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Timestamp: 2017-12-14 22:29:17+00:00

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Mamífero Político: La Constitución de Cádiz 1812 su Bicentenario
La Constitución de Cádiz 1812 su Bicentenario
La importancia de la Constitución de 1812 cuyo bicentenario estamos conmemorando se basa principalmente en que sirvió de fundamento a los movimientos de emancipación que desembocaron en la independencia y la redacción de las constituciones liberales en los nuevos países.
Al producirse la invasión napoleónica a España en 1808, Carlos IV -reY de España- abdicó a favor de su hijo Fernando VII en el motín de Aranjuez, luego ambos son secuestrados por Napoleón para obligar a Fernando VII a devolverle la corona a su padre -hecho que se produce- para luego nombrarse Rey de España Y abdicar a favor de su hermano José Bonaparte “Pepe Botella”.
La respuesta del pueblo español es luchar en favor de su Rey Fernando VII, creando así las milicias lideradas por La Serna- Y las JUNTAS de Gobierno establecidas en todo el territorio eso incluYe sus colonias americanas-para que estas JUNTAS puedan regir se necesitaban leyes y para ello se convoca a las CORTES de Cádiz el 24 de septiembre de 1810, en estas CORTES participan diputados peruanos como Dionisio IncaYupanqui, Baquíjano Y Carrillo, y Vicente Morales Duárez , quien llegó a desempeñarse como presidente de las CORTES constituyentes.
En 1812 fue proclamada la constitución liberal, conocida también como “La Pepa”, convirtiendo a España en una Monarquía Constitucional; esta constitución FUE redactada por los movimientos liberales, reformistas Y absolutistas de la época. Los rasgos principales que defendió esta constitución –para España fueron: La soberanía nacional, propuso una sociedad clasista en un régimen de libertad, estableció la separación de poderes (las CORTES: el legislativo, el Rey: el ejecutivo, Y los tribunales de justicia: el judicial), además abolía el concepto de vasallo.
En el contexto americano, se crearon las JUNTAS de Gobierno con el pretexto de respaldar a Fernando VII, pero el objetivo era “la independencia”; en el Perú no se formaron JUNTAS de Gobierno Ya que fueron impedidas por el Virrey Abascal.
Este Virrey combatió Y anuló todas estas JUNTAS excepto la de Buenos Aires, además al impedir la formación de JUNTAS estaba siendo leal al Rey por lo que surge un movimiento llamado “fidelismo”.
La importancia de la Constitución de 1812 se basa principalmente en que sirvió de fundamento a los movimientos de emancipación que desembocaron en la independencia Y la redacción de las constituciones liberales en los nuevos países; en segundo plano, la importancia radica en los estatutos establecidos para el Perú como: la declaración de igualdad de derechos entre criollos Y peninsulares –establecido por los propios españoles- la abolición de la Santa Inquisición, el establecimiento de cabildos elegidos Y la abolición de la mita Y el tributo; pero cabe resaltar que en el Perú no se abolió el tributo Ya que esta FUE la condición que puso Abascal para aceptar la constitución.
Toda esta obra quedó; sin embargo truncada a corto plazo por el decreto del 4 de mayo de 1814, por el que el rey Fernando VII declaraba “nulos Yde ningún valor ni efecto” la constitución de 1812 Y los demás decretos de dichas CORTES.
En el transcurso de los años, hay aún una discrepancia ¿Es la constitución de 1812, la primera constitución del Perú? Según Juan Vicente Ugarte del Pino, realizador de muchos estudios sobre esta incógnita, si lo es, Ya que fue jurada en Lima por el virrey Abascal, quien la mandó cumplir; pero esta constitución no fue elaborada sólo para el Perú, sino para todas las Españas Y por ello la primera constitución que se aprueba y se discute en nuestro territorio Y que tiene por objeto exclusivamente nuestra patria es la constitución de 1823; sin embargo no debemos desdeñar que la Constitución Liberal de 1812 FUE la BASE para dicha constitución.
Aquí en esta presentación dejamos aquí el integro de la redacción integra de la Constitución de Cadiz Promulgada el 19 de marzo de 1812.
En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo,
autor y supremo legislador de la sociedad.
De la Nación Española
La Nación española es libre é independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.
La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
Primero: Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos.
Segundo: Los extranjeros que hayan obtenido de las Córtes carta de naturaleza.
Tercero: Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía.
Cuarto: Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.
Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes, y respetar las autoridades establecidas.
Está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas, quando sea llamado por la ley.
DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU RELIGIÓN Y GOBIERNO,
Y DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES
El territorio español comprende en la Península con sus posesiones é islas adyacentes, Aragon, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdova, Extremadura, Galicia, Granada, Jaen, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de Africa. En la América septentrional, Nueva-España con la Nueva-Galia y península de Yucatan, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva-Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas, y las que dependen de su gobierno.
Se hará una división mas conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.
La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por las leyes sabias y justas, y prohibe el sacerdocio de cualquiera otra.
El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar, de los individuos que la componen.
La potestad de hacer las leyes residen en las Córtes con el Rey.
La potestad de hacer executar las leyes reside en el Rey.
De los ciudadanos españoles.
Es también ciudadano el extrangero que gozando ya de los derechos de español, obtuviere de las Córtes carta especial de ciudadano.
Para que el extranjero pueda obtener de las Córtes esta carta, deben estar casado con española, y haber traído o fixado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o adquirido bienes raíces los que pague una contribución directa, ó establecídose en el comercio con un capital propio y considerable a juicio de las mismas Córtes, ó hecho servicios señalados en bien y defensa de la Nación.
Son asimismo ciudadanos los hijos legítimos de los extrangeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veinte y un años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo de los mismos dominios, exerciendo n él alguna profesión, oficio o industria útil.
A los españoles que por cualquiera línea son habidos y reputados por originarios del Africa, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Córtes concederán carta de ciudadanos á los que hicieren servicios calificados á la Patria, ó á los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con muger ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que exerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.
Solo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la ley.
La calidad de ciudadano español se pierde
Primero: Por adquirir naturaleza en país extrangero.
Segundo: Por admitir empleo de otro gobierno.
Tercero: Por sentencia en que se impongan penas aflictivas ó infamantes, si no se obtiene rehabilitación.
Cuarto: Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español, sin comisión o licencia del Gobierno.
El exercicio de los mismos derechos se suspende.
Primero: En virtud de interdicción judicial por incapacidad física ó moral.
Segundo: Por el estado de deudor quebrado, ó de deudor á los caudales públicos.
Tercero: Por el estado de sirviente doméstico.
Cuarto: Por no tener empleo, oficio ó modo de vivir conocido
Quinto: Por hallarse procesado criminalmente.
Sexto: Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el exercicio de los derechos de ciudadano.
Solo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder ó suspender los derechos de ciudadano, y no por otras.
De las Córtes
Del modo de formarse las Córtes.
Las Córtes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.
La base para la representación nacional es la misma en ámbos hemisferios.
Esta base es la población compuesta de los naturales que por ámbas líneas sean originarios de los dominios españoles, y de aquellas que hayan obtenido de las Córtes carta de ciudadano, como también de los comprehendidos en el Artículo 21.
Para el cómputo de la población de los dominios europeos servirá el último censo del año de mil setecientos noventa y siete, hasta que pueda hacerse otro nuevo; y se formará el correspondiente para el cómputo de la población de los de ultramar, sirviendo entretanto los censos mas auténticos entre los últimamente formados.
Por cada setenta mil almas de la población, compuesta como queda dicho en el artículo 29,. habrá un diputado de Córtes.
Distribuida la población por las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso de mas de treinta y cinco mil almas, se elegirá un diputado mas, como si el número llegase á setenta mil, y si el sobrante no excediese de treinta y cinco mil, o se contará con él.
Si hubiese alguna provincia, cuya población no llegue á setenta mil almas, pero que no baxe de sesenta mil, elegirá por sí un diputado; y si baxase de este número, se unirá á la inmediata, para completar el de setenta mil requeridos. Exceptúase de esta regla la isla de Santo Domingo, que nombrará diputado, qualquiera que sea su población.
Del nombramiento de diputados de Córtes.
Para la elección de los diputados de Córtes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincias.
Las juntas electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia respectiva, entre los que se comprehenden los eclesiásticos seculares.
Estas juntas se celebrarán siempre en la Península é Islas y posesiones adyacentes, el primer domingo del mes de Octubre del año anterior al de la celebración de las Córtes.
En las provincias de ultramar se celebrarán el primero domingo del mes de Diciembre, quince meses ántes de la celebración de las Córtes con aviso que para unas y otras hayan de dar anticipadamente las justicias.
En las juntas de parroquias se nombrará por cada doscientos vecinos un elector parroquial.
Si el número de vecinos de la parroquia excediese de trescientos, aunque no llegue a quatrocientos, se nombrarán dos electores; si excediese de quinientos, aunque no llegue á seiscientos, se nombrarán tres y así progresivamente.
En las parroquias, cuyo número de vecinos no llegue a doscientos, con tal que tengan ciento cincuenta, se nombrará ya un elector, y en aquellas en que no haya este número, se reunirán los vecinos á los de otra inmediata para nombrar el elector o electores que les correspondan.
La junta parroquial elegirá á pluralidad de votos once compromisarios, para que estos nombren el elector parroquial.
Si en la junta parroquial hubieren de nombrarse dos electores parroquiales, se elegirán veinte y un compromisarios, y si tres, treinta y uno; sin que en ningún caso se pueda exceder de este número de compromisarios, a fin de evitar confusión.
Para consultar la mayor comodidad de las poblaciones pequeñas, se observará que aquella parroquia que llegare á tener veinte vecinos, elegirá un compromisario; la que llegare á tener de treinta á quarenta, elegirá dos; la que tuviere de cincuenta á sesenta, tres y así progresivamente. Las parroquias que tuvieren menos de veinte vecinos, se unirán con las mas inmediatas para elegir compromisario.
Los compromisarios de las parroquias de las poblaciones pequeñas, así elegidos, se juntarán en el pueblo más á propósito, y en componiendo el número de once, ó á lo menos de nueve, nombrarán un elector parroquial; si compusieren el número de veinte y uno, ó á lo menos de diez y siete, nombrarán dos electores parroquiales, y si fueren treinta y uno, y se reunieren á lo menos veinte y cinco, nombrarán tres electores, ó los que correspondan.
Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinte y cinco años, vecino y residente en la parroquia.
Las juntas de parroquia serán presididas por el jefe político, o el alcalde la ciudad, villa, ó aldea en que se congregaren, con asistencia del cura párroco para mayor solemnidad del acto; y si en un mismo pueblo por razón del número de sus parroquias se tuvieren dos o más juntas, presidirá una el gefe político o el alcalde, otra el otro alcalde, y los regidores por suerte presidirán las demas.
Llegada la hora de la reunión, que se hará en las casas consistoriales ó en el lugar donde lo tengan de costumbre, hallándose juntos los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán a la parroquia con su presidente, y en ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo por el cura párroco, quien hará un discurso correspondiente á las circunstancias.
Concluida la misa volverán al lugar de donde salieron, y en él se dará principio á la junta, nombrando dos escrutadores y un secretario de entre los ciudadanos presentes, todo á puerta abierta.
En seguida preguntará el presidente si algun ciudadano tiene que exponer alguna queja relativa á cohecho ó soborno para que la elección recayga en determinada persona, y si la hubiere, deberá justificación pública y verbal en el mismo acto.
Siendo cierta la acusación, serán privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido el delito. Los calumniadores sufrirán la misma pena; y de este juicio nos e admitirá recurso alguno.
Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades requeridas para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que le parezca; y lo que decidiere se executará sin recurso alguno por esta vez y para este solo efecto.
Se procederá inmediatamente al nombramiento de los compromisarios; lo que se hará designando cada ciudadano un número de personas igual al de los compromisarios, para lo que se acercará á la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores, y el secretario; y este las escribirá en una lista á su presencia; y en este y en los demas actos de elección nadie podrá votarse a sí mismo, baxo la pena de perder el derecho de votar.
Concluido este acto, el presidente, escrutadores, y secretario reconocerán las listas, y aquel publicará en alta voz los nombres de los ciudadanos que hayan sido elegidos compromisarios por haber reunido mayor número de votos.
Los compromisarios nombrados se retirarán á un lugar separado ántes de disolverse la junta, y conferenciando entre sí, procederán á nombrar el elector o electores de aquella parroquia, y quedarán elegidas la persona o personas que reunan mas de la mitad de votos. En seguida se publicará en la junta el nombramiento.
El secretario extenderá el acta, que con él firmarán el presidente y los compromisarios, y se entregará copia de ella firmada por los mismos a la persona o personas elegidas, para hacer constar su nombramiento.
Ningun ciudadano podrá excusarse de estos encargos por motivo ni pretexto alguno.
En la junta parroquial ningun ciudadano se presentará con armas.
Verificado el nombramiento de electores, se disolverá inmediatamente la junta, y qualquier otro acto en que intente mezclarse será nulo.
Los ciudadanos que han compuesto la junta se trasladará á la parroquia, donde se cantará un solemne Te Deum, llevando al elector ó electorales entre el presidente, los escrutadores y el secretario.
Las Juntas electorales de partido se compondrán de los electores parroquiales que se congregarán en la cabeza de cada partido, a fin de nombrar el elector ó electores que han de concurrir á la capital de la provincia, para elegir los diputados de Córtes.
Estas juntas se celebrarán siempre, en la Península é islas y posesiones adyacentes, el primer domingo del mes de Noviembre del año anterior al en que han de celebrarse las Córtes.
En las provincias de ultramar, se celebrarán el primer domingo del mes de Enero próximo siguiente al de Diciembre en que se hubieren celebrado las juntas de parroquia.
Para venir en conocimiento del número de electores, que haya de nombrar cada partido, se tendrán presentes las siguientes reglas.
Si el número de partidos de la provincia fuere mayor que el de los electores que se requieren por el artículo precedente para el nombramiento de los diputados que le correspondan, se nombrará sin embargo un elector por cada partido.
Si el número de partidos fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, cada partido elegirá uno, dos ó más, hasta completar el número que se requiera; pero si faltase aun un elector, le nombrará el partido de mayor población; si todavía faltase otro, le nombrará el que se siga en mayor población, y así sucesivamente.
Por lo que queda establecido en los artículos 31, 32 y 33, y en los tres artículos precedentes, el censo determina quantos diputados corresponden á cada provincia, y quantos electores á cada uno de sus partidos.
Las juntas electorales de partido serán presididas por el gefe político, ó el alcalde primero del pueblo cabeza de partido, á quien se presentarán los electores parroquiales con el documento que acredite su elección, para que sean anotados sus nombres en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.
En el día señalado se juntarán los electores de parroquia con el presidente en las salas consistoriales á puerta abierta, y comenzarán por nombrar un secretario y dos escrutadores de entre los mismos electores.
En seguida presentarán los electores las certificaciones de su nombramiento para ser examinadas por el secretario y escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si están ó no arregladas. Las certificaciones del secretario y escrutadores serán examinadas por una comisión de tres individuos de la junta, que se nombrará al efecto,para que informe también en el siguiente día sobre ellas.
En este día, congregados los electores parroquiales, se leerán los informes sobre las certificaciones; y si se hubiere hallado reparo que oponer á alguna de ellas, ó á los electores por defecto de alguna de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo que le parezca; y lo que resolviere, se executará sin recurso.
Concluido este acto, pasarán los electores parroquiales con su presidente a la iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de mayor dignidad, el que hará una discurso propio de las circunstancias.
Inmediatamente después se procederá al nombramiento del elector o electores de partido, eligiéndolos de uno en uno, y por escrutinio secreto, mediante cédulas en que éste escrito el nombre de la persona que cada uno elige.
Concluida la votación, el presidente, secretario, y escrutadores harán la regulación de los votos, y quedará elegido el que haya reunido a lo menos la mitad de los votos y uno más, publicando el presidente cada elección. Si ninguno hubiere tenido la pluralidad absoluta de votos los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo escrutinio y quedará elegido el que reuna mayor número de votos. En caso de empate decidirá la suerte.
Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano que se halle en el exercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y vecino y residente en el partido, ya sea del estado seglar, ó del eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta, ó en los de fuera de ella.
El secretario extenderá el acta, que con él firmarán el Presidente y escrutadores; y se entregará copia de ella firmada por los mismos á la persona ó personas elegidas para hacer constar su nombramiento. El presidente de esta junta remitirá otra copia firmada por él y por el secretario al presidente de la junta de provincia, donde se hará notoria la elección en los papeles públicos.
De las juntas electorales de provincia
Las juntas electorales de provincia se compondrán de los electores de todos los partidos de ella, que se congregarán en la capital a fin d nombrar los diputados que le correspondan para asistir a las Córtes, como representantes de la Nación.
Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e islas adyacentes el primer domingo del mes de Diciembre del año anterior á las Córtes.
En las provincias de ultramar, se celebrarán en el domingo segundo del mes de Marzo del mismo año en que se celebraren las juntas de partido.
Serán presididas estas juntas por el gefe político de la capital de la provincia, á quien se presentarán los electores de partido con el documento de su elección, para que sus nombres se anoten en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.
En el día señalado se juntarán los electores de partido con el presidente en las casas consistoriales,ó en el edificio que se tenga por mas á propósito para un acto tan solemne, á puerta abierta; y comenzarán por nombrar á pluralidad de votos un secretario y dos escrutadores de entre los mismos electores.
Si á una provincia no le cupiere mas que un diputado, concurrirán á lo menos cinco electores para su nombramiento; distribuyendo este número entre los partidos en que estuviere dividida, ó formando partidos para este solo efecto.
Se leerán los quatro capítulos de esta Constitución que tratan de las elecciones. Despues se leerán las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabezas de partido, remitidas por los respectivos presidentes; y asimismo presentarán los electores las certificaciones de su nombramiento, para sr examinadas por el secretario y escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si estan o no arregladas. Las certificaciones del secretario y escrutadores serán examinadas por una comisión de tres individuos de la junta, que se nombrará al efecto, para que informen también sobre ellas e el siguiente día.
Juntos en él los electores de partido, se leerán los informes sobre las certificaciones, y si se hubiere hallado reparo que oponer á alguna de ellas, ó á los electores por defecto de alguna de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo que le parezca; y lo que resolviere se executará sin recurso.
En seguida se dirigirÇn los electores de partido con su presidente á la catedral ó iglesia mayor, en done se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el Obispo, ó en su defecto el eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias.
Concluido este acto religioso, volverán al lugar de donde salieron y á puerta abierta, ocupando los electores sus asientos sin preferencia alguna, hará el presidente la misma pregunta que se contiene en el Artículo 49, y se observará todo quanto en él se previene.
Se procederá en seguida por los electores, que se hallen presentes, á la elección del diputado o diputados, y se elegirán de uno en uno, acercándose á la mesa donde se hallen el presidente, los escrutadores, y secretario, y este escribirá en una lista á su presencia el nombre de la persona que cada uno elige. El secretario y los escrutadores serán los primeros que voten.
Concluida la votación, el presidente, secretario y escrutadores harán la regulación de los votos, y quedará elegido aquel que haya reunido á lo menos la mitad de los votos y uno más. Si ninguno hubiere reunido la pluralidad absoluta de votos, os dos que hayan tenido el mayor número, entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reuna la pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte, y hecha la elección de cada uno, la publicará el presidente.
Después de la elección de diputados se procederá á la de suplentes por el mismo método y forma, y su número será en cada provincia la tercera parte de los diputados que le corresponda. Si á alguna provincia no le tocare elegir mas que uno ó dos diputados, elegirá sin embargo un diputado suplente. Estos concurrirán á las Córtes, siempre que se verifique la muerte del propietario, ó su imposibilidad á juicio de las mismas, en qualquier tiempo que no ú otro accidente se verifique despues de la elección.
Para ser diputado de Córtes se requiere ser ciudadano que esté en el exercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, y que haya nacido en la provincia, o esté avecindado en ella con residencia a lo menos de siete años, bien sea el estado seglar, ó del eclesiástico secular, pudiendo recaer la elección en os ciudadanos que componen la junta, ó en los de fuera de ella.
Se requiere ademas, para ser elegido de Córtes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.
Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Córtes que en adelante han de celebrarse, declaren haber llegado ya el tiempo de que pueda tener efecto, señalando la quota de la renta y la calidad de los bienes de que haya de provenir; y lo que entonces resolvieren se tendrá por constitucional, como si aquí se hallara expresado.
Si sucediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza y por la en que está avecindada, subsistirá la elección por razón de la vecindad, y por la provincia de su naturaleza vendrá a la Córtes el suplente a quien corresponda.
Los secretarios del despacho, los consejeros de estado, y los que sirvan empleos de la casa real, no podrán ser elegidos diputados de Córtes.
Tampoco podrá ser elegido diputado de Córtes ningún extrangero, aunque haya obtenido de las Córtes carta de ciudadano.
Ningun empleado público nombrado por el Gobierno, podrá ser elegido diputado de Córtes por la provincia en que exerce su cargo.
En seguida otorgarán todos los electores sin excusas alguna a todos y á cada uno de los diputados poderes amplios, según la fórmula siguiente, entregándose á cada diputado correspondiente poder para presentarse en las Córtes.
"En la ciudad ó villa de ...á...días del mes de ...del año de ... en las salas de...hallándose congregados los señores (aquí se pondrán los nombres del presidente y de los electores de partido que forman la junta electoral de la provincia), dixeron ante mí el infrascrito escribano y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido, con arreglo a la Constitución política de la Monarquía española, al nombramiento de los electores parroquiales y de partido con todas las solemnidades prescritas por la misma Constitución, como constaba de las certificaciones que originales obraban en el expediente, reunidos los expresados electores de los partidos de la provincia de ....en el día de ... del mes de ...del presente año, habían hecho el nombramiento de los diputados que en nombre y representación de esta provincia han de concurrir á las Córtes, y que fueron elector por diputados para ellas por esta provincia los señores N.N.N., como resulta del acta extendida y firmada por N.N. que en su consecuencia les otorgan poderes ámplios á todos juntos, y á cada uno de por sí, para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su encargo, y para que con los demás diputados de Córtes, como representantes de la Nación española, puedan acordar y resolver quando entendieren conducente al bien general de ella en uso de las facultades que la Constitución determina, y dentro de los límites que la misma prescribe, sin poder derogar, alterar, ó variar en manera alguna ninguno de sus artículos baxo ningun pretexto; y que los otorgantes se obligan por sí mismos y á nombre de todos los vecinos e esta provincia en virtud de las facultades que les son concedidas como electores nombrados para este acto, a tener por válido y obedecer y cumplir quanto como tales diputados de Córtes hicieren y se resolviere por estas con arreglo á la Constitución política de la Monarquía española. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testigos N.N., que con los señores otorgantes lo firmaron: de que doy fe".
El presidente, escrutadores y secretario remitirán inmediatamente copia firmada por los mismos del acta de las elecciones á la diputación permanente de las Córtes y harán que se publiquen las elecciones por medio de la imprenta, remitiendo un exemplar a cada pueblo de la provincia.
Para la indemnización de los diputados se les asistirá por sus respectivas con las dietas que las Córtes en e segundo año de cada diputación general señalaren para la diputación que le ha de suceder; y á los diputados de ultramar se les abonará ademas lo que parezca necesario, a juicio de sus respectivas provincias, para los gastos de viage de ida y vuelta.
Se observará en las juntas electorales de provincia todo lo que se prescribe en los artículos 55, 56, 57 y 58 , á excepción de lo que previene el artículo 328.
De la celebración de las Córtes.
Se juntarán las Córtes todos los años en la capital del reyno, en edificio destinado á este solo objeto.
Quando tuvieren por conveniente trasladarse á otro lugar, podán hacerlo con tal que sea a pueblo, que no diste de la capital mas que doce leguas, y que convengan en la traslación de dos terceras partes de los diputados presentes.
Las sesiones de las Cortes en cada año durarán tres meses consecutivos dando principio el día primero del mes de Marzo.
Las Córtes podrán prorrogar sus sesiones quando mas por otro mes en solos dos casos: primero, á petición del Rey; segundo, si las Córtes lo creyeren necesario por una resolución de las dos terceras partes de los diputados.
Si la guerra ó la ocupación de alguna parte del territorio de la Monarquía por el enemigo, impidieren que se presenten a tiempo todos ó algunos de los diputados de una o provincias, serán suplidos los que falten por los anteriores diputados de las respectivas provincias, sorteando entre sí hasta completar el número que le corresponda.
Al llegar los diputados á la capital se presentación á la diputación permanente de Córtes, la que hará sentar sus nombres, y el de la provincia que los ha elegido, en un registro en la secretaría de las mismas Córtes.
En el año de la renovación de los diputados, se celebrará el día quince de Febrero á puerta abierta la primera junta preparatoria, haciendo de presidente el que lo sea de la diputación permanente, y de secretarios, y escrutadores los que nombre la misma diputación de ente los restantes individuos que la componen.
En este primera junta presentarán todos los diputados sus poderes y se nombrarán á pluralidad de votos dos comisiones, una de cinco individuos, para que examine los poderes de todos los diputados, y otra de tres, para que examine los de estos cinco individuos de la comisión.
El día veinte del mismo Febrero se celebrará también a puerta abierta la segunda junta preparatoria, en la que las dos comisiones informarán sobre la legitimidad de los poderes, habiendo tenido presentes las copias de las actas de las elecciones provinciales.
En esta junta y en las demás que sean necesarias hasta el día veinte y cinco, se resolverán definitivamente, y a pluralidad de votos, las dudas que se susciten la legitimidad de los poderes y calidades de los diputados.
En el año siguiente al de la renovación de los diputados se tendrá la primera junta preparatoria el día veinte de Febrero, y hasta el veinte y cinco las que se crean necesarias para resolver, en el modo y forma que se ha expresado en los tres artículos precedentes, sobre la legitimidad de los poderes de los diputados que se nuevo se presenten.
En todos los años el día veinte y cinco de Febrero se celebrará la última junta preparatoria, en la que se hará por todos los diputados, poniendo la mano sobre los santos Evangelios, el juramento siguiente: ¿Juraís defender y conservar la Religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el reyno?. E. Sí juro- ¿Juraís guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución política de la Monarquía española, sancionada por las Córtes generales y extraordinarias de la Nación en el año de mil ochocientos y doce?-R. Si juro- ¿Juraís haberos bien y fielmente en el encargo que la Nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la misma Nación?-R. Si juro- Si así lo hiciéreis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
En seguida se procederá a elegir de entre los mismos diputados, por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos, un presidente, un vice-presidente, y quatro secretarios, con lo que se tendrán por constituidas y formadas las Córtes, y la diputación permanente cesará en todas sus funciones.
Se nombrará en el mismo día una diputación de veinte y dos individuos, y dos de los secretarios, para que pase á dar parte al Rey de hallarse constituidas las Córtes, y del presidente que han elegido, á fin de que manifieste si asistirá á la apertura de las Córtes, que se celebrará el día primero de Marzo.
Si el Rey se hallare fuera de la capital, se le hará participación por escrito, y el Rey contestará del mismo modo.
El Rey asistirá por sí mismo á la apertura de la Córtes y si tuviere impedimento, la hará el presidente el día señalado sin que por ningún motivo, pueda diferirse para otro. Las mismas modalidades se observarán para el acto de cerrarse las Córtes.
En la sala de las Córtes entrará el Rey sin guardia, y solo le acompañarán las personas que determine el ceremonial para el recibimiento y despedida del Rey que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las Córtes.
El Rey hará un discurso, en el que propondrá á las Córtes lo que crea conveniente, y al que el presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su discurso al presidente, para que por este se lea en las Córtes.
Las Córtes no podrán deliberar en a presencia del Rey.
En los casos en que los secretarios del Despacho hagan á las Córtes algunas propuestas á nombre del Rey, asistirán á las discusiones quando y del modo que las Córtes determinen,y hablarán en ellas; pero no podrán estar presentes á la votación.
Las sesiones de las Córtes serán públicas y solo en los casos que exijan reserva podrá celebrarse sesión secreta.
En las discusiones de las Córtes, y en todo lo demás que pertenezca á su gobierno y orden interior, se observará el reglamento que se forme por estas Córtes generales y extraordinarias, sin perjuicio de las reformas que las sucesivas tuvieren por conveniente hacer en él.
Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Córtes en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas.
Durante las sesiones de las Córtes, y un mes despues, los diputados no podrán ser demandados civilmente, ni executados por deudas.
Durante el tiempo de su diputación, contando para este efecto desde que el nombramiento conste en la permanente de Córtes,no podrán los diputados admitir para sí, ni solicitar para otro, empleo alguno de provisión del Rey, ni aun ascenso, como no sea de escala en su respectiva carrera.
Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputación y un año despues del último acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pensión ni condecoración alguna que sea también de provisión del Rey.
De las facultades de las Córtes.
Las facultades de las Córtes son -
Primera: Proponer y decretar las leyes, é interpretarlas y derogarlas en caso necesario.
Segunda: Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias, y a la Regencia, como se previene en sus lugares.
Tercera: Resolver qualquiera duda, de hecho ó de derecho, que ocurra en orden a la sucesión a la corona.
Cuarta: Elegir Regencia o Regente del reyno quando lo previene la Constitución, y a señalar las limitaciones con que la Regencia ó el Regente han de exercer la autoridad real.
Quinta: Hacer el reconocimiento público del Príncipe de Asturias.
Sexta: Nombrar tutor al Rey menor, quando lo previene la Constitución.
Séptima: Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y los especiales de comercio.
Octava: Conceder o negar la admisión de tropas extrangeras en el reyno.
Novena: Decretar la creación y supresión de plazas en los tribunales, que establece la Constitución; é igualmente la creación y supresión de los oficios públicos.
Décima: Fixar todos los años á propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra.
Undécima: Dar ordenanzas al exército, armada, y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen.
Duodécima. Fixar los gasto de la administración pública.
Décimatercia: Establecer anualmente las contribuciones é impuestos.
Décimaquarta: Tomar caudales á préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nación.
Décimaquinta: Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias.
Décimasexta: Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos.
Décimaséptima: Establecer las aduanas y aranceles de derechos.
Décimaoctava: Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enagenación de los bienes nacionales.
Décimanona: Determinar el valor, peso, ley, tipo, y denominación de las monedas.
Vigésima: Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesos y medidas.
Vigésimaprima: Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que la entorpezcan.
Vigésimasegunda: Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.
Vigésimatercia: Aprobar los reglamentos generales para la policía y sanidad del reyno.
Vigésimaquarta: Proteger la libertad política de la imprenta.
Vigésimaquinta: Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho y demás empleados públicos.
Vigésimasexta: Por último pertenece á las Córtes dar ó negar su consentimiento en todos aquellos casos y actos, para los que se previene en la Constitución ser necesario.
De la formación de las leyes, y de la sanción real.
Todo diputado tiene la facultad de proponer á las Córtes los proyectos de ley, haciéndolo por escrito, y exponiendo las razones en que se funde.
Dos días á lo menos despues de presentado y leído el proyecto de Ley, se leerá por segunda vez, y las Córtes deliberarán si se admite ó no á discusión.
Admitido á discusión, si la gravedad del asunto requiriese á juicio de las Córtes, que pase previamente á una comisión, se excecutará así.
Quatro días á lo menos despues de admitido á discusión el proyecto, se leerá tercera vez, y se podrá señalar día para abrir la discusión.
Llegado el día señalado para la discusión abrazará esta el proyecto en su totalidad y en cada uno de sus artículos.
Las Córtes decidirán quando la materia está suficientemente discutida, y decidido que lo está, se resolverá si ha lugar ó no á a la votación.
Decidido que ha lugar á la votación, se procederá á ella inmediatamente, admitiendo ó desechando en todo ó en parte el proyecto, ó variándole y modificándole segun las observaciones que se hayan hecho en la discusión.
La votación se hará a pluralidad absoluta de votos; y para proceder á ella, será necesario que se hallen presentes á lo menos la mitad y uno mas de la totalidad de los diputados que deben componer las Córtes.
Si las Córtes desecharen un proyecto de ley en qualquier estado de su examen, ó resolvieren que no debe procederse á la votación, no podrá volver á proponerse en el mismo año.
Si hubiere sido adoptado, se extenderá por duplicado en forma de ley y se leerá en las Cortés; hecho lo qual, y firmados ámbos originales por el presidente y dos secretarios, serán presentados inmediatamente al Rey por una diputación.
Da el Rey la sanción por esta fórmula, firmada de su mano: "Publíquese como ley".
Niega el Rey la sanción por esta fórmula, igualmente de su mano: "Vuelva a las Córtes", acompañando al mismo tiempo firmada una exposición de las razones que ha tenido para negarla.
Tendrá el Rey treinta días para usar de esta prerogativa; si dentro de ellos no hubiere dado ó negado la sanción, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará en efecto.
Dada ó negada la sanción por el Rey, devolverá á las Córtes uno de los dos originales con la fórmula respectiva, para darse cuenta en ellas. Este original se conservará en el archivo de las Córtes, y el duplicado quedará en poder del Rey.
Si el Rey negare la sanción, no se volverá á tratar del mismo asunto en las Córtes de aquel año, pero podrá hacerse en las del siguiente.
Si en las Córtes del siguiente año fuere de nuevo propuesto, admitido, y aprobado el mismo proyecto, presentado que sea el Rey, podrá dar la sanción, ó negarla segunda vez en los términos de los artículos 143 y 144; y en el último caso, no se tratará del mismo asunto en aquel año.
Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto en las Córtes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la sanción, y presentándosele, la dará en efecto por medio de la fórmula expresada en el Art. 143.
Si ántes de que espire el término de treinta días en que el Rey ha de dar ó negar la sanción, llegaré el día que las Córtes han de terminar sus sesiones, el Rey la dará ó negará en las ocho primeros de las sesiones de las siguientes Córtes: y si este término pasare sin haberla dado, por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la forma prescrita; pero si el Rey negare la sanción, podrán estas Córtes tratar del mismo proyecto.
Aunque después de haber negado el Rey la sanción á un proyecto de Ley, se pasen alguno ú algunos años sin que se proponga el mismo proyecto, como vuelva á suscitarse en el tiempo de la misma diputación, que le adoptó por la primera vez, ó en el de las dos diputaciones que inmediatamente la subsigan, se entenderá siempre el mismo proyecto para los efectos de la sanción del Rey, de que tratan los tres artículos precedentes; pero si en la duración de las tres diputaciones expresadas no volviere á proponerse, aunque despues se reproduzca en los propios términos, se tendrá por proyecto nuevo para los efectos indicados.
Si la segunda ó tercera vez que se propone el proyecto dentro del término que prefixa el artículo precedente, fuere desechado por las Córtes, en qualquier tiempo que se reproduzca despues, se tendrá por nuevo proyecto.
Publicada la ley en las Córtes, se dará de ello aviso al Rey, para que se proceda inmediatamente á su promulgación solemne.
El Rey para promulgar las leyes usará de la fórmula siguiente: N. (el nombre del Rey) por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas,á todos los que las presentes vieren y entendieren; sabed: Que las Córtes han decretado, y Nos sancionamos lo siguiente: (aqui el texto literal de la ley): Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás autoridades, asi que guarden y hagan guardar, cumplir y executar la presente ley en odas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondreis se imprima, publique y circule. (Va dirigida al secretario del Despacho respectivo).
Todas las leyes se circularán de mandato del Rey por los respectivos secretarios del Despacho directamente á todos y cada uno de los tribunales supremos y de las provincias, y demás gefes y autoridades superiores,que las circularán á las subalternas.
De la diputación permanente de Córtes
Antes de separarse las Córtes nombrarán una diputación, que se llamará diputación permanente de Córtes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias de Europa y tres de las de ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un diputado de Europa y otro de ultramar.
Al mismo tiempo nombrarán las Córtes dos suplentes para esta diputación, uno de Europa y otro de ultramar.
La diputación permanente durará de unas Cortés ordinarias á otras.
Primera: Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta á las próximas Córtes de las infracciones que haya notado.
Segunda: Convocar a Córtes extraordinarias en los casos prescritos por la Constitución.
Tercera: Desempeñar las funciones que se señalan en los artículos 111 y 112.
Quarta: Pasar aviso á los diputados suplentes para que concurran en lugar de los propietarios; y si ocurriere el fallecimiento ó imposibilidad absoluta de propietarios y suplentes de una provincia, comunicar las correspondientes órdenes á la misma, para que proceda á nueva elección.
De las Córtes extraordinarias.
Las Córtes extraordinarias se compondrán de los mismos diputados que forman las ordinarias durante los dos años de su diputación.
Los diputación permanentes de Córtes las convocará con señalamiento de día en los tres casos siguientes:
Primero: Quando vacare la corona.
Segundo: Quando el Rey se imposibilitare de qualquiera modo para el gobierno, ó quisiere abdicar la corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la diputación para tomar las medidas que estime convenientes, a fin d asegurarse de la inhabilidad del Rey.
Tercero: Quando en circunstancias críticas y por negocios árduos tuviere el Rey por conveniente que se congreguen, y lo participare así á la diputación permanente de Córtes.
Las Córtes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido convocadas.
Las sesiones de las Córtes extraordinarias comenzarán y se terminarán con las mismas formalidades que las ordinarias.
La celebración de las Córtes extraordinarias no estorbará la elección de nuevos diputados en el tiempo prescrito.
Si las Córtes extraordinarias no hubieren concluído sus sesiones en el día señalado para la reunión de las ordinarias, cesarán las primeras en sus funciones, y las ordinarias continuará el negocio para que aquellas fueron convocadas.
La diputación permanente de Córtes continuará en las funciones que le están señaladas en los artículo 111 y 112, en el caso comprehendido en el artículo precedente.
La persona del Rey es sagrada é inviolable, y no está sujeta a responsabilidad.
El Rey tendrá el tratamiento de Magestad Católica.
La potestad de hacer executar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se extiende á todo quanto conduce a la conservación del órden público en lo interior, y á la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.
Además de la prerogativa que compete al Rey de sancionar las leyes y, promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes:
Primera: Expedir los decretos, reglamentos, é instrucciones que crea conducentes para la execución de las leyes.
Segunda: Cuidar de que en todo el reyno se administre pronta y cumplidamente la justicia.
Tercera: Declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando despues cuenta documentada á las Córtes.
Quarta: Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, á propuesta del Consejo de Estado.
Quinta: Proveer todos los empleos civiles y militares.
Sexta: Presentar para todo los obispados, y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de real patronato, á propuesta del Consejo de Estado.
Séptima: conceder honores y distinciones de todas, con arreglo á las leyes.
Octava: Mandar los exercitos y armadas, y nombrar los generales.
Novena: Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como mas convenga.
Décima: dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demas potencias, y nombrar los embajadores, ministros y cónsules.
Undécima: Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre.
Duodécima: Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la administración pública.
Décimatercia: Indultar á los delincuentes, con arreglo á las leyes.
Décimaquarta: Hacer á las Córtes las propuestas de leyes ó de reformas, que crea conducentes al bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita.
Décimaquinta: Conceder el pase, ó retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimientos de las Córtes, si contienen disposiciones generales; oyendo al consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares; ó gubernativos; y si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al supremo tribunal de justicial, para que resuelva con arreglo á las leyes.
Décimasexta: Nombrar y separar libremente los secretarios de Estado y del Despacho.
Primera: No puede el Rey impedir baxo ningun pretexto la celebración de las Córtes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen ó auxiliasen en qualquiera tentativa para estos actos, son declarados traydores, y serán perseguido como tales.
Segunda: No puede el Rey ausentarse del reyno sin consentimiento de las Córtes y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado la corona.
Tercera: No puede el Rey enagenar, ceder, renunciar, o qualquiera manera traspasar á otro la autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas.
Si por qualquiera causa quisiere abdicar el trono en el inmediato sucesor, no lo podrá hacer sin el consentimiento de las Córtes.
Quarta: No puede el Rey enagenar, ceder ó permutar provincia, ciudad, villa ó lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del territorio español.
Quinta: No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia extrangera sin el consentimiento de las Córtes.
Sexta: No puede tampoco obligarse por ningún tratado á dar subsidios á ninguna potencia extrangera sin el consentimiento de las Córtes.
Séptima: No puede el Rey ceder ni enagenar los bienes nacionales sin consentimiento de las Córtes.
Octava: No puede el Rey imponer por si directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedidos baxo qualquiera nombre ó para qualquier objeto que sea, sino que siempre los han de decretar las Córtes.
Novena: No puede el Rey conceder privilegio exclusivo á persona ni corporación alguna.
Décima: No puede el Rey tomar la propiedad de ningun particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella; y sin en algun caso fuere necesario para un objeto de conocida ella; y sin en algun caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad comun tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer, sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen cambio á bien vista de hombres buenos.
Undécima: No puede el Rey privar a ningun individuo de su libertad, ni imponerle por si pena alguna. El secretario del Despacho que firme la orden, y el juez que la execute, serán responsables á la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual.
Solo en el caso de que el bien y seguridad del estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de quarenta y ocho horas, deberá hacerla entregar á disposición del tribunal ó juez competente.
Duodécima: El Rey antes de contraer matrimonio, dará parte á las Córtes, para obtener su consentimiento, y si no lo hiciere, entiéndase que abdica la corona.
El Rey en su advenimiento al trono, y si fuere menos, quando entre á gobernar el reyno, prestará juramento ante las Córtes baxo la formulación siguiente:
N. (aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, juro por Dios y por los santos evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reyno: que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española, no mirando en quanto hiciere sino el bien y provecho de ella; que no enagenaré, cederé ni desmembraré parte alguna del reyno: que no exigiré jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Córtes: que no tomaré jamás á nadie su propiedad, y que respetaré sobre todo la libertad política de la Nación y la personal de cada individuo; y si en lo que he jurado, ó parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido, ántes aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningun valor. Así Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no, me lo demande".
De la sucesión á la corona
El reyno de las Españas es indivisible, y solo se sucederá en el trono perpetuamente desde la promulgación de la Constitución por el órden regular de primogenitura y representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que se expresarán.
En el mismo grado y línea los varones prefieren á las hembras, y siempre el mayor al menor; pero las hembras de mejor líneas o de mejor grado en la misma línea prefieren á los varones de línea ó grado posterior.
EL hijo ó hija del primogénito del Rey
Lo será igualmente, quando el Rey se halle imposibilitado de exercer su autoridad por qualquiera causa física ó moral.
Si el impedimento del Rey pasare de dos años, y el sucesor inmediato fuere mayor de diez y ocho, las Córtes podrán nombrarle Regente del Reyno en lugar de la Regencia.
En los casos en que vacare la corona siendo el Príncipe de Asturias menor de edad, hasta que se junten las Córtes extraordinarias, si no se hallaren reunidas las ordinarias, la Regencia provisional se compondrá de la Reyna madre, si la hubiere; de dos diputados de la diputación permanente de las Córtes, los mas antiguos por orden de su elección en la diputación, y de dos consejeros del consejo de Estado los mas antiguos á saber: el decano y el que le siga: si no hubiere Reyna madre, entrará en la Regencia el consejero de Estado tercero en antiguedad.
La Regencia provisional será presidida por la Reyna madre, si la hubiere; y en su defecto, por el individuo de la diputación permanente de Córtes que sea primer nombrado en ella.
Reunidas las Córtes extraordinarias, nombrarán una Regencia compuesta de tres ó cinco personas.
Para poder ser individuo de la Regencia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos; quedando excluidos los extrangeros, aunque tenga carta de ciudadanos.
La Regencia será presidida por aquel de sus individuos que las Córtes designaren; tocando á estas establecer en caso necesario, si ha de haber ó no turno en la presidencia, y en qué terminos.
La Regencia exercerá la autoridad del Rey en los términos que estimen las Córtes.
Una y otra Regencia prestarán juramento segun la fórmula prescrita en el artículo 173, añadiendo la cláusula de que serán fieles al Rey; y la Regencia permanente añadirá además, que observará las condiciones que le hubieren impuesto las Córtes para el exercicio de su autoridad, y que quando llegue el Rey á ser mayor, o cese la imposibilidad , le entregará el gobierno del reyno baxo la pena, si un momento lo dilata, de ser sus individuos habidos y castigados como traydores.
Será tutor del Rey menor la persona que el Rey difunto hubiere nombrado en su testamento. Si no le hubiere nombrado, será tutora la Reyna madre, mientras permanezca viuda. En su defecto, será nombrado el tutor por las Córtes. En el primero y tercer caso el tutor deberá ser natural del reyno.
La regencia cuidará de que la educación del Rey menor sea la mas conveniente al grande objeto de su alta dignidad; y que se desempeñe conforme al plan que aprobaren las Córtes.
Estas señalarán el sueldo que hayan de gozar los individuos de la Regencia.
De la familia real y del reconocimiento del Príncipe de
El hijo primogénito del Rey se titulará Principe de Asturias.
Los demas hijos é hijas del Rey serán y se llamarán Infantes de las Españas.
Asimismo serán y se llamarán Infantes de las Españas los hijos é hijas del Príncipe de Asturias.
A estas personas precisamente estará limitada la calidad de Infante de las Españas, sin que pueda extenderse á otras.
Los Infantes de las Españas gozarán de las distinciones y honores que han tenido hasta aqui, y podrán ser nombrados para toda clase de destinos, exceptuados los de judicatura y la diputación de Córtes.
El Príncipe de Asturias no podrá salir del reyno sin consentimiento de las Córtes; y si saliere sin él, quedará por el mismo hecho excluido del llamamiento á la corona.
Lo mismo se entenderá, permaneciendo fuera del reyno por mas tiempo que el prefixado en el permiso, si requerido para que vuelva, no lo verificare dentro del término que las Córtes señalen.
El Príncipe de Asturias, los Infantes é Infantas y sus hijos y descendientes que sean súbditos del Rey, no podrán contraer matrimonio sin su consentimiento y el de las Córtes, baxo la pena de ser excluidos del llamamiento á la corona.
De las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todas las personas de la familia real, se remitirá una copia autentica á las Córtes, y en su defecto á la diputación permanente, para que se custodie en su archivo.
El Príncipe de Asturias será reconocido por las Córtes con las formalidades que prevendrá el reglamento del gobierno interior de ellas.
Este reconocimiento se hará en las primeras Córtes que se celebren despues de su nacimiento.
El Príncipe de Asturias, llegando á la edad de catorce años, prestará juramento ante las Córtes baxo la fórmula siguiente:-"N.( Aqui el nombre), Príncipe de Asturias, juro por Dios y por los Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reyno; que guardaré la Constitución política de la Monarquía española, y que seré fiel y obediente al Rey. Así Dios me ayude."
De la dotación de la familia real.
Las Córtes señalarán al Rey la dotación anual de su casa, que sea correspondiente á la alta dignidad de su persona.
Pertenecen al Rey todos los palacios reales que han disfrutado sus predecesores, y las Córtes señalarán los terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona.
Al Príncipe de Asturias desde el día de su nacimiento, y á los Infantes é Infantas desde que cumplan siete años de edad, se asignará por las Córtes para sus alimentos la cantidad anual correspondiente á su respectiva dignidad.
A las Infantas para quando casaren, señalarán las Córtes la cantidad que estimen en calidad de dote, y entregada esta, cesarán los alimentos anuales.
A los Infantes, si casaren mientras residan en las Españas, se les continuarán los alimentos que le esten asignados; y si casaren y residieren fuera, cesarán los alimentos, y se les entregará por una vez la cantidad que las Córtes señalen.
Las Córtes señalarán los alimentos anuales que hayan da darse á la Reyna viuda.
Los sueldos de los individuos de la Regencia se tomarán de la dotación señalada a la casa del Rey.
La dotación de la casa del Rey y los alimentos de su familia, de que hablan los artículos precedentes, se señalarán por las Córtes al principio de cada reynado, y no se podrán alterar durante él.
Todas estas asignaciones son de cuenta de la tesorería nacional, por la que serán satisfechas al administrador que el Rey nombrare, con el qual se entenderán las acciones activas y pasivas, que por razon de intereses puedan promoverse.
Los secretarios del despacho serán siete; á saber:
El secretario del despacho de la gobernación del reyno para la Península é islas adyacentes.
El secretario del despacho de la gobernación del reyno para ultramar.
Las Córtes sucesivas harán en este sistema de secretarías del despacho la variación que la experiencia ó las circunstancias exijan.
Par ser secretario del despacho se requiere ser ciudadano en el exercicio de sus derechos, quedando excluidos los extrangeros, aunque tengan carta de ciudadanos.
Por un reglamento particular aprobado por las Córtes, se señalarán á cada secretaría los negocios que deban pertenecerle.
Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el secretario del despacho del ramo á que el asunto corresponda. Ningun tribunal ni persona pública dará cumplimiento á la órden que carezca de este requisito.
Los secretarios del despacho serán responsables á las Córtes de las órdenes que autoricen contra la Constitución ó las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado al Rey.
Los secretarios del despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la administración pública, que se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán cuentas de los que se hubieren hecho, en el modo que se expresará.
Para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del despacho, decretarán ante todas cosas las Córtes que ha lugar á la formación de causa.
Dado este decreto, quedará suspenso el secretario del despacho; y las Córtes remitirán al tribunal supremo de justicia todos los documentos concernientes á la causa que haya de formarse por el mismo tribunal, quien sustanciará y decidirá con arreglo á las leyes.
Las Córtes señalarán el sueldo que deban gozar los secretarios del despacho durante su encargo.
Habrá un Consejo de Estado compuesto de quarenta individuos, que sean ciudadanos en el exercicio de sus derechos, quedando excluidos los extrangeros, aunque tengan carga de ciudadanos.
Estos serán precisamente en la forma siguiente; á saber: quatro eclesiásticos y no mas, de conocida y probada ilustración y merecimiento, de los quales dos serán obispos; quatro Grandes de España, y no más, adornados de las virtudes, talento y conocimientos necesarios; y los restantes serán elegidos de entre los sugetos, que mas se hayan distinguido por su ilustración y conocimientos, ó por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobierno del Estado.
Las Córtes no podrán proponer para estas plazas á ningun individuo que sea diputado de Córtes al tiempo de hacerse al elección. De los individuos del Consejo de estado, doce á lo menos serán nacidos en las provincias de ultramar.
Todos los consejeros de Estado serán nombrados por el Rey á propuesta de las Córtes.
Para la formación de este Consejo, se dispondrá en la Córtes una lista triple de todas las clases referidas en la proporción indicada, de el cual el Rey elegirá los quarenta individuos, que han de componer el Consejo de Estado, tomando los eclesiásticos de la lista de su clase, los Grandes de la suya, y asi los demas.
Quando ocurriere alguna vacante en el Consejo de Estado, las Córtes primeras que se celebren presentarán al Rey tres personas de la clase en que se hubiere verificado, para que elija la que le pareciere.
El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar ó negar la sanción á las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados.
Pertenecerá á este Consejo hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de judicatura.
El Rey formará un reglamento para el gobierno del Consejo de Estado, oyendo previamente al mismo; y se presentará á las Córtes para su aprobación.
Las Córtes señalarán el sueldo que deban gozar los consejeros de Estado.
Los consejeros de Estado, al tomar posesión de sus plazas, harán en manos del Rey juramento de guardar la Constitución, ser fieles al Rey, y aconsejarle lo que entendieren ser conduncente al bien de la Nación, sin mira particular ni interés privado.
DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EN CIVIL Y CRIMINAL.
La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente á los tribunales.
Ni las Córtes ni el Rey podrán exercer en ningun caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.
Las leyes señalarán el órden y las formalidades del proceso, que serán uniforme en todos los tribunales, y ni las Córtes ni el Rey podrán dispensarlas.
Los tribunales no podrán exercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se execute lo juzgado.
Tampoco podrán suspender la execución de las leyes, ni hacer reglamento alguno para la administración de justicia.
Ningun español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por le tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley.
En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá mas que un solo fuero para toda clase de personas.
Los eclesiasticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que prescriben las leyes ó que en adelante prescribieren.
Los militares gozarán tambien de fuero particular, en los términos que previene la ordenanza ó en adelante previniere.
Para ser nombrado magistrado o juez se requiere haber nacido en el territorio español, y ser mayor de veinte y cinco años.Las demas calidades que respectivamente deban estos tener, serán determinadas por las leyes.
Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales ó perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos, sino por acusación legalmente intentada.
Si al Rey llegaren quejas contra algun magistrado, y formado expediente, parecieren fundadas, podrá, oido el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el expediente al supremo tribunal de Justicia, para que juzgue con arreglo á las leyes.
Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables personalmente á los jueces que la cometieren.
El soborno, el coecho y la prevaricación de los magistrados y jueces producen acción popular contra los que los cometan.
Las Córtes señalarán á los magistrados y jueces de letras una dotación competente.
La justicia se administrará en nombre del Rey, y las executorias y provisiones de los tribunales superiores se encabezarán tambien en su nombre.
El Código civil y criminal, y el de comercio serán unos mismos para toda la monarquía, sin perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las Córtes.
Habrá en la corte un tribunal, que se llamará supremo tribunal de justicia.
Las Córtes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las salas en que ha de distribuirse.
Toca á este supremo tribunal:
Primero: Dirimir todas las competencias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las audiencias con los tribunales especiales, que existan en la Península é islas adyacentes. En ultramar se dirimirán estas últimas, segun lo determinaren las leyes.
Segundo: Juzgar á los secretarios de Estado y del Despacho, quando las Córtes decretaren haber lugar á la formación de causa.
Tercero: Conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias.
Quarto: Conocer de las causas criminales de los secretarios de Estado y del Despacho de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias, perteneciendo al gefe político mas autorizado la instrucción del proceso para remitirlo á este tribunal.
Quinto: Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este supremo tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad de este supremo tribunal, las Córtes, previa la formalidad establecida en el articulo 228, procederán á nombrar para este fin un tribunal compuesto de nueve jueces, que serán elegidos por suerte de un número doble.
Sexto: Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto á ella por disposición de las leyes.
Séptimo: Conocer de todos los asuntos contenciosos, pertenecientes al real patronato.
Octavo: Conocer de los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la Córte.
Noveno: Conocer de los recursos de nulidad, que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 254.Por lo relativo á ultramar, de estos recursos se conocerá en las audiencias, en la forma que se dirá en su lugar.
Décimo: Oir las dudas de los demas tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaración de las Córtes.
Undécimo: Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las audiencias, para promover la pronta administración de justicia, pasar copia de ellas para el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por medio de la imprenta.
Pertenecerá á las audiencias conocer de todas las causas civiles de los juzgados inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia, y lo mismo de los criminales, según lo determinen las leyes; y tambien de las causas de suspensión y separación de los jueces inferiores de su territorio, en el modo que prevengan las leyes, dando cuenta al Rey.
Los magistrados que hubieren fallado en la segunda instancia, no podrán asistir á la vista del mismo pleyto en la tercera.
Pertenecerá tambien a las audiencias conocer de las competencias entre todos los jueces subalternos de su territorio.
Les corresponderá también recibir de todos los jueces subalternos de su territorio avisos puntuales de las causas que se formen por delitos y listas de las causas civiles y criminales pendientes en su juzgado, con expresión del estado de unas y otras, á fin de promover la mas pronta administración de justicia,
A las audiencias de ultramar les corresponderá ademas el conocer de los recursos de nulidad, debiendo estos interponerse, en aquellas audiencias que tengan suficiente número para la formación de tres salas, en la que no haya conocido de la causa en ninguna instancia. En las audiencias que no consten de este número de ministros, se interpondrán estos recursos de una á otra de las comprehendidas en el distrito de una misma gobernación superior; y en el caso de que en este no hubiere mas que una audiencia, irán á la mas inmediata de otro distrito.
Declarada la nulidad, la audiencia que ha conocido de ella dará cuenta, con testimonio que contenga los insertos convenientes, al supremo tribunal de justicia, para hacer efectiva la responsabilidad de que trata el articulo 254.
Las audiencias remitirán cada año al supremo tribunal de justicia listas exactas de las causas civiles, y cada seis meses de las criminales, asi fenecidas como pendientes, con expresión del estado que estas tengan, incluyendo las que hayan recibido de los juzgados inferiores.
Quando llegue el caso de hacerse la conveniente división del territorio español, indicada en el articulo 11, se determinará con respecto á ella el número de audiencias que han de establecerse, y se les señalará como territorio.
Las facultades de estos jueces se limitarán precisamente á lo contencioso, y las leyes determinarán las que han de pertenecerles en la capital y pueblos de su partido, como tambien hasta de que cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelación.
Todos los jueces de los tribunales inferiores deberán dar cuenta, á mas tardar dentro de tercero dia, á su respectiva audiencia de las causas que se forme por delitos cometidos en su territorio, y despues continuarán dando cuenta de su estado en las épocas que la audiencia les prescriba.
Deberán asimismo remitir á la audiencia respectiva listas generales cada seis meses de las causas civiles, y cada tres de las criminales, que pendieren en sus juzgados, con expresión de su estado.
Los magistrados y jueces, al tomar posesión de sus plazas, jurarán guardar la constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia.
No se podrá privar á ningun español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ámbas partes.
La sentencia que dieren los árbitros, se executará, si las partes al hacer el compromiso no se hubieren reservado el derecho de apelar.
El alcalde de cada pueblo exercerá en él el oficio de conciliador, y el que tenga que demandar por negocios civiles ó por injurias, deberá presentarse á él con este objeto.
El alcalde con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante y al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intención, y tomará, oido el dictamen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia para el fin de terminar el litigio sin mas progreso, como se terminará en efecto, si las partes se aquietan con esta decisión extrajudicial.
Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se entablará pleyto ninguno.
En todo negocio, qualquiera que sea su quantía, habrá á lo mas tres instancias y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Quando la tercera instancia se interponga de dos sentencias conformes, el número de jueces que haya de decidirla, deberá ser mayor que el que asistió á la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la ley.A esta toca tambien determinar, atendida la entidad de los negocios, y la naturaleza y calidad de los diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar executoria.
Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea formado con brevedad y sin vicios, á fin de que los delitos sean prontamente castigados.
Ningun español podrá ser preso, sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca segun la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión.
Toda persona deberá obedecer estos mandamientos; qualquiera resistencia será reputada delito grave.
Quando hubiere resistencia ó se temiere la fuga, se podrá usar de la fuerza para asegurar la persona.
El arrestado, ántes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que la reciba declaración; mas si esto no pudiere verificarse, se le conducirá á la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las veinte y quatro horas.
La declaración del arrestado será sin juramento, que á nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho propio.
En fraganti todo delincuente puede ser arrestado, y todos pueden arrestarle y conducirle á la presencia del juez: presentado o puesto en custodia, se procederá en todo, como se previene en los dos artículos precedentes.
Si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel, ó que permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcayde, para que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcayde á ningun preso en calidad de tal, baxo la mas estrecha responsabilidad.
Solo se hará embargo de bienes, quando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción á la cantidad á que esta pueda extenderse.
No será llevado a la cárcel el que dé fiador en los casos en que la ley no prohiba expresamente que se admita la fianza.
En qualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza.
Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no para molestar á los presos: así el alcayde tendrá á estos en buena custodia, y separados los que el juez mande tener sin comunicación, pero nunca en calabozos subterráneos ni mal sanos.
La ley determinará la frequencia con que ha de hacerse la visita de cárceles, y no habrá preso alguno que dexe de presentarse á ella baxo ningun pretexto.
El juez y el alcayde que faltaren á lo dispuesto en los artículos precedentes, serán castigados como reos de detención arbitraria, la que será comprehendida como delito en el código criminal.
Dentro de las veinte y quatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su prisión y el nombre de su acusador si lo hubiere.
Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de estos, y si por ellos no los conociere, se le darán quantas noticias pida para venir en conocimiento de quienes son.
Ninguna pena que se imponga, por qualquiera delito que sea, ha de ser trascendental por término ninguno á la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció.
No podrá ser allanada la casa de ningun español, sino en los casos que determine la ley para el buen órden y seguridad del Estado.
Si con el tiempo creyeren las Córtes que conviene haya distinción entre los jueces del hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente.
Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la Monarquía ó en parte de ella, la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las Córtes decretarla por un tiempo determinado.
DEL GOBIERNO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS Y
Para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos compuestos del alcalde ó alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el gefe político donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde ó el primer nombrado entre estos, si hubiere dos.
Se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga la haya, no pudiendo dexar de haberle en los que por si ó con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalara término correspondiente.
Las leyes determinarán el número de individuos de cada clase, de que han de componerse los ayuntamientos de los pueblos con respecto á su vecindario.
Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los pueblos, cesando los regidores y demas que sirvan oficios perpetuos en los ayuntamientos, qualquiera que sea su titulo y denominación.
Todos los años en el mes de Diciembre se reunirán los ciudadanos de cada pueblo para elegir á pluralidad de votos, con proporción á su vecindario, determinado número de electores, que residan en el mismo pueblo y esten en el exercicio de los derechos de ciudadano.
Los electores nombrarán en el mismo mes a pluralidad absoluta de votos al alcalde ó alcaldes, regidores y procurador ó procuradores síndicos, para que entren á exercer sus cargos el primero de Enero del siguiente año.
Los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los procuradores síndicos, donde haya dos: si hubiere solo uno se mudará todos los años.
El que hubiere exercido qualquiera de estos cargos, no podrá volver á ser elegido para ninguno de ellos, sin que pasen por lo menos dos años, donde el vecindario lo permita.
Para ser alcalde, regidor ó procurador síndico, ademas de ser ciudadano en el exercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de veinte y cinco años, con cinco á lo menos de vecindad y residencia en el pueblo Las leyes determinarán las demás calidades que han de tener estos empleados.
No podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico ningun empleado público de nombramiento del Rey, que esté en exercicio, no entendiéndose comprendidos en esta regla los que sirvan en las milicias nacionales.
Habrá un secretario en todo ayuntamiento, elegido por este á pluralidad absoluta de votos, y dotado en los fondos del comun.
Primero: La policía de salubridad y comodidad.
Segundo: Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca á la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y á la conservación del orden público.
Tercero: la administración é inversión de los caudales de propios y arbitrios conforme á las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario baxo responsabilidad de los que le nombran.
Quarto: Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirles á la tesorería respectiva.
Quinto: cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y de los demás establecimientos de educación que se paguen de los fondos del comun.
Sexto: Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demas establecimientos de beneficiencia, baxo las reglas que se prescriban.
Séptimo: Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato.
Octavo: Formar las ordenanzas municipales del pueblo, y presentarlas á las Córtes para su aprobación por medio de la diputación provincial, que las acompañará con su informe.
Noveno: Promover la agricultura, la industria, y el comercio según la localidad y circunstancias de los pueblos, y quanto les sea útil y beneficioso.
Si se ofrecieren obras u otros objetos de utilidad comun, y por no ser suficientes las caudales de propios fuere necesario recurrir á arbitrios, no podrán imponerse estos, sino obteniendo por medio de la diputación provincial la aprobación de las Córtes. En el caso de ser urgente la obra ú objeto á que se destinen, podrán los ayuntamientos usar interinamente de ellos con el consentimiento de la misma diputación mientras recae la resolución de las Córtes. Estos arbitrios se administrarán en todo como los caudales de propios.
Los ayuntamientos desempeñarán todos estos encargos baxo la inspección de la diputación provincial, á quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales públicos que hayan recaudado é invertido.
Del Gobierno político de las provincias, y de
El gobierno político de las provincias residirá en el gefe superior, nombrado por el Rey en cada una de ellas.
En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el gefe superior.
Se compondrá esta diputación del presidente, del intendente y de siete individuos elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Cortés en los sucesivo varien este número como lo crean conveniente, ó lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva división de provincias de que trata el artículo 11.
La elección de estos individuos se hará por los electores de partido al otro día de haber nombrado los diputados de Córtes, por el mismo órden con que estos se nombran.
Al mismo tiempo y en la misma forma se elegirán tres suplentes para cada diputación.
Para ser individuo de la diputación provincial se requiere ser ciudadano en el exercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco años, natural ó vecino de la provincia con residencia á lo menos de siete años. y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia; y no podrá serlo ninguno de los empleados de nombramiento del Rey, de que trata el artículo 318.
Para que una misma persona pueda ser elegida segunda vez, deberá haber pasado á lo menos el tiempo de quatro años despues de haber cesado en sus funciones.
Quando el gefe superior de la provincia no pudiere presidir la diputación, la presidirá el intentente, y en su defecto el vocal que fuere primer nombrado.
Tendrá la diputación en cada año á lo mas noventa días de sesiones distribuidas en las épocas que mas convenga. En la Península deberán hallarse reunidas las diputaciones para el primero de Marzo, y en ultramar para el primero de Junio.
Tocará á estas diputaciones -
Primero: Intervenir y aprobar el repartimiento hecho á los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido á la provincia.
Segundo: Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos, y examinar sus cuentas, para que con su visto bueno recayga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos.
Tercero: Cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde corresponda los haya, conforme á lo prevenido en el articulo 310.
Cuarto: Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad comun de la provincia, o la reparación de las antiguas, proponer al gobierno los arbitrios que crean mas convenientes para su execución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Córtes.
En ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la resolución de las córtes, podrá la Diputación con expreso asenso del jefe de la provincia usar desde luego de los arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las córtes.
Para la recaudación de los arbitrios la diputación, bajo su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la diputación, se remitirán al Gobierno para que las haga reconocer y glosar, y finalmente las pase á las Córtes para su aprobación.
Quinto: Promover la educación de la juventud conforme á los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo á los inventores de nuevos descubrimientos en qualquiera de estos ramos.
Sexto: Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas públicas.
Séptimo: Formar el censo y la estadística de las provincias.
Octavo: Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren.
Noveno: Dar parte á las Córtes de las infracciones de la Constitución que se noten en la provincia.
Décimo: Las diputaciones de las provincias de ultramar velarán sobre la economía, órden y progresos de las misiones para la conversión de los indios infieles, cuyos encargados les darán razon de sus operaciones en este ramo, para que se eviten los abusos: todo lo que las diputaciones pondrán en noticia del Gobierno.
Si alguna diputación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender á los vocales que la componen, dando parte á las Córtes de esta disposición y de los motivos de ella para la determinación que corresponda: durante la suspensión entrarán en funciones los suplentes.
Todos los individuos de los ayuntamientos y de las diputaciones de provincia, al entrar en el exercicio de sus funciones prestarán juramento, aquellos en manos de gefe político, donde le hubiere, ó en su defecto del alcalde que fuere primer nombrado, y estos en las del gefe superior de la provincia, de guardar la Constitución política de la Monarquia española, observar las leyes, ser fieles al Rey, y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo.
Las Córtes establecerán ó confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas ó indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se publique su derogación ó la imposición de otras.
Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción á sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.
Las contribuciones serán proporcionadas á los gastos que se decreten por las Córtes para el servicio público en todos los ramos.
Para que las Córtes puedan fixar los gastos en todos los ramos del servicio público, y las contribuciones que deban cubrirlos, el secretario del Despacho de Hacienda las presentará luego que esten reunidas, el presupuesto general de los que se estimen precisos, recogiendo de cada uno de los demás secretarios del Despacho el respectivo á su ramo.
El mismo secretario del Despacho de Hacienda presentará con el presupuesto de gastos el plan de las contribuciones que deban imponerse para llenarlos.
Si al Rey pareciere gravosa ó perjudicial alguna contribución, lo manifestará á las Córtes por el secretario del Despacho de Hacienda, presentando al mismo tiempo la que crea mas conveniente sustituir.
Fixada la quota de la contribución directa, las Córtes aprobarán el repartimiento de ella entre las provincias, á cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente á su riqueza, para lo que el secretario del Despacho de Hacienda presentará tambien los presupuestos necesarios.
Habrá una tesorería general para toda la Nación, á la que tocará disponer de todos los productos de cualquiera renta destinada al servicio del estado.
Habrá en cada provincia una tesorería en la que entrarán todos los caudales que en ella se recauden para el erario público. Estas tesorerías estarán en correspondencia con la general, á cuya disposición tendrán todos sus fondos.
Ningun pago de admitirá en cuenta al tesorero general, si no se hiciere en virtud de decreto del Rey, refrendado por el secretario del Despacho de Hacienda,en el que se expresen el gasto á que se destina su importe, y el decreto de las Córtes con que este se autoriza.
Para que la tesorería general lleve su cuenta con pureza que corresponde el cargo y la data deberán ser intervenidos respectivamente por las contadurías de valores y de distribución de la renta pública.
Una instrucción particular arreglará estas oficinas, de manera que sirvan para los fines de su instituto.
La cuenta de la tesorería general, comprenderá el rendimiento anual de todas las contribuciones y rentas, y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Córtes, se imprimirá, publicará y circulará á las diputaciones de provincia y á los ayuntamientos.
El manejo de la hacienda pública estará siempre independiente de toda otra autoridad que aquella á la que está encomendado.
No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición no tendrá efecto hasta que las Cortés lo determinen.
La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Córtes, y estas pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue, arreglando todo lo concerniente a la dirección de este importante ramo, tanto respecto á los arbitrios que se establecieren, los quales se manejarán con absoluta separación de la tesorería general, como respecto á las oficinas de cuenta y razón.
DE LA FUERZA MILITAR NACIONAL.
Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior del estado y la conservación del órden interior.
Las Córtes fixarán anualmente el número de tropas que fueren necesarias según las circunstancias, y el modo de levantar las que fuere mas conveniente.
Las Córtes fixarán asimismo anualmente el número de buques de la marina militar que han de armarse ó conservarse armados.
Establecerán las Córtes por medio de las respectivas ordenanzas todo lo relativo á la disciplina, órden de ascensos, sueldos, administración y cuanto corresponda á la buena constitución del exército y armada.
Se establecerán escuelas militares para la enseñanza é instrucción de todas las diferentes armas del exército y armada.
Ningun español podrá excusarse del servicio militar, quando y en la forma que fuere llamado por la ley.
Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de cada una de ellas, con proporción á su población y circunstancias.
El servicio de estas milicias no será continuo, y solo tendrá lugar quando las circunstancias lo requieran.
En caso necesario podrá el Rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia ; pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Córtes.
DE LA INSTRUCCIÓN PUBLICA.
En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñara a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprehenderá tambien una breve exposición de las obligaciones civiles.
Asimismo se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción, que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.
El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reyno, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiasticas y políticas.
Habrá una dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida instrucción, á cuyo cargo estará, baxo la autoridad del Gobierno, la inspección de la enseñanza pública.
Las Córtes por medio de planes y estatutos especiales arreglarán quanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública.
Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión ó aprobación alguna anterior a la publicación, baxo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.
DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN, Y
MODO DE PROCEDER PARA HACER VARIACIONES
Las Córtes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución, que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido á ella.
Todo español tiene derecho de representar á las Córtes ó al Rey para reclamar la observancia de la Constitución.
Toda persona que exerza cargo público, civil, militar ó eclesiastico, prestará juramento, al tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar debidamente su encargo.
Hasta pasados ocho años despues de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adicional ni reforma en ninguno de sus artículos.
Para hacer qualquiera alteración, adición ó reforma en la Constitución será necesario que la diputación que haya de decretarla definitivamente, venga autorizada con poderes especiales para este objeto.
Qualquiera proposición de reforma en algun artículo de la Constitución deberá hacerse por escrito, y ser apoyada y firmada á lo menos por veinte diputados.
La proposición de reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de seis días de una á otra lectura; y despues de la tercera se deliberará si ha lugar á admitirla á discusión.
Admitida á discusión, se procederá en ella baxo las mismas formalidades y trámites que se prescriben para la formación de las leyes, despues de los quales se propondrá á la votación si ha lugar á tratarse de nuevo en la siguiente diputación general; y para que así quede declarado, deberán convenir las dos terceras partes de los votos.
La diputación general siguiente, prévias las mismas formalidades en todas sus partes, podrá declarar en qualquiera de los dos años de sus sesiones, conviniendo en ello las dos terceras partes de votos, que ha lugar al otorgamiento de poderes especiales para hacer la reforma.
Hecha esta declaración, se publicará y comunicará á todas las provincias; y segun el tiempo en que se hubiere hecho, determinarán las Córtes si ha de ser la diputación proximamente inmediata ó la siguiente á esta, la que ha de traer los poderes especiales.
Estos serán otorgados por las juntas electorales de provincia, añadiendo á los poderes ordinarios la cláusula siguiente:
-" Asimismo les otorgan poder especial para hacer en la Constitución la reforma de que trata el decreto de las Córtes, cuyo tenor es el siguiente:( aqui el decreto literal ) Todo con arreglo á lo prevenido por la misma Constitución. Y se obligan a reconocer y tener por constitucional lo que en su virtud establecieren".
La reforma propuesta se discutirá de nuevo; y si fuere aprobada por las dos terceras partes de diputados, pasará á ser ley constitucional, y como tal se publicará en las Córtes.
Una diputación presentará al decreto de reforma el Rey, para que le haga publicar y circular á todas las autoridades y pueblos de la Monarquía -Cádiz diez y ocho de Marzo del año de mil ochocientos y doce. -
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References: Artículo 21
 artículo 29
 Artículo 49
 artículo 328
 resolución 
 artículo 111
 artículo 173
 artículo 254
 resolución 
 artículo 11
 artículo 318
 resolución