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Resumen jurisprudencia comentada julio 2015 a julio 2016 (I) - El Laboralista
Resumen jurisprudencia comentada julio 2015 a julio 2016 (I)
Durante este mes de julio queremos ofrecerles un resumen de toda la jurisprudencia destacada de este año publicada y comentada en El Laboralista Digital. Será una breve reseña para recordar las noticias más relevantes de este periodo, que abarca de julio a julio, si bien podéis acceder a la noticia completa dentro de la misma web. También podréis ver las Sentencias más comentadas y que más visitas recibieron.
Esta primera publicación contiene las sentencias publicadas desde el 2 de julio hasta el 1 de septiembre de 2015. Esperamos que resulte de vuestro interés y sea de utilidad.
02/07/2015. Las indemnizaciones por despido o cese de altos directivos continúan no exentas del IRPF. Efectos en el orden tributario de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 22 de abril de 2014, recurso número 1197/2013.
Mínimo del legislador: en casos de desistimiento del empresario/alto directivo, este tendrá derecho a las indemnizaciones pactadas y, a falta de pacto, la indemnización deberá ser de 7 días del salario en metálico por año de servicio, con un límite de 6 mensualidades.
Así, la exención del artículo 7.e) de la LIRPF para las indemnizaciones por despido o cese del trabajador no se aplica a las relaciones especiales de alta dirección, estando aquella sometida plenamente al IRPF y a su sistema de retenciones a cuenta, al no existir ningún límite, ni mínimo ni máximo, de carácter obligatorio respecto de estas indemnizaciones.
07/07/2015. Conflicto colectivo. La sustitución del sistema de visualización de nómina y las nuevas tecnologías. Audiencia Nacional, Sala de lo Social. Sentencia de 28 de abril de 2015, recurso número 36/2015.
La empresa instaura unilateralmente un nuevo sistema de visualización de la nómina a través de la web de la empresa (mediante clave y contraseña), pudiendo ser descargada e impresa. El problema es que no todos los trabajadores pueden acceder correctamente por diferentes motivos, razón por la cual, con base al artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores, el 1166 del Código Civil, la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1994 y la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2011, la Audiencia Nacional responde que una obligación de hacer no puede ser sustituida unilateralmente por el deudor imponiendo cargas al trabajador (es decir, sin facilitar a los trabajadores medios accesibles) y por tanto declara la nulidad de la decisión y práctica empresarial.
09/07/2016. Libertad sindical. Las restricciones a la utilización del email corporativo para fines sindicales. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 24 de marzo de 2015, recurso número 118/2014.
La Confederación de Sindicatos de Profesionales Aéreos interpuso demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional contra una empresa del sector, la cual bloqueó los envíos masivos que de forma desmesurada realizaba el sindicato (trabajadores llegaban a recibir hasta 5 veces el correo), incumpliendo las normas empresariales sobre uso del correo, el cual estaba limitado para evitar el bloqueo del sistema. La AN desestimó la demanda sobre tutela del derecho a la libertad sindical, y la confederación recurrió en casación.
El TS ratifica la decisión de la Audiencia recordando la máxima de que «el derecho de libertad sindical no es un derecho ilimitado». La comunicación electrónica «no puede perjudicar el uso específico empresarial preordenado para el mismo ni pretenderse que deba prevalecer el interés de uso sindical». Por ello considera lícito que la empresa predetermine «las condiciones de utilización para fines sindicales de las comunicaciones electrónicas, siempre que no las excluya en términos absolutos», y resuelve ser factible la imposición de límites como el empleado – el bloqueo de acceso – ante la «desmesura» del uso sindical.
15/07/2016. Despido objetivo individual. ¿Cuál es la cuantía exenta cuando la indemnización se abona directamente por la empresa? Dirección General de Tributos, SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, consulta vinculante V1583-15. Destacado
La cuestión que se plantea a la Dirección General de Tributos es si debe considerarse exenta de tributación la indemnización abonada al trabajador cuando es un despido por causas objetivas del 52 c) ET, y sin necesidad de acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación o ante el Juzgado.
La DGT analiza los artículos 7 e) de la LIRPF, 53 y 56.1 del ET y la DT quinta de la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y concluye que la indemnización que obtiene el trabajador por la extinción de la relación laboral por causas objetivas del artículo 52 c) del ET – causas económicas, organizativas o de producción – estará exenta del IRPF cuando no supere el límite de 33 días por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, de acuerdo al límite establecido con carácter obligatorio en el Estatuto para los despidos improcedentes. Como en este caso la indemnización fue de 20 días de salario por año de servicio, no se superan estos límites establecidos y la indemnización está exenta.
16/07/2015. La uniformidad en el trabajo y el uso de zapatos de tacón. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social. Sentencia de 17 de marzo de 2015, recurso número 931/2014.
La trabajadora recibe el uniforme que debe vestir, el cual no usa durante tres años, fecha en la cual la empresa le indica la obligatoriedad y la trabajadora se niega. La empresa le impuso una sanción de 6 meses de suspensión de empleo y sueldo por falta muy grave. La trabajadora demanda alegando que la ropa resulta inapropiada para su dignidad y es sexista, además el uso de tacón alto no es apropiado para su categoría profesional de guía y su obligatoriedad implica una situación discriminatoria, al consistir el calzado del uniforme del personal masculino en un zapato plano.
El Juzgado desestima la demanda y, recurrida en suplicación, el TSJ da la razón a la trabajadora entendiendo que hay discriminación, pues el hombre, para el mismo puesto, no debe llevarlos; además es un complemento que puede perjudicar la salud e influir negativamente en el rendimiento. Así, declara nula la sanción y apunta que la discriminación manifiesta «no significa que no se considere totalmente digno el uso de zapatos de tacón por parte de aquellas trabajadoras que puedan encontrarse cómodas con él». «Lo determinante en este caso es que la empresa dé la opción de usar zapatos de iguales características que los de los uniformes de los varones y no imponga a las trabajadoras por razón de género uniformes que puedan resultar inadecuados».
21/07/2015. La actividad profesional de Graduado Social y la deducción de gastos relativos al vehículo de turismo. Dirección General de Tributos, SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, consulta vinculante V1721-15.
El consultante desarrolla la actividad profesional de Graduado Social y ha sustituido un vehículo turismo que se encontraba afecto de forma exclusiva a la actividad por otro nuevo de las mismas características y plantea ante la Dirección General de Tributos la posibilidad de deducirse en el IRPF los gastos derivados de la adquisición, utilización y mantenimiento del vehículo.
La DGT se remite al art. 22 del Reglamento de IRPF que regula el supuesto y contesta que solamente se entenderá afectado a la actividad económica desarrollada por el consultante cuando se utilice exclusivamente en la misma, dado que dicha actividad no se encuentra entre las excepciones contempladas en la norma. En el caso de uso exclusivo del vehículo para la actividad, previa valoración por los órganos de gestión e inspección de la Administración Tributaria, podrán deducirse para la determinación del rendimiento neto de la actividad tanto la amortización del vehículo, como los gastos derivados de su utilización: reparaciones, carburante, etc. De lo contrario, no se considerará afecto a la actividad económica y no será amortizables ni sus gastos deducibles.
23/07/2015. Novedades de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La ley establece un modelo de Inspección basado principios ordenadores comunes, como son la búsqueda de la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio a los ciudadanos, la concepción única e integral de Sistema y el principio de unidad de función y actuación inspectora. Los puntos a destacar son:
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social: organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la del Estado.
La Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: se instituye con el fin de consolidar y reforzar la presencia de las Comunidades Autónomas en el Sistema de Inspección, designándose el cargo por cada gobierno autonómico.
En el ámbito de las relaciones entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, se instauran las Comisiones Operativas Autonómicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Unidad de Alta Inspección. formada por Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y dependiente del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tendrá encomendada las funciones que vengan reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía, salvo la relativa a la asistencia sanitaria.
Se prevé la regulación de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, como órgano especializado en combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Creación de dos escalas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: una Escala de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (el actual Cuerpo de Subinspectores); y otra escala de Subinspectores de Seguridad y Salud Laboral.
Eficacia probatoria de los hechos comprobados por la Inspección. Se reconoce que los hechos presuntamente constitutivos de trabajo no declarado y empleo irregular que se comuniquen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por funcionarios públicos que tengan la condición de agentes de la autoridad puedan ser aducidos válidamente como prueba por la Inspección en la esfera de su propio procedimiento.
Actualización de la regulación de las garantías de la actuación de los funcionarios del Sistema para garantizar su independencia (protección frente a cualquier clase de violencia, coacción, amenaza o influencia indebida).
28/07/2015. Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo. Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social. Sentencia de 15 de junio de 2015, recurso número 238/2015. Destacado
El SPEE (Servicio Público de empleo estatal) revoca un subsidio por desempleo al entender que en el momento del hecho causante la actora no tenía responsabilidades familiares, pues su hijo, declarado como “cargas familiares”, percibe rentas superiores al 75% del SMI. El TSJ se cuestiona si el SPEE ha incumplido los trámites y plazos establecidos en la Ley, en concreto en los apartados 1 y 2 del artículo 146 de la LRJS, que atribuye a las entidades, órganos u organismos gestores y al Fondo de Garantía Salarial, la facultad de revisar de oficio una vez concedido el derecho, pero dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor no impugnada.
En el presente caso, la resolución inicial de reconocimiento del subsidio es de fecha 23-3-09, y la resolución revocatoria posterior es de fecha 23-5-13, transcurriendo los plazos del artículo 146 de la LRJS y, por lo tanto, debiendo quedar sin efecto.
29/07/2015. Ponencias de la Mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional: Derecho Social Colectivo. Destacado
El 23 de julio tuvo fue la Jornada de Derecho Social Colectivo, donde se trataron los siguientes temas (todas las ponencias están en la web de El Laboralista Digital).
D. Ricardo Bodas Martín, Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, presentó la jornada y a continuación expuso el "Balance de actividad de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el último año" donde presenta un elaborado documento que recoge la doctrina reciente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
La presentación relativa a la "Modificación sustancial de las condiciones de trabajo", recoge un compendio de sentencias donde se refleja la regulación actual sobre la materia. Dña. Carolina San Martín Mazzucconi, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Magistrada suplente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
Mesa redonda y debate. D. Ignacio García Perrote, Catedrático de Derecho del Trabajo en la UNED y Director del Área de Derecho Laboral de Uría Menéndez presentó "Despido colectivo: algunas cuestiones prácticas relevantes"; en su presentación, entre otras cuestiones, expone el momento previo al despido colectivo: su preparación, el periodo de consultas y la obligación de negociar de buena fe y la decisión final del empresario.
"Aplicación de la Carta Social Europea en controversias colectivas", ponencia de Dña. Carmen Salcedo Beltrán, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia. En su apunte podemos encontrar un análisis del Auto Audiencia Nacional de 17 de marzo de 2014, problemática en cuanto a la aplicabilidad de la Carta Social Europea, entre otros planteamientos.
"La ultraactividad de los convenios colectivos" cerró la jornada. Dña. Carolina Martínez Moreno, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo nos presenta las reglas sobre la vigencia del convenio colectivo, el problema de las cláusulas de revalorización salarial, la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de mayo de 2015, así como, más aspectos sobre la ultractividad de los convenios colectivos.
30/07/2015. Las indemnizaciones a abonar por el FOGASA cuando el empresario no satisface su totalidad en el marco de un ERE. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 29 de junio de 2015, recurso número 2082/2014. Destacado
Tras un ERE, se acuerda una indemnización a los trabajadores de 30 días por año de servicio, en un plazo máximo de 18 mensualidades, de la que perciben los 6 primeros pagos. Después de ellos, la empresa se declara en concurso. Los trabajadores reclaman al FOGASA, el cual se reconoce un derecho de 20 días de salario por año a deducir lo ya percibido por la empresa. Los trabajadores consideran que la cantidad ya abonada por la empresa debería imputarse a la mejora pactada en el ERE, y que el FOGASA es un deudor subsidiario y, por tanto, no es dicho Organismo el que ha efectuado el pago.
El TSJ les da la razón, pero el Abogado del Estado acude al TS, que entiende que, cuando los trabajadores reclaman al FOGASA, la indemnización de debe reducir en la cantidad ya percibida por aquéllos. No cabe hacer legal imputación de pagos, «el nacimiento del derecho a obtener la indemnización de tal Organismo se produce, a todos los efectos, con la declaración de la insolvencia empresarial» y afirma que «entender lo contrario (...) equivaldría a dejar la institución de garantía, su patrimonio, su financiación y, por reflejo, el porcentaje de cotización que corresponde a los empresarios, a disposición de la autonomía colectiva».
20/08/2015. Despido colectivo. Los excesos indemnizatorios no exentos de tributación. Dirección General de Tributos, SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, consulta vinculante V2024-15.
Un trabajador despedido en octubre de 2014 por despido colectivo iniciado en febrero de 2013, tras recibir la indemnización, pregunta por el tratamiento fiscal por el IRPF de la indemnización percibida, y en concreto.
¿Qué cantidad queda exenta de tributación? Art. 7.e) de la Ley 35/2006, donde se establece que en los supuestos de despido colectivo del artículo 51 ET, siempre que se deba a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el despido improcedente, esto es: a) 33 días por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, para contratos posteriores al 12/02/2012; y b) para contratos formalizados antes del 12/02/2012, los límites previstos en la disposición transitoria quinta de la Ley 3/2012.
En el supuesto de excesos indemnizatorios no exentos de tributación, ¿cuándo es de aplicación la reducción del 40% contemplada en el artículo 18.2 de la Ley 35/2006? (Actualmente, dada la redacción vigente, en el periodo impositivo 2015 se establece el 30%). Partiendo de una indemnización obtenida por la extinción de la relación laboral en el marco del despido colectivo, donde la misma se ha percibido en forma de capital, será de aplicación la reducción prevista, en términos generales, cuando la cuantía del rendimiento íntegro no supere el importe de 300.000 euros anuales y el período trabajado para la empresa sea superior a dos años.
27/08/2015. Despido nulo. La exigencia de ir maquillada al trabajo constituye una lesión del derecho fundamental a su propia imagen. Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social. Sentencia de 3 de junio de 2015, recurso número 663/2014. Destacado
Una trabajadora es despedida al incumplir una normativa interna de la empresa sobre imagen personal que dice que, en caso de ir maquilladas, el maquillaje debía ser discreto. La trabajadora fue amonestada por escrito en repetidas ocasiones por no acudir al trabajo maquillada.
El despido, declarado nulo en instancia, es corroborado por el TSJ, que entiende que las normas internas no exigían que la trabajadora tuviera que ir maquillada, sino que, en caso de maquillarse, el mismo debía ser "discreto". Por lo que imponer tales exigencias constituye una clara lesión del derecho fundamental de la trabajadora a su propia imagen y que, no habiéndose acreditado que la trabajadora acudiese al trabajo de forma inadecuada, nos encontramos con que, no se trata de una exigencia de una uniformidad o una apariencia adecuada conforme a los usos sociales, sino que, al exigirle que fuera maquillada, se estaba incidiendo en un aspecto relacionado claramente con la imagen más básica de la persona.
01/09/2015. La extinción del contrato indefinido no fijo y de interinidad por vacante con la Administración Pública. Tribunal Supremo, Sala de lo Social. Sentencia de 26 de mayo de 2015, recurso número 391/2014. Destacado
Las trabajadoras prestaban servicios como personal laboral indefinido no fijo hasta que se les comunica la extinción de sus contratos por amortización de la plaza, tras aprobar la entidad la reducción de 95 puestos de trabajo, la supresión de 16 centros comarcales y la amortización de 39 puestos de trabajo.
Las trabajadoras impugnaron sus despidos, alegando la nulidad de los mismos al incumplir la empleadora las normas previstas para los despidos colectivos, es decir, el procedimiento colectivo del artículo 51 ET. La sentencia de instancia estimó su pretensión, pero la sentencia de suplicación concluye que en el caso de personal indefinido no fijo, la amortización de la plaza es suficiente para producir el cese de las trabajadoras.
La Sala argumenta su respuesta exponiendo la doctrina tradicional, en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2014, rectificadora del criterio precedente: a) La relación laboral "indefinida no fija” queda sometida a una condición resolutoria (la provisión de la vacante por los procedimiento legales de cobertura), cuyo cumplimiento extingue el contrato por la mera denuncia del empleador; y b) la doctrina es extensible a los casos en que el puesto desempeñado desaparece por amortización porque no podrá cumplirse la provisión reglamentaria y habrá desaparecido el presupuesto de la modalidad contractual.
Por ello, determina la estimación del recurso y concluye que, "la amortización de la plaza desempeñada por modificación de la RPT no está legalmente prevista como causa extintiva de estos contratos, porque no están sujetos a condición resolutoria, sino a término.
El próximo martes no dejes de consultar la segunda (II) entrega de este repaso jurisprudencial, que esperamos resulte de utilidad. Y no dejéis de opinar sobre lo que os parezca interesante.
El Tribunal Supremo confirma que la pensión de viudedad únicamente corresponde a las «parejas de derecho» y no a las genuinas «parejas de hecho»Absorción y compensación de salarios: evolución jurisprudencialAbono de salarios de tramitación cuando la misma sentencia fija: indemnización por despido improcedente y extinción laboral por readmisión imposibleResumen jurisprudencia comentada julio 2015 a julio 2016 (VI)Resumen jurisprudencia comentada julio 2015 a julio 2016 (III)
Problemas de la ejecución de sentencias: modificación condiciones de trabajo individualComentario Sentencia núm. 207/2015 relacionada con la obligatoriedad para las empresas de llevar un registro diario de la jornada de trabajoNuevos criterios jurisprudenciales sobre el cómputo de la jornadaLa concurrencia entre vacaciones e incapacidad temporalLa ejecución de las Sentencias de despido colectivo nulo

References: artículo 7
 artículo 29
 artículo 52
 artículo 146
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 146
 artículo 51
 artículo 18
 artículo 51