Source: http://prensadelpueblo.blogspot.com.ar/2017/04/
Timestamp: 2017-07-27 20:41:02+00:00

Document:
(APL)El siguiente pronunciamiento de las organizaciones que lo emiten y la multitud de entidades que lo respaldan (ver más abajo) surge a partir de una nota reciente en América TV que habla de un informe de inteligencia sobre las
sociales que vienen bregando por la inclusión en contexto de encierro y
con familiares y liberados en el marco de la discusión por la reforma de la 24660. La
APL repudia a estos pseudo periodistas, voceros de la derecha, al tiempo que da cuenta de la
inteligencia del Estado nunca dejó de tener como blanco a los luchadores populares. En un fragmento del documento, lsx compañerxs afirman
sobre reforma a Ley de Ejecución Penal que: “Al afectarse el principio de progresividad se obstruye directamente la finalidad de la pena de prisión que tiene por objeto la prevención de la comisión de delitos y la reincidencia. Asimismo, agrava las condiciones
de detención que ya se encuentran caracterizadas por la falta del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, por la sobrepoblación y el hacinamiento, así como por la violencia física y psicológica y el uso
de la tortura como práctica habitual. Finalmente,
destacamos que promueve el autogobierno por parte del Servicio Penitenciario en desmedro de la garantía del control judicial permanente
y de la intervención de profesionales, que serían lxs más capacitadxs para acompañar un “proceso resocializador”. De esta
forma, se favorece el gobierno carcelario basado en la arbitrariedad y discrecionalidad que caracteriza a esa fuerza”. Más abajo, documento completo. Enviar solidaridad: adhesionorganizacionessociales@gmail.com
El pasado jueves 20 de abril organizaciones sociales, académicxs, organismos de Derechos Humanos, operadores judiciales, familiares y personas liberadas protagonizamos una jornada democrática en la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la
Nación al momento de discutirse el proyecto de reforma a la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Expte. CD-90/16).
Allí estuvimos presentes YoNoFui, Limando Rejas, Rancho Aparte, Cooperativa Esquina Libertad y Pensadores Villeros Contemporáneos; organizaciones con una larga trayectoria en el trabajo dentro de las unidades carcelarias, y afuera con las personas que recuperan
la libertad. Realizamos propuestas de formación en artes y oficios, enseñamos a trabajar y asistimos en la conformación de cooperativas de trabajo, como medios para la subsistencia. También desarrollamos dispositivos de acompañamiento integral, creamos espacios
de educación y brindamos herramientas concretas para la inclusión social de las personas privadas de libertad, liberadas y familiares.
Expresamos con múltiples argumentos y desde distintas perspectivas nuestra enérgica oposición a esta reforma impulsada originalmente por los diputadxs nacionales Luis Petri y Mónica Litza, mediante la cual se pretenden restringir las salidas transitorias
y la libertad condicional, así como limitar las posibilidades de incorporación al régimen de semi-libertad (trabajar fuera de la cárcel durante el día y regresar al penal por la noche) y se establecen diferencias en la progresividad de la pena de acuerdo al
delito por el que se condenó a la persona, institucionalizando la desigualdad ante la ley.
Entre los principales fundamentos para repudiar el proyecto señalamos
que viola el principio de resocialización, que es el único fundamento de la pena en nuestra Constitución Nacional y vulnera derechos que ya han sido reconocidos por el Estado argentino
y constituyen obligaciones ineludibles cuyo incumplimiento puede acarrear su responsabilidad internacional. De este modo, al afectarse el
principio de progresividad se obstruye directamente la finalidad de la pena de prisión que tiene por objeto la prevención
de la comisión de delitos y la reincidencia. Asimismo, agrava las condiciones de detención que ya se encuentran caracterizadas por la falta del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, por la sobrepoblación y el hacinamiento, así como por la violencia
física y psicológica y el uso de la tortura como práctica habitual. Finalmente, destacamos que promueve el autogobierno por parte del Servicio Penitenciario en desmedro de la garantía del control judicial permanente y de la intervención de profesionales, que
serían lxs más capacitadxs para acompañar un “proceso resocializador”. De esta forma, se favorece el gobierno carcelario basado en la arbitrariedad y discrecionalidad que caracteriza a esa fuerza.
El logro de esa jornada fue abrir y ampliar la discusión, enriquecerla y problematizarla cuando los hechos han demostrado que desde el Poder Ejecutivo se pretendía aprobar esta reforma sin una discusión profunda y de fondo, que permitiera las voces de todas
las personas involucradas. Todavía consideramos que para desarrollar e implementar una propuesta eficaz y adecuada, se deben desarrollar investigaciones, estudios y diagnósticos que permitan generar propuestas
que aborden de manera integral la problemática
vinculada a la inseguridad. En un informe televisivo, en el que se sostenía que la información aportada era “transcripción de un Informe de Inteligencia”, se habló de nuestras organizaciones de forma errónea y falaz, con la clara intención
de desvirtuar, desprestigiar y criminalizar
nuestro trabajo. Por tal motivo, denunciamos la persecución política, y
hacemos responsable al Estado Nacional de la integridad física de cualquiera de lxs integrantes de estas organizaciones, así como de las personas privadas de libertad que se encuentran
realizando huelga de hambre y otras formas de manifestación pacífica en
muchos penales del país para expresar su opinión en contra de la reforma.
Frente a la violencia que impera y ofrece la cárcel proponemos y sostenemos que se propicie el trabajo colectivo en un ambiente de respeto, el diálogo como principal mecanismo de decisión y resolución de
conflictos, acompañamiento, contención y solidaridad.
Asimismo, el fortalecimiento de las asistencia pre y post penitenciaria
para garantizar la reinserción total de las personas en la sociedad con
los medios necesarios para subsistir y mantener a las familias de manera digna y como herramienta para la prevención
del delito. No queremos más violencia, queremos vivir en una sociedad con oportunidades para todxs.
Ahí donde el Estado llega sólo en su forma represiva, nosotrxs trabajamos para la democratización de las instituciones y para exigir que el derecho a la salud, al trabajo y a la educación de las personas que están privadas de libertad sean garantizados.
Creemos que los procesos de participación y visibilización de la mirada
de los actores involucrados son los que nos permitirán construir una sociedad más justa y más segura.
Cooperativa Hombres y Mujeres Libres, Cooperativa de Trabajo Inclusión en Bloque, Reverdecer Red de Cooperativas de Liberados y Organizaciones Sociales en Contextos de Encierro, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares
y amigos de la “China” Cuellar, Red Niñez Encarcelada, Asociación de Familiares de Detenidos de Cárceles Federales (ACIFAD),
USINA, Agrupación Lucía Cullen, Red de Familiares de la Provincia de Buenos Aires, Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP), Vicente Zito Lema, Colectivo NiUnaMenos, Casona de Flores, Trabajadores
Organizados de SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ), Centro de Formación Profesional Nº 24,
Programa de Extensión en Cárceles (FFYL,
UBA), Centro de Estudiantes de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Junta Interna de
ATE-INCAA, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Usina de Estudios Políticos Laborales y Sociales (UEPLAS), 14bis (Derecho-UBA),
Patronato de Liberados de Moreno, Mesa Ejecutiva del Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, Laboratorio Audiovisual Comunitario (LAC),
Centro de Orientación y Asistencia para Familiares de Detenidos (COFam),
Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Campaña en Cárceles, Colectivo Radio La Cantora, FM La Tribu, Radio Libre 99.3, Asociación Mutual Sentimiento, SextoKultural, Gabriel Ignacio Anitua, Frente Sin Reversa, Oscar Castelnovo, Agencia Para la
Libertad, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju-CABA), Docentes Unpaz Cátedra Anitua, La Brecha, Cienfuegos, La Miguelito Pepe,
La Comarca, La Enramada, Comisión de violencia en los territorios,
Movimiento Kosteki, Antena Negra TV, Arte Voltaje, Puntos de Encuentro (José León Suárez), Cooperativa de Trabajo Bella Flor, Cooperativa de Trabajo 8 de Mayo, Zondetrope Fm 99.3, Cooperativa de Trabajo Cefiro Tropezón, Asociación Pensamiento Penal (APP),
Agrupación provincial de ATE
Victor Choque, La Roja San Isidro del Colegio de trabajadoras sociales,
Trabajadorxs del Patronato de Liberadxs en Lucha, Roja Construcción Colectiva Pcia de Buenos Aires, Trabajadoras del Patronato de
Liberados de Merlo, Grupo de Teatro de Mujeres Osadía, Las Mostras CABA Espacio de Géneros, Las Mostras Trenque Lauquen, Colectivo de Acción Jurídica (CIAJ), Cooperativa de Trabajo
RIF Serigrafia, Sitraju Nación, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (ADD),
Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, Asociación Civil El Ágora, Comisiones de Base del CEFyL, Revista Crisis, Ileana Arduino,
Agencia Paco Urondo, Frente Popular Dario Santillan Corriente Naciona, y
La Dirección Nacional de Control y Fiscalización del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) puso en práctica una de sus
nuevas facultades y, con la colaboración de fuerzas policiales y una orden judicial, procedieron al secuestro de los equipos de dos radios, mantuvieron a unos de los responsables de una de estas emisoras varias horas demorado en la comisaría y se le inició una causa penal. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Buenos Aires- A principios del mes de abril, se dio a conocer una resolución del ENACOM, la 2064 que facultaba a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización a disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o decomiso según corresponda, de estaciones radioeléctricas no autorizadas o en infracción, incluyendo las de radiodifusión. Dicha Resolución complementaría la dictada el 23 de diciembre de 2016, la 9435, donde se estableció un Protocolo de actuación ante casos de interferencias en el espectro radioeléctrico. La
Resolución alude a interferencias a sistemas de radionavegación aeronáutica, servicio móvil aeronáutico y otros servicios utilizados por
autoridades nacionales, provinciales o municipales “y/o cualquier otro en el que se ponga en peligro la seguridad de la ciudadanía, la vida humana o el cumplimiento de competencias asignadas a organismos públicos”.Según relató Guillermo Saucedo de Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza al programa Enredando
las Mañanas de la RNMA, en enero y febrero pasado, a Radio M, 104.1 de Virrey del Pino, y a 87.7 FM Fórmula de Merlo les llegaron intimaciones desde ENACOM para que cesen las emisiones con el argumento de interferencia a las ondas radioeléctricas de aviación, “pero no dicen de
dónde. Sabemos que eso puede ser cierto, como también algo armado”, señaló Saucedo.En una situación similar se encuentra la emisora FM Ocupas 88.3 del partido de Moreno, también en la provincia de Buenos Aires que no sale al aire desde el 26 de febrero cuando el ENACOM solicitó la normalización de ciertos requerimientos técnicos por interferencias. Si bien dichos inconvenientes fueron solucionados, y hecha una presentación de descargo en el ente, la emisora aún no recibió
respuesta por parte del organismo. Ante esta situación, este jueves 27,
de 15 a 19, la emisora realizó un programa especial con el propósito de
volver a salir al aire.Radio M apagó a fines de febrero sus equipos, bajó las antenas, puso los filtros, para que la radio deje de generar interferencias. Sin embargo, este martes, sin tener constancia de que el ENACOM hiciera nuevos controles, sus equipos fueron secuestrados y uno de sus responsables, Ariel Montes, fue demorado en una comisaría de Morón. Se le imputó el delito tipificado en el Código Penal Argentino bajo el artículo 194. Casualmente, el mismo que dio lugar a otro Protocolo antipopular, el protocolo antipiquetes.El
protocolo del ENACOM, de acuerdo a la Resolución dictada en diciembre, se activa ante denuncia de interferencias o ante alguna tarea de inspección. Luego ENACOM hace una comprobación técnica de la interferencia. Si existe, se intima al que interfiere a cesar con las emisiones. Si se niega, se avisa a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización “a los fines de solicitar al juzgado competente del sitio sometido a verificación, para su intervención con el objeto de concretar
el mencionado cese de emisiones.”Luego, el titular de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización puede declarar la ilegalidad, la clausura, decomiso o secuestro de equipos.Ya a principios de abril, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, dieron a conocer un comunicado en el que aludían a esta Resolución y señalaban: “Rechazamos cualquier intento de acallar las voces alternativas, comunitarias y populares, bajo cualquier pretexto, y alertamos sobre la discrecionalidad que esta Resolución puede darle al Estado para embestir contra las voces disidentes.Recordamos que los medios comunitarios, alternativos y populares no son ilegales por voluntad, sino por los retrasos del Estado para comprender su rol social
y garantizando así su legalidad y sus mínimas condiciones de desarrollo.Las voces que quiere silenciar este gobierno, son las
mismas que denuncian sin ningún tipo de censura el ajuste y la represión, las que no dudan en poner el micrófono a otras voces oprimidas que no tienen ningún otro sitio en el que expresarse, las que ponen el micrófono a quienes construyen desde la adversidad con la organización y la lucha como herramientas.Nuestros medios alternativos, comunitarios y populares atentan contra la impunidad que los medios corporativos le brindan al poder político y económico. Pero la voz del pueblo se expresa en nuestros medios y en la calle. No taparán el sol con un dedo”.Por su parte, y en respuesta a este Protocolo de ENACOM, la Coalición por una Comunicación Democrática dio a
conocer uno propio que da cuenta de los procedimientos que debe llevar a
cabo una emisora frente a procedimientos e inspecciones del ente enmarcados en la resolución y que pueden leerse aquí.Finalmente son de destacar dos cuestiones:La
primera es que estas facultades que se le otorgan ahora a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización, eran ejercidas, hasta diciembre de 2015, por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y antes por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Durante las décadas del 80 y 90 el riesgo de decomiso y posterior criminalización de las organizaciones comunitarias que querían ejercer su derecho a la comunicación, fue el factor aglutinante de las luchas de estas emisoras.La otra cuestión es la premura con la que el Ministerio de Comunicaciones ha llevado adelante y puesto en funcionamiento este accionar mientras que otras políticas, como el pago de los FOMECA y la apertura de nuevas líneas de fomento, demoraron casi un año mientras que la elaboración de un plan técnico, que efectivice la reserva del 33 % para las emisoras comunitarias alternativas y populares, continúa pendiente.Fuente: CPR
El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón y la Universidad
Nacional de Río Negro invitan a la comunidad a la presentación del libro "Un Comahue violento. Dictadura, represión y juicios en la norpatagonia argentina" con la presencia del autor , Dr. Pablo Scatizza (Universidad Nacional del Comahue) y la invitada especial Adriana Schwartz (HIJOS Bariloche). La convocatoria es para el día jueves 4 de mayo a las 18:30 hs en el Auditorio del Instituto.
El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón invita a la comunidad a visitar la muestra "Homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo" de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. La misma reune 40 obras que ofrecen una imagen de la acción de las Abuelas a 38 años de la creación de dicha organización. Se
puede visitar de 9 a 22 hs en "El Pasillo" del Instituto desde el 28 de
abril al 17 de mayo. Se invita especialmente a los docentes a concurrir
con grupos de estudiantes, para ello pueden avisar con antelación a la Secretaría del Instituto. Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
El Bolsón (ANPP).-El próximo jueves 27 de abril a partir de las 21:30 hs El Pantallazo te invita a ver NERUDA
Para la CTA la renuncia del Diputado López es un triunfo de los trabajadores y del pueblo rionegrino (25/04/17) Apenas conocida la renuncia de Rubén López a su banca como Diputado de la Provincia, para la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma esa dimisión es un triunfo de los trabajadores y del pueblo rionegrino en su conjunto. La Central Obrera demandó en reiteradas oportunidades tanto al Presidente de la Legislatura, como a la Jefatura del bloque oficialista del partido Juntos Somos Río Negro, al resto de los bloques políticos y a todas las bancadas que expulsaran al referido legislador. Del mismo modo, al Gobernador Alberto Weretilneck que dejara de protegerlo luego de las gravísimas denuncias y acusaciones de las que es objeto."El pueblo se comprometió y pudo más que la Legislatura. La renuncia de López es un triunfo de los trabajadores. Un triunfo de aquellos que hemos elegido el riesgoso camino de hablar y luchar en la provincia, de los que no nos quedamos en la casa siendo espectadores pasivos de lo que pasa", resaltó el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar y remarcó que "la presión social permitió que el Gobierno rionegrino deje de protegerlo, sostenerlo económicamente y brindarle impunidad. Falta mucho para que se haga justicia, pero éste es un primer y gran paso".La Central Sindical manifiesta su convencimiento en relación a que fue la presión social ejercida la que permitió que el Gobierno deje de proteger, sostener económicamente y brindar impunidad a Rubén López.Cabe recordar que el ex diputado y sindicalista había recibido subsidios y aportes del Poder Ejecutivo por más de 20 millones de pesos, sin que hasta el momento se haya conocido el destino y la rendición de los mismos.Por último, la CTA exige a la Justicia provincial que muestre autonomía e independencia en la investigación de los presuntos delitos que se habrían cometido luego de finalizada una fiesta en el alto valle de la provincia, que contó con la presencia de numerosos empresarios y funcionarios públicos, entre ellos el Intendente de Cipolletti y el propio Gobernador. Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
¡Porque su Lucha es la Nuestra! 40 años sin bajar las banderas/ Apertura de todos los archivos/ Son 30 mil-Fue genocidio/ Nos juntamos el próximo 30 de abril, a las 15.00 horas, en el monumento a Belgrano, Plaza de Mayo/ ¡No olvidamos, no perdonamos,
no nos reconciliamos! Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.
(La Tinta).- Mientras en la Patagonia
marchan a pie 800 kilómetros, en Brasil se hará la mayor movilización indígena de la historia. El denominador común, la defensa del territorio
y la lucha contra las políticas anti-indígenas que arremeten contra los
En la provincia de Río Negro, del 20 al 24 de abril se realiza la marcha de Pueblos Indígenas en rechazo al proyecto del nuevo Código de Tierras impulsado en la legislatura provincial por el gobernador Alberto
Weretilneck. “Petu mongueleiñ, fey muta trekaleiñ” (estamos vivos, por eso caminamos) es la consigna de una movilización que recorrerá 800 kilómetros, encabezada por Comunidades Mapuches que habitan la Patagonia, pero que cuenta con el apoyo de numerosos Pueblos y Naciones Originarias, así mismo de organizaciones sociales de todo el país.
El mismo día que concluye la marcha en Viedma, se inicia en Brasilia el “Acampamento Terra Livre” (ATL), manifestación que durante cuatro días reunirá a más de un millón y medio
de indígenas provenientes de todo el país, realizada ante un contexto de brutal ofensiva contra los Derechos Indígenas en ese país. El objetivo primordial de esta actividad – que prevé ser la mayor concentración pública de Pueblos Indígenas en la historia de Brasil- es unificar las luchas en pos de la defensa de los derechos de los Pueblos Originarios que en Brasil están siendo avasallados a partir de políticas
anti-indígenas, según explican desde la organización.
Estas dos actividades, en Río Negro y Brasilia, resumen de algún modo
la creciente organización y la expansión de la lucha de los Pueblos Originarios en un escenario continental donde la mayoría de los gobiernos profundizan sus políticas de saqueo territorial y discriminación.
“El Pueblo Mapuche convoca a la marcha provincial por el derecho a
la tierra sin contaminación, en rechazo del nuevo Código de Tierras Fiscales que el gobierno provincial quiere imponer sin consulta previa, libre e informada (establecida por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas).
“Acampamento Terra Livre” se constituye en un momento de importante articulación entre movimientos indígenas de todo Brasil, que vienen luchando contra la paralización de la demarcación de territorios indígenas, recortes presupuestario en instituciones públicas orientadas a
los Pueblos Originarios, iniciativas legislativas anti indígenas que se
tramitan en el Congreso de la Nación, emprendimientos extractivistas que afectan directamente a las Comunidades, la precarización de las políticas sanitarias para Pueblos Indígenas – que se repite en el área de Educación-, la negación al acceso a la Justicia y la criminalización de líderes indígenas, entre otros puntos.
Luego de más de una semana de toma del decanato en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la facultad de Lengua de la Universidad Nacional del Comahue en su sede de Fiske Menuco (Rio Negro),
desde el Enredando las Mañanas nos comunicamos con Paola Tripilao, una de las trabajadoras que permanece dentro del edificio. Afirmó que hace más de cinco meses la situación laboral es insostenible y nadie se hace cargo de las siete obreras tercerizadas para realizar tareas de limpieza. Por RNMA ¿Cuál es la situación que las llevó a tomar el decanato?
La situación hoy por hoy es que la semana pasada recibimos una intimación con escribano público para dejar de prestar el servicio de limpieza, donde desvinculaban a la cooperativa y a todos los asociados. Ante la situación, nosotros decidimos hacer una toma dentro del predio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales considerando que desde el mes de noviembre, mes en el que terminó el contrato con la cooperativa Mariano Moreno que era quien nos representaba, al no renovarse el contrato empezamos con medidas de protesta. A partir de la semana pasada
empezamos con la toma del decanato porque estamos hace cinco meses trabajando en negro, porque ya había dejado de existir relación laboral,
pero a nosotros nos seguían teniendo como prestadores del servicio de limpieza.
Nosotras empezamos a trabajar a principios de septiembre de 2015;firmamos un contrato de trabajo con la empresa santafesina Litoral Clining, que fue la empresa que en agosto de 2015 gana la licitación del
servicio de limpieza en la UNCO para prestar el servicio acá en Roca (Fiske Menuco), lo firmamos dentro de la FADECS (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales). En ese momento éramos 13 trabajadoras de limpieza, lo hicimos durante 5 meses. El primer mes empezamos con problema de insumos, problemas de la indumentaria para trabajar, problemas con nuestro salario, no nos pagaron en tiempo y forma. Comenzamos a recibir amenazas por parte de la empresa, tratamos de solucionarlo con ellos, empezamos a asesorarnos legalmente porque estábamos cobrando 3.500 pesos. Nos habían sacado hasta el salario de los chicos, no teníamos acceso a obra social, no teníamos seguro que nos cubriera. La situación fue empeorando cada vez más, cuando comenzamos a hacer conocer esto a las autoridades de las facultades porque fueron ellos quienes tomaron el
servicio de limpieza y nunca hicieron un control a la empresa. Tomamos una medida de fuerza en el mes de diciembre de 2015, tuvimos una mesa de
diálogo con la empresa y la universidad y se comprometieron a pagarnos las diferencias salariales y a poner todo en regla como corresponde, cosa que se firmó y a las dos horas se desestimó por parte de la empresa. Comenzaron a llamar gente y al día siguiente recibimos todos las notas de despido.
A partir de ahí iniciamos otra medida de lucha, estuvimos 26 días tomando la facultad, cuando volvieron todos de sus vacaciones las autoridades se dignaron a llamar a una nueva mesa de diálogo donde obtuvimos un triunfo parcial, pero la precarización la seguimos manteniendo. Nos tomaron en forma de cooperativa y nos apadrinó la cooperativa Mariano Moreno, hasta que saliera la nuestra. Trabajamos todo un año y ellos nos pusieron como condición que tramitemos una cooperativa para participar en una licitación para poder autogestionarnos y tener una situación laboral más clara. Nos pusieron la condición que tenía que ser explícitamente que preste servicio de limpieza. Hicimos todos los trámites para nuestra cooperativa y desde el
INAES nos rechazaron porque dicen que desde el año 1994, por un decreto
que realizó Menem, prohibieron las cooperativas de limpieza para evitar
justamente esta situación de trabajo en negro que están generando las Universidades nacionales.
Hace dos días representantes de la FADECS nos acercaron un comunicado
y una nota donde piden que se dé con urgencia una mesa de diálogo, que la universidad tome los mecanismos necesarios para resolver esta situación de manera urgente. Por parte de la FADEL(facultad de Lengua) no se ha acercado nadie, ellos declaran asueto pero no se presenta nadie
a trabajar ni tampoco hay voluntad política para venir a resolver la situación.
Acá vamos a seguir hasta que el rector Crisafulli (Gustavo), quien es
el tiene la posibilidad y debería tener la voluntad política de resolver nuestra situación, ya que ante muchas actas que hemos firmado a
lo largo de dos años desestimó todo lo acordado. Como él nunca se presentó a una mesa de diálogo, siempre manda intermediarios, esta vez pedimos que sea él quien venga a resolver de manera urgente y que se haga presente en las instalaciones porque es nuestro lugar de trabajo y donde prestamos el servicio.
Se va a presentar una nota en la ciudad de Neuquén pidiendo la apertura de una mesa de diálogo, lo vamos hacer de manera formal para que quede administrativamente por escrito que nuestras intención es resolverlo lo más pronto posible. Llevamos 7 días acá dentro, somos todas mujeres, madres de familia, estamos acá y nuestros hijos en las casas, una situación por demás desgastante. Confiamos en la buena voluntad de la Universidad, que esta situación no la van a dejar dilatar
tanto tiempo y que lo van a solucionar. Esto está así porque la Universidad permitió y nos negreó durante más de 5 meses. Lo que más queremos es que nuestros derechos sean como los de cualquier trabajador de acá adentro de la Facultad.
Al día de la publicación de la gráfica de esta entrevista, las trabajadoras llevan 9 días de toma en la FADECS y el panorama es cada vez más tenso. Este miércoles llegaron miembros de la Policía Federal vestidos de civil a intimarlas para que desalojen el lugar, al tiempo que registraron imágenes del edificio y de las obreras. Durante la misma
jornada, autoridades de la Universidad presentaron una propuesta de mesa de negociación extorsiva, ya que para concretarla exigieron que se levante la medida de fuerza. Ellas reafirman que mantendrán la toma hasta que sean contratadas de manera directa.
(Mario Hernandez para Red Eco) Ciudad de Buenos Aires- “Debido al levantamiento de la orden desalojo y las condiciones climáticas y siendo
un evento al aire libre nos vemos obligados a suspender la actividad ‘Milonga por el BAUEN’. Se suspende el Festival pero no la Lucha. ¡Seguimos firmes en defensa de este proyecto de todxs!”, informaban este
miércoles los trabajadores del Bauen en un comunicado de prensa.
La actividad era una más de las pensadas para sumar voluntades contra
el desalojo y en defensa de los 130 puestos de trabajo. Dos horas antes
se presentaría el libro Bauen el hotel de los trabajadores.
Unos días antes, el martes 11 de abril, la cena solidaria en apoyo a los trabajadores de la cooperativa BAUEN había reunido a más de 700 referentes de la cultura, el deporte, los gremios, la política y el cooperativismo, que se acercaron para expresar su apoyo las familias que
defienden sus fuentes de trabajo frente al veto presidencial a la expropiación del hotel y a la inminente orden de desalojo que pesaba sobre el emblemático edificio de Callao 360.
La cena del ese martes se enmarcó en una importante campaña que tiene
como principal objetivo ratificar este año en ambas cámaras del Congreso de la Nación la ley que determina la expropiación y declara de utilidad pública el edificio y las instalaciones del hotel, una norma sancionada con el más amplio respaldo de diversas fuerzas políticas que fue vetada a fines del año pasado por el presidente Mauricio Macri.
A pocas horas de ese evento, la jueza volvió a expedirse sobre la causa y esta vez lo hizo para requerirle al Jefe de Gabinete Marcos Peña
el uso de la Policía para llevar adelante el desalojo, en caso que sea necesario. En el escrito que lleva la firma de puño y letra de la jueza podía leerse el argumento de ese pedido “dado el interés público que reviste y la eventual necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de
Mientras tanto, los trabajadores habían presentado dos escritos ante la Justicia para frenar el desalojo. En el primero plantearon la inconstitucionalidad del veto presidencial por ir contra una ley que garantiza sus puestos de trabajo y, por tanto, vulnera tratados internacionales de Derechos Humanos que el Estado está obligado a cumplir. El planteo cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 10 a
cargo de la jueza Liliana Heiland, quien sin analizar los fundamentos lo rechazó por cuestiones formales, quedando la resolución en manos de la Cámara de Apelaciones.
El segundo fue presentado ante Hualde en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, donde se tramita la quiebra. Allí los trabajadores mencionaron otros dos puntos a considerar: que no está agotado el trámite legislativo porque aún el Congreso puede insistir en la Ley vetada y si es aprobada con dos tercios de los votos debe promulgarse; y que el desalojo es solicitado por un actor que no es
parte de la quiebra. Este escrito también fue rechazado y los trabajadores apelaron a la Cámara Comercial.
Por último, los diputados Leonardo Grosso, Diana Conti y Araceli Ferreyra, los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresa Luna, y los responsables de la CTA, la CNCT, la CTEP y la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), entre otros, también presentaron un amparo donde destacan que el veto pasa por alto los derechos laborales de los 130 integrantes de la cooperativa. Su reclamo cayó en el juzgado nacional de primera instancia laboral N° 38, a
cargo de María Dora González.
La Cámara entendió que la Dra. María Paula Hualde, a cargo del Juzgado Comercial 9 en donde tramita la quiebra de la ex patronal de los
trabajadores, había cometido un error al rechazar la apelación intentada por la cooperativa. En consecuencia, por unánime decisión de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial el desalojo quedó
suspendido y ahora deberá resolver si deja definitivamente sin efecto la medida arbitraria de la Dra. Hualde en contra de la simbólica empresa
"Esperamos que este principio de justicia se convierta en un contundente respaldo judicial a los trabajadores que decidimos evitar la
estafa de la familia Iurcovich en contra de todos los argentinos, dejando definitivamente sin efecto el desalojo. Seguiremos defendiendo nuestros puestos de trabajo y por eso invitamos a todos a acompañar nuestra lucha dado que tenemos que lograr que el poder legislativo ratifique su decisión, rechazando el veto presidencial, tal como lo dice
la Constitución Nacional", dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa.
No es un tema menor que una de las protagonistas de este nuevo capítulo de intereses sea Susana Beatriz Espósito, apoderada de Mercoteles SA, la empresa que aduce ser la dueña del edificio del Bauen.
Espósito es comunera del PRO en el barrio de Caballito y esposa del jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ricardo Pedace, también ex subjefe de la Policía Metropolitana.
En 2007, la justicia determinó que el hotel pertenece a Mercoteles y no al empresario Félix Solari, que lo compró en 1997 y quebró en 2001. Pero tampoco otorgó razón a la cooperativa de trabajadores que lo ocupa y
explota desde 2003.
El fallecido Iurcovich y sus herederos hicieron una fortuna durante la dictadura, y la consolidaron durante las intendencias de Carlos Grosso, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Para lograrlo, se valieron de una telaraña de empresas a nombre de familiares y personeros de variadas
razones sociales, dos offshores uruguayas y negocios en Brasil.
El edificio fue construido con créditos otorgados por el ex Banade, que a junio del 2000 figuraba con una deuda de 85 millones de pesos en la nómina de esa entidad. “No son casos aislados, entre los deudores del
Banade también estaba Ligio Zanón, son empresarios parásitos del Estado, capitalistas sin capital”, afirmó Federico Tonarelli.
FM Estación Sur - radio comunitaria,
alternativa y popular de Catamarca, miembro de la RNMA - acaba de recibir una notificación del ENACOM que rechaza
el trámite por el concurso de la Licencia (gestionada en el 2015)
Lo hace bajo argumentos paupérrimos, aludiendo que no fue correctamente
anexada la información de lxs responsables jurídicos de la entidad.
rechazo pone a la única radio comunitaria de la ciudad que transmite por aire, en una situación de ilegalidad y por ello en riesgo de que sus
equipos sean secuestrados.
Entendemos este acto como censura y clara persecución a nuestros
Compartimos a continuación el detalle de lo sucedido, en el relato
de lxs compañerxs integrantes de la radio:
4 de Junio de 2015, bajo la persona jurídica de la Cooperativa
de Trabajo Cachalahueca Ltda. se presenta el proyecto de la FM Estación Sur, en el concurso de señales de Frecuencia Modulada abierto
por la AFSCA para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca por la frecuencia 103.9 para el sector Privado Sin Fines de Lucro, siendo al
momento de apertura de los sobres el único proyecto presentado. A partir de ese acto público realizado en presencia de una
escribana comenzó un tiempo de espera de respuestas en función del reglamento y los plazos del proceso deberían estar en tres o
cuatro meses. Cumplido ese plazo, en pleno proceso electoral, no hubo ninguna respuesta
ni novedad, y con el cambio de gestión, que trajo aparejada la disolución de la AFSCA y la creación del ENACOM, la incertidumbre
sobre el desarrollo del proceso fue en aumento, no logrando hasta ese momento obtener siquiera el número de expediente.
A lo largo de todo 2016 intentamos tener novedades mediante notas,
consultas telefónicas y en distintos espacios de reunión entre RNMA, Interredes y el organismo logrando recién en el mes de
noviembre obtener el número de expediente, pero sin conocer aún sobre el nivel de avance del proceso.
19 de abril, al mediodía, recibimos en la radio un sobre
proveniente del ENACOM y en su interior una notificación que señalaba que nuestro proyecto fue RECHAZADO, y el concurso se consideraba
FRACASADO ya que éramos los únicos participantes, fundamentando el rechazo en el incumplimiento de los ASPECTOS PERSONALES del
reglamento del concurso. Al revisar el pliego y ver en qué consisten esos aspectos, verificamos que se trataba de la presentación
de copia del DNI, y llenado de una ficha de datos personales de lxs miembrxs del Consejo Directivo de la Cooperativa, trámite que obviamente
hemos cumplido, y que en caso de algún dato faltante o alguna condición que no se cumpliera, el mismo reglamento del concurso indica que
debíamos ser notificados para poder corregir o enmendar el error y que ello no era motivo de inadmisibilidad.
virtud del análisis del desarrollo del proceso, y la forma en la
que la gestión del gobierno de Macri ha considerado desde un principio al sector de la comunicación comunitaria, alternativa y popular,
sostenemos que lo que esta resolución procura es mantener a nuestros medios al margen de la ley, impidiéndonos el acceso a las
condiciones previstas en la aún vigente y escasamente aplicada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin
dudas que la gestión de De Godoy al frente del ENACOM no quiere
asumir la obligación que la ley marca de reservar el 33% del espectro para el sector sin fines de lucro, y en ese sentido no están
dispuestos a reconocer la existencia de nuestras voces en el aire, y procuran condicionarnos con la amenaza de represión y
criminalización de la comunicación a la que llaman “ilegal”, como lo dejaron en claro en una reciente resolución que
habilita a la confiscación de equipos, cierre, detención y judicialización de quienes desarrollen “comunicación de
queremos ser legales y no nos dejan, ni la AFSCA ni el ENACOM
cumplieron su rol de garantizar nuestra legalidad, unos por demoras innecesarias, otros por un actitud manifiesta de desconocer a los medios
ESTACIÓN SUR seguirá transmitiendo, siendo la voz
disonante en el aire de los medios catamarqueños, asumiendo la comunicación como un derecho humanos esencial para nuestras comunidades y
garantizando la amplificación de las voces de los sectores marginados, de las luchas sociales y ambientales, de las víctimas de la
violencia institucional, de los pueblos originarios, de las luchas antipatriarcales, de la cultura y el arte autónomo y autogestivo, de las
organizaciones de la economía social y popular.
Marcos: 383 469-0311 Laura: 383 464-6793

References: resolución 
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Resolución 
 artículo 194
 Resolución 
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in Fine
 resolución 
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