Source: http://afautem.blogspot.fr/2011/05/
Timestamp: 2017-07-28 14:40:56+00:00

Document:
AFAUTEM : ASOCIACIÓN ACADÉMICOS DE LA UTEM: 1/05/11
Santiago, 31 de Mayo de 2011
Estimados Socios AFAUTEM
Junto con saludarles, les comunicamos que el día de mañana Miércoles 1 de Junio de 2011, está convocada una movilización nacional en rechazo a las reformas al Sistema de Educación Superior de Chile, planteadas por el Sr. Ministro de Educación.
Para tales efectos a las 10:00 hrs. está convocada una marcha triestamental de las Universidades que partirá desde la Universidad de Santiago por la Alameda hasta Los Héroes.
Esta Directiva participará en esa marcha y deja abierta la posibilidad a quienes deseen hacerlo de manera voluntaria.
Tenemos entendido, los estudiantes y funcionarios de nuestra Universidad participarán en dicha actividad.
DIRECTIVA AFAUTEM Publicado por
A LAS 13:30 hrs: SE INICIÓ IMPORTANTE SESIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR QUE SE REALIZÓ EN LAS DEPENDENCIAS DEL MINEDUC DE ACUERDO AL ESPÍRITU DE COLABORACIÓN EXPRESADO POR EL MINISTRO EN LA ANTERIOR REUNIÓN CON EL RECTOR PARA EVALUAR Y APOYAR LA MARCHA DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL..Con la asistencia de los cinco Consejeros Académicos, la representante de los Funcionarios, del Sr. Erick Coñoman en representación de los estudiantes y de los Consejeros de Gobierno Srs. A. Bernasconi y A. Mújica, y del Director de Educación Superior como invitado especial, se inició a las 13:30 la sesión luego de ser recibidos gentilmente por el Sr. Ministro y la Srta . Emelyn Jerez, Jefa de Gabinete de esa repartición..En primer lugar, el Vicerrector de Finanzas expuso la situación financiera de la UTEM con cifras actualizadas, procurando explicar como se había logrado salvar la crisis inicial mediante dolorosos ahorros en recursos humanos y otras medidas adoptadas. .Como conclusión respecto de este punto, se designó una Comisión de Trabajo, formada por los Consejeros R. Valdenegro y A. Mujica además de un asesor ministerial que se nombraría para este efecto..En segundo lugar, el asesor de la Dirección de planificación Sr. Cáceres presentó los puntos críticos del Proceso de Acreditación. Al respecto el Sr. Ugarte señaló que observaba un fuerte retraso en la formulación de la Planificación Estratégica Institucional y que se requería reforzar los equipos tecnico profesionales en esta área para atender las necesidades más urgentes..Para atender esta demanda, y en particular lo referente a la Acreditación se formó una comisión constituida por los Consejeros Bernasconi, González y Valdenegro..En tercer lugar, el ex rector de la U. de Atacama, actualmente asesor del Rector de la UTEM, se explayó en las posibilidades de intoducir modificaciones en la estructura y reglamento del Consejo Superior para redefinir sus atribuciones y composición. Sin embargo, considerando que esta materia requiere de una ley ad-hoc, cuya materialización puede demorar algunos años, se dejó en manos de una comisión conformada por Aedil Suárez y otros dos consejeros..En cuarto lugar, el Sr. Director Jurídico, informó del estado de los Juicios formulados en contra de la UTEM, señalando que desde su perspectiva este año no debería producirse ningún evento judicial desfavorable..En quinto lugar, don Luis Huerta expuso los avances del Modelo Educativo, ya aprobado por el Consejo Superior, y que contempla un Plan Piloto de ocho carreras a partir de estre año, lo que habría dejado satisfecho, en esta materia al Sr. Director de Educación Superior..Finalmente, el colega H. González expresó el sentir de la comunidad dolida por el programa de TVN y las expresiones del Ministro de Educación en esa ocasión..EN DESARROLLO .LA VERSIÓN DE RECTORÍA .DE UTEM-TODOS.Estimada comunidad
DECLARACIONES PUBLICAS DEL CONSEJO DE RECTORES Y DE LA DIRECTIVA DE FUNCIONARIOS DE LA U. DE VALPARAÍSO
VER EN YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=wLU3HzWBrEk&NR=1 Publicado por
Familia Allende estudia acciones contra TVN por reportaje sobre muerte del ex PresidenteLa abogada Pamela Pereira dijo que lo más probable es que presenten un reclamo ante el Consejo Nacional de Televisión, por lo que consideraron una investigación periodística sensacionalista.
DICTAMEN CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA: SOBRE NORMATIVA APLICABLE A LOS PROCESOS CALIFICATORIOS DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UTEM, 25 DE MAYO 2011
.DECLARACIÓN REALIZADA POR EL SR. RECTOR EN LA ASAMBLEA DE LA FAE DEL MARTES 31 DE MAYO.DE UTEM-INFORMA(...)."Luego agregó que la calificación a los académicos, exigida por la CNA, e interrumpida en el tiempo, se ha de retomar este año. Para ello, ya fue aprobado por los organismos pertinentes, la última reglamentación del I.P.S relativa a este proceso, mientras continúa la discusión y perfeccionamiento de la Carrera Académica en el seno de la academia UTEM. "Tal como lo dijimos en la campaña. Vamos a normalizar a la UTEM. Vamos a regularizar las situaciones pendientes y con el apoyo de todos, vamos a salir fortalecidos tras esta dura crisis", añadió.".
. "A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA"
.Ante las reacciones que ha despertado en la Comunidad Universitaria el programa “Esto no tiene nombre”, de Televisión Nacional de Chile, transmitido el pasado día 24 de mayo, y que abordó algunos de los graves problemas de gestión y académicos que afectan a nuestra Casa de Estudios, y particularmente, las manifestaciones dirigidas hacia el suscrito, tanto en su calidad de Consejero Superior de la Universidad como de docente de ésta, de parte de un sector determinado de los estamentos estudiantil y académico, siento un deber precisar lo siguiente:.
. Por el contrario, mi propósito fue dar a conocer a la opinión pública las graves irregularidades que he denunciado en las sesiones del Consejo Superior, sin respuesta de la rectoría, como ante la Contraloría General de la República y que comprometen a la máxima autoridad unipersonal de la Universidad.
.Lamentablemente, en lugar de adoptar las medidas remediales que el escenario demanda, esa rectoría, en forma sistemática, se esfuerza en mantener sin solución aquellas irregularidades, desconociéndose las razones, y en disimularlas frente a la mayoría de los miembros de la Comunidad Universitaria, que se han convertido en presas fáciles de la desinformación y de la influencia de algunos adherentes incondicionales de esa línea de acción, adoptando una actitud que hace recordar los tristemente célebres tribunales populares vistos en organizaciones sociales sumidas en la anarquía, y que ciertamente son y deben ser ajenos a una cultura universitaria tolerante y democrática.
. 2°.- Es absurdo sostener, como han hecho algunos de mis jóvenes pares, que el suscrito busca perjudicar a la Universidad, a la cual he dedicado muchos años de ejercicio docente, serio y comprobable; mucho menos veraz y racional es atribuirme el objetivo de alcanzar un cargo relevante en la Universidad, de producirse un cambio radical en el actual gobierno de ésta.
.Al respecto y con pesar, debo manifestarles que tales afirmaciones no me duelen ni mucho menos me sorprenden, porque no esperaba otra actitud de quienes las han emitido, que la atribuyo a la desorientación, la ambición o a una evidente falta de madurez. Algunas de esas personas, en un pasado no muy lejano, recibieron mi respaldo en su desarrollo académico y un cargo de planta o el financiamiento para estudios de post grado en el extranjero de parte de la misma administración universitaria que ahora demonizan. De todo esto, y esas personas bien lo saben, hay pruebas irrefutables.
.3°.- He dicho y lo reitero en este comunicado, que en mi intervención en el programa televisivo antes señalado, junto con denunciar los problemas reales que afectan a la Universidad, que he conocido durante mi labor como Consejero Superior, manifesté lo que a mi juicio es la solución adecuada de ellos. Desafortunadamente, la línea editorial del programa sesgó mis declaraciones, descontextualizándolas, situación que atribuyo a un criterio periodístico del que no puedo hacerme responsable.Sin embargo, debo recordar a la Comunidad Universitaria que más allá del cariz que lo exhibido pudo tener, del que se puede disentir o discrepar, lo cierto es que se trata de un programa de denuncia ciudadana que goza de alta valoración y credibilidad social, al dar cuenta de hechos, no de fantasías, que han quedado marginados de los mecanismos formales de solución, como acontece en la UTEM.
.La primera responsabilidad, consiguientemente, por el perjuicio que la Universidad pudo sufrir en su imagen o en sus posibilidades de acreditarse, a raíz de una exposición negativa en ese programa de televisión o en otros medios de comunicación social, no es de quienes denuncian las irregularidades sino de quienes se empeñan en mantenerlas sin solución y de los que, conociéndolas, adhieren fervorosamente a un tipo de conducción institucional que hace algunos años criticaban con vehemencia, al punto que entonces ellos mismos realizaron denuncias ante organismos públicos externos.
.4°.- Si ese deterioro de imagen institucional ha motivado un pronunciamiento adverso del Sr. Ministro de Educación sobre la situación actual de la UTEM, tampoco es mi responsabilidad.
.Es demencial sostener a estas alturas que los problemas de la Universidad parten del programa de televisión señalado, de las opiniones del dicho Secretario de Estado, o que en la experiencia de la UTEM se juega el futuro de la Educación Superior del Estado, como algunos pretenden enarbolar para tender una cortina de humo sobre los apremiantes problemas de la Universidad.
.No se puede negar que desde hace tiempo nuestro gobierno universitario ha adoptado una conducta no sólo indiferente frente a la Contraloría General de la República, con las consecuencias que ya se están haciendo notar. También ha mostrado un curso de acción divergente hacia la supervigilancia a la que está sometida la Universidad respecto del Ministerio de Educación, especialmente, en lo que refiere al proceso de acreditación institucional y que se canaliza, entre otras formas, a través de los representantes de S.E. el Presidente de la República en el Consejo Superior. Ni hablar del casi nulo acatamiento de las observaciones de la Comisión Nacional de Acreditación.
.Cabe recordar en ese contexto que el Sr. Rector, avalado por un informe de la Dirección Jurídica, ha manifestado, incluso frente al Consejo Superior, que la preparación e inicio de ese proceso de acreditación, crucial para el futuro de la UTEM, es de su exclusiva responsabilidad y que sólo él está dotado de la facultad de tomar decisiones sobre el tema, reduciendo la injerencia de las instancias de participación universitaria a su mínima expresión.
.Por eso no es de extrañar que el Sr. Ministro de Educación, como el propio Sr. Rector lo ha informado a la Comunidad Universitaria, ha manifestado su apoyo al proceso de acreditación institucional de la UTEM, pero con el monitoreo permanente del Ministerio del ramo.
.Los hechos hablan por sí solos.
.5°.- Por todo lo anterior y por el firme compromiso que asumí al postularme como integrante del Consejo Superior de la Universidad, de hacer de éste cuerpo colegiado un eficaz y efectivo garante de los intereses superiores de la Universidad y de la institucionalidad de ésta, que no obstante sus imperfecciones debe ser acatada, es que no cederé a las presiones que se han dirigido a mi persona, de manera velada o manifiesta, en pos de lograr mi renuncia al cargo de Consejero Superior y de académico de la UTEM, y que por desgracia han cobrado ímpetu de la inexplicable inercia del Sr. Rector, quien como la historia de la Universidad lo atestigua, es el autor indiscutido de parte esencial de aquella institucionalidad.
.Es precisamente el Sr. Rector el primer obligado y responsable porque esa institucionalidad no se violente, al punto de ceder frente a vías de hecho ilegítimas orquestadas por quienes se encuentran muy distantes del “ALMA UTEM” y que con sus acciones recientes, de rebelión e intransigencia ante una autoridad ministerial, usando un lenguaje de pandilla o de montonera, no hacen otra cosa desprestigiar a la Casa de Estudios que los cobija y provee de formación profesional.
.Asimismo, es el Sr. Rector el primer responsable de velar por la vida e integridad física de cualquier miembro del estamento académico, como lo es el suscrito, que en el cumplimiento de sus deberes como Consejero Superior de la Universidad y funcionario público, ha debido recurrir a instancias externas a denunciar las graves irregularidades que deterioran el prestigio de nuestra institución.
.Digo esto porque cuento con pruebas objetivas de amenazas de muerte en mi contra a partir del programa de televisión antes referido las que, de no terminar de inmediato, me obligarán a ejercer acciones legales no sólo contra quienes las han realizado, sino también en contra de la autoridad institucional que, en lugar de adoptar medidas tendientes a impedir ese tipo de acciones, acabando con un cuestionamiento público e injusto hacia mi persona, ha optado por estimularlas mediante comunicados internos en los que se afirma que la Comunidad Universitaria ha impuesto al suscrito un plazo para renunciar, de 24 horas, so pretexto que de no hacerlo operarían los reglamentos universitarios.
. No puedo culminar esta declaración sin expresar mi decepción por el comportamiento de algunos de mis colegas, que de manera irreflexiva y enconada han tomado partido en las acciones de presión ilegítima en mi contra, y por la actitud de la directiva de la Asociación del gremio que, se suponía, debía cautelar la dignidad del cuerpo académico haciendo de éste un actor relevante en el desarrollo de la Universidad, en primer lugar defendiendo la institucionalidad universitaria y en segundo lugar adoptando una postura independiente y mesurada respecto la gestión institucional, para cautelar los intereses de sus representados. Dado que no se cumplen esas condiciones, deteriorando aún más la ya exigua representatividad que tiene del cuerpo académico de la UTEM, el suscrito ha tomado la triste decisión de desafiliarse de esa Asociación gremial.
.Saluda atentamente a ustedes, .
DECLARACIÓN PÚBLICA DE ASOC. FUNCIONARIOS DE U. DE VALPARAÍSO EN APOYO DE LA UTEM
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA U. DE VALPARAÍSO ADHIERE A LA DEFENSA DE LA UTEM
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=130468c7c7bd3dfb&mt=application/pdf&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3De67a29dfa3%26view%3Datt%26th%3D130468c7c7bd3dfb%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26zw&sig=AHIEtbQpfx2WjcZkVK9fjN8LETxm5fPmtw&pli=1
DE EL MERCURIO.COM.DURANTE CUATRO HORAS ESTUVIERON REUNIDOS LOS RECTORES CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN..VER ARTICULO COMPLETO EN :
.Universidades del Cruch valoraron aportes a educación técnico-profesional: se darán becas de entre $600 mil y $800 mil a los mejores alumnos que opten por este tipo de enseñanza. .Alejandra Muñoz C. .
EDUCACIÓN SUPERIOR : ¿¿ CÓMO FINANCIARLA ?? . UN EDITORIAL DE EL MERCURIO QUE EXPRESA EL ENFOQUE LIBERAL DE LA EDUCACIÓN
EDITORIAL DE "EL MERCURIO" DEL MARTES 31 DE MAYO DEL 2011
Hay cierta efervescencia entre estudiantes de la educación superior chilena, particularmente de algunos planteles tradicionales, que plantean una variedad de demandas sobre modalidades y montos de apoyo estatal. .
En ese clima, parece olvidarse que nuestro país es uno de los que más gastan en educación superior como proporción de su Producto Interno Bruto. Mucho de ese gasto es privado y, en consecuencia, el gasto público es, desde una perspectiva comparada, relativamente pequeño. .
A partir de esta realidad se argumenta que el gasto público en Chile debería subir, pero eso no es evidente: la razón de un gasto público bajo obedece, en lo principal, a que los estudiantes financian prácticamente toda su formación mediante desembolsos de la familia o créditos; en unos pocos casos también existen becas.
La opción tomada por nuestro país -no ahora, sino hace largo tiempo- no es descabellada, porque en Chile hay elevadas desigualdades, y los egresados de la educación superior tienen salarios que en promedio son muy superiores a los de quienes sólo egresan de la educación secundaria. .
Los dineros públicos producen mayor rentabilidad social si se invierten a temprana edad y no en las etapas finales, a las que sólo accede un grupo selecto de estudiantes que, por la situación del sistema escolar chileno, representa de modo desproporcionado a hogares de altos ingresos. .
No parece haber razones de peso para modificar este enfoque. Se puede discutir sobre la conveniencia de allegar más recursos públicos a la educación superior, pero en ningún caso sería razonable reemplazar el gasto privado. Más bien deben hacerse ajustes como, por ejemplo, apoyar mejor a los estudiantes de menores recursos que acceden a la educación superior.
.Sin perjuicio de esta orientación general, es importante definir criterios para asignar -independientemente de su monto- los recursos públicos que se acuerden. Cabe distinguir al menos tres áreas generales de financiamiento: estudiantes, investigadores e instituciones. Por cierto, estas categorías se combinan en algunos sistemas de educación superior. .
Por ejemplo, se pueden asignar recursos fiscales a un grupo limitado de instituciones públicas de ese nivel para que sean ellas las únicas oferentes de carreras postsecundarias. Éste no es el modelo elegido en Chile, y en el mundo cada vez se toma más distancia del mismo, aunque aún hoy subsiste en numerosos países. Con una lógica más equitativa, los estudiantes deberían ser financiados en función de sus necesidades socioeconómicas, preferentemente con créditos, con independencia de la naturaleza jurídica de la institución a que asistan; a ésta sólo debería exigírsele su acreditación. .
En nuestro sistema este sistema deja aún mucho que desear, pero eso no invalida el principio. .
Los investigadores en Chile son financiados por medio de fondos concursables, en general evaluados por pares, como en otros países. Parece un criterio razonable y -cabe insistir- esta asignación presupuestaria debería desligarse de las características del plantel, y aun debería abrirse a centros de excelencia no universitarios..
En cambio, el campo para financiar instituciones es más acotado, aunque si se quiere lograr universidades de calidad mundial -lo que probablemente provoca externalidades positivas al país no fáciles de cuantificar-, ese financiamiento no debe descartarse. En tal caso, sería razonable que él estuviese vinculado a convenios de desempeño, para establecer compromisos claros cuyo cumplimiento la ciudadanía pueda conocer y evaluar. .
También sería prudente que tal financiamiento se concentrase sólo en instituciones que tengan la posibilidad de acceder a "las grandes ligas" y que satisfagan criterios de excelencia y apertura a la ciencia; en el caso de Chile, ellas seguramente no son más de ocho. .
También sería razonable definir convenios de desempeño por períodos más breves, que combinen el financiamiento a planteles con el apoyo de equipos específicos de investigación.
NOTA EDITOR : BUEN MATERIAL PARA DISCUTIR CON LAS CARTAS SOBRE LA MESA. .
LO QUE PARECE OBVIO AL EDITORIALISTA, NO LO ES PARA QUIENES NO ACEPTAN LOS CRITERIOS DE LA ECONOMÍA LIBERAL EN TÉRMINOS ABSOLUTOS.
.El ministro al ser consultado hoy, luego de una reunión con dirigentes de la Confech, acerca de si en el ministerio se ha evaluado la situación de esa universidad, Lavín expresó que quería ser muy claro: a mí no me gustan las acreditaciones por un año.
upi/so//.
DE CONTRALORÍA.CL.
NOTA EDITOR: LA NUMERACIÓN DE PÁRRAFOS Y DESTACADO DE PALABRAS SON DE RESPONSABILIDAD DE LA EDICIÓN
Documento Completo N° 32.724 Fecha: 23-V-2011
1.- Se han dirigido a esta Contraloría General don Aedil Suárez Torres, don Patricio Olivares Iribarren y doña María Eliana Pino Neculqueo, Consejeros Superiores de la Universidad Tecnológica Metropolitana, para hacer presente que desconocen si se ha dado cumplimiento por esa Casa de Estudios, a lo ordenado mediante el dictamen N° 42.764, de 2010, de este origen, en el sentido de disponer los reintegros de las sumas indebidamente percibidas por el señor Roberto Pereira León, Director Jurídico de esa Universidad, por concepto de las asignaciones de responsabilidad y profesional, en los términos indicados en el mencionado oficio y, además, solicitan conocer si se ha dispuesto por esa Institución de Educación Superior algún proceso sumarial en la materia. En similares términos recurre por su parte la académica de esa Universidad, doña María Victoria Vallejos Amado.
Requerido su informe, esa Universidad señaló que el 11 de enero de este año, el señor Pereira León fue notificado por el Jefe de Recursos Humanos de ésta, de la pertinente reliquidación de sus remuneraciones, producto de lo cual se determinó que el exceso que debía restituir por los pagos de las aludidas asignaciones alcanzaba la suma de $1.908.717; no obstante, el afectado le comunicó que había solicitado a este Ente Fiscalizador la condonación de la deuda, y efectuado otras peticiones en subsidio de esa presentación, la que ingresó bajo la referencia N° 201.131, de esta anualidad, por lo que esa repartición esperará el pronunciamiento de este Órgano de Control al respecto. Asimismo, agrega que por medio de la resolución exenta N° 7.192, de 2010, ordenó la instrucción de una investigación sumaria en la materia.
Sobre el particular, cabe manifestar que el artículo 67 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Contraloría General, establece, en lo que interesa, que el Contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos o Servicios que controla, en las condiciones que determine, y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente, procediendo que autorice la condonación u otorgue facilidades de pago, a petición expresa del deudor, y previa ponderación de los antecedentes del caso.
En concordancia con lo expresado, esta Institución Contralora emitió el oficio N° 5.247, de 2011, requiriendo de esa Casa de Estudios los antecedentes sobre la deuda en cuestión, con el objeto de atender adecuadamente la petición de don Roberto Pereira León, manifestando que no resulta procedente exigirle el reintegro de lo adeudado mientras ésta no sea resuelta, de todo lo cual es dable colegir que se está dando cumplimiento a lo dictaminado a través del citado oficio N° 42.764, de 2010, pronunciamiento que, sobre esta materia, hizo expresa prevención del derecho del deudor a solicitar la aludida condonación o facilidades de pago.
2.- Por otra parte, los consejeros recurrentes señalan que ignoran si al señor Pereira León se le habrá sancionado por el cumplimiento tardío e incumplimiento de la obligación de presentar las declaraciones de intereses y de patrimonio, como se constató en el mencionado dictamen N° 42.764, de 2010. Igual petición formula la señora Vallejos Amado.
En este punto, esa Institución de Educación Superior expresa que el afectado realizó las declaraciones requeridas con fecha 5 de agosto de 2010. Además, añade que el 23 de marzo de 2011 se le notificó la resolución exenta N° 776, del presente año, a través de la cual se le aplicó una multa de 10 UTM por el retraso en la presentación de la declaración de intereses. Acto seguido, don Roberto Pereira solicitó la rebaja de esa sanción, acorde a lo previsto en el inciso tercero del artículo 65 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, petición que se encuentra pendiente de resolución en la Rectoría.
De lo anterior se desprende que esa Universidad, si bien se encuentra adoptando ciertas medidas con el objeto de aplicar una sanción al señor Pereira León, por presentar en forma extemporánea la declaración de intereses, para dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el dictamen N° 42.764, de 2010, aún le resta imponer las multas por no haber presentado oportunamente la declaración de patrimonio respecto del cargo de Subdirector Jurídico que ocupó en calidad de suplente, desde el 2 de junio de 2008, y por haber omitido la actualización de la declaración de patrimonio cuando asumió la plaza de Director Jurídico, a contar del 1 de marzo de 2010, cuya aplicación deberá informarse a la brevedad a este Organismo de Control.
3.- En otro orden de ideas, los consejeros ocurrentes indican que tomaron conocimiento que funcionarios que fueron incorporados a la planta profesional de esa Universidad, en razón del encasillamiento derivado del decreto universitario N° 105, de 1996, que fijó la planta y los requisitos de ingreso y de promoción de su personal no académico, con desempeño en la Dirección Jurídica, percibirían la asignación profesional sin contar con el título que los habilitaría para ello.
Sobre la materia, esa Casa de Estudios señaló que no ha sido posible encontrar personal de la planta profesional que reciba indebidamente la asignación profesional y, que, revisada la dotación que desempeñaba funciones en la Dirección Jurídica en esa época, se observa que tanto las dos personas contratadas a honorarios como los tres funcionarios a contrata, poseen el título de abogado.
Acto seguido, ese Servicio, además, acompaña un certificado de fecha 21 de marzo del presente, del Jefe del Departamento de Recursos Humanos, que da cuenta que la aludida Dirección está compuesta, actualmente, por los señores Roberto Pereira León, Juan P. Rodríguez Curutchet y Manuel Gajardo León, y las señoras Ligia Cevallos Barrueto y Carolina Julio Albornoz, adjuntando las copias de los títulos de abogado de los primeros cuatro nombrados, y una fotocopia de la cédula de identidad de la última de ellos, junto con una impresión de la página web del Poder Judicial, a fin de acreditar esa condición a su respecto.
De este modo, en atención a lo expresado, y considerando que los recurrentes no identifican a los empleados que supuestamente percibirían en forma indebida el estipendio en análisis, no resulta posible que esta Contraloría General se pronuncie sobre las eventuales irregularidades señaladas, debiendo desestimarse en este aspecto la petición de los reclamantes.
Sin perjuicio de lo anterior, y dado que doña Ligia Cevallos Barrueto y don Manuel Gajardo León se encontrarían contratados a honorarios y sus convenios no se incorporaron al informe de esa Universidad, es útil hacer presente que, con independencia del hecho que posean el título de abogado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 11 de la ley N° 18.834, las personas que ejercen en esa calidad se rigen por las reglas que se establezcan en sus contratos, tal como lo ha declarado este Organismo Fiscalizador, entre otros, en los dictámenes Nos 3.302, de 2010 y 377, de 2011, de manera que sólo en la medida que en los pertinentes convenios se haya estipulado el pago de la asignación en comento, los interesados tendrán derecho a ella. Luego, los mismos ocurrentes solicitan que este Ente Contralor recabe los documentos que enumeran en su presentación, con relación a lo cual, debe expresarse que este Órgano Fiscalizador les puede proporcionar copias de las resoluciones exentas Nos 7.192, de 2010 y 776, de 2011, de esa Universidad, y de los certificados de título de abogado que fueron acompañados por ésta en su informe, las que se adjuntan. En lo que guarda relación con los demás antecedentes que se mencionan, dado que no se encuentran en poder de este Ente Contralor, éstos deben requerirse directamente por los interesados a esa Casa de Estudios, puesto que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la ley N° 20.285, tienen derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de ésta, en la forma y condiciones que establece esa ley, pudiendo, de conformidad a su artículo 24, recurrir ante el Consejo para la Transparencia, en el evento que ésta no les sea entregada dentro del plazo previsto en ese texto legal, o en el caso que su petición sea denegada, lo que se encuentra en armonía con el criterio expuesto en el dictamen N° 68.966, de 2009, de este origen. 4.- Enseguida, los consejeros recurrentes indican que el Rector de esa Casa de Estudios demostraría falta de disposición para acatar y resolver las observaciones formuladas por este Organismo de Control, y un desapego a la legalidad vigente, en lo que dice relación con la responsabilidad del Contralor Interno subrogante de esa Universidad, por los casos que detallan al efecto y, en especial, porque hasta la fecha de su segunda presentación, ésta no había dado respuesta a los oficios dirigidos para requerir información y antecedentes sobre las referencias del rubro, razones por las que solicitan la aplicación del artículo 9° de la ley N° 10.336 en la especie, y que se remita copia del consecuente pronunciamiento y de la resolución que imponga la multa, al Ministro de Educación y al Jefe de la División de Educación Superior de esa Cartera. La misma medida solicita doña María Victoria Vallejos Amado.
A este respecto, debe manifestarse que esa Entidad Educacional, mediante sus oficios Nos 5 y 11, de 2011, ha evacuado dichos informes, adjuntando la documentación pertinente, atendido lo cual, esta Entidad Fiscalizadora no hizo uso de la facultad contenida en el inciso tercero del precitado artículo 9° de la citada ley N° 10.336.
5.- En otro orden de ideas, la señora Vallejos Amado, indica que el sumario administrativo que este Órgano de Control ordenó incoar a través del oficio N° 60.442, de 2010, a esa Universidad, en relación a las supuestas irregularidades denunciadas por ella, referentes a las contrataciones a honorarios de académicos para impartir cátedras en la sede San Fernando de la misma, no se habría instruido. En este tópico, esa Institución de Educación Superior señaló que estaba recabando los documentos para ponderar si los hechos eran susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, caso en el cual dispondría la realización de un proceso sumarial.
Sobre esta materia, es necesario aclarar que, si bien la decisión de iniciar una investigación sumaria o un sumario administrativo es consecuencia del ejercicio de la potestad disciplinaria de que están investidas las jefaturas competentes de los Servicios, ello es sin perjuicio de las facultades que el ordenamiento jurídico entrega a esta Entidad Fiscalizadora, de modo que, acorde lo dispuesto en los artículos 6°, 131 y 133 de la aludida ley N° 10.336, no sólo goza de prioridad para incoar procesos administrativos, sino que también, cuando existen antecedentes suficientes en un asunto en particular, puede ordenar a la repartición de que se trate que instruya un proceso sumarial, como ocurrió en la especie, atendido lo cual, esa Universidad deberá dar cumplimiento, a la brevedad, a la instrucción en comento, debiendo informar de ello a este Ente Contralor.
6.- Acto seguido, doña María Vallejos, hace presente que la superioridad de esa Casa de Estudios mantendría la suspensión de funciones que afecta a la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, situación que fue observada mediante el dictamen N° 60.477, de 2010, de este origen. En este aspecto, esa Universidad expresó que la medida que se dispuso respecto de la aludida unidad, no importa la supresión del cargo de Vicerrector, y que esa plaza la estaría desempeñando como subrogante, el Director de Transferencia Tecnológica. Asimismo, agrega que los Centros Activos que dependían de ésta fueron traspasados a la Facultad más afín con su línea de investigación, subsistiendo en esa Vicerrectoría las Direcciones de Transferencia Tecnológica y de Capacitación y Postítulos, aun cuando el Consejo Superior habría acordado que dependieran provisoriamente de la Rectoría, lo que no se habría materializado aún.
En este punto debe recordarse que en el mencionado dictamen N° 60.477, de 2010, se manifestó que el Rector y el Consejo Superior de esa Casa de Estudios, al tenor de lo dispuesto en los artículos 5° y 11 del referido D.F.L. N° 2, de 1994, carecían de atribuciones para suspender a otra autoridad unipersonal instituida legalmente para cumplir funciones en la UTEM, por lo que debían ajustarse a la organización básica que definió para esa Universidad la normativa que la rige, de modo que en ella debían existir y actuar las superioridades establecidas en el aludido texto normativo, sin afectar las funciones que legalmente debía desarrollar el Vicerrector en comento. De esta forma, según se expresó en el referido pronunciamiento, la circunstancia de que la ley no estableciera un plazo dentro del cual debían proveerse los cargos vacantes, no significaba que la superioridad pudiera aplazar los nombramientos a que hubiera lugar, más allá de un tiempo razonable y prudente, especialmente, si se trataba del caso de otra autoridad llamada a desempeñar labores atingentes al gobierno de la Universidad, porque lo contrario atenta contra el debido cumplimiento de la función pública y vulnera los principios de eficiencia, eficacia y probidad que, conforme a lo dispuesto en los artículos 3° y 54 y siguientes de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se encuentran obligados a observar los órganos que integran la Administración del Estado, y podía dar lugar a las consiguientes responsabilidades administrativas.
Precisado lo anterior, es menester señalar que los informes jurídicos emitidos por este Órgano de Control son obligatorios y vinculantes para los Servicios sometidos a su fiscalización, carácter imperativo que encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la mencionada ley N° 18.575; y, 1 °, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la referida ley N° 10.336, por lo que el incumplimiento de tales pronunciamientos por parte de esos organismos, significa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores involucrados, comprometiendo su responsabilidad administrativa, conforme se ha resuelto, entre otros, en el dictamen N° 18.105, de 2010, de este origen, por lo que esa Casa de Estudios deberá arbitrar, a la brevedad, las medidas tendientes a proveer ese cargo vacante, informando el cumplimiento del citado dictamen a esta Entidad de Control. 7.- Luego, la académica recurrente expone que la inobservancia de los dictámenes en análisis, sumada a la representación del decreto N° 333, de 2010, de esa Universidad, efectuada a través del oficio N° 67.821, de 2010, de este Órgano Fiscalizador, evidenciarían las infracciones del Rector, del Contralor Interno (s) y del Director Jurídico, a los deberes que les imponen sus respectivos cargos, por lo que solicita a este Organismo Fiscalizador que instruya u ordene incoar un sumario administrativo.
En este aspecto, es útil recordar, por una parte, que de acuerdo a los dictámenes Nos 37.151, de 2009 y 42.764, de 2010, de este origen, la facultad de este Ente Contralor cuya ejecución requiere la ocurrente, esto es, incoar un procedimiento disciplinario en un Servicio, posee un carácter discrecional, y se ejerce conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades según su trascendencia jurídica, económica y social y, por otra, que en este caso los elementos aportados no ameritan, en esta ocasión, recurrir a aquélla; y, considerando que además se ha otorgado a esa repartición, en la especie, la posibilidad de cumplir lo dictaminado, informando prontamente de ello, se ha determinado no acceder, por ahora, a su petición.
8.- Por otro lado, la señora Vallejos Amado, indica que en el proceso sumarial que la afecta, elevado a sumario por la resolución exenta N° 183, de 2009, de esa Universidad, se ordenó la reapertura a través de la resolución exenta N° 6.480, de 2010, designándose como fiscal a don Roberto Pereira León, quien, a su juicio, estaría inhabilitado para ejercer dicho cometido, puesto que, además de las presentaciones de la interesada que lo involucrarían en eventuales irregularidades, se cuentan las denuncias que han efectuado en su contra otros académicos que también estarían afectados por ese proceso sumarial.
Al respecto, debe manifestarse que las causas de recusación se fijan por la ley, encontrándose establecidas en el artículo 133 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y su ocurrencia le resta imparcialidad a la intervención del fiscal o del actuario en un sumario administrativo, de manera que la recusación del investigador en un proceso sumarial debe efectuarse en la oportunidad procesal señalada en el artículo 132 del citado texto estatutario, o bien, acorde a lo declarado en el dictamen N° 9.240, de 2008, de este origen, en el caso que la autoridad de un Servicio ordene la reapertura de un sumario y encomiende su tramitación a un fiscal distinto, los interesados pueden recusarlo al momento de notificárseles su designación. No obstante lo anterior, cabe expresar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 134 de la referida ley N° 18.834, el fiscal o el actuario pueden declararse implicados por alguna de las aludidas causales o por algún otro hecho que a su juicio les reste imparcialidad. Además, es dable hacer presente que el artículo 62, N° 6, de la ley N° 18.575, en su inciso segundo dispone como prohibición para los servidores, intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad.
En este sentido, la jurisprudencia de esta Entidad de Control ha precisado en el dictamen N° 8.665, de 2007, en lo que interesa, que el objetivo de esta última preceptiva no es otro que el impedir que un empleado intervenga, en razón de sus funciones, en asuntos en que tenga interés personal o en la adopción de decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, no sólo en lo que se refiere a la resolución, sino también al examen o el estudio de determinados asuntos o materias, por lo que un fiscal administrativo que esté afectado por una causal de implicancia y no la declare a la superioridad, podría incurrir en responsabilidad administrativa.
De este modo, y en relación con lo expuesto, es menester anotar que, en atención a que la ley ha previsto la instancia procesal para que la recurrente ejerza sus derechos al efecto, y al hecho que el sumario en comento se encuentra en curso, este Organismo Fiscalizador resolverá sobre la legalidad de ese proceso disciplinario en la oportunidad que aquél, y el acto administrativo que lo afine, sean remitidos por la superioridad para su toma de razón, si dicho trámite fuere pertinente, de conformidad con lo dispuesto en la resolución N° 1.600, de 2008, de este Ente Contralor, situación que, de acuerdo a los registros de esta Contraloría, no ha ocurrido a la fecha.
Lo anterior, sin perjuicio de reiterar la obligación del fiscal de examinar si le afecta alguna causal de implicancia, y de la del Rector, en caso de que se presentare alguna recusación en contra de aquél, de ponderar objetivamente los antecedentes -considerando que tanto la interesada como esa Universidad no informaron sobre ello-, puesto que, de ser efectiva, este Órgano de Control podrá, en su oportunidad, objetar nuevamente el sumario. 9.- Finalmente, doña María Vallejos Amado solicita que se instruya u ordene incoar un sumario, para indagar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse, en su opinión, por la falta de cumplimiento de esa Casa de Estudios de las observaciones contenidas en el Informe Final N° 125, de 17 de noviembre de 2010, de este origen, sobre el examen de cuentas de gastos y auditoría de personal y remuneraciones practicado por funcionarios de esta Entidad de Control en esa Institución de Educación Superior.
En este punto, es necesario hacer presente que los antecedentes de la presentación de la solicitante serán remitidos a la División de Auditoría Administrativa, a fin de que se pronuncie sobre la pertinencia de acoger su petición.
DECLARACIÓN PÚBLICA A LA COMUNIDAD UTEM DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ACADÉMICOS
Dado que en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Académicos de la Universidad Tecnológica Metropolitana, realizada el miércoles 25 de mayo de 2011, se decidió en una votación expulsar al Académico Sr. Aedil Suárez Torres, es mi deber informar que él sigue siendo asociado, puesto que los Estatuto de AFAUTEM en el Artículo N° 39 se indica “Cuando la gravedad de la falta o las reincidencias en ella lo hicieren necesario, la asamblea, como medida extrema podrá expulsar al socio, a quien siempre se le dará la oportunidad de defenderse. La medida de expulsión sólo surtirá efecto si es aprobada por la mayoría absoluta de los socios de la asociación. El socio expulsado no podrá solicitar su reintegro sino después de un año de esta expulsión”..
En consecuencia, he informado por el momento telefónicamente de esta situación al Sr. Suárez para pedirle que me haga llegar los videos completos sin editar de sus declaraciones a Televisión Nacional de Chile, para divulgarlo a todos los socios y a la Comunidad, quienes podrán juzgar y votar en conciencia si efectivamente fue sacado de contexto en sus declaraciones.
De igual forma, dado que el Presidente de FEUTEM, Sr. Eduardo Salazar Pérez, señaló en una Asamblea Pública que había sido sacado de contexto, he solicitado al Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la UTEM Sr. César Urbina, en la reunión de la Comisión Triestamental redactora de la Declaración Pública, que por la transparencia con la que debemos actuar, él también debiera traer el video de su declaración a TVN para darlo a conocer a la Comunidad. Esta petición la hago extensiva al académico Sr. Álvaro Torrealba López y otros alumnos que declararon a TVN. .Las Autoridades de la UTEM podrán aplicar las medidas legales y administrativas que puedan corresponder, y las personas aludidas también deberán tener un debido proceso y a una debida defensa, no es posible que actuemos en forma incorrecta e irreflexiva, pues debemos tener un comportamiento académico acorde a las circunstancias..
Pasada la ira y la indignación inicial por el vil ataque de TVN, debemos reflexionar, actuar con prudencia y utilizar el diálogo, no descalificarnos mutuamente y buscar el consenso que nos permita avanzar. Esta amarga situación ha permitido unirnos para salir en defensa de nuestra Universidad..
Como otra contraparte positiva de esta lamentable situación, cabe notar que el Sr. Rector anunció en el Salón de Honor que hará cambios en la Reglamentación vigente, para que los Estudiantes y Funcionarios tengan una mayor participación, dando inicio a la anhelada Triestamentalidad.
La Comisión Triestamental trabajará esta semana para presentar al Sr. Rector todas las debilidades internas que existen en nuestra Universidad y proponer los cambios necesarios para avanzar y para una mayor democratización..
Dr. Pedro Vergara VeraPresidente - AFAUTEM
DECLARACIÓN COMUNIDAD UTEM: EL MERCURIO 29 DE MAYO 2011
MILES DE ESTUDIANTES Y DE EGRESADOS SALEN EN DEFENSA DE LA UTEM ANTE EL VIL ATAQUE DE TVN
ESTUDIANTES DE DISEÑO ELABORAN UN VIDEO PARA DENUNCIAR LA MANIOBRA DE TVN.
http://www.youtube.com/watch?v=7ql-QtGUKpc&feature=player_embedded
PESE A SU CORTA EXISTENCIA, EL BLOG DE AFAUTEM HA ALCANZADO HOY DOMINGO 29 DE MAYO, LAS 10.000 PÁGINAS VISITADAS
EL BLOG DE LA AFAUTEM HA LLENADO UN VACÍO COMUNICACIONAL, ALCANZANDO HOY 29 DE MAYO, A LAS 22: 30 hrs. LAS 10.000 PÁGINAS VISITADAS.. Publicado por
DECLARACIÓN PÚBLICA UTEM.
."A todos los estudiantes hay que tratarlos igual, a las universidades hay que tratarlas distinto".
Carlos Peña defiende el trato preferente a las entidades estatales. Aboga por una instancia en que todas las instituciones de educación superior hagan valer su voz. Y habla del lucro. .
Pamela Elgueda Tapia .Un trato preferente para las universidades del Estado. Una petición que es esperable cuando viene de los estudiantes o autoridades de esas casas de estudios, pero que parece paradójica cuando quien la formula es Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, una privada.Este abogado, que presidió la Comisión Asesora Presidencial de Educación Superior (en 2008), parte así explicando por qué le parece que los anuncios presidenciales del 21 de Mayo no están "a la altura" de lo que estudiantes y rectores de los planteles estatales esperaban.Y porque, si bien recuerda que el Presidente Sebastián Piñera habló de "un nuevo trato" a las entidades del Estado, agrega que "aún está pendiente si éste será preferente, "a la altura del que aspiran" esas instituciones..-¿Y por qué hay que darle un mejor trato a las estatales que a las privadas?
............................VER COMENTARIO COMPLETO EN ENLACE SIGUIENTE :. http://diario.elmercurio.com/2011/05/29/educacion/_portada/noticias/F2119691-0C83-4B75-9C44-AB35EB5D6D46.htm?id={F2119691-0C83-4B75-9C44-AB35EB5D6D46}
. 3.- DE EL MERCURIO.COM.
Hasta hoy, diez de las 32 universidades privadas aceptaron la invitación del Consejo de Rectores (CRUCh) para ingresar al sistema único de admisión -la prueba PSU-. Mientras ellas se suman, aunque condicionan su participación, otras tres rechazan la convocatoria y 19 universidades aún no definen su postura. El acceso a créditos y financiamiento estatal para tradicionales y privados son los temas que algunos rectores esperan debatir; para otros, en tanto, el adherir a un sistema único de admisión atenta contra la heterogeneidad del sistema de educación superior. Pamela Ohlbaum y Juan José Lyon .Iba a ser un hito en la educación superior que marcaría la semana, pero se postergó para mañana. La respuesta de las universidades privadas a la invitación del Consejo de Rectores (CRUCh) para reconocer la PSU como el sistema único de admisión a la educación superior aún no está clara..VER NOTICIA COMPLETA EN:.http://diario.elmercurio.com/2011/05/29/reportajes/reportajes/noticias/7f61dc1e-7238-44ca-9cfb-d3083dd7aa78.htm
4.- DE EL MERCURIO.COM.
EDITORIAL DE EL MERCURIO.Domingo 29 de Mayo de 2011
Admisión universitaria .
El sistema de admisión a las universidades chilenas ha sido objeto de continuas controversias. Con la creación de la Prueba de Selección Universitaria, en 2003, las discrepancias entre distintos sectores de la educación superior, lejos de disminuir, fueron en aumento. .En años recientes se había registrado un distanciamiento cada vez mayor entre la opinión de los planteles llamados tradicionales y las universidades privadas, pues los primeros hacían uso de la información de las pruebas de selección antes de entregarla públicamente a las demás. Para mejorar el sistema de admisión y reducir las tensiones entre los diversos planteles, el Consejo de Rectores acordó este año tomar dos medidas: someter la PSU a una auditoría internacional e invitar a las universidades privadas a incorporarse al mismo sistema de admisión que utilizan las del Consejo.
VER EDITORIAL COMPLETO EN : .
.5.- DE EL MOSTRADOR.COM

References: resolución 
 artículo 67
 resolución 
 artículo 65
 resolución 
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 24
 artículo 9
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 133
 artículo 132
 artículo 134
 artículo 62
 resolución