Source: https://tc.vlex.es/vid/limites-decretos-leyes-nulidad-701270201
Timestamp: 2018-05-25 09:10:24+00:00

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Sentencia nº 152/2017 de Tribunal Constitucional, Pleno, 21 de Diciembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 701270201
Sentencia nº 152/2017 de Tribunal Constitucional, Pleno, 21 de Diciembre de 2017
Interpuestos por el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.
Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal Constitucional el 30 de diciembre de 2014, el Letrado del Parlamento de Cataluña, obrando en representación de la Cámara autonómica, interpuso recurso frente a los artículos 2 y 4.1 y 3 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.
El escrito rector se abre con un epígrafe rubricado “Legitimación de la Generalidad de Cataluña para interponer el presente recurso” y en el que se invoca la interpretación del concepto “propio ámbito de autonomía” del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que se efectúa en las SSTC 199/1987 y 48/2003 . Estas resoluciones conectan la legitimación procesal autonómica con la función de depuración objetiva del ordenamiento. En el presente caso, el Letrado autonómico sostiene que el Real Decreto-ley impugnado afecta a las competencias autonómicas sobre energía y minas [art. 133 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC)], medio ambiente (art. 144 EAC) y defensa de los consumidores y usuarios [art. 123.1 a) EAC]. Todo ello le lleva a concluir la legitimación procesal de la Generalitat de Cataluña para instar este proceso constitucional.
El segundo epígrafe lleva por título “Infracción por el Real Decreto Ley 13/2014 de los límites que recaen sobre las leyes singulares vulnerando los artículos 9.3, 14 y 24.1 CE”. Avanza a este respecto el Letrado autonómico que los motivos esgrimidos en este punto sirven también para poner en cuestión la existencia del presupuesto habilitante del artículo 86.1 CE por falta de necesidad para acudir al decreto-ley para adoptar las medidas tomadas en esta ocasión.
Recuerda que en el constitucionalismo de postguerra la generalidad ya no es nota constitutiva del concepto de ley, habiéndose relativizado la función garantista de esta característica en el seno del Estado social. En España, el debate sobre la ley singular se abrió con la STC 166/1986 , sobre la expropiación ope legis del grupo de empresas RUMASA, que sentó como premisa la legitimidad constitucional de las leyes singulares; legitimidad de principio reiterada en las SSTC 78/2000 y 248/2000 .
La STC 203/2013 distingue tres tipos de leyes singulares: la ley de destinatario único, la ley autoaplicativa y la ley que responde a una singularidad excepcional del supuesto de hecho que regula. En cuanto al primer tipo, el Tribunal viene exigiendo que la ley tenga un ámbito de aplicación constituido por uno o diversos sujetos o entidades determinados (STC 203/2013 , FJ 3); por lo que se refiere al segundo, el Tribunal exige que la ley autoaplicativa justifique su rango por la imposibilidad de alcanzar el mismo objetivo mediante una actuación administrativa del Gobierno (STC 219/2013 , FJ 4). Para el Letrado autonómico el Real Decreto-ley 13/2014 combinaría elementos de estos dos primeros tipos.
, afirma el Letrado parlamentario, “la utilización de una ley singular para resolver una situación que podía ser remediada por los instrumentos normales de que dispone la Administración como es el caso que tratan los artículos 2 y 4 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, determina que los mismos no superen el canon de constitucionalidad que la jurisprudencia constitucional ha señalado como criterio para valorar la validez constitucional de esta clase de leyes, es decir, la razonabilidad, proporcionalidad y adecuación (STC 129/2013 , de 4 de junio, FJ 4). De ello resulta que la ley incurre en la arbitrariedad vedada a los poderes públicos (art. 9.3 CE), incluido el legislador”.
Siguiendo la doctrina de esa misma STC 129/2013 , FJ 4, apunta el Letrado parlamentario la conveniencia de examinar la incidencia del Real Decreto-ley en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). En el caso del artículo 2, al no haberse llevado a cabo la declaración de extinción de la concesión mediante real decreto, no ha sido posible el control judicial de la actuación administrativa. Por lo que respecta al artículo 4, se hubieran podido discutir en la vía contenciosa los criterios de valoración, compensación económica, etc. En particular, señala que la valoración (1.350.729 miles de euros) establecida en el artículo 4.1 no se corresponde necesariamente, o cuando menos no se enumeran los criterios de valoración empleados, con el artículo 14 del Real Decreto 855/2008. En particular, “no se ha acreditado que se haya valorado si concurrían en el supuesto de hecho circunstancias imputables a una posible actuación dolosa o negligente por parte de la empresa concesionaria”. Cita igualmente el Letrado parlamentario la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2013, que desestimó el recurso interpuesto por la Administración General del Estado frente al inciso final de ese mismo artículo 14 reglamentario, resolución en la que el Tribunal indicó que la efectiva percepción por la empresa de la compensación, tanto por el valor neto contable de las instalaciones como por el valor residual, dependerá de las causas que hayan llevado a la extinción de la concesión y de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Esta valoración circunstanciada no ha sido acreditada ni es susceptible de control judicial debido al instrumento normativo utilizado para fijar su cuantía.
El tercer y último epígrafe del recurso lleva por título “El incumplimiento de los requisitos constitucionales del decreto-ley por el Real Decreto-ley 13/2014”, por referencia a la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad.
Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 30 de diciembre de 2014, la Abogada de la Generalitat de Cataluña, actuando en nombre del Gobierno autonómico, interpuso recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de las centrales nucleares, excepto su disposición adicional segunda. Este recurso se ha tramitado con el número 7874-2014.
Comienza la Letrada autonómica recordando los cinco objetivos de la regulación controvertida: declarar la “hibernación” del almacén de gas subterráneo denominado “Castor”, extinguir la concesión por renuncia de su titular (Escal, UGS, S.L.), designar a Enagás como gestora y administradora de la instalación “hibernada”, establecer dos derechos de cobro a favor de Enagás con cargo al sistema gasista y, por último, establecer una regulación transitoria del desempeño de funciones entre Escal y Enagás. De modo que el Real Decreto-ley establece un régimen jurídico singular para la extinción por renuncia de Escal de la explotación del almacén de gas “Castor” que permite excepcionar la Ley del sector de hidrocarburos, la Ley de patrimonio de las Administraciones públicas y el propio título concesional (Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo), imputando los costes de esta inversión fallida al sistema gasista y, por tanto, a los clientes o usuarios del mismo.
Recuerda la Letrada autonómica los antecedentes del Real Decreto-ley impugnado, a los que se hace referencia en el preámbulo de la propia norma de urgencia.
Llegados a este punto, la Letrada autonómica examina “los presupuestos habilitantes y los límites constitucionales del Real Decreto-ley”. Este examen se apoya en la doctrina constitucional y, en particular, en la síntesis que de la misma se contiene en la STC 39/2013 , FJ 5, parcialmente reproducido. Afirma la representación letrada del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que “si se hubiese seguido el procedimiento legislativo ordinario para la adopción de esas medidas [se refiere a las contenidas en el Real Decreto-ley 13/2014], sin duda el ejercicio del derecho de enmienda por los distintos grupos políticos en el Congreso y el Senado y los consiguientes debates parlamentarios hubiesen tenido una amplia repercusión en los medios de comunicación y habrían posiblemente generado una cierta contestación en amplios grupos de población, asociaciones de consumidores, instituciones públicas y privadas, puesto que algunas de las medidas adoptadas en esta norma afectan directamente y en un aspecto muy sensible a los intereses de todos los consumidores de gas, que verán aumentado el importe de sus recibos de gas sin haber podido ejercer ninguna acción judicial. Pero esas consecuencias son el puro sentido del sistema parlamentario de gobierno y del principio democrático sobre el que la Constitución Española ha legitimado el ejercicio de las potestades legislativas. Por ello, el uso del Real Decreto-ley, como en este caso, para aprobar medidas en las que no concurren los presupuestos habilitantes, y eludir su debate en las Cortes, constituye una grave vulneración del derecho fundamental de participación política de los ciudadanos y de sus representantes en las Cámaras”.
A renglón seguido expone la “doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance y límites de las leyes singulares y autoaplicativas”. Recuerda, al respecto, la definición que de las leyes singulares se hiciera en la STC 129/2013 , FJ 4, y los límites a que se sujeta este tipo de normas: a) derivado del principio de igualdad, la exigencia de que la ley responda a una situación excepcional igualmente singular; y b) derivado de la sujeción de la Administración al principio de legalidad, la necesidad de que solo se acuda a esta clase de normas en los casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia, no sean remediables con los instrumentos normales de que dispone esa misma Administración pública. El sometimiento de estas leyes a los cánones propios de los artículos 9.2 y 3 y 14 CE, debe completarse con su supeditación al artículo 24.1 CE, lo que implica “la prohibición tajante de que una ley singular pueda condicionar o impedir el ejercicio de derechos fundamentales que son materia reservada a leyes generales”.
A la luz de la anterior doctrina se examina la constitucionalidad del Real Decreto-ley 13/2014.
Pasa seguidamente la Letrada autonómica a exponer las razones que le llevan a concluir que el Real Decreto-ley controvertido vulnera el artículo 24.1 CE. Esas razones parten de la doctrina sobre la legitimidad de las leyes singulares auto-aplicativas que sentara la STC 129/2013 . Al respecto, la Letrada autonómica sostiene que los afectados por la norma impugnada no pueden instar la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos; algo que tiene especial relevancia si se repara en que es justamente en el momento de extinción de la concesión cuando aparecen los terceros eventualmente perjudicados, que tratan de obtener satisfacción por vía jurisdiccional. Pues bien, es el rango legal de la norma que regula los efectos de la hibernación y extinción de la concesión el que cierra las vías de recurso judicial generando indefensión. Entre los posibles perjudicados se encontrarían los afectados por los seísmos, quienes no pueden siquiera discutir la conversión del “sistema gasista”, que carece de personalidad jurídica, en eventual responsable. A mayor abundamiento, al imputar directamente al sistema gasístico, se carga el coste en todos los consumidores de gas, con independencia de su capacidad económica; además, sostiene la Letrada autonómica que ningún órgano judicial ordinario podrá comprobar si las ayudas concedidas a Escal en el Real Decreto-ley 13/2014 constituyen ayudas de Estado a los efectos del artículo 107.1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
Defiende la Letrada autonómica que los artículos 1 y 2 se han aprobado con infracción del artículo 86.1 CE. En su opinión, no se ha acreditado la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifique la aprobación de las determinaciones sobre hibernación y extinción, como tampoco la conexión de sentido que vincula la hipotética urgencia y las medidas desreguladoras adoptadas en el Real Decreto-ley.
Concluye la Letrada autonómica defendiendo la inconstitucionalidad de la disposición final primera del Real Decreto-ley, en la que se enuncian los títulos competenciales en los que se ampara el Estado para aprobar la norma. Toda vez que esta disposición invoca unas competencias que no pueden dar cobertura a una norma contraria a los artículos 9.2 y 3, 14, 24 y 86 CE, incurre ella misma en inconstitucionalidad.
Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 2 de enero de 2015, doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales y de 97 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, interpuso recurso de inconstitucionalidad frente al Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de las centrales nucleares.
Se refieren los parlamentarios recurrentes, en primer lugar, al “contenido del Real Decreto-ley 13/2014 y su difícil encaje en el marco constitucional”.
Seguidamente exponen los parlamentarios recurrentes la doctrina constitucional acerca de la figura del decreto-ley y su vulneración por el Real Decreto-ley 13/2014. Para los actores, “el Gobierno no ha respetado al dictar el Real Decreto-ley 13/2014 las previsiones que el artículo 86.1 de la Constitución contempla para recurrir a esta forma extraordinaria de legislar”. Reseñan que el decreto-ley hace el número 60 de los aprobados por el Gobierno en la legislatura, lo que demuestra su uso abusivo. El continuo recurso al decreto-ley durante esa Legislatura ha convertido una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar, lo que desvirtúa los fundamentos de la democracia parlamentaria.
En consecuencia: a) no se aportan soluciones de carácter técnico, más allá del establecimiento de la figura de la hibernación, que tiene los mismos efectos que la suspensión ya acordada; b) existía normativa suficiente para articular la respuesta a la renuncia a la concesión presentada por su titular; c) los contenidos del Real Decreto-ley no van más allá de aquello que pudiera haberse recogido en una norma infralegal y d) los únicos contenidos que precisarían de una norma legal solo tienen efecto a partir de 2016, por lo que no mediaba urgencia. Por lo tanto, afirman los parlamentarios recurrentes, “el único motivo de ‘extraordinaria y urgente necesidad’, que puede deducirse, y este extremo no se reconoce de manera expresa en el texto legislativo, de lo pretendido por el Real Decreto-ley 13/2014 parece que puede ser el de evitar la ejecución de una aval que debía pagarse, según el contrato con los bonistas acreedores … si la planta no entraba en funcionamiento en noviembre de este año. En este caso, con lo establecido en el decreto-ley, que crea la figura de la hibernación y la fijación de la cuantía de la indemnización que puede evitar una discusión judicial sobre la misma y la fijación del plazo de pago en 35 días —antes de que finalizase noviembre— se resolvía el problema.” Se rechaza asimismo la concurrencia del requisito de la imprevisibilidad de la situación (SSTC 6/1983 , 29/1986 y 68/2007 ).
Pasan seguidamente a exponer los parlamentarios recurrentes los motivos que les llevan a defender que se han vulnerado los límites constitucionales de la ley singular así como de los derechos fundamentales del título I de la Constitución, en particular el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Dan cuenta de la doctrina constitucional sobre las leyes singulares, con especial atención a las SSTC 166/1986 , 129/2013 y 203/2013 . Particularmente, estas dos últimas resoluciones identifican unos límites constitucionales de las leyes singulares, que el Real Decreto-ley 13/2014 no habría respetado. Reprochan al Gobierno haber renunciado a imputar al concesionario cualquier responsabilidad por lo sucedido en el almacenamiento y puesta en servicio de la actividad; también, la aprobación de una norma con rango de ley que puede provocar indefensión de los ciudadanos y consumidores; lo mismo sucede con el reconocimiento a Escal UGS, S.L., de la cuantía íntegra de las inversiones auditadas sin cuantificar los deterioros o defectos. Para los diputados recurrentes, con esta decisión se están menoscabando gravemente los derechos de los ciudadanos respecto del medio ambiente. Esta forma de proceder excluye el riesgo del concesionario y lo traslada a la esfera pública. Añaden que se ha descartado la financiación mediante la emisión de deuda pública, optándose por el acceso a los mercados, lo que representa un sobrecoste para los usuarios del sistema gasista, sin que se sepa muy bien el coste de la hibernación y del mantenimiento por Enagás, así como los derivados de los estudios adicionales y del eventual desmantelamiento de la instalación. Incluso la asignación directa —soslayando la atribución en un procedimiento de concurrencia competitiva— a Enagás de la hibernación y mantenimiento supondrá un mayor coste al tratarse de actividades que “con total seguridad, Enagás subcontratará en el mercado a empresas de ingeniería especializadas”.
Tras recordar los antecedentes del decreto-ley controvertido, expone la doctrina constitucional sobre este tipo de normas de urgencia, haciendo hincapié en los siguientes extremos: el peso que en la apreciación de la concurrencia habilitante se reconoce “al juicio puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del Estado”; el control externo que debe ejercer el Tribunal Constitucional, a quien no corresponde sustituir el juicio político o de oportunidad del Gobierno; la necesidad de valorar la concurrencia del presupuesto habilitante a partir de la concurrencia de una pluralidad de elementos y la exigencia de una conexión de sentido entre el presupuesto habilitante y las medidas adoptadas para hacer frente a la situación de extraordinaria y urgente necesidad.
A continuación, expone la doctrina constitucional sobre la ley singular, con especial atención al fundamento jurídico 4 de la STC 203/2013 , que, a su vez, recuerda el contenido de la STC 129/2013 . Examinado el Real Decreto-ley a la luz de esa doctrina, comienza señalando el Abogado del Estado que el supuesto de hecho es “notoriamente excepcional y singular, no creado, ideado o configurado arbitraria o caprichosamente por el Gobierno, sino súbito, sobrevenido, inesperado, incontrolado o incierto. Tiene origen en un hecho natural, que como tal es incontrolable e imprevisible, no en un supuesto de hecho creado por el Gobierno. Tan excepcional y singular es la situación regulada… que es la primera vez que acontecen accidentes sísmicos con hipotético origen en un almacén de gas, y es la primera vez que se acuerda la hibernación de una instalación para garantizar la seguridad de las personas, bienes y medio ambiente”. Esta situación habría recibido, siempre en opinión del Abogado del Estado, una “respuesta razonable, proporcionada y adecuada”.
Mediante nuevo proveído de 20 de febrero de 2015, el Pleno acordó oír al Parlamento y al Gobierno de Cataluña, así como a la Procuradora doña Virginia Aragón Segura, en representación de más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y al Abogado del Estado para que, en el plazo de diez días, alegaran lo que estimaran pertinente acerca de la acumulación de los recursos de inconstitucionalidad 7874-2014 y 21-2015 al tramitado con el número 7848-2014. Evacuado el trámite conferido, se dictó el ATC 68/2015 , de 14 de abril, por el que se acordó la acumulación.
Por providencia de 19 de diciembre de 2017 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año.
Según resulta de los antecedentes, procede resolver en unidad de acto los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso frente al Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.
Asiste la razón al Abogado del Estado cuando recuerda la trascendencia que reviste la carga de alegar y probar que pesa sobre quien postula la declaración de inconstitucionalidad de una norma y las consecuencias generales que habrían de derivarse de su desatención. Como tempranamente dijera este Tribunal, “cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico, es carga de los recurrentes no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia del Tribunal en un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan. Es justo, por ello, hablar, como lo hace el Abogado del Estado, de una carga del recurrente y en los casos en que aquella no se observe, de una falta de la diligencia procesalmente exigible, que es la diligencia de ofrecer la fundamentación que razonablemente es de esperar” (STC 11/1981 , de 8 de abril, FJ 8). Más recientemente, y recogiendo la doctrina constante al respecto, la STC 139/2016 , de 1 de julio, FJ 2, ha insistido en que “constituye una carga de los recurrentes ‘[no] sólo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida’ por la concurrencia de la presunción de constitucionalidad”.
El preámbulo del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, impugnado en los procesos constitucionales que aquí se resuelven conjuntamente, se abre con la aseveración de que “el almacenamiento subterráneo de gas natural ‘Castor’, situado en el subsuelo del mar a 21 km aproximadamente de la costa, es una infraestructura singular en la que concurren una serie de circunstancias que requieren de una solución integral que, con carácter inmediato y urgente, habilite un marco normativo que consolide la primacía del interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno del almacenamiento.” Como ya hemos tenido ocasión de recordar, en esa misma parte expositiva del texto normativo se indica que “el presente real decreto-ley se justifica por la extraordinaria y urgente necesidad de atender a la compleja situación técnica existente en la instalación, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular.”
Los actores en los tres procesos de inconstitucionalidad que aquí se resuelven conjuntamente dirigen dos grandes reproches contra el Real Decreto-ley 13/2014: (I) apuntan la contravención de los límites impuestos por el artículo 86.1 CE a los decretos-leyes al no concurrir el presupuesto habilitante exigido por la Constitución Española consistente en una situación de extraordinaria y urgente necesidad que legitimaría el recurso a la legislación de urgencia; (II) sostienen que nos hallamos en presencia de una norma con rango de ley singular y autoaplicativa que no satisface los requisitos identificados por la doctrina de este Tribunal a fin de que el eventual recurso a este tipo de leyes singulares no merme la efectividad del derecho fundamental a la tutela judicial garantizado por el artículo 24.1 CE.
Además de los dos motivos que se acaban de exponer, en el recurso de inconstitucionalidad 21-2015 se aduce también la vulneración del artículo 23 CE, en relación con el artículo 86.2 CE. Los parlamentarios recurrentes sostienen que, dada la complejidad técnica del Real Decreto-ley impugnado, la limitación de las facultades de examen, deliberación y enmienda de los diputados y grupos parlamentarios que conlleva el procedimiento de convalidación de este tipo de norma, ha impedido que los parlamentarios puedan disponer de los informes técnicos necesarios para poder formar adecuadamente su voluntad. Este motivo no puede prosperar. Ni el artículo 86.1 CE prohíbe que pueda utilizarse este tipo de normas para regular materias técnicamente complejas, ni, por otra parte, los recurrentes han acreditado —ni siquiera han argumentado— que en este caso en el procedimiento de convalidación del Real Decreto-ley impugnado se haya incurrido en vicios de procedimiento que, por prescindir de trámites establecidos en garantía del ius in officium de los parlamentarios, puedan haber impedido que la Cámara haya formado adecuadamente su voluntad (STC 114/2017 , de 17 de octubre, FJ 6, entre otras muchas).
I) En la sistematización de la doctrina constitucional elaborada en relación con el presupuesto que habilita al Gobierno la aprobación de normas con rango de ley provisionales, conviene partir de la premisa, sentada desde la temprana STC 29/1982 , de 31 de mayo, de que la posibilidad de que el Gobierno dicte decretos-leyes cuando concurran situaciones de extraordinaria y urgente necesidad “se configura … como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y, en consecuencia, está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman” (FJ 9). Como igualmente se advirtiera en esa misma resolución y pasaje, el primero de dichos requisitos hace referencia a “la exigencia de que el Decreto-Ley se dicte exclusivamente para afrontar una situación de extraordinaria y urgente necesidad”.
Con relación a este presupuesto habilitante, el Tribunal Constitucional tiene dicho que los términos “extraordinaria y urgente necesidad” no constituyen “en modo alguno ‘una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes’, razón por la cual, este Tribunal puede, ‘en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada’ como de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habilitante’ (SSTC 100/2012 , de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012 , de 13 de diciembre, FJ 4, y 39/2013 , de 14 de febrero, FJ 5, entre otras).” (STC 12/2015 , de 5 de febrero, FJ 3).
En esa misma Sentencia de 5 de febrero de 2015 se afirma cómo, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada de este Tribunal, “la apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley). El Tribunal controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente razonable, pero ‘el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales Decretos-Leyes’ (SSTC 332/2005 , de 15 de diciembre, FJ 5, y 1/2012 , de 13 de enero, FJ 6), por lo que la fiscalización de este Órgano constitucional es ‘un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno’ (STC 182/1997 , de 28 de octubre, FJ 3).” ( loc. cit ). Ese control externo se concreta en la comprobación de que el Gobierno ha definido, de manera “explícita y razonada”, una situación de extraordinaria y urgente necesidad (STC 137/2011 , de 14 de diciembre, FJ 4), que precise de una respuesta normativa con rango de ley, y, además, que exista una conexión de sentido entre la situación definida y las medidas adoptadas para hacerle frente (por todas, SSTC 29/1982 , FJ 3, y 70/2016 , de 14 de abril, FJ 4), de manera que estas “guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar” (STC 182/1997 , FJ 3).
Con respecto al primero de estos aspectos —la definición de la situación de urgencia—, de acuerdo con la STC 12/2015 , debemos reiterar que “nuestra doctrina ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar que el examen de la concurrencia del citado presupuesto habilitante de la ‘extraordinaria y urgente necesidad’ siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982 , de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997 , de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002 , de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003 , de 3 de julio, FJ 3).” (FJ 3).
Por lo que atañe al segundo —la conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación de urgente necesidad definida y las medidas adoptadas para hacerle frente—, este Tribunal ha hecho uso de un doble criterio “para valorar su existencia: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, ya en la STC 29/1982 , de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones ‘que, por su contenido y de manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente, aquéllas que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente’ (STC 39/2013 , de 14 de febrero, FJ 9).” (STC 12/2015 , FJ 3).
En definitiva, nuestra Constitución se ha decantado por una regulación de los decretos-leyes flexible y matizada que, en lo que ahora estrictamente interesa, se traduce en que “la necesidad justificadora de los decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes” (STC 6/1983 , de 4 de febrero, FJ 5; más recientemente, en términos sustancialmente idénticos SSTC 137/2011 , FJ 4, y 183/2016 , de 13 de noviembre, FJ 2).
II) La doctrina constitucional sobre las leyes singulares ha quedado recientemente sintetizada en la STC 170/2016 , de 6 de octubre, en los siguientes términos.
Reiterando los términos de las SSTC 203/2013 , de 5 de diciembre, y 50/2015 , de 5 de marzo, en la Sentencia de 6 de octubre de 2016 se diferencian dos modalidades de leyes singulares: “En primer lugar, las leyes autoaplicativas entendidas como ‘las leyes que contienen una actividad, típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto’ (STC 203/2013 , FJ 3, por referencia a los supuestos contemplados en las SSTC 48/2005 , de 3 de marzo, sobre la ampliación de la sede del Parlamento de Canarias, y 129/2013 , sobre el ‘caso Santovenia de Pisuerga’); o también como ‘aquellas que no requieren del dictado de un acto administrativo de aplicación’, por lo que los interesados ‘sólo pueden solicitar del Juez el planteamiento de la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional’ [STC 129/2013 , FJ 6 a)]. El canon de constitucionalidad aplicable a este tipo de leyes es el elaborado en la STC 129/2013 (FJ 4), y sistematizado en la STC 231/2015 (FJ 3). En dichas Sentencias afirmamos que ‘las leyes singulares no constituyen un ejercicio normal de la potestad legislativa’ y, en consecuencia, ‘están sujetas a una serie de límites contenidos en la propia Constitución’, entre los que se encuentran el principio de igualdad; su restricción ‘a aquellos casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son remediables por los instrumentos normales de que dispone la Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad, ni por los instrumentos normativos ordinarios’; así como ‘la prohibición de condicionamiento del ejercicio de los derechos fundamentales, materia reservada a leyes generales’. Además las leyes autoaplicativas, expropiatorias o no, ‘deben confrontarse con la garantía de la tutela judicial establecida en el artículo 24.1 CE, pues aunque las leyes autoaplicativas expropiatorias ostentan la peculiaridad de ir dirigidas directamente a la privación de un derecho constitucional, las autoaplicativas no expropiatorias son también susceptibles de lesionar derechos e intereses legítimos. En consecuencia, como el artículo 24.1 CE protege todos los derechos e intereses legítimos que reconoce el ordenamiento jurídico y no sólo aquellos expresamente consagrados por la Constitución, el canon de constitucionalidad del artículo 24.1 CE debe necesariamente operar cuando la ley singular que encierra una actividad materialmente administrativa de aplicación de la norma al caso concreto, afecte a los derechos o intereses legítimos a los que el precepto constitucional antes citado presta cobertura (STC 129/2013 , FJ 4)’ (STC 213/2015 , FJ 3).” (FJ 4, comillas internas parcialmente suprimidas).
Junto con estas, existen también las “leyes singulares no autoaplicativas”, “que, a su vez, comprenden dos categorías, las de ‘destinatario único’ o de ‘de estructura singular en atención a los destinatarios a los que va dirigida’ (STC 203/2013 , FJ 3, por referencia a la ya citada STC 166/1986 ) y las dictadas ‘en atención a un supuesto de hecho concreto, esto es, a una situación singular o excepcional’ (STC 203/2013 , FJ 3); en otras palabras ‘[a]quellas dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, aislado en la Ley singular y no comunicable con ningún otro (STC 166/1986 , de 19 de diciembre, FJ 10), de modo que una ley que no fuera de destinatario único, ni autoaplicativa, adolece de tal naturaleza si ha sido dictada en atención a un supuesto de hecho concreto, esto es, a una situación singular o excepcional’ (STC 129/2013 , FJ 4). En el caso de esta segunda tipología de leyes singulares no autoaplicativas, según declara la STC 129/2013 , ‘el canon de constitucionalidad que debe utilizar este Tribunal al ejercer su función de control de este tipo de leyes es el de la razonabilidad, proporcionalidad y adecuación’ (FJ 4); triple canon ‘que habrá de superar cualquier ley singular para que pueda considerarse constitucional’ (STC 203/2013 , FJ 4). Este Tribunal habrá de comprobar ‘si la excepcionalidad del supuesto de hecho contemplado tiene una justificación objetiva —en caso contrario la ley sería arbitraria— y, si es así, si la utilización de la ley es una medida proporcionada a la excepcionalidad que ha justificado su aprobación’ (SSTC 203/2013 , FJ 5; 50/2015 , FJ 5, y 231/2015 , FJ 3). Y como ya hemos declarado, ‘para comprobar si una determinada actuación de los poderes públicos supera el principio de proporcionalidad es necesario constatar si cumple las tres condiciones siguientes: a) si la medida es idónea o adecuada para alcanzar el fin constitucionalmente legítimo perseguido por ella (juicio de idoneidad); b) si la medida idónea o adecuada es, además, necesaria, en el sentido de que no exista otra medida menos lesiva para la consecución de tal fin con igual eficacia (juicio de necesidad); y, c) si la medida idónea y menos lesiva resulta ponderada o equilibrada, por derivarse de su aplicación más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) (por todas, la STC 70/2002 , de 3 de abril, FJ 10, en relación con el control de la actuación administrativa, y STC 55/1996 , de 28 de marzo, FFJJ 6, 7, 8 y 9, con respecto a la supervisión de la actividad legislativa)’ (STC 48/2005 , FJ 7). A esto debe añadirse que en el caso de las leyes singulares de supuesto de hecho concreto ha de valorarse su incidencia ‘de forma directa, aunque no necesariamente ilegítima, en el derecho a la tutela judicial efectiva’, en cuanto pueda ‘impedir el acceso al control judicial de derechos e intereses legítimos afectados y eliminar la posibilidad de un control judicial de la misma intensidad que hubieran podido realizar los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa’ (STC 203/2013 , FFJJ 3 y 8).” ( loc. cit ).
Exponemos seguidamente las razones que, para acreditar la concurrencia del presupuesto habilitante legitimador de su aprobación, se esgrimen en el preámbulo del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, así como las que fueron aducidas en el curso del debate parlamentario de convalidación celebrado por el Pleno del Congreso de los Diputados el día 16 de octubre de 2016 (debate que se transcribe en la publicación “Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados”, Pleno y Diputación permanente, X Legislatura, núm. 230 del año 2014).
Como ya se ha reseñado con anterioridad, en el preámbulo del Real Decreto-ley impugnado se consigna que su aprobación “se justifica por la extraordinaria y urgente necesidad de atender a la compleja situación técnica existente en la instalación, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular”.
Como ya hemos dicho, el debate de convalidación del Decreto-ley se celebró el 16 de octubre de 2014. Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el Ministro de Industria, Energía y Turismo calificó al contenido de la norma como un conjunto de “medidas urgentes tomadas para garantizar la seguridad de las personas, de los bienes, del medio ambiente respecto al almacenamiento subterráneo de gas conocido como Castor”. Por otro lado, y tras referir los acontecimientos que se habían sucedido en la instalación afectada por el Decreto-ley, presentó el contenido de este aludiendo, en un primer momento, a cuatro aspectos: “En primer término, fija la hibernación de las instalaciones; hibernación durante el tiempo necesario para seguir recabando informes técnicos, más allá de los que ya han sido elaborados por el Instituto Geológico Minero y el Instituto Geográfico Nacional y, por tanto, disponer de informes más completos que permitan adoptar a la postre una decisión en consecuencia, si cerrarla definitivamente y proceder al desmantelamiento o bien que continúe si un informe dice que hay plenas garantías de que pueda actuar y se pueda explotar sin que haya riesgo de movimientos sísmicos perceptibles. La segunda cuestión que hace este real decreto-ley es que asigna la administración de la instalación a la empresa Enagás Transporte … En tercer lugar, este real decreto-ley reintegra al dominio público el derecho de uso de la estructura geológica del almacenamiento subterráneo ... En cuarto término, este real decreto-ley establece una clara cláusula de exigencia de futuras responsabilidades a Escal que en su caso le sean exigibles, o bien por vicios y defectos en la construcción o bien por acciones u omisiones de todo tipo durante el periodo de vigencia de la concesión.”
Otra de las medidas que incluye este real decreto-ley consiste en la asignación de la administración de estas instalaciones a la empresa Enagás Transporte, con fecha 1 de diciembre de este año 2014, y hasta ese momento, o sea, desde ahora mismo y hasta el 1 de diciembre del año 2014, es Escal, el actual concesionario, quien será plenamente responsable del mantenimiento y de la operatividad en condiciones de transparencia y del mínimo coste. Otra medida más es que este real decreto-ley reconoce las inversiones y costes en los que haya incurrido Escal, de acuerdo a lo que establece el real decreto de concesión del año 2011, y establece la compensación en virtud del valor auditado —1.350,7 millones de euros— como inversión realizada —insisto, valor auditado—, y será abonado por Enagás Transporte, quien va a ocuparse del mantenimiento, directamente al concesionario, Escal UGS S.L. A cambio, Enagás, que paga 1.350,7 millones de euros, obtiene un derecho de cobro del sistema gasista durante treinta años a partir del año 2016 en anualidades constantes cada año.
El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante, en los términos definidos por la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia en el fundamento jurídico 3 de esta resolución, debe hacerse tratando por separado los dos capítulos que integran el Real Decreto-ley 13/2014. El primero de ellos lleva por rúbrica “Hibernación de las instalaciones” y pese al uso del plural, el único precepto que lo integra (artículo 1), regula la “hibernación de la instalación”, según reza su antetítulo. El segundo —“Extinción de la concesión y efectos”— está compuesto por los artículos 2 a 6 (estos preceptos cuentan con los siguientes títulos “Extinción de la concesión ‘Castor’”, “Asignación de la administración de las instalaciones”, “Reconocimiento de inversiones y costes a Escal USG, S.L.”, “Derechos de cobro con cargo al sistema gasista” y “Pago de los costes a Enagás Transporte, S.A.U.”, respectivamente) y concuerdan en contenido con las disposiciones adicional primera (“Cálculos previstos en este real decreto-ley”) y transitorias primera y segunda (“Plan de costes para el ejercicio 2015” y “Desempeño transitorio de funciones”). Dedicaremos este fundamento jurídico al examen del primero de los bloques y consagraremos el siguiente fundamento jurídico al estudio de la constitucionalidad de las previsiones relativas a la extinción de la concesión y sus efectos.
Partiendo de estas premisas, debemos concluir que la adopción de la decisión de hibernación de la instalación de almacenamiento subterráneo “Castor” ha sido adoptada respetando la definición constitucional de la figura del decreto-ley, toda vez que la norma de urgencia aquí controvertida ha sido aprobada para hacer frente a una situación “que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes” (STC 183/2016 , FJ 2, ya citada con anterioridad). En efecto, se trata de una medida con la que se pretende conjurar los riesgos que, para personas, bienes y especialmente el medio ambiente, pudiera generar la existencia de una instalación de almacenamiento de gas sita bajo las aguas del mar Mediterráneo, en especial si esta instalación quedara desatendida o se mantuviera la sola suspensión de actividades administrativamente acordada. Tanto en el preámbulo del Real Decreto-ley 13/2014 como en el discurso pronunciado por el Ministro de Industria, Energía y Turismo durante el debate parlamentario de convalidación, se aducen razones bastantes en defensa de la concurrencia de esa situación y de la necesidad de hacerle frente dictando la norma de urgencia que nos ocupa.
El capítulo segundo, “Extinción de la concesión y sus efectos”, está formado por los artículos 2 a 6. En estos preceptos cabe diferenciar básicamente dos tipos de contenidos: por un lado, la declaración de extinción de la concesión “Castor” (art. 2) y la asignación de la administración de las instalaciones, en tanto se prolongue su hibernación, a Enagás Transporte, S.A.U. (art. 3); por otro, el reconocimiento de una compensación a Escal UGS, S.L., por valor de 1.350.729 miles de euros, a abonar “en el plazo máximo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, por la sociedad Enagás Transporte, S.A.U.” (art. 4) y de un correlativo derecho de cobro de esta sociedad frente al sistema gasista por el importe de la compensación antes señalada (art. 5) y en compensación por las actividades que le vienen asignadas en calidad de administradora de la instalación (art. 6).
Los distintos recurrentes reprochan a estos preceptos haber acordado la extinción de la concesión de la instalación de almacenamiento prescindiendo del régimen jurídico general en la materia que estaría integrado, fundamentalmente, por el artículo 34 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y normativa concordante. El establecimiento de este régimen jurídico singular se habría llevado a cabo, a su juicio, sin que mediaran razones de extraordinaria y urgente necesidad habilitantes de la aprobación de un real decreto-ley, y de modo tal que la norma que lo contiene, según afirman, se presenta con toda evidencia como una ley singular autoaplicativa que no satisface las exigencias de la doctrina sintetizada en las SSTC 129/2013 y 170/2016 , que hemos tenido ocasión de recordar en el fundamento jurídico 3 II). El Abogado del Estado defiende la constitucionalidad de los preceptos que ahora nos ocupan subrayando que con su aprobación se trataba de dar una respuesta conjunta a una situación extraordinaria sobrevenida, como fueron los movimientos sísmicos acaecidos en las inmediaciones de la instalación de almacenamiento “Castor”. En sus propias palabras, resulta “adecuada y razonable la utilización de un solo instrumento normativo capaz de resolver armónicamente todas las cuestiones de variada índole que planteó el almacén, frente a la posible utilización de una combinación sucesiva en el tiempo de actos administrativos, normas reglamentarias y normas legales … la necesidad de adoptar una solución integral requería la adopción de una norma con rango legal”. A esta solución integral también se hace referencia en el primer párrafo del Real Decreto-ley impugnado. A ello añade otras dos razones: el ahorro económico que se habría logrado con la fórmula adoptada en el Real Decreto-ley, una fórmula que evita el cómputo de los costes en la contabilidad nacional, y, en íntima conexión con este argumento, la necesidad que existía de aprobar una norma con rango de ley para hacer recaer los costes de la operación sobre el sistema gasista, habida cuenta de la reserva de ley introducida por el artículo 59.4 f) del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
La extinción de la concesión se concreta en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley en los siguientes términos:
Se extingue la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural denominado ‘Castor’, otorgada por Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por la causa prevista en el artículo 34.1 apartado c) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y a los efectos del artículo 14 de dicho real decreto, de acuerdo con las condiciones particulares que se determinan en el presente real decreto-ley.
Distinta conclusión ha de alcanzarse respecto de las previsiones que el Real Decreto-ley contiene en relación con la compensación a la concesionaria renunciante por la mercantil a la que se asigna la administración de las instalaciones y el reconocimiento, en favor de esta, de unos concretos derechos de cobro frente al sistema gasista. El artículo 14 del Real Decreto 855/2008, título concesional de la instalación, prevé las siguientes consecuencias de la extinción de la concesión:
En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán al Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares, en coherencia con lo establecido en el artículo 92.1 a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen operativas. Lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria.
Se reconoce como valor neto de la inversión a que hace referencia el apartado 3 del artículo 5 de la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica, la suma de 1.350.729 miles de euros (un millón trescientos cincuenta mil setecientos veintinueve miles de euros).
Dicho esto, habremos de precisar que no se ha aducido ninguna razón, distinta de la ya señalada y rechazada conveniencia de una solución integral en texto único, que acredite la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente dictando un decreto-ley, y que justificara la aprobación de la norma de urgencia que nos ocupa con el contenido ahora enjuiciado. Al margen de cualesquiera otras consideraciones que pudieran merecer estos argumentos invocados por el Abogado del Estado, ni el eventual ahorro económico para el sistema gasista ni el hecho de que esta operación de crédito contra el mismo no se compute en términos de contabilidad nacional, representan auténticas razones de urgencia a los efectos del artículo 86.1 CE. Parafraseando lo que hemos dicho en las recientes SSTC 126/2016 , de 7 de julio, FJ 6, y 169/2016 , de 6 de octubre, FJ 2, en relación con la utilización del decreto-ley como instrumento de habilitación de créditos, entonces para la adquisición de equipamiento militar, el ahorro o ventaja económica que pueda derivarse de una terminada operación no es “argumento válido para justificar la situación de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ requerida en el artículo 86 CE, si no va acompañado de una justificación adicional” que explicite, podemos añadir ahora, las razones por las cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el recurso al procedimiento legislativo ordinario o de urgencia.
Lo expuesto conduce a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 4 a 6 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, declaración que ha de extenderse al artículo 2.2 y a las disposiciones adicional primera (“Cálculos previstos en este real decreto-ley”) y a la transitoria primera (“Plan de costes para el ejercicio 2015”) en la medida en que complementan la regulación establecida en los artículos antes citados. Como ya se ha indicado, estos preceptos legales transgreden los límites establecidos, en particular respecto de la existencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas para hacerle frente, en el artículo 86.1 CE. Depurado el Real Decreto-ley en los términos ahora consignados, no es preciso extender la declaración de inconstitucionalidad y nulidad a la disposición derogatoria única, ni a la disposición transitoria segunda (“Desempeño transitorio de funciones”, que trae causa de la sustitución del responsable de la instalación hibernada) y a las tres disposiciones finales que conforman la norma de urgencia.
Estimar parcialmente los recursos de inconstitucionalidad 7848-2014, 7874-2014 y 21-2015, interpuestos, respectivamente, por el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares y, en su consecuencia, declarar inconstitucionales y nulos los artículos 4 a 6, así como el artículo 2.2, la disposición adicional primera y la disposición transitoria primera del citado Real Decreto-ley.
Desestimar los mencionados recursos de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Sentencia nº 387/2018 de TS, Sala 4ª, de lo Social, 11 de Abril de 2018

References: artículo 33
 Real Decreto 
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 14
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 artículo 14
 resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 107
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 86
 artículo 86
 resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 real decreto 
 artículo 34
 artículo 59
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 34
 artículo 14
 artículo 14
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 artículo 92
 artículo 5
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 86
 artículo 2