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Timestamp: 2018-01-21 22:45:17+00:00

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Por Nuri Rodríguez Olivera y Carlos López Rodríguez
La libertad de contratar es una manifestación de la autonomía de la voluntad. El contrato es una expresión del poder de los particulares de crear normas vinculantes, como la Ley, para regir sus relaciones.
Las partes tienen libertad para celebrar acuerdos o no celebrarlos; las partes pueden elegir el co-contratante; las partes pueden discutir en pie de igualdad el contenido y las cláusulas del contrato, sin más límites que la moral, las buenas costumbres y el orden público; las partes tienen libertad de elegir las formas – para declarar la voluntad – que consideren más convenientes a sus intereses, salvo aquellos contratos o negocios en que se imponga una forma como solemnidad; las partes tienen la libertad de atribuir a los contratos los efectos que deseen.
Este último aspecto constituye lo que se llama autorregulación. Las regulaciones de la Ley sirven, generalmente, para suplir las imprevisiones de las partes. Lo que las partes acuerden en el contrato es la Ley para ellas, según dispone el Código de Comercio, con lo cual se consagra su fuerza.
I. Evolución del principio de la libertad de contratar
Para el enfoque de la libertad de contratar y sus restricciones hay dos soluciones extremas: libertad absoluta o dirigismo total. Hay soluciones intermedias, recogidas por el Derecho vigente en nuestro país, en que se reconoce la libertad con limitaciones.
El principio de la libertad de contratar tuvo su máxima expresión a partir de la Revolución Francesa. El Código Civil francés sólo restringía la libertad de contratar por normas de orden público y por las buenas costumbres. Con el correr del tiempo, este principio fue sufriendo distintas restricciones de diverso grado, según el país y sus concepciones políticas y sociales.
En algunos países y en determinados momentos históricos se llegó a sistemas de dirigismo total. Se anula el principio de la autonomía y de la libertad de contratar. En lugar de leyes supletorias, se establecen normas imperativas, de tal modo que las partes están obligadas a aceptar lo que está predispuesto en la Ley y no pueden suscitar efectos jurídicos diversos.
Nuestro Derecho reconoce los principios de autonomía de la voluntad y libertad de contratación, pero contiene normas imperativas que restringen estos principio. Para poder entender las razones de las restricciones existentes en nuestro Derecho, no tenemos otra alternativa que efectuar un análisis de las circunstancias en que se estableció la libertad absoluta de contratar y las razones por las cuales históricamente se fueron creando limitaciones a esa libertad.
A. Libertad absoluta de contratar
El liberalismo se encuentra estrechamente relacionado con el denominado individualismo jurídico, concepción que hace del individuo, aislado del medio social, el solo objeto, el solo fundamento y el solo fin del Derecho. La doctrina liberalista atribuye al hombre derechos naturales anteriores a los de la sociedad, entre los cuales el esencial es la libertad. Hace del individuo la fuente del Derecho.
1. Su origen y sus fundamentos
La libertad absoluta para contratar se sostuvo en el entendido y presupuesto de la igualdad de las partes que, al contratar, restringen su propia libertad y que, al hacerlo, lo hacen porque quieren los efectos del contrato, después de la discusión de las estipulaciones contractuales. Se entendió que las partes no necesitan la interferencia legislativa para impedir las estipulaciones de obligaciones onerosas o vejatorias, porque ellos las han negociado libremente y en un pie de igualdad.
Rousseau consideraba al contrato como fuente de toda justicia y como realización de las libertades individuales. La tesis es conciliable enteramente con las doctrinas económicas que sostienen que la armonía y el progreso resulta del libre juego de las conductas individuales y del libre cruce de la oferta y la demanda[2].
El orden jurídico es, en el liberalismo, puramente supletorio del contrato, para colmar lagunas de éste o para regular los efectos del contrato por normas que se entienden como voluntad presunta de las partes. La norma imperativa sería, según esta doctrina, algo anormal, pues se considera ajena a un sistema en que los intereses privados deben autorregularse “armónicamente” y sin interferencias[3].
2. Excesos e irrealidades constatadas
En el correr del siglo XIX comienza una reconsideración del liberalismo y de la libertad de contratar, por diversas razones. Se advirtió que la igualdad y la libertad, al momento de negociar, eran meras formulaciones teóricas. Se observó que, en la realidad, no se daban los presupuestos que justificaran una libertad absoluta para contratar.
La libertad supone dos voluntades independientes e iguales y se constata que en la práctica una de las partes está económicamente en situación dominante y, por ello, es la que establece la Ley del contrato. El principio de la igualdad sería irreal y su afirmación importaría negar la existencia del débil.
De hecho, las más severas limitaciones a la libertad de contratar son impuestas por el contratante fuerte en la relación. Al respecto dice Gomes: "La Libertad de contratar, entregó a los fuertes el poder de dominar, a los débiles".
La libertad de contratar cede en la realidad, no ante limitaciones legales sino ante sujetos o grupos que detentan mayor poder económico, político o social, y que - por esa vía de poderío de hecho y no de Derecho - someten y limitan en sus libertades a los demás, sin ninguna contrapartida beneficiosa. La igualdad no sería, entonces, sino una expresión de anhelos.
Sobre la libertad de contratar, dice López De Zavalía: que la vieja sentencia “Oh Libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre”... se aplica, también, a la vida del contrato.
La libertad contractual deviene en una trampa para el contratante carente de poder de negociación. La experiencia demuestra que el individuo no es quien mejor protege sus propios intereses[4]. Existen diversas categorías de debilidad: el consumidor frente al proveedor, la provocada por la publicidad engañosa o la falta de información, el estado de inexperiencia o de necesidad, y la que deriva de que el individuo cada vez tiene menores posibilidades de prever transformaciones de coyunturas económicas[5].
B. Soluciones intermedias
La evolución del Derecho se desarrolló, desde mediados del siglo veinte, en dirección opuesta a la tesis del individualismo jurídico. Se entendió que la regla de la libertad contractual absoluta no representaba un principio sino una política negativa de abstención, de no-intervención.
Lo que la doctrina propicia es lograr soluciones legislativas intermedias. Lacordaire dice al respecto que “entre el fuerte y el débil y la libertad que esclaviza está la Ley que libera"[6].
Dice López de Zavalía:
“El Derecho tiene una vertiente individual que no puede desconocerse, so pena de caer en el despotismo, pero reconoce también una vertiente social, que es necesaria para la realización de la plena individualidad. El hombre nace libre y vive libre, en cuanto está dotado de libre albedrío, pero nace atado y vive tal, en cuanto inmerso en una red de compromisos éticos.”[7]
Han evolucionado las concepciones filosóficas, socioeconómicas y jurídicas, que imponen límites a la contratación, en razón de que el hombre es libre pero vive en un medio social. Se desecha el postulado de la libertad absoluta, por la simple observación de que el individuo, al vivir en sociedad, convive. Si convive, requiere que sus necesarias relaciones sociales se desenvuelvan en un marco de interdependencia. Stiglitz señala:
"si la libertad contractual conviene a la economía liberal, habremos de concluir que el Estado debe acentuar sus controles para evitar que la 'libertad' engendre opresión. Se reclama entonces el control o la intervención del Estado, fundado en consideraciones sociales o humanizantes o solidaristas, como exigencia de paz social. Se descarta la 'libertad contractual' sin restricciones porque ello significa descontrol, desigualdad, anarquía, injusticia, desorden...[8] El rol de la autonomía de la voluntad no puede traducirse en una supremacía absoluta de los derechos subjetivos contractuales, pues ello importaría lo mismo que admitir la inexistencia de limites impuestos a la libertad contractual, lo que implica una concepción antisocial"[9].
Se imponen límites a la libertad de contratar en razón de la masificación de las relaciones contractuales comerciales. El contrato clásico es impotente para satisfacer las exigencias de una sociedad, que ya no se desarrolla en función del individuo aislado.
Se justifica, entonces, el dictado de normas imperativas que aseguren la certeza de las relaciones jurídicas y la seguridad. Algunos autores señalan, enfáticamente, la necesaria tutela de la veracidad y la confianza[10].
II. Restricciones al principio de la autonomía de la voluntad
Según se acaba de reseñar, en la actualidad, los principios de autonomía de la voluntad y libertad contractual, no son absolutos y están sujetos a restricciones en todo el Derecho privado y, especialmente, en el Derecho comercial.
A. Leyes prohibitivas
El artículo 8 del Código civil dispone que lo hecho contra leyes prohibitivas es nulo, salvo que en esas leyes se disponga lo contrario:
"La renuncia general de las leyes no surtirá efecto.
Tampoco surtirá efecto la renuncia especial de leyes prohibitivas; lo hecho contra éstas será nulo, si en las mismas no se dispone lo contrario."
La norma imperativa tiene un rango preferente, una jerarquía superior al precepto privado y a las normas supletorias o dispositivas. Su carácter coactivo impide que el sujeto no haga lo que manda hacer o haga lo que la norma prohíbe hacer[11].
Existen casos en que el contenido del contrato es impuesto a las dos partes, por la Ley o la reglamentación. Hay leyes que regulan todas las condiciones de comercialización de ciertos bienes, por ejemplo, estupefacientes, medicamentos, semillas y granos. Es frecuente que se fijen precios por el Poder Ejecutivo o por otros organismos estatales.
Por otra parte, el contenido de muchos contratos comerciales, resulta establecido por normas legales que imponen soluciones, a veces no consideradas y otras, ni siquiera queridas por las partes al celebrar el contrato, en general en tutela al consumidor o al medio ambiente o a la libre concurrencia. En materia societaria, advertimos normas imperativas que rigen el contrato societario dictadas en tutela de socios, de terceros o de intereses generales.
1. Leyes prohibitivas y normas imperativas
No corresponde la distinción entre normas imperativas y prohibitivas.
Entendemos que la norma imperativa, que impone un hacer, es implícitamente una norma prohibitiva. Al imponer una determinada estipulación en el contrato o al imponer una determinada manera de proceder, se está prohibiendo un comportamiento contrario.
La doctrina, entre nosotros Gamarra, no distingue entre normas imperativas, por un lado, y prohibitivas, por el otro. Sólo señala la existencia de dos categorías: imperativas y supletorias.
Entendemos que lo dispuesto en el artículo 8 es aplicable tanto a la norma prohibitiva como a la norma imperativa que contiene en sí una prohibición de hacer lo contrario a lo que se impone.
Tal como dispone el artículo 8 del Código Civil, la Ley prohibitiva puede contener una sanción distinta a la nulidad como, por ejemplo, la ineficacia o responsabilidades personales. Si no contiene esa salvedad, lo hecho contra ella es nulo (art. 8 C.C.).
En ese sentido se pronuncia Messineo: "salvo que la Ley disponga expresamente en el sentido de la derogabilidad, las normas sobre el contrato en general son imperativas e inderogables"[12].
2. Alcance de las normas imperativas
La norma imperativa es aquella que restringe la libertad de contratar. Como dice Gamarra, fija los límites de la autonomía de los particulares y eventualmente la corrige o la modifica.
Según Messineo, la libertad de contratar significa que las partes pueden fijar el contenido del contrato, determinando cada una de las cláusulas concretas del contrato, pero respetando las normas legales imperativas del régimen contractual general y particular. Existiendo una norma imperativa los particulares no pueden estipular, en el contrato, una disposición contraria.
Existen restricciones a la libertad de contratar en las normas generales sobre contratos y obligaciones nacidas de los contratos y, luego, en las normas particulares que regulan cada contrato.
B. Orden público y buenas costumbres
El principio general se establece en el artículo 11 del Código civil: "No pueden derogarse por convenios particulares, las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres."
El artículo 198 del Código de Comercio establece que son ilícitos los contratos cuyo fin sea manifiestamente ofensivo de la sana moral o de las buenas costumbres.
En el Código Civil francés, el ejercicio de la libertad de contratar sólo tenía como límite el orden público. Las leyes de orden público eran sólo aquellas que tutelaban los intereses esenciales del Estado o de los individuos, por ejemplo, las leyes sobre la libertad e igualdad de las personas o sobre la capacidad de las personas o sobre el derecho de propiedad. Ellas no podían ser derogadas por la voluntad particular.
Alguna doctrina todavía sostiene que son normas de orden público sólo las que tutelan intereses de carácter público. Si la norma protege un interés de naturaleza privada, como los pecuniarios, el dueño del interés protegido puede renunciar al beneficio de la norma[16].
Contrariamente, al doctrina moderna ha ampliado la noción de orden público. Para Messineo, son normas de orden público, no sólo las normas de Derecho público, sino, también, las de Derecho privado que tengan carácter imperativo[17]. Lo contrario al orden público, es lo contrario a los principios fundamentales y a los intereses generales deducibles de las normas coactivas.
Planiol sostiene, comentando una disposición similar a nuestro artículo 11 del Código civil, que muchas veces una norma establece una regla sin decir que se pueda derogar y por ello interesa saber lo que es orden público. Sostiene que son de orden público las leyes de Derecho público pero, también, lo son normas de Derecho privado y da los siguientes ejemplos: las normas relacionadas con el estado y la capacidad de las personas; las normas relacionadas con el derecho de propiedad; las norma dictadas en interés de los terceros. También, lo son las normas de protección a los contratantes y, al respecto, señala que ello se involucra en una concepción moderna del orden público. El legislador, considerando que las partes de un acto jurídico no están en pie de igualdad para defender sus intereses, impone reglas de las cuales no se pueden apartar los contratantes. Asimismo, señala la existencia de un orden público económico, que se manifiesta en normas imperativas, dictadas por el Estado en su intervención en las actividades económicas[18].
De estas expresiones surge que existe un doble juego de normas de orden público que se agregan a las tradicionales.
Por un lado un orden público de protección, que tutela a los más débiles en las relaciones jurídicas contractuales. Ha quedado de manifiesto, en el examen de la realidad, la necesidad de que existan normas imperativas para la contratación y para la ejecución del contrato. La desigualdad de los contratantes puede existir antes del perfeccionamiento del contrato o sobrevenir en la etapa funcional. Por ello, las normas imperativas se dictan para proteger a quien es desigual en la génesis o para restablecer el equilibrio perdido[19].
Por otro lado, existe un orden público de dirección, que trata de imprimir un designio a la economía, dando cierta orientación a la producción y al cambio y distribución de la riqueza, influyendo entonces en la regulación del contrato. El contrato ha dejado de ser un acto que sólo interesa a los celebrantes y se ha transformado en un instrumento que, cada vez más, traduce un modelo político, social y económico.
C. Contratos de adhesión y condiciones generales
Existen hipótesis en que el contenido del contrato es impuesto por una de las partes a la otra. La parte más fuerte en la contratación impone sus condiciones. Ello se debe a las necesidades del comercio. La producción y la comercialización en masa, lleva a la contratación en serie y en ésta no hay tiempo para discutir los términos de un contrato.
Nos encontramos, entonces, con los contratos de adhesión o con los contratos con fórmulas tipo o con contratos sometidos a condiciones generales, incluidas en el mismo texto o en un cuerpo normativo separado. Con estos mecanismos, las obligaciones se objetivizan. Se impersonalizan los contratos para asegurar rapidez y facilidad a la circulación.
III. La autonomía en la contratación internacional
El principio de la autonomía de la voluntad en el ámbito internacional se manifiesta en la libertad de contratar y de regir los intereses privados por las leyes que elijan las partes[21]. Aunque en nuestros días se admita casi unánimemente que las partes de un contrato internacional tiene el derecho de designar expresamente la Ley a que prefieren someterse, existen todavía algunos contratos para los que no les es aplicable esta libertad[22].
El principio de la autonomía de la voluntad ha tenido acogida en el ámbito contractual internacional por la jurisprudencia y la legislación de algunos países y por varias convenciones. En Francia, ya en 1910, la Corte de Casación, para el caso “American Trading Company vs. Quebec Steamship Company Limited” sostuvo que la Ley aplicable en cuanto a la formación de los contratos, sus condiciones y sus efectos, era aquella elegida por las partes contratantes. En el Common Law, para el caso “Vita Food Products Inc. vs. Unus Shipping Co.” (1939), también, se estableció que la proper law of a contract era aquella determinada por la elección de las partes. En los Estados Unidos fue la sentencia “Lauritzen vs. Larsen” (1953) la que se pronunció en favor del principio de la autonomía de la voluntad en materia contractual. Asimismo, el Uniform Commercial Code (1962) estableció que las partes podrían escoger la Ley aplicable a los contratos (secciones 1-105). También, el artículo 25 de las Disposiciones Preliminares al Código Civil italiano dispone la salvedad, para todos los casos de contratación, el respeto de la voluntad de las partes. En la jurisprudencia argentina, también, prepondera el principio en análisis respecto de la contratación internacional[23].
A. Postura tradicional uruguaya
En los Tratados de Montevideo de los años 1899 y 1940, las normas de conflicto determinan en forma imperativa la observación de la Ley del lugar de cumplimiento o de la Ley del lugar de celebración. Las partes no intervienen en la solución del conflicto de leyes[31].
En los tratados de 1889 la autonomía de la voluntad no fue rechazada a texto expreso[32] pero cada categoría se regula por la Ley indicada por un punto de conexión establecido preceptivamente en la norma de conflicto. En cambio, en los tratados de 1940 la autonomía de la voluntad fue rechazada a texto expreso[33].
El principio de la autonomía de la voluntad en materia de contratos internacionales tampoco fue recogido en el Derecho internacional privado de fuente interna uruguayo. El artículo 2.399 del Código Civil dispone:
"Los actos jurídicos se rigen, en cuanto a su existencia, naturaleza, validez y efectos, por la ley del lugar de su cumplimiento, de conformidad, por otra parte, con las reglas de interpretación contenidas en los artículos 34 a 38 inclusive del Tratado de Derecho Civil de 1889."
Y el artículo 2.403, del mismo Código remata.
"Las reglas de competencia legislativa y judicial determinadas en este Título, no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Ésta sólo podrá actuar dentro del margen que le confiera la ley competente."
B. Postura moderna
No es esta, sin embargo, la tendencia del Derecho internacional de fuente convencional moderno, incluyendo varios tratados aprobados por nuestro país. Así, por ejemplo, en el artículo 4 del Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual se establece:
"En los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial serán competentes los tribunales del Estado Parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma abusiva. Asimismo puede acordarse la prórroga a favor de tribunales arbitrales."
En ese mismo sentido, la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, en su artículo 6 establece:
"Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos."
Asimismo, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales de 1994[34] establece, en su artículo 7, que “el contrato se rige por el derecho elegido por las partes”. La única limitación al criterio de la autonomía de la voluntad se encuentra en “las disposiciones del derecho del foro cuando tengan carácter imperativo” (art. 11)[35].
[2] López de Zavalía, Teoría de los contratos, t. I, parte general, p. 300.
[3] En esta postura, hoy, Olivera GARCÍA, en artículo publicado en la Revista del Colegio de Abogados de octubre-diciembre de 1999, cuando se refiere a ciertos inversores que actúan bien asesorados y para los cuales serían innecesarias e inconvenientes, según su criterio, las normas imperativas de la Ley 16.060.
[4] Stiglitz, Autonomía de la Voluntad y Revisión del Contrato, pp. 38/39.
[5] Stiglitz, id., p. 39.
[6] Gomes, Contratos, Estudos de Direito Brasileiro- Alemão, Coleção de Direito comparado, t. I, pp. 30 y 33-36.
[7] López de Zavalía, op. cit., p. 301.
[8] Stiglitz, op. cit., p. 40.
[9] Stiglitz, íd., p. 26.
[10] López de Zavalía, op. cit., p. 301.
[11] Stiglitz, op. cit., p. 27.
[12] Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial, t. III, pp. 6/7.
[13] Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, t. VIII, pp. 235-237.
[14] Gamarra, id. ibid..
[15] Gamarra, id. ibid..
[16] Tal distinción la hace Olivera García, pero luego, más adelante, hace precisiones distintas ampliando el concepto de orden público (Olivera García, Anuario de Derecho Comercial, t. 8, p. 111)..
[17] Messineo, op. cit., p. 487.
[18] Planiol, Droit Civil, t. I, p. 290 a 294.
[19] Stiglitz, op. cit., pp. 1-4, 9-10, 14-21, 23-29, 33, 35, 37-39, 40-43.
[20] Gomes, op. cit., p. 27. Messineo, Doctrina General del Contrato, t. I, p. 4 y ss. "Rigen las normas imperativas en materia contractual, aunque ésta sea considerada tradicionalmente como el campo donde mayormente domina el principio de la autonomía individual. El carácter imperativo de dichas normas no tiene un origen único, dado que deriva o de exigencias de orden estructural (formal), o de la exigencia de conformar el contenido del contrato a determinados cánones inderogables. Lo que resulta, por vía indirecta, de la sanción de invalidez (nulidad a anulabilidad) del contrato, consiguiente a la violación de dichas normas ... sea contrario a normas imperativas en general (cf. primer inciso), que fijan requisitos esenciales del contrato (consentimiento, causa, objeto, es decir, contenido, forma constitutiva) y reprimen la ilicitud de la causa (artículo 1.343), o la falta de ciertos requisitos en el objeto (rectitis. contenido) del contrato (cf. segundo inciso) ... Del artículo 1418 en conjunto se puede deducir que las normas, para cuya violación se sanciona la nulidad del contrato, tienen carácter imperativo (son de orden público) y no pueden ser derogadas por las partes. 2) El mismo carácter imperativo debe atribuirse a las normas en materia de capacidad y de inmunidad de la voluntad de cada una de las partes a los vicios, teniendo en cuenta el hecho de que un contrato, en el que una de las partes sea incapaz, o su voluntad sea viciada. 3) Son elementos accidentales la condición, el término y el modus (cf. Cap. III); pero, una vez puestas, la disciplina a la que están sometidos es también imperativa. c) Independientemente de las mencionadas ahora, hay otras normas de la misma eficacia (es decir, también imperativas) que el código dicta, de conformidad asimismo con principios de orden público y de buenas costumbres (cf. Cap. IX, n. 3 y 4) y que tienen casi siempre carácter prohibitivo. La violación de las mismas trae consigo invalidez. Las principales de estas normas conciernen a: a) la prohibición de insertar en un contrato cláusulas (o de estipular pactos que tiendan exclusivamente a esto) de exención de la responsabilidad patrimonial, por culpa o dolo (arts. 1.229, 1.579, 1.681, segundo inciso, 1.748, cuarto inciso); ... En todos los casos antes indicados, pueden considerarse que obran, o el principio por el cual el contrato tiene siempre cierto contenido necesario (cf. Cap. VIII, n. 18), o el principio que prohíbe que el mismo tenga un contenido ilícito (cf. Cap. IX, n. 1) u otro determinado contenido. Esto, para proteger a uno de los contratantes contra el otro. Por el contrario, no es arriesgado decir que, salvo que la Ley disponga expresamente en el sentido de la derogabilidad (arts. 1.383, 1.340, 1.402, primer apartado, 1.408, segundo apartado, 1.411, segundo apartado, 1.454, segundo apartado, 1.462), las normas sobre el contrato en general son imperativas o inderogables".
[21] Basso, A autonomia da vontade nos contratos internacionais do comércio, Direito e Comércio Internacional, p. 42.
[22] Strenger, Contratos Internacionais do Comércio, p. 109.
[23] Basso, íd., p. 46-57.
[24] Basso, íd., p. 47/48.
[25] Baptista, Dos Contratos Internacionais, p. 27.
[26] Tenório, Direito Internacional Privado, p. 369/370.
[27] Miranda, Tratado de Direito Internacional Privado, t. 2, parte especial, p. 156-161.
[28] Bastos & Kiss, Contratos Internacionais, p. 7/8.
[29] Baptista, op. cit., p. 27.
[30] Venezuela, por ejemplo (Opertti Badán & Fresnedo de Aguirre, op. cit., p. 47/48).
[31] Explican Opertti Badán & Fresnedo de Aguirre: “Cuando Ramírez impulsó la solución de la lex domicilii, la forma concreta de presentarse esta amenaza, era la tentativa de las potencias dominantes del siglo XIX de obligar a los nuevos Estados nacionales latinoamericanos a aplicar la Ley de la nacionalidad... acaso aquí repose la verdadera ratio legis de las posiciones negativas, o al menos reticentes, a la aceptación de la autonomía de la voluntad” (Opertti Badán & Fresnedo de Aguirre, Contratos Comerciales Internacionales, p. 6, 13/14).
[32] Conforme al pensamiento de Ramírez, sin embargo, subsistiría la posibilidad de que la Ley del lugar de cumplimiento autorizara la autonomía (Opertti Badán & Fresnedo de Aguirre, íd., p. 16).
[33] Opertti Badán & Fresnedo de Aguirre, íd. ibíd.
[34] C.I.D.I.P. V, México, 1.994.
[35] Esta Convención no es aplicable a la materia societaria, en virtud de la exclusión establecida en sus arts. 5º y 6º, referida a “aquellos contratos que tengan una regulación autónoma en el derecho convencional internacional vigente entre los Estados Parte de esta Convención”. Por lo tanto, toda vez que exista otra Convención que regule de modo expreso un contrato en particular, ésta prevalecerá sobre la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Cf. Opertti Badán, La C.I.D.I.P. V: una visión en perspectiva, Revista uruguaya de Derecho Internacional Privado, n. 1, p. 28.
[36] Larenz, Derecho Correcto, p. 29.
[37] Couture, Arte del Derecho y Otras Meditaciones, p. 18.
[38] Couture, id., p. 19.

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 198
 artículo 11
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 1418