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Timestamp: 2017-03-24 10:11:01+00:00

Document:
Inadmisión de demanda de nulidad de laudo arbitral por falta de apoderamiento a Procurador transcurrido el plazo concedido para subsanación
José Fancisco Ceres Montés
Número Sentencia:
Número Recurso:
Voces sustantivas: Legítima, Negligencia, Principio de proporcionalidad, Apoderamiento, Derecho a la tutela judicial efectiva, PlazosVoces procesales: Acceso al proceso, Anulación del laudo, Apoderamiento del procurador, Causas de inadmisión, Derecho a la tutela judicial efectiva, Inadmisión de la demanda, Laudo arbitral, Poder del procurador, Postulación, Presentación de la demanda, Principio de proporcionalidad, Resoluciones judiciales, Representación procesal, Posibilidad de subsanación, Preclusión, Principio pro actione
Recibida por el Tribunal escrito de demanda de procedimiento verbal en solicitud de anulación del laudo arbitral sin aportar junto con el escrito de demanda el poder de representación procesal requerido para el caso y concedido al demandante el plazo de diez días para subsanar la omisión, plazo de preclusión que deja transcurrir sin alegar circunstancia alguna al efecto, se dicta auto inadmitiendo a trámite la demanda.
Se expone que, sobre el apoderamiento del Procurador, el art. 24.1 LEC establece que "el poder en que la parte otorgue su representación al procurador habrá de estar autorizado por notario o ser conferido por comparecencia ante el Secretario judicial de cualquier Oficina judicial", y el art. 24.2 que "la escritura de poder se acompañará al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento "apud acta" deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador".
Acaeciendo, en el caso examinado, que tal apoderamiento era inexistente en el momento de presentación de la demanda y además se deja transcurrir por el demandante el plazo concedido para suplir su falta.
Conforme a la doctrina constitucional "el derecho a la tutela judicial efectiva consagra el derecho fundamental a que un Tribunal resuelva en el fondo las controversias de derechos e intereses legítimos planteadas ante él, salvo que lo impida una causa de inadmisión fundada en un precepto expreso de una Ley que, a su vez, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho". Configura de esta manera el núcleo del derecho fundamental "de acceso a la jurisdicción", en el cual el principio pro actione despliega su máxima eficacia, exigiendo que "los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos tengan presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad" (STC 24/2003, de 10 de febrero). Supeditado, no obstante, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, al ser un derecho prestacional de configuración legal, a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que también se satisface aquel derecho cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión, apreciando la concurrencia de un óbice fundado en un precepto expreso de la Ley (SSTC 48/1998, de 2 de marzo, 252/2000, de 30 de octubre, 60/2002, de 11 de marzo y 77/2002, de 8 de abril). [siguiente]
Existiendo, en materia de resoluciones judiciales que declaran la inadmisibilidad de recursos por defectos formales en los actos de postulación o representación procesal de las partes, una reiterada y consolidada jurisprudencia constitucional (entre otras, SSTC 287/2005, de 7 de noviembre y 241/2007, de 10 de diciembre) que comienza por subrayar que "la falta de acreditación de la representación procesal es subsanable, si el defecto se reduce a esa mera formalidad y siempre que tal subsanación sea posible, de modo que en tales supuestos el órgano judicial debe conferir a las partes la posibilidad de subsanación antes de impedirles el acceso al proceso o al recurso legalmente previsto". Pero declarando el TC que la infracción por los órganos judiciales de las reglas procesales carece de relevancia constitucional cuando el propio interesado ha contribuido decisivamente, con su impericia o negligencia, a causar la situación de indefensión que denuncia. No hay por tanto vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cuando el propio interesado, ignorando o despreciando las posibilidades de subsanación a su alcance, no hizo lo necesario para defender sus derechos e intereses.
Así el Auto del Tribunal Constitucional nº 299/1999 (Sala 2ª, Sección 4ª) de 13 de diciembre, en que se dio a la parte la posibilidad de subsanar la omisión de la presentación del poder que acreditara la representación del Procurador y no lo hizo pese a haber sido requerida para ello, indica que la resolución que inadmite el escrito era ajustada a Derecho y no vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, tras declarar que el art. 24 CE impide que se clausure el proceso por defectos que pudieron ser subsanables, que han de considerarse subsanables la falta de apoderamiento o de legalización del poder del procurador y que el órgano judicial debe dar oportunidad a la parte para subsanar la referida omisión, que ello no debe amparar situaciones debidas a la pasividad, negligencia o malicia de la parte y que el deber impuesto a los órganos judiciales de disponer la subsanación de los óbices de procedibilidad no es incompatible con la obligación que tiene el litigante de cumplir con los presupuestos y requisitos formales propios de cada acto procesal, lo que es una manifestación del más genérico deber de las partes de colaborar con la justicia.
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNITAT VALENCIANASALA DE LO CIVIL Y PENALVALENCIANIG Nº 46250-31-2-2016-0000043Anulación de Laudo Arbitral - 000015/2016AUTO nº 39/2016Exma. Sra. PresidentaDª. Pilar de la Oliva MarradesIltmos. Sres. MagistradosD. Antonio Ferrer GutiérrezD. Juan Climent BarberáD. José Fancisco Ceres MontésDª Pía Calderón CuadradoEn la ciudad de Valencia, a veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ FRANCISCO CERES MONTES.
PRIMERO.- Por D. CARLOS, obrando en nombre y representación de D. DANIEL, se presentó demanda de procedimiento verbal en solicitud de anulación del laudo arbitral dictado con fecha 16 de diciembre de 2013 por la entidad Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), frenta a D. VICENTE.
SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación del Sr. Letrado de la Administración de Justicia de fecha 25 de abril de 2016 se registró la demanda en los libros correspondientes, se turnó la ponencia y se acordó, a la vista de que el Letrado no puede ostentar la representación de los actores, hacerle saber que en el plazo de diez días habría de subsanarse el defecto apreciado, compareciendo por medio de Procurador con poder bastante al efecto.
TERCERO.- Notificada la citada diligencia, D. CARLOS presentó escrito al que acompañaba resguardo de la solicitud presentada en el Servicio de Orientación Jurídica de Valencia, acordándose por diligencia de ordenación de fecha 24 de mayo de 2016 estar a la espera de la resolución de la solicitud de justicia gratuita.
CUARTO.- En fecha 12 de julio se recibió oficio del Colegio de Abogados de Valencia, comunicando no haberse procedido a la designación de Letrado tras requerirse al solicitante para que subsanara las deficiencias documentales existentes, y no hacerlo dentro del plazo legal establecido en el artículo 14 de la Ley 1/96, y por diligencia de ordenación de misma fecha se alzó la suspensión acordada requiriendo a los demandantes para que en el plazo de diez días comparecieran por medio de abogado y procurador, bajo los apercibimientos a que hubiere lugar.
QUINTO.- Notificada la anterior diligencia el día 23 de julio de 2016 y no habiéndose presentado escrito, se dictó diligencia de ordenación en fecha 13 de septiembre dando cuenta al Magistrado Ponente para que por la Sala se resolviera lo oportuno.
PRIMERO.- Sobre el apoderamiento del Procurador la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 24.1, establece que "el poder en que la parte otorgue su representación al procurador habrá de estar autorizado por notario o ser conferido por comparecencia ante el Secretario judicial de cualquier Oficina judicial", y el artículo 24.2 que "la escritura de poder se acompañará al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento "apud acta" deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador".
Evidentemente en el caso examinado tal apoderamiento era inexistente en el momento de presentación de la demanda, dejando además transcurrir el demandante el plazo concedido para suplir su falta.
SEGUNDO.- Es reiterada la doctrina constitucional según la cual "el derecho a la tutela judicial efectiva consagra el derecho fundamental a que un Tribunal resuelva en el fondo las controversias de derechos e intereses legítimos planteadas ante él, salvo que lo impida una causa de inadmisión fundada en un precepto expreso de una Ley que, a su vez, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho". De esta manera configura el núcleo de este derecho fundamental "el derecho de acceso a la jurisdicción", en el cual el principio pro actione despliega su máxima eficacia, exigiendo que "los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos tengan presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad" (STC 24/2003, de 10 de febrero) Cierto es que el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva al ser un derecho prestacional de configuración legal, está supeditado a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que también se satisface aquel derecho cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión, apreciando la concurrencia de un óbice fundado en un precepto expreso de la Ley" (SSTC 48/1998, de 2 de marzo, 252/2000, de 30 de octubre, 60/2002, de 11 de marzo y 77/2002, de 8 de abril).
TERCERO.- En materia de resoluciones judiciales que declaran la inadmisibilidad de recursos por defectos formales en los actos de postulación o representación procesal de las partes ya existe una reiterada y consolidada jurisprudencia constitucional (entre otras, SSTC 287/2005, de 7 de noviembre y 241/2007, de 10 de diciembre) que comienza por subrayar que "la falta de acreditación de la representación procesal es subsanable, si el defecto se reduce a esa mera formalidad y siempre que tal subsanación sea posible, de modo que en tales supuestos el órgano judicial debe conferir a las partes la posibilidad de subsanación antes de impedirles el acceso al proceso o al recurso legalmente previsto". El Tribunal Constitucional ha declarado que la infracción por los órganos judiciales de las reglas procesales carece no obstante de relevancia constitucional cuando el propio interesado ha contribuido decisivamente, con su impericia o negligencia, a causar la situación de indefensión que denuncia. No hay por tanto vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva cuando el propio interesado, ignorando o despreciando las posibilidades de subsanación a su alcance, no hizo lo necesario para defender sus derechos e intereses.
CUARTO.- La aplicación de esta doctrina al supuesto concreto sometido a consideración ha de determinar la inadmisión de la demanda. Como con mas detalle se ha expuesto en los antecedentes, dado que no se aportó junto con el escrito de demanda el poder de representación procesal requerido para el caso, se concedió al demandante el plazo de diez días para subsanar la omisión, plazo de preclusión que el demandante dejó transcurrir sin alegar circunstancia alguna al efecto.
En supuesto idéntico al que nos ocupa el Auto del Tribunal Constitucional nº 299/1999 (Sala 2ª, Sección 4ª) de 13 de diciembre, en que se dio a la parte la posibilidad de subsanar la omisión de la presentación del poder que acreditara la representación del Procurador y no lo hizo pese a haber sido requerida para ello, se indicó que la resolución que inadmitió el escrito era ajustada a Derecho y no vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva, tras declarar que el artículo 24 de la CE impide que se clausure el proceso por defectos que pudieron ser subsanables, que han de considerarse subsanables la falta de apoderamiento o de legalización del poder del procurador y que el órgano judicial debe dar oportunidad a la parte para subsanar la referida omisión, que ello no debe amparar situaciones debidas a la pasividad, negligencia o malicia de la parte y que el deber impuesto a los órganos judiciales de disponer la subsanación de los óbices de procedibilidad no es incompatible con la obligación que tiene el litigante de cumplir con los presupuestos y requisitos formales propios de cada acto procesal, lo que es una manifestación del más genérico deber de las partes de colaborar con la justicia, por todo lo cual debe resolverse como se indicará.
Se deniega la admisión a trámite de la demanda de procedimiento verbal presentada por D. CARLOS, en solicitud de anulación del laudo arbitral dictado con fecha 16 de diciembre de 2013 por la entidad Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), frenta a D. VICENTE.
Notifíquese la presente resolución al demandante, instruyéndole que contra la misma cabe recurso de súplica en el plazo de cinco días desde su notificación y cumpliendo los requisitos de representación y postulación legalmente previstos (Procurador y Abogado).

References: resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 24
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 resolución 
 artículo 24
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