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Timestamp: 2020-07-08 00:31:47+00:00

Document:
REGISTRO NRO. 11.512 .4
//la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil nueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor Augusto M. Diez Ojeda como Presidente y los doctores Gustavo M. Hornos y Mariano González Palazzo como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara, Matías Sebastián Kallis, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 25/27 de la presente causa Nro. 10218 del Registro de esta Sala, caratulada: “FUSCA, Daniel s/recurso de casación"; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 26 de la Capital Federal, en la causa Nro. 2862 de su Registro, con fecha 18 de diciembre de 2008, resolvió hacer lugar a la excarcelación de Antonio Daniel Fusca, bajo caución real de cien mil pesos ($100.000) - (fs. 16/17).
II. Que contra dicha resolución interpuso recurso de casación el doctor Juan Carlos Rivero, asistiendo al antes nombrado (fs. 25/27), el que fue concedido a fs. 28/29.
III. Que el impugnante encauzó el remedio casatorio por la vía de lo dispuesto en el inciso 2º) del artículo 456 del C.P.P.N.
En primer lugar, el recurrente sostuvo que el pronunciamiento atacado incurrió en inobservancia de las formas procesales sancionables con nulidad, por violación expresa al art. 320 del C.P.P.N.
En esa dirección, afirmó que la caución impuesta por el tribunal de mérito, resultaba de imposible cumplimiento, conforme la situación socio-económico del encartado.
Señaló que la imposición de una caución de imposible cumplimiento, resultaba violatorio del principio de igualdad ante la ley, ya que se lo ubicaba en una posición desventajosa por su situación económica. En apoyo a su postura citó jurisprudencia de esta Cámara.
En esa inteligencia, indicó que el hecho de exigirle a su defendido un requisito de cumplimiento imposible, equivalía a negarle la excarcelación, afectándose así el principio constitucional de inocencia, del que gozan todos los individuos sometidos a proceso.
Concluyó su presentación impugnaticia solicitando que “...se anule la resolución puesta en crisis, caución real de imposible cumplimiento y se fije una sustitución por una juratoria o se reduzca su monto a fin de poder cumplir con la misma, por considerar que resulta procedente conforme a la manda legal por haber realizado una errónea interpretación y aplicación de lo dispuesto por el art. 320 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación...” (sic).
IV. Que, luego de realizada la audiencia prevista por el art. 465 bis, en función del art. 454 del C.P.P.N. (texto según Ley 26.374), de la que se dejó constancia en autos, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Augusto M. Diez Ojeda, Gustavo M. Hornos y Mariano González Palazzo.
I. En primer lugar, resulta conveniente destacar que el recurso de casación interpuesto con invocación de lo normado en el art. 456 inciso 2º del C.P.P.N. es formalmente admisible toda vez que del estudio de la cuestión sometida a inspección jurisdiccional surge que el recurrente invocó fundadamente la errónea aplicación de la ley procesal; asimismo resulta procedente en la medida que la sentencia recurrida es equiparable a definitiva en tanto podría ocasionar un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior.
II. Ahora bien, previo a ingresar en el análisis de los agravios formulados por el recurrente, es preciso recordar los argumentos esgrimidos por el “a quo” para sustentar la decisión aquí cuestionada.
Primero, el tribunal adelantó: “Llegado el momento de resolver, entendemos que más allá de que el monto de pena prevista para el concurso de delitos que se imputan a Fusca, adelantamos que se hará lugar a la excarcelación.”.
Seguidamente, afirmó que “...teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 319 del C.P.P.N., a `contrario sensu`, tenemos en cuenta el tiempo transcurrido desde la presunta comisión de los hechos hasta la fecha en que se efectuará la denuncia; la fecha en que Fusca fue detenido en estos actuados; su conducta frente al proceso. Valoramos, también que éste nunca se sustrajo a la acción de la justicia, que posee una familia, arraigo y trabajo, y además, que el imputado carece de antecedentes penales.
Es por eso que, sujetándonos a las reglas previstas por el art. 320 y cc. del ordenamiento procesal, entendimos que resulta conveniente imponerle una caución real suficiente de manera de garantizar su sujeción al proceso, la que estimamos adecuada en la suma de cien mil pesos ($100.000).” (cfr. fs. 16/17).
III. En primer lugar, considero oportuno recordar que el art. 320 del C.P.P.N. establece que no es factible imponer cauciones que se tornen de imposible cumplimiento para el justiciable y que a los fines de su fijación, deberá tenerse en cuenta “...su situación personal [la del imputado], las características del hecho atribuido y su personalidad moral.”. Es por ello que la imposición de una caución de elevado monto a quien carece de patrimonio no sólo manifiesta una desproporcionalidad vedada por la ley, sino que deja al descubierto la voluntad jurisdiccional de negar la libertad acordada. (cfr. Causa Nro. 9057, de esta Sala IV, “ARIAS, Juan Carlos s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 10.736, rta. el 17/07/08).
En ese orden de ideas, advierto que le asiste razón a la defensa en cuanto a que el tribunal omitió analizar fundadamente las razones por las que entendía apropiado el monto de la caución fijada, de conformidad con lo dispuesto por el art. 320 C.P.P.N.,
Asimismo, no puede soslayarse que el tribunal de mérito no ha realizado examen alguno de las concretas circunstancias personales del enjuiciado, o de las características del hecho, así como tampoco se precisó la vinculación con las condiciones de arraigo aludidas, ni se hizo referencia a la existencia de otros procesos en trámite, ni se explicó que de que modo la caución real resultaba ser la más eficaz, en el caso de autos, para asegurar los fines del proceso (cfr. C.P.P.N. 324, último párrafo).
Por lo expuesto, advierto que es infundada la resolución por medio de la cual se concedió la excarcelación de Antonio Daniel FUSCA, bajo caución real de $100.000.- En consecuencia, el decisorio impugnado no puede ser considerado como un acto jurisdiccional válido y corresponde su anulación (cfr. C.P.P.N., arts. 123, 167, inc. 2º y 168).
IV. En orden a lo antes manifestado, propongo al acuerdo HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 2/27 vta. por el doctor Juan Carlos RIVERO, asistiendo a Antonio Daniel FUSCA, y en consecuencia, ANULAR PARCIALMENTE la resolución de fs.16/17 en lo que al tipo y monto de caución concierne, y REMITIR las presentes actuaciones al Tribunal de origen para que emita un nuevo pronunciamiento, de acuerdo con las pautas aquí establecidas, previa desinsaculación de los nuevos magistrados que habrán de intervenir a tales efectos, para asegurar la garantía de imparcialidad (C.P.P.N., arts. 320, 324, 471, 530 y 531).
Que por compartir en lo sustancial las consideraciones efectuadas en el voto que lidera el acuerdo, adhiero a la solución que allí se propicia.
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 25/27 por el doctor Juan Carlos RIVERO, asistiendo a Daniel FUSCA y, consecuentemente, ANULAR PARCIALMENTE la resolución de fs.16/17 en lo que al tipo y monto de caución concierne, y REMITIR las presentes actuaciones al Tribunal de origen para que emita un nuevo pronunciamiento, de acuerdo con las pautas aquí establecidas, previa desinsaculación de los nuevos magistrados que habrán de intervenir a tales efectos, para asegurar la garantía de imparcialidad. Sin costas (C.P.P.N., arts. 320, 324, 471, 530 y 531).
GUSTAVO M. HORNOS MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO

References: resolución 
 artículo 456
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución