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Timestamp: 2015-02-01 21:12:10+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1990-24172
Documento BOE-A-1990-24172
Publicado en: «BOE» núm. 238, de 4 de octubre de 1990, páginas 28927 a 28942 (16 págs.)
Referencia: BOE-A-1990-24172
Los sistemas educativos desempeñan funciones esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. Las posibilidades del desarrollo armónico de unos y de otras se asientan en la educación que aquéllos proporcionan.
El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera critica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad.
Por todo ello, a lo largo de la historia, las distintas sociedades se han preocupado por su actividad educativa, sabedoras de que en ella estaban prefigurando su futuro, lo que en no pocas ocasiones ha desembocado en sistemas de privilegio, cerrados, elitistas y propagadores de ortodoxias excluyentes. Sin embargo, toda transformación, grande o pequeña, comprometida con el progreso social ha venido acompañada, cuando no precedida, de una revitalización e impulso de la educación, de una esperanza confiada en sus posibilidades transformadoras. Su configuración como un derecho social básico, su extensión a todos los ciudadanos, es una de las conquistas de más hondo calado de las sociedades modernas.
La nuestra es una sociedad en acelerado proceso de modernización que camina, cada vez más nítidamente, hacia un horizonte común para Europa. Cuando se están incorporando a las escuelas los ciudadanos del próximo siglo, los países con los que tratamos de construir el proyecto europeo, que ofrecerá una nueva dimensión a nuestra juventud de hoy, conceden una gran relevancia a la educación y a la formación, tratando de adaptarlas a la apertura del espacio individual, político, cultural y productivo, a la mayor rapidez y complejidad de los cambios de todo, tipo, propiciando su prestación más prolongada a mayor número de ciudadanos, promoviendo las mejoras necesarias para garantizar su calidad. Poniendo en marcha, por tanto, procesos de reforma de sus respectivos sistemas.
Esta misma necesidad de adaptación se ha dejado sentir con fuerza. en nuestro país, y la sociedad española en su conjunto, y de manera más perfilada la comunidad educativa, se ha pronunciado favorablemente por una reforma profunda de nuestro sistema educativo.
La aplicación de los mecanismos políticos y jurídicos propios de la transición permitió superar los residuos autoritarios subsistentes en la norma aprobada en 1970 y abrir el sistema educativo a la nueva dinámica generada en diversos campos, muy singularmente a la derivada de la nueva estructura autonómica del Estado, que recoge en su diversidad la existencia de Comunidades Autónomas con características especificas y, en algunos casos, con lenguas propias que constituyen un patrimonio cultural común.
La Constitución ha atribuido a todos los españoles el derecho a la educación. Ha garantizado las libertades de enseñanza, de cátedra y de creación de Centros, así como el derecho a recibir formación religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones. Ha reconocido la participación de padres, profesores y alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. La Constitución ha encomendado a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que el derecho a la educación sea disfrutado en condiciones de libertad e igualdad, ha establecido el carácter obligatorio y gratuito de la educación básica y ha redistribuido territorialmente el ejercicio de las competencias en esta materia. Todos estos ejes, así como la capacidad de responder a las aspiraciones educativas de la sociedad, han de conformar el nuevo sistema educativo.
La extensión de la educación a la totalidad de la población en su nivel básico, las mayores posibilidades de acceso a los demás tramos de aquélla, unidas al crecimiento de las exigencias formativas del entorno social y productivo, han avivado la legitima aspiración de los españoles a obtener una más prolongada y una mejor educación.
Tales son, por citar algunos, la carencia de configuración educativa del tramo previo al de la escolaridad obligatoria, el desfase entre la conclusión de ésta y la edad mínima laboral, la existencia de una doble titulación al final de la Educación General Básica que, además de resultar discriminatoria, posibilita el acceso a la Formación Profesional a quienes no concluyen positivamente aquélla, la configuración de esta Formación Profesional como una vía secundaria pero, al tiempo, demasiado académica y excesivamente desvinculada y alejada del mundo productivo, el diseño exclusivamente propedéutico del bachillerato, prácticamente orientado como una etapa hacia la Universidad, el relativo desajuste en el acceso a esta última entre las características de la demanda y las condiciones de la oferta en el ámbito de la autonomia universitaria.
Aun cuando, por todo ello, la reforma venía siendo considerada y reclamada como necesaria, razones de distinto tipo abogaron porque se abordara de forma serena, madura y reflexiva. La experiencia comparada de los países más avanzados de nuestro entorno nos enseña que los cambios relevantes requieren amplios períodos de maduración y de consenso en la comunidad educativa y en el conjunto social. Ello es aún más cierto cuando no se trata de implantar estructuras efímeras, sino de sentar las bases que puedan sostenerse con firmeza a lo largo de décadas. Por estas razones son siempre amplios los calendarios de aplicación de tales reformas.
El convencimiento de que de una reforma de este tipo, con voluntad de ordenar la educación española hasta bien entrado el próximo siglo, no se podrían cosechar todos sus frutos más que apoyándola en un amplio consenso, aconsejaba, en fin, que se propiciara el mayor debate posible acerca de la misma, tratando de construir sobre éste un acuerdo esencial y duradero sobre sus objetivos fundamentales.
Con el objeto de animar un amplio debate, el Gobierno presentó el «Proyecto para la Reforma de la Enseñanza. Propuesta para debate», en 1987, completándolo en 1988 con un documento específico acerca de la formación profesional. Sobre la oferta inicial que contenían, sobre las cuestiones distintas que se planteaban, se pronunciaron a lo largo de casi dos años las Administraciones Públicas, las organizaciones patronales y sindicales, colectivos y entidades profesionales, centros educativos, expertos reconocidos y personalidades con experiencia, fuerzas políticas, instituciones religiosas, y, fundamentalmente, los distintos sectores de la comunidad educativa.
Las muy numerosas y diversas aportaciones han ayudado a comprender mejor la complejidad de la reforma y han subrayado, al mismo tiempo, que ésta debía emprenderse de manera insoslayable. A partir de una amplísima coincidencia en los objetivos esenciales, constatando un apoyo muy general a los cambios más significativos que debían introducirse, incorporando no pocas aportaciones expresadas con fundamento que hicieron variar o modular las proposiciones originales, el Gobierno presentó en 1989 el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo.
El Libro Blanco no sólo contiene la propuesta de reforma, perfilada de manera definitiva, sino que incorpora un arduo trabajo de planificación y programación llevado a cabo sincrónicamente con el debate y ajustado finalmente al resultado del mismo. El esfuerzo realizado ofrece un conocimiento muy detallado de la realidad educativa de la que partimos y habrá de permitir una gran precisión en la introducción de los cambios necesarios para mejorarla en los términos de la reforma. El Libro Blanco propone igualmente un amplio y prudente calendario para su aplicación y refleja en términos económicos el coste previsto para su implantación.
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo da forma jurídica a la propuesta y se convierte en el instrumento esencial de le reforma. Con la consecución de objetivos tan fundamentales como la ampliación de la educación básica, llevándola hasta los dieciséis años edad mínima legal de incorporación al trabajo, en condiciones de obligatoriedad y gratuidad; con la reordenación del sistema educativo estableciendo en su régimen general las etapas de educación infantil educación primaria, educación secundaria –que comprenderá la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional de grado medio–, la formación profesional de grado superior y la educación universitaria; con la prestación a todos los españoles de una enseñanza secundaria; con la reforma profunda de la formación profesional y con la mejora de la calidad de la enseñanza, esta ley trata no sólo de superar las deficiencias del pasado y del presente sino, sobre todo, de dar respuesta adecuada y ambiciosa a las exigencias del presente y de futuro.
En esa sociedad del futuro, configurada progresivamente como una sociedad del saber, la educación compartirá con otras instancias sociales la transmisión de información y conocimientos, pero adquirirá aún mayor relevancia su capacidad para ordenarlos críticamente, para darle un sentido personal y moral, para generar actitudes y hábitos individuales y colectivos, para desarrollar aptitudes, para preservar en su esencia, adaptándolos a las situaciones emergentes, los valores con los que nos identificamos individual y colectivamente.
El derecho a la educación es un derecho de carácter social. Reclamo por tanto de los Poderes públicos las acciones positivas necesarias para su efectivo disfrute. Es un derecho susceptible de enriquecerse en su progresiva concreción, alcanzando así a más ciudadanos y ofreciéndole una mayor extensión formativa. En el Título Preliminar se concreta Ia enseñanza básica contemplada en el artículo 27.4 de la Constitución determinándose en diez años su duración, ampliándose, por consiguiente, en dos años la existente hasta ahora, y extendiéndose desde los seis hasta los dieciséis años. El compromiso para satisfacer la demanda escolar en la educación infantil contribuye igualmente a completar el disfrute de ese derecho.
La igualdad de todos los españoles ante el contenido esencial de referido derecho, la necesidad de que los estudios que conducen a la obtención de títulos académicos y profesionales de validez general se atengan a unos requisitos mínimos y preestablecidos, justifican que la formación de todos los alumnos tenga un contenido común, y para garantizarlo se atribuye al Gobierno la fijación de las enseñanza mínimas que constituyen los aspectos básicos del currículo. A su vez las Administraciones educativas competentes, respetando tales enseñanza mínimas, establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo. La ley encuentra su fundamento en la igualdad ante el contenido esencial del derecho a la educación así como en las competencias que la Constitución Español atribuye al Estado, singularmente en los apartados 1.1, 1.18 y 1.30 del artículo 149 de la misma. Igualmente favorece y posibilita, con idéntico respeto a las competencias autonómicas, un amplio y rico ejercicio de las mismas.
La vertiginosa rapidez de los cambios cultural, tecnológico y productivo nos sitúa ante un horizonte de frecuentes readaptaciones, actualizaciones y nuevas cualificaciones. La educación y la formación adquirirá una dimensión más completa de la que han tenido tradicionalmente, trascenderán el período vital al que hasta ahora han estado circunscritas se extenderán a sectores con experiencia activa previa, se alternarán con la actividad laboral. La educación será permanente y así lo proclama la ley al determinar que ése será el principio básico del sistema educativo.
Esa misma perspectiva se pronuncia a favor de que se proporcione una formación más amplia, más general y más versátil, una base más firme sobre la que asentar las futuras adaptaciones. La ley garantiza un periodo formativo común de diez años, que abarca tanto la educación primaria como la educación secundaria obligatoria, reguladas en el Capítulo Segundo del Título Primero y en la Sección Primera del Capítulo Tercero del mismo Titulo, respectivamente. A lo largo de la educación básica, que las comprende a ambas, los niños y las niñas, los jóvenes españoles sin discriminación de sexo, desarrollarán una autonomía personal que les permitirá operar en su propio medio, adquirirán los aprendizajes de carácter básico, y se prepararan para incorporarse a la vida activa o para acceder a una educación posterior en la formación profesional de grado medio o en el bachillerato. Con el apropiado conocimiento del conjunto de principios y valores que contiene nuestra Constitución, así como de la estructura institucional de nuestra sociedad, recibirán la formación que les capacite para asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos.
El establecimiento de una diversidad de modalidades. Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnología, caracteriza a la nueva regulación del bachillerato, al que se accede tras cuatro años de educación secundaria y que preparará para la vida activa o para continuar estudios posteriores, sean éstos los de formación profesional de grado superior o los universitarios.
Comprenderá ésta, tanto la formación profesional de base, que se adquirirá por todos los alumnos en la educación secundaria, como la formación profesional especifica, que se organizará en ciclos formativos de grado medio y de grado superior. Para el acceso a los de grado medio será necesario haber completado la educación básica y estar, por tanto, en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria, idéntico requisito al que permitirá el acceso al bachillerato.
Desaparece así la doble titulación hasta ahora existente al finalizar el EGB y, por tanto, la diferencia de posibilidades de continuación de estudios y sus efectos negativos sobre la formación profesional. Para el acceso a la formación profesional de grado superior será necesario estar en posesión del título de Bachiller. En el diseño y planificación de los ciclos formativos, que incluirán una fase de formación práctica en los centros de trabajo, se fomentará la participación de los agentes sociales.
Asegurar la calidad de la enseñanza es uno de los retos fundamentales de la educación del futuro. Por ello, lograrla es un objetivo de primer orden para todo proceso de reforma y piedra de toque de la capacidad de ésta para llevar a la práctica transformaciones sustanciales, decisivas, de la realidad educativa. La consecución de dicha calidad resulta, en buena medida, de múltiples elementos sociales y compromete a la vez a los distintos protagonistas directos de la educación. La modernización de los centros educativos, incorporando los avances que se producen en su entorno, la consideración social de la importancia de la función docente, la valoración y atención a su cuidado, la participación activa de todos los sujetos de la comunidad educativa, la relación fructífera con su medio natural y comunitario, son, entre otros, elementos que coadyuvan a mejorar esa calidad.
La ley es un instrumento imprescindible y decisivo para la reforma, sin el cual ésta no sería posible en sus elementos esenciales. Pero no es ni el inicio ni el final de la misma. Los cambios introducidos en los años recientes, que han estado ligados por la lógica que guía la reforma, no sólo han contribuido a prepararla sino que ya forman parte de ella. Con frecuencia se ha caído en la tentación de considerar las normas legales como actos paradigmáticos en los que se resolvían las propias transformaciones de la realidad. No ha sido éste el caso. La ley contiene la suficiente flexibilidad como para aspirar a servir de marco a la educación española durante un largo período de tiempo, siendo capaz de asimilar en sus estructuras las reorientaciones que pueda aconsejar la cambiante realidad del futuro.
En favor de esa misma ductilidad se pronuncia la propia estructura autonómica del Estado. Su desarrollo pleno requiere no sólo el ejercicio simultáneo, y por tanto habitualmente compartido, de las competencias respectivas, sino de su permanente cooperación. A las Comunidades Autónomas, tanto más y más inmediatamente a las que tienen plenamente asumidas sus competencias, les corresponde, desde esta perspectiva, desempeñar un papel absolutamente decisivo en la tarea de, completar el diseño y asegurar la puesta en marcha efectiva de la reforma. En ese mismo horizonte y atendiendo a una concepción educativa más descentralizada y más estrechamente relacionada con su entorno más próximo, las Administraciones locales cobrarán mayor relevancia.
La ley se refiere a la Ordenación General del Sistema Educativo, y, en la provisión de la educación como servicio público, íntegra tanto a la enseñanza pública como a la enseñanza privada y a la enseñanza privada concertada. La reforma requerirá y asegurará su participación en la necesaria programación de la enseñanza.
1. El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. Reguladora del Derecho a la Educación, se orientará a la consecución de los siguientes fines previstos en dicha ley:
a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal, familiar, social y profesional.
b) La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor consecución de los objetivos educativos.
c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación, y el respeto a todas las culturas.
f) La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por las leyes, así como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica docente.
i) La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros docentes y de los diversos elementos del sistema.
7. Tanto tas enseñanzas de régimen general como las de régimen especial se regularán por lo dispuesto en esta ley, salvo la educación universitaria que se regirá por sus normas específicas.
2. El Gobierno fijará, en relación con los objetivos, expresados en términos de capacidades, contenidos y criterios de evaluación del currículo, los aspectos básicos de éste que constituirán las enseñanzas mínimas, con el fin de garantizar una formación común de todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes. Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, en ningún caso requerirán más del 55 por ciento de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial distinta del castellano, y del 65 por ciento para aquéllas que no la tengan.
4. Los títulos académicos y profesionales serán homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas en tas condiciones previstas por la presente ley y por las normas básicas y específicas que al efecto se dicten.
DE LAS ENSEÑANZAS DE REGIMEN GENERAL
La educación primaria comprenderá seis cursos académicos, desde los seis a los doce años de edad. La finalidad de este nivel educativo sera proporcionar a todos los niños una educación común que haga posible la adquisición de los elementos básicos culturales, los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo aritmético, así como una progresiva autonomía de acción en su medio.
a) Comprender y expresar correctamente en lengua castellana y, en la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, orales y escritos.
f) Analizar los principales factores que influyen en los hechos sociales, y conocer las leyes básicas de la naturaleza.
g) Entender la dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y adquirir una preparación básica en el campo de la tecnología.
1. La evaluación de la educación secundaria obligatoria será continua e integradora. El alumno que no haya conseguido los objetivos del primer ciclo de esta etapa podrá permanecer un año más en él, así como otro más en cualquiera de los cursos del segundo ciclo, de acuerdo con lo que se establezca en desarrollo del artículo 15.. de esta ley.
1. El bachillerato comprenderá des cursos académicos. Tendrá modalidades diferentes que permitirán una preparación especializada de los alumnos para su incorporación a estudios posteriores o a la vida activa.
2. Podrán acceder a los estudios de bachillerato los alumnos que estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaría.
5. La formación profesional especifica facilitará la incorporación de los jóvenes a la vida activa, contribuirá a la formación permanente de los ciudadanos y atenderá a las demandas de cualificación del sistema productivo.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, será posible acceder a la formación profesional específica sin cumplir los requisitos académicos establecidos, siempre que. a través de una prueba regulada por las Administraciones educativas, el aspirante demuestre tener la preparación suficiente para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. Para acceder por esta vía a ciclos formativos de grado superior, se requerirá tener cumplidos los veinte años de edad.
b) Para la formación profesional especifica de grado superior, la madurez en relación con los objetivos del bachillerato y sus capacidades referentes al campo profesional de que se trate. De esta última parte podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral que se corresponda con los estudios profesionales que se desee cursar.
1. Para impartir la formación profesional específica se exigirán los mismos requisitos de titulación que para la educación secundaria. En determinadas áreas o materias, se considerarán otras titulaciones relacionadas con ellas. Para el profesorado de tales áreas o materias podrá adaptarse en duración y contenidos el curso a que se refiere el artículo 24.2 de esta ley.
3. La metodología didáctica de la formación profesional especifica promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.
1. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establccerá los títulos correspondientes a los estudios de formación profesional, así como las enseñanzas mínimas de cada uno de ellos. Dichas enseñanzas mínimas permitirán la adecuación de estos estudios a las características socioeconómicas de las diferentes Comunidades Autónomas.
1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, el sistema educativo deberá disponer de profesores de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, asi como de los medios y materiales didácticos precisos para la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los centros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones auriculares necesarias para facilitar a los alumnos la consecución de los fines indicados. Se adecuarán las condiciones físicas y materiales de los centros a las necesidades de estos alumnos.
DE LAS ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL
b) Grado medio, que se estructurará en tres ciclos de dos cursos académicos de duración cada uno.
4. Para el establecimiento del curriculo de estas enseñanzas se estará a lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley.
2. Podrán también establecerse enseñanzas de formación profesional especifica relacionadas con el arte dramático.
3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, será posible acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas sin cumplir los requisitos académicos establecidos, siempre que el aspirante demuestre tener tanto los conocimientos y aptitudes propios de la etapa educativa anterior como las habilidades especificas necesarias para cursar con aprovechamiento las enseñanzas correspondientes. Para acceder por esta via a ciclos formativos de grado superior se requerirá tener cumplidos los veinte años de edad.
DE LA EDUCACION DE LAS PERSONAS ADULTAS
2. Las personas adultas podrán cursar el bachillerato y la formación profesional especifica en los centros docentes ordinarios siempre que tengan la titulación requerida. No obstante, podrán disponer para dichos estudios de una oferta específica y de una organización adecuada a sus caracteristicas.
1. La educación de las personas adultas podrá impartirse en centros docentes ordinarios a específicos. Estos últimos estarán abiertos al entorno y disponibles para las actividades de animación sociocultural de la comunidad.
5. Con el objeto de obtener la máxima rentabilidad de los recursos, la organización territorial de. las Administraciones educativas podrá configurarse en unidades de ámbito geográfico inferior a la provincia, para la coordinación de los distintos programas y servicios de apoyo a las actividades educativas.
3. Para el ejercicio de estas funciones la inspección educativa tendrá acceso a los centros docentes, públicos y privados, así como a los servicios e instalaciones en los que se desarrollan actividades promovidas o autorizadas por las Administraciones educativas.
2. Las Administraciones educativas evaluarán si sistema educativo en el ámbito de sus competencias.
a) Elaborar sistemas de evaluación para las diferentes enseñanzas reguladas en la presente ley y sus correspondientes centros.
b) Realizar investigaciones, estudios y evaluaciones del sistema educativo y, en general, proponer a las Administraciones educativas cuantas iniciativas y sugerencias puedan contribuir a favorecer la calidad y mejora de la enseñanza.
DE LA COMPENSACION DE LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACION
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo Quinto de esta ley, las Administraciones educativas dotarán a los centros cuyos alumnos tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos generales de la educación básica debido a sus condiciones sociales, de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar esta situación. La organización y programación docente de estos centros se adaptará a las necesidades especificas de los alumnos.
3. Las políticas compensatorias en el ámbito de la educación especial y de las personas adultas, se realizarán de acuerdo con los criterios previstos por esta ley.
El Gobierno, previo informe de las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, que tendrá un ámbito temporal de diez años a partir de la publicación de la presente ley. En dicho calendario se establecerá también la extinción gradual de los planes de estudio en vigor, la implantación de los nuevos currículos así como las equivalencias a efectos académicos de los años cursados según los planes de estudios que se extingan. El calendario de implantación del nuevo sistema educativo establecerá también el procedimiento de adecuación de los conciertos educativos vigentes a las nuevas enseñanzas, en los términos previstos en la disposición transitoria tercera de esta ley.
b) Una oferta de actividades de formación permanente para que todos los profesores puedan aplicar los cambios curriculares y las orientaciones pedagógicas y didácticas derivadas de la aplicación y desarrollo de la presente ley.
e) La creación de servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional que atiendan a los centros que impartan enseñazas de régimen general de las reguladas en la presente ley.
Las referencias, contenidas en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, a los actuales niveles educativos se entienden sustituidas por las denominaciones que, para los distintos niveles y etapas educativas y para los respectivos centros, se establecen en esta ley.
Los artículos 11.2, 23 y 24 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación quedan modificados en los términos siguientes:
«Artículo 11.2.
La adaptación de lo preceptuado en esta ley a los centros que impartan enseñanzas no comprendidas en el apartado anterior, así como a los centros de educación infantil y a los centros integrados que abarquen dos o más de las enseñanzas a que se refiere este artículo, se efectuará reglamentariamente.
2. Por razones de protección a la infancia, los centros privados que acogen de modo regular niños de edades correspondientes a la educación infantil, quedarán sometidos al principio de autorización administrativa a que se refiere el artículo 23.»
Las Administraciones competentes realizarán las transformaciones que sean necesarias, así como, las adaptaciones transitorias pertinentes para que los actuales centros públicos se ajusten a lo previsto en esta ley.
3. El sistema de ingreso en la Función pública docente será el de concurso-oposición convocado por las respectivas Administraciones educativas. En la fase de concurso se valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión de conocimientos específicos necesarios para impartir la docencia, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Las pruebas se convocarán, en su caso, de acuerdo con las áreas y materias que integran el currículo correspondiente. Para la sección de los aspirantes se tendrá en cuenta la valoración de ambas fases del concurso-oposición, sin perjuicio de la superación de las pruebas correspondientes.
4. Periódicamente, las Administraciones educativas competentes convocarán concursos de traslado de ámbito nacional, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de enseñanza dependientes de aquéllas. En estos concursos podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera que sea la Administración educativa de la que dependan o por la que hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los especificos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de trabajo, establezcan dichas convocatorias. Estas se harán públicas a través del «Boletín Oficial del Estado» y de los «Boletines Oficiales» de las Comunidades Autónomas convocantes. Incluirán un único baremo de méritos entre los que se tendrán en cuenta los cursos de formación y perfeccionamiento superados, los méritos académicos, la antigüedad y, en su caso, la condición de catedrático, así como la antigüedad en ella.
En el caso de materias o áreas de especial relevancia para la formación profesional de base o específica, el Gobierno, de acuerdo con Comunidades Autónomas, podrá determinar la equivalencia, a efectos de docencia, de determinadas titulaciones de ingeniero técnico, arquitecto técnico o diplomado universitario.
3. Las Administraciones educativas, en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, impulsará la creación de centros superiores de formación del profesorado en los que se impartan los estudios conducentes a la obtención de los distintos títulos profesionales establecidos en relación con las actividades educativas, así como las actuaciones de formación permanente del profesorado que se determinen. Asimismo dichos centros podrán organizar los estudios correspondientes a aquellas nuevas titulaciones de carácter pedagógico que el desarrollo de la presente ley aconseje crear.
1. La incorporación de los especialistas previstos en el artículo 16 de la presente ley se realizará progresivamente a lo largo del periodo establecido para la aplicación de la misma en el correspondiente nivel educativo.
Los funcionarios pertenecientes al cuerpo de Profesoras de Artes Plásticas y Diseño podrán adquirir la condición de Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño en los términos establecidos en la disposición adicional decimoquinta.
4. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas. determinará las especialidades a las que deban ser adscritos los profesores a que se refiere esta disposición como consecuencia de las integraciones previstas en ella y de las necesidades derivadas de la nueva ordenación académica, que incluirán las áreas y materias que deberán impartir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, teniendo en cuenta las especialidades de las que los profesores sean titulares. Hasta tanto se produzca tal determinación, los procesos selectivos y concursos de traslados se acomodarán a las actuales especialidades.
En el caso de materias de especial relevancia para la formación especifica artístico-plástica y de diseño el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, podrá determinar la equivalencia, a efectos de docencia, de determinadas titulaciones de ingeniero técnico, arquitecto técnico o diplomado universitario.
6. Las Administraciones competentes podrán contratar profesores especialistas para las enseñanzas de música y artes escénicas en las condiciones reguladas en el artículo 33.2 de esta ley.
7. En el caso de las enseñanzas superiores de música y artes escénicas se podrá contratar, con carácter eventual o permanente, especialistas de nacionalidad extranjera, en las condiciones reguladas en el artículo 33.2 de esta ley. En el caso de que dicha contratación se realice con carácter permanente, se someterá al Derecho laboral. Igualmente, para estas enseñanzas de carácter superior el Gobierno establecerá la figura de profesor emérito.
2. En las convocatorias de ingreso en los cuerpos de Profesores de Enseñanzas Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño se reservará un porcentaje del cincuenta por ciento de las plazas que se convoquen para los funcionarios de los cuerpos docentes clasificados en el grupo B a que se refiere la vigente legislación de la Función pública, que deberán estar en posesión de la titulación requerida para el ingreso en los referidos cuerpos y haber permanecido en sus cuerpos de origen un mínimo de ocho años como funcionarios de carrera.
4. Para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas será necesario estar en posesión del título de Doctor, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente, a efectos de docencia, y haber cursado las materias pedagógicas a que se refieren los artículos 39.3 y 43.1 de esta ley, según corresponda. Será preciso asimismo, superar las pruebas que al efecto se establezcan en las que se tendrá en cuenta la experiencia docente y las que en su día se superaron, y pertenecer al cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas como titular de la misma materia por la que se concursa, con una antigüedad mínima en dicho cuerpo, como funcionario de carrera, de ocho años. Podrán, asimismo, ingresar en este cuerpo, a través del correspondiente proceso selectivo, quienes, estando en posesión de la titulación referida anteriormente, no pertenezcan al cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. Con este fin, podrá reservarse un porcentaje de plazas en la convocatoria de acceso.
Estos funcionarios, cuando accedan a un cuerpo –al tiempo que otros funcionarios por el turno libre o por alguno de los turnos previstos en esta disposición– tendrán prioridad para la elección de destino.
2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deban afectar, por necesidades de escolarización, edificios escolares de propiedad municipal en los que se hallen ubicados centros de educación preescolar, educación general básica o educación especial, dependientes de las Administraciones educativas, para impartir educación secundaria o formación profesional, asumirán, respecto de los mencionados centros, los gastos que los municipios vinieran sufragando de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial que puedan ostentar los municipios respectivos.
3. Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondienes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.
4. Las cesiones de suelo previstas en el artículo 83.3 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana para centros de educación general básica, se entenderán referidas a la enseñanza básica recogida en el artículo 5 de la presente ley.
6. Las Administraciones educativas establecerán el procedimiento para el uso de los centros docentes, que de ellas dependan, por parte de la autoridades municipales, fuera del horario lectivo, para actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesidades derivadas de la programación de las actividades de dichos centros.
4. Los centros privados de bachillerato o formación profesional de segundo grado, clasificados actualmente como libres o habilitados, dispondrán de un plazo de cinco años para realizar las adaptaciones que les permita obtener la condición de homologados con sujeción a las normas vigentes con anterioridad a esta ley o para adecuarse a los requisitos mínimos que se establezcan para los respectivos centros, según que las adaptaciones pertinentes se realicen antes o despúes de la entrada en vigor del Reglamento que apruebe dichos requisitos mínimos.
6. Transcurridos los plazos establecidos en esta disposición transitoria, los centros a que se refiere la misma, que no hubieren realizado las adaptaciones pertinentes, dejarán de ostentar la condición de centros autorizados para impartir enseñanzas de las comprendidas en esta ley.
1. Durante el plazo establecido por el Gobierno de acuerdo con las Comunidades Autónomas y en las condiciones fijadas por aquél, los centros privados autorizados a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional octava, podrán impartir excepcionalmente y por necesidades de escolarización las enseñanzas siguientes:
a) Centros de educación general básica: Primer ciclo de educación secundaria obligatoria.
3. Los centros privados concertados de educación general básica que, según lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de esta ley, hayan sido autorizados temporalmente para impartir el primer ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria, suscribirán concierto para el ciclo autorizado. El concierto tendrá una duración de un año prorrogable por idéntico periodo, mientras se mantenga la autorización obtenida.
5. Los centros privados de formación profesional de segundo grado, que, en el momento de la implantación del nuevo bachillerato, estuvieran autorizados para impartir esta etapa educativa, podrán modificar el concierto singular vigente en función del calendario de implantación de las nuevas enseñanzas.
6. Los conciertos para los ciclos formativos de grado medio y grado superior podrán suscribirse con aquellos centros de formación profesional que, a la entrada en vigor de la presente ley, tuvieran concierto para el primero o segundo grado de la actual formación profesional. Dichos conciertos se establecerán según las normas básicas que el Gobierno dicte de acuerdo con las Comunidades Autónomas; en las que se podrá adaptar lo establecido en el título IV de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación respecto del personal docente, a las características que en esta ley se prevé para el profesorado de la formación profesional.
8. Los centros privados a que se refieren los apartados cuatro, cinco, seis y siete de esta disposición no podrán suscribir conciertos en los tramos educativos señalados en dichos apartados, que en conjunto supongan un número de unidades superior al que cada centro tuviera concertado en el momento de la entrada en vigor de esta ley, salvo que lo soliciten para las enseñanzas obligatorias, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el régimen general de conciertos.
2. Las tres primeras convocatorias de ingreso en la función pública docente, que se produzcan después de la entrada en vigor de la presente ley, se realizarán conforme a un sistema de selección en el que se valoren los conocimientos sobre los contenidos curriculares que deberán impartir los candidatos seleccionados y su dominio de los recursos didácticos y pedagógicos, así como los méritos académicos. Entre éstos tendrán una valoración preferente los servicios prestados en la enseñanza pública. Para la selección de los aspirantes se tendrán en cuenta la valoración ponderada y global de ambos apartados.
1. El personal docente al servicio de los centros que, de acuerdo con los procesos previstos en la Ley 14/1983, de 14 de julio, del Parlamento de Cataluña y en la Ley 10/1988, de 29 de junio, del Parlamento Vasco, se integre o se hubiera integrado en la red de centros públicos dependientes de las respectivas Administraciones educativas, podrá ingresar en la Función pública docente mediante pruebas selectivas especificas convocadas por las Administraciones educativas competentes, previa regulación de sus respectivos Parlamentos.
3. Los procedimientos de ingreso referidos en esta disposición sólo serán de aplicación durante un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Los requisitos de edad y período de carencia, exigidos en el párrafo anterior, deberán haberse cumplido en la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación, que será a este efecto el 31 de agosto del año en que se solicite. A tal fin deberá formularse la solicitud, ante el órgano de jubilación correspondiente, dentro de los dos primeros meses del año en que se pretenda acceder a la jubilación voluntaria.
Dicho período de tiempo se tendrá en cuerna a efectos de la aplicación de la disposición adicional decimonovena de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, sin que en ningún caso el abono especial que resulte de la expresada disposición acumulado al periodo de tiempo antes citado pueda superar los cinco años.
4. Los funcionarios que se jubilen voluntariamente de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma, que tengan acreditados al momento de la jubilación al menos 28 años de servicios efectivos al Estado, podrán percibir, por una sola vez, conjuntamente con su última mensualidad de activo, una gratificación extraordinaria en el importe y condiciones que establezca el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, por iniciativa del Ministro de Educación y Ciencia, atendiendo a la edad del funcionario, a los años de servicios prestados y a las retribuciones complementarias establecidas con carácter general para el cuerpo de pertenencia. La cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá, en ningún caso, ser superior a un importe equivalente a 25 mensualidades del salario mínimo interprofesional.
5. Los funcionarios de los cuerpos docentes a que se refiere esta norma, acogidos a regímenes de seguridad social o de previsión distintos del de Clases Pasivas, podrán igualmente percibir las gratificaciones extraordinarias que se establezcan, de acuerdo con lo previsto en el número 4 de esta disposición transitoria, siempre que causen baja definitiva en su prestación de servidos al Estado, por jubilación voluntaria o por renuncia a su condición de funcionario, y reúnan los requisitos exigidos en los números 1 y 4 de la misma, excepto el de pertenencia al Régimen de Clases Pasivas del Estado. En este supuesto la cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá, en ningún caso, ser superior a un importe equivalente a 50 mensualidades del salario mínimo interprofesional.
1. La presente Ley se dicta al amparo de los apartados 1, 18 y 30 deld artículo 149.1 de la Constitución Española.
2. Las Comunidades Autónomas que tenga reconocida competencia para ello en sus respectivos Estatutos de Autonomía o, en su caso, en las correspondientes leyes orgánicas de transferencías de competencias podrán desarrollar la presente ley. Se exceptúan, no obstante, aquellas materias cuya regulación encomienda esta ley al Gobierno o que, por su propia naturaleza, corresponden al Estado, conforme a las previsiones contenidas en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/1985, de 8 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
Tienen el carácter de ley orgánica los preceptos que se contienen en los títulos preliminar y quinto: los artículos 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 29.2 y 58.4; las disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta y duodécima: la disposición transitoria tercera y la disposición final cuarta de la presente ley, así como esta disposición final tercera.
Los preceptos de la Ley 14/1970. de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa no derogados total o parcialmente por la Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares, así como por la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, excepto los siguientes artículos: 10, 11.3, 137 en cuanto no haya sido modificado por normas posteriores, y 144; y las disposiciones adicionales cuarta y quinta, en cuanto no hayan sido modificadas por normas posteriores y no se opongan a la presente ley.
Los artículos 3.º párrafos 1.º y 5.º, 1 y 2, y las disposiciones adicionales 1.ª y 2.ª de la Ley 29/1981, de 24 de junio, de clasificación de las Escuelas Oficiales de Idiomas y ampliación de las plantillas de su profesorado.
5. Continuaran asimismo en vigor, como normas de carácter reglamentario, aquellas otras disposiciones que, cualquiera que fuese su rango, regulen materias objeto de la presente ley y no se opongan a la misma, excepción hecha de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación y de la Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los centros Públicos y la autonomía de gestión económica de los Centros docentes públicos no universitarios, que continuarán en vigor con las modificaciones derivadas de la presente ley.
6. Las normas reglamentarias a que se refieren los dos apartados anteriores quedaran derogadas una vez entren en vigor las disposiciones que se citen en desarrollo de la presente ley.
Mande a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Fecha de disposici�n: 03/10/1990
Fecha de publicaci�n: 04/10/1990
Entrada en vigor el 24 de octubre de 1990.
Fecha de derogaci�n: 24/05/2006
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 2751/2006, BOE-A-2006-6343, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 90/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10336).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 2750/2006, BOE-A-2006-6342, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 89/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10335).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 4465/2005, BOE-A-2005-12701, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 88/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10334).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 3633/2005, BOE-A-2005-12700, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 87/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10333).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 2764/2004, BOE-A-2004-9705, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 86/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10332).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 1127/2004, BOE-A-2004-6133, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 85/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10331).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 786/2004, BOE-A-2004-5149, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 84/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10330).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 785/2004, BOE-A-2004-5148, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 83/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10329).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 5924/2003, BOE-A-2003-20145, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 82/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10328).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 5162/2003, BOE-A-2003-18819, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 81/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10327).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 4126/2003, BOE-A-2003-15121, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 80/2007, de 19 de abril (Ref. BOE-T-2007-10326).
la INADMISI�N de la misma en lo indicado y la desestimaci�n en todo lo dem�s de la CUESTI�N 4831/2002, BOE-A-2002-19916, en relaci�n con la disposici�n adicional 2, por Sentencia 38/2007, de 15 de febrero (Ref. BOE-T-2007-5344).
SE DEROGA, por Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo (Ref. BOE-A-2006-7899).
SE MODIFICA los arts. 1, 2 y 34, por Ley Org�nica 1/2004, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-21760).
SE DEROGA determinados preceptos y se modifican los arts. 2.3, 41.2 y 47, por Ley Org�nica 10/2002, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-25037).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 52.3, sobre obtenci�n del t�tulo de Graduado en Educaci�n Secundaria por lo mayores de 18 a�os: Real Decreto 135/2002, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2002-3136).
la disposici�n adicional 1 y se pr�rroga la vigencia de la disposici�n transitoria 9, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965).
el art. 32, por Ley 55/1999, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-24786).
la disposici�n adicional segunda , por Ley 50/1998, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-30155).
la disposici�n adicional 1, por Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-28053).
la disposici�n adicional 17, por Ley 13/1996, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-29117).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el t�tulo V, sobre Compensaci�n de Desigualdades en Educaci�n, por el Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-1996-5696).
SE DEROGA el art. 61, p�rrafos 2, con sus apartados, y 3 y se modifican las disposiciones adicionales 9, 14, 15 y transitoria tercera, por la Ley Org�nica 9/1995, de 20 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-25202).
SE DESARROLLA el art. 33.2, por el Real Decreto 1560/1995, de 21 de septiembre (Ref. BOE-A-1995-22867).
establecendo los derechos y Deberes de los Alumnos y las normas de Convivencia en los Centros: el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-1995-13291).
regulando la Ense�anza de la Religion: el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-2045).
regulando los Concursos de Traslados de Cuerpos docentes: Real Decreto 1774/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-21325).
sobre Equivalencias de Titulos Anteriores a su vigencia: Real Decreto 440/1994, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-1994-7654).
sobre cooperaci�n de las Corporaciones locales con el Ministerio de Educaci�n y Ciencia: Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-1501).
SE MODIFICA la disposici�n transitoria sexta, por Ley 22/1993, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-31153).
regulando la Acci�n Educativa en el Exterior, por el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio (Ref. BOE-A-1993-20613).
con el art. 62, regulando el Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci�n: Real Decreto 928/1993, de 18 de junio (Ref. BOE-A-1993-17448).
SE DESARROLLA la disposici�n adicional Novena, por Real Decreto 850/1993, de 4 de junio (Ref. BOE-A-1993-16874).
establecendo las Directrices sobre los Titulos y las correspondientes Ense�anzas Minimas de formaci�n profesional: el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-1993-13322).
estabelciendo los Aspectos B�sicos de las Ense�anzas de Arte Dram�tico y Danza: Real Decreto 755/1992, de 26 de junio (Ref. BOE-A-1992-17668).
regulando la Creaci�n y funcionamiento de los Centros de profesores: Real Decreto 294/1992, de 27 de marzo (Ref. BOE-A-1992-7591).
estableciendo Especialidades del Acuerdo de profesores de Ense�anza Secundaria: el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-1991-29053).
estableciendo la Estructura del Bachillerato: el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-1991-29052).
del art. 4, sobre Curr�culo de la Educaci�n Infantil: Real Decreto 1333/1991, de 6 de septiembre (Ref. BOE-A-1991-22865).
del art. 4, sobre Curr�culo de la Educaci�n Infantil: Real Decreto 1330/1991, de 6 de septiembre (Ref. BOE-A-1991-22758).
estableciendo las Ense�anzas Minimas de Educaci�n Secundaria Obligatoria, por el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio (Ref. BOE-A-1991-16422).
estableciendo las Ense�anzas Minimas de Educaci�n Primaria , por el Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio (Ref. BOE-A-1991-16421).
aprobando el Calendario de aplicaci�n: el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio (Ref. BOE-A-1991-16269).
regulando la Obtenci�n del t�tulo de Graduado Escolar: la Orden de 4 de junio de 1991 (Ref. BOE-A-1991-14394).
las disposiciones adicionales 9 y 16, por Real Decreto 575/1991, de 22 de abril (Ref. BOE-A-1991-9823).
las disposiciones adicionales 9 a 16, por Real Decreto 574/1991, de 22 de abril (Ref. BOE-A-1991-9822).
los arts. 30.1 y 50.1, y la disposici�n adicional 18, por Real Decreto 1618/1990, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-1990-30633).
los arts. 3, p�rrafo 1, y 5, p�rrafos 1 y 2, y las disposiciones adicionales 1 y 2 de la Ley 29/1981, de 24 de junio (Ref. BOE-A-1981-15815).
la Ley 9/1976, de 8 de abril (Ref. BOE-A-1976-7635).
la Ley 32/1974, de 18 de noviembre (Ref. BOE-A-1974-1849).
Ley de 16 de diciembre de 1954 (Gazeta).
Ley de 20 de diciembre de 1952 (Gazeta).
art. 39.7 de la Ley 37/1988, de 8 de diciembre (Ref. BOE-A-1988-29563).
la disposici�n adicional 15.2.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-1984-17387).
DEROGA con la excepci�n indicada Ley 14/1970, de 4 de agosto, excepto arts. 10, 11.3, 137 y 144, y disposiciones adicionales 4 y 5, en cuanto no se Opongan, (Ref. BOE-A-1970-852).
MODIFICA los arts. 11.2, 23 y 24 y en lo que se Opongan, los arts. 40, 41.1.F) y 44, de la Ley Org�nica 8/1985, de 3 de julio (Ref. BOE-A-1985-12978).
con car�cter reglamentario de la Ley 19/1979, de 3 de octubre (Ref. BOE-A-1979-23771).
con car�cter reglamentario de la Ley 30/1974, de 24 de julio (Ref. BOE-A-1974-1191).
Ley 10/1988, de 29 de junio (Ref. BOE-A-2012-3554).
Ley de Clases Pasivas del Estado, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril (Ref. BOE-A-1987-12636).
Ley 14/1983, de 14 de julio (DOGC n�m. 346, del 20) (Ref. DOGC-f-1983-90043).
Ley Org�nica 11/1983, de 25 de agosto (Ref. BOE-A-1983-23432).
Ley Org�nica 5/1980, de 19 de junio (Ref. BOE-A-1980-13661).
Ley sobre r�gimen del Suelo y ordenaci�n Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril (Ref. BOE-A-1976-11506).
Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Art�sticos
Cuerpo de Catedr�ticos Numerarios de Bachillerato
Cuerpo de Catedr�ticos Numerarios de Conservatorios de M�sica y Declamaci�n y de la Escuela Superior de Canto
Cuerpo de Catedr�ticos Numerarios de las Escuelas Oficiales de Idiomas
Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administraci�n Educativa
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Art�sticos
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestr�a Industrial
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de M�sica y Declamaci�n y de la Escuela Superior de Canto
Cuerpo de Profesores de Educaci�n General B�sica
Cuerpo de Profesores de Ense�anza General B�sica de Instituciones Penitenciarias
Cuerpo de Profesores de Termino de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Art�sticos
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de M�sica y Declamaci�n y de la Escuela Superior de Canto
Cuerpo de Profesores Numerarios de Entrada de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Art�sticos
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestr�a Industrial
Escuelas de Arte dram�tico y Danza
Escuelas de Cer�mica
Escuelas de Conservaci�n y Restauraci�n de Bienes Culturales
Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci�n

References: artículo 27
 artículo 149
 artículo 15
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 83
 artículo 5
 artículo 149
 Real Decreto 
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