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Timestamp: 2020-07-08 15:17:14+00:00

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Documento 149 | Evidencia (ley) | Caso de ley
Nº de Resolución: 41/2019 Tipo Órgano: Audiencia Provincial Municipio: Cáceres Ponente: MARIA FELIX TENA ARAGON Nº Recurso: 153/2019 Fecha: 01/03/2019 Tipo Resolución: Sentencia RESUMEN: V.DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.LESIONES/MALTRATO FAMILIAR
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LA PRUEBA DOCUMENTAL.pdf
DPTAI
505 Cod. Civil
7_4-Toyama-y-Huaman
Sentencia Mala Praxis
Dialnet-ComentarioALaSentenciaDeLaCorteSupremaDe4DeEneroDe-2650230
Especie y Monto Romero Seguel
Hurto en La Jurisprudencia
Casación Penal Panameña
JU20170525 (1)
Actividad final.docx
Nota a Fallo.
Roj: SAP CC 138/2019 - ECLI: ES:APCC:2019:138
Id Cendoj: 10037370022019100025
Sede: Cáceres
Nº de Recurso: 153/2019
Nº de Resolución: 41/2019
Ponente: MARIA FELIX TENA ARAGON
Teléfono: 927620339
Equipo/usuario: EQ2
N.I.G.: 10037 41 2 2017 0005040
RP APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000153 /2019
Juzgado procedenciaJDO. DE LO PENAL N. 1 de CACERES
Procedimiento de origenPROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000177 /2018
Delito: V.DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.LESIONES/MALTRATO FAMILIAR
Recurrente: Casimiro
Procurador/a: D/Dª PAOLA MARIA SAPONI OLMOS
Abogado/a: D/Dª RUTH TIMON MORILLO-VELARDE
Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Vicenta
Procurador/a: D/Dª , JOAQUIN FLORIANO SUAREZ
Abogado/a: D/Dª , MARIA INMACULADA CLEMENTE RONCERO
SECCION SEGUNDA C A C E R E S
SENTENCIA NÚM. 41 - 2019
DOÑA MARIA FELIX TENA ARAGON
DON VALENTIN PEREZ APARICIO
DOÑA JULIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ
ROLLO Nº: 153 - 2019
JUICIO ORAL: 177/2018
JUZGADO: Penal Núm. 1 de Cáceres
En Cáceres, a uno de marzo de dos mil diecinueve.
Primero.- Que por el Juzgado de lo Penal Núm. 1 de Cáceres en el procedimiento reseñado al margen seguido
por un delito de Violencia de genero contra Casimiro se dictó Sentencia de fecha veintinueve de octubre de
dos mil dieciocho cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente:
" HECHOS PROBADOS: Probado y así se declara expresamente que, en las sucesivas fechas de 28 y 29
de Noviembre de 2017, el acusado, Casimiro , cuyas demás circunstancia ya constan, ante el disgusto
experimentado por el hecho de que su hija, que ese mismo día había cumplido la mayoría de edad, acudiese
al Juzgado a formularle una reclamación por las pensiones alimenticias dejadas de pagar, dirigió a su otrora
esposa, Vicenta , con la que estuvo casada 14 años y en el seno de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, distintos
mensajes, a través de la aplicación whattsapp, con la intención de intimidarla. Así le mandó uno a las 21:50 horas
del primero de los días referidos, en el que le decía "te va a costar la vida, los niños se van a quedar sin padre
y sin madre, me tienes muy agobiado, ya no puedo más te lo digo muy en serio, primero acabaré con tu vida y
luego con la mía"; otro a las 21:26 horas, del día siguiente en el qu3e le señalaba "estás jugando con tu vida", otro
a las 21:27 horas de ese mismo día en el que le indicaba "estás buscando tu desgracia" y uno último a las 21:36
horas de ese propio día en el que le expresaba "tú también lo vas a pagar muy caro".
FALLO: Que debo CONDENAR Y CONDENO a Casimiro como autor criminalmente responsable de UN DELITO
CONTINUADO DE AMENAZAS LEVES DE GÉNERO, sin la concurrencia de circunstancias modiﬁcativas de la
responsabilidad criminal, a la pena de ochenta días de trabajos en beneﬁcio de la comunidad que, sólo en el caso
de que el acusado no consintiese con su realización, lo será de nueve de prisión, con la accesoria de inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y, en todo caso, privación del derecho
a la tenencia y porte de armas durante tres años y prohibición de aproximarse a Vicenta , a una distancia no
inferior a 500 metros, así como a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar frecuentado por la misma y de
comunicar con la ella por cualquier medio, durante tres años; así como al pago de las costas procesales.
Abónense las medidas cautelares acordadas para el cumplimiento de la pena y dense, en su caso, a los efectos
del delito el destino legal."
Segundo.- Notiﬁcada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la representación
de Casimiro que fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción y alegaciones de
conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial.
Tercero.- Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oﬁcio misivo por
cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia; y
tratándose de causa preferente sobre violencia de género, pasen las actuaciones a la Sala para resolver.
Vistos y siendo Ponente la Iltma. Sra. Presidenta DOÑA MARIA FELIX TENA ARAGON .
FUNDA MENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte recurrente expone como motivos de recurso el error en la valoración de la prueba y la
vulneración del principio de presunción de inocencia como los dos que afectan a la declaración de culpabilidad
del apelante. Se va a permitir este Tribunal alterar el orden de estudio y resolución de ambos, dado que si
no hay prueba de cargo suﬁciente, difícilmente puede haber un error en su valoración, lo que conlleva que el
segundo de los motivos deba ser resuelto el primero.
Como es bien sabido, el principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba
de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones constitucionalmente admitidas), que
haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se reﬁera a los elementos
nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero ). Por otra parte,
cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria
pueda ser tenida por válida, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de
1994 y STS de 2 de febrero de 1998 ) es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios y viertan
sobre el hecho principal u objeto de imputación; estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba
de la llamada directa; y que la inferencia realizada a partir de aquéllos sea racional, fundada en máximas de
experiencia ﬁables, y cuente con motivación suﬁciente. (STS 11-2- 2005).
En relación con ese principio constitucional, y en supuestos como el presente en el que, dice la parte, que solo
se ha contado con la declaración de la denunciante, ofendida del delito, se ha recogido por el Alto Tribunal
que las declaraciones de las víctimas no son prueba indiciaria sino prueba directa y han sido admitidos como
prueba de cargo tanto por la doctrina del Tribunal Supremo (SS. 706/2000 , 313/2002 , 224/2005 ) como del
Tribunal Constitucional (SS. 201/89 , 173/90 , 229/91 ).
Esto no quiere decir que la existencia de esa declaración se convierta por si misma y automáticamente en
prueba de cargo suﬁciente, pues, como todas, esta sometida a la valoración del Tribunal sentenciador.
Así el Tribunal Supremo parte de que las declaraciones de la víctima no son asimilables totalmente a las de
un tercero, por ello cuando el Tribunal Constitucional respetando, con buen criterio, el ámbito de exclusividad
de la potestad jurisdiccional penal constitucionalmente atribuidos a jueces y tribunales ordinarios, señala que
la declaración de la víctima o denunciante puede ser prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia,
incumbiendo su valoración al tribunal sentenciador, ello no signiﬁca, desde luego, que con dicha declaración
quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de
la prueba, dándose ya por probada la acusación e incumbiendo al acusado desvirtuar su presunta presunción
de certeza de la acusación formulada, sino únicamente que dicha prueba no es inhábil a los efectos de
su valoración como una prueba más, por el tribunal sentenciador, el cual debe aplicar obviamente, en esta
valoración, criterios de razonabilidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba.
Así la sentencia Tribunal Supremo 30-1-99 destaca que las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen
valor de prueba testiﬁcal, siempre que se practiquen con las debidas garantías y son hábiles por si solas para
desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, y de manera especíﬁca en los delitos en que por las
circunstancias en que se cometen no suele concurrir la presencia de otros testigos ( ss. 28-1 y 15-12-95 ), bien
entendido que cuando es la única prueba de cargo exige - como ha dicho la s. T.S. 29-4-97 - una cuidada y
prudente valoración por el tribunal sentenciador, ponderando su credibilidad en relación con todos los factores
subjetivos y objetivos que concurran en la causa, precisando la s. T.S. 29-4-99 con que no basta la mera
aﬁrmación de conﬁanza con la declaración testimonial cuando aparece como prueba única, ya aﬁrmación ha
de ir acompañada de una argumentación y esta ha de ser razonable por encontrarse apoyada en determinados
datos o circunstancias.
Precisamente este entendimiento de la doctrina constitucional es lo que llevado al Tribunal Supremo
cumpliendo su función nomoﬁláctica que no puede excluir de su campo de inﬂuencia una parcela tan primordial
en el enjuiciamiento penal como es la de la valoración probatoria, a señalar en una reiterada jurisprudencia,
cuales son los tres parámetros mínimos de contraste a los efectos de la valoración racional de la declaración
del denunciante como prueba de cargo ( ss. TS. 28-9-88 , 5-6-92 , 8-11-94 , 11-10-95 , 15-4-96 , 30-9-98 , 22-4-99 ,
26-4-2000 , 18-7-2002 ).
También ha declarado el Tribunal Supremo, en muchas ocasiones - por ejemplo 29-12-97 - que la situación
límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la única prueba
de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito.
El riesgo se hace extremo si la supuesta víctima es precisamente quien inicio el proceso, mediante la
correspondiente denuncia o querella, haciéndose más acentuado aún si ejerce la acusación, pues en tal caso
se constituye en única prueba de la acusación el propio acusador.
Basta con formular la acusación y sostenerla personalmente en el juicio, para desplazar aparentemente la
carga de la prueba sobre el acusado, obligándole a ser él quien demuestre su inocencia frente a una prueba
de cargo integrada únicamente por la palabra de quien la acusa. Todavía cabe alcanzar un supuesto más
extremo, en aquellos casos en que la declaración del acusador no solo es única prueba de la supuesta autoría
del acusado, sino también de la propia existencia del delito, del cual no existe acreditación alguna, fuera de las
manifestaciones de quien efectúa la acusación; llegándose al grado máximo de indefensión para el acusado
cuando la acusación fundada exclusivamente en la palabra del acusador es tan precisa en su circunstancia o
en el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna de prueba en contrario.
En consecuencia esta Sala ha señalado reiteradamente que aun cuando, en principio, la declaración de la
víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad
en que se producen determinados delitos, signiﬁcadamente contra la libertad sexual, impide en ocasiones
disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única
prueba es necesario que el tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes
notas o requisitos:
1º) Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran concluir a
la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de
cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.
2º) Verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo,
que avalen lo que no es propiamente un testimonio - declaración de conocimiento prestada por una persona
ajena al proceso - sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte
acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento ( arts. 109 y 110 LECrim . en deﬁnitiva es
fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho.
3º) Persistencia en la incriminación: esta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni
contradicciones, pues constituyendo única prueba enfrentada con la negativa del acusado, que proclama su
inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de este es permitirle que cuestione
eﬁcazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad ( ss.
28-9-88 , 26-3 y 5-6-92 , 8-11-94 , 11-10-95 , 13-4- 96).
En el presente caso, debemos destacar que la declaración de la víctima ha sido oída en el plenario y sometida,
no solo al principio de inmediación, sino también de contradicción, la misma ha sido clara y contundente al
exponer cómo y cuándo recibió los wasap con el contenido detallado desde el inicio de las actuaciones. Es
cierto que la policía que recogió la denuncia personalmente no los vio, y se limitó a copiar lo que la denunciante
le decía, ahora bien, la proliferación de detalles, de días y horas concretas, y las frases concisas y repetidas en
su ﬁnalidad, hacen creíble que la declarante se limitaba a dictar lo que estaba leyendo, así lo expuso la agente,
y así lo detrae el Tribunal después de oír la grabación del juicio. Apunta la recurrente que no se comprobó que
el teléfono desde el que se habían mandado los wasap fuera el del denunciado, la policía no lo comprobó,
lo cual es cierto, pero ello no deja sin valor la declaración de la presunta víctima, es un extremo que en su
momento pudo haber tenido otra constatación y prueba, pero no es menos cierto que en el momento del juicio
también se practicó prueba sobre este extremo que fue la declaración de la denunciante que siempre ha dicho
que recibió esos wasap desde el teléfono del acusado, sin que tenga razón alguna que otra persona distinta
de su ex pareja le dirija esas amenazas con ese contenido precisamente el mismo día y el siguiente que es
denunciado por uno de sus hijos por impagar la pensión que le correspondía.
Todo ello en conjunto es prueba de cargo que permite una valoración judicial, y cuyo error de valoración,
considera este Tribunal, dando respuesta ya a la segunda de las cuestiones, que no es tal. Hay una construcción
razonada y fundada en sentencia para, de la declaración de la afectada, corroborada con otros datos indiciarios
como la declaración de la agente que recogió la denuncia, deducir la comisión delictiva que es declarada
probada. Ha de recordarse que una cosa es el error en la valoración, y otra, disparidad con la conclusión
judicial de valoración, entendible dentro del derecho de defensa, pero sin entidad por sí sola para revocar una
conclusión plausible con las pruebas realizada por el juez de instancia.
SEGUNDO.- Finalmente, y lo que si debe ser objeto de subsanación es la referencia al art 173.4 CP que recoge
el delito por el que ha sido condenado el apelante y que se debe a un mero error de transcripción, dado que la
conducta descrita y la pena impuesta es perfectamente adecuada al delito realmente cometido recogido en el
art 171.4 CP en lugar del art 173.4 CP que dice la sentencia de instancia.
VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación
FALLA MOS
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Casimiro contra la Sentencia dictada por el
Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado lo Penal nº 1 de los de Cáceres de fecha 29 de octubre de 2018 , DEBEMOS
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS citada resolución, imponiéndole las costas acusadas en esta alzada a la parte
apelante- condenada.
Se informa de que contra esta sentencia no cabe ulterior recurso, salvo el de casación en los supuestos
previstos en el artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , a salvo lo establecido respecto de la
revisión de sentencias ﬁrmes o para la impugnación de sentencias ﬁrmes dictadas en ausencia del acusado,
sin perjuicio de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún concepto que se considere oscuro
o para rectiﬁcar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud a formular para ante este
Tribunal, dentro de los dos días siguientes al de notiﬁcación de la presente resolución ( art. 267.1 y 2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ); o para corregir errores materiales maniﬁestos o
aritméticos, en este caso sin sujeción a plazo alguno ( art. 267.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial ). Si se hubieran omitido en esta resolución maniﬁestamente pronunciamientos relativos a
pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el
plazo de cinco días que se complete la resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ; todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución. Así mismo,
podrá instar la parte, si a su derecho conviniere y hubiere motivo para ello, que se declare la nulidad de todas
las actuaciones o de alguna en particular fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de
los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución , siempre que no haya podido denunciarse antes de esta
sentencia, conforme a lo dispuesto en el art. 241 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial , según
modiﬁcación operada por Ley Orgánica 6/2.007, de 24 de mayo, derecho a ejercitar en el plazo de veinte días
contados desde la notiﬁcación de la resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto
causante de la indefensión, sin que, en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después
de transcurridos cinco años desde la notiﬁcación de la resolución.
Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las
notiﬁcaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notiﬁcaciones telemáticas Lexnet,
e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente
registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notiﬁcación que genere
automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notiﬁcación.
Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certiﬁcación literal de esta
resolución para la práctica del resto de las notiﬁcaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las
realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado.
Así por esta nuestra sentencia, deﬁnitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente,
estando el Tribunal celebrando audiencia pública y ordinaria en el mismo día de su fecha. Certiﬁco.-
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References: resolución 
 artículo 847
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 resolución 
 artículo 267
 artículo 53
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