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Timestamp: 2018-12-14 15:24:10+00:00

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Trinidad Caballero Alvarado
1 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES IX LEGISLATURA Serie A: PROYECTOS DE LEY 22 de julio de 2011 Núm PROYECTO DE LEY 121/ Proyecto de Ley de supervisión de los seguros privados. La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia. (121) Proyecto de Ley. 121/ Autor: Gobierno. Proyecto de Ley de supervisión de los seguros privados. Acuerdo:. Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 19 de septiembre de En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro. PROYECTO DE LEY DE SUPER VISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS ÍNDICE GENERAL Título I. Disposiciones generales. Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación. Sección 2.ª Definiciones. Artículo 4. Entidades y autoridad de supervisión. Artículo 5. Estado miembro de origen, Estado miembro de acogida, y actividades en régimen de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios. Artículo 6. Relaciones de participación o control entre entidades. Artículo 7. Mercados regulados. Artículo 8. Grandes riesgos.. Artículo 9. Coaseguro comunitario. Artículo 10. Sistema de gobierno y externalización de funciones. Artículo 11. Riesgos. 1
2 Artículo 12. Medidas de saneamiento y procedimientos de liquidación. Capítulo II. Órganos de supervisión y competencias. Sección 1.ª Competencias de la Administración General del Estado. Artículo 13. Competencias de supervisión de la Administración General del Estado. Artículo 14. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Artículo 15. Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. Sección 2.ª Competencias de las Comunidades Autónomas. Artículo 16. Distribución de competencias. Título II. Acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora. Capítulo I. Acceso a la actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas. Sección 1.ª Condiciones de acceso a la actividad. Artículo 17. Necesidad de autorización administrativa y alcance de la autorización. Artículo 18. Requisitos generales de la autorización de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 19. Requisitos específicos de autorización de entidades aseguradoras. Artículo 20. Requisitos para la ampliación de la autorización administrativa de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 21. Denegación de la autorización. Artículo 22. Consulta previa a autoridades de supervisión. Artículo 23. Ramos de seguro distintos del seguro de vida y riesgos accesorios. Artículo 24. Ramo de vida y riesgos complementarios. Artículo 25. Naturaleza, forma y denominación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 26. Domicilio social. Artículo 27. Objeto social. Artículo 28. Programa de actividades. Artículo 29. Capital social. Artículo 30. Fondo Mutual. Artículo 31. Socios. Artículo 32. Vínculos estrechos. Artículo 33. Honorabilidad y aptitud de quienes realizan la dirección efectiva o desempeñen funciones que integran el sistema de gobierno de la entidad. Artículo 34. Responsabilidad y deberes de los órganos de administración o dirección de las entidades aseguradoras o reaseguradoras. Artículo 35. Organizaciones y agrupaciones. Artículo 36. Registro administrativo. Sección 2.ª Mutuas de seguros, cooperativas de seguros y mutualidades de previsión social. Artículo 37. Mutuas de seguros. Artículo 38. Cooperativas de seguros. Artículo 39. Mutualidades de previsión social. Artículo 40. Ámbito de cobertura y prestaciones de las mutualidades de previsión social. Artículo 41. Mutualidades de previsión autorizadas para operar por ramos de seguro. Sección 3.ª Actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas en régimen de derecho de establecimiento y libre prestación de servicios en la Unión Europea. Artículo 42. Entidades españolas que pueden operar en la Unión Europea. Artículo 43. Establecimiento de sucursales. Artículo 44. Comunicación de información para el establecimiento de sucursales. Artículo 45. Comunicación previa para operar en libre prestación de servicios. Artículo 46. Información estadística relativa a las actividades transfronterizas de las entidades aseguradoras españolas. Sección 4.ª Actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas en terceros países. Artículo 47. Creación de entidades y otras operaciones en terceros países. Capítulo II. Acceso a la actividad en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras de otros estados de la Unión Europea. Agencias de suscripción. Sección 1.ª Disposiciones generales para entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 48. Entidades aseguradoras y reaseguradoras de otros Estados miembros que pueden operar en España. Artículo 49. Inscripción en el registro administrativo. Artículo 50. Observancia de las disposiciones legales por parte de las entidades aseguradoras y reaseguradoras que operan en España en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. Artículo 51. Tributos y recargos. Artículo 52. Seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles. 2
3 Sección 2.ª Actividad en régimen de derecho de establecimiento de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros.. Artículo 53. Condiciones de acceso a la actividad en régimen de derecho de establecimiento. Artículo 54. Supervisión de sucursales en España por las autoridades del Estado de origen. Sección 3.ª Actividad en libre prestación de servicios de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros. Artículo 55. Condiciones de acceso a la actividad en régimen de libre prestación de servicios. Artículo 56. Requisitos específicos para el seguro de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles. Artículo 57. Representante a efectos de recargos y tributos. Sección 4.ª Actividad en España de las agencias de suscripción. Artículo 58. Agencias de suscripción. Artículo 59. Necesidad de autorización administrativa. Requisitos. Capítulo III. Acceso a la actividad en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países. Sección 1.ª Entidades aseguradoras de terceros países. Artículo 60. Autorización de sucursales de entidades aseguradoras de terceros países. Artículo 61. Programa de actividades de las sucursales de entidades aseguradoras de terceros países. Artículo 62. Limitaciones a la actividad en España de las entidades aseguradoras de terceros países. Sección 2.ª Entidades reaseguradoras de terceros países. Artículo 63. Sucursales de entidades reaseguradoras de terceros países.. Artículo 64. Actividad en España de las entidades reaseguradoras de terceros países desde el país de origen. Título III. Ejercicio de la actividad. Capítulo I. Sistema de gobierno de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 65. Requisitos generales del sistema de gobierno. Artículo 66. Gestión de riesgos. Artículo 67. Evaluación interna de riesgos y solvencia. Artículo 68. Control interno y función de cumplimiento. Artículo 69. Auditoria interna. Artículo 70. Función actuarial. Artículo 71. Externalización de funciones o actividades. Capítulo II. valoración de activos y pasivos, garantías financieras e inversiones. Sección 1.ª Valoración de activos y pasivos, y normas sobre provisiones técnicas. Artículo 72. Valoración de activos y pasivos. Artículo 73. Provisiones técnicas.. Artículo 74. Calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas. Sección 2.ª Fondos propios. Artículo 75. Determinación de los fondos propios.. Artículo 76. Clasificación de los fondos propios en niveles. Sección 3.ª Capital de solvencia obligatorio. Subsección 1.ª Normas generales. Artículo 77. Cálculo del capital de solvencia obligatorio. Artículo 78. Métodos de cálculo del capital de solvencia obligatorio.. Subsección 2.ª Fórmula estándar. Artículo 79. Cálculo del capital de solvencia obligatorio mediante la fórmula estándar. Subsección 3.ª Modelos internos. Artículo 80. Cálculo del capital de solvencia obligatorio mediante modelos internos. Artículo 81. Autorización de modelos internos. Artículo 82. Requisitos adicionales para la autorización de modelos internos parciales. Artículo 83. Modificación de los modelos completos y parciales. Artículo 84. Responsabilidad del órgano de administración en relación con los modelos internos. Artículo 85. Uso del modelo interno en la toma de decisiones y en las actividades de gestión. Artículo 86. Incumplimiento del modelo interno. Artículo 87. Normas de calidad estadística de los modelos internos. Artículo 88. Normas de calibración de los modelos internos. 3
4 Artículo 89. Asignación de pérdidas y ganancias. Artículo 90. Normas de validación de los modelos internos. Artículo 91. Documentación de los modelos internos. Sección 4.ª Capital mínimo obligatorio. Artículo 92. Capital mínimo obligatorio. Sección 5.ª Inversiones. Artículo 93. Normas sobre inversiones de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Capítulo III. Información pública sobre la situación financiera y de solvencia. Artículo 94. Informe sobre la situación financiera y de solvencia: contenido. Artículo 95. Dispensa de divulgación de información en el informe sobre la situación financiera y de solvencia. Artículo 96. Actualizaciones del informe sobre la situación financiera y de solvencia e información voluntaria adicional. Capítulo IV. Obligaciones contables. Artículo 97. Contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 98. Formulación de cuentas de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Capítulo V. Régimen de participaciones en entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 99. Obligaciones relativas a las participaciones en entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 100. Criterios para la evaluación de la adquisición de participaciones significativas. Artículo 101. Procedimiento de evaluación de la adquisición de participaciones significativas. Artículo 102. Colaboración entre autoridades supervisoras para la evaluación de la adquisición. Capítulo VI. Operaciones societarias. Sección 1.ª Cesión de cartera. Artículo 103. Clases de cesión de cartera entre entidades aseguradoras. Artículo 104. Cesión de cartera entre entidades aseguradoras españolas. Artículo 105. Cesión de cartera por una entidad aseguradora española de los contratos suscritos en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, o que pasen a estar suscritos en cualquiera de esos regímenes. Artículo 106. Cesión de cartera de entidades que operen en España domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea. Artículo 107. Cesión de cartera en que participen las sucursales de entidades aseguradoras domiciliadas en terceros países. Artículo 108. Cesión de cartera de entidades reaseguradoras. Sección 2.ª Modificaciones estructurales. Artículo 109. Transformación de entidades aseguradoras. Artículo 110. Fusión de entidades aseguradoras. Artículo 111. Escisión de entidades aseguradoras. Artículo 112. Supuestos excepcionales de transformación, fusión y escisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras y normativa supletoria. Sección 3.ª Agrupaciones y uniones temporales de entidades aseguradoras o reaseguradoras. Artículo 113. Agrupaciones de interés económico y uniones temporales de entidades aseguradoras o reaseguradoras. Capítulo VII. Conductas de mercado. Sección 1.ª Pólizas y tarifas. Artículo 114. Tarifas de primas y bases técnicas. Artículo 115. Control de las pólizas, tarifas y documentación técnica de la actividad. Sección 2.ª Operaciones prohibidas. Artículo 116. Operaciones prohibidas a las entidades aseguradoras. Artículo 117. Operaciones realizadas sin autorización administrativa. Sección 3.ª Deber de información. Artículo 118. Deber general de información al tomador de seguro. Sección 4.ª Mecanismos de solución de conflictos. Artículo 119. Tutela judicial y procedimientos arbitrales. Artículo 120. Atención y resolución por las entidades aseguradoras de las quejas y reclamaciones. Artículo 121. Defensor del cliente de las entidades aseguradoras. Sección 5.ª Otras disposiciones. Artículo 122. Publicidad. 4
5 Artículo 123. Libertad de elección de prestador en los seguros que cubren la prestación de un servicio. Artículo 124. Protección de datos de carácter personal. Capítulo VIII. Régimen especial de entidades de dimension reducida y mutualidades de previsión social. Artículo 125. Ámbito de aplicación. Artículo 126. Entidades aseguradoras de dimensión reducida. Artículo 127. Mutualidades de previsión social que no hayan obtenido autorización para operar por ramos. Artículo 128. Condiciones de ejercicio de las entidades a las que se aplica el régimen especial. Capítulo IX. Ejercicio simultáneo de la actividad de seguro de vida y de seguro distinto del de vida. Artículo 129. Entidades aseguradoras autorizadas para operar simultáneamente en seguros de vida y en seguros distintos del de vida. Artículo 130. Gestión separada de las operaciones de seguro de vida y de seguros distintos del de vida. Capítulo X. coaseguro comunitario. Reaseguro limitado. Artículo 131. Régimen del coaseguro comunitario. Artículo 132. Provisiones técnicas del coaseguro comunitario. Artículo 133. Reaseguro limitado. Capítulo XI. Condiciones relativas al ejercicio de la actividad por sucursales y filiales de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países. Artículo 134. Garantías financieras de las sucursales de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en terceros países. Artículo 135. Régimen de las sucursales de entidades domiciliadas en terceros países, autorizadas en varios Estados miembros. Artículo 136. Equivalencia del régimen de solvencia de las entidades reaseguradoras de terceros países. Artículo 137. Información a la Comisión Europea y a otros Estados miembros sobre filiales de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países. Título IV. Supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Capítulo I. Principios generales. Artículo 138. Alcance de la supervisión. Artículo 139. Proporcionalidad de las actuaciones de supervisión. Artículo 140. Transparencia de la actuación supervisora. Artículo 141. Convergencia de prácticas supervisoras. Artículo 142. Facultades generales de supervisión. Artículo 143. Información que deberá facilitarse a efectos de supervisión. Artículo 144. Supervisión de funciones y actividades externalizadas. Artículo 145. Supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras de la Unión Europea que operan en España. Artículo 146. Supervisión de las agencias de suscripción. Capítulo II. Supervisión financiera. Artículo 147. Contenido de la supervisión financiera. Artículo 148. Información sobre fondos propios, capital de solvencia obligatorio y capital mínimo obligatorio. Capítulo III. Supervisión de conductas de mercado. Artículo 149. Contenido de la supervisión de conductas de mercado. Artículo 150. Protección administrativa. Artículo 151. Prohibición de pólizas y tarifas. Capítulo IV. Supervisión por inspección. Artículo 152. Actuaciones de Inspección. Artículo 153. Procedimiento de supervisión por inspección. Capítulo V. Medidas correctoras. Artículo 154. Exigencia de incremento del importe de las provisiones técnicas. Artículo 155. Exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional. Capítulo VI. Deber de secreto profesional y uso de información confidencial. Artículo 156. Deber de secreto profesional. Artículo 157. Intercambio de información confidencial. Artículo 158. Acuerdos de cooperación con terceros países. Título V. Supervisión de grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Capítulo I. Disposiciones generales sobre grupos. Artículo 159. Definiciones y normas sobre la supervisión de grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras. 5
6 Artículo 160. Entidades sujetas a la supervisión de grupo. Artículo 161. Ámbito de aplicación de la supervisión de grupo. Capítulo II. Ejercicio de la supervisión de grupos. Sección 1.ª Funciones y facultades de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como supervisor de grupo. Artículo 162. Ejercicio de las funciones de supervisor de grupo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Artículo 163. Excepciones al ejercicio de las funciones de supervisor de grupo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Artículo 164. Facultades de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como supervisor de grupo. Artículo 165. Acceso a la información y verificación. Sección 2.ª Colaboración con otras autoridades de supervisión. Artículo 166. Cooperación e intercambio de información entre las autoridades de supervisión. Artículo 167. Consulta entre las autoridades de supervisión. Artículo 168. Información solicitada a otras autoridades supervisoras. Artículo 169. Cooperación con las autoridades supervisoras de las entidades de crédito y de empresas de servicios de inversión. Sección 3.ª Niveles de supervisión. Artículo 170. Entidad matriz última en la Unión Europea. Artículo 171. Subgrupo nacional de entidades aseguradoras o reaseguradoras. Artículo 172. Subgrupo de entidades que abarque subgrupos nacionales de varios Estados miembros. Sección 4.ª Medidas correctoras. Artículo 173. Exigencia de capital de solvencia obligatorio adicional de grupo. Artículo 174. Medidas destinadas a hacer frente a incumplimientos. Capítulo III. Situación financiera del grupo. Sección 1.ª Solvencia del grupo. Subsección 1.ª Principios generales. Artículo 175. Supervisión de la solvencia de grupo. Artículo 176. Informe sobre la situación financiera y de solvencia a nivel de grupo. Subsección 2.ª Métodos de cálculo. Artículo 177. Cálculo de la solvencia a nivel de grupo de entidades participantes. Artículo 178. Método basado en la consolidación contable. Artículo 179. Método de deducción y agregación. Subsección 3.ª Modelos internos. Artículo 180. Modelo interno de grupo. Subsección 4.ª Cálculo de la solvencia de grupo según el tipo de entidad vinculada. Artículo 181. Entidades aseguradoras y reaseguradoras vinculadas. Artículo 182. Sociedades de cartera de seguros intermedias. Artículo 183. Entidades aseguradoras y reaseguradoras vinculadas de terceros países. Artículo 184. Entidades de crédito, empresas de inversión y entidades financieras vinculadas. Artículo 185. Falta de información sobre entidades vinculadas. Subsección 5.ª Grupos con gestión centralizada de riesgos. Artículo 186. Régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. Artículo 187. Autorización para acogerse al régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. Artículo 188. Determinación del capital de solvencia obligatorio de la filial. Artículo 189. Incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio y al capital mínimo obligatorio de la filial. Artículo 190. Terminación de la aplicación del régimen de grupos con gestión centralizada de riesgos. Sección 2.ª Concentración de riesgo y operaciones intragrupo. Artículo 191. Supervisión de la concentración de riesgo. Artículo 192. Supervisión de las operaciones intragrupo. Artículo 193. Exclusiones a la supervisión de la concentración de riesgo y de las operaciones intragrupo. Sección 3.ª Gestión de riesgos y control interno. Artículo 194. Supervisión del sistema de gobierno del grupo. 6
7 Capítulo IV. Disposiciones específicas para determinadas clases de grupos. Sección 1.ª Grupos con matrices en la Unión Europea distintas de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 195. Sociedades de cartera de seguros. Sociedades mixtas de cartera de seguros. Sección 2.ª Grupos mutuales. Artículo 196. Grupos mutuales. Sección 3.ª Grupos con entidades matrices fuera de la Unión Europea. Artículo 197. Entidades matrices fuera de la Unión Europea: verificación de la equivalencia. Artículo 198. Falta de equivalencia de la supervisión de grupos de terceros países. Artículo 199. Entidades matrices fuera de la Unión Europea: niveles. Título VI. Situaciones de deterioro financiero. Medidas de control especial. Capítulo I. Situaciones de deterioro financiero. Artículo 200. Deterioro financiero de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 201. Incumplimiento respecto al capital de solvencia obligatorio. Artículo 202. Incumplimiento respecto al capital mínimo obligatorio. Artículo 203. Contenido del plan de recuperación y del plan de financiación a corto plazo. Capítulo II. Medidas de control especial. Artículo 204. Situaciones que dan lugar a la adopción de medidas de control especial. Artículo 205. Medidas de control especial que pueden adoptarse. Artículo 206. Procedimiento de adopción de medidas de control especial. Artículo 207. Sustitución provisional de los órganos de administración. Artículo 208. Efectos de las medidas de control especial en otros Estados miembros. Artículo 209. Medidas adoptadas respecto a entidades aseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros. Artículo 210. Procedimientos concursales. Título VII. Revocación, disolución y liquidación. Artículo 211. Causas de revocación y sus efectos. Artículo 212. Revocación de la autorización administrativa a entidades aseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros. Artículo 213. Revocación de la autorización administrativa de las sucursales de entidades domiciliadas en terceros países. Capítulo II. Disolución y liquidación de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Sección 1.ª Disolución. Artículo 214. Causas de disolución. Artículo 215. Acuerdo de disolución. Artículo 216. Disolución administrativa. Sección 2.ª Liquidación. Artículo 217. Normas generales de liquidación. Artículo 218. Efectos en otros Estados miembros de la liquidación de entidades españolas. Artículo 219. Efectos en España de la liquidación de entidades aseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros y que operan en España en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. Artículo 220. Supervisión de la liquidación. Artículo 221. Protección de los créditos por contrato de seguro. Artículo 222. Régimen jurídico de los liquidadores. Artículo 223. Proceso de liquidación. Artículo 224. Efectos sobre las acciones frente a entidades aseguradoras en liquidación. Sección 3.ª Liquidación por el Consorcio de Compensación de Seguros. Artículo 225. Actuación del Consorcio de Compensación de Seguros en la liquidación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 226. Normas generales sustantivas. Artículo 227. Normas generales de procedimiento. Artículo 228. Compra de créditos con cargo a recursos del Consorcio de Compensación de Seguros. Artículo 229. Pagos con cargo a los recursos de la entidad. Artículo 230. Liquidación de entidades solventes. Artículo 231. Liquidación de entidades insolventes. Artículo 232. Junta general de acreedores. Artículo 233. Procedimientos concursales. Título VIII. Infracciones y sanciones. Capítulo I. Infracciones. Revocación de la autorización administra- Capítulo I. tiva. Artículo 234. Sujetos infractores. Artículo 235. Clases de infracciones. 7
8 Artículo 236. Infracciones muy graves. Artículo 237. Infracciones graves. Artículo 238. Infracciones leves. Artículo 239. Prescripción de infracciones. Capítulo II. Sanciones. Artículo 240. Sanciones administrativas a las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 241. Sanciones administrativas para el resto de los sujetos infractores previstos en el artículo 234. Artículo 242. Criterios de graduación de las sanciones. Artículo 243. Medidas inherentes a la imposición de sanciones administrativas. Artículo 244. Normas complementarias para el ejercicio de la potestad sancionadora. Artículo 245. Ejercicio de actividades y uso de denominaciones reservadas a las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Artículo 246. Potestad sancionadora respecto de entidades aseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros. Artículo 247. Prescripción de las sanciones. Capítulo III. Procedimiento sancionador. Artículo 248. Regulación del procedimiento sancionador. Artículo 249. Competencias administrativas. Artículo 250. Plazos. Artículo 251. Procedimiento simplificado. Disposición adicional primera. Régimen aplicable a los Estados del Espacio Económico Europeo que no formen parte de la Unión Europea. Disposición adicional segunda. Información sobre seguros obligatorios. Disposición adicional tercera. Validez de la autorización administrativa en toda la Unión Europea. Disposición adicional cuarta. Validez de las autorizaciones de ampliación de prestaciones concedidas a mutualidades de previsión social. Disposición adicional quinta. Información a la Comisión Europea sobre dificultades de las entidades aseguradoras o reaseguradoras españolas. Disposición adicional sexta. Entidades con cometido especial. Disposición adicional séptima. Revisión de cantidades en euros. Disposición adicional octava. Obligaciones de los auditores de cuentas de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Disposición adicional novena. Actuarios de seguros. Disposición adicional décima. Peritos de seguros. Disposición adicional undécima. Conciertos de entidades aseguradoras con organismos de la Administración de la Seguridad Social. Disposición adicional duodécima. Tasa por inscripciones y certificaciones de los registros administrativos previstos en la normativa reguladora de los seguros privados. Disposición adicional decimotercera. Procedimientos administrativos. Disposición adicional decimocuarta. Comunicaciones entre supervisores en materia de sanciones. Disposición transitoria primera. Régimen de las mutuas de seguros, mutualidades de previsión social y cooperativas a prima variable. Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de adaptación a las cuantías mínimas de capital social y fondo mutual. Disposición transitoria tercera. Régimen de determinadas operaciones de seguro realizadas por mutualidades de previsión social al amparo del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Excepción de límites a prestaciones en forma de capital. Disposición transitoria cuarta. Régimen de la previsión de riesgos sobre las cosas autorizada a mutualidades de previsión social al amparo del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Disposición transitoria quinta. Régimen de las prestaciones sociales autorizadas a las mutualidades de previsión social al amparo del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de la actividad reaseguradora de las federaciones de mutualidades de previsión social. Disposición transitoria séptima. Régimen transitorio del capital mínimo obligatorio. Disposición transitoria octava. Informe sobre la situación financiera y de solvencia. Disposición transitoria novena. Régimen transitorio de las agencias de suscripción. Disposición transitoria décima. Procedimientos administrativos en curso. Disposición transitoria undécima. Infracciones y sanciones. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición final primera. Título competencial. Disposición final segunda. Incorporación de Derecho de la Unión Europea. Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Com- 8
9 pensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre. Disposición final quinta. Modificación de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados. Disposición final sexta. Remisiones normativas. Disposición final séptima. Potestad reglamentaria. Disposición final octava. Entrada en vigor. Exposición de motivos I La Ley de 14 de mayo de 1908 inició un itinerario legislativo en materia de vigilancia, control, ordenación y supervisión de los seguros privados que se ha caracterizado por subrayar siempre su misión tutelar en favor de los tomadores, asegurados y beneficiarios amparados por un contrato, el de seguro, que supone el cambio de una prestación presente y cierta, la prima, por otra futura e incierta, la indemnización, de lo que se deriva el interés en garantizar la efectividad de esta última cuando eventualmente se produzca el siniestro. Es este hecho el que justifica el sometimiento de la actividad de las entidades aseguradoras a un régimen de supervisión pública, al objeto de comprobar que mantienen una situación de solvencia suficiente para cumplir su objeto social. Esta normativa de Derecho público ha sido acompañada a lo largo del tiempo por las normas de Derecho privado reguladoras del contrato de seguro, con las que ha formado, salvando su distinta razón y finalidad, una cierta unidad orientada al equilibrio contractual, la protección del asegurado y el control de la solvencia del seguro privado. El esquema normativo de control de solvencia y protección del asegurado se ha ido modulando a lo largo del tiempo, adaptándose a los constantes cambios económicos y sociales de todo orden que se han producido durante más de un siglo, para poder aplicarse a situaciones reales y vigentes en cada momento. A la citada Ley de 1908 le sucedieron la Ley 16 de diciembre de 1954, mucho menos innovadora que su antecesora y la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado. Fue esta última ley la que instauró las bases de una concepción moderna de la supervisión de seguros, fijando los pilares básicos sobre los que desde entonces se ha desarrollado la supervisión pública mediante el sistema de autorización administrativa de vínculo permanente, en virtud de la cual se examinan los requisitos financieros, técnicos y profesionales precisos para acceder al mercado asegurador; se controlan las garantías financieras, singularmente los requisitos de solvencia y la adecuada constitución de las provisiones técnicas; se vigila el cumplimiento de las normas de contrato de seguro y actuariales durante su actuación en dicho mercado; y, finalmente, se determinan las medidas cautelares y de intervención sobre las entidades aseguradoras que no ajusten su actuación a dichas normas, pudiendo llegar, incluso, a la revocación de la autorización administrativa concedida o a la disolución de la entidad aseguradora cuando carezcan de las exigencias mínimas para mantenerse en el mercado. A este esquema básico se añadía la necesidad de adaptar la legislación española ante la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea, con la obligada recepción de la normativa vigente en esta última. Desde entonces la normativa española de seguros ha tenido como impulso fundamental en su evolución el intenso proceso de armonización y consolidación del mercado interior de seguros. Así, las modificaciones y novedades que respecto de la regulación de la Ley de 1984 introdujo la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, respondían en buena parte a la adaptación a las directivas comunitarias, incorporando al Derecho español, entre otras, las fundamentales Directiva 92/96/CEE, del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, y por la que se modifican las Directivas 79/267/CEE y 90/619/CEE (tercera Directiva de seguros de vida) y Directiva 92/49/CEE, del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/3577CEE (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), cuya transposición supuso la recepción del concepto de autorización administrativa única. Desde entonces las entidades aseguradoras españolas pueden operar en todo el ámbito de la Unión Europea en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios sometidas, exclusivamente, al control financiero de las autoridades españolas. Lo mismo resulta aplicable a las entidades aseguradoras domiciliadas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, que pueden operar en España en régimen de derecho de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios sujetas al control financiero del Estado de origen. Pero la Ley 30/1995 introdujo respecto a la Ley de 1984 un segundo bloque de modificaciones normativas exigido, no por la adaptación o incorporación de directivas comunitarias, sino por la necesidad de adecuar la ordenación del mercado y la supervisión de la actividad aseguradora a la intensa dinámica de cambio en la que estaba inmersa, entre las que cabe destacar las referidas a la protección del asegurado tanto respecto al carácter de crédito singularmente privilegiado que tiene con respecto a la entidad aseguradora como en cuanto a la adecuación de los mecanismos de solución de conflictos; los procedimientos administrativos de ordenación y supervisión; los regímenes de revocación de la 9
10 autorización administrativa, de disolución y liquidación de entidades aseguradoras, y de adopción de medidas de control especial. Modificaciones todas ellas consolidadas desde entonces en la normativa de seguros. Los dos aspectos básicos que motivaron la Ley 30/1995, la exigencia de adopción en derecho interno de la nueva normativa comunitaria, así como la constante evolución de la actividad aseguradora y la necesidad de adaptar su regulación, se volvieron a repetir durante la vigencia de la Ley 30/1995, originando tras su aprobación diversas reformas y modificaciones, que llevaron al vigente texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, cuyo contenido ha sido modificado, a su vez, por sucesivas leyes; en particular y de forma principal, por la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero, por la Ley 13/2007, de 2 de julio, en materia de supervisión del reaseguro, y por la Ley 5/2009, de 29 de junio, sobre reforma del régimen de participaciones significativas en empresas de servicios de inversión, en entidades de crédito y en entidades aseguradoras. Con estas últimas quedó cerrado, en cuanto a su transposición, el conjunto de la normativa comunitaria que ha determinado la evolución de los seguros privados en Europa desde principios de los años setenta del siglo pasado. Finalmente, cabe hacer mención a las modificaciones llevadas a cabo por la disposición final decimocuarta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que continúan la línea de desarrollo y consolidación de la regulación de los seguros privados. La necesidad de incorporación del Derecho comunitario de seguros y la adaptación normativa al desarrollo del sector asegurador son también la razón de ser de la presente ley, que incorpora la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), sin perjuicio de las demás novedades que se introducen al margen de esa transposición. II La Directiva Solvencia II supone un notable ejercicio de armonización que pretende facilitar el acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora en la Unión Europea mediante la eliminación de las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros y, por tanto, el establecimiento de un marco legal dentro del cual las entidades aseguradoras y reaseguradoras desarrollen su actividad en todo el mercado interior. La Directiva Solvencia II articula una concepción de la solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras basada en tres pilares que se refuerzan mutuamente. El primero, constituido por reglas uniformes sobre requerimientos de capital determinados en función de los riesgos asumidos por las entidades, en consonancia con los desarrollos alcanzados en materia de gestión de riesgos y con la evolución reciente en otros sectores financieros. Se adopta así para el sector asegurador europeo un enfoque basado en el riesgo, mediante la introducción de normas específicas sobre el capital económico. El segundo de los pilares está integrado por un nuevo sistema de supervisión con el objeto de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos por las entidades. El tercero, se refiere a las exigencias de información y transparencia hacia el mercado sobre los aspectos claves del perfil de los riesgos asumidos por las entidades y su forma de gestión. Adicionalmente a la introducción del nuevo sistema de solvencia basado en el riesgo y de los cambios que ello requiere en la forma de gestión de las entidades y en la actuación de las autoridades supervisoras, la Directiva Solvencia II efectúa una consolidación, por refundición, del resto del ordenamiento europeo en materia de seguros privados, salvo en lo referente al seguro de automóviles, integrando los contenidos recogidos en las directivas que ya se habían incorporando en su momento al Derecho español de seguros. La aprobación de la Directiva Solvencia II tiene otro importante aspecto que debe destacarse relacionado con el nuevo procedimiento de elaboración y aprobación de la normativa comunitaria de servicios financieros dentro del esquema legislativo e institucional conocido como procedimiento Lamfalussy. Este procedimiento, que constituye un diseño institucional orientado a hacer más ágil y participativa la elaboración de la normativa comunitaria de servicios financieros, en la práctica implica establecer un sistema de normas comunitarias integrado por una Directiva marco y complementada por medidas que permitan su concreción y desarrollo en dos niveles posteriores, previendo asimismo la ejecución por parte de la Comisión Europea de su función de seguimiento y vigilancia de la aplicación de la normativa comunitaria por los Estados miembros. La Directiva Solvencia II constituye precisamente la primera aplicación al ámbito de los seguros de este nuevo esquema normativo. Esto hace que las disposiciones de esta ley que son el resultado de la transposición de la Directiva Solvencia II deban ser integradas con las medidas de ejecución dictadas por la Comisión Europea en un amplio conjunto de cuestiones como el sistema de gobierno, la difusión de información, la valoración de activos y pasivos, los fondos propios, el cálculo del capital de solvencia obligatorio, el capital mínimo obligatorio, medidas correctoras, provisiones técnicas, mitigación de riego, las normas de inversión la transparencia de la autoridad supervisora, la información a efectos de supervisión, la solvencia de los grupos de entidades, así como la determinación de la equivalencia de los regímenes de terceros países con las disposiciones de la Directiva Solvencia II. 10
11 El establecimiento de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, mediante el Reglamento (CE) n.º 1094/2010, de 24 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión, que le atribuye importantes facultades de coordinación y decisorias en materia de supervisión de seguros y reaseguros permitirá completar a través del ejercicio de sus funciones, el marco normativo aplicable al sector asegurador bajo Solvencia II, logrando los objetivos de mayor armonización reguladora y mejor coordinación internacional e intersectorial. III Esta ley identifica como autoridad española de supervisión a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sin perjuicio de las facultades supervisoras que se atribuyen expresamente al Ministro de Economía y Hacienda; este último ejercerá, además, las facultades reguladoras que le atribuyen esta ley y el resto del ordenamiento jurídico. Los requisitos que a los supervisores de seguros exigen la Directiva Solvencia II y los principios y recomendaciones dictadas por los organismos internacionales en materia de supervisión de seguros y reaseguros, y singularmente los de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), aconsejan reconocer legalmente la autonomía funcional de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en el ejercicio de sus funciones supervisoras para manifestar, también en el plano legal, la independencia de actuación del supervisor español que debe regirse exclusivamente por criterios técnicos y que resulta indispensable por razones de homologación con las autoridades de otros Estados dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. Al objeto de lograr los objetivos de mejor protección de los tomadores, asegurados y beneficiarios, y al amparo del artículo ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución, este ley contiene las bases de la supervisión de los seguros y reaseguros privados. Esto exige cierta uniformidad de las normas reguladoras de la supervisión de la actividad aseguradora con el objeto de facilitar la relación de unas entidades aseguradoras españolas con otras, de éstas con las radicadas en la Unión Europea y de todas ellas con los mercados internacionales. Además, dada la importancia financiera del sector asegurador dentro de la economía nacional y por su carácter primordialmente mercantil, que debe considerar la unidad de mercado, las competencias de las Comunidades Autónomas han de respetar la competencia exclusiva estatal en la legislación mercantil y, aún en el supuesto de asunción de competencias incluso exclusivas en materia de mutualidades de previsión social y cooperativas de seguros, deben quedar sometidas al alto control financiero del Estado a fin de lograr la necesaria coordinación de la planificación general de la actividad económica a que se refiere el artículo ª de la Constitución. Todo ello de conformidad con la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional sobre la materia. IV La ley regula las condiciones para la autorización administrativa como requisito previo para el acceso al ejercicio de la actividad aseguradora o reaseguradora en términos similares a los de su precedente legislativo. Cabe destacar la simplificación de los diferentes regímenes en relación con las mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social. En ambos casos el objetivo es garantizar su solidez financiera y materializar su carácter diferencial como entidades sin ánimo de lucro, mediante la exigencia de políticas específicas de retorno a sus mutualistas y de gobierno corporativo. En relación con las condiciones de ejercicio, esta ley regula la exigencia de un adecuado sistema de gobierno de las entidades. Esta es una de las novedades de la Directiva Solvencia II, que supone el reconocimiento de que algunos riesgos sólo pueden tenerse debidamente en cuenta a través de exigencias en materia de gobierno de las entidades y no a través de los requisitos cuantitativos. Las tareas de gobierno de las entidades se llevan a cabo a través de funciones que agregan o coordinan los recursos y capacidades orientadas a una finalidad. El sistema de gobierno incluye las funciones fundamentales de la gestión del riesgo, cumplimiento, auditoría interna y la función actuarial. Esta enumeración de funciones y su regulación no obsta para que cada entidad decida libremente la manera de organizarlas o decida articular otras funciones adicionales. Dentro de la gestión de sus riesgos, todas las entidades aseguradoras y reaseguradoras deben asumir como práctica habitual, integrándola en su estrategia de negocio, la evaluación interna y periódica de sus necesidades globales de solvencia, atendiendo a su perfil de riesgo específico. Asimismo, con fines de transparencia, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deben dar a conocer, mediante su puesta a disposición del público, al menos una vez al año, la información esencial sobre su situación financiera y de solvencia. V La evaluación de la situación financiera de las entidades aseguradoras y reaseguradoras ha de basarse en sólidos principios económicos y hacer un uso óptimo de la información proporcionada por los mercados financieros, así como de los datos disponibles sobre los riesgos asumidos. Con arreglo a este enfoque, los requisitos de capital deben estar cubiertos por fondos propios, que deben clasificarse con arreglo a criterios de calidad, seguridad y disponibilidad. 11
12 En el ámbito de Solvencia II, los requerimientos de capital de solvencia deben comportar dos niveles de exigencia. Uno, el capital de solvencia obligatorio, variable en función del riesgo asumido por la entidad y basado en un cálculo prospectivo; el otro, el capital mínimo obligatorio, configurado como un nivel mínimo de seguridad por debajo del cual no deberían descender los recursos financieros. Ambos requisitos de capital permiten delimitar la intervención del supervisor a fin de alcanzar un nivel uniforme de protección de los tomadores de seguros. La situación de normalidad se dará cuando la entidad alcance con fondos propios el capital de solvencia obligatorio. No alcanzar el capital mínimo obligatorio implicará la expulsión del mercado. Para las insuficiencias del capital de solvencia obligatorio la ley establece una escala adecuada y de progresiva intensidad de intervención de la autoridad supervisora. Para el cálculo del capital de solvencia obligatorio se establece un método de cálculo centrado en una fórmula estándar que adopta un enfoque modular, mediante la evaluación de la exposición individual a cada categoría de riesgo y su posterior agregación, previéndose métodos simplificados para su cálculo. Como alternativa se prevé la posibilidad de utilizar, previa autorización administrativa, modelos internos, completos o parciales. También se recogen entre las condiciones de ejercicio diversos preceptos referentes a las conductas de mercado de las entidades aseguradoras, como las referentes a las tarifas de primas y bases técnicas o la necesidad de que las entidades dispongan de un servicio o departamento de atención al cliente. En el contexto del mercado único de seguros, esta ley garantiza que cuando España sea el Estado en el que se localice el riesgo o el Estado miembro del compromiso nada debe impedir la comercialización de los productos de seguro que se ofrezcan por entidades de otros Estados miembros, siempre que se cumplan las disposiciones legales de interés general vigentes en España. VI Para que el objetivo último de la protección de los tomadores, asegurados y beneficiarios pueda materializarse de forma efectiva, las previsiones legales sobre la actuación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras deben complementarse adecuadamente con una supervisión eficaz. De esta forma, se regula el conjunto de potestades y facultades que permita a la autoridad supervisora española de seguros tener a su disposición todos los medios necesarios para velar por el ejercicio ordenado de la actividad, incluidas las funciones o actividades externalizadas. Se regula en especial la supervisión por inspección. A fin de garantizar la eficacia de la supervisión, las medidas adoptadas deben ser proporcionadas a la naturaleza y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de las entidades aseguradoras o reaseguradoras. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras individualmente consideradas, constituyen el elemento esencial de la supervisión. Pero a diferencia de la legislación anterior, esta ley da un carácter más sustantivo, como sujetos supervisados, a los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, con el objeto de poder formarse un juicio más fundamentado tanto sobre el grupo en su conjunto como sobre la situación financiera de las entidades que lo integren. Una importante novedad en este ámbito es la posibilidad de creación de grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras que por su forma jurídica no pueden constituirse mediante vínculos de capital, en particular, los grupos de mutuas de seguros. En este caso el grupo surge sobre la base de relaciones formalizadas y estables, basadas en un reconocimiento contractual que garantice una solidaridad financiera entre las entidades que lo conforman. La supervisión del grupo incluirá la evaluación de la solvencia a nivel de grupo, la de las concentraciones de riesgo y las operaciones intragrupo. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras pertenecientes a un grupo deben contar también con un sistema de gobierno adecuado, que ha de estar sujeto a supervisión. La ley fija los supuestos en que corresponderá a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ser el supervisor de un grupo internacional, así como las facultades de coordinación y decisión que le corresponden en este caso. Asimismo se incluyen los mecanismos de cooperación, intercambio de información y consulta entre las autoridades de supervisión en los que deberá participar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En todo caso, tanto para la supervisión de entidades individuales como de grupos de entidades, la ley asume como principio rector la convergencia de la actividad supervisora europea en lo que respecta a los instrumentos y a las prácticas de supervisión, y el papel importante que en esa convergencia corresponde a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. VII La ley recoge los mecanismos de que se dota a la autoridad supervisora para afrontar las medidas a adoptar en caso de entidades en situación de deterioro financiero, los procedimientos de revocación, disolución y liquidación y, finalmente, el régimen de infracciones y sanciones. En materia de liquidación de entidades aseguradoras se aclara que las normas de liquidación son imperativas, se precisa el concepto de acreedor por contrato de seguro con privilegio especial y se reconoce a los mutualistas y cooperativistas los mismos derechos que a los socios de las sociedades de capital, y en especial el derecho de información y la participación en el patrimonio resultante de la liquidación. 12
13 En las liquidaciones por el Consorcio de Compensación de Seguros se introducen ciertas modificaciones respecto a la compra de créditos con cargo a los recursos del Consorcio, especialmente en relación a los créditos laborales que el Consorcio puede anticipar. En relación con el régimen de infracciones y sanciones, se ajustan los tipos infractores a las nuevas exigencias de acceso y ejercicio a la actividad y se fijan con mayor precisión los límites de las sanciones en forma de multa, así como se incorporan precisiones sobre el procedimiento sancionador. VIII La presente ley se organiza en ocho títulos, trece disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y ocho disposiciones finales. En la disposición final tercera se introducen modificaciones en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, relativas a las medidas de control especial y al régimen de infracciones y sanciones. Por un lado, se actualizan las referencias normativas a los preceptos correspondientes de esta ley a fin de mantener la seguridad jurídica y, por otro lado, se establecen exigencias para el saneamiento y financiación de las entidades gestoras y de los planes de pensiones, así como una nueva medida de carácter excepcional, la suspensión temporal, total o parcial, de aportaciones de los partícipes, prestaciones y movilizaciones, que puede acordarse o autorizarse por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones especialmente en circunstancias excepcionales que priven de liquidez a activos del fondo, con el fin de evitar que las movilizaciones y pagos de prestaciones perjudiquen a los participes y beneficiarios que permanecen o se incorporan a los planes de pensiones. Asimismo, en las disposiciones finales cuarta y quinta se recogen las necesarias modificaciones del texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y de Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, para adecuarlas a lo dispuesto en esta ley. TÍTULO I Disposiciones generales CAPÍTULO I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley. Esta ley tiene por objeto la regulación y supervisión de la actividad aseguradora privada comprendiendo las condiciones de acceso y ejercicio, y el régimen de saneamiento y liquidación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, con la finalidad principal de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios, así como promover la transparencia y el desarrollo de la actividad aseguradora. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. Quedan sometidas a los preceptos de esta ley: a) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras con domicilio social en España, así como las sucursales establecidas en España de entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en terceros países. b) Los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras. c) Las personas físicas o jurídicas que, bajo cualquier título, desempeñen cargos de administración o dirección de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; los profesionales y entidades que desempeñen alguna de las funciones previstas en esta ley o en sus disposiciones complementarias de desarrollo; los liquidadores de entidades aseguradoras; y aquellas personas para quienes legalmente se establezca alguna prohibición o mandato en esta ley. d) Las organizaciones constituidas con carácter de permanencia para la distribución de la cobertura de riesgos o la prestación a las entidades aseguradoras de servicios comunes relacionados con la actividad aseguradora o reaseguradora, cualquiera que sea su naturaleza y forma jurídica. Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación. 1. Queda sometida a los preceptos de esta ley la actividad aseguradora comprendiendo: a) Las actividades de seguro directo de vida y de seguro directo distinto del seguro de vida. b) Las actividades de reaseguro. c) Las operaciones preparatorias o complementarias de las de seguro que practiquen las entidades aseguradoras en su función canalizadora del ahorro y la inversión. d) Las actividades de prevención de daños vinculadas a la actividad aseguradora. 2. La actividad aseguradora se ajustará a lo dispuesto en esta ley: a) Cuando sea realizada por las entidades previstas en el artículo 2.a). b) Cuando sea realizada en España por entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea (en adelante, otro Estado miembro). 13
14 3. Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de esta ley el régimen general y los regímenes especiales que integran el sistema de Seguridad Social obligatoria. 4. Asimismo, no quedan sometidas a los preceptos de esta ley las siguientes actividades: a) Las realizadas por los organismos de previsión y de asistencia cuyas prestaciones varíen en función de los recursos disponibles y en las que la contribución de los partícipes se determine a tanto alzado. b) Las efectuadas por organizaciones sin personalidad jurídica que tengan por objeto la garantía mutua de sus miembros, sin dar lugar al pago de primas ni a la constitución de provisiones técnicas. c) Las de seguro de crédito a la exportación por cuenta o con la garantía del Estado, o cuando el Estado sea el asegurador. d) Las de reaseguro ejercidas o plenamente garantizadas por el gobierno de un Estado miembro, cuando por motivos de interés público actúe en calidad de reasegurador de último recurso, incluyendo aquellas circunstancias en que esta actuación se requiera por una situación en el mercado tal que no resulte posible obtener en él cobertura adecuada. Sección 2.ª Definiciones Artículo 4. Entidades y autoridad de supervisión. A efectos de lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones reguladoras de la supervisión y contratación de los seguros privados, se entenderá por: 1. Entidad aseguradora: una entidad que haya recibido autorización con arreglo a lo dispuesto en esta ley, o conforme a la legislación de otro Estado miembro, para realizar actividades de seguro directo de vida o de seguros distintos del seguro de vida. 2. Entidad aseguradora cautiva: entidad aseguradora propiedad de una entidad no financiera, o de una entidad financiera que no sea una entidad aseguradora o reaseguradora o forme parte de un grupo consolidable de entidades aseguradoras o reaseguradoras, y que tiene por objeto ofrecer cobertura de seguro exclusivamente para los riesgos de la entidad o entidades a las que pertenece o de una o varias entidades del grupo del que forma parte. 3. Entidad aseguradora domiciliada en un tercer país: una entidad aseguradora que, si tuviera su domicilio social en algún Estado miembro, estaría obligada, con arreglo a las disposiciones de ese Estado, a obtener una autorización para realizar la actividad aseguradora. 4. Entidad reaseguradora: una entidad que haya recibido autorización con arreglo a lo dispuesto en esta ley, o conforme a la legislación de otro Estado miembro, para realizar actividades de reaseguro. 5. Entidad reaseguradora cautiva: entidad reaseguradora propiedad de una entidad no financiera, o de una entidad financiera que no sea una entidad aseguradora o reaseguradora o forme parte de un grupo consolidable de entidades aseguradoras o reaseguradoras, y que tiene por objeto ofrecer cobertura de reaseguro exclusivamente para los riesgos de la entidad o entidades a las que pertenece o de una o varias entidades del grupo del que forma parte. 6. Entidad reaseguradora domiciliada en un tercer país: una entidad que, si tuviera su domicilio social en un Estado miembro, estaría obligada, con arreglo a las disposiciones de ese Estado, a obtener una autorización para realizar la actividad reaseguradora. 7. Reaseguro: la actividad consistente en la aceptación de riesgos cedidos por una entidad aseguradora o por una entidad reaseguradora, incluidas las entidades aseguradoras o reaseguradoras domiciliadas en terceros países. 8. Reaseguro limitado: reaseguro en el que el potencial máximo de pérdida explícito, expresado en términos de riesgo económico máximo transferido, derivado tanto de un riesgo de suscripción significativo como de la transferencia de un riesgo de tiempo, supera la prima durante la totalidad del período de vigencia del contrato por una cuantía limitada pero significativa, junto, con al menos, una de las siguientes características: a) Consideración explícita y material del valor temporal del dinero. b) Disposiciones contractuales que moderen el equilibrio de la experiencia económica entre las partes en el tiempo, con el fin de lograr la transferencia de riesgo prevista. 9. Entidad financiera: cualquiera de las siguientes entidades: a) una entidad de crédito o una empresa de servicios bancarios auxiliares; b) una entidad aseguradora, una entidad reaseguradora, o una sociedad de cartera de las definidas en el artículo 11; c) una empresa de servicios de inversión; d) una sociedad financiera mixta de cartera con arreglo al artículo 2.7 de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. 10. Entidad con cometido especial: entidad, tenga o no personalidad jurídica, distinta de una entidad aseguradora o reaseguradora existente, que asuma riesgos de entidades aseguradoras o reaseguradoras y financie plenamente su exposición a dichos riesgos a través de una emisión de deuda o de algún otro mecanismo de financiación en que los derechos de reembolso de los proveedores de dicha deuda u otro mecanismo de finan- 14
15 ciación estén subordinados a las obligaciones de reaseguro de dicha entidad. 11. Autoridad de supervisión: la autoridad nacional facultada conforme a la legislación de su Estado para supervisar entidades aseguradoras y reaseguradoras. En España es autoridad de supervisión la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sin perjuicio de las facultades atribuidas directamente al Ministro de Economía y Hacienda. Artículo 5. Estado miembro de origen, Estado miembro de acogida, y actividades en régimen de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios. A efectos de lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones reguladoras de la supervisión y contratación de los seguros privados, se entenderá por: 1. Estado miembro de origen: a) El Estado miembro en que esté situado el domicilio social de la entidad aseguradora que cubra el riesgo, en los seguros distintos del seguro de vida, o que contraiga el compromiso, en los seguros de vida; b) el Estado miembro en que esté situado el domicilio social de la entidad reaseguradora, en el caso del reaseguro. 2. Estado miembro de acogida: a) el Estado miembro, distinto del de origen, en que esté situada la sucursal que cubra el riesgo o contraiga el compromiso; b) el Estado miembro, distinto del de origen, en que la entidad aseguradora o reaseguradora preste servicios; en caso de seguros de vida se entiende por Estado miembro de prestación de servicios aquel en el que se contraiga el compromiso, y en el caso de seguros distintos del de vida aquel en el que esté localizado el riesgo. 3. Estado miembro de localización del riesgo: a) El Estado miembro en que se hallen los bienes, cuando el seguro se refiera a inmuebles, o bien a éstos y a su contenido, si este último está cubierto por la misma póliza de seguro. Cuando el seguro se refiera a bienes muebles que se encuentren en un inmueble, y a efectos de los tributos y recargos legalmente exigibles, el Estado miembro en el que se encuentre situado el inmueble, incluso si este y su contenido no estuvieran cubiertos por la misma póliza de seguro, con excepción de los bienes en tránsito comercial. b) El Estado miembro de matriculación, cuando el seguro se refiera a vehículos de cualquier naturaleza. c) El Estado miembro en que el tomador del seguro haya firmado el contrato, si su duración es inferior o igual a cuatro meses y se refiere a riesgos que sobrevengan durante un viaje o fuera del domicilio habitual del tomador del seguro, cualquiera que sea el ramo afectado. d) En todos los casos no expresamente contemplados en los párrafos anteriores, aquel en que el tomador del seguro tenga su residencia habitual o, si fuera una persona jurídica, aquel en el que se encuentre su domicilio social o la sucursal a que se refiere el contrato. 4. Estado miembro del compromiso: el Estado miembro en el que el tomador del seguro tenga su residencia habitual, si es una persona física, o su domicilio social o una sucursal, en el caso de que el contrato se refiera a esta última, si es una persona jurídica. 5. Sucursal: todo establecimiento de una entidad aseguradora o reaseguradora que esté situado en el territorio de un Estado miembro distinto del de origen. Se asimilará a una sucursal toda presencia permanente de una entidad aseguradora domiciliada en otro Estado miembro, aunque esta presencia no adopte la forma de una sucursal y se ejerza mediante una oficina administrada por el propio personal de aquella o por una persona independiente, pero con poderes para actuar permanentemente por cuenta de la entidad aseguradora como lo haría una sucursal. 6. Régimen de derecho de establecimiento: la actividad desarrollada en un Estado miembro por una sucursal establecida en él de una entidad aseguradora o reaseguradora domiciliada en otro Estado miembro. 7. Régimen de libre prestación de servicios: la actividad desarrollada por una entidad aseguradora o reaseguradora domiciliada en un Estado miembro desde su domicilio social, o desde una sucursal de aquella en otro Estado miembro, cubriendo un riesgo, contrayendo un compromiso o realizando actividades de reaseguro en un Estado miembro distinto. 8. Establecimiento: el domicilio social o la sucursal de una entidad. 9. Sucursales de entidades aseguradoras o reaseguradoras de terceros países: toda presencia permanente en el territorio de un Estado miembro de una entidad aseguradora o reaseguradora domiciliada fuera de la Unión Europea, que esté autorizada y realice operaciones de seguros en ese Estado miembro. Artículo 6. Relaciones de participación o control entre entidades. A efectos de esta ley y de las demás disposiciones reguladoras de la supervisión y contratación de los 15
16 seguros privados, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 159.1, se entenderá por: 1. Entidad matriz: aquella entidad que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. 2. Entidad filial: aquella entidad sobre la que una entidad matriz ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control. 3. Control: Existe control en las situaciones previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, o en los supuestos en que se dé una vinculación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa. 4. Participación: La posesión, de manera directa o mediante un vínculo de control, de un porcentaje igual o superior al 20 por 100 de los derechos de voto o del capital de una empresa. 5. Participación significativa en una entidad aseguradora o reaseguradora: La posesión en una entidad aseguradora o reaseguradora, de manera directa o indirecta, de al menos un 10 por 100 del capital o de los derechos de voto o cualquier otra posibilidad de ejercer una influencia notable en la gestión de la entidad. 6. Vínculos estrechos: toda relación entre dos o más personas físicas o jurídicas si están unidas a través de una participación o mediante un vínculo de control. Asimismo, la situación en la que dos o varias personas físicas o jurídicas, entre las que se encuentre una entidad aseguradora o reaseguradora, estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona física o jurídica por un vínculo de control. Artículo 7. Mercados regulados. A efectos de lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones reguladoras de la supervisión y contratación de los seguros privados, se entenderá por mercados regulados: 1. Los mercados secundarios oficiales españoles definidos en el artículo 31 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y los reconocidos como mercados regulados por la legislación de otro Estado miembro. 2. En el caso de mercados situados en un tercer país, los que satisfagan exigencias comparables a las de los mercados regulados indicados en el párrafo a), y en los que los instrumentos financieros negociados tengan una calidad comparable a la de los instrumentos negociados en los mercados regulados situados en la Unión Europea. Artículo 8. Grandes riesgos. A efectos de lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones reguladoras de la supervisión y contratación de los seguros privados, se entenderá por grandes riesgos: 1. Los de vehículos ferroviarios, vehículos aéreos, vehículos marítimos, lacustres y fluviales, mercancías transportadas (comprendidos los equipajes y demás bienes transportados), la responsabilidad civil en vehículos aéreos (comprendida la responsabilidad del transportista) y la responsabilidad civil de vehículos marítimos, lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad civil del transportista). 2. Los de crédito y de caución cuando el tomador y el asegurado ejerzan a título profesional una actividad industrial, comercial o liberal y el riesgo se refiera a dicha actividad. 3. Los de vehículos terrestres (no ferroviarios), incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles (comprendida la responsabilidad del transportista), responsabilidad civil general, y pérdidas pecuniarias diversas, siempre que el tomador supere los límites de, al menos, dos de los tres criterios siguientes: 1.º Total del balance: euros. 2.º Importe neto del volumen de negocios: euros. 3.º Número medio de empleados durante el ejercicio: 250. Si el tomador del seguro forma parte de un grupo de empresas para el que se elaboren cuentas consolidadas, los criterios mencionados anteriormente se aplicarán sobre la base de las cuentas consolidadas. Artículo 9. Coaseguro comunitario. Son operaciones de coaseguro comunitario a los efectos de esta ley las que reúnan las siguientes condiciones: 1. Que den lugar a la cobertura de uno o más riesgos que puedan calificarse como grandes riesgos. 2. Que participen en la cobertura del riesgo varias entidades aseguradoras, una de las cuales será la entidad aseguradora abridora, de forma no solidaria, en calidad de coaseguradoras, por medio de un contrato único, mediante una prima global y para una misma duración. 3. Que cubran riesgos localizados en la Unión Europea. 4. Que a los efectos de la cobertura del riesgo, la entidad aseguradora abridora se encuentre habilitada para cubrir la totalidad del riesgo. 5. Que al menos una de las entidades coaseguradoras participe en el contrato por medio de su domicilio social o de una sucursal establecida en un Estado miem- 16
17 bro distinto del Estado de la entidad aseguradora abridora. 6. Que la entidad aseguradora abridora asuma plenamente las funciones que le corresponden en el coaseguro y, en particular, determine las condiciones de seguro y de tarificación. Artículo 10. Sistema de gobierno y externalización de funciones. A efectos de lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones reguladoras de la supervisión de los seguros privados, se entenderá por: 1. Función: La capacidad de una entidad aseguradora o reaseguradora para llevar a cabo determinadas tareas del gobierno de la entidad. 2. Sistema de gobierno de la entidad: Los mecanismos adecuados de control interno de una entidad aseguradora o reaseguradora, que incluyen la función de gestión del riesgo, la función de cumplimiento, la función de auditoría interna y la función actuarial. 3. Externalización de funciones: cualquier tipo de acuerdo celebrado entre una entidad aseguradora o reaseguradora y un tercero, ya sea o no una entidad sujeta a supervisión, en virtud del cual éste, directamente o por subcontratación, realiza una actividad o una función que, en otras circunstancias, hubiese realizado la propia entidad aseguradora o reaseguradora. Artículo 11. Riesgos. A efectos de lo establecido en esta ley y en las demás disposiciones reguladoras de la supervisión y contratación de los seguros privados, se entenderá por: 1. Riesgo de suscripción: el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los pasivos por seguros, debido a la inadecuación de las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones. 2. Riesgo de mercado: el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación financiera resultante, directa o indirectamente, de fluctuaciones en el nivel y en la volatilidad de los precios de mercado de los activos, pasivos e instrumentos financieros. 3. Riesgo de crédito: el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación financiera resultante de fluctuaciones en la solvencia de los emisores de valores, las contrapartes y cualesquiera deudores al que están expuestas las entidades aseguradoras y reaseguradoras, en forma de riesgo de incumplimiento de la contraparte, riesgo de diferencial o concentración de riesgo de mercado. 4. Riesgo operacional: el riesgo de pérdida derivado de la inadecuación o la disfunción de procesos internos, del personal y los sistemas, o de sucesos externos. 5. Riesgo de liquidez: el riesgo de que las entidades aseguradoras y reaseguradoras no puedan realizar las inversiones y demás activos a fin de hacer frente a sus obligaciones financieras al vencimiento. 6. Riesgo de concentración: toda exposición a riesgos que lleve aparejada una pérdida potencial suficientemente importante como para poner en peligro la solvencia o la situación financiera de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 7. Técnicas de reducción del riesgo: todas las que permiten a las entidades aseguradoras y reaseguradoras transferir una parte o la totalidad de sus riesgos a terceros. 8. Efectos de diversificación: la reducción de la exposición al riesgo de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y de sus grupos, relacionada con la diversificación de sus actividades, y resultante de la posibilidad de compensar el resultado negativo de un riesgo con el resultado más favorable de otro riesgo, cuando no exista una total correlación entre dichos riesgos. 9. Previsión de distribución de probabilidad: una función matemática que asigna a un conjunto exhaustivo de sucesos futuros mutuamente excluyentes una probabilidad de realización. 10. Medida del riesgo: una función matemática que asigna un valor monetario a una determinada previsión de distribución de probabilidad y que crece monótonamente con el nivel de exposición al riesgo subyacente a esa previsión de distribución de probabilidad. Artículo 12. Medidas de saneamiento y procedimientos de liquidación. A efectos de lo dispuesto en los títulos VI y VII se entiende por: 1. Autoridades competentes: las autoridades administrativas o judiciales de los Estados miembros competentes en materia de medidas de saneamiento o de procedimientos de liquidación. 2. Medidas de saneamiento: aquellas que implicando la actuación de órganos administrativos o autoridades judiciales, estén destinadas a mantener o restablecer la situación financiera de la entidad aseguradora y afecten a los derechos preexistentes de terceros ajenos a la propia entidad. 3. Procedimiento de liquidación: el procedimiento colectivo que suponga la liquidación de los activos y la distribución del producto de la liquidación entre los acreedores, accionistas o socios, según proceda, y que implique algún tipo de actuación de la autoridad administrativa o judicial, esté o no fundamentado en la insolvencia y tengan carácter voluntario u obligatorio. 4. Administrador: toda persona u órgano nombrado por las autoridades competentes de un Estado miembro para administrar las medidas de saneamiento. 5. Liquidador: toda persona u órgano nombrado por las autoridades competentes o por los órganos 17
18 sociales de la entidad aseguradora para gestionar los procedimientos de liquidación. 6. Crédito por contrato de seguro: todo crédito que una entidad aseguradora adeude a asegurados, tomadores de seguros, beneficiarios o terceros perjudicados con derecho de acción directa contra la entidad aseguradora, y que tenga su origen en un contrato de seguro o en cualquier operación prevista en el artículo 2.3.b) y c) de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 (Solvencia II), en el ámbito del seguro directo, incluidos aquellos en los que aun se desconozcan determinados elementos de la deuda. CAPÍTULO II Órganos de supervisión y competencias Sección 1.ª Competencias de la Administración General del Estado Artículo 13. Competencias de supervisión de la Administración General del Estado. 1. Las competencias de la Administración General del Estado en la supervisión de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en el desarrollo ordenado de los mer cados de seguros y reaseguros se ejercerán por el Ministro de Economía y Hacienda y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en los términos fijados en esta ley y sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las funciones que corresponden a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. 2. En materia de supervisión de los seguros privados le corresponde al Ministro de Economía y Hacienda: a) Autorizar el acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora, y su revocación. b) Aprobar normas sobre transparencia de mercado y prácticas abusivas. c) Acordar la disolución administrativa de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y, en su caso, encomendar su liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros. d) Imponer las sanciones por infracciones muy graves en los términos dispuestos en el título VIII. e) El ejercicio de aquellas otras potestades que le atribuya esta ley y el resto del ordenamiento jurídico. 3. El Director General de Seguros y Fondos de Pensiones ejercerá la competencia para autorizar las cesiones de cartera y las modificaciones estructurales de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, reguladas en el capítulo VI del título III, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en relación con el control de concentraciones económicas, y en las disposiciones comunitarias aplicables. Artículo 14. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 1. Para el adecuado ejercicio de las funciones de supervisión que le encomienda esta ley, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su condición de autoridad supervisora, actuará con autonomía funcional. 2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones formará parte, en su condición de autoridad supervisora española, del Sistema Europeo de Supervisión Financiera conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 del Reglamento nº 1094/2010, de 24 de noviembre, del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión. En el ejercicio de las funciones de supervisión encomendadas por esta ley y sus normas de desarrollo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tomará debidamente en consideración las directrices y recomendaciones emanadas de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación que, no siendo jurídicamente vinculantes, se refieran a la aplicación de las disposiciones de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de de 25 de noviembre de 2009 (Solvencia II), y sus medidas de ejecución. Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se aparte de esas directrices o recomendaciones lo hará mediante resolución motivada. 3. Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá dictar, sin perjuicio de las competencias de otros órganos resoluciones en aplicación de la normativa de seguros que esté contenida en reales decretos o en órdenes del Ministro de Economía y Hacienda, cuando le habiliten de modo expreso para ello. Tales disposiciones se aprobarán por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, y surtirán efecto una vez sean publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». 4. Las resoluciones del Director General de Seguros y Fondos de Pensiones dictadas en el ejercicio de la función supervisora ponen fin a la vía administrativa en los supuestos previstos en esta ley. 5. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a través de su sede electrónica, promoverá la difusión de cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución de los fines establecidos en esta ley, y la tramitación de los procedimientos que le competen por vía electrónica. La difusión en la sede electrónica de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tendrá los 18
19 efectos de la notificación complementaria prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 6. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborará y dará publicidad a un informe anual en el que se refleje su actividad supervisora y la situación general de los mercados de seguros y fondos de pensiones. Artículo 15. Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones. 1. La Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones es el órgano colegiado administrativo asesor del Ministerio de Economía y Hacienda en los asuntos concernientes a la regulación y supervisión de los seguros privados, del reaseguro, de los planes y fondos de pensiones y de la mediación en seguros y reaseguros. 2. Corresponde a la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones: a) Informar los proyectos de disposiciones de carácter general sobre materias directamente relacionadas con los seguros privados, reaseguro, planes y fondos de pensiones y la mediación en seguros y reaseguros con el objeto de hacer efectivo el principio de audiencia de los sectores afectados en el procedimiento de elaboración de tales disposiciones. El informe que emita no será vinculante. b) Realizar los estudios e informes que le sean solicitados por su presidente. c) Formular recomendaciones generales o de carácter particular en las materias señaladas en el párrafo a) y en relación con los seguros obligatorios. 3. La Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones será presidida por el Director General de Seguros y Fondos de Pensiones y de ella formarán parte, como vocales, representantes de la Administración General del Estado, asegurados y consumidores, entidades aseguradoras, entidades gestoras de fondos de pensiones, mediadores de seguros, organizaciones sindicales y empresariales, corporaciones de prestigio relacionadas con el seguro privado, actuarios, peritos de seguros y comisarios de averías, en la forma y con la composición que reglamentariamente se determine. Además, el presidente podrá solicitar la asistencia de otras personas o entidades en condición de expertos, según la naturaleza de los asuntos que vayan a tratarse. 4. La Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones será convocada en los supuestos contemplados en la ley y en aquellos otros en que así lo decida su presidente. 5. En defecto de las normas contenidas en esta ley y en su reglamento de desarrollo, así como de otras que pudieran establecerse para complementar su régimen y funcionamiento, la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones se regirá por las normas sobre funcionamiento de los órganos colegiados previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por las demás disposiciones de derecho administrativo común aplicables a este tipo de órganos. Sección 2.ª Competencias de las Comunidades Autónomas Artículo 16. Distribución de competencias. 1. Las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencia con respecto a las mutualidades de previsión social y cooperativas de seguros la tendrán respecto de las entidades que tengan su domicilio social y el 75 por 100 como mínimo de los riesgos localizados y de los compromisos asumidos en el territorio de la Comunidad Autónoma durante al menos dos años consecutivos. Todo ello con arreglo a los siguientes criterios: a) En el ámbito de competencias normativas, tendrán competencia exclusiva en la regulación de su organización y funcionamiento y les corresponde el desarrollo legislativo de las bases de la supervisión de los seguros privados. b) En el ámbito de competencias de ejecución les corresponden las de supervisión de las entidades, incluida la autorización y revocación, previo informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en ambos casos. La tramitación de estos procedimientos, que será suspendida mientras la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones emita su informe, corresponderá a la Comunidad Autónoma, que comunicará a la citada Dirección General cada autorización que conceda, así como su revocación. La falta de emisión de dicho informe en el plazo de seis meses se considerará como manifestación de la ausencia de oposición a la concesión de la autorización administrativa o, en su caso, a su revocación. 2. Las Comunidades Autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en la ordenación y supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras, distintas de las mutualidades de previsión social y las cooperativas de seguros, la tendrán respecto de las entidades cuyo domicilio social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos, en el caso de seguros distintos del de vida, y asunción de los compromisos, en el supuesto de seguros de vida, que aseguren se circunscriban al territorio de la respec- 19
20 tiva Comunidad Autónoma, con arreglo a los siguientes criterios: a) En el ámbito de competencias normativas, les corresponde el desarrollo legislativo de la s bases de la supervisión de los seguros privados. b) En el ámbito de competencias de ejecución les corresponden las de supervisión, excepto las de autorización y revocación. Las referencias que en esta ley se contienen al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se entenderán hechas al órgano autonómico competente, con excepción de las que se refieren a entidades españolas que actúen en el ámbito de la Unión Europea o entidades europeas que operen en España. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones comunicará a la respectiva Comunidad Autónoma el otorgamiento de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad por las entidades a que se refiere este apartado, así como su revocación. 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución, corresponde al Estado el a lto control económico-financiero de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. A estos efectos, las órganos competentes de las Comunidades Autónomas remitirán, cuando sea solicitada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y, en todo caso, anualmente, la información y documentación de cada entidad a que se refieren los artículos 99.2 y Asimismo, las Comunidades Autónomas facilitarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el acceso mediante medios electrónicos a la información relativa a sus registros administrativos de entidades aseguradoras y reaseguradoras. 4. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas mantendrán la necesaria cooperación a los efectos de homogeneizar la información documental y coordinar sus actividades de supervisión. TÍTULO II Acceso a la actividad aseguradora y reaseguradora CAPÍTULO I Acceso a la actividad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas Sección 1.ª Condiciones de acceso a la actividad Artículo 17. Necesidad de autorización administrativa y alcance de la autorización. 1. El acceso a las actividades definidas en el artículo 3.1 de esta ley por entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en España estará supeditado a la previa obtención de autorización administrativa del Ministro de Economía y Hacienda. También será precisa autorización administrativa para que una entidad aseguradora pueda extender su actividad a otros ramos distintos de los autorizados y para la ampliación de una autorización que comprenda sólo una parte de los riesgos incluidos en un ramo o que permita a la entidad aseguradora ejercer su actividad en un territorio de ámbito superior al inicialmente solicitado y autorizado, así como para la ampliación del ámbito territorial de actuación o de la actividad desarrollada por una entidad reaseguradora. 2. La solicitud de autorización se presentará en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y deberá ir acompañada de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 18 a 20. Tal petición deberá ser resuelta en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de autorización. En ningún caso se entenderá autorizada una entidad aseguradora o reaseguradora en virtud de actos presuntos por el transcurso del plazo referido. 3. La autorización otorgada por el Ministro de Economía y Hacienda será válida en toda la Unión Europea. 4. La autorización a las entidades aseguradoras se concederá por ramos. Abarcará el ramo completo y la cobertura de los riesgos accesorios o complementarios de aquél, según proceda, y permitirá a la entidad aseguradora ejercer actividades en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios en la Unión Europea, salvo que el solicitante sólo desee cubrir una parte de los riesgos correspondientes al ramo autorizado, ejercer su actividad en un territorio de ámbito menor al del territorio nacional, o realizar operaciones comprendidas en el artículo Las entidades aseguradoras así autorizadas podrán aceptar operaciones de reaseguro en los mismos ramos que comprenda la autorización. 5. La autorización a las entidades reaseguradoras se concederá para actividades de reaseguro de vida, actividades de reaseguro distinto del de vida, o para todo tipo de actividades de reaseguro y permitirá a la entidad reaseguradora ejercer en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios en la Unión Europea. La actividad reaseguradora se ejercerá con total separación de los tomadores de seguro y de los asegurados. 6. La autorización determinará la inscripción en el registro administrativo. Artículo 18. Requisitos generales de la autorización de entidades aseguradoras y reaseguradoras. Serán requisitos necesarios para que las entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en España obtengan y conserven la autorización administrativa los siguientes: 1. Adoptar una de las formas jurídicas previstas en el artículo

References: artículo 148
 artículo 97
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 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
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 Artículo 97
 Artículo 98
 Artículo 99
 Artículo 100
 Artículo 101
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 Artículo 113
 Artículo 114
 Artículo 115
 Artículo 116
 Artículo 117
 Artículo 118
 Artículo 119
 Artículo 120
 resolución 
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 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 124
 Artículo 125
 Artículo 126
 Artículo 127
 Artículo 128
 Artículo 129
 Artículo 130
 Artículo 131
 Artículo 132
 Artículo 133
 Artículo 134
 Artículo 135
 Artículo 136
 Artículo 137
 Artículo 138
 Artículo 139
 Artículo 140
 Artículo 141
 Artículo 142
 Artículo 143
 Artículo 144
 Artículo 145
 Artículo 146
 Artículo 147
 Artículo 148
 Artículo 149
 Artículo 150
 Artículo 151
 Artículo 152
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