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Timestamp: 2016-12-04 02:39:25+00:00

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APLICACIÓN provisional del Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho el 12 de septiembre de 2006
APLICACIÓN provisional del Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho el 12 de septiembre de 2006	APLICACIÓN provisional del Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho el 12 de septiembre de 2006 Mis Leyes
APLICACIÓN provisional del Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho el 12 de septiembre de 2006 Estado	:
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	TÍTULO I Disposiciones generalesARTÍCULO 1ARTÍCULO 2ARTÍCULO 3ARTÍCULO 4TÍTULO II De la asistencia judicialARTÍCULO 5ARTÍCULO 6ARTÍCULO 7ARTÍCULO 8ARTÍCULO 9ARTÍCULO 10ARTÍCULO 11ARTÍCULO 12ARTÍCULO 13ARTÍCULO 14ARTÍCULO 15TÍTULO III Reconocimiento y ejecución de resoluciones judicialesARTÍCULO 16ARTÍCULO 17ARTÍCULO 18ARTÍCULO 19ARTÍCULO 20ARTÍCULO 21TÍTULO IV Disposiciones finalesARTÍCULO 22ARTÍCULO 23
1. Los nacionales de cada Parte contratante podrán beneficiarse, en el territorio de la otra Parte, en cuanto a los derechos personales y patrimoniales, de la misma protección jurídica que ésta concede a sus nacionales. Tendrán, asimismo, libre acceso a las jurisdicciones de la otra Parte para la reivindicación y defensa de sus derechos.
2. El párrafo anterior se aplica a las personas jurídicas constituidas o autorizadas conforme a la legislación de cada una de las Partes.
1. No se podrá imponer a los nacionales de una de las Partes que comparezcan ante la jurisdicción de la otra Parte, garantías ni depósitos, cualquiera que sea su denominación, en razón de su condición de extranjeros, o de su falta de domicilio o residencia en el país.
2. El párrafo anterior se aplica a las personas jurídicas constituidas o autorizadas de conformidad con las leyes de cada una de las Partes.
1. Los nacionales de cada una de las Partes contratantes podrán beneficiarse en el territorio de la otra Parte, de la asistencia jurídica y de la gratuidad de la defensa, como los propios nacionales, siempre y cuando se sometan a la legislación de la Parte donde se solicite la asistencia jurídica.
2. El certificado que pruebe la insuficiencia de recursos será extendido al solicitante por las autoridades del lugar de su residencia habitual, si reside en el territorio de una de las Partes. Este certificado será extendido por el Cónsul de su país, territorialmente competente, si el interesado reside en un tercer país.
1. Los documentos transmitidos de conformidad con el presente Convenio estarán exentos de cualquier forma de legalización.
2. No obstante, estos documentos deberán llevar la firma y el sello oficial de la autoridad competente para extenderlos.
3. La autoridad judicial competente de una de las Partes podrá, en caso de duda, solicitar que la autoridad judicial competente de la otra Parte verifique la autenticidad del documento.
1. Las solicitudes de asistencia judicial serán transmitidas directamente de la autoridad central del Estado requirente a la autoridad central del Estado requerido.
2. Sin perjuicio de lo anterior, las dos Partes podrán recurrir a la vía diplomática en casos excepcionales.
1. El Ministerio de Justicia del Reino de España es designado como autoridad central.
2. El Ministerio de Justicia de la República Islámica de Mauritania es designado como autoridad central.
b) la autoridad judicial requerida, en su caso,
c) los nombres y dirección de las partes y los testigos, así como la calidad en la que actúan,
d) el objeto de la solicitud y las diligencias solici-tadas,
e) las preguntas que han de ser formuladas al testigo, en su caso, cualquier otro dato que pueda resultar de utilidad para la ejecución de la solicitud de asistencia.
1. Las comisiones rogatorias que deban ser ejecutadas en el territorio de una de las Partes, serán ejecutadas por la autoridad judicial, de conformidad con el procedimiento previsto en cada una de ellas.
2. A petición expresa de la autoridad requirente, la autoridad requerida deberá:
1. Cuando sea necesaria la comparecencia personal de un testigo o un experto ante las autoridades judiciales del Estado requirente, la autoridad requerida del país donde reside invitará a éste a responder a dicha convocatoria.
2. En ese caso, el testigo o el experto tendrá derecho al reembolso de los gastos de viaje y dietas desde su lugar de residencia, siguiendo las tarifas y la reglamentación vigentes en el país donde deba tener lugar la toma de declaración. Los gastos de viaje incluirán también el del billete de avión en trayecto de ida y vuelta entre el aeropuerto más próximo a la sede judicial donde el testigo o el experto deban comparecer. A petición de éstos últimos, el Estado requirente entregará el título de viaje o adelantará los gastos correspondientes, por medio de sus autoridades consulares.
3. En caso de no comparecer, la autoridad requerida no podrá tomar ninguna medida coercitiva contra ellos.
1. En materia civil y mercantil, las decisiones dictadas por la jurisdicción de las Partes contratantes, incluidas las relativas a la reparación civil dictadas por la jurisdicción penal, serán reconocidas y ejecutadas por la jurisdicción competente de cada una de las Partes, en las siguientes condiciones:
a) Que la decisión proceda de una autoridad competente, de acuerdo con el artículo 17 del presente Convenio,
b) Que las partes hayan sido legalmente citadas, representadas o declaradas en rebeldía, según la ley del Estado en el que la resolución haya sido dictada,
c) Que la resolución posea fuerza de cosa juzgada, según la ley del Estado donde ha sido pronunciada,
d) Que la resolución no sea contraria a una resolución judicial dictada por el Estado donde aquélla deba ser ejecutada,
e) Que no se haya presentado ninguna demanda ante la jurisdicción del Estado requerido entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, con anterioridad a la introducción de la solicitud ante la jurisdicción que haya dictado la resolución cuyo reconocimiento y ejecución se solicita,
f) Que la resolución no sea contraria al orden público del Estado donde haya sido invocada,
g) En materia de estado y capacidad de las personas, podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de la resolución por el hecho de que la jurisdicción de origen haya aplicado una ley distinta a la que hubiera resultado aplicable conforme a las normas de Derecho Internacional Privado del Estado requerido, salvo que se hubiera llegado a un resultado equivalente mediante la aplicación de dichas normas.
b) seguridad social,
c) las medidas cautelares y provisionales, salvo las dictadas en materia de alimentos,
d) los laudos arbitrales.
Las autoridades judiciales de la Parte que haya dictado la resolución se considerarán competentes en los siguientes casos:
a) Si el domicilio del demandado o su lugar de residencia se encuentra, en el momento de la presentación de la demanda, en el territorio de dicha Parte;
b) Si, en el momento de la presentación de la demanda, el demandado se encuentra ejerciendo una actividad mercantil en el territorio de esta Parte, y la demanda interpuesta contra él concierne a dicha actividad;
c) Si el demandado acepta expresamente someterse a la competencia de la jurisdicción de dicha Parte, siempre que la ley de la Parte que solicita el reconocimiento no se oponga a ello;
d) Si el demandado, para su defensa, aborda el fondo del asunto sin haber planteado previamente la excepción de competencia de jurisdicción;
e) Si, en materia contractual, la obligación objeto del litigio ha sido o debe ser ejecutada en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial ha dictado la resolución;
f) Si, en materia de responsabilidad extracontractual, el hecho causante del daño se ha producido en el territorio de dicha Parte;
g) Si, en materia de obligaciones alimenticias, el domicilio o la residencia del acreedor se encuentra, en el momento de la presentación de la demanda, en el territorio de dicha Parte;
h) Si, en materia de sucesiones, el causante era, en el momento de su defunción, natural de la Parte cuya autoridad judicial ha dictado la resolución o tenía su último domicilio en dicha Parte;
i) Si el litigio tiene por objeto un derecho real sobre los bienes que se encuentran en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial haya dictado la resolución.
b) Certificado del Secretario Judicial competente, en el que conste que la decisión es definitiva;
c) El original de la cédula de notificación de la resolución, o cualquier otro documento que equivalga a la notificación;
d) Copia auténtica de la citación a la parte que no compareció en el procedimiento, en caso de juicio en rebeldía, si en la resolución no consta que fue notificada en forma.
1. Los documentos públicos, como por ejemplo las escrituras notariales, que sean ejecutorias en una de las Partes, serán declaradas ejecutorias en la otra Parte por la autoridad competente, de conformidad con la ley de la Parte en la que deba tener lugar la ejecución.
2. La autoridad competente sólo verificará que los documentos reúnen las condiciones necesarias de autenticidad en la Parte donde se hayan recibido, y que no son contrarias al orden público de la Parte donde se haya solicitado el reconocimiento o la ejecución.
El presente Convenio se concluye por un tiempo de duración ilimitada. Cada una de las Partes podrá denunciarlo por medio de una notificación por escrito enviada a la otra Parte por vía diplomática. La denuncia tendrá efecto un año después de la fecha de su envío.
En fe de lo cual, los firmantes, debidamente designados, han firmado el presente Convenio.
APLICACIÓN provisional del Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho el 12 de septiembre de 2006	Trámites

References: artículo 17
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