesen los hechos dañinos que son manifiestamente ilegales, en tal sentido si se suspenden los efectos de la medida provisional realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., podría volver a la normalidad la Estación de Servicio Milenium Gas-Kennedy retomando sus funciones y generando los ingresos económicos que se han dejado de percibir en ocasión de la suspensión de actividades de almacenamiento y venta de combustibles, por lo cual es indispensable decretar y practicar las medidas cautelares teniendo presente su contenido de carácter netamente económico y patrimonial.
(…) la decisión que debe adoptar su despacho sea conforme a derecho y sus fuentes formales tal y como lo es la jurisprudencia que se ha visto discriminada al desconocer que no se hace necesario el requisito de procedibilidad cuando en el escrito aparte de la demanda se solicitan medidas cautelares de carácter patrimonial.
La Secretaría Distrital del Ambiente, profirió la Resolución 1964 de 15 de octubre de 2013 “[…] Por medio la cual se legaliza el acta de imposición de una medida preventiva de suspensión de actividades impuesta en flagrancia y se adoptan otras determinaciones […]”, en cuya parte resolutiva dispuso:
“ART. 1º—Legalizar el acta de imposición de medida preventiva en caso de flagrancia de fecha 9 de octubre de 213 (sic), a la estación de servicio Milenum Gas Kennedy, de propiedad de la sociedad Movilgas Ltda. identificada con el NIT. 900.05.328-9, ubicada en el predio de la Avenida Calle 43 sur Nº 78 N-5 de la localidad de Kennedy de esta ciudad, consistente en la suspensión de actividades de almacenamiento y distribución de combustibles ACPM, corriente y extra.
“ART. 2º—El levantamiento de la medida preventiva impuesta en flagrancia el día 9 de octubre de 2013 a la estación de servicio Milenium Gas Kennedy, de propiedad de la sociedad Movilgas Ltda., identificada con el NIT. 900.0450328-9, ubicada en el predio de la Avenida Calle 43 sur Nº 78 N-5 de la localidad de Kennedy de esta ciudad, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009 se mantendrá hasta tanto la propietaria, acredite el cabal cumplimiento de las siguientes obligaciones ambientales:
“ART. 3º—Comunicar la presente resolución a la sociedad Movilgas Ltda., identificada con el NIT. 900.045.328-9, a través de su representante legal, el señor Gerardo Antonio Alvarado Parra, identificado con […] o quien haga sus veces en la dirección de notificación judicial […] y también al email […].
“ART. 4º—Remitir copia de la presente resolución a la alcaldía local de Kennedy, a fin de que tenga conocimiento de la media preventiva impuesta y en aras de que garantice su cumplimiento, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009.
“ART. 4º—La presente medida preventiva es de ejecución instantánea, tiene carácter transitorio, surte efectos inmediatos, contra ella no procede recurso alguno y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, declarado parcialmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-703 de 2010.
El mismo apoderado judicial de la sociedad demandante, el 18 de septiembre de 2014, presentó derecho de petición ante la Secretaría Distrital de Ambiente, en el cual solicitó “[…] de manera urgente y prioritaria el LEVANTAMIENTO DE LOS SELLOS puestos en las bocas de llenado de los tanques de almacenamiento Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ubicados en la estación de servicio señalada el pasado 9 de Octubre de 2013. Así mismo solicito respetuosamente el levantamiento de LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la Resolución 1964 de fecha 15 de octubre de 2013 […]”.
El apoderado judicial de la parte actora, ante la falta de respuesta a dicho derecho de petición, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia, con miras a que se declare la nulidad del “[…] acto administrativo ficto o presunto, que constituye SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, ya que NO resolvió de fondo la petición realizada por la empresa Movilgas Ltda., de fecha 18 de septiembre de 2014, con Radicado 2014ER154524, mediante la cual se solicitó el levantamiento de la medida preventiva […]”, y solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 1964 de 15 de octubre de 2013 proferida por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.
El conocimiento del asunto le correspondió al doctor Fredy Hernando Ibarra Martínez, Magistrado de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien mediante auto de 19 de marzo de 2015 dispuso su inadmisión con miras a que la parte actora allegara al expediente las direcciones electrónicas para notificaciones y la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, consagrado en el artículo 161 del CPACA, consistente en la conciliación extrajudicial.
Dado lo anterior, el apoderado judicial de la parte actora, interpuso recurso de reposición, manifestando que dentro del plenario ya obraban las direcciones electrónicas para notificaciones, y respecto al requisito de procedibilidad, este no debía acreditarse, en tanto había solicitado medidas cautelares, y que conforme a lo dispuesto en los artículos 590 y 613 del Código General del Proceso no era necesario agotar dicho requisito, y además, porque conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 161 del CPACA “[…] Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto […]”.
Así las cosas, el magistrado sustanciador del proceso mediante auto de 4 de junio de 2015, al resolver el recurso de reposición, manifestó que le asistía la razón al recurrente respecto de las direcciones de notificación electrónicas, en tanto estas ya se encontraban dentro del expediente. Respecto del agotamiento del requisito de procedibilidad, manifestó:
“[…] en el presente caso la parte actora solicitó que se decrete como medida cautelar la suspensión provisional de los actos demandados lo cual no corresponde a las taxativas excepciones previstas en el artículo 613 de la Le (sic) 1564 de 2012, razón por la cual sí es exigible a la parte actora el agotamiento de la conciliación extrajudicial previa como requisito de procedibilidad para impetrar el presente proceso y por tanto no hay lugar a reponer el numeral 2 de la parte resolutiva de la providencia impugnada […]”.
Dado lo anterior, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del Magistrado Fredy Hernando Ibarra Martínez, mediante auto de 21 de julio de 2015 rechazó la demanda, al considerar que la misma no había sido subsanada en debida forma, dentro del plazo conferido para ello, lo que conllevó al rechazo de la demanda conforme a lo dispuesto en el artículo 169 ibídem. Tal providencia fue recurrida por el apoderado judicial y es objeto del presente pronunciamiento.
En tanto el rechazo de la demanda se basó en la presunta falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, para resolver la controversia resulta procedente resaltar lo dispuesto en el artículo 161 del CPACA, respecto del dicho requisito, norma del siguiente tenor:
1. Cuandolosasuntosseanconciliables,eltrámitedelaconciliaciónextrajudicialconstituirárequisitodeprocedibilidaddetodademandaenqueseformulenpretensionesrelativasanulidadconrestablecimientodelderecho,reparacióndirectaycontroversiascontractuales.
[…]”. (Negrillas de la sala).
Ahora bien, tal y como lo indica el actor, mediante providencia de 27 de noviembre de 2014, Consejera Ponente: María Elizabeth García González(2), esta sala se pronunció en relación con una situación similar a la que aquí se resuelve, señalando lo siguiente:
“[…] En el caso objeto de estudio, el apoderado de la parte recurrente asegura que no es procedente exigir el cumplimiento del requisito de la conciliación prejudicial para la admisión de la demanda, ya que el Código General del Proceso, además de derogar la norma del CPACA(3) que había dejado sin efecto la frase que permitía acudir directamente ante Jurisdicción Contenciosa cuando se solicitaba el decreto y práctica de medidas cautelares, taxativamente volvió a establecer dicha posibilidad en su artículo 613, al incluir el siguiente inciso: “No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública”.
Para resolver el problema jurídico expuesto, es pertinente hacer un recuento de la normativa aplicable antes de la entrada en vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, a fin de entender cómo estaba contemplada la conciliación prejudicial en la Jurisdicción Contenciosa y luego exponer los cambios que consagraron dichos códigos en esta materia.
PAR.—No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.”.
‘ART. 59.—Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
PAR. 2º—“Ver nota del editor” No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.”.
“ART. 35.—“‘Requisito de procedibilidad (…) laboral’ inexequible” En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas.
PAR.—Cuando la conciliación extrajudicial en derecho sea requisito de procedibilidad y se instaure la demanda judicial, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 22 y 29 de esta ley el juez impondrá multa a la parte que no haya justificado su inasistencia a la audiencia. Esta multa se impondrá hasta por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor del Consejo Superior de la Judicatura.”.
PAR. 2º—Cuando se exija cumplir el requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, si el acuerdo conciliatorio es improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día siguiente hábil al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.”. (Negrillas fuera de texto original).
“ART. 42A.—Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.”. (Negrillas fuera de texto original).
“ART. 35.—Requisito de procedibilidad. “Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:” En los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y contencioso administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas. En los asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de procedibilidad mediante la conciliación en equidad.
PAR. 2º—“Aparte tachado inexequible” En los asuntos civiles y de familia, con la solicitud de conciliación el interesado deberá acompañar copia informal de las pruebas documentales o anticipadas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el eventual proceso; el mismo deber tendrá el convocado a la audiencia de conciliación. De fracasar la conciliación, en el proceso que se promueva no serán admitidas las pruebas que las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación, estando en su poder.
PAR. 3º—En los asuntos contenciosos administrativos, antes de convocar la audiencia, el procurador judicial verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en el reglamento. En caso de incumplimiento, el procurador, por auto, indicará al solicitante los defectos que debe subsanar, para lo cual concederá un término de cinco (5) días, contados a partir del día siguiente a la notificación del auto, advirtiéndole que vencido este término, sin que se hayan subsanado, se entenderá que desiste de la solicitud y se tendrá por no presentada. La corrección deberá presentarse con la constancia de recibida por el convocado. Contra el auto que ordena subsanar la solicitud de conciliación solo procede el recurso de reposición.”. (Negrillas fuera de texto original).
No obstante, la Ley 1437 de 2011 o CPACA, en su artículo 309, expresamente derogó el inciso quinto del artículo 35 de la Ley 640 de 2001 o en otras palabras, cerró la posibilidad de acudir directamente a la Jurisdicción cuando se solicitaban medidas cautelares.
Derógase también el inciso 5º del artículo 35 de la Ley 640 del 2001, modificado por el artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, en la siguiente frase: “cuando en el proceso de que se trate, y se quiera solicitar el decreto y la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente a la jurisdicción.”. (Negrillas fuera de texto original).
Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para acceder a esta Jurisdicción, en ejercicio de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y de controversias contractuales, era requisito de procedibilidad agotar la conciliación prejudicial, inclusive si la demanda venía acompañada de la solicitud de una medida cautelar, lo que en principio, le daría la razón al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el sub lite, al rechazar la demanda por el incumplimiento de este.
Sinembargo,elCódigoGeneraldelProceso,expedidoconlaLey1564de2012,normaposterior,particularmenteensuartículo626,derogóexpresamenteelincisosegundodelartículo309delCPACA,queasuvezhabíaderogadoelincisoquintodelartículo35delaLey640del2001,modificadoporelartículo52delaLey1395de2010,queconsagrabalaposibilidaddeaccederdirectamentealajurisdicción cuandosesolicitabanmedidascautelares.
Sobreelparticular,elartículo626delCódigoGeneraldelProceso,dispuso:
“ART. 626.—Derogaciones.Deróguenselassiguientesdisposiciones:
a) “Literal corregido por el artículo 16 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:” A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 salvo los parágrafos 1º y 2º de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1 del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 yelincisosegundodelartículo309delaLey1437de2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4, el literal e) del numeral 5 del artículo 58 y el numeral 8 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley”. (Negrillas fuera de texto original).
Deconformidadconloseñalado,esevidentequelanormaqueprohibiólaposibilidaddeaccederdirectamentealajurisdiccióncuandosesolicitabanmedidascautelaresseencuentraderogada,quedandovigenteentonceselapartequeseñala: “Cuandoenelprocesodequesetrate,ysequierasolicitareldecretoylaprácticademedidascautelares,sepodráacudirdirectamentealajurisdicción” contenidoenelincisoquintodelartículo35delaLey640de2010,elcualdebeaplicarseenconcordanciaconelCódigoGeneraldelProceso.
Enefecto,elCódigoGeneraldelProcesonosoloderogólanormadelCPACAqueasuvezhabíaderogadolaposibilidaddeaccederdirectamentealajurisdiccióncuandosesolicitabanmedidascautelares,sinoquefuemásallá,eincluyó,expresaycategóricamenteelsentidodelanormacontenidaenelincisoquintodelartículo35delaLey640de2001,modificadaporelartículo52delaLey1395de2010,alseñalarenelparágrafoprimerodelartículo590,losiguiente:
“PAR. 1º—Entodoprocesoyantecualquierjurisdicción,cuandosesolicitelaprácticademedidascautelaressepodráacudirdirectamentealjuez,sinnecesidaddeagotarlaconciliaciónprejudicialcomorequisitodeprocedibilidad.”.
Ahorabien,paralosprocesosdeestajurisdicción,elCódigoGeneraldelProcesoestablecióunanormaexpresaensuartículo613,elcualreglamentadirectamentelasaudienciasdeconciliaciónextrajudicialenlosasuntosqueaquíseventilanyenelincisosegundoibídem,expresamenteseñaló:
“No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública.”. (Negrillas fuera del texto original).
Espertinentedestacarquelasanterioresnormasyaseencuentranvigentesdeacuerdoconloestablecidoenlosnumerales1y4delartículo627delCódigoGeneraldelProceso(6).
Deconformidadconloprecedente,estimalasala queenlaactualidad,cuandosesolicitaeldecretoyprácticadealgunamedidacautelar,noesexigibleelrequisitodelaconciliaciónprejudicialparapoderdemandar;sinembargohayqueaclararqueparalosasuntosContenciosoAdministrativo,elartículo613delCódigoGeneraldelProcesocontemplóunrequisitoadicional.
Enefecto,sibienelparágrafoprimerodelartículo590delCódigoGeneraldelProceso,establecedeformageneralparatodoslosprocesosyjurisdicciones,laposibilidaddenoagotarelrequisitodeprocedibilidaddelaconciliaciónprejudicialyacudirdirectamentealademanda,cuandosesolicitaunamedidacautelar,elartículo613ibídem,normaposterioryespecial,establecióexpresamentequeenlaJurisdicciónContenciosoAdministrativadichaexcepciónseaplicasiempreycuandolamedidacautelarpedidaseadecarácterpatrimonial,comoloindicalasiguientefrasedesuincisosegundo: “comotampocoenlosdemásprocesosenlosqueeldemandantepidamedidascautelaresdecarácterpatrimonial”.
Teniendoencuentaloanterior,paraacudirdirectamenteantelaJurisdicciónContenciosoAdministrativa,sinantesintentarlaconciliación,nobastasimplementeconsolicitareldecretoyprácticadeunamedidacautelar,sinoque estaademás,debeteneruncarácterpatrimonial,locualcobrasentido,yaqueporlanaturalezapropiadelcaráctereconómicoopatrimonial,laefectividaddedichasmedidasdependedequeeldemandadonotengaconocimientodelaexistenciadeunprocesoensucontraypuedaevadirelcumplimientodeunaordenjudicialqueeventualmentelasdecrete.
Resaltalasalaquelafrase “decarácterpatrimonial”,contenidaenelincisosegundodelartículo613delCódigoGeneraldelProceso,fueobjetodeunademandadeinconstitucionalidad;sinembargo,hastalafecha,lamismanohasidodecidida,porlotantolanormaencuestiónseencuentravigenteydebeseraplicada.
“PRIMERA.—ORDENAR al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA, representado legalmente por su Directora MARTHA CECILIA LANDAZABAL MARULANDA que suspenda sus decisiones de CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO como lo ordenó en la parte resolutiva de los ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS y que cuenta en la demanda.
SEGUNDO.—En el evento de haber dado cumplimiento a dichas decisiones proceda en forma inmediata a suspender dicha actuación y ordene el levantamiento de las medidas cautelares y las decisiones impartidas.
TERCERA.—Estas medidas cautelares de protección deben ir acompañadas de una orden estricta del JUEZ ADMINISTRATIVO al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA, representado legalmente por su Directora MARTHA CECILIA LANDAZABAL MARULANDA para que en un futuro se abstenga de adelantar medidas de persecución como las que se han denunciado en esta demanda y que las pruebas técnicas de medición se cumplan conforme lo dispone el ANEXO NUMERO TRES de la Resolución 627 de 2006 del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.”.
Asílascosas,elaquonopodíasimplementerechazarlademandaporlafaltadelrequisitodelaconciliaciónprejudicial,yaquelaactoraclaramentehabíapedidoquesedecretaranunasmedidascautelares,situaciónqueloobligabaarealizarunestudiosobrelasnormasvigentes,incluyendolasconcordanciasentreCPACAyelCódigoGeneraldelProceso,afindedeterminarsidichorequisitodeprocedibilidaderaexigibleenestecasoparticularysilasmedidassolicitadaserandecarácterpatrimonial,loqueevidentementenosehizo.
Ahora,paralasala ningunadelascincomedidascautelarescontempladasenelartículo230delCPACA,persecontienenuncarácterpropiamentepatrimonial;porlotantoelestudiodebehacerserespectodelosefectosqueseproducenaldecretaralgunadeesasmedidas,loscualeseventualmentesípuedengenerarunaevidenteconsecuenciaeconómica,quedebeserdeterminadaporeljuezalmomentoderesolversobrelaadmisióndelademanda.
Enelcasobajoestudio,esclaroquelamedidacautelarsolicitadaporlaactora,tieneunaincidenciadecarácterpatrimonial,puessieventualmenteeljuezcompetenteconsideraraquesecumplenlospresupuestosparadecretarlasuspensiónprovisionaldelosefectosdelactoadministrativoqueordenóelcierredefinitivodelazonadelaterrazadelhotel, estepodríareanudarlaoperacióndelestablecimientodecomercioobjetodelasanciónencondicionesnormalesyevitarqueselecausenmásperjuicioseconómicos,delosque,asujuicio,yasehanproducido.
Loprecedentedemuestraqueelpresentemediodecontroldenulidadyrestablecimientodelderecho,nodebióserrechazadoconelargumentodelincumplimientodelrequisitodelaconciliaciónprejudicial,yaquelaactorahabíasolicitadomedidascautelaresqueteníancarácterpatrimonial,porloqueelcasoseenmarcabadentrodeloestablecidoenelincisosegundodelartículo613delCódigoGeneraldelProceso,normaespecialparalaJurisdicciónContenciosoAdministrativa, lo que impone revocar el auto apelado de 30 de julio de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia, para en su lugar disponer que el a quo provea sobre la admisión de la demanda […]”.
La tesis expuesta en la providencia anterior fue reiterada en la decisión judicial de 22 de octubre de 2015, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso(7), que al respecto destacó:
En el caso sub examine resulta evidente que si se accediera a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, la medida tendía indudablemente un carácter patrimonial en cuanto impactaría el patrimonio de la entidad que resultó afectado con la supuesta conducta del declarado fiscalmente responsable. Desde esta perspectiva, no había lugar a exigir el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial. Por ello el proveído recurrido debe revocarse para disponer, en su lugar, que el a quo provea sobre la admisión de la demanda […]”.
Sin embargo, esta sala considera que debe rectificar la posición expuesta en las providencias judiciales precitadas, en la medida el artículo 613 del CGP claramente se refiere a “[…] medidasdecarácterpatrimonial […]” ynuncaseñalaquelasmedidasdebentenerefectospatrimoniales.
Cabe precisar que cuando hablamos del carácter de una cosa nos estamos refiriendo, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española al “[…] Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás […]”(8), esto hablando, entonces, de que la medida cautelar debe ser patrimonial, no tener efectos patrimoniales, entendiendo por efecto, “[…] Aquello que sigue por virtud de una causa […]”(9).
La medida cautelar, entonces, debe ser patrimonial, entendiendo patrimonial como “[…] relativo al patrimonio […]”(10) y patrimonio como “[…] Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica […]”(11), lo que nos lleva a indicar que cuando el artículo 613 del CGP se refiere a las medidas cautelares de carácter patrimonial se está refiriendo a medidas que directa e inmediatamente afectan el patrimonio de las personas naturales o jurídicas que deben soportarlas.
El concepto anterior coincide con la clasificación de las medidas cautelares elaborada por un sector de la doctrina, que destaca que dichas medidas pueden ser de carácter patrimonial o de carácter personal, entendiendo por las primeras “[…] 12.3.1 de carácter patrimonial […] Como su nombre lo indica, son aquellas que tienen como propósito primordial la afectación de bienes […]”(12).
Es claro, entonces que, y a manera de ejemplo, el embargo de bienes tiene el carácter de medida patrimonial(13) en tanto que directamente “[…] sustrae del comercio el bien cautelado, de tal suerte que si se llegare a vender un bien que soporta un embargo, tal contrato será declarado nulo, de nulidad absoluta, por objeto ilícito. En caso de que el bien esté sujeto a registro, y sobre él se inscribe un embargo, el correspondiente registrador debe abstenerse de registrar cualquier acto de disposición sobre el bien, como una venta o una hipoteca […]”(14), lo cual no ocurre con la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos.
Esta sala ha resaltado que entre las características principales de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos están “[…] su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida […]”, e igualmente ha indicado que su finalidad es la de “[…] “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”(15). […]”(16), lo que claramente excluye su patrimonialidad pues su propósito no es afectar el patrimonio de las personas jurídicas o naturales, sino despojar de sus efectos, temporalmente, a un acto administrativo que, preliminarmente, es considerado contrario al ordenamiento jurídico.
Encuantoalasolicituddesuspensiónprovisionaldelosactosadministrativosdemandados,observaeldespachoquesibien estostienenuncontenidopatrimonialalindicarqueelmontodelacláusulapenalesde $ 164.267.881,estonoimplicaquelamedidacautelarsolicitadaposeadichocarácter,comoquieraquealanalizarlosefectosdedecretarlanoseevidenciaunaconsecuenciaeconómicainmediataparalaparteactora,puestoquesoloalmomentodeproferirsentenciaeljuezdeterminarasilasociedadConstruccionesAR&SSASdebía,ono,pagardichasumay,silosdinerosquealegalefueronretenidosdebenserreintegrados.EnuncasosimilarlaJurisprudenciadeestacorporación señaló:
Peroencambio,lamedidacautelarquesedepreca:quesesuspendansusefectos,ensímismanotieneuncontenidopatrimonial.Noconcierneaqueeljuezproduzcaunaordenprovisionaldeprotecciónalobjetodelprocesoyparalaefectividaddelasentencia,quematerialmenteydemaneradirectaserefiereaqueeldemandadoparacumplirtalordendebahacererogacioneseconómicas.
Así,unacosaesquelosactosdemandadostenganuncarácterpatrimonialporqueimponenunasanciónpecuniaria(multa),yotradiferenteesquelamedidacautelartambiénposeaestecarácter,cosaqueparaelpresentecasonoacurreasí,sisepartedequelasolicitudconcierneaqueeljuezprovisionalmentedicteunaordencuyaejecuciónocumplimientonoconllevaenformadirectaeinmediataparaeldemandadoefectuargastosoinversionesdecaráctereconómico”(18) (Se subraya).
La posición contraria a la expuesta implicaría vaciar de contenido el numeral 1º del artículo 161 del CPACA, haciendo esta disposición inaplicable, en la medida en que bastaría que los demandantes en los medios de control en los que se discute la juridicidad de actos administrativos solicitaran la medida de suspensión provisional de sus efectos y alegaran la existencia de un mínimo efecto económico para que puedan obviar el requisitos de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, situación que se corrige con la interpretación que aquí se prohíja.
Esta sala, entonces, como órgano de cierre en los asuntos de su competencia, establece, a manera de jurisprudencia anunciada(19), la posición consistente en que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos no está incluida dentro de las medidas cautelares que permiten, al tenor del artículo 613 del CGP, en procesos diferentes a los ejecutivos, acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa sin agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial (CPACA, art. 161, num. 1º), en la medida en que el precitado artículo del CGP hace referencia a las medidas de carácter patrimonial, naturaleza que no se encuentra presente en la precitada cautela, conforme se explicó líneas atrás.
Así pues, lasala procedeadesatarlapresentecontroversiasiguiendo,paraelefecto,elcriteriojurídicoesbozadoenlasdecisionesjudicialesmencionadas, en las que se destaca que la autoridad judicial está obligada a realizar un estudio de las disposiciones del CPACA y del CGP para determinar si el requisito de procedibilidad era exigible en el caso concreto y si la medida solicitada era de carácter patrimonial.
Cabe resaltar que la sala, en las citadas providencias del 27 de noviembre de 2014 y 22 de octubre de 2015, indicó que en tanto las medidas cautelares contempladas en el artículo 230 del CPACA no tienen, en sí mismas, un carácter patrimonial, eseestudiodebíahacerserespectodelosefectosqueseproducenaldecretaralgunasdeesasmedidas,loscualeseventualmentesípuedengenerarunaconsecuenciaeconómica,quedebeserdeterminadaporeljuezalmomentoderesolversobrelaadmisióndelademanda.
“[…] volver a la normalidad la Estación de Servicio Milenium Gas-Kennedy retomando sus funciones ygenerandolosingresoseconómicosquesehandejadodepercibirenocasióndelasuspensióndeactividadesdealmacenamientoyventadecombustibles, por lo cual es indispensable decretar y practicar las medidas cautelares teniendo presente su contenido de carácter netamente económico y patrimonial […]”.
Por todo lo anterior, el auto de 21 de julio de 2015, por medio del cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda, habrá debe ser revocado y, en su lugar, se ordenará que la autoridad judicial decida lo que corresponda en relación con la admisión de la demanda.
Lo anterior, en la medida en que, en el presente caso, para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, el actor no debía agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, pues a la demanda se acompañó una solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos demandados, la cual comportaba efectos patrimoniales, al encuadrar dentro de los postulados del artículo 613 del CGP, según la interpretación que de esta norma realizó la sección en las providencias de 27 de noviembre de 2014 y 22 de octubre de 2015, y que es motivo de rectificación en la presente providencia.
1. REVOCAR el auto de 21 de julio de 2015, proferido por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual rechazó la demanda, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. ORDENAR a la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decida la pertinente en relación con la admisión de la demanda.
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Primera, C.P.: María Elizabeth García González, expediente 76001-23-33-000-2014-00550-01 de veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014).
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Bogotá, D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014). Consejera Ponente: Doctora María Elizabeth García González. Ref: expediente Nº 2012-00550-01. Recurso de apelación contra el auto de 30 de julio de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Actora:SociedadHotelNowS.A.
4 Ley 446 de 1998. Artículo 166. Estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Se faculta al Gobierno Nacional para que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la expedición de esta ley, compile las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, sin cambiar su redacción, ni contenido, la cual será el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
1. “Numeral corregido por el artículo 18 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:” Los artículos 24, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley”.
4. Los artículos 17 numeral 1, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5 y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012). (Negrillas fuera de texto original).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso. Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015). Radicación: 25000-23-24-000-2012-00760-01. Actor: Gabriel Pardo García Peña. Demandado: Contraloría General de la República. Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Peláez Hernandez, Ramón Antonio. Elementos Teóricos del Proceso. Tomo I Segunda Edición. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2015. Pág. 470.
13 Peláez Hernandez, Ramón Antonio. Elementos teóricos del proceso. Tomo I Segunda Edición. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2015. Pág. 470. El autor destaca como una medida de carácter patrimonial el embargo y secuestro de bienes.
14 Forero Silva, Jorge. Medidas Cautelares en el Código General del Proceso. Segunda Edición. Bogotá: Editorial Temis S.A., 2016. Pág. 97.
15 Providencia citada ut supra, Consejero Ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Elizabeth García González, Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil dieciséis (2016), Radicación: 11001-03-24-000-2014-00704-00, Actor: Andrés Gómez Roldán, Demandado: Ministerio de Justicia y del Derecho, Referencia: medio de control nulidad.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón. Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación: 25000-23-36-000-2016-01452-01(58018). Actor: Construcciones AR&S SAS. Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Susana Buitrago Valencia. Exp. 2015-00005-00. Auto de 15 de mayo de 2015.
19 La Sala quiere significar que el caso que ocupó su atención, no fue juzgado con fundamento en este nuevo criterio que se expone y, por tal virtud, tendrá aplicación solo a futuro. Sobre el uso de esta figura ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del siete (7) de junio de dos mil dieciséis (2016). Radicación: 11001-03-28-000-2015-00051-00. Actor: Emiliano Arrieta Monterroza. Demandada: Oneida Rayeth Pinto Pérez - Gobernadora de la Guajira.

References: ARTÍCULO 613
 ARTÍCULO 161
 artículo 138
 Artículo 161
 artículo 613
 Resolución 
 artículo 35
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 32
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 161
 artículo 161
 artículo 613
 artículo 169
 artículo 161
 artículo 613
 artículo 52
 artículo 309
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 52
 artículo 16
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 148
 artículo 19
 artículo 67
 artículo 40
 artículo 71
 artículo 215
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 34
 Resolución 
 artículo 613
 artículo 613
 artículo 161
 artículo 613
 artículo 230
 artículo 613
 Artículo 166
 artículo 18