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Timestamp: 2017-10-21 01:56:29+00:00

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Policía y Seguridad Urbana Primavera 2008 by Ramon Ramon - issuu
Proyección y Vigilancia
en los Centros Escolares de Santa Pola
AÑO XX - NÚMERO LXXII - 2008
Proyecto de Colaboración Vecinal de Teulada - Moraira
1.Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justiﬁcar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.
2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que dispongan los reglamentos de aplicación. 3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón y mantendrán actualizada la información relativa a los extranjeros que residan en el municipio.
2. No podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Artículo 5 Derecho a la libertad de circulación 1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición en los que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia ﬁrme. 2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas especíﬁcas cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o sitio en los términos previstos en la Constitución, y excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justiﬁcaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente.
1. Los extranjeros tendrán el derecho de reunión, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. 2. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público darán comunicación previa a la autoridad competente con la antelación prevista en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, la cual no podrá prohibirla o proponer su modiﬁcación sino por las causas previstas en dicha Ley.
Artículo 8 Libertad de asociación. Todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. Artículo 9 Derecho a la educación. 1. Todos los extranjeros menores de dieciocho años tienen derecho y deber a la educación en las mismas condiciones que los españoles, derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas. 2. En el caso de la educación infantil, que tiene carácter voluntario, las Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suﬁcientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite. 3. Los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. En concreto, tendrán derecho a acceder a los niveles de educación y enseñanza no previstos en el apartado anterior y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada caso, y al acceso al sistema público de becas y ayudas. 4. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros residentes que lo necesiten puedan recibir una enseñanza para su mejor integración social, con reconocimiento y respeto a su identidad cultural. 5. Los extranjeros residentes podrán acceder al desempeño de actividades de carácter docente o de investigación cientíﬁca de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes. Asimismo podrán crear y dirigir centros de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes. Artículo 10 Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. 1. Los extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tendrán derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como al acceso al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente. 2. Los extranjeros residentes en España podrán acceder, en igualdad de condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. A tal efecto podrán presentarse a las ofertas de empleo público que convoquen las Administraciones públicas. Artículo 11 Libertad de sindicación y huelga. 1. Los extranjeros tendrán derecho a sindicarse libremente o a aﬁliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones
que los trabajadores españoles, que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España. 2. De igual modo, cuando estén autorizados a trabajar, podrán ejercer el derecho de huelga. Artículo 12 Derecho a la asistencia sanitaria 1. Los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan habitualmente, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 2. Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica. 3. Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 4. Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto. Artículo 13 Derecho a ayudas en materia de vivienda. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles. Artículo 14 Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales 1. Los extranjeros residentes tendrán derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.
2. Los extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a los generales y básicos como a los especíﬁcos, en las mismas condiciones que los españoles. 3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. Artículo 15 Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles. 2. Los extranjeros tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación española y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias. Capítulo II Reagrupación familiar Artículo 16 Derecho a la intimidad familiar 1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en esta Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España. 2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17. 3. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares con él agrupados conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición. Reglamentariamente se podrá determinar el tiempo previo de convivencia en España que se tenga que acreditar en estos supuestos.
Artículo 17 Familiares reagrupables 1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes familiares: a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho o que el matrimonio se haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre separado de su cónyuge y casado en segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que ﬁje la situación del cónyuge anterior y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los alimentos para los menores dependientes. b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o estén incapacitados, de conformidad con la Ley española o su Ley personal y no se encuentren casados. Cuando se trate de hijos de uno sólo de los cónyuges, se requerirá además que éste ejerza en solitario la patria potestad o se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en España. c) Los menores de dieciocho años o incapaces cuando el residente extranjero sea su representante legal. d) Los ascendientes del reagrupante o su cónyuge, cuando estén a su cargo y existan razones que justiﬁquen la necesidad de autorizar su residencia en España. 2. Reglamentariamente, se determinarán las condiciones para el ejercicio del derecho de reagrupación y, en especial, del que corresponda a quienes hayan adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación. Artículo 18 Procedimiento para la reagrupación familiar
1. Los extranjeros que deseen ejercer este derecho deberán solicitar una autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros de su familia que deseen reagrupar. Al mismo tiempo, deberán aportar la prueba de que disponen de un alojamiento adecuado y de los medios de subsistencia suﬁcientes para atender las necesidades de su familia una vez reagrupada. 2. Podrán ejercer el derecho a la reagrupación con sus familiares en España cuando hayan residido legalmente un año y tengan autorización para residir al menos otro año.
ten afectadas en los términos previstos por el artículo 19.1.b) de la Ley reguladora de dicha jurisdicción. Artículo 21 Derecho al recurso contra los actos administrativos 1. Los actos y resoluciones administrativas adoptados en relación con los extranjeros serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
Artículo 19 Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales 1. El cónyuge podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando: a) Obtenga una autorización para trabajar. b) Acredite haber vivido en España con su cónyuge durante dos años. Este plazo podrá ser reducido cuando concurran circunstancias de carácter familiar que lo justiﬁquen. 2. Los hijos reagrupados obtendrán una autorización de residencia independiente en los casos siguientes: a) Cuando alcancen la mayoría de edad. b) Cuando obtengan una autorización para trabajar. Capítulo III Garantías jurídicas Artículo 20 Derecho a la tutela judicial efectiva 1. Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva. 2. Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley. 3. En los procedimientos administrativos estarán legitimadas para intervenir como interesadas las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes, expresamente designadas por éstos. 4. En los procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería estarán legitimadas para intervenir las entidades que resul-
1. Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos económicos suﬁcientes según los criterios establecidos en la normativa de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de asilo. Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oﬁcial que se utilice. 2. Los extranjeros residentes que acrediten insuﬁciencia de recursos económicos para litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en iguales condiciones que los españoles en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan.
Capítulo IV De las medidas antidiscriminatorias Artículo 23 Actos discriminatorios 1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como ﬁn o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural. 2. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación: a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargados de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un ciudadano extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. c) Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y socioasistenciales, así como a cualquier otro derecho reconocido en la presente Ley Orgánica, al extranjero que se encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.
d) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad económica emprendida legítimamente por un extranjero residente legalmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. e) Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen injustiﬁcadamente a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad, siempre que se reﬁeran a requisitos no esenciales para el desarrollo de la actividad laboral. Artículo 24 Aplicabilidad del procedimiento sumario La tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de derechos y libertades fundamentales podrá ser exigida por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución en los términos legalmente establecidos. Título II Régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros Capítulo I De la entrada y salida del territorio español Artículo 25 Requisitos para la entrada en territorio español 1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por
los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, que se considere válido para tal ﬁn en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justiﬁquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suﬁcientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios. 2. Salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios internacionales suscritos por España será preciso, además, un visado. No será exigible el visado cuando el extranjero sea titular de una autorización de residencia en España o documento análogo que le permita la entrada en territorio español.
información acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deben formalizarlo, y de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oﬁcio, y de intérprete, que comenzará en el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo. Artículo 27 Expedición del visado. 1. El visado se solicitará y expedirá en las Misiones Diplomáticas y Oﬁcinas Consulares de España, y habilitará al extranjero para presentarse en un puesto fronterizo español y solicitar su entrada. Excepcionalmente, los visados de estancia podrán ser solicitados y expedidos en el puesto habilitado para la entrada.
3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a los extranjeros que soliciten acogerse al derecho de asilo en el momento de su entrada en España, cuya concesión se regirá por lo dispuesto en su normativa especíﬁca.
2. Reglamentariamente se establecerá la normativa especíﬁca del procedimiento de concesión y expedición de visados, conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En dicho procedimiento podrá requerirse la comparecencia personal del solicitante.
3. El ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los ﬁnes de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como la política de inmigración, la política económica y la de seguridad ciudadana.
Artículo 26 Prohibición de entrada en España.
4. Para supuestos excepcionales podrán ﬁjarse por vía reglamentaria otros criterios a los que haya de someterse el otorgamiento y denegación de visados.
1. No podrán entrar en España, ni obtener un visado a tal ﬁn, los extranjeros que hayan sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada, así como aquellos que la tengan prohibida por otra causa legalmente establecida o en virtud de convenios internacionales en los que sea parte España. 2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada, les será denegada mediante resolución motivada, con
5. La denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena. Si la denegación se debe a que el solicitante del visado está incluido en la lista de personas no admisibles prevista en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1990, se le comunicará así de conformidad con las normas
establecidas por dicho Convenio. La resolución expresará los recursos que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Artículo 28 De la salida de España 1. Las salidas del territorio español podrán realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el Código Penal y en la presente Ley. 2. Excepcionalmente, el Ministro del Interior podrá prohibir la salida del territorio español por razones de seguridad nacional o de salud pública. La instrucción y resolución de los expedientes de prohibición tendrá siempre carácter individual. 3. La salida será obligatoria en los siguientes supuestos: a) Expulsión del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el Código Penal. b) Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la presente Ley. c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España. Capítulo II Situaciones de los extranjeros Artículo 29 Enumeración de las situaciones 1. Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia, residencia temporal y residencia permanente. 2. La residencia temporal y permanente, así como la prórroga de estancia, deberán ser autorizadas por el Ministerio del Interior. 3. Son extranjeros residentes los que hayan obtenido un permiso de residencia temporal o de residencia permanente. Artículo 30 Situación de estancia 1. Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a noventa días. 2. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una prórroga de estancia o un permiso de residencia. 3. En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a tres meses, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, en un período de seis meses. 4. En los supuestos de entrada sin visado, cuando concurran circunstancias excepcionales que lo justiﬁquen, podrá autorizarse la
estancia de un extranjero en el territorio español más allá de tres meses. Artículo 31 Situación de residencia temporal 1. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a noventa días e inferior a cinco años. Las autorizaciones de duración inferior a los cinco años podrán prorrogarse a petición del interesado si concurren circunstancias análogas a las que motivaron su concesión. La duración de las autorizaciones de residencia temporal y de sus prórrogas se establecerá reglamentariamente. 2. La situación de residencia temporal se concederá al extranjero que acredite disponer de medios de vida suﬁcientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo por el que la solicite sin necesidad de realizar actividad lucrativa, se proponga realizar una actividad económica por cuenta propia o ajena y haya obtenido la autorización administrativa para trabajar a que se reﬁere el artículo 36 de esta Ley, o sea beneﬁciario del derecho a la reagrupación familiar. Reglamentariamente se establecerán los criterios a los efectos de determinar la suﬁciencia de los medios de vida a que se reﬁere el presente apartado. 3. La Administración podrá conceder el permiso de residencia temporal a los extranjeros que en su momento hubieran obtenido tal permiso y no lo hubieran podido renovar, así como a aquéllos que acrediten una permanencia en territorio español durante un período mínimo de cinco años. Reglamentariamente se determinarán los requisitos para acceder a la residencia temporal por esta vía, en especial por lo que se reﬁere a la justiﬁcación de medios económicos de subsistencia, y permanencia de forma continuada en el territorio español.
4. Podrá otorgarse un permiso de residencia temporal cuando concurran razones humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situación de arraigo, en los supuestos previstos reglamentariamente. 5. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español y no ﬁgurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga ﬁrmado un convenio en tal sentido. Se valorará, en función de las circunstancias de cada supuesto, la posibilidad de renovar el permiso de residencia a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la condena, los que han sido indultados, o que se encuentren en la situación de remisión condicional de la pena. 6. Los extranjeros con permiso de residencia temporal vendrán obligados a poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios de nacionalidad y domicilio. 7. Excepcionalmente, por motivos humanitarios o de colaboración con la Justicia, podrá eximirse por el Ministerio del Interior de la obligación de obtener el visado a los extranjeros que se encuentren en territorio español y cumplan los requisitos para obtener un permiso de residencia. Cuando la exención se solicite como cónyuge de residente, se deberán reunir las circunstancias de los artículos 17 y 18 y acreditar la convivencia al menos durante un año y que el cónyuge tenga autorización para residir al menos otro año. Artículo 32 Residencia permanente 1. La residencia permanente es la situación que autoriza a residir en España indeﬁnidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. 2. Tendrán derecho a residencia permanente los que hayan tenido residencia temporal durante cinco años. Con carácter reglamentario y excepcionalmente se establecerán los criterios para que no sea exigible el citado plazo en supuestos de especial vinculación con España. Artículo 33 Régimen especial de los estudiantes. 1. Tendrá la consideración de estudiante el extranjero cuya venida a España tenga como ﬁn único o principal el cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación o formación, no remunerados laboralmente, en cualesquiera centros docentes o cientíﬁcos españoles, públicos o privados, oﬁcialmente reconocidos. 2. La duración de la autorización de estancia por el Ministerio del Interior será igual a la del curso para el que esté matriculado. 3. La autorización se prorrogará anualmente si el titular demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la expedición de la autorización inicial y que cumple los requisitos exigidos por el centro de enseñanza al que asiste, habiéndose veriﬁcado la realización de los estudios.
4. Los extranjeros admitidos con ﬁnes de estudio no estarán autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia ni ajena. Sin embargo, en la medida en que ello no limite la prosecución de los estudios, y en los términos que reglamentariamente se determinen, podrán ejercer actividades remuneradas a tiempo parcial o de duración determinada. No obstante lo dispuesto en el artículo 10.2 de esta Ley, los extranjeros admitidos con ﬁnes de estudio podrán ser contratados como personal laboral al servicio de las Administraciones públicas en los términos y condiciones previstos en este artículo. 5. La realización de trabajo en una familia para compensar la estancia y mantenimiento en la misma mientras se mejoran los conocimientos lingüísticos o profesionales se regularán de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales sobre colocación “au pair”. Artículo 34 Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados. 1. El Ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. El estatuto de apátrida comportará el régimen especíﬁco que reglamentariamente se determine. 2. El extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior manifestando que por cualquier causa insuperable, distinta de la apatridia, no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España, después de practicada la pertinente información, podrá excepcionalmente obtener, en los términos que reglamentariamente se determinen, un documento identiﬁcativo que acredite su inscripción en las referidas dependencias. En todo caso, se denegará la documentación solicitada cuando el peticionario esté incurso en algunos de los su-
puestos del artículo 26. Los extranjeros que hayan obtenido dicha inscripción y deseen permanecer en España deberán instar la concesión de permiso de residencia válido durante la vigencia del citado documento. También podrán solicitar la concesión de permiso de trabajo por el tiempo señalado, en las mismas condiciones que los demás extranjeros. Los que deseen viajar al extranjero serán además provistos de un título de viaje. 3. La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado del solicitante, el cual tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modiﬁcada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, y su normativa de desarrollo. Dicha condición supondrá su no devolución ni expulsión en los términos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951. Artículo 35 Residencia de menores. 1. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo en lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias. 2. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores. 3. La Administración del Estado, conforme al principio de reagrupación familiar del menor y previo informe de los servicios de protección de menores, resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o aquél donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. 4. Se considera regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una Administración pública. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se le otorgará un permiso de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores. 5. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas necesarias para la identiﬁcación de los menores extranjeros indocumentados, con el ﬁn de conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada de su protección. Estos datos no podrán ser usados para una ﬁnalidad distinta a la prevista en este apartado. Capítulo III
Del permiso de trabajo y regímenes especiales Artículo 36 Autorización para la realización de actividades lucrativas. 1. Los extranjeros mayores de dieciséis años para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, deberán obtener, además del permiso de residencia o autorización de estancia, una autorización administrativa para trabajar. 2. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesión para la que se exija una titulación especial, la concesión del permiso se condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del título correspondiente. También se condicionará a la colegiación, si las leyes así lo exigiesen. 3. Los empleadores que deseen contratar a un extranjero no autorizado para trabajar deberán obtener previamente, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, autorización del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La carencia de la correspondiente autorización por parte del empleador, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero. 4. En la concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrán aplicarse criterios especiales para determinadas nacionalidades en función del principio de reciprocidad. Artículo 37 Permiso de trabajo por cuenta propia. Para la realización de actividades económicas por cuenta propia, en calidad de comerciante, industrial, agricultor o artesano, habrá de acreditar haber solicitado la autorización administrativa correspondiente, cuando proceda, y cumplir todos los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcio-
namiento de la actividad proyectada y obtener del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la autorización prevista en el artículo 36 de esta Ley. Artículo 38 El permiso de trabajo por cuenta ajena. 1. Para la concesión inicial del permiso de trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo. 2. El permiso de trabajo tendrá una duración inferior a cinco años y podrá limitarse a un determinado territorio, sector o actividad. 3. El permiso de trabajo se renovará a su expiración si: a) Persiste o se renueva el contrato u oferta de trabajo que motivaron su concesión inicial, o cuando se cuente con una nueva oferta de empleo en los términos que se establezcan reglamentariamente. b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiere otorgado una prestación contributiva por desempleo, por el tiempo de duración de dicha prestación. c) Cuando el extranjero sea beneﬁciario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral durante el plazo de duración de la misma. d) Cuando concurran las circunstancias que se establezcan reglamentariamente. A partir de la primera concesión, los permisos se concederán sin limitación alguna de ámbito geográﬁco, sector o actividad. Artículo 39 El contingente de trabajadores extranjeros. El Gobierno, teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, las propuestas que le eleven las Comunidades Autónomas y previa audiencia del Consejo Superior de Política de Inmigración y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, establecerá anualmente, siempre que exista necesidad de mano de obra, un contingente para este ﬁn en el que se ﬁjará el número y las características de las ofertas de empleo que se ofrecen a trabajadores extranjeros que no se hallen ni sean residentes en España, con indicación de sectores y actividades profesionales. A estos efectos, las propuestas que pueden elevar las Comunidades Autónomas incluirán el número de ofertas de empleo y las características profesionales de los trabajadores. Artículo 40 Supuestos especíﬁcos. No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo o la oferta de colocación vaya dirigido a: a) La cobertura de puestos de conﬁanza en las condiciones ﬁjadas reglamentariamente. b) El cónyuge o hijo de extranjero residente en España con un permiso renovado. c) Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan
su renovación. d) Los trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos. e) Los que hubieran gozado de la condición de refugiados durante el año siguiente a la cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra de 1951, sobre el Estatuto de refugiados por los motivos recogidos en su artículo I.C.5. f) Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la condición de apátridas el año siguiente a la terminación de dicho estatuto. g) Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española. h) Los extranjeros nacidos y residentes en España. i) Los hijos o nietos de español de origen. j) Los menores extranjeros en edad laboral con permiso de residencia que sean tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen. k) Los extranjeros que obtengan el permiso de residencia por el procedimiento previsto en el artículo 31.3 de la presente Ley. Dicho permiso tendrá la duración de un año. Artículo 41 Excepciones al permiso de trabajo.
1. No será necesaria la obtención de permiso de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes: a) Los técnicos y cientíﬁcos extranjeros, invitados o contratados por el Estado, las Comunidades Autónomas o los Entes locales. b) Los profesores extranjeros invitados o contratados por una universidad española. c) El personal directivo y el profesorado extranjeros, de instituciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oﬁcialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas. d) Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española. e) Los corresponsales de medios de comunicación social extranjeros, debidamente acreditados, para el ejercicio de la actividad informativa. f) Los miembros de misiones cientíﬁcas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España, autorizados por el Estado. g) Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada. h) Los ministros, religiosos o representantes de las diferentes iglesias
y confesiones, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en tanto limiten su actividad a funciones estrictamente religiosas. i) Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos homologados internacionalmente, siempre que limiten su actividad a funciones estrictamente sindicales. j) Los españoles de origen que hubieran perdido la nacionalidad española. 2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para acreditar la excepción. 3. Asimismo, no tendrán que solicitar la obtención del permiso de trabajo los extranjeros en situación de residencia permanente establecida en el artículo 32 de esta Ley Orgánica. Artículo 42 Régimen especial de los trabajadores de temporada. 1. El Gobierno regulará reglamentariamente el permiso de trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional de acuerdo con las características de las citadas campañas y la información que le suministren las Comunidades Autónomas donde se promuevan. 2. Para conceder los permisos de trabajo deberá garantizarse que los trabajadores temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas.
3. Las Administraciones públicas promoverán la asistencia de los servicios sociales adecuados. Artículo 43 Trabajadores transfronterizos y prestación transnacional de servicios. 1. Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general. 2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para el permiso de trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, de acuerdo con la normativa vigente. Capítulo IV De las tasas por autorizaciones administrativas para trabajar en España Artículo 44 Hecho imponible. 1. Las tasas se regirán por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. 2. Constituye el hecho imponible de las tasas la concesión de las autorizaciones administrativas y la expedición de los documentos de identidad previstos en esta Ley, así como sus prórrogas, modiﬁcaciones y renovaciones; en particular: a) La expedición de visados de entrada en España.
e) La concesión de tarjetas de estudios. f) La expedición de documentos de identidad de indocumentados. Artículo 45 Devengo. Las tasas se devengarán cuando se conceda la autorización, prórroga, modiﬁcación, o renovación, o cuando se expida el documento. Artículo 46 Sujetos pasivos. 1. Serán sujetos pasivos de las tasas las personas en cuyo favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el artículo 44 salvo en los permisos de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso será sujeto pasivo el empleador o empresario. 2. Será nulo todo pacto por el que el trabajador por cuenta ajena asuma la obligación de pagar en todo o en parte el importe de las tasas establecidas por la concesión, renovación, modiﬁcación o prórroga del contrato de trabajo. Artículo 47 Exención. No vendrán obligados al pago de las tasas por la expedición de los permisos de trabajo los nacionales iberoamericanos, ﬁlipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefardíes, los hijos y nietos de español o española de origen, y los extranjeros nacidos en España, cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia. Artículo 48
2. Las normas que determinen la cuantía de las tasas deberán ir acompañadas de una memoria económico-ﬁnanciera sobre el coste de la actividad de que se trate y sobre la justiﬁcación de la cuantía propuesta, la cual deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 7 y 19.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril. 3. Se consideran elementos y criterios esenciales de cuantiﬁcación, que sólo podrán modiﬁcarse mediante norma del mismo rango, los siguientes:
Artículo 50 La potestad sancionadora El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas previstas en la presente Ley Orgánica, se ajustará a la dispuesto en la misma y en sus disposiciones de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) En la concesión de permisos de residencia, la duración del permiso, así como su carácter deﬁnitivo o temporal, y, dentro de estos últimos, el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones. d) En la concesión de permisos de trabajo, la duración del permiso, su extensión y ámbito, el carácter y las modalidades de la relación por cuenta ajena, así como, en su caso, el importe del salario pactado.
e) En la concesión de tarjetas de estudios, la duración del permiso y el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones. En todo caso, será criterio cuantitativo de las tasas el carácter individual o colectivo de los permisos, prórrogas, modiﬁcaciones o renovaciones. 4. Los importes de las tasas por expedición de visados se adecuarán a la revisión que proceda por aplicación del Derecho comunitario. Se acomodarán, asimismo, al importe que pueda establecerse por aplicación del principio de reciprocidad. Artículo 49 Gestión, recaudación y autoliquidación. 1. La gestión y recaudación de las tasas corresponderá a los órganos competentes en los distintos Departamentos ministeriales para la concesión de las autorizaciones, modiﬁcaciones, renovaciones y prórrogas, y para la expedición de la documentación a que se reﬁere el artículo 44. 2. Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro cuando así se prevea reglamentariamente. Título III De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador
Tipos de infracciones 1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes sean autores o participen en cualquiera de las infracciones tipiﬁcadas en los artículos siguientes. 2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica se clasiﬁcan en leves, graves y muy graves.
a) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable. b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado. c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso de residencia temporal.
tranjeros ocupados.
Son infracciones graves: a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido o tener caducada más de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos, cuando fueren exigibles, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de los mismos en el plazo previsto reglamentariamente. b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido permiso de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida. c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio. d) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. e) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza. f) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. g) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas. Artículo 54 Infracciones muy graves. 1. Son infracciones muy graves: a) Participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. b) Inducir, promover, favorecer o facilitar, formando parte de una organización con ánimo de lucro, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español siempre que el hecho no constituya delito. c) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23 de la presente Ley, siempre que el hecho no constituya delito. d) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo el correspondiente permiso de trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores ex-
2. También son infracciones muy graves: a) El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los citados extranjeros. b) El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del extranjero transportado que, por deﬁciencias en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España. Esta obligación incluirá los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si así lo solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de dicho extranjero, que habrá de producirse de inmediato, bien por medio de la compañía objeto de sanción o, en su defecto, por medio de otra empresa de transporte, con dirección al Estado a partir del cual le haya transportado, al Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro Estado donde esté garantizada su admisión. Lo establecido en las dos letras anteriores se entiende también para el caso en que el transporte aéreo o marítimo se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español. 3. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no se considerará infracción a la presente Ley el hecho de transportar hasta
la frontera española a un extranjero que, habiendo presentado sin demora su solicitud de asilo, ésta le es admitida a trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, modiﬁcada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. Artículo 55 Sanciones. 1. Las infracciones tipiﬁcadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos siguientes: a) Las infracciones leves con multa de hasta 50.000 pesetas. b) Las infracciones graves con multa de 50.001 hasta 1.000.000 de pesetas. c) Las infracciones muy graves con multa desde 1.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas. 2. Corresponderá al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades uniprovinciales la imposición de las sanciones por las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica. En los supuestos caliﬁcados como infracción leve del artículo 52.c), grave del artículo 53.b), cuando se trate de trabajadores por cuenta propia, y muy grave del artículo 54.1.d), el procedimiento sancionador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, correspondiendo la imposición de las sanciones a las autoridades referidas en el párrafo anterior. 3. Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia. 4. Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta la capacidad económica del infractor. 5. A no ser que pertenezcan a un tercero no responsable de la infracción, en el supuesto de la letra b) del apartado 1 del artículo 54, serán objeto de decomiso los vehículos, embarcaciones, aeronaves, y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza que sean, hayan servido de instrumento para la comisión de la citada infracción. A ﬁn de garantizar la efectividad del comiso, los bienes, efectos e instrumentos a que se reﬁere el apartado anterior podrán ser aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad gubernativa, desde las primeras intervenciones, a resultas del expediente sancionador que resolverá lo pertinente en relación con los bienes decomisados. 6. En el supuesto de la infracción prevista en la letra d) del apartado 1 del artículo 54 de la presente Ley, la autoridad gubernativa podrá adoptar, sin perjuicio de la sanción que corresponda, la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco años. Artículo 56 Prescripción de las infracciones y de las sanciones
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. 2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año. 3. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no empezará a contar hasta que haya transcurrido el período de prohibición de entrada ﬁjado en la resolución con un máximo de diez años. Artículo 57 Expulsión del territorio. 1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipiﬁcadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c) d) y f ) del artículo 53 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo. 2. Asimismo constituirá causa de expulsión, previa la tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. 3. En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa.
4. La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer en España de la que fuese titular el extranjero expulsado. 5. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos: a) Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años. b) Los que tengan reconocida la residencia permanente. c) Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española.
del Fiscal, su salida del territorio español, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o su expulsión, si ésta resultara procedente de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores del presente artículo, previa sustanciación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador. No serán de aplicación las previsiones contenidas en el párrafo anterior cuando se trate de delitos tipiﬁcados en los artículos 312, 318 bis, 515.6.o, 517 y 518 del Código Penal. En el supuesto de que se trate de extranjeros no residentes legalmente en España y que fueren condenados por sentencia ﬁrme, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal. 8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipiﬁcadas como delitos en los artículos 312, 318 bis, 515.6.o, 517 y 518 del Código Penal, la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.
d) Los que sean beneﬁciarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneﬁciarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral.
9. La resolución de expulsión deberá ser notiﬁcada al interesado, con indicación de los recursos que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos.
7. Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento por delitos castigados con penas privativas de libertad inferiores a seis años, el Juez podrá autorizar, previa audiencia
1. Toda expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un período mínimo de tres años y máximo de diez. 2. No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en los siguientes supuestos: a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España.
b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país. 3. En el supuesto de que se formalice una solicitud de asilo por las personas que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados en el apartado anterior, no podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya decidido la inadmisión a trámite de la petición, de conformidad con la normativa de asilo. Tampoco podrán ser devueltas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre. 4. La devolución será acordada por la autoridad gubernativa competente para la expulsión. 5. La devolución acordada en aplicación de la letra a) del apartado 2 conllevará la reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que hubiese acordado la orden de expulsión quebrantada. Asimismo, en este supuesto, cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, la autoridad gubernativa solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión. Artículo 59 Colaboración contra redes organizadas 1. El extranjero que haya cruzado la frontera española fuera de los pasos establecidos al efecto o no haya cumplido con su obligación de declarar la entrada y se encuentre irregularmente en España o trabajando sin permiso, sin documentación o documentación irregular, por haber sido víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráﬁco ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, o de tráﬁco ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a las autoridades competentes a los autores o cooperadores de dicho tráﬁco, o coopera y colabora con los funcionarios policiales competentes en materia de extranjería, proporcionando datos esenciales o testi-
ﬁcando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores. 2. Los órganos administrativos competentes encargados de la instrucción del expediente sancionador harán la propuesta oportuna a la autoridad que deba resolver. 3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar a su elección, el retorno a su país de procedencia o la estancia y residencia en España, así como permiso de trabajo y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 4. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de maniﬁesto a la autoridad gubernativa competente a los efectos de que se valore la inejecución de su expulsión y, en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta última, se procederá de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que se puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Artículo 60 Retorno. 1. Los extranjeros a los que en frontera no se les permita el ingreso en el país serán retornados a su punto de origen en el plazo más breve posible. La autoridad gubernativa que acuerde el retorno se dirigirá al Juez de Instrucción si el retorno fuera a retrasarse más de setenta y dos horas para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta que llegue el momento del retorno. 2. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio.
3. El extranjero durante su internamiento se encontrará en todo momento a disposición de la autoridad judicial que lo autorizó, debiéndose comunicar a ésta por la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en relación a la situación de los extranjeros internados. 4. La detención de un extranjero a efectos de retorno será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país. Artículo 61 Medidas cautelares. 1. Durante la tramitación del expediente sancionador en el que se formule propuesta de expulsión, la autoridad gubernativa competente para su resolución podrá acordar, a instancia del instructor y a ﬁn de asegurar la eﬁcacia de la resolución ﬁnal que pudiera recaer, alguna de las siguientes medidas cautelares: a) Presentación periódica ante las autoridades competentes. b) Residencia obligatoria en determinado lugar. c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado de resguardo acreditativo de tal medida. d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de setenta y dos horas, previas a la solicitud de internamiento. En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a setenta y dos horas. e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento. 2. En los expedientes sancionadores en la comisión de infracciones por transportistas, si éstos infringen la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, podrá acordarse la suspensión de sus actividades, la prestación de ﬁanzas, avales, o la inmovilización del medio de transporte utilizado. Artículo 62 Ingreso en centros de internamiento. 1. Cuando el expediente se reﬁera a extranjeros por las causas comprendidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 54, así como a), d) y f ) del artículo 53, en el que se vaya a proponer la expulsión del afectado, la autoridad gubernativa podrá proponer al Juez de Instrucción competente que disponga su ingreso en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador. La decisión judicial en relación con la solicitud de internamiento del extranjero pendiente de expulsión se adoptará en auto motivado, previa audiencia del interesado. 2. El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los ﬁnes del expediente, sin que en ningún caso pueda exceder de cuarenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. La decisión judicial que lo autorice, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá ﬁjar un período máximo de duración del internamiento inferior al citado.
3. Los menores en los que concurran los supuestos previstos para el internamiento serán puestos a disposición de los servicios competentes de protección de menores. El Juez de Menores, previo informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá autorizar su ingreso en los centros de internamiento de extranjeros cuando también lo estén sus padres o tutores, lo soliciten éstos y existan módulos que garanticen la intimidad familiar. 4. La incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución ﬁnal del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país. Artículo 63 Procedimiento preferente. 1. La tramitación de los expedientes de expulsión, en los supuestos de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 54, así como las a), d) y f ) del artículo 53, tendrá carácter preferente. 2. Cuando de las investigaciones se deduzca la oportunidad de decidir la expulsión, se dará traslado de la propuesta motivada por escrito al interesado, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de cuarenta y ocho horas. En los supuestos en que se haya procedido a la detención preventiva del extranjero, éste tendrá derecho a asistencia letrada que se le proporcionará de oﬁcio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos. 3. En el supuesto de la letra a) del artículo 53, cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad permiso de residencia temporal por situación de arraigo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 31.4 de esta Ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión continuará la misma, si procede, por el procedimiento establecido en el artículo 57. 4. La ejecución de la orden de expulsión en estos supuestos se efectuará de forma inmediata. Artículo 64 Ejecución de la expulsión. 1. Una vez notiﬁcada la resolución de expulsión, el extranjero vendrá obligado a abandonar el territorio español en el plazo que se ﬁje, que en ningún caso podrá ser inferior a las setenta y dos horas, excepto en los casos en que se aplique el procedimiento preferente. En caso de incumplimiento se procederá a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que se haya de hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podrá solicitarse la medida de internamiento regulada en los artículos anteriores, que no podrá exceder de cuarenta días. 2. La ejecución de la resolución de expulsión se efectuará a costa del extranjero si tuviere medios económicos para ello. Caso contrario, se comunicará al representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos. 3. Se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una petición de asilo, hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de asilo. 4. No será precisa la incoación de expediente de expulsión para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de los solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite en aplicación de la letra e) del artículo 5.6 de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, al ser responsable otro Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los convenios internacionales en que España sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligación de proceder al estudio de la solicitud.
Artículo 65 Carácter recurrible de las resoluciones sobre extranjeros. 1. Las resoluciones administrativas sancionadoras serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes. El régimen de ejecutividad de las mismas será el previsto con carácter general. 2. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los recursos procedentes, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, quienes los remitirán al organismo competente. Artículo 66 Obligaciones de los transportistas. Toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligado a: a) Realizar la debida comprobación de la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los extranjeros. En razón de las especiales circunstancias de los transportes terrestres, las obligaciones a que se reﬁere el párrafo anterior serán aplicables exclusivamente al transporte terrestre internacional de viajeros y sólo a partir del momento en que sean establecidas reglamentariamente por el Gobierno las modalidades, limitaciones, exigencias y condiciones de su cumplimiento. b) Hacerse cargo inmediatamente del extranjero que hubiese trasladado hasta la frontera aérea, marítima o terrestre correspondiente del territorio español, si a éste se le hubiera denegado la entrada por deﬁciencias en la documentación necesaria para el cruce de fronteras. c) Transportar a ese extranjero bien hasta el Estado a partir del cual le haya transportado, bien hasta el Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado, o bien a cualquier otro Estado donde esté garantizada su admisión.
Protección y Vigilancia en los Centros Escolares de Santa Pola En Octubre de 2005 se creó la UNIDAD DE ATENCION ESCOLAR (en adelante U.A.E.), su ﬁnalidad era atender la creciente demanda social de una mayor protección y vigilancia en los Centros Escolares de nuestra población. Esta demanda creciente estaba supeditada a la alarma social que, la venta de drogas en los alrededores de los centros, las peleas tanto de alumnos como de exalumnos y sus grabaciones en móviles, había generado. Llevamos a cabo diversas actuaciones en todos estos ámbitos, en algunas ocasiones de forma intuitiva, ya que nuestra UNIDAD era nueva y no había precedentes en este tipo de intervenciones. En la actualidad se ha reducido casi por completo tanto la venta de droga como las peleas tanto dentro como fuera de los Centros Escolares. Este hecho ha sido reconocido por profesores, alumnos y APAS, y así lo han manifestado, incluso por escrito, los Directores de los Centros en sendas cartas dirigidas al Sr. Alcalde, en ellas se le da la enhorabuena por la creación de esta UNIDAD y la profesionalidad y diligencias de los Agentes que la componen. Vistos los resultados obtenidos esta UNIDAD sigue creyendo en la importancia que tiene la integración de la Policía, es decir de su UNIDAD DE ATENCION ESCOLAR, en las aulas de los Colegios e I.E.S., para así fomentar la proximidad hacia los alumnos/as. Queremos, desde esta UNIDAD, seguir en la misma línea, pero siempre con ánimo de mejorar el servicio que se presta a la comunidad escolar.
UNIDAD DE ATENCION ESCOLAR de la Policía Local de Santa Pola EL OBJETIVO PRIMORDIAL Y MAS IMPORTANTE ES LA ASISTENCIA DE TODOS LOS MENORES A LOS CENTROS ESCOLARES, PARA PODER RECIBIR UNA
Nuestro proyecto más cercano, para este curso es aproximarnos a los alumnos/as y hablar con ellos/as de temas que les conciernen directamente y que muchas veces también les preocupan e interesan, como: la violencia escolar, el acoso y el absentismo, entre otros, pero comos somos realistas no descartamos otros temas que a su vez puedan surgir o ser demandados por ellos y ellas.
EDUCACION ADECUADA, YA QUE
El Objetivo General de esta UNIDAD, es el siguiente:
LA EDUCACION ES OBLIGATORIA
El objetivo primordial y mas importante es la asistencia de todos los menores a los centros escolares, para poder recibir una educacion adecuada, ya que la educacion es obligatoria a partir de los seis años y hasta los dieciseis años.
A PARTIR DE LOS SEIS AÑOS Y HASTA LOS DIECISEIS AÑOS.
UNIDAD DE ATENCION ESCOLAR de la Policía Local de Santa Pola Además tenemos otros objetivos: 1º.- Acudir diariamente y tantas veces sea requerida la U.A.E. a los I.E.S. y a los Colegios Públicos y Privados, para entrevistarse con los Directores o Jefes de Estudio con el propósito de informarse de los problemas o incidencias que se producen en el transcurso de la jornada escolar, y así poder establecer un plan de actuación conjunto para resolverlos. 2º.- Establecer contacto con las Asociaciones de PadresMadres de los Alumnos/as y recabar las inquietudes que, en materia de seguridad escolar planteen, siendo informados de las medidas que se van a adoptar en lo concerniente a la resolución de los problemas, al tiempo que se favorece una mayor relación de cercanía con los
Padres y Madres, haciéndoles participes de las diﬁcultades que existen o pueden existir (por la juventud de los implicados y por la realidad legislativa) en la resolución de los diversos incidentes que se presenten, así como hacerles más participes: en las tareas de educación de sus hijos y en prestar la ayuda necesaria a los profesores de los Centros Escolares. 3º.- Identiﬁcar a los autores de comportamientos disruptivos que afecten al desarrollo educativo, así como al normal funcionamiento de las aulas, erradicando estas conductas y determinando las medidas de prevención necesarias para evitar hechos futuros. 4º.- Constituirse en un eslabón más de la cadena educativa, manteniendo una presencia diaria y constante en
el interior de los Centros, bien en los pasillos, bien en las zonas comunes o en las proximidades, de manera tal que sea una realidad social en los Centros Escolares, la presencia de la U.A.E.
En la deﬁnición y desarrollo de estos objetivos, se ha tenido especial cuidado para que la labor de los Agentes de la U.A.E. no se confunda con la que debe de desempeñar la comunidad de profesores.
5º.- Apoyar a los Directores, Jefes de Estudios y Profesores en la prevención y vigilancia de determinadas conductas de los alumnos/as o de todos aquellos jóvenes que frecuenten los Centros Escolares, sin estar matriculados en los mismos.
Así pues, los Agentes de la U.A.E deberán prevenir las conductas antes descritas velando por la seguridad del centro y de todos sus integrantes, siendo el mantenimiento de la disciplina y el respeto a las normas educativas competencia exclusiva de las Direcciones de los I.E.S. y Colegios.
6º.- Vigilar el absentismo escolar, conociendo de primera mano quién o quienes, cómo y cuándo se produce. 7º.- Identiﬁcar a grupos de alumnos que promuevan o realicen actos vandálicos o violentos contra los Centros Escolares o sus alumnos/as. 8º.- Impedir la venta de estupefacientes y las agresiones o peleas, y su difusión en videos o en teléfonos móviles, tanto dentro como fuera de los Centros Educativos. 9º.- Integrarse en los Colegios e I.E.S. y fomentar el contacto con los escolares, estableciendo una relación de proximidad, favoreciendo la comunicación y la conﬁanza entre los alumnos/as y la U.A.E. 10º.- Que una vez conocidos los problemas ocasionados por los menores fuera del horario escolar, la UNIDAD DE ATENCION ESCOLAR, se pondrá en contacto con los padres para informarles de los hechos e intentar erradicarlos y que no se vuelvan a repetir.
En la actualidad se están llevando a cabo una serie de actuaciones tales como enseñar las nuevas dependencias de la Policía Local a todos los Colegios Públicos y Privados de la localidad. También se quieren realizar charlas, las cuales se dirigirán a alumnos/as de 6º E.G.B., alumnos/as de la E.S.O. y alumnos/as de Bachillerato de los siguientes centros educativos: * * * * * * * * * *
Instituto Santa Pola. Instituto Cap de L’Aljub. Colegio Público Azorín. Colegio Público Virgen de Loreto. Colegio Público Cervantes. Colegio Público Hispanidad. Colegio Público Ramón Cuesta. Colegio Público José Garnero. Colegio Público Gran Alacant. Colegio Privado Concertado Alonai.
UNIDAD DE ATENCION ESCOLAR de la Policía Local de Santa Pola
Dichas intervenciones consistirían en charlas impartidas por los Agentes de la U.A.E, previo sondeo mediante cuestionarios de los intereses de los alumnos/as. Para llevar a cabo estas charlas se harían uso de las respectivas aulas, pudiendo utilizar diversos medios como: * * * *
Proyecciones de películas. Cd’s de audio. Informática. Prensa.
También se utilizarían talleres y rol-play, a través de los cuales se tratarían de prevenir y erradicar el consumo de estupefacientes, el acoso y la violencia escolar, etc., haciendo comprender a los alumnos/as el origen de estas situaciones, que medidas se deben tomar para hacer frente a un acosador o ante un joven violento, al tiempo que detrás de ese comportamiento, en la mayoría de los casos, existe una necesidad de ayuda social en la que todos debemos implicarnos, sin excepción. Todos estos medios se utilizarían siempre que sirvan a una ﬁnalidad pedagógica y a nuestros objetivos. El tiempo necesario para realizar las charlas sería de una asignatura, contando para ello con la correspondiente coordinación y asignación por parte de la Dirección y/o de la Jefatura de Estudios de los correspondientes Centros Escolares, los cuales están muy interesados y han acogido con agrado esta propuesta.
UNIDAD DE ATENCION ESCOLAR de la Policía Local de Santa Pola La UNIDAD DE ATENCIÓN ESCOLAR proporciona a todos los alumnos y alumnas el telef. gratuíto y e.mail,
900 500 504
uae@policiasantapola.com para que puedan utilizarlos en casos de necesidad.
La UNIDAD DE ATENCIÓN ESCOLAR ha sido muy bien acogida por los centros y por los padres, los cuales les han hecho saber a esta UNIDAD que desde que esta en funcionamiento, se sienten más tranquilos sabiendo que la UNIDAD esta al lado de sus hijos, para ayudarles en todo lo que puedan.
The UNIT FOR EDUCATIONAL ATTENTION (U.E.A.) was created in October 2005. Its purpose was to attend to the growing social demand for greater protection and surveillance in the educational centres of our town. This growing demand arose as a response to the social alarm which had been generated by the sale of drugs in the vicinity of the centres, ﬁghts involving pupils or ex-pupils and the ﬁlming of these on mobile telephones. We carry out various actions in all of these spheres, on some occasions intuitively, since our UNIT was new and there was no precedence for this type of actions. Currently the sale of drugs and ﬁghts inside and outside the schools have been almost completely eradicated. This fact has been recognised by teachers, pupils and parents associations, and the Head Teachers of the Centres have even stated this in writing in letters to the Mayor, congratulating him on the creation of this UNIT and the professionalism and diligence of the Ofﬁcers who work in it. In view of the results obtained, this UNIT continues to believe in the importance of integration of the Police, that is to say the UNIT FOR EDUCATIONAL
THE FUNDAMENTAL AND MOST IMPORTANT OBJECTIVE IS THE ATTENDANCE BY ALL MINORS AT EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS TO ENABLE THEM TO RECEIVE AN ADEQUATE EDUCATION, SINCE EDUCATION IS OBLIGATORY BETWEEN THE AGES OF SIX AND SIXTEEN YEARS. We also have other objectives: 1.- For the U.E.A. to attend public and private schools daily and as many times as may be requested to meet with the Head Teachers or Heads of Study in order to be informed of the problems or incidents which occur during the school day and thus be able to establish a joint action plan in order to solve them. 2.- To contact the Parents Associations and become acquainted with the concerns they express regarding school safety, keeping them informed of the measures which are to be adopted with regard to solving the problems, whilst at the same time favouring a closer relationship with the parents, informing them of the difﬁculties which exist or may exist (owing to the young age of those implicated and the legal reality) in solving the different incidents which arise as well as encouraging them to be more involved in the task of educating their children and providing the neces-
THE UNIT FOR EDUCATIONAL ATTENTION OF THE LOCAL POLICE of Santa Pola ATTENTION, in the classrooms of primary and secondary schools in order to foster a close relationship with the pupils. In this UNIT we wish to continue along the same lines, but always with the desire to improve the service we provide to the school community. Our project for this school year is to approach the pupils and be able to talk to them about the subjects that concern them directly and which often also worry or interest them. These are topics such as school violence, bullying and absenteeism, among others, but as we are realistic we do not rule out other topics which may in turn arise or be requested by the pupils.
sary help to the teachers of the Schools.
ofﬁcers of the U.E.A. is not confused with that which should be performed by the teaching staff.
3.- To identify those responsible for disruptive behaviour, which affects educational development as well as the normal functioning of the classroom, eradicating these behaviours and determining the necessary preventive measures in order to avoid future occurrences.
Thus, the ofﬁcers of the U.E.A. should prevent the abovementioned conducts, protecting the security of the centre and all its members, the maintenance of discipline and respect for educational rules being the exclusive responsibility of the Staff of the schools.
4.- To form another link in the educational chain, maintaining constant daily presence inside the Centres, either in the corridors or in the common areas, or in the vicinity, so that the presence of the U.E.A. becomes a social reality in Schools.
A series of actions is currently being undertaken, such as showing the new ofﬁces of the Local Police to the state and private schools of the town, these visits being well received by all the pupils who have so far visited are ofﬁces.
5.- To support the Head Teachers, Heads of Studies and Teachers in the prevention and surveillance of certain forms of conduct by the pupils or the young people who frequent the schools without being enrolled in them.
It is also hoped to give talks which will be oriented to pupils in the last year of primary school, secondary school and the sixth form pupils attending the following educational centres:
6.- To monitor absenteeism, knowing at ﬁrst hand who causes it, how and when. 7.- To identify groups of pupils who promote or carry out acts of vandalism or violence against the Schools or their pupils. 8.- To prevent the sale of drugs and acts of aggression or ﬁghts, both in and near Educational Centres, and their circulation by video or mobile telephones. 9.- Become integrated in the schools and encourage
Santa Pola Scondary School Cap d L’Aljub Secondary School Azorín State School Virgen de Loreto State School Cervantes State School Hispanidad State School Ramón Cuesta State School José Garnero State School Gran Alacant State School Alonai Concerted Private School
These talks will be given by ofﬁcers of the U.E.A. after polling by means of a questionnaire to ascertain the
THE UNIT FOR EDUCATIONAL ATTENTION OF THE LOCAL POLICE of Santa Pola contact with the pupils, establishing a close relationship, favouring communication and trust between the pupils and the U.E.A. 10.- Once we have knowledge of the problems caused by the minors outside school hours the UNIT FOR EDUCATIONAL ATTENTION will contact the parents to inform them so that they know the facts and try to eradicate them so that they will not happen again. In the deﬁnition and development of these objectives special care has been taken so that the work of the
interests of the pupils. To give these talks use will be made of the respective classrooms and different media may be used such as: * * * *
Film projection Audio CDs Information Technology The press
We will also use workshops and role-play, by means of which we will try to prevent and eradicate the consumption of drugs, bullying and school violence, etc., helping the pupils to understand the origin of these situations, which measures should be taken to deal with a bully or a violent youth, and at the same time to see that behind this behaviour, in the majority of cases, there is a need for social assistance in which we should all be involved, without exception. All of these measures will be used provided that they serve an educational purpose and our objectives. The time necessary to give these talks will be one subject class, and for this we will have the corresponding coordination and assignation by the Head Teacher or Head of Studies of the corresponding Schools, who are very interested and have welcomed this proposal.
THE UNIT FOR EDUCATIONAL ATTENTION OF THE LOCAL POLICE of Santa Pola As has been the case up to now, the free telephone number,
900 500 504 and the e-mail of the U.E.A.,
uae@policiasantapola.com will be provided to all the pupils so that they may use them in case of need.
Proyecto de Colaboración Ciudadana en Teulada-Moraira Los orígenes del proyecto de colaboración vecinal, nacen a mediados del año 2005, motivados esencialmente por la preocupación municipal en temas relacionados con la seguridad de sus vecinos. Teulada-Moraira, caracterizada por la presencia de dos cascos urbanos distantes entre si de 6 km, aproximadamente, así como de tener, un gran diseminado de viviendas unifamiliares (alrededor de 5.500 viviendas), con 350 km de viales en un termino municipal; de falta de efectivos de la Guardia Civil, hacían bastante difícil mantener los niveles de seguridad, sin la implicación vecinal en los asuntos relacionados con la seguridad ciudadana. A este panorama, había que añadirle la propia demografía de Teulada, que cuenta con 66 nacionalidades distintas y con ser Teulada-Moraira, un destino eminentemente turístico y residencial de la Costa Blanca. Desde la Policía Local, se mantenía el criterio que sin la ayuda y la colaboración de los vecinos, era prácticamente imposible mantener los niveles óptimos de seguridad. La seguridad era y es un asunto que compete a todos, por lo que debían favorecerse acciones de colaboración entre los vecinos y la policía local, buscando la mejora de la calidad de vida y del aumento subjetivo de la seguridad. Para la Policía Local de Teulada-Moraira, la seguridad es un valor a tener en cuenta, ya que ésta está entroncada directamente relacionada con la actividad económica, principalmente en el sector turístico, sector éste muy sensible a la falta de seguridad. Se partía de la premisa que, la información facilitada a los vecinos por parte de la policía local, era y es un recurso potente que reducía el sentimiento de seguridad vecinal, ante el hecho de poder ser victima de un hecho delictivo, por lo que se estableció una estrategia de participación ciudadana en las políticas locales de seguridad. También se partía de la premisa de quien mejor conoce las necesidades de seguridad, por los propios vecinos que la demandan.
Con todo ello, nació el proyecto denominado “Colaboración Vecinal, que tenia como principales objetivos: 1. Reducir la delincuencia y las posibles “situaciones” que pudieran generar o provocar un hecho delictivo. 2. Mejora la relaciones entre vecinos. 3. Fomentar la participación de los vecinos, para mejorar su situación en la ciudad y evitar con ello, el aislamiento individual.
Así pues, procedimos a una división del término municipal en calles, en 7 zonas y 2 cascos urbanos y dos sectores. A cada calle, le asignamos un responsable, a cada zona un coordinador y 1 oﬁcial de enlace al proyecto de sector vecinal y a cada sector le asignamos un presidente en unión del Jefe de Policía Local. Por tanto, desechados los argumentos tradicionales de gestión de la seguridad, basadas esencialmente en la represión o en la ayuda al vecino cuando ha sido objeto de un hecho delictivo y nos propusimos desde la Policía Local de Teulada, a la búsqueda de un modelo de gestión de la seguridad, donde el concepto de la seguridad gira a nuestro entender, en torno de dos cuestiones esenciales: 1. Favorecer y crear ambientes seguros y agradables, que fomente la calidad de vida de nuestros vecinos. 2. Fomentar la cultura de la seguridad, basada esencialmente en la información y en la participación vecinal, en los asuntos relacionados con la seguridad. No debemos olvidar, que gran parte del éxito del proyecto, descansa sobre todo el colectivo de la Policía Local, profesionales éstos a quienes se les ha inculcado esta nueva mentalidad de trabajo, basada en la relación de ayuda al vecino y al incentivo diario de efectuar el binomio policía local-ciudadano. Esta nueva modalidad policial, está dirigida esencialmente a la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y visitantes, quienes cada día, aportan al proyecto de colaboración vecinal, de dinamismo e ilusión, en una constante mejora de nuestro servicio, utilizando para ello como principal herramienta de trabajo, la comunicación y la empatia profesional. Por ello, creamos en el seno de la Policía Local de Teulada, de un Código de Buenas Prácticas en al presentación
del servicio de Policía Local, donde entre otras premisas se insistía en el fomento de la comunicación y la empatia por parte de los agentes con los problemas vecinales; también se establecía en dicho Código, la prestación del 20% del tiempo a pie, así como de incentivar la colaboración y facilitación de las diferentes actividades locales que puedan necesitar los vecinos, así como del fomento de la ayuda en casos de movilidad reducida, etc. Nuestra ﬁlosofía policial de actuación descansa, sobre la base de identiﬁcar al vecino y visitante como “cliente”, desechando la posición tradicionalista policial de iden-
tiﬁcar al vecino, como un cliente cautivo de la propia institución policial, al no existir competencia. En este sentido, nos Propusimos trabajar las demandas vecinales, no las competencias entre cuerpos policiales. Esta nueva visión de trabajo en la Policía Local de Teulada, guiada más en la actualidad desde el punto de vista empresarial y de incentivo de la calidad y mejora constante en el servicio, es lo que diariamente realizan la mayoría de los empresarios de España, que tratan de buscar una posición ventajosa en un mercado competitivo. Nuestra visión se trata simplemente, de ver y de identiﬁcar a la Policía Local de Teulada, como si de una empresa se tratara y quien dirige sus esfuerzos en ofrecer cada día a nuestros clientes, de mejores servicios y productos de calidad. Debemos de añadir un nuevo elemento que surge en la actualidad que afecta a todas las Administraciones Públicas que supone, un nuevo cambio de mentalidad ciudadana, que es más conciente de ejercer y de reclamar sus derechos ante la Administración y mucho más, cuando se siente insatisfecho, de cómo se presentan y como se atienden los servios policiales. Así pues, estamos ante una nueva sociedad multicultural, ante unos nuevos clientes, ante nuevos profesionales y por tanto nos sentíamos en la obligación de ofrecer o por lo menos intentar realizar, una nueva gestión de la seguridad local, basado básicamente en la proximidad policial y en la participación de los vecinos en los asuntos relacionados con su seguridad. El actual vecino, demanda una rápida respuesta a los problemas planteados y critica la excesiva burocratización de la intervención policial en la resolución de los mismos. Es aquí donde debemos de introducir un elemento de eliminación de aquellos que se puede realizar simpliﬁcando los trámites de gestión interna, así como incentivar a la función de medicación social por parte
de la Policía Local. Finalmente, debemos de cuidar mucho la percepción que se tiene de la Policía Local, en cuanto a su presencia en al vía pública. El servicio de patrulla con vehículo, ha reducido en general el contacto vecinal fomentando un distanciamiento entre el binomio policía-ciudadano. Diariamente, la Policía Local de Teulada visita a sus vecinos, dialoga con ellos y trata de conocer la problemática. Mensualmente, el Jefe de la Policía Local se reúne con un grupo de vecinos y les explica como van las cosas en su zona y la problemática que ha generado en la ciudad durante en periodo de tiempo. Debemos por tanto, reorientar el actual modelo de servicio de patrulla en poder ser la policía más cercana, más comprometida con nuestros vecinos y por tanto, debemos de ser el colectivo más sensible a sus demandas que cada día surgen en toda las ciudades. Creemos que con este planteamiento, la Policía Local gana en legitimidad y moral social, implicada cada día más en los asuntos de su comunidad, sin perder por ello, su propia identidad de sus funciones básicas de seguridad. La ciudad pasa de ser un mero escenario inactivo, a conﬁgurarse como el lugar donde se originan muchos de los procesos de carácter social, en donde el actor principal es el vecino en la solución de sus problemas de seguridad. Es evidente que estamos ante una nueva sociedad, tanto de personas como de culturas y por tanto, debemos construir una nueva gestión policial, que responda con eﬁcacia a las necesidades actuales, desde la introducción de nuevos elementos de acción y de construir una base de trabajo que responda a nuestro trabajo diario. Necesitamos ante una nueva sociedad de innovar otra forma de gestión que permita generar valor sistemático a la nueva Policía Local del siglo XXI. Con esta idea, nacen los Consejos Sectoriales de Seguridad, órganos de participación cercanos a los ciudadanos, buscados por la Policía Local a ﬁn de poder determinar políticas
locales de seguridad en un periodo determinado. Debemos de perder el miedo o el recelo de hablar los policías locales con los vecinos. Debemos de intentar canalizar sus demandas, de escuchar sus problemas cotidianos. Hemos introducido dentro de la gestión policial las nuevas tecnologías, mediante un sistema de información on-line, denominado “Networking-online”, con la ﬁnalidad de crear y potenciar redes sociales, vinculadas a la retroalimentación de la información policía-vecino, en temas relacionados con su seguridad. Este binomio actual de nueva sociedad y el surgimiento de las nuevas tecnologías, han conducido en el caso de la Policía Local de Teulada-Moraira, a crear un nuevo modelo de gestión policial que teniendo en cuenta su territorio y ofrecer la información ciudadana, como un elemento preventivo de suma importancia, capaz de promover cambios en las personas. Por tanto, los elementos que interactúan en este modelo son: el territorio, la calidad del servicio, la información ofrecida a los vecinos y la participación de éste y de los agentes en el proyecto, que deben estar entrelazados por el diseño de las denominadas políticas de acción, dirigidas a la obtención de resultados concretos, sin olvidar la introducción de otros modelos interdisciplinares que entran en juego en el concepto de seguridad pública que estamos empleando. Si pensamos que la realidad en si misma es completa, debemos de realizar medidas policiales también complejas. Hemos pasado de las palabras a los hechos, es decir, no queremos transmitir buenas intenciones, sino establecer acciones concretas, que permitan mejorarse con la experiencia adquirida en la aplicación de ellas y evaluar al mismo tiempo, los resultados obtenidos en su implantación. Por ello, desde la policía local nos propusimos ir a la búsqueda del vecino, a solicitarle ayuda y colaboración. Creamos el Canguro Hause, es decir, nos ocupamos de las viviendas cuando sus titulares están en sus países de
origen (Alemania, Inglaterra, etc.). Hoy en muchas ocasiones, los policías locales de Teulada-Moraira llaman a los vecinos por su nombre y lo identiﬁcan como algo cercano, creando un hilo conductor de empatia que provoca seguridad y respeto en el vecino hacia su policía local. En la actualidad, el proyecto de colaboración policial cuenta con 98 colaboradores activos de calle, así como de 67 vecinos que colaboran mediante la conexión telefónica mensual con el Jefe de la Policía Local y 32 vecinos que están conectados mediante correo electrónico. En total, son 197 personas que trabajan activamente con la Policía Local, sin contar con las distintas asociaciones de ama de casa, de padres y madres de alumnos, gremio de taxis, etc. Por estimación indirecta de las personas que se encuentran involucradas en el proyecto de colaboración vecinal, estimamos que puestos mensajes pueden llegar alrededor de 1.500 personas aproximadamente. Nuestro objetivo es llegar al menos en tres años, en obtener la participación del 13% de la población censada de Teulada-Moraira, con la incorporación de diferentes asociaciones y nuevos vecinos al proyecto. No podemos olvidar que este nuevo planteamiento de la seguridad, se ha llevado a cabo, gracias a una nueva reorganización de la Policía Local de Teulada-Moraira, adecuándola a las circunstancias que anteriormente hemos expuestos, buscando una gestión eﬁcaz y eﬁciente en la consecución de nuestros objetivos, así como para poder atender a las necesidades de la ciudadanía. También debemos de citar, que los servicios policiales de las distintas áreas de trabajo, responden a un análisis estratégico de la demanda vecinal, que es analizada tanto en su inicio como en los resultados obtenidos. Para ello, hemos codiﬁcado los distintos requerimientos efectuados en nuestras dependencias, con la ﬁnalidad de impulsar como herramienta de trabajo, el llamado mapa delincuencial, sobre la base teórica de distinta disciplina cientíﬁcas y sobre todo las distintas áreas y sectores de trabajo que se han dividido por la implantación del proyecto colaboración vecinal. En este modelo policial. El principal protagonista es el vecino o residente, que permite abrir nuevos espacios de dialogo y concienciación social en una nueva sociedad multicultural ente la policía-ciudadano, que tiene como objetivo ﬁnal el mantener niveles óptimos de seguridad, que permite facilitar el crecimiento de la riqueza económica y social de nuestra ciudad. Nosotros desde la Policía Local de Teulada-Moraira, estamos convencidos por la experiencia de estos años, que la actuación policial debe de estar orientada a cubrir las necesidades de la población desde una perspectiva sistemática de intervención. No solo se tiene en cuenta el individuo, sino también tenemos en cuenta el nivel familiar y a los diferentes grupos sociales que actúan dentro de nuestro termino municipal. Otro aspecto importante en la gestión policial, es la imagen corporativa del cuerpo policial, basada esencialmente en los siguientes argumentos: a) Un buen policía, debe de dar una buena imagen. b) La policía tiene como ﬁnalidad la de ayuda al vecino. c) Evita los estereotipos como: La policía no hace nada; la policía no trabaja; donde debían de estar no están; se solicita mas presencia de agentes en la calle.
En deﬁnitiva, la imagen corporativa de la policía local, debe de seguir este tema: Uno tiene que hacer lo que la gente espera que haga. En estos momentos, estamos trabajando un diseño del llamado Consejo Local de Seguridad, como órgano de consulta y acercamiento de composición plural. Este órgano no se constituye como elemento de critica de la Policía Local o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; sino el debate de las cuestiones que afectan al ciudadano, respecto a la seguridad ciudadana y a los ámbitos de actuación de la Policía Local en la solución o mitigación de los mismos. Debemos de conocer los riesgos y las amenazas a nuestros vecinos, con la ﬁnalidad de poder realizar estrategias de trabajo policial, que permitan mejorar su calidad de vida. Para ello, hemos establecido una encuesta cada dos meses, a ﬁn de conocer el grado de seguridad de nuestros vecinos. Es importante conocer para el servicio policial, cómo se percibe la seguridad que ofrecemos cada día y como nos evalúan los vecinos, así de esa manera, podemos mejorar el servicio policial, retroalimentándolo de las sugerencias o criticas que nos faciliten. Por otro lado, no debemos de olvidar que la tendencia actual del incremento de las funciones asistenciales que presta la Policía Local, que se sitúan entorno al 30% de los avisos que se reciben en las dependencias policiales. Este será un nuevo reto que tenemos que afrontar desde la Policía Local de Teulada-Moraira en próximos años.
Manuel Navarro Ribelles Inspector Jefe de la Policía Local Teulada-Moraira
Neighbourhood Collaboration Project The origins of the neighbourhood collaboration project date from the middle of the year 2005, and were essentially motivated by concern in the municipality regarding the security of the residents.TeuladaMoraira is territorially characterised by having two town centres, at a distance of approximately 6 km from each other, as well as by having a large number of individual houses (around 5,500 homes), with 350 km of roads in the municipality. This, added to insufﬁcient numbers of Civil Guard, made security levels somewhat difﬁcult to maintain, without the involvement of the residents in matters related to citizen security. To this panorama it was necessary to add the actual demography of Teulada, with 66 different nationalities and the fact that Teulada-Moraira is an eminently residential and tourist destination on the Costa Blanca. The Local Police maintained the criteria that without the assistance of the residents, it was practically impossible to maintain optimum levels of security. Security was and is a matter which concerns everybody, and as such it was necessary to favour acts of collaboration between residents and the local police, aiming for an improvement in the quality of life and a subjective increase in security. For the Local Police of Teulada-Moraira, security is a value to be taken into account, since it is very directly related with economic activity, mainly of the tourism sector, which is very sensitive to the lack of security. We set out from the premise that the information provided to residents by the Local Police was and is a powerful resource which reduces the sensation of insecurity among residents faced with the possibility of being a crime victim, and therefore a strategy was established for citizen participation in local security policies. We also set out from the premise that it is the residents themselves who best know their own security needs. Born of all this was the project named “Neighbourhood Collaboration” which had as its main objectives: 1. To reduce crime and the possible “situations” which may generate or cause a criminal act. 2. To improve the relationship between residents. 3. To encourage the participation of the residents, to improve their situation in the city and thus avoid individual isolation.
We thus proceeded to divide the municipality into streets, into 7 zones and 2 town centres and two sectors. In each street, a person was designated as being responsible, each zone was assigned a coordinator and an ofﬁcer linked to the neighbourhood collaboration project and each sector was assigned a president to work together with Local Police Chief. Therefore, we rejected the traditional arguments of security management, based essentially on repression or on assistance to the resident who has been the victim of a criminal act and, at the Local Police of Teulada, we proposed the search for a model of security management in which the concept of security, in our opinion, is linked to two essential questions: 1. To favour and create safe and pleasant atmospheres, which promote quality of life for our neighbours. 2. To foster a culture of security, based essentially on information from and participation of the neighbours, in matters related to security. We must not forget that a major part of the success of the project rests with the Local Police as a whole, professional ofﬁcers who have been instilled with this new working mentality, based on the relationship of assistance to the residents and the daily incentive of building the local police-citizen partnership. This new form of policing is mainly aimed at the search for an improvement in the quality of life of our neighbours and visitors who, every day, bring dynamism and illusion to the neighbourhood collaboration project. Our service is constantly improving and the main tool that we use is communication and professional empathy. For this, we have created within the Local Police of Teulada a Code of Good Practice in the provision of Local Police services. Among other premises this code insists on promoting communication and empathy by the ofﬁcers with neighbourhood problems. This code has also established that 20% of policing is done on foot, as well as having stimulated collaboration and facilitating the different local activities which the residents may need, and the encouragement of assistance in cases of reduced mobility, etc.
Our philosophy for action rests, above all, on the basis of identifying residents and visitor as “customers”, rejecting the traditional police position of identifying the residents as captive customers of the police institution, since there is no competition. In this sense, we proposed working with actual neighbourhood demands, not the competition between police forces. This new vision of work in the Local Police of Teulada, currently driven more from the point of view of business and the incentive of quality and a constant improvement in service, is what businessmen in Spain carry out daily, trying to ﬁnd an advantageous position in a competitive market. Our vision is simply that of seeing and identifying the Local Police of Teulada as though it were a company, striving every day to offer better services and quality products to our customers. We must also add a new element that is arising in current Public Administration, caused by a new change in the mentality of the citizens, who are more conscious of exercising and claiming their rights from the Administration and much more, when they are not satisﬁed with the way police services are provided and performed. Thus, we are faced with a new multicultural society, new customers, new professionals and therefore we felt obliged to offer or at least try to carry out, a new form of local security management, essentially based on the proximity of the police and the participation of residents in matters related with their security. Today’s neighbour requires a rapid response to the
problems posed and criticises the excessive bureaucracy of police intervention in the resolution of the same. It is here where we should introduce an element of elimination, simplifying where possible the stages of internal management, as well as encouraging the function of social mediation by Local Police ofﬁcers. Finally, we must take great care over the way the Local Police is perceived, regarding its presence in the public streets. The vehicle patrol service has reduced contact with local people, producing a lack of close links between police and citizens. The Local Police of Teulada visit the residents on a daily basis, hold dialogues with them and try to get to know the problems. Every month, the Local Police Chief meets with a group of residents and explains to them the situation in their zone and the problems which have arisen during a period of time. We should, therefore, readjust the current model of the patrol service, to enable the police to become closer, more committed to our neighbours and therefore, we must, as a group, become more sensitive to the demands that arise every day in all cities. We believe that with this approach the Local Police gains moral and social legitimacy, becoming more involved every day in community matters, without losing in this process its own identity with basic security functions. The city stops being a mere inactive stage, to become a place where many processes of a social nature originate, in which the main actors are the neighbours in
the solution of their security problems. It is obvious that we are facing a new society, both of people and of cultures and therefore we must construct a new form of police management that responds efﬁciently to current needs, based on the introduction of new elements for action and the construction of a work base that responds to our daily work. Faced with a new society, we need to innovate another form of management that allows a systematic generation of value for the new Local Police of the 21st century. This idea has given rise to the Sector Security Councils, bodies for participation close to the citizens, set up by the Local Police in order to determine local security policies in a certain period. As local police ofﬁcers we must lose our fear or apprehension of speaking with local people. We must try to channel their demands, to listen to their daily problems. Within police management we have introduced new technologies, by means of an on-line information system, called “Networking online”, in order to create and strengthen social networks, linked to the retroalimentation of police-resident information, on topics related to security. This partnership of a new society and the appearance of new technologies has, in the case of the Local Police of Teulada-Moraira, led to the creation of a new model of police management which, taking into account its territory, offers citizen information as a preventive element of great importance, capable of promoting changes in people. Therefore, the elements that interact in this model are: the territory, the quality of service, the information offered to local people and the participation of citizens and agents in the project. These elements should be interlinked by the design of the designated action policies, aimed at obtaining speciﬁc results, without forgetting the introduction of other interdisciplinary models that come into play in the concept of public security that we are employing. If we think that reality itself is complex, we must in-
troduce police measures that are also complex. We have passed from words to deeds, that is to say we do not wish to transmit good intentions, but to establish speciﬁc actions, which are able to be improved with the experience acquired in their application and at the same time to evaluate the results obtained from their introduction. Therefore, in the Local Police, we propose to look for the local person, to request his or her help and participation. We have created a House Sitting service (Canguro Hause), by which we take care of homes while their owners are in their own countries (Germany, England, etc.). We have created the emergency-information service, by which we provide information to residents regarding local emergency services. Today, it is frequent for the local police of TeuladaMoraira to call residents by name, which identiﬁes them as something close, creating a line of empathy which leads to security and respect by the residents towards their local police. Currently, the police collaboration project has 98 active collaborators in the streets as well as 67 residents who collaborate via a monthly telephone connection with the Local Police Chief and 32 residents who are connected by electronic mail. In total, 197 people work actively with the Local Police, not including the various association of housewives, parents of pupils, taxi drivers, etc. Through an indirect estimation of the people who are involved in the neighbourhood collaboration project, we estimate that the message can reach 1,500 people approximately. Our objective is to obtain within three years the participation of at least 13% of the registered population of Teulada-Moraira, with the incorporation of different associations and new residents into the project. We cannot forget that this new approach to security has been carried out thanks to a new reorganisation of the Local Police of Teulada-Moraira, ﬁtting it to the
circumstances mentioned above, looking for efﬁcient management in the attainment of our objectives, as well as to be able to attend to the needs of the citizens. We must also mention that police services in the different working areas respond to a strategic analysis of neighbourhood demand, which is analysed both initially and via the results obtained. For this, we have codiﬁed the different requests made in our ofﬁces, with the aim of introducing as a working tool the so-called crime map, on the theoretical basis of different scientiﬁc disciplines and on the basis of the different areas and sectors of work which we have created for the implementation of the neighbourhood collaboration project. In this police model, the main protagonist is the neighbour or resident, and this allows the opening of new spaces for dialogue and social conscience-raising between police and citizens in a new multicultural society. The ﬁnal objective is to maintain optimum levels of security, which facilitates a growth in the economic and social wealth of our city. At the Local Police of Teulada-Moraira, we are convinced by the experience of these years that police action should be oriented to cover the needs of the population from a systematic perspective of intervention. Not only do we take into account the individual, but also the family level and the different social groups that act within our municipal boundary. Another important aspect in police management is the corporate image of the police force, based essentially on the following arguments: a) A good police force should give a good image.
b) The aim of the police is to help residents. c) Avoid stereotypes such as: The police don’t do anything; the police don’t work; they are not where they should be; more police presence is requested in the streets. In short, the corporate image of the Local Police should follow this motto: One must do what the people expect one to do. We are currently working on the design of the Local Security Council, a body formed by diverse members for consultancy and the fostering of a closer relationship. This body is not constituted as an element for criticism of the Local Police or State Security Forces, but for debating questions which affect citizens, with regard to citizen security and the scope for police action in their solution or mitigation. We should know the risks and threats faced by our neighbours, in order to develop strategies for police work which allow an improvement in the quality of life, For this, we have established an opinion pole every two months, in order to know the degree of security of our neighbours. It is important for the police service to know how the security we offer each day is perceived and how the residents assess us. In this way we will be able to improve the police service, building on the suggestions or criticisms we receive. On the other hand, we must not forget the current tendency for an increase in the welfare functions performed by the Local Police, which now make up around 30% of the calls received in police ofﬁces. This will be a new challenge that the Local Police of TeuladaMoraira will have to face in forthcoming years. Manuel Navarro Ribelles Chief Inspector of the Local Police Teulada-Moraira
Policía y Seguridad Urbana Primavera 2008
Revista Policía y Seguridad Urbana Primavera 2008
policiayseguridadurbana

References: Artículo 5
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 Artículo 66
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