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Timestamp: 2018-10-22 06:02:12+00:00

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Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario. TÍTULO PRIMERO. Del Registro de la Propiedad y de los títulos sujetos a inscripción
Artículo 2 redactado por la disposición final primera del R.D. 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles («B.O.E.» 4 marzo).
Los bienes inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, conforme a su legislación especial. Artículo 5 redactado por R.D. 1867/1998, 4 septiembre («B.O.E.» 29 septiembre), por el que se modifican determinados artículos del Reglamento Hipotecario.
Téngase en cuenta que la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 31 enero 2001, declara nulo de pleno derecho el artículo primero del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta, entre otros, el artículo 6 del Reglamento Hipotecario, precepto radicalmente nulo por ser contrario a la Ley. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior conforme D. 393/1959, 17 marzo («B.O.E.» 25 marzo): «Si alguno de los bienes comprendidos en el artículo anterior, o una de sus partes, cambiare de destino y adquiriere el carácter de inscribible, se llevará a efecto su inscripción con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento. Si un inmueble de propiedad privada, o parte del mismo, adquiere la naturaleza de alguno de los enumerados en el artículo anterior, se hará constar esta circunstancia por nota marginal».
Los bienes inmuebles y derechos reales de las uniones temporales de empresas serán inscribibles en el Registro de la Propiedad siempre que se acredite, conforme al artículo 3 de la Ley Hipotecaria , la composición de las mismas y el régimen de administración y disposición sobre tales bienes, practicándose la inscripción a favor de los socios o miembros que las integran con sujeción al régimen de administración y disposición antes referido.
También podrán practicarse anotaciones preventivas de demanda y embargo a favor de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal. Téngase en cuenta que la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 31 enero 2001, declara nulo de pleno derecho el artículo primero del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta, entre otros, el artículo 11, párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del Reglamento Hipotecario, precepto radicalmente nulo por ser contrario a la Ley. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «Serán inscribibles las sentencias declarando la propiedad de los bienes inmuebles de capellanías colativas extinguidas o el mejor derecho para la conmutación de las existentes, y las actas de la misma conmutación expedidas por el Diocesano respectivo. En dichos casos se acompañará escritura describiendo los inmuebles, a no ser que hubiere recaído sentencia y en ella se describan, y traslado de la Orden ministerial, exceptuando a aquellos de la desamortización, mientras se exija por las disposiciones de Hacienda y cuanto en el juicio no se haya oído a la representación del Estado. Deberá asimismo presentarse dicho traslado cuando se transmitan los bienes a censo reservativo. También será inscribible el auto declarativo del derecho a la conmutación dictado en el procedimiento especial del Real Decreto de 17 de abril de 1925, en unión del acta de conmutación antes referida, y sin que las inscripciones practicadas en este caso surtan efecto respecto de tercero hasta después de transcurridos dos años desde la fecha en que fueron extendidas. Cuando los bienes conmutados o dados a censo no consten inscritos, habrá de presentarse, además, la escritura de fundación o el certificado de dominio expedido por el Diocesano, salvo lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley».
Salvo pacto en contrario, el cesionario no podrá enajenar ni gravar, sin consentimiento del cedente, los elementos independientes que constituyen la contraprestación. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 31 enero 2001, declara nulo de pleno derecho el artículo primero del Real Decreto 18671998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta, entre otros, el artículo 13, párrafos primero, segundo y tercero del Reglamento Hipotecario, precepto radicalmente nulo por ser contrario a la Ley. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior: «Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en las leyes, los subarriendos, subrogaciones y cesiones de arrendamiento serán inscribibles cuando tengan las circunstancias expresadas en el párrafo 5.º del artículo 2.º de la Ley, y las retrocesiones lo serán en todo caso.»
Las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 24 de febrero de 2000 y de 31 de enero de 2001, declara nulo de pleno derecho el artículo primero del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta, entre otros, el artículo 16.1 y 2. b) y c) del Reglamento Hipotecario, precepto radicalmente nulo por ser contrario a la Ley. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior, conforme D. 393/1959, 17 marzo («B.O.E.» 25 marzo): «1.º Para su eficaz constitución deberá inscribirse a favor del superficiario el derecho de construir edificios en suelo ajeno y el de levantar nuevas construcciones sobre el vuelo o efectuarlas bajo el suelo de fundos ajenos. Los títulos públicos en que se establezca dicho derecho de superficie deberán reunir, además de las circunstancias generales necesarias para la inscripción, las siguientes: A) Plazo de duración del derecho de superficie, que no excederá de 50 años. Transcurrido el plazo, lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del suelo, salvo pacto en contrario. B) Determinación del canon o precio que haya de satisfacer el superficiario, si el derecho se constituyere a título oneroso, pudiéndose estipular la reversión del todo o parte de lo edificado a favor del dueño del suelo al expirar el plazo convenido. C) Plazo señalado para realizar la edificación, que no podrá exceder de cinco años; sus características generales, destino y costo del presupuesto. D) Pactos relativos a la realización de actos de disposición por el superficiario. E) Garantías de trascendencia real con que se asegure el cumplimiento de los pactos del contrato. No serán inscribibles las estipulaciones que sujeten el derecho de superficie a comiso. 2.º El derecho de elevar una o más plantas sobre un edificio o el de realizar construcciones bajo su suelo, haciendo suyas las edificaciones resultantes, que, sin constituir derecho de superficie, se reserve el propietario en caso de enajenación de todo o parte de la finca o transmita a un tercero, será inscribible conforme a las normas del número 3.º del artículo 8.º de la Ley y sus concordantes. En la inscripción se hará constar: a) Las cuotas que hayan de corresponder a las nuevas plantas en los elementos y gastos comunes o las normas que se establezcan para su determinación. b) Las normas de régimen de comunidad, si se establecieren, para el caso de hacerse la construcción».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 31 enero 2001, declara nulo de pleno derecho el artículo primero del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta, entre otros, el artículo 17 del Reglamento Hipotecario, precepto radicalmente nulo por ser contrario a la Ley. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior, conforme D. 393/1959, 17 marzo («B.O.E.» 25 marzo): «Los bienes inmuebles y los derechos reales que pertenezcan al Estado y a las Corporaciones civiles y se hallen exceptuados o deban exceptuarse de la venta con arreglo a la legislación desamortizadora, se inscribirán en los Registros de la Propiedad de los partidos en que radiquen. Por los Ministerios de que dependan las Corporaciones, las oficinas o las personas que disfruten o a cuyo cargo estén los bienes expresados, se comunicarán a las mismas las órdenes oportunas, a fin de que reclamen las inscripciones correspondientes, y se les facilitarán los documentos y noticias que para ello sean necesarios. En la inscripción a favor del Estado podrá hacerse constar el Organismo o Servicio a que se hallaren adscritos los bienes. Si aquéllos tienen personalidad jurídica y los bienes pertenecen a su patrimonio independiente, se inscribirán a favor de los mismos».
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3.ª) de 31 enero 2001, declara nulo de pleno derecho el artículo primero del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, en cuanto modifica y redacta, entre otros, el artículo 18 del Reglamento Hipotecario, precepto radicalmente nulo por ser contrario a la Ley. Dado el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se reproduce a continuación el texto del artículo en su redacción anterior, conforme D. 393/1959, 17 marzo («B.O.E.» 25 marzo): «Siempre que exista título inscribible de la propiedad del Estado o de la Corporación sobre los bienes que deban ser inscritos con arreglo a los artículos 4.º, 6.º y 17 de este Reglamento, se presentará en el Registro respectivo, y se exigirá, en su virtud, una inscripción de dominio a favor del que resulte dueño, la cual deberá verificarse con sujeción a las reglas establecidas para la de los particulares y a las normas del artículo anterior. Cuando no exista título inscribible para practicar la inscripción, se estará a lo dispuesto en los artículos 206 de la Ley y concordantes de este Reglamento. Los cambios de adscripción de los bienes del Estado a distinto Ministerio por reorganización o alteración administrativa o por cualquier otra causa, y los que se produzcan a otro Organismo o Servicio del mismo Departamento, podrán inscribirse mediante el traslado de la disposición administrativa correspondiente.»
Téngase en cuenta que el D. 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado («B.O.E.» 23 abril) deroga expresamente la legislación desamortizadora. En la actualidad, véase la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas («B.O.E.» 4 noviembre). D 1022/1964 de 15 Abr. (TA de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado) L 33/2003 de 3 Nov. (patrimonio de las Administraciones Públicas)
4.ª Será título inscribible a favor del expropiante o beneficiario el acta en que consten el pago y la ocupación, o solamente el acta de ocupación, acompañada en este caso del documento que acredite la consignación del justo precio o del correspondiente resguardo de depósito del mismo. En virtud de dichos títulos se practicará, en su caso, la inmatriculación.
A los solos efectos de la inscripción, se entenderá fijado definitivamente el justo precio cuando por no haber acuerdo haya sido determinado aquél por el Jurado Provincial de Expropiación, o el organismo competente con arreglo a las disposiciones especiales.
5.ª El dominio y las cargas, gravámenes, derechos reales y limitaciones de toda clase, inscritos con posterioridad a la fecha de la nota marginal a que se refiere este artículo, se cancelarán al practicarse la inscripción a favor del expropiante o beneficiario y en virtud del mismo título, aunque los interesados no hayan sido parte en el expediente, para cuya cancelación bastará su expresión genérica.

References: Artículo 2
 Artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 205
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 18