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sanción | PROACTIVADO
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Publicado en 12 agosto, 2018 por Andrés Muñoz Barrios
Hay una duda que surge con frecuencia en los ciudadanos que reciben una multa o sanción de tráfico: ¿qué diferencias hay entre presentar alegaciones y presentar un recurso? Son muchos los sancionados que no están de acuerdo con la multa, pero desconocen cómo proceder para recurrirla.
Las sanciones de tráfico, así como las multas de la policía local por estacionamiento indebido y situaciones análogas están sujetas al régimen general previsto en la ley del procedimiento administrativo común, en la cual encontramos la siguiente secuencia temporal procesal:
Inicio del procedimiento: denuncia o atestado.
Comunicación a los interesados
Fase de instrucción: Alegaciones, presentación de pruebas e informes, audiencia del interesado.
Así por tanto encontramos ya en esta secuencia la gran diferencia entre presentar alegaciones o presentar un recurso, y es que corresponden a momentos procedimentales distintos. Mientras que las alegaciones forman parte de la fase de instrucción del procedimiento, previa a que el órgano sancionador emita una resolución, el recurso es posterior a la resolución y sirve para poder recurrir la misma.
En la fase de instrucción el ciudadano sancionado tiene derecho a presentar alegaciones cuando no está de acuerdo con los motivos de la sanción. Tradicionalmente se denomina al escrito en el cuál se presentan alegaciones como “pliego de descargo” o “escrito de alegaciones”.
La Ley distingue tres tipos de alegaciones:
Alegaciones ordinarias. Los interesados podrán presentar sus alegaciones en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, al igual que pueden aportar en cualquier documentos u otros elementos de juicio que asistan su legítimo derecho de defensa. Todo lo planteado en alegaciones deberá ser tenido en cuenta por el órgano competente al redactar la resolución.
Alegaciones en el trámite de audiencia. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Alegaciones en el trámite de planteamiento de cuestiones conexas: Cuando en la resolución se haga referencia a cuestiones conexas existentes durante el procedimiento pero que no hubieran sido planteadas por los interesados, los interesados tendrán un plazo máximo de quince días para formular alegaciones sobre las mismas, que deberán ser tenidas en cuenta y contestadas por el órgano competente.
Si el ciudadano sancionado asume la culpabilidad de los hechos, o bien como estrategia también de defensa, el ciudadano tiene la posibilidad de no presentar alegaciones. Además si no presenta alegaciones y acepta la sanción tendrá un plazo determinado en el procedimiento correspondiente para pagar la sanción con un descuento.
Tras la presentación de alegaciones el órgano administrativo continuará con la instrucción del procedimiento y una vez finalice la misma emitirá una resolución.
Contra dicha resolución el sancionado tiene derecho a los siguientes recursos:
Recurso de alzada. Cuando el órgano administrativo que emite la resolución tiene un superior jerárquico en las competencias materia de sanción, el ciudadano sancionado puede recurrir a esta segunda instancia. El plazo para interponer el recurso es de un mes. El ciudadano no puede recurrir en vía judicial contra la administración si no ha planteado antes el recurso de alzada ante el órgano administrativo superior. Por tanto, hasta que no se agota la vía administrativa de recursos no se puede acudir a la vía judicial.
Recurso potestativo de reposición. Si no existe un órgano superior al que dicta la resolución, el ciudadano puede recurrir en vía judicial la misma. Aunque también cabe la posibilidad de plantear un recurso ante el mismo órgano, denominado en este caso “de reposición”. Igualmente recibe la denominación de “potestativo” porque como hemos señalado el ciudadano puede acudir ya directamente a los Juzgados, o bien de manera potestativa recurrir al propio órgano sancionador. El plazo para plantear el recurso es igualmente de un mes.
Recurso extraordinario de revisión. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. En este caso el plazo es de cuatro años-
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Aquí el plazo es de tres meses desde que aparecen los documentos.
c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. En este caso el plazo es de tres meses desde que se emite la sentencia.
d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Igualmente el plazo es de tres meses desde la emisión de la sentencia.
Así por tanto, como hemos visto, mientras que presentar alegaciones se corresponde con un trámite del expediente administrativo de la sanción, previo a la resolución, el recurso es posterior a la resolución, y caben distintos tipos de recursos.
* Más información| Iberley Iberley M.I.Perez.Blog
* Imagen|Pixabay
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Entendiendo la sanción millonaria de la CNMC a Iberdrola
Publicado en 6 diciembre, 2015 por Andrés Muñoz Barrios
La pasada semana conocíamos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una de las sanciones más altas de la historia de nuestro país, en materia de Competencia, a la empresa eléctrica Iberdrola. Una sanción que asciende a 25 millones de euros, por manipulación del precio de electricidad en diciembre de 2013.
Una multa muy importante, tanto para la cuenta de resultados de esta compañía, como para su prestigio internacional.
Vamos a responder en nuestro artículo algunas de las clave de este asunto.
¿Iberdrola subió el precio de la luz para todo el mercado?
Lo primero que hay que explicar es que la manipulación que la CNMC ha imputado a esta compañía fue realizada para alterar (al alza) el precio de la electricidad en la subasta CESUR de diciembre 2013. Es decir, para alterar el mercado regulado o TUR (Tarifa de Último Recurso).
Y es que en España conviven dos mercados eléctricos distintos:
1) El mercado libre, dónde las compañías comercializadoras compiten entre sí, y pactan libremente con sus clientes las condiciones y precios de los contratos. El coste de referencia en mercado libre suele ser el del Pool eléctrico (mercado mayorista) si bien las compañías comercializadoras establecen libremente su gestión de compras (pool, mercado a plazo, contratos de larga duración, etc….) para ofrecer los precios más competitivos (normalmente a 12 meses) a sus clientes.
2) El mercado regulado, dónde el Gobierno fija un precio para los consumidores que pueden adscribirse a la misma (suministros conectados en baja tensión, y con menos de 10 kW de potencia contratada). Y dónde unas determinadas compañías comercializadoras, denominadas “de Referencia”, tendrán la obligación de suministrar electricidad al precio definido.
Fue en este segundo mercado dónde se acusa a Iberdrola de haber subido al alza el precio. El funcionamiento de este mercado ha ido cambiando, desde la liberalización del sector eléctrico en 1997, y en aquel momento (diciembre de 2013) se fijaba por una subasta (denominada CESUR) donde trimestralmente se establecía el precio para los consumidores adscritos al mercado regulado.
Por tanto, es a estos suministros, los de los pequeños consumidores con derecho a TUR, a los que afectó el alza de precios de la que se acusa a Iberdrola.
¿Y cuánto subió la luz en aquella subasta?
Concretamente se elevó un 26,5 % hasta los 61,83 €/MWh, desde los 47,58 €/MWh en que había cerrado la subasta anterior. Este importante incremento hizo saltar todas las alarmas. Máxime cuando, como dijimos en el punto anterior, el precio afecta a los consumidores más débiles.
Suponía muy mala prensa para el Gobierno una subida tan alta, por lo que no iba a permitir que la cosa quedase así. Así que decidió intervenir directamente el mercado, suspendió la subasta y sus efectos, y solicitó se abriese una investigación, tras la cual se apertura un expediente sancionador que ha culminado con esta importante multa de 25 millones de euros.
¿Cómo funcionaba la subasta CESUR?
Se trataba de una subasta de periodicidad trimestral, destinada a fijar el precio del mercado regulado (Orden ITC/1601/2010). El Ministerio de Industria determinaba la cantidad total de energía a negociar, para cubrir el total del mercado regulado, y fijaba igualmente un precio máximo de salida. Se desarrollaba de manera dinámica y descendente, y los distintos agentes del mercado pujaban ofreciendo un precio más bajo para quedarse con una parte de la energía negociada, siendo la finalidad de dicho sistema el alcanzar el precio mínimo que las compañías estarían dispuestas a cobrar por vender la electricidad en juego.
Este sistema de subastas era en realidad de efectividad muy discutible, pues constituía un mercado de futuros (no se negociaba energía “spot” como en el Pool) y dónde los comercializadores de referencia (entonces llamados “de último recurso) apenas se adjudicaban contratos, siendo estos adquiridos en su mayoría por entidades financieras, que arbitraban entre la subasta y los mercados forward.
Pero el hecho indiscutible es que fijaba el precio de los hogares, y el mismo se incrementó de manera importante.
¿Y cómo logró Iberdrola subir el precio de la subasta?
La conducta aquí penada por la CNMC es la de alterar intencionadamente el precio del mercado con artificio, fraude y engaño por parte de la compañía eléctrica. Conducta sancionada como muy grave en la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/2007 y Ley 24/2013)
Para entender el alza de precios ejecutada, expliquemos de manera breve el sistema de mercado “spot” y “forward”. En el mercado Pool se negocia cada día la electricidad que se va a vender al día siguiente, es decir, estamos ante un mercado “spot” o “al contado”. Evidentemente, los agentes de mercado cruzan también entre sí acuerdos a más largo plazo, en mercados “forward” o “a plazo”, para asegurarse compras y ventas en el futuro con las que atender a sus respectivos clientes. El precio “forward” podríamos definirlo muy resumidamente como el precio “al contado” más una prima (por el riesgo, la tasa de interés, etc…). Así, para entenderlo con un ejemplo intencionadamente sencillo, si el precio “al contado” es de 45 €/MWh y la prima a un mes es de 0,2 €/MWh, el precio hoy a un mes será de 45,02 €/MWh, a dos meses será 45,04 €/MWh y a a tres meses será de 45,6 €/MWh.
En la subasta CESUR se negociaba la energía para los próximos tres meses, es decir, a futuro; por cuánto lo que hacen los agentes que intervienen en la misma es mirar el mercado de futuros (a un mes, dos meses y tres meses) y cerrar posiciones en contrapartida a su posición en dicha subasta. Así por tanto, y resumiendo, cuánto más alto estuviese el mercado de futuros, más alto resultaría el precio en la subasta CESUR.
Lo que parece que se deduce de los hechos probados de la resolución de la CNMC es que Iberdrola estuvo durante varias semanas haciendo subir el precio del mercado Pool intencionadamente, no ofertando energía que tenía disponible mediante sus centrales hidráulicas, logrando un precio más alto en el mercado “forward” (¿quizás para en consecuencia vender a dicho precio en la subasta CESUR la energía que el Gobierno ponía en juego?). Lo que afirma la CNMC es que se lucró con ello: El importe de 25 millones dictaminado como sanción es el resultado económico del beneficio atribuido a Iberdrola (por la energía más cara que vendió a través de otro tipo de generación, tras incrementar el precio cerrando la generación hidráulica).
Es decir, cerró el grifo para subir el precio (en suscentrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y Tajo) . Si tenemos en cuenta que Iberdrola supone el 40 % del total de energía hidroeléctrica del mercado español, podemos apreciar su capacidad para alterar el mismo.
¿Qué recursos caben contra esta decisión?
Contra esta resolución sancionadora de la CNMC no cabe recurso de reposición en vía administrativa, la empresa sancionada ha anunciado que recurrirá en vía judicial ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Habrá que ver ahora lo que dicen los magistrados en sede judicial, y si ratifican o no la sanción impuesta en vía administrativa.
Más información | El País Nada es Gratis Proactivado CNMC Proactivado
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