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Timestamp: 2018-11-16 14:17:26+00:00

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﻿ Sentencia SL10995-2014 de julio 30 de 2014
SENTENCIA SL10995-2014 DE 30 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:GASTOS QUE CONSTITUYEN SALARIO. LAS PARTES UNIDAS MEDIANTE UN CONTRATO DE TRABAJO PUEDEN ESTABLECER QUE DETERMINADOS PAGOS NO CONSTITUYEN SALARIO, PERO ELLO PUEDE HACERLO CUANDO REAL Y EFECTIVAMENTE NO RETRIBUYAN EL TRABAJO Y POR TANTO NO ES PARA BENEFICIO DEL TRABAJADOR, MUCHO MENOS PARA ENRIQUECER SU PATRIMONIO, SINO PARA DESEMPEÑAR A CABALIDAD SUS FUNCIONES. DE ESTA MANERA, TODO LO QUE RECIBE EL TRABAJADOR COMO DIRECTA CONTRAPRESTACIÓN DE SU FUERZA DE TRABAJO, SEA EN DINERO O EN ESPECIE, NO DEJA DE SER SALARIO POR LA SIMPLE DENOMINACIÓN QUE APAREZCA EN UNA CLÁUSULA DEL CONTRATO O EN OTRO SÍ QUE SUSCRIBAN LAS PARTES Y CON APARENTE TINTES DE LEGALIDAD, UTILIZANDO PARA ELLO LA LEY 50 DE 1990 ARTÍCULO 15, PUES SI ESTO OCURRE, TALES ESTIPULACIONES SIMPLE Y LLANAMENTE PIERDEN EFICACIA A LA LUZ DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO ARTÍCULO 43.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES, CESANTÍAS, TRANSPORTE
Sentencia SL10995-2014 de julio 30 de 2014
Rad.: 45453
EXTRACTOS: «IV. El recurso extraordinario
Pretende la casación parcial de la sentencia recurrida, esto es “en cuanto a los numerales primero, tercero, quinto, sexto, séptimo y octavo de la parte resolutiva, lo que deja sin efecto el numeral cuarto” para en sede de instancia, confirme la de primer grado.
Con tal propósito formula un cargo, el que oportunamente fue replicado.
Está formulado en los siguientes términos:
“La violación que se denuncia se produce por la vía indirecta, por aplicación indebida de los artículos 27, 43, 65 (29 L. 789/02), 127 (14 L. 50/90), 128 (15 L. 5º/90), 186, 192 (8 D. 617/54), 249, 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 52 de 1975; 28 de la Ley 789 de 2002”.
Relaciona como errores evidentes de hecho, los siguientes:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que los ‘vehículos, motos y ambulancias’ que la demandada facilitaba para la demandante con el ‘fin de prestar la atención médica domiciliaria y prehospitalaria’, también estaban destinado (sic) a facilitar los trasportes personales de la demandante.
2. Concluir sin respaldo probatorio alguno que ‘la demandante para cumplir con su labor no debía sufragar suma alguna de transporte’.
3. Dar por demostrado, sin que haya prueba alguna, que la partida acordada por las partes para gastos de movilización la percibió la demandante ‘con la finalidad única de retribuir sus servicios personales, y no para desempeñar cabalmente sus funciones’.
4. No tener por establecido que frente a los convenios de las partes sobre el monto de los gastos de movilización y su destino, no medió en vigencia del contrato objeción alguna ni tacha por vicio del consentimiento.
5. Concluir sin respaldo probatorio alguno, que las sumas entregadas a la demandante para gastos de movilización como consecuencia de lo pactado entre ellas, eran utilizadas para otros fines y que por superar el valor del salario ese pacto era ineficaz.
6. No dar por demostrado, estándolo, que las razones expresadas por la demandada para considerar que los gastos de movilización eran utilizados por la demandante para tal finalidad, son serias y atendibles.
7. No dar por demostrado, estándolo, que en la conducta de la demandada hay buena fe”.
Denuncia como pruebas mal apreciadas, el contrato celebrado por las partes (fls. 20 a 22), la certificación expedida por la demandada el 31 de agosto de 2007 (fl. 19), la liquidación del contrato de trabajo (fls. 33-35 y 158-159), los comprobantes de pagos y desprendibles de nómina (fls. 36 a 50 y 132 a 147), los otrosí al contrato de trabajo (fls. 23, 26, 27, 29, 30, 126, 127, 128), el manual de funciones (fl. 129) y las constancias de pagos y consignaciones a favor de la demandante (fls. 51 a 73); y los testimonios de Luis Carlos Quintero y Reina Milena Guzmán como prueba no calificada (fls. 181 a 183); y como inapreciadas, las certificaciones sobre el salario de la demandante de 22 de agosto de 2001 y 6 de marzo de 2007 (fls. 24 y 31), la comunicación sobre aumento de salario (fl. 25), la relación de turnos médicos (fs. 74 a 77).
En la demostración del cargo, indica que los gastos de movilización o desplazamiento no se refieren a los necesarios en la ejecución de las labores propias del trabajo de la demandante, pues para ellos la demandada contaba con los medios o instrumentos de trabajo correspondientes, como lo impone la ley laboral, por lo que la suma entregada directamente a la demandante, como era obvio, tenía una destinación distinta. No era para pagar las motos, vehículos o ambulancias que le ponían a su disposición para que se desplazara a atender a los pacientes, como en últimas resulta concibiéndolo el tribunal en un raciocinio cercano al “disparate”, sino que eran para sufragar los gastos de movilización personal de la demandante y, precisamente por eso, su total independencia frente al salario, lo que a su vez explica, por qué en unas ocasiones no era objeto de ningún aumento y en otras incluso lo era de reducción.
Señala que el tratamiento que se le dio a los gastos de movilización “fijación, aumento o disminución”, es el resultado de un convenio entre las partes, por lo que resulta obvia la intervención de las dos partes en su utilización y destino; expresa también que el tribunal mezcló dos situaciones diferentes cuando sostuvo que “la demandante para cumplir con su labor no debía sufragar suma alguna de transporte”, pues si bien no lo hizo frente a sus desplazamientos para atender los pacientes que requirieran el servicio, sí le correspondía asumir unos costos para movilizarse al trabajo y regresar a su domicilio.
Advierte que las diferencias en las sumas entre salario y gastos de movilización demuestran la autonomía de esos pagos al no estar atado el segundo al primero; que la afirmación del ad quem frente a la finalidad “única” de los gastos de movilización como retribución de los servicios personales no tiene sustento probatorio, pues los otrosí y testimoniales, prueba no calificada en casación, demuestran lo contrario, esto es que tales pagos no eran salario. Agrega que el tribunal no tuvo en cuenta que la demandante es una profesional que goza de la capacidad para comprender lo que firma, máxime que lo hizo en tres ocasiones sin presentar objeción alguna, esto es, bajo ninguna perspectiva puede colegirse que fue engañada; señala también que los turnos asignados —domingos y festivos, horas de la madrugada— convierten en razonable el rubro de movilidad, sin que ello afecte “el significado de su retribución salarial”.
Reitera que los otrosí y las certificaciones de la demandada sobre la remuneración salarial de la accionante (fls. 19, 24 y 31) demuestran lo que es realmente salario, sin que existiera objeción alguna por parte de Bonilla Robles, igual sucede con la comunicación del 30 de enero de 2004, en la que se le informa a la demandante sobre el cambio en el monto de su salario.
Señala que con lo expuesto, se deja demostrados los primeros cinco errores, pero dice que “si ello no fuera así, en todo caso deben prosperar los dos últimos desatinos atribuidos al tribunal y que tocan con la conducta de la demandada, que para el tribunal fue de mala fe y para este cargo, por el contrario, es una prístina buena fe»”.
Para redundar en lo expuesto, afirma que el ad quem mezcló las conclusiones de la cláusula con las consideraciones para determinar la conducta de la empleadora, y con tal proceder, «ató la suerte de unas condenas prestacionales con la de la sanción moratoria, lo cual le impidió ver que la demandada ha expuesto en el curso del proceso unas razones muy serias sobre por qué creía no deber nada a la demandante, razones que fueron adecuadamente probadas (...)”.
Con fundamento en lo anterior, afirma demostrar los yerros denunciados, bien los cinco primeros, ora, los dos últimos, lo que permite, según el censor abordar la prueba no calificada, que fue distorsionada. Frente a esta, sostiene que las declaraciones de los testigos respaldan la actitud de la empresa enjuiciada, inclusive cuando aclaran la existencia de medios de desplazamiento para el cumplimiento de las funciones médicas propias del cargo de la demandante (fls. 4 a 12, C. Corte).
Asevera que la vía por la que se encauza el cargo no guarda correspondencia con el fundamento vertebral del fallo cuestionado. Respecto a los errores de hecho, asegura son opiniones del recurrente que carecen de fuerza argumentativa; afirma que guardó silencio respecto de la indemnización moratoria, y de la valoración probatoria que pudo haber llevado a no tener por demostrada la buena fe de la empleadora. En síntesis, y después de transcribir apartes de sentencias proferidas por esta Sala, sostiene que la decisión confutada goza de la presunción de acierto y legalidad.
Corresponde a la Sala decidir si, como lo sugiere la censura, se equivocó el ad quem al darle naturaleza salarial a los pagos recibidos por la demandante bajo el concepto de gastos de “movilización”; o si por el contrario y como lo concluyó el tribunal, tales pagos son salario a la luz de lo previsto por el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127 y 128, subrogados en su orden por la Ley 50 de 1990 los artículos 14 y 15; 43 ibídem y el principio constitucional de la primacía de la realidad.
Planteado así el asunto y para desvirtuar los soportes que tuvo el tribunal, la censura describe como mal apreciadas: la certificación que aparece a folio 19, las liquidaciones del contrato de folios 33-35 y 158-159, los comprobantes de pagos y desprendibles de nómina (fls. 36 a 50 y 132 a 147), y las constancias de pagos y consignaciones a favor de la demandante (fls. 51 a 73), sin caer en cuenta que estos medios de convicción en lo absoluto fueron tenidos en cuenta por el sentenciador de alzada para tomar su decisión, y si no fueron tenidos en cuenta, mal puede atribuírsele una valoración errada de los mismos.
Además de lo anterior, la parte recurrente enlista como pruebas no apreciadas, la certificación que obra a folio 24 y la comunicación de folio 25, cuando la verdad sea dicha, tales pruebas, fueron soporte fundamental de la decisión atacada; en esta medida, debió alegar su errada estimación, con la adecuada y correspondiente argumentación.
Igualmente, respecto del contrato de trabajo que aparece a folios 20 a 22, prueba que se acusa como mal apreciada, resulta inane e intrascendente cualquier consideración sobre el mismo, toda vez que en momento alguno existió controversia sobre la existencia de la relación laboral, pues la discusión versó sobre la naturaleza salarial de los gastos de movilización acordados por las partes en los otrosí por ellas suscritos y que aparecen a folios 23, 26, 27, 29, 30, 126, 127 y 128.
Pero si lo anterior no fuera todo y para descartar la comisión del tercer error fáctico, suficiente es señalar que el tribunal para concluir que los gastos de movilización eran salario, analizó las pruebas allegadas al proceso, principalmente los otro sí y el manual de funciones visto a folio 129, para de ahí concluir que dicho rubro lo devengó la trabajadora desde el inicio de la relación laboral, de manera habitual, permanente y periódica, y con la finalidad única de retribuir sus servicios personales, y no para desempeñar cabalmente sus funciones como lo quiso hacer ver la accionada, valiéndose para ello de lo previsto por el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogados el artículo 15 de la Ley 50 de 1990.
En lo que toca al cuarto error, relativo a la ausencia de vicio en el consentimiento, inexistencia de objeción o tacha sobre el pacto por parte de la demandante, el monto de tales gastos y su destino, constituyen hechos nuevos de defensa, desde luego inaceptables en casación, pues a estas alturas y de admitirse tal postura defensiva, comportaría una variación en su respuesta a la demanda, lo que dejaría de lado los principios de contradicción, defensa y debido proceso, lo que afectaría a la parte demandante, quien se vería sorprendida con nuevos sucesos que no tuvo la oportunidad de controvertir en las instancias.
De otra parte y en cuanto al quinto yerro se refiere, pertinente es señalar que el mismo se constituye en un reproche eminentemente jurídico, no factico, toda vez que lo en verdad criticado por la censura al tribunal, es el haber declarado la ineficacia —art. 43, CST— del convenio u otro sí, en el que se acordó que tales gastos no eran salario, esto es, si quería controvertir tal aserto, debió encausar el cargo por la vía del puro derecho, no de los hechos.
Precisado lo anterior, la Sala desde una óptica meramente fáctica, aborda el estudio de los restantes yerros, esto es de los individualizados con los numerales 1º, 2º, 6º y 7º.
La Sala descarta la comisión del primer error, por cuanto el tribunal, contrario a lo que afirma la censura, jamás dio por establecido que los vehículos, motos y ambulancias que la demandada facilitaba a la accionante con el fin de prestar la atención médica domiciliaria y prehospitalaria, “también estaban destinado (sic) a facilitar los trasportes personales de la demandante”, pues lo que en verdad concluyó el tribunal, fue que Emermédica tenía dispuestos los anteriores medios de transportes “según prioridad, para movilizar al personal médico y paramédico que se requiriera a fin de prestar la atención médica domiciliaria y prehospitalaria del caso”, y esta la razón por la cual descartó que tales pagos denominados gastos de “movilidad” estaban destinados a cubrir el desplazamiento de Bonilla Robles, toda vez que el mismo era suministrado por la demandada. Así pues, parte la censura de una premisa equivocada al estar fundamentada en una afirmación diametralmente opuesta a lo resuelto por el tribunal.
En cuanto al segundo yerro fáctico, referido a que el sentenciador de alzada, sin ningún respaldo probatorio, concluyó “que la demandante para cumplir con su labor no debía sufragar suma alguna de transporte”, encuentra la Sala que, contrario a lo sostenido por el recurrente, sí tuvo soporte probatorio, como lo fue precisamente la prueba testimonial, medio de convicción este que como lo ha sostenido la corporación, no es calificado en casación para estructurar errores de hecho, pues sólo puede ser abordado en la medida que prospere cualquiera de los otros yerros que se denuncian, respecto a la prueba calificada, lo cual no ocurre hasta lo aquí elucidado, por manera que, al no darse tal circunstancia, es irrelevante cualquier consideración al respecto.
Con los restantes errores de hecho, esto es con el sexto y séptimo, pretende la censura demostrar que la demandada tuvo razones serias y atendibles para considerar que los gastos de movilización no eran salario, en tanto los mismos fueron acordados para colaborar a la demandante en su movilización, actuar este que según afirma, estuvo acompañado de la buena fe que exime de las sanciones moratorias impuestas por el sentenciador de alzada. Al remitirse esta Sala a las piezas procesales debidamente denunciadas y tendientes a demostrar la buena fe de la demandada, ninguna estructura la ocurrencia de yerro alguno, menos con la connotación de manifiesto, tal y como en seguida se procede a explicar:
En efecto, los otrosíes lo único que revelan son los acuerdos suscritos entre las partes, mediante los cuales pactaron que los gastos de movilización no constituyen salario ni base para el cálculo de las prestaciones sociales (fls. 23, 26, 27 y 30), mas no evidencian que las sumas recibidas por esos conceptos, tuviera como fin la colaboración en la movilización de la actora de la residencia a su sitio de trabajo.
En lo que tiene que ver con la relación de turnos médicos que aparecen a folios 74 a 77, aun cuando resulta ser cierto que el ad quem no las tuvo en cuenta, tal omisión no llevaría al quiebre de la sentencia recurrida en la medida que de haber sido apreciada tal documental, en nada cambiaría la decisión adoptada, pues la citada prueba sólo relaciona los días y horas en los que la demandante debía presentarse para cumplir su labor, y lo que denomina la censura como “turnos irregulares” no conllevan a que la existencia del rubro de movilización sin connotación salarial, sea razonable.
De lo anterior no se advierte que la conducta de la accionada haya estado precedida la buena fe, en tanto las probanzas estudiadas no evidencian razones serias sobre porqué creía no deber suma alguna a la trabajadora, mucho menos que tales pagos no tenían incidencia salarial. En este contexto se mantiene inmodificable la sentencia acusada que goza de la presunción de legalidad y acierto.
Aquí y ahora, valga recordar que todo lo que recibe el trabajador como directa contraprestación de su fuerza de trabajo, sea en dinero o en especie, no deja de ser salario por la simple denominación que aparezca en una cláusula del contrato o en un otrosí que suscriban las partes y con aparente tintes de legalidad, utilizando para ello la Ley 50 de 1990, artículo 15, como ocurrió en el caso bajo estudio, pues si esto ocurre, tales estipulaciones simple y llanamente pierden eficacia a la luz del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 43, tal y como lo concluyó el sentenciador de alzada.
En ese contexto, juzga conveniente la Corte recordar también lo adoctrinado en Sentencia CSJ SL, 13 jun. 2013, rad. 39.475, en cuanto que por disposición directa del artículo 53 superior es aplicable el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo aprobado mediante la Ley 54 de 1962, ratificado por el gobierno colombiano el 7 de junio de 1963, el que es claro en precisar qué es salario, pues al efecto dice:
“El término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.
Ahora bien y como recientemente lo precisó esta Sala de la Corte en Sentencia CSJ SL9544-2014, las partes unidas mediante un contrato de trabajo sí pueden establecer que determinados pagos no constituyen salario, pero ello pueden hacerlo cuando real y efectivamente no retribuyan el trabajo y por tanto no es para beneficio del trabajador, mucho menos para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, que no se da en el caso de autos, por cuanto la empresa le suministraba a la demandante los vehículos, ambulancias y motos para cumplir sus funciones, aunado al hecho que dicho auxilio de movilización y para el año 2007, era igual a la asignación salarial que ascendía a $1.431.000, lo cual no se exhibe razonable para con ello poder catalogar su actuar de buena fe, pues se itera, su actuar lejos está de ser leal con su trabajadora, de modo que debe soportar la indemnización moratoria al haber intentado encubrir pagos que eran salario.
En concordancia con lo anterior, pertinente también resulta recordar lo dicho en Sentencia CSJ SL, 1º feb. 2011. rad. 35771, cuando al efecto se indicó:
“Para responder esta parte de la acusación, la Corte recuerda que, conforme a su orientación doctrinaria, al amparo de la facultad contemplada en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 128 del Código Sustantivo del Trabajo, las partes no pueden desconocer la naturaleza salarial de beneficios que, por ley, claramente tienen tal carácter.
Ello traduce la ineficacia jurídica de cualquier cláusula contractual en que las partes nieguen el carácter de salario a lo que intrínsecamente lo es, por corresponder a una retribución directa del servicio, o pretendan otorgarle un calificativo que no se corresponda con esa naturaleza salarial. Carece, pues, de eficacia jurídica todo pacto en que se prive de la índole salarial a pagos que responden a una contraprestación directa del servicio, esto es, derechamente y sin torceduras, del trabajo realizado por el empleado.
Así, por ejemplo, en sentencia del 10 de diciembre de 1998, Rad. 11.310, la Corte sostuvo:
‘Una de las disposiciones que mayor flexibilidad otorgó a las relaciones laborales la encarna el artículo 15 de la Ley 50 de 1990 que otorga a las partes unidas en un contrato de trabajo la facultad de determinar, que ciertos beneficios o auxilios extra legales que devengue el trabajador no se incluyan en el cómputo de liquidación de prestaciones sociales. Naturalmente ello no comporta que se permita desnaturalizar el carácter salarial de beneficios que por ley claramente tienen tal connotación, pues dicha estipulación no consagra una libertad absoluta sino limitada a los fines y eventos previstos por vía de ejemplo en la norma y a aquellos que configuren situaciones análogas’.
Y en fallo de casación del 10 de julio de 2006, Rad. 27.325, sostuvo:
‘De conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, en la forma como fue modificado por el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, se entiende por salario ‘no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.
Lo anterior indica que un elemento caracterizador del salario es que corresponda a un pago como contraprestación directa del servicio del trabajador, cuya forma o denominación puede adoptarse de diferentes formas, es decir, un salario fijo, o uno variable, o uno compuesto por una suma fija y otra variable, en dinero o en especie, así que cuando el pago que recibe el asalariado tiene como causa inmediata el servicio que este presta, o sea su actividad en la labor desempeñada, será salario sin que las partes puedan convenir en sentido contrario, como ocurre, por ejemplo, cuando se trata de trabajo suplementario, horas extras, trabajo en días de descanso obligatorio o en las ventas realizadas por el trabajador. En estos casos, cualquier cláusula que las partes acuerden para restarle naturaleza salarial a los pagos que recibe el trabajador por esos conceptos, será ineficaz’” (las resaltas son fuera del texto).
Las consideraciones que preceden, son suficientes para concluir que el cargo está llamado a la improsperidad.
Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones trescientos mil pesos ($6.300.000 M/CTE).
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el doce (12) de agosto de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en el proceso seguido por la señora María Engracia Bonilla Robles demandó a la sociedad Emermédica S.A. Servicios de Ambulancia Prepagados.

References: ARTÍCULO 15
 ARTÍCULO 43
 artículo 128
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 43
 artículo 53
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 127
 artículo 14