Source: https://www.scribd.com/doc/119963465/Fallo-Casacion-Cromanon
Timestamp: 2016-10-28 03:24:44+00:00

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Fallo Casación Cromañón
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REGISTRO Nº 35/13
///la Ciudad de Buenos Aires, a los días 10 del mes de enero del año dos mil trece, reunidos los integrantes de la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la doctora Liliana Elena Catucci como Presidente, y los doctores Eduardo Rafael Riggi y Ángela Ester Ledesma como Vocales, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso en de la casación presente interpuesto causa nº por el del
registro de esta Sala de Feria, caratulada: “FERNÁNDEZ, Ana María s/recurso de casación”. Interviene como fiscal el
doctor Raúl Omar Pleé, como defensor particular el doctor Oscar Luis Vignale y como defensor Ad-Hoc a cargo de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años, el doctor Gustavo Oreste Gallo. Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Doctores Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi y Ángela E. Ledesma. VISTOS Y CONSIDERANDO: Los señores jueces, doctores Liliana E. Catucci y Eduardo R. Riggi, dijeron: PRIMERO: Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal a raíz del recurso de casación deducido a fs. 170/198 por el defensor particular de Ana María Fernández, contra el rechazo de su arresto domiciliario resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 24, obrante a fs.
162/164vta. Concedido el recurso intentado (cfr. fs.
200/200vta.) y radicadas las actuaciones en esta instancia, a fs. 214/214vta., el doctor Gustavo Oreste Gallo, Defensor Ad-Hoc de la Defensoría General de la Nación, a cargo de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años, adhirió al remedio deducido por la defensa de Fernández y acompañó a
fs. 211/213 un informe producido por la Trabajadora Social de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Se presentado a ordenó, fs. asimismo, la por agregación el doctor del escrito Cejas
216/232vta.
Meliare, Director de Protección de los Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación como “amicus
curiae”. Habiéndose dado cumplimiento a la audiencia
prevista por el artículo 465 bis del Código Procesal Penal, en función del 454 y 455 ibídem (texto según Ley 26.374), asistieron los doctores Oscar Luis Vignale -quien hizo
reserva del caso federal-; Gustavo Oreste Gallo; Raúl Omar Pleé y el doctor Rodrigo Diego Borda, en representación de la Procuración del Penitenciaria -quien 235), de la Nación el el como “amicus de fs. en
curiae”
tribunal (fs.
presentó quedando
234/234vta.-
condiciones de ser resuelto. SEGUNDO: a) El letrado particular de la condenada Ana
María Fernández, con invocación de los dos motivos previstos en el artículo 456 del C.P.PN., planteó la errónea
aplicación de la ley sustantiva, adjetiva y constitucional (cfr. fs. 170/171vta.). Señaló las razones humanitarias de la prisión
domiciliaria inspirada en la mantención del vínculo maternofilial fuera de la cárcel, “…de modo de preservar el interés del menor que y es superior y a cualquier se otro interés
convencionalmente…” (fs. 174vta. y cfr. fs. 175). Hizo referencia a los precedentes de una gestación compleja, debiendo Fernández permanecer internada para los estudios y controles médicos, y a los problemas
respiratorios del hijo biológico de su defendida, B. F. A.,
Causa nº 33/12 -Sala de FeriaFERNÁNDEZ, Ana María s/recurso de casación
nacido el 23 de mayo de 2012 actualmente en período de lactancia, que motivaron su internación en la unidad de Neonatología del Sanatorio Anchorena de esta Ciudad, con cuidados posteriores en su domicilio. Agregó que la cónyuge de su pupila, Gabriela
Teresita Aguad, sufre de tendinitis en ambas manos, lo que le dificulta la atención del menor, y trabaja en el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de 12 a 19 horas (cfr. fs. 174vta.), lo que le implicaría, al no con contar con familiares, dejarlo al cuidado “de un desconocido”, debiendo hacerse cargo de los gastos con horas extras, que la alejarían del niño (cfr. fs. 195vta./196). Manifestó que la solución de la Ley de Ejecución de la Pena de que los niños permanezcan con sus madres en el Servicio Penitenciario, “…resulta aberrante a la luz de las diversas disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño…” (fs. 175), lo que, sumado a la tendencia del menor a enfermedades respiratorias, señalan la detención
domiciliaria como el instituto más idóneo para evitar el agravamiento innecesario de las condiciones de encierro de la condenada y su hijo (fs. 175). Recordó que Fernández se mantuvo a derecho durante todo el proceso en la (cfr. fs. 175), atacada, actitud lo que parcialmente impone la
revocación del fallo por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias (cfr. fs. 177vta.). Aludió al derecho de Fernández concebido en el art. 32, inciso “f”, de la Ley 24.660, por lo que solicitó que se case la decisión recurrida y se disponga el
cumplimiento de su condena en su domicilio. Finalmente, efectuó reserva del caso federal (cfr. fs. 197vta./198). b) En su presentación, el señor Defensor Ad-Hoc a cargo de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años
adhirió al recurso de casación deducido por la defensa de Ana María Fernández, indicando que el fallo recurrido afectó principios y garantías de raigambre constitucional, tales como los de protección integral de la familia, de la
maternidad y la infancia, de no trascendencia de las penas a terceros, de su humanidad y del respeto por la supremacía del interés superior del niño (cfr. fs. 214/214vta.). Acompañó el informe elaborado por la Trabajadora Social de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que dio cuenta de que el menor Fernández Aguad recibe atención médica de la obra social de su madre que se encuentra abocada y a que su la crianza señora desde Aguad el su nacimiento sostén
amamantándolo,
económico del hogar (cfr. fs. 212/213). c) En términos similares y como amicus curiae se
expidió el representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación (cfr. fs. 231). TERCERO: La revisión del pronunciamiento recurrido exhibe, a primera vista, que el juez de ejecución denegó a Ana María Fernández, condenada a la pena de tres años y seis meses de prisión por ser autora penalmente responsable de los delitos de omisión de deberes de funcionaria pública en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte, por un fallo que se encuentra firme, el arresto domiciliario que
solicitara en el marco de las facultades previstas en el artículo 32, inciso f) de la ley 24.660, modificada por la ley 26.272. En efecto, la redacción de esa norma deja bien en claro que la ampliación de las hipótesis de arresto
domiciliario entra dentro de las posibilidades del juzgador para el caso que se den los supuestos de procedencia, y que no se trata de una imposición legal. Por otra parte es de señalar que tampoco se dan
las situaciones de excepción contenidas en el artículo 10, inciso f) del Código Penal en la versión de la ley 26.472, según se verá. En denegación esa de la dirección forma normativa de se observa de que la fue
sustentada en el debido resguardo de la relación materno filial de la enjuiciada y en particular en el resguardo de la protección del bebé según las actuales circunstancias. En la síntesis expuesta ya se vislumbra el
correcto sentido de la aplicación de la ley y la ausencia de arbitrariedad en la decisión atacada. Sin embargo, la enunciación de los riesgos que el recurrente trae a la alzada imponen su necesaria respuesta, a fin de sostener legal y jurídicamente la resolución
impugnada. La condenada Fernández fue detenida para cumplir el fallo firme el 21 de diciembre de 2012, y alojada en la Unidad nº 31 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, junto a su hijo B. F. A., nacido el 23 de mayo de 2012. En ese orden de argumentación ha de recordarse que el artículo 32 de la Ley 24.660 vigente prescribe que “…el Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: …a)….; f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo…”. A su vez, el artículo 10 del Código Penal, según modificación de la ley 26.472 reza en la parte pertinente: “…podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: a)….; f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo…”. Esas previsiones legales imponen la evaluación
casuística de la posibilidad otorgada por la ley. En esa línea de pensamiento, analizadas las
constancias de autos, la normativa de aplicación y el iter
argumentativo desarrollado por el tribunal de mérito (ver fs. 163/164), se desprende que al presente ni la salud del niño ni la de su madre están en riesgo. La lectura del dictamen fiscal obrante a fs.
144/147, en el que se indicó que en la unidad penitenciaria en la que Fernández se encuentra alojada, “…el Servicio Penitenciario cuenta con sectores de plantas para madres alojadas con hijos, todos a los los que se les brinda que su
satisfactoriamente requiere el
cuidados su
permanentes vínculo con
progenitora…” (fs. 146vta.), luce como suficiente respaldo de lo decidido y aventa cualquier suposición en contrario por parte de los interesados. Y la consecuente resolución aquí recurrida resguarda, tal como lo han apuntado tanto el representante del Ministerio Público ante el tribunal de mérito como el a quo, “irrenunciables imperativos
humanitarios”. En efecto, de las constancias agregadas al
expediente surge que el niño Fernández Aguad no se encuentra en situación de desamparo es en ni ese de inseguridad el material o
ambiental glosado a fs. 140 en cuanto señala que la crianza, cuidado y atención del menor está a cargo de ambas
integrantes de la pareja, quienes mantienen una relación armónica, de diálogo e integración; y que la señora Aguad sostiene económicamente el hogar, cubriendo todos los gastos de la familia. Se puede ir concluyendo pues en este orden de ideas que, si bien resultaría deseable que no se produjeran situaciones como las que motivan la intervención de este Tribunal en la presente causa, las disposiciones legales vigentes para contienen razonables las y suficientes herramientas de la
privación de la libertad que sufren las madres debido a procesos penales seguidos en su contra, no se trasladen y
sean sufridas por sus hijos menores, de manera alguna que pueda llegar a comprometer el interés superior del niño. Al respecto, corresponde también mencionar que la unidad carcelaria donde se encuentra alojada la aquí
recurrente cuenta con instalaciones aptas para albergar a madres con niños menores de edad, brindándoles condiciones apropiadas para su desarrollo integral y asistencia médica necesaria. Es de agregar además que no se ha dado cuenta al presente, de que el menor o alguna, de donde la decisión su madre padezcan dolencia de que el niño B. F. A.
permanezca al cuidado de su madre biológica -alojada en la unidad nº 31 de Ezeiza- no se advierte reñida con las normas nacionales o internacionales que protegen sus derechos. Por otra parte, la decisión de mantener al bebé consigo es del resorte decisivo de su progenitora, habida cuenta que su pareja no se encuentra impedida de hacerse cargo en la medida de sus posibilidades. Alternativas que no inciden en detrimento de la integralidad de los derechos del niño. Es permanezca entonces la que nada si ésta obsta así a lo que el niño en el
establecimiento en que se aloja -tal y como viene ocurriendo hasta la fecha, desde el 21 de diciembre ppdo.-, dado que no sólo cuenta con la edad requerida para ello, sino que además no existe constancia del menor alguna en la que en el caso la actual haya
perjudicado su salud física o psíquica, atendiendo a los pocos meses del menor. Sobre el particular, es de hacer notar que las alegaciones de la defensa en torno a las afecciones de la madre y del niño carecen de actualidad porque ocurrieron en el período gestacional y en los primeros meses de vida del menor. Así lo acredita el informe glosado a fs. 211/213,
de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, al dar cuenta de que el niño Bautista se encuentra
actualmente junto a la condenada en el penal de Ezeiza en buenas condiciones, y con desarrollo normal del vínculo
materno filial. En suma y como síntesis es de recalcar que la defensa no ha podido precisar ni fundar los agravios que enunciara, en particular no ha demostrado vulneración alguna a los derechos que del menor ni la existencia de razones
previsto en la normativa que rige la materia, ni ha logrado controvertir los argumentos pertinentes que sustentaron el rechazo del beneficio solicitado. En consonancia con lo que se ha venido exponiendo surge como deducción simple que el fallo puesto en crisis se ajusta, en lo concerniente, a la doctrina sentada por la Sala en numerosos “Herrera, precedentes Mara entre los cuales merece
s/recurso
(causa nº 9038, reg. nº 696/08, rta. el 05-06-08) en el que se hizo hincapié en las disposiciones de los artículos 193 a 195 de la ley 24.660 en cuanto establecen que el tratamiento penitenciario no deberá interferir en el cuidado que la madre debe dispensar al niño, la prohibición de aplicación de correctivos disciplinarios que a juicio médico pudieran afectar al niño lactante, y el derecho de las internas
madres a permanecer junto a sus niños menores de cuatro años de edad; y se citó además el artículo 17 de la ley 26.061 en cuanto prescribe que “…la mujer privada de su libertad será especialmente asistida durante el embarazo y el parto, y se le proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras ésta permanezca en el medio carcelario, facilitándose la comunicación con su familia a efectos de propiciar su integración a ella…”. En sentido análogo a la decisión que se anticipa, merecen citarse: “Maglio, Albana
María Luján s/recurso de casación” (causa nº 11.187, reg. nº 1149/09, rta. el 21-08-09); “Benítez Villamayor, Clara
Ramona s/recurso de casación” (causa nº 12.852, reg. nº 1880/10, rta. el 07-12-10) y “Dos Santos, Mariela Ester s/recurso de casación” (causa nº 15.003, reg. nº 1733/11, rta. el 17-11-11); entre otras. Por consiguiente y atento a que por los argumentos aquí expuestos la resolución impugnada no viola garantías constitucionales ni las contempladas en la Convención sobre los Derechos del Niño citada, el recurso contra ella
dirigido no resulta procedente ,con costas. En ese sentido nos expedimos.
La señora juez, doctora Ángela E. Ledesma, dijo: Que recurso de a mi modo ver corresponde y los hacer el lugar al
interpuesto por
arresto que a
continuación expondré. La ley 24.660, reformada por Ley 26.472 en su art. 32 inc. F), conforme también la actual redacción del art. 10 inc. F) del Código Penal resulta clara respecto a la
concesión del arresto domiciliario a la madre de un menor de cinco años. Ello sobre la base que debe primar el interés superior del niño conforme lo prevé el Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, como eje
interpretativo cuando se presenta un conflicto de este tipo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “La consideración rectora del interés superior del niño que
establece la Convención sobre los Derechos del Niño, lejos de erigirse en una habilitación para prescindir de toda norma jurídica superior, constituye una pauta cierta que orienta y condiciona la decisión de los tribunales de todas las instancias llamados a al la juzgamiento Corte de los casos, a la
constitucionales”
324:975). En otra oportunidad, se pronunció haciendo suyas las palabras del Procurador General de la Nación, en punto a que “Los menores, máxime en circunstancias en que se
encuentra comprometida su salud y normal desarrollo, a más de la especial atención que necesitan de quienes están
directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad del toda, siendo de la que la
nacional en los asuntos concernientes a ellos viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces
llamados al juzgamiento en estos casos” (del dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte, en Fallos 326:2906, rta. el 21/8/03). Con respecto a los principios contenidos en la Convención, “la teoría supone que ellos se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente hacia (o contra) de ellos. lo que En consecuencia, llamamos nada más lejano al
superior del niño, creer que el interés superior del niño debe meramente “inspirar” las decisiones de las autoridades. No, el principio del interés superior del niño lo que
dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo El hacia del las niño autoridades” en el marco (Cilero de la
Bruñol,
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en AA. VV. “Infancia, Ley y Democracia en América Latina”, citado, p. 77). Estos principios y precedentes fueron desoídos por el Tribunal cuando parece claro que la norma antes citada busca evitar que la madre sea separada de su hijo. Tal es así que el legislador fijó como base hasta los cinco años edad, lo que demuestra que en esos casos la protección de esa vital relación no puede ser sustituida por otros
factores pudiera externos tener el como menor ser la contención Art. 9.1 familiar CDN). que
análisis puede proceder, a mi entender, cuando se presentan casos de hijos mayores al límite de edad. Sin perjuicio que lo expuesto, resulta suficiente para conceder el instituto bajo examen, no puedo dejar de mencionar que la recurrente es la madre biológica que
amamanta a su hijo, circunstancia vital para el crecimiento del menor. Sin embargo, llama poderosamente la atención que el Tribunal valore que Fernández se haya casado con otra mujer, lo que garantizaría la presencia de dos madres en el hogar. La visión expuesta en la decisión impugnada,
parece traslucir que la relación y vínculo de la madre (o padre) con los hijos puede llegar a variar si los
progenitores son del mismo género. En este caso, dos mujeres que contrajeron matrimonio garantizarían que pese a que una se encuentra presa existe otra “madre” en libertad que
supliría aquél rol. En otro orden, tal como señala el amicus curiae (Procuración Penitenciaria), el contexto de nuestras
cárceles no es el más adecuado para un niño en sus primeros momentos de la vida, menos aún que durante la lactancia permanezca allí. De ahí que la circunstancia de existir un lugar habilitado en la cárcel para que las madres privadas de libertad den de mamar, no constituye un impedimento para conceder el beneficio que autoriza la norma, máxime cuando no existe ningún motivo de hecho ni de derecho para así decidirlo. Por el contrario en el caso, conforme surge de la histórica clínica del menor éste durante su corto período de vida ha padecido dos episodios de bronquiolitis. En tal sentido es de particular relevancia valorar las condiciones de alojamiento que existen en pabellón Nº 16, conforme se
desprende del informe presentado el día de la audiencia por la Procuración Penitenciaria, del que surgen las
deficiencias que adolece el lugar, que sus paredes tienen humedad, que las detenidas deben convivir con cucarachas porque las fumigaciones no resultan efectivas y entre otras que el pabellón no tiene prácticamente luz natural. A ello se suma que la Unidad Penitenciaria en cuestión no cuenta con guardia de pediatría activa durante las 24hs y los
pedidos de consultas médicas son tramitados con días de demora. Allí se concluye que ese pabellón es prácticamente igual a los comunes de detención. Circunstancias que no solo atentan contra la condición primordial del interés superior del niño, sino también contra el Art. 3.3 de la CDN, en lo que hace a su protección en materia de sanidad. En la disyuntiva que implica la tutela del interés superior de niño por un lado y el cumplimiento de pena intramuros por el otro, adquiere importancia lo expresado por el Dr. Gallo en la audiencia, por cuanto habrá que asegurar al niño que junto a su madre se desarrolle de modo normal en un ambiente adecuado, así se valora también lo aconsejado a fs. 211/13 por de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia, a través de la presentación hecha por el Defensor Ad Hoc de la Defensoría General de la Nación, a cargo de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años, por cuanto Fernández es quien alimenta a su hijo. En tal contexto no podemos dejar de apreciar la
influencia que el hábitat provoca en el estado anímico de las personas, en este caso de la madre, el que puede ser transmitido primeras al menor de su dada vida la mimetización el ser que en con las su
progenitora. En éste sentido cabe también considerar, como lo destacara el Dr. Vignale, el contenido del informe
glosado a fs. 140, en lo que hace a la vivienda en la que se cumpliría la prisión domiciliaria, es decir el domicilio de
la Señora Aguad, con quien Fernández mantiene un armonioso y sostenido en el tiempo, más allá vínculo de haber
contraído matrimonio. Por último, quiero dejar en claro que el arresto domiciliario es una modalidad de cumplimiento de pena y no un sinónimo de impunidad. Tal vez, cuando se comprenda esa circunstancia se evitarán decisiones como la recurrida en donde se citan principios y reglas de jerarquía
constitucional de manera contraria al fin que se pretende tutelar. Por interpretación razones hecha de economía los procesal, de remito la a la
fundamental “interés superior del niño”, en el voto emitido en la Causa nº 7280, Espíndola, Alejandra Karina s/recurso de casación, Sala III, rta. el 27 de noviembre de 2006. Ello en cuanto a la efectividad de los derechos de la Convención y la tarea del Poder Judicial de “descubrir” que curso de acción llevará a la defensa de dicho interés (Cfr. Martínez Ruiz, Analía, Interés superior, en AA.VV. “Convención
internacional sobre los Derechos del Niño”, págs. 101/2). Criterio también sostenido por Mary Beloff para quien el concepto implica la permanente búsqueda de nuevos y mejores estándares (Cfr. La aplicación los directa del de la en los Convención el ámbito
Internacional interno, en
sobre AA.VV.
internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales”, Editores del Puerto). En consecuencia conforme lo previsto por la
Convención sobre los Derecho del Niño, Arts. 3.1., 3.3, 9.1 y cttes. (Art. 75 inc.22 de la Constitución Nacional), Art. 10 del Código Penal y Art. 32 inc. F) de la ley 24.660, reformada por Ley 26472, y por estricta aplicación del
principio pro homine, es que propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de casación deducido y disponer el cumplimiento de la pena de prisión de Ana María Fernández en detención
domiciliaria. Tal es mi voto. Por ello, y en mérito al acuerdo que antecede el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: RECHAZAR el recurso de
casación deducido por la defensa de Ana María Fernández, con costas (arts. 470 y 471 a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). Regístrese, notifíquese y, oportunamente,
devuélvase a su procedencia, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.-
Fdo.: Doctores Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi y Ángela E. Ledesma, Jueces. Doctor Javier Reyna de Allende,
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References: artículo 465
 artículo 456
 artículo 32
 artículo 10
 resolución

 artículo 32
 artículo 10
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 Artículo 3