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Timestamp: 2018-11-13 07:40:03+00:00

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Ley de la Administración de la Junta de Andalucía (Ley 9/2007, de 22 de octubre) - Normativa de Andalucía - Legislación - VLEX 71503326
Publicado en: BOJA de 31 de Octubre 2007
CAPÍTULO I. Principios de organización, actuación y atención a la ciudadanía - arts. 3 a 8
CAPÍTULO II. Instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas - arts. 9 a 12
CAPÍTULO I. Delimitación y creación de los órganos administrativos - arts. 13 a 22
SECCIÓN I. Consejerías - arts. 23 a 30
SECCIÓN II. Órganos interdepartamentales - art. 31
SECCIÓN III. Órganos de participación - art. 32
SECCIÓN IV Consejería competente en materia de Administración Pública e Instituto Andaluz de Administración Pública. - arts. 33 y 34
CAPÍTULO III. Organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía - arts. 35 a 40
SECCIÓN I. Disposiciones generales - art. 41
SECCIÓN II. Funciones de representación y defensa en juicio - arts. 42 a 44
SECCIÓN II. Especialidades procesales - arts. 45 a 48
CAPÍTULO V. Intervención General de la Junta de Andalucía - art. 49
SECCIÓN I. Disposiciones comunes - arts. 54 a 64
SECCIÓN II. Agencias administrativas - arts. 65 a 67
SECCIÓN III. Agencias públicas empresariales - arts. 68 a 70
SECCIÓN IV. Agencias de régimen especial - arts. 71 a 74
SECCIÓN I. Sociedades mercantiles del sector público andaluz - arts. 75 a 77
SECCIÓN II. Fundaciones del sector público andaluz - art. 78
SECCIÓN I. Derechos de información y petición - arts. 79 a 81
SECCIÓN II. Archivos y registros - arts. 82 a 87
SECCIÓN I. Órganos colegiados - arts. 88 a 96
SECCIÓN II. Abstención y recusación - art. 97
SECCIÓN III. Instrucciones, circulares y órdenes de servicio - art. 98
SECCIÓN IV. Competencia - arts. 99 a 110
CAPÍTULO III. Régimen jurídico de los actos y del procedimiento administrativos - arts. 111 a 117
PRIMERA. Registro en entidades de Derecho Público
SEGUNDA. Entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía
TERCERA. Letrados del Servicio Andaluz de Salud
CUARTA. Reproducción de normativa estatal
QUINTA. Adaptación de la información
SEXTA. Autorización para la creación de la Agencia para la Atención a la Dependencia en Andalucía
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Adaptación de los organismos autónomos y otras entidades a las previsiones de la presente Ley
PRIMERA. Modificación de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
SEGUNDA. Modificación de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía
TERCERA. Aplicación de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las agencias de régimen especial
Norma citada en: 429 sentencias, 31 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 4 resoluciones administrativas, una noticia
Tras este primer paso, la Ley incorpora ahora los principios que han de regir las relaciones de los órganos de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con otras Administraciones a través de redes abiertas de comunicación y da cobertura legal a las particulares exigencias jurídicas que reclama la plena implantación de la Administración electrónica como vía alternativa para canalizar relaciones entre Administraciones y ciudadanía, sin olvidar que en la regulación de esta materia se hallan comprometidos importantes derechos fundamentales y que la mayor agilidad y flexibilidad para entablar relaciones jurídicas que brindan las nuevas tecnologías son valores que han de armonizarse necesariamente con el respeto a las ga- rantías propias del procedimiento administrativo, definidas, con el carácter de normas comunes del procedimiento, en la Ley estatal 30/1992, de 26 de noviembre.
Las «Entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía» se regulan en el Título III, que constituye una de las novedades más destacadas de la Ley. La norma define, en aras de una adecuada racionalización del sector público, las distintas entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía. Ha de notarse, en este sentido, que la terminología empleada por la Ley es del todo novedosa, reservando la categoría de «agencias administrativas» para los organismos autónomos a los que se refería el artículo 4 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de «agencias públicas empresariales» para las entidades de Derecho Público del artículo 6.1.b) de la citada Ley, y además se introduce una nueva categoría, denominada «agencia de régimen especial», con ciertas peculiaridades en su régimen de personal, presupuestario y de gestión de su actividad, atendiendo a la naturaleza de las funciones asignadas que implican ejercicio de autoridad. Pero este cambio terminológico no es unúmero prurito formal, sino que refleja adecuadamente la naturaleza jurídica y el subsiguiente régimen que corresponden a las distintas personificaciones que nuestro Derecho conoce. En esta línea, la Ley realiza un considerable esfuerzo por definir y sujetar a cada una de estas entidades al ámbito de actuación material que le es propio en consonancia con las exigencias inherentes a su respectiva naturaleza jurídica.
Las entidades mencionadas en el párrafo segundo del apartado anterior sujetarán su actividad a esta Ley en todo caso cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.
ARTÍCULO 2 Personalidad jurídica y potestades.
La Administración de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del Consejo de Gobierno, desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo.
La Administración de la Junta de Andalucía, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única, sin perjuicio de la que tengan atribuida las entidades instrumentales de ella dependientes.
La Administración de la Junta de Andalucía gozará, en el ejercicio de sus competencias, de las potestades y prerrogativas que le atribuya o reconozca el ordenamiento jurídico, así como las que este confiere a la Administración del Estado, en cuanto le sean de aplicación.
TÍTULO I Principios de organización, actuación, atención a la ciudadanía y colaboración de la administración de la junta de andalucía Artículos 3 a 12
CAPÍTULO I Principios de organización, actuación y atención a la ciudadanía Artículos 3 a 8
Principios generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía.
Igualdad de oportunidades y de trato de hombres y mujeres.q) No discriminación.
ARTÍCULO 4 Dirección y planificación de la actividad.
ARTÍCULO 5 Principio de buena administración.
En su relación con la ciudadanía, la Administración de la Junta de Andalucía actúa de acuerdo con el principio de buena administración, que comprende el derecho de la ciudadanía a:
En la organización y gestión de los servicios públicos se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 6 Calidad de los servicios.
Los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía llevarán a cabo la mejora continua de la calidad a través de los sistemas de gestión y evaluación aprobados por el Consejo de Gobierno, orientados en todo caso al logro de la excelencia en la gestión.
El Consejo de Gobierno promoverá entre los órganos de la Administración y las entidades dependientes o vinculadas la mejora continua de la calidad, así como el desarrollo de las cartas de servicio y de derechos.
La persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública promoverá actividades de investigación, desarrollo y aplicación de métodos de simplificación y de gestión telemática de procedimientos administrativos, y de mejora estructural de los organigramas, así como de los medios y la formación del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
ARTÍCULO 7 Administración electrónica.
La aplicación de las tecnologías de la información a la Administración estará orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión administrativa.
Los principios que rigen las relaciones que mantenga la Administración de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con otras Administraciones Públicas a través de redes abiertas de telecomunicación son los de simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad universal y confidencialidad en el tratamiento de la información, y de seguridad y autenticidad en orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación.
La prestación de servicios administrativos y las relaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y la ciudadanía a través de redes abiertas de comunicación se desarrollarán de conformidad con la normativa que regula el tratamiento electrónico de la información y, en particular, con respeto a las normas sobre intimidad y confidencialidad de las relaciones, en los términos establecidos por la normativa sobre protección de datos y derechos de autoría, así como la relativa a los servicios de la sociedad de la información.
La transmisión y recepción de información en red o de documentos electrónicos entre la Administración de la Junta de Andalucía y la ciudadanía, entre los órganos o entidades de la Junta de Andalucía entre sí, o entre estos y otras Administraciones Públicas podrá realizarse a través de los medios y soportes electrónicos o telemáticos siempre que se garantice el cumplimiento de los siguientes requisitos:
A fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos expresados en el apartado anterior, la Administración de la Junta de Andalucía facilitará a la ciudadanía que así lo solicite el acceso y obtención de un dispositivo de firma electrónica.
ARTÍCULO 8 Relaciones interadministrativas.
En sus relaciones con otras Administraciones Públicas, la Administración de la Junta de Andalucía actúa de acuerdo con los principios de colaboración y de lealtad institucional, y en consecuencia deberá:
La Administración de la Junta de Andalucía podrá solicitar cuantos datos, documentos o medios probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud. Podrá también solicitar asistencia para la ejecución de sus competencias, así como para el cumplimiento de los actos que hayan de ejecutarse fuera de Andalucía.
La asistencia y cooperación requerida solo podrá negarse cuando el ente del que se solicita no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la Administración solicitante.
CAPÍTULO II Instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas Artículos 9 a 12
ARTÍCULO 9 Convenios de colaboración interadministrativa.
En las relaciones entre la Administración de la Junta de Andalucía y el resto de Administraciones Públicas, el contenido del deber de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos que se establezcan de manera voluntaria.
Cuando las relaciones a las que se refiere el apartado anterior tengan como finalidad la toma de decisiones conjuntas que permitan una actividad más eficaz de las Administraciones en asuntos que les afecten, se ajustarán a los instrumentos y procedimientos de cooperación con la Administración del Estado que se contemplan en la normativa estatal básica sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
ARTÍCULO 10 Convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.
Participación en conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación con la Administración del Estado.
ARTÍCULO 12 Organizaciones personificadas de gestión.
La Administración de la Junta de Andalucía podrá constituir con otras Administraciones Públicas y otras entidades públicas o privadas organizaciones personificadas de gestión para la consecución de finalidades de interés común, que pueden adoptar la forma de consorcios o de sociedades mercantiles.
El acuerdo de autorización para la creación, al que se refiere el apartado anterior, incluirá los estatutos del consorcio. En caso de integración, el acuerdo de autorización irá acompañado de la ratificación o adhesión a los estatutos preexistentes. Tras su aprobación, ratificación o adhesión, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Los estatutos han de determinar las finalidades del consorcio, así como las particularidades de su régimen orgánico, funcional y financiero.
Los consorcios que resulten adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez determinada dicha adscripción en sus Estatutos, han de someter su régimen orgánico, funcional y financiero al ordenamiento autonómico y estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control establecido en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Artículo 12, apartado 3, modificado por la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2014.
Artículo 12, apartado 3, modificado por la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.
TÍTULO II Organización de la administración de la junta de Andalucía Artículos 13 a 49
CAPÍTULO I Delimitación y creación de los órganos administrativos Artículos 13 a 22
ARTÍCULO 13 Órganos administrativos.
Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, las Consejerías y las agencias administrativas se componen de órganos y unidades administrativas.
Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
ARTÍCULO 14 Unidades administrativas.
Las unidades administrativas son estructuras funcionales básicas de preparación y gestión de los procedimientos en el ámbito funcional propio de las Consejerías y de las agencias administrativas.
Las unidades administrativas se crean, modifican y suprimen a través de la relación de puestos de trabajo.
ARTÍCULO 15 Servicios administrativos con gestión diferenciada.
Por decreto del Consejo de Gobierno podrán crearse servicios administrativos con gestión diferenciada por razones de especialización funcional, para la identificación singular del servicio público ante la ciudadanía u otros motivos justificados.
Los servicios administrativos con gestión diferenciada podrán agrupar un conjunto de órganos o unidades de una misma Consejería.
ARTÍCULO 16 Clasificación.
Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, los órganos que integran la estructura básica de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifican en superiores y directivos.
Es órgano superior la Consejería.
Son órganos directivos centrales la Viceconsejería, Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General. Son órganos directivos periféricos la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, la Delegación Provincial de la Consejería y, en su caso, la Delegación Territorial.
Todos los demás órganos de la Administración de la Junta de Andalucía no mencionados en este artículo se encuentran bajo la dependencia o dirección de alguno de los órganos citados en el apartado anterior.
Artículo 16, apartado 3, modificado por el Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, refrendado por la Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 1 de Octubre de 2012.
ARTÍCULO 17 Órganos superiores y directivos.
Corresponde a los órganos superiores la planificación y superior coordinación de la organización situada bajo su responsabilidad, y a los órganos directivos su ejecución y puesta en práctica, así como la dirección inmediata de los órganos y unidades administrativas que les están adscritos.
Las personas titulares de los órganos superiores y directivos tendrán la consideración de altos cargos.
El nombramiento y separación de las personas titulares de órganos directivos se realizarán por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de la que dependa el órgano.
Salvo que se disponga otra cosa, el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos tendrá efecto desde el día siguiente al de la aprobación del decreto por el Consejo de Gobierno, y el cese surtirá efecto desde el mismo día de su aprobación.
El nombramiento como personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas se realizará entre personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Andalucía, del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, perteneciente a cuerpos, grupos o escalas en los que se exija para su ingreso el título de licenciatura, grado o equivalente; o bien, entre personal estatutario fijo de los servicios de salud, para cuyo ingreso se exija el título de licenciatura, grado o equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
En los decretos del Consejo de Gobierno por los que se aprueben las estructuras orgánicas de las Consejerías se podrá establecer la obligación de reunir el requisito señalado en el párrafo primero del apartado anterior para ser nombradas personas titulares de aquellos órganos directivos centrales que, no siendo los indicados en el citado apartado, tengan como ámbito competencial específico la inspección, el control económico-financiero, los tributos, la asistencia jurídica o los recursos humanos.
Artículo 17, apartados 5 y 6 añadidos por la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2011.
ARTÍCULO 18 Representación equilibrada.
Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno.
A estos efectos, se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres al menos en un cuarenta por ciento.
ARTÍCULO 19 Órganos colegiados.
Son órganos colegiados los que están compuestos por tres o más miembros que, reunidos en sesión convocada al efecto, deliberan y acuerdan colegiadamente sobre el ejercicio de las funciones que les están encomendadas.
En la composición de los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 18 de esta Ley. Este mismo criterio de representación se observará en la modificación o renovación de dichos órganos. A tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
ARTÍCULO 20 Órganos colegiados de participación administrativa.
ARTÍCULO 21 Creación, modificación y supresión de órganos.
ARTÍCULO 22 Requisitos para la creación de los órganos.
Además de los requisitos determinados en la legislación básica estatal, la norma de creación del órgano deberá establecer:
En ningún caso se podrán crear nuevos órganos y unidades administrativas sin que en el expediente de su creación quede acreditado que sus funciones y atribuciones les corresponden como propias, por no coincidir con las de otros órganos o unidades administrativas existentes.
La aprobación de la norma de creación del órgano deberá ir precedida de la valoración de la repercusión económico-financiera de su ejecución, así como de los informes y demás documentación exigidos en la normativa de aplicación.
Se exceptúa de lo establecido en los apartados anteriores la creación de Consejerías, la modificación en la denominación de las existentes, en su distribución de competencias o su orden de prelación, así como la supresión de las mismas.
CAPÍTULO II Organización central de la Administración de la Junta de Andalucía Artículos 23 a 34
SECCIÓN I Consejerías Artículos 23 a 30
ARTÍCULO 23 Organización.
ARTÍCULO 24 Estructura interna.
La organización interna de las Consejerías comprenderá, además de su titular, los siguientes órganos centrales: Viceconsejería, Secretaría General Técnica y Direcciones Generales. Podrán crearse, además, Secretarías Generales. Su estructura orgánica se aprueba por decreto acordado en Consejo de Gobierno.
Se podrán adscribir a alguno de los órganos citados en el apartado anterior entidades públicas vinculadas o dependientes de la Consejería que desarrollen sus funciones en su ámbito competencial.
Las personas titulares de las Consejerías podrán crear en el ámbito funcional propio de la Consejería comisiones integradas por representantes de la misma. La norma de creación determinará su régimen interno, en el marco de las reglas establecidas en esta Ley para los órganos colegiados que mejor garanticen su buen funcionamiento y el cumplimiento de los fines y objetivos marcados.
ARTÍCULO 25 Ordenación jerárquica.
Las personas titulares de las Consejerías desempeñan la jefatura superior de la Consejería y son superiores jerárquicos directos de las personas titulares de las Viceconsejerías.
Los demás órganos directivos dependen de alguno de los mencionados en el apartado anterior y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General.
ARTÍCULO 26 Titulares de las Consejerías.
Las personas titulares de las Consejerías ostentan su representación y ejercen la superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección, evaluación y potestad reglamentaria en su ámbito funcional, correspondiéndoles la responsabilidad inherente a tales funciones.
Además de sus atribuciones como miembros del Consejo de Gobierno y las que les asignan esta y otras leyes, a las personas titulares de las Consejerías les corresponde:
Formular el anteproyecto de presupuesto de la Consejería.h) Autorizar los gastos propios de los servicios de la Consejería no reservados a la competencia del Consejo de Gobierno, dentro del importe de los créditos autorizados, e interesar de la Consejería competente la ordenación de los pagos correspondientes.
ARTÍCULO 27 Titulares de las Viceconsejerías.
A las personas titulares de las Viceconsejerías, como superiores órganos directivos, sin perjuicio de las personas titulares de las Consejerías, les corresponde:
A las personas titulares de las Viceconsejerías les corresponde, en el ámbito de la Consejería:
ARTÍCULO 28 Titulares de las Secretarías Generales.
Las personas titulares de las Secretarías Generales ejercen la dirección, coordinación y control de un sector homogéneo de actividad de la Consejería, susceptible de ser dirigido y gestionado diferenciadamente.
A las personas titulares de las Secretarías Generales les corresponde:
Impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su cumpli- miento, supervisando la actividad de los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.
Ejercer la dirección, supervisión y control de los órganos que les sean adscritos, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas a las personas titulares de las Viceconsejerías en la letra g) del apartado 2 del artículo 27 de esta Ley.
ARTÍCULO 29 Titulares de las Secretarías Generales Técnicas.
Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas, bajo la dependencia directa de la titular de la Viceconsejería, tendrán las competencias que sobre los servicios comunes de la Consejería les atribuya el decreto de estructura orgánica, específicamente en relación con la producción normativa, asistencia jurídica, recursos humanos, gestión financiera y patrimonial y gestión de medios materiales, servicios auxiliares y publicaciones.
Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas ejercen sobre los órganos y unidades administrativas que les sean dependientes las facultades propias de las personas titulares de las Direcciones Generales.
ARTÍCULO 30 Titulares de las Direcciones Generales.
Las personas titulares de las Direcciones Generales asumen la gestión directa de una o varias áreas funcionales homogéneas bajo la dirección y control inmediatos de la persona titular de la Consejería, de la Viceconsejería o de una Secretaría General.
A las personas titulares de las Direcciones Generales les corresponde:
SECCIÓN II Órganos interdepartamentales Artículo 31
ARTÍCULO 31 Comisiones interdepartamentales.
Las comisiones interdepartamentales son órganos colegiados en los que están representadas dos o más Consejerías.
Son funciones de las comisiones interdepartamentales:
Asimismo, se podrán crear, con carácter temporal o permanente, comisiones interdepartamentales con la misión de coordinar la actuación administrativa en asuntos de ámbito concreto y específico que afecten a varias Consejerías.
Corresponde al Consejo de Gobierno la creación de las comisiones interdepartamentales. La norma de creación determinará su régimen interno, que deberá ajustarse a las reglas establecidas en esta Ley para los órganos colegiados.
SECCIÓN III Órganos de participación Artículo 32
ARTÍCULO 32 Órganos de participación ciudadana.
Para hacer efectivos los principios de participación social en la mejora de la calidad de los servicios, se podrán crear en la Administración de la Junta de Andalucía órganos de participación con fines de información y asesoramiento en la elaboración de planes y programas o de actuaciones con gran incidencia social y de audiencia a sectores o colectivos determinados, que puedan resultar afectados por la elaboración de normas, la definición de políticas o alguna de las actuaciones mencionadas.
Los órganos a que se refiere este artículo no tendrán competencias decisorias. Sus normas de creación determinarán, además de su régimen interno de acuerdo con lo establecido en esta Ley, su adscripción concreta y, en su caso, dependencia administrativa, a los efectos de convocatoria y celebración de sesiones, adscripción de medios y tramitación de sus actuaciones.
SECCIÓN IV Consejería competente en materia de Administración Pública e Instituto Andaluz de Administración Pública Artículos 33 y 34
ARTÍCULO 33 Consejería competente en materia de Administración Pública.
ARTÍCULO 34 Instituto Andaluz de Administración Pública.
El Instituto Andaluz de Administración Pública, como agencia administrativa adscrita a la Consejería competente en materia de Administración Pública, es una entidad pública de las previstas en el artículo 54.2.a) de esta Ley, con personalidad y capacidad jurídica pública y patrimonio propio, a la que corresponden la investigación, el estudio, la información y la difusión de las materias que afecten a la Administración Pública, con especial referencia a las Administraciones Públicas andaluzas, la formación del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y la gestión de las pruebas de selección y los cursos de selección que se le encomienden, así como aquellas otras funciones que reglamentariamente se determinen.
El Consejo de Gobierno aprobará los estatutos que regulen la estructura y funciones del Instituto Andaluz de Administración Pública, debiendo garantizarse la participación de las organizaciones sindicales en los órganos de la agencia competentes en materia de formación y perfeccionamiento del personal.
CAPÍTULO III Organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía Artículos 35 a 40
ARTÍCULO 35 Órganos territoriales.
Son órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta de Andalucía las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y, en su caso, las Delegaciones Territoriales.
Las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía podrán crearse por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de la Presidencia, para el ejercicio de las competencias de los servicios periféricos que se les asignen. Su titular será nombrado y separado mediante Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de la Presidencia si la Delegación asume competencias de varias Consejerías, o de la persona titular de la Consejería correspondiente cuando se trate solo de una. Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales representarán a las Consejerías cuyos servicios periféricos se les asignen y ejercerán la dirección, coordinación y control inmediatos de los mismos, así como aquellas otras funciones que reglamentariamente se determinen, sustituyendo a las Delegaciones Provinciales afectadas en los casos en que se adopte esta figura.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, podrán crearse estructuras u órganos de ámbito territorial provincial o inferior a la provincia por razones de eficacia administrativa, de proximidad de la gestión administrativa a la ciudadanía, y cuando sean necesarios o convenientes para los intereses públicos que deban satisfacerse. Su creación corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería o Consejerías interesadas. Estos órganos o estructuras estarán, en todo caso, bajo la coordinación y supervisión de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia o, en su caso, de la Delegación Provincial o Delegación Territorial correspondiente.
Artículo 35, modificado por el Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 22 de Junio de 2012.
Artículo 35, modificado por la Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 1 de Octubre de 2012.
ARTÍCULO 36 Titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía son las representantes de este en la provincia, gozando en dicho ámbito territorial de la condición de primera autoridad de la Administración de la Junta de Andalucía. Su nombramiento y separación se harán por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas. Ejercen funciones de coordinación y supervisión de los servicios y de las actividades de la Administración de la Junta de Andalucía en la provincia, bajo la superior dirección y la supervisión de la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas.
Además, las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía ejercen en la respectiva provincia las competencias de los servicios periféricos que se les asignen.
Artículo 36, modificado por el Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, refrendado por la Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 1 de Octubre de 2012.
Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Corresponden a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en su provincia las competencias y funciones siguientes:
Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía ejercerán la potestad sancionadora cuando la tengan atribuida específicamente y en todos los demás casos en que, en el ámbito de su competencia territorial, no venga atribuida a ningún otro órgano administrativo.
Artículo 37, modificado por el Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, refrendado por la Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 1 de Octubre de 2012.
ARTÍCULO 38 Titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías.
Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías.
ARTÍCULO 40 Estructura de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías.
Las Delegaciones Provinciales de las Consejerías estarán integradas en la estructura orgánica de estas. Los decretos de estructura orgánica de cada Consejería podrán determinar las competencias que se les desconcentran.
La organización y funcionamiento de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías responderán, específicamente, a los principios de eficacia, eficiencia y economía del gasto público, evitando la duplicidad de órganos, unidades administrativas y de funciones con respecto a la organización central de la Administración de la Junta de Andalucía; procurando en todo caso la mayor proximidad y facilidad en sus relaciones con la ciudadanía.
CAPÍTULO IV Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía Artículos 41 a 48
SECCIÓN I Disposiciones generales Artículo 41
El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, a través de los Letrados o Letradas adscritos al mismo, es el órgano directivo encargado de la representación y defensa en juicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas, del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo Audiovisual de Andalucía, en los términos del artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, la Administración de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de las funciones de tutela de los menores, asumirá la representación y defensa de estos en juicio a través de los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Corresponde igualmente al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el asesoramiento en Derecho del Consejo de Gobierno, de la Administración Pública y de las agencias administrativas de la Junta de Andalucía, así como la representación y defensa de la Administración de la Junta de Andalucía en cualesquiera procedimientos no contemplados en el apartado anterior.
Salvo que sus leyes específicas establezcan lo contrario, el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de las agencias públicas empresariales, las agencias de régimen especial, las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz y los consorcios previstos en el artículo 12.3 de esta Ley podrán ser encomendados a los Letrados y Letradas adscritos al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, mediante convenio a suscribir con la Consejería competente en materia de Presidencia, en el que se establezcan las condiciones del ejercicio de dichas funciones.
Por decreto del Consejo de Gobierno se regulará el régimen de organización y las funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, así como del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.
SECCIÓN II Funciones de representación y defensa en juicio Artículos 42 a 44
ARTÍCULO 42 Ejercicio de acciones.
ARTÍCULO 43 Principios de actuación.
ARTÍCULO 44 Defensa de autoridades y personal.
SECCIÓN II Especialidades procesales Artículos 45 a 48
Notificaciónes, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal.
Salvo lo que pueda disponerse expresamente por alguna ley, a todos los efectos procesales se fija como domicilio de la Administración de la Junta de Andalucía, incluyendo las Consejerías, órganos y entidades de cualquier índole a los que se refiere el apartado 1 del artículo 41 de la presente Ley, el de la sede del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Cuando las entidades mencionadas en el apartado 3 del artículo 41 de esta Ley sean representadas y defendidas por Letrados del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, se aplicará igualmente lo dispuesto en el apartado anterior.
Serán nulas las notificaciónes, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en este artículo.
ARTÍCULO 46 Exención de depósitos y cauciones.
ARTÍCULO 47 Fuero territorial.
ARTÍCULO 48 Suspensión del curso de los autos.
En los procesos civiles que se dirijan contra la Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias administrativas, el Letrado o Letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía recabará los antecedentes para la defensa de la Administración o entidad, así como elevará, en su caso, consulta ante la Jefatura del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. A tal fin, al recibir el primer traslado, citación o notificación del órgano jurisdiccional podrá pedir, y el juez acordará, la suspensión del curso de los autos, salvo que excepcionalmente, y por auto motivado, se estime que ello produciría grave daño para el interés general.
El plazo de suspensión al que se refiere el apartado anterior será fijado discrecionalmente por el juez, sin que pueda exceder de un mes ni ser inferior a quince días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia por la que se acuerde la suspensión, no cabiendo contra tal providencia recurso alguno.
CAPÍTULO V Intervención General de la Junta de Andalucía Artículo 49
TÍTULO III Entidades instrumentales de la administración de la junta de Andalucía Artículos 50 a 78
ARTÍCULO 50 Delimitación.
Tienen la consideración de entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, a los efectos de esta Ley, las entidades dotadas de personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Administración de la Junta de Andalucía o por sus entes públicos, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico, que tengan por objeto la realización de actividades cuyas características por razones de eficacia justifiquen su organización y desarrollo en régimen de autonomía de gestión y de mayor proximidad a la ciudadanía, en los términos previstos en esta Ley.
Cuando se creen entidades instrumentales que supongan duplicación de la organización administrativa o de otras entidades ya existentes, habrán de suprimirse o reducirse debidamente las funciones o competencias de estas.
Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda, en el ámbito de sus competencias específicas, el control económico-financiero del sector público andaluz, así como la emisión de informes y, en su caso, las autorizaciones, en relación con la creación, alteración y supresión de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía y los consorcios a que se refiere el artículo 12 de esta Ley. En especial, corresponde a dicha Consejería el informe preceptivo para perfeccionar negocios de disposición o administración que impliquen la ubicación de sedes y subsedes de los consorcios a que se refiere el artículo 12.3 de esta Ley y de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, así como para destinar inmuebles a los citados usos.
Artículo 50.3 añadido por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 50, apartado 3 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
ARTÍCULO 51 Personalidad jurídica y principio de instrumentalidad.
ARTÍCULO 52 Clasificación y naturaleza jurídica.
Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifican en:
Las agencias tienen personalidad jurídica pública y la consideración de Administración institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía. Se atendrán a los criterios dispuestos para la Administración de la Junta de Andalucía en la presente Ley, sin perjuicio de las peculiaridades contempladas en el Capítulo II del presente Título.
Las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz tienen personalidad jurídica privada, por lo que en ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad.
Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno para cualquier fórmula de participación no reglada en entidades por parte de las Consejerías o entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, distinta de las previstas en la legislación sectorial o en la presente Ley.
Artículo 52.4 añadido por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 52, apartado 4 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
ARTÍCULO 53 Gestión de calidad.
CAPÍTULO II Agencias Artículos 54 a 74
SECCIÓN I Disposiciones comunes Artículos 54 a 64
ARTÍCULO 54 Concepto y clasificación.
Las agencias son entidades con personalidad jurídica pública dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de actividades de la competencia de la Comunidad Autónoma en régimen de descentralización funcional.
Las agencias se clasifican en los siguientes tipos:
Artículo citado en: 103 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
ARTÍCULO 55 Potestades administrativas.
La creación de las agencias administrativas y públicas empresariales se efectuará por ley, que establecerá:
La adscripción de las agencias administrativas y públicas empresariales a una o varias Consejerías o a una agencia se efectuará por decreto del Consejo de Gobierno
La creación de las agencias de régimen especial requerirá autorización previa por ley, que establecerá su objeto y fines generales, y se producirá con la aprobación de su estatuto por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de las personas titulares de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda.
El anteproyecto de ley de la agencia que se presente al Consejo de Gobierno deberá ser acompañado del proyecto de estatutos y del plan inicial de actuación de la entidad.
Artículo 56.1 modificado por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 56, apartado 1 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
ARTÍCULO 57 Contenido de los estatutos.
El contenido de los estatutos de cualquier tipo de agencia incluirá en todo caso los siguientes extremos:
Determinación de los máximos órganos de dirección de la entidad, ya sean unipersonales o colegiados, sus competencias, así como su forma de designación, con indicación de aquellos cuyas resoluciónes agoten la vía administrativa.
Las personas titulares de los máximos órganos directivos a que se refiere la letra a) del apartado anterior ejercerán las funciones que les atribuyan los estatutos de la agencia, cualquiera que sea el régimen jurídico de vinculación de las referidas personas.
Los estatutos serán aprobados y publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con carácter previo al inicio del funcionamiento efectivo de la entidad correspondiente.
Artículo 57, apartado 2 añadido, pasando el anterior apartado 2 a ser apartado 3, por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 57, apartado 2 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
ARTÍCULO 58 Plan inicial de actuación.
El plan inicial de actuación de las agencias será aprobado por la persona titular de la Consejería de la que dependa la agencia, previo informe favorable de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública, y su contenido incluirá en todo caso los extremos siguientes:
El plan inicial de actuación tendrá un ámbito temporal de cuatro años.
ARTÍCULO 59 Modificación y refundición.
El resto de las modificaciones o refundiciones se llevarán a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública.
Artículo 59 modificado por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 59 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
ARTÍCULO 60 Extinción y liquidación.
La extinción de las agencias se producirá:
En caso de extinción de una agencia, la norma correspondiente establecerá las medidas aplicables al personal de la entidad afectada en el marco de la legislación reguladora de dicho personal. Asimismo, determinará la integración en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de los bienes y derechos que, en su caso, resulten sobrantes de la liquidación de la entidad, para su afectación a servicios de la Administración de la Junta de Andalucía o adscripción a las entidades que procedan.
ARTÍCULO 61 Patrimonio.
El régimen de contratación de las agencias, salvo las agencias públicas empresariales previstas en el artículo 68.1.a) de esta Ley, será el establecido para las Administraciones Públicas en la legislación de contratos del sector público.
Artículo 62 modificado por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 62 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
ARTÍCULO 63 Régimen presupuestario y control de eficacia.
ARTÍCULO 64 Régimen de impugnación y reclamaciones.
Los actos dictados por los órganos de las agencias en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la legislación básica estatal de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Los estatutos establecerán los órganos cuyos actos agoten la vía administrativa.
Los actos de gestión, inspección y recaudación de las tasas y demás ingresos de Derecho Público podrán recurrirse en vía económico-administrativa conforme a la normativa de aplicación.
Las reclamaciones previas, en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por la agencia, salvo que estatutariamente se asigne la competencia al órgano superior de la Consejería a la que se adscriban.
SECCIÓN II Agencias administrativas Artículos 65 a 67
ARTÍCULO 65 Concepto y régimen jurídico.
Las agencias administrativas son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se atribuye, en ejecución de programas específicos de la actividad de una Consejería, la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas.
Las agencias administrativas se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que el establecido para la Administración de la Junta de Andalucía. Para el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades públicas que tengan expresamente atribuidas por sus estatutos.
Las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de esta Ley. Excepcionalmente pueden adscribirse a otra agencia administrativa cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas.
Artículo 65.3 por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 65, apartado 3, modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
ARTÍCULO 66 Requisitos de creación.
ARTÍCULO 67 Personal de las agencias administrativas.
Las personas titulares de las presidencias, direcciones o asimilados de las agencias administrativas serán nombradas y separadas libremente por el Consejo de Gobierno y tienen la consideración de altos cargos a efectos de la normativa sobre incompatibilidades que sea de aplicación. La persona titular tendrá atribuidas en materia de gestión de recursos humanos las facultades que le asigne la normativa específica.
El personal al servicio de las agencias administrativas será funcionario, laboral o, en su caso, estatutario, en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Junta de Andalucía. No obstante, la ley de creación podrá establecer excepcionalmente peculiaridades del régimen de personal de la agencia en las materias de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción y provisión de puestos y régimen de movilidad de su personal.
SECCIÓN III Agencias públicas empresariales Artículos 68 a 70
Artículo 68 modificado por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 68 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
Artículo citado en: 59 sentencias, 3 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
ARTÍCULO 69 Régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas.
Las agencias públicas empresariales a que hace referencia la letra a) del apartado 1 del artículo 68 de esta Ley se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación.
Artículo 69 modificado por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 69 modificado por el Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 26 de Noviembre de 2010.
Artículo 69, apartado 3, modificado por el Acuerdo de 7 de diciembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Acuerdos adoptados por la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Administración de la Junta de Andalucía en su reunión de 18 de noviembre de 2010, en materia de Reordenación del Sector Público, publicdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 27 de Diciembre de 2010.
Artículo 69, modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
ARTÍCULO 70 Personal de las agencias públicas empresariales.
El personal de las agencias públicas empresariales se rige en todo caso por el Derecho Laboral, así como por lo que le sea de aplicación en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Será seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Es personal directivo de las agencias públicas empresariales el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas. Su régimen jurídico será el previsto en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal de las agencias públicas empresariales, requerirán el informe previo y favorable de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda. Estas Consejerías efectuarán, con la periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de los recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por las mismas.
Artículo 70, apartado 1 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
SECCIÓN IV Agencias de régimen especial Artículos 71 a 74
ARTÍCULO 71 Concepto y régimen jurídico.
Las agencias de régimen especial se rigen por el Derecho Administrativo, sin perjuicio de la aplicación del Derecho Privado en aquellos ámbitos en que su particular gestión así lo requiera. En todo caso se rigen por Derecho Administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación.
Las agencias de régimen especial se adscriben a la Consejería competente por razón de la materia. Excepcionalmente pueden adscribirse a una agencia administrativa o de régimen especial cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas.
Artículo 71 modificado por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 71 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
ARTÍCULO 72 Contrato de gestión y comisión de control.
La actuación de las agencias de régimen especial se producirá con arreglo al plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo al pertinente contrato plurianual de gestión, que definirá los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar, así como los siguientes extremos:
Corresponderá al Consejo de Gobierno la aprobación del contrato de gestión de las agencias de régimen especial.
En el seno de las agencias de régimen especial se creará una comisión de control, cuya composición se determinará en los estatutos, a la que corresponderá informar sobre la ejecución del contrato de gestión y, en general, sobre todos aquellos aspectos relativos a la gestión económico-financiera que deban conocer los órganos de gobierno de la agencia y que se determinen en los estatutos.
ARTÍCULO 73 Régimen presupuestario.
Artículo 73 modificado por la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2011.
ARTÍCULO 74 Personal.
El personal de las agencias de régimen especial podrá ser funcionario, que se regirá por la normativa aplicable en materia de función pública, y personal sujeto a Derecho Laboral. Las funciones que impliquen ejercicio de autoridad serán desempeñadas por personal funcionario.
Las agencias de régimen especial dispondrán de competencias en materia de oferta de empleo, sistemas de acceso, adscripción, provisión de puestos y movilidad de su personal, con arreglo a lo siguiente:
Los conceptos retributivos del personal funcionario de los órganos de régimen especial serán los establecidos en la normativa de función pública de la Administración de la Junta de Andalucía y sus cuantías se determinarán en el marco del correspondiente contrato de gestión, de conformidad con lo establecido en dicha normativa y en la correspondiente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Al personal directivo de las agencias de régimen especial y al personal no sujeto a la normativa aplicable en materia de función pública que corresponda les será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 70 de esta Ley.
Artículo 74.1 modificado por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 74, apartado 1 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
CAPÍTULO III Entidades instrumentales privadas Artículos 75 a 78
SECCIÓN I Sociedades mercantiles del sector público andaluz Artículos 75 a 77
Tendrán la consideración de sociedades mercantiles del sector público andaluz las previstas en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las sociedades mercantiles del sector público andaluz tendrán por objeto la realización de actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, actuando bajo el principio de la libre competencia.
ARTÍCULO 76 Competencia y procedimiento de creación.
Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la creación de sociedades mercantiles del sector público andaluz, en los términos y condiciones previstos en la legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El acuerdo del Consejo de Gobierno de autorización para la creación de las sociedades mercantiles del sector público andaluz constituye un acto administrativo que deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y que deberá especificar como contenido mínimo obligatorio:
Descripción de las actividades que integran el objeto social.d) Facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles.
ARTÍCULO 77 Personal de las sociedades mercantiles del sector público andaluz.
Artículo 77 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
SECCIÓN II Fundaciones del sector público andaluz Artículo 78
ARTÍCULO 78 Concepto y régimen jurídico.
El concepto y régimen jurídico de las fundaciones del sector público andaluz será el previsto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El personal al servicio de las fundaciones del sector público andaluz se rige por el Derecho Laboral. El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública en medios oficiales y de los procesos selectivos correspondientes basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Artículo 78.2 por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 78, apartado 2 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
TÍTULO IV régimen jurídico de los órganos y de la actuación administrativa Artículos 79 a 117
CAPÍTULO I Derechos de la ciudadanía ante la actuación administrativa Artículos 79 a 87
SECCIÓN I Derechos de información y petición Artículos 79 a 81
ARTÍCULO 79 Publicidad y transparencia de la actuación administrativa.
Artículo 79, modificado por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 30 de Junio de 2014.
ARTÍCULO 80 Derecho a la información.
Toda la ciudadanía tiene derecho a ser informada, en general, sobre los servicios de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, sobre los asuntos que le afecten. Reglamentariamente se determinarán los medios a través de los cuales se prestarán servicios de interpretación en lengua de signos española para las personas que los necesiten.
En orden a facilitar el derecho a la información de la ciudadanía, y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía está obligada:
La Administración de la Junta de Andalucía informará a las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía sobre los servicios y prestaciones públicos de los que puedan ser beneficiarias.
Artículo 80, apartado 2, primer párrafo, modificado por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 30 de Junio de 2014.
ARTÍCULO 81 Derecho de petición.
SECCIÓN II Archivos y registros Artículos 82 a 87
ARTÍCULO 82 Registros.
En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía existirán un registro general y los registros auxiliares que se establezcan. Asimismo, en las agencias administrativas, en las agencias de régimen especial, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, en las Delegaciones Provinciales de las Consejerías o en las Delegaciones Territoriales y en los órganos de ámbito inferior a la provincia que, en su caso, se creen, existirá un registro general o un registro de carácter auxiliar.
Los registros generales de los Ayuntamientos actuarán como registros de entrada para la recepción de documentos dirigidos a la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 82.1 modificado por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Artículo 82, apartado 1 modificado por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
Artículo 82, modificado por el Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, refrendado por la Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 1 de Octubre de 2012.
ARTÍCULO 83 Registros telemáticos.
Los registros telemáticos dependientes de la Junta de Andalucía estarán habilitados para la recepción o transmisión de documentos electrónicos relativos a los procedimientos, las actividades o los servicios contemplados en las disposiciones autonómicas que establezcan la tramitación telemática de los mismos y permitirán la entrada y salida de documentos electrónicos a través de cualquier soporte reconocido.
Los registros telemáticos permitirán la entrada de documentos electrónicos a través de redes abiertas de telecomunicación todos los días del año durante las veinticuatro horas del día.
Reglamentariamente se regulará el funcionamiento de los registros telemáticos.
En todo caso, los medios o soportes en que se almacenen los documentos electrónicos contarán con las medidas de seguridad que garanticen la integridad, protección y conservación de los documentos almacenados, así como la identificación de las personas usuarias y el control de acceso de los mismos.
ARTÍCULO 84 Presentación de documentos.
Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar escritos y documentos en los registros dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a obtener constancia de dicha presentación.
Los órganos administrativos que por error reciban instancias, peticiones o solicitudes de la ciudadanía darán traslado inmediato de las mismas al órgano que resulte competente para su tramitación, poniéndolo en conocimiento de los sujetos interesados.
La ciudadanía tiene derecho a no presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que indique el día y procedimiento en que los presentó.
ARTÍCULO 85 Sugerencias y reclamaciones.
Artículo 85, modificado por el Decreto-Ley 2/2012, de 19 de junio, por el que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, refrendado por la Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 1 de Octubre de 2012.
ARTÍCULO 86 Derecho de acceso a la información pública.
Artículo 86, modificado por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 30 de Junio de 2014.
ARTÍCULO 87 Protección de datos.
CAPÍTULO II Régimen jurídico de los órganos administrativos Artículos 88 a 110
SECCIÓN I Órganos colegiados Artículos 88 a 96
ARTÍCULO 88 Delimitación legal y clasificación.
Los órganos colegiados tendrán esta naturaleza cuando reúnan los requisitos establecidos en esta Ley. En los demás casos constituirán unidades administrativas especiales, bajo la denominación de comités u otras similares que no coincidan con las de los órganos.
Los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifican atendiendo a los siguientes criterios:
ARTÍCULO 89 Creación.
La creación de órganos colegiados en la Administración de la Junta de Andalucía se regirá por los preceptos de esta Ley y normas que la desarrollen, así como por la normativa básica estatal de aplicación, debiendo determinarse en su norma o convenio interadministrativo de creación los siguientes extremos:
La norma de creación podrá revestir forma de orden o de decreto. Serán creados por decreto los siguientes órganos colegiados:
ARTÍCULO 90 Extinción.
ARTÍCULO 91 Régimen.
Los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía se regirán por las normas básicas del Estado, las establecidas en esta Ley y las que se dicten en su desarrollo.
Los órganos colegiados en los que participen representantes de otras Administraciones Públicas, personas designadas por organizaciones empresariales y sindicales y otras organizaciones representativas de intereses económicos y sociales o en calidad de profesionales expertos, ajustarán su organización interna y funcionamiento, además de a lo previsto en el apartado anterior, a sus normas reguladoras que, en el marco de esta Ley, podrán completar su régimen de composición, estructura interna, elección de cargos, convocatorias, sesiones y, en su caso, adopción de acuerdos.
Las sesiones de los órganos colegiados podrán celebrarse mediante la asistencia de sus miembros utilizando redes de comunicación a distancia, para lo que se deberán establecer las medidas adecuadas que garanticen la identidad de las personas comunicantes y la autenticidad de la información entre ellas transmitida.
ARTÍCULO 92 Composición.
Los órganos colegiados estarán compuestos por el número de miembros que determine su norma o convenio de creación, uno de los cuales será titular de la presidencia. Asimismo, contarán con una persona que ejerza la secretaría, que podrá ser un miembro del propio órgano colegiado o una persona al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
El número de miembros previsto deberá ser proporcionado a la naturaleza y características de las funciones del órgano colegiado y, en su caso, a los intereses representados en el mismo, debiendo garantizarse la celeridad y la eficacia de su funcionamiento.
ARTÍCULO 93 Titular de la presidencia.
Son funciones de la persona titular de la presidencia del órgano colegiado, sin perjuicio de las que le corresponden como miembro del órgano:
Presidir las sesiones y moderar el desarrollo de los debates.d) Dirimir con su voto los empates para la adopción de acuerdos, salvo que las normas reguladoras de los órganos colegiados de participación administrativa o social dispongan otra cosa.
En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona titular de la presidencia del órgano colegiado será sustituida por la titular de la vicepresidencia que corresponda o, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado que, perteneciendo a la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, a cualquier otra Administración, tenga mayor jerarquía, antigüedad en el órgano y edad, por este orden, de entre sus componentes.
ARTÍCULO 94 Miembros.
Los miembros de los órganos colegiados no podrán atribuirse funciones de representación de este, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad, las personas que sean vocales titulares del órgano colegiado serán sustituidas por sus suplentes, si los hubiera. Cuando se trate de órganos colegiados de participación administrativa o social, las organizaciones representadas podrán sustituir a sus vocales por otros, acreditándolo previamente ante la secretaría.
ARTÍCULO 95 Titular de la secretaría.
La designación de la persona titular de la secretaría será determinada en la norma de creación o de funcionamiento del órgano colegiado, la cual establecerá la forma de su sustitución, que deberá recaer en una persona con la misma cualificación y requisitos que su titular.
Sin perjuicio, en su caso, de sus derechos como miembro del órgano colegiado, la persona titular de su secretaría ejerce las siguientes funciones:
ARTÍCULO 96 Actas.
Forman parte del acta de las sesiones de los órganos colegiados, además del contenido que establece la legislación básica del Estado:
Las resoluciónes adoptadas por la persona titular de la presidencia durante la sesión, relativas al orden y moderación de los debates, que susciten la oposición de alguno de los miembros y no sean objeto de acuerdo por el órgano colegiado. Junto al contenido de la resolución deberá incluirse una sucinta referencia a la causa que la motive.
Las actas de las sesiones de los órganos colegiados se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.
SECCIÓN II Abstención y recusación Artículo 97
ARTÍCULO 97 Competencia para la resolución.
SECCIÓN III Instrucciones, circulares y órdenes de servicio Artículo 98
ARTÍCULO 98 Concepto.
Los órganos superiores y directivos impulsarán y dirigirán la actividad administrativa mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio.
Las circulares son normas internas dictadas por los órganos superiores y directivos encaminadas a recordar a los órganos y unidades que de ellos dependen la aplicación de determinadas disposiciones o a establecer su interpretación a fin de que sean objeto de una aplicación homogénea en Andalucía.
Las instrucciones son normas internas dirigidas a establecer pautas o criterios de actuación por los que han de regirse las unidades dependientes del órgano que las dicta.
Las órdenes de servicio son reglas de actuación u órdenes específicas que se dirigen a un órgano jerárquicamente inferior para un supuesto determinado.
Las circulares, instrucciones y órdenes de servicio no serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a excepción de los supuestos previstos en una norma o cuando así se decida por la persona titular de la Consejería correspondiente al estimarse conveniente su conocimiento por la ciudadanía o por el conjunto de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía.
SECCIÓN IV Competencia Artículos 99 a 110
ARTÍCULO 99 Irrenunciabilidad de la competencia.
El principio de irrenunciabilidad de la competencia se entenderá sin perjuicio de los supuestos de alteración del ejercicio o de colaboración de otros órganos en los términos previstos en la ley.
Si alguna disposición atribuye competencia a la Administración de la Junta de Andalucía, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y, de existir varios de estos, al superior jerárquico común.
ARTÍCULO 100 Desconcentración de competencias.
Las competencias atribuidas a las personas titulares de las Consejerías y órganos directivos centrales podrán ser desconcentradas en otros órganos jerárquicamente dependientes de aquellos cuando circunstancias de carácter organizativo, funcional o territorial lo hagan necesario y no se contradiga la legislación vigente.
La desconcentración se aprobará mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería correspondiente.
ARTÍCULO 101 Delegación.
Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía podrán delegar mediante resolución motivada el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros de la misma Administración, del mismo rango o inferior, aunque no sean jerárquicamente dependientes.
La delegación también podrá efectuarse a favor de agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que el objeto de la delegación se corresponda con los fines y objetivos asignados a dichas agencias.
No puede delegarse el ejercicio de las competencias establecidas como indelegables en la normativa estatal básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas o en una norma con rango legal.
ARTÍCULO 102 Régimen jurídico de la delegación.
La delegación de competencias será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y producirá sus efectos a partir de la fecha de publicación.
Las resoluciónes administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
La delegación podrá revocarse en cualquier momento por el mismo órgano que la otorgó, sin perjuicio de lo esta- blecido, en su caso, en una norma específica. La revocación será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y producirá sus efectos a partir de la fecha de publicación.
El recurso de reposición que, en su caso, se interponga contra los actos dictados por delegación, salvo que en esta se disponga otra cosa, será resuelto por el órgano delegado.
ARTÍCULO 103 Avocación.
ARTÍCULO 104 Régimen jurídico de la avocación.
En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado, que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.
Encomiendas de gestión por la Administración de la Junta de Andalucía a favor de órganos o entidades de la misma o distinta Administración.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciónes de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
La encomienda de gestión a agencias dependientes de una Consejería será autorizada por la persona titular de la misma. La encomienda de gestión a órganos o a entes públicos pertenecientes o dependientes de diferente Consejería o de distinta Administración Pública será autorizada por el Consejo de Gobierno.
En las encomiendas de gestión a órganos de la propia Administración de la Junta de Andalucía servirá de instrumento de formalización la resolución que las autorice. Cuando se trate de encomiendas realizadas a órganos no dependientes de la Junta de Andalucía deberá firmarse el correspondiente convenio.
El instrumento en el que se formalice la encomienda de gestión ha de contener, al menos, las siguientes determinaciones:
Las encomiendas de gestión reguladas en este artículo no podrán incluir prestaciones propias de los contratos regulados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que den lugar a una contraprestación dineraria equivalente al valor de aquellas. En caso de que concurran dichas circunstancias, las encomiendas de gestión deberán sujetar su régimen jurídico a lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 105, rúbrica modificada por la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2011.
Artículo 105, apartado 6, añadido por la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2011.
Encomiendas de gestión de actuaciones competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de entidades a favor de entes que tengan la consideración de medios propios.
Las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz cuyo capital, aportación constitutiva o participación pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen la parte esencial de su actividad para la Junta de Andalucía la realización, en el marco de sus estatutos y en las materias que constituyan sus competencias o su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre que ejerzan sobre ellas un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.
La encomienda, en la que la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de la Consejería o agencia u otra entidad encomendante, se regirá en su otorgamiento y ejecución por lo dispuesto en la resolución que la establezca, sometiéndose en todo caso a las siguientes condiciones y trámites:
Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía que reúnan los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y demás poderes adjudicadores dependientes de aquella, a los efectos de la ejecución de obras, trabajos y prestación de servicios que se les encomienden.
En ningún caso podrá ser objeto de encomienda de gestión la contratación de suministros.
Las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de la persona designada para dirigir cada actuación, la cual podrá supervisar en cualquier momento la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la correcta ejecución de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.
El pago del importe de los trabajos realizados se efectuará con la periodicidad establecida en la resolución por la que se ordene la encomienda y conforme a la actuación efectivamente realizada, una vez expedida certificación de conformidad por la persona designada para dirigir la actuación y aprobada la misma y/o el documento que acredite la realización total o parcial de la actuación de que se trate. También se deberán acreditar los costes reales incurridos en la realización de la actuación, bien mediante la relación detallada y certificada de las facturas que deba abonar la entidad instrumental, bien mediante el análisis de costes imputados directamente a la misma, excepto cuando se aplique el régimen de tarifas previsto en la letra b del apartado 2 de este artículo, en cuyo caso bastará certificación en la que conste la aplicación de las tarifas aprobadas a los trabajos ejecutados. En el caso de actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, deberá asegurarse la posibilidad de subvencionar estos gastos de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria.
Los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento a regulación armonizada, las entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas que procedan.
Las actuaciones que se realicen en virtud de las encomiendas serán de la titularidad de la Junta de Andalucía, adscribiéndose, en aquellos casos en que sea necesario, a la Consejería, agencia o entidad ordenante de su realización.
Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el encargo, deberá acordarse mediante resolución, sobre la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación, integrada por los documentos que justifiquen, describan y valoren dicha modificación.
Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución de la encomienda sobre lo previsto al iniciarse el expediente, por modificaciones en la misma o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en la resolución en que se formalizó la encomienda y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos y actuaciones exija, la persona titular de la Consejería o de la presidencia o dirección de la agencia o entidad ordenante que efectuó el encargo procederá a reajustar las anualidades, siempre que lo permitan los créditos presupuestarios.
Las encomiendas de gestión a sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz no podrán implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas al Derecho Administrativo.
Las memorias de las cuentas anuales de las entidades objeto de encomienda deberán incluir información del coste de realización material de la totalidad de las encomiendas realizadas en el ejercicio en los términos que determine la Intervención General
Artículo 106, modificado por la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2011.
Artículo 106, apartado 12, añadido por la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016.
Encomienda de gestión en favor de la Administración de la Junta de Andalucía.
ARTÍCULO 108 Delegación de firma.
Las personas titulares de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía podrán delegar la firma de sus resoluciónes y actos administrativos en las titulares de los órganos que de ellas dependan, dentro de los límites señalados para la delegación de competencias.
En las resoluciónes y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad delegante. La firma deberá ir precedida de la expresión «por autorización», o su forma usual de abreviatura, con indicación del cargo que autoriza y del órgano autorizado.
Para la validez de la delegación de firma no será necesaria su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
No cabrá la delegación de firma en las resoluciónes de carácter sancionador.
ARTÍCULO 109 Suplencia.
Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquellos.
En los supuestos previstos en el apartado anterior, si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa.
ARTÍCULO 110 Conflictos de atribuciones.
Los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre órganos o agencias de una misma Consejería serán resueltos por el superior jerárquico común o, en su defecto, por la persona titular de la Consejería, en un plazo de diez días.
Los conflictos positivos o negativos de atribuciones que se planteen entre agencias adscritas a distintas Consejerías o entre una Consejería y agencias adscritas a otra distinta se resolverán por la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía en un plazo de quince días.
Los conflictos positivos de atribuciones se plantearán una vez que el órgano requerido de inhibición no acepte el requerimiento por considerarse competente, debiendo remitir seguidamente las actuaciones al órgano que deba resolver.
Los conflictos negativos de atribuciones se plantearán cuando el órgano llamado a conocer de un asunto por otro órgano, que no se considera competente para ello, se considere asimismo incompetente, debiendo remitir seguidamente las actuaciones al órgano que deba resolver.
CAPÍTULO III Régimen jurídico de los actos y del procedimiento administrativos Artículos 111 a 117
ARTÍCULO 111 Tramitación de los procedimientos administrativos.
Cada procedimiento administrativo integrará un único expediente, aunque en su tramitación intervengan diversos órganos o entidades de la Administración de la Junta de Andalucía.
Con independencia del órgano ante el que se haya presentado la solicitud o que lo haya iniciado de oficio, el procedimiento será impulsado por el órgano competente para resolverlo.
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artículo 7 de esta Ley, los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos o informáticos por los órganos o agencias de la Administración de la Junta de Andalucía serán válidos siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y se cumplan las demás garantías y requisitos exigidos por la normativa aplicable.
La regulación de la tramitación telemática de procedimientos administrativos contemplará las garantías necesarias para salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Dichas condiciones serán objetivas, razonables y no discriminatorias, y no obstaculizarán la prestación de servicios a la ciudadanía cuando en dicha prestación intervengan distintas Administraciones Públicas. Para entablar relaciones jurídicas por vía telemática las partes intervinientes tendrán que disponer de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica en los casos y con las condiciones establecidas reglamentariamente.
ARTÍCULO 112 Actos que agotan la vía administrativa.
En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, ponen fin a la vía administrativa las resoluciónes, actos o acuerdos de los siguientes órganos y autoridades:
Los de las autoridades de rango inferior al de la persona titular de la Consejería que resuelvan por delegación de esta o de otro órgano cuyas resoluciónes agoten la vía administrativa.
ARTÍCULO 113 Notificación de los actos administrativos.
Las resoluciónes y actos que afecten a los derechos e intereses de la ciudadanía, sean definitivos o de trámite, serán notificados o publicados de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común.
Para que las notificaciónes administrativas puedan llevarse a cabo mediante medios o soportes informáticos y electrónicos, será preciso que el sujeto interesado haya señalado o consentido expresamente dicho medio de notificación como preferente mediante la identificación de una dirección electrónica al efecto. Dicha manifestación podrá producirse tanto en el momento de iniciación del procedimiento como en cualquier otra fase de tramitación del mismo. Asimismo, el sujeto interesado podrá, en cualquier momento, revocar su consentimiento para que las notificaciónes se efectúen por vía electrónica, en cuyo caso deberá comunicarlo así al órgano competente e indicar una nueva dirección donde practicar las notificaciónes.
ARTÍCULO 114 Ejecución de los actos administrativos.
La ejecución de los actos administrativos dictados por los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía corresponderá al órgano que los hubiese adoptado, con excepción de aquellos que correspondan a diversas Consejerías, cuya ejecución se ordenará por la persona titular de la Consejería competente en materia de Gobernación.
La ejecución de los actos administrativos dictados por las agencias dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía será ordenada por la persona titular del órgano directivo de la entidad.
La ejecución de los actos que traten de hacer efectivos ingresos de Derecho Público se regirá por la normativa específica en materia de Hacienda Pública.
Los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos son el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, las multas coercitivas y la compulsión sobre las personas.
ARTÍCULO 115 Resolución de recursos y reclamaciones.
Los actos dictados por los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía que no agoten la vía administrativa serán susceptibles de recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto recurrido. Los actos de los órganos de gobierno de las agencias de la Administración de la Junta de Andalucía seguirán el régimen de impugnación establecido en el artículo 64 de esta Ley.
Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa cabrá la interposición del recurso potestativo de reposición, salvo que el acto en cuestión sea resolutorio de un previo recurso o reclamación administrativa.
Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo común ante la persona titular del órgano que dictó el acto.
El régimen de las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales se ajustará a lo dispuesto en la legislación básica del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Las reclamaciones previas a la vía judicial civil se plantearán ante la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia, a quien corresponderá su resolución.
ARTÍCULO 116 Revisión de oficio.
Serán competentes para la revisión de oficio de los actos nulos:
El procedimiento para declarar la lesividad de los actos anulables será iniciado por el órgano que haya dictado el acto. La declaración de lesividad, en los casos en que legalmente proceda, será competencia de la persona titular de la Consejería respectiva, salvo que se trate de actos del Consejo de Gobierno o de alguna de sus Comisiones Delegadas, en cuyo caso la declaración de lesividad corresponderá al Consejo de Gobierno.
La revisión de oficio de los actos dictados en materia tributaria se ajustará a su legislación específica.
La revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos corresponderán al propio órgano administrativo que haya dictado el acto.
ARTÍCULO 117 Potestad expropiatoria.
PRIMERA Registro en entidades de Derecho Público
Las agencias públicas empresariales y el resto de entidades de Derecho Público que no tengan la consideración de agencia administrativa o de régimen especial dispondrán de oficinas de registro cuando, de acuerdo con su norma reguladora, tengan atribuido el ejercicio de potestades administrativas que requieran la existencia de dichos órganos. En este supuesto, la Consejería o la agencia a la que esté adscrita la agencia pública empresarial ubicará en sus dependencias los registros auxiliares que se estimen necesarios
Disposición adicional primera modificada por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Disposición Adicional Primera, modificada por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
SEGUNDA Entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía
Disposición Adicional Segunda desarrollada por la Orden del 16 de Junio de 2008, publicada en el BO Junta de Andalucía del 23 de Junio de 2008.
TERCERA Letrados del Servicio Andaluz de Salud
CUARTA Reproducción de normativa estatal
Las letras a), b), c) y d), excepto el último inciso, del apartado 1 y los apartados 2, excepto el último inciso, y 3 del artículo 8; el párrafo primero del apartado 2 del artículo 86; el apartado 2 del artículo 99; los apartados 2 y 3 del artículo 102; el artículo 103; el artículo 104; los apartados 1 y 2 del artículo 105; y el artículo 109, excepto el último inciso del apartado 1, todos ellos de la presente Ley, reproducen las siguientes normas dictadas por el Estado al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución: las letras a), b), c) y d) del apartado 1 y los apartados 2 y 3 del artículo 4; el apartado 8 del artículo 37; el apartado 3 del artículo 12; los apartados 7 y 4 del artículo 13; el artículo 14; los apartados 1 y 2 del artículo 15; y el apartado 1 del artículo 17, excepto el último inciso de su párrafo primero, todos ellos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo dispuesto en la Sección 3.ª del Capítulo IV del Título II de la presente Ley reproduce las siguientes normas dictadas por el Estado al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución: los artículos 11, 12, 14 y 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
QUINTA Adaptación de la información
SEXTA Autorización para la creación de la Agencia para la Atención a la Dependencia en Andalucía
Los organismos autónomos y las entidades de Derecho Público existentes a que hacen referencia los artículos 4 y 6.1.b), respectivamente, de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía se seguirán rigiendo por la normativa vigente a la entrada en vigor de esta Ley hasta tanto se proceda a su adecuación a las previsiones contenidas en la misma. Los consorcios existentes a que se refiere el artículo 12 de esta Ley se seguirán rigiendo por lo establecido para estas entidades en el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa vigente de aplicación a la entrada en vigor de esta Ley hasta tanto se proceda a su adecuación a las previsiones contenidas en la misma. En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre deberá haber concluido el proceso de adecuación.
La adecuación prevista en el apartado anterior se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, de acuerdo con la persona titular de la Consejería de la que dependan las entidades afectadas, en los siguientes casos:
El Instituto Andaluz de Administración Pública, creado por la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, se convierte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la presente Ley, en agencia administrativa, resultándole de aplicación lo previsto en el apartado 1 de la presente disposición transitoria.
Disposicicón transitoria única apartados 2, 3 y 4 modificados por Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, publicado en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía del 28/7/2010
Disposición Transitoria Única modificada por Disposición Final Tercera del Decreto-Ley 7/2010, del 28 de Diciembre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2010.
Disposición Transitoria Única, apartados 2, 3 y 4 modificados por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 21 de Febrero de 2011.
Disposición Transitoria Única, modificada en cuanto a que el plazo máximo para concluir el proceso de adecuación establecido, será de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, por la Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 17 de Junio de 2011.
Queda derogada la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.
Quedan derogados el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en esta Ley o lo contradigan.
PRIMERA Modificación de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Las referencias efectuadas en la considerada Ley a los «organismos» u «organismos autónomos» se entenderán hechas a las «agencias administrativas».
Las referencias efectuadas en la considerada Ley a las «empresas» se entenderán hechas a las «agencias públicas empresariales» y a las «sociedades mercantiles del sector público andaluz», según corresponda.
SEGUNDA Modificación de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía
TERCERA Aplicación de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las agencias de régimen especial
Disposición Final Tercera, derogada por la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el 31 de Diciembre de 2011.
Real Decreto 816/1982, de 26 de Marzo, por el que se modifica el Real decreto 2695/1977, de 28 de Octubre, sobre Normativa en materia de Precios en lo referente a la Composicion y Funcionamiento de la Junta superior de Precios.
ORDEN 885/2009, de 3 de diciembre, por la que se concede la Cruz de Honor de la Sanidad Madrileña, en la categoría de Plata, a don Óscar Leiva Galvis.

References: artículo 4
 artículo 6

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 12

Artículo 12

Artículo 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

Artículo 16

ARTÍCULO 17

Artículo 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19
 artículo 18

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 28
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ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 30
 Artículo 31

ARTÍCULO 31
 Artículo 32

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34
 artículo 54

ARTÍCULO 35

Artículo 35

Artículo 35

ARTÍCULO 36

Artículo 36

Artículo 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 40
 Artículo 41
 artículo 551
 artículo 12

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44
 artículo 41
 artículo 41

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48
 artículo 14
 Artículo 49

ARTÍCULO 50
 artículo 12
 artículo 12

Artículo 50

Artículo 50

ARTÍCULO 51

ARTÍCULO 52

Artículo 52

Artículo 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54
 resolución 

ARTÍCULO 55

Artículo 56

Artículo 56

ARTÍCULO 57

Artículo 57

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ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59

Artículo 59

Artículo 59

ARTÍCULO 60

ARTÍCULO 61
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Artículo 62

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ARTÍCULO 63

ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 65
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ARTÍCULO 66

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ARTÍCULO 69
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ARTÍCULO 70
 artículo 13

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ARTÍCULO 71

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ARTÍCULO 72

ARTÍCULO 73

Artículo 73

ARTÍCULO 74
 artículo 70

Artículo 74

Artículo 74

ARTÍCULO 76

ARTÍCULO 77

Artículo 77
 Artículo 78

ARTÍCULO 78

Artículo 78

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ARTÍCULO 79

Artículo 79

ARTÍCULO 80

Artículo 80

ARTÍCULO 81

ARTÍCULO 82

Artículo 82

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ARTÍCULO 83

ARTÍCULO 84

ARTÍCULO 85

Artículo 85

ARTÍCULO 86

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ARTÍCULO 87

ARTÍCULO 88

ARTÍCULO 89

ARTÍCULO 90

ARTÍCULO 91

ARTÍCULO 92

ARTÍCULO 93

ARTÍCULO 94

ARTÍCULO 95

ARTÍCULO 96
 resolución 
 Artículo 97

ARTÍCULO 97
 Artículo 98

ARTÍCULO 98

ARTÍCULO 99

ARTÍCULO 100

ARTÍCULO 101
 resolución 

ARTÍCULO 102

ARTÍCULO 103

ARTÍCULO 104
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 105

Artículo 105
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 106

Artículo 106

ARTÍCULO 108

ARTÍCULO 109

ARTÍCULO 110

ARTÍCULO 111
 artículo 7

ARTÍCULO 112

ARTÍCULO 113

ARTÍCULO 114

ARTÍCULO 115
 Resolución 
 artículo 64

ARTÍCULO 116

ARTÍCULO 117
 artículo 8
 artículo 86
 artículo 99
 artículo 102
 artículo 103
 artículo 104
 artículo 105
 artículo 109
 artículo 149
 artículo 4
 artículo 37
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 149
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 34
 artículo 9
 artículo 140

Real Decreto 
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