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Timestamp: 2018-09-24 04:25:57+00:00

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﻿ SENTENCIA 2011-00577/57246 DE DICIEMBRE 5 DE 2017
SENTENCIA 2011-00577 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:NO COMUNICAR LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE UNA ORDEN DE CAPTURA GENERA RESPONSABILIDAD ESTATAL. SE DECLARÓ RESPONSABLE ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE A LA FISCALÍA POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DE LA QUE FUE VÍCTIMA UN CIUDADANO QUE ESTUVO PRIVADO DE LA LIBERTAD CON BASE EN UNA ORDEN DE CAPTURA PRECLUÍDA. ASÍ, SE ADVIRTIÓ QUE LA APREHENSIÓN OCURRIÓ COMO CONSECUENCIA DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMETIDO POR LA ENTIDAD DEMANDADA, LA CUAL OMITIÓ CUMPLIR CON DEL DEBER DE COMUNICAR A LAS AUTORIDADES DE POLICÍA LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA EN CONTRA DEL ACCIONANTE, EN VIRTUD DE LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PRECLUSIÓN, PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, VIGENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA
Sentencia 2011-00577/57246 de diciembre 5 de 2017
Dr. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
Rad.: 68001-2331-000-2011-00577-01 (57246)
Actor: Octavio Rafael Núñez Gómez y Otros
Referencia: Acción De Reparación Directa (01/84)
Subtema 1: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
Subtema 2: Omisión en deber de comunicación de la cancelación de la orden de captura
Sentencia modifica
La Subsección procede a conocer el grado jurisdiccional de consulta de la Sentencia del 26 de junio del 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Bogotá D.C., cinco de diciembre de dos mil diecisiete.
La Sala es competente para resolver el presente asunto, en razón del grado jurisdiccional de consulta consagrado en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 la Ley 446 de 1998, teniendo en cuenta que la cuantía de la condena impuesta en la sentencia de primera instancia supera 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes(10), suma señalada por la norma para la procedencia de la consulta, cuando ninguna de las partes interpone recurso de apelación, como ocurrió en el presente caso.
El grado jurisdiccional de consulta faculta al ad quem para revisar íntegramente el proceso de manera oficiosa. Por lo anterior, esta Corporación podrá confirmar, revocar o modificar el fallo proferido por el tribunal a quo, en tanto dicha decisión no resulte desfavorable para la entidad demandada.
En el presente caso, la parte actora reclama la indemnización de los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad del señor Octavio Rafael Núñez, lo cual ocurrió en tres oportunidades y cada una por razones distintas.
La primera captura ocurrió en virtud de la medida de aseguramiento impuesta mediante resolución del 21 de febrero del 2008 proferida por la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga en contra del señor Núñez Vásquez, por el delito de homicidio agravado(11).
La parte actora considera que el señor Octavio Núñez Vásquez no tenía el deber de soportar esta privación de la libertad, por cuanto el 2 de abril del 2009, la Fiscalía Quinta Delegada ante los jueces penales del circuito de Bucaramanga resolvió revocar la medida de aseguramiento y profirió resolución de preclusión de la investigación a favor del sindicado.
La segunda captura ocurrió el 19 de septiembre del 2009, en la Ciudad de Cartagena, debido a que miembros de la Policía Metropolitana advirtieron que la base de datos registraba una orden de captura vigente en contra del señor Octavio Núñez, en virtud del proceso 206950 adelantado en su contra por el delito de homicidio agravado.
El 21 de septiembre del 2009, la Fiscalía Quinta Delegada ante los jueces penales del circuito de Bucaramanga le solicitó a la Policía Metropolitana de Cartagena la libertad inmediata del capturado, puesto que la investigación en su contra se encontraba precluida desde el 2 de abril del 2009.
La tercera captura, ocurrió entre el 28 de julio y el 24 de diciembre del 2010, en virtud del proceso penal adelantado por la Unidad Nación de DDHH y DIH de la Fiscalía General de la Nación, en contra del accionante, por el delito de concierto para delinquir y homicidio agravado.
Teniendo en cuenta que cada una de las privaciones de la libertad que soportó el señor Octavio Núñez constituyen un daño independiente, la Sala procederá a analizar el término de caducidad para cada una de ellas de manera separada.
En cuanto a la privación de la libertad ocurrida como consecuencia de la investigación 206950, adelantada por la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga en contra del señor Núñez Vásquez, por el delito de homicidio agravado, la Sala advierte que la investigación concluyó con resolución de preclusión proferida a favor del sindicado el 2 de abril del 2009, y que, según la constancia que obra a folio 716, del cuaderno 3 del expediente, quedó debidamente ejecutoriada el 28 de abril del 2009(12).
La figura de la caducidad está consagrada en el ordenamiento jurídico como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales. Para el efecto, la ley establece, de manera taxativa, el término con el cual los administrados cuentan para ejercer la acción. La consecuencia de iniciar el litigio por fuera del lapso establecido por la ley es que el interesado perderá la posibilidad de elevar sus pretensiones ante la administración de justicia.
El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo instituye un término de dos años para que la acción de reparación directa sea impetrada. Este término se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño.
Ahora bien, en los eventos de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el término de caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado o le pone fin al proceso penal(13), debido a que es hasta este momento en que se tiene certeza sobre la ilegalidad o injusticia de la medida de restricción de la libertad(14).
En el caso concreto, la Sala advierte que la sentencia que declaró la extinción de la acción penal quedó ejecutoriada el 28 de abril del 2009, la parte actora presentó la solicitud de conciliación prejudicial el 22 de julio del 2011 y la demanda de reparación directa el 23 de julio del 2011, cuando ya se encontraba vencido el término de dos años otorgado por la ley, para la vigencia de dicha acción.
Por lo anterior, la Sala declarará la caducidad de la acción para la reclamación de los perjuicios causados por la privación de la libertad ocurrida entre el 21 de febrero del 2008 y el 2 de abril del 2009.
Ahora bien, en lo que respecta a la privación de la libertad ocurrida el 19 de septiembre del 2009, la Sala observa que esta, si bien deviene de la misma investigación penal n.° 206950, adelantada por la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga en contra del señor Núñez Vásquez, por el delito de homicidio agravado, ocurrió como consecuencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que, una vez ejecutoriada la resolución de preclusión a favor del sindicado, proferida el 2 de abril del 2009, la orden de captura siguió vigente, hasta el 21 de septiembre del 2009.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el origen del daño es distinto, el término de caducidad se contará a partir de su ocurrencia, es decir, a partir del 21 de septiembre del 2009, fecha en la que la Fiscalía informó la cancelación de la orden de captura y ordenó la libertad del señor Núñez Vásquez. Por ende, la Sala encuentra que la acción de reparación directa incoada por los perjuicios causados como consecuencia de la privación de la libertad del señor Núñez Vásquez, entre el 19 y el 21 de septiembre del 2009, estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues de conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se encuentra acreditado que la comunicación de la cancelación de la captura fue proferida el 21 de septiembre del 2009, y la demanda fue presentada el 23 de junio del 2011, es decir dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
En cuanto a la privación de la libertad ocurrida entre el 28 de julio y el 24 de diciembre del 2010, en virtud del proceso penal adelantado por la Unidad Nación de DDHH y DIH de la Fiscalía General de la Nación, en contra del accionante, por el delito de concierto para delinquir y homicidio agravado, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones relacionadas con este daño, por cuanto consideró que la parte actora no acreditó la antijuridicidad de este, en tanto no demostró que el proceso penal hubiera finalizado con una providencia judicial de preclusión o absolución.
La Sala, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, el grado jurisdiccional de consulta se surte en lo favorable a la entidad pública, no estudiará lo referente a la privación de la libertad ocurrida con ocasión de la investigación adelantada por la Unidad Nación de DDHH y DIH de la Fiscalía General de la Nación, puesto que hacerlo desmejoraría la condición de la entidad.
El señor Octavio Rafael Núñez Vásquez se encuentra legitimado en la causa por activa, por ser el afectado directo con la privación de la libertad.
Adicionalmente, están legitimados quienes acudieron al proceso como afectados por el daño. En efecto, se demostró que Octavio Rafael Núñez Vásquez es hijo de Marlene Mercedes Núñez Gómez, y padre de Royman Núñez Vásquez y Yeison David Núñez Vásquez, según se puede establecer con las copias de sus registros civiles de nacimiento.
Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”(15); y es criterio reiterado y pacífico de esta Corporación que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrió el demandante ha obrado como causa de un grave dolor en su familia y que, por tanto, ellos se encuentran legitimados en la causa por activa.
El tribunal a quo denegó las pretensiones respecto de los demandantes David María Muñoz Ortiz, Sandra Patricia Orozco Meléndez e Ismelda Vásquez Pabuena, por lo que no se estudiará su legitimación, en tanto un eventual de reconocimiento de perjuicios a su favor haría más gravosa la condena a la entidad demanda, lo cual contraviene lo estipulado por el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Sala observa que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Fiscalía General de la Nación, de manera que la Nación esta se encuentra legitimada como parte demandada en este asunto y su representación compete al señor Fiscal, no a la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, por cuanto se encuentra demostrado que la Fiscalía General de la Nación fue el organismo que adelantó las investigaciones y solicitó la imposición de medidas de aseguramiento en contra de Octavio Rafael Núñez.
La parte demandante alegó que el daño, entendido como el atentado material contra una cosa o persona, consistió en la restricción a la libertad a la que fue sometido Octavio Núñez Vásquez, así como en la afectación moral y patrimonial que involucró la misma, y el agravio que soportaron sus familiares, tanto material como inmaterialmente.
Los hechos en los que concretó la parte actora este daño, pretende acreditarlos mediante la copia del proceso penal seguido en contra del accionante, solicitada en la demanda y decretada por el tribunal, de la cual se desprende lo siguiente:
• El 21 de febrero del 2008, la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga resolvió la situación jurídica del señor Octavio Rafael Núñez Vásquez, sindicado del delito de homicidio agravado, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad(16).
• El 2 de abril del 2009, la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga, al calificar el mérito del sumario, revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor Núñez Vásquez y precluyó la investigación a su favor.
• La anterior resolución de preclusión de la investigación quedó en firme el 28 de abril del 2009(17).
• El 19 de septiembre del 2009, el señor Octavio Núñez Vásquez fue capturado en la ciudad de Cartagena, por miembros de la Policía Metropolitana, en virtud de que la orden de captura que la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga había proferido en su contra se encontraba vigente, a pesar de que la investigación había precluido desde el 28 de abril del 2009(18).
• El 21 de septiembre del 2009, Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga informó al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena sobre la cancelación de la orden de captura en virtud de la preclusión de la investigación y ordenó su libertad inmediata(19). Este mismo día, la Fiscalía suscribió constancia de los oficios de cancelación de orden de captura enviados a las entidades de policía judicial(20).
De esta forma, la Sala encuentra acreditado que el señor Octavio Núñez Vásquez fue privado de su libertad desde el 19 hasta el 21 de septiembre del 2009, en la Estación de Policía Metropolitana de Cartagena, debido a que la Fiscalía General de la Nación omitió emitir las comunicaciones correspondientes a la cancelación de la orden de captura que pesaba en su contra, en virtud del proceso penal la que fue vinculado por el delito de homicidio agravado y que precluyó desde el 28 de abril del 2009.
En el marco del grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se probó la responsabilidad patrimonial imputada a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad del señor Octavio Núñez Vásquez que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena, entre el 19 y el 21 de septiembre del 2009, y si existe prueba de los perjuicios invocados en la demanda.
En el evento en que se concluya la configuración de la responsabilidad del ente a favor del cual se tramitó la presente consulta, la Sala procederá a verificar que la condena impuesta por el mismo sea adecuada a los supuestos acreditados en el proceso.
De conformidad con los medios de pruebas aportados al proceso, la Sala encuentra acreditado el daño consistente en la privación de la libertad del señor Octavio Núñez Vásquez del 19 al 21 de septiembre del 2009, como quiera que obra en el expediente el oficio mediante el cual el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena informó a la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga sobre la captura del accionante, en virtud de la orden vigente que registraba el sistema, por la investigación n. ° 206950 adelantada por la mencionada fiscalía.
Demostrado el daño, la Sala procede a determinar si este es de carácter antijurídico y si es imputable a la Nación-Fiscalía General de la Nación.
En el presente caso, la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación en contra del señor Octavio Rafael Núñez por el delito de homicidio agravado, le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad y, finalmente, precluyó la investigación a su favor, decisión que quedó el firme el 28 de abril del 2009.
Sin embargo, de acuerdo con el informe de captura suscrito por el Comandante de Policía Metropolitana de Cartagena el 19 de septiembre del 2009, la orden de captura proferida por la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga en contra del señor Octavio Rafael Núñez se encontraba vigente en la base de datos de la Policía Nacional.
La normativa penal vigente al momento de los hechos, Ley 600 del 2000, señala, en el artículo 143, que un servidor judicial incurre en una falta a sus deberes cuando: no da “aviso a las autoridades correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición o cancelación de las órdenes de captura, imposición o revocatoria de la medida de aseguramiento”.
Así mismo, el artículo 350 de la referida normativa penal indica:
La orden de captura deberá contener los datos necesarios para la identificación o individualización del imputado y el motivo de la captura.
La Sala advierte que la resolución de preclusión de la investigación adelantada por la Fiscalía en contra del señor Octavio Núñez Vásquez por el delito de homicidio quedó debidamente ejecutoriada el 28 de abril del 2009 y la constancia de los oficios de cancelación de orden de captura enviados a las autoridades de policía judicial fue suscrita el 21 de septiembre del 2009(21), con ocasión del informe de captura enviado por la Policía Metropolitana de Cartagena. Así las cosas, concluye que la captura del señor Octavio Núñez Vásquez el 19 de septiembre del 2009, ocurrió como consecuencia del defectuoso funcionamiento en la administración de justicia cometido por la Fiscalía General de la Nación, por la omisión del deber de comunicar a las autoridades de policía la pérdida de la vigencia de la orden de captura emitida en contra del accionante, en virtud de la preclusión de la investigación a su favor.
Por lo anterior, la entidad demandada Nación-Fiscalía General de la Nación tiene el deber de resarcir los perjuicios que se hubieren causado con ocasión de la privación de la libertad del señor Núñez Vásquez, desde el 19 hasta el 21 de septiembre del 2009, debido a que la parte actora no tenía el deber jurídico de soportarlos, puesto que la investigación penal que sustentaba la orden de captura se encontraba precluída y, para el momento de la captura, había transcurrido más de los 5 días señalados en la norma para emitir la respectivas comunicaciones de cancelación.
Como el Tribunal Administrativo de Santander reconoció indemnización de perjuicios tanto por la privación de la libertad por la cual se encontró que la acción de reparación no se encontraba vigente, como por la derivada del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia demostrado, la Sala procederá a ajustar la condena a las consideraciones de la presente providencia.
5.1. Análisis de la Sala sobre los perjuicios.
5.1.1. Perjuicios inmateriales.
Octavio Rafael Núñez Vásquez estuvo privado de la libertad 3 días, entre el 19 de y el 21 de septiembre del 2009, por tanto, la Sala establecerá los montos de indemnización correspondientes así:
Le corresponde a Octavio Rafael Núñez Vásquez y a su núcleo familiar en primer grado de consanguinidad (madre e hijos), la suma equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Lo anterior teniendo en cuenta que la afectación moral producida con el daño se prueba con la simple acreditación del parentesco, en virtud de la presunción jurisprudencial fundada en las reglas de la experiencia.
Octavio Rafael Núñez Vásquez (víctima de la captura) 15 smlmv
1º Marlene Mercedes Núñez Gómez (madre) 15 smlmv
1º Royman Núñez Vásquez
15 smlmv
1º Yeison David Núñez Vásquez
Por otra parte, en la demanda se afirmó que a raíz de la privación injusta del señor Octavio Rafael Núñez, este y sus familiares sufrieron, además de un perjuicio moral, una afectación a la vida de relación.
Frente a este punto la Sala precisa que la afectación a la vida de relación (en otras ocasiones mencionada como la alteración a las condiciones de existencia) se estima correspondiente a la afectación derivada de un daño a la salud que impida el goce pleno de la actividad funcional del ser humano, de acuerdo con los criterios expuestos en Sentencia de Unificación del 14 de septiembre del 2011(22). Por tanto, se entiende que cuando se repara una afectación a la salud, esta comprende tanto la afectación sicofísica, como todos los aspectos relacionados con la esfera externa de dicha afectación se deriven.
En la mencionada sentencia de unificación, la clasificación de perjuicios inmateriales se resumió así:
La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento(23)
Ahora bien, el daño a la vida de relación invocado en la demanda, derivado de la privación de la libertad de Octavio Rafael Núñez, se encuentra ubicado dentro de una nueva categoría de prejuicios inmateriales correspondiente a la vulneración a los bienes o derechos constitucionalmente protegidos, debido a que, de acuerdo con el escrito de la demanda, la mencionada afectación es independiente de los perjuicios inmateriales causados por la afectación moral.
Respecto de la categoría del daño a bienes o derechos constitucionalmente amparados se encuentran las vulneraciones a derechos contenidos en diversas fuentes normativas, que se materializan bajo presupuestos propios, independientes de los demás perjuicios inmateriales causados y, por tanto, merecen una acreditación fáctica particular de la situación que impide a la víctima disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales convencionales.
Igualmente, la jurisprudencia indica(24) que la vulneración a bienes o derechos constitucionalmente amparados, como regla general, se repara con medidas de carácter no pecuniario encaminadas a restablecer a la víctima al ejercicio pleno de sus derechos.
La Sala advierte que la parte actora en el presente caso no demostró la configuración de una vulneración a un bien o derecho constitucionalmente amparado en cabeza del señor Octavio Rafael Núñez y su familia, pues no se demostró la existencia de una situación fáctica temporal o permanente que les impida disfrutar de sus derechos, por tanto, no representa una situación que pueda ser reparada mediante una medida tendiente a restituir la situación a un estado de pleno goce de sus derechos.
5.1.2. Perjuicios materiales.
5.1.2.1. Lucro cesante.
En la demanda se solicitó indemnización por los ingresos dejados de percibir por el señor Octavio Núñez Vásquez, durante su captura.
Como prueba del lucro cesante, la parte actora aportó la certificación laboral expedida por el área de recursos humanos de la oficina del arquitecto Hernando Rojas Huerta, en la que se indica que el señor Octavio Rafael Núñez Vásquez laboró en dicha empresa como oficial de construcción, desde el 19 de julio hasta el 19 de septiembre del 2009, con una asignación mensual del $1.500.000(25).
Así las cosas, la Sala realizará la liquidación del lucro cesante tendrá como base dicha suma.
El periodo a indemnizar en este caso equivale a 0,1 meses de privación de la libertad.
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 138,32 que es el correspondiente a noviembre del 2017.
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 102,12 correspondiente al mes de septiembre del 2009, mes en el cual se produjo la cesación del lucro.
Total perjuicios materiales por lucro cesante a favor de Octavio Rafael Núñez Vásquez:
Así las cosas, la indemnización por lucro cesante corresponde a 3 días de privación de la libertad, equivalentes a 0,1 meses, por doscientos dos mil setecientos veintinueve pesos ($202.729), de acuerdo con el ingreso mensual probado del señor Núñez Vásquez.
5.1.2.2. Daño emergente.
Si bien la parte actora solicitó el pago de $150.000 como indemnización del daño emergente, la Sala advierte que no se encuentra acreditada la causación de dicho daño, por lo que no accederá al reconocimiento de la suma solicitada.
MODIFICAR la Sentencia proferida el 26 de junio del 2015, por el Tribunal Administrativo de Santander, y en su lugar se dispone:
1. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación-Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Octavio Rafael Núñez Vásquez.
3. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a Octavio Rafael Núñez Vásquez, la suma de doscientos dos mil setecientos veintinueve pesos m/cte ($202.729) como indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
4. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de David María Muñoz Ortiz, Sandra Patricia Orozco Meléndez e Ismelda Vásquez Pabuena.
10. El Tribunal Administrativo de Santander, en la Sentencia expedida el 26 de junio del 2015, condenó a la Nación-Fiscalía General de la Nación al pago de la suma equivalente a 90 y 15 smlmv, para cada uno de los cuatro demandantes, lo cual supera los 300 smlmv exigidos por la norma, para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta.
11. Fl. 580, cdno. 1.
12. Fl. 716, Cdno. 3.
13. En este sentido ver Auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y Auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, Exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
14. “En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido. Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad —y por ende, declaró la ilegalidad de la medida— no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias” (Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, auto de 19 de julio de 2007, radicación 33.918, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero).
15. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20750, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
16. Fl. 580, cdno. 1.
17. Fl. 716, cdno. 3.
18. Fl. 719, cdno. 3.
19. Fl. 720, cdno. 3.
20. Fl. 723, cdno. 3.
21. 723, cdno. 3.
22. Consejo de Estado, Sentencia de Sala Plena del 14 de septiembre de 2011, expediente: 19031, C.P. Enrique Gil Botero.
23. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto del 2014, expediente: 32988, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
24. “[S]e privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 smlmv, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto del 2014, expediente: 32988, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
25. Fl. 31, cdno. 1a.

References: artículo 184
 artículo 57
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 136
 resolución 
 artículo 136
 artículo 184
 artículo 184
 resolución 
 artículo 143
 artículo 350
 resolución