Source: https://www.adelaprat.com/2019/11/revoca-sentencia-que-declaro-nulidad-absoluta-del-pagare-y-del-contrato-de-mutuo-y-ordena-se-tramite-la-ejecucion/
Timestamp: 2019-12-12 18:38:09+00:00

Document:
Revoca Sentencia Que Declaró De Oficio La Nulidad Absoluta Del Pagaré y Del Contrato De Mutuo y Ordena Se Tramite La Ejecución
by Dra. Adela Prat on noviembre 5, 2019
La presente consta publicada como «Sentencia Destacada« de Tribunales
Provinciales, en la página web institucional de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Se recomienda su lectura, en particular la distinción entre nulidades
absolutas y relativas y todo lo atinente al Derecho del Consumidor
en un caso de operación de financiación integrada por un pagaré
y un contrato de mutuo que fueron declarados de oficio nulos de
nulidad absoluta, cuestión que revoca la Cámara, ordenando
se dé trámite a la ejecución.
–Expediente PL – 36894 /2019–
«CFN S.A. c/ Rodríguez Graciela Esther s/ Cobro Ejecutivo»
–Tribunal: –Cámara de Apelación Civil y Comercial de San Isidro-
–Sala: III
–Fecha: 24/10/2019.
–Orden de votación: Soláns – Mauri –
–Cuestiones: ¿Es justa la resolución apelada?
-CÁMARA de APELACIÓN en lo CIVIL y COMERCIAL de
–Sala III
San Isidro, 24 de octubre de 2019.
A la primera cuestión la Sra. Juez Dra. Soláns dijo:
La resolución de fs. 23/29 declaró de oficio la nulidad del pagaré de fs. 9 y
del contrato de mutuo (fs. 8) en base a los cuales se promovió la ejecución,
y consecuentemente rechazó in limine la acción (art. 529 CPCC) .
Fundó su decisión en el carácter de orden público que ostenta la normativa
de protección al consumidor, y en el hecho de que en el caso de autos se
había configurado una situación abusiva en virtud de la duplicación formal
de la deuda (*), a la vez que se habría violentado el procedimiento de con-
-formación del consentimiento informado del usuario (arts. 4 y 36 LDC).
Además, consideró que la nulidad de los actos examinados sería absoluta,
al contrariarse normas y principios de orden público, circunstancia que la
habilita a declararla de oficio.
II.La articulacón recursiva.
Apeló a fs. 31/36 el letrado apoderado de la sociedad ejecutante, recurso
que fue fundado en el mismo acto y concedido a fs. 37.
III.1. El recurrente sostiene que no existe en el caso una duplicación obliga-
-cional, sino que se trata de una deuda única que responde a una misma
causa, nacida del contrato de mutuo y garantizada mediante el pagaré.
Explica que del análisis conjunto de los instrumentos (fs. 8/9) se desprende
su interrelación y el cumplimiento del deber de información hacia el consu-
midor y señala que ambos satisfacen los requisitos exigidos por la regla-
-mentación respectiva.
Afirma que la falta de fecha de mora en el pagaré no se encuentra vedado
por el ordenamiento jurídico, en tanto el dec. ley 5963/65 presume que es-
-ta modalidad configura un mandato tácito.
Partiendo de la base de que la relación causal que subyace a la ejecución es
un contrato de mutuo, sostiene que el incumplimiento del deudor tornó ope-
-rativa la cláusula contenida en el art. 1529 del CCyC, que lo habilita –según
expone– a ejecutar el total de la deuda, caducando de pleno derecho todos
los plazos no vencidos.
Asimismo, aduce que los intereses compensatorios que se pretenden ejecutar
son los expresamente convenidos en el contrato de mutuo que integra el
pagaré, habiéndose dado adecuado cumplimiento al deber de información
dispuesto por la normativa consumeril.
Recuerda que los intereses pueden ser pactados por las partes de acuerdo
con las disposiciones del CCyC, autorizándose incluso su capitalización (art.
770 CCyC) .
III.2. Se queja de la nulidad de fondo dispuesta de oficio, que alcanza –
tanto al contrato de mutuo como al título de crédito de fs. 9.
Argumenta que, lo decidido en este aspecto excede ampliamente las constan-
-cias de la causa. Sostiene que, si bien es cierto que la LDC es de orden
público, ello no implica que la nulidad revista el carácter de absoluta, en
tanto lo que está en juego es, en todo caso, la tutela del sujeto determinado
que padece las consecuencias del acto supuestamente viciado.
Entiende que, se trata de un caso de nulidad relativa, lo que se hallaría
corroborado por la redacción del art. 36 LDC –en el cual la magistrada
funda su decisión-, según el cual es el consumidor quien debe plantear la
nulidad del contrato o de la cláusula en cuestión.
Agrega que, de acuerdo con la LDC, cuando alguna cláusula deba invalidar-
-se, el juez integrará el contrato, lo que responde al principio general de
conservación del acto.
Alega también que la declaración oficiosa de nulidad significa, en el sub lite
un exceso de la tutela de la parte débil en claro detrimento de la persecución
rápida y efectiva del cobro de su acreencia, lo que afecta al mercado en
Liminarmente, y a fin de dar un adecuado tratamiento a las cuestiones so-
-metidas a la consideración de esta Alzada, cabe delimitar precisamente el
alcance de la resolución apelada: en la oportunidad de realizar el examen
preliminar del título ejecutivo en los términos del art. 529 CPCC –es decir
previo a despachar la ejecución-, la magistrada decidió declarar de oficio la
nulidad del pagaré ejecutado y la del acto jurídico subyacente –contrato de
mutuo– (arts. 389 y cc. del CCyC), y rechazar in limine la acción, por la
inhabilidad del título (art. 529 CPCC).
Cabe destacar que la declaración de nulidad de un acto jurídico dictada por
el juez –decisión que en el caso se extiende tanto al contrato de mutuo (as-
-pecto sustancial de la relación jurídica) como al título cambiario dado en
garantía del pago-, lo priva de sus efectos normales en virtud de una causa
originaria, es decir, existente al momento de su celebración (art. 382 y ss.
CCyC) (**), es por ello que la consecuencia propia de tal declaración es la
obligación de las partes de restituirse mutuamente lo percibido –volver al
estado anterior al contrato– (art. 389 CCyC).
En tales casos, la decisión judicial que invalida el acto reviste el carácter de
cosa juzgada material, pues se expide respecto de la sustancia del negocio
jurídico (su eficacia). Y una vez firme la sentencia respectiva, la cuestión
no es susceptible de ser revisada nuevamente en un juicio posterior
(doctrina art. 18 CN).
En la especie, la juez de la instancia de origen declaró, al inicio del presente
juicio ejecutivo, la nulidad del pagaré de fs. 9 y del contrato de mutuo –negocio
causal del título-, en el entendimiento de que se trata de un supuesto de
nulidad absoluta, extremo éste que es resistido por el apelante en sus
agravios (escrito del 28.6.2019). Fundó esta decisión en el carácter de orden
público que detenta el estatuto consumeril (art. 65 LDC) .
Sentado que nos hallamos ante una relación de consumo (art. 3 LDC) y
considerando los fundamentos del fallo en crisis, debe ponerse de relieve que
el art. 386 del CCyC dispone nítidamente el criterio de distinción según el
cual habrá de categorizar las nulidades entre absolutas y relativas (***) .
Del análisis de dicha norma se desprende que cuando el acto viciado afecte
intereses generales o colectivos, dados por el orden público, la moral y las
buenas costumbres, la nulidad será absoluta. En cambio, si el interés afec-
-tado es particular, individual de los sujetos del negocio, se tratará de una
nulidad relativa (iv) .
No abunda apuntar que, sobre esta cuestión, ha expresado la CSJN que la
calificación de nulidad absoluta o relativa se definirá por el sentido y la
gravedad del defecto y, en consecuencia, por el interés afectado en el acto
alcanzado por la sanción de ineficacia. Así, en la nulidad absoluta el defec-
-to es sustancial porque afecta los intereses generales o colectivos, mientras
que, en la nulidad relativa, lo que está en juego es la tutela delos sujetos
determinados que padecen el vicio (v) .
Sobre tales premisas, deviene necesario remarcar que no es lo mismo pre-
-dicar la existencia de un conflicto con el interés público que con leyes de
orden público. En estricto rigor, hay normas de orden público (vgr. las
referidas a la capacidad) que al ser violadas dan lugar a nulidades sólo
relativas, porque el derecho protegido es el privado y no el de la sociedad
en general (vi) .
Ello evidencia que el tipo de ley que rige el caso no basta para calificar
la nulidad, sino que sólo el examen del fundamento y fin de una disposi-
-ción legal determinada permite afirmar si el acto que la infringe está afec-
-tado de nulidad absoluta o relativa (vii) .
Según la redacción del art. 36 de la LDC, regulatorio de las operaciones de
financiación para consumo –como la que nos ocupa-, es el consumidor, en
su condición de sujeto especialmente tutelado en la relación de consumo
(art. 42 CN), el que tiene la facultad de demandar la nulidad del negocio,
(ya sea total o parcial), en virtud de la omisión del cumplimiento de los
requisitos informativos estatuidos en su exclusivo beneficio (arts. 4 y 36 Ley
de Defensa del Consumidor), extremo que no se da en el sub lite.
Ciertamente, en la especie, no sólo la consumidora (demandada, quien es la
parte en favor de la cual se instituye esta causal de nulidad –art. 36), no ha
planteado la ineficacia de los actos jurídicos examinados –por vía de acción
o de excepción (art. 383 CPCC)-, sino que aún no fue citada a comparecer
al presente juicio (arg. arts. 540 y cc. CPCC) .
Este encuadre no implica desconocer el carácter de orden público que
expresamente se atribuye a la LDC (art. 65 LDC), sino reconocer que el
propósito del legislador ha sido tutelar el interés privado del consumidor
en cabeza de quien ha puesto la acción de nulidad total o parcial en caso
de omisión de los recaudos impuestos por la norma (viii), lo cual guarda
correlación con el régimen general de las nulidades relativas previsto en el
código de fondo (art. 388 CCyC).
No debe pasarse por alto que el interés individual cuyo resguardo predica
esta norma es de carácter netamente patrimonial, siendo que tal clase de
derechos son, una vez adquiridos por el sujeto, en principio, renunciables
desde que no se encuentra en juego el interés de la sociedad (ix) .
Adviértase que la nulidad tal como fue dispuesta en la decisión en crisis
-sin audiencia de la demandada (consumidora y libradora del pagaré)-,
tiene como efecto el deber de restitución mutua de los bienes recibidos
(art. 390 CCyC), lo cual, en el sub lite se traduciría en que la consumidora
se viera forzada, sin haber tenido la posibilidad de manifestarse, a devol-
-ver el dinero percibido a raíz del contrato.
Consiguientemente, el no ejercicio de la pretensión nulitiva por parte del
afectado por los actos jurídicos supuestamente viciados –en cuyo beneficio
está sanción fue establecida– (ejecutada demandada), conlleva la improce-
-cedencia de la declaración de nulidad, en tanto se trata, de un supuesto
de nulidad relativa, careciendo el juez de facultades para declarar la nuli-
-dad sin pedido de la parte, pues no es posible encuadrar la omisión de
alguno de los contenidos contractuales que exige el art. 36 de LDC como
una cláusula abusiva o prohibida, supuesto en el cual podría considerarse
la actuación judicial de oficio (arg. LDC: 36; CCyC: 383, 388; CN: 18 y 42;
cfr. Paolantonio, Martín E. «Monólogo de fuentes: el caso del pagaré de
consumo«, La Ley 10.05.2015, 1).
No puede obviarse que el art. 36 LDC prevé la integración del contrato
por el Juez en caso de que declarara la nulidad parcial del contrato por
incumplimiento de alguno de los requisitos que exige la norma, que el
art. 960 del CCyC faculta a los jueces a modificar las estipulaciones de
los contratos a pedido de las partes, cuando lo autoriza la ley o de
oficio cuando se afecta, de modo manifiesto, el orden público, todo lo
cual debe ser meritado en la sentencia y no en esta temprana etapa
del proceso (art. 161 CPCC) .
Considerando que, como regla, debe primar la conservación del contrato
ponderando que si las partes han contratado es porque han buscado pro-
-ducir algún efecto jurídico, el cual merece protección de la ley (x),
corresponde revocar la resolución apelada y ordenar que se tramite la
Habiendo emitido opinión la Sra Juez de grado, las actuaciones deberán
pasar al magistrado que siga en orden de turno (art. 17 inc. 7 del CPCC).
Las costas devengadas ante esta Alzada se imponen por su orden por no
haber contradictor (arts. 68 y 69 del CPCC).
Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que ante-
-cede, a) se revoca la resolución apelada y se ordena dar trámite a la
presente ejecución; b) se dispone el pase de las actuaciones al Juez que
sigue en el orden de turno; c) se imponen las costas de ambas instancias
por su orden por no haber contradictor (arts. 68 y 69 del CPCC); d) se
difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes
para su oportunidad legal (art. 31 de la ley 14.967); e) De forma.
SILVINA ANDREA MAURI. JUEZ DE CÁMARA.
MARÍA IRUPÉ SOLÁNS. JUEZ DE CÁMARA.
ANA MARÍA BREUER. SECRETARIA.
(*) Cfr. pagaré de fs. 9 y contrato de mutuo de fs. 8.
(**) Cfr. Lorenzetti, Ricardo (dir.) «Código Civil y Comercial
de la Nación Comentado«, Tº II, pág. 504.
(***) Cfr. Artículo 386 Código Civil y Comercial de la Nación.
«Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden
público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad
relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción sólo
en protección del interés de ciertas personas«.
(iv) Cfr. Rivera–Medina (dirs.) «Código Civil y Comercial de
la Nación Comentado«, en comentario al art. 386.
(v) Cfr. CSJN, Fallos: 321: 277; 313: 17; arg. art. 386 CCyC;
y Lorenzetti, ob. cit., Tº II, págs. 517/521.
(vi) Cfr. Cám. 2º Apel. Civ. y Com. Córdoba, 25.8.2015 in re
«Banco Hipotecario SA c/ Carranza, Pablo Alejandro s/ejecutivo
por cobro de cheques, letras o pagarés«.
(vii) Cfr. Rivera–Medina, obra citada, comentario art. 386.
(viii) Cfr. Cám. 2º Apel. Civ. y Com. Córdoba, citada.
(ix) Cfr. de la Fuente, Horacio H. «Renuncia de Derechos y
Defensa del Consumidor«, J.A. 2009–III, p. 1278 y ss.
(x) Cfr. Wajntraub, Javier «Justicia del Consumidor» Santa Fe, 2014,
Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 206; Mosset Iturraspe, Wajntraub, J.
«La Ley de Defensa del Consumidor«, Santa Fe, 2009, ps. 199/200
citados en CCCI Sala II «Banco Provincia Buenos Aires c/ Casagrande
s/ cobro ejecutivo« del 03.10.2019 RSI 501/2019.
Tagged as: abuso del derecho, acto viciado, caducidad plazos no vencidos, capitalización de intereses, carácter de orden público, causa de la obligación, CCyCN: 1529, CCyCN: 389, CCyCN: 770, CCyCN:386, CCyCN:390, CCyCN:960, cláusula prohibida, CN: 18, cobro ejecutivo, consentimiento del usuario, Consentimiento informado, Constitución Nacional: 42, contrato de mutuo, cosa juzgada material, CPCC: 529, deber de información, declaración de oficio, decreto-ley 5965, derecho adquirido, derecho protegido, derecho renunciable, duplicación de deuda, facultades del Juez, fecha de mora, garantía de pagaré, improcedencia declaración nulidad, incumplimiento del deudor, ineficacia, inhabilidad de título, integración del contrato, interés individual, interés patrimonial, intereses colectivos, intereses compensatorios, LDC: 36, LDC: 4, LDC: 65, LDC:3, Ley de Defensa del Consumidor, ley de orden público, mandato tácito, moral y buenas costumbres, nulidad absoluta, nulidad contrato mutuo, nulidad del pagaré, nulidad parcial, nulidad relativa, operaciones de financiación, pagaré, por vía de acción, por vía de excepción, presunción, rechazo demanda, restitución mutua prestaciones, restituir las cosas al estado anterior, sin audiencia de la contraria, título cambiario, título de crédito, título ejecutivo
Ejecución Saldo Tarjeta De Crédito-Nulidad De La Notificación Del Traslado De La Demanda Que Acarrea La Admisión De La Excepción De Incompetencia
Producto Alimenticio-Prohibición De Comercialización Por La ANMAT
Previous post: Dictamen Del Procurador General De La Nación Aconsejando La Inconstitucionalidad Del Índice De Movilidad Dispuesto En La Ley 27426
Next post: Casos Milmillonarios: Las Mayores Demandas Colectivas De La Historia

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 386