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Timestamp: 2019-03-25 01:13:18+00:00

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STS 588/2014, 25 de Julio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 523367590
Número de Resolución: 588/2014
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL. INASEGURABILIDAD DEL DOLO. La aseguradora de una procuradora condenada por apropiación indebida alega que el seguro profesional no cubre los supuestos de extralimitación voluntaria del ejercicio de las funciones profesionales. El seguro de responsabilidad civil profesional ofrece un refuerzo de la profesión ejercida en la medida en que los daños que puedan derivarse de la mala praxis profesional están cubiertos por el seguro. Para hacer compatible esta seguridad con el principio de inasegurabilidad del propio dolo, el asegurador responde en todo caso frente al perjudicado, pero con el derecho a repetir del asegurado. Se desestima la casación.
En los recursos de casación por infracción de Ley, de precepto constitucional y quebrantamiento de forma que ante Nos pende, interpuestos por Teofilo , "ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD" y Andrea , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 6ª) que condenó por delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía , los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron, al haber formulado voto particular el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Maza Martin, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dichos recurrentes representados por los Procuradores Sr. Rodríguez García, Sra. Rodríguez Ruiz y Sra. Maroto Gómez, respectivamente; habiendo comparecido como recurridas, la "Caja de Ahorros del Mediterráneo", representada por el Procurador Sr. Rodríguez Nogueira y, la "Patria Hispana S.A., de Seguros y Reaseguros", representada por la Procuradora Sra. Rodríguez Chacón.
El Juzgado de Instrucción número 50 de los de Madrid instruyó Diligencias Previas con el número 405/2008 y, una vez concluso, fue elevado a la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6ª que, con fecha 26 de septiembre de 2013 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: " De la valoración de la prueba practicada, resulta probado y así se declara:
PRIMERO.- La acusada Dª. Andrea , con DNI NUM000 , mayor de edad y sin antecedentes penales, en su condición de Procuradora de los Tribunales y en virtud de apoderamiento otorgado por Caja de Ahorros del Mediterráneo, ostentaba la representación procesal de esta entidad en los procedimientos de Ejecución Hipotecaria tramitados con los números 91/2004 y 184/2004 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Majadahonda, y en el ejercicio de sus funciones de representación recibió de dicho Juzgado los días 9 de junio y 7 de octubre de 2005 dos mandamientos de devolución de fechas, respectivamente, 8 de junio de 2005 y 29 de septiembre de 2005, por importes el primero de 174.209,15 euros y el segundo de 236.279,26 euros ambos expedidos en los procedimientos indicados 91/2004 y 184/2004 a favor de su legítimo beneficiario Caja de Ahorros del Mediterráneo y, con ánimo de incorporar a su patrimonio dichas cantidades con correlativo detrimento económico de su representada y beneficiaria, ingresó sus importes en la cuenta corriente abierta en Banesto sucursal 1126 sita en la calle Ríos Rosas de Madrid, con el número NUM001 cuyos titulares eran conjuntamente la propia acusada y su marido D. Teofilo , con DNI NUM002 , cuenta en la que se efectuaban movimientos por diferentes conceptos y, entre ellos pagos en concepto de hipoteca constituida sobre una vivienda de ambos cónyuges y transferencias o disposiciones ordenadas por el marido de la acusada Sr. Teofilo . Hasta el momento Caja de Ahorros del Mediterráneo no ha recuperado los importes mencionados.
SEGUNDO.- En el momento de los hechos Andrea dada su condición de Procuradora de los Tribunales del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Madrid, ostentaba la condición de asegurada en la mercantil ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE SLD, en virtud de seguro de responsabilidad civil profesional suscrito por la mercantil citada y en el que la condición de tomador del seguro la ostentaba el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales, la póliza suscrita tenía vigencia desde el día 1 de abril de 2005 hasta el día 31 de marzo de 2006, con un límite de indemnización cifrado en 601.012,10 euros; asimismo, la acusada tenía concertada una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños causados a terceros con La Patria Hispana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros con vigencia hasta el día 6 de abril de 2008, alcanzando la cobertura de esta póliza, la cantidad de 600.000 euros en exceso de la cantidad asegurada por la póliza concertada por medio del Ilustre Colegio de Procuradores para el mismo riesgo.
TERCERO.- Este procedimiento judicial se inició el día 20 de marzo de 2008 en virtud de atestado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid instruido por denuncia presentada por la representación legal de Caja de Ahorros del Mediterráneo, sin que haya permanecido paralizado por tiempo que pudiera ser susceptible de ser atribuido a la conducta de la acusada ni de su defensa técnica. "[sic]
La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: " FALLAMOS: DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a la acusada Dª. Andrea , como autora criminalmente responsable de un delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía, concurriendo la circunstancia atenuante ordinaria de dilaciones indebidas, a la pena de TRES AÑOS, SEIS MESES Y UN DÍA de prisión , MULTA DE DIEZ MESES CON UNA CUOTA DIARIA DE 6 EUROS, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena; en concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a Caja de Ahorros del Mediterráneo en la cantidad de 410.488,41 euros; esta indemnización devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia hasta su completo pago. Asimismo se imponen a Andrea las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular.
Se declara la responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo de D. Teofilo que deberá responder frente a la Caja de Ahorros del Mediterráneo por la suma de 410.488,41 euros, más los intereses legales de esta cantidad .
La aseguradora ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE SLD, responderá solidariamente con la acusada y el responsable civil como partícipe a título lucrativo de la cantidad antes especificada de 410.488,41 euros , en concepto de responsabilidad civil directa, hasta el importe máximo fijado en la póliza suscrita, suma que devengará los intereses especificados ; se absuelve libremente a PATRIA HISPANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS del pago de dicha cantidad.
Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifíquese a las partes con la advertencia de que contra la misma, se podrá interponer recurso de casación por infracción de ley o quebrantamiento de forma para ante el Tribunal Supremo, previa su preparación ante esta Audiencia, por medio de escrito autorizado con firmas de letrado y procurador, dentro de los cinco días siguientes a la última notificación. "[sic]
El recurso interpuesto por Teofilo se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Error inicial a la hora de dictar la sentencia objeto de recurso que radica en la exposición de los hechos declarados probados.
Segundo.- Incorrecta aplicación del artº. 122 del Código Penal .
Tercero (numerado como Sexto).- Vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al no existir prueba de cargo suficiente para la aplicación al mismo del artº. 122, atribuyéndole el carácter de beneficiario lucrativo.
El recurso interpuesto por "ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD" se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Único.- Por infracción de ley, de acuerdo con el artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en concreto, los artículos 16 , 19 y 76 de la LCS .
El recurso interpuesto por Andrea se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION:
Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por infracción del artº. 741 de dicha Ley adjetiva, por una incorrecta aplicación de los artículos 252 , 250. 1.5 º, 74 y 28 del Código Penal .
Segundo.- Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por falta de aplicación del artículo 14. 1º del Código Penal .
Tercero.- Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por la incorrecta aplicación del artº. 21. 6º del Código Penal , y, consecuentemente infracción del artº. 66 de dicha Ley sustantiva.
Cuarto.- Por infracción de ley, al amparo del artº. 849. 1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por error de hecho en la apreciación de la prueba basado en documentos obrantes en autos que demuestran la equivocación del Juzgador.
Quinto.- Por quebrantamiento de forma, al amparo del artº. 851. 3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto que la sentencia recurrida no se pronuncia sobre todos los puntos objeto de la defensa.
Sexto.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artº. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, reconocidos en el artº. 24 de la Constitución española , en relación con los artículos 11 y 238 de la L.O.P.J ., al existir una causa de nulidad.
Séptimo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del artº. 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, reconocidos en el artº. 24 de la Constitución española , en relación con el artº. 120 del texto constitucional que impone la obligación de motivar las sentencias y el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, del artº. 9. 3º de la Constitución española , en la apreciación de la prueba.
Instruidas las partes de los recursos interpuestos, los Procuradores Sr. Rodríguez Nogueira y Sra. Rodríguez Chacón, así como el Ministerio Fiscal, en escritos de fecha 31 de enero y 15 de abril de 2014, respectivamente, solicitaron la inadmisión de todos los motivos de los recursos interpuestos y, subsidiariamente, su desestimación; la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera. Y, hecho el señalamiento del fallo prevenido para el día 8 de julio de 2014, comenzó en esa fecha y concluyó el 25 de julio de 2014.
Al haber formulado voto particular el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Manuel Maza Martin, pasa a asumir la ponencia el Magistrado, Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron.
RECURSO DE Andrea
La sentencia impugnada, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha 26 de septiembre de 2013 , condena a la recurrente como autora responsable de un delito continuado de apropiación indebida, con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, a las penas de tres años, seis meses y un día de prisión y multa.
Frente a ella se alzan los presentes recursos, el de la condenada fundado en siete motivos, el de su esposo declarado como partícipe a título lucrativo, fundado en tres motivos, y el de la compañía aseguradora, condenada como responsable civil directa, fundado en un Único motivo.
Los hechos declarados probados consisten, en síntesis, en que la acusada, Andrea , Procuradora de los Tribunales en representación de CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO, se apropió del resultante de dos mandamientos de devolución, por importes de 174.209'15 y 236.279'26 euros, acordados por el Juzgado que conocía de sendos procedimientos de ejecución hipotecaria en favor de la entidad financiera a la que Andrea representaba, incorporando a su patrimonio tales cantidades al ingresarlas en la cuenta bancaria de la que eran titulares ella y su esposo, Teofilo , en la que se cargaban los recibos de la hipoteca de la casa común así como se realizaban distintas operaciones ordenadas por el propio Teofilo .
La acusada, como miembro del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, tenía la condición de asegurada en la póliza de responsabilidad civil profesional suscrita por dicho Colegio con la Compañía ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD.
El motivo quinto del recurso interpuesto por la representación de la condenada se formula al amparo del art 851.3 de la Lecrim y en él se alega quebrantamiento de forma por falta de resolución de todos los puntos objeto de defensa ( art. 851.3 L.E.Cr .).
La incongruencia omisiva la ciñe la recurrente al silencio del Tribunal sobre las dudas que suscita el contenido de los documentos aportados por la Defensa al comienzo del Juicio oral y las declaraciones prestadas por el representante de la entidad perjudicada, en relación con la credibilidad que merece el resto de testimonios utilizados como prueba de cargo para desvirtuar la versión de la recurrente en el sentido de que su manera de "trabajar" (sic) no era la que regía las relaciones entre ella y la entidad a la que representaba.
En este sentido, recordemos las exigencias de esta Sala, en motivos de esta naturaleza, y que son los siguientes.
Que la falta de decisión recaiga sobre una verdadera pretensión y no sobre un concreto argumento, ni sobre cada una de las distintas alegaciones individuales o razonamientos concretos en que aquéllas se sustenten, porque sobre cada uno de éstos no se exige una contestación judicial explícita y pormenorizada, siendo suficiente una respuesta global genérica.
Que ni siquiera constituye la omisión con trascendencia constitucional la pretensión de un enunciado fáctico de los alegados sino que ha de referirse a pedimentos, peticiones o pretensiones jurídicas.
Que la cuestión sobre la que no se pronuncia el Tribunal sea de carácter esencial.
Que la cuestión haya sido explícitamente formulada en los correspondientes escritos de la parte que formula protesta, habiéndose producido por ello el oportuno debate.
Que, con independencia de que pueda diferenciadamente suscitarse otra queja, el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación implícita o tácita constitucionalmente admitida, lo que sucede cuando la resolución dictada en la instancia sea incompatible con la cuestión propuesta por la parte, es decir, cuando del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial puede razonablemente deducirse, no solo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita.
Que aún, existiendo el vicio, éste no pueda ser subsanado por la casación a través de otros planteamientos de fondo aducidos en el recurso.
Descendiendo a nuestro caso, es evidente, que los materiales probatorios aludidos fueron tenidos en cuenta por el Tribunal para descartar la interpretación que de los mismos intenta imponer el Recurso, por lo que no puede afirmarse una incongruencia omisiva que, además, se referiría no a la falta de respuesta de unas concretas pretensiones jurídicas, como requiere nuestra doctrina en estos casos, sino a cuestiones de índole meramente valorativo que, por otra parte, volverán a suscitarse más tarde en los correspondientes motivos.
En definitiva, esta alegación no puede prosperar.
Con apoyo procesal en el art. 852 L.E.Cr ., el Recurso considera vulnerados los arts. 24.1 y 120.3 C .E., que consagran los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y a la necesaria motivación de las Resoluciones judiciales.
La impugnante sostiene, en su motivo sexto, que no se han respetado sus derechos a la tutela judicial efectiva ni de defensa por el hecho de que se ignore cómo llegaron a poder de la denunciante los documentos judiciales referidos a los mandamientos de devolución acordados en el seno de los procedimientos hipotecarios en los que Andrea actuaba como única representante de la entidad financiera que se dice perjudicada.
Pero lo cierto es que, al margen de que no queda claro el por qué el Recurso entiende que la posesión de tales documentos por la denunciante ha limitado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y que, por ende, deben ser anuladas las actuaciones, de acuerdo con los arts 11 y 238 Lopj , al ocasionarle tal indefensión, sino que además ya la Audiencia dio cumplida y acertada respuesta a esta cuestión, en su fundamento jurídico primero, señalando cómo se trataba de fotocopias de documentos obrantes en los procedimientos hipotecarios en los que la denunciante era parte, por lo que podía acceder a ellos sin cometer ilegalidad alguna, aunque la recurrente, con su incorrecta conducta y por los fines ilícitos que perseguía, se los hubiera ocultado.
- A continuación, en el motivo séptimo, se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, en este caso vinculada a la ausencia de razonamiento judicial acerca del rechazo que a la Audiencia merece la versión exculpatoria consistente en afirmar que la recurrente lo único que hizo fue seguir las pautas de actuación concertadas con su representada, que no le obligaban a la inmediata entrega de las cantidades percibidas sino a que fueran éstas tenidas en cuenta a la hora de hacer una ulterior liquidación de conjunto respecto de todos los asuntos en los que actuaba.
Afirma semejante falta de motivación de la recurrida en la ausencia de tratamiento de las pruebas a las que ya hizo referencia en el motivo quinto, a saber, los documentos aportados y las declaraciones del representante de la CAJA.
Pues bien, como ya dijimos en nuestro anterior Fundamento Jurídico, tales argumentos no se ajustan a la realidad toda vez que sí que se razona suficientemente en la Resolución de instancia el por qué se consideran acreditados los hechos objeto de acusación, con rechazo de los alegatos esgrimidos por la recurrente en su defensa.
Baste examinar lo expuesto en el Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia recurrida para constatar la existencia de suficiente argumentación dirigida a desvirtuar la tesis de la defensa que expresamente se cita.
El cuarto motivo, por error en la valoración de la prueba al amparo del art 849 2º, se funda en los documentos a los que ya nos hemos referido con anterioridad así como a la declaración en el acto del juicio oral del representante de la entidad denunciante (motivos quinto y séptimo) Considera la recurrente que nos encontramos ante unas pruebas, de carácter documental, que avalan su tesis exculpatoria y que sus contenidos contradicen claramente las conclusiones alcanzadas por la Audiencia.
La doctrina de esta Sala (Sentencias de 23 de marzo de 2012, núm. 209/2012 y 28 de febrero de 2013, núm. 128/2013 , entre otras muchas) considera que para que quepa estimar que ha habido infracción de ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba en los términos prevenidos en el art. 849.2º de la Ley Enjuiciamiento Criminal , es necesario que concurran los requisitos siguientes:
En el caso actual no concurren los referidos requisitos. En primer lugar la naturaleza jurídica de unos documentos privados y más aún una declaración testifical carecen de virtualidad casacional, por el cauce aquí utilizado, y su contenido no cabe elevarlo a la categoría de incuestionable, de forma que evidencie un error incuestionable en la tarea de valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal de instancia.
Los tres primeros ordinales del Recurso se plantean, con base en el art 849 1º de la Lecrim , por infracción de ley, denunciando la indebida aplicación del art 252 CP 95, que describe el delito de apropiación indebida, así como la incorrecta inaplicación de los artículos 14.1, relativo al error de prohibición que se afirma padeció la recurrente, y 21.6ª referente a la atenuante de dilaciones indebidas que debían valorarse como muy cualificadas.
El fundamento de la argumentación de la acusada consiste en que, ni existe dolo de apropiación por su parte, puesto que como se ha insistido, su conducta se acomodaba a la forma habitual de "trabajar" de la profesional con su representada, concurriendo, en todo caso, un error de prohibición, pues ignoraba que su correcto comportamiento habría de ser otro, y, finalmente, para el caso de mantenerse la condena, que la atenuante de dilaciones indebidas ha de ser considerada como muy cualificada.
Alegatos que además de no corresponderse con la literalidad de los hechos declarados como probados, que en este momento resultan inatacables, tampoco encuentran razones de fondo para su estimación.
- En efecto, por lo que respecta a la apropiación indebida, tal delito aparece descrito en el artículo 252 del Código Penal que tipifica la conducta de los que en perjuicio de otros se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 400 euros.
La doctrina de este Tribunal Supremo de ( SSTS 513/2007, de 19 de junio , 228/2012, de 28 de marzo y 664/2012, de 12 de julio , entre otras muchas), ha resumido la interpretación jurisprudencial de este delito diciendo que el artículo 252 del vigente Código Penal sanciona dos modalidades distintas de apropiación indebida: la clásica de apropiación indebida de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora su patrimonio con ánimo de lucro, o niega haberlas recibido y la distracción de dinero cuya disposición tiene el acusado a su alcance, pero que ha recibido con la obligación de darle un destino específico.
En relación con el título de recepción la jurisprudencia de esta Sala ha declarado el carácter de numerus apertus del precepto en el que caben, dado el carácter abierto de la fórmula, aquellas relaciones jurídicas, de carácter complejo y atípico, que no encajan en ninguna de las categorías concretadas por la ley o el uso civil o mercantil, sin otro requisito que el exigido por la norma penal, esto es, que se origine una obligación de entregar o devolver ( SSTS 31 de mayo de 1993 , 1 de julio de 1997 , 513/2007, de 19 de junio , 228/2012, de 28 de marzo y 664/2012 , de 12 de julio, entre otras muchas).
- Lo que igualmente acontece con la concurrencia del dolo necesario, como elemento subjetivo de la infracción, que se corresponde con la literalidad del "factum" de la Resolución de instancia y que excluye por completo la posibilidad de la presencia de un error de prohibición, a la vista de los acertados argumentos al respecto ofrecidos por la Audiencia.
- Finalmente, por lo que se refiere a la atenuante de dilaciones indebidas ya apreciada por la Audiencia con carácter de simple, tampoco corresponde acceder a la pretensión del recurso, considerándola como muy cualificada, teniendo en cuenta que no cabe, como la recurrente pretende, incluir en lo que son dilaciones en la "tramitación del procedimiento", términos expresamente utilizados por nuestro Legislador en el nuevo apartado 6º del art 21 Cp , el tiempo previo a la presentación de la denuncia por la perjudicada que, en todo caso, tendría cabida en un supuesto de prescripción del delito, en el supuesto de alcanzarse el tiempo preciso para ello.
Así mismo, tampoco aquí se excede el criterio de "extraordinarias" que el referido precepto atribuye, como exigencia para la configuración de la atenuante simple, a las dilaciones producidas.
Procede, en consecuencia, declarar la desestimación de los motivos.
Los tres motivos en los que se funda este Recurso se encuentran directamente vinculados entre sí, pues en realidad parten todos ellos de una incorrecta comprensión por el recurrente de la naturaleza y contenido de la figura descrita en el art 122 Cp , en la que se le declara incurso.
- En tal sentido hay que precisar que no se trata de una figura de carácter penal, que deba ser valorada con criterios de este orden, como el derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ) al que alude Teofilo como infringido en el segundo motivo de su recurso ( art. 852 Lecrim ).
En el orden probatorio, en este caso, hay que acudir a las reglas generales de "carga de la prueba", correspondiendo a quien afirma el aprovechamiento de bienes de origen ilícito que lo demuestre.
Y así lo ha hecho en este caso cumplidamente la Acusación afirmando hechos, que el recurrente no discute, como el de su titularidad, compartida con su esposa, respecto de la cuenta bancaria en la que se ingresaron las cantidades que ésta distrajo, y la realización desde dicha cuenta de operaciones y pagos que suponían un lucro para el recurrente.
Bastando tal constatación para considerar correcta la aplicación del precepto.
- Y otro tanto ocurre con los dos motivos restantes, que coinciden en afirmar que el recurrente no dispuso de las cantidades de referencia ( art 849.1º Lecrim ), pues no sólo el relato de hechos afirma tales disposiciones, sino que la actuación positiva del partícipe en estos supuestos no es necesaria, bastando, como en la presente ocasión acontece y está debidamente acreditado, con que el sujeto obtenga un lucro como consecuencia de la infracción cometida por tercero, tal como el correspondiente al pago del crédito hipotecario correspondiente a la vivienda familiar que se cobraba directamente de dicha cuenta.
Y ello, por supuesto, sin que tampoco sea precisa la presencia de dolo alguno o conocimiento por el partícipe de la infracción penal origen de su beneficio, ya que de concurrir ese conocimiento podríamos hallarnos ante una verdadera figura delictiva y no de la previsión del art 122, aquí tan correctamente aplicado.
Es por ello por lo que los tres motivos se desestiman.
RECURSO DE ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD
El único motivo del recurso interpuesto por la entidad aseguradora, la compañía Arch Insurance Company Europe SLD , como responsable civil, se articula por infracción de ley al amparo del art 849 1º de la Lecrim , en relación con los artículos 16 , 19 y 76 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS ).
Como segundo argumento de oposición a la condena impuesta se invoca el Pleno no Jurisdiccional de esta Sala de 24 de abril de 2007, y la posterior sentencia de 8 de mayo de 2007 , que aplica el Acuerdo adoptado, en relación con el principio de inasegurabilidad del dolo ( artículo 19 de la Ley de Contrato de Seguro ).
En relación con la primera argumentación alega la parte recurrente que al extenderse la cobertura a los errores o faltas profesionales cometidos en el ejercicio de la actividad de Procurador, solo se cubren frente a los terceros perjudicados los supuestos de error o negligencia (por ejemplo, pérdida de la indemnización correspondiente a un cliente por ingresarla erróneamente en una cuenta equivocada), pero no los supuestos de extralimitación voluntaria en el ejercicio de las funciones de la procuraduría, que están fuera de la cobertura pactada.
El seguro de responsabilidad civil es aquel en el que " el asegurador se obliga a cubrir, dentro de los límites establecidos por la Ley y el contrato, el riesgo de quedar gravado el patrimonio del asegurado por el nacimiento de una obligación de indemnizar, derivada de su responsabilidad civil " ( artículo 73 LCS ), y su función social y económica es ofrecer una garantía en determinadas actividades de riesgo, para que quienes en ella participen tengan garantizado el resarcimiento de los daños que puedan sufrir, que no se deriven de culpa o negligencia por su parte ( art 117 CP 95).
El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del día 24 de abril de 2007, no es aplicable al caso enjuiciado, pues se refiere al seguro obligatorio de automóviles y trata de definir su ámbito de cobertura, excluyendo los siniestros que no constituyen hechos de la circulación. Pero, en el caso actual, es claro que el siniestro que dio lugar a la responsabilidad civil constituye manifiestamente una falta profesional, cometida en el ámbito natural del ejercicio de las funciones del Procurador.
Y la STS núm. 427/2007, de 8 de mayo , en la que se apoya la parte recurrente, establece la ausencia de obligación de responder por parte de las compañías aseguradoras, respecto de la responsabilidad civil derivada de actos dolosos cometidos cuando el vehículo a motor sea instrumento directamente buscado para causar el daño personal o material derivado del delito, considerando que estos supuestos no constituyen hechos de la circulación, debiendo inferirse a sensu contrario, que dicha obligación concurre en el resto de comportamientos dolosos generadores de daños de los que se derive responsabilidad civil.
En un Pleno anterior, de 6 de marzo de 1997, se había tomado el acuerdo de que las sentencias condenatorias por delitos dolosos o culposos cometidos con vehículos de motor que determinasen responsabilidad civil para las víctimas, deberían incluir la condena a la entidad aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio, siempre que el daño se hubiese ocasionado "con motivo de la circulación", con lo que los supuestos jurídicamente conflictivos quedaban reducidos, en buena medida, a aquellos en que existía un dolo directo sobre el resultado.
En primer lugar la reforma del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, incluida, con lamentable sistemática legislativa, en el art. 71 de la Ley 14/2000, de Medidas Fiscales , Administrativas y del Orden Social. En esta reforma se estableció ( art 1 4º de la Ley sobre Responsabilidad civil y Seguro) que " En todo caso no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes".
Pero el Reglamento del Seguro Obligatorio ( R.D. 7/2001, de 12 de enero), ya citado, establece, en su art. 3, 1 º que a los efectos de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor y del seguro de suscripción obligatoria regulado en este Reglamento, se entienden por hechos de la circulación los derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior, tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos o privados aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común "; y, en el art. 3, que " 4º .- Tampoco tendrá la consideración de hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes. En todo caso, será hecho de la circulación la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el Código Penal como conducta constitutiva de delito contra la seguridad del tráfico, incluido el supuesto previsto en el artículo 383 de dicho Código Penal ".
Por ello se produjo el Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno de esta Sala Segunda ( art. 264 LOPJ ) alcanzado el día 24 de abril de 2007 " no responderá la aseguradora con quien tenga concertado el seguro obligatorio de responsabilidad civil cuando el vehículo de motor sea instrumento directamente buscado para causar el daño personal o material derivado del delito . Responderá la aseguradora por los daños diferentes de los propuestos directamente por el autor", modificando la exigencia de que el hecho constituyera una acción extraña a la circulación, aunque la nueva regla no puede excluir supuestos en los que el riesgo ocasionado por la potencialidad dañina de los vehículos de motor tenga una incidencia relevante en el daño ocasionado, y éste se haya producido ocasionalmente en el ámbito circulatorio, pues la expresión " instrumento directamente buscado" implica una cierta previsión en la utilización del instrumento.
A su vez la STS 338/2011, de 16 de abril , complementa la doctrina referida a la responsabilidad civil derivada de la circulación, señalando que el citado acuerdo plenario no excluye la obligación de pago de la aseguradora cuando junto al seguro obligatorio existe otro de carácter voluntario.
De forma más reciente la STS 365/2013, de 20 de marzo , reitera la doctrina de la responsabilidad de la aseguradora frente al perjudicado, incluso en supuestos dolosos, con una abundante argumentación.
"El automático surgimiento del derecho de repetición frente al causante del daño salva el dogma de la inasegurabilidad del dolo: nadie puede asegurar las consecuencias de sus hechos intencionados. Faltaría la aleatoriedad característica del contrato de seguro. Lo que hace la Ley es introducir una norma socializadora y tuitiva ... que disciplina las relaciones de la aseguradora con la víctima del asegurado. La aseguradora al concertar el seguro de responsabilidad civil y por ministerio de la ley ( art. 76 LCS ) asume frente a la víctima (que no es parte del contrato) la obligación de indemnizar todos los casos de responsabilidad civil surgidos de la conducta asegurada, aunque se deriven de una actuación dolosa. En las relaciones internas y contractuales con el asegurado no juega esa universalidad: la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de repercutir finalmente en el asegurado. Pero el riesgo de insolvencia de éste, la ley quiere hacerlo recaer sobre la aseguradora y no sobre la víctima.
Si no se admite ese binomio - inoponibilidad frente al tercero/repetición frente al asegurado - no es posible dotar de algún espacio a la previsión del art. 76 LCS sobre la exceptio doli. El principio de vigencia es una máxima elemental en materia de exégesis de un texto normativo. Obliga a rechazar toda interpretación que prive de cualquier operatividad a un precepto. Una norma querida por el Legislador ha de tener una significación, ha de ser aplicable a algún grupo de supuestos, por reducido que sea. La interpretación abrogante no es interpretación, es derogación por vía no legítima. Recordemos de nuevo el texto del art. 76 LCS : "El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su contenido".
Anticipándose al criterio expresado en algunos votos particulares de esta misma Sala, la referida STS 365/2013, de 20 de marzo , señala que "Se viene defendiendo desde hace años -y ese argumento se blandía con habilidad y "astucia", utilizando el calificativo que elogiosamente usaba un comentarista, en alguno de los votos particulares que han acompañado en ocasiones a los pronunciamientos de esta Sala (STS de 29 de mayo de 1997 )-, que el art. 76 tendría como objetivo vencer las renuencias de las Aseguradoras a indemnizar o a consignar las cantidades. Se les privaría de una posible "excusa" para dilatar el pago (insinuación de que los hechos habían sido dolosos). Es una ingeniosa lectura del art 76. Pero si consigue hacer compatible su dicción literal con la tesis de la exclusión erga omnes de cobertura de los resultados dolosos, lo es a costa de romper moldes en la lógica jurídica. En efecto, tal entendimiento, analizado detenidamente, se derrumba por inconsecuente. Si fuese congruente habría que concluir que en esos casos si la repetición frente al causante resulta fallida por causa de insolvencia, la Aseguradora podría recuperar lo pagado de la víctima cuando estuviese ya acreditado y proclamado judicialmente el carácter doloso de los hechos. No se puede sostener que no tenía obligación de pagar pero que no puede recuperar lo "indebidamente" abonado. Si lo que se quiere con el art. 76 es que la Aseguradora pague en tanto se clarifica el suceso, una vez esclarecido no tiene sentido el art. 76 que cabalmente pregona que la Aseguradora no puede oponer el dolo al tercer perjudicado, tampoco cuando esté meridianamente claro que la actuación fue dolosa.
Ello no obstante, y en relación con el Seguro especial, de "responsabilidad civil" (Sec. 8ª, del Tít. II de la L.C.S., que trata, en sus distintas Secciones, pormenorizadamente, y entre ellos, del indicado, de los "Seguros de Daños"), figura el art. 76 , según el que, "el perjudicado, o sus herederos, tendrán "acción directa" contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a "repetir" contra el asegurado, en el caso de que sea debido a "conducta dolosa" de éste, el daño causado a tercero".
Esta misma regla especial se recoge en las Condiciones Generales de la Póliza aquí aplicable ( art. 20-2 de las mismas), y debe, por ello, la misma aplicarse, también por voluntad de las partes (conforme al pacto : art. 1º LCS ).
Conviene insistir de nuevo en que el art. 76 LCS rige para todos los seguros de responsabilidad civil . En los repertorios de jurisprudencia se encuentran casos nada infrecuentes en que tal previsión ha servido de soporte para que la aseguradora indemnice al perjudicado "sin perjuicio del derecho de repetir" por conductas dolosas surgidas con motivo del ejercicio de profesionales liberales (vid. SSTS 384/2004, de 22 de marzo , o 2172/2001, de 26 de noviembre referidas ambas a defraudaciones imputadas a abogados, o con matices diversos, la STS 173/2009, de 29 de marzo en el ámbito sanitario).
En tercer lugar, se alega la inclusión en el contrato de una cláusula "Claim Made", argumentando que la reclamación a la aseguradora se formuló fuera del ámbito temporal de cobertura del contrato de responsabilidad civil aun cuando el hecho del que se deriva dicha responsabilidad tuviera lugar dentro del ámbito temporal del mismo.
Como destaca la sentencia de instancia, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre las cláusulas de delimitación temporal, y la interpretación del art. 73 de la LCS , entre otras, en la sentencia de 19 de junio de 2012 , recordando que el segundo párrafo del art. 73 de la LCS establece que: "Serán admisibles, como límites establecidos en el contrato, aquellas cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados ajustadas al artículo 3 de la presente Ley que circunscriban la cobertura de la aseguradora a los supuestos en que la reclamación del perjudicado haya tenido lugar dentro de un período de tiempo, no inferior a un año, desde la terminación de la última de las prórrogas del contrato o, en su defecto, de su período de duración ".
Como recuerda la sentencia de instancia, esta Sala ha declarado que las cláusulas de delimitación temporal o "claims made" que buscan desplazar la deuda de responsabilidad al momento en que se produce la reclamación, al margen del seguro vigente al producirse el siniestro, han sido aceptadas por la jurisprudencia únicamente en tanto fueran en beneficio y no perjudicaran los derechos del asegurado o perjudicado, reputándose como lesivas en caso contrario ( SSTS de 20 de marzo de 1991 y 23 de abril de 1992 ), ya que una interpretación contraria llevaría al absurdo de excluir de la cobertura daños causados en fecha próxima a la expiración de la póliza pero que los asegurados no hubieran podido comunicar a la aseguradora porque nada se les habría reprochado ni reclamado todavía.
Remitiéndonos a la fundamentación de la sentencia impugnada, que hacemos nuestra, la citada cláusula se contrae a precisar convencionalmente el ámbito temporal del contrato y debe ser entendida en la relación interna entre las partes que la suscribieron, con posibilidad de ser aducida y opuesta al asegurado, pero no frente a terceros perjudicados al tratarse de una excepción de carácter personal, eficaz ante la otra parte de la relación contractual pero inoponible por aplicación del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro , caso de que se ejercite la acción directa contar el asegurador, todo ello sin perjuicio del derecho de repetición que compete al asegurador frente al asegurado; la aseguradora debe hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la cobertura del seguro de responsabilidad civil.
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR a los recursos de casación por quebrantamiento de forma, infracción de ley e infracción de precepto constitucional, interpuestos por las representaciones de la acusada, Andrea , del declarado partícipe a título lucrativo, Teofilo , y de la Responsable Civil Directa, ARCH INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Sexta, de fecha 26 de septiembre de 2013 en causa seguida a dicha acusada por delito continuado de apropiación indebida. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas ocasionadas en sus respectivos recursos.
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. Jose Manuel Maza Martin A LA SENTENCIA Nº 588/2014, recaída en el recurso nº 2287/13.
Con el máximo respeto que siempre me merece la opinión mayoritaria de este Tribunal y sin disentir de ella en el resto de consideraciones y pronunciamientos que contiene, sí que he de discrepar, sin embargo, respecto de la decisión relativa a la desestimación del motivo conducente a la exclusión de la responsabilidad civil de la entidad aseguradora que recurre la Resolución de instancia tan sólo en relación con este concreto aspecto.
Ya son varias las ocasiones en las que he tenido que formular Votos Particulares como el presente, discrepando de los criterios que aplica la mayoría de los integrantes de esta Sala acerca de la atribución de responsabilidad civil directa a las Compañías aseguradoras, cuando de las consecuencias perjudiciales de un delito doloso cometido por el asegurado se trata (vid. VsPs unidos a las SsTS de 2 de Junio de 2005 , 8 de Enero de 2007 , 22 de Febrero de 2010 ó 20 de Marzo de 2013 ), por lo que tengo aquí por reiterados todos los argumentos de carácter genérico ya incluidos en esos supuestos, tales como los relativos a la interpretación del principio general de la inasegurabilidad del dolo, que no debería restringirse al resarcimiento al propio asegurado de las consecuencias derivadas de su actuar intencionado sino que habría de ostentar un alcance más general dentro de una correcta comprensión del contrato de seguro, tanto desde el punto de vista estrictamente jurídico como económico, actuarial y de la propia función social del contrato de seguro, o bien los razonamientos relativos a por qué se establece en la Ley el derecho de repetición contra el asegurado cuando de uno de estos casos se trata, lo que no significa más que la previsión legal necesaria para posibilitar que en aquellos supuestos en los que la Aseguradora abonó indebidamente la indemnización pueda recuperar ese abono cuando, con posterioridad al adelanto, los Tribunales de Justicia califican como doloso el hecho causante de los perjuicios y de su reparación, incluso sin que el precepto que contiene ese derecho de repetición excluya para la aseguradora que pagó (como parece entender la STS de 20 de Marzo de 2013 que con tanto énfasis citan mis compañeros) la posibilidad de accionar contra el propio perjudicado en aquellos supuestos en los que el asegurado resulte insolvente, sino que, antes bien, esa sería la consecuencia jurídicamente más lógica ante la frustración del derecho a repetir que ostenta la entidad, toda vez que si éste se le otorga no era sino precisamente en reconocimiento a que no era ella la obligada a satisfacer la reparación.
No obstante, hay que tener presente que los aludidos Votos particulares hacían en su mayor parte (con excepción del que acompaña a la STS de 22 de Febrero de 2010 ) referencia a hechos relativos a la circulación de vehículos a motor en los que rige una forma de aseguramiento obligatorio y una regulación específica, extremos en los que inicialmente fundamentaban distintos integrantes de esta Sala la obligación de resarcimiento de las Compañías por la naturaleza social del Seguro obligatorio hasta que la normativa cambió, excluyendo expresamente el hecho doloso del ámbito de ese Seguro, pasando a afirmar (lo que no se había hecho hasta ese momento), que la obligación de resarcir existía en relación con el Seguro voluntario tan sólo.
El presente supuesto presenta la peculiaridad de que nos hallamos ante un delito de apropiación indebida que, para comenzar, ni tan siquiera ofrece esa alternativa imprudente que en las infracciones relacionadas con el tráfico rodado permitiera pensar en hipótesis de extensión de la inicial cobertura asegurada, con el complemento ulterior de la repetición contra el asegurado, autor del ilícito.
Por lo tanto, dicho derecho de repetición deviene aquí exorbitante toda vez que la entidad en ningún momento debiera tener ni tan siquiera una eventual obligación de indemnizar perjuicios derivados de hecho semejante, si se entiende, como yo sostengo, que ante lo que nos hallamos en supuestos como éste es sencillamente frente a siniestros que son del todo ajenos a la cobertura del seguro.
Y ello puesto que, en efecto, la cuestión central del problema no es otra que la de determinar si la actividad productora del perjuicio se encuentra cubierta por la correspondiente póliza o si, por el contrario, es tan ajena a la misma como lo serían unos daños causados por inundación para un seguro de incendios.
Porque el artículo 117 del Código Penal es claro cuando atribuye a los aseguradores responsabilidad civil directa, en reparación de los perjuicios causados por la infracción, tan sólo para los casos en los que "...hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad..."
Y afirmar que la apropiación indebida cometida por la recurrente es un riesgo asumido por la Aseguradora de la póliza de responsabilidad civil contratada por el Colegio de Procuradores, me parece un exceso contrario a Derecho, dicho sea con todos los respetos para la opinión de mis compañeros que, además, constituyen mayoría.
Ello máxime cuando, al tratarse de un seguro voluntario, las cláusulas contractuales, fuente de obligación para la parte, excluyen expresamente los hechos dolosos del ámbito de lo asegurado, sin que puedan existir a mi juicio razones de índole "socializador" o metajurídico que permitan extender a supuestos distintos las concretas obligaciones voluntariamente contraídas por las partes, ni aún en sus efectos frente a terceros.
En tal sentido, como ya hemos tenido oportunidad de reiterar en ocasiones anteriores, la acción directa y prohibición de excepcionar frente al perjudicado por el evento, contenidas en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro , requieren como elemento previo inexcusable el que el siniestro en el que los perjuicios se han producido se encuentre amparado por el contrato.
Inexistente tal premisa, la consecuencia que lleva a la obligación indemnizatoria por responsabilidad directa y sus corolarios de imposibilidad de formular excepciones frente al perjudicado y el consiguiente derecho de repetición contra el asegurado, devienen insostenibles por ausencia de la originaria fuente de la obligación cuyo contenido, tratamiento y efectos son abordados en el referido precepto.
Y éste, sin duda, es el supuesto ante el que nos hallamos, por lo que, en definitiva, considero que, con base en los anteriores argumentos, debería haberse estimado el Recurso de la Compañía Aseguradora, excluyendo su responsabilidad civil directa frente a los perjuicios ocasionados con la comisión del delito de apropiación indebida objeto de enjuiciamiento.
STS 1007/2013, 3 de Enero de 2014 (Apropiación indebida)
SAP Orense 129/2008, 10 de Abril de 2008
STS 418/1981, 20 de Enero de 1981
ATC 403/1984, 27 de Junio de 1984

References: artículo 852
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 252
 artículo 252
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 73
 artículo 383
 artículo 3
 artículo 76
 Resolución 
 artículo 117
 artículo 76