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Timestamp: 2019-07-23 18:08:43+00:00

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Por una Constitución de vanguardia, progresista y a favor de las personas. - El Punto Sobre La i
Por una Constitución de vanguardia, progresista y a favor de las personas.
Autor: Manuel González Oropeza
Categoría: CDMX, El punto es, EPSI23
1. Evolución de la Ciudad de México como entidad federativa.
Debemos tener presente que el paso histórico que se dio para que la Ciudad de México conquistara su independencia no ha sido un hecho menor, ni tampoco algo que sucedió de la noche a la mañana.
El cabildo de la Ciudad de México, en 1808, introdujo el concepto de soberanía popular, tan fundamental para las elecciones y la democracia, ya que fue mediante un acuerdo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en sesión del 14 de agosto, que se creó la Junta de México, organismo de gobierno que se encargaría de la administración pública durante la ausencia de Fernando VII.
Desde esa perspectiva, el sistema federal mexicano se fue forjando a través de los pronunciamientos que los cabildos –en distintas ciudades, pero principiando con la Ciudad de México–, dieron para definir que nuestro país, debería erigirse en un Estado federal. Sin duda, los ayuntamientos contribuyeron a la democracia en nuestro país, más que los estados, y mucho más que el gobierno central.
Como territorio federal, desde 1824 hasta 1928 –es decir, más de un siglo–, en esta ciudad había ayuntamientos autónomos, a pesar de ser Distrito Federal. Una reforma en ese año eliminó el ayuntamiento para crear la figura de delegaciones. De ahí que el llamarlo de distinta manera a ayuntamiento parece indicar que no se quiere reconocer ese trasfondo histórico en los ayuntamientos de la Ciudad de México, ya que efectivamente, existían varios ayuntamientos: Coyoacán, Mixcoac, Tlalpan, entre otros.
Esa vida como ayuntamiento nunca puso en peligro la estabilidad ni nunca fue un obstáculo para que a pesar de ello la entidad fuera un territorio federal; con mayor razón no va a tener ningún problema ahora que la Ciudad de México ha adquirido el carácter de entidad federativa.
Cuando se incorporó el modelo federal como forma de Estado en nuestro país, y se creó una entidad sede de los poderes federales, se planteó un debate falaz entorno a la imposibilidad de coexistencia de poderes locales con el gobierno federal. Esta razón, sustentada en razones históricas ya superadas, no tomaba en cuenta que uno de los rasgos característicos del sistema federal es precisamente la coexistencia de soberanías en un mismo territorio, tal como lo explicó Alexis de Tocqueville, en su teoría más aceptada sobre la naturaleza jurídica del sistema federal, y que recogiera Mariano Otero en el Acta de Reforma de 1847, consolidada en la Constitución de 1857.
El evitar que el entonces Distrito Federal fuera concebido como un estado más de le federación era reducir al gobierno Federal a la Ciudad de México, que es su mera sede geográfica, y olvidar que el ámbito federal se expande a todo el territorio del país, tal y como se desprende del artículo 133 constitucional; por lo que necesariamente se relacionan de forma coordinada con los demás estados y municipios.
Desde 1824 el Congreso determinó que la Ciudad de México iba a ser territorio federal como sede de los poderes federales; los propios diputados que participaron en el Constituyente hicieron una propuesta de Constitución para el Distrito Federal desde 1827. No obstante, esta nunca se presentó ni promulgó.
En el Congreso Constituyente de 1856-1857, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez y todos los grandes Constituyentes manifestaron que era un mito la idea de que la sede de los poderes federales fuera incompatible con un gobierno autónomo, y desde entonces se convirtió en un problema. Tan es así que la propia Constitución de 1857 ya prevé, de manera implícita, la creación de un estado en la Ciudad de México, porque prevé o preveía, en su articulado, que en caso de que los poderes federales se trasladaran a otro lugar, la Ciudad de México se convertiría en el Estado del Valle de México.
Ya estaba previsto desde hace más de 150 años que la Ciudad de México se convirtiera en un estado, lo cual resultaba lo más sensato, lo más razonable, que ahora se logra con esta reforma, la cual está en proceso de promulgación, en una etapa final de todo este proceso de reforma, que es el más importante, pues pasó por el Congreso y por las legislaturas, por todo el Constituyente Permanente.
Sin embargo, no se le consideró para ser un estado, pues se temía que se presentaran varios problemas. El primero de ellos es que hubiese una contradicción en los partidos políticos que gobernaran la nación y esta entidad, que hubiera anarquía, en virtud de que sobre el mismo territorio hubiera dos autoridades: la federal y la local, propiamente.
Esto quedó totalmente desmentido desde la elección de 1997, en donde la ciudadanía eligió al primer jefe de Gobierno y no hubo ningún problema, no hubo ninguna impugnación en esa primera elección, lo cual demostró la madurez política de los ciudadanos que habitan la Ciudad de México.
Lo anterior aceleró de alguna forma el proceso político de consolidación de nuestra ciudad como una entidad federativa, lo cual implica, por una parte, determinación política, y por otra, la posibilidad real de proveer a sus habitantes, de un reconocimiento y protección efectiva de todos sus derechos, así como la solventar las necesidades básicas y elementales que estos posean.
2. Contenido y alcances de la reforma constitucional.
El pasado 29 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional relativa a la erección del Distrito Federal como entidad federativa, denominada Ciudad de México. Entre los aspectos más importantes de la reforma se puede destacar lo siguiente:
– Un primer punto es el mandato constitucional establecido a los legisladores de la Ciudad de México, en lo referente a que se deberán establecer las garantías necesarias para la protección de los derechos humanos, tal y como lo dispone el artículo primero de la Constitución Federal, lo que asegura el cumplimiento del parámetro de control de regularidad constitucional.
– En cuanto a la función legislativa, la Asamblea Legislativa es remplazada por una Legislatura que, al igual que ocurre con la de los estados, posee facultades no sólo para la elaboración de leyes, sino también tiene la atribución de aprobar por las dos terceras partes de los diputados presentes, las adiciones o reformas a la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. De igual forma, un aspecto central de la reforma en cuestión sin duda es la posibilidad de que la Legislatura de la Ciudad de México participe en el procedimiento de reforma constitucional, lo cual, anteriormente era un coto vedado para el Distrito Federal, pues no era recocido como una entidad federativa.
El hecho de que las reformas constitucionales, particularmente aquellas que tienen una incidencia directa para la Ciudad de México, pasen por la aprobación de la Legislatura, resulta determinante para la consolidación de la autonomía como entidad federativa, ya que son los legisladores de la propia entidad, y no el Congreso de la Unión, quienes fungen con una representación directa de los intereses ciudadanos.
– La Constitución política de la Ciudad de México dispondrá la forma de organización político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales. El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las alcaldías, las cuales sustituyen a las actuales delegaciones.
Las atribuciones de las alcaldías estarán previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, sujetándose a los parámetros dispuestos en el artículo 122 de la Constitución Federal. Este precepto define a las alcaldías como órganos político administrativos, conformado por un alcalde y concejales electos popularmente, por un periodo de tres años. De igual forma establece que los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y 10 candidatos, en el número que para cada demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de concejales podrá ser menor de 10 ni mayor de 15. Los integrantes de los concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Al igual que ocurre con los municipios, se prevé la reelección consecutiva con un periodo adicional, tanto para los alcaldes como los concejiles.
La administración pública dentro de cada demarcación territorial estará a cargo de los alcaldes, los cuales estarán sujetos a revisión y evaluación por parte de los concejos de las alcaldías, órgano superior colegiado, que tendrá, además de la representación directa de los habitantes de su demarcación, la aprobación de los ingresos de la hacienda pública, así como el proyecto de egresos, que será enviado al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a la Legislatura.
Este punto de la reforma constitucional resulta trascendente, pues si bien, no se generó una municipalización de la Ciudad de México, conforme los principios y reglas que operan para los municipios en el artículo 115 de la Constitución Federal, el hecho de que se hayan establecido figuras como la del alcalde y los concejos de las alcaldías resultan determinantes para la representación de los intereses ciudadanos, ya que nos debemos olvidar que el gobierno municipal se encuentra en primera línea, de frente a solventar las necesidad y proteger los intereses de la comunidad.
Lo anterior implica que la suministración de los servicios públicos, así como la gestión y resolución de los problemas ordinarios de la comunidad, le corresponde a este nivel gubernamental, de ahí la importancia de que el gobierno de este ámbito sea electo, y represente de forma directa a la ciudadanía. Lo anterior no es cosa no menor, y más, si hablamos que aun cuando la elección de los delegados del Distrito Federal se da a través del sufragio ciudadano, estos entes no poseen la naturaleza de representación política, tal y como lo dispone el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, aún vigente:
– La Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos político administrativos desconcentrados en cada demarcación territorial, con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que genéricamente se les denominará Delegaciones del Distrito Federal y tendrán los nombres y circunscripciones que establecen los artículos 10 y 11 de esta Ley.
De ahí que uno de los aspectos más importantes de la reforma sea la incorporación, como se señaló, de estos entes de representación. Sin embargo, habrá que estar atentos a las atribuciones y facultades que se vaya a establecer, tanto en la Constitución como en las leyes orgánicas y reglamentarias correspondientes, pues ahí es donde se especificará con precisión, los contenidos y alcances de las competencias de las alcaldías, y los respectivos órganos de gobierno.
– Siendo la sede de los poderes federales, la Ciudad de México posee atribuciones y características que, como entidad federativa, la hace distinta al resto de los estados. De ahí que el artículo 122 establezca las reglas de coordinación entre los órganos de la Federación y los poderes locales de la Ciudad de México, orientados a garantizar una coexistencia efectiva.
– Por último, otro aspecto relevante es el establecimiento a nivel constitucional del Consejo de Desarrollo Metropolitano, cuyas funciones están directamente relacionadas con la planeación, organización y gobierno de la zona conurbada que comparte la Ciudad de México junto con el Estado de México; sin duda será determinante para el desarrollo social y geográfico futuro, las bases que se establecerán en la Constitución de la Ciudad de México.
3. Aspectos que deben contenerse en la Constitución Política de la Ciudad de México.
La reforma constitucional de la Ciudad de México se verá redondeada con la elaboración y promulgación de su texto constitucional. El artículo 122 de la Constitución prevé las reglas fundamentales que deberá estimar el Constituyente local, en la creación del nuevo orden constitucional de la capital.
Si bien el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal no restringía la facultad de reconocer a nivel legislativo, derechos humanos y medios de protección para garantizar su vigencia, uno de los puntos centrales, si no el más trascendente de la reforma en cuestión, es que al modificar en parte la naturaleza jurídica de la Ciudad de México como una entidad federativa, sin perder su rasgo definitorio de ser sede de los poderes políticos de la federación, esta puede otorgarse su propia Constitución y reconocer los derechos humanos de sus habitantes, atendiendo las particularidades sociales y geográficas de la ciudad.
Lo anterior no significa que no sea importante lo relativo al diseño de la parte orgánica, pues como se hizo referencia anteriormente, el hecho de que se cuenten con órganos de representación, y estos tengan un mayor margen de decisión administrativa y política, redunda en beneficio directo de los habitantes de la ciudad; sin embargo el hecho de que exista una Constitución local, en donde se incorpore un catálogo de derechos humanos, que en conjunción con el bloque de constitucionalidad ya existente en el texto constitucional federal, favorece de modo directo a la esfera jurídica de todos los habitantes de la ciudad.
De ahí que la Constitución a construir deba contar con un apartado amplio en el reconocimiento de los derechos humanos, y sobre todo de aquellos que no se encuentren regulados adecuadamente en el bloque constitucional, de cara a salvaguardar y garantizar el principio pro persona.
Lo anterior en buena medida dependerá de la existencia de controles constitucionales y medios de protección de derechos humanos adecuados, que permitan hacer efectivo la vigencia de estos, cuando se vean vulnerados por parte de una autoridad o un particular.
Es una oportunidad única de generar un marco constitucional de vanguardia, progresista y a favor de la persona. La futura eficacia de la reforma constitucional, como se señaló, está condicionada al diseño y estructura que adquiera la futura Constitución política de la Ciudad de México.
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Manuel González Oropeza es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el título en 1980 con Mención Honorífica; en 1982 obtuvo el grado de Maestría con especialidad en Derecho Público, por la Universidad de California en Los Ángeles; y en diciembre de 1995 recibió el grado de Doctor en Derecho por la Universidad Nacional.
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Por una Constitución de vanguardia, progresista y a favor de las personas. - 17 marzo, 2016

References: artículo 133
 artículo 122
 artículo 115
 resolución 
 artículo 37
 artículo 122
 artículo 122