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Las empresas sociales: ¿un nuevo desafío legal? | Blog de la Facultad de Derecho
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Las empresas sociales: ¿un nuevo desafío legal?
septiembre 8, 2011 3 comentarios
Por: María Beatriz Parodi Luna, consultora legal (Perú)*
Tradicionalmente se identifica la existencia de tres Sectores dentro de la sociedad en su conjunto: Sector Público (gobierno), Sector privado (empresas con ánimo de lucro) y el denominado “Tercer Sector”, el cual a su vez agrupa un conjunto de organizaciones que, en general, tienen finalidad no lucrativa y que, a nivel legal, tiene su correlato organizacional en su identidad como asociaciones civiles y fundaciones, para el caso de América Latina. Dichos Sectores, a su vez, en las últimas décadas generaron espacios de vinculación, articulación y cooperación, para el mejor cumplimiento de sus actividades u objetivos, sean éstos públicos (Estado), privados (empresas) o “sociales” (Tercer Sector).
En este escenario, nos aproximamos al surgimiento de un nuevo actor, denominado “empresa social”, el cual es materia de análisis y debate público en diferentes foros y desde diversas perspectivas (sociales, legales, económicas). En este contexto, del 21 al 23 agosto del 2011 en Estocolmo-Suecia se realizó el “Global Forum on Civil Society Law” organizado por el International Center for Not-For-Profit Law (ICNL)[2], el cual congregó a más de 200 participantes, a nivel mundial, provenientes de diferentes espacios de las organizaciones de la sociedad civil (así, directivos o miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos, investigadores, profesionales independientes, sector público).[3]
Como parte de este debate público, no podía estar ausente, el intercambio de opiniones y debate en torno al concepto, importancia y dinámica de la denominada “empresa social”, especialmente considerando las tendencias actuales de la economía global. A partir del reconocimiento de su importancia, no obstante, en los diferentes países y en diferentes sistemas legales, surgen inquietudes comunes, tales como: ¿cómo se define una “empresa social”? ¿qué hace distintiva a una empresa social de una empresa tradicional o de una ONG: organización no gubernamental de desarrollo?, ¿cuál es su identidad legal? ¿cuál es la diferencia entre empresa social y responsabilidad social empresarial?, entre otras interrogantes.
Como punto de partida, podemos intentar diferentes definiciones o aproximaciones al concepto de empresa social. Así, por ejemplo, la organización Social Enterprise Alliance de USA[4] define a las empresas sociales como la “organización o empresa que lleva a cabo su misión social principal o ambiental utilizando métodos empresariales”. En este sentido, la citada organización indica que “(…) las empresas sociales construyen un mundo más justo y sostenible a través de la aplicación de estrategias de mercado para la solución de problemas sociales”.[5]
Por otra parte, la European Research Network-EMES realizó una importante investigación en diferentes países de Europa respecto al tema[6] y define a las empresas sociales como “las empresas sociales pueden ser definidas como organizaciones privadas, autónomas y de emprendimiento en la provisión de bienes y servicios con el propósito explícito de beneficiar a la comunidad”[7].
De este modo, se abren diferentes interrogantes alrededor de este concepto, ¿estamos ante un nuevo fenómeno organizativo o es, en rigor, una nueva forma o estrategia de hacer negocios con “visión o propósito social”? Por otra parte, ¿son o debieran ser las empresas sociales entidades no lucrativas o también podrían ser empresas con fines de lucro?
El debate sostenido sobre las empresas sociales (concepto, roles, identidad legal) en el reciente “Global Forum on Civil Society Law” organizado por el ICNL reveló que en realidades, y por ende marcos legales, tan diferentes como Colombia, USA, Inglaterra o Egipto no existe una fórmula organizacional única, ni tampoco un concepto legal definido o, de otro modo, un tipo legal determinado que identifique a las empresas sociales. No obstante lo anterior, del debate realizado y, que es compartido con otros análisis realizados de este tema, sí podemos arribar a determinados elementos comunes o conceptos fundamentales:
En los diferentes países, las empresas sociales adoptan diversos tipos o modalidades legales de organizaciones para tener identidad legal propia, esto es, adquirir la condición legal de personas jurídicas.[8] Es decir, no existe un tipo legal definido como “empresa social”; de este modo, se citan como ejemplos a las asociaciones, cooperativas, mutuales e inclusive empresas.
Se insertan dentro del concepto general de “economía solidaria”; concepto que, a su vez, nos puede llevar también a diferentes debates destinados a intentar lograr una concepción uniforme.
Se trata de cumplir principalmente con objetivos sociales o de interés social utilizando herramientas de mercado o empresariales, esto es, se busca una dinámica empresarial en su organización y actuación. En este punto, se marca su diferenciación respecto a las clásicas empresas, que buscan maximizar el interés económico de sus miembros (socios o accionistas) a través del reparto de utilidades.
Buscan la viabilidad económica, a través del autofinanciamiento fundamentalmente (así, venta de bienes, prestación de servicios); de ahí su diferenciación, por ejemplo, con las ONG´s, más ligadas al financiamiento y, por tanto, a las tendencias de la Cooperación Técnica Internacional y que llevan a que su actuación y sostenibilidad sea dependiente de la ejecución de proyectos y/o programas más o menos temporales.
Los ingresos y/o excedentes de las empresas sociales están destinados a una suerte de “reinversión social”, esto es, destinados al cumplimiento o reinversión en los objetivos de interés social que persigue la empresa social; reconociéndose inclusive (lo cual dependerá de cada marco legal, por cierto) la posibilidad que dichos beneficios puedan ser repartidos, en cierta medida o nivel, a los miembros (citándose, por ejemplo, el caso de las cooperativas).
La empresa social es un concepto diferente al de “responsabilidad social empresarial”. Así, de modo muy sencillo y directo se suele definir a la responsabilidad social empresarial como “la forma en que la empresa se relaciona con su sociedad, generando beneficios para ambas partes”[9]; entendiendo, a su vez, que el concepto “sociedad” agrupa a una serie de actores o “stakeholders”, tanto a nivel interno (accionistas, trabajadores) como a nivel externo (medio ambiente, comunidad del entorno, proveedores, clientes, consumidores en general, entre otros). Desde este punto de vista y, en comparación con el concepto de empresa social, podemos afirmar que la responsabilidad social empresarial se origina a partir de la forma de posicionarse por parte de una empresa “tradicional”, esto es la que busca en primer lugar crear valor para sus accionistas, sin perjuicio de adoptar e implementar una variada gama de estrategias y herramientas sociales y ambientales para el logro de sus objetivos; en este sentido la organización Social Enterprise Alliance entiende que por “no ser la misión social el objetivo principal, no son consideradas empresas sociales”.[10]
Como se podrá apreciar en el debate estuvieron presentes, desde África hasta América Latina, una diversidad, pero al mismo tiempo, homogeneidad en la identificación de los conceptos involucrados: innovación social, sustentabilidad económica, visión o valor social y valor/rendimiento económico, fin lucrativo vs. fin no lucrativo, identidad legal, “misión social”.
¿Estaremos, entonces, ante el surgimiento, de un Cuarto Sector? Al margen de esta respuesta, sí resulta importante poder identificar y desarrollar el marco conceptual que permita facilitar y/o promover a las empresas sociales, como un actor importante en el cumplimiento de objetivos de desarrollo con sustentabilidad y continuidad económico y social. En este contexto, el marco legal está destinado a promover y/o facilitar este proceso; lo cual va, desde plantearse la necesidad de crear un nuevo tipo legal de organización (esto es, persona jurídica), a fin de buscar un espacio legal propio alternativo a las clásicas asociaciones civiles o fundaciones (ubicadas en el ámbito del sector no lucrativo y, por tanto, implican legalmente la prohibición de reparto de utilidades) hasta el establecimiento de determinados beneficios (típicamente beneficios tributarios) a estas organizaciones, en especial considerando que en muchos de los países de América Latina existen restricciones o limitaciones a la concesión de beneficios tributarios a favor de entidades sin fines de lucro.
En el caso del marco legal del Perú, se presenta, en líneas generales, el siguiente panorama respecto de las empresas sociales:
No existe un tipo legal de organización específica para las “empresas sociales”. De este modo, pueden adoptar la figura legal de asociaciones civiles o fundaciones, en el ámbito del sector sin fines de lucro; las cuales se encuentran reguladas por el Código Civil del Perú. Si consideramos también en este concepto a las empresas, habríamos de acudir a la Ley General de Sociedades, que regula las figuras típicas de empresas mercantiles de sociedad anónima y sociedad anónima cerrada (SAC).[11]
En el caso de las cooperativas (cuyo modelo organizativo se suele mencionar como un esquema utilizado por las empresas sociales), cabe mencionar que en el Perú, en términos generales no existe una legislación actualizada del tema, ya que el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Cooperativas data del año 1990[12] y, en nuestra opinión, no está orientada bajo la perspectiva actual de las empresas sociales; ello sin perjuicio de reconocer la importancia del fenómeno cooperativo en espacios tales como cooperativas agrarias (en especial en el sector cafetalero), cooperativas de ahorro y crédito (en esta caso también se deberá complementar con la normatividad especial del Sector Bancario y Financiero nacional), cooperativas de vivienda, entre otras.
No existe, en general, un marco legal promocional al otorgamiento de beneficios tributarios a favor de organizaciones sin fines lucro ni tampoco existe claridad respecto a los alcances de la realización de actividades económicas por parte de este tipo de entidades, tanto desde las propias organizaciones como desde la Administración Tributaria. Así, la Ley del Impuesto a la Renta en el Perú, concede una exoneración temporal (que se suele renovar antes de su vencimiento) a favor de asociaciones civiles y fundaciones que cumplan determinados objetivos y con carácter exclusivo,[13] lo cual viene siendo interpretado de manera restrictiva por la Administración Tributaria, al momento de solicitar la inscripción en el Registro como Entidad Exonerada del Impuesto a la Renta. De este modo, en la práctica encontramos que no acceden a esta exoneración organizaciones sin fines de lucro cuyos objetivos están vinculados, por ejemplo, al medio ambiente, promoción de turismo, apoyo a micro y pequeña empresa; así como también, cuando en sus estatutos, se contempla la realización de actividades mercantiles o empresariales como parte de sus objetivos, aun cuando desarrollen como objetivo principal la realización de proyectos o programas sociales, por no cumplirse con el requisito del a “exclusividad”.
Por otra parte, cabe indicar que tampoco existe exoneración legal expresa, en materia del Impuesto General a las Ventas-IGV respecto de la realización de actividades mercantiles (así venta de bienes muebles gravados y prestación de servicios a título oneroso) que realizan las organizaciones sin fines de lucro (legalmente asociaciones civiles y fundaciones).
Este panorama legal general en el Perú demuestra que tampoco existe una regulación específica respecto de la temática de las empresas sociales y que, de acuerdo al concepto que se utilice (así, considerando si son organizaciones sin fines de lucro, cooperativas y aún empresas) se tiene que acudir a diferentes tipos de normas de carácter corporativo o civil (Código Civil, Ley General de Sociedades, Ley General de Cooperativas) o tributario (Ley del Impuesto a la Renta, Ley del Impuesto General a las Ventas) para poder encontrar las respuestas legales de esta forma de organización social.
En definitiva, el presente artículo no pretende, ni podría hacerlo, agotar la discusión y el debate de este tema, que se va construyendo y enriqueciendo en el día a día, para lo cual tanto la propia actividad de las denominadas “empresas sociales” como los foros públicos, congresos y demás espacios de debate a partir de organizaciones de la sociedad civil y otros actores, juegan y jugarán un rol importante en el futuro próximo. A este nivel, el presente artículo, pretende compartir el debate realizado y las opiniones de la autora, en el contexto legal peruano, a fin de intentar ubicar el marco legal de actuación de las empresas sociales. Al mismo tiempo, se busca provocar el planteamiento de las inquietudes y posibles respuestas, a partir del análisis legal, sobre la necesidad o conveniencia de promover un marco legal especial que regule, con carácter promocional, este fenómeno organizativo, bajo una aproximación que busque no sólo darle identidad legal formal, cuanto facilitar y/o propiciar el desarrollo de nuevas iniciativas sociales, surgidas de procesos o alternativas que combinan el interés público desde una perspectiva empresarial.
*Imagen tomada de la galería de Aidan Jones
[1] La Dra. María Beatriz Parodi Luna también es miembro del Advisory Council del International Center for Not-for-Profit Law, ICNL
[2] Mayor información sobre el ICNL y el evento en http://www.icnl.org
[3] En el caso de América Latina, participaron representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela
[4] http://www.se-alliance.org
[5] Traducción libre de la autora; tomada del website de “Social Enterprise Alliance”, sección: “What is social Enterprise?”
[6] “Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation”. EMES-UNDP, 2008. “Este estudio pone de manifiesto que las iniciativas de desarrollo tradicionalmente llevadas a cabo en los antiguos países soviéticos a menudo se concentran en reafirmar el papel del sector privado o el Estado mientras que dejan de lado las organizaciones que combinan las actividades comerciales o lucrativas con objetivos sociales” (fuente: http://www.emes.net)
[7] Tomado de “Social Enterprise : A new model for poverty reduction and employment generation”. EMES-UNDP, 2008, página 18. Traducción libre de la autora.
[8] Sujetos de derecho, de naturaleza colectiva, con autonomía patrimonial y de responsabilidad, diferente de sus miembros. Así, en el caso del Perú y que es común a varios países de América Latina, por ejemplo, en el ámbito del Sector No Lucrativo, las figuras de asociación y fundación; en el ámbito del sector empresarial, la clásica figura de la sociedad anónima.
[9] Definición tomada de la website de la entidad PERU 2021 (www.peru2021.org)
[10] Tomado de www.se-alliance.org; traducción libre.
[11] Las diferencias fundamentales, entre el modelo de una sociedad anónima común (SA) y una sociedad anónima cerrada (SAC), de acuerdo a la Ley General de Sociedades del Perú están en los siguientes elementos: (i) número de accionistas: SA no tiene límite, SAC tiene límite de 20 socios, (ii) Trasmisión de acciones: SA es libre, salvo pacto en contra en el estatuto; SAC hay derecho de adquisición preferente por ley, salvo pacto en contra del estatuto; (iii) órganos sociales obligatorios: SA debe tener Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia General; SAC, puede prescindir del Directorio.
[12] Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 074-90-TR, de fecha 14 de diciembre de 1990
[13] Ley del Impuesto a la Renta del Perú
Art. 19: Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del año 2011:
(…) b)“ Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda, exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y/o de vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el país; no las distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso.
La disposición estatutaria a que se refiere este inciso no será exigible a las entidades e instituciones de cooperación técnica internacional (ENIEX) constituidas en el extranjero, las que deberán estar inscritas en el Registro de Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.”
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3 Responses to Las empresas sociales: ¿un nuevo desafío legal?
Rosario Del Pozo says:
noviembre 22, 2011 de 10:04 am
Me parece sumamente importante replantearnos como organizaciones sin fines de lucro, el cambio de nuestras estructuras, de cómo venimos funcionando, la economía global, ha cambiado, la necesidad de autofinanciamiento, la reducción de fondos de la cooperación técnica, requiere cambios sustantanciales, es decir una reigeniería en las llamadas ONGs, sin embargo, estos cambios son lentos en todos sus procesos, y sobre todo en la mentalidad de quiénes conducen las ONGs. Tengo la experiencia en la ONGs, donde venía laborando 18 años, y comence a introducir cambios como la utilización de herramientas empresariales para lograr la sustentabilidad institucional, elaboración de planes de negocios sociales, y la venta de servicios al sector empresarial, con los productos/servicios basadas en la fortaleza institucional, tengo la satisfacción que lo logre. Sin embargo, los cambios al interior de los socios genera conflictos internos, y esto todavía requiere un poco más de tiempo. Ahora tengo otras iniciativas sociales, con la lógica de empresa social. Todo esto debo agradecerlo a ASHOKA EMPRENDEDORES donde me capacite, y FONDO NIDO PERU, que me capacitaron para ello. Es necesario este cambio, por no decir urgente. Solo las mejores organizaciones capaces de manejar empresarialmente lograran ser eficaces económicamente y socialmente y mejorar su acciones de impacto social, logrando las alianzas necesariamente para los emprendimientos de mayor alcance e impacto social.
beatriz parodi says:
diciembre 5, 2011 de 4:46 pm
Estimada Rosario: Gracias por tu comentario, muy cierto y real. Surge el reto y desafío de las instituciones sin fines de lucro de utilizar herramientas empresariales, búsqueda de autofinanciamiento, precisamente para poder continuar su misión u objeto social. A este nivel la finalidad no lucrativa de una ONG (legalmente asociación civil o fundación) no excluye este tema, precisamente se tratará de generar recursos que permitan su autofinanciamiento y se “reinviertan” en la finalidad social, máxime en un contexto de reducción de cooperación técnica internacional (especialmente no reembolsable) a países de la Región.
Los esfuerzos como el FONDO NIDO PERU son muy alentadores en este sentido y merecen todo el apoyo.
Victoriano Mateo Méndez says:
marzo 21, 2012 de 12:25 am
El profesor Muhammad Yunus, plantea un reto sobre que estructura que puede adoptar una empresa social en el entorno económico, sin perder de vista que debe ser autosostenible en el futuro para mantener el propósito de su creación.
En el mundo moderno, las empresas sociales comienzan a abrir brecha en la legislación de diversas naciones, a nivel latinoamericano aún se encuentran en una etapa de crecimiento, siendo las culturas europea y estadounidense las que recogen las primeras estructuras que probablemente deberian adoptar, sin embargo, como el profesor Yunus lo comenta, éstas aún se encuentran distintas de conservar el espíritu de una empresa social, principalmente porque estas estructuras buscan obtener utilidades para repartirlas entre sus inversionistas, en tanto que, bajo la percepción del profesor Yunus, estas podrían darse de dos formas:
a) La primera es capaz de encontrar un balance entre sus ingresos y egresos, es decir, no obtiene utilidades, se dedica a dar solución a un problema social, y en caso de alguna utilidad sus inversionistas la reinvierten en ella.
b) Es capaz de generar utilidades, pero la propiedad le corresponde a personas pobres, quienes reciben el beneficio de la producción de la empresa.
En ambos casos, debemos tomar en cuenta que en adición a ser autosostenible, la empresa social debe pagar impuestos, para que en caso de prestar servicios o vender productos, los haga en igualdad de condiciones que una empresa de carácter lucrativo.
Ante esta perspectiva, las legislaciones latinoamericanas no facilitan su creación y las acogen como asociaciones de beneficiencia o ONG, que distan de la verdadera concepción de éstas, que es ser autosostenibles, sin depender de donaciones.
Consideró que las legislaciones en América Latina deben orientarse a facilitar su creación bajo la estructura de sociedades mercantiles, en la cual puedan desarrollar su potencial y competir en igualdad de condiciones que otras de carácter lucrativo, con la única diferencia que su fin se oriente a solucionar un problema social (desnutrición, salud, medio ambiente), de ser así lograremos mejorar las condiciones de muchos seres humanos y por decirlo mejorar la situación de nuestro continente.

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