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Timestamp: 2020-04-03 10:18:55+00:00

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SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
“Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Evolución y prospectiva a 60 años de su creación”
Relator: Prof. Dr. Christian G. Sommer (UNC-UCC)
Pre - relato
Efectuar una retrospectiva sobre sobre unos de los principales órganos de promoción y protección de los derechos humanos en la región americana no es tarea sencilla, pero constituye una propicia oportunidad para reflexionar sobre sus luces y sombras que han permitido que sea reconocida como una referencia indiscutida, al momento de evaluar las políticas públicas de los Estados en materias de derechos humanos reconocidos por los Instrumentos regionales de derechos humanos en la actualidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleva ya 60 años de ininterrumpida actividad, bregando para que los Estados (y en la actualidad otros sujetos y actores en las esferas nacionales e internacionales) adecuen progresivamente sus políticas estatales a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos a todos los habitantes de la mayoría del continente americano.
Ante ello, proponemos una serie de ítems que podrían ser abordados por los interesados en aportar análisis y debates en la Sección, sin que ello sea una limitante a que eventualmente se puedan presentar abordajes aquí no referidos, en tanto estén vinculados a tópicos de la Comisión Interamericana.
	Los alcances de las reformas a los reglamentos de la Comisión Interamericana.
	Desafíos para fortalecer el trabajo administrativo y orgánico de la Comisión Interamericana. Perspectivas de su plan estratégico 2017-2021.
	Debates sobre los mecanismos de presentación, selección y composición de comisiondado/as.
	El impacto del trabajo de las relatorías de la Comisión Interamericana
	Estado actual y necesidades de reformas al sistema de gestión de peticiones.
	El rol “político” de la Comisión y los asuntos internos de los Estados.
	Nuevos desafíos en las temáticas de abordajes en derechos humanos en el seno de la Comisión Interamericana.
	Los retos y efectividad de las recomendaciones de la Comisión Interamericana.
	El aporte en la concienciación y educación en y para los derechos humanos.
	La incidencia de la Sociedad Civil y los “lobbys” en la agenda de la Comisión Interamericana.
	El “diálogo” de la Comisión Interamericana con otros sistemas de protección de derechos humanos.
	Los aportes de la Comisión Interamericana en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos.
	Complementariedad o colisión entre las funciones de la Comisión Interamericana y órganos de control de los sistemas regionales de integración.
4 al 7 de septiembre de 2019 - Ciudad de Córdoba
Relator: Prof. Dr. Christian G. Sommer
I). Apreciaciones iniciales
Efectuar una retrospectiva sobre unos de los principales órganos de promoción y protección de los derechos humanos en la región americana no es tarea sencilla, pero constituye una propicia oportunidad para reflexionar sobre sus luces y sombras que han permitido que sea reconocida como una referencia indiscutida, al momento de evaluar las políticas públicas de los Estados en materias de derechos humanos reconocidos por los Instrumentos regionales de derechos humanos en la actualidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) lleva ya 60 años de ininterrumpida actividad, bregando para que los Estados (y en la actualidad otros sujetos y actores en las esferas nacionales e internacionales) adecuen progresivamente sus políticas estatales a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos a todos los habitantes de la mayoría del continente americano.
El presente texto no pretende desarrollar el mecanismo en particular de funcionamiento de la Comisión Interamericana de un modo formal e institucional, sino más bien reflexionar sus principales funciones y los actuales desafíos se plantean en su seno y ámbitos de aplicación.
II). Sus aspectos institucionales
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes (denominados Comisionados) que se desempeñan en forma personal y no vinculada a los Estados de los cuales son nacionales. A la vez, la institución cuenta con un Secretario Ejecutivo que coordina las actividades de la CIDH.
En abril de 1948, se funda la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos principios se enmarcan en los compromisos de los “(…) Estados americanos de proclamar los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo (artículo 3)”. A la vez, la Novena Conferencia de Estados que creó la OEA, aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en Bogotá, Colombia, el primer documento internacional vinculante de derechos humanos de la región.
La CIDH fue creada por la OEA en 1959, redactando un Estatuto y para 1961 la CIDH comenzó sus actividades principales de promover el respeto de los derechos humanos en la región. Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos. Los informes finales publicados en relación con estos casos pueden encontrarse en los informes anuales de la Comisión o por país y son publicados en formato electrónico por la Institución.
La labor de la CIDH se vio fortalecida cuando en 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH - conocida comúnmente como Pacto de San José de Costa Rica), que entró en vigor en 1978 y que se encuentra vigente actualmente en 23 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay . La Convención define los derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Y a la vez, incluyó en el instrumento internacional a la CIDH y la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) .
Aunque la CIDH, vincula en sus funciones, principalmente a los Estados partes de la CADH, La CIDH mantiene además facultades adicionales que antedatan a la Convención y no derivan directamente de ella, entre ellos, el de procesar peticiones individuales relativas a Estados que aún no son parte de la Convención, pero que sí han firmado la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre .
II.1) Funciones de la CIDH
Acorde a las funciones establecidas en la CADH y el actual Reglamento de la CIDH , ésta tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas de conformidad con el artículo 106 de la Carta de la OEA .
La CIDH, lleva adelante un importante número de actividades, entre ellas, el recibir, analizar e investigar peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han ratificado han violado derechos humanos. A la vez, observa la situación general de los derechos humanos en los Estados Miembros y publica informes especiales sobre la situación existente en determinado Estado Miembro, cuando lo considera apropiado, ya sea a través de informes de especialistas o por sus propios procesos de recabar información a través de visitas in loco . También recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos en los países del Continente y solicita a los Estados Miembros que adopten medidas cautelares, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 de su Reglamento, para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición ante la CIDH en casos graves y urgentes. Para dar mayor seguimiento a casos particulares o a denuncias más genéricas o incorporando en su agenda, temas de actualidad, celebra periódicamente audiencias (Capítulo VI del Reglamento). Las audiencias pueden ser de carácter general o particular relacionada con uno o más Estados Miembros de la OEA. Son públicas por regla general y se llevan a cabo por lo menos dos veces al año, durante los períodos ordinarios o extraordinarios de sesiones de la CIDH. Cualquier organización o grupo de organizaciones legalmente reconocidas, víctima de violaciones a los derechos humanos o su representante pueden solicitar una audiencia ante la CIDH.
Pero sin lugar a dudas, la labor de mayor impacto de la CIDH es el trabajo de gestión de las peticiones individuales que pueden presentar las personas ante el sistema interamericano, en el marco de las atribuciones otorgadas a la CIDH, inicialmente por la CADH y posteriormente por otros instrumentos interamericanos .
Los artículos 45 al 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 23, 24 y del 28 al 49 del Reglamento de la CIDH establecen la competencia de la CIDH de procesar y decidir sobre peticiones de denuncias individuales que reciban, como así también los requisitos que deben cumplir , el procedimiento aplicable y las posibles decisiones que pueden tomar al respecto. En efecto, cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Parte de la Convención pueden presentar peticiones relacionadas a violaciones de las disposiciones contenidas en la Declaración o en cualquiera de las convenciones firmadas y ratificadas por el Estado en cuestión. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH tiene la responsabilidad del estudio y tramitación inicial de las peticiones presentadas que cumplan con los requisitos. Si no los cumple, puede pedirle al peticionario que los complete. Cada petición se recibirá, se registrará y se dará acuse de recibo al peticionario. Si dos o más peticiones versan sobre los mismos hechos, personas o patrones de conducta similares, la Comisión las puede acumular y tramitar en conjunto. Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva envía las partes pertinentes de la petición al Estado y solicitará información, la cual debe ser entregada a los tres meses a partir de su transmisión. Sin embargo, las cuestiones de plazos en el sistema interamericano no son una característica que se cumplimente en su totalidad. La falta de recursos humanos de la CIDH para analizar todas las peticiones que se reciben por año, conllevan que, en algunos casos, entre que se presente una petición a la CIDH y ésta analice la admisibilidad del caso, transcurran varios años.
1.	La gravedad de la situación significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.
2.	La urgencia de la situación se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar.
3.	El daño irreparable significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
Es importante señalar que, antes de pronunciarse sobre el fondo, la CIDH fija un plazo para que las partes se manifiesten sobre si desean iniciar el procedimiento de solución amistosa, acorde las estipulaciones del artículo 40 de la CADH .
Según lo expresado por el artículo 42, la CIDH puede decidir el archivo de una petición o caso cuando no existan o subsistan los motivos que la fundamentaron, no cuenten con la información necesaria o el peticionario se muestre desinteresado en el proceso.
De considerar que no podido llegarse a un acuerdo entre las víctimas y el Estado, La Comisión debe indicar su decisión final en un informe. Si decide que hubo una violación de derechos humanos, debe enviar un informe preliminar al Estado con las recomendaciones correspondientes, el cual tendrá un tiempo determinado para informar sobre las medidas adoptadas. De igual forma, notificará al peticionario sobre el envío del informe preliminar al Estado. En caso de que el Estado sea parte de la Convención Americana, el peticionario tendrá un mes para enviar su postura con respecto al envío del caso a la Corte Interamericana.
Y en caso de no llegar a un acuerdo con el Estado, es el único órgano habilitado en el sistema regional a elevar casos ante la Corte IDH para que se establezca la responsabilidad internacional del Estado. Y en su vinculación con la Corte IDH, también la CIDH puede solicitar opiniones consultivas a la Corte IDH, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de la Convención Americana .
Como todo sistema internacional, la CADH contempla la posibilidad de que un Estado denuncie a otro por el incumplimiento de sus obligaciones con respecto a los derechos contenidos en la Declaración u otras convenciones en el marco de la OEA (artículo 50 del Reglamento). El procedimiento seguido es el mismo que el de las peticiones individuales, pero aún no ha sido utilizado.
Como órgano de protección y promoción de derechos humanos en el continente americano, la CIDH ha ido progresivamente avanzando en consolidar una agenda de trabajo y concienciación en el respeto de los derechos humanos consagrados en los principales instrumentos regionales. Pero esa labor, en la actualidad conlleva que se planteen una serie de reflexiones sobre el trabajo de la CIDH, lo que, sin ser abarcativos de todos ellos, reflejan algunas perspectivas a 60 años de su puesta en funcionamiento.
III). Los desafíos para fortalecer el trabajo administrativo y orgánico de la Comisión Interamericana. Perspectivas de su plan estratégico 2017-2021.
Desde los primeros pasos de la CIDH, los desafíos en su funcionamiento y en brindad un adecuado servicio de acceso a las víctimas de violaciones a derechos humanos, conllevo que el sistema de la CIDH vaya adquiriendo un mayor peso en la agenda interamericana. Las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado, implicaron graves violaciones a derechos humanos en la región y con ello el trabajo de la CIDH se fue acrecentando. Pero, con mejores mecanismos de control y una región con sistemas democráticos ya consolidados en la década de los noventa, se creyó que el trabajo de la CIDH no se desbordaría. Como se ha sostenido, la creencia en ese contexto fue erróneo. Mientras que la sociedad civil se fortaleció en los países de la región, el mecanismo de peticiones de casos ante la CIDH fue incrementando y con ello se volvió más completo y complejo el cúmulo de casos que llegaban a la CIDH, y aún lo hacen . Este panorama lleva desde hace un tiempo a la CIDH a buscar priorizar sus escasos recursos (que son aportados por los Estados Partes de la OEA) con una mirada estratégica de funcionamiento .
La CIDH continúa enfrentando desafíos de carácter endógeno y exógeno, que impactan su capacidad y eficiencia. Un primer desafío que enfrenta la Comisión y los Estados Miembros de la OEA tiene que ver con la necesidad de avanzar en la ratificación universal de los instrumentos del Sistema Interamericano como un factor crítico del pleno respeto y garantía de los derechos humanos en las Américas, en especial la CADH. Otro desafío es reforzar el trabajo de protección, promoción y colaboración con el Caribe y América Central. Por otra parte, frente a los desafíos siempre cambiantes en materia de derechos humanos, se destaca la importancia que tienen otros mecanismos no jurisdiccionales para el monitoreo de situaciones de derechos humanos, así como para contribuir con los Estados en sus acciones en materia de prevención e identificación de factores de riesgo de violaciones de derechos humanos y cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En este sentido, teniendo en cuenta el escenario de recursos limitados y para evitar la fragmentación o duplicación de esfuerzos, resulta imperioso para la CIDH definir estrategias de actuación para el uso integrado y articulado de sus diversos mecanismos de promoción y protección de derechos humanos; promover un equilibrio entre las relatorías temáticas; así como la incorporación de nuevos mecanismos ad-hoc que sirvan para mejorar la situación de derechos humanos en las Américas y responder a los desafíos presentes y futuros.
Para ello la CIDH a trabajo un ambicioso plan para lograr una serie de metas que le permita garantizar un mejor y ágil acceso de las personas al sistema y de su trabajo de gestión institucional. El Plan desarrolla la estrategia global mediante cinco objetivos estratégicos y veintiún Programas de trabajo . Un primer objetivo busca contribuir al desarrollo de una justicia interamericana más efectiva, oportuna y accesible para superar las prácticas de impunidad en la región y lograr la reparación integral de las víctimas. Con su segundo objetivo la CIDH busca tener incidencia en medidas preventivas y en los factores que dan lugar a las violaciones de derechos humanos. El tercer objetivo procura promover la democracia, la dignidad humana, la igualdad, la justicia y las libertades fundamentales. El cuarto objetivo pretende dar un impulso a la universalización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El quinto objetivo busca garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para fortalecer el rol institucional con miras a lograr un impacto positivo en el respeto de los derechos humanos en la región. El Programa Especial 21 intersecta transversalmente todo el Plan y busca mejorar sustancialmente el seguimiento a las recomendaciones que haga la CIDH para mejorar los niveles de efectividad del SIDH y tener un impacto transformador de la situación de los derechos humanos para todas las personas en las Américas.
Fruto del plan elaborado, un aspecto central y que constituye el “talón de Aquiles” de la institución, lo conforma el sistema de gestión de peticiones y casos. En las últimas décadas, las principales quejas hacia la CIDH han estado enfocadas en su “mora” al momento de dar respuestas a las peticiones presentadas . La CIDH emprendió acciones concretas con el objetivo de abordar el atraso crónico que existia en la etapa de estudio inicial y creó un Grupo de Atraso Procesal (GAP) que consiguió revisar un total de 6405 peticiones en el período entre diciembre de 2014 y julio de 2016. Las peticiones analizadas por el GAP fueron aquéllas que habían ingresado desde 2007 hasta 2013. De manera paralela a esta medida especial, el grupo de Registro continuó evaluando las peticiones recibidas en 2014 y 2015 en el año calendario inmediatamente posterior a la recepción de la denuncia. Con esta iniciativa, la Comisión superó el rezago procesal en la etapa de estudio inicial, habiéndose tomado decisiones sobre todas las peticiones que fueron presentadas hasta el año 2015 durante el año 2016, restando completar la ejecución administrativa de estas decisiones.
Ala vez, la CIDH comenzó un importante proceso para ir progresivamente eliminando los mecanismos de peticiones exclusivamente en papel, permitiendo que los documentos puedan digitalizarse y las presentaciones de peticiones sean en formato on-line. El Portal del Sistema Individual de Peticiones ha sido uno de los mayores avances en la modernización tecnológica y el acceso a la información para las personas usuarias de la CIDH. Los peticionarios y los Estados, en iguales condiciones, pueden acceder a información sobre sus peticiones, casos y medidas cautelares en trámite ante la CIDH de manera inmediata y gratuita. Además, se agilizó la transmisión de intercambio de comunicaciones y documentación. En su primer año de funcionamiento, fueron procesados 52.013 documentos y se recibieron 1.089 nuevas denuncias, lo cual tuvo impacto en la automatización de procesos ante la CIDH .
IV). El impacto del trabajo de las relatorías de la Comisión Interamericana
Desde la década de los noventa la CIDH ha venido desarrollando una serie de iniciativas de
carácter temático, es decir, referidas a algún derecho o derechos en particular o a determinados
colectivos vulnerables. Esto resulta complementario a los Informes sobre Países, que dicen relación con la situación general de los derechos humanos en un Estado específico. En este sentido, han sido elaborados Informes sobre temas tales como la situación de los derechos humanos de las mujeres, de las personas privadas de libertad, las condiciones de los trabajadores migratorios y sus familias, etc. Este trabajo se ha venido desarrollando especialmente a través de las relatorías temáticas que la Comisión ha creado en los últimos 15 años.
En el Reglamento de la CIDH aprobado en 2008, se introdujo una reforma al Artículo 15 sobre “Relatorías y Grupos de Trabajo”, introduciendo por primera vez en dicho instrumento el concepto de “Relatoría Temática”. El Reglamento vigente, aprobado en noviembre de 2009, establece que las Relatorías “podrán funcionar ya sea como relatorías temáticas, a cargo de un miembro de la Comisión, o como relatorías especiales, a cargo de otras personas designadas por la Comisión”. En general, las relatoras y relatores temáticos son designados por la CIDH durante el primer período de sesiones del año, pero el Reglamento prevé que estas designaciones pueden ser revisadas y modificadas en cualquier “momento que resulte necesario”. Asimismo, establece que los parámetros conforme a los cuales la Comisión designa a las personas a cargo de las relatorías especiales, y establece para los mismos un período de tres años, renovable por un período más.
Desde las primeras relatorías hasta la actualidad, la CIDH desarrolla acciones de incidencia en políticas de derechos humanos en temas diversos como:
a)	Derechos de la Niñez: La Relatoría colabora en el análisis y evaluación de la situación de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes en las Américas. La Relatoría asesora a la CIDH en el trámite de peticiones, casos y solicitudes de medidas cautelares y provisionales en materia de niñez y adolescencia. Asimismo, realiza visitas a los Estados, y elabora estudios e informes.
b)	Derecho de las personas privadas de libertad: Desde 2004, esta Relatoría monitorea la situación de las personas sometidas a cualquier forma de privación de libertad en los Estados miembros de la OEA. Para ello, y entre otras funciones, la Relatoría realiza visitas a los Estados, promueve los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a fin de proteger los derechos de personas privadas de libertad, y prepara informes que contienen recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados Miembros de la OEA a fin de avanzar en el respeto y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Desde febrero de 2019, el mandato de la Relatoría incluye también la prevención y combate contra la tortura.
c)	Derechos de los Pueblos Indígenas: Desde la década de los ochenta la Comisión Interamericana se ha pronunciado en forma sistemática sobre los derechos de los pueblos indígenas en sus informes especiales y a través del sistema casos, en informes de admisibilidad, informes de fondo, informes de solución amistosa, el mecanismo de medidas cautelares, como también a través de demandas y solicitudes de medidas provisionales interpuestas ante la Corte Interamericana. En este sentido, la Comisión Interamericana ha expresado la necesidad de exigir una especial protección al derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, porque su goce efectivo implica, no sólo la protección de una unidad económica, sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra. En el año 1990 creó la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, con el objeto de brindar atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área.
d)	Derechos de las Mujeres: la Relatoría sirve para crear conciencia sobre la necesidad de adoptar nuevas medidas para garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos básicos; formular recomendaciones específicas que fomenten el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones prioritarias de igualdad y no discriminación; promover mecanismos que el sistema interamericano de derechos humanos ofrece para proteger los derechos de las mujeres, como por ejemplo, la presentación de denuncias individuales de violaciones; preparar estudios especializados e informes en este campo; y asistir a la Comisión en la respuesta a peticiones y demás informes de violaciones de estos derechos en la región.
e)	Derecho de los Pueblos afrodescendientes y contra la discriminación racial: marzo de 2005, la Comisión Interamericana creó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. La Relatoría recibió la responsabilidad de dedicarse a estimular, sistematizar, reforzar y consolidar la acción de la Comisión Interamericana respecto de los derechos de las personas de ascendencia africana y contra la discriminación racial. Los objetivos principales de la Relatoría incluyen trabajar con los Estados miembros de la OEA para generar el conocimiento con respecto a las obligaciones de los Estados de respetar los derechos humanos de los afrodescendientes y la eliminación de todas las formas de discriminación racial, analizando los desafíos actuales que confrontan los países de la región en este área, formulando recomendaciones diseñadas para vencer los obstáculos, identificando y compartiendo mejores prácticas en la región con respecto a este asunto, y proporcionando cualquier ayuda técnica solicitada por los Estados miembros en la implementación de las recomendaciones en la ley nacional y en la práctica.
f)	Defensores y Defensoras de derechos Humanos: En marzo de 2011, la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, en consideración de las denuncias recibidas y en busca de dar mayor visibilidad a la importancia del rol de las defensoras y los defensores, así como de los operadores de justicia, en la construcción de una sociedad democrática en la que tenga plena vigencia el Estado de derecho. La Relatoría, a través de distintas tareas le da seguimiento a la situación de todas las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos en la región, incluyendo la situación de los y las operadores de justicia.
g)	Derecho de los Migrantes: En 1996, en respuesta a la grave situación que enfrentaban los desplazados internos y los trabajadores migrantes y sus familias en diversos países del continente, la CIDH decidió crear la Relatoría sobre Desplazados Internos y la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. Si bien la creación de estas relatorías la CIDH sirvió para brindar una mayor atención a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, así como de los desplazados internos, la protección y promoción de los derechos humanos de otros grupos de personas en situación de vulnerabilidad en el contexto de la movilidad humana también ha sido uno de sus principales focos de trabajo de la CIDH desde sus orígenes como consecuencia de las migración forzadas de cientos de miles de personas que se vieron tuvieron que huir o abandonar sus hogares como consecuencia de las dictaduras y conflictos armados que ocurrieron en la región a lo largo del siglo XX. En 2012, la CIDH decidió modificar el mandato de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias [ahora Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes], con el propósito de dar respuesta a la multiplicidad de desafíos que plantea la movilidad humana en la región, ya sea como migración internacional o interna o como migración forzada o voluntaria.
h)	Derecho de las personas GLBTI: Entró en funciones en 2014, dando continuidad a las principales líneas de trabajo de la Unidad LGBTI ocupándose de temas de orientación sexual, identidad y expresión de género y diversidad corporal. El trabajo de la relatoría, consiste en recabar fuentes de información que incluyen presentaciones orales y escritas durante audiencias públicas, información recibida durante visitas in loco, peticiones y solicitudes de medidas cautelares recibidas por la Comisión, y, en general, información recogida por los distintos actores del Sistema, apuntan a una hipótesis de trabajo que indica que los problemas sistémicos enfrentados por estas personas en la región incluyen la criminalización, los altos índices de violencia e impunidad relacionada, la discriminación en el acceso a los servicios de salud y justicia y para el acceso a la educación, el sector laboral y participación política, así como la exclusión y la invisibilidad de estas violaciones.
i)	Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión: La Relatoría Especial fue creada por la CIDH en octubre de 1997, durante su 97º Período de Sesiones, por decisión unánime de sus miembros. La Relatoría Especial fue establecida como una oficina permanente e independiente que actúa dentro del marco y con el apoyo de la CIDH. Con ello, la CIDH buscó estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático, así como en la protección, garantía y promoción de los demás derechos humanos.
j)	Relatoría Especial para los derechos Económicos, Sociales, Cultirales y Ambientales: En 2012, la Comisión en virtud de su compromiso con el fortalecimiento de su trabajo en derechos económicos, sociales y culturales, y en respuesta a las sugerencias de los Estados y de la sociedad civil, decidió crear una Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Unidad DESC) y en 2017 puso en funciones por primera vez la relatoría especial. El tema de los derechos económicos, sociales y culturales es una de las cuestiones más actuales y uno de los desafíos más complejos en el Continente.
V). Los retos y efectividad de las recomendaciones de la Comisión Interamericana.
La cuestión relativa a la efectividad y eficacia de las recomendaciones hechas por la CIDH a los Estados a través de sus informes de casos y soluciones amistosas, medidas cautelares, informes temáticos y de país y demás mecanismos de monitoreo, se evidencia como un aspecto angular en el que la organización debe redoblar sus esfuerzos.
Más allá de la posibilidad de remitir casos a la Corte IDH, la competencia de la Comisión para verificar el cumplimiento de sus recomendaciones no está expresamente contenida en la CADH.
De allí que se considere que la CIDH desarrolla sus funciones con base en la teoría de las facultades implícitas, como condición necesaria para que el organismo pueda cumplir sus obligaciones de una forma adecuada, y ello puede apreciarse sobre todo a partir de la reforma de su Reglamento en 2001 . La reforma más relevante a su facultad de verificar la implementación se encuentra en el artículo 48 del Reglamento , que permite a la CIDH un trabajo más institucionalizado.
Pero como se expresa también, es medular que los Estados cumplimenten las recomendaciones de la CIDH en los casos planteados ante el organismo regional. De lo contrario, el sistema interamericano decaería si supusiéramos que los Estados no se hallan sujetos al deber de atender las recomendaciones de la Comisión –bajo el imperio de la regla pacta sunt servanda, aplicada a la Convención Americana de Derechos Humanos, como dispone el Pacto de San José, de obligatoria observancia a cargo de las partes en el Convenio .
Para medir el alcance del cumplimiento que se reclama de los Estados –y que es condición
de la eficacia de un sistema construido por los propios Estados y constantemente
sustentado por éstos en su discurso político; es preciso recordar los deberes que aquéllos han asumido, en ejercicio de su soberanía, no en detrimento de ella, al incorporarse como partes en la CADH, sea bajo la fórmula de la ratificación, sea bajo el concepto de la adhesión. Esos deberes asumidos, cuyos términos recogen los artículos 1º y 2º de la CADH, suponen la obligación implícita de reconocer los derechos y las libertades que enuncia aquel instrumento y la filosofía que ese reconocimiento supone: la convicción de que el Estado se somete al principio pro homine en la formulación, interpretación y aplicación de derechos y libertades, y de que por lo tanto acepta que la sociedad y el Estado se han constituido –como lo proclamaron los documentos fundacionales de la era moderna, cuando se refieren a la asociación política– precisamente para preservar los derechos humanos de quienes se hallan sujetos a su jurisdicción . Como se ha expresado también, nos hallamos ante normas “fundamentales” en cuanto a las obligaciones de los Estados para el cumplimiento de los derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos .
Para dar respuesta a esas demandas. La CIDH creó en el marco de su último plan estratégico, el Programa Especial de Seguimiento de las Recomendaciones de la CIDH. Una condición indispensable para la eficacia del SIDH es que los Estados implementen las recomendaciones y decisiones de la CIDH. Si bien se han visto avances y algunos Estados, por ejemplo, han introducido reformas legislativas para implementar las decisiones internacionales, el nivel de implementación para garantizar la efectividad del SIDH continúa siendo un desafío. Por ello, como componente central de la estrategia del Plan, la CIDH se propone desarrollar este programa transversal en el cual espera poner en marcha acciones articuladas para el seguimiento de recomendaciones en todos los mecanismos (informes de casos, resoluciones de medidas cautelares, informes temáticos y de país, audiencias y el seguimiento de acuerdos de soluciones amistosas). Este programa incluirá la conformación de una base de datos de las recomendaciones de la CIDH para el desarrollo de un Sistema Interamericano de Monitoreo de Recomendaciones (SIMORE-Interamericano). Para conformar el Sistema será importante producir una metodología común para la formulación y medición de recomendaciones en sus diferentes mecanismos que permita hacer el seguimiento; el diseño de indicadores; una estrategia e instrumentos comunes de seguimiento de las recomendaciones; el seguimiento de la información generada por Estados y sociedad civil para producción de Informes; el mapeo de casos exitosos, buenas prácticas y lecciones aprendidas en implementación de recomendaciones; y estrategias conjuntas con organismos internacionales y otros actores en terreno para verificación de la implementación de recomendaciones. Se incluye en este Programa además el fortalecimiento del diálogo y cooperación con los Estados, así como una mejor asistencia para el seguimiento de las recomendaciones, su aplicación y la incorporación de estándares. Se pretende también crear enlaces subregionales para el seguimiento de recomendaciones en nivel local y regional.
VI) Nuevos desafíos en las temáticas de abordajes en derechos humanos en el seno de la Comisión Interamericana.
La Comisión desarrolló estándares y ha puesto sus observaciones sobre temas novedosos que permiten avizorar la amplitud de temáticas que en forma progresiva se sumando al trabajo de la Institución.
Estos temas incluyen, por ejemplo: la respuesta a la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos; los derechos políticos y salvaguardas para evitar represalias por su libre ejercicio; los derechos de los niños y niñas en procesos de adopción internacional; la discriminación por orientación sexual en la aplicación de sanciones; la discriminación por orientación sexual en derechos pensionales; los derechos de las personas con estatuto de refugiadas o solicitantes de asilo; la responsabilidad estatal por falta de fiscalización de bancos de sangre y contaminación por VIH; la discriminación por vivir con VIH; los derechos de las personas con discapacidad, particularmente en situación de privación de libertad; la libertad de expresión y espectro radioeléctrico; la libertad de expresión e Internet; y los estándares sobre prevención, protección y procuración de justicia en temas de violencia contra periodistas, los impactos ambientales y su vinculación con los derechos humanos,. las vinculaciones entre responsabilidad de las empresas de industrias extractivas y los derechos humanos., entre otros.
VII). Los procesos de selección de los miembros de la Comisión Interamericana
Como muestra de un proceso de cambio y de mayor democratización interna, los órganos del SIDH están encaminados a fortalecer los mecanismos que permitan un mayor conocimiento a los Estados y la Sociedad civil de los postulantes a los cargos de comisionados de la CIDH.
Cabe recordar que los requisitos mínimos para ser Comisionado o Comisionada, la CADH no exige ser jurista, pero sí contar con alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Además, el Estatuto de la CIDH considera como incompatible para el cargo de comisionado/a, el ejercicio de actividades que pudieran afectar la independencia, dignidad o prestigio de este cargo.
La elección de nuevos integrantes de la CIDH, se realiza por voto secreto, durante la Asamblea General de la OEA previa al fin del mandato de los miembros que se retiran. Aunque las capacidades, méritos e idoneidad para el cargo deberían ser los criterios fundamentales para que un Estado decida apoyar o no a un candidato, el intercambio de votos es una práctica común. Los Estados que presentan candidatos buscan el apoyo del resto de países, en algunos casos a cambio del apoyo recíproco en alguna elección futura para otro órgano internacional. Aunque estas negociaciones y la estrategia de apoyo a los candidatos se manejan de forma muy reservada, es claro que los últimos años se han sofisticado e incluyen no solo visitas de los candidatos a las misiones de los países ante la OEA en Washington D.C. (gira organizada por el país que los presenta) sino también visitas a las cancillerías en sus propias sedes.
Si bien en la práctica los órganos del SIDH han estado integrados por reconocidos juristas que han avanzado la jurisprudencia y creado importantes estándares de protección en materia de derechos humanos, persisten serias limitaciones en los procesos de selección de miembros de la CIDH y la Corte IDH. Las mismas resultan en que hoy en día el SIDH no sea representativo de la diversidad, sistemas legales y culturas que conviven en nuestro continente, lo cual a su vez tiene un efecto en la legitimidad de las decisiones emitidas por los órganos de protección. El ejemplo más claro es la composición mayoritariamente masculina de la CIDH y la Corte IDH, la ausencia de miembros de pueblos indígenas o una mayor representatividad de pueblos afrodescendientes en ambos órganos de protección.
Para darle mayor transparencia a ese proceso, es que desde el año 2015 se viene implementando por parte de la Sociedad Civil. la conformación de un panel independiente de juristas y expertos en derechos humanos, que además representaban una diversidad de países de origen y garantizaban un balance de género. Además de hacer una evaluación rigurosa de los candidatos/as a la CIDH, el Panel elaboró en esa oportunidad, recomendaciones concretas para mejorar los procesos de selección de candidatos/as a nivel nacional. Con respecto a las elecciones en el seno de la OEA, el Panel recomendó que se establezca un Comité Consultivo ad hoc responsable de asegurar la idoneidad de las candidatas y los candidatos para su servicio como comisionado/a o juez/a interamericano .
En la reciente selección de miembros de la CIDH de 2019, un nuevo panel de expertos conformado por cinco juristas latinoamericanos, elaboró nuevas recomendaciones a ser tenidas en cuenta por los Estados .
Por otra parte, se alzan de a poco las voces para que los Estados también establezcan mecanismos internos de pre-selección de candidatos. En esa línea, desde la Sociedad Civil se propugna que los Estados designen un organismo encargado de coordinar el proceso de selección de candidatos/as y, en particular, de informar al público sobre la existencia de vacantes en los órganos internacionales de vigilancia de derechos humanos a efectos de lograr la participación de personas calificadas que pudieran estar interesadas. Los Estados deberían establecer a nivel nacional un proceso abierto, transparente e inclusivo para identificar y designar candidaturas a los órganos del Sistema .
VIII). Dialogo del trabajo de la CIDH con otros organismos regionales e internacionales
La búsqueda de fortalecer el trabajo de los órganos de protección de derechos humanos, ha conllevado a un mayor “diálogo” y cooperación entre los organismos que posibiliten conocer de sus experiencias y abordajes en las situaciones de violaciones a derechos humanos allí planteadas.
En ese camino, en 2018 la CIDH efectuó reuniones de trabajo con la Comisión Africana de derechos Humanos y otros expertos independientes de órganos de Naciones Unidas. compartir mejores prácticas y desafíos, identificar campos de colaboración y reafirmar el compromiso de los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y los sistemas regionales de derechos humanos interamericanos y africanos, en temas diversos como erradicación de la violencia y la discriminación en base a la orientación sexual y la identidad de género. Expertos de las Naciones Unidas subrayaron su apoyo al trabajo llevado a cabo en este campo por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e hicieron hincapié en la contribución de estos organismos regionales a la protección de individuos, grupos, comunidades y pueblos históricamente sometidos a discriminación.
Sin embargo, es el intercambio de experiencias y prácticas entre el SIDH y el Sistema de órganos convencionales de Naciones Unidas donde se aprecian las mayores similitudes. Parte de los vínculos entre órganos de protección se constituye por la coincidencia en el marco normativo de ambos sistemas convencionales, ya sea por el contenido de los derechos establecidos en los instrumentos internacionales o por las interpretaciones que los órganos de tutela han establecido en la adopción de decisiones y jurisprudencia .
A la vez, se ha avanzado en el dialogo sobre el abordaje de los informes sobre situación de violaciones de derechos humanos en los países. Cabe recordar que tanto en el SIDH y el sistema de Naciones Unidas, existen países que están obligados en ambos mecanismos de protección, aunque los procesos de informes sean diferentes, en el sistema convencional de Naciones Unidas los órganos creados en virtud de tratados examinan periódicamente informes que presentan los Estados, a través de un procedimiento que combina etapas escritas, junto a audiencias públicas que sirven para llevar adelante un diálogo interactivo entre los Comités y los Estados Partes. Esta competencia de los órganos convencionales de Naciones Unidas no se ve reflejada en un procedimiento exactamente equivalente dentro de las competencias de los órganos principales del sistema interamericano de derechos humanos (Comisión y Corte Interamericana), aunque una facultad parecida posee el Comité Interamericano sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belem do Pará.
En igual sentido en lo concerniente a los casos individuales ante los órganos, como ya se expresó, en el SIDH los casos individuales pueden presentarse en relación a cualquier Estado miembro de la OEA y se introducen frente a la CIDH, que es la vía de entrada para toda comunicación individual. En el actual sistema convencional de Naciones Unidas, el mecanismo de peticiones individuales se ha desarrollado a lo largo del tiempo, ya que no todos los Comités desde su origen estuvieron facultados para resolver casos. Como consecuencia del desarrollo mencionado, luego de la adopción del Tercer Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los Comités que existen actualmente pueden recibir comunicaciones individuales. Dicho mecanismo, no es automático como en el sistema interamericano, donde basta que un Estado simplemente pertenezca a la OEA. En el sistema convencional de la Organización de Naciones Unidas, para los casos en que el mecanismo de comunicaciones individuales se encuentra receptado en el “instrumento principal” (Pacto o Convención), los Comités respectivos tendrán competencia respecto a un Estado parte, solamente si el mismo realizó una declaración especial aceptando dicho procedimiento. Para los otros casos, es decir cuando el mecanismo de comunicaciones individuales no está previsto en un Pacto o Convención, sino que ha sido establecido en un Protocolo, lógicamente los Comités solamente pueden ejercer dicha competencia si el Estado demandado ha ratificado o adherido al mencionado protocolo, además de ser parte en el instrumento principal.
IX). Complementariedad o colisión entre las funciones de la Comisión Interamericana y órganos de control de los sistemas regionales de integración.
Un aspecto que ha tenido debate en las últimas décadas ha estado enmarcado en la conveniencia o no de la duplicidad de mecanismos de protección de derechos humanos por parte de los mismos Estados que componen a la vez, órganos ya existentes de protección de derechos humanos y la posibilidad que los órganos de procesos de integración cuenten con los propios. Un ámbito común de esa situación lo ha evidenciado en el marco del mecanismo de integración MERCOSUR. Esta organización internacional, si bien en su origen se concibió con objetivos estrictamente económicos, con el tiempo fue dejando de ser solo un mercado común y se transformó en una alianza estratégica basada en ciertos principios compartidos; esta evolución conllevó una fuerte ampliación de su agenda, seguida de un intenso proceso de “expansión institucional”. En ese marco, se constituyó un “grupo ad hoc” sobre derechos humanos, definido luego como la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos (RAADH) . En esa línea también debe mencionarse que en 2010 se creó el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH). La RAADH es un espacio que permite un intercambio abierto, entre las principales autoridades políticas, en materia de derechos humanos en la subregión con potencialidad para la articulación de políticas públicas en el ámbito interno, así como decisiones de política exterior en derechos humanos. La labor de esta instancia ha enfrentado diversos obstáculos principalmente de carácter burocrático–institucional
que han impedido que se convierta en un órgano activo de coordinación de políticas con impacto efectivo y directo en materia de derechos humanos. Estas limitaciones, se explican, entre otras razones, por la ausencia de planificación estratégica en su agenda, situación que ha redundado en que, hasta hace poco, sus principales decisiones fueran apenas meras reiteraciones de declaraciones adoptadas en el nivel de las jefaturas de Estado.
La existencia de órganos regionales o sub regionales de derechos humanos, pueden ser visto como un fortalecimiento de los mecanismos de protección y promoción de derechos humanos, pero a la vez, un socavamiento de uno sobre el otro, ya que pueden generar una “inflación” de procesos de control sobre situaciones de violaciones de derechos humanos que, como se expresara anteriormente, los Estados coinciden en forma parte de mismos tratados de derechos humanos en diversos sistemas de protección internacional.
Esas perspectivas fueron las que se marcaron también en los intentos de conformar un órgano en ámbito del UNASUR denominada Coordinación Sudamericana de Derechos Humanos. Frente a esa situación, diversos Estados y organizaciones sociales vieron esta propuesta con gran preocupación al entender que se estaba impulsando la sustitución directa del SIDH —o por lo menos, indirecta por vía de la deslegitimación— por un nuevo y distinto entramado en el marco de la UNASUR. Como se ha señalado. demandar la sustitución de un espacio por otro, desconoce las diferencias fundamentales entre un sistema de protección de
los derechos humanos como el sistema interamericano, y un foro o consejo exclusivamente político sobre la materia. Si bien mecanismos de este último tipo, como el Examen Periódico Universal (EPU) que funciona en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pueden contribuir de distintas maneras a la mejora de la situación de dichos derechos, no reemplazan a los judiciales o cuasi judiciales, integrados por expertos en derechos
humanos . La noción de mecanismos internacionales de protección se relaciona con la idea de que los individuos tengan una instancia adicional a la que recurrir en caso de violación de sus derechos fundamentales, una vez que se hayan agotado los canales internos de respuesta. Ese recurso internacional implica un espacio que se pretende distinto e independiente de los Gobiernos nacionales

References: artículo 106
 Artículo 25
 artículo 40
 artículo 42
 Artículo 64
 Artículo 15
 artículo 48