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Timestamp: 2019-04-22 06:59:36+00:00

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﻿ Sentencia 2012-00052 de octubre 23 de 2013
SENTENCIA 2012-00052 DE 23 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:DOBLE MILITANCIA. VIOLAR LA PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA EN LAS ELECCIONES REGIONALES DEL 2011 PUEDE PROVOCAR LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA ELECCIÓNAUNQUE EL ACTO LEGISLATIVO 1 DEL 2009 HAYA INTRODUCIDO UN ARTÍCULO TRANSITORIO A LA PROHIBICIÓN, PARA QUE LOS INTERESADOS EN CAMBIAR DE PARTIDO PUDIERAN MIGRAR HACIA OTROS MOVIMIENTOS SIN INCURRIR EN LA INHABILIDAD QUE IMPIDE ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE UNA COLECTIVIDAD DISTINTA DENTRO DE LOS 12 MESES PREVIOS A LA ELECCIÓN. SIN EMBARGO, QUIEN NO SE HAYA AFILIADO AL NUEVO PARTIDO, DENTRO DE LOS DOS MESES SEÑALADOS POR ESTA REFORMA CONSTITUCIONAL TRANSITORIA, SÍ INCURRE EN LA CAUSAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, DECLARATORIA DE NULIDAD ELECTORAL, DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL, DIPUTADO, DOBLE MILITANCIA POLÍTICA, CURUL, PROHIBICIÓN DE LA DOBLE MILITANCIA POLÍTICA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL
Sentencia 2012-00052 de octubre 23 de 2013
Expediente 41001233100020120005201
Demandante: Andrés Mauricio Muñoz Leguízamo
Demandado: Luis Carlos Anaya Toro
Electoral - Fallo de segunda instancia
Bogotá, D.C., veintitrés de octubre del dos mil trece.
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que presentó el apoderado judicial del demandante contra la sentencia de 8 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.
El señor Andrés Mauricio Muñoz Leguízamo, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad electoral, en la que planteó las siguientes pretensiones:
“Primera: Que se declare la nulidad del Acuerdo 10 de fecha 12 de diciembre de 2011, emanado del consejo nacional electoral, por medio del cual se declaró la elección del Dr. Luis Carlos Anaya Toro como Diputado del departamento del Huila para el periodo constitucional 2012-2015, y se ordenó expedir su respectiva credencial, en razón a que en su elección concurre la existencia de una causal de inhabilidad contenida en el inciso 12 del artículo 107 de la Carta Política en concordancia con lo regulado en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 concordante con los artículos 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo, conforme se determina y establece en los hechos de la presente acción electoral y se desarrolla en el acápite de normas violadas y concepto de la violación.
Segunda: Que como consecuencia de la anterior declaración ordene la cancelación de la credencial del Dr. Luis Carlos Anaya Toro, elegido como Diputado del departamento del Huila por el Partido Social de Unidad Nacional, para el periodo constitucional 2012-2015.
Tercera: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene la práctica de un nuevo escrutinio, ordenando excluir del cómputo general de la votación, aquella del candidato inhabilitado, y con base en la votación obtenida por los demás candidatos, proceder a declarar la elección a quien resulte electo, ordenando expedir la credencial correspondiente” (fls. 2-3).
Como fundamento fáctico de las pretensiones, en síntesis, el actor adujo:
1. Que el señor Luis Carlos Anaya Toro se inscribió como candidato a la Asamblea Departamental del Huila (período 2012-2015) por el Partido Social de Unidad Nacional - U, lo que a la postre le permitió resultar electo por dicha colectividad en las elecciones que tuvieron lugar el 30 de octubre de 2011.
2. Que el señor Anaya Toro se encontraba inhabilitado para presentarse como aspirante a la Asamblea del Huila por otro movimiento o partido político diferente al Partido Verde Opción Centro, pues había incurrido en doble militancia debido a que venía desempeñándose como Concejal del municipio de La Plata (Huila), elegido por el partido verde, periodo 2008-2011, sin que hubiese renunciado a su curul antes inscribirse como candidato del partido de la U.
3. Que, en efecto, si bien el 14 de septiembre de 2009 “renunció al Partido Verde en aplicación del parágrafo 1 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2009”, es lo cierto que dentro de los dos meses que preveía dicha disposición no se afilió a otro partido (esperó para afiliarse al partido de la U hasta el 8 de julio de 2011).
4. Que, entonces, el señor Anaya Toro al momento de la inscripción como candidato a la Asamblea del Huila por el Partido de la U (jul. 29/2011), después de que trascurrieran los 2 meses desde la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2009, ocupaba una curul en el Concejo del municipio de La Plata, obtenida con el aval del Partido Verde Opción Centro.
5. Que el demandado, a pesar de haber renunciado al Partido Verde (sep. 14/2009) y sin que se hubiese afiliado a otro partido o movimiento político, se desempeñó como Concejal de La Plata y actuó en la bancada del Partido Verde Opción Centro hasta el 31 de diciembre de 2012. Que, además, nunca informó al Concejo de la Plata de su renuncia a dicha colectividad.
6. Que debido a su condición de Concejal del municipio de La Plata, obtenido con el aval del Partido Verde, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política y los incisos 2º y 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, debió renunciar doce (12) meses antes del primer día de inscripción a efectos de postularse como candidato a la Asamblea Departamental del Huila por el Partido de la U.
7. Que durante el proceso de escrutinios, el demandante solicitó a la comisión escrutadora del departamento del Huila abstenerse de declarar la elección del señor Anaya Toro por encontrarse incurso en doble militancia, petición que se trasladó al Consejo Nacional Electoral para que adoptara la correspondiente decisión.
8. Que, mediante Acuerdo 10 de 12 de diciembre de 2011, el Consejo Nacional Electoral negó la referida solicitud, pues no se allegó prueba que demostrara que el señor Anaya Toro militaba en un partido político distinto al cual resultó electo. En consecuencia, declaró su elección como Diputado del departamento del Huila.
El actor citó como infringidas las siguientes:
— Los artículos 13, 40, 107, 108, 122 y 123 de la Constitución Política.
— El artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.
— El artículo 2º de la Ley 1475 de 2011.
En el concepto de violación alegó que el señor Luis Carlos Anaya Toro incurrió en doble militancia, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 107 de la Constitución Política, pues habiendo sido elegido Concejal del municipio de La Plata por el Partido Verde y de renunciar a su militancia en el mismo el 14 de septiembre de 2009, es lo cierto “que no ingresó al Partido de la U en el período de dos meses que establecía el Acto Legislativo 1 de 2009”.
Que el señor Anaya Toro “nunca” renunció a la curul de Concejal por el Partido Verde y que “siempre actuó en bancada..., ejerciendo y ostentando su curul en representación de [ese] partido hasta el 31 de diciembre de 2011, cuando ya había sido elegido por el Partido de la U como Diputado del Huila”.
Que, en este orden de ideas, es evidente la doble militancia, pues en el día de la inscripción y en la fecha de la elección el demandado ejercía su investidura como Concejal electo del Partido Verde.
Que, en ese sentido, tanto la inscripción como la elección están viciadas, pues desconoció la previsión constitucional según la cual “quien siendo miembro de una corporación público decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos (12) meses antes del primer día de inscripciones”.
Por último concluyó que “sí se plasmó como consecuencia jurídica por parte del legislador que la situación consistente en incurrir en doble militancia política conllevaba la revocatoria de la inscripción”.
El señor Luis Carlos Anaya Toro contestó la demanda por intermedio de apoderado. Manifestó que algunos hechos eran ciertos, que otros no eran verdad y que otros eran meras apreciaciones personales del actor. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda.
Puso de presente que si bien fue elegido como Concejal del municipio de la Plata por el Partido Verde Opción Centro para el período 2008-2011, es lo cierto que con ocasión del Acto Legislativo 1 de 2009, el cual autorizó a las miembros de los cuerpos colegiados inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia, renunció el 14 de septiembre de 2009 a dicha colectividad, renuncia que fue debidamente aceptada.
Manifestó que las pruebas aportadas con la demanda no son suficientes para demostrar que incurrió en doble militancia. Que, además, era responsabilidad del partido informar a la mesa directiva del concejo de su renuncia.
Que como la posibilidad que otorgó el Acto Legislativo 1 de 2009 de afiliarse a otro partido diferente al que lo avaló, dentro de los dos meses siguientes a su entrada en vigencia sin renunciar a la curul no fue reglamentada, pensó que era suficiente con la renuncia al partido y la aceptación de la correspondiente colectividad, siempre y cuando se presentara en el referido plazo.
También argumentó que en caso de que hubiere incurrido en doble militancia el Partido Verde Opción Centro hubiese iniciado el respectivo proceso disciplinario en su contra.
Que conforme con lo dispuesto en la Resolución 921 de 18 de agosto de 2011 del Consejo Nacional Electoral(1), ningún ciudadano dentro de los 5 días siguientes a la fecha del cierre de inscripciones solicitó que se revocara su inscripción como candidato a la Asamblea del departamento del Huila por considerar que incurrió en doble militancia. Entonces, “mal podría intentar revivir términos ya vencidos de una norma que era clara y de imperativo cumplimiento”.
Por último, adujo que el ordenamiento jurídico colombiano no prevé la doble militancia como inhabilidad y, por consiguiente, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, no constituye causal de nulidad de la elección.
Que es cierto que las reformas de los años 2003 y 2009 estuvieron encaminadas al fortalecimiento de los partidos políticos y a consolidar un sistema de bancadas, pero es completamente claro que no se previó consecuencia alguna respecto de la doble militancia, “dejando en manos de los partidos y movimientos políticos” establecer el castigo por desconocer tal prohibición constitucional.
5. Trámite de primera instancia.
La demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo del Huila. Mediante auto de 6 febrero de 2012, se inadmitió la demanda porque no se adjuntó el acto demandado ni el poder que acreditara la actuación a través de apoderado (fls. 34-35).
Una vez el demandante subsanó los referidos defectos, el a quo, mediante auto de 28 de febrero de 2012, admitió la demanda y ordenó las notificaciones del caso (fls. 94-95).
Posteriormente, por auto de 5 de marzo de 2012 se adicionó el auto admisorio de la demanda en el sentido de negar la solicitud de suspensión provisional (fls. 99-100).
Mediante auto de 26 de abril de 2012 (fls. 136-138), se abrió el proceso a pruebas y el 23 de mayo de la misma anualidad (fl. 154), se dispuso correr traslado a las partes para que alegaran de conclusión. Así mismo, se corrió traslado al Ministerio Público para que emitiera su respectivo concepto.
Mediante sentencia de 8 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo de Huila negó las pretensiones de la demanda. En síntesis, expuso las siguientes consideraciones:
— Que se encuentra demostrado en el expediente que el señor Luis Carlos Anaya Toro no se acogió a lo previsto en el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 1 de 2009, pues aunque dentro del término de 2 meses del que habla dicha disposición presentó renuncia irrevocable a la militancia en el Partido Verde Opción Centro (sep. 14/2009), la cual fue aceptada por dicha colectividad, se comprueba que la inscripción al partido de la U se realizó el 8 de julio de 2011, es decir, por fuera del referido plazo.
— Que el hecho de que el señor Anaya Toro no se haya acogido en debida forma al parágrafo transitorio 1º del artículo 107 constitucional, implicaba que, conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, debió renunciar a su curul en el Concejo Municipal de la Plata por el Partido Verde dentro de los 12 meses anteriores al primer día de las inscripciones para los comicios del 30 de octubre de 2011.
— Que, sin embargo, no es del caso entrar a analizar tales circunstancias, por cuanto “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que ni la Constitución ni la ley estipularon como consecuencia jurídica del estar incurso en doble militancia la anulación del acto administrativo que declara la elección, sino que trasladó su sanción a lo regulado en los estatutos internos de cada partido o movimiento político” (fl. 208).
— Que, en ese orden de ideas, carecen de fundamento las alegaciones fácticas y jurídicas que sustentan la pretensión de nulidad del Acuerdo 10 de 12 de diciembre de 2011 proferido por el Consejo Nacional Electoral, que declaró la elección del señor Luis Carlos Anaya Toro como Diputado del departamento del Huila, 2012- 2015.
7. Recurso de apelación.
El apoderado de la parte demandante, mediante escrito de 3 septiembre de 2012, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. En síntesis, reiteró los argumentos expuesto en la demanda en el siguiente sentido:
— Que el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 1 de 2009 autorizó que, por una sola vez y dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia de dicho acto, los miembros de las cuerpos colegiados de elección popular pudieran inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.
— Sin embargo, la autorización que prevé dicha norma no solo implicaba que en el referido plazo de dos meses se presentara la correspondiente renuncia al partido político que lo había avalado, sino que también en ese término debía procederse a la inscripción en el nuevo partido o movimiento político, situación que no acaeció en el caso del demandado.
— Que “si no se inscribió en otro partido antes del 14 de septiembre de 2009, y al no ser beneficiario de la prerrogativa establecida en el Acto Legislativo de 2009, debió haber renunciado a su curul (como concejal) con 12 meses de antelación para poder aspirar válidamente (a la asamblea departamental) por otro partido, situación que no se presentó y que ineludiblemente conlleva la nulidad (de la elección)”.
— Que, de acuerdo con dicha reforma constitucional, “no se puede ostentar una curul sin pertenecer a un partido”, pues “las curules pertenecen a los partidos y no a las personas como ocurría en el pasado. Son los partidos los que conforme a su votación obtienen un número determinado de curules, es decir, que en las corporaciones públicas no pueden existir ciudadanos sin partido o sin haber sido elegido por un número de ciudadanos conforme con los procedimientos de elección que fije la ley electoral”.
— Que, aunado a lo anterior, de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso está demostrado que el señor Anaya Toro “siguió haciendo parte del Partido Verde, ya que continúo actuando en la bancada del partido en el Concejo de la Plata, votando proyectos, citando funcionarios, haciendo debates, presentando proyectos etc., siempre de acuerdo con lo que decidiera la mayoría en la bancada del Partido Verde”.
— Que, en conclusión, es claro que el señor Anaya Toro incurrió en doble militancia al haberse inscrito y resultar electo como Diputado a la Asamblea del Huila (2012-2015) por el Partido de la U, sin que hubiese renunciado dentro de los 12 meses anteriores al primer día de inscripciones a la curul de Concejal del municipio de La Plata por el Partido Verde.
— Que tal conducta, a diferencia de lo expuesto por el a quo, implica la vulneración del artículo 107 de la Constitución Política y, por consiguiente, trae consecuencias jurídicas más allá de las que puedan establecer internamente los partidos o movimientos políticos.
8. Alegatos de las partes en segunda instancia.
9. Concepto del Ministerio Público en segunda instancia.
El procurador séptimo delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se revocara el fallo de primera y que, en consecuencia, se decretara la nulidad del acto acusado. Fundamentó tal petición en las siguientes consideraciones:
— Que con fundamento en la nueva postura del Consejo de Estado(2), “la transgresión de la prohibición constitucional de la doble militancia, si puede acarrear la nulidad del acto de elección, pues la inscripción que se efectúe de un candidato en estas condiciones, torna la inscripción en irregular por contrariar una disposición constitucional...”.
— Que en el sub examine se encuentra demostrado que el señor Luis Carlos Anaya Toro incurrió en doble militancia, pues si bien renunció al Partido Verde Opción Centro el 14 de septiembre de 2009, es lo cierto que siguió fungiendo como concejal de dicha colectividad hasta el 31 de diciembre de 2011, “pues el cargo que este ocupaba no le pertenece en estricto sentido, sino hace parte de la colectividad política por la que se hizo elegir”.
— Que la autorización que prevé el parágrafo transitorio del artículo 107 de la Constitución Política, “lo era solamente para que se inscribieran dentro de los dos meses siguientes a la vigencia del acto legislativo en un partido distinto al que lo avaló, sin [que tuviera que] renunciar a la curul, ni incurrir en doble militancia”. Sin embargo, el demandado fue aceptado como militante del Partido de la U (colectividad por la cual resultó electo como Diputado del Huila) el 8 de julio de 2011.
— Que en la medida en que el demandado no se acogió a lo dispuesto en el parágrafo primero transitorio del artículo 107 de la Constitución Política, debió renunciar a su curul como Concejal de La Plata dentro de los 12 meses anteriores al primer día de inscripciones para las elecciones del 30 de octubre de 2011.
— Que como consecuencia de lo anterior la elección del señor Luis Carlos Anaya Toro como Diputado de la Asamblea del Huila debe ser declarada nula.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo y 13 del Acuerdo 58 de 1999(3) —modificado por el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, reglamento del Consejo de Estado—, a esta Sala le compete conocer del recurso de apelación propuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Huila.
Es el Acuerdo 10 de 12 de diciembre de 2011 del Consejo Nacional Electoral, “Por medio del cual se resuelven los recursos, vacíos y omisiones de la comisión escrutadora departamental del Huila, se resuelven los asuntos pendientes de los escrutinios de la circunscripción electoral del Huila en las elecciones de asamblea realizadas el 30 de octubre de 2011, y se declara la elección de los diputados de la Asamblea al departamento del Huila periodo constitucional 2012-2015”, entre ellos, el señor Luis Carlos Anaya Toro por el Partido Social de Unidad Nacional.
Corresponde a la Sala determinar si el señor Luis Carlos Anaya Toro incurrió en la prohibición de doble militancia y, si por tal motivo, se encontraba en una situación de inelegibilidad que implique la anulación del acto que lo eligió como Diputado de la Asamblea departamental del Huila, período 2012-2015.
a) Desarrollo normativo de la “doble militancia”.
La doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano tiene su génesis en el Acto Legislativo 1 de 2003, que modificó el artículo 107 de la Constitución Política, al prever que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.
Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo 1 de 2009, además de reiterarse las citadas prohibiciones, se añadió que quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, debería renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.
El parágrafo transitorio 1º de ese acto estableció que “dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorízase, por una sola vez, a los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”.
Por su parte, en el parágrafo 2º del artículo 1º acto legislativo también se previó que el legislador, mediante la respectiva ley estatutaria, desarrollaría este asunto.
“Prohibición de doble militancia.En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Es importante tener en cuenta que el legislador estatutario extendió el ámbito de aplicación de la figura de la doble militancia, pues eliminó la expresión que imponía que el partido o movimiento político debía contar con personería jurídica, que venía desde el Acto Legislativo 1 de 2003. En consecuencia, dispuso que “... En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”.
Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 490 de 2011, al revisar la constitucionalidad del citado artículo, determinó que “el legislador estatutario puede incorporar una regulación más exigente o extensiva respecto a la prohibición de doble militancia” y, por ende, extendió la prohibición a las agrupaciones políticas sin personería jurídica.
En síntesis, argumentó que “... tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella, están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas. En ese orden de ideas, si tanto una como otra clase de agrupaciones pueden presentar candidatos y, a su vez, uno de los ámbitos de justificación constitucional de la doble militancia es la preservación del principio democrático representativo, mediante la disciplina respecto de un programa político y un direccionamiento ideológico, carecería de todo sentido que la restricción solo se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política”.
Según esta Sección(4), “... lo anterior es de la mayor importancia, porque antes de la vigencia de la Ley 1475 de 2011 y con ello, de la interpretación realizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, la figura de la doble militancia, según el texto constitucional y para la jurisprudencia de esta corporación, comportaba únicamente la prohibición de “pertenecer a más de un partido o movimiento político con personería jurídica, de suerte que si la organización política carecía de personería jurídica, no podría configurarse doble militancia política”(5).
De acuerdo con lo anterior, esta Sección(6) ha concluido que la figura de la doble militancia tiene cinco modalidades, que se materializan de la siguiente forma:
“i) Respecto de los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica” (C.P., art. 107, inc. 2º).
ii) Respecto de quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral” (C.P., art. 107, inc. 5º).
iii) Respecto de miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones (C.P., art. 107, inc. 12).
iv) Respeto de miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º).
v) Respecto de directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 3º).
Empero, la Sala advierte que ciertos asuntos(7) relacionados con los comicios del año 2011 no se gobiernan por la reformas que introdujo la Ley Estatutaria 1475, pues si bien esta norma entró en vigencia el 14 de julio de ese mismo año (antes de las elecciones que tuvieron lugar el 30 de octubre), es lo cierto que gran parte de sus disposiciones no fueron aplicables debido a que la etapa preelectoral ya se encontraba en marcha y varias actuaciones (entre otras, la inscripción de candidatos) habían iniciado.
Así mismo, tampoco podía exigirles a los ciudadanos que entendieran la figura de la doble militancia bajo la óptica que utilizó la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, pues el texto anterior de la Constitución Política, se reitera, impedía que se inscribieran por un nuevo partido o movimiento político, pero con personería jurídica.
b) Las consecuencias jurídicas de la doble militancia.
Si bien el Acto Legislativo 1 de 2003, al modificar el artículo 107 de la Constitución Política, no fue expreso en atribuir consecuencia anulatoria del acto de elección a quien se haya elegido contraviniendo la prohibición de doble militancia, el constituyente sí prescribió que quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podría inscribirse por otro en el mismo certamen electoral.
El simple hecho de que no se permita, que no esté autorizada la inscripción a quien se encuentre en esta situación, pone de presente que el constituyente(8) realmente sí le atribuyó consecuencia jurídica a la conducta proscrita.
Incluso esta Sala, a manera de obiter dictum, en vigencia del artículo 107 constitucional - modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, en sentencia del 23 de febrero de 2007(9), sostuvo que el desconocimiento de la figura de doble militancia podría derivar una consecuencia jurídica que comporte un vicio en el proceso electoral, que terminaría con la declaratoria de la nulidad del acto de elección.
En efecto, en dicho fallo la Sala manifestó que “... en el mismo artículo 107 de la Carta Política, el constituyente sí estableció una consecuencia jurídica para quien como candidato participe en las consultas de un partido o movimiento político y luego pretenda participar por otro en el mismo proceso electoral, como es la de que no podrá inscribirse para esos efectos (inciso tercero, último párrafo). Esa norma tiene como finalidad el robustecimiento de los partidos y movimientos políticos mediante la utilización de un mecanismo que impida a sus militantes participar en sus consultas y luego a nombre de otro en el mismo proceso electoral, bien sea porque hayan renunciado como miembros después de la consulta o porque, efectivamente, incurran en doble militancia. De la violación de esa prohibición por parte de un candidato, sí podría deducirse una consecuencia jurídica, pues si a pesar de la misma se inscribe como candidato y resulta elegido, surge una irregularidad en el proceso de elección que podía conducir a la declaración de nulidad del acto que la declara” (resaltado y subrayado fuera de texto original).
Esta Sala, desde una oportunidad anterior(10), replanteó la postura que traía sobre las consecuencias de la doble militancia frente a su incidencia en la validez del acto de elección y adoptó una nueva visión sobre el verdadero significado de esa norma. Ello, a fin de que cumpla la teleología para la cual fue prevista, esto es, el fortalecimiento y robustecimiento de los partidos y movimientos políticos, y que se garantice la disciplina que se predica de estas organizaciones políticas, respecto de quienes en ellos militan y de quienes han sido elegidos con su aval. También en relación con los electores que confiaron en el desarrollo del programa y que apoyaron con su voto una determinada orientación política.
Dentro de ese contexto, las situaciones de prohibición para inscribirse que prevén tanto el Acto Legislativo 1 de 2003 como el Acto Legislativo 1 de 2009, implican, entonces, a contrario sensu, que quien hace caso omiso a esas limitantes, se inscribe irregularmente en contravía de norma superior expresa al respecto, traslada la irregularidad al acto de elección, que, por ende, nace a la vida jurídica viciado, pues tuvo como origen una inscripción no autorizada.
Porque, a través del trámite de la inscripción de candidaturas se da comienzo al proceso administrativo electoral, que se consolida con la declaración de la correspondiente elección. Empero, si esta última está antecedida de una fase que se adelantó de forma irregular, quiere decir que el acto de elección surgió con un vicio insaneable y que, por tal razón, no puede permanecer en el ordenamiento jurídico, pues contradice la Constitución Política.
En el presente caso, se imputa al señor Luis Carlos Anaya Toro haber incurrido en doble militancia por inscribirse y resultar electo como Diputado a la Asamblea del Huila (2012-2015) por el Partido de la U, sin que hubiese renunciado dentro de los 12 meses anteriores al primer día de inscripciones a la curul de Concejal del municipio de la Plata por el Partido Verde (2008-2011).
El demandante adujo que la autorización que prevé el parágrafo transitorio del artículo 107 de la Constitución Política no solo implicaba que en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigencia de dicho acto legislativo el señor Anaya Toro debió renunciar al partido verde, sino que también en ese término debía afiliarse al nuevo partido o movimiento político. En este caso, el Partido de la U.
Que, en ese sentido, no cabe duda de que en el citado plazo de dos meses el demandado solo renunció al Partido Verde, mas no se afilió a otro partido o movimiento.
El recurrente puso de presente que “si no se inscribió en otro partido antes del 14 de septiembre de 2009, y al no ser beneficiario de la prerrogativa establecida en el Acto Legislativo de 2009, debió haber renunciado a su curul (como concejal) con 12 meses de antelación para poder aspirar válidamente (a la asamblea departamental) por otro partido, situación que no se presentó y que ineludiblemente conlleva la nulidad (de la elección)”.
Que, en efecto, de acuerdo con dicha reforma constitucional, “no se puede ostentar una curul sin pertenecer a un partido”, pues “las curules pertenecen a los partidos y no a las personas como ocurría en el pasado. Son los partidos los que conforme a su votación obtienen un número determinado de curules, es decir, que en las corporaciones públicas no pueden existir ciudadanos sin partido o sin haber sido elegido por un número de ciudadanos conforme con los procedimientos de elección que fije la ley electoral”.
Que, además, de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, está demostrado que si bien el señor Anaya Toro se inscribió como candidato del Partido de la U a la Asamblea del Huila (2012-2015), es lo cierto que no renunció a la curul de concejal por el partido que lo avaló y, por tanto, “siguió haciendo parte del Partido Verde, ya que continúo actuando en la bancada del partido en el Concejo de La Plata, votando proyectos, citando funcionarios, haciendo debates, presentando proyectos etc., siempre de acuerdo con lo que decidiera la mayoría en la bancada del Partido Verde”.
Que tal conducta, a diferencia de lo expuesto por el a quo, implica la vulneración del artículo 107 de la Constitución Política y, por consiguiente, trae consecuencias jurídicas más allá de las que puedan establecer internamente los partidos o movimientos políticos, pues no cabe duda de que la inscripción fue irregular.
En síntesis, es claro que el demandante plantea la ocurrencia de una de las modalidades de doble militancia, esto es: La que se predica de los miembros de corporaciones públicas en el sentido de que si deciden “presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones”.
En este contexto, la Sala analizará tal situación a efectos de determinar si se configura la prohibición de doble militancia, para lo cual es necesario establecer sí están demostrados los supuestos de hecho que sirven de sustento a tal acusación.
Al respecto, se verifica que se encuentran probados los siguientes hechos:
— Que, de conformidad con el oficio 21 del 27 de enero de 2012, expedido por el registrador municipal de La Plata (Huila), el señor Luis Carlos Anaya Toro fue elegido como concejal de ese municipio para el periodo 2008-2011 por el Partido Verde Opción Centro (fls. 59 y 60).
— Que en la certificación que expidió el secretario general del Partido Social de Unidad Nacional, que obra a folio 13 del cuaderno principal, se pone de presente que “... revisados los registros de solicitudes, ingresos y resoluciones de aceptación del Acto Legislativo 1 de 2009, encontramos que del municipio de La Plata en el departamento del Huila, no recibimos ninguna solicitud, ni se acepto (sic) el ingreso de ningún concejal”.
— Que, de conformidad con certificación expedida por la presidenta del Concejo Municipal de La Plata Huila, “... el señor Luis Carlos Anaya Toro identificado con C.C. 12.274.437 de La Plata Huila, se desempeñó como Concejal del municipio de La Plata en el periodo constitucional comprendido desde el 1º de enero del año 2008 hasta el 31 de diciembre del año 2011 representando el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos Verde Opción Centro” (fls. 765-766, cdno. pbas. 4).
— Que en ese mismo documento se certifica que “no aparece copia auténtica donde informen a la corporación Concejo de La Plata sobre el retiro e ingreso a nuevo partido, movimiento político o bancada, además no aparece en las actas ni grabaciones dichas renuncias”.
— Que en la certificación expedida por el director ejecutivo nacional y representante legal del Partido Verde, que obra a folio 149, se deja constancia que “... revisados los archivos de nuestra colectividad, se encontró oficio de fecha 14 de septiembre de 2009 mediante el cual Luis García Anaya Toro presentó renuncia irrevocable al partido, de tal manera mediante el presente documento certifico que Luis Carlos Anaya Toro fue elegido Concejal en La Plata Huila por el Partido Verde para el periodo constitucional 2008/2011, y que con ocasión del acto legislativo 1 de 2009, presentó y se le aceptó renuncia irrevocable al partido. Para lo anterior anexo oficio de fecha 14 de septiembre de 2009”.
— Que, de acuerdo con certificación expedida por el representante legal del Partido de la U, que obra a folios 1067 y 1068 del cuaderno de pruebas 6, el señor Luis Carlos Anaya Toro “presentó solicitud de otorgamiento de aval, ante el Partido de la U, el 8 de julio de 2011, con los correspondientes documentos como hoja de vida, antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, y el acta de compromiso correspondiente y con base en esa información y al no encontrarse impedimento legal se otorgó el aval al mencionado candidato”(11).
— Que en ese mismo documento se deja constancia que el señor Anaya Toro “participó como candidato a la Asamblea del departamento Huila, por el Partido de la U, para las elecciones del 30 de octubre de 2011”.
— Que el día 29 de julio de 2011, el secretario general y representante legal del Partido Social de Unidad Nacional, concedió al demandado, junto con otros militantes, aval para que en nombre y representación de esa colectividad aspirara a la Asamblea Departamental del departamento del Huila (fl. 166, cdno. ppal.).
— Que una vez se verificó la base de datos del Partido de Unidad Social, es cierto que el demandado se afilió a esa colectividad el 8 de julio de 2011(12) (se destaca que según esta relación probatoria para esta época habían transcurrido casi dos años desde que renunció al Partido Verde - 14 de septiembre de 2009).
— Que el señor Luis Carlos Anaya se inscribió(13) y resultó electo(14) como Diputado a la Asamblea Departamental del Huila por el Partido de la U, período 2012-2015.
Las referidas pruebas ponen de presente que, en el caso objeto de estudio, está comprobado uno de los supuestos de hecho que, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política, dan lugar a la doble militancia, tal como lo invoca el demandante.
En efecto, de acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, es evidente que el señor Luis Carlos Anaya Toro debió renunciar a su curul como Concejal del municipio de La Plata (que había obtenido por el Partido Verde) 12 meses antes del primer día de inscripciones a fin de participar como candidato por el Partido de la U a la Asamblea Departamental del Huila, en la contienda electoral que tuvo lugar el día 30 de octubre de 2011.
En el proceso está demostrado que el señor Luis Carlos Anaya resultó electo como Concejal del municipio de La Plata por el Partido Verde (2008-2011) y que renunció a ser militante de dicha colectividad el día 14 de septiembre de 2009.
Ahora bien, a pesar de que el 14 de septiembre de 2009 el demandado renunció a la militancia en el Partido Verde, es lo cierto que dentro del término de dos meses que otorgaba el parágrafo transitorio 1 del artículo 107 de la Constitución Política, no se afilió al Partido de la U.
Así lo certifica el secretario general del Partido de la U al sostener que el señor Luis Carlos Anaya Toro es militante de ese partido desde el 8 de julio de 2011. Que, además, según la base de datos, en relación con el municipio de La Plata - Huila, ningún concejal se cambió al Partido de la U amparado en el Acto Legislativo 1 de 2009.
Valga la pena aclarar que la referida disposición constitucional autorizó que, por una sola vez y dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2009 (jul. 14/2009)(15), los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular o quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia de dicho acto, pudieran inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin verse en la obligación de renunciar a su curul o incurrir en doble militancia.
Tal reforma, junto con la del año 2003, tuvo el fiel propósito de fortalecer a los partidos y movimientos políticos como representantes de la sociedad, garantizando su disciplina y actuación coordinada en un nuevo régimen de bancadas.
Así, es forzoso concluir que la prerrogativa excepcional que otorgaba el referido parágrafo del artículo 107 de la Constitución Política, de no renunciar a la curul del partido que lo había avalado, únicamente servía para que el miembro de la corporación pública efectivamente se afiliara a otro partido o movimiento político.
Para tal efecto, no solo debía renunciar al partido que había otorgado el respectivo aval y por el cual había resultado electo, sino que también debía pasar a pertenecer a otro partido o movimiento político, lo cual tenía que realizarse dentro del plazo perentorio de dos meses siguientes a la entrada en vigencia del acto legislativo.
Entonces, a juicio de la Sala, quienes no hubieren actuado en esos precisos términos y condiciones no podían beneficiarse de las bondades de la autorización del cambio de partido, que es lo que precisamente ocurrió en el presente caso.
En concreto, como el demandado renunció al Partido Verde el día 14 de septiembre de 2009 y solo dos años después se afilió al Partido de la U (jul. 8/2011), es evidente que no cumplió con los requisitos que preveía el artículo 107 de la Constitución Política a efectos de no incurrir en doble militancia.
El término que dispuso dicha norma para proceder con el respectivo cambio era de carácter perentorio y, por tal razón, no podía el señor Anaya Toro pretender extender los efectos de dicha prerrogativa constitucional de forma indefinida en el tiempo.
Incluso, el hecho de que haya seguido desempeñándose como Concejal del municipio de La Plata hasta el 31 de diciembre de 2011, sin que se hubiese afiliado al Partido de la U en el término que preveía el acto legislativo, da a entender que renunció al Partido Verde, pero que, de igual forma, siguió ocupando la curul que obtuvo con el aval de dicha colectividad, situación que no es de recibo por parte de esta corporación.
Tal comportamiento constituyó una burla y una clara afrenta a la finalidad que persigue la prohibición de doble militancia que contiene el artículo 107 de la Constitución Política, dirigida a que se preserve el principio democrático representativo, mediante la disciplina respecto a un programa político y a un direccionamiento ideológico.
Igualmente, representó una evidente falta de compromiso y de lealtad partidista por parte del señor Anaya Toro. Su proceder fue anómalo para el sistema democrático. Atenta contra el carácter participativo y el deber de responsabilidad que los elegidos tienen frente a la ciudadanía y a sus electores.
En definitiva, es evidente que el demandado actuó en contravía de la transparencia y la ética que imponen los partidos y movimientos políticos a la actuación de sus miembros, contrariando el claro mandato de la Carta Política (art. 107).
Todo lo anterior pone de presente que el hecho de que el señor Anaya Toro no se hubiere afiliado a otro partido dentro del plazo de dos meses que preveía el artículo 107 de la Constitución Política y que, además, ocupara su curul como Concejal del municipio de La Plata hasta el 31 de diciembre de 2011, le impedía inscribirse y postularse por otro partido a la Asamblea Departamental del Huila, como, en efecto, ocurrió, so pena de incurrir en la prohibición de doble militancia.
Entonces, en aplicación de la nueva concepción que adoptó la Sección Quinta respecto de la incidencia de la prohibición constitucional de doble militancia, es claro que en el caso objeto de estudio, el hecho de que el demandado la desatendiera, hace que su inscripción como candidato a la Asamblea del departamento del Huila sea irregular por desconocimiento de norma superior.
Tal irregularidad se traslada al acto de elección y, por consiguiente, este último, (Ac. 10, dic. 12/2011 expedido por el Consejo Nacional Electoral) nació a la vida jurídica viciado.
Esas son razones suficientes para sostener que el acto de elección del señor Luis Carlos Anaya Toro como Diputado a la Asamblea del departamento del Huila, período 2012-2015, no puede permanecer en el ordenamiento jurídico por contradecir la Constitución Política.
En consecuencia, como se anticipó, se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad del acto de elección del señor Luis Carlos Anaya Toro como Diputado a la Asamblea del departamento del Huila para el período 2012-2015.
Por último, la Sala hace la siguiente precisión en relación con la solicitud del demandante en el sentido de que se ordene la práctica de un nuevo escrutinio, ordenando excluir del cómputo general de la votación, aquella del candidato inhabilitado y con base en la votación obtenida por los demás candidatos, proceder a declarar la elección a quien resulte electo, ordenando expedir la credencial correspondiente”.
Ha sido criterio reiterado en esta Sección(16) que por regla general los efectos que se desprenden de una decisión de nulidad de un acto de elección o de nombramiento no sea objeto de pronunciamiento por el juez de conocimiento, pues ese aspecto, en las más de las veces, corresponde analizarlo y definirlo a la autoridad administrativa competente para aplicar la sentencia judicial, de conformidad con las normas legales que regulan la situación jurídica que surja de la declaratoria judicial de nulidad de la elección o del nombramiento.
Solo en aquellos eventos en que la ley, de manera expresa, imponga al juez que su decisión incluya rehacer alguna etapa del proceso administrativo electoral, la sentencia se pronuncia al respecto.
Únicamente la prosperidad de los cargos relacionados con causales objetivas de nulidad, da lugar a ordenar un nuevo escrutinio(17).
Así, es claro que la petición que en tal sentido que efectuó la parte demandante, debe ser despachada de forma desfavorable, pues, en el caso objeto de estudio, la declaración de nulidad del acto de elección del señor Luis Carlos Anaya Toro no obedeció a la configuración de una causal objetiva. Entonces, el reemplazo de la curul del demandado debe hacerse en la forma como lo determina la Constitución y la ley.
1. Se revoca la sentencia del 8 de agosto de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.
2. En consecuencia, se DECLARA LA NULIDAD del acto de elección del señor Luis Carlos Anaya Toro como Diputado de la Asamblea Departamental del Huila, período 2012-2015 contenida en el Acuerdo 10 de 12 de diciembre de 2011 del Consejo Nacional Electoral, “Por medio del cual se resuelven los recursos, vacíos y omisiones de la comisión escrutadora departamental del Huila, se resuelven los asuntos pendientes de los escrutinios de la circunscripción electoral del Huila en las elecciones de asamblea realizadas el 30 de octubre de 2011, y se declara la elección de los diputados de la Asamblea al departamento del Huila periodo constitucional 2012-2015”.
3. En firme esta decisión, vuelva el expediente al tribunal de origen.
Magistrados: Susana Buitrago Valencia—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, salva el voto—Dolly Pedraza de Arenas—Camilo Luis Arciniegas Andrade.
(1) Por medio de la cual se reglamentó el proceso de revocatoria de inscripciones
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 7 de febrero de 2013, radicado 680012331000201100998-01, M.P. (E) Susana Buitrago Valencia.
(3) Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.
(4) Sentencia del 1º de noviembre de 2012, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Expediente 2011-0311. Actor: Jesús Antonio González.
(5) Ver, entre otras, sentencias de la Sección Quinta de 8 de febrero de 2007, Rad. 11001-03-28-000-2006-00107-00(4046), C.P. Darío Quiñones; 23 de febrero de 2007, Rad. 11001-03-28-000-2006-00018-00(3982-3951), C.P. Reinaldo Chavarro.
(6) Sentencia del 1º de noviembre de 2012, C.P. Mauricio Torres Cuervo, Expediente 2011-0311. Actor: Jesús Antonio González.
(7) Entre otras, ver sentencias del 7 de febrero de 2013, C.P. Susana Buitrago Valencia. Expedientes. 2011-0666 y 2012-0026.
(8) Es pertinente resaltar que los informes de ponencia de los debates que se surtieron en el trámite del Acto Legislativo 1 de 2009, dan cuenta que fue una constante que se considerara que la violación de los referidos preceptos ocasionaría la pérdida de la curul o el cargo. Al respecto, ver, gacetas 674 del 1º de octubre de 2008, 697 del 3 de octubre de 2008, 725 del 21 de octubre de 2008, 736 del 22 de octubre de 2008, 742 del 24 de octubre de 2008, 828 del 21 de noviembre de 2008 y 889 del 4 de diciembre de 2008.
(9) Rad. 11001-03-28-000-2006-00018-00 (39382-3951), C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá.
(10) Entre otras, ver sentencias del 7 de febrero de 2013, C.P. Susana Buitrago Valencia. Expedientes. 2011-0666 y 2012-0026.
(11) En efecto, a folios 1071-1078, se verifica que el día 8 de julio de 2011, el señor Luis Carlos Anaya Toro solicitó al Partido de la U que le otorgara el aval a efectos de presentarse como candidato a la Asamblea Departamental del Huila.
(12) Folio 1070, cuaderno de pruebas 6.
(13) A folios 187 y 188 del expediente, obra el respectivo formulario E-6-AS, en el que consta la “inscripción del candidato y la constancia de la aceptación de la candidatura por Partido Social de Unidad Nacional, respecto del señor Luis Carlos Anaya Toro como candidato a la Asamblea del Huila.
(14) Folios 39-59, cuaderno principal.
(15) En razón a que el artículo 15 de la enmienda prevé: “El presente acto legislativo regirá a partir de su promulgación”, y ello se realizó en el Diario Oficial 47410 de 14 de julio de 2009.
(16) Sentencia del 22 de junio de 2006. Expediente 2004-01427, M.P. Darío Quiñónez Pinilla.
(17) Sobre este punto, entre otras, ver: Sentencia del 19 de noviembre de 1999. Expediente 815, sentencia del 7 de diciembre de 2001. Expedientes 2761 y Sentencia del 14 de junio de 2005. Expediente 3708.

References: artículo 107
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 223
 artículo 2
 artículo 107
 Resolución 
 artículo 107
 artículo 2
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 1
 artículo 107
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 artículo 107
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 artículo 107
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 artículo 1
 artículo 15