Source: http://www.cr-a.mx/boletines/2018/febrero21
Timestamp: 2019-01-21 02:49:02+00:00

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Para mayor información quedamos a sus órdenes al teléfono 10-85-10-85
El presente comunicado tiene la intención de dar a conocer la resolución de los juicios que en materia administrativa y fiscal consideramos relevantes, y deben tenerse presentes:
Las resoluciones que se citan en este documento corresponden a la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 50, Tomo I, II, III y IV y Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ambos del mes de enero de 2018.
Aun y cuando este comunicado se refiere a las publicaciones del mes de enero de 2018, no queremos pasar por alto el siguiente Precedente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el mes de diciembre de 2017.
Resolvió la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que en supuestos de fiscalización las autoridades revisoras pueden dudar de la realidad de las operaciones que generaron los ingresos gravados y los gastos deducidos, por lo que los contribuyentes deberán llevar registros y documentos que certeramente puedan probar que dichas operaciones sí se realizaron, no siendo suficiente, por ejemplo tener tan solo un contrato y su registro, sino todos aquellos elementos que evidencien qué se compró, para qué, cómo llegó al almacén, dónde se almacenó, como salió del almacén, a quién se vendió, cómo salió del almacén; o un contrato de préstamo, quién nos prestó para qué, el estado de cuenta que acredite como entró a la chequera, el estado de cuenta del que nos prestó, para evidenciar que dicha persona sí tenía fondos para prestarnos, etc.
Los Artículos 90, Párrafo primero, Fracción III, y 91, Párrafo primero, fracción II, de la Ley del Impuesto Relativo, vigente hasta el 31 de Diciembre de 2013, no transgreden los derechos de presunción de inocencia y a la no autoincriminación.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en jurisprudencia, que tratándose de enajenaciones al costo o a menos del costo, es una presunción constitucional y legalmente permitida, la cual puede ser destruida si el contribuyente demuestra que dicha enajenación se hizo al precio de mercado en la fecha de la operación o que los bienes sufrieron demérito o existieron circunstancias que determinaron la necesidad de efectuar la enajenación en dichas condiciones; dichas circunstancias deberán tenerse muy en cuenta por aquellos contribuyentes que lleven a cabo dichas enajenaciones.
Conforme al Artículo 29 – A, Fracción V, del Código Fiscal de la Federación (Vigente en 2008 y 2012), deben contener la descripción del servicio, lo que no implica que sus pormenores puedan constar en un documento distinto para determinar qué integra el servicio o uso o goce que amparan.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, para señalar que la descripción del servicio o del uso o goce que amparen los comprobantes fiscales se cumple cuando se señala la idea general de dicho servicio, uso o goce delimitando sus partes o propiedades, de manera que el artículo 29-A, fracción V, del Código Fiscal de la Federación (vigente en 2008 y 2012), supuesto que también está vigente a la fecha, no genera inseguridad jurídica, pero además señala que, la descripción del servicio o del uso o goce que amparen, invariablemente debe cumplirse especificando el servicio prestado o el uso o goce que amparen de manera clara, dando la idea de algo delimitado en sus partes o propiedades, pero en atención precisamente a la multiplicidad de servicios y a lo que comprende la prestación de cada uno de ellos, así como a los objetos sobre los que puede otorgarse su uso o goce, es posible que sus pormenores se contengan en un documento distinto que tiene por finalidad determinar lo que integra la prestación del servicio o qué es sobre lo que se otorga el uso o goce, documento que resultará relevante para determinar, caso por caso, la procedencia de la deducción o el acreditamiento respectivo. Criterio que nos lleva a especificar el servicio o uso o goce en el comprobante respectivo, siempre que el comprobante que se emita lo permita en el espacio asignado para tal efecto, hacerlo en un documento distinto impide su deducción o acreditamiento.
El Artículo 61, Fracción II, del Código Fiscal de la Federación que la prevé, al no contemplar un factor deflacionario, no viola el principio de Proporcionalidad Tributaria.
En tesis aislada de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolvió que la facultad otorgada a las autoridades fiscales para determinar la base de la contribución que se adeuda con el procedimiento a través de la reconstrucción de las operaciones del contribuyente no es inconstitucional por no establecer un factor deflacionario.
Derechos por inscripción de documentos relacionados con actos Traslativos de Dominio.
La Fracción II del Artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que prevé su pago, no transgrede el principio de Equidad Tributaria.
El Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, estableció el criterio jurisprudencial de que si la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, establece una tarifa determinada en concepto de derechos por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de dicho Estado de todo tipo de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, no se transgrede el principio de equidad tributaria. Obligación que habrá que cumplir en el territorio de ese Estado, la cual, con dicho criterio puede trascender a otras disposiciones fiscales.
Para la deducibilidad de las erogaciones por esos conceptos, es necesario que el comprobante fiscal relativo describa cuál fue el servicio de salud proveído y contenga el nombre del paciente que lo recibió.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió el criterio de que aun y cuando no existe una norma tributaria que expresamente prescriba que, para poder deducir un gasto médico u hospitalario, el comprobante fiscal respectivo debe contener el nombre de quien recibió el servicio relativo y en qué consistió éste, debe entenderse que dicha precisión es necesaria, por tratarse de un gasto personal, del propio causante, su cónyuge o la persona con quien habite en concubinato, sus ascendientes y descendientes en línea directa. Conforme a dicha tesis, habrá que cuidar que los gastos por los conceptos referidos reúnan dichos requisitos y evitar en un futuro, el rechazo del gasto.
Deducciones Autorizadas del Impuesto sobre la Renta
Requisitos para su procedencia respecto de las erogaciones efectuadas por los contribuyentes por medio de un tercero (Legislación Vigente en 2011).
En Precedente de la Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con relación a los artículos, 31, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 35 de su Reglamento, determinó que de la interpretación sistemática de esos preceptos, se debe concluir que se dan dos momentos en las operaciones por erogaciones efectuadas por los contribuyentes por medio de un tercero, el primero consistente en que el contribuyente que realice erogaciones a través de un tercero, deberá entregar recursos a favor de este, y el segundo momento, cuando el tercero realiza los pagos por cuenta del contribuyente, los que a su vez también deben reunir los requisitos del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al igual que los realizados directamente por los contribuyentes.
Su incremento por concepto de regalías, se encuentra condicionado a que se actualicen todos los requisitos establecidos en el Artículo 65, Fracción III, de la Ley Aduanera.
La Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que para que se incremente al valor de la mercancía en aduana el importe de las regalías y derechos de licencia relacionados con las mismas, deben actualizarse todos y cada uno de los siguientes requisitos: 1) Que las regalías se encuentren relacionadas con la mercancía objeto de valoración; 2) Que el importador tuviera que pagar las regalías como condición de venta ya fuera directa o indirectamente; y, 3) Que el importe de las regalías no estuviera incluido en el precio pagado.
Actas de Asamblea no protocolizadas
Al tener el carácter de documentales privadas, las mismas deben de estar adminiculadas con otros medios probatorios para generar convicción al órgano juzgador de los hechos contenidos en ellas.
La Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que, tratándose de la materialidad de los actos, contenidos en actas de asamblea, si las mismas no se encuentran relacionadas con otros medios de prueba, deberán ser tratadas como documentos privados, cuyo alcance probatorio se encuentra limitado.
Es innecesario protocolizar ante Fedatario Público las actas de asamblea que aumente o disminuyan su capital contable.
La misma Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al referirse a actas de asamblea en las que se aumentó o disminuyó el capital contable, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, es suficiente que dichos actos se inscriban en el libro de registros de variaciones de capital social de la empresa, ya que la Ley General de Sociedades Mercantiles no establece alguna formalidad adicional al registro del acta de asamblea en el libro de registros de variaciones, para que surta efectos el aumento o disminución del capital social.
Cuando el contribuyente revisado es cotitular de una cuenta bancaria, le corresponde desvirtuar su porcentaje de participación en los depósitos.
En Precedente de la Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reconoce que las autoridades fiscales pueden presumir, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. Si en el contrato de apertura de dicha cuenta bancaria no aparece el porcentaje de participación que se haya establecido en el contrato de apertura correspondiente, le corresponderá al revisado acreditar el porcentaje de su participación.
No constituyen gastos incrementables para tal efecto los efectuados por concepto de transporte en una importación tramitada al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La Segunda Sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también con relación al tema de valor en la Aduana, determinó que conforme a la Regla 18 de la Resolución por la que se establecen las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece que el valor en aduana de los bienes importados a territorio nacional, no corresponden los gastos por concepto de transporte, seguros y gastos anexos tales como carga, descarga, manejo y almacenaje en que se incurra con motivo del transporte de los bienes desde el lugar de exportación, siempre que se desglosen, detallen o especifiquen en forma separada del precio pagado en la factura comercial o en otros documentos comerciales; por lo que, si la autoridad está señalando que se trata de importaciones realizadas al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en virtud de la citada regla no se debe considerar al valor en la aduana como incrementable el concepto de transporte.
CDMX a 21 de Febrero de 2018

References: resolución 
 Artículo 29
 artículo 29
 Artículo 61
 Artículo 77
 artículo 31
 Artículo 65
 Resolución