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Timestamp: 2018-04-24 21:08:07+00:00

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Registro Central de Penados y Rebeldes – Letrados en Madrid,
AutorAbogado penalista MartinPosted on 23 mayo, 2013 28 abril, 2016 CategoríasQué esEtiquetasAntecedentes penales
El Registro Central de Penados y Rebeldes
La existencia de oficinas públicas en que se inscriben actos que tienen relevancia para los ciudadanos y la Administración, es un hecho notorio en las modernas sociedades.
La Constitución española, establece, en el artículo 105.b), que la ley regulará ‘El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.
La previsión constitucional es clara: se parte de la existencia de “registros administrativos”, a los cuales tienen derecho a acceder los ciudadanos si bien con las limitaciones que dispongan las leyes, en materia de “seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.
Como se aprecia, una de las materias en que se prevé una regulación legal, con carácter restrictivo en el acceso a la ciudadanía, es el de los delitos, cuestión conectada al derecho a la intimidad de los ciudadanos, es decir, de aquél ámbito de la vida privada más directamente relacionado con el derecho (en lo posible) al anonimato o a que no trasciendan, más allá de lo estrictamente necesario, informaciones de la vida personal que, por su carácter, pudieran desmerecer en la con- sideración pública.
Pues bien, el “Registro Central de Penados y Rebeldes” (en adelante RCPR)es uno de los registros que se refieren a dicha materia, al igual que el Registro de Sentencias sobre Responsabilidad Penal de los Menores, aprobado por Real Decreto 232/2002, de 1 de marzo en el que se publican las sentencias firmes dictadas en el ámbito de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, al que sólo tienen acceso los jueces de menores y el ministerio fiscal.
El Registro Central de Penados y Rebeldes es el registro administrativo, en- cuadrado en el Ministerio de Justicia, donde se anotan las sentencias firmes en las que se imponga alguna pena por delito, los autos en los que se declare la rebeldía de un imputado, así como otras decisiones judiciales, conforme al Código Penal u otras leyes especiales.
En la actualidad, el RCPR contiene: sentencias firmes privativas de libertad; autos declarando rebelde a un imputado o procesado en una causa; medidas de seguridad; condenas privativas del derecho al sufragio; antecedentes de Tribunales extranjeros; condenas condicionales.
111. FUNDAMENTO
La razón de este Registro, deriva de que su contenido es esencial para poder adoptar diversas resoluciones en relación a personas cuyos antecedentes es funda- mental conocer, en todas las fases de un proceso.
Así, en la fase sumarial, conocer los antecedentes es crucial para la adopción de la medida de prisión provisional por- que el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé su adopción si el sospechoso tiene un antecedente no cancelado ni cancelable en ese momento, de pena privativa de libertad inferior a dos años.
En la fase intermedia puede justificar la solicitud de una agravante o mayor pena, al delito que se le impute en el escrito de calificación preparatorio del juicio oral.
En sentencia, puede determinar la aplicación de la agravante de reincidencia prevista en el artículo 22.8 del Código Penal o facultar al juez para individualizar la pena de otro modo, si al condenado no le constaran antecedentes en el momento de dictar dicha resolución.
En ejecución de la condena, uno de los requisitos que establece el artículo 81 del Código Penal, para la suspensión de las penas privativas de libertad, es que el condenado haya delinquido por primera vez o si ese no fuera el caso, que tenga los antecedentes cancelados o que fueren cancelables, en ese instante.
IV. REGULACiÓN LEGAL
Diversas son las normas que se refieren al RCPR, siendo las más importantes: el Real Decreto 2012/1983, de 28 de julio sobre cancelación de antecedentes, el Real Decreto 435/1992, de 30 de abril, que regula la comunicación de las condenas
que lleven aparejada privación del derecho de sufragio, y el Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, por el que se dispone la actualización mensual del censo electoral y se regulan los datos necesarios para la inscripción en el mismo (cuyo artículo 4 regula la información relativa a los inhabilitados). También hay que tener en cuenta el Código Penal, en sus artículos 136 y 137, que contiene el régimen de cancelación de antecedentes penales y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 252, que ordena a los jueces y tribunales comunicar al Registro Central de Penados y Rebeldes las sentencias firmes de las condenas privativas de libertad que dicten.
El régimen legal previsto en el Código Penal, es el siguiente:
a) Con carácter general, el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contempla el derecho de todo ciudadano a presentar solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros públicos, incluidas las oficinas consulares en el extranjero y las oficinas de correos.
b) Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal pueden solicitar del Ministerio de Justicia, la cancelación de sus antecedentes. Lo cual, puede otorgarse, también, de oficio.
e) Son requisitos para ello tener satisfechas las responsabilidades civiles o haber sido declarado insolvente o en el caso que esté abonando a plazos las indemnizaciones a que hubiere sido condenado, estar al corriente de pagos y prestar garantía suficiente respecto a la cantidad aplazada.
d) Se requiere, en todo caso, informe del Juez o Tribunal que dictó la sentencia que ya se encuentre ejecutada.
f) Los plazos que han de haber transcurrido sin haber delinquido de nuevo, son: seis meses para las penas leves, dos años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes, tres años para las restantes penas menos graves y cinco para las graves.
g) Los plazos se computarán desde el día Siguiente a aquél en que quedó extinguida la pena, y si se disfrutó de remisión condicional, desde el día siguiente en que se hubiera extinguido la pena de no haber sido concedido tal beneficio.
h) Si a pesar de haberse cumplidos los plazos, no se hubiere producido la cancelación, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, ordenará la cancelación y no tendrá en cuenta dichos antecedentes.
i) Para poder solicitar certificados de antecedentes, cancelación de antecedentes y cualesquiera otra información relacionada con el RCPR, puede consultarse la web del Ministerio de Justicia: http://www.justicia.es
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References: artículo 105
 Real Decreto 
 artículo 503
 artículo 22
 artículo 81
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 artículo 252
 artículo 38