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﻿ El interés superior del menor es concreto e individualizado|Despacho de Abogados en Zaragoza. Somos especialistas en Derecho de Familia.
martes, 17 febrero 2015 | Categoría: Custodia Compartida, Familia, Filiación - 5.841 lect.
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20 comentarios a “El interés superior del menor es concreto e individualizado”
31 octubre 2018 a las 1:09 pm
Sobre la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional en España|Despacho de Abogados en Zaragoza. Somos especialistas en Derecho de Familia. dice:
6 junio 2017 a las 3:06 pm
[…] la adopción, ya sea nacional o internacional, siempre prima el interés del menor sobre cualquier otro interés legítimo. Específicamente, la adopción internacional está concebida como una medida de protección de los […]
Régimen de visitas con residencias alejadas de los padres|Despacho de Abogados en Zaragoza. Somos especialistas en Derecho de Familia. dice:
2 junio 2017 a las 7:11 am
[…] eran de escasos recursos económicos), fijando doctrina en aplicación a los principios del interés superior del menor y del reparto equitativo de las cargas del régimen de visitas. Se consideró que no debía […]
7 marzo 2017 a las 12:49 pm
[…] el del hijo menor es el interés más necesitado de protección, por lo que la pregunta a plantear sería ¿qué pasa con la pensión de alimentos, los apellidos, […]
23 febrero 2017 a las 4:16 pm
Aunque el padre reclame la filiación paterna, el hijo mantendrá el primer apellido materno:
El Pleno de Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia nº 659/2016, de 10 de noviembre, estima el recurso de casación interpuesto por la madre demandada, en un procedimiento en el que el padre ejercitó la acción de reclamación de la paternidad no matrimonial y se planteó la cuestión del orden de apellidos de los hijos menores en los supuestos en los que se determina la filiación de manera sobrevenida y no existe acuerdo entre los progenitores. La cuestión es que si declarada la filiación paterna sobrevenida, debe de mantenerse el primer apellido materno con el que fueron inscritos los menores al tiempo de su nacimiento o si, por el contrario, procede su alteración con la determinación del primer apellido paterno.
La sentencia recurrida confirmó la dictada en primera instancia, que había estimado la demanda de reclamación de la paternidad no matrimonial del padre y había desestimado la pretensión de la madre de mantener como primer apellido el materno, por considerar que habiéndose presentado la demanda de reclamación de la paternidad apenas transcurridos cuatro meses y medio desde el nacimiento, no podía sostenerse el uso social, escolar y familiar del apellido por los menores.
La sentencia del Pleno estima el recurso de casación, fundado sustancialmente en el principio del interés superior de los menores, y concluye que, en el supuesto examinado, procede el mantenimiento del primer apellido materno. Considera la Sala, que aunque la aplicación estricta de las normas vigentes al tiempo de dictarse la sentencia recurrida determinen que, en defecto de acuerdo entre los progenitores, el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo el de la madre, la respuesta, sin embargo, no puede ser de interpretación literal de la norma cuando está en cuestión el interés superior del menor. Lo relevante no es el deseo del padre desde que tuvo lugar el nacimiento, por noble que fuese, sino cual será el interés protegible del menor al día de hoy respecto al cambio del orden de los apellidos con el que consta inscrito en el Registro Civil, y con el que viene identificado, desde entonces, en la vida familiar, social o escolar.
Prestación por maternidad subrogada|Despacho de Abogados en Zaragoza. Somos especialistas en Derecho de Familia. dice:
16 febrero 2017 a las 12:56 pm
[…] cuestión referente a la negativa de Francia a la inscripción en el Registro Civil de los menores, el interés superior del menor cuyo respeto ha de guiar cualquier decisión que les […]
8 febrero 2017 a las 4:37 pm
El Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de diciembre de 2016, considera que una distancia de 50 Kms. entre los domicilios de los padres desaconsejan la custodia compartida, por suponer una alteración de la vida normal del hijo menor, especialmente cuando éste ya alcanza la edad escolar y la distancia para desplazarse al colegio no favorece al menor.
13 octubre 2016 a las 2:47 pm
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado, mediante Sentencia de fecha 11 de octubre de 2016 (asunto Iglesias vs. España), que establecer un régimen de custodia sobre un menor, en un procedimiento de divorcio, sin haberle escuchado, vulnera su derecho a ser oído en juicio del artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
En el caso se cuestiona la negativa de un juez a entrevistar a unas niñas, menores de edad en el momento de los hechos, durante el procedimiento de divorcio de sus padres. La actora, después de su posterior recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue declarado inadmisible por falta de relevancia constitucional, recurrió ante el TEDH invocando la violación del artículo 6 del CEDH (derecho a un juicio justo) a causa de la negativa de los tribunales nacionales a escuchar personalmente a las niñas durante el procedimiento de divorcio de sus padres.
El TEDH declaró admisible el recurso, estimando la violación del derecho de la actora a un juicio justo y condenando al Estado a indemnizar a la madre con 6.200 euros por daños morales, además del pago de las costas.
El TEDH observa además que, de acuerdo con el Derecho español, en los procedimientos de divorcio contenciosos, los menores deben ser oídos por el juez, si ello se considera necesario, si disponen de discernimiento y, en todo caso, si tienen 12 años o más. Además, si el menor solicita ser oído, el rechazo de su petición deberá ser motivada.
El TEDH estima que la actora venía reclamando desde el inicio del procedimiento de divorcio que las menores fuesen oídas, tanto en su oposición a la demanda de divorcio y de los recursos que le siguieron, como en relación con las cartas dirigidas al juzgado de primera instancia, motivadas por el temor a una modificación que podía resultarles perjudicial en la atribución de su custodia.
El Tribunal tiene particularmente en cuenta que cuando en 2007 se dictó la sentencia de divorcio, las menores tenían 14 años y 10 meses la mayor y de 11 años y medio la pequeña, y que cuando se enviaron las cartas en relación con el recurso de reposición tenían casi 15 años la mayor y 12 años la pequeña.
Por ello, el TEDH no aprecia ninguna razón para que una menor de 12 años de edad no fuese escuchada directamente por el juez de instancia en el marco del procedimiento de divorcio, como era exigido por la Ley nacional (art. 770 CC). Ni tampoco encuentra justificación para que el juez de primera instancia no se pronunciara motivadamente sobre la solicitud de audiencia.
En consecuencia, el Tribunal resuelve que la negativa a escuchar al menos a la mayor de las menores, así como la ausencia de toda motivación para rechazar la pretensión de ambas menores de ser oídas directamente por el juez que debía decidir sobre el régimen de visitas del padre, ha privado indebidamente a la actora de su derecho a que sus hijos menores sean oídos personalmente por el Juez competente, a pesar de las disposiciones legales aplicables y sin que tal situación haya sido repondida por las instancias superiores que han conocido del caso.
4 abril 2016 a las 5:47 pm
[…] la guarda y custodia compartida solo puede examinarse si el Juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, la […]
10 febrero 2016 a las 12:11 pm
8 febrero 2016 a las 3:32 pm
El Tribunal Constitucional (TC) otorga el amparo por entender que el auto recurrido no motiva suficientemente el interés superior del menor, prevalente en estos casos:
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia de fecha 1 de febrero de 2015, por la que anula un auto de la Audiencia Provincial de Valencia por el que se ordenaba la restitución inmediata de una menor a la residencia habitual de su padre en Suiza, pese a que dicho progenitor se encuentra imputado en España por un delito de violencia de género.
La madre de la menor, con quien la niña reside en España, se había negado a dicha restitución y, ante la orden de ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial, sin haber agotado toda la vía judicial ordinaria, acudió directamente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional respondió admitiendo a trámite el caso por la “urgencia excepcional” del recurso y ordenando la paralización de la entrega de la menor que había dictado la Audiencia Provincial hasta que no se dictara sentencia.
En concreto, el TC apreció que concurría una “especial trascendencia constitucional” porque el recurso planteaba un problema o afectaba a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no existía doctrina. “La ejecución produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo”, dijo entonces la Sala Segunda del Alto Tribunal. Afirma esta sentencia que esta conclusión es, por lo demás, acorde con las exigencias derivadas del derecho al respeto a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH) en los términos expresados en la jurisprudencia del TEDH precitada, en cuanto obliga a los órganos judiciales nacionales a expresar una decisión suficientemente motivada que refleje un examen eficaz de las causas alegadas como excepción al retorno del menor. Tales omisiones son determinantes para concluir estimando la vulneración del derecho fundamental de la demandante en amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión, por lesión del artículo 24 de la Constitución Española (CE).
Los razonamientos expuestos conducen a la estimación del recurso de amparo en la forma prevista en la parte dispositiva de esta resolución, ordenando “retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera de las citadas resoluciones para que el órgano judicial dicte una nueva, respetuosa con el derecho fundamental vulnerado”.
24 julio 2015 a las 11:39 am
[…] Fija el concepto de “interés superior del menor”, el cual debe ser una consideración primordial que deberá tenerse en cuenta en la satisfacción […]
1 julio 2015 a las 11:57 am
29 mayo 2015 a las 11:51 am
El juez no puede limitar el uso de la vivienda familiar a los menores:
En reciente Sentencia número 282/2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS), de 18 de mayo de 2015, se declara que “la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el juez”. El Alto Tribunal anula parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que había establecido en una causa de divorcio el uso temporal de la vivienda familiar para la madre y un hijo menor hasta la disolución de la sociedad de gananciales con un límite de tres años.
La sentencia anulada sostenía que el artículo 96 del Código Civil “no prohíbe efectuar limitaciones temporales y éstas pueden estar justificadas cuando tienen por objeto adaptar la situación patrimonial de la familia a sus nuevas circunstancias económicas a fin de compatibilizar los intereses de los hijos con los de sus progenitores” a tenor de los fallos del Supremo de 1 de abril 2011, que fija doctrina, 14 de abril o 5 de septiembre de 2011.
El principio que aparece protegido en esta disposición es el del interés del menor, que requiere alimentos que deben prestarse por el titular de la patria potestad, y entre los alimentos se encuentra la habitación (art. 142 CC); por ello los ordenamientos jurídicos españoles que han regulado la atribución del uso en los casos de crisis matrimonial o de crisis de convivencia, han adoptado esta regla. La atribución del uso de la vivienda familiar, es una forma de protección, que se aplica con independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre quienes son sus propietarios, por lo que no puede limitarse el derecho de uso al tiempo durante el cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien (STS 14 de abril 2011 ).
Sin duda, el interés prevalente del menor no pasa necesariamente por la liberación de la medida de uso. Se trata de un argumento simplemente especulativo que tendrá su razón de ser en algunos casos, no en todos. El interés del menor –STS 17 de junio 2013– “es la suma de distintos factores que tienen que ver no solo con las circunstancias personales de sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, de lo que es corolario lógico y natural la guarda y custodia compartida, sino con otras circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales que deben ser objeto de valoración para evitar en lo posible un factor de riesgo para la estabilidad del niño, y que a la postre van a condicionar el mantenimiento de un status sino similar si parecido al que disfrutaba hasta ese momento y esto se consigue no solo con el hecho de mantenerlos en el mismo ambiente que proporciona la vivienda familiar, sino con una respuesta adecuada de sus padres a los problemas económicos que resultan de la separación o del divorcio para hacer frente tanto a los gastos que comporta una doble ubicación de los progenitores, como a los alimentos presentes y futuros”.
El TS reitera como doctrina jurisprudencial la siguiente: “la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el art. 96 CC”.
8 mayo 2015 a las 6:32 pm
16 abril 2015 a las 8:33 am
[…] Supremo, de fecha 13 de febrero de 2015 (recurso número 2339/2013), en la que se declara que el interés superior del menor es concreto e individualizado y se resaltan dos criterios a seguir por los órganos judiciales para la adjudicación de la guarda […]
12 abril 2015 a las 9:00 am
Licenciada recurro a usted en un momento ya desesperado mi hermanita Eva de 31 años de edad fallecio el 1 de agosto del 2014 dejando a un niño de casi 7 años de edad, ella ya era viuda dos años atras y cuando enviudo decidio regresar a vivir con sus padres, pero un año despues su cuñada la seguia amenazando que si no les llevaba al niño se lo iban a quitar legalmente, acusandola de q no era una madre idonea, asi que sin consultar con su familia Eva regreso con su familia politica. Eva padecia del corazon desde los 11 años tras varias cirujias ella seguia adelante y su familia politica estaba enterada de la delicadeza de su enfermedad y no le dieron la atencion debida por hemorrogia, llevandola a cardiologia inconsiente y ya practicamente sin sangre, mismos sintomas que provocaron el desenlace. Cabe aclarar que ya tenia un mes con hemorragias y desde ese dia ellos ocultaron a mi sobrino; en varias ocasiones les pedimos de manera amable nos dejaran convivir con él a lo cual se negaron e incluso lo escondian cuando ibamos a visitarlo, la cuñada mayor empezo a tramitar la tutela voluntaria del niño alegando q nunca nos habiamos preocupado por el. A consecuencia de esto iniciamos proceso en Naucalpan tuvimos q iniciar juicio por guarda y custodia del menos ellos viven en el estado de mexico pero por conveniencia de ellos falcifiracon datos diciendo q viven en el D.F. por lo q se a atoredo el inicio de juicio porque alegan q no es autoridad competente, el punto aqui es q por ningun concepto quieren que el niño tenga trato con nosotros, mi mama es quien esta entablando el juicio ella es una persona de 77 años y solo pide convivir con su nieto, la familia paterna han mal aconsejado al menor, han dicho cosas horribles q por supuesto son mentira si fuera verdad q lo odiamos como para q pretenderiamos verlo, nuestra preocupacion es que el abuelo paterno renuncio a su derecho porque ya tiene otra familia desde antes q falleciera su esposa, la otra tia con la q lo dejan todo el dia tiene epilepsia y le dan ataques constantemente, y la tia q esta pidiendo la guarda y custodia es contadora y trabaja desde la mañana hasta la noche y no se da cuenta de lo que pasa con el niño durante el dia incluso a veces se la pasa el niño con otras tias lejanas y nos preocupa sobre manera por qué el miedo a q convivamos con el niño. Le agradeceria un consejo y sí tenemos abogada pero ahora me dijeron que tengo q ofrecerle dinero al juez porque este juez se vende y esto ya no me dio confianza, le agradeceria me enviara una contestacion a la brevedad y si hay algun lugar a donde dirigirnos, que Dios la bendiga.
4 marzo 2015 a las 1:54 pm
El Tribunal Supremo ordena que por interés del menor el primer apellido de un niño sea el de la madre y no el del padre:
En Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 17 de febrero de 2015 (recurso Nº 2923/2013), se establece que, para preservar el interés del menor, el orden de los apellidos del niño sea en primer lugar el de la madre, el cual había sido el utilizado hasta que prosperó una demanda de filiación no matrimonial, y en segundo lugar el del padre.
El TS considera la notoria relevancia identificativa del primero de los apellidos en el desarrollo personal y social del niño a la hora de aplicar la legislación vigente, interpretándola conforme al principio del interés superior del menor.
En estas circunstancias identifica el interés del menor en seguir manteniendo su nombre y en este caso concreto su primer apellido materno, al ser conocido por el mismo en los diferentes ámbitos familiar, social o escolar.
El padre del menor interpuso demanda de juicio verbal de determinación de la filiación, guarda, y custodia y alimentos y orden de los apellidos, ante el Juzgado de Primera Instancia. Solicitaba en su demanda que el menor llevase en primer lugar su primer apellido y en segundo lugar el primero de la madre. La madre, como representante legal del menor, a su vez solicita al juzgado que el menor deberá continuar usando sus apellidos, o permitir la unión de los apellidos matemos como primero del niño y el primero del padre como segundo.
La sentencia de instancia estimó íntegramente la demanda, incluida por tanto la medida relativa al orden de los apellidos del menor. Contra dicha sentencia la madre interpone recurso de apelación, que resuelve mediante sentencia la AP Guadalajara, confirmando en lo principal la sentencia de instancia. Posteriormente, interpuso recurso de casación contra la anterior resolución.
Comienza la Sala indicando que la sentencia de instancia motiva su decisión en que el orden de los apellidos es un tema de estricta legalidad siendo de pertinente aplicación al caso la norma general según el cual la filiación determina el orden de los apellidos, pudiendo los hijos, al llegar a la mayoría de edad, o a la emancipación, alterar el orden de los mismos, añadiendo que no se estima que el cambio de los apellidos del menor pueda redundar en su perjuicio.
Así, considera que «en términos de estricta legalidad vigente no existe duda respecto de la decisión adoptada por la sentencia recurrida, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Civil, artículo 53 y siguientes de la Ley de Registro Civil y artículo 194 del Reglamento de Registro Civil. Así, en defecto de la opción prevista en el artículo 109 del Código Civil, que es el caso presente, “el primer apellido de un español es el primero del padre y el segundo apellido, el primero de los personales de la madre…”.»
Sin embargo, continúa en su argumentación el TS, la respuesta no puede ser de interpretación literal de la norma cuando está en cuestión el interés superior del menor, abundando en ejemplos de sentencias en los que han aplicado un criterio corrector en la interpretación de las normas para salvaguardar dicho interés superior.
Dicho mandato constitucional, continúa el TS, impulsó al poder legislativo a la promulgación de la normativa necesaria para la protección del menor (Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de protección de menores, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, Ley de Protección Jurídica del Menor), normativa se ha visto poderosamente influenciada por los textos internacionales que se han ocupado de la protección de los menores (Declaración Universal de los Derechos del Niño (Nueva York 1959) y la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 20 de noviembre de 1989).
El interés superior del menor se configura así como un verdadero concepto jurídico indeterminado que se identifica con desenvolvimiento libre e integral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le beneficie, más allá de las preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores.
Centrándose en concreto asunto, toma en consideración la Sala la exposición de motivos de la Ley del Registro Civil 20/2011 de 21 de julio (aun no estando todavía en vigor) en el que se dice que con el fin de avanzar en la igualdad de género “se prescinde de la histórica prevalencia del apellido paterno frente al materno permitiendo que ambos progenitores sean los que decidan el orden de los apellidos”.
La norma incluye en su art. 49 dispone:
«2. La filiación determina los apellidos. Si la filiación está determinada por ambas líneas los progenitores acordarán el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral.
En caso de desacuerdo o cuando no se haya hecho constar los apellidos en la solicitud de inscripción, el Encargado del Registro Civil requerirá a los progenitores o a quienes ostenten la representación legal del menor, para que en el plazo máximo de tres días comuniquen el orden de apellidos. Transcurrido dicho plazo sin comunicación expresa, el Encargado acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor.
En los supuestos de nacimiento con una sola filiación reconocida, ésta determina los apellidos. El progenitor podría determinar el orden de los apellidos […]»
Es por tanto el interés superior del menor el que prevalece y, aunque la Ley no ha entrado en vigor, autoriza una interpretación correctora de la vigente, porque en los aspectos sustantivos la vigencia constitucional de los principios que la inspiran sí se encuentran en vigor.
El TS dilucida cual debe considerarse en el supuesto planteado el interés superior del menor cuando existe un nacimiento con una sola filiación, determinando ésta los apellidos, y a consecuencia de un reconocimiento tardío el cambio del orden de los apellidos alcanza al menor a una edad en que tanto en la vida social como en la escolar es conocido por el primer apellido en su día determinado.
La sentencia a la que se remite la Sala se detiene en hacer ver la notoria relevancia identificativa del primero de los apellidos, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
«i) En primer lugar, debe subrayarse que las normas registrales del orden de apellidos están dirigidas al momento anterior a la inscripción registral de nacimiento, concediendo a los padres una opción que ha de ejercitarse «antes de la inscripción» y, de no realizarse, se aplica el orden supletorio establecido reglamentariamente (cfr. arts. 53 y 55 de la Ley del Registro Civil y 194 del Reglamento del Registro Civil).
ii) En el caso de determinación judicial de la paternidad, la filiación se establece de forma sobrevenida, con las consecuencias inherentes a los apellidos y entra en juego el derecho del menor a su nombre, puesto que en el periodo transcurrido entre el nacimiento y el momento en que se puso fin al proceso por Sentencia firme había venido utilizando el primer apellido materno, siendo patente la relevancia individualizadora del primero de los apellidos de una persona.
iii) El menor en el momento de iniciarse el proceso estaba escolarizado y había venido utilizando el primer apellido de su madre desde su nacimiento, sin que hubiera tenido una relación personal estable con su padre. En estas circunstancias es identificable el interés del menor en seguir manteniendo su nombre y en este caso su primer apellido materno, al ser conocido por el mismo en los diferentes ámbitos familiar, social o escolar.»
Desde esta perspectiva constitucional, debió ponderarse especialmente el interés del menor y su derecho fundamental al nombre como integrante de su personalidad, a la hora de decidir sobre el orden de los apellidos, reconociendo la vulneración del contenido constitucional del art. 18.1 CE.
Por todo ello el Tribunal Supremo estima el recurso y ordena que en el orden de los apellidos del menor el primero sea el de la línea materna y el segundo el de la paterna.
26 febrero 2015 a las 12:41 pm
“El interés superior del niño”:
El concepto de interés superior del niño es complejo, y su contenido debe determinarse caso por caso. El legislador, el juez o la autoridad administrativa, social o educativa podrá aclarar ese concepto y ponerlo en práctica de manera concreta mediante la interpretación y aplicación del artículo 3, párrafo 1, teniendo presentes las demás disposiciones de la Convención. Por consiguiente, el concepto de interés superior del niño es flexible y adaptable. Debe ajustarse y definirse de forma individual, con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales. En lo que respecta a las decisiones particulares, se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en función de las circunstancias específicas de cada niño en concreto. En cuanto a las decisiones colectivas (como las que toma el legislador), se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en general atendiendo a las circunstancias del grupo concreto o los niños en general. En ambos casos, la evaluación y la determinación deben llevarse a cabo respetando plenamente los derechos que figuran en la Convención y sus Protocolos facultativos.
El interés superior del niño se aplicará a todos los asuntos relacionados con el niño o los niños y se tendrá en cuenta para resolver cualquier posible conflicto entre los derechos consagrados en la Convención o en otros tratados de derechos humanos. Debe prestarse atención a la búsqueda de posibles soluciones que atiendan al interés superior del niño. Ello implica que los Estados tienen la obligación de aclarar, cuando se adopten medidas de aplicación, cuál es el interés superior de todos los niños, incluidos los que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
La flexibilidad del concepto de interés superior del niño permite su adaptación a la situación de cada niño y la evolución de los conocimientos en materia de desarrollo infantil. Sin embargo, también puede dejar margen para la manipulación: el concepto de interés superior del niño ha sido utilizado abusivamente por gobiernos y otras autoridades estatales para justificar políticas racistas, por ejemplo; por los padres para defender sus propios intereses en las disputas por la custodia; y por profesionales a los que no se podía pedir que se tomaran la molestia y desdeñaban la evaluación del interés superior del niño por irrelevante o carente de importancia.
Con respecto a las medidas de aplicación, para que el interés superior del niño sea una consideración primordial a la que se atienda al promulgar disposiciones legislativas y formular políticas en todos los niveles de los poderes públicos, así como al aplicar esas disposiciones legislativas y esas políticas en todos los niveles, se requiere un proceso continuo de valoración de los efectos sobre los derechos del niño, a fin de prever las consecuencias de cualquier proyecto de ley o propuesta de política o asignación presupuestaria en los niños y el disfrute de sus derechos, y de evaluación de los efectos sobre los derechos del niño, con miras a juzgar las consecuencias reales de la aplicación.
26 febrero 2015 a las 12:26 pm
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño : artículo 3, párrafo 1:
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial: Aprobada por el Comité en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1 de febrero de 2013).
a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.

References: artículo 6
 artículo 6
 artículo 24
 artículo 96
 artículo 109
 artículo 53
 artículo 194
 artículo 109
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3