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Timestamp: 2020-06-01 12:44:30+00:00

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﻿ Sentencia 37251 de febrero 7 de 2012
SENTENCIA 37251 DE 07 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PARA DEMANDAR, SE ENTIENDE AGOTADA CUANDO SE HA DECIDIDO O CUANDO TRANSCURRE UN MES DESDE SU PRESENTACIÓN Y NO SE HA RESUELTO. YA QUE POR DISPOSICIÓN DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ESTE RECLAMO INTERRUMPE LA PRESCRIPCIÓN, MIENTRAS LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA NO SEA CONTESTADA, EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN QUEDA SUSPENDIDO, ASÍ LAS COSAS, ESE TÉRMINO EMPEZARÁ A CORRER OTRA VEZ CUANDO LA ADMINISTRACIÓN SE PRONUNCIE, UNA VEZ TRANSCURRIDO UN MES DE PRESENTADA LA RECLAMACIÓN SIN QUE HAYA PRONUNCIAMIENTO, INICIA LA ACCIÓN JUDICIAL, DEBE ENTENDERSE QUE DIO POR AGOTADO SU RECLAMO Y DESDE ALLÍ CESA LA SUSPENSIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO LABORAL, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL, RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:486 DE JUNIO DE 2012, PG.1026
Sentencia 37251 de febrero 7 de 2012
Rad.: 37251
Acta Nº 003
Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil doce.
No existe discusión en cuanto a que la actora reclamó administrativamente al Instituto de Seguros Sociales el 9 de agosto de 2000, la pensión de sobrevivientes que aquí reclama, como tampoco que mediante Resolución 552 del 24 de febrero de 2001, el Instituto de Seguros Sociales negó dicha prestación, decisión que fue recurrida en reposición y en apelación por la interesada, y mantenida por la entidad a través de las resoluciones 1989 del 8 de julio de 2002 y 572 del 2 de febrero de 2004.
Los argumentos del impugnante para controvertir el fallo atacado al tema, consisten en que como la demandante requirió el pago de la pensión el 9 de agosto de 2000, pero presentó la demanda inicial el 30 de enero de 2006, transcurrieron 5 años, 5 meses y 20 días después de la interrupción de la prescripción, lo que trae como consecuencia declarar tal fenómeno respecto a las mesadas y a los intereses moratorios causados tres años atrás desde la presentación de la demanda inicial.
Pues bien, el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo prevé que las acciones correspondientes a los derechos laborales prescriben en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haga exigible, salvo los asuntos de prescripciones especiales.
A su vez el 489 ibídem determina que el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.
Por su parte, el 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, acuerda que las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, y ratifica que el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, interrumpirá la prescripción por un lapso igual.
Ahora, el sentenciador de la alzada al examinar la excepción de prescripción propuesta, consideró que hizo bien el a quo al desestimar entre otras la excepción de prescripción, toda vez que la actora reclamó administrativamente el 9 de agosto de 2000, con lo cual interrumpió la prescripción.
Por consiguiente, al respaldar el fallador de la alzada el pronunciamiento del a quo al punto de desechar la excepción de prescripción formulada por la demandada, hizo suyos los planteamientos del fallador de primer grado, quien al resolver la excepción de prescripción observó que no operaba tal fenómeno, dado que con la “interposición de los recursos de la vía gubernativa, la demandante interrumpió la prescripción”.
Así, se advierte que partiendo del hecho fáctico admitido que el recurso de apelación formulado por la actora contra el acto administrativo que no accedió a reconocerle la pensión, lo decidió el Instituto de Seguros Sociales el 2 de febrero de 2004 según Resolución 72, la prescripción se interrumpió hasta tal data, de lo que se precisa que la inferencia del tribunal según la cual la reclamación administrativa de la demandante el 9 de agosto de 2000, interrumpió la prescripción, no es desacertada como lo afirma la censura.
El artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con la modificación introducida por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, señala como requisito de procedibilidad para las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública, la previa reclamación administrativa consistente en el simple reclamo escrito del pretendiente sobre el derecho, la cual se entiende agotada cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no haya sido resuelta. Como se observa, para que se entienda la eficacia de la reclamación, la ley procesal laboral ha dispuesto dos momentos claramente diferenciables, el primero, cuando se haya decidido, es decir cuando la administración responde la reclamación, evento que supone, si el pronunciamiento contempla la posibilidad de impugnarlo a través de los recursos de la llamada vía gubernativa, que esa decisión quede en suspenso hasta cuando tales recursos sean decididos definitivamente, instante desde el cual puede afirmarse que se ha agotado la reclamación. El segundo, que se materializa cuando transcurrido un mes desde la presentación, la reclamación no ha sido resuelta. Naturalmente, como dicha figura tiene como actor a quien pretenda el derecho, debe ser el mismo quien tenga la opción de escoger uno de los dos eventos reseñados, es decir, que puede esperar a que la administración se pronuncie, recurrir esa decisión cuando ello sea posible y esperar que los recursos sean resueltos definitivamente, o bien esperar que transcurra el mes.
Ahora, en los términos del inciso 2º del precepto instrumental reseñado, mientras esté pendiente la reclamación administrativa, el término de prescripción de la acción queda suspendido. Por tanto, si el interesado, en caso de pronunciamiento, opta por recurrirlo, no puede afirmarse que la prescripción, como uno de los modos de extinguir las obligaciones, ha seguido su curso normal, pues de acuerdo con el mandato legal, el efecto no es otro que el de su suspensión, ya que mientras estén pendientes de resolverse los medios impugnativos, no puede decirse que la reclamación administrativa está agotada. Y no puede verse afectado el interesado en esta hipótesis, por la demora o tardanza de la administración para resolver las inconformidades interpuestas, pues obviamente no puede responder por la culpa de la entidad pública, quien debe obrar diligentemente y dentro de los términos de ley. Naturalmente, si el interesado, una vez transcurre el mes de presentada la reclamación sin que haya habido pronunciamiento, inicia la acción judicial, debe entenderse que dio por agotado su reclamo y desde ese momento cesa la suspensión del término prescriptivo, así la administración se pronuncie con posterioridad.
En ese orden, como el cónyuge de la actora falleció el 24 de mayo de 2000 y esta reclamó el 9 de agosto del mismo año, se tiene que el término prescriptivo corrió por 2 meses y quince días. Desde la última fecha hasta el 2 de febrero de 2004, cuando se expidió la Resolución 72, que resolvió el recurso de apelación, la prescripción quedó suspendida, volviendo a correr el término de prescripción hasta el 30 de enero de 2006, fecha en que fue presentada la demanda, interrumpiéndose aquella. Entre el 24 de febrero de 2004 y el 30 de enero de 2006, la prescripción corrió por 1 año, 11 meses y 28 días, que sumado a los 2 meses y 15 días que inicialmente corrió, fácilmente evidencia que no alcanzó a configurarse el término de tres años que permitieran deducir que la prescripción de la acción se había evidentemente materializado.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente, dado que hubo réplica. En su liquidación, inclúyanse como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Neiva, en el proceso ordinario promovido por Elsa Milena González Peña quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijas Laura Natalia, Sthefanía y Lina Catherine Medina González, contra el Instituto de Seguros Sociales.

References: Resolución 
 artículo 488
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 4
 Resolución