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Timestamp: 2019-10-21 05:33:54+00:00

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﻿ Sentencia C-611 de 2012 de agosto 1º
SENTENCIA C-611 DE 01 DE AGOSTO DE 2012
CONTENIDO:CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES. SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DEL “ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE LOS PAÍSES DE IBEROAMÉRICA –ABINIA-“, SUSCRITA EN LIMA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Y SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DE LA LA LEY 1511 DE 2012 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL
Sentencia C-611 de 2012 de agosto 1º
Ref.: Expediente LAT-379
Revisión de constitucionalidad del “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia” hecho en Lima, Perú, el doce (12) de octubre de 1999 y de la Ley 1511 del seis (6) de febrero de 2012.
En el proceso de revisión automática del “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia” hecho en Lima, Perú, el doce (12) de octubre de 1999 y de la Ley 1511 del seis (6) de febrero de 2012, aprobatoria de la misma.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido el ocho (8) de febrero del dos mil doce (2012), remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1511 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve”, para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
Mediante auto del veinticuatro (24) de febrero de dos mil doce (2012) se avocó el conocimiento del proceso de la referencia y, con el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una decisión, se decretó la práctica de pruebas relacionadas con la etapa de negociación y celebración del tratado de la referencia, y con los antecedentes legislativos a fin de obtener la totalidad de las Gacetas del Congreso de la República necesarias para verificar el trámite surtido por la referida disposición. Recibidas éstas, el nueve (9) de abril de dos mil doce (2012) se dictó un auto mediante el cual se ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales cuarto y siguientes del auto del veinticuatro (24) de febrero mencionado, en los que se ordenaba fijar en lista el proceso; comunicar al Presidente de la República, al del Congreso y a los Ministros del Interior y de Justicia, de Relaciones Exteriores y de Cultura la iniciación del presente proceso; correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación e invitar a intervenir en este asunto.
Vencido el término de fijación en lista el veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012), cumplidos los trámites propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir acerca del asunto de la referencia.
“LEY 1511 DE 2012
“Por medio de la cual se aprueba el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia”, suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Visto el texto del “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia”, suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia,
5. Que desde 1989, cuando se crea en México la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, Abinia, con el carácter de asociación civil sin fines de lucro, los directores de las bibliotecas nacionales de la región, o sus representantes, han realizado reuniones anuales para coordinar acciones de cooperación e intercambio de experiencias y conocimientos las cuales se han concretado en proyectos regionales y en el mejoramiento de las bibliotecas nacionales miembros de la Asociación.
Se constituye la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia, con la personalidad jurídica necesaria para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Acta.
(firmas en el original)
Quien suscribe, Esquía Rubín de Celis Núñez, encargada de la consultoría jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Certifica: “Que el texto que se acompaña, constante de veintidós (22) folios útiles, es copia fiel y exacta del original del “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamerica Abinia”, el cual fue suscrito el 12 de octubre de 1999, en Lima, Perú. Certificación que se expide en la ciudad de Caracas, el primer (1) día del mes de noviembre del año 2007.
La encargada de la Dirección General de Consultoría Jurídica. Gaceta Oficial 38.688 de fecha 22 de mayo de 2007, Esquía Rubín de Celis Núñez.
Que la reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa del texto en castellano del “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia”, suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve; certificado por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la cual consta de doce (12) folios, documento que reposa en los archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dada en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de febrero de dos mil diez (2010).
La Coordinadora Área de Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, Margarita Eliana Manjarrez Herrera.
Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2010
ART. 1º—Apruébese el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia”, suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia”, suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia”, suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
1. La representante del Ministerio de Cultura solicitó la constitucionalidad de la ley sometida a control.
Afirmó que Colombia fue uno de los países gestores de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamerica creada en México el 14 de diciembre de 1989, asociación que se transformó en el organismo intergubernamental llamado Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia.
Señaló que los países iberoamericanos son una comunidad cultural que tienen “convergencias de intereses en la defensa de los acervos culturales y en la necesidad de integrar esfuerzos en busca de objetivos comunes” y que las Bibliotecas Nacionales desarrollan asuntos comunes relacionados con la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico, por lo que es posible y valioso que se busquen soluciones a estos problemas de manera conjunta y coordinada.
Manifestó que la adhesión de Colombia a este organismo posibilita la actualización de conocimientos y el intercambio de procesos y tecnologías; propicia lazos de solidaridad entre los Estados y contribuye a la labor del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional en el mejoramiento de la oferta de bienes y servicios a los colombianos y en especial le permite a esta última aportar y beneficiarse de proyectos relacionados con necesidades de información y desarrollo cultural y de programas orientados hacia el rescate, preservación y acceso a la memoria documental de los países iberoamericanos y la actualización y uso de nuevas tecnologías de información. Asimismo hace posible realizar gestiones para crear consciencia sobre la importancia y significado del patrimonio bibliográfico y documental de los países miembros y permite que el patrimonio cultural depositado en las bibliotecas nacionales sea organizado, preservado, difundido y compartido, lo cual a su vez permitiría el desarrollo e integración de las naciones de iberoamericanas.
Agregó que la Ley 1511 del 6 de febrero de 2012 es concordante con: a) los artículos 2º, 70 y 71 de la Constitución y constituye una herramienta para la efectividad de los derechos allí reconocidos; b) el artículo 24 de la Ley 397 de 1997 que establece que al Ministerio de Cultura le corresponde a través de la Biblioteca Nacional planear y formular las políticas de las bibliotecas públicas y dirigir la Red Nacional de Bibliotecas y c) con la Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones”.
2. El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que el ‘Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ “cumplió con los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su adhesión y aprobación legislativa, y que el contenido de la misma consulta los principios y postulados que gobiernan al Estado y a su política exterior”, por lo que solicitó que la Ley 1511 del 6 de febrero de 2012 fuera declarada exequible.
Señaló que la República de Colombia no suscribió la precitada Acta. Empero, el Presidente de la República mediante autorización ejecutiva y de conformidad con el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución autorizó y ordenó someterla a aprobación del Congreso de la República.
En ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242.2 y 278.5 del texto constitucional, el Procurador General de la Nación presentó concepto 5363 por lo cual solicitó a la Corte que
“luego de que se defina lo relativo a la deficiencia probatoria anotada en el análisis formal, y siempre y cuando de ella no se siga un vicio en el proceso de formación de la ley, que declare EXEQUIBLES tanto el Acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de Iberoamérica, Abinia, suscrita en Lima a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, como la Ley 1511 de 2012, que la aprueba”.
Con respecto al análisis formal señaló que,
“dada la inexistencia en el expediente de información relativa al primer debate del proyecto en la Comisión Segundo de la Cámara de Representantes, no es posible verificar si se cumplió en cabal forma con las exigencias constitucionales, en especial con la prevista en el párrafo primeo del artículo 160 superior. Dada la dificultad antedicha, el Ministerio Público no puede referirse a la constitucionalidad del trámite en comento. Por lo tanto, solicita a la Corte que, en ejercicio de su competencia para decretar y recaudar pruebas, tome las medidas adecuadas para establecer lo acaecido entorno a dicho debate”.
Respecto del control material del tratado señaló que éste busca por medio de una asociación entre los Estados desarrollar las bibliotecas nacionales en los países iberoamericanos y promover la integración y el desarrollo armónico y equilibrado de estos países, sobre la base de la conservación de su patrimonio cultural, en especial de materia bibliográfica.
Luego de referirse a cada uno de los artículos del tratado concluyó que
“el instrumento internacional en comento y la Ley 1511 de 2012, que lo aprueba, se ajustan a la Constitución Política, en la medida en que contribuyen a promover la integración social y cultural en un marco de igualdad, al tenor de lo dispuesto por el artículo 277 Superior, dentro de un marco de respeto por la autonomía de los Estados y en concordancia con los principios de igualdad y reciprocidad. Preservar el acervo cultural común, a partir de los materiales bibliográficos, como lo pretende la asociación a la que se refiere el instrumento sub examine, es una tarea de alta significación cultural e histórica, conforme al artículo 70 Superior, que resulta de gran significación para la integración Latinoamérica y del Caribe, según lo previsto en el artículo 9º ibídem”.
Previo a resolver la constitucionalidad del Acta mencionada y de su Ley aprobatoria, aclara esta Sala que, contrario a lo considerado por el Ministerio Público, al momento de dar traslado al Procurador General de la Nación (Auto de abr. 9/2012 obrante a fl. 73 del cdno. de la Corte), la Secretaría General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes había dado respuesta al oficio OPC-022/12 y remitido copia de las Gacetas del Congreso 716, 920 y 1011 de 2011 (según informe de mar. 8/2012 obrante a fl. 218 del cdno. 2 de pruebas). De igual forma el secretario general de la Cámara de Representantes había contestado el oficio mencionado y enviado copia de las Gacetas del Congreso 62, (según informe de mar. 22/2012 obrante a fl. 89 del cdno. 3 pruebas) y 94 de 2012 (según informe obrante a fl. 69 del cdno. 4 pruebas), razón por la cual no resulta comprensible la abstención del procurador general de referirse al análisis de forma respecto de los documentos sujetos a revisión.
Según lo previsto en el artículo 241 numeral 10º de la Constitución, corresponde a esta corporación realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban. Sobre el particular, cabe resaltar que el control confiado a esta Corte en estos casos es integral, automático y versa tanto sobre el contenido material del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.
El control de constitucionalidad formal de los tratados internacionales apunta a analizar (i) la validez de la representación del Estado; (ii) la realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, de ser procedente, al igual que (iii) el acatamiento al trámite de una ley ordinaria conforme con el artículo 204 de la Ley 5º de 1992(1), con dos particularidades: (i) la iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (C.N., art. 154); y (ii) la remisión del tratado internacional y de su correspondiente ley aprobatoria a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno para efectos de su revisión definitiva (C.N., art. 241-10).
En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (C.N., art. 157); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates (C.N., art. 157); y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (C.P., art. 241-10).
3. Remisión del Acuerdo y su ley aprobatoria.
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido el 8 de febrero de 2012, remitió, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción, a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1511 del 6 de febrero de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve”, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.
4. Negociación y celebración del Tratado.
La Corte Constitucional ha resaltado, en múltiples oportunidades, el deber constitucional de revisar los tratados internacionales y las leyes que los aprueban y, a su vez, ha afirmado que tal análisis implica comprobar la existencia de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7º a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969(2).
En el caso bajo estudio según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la República de Colombia en su calidad de sujeto de derecho internacional no participó en el proceso de negociación del “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve”, pues la redacción de la misma la efectuó la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamerica, Abinia, asociación privada en la que participaban los representantes de las bibliotecas nacionales de los Estados Iberoamericanos.
En lo que concierne a la etapa de celebración del Acta, la misma fue suscrita en Lima, República de Perú, el 12 de octubre de 1999 por 12 Estados Iberoamericanos. No la suscribió Colombia, pero en virtud del artículo XXI de dicha Acta y de la Convención de Viena (art. 11, 15 y concordantes) es posible su adhesión.
Respecto de la adhesión, se ha de señalar que en el caso bajo estudio, la Doctora Alejandra Valencia Gartner, Coordinadora del Grupo de Trabajo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, remitió copia certificada de la Aprobación Ejecutiva, de fecha del 5 de marzo de 2010, suscrita por el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, mediante la cual se autorizó someter al Congreso de la República el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve”.
La aprobación ejecutiva del Congreso a la referida Acta se encuentra en el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, el cual faculta al Presidente para dirigir las relaciones internacionales, siendo este acto una manifestación de su intención de adherir al referido Convenio.
5. Trámite de aprobación de la Ley 1511 de 2012 en el Senado de la República.
Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el secretario general del Senado de la República se pudo verificar que el trámite surtido en esa corporación para la expedición de la Ley 1511 de 2012, fue el siguiente:
5.1. Presentación del proyecto de ley aprobatoria y primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado.
El proyecto de Ley 238 de 2011 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve”, fue radicado el 5 de marzo de 2010 ante la Secretaría General del Senado por la Ministra de Relaciones Exteriores y por la Ministra de Cultura. El texto aparece publicado en la Gaceta del Congreso 149 del 1º de abril de 2011, págs. 16 a 22.
El texto de la Ponencia para primer debate se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso 266 del 16 de mayo de 2011, págs. 1 a 4.
La aprobación del proyecto en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado tuvo lugar el día 8 de junio de 2011, según consta en el Acta 37 de la Sesión Ordinaria, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso 758 del 6 de octubre de 2011.
A su vez, el proyecto de ley había sido previamente anunciado el día 1º de junio de 2011, según consta en el Acta 36, publicada en la Gaceta del Congreso 755 del 6 de octubre de 2011 (págs. 47, 50), cuyo texto pertinente reza:
“Sírvase, señor Secretario, anunciar proyectos para la próxima sesión y continuamos con el tema de lo que propongan los honorables Senadores.
El señor secretario Diego Alejandro González González, continúa con el orden del día: Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A. L. 1/2003, art. 8º).
1. Proyecto de Ley 238 de 2011 Senado, ‘por medio de la cual se aprueba el Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’, suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura.
Publicaciones: Texto de Proyecto de ley: Gaceta del Congreso 147 de 2011.(sic)
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso 266 de 2011”.
Es pertinente aclarar que anterior a este aviso previamente se había anunciado para votación este proyecto de ley: a) el día 17 de mayo de 2011 según consta en el Acta 33; b) el día 30 de mayo de 2011 según consta en el Acta 34 y c) el día 31 de mayo de 2011 según consta en el Acta 35. Las anteriores actas fueron publicada en la Gaceta del Congreso 755 del 6 de octubre de 2011 (págs. 26; 28 y 47 respectivamente).
En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el Secretario General del Senado certificó lo siguiente:
“i) Fecha de votación y aprobación:
El Proyecto de Ley 238 de 2011 Senado, hoy Ley 1511 de 2012, fue aprobado el día 8 de junio de 2011, según consta en el Acta 37 Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta 758 del 6 de octubre de 2011, la cual se adjunta (págs. 1-6).
Votación: Fue aprobado de la siguiente manera:
Se aprueba la omisión de la lectura del articulado conforme al artículo 1º de la Ley 1431 de 2011.
La proposición final y el articulado del proyecto de ley fueron aprobados conforme al Acto Legislativo 1 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue el siguiente:
Avirama Avirama Marcos Aníbal Ninguno
Espíndola Niño Edgar Ninguno
Moreno Piraquive Alexandra Ninguno
Paredes Aguirre Myriam Alicia Ninguno
Virgüez Piraquive Manuel Ninguno
Sometidos a consideración el título del proyecto de Ley y el deseo que este se convierta en Ley de la República, fueron aprobados conforme al artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 numerales 17 y 18.
Constancia de esta votación queda registrada en el Acta 37 del 8 de junio de 2011, de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de esa fecha publicada en la Gaceta 758 del 6 de octubre de 2011, la cual se adjunta (págs. 1-6)” (fl. 1-2 cdno. 2 pruebas).
De este modo, se hace evidente que en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, la votación respecto del proyecto de ley 238 de 2011 se realizó de forma nominal y pública cumpliendo el postulado constitucional previsto en el artículo 133 que así lo impone.
5.2. Trámite en la Plenaria del Senado.
El texto del informe de ponencia para segundo debate ante la Plenaria del Senado aparece publicado en la Gaceta del Congreso447 del 20 de junio de 2011, págs. 9 a 15.
El anuncio para discusión y deliberación se realizó en la sesión ordinaria del 9 de agosto de 2011, segúnActa 3 publicada en la Gaceta del Congreso 683 del 14 de septiembre de 2011 págs. 6-7, en los siguientes términos:
Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán para la próxima sesión.
Sí, señor Presidente, el siguiente punto es el anuncio de proyectos para la sesión correspondiente a la siguiente convocatoria señor Presidente. Los proyectos son:
Proyectos de ley con ponencia para segundo debate
Proyecto de Ley 238 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia, suscrita en Lima a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve. (...)”.
La discusión y aprobación de la ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado se encuentra en el Acta 4 de la sesión ordinaria del 10 de agosto 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 684 del 14 de septiembre de 2011 págs. 1, 32, 44, así:
“Acta de Plenaria 4 del 10 de agosto de 2011 Senado
Acta 4 de la Sesión Ordinaria del día miércoles 10 de agosto de 2011.
Presidencia de los honorables Senadores: Juan Manuel Corzo Román, Antonio del Cristo Guerra de la Espriella y Alexánder López Maya.
En Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil once (2011) previa citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
El honorable Senador Hernán Francisco Andrade Serrano, quien preside la sesión del Senado por orden alfabético, indica a la Secretaria llamar a lista, y contestan los siguientes honorables Senadores:
Alfonso López Héctor Julio
Arbeláez Escalante Amparo
Ashton Giraldo Álvaro Antonio
Besayle Fayad Musa
Carlosama López Germán Bernardo
Clavijo Contreras José Iván
Córdoba Suárez Juan de Jesús
Correa Jiménez Antonio José
Delgado Blandón César Tulio
Delgado Ruiz Edinson
Elías Vidal Bernardo Miguel
Enríquez Rosero Manuel Mesías
Espíndola Niño Édgar
Iragorri Hormaza Jorge Aurelio
Jiménez Gómez Gilma
Laserna Jaramillo Juan Mario
Lozano Ramírez Juan Francisco
Merlano Morales Eduardo Carlos
Ospina Gómez Mauricio Ernesto
Prieto Soto Eugenio Enrique
Rapag Matar Fuad Emilio
Rendón Roldán Liliana María
Romero Galeano Camilo Ernesto
Suárez Mira Olga Lucía
Sudarsky Rosecubaumm Jhon
Valera Ibáñez Félix José
Villalba Mosquera Rodrigo
Wilches Sarmiento Claudia Jeanneth
Zuluaga Artistizábal Jaime Alonso
Baena López Carlos Alberto
García Realpe Guillermo
Herrera Acosta José Francisco
Morales Diz Martín Emilio
“V. Lectura de ponencias y consideración de Proyectos en Segundo Debate
Proyecto de Ley 238 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia”, suscrita en Lima a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Por solicitud del honorable Senador Aurelio Iragorri Hormaza, la Presidencia pregunta a la Plenaria si acepta omitir la lectura del articulado del proyecto y, cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.
La Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado en bloque del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 238 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia”, suscrita en Lima a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto”.
En la certificación del Secretario General del Senado de la República consta que “la votación se hizo con base en la Ley 1431 del 4 de enero de 2011, aparecen asistiendo a la sesión plenaria 94 senadores dejando de asistir 8 honorables senadores con excusa” (fl. 2 cdno. 1 pruebas).
Respecto de la votación al proyecto de Ley 238 de 2011 efectuada en la Plenaria del Senado de la República, concluye esta Corporación que la misma se realizó de manera unánime de allí que no fuera necesario efectuar una votación nominal y pública, conforme con el artículo 133 de la Constitución Política y el numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5º de 1992 (modificado por el art. 1º de la L. 1431/2011).
Advierte la Sala que el Acta publicada no hace alusión a la expresión ‘unanimidad’ cuando se refieren a la votación realizada, sin embargo se alude a que la Plenaria respondió ‘afirmativamente’ ante la pregunta si se adopta el articulado propuesto, el título leído y si se desea que surta el trámite en la Cámara de Representantes. Esta última expresión sumada al contexto en la cual se efectuó permite inferir la característica de unanimidad en la votación, por cuanto: a) abierta la sesión del 10 de agosto de 2011 el llamado a lista da cuenta de los senadores presentes en la votación y quienes se infieren respondieron afirmativamente ante las preguntas mencionadas; hecho que coincide con el certificado expedido por el Secretario General del Senado de la República y b), revisada el acta, antes de que se efectuara la votación no se presentó ninguna propuesta de modificación o adición y en la votación no consta oposición alguna por parte de algún senador ni requerimiento para que la votación se efectuara de manera nominal y pública.
De este modo se hace evidente que en la votación efectuada en la Plenaria del Senado respecto del Proyecto de Ley 238 de 2011 estuvo conforme con la Constitución.
En últimas, analizados los textos de las Gacetas del Congreso se concluye que el proyecto de ley aprobatorio del tratado internacional: (i) fue anunciado el día 9 de agosto de 2011 para ser votado “la sesión correspondiente a la siguiente convocatoria”; (ii) la cual se realizó el día 10 de agosto de 2011, fecha en que en efecto fue votado por la plenaria del Senado. El texto finalmente aprobado fue publicado en la Gaceta del Congreso 602 del 17 de agosto de 2011, págs. 5-6.
5.3. Trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
El Proyecto de Ley 79 de 2011 Cámara, 238 de 2011 Senado “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve”, fue publicado en la Gaceta del Congreso 716 del 26 de septiembre de 2011, págs. 10-15.
El anuncio de este proyecto de ley se hizo el 11 de octubre de 2011, según consta en la Acta 09, la cual fue publicado en la Gaceta del Congreso 1011 del 23 de diciembre de 2011, pág. 31, 43, 44. El texto del anuncio es el siguiente:
“Quinto. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para ser debatidos y votados en la próxima sesión de Comisión en donde haya aprobación de proyectos de ley.
Estos anuncios señores Representantes, se hacen para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
3. Proyecto de Ley 79 de 2011 Cámara, por medio de la cual se aprueba el Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia, suscrita en Lima a los 12 días del mes de octubre de 1999.
Ponencia primer debate en Cámara: Gaceta 716 de 2011. (...).
Hace uso de la palabra el señor Presidente honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
Se da por terminada la Sesión. Se cita para el próximo martes, 18 de octubre, a las 8:30 de la mañana y muchas gracias a todos y a la Secretaria por la Sesión de hoy.
Así, se hará señor Presidente.
Se levanta la sesión a las 10:36 a.m.”.
La discusión y aprobación del proyecto de ley en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes tuvo lugar el 18 de octubre de 2011, según consta en el Acta 10, la cual aparece publicada en la Gaceta del Congreso 1011 del 23 de diciembre de 2011, págs. 56, en los siguientes términos:
“Continúe señora Secretaria.
Sí señor Presidente. Proyecto de Ley 79 de 2011 Cámara, 238 de 2011 Senado, “por medio de la cual se aprueba el acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica Abinia suscrita en lima a los 12 días del mes de octubre de 1999”.
Autores: Señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar; señora Ministra de Cultura, doctora Mariana Garcés Córdoba.
Ponente: honorable Representante Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
Texto del proyecto: Gaceta del Congreso 14[9] de 2011.
Ponencia primer debate Senado: Gaceta del Congreso 266 de 2011.
Ponencia segundo debate Senado: Gaceta del Congreso 447 de 2011.
Ponencia primer debate en Cámara: Gaceta del Congreso 716 de 2011.
Ese es el proyecto señor Presidente.
Tiene la palabra el honorable Representante Carlos Alberto Zuluaga.
Hace uso de la palabra el honorable Representante Carlos Alberto Zuluaga Díaz:
Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda (e), doctor José Ignacio Mesa Betancur:
En consideración la proposición con que termina el informe, anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, la aprueba la Comisión Segunda.
Ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia señor Presidente, por unanimidad.
Se abre la discusión del articulado del proyecto.
Sí señor Presidente, le informo que son tres artículos debidamente publicados en la Gaceta del Congreso 716 de 2011.
Se omite la lectura de los artículos y se pone a consideración de la Comisión el articulado, anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, la aprueba la Comisión Segunda.
Ha sido aprobado el articulado del proyecto señor Presidente por unanimidad.
En consideración el título y la pregunta si quiere la Comisión que este proyecto sea ley de la República.
Título del proyecto: por medio de la cual se aprueba el acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia, suscrita en Lima a los 12 días del mes de octubre de 1999.
Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, doctor Juan Carlos Sánchez Franco:
Leído el título y en consideración la pregunta si se desea que sea ley de la República lo aprueba la Comisión Segunda de la Cámara.
Ha sido aprobado el título del proyecto y los honorables Representantes han manifestado su deseo positivo de que este proyecto pase a segundo debate y se convierta en ley de la República.
Se nombra como ponente para segundo debate al honorable Representante Carlos Alberto Zuluaga, damos las gracias a la señora Ministra por acompañarnos y exponer, hay otro proyecto pero en este específicamente le estamos dando el agradecimiento y en seguida ponemos en consideración el otro proyecto donde la ministra nos debe exponer. Saludamos a la doctora Nancy Maldonado Hincapié, Coordinadora de Asuntos Internacionales y de Cooperación, que acompaña a la señora ministra.
Sigamos con el otro punto del orden del día donde la Ministra nos debe exponer, pero no está el doctor Pedro Pablo (...)”.
En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara certificó que:
“en la sesión del 18 de octubre de 2011, Acta 10, publicada en la Gaceta del Congreso de la República 1011 del 23 de diciembre de 2011, páginas de la 49 a la 60, la cual adjunto, se llevó a cabo la discusión y aprobación del Proyecto de Ley 79 de 2011 Cámara, 238 de 2011 Senado (...) en los siguientes términos con la presencia de 15 Honorables Representantes:
Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente Dr. Alberto Zuluaga Díaz, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Sometido a consideración, el articulado del proyecto, publicado en la Gaceta 716 de 2011, se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Preguntada la comisión si quiere que este proyecto sea Ley de la República, se aprobó por unanimidad en votación ordinaria” (fl. 151-152 cdno. 2 pruebas).
La votación en la Comisión Segunda de la Cámara no se realizó en forma nominal y pública, sino de manera ordinaria. A pesar de ello, se presentó unanimidad en la votación y ninguno de los congresistas presentes solicitó votación nominal, razón por la cual no se presenta desconocimiento de las minorías, con lo cual se configura la hipótesis del numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el art. 1º de la L. 1431/2011).
5.4. Trámite en la Plenaria de la Cámara de Representantes.
El texto de la Ponencia para segundo debate en Cámara, aparece publicado en la Gaceta del Congreso 920 del 30 de noviembre de 2011, págs. 5-11.
El anuncio previo a votación se realizó el 13 de diciembre de 2011, según Acta de Plenaria 107, publicada en la Gaceta del Congreso 62 del 12 de marzo de 2012, págs. 149-150, en la cual se lee lo siguiente:
“Vamos a anunciar los proyectos para mañana a las 9:00 de la mañana y seguiremos votando.
Señor Secretario, sírvase anunciar los proyectos.
La Secretaría General informa doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Anunciamos los proyectos. (...)
Proyectos para Segundo Debate (...).
La Secretaría General informa doctora Flor Marina Daza Ramírez:
Proyecto de Ley 79 de 2011 Cámara, 238 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los países de Iberoamérica Abinia’, suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve (...)”.
Durante la sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del día 14 de diciembre de 2011, según consta en el Acta de Plenaria 108 publicada en la Gaceta del Congreso 94 del 22 de marzo de 2012, págs. 94, fue aprobado el instrumento internacional, en los siguientes términos:
“Siguiente punto en el Orden del día. Señor secretario.
Secretario General, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo:
Siguiente punto es el Proyecto de Ley 79 de 2011 Cámara -238 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los países de Iberoamérica, Abinia” suscrita en Lima, a los 12 días del mes de octubre de 1999. El informe de ponencia es como sigue: dese segundo debate del Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los países de Iberoamérica, Abinia”, suscrita en Lima, a los 12 días del mes de octubre de 1999. Firma: Carlos Alberto Zuluaga Díaz, Representante a la Cámara.
Ha sido leído el informe de ponencia señor Presidente.
Dirección de la Presidencia, doctor Simón Gaviria Muñoz:
Anuncio que abro el debate que lo voy a cerrar, queda cerrado, ¿aprueba la Cámara?
Este proyecto de tres artículos, no tiene proposición el título es el siguiente: por medio de la cual se aprueba el Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los países de Iberoamérica, Abinia, suscrita en Lima, a los doce 12 del mes de octubre de 1999.
Apruebe la Cámara el articulado, título y quiere la Cámara que sea ley de la República.
Así lo aprueba por unanimidad señor Presidente.
Siguiente Punto, en el orden del día señor Secretario”.
En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el Secretario General de la Cámara de Representantes certificó que:
“en Sesión Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 14 de diciembre de 2011, a la cual se hicieron presentes ciento sesenta y uno (161) Honorables Representantes a la Cámara, y fue considerado y aprobado por las mayorías que exige la Constitución y la ley, el Informe de Ponencia para Segundo Debate, el articulado y el Título del Proyecto de Ley 79 de 2011 Cámara- 238 de 2011 Senado (...), la votación se desarrolló de la siguiente manera:
Informe de Ponencia para segundo debate, se aprobó por unanimidad.
Articulado, Título del Proyecto y la Pregunta ‘Quiere la Plenaria que este Proyecto sea Ley de la República’ se aprobó por unanimidad (...)” (fl. 34 cdno. Corte).
El texto finalmente aprobado fue publicado en la Gaceta del Congreso 997 del 23 de diciembre de 2011, págs. 12.
La votación en la Plenaria de la Cámara no se efectuó de forma nominal y pública, sino de manera ordinaria. Sin embargo se presentó unanimidad en la votación y ninguno de los congresistas presentes solicitó votación nominal, razón por la cual no se presenta desconocimiento de las minorías, con lo cual se configura la hipótesis del numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el art. 1º, L. 1431/2011).
6. El cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales en el trámite legislativo de la Ley 1511 de 2012.
6.1. Iniciación del trámite en el Senado.
A partir del examen efectuado por la Corte Constitucional, pudo verificarse que el Proyecto de Ley inició su curso en el Senado de la República, tal como lo indica el artículo 154 de la Constitución, en concordancia con el artículo 143 de la Ley 5º de 1992.
6.2. Término que debe mediar entre debates y análisis de trámite en dos legislaturas.
En lo que respecta a las exigencias derivadas de lo dispuesto en el artículo 160 Superior, se encuentra que los términos que deben mediar para las respectivas aprobaciones de un proyecto de ley en la comisión constitucional respectiva y la plenaria correspondiente es de por lo menos ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, es de quince (15) días por lo menos.
— Aprobación en Comisión Segunda del Senado: 8 de junio de 2011.
— Aprobación en Plenaria de Senado: 10 de agosto de 2011.
— Aprobación en Comisión Segunda de Cámara: 18 de octubre de 2011.
— Aprobación en Plenaria de Cámara: 14 de diciembre de 2011.
El anterior recuento evidencia que, efectivamente, mediaron más de ocho (8) días entre las aprobaciones en comisiones y plenarias, al igual que más de quince (15) días entre la aprobación en una Cámara y la iniciación del debate en la otra Cámara.
En relación con el cumplimiento del artículo 162 Constitucional, se evidencia que no se excedieron las dos legislaturas, con lo cual se da estricto cumplimiento al precepto superior, por cuanto el 8 de junio de 2011 fue el primer debate dado al proyecto en la Comisión Segunda del Senado y la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes se dio el 14 de diciembre de 2011, esto es, el proyecto comenzó a discutirse en el segundo período de la legislatura comprendida entre el 20 de julio de 2010 al 20 de junio de 2011 y finalizó su procedimiento para convertirse en ley en el primer período de la legislatura comprendida entre el 20 de julio de 2011 y 20 de junio de 2012.
6.3. Publicaciones oficiales.
En el numeral 1º del artículo 157 y el artículo 160 de la Constitución se consagra la obligación de realizar la publicación oficial del proyecto y de la ponencia por parte del Congreso de la República, antes de darle curso en la comisión respectiva. Estas publicaciones se cumplieron así:
— Proyecto de ley: Gaceta del Congreso 149 del 1º de abril de 2011.
— Texto de Ponencia para Primer Debate: Gaceta del Congreso 266 del 16 de mayo de 2011.
— Aprobación del Proyecto en Comisión Segunda del Senado: Gaceta del Congreso 758 del 6 de octubre de 2011.
— Texto de la Ponencia para Segundo Debate en la Plenaria del Senado: Gaceta del Congreso 447 del 20 de junio de 2011.
— Aprobación del Texto en Plenaria de Senado: Gaceta del Congreso 684 del 14 de septiembre de 2011.
— Texto de la Ponencia para Primer Debate en Cámara: Gaceta del Congreso 716 del 26 de septiembre de 2011.
— Aprobación del Texto del Proyecto de Ley en Comisión Segunda de Cámara: Gaceta del Congreso 1011 del 23 de diciembre de 2011.
— Texto de la Ponencia para Segundo Debate en la Plenaria Cámara: Gaceta del Congreso 920 del 30 de noviembre de 2011.
— Aprobación del Texto en Plenaria de la Cámara: Gaceta del Congreso 94 del 22 de marzo de 2012.
— Texto definitivo Plenaria de la Cámara: Gaceta del Congreso 997 del 23 de diciembre de 2011.
6.4. Quórum y mayorías y anuncios.
Fue posible verificar que el trámite legislativo observó el requisito del quórum decisorio, en el sentido prescrito por el artículo 146 de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 117 numeral 1, 118 y 205 de la Ley 5º de 1992, esto es, la mayoría de los votos de los asistentes, igualmente, se cumplieron los debates y aprobaciones en las Comisiones Segundas Permanentes y en las Plenarias de Senado y Cámara, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 160. Veamos:
En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el Secretario de la Comisión Segunda del Senado certificó lo siguiente:
El proyecto de Ley 238/11 Senado, hoy Ley 1511 de 2012, fue aprobado el día 08 de junio de 2011, según consta en el Acta 37 Sesión Ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta 758 del 6 de octubre de 2011, la cual se adjunta (págs. 1-6).
Así, en la Comisión Segunda del Senado, la votación respecto del proyecto de ley 238 de 2011 se realizó de forma nominal y pública cumpliendo el postulado constitucional previsto en el artículo 133 que así lo impone.
El Secretario General del Senado de la República certificó que por unanimidad “la votación se hizo con base en la Ley 1431 del 4 de enero de 2011, aparecen asistiendo a la sesión plenaria 94 senadores dejando de asistir 8 honorables senadores con excusa” (fl. 2 cdno. 1 pruebas). Y según consta en el Acta 4 del 10 de agosto de 2011 publicada en la Gaceta del Congreso no. 684 del 14 de septiembre de 2011 la Plenaria respondió ‘afirmativamente’ ante la pregunta si se adopta el articulado propuesto, el título leído y si se desea que surta el trámite en la Cámara de Representantes, por lo que concluye esta Corporación que la votación respecto del proyecto ley 238 se realizó de manera unánime de allí que no fuera necesario efectuar una votación nominal y pública, conforme con el artículo 133 de la Constitución Política y el numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5º de 1992 (modificado por el art. 1º de la L. 1431/2011).
En cuanto al quórum y votación del proyecto de ley, el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes certificó lo siguiente:
La votación en la Plenaria de la Cámara no se efectuó de forma nominal y pública, sino de manera ordinaria. Sin embargo se presentó unanimidad en la votación y ninguno de los congresistas presentes solicitó votación nominal, razón por la cual no se presenta desconocimiento de las minorías, con lo cual se configura la hipótesis del numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el art. 1º de la L. 1431/2011).
Como se nota la votación en la Plenaria del Senado y de la Cámara y en la Comisión Segunda de ésta última no se realizó en forma nominal y pública, sino de manera ordinaria. A pesar de ello, se presentó unanimidad en la votación y ninguno de los congresistas presentes solicitó votación nominal, razón por la cual no se presenta desconocimiento de las minorías, con lo cual se configura la hipótesis del numeral 16 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el art. 1º de la L. 1431/2011)(3).
7. Sanción presidencial.
Por último, el numeral 4º del artículo 157 de la Constitución establece que ningún proyecto será ley sin haber obtenido la Sanción por el Gobierno Nacional. En esta oportunidad, según fue reseñado, el Presidente de la República impartió la sanción correspondiente el 6 de febrero de 2012 y su publicación como Ley 1511 de 2012 se hizo en el Diario Oficial 48335 de la misma fecha.
8. Conclusión sobre la revisión formal de la ley.
Examinado el trámite surtido en el Congreso de la República al proyecto de Ley 238 de 2011 Senado y 79 de 2011 Cámara, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve”, la Corte advierte que el mismo cumplió a cabalidad con las exigencias previstas en la Constitución y en el Reglamento del Congreso (L. 5ª/92) para la aprobación de este tipo de normas. En consecuencia, desde el punto de vista formal se declarará la exequibilidad de la Ley 1511 del 6 de febrero de 2012.
9. Análisis material sobre el contenido de la Acta aprobada mediante Ley 1511 de 2012.
Con el fin de analizar la constitucionalidad de la mencionada Acta esta Sala describirá el contenido de la misma (9.1); hará referencia a su adecuación con las normas constitucionales que rigen las relaciones internacionales (9.2); determinará la relevancia de los bienes jurídicos de la cultura, patrimonio cultural y patrimonio bibliográfico y documental dentro del marco de la Constitución (9.3) y finalmente pasará a concluir la concordancia entre el referenciado instrumento internacional con la norma superior (9.4).
9.1. El tratado crea una Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de Iberoamérica, en razón a la afinidad cultural e idiomática (español y portugués) de los países que la conforman y con el fin de desarrollar la labor que realizan las bibliotecas nacionales, que tiene objetivos, problemas y soluciones que podrían ser comunes, para de este modo salvaguardar el patrimonio bibliográfico de la Nación el cual debe ser organizado, preservado y difundido.
El tratado dota a la Asociación de Estados Iberoamericanos de personería jurídica (art. 1º), determina la manera de establecer la sede (art. 2º) y regula sus objetivos (art. 3); la forma en que se hace miembro de ese organismo (art. 4º); los órganos de la asociación (art. 5º al 16); la constitución del patrimonio (art. 17); la lengua oficial (art. 18) y su vigencia (art. 19 al 23).
El tratado tiene como objetivo recopilar y mantener la información sobre las bibliotecas nacionales iberoamericanas; crear conciencia sobre el patrimonio bibliográfico y documental; adoptar políticas, estrategias, normas y programas de capacitación para preservar la colección de las bibliotecas nacionales; adoptar normas técnicas compatibles que garanticen el control bibliográfico, faciliten el intercambio de materiales e información y la automatización de los sistemas de información; elaborar fuentes de referencia nacionales y regionales que fomenten la investigación y el intercambio de información; vincular las bibliotecas nacionales con las demás bibliotecas y con los sistemas y las redes existentes; divulgar la colección por catálogos, ediciones y exposiciones; apoyar programas de formación académica y de capacitación en servicios orientados a la actualización de los recursos humanos de las bibliotecas, así como la formación de usuarios; intercambiar experiencias y realizar investigaciones conjuntas sobre problemas relacionados con las bibliotecas nacionales; brindar asistencia técnica a los miembros que lo soliciten; gestionar la obtención de recursos financieros, materiales y humanos que permitan consolidar y modernizar las colecciones y servicios de las bibliotecas nacionales y que permitan la realización de programas cooperativos y realizar cualquier actividad que las partes decidan de común acuerdo en cumplimiento de los fines de este tratado.
Como órganos de la Asociación están la Asamblea General, el Consejo de directores y la secretaría jurídica. El primero de ellos es el órgano máximo, el cual está constituido por los directores de las bibliotecas nacionales, debidamente acreditados por la vía diplomática, como representantes de los Estados miembros, quienes tienen derecho a un voto en este órgano y en cada uno de sus órganos auxiliares. Su función es formular las políticas para el cumplimiento de los fines de la asociación y aprobar nuevos proyectos y el examen del desarrollo de los mismos. Además, posee la competencia de aprobar la gestión de sus administradores; determinar la sede de la Asociación; elegir los miembros del Consejo de Directores y el Secretario Ejecutivo; aprobar los reglamentos de funcionamiento de la asociación y de los presupuestos y las cuentas anuales que le sean presentados por el consejo de directores. La Asamblea se reúne una vez al año, la presidencia, organización y coordinación de la misma le corresponderá al Director de la Biblioteca Nacional del país donde ésta se realice (art. 6º y 7º).
El consejo de directores está integrado por seis miembros, un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales, elegidos por un período de dos años y con la posibilidad de ser reelegido por una sola vez. Para sesionar se necesita por lo menos cuatro de los miembros incluido el Presidente y las decisiones serán tomadas por la mayoría de los votos de los miembros presentes, en caso de empate, el Presidente dirime el conflicto. El Presidente del Consejo de Directores representa legalmente a la Asociación. Entre sus funciones se encuentran cumplir y hacer cumplir las funciones de la Asamblea General; orientar la actividad de la secretaria ejecutiva; proponer los presupuestos anuales de ingresos y gastos a la Asamblea; evaluar la gestión del Secretario Ejecutivo; proponer a la Asamblea la cuota anual que debe aportar los países miembros; buscar fondos extraordinarios; conocer y presentar para aprobación de la Asamblea donaciones, subvenciones, préstamos y otras operaciones que obliguen a la asociación.
La secretaría ejecutiva funcionará en la sede de la asociación y está a cargo de un secretario ejecutivo que será designado por la asamblea general mediante el voto favorable de dos tercios de los miembros presentes, el período es de dos años consecutivos y para su reelección y su sustitución se requiere el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Asamblea General. El Secretario coordina la ejecución de las actividades de la Asociación; cumple y hace cumplir lo ordenado por el consejo de directores y la asamblea; supervisa el cumplimiento de los proyectos; prepara reuniones ordinarias y extraordinarias; elabora el plan de trabajo y el presupuesto anual; gestiona la obtención de fondos; promueve el intercambio de información; recopila información de las bibliotecas nacionales y las mantiene actualizada; ejerce la función de tesorería; prepara cada año las memorias y las cuentas de la asociación; edita y distribuye el boletín informativo de la Asociación y demás funciones asignadas por la asamblea general.
El patrimonio de la asociación está constituido por el aporte de cuotas ordinarias o extraordinarias que provienen de los Estados miembros dentro de las modalidades propuestas por el consejo de directores; los aportes de instituciones públicas, privadas y organismos internacionales; los bienes que se adquieran a cualquier título y el producto de las actividades que se desarrollen.
9.2. Considera la Sala que el citado convenio, en el marco de las normas que gobiernan lo concerniente a las relaciones internacionales, desarrolla los fines previstos en la Constitución(4), pues promueve la integración entre los Estados, al crear una asociación entre los iberoamericanos; en el marco de condiciones de igualdad, soberanía y autodeterminación, pues cada Estado tiene derecho a un voto dentro del organismo creado. El Estado colombiano en ejercicio de su soberanía decidió comenzar el proceso para adherir a dicho tratadoNuevo Parrafo(5).
Las situaciones socialmente problemáticas en cada uno de los Estados hoy en día son semejantes y por ende sus soluciones pueden darse de manera conjunta entre éstos por medio de procesos de integración que permitan proponer salidas conjuntas o compartir experiencias de resolución, dentro del marco de los principios de equidad, igualdad, soberanía, reciprocidad y autodeterminación de los pueblos. Las relaciones internacionales entre los Estados es una forma de conseguir dicho objetivo en el campo político, económico, social y ecológico.
El afán de dar una igual solución a un problema común, fue la razón que motivó la suscripción del tratado que hoy analiza la Sala. Según se desprende de la exposición de motivos realizada en cada uno de los debates surtidos en el órgano legislativo, los países iberoamericanos constituyen una comunidad cultural que se expresa en idiomas afines (español y portugués) y tienen convergencia de intereses culturales, lo que permite una unión para la solución de problemas comunes. Pertenecer a esta comunidad le permite al Estado beneficiarse y aportar proyectos de alcance nacional que resuelvan las necesidades de información y desarrollo cultural y a su vez le permite la integración y el desarrollo cultural regional, y el acceso a alternativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colombianos.
Colombia ha mostrado un interés especial en el cumplimiento de los objetivos trazados por esta Asociación de Estados, pues participó en la creación de la asociación civil de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (dic. 14/89), la cual fue el antecedente del Acta que hoy se analiza y que la transformó en un sujeto de derecho internacional público con personería jurídica conformada por Estados, quienes en su autonomía crearon la organización dotándola de objetivos, estableciendo a los directores de las Bibliotecas Nacionales debidamente acreditados por vía diplomática como representante de los Estados, determinando órganos encargados para su cumplimiento y constituyendo un patrimonio(6).
9.3. La pertinencia de analizar el alcance que se le ha dado al interior de este ordenamiento jurídico a los bienes jurídicos de la cultura, patrimonio cultural y patrimonio bibliográfico y documental de la nación, se basan en que, como se verá más adelante, el tratado contribuye para su desarrollo.
9.3.1. La cultura es un bien jurídico que se encuentra en diversos artículos de la Constitución(7) al que se la ha dado el alcance de principio, valor o derecho constitucional, y que implica el deber del Estado de protegerla, difundirla y promover su participación en condiciones de igualdad, de allí que la doctrina utilice la acepción de Constitución Cultural(8).
La cultura es definida como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias”Nuevo Parrafo(9) y es considerada como el fundamento de la nacionalidad y de la identidad nacional, de allí que sea un deber del Estado promocionarla, desarrollarla y difundirla.
9.3.2. El artículo 72 de la Constitución Política impone al Estado el deber de proteger el patrimonio cultural de la Nación(10), el cual constituye
“un signo o una expresión de la cultura humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan en el territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones. Entonces, la salvaguarda estatal del patrimonio cultural de la Nación tiene sentido en cuanto, después de un proceso de formación, transformación y apropiación, expresa la identidad de un grupo social en un momento histórico”(11).
“está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”(12).
9.3.3. Dentro del patrimonio cultural se encuentra el patrimonio documental y bibliográfico de la Nación, el cual ha sido definido por el legislador como el
“conjunto de obras o documentos que conforman una colección nacional, que incluye las colecciones recibidas por depósito legal y toda obra que se considere herencia y memoria, o que contribuya a la construcción de la identidad de la Nación en su diversidad. Incluye libros, folletos y manuscritos, microformas, material gráfico, cartográfico, seriado, sonoro, musical, audiovisual, recursos electrónicos, entre otros”(13).
9.3.3.1. El patrimonio documental y bibliográfico contribuye a la formación de la identidad nacional y por ende hace parte del patrimonio cultural de la Nación, pues permite que las sociedades y pensamientos del pasado que constituyen la base del presente, sean conocidos y analizados permitiendo un avance de la actual sociedad.
Un documento es “toda cosa que sea producto de un acto humano, perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera”(14). Un documento permite así enseñar-transmitir un conocimiento, ya sea a través de libros, folletos, manuscritos, microformas, material gráfico, cartográfico, seriado, sonoro, musical, audiovisual, recursos electrónicos, películas, fotografías, entre otros.
La importancia de los documentos radica en la conservación de un saber y en la posibilidad de que el mismo sea transmitido, lo cual permite identificar las características de una sociedad contribuyendo así a la formación de la identidad nacional. Los documentos son la memoria de un momento de la sociedad y de sus manifestaciones artísticas, políticas, ideológicas, sociales que hacen parte de un pasado, en otros términos, los documentos son el testimonio de las características de una época y por lo mismo, los documentos son una fuente de estudios históricos, culturales y sociales.
El reconocimiento a un patrimonio documental y bibliográfico permite que los diversos actos que contienen un saber sean organizados y difundidos en condiciones de igualdad, lo cual no sólo garantiza en la esfera social el acceso al derecho a la cultura y de este modo a la promoción de la identidad nacional, sino a su vez permite en la esfera individual el libre e igual acceso a la información y al conocimiento.
El tema de la protección al patrimonio documental no es ajeno en el debate internacional. La Conferencia General de IFLA —Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias— en el 2009 en Milán giró en torno al tópico de Las bibliotecas crean futuros partiendo de la herencia cultural y en 1989 en París el tema fue El patrimonio cultural. Por su parte, la Unesco- Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, en 1992 lanzó el programa Memoria en el Mundo dedicado al conocimiento y difusión del patrimonio documental de la humanidad que busca facilitar la preservación de este patrimonio mediante técnicas más adecuadas, facilitar su acceso universal y crear una mayor conciencia en todo el mundo de su existencia y su importancia.
9.3.3.2. Por regla general este patrimonio documental y bibliográfico se encuentra en lugares de custodia como las bibliotecas, archivos, museos, etc. En Colombia, la Biblioteca Nacional es la responsable de coordinar la red del patrimonio bibliográfico y documental y es la encargada de recuperar, organizar, preservar y difundir toda la producción en dicho ámbito, permitiendo de este modo el acceso a la memoria e historia de una nación en condiciones de libertad e igualdad. Así, la biblioteca no es sólo el centro para preservar el patrimonio, sino también es un centro de consulta al servicio de la humanidad.
La Biblioteca Nacional de Colombia fue la primera biblioteca fundada en América (1771). Sus colecciones no sólo se han nutrido del depósito legal, sino también de las donaciones o compras realizadas por el gobierno. El deber del depósito legal y con él, el objetivo de la Biblioteca Nacional de custodiar el patrimonio bibliográfico, se generó el 26 de marzo de 1834 mediante una ley ‘sobre depósito y conservación de impresos en la biblioteca nacional’ que imponía a “todos los impresores de la Nueva Granada la obligación de remitir a la biblioteca de la capital de la República un ejemplar de todo escrito que se imprima en su imprenta, bien sea libro, cuaderno, periódico, hoja suelta o impreso de cualquier otra especie (...)” (art. 1º) y a “los impresores de fuera de la capital de la República [a] remiti[r] al bibliotecario por los inmediatos correos ordinarios, después de la publicación, los libros, cuadernos y otros escritos que impriman cubiertos con dos fajas de manera que pueda verse que es impreso (...)” (art. 4º)(15).
A la Biblioteca Nacional no solo le corresponde la custodia del patrimonio bibliográfico producido en Colombia, sino también del importado que circule en Colombia y del documental en general nacional o importado de toda obra audiovisual, fonograma, videograma que ingresa a su haber en cumplimiento del deber de depósito de sus productores o comerciantes(16).
La Biblioteca Nacional, unidad administrativa que hace parte del Ministerio de Cultura, tiene entre sus funciones: 4. Reunir, organizar, incrementar, conservar, preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio bibliográfico y hemerográfico de la Nación, sostenido en los diferentes soportes de información (...) 6. Diseñar, organizar y desarrollar planes y programas de divulgación cultural del patrimonio bibliográfico que contribuyan a fortalecer la identidad nacional (...) 9. Dirigir y coordinar la publicación de ediciones que contribuyan a la difusión del patrimonio bibliográfico nacional y a la divulgación de programas culturales (...) 11. Adelantar gestiones y atender las obligaciones derivadas de convenios e intercambios internacionales. 12. Garantizar la información oportuna y veraz que permita la actualización permanente del sistema de información del sector” (D. 1746/2003, art. 20).
9.4. Conforme a lo expuesto, se considera que los objetivos que pretende desarrollar la mencionada Acta están conformes con la Constitución y en especial con su interés de proteger el patrimonio cultural como fundamento de la identidad nacional y de permitir en condiciones de igualdad el acceso a la información.
Nótese que el tratado realza la importancia del patrimonio bibliográfico y documental de una nación y de las funciones de las bibliotecas nacionales encargadas de su guarda, preservación, organización y difusión, propiciando los mecanismos para cumplir dichos objetivos mediante la adopción de técnicas comunes; capacitación de funcionarios y usuarios; creación de fuentes de referencia y asistencia técnica, lo que permite el acceso a una información organizada y de este modo a la cultura de un país y de todo Iberoamérica.
De este modo, se busca con las medidas adoptadas en el tratado, el desarrollo de una política para la conservación y difusión del patrimonio documental que poseen las bibliotecas nacionales de los Estados de Iberoamérica, a fin no sólo de promover la construcción de la identidad nacional, sino de permitir un diálogo histórico y cultural entre los países de Iberoamérica. Las bibliotecas nacionales de cada país cuentan con objetivos comunes en materia de política bibliotecaria y de conservación, organización y difusión del patrimonio bibliográfico, por lo que es justificable que se busque una la solución a problemas comunes de manera coordinada y conjunta y se promueva así el desarrollo cultural de la humanidad.
10. Constitucionalidad de la Ley 1511 de 2012.
En cuanto al contenido de la Ley 1511 de 2012 “por medio de la cual se aprueba el ‘Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve”, la Corte tampoco encuentra reparo alguno de constitucionalidad.
En efecto, el artículo 1º se limita a aprobar la Acta mencionada. El artículo 2º precisa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 7º de 1944, sobre la vigencia en Colombia de los Tratados Internacionales y su publicación, la Acta “obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma”, norma que armoniza con lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, según la cual el Gobierno sólo puede efectuar el canje de notas y perfeccionar el vínculo internacional, una vez se haya adelantado el control constitucional respectivo. Y el artículo 3º por el cual se señala la entrada en vigencia de la ley no plantea ninguna problemática de orden constitucional.
1. Declarar la EXEQUIBILIDAD del “Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia, “suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1511 de 2012 “por medio de la cual se aprueba el ‘Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica, Abinia’ suscrita en Lima, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve”.
3. Disponer que se comunique esta Sentencia al Presidente de la República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de la República.
Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Presidente—María Victoria Calle Correa—Mauricio González Cuervo—Adriana María Guillén Arango—Jorge Iván Palacio Palacio—Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto, ausente con excusa—Luis Ernesto Vargas Silva.
Luis Carlos Marín Pulgarín, secretario general ad hoc
(1) “Por la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”.
(2) El artículo 7º de la citada Convención dispone que la representación de un Estado para todo lo relativo a la celebración de un tratado es válida en cualquiera de los siguientes casos: (1) cuando la persona delegada presenta los adecuados plenos poderes (7.1-a); (2) si de la práctica del Estado, o de otras circunstancias, se deduce que existe la intención de considerar a la persona que participa en la negociación como la representante del Estado para esos efectos, prescindiendo de la presentación de plenos poderes (7.1-b); o (3) cuando se deduce de las funciones que cumple la persona delegada, sin tener que presentar plenos poderes (7.2). En este último caso, el mismo artículo considera que, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de negociar y adoptar el texto de un tratado: (i) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores (7.2-a); (ii) el jefe de la misión diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y (ii) el representante acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de los órganos de ésta (7.2-c).Verificada la ocurrencia de alguna de las circunstancias descritas, debe entenderse cumplido el requisito de representación del Estado para cada una de las diversas etapas dentro de la celebración de un tratado internacional.
(3) C-169-2012, C-295-2012.
(4) En la Constitución Política de 1991 el preámbulo hace referencia a la integración de la comunidad latinoamericana; el artículo 9º a la soberanía y la autodeterminación como principios que rigen el derecho internacional, al igual que se enfatiza la política de integración Latinoamericana y del Caribe; el artículo 227 impone al Estado el deber de promover la integración económica, social y política con las demás naciones y con América Latina y el Caribe sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad; el artículo 226 establece el deber del Estado de promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
(5) Se ha de señalar que antes de la realización de este procedimiento para avalar los tratados y poder ser parte de la asociación, se expidió la Ley 927 de 2004 con la que se autorizaba al Director de la Biblioteca Nacional hacer parte de dicha asociación. Esta autorización, según se menciona en los antecedentes legislativos, no fue considerada como válida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, autoridad competente del Estado depositario del acuerdo internacional, por cuanto corresponde a la República de Colombia como Estado, sujeto de derecho internacional y no a la biblioteca nacional adoptar la referida acta.
(6) El artículo 2º de la Ley 927 de 2004 “Por medio de la cual se autoriza la afiliación al Archivo general de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional a Organismos Internacionales y se dictan otras disposiciones”, establece en el artículo 2º: “Autorizase al gobierno nacional para reconocer y pagar las contribuciones establecidas por los estatutos del Consejo Internacional de Archivos (ICA), la Asociación de Estados Americanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica (ABINIA) y el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Parágrafo: los gastos a los que se refiere el presente artículo se imputaran al presupuesto del Archivo General de la Nación y del Ministerio de Cultura, respectivamente”.
(7) ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: (...) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (...).
ART. 7º—El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: (...) la educación y la cultura (...).
ART. 70.—El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia y la difusión de los valores culturales.
ART. 71.—La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.
(8) C-434-2010, C-742-2006, C-671-1999.
(9) Numeral 1º del artículo 1º de la Ley 397 de 1997 “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.
(10) “ART. 72.—El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”.
(11) C-742-2006.
(12) Artículo 4º de la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 1º de la Ley 1185 de 2008. Si bien el constituyente estableció la protección al patrimonio cultural en términos generales, la misma no señaló fórmulas precisas para conseguir dicho objetivo, de allí que se entienda que le dejó esta función al legislador o al ejecutivo (C-742/2006).
(13) Numeral 7º del artículo 2º y artículo 27 de la Ley 1379 de 2010 “por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones”.
(14) Devis Echandía Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II, Quinta Edición, Editorial Temis, Bogotá, 2002, pág. 473.
(15) Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año 1821, hecha conforme a la ley 13 de 1912, por la Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado, Tomo V, Imprenta Nacional, 1925, Bogotá, pág. 159. Ley (1) de 26 de marzo de 1834 sobre depósito y conservación de impresos en la biblioteca nacional. Los artículos expedidos mediante esta ley se decretaron considerando: “1. Que los adelantamientos intelectuales y morales de un pueblo pueden distinguirse y apreciarse en su marcha progresiva, hasta cierto punto, por el examen e inspección de los escritos y publicaciones de cada época, cuya conservación debe procurarse con tal objeto; 2º Que todo pueblo que quiere aprovecharse en lo futuro de las lecciones de su propia experiencia debe consignar en anales o crónicas ordenadas los diferentes acaecimientos que han afectado su suerte de cualquier manera, y que en lo venidero han de formar su historia; 3º Que mientras pueda establecerse en la Nueva Granada un cronista general, que se ocupe en un objeto tan interesante, debe el Congreso dictar una ley que asegure la conservación de un ejemplar de todos los escritos que se publiquen por medio de la prensa, algunos de los cuales suplirán aunque de un modo imperfecto la falta de aquellos registros interesantes”.
(16) Ley 44 de 1993 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944, establece lo siguiente: “Artículo 7º. El editor, el productor de obras audiovisuales, el productor fonográfico y videograbador, establecidos en el país, de toda obra impresa, obra audiovisual, fonograma o videograma, o el importador de libros, fonogramas o videogramas que circulen en Colombia deberá cumplir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su publicación, transmisión pública, reproducción o importación, con el depósito legal de las mismas ante las entidades y en la cantidad definida en el reglamento que para el efecto expedirá el Gobierno Nacional. *Modificado por el Decreto 2150 de 1995, nuevo texto:* La omisión del Depósito Legal a que se refiere este artículo, ocasionará al editor, productor de obras audiovisuales, productor fonográfico, videograbador, o 'importador, según el caso, una multa igual a 10 veces el valor comercial de cada ejemplar no depositado, la cual será impuesta por el Director de la Biblioteca Nacional, mediante resolución motivada.
ART. 63.—Los directores de toda publicación periódica, que se imprima en el país, están obligados a enviar tres ejemplares de cada una de sus ediciones así: uno a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, uno a la Biblioteca Nacional y otro a la Universidad Nacional”.
Por su parte el Decreto 460 de 1995 Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el depósito legal establece:
ART. 21.—Surtido el trámite de inscripción de la obra editada, incluido el soporte lógico (software), obras audiovisuales y fonogramas ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, los ejemplares a ella entregados de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 8 de este decreto, serán remitidos a la Biblioteca Nacional de Colombia, en los términos y procedimientos que al efecto establezcan ambas entidades.
PAR.—Las obras editadas, obras audiovisuales y fonogramas, que por este concepto entregue la Oficina de Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor a la Biblioteca Nacional de Colombia, serán el sustento probatorio del registro que de ellas se efectuó.
ART. 22.—Para los efectos del artículo 7º de la Ley 44 de 1993, se entiende por depósito legal la obligación que se le impone a todo editor de obras impresas, productor de obras audiovisuales y productor de fonogramas en Colombia y a todo importador de obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas, de entregar para su conservación en las entidades y por las cantidades determinadas en el artículo 25 del presente decreto, ejemplares de la obra impresa, audiovisual o fonograma producidos en el país o importados, con el propósito de guardar memoria de la producción literaria, audiovisual y fonográfica y acrecentar el patrimonio cultural.
ART. 24.—La Biblioteca Nacional de Colombia será la entidad responsable del depósito legal.
ART. 25.—El depósito legal se deberá efectuar observando lo siguiente:
a. Tratándose de obras impresas de carácter monográfico, publicaciones seriadas, material cartográfico, material gráfico, microformas, soporte lógico (software), música o archivo de datos legible por máquina, entre otros, el editor deberá entregar dos (2) ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia, un (1) ejemplar a la Biblioteca del Congreso y un (1) ejemplar a la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia.
Si la obra ha sido editada en lugar diferente al Departamento de Cundinamarca, deberá además entregarse otro ejemplar a la Biblioteca Departamental donde tenga asiento principal el editor;
b. Si la obra impresa de carácter monográfico es una edición de alto valor comercial como los libros arte, el editor estará exento del depósito legal en tirajes menores de 100 ejemplares. En tiraje de 100 a 500 ejemplares, deberá entregar un (1) ejemplar a la Biblioteca Nacional de Colombia, y de 500 ó más, dos (2) ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia;
c. Tratándose de obras impresas importadas, el importador estará obligado a depositar un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Colombia;
d. Tratándose de obras audiovisuales, el productor, videograbador o importador, según sea el caso, deberá entregar un ejemplar a la Biblioteca Nacional de Colombia;
e. Tratándose de fonogramas, el productor fonográfico o importador, según sea el caso, deberá entregar un ejemplar a la Biblioteca Nacional de Colombia;
PAR.—La Biblioteca Nacional de Colombia podrá rechazar los ejemplares entregados en calidad de Depósito Legal cuando no se encuentren en condiciones adecuadas para su conservación y preservación.
ART. 26.—El depósito legal de las diferentes obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas deberá efectuarse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a su publicación, comunicación pública, reproducción o importación, respectivamente.
ART. 27.—La omisión del Depósito Legal en los términos establecidos en este capítulo, ocasionará al editor, productor de obras audiovisuales, productor fonográfico, videograbador, o importador, según el caso, una multa igual a diez (10) veces el valor comercial de cada ejemplar no depositado, la cual será impuesta por el Director General de la Dirección Nacional del Derecho de Autor mediante resolución motivada. Modificado art. 72 D. 2150 5-12-95
PAR. 1º—La Biblioteca Nacional de Colombia deberá informar, dentro de los diez (10) primeros días de cada trimestre, a la Dirección Nacional del Derecho de Autor sobre los editores, productores de obras audiovisuales y de fonogramas, y los importadores de obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas, que no hayan cumplido con el Depósito Legal en los términos del presente Decreto, indicando el nombre del representante legal, su domicilio y teléfono.
PAR. 2.—El procedimiento de imposición de la multa será regulado por el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional del Derecho de Autor, conforme a lo establecido al efecto en la ley y en el Código Contencioso Administrativo.
ART. 28.—Las publicaciones periódicas que sean entregadas en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 44 de 1993, a la Dirección Nacional del Derecho de Autor, serán remitidas a la Biblioteca Nacional de Colombia para su custodia y conservación en el término y bajo los procedimientos que conjuntamente establezcan las dos entidades, previa las anotaciones a que haya lugar en la respectiva reserva de nombre para constatar su uso”.

References: artículo 241
in fine
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 189
 artículo 160
 artículo 277
 artículo 70
 artículo 9
 artículo 241
 artículo 204
 artículo 241
 artículo 189
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 129
 artículo 129
 artículo 154
 artículo 143
 artículo 160
 artículo 162
 artículo 157
 artículo 160
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 artículo 133
 artículo 133
 artículo 129
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 artículo 157
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 artículo 2
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 artículo 241
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 227
 artículo 226
 artículo 2
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 artículo 1
 Artículo 4
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 27
 resolución 
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 25
 resolución 
 artículo 63