Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/409
Timestamp: 2020-05-28 13:02:31+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 29/1985
SENTENCIA 29/1985, de 28 de febrero
ECLI:ES:TC:1985:29
En el recurso de amparo promovido por don Manfred Robert Paul Zimmermann, representado por el Procurador don Ignacio Corujo Pita, bajo la dirección del Abogado don Modesto García Fernández, contra Auto dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en 31 de enero de 1984 declarando desierto el recurso de casación número 1.620/1982, interpuesto por el señor Zimmermann. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y han sido demandados don Ignacio Tuca Vidal y doña Josefa Prat Genover, representados por el Procurador don Enrique Sorribes Torra, bajo la dirección del Abogado don Luis Iglesias Pujol. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco Pera Verdaguer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El proceso de desahucio por expiración de contrato de arrendamiento, seguido contra el hoy demandante de amparo, don Manfred Robert Zimmermann, éste interpuso recurso de casación por infracción de Ley y doctrina legal contra la sentencia dictada, con fecha 20 de julio de 1982, por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, por la que se confirmó en apelación la estimatoria en primera instancia de la demanda de desahucio. Admitida a trámite la casación, por auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 15 de febrero de 1983, el arrendatario recurrente consignó la fracción de la renta que vencía el 15 de julio de 1983, el día 28 de dicho mes, y las vencidas el 15 de agosto y el 25 de septiembre del mismo año, el día 11 de noviembre siguiente. La parte contraria acusó, mediante escrito formulado el día 4 de octubre de 1983, la extemporaneidad y falta de pago de las rentas vencidas, por lo que se solicitaba se tuviera por desierto el recurso de casación, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del art. 1.567 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Mediante auto dictado con fecha 31 de enero de 1984, que se notificó al recurrente el 15 de febrero siguiente, la Sala Primera del Tribunal Supremo acordó tener por desierta la casación interpuesta.
3. Por providencia de 9 de mayo se admitió a trámite el recurso y se recabaron las actuaciones del Tribunal Supremo y del Juzgado de Primera Instancia de La Bisbal y habiéndose personado como demandados don Ignacio Tuca Vidal y doña Josefa Prat Genover, se acordó por auto de 12 de septiembre dar vista de las remitidas por dicho Tribunal a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de veinte días formulasen las alegaciones procedentes; ello sin perjuicio de que, recibidas las del Juzgado, pudiera habilitarse un plazo para alegaciones.
Examina seguidamente la competencia de este Tribunal, y alega que, cuando una resolución judicial, fundada en derecho, tiene por objeto la denegación de proseguir un recurso, ya admitido, está justificada la intervención de la jurisdicción constitucional para que emita una respuesta vinculante, adversa o favorable al recurrente en amparo, que diga si tal denegación se cohonesta o no con el derecho constitucional que consagra la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, «no debiéndose limitar el Tribunal Constitucional al mero examen de si hubo o no una sentencia fundada en derecho...» (Recursos de amparo 203 y 216/1980, Sala Segunda, 17 de julio de 1981). De modo que, cuando se ha denegado el mantenimiento de un recurso ya admitido -el ius cassationis prosequendae-, esta jurisdicción está legitimada para comprobar si se aplicó o no correctamente la legalidad ordinaria en que se basó la resolución que denegó la continuación del recurso jurisdiccional; pues, en contra de lo que dice el Ministerio Fiscal, entiende que, cuando un precepto extraconstitucional afecta a los derechos fundamentales - entre ellos, la tutela efectiva judicial- a las libertades públicas, la decisiva interpretación y aplicación al caso concreto de tal precepto corresponde al órgano garante de estos derechos y libertades, imponiéndose a la que pueda haber hecho la jurisdicción ordinaria.
Y a continuación expone lo que considera que debe ser la interpretación constitucional del art. 1.567.2 de la L.E.C. Este artículo (que es el esgrimido por la resolución impugnada en este amparo, para tener por desierto el recurso) establece que todo el que deja de pagar las rentas locativas ha decidido desistir del recurso que otrora incoó; pero esta interpretación de la voluntad del que no paga es una presunción legal, como se deduce de la mera gramaticalidad del precepto, en el que no se habla ni de caducidad, ni de prescripción, ni de formalidad condicionante del trámite, ni impone una sanción. Y tal presunción de desistimiento, que es iuris tantum, destrúyese cuando hay hechos fehacientes y contradictorios a la misma. Y, en el caso del auto impugnado, que decretó la puesta a disposición de los recurridos de las rentas ya pagadas, no se vio en este hecho -un pago efectivo anterior a la resolución- una clara y evidente voluntad del recurrente en mantener la casación ya admitida. Y, al no apreciar este claro y evidente deseo de no desistir del recurso, aplicó, interpretándolo erróneamente, el citado precepto procesal; conllevando esta errónea interpretación la vulneración del derecho fundamental a la efectiva tutela jurisdiccional, consistente, en este caso, en el ius cassationis prosequendae.
En el reverso, destaca la cuestión de si la interpretación que el Tribunal Civil da a la exigencia procesal se enmarca en un sentido contrario al espíritu de la Ley -que no cabe olvidar impone el requisito cuya interpretación se cuestiona- o a las reglas que deben presidir el recto entender y aplicar el art. 24.1 de la Constitución. En este orden de cosas, «dejar de pagar los plazos que venzan» y retraso en el pago, son ideas que se identifican por el Tribunal Civil. ¿Es realmente esto lo que quería el legislador? o, por el contrario, ¿el pago, aunque con demora, de las rentas vencidas, se entiende o puede estimarse como cumplimiento del requisito legal? Conectando el art. 1.567 con el 1.566 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de hacerlo con la normas específicas de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aquí no aplicable por tratarse de desahucio de industria, parece es dado afirmar que el legislador lo que ha querido es que en tanto dure el proceso, cuando es el demandado quien accede a superiores instancias, la obligación contractual de pago de las rentas se mantenga en plena vigencia, a fin de no hacer más gravosa la situación de quien venció en la instancia, y más aún cuando tal vencimiento tuvo ya su confirmación en la segunda o apelación.
La única salvedad que cabe hacer es la relativa a que el actor, en este proceso, ha señalado en diversos momentos del mismo, y así consta en las actuaciones judiciales, que si se encuentra en la situación descrita en la relación fáctica, ello se debe a que los recurridos se han negado a recibir las cantidades correspondientes a los plazos vencidos durante el trámite de casación y posteriores. No obstante tal alegación, es lo cierto que hasta el momento no ha sido adverada por medio probatorio alguno, y si efectivamente, las consignaciones correspondientes a 15 de julio, 15 de agosto y 25 de septiembre de 1983 se hubieran intentado en forma fehaciente, pero no producido por circunstancias imputables a los recurridos, es evidente que la tesis del demandante en el proceso de amparo estaría ajustada a derecho; lo que deja señalado el Ministerio Fiscal por si en el curso del presente trámite se acreditare tal afirmación, o se dedujere de las restantes actuaciones judiciales, interesadas del Juzgado de Primera Instancia de La Bisbal.
1. En relación al escrito de fecha 12 de noviembre anterior, presentado por el Procurador señor Corujo Pita, el día 19 del mismo mes, por el que solicita que se le tenga por parte actora en este proceso, en nombre de don Manuel Veja Moreno, en lugar de don Manfred Robert Paul Zimmermann, no haber lugar a lo que se pide por cuanto en lo que constituye el objeto del presente proceso de amparo no procede la subrogación que se solicita.
En contestación al Ministerio Fiscal expone que el art. 1.567.2 dice: «... se tendrá por desierto el recurso...» y el auto del Tribunal Supremo recurrido en amparo decide que «... debe declararse desierto el recurso...». Lo que dice el art. 1.567.2 es una preasumtio iuris tantum; mientras lo que ha hecho el órgano es sancionar un pago demorado denegando el derecho a mantener una casación ya admitida; concluye que son cosas distintas lo que preceptúa el artículo y lo que ha decretado el alto Tribunal. Asimismo añade, la doctrina constitucional, al examinar los condicionamientos legales que puedan privar del acceso a un recurso, no dictamina si éstos son o no razonables; o si su interpetación es razonable o no; sino si ésta o aquéllos son o no constitucionales. Advierte el Ministerio Fiscal que la vinculatoriedad de la doctrina constitucional no se dilucida por su datación más o menos reciente, sino por el art. 13 de su Ley Orgánica. Y con relación a las sentencias que cita el Ministerio Fiscal, puntualiza que dos de ellas son favorables a la tesis del recurrente, y la otra no le es de aplicación. Destaca que el Ministerio Fiscal ha indagado -no se sabe cómo- las intenciones del recurrente y para él «es irrebatible que éste desprecia las exigencias procesales» y a tal acusación responde que el retraso en el pago de los alquileres se ha debido a la actitud de los codemandados arrendadores, que han obligado al actor a ir de Tribunal en Tribunal consignando las rentas, como se puede deducir de los autos y de las certificaciones bancarias.
Y en cuanto a la imputación del Ministerio Fiscal de que la actuación del demandante va encaminada a lograr una demora en la definitiva resolución en vía judicial de una decisión que le resulta desfavorable, explica que la sentencia desfavorable del Tribunal Supremo aún no se ha emitido; que lo que decida este órgano será en aplicación de una legalidad extraconstitucional, en que el Ministerio Fiscal no debe entrar; que el Tribunal Supremo admitió a trámite los diez motivos de casación del hoy recurrente; que el ilustre señor Fiscal, como jurista que es, puede ver si hay o no fumos iuris en sus alegatos casacionales, leyéndoselos; que el fondo de todo el pleito extraconstitucional es éste: El hoy recurrente convirtió una inmunda tasca en un lujoso restaurante de cuatro tenedores. Y a eso se le quiere llamar arrendamiento de industria. Lo anteriormente expuesto no es materia de amparo; pero las gratuitas conclusiones que el Ministerio Fiscal obtiene, le han obligado -por aquello de que qui tacet consentire videtura- abordar este asunto extraconstitucional.
10. Durante la tramitación de este proceso, el demandante de amparo ha presentado dos certificaciones de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, libradas en 22 de agosto y 24 de septiembre de 1984, en las que aparece la retrocesión a los ordenantes de la transferencia efectuada en favor de don Ignacio Tuca Vidal, quien dio orden de no recibir en su cuenta transferencias del señor Zimmermann.
1. Voto disidente que formula el Magistrado don Luis Díez-Picazo y Ponce de León.
La singularidad que presenta el asunto en esta ocasión sometido a nuestra decisión -y las razones que me llevan a disentir de la opinión de la mayoría- consiste en que el arrendatario, cuyo recurso de casación había sido (en su día) admitido sin problemas en virtud de las manifestaciones hechas por él mismo y no rebatidas por la otra parte litigante sobre la situación de las rentas arrendaticias, existente en el momento de recurrir, pagó posteriormente en la Secretaría del Tribunal y, si bien lo hizo con retraso respecto de las fechas contractualmente estipuladas, lo llevó a cabo antes de que el arrendador -o el Tribunal- acusaran la falta de pago. La decisión de aplicar el párrafo segundo del art. 1.567 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la Sala Primera del Tribunal Supremo adoptó, no es objetable en términos de pura literalidad del precepto. Efectivamente, el art. 1.567 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite tener por desierto un recurso de casación si durante la sustanciación del mismo el arrendatario deja «de pagar los plazos que venzan o los que deba adelantar». El art. 1.567 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no resuelve, sin embargo, en su pura literalidad, la cuestión que aquí había sido suscitada: si pagados los plazos ya vencidos contractualmente antes de que fuera por nadie formulada reclamación de ellos, puede tenerse por desierto el recurso, por el hecho de que los pagos se retrasaran en relación con los momentos temporales en que contractualmente debieron ser hechos, porque puede entenderse que el dejar de pagar de que habla el art. 1.567 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es lo mismo que pagar con retraso. El problema que a este Tribunal debe preocupar estriba, en mi modesta opinión, en si la interpretación del art. 1.567 de la L.E.C., tradicionalmente sostenida (pagar retrasadamente es igual que dejar de pagar) tiene que ser revisada o no a la luz del art. 24 de la Constitución y de los derechos reconocidos como fundamentales por dicho artículo. Este problema no ha sido resuelto en las decisiones de este Tribunal relativas a las consignaciones necesarias para interponer los recursos y, por eso, en los términos que quedan descritos, creo que se suscita por primera vez.
Para dejarlo planteado, según mi opinión, hay que partir de una concepción del derecho a la tutela judicial efectiva, pues si este derecho es sólo el derecho de acceso a la jurisdicción, a la apertura del proceso y al desarrollo o sustanciación del proceso con las necesarias garantías, poniéndole fin una resolución fundada, como en ocasiones este Tribunas ha sostenido, me parece claro que en el caso presente no podría pensarse en una vulneración de los derechos reconocidos por el art. 24. En cambio, si se entiende que el derecho a la tutela judicial efectiva es básicamente el derecho a un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones deducidas por el ciudadano y si se entiende, al mismo tiempo, que, si bien en materia civil no existe como constitucionalmente necesario un derecho a los recursos, los recursos organizados y establecidos por el legislador deben interpretarse y entenderse de esa forma más favorable a la mencionada tutela judicial efectiva, de suerte que los requisitos y obstáculos para la interposición de los recursos, para la sustanciación de los mismos y para el pronunciamiento de una sentencia de fondo, deben resultar proporcionada con los fines - constitucionalmente legítimos- que con ellos se pretenda conseguir, es claro que se impone una reinterpretación secundum constitutionem del párrafo segundo del art. 1.567 de la L.E.C., que despoje a la decisión contemplada por este precepto del formalismo y del automatismo de que tradicionalmente podía encontrarse revestida. Desde este punto de vista, el pago de las mercedes arrendaticias puede considerarse como un requisito constitucionalmente legítimo de la interposición y admisión de los recursos y de la continuación de los mismos (porque el arrendatario continúa en el uso de la cosa arrendada y debe por ello pagar el precio). A ello, atiende una medida dictada para la legítima protección de los intereses del arrendador, que, si el procedimiento no se encontrara pendiente, podría por falta de pago ejercitar su derecho al desahucio. Sin embargo, también desde ese punto de vista puede entenderse que el que paga, aunque sea con un retraso mínimo y paga en todo caso antes de que se formule la reclamación o la denuncia de la falta de pago, cumple los requisitos establecidos de forma constitucionalmente legítima por el legislador, y su recurso debe continuar, por venir así impuesto por una interpretación del art. 1.567 de la L.E.C. más favorable a la tutela judicial efectiva entendida como pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 124-1984
Fecha de resolución 28/02/1985
Contra Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo declarando desierto el recurso de casación interpuesto por el ahora recurrente por consignación extemporánea de las rentas. Voto particular
Parece claro que en el segundo párrafo del art. 1.567 L.E.C., al imponerse la declaración de desierto del recurso de casación interpuesto por el arrendatario, si durante la sustanciación del mismo dejare de pagar los plazos que venzan o los que deba adelantar, el legislador no hace otra cosa que establecer un presupuesto habilitante para la prosecución del trámite del recurso de casación, lo que no cabe reputar como exigencia exorbitante, injustificada y simplemente entorpecedora de la dispensación de la tutela judicial efectiva.
No se puede compartir la tesis de que el art. 1.567.2 L.E.C. se limita a establecer una presunción «iuris tantum», y como tal destruible mediante la adecuada prueba en contrario, en el sentido de que el impago de la renta no representa otra cosa que la voluntad del recurrente en casación de apartarse de tal vía, pudiéndose presumir así cuando el pago no se realiza, para invertir la situación al efectuarse el pago, momento en que la presunción decae.
Es difícil sostener que la exigencia del cumplimiento en la fecha contractualmente pactada de la obligación del pago del precio del arrendamiento venga a privar al arrendatario de la efectiva tutela de Jueces y Tribunales, incluso hasta el punto de causar la indefensión que el art. 24.1 C.E. proscribe. Conviene afirmar a este respecto que no es infrecuente considerar tal precepto tomando en cuenta tan sólo uno de los elementos objetivos implicados en el litigio, esto es, verlo desde el punto de vista del arrendatario, con olvido de que parejo derecho a la tutela Judicial efectiva atribuye el precepto constitucional respecto del arrendador, quien legítimamente está facultado para percibir el precio del arrendamiento precisamente en el momento estipulado, pues con ello no se trata más que del cumplimiento puntual de una obligación originaria y contractualmente prevista y aceptada por ambas partes, y como tal perfectamente conocida por las mismas, por lo que no parece procedente erigir aquella exigencia legal en un obstáculo o impedimento de la prestación de la tutela Judicial.
La normativa vigente ha de interpretarse en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental a la tutela Judicial efectiva, pues aunque las formas y requisitos del proceso cumplen un papel de capital importancia para su ordenación, no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insalvable para su prosecución, con repudio de formalismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, pero teniendo asimismo en cuenta que no puede dejarse al arbitrio de cada parte el cumplimiento de los requisitos procesales y la disposición del tiempo en que ha de cumplirse.
Artículo 1567, f. 2, VP
Artículo 1567.2, ff. 1, 3, VP
Derecho de acceso al recurso legalDerecho de acceso al recurso legal, ff. 1, 2, 3, VP
Teoría general de los derechos fundamentalesTeoría general de los derechos fundamentales, f. 2, VP
Interpretación de las normas más favorable a los derechos fundamentalesInterpretación de las normas más favorable a los derechos fundamentales, f. 2, VP
ConsignaciónConsignación, ff. 1, 2, 3, VP
Falta de consignaciónFalta de consignación, ff. 1, 2, 3, VP
Requisitos procesalesRequisitos procesales, Concepto, f. 2, VP

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 1567

Artículo 1567