Source: https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derecho-tutela-judicial-596686702
Timestamp: 2019-11-12 08:35:32+00:00

Document:
STC 3/2016, 18 de Enero de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 596686702
STC 3/2016, 18 de Enero de 2016
Número de Recurso: 1388-2014
Por escrito registrado en este Tribunal el día 6 de marzo de 2014, don Ramiro Reynolds Martínez, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Javier Resa Gaujot, interpuso un recurso de amparo contra la resolución judicial que se indica en el encabezamiento de esta Sentencia. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
El recurrente, residente en Guipúzcoa, presentó las autoliquidaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007, sometiendo a tributación los rendimientos económicos obtenidos por su actividad de albañilería mediante el método de estimación objetiva por módulos. A continuación fue objeto de actuaciones inspectoras en las que, tras aplicarle el régimen de estimación directa en el cálculo de sus rendimientos de actividades económica, se le giraron por la Subdirección General de Inspección de la Hacienda Foral de Guipúzcoa las actas núms. A02-1000340, A02-000341 y A02-1000342, todas ellas de fecha 29 de marzo de 2010, por cada uno de aquellos ejercicios, con un resultado a ingresar en concepto de cuota más intereses de demora, respectivamente, por importes de 34.278,92 €, 57.061,88 € y 26.053,01 €.
Contra las anteriores liquidaciones tributarias se promovieron las reclamaciones económico-administrativas núms. 2010-0953, 2010-0954 y 2010-0955 ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa quien por resolución núm. 30064 de fecha 19 de octubre de 2011 las desestimó.
Contra la anterior resolución administrativa, con fecha de 21 de diciembre de 2011 se interpuso un recurso contencioso-administrativo (núm. 2192-2011) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien por Sentencia núm. 613/2013, de 12 de noviembre de 2013 de su Sección Segunda acordó desestimar el recurso. La parte recurrente, en su escrito de alegaciones presentado con fecha de 20 de marzo de 2012, alegaba los siguientes motivos: a) la nulidad de las liquidaciones por infracción del principio constitucional de igualdad (art. 14 CE), al haberse aplicado el método de estimación directa en la determinación de la base imponible sólo a unos pocos albañiles y no todos los que se acogieron al régimen de estimación objetiva por módulos, generándose una diferencia de trato carente de motivación alguna. b) La nulidad de las liquidaciones practicadas por la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que exige la tributación conforme a un “rendimiento real” que es indeterminable por no venir obligados legalmente, quienes se han acogido a ese régimen de estimación objetiva por módulos, a la llevanza de contabilidad. c) La nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 por vulnerar tanto los principios de reserva de ley (art. 31.3 y 133 CE), de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y de igualdad y no discriminación (art. 14 CE), como la regla de armonización prevista en el art. 3.a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, del concierto económico para el País Vasco, al desnaturalizarse el régimen de estimación objetiva singular en los términos que ha sido previsto en la Ley general tributaria, y permitirse a la Administración tributaria decidir, en cada caso, el método de determinación de la base imponible que va a ser aplicado. d) La nulidad de la liquidación correspondiente al ejercicio 2007 al no ser el obligado tributario contribuyente guipuzcoano.
Por su parte, la Sala consideró, con remisión a la doctrina sentada en su Sentencia de 2 de diciembre de 2011 (núm. 1714-2009), que al tratarse de un recurso indirecto contra una norma foral, concretamente, contra su art. 26.2, sólo podría declarar su validez o nulidad cuando fuese competente para su conocimiento en un recurso directo, habiendo dejado de serlo desde la entrada en vigor (a los veinte días de su publicación en el “BOE” de 20 de febrero de 2010) de la reforma operada en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por la Ley Orgánica 1/2010 (que introduce una nueva disposición adicional quinta), al residenciarse desde ese momento dicho control en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la previsión de la Ley Orgánica 1/2010 no incide —añade— en los recursos contencioso-administrativos interpuestos con anterioridad a la misma (como así señala expresamente el ATC 190/2010 ), como —según señala— sucede con el presente recurso que no sólo se ha interpuesto con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2010, sino que también la demanda se ha formalizado con anterioridad, razón por la cual, la Sala se considera competente para conocer la impugnación indirecta de la Norma Foral 8/1998 y, en su efecto, para el estudio y respuesta de las cuestiones planteadas.
Contra la anterior Sentencia la parte recurrente promovió un incidente de nulidad de actuaciones al considerar, en primer lugar, que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por la negativa del órgano judicial al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998, por violación del principio de reserva de ley, del principio de interdicción de la arbitrariedad y del principio de igualdad y no discriminación; en segundo lugar, la vulneración de su derecho a la igualdad por no haberse realizados actuaciones de comprobación respecto de todos los contribuyentes; y, en tercer lugar, por la existencia del vicio de la incongruencia omisiva al haber dejado incontestado la sentencia el motivo relativo a la imposibilidad de determinar el rendimiento real de quien está acogido al régimen de estimación objetiva por módulos al no tener obligación legal de llevar contabilidad.
La recurrente en amparo imputa a la resolución judicial impugnada, en primer lugar, la vulneración del principio de igualdad y del derecho a la tutela judicial efectiva por haber validado unos actos administrativos causantes de una desigualdad. La vulneración del principio a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE) se habría producido porque, ante una pluralidad de contribuyentes en idéntica posición de partida (trabajadores autónomos del ramo de la albañilería) que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la norma, se acogen al régimen opcional y voluntario de la estimación objetiva mediante índices, signos o módulos, para la determinación de los rendimientos de su actividad, a unos, la mayoría, se les permite tributar conforme al resultado de la correcta aplicación de esos módulos, cuando, a otros, se les impide contribuir con arreglo al rendimiento neto obtenido de los módulos, girándoseles por la Administración liquidaciones correctoras por el rendimiento real. Estaríamos, pues, ante un tratamiento desigual frente a situaciones homólogas que no sólo carece de motivación o justificación que lo legitime, sino que no puede justificarse en un pretendido derecho a la igualdad en la ilegalidad (conforme al cual nunca podrían dejar de someterse a gravamen los rendimientos reales de las actividades económicas), pues no puede afirmarse que todos los contribuyentes acogidos al régimen de módulos cuyo rendimiento no es corregido se encuentren en una situación de ilegalidad.
Por providencia con fecha de 4 de diciembre de 2014, la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo. Asimismo, y en aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica de este Tribunal, acordó dirigir comunicación a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a fin de que, en el plazo de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 2192-2011, interesándose al mismo tiempo que se emplazara a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer ante este Tribunal si así lo desearan. Igualmente, se acordó dirigir otra comunicación al Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa a fin de que, en el plazo de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente administrativo que dio lugar al acuerdo núm. 30.064, de 19 de octubre de 2011, desestimatoria de las reclamaciones económico-administrativas núms. 2010-0953, 2010-0954 y 2010-0955, promovidas contra los actos de liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas de los ejercicios 2005, 2006 y 2007.
Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 19 de enero de 2015 la Procuradora de los Tribunales doña Rocío Martín Echagüe, actuando en nombre y representación de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, solicitó que se la tuviese por comparecida en el presente proceso constitucional en la representación citada.
Mediante diligencia de ordenación con fecha de 10 de febrero de 2015 la Sala Segunda de este Tribunal acordó tener por personada y parte en nombre y representación de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa a la Procuradora de los Tribunales doña Rocío Martín Echagüe, así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que, conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal, presentasen las alegaciones que a su derecho convinieren.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 13 de febrero de 2015, don Javier Resa Gaujot, representado por el Procurador don Ramiro Reynolds Martínez y defendido por el Letrado don José María Pérez de Uralde, puso en conocimiento de este Tribunal que tras la iniciación del proceso de amparo se había dictado la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2014 (recurso de casación núm. 230-2012), que declaraba la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 controvertida, por violación del art. 3 a) de la Ley 12/2002, de 13 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico para el País Vasco, lo que hacía decaer tanto su petición de elevación de una cuestión de inconstitucionalidad con relación al citado precepto, así como la de que se ordenase a la Sala sentenciadora, en su caso, que elevase dicha cuestión.
La Procuradora de los Tribunales, doña Rocío Martín Echagüe, en nombre y representación de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, presentó su escrito de alegaciones el día 3 de octubre de 2014 suplicando se dictase sentencia por la que se declarase no haber lugar al amparo solicitado. En primer lugar, señala que, de existir una lesión del principio de igualdad, lo sería ante la norma tributaria, del art. 31.1 CE, artículo que no entra dentro de los que tienen acceso al recurso de amparo. Pero incluso admitiendo que fuese una vulneración encajable en el art. 14 CE, lo cierto es que lo que esta presenta como una diferencia en la aplicación de la ley a personas que se encuentran en una misma situación no constituye un auténtico tertium comparationis pues la liquidación impugnada procede de una inspección derivada de un plan de inspección correctamente aprobado y al que no se le ha opuesto objeción de legalidad alguna. Es más de admitir una posible discriminación en la selección de los contribuyentes objeto de inspección, esto es, un comportamiento arbitrario en la Administración, estaríamos ante una infracción del art. 9 CE que no tiene encaje tampoco en el recurso de amparo.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 13 de marzo de 2015, don Javier Resa Gaujot, representado por el Procurador don Ramiro Reynolds Martínez y defendido por el Letrado don José María Pérez de Uralde, evacuó el trámite de alegaciones conferido suplicando se dictase Sentencia estimatoria del amparo pretendido, insistiendo para ello en los mismos argumentos expresados tanto en su escrito de demanda como en su escrito de 13 de febrero de 2015.
El día 17 de marzo de 2015 presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal solicitando la estimación del recurso al considerar que se ha lesionado el derecho de la actora a la igualdad de trato (art. 14 CE), procediéndose a acordar la nulidad de la resolución núm. 30.064 del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa de fecha 19 de octubre de 2011; de la Sentencia núm. 613/2013, de 12 de noviembre, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales núm. 2192-2011; y del Auto de la misma Sala y Sección de 15 de enero de 2014, con retroacción de las actuaciones al momento anterior al de la referida sentencia, con el fin de que se dicte una resolución respetuosa con el derecho que se declara vulnerado.
Por providencia de 14 de enero de 2016 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia núm. 613/2013 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de fecha 12 de noviembre de 2013, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo núm. 2192-2011 interpuesto contra el acuerdo núm. 30064 del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa de fecha 19 de octubre de 2011, desestimatorio, a su vez, de las reclamaciones económico-administrativas núms. 2010-0953, 2010-0954 y 2010-0955, promovidas contra los acuerdos de liquidación derivados de las actas de inspección núms. 1000340, 1000341 y 1000342, todos ellos de 29 de marzo de 2010, correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas de los ejercicios 2005, 2006 y 2007, por importes de 34.278,92 €, 57.061,88 € y 26.053,01 €, respectivamente.
Lo primero que debe señalarse es que la Sentencia de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de enero de 2015 (asunto Arribas Antón c. España) ha exigido que en los asuntos admitidos a trámite por este Tribunal Constitucional se explicite la razón de su especial trascendencia constitucional (§ 46). Pues bien, de conformidad con lo previsto en el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y de acuerdo con los criterios explicitados en la STC 155/2009 , de 25 de junio, FJ 2, cabe señalar que la cuestión planteada en el presente proceso de amparo permite precisar a este Tribunal, tras el cambio normativo producido con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, su doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con la facultad de los órganos judiciales de controlar la validez constitucional de las normas forales fiscales.
Antes de entrar a dar respuesta a las vulneraciones denunciadas es necesario concretar los efectos que sobre su objeto ha podido tener la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2014 (recurso de casación núm. 230-2012), dictada con posterioridad a la interposición del presente recurso de amparo, por la que se ha declarado la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral de Guipúzcoa 8/1998, de 24 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que dio cobertura a las liquidaciones impugnadas en vía económico-administrativa y que constituyen, junto con la sentencia que las confirma, el objeto de presente proceso constitucional, porque “no respeta el concepto de estimación objetiva, ya que autoriza a los órganos forales de gestión e inspección a modificar el importe obtenido como base imponible cuando se haya aplicado correctamente el régimen de signos, índices o módulos”, dotándola de un contenido distinto al derivado de la Ley general tributaria, con vulneración del art. 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco [y del art. 4 a) de la anterior Ley 12/1981, de 13 de mayo, también del concierto]. Con esta declaración de nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 por uno de los órganos que, con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial (ATC 190/2010 , de 1 de diciembre, FJ 2), tenía la competencia para conocer de los recursos contencioso-administrativos sobre las normas forales fiscales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la disposición que contenía ha quedado expulsada del ordenamiento jurídico, produciendo sus efectos “para todas las personas afectadas … desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada” [art. 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante, LJCA)], pero transmitiéndose los efectos de esa nulidad a la eficacia de las sentencias y actos administrativos que no fuesen firmes “antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente” (art. 73 LJCA).
Respecto de la firmeza de los actos de liquidación impugnados, resulta evidente que la declaración de nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral de Guipúzcoa 8/1998 que se contiene en la citada Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2014, no permite revisar un proceso fenecido mediante Sentencia judicial con fuerza de cosa juzgada en el que, como sucede en el presente caso, antes de dictarse aquella decisión se ha aplicado el precepto de una Norma Foral luego declarado nulo. Pues no estando en juego “la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente”, que son los supuestos exclusivamente exceptuados por el art. 73 LJCA, la posterior declaración de nulidad del precepto no puede tener consecuencia alguna sobre los procesos terminados mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada. Al igual que sucede con la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal [arts. 161.1 a) CE y 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa ha querido establecer un necesario equilibrio entre la consecuencia de una declaración de nulidad del precepto reglamentario cuestionado y la garantía de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), excluyendo así una general remoción del pasado por obra de los pronunciamientos de nulidad que puedan llevar a cabo los Tribunales de Justicia. Si se quiere, dicho en otros términos, un equilibrio entre la estabilidad de las situaciones, por así decir, “judicialmente consolidadas”, de conformidad con lo establecido en el art. 73 LJCA, y, de otro lado, ciertas excepciones, vinculadas con una posible revisión in bonum de las sanciones aun no ejecutadas, como indica el mismo art. 73 LJCA [en el mismo sentido, aunque con relación a la declaración de inconstitucionalidad de un precepto, STC 159/1997 , de 2 de octubre, FJ 7 b)].
Siendo evidente que el recurso de amparo “no constituye una nueva instancia judicial, sino que se trata de un proceso autónomo, sustantivo y distinto” [SSTC 78/1988 , de 27 de abril, FJ 1; y 159/1997 , de 2 de octubre, FJ 7 b)], resulta indudable que la sentencia dictada en un proceso judicial “contra la que no quepa recurso alguno” (art. 245.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) es, a los fines de lo dispuesto en el art. 73 LJCA, una sentencia firme y, por tanto, los actos administrativos objeto de la citada resolución judicial, devienen también firmes, aun cuando dicha Sentencia sea susceptible o haya sido objeto de un ulterior recurso de amparo, pues la adquisición de la fuerza material de cosa juzgada por las Sentencias firmes de los órganos judiciales no queda condicionada en nuestro ordenamiento jurídico a la circunstancia de que haya transcurrido el plazo de veinte o treinta días previsto, respectivamente, en los arts. 43.2 y. 44.2 LOTC, sin que se haya interpuesto un recurso de amparo contra ellas o, interpuesto tal recurso, hasta que este Tribunal declare su inadmisión a trámite o dicte Sentencia denegando el amparo solicitado [STC 159/1997 , de 2 de octubre, FJ 7 b)].
Con relación a la inexistencia de un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional que estuviese en liza en el proceso contencioso-administrativo que ha dado lugar a la declaración de nulidad del precepto foral controvertido, debe señalarse que la recurrente alegó, con carácter previo al presente proceso constitucional, al igual que ha sostenido en la demanda de amparo, la inconstitucionalidad del art. 26.2 de la Norma Foral de Guipúzcoa 8/1998, de 24 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por su contradicción con el art. 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco [o con el art. 4 a) de la anterior Ley 12/1981, de 13 de mayo, también del concierto], cuando es precisamente ese precepto reglamentario el que ha sido declarado nulo en dicha Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2014, dictada con posterioridad a la interposición del presente recurso de amparo.
A este fin, conviene tener en cuenta, antes de nada, que el recurso de amparo tiene como finalidad esencial la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades contemplados en el art. 53.2 CE, a los que exclusivamente se circunscribe su ámbito, de tal modo que a lo único que este Tribunal puede dar respuesta en dicho proceso es a la existencia o no de una vulneración de los mencionados derechos y libertades fundamentales, sin que le resulte posible hacer pronunciamiento alguno que exceda de dicho ámbito (STC 159/1997 , de 2 de octubre, FJ 6). Es cierto que, en determinadas ocasiones, puede admitirse “una pretensión directa de inconstitucionalidad sostenida por particulares”, pero esta posibilidad queda doblemente condicionada, de un lado, por los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 30 CE, y, por otro, “a los casos en que el recurrente haya experimentado una lesión concreta y actual de sus derechos” (SSTC 41/1981 , de 18 de diciembre, FJ 1; y 159/1997 , de 2 de octubre, FJ 6).
Una vez hechas las precisiones que anteceden ya estamos en disposición de entrar a dar respuesta al primero de los motivos de la demanda de amparo, a saber, la vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE) que la parte actora imputa, primero, a la actuación de la Administración tributaria foral con fundamento en lo que califica como excesiva indeterminación del art. 26.2 de la Norma Foral de Guipúzcoa 8/1998, y, luego, al órgano judicial, por no haber reparado la lesión, deduciendo por esta razón la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Se suma a esta posición la Fiscal para quien se ha producido la lesión del derecho a la igualdad pues la aplicación que ha hecho la Administración foral del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 conduce patentemente a un tratamiento desigual de situaciones idénticas que lleva a asignar consecuencias jurídicas diferentes sin existir una justificación objetiva ni razonable que pueda habilitar tal proceder, con un resultado que resulta claramente desproporcionado, por cuanto se desnaturaliza el propio concepto y sentido del régimen de determinación de la base imponible por estimación objetiva por signos, índices o módulos, neutralizando su configuración y su carácter de opción legítima para el contribuyente.
Pues bien, el vicio de desigual aplicación de la norma tributaria que tanto la parte demandante como la Fiscal atribuyen a la Administración Foral, no es imputable a su actuación sino, única y exclusivamente, a la redacción del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998, por lo que no estaríamos ante un supuesto de igualdad en la aplicación de la norma, sino de igualdad ante o en la norma. Hecha esta precisión, hay que añadir a renglón seguido que la desigualdad de gravamen que se denuncia no reside realmente en un trato desigual contrario al artículo 14 CE, como señala la representación procesal de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, al no estar basada en una diferenciación de índole subjetiva (esto es, en la condición o cualidad del sujeto), sino en una desigualdad fundada en elementos objetivos, que es la que, conforme a nuestra jurisprudencia, se sitúa únicamente en el art. 31.1 CE, precepto que, como ya hemos anticipado, no puede servir a una pretensión en este proceso constitucional al no acoger derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional de conformidad con los arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC (entre muchas, SSTC 54/2006 , de 27 de febrero, FJ 6, y 91/2007 , de 7 de mayo, FJ 4).
Considera también la parte demandante que la resolución judicial impugnada ha infringido su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por falta de motivación, por arbitrariedad y por haberle causado indefensión, puesto que, habiendo alegado la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 por vulnerar los principios de reserva de ley tributaria (arts. 31.3 y 133 CE), de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), de igualdad y no discriminación (art. 14 CE), así como, de la regla de armonización fiscal prevista en el art. 3 a) de la Ley 12/2002, de 13 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico para el País Vasco, sin embargo, la respuesta recibida —por remisión a lo señalado en otra resolución judicial previa— ni contesta a todos los motivos esgrimidos, ni la contestación dada es racional o acertada. De la misma opinión es la Fiscal para quien la Sentencia cuestionada en amparo adolece de importantes déficits de motivación, fundamentalmente porque ha soslayado totalmente el motivo principal de la parte actora relativo a la trasgresión de las normas de armonización fiscal recogidas en el concierto económico para el País Vasco.
Aunque la forma de razonar la Sentencia impugnada sus respuestas no es la más idónea, pues lo hace por remisión a una resolución judicial suya previa que, a su vez, se remite a otra resolución suya previa, sin embargo, no cabe duda de que basta una lectura sosegada de la misma para comprobar cómo el órgano judicial da respuesta a todas las cuestiones planteadas por la parte recurrente, y no solo lo hace forma motivada, sino que pueden apreciarse con claridad los elementos y razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que han fundamentado su decisión. Se trata, además, de una fundamentación en Derecho, por mucho que la parte actora pueda discrepar de la concreta decisión adoptada, a la que solo imputa la vulneración de su derecho sólo le ha sido contraria a sus intereses, consecuencia de un mal entendido derecho a la satisfacción de sus intereses legítimos o al acierto técnico de la decisión al resolver el fondo del asunto (STC 251/1993 , de 19 de julio, FJ 5, y ATC 308/1999 , de 13 de diciembre, FJ 3). No hay que olvidar que “la simple discrepancia de las partes con una resolución judicial, aun fundada en otra interpretación posible de la legalidad aplicada, incluso por plausible que ésta resulte, no convierte el correspondiente razonamiento judicial en arbitrario o manifiestamente irrazonable ni, menos aún, obliga a este Tribunal a elegir entre las interpretaciones posibles cuál es la que debe prevalecer” (SSTC 108/2013 , de 6 de mayo, FJ 5; 99/2005 , de 25 de mayo, FJ 3, y 212/2014 , de 18 de diciembre, FJ 3).
Imputa también la parte actora a la Sentencia impugnada la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al haber rechazado apriorísticamente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad solicitada, sin más argumento que el de que la decisión sobre su planteamiento corresponde en exclusiva a los órganos judiciales. Sobre este particular es necesario efectuar una serie de precisiones:
Como hemos señalado recientemente en la STC 222/2015 , de 2 de noviembre, FJ 2 (y, posteriormente, también en las SSTC 239/2015 , de 30 de noviembre, FJ 2; 240/2015 , de 30 de noviembre, FJ 2; 262/2015 , de 14 de diciembre, FJ 2; y 263/2015 , de 14 de diciembre, FJ 2) aun cuando las Normas Forales fiscales son disposiciones normativas que carecen de rango de ley, desde la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, su eventual declaración de inconstitucionalidad le corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional. En efecto, quedan excluidos del conocimiento de los Tribunales del orden contencioso-administrativo “los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional” [arts. 9.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 3 d) LJCA]. Y ello porque, desde la entrada en vigor de esa Ley Orgánica 1/2010, corresponde al Tribunal Constitucional no sólo “el conocimiento de los recursos interpuestos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”, sino también resolver “las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo del litigio principal” (apartado primero de la disposición adicional quinta LOTC).
La Sala cuya sentencia es objeto del presente recurso de amparo consideró, con remisión a la doctrina sentada en su previa Sentencia de 2 de diciembre de 2011, que al tratarse de un recurso indirecto contra una Norma Foral, concretamente, contra su art. 26.2, sólo podría declarar su validez o nulidad cuando fuese competente para el conocimiento en un recurso directo, habiendo dejado de serlo desde la entrada en vigor (a los veinte días de su publicación en el “BOE” de 20 de febrero de 2010) de la reforma operada en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, por la Ley Orgánica 1/2010 (que introduce una nueva disposición adicional quinta), al residenciarse desde ese momento dicho control en el Tribunal Constitucional. La previsión de la Ley Orgánica 1/2010 no incide, sin embargo, añade la Sala, en los recursos contencioso-administrativos interpuestos con anterioridad a la misma (como así señaló expresamente el ATC 190/2010 ), como sucedía, a su juicio, con el caso que era objeto de proceso contencioso-administrativo, el cual no sólo se había iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2010, sino cuya demanda se había formalizado también con anterioridad, razón por la cual, la Sala se consideraba competente para conocer la impugnación indirecta de la Norma Foral 8/1998 y, en su efecto, para el estudio y respuesta de las cuestiones planteadas.
Forma parte del conjunto de las facultades inherentes a la potestad de juzgar, privativa de los Jueces y Tribunales del Poder Judicial por mandato de la propia Constitución (art. 117.3), la de seleccionar la norma jurídica aplicable al caso concreto, su interpretación y la subsunción en ella de los hechos (SSTC 76/1995 , de 22 de mayo, FJ 5; y 173/2002 , de 9 de octubre, FJ 10). Ahora bien, una vez seleccionada la norma aplicable al caso concreto, si existiesen dudas sobre su eventual contradicción con las normas que integran el bloque de la constitucionalidad definido en el art. 28 LOTC, al Juez le asisten dos opciones: bien despejar esas dudas mediante la realización, de forma fundada, de un juicio de validez de la norma aplicable; bien, en caso contrario, plantear una cuestión prejudicial sobre su eventual invalidez al Tribunal Constitucional (SSTC 222/2015 , de 2 de noviembre, FJ 2; 239/2015 , de 30 de noviembre, FJ 2; 240/2015 , de 30 de noviembre, FJ 2, y 262/2015 y 263/2015 , de 14 de diciembre, FJ 2 de ambas).
De este modo, desde la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2010, si un órgano judicial estimase que una norma foral fiscal adolece de posibles vicios de inconstitucionalidad, viene obligado a suscitar la correspondiente cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional, y, si no lo estima así, supuesto en el que obviamente no está compelido a plantear la cuestión, debe limitarse a aplicarla, eso sí, razonando los motivos por los cuales considera, en contra de la opinión del recurrente, que la disposición cuestionada no adolece de los vicios que se le imputan, resultando plenamente conforme con el Ordenamiento constitucional (SSTC 222/2015 , de 2 de noviembre, FJ 2; 239/2015 , de 30 de noviembre, FJ 2; 240/2015 , de 30 de noviembre, FJ 2, y 262/2015 y 263/2015 , de 14 de diciembre, FJ 2 de ambas).
Por tanto, a semejanza de lo que acontece en las cuestiones de inconstitucionalidad, la decisión sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales prevista en la disposición adicional quinta LOTC corresponde, de forma exclusiva e irrevisable, al órgano judicial que resuelve el litigio, por lo que ninguna vulneración existe de los derechos garantizados por el art. 24.1 CE cuando el Juez o Tribunal no alberga dudas sobre la constitucionalidad de la Norma Foral fiscal aplicable al caso concreto y decide por ello, en contra de la opinión del justiciable, no plantear la cuestión al Tribunal Constitucional que se le solicita (SSTC 58/2004 , de 19 de abril, FJ 10; 84/2008 , de 21 de julio, FJ 5; 26/2009 , de 26 de enero, FJ 2, y 212/2014 , de 18 de diciembre, FJ 3). Ahora bien, “el que esta potestad de los Jueces y Tribunales esté configurada de manera exclusiva no significa, en modo alguno, que no deba ser exteriorizado, de manera suficiente y adecuada, el razonamiento que, desde la perspectiva tanto fáctica como jurídica, ha llevado al órgano judicial a la decisión de plantear o no dicha cuestión de inconstitucionalidad, pues no cabe olvidar que la exigencia de motivación de las Sentencias tiene rango constitucional (art. 120 CE)” (STC 35/2002 , de 11 de febrero, FJ 3).
Como ya se ha señalado anterioridad, la Sala juzgadora considera que el art. 26.2 de la Norma Foral se inserta en la regulación del impuesto sobre la Renta de las personas físicas, que es un tributo concertado de normativa autónoma, respecto del cual la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico, atribuye capacidad normativa a los Territorios Históricos, aunque con adecuación “a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos”. Sin embargo, para la Sala esa adecuación no puede entenderse como una obligación de “trasposición mimética” de la normativa que rige el impuesto en territorio común, de manera que, habiendo potenciado la Norma Foral el régimen de estimación directa de bases imponibles, y habiendo contemplado la estimación objetiva por signos, índices y módulo, no existe vulneración alguna de la regla de la armonización fiscal prevista en el art. 3.a) de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco [o con el art. 4 a) de la anterior Ley 12/1981, de 13 de mayo, también del concierto].
Finalmente, la demandante de amparo imputa también a la sentencia impugnada la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por haber incurrido en incongruencia omisiva al no haber dado respuesta alguna a la alegación relativa a la nulidad de las liquidaciones giradas por tener un contenido imposible. La parte recurrente alegaba en su recurso contencioso-administrativo la nulidad de las liquidaciones practicadas por constituir actos de contenido imposible, al exigir el art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998 a la Administración tributaria la práctica de una liquidación sobre el rendimiento real obtenido en la actividad, lo que supone una exigencia de cumplimiento imposible pues, al encontrarse el sujeto afectado en el régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos, carece de libros o registros contables, por no estar obligados legalmente a llevarlos, razón por la cual, no es posible calcular su rendimiento real.
Existe, pues, una respuesta expresa, clara y directa sobre el motivo puntualmente articulado. De hecho, tras el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte actora contra la Sentencia impugnada, el Auto de la misma Sala y Sección de 15 de enero de 2015 reproduce esa misma justificación, apercibiendo a la parte actora de que le ha dado una respuesta explícita a su argumento, tras lo cual la parte actora imputa a la resolución judicial, ahora ante este Tribunal Constitucional, nuevamente una falta de una respuesta expresa que, como se ha podido comprobar, le ha sido dada desde el principio. No cabe duda, pues, como advierte la representación procesal de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, de que la queja de la parte actora configura una alegación de vulneración no fundada, que sólo supone una mera disconformidad con lo decidido por el órgano judicial, sin relevancia constitucional alguna, consecuencia de un mal entendido derecho a la satisfacción de sus intereses legítimos o al acierto técnico de la decisión al resolver el fondo del asunto (STC 251/1993 , de 19 de julio, FJ 5; y ATC 308/1999 , de 13 de diciembre, FJ 3).
STSJ Galicia 4465/2008, 24 de Noviembre de 2008

References: resolución 
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 artículo 14
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