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Timestamp: 2017-12-13 20:52:29+00:00

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El Rincón de Ápices
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) y por el CERMI Comunidad de Madrid contra Metro de Madrid por inacción administrativa para dar cumplimiento a obligaciones normativas estatales en materia de accesibilidad universal.
La Sección Octava de Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha comunicado al CERMI la resolución por la que se procede a la admisión del recurso y ordena a Metro de Madrid a presentar en el plazo de 20 días el expediente administrativo y todos los antecedentes relativos a actuaciones sobre accesibilidad.
El pasado mes de diciembre la representación cívica de la discapacidad española y madrileña presentó recurso ante el TSJ contra la inactividad por parte de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y la Empresa Pública Metro de Madrid, en el cumplimiento legal de los plazos establecidos en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad (art. 7 en relación Anexo IV y VI).
Metro de Madrid no ha actuado dentro del plazo legal fijado en la normativa estatal para dotar de accesibilidad a su red de estaciones, habiéndose comprobado incumplimientos desde 2011 y 2014, en los que una serie de estaciones que no reunían condiciones de accesibilidad tendrían que haberse convertido en accesibles, de acuerdo con la progresividad temporal de la regulación básica del Estado.
La demanda del CERMI es la primera que por razón de inacción administrativa en relación con la accesibilidad va a ser enjuiciada por un Tribunal, por lo que el proceso podría sentar un precedente relevante en la protección efectiva de los derechos de las personas con discapacidad.
La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a Televisión Española, a la productora del programa ‘Entre todos’ (Proamagna) y a su director, Nicolás Díaz Bustos, a indemnizar con 15.000 euros a un menor con discapacidad al que utilizó en la emisión de este programa del 21 de octubre de 2013 por los daños y perjuicios ocasionados al considerar que se vulneraron los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar.
El programa, conducido por la presentadora Toñi Moreno, trataba de casos de personas que pasan por dificultades económicas para los que se solicitaba ayuda financiera en directo a su audiencia. Se emitió desde el 26 de agosto de 2013 hasta que fue retirado de la parrilla el 27 de junio de 2014, en medio de fuertes críticas de diversos colectivos sociales.
La sentencia, del pasado 10 de diciembre, revisa un fallo anterior del juzgado número 6 de primera instancia de Tarragona que aunque condenó a TVE y a la productora a retirar cualquier vídeo del programa por considerar probado que se vulneró el derecho a la intimidad y la propia imagen del menor, desestimó la petición de indemnización que solicitaba la Fiscalía. El juez argumentó que, tras un informe pericial de tres sicólogos, se había constatado que el niño no presenta actualmente “sintomatología reactiva” derivada del impacto de ver aquel programa.
La Audiencia no comparte este razonamiento puesto que al reconocer que se ha producido “una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen y en el derecho a la intimidad personal y familiar del menor, la ley presume la existencia de un perjuicio el cual debe ser indemnizado”.
El nuevo fallo, tras precisar que el programa se emitió en horario de tarde, a partir de las 16 horas, en la cadena pública nacional TVE y registró una cuota de pantalla del 8,1%, señala que “la lesión efectivamente producida en el menor con dicha intromisión ilegitima debe calificarse de grave, no sólo por el medio de difusión nacional en que se realice, sino también por los datos revelados del menor identificado, y por el cariz morboso dada a la información en numerosos momentos con revelación de aspectos innecesarios para la finalidad pretendida por el programa”.
Entre esos detalles escabrosos que aparecieron en la emisión están la esquizofrenia de la madre y el intento de la misma de asfixiarlo con una almohada mientras estaba jugando; la retirada de la custodia el miedo que tiene el niño a la misma y la discapacidad del menor y los cuidados que precisaba.
La Audiencia desestima los recursos de TVE y la productora contra la sentencia del juzgado de primera instancia, y confirma la condena de retirada del vídeo del programa. La productora Proamagna produce actualmente el programa de entrevistas que dirige Bertín Osborne ‘En la tuya o en la mía’.
El Ministerio Fiscal planteó la demanda contra TVE y la productora de ‘Entre todos’ a petición del CERMI en el marco del convenio entre al Fiscalía General del Estado y esta entidad social para la defensa de la imagen social de los menores con discapacidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha lamentado la dejación de la dirección general de Tráfico y del Ministerio del Interior que no han sido capaces durante esta Legislatura de aprobar la modificación del Reglamento General de Circulación en la que se hubiera impedido la instalación de carriles-bici en las aceras de las ciudades y pueblos.
La normativa vigente deja a decisión de las corporaciones locales la instalación de carriles-bici en las aceras de las vías urbanas, facultad que muchos ayuntamientos han usado para permitir estos circuitos, desoyendo las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad y mayores, que han venido reclamando una regulación que priorice a los peatones más vulnerables, sin perjudicar la movilidad sostenible, que en todo caso ha de tener garantizado su desarrollo mediante carriles-bici en las calzadas, sin necesidad de ocupar las aceras.
En la reforma del Reglamento General de Circulación que el Gobierno tendría que haber aprobado y que finalmente no se ha materializado, por la renuncia de Interior a llevarla a efecto, tras largos y tortuosos meses de tramitación, debería haber aparecido en normativa estatal la prohibición de usar las aceras como vías habilitadas para la instalación de los carriles-bici, sin posibilidad de decisión municipal.
El movimiento de la discapacidad espera del nuevo Gobierno un compromiso real con los derechos preferenciales de los peatones más vulnerables que se traduzca en una regulación que sin menoscabar la movilidad sostenible garantice la libertad y la seguridad de los desplazamientos de las personas con discapacidad y mayores.
Un 50% más en el caso de fallecimiento y las amas de casa serán beneficiarias. Las víctimas de accidentes de circulación contarán desde este mes con un nuevo baremo de indemnizaciones, que supone un incremento medio de un 50% en las compensaciones por fallecimiento y un 35% para las secuelas permanentes, pero un descenso del 2% para las lesiones temporales.
Esto será posible al entrar en vigor la Ley de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, consensuada tras un trabajo de cuatro años entre las asociaciones de víctimas (Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y Stop Accidentes), de personas con discapacidad (Cermi, Fedace, Aspaym y Aesleme) y las aseguradoras, así como instituciones públicas como la Fiscalía de Seguridad Vial, y fue aprobada por unanimidad en el Senado.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló en la tramitación parlamentaria de la ley, que actualiza una norma de 1995, que los objetivos principales del texto son incrementar la protección a los afectados con “una indemnización suficiente”, mejorar el tratamiento resarcitorio, establecer “un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad”, y agilizar la resolución de los casos”.
Puso dos ejemplos de lo que supondrá el nuevo baremo. Uno de ellos es que la indemnización por el fallecimiento de un padre de familia de 40 años con unos ingresos netos de 38.000 euros que deja viuda de 30 años e hijos de 3, 6 y 12 años pasa de los actuales 335.000 a los 670.000 euros. Y la de una médico con una renta superior a 60.000 euros anuales que sufre la amputación de una pierna sería de un máximo de 750.000 euros, incluido el lucro cesante o los futuros gastos sanitarios, por los 350.000 euros de la actualidad.
Para conocer la cuantía que le corresponde recibir a las víctimas de siniestros de circulación en función de la gravedad de sus lesiones o por su vinculación con un fallecido por este motivo, la patronal del seguro (Unespa) ha elaborado una aplicación informática gratuita que actúa como calculadora de indemnizaciones.
La norma tiene en cuenta las nuevas estructuras familiares, los grandes lesionados serán compensados con los apoyos necesarios para la autonomía personal, incorpora como víctimas de accidentes de tráfico a las amas de casa y las cuantías se actualizarán conforme al índice de revalorización de las personas.
El sistema también afecta a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas con los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.
Uno de los principales propósitos de la nueva norma es evitar la litigiosidad en los tribunales y potenciar los acuerdos extrajudiciales. No obstante, cerca de 200.000 de los 800.000 juicios de faltas que se tramitan cada año en España están relacionados con los daños personales relacionados con accidentes de tráfico, en su mayoría leves.
En el caso de reclamación extrajudicial por no estar de acuerdo con la indemnización correspondiente, el perjudicado podrá solicitar informes periciales de forma gratuita a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), gracias a un real decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que también entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Una de las entidades que ha trabajado en la elaboración de la normal, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), calificó de “avance” el nuevo marco legal regulador de las indemnizaciones económicas a las víctimas de accidentes de tráfico, sobre todo a aquellas que adquieren una discapacidad por esta causa.
El Cermi recordó que las indemnizaciones por accidentes de tráfico no se revisaban desde 1995, y únicamente se adaptaban a la inflación anual. A su juicio, estas compensaciones no alcanzaban a reparar los efectos económicos, sanitarios y sociales que el accidente representa para las víctimas y sus familias.
“El nuevo cuadro indemnizatorio, como contempla el texto de la reforma legal aprobada, no sólo mejora en suficiencia económica, sino que va orientado a dar cobertura y apoyo de todo tipo a la víctima para que pueda reincorporarse activamente a la vida en comunidad, potenciando al máximo su autonomía personal”, concluyó.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado ante la Defensora del Pueblo el retraso en que ha incurrido el Gobierno al no aprobar en el plazo legal establecido el real decreto regulador de las condiciones básicas de accesibilidad universal de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público.
Según dispone la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2013, en su Disposición final tercera y referente al Desarrollo reglamentario, El Gobierno, previa consulta al Consejo Nacional de Discapacidad y a las comunidades autónomas, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley, y también, en su apartado 2, que en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.
A pesar de las demandas y advertencias del movimiento social de la discapacidad al Gobierno, a través del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que cumpliera esta mandato legal, ha transcurrido el plazo máximo sin que esta normativa reglamentaria tan necesaria haya sido adoptada, por lo que existe un vacío regulatorio que deja en situación de desprotección a las personas con discapacidad en su acceso a los bienes y servicios a disposición del público.
En su queja, el CERMI reclama a la Defensora del Pueblo que investigue esta demora e inste al Ejecutivo a acelerar el proceso de aprobación de esta normativa. En el mismo sentido, la plataforma representativa de la discapacidad se ha dirigido al Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Peticiones, para que tramite esta denuncia en la vía parlamentaria.

References: resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 29