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Timestamp: 2019-07-24 01:25:26+00:00

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Patrimonio e historia, las fortificaciones en la Banda Oriental del Uruguay en la confrontación de imperios | Dimensión Antropológica
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El sistema de fortificaciones de la Banda Oriental del Uruguay constituyó durante la época virreinal un antemural a las pretensiones expansivas del Imperio portugués, y al mismo tiempo se convirtió en custodio de regiones más extensas y económicamente más rentables. La subdivisión de este sistema, fruto de las guerras independentistas y el surgimiento de los estados nacionales americanos, representó una etapa en la cual su misma supervivencia resultó problemática.
Hoy en día en la República Oriental del Uruguay nos enfrentamos a un gran desafío ante la conservación y recuperación de aquellas antiguas glorias constructivas españolas. En consecuencia, en la primera parte de esta colaboración decidimos presentar el sistema de fortificaciones de la Banda Oriental considerada como totalidad, mientras en la segunda parte estudiaremos aspectos de la supervivencia y la recuperación de algunas de ellas en el territorio uruguayo.
Las fortificaciones de la Banda Oriental
Con miras a explicitar los conceptos, es importante señalar que estas zonas abarcaban un territorio mucho más extenso del que hoy ocupa la denominada República Oriental del Uruguay. En los siglos XVII y XVIII el territorio oriental abarcaba desde la referida banda al este del río Uruguay hasta una zona indeterminada dentro del actual Brasil, constituyendo una expresión territorial y no política.
De hecho, el paulatino proceso de ocupación de esos territorios, y el consiguiente levantamiento de fortificaciones, comenzó con la presencia portuguesa amenazando el territorio español. Este gradual movimiento de expansión se inició a fines del siglo XVII, cuando los lusitanos procedieron a fundar la nueva Colonia del Sacramento en 1680. Asumida como una extensión natural de la llamada Capitanía del Rey, Portugal pretendió extender su frontera hasta las mismas márgenes del río de la Plata; lo que constituía una flagrante violación a las disposiciones del Tratado de Tordesillas.
Ya en las primeras décadas del siglo XVII la expansión portuguesa pretendía seguir otro camino: la penetración a través del territorio misionero con la intención de usar ese camino como una forma de aproximarse a las tierras del Perú y Alto Perú, ricas en minerales preciosos. No obstante, esta empresa falló al verse frustrado el esfuerzo debido a la resistencia enconada que presentaron los guaraníes misioneros, quienes resistieron armas en mano la agresión lusitana. Por ello los invasores pretendieron flanquear este núcleo de resistencia e intentaron su expansión a través del río de la Plata. La posesión de la Banda Oriental los colocaría en las bocas de los principales ríos, lo cual les permitiría usarlos en su pretendida “marcha hacia el Norte”.1
La situación planteada obligó a los españoles a un interminable pleito fronterizo con sus vecinos, pautado por conquista y reconquista de territorios, y por una serie interminable de negociaciones. Pero a su vez, la Corona española no vio otra alternativa que la de asegurar sus posesiones aún no discutidas. De aquí que las circunstancias la obligaron a iniciar el levantamiento de fortificaciones como una forma más de preservar sus territorios.
De manera paulatina, a lo largo del tiempo se fue diseñando una serie de construcciones militares que en principio tenían la finalidad de proteger determinados puntos considerados de suma importancia. Pero con el correr de los años se diseñó un conjunto que puede definirse como “un sistema” de fortificaciones, que abarcaba en forma más o menos completa la totalidad del territorio a defender.
Por cierto, la lejanía respecto de las zonas más pobladas, la penuria de la real hacienda, la burocracia, los trabajos de mantenimiento y otros factores por el estilo no permitieron que todas las obras defensivas fueran de idéntica calidad. Y hasta puede afirmarse que en algunos casos, como en el de Montevideo, padecieron de defectos notorios en cuanto a diseño y calidad; pero de todas formas, en su momento cumplieron con la función para la cual estaban destinadas.
La primera fortificación española que se levantó en nuestro territorio fue la de Montevideo. En 1724, acuciados por la presencia portuguesa, los españoles procedieron a levantar una fortificación que protegiese la bahía homónima, con la intención de prevenir los intentos de golpes de mano que ya habían realizado los lusitanos.
Es así que en ese año el gobernador y capitán general de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, instaló en el lugar una guarnición y dio comienzo a la construcción de unas obras de tierra y fajinas que constituyeron el primer paso antes de dar lugar a obras más definitivas y consistentes. Un pequeño fuerte y una batería en la boca del puerto permitieron solventar la situación. Sin embargo, el ingeniero militar Domingo Petrarca completaba al mismo tiempo un plano en el cual se desarrollaban fortificaciones más sólidas y permanentes.2 La inesperada muerte de ese técnico llevó a la designación del ingeniero Diego Cardoso, quien se abocó a realizar unas obras muy distintas a las concebidas por su predecesor. Planteó un completo sistema de recinto cerrado, con la inclusión de una ciudadela, dos medio baluartes, dos cubos circulares y un fuerte pentagonal para protección de la bahía.3
Por las razones que fueren las obras se prolongaron de manera indefinida, y durante un muy largo tiempo la ciudad careció de una
defensa eficaz y completa; de hecho, hacia 1745 aun no había obras terminadas. Pero lo peor era que las construcciones padecían dos defectos fundamentales: el emplazamiento y la solidez. Por razones técnicas injustificadas, el ingeniero Cardoso diseñó la defensa de la ciudad de Montevideo situándola en una zona dominada por las alturas circundantes, con la evidente consecuencia de que los fuegos del eventual enemigo podían hacer daño, tornando imposible una eficaz defensa, como fue el caso en ocasión de la invasión británica de 1807. Por otra parte, la calidad constructiva dejaba mucho que desear, al grado de —como en el caso de la Ciudadela— que algunas obras se derrumbaban de manera espontánea por el simple peso de los terraplenes.4
Aunque fue relevado de sus funciones, los sucesores en el cargo no acertaron en dar con el remedio para la situación. Se propuso de todo desde la construcción de un costoso hornabeque hasta proyectar que la ciudad fuese desprovista totalmente de fortificaciones con base en el principio de que una ciudad fácil de conquistar es también fácil de recuperar. Pero la escasez de presupuesto y la lentitud de las comunicaciones con la península llevaron a que la situación se prolongase sin aporte de soluciones viables.
Sólo al final del periodo colonial se emprendieron obras de buena calidad y se pretendió enmendar los fallos anteriores. Así, ingenieros como José García Martínez de Cáceres, Bernardo Lecoq, José del Pozo y otros lograron buenos avances en la refortificación de la plaza. Entre otras cosas, rehicieron toda la parte norte del recinto, a la que dotaron de parapeto, foso y camino cubierto. Construyeron además un sistema de bóvedas a prueba de bomba, capaz de contener municiones, alimentos, bastimentos y servir de cuartel para la guarnición. Sin embargo, el resto de las defensas se encontraba en situación muy precaria, tanto así que en algunas partes todas las obras consistían en un mero muro de débil mampostería. En esta situación, el río de la Plata fue sorprendido por la invasión británica. En cuyas circunstancias la plaza de Montevideo cayó en razón de que el atacante aprovechó las debilidades ya anotadas.
De todas formas, terminada la ocupación de los británicos continuaron las obras de consolidación, y fue así como la ciudad pudo presentar una defensa sumamente exitosa en ocasión de las guerras de independencia.5
En un principio la ciudad de Montevideo contaba con defensas reducidas a su propio recinto; pero hacia el final del periodo colonial se levantaron algunas fortificaciones que pretendían completarla. Una de ellas fue la batería de Santa Bárbara, ubicada en los alrededores de la ciudad, formada por un recinto cerrado, cuyo propósito consistía en la defensa de un par de bahías próximas que resultarían muy convenientes para un desembarco de fuerzas hostiles.
Otra fortificación exterior fue la ubicada en una pequeña isla —llamada de Ratas— situada en medio de la bahía montevideana. Se trataba de una batería que completaba la defensa de la ciudad, permitiendo que entre ambas se desplegase un par de líneas de buques acoderados y convenientemente artillados.
Empero, la más notoria de estas defensas —tanto por su situación como por su conservación— es la llamada fortaleza del Cerro, próxima a la bahía de Montevideo sobre una altura de 136 m. Fue levantada a fines de 1809 por iniciativa del gobernador Francisco Javier de Elio y obra del ingeniero José del Pozo, rodeando la estructura anterior de un faro. Formada por un pentágono, estaba convenientemente artillada como para cruzar fuegos con el recinto de la ciudad. Por su fecha de creación sólo pudo participar en las operaciones militares de la época independentista, y capituló junto con la plaza fuerte en 1814. A partir de la década de 1830, cuando el avance edilicio llevó consigo la demolición de las fortificaciones montevideanas, esta fortaleza y el fuerte de San José —situado en las cercanías del puerto— fueron las únicas obras defensivas sobrevivientes. El último de los mencionados terminó siendo demolido al final de la década de 1870, para aprovechar los valiosos terrenos que lindaban con su predio.6
La fortaleza del Cerro nunca perdió su carácter de tal, aunque también se le dieron otros usos simultáneos, entre ellos lazareto y prisión. Por este motivo cumplió su papel propio en las contiendas civiles que se desarrollaron a lo largo de nuestra historia hasta principios del siglo pasado. En la década de 1930, ya considerada como inutilizable para el servicio de las armas por no ser posible su modernización, se procedió a su completa restauración para permitir que allí se instalase un museo militar, función que sigue cumpliendo hasta hoy.
La ciudad de Maldonado, que hoy se encuentra formando una unidad con el balneario de Punta del Este, en sus inicios estaba situada en las proximidades de la bahía homónima y se consideraba un lugar a defender, tanto por el abrigo que representaba para los navíos como por ser el punto de recalada obligado para los buques que ingresaban al río de la Plata. Si bien no se tiene constancia cierta de la iniciación de las obras defensivas, es dable suponer que hacia 1760 ya estaban en proceso de construcción. Por la configuración del terreno y su situación, era evidente que no era útil fortificar la misma población, sino que lo necesario era defender la zona aledaña a la bahía.
En esencia, el sistema defensivo de Maldonado se basaba en la existencia de una serie de baterías permanentes, construidas de
piedra y mampostería. De ellas, tres se encontraban ubicadas en la costa y cuatro en la isla el puerto, conocida como isla de Gorriti. Las tres primeras eran las llamadas de la Aguada, del Medio y la de Boca Chica, cuya misión era de cruzar fuegos con las cuatro situadas en la isla excepto una de ellas, la cual dirigía sus fuegos a mar abierto. Como se comprenderá, esta disposición defensiva estaba destinada a realizar una defensa de costa y no tenía en cuenta las posibilidades de un desembarco.7
Por otra parte, la ciudad de Maldonado posee dos edificios que si bien no son considerados fortificación, sin duda cumplieron un rol militar. Uno de ellos es la denominada atalaya o torre del Vigía, mandada levantar entre 1797 y 1800. Su función era la de mantener la vigilancia de la bahía y, en su caso, dar la alarma correspondiente. Construida de ladrillo, con cinco metros de lado y trece de altura sirvió a sus fines cuando su guardia dio aviso de la presencia británica en la fecha señalada, lo cual permitió a los defensores españoles organizar un intento de defensa.
El otro edificio militar notorio es el denominado Cuartel de Dragones, cuyas obras fueron iniciadas por el ingeniero de origen francés Juan Bartolomé Havelle, mejor conocido por Howel. En sus inicios, por 1771, consistió en una obra de fajina, y para finales del siglo ya se consideraba una construcción sólida de mampostería, piedra y tejas. Ocupaba una manzana entera cercana al centro de la ciudad y poseía capacidad para 600 plazas, con lo que podía dar suficiente alojamiento a la mitad de los efectivos del regimiento de Dragones de Buenos Aires. Todo parece indicar que esta guarnición, más que para la defensa de Maldonado, podía emplearse como refuerzo de la dotación de Santa Teresa.
La costa oriental a partir de Maldonado toma una inclinación pronunciada hacia el este, por ello dicha zona se caracteriza por una sucesión de lagunas y pantanos paralelos a la costa. Esto crea una zona bastante estrecha que suele denominarse Angostura, y se prolonga hasta el propio río Grande del Sur.
Por su situación, esos lugares adquirieron enorme importancia en razón de los conflictos entre españoles y portugueses por sus respectivas posesiones fronterizas. A finales de la Guerra de los Siete Años el conflicto se trasladó al Río de la Plata, lo que dio lugar a enfrentamientos entre ambas potencias europeas. En razón de esto, el capitán general del Río de la Plata, Pedro de Cevallos, inició una campaña militar cuyo primer objetivo y logro fue la toma de la Colonia del Sacramento en 1762. Desde ahí marchó hacia la zona este, con miras a completar sus conquistas con la captura de San Pedro del Río Grande; esta ruta lo llevó por el camino de la costa o de la Angostura, donde se encontró con que el coronel portugués Tomás Luís de Osorio había iniciado la construcción de una fortificación.
En efecto, en diciembre de 1762 este jefe había procedido a levantar una fortificación provisoria de tierra y fajinas que dominaba la parte más estrecha de la Angostura; dotándola de una guarnición de 400 dragones y varios efectivos de milicias y artillería. El 19 de abril de 1763 Cevallos realizó un enérgico sitio del fuerte que terminó con la rendición de las fuerzas lusitanas.
A poco de esa conquista los españoles procedieron a fortificar el lugar, a fin de convertirlo en una obra permanente y con sus fuegos orientados hacia territorio portugués. El primer encargado de la obra fue Francisco Rodríguez Cardoso, reemplazado poco después por el ya mencionado Howel, a quien se atribuye el diseño definitivo de esa defensa.8
Es sin duda la muestra mejor conservada y restaurada de la escuela de fortificación militar española del siglo XVIII. Como corresponde a una zona quebrada, tiene un diseño que técnicamente se denomina “fortificación irregular”, dado que todos sus lados y dimensiones no siguen un modelo fijo, sino que buscan adaptarse a las peculiaridades del terreno. Cuenta con cinco baluartes, de los cuales tres están orientados hacia la frontera portuguesa; y en particular uno de ellos, conocido como San Carlos, tiene una mayor capacidad para disponer un gran número de piezas de artillería.
Las instalaciones interiores se completaban con la presencia de cuadras de tropa, cocinas, fraguas, polvorín, capilla, etcétera. No obstante estas obras, construidas de sillería, por lo general fueron completadas por otras instalaciones provisorias, lo que aumentaba en mucho la capacidad de su guarnición. Así, en 1775 el ingeniero Bernardo Lecoq realizó una serie de ampliaciones y para finales del siglo se efectuaron otras a cargo de José García Martínez de Cáceres.9
Recientes estudios han determinado que Santa Teresa contaba con líneas de atrincheramientos, de tierra y fajinas, que cerraban toda la Angostura, permitiendo en su momento una más amplia capacidad de defensa. Incluso hoy día pueden verse los parapetos y baterías de estas obras.
Más que una fortaleza, esta obra defensiva —en razón de sus reducidas dimensiones— puede considerarse más bien como fortín.
En sus inicios, hacia 1734, fue posesión de los españoles; pero tres años después fue ocupado por los portugueses y reformado por obra del brigadier José da Silva Páez. A lo largo de su historia sufrió varias alteraciones en su estructura y materiales empleados, aunque terminó siendo un cuadrado irregular dotado de cuatro baluartes en sus ángulos construidos en piedra.
Al parecer la función principal del fuerte consistió en ser un puesto de observación, y de hecho los portugueses lo empleaban para controlar el movimiento de los españoles; además, algunos documentos permiten apreciar que en sus alrededores existía una importante actividad relacionada con la extracción de ganado proveniente de las tierras orientales. Su importancia histórica no pasa mucho más allá de ser un lugar de enlace entre Santa Teresa y Río Grande del Sur.
A partir de la toma de Santa Teresa, en 1763, la suerte de San Miguel quedó ligada a la Corona española, y desde ese momento quedó incluido como parte de los dominios de esta potencia.
San Pedro de Río Grande
El ya mencionado “camino de la costa” finalizaba en el llamado río Grande de San Pedro, donde este curso de agua servía de desaguadero a la laguna de los Patos en el océano Atlántico. En 1737, José da Silva Páez también levantó ahí el llamado fuerte de Jesús, María y José, que fue el núcleo poblacional del posterior y actual río Grande.
Aparte de constituir una fortificación destinada a proteger las estancias con que se estaba colonizando la zona, no escapó a Silva la importancia que tenía este puerto para el tráfico marítimo, y como lugar abrigado para enlazar con la Colonia del Sacramento. Como en tantos otros casos, las obras se hicieron de tierras y fajinas.
En 1763, luego de la toma de Santa Teresa y San Miguel, las fuerzas de Cevallos llegaron hasta Río Grande sin encontrar la menor resistencia. De esta forma las tropas españolas procedieron a ocupar ambas márgenes del río, mismas que fueron dotadas de mejores y mayores fortificaciones, y así se lograba el dominio de la principal vía de acceso a la zona platense.
En 1767, en razón de lo difícil que resultaba su defensa con un río a las espaldas, las fuerzas españolas evacuaron la margen izquierda del río, que fue inmediatamente ocupada por los portugueses y procedieron a levantar nuevas obras defensivas.
Tomando como base la población de Río Grande, los españoles procedieron a levantar una serie de fortificaciones que comprendían un conjunto de baterías costeras, así como un núcleo de fuertes y fortines que protegería una eventual evacuación rumbo a Santa Teresa. El principal inconveniente de este dispositivo se hallaba en que una lengua de agua dividía las defensas, de tal forma que era muy difícil establecer una coordinación entre ellas, impidiendo la fácil comunicación entre una y otra parte. Fue precisamente por esta circunstancia que un importante contingente portugués se hizo con el dominio del lugar en 1776, obligando a los defensores a capitular. En efecto, el general portugués Juan Enrique Böhm aprovechó tal circunstancia y el Viernes Santo de ese año realizó un ataque sorpresa con base en una importante superioridad numérica. Pese a que las fuerzas españolas se pudieron retirar previa capitulación, la región rioplatense quedó en una situación muy arriesgada, por lo que el entonces capitán general de la zona, Juan José de Vértiz, debió trasladarse rápidamente a Santa Teresa, para desde allí tratar de detener la ofensiva.10
Estos hechos provocaron la reacción española, consistente en el envío de una numerosa expedición militar y naval al mando de Pedro de Cevallos, investido en esta ocasión de la jerarquía de virrey del recién creado virreinato del Río de la Plata. En 1777 el cuerpo expedicionario ocupó sin lucha el puerto de Santa Catalina, tomó la Colonia del Sacramento y emprendió las operaciones contra Río Grande. A esta altura de los acontecimientos todas las actuaciones debieron suspenderse ante la firma del Tratado de San Ildefonso en ese mismo año. De acuerdo con sus estipulaciones, todo el San Pedro del Río Grande quedaba dentro de la jurisdicción portuguesa. Hoy día los vestigios de estas fortificaciones ya no existen.
Lo que después fue la fortaleza de Santa Tecla tuvo sus inicios como un puesto y oratorio de la estancia de San Miguel en el territorio misionero. El lugar quedó despoblado después de la llamada Guerra Guaranítica, en la que portugueses y españoles procedieron a liquidar esos poblados que habían sido levantados por obra de los jesuitas.
En 1773, Juan José de Vértiz, gobernador de Buenos Aires, encabezó una expedición militar contra los establecimientos portugueses; al llegar a la zona pudo comprobar que dicho lugar poseía cierta importancia estratégica en razón de hallarse en un nudo de cuchillas conocido como “nudo de Bagé”. Por estar ubicadas en las nacientes del río Negro permitían controlar el ingreso a la Banda Oriental, de ahí que se encargara al oficial de ingenieros Bernardo Lecoq la construcción de una fortaleza.
Esas obras, en apariencia de tierra y fajinas, pronto estuvieron terminadas: consistían en una construcción pentagonal dotada de cuatro baluartes y un semibaluarte, un foso con puente levadizo y estacada. La privilegiada posición de esta obra fortificada se vio reforzada por el hecho de estar situada sobre unos barrancos del río Negro, que le hacían muy difícil de tomar.
En 1776, como parte de una ofensiva general portuguesa, fue sitiada por Rafael Pinto Bandera al mando de unos 1 500 soldados, a quienes se oponían tan sólo 200 defensores, la mayor parte milicianos. Luego de la capitulación de los defensores, el jefe portugués determinó que fuese arrasada hasta los cimientos. Este ataque, que precedió al de Río Grande, fue otro de los motivos por los que España reaccionó enviando la expedición militar que llegó al año siguiente.
Cuando se realizaban las operaciones para poner en práctica el Tratado de San Ildefonso hubo muchas controversias sobre a quién correspondía la posesión de ese lugar. Previendo otro tipo de acciones, Cevallos sentó el necesario precedente al ordenar en 1778 la reconstrucción de la fortaleza, y esto, de alguna manera, permitió que los negociadores y demarcadores españoles pudiesen hacer valer sus derechos al lugar.
En 1801, dentro de la llamada Guerra de las Naranjas, la fortaleza fue nuevamente tomada y destruida. Al día de hoy casi no quedan vestigios de sus construcciones.11
Después de lo expuesto hasta aquí en forma escueta, es oportuno realizar algunas apreciaciones de carácter general.
En primer lugar cabe destacar que las fortificaciones de la Banda Oriental nacieron y se desarrollaron como respuesta a una situación internacional que puso en peligro la estabilidad regional. Situaciones similares se vivieron en otras áreas como parte del contexto de los reinos hispánicos. Así, quizás con mayor técnica e interés, lugares como Cuba, Puerto Rico, Cartagena de Indias, el Callao y otros concitaron el interés de la Corona española en vistas a dotarlos de un sistema fortificado, de tal forma que se constituyera como fuese una defensa permanente de los territorios involucrados.
En otro orden de cosas, la reseña anterior nos muestra que no todas las obras fortificadas que defendieron nuestro territorio fueron iguales y parejas en cuanto a construcción, calidad y situación. El ejemplo de Montevideo es una clara muestra de unas obras sumamente costosas pero que nunca pudieron superar sus defectos de calidad constructiva y de ubicación. En el otro extremo, tanto geográfica como conceptualmente, nos encontramos con la fortaleza de Santa Teresa; con buena ubicación, sólida estructura y otros factores que contribuyeron a sus exitosas operaciones defensivas.
También se debería tener en cuenta las circunstancias propias de cada lugar. Si nos referimos a Montevideo, se debe considerar que su situación como plaza fuerte y sede de un apostadero naval implicaba la necesidad de conjuntar los esfuerzos por tierra y por mar. Tomando en consideración la invasión británica, queda claro que el enemigo operaba al mismo tiempo en ambos elementos, y con notoria ventaja en ambos. Con ello los resultados finales terminaron siendo los esperados: un estrecho bloqueo por mar y un sitio en regla por tierra, lo que llevó a la capitulación final de la ciudad. Situación distinta se presentó cuando las operaciones contra la ciudad corrieron por cuenta de las fuerzas independentistas a partir de 1810: el control del mar por parte de los defensores permitió un cómodo abastecimiento y, por lo tanto, una resistencia bastante prolongada.
Los casos de San Pedro de Río Grande y Santa Tecla parecen constituir un ejemplo de obras defensivas situadas cerca, o en proximidades, de núcleos que pudiesen aportarles una ayuda inmediata. Tanto uno como otro mostraron que las guarniciones terminaron quedando sin auxilio en ocasión de necesitarlo en forma perentoria.
Por último, si se echa una mirada al mapa, podemos apreciar que a lo largo del tiempo las fortificaciones de la Banda Oriental terminaron, pese a todos sus defectos, por constituir un sistema completo que pretendía poner coto a un adversario demasiado tenaz. Conjunto que se completaba en forma natural con los pueblos de las misiones, los que cerraban por la zona norte del territorio el espacio que pretendían ocupar los portugueses.
Recuperación patrimonial: identidad y memoria
Entre 2010 y 2011 en toda América Latina tuvo lugar un gran ciclo de conmemoraciones con motivo de las independencias de los distintos países que conforman la región; con ello nos hemos visto obligados a repensar nuestras raíces culturales y nacionales; es decir, todo aquello que nos identifica y define. Sin duda alguna, puede asegurarse que la presencia hispana en estas latitudes ha sido un factor que ha dejado su impronta en las emergentes naciones latinoamericanas; una gerencia que no sólo se conforma de población, idioma, mentalidades, gustos gastronómicos, etcétera, sino también de restos materiales.
Todas estas consideraciones nos llevan a una serie de cuestiones: ¿qué ha pasado con las construcciones coloniales, mudos testigos materiales de lo que hasta hace dos siglos eran vibrantes metrópolis coloniales? ¿Qué estado guardan las fortificaciones coloniales de la antigua Banda Oriental?
Para responder a estas preguntas tenemos a nuestra disposición el camino que algunos grandes investigadores uruguayos iniciaron en el siglo pasado. Éstos, junto con otros actores —políticos, militares y pobladores de la zona— emprendieron el camino del salvataje, recuperación y preservación de nuestro patrimonio. Pocos se han dedicado al tema de las fortificaciones con persistencia y método, siendo limitada la bibliografía que puede consultarse. Ya en la década de 1920, de inmediato surgen como referentes en este campo los nombres del historiador Horacio Arredondo, factótum responsable —junto con los arquitectos Fernando Capurro, Alfredo R. Campos y Alfredo Baldomir— de la reconstrucción de las fortalezas de Santa Teresa, San Miguel y “General Artigas” (del Cerro). A esta gran figura, quien logró aglutinar el esfuerzo de personalidades tan importantes, se sumaría de manera paulatina la tarea de otras grandes figuras de la historia nacional: Juan Alejandro Apolant y sus contribuciones sobre Montevideo; el capitán Mariano Cortes Arteaga y su monografía sobre la fortaleza “General Artigas”; el capitán Alfredo Travieso y su atlas con mapas de Montevideo del siglo XVIII; o el coronel Rolando Laguarda Trías y su importante obra referida a los ingenieros militares de la época virreinal, ofreciendo una trayectoria vital a lo que hasta ese momento eran meros nombres.
En una concepción más amplia de la recuperación del pasado, recordemos a los fallecidos historiadores Fernando Assunçào y su trabajo en la Colonia del Sacramento, así como a la doctora Florencia Fajardo Terán con respecto a la historia de Maldonado.
En la senda de investigación, hoy pueden mencionarse en forma relevante al coronel Ángel Corrales, con diferentes trabajos relacionados; Rubén Álvarez Massini, el más constante en la investigación de este tema; Raúl Baroffio, dedicado al estudio y rescate de los restos de las fortificaciones de Montevideo, y a José M. Olivero, asesor histórico de los fuertes militares.
Desde hace pocos años se han agregado a esta labor la Asociación Cultural “Al Pie de la Muralla”, que a través del accionar de su directora, Adriana Careaga, ha impulsado un espacio de difusión y discusión del tema de las fortificaciones, organizando una rica actividad cultural a nivel nacional e internacional con visitas guiadas, obras teatrales, publicaciones, conferencias y seminarios. De esa misma institución partió a su vez la formación de otra, ante la iniciativa de los constantes colaboradores de “Al Pie de la Muralla”: la Asociación de Amigos de las Fortificaciones, dedicada al estudio y preservación de las fortificaciones sobrevivientes en el territorio uruguayo.
A nivel institucional, el Ministerio de Defensa Nacional realizó una obra pionera de restauración y conservación en las fortificaciones de Santa Teresa, San Miguel y del Cerro de Montevideo (“General Artigas”), convirtiéndolos en museos militares de sitio e históricos.
A su vez, por mandato de la ley 14.040 de 1971 se creó la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que ha contribuido a la conservación de algunos restos de fortificaciones a pesar de las limitaciones de la ley, cuya modificación ya desde hace años se discute. Entre las medidas más recientes de investigación y protección de los restos materiales de las fortificaciones realizados por dicha Comisión, se encuentra la declaración como Monumento Histórico Nacional de los restos de muralla de Montevideo, existente entre el baluarte de San Pascual y el Cubo del Norte en diciembre de 2012.12
Por otro lado, el desarrollo del trabajo de grupos dependientes de la Universidad de la República —en especial en conexión con las comisiones de patrimonio de carácter departamental, e incluso local— ha permitido profundizar un sentido patrimonial que todavía no ha logrado una expresión con la eficiencia necesaria. Hoy en día diversos grupos de trabajo realizan actividades de recuperación que incluyen los restos de fortificaciones. Se ha culminado un relevamiento de la “Ciudad Vieja” de Montevideo predio por predio (1906 padrones y 270 espacios públicos). Dichas tareas son parte del Programa de Revitalización de la Ciudad Vieja, que desde hace unos años desarrollan en conjunto la Intendencia de Montevideo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con diferentes apoyos financieros. El proceso llevó un año y medio a un equipo de docentes del Instituto de Historia de la Arquitectura de la Universidad de la República y de estudiantes avanzados de la misma facultad que trabajaron junto con técnicos del área de tecnología de la información de la Intendencia Municipal de Montevideo para desarrollar un producto pionero en el país —y posiblemente en la región.13
A su vez, tanto en Montevideo como en Colonia del Sacramento las intendencias municipales ya estudian su patrimonio histórico edilicio y crean proyectos para su reinserción en el marco urbano, como ocurre con el espacio Muralla Abierta14 en Montevideo; en este caso, mediante acuerdo con el Banco de Seguros del Estado, se recupera el tramo mayor de muralla preservado, así como parte del foso en su sector norte, todo con miras a crear un ámbito de acción cultural de diferentes grupos. Desde diciembre de 2011 dicho espacio se ha convertido en la sede del Museo de las Migraciones, el cual nos hace reflexionar sobre la conformación de nuestras sociedades y el rico aporte migratorio que hemos recibido a lo largo de nuestra vida independiente.
La conservación de la memoria en el ámbito edilicio siempre se ha visto enfrentada a múltiples factores, entre ellos encontramos la idea de “modernización” como avance hacia el futuro. La demolición y reconstrucción —o al menos la remodelación, muchas veces profunda—, ha sido algo aceptado desde siempre como parte del “progreso” humano. Incluso, muchas de las estructuras que se conservan han llegado a nosotros por su utilidad en las nuevas construcciones.
En ese proceso Uruguay perdió numerosas fortificaciones, y Colonia del Sacramento es quizá el caso más conocido. Esta ciudad había sido muy dañada por acciones modernizadoras, como la avenida General Flores, que corta la estructura original de cuadras irregulares de la ciudad histórica. Los estudios a partir de la década de 1930, y la creación en 1968 de un Consejo, un Patronato y Fondo Nacional para la Conservación y la Reconstrucción de la Ciudad tuvieron su punto álgido con los festejos de 300 años de su fundación
en 1980. Todo esto fue recompensado con la declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad en 1995 por parte de la UNESCO.
Todo este accionar en pro de la recuperación histórica no ha estado exento de críticas y dudas que se expresaron en su momento. En ese sentido es muy interesante un artículo del profesor Luis Bausero, donde reflexiona sobre la reconstrucción de Colonia del Sacramento:15
Reconstruir la vieja ciudad valdría tanto como crear una ciudad espectral y ello no sería más que fría retórica nacida en la mente de algún “restaurador” o de una comisión de “restauradores”. Y, nótese bien esto, si reconstruida la primera ciudad se hiciese otra Colonia del Sacramento a 15 o 20 kilómetros de distancia sobre los mismos documentos, cartabones y plantillas de la primera, tendríamos otra ciudad totalmente diferente y otro acto retórico tan vacuo como el primero. Y así podríamos repetir al infinito la Colonia del Sacramento sin llegar nunca a reconstruir la verdadera, la histórica ciudad porque ésta, pertenece tanto al pasado como al presente y al tiempo no es reversible. Y aun en el hipotético caso de que el “Consejo Ejecutivo Honorario de Obras de Conservación y Reconstrucción de la Antigua Ciudad de la Colonia del Sacramento” resolviera hacer esta reconstrucción, ¿Qué momento de la vida de la ciudad se elegiría? Porque cualquiera sea el instante en que se quiera fijar a aquella ciudad fantasmal sería siempre una ciudad aislada de la historia porque el flujo de ésta no se detiene en ningún momento; e incluso, es historia, los años de sus ruinas y el traspaso de éstas hasta la hora presente.16
Con estos conceptos se oponía a quienes querían “restaurar” a ultranza a la colonia portuguesa, recreando lo que fue sin distinción de tiempo, momento histórico o relevancia real.
Sería ésta una discusión en apariencias superada, pero cuando se acude a los hechos con frecuencia vemos que se acomodan intereses culturales o turísticos; así es como resurge una idea de “reconstrucción en grupos entusiastas”, que en realidad es una recreación, expresión más de la visión e intereses del momento en que se plantea, en la cual se incluyen numerosos aspectos no conocidos pero dados por ciertos, más que de una efectiva visión del pasado.
Retornando al aspecto inicial de esta reflexión, en la misma capital del país, Montevideo, se ha reproducido este tipo de polémicas. San Felipe y Santiago de Montevideo, ciudad originalmente amurallada con numerosas baterías y dos fortificaciones importantes, la Ciudadela y el fuerte de San José, no se vio exenta de este tipo de idas y venidas a la hora de considerar la oportunidad de conservar las murallas.
Esto se dio en un proceso largo: comenzó en 1829 y continuó hasta su momento clave en 1878-1880, donde se demolió lo que quedaba de la Ciudadela, reutilizado como mercado; el “Fuerte” (la casa de Gobernador) antigua fortificación ya reconstruida y modificada casi desde sus orígenes, y el fuerte de San José.
Consideremos ahora el caso de la Ciudadela, una pequeña fortaleza con cuatro baluartes salientes que defendió al Montevideo colonial. Se inició su construcción en 1741 cubriendo parte de lo que hoy es la Plaza Independencia. Su puerta de acceso, en el eje de la actual Sarandí, tenía puente levadizo, ya que un profundo foso la
separaba del resto del conglomerado urbano.
Activa hasta el final del periodo virreinal y las posteriores luchas por la independencia, la Ciudadela sufrió un proceso de demoliciones iniciado en 1829 y terminado en 1879, con su abatimiento definitivo. Entre las medidas tomadas se abrió una puerta en el sector contrario de la fortificación, donde estaba la capilla, creando un camino desde el eje de la actual calle Sarandí, pasando por la puerta de la Ciudadela hasta la recién creada avenida principal, hoy 18 de Julio, que nucleaba la “ciudad nueva” de Montevideo delineada en 1829.
Con respecto al uso de la fortificación a partir de 1836, luego de la destrucción de los baluartes y el ciegue del pozo, cumplió funciones de Mercado Público hasta 1868, cuando se inaugura el Mercado Central. En 1877 se inicia la demolición de los restos de la fortificación, la puerta se desmonta para colocarse en otro lugar aún por designar, pero se pierde parte de la misma. Sólo hasta 1890 pudo adosarse a la fachada sur de la antigua Escuela de Artes y Oficios, actual Universidad del Trabajo, reconstruyéndose algunos de los ornamentos perdidos. En 1959 fue de nuevo trasladada para reinstalarse en el lugar aproximado de su localización original. Este resto fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1975, sufriendo con los años un fuerte deterioro por la contaminación ambiental, que ha obligado a diferentes intervenciones destinadas a su conservación.
Si bien cuando se demolió la Ciudadela y otros edificios coloniales hubo resistencia de algún intelectual, como el historiador Francisco Bauzá, la sociedad lo vio en su momento como una muestra del avance de un país frente a su pasado “bárbaro” español. De manera consistente, el espacio ganado por la demolición de la Ciudadela sirvió para ampliar la plaza Independencia, principal de la ciudad y frente a la cual se estableció el edificio del Poder Ejecutivo.
Con la demolición del “Fuerte”, en el predio libre se organizó una plaza enrejada estilo francés, acorde con lo que era en ese momento uno de los principales espacios comerciales y financieros de la ciudad y con presencia de habitantes de alto poder adquisitivo.
En el caso del fuerte de San José, el espacio liberado pasó a formar parte del ámbito habitacional y portuario de la ciudad en expansión.
De la antigua muralla queda muy poco, restos de los muros, unos 400 metros, reutilizados como medianeras entre casas o cimientos de las nuevas construcciones.
Aun cuando se conservó el “Cubo” —que aseguraba el extremo sur del frente de tierra de Montevideo y más tarde serviría de base al templo anglicano—, también sufrió las modificaciones al momento de desarrollar la rambla costera, que enterró la zona de los “bajos” de la ciudad en la década de 1930-1940.17 Quedó presente pero desnaturalizado, pues al asentarse en la rambla su cima quedó a la altura del nuevo suelo y así perdió su perspectiva de construcción elevada con respecto al terreno circundante. También encontramos los “fantasmas” de construcciones fortificadas desaparecidas, huellas modernas que siguen en forma de muros bajos las líneas del Cubo del norte y la muralla hacia el Cubo del sur, indicando la brecha por donde penetraron los ingleses el 3 de febrero de 1807.
Otro elemento al que podemos hacer referencia es el conjunto de 34 bóvedas que servían como depósitos y fortificación con artillería hacia la bahía. La propia fortaleza de dichas construcciones les permitió sobrevivir durante mucho tiempo; sin embargo, algunas desaparecieron por accidente, como las que explotaron en 1815 —cuando el ejército porteño tiraba a la bahía las reservas de pólvora que no podía embarcar antes de abandonar la ciudad—, o por el gradual y persistente proceso de demolición por los cambios de uso. Una vez liberadas de su utilización militar, sirvieron como almacenes para comerciantes, e incluso para club deportivo. Hoy en día sólo existen dos de esos inmuebles, mismos que fueron restaurados y ahora son parte del patrimonio protegido.
Hemos visto cómo el crecimiento de las ciudades afecta la conservación del patrimonio material, y cómo resulta indudable que el factor humano es una de las variables determinantes para su preservación. Es fácil entender la pérdida de patrimonios importantes ante este avance, pero ¿qué pasa en las zonas poco pobladas?
La fortificación puede encontrarse en un lugar alejado de la actividad humana, haciendo innecesaria su demolición o transformación profunda para un nuevo uso del lugar. Puede que esas construcciones sean vistas por pobladores vecinos a las mismas como cantera de materiales, por lo cual son lentamente despojadas de partes de sus muros, puertas o ventanas, o de sus techos, casi siempre hechos de tejas musleras.
Esta depredación lenta de los edificios permite al menos que su estructura básica se conserve con los normales estragos de la naturaleza. Justamente fue lo que pasó con los fuertes de Santa Teresa y San Miguel, que primero fueron saqueados por poblaciones vecinas a ellos, y ante el deterioro resultaron invadidos por la vegetación y las dunas de arena, al grado de que estuvieron a punto de borrar toda huella de los mismos.
En el otro extremo, el valor atribuido por el gobierno o los habitantes de la localidad, así como su reutilización donde la estructura original básica aún es de utilidad, ha permitido preservar algunas piezas. Esto conlleva una especial importancia en la tercera de las fortificaciones conservada en Uruguay, la ya referida fortaleza “General Artigas” o del Cerro de Montevideo. Sobreviviente del sistema fortificado de la ciudad capital, pasó a quedar inutilizada en la práctica a resultas de la creación de la “villa del Cerro” hacia la bahía a partir de 1834, por lo cual quedó impedida para disparar hacia esa zona. Mantenida como fortificación, defensa de la farola, fue también reutilizada para funciones de lazareto y cárcel militar antes de ser desactivada, razón por la cual su conservación adquiere un carácter simbólico. Se trata de un símbolo nacional, establecido en el escudo de armas del Estado aprobado por ley del 14 de marzo de 1829. En ese decreto se establecía, considerando el cuartelado del mismo: “en el de la izquierda, el Cerro de Montevideo, como símbolo de la fuerza, en campo de plata”.18 Esta disposición fue corroborada cuando se ajustó el escudo por ley 3.060 del 12 de julio de 1906:
En el cuartel superior de la izquierda el Cerro de Montevideo, como símbolo de fuerza, en campo de plata”, agregándose para detallar “EL CERRO DE MONTEVIDEO”. Se pintará imitándolo del natural, como también la fortaleza que lo corona, tratando de configurar a ésta con las proporciones que se observan en los tipos modelos o en el patrón oficial; al pie del Cerro, el agua se configurará heráldicamente, es decir, por medio de cinco franjas azules y onduladas, alternadas entre sí por el fondo de plata.19
Es la imagen inconfundible de la ciudad capital del país, y sumó un nuevo elemento en el imaginario institucional y popular del Uruguay al ser nombrada en honor de la principal figura del proceso de independencia: el general Artigas, por ley Nº 1579 del 3 de julio de 1882. Con esta medida se incluía la recuperación de la figura de Artigas con respecto a la “leyenda negra” que lo cubría. A su vez, de haber prosperado el proyecto de ley propuesto por la Comisión encargada de las celebraciones del centenario de su fallecimiento en 1950, a este nombre se habría agregado que la fortaleza fuera el mausoleo que guardara sus restos.
Con la restauración de 1931 el fuerte entró a una nueva época, “históricamente correcta” con una recuperación de la estructura original, anulando las modificaciones a lo largo de su proceso de uso. Con ello se ganó un edificio cercano a como se vería en la época española y principios de la independencia, pero que ha perdido parte de su historia —rica y variada— a lo largo de sus muchos años de actividad, falseando y “olvidando” esa otra parte de su trayectoria.
Si trasladamos nuestra mirada al Departamento de Maldonado, allí la Torre del Vigía aún es preservada como parte del atractivo turístico del lugar. Sin embargo, el Cuartel de Dragones tuvo un destino menos auspicioso en principio: la mayor parte fue demolida, si bien pudo recuperarse de manera parcial para convertirlo en el Museo Didáctico Artiguista. En el caso de las baterías, las de la costa se encuentran desaparecidas, como pasa en el caso de Punta del Este, o en proceso de deterioro constante —en especial la del Medio, arrastrada por las crecidas del mar—. En tanto, las situadas en la isla de Gorriti, luego de un intenso estudio arqueológico en 1993 han caído en el abandono, deteriorándose aún más al no ser enterradas nuevamente para su protección, permitiendo a la gente llevarse un recuerdo de “piedras históricas” cuando pasea por el lugar.
La fortaleza de Santa Teresa: un ejemplo de restauración exitoso
Luego de la independencia del Uruguay, los fuertes cercanos al Paso de la Angostura, que en la época colonial tenían el propósito de mantener a raya el avance portugués sobre territorios españoles, fueron perdiendo valor a lo largo de todo el siglo XIX, hasta quedar abandonados luego de la Guerra Grande que culminó en 1851, cuando se firma el tratado de fronteras con Brasil.
El abandono de los fuertes de San Miguel y Santa Teresa se vio potenciado por corresponder a una zona alejada del centro geopolítico del país, Montevideo, y a la vez poco poblada. Por otro lado, la cercanía a la zona de dunas costeras hizo que poco a poco quedara cubierto con la arena que volaba con el viento, con lo cual desapareció prácticamente del paisaje. Su aspecto ruinoso contribuyó a una imagen romántica como ruina, pero que escondía un grave problema de degradación material.
Los primeros trabajos en la recuperación de la fortaleza de Santa Teresa fueron realizados a partir de 1892 por el señor Pedro Lapeyre (hijo), jefe político del Departamento de Rocha entre 1890 y 1894. Entre las diferentes iniciativas destacadas de ese personaje, con más voluntad que conocimiento —se le considera el creador efectivo del pueblo del Chuy—, planteó el primer intento serio de recuperación de la fortaleza de Santa Teresa, la cual, siempre es bueno recordarlo, se encontraba en ruinas y cubierta de arena, asignando el gobierno 2 000 pesos para ello en 1892 y designando, por decreto del 27 de diciembre de ese año, una Comisión de Vigilancia de las reparaciones de la fortaleza presidida por Lapeyre; y si bien se trabajó en las fortificaciones, la Comisión no llegó a funcionar.
La obra fue continuada por el sucesor de Lapeyre en la jefatura política de Rocha, el señor González Rodríguez, convirtiéndose la fortaleza en cárcel durante un breve periodo de 1895. Los trabajos realizados, según los parámetros de restauración, fueron en general negativos, pues se tendió más a adaptar las edificaciones a las nuevas
funciones que a restaurar el aspecto original de las estructuras como se encontraban durante el periodo español. Esto incluso motivó que surgieran dudas en cuanto a la localización efectiva y función de algunas piezas de sillería específicas al momento de reiniciarse las obras.
Luego del intento “restaurador” de finales del siglo XIX, en ese momento la fortaleza de Santa Teresa estaba vigilada por un sargento de apellido Cruz, quien vivía allí con su familia y debía cuidar los campos de posesión fiscal conocidos como “La Llamada”. Cuando en mayo de 1920 fue llamado a Montevideo el teniente Fortunato Belén, jefe del destacamento que había sucedido al sargento Cruz, la fortaleza quedó abandonada, y con ello terminaba, en apariencia, cualquier salvaguarda que la edificación pudiera presentar.
A pesar de su aparente desamparo, esta fortificación tenía futuro y el historiador Horacio Arredondo se conectó con ese inmueble en 1917, cuando la visitó por curiosidad. Comenzó siendo un turista, queriendo conocer, realizando lo que hoy llamaríamos un turismo interno, buscando opciones de historia, naturaleza y aventura, como señala en su comentario:
La impresión que recibí del arcaico monumento fue profunda. Aquella obra del hombre, que tanto decía de su capacidad para crear, abandonada en la inmensidad de los campos despoblados —entonces en esa parte, ni siquiera con alambrados. Estaba amenazada por ser sepultada por las arenas, cuya obra arrolladora me pareció muy difícil de contener, ya que solían desbordar la cortina de uno de los baluartes de San Clemente y de San Martín. Me sugirió de inmediato, la realización de tres propósitos: escribir su historia, realizar su restauración y contener las dunas con plantaciones apropiadas.20
En ese punto debemos recordar que Rocha, cuando Arredondo la conoció, era un “salvaje este” con pocas vías de comunicación y era más fácil obtener suministros desde Brasil —como bien supo Arredondo al iniciar la restauración de las fortalezas— que desde Montevideo o incluso del muy próximo Maldonado.
Horacio Arredondo puso manos a la obra en forma inmediata, por ello en 1919 logró que el presidente Baltasar Brum, acompañado por sus ministros; en consecuencia, a su regreso el presidente le solicitó un informe con un plan de trabajo.
El 10 de diciembre de 1920, junto al arquitecto Fernando Capurro,21 presentaron un plan para reconstruir la fortaleza de Santa Teresa. Por medio de ese proyecto buscaba recuperar la fisonomía que tenía la fortaleza en el siglo XVIII, dándole al Ejército Nacional una importante carga, como dijo el arquitecto Capurro: “[…] sólo cabe agregar al respecto la contribución que en los movimientos de tierra, limpieza de trincheras y otros trabajos afines, pudiera esperarse del ejército, desde que ello amenguaría en cantidad no despreciable el presupuesto total de la reconstrucción”.
Con respecto a San Miguel se establece: “[…] esa vetusta obra de arquitectura militar debe conservarse como ruina; no obstante ello, y a fin de preservarla de una destrucción total, sería del caso la consolidación de parte de sus muros, en el día vacilantes a causa del trabajo destructor de la vegetación arbórea que la ha cubierto por más de un siglo”.22
Luego de solicitar la Presidencia de la República recursos para la restauración a la Asamblea General 18 de febrero de 1921, el 4 de febrero de 1923 se conformó la primera Comisión de Restauración, integrada por el coronel arquitecto Alfredo R. Campos, el capitán de corbeta Eduardo M. Sáez, además de Fernando Capurro y Horacio Arredondo.
Debido a la falta de recursos económicos esta comisión duró poco más de un año, quedando las fortalezas a cargo del Primer Batallón de Ferrocarrileros, correspondiente al Arma de Ingenieros. Sin embargo, esto no significó la ausencia de labores y, en la medida de lo posible, se dio inicio a las tareas de conservación y restauración, además del cultivo de las tierras fiscales circundantes a Santa Teresa.
Las gestiones desarrolladas por Horacio Arredondo empezaron a tener éxito a partir de 1927, por la ley No 8172 del 26 de diciembre de ese año: conforme al artículo 1, la fortaleza de Santa Teresa se declaró Monumento Nacional. El artículo 2 autorizaba el gasto de 30 000 pesos para reparación y reconstrucción de la misma. En el artículo 3 se establecía la creación de un parque público en las tierras fiscales que le rodeaban. Conforme al artículo 4, se establecía una comisión designada por el Poder Ejecutivo formada por tres miembros, uno designado por el Instituto Histórico y Geográfico, otro por la Sociedad de Amigos de la Arqueología y el tercero por el Ejecutivo.
La comisión estaba conformada por el historiador Arredondo, en representación del Instituto Histórico y Geográfico; el teniente coronel Alfredo Baldomir23 por parte del Poder Ejecutivo, y el arquitecto Capurro en representación de la Sociedad de Amigos de la Arqueología. Este último, por ausentarse largo tiempo al extranjero, participó poco en esa primera etapa y renunció en 1940, siendo sustituido por el general Alfredo Campos.24
En ese momento se planteó con claridad una doble oferta turística, la natural y la histórica, a la vez que también se mantienen dos ópticas ya observadas: restaurar Santa Teresa y mantener el campo de ruinas de San Miguel.
En 1931 las actividades de la Comisión, sobre todo en Arredondo, fueron diversificadas ante los buenos resultados que se estaban obteniendo en Santa Teresa; por otra parte, conforme a la necesidad de valorizar el patrimonio arquitectónico de la época colonial en Uruguay, en la ley núm. 8.741 del 16 de julio de ese mismo año se declaró Monumento Nacional a la Fortaleza “General Artigas” (del Cerro) encargándose a la Comisión Honoraria de Restauración de Santa Teresa la tarea de restaurarlo y convertirlo en Museo Militar según la ley del 19 de enero de 1916. Fue así como a esta edificación —símbolo de la fuerza en el Escudo Nacional— se le hacía justicia y, al mismo tiempo, se le daba de hecho un valor turístico en el contexto de la arquitectura histórica de Montevideo.
En 1933 la misma Comisión decidió actuar en el área de San Miguel, que si bien es de menor tamaño (perímetro de 300 metros) y no se localiza en una zona de pasaje tan clara como la de Santa Teresa, tiene sus propios valores: corresponde al área de sierras —Santa Teresa se encuentra cerca de la costa—, resulta ser 25 años más antigua y es casi totalmente portuguesa en cuanto a su estilo de construcción. Santa Teresa fue construida por los españoles y se encontraba con más faltantes, ya que las edificaciones internas se mantenían en forma parcial; por ejemplo, no pudo encontrarse la guardia, y parte de las edificaciones eran de tepes y palo a pique.
Por ley 9.718 del 29 de octubre de 1937 se declaró Monumento Nacional al fuerte de San Miguel y Parque Nacional al área que le rodea; el inmueble quedó a cargo de la Comisión Honoraria de Restauración y Conservación de la fortaleza de Santa Teresa.25 Luego la Comisión pasó a llamarse Comisión Honoraria de los Parques Nacionales de Santa Teresa y San Miguel.
Por el Decreto Ley 14.252, artículo 73 (Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal) del 22 de agosto de 1974, los museos —como parte de los parques— pasaron a depender del Comando General del Ejército. Asimismo, por el Decreto 381/976 se creó el Servicio de Parques, Monumentos y Museos del Ejército como transformación de la Comisión Honoraria. Por último, en el Decreto 320/81, del 14 de julio de 1981, se estableció que los museos militares de la fortaleza de Santa Teresa y fuerte San Miguel —con su anexo, el Museo Criollo— pasaran a la órbita del Departamento de Estudios Históricos del Estado Mayor del Ejército, mientras los parques nacionales quedaron a cargo del Servicio de Parques del Ejército.
Esta situación se mantiene hasta la fecha, constituyendo el fuerte de Santa Teresa una muestra museográfica que centra su mensaje en su condición de inmueble del siglo XVIII que era parte de un sistema defensivo.
La conservación de la memoria de un país conforma la esencia misma de su identidad. Las fortificaciones son parte indudable de ese legado, y su preservación condiciona, pero también es condicionada por, la evolución de un pueblo que ha remontado diversas etapas en su historia.
En ese sentido, la forma en que son tratados y justipreciados los restos de la arquitectura histórica está en función de cómo éstos se han interpretado y han llegado hasta nosotros —restaurados o no—, de cómo son integrados a la cosmovisión nacional y de la interpretación o imagen que se proyecta de sí mismos fuera de nuestras fronteras.
De hecho, las distintas maneras de enfocar esa relación pueden acarrear a interpretaciones erradas o a intentos que con buena voluntad llevan a situaciones en que incluso puede falsificarse el sentido histórico del patrimonio —en su momento ése fue el riesgo en Colonia de Sacramento—, pero a la vez expresan cierto contexto histórico, tanto del momento de su construcción como de la reinterpretación social que se hace de ellos. En ese sentido, el rango al que se lleva la recuperación y la relectura de los restos de la arquitectura histórica introduce un nuevo elemento de discusión, el cual se enriquece socialmente en la medida en que no propone una respuesta uniforme ni constante en cada periodo.
Esta discusión no tiene un final a la vista, y es previsible que no lo tenga; la creación de normas de conservación y restauración aceptadas a nivel internacional no termina con la intrínseca contradicción entre la creación de normas generales y la aplicación concreta a casos específicos.
Alicia B. Otero, Estado Mayor del Ejército, Uruguay.
Ruben Álvarez Massini, IMES / Escuela Naval / ESGUE, Uruguay.
Servicio Geográfico Militar, Documentos relativos a la ejecución del tratado de límites de 1750, 1937, Doc. 4. [↩]
Carlos Travieso, Montevideo en la época colonial; su evolución vista a través de mapas y planos españoles, 1937, planos 1.5. [↩]
Ibidem, planos ss. [↩]
Juan A. Apolant, La ruina de la Ciudadela de Montevideo, 1974. [↩]
Universidad de Montevideo, Mapoteca del fondo Laguarda Trías. Planos de fortificaciones. Planos varios; Carlos Travieso, op. cit. [↩]
Mariano Cortes Arteaga, El Cerro de Montevideo y su fortaleza 1520-1935, 1936. [↩]
Con respecto a la evolución de las fortificaciones a lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX resulta fundamental Florencia Fajardo Terán, “La indiana región de Maldonado”, en Boletín Histórico del Ejército, núms. 319-322, y núms. 323-326, 2005. María F. Belloso, Las fortificaciones de la bahía de Maldonado, 2009. [↩]
Horacio Arredondo, Santa Teresa y San Miguel, separata año 1955. Universidad de Montevideo, Mapoteca del Fondo Laguarda Trías. [↩]
Universidad de Montevideo, Mapoteca del Fondo Laguarda Trías. [↩]
Juan Carlos de Macedo Soares, Fronteiras do Brasil no Regime Colonial, 1939; Juan Beverina, La expedición del virrey Cevallos en 1777, 1974. [↩]
José M. Olivero, “Una llave estratégica de la Banda Oriental: Santa Tecla”, en Boletín Histórico del Ejército, núms. 294-297, 1997, pp. 9-26. [↩]
Resolución 627/012 del 14 de diciembre de 2012. Registro Nacional de Leyes y Decretos: t. 2, semestre 2, año 2012, p. 1708. [↩]
El producto del trabajo puede apreciarse en la página web http://inventariociudadvieja.montevideo.gub.uy. [↩]
Un lugar que conjuga patrimonio arqueológico, reflexiones sobre nuestros orígenes y nuestro presente como nación. El predio del complejo contiene 60 metros de fortificación visible, que formaban parte del sistema defensivo del frente del este, que miraba hacia la campaña, y estaba compuesto por un tramo que unía el Cubo del Sur con la batería de San Pascual. Las baterías eran salientes defensivas donde se apostaban cañones y soldados. [↩]
Publicado por primera vez en la revista Documento, Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, en noviembre de 1968. [↩]
Luis Bausero, “De la restauración de la Colonia del Sacramento y por qué no debe hacerse”, en Fernando García Esteban, Artes plásticas en el Uruguay del siglo XX, 1971, p. 47. [↩]
En la recuperación del Cubo del Sur en el ámbito de la Rambla de Montevideo, debemos recordar la importantísima obra del arquitecto Eugenio P. Baroffio, de destacada actuación en la recuperación patrimonial edilicia de Montevideo. Eugenio P. Baroffio, Gestión urbana y arquitectónica 1906-1956, 2010. [↩]
E.A. Ugón et al., Compilación de leyes y decretos 1825-1930, 1930, t. 1, pp. 101-102. [↩]
Ibidem, t. 26, pp. 154-55. [↩]
Horacio Arredondo, op. cit., p. 12. [↩]
Arquitecto de reconocida carrera; integró con Juan Giuria, Carlos Pérez Montero, Elzeario Boix y Horacio Arredondo un pequeño grupo de hombres que se dedicó a la investigación de nuestra arquitectura histórica desde principios del siglo XX, dejando una profunda huella en investigadores posteriores. Miembro Fundador de la Sociedad de Amigos de la Arqueología, ha dejado una obra de investigación histórica de la arquitectura y urbanismo remarcada, donde destaca su libro San Fernando de Maldonado (Montevideo, 1948) y su extenso artículo “La Colonia del Sacramento”, Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología, 1928. Formó parte de la primera Comisión de Restauración de Santa Teresa, creada el 10 de enero de 1923, disuelta el 8 de abril de 1924. En 1928 fue nombrada nuevamente para la Comisión que efectuó la restauración de Santa Teresa, a la cual se sumaron con el tiempo la Fortaleza “General Artigas” del Cerro de Montevideo (1931) y la del fuerte de San Miguel (1937), compuesta por el general y arquitecto Alfredo Baldomir, delegado del Poder Ejecutivo; el historiador Horacio Arredondo, delegado del Instituto Histórico y Geográfico, y el arquitecto Fernando Capurro, delegado de la Sociedad Amigos de la Arqueología, en 1940 renunció a la referida comisión, siendo sustituido por el general Alfredo R. Campos. [↩]
Horacio Arredondo, op. cit, p. 16. [↩]
Militar uruguayo, nacido en Paysandú el 27 de agosto de 1884. Ingresó a la carrera de las armas en 1900 donde llegó al grado de general; combatió en las filas del Ejército los movimientos revolucionarios saravistas de 1903-1904. En 1912 obtuvo el título de arquitecto y en 1921 solicitó para pasar al arma de Ingenieros. El 4 de marzo de 1931 fue nombrado jefe de Policía de Montevideo y se mantuvo en este cargo hasta el 3 de octubre de 1934, cuando el Poder Ejecutivo lo designó ministro de Defensa Nacional. Fue nombrado general el 27 de setiembre de 1935 y al año siguiente renuncia a la cartera de Defensa Nacional. Su obra como arquitecto en la División Construcciones Militares resultó de enorme relevancia para el Ejército, pues fue uno de los profesionales que más obras militares proyectó y dirigió. Se le asignó la Jefatura de la 3ra. División de Construcciones en 1923, y en 1928 participó en la Comisión Honoraria de restauración de las fortalezas de Santa Teresa y de San Miguel. Ocupó la Presidencia de la República en el periodo 1938-1942 y auspició la reforma de la constitución nacional. Falleció el 25 de febrero de 1948. [↩]
Nació en Montevideo el 18 de febrero de 1880. En 1895 ingresa a la Academia General Militar, egresando como alférez en 1898. Estudiante de Arquitectura, obtiene el título en diciembre de 1906. Participó contra la segunda revolución saravista en 1904. Desde 1905 se desempeñaba como jefe de la Subsección Arquitectura del Estado Mayor del Ejército. Entre 1935-1937 participó en la segunda Misión Internacional de Paz, destinada a asegurar el cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay. En abril de 1938 fue designado inspector general del Ejército (comandante en jefe), cargo al que renuncia en junio del mismo año al ser nombrado ministro de Defensa Nacional. Cumple esta última función hasta febrero de 1940, y de nuevo en 1943-1946. Fue miembro de la primera y segunda Comisión Honoraria que actuó en la restauración de las fortalezas coloniales de Santa Teresa y San Miguel en Rocha (1923 y 1940), así como de la Comisión Nacional de Bellas Artes (1933), presidente de la Comisión Conservadora del Barrio Colonial de Colonia del Sacramento en 1937, presidente de la Comisión Especial Honoraria de la Recepción, Custodia y Conservación del edificio donado para el Museo Histórico Nacional “General Lavalleja” (1940) y miembro de la Comisión Asesora en lo relativo a ampliaciones y construcciones de sedes de los museos de Historia Natural e Historia Nacional y de Bellas Artes (1950). Falleció el 10 de junio de 1970. [↩]
Registro Nacional de Leyes y Decretos, año 1937, 1938, p. 776. [↩]
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References: artículo 1
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 artículo 3
 artículo 4
 artículo 73

Resolución