Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-048-04.htm
Timestamp: 2017-11-24 01:50:22+00:00

Document:
C-048-04
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 733 de 2002 “Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones “.
Demandante: Roby Andrés Melo Arias
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución Política el ciudadano Roby Andrés Melo Arias, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 733 de 2002 “Por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones”.
Por auto de 13 de agosto del año 2003, el magistrado sustanciador admitió la demanda presentada, y ordenó fijar en lista las normas acusadas. Así mismo, se dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República y al señor Presidente del Congreso de la República.
“Artículo 14.- Competencia. El conocimiento de los delitos señalados en esta ley le corresponde a los jueces penales del circuito especializados”.
Considera la entidad interviniente que una norma jurídica no es inconstitucional por la interpretación o aplicación que de ella se haga por los operadores jurídicos, sino por su oposición sustancial a los principios o disposiciones de la Carta Política. Aduce que “[C]omo desarrollen los operadores jurídicos los mandatos de una ley es algo que escapa al control de constitucionalidad, ya que no es esa la materia demandable ante la Corte Constitucional. Esta carece de competencia para evaluar hechos posteriores a la vigencia y materialidad de las normas sobre cuya validez se pronuncia. Su actividad recae únicamente sobre ellas, en cuanto tales, y de ningún modo sobre la manera como se las lleva a la práctica, bien que se las desfigure o desvirtúe, ya que se las mal interprete, circunstancias que no coinciden en tales normas para hacerlas más o menos constitucionales”.
El Procurador General de la Nación, en concepto N° 3369 de octubre 2 del presente año, solicita a esta Corporación declarar la exequibilidad de la norma acusada, en el entendido que la competencia asignada a los Jueces Penales del Circuito Especializados, sólo es aplicable a los delitos cometidos a partir de la vigencia de la Ley 733 de 2002, y que por lo tanto no puede abarcar las conductas punibles cometidas con anterioridad a la vigencia de esa ley, las que seguirán siendo asumidas por los Jueces Penales del Circuito.
Aduce que si bien en el presente asunto no hay lugar a la confrontación directa entre el texto de la norma acusada y la Constitución Política, como es lo propio de una acción constitucional, de la interpretación y aplicación de la misma puede surgir un problema de constitucionalidad respecto del alcance que los Jueces Penales del Circuito Especializados le pueden dar a lo estipulado en la ley acusada que directamente toca con el principio de favorabilidad, al decidirse cuál es el procedimiento al que debe someterse al imputado, teniendo en cuenta que esa norma es más desfavorable y restrictiva que la modificada, “lo que sin lugar a dudas atañe a un principio superior como es el debido proceso regulado de manera relevante por la Constitución”.
Siendo ello así, expresa el Procurador General de la Nación, que a fin de garantizar el debido proceso, es necesario que la disposición cuestionada se entienda en el sentido de que los procesos que se venían adelantando de acuerdo con las disposiciones penales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 733 de 2002, deben seguir siendo tramitados conforme a la competencia asignada a los jueces penales del circuito “dado el carácter restrictivo de los procedimientos que se adelantan ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, empezando por los términos que son más amplios, en detrimento de los intereses del imputado”.
Para el ciudadano demandante se presenta un problema en la “praxis judicial”, que consiste en que las conductas punibles cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 733 de 2002, en algunos casos están siendo juzgadas por Jueces Penales del Circuito Especializados, violando el principio de legalidad.
La entidad interviniente considera que en el presente caso existe ineptitud sustancial de la demanda, lo que impone a la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo. Por el contrario, el Ministerio Público en su concepto expresa que si bien en el presente asunto no existe una confrontación directa entre la norma acusada y la Constitución, de la “interpretación y aplicación” que le corresponde a los jueces penales del circuito y a los especializados se puede generar un asunto de relevancia constitucional.
3.1. Como lo establece el artículo 241-4 de la Constitución Política, le corresponde a esta Corporación ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas, respecto de las demandas de inconstitucionalidad que formulen los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. El juicio de inconstitucionalidad requiere una confrontación abstracta del contenido de una norma legal y una constitucional, para lo cual se exige al demandante el cumplimiento de unos requisitos establecidos en la ley (Dto. 2067 de 1991, art. 2), entre los cuales se encuentra el de expresar el concepto de la violación. En efecto, se impone al accionante una carga mínima de naturaleza sustancial, cual es la de formular al menos un cargo de inconstitucionalidad de la norma cuestionada, de suerte que le permita al juez determinar si en realidad existe el problema constitucional que se plantea y, en consecuencia, una oposición objetiva entre el contenido de la disposición legal acusada y la Constitución Política[1].
“[l]a claridad de la demanda implica que el actor tiene el deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa. A su vez, que las razones que sustentan el concepto de la violación sean ciertas quiere decir que la demanda debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente ‘y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita’ e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Por otra lado, para que las razones sean específicas se requiere que definan con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través ‘de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada’. La pertinencia, por su parte, se refiere a las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad deben ser de naturaleza constitucional , sin que sean aceptables las consideraciones puramente legales o doctrinarias, o las que se derivan de una indebida aplicación de la disposición acusada en un caso específico, o en fin las que tocan con aspectos de mera conveniencia. Finalmente, el requisito de suficiencia, tiene que ver con la necesidad de que el actor presente los argumentos y elementos probatorios que sustentan su demanda, de manera tal que, ‘...aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”[2].
3.2. Ahora bien, por otra parte en varios pronunciamientos esta Corporación ha establecido que en principio no es competencia de la jurisdicción constitucional resolver debates que se susciten respecto de la interpretación o aplicación de las normas legales, porque en esos casos no se trata de confrontar un texto legal con las disposiciones constitucionales, sino el sentido o alcance que de las mismas realicen las autoridades competentes, ya sean judiciales o administrativas. Ello por cuanto la Constitución Política establece una separación entre las distintas jurisdicciones, de ahí que los conflictos jurídicos que surjan como consecuencia de la aplicación de las normas legales han de ser resueltos por los jueces ordinarios[3]. Con todo, este Tribunal Constitucional ha manifestado que el juicio de inconstitucionalidad que por mandato superior le corresponde adelantar, también es procedente cuando de la interpretación de una disposición legal surja un asunto de relevancia constitucional[4]. Es decir, por vía de la acción pública de inconstitucionalidad pueden ser resueltas controversias surgidas de la hermenéutica de las normas jurídicas, siempre y cuando el conflicto se origine directamente en el texto o contenido de la disposición impugnada, pues, “[E]l hecho de que a un enunciado normativo se le atribuyan distintos contenidos o significados, consecuencia de la existencia de un presunto margen de indeterminación semántica, conlleva a que la escogencia práctica entre sus diversas lecturas trascienda el ámbito de lo estrictamente legal y adquiera relevancia constitucional, en cuanto a que sus alternativas de aplicación pueden resultar irrazonables y desconocer los mandatos superiores”[5] .
No se trata a juicio de la Corte, de un debate hermenéutico que conlleve a que de varias interpretaciones de la norma legal, unas se adecuen a la Carta Política y otras por el contrario la desconozcan, de suerte que se imponga a la Corte proferir una sentencia condicionada o interpretativa como lo solicita el demandante, a fin de que se establezca “cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente”[6], sino de conflictos jurídicos por la indebida aplicación de la norma[7], que han realizado algunos jueces de la República, en casos como el que el actor trae como ilustrativo de la “inseguridad jurídica que se vive en nuestro país, gracias al ‘proyectico de política criminal fijada por el Congreso de la República’”, los cuales pueden ser solucionados por los jueces ordinarios o especializados, acudiendo para ello a la interpretación de las normas constitucionales y legales. Los funcionarios competentes en la aplicación de las normas penales se encuentran sujetos a lo dispuesto por el artículo 29 del Estatuto Fundamental, según el cual nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa “ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, así como a las normas rectoras de la ley penal, entre las cuales se encuentra el principio de legalidad (Ley 599 de 2000, art. 6)[8].
Precisamente en ese sentido, esta Corporación[9], al examinar la constitucionalidad del Decreto Legislativo 2001 de 2002, expresó lo siguiente:
“[N]o obstante, es claro que para respetar el principio de legalidad y el debido proceso judicial, los delitos cuyo conocimiento se adscribe a los Jueces Penales del Circuito Especializados, no pueden ser conductas punibles cometidas con anterioridad a la vigencia del decreto objeto de control. De lo contrario, sería ostensible el quebranto de la garantía constitucional en virtud de la cual ‘nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa’ y ‘ante juez competente’. Es decir, quienes incurrieron en hechos presuntamente delictivos con anterioridad a la expedición del decreto legislativo aludido, tenían entonces en virtud de la ley un juez competente para adelantar su juzgamiento, y resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional expresamente establecido en el artículo 29 de la Carta, desconocerles ese juez para que conozca del respectivo proceso un juez distinto, que hasta entonces carecía de dicha competencia en el caso concreto. No puede en esta hipótesis tener efecto retroactivo ese decreto para disminuir, además los términos y variar las formas del procedimiento para juzgar a los imputados de delitos relacionados con la perturbación del orden público”.
[1] Cfr. C- 1052/01, C-762/02, C-1031/02
[2] Cfr. 1052/01, C-1031702
[3] Cfr.. C-496/94, C-081/96,C-1436/00, C-426/02, entre otras.
[4] Cfr. C-.../03
[5] C-426/02 ya citada
[6] Sentencia C-496/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[7] Circunstancia que hace que la demanda no sea pertinente, según lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación ya citada.
[8] Según este principio “[N]adie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. La analogía sólo se aplicará en materias permisivas.
[9] Sentencia C-1064 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra

References: artículo 14
 artículo 241
 artículo 14
 artículo 241
 artículo 29
 artículo 29