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Timestamp: 2018-02-26 01:04:17+00:00

Document:
Segunda Compromisos del MINHAP y de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Tercera Especificaciones de las aplicaciones y servicios
Cuarta Condiciones del soporte de la aplicación o servicio
Quinta Modificación del uso
Sexta Contribución financiera al objeto del Convenio
Séptima Adhesión de las entidades locales
Novena Denuncia y extinción del Convenio
Undécima Protocolo de colaboración con la FEMP
Duodécima Protección de datos y seguridad
ANEXO II . Acuerdo de Adhesión
El pasado día 24 de mayo de 2013 se firmó un Convenio marco entre la Administración General del Estado (el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad) para el suministro de servicios electrónicos, publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» (número 133) el 12 de julio de 2013.
El objeto del Convenio lo constituye la regulación de las relaciones de colaboración y cooperación entre la Administración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para el suministro de servicios electrónicos que repercutan en el desarrollo de la Administración Electrónica y la interoperabilidad entre Administraciones. En concreto, se pone a disposición de dicha Comunidad Autónoma, por parte de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración electrónica de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la aplicación informática ORVE como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema Integrado de Recursos, con la posibilidad en un futuro, de acuerdo con el procedimiento previsto en este Convenio, de incorporar más aplicaciones. Por su parte, la Comunidad Autónoma, posibilitará, promoverá, impulsará y facilitará el uso de la citada aplicación, con sus propios recursos, para la mejora de la Administración electrónica en el ámbito de su competencia y facilitando el uso de la misma a las entidades locales de su territorio según lo establecido en el Convenio.
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD) PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS
De una parte, sr. don Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según nombramiento efectuado por Real Decreto 1852/2011, de 23 de diciembre, BOE del 24 de diciembre, por avocación de la competencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y de otra, el excmo. sr. don Francisco Hernández Spínola, Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de la Comunidad Autónoma de Canarias, nombrado para este cargo mediante Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente, en representación de dicha Comunidad Autónoma y en el ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Primero. El artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, autoriza a la Administración General y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma a celebrar Convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.1 de la citada Ley. Estos Convenios son instrumentos sumamente eficaces para proporcionar un soporte legal adecuado a las actuaciones de cooperación interadministrativa como la que aquí se pretende.
Segundo. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (en adelante MINHAP), en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica, es el encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de España en materia de función pública, empleo público y formación de empleados públicos y de reforma y organización de la Administración General del Estado, procedimientos e inspección de servicios, impulso de la Administración electrónica, evaluación de políticas públicas y el desarrollo y seguimiento de programas para la mejora de la gestión pública y la calidad de los servicios. En particular, corresponde a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (en adelante SEAP), la incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de la administración electrónica y la cooperación con otras Administraciones Públicas en esta materia, así como el fomento de los programas de atención al ciudadano en el ámbito de la Administración General del Estado.
Tercero. Que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 34.2 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, el desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen local.
Cuarto. La APCAC considera de gran utilidad las aplicaciones y servicios que la SEAP, a través de la Dirección General de Modernización Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica (en adelante DGMAPIAE), ofrece en modo servicio a través de la red interadministrativa de comunicación «Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones» (en adelante Red SARA), gestionada por dicho centro directivo, para dar servicio a las Administraciones Públicas en materia de Administración electrónica.
Quinto. En el ámbito del interés general existente en el incremento de la eficiencia de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, con el fin de minorar al máximo los costes derivados de la implantación y desarrollo de las soluciones tecnológicas y de garantizar en todo caso el derecho de los ciudadanos a acceder electrónicamente a los servicios públicos, impone a las Administraciones (artículo 17) el deber de tener en cuenta las soluciones disponibles que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades de nuevos sistemas o servicios o la mejora y actualización de los ya implantados.
Sexto. La Federación Española de municipios y Provincias (en adelante FEMP) es una asociación, con personalidad jurídica plena y pública para el desarrollo de las funciones que le son inherentes, constituida por los municipios, islas, provincias y otros entes locales que voluntariamente lo decidan. Atendiendo al número de sus asociados, esta Asociación agrupa a la mayoría de los municipios y mantiene relaciones de colaboración con las Federaciones de entidades locales de ámbito regional que así lo deseen, firmando a tal efecto con cada una de ellas un protocolo que específica en cada caso, los términos y alcance de la misma.
Por su representatividad y las funciones recogidas en sus Estatutos –entre otras, la representación y defensa de los intereses generales de los Entes Locales ante otras Administraciones Públicas–, la FEMP es considerada por el MINHAP y la APCAC una colaboradora eficaz para la consecución del objeto de este Convenio, sin perjuicio de la posibilidad de que otras entidades, representativas de los intereses municipales, participen, en su caso, mediante la suscripción del correspondiente Convenio en el presente programa de colaboración.
2. Tanto las aplicaciones como los servicios se ofrecerán preferentemente en modelo «cloudcomputing», de modo que se distinguirá entre los distintos grupos de usuarios de cada entidad Local, diferenciándose las configuraciones y especificidades de cada aplicación y servicio, en un entorno separado al de la DGMAPIAE.
A estos efectos, la FEMP podrá suscribir un Protocolo con las partes de este Convenio marco para colaborar con la APCAC y las entidades locales que se adhieran a este Convenio, prestando servicios de asesoramiento, información, comunicación y otros de análoga naturaleza, especialmente cuando dichas entidades sean de menos de 20.000 habitantes.
b) La DGMAPIAE no dará soporte directo a los usuarios de las entidades locales, sin perjuicio del que pueda facilitar a través de la APCAC en los términos previstos en el siguiente apartado.
1. En cumplimiento del objeto del presente Convenio, el MINHAP, a través de la DGMAPIAE realizará los cambios oportunos en las aplicaciones y servicios reflejadas en el anexo I de este Convenio para adaptarlos a las necesidades iníciales de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias y que deseen adherirse al Convenio, tanto desde el punto de vista de sus funcionalidades informáticas como de su organización interna, con el fin de que puedan comenzar a utilizarla según lo establecido en dicho anexo.
1. Para llevar a cabo por parte de la DGMAPIAE el mantenimiento de las aplicaciones y servicios reflejados en el anexo I de este Convenio y la asistencia técnica necesaria para la consecución de su objeto, la APCAC se compromete a efectuar, por cada anualidad de duración del Convenio, un ingreso en el Tesoro Público de las cantidades especificadas en el anexo para las aplicaciones o servicios, y a remitir a la DGMAPIAE la documentación acreditativa del mismo para la iniciación por ésta ante la Dirección General de Presupuestos del MINHAP del correspondiente expediente de generación de crédito en la aplicación 15.26.921N.227.06 de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2013 o en la aplicación equivalente de los Presupuestos de los sucesivos ejercicios.
El presente Convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá vigencia trianual, pudiendo prorrogarse mediante acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prorroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de duración.
6. Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman por cuadriplicado el presente Convenio de colaboración, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–Por la Administración General del Estado, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Germán Beteta Barreda.–Por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola.

References: Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 29
 artículo 6
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 34
 Real Decreto