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INFORME DE MARZO DE 2010 PARA LA OFICINA NOTARIAL. Cargando�
www.notariosyregistradores.com INFORME DE MARZO DE 2010 PARA LA OFICINA NOTARIAL
RESUMEN DE LA PAGINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO
INDICE DEL INFORME DEL MES DE MARZO 2010
� Comercio Minorista, liberalizaci�n.
� Imposici�n Indirecta, Oficinas Liquidadoras e IVA.
� Sede Electr�nica del M� de Justicia.
� Apellidos de espa�oles nacidos en el extranjero.
� Oficina Judicial.
� Venta Ambulante.
� R�gimen de Franquicia.
� Madrid, Medidas de apoyo a la empresa.
� Madrid, Medidas Fiscales.
� Viviendas VPO, inter�s de pr�stamos
� Patentes.
� Protecci�n de datos.
� Impacto ambiental.
� Certificados de empresas.
� IRPF declaraci�n 2009.
RESOLUCIONES PROPIEDAD � Expediente dominio, notificaci�n titulares y licencia segregaci�n
� Necesidad de numerar las fincas en divisi�n horizontal.
� Elevaci�n a p�blico cuando el transmitente no es titular registral.
� Cambio de linderos, apoyado en Catastro.
� Autorizaci�n judicial en venta de incapaz.
� Vinculaci�n Ob Rem.
� Inscripci�n R Civil de disoluci�n sociedad conyugal y asimilados.
� Cancelaci�n arrendamiento financiero.
� Compra de dos garajes en distintos edificios sitos en la misma parcela
� El trust y el Impuesto de Sucesiones.
� Transmisi�n de placas solares sujeta a IVA.
� Intervenci�n notarios y registradores exenta en subrogaci�n.
� No hay exenci�n AJD en subrogaci�n en cr�dito.
� Exenci�n ITP en sociedad conyugal.
� La fianza est� sujeta a AJD, no en Comunidad Valenciana.
� Hay sociedades holding que no est�n sujetas a IVA
� El nuevo Urbanismo Valenciano
� Pedro G. Cuartango: La ilusi�n de la Perdurabilidad.
Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenaci�n del Comercio Minorista.
- Con car�cter general, la instalaci�n de establecimientos comerciales no estar� sujeta a r�gimen de autorizaci�n. Se excepcionan los casos en que se den razones imperiosas de inter�s general amparadas por la normativa de la Uni�n Europea, que nunca ser�n de �ndole econ�mica.
- La regulaci�n del procedimiento de autorizaci�n, que coordinar� todos los tr�mites administrativos para la instalaci�n de establecimientos comerciales, se har� por las Comunidades Aut�nomas. - Las autorizaciones se conceder�n por tiempo indefinido, se referir�n �nicamente a las condiciones del establecimiento f�sico, impidiendo que se exijan nuevas autorizaciones por cambio de titularidad o sucesi�n de empresas. - Su otorgamiento se realizar� por silencio positivo a falta de resoluci�n administrativa expresa.
- Se suprime la autorizaci�n previa para ejercer la actividad de venta autom�tica.
- Se simplifica y actualiza la regulaci�n de las inscripciones en el Registro de Ventas a Distancia y el Registro de Franquiciadores, que existen con car�cter informativo en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se sustituye la inscripci�n en dichos registros por una obligaci�n de comunicaci�n a posteriori de la actividad que se realiza. - Se suprime el Registro Especial de Entidades y Centrales de Distribuci�n de Productos Alimenticios Perecederos. - Dos nuevas disposiciones adicionales tratan de la planificaci�n urban�stica de los usos comerciales y sobre la conveniencia de regular el r�gimen jur�dico de los contratos de distribuci�n comercial.
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**IMPOSICI�N INDIRECTA. NO RESIDENTES. Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el �mbito de la imposici�n indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria. I. Oficinas Liquidadoras. La reforma introducida es consecuencia de la
Sentencia de 12 de noviembre de 2009 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En ella se considera que el Reino de Espa�a no puede eximir del IVA (IGIC en Canarias) a los servicios de liquidaci�n y recaudaci�n de impuestos prestados por los registradores de la propiedad a una Comunidad Aut�noma, por contravenir las obligaciones que le incumben en virtud de los art�culos 2 y 4, apartados 1 y 2, de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977. Anteriormente, el Tribunal Supremo espa�ol �en Sentencia de 12 de julio de 2003- declar� exentas estas actividades por entender que se trataba de servicios prestados a una Comunidad Aut�noma a trav�s de una oficina administrativa vinculada a �sta.
- En la Ley del IVA, se a�ade una letra c) al apartado dos del art�culo 4:
1. Estar�n sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el �mbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a t�tulo oneroso, con car�cter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efect�an en favor de los propios socios, asociados, miembros o part�cipes de las entidades que las realicen.
2. Se entender�n realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:�
�c) Los servicios desarrollados por los Registradores de la Propiedad en su condici�n de liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario.�
En la Ley del IGIC (Canarias), se a�ade una letra c) al n�mero 6 del art�culo 5:
Art�culo 5�.- Concepto de actividades empresariales o profesionales.
6. Se entender�n realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional, en todo caso:
�c) Los servicios desarrollados por los Registradores de la Propiedad en su condici�n de liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario o de una Oficina Liquidadora Comarcal.�
Entrada en vigor. Al no estar entre las excepciones, se aplica la regla general de la Disposici�n Final cuarta, por lo que SURTE EFECTOS DESDE EL 1� DE ENERO DE 2010 (la reforma del IVA est� en el art�culo primero y la reforma del IGIC en el art�culo segundo, apartado dos). Se transcribe la disposici�n:
Esta Ley entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�, si bien surtir� efectos desde el d�a 1 de enero de 2010, con las siguientes excepciones:
a) Los apartados seis, siete y ocho del art�culo segundo y el art�culo octavo tendr�n efectos desde el d�a de entrada en vigor de la presente Ley.
b) El art�culo tercero surtir� efectos desde el d�a 1 de abril de 2010.
c) El art�culo quinto ser� de aplicaci�n a los per�odos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2009.
d) El art�culo s�ptimo ser� de aplicaci�n desde 1 de enero de 2009.
Ley del IVA el contenido esencial de un conjunto de directivas del Consejo de la Uni�n Europea (el resto ser� por v�a reglamentaria):
2006/112/CE en lo que respecta al lugar de la prestaci�n de servicios. Para determinar las reglas generales de localizaci�n, se distinguen las operaciones puramente empresariales, en las que prestador y destinatario tienen tal condici�n, de aquellas otras cuyo destinatario es un particular. En el primer grupo, el gravamen se localiza en la jurisdicci�n de destino, mientras que en el segundo lo hace en la de origen. En cuanto a los servicios relativos a bienes inmuebles, el nuevo art�culo 70 mantiene la regla de radicaci�n.
2008/9/CE, de 12 de febrero de 2008: devoluci�n del IVA a sujetos pasivos establecidos en otro Estado miembro. El nuevo sistema de devoluci�n, que afecta exclusivamente a empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, se basa en un sistema de ventanilla �nica, en el cual los solicitantes deber�n presentar las solicitudes de devoluci�n del Impuesto soportado en un Estado miembro distinto de aqu�l en el que est�n establecidos por v�a electr�nica; para ello, utilizar�n los formularios alojados en la p�gina web correspondiente a su Estado de establecimiento. Dicha solicitud se remitir� por el Estado de establecimiento al Estado de devoluci�n, es decir, aqu�l en el que se haya soportado el Impuesto.
2008/117/CE, de 16 de diciembre de 2008, sobre el sistema com�n del IVA, a fin de combatir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias. El art. 119 regula los supuestos de devoluci�n de cuotas soportadas por empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla. III. IGIC. El Impuesto General Indirecto Canario no es un tributo armonizado en el �mbito de la Uni�n Europea, por lo que a su normativa no le resultan de aplicaci�n ni las directivas comunitarias reguladoras de los impuestos sobre el volumen de negocios ni las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas en aplicaci�n de dichas directivas. Sin embargo se reforma para coordinarlo y hacerlo coherente con el IVA, adaptando la Ley
20/1991, de 7 de junio, sobre todo a las nuevas reglas que establecen la localizaci�n de las prestaciones de servicios.
Texto Refundido, referidas a los art�culos 14, 24 y 31 del mismo, que tienen por objeto favorecer las libertades de circulaci�n de trabajadores, de prestaci�n de servicios y de movimiento de capitales, de acuerdo con el Derecho Comunitario.
- Se declaran exentos los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos sin mediaci�n de establecimiento permanente por determinados fondos de pensiones.
- Se establecen reglas especiales para la determinaci�n de la base imponible correspondiente a rentas que se obtengan sin mediaci�n de establecimiento permanente por contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Uni�n Europea.
V. Otros impuestos. Se modifican determinados art�culos del
35/2006, de 28 de noviembre, (IRPF, Sociedades, No Residentes y Patrimonio). PDF (BOE-A-2010-3366 - 48 p�gs. - 754 KB) Otros formatos
*SEDE ELECTR�NICA MINISTERIO DE JUSTICIA.
Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero, por la que se crea la Sede Electr�nica del Ministerio de Justicia. El concepto de sede electr�nica est� definido en la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos, como �aquella direcci�n electr�nica disponible para los ciudadanos a trav�s de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gesti�n y administraci�n corresponde a una Administraci�n P�blica, �rgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias�.
Objetivos. Con la implantaci�n de la Sede se pretende, por una parte, reducir la dispersi�n actual de los servicios que ofrece el departamento y, por otra, crear un espacio en el que la Administraci�n y el ciudadano se relacionen en el marco de la gesti�n administrativa con las garant�as necesarias diferenciando as� el concepto de portal de comunicaci�n del de sede electr�nica. As�, el portal de comunicaci�n tiene un componente institucional, de informaci�n general sobre el Ministerio de Justicia, mientras que la Sede Electr�nica establece un marco de comunicaci�n e interacci�n con el ciudadano en relaci�n con los servicios provistos por el Ministerio de Justicia.
�mbito de aplicaci�n. Los �rganos pertenecientes al Departamento, quedando fuera del mismo los organismos p�blicos que deban aprobar sus respectivas sedes electr�nicas mediante Resoluci�n de su titular.
. Titularidad de la Sede. Corresponder� a la Subsecretar�a del Departamento.
Gesti�n tecnol�gica. Ser� competencia de la Divisi�n de Inform�tica y Tecnolog�as de la Informaci�n.
Gesti�n de contenidos. De los contenidos y de los servicios puestos a disposici�n de los ciudadanos en la sede ser�n responsables los titulares de los centros directivos del Departamento, y en su caso de los Organismos que se incorporen a la sede. La responsabilidad se corresponder� con las competencias que cada uno de los titulares tenga atribuidas por la legislaci�n vigente.
a) Acceso electr�nico, a trav�s de Internet.
b) Atenci�n presencial, a trav�s de las oficinas del Departamento, tanto de car�cter central como territorial, sin perjuicio del acceso a trav�s de los registros regulados en el art�culo 38 de la Ley 30/1992.
c) Atenci�n telef�nica por el servicio de informaci�n departamental publicado en la propia sede.
Contenidos m�nimos de la Sede. Todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran mecanismos de autenticaci�n de los ciudadanos o del Ministerio de Justicia en sus relaciones con �stos por medios electr�nicos. Entre estos contenidos estar� una relaci�n de sistemas de firma electr�nica admitidos o utilizados en la sede.
- Acceso, en su caso, al estado de tramitaci�n del expediente.
- En su caso, publicaci�n electr�nica de actos y comunicaciones que deban publicarse en tabl�n de anuncios o edictos, indicando el car�cter sustitutivo o complementario de la publicaci�n electr�nica.
- Comprobaci�n de la
autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los �rganos u organismos p�blicos que abarca la sede que hayan sido autenticados mediante c�digo seguro de verificaci�n.
- Indicaci�n de la fecha y hora oficial a los efectos previstos en el
art�culo 26.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
Puesta en funcionamiento de la Sede. Por remisi�n al Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, el plazo termina el 18 de marzo de 2010.
Direcci�n electr�nica de la Sede:
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*APELLIDOS DE ESPA�OLES NACIDOS EN EL EXTRANJERO. Instrucci�n de 24 de febrero de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, sobre reconocimiento de los apellidos inscritos en los Registros Civiles de otros pa�ses miembros de la Uni�n Europea.
Esta Instrucci�n viene motivada por la Sentencia de 14 de octubre de 2008 dictada por el Tribunal de Justicia (Gran Sala) de las Comunidades Europeas, en el asunto C-353/06 (Grunkin-Paul). Seg�n ella, �el art�culo 18 CE se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a que las autoridades de un Estado miembro, aplicando el Derecho nacional, denieguen el reconocimiento del apellido de un ni�o tal como ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro en el que ese ni�o naci� y reside desde entonces, y quien al igual que sus padres s�lo posee la nacionalidad del primer Estado miembro�.
Las decisiones prejudiciales adoptadas por el Tribunal de Luxemburgo, en atenci�n a la finalidad particular de estos procedimientos dirigidos a proporcionar una interpretaci�n aut�ntica que asegure la uniformidad en la aplicaci�n del Derecho comunitario en el Conjunto de la Uni�n Europea, tienen fuerza obligatoria y vinculan a todos los �rganos jurisdiccionales del conjunto de los Estados miembros. Por tanto, la interpretaci�n dada por el Tribunal forma un cuerpo con la propia norma interpretada.
Esta interpretaci�n tiene una eficacia �ex tunc�, por lo que ha de aplicarse tambi�n a relaciones jur�dicas surgidas y constituidas antes de la sentencia, sin perjuicio de excepciones basadas en la seguridad jur�dica. Con arreglo al principio de primac�a del Derecho comunitario, la doctrina sentado por esta Sentencia debe prevalecer frente a la aplicaci�n de las normas del Derecho interno espa�ol, con arreglo a las cuales el nombre y los apellidos de los espa�oles, a�n cuando tengan adem�s otra nacionalidad, se hallan regulados por la ley espa�ola (arts. 9 y 109 del C�digo civil, 55 de la Ley del Registro Civil y
Convenio hecho en Munich, el 5 de septiembre de 1980, sobre la ley aplicable a los apellidos y los nombres).
Esta Instrucci�n trata de clarificar las dudas que puedan plantearse en la aplicaci�n pr�ctica de la doctrina surgida de la citada Sentencia, fijando los criterios y directrices que habr�n de orientar la pr�ctica registral en la referida materia.
El Tribunal de Justicia reconoce que en el estado actual del Derecho comunitario las normas que rigen el apellido de una persona son competencia de los Estados miembros pero, al tiempo, advierte que �stos deben respetar el Derecho comunitario al ejercer dicha competencia cuando se trata de situaciones que, no siendo meramente internas, presenten alg�n v�nculo con el Derecho comunitario. En concreto, considera que �el hecho de estar obligado a llevar en el Estado miembro del que es nacional el interesado un apellido diferente del ya atribuido e inscrito en el Estado miembro de nacimiento y de residencia puede obstaculizar el ejercicio del derecho garantizado por el art�culo 18 CE a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros�. Por ello, las autoridades de un Estado miembro, aplicando el Derecho nacional, no pueden denegar en todo caso, el reconocimiento del apellido de un ni�o tal como ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro en el que ese ni�o naci� y reside desde entonces, y quien al igual que sus padres s�lo posee la nacionalidad del primer Estado miembro.
Se resumen, a continuaci�n, las Directrices dictadas en atenci�n a los referidos antecedentes:
Los espa�oles que nazcan fuera de Espa�a en el territorio de un Estado miembro de la Uni�n Europea cuyo nacimiento se haya inscrito en el Registro Civil local del pa�s del nacimiento con los apellidos que resulten de la aplicaci�n de las leyes propias de este �ltimo, siempre que en el mismo tenga fijada su residencia habitual al menos uno de los progenitores del nacido/a, podr�n inscribirse con esos mismos apellidos en el Registro Civil Consular espa�ol competente.
Segunda. La regla anterior ser� aplicable a�n cuando los apellidos no se correspondan con los resultar�an de la aplicaci�n de la ley espa�ola por regir en el pa�s del nacimiento, como punto de conexi�n, la ley de la residencia habitual, sin admisi�n del reenv�o Tercera. Determina
requisitos como el nacimiento fuera de Espa�a, un progenitor con residencia en aquel pa�s, que el punto de conexi�n sea la residencia habitual, no admisi�n del reenv�o y opci�n consentida por ambos progenitores. Cuarta. Fija excepciones como el orden p�blico o una infracci�n al principio de la homopatronimia entre hermanos de doble v�nculo por diferir los apellidos consignados en el Registro Civil local extranjero de los que ya ostente legalmente otro hijo mayor de id�ntica filiaci�n.
Quinta. Si la solicitud de opci�n por los apellidos correspondientes a la ley del lugar del nacimiento se formaliza en un momento posterior a la inscripci�n del nacimiento, habr� de tramitarse a trav�s del cauce procedimental de los expedientes registrales de cambio de apellidos.
Sexta.� Para casos de plurinacionalidad, se remite a la Instrucci�n de
23 de mayo de 2007, sobre apellidos de los extranjeros nacionalizados espa�oles y su consignaci�n en el Registro Civil espa�ol.
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Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneizaci�n de las actuaciones de los servicios comunes procesales.
La Ley Org�nica del Poder Judicial abandona el concepto de �Secretar�a� de Juzgado o Tribunal como unidad de organizaci�n aut�noma para configurar la nueva Oficina judicial tomando como elemento organizativo b�sico la �unidad� y distinguiendo entre unidades procesales de apoyo directo y servicios comunes procesales.
La LOPJ define los servicios comunes, establece su configuraci�n y funciones y atribuye al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Aut�nomas, en sus respectivos �mbitos de actuaci�n, la competencia para el dise�o, creaci�n y organizaci�n de aquellos servicios.
Los servicios comunes procesales se definen como unidades de la Oficina judicial que sin estar integradas en un �rgano judicial concreto, asumen labores centralizadas de gesti�n y apoyo en actuaciones procesales, prestando servicio a todos o a alguno de los �rganos de la Administraci�n de Justicia de su �mbito territorial, cualquiera que sea el orden jurisdiccional al que pertenezcan y la extensi�n de su jurisdicci�n, o a otros servicios comunes de distinta naturaleza, as� como, en su caso, a otras instituciones que cooperan con la Administraci�n de Justicia, tales como la Fiscal�a o los Institutos de Medicina Legal, siempre y cuando as� lo haya determinado la resoluci�n que cree el servicio com�n.
El art�culo 438.3 LOPJ regula como servicios comunes procesales aqu�llos con funciones de registro y reparto, actos de comunicaci�n, auxilio judicial, ejecuci�n de resoluciones judiciales y jurisdicci�n voluntaria. Podr�n crearse servicios comunes generales que aglutinen una o m�s de las funciones mencionadas.
Es competencia del Consejo General del Poder Judicial la potestad para establecer criterios generales que permitan la homogeneidad en las actuaciones de los servicios comunes procesales de la misma clase en todo el territorio nacional. Y, en uso de esa competencia, el CGPJ establece, mediante este Acuerdo, unas directrices b�sicas de general y obligado cumplimiento.
�mbito de aplicaci�n. Las disposiciones contenidas en este Reglamento se aplicar�n a todos los servicios comunes de la misma clase que se creen en todo el territorio nacional, a los que se encomienden funciones de registro y reparto, realizaci�n de actos de comunicaci�n y de ejecuci�n, y auxilio judicial, as� como aquellas otras que por su car�cter general se pudieran asignar a los mismos. Igualmente, este tipo de servicios comunes podr� intervenir en los apoderamientos conferidos por comparencia �apud acta� ante el Secretario Judicial a favor de Procuradores, as� como en las presentaciones �apud acta� en materia penal, sin perjuicio de la competencia atribuida al Juzgado de Guardia.
Direcci�n. La direcci�n y gesti�n de los servicios comunes en sus aspectos t�cnico-procesales, corresponde al Secretario Judicial Director que est� al frente de los mismos.
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venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde se celebre.
Se adapta la regulaci�n del sector a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que impone a los Estados miembros la obligaci�n de eliminar todas las trabas jur�dicas y barreras administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestaci�n de servicios que se contemplan en los art�culos 49 y 56 del
Tratado de Funcionamiento de la Uni�n Europea.
La reforma de la Ley de Ordenaci�n del Comercio Minorista, exige tambi�n la de sus desarrollos reglamentarios, con el objeto de adecuar su contenido a las exigencias de supresi�n de tr�mites innecesarios y de simplificaci�n de procedimientos administrativos en el otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en materia de comercio.
Este Decreto se enmarca dentro de esos desarrollos reglamentarios de la Ley del Comercio Minorista. Frente a la regla general de que las actividades de servicios de distribuci�n comercial no deben estar sometidas a autorizaci�n administrativa previa, en lo relativo al ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se ha considerado necesario su mantenimiento. Sin embargo, lo que s� se suprimen, con respecto a la normativa anterior, son los requisitos de naturaleza econ�mica y los criterios econ�micos de otorgamiento de la autorizaci�n.
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R�GIMEN DE FRANQUICIA.
Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en r�gimen de franquicia y la comunicaci�n de datos al registro de franquiciadores. Objeto del Decreto. Establecer las condiciones b�sicas para desarrollar la actividad de cesi�n de franquicias y la regulaci�n del funcionamiento y organizaci�n del registro de franquiciadores.
actividad comercial en r�gimen de franquicia aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a cambio de una contraprestaci�n financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la explotaci�n de una franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y �xito, para comercializar determinados tipos de productos o servicios, definiendo el Decreto su contenido m�nimo. Tambi�n se determina qu� no se considera franquicia y la informaci�n b�sica, previa al contrato o precontrato, o al primer pago, que ha de ser suministrada al franquiciado con veinte d�as de antelaci�n. No se determina forma especial en el negocio.
Las franquicias se rigen b�sicamente por el art�culo 62 de la Ley de Ordenaci�n del
Comercio Minorista y por este Real Decreto siendo materia cuya competencia corresponde al Estado al incluir legislaci�n civil y mercantil. En la Exposici�n de Motivos se enumeran las disposiciones comunitarias que afectan a la materia.
Se mejora la regulaci�n del registro estatal de franquiciadores creado en 1998 que garantiza la centralizaci�n de los datos relativos a los franquiciadores, a los efectos de informaci�n y publicidad, fij�ndose las directrices t�cnicas y de coordinaci�n entre los registros similares que pueden establecer las comunidades aut�nomas, bajo el principio de interoperabilidad de registros y ventanilla �nica previstos en la Directiva de Servicios.
. El Registro tiene car�cter p�blico y naturaleza administrativa, a los solos efectos de informaci�n y publicidad y depende org�nicamente de la Direcci�n General de Pol�tica Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio En todo caso, la llevanza del registro corresponder� a las comunidades aut�nomas donde los franquiciadores tengan su sede social, de manera que se aceptar�n como vinculantes las propuestas de inscripci�n, cancelaci�n y revocaci�n que aqu�llas efect�en.
Las personas f�sicas o jur�dicas que pretendan desarrollar en Espa�a la actividad de cesi�n de franquicia deber�n comunicar sus datos, en el plazo de 3 meses desde el inicio de la actividad, o bien al registro de la comunidad aut�noma donde prevean iniciar sus actividades, o cuando la comunidad aut�noma no establezca la necesidad de comunicaci�n de datos a la misma, al registro de franquiciadores del Ministerio, a efectos informativos. La comunicaci�n al registro no condiciona el inicio de la actividad, pero pueden incurrir en sanci�n si no lo hacen. PDF (BOE-A-2010-4175 - 10 p�gs. - 314 KB) Otros formatos
MADRID. Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrile�a.
Esta Ley pretende adaptar la normativa auton�mica a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Se completar� con posteriores desarrollos reglamentarios.
Los tres objetivos que se abordan a trav�s de la presente ley son: - introducir una serie de medidas liberalizadoras para las empresas madrile�as de los sectores de actividad de turismo, comercio, venta ambulante, juego y protecci�n de los consumidores; - modificar buena parte de los
plazos en los procedimientos de la Administraci�n, agiliz�ndolos y modificando el sentido del silencio de desestimatorio a estimatorio, y
- liberalizar otros sectores de la econom�a madrile�a como los colegios profesionales, servicios sociales, sanitarios, medioambientales, espect�culos p�blicos, actividades recreativas y de patrimonio hist�rico.
En materia de comercio, los operadores y promotores comerciales habr�n de dirigirse a una �nica �ventanilla�, la municipal, donde se gestionar� �ntegramente su procedimiento. Respecto a los colegios profesionales, se habilita legalmente la creaci�n de colegios profesionales respecto de aquellas profesiones para cuyo ejercicio se precise el t�tulo oficial y se posibilita la constituci�n de las citadas entidades mediante la adscripci�n voluntaria de sus miembros, salvo que una norma de creaci�n establezca lo contrario.
El amplio n�mero de procedimientos afectados se encuentran en un Anexo, donde se detalla el tiempo de resoluci�n y el efecto del silencio. Hay muchos en materia de vivienda. PDF (BOE-A-2010-4181 - 31 p�gs. - 625 KB) Otros formatos
IRPF. - Se mantienen las medidas vigentes durante 2009.
- Se introducen una nueva deducci�n para familias con ingresos reducidos, - Se introduce otra deducci�n por adquisici�n de acciones y participaciones de nuevas entidades. - Se establece una nueva tarifa auton�mica para el supuesto en que se apruebe un nuevo Sistema de Financiaci�n Auton�mica que sea asumido por la Comunidad de Madrid.
ISD y PATRIMONIO. Sucesiones y Donaciones y Patrimonio no experimentan variaci�n.
- Se establece un tipo impositivo reducido del 2 por ciento en la modalidad de �Transmisiones Patrimoniales Onerosas� para la adquisici�n de viviendas por empresas inmobiliarias
- Se aprueba, transitoriamente, un tipo impositivo reducido en la misma modalidad del impuesto para las adquisiciones de veh�culos para su reventa cuando dichas adquisiciones se hayan beneficiado provisionalmente de la exenci�n del impuesto y se haya incumplido el plazo establecido para la reventa.
Tasas. - Entre otras reformas, se modifican las tarifas de la tasa por bastanteo de documentos, por inserciones en el Bolet�n Oficial de la Comunidad de Madrid y se crea una por expedici�n de certificados de profesionalidad.
- Se establece una moratoria de cinco a�os en el pago de tasas a las personas f�sicas que ejerzan actividades econ�micas y a las empresas de reducida dimensi�n por raz�n de la prestaci�n de servicios o realizaci�n de actividades administrativas vinculadas al inicio de sus actividades profesionales o empresariales.
Cajas de Ahorro. - Se incluye un nuevo art�culo 14 bis en la Ley
4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, con el fin de incorporar la regulaci�n de los sistemas institucionales de protecci�n (los denominados SIP). Se trata de una nueva f�rmula de integraci�n de entidades de cr�dito que, sin tener las caracter�sticas propias de una fusi�n, permite a las entidades participantes enfrentarse a los retos de futuro y a las nuevas estrategias de consolidaci�n ante la actual coyuntura financiera internacional. La participaci�n de una de estas Cajas en uno de esos sistemas se sujeta a autorizaci�n previa de la Consejer�a competente.
- Se modifica la mayor�a exigible para la revocaci�n de la atribuci�n de funciones ejecutivas al Presidente de la entidad, fij�ndola en los dos tercios de los miembros del Consejo de Administraci�n, con el objetivo de otorgar mayor estabilidad al ejercicio de esas funciones ejecutivas.
Cooperativas. Se adapta la Ley
4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, a la nueva legislaci�n mercantil en materia contable. Los nuevos criterios contables derivados de dicha legislaci�n y que son plenamente aplicables a partir del 1 de enero de 2010, pueden implicar perjuicios a las cooperativas, ya que el capital social de �stas tradicionalmente tiene la caracter�stica de ser reembolsable a los socios, lo que acarrea la consideraci�n contable de pasivo y no de patrimonio neto. Con la modificaci�n, se habilita a las cooperativas a crear aportaciones al capital social cuyos propietarios no tengan el derecho incondicional a su reembolso, de modo que puedan ser consideradas contablemente fondos propios y no pasivos.
Suelo. Las modificaciones en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, impulsan actuaciones econ�micas de inter�s regional y tratan de abaratar costes para los promotores en la ejecuci�n de obras de urbanizaci�n de los desarrollos urban�sticos.
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VIVIENDA. PR�STAMOS. Resoluci�n de 15 de marzo de 2010, de la Subsecretar�a, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se revisan y modifican los tipos de inter�s efectivos anuales vigentes para los pr�stamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los Programas 1995 (Plan de Vivienda 1992-1995), Programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. Se revisan y modifican los tipos de inter�s efectivos anuales vigentes para los pr�stamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los siguientes Planes
Programa 1995 (Plan de Vivienda1992-1995): 1. El tipo aplicable a los pr�stamos cualificados concedidos por las entidades de cr�dito para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para este Programa, entre las entidades de cr�dito y el Ministerio de Obras P�blicas y Transportes, actualmente Ministerio de Vivienda, ser� del 2,60 por ciento anual.
2. El nuevo tipo de inter�s ser� de aplicaci�n a los pr�stamos cualificados vivos y tendr� vigencia a partir de la publicaci�n en el BOE (20 de marzo de 2010), desde el inicio de la siguiente anualidad completa de amortizaci�n de cada pr�stamo.
3. En aquellos casos en los que el nuevo tipo de inter�s, efectivo anual, resulte inferior al tipo de inter�s subsidiado, reconocido a los prestatarios, se aplicar� a los pr�stamos cualificados el primero de ambos tipos de inter�s. No obstante, si de la aplicaci�n del correspondiente tipo de inter�s, modificado y revisado, pudieran derivarse pagos superiores para el prestatario, a los que le hubieran correspondido sin dicha revisi�n, el Ministerio de Vivienda subsidiar� la diferencia.
Programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999): La redacci�n y el tipo (2,60%) son similares a los del anterior Programa 1995. Plan de Vivienda 1998-2001: 1. El nuevo tipo de inter�s efectivo anual aplicable a los pr�stamos cualificados concedidos por las entidades de cr�dito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para este Plan, entre las entidades de cr�dito y el Ministerio de Fomento, actualmente Ministerio de Vivienda, ser� del 2,33 por ciento anual.
2. Este tipo de inter�s revisado y modificado, ser� de aplicaci�n, asimismo, a todos los pr�stamos cualificados concedidos por las entidades de cr�dito en el �mbito de los convenios para la financiaci�n de actuaciones protegidas de este Plan, a partir del primer vencimiento que se origine, una vez transcurrido un mes desde el d�a de su publicaci�n en el BOE (20 de marzo de 2010).
Plan de Vivienda 2002-2005: 1. El nuevo tipo de inter�s efectivo anual aplicable a los pr�stamos cualificados concedidos por las entidades de cr�dito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para este Plan, entre las entidades de cr�dito y el Ministerio de Fomento, actualmente Ministerio de Vivienda, ser� del 2,58 por ciento anual.
2. Este tipo de inter�s revisado y modificado, ser� de aplicaci�n, asimismo, a todos los pr�stamos cualificados concedidos por las entidades de cr�dito en el �mbito de los convenios para la financiaci�n de actuaciones protegidas del Plan, a partir del primer vencimiento que se origine, una vez transcurrido un mes desde el d�a de su publicaci�n en el BOE (20 de marzo de 2010 + un mes).
1. El nuevo tipo de inter�s efectivo anual aplicable a los pr�stamos convenidos concedidos por las entidades de cr�dito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para este Plan, entre las entidades de cr�dito y el Ministerio de Vivienda, ser� del 2,60 por ciento anual.
2. Este tipo de inter�s ser� de aplicaci�n a todos los pr�stamos convenidos ya concedidos por las entidades de cr�dito colaboradoras, correspondientes al citado Plan 2005-2008, salvo a los que se refiere el apartado 1.b) de la disposici�n transitoria primera del Real Decreto
801/2005, de 1de julio, que se regir�n por lo dispuesto en la Orden
FOM/268/2002, de 11 de febrero, y en los Acuerdos del Consejo de Ministros que revisen el tipo de inter�s de los pr�stamos convenidos del Plan de Vivienda 2002-2005. El nuevo tipo de inter�s ser� de aplicaci�n desde el primer vencimiento que se produzca, transcurrido un mes de la publicaci�n de este Acuerdo en el BOE (20 de marzo de 2010+ 1 mes).
Sin coste. Las entidades de cr�dito que concedieron los correspondientes pr�stamos cualificados o convenidos referidos aplicar�n el nuevo tipo de inter�s establecido sin coste para los prestatarios.
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*PATENTES.
Real Decreto 245/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
2245/1986, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuci�n de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
Este Decreto es consecuencia de la necesidad de adaptar tambi�n la normativa reglamentaria espa�ola a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Por ello, se modifica el
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, con el fin de acomodarlo a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y a la
Esta �ltima Ley modific� el art�culo 79 de la referida Ley de Patentes haciendo desaparecer la exigencia insoslayable de documento p�blico en la formalizaci�n de las transmisiones y licencias, y remitiendo al Reglamento para la ejecuci�n de la Ley la regulaci�n de estas cuestiones. As� pues, el p�rrafo 4� (antiguo 5�) deja de exigir el documento p�blico para la inscripci�n. Dice lo siguiente: �4. La Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas calificar� la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el Registro de Patentes. Este Registro ser� p�blico.�
A partir de ahora, se seguir�n las mismas pautas actualmente establecidas para las marcas y los dise�os industriales en su normativa vigente siguiendo, seg�n la Exposici�n de Motivos la tendencia antiformalista del derecho comparado comunitario e internacional, ya incorporada a la legislaci�n interna en materia de signos distintivos o dise�os industriales, adem�s de a los t�tulos de propiedad industrial europeos o comunitarios, seg�n las normas que los regulan.
Se armonizan tambi�n los requisitos de inscripci�n de modificaciones registrales para todas las modalidades de propiedad industrial, reforz�ndose la coherencia de la regulaci�n.
Inscripci�n de transmisiones de patentes. Ha de presentarse instancia, en los impresos normalizados que establezca la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas, acompa�ada del justificante de abono de la tasa correspondiente y adem�s:
A) Transmisi�n por contrato: Ha de aportarse alguno de los siguientes documentos:
B) Cambio en la titularidad por otras causas. En caso de fusi�n, reorganizaci�n o divisi�n de una persona jur�dica, por imperativo de la ley, por resoluci�n administrativa o por decisi�n judicial, se acompa�ar� a la solicitud de inscripci�n alguno de los siguientes:
a) Testimonio emanado de la autoridad p�blica que emita el documento.
b) Copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad p�blica competente. Se hace reserva expresa de las especialidades de la hipoteca mobiliaria que se regir� por sus disposiciones espec�ficas. La solicitud de inscripci�n de opciones de compra o constituci�n de derechos reales deber� acompa�arse de documento p�blico.
Otras modificaciones afectan a datos inscribibles, consulta p�blica de expedientes, inscripci�n de licencias, procedimiento de inscripci�n, modificaci�n y cancelaci�n de derechos, etc.
Por �ltimo, se actualiza el r�gimen de adquisici�n de la condici�n y del ejercicio de la actividad de agente de la propiedad industrial, sustituyendo el r�gimen previo de autorizaci�n, por el menos gravoso sistema de inicio de la actividad tras la presentaci�n de una declaraci�n responsable.
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La direcci�n de referencia de la nueva sede electr�nica de la AEPD es https://sedeagpd.gob.es. Tambi�n se podr� acceder a trav�s del portal de Internet http://www.agpd.es.PDF (BOE-A-2010-4854 - 3 p�gs. - 170 KB) Otros formatos
IMPACTO AMBIENTAL. Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificaci�n del texto refundido de la Ley de Evaluaci�n de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero.
Las modificaciones introducidas se dirigen por un lado, a precisar las fases en que se concretan las actuaciones a realizar en la evaluaci�n ambiental y por otro lado, a reducir y adecuar el plazo para la ejecuci�n del procedimiento. Se determina el efecto del incumplimiento del plazo y se identifica al autor o autores del Estudio de Impacto Ambiental. Por otra parte, se adapta la Ley a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, lo que implica un cambio de orientaci�n en el r�gimen de intervenci�n administrativa, mediante la supresi�n de un gran n�mero de autorizaciones administrativas que son sustituidas por una comunicaci�n o declaraci�n responsable del prestador por la que manifiesta cumplir todos los requisitos legales a que se condiciona el ejercicio de la actividad.
La disposici�n adicional quinta de la
Ley �mnibus establece una cl�usula de salvaguarda de la necesidad de declaraci�n de impacto ambiental de aquellos proyectos de actividades u obras que, en virtud de la citada Ley dejan de quedar sometidos al r�gimen de autorizaci�n administrativa y se�ala que dicha declaraci�n de la evaluaci�n de impacto ambiental deber� ser previa a la presentaci�n de la declaraci�n responsable sustitutoria de la autorizaci�n, debiendo disponerse de la documentaci�n que as� lo acredite.
Por este motivo, se adapta ahora la Ley 1/2008, de 11 de enero para identificar a la administraci�n sustantiva que asumir� las competencias y facultades legales en la tramitaci�n de la declaraci�n de impacto ambiental en los proyectos objeto de declaraci�n de impacto ambiental no sometidos a autorizaci�n o aprobaci�n administrativa.
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CERTIFICADOS DE EMPRESA. Orden TIN/790/2010, de 24 de marzo, por la que se regula el env�o por las empresas de los datos del certificado de empresa al Servicio P�blico de Empleo Estatal por medios electr�nicos. El certificado de empresa (ver modelo), emitido por el empleador, es un documento fundamental en el reconocimiento a la prestaci�n por desempleo. Sirve para acreditar la situaci�n legal de desempleo y para determinar la cuant�a de la prestaci�n. La presente Orden tiene por objeto establecer la obligatoriedad de uso de medios electr�nicos para la remisi�n de los datos del certificado de empresa al Servicio P�blico de Empleo Estatal a trav�s de la aplicaci�n �certific@dos�
Estar�n obligados a remitir el certificado de empresa por Internet, en su condici�n de empleadores, cualquier empresa, organizaci�n empresarial o asociaci�n, instituci�n o entidad de derecho p�blico, independientemente de su forma jur�dica, incluido el empresario persona f�sica, su representante legal y las empresas y profesionales colegiados que en el ejercicio de su actividad profesional gocen de la representaci�n de las empresas en cuyo nombre act�an, que tengan contratados a trabajadores, operen en el territorio nacional y tengan asignado a su CIF o NIF una cuenta de cotizaci�n por la Tesorer�a General de la Seguridad Social, cuando dichos trabajadores finalicen o se suspenda o reduzca su relaci�n laboral, y les comuniquen que van a solicitar las prestaciones por desempleo.
Quedan excluidas de la obligaci�n de enviar el certificado de empresa de aquellos trabajadores que, por su actividad fija discontinua o temporal, tengan diversos per�odos de actividad o inactividad, o por trabajar habitualmente para la misma empresa, tengan sucesivos contratos temporales dentro del mes, se encuentren en el �mbito de tramitaci�n agrupada o �nica de prestaciones por desempleo.
La remisi�n por las empresas a trav�s de Internet del certificado de empresa supone el cumplimiento de la obligaci�n de su entrega por los trabajadores al Servicio P�blico de Empleo Estatal para la tramitaci�n de las prestaciones por desempleo y les exime de la obligaci�n de acompa�ar dicho documento a la solicitud de prestaciones por desempleo.
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IRPF: DECLARACI�N 2009. Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo, por la que se aprueba el modelo de declaraci�n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, ejercicio 2009, se determinan el lugar, forma y plazos de presentaci�n del mismo, se establecen los procedimientos de solicitud, remisi�n, modificaci�n y confirmaci�n o suscripci�n del borrador de declaraci�n del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentaci�n de ambos por medios telem�ticos o telef�nicos. Qui�nes han de declarar. Se regula por los arts 96 y 97
Plazo para el borrador. La confirmaci�n o suscripci�n del borrador de declaraci�n remitido por la Administraci�n tributaria podr� efectuarse, cualquiera que sea su resultado, a ingresar, a devolver o negativo, o la v�a utilizada para su confirmaci�n o suscripci�n, a partir del d�a 5 de abril y hasta el d�a 30 de junio de 2010, ambos inclusive. Sin embargo, en el supuesto de que el resultado del borrador de declaraci�n arroje una cantidad a ingresar y su pago se domicilie en cuenta en los t�rminos establecidos en el art�culo 13 siguiente, la confirmaci�n o suscripci�n del mismo no podr� realizarse con posterioridad al d�a 25 de junio de 2010.
Plazo de presentaci�n. El plazo de presentaci�n de las declaraciones, cualquiera que sea el resultado de las mismas, ser� el comprendido entre los d�as 3 de mayo y 30 de junio de 2010, ambos inclusive.
Lugar de presentaci�n. Se desarrolla en el art. 14. La presentaci�n telem�tica en los arts. 15 al 17.
Comunidades Aut�nomas. La cesi�n parcial del Impuesto correspondiente al 2009 todav�a alcanza el 33% (el 2010 ser� ya del 50%). En la Exposici�n de Motivos se enumeran las disposiciones auton�micas de derecho com�n donde se recogen deducciones y escalas.
Domiciliaci�n bancaria. Queda reservada �nicamente a las declaraciones que se presenten por v�a telem�tica, a las que se efect�en a trav�s de los servicios de ayuda prestados en las oficinas de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria o las habilitadas a tal efecto por las Comunidades Aut�nomas y Entidades Locales, as� como a los borradores de declaraci�n cuya confirmaci�n o suscripci�n se realice por medios telem�ticos, telef�nicos o en las oficinas antes citadas. Arts. 13 y 18 (para el segundo pago)
Fraccionamiento del pago. Puede ser en un 60% y en un 40%. Art. 12. PDF (BOE-A-2010-5260 - 81 p�gs. - 12934 KB) Otros formatos
24. EXPEDIENTE DE DOMINIO: CITACIONES. LICENCIA DE SEGREGACI�N. NOTIFICACI�N S�LO AL PRESENTANTE. Resoluci�n de 8 de enero de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Requena, a inscribir el testimonio de un auto reca�do en un expediente de dominio para la reanudaci�n del tracto sucesivo interrumpido.
1. No constan las circunstancias personales del promotor del expediente (DNI, estado civil y de estar casado r�gimen econ�mico y nombre y apellidos del c�nyuge). Se confirma el defecto de acuerdo con el art. 51.9 RH, sin que deba entenderse subsanado por constar en el escrito de interposici�n del Recurso pues no pudieron ser tenidas en cuenta por la registradora en el momento de la calificaci�n.
2.- No consta haberse practicado las citaciones a los titulares de la finca matriz, ni a las transmitentes en su caso, o a sus causahabientes, ni la forma en que se han practicado. La Direcci�n revoca la nota ya que resulta del Mandamiento que se ha cumplido lo dispuesto en el art�culo 202.3 LH (...) citando a aquellos que seg�n la certificaci�n del Registro tengan alg�n derecho real sobre la finca, a aqu�l de quien procedan los bienes o sus causahabientes, si fueren conocidos y a quien tenga catastrada o amillarada la finca a su favor y se han convocado las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripci�n solicitada por medio de edictos.
3.- No consta la citaci�n a los titulares registrales del asiento contradictorio con antig�edad inferior a treinta a�os, a sus causahabientes, al menos una vez personalmente y si comparecieron o no los titulares registrales o sus causahabientes. Se confirma el defecto ya que en los expedientes de reanudaci�n de tracto, como constituyen excepci�n al principio de tracto sucesivo y tienen un efecto cancelatorio respecto a las inscripciones contradictorias adquiere especial importancia el estricto cumplimiento de lo preceptuado en el art�culo 202 LH y por ello debe resultar del Auto si los titulares de derechos derivados de asientos de menos de treinta a�os fueron o�dos o si fueron citados, al menos, una vez personalmente. Todo ello no es m�s que una consecuencia del principio de legitimaci�n y por ello del m�s gen�rico principio constitucional de Tutela Judicial efectiva y entra dentro de la calificaci�n del Registrador comprobar que el titular registral ha sido llamado al procedimiento con las garant�as exigidas en las normas sin que ello signifique en absoluto entrar en la validez, correcci�n o justicia de la decisi�n judicial, extremo �ste que queda al margen de las competencias calificadoras de los Registradores.
4.- El cuarto defecto es que la finca es parte de otra y no se acompa�a licencia de segregaci�n. Tambi�n se confirma el defecto porque si el expediente no se refiere a la totalidad de la finca registral, sino a parte que en su d�a se segreg�, deben cumplirse los requisitos exigidos por la legislaci�n urban�stica y aportarse licencia de segregaci�n o certificaci�n del Ayuntamiento de innecesariedad de la misma. (MN)
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25. ENUMERACI�N DE FINCAS EN DIVISI�N HORIZONTAL. NOTIFICACI�N POR FAX. Resoluci�n de 12 de enero de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario don Rafael Fern�ndez-Crehuet Serrano contra la nota de calificaci�n del registrador de la propiedad n� 2 de Santa Fe, por la que se suspende la inscripci�n de una escritura de extinci�n de r�gimen de propiedad horizontal declaraci�n de obra nueva en construcci�n y divisi�n horizontal. (MN)
Como cuesti�n de procedimiento se plantea si es v�lida la notificaci�n de la nota al notario por telefax. Resuelve la Direcci�n que, si bien no se ajusta exactamente a los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992 y por ello el propio centro directivo ha venido poniendo de relieve reiteradamente que no siempre es medio id�neo de notificaci�n y que el art. 322 LH establece que ser� v�lida la notificaci�n practicada por v�a telem�tica si el interesado lo hubiere manifestado as� al tiempo de la presentaci�n del t�tulo y queda constancia fehaciente, como tambi�n exig�a el art. 59 LRJAPyRAC; hoy este art. 59 est� derogado por la Ley 11/2007 y adem�s el 322 debe ser interpretado atendiendo no s�lo a sus palabras sino tambi�n a su esp�ritu, al marco normativo resultante de reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un �mbito en el que (ya desde lo establecido en los Reales Decretos 1558/1992, de 18 de diciembre, y 2537/1994, de 29 de diciembre) se ha venido impulsando el empleo y aplicaci�n de las t�cnicas y medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios p�blicos. Y que en cualquier caso, el hecho de que el notario haya presentado el recurso pone de manifiesto que el contenido de la calificaci�n ha llegado a su conocimiento, por lo que el posible defecto formal en que eventualmente se hubiera podido incurrir habr�a quedado saneado conforme al art. 58.3 de la Ley 30/92.
Como cuesti�n de fondo se plantea en una escritura de divisi�n horizontal si la identificaci�n de las fincas: planta s�tano, garajes 1 al 18, trasteros 1 a 7; planta baja, vivienda bajo A y local comercial; planta primera: viviendas A a F; planta segunda: viviendas A a E es conforme a las exigencias de numeraci�n de los arts. 5 LPH y 8.4� de LH. La Direcci�n confirmando la calificaci�n entiende que no, que la exigencia de numeraci�n correlativa de los elementos tiene la finalidad de ordenarlos secuencialmente, de forma que con ese solo dato se pueda identificar separadamente cada uno de los departamentos privativos, evitando as� la confusi�n que acarrear�a el que dos de ellos pudieran tener eventualmente el mismo n�mero de orden. Y en este caso no se cumple este requisito y la identificaci�n de las fincas induce a confusi�n al existir coincidencia en alguna de ellas, pues para identificar los elementos privativos se requiere agregar a la letra o n�mero identificativos otros datos, como la planta del inmueble en el que se ubican. (MN)
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26. ELEVACI�N A P�BLICO DE CONTRATO CUANDO EL TRANSMITENTE YA NO ES TITULAR REGISTRAL. TRACTO SUCESIVO. Resoluci�n de 13 de enero de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por Melque, S.A., contra la negativa de la registradora de la propiedad n� 9 de Murcia, a practicar una inscripci�n de uso y disfrute en virtud de escritura de elevaci�n a p�blico de documento privado de cesi�n onerosa. Se presenta escritura de elevaci�n a p�blico de contrato privado de cesi�n onerosa de derechos de uso y disfrute sobre determinadas plazas de un aparcamiento subterr�neo en r�gimen de concesi�n, otorgada judicialmente en rebeld�a del demandado, estando ya la concesi�n administrativa inscrita a favor de persona distinta del transmitente (el demandado), y no figurando Anotaci�n preventiva de la demanda.
La Direcci�n, confirma la calificaci�n de acuerdo con el principio de tracto sucesivo en virtud del cual para inscribir un t�tulo en el Registro de la Propiedad se exige que est� previamente inscrito el derecho del transmitente y, por tanto, estando las fincas inscritas a favor de una persona jur�dica distinta del anterior titular registral no podr� accederse a la inscripci�n del ahora calificado sin consentimiento del actual titular registral. Y ello no cambia por el hecho de tratarse de un t�tulo derivado de un procedimiento judicial, ya que respecto de estos se exige que el titular registral actual haya sido parte en el proceso -art. 40 LH- o que se hubiera tomado en su d�a y estuviera vigente anotaci�n preventiva de la demanda interpuesta -art. 71 LH-. (MN)
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27. CAMBIO DE LINDEROS EN FINCA. Resoluci�n de 16 de enero de 2010, de la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad n� 8 de Madrid, a rectificar los linderos de una finca. Se pretende la rectificaci�n de linderos de una finca inscrita en 1877, en un Registro de Madrid, por medio de una instancia privada en base a un documento p�blico de 1844. Esa rectificaci�n implicar�a adem�s el traslado de la inscripci�n de la finca a otros registros colindantes.
Se�ala la DGRN que, aunque en el siglo XIX los linderos estaban basados exclusivamente en las manifestaciones del interesado, actualmente se exige una perfecta identificaci�n y coordinaci�n con el Catastro, pues la finca, en el sistema de folio real, es la base del Registro. Por otro lado reconoce que es posible la rectificaci�n en base a la mera instancia privada, siempre que el error resulte de un documento p�blico, independiente de la voluntad del solicitante. En todo caso, el registrador no ha que tener duda de la identidad de la finca, pues si la tiene se necesita aportar un certificado catastral descriptivo y gr�fico.
En el presente caso considera la DGRN que el error no resulta de la documentaci�n presentada, y adem�s, al tener el registrador duda de la identidad de la finca se necesita acompa�ar el certificado catastral, que no se ha aportado, por lo que confirma la denegaci�n. (AFS)
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1. AUTORIZACI�N JUDICIAL DE LA VENTA POR UN INCAPAZ.
En una compraventa un incapaz representado por su tutora y con autorizaci�n judicial vende un inmueble. La declaraci�n de incapacidad se hizo por Sentencia firme de 18 de marzo de 2009, por la Juez del Juzgado de Primera Instancia. La tutora, do�a Maria Isabel, acept� el cargo el 27 de marzo de 2009 y por Auto de 17 de setiembre de 2009, dictado en el procedimiento de incapacitaci�n se concede a la tutora autorizaci�n judicial para la venta de la finca.
La Registradora suspende la inscripci�n por no aportarse testimonio del auto de autorizaci�n judicial de la venta a los efectos de su calificaci�n, en concreto, a efectos de verificaci�n de la firmeza, inscripci�n en el Registro Civil y dem�s circunstancias del art. 100 RH. La resoluci�n de
6 de noviembre de 2007 indic� que la falta de aportaci�n de la escritura de la que resultan las facultades representativas s�lo se puede subsanar mediante nuevo juicio de suficiencia y no por aportaci�n al Registro, por hallarse ello prohibido por el art. 24 de la Ley 24/2005.
Ahora bien, aqu� se trata de apreciar el cumplimiento de una norma como es el art. 2015 LEC de 1881 en relaci�n con el art. 271.2� CC, a saber la autorizaci�n de la venta, autorizaci�n que debe producirse con anterioridad a la escritura, pero que obtenida con posterioridad, es apta para convalidarla.
Otorgada la escritura sin la autorizaci�n no es necesario que el interesado en el asiento, para obtener la inscripci�n, deba volver al notario para que le testimonie la autorizaci�n sino que bastar� que aporte escritura y autorizaci�n a la registradora.
Por otro lado, realizada la venta directamente es preciso que conste con claridad a la registradora que el juez ha dispensado a la tutora de la necesidad de venta en p�blica subasta.
Del mismo modo, si el notario afirmase tener a la vista el documento judicial ello no le dispensa, conforme al art. 98.3 de la L. 24/2001, de testimoniarlo en la escritura, de modo que conste la autorizaci�n y la dispensa de la subasta, como documentos complementarios, al igual que ocurre con otros tales como las licencias administrativas y urban�sticas.
5. VINCULACI�N �OB REM�. Desde una notar�a se plantea si es posible configurar como anejo de una vivienda de una propiedad horizontal, una plaza de garaje situada en otra propiedad horizontal, para ello se da por supuesto que media el consentimiento de los propietarios de las dos propiedades horizontales, que en este caso es un propietario �nico, una Sociedad Promotora. En principio, parece que no es posible ya que el concepto de anejo es espec�fico de la propiedad horizontal y s�lo cabe dentro de ella (arts. 3 y 5 LPH). Lo que s� podr�a hacerse, obteniendo el mismo resultado, es establecer una vinculaci�n o titularidad ob rem entre ambas propiedades, de suerte que no se pueda transmitir la una sin la otra.
Para ello es necesario al generar la vinculaci�n dar una justificaci�n para la misma, como por ejemplo, que el planeamiento exige que las viviendas tengan asignada una plaza de garaje y no hay suficientes en el edificio, o que no quepa construir garajes en el edificio por razones t�cnico-arquitect�nicas y cada vivienda deba tenerlo asignado o que el planeamiento limite los garajes en el edificio y sin embargo la vivienda, por el mismo planeamiento deba tener asignada una plaza. Tambi�n es necesaria una cierta proximidad entre los edificios y que no haya impedimentos en los estatutos de ambas propiedades horizontales para la vinculaci�n. Caso de que la vinculaci�n no est� justificada ser� nula pues equivaldr�a a una prohibici�n o limitaci�n de disponer.
Otra cuesti�n que se plantea es si es necesario el consentimiento de ambas juntas para la vinculaci�n o el propietario de ambos elementos privativos puede vincularlos sin tal consentimiento.
Las relaciones de uni�n entre elementos de distintas propiedades horizontales son admitidas por la resoluci�n de la DGRN de 27 de mayo de 1983. Parece que la vinculaci�n no implica la creaci�n de un nuevo elemento ni adici�n de cuotas, y como se trata de ejercitar un acto de riguroso dominio pero exclusivamente sobre elementos privativos, sin involucrar elementos comunes, no parece necesario el concurso de las juntas de propietarios.
Tampoco se crea un nuevo elemento con agrupaci�n o adici�n de cuotas, por lo que no nos encontramos en un supuesto semejante a la agrupaci�n, respecto de la que s� se exige autorizaci�n estatutaria o consentimiento de la junta conforme al art. 8 LPH.
8. INSCRIPCI�N EN EL REGISTRO CIVIL DE DISOLUCI�N DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. Se disuelve la sociedad conyugal por divorcio y se liquida adjudicando la vivienda a uno de los c�nyuges. El otro es de nacionalidad mozambique�a. Se plantea si cabe suspender o no la inscripci�n de la adjudicaci�n en la disoluci�n en tanto no se aporte certificaci�n del Registro Civil Central conforme al art. 266 RRC, en la que conste la inscripci�n de la disoluci�n del r�gimen econ�mico matrimonial.
La respuesta es afirmativa, si bien, la resoluci�n de
22 de febrero de 2005 permite que dicho requisito se estime cumplido si le consta al registrador que el Juez ha dado conocimiento de la sentencia de disoluci�n al Encargado del Registro Civil correspondiente.
La duda ven�a motivada por el tenor del art. 266.VI RRC que obliga a que en las inscripciones que, en cualquier otro Registro que no sea el civil, produzcan las capitulaciones y dem�s hechos que afecten al r�gimen econ�mico se exprese el Registro Civil, tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho.
Salvo que se entienda que la adjudicaci�n estudiada no es de los hechos que se mencionan en el art. 266 RRC, lo que sin embargo no se entiende, siguiendo la indicada resoluci�n de 22 de febrero de 2005, no se podr�n hacer constar aquellos datos en la inscripci�n.
9. CANCELACI�N DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. Se presenta una sentencia en la que se declara resuelto un arrendamiento financiero y se ordena la cancelaci�n del mismo y del derecho de opci�n de compra. En la finca no s�lo consta la inscripci�n del arrendamiento sino que el mismo se encuentra embargado seg�n la correspondiente anotaci�n preventiva vigente. Se plantea si cabe cancelar el embargo con la sentencia.
Las resoluciones de 15 de junio de 1998 y 8 de febrero de 2000 para casos semejantes se inclinaron por la negativa, ya que no es posible, entre otros argumentos, cancelar un asiento que se halla bajo la salvaguardia de los Tribunales sin el consentimiento de su titular o resoluci�n judicial, ya que la sentencia s�lo tiene efectos entre partes pero no respecto de los terceros, como lo son los titulares del embargo.
Las conclusiones de la Direcci�n General de Tributos son las siguientes: �Primera: El �mbito de aplicaci�n de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogaci�n y modificaci�n de pr�stamos hipotecarios, se extiende a la subrogaci�n de pr�stamos hipotecarios en los t�rminos y con las condiciones en ella regulados, pero no a la subrogaci�n de cr�ditos hipotecarios, sin perjuicio de lo que se indica en la siguiente conclusi�n. Segunda: No obstante lo anterior, en el caso de que una entidad financiera desee subrogarse en un pr�stamo hipotecario, si existe m�s de un cr�dito o pr�stamo hipotecario inscrito sobre la finca en cuesti�n y a favor de la misma entidad acreedora, la nueva entidad deber� subrogarse respecto de todos ellos, con independencia de que sean pr�stamos hipotecarios o cr�ditos hipotecarios. Tercera: Por lo expuesto en las dos conclusiones anteriores, al instrumentar la subrogaci�n conforme a la Ley 2/1994, no es posible que la entidad financiera, adem�s de modificar el tipo de inter�s y el plazo, realice la novaci�n de un cr�dito hipotecario en pr�stamo hipotecario, precisamente porque
la Ley 2/1994 no ampara la subrogaci�n de cr�ditos hipotecarios de forma aut�noma.�
Se admite el recurso de casaci�n en inter�s de Ley contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de diciembre de 2007, citada en estas p�ginas de notariosyregistradores.com, fij�ndose la doctrina legal siguiente: �el art�culo 7.5 del Real Decreto Legislativo 1/93 vincula la no sujeci�n al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a la condici�n de empresario o profesional de qui�n constituye la fianza y no a la condici�n del sujeto pasivo del Impuesto por tal operaci�n�. Dicho al rev�s,
si el que afianza es un particular que no act�a en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, la fianza est� sujeta a ITP, aunque el afianzado sea un empresario profesional. Sobre la tributaci�n de la fianza contamos con otra Sentencia de la Secci�n Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 5 de febrero de 2010, Recurso 27/2009, en la que se reitera la no sujeci�n de la fianza en caso de novaci�n subjetiva del pr�stamo hipotecario, criterio que en la actualidad mantiene el TEAR de la Comunidad Valenciana.
�Por tanto, es necesario concluir que, como regla general, y expresada de manera bastante literal, la Ley quiere que, en principio, cualquier entrega de bienes o prestaci�n de servicios que efect�e una sociedad mercantil, se halle comprendida en el �mbito objetivo y subjetivo de aplicaci�n del IVA. De este modo y en principio, la entrega o la adjudicaci�n de la finca por Z, S.L. sociedad mercantil, a sus socios estar�a sujeta al Impuesto. No obstante, esta regla general que, como hemos dicho, establece la Ley 37/1992 de manera expresa, encuentra su excepci�n en el marco de la interpretaci�n que la jurisprudencia comunitaria ha hecho del concepto de actividad econ�mica, a efectos de delimitar el �mbito de aplicaci�n del IVA. En la jurisprudencia comunitaria encontramos de manera reiterada la confirmaci�n del car�cter extensivo del �mbito de aplicaci�n del IVA.� �Este Tribunal Central se ha hecho eco de la jurisprudencia comunitaria en diversas Resoluciones, entre otras, la Resoluci�n de 28 de septiembre de 2005 (RG 7303/03), a la que el propio interesado nos remite en su escrito de alegaciones, en la que se se�ala que existen determinadas sociedades que, a pesar de que revisten forma mercantil, realizan una actividad que no tiene car�cter econ�mico a efectos del IVA, y que por tanto quedar�n fuera de su �mbito de aplicaci�n. Esta doctrina se ha confirmado en repetidas ocasiones respecto a las sociedades holding, las cuales, por la mera tenencia de participaciones sociales en sus filiales no desarrollan una actividad econ�mica y por tanto no son sujetos pasivos del IVA,
ni pueden deducir las cuotas impositivas soportadas. As� lo establece la Sentencia de 29 de abril de 2004, asunto C-77/2001, anteriormente citada:�
EL NUEVO URBANISMO VALENCIANO
El origen de problema: Recuerdo que, entre los temas de las oposiciones libres al t�tulo de notario, el tema 34 de Civil estudiaba los distintos sistemas de ejecuci�n del planeamiento, y ya en ellos el opositor tomaba cierto contacto con este problema: la ejecuci�n del planeamiento es seg�n la LS una actividad p�blica, pero �puede dicha ejecuci�n ser llevada a cabo por la iniciativa privada, e incluso por personas o entidades no propietarias del terreno? El referido tema fue redactado por los hoy notarios Gaspar Peral Bernat y Jos� Carmelo Llopis Benlloch, junto conmigo, y de pronto, descubrimos la figura del Urbanizador Privado, como un elemento que se introduc�a con aire de novedad por el Dcho Urban�stico Valenciano y que luego pas� a las normas urban�sticas de otras Comunidades. Era extra�o c�mo una persona o entidad que no ten�a participaci�n alguna en la propiedad de un terreno, se convert�a en el redactor de un PAI (Programa de Actuaci�n Urban�stica) que previa cierta publicidad, obligaba a pasar por �l a todos los propietarios del terreno, sin perjuicio de que otro Urbanizador o alguno de los propietarios presentara otra mejor soluci�n urban�stica al problema. Los propietarios o bien recib�an su participaci�n en terreno o met�lico o participaban en la urbanizaci�n con unos costes que normalmente eran inasumibles para ellos.
Este sistema provocaba una actividad urban�stica inusitada, ya que en esta Comunidad Valenciana, se redactaron multitud de Programas que, con la crisis se paralizaron, pero que satisfac�a a casi todos, incluidos los Ayuntamientos, aunque que era inaceptable casi siempre para los peque�os propietarios del terreno a urbanizar, en alg�n caso extranjeros, que ve�an mermadas sus inversiones hechas con gran sacrificio en territorio espa�ol. Ello dio lugar a m�ltiples denuncias, algunas de las cuales llegaron a Europa, al tiempo que se multiplicaban los problemas ante los propios Tribunales espa�oles. Ello llev� ya a una primera reforma en la nueva LUV de 2005, que sin embargo ha sido considerada insuficiente y que ha originado que el propio Consell Valenciano est� en tr�mite de redactar una reforma de la misma, pero al parecer se trata de una simple reforma parcial, que necesariamente deber� llevara a un Textos Refundido, dada la amalgama de normas urban�sticas que hoy tiene esta Comunidad. Como simple recuerdo de aquel tema y en honor de sus autores, recojo algunos p�rrafos de lo que en aquel tema 34 de civil se indicaba:
�La naturaleza de la actividad urban�stica depender� de modelo urban�stico p�blico o privado adoptado por la legislaci�n correspondiente. En cualquier caso, la Ley del Suelo de 28 de mayo de 2007 (anterior a la actual de 2008), atribuye a la actividad urban�stica el car�cter de funci�n p�blica, sin perjuicio de fomentar la iniciativa y participaci�n privadas, como se observa en los art�culos 3 y 6. Con tales preceptos, se puede afirmar que la funci�n p�blica urban�stica se puede ejecutar de los siguientes modos:
1. De forma directa por la Administraci�n. A esta modalidad de actuaci�n p�blica corresponden los sistemas de actuaci�n denominados de cooperaci�n y expropiaci�n.
2. De forma indirecta, por los particulares. Y en este caso de actuaci�n privada, atribuyendo esa actividad:
a. S�lo a los propietarios de los terrenos o a algunos de ellos (sistema de compensaci�n).
b. A un tercero, sea o no propietario del suelo (sistema del Agente Urbanizador consagrado en la Ley de 15 de noviembre de 1994, Reguladora de la Actividad Urban�stica de la Comunidad Valenciana, reiterada en la Ley Urban�stica Valenciana de 30 de diciembre de 2005). El peso del sistema descansa en el Programa de Actuaci�n Integrada, que define y regula las relaciones entre el Agente Urbanizador y la Administraci�n, por un lado, y con los propietarios, por otro. El urbanizador es designado por el Ayuntamiento, entre quienes presenten su proyecto al Programa. El propietario puede optar, bien por abandonar su propiedad recibiendo su valor en dinero o bien, sumarse a la acci�n urbanizadora a trav�s de Agrupaciones de Inter�s Urban�stico, que al apoyar el Programa, provoca la adjudicaci�n preferente del mismo). Esta figura del agente urbanizador se ha generalizado, a partir de la legislaci�n valenciana (Castilla La Mancha, Castilla y Le�n, Arag�n, Cantabria, Madrid, Murcia, La Rioja, Extremadura).
Finalmente, hay que tener en cuenta, asimismo, la proliferaci�n del fen�meno del urbanismo concertado o convenios urban�sticos: son acuerdos celebrados entre la Administraci�n y los particulares afectados, en orden a lograr un desarrollo ordenado de una determinada actuaci�n urban�stica. Tales convenios no son un sistema de ejecuci�n del Planeamiento, ni sustituyen al sistema de ejecuci�n elegido, pero complementan las disposiciones legales y contribuyen a facilitar la gesti�n, eliminando desde el principio los problemas que puedan surgir. En cualquier caso tales convenios no pueden derogar en beneficio de la Administraci�n ni de los particulares las normas imperativas, ni comprometer las potestades regladas que tiene la Administraci�n (STS 30 de abril de 1979 y 17 de abril de 1990). La tramitaci�n de estos convenios debe ajustarse a criterios de transparencia y publicidad. Estos convenios se regulan en diversas leyes auton�micas (Navarra, Castilla La Mancha, La Rioja, Arag�n, Canarias, Madrid).
La reforma en curso: Bajo el t�tulo de �Europa impone su ley en el Urbanismo Valenciano�, el Diario El Mundo de la Comunidad Valenciana, de fecha 21 de febrero de 2010, publica un art�culo en el que se recogen las principales directrices de la nueva LUV (Ley Urban�stica Valenciana). El Borrador de la nueva Ley ha sido presentado el pasado 16 de febrero por el nuevo Consejero de Urbanismo del Consell Valenciano, y ha sido elaborado por tres de los mejores especialistas en Dcho Administrativo (Jos� Mar�a Ba�o, Luciano Parejo y Rafael G�mez Ferre Morant). Se indica que ha sido la presi�n de Europa y la de los Tribunales (que acumulan miles de contenciosos por este tema), unido a la actual crisis el que explica �dice el Diario- el regreso al sentido com�n, despu�s de a�os de mara�a legal y de exceso de crecimiento. El documento que sirve de base a la futura reforma acaba con los planes reclasificatorios de suelo aprobados a espaldas del PGOU de cada municipio, as� como con los conciertos previos y los instrumentos que alentaron el urbanismo m�s especulativo. Con esta norma, los ayuntamientos recuperan la iniciativa del planeamiento; los agentes urbanizadores deben ser calificados como contratistas de obra p�blica y son responsables de la ejecuci�n de la obra; adem�s caen en desagracia los convenios urban�sticos.
El resumen que se hace de la Ley Nueva es el siguiente:
Planes Generales: Este instrumento recupera su competencia en la planificaci�n urban�stica. Desaparecen los conciertos previos y los planes parciales reclasificatorios del suelo.
Programas de actuaci�n integrada (PAI): Se separa el planeamiento (competencia territorial) de su ejecuci�n, que puede ser directa (p�blica), indirecta (agenta urbanizador) o en cooperaci�n. Los PAI reclasificatorios caducar�n al a�o de la entrada en vigor de la nueva Ley Urban�stica Valenciana, si no est�n en marcha.
Informaci�n P�blica: La apertura de informaci�n p�blica de los planes generales, deber� anunciarse, adem�s de en el DOCV (Diario Oficial de la Comunidad Valenciana) y en un peri�dico, por medios electr�nicos. El plazo de exposici�n ser� como m�nimo de dos meses y el plan debe ser accesible para cualquier ciudadano.
Crecimiento: No se limita el crecimiento, pero s� se establece que cuando el plan urban�stico suponga un aumento del 20% de la poblaci�n o de la superficie de suelo urbano, deber� revisarse el PGOU.
Agente Urbanizador: Deber� cumplir a rajatabla la ley de contratos del sector p�blico cuando presente una propuesta para ejecutar un PAI. El precio deber� ser cerrado y no podr�n incluirse mejoras a cuenta de los propietarios.
El metro por metro: Se suspende esta figura creada por el anterior Consejero de Urbanismo para que por cada metro de suelo reclasificado se reservase otro metro de suelo protegido.
Cr�tica: En texto anexo a las medidas anteriores en el Diario citado, el Profesor Gerardo Roger Fern�ndez, critica c�mo el anterior Cuerpo normativo urban�stico estaba disperso, en una serie de leyes y reglamentos que se solapaban entre s�, constituyendo un marco confuso en que numerosas disposiciones eran incoherentes y contradictorias, generando una inseguridad indeseable. La nueva Ley se conforma como una reforma parcial que resuelve los requerimientos de la Comisi�n Europea, en cuanto a la aplicaci�n de las directivas de contrataci�n p�blica. Este car�cter parcial conlleva la omisi�n de regulaciones trascendentes, como la nueva distribuci�n de plus val�as p�blicas que determina la Ley del Suelo estatal. Por tanto aboga por la formulaci�n de un Texto Refundido de todas las leyes a un a�o vista, el mismo que ya establec�a la Ley Urban�stica Valenciana hace cuatro a�os. Y es que la introducci�n de esta nueva Ley que deroga un tercio del articulado anterior y la mitad del correspondiente Reglamento, genera es evidente un escenario de inseguridad jur�dica. Por ello ser�a conveniente un solo texto que refunda todo el c�digo actual, debidamente sistematizado que garantice el nuevo marzo legislativo.
PEDRO GARC�A CUARTANGO: LA ILUSI�N DE LA PERDURABILIDAD
Biograf�a: Pedro Garc�a naci� en 1955 en la ciudad burgalesa de Miranda de Ebro. Es Licenciado en Ciencias de la Informaci�n en la Universidad Complutense. Comenz� su actividad profesional en 1977 en Radio Nacional de C�ceres como redactor. En 1979 se incorpor� a Actualidad Econ�mica, el primer semanario sobre electr�nica e inform�tica en espa�ol. Fue nombrado director de este semanario en 1981. Asesor� en los trabajos del primer Plan Electr�nico Nacional, siendo citado a comparecer por el Congreso de los Diputados como experto. En 1986, se incorpor� a la redacci�n de Cinco D�as. Al a�o siguiente, form� parte de equipo fundacional del semanario El Globo. En 1988, se incorpor� a la redacci�n de Diario 16, donde fue nombrado en 1989 redactor jefe de la secci�n de Econom�a. Form� parte del equipo fundacional del diario El Sol, al que se incorpor� como subdirector en 1990. En mayo de 1992, fich� por El Mundo como redactor jefe. En 2000, fue nombrado subdirector y responsable de la secci�n de Opini�n, en la que trabaja desde 1993 como editorialista. Publica desde 2005 la serie Vidas Paralelas en El Mundo, en las que compara personajes hist�ricos del pasado con personas del presente. Ha sido secretario de la Asociaci�n de Periodistas Econ�micos (APIE) y profesor de la Facultad de Ciencias de la Informaci�n.(Wikipedia)
Comentario: Independientemente de sus art�culos sobre Vidas Paralelas, Pedro Garc�a Cuartango escribe, de tiempo en tiempo, art�culos, cargados, en mi opini�n, de cierto pesimismo vital. El �ltimo de ellos es el que presento hoy, del que recojo algunos p�rrafos, y al que tengo que darle cierta parte de raz�n. La edad (la mayor edad y sobre todo la edad adulta) no s�lo nos comienza a aproximar a nuestro fin, sino que, poco a poco, nos sentimos como desplazados de nuestro entorno. Con el paso de los a�os, recuperamos mentalmente aquellos a�os previos, posiblemente peores que los actuales, pero que nos centran en un tiempo que consideramos nuestro. Hoy tratamos de adaptarnos a la nueva situaci�n, pero siempre recordaremos aquellos a�os como �los mejores a�os de nuestra vida�.
La Ilusi�n de la perdurabilidad: �Conforme van pasando los a�os uno se va haciendo a la idea de que la muerte es inevitable. Hay gente que prefiere ignorar este hecho, pero yo soy dolorosamente consciente de que he entrado en la recta final de mi vida. Lo peor no es el acto de morir sino la sensaci�n de que, a cierta edad, se empieza a acabar el tiempo. Hay proyectos que nunca retomar�, libros que jam�s volver� a leer, cuadros que no podr� ver y ciudades so�adas que jam�s visitar�.
Pero esta sensaci�n de avance hacia el abismo, me obliga a la vez a mirar hacia atr�s, a aferrarme a un pasado cada vez m�s lejano, en el que encuentro lo mejor de m� mismo, la raz�n que justifica mi vida. Durante los �ltimos a�os, los recuerdos de mi ni�ez han adquirido una pasmosa nitidez que parece m�s real que las im�genes del presente. Siento la agradable sensaci�n de un d�a de verano a la sombra, bajo un toldo, en un carro tirado por un caballo, mientras subo a San Juan del Monte en Miranda de Ebro. No puedo calcular la edad. Tal vez ten�a entonces tres o cuatro a�os. Veo las blusas rojas, la fuente, la explanada, las mesas. Huelo todav�a el embriagador aroma del tomillo en verano. Todos me parecen j�venes y felices. Pero aquel mundo ya s�lo pervive en mi memoria y en la de unos pocos. Somos los testigos de una �poca a punto de desaparecer, de una manera de vivir que ya no existe�.
El tiempo se lo traga todo, pero �a d�nde van los recuerdos? �Subsiste en nosotros la memoria de nuestros antepasados? �Hay algo que resista a la acci�n devastadora de los a�os? Nuestra vida es una d�bil luz que se enciende en la oscuridad durante unos segundos y se apaga para siempre.
Vivimos con la ilusi�n de la perdurabilidad, pero pasamos sin dejar rastro por una playa infinita de la que somos un simple grano de arena. A�n as� no podemos renunciar jam�s a la dolorosa sensaci�n de una individualidad que se aferra a esos momentos que se desvanecen en la eternidad. �
Alicante abril 2010 (JLN)
Visita n� desde el 11 de abril de 2010.

References: Real Decreto 

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