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Timestamp: 2017-12-17 02:02:26+00:00

Document:
Asociación de la Prensa de Cantabria - 100 años de historia - Nacional
LEGISLACIÓN NACIONAL COMENTADA
Ley de Prensa e Imprenta
Ley de Claúsula de Conciencia
Ley de Protección Civil del derecho al Honor y a la Intimidad Personal y a Propia Imagen
Ley del Derecho de Rectificación
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la claúsula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoríá absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
El art.10.2 se incluye por la referencia que hace a los tratados internacionales, de los cuales incorporamos en esta recopilación el más directamente relevante en la materia en nuestro ámbito. El art. 14 se incluye por su carácter general y básico.
En el caso del art. 18 son derechos que pueden resultar afectados por la actividad periodística y de hecho aportamos algunas decisiones judiciales al respecto.
El art. 20 es el precepto que afecta de forma más específica a la actividad profesional, pero hay que fijarse que de la manera en que está redactado afecta a cualquier ciudadano y no solo al periodista, si bien y sin mencionarlo tampoco , el apartado 1.d posee un alcance más específico para la profesión si se tienen en cuenta las citas a los dos temas de claúsula de conciencia y secreto profesional. El precepto se completa con la referencia a la censura y a las limitaciones.
Estos artículos, excepto el 10º, gozan de una protección reforzada, y es que son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Además se incluye el art. 85 para que se vea que su desarrollo debe hacerse por medio de ley orgánica.
LEY 14/1966 DE PRENSA E IMPRENTA
BOE nº 67 de 19 de marzo
Un Estatuto de la profesión periodística, aprobado por Decreto regulará los requisitos para el ejercicio de tal actividad, determinando los principios generales a que debe subordinarse y, entre ellos, el de profesionalidad , previa inscripción en el Registro Oficial, con fijación de los derechos y deberes del periodista y especialmente del Director de todo medio informativo; el de colegiación, integrada en la Organización Sindical, que participará en la formulación , redacción y aplicación del mencionado Estatuto, y el de atribución a un Jurado de ética profesional de la vigilancia de sus principios
Artículo 34. Director.
El director tiene el derecho de veto sobre el contenido de todos los originales del periódico tanto de redacción como de administración y publicidad , sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º sobre inserción necesaria.
1.El director es responsable de cuantas infracciones se cometan a través del medio informativo a su cargo, con independencia de las responsabilidades de orden penal o civil que puedan recaer sobre otras personas, de acuerdo con la legislación vigente.
Estos son los preceptos más destacados entre los que no están derogados de la Ley de Prensa. En el primero citado se prevé la elaboración de un Estatuto y se trazan los principios por los que deberá regirse. Este Estatuto se elaboró en su día y se aprobó por el Decreto 744/1967, de 13 de abril y su última modificación fue por Real Decreto 3148/1976 de 3 de diciembre. Se trata de un tema que está actualmente en debate, no obstante de "lege ferenda" habría que tener en cuenta en cualquier caso los principios que aquí se mencionan como punto de partida.
El resto de los artículos se refieren al Director y el derecho de veto al cual se hace una mención en una de las sentencias que acompañamos del Tribunal Supremo y su responsabilidad.
CÓDIGO PENAL (LEY ORGÁNICA 10/1995)
En tales casos, el Juez o Tribunal podrá, asímismo, decretar el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado. El cierre temporal no podrá exceder de cinco años.
(Rubrica del este capítulo modificada por Ley Orgánica 3/2000)
SECCIÓN 1.ª DE LOS DELITOS COMETIDOS CON OCASIÓN DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCIÓN
En el caso del descubrimiento y revelación de secretos los puntos clave son la finalidad y la falta de consentimiento. La difusión está más castigada y además se incluye una casuística. En cuanto a la calumnia es necesario saber la falsedad o bien que se de una conducta temeraria, la publicidad es un agravante. Si se prueba la verdad hay exención de pena. Por lo que se refiere a la injuria la regulación es más matizada y se introduce el contexto social. En las disposiciones comunes se habla de la publicidad , la extensión de la responsabilidad civil, el reconocimiento, el perdón y la reparación del daño.
En los arts. 270 a 272 se regulan las infracciones penales a la propiedad intelectual.
Por su parte el art. 510 regula los delitos referidos a los derechos fundamentales.
LEY ORGÁNICA DE CLAÚSULA DE CONCIENCIA 2/1997
La cláusula de conciencia es un derecho constitucional de los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional.
1. En virtud de la cláusula de conciencia los profesionales de la información tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabajen:
a. Cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica.
b. Cuando la empresa les traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador.
2. El ejercicio de este derecho dará lugar a una indemnización, que no será inferior a la pactada contractualmente o, en su defecto, a la establecida por la Ley para el despido improcedente.
Los profesionales de la información podrán negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.
Como se sabe, esta ley orgánica obedece a un mandato constitucional y aunque la legislación laboral española ya permitía esa posibilidad, con esta regulación alcanza un rango superior. Su principal característica es que el derecho se refiere a los profesionales de la información.
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN
2. El carácter delictivo de la intromisión no impedirá el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo noveno de esta Ley. En cualquier caso, serán aplicables los criterios de esta Ley para la determinación de la responsabilidad civil derivada de delito.
(Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal)
1. La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia.
2. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso, o, por imperativo del artículo 71 de la Constitución, cuando se trate de opiniones manifestadas por Diputados o Senadores en el ejercicio de sus funciones. Iniciado un proceso civil en aplicación de la presente ley, no podrá seguirse contra un Diputado o Senador sin la previa autorización del Congreso de los Diputados o del Senado.
(Apartado redactado conforme a la Ley Orgánica 3/1985, de 29 de mayo.)
El texto que figura en cursiva del precepto anotado fue declarado inconstitucional y, por consiguiente, nulo, por Sentencia número 9/1990, de 18 de enero-.
3. El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas.
La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentado contra su propia estimación.
(Artículo redactado conforme a la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre)
1. No se reputará, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.
1. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere la presente ley podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el artículo cincuenta y tres, dos, de la Constitución. También podrá acudirse, cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
2. La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores. Entre dichas medidas podrán incluirse las cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión ilegítima, así como el reconocimiento del derecho a replicar, la difusión de la sentencia y la condena a indemnizar los perjuicios causados.
3. La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.
4. El importe de la indemnización por el daño moral, en el caso del artículo cuarto, corresponderá a las personas a que se refiere su apartado dos y, en su defecto, a sus causahabientes, en la proporción en que la sentencia estime que han sido afectados. En los casos del artículo sexto, la indemnización se entenderá comprendida en la herencia del perjudicado.
5. Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.
El artículo 1º contiene la declaración general de protección y señala el ámbito en que se mueve, que es exclusivamente el civil. El concepto clave aquí es el carácter ilegítimo de la intromisión. En el apartado 3º de ese mismo artículo se nos dice que el derecho es irrenunciable, que no se puede vender y que no prescribe, sin embargo una cosa es la renuncia, que será nula y otra distinta el consentimiento , que se menciona en el artículo 2º, pues en este caso estaríamos en el terreno de los hechos.
En el artículo 2º podemos observar que se introduce el criterio del contexto social, lo cual supone una matización bastante importante y una flexibilización del concepto de acuerdo con la época. Además hay que tener en cuenta la propia actitud del sujeto.
El artículo 8º contiene una casuística de lo que no son intromisiones ilegítimas. Por último el art. 9º se refiere a la presunción legal de perjuicio y fija los parámetros para la indemnización.
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 5/1998, DE 6 DE MARZO
Artículo 33. Trabajos sobre temas de actualidad
1. Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa. Cuando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo caso, la oportuna autorización del autor.
[Este artículo está redactado conforme a la Ley 5/1998, de 6 de marzo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 96/9/CE, de 11-3-1996, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de las bases de datos (BOE núm. 57, de 7-3-1998), art. 4.2].
Artículo 58. Concepto
Obras futuras, encargo de una obra y colaboraciones en publicaciones periódicas
El concepto central de la propiedad intelectual es el de creación original y la lista que se hace en el art. 10 es enumerativa y está abierta, incluso el apartado a). El problema que aquí se plantea, dado que no hay una mención categórica, es de subsunción de la norma, o sea si es posible considerar así el trabajo periodístico. De momento no hay jurisprudencia que nos lo aclare. Por otro lado, en el capitulo de la Ley dedicado a los "Límites" se incluye el artículo 33 y se refiere a su difusión, por lo que habría que entender que esta aclaración obra a favor de la inclusión.
El artículo 35 contiene una precisión sobre el carácter informativo en la utilización de obras con motivo de noticias de actualidad.
Los dos últimos artículos hacen mención al contrato de edición.
LEY ORGÁNICA 2/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN
Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan , que considera inexactos y cuya cuya divulgación pueda causarle perjuicio .
Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjuicio aludido o su representante y, si hubiese fallecido aquel, sus herederos o los representantes de estos.
El derecho se ejercitara mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar , de forma tal que permita tener constancias de su fecha y de su
La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar.. Su extensión no excederá sustancialmente de la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario.
Siempre que el derecho se ejercite de conformidad con lo establecido en el articulo anterior, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publico o difundió la información que se rectifica , sin comentarios ni apostillas.
Si la información que se rectifica se difundió en publicación cuya periodicidad no permita la divulgación de la rectificación en el plazo expresado, se publicara esta en el numero siguiente
Si la noticia o información que se rectifica se difundió en el espacio radiofonico o de televisión que no permita, por la reciprocidad de su emisión, divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes, dentro de dicho plazo .
Si, en los plazos señalados en el articulo anterior, no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquella no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el articulo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación
Es una regulación esencialmente de tipo práctico que nos dice, por una parte, cuando se puede ejercer ese derecho y , por otra, las condiciones para hacerlo.
LEY SOBRE SECRETOS OFICIALES 48/1.978 de 7 de octubre
Es una ley antigua, pues la primera versión procede de 1968, no obstante fue reformada en 1978 y así continúa desde entonces. Dado que está vigente y su contenido afecta a la profesión, conviene conocerla.
1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran los principios a que alude este apartado son los siguientes
c) El respeto ala dignidad de la persona yal principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y
2. En la elaboración de dichos códigos, habrá de garantizarse la participación de las asociaciones de consumidore y usuarios y la de las organizaciones representativas de personas con discapacidades físicas o psíquicas, cuando afecten a sus respectivos intereses.
Esta ley es la que desarrolla en España la Directiva SSI , de manera que por simple comparación entre ambas podemos ver cuales son los contenidos en los que en nuestro país se ha insistido más o menos.

References: Artículo 34
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 8

Artículo 33

Artículo 58
 artículo 33
 artículo 35