Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:41992A0529
Timestamp: 2019-12-12 09:47:10+00:00

Document:
19/Volumul 11
privind aderarea Regatului Spaniei și a Republicii Portugheze la Convenția privind Legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980
AVÂND ÎN VEDERE că Regatul Spaniei și Republica Portugheză, devenind membri ai Comunității, se angajează să adere la Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma, la 19 iunie 1980,
Vice-prim ministru, ministru pentru justiție și afaceri economice;
Ministru pentru justiție;
Director ministerial în Ministerul federal al justiției;
Ministru pentru justiție
Tomas DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNANDEZ DEL CASTILLO,
Păstrător al sigiliilor, ministru pentru justiție;
Ambasador la Lisabona;
ALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG:
Prim consilier al guvernului;
MAJESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS:
Alvaro José BRILHANTE LABORINHO LUCIO,
Subsecretar parlamentar de stat în Ministerul justiției,
Regatul Spaniei și Republica Portugheză aderă la Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980.
Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale se modifică după cum urmează:
Articolul 22 alineatul (2), articolul 27 și articolul 30 alineatul (3) teza a doua se elimină;
La articolul 31, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:
comunicările efectuate în temeiul articolelor 23, 24, 25, 26 și 30.”
Secretarul General al Consiliului Comunităților Europene transmite o copie certificată a Convenției privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană și olandeză guvernelor Regatului Spaniei și Republicii Portugheze.
Textul Convenției privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale în limbile spaniolă și portugheză figurează în anexele I și II la prezenta convenție. Textele elaborate în limbile spaniolă și portugheză sunt autentice în aceleași condiții ca și celelalte texte ale Convenției privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale.
Prezenta convenție se ratifică de către statele semnatare. Instrumentele de ratificare se depun la Secretariatul General al Consiliului Comunităților Europene.
Prezenta convenție intră în vigoare, în raporturile dintre statele care au ratificat-o, în prima zi a celei de-a treia luni de la depunerea ultimului instrument de ratificare de către Regatul Spaniei sau de către Republica Portugheză și de către un stat care a ratificat Convenția privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale.
Prezenta convenție intră în vigoare, pentru fiecare stat contractant care o ratifică ulterior, în prima zi a celei de-a treia luni de la depunerea instrumentului său de ratificare.
Secretarul General al Consiliului Comunităților Europene notifică statele semnatare cu privire la:
depunerea fiecărui instrument de ratificare;
datele de intrare în vigoare a prezentei convenții pentru statele contractante.
Prezenta convenție, redactată într-un singur exemplar în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice, se depune la arhivele Secretariatului General al Consiliului Comunităților Europene. Secretarul General transmite o copie certificată guvernului fiecărui stat semnatar.
(1) Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables, en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes, a las obligaciones contractuales.
(2) No se aplicarán:
(3) Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán a los contratos de seguros que cubran riesgos situados en los territorios de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea. Para determinar si un riesgo está situado en estos territorios, el juez aplicará su ley interna.
(4) El apartado precedente no se refiere a los contratos de reaseguro.
(1) Los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá ser expresa o resultar de manera cierta de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Para esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato.
(2) Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que se rija el contrato por una ley distinta de la que lo regía con anterioridad bien sea en virtud de una elección anterior según el presente artículo, o bien en virtud de otras disposiciones del presente Convenio. Toda modificación relativa a la determinación de la ley aplicable, posterior a la celebración del contrato, no obstará a la validez formal del contrato a efectos del artículo 9 y no afectará a los derechos de terceros.
(3) La elección por las partes de una ley extranjera, acompañada o no de la de un tribunal extranjero, no podrá afectar, cuando todos los demás elementos de la situación estén localizados en el momento de esta elección en un solo país, a las disposiciones que la ley de ese país no permita derogar por contrato, denominadas en lo sucesivo „disposiciones imperativas”.
(4) La existencia y la validez del consentimiento de las Partes en cuanto a la elección de la ley aplicable se regirán por las disposiciones establecidas en los artículos 8, 9 y 11.
(1) En la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida conforme a las disposiciones del artículo 3, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. No obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto del contrato y presenta una vinculación más estrecha con otro país, podrá aplicarse, con carácter excepcional, a esta parte del contrato la ley de este otro país.
(2) Sin perjuicio del apartado 5, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administración central. No obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será aquél en que esté situado su establecimiento principal o si, según el contrato, la prestación tuviera que ser realizada por un establecimiento distinto del establecimiento principal, aquél en que esté situado este otro establecimiento.
(3) No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en la medida en que el contrato tenga por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un inmueble, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que estuviera situado el inmueble.
(4) El contrato de transporte de mercancías no estará sometido a la presunción del apartado 2. En este contrato, si el país en el que el transportista tiene su establecimiento principal en el momento de la celebración del contrato fuere también aquél en que esté situado el lugar de carga o de descarga o el establecimiento principal del expedidor, se presumirá que el contrato tiene sus vínculos más estrechos con este país. Para la aplicación del presente apartado, se considerarán como contratos de transporte de mercancías los contratos de fletamento para un solo viaje u otros contratos cuyo objeto principal sea el de realizar un transporte de mercancías.
(5) No se aplicará el apartado 2 cuando no pueda determinarse la prestación característica. Las presunciones de los apartados 2, 3 y 4 quedan excluidas cuando resulte del conjunto de circunstancias que el contrato presenta vínculos más estrechos con otro país.
(1) El presente artículo se aplicará a los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes muebles corporales o de servicios a una persona, el consumidor, para un uso que pueda ser considerado como ajeno a su actividad profesional, así como a los contratos destinados a la financiación de tales suministros.
(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, la elección por las partes de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual:
(3) No obstante lo dispuesto en el artículo 4, y en defecto de elección realizada conforme al artículo 3, estos contratos se regirán por la ley del país en que el consumidor su residencia habitual, si concurrieran las circunstancias descritas en el apartado 2 del presente artículo.
(4) El presente artículo no se aplicará:
(5) No obstante lo dispuesto en el apartado 4, el presente artículo se aplicará a los contratos que, por un precio global, comprendan prestaciones combinadas de transporte y alojamiento.
(1) No obstante lo dispuesto en el artículo 3, en el contrato de trabajo, la elección por las partes de la ley aplicable no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le proporcionen las disposiciones imperativas de la ley que sería aplicable, a falta de elección, en virtud del apartado 2 del presente artículo.
(2) No obstante lo dispuesto en el artículo 4 y a falta de elección realizada de conformidad con el artículo 3, el contrato de trabajo se regirá:
(1) Al aplicar, en virtud del presente Convenio, la ley de un país determinado, podrá darse efecto a las disposiciones imperativas de la ley de otro país con el que la situación presente un vínculo estrecho, si y en la medida en que, tales disposiciones, según el derecho de este último país, son aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato. Para decidir si se debe dar efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o de su inaplicación.
(2) Las disposiciones del presente Convenio no podrán afectar a la aplicación de las normas de la ley del país del juez que rijan imperativamente la situación, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato.
(1) La existencia y la validez del contrato, o de cualquiera de sus disposiciones, estarán sometidas a la ley que sería aplicable en virtud del presente Convenio si el contrato o la disposición fueran válidos.
(2) Sin embargo, para establecer que no ha dado su consentimiento, cualquiera de las partes podrá referirse a la ley del país en que tenga su residencia habitual si de las circunstancias resulta que no sería razonable determinar el efecto del comportamiento de tal parte según la ley prevista en el apartado precedente.
(1) Un contrato celebrado entre personas que se encuentren en un mismo país será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Convenio o de la ley del país en el que se haya celebrado.
(2) Un contrato celebrado entre personas que se encuentren en países diferentes será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Convenio o de la ley de uno de estos países.
(3) Cuando se celebre el contrato por medio de un representante, el país en el que se encuentre el representante en el momento de actuar será el que se considere para la aplicación de los apartados 1 y 2.
(4) Un acto jurídico unilateral relativo a un contrato celebrado o por celebrar será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que rija o regirá el fondo del contrato en virtud del presente Convenio o de la ley del país en el que se efectúe dicho acto.
(5) Las disposiciones de los apartados precedentes no se aplicarán a los contratos que entren en el ámbito de aplicación del artículo 5 celebrados en las circunstancias descritas en su apartado 2. La forma de estos contratos se regirá por la ley del país en el que tenga su residencia habitual el consumidor.
(6) No obstante lo dispuesto en los cuatro primeros apartados del presente artículo, todo contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de un inmueble estará sometido, en cuanto a la forma, a las normas imperativas de la ley del país en que el inmueble esté sito, siempre que según esta ley sean aplicables independientemente del lugar de celebración del contrato y de la ley que lo rija en cuanto al fondo.
(1) La ley aplicable al contrato en virtud de los artículos 3 a 6 y del artículo 12 del presente Convenio regirá en particular:
(2) En lo que se refiere a las modalidades del cumplimiento y a las medidas que debe tomar al acreedor en caso de cumplimiento defectuoso, se tendrá en cuenta la ley del país donde tenga lugar el cumplimiento.
(1) Las obligaciones entre el cedente y el cesionario de un crédito se regirán por la ley que, en virtud del presente Convenio, se aplique al contrato que les ligue.
(2) La ley que rija el crédito cedido determinará el carácter transferible del mismo, las relaciones entre el cesionario y el deudor, las condiciones de oponibilidad de la cesión al deudor y el carácter liberatorio de la prestación hecha por el deudor.
(1) Cuando, en virtud de un contrato, una persona, el acreedor, tenga derechos con respecto a otra persona, el deudor, y un tercero tenga la obligación de satisfacer al acreedor o haya satisfecho, de hecho, al acreedor en ejecución de esa obligación, la ley aplicable a esta obligación del tercero determinará si éste puede ejercer en su totalidad o en parte los derechos que el acreedor tenía contra el deudor según la ley que rija sus relaciones.
(2) La misma regla se aplicará cuando varias personas estén obligadas por la misma obligación contractual y el acreedor haya sido satisfecho por una de ellas.
(1) La ley que rija el contrato en virtud del presente Convenio se aplicará en la medida en que, en materia de obligaciones contractuales, establezca presunciones legales o reparta la carga de la prueba.
(2) Los actos jurídicos podrán ser acreditados por cualquier medio de prueba admitido bien por la ley del foro, o bien por cualquiera de las leyes contempladas en el artículo 9, conforme a la cual el acto sea válido en cuanto a la forma, siempre que tal medio de prueba pueda ser empleado ante el tribunal que esté en conocimiento del asunto.
(1) Cuando un Estado comprenda varias unidades territoriales y cada una de ellas tenga sus propias normas en materia de obligaciones contractuales, cada unidad territorial se considerará como un país para la determinación de la ley aplicable según el presente Convenio.
(2) Un Estado cuyas diferentes unidades territoriales tengan sus propias normas jurídicas en materia de obligaciones contractuales no estará obligado a aplicar el presente Convenio a los conflictos de leyes que interesen únicamente a esas unidades territoriales.
(1) Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma, de la ratificación, de la aceptación o de la aprobación, podrá reservarse el derecho de no aplicar:
(2) Cualquier Estado contratante podrá hacer igualmente, notificando una ampliación del Convenio de conformidad con el apartado 2 del artículo 27, una o varias de estas reservas con efecto limitado a los territorios o a ciertos territorios mencionados en la ampliación.
(3) Cualquier Estado contratante podrá retirar, en cualquier momento, una reserva que hubiera efectuado; el efecto de la reserva cesará el primer día del tercer mes natural siguiente a la notificación de la retirada.
(1) Si un Estado contratante, después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con respecto a él, desease adoptar una nueva norma de conflicto de leyes para una categoría específica de contratos que entren en el ámbito de aplicación del convenio, comunicará su intención a los demás Estados signatarios por medio del secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.
(2) En un plazo de seis meses a partir de la comunicación hecha al secretario general, cualquier Estado signatario podrá solicitar a éste que organice unas consultas entre Estados signatarios con el fin de llegar a un acuerdo.
(3) Si, en este plazo, ningún Estado signatario hubiera solicitado la consulta, o si, en los dos años siguientes a la comunicación hecha al secretario general, no se hubiere llegado a ningún acuerdo como consecuencia de las consultas, el Estado contratante podrá modificar su derecho. La medida tomada por este Estado se pondrá en conocimiento de los demás Estados signatarios por mediación del secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.
(1) Si un Estado contratante, después de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con respecto a él, deseare formar parte de un convenio multilateral cuyo objeto principal, o uno de los objetos principales, fuera una regulación de Derecho internacional privado en una de las materias regidas por el presente Convenio, se aplicará el procedimento previsto en el artículo 23. No obstante, el plazo de dos años, previsto en el apartado 3 del artículo 23, se reducirá a un año.
(2) No se seguirá el procedimiento previsto en el apartado precedente si un Estado contratante o una de las Comunidades Europeas ya fueran parte del convenio multilateral o si el objeto de éste fuera revisar un convenio del que fuera ya parte el Estado interesado o si se tratase de un convenio celebrado en el marco de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas.
(1) El presente Convenio se aplicará en el territorio europeo de los Estados contratantes, comprendida Groenlandia, y en la totalidad del territorio de la República Francesa.
(2) No obstante lo dispuesto en el apartado 1:
(3) Estas declaraciones podrán efectuarse en cualquier momento, mediante notificación al secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas.
(4) Los procesos de apelación interpuestos en el Reino Unido contra resoluciones de los tribunales situados en uno de los territorios mencionados en la letra b) del apartado 2 serán considerados como procesos que se desarrollan ante estos tribunales.
(1) El presente Convenio estará abierto a partir del 19 de junio de 1980 a la firma de los Estados partes del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.
(2) El presente Convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación, de aceptación o de aprobación se depositarán ante la Secretaría General del Consejo de las Comunidades Europeas.
(1) El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al depósito del séptimo instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación.
(2) El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique, acepte o apruebe con posterioridad, el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación.
(1) El Convenio tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme al apartado 1 del artículo 29, incluso para los Estados para los que entrase en vigor con posterioridad.
(2) El Convenio será renovado tácitamente por períodos de cinco años, salvo denuncia.
(3) La denuncia será notificada, al menos seis meses antes de la expiración del plazo de diez años o de cinco años, según los casos, al secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas. Podrá limitarse esta denuncia a uno de los territorios a los que se hubiera extendido el Convenio en aplicación del apartado 2 del artículo 27.
(4) La denuncia sólo tendrá efectos para el Estado que la hubiere notificado. El Convenio permanecerá vigente para los demás Estados contratantes.
No obstante lo dispuesto en el Convenio, Dinamarca podrá conservar la disposición incluida en el artículo 169 de la „Sølov” (legislación marítima) relativo a la ley aplicable a las cuestiones sobre transporte marítimo de mercancías y podrá modificar esta disposición sin atenerse al procedimiento previsto en el artículo 23 del Convenio.
(1) O disposto na presente convenção é aplicável às obrigações contratuais nas situações que impliquem um conflito de leis.
(2) Não se aplica:
À constituição de „trusts” e às relações entre os constituintes, os „trustees” e os beneficiários;
(3) O disposto na presente convenção não se aplica a contratos de seguro que cubram riscos situados nos territórios dos Estados-membros da Comunidade Económica Europeia. Para determinar se um risco se situa nestes territórios, o tribunal aplicará a sua lei interna.
(4) O número anterior não se aplica aos contratos de resseguro.
(1) O contrato rege-se pela lei escolhida pelas partes. Esta escolha deve ser expressa ou resultar de modo inequívoco das disposições do contrato ou das circunstâncias da causa. Mediante esta escolha, as partes podem designar a lei aplicável à totalidade ou apenas a uma parte do contrato.
(2) Em qualquer momento, as partes podem acordar em sujeitar o contrato a uma lei diferente da que antecedentemente o regulava, quer por força de uma escolha anterior nos termos do presente artigo, quer por força de outras disposições da presente convenção. Qualquer modificação, quanto à determinação da lei aplicável, acorrida posteriormente à celebração do contrato, não afecta a validade formal do contrato, na acepção do disposto no artigo 9.o, nem prejudica os direitos de terceiros.
(3) A escolha pelas partes de uma lei estrangeira, acompanhada ou não da escolha de um tribunal estrangeiro, não pode, sempre que todos os outros elementos da situação se localizem num único país no momento dessa escolha, prejudicar a aplicação das disposições não derrogáveis por acordo, nos termos da lei desse país, e que a seguir se denominam por „disposições imperativas”.
(4) A existência e a validade do consentimento das partes, quanto à escolha da lei aplicável, são reguladas pelo disposto nos artigos 8.o 9.o e 11.o
(1) Quando a lei aplicável ao contrato não tiver sido escolhida nos termos do artigo 3.o, o contrato é regulado pela lei do país com o qual apresente uma conexão mais estreita. Todavia, se uma parte do contrato for separável do resto do contrato e apresentar uma conexão mais estreita com um outro país, a essa parte poderá aplicar-se, a título excepcional, a lei desse outro país.
(2) Sem prejuízo do disposto no n.o 5, presume-se que o contrato apresenta uma conexão mais estreita com o país onde a parte que está obrigada a fornecer a prestação característica do contrato tem, no momento da celebração do contrato, a sua residência habitual ou, se se tratar de uma sociedade, associação ou pessoa colectiva, a sua administração central. Todavia, se o contrato for celebrado no exercício da actividade económica ou profissional dessa parte, o país a considerar será aquele em que se situa o seu estabelecimento principal ou, se, nos termos do contrato, a prestação deverá ser fornecida por estabelecimento diverso do estabelecimento principal, o da situação desse estabelecimento.
(3) Quando o contrato tiver por objecto um direito real sobre um bem imóvel, ou um direito de uso de um bem imóvel, presume-se, em derrogação do disposto no n.o 2, que o contrato apresenta uma conexão mais estreita com o país onde o imóvel se situa.
(4) A presunção do n.o 2 não é admitida quanto ao contrato de transporte de mercadorias. Presume-se que este contrato apresente uma conexão mais estreita com o país em que, no momento da celebração do contrato, o transportador tem o seu estabelecimento principal, se o referido país coincidir com aquele em que se situa o lugar da carga ou da descarga ou do estabelecimento principal do expedidor. Para efeitos de aplicação do presente número, são considerados como contratos de transporte de mercadorias os contratos de fretamento relativos a uma única viagem ou outros contratos que tenham por objecto principal o transporte de mercadorias.
(5) O disposto no n.o 2 não se aplica se a prestação característica não puder ser determinada. As presunções dos n.os 2, 3 e 4 não serão admitidas sempre que resulte do conjunto das circunstâncias, que o contrato apresenta uma conexão mais estreita com outro país.
(1) O presente artigo aplica-se aos contratos que tenham por objecto o fornecimento de bens móveis corpóreos ou de serviços a uma pessoa, o „consumidor”, para uma finalidade que pode considerar-se estranha à sua actividade profissional, bem como aos contratos destinados ao financiamento desse fornecimento.
(2) Não obstante o disposto no artigo 3.o, a escolha pelas partes da lei aplicável não pode ter como consequência privar o consumidor da protecção que lhe garantem as disposições imperativas da lei do país em que tenha a sua residência habitual:
(3) Não obstante o disposto no artigo 4.o e na falta de escolha feita nos termos do artigo 3.o, esses contratos serão regulados pela lei do país em que o consumidor tiver a sua residência habitual, se se verificarem as circunstâncias referidas no n.o 2 do presente artigo.
(4) O presente artigo, não se aplica:
(5) Em derrogação do disposto no n.o 4, o presente artigo aplica-se ao contrato que estabeleça, por um preço global, prestações combinadas de transporte e de alojamento.
(1) Sem prejuízo do disposto no artigo 3.o, a escolha pelas partes da lei aplicável ao contrato de trabalho, não pode ter como consequência privar o trabalhador da protecção que lhe garantem as disposições imperativas da lei que seria aplicável, na falta de escolha, por força do n.o 2 do presente artigo.
(2) Não obstante o disposto no artigo 4.o e na falta de escolha feita nos termos do artigo 3.o, o contrato de trabalho é regulado:
(1) Ao aplicar-se, por força da presente convenção, a lei de um determinado país, pode ser dada prevalência às disposições imperativas da lei de outro país com o qual a situação apresente uma conexão estreita se, e na medida em que, de acordo com o direito deste último país, essas disposições forem aplicáveis, qualquer que seja a lei reguladora do contrato. Para se decidir se deve ser dada prevalência a estas disposições imperativas, ter-se-á em conta a sua natureza e o seu objecto, bem como as consequências que resultariam da sua aplicação ou da sua não aplicação.
(2) O disposto na presente convenção não pode prejudicar a aplicação das regras do país do foro que regulem imperativamente o caso concreto, independentemente da lei aplicável ao contrato.
(1) A existência e a validade do contrato ou de uma disposição deste, estão sujeitas à lei que seria aplicável, por força da presente convenção, se o contrato ou a disposição fossem válidos.
(2) Todavia, um contraente, para demonstrar que não deu o seu acordo, pode invocar a lei do país em que tenha a sua residência habitual, se resultar das circunstâncias que não seria razoável que o valor do comportamento desse contraente fosse determinado pela lei prevista no número anterior.
(1) Um contrato celebrado entre pessoas que se encontram no mesmo país é formalmente válido desde que preencha os requisitos de forma prescritos pela lei reguladora da substância, aplicável por força da presente convenção ou da lei do país em que foi celebrado.
(2) Um contrato celebrado entre pessoas que se encontram em países diferentes é formalmente válido, desde que preencha os requisitos de forma prescritos pela lei reguladora da substância, aplicável por força da presente convenção ou da lei de um desses países.
(3) Quando o contrato é celebrado por um representante, o país a tomar em consideração para efeitos de aplicação dos dos n.os 1 e 2, é o país em que os poderes representativos são exercidos.
(4) Um acto jurídico unilateral relativo a um contrato celebrado ou a celebrar é formalmente válido, desde que preencha os requisitos de forma prescritos pela lei que regular a substância do contrato, aplicável por força da presente convenção ou da lei do país em que esse acto é praticado.
(5) O disposto nos números anteriores não se aplica aos contratos que caem no âmbito de aplicação do artigo 5.o, celebrados nas circunstâncias enunciadas no n.o 2 desse artigo. A forma desses contratos é regulada pela lei do país em que o consumidor tem a sua residência habitual.
(6) Em derrogação do disposto nos n.os 1 a 4, qualquer contrato que tenha por objecto um direito real sobre um imóvel ou um direito de uso de um imóvel está sujeito, quanto à forma, às disposições imperativas da lei do país em que o imóvel está situado, desde que, nos termos desta lei, essas regras se apliquem independentemente do lugar de celebração e da lei reguladora da substância do contrato.
(1) A lei aplicável ao contrato por força dos artigos 3.o a 6.o e do artigo 12.o da presente convenção, regula, nomeadamente:
(2) Quanto aos modos de cumprimento e às medidas que o credor deve tomar no caso de cumprimento defeituoso, atender-se-á à lei do país onde é cumprida a obrigação.
(1) As obrigações entre o cedente e o cessionário de um crédito são reguladas pela lei que, por força da presente convenção, for aplicável ao contrato que os liga.
(2) A lei que regula o crédito cedido determina a natureza cedível deste, as relações entre o cessionário e o devedor, as condições de oponibilidade da cessão ao devedor e a natureza liberatória da prestação feita pelo devedor.
(1) Sempre que, por força de um contrato, uma pessoa, o „credor”, tenha direitos relativamente a outra pessoa, o „devedor” e um terceiro tenha a obrigação de satisfazer o direito do credor, ou ainda, se o terceiro tiver realizado a prestação devida em cumprimento dessa obrigação, a lei aplicável a esta obrigação do terceiro determina se este pode exercer, no todo ou em parte, os direitos do credor contra o devedor, segundo a lei que regula as suas relações.
(2) A mesma regra aplica-se quando várias pessoas estão adstritas à mesma obrigação contratual e o credor tenha sido satisfeito por uma delas.
(1) A lei que regula o contrato, por força da presente convenção, aplica-se na medida em que, em matéria de obrigações contratuais, estabeleça presunções legais ou reparta o ónus da prova.
(2) Os actos jurídicos podem ser provados mediante qualquer meio de prova admitido, quer pela lei do foro quer por uma das leis referidas no artigo 9.o, segundo a qual o acto seja formalmente válido, desde que a prova possa ser produzida desse modo no tribunal a que a causa foi submetida.
(1) Sempre que um Estado englobe várias unidades territoriais, tendo cada uma as suas regras próprias em matéria de obrigações contratuais, cada unidade territorial é considerada como um país, para fins de determinação da lei aplicável por força da presente convenção.
(2) Um Estado, em que diferentes unidades territoriais tenham as suas regras de direito próprias em matéria de obrigações contratuais, não será obrigado a aplicar a presente convenção aos conflitos de leis que respeitem exclusivamente a essas unidades territoriais.
(1) Qualquer Estado contratante pode, no momento da assinatura, da ratificação, da aceitação ou da aprovação reservar-se o direito de não aplicar:
(2) Qualquer Estado contratante pode igualmente, ao notificar a extensão da Convenção, nos termos do n.o 2 do artigo 27.o, fazer uma ou várias destas reservas, com efeito limitado aos territórios ou a alguns dos territórios abrangidos pela extensão.
(3) Qualquer Estado contratante pode, em qualquer momento, retirar uma reserva que tenha feito; o efeito da reserva cessará no primeiro dia do terceiro mês do calendário após a notificação da retirada da reserva.
(1) Se um Estado contratante, após a data de entrada em vigor da presente convenção no que a ele se refere, desejar adoptar uma nova norma de conflito de leis relativamente a uma categoria especial de contratos abrangidos pela convenção, comunicará a sua intenção aos outros Estados signatários, através do secretário-geral do Conselho das Comunidades Europeias.
(2) No prazo de seis meses a contar da data da comunicação feita ao secretário-geral, qualquer Estado signatário pode pedir àquele que organize consultas entre os Estados signatários de modo a chegarem a um acordo.
(3) Se, nesse prazo, nenhum Estado signatário tiver pedido consultas ou se, nos dois anos seguintes à comunicação feita ao secretário-geral, não se tiver chegado a nenhum acordo no seguimento das consultas, o Estado contratante pode modificar o seu direito. As medidas tomadas por esse Estado serão levadas ao conhecimento dos outros Estados signatários, através do secretário-geral do Conselho das Comunidades Europeias.
(1) Se um Estado contratante, após a data de entrada em vigor da presente convenção no que a ele se refere, desejar ser parte numa convenção multilateral, cujo objecto principal ou um dos objectos principais seja o estabelecimento de normas de direito internacional privado relativamente a uma das matérias reguladas pela presente convenção, aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 23.o Todavia, o prazo de dois anos, previsto no n.o 3 do artigo 23.o, será reduzido para um ano.
(2) Não é necessário observar o procedimento previsto no número anterior se um Estado contratante ou uma das Comunidades Europeias já for parte na convenção multilateral ou se o seu objecto for a revisão de uma convenção de que o Estado interessado seja parte ou se se tratar de uma convenção concluída na âmbito dos Tratados que instituem as Comunidades Europeias.
(1) A presente convenção aplica-se ao território europeu dos Estados contratantes, incluindo a Gronelândia, e a todo o território da República Francesa.
(2) Em derrogação do disposto no n.o1:
(3) Estas declarações podem ser feitas em qualquer momento mediante notificação ao secretário-geral do Conselho das Comunidades Europeias.
(4) Os processos de recurso interpostos no Reino Unido de decisões proferidas por tribunais situados num dos territórios indicados na alínea b) do n.o 2 serão considerados como processos pendentes nesses tribunais.
(1) A presente convenção estará aberta à assinatura dos Estados partes no Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, a partir de 19 de Junho de 1980.
(2) A presente convenção será ratificada, aceite ou aprovada pelos Estados signatários. Os instrumentos de ratificação, de aceitação ou de aprovação serão depositados junto do Secretariado-Geral do Conselho das Comunidades Europeias.
(1) A presente convenção entrará em vigor no primeiro dia do terceiro mês seguinte ao do depósito do sétimo instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação.
(2) A presente convenção entrará em vigor relativamente a cada Estado signatário que a ratifique, aceite ou aprove posteriormente, no primeiro dia do terceiro mês seguinte ao do depósito do seu instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação.
(1) A presente convenção terá um período de vigência de dez anos a partir da data da sua entrada em vigor, nos termos do n.o 1 do artigo 29.o, mesmo relativamente aos Estados em que entre posteriormente em vigor.
(2) A convenção será renovada tacitamente de cinco em cinco anos, salvo denúncia.
(3) A denúncia deve ser notificada, pelo menos, seis meses antes de decorrido o prazo de dez anos ou de cinco anos, conforme o caso, ao secretário-geral do Conselho das Comunidades Europeias. A denúncia pode ser limitada a um dos territórios a que a convenção se tenha tornado extensiva, por aplicação do n.o 2 do artigo 27.o
(4) A denúncia só terá efeito em relação ao Estado que a tenha notificado. A convenção manter-se-á em vigor relativamente aos outros Estados contratantes.
Em derrogação do disposto na convenção, a Dinamarca pode manter em aplicação o disposto no artigo 169.o da „Soloven” (legislação marítima) respeitante à lei aplicável em matéria de transporte de mercadorias por via marítima e pode modificar esta disposição sem ter de observar o procedimento previsto no artigo 23.o da convenção.

References: artículo 9
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 169
 artículo 23