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Timestamp: 2017-05-29 09:24:29+00:00

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Inicio Comunicados Orden del día La Corte Funciones Reglamento interno Normatividad Principios Reguladores Directorio Magistrados actuales Magistrados anteriores Relatoría Secretaría General Salas de Revisión 2016 Consulta de Procesos Main Decisions CODIGO GENERAL DEL PROCESO CODIGO GENERAL DEL PROCESO REPUBLICA
D-9263
C-157/13
206 (p.)
demandante considera que la norma acusada, al establecer una sanción para
aquellos eventos en los cuales se nieguen las pretensiones por falta de
demostración de los perjuicios, desconoce los principios de proporcionalidad
y de buena fe, así como los derechos a acceder a la justicia y al debido
proceso. La Corte encontró que la sanción que se debe imponer cuando se
niegan las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios resulta
razonable y proporcionada, salvo que esa negativa obedezca a causas ajenas a
la voluntad de la parte, evento en el cual no procede el juramento
exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por
medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción -por falta de
demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea
imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a
pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.
el demandante que la obligación de realizar un juramento estimatorio como
requisito previo a la admisión de la demanda de todo proceso en el cual se
pretenda la indemnización de perjuicios, el pago de frutos, mejoras o
compensaciones, vulnera los artículos 29 y 229 de la Constitución. La Corte
determinó que la exigencia del juramento estimatorio de las pretensiones
configura una carga razonable y proporcionada que no vulnera el debido
proceso, el acceso a la administración de justicia, ni el derecho de defensa.
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-157 de 2013, respecto del parágrafo
único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.
Declarar exequibles los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y
sexto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos analizados en
D-9514
C-332/13
actor solicita que se declare la inexequibilidad de los partes normativos
acusados, por vulnerar los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política.
Configuración de cosa juzgada constitucional.
del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.
Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-279 de 2013, respecto del inciso
cuarto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.
D-9408
C-436/13
24 (p.)
solicita la declaratoria de inexequibilidad del aparte demandado por
infracción del artículo 116 de la Constitución. Se aduce, que dicha norma no
establece con precisión las funciones judiciales que se encargarían a la
Dirección Nacional de Derechos de Autor, lo que implicaría un desconocimiento
del carácter excepcional que según la Constitución, debe tener la atribución
de funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas. La Corte
consideró que la atribución de funciones jurisdiccionales a la Dirección
Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos
de autor y conexos no viola los mandatos de precisión temática y orgánica
derivados del artículo 116 Superior. Adicionalmente constató que tal
atribución no desconoce la prohibición de asignar a las autoridades
administrativas funciones para instruir sumarios o juzgar delitos. Pese a lo
anterior, identificó un riesgo de confusión entre las funciones
administrativas de inspección vigilancia y control y las funciones judiciales
a cargo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
exequible el literal b) del numeral 3 del artículo 24 de la ley 1564 siempre
y cuando la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Derechos
de Autor garanticen los principios de imparcialidad e independencia, en el
ejercicio de las funciones jurisdiccionales asignadas.
D-9480
C-531/13
317 (p.)
demanda se centra en la hipótesis legal de que se debe aplicar la figura del
desistimiento tácito en cualquier etapa procesal, incluso en aquella en la
cual ya existe sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que
ordena seguir adelante la ejecución. Se afirma, que la anterior hipótesis
afecta el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes previstos en la Carta, pues permite desconocer
la efectividad de un derecho adquirido, si dentro de un tiempo preciso su
titular no solicita o realiza ninguna actuación en el proceso, valga decir,
si éste permanece inactivo. Inhibición para emitir un pronunciamiento de
inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la
constitucionalidad de las expresiones “en cualquiera de sus etapas” y “b) Si
el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto
que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral
será de dos (2) años”, contenidas en el numeral 2 del artículo 317 de la Ley
1564 de 2012, por ineptitud sustancial de la demanda.
C-543/13
594 (p.)
demandante consideró que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 2,
13, 29, 58, 95-7 y 229 de la Constitución. Por concluir que los cargos
formulados carecen de certeza y pertinencia y que en algunos casos no se
desarrolla un concepto de la violencia, la Sala Plena se inhibe de emitir un
de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la demanda formulada por el
ciudadano Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, contra el parágrafo 2 del
artículo 195 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530
de 2012; y los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564
D-9604
C-755/13
625 (p.)
demandante considera que el aparte normativo acusado viola el derecho al
debido proceso específicamente el derecho a un juez natural, en cuanto ordena
remitir a la justicia civil los procesos de responsabilidad médica que se
estén tramitando ante los jueces laborales “en el estado en que se
encuentren”. Para la Corte, el derecho a la inmodificación de la competencia
no es absoluto, por eso, enmarcar un proceso en curso en uno u otro ramo de
la justicia ordinaria no es contrario por principio a la Carta, si en uno y
otro se respetan las disposiciones de esta última, tal y como ocurre, en
abstracto, con las ramas civil y labor de la justicia ordinaria.
exequible el artículo 625 numeral 8 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 ‘Por
disposiciones’, por el cargo examinado.
D -9509
C-834/13
613 (p.)
actor controvierte la exequibilidad de la expresión “de carácter patrimonial”
porque en su sentir, mantiene la obligación de acudir a la audiencia de
conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad ante la
jurisdicción contencioso administrativa. En su criterio, esta disposición es
contraria al principio de igualdad y al derecho de acceso a la administración
de justicia. Al encontrar que la conciliación en caso de medidas cautelares
de carácter no patrimonial no constituye un obstáculo de acceso inmediato a
la administración de justicia, la Corte Constitucional decide declarar
exequible el aparte normativo acusado.
exequible el aparte “de carácter patrimonial” del artículo 613 de la ley 1564
de 2012, por los cargos analizados en esta sentencia.
D-9746
C-030/14
612 (p.)
la accionante que la norma acusada, al ordenar a los jueces a notificar
personalmente a la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado dentro de
cualquier proceso en contra del Estado, desconoce los derechos al debido
proceso, a la defensa y a la adecuada protección de los recursos públicos, al
pretender alcanzarse una finalidad adecuada pero a través de un medio
irrazonable y desproporcionado. La ausencia de cargos pertinentes y
suficientes impidió a la Corte realizar un examen del caso. Ineptitud
de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de los incisos demandados (sexto
y séptimo) del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustantiva
D-9761
C-083/14
48 (p.)
demandante considera que el legislador, al obligar al curador ad litem a
realizar su labor en forma gratuita como defensor de oficio, viola el derecho
a la igualdad y al trabajo. La Corte encontró que la designación de curador
ad lítem en cabeza de un abogado que lo ejercerá como defensor de oficio en
forma gratuita, no vulnera los derechos alegados por el actor, toda vez que
no es una carga desproporcionada y que está inspirada en el deber de
solidaridad que permite que un grupo de personas que desempeñan una labor de
dimensiones sociales, colabore en la garantía efectiva del derecho de acceso
a la justicia en situaciones en que esta pueda verse obstaculizada.
exequibles las expresiones ‘quien desempeñará el cargo en forma gratuita como
defensor de oficio’ del numeral 7° del artículo 48 del Código General del
Proceso (Ley 1564 de 2012), por los cargos analizados en la presente
D-9874
C-178/14
concepto del demandante, la norma acusada vulnera simultáneamente el derecho
de igualdad y el debido proceso consagrados en los artículos 13 y 29
Superior. La Sala Plena constata que el caso objeto de estudio se presenta el
fenómeno jurídico de la cosa juzgada formal.
a lo resuelto en la sentencia C-436 de 2013,[37] en relación con el cargo por
violación al derecho fundamental al debido proceso y el principio de
imparcialidad judicial, en la cual se declaró exequible el literal b) del
numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, “siempre y cuando la
estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor
garanticen los principios de imparcialidad e independencia, en el ejercicio
de las funciones jurisdiccionales asignadas”.
C-279/14
84 (p.)
del análisis detallado de cada uno de los argumentos de los demandantes, la
Sala Plena de la Corporación decidió estarse a lo resuelto en la sentencia
C-169/14en la que fue declarada la inexequibilidad de la Ley 1653 de 2013 y,
declararse inhibida para decidir sobre la constitucionalidad del numeral 4º
del artículo 84 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustantiva de la
Estarse a lo resuelto en la sentencia C-169 de 2014, en la que fue declarada
la inexequibilidad de la Ley 1653 de 2013.
del artículo 84 de la Ley 1564 de 2012.
C-369/14
el actor que la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como
defensor de oficio” vulnera el derecho a la igualdad de los curadores ad
litem, al ser obligados a prestar su labor de forma gratuita a diferencia de
los demás auxiliares de la justicia que perciben una remuneración. Igualmente
adujo la violación del derecho al trabajo que consagra la Carta Política,
pues la labor del curado es ocasional y goza de especial protección del
Estado. Por último alegó la trasgresión del derecho al mínimo vital, porque
los honorarios que reciben por esta labor son, para muchos profesionales su
única fuente de ingreso. Al verificar que frente a los cargos por
desconocimiento del principio de igualdad y el derecho al trabajo se presentó
el fenómeno de la cosa juzgada, la Sala decide estarse a lo resuelto en la
sentencia C-083/14. Respecto al cargo por la presunta vulneración del derecho
al mínimo vital, la Corte decide declarar exequible la expresión acusada, por
cuanto de esta no se deriva la exigibilidad de una remuneración mínima vital
y móvil por la gestión de los abogados que se desempeñen como curadores ad
litem, pues estos cuentan con la posibilidad de obtener ingresos mediante
otras formas de ejercicio profesional remunerado, en tanto la norma no
establece una cláusula de exclusividad que les impida cumplir con otros roles
profesionales para obtener los recursos para una supervivencia digna.
Estarse a lo resuelto en la sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 que
declaró exequible la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita
como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de
2012, por los cargos relacionados con el principio de igualdad y con el
Declarar exequible la expresión ‘quien desempeñará el cargo en forma gratuita
como defensor de oficio’ del numeral 7° del artículo 48 del Código General
del Proceso (Ley 1564 de 2012), por el cargo referido al presunto
desconocimiento del derecho al mínimo vital.
C-389/14
el actor que se vulneran los derechos a la igualdad y al trabajo de los
abogados nombrados curadores ad litem, al ser obligados a prestar sus
servicios en forma gratuita a diferencia de los demás auxiliares de la
justicia que perciben unos honorarios por su labor. La Sala Plena verificó
que respecto a los cargos planteados por la demandante existe cosa juzgada
constitucional, por cuanto ya fueron analizados y desestimados por la Corte
C-507/14
25 (p.)
los demandantes que el parágrafo del artículo acusado, al otorgar a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la facultad de modificar
las cuantías establecidas por el Legislador para la definición de la
competencia, vulnera la Constitución Política al quebrantar los pilares
esenciales del Estado Social de Derecho; desplazar una facultad del Congreso
de la República a una autoridad administrativa sin que ésta última cuente con
dicha función y, al vulnerar la reserva de ley para la expedición y reforma
de los códigos en los diversos ramos de la legislación. Para la Corte, el
legislador desconoció la cláusula de reserva de ley consagrada en la Carta,
cuando a través de una disposición del Código se facultó a una autoridad
distinta al legislador para modificar sus contenidos, los cuales impactan en
forma significativa la estructura de los mismos.
Declarar inexequible el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1564 de 2012, que
prescribe que: “ La Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, previo concepto favorable del Gobierno Nacional, podrá modificar
las cuantías previstas en el presente artículo, cuando las circunstancias así
lo recomienden.”, por las razones expuestas en esta providencia.
D-10113
C-683/14
487 (p.)
caso, la Corte decidió sobre varios cargos contra la norma del Código General
del Proceso que regula la posibilidad de que las personas puedan hacer una
partición de sus bienes en vida, mediante escritura pública. Después de
analizar el contenido y aptitud de tales cargos, la Sala concentró su análisis
en aquellos relacionados con la eventual vulneración del principio de
igualdad (art. 13 C. P.) para futuros o eventuales herederos y el posible
incumplimiento de la regla sobre unidad de materia (art. 158 ibídem). Al
término del análisis, la Sala concluyó que tales cargos no estaban llamados a
exequible el parágrafo del artículo 487 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos
por unidad de materia e igualdad en los términos analizados en esta
C-726/14
419 y 421.
el demandante que las disposiciones acusadas son contrarias a los derechos a
la igualdad, al debido proceso y a la defensa. Para él, la procedencia y el
trámite del proceso monitorio, establecido en el Código General del Proceso,
se rige por una estructura unilateral y, en consecuencia, carece de la
bilateralidad propia de todo procedimiento judicial, en tanto el juez, cuando
realiza el requerimiento de pago, simultáneamente se pronuncia con efectos de
cosa juzgada, sin haber escuchado a la contraparte, trasgrediendo con ello,
las garantías procesales del deudor. La Corte concluye que las normas
demandadas persiguen propósitos constitucionales legítimos y razonables que
no son contrarios a las disposiciones de la Carta invocadas por el actor. Por
otra parte, la Sala estima que, tratándose de un proceso especial de
trascendental alcance social que utilizarán las personas para resolver controversias
informarles de menor cuantía, es necesario hacer un llamado a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que divulgue a la
comunidad en general, la regulación, el trámite, los beneficios y efectos del
proceso monitorio, antes de su entrada en vigor.
exequibles los artículos 419 y 421 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos
examinados en esta providencia.
D-10229
C-880/14
347 (p.)
Corte decidió sobre la exequibilidad de apartes de dos distintas normas,
relacionadas ambas con la posibilidad de que las respectivas Salas de
Casación Penal y Civil decidan no seleccionar para trámite, algunos de estos
recursos extraordinarios. Los demandantes alegaron que estas facultades son
demasiado amplias y que permiten el rechazo in límine de tales recursos, por
razones que solo deberían ser estudiadas al momento del análisis de fondo.
Señalaron además, que estas reglas vulneran, entre otros, el principio de
dignidad humana, los fines esenciales del Estado social de derecho, la
cláusula de igualdad y la prevalencia del derecho sustancial en la
administración de justicia. Igualmente indicaron, que el legislador excedió
el margen de configuración normativa que le es propio. Sostuvieron también,
que la segunda de estas normas viola el artículo 243 Superior, pues reproduce
el contenido de otras que fueron declaradas inexequibles por razones de
fondo. La Sala Plena concluyó que la norma que incorpora las finalidades de
la casación como parámetro de selección de tales recursos por parte de la
respectiva Sala, a partir del cumplimiento o no de los requisitos formales de
admisión; la que establece un mecanismo de insistencia dentro de dicho
trámite y la que incorpora la identidad de hechos como criterio de no
selección, no vulneran derecho alguno, ni los principios y cláusulas
constitucionales aducidos por los actores, y por el contrario, constituyen
válido ejercicio de la facultad de configuración normativa del legislador.
Declarar exequible las expresiones “que admite recurso de insistencia”, “o
cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo
para cumplir algunas de las finalidades del recurso” y “Sin embargo,
atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición
del impugnante dentro del proceso de índole de la controversia planteada,
deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo” contenidas
en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.
Declarar exequible el numeral primero del artículo 347 de la Ley 1564 de
D-10341
386 (p.)
artículo 386 establece que en el proceso de investigación de la paternidad se
puede fijar una cuota de alimentos provisional desde la admisión de la
demanda, siempre que el juez encuentre que ésta tiene un fundamento razonable
o, desde el momento en que se presente un dictamen de inclusión de la
paternidad. El mismo artículo consagra, la posibilidad de suspender dicho
decreto desde que exista fundamento razonable de exclusión de la paternidad.
Este último contenido es el que es objeto de reproche, por considerarse trasgresor
de los artículos 1, 2, 29, y 44 de la Constitución, en razón a que se
desconoce el deber de garantizarle a la población menor de 18 años, la
protección efectiva de todos sus derechos, al no contener un procedimiento
alterno que permita actuar en defensa del interés superior del menor de edad,
para protegerlo de la situación de vulnerabilidad en la que pueda
encontrarse. La Corte considera que, aunque la facultad otorgada al juez de
familia para decretar alimentos provisionales en un proceso de investigación
de la paternidad a favor de personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad como los menores de 18 años es una medida que busca asegurar
intereses superiores, también lo es, que no pueda imponerse el pago de dicha
prestación a cargo de quien no se encuentra obligado legalmente a ello.
Declarar exequible, por los cargos analizados, la expresión “Así mismo podrá
suspenderlos desde que exista fundamento razonable de exclusión de la
paternidad” contenida en el numeral 5 del artículo 386 de la Ley 1564 de
C-533/15
291 (p.)
personal. Reglas para cuando se rehúsa recibir la comunicación. Determinar si
al dar por entregada comunicación que se rehúsa a recibir y constancia de no
entrega cuando el notificado no reside, labora o dirección es errada se
afecta el trato igual frente a la previsión de emplazamiento cuando en lugar
de notificación informan que la persona no vive o reside allí y si dicha
consecuencia limita el acceso a la administración de justicia al impedir el
conocimiento del proceso iniciado contra la persona. Temas a tratar:
Aplicación del principio pro actione, Reglas en cuanto a la entrega de la
comunicación, Comparación de la notificación personal prevista en el Código
de Procedimiento Civil derogado y Código General del Proceso, Modalidades
para surtir la notificación, Principio de igualdad como derecho.
exequible, por el cargo examinado, el inciso segundo del numeral 4 del
artículo 291 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras disposiciones.”
D-10609
7 (p.)
sobre posibilidad de que el juez se aparte de la doctrina probable. En este
caso le correspondió a la Corte determinar si al exigir al juez “exponer
clara y razonablemente los fundamentos jurídicos de su decisión” cuando
pretenda apartarse de la doctrina probable y el precedente judicial, implica
un cambio en el sistema de fuentes consagrado en la Constitución Política. A
juicio de los demandantes, con esa disposición se equiparan las fuentes
principales con las auxiliares, en razón de darle a la jurisprudencia un
valor normativo superior incluso a las leyes. Concluyó la Sala que la norma
demanda, al establecer la obligación del juez de sustentar las razones por
las cuales se aparta de la jurisprudencia, no hace otra cosa que recoger lo
que ya ha sido plasmado por las sentencias de la Corte Constitucional en su
reiterada jurisprudencia al interpretar el mandato constitucional del
Declarar exequible el inciso segundo el artículo 7° de la Ley 1564 de 2012.
Declararse INHIBIDA para decidir de fondo, en relación con el cargo contra la
palabra además del párrafo primero, artículo 7 de la Ley 1564 de 2012, por la
supuesta violación al artículo 230 de la Constitución.
D-10874
C-067/16
206 (p.),modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014
estimatorio. Monto de lo que se debe pagar si la cantidad estimada excede el
50% a la que resulte probada. Considera el actor que la norma acusada, al
cambiar la expresión “la diferencia”, por “la diferencia entre la cantidad
estimada y la cantidad probada”, desconoce el margen de error del 50% que la
misma norma establece, pues en su opinión se modifica el método del cálculo
para saber el monto de la sanción. Por lo anterior aduce, se vulnera el
principio de legalidad y en consecuencia, los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia. La Corte concluye que no se
desconocieron los términos constitucionales señalados en los artículos 6, 29
y 229 Superiores, en la medida en que la reforma introducida por la Ley 1743
de 2014 no determinó un cambio en la base sobre la cual se calcula el monto
de la sanción en el juramento estimatorio.
Declarar exequible la expresión “la diferencia entre la cantidad estimada y
la cantidad probada”, contenida en el inciso 4º del artículo 206 de la Ley
1564 de 2012, tal como fue modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de
2014, por los cargos analizados en la sentencia.
D-10902
C-086/16
167 (p.)
de la prueba. Facultad del juez de oficio o a petición de parte distribuir
esta carga entre las partes. Los demandantes aducen que la expresión “podrá”
otorga al juez discrecionalidad para la distribución de la carga de la prueba
entre las partes, cuando en realidad tal proceder, de conformidad con el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en la
Constitución, es una obligación. La Corporación observó que la intervención
del juez en la distribución de las cargas probatorias no tiene cabida
únicamente en ejercicio de sus poderes oficiosos para decretar y practicar
pruebas, toda vez que la norma permite que sean las propias partes quienes
hagan un llamado expreso al juez, ante el cual debe pronunciarse en forma
expresa y debidamente motivada, bien para acoger la solicitud o bien para
rechazarla. Además, la norma prevé que esta decisión del juez puede ser
recurrida, con lo cual se asegura el derecho de las partes de contradicción e
intervención en el proceso en condiciones de igualdad. Precisa, que esta
previsión está encaminada a procurar un prudente equilibrio entre la función
del juez en el Estado social de derecho y el cumplimiento de las cargas
procesales que constitucionalmente corresponde asumir a las partes cuando
ponen en marcha la administración de justicia.
exequible, por los cargos analizados, la expresión “podrá” contenida en el
inciso 2º del artículo 167 de la ley 1564 de 2012, “por medio de la cual se
expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
D-10960
C-158/16
455 (p.)
de un remate. Plazo para que el rematante demuestre el monto por impuestos,
servicios públicos, cuotas de administración, parqueo o depósito hasta la
entrega del bien rematado. Los demandantes consideran que el aparte normativo
acusado infringe los derechos a la igualdad y al debido proceso, al facultar
al juez que se encarga de aprobar el remate para que le ponga fin o resuelva
de manera atípica cualquier controversia objeto de conocimiento judicial
relacionada con el pago de impuestos, servicios públicos, cuotas de
administración y gastos de parqueo o depósito que se causen hasta la entrega
del bien rematado. Al constatar que los cargos formulados carecen de certeza
y suficiencia, la Corte decidió inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo
respecto de la expresión acusada, por ineptitud sustantiva de la demanda.
de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la expresión “Si dentro de los
diez (10) días siguientes a la entrega del bien al rematante, este no
demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenará
entregar a las partes el dinero reservado”, contenida en el numeral 7º del
artículo 455 de la Ley 1564 de 2012.
D-11032
C-206/16
338 (p.), corregido por el artículo 6 del Decreto 1736 de 2012.
recurso de casación. Se acusa el establecimiento de cuantía para recurrir en
casación. Los demandantes consideran que la norma acusada, al fijar la
cuantía mínima requerida para acceder al recurso extraordinario de casación
en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, vulnera el Preámbulo y
los artículos 2, 29 y 229 de la Carta Política. Al constatar que la demanda
carece de certeza, especificidad y suficiencia, la Sala Plena de la
Corporación decide inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo.
constitucionalidad de la expresión “un mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes (1000 smlmv)” contenida en el artículo 338 (parcial) de la Ley 1564
de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones”, corregido por el artículo 6 del Decreto 1736 de
2012 “Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de
2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones” , por ineptitud sustancial de la demanda.
D-11258
C-496/16
141 (p.)
de impedimento. Se acusa una omisión legislativa relativa en relación con
impedimento de conjueces. Los demandantes alegan que las disposiciones
normativas acusadas vulneran los artículos 2, 13, 29 y 229 de la
Constitución. Lo anterior, debido a la existencia de una omisión legislativa
relativa en tanto dichas normas, al regular las causales de impedimento y
recusación que aplican a quienes actúan como conjueces, ignoran la causal de
haber sido o ser contraparte de alguna de las partes o sus apoderados. Para
la Corte, la causal que se aduce por los actores como omitida se encuentra
dentro del margen de configuración legislativa que se ejerció al establecer
los impedimentos de jueces y magistrados en el CPACA y las causales de
recusación en el CGP, en la medida en que no se afecta la libertad, ni la
presunción de inocencia o garantías similares. Además, la condición de
apoderado o contraparte en sí misma no tiene la fuerza necesaria para afectar
exequibles los artículos 130 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 1564 de
2012, por el cargo analizado en la sentencia.
D-11261
C-536/16
intelectual. Medidas cautelares extraprocesales. Considera la actora que la
norma acusada vulnera el artículo 13 de la Constitución, al establecer un
privilegio procesal en las casos donde se soliciten medidas anticipadas o
extraprocesales en asuntos relacionados con violaciones a la propiedad
intelectual y la competencia desleal. La Corte considera que la acusación
formulada contra la posibilidad de medidas cautelares durante la práctica de
pruebas en ciertos procesos, por vulneración del principio de igualdad, no
cumple con los requisitos para proferir un fallo de mérito.
Declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del
artículo 589 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código
General del Proceso y se dictan otras disposiciones, por ineptitud sustantiva
D-11271
16, 132, 133, 134, 135, 136, 138 y 328(parciales.)
y competencia. Prórroga. Control de legalidad. Causales, oportunidad,
trámite, requisitos, saneamiento de la nulidad por falta de jurisdicción y
competencia. El demandante considera que las disposiciones acusadas
desconocen varios artículos de la Constitución Política, al igual que de la
Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Aduce, que no prever, como sí lo hacía el Código de
Procedimiento Civil, la falta de competencia funcional y la falta de
jurisdicción como causal de nulidad insaneable, desconoce el derecho al
debido proceso en su componente de derecho al juez competente, al permitir
por una parte, que lo actuado por el juez incompetente no sea anulado y, por
la otra, que la nulidad derivada de la falta de competencia del juez sea
saneable. Para la Corte, el saneamiento de la nulidad por causa de la falta
de jurisdicción o competencia no configura una vulneración del debido proceso
y del acceso a la justicia, como lo ha señalado la jurisprudencia
Declarar exequibles, por los cargos analizados, los apartes demandados de los
artículos 16; 132; 133; el inciso 1 del artículo 134; la expresión “ni quien
después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla”,
prevista en el inciso 2 del artículo 135; el parágrafo del artículo 136; el
inciso 1 y los apartes demandados del inciso 2 del artículo 138 de la Ley
1564 de 2012, Código General del Proceso
D-11357
C-540/16
390 (p.)
verbal sumario. Controversias entre cónyuges sobre patria potestad. El
demandante considera que la norma impugnada vulnera los artículos 13, 42, 43
y 44 de la Constitución. La Corte decidió inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de uno de los supuestos
que se sujetan al proceso verbal sumario, por cuanto la acusación se
fundamentó en una interpretación de la disposición legal demandada que no se
deriva objetivamente de su contenido normativo.
para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda del ciudadano Carlos
Saúl Sierra Niño contra el artículo 390 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 “Por
D-11304
C-551/16
193 (p.)
por apoderado. Será válida cuando se haya autorizado por el poderdante. Según
el actor, la mera existencia de la institución de la confesión judicial a
través de apoderado es contraria al artículo 1º de la Carta. Ello, por cuanto
la confesión implica declarar sobre hechos personales e íntimos del
confesante, con lo cual se traslada la voluntad de la parte hacia su
apoderado, afectando gravemente la dignidad humana de aquel. La Corte
considera que la confesión del apoderado judicial en la demanda, las
excepciones, sus contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del
proceso verbal sumario contribuye a una finalidad constitucionalmente
legítima, cual es el de la efectividad de la administración de justicia y con
ella, el logro de un orden justo.
Exequible la expresión “la cual se entiende otorgada para la demanda y las
excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la
audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se
tendrá por no escrita”, contenida en el artículo 193 de la Ley 1564 de 2012,
por el cargo estudiado.
D-11291
tácito cuando no hay lugar a condena en perjuicios. El demandante considera
que el precepto acusado vulnera el mandato de un orden justo y el principio
de igualdad. La falta de certeza y especificidad de la demanda impidieron a
la Corte proferir una sentencia de fondo.
inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo frente a los cargos
expuestos contra la expresión “o perjuicios” contenida en el artículo 317 de
la Ley 1564 de 2012 por considerar que los mismos no cumplen los requisitos
jurisprudenciales para tal fin.
C-604/16
247 (p.)
de datos. Valoración como prueba documental de la impresión en papel. En dos
expedientes acumulados consideran los demandantes que el inciso acusado
vulnera el debido proceso, en específico, el derecho a la contradicción
probatoria, entendido como la posibilidad de oponerse a un acto realizado por
la contraparte dentro de un proceso judicial y controlar la legalidad de las
pruebas allegadas. Sostienen, que el apartado normativo al establecer la
obligación de valorar un mensaje de datos a partir de su impresión en papel y
conforme a las reglas generales de los documentos, desconoce la garantía
citada, por cuanto dicha prueba resulta imposible de controvertir a causa del
riesgo de que su contenido haya sido modificado o suprimido. La Corte considera
que el cargo de inconstitucionalidad carece de certeza, requisito sin el cual
no es posible un pronunciamiento de fondo, en la medida en que si el objeto
de la impugnación es equivocado, también lo son los reproches de
inconstitucionalidad que sobre la supuesta norma se hagan.
Primero. Declararse inhibida para emitir pronunciamiento de fondo sobre el inciso 2º
del artículo 247 de la Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el
Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, por ineptitud
sustancial de la demanda, en relación con el cargo formulado. D-11370
C-635/16
626 (p.)
del Código General del Proceso. Normas que regulaban la procedencia de
recurso ante los jueces contra decisiones judiciales de autoridades
administrativas. La perención en el proceso ejecutivo y la comisión de
justicia pronta. Se plantean cargos por violación a los artículos 29 y 153 de
la Constitución Política, por suprimir la doble instancia en los procesos
jurisdiccionales a cargo de las autoridades administrativas. La Corte
concluye que la demanda no satisface los mínimos argumentativos requeridos
para suscitar un juicio de constitucionalidad.
Inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda formulada por
el ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverri contra la expresión: “los artículos
8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996”, prevista en
el literal a) del Artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual
se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
C-668/16
151 (p.)
de pobreza para quien no esté en capacidad de atender los gastos del proceso,
salvo cuando pretenda hacer valer un título oneroso. Los demandantes
plantearon cargos por violación del principio de solidaridad; desconocimiento
de la garantía de los derechos fundamentales, vulneración del derechos a la
igualdad y, trasgresión del derecho de acceso a la administración de
justicia. El incumplimiento de las condiciones de certeza, suficiencia y
pertinencia de los cargos formulados contra la limitación al amparo de
pobreza prevista en el Código General del Proceso, no permitió a la Corte
proferir un fallo sobre su constitucionalidad.
inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad
de la expresión “salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a
título oneroso” contenida en el artículo 151 de la Ley 1564 de 2015, por
D-11593
C-095-17 Artículo
420 (parcial)
demandante aduce que el aparte normativo acusado vulnera el artículo 228
Superior, específicamente, el principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre el procesal. La ausencia de certeza en la formulación del cargo de
inconstitucionalidad contra un aparte de la norma que establece los
requisitos de la demanda en el proceso monitorio, no le permitió a la Corte
proferir un fallo de mérito.
para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda formulada por el
ciudadano Seifar Andrés Arce Arbeláez contra la expresión “Cuando no los
tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende
prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes
documentales”, del numeral 6 (parcial) del artículo 420 del Código General
C-041/15
juicio de la actora, la disposición demandada vulnera los artículos 150
numerales 1 y 2; 165, 166, 189 numeral 10 y 200 numeral 1º de la Constitución
Política. La Corte se declaró inhibida para decidir sobre una demanda
dirigida contra un decreto de corrección de yerros, por falta de competencia,
al no haberse demandado también, la ley que con él se pretendía corregir.
de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda dirigida contra el
artículo 6 del Decreto 1736 de 2012 “por el cual se corrigen unos yerros en
la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 ‘por medio de la cual se expide el Código
general del Proceso y se dictan otras disposiciones’”.
de Prensa 16
información recopilada en este cuadro, no exonera al usuario de corroborar su
contenido con los textos de las providencias, que se podrán encontrar en
nuestra dependencia y en la página de internet www.corteconstitucional.gov.co

References: artículo 206
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 206
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 24
 artículo 317

artículo 195
 artículo 70
 artículo 594
 artículo 625
 artículo 613
 artículo 612
 artículo 48
 artículo 24
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 48
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 artículo 25
 artículo 487
 artículo 243
 artículo 184
 artículo 347

artículo 386
 artículo 386

artículo 291
 artículo 7
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 artículo 230
 artículo 13
 artículo 206
 artículo 13
 artículo 167

artículo 455
 artículo 6
 artículo 338
 artículo 6
 artículo 13

artículo 589
 artículo 134
 artículo 135
 artículo 136
 artículo 138
 artículo 390
 artículo 1
 artículo 193
 artículo 317
 artículo 247
 Artículo 626
 artículo 151
 Artículo
420
 artículo 228
 artículo 420

artículo 6