Source: https://www.scribd.com/doc/72395917/SALA-CONSTITUCIONAL-1149-171110-2010-10-1039
Timestamp: 2017-04-28 09:15:50+00:00

Document:
ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSALA CONSTITUCIONAL 1149-171110-2010-10-1039Uploaded by Marcelino Piña0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSALA CONSTITUCIONAL Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón Expediente Nº 10-1039 El 21 de septiembre de 2010, el abogado José AmandoMejía, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 19.379, actuando en su carácter de apoderado judicial de HOTEL TAMANACO C.A., interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra los artículos 23 numeral 18, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102, integrantes del Capítulo IV, Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como del cardinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, conjuntamente con medida cautelar a los fines de suspender los efectos legales de las normas cuya nulidad se solicita. El 28 de septiembre de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. El 19 de octubre de 2010, compareció el apoderado actor y consignó copias certificadas relativas al recurso de juridicidad anunciado por Tamanaco Suite 1, C.A., el 22 de julio de 2010, ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo. A este respecto, la Sala pasa a pronunciarse en los siguientes términos: I FUNDAMENTOS DEL RECURSO 1.- Normas Impugnadas. En el caso de autos ha sido ejercida demanda de nulidad por inconstitucionalidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos contra disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que establecen lo siguiente: De la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo se impugnan las siguientes disposiciones: “Artículo 23: La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de: (…) 18. Del Recurso especial de juridicidad, de conformidad con lo establecido en esta Ley”. “Recurso especial de juridicidad.
se impugna la siguiente disposición: “Artículo 26. Este recurso no constituye una tercera instancia de conocimiento de causa. ante el tribunal que la haya dictado. la Sala Político Administrativa dictará la decisión dentro de los treinta días de despacho siguientes. Lapso para dictar sentencia Artículo 100. la Sala PolíticoAdministrativa podrá declarar la nulidad de la sentencia recurrida. a solicitud de parte. El escrito del recurso especial de juridicidad deberá hacer mención expresa a las normas trasgredidas. El tribunal que dictó la sentencia deberá remitir inmediatamente el expediente con el recurso a la Sala Político-Administrativa. ordenando la reposición del procedimiento o resolver el mérito de la causa para restablecer el orden jurídico infringido.T) y ciento cincuenta unidades tributarias (150 U. La decisión que imponga la multa deberá motivarse”. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia podrá. La Sala Político-Administrativa se pronunciará sobre la admisión del recurso dentro de los diez días de despacho siguientes a su recibo.Artículo 95. Oportunidad para interponer el recurso Artículo 96. Transcurrido el lapso establecido en el artículo anterior.T). El recurrente. Multas Artículo 102. Admitido el recurso. El recurso de juridicidad podrá intentarse contra las decisiones judiciales de segunda instancia que se pronuncien sobre destitución de jueces o juezas. El recurso especial de juridicidad deberá interponerse dentro de los diez días de despacho siguientes a la publicación de la sentencia. Son competencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:
. Contenido de la sentencia Artículo 101. revisar las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia que trasgredan el ordenamiento jurídico. Admisión del Recurso Artículo 98. Remisión del expediente Artículo 97. Escrito de contestación Artículo 99. En la decisión del recurso especial de juridicidad. dejando constancia en el auto que ordena la remisión de los días de despacho transcurridos para su interposición. el abogado o abogada asistente o el apoderado o apoderada que interponga el recurso temerariamente podrá ser multado por un monto entre cincuenta unidades tributaria (50 U. la contraparte dispondrá de diez días de despacho para que consigne por escrito que no exceda de diez páginas su contestación. en torno a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte.
. en efecto. sólo puede admitirse las excepciones a ese principio de doble instancia que el propio constituyente haya acordado y esta Sala Constitucional solo ha admitido el juzgamiento en única instancia como excepción”. es decir.el acordar el legislador esos mismos poderes excepcionales de revisión de sentencias de segunda instancia por vía del recurso de juridicidad transgredió el principio constitucional de doble instancia. a la doble instancia. dispuso al mismo tiempo en su artículo 101 que el juez de la juridicidad puede decidir el mérito de la causa. y “en efecto. lo que es la característica esencial que define la existencia de la instancia. la doble instancia.. no puede acordar a la jurisdicción contencioso administrativa poderes exclusivos de control judicial constitucional e igualmente. el poder de decidir el mérito de las causas. Señala que el legislador nacional no puede subvertir la estructura judicial que puede controlar los poderes del Estado y que. y como adelante desarrollamos. Del recurso especial de juridicidad. 2. de conformidad con lo establecido en la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa”. Reseña el accionante que el referido artículo de la Carta Magna constitucionaliza la jurisdicción contencioso administrativa y consagra su función principalísima de controlar la actividad administrativa desplegada por los órganos del poder público. Así. el orden de jurisdicción nacional ordinario no podría asumir poderes judiciales que corresponden en exclusividad al orden jurisdiccional constitucional ni al orden jurisdiccional contencioso administrativo. en consecuencia. resulta inconstitucional esa tercera instancia revisora.(…) 18. Indica que la Constitución establece específicamente la competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa y. a la tutela judicial efectiva y en definitiva a la estructura judicial que para el control de los poderes del Estado estableció el Constituyente de 1999”. En este sentido. refiere que aun cuando en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se afirma que el recurso de juridicidad no constituye una tercera instancia. En torno a esto. Así -continúa la accionante. indica que el poder de revisión de sentencias esta solo acordado por el constituyente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. en particular por los órganos que componen la administración pública. en consecuencia. En este orden de ideas la accionante considera que “resulta inconstitucional en Venezuela una tercera instancia y/o formas de control judicial a sentencias distintas a la que conoce la práctica y desarrollo universal del derecho procesal como la apelación. a la estabilidad de las decisiones del poder judicial. si es principio de nuestra Carta Magna. los poderes de revisión acordados al recurso de juridicidad son inconcebibles e inconstitucionales al resultar completamente incompatibles con valores y preceptos constitucionales correspondientes a la seguridad jurídica. establece constitucionalmente los poderes del juez contencioso administrativo. y no puede el legislador trasladar poderes judiciales excepcionales y monopólicos de la Sala Constitucional al contencioso administrativo. y estas dos últimas como se sabe no constituye fórmulas procesales ni sustantivas de tercera instancia”.Infracciones Constitucionales Denunciadas. De la violación del artículo 259 de la Constitución de la República. como lo ha afirmado esta misma Sala. en torno a estas denuncias indica finalmente que “invadió el legislador con el recurso de juridicidad poderes que sólo corresponde crear o modificar al constituyente. casación o invalidación.
Al respecto. devendría en una suerte de poder de revisión en blanco. Indica que el poder que se le otorga a la Sala Político Administrativa es “un poder de revisión de sentencias de segunda instancia en blanco. se constituirá indefectiblemente en un juez de instancia. amplísimo. o instancias ulteriores a la segunda”. el 14. en un plazo oportuno. y 551/2005. lo contrario daría cabida a la práctica de recurrir de cuanta decisión dicte determinado juez. recurso de invalidación. pero al mismo tiempo se garantiza a la otra parte que la recurribilidad es limitada y que obtendrá la certeza judicial. la celeridad procesal y la obtención de una sentencia oportuna. hace referencia el artículo 49. amparo contra sentencia y recurso de revisión constitucional. Señala que al establecer el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que la sentencia que resuelva el recurso de juridicidad puede resolver el mérito de la causa. Alega que el juzgamiento en dos instancias es una garantía judicial que tiene un contenido positivo y negativo. 95/2000. general.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. las cuales -en su criterio. Hace referencia igualmente a las sentencias de esta Sala Constitucional Nos. Indica que en el ordenamiento existen seis medios procesales capaces de enervar los efectos de la cosa juzgada. 918/2001. lo cual está como se dijo proscrito en nuestro ordenamiento resultando a todas luces inconstitucional”.establecen “la llamada garantía de juzgamiento en dos instancias” e indican que “sólo y únicamente es excepción a este principio la única instancia. se constituye a la decisión de la Sala Político Administrativa en un juzgamiento ex novo y en consecuencia en una nueva instancia de decisión “pues todo juez que tenga poderes de revisión ex novo de la causa. “se garantiza a la parte desfavorecida con la sentencia de mérito la posibilidad de recurrir.7 de la Constitución de la República. control de legalidad. distintos a la tercera instancia. obstaculizando el normal desenvolvimiento del proceso y atentando contra la tutela judicial efectiva. Concluye e indica que “al no cumplir el inconstitucional recurso de juridicidad con las previsiones de especificidad y taxatividad de las causales de procedencia como medio de enervar la cosa juzgada. a saber: recurso de casación. en abuso de la facultad de someter a un nuevo control judicial a la sentencia que desfavorezca. que debe ser eficazmente ejecutada”. “el resto de las formas de enervar la decisión de segunda instancia no son nuevas instancias o tercera instancia. en garantía de la seguridad jurídica que dimana de la sentencia revestida de autoridad de cosa juzgada”. excluyendo clara y expresamente la posible excepción de tercera instancia. distintas a las que ocupan la instancia. asombrosa y grotescamente más amplio y general que el otorgado a esta Sala Constitucional” y que la primera instancia es la que produce la demanda y la segunda instancia la que motiva la apelación o acto procesal semejante que otorga poderes ex novo al juez. recurso de revisión de sentencias penales.De la inconstitucionalidad de la tercera instancia. esto es. y el 8. toda vez que la Sala Político Administrativa en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
. no pueden jamas constituirse terceras instancias por estar prohibido en la Constitución.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En este orden de ideas. afirma que “las formas de enervar la autoridad de cosa juzgada de una sentencia deben estar expresamente previstas en la ley y sus causales ser taxativas. cosa distinta sería y es inconstitucional”.
decisión que debe producirse en un plazo razonable. Ello es así.8. decisiones que en esencia serían
. 99. no puede ser objeto de un medio de impugnación que constituya una tercera instancia”. adicionalmente impondría a la Sala Político Administrativa la obligación de emitir los pronunciamientos correspondientes en los recursos de juridicidad que hasta la decisión de la presente acción e interponga.18 de la referida Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia “denunciadas como han sido las violaciones a las normas constitucionales contenidas en los artículo 2. 250. podría revisar las sentencias de segunda instancias por cualquier trasgresión al ordenamiento jurídico. toda vez que el derecho a recurrir no puede entenderse ad infinitum”. 95. 259. 98. ha sido celosamente reservado por el Constituyente a esta Sala Constitucional”. Indica que de conformidad con los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 259. como tercera instancia. En virtud de los razonamientos expuestos. sin límites. la revisión de sentencias es una competencia exclusiva de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicias.se establece “el valor de la cosa juzgada como una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva”. 49. con lo cual “se satisface el derecho a recurrir de la parte desfavorecida con el fallo. Destaca que en el artículo 266 de la Constitución se creó el recurso de casación. en las normas impugnadas. con poderes abiertos y mayores a los de esta Sala Constitucional”. ya que “la delicada labor de establecer criterios con carácter vinculante y capaces de alterar incluso los derechos creados a favor de los justiciables por sentencias con autoridad de cosa juzgada. 266. violaría las competencias que constitucionalmente le han sido atribuidas a esa Sala del máximo tribunal de la República. De la violación de la cosa juzgada. 49. 100. 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa así como del artículo 26. 96. 97.De la Medida Cautelar Solicitada.Administrativa. Destaca la certidumbre que deriva del agotamiento de la doble instancia. Refiere igualmente la sentencia de esta Sala N° 1826/2002. 26. Estima que la medida cautelar solicitada “prevendría la aplicación de normas que impondrían la carga de sustanciar un recurso cuya constitucionalidad se encuentra debatida en el presente juicio. En torno a este punto. 257. estiman que los artículos impugnados de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa resultan inconstitucionales por violar los artículos 2. así “mal podría asimilarse el recurso de juridicidad a tal medio de impugnación”. el cual no es aplicable en materia contencioso administrativa. 257. 262 y 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. por ello el tratar de asimilar el recurso de juridicidad previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a la solicitud de revisión. 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. De la invasión de competencias exclusivamente asignadas a la Sala Constitucional. en la cual -según alega. 262.. 26. Solicita de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia la suspensión de los efectos y de la aplicación de los artículos 23. indica que la cosa juzgada “es la necesidad de que la justicia ponga fin al proceso con una decisión investida de certeza procesal. 3.
En ese mismo sentido. que colidan con la Constitución de la República”. En el caso que nos ocupa. el presente asunto se refiere a la acción popular de nulidad por inconstitucionalidad incoada contra disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. dispone que corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia “. que colidan con esta Constitución”. a tal efecto.[d]eclarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional. de conformidad con lo expuesto precedentemente. dispone lo siguiente: “Artículo 133. resulta competente para conocer de la demanda de nulidad interpuesta. debe remitirse al Juzgado de Sustanciación. 134 y 135 de la supra mencionada. con rango de ley.. y así se declara. esto es. las cuales constituyen disposiciones normativas. observa: El caso de autos versa sobre la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesta contra artículos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. De lo anterior se desprende. El artículo 336. el artículo 133 eiusdem. que dicho acto tenga una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. motivo por el cual esta Sala. tal como se desprende de los artículos 129. al respecto... “. III DE LA ADMISIBILIDAD Tal como se estableció anteriormente.Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles. los pronunciamientos de admisión de todas las demandas de nulidad por inconstitucionalidad corresponde directamente a esta Sala. el artículo 25. observa la Sala que el objeto del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad lo constituyen artículos de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.Se declarará la inadmisión de la demanda: 1. II DE LA COMPETENCIA Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa y. ello. dictados por la Asamblea Nacional en ejecución directa e inmediata de la Constitución.[d]eclarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional. a fin de dar celeridad a la causa que de ser admitida. atiende a la jerarquía del acto objeto de impugnación respecto de la Carta Magna. que el criterio acogido por el constituyente y seguido por el legislador para definir las competencias de la Sala Constitucional.
.. cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como atribución de la Sala Constitucional.igualmente inconstitucionales y que aun viciadas generarían en el justiciable una legítima expectativa de certeza judicial”. a los fines de la tramitación del procedimiento. Ello así...
. A tales fines. en consecuencia. las medidas cautelares que estime pertinentes. o de quien actúen en su nombre. sin perjuicio de la potestad que asiste a esta Sala de examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia en cualquier estado y grado del proceso. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva. en tal sentido.Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante.2. y la Sala Constitucional. Como consecuencia de dicha admisión y de conformidad con el artículo 135 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por último. de la documentación pertinente acompañada al mismo y del presente fallo de admisión. IV DE LA MEDIDA CAUTELAR Finalmente. a la ciudadana Fiscal General de la República y la Defensora del Pueblo.Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.. 5.. 3. y (v) la necesidad de evitar perjuicios en la satisfacción de intereses comunes a todos los
. se ordena citar a la Presidenta de la Asamblea Nacional. aun de oficio. (ii) la verosimilitud del derecho que se dice vulnerado o amenazado. remítase a los mencionados funcionarios copia certificada del escrito de la demanda.Cuando haya cosa juzgada o litispendencia. Así se declara. no se advierte en su estudio preliminar. Revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en la norma transcrita.. (iv) la posibilidad efectiva de que se produzcan nuevos daños a la parte actora u otras personas por la aplicación de la norma cuya nulidad se pretende. remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que realice las notificaciones ordenadas en el presente fallo.. (iii) la condición de irreparable o de difícil reparación por la definitiva de la situación jurídica o derecho que se alega como propio.En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar. partiendo de las premisas fundamentales para el otorgamiento o no de solicitudes cautelares innominadas en procedimientos de nulidad por motivos de inconstitucionalidad. el artículo 130 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece: “Artículo 130. se acuerda notificar a la parte actora. respectivamente. para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto”. Así las cosas. De igual manera y en atención al segundo aparte del artículo 135 eiusdem. acuerde el emplazamiento de los interesados. conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal y. por cuanto esta admisión se produjo fuera del lapso previsto en el artículo 132 eiusdem. 4.. esta Sala admite la presente acción en cuanto ha lugar en derecho. que la demanda de autos se subsuma en alguna de las mismas y. continúe el procedimiento de Ley. como son (i) el carácter excepcional de la inaplicación de una norma.Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda es admisible. podrá acordar.Cuando haya falta de legitimación pasiva”. 6. la Procuradora General de la República. debe la Sala decidir sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos formulada por la demandante y.
lo cual lleva implícita una finalidad pública atinente al proceso. 1988. pp. este derecho está expresamente dispuesto en la parte final del cardinal 1 del artículo 49 constitucional. cit. que prevé entre las garantía mínimas de todo proceso el “derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. de un medio judicial de impugnación que va a ser aplicado en los juicios que corresponda conocer a la jurisdicción contencioso administrativa. p.1 constitucional–. nace la necesidad de pedir un nuevo juzgamiento de la situación por un tribunal superior como un derecho individual para reclamar contra vicios del proceso en busca de una mejor decisión. en el campo jurídico. estima esta Sala. Pacto de San José de Costa Rica –el cual tiene rango constitucional a tenor de lo previsto en el artículo 23 de nuestra Carta Magna–. Por tanto. que debe examinar si las normas cuya suspensión se pretenden. Así. hacen necesaria la potestad cautelar de esta Sala: Tal como lo ha señalado el procesalista Enrique Vescovi el derecho a impugnar una resolución parece responder a una tendencia natural del ser humano y. 26). debe esta Sala destacar la mayor importancia que reviste el caso de autos. y sin que ello constituya un análisis sobre el fondo de la causa.integrantes de la sociedad. surgen como un lógico correctivo para eliminar los vicios e irregularidades de los actos. Así. como lo son el derecho
. no queda dudas de la existencia en nuestro ordenamiento jurídico del derecho a la doble instancia. Precepto que en similares términos está contenido en el artículo 8. Ediciones Depalma.
Ahora bien. ob. que consagra que “Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo. literal h. Esta creación -debe destacar la Sala. 25-26). “Los recursos judiciales y demás medios de impugnativos en Iberoamérica”. como es lograr una recta aplicación del Derecho y la justicia (véase Enrique VESCOVI. Al respecto. salvo las excepciones previstas en la Constitución y la ley –tal como apunta el mencionado artículo 49. por un lado. la consagración por vía legislativa de medios de impugnación o recursos distintos al recurso ordinario de apelación deben atender a la necesaria búsqueda de un equilibrio entre autoridad y libertad.. entre legalidad y justicia. corresponde al legislador la delicada tarea de equilibrar preceptos constitucionales. En este contexto. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagra el derecho al doble grado de conocimiento o a la doble instancia. con la excepciones establecidas en la Constitucional”. y celeridad. Enrique VESCOVI. aprecia la Sala que en el caso de autos se denuncia que las disposiciones impugnadas violan el derecho al debido proceso ya que se crea una tercera instancia al otorgarle a la Sala Político Administrativa la competencia para conocer del recurso de juridicidad que se encuentra previsto en las normas objeto de impugnación. vía legislativa. Por ello. En el contexto expuesto. siendo los recursos un medio de buscar su perfeccionamiento. relativas todas al recurso especial de juridicidad. por otro (véase en este sentido. de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. la Sala analizará la solicitud cautelar del demandante que pretende la suspensión temporal y general de la ley objeto de impugnación.es una gran novedad en esta materia ya que ha sido constante en la historia de la jurisdicción contencioso administrativo en Venezuela que lo juicios sean conocidos sólo por dos instancias y que no exista una instancia superior o cualquier otro medio de impugnación que pueda enervar los efectos de una sentencia dictada en segunda instancia y que adquiere la condición de definitivamente firme y hace cosa juzgada. Buenos Aires. ya que se trata de la creación.
en consecuencia. DECISIÓN Por las razones que anteceden. una vez tramitado el recurso conforme al procedimiento especial consagrado en la mencionada ley (artículos 96 al 100). ya comentado (artículo 49. con el temor de que el proceso pudiera convertirse en un instrumento que juegue contra quien tiene la razón en un juicio y contra los principios de tutela judicial efectiva. mediante el recurso “especial” de juridicidad. En el caso que nos ocupa. tanto ordinarios como extraordinarios. se convertiría en un medio ineficaz de justicia ya que alargaría en demasía el proceso en contra del justiciable. sino que constituye mecanismo o medio de impugnación para perfeccionar el proceso y sanear o corregir los actos judiciales viciados. se le permite a la mencionada Sala Político Administrativa revisar una sentencia. Así. cardinales 11 y 12 de la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. y anularla bajo el nuevo examen del mérito de la causa. la previsión de recursos –se insiste– debe lograr el aludido equilibrio entre revisión de acto judicial y celeridad procesal. declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad ejercida
. además de existir la presunción grave de que dicho medio de impugnación implique la invasión de atribuciones de revisión que son competencia exclusiva y excluyente de esta Sala. Esa Sala. ordenando la reposición del procedimiento o “resolver el mérito de la causa” a fin de “restablecer el orden jurídico infringido” (artículo 101). en este mismo orden de ideas. se acuerda la suspensión de las normas impugnadas y. que ya tuvo un doble grado de conocimiento. se observa que en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se previó. se observa que se atribuye a la Sala Político Administrativa una amplia facultad de revisión de sentencias. cardinal 10 de la Constitución y desarrollada en los artículos 25. así se decide. facultad aún más amplia que la otorgada de forma exclusiva y excepcional a esta Sala Constitucional por disposición del artículo 336. De lo antes expuesto. De allí que. de manera novedosa. no implica ni un retardo del proceso ni un detrimento a la justicia expedita. en Sala Constitucional. que la aplicación de las normas impugnadas pudieran crear perturbaciones. mediante el cual se atribuye a la Sala Político de este Tribunal Supremo de Justicia. la previsión legal de recursos. por autoridad de la ley. y sin que ello implique un adelanto sobre el asunto de fondo. la inaplicación del recurso especial de juridicidad previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. y el derecho a recurrir del fallo.1 eiusdem). dictará sentencia en la que podrá declarar “la nulidad de la sentencia recurrida”. este Tribunal Supremo de Justicia. retardos o alargamientos en los juicios contencioso administrativos. Por tanto. “revisar” las sentencias “definitivas de segunda instancia” cuando éstas “trasgredan el ordenamiento jurídico”. administrando justicia en nombre de la República. Sin embargo. un recurso “especial” denominado de juridicidad. pudiendo la referida Sala conocer nuevamente del mérito de la causa para restablecer el orden infringido. establecidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. pues si ello se rompe. que conlleva las garantías de una justicia expedita y sin dilaciones indebidas (artículo 26 de la Constitución). celeridad y el derecho a obtener con prontitud la decisión correspondiente. y regulado en el Capítulo IV del Título IV de esa Ley. sin más limitación o fundamento que la trasgresión del ordenamiento jurídico. se le atribuye a la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal la potestad de revisión de sentencias definitivas de segunda instancia bajo el fundamento de trasgresión del ordenamiento jurídico.a la celeridad procesal. visto prima facie. en principio. pues.
conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado José Amando Mejía.html
. 100. contra los artículos 23 cardinal 18. así como del cardinal 18 del artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 02-11-11 Marcell49169@hotmail. Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación. a los 17 días del mes de Noviembre de dos mil diez (2010). TERCERO: ACUERDA LA MEDIDA CAUTELAR y. JOSÉ LEONARDO REQUENA CAB Exp. la Defensora del Pueblo y la Fiscal General de la República.com
http://www. 10-1039 MTDP/
Recompilado por: José Marcelino Piña. La Presidenta.gov. 97. ordena la SUSPENSIÓN de los artículos impugnados y la inaplicación del recurso especial de juridicidad. QUINTO: ORDENA la notificación de la actora y librar el cartel de emplazamiento a los interesados. SEGUNDO: ADMITE la demanda de nulidad ejercida. en Caracas. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ Los Magistrados. 96. Publíquese.A. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN Ponente CARMEN ZULETA DE MERCHÁN ARCADIO DELGADO ROSALES El Secretario. la Procuradora General de la República. 95. 98. Dada.. CUARTO: REMITE el expediente al Juzgado de Sustanciación. 99. firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. en consecuencia. 101 y 102 integrantes del Capítulo IV. Título IV de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.tsj. LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO El Vicepresidente. actuando en su carácter de apoderado judicial de HOTEL TAMANACO C. a los fines de que practique las citaciones de la Presidenta de la Asamblea Nacional. regístrese y remítase.ve/decisiones/scon/noviembre/1149-171110-2010-101039.
More From Marcelino PiñaSkip carouselPonencia magistral 7.1.pdfTodos Los Ninos Tienen DerechosComo Hacer Un CojinAmparo Por DesalojoFLAGRANCIA - LOPNNA

References: artículo 26
 Artículo 100
 Artículo 96
 Artículo 102
 Artículo 101
 Artículo 98
 Artículo 97
 Artículo 99
 artículo 101
 artículo 95
 artículo 259
 artículo 49
 artículo 101
 artículo 2
 artículo 266
 artículo 26
 artículo 130
 artículo 336
 artículo 133
 artículo 25
 artículo 135
 artículo 130
 artículo 135
 artículo 137
 artículo 132
 artículo 49
 artículo 23
 resolución 
 artículo 8
 artículo 49
 artículo 336
 artículo 95
 artículo 26
 artículo 26