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Timestamp: 2019-03-19 03:28:17+00:00

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Andrade Veloz
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La explotación de recursos como patrimonio común de la humanidad
Los problemas ambientales que atraviesa actualmente el planeta Tierra se ven reflejados en el dilema de la “Tragedia de los Comunes”[1], los cuales afectan varios espacios y elementos de uso común tales como el aire, el mar, la atmósfera. La degradación de estos espacios es evidente, pero todavía no se han implementado mecanismos legales y económicos para prevenir mayores daños y regir ordenadamente los beneficios comunes de su uso. Una posible solución práctica sería la aplicación del principio del patrimonio común de la humanidad que se ha establecido en el Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en La Luna y otros cuerpos celestes de 1979 (en adelante el “Acuerdo sobre la Luna”)[2] y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (en adelante la “Convención del Mar”). De estos tratados internacionales podría partir la posible declaración de patrimonio común de la humanidad de otros espacios de especial interés.
El Acuerdo sobre la Luna
El Acuerdo sobre la Luna estipula que esta y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad[3]. Establece también que ningún Estado puede apropiarse de la Luna; su superficie y subsuperficie; y que sus recursos naturales no pueden ser propiedad de un Estado, organización internacional, nacional o persona natural[4]. Más bien, se establece un régimen internacional para administrar la explotación de dichos recursos cuando su explotación sea factible[5].
La promoción de esta colaboración de los Estados Partes no deja de lado la posibilidad de que estos desarrollen actividades de exploración sobre o debajo de la superficie de la Luna. Se permite su exploración por los Estados Partes de forma individual, a través de investigaciones científicas. En estas se podrá recoger y extraer muestras de sus minerales y otras sustancias. Incluso, se establece que se podrán utilizar estos minerales para el apoyo a sus misiones de investigación científica.
A pesar de que los Estados Parte pueden actuar de forma individual a través de investigaciones científicas, se identifica a lo largo del Acuerdo sobre la Luna un incentivo a la colaboración internacional[6]. Particularmente, los Estados Parte deben informar a los demás y a las NNUU las zonas de la Luna que tengan especial interés científico y permitir el uso de vehículos, estaciones e instalaciones a otros Estados. A partir de esta información se podría declarar estas zonas como reservas científicas internacionales por medio de acuerdos de protección especial[7].
En todo caso, el régimen internacional para la explotación de la Luna deberá tener ciertas finalidades: el desarrollo ordenado y seguro de los recursos; su ordenación racional; la ampliación de las oportunidades para su uso: y, más importante que los demás, una participación equitativa de todos los Estados Partes en los beneficios de los recursos. Se contempla además que en esta participación se tendrá en cuenta los intereses y necesidad de los países en desarrollo, así como el esfuerzo de aquellos países que contribuyeron a la exploración de la Luna.
La Convención del Mar
La Convención del Mar establece una “Zona” que se encuentra fuera de los límites de la jurisdicción nacional de los Estados, la cual incluye los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo[8]. La Zona se encuentra a seguir de las 200 millas náuticas del mar territorio de cada Estado ribereño[9]. Más allá de la relevancia histórica que representó el dejar de lado el criterio de la prolongación natural de la placa continental por uno de distancia, la Convención del Mar establece que la Zona y sus recursos son patrimonio común de la humanidad.
Al igual que en el caso de la Luna, ningún Estado puede reivindicar o ejercer soberanía y tampoco una persona jurídica o natural puede apropiarse sobre ninguna parte de la Zona o sus recursos[10]. A diferencia del Acuerdo de la Luna, la Convención del Mar establece una autoridad única para la administración para regir la exploración y explotación de los minerales extraídos de la Zona y recaudar los fondos que se deriven de su explotación: la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos[11]. A través de un sistema de participación en los ingresos de la explotación de recursos, el Estado de la plataforma está obligado a compartir el producto de dicha explotación a través de pagos o contribuciones en especie[12]. En este sentido, la explotación de los recursos de la plataforma continental refleja el principio del patrimonio común de la humanidad.
En base a este principio y a la equidad en el reparto de los recursos obtenidos de la extracción, los Estados en desarrollo que son importadores netos de recursos minerales producidos a partir de la plataforma continental están exentos de los requisitos de coparticipación de ingresos[13]. Los pagos o contribuciones deben distribuirse a todos los Estados Partes, teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los Estados en desarrollo, en particular los menos desarrollados y sin litoral. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos debe aplicar criterios de reparto equitativo en la distribución de pagos o contribuciones en especie.
Similar a lo que indica el Acuerdo sobre la Luna, los Estados mantienen ciertos derechos sobre los recursos. Principalmente confiere a los Estados ribereños el derecho exclusivo de autorizar y regular la perforación para todo fin, incluyendo la perforación en relación con la exploración y explotación de los recursos naturales de la plataforma continental. Además, el Estado ribereño tiene el derecho exclusivo de autorizar y regular la construcción, operación y uso de instalaciones y estructuras.
El concepto de patrimonio común de la humanidad declarado sobre la Luna y el subsuelo del mar internacional permite el establecimiento de un régimen internacional para su explotación. Este debe ser aplicado a otros espacios de la Tierra que hasta ahora son considerados como propiedad común, para así prevenir la Tragedia de los Comunes. En el caso del mar, aire y atmósfera, (y la Antártida) entre otros, son espacios naturales que han sufrido afectaciones por que los Estados no se apropian conjuntamente de su adecuado cuidado y desarrollo.
No solamente se ofrecería un beneficio ambiental sino también social pues se podrá generar recursos para objetivos comunes, como el apoyo económico para países con poblaciones mayoritariamente en extrema pobreza y también prevenir el cambio climático y mitigar sus efectos. Más aún, se podrá evitar conflictos internacionales considerando que una gran cantidad de problemas limítrofes, controversias comerciales y otras disputas entre Estados se reducen, en gran parte, a conflictos respecto de recursos naturales. Estas razones en sí son suficientes para iniciar un análisis de la aplicación del concepto de patrimonio común de la humanidad sobre espacios y recursos comunes.
[1] La tragedia de los comunes (“Tragedy of the commons”) escrito por Garrett Hardin en 1968, y publicado en la revista Science, es un dilema por el cual el interés individual y actuaciones independientes pero razonadas destruyen un recurso compartido limitado.
[2] El Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en La Luna y otros cuerpos celestes (en adelante el “Acuerdo sobre la Luna”) fue examinado y elaborado por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de 1972 a 1979. El Acuerdo fue aprobado por la Asamblea General en 1979 en su resolución 34/68. Sin embargo, hasta junio de 1984, el quinto país, Austria, ratificó el Acuerdo, lo que le permitió entrar en vigor en julio de 1984.
[3] Artículo 11, número 1, del Acuerdo sobre la Luna.
[4] Al referrise a Estados el Acuerdo también incluye a organizaciones gubernamentales o no gubernamentales bajo su jurisdicción y también a organizaciones internacionales intergubernamentales.
[5] Artículo 11, número 5, del Acuerdo sobre la Luna.
[6] L C. Redgwell, International Regulation of Energy Activities in M.M. Roggenkamp, et. al. eds Energy Law in Europe National EU and International Law, Oxford University Press, 2007, pp. 18-23; 23-40
[7] Artículo 7, número 3 de Acuerdo sobre la Luna.
[8] Artículo 1, número 1, de la Convención del Mar:
“Por “Zona” se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional;”
[9] Artículo 76, número 1, de la Convención del Mar. El mar territorial son 12 millas y la Zona Económica Exclusiva es de 188 millas a seguir de las 12 millas de mar territorial.
[10] Artículo 137, número 1 de la Convención del Mar.
[12] Artículo 82 de la Convención del Mar establece una fórmula para calcular dichas contribuciones en función de un porcentaje del volumen o valor de producción, hasta un máximo del 7%, con un período de gracia de 5 años con respecto a dichos pagos o contribuciones en especie.
[13] M.M. Roggenkamp, C. Redgwell I. del Guayo and A. Ronne, ed.s, Energy Law in Europe National, EU and International Regulation Oxford University Press, 2nd edn, 2007 pp 18-23
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©2019 Andrade Veloz Abogados.
©2019 Andrade Veloz Abogados

References: resolución 
 Artículo 11
 Artículo 11
 Artículo 7
 Artículo 1
 Artículo 76
 Artículo 137
 Artículo 82