Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531499.html
Timestamp: 2019-03-21 01:49:11+00:00

Document:
A.S. 499-2015
Auto Supremo N° 499
Sucre, 21 de julio de 2015
Expediente: 180/2015-S
Demandante: Roberto Leoncio Moreno Aguilar
Demandado: Club de Tenis Santa Cruz
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 354 a 359 vta., interpuesto por Club de Tenis Santa Cruz representado por Aldo Quiroz Collazo, contra el Auto de Vista N° 164 de 27 de marzo de 2015 (fs. 348 y vta.), pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso social que por pago de beneficios sociales y derechos laborales sigue Roberto Leoncio Moreno Aguilar contra la institución recurrente; el Auto cursante a fs. 362, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, promovida la acción y tramitado el proceso laboral, el Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, emitió Sentencia N° 102 de 12 de octubre de 2010, por la que declaró probado el derecho demandado e improbadas las excepciones perentorias de prescripción y de pago, con costas, disponiendo que el Club de Tenis Santa Cruz, representado por José Luis Roda Atala, pague a tercero día de su notificación, los beneficios sociales del demandante Roberto Leoncio Moreno Aguilar, siendo el monto por Bs.71.349,06 (setenta y un mil trescientos cuarenta y nueve 06/100 bolivianos), por los conceptos de desahucio, indemnización por tiempo de servicios, aguinaldo, vacaciones, salarios devengados y bono de antigüedad, todo conforme el detalle que se tiene asentado en la misma Sentencia.
Dicha resolución fue recurrida en apelación por la parte demandada (fs. 258 a 262 vta.), mereciendo el Auto de Vista Nº 164 de 27 de marzo de 2015 (fs. 348 y vta.), por el cual, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió revocar parcialmente la Sentencia N° 102 de 12 de octubre de 2010, sólo en lo pertinente a la indemnización, determinando que sea sólo por 7 años y 1 mes, totalizando la cantidad de Bs.26.350,00.- (veintiséis mil trecientos cincuenta 00/100 bolivianos), manteniendo vigente la Sentencia respecto a los demás Ítems, y con costas; Que, al solicitarse por la parte demandada la explicación y complementación, conforme a memorial a fs. 350 y vta., se obtuvo como respuesta el auto de 09 de abril de 2015 (fs. 351), por el cual se enmendó el Auto de Vista N° 164, omitiendo las costas.
I.2 Recurso de Casación
Las mencionadas resoluciones originaron que la parte demandada, por intermedio de su representante legal, formule el recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 354 a 359 vta., que en lo esencial de su contenido, señaló:
i) Indebida referencia a otros actuados procesales como suplencia a la fundamentación de toda resolución (pertinencia)
Indicó que, el Tribunal ad quem en el Auto de Vista de fs. 235 a 236, no resolvió ni dilucidó nada respecto a que la relación con el demandante fuera civil y no así laboral, haciendo referencia a otras resoluciones como si fuera suficiente fundamentación, señalando que los agravios expresados en apelación ya fueron resueltos dentro la referida actuación procesal; siendo por este motivo que el fallo recurrido no cumplió con la fundamentación debida, ya que la mención de otros actuados no suple la obligación y la carga que corresponde a los juzgadores de resolver los extremos sometidos a su competencia y fundamentar sus resoluciones.
Refirió que con este antecedente, se demostró la absoluta falta de consideración, valoración, pronunciamiento y fundamentación de los agravios expuestos en apelación, contraviniendo la garantía del debido proceso, como determinan las Sentencias Constitucionales (SSCC) N° 0556/2012 de 20 de julio, 1057/2011-R de 1 de julio y la 1375/2010-R de 20 de septiembre, así también mencionó la Sentencia Constitucional (SC) N° 0121/2012 de 2 de mayo, que trata sobre justicia y razonabilidad.
Señaló que el art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC), establece claramente la competencia de los Tribunales de apelación, y la pertinencia para resolver los recursos que conozcan, mencionando que el Tribunal Constitucional asumió un lineamiento jurisprudencial sobre el principio de pertinencia, citando las SSCC N° 1510/2011-R de 11 de octubre, 0863/2003-R de 25 de junio, 1800/2011-R de 7 de noviembre, 299/2000-R, 1029/2001-R y 769/2002-R.
ii) Falta de valoración y relación de las pruebas
Que la Sentencia N° 102 de fs. 252 a 254, solo menciona las pruebas de cargo y descargo como una mera referencia de su existencia, pero no hace una relación de las mismas en atención a los actuados procesales, por lo que debe considerarse que la prueba de descargo no fue objetada ni rechazada, teniendo total validez para su consideración y valoración.
Acusó que con la prueba documental de fs. 180 a 181, se destruyó los argumentos del demandante sobre la existencia de la relación laboral, así como también con las pruebas consistentes en los contratos civiles, se demostró que el demandante fue vinculado mediante contrato de servicios profesionales, que se enmarca dentro el ámbito de aplicación del contrato de obra establecido por el art. 732 del Código Civil (CC), siendo la fecha de inicio el 1 de febrero del 2001 (fs. 30 a 31), prorrogado por el mismo periodo de tiempo mediante carta CTSC N° 98/2002 del 20 de febrero (fs. 45), para prestar servicios enseñando tenis y entrenando a socios del club, por lo que la relación existente en los periodos 2001 y 2002, era estrictamente civil, por un precio acordado de $us.- 6.000,00 (seis mil 00/100 dólares americanos).
Indicó que por estos periodos el demandante emitió factura, como se evidencia a fs. 32 a 44 y 46 a 56, documentos fiscales que tienen el valor probatorio asignado por el art. 1296 del CC, y que no fueron valorados debidamente en la Sentencia y sobre el cual no existe pronunciamiento en el Auto de Vista ahora recurrido; mencionó también que el demandante manifestó su voluntad al firmar el contrato de 1 de febrero de 2001 y su prórroga, y que al cumplirse su vigencia el mismo se extinguió plenamente, por lo que no corresponde que el presente caso sea de conocimiento de un juzgado laboral, debiendo demandar lo que corresponda conforme al CC, puesto que los contratos mencionados constituyen y tienen fuerza de ley entre partes como establece el art. 519 del CC.
También señaló que en los contratos, no existen las características esenciales de la relación laboral prescritas en el art. 1 del Decreto Supremo (DS) N° 23570 de 26 de julio de 1993, por lo que al no existir relación de dependencia y subordinación del demandante hacia el Club de Tenis Santa Cruz, la prestación de trabajo por cuenta ajena y la percepción de remuneración o salario, no puede considerarse al demandante como trabajador del Club demandado.
iii) Falta de fundamentación jurídica congruente y debida en toda resolución – Garantía bajo el criterio de justicia
Señaló que, el Auto de Vista se limitó a indicar que la Sentencia, contiene la fundamentación necesaria para justificar la referida ilegal resolución y no entrar al fondo de los agravios expuestos; así también que el Auto de Vista y la Sentencia resolvieron de forma general todos y cada uno de los conceptos demandados sin realizar una valoración y mencionar a que periodos corresponden los ítems demandados.
Que por estos motivos, los fallos mencionados carecen de fundamentación y valoración, son incongruentes, limitándose a realizar una relación de los actuados procesales y copiar sin analizar, valorar y fundamentar, bajo que disposiciones se ampara la procedencia de cada una de las peticiones realizadas por el demandante.
iv) De la indebida forma de resolución de la Explicación y Complementación – Incumplimiento del art. 237.3) del CPC
Señaló que solicitó explicación y complementación al Auto de Vista impugnado, puesto que el mismo equivocadamente en su por tanto, dispuso revocar la Sentencia con costas; a lo que el Tribunal ad quem determinó corregir dicha disposición, incurriendo en un procedimiento inventado, esto al disponer que se omita la frase “con costas”, disposición que es indebida al pretender ampararse en el art. 237.3) del CPC, causando solo mayores confusiones en la resolución.
II.2.1 Petitorio
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista N° 164 de 27 de marzo de 2015, cursante a fs. 348 y vta., y el Auto complementario N° 26 de 09 de abril de 2015 de fs. 351, sea con costas y demás condenaciones de ley.
Que, a pesar de la estructura expuesta en el recurso, que en su argumentación confunde aspectos de fondo y de forma, es necesario precisar los reclamos que la parte recurrente trae ante este Tribunal de Casación, en ese sentido, los reclamos se centran en: i) Que, el Auto de Vista solo hizo referencia a otras resoluciones, y no fundamentó debidamente su resolución respecto a que si la relación con el demandante fue civil o laboral, como dispone el art. 236 del CPC; ii) Que solo se hizo una mera referencia a las pruebas del proceso, mismas que no fueron valoradas debidamente en la Sentencia, así como también no existe pronunciamiento al respecto en el Auto de Vista, puesto que se demostró que la relación era civil y no laboral; iii) Nuevamente señaló que el Auto de Vista solo mencionó que la Sentencia contiene la fundamentación necesaria, por lo que no se resolvió el fondo de los agravios expuestos en apelación, y mucho menos se estableció claramente los conceptos y periodos demandados, siendo un fallo incongruente; iv) Que el Auto complementario N° 26, corrigió el Auto de Vista N° 164, incurriendo en un procedimiento inventado, causando mayor confusión, al usar terminología no prevista en el Adjetivo Civil.
Que, así precisados los reclamos, éste Tribunal de casación tiene la obligación de revisar las actuaciones procesales que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si evidentemente concurrieron irregularidades procesales en la tramitación de los procesos, conforme establece el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), para imponer en su caso, la sanción que corresponda o determinar si correspondiere, cuando el acto omitido lesione la garantía constitucional del debido proceso, el derecho a la defensa o el derecho a la seguridad jurídica, haciendo insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo, la nulidad de obrados como remedio procesal necesario para la reparación del vicio procesal.
Ahora bien, en el caso de análisis se advierte que los reclamos 1) y 3), son similares, por cuanto están refiriendo a la falta de pronunciamiento respecto a algunos agravios llevados en apelación por la parte demandada, o la falta de fundamentación y motivación, por lo que corresponde resolverlos en un mismo punto; entonces, de acuerdo a los señalados reclamos y revisado el Auto de Vista impugnado, se tiene ciertamente que el Tribunal ad quem no se pronunció sobre todos los agravios expuestos en el recurso de apelación que formuló la parte demandada de fs. 258 a 262 vta.
Hay que recordar que los Tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayarse la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de la apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna.
Así, en el caso se advierte que la parte demandada, ahora recurrente, como consecuencia de la Sentencia que declaró probada la demanda en su contra, llevó como agravios ante el Tribunal ad quem, varios ítems, entre los cuales se encuentra: i) Falta de fundamentación jurídica congruente y debida, en el entendido que la Sentencia se habría limitado a realizar una relación de los actuados procesales sin analizar, sin valorar o fundamentar bajo que disposiciones se ampara la procedencia de cada uno de los conceptos demandados, afectando al debido proceso y a la seguridad jurídica; ii) Señaló también que, no existe una mención expresa de cuál es el tiempo de servicios sobre el cual se falló, ni que pruebas fueron valoradas para demostrar y determinar el periodo de trabajo, toda vez que no se conoce a que periodos, días, meses y años corresponden los ítems demandados, incumpliendo de esta manera el art. 202 del CPT; iii) Incongruencia entre los hechos probados y la liquidación efectuada, puesto que no se dio valor a los contratos a plazo fijo, es decir que se omitió intencionalmente valorar los mismos al condenar el pago del desahucio; iv) Finalmente señaló falta de valoración y relación de las pruebas, puesto que con las documentales de fs. 180 a 181 se habría demostrado la inexistencia de relación laboral, así como con las facturas de fs. 32 a 44 y 46 a 56, también se demostró indiscutiblemente que la relación era civil; sin embargo, de estos puntos, no todos fueron debidamente absueltos por el Tribunal de Alzada, específicamente los puntos i), ii) y iv), siendo este último el recurrido hasta casación.
Que, el Auto de Vista recurrido, señaló respecto al punto último anotado: “Se trata de una cuestión ya resuelta en el Auto que resolvió la excepción de incompetencia (fs. 163), confirmado mediante Auto de Vista de fs. 235 a 236, de manera que no corresponde pronunciamiento alguno al respecto” (sic); sin embargo, de la revisión del Auto referido en tal expresión (fs. 163), consistente en el Auto de rechazo de la excepción previa de incompetencia, y posterior calificación de los hechos y apertura del término probatorio, se advierte que el Juez de ninguna manera resolvió tal cuestión, al advertir que dado el principio protector, llevó tal cuestión como una cuestión de fondo que debió ser resuelta en Sentencia, fijando por ello, precisamente como un punto de hecho a probar, la relación laboral y la modalidad de contrato; es más, el Auto de Vista de fs. 235 a 236 que resolvió en apelación el mismo hecho, señaló de manera textual: “…Que, el proceso es precisamente para conocer si existe o no relación laboral entre demandante y demandado” (sic). Denotando ello que, el Tribunal dejó de resolver tal cuestión que fue oportunamente reclamada en apelación, pese a la obligación que éste tenía de hacerlo, conforme la previsión del art. 236 del CPC.
En ese sentido, se colige que el Tribunal ad quem no motivó ni fundamentó correctamente su Auto de Vista, toda vez que debió resolver todos los agravios acusados en el memorial de apelación, señalando las pruebas que formaron su convicción respecto a los hechos reclamados por la parte agraviada, otorgando el valor que creyó correspondiente a cada una, así como citando e interpretando las normas en las cuales amparó sus determinaciones, todo esto en términos claros y precisos, de modo que no se dejen vacíos respecto a lo reclamado por la parte apelante, lo que evidentemente no sucedió.
En tal razón, corresponde a dicho Tribunal, pronunciarse al respecto, otorgando a la parte recurrente una respuesta razonada, motivada y fundamentada respecto a todos los agravios llevados en apelación por la parte recurrente, en cumplimiento a lo establecido en el art. 236 del CPC y al no haberlo hecho así, vulneró una norma de orden público y cumplimiento obligatorio, como es adjetivo mencionado, así como el contenido en el artículo 202 de CPT, entre otras; omisión que acarrea la nulidad de obrados, debido a que vulnera el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica del apelante ahora recurrente.
Que, se debe precisar que la debida y suficiente fundamentación de los fallos supone no solo exponer los hechos, sino realizar la fundamentación legal que sea aplicable al caso, implica la obligación de que el juzgador absuelva todos los reclamos sometidos a su consideración, de modo tal que le permita al impetrante, en este caso, al Club de Tenis Santa Cruz, conocer con precisión las razones de la decisión del juzgador, y eventualmente, impugnar la decisión en los puntos que considere haya existido un apartamiento de las normas sustantivas o adjetivas, pues privarle de una respuesta fundamentada, vulnera el derecho al debido proceso consagrado y protegido por los arts. 115 y 119. I de la Constitución Política del Estado (CPE) así como la garantía del debido proceso.
En conclusión, se advierte que el Tribunal de apelación no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 190, 192. 3), 236 del CPC y 202 del CPT, normas procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del CPC, cuya inobservancia importa la nulidad del fallo impugnado, por cuanto evidentemente las omisiones anotadas, vulneran derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, conforme se preció anteriormente.
Finalmente se recomienda al Tribunal de Alzada, tomar mayor cuidado en cuanto a la utilización de la terminología apropiada a ser usada en las resoluciones, debiendo adscribirse con precisión a lo dispuesto en la norma adjetiva que regula la causa.
Se aclara también que, por la nulidad que se dispone, éste Tribunal no ingresa al análisis de las cuestiones de fondo que la parte recurrente trae también en casación.
Consiguientemente y en mérito a lo expuesto, corresponde resolver el recurso, aplicando las disposiciones contenidas en los arts. 271. 3) y 275 del CPC, aplicables por mandato del art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 347 vta., inclusive, disponiendo que el Tribunal de Apelación, sin espera de turno y previo sorteo, bajo responsabilidad administrativa, emita nuevo Auto de Vista conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, con la pertinencia de los arts. 192. 3) y 236 del CPC y art. 202 del CPT.
No encontrando excusable el error cometido, se impone la multa de Bs.300,00.- a cada uno de los vocales que suscribieron el Auto de Vista recurrido de casación.
En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la LOJ, póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo para su registro respectivo, debiendo tenerse presente que conforme al dispositivo citado, así como el art. 275 del CPC y la recomendación Nº 22 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos en su informe aprobado el 5 de diciembre de 2013 (GARANTIAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS), la remisión de AASS anulatorios como el presente no tienen la finalidad de activar proceso administrativo alguno.
Secretario de la Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera

References: resolución 
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 artículo 202