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Timestamp: 2019-09-19 02:40:12+00:00

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﻿ SENTENCIA SC20447-2017/2012-02246 DE DICIEMBRE 7 DE 2017
SENTENCIA SC20447-2017 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:RECURSO DE REVISIÓN EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO. SE CUESTIONA LA ORDEN DE SEGUIR ADELANTE LA EJECUCIÓN SIN HABERSE REALIZADO LA REESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO OBJETO DE COBRO, DE ACUERDO CON LA LEY 546 DE 1999. ESTA FIGURA DE REESTRUCTURACIÓN FUE CONCEBIDA PARA LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA CONCEDIDOS INICIALMENTE EN UPAC QUE ESTUVIEREN VIGENTES PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999, SE DISPUSO POR EL LEGISLADOR COMO UN TRÁMITE ADICIONAL A LA CULMINACIÓN DE LAS ACCIONES DE COBRO QUE ESTUVIERAN EN CURSO, POR ELLO, ES TAL SU TRASCENDENCIA, QUE OMITIRLO AFECTA LA EXIGIBILIDAD DE ESE TIPO DE OBLIGACIONES, CONSTITUYÉNDOSE ENTONCES, EN UN ARGUMENTO A ESGRIMIR POR LOS EJECUTADOS DENTRO DE LAS OPORTUNIDADES QUE LA LEY LES CONFIERE PARA SU DISCUSIÓN DENTRO DEL PROCESOELLO POR CUANTO PUEDEN PEDIR LA TERMINACIÓN DEL JUICIO EN CUALQUIER MOMENTO, ACREDITANDO LA EXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS REQUERIDOS PARA SU VIABILIDAD QUE DEBERÁ SER ANALIZADA EN ESTE MOMENTO PROCESAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:UPAC, CRÉDITO DE VIVIENDA EN UPAC, CRÉDITO HIPOTECARIO, RELIQUIDACIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO, REESTRUCTURACIÓN DEL CRÉDITO, CRÉDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA, DEMANDA DE REVISIÓN, RECURSO DE REVISIÓN, REQUISITOS DEL RECURSO DE REVISIÓN, TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN, ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA
Sentencia SC20447-2017/2012-02246 de diciembre 7 de 2017
Rad.: 11001 0203 000 2012 02246 00
SC20447-2017
(Aprobada en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete)
Procede la Corte a resolver el recurso de revisión que, en tiempo, formularon los señores José Gregorio Ragua Lagos y Carmen Alicia Gil de Ragua, frente a la sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010), por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo hipotecario que contra ellos promovió el Banco Av Villas, quien cedió el crédito a Restructuradora de Créditos de Colombia Ltda., y esta a su vez cedió el mismo a Fideicomiso Activos Alternativos Beta.
El proceso ejecutivo hipotecario allegado cuya sentencia de segunda instancia es motivo del presente recurso, se fundamentó en la situación fáctica que a continuación se describe:
1. Según se narró en el libelo, los deudores recibieron de la acreedora a título de mutuo comercial, la cantidades de 4.389.2376 UPAC, de acuerdo al pagaré Nº 14.965 de 22 de marzo de 1985 y, 2.627.0348 UPAC, como obra en el título Nº 119000-7-18 de 20 de enero de 1997, sumas que fueron objeto de reliquidación por valor de $ 526.759.13 y $ 3.080.767.19, respectivamente.
1.1. Por incurrir en mora, la entidad bancaria promovió un primer juicio ejecutivo, correspondiéndole el conocimiento al Juzgado Octavo Civil Circuito de esta ciudad, sin embargo, el proceso fue terminado por disposición de la Ley 546 de 1999.
1.2. El Banco AV Villas, una vez efectuada la reliquidación legal y comoquiera que los deudores incurrieron nuevamente en mora, inició un segundo proceso, en el cual la pretensión planteada fue que se librara mandamiento de pago, respecto al pagaré Nº 14.965, por la suma de treinta y tres mil ciento doce unidades con seis mil trescientos ochenta fracciones de UVR (33.112.6380) que corresponde al capital de diecinueve (19) cuotas vencidas y no pagadas, junto a los intereses corrientes y moratorios y, frente al pagaré Nº 119000-7-18 por la cantidad de trescientos nueve mil trescientos treinta y nueve unidades con mil seiscientas sesenta y siete fracciones de UVR (309.339.1667) que corresponden al capital de cuarenta (40) cuotas vencidas y no pagadas, junto a intereses corrientes y de mora; además de la venta en pública subasta del inmueble ubicado en la calle 160 Nº 32-44 lote 2 manzana 34 sector 3 urbanización Magdala de esta ciudad, con folio de matrícula Nº 50N-374915.
2. La entidad bancaria cedió los derechos de los créditos a la Reestructuradora de Créditos de Colombia Ltda., trámite que fue aprobado por el juez de primera instancia mediante proveído de 27 de noviembre de 2007.
3. En su momento, los ejecutados, concurrieron al proceso manifestando su total oposición a las súplicas de la demanda y propusieron como única excepción de mérito la que denominaron prescripción del derecho incorporado en los pagarés base de la ejecución, con fundamento en que la exigibilidad de la última cuota correspondiente al Nº 119000-7-1 fue el 20 de enero de 2002, por lo que la acción cambiaria prescribió el 20 de enero de 2005; entretanto el identificado con el Nº 14965 se hizo exigible desde el 7 de marzo de 2000, de manera que prescribió el 7 de marzo de 2003 y, el libelo fue presentado el 20 de abril de 2007, fecha para la cual la acción cambiaria se encontraba prescrita.
4. El trámite reservado para esta clase de controversias fue observado en su totalidad; el a-quo puso fin a la primera instancia el treinta y uno (31) de agosto de dos mil nueve (2009), data en que no accedió a las pretensiones formuladas, declaró probada la excepción de mérito alegada por los deudores y dio por terminado el asunto. Revisada dicha sentencia por el ad-quem, calidad esta última que asumió la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010)-folios 87 a 102, cuaderno Nº 2, decidiendo revocar la adoptada por el juez de conocimiento y, contrario a lo por él resuelto, dispuso seguir adelante la ejecución con modificaciones realizadas al mandamiento de pago, la venta en pública subasta y practicar la respectiva liquidación del crédito.
5. Frente a esta decisión, dentro de la ocasión prevista para ello, se interpuso el recurso de revisión y, esa censura, precisamente, es la que ocupa la atención de la Corporación.
1. Los gestores de este mecanismo impugnativo de naturaleza extraordinaria señalaron las causales 6ª y 8ª del artículo 380 del C. de P.C., como fundamento jurídico de su pretensión.
2. Como hechos de su reclamación, precisaron los siguientes:
2.1. Respecto a la causal octava, expusieron que “la nulidad de la sentencia surge, en virtud de la suspensión del proceso a que estaba sometido en espera de la reestructuración del crédito. En efecto, la Ley 546 de 1999 y las sentencias de constitucionalidad emitidas por la Corte Constitucional respecto de la financiación de vivienda, establecen que los créditos otorgados con anterioridad a 1999 debían ser sometidos a reliquidación y posterior reestructuración… el no haber reestructurado el crédito objeto de demanda y ordenarse seguir adelante con la ejecución, surge una nulidad en la sentencia proferida, en la medida en que el proceso no podía ser iniciado hasta tanto no se verificara ese requisito establecido en la Ley 549 de 1999 y en la Jurisprudencia de Constitucionalidad con claros efectos Erga Omnes y de obligatoria observancia”.
Así mismo, manifestaron que “existe otra causal de nulidad en la sentencia proferida, que da paso a la revisión, basada en la declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado, del Decreto 234 de 2000 emanado de la Presidencia de la República que daba fundamento a los valores de liquidación de la UVR. Con la nulidad del Decreto 234 de 2000, la metodología de cálculo de la variación anual por la actualización de la UVR debe expresarse en términos anualizados, para sumar el interés remuneratorio y así hallar una tasa de interés efectiva anual para cada periodo de cobro o liquidación, lo que no se hizo en el proceso generando nulidad de la sentencia pues se basa en un Decreto inexistente en el mundo jurídico en virtud de la nulidad sobre él decretada”.
2.2. Y, en lo que respecta a la causal sexta, señalaron que “al ordenar el ad-quem seguir adelante la ejecución liquidando intereses de mora de UVR + 19.05 conforme lo ordenó en el mandamiento de pago, viola lo dispuesto en el artículo 491 del CPC, que dice: “cuando se pidan intereses y la tasa legal o convencional sea variable, no será necesario indicar la tasa porcentual de la misma””.
Seguidamente, afirmaron “para la Junta Directiva del Banco de la República, la Superintendencia Financiera, los bancos hipotecarios y el operador judicial, para el cálculo de la corrección monetaria por la actualización de la UVR, aplican como valor Cero (0), pero realmente si cobran la actualización del capital disfrazando la violación de los topes de remuneración, con esta maraña, engaño, se han aprovechado de los titulares del crédito en UVR, porque no se cuantifica la real tasa de interés que se causa”.
Y, finalmente, anotaron “queda plena y claramente demostrado que se superaron los límites máximos permitidos para el cobro de los intereses, al cobrar 40.22% E.A., cuando lo permitido es 31.45% E.A. … el Tribunal en el trámite del proceso expresa lo contrario. Puesto que erige tal entidad capaz de obtener una sentencia errada y un tratamiento diferente en el discurrir procesal y que afecta gravemente las finanzas de mí protegida, dentro de las cuales descollan: a. No se aplican las sentencias de la Honorable Corte Constitucional relacionadas con los créditos de vivienda. B. No se aplican las normas de la Ley 546 de 1999 y Ley 45 de 1990. Lo que se concluye, que al crédito debatido: a. No se aplican las tasas de interés preferenciales determinadas por la autoridad monetaria, ordenadas por Corte Constitucional para los créditos de vivienda, si no usureras como se demuestra. B. Se capitaliza intereses pese a que está prohibido en el artículo 17 de la Ley 546 de 1999”.
III. Trámite del recurso
1. La demanda de revisión fue admitida mediante auto de fecha siete (7) de junio de dos mil trece (2013), proveído que fue notificado a la parte demandada el dieciséis (16) de agosto del mismo año, quien dentro del término del traslado guardó silencio.
2. Por auto de once (11) de octubre de dos mil trece (2013), se dio apertura a la etapa probatoria y luego de algunas actuaciones procesales se ordenó correr el correspondiente traslado para alegar, oportunidad que solo fue aprovechada por los recurrentes, quienes refirieron “se encuentra demostrado plenamente en el recurso, que el juzgado ordena seguir adelante la ejecución de una obligación expresada en UVR liquidada bajo su metodología ilegal, comoquiera que aplica un Decreto el 234 de 2000, que fue declarado nulo por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, aspecto que edifica la revisión deprecada” y, agregaron “el escrito de demanda de revisión es preciso al establecer las causales, que se encuentran demostradas al verificar la ilegalidad y fraude en el actuar respecto de la obligación ejecutada, insistiendo en que de aplicarse correctamente el bloque de legalidad y constitucionalidad que rige para los créditos de vivienda, otro muy diferente sería el resultado del proceso, arrojando al demandado a sufrir perjuicios, requisitos que establece el artículo 380 del CPC, y que queda en consecuencia verificado, como presupuesto de la revisión”.
3. Encontrándose las diligencias para proferir sentencia, se dispuso la citación de Reestructuradora de Créditos de Colombia Ltda., en liquidación y de Fideicomiso Activos Alternativos Beta el 10 de septiembre de 2015 y el 20 de junio de 2016, de una parte, se concedió el término de diez (10) días a los recurrentes para que suministraran las expensas para compulsar las copias necesarias a fin de dar cumplimiento al fallo de 30 de noviembre de 2010 y, de otra, se tuvieron como cesionarios a los señores Héctor Julio Pineda Burgos y Wilson Roncancio Ortiz.
4. Agotadas las reseñadas etapas, la actuación se encuentra para dictar la respectiva decisión.
1. El recurso de Revisión es una garantía procesal de justicia a través del cual puede reabrirse la cosa juzgada, por considerar que se está en presencia de situaciones relevantes y trascendentes que habilitan el rompimiento de la estructura de firmeza e inmutabilidad de una decisión judicial.
Este mecanismo de impugnación de las providencias judiciales, expresa el profesor Antonio-Enrique Pérez Luño en su libro La Seguridad Jurídica, Ariel derecho, segunda edición, 1994, pág. 118, lo que sigue:
(…) opera como un instituto procesal del Estado de Derecho que tiende a conjugar y realizar simultáneamente los valores de la seguridad jurídica y la justicia. Cuando existe en el ethos social, en el ethos del juez o del funcionario la convicción de que una sentencia o resolución administrativa, firme, lo ha sido en función de circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas, o de actitudes dolosas, se impone su revisión. Con ello, no solo se responde a exigencias de justicia, sino de seguridad jurídica. Porque ninguna seguridad puede asentarse sobre la arena movediza de lo que aparece falso para la conciencia social.
La clase de impugnación que ha motivado este trámite, por tanto, responde a unas características que lo distinguen de los restantes recursos ya ordinarios ora extraordinarios, en el sentido que su formulación procede siempre contra sentencias ejecutoriadas. En esa dirección, este remedio procesal destella como el mecanismo idóneo por excelencia para vulnerar o permear la ejecutoria de las determinaciones judiciales.
En pasada oportunidad, la Corte expuso:
“Por sabido se tiene que los fallos judiciales, una vez proferidos dentro de las formas propias de cada juicio, cuando, por disposición legal, no son susceptibles de recurso alguno o que admitiéndolos vencen los términos sin que se formulen por la parte interesada, devienen firmes y constituyen ley del proceso, dado que adquieren la categoría de cosa juzgada. Esa garantía constituye, sin duda, seguridad jurídica para todos los asociados y hace parte de la salvaguarda constitucional del debido proceso (art. 29); amén de estar regulada, expresamente, esa consecuencia en la normatividad procesal civil (art. 331).
Bajo esa orientación, con el propósito de remediar semejante situación y, particularmente, con miras a resguardar los derechos de los sujetos procesales ante una vulneración grave y específica, fue establecido el recurso extraordinario de revisión, dirigido, entonces, a quebrar la firmeza de la decisión emitida cuando la misma resulta impregnada de tales vicios; empero, la procedencia del mismo, como extraordinario que es, está supeditado a los taxativos casos autorizados por el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil” (CSJ SC 31 de julio de 2013, Rad. 2010 01816 00).
2. De tales planteamientos surge, entonces, que no obstante el propósito de la firmeza de los fallos, que no es otro que brindarle a las partes y a la comunidad en general la seguridad de que el caso ventilado en una determinada causa litigiosa, queda excluido de una nueva y futura contienda; existen eventos en que tal situación no implica, imprescindiblemente, un acatamiento irrestricto, en la medida en que la determinación cuestionada puede, eventualmente, devenir impregnada de vicios de tal magnitud que aconsejan, como ya se dijo, en aras de la garantía de justicia, revisar lo actuado y decidido. Bajo esa perspectiva, de ponderación entre el concepto de justicia y de seguridad jurídica, se procuró crear, de manera excepcional, una herramienta procesal que cumpliera ese cometido. Ahí, en ese contexto, tuvo origen el presente recurso.
3. Sumado a lo anterior, es de resaltar que la revisión como medio de impugnación tiene características propias que la identifican, tales como: su procedencia, formulación, trámite y definición; aspectos que están supeditados al cumplimiento de unos requisitos, lo cual significa que el mismo no puede esgrimirse ante cualquier hipótesis, pues, por mandato legal (art. 380 C. de P.C.), solo en aquellas causales en que la ley lo autoriza puede acudirse a sus beneficios y, por supuesto, una vez el interesado lo invoque, le corresponde asumir, irrestrictamente, la acreditación de los hechos que estructuran la queja formulada.
Al respecto, la Corte ha fijado lo que sigue:
“(…) es preciso resaltar que se trata, sin duda, de un mecanismo excepcional para cuya prosperidad deben cumplirse no solamente los supuestos de hecho que las citadas causales consagran, sino todas las cargas procesales establecidas en el ordenamiento jurídico. De ellas se destaca la presentación en tiempo del correspondiente recurso y, en su caso, la vinculación formal —también oportuna— de todas las personas que hicieron parte en el proceso en que se dictó la sentencia censurada, so pena de que la acción decaiga por caducidad” (Sent. Cas. Civ. 20 de mayo de 2011, Exp. 2005-00289-00).
Atendiendo entonces, las características y naturaleza de este mecanismo extraordinario de defensa, así como los objetivos del mismo, de suyo aparece que no resulta factible, en ningún evento, la posibilidad de que a través de su formulación se vuelva sobre los términos del debate y menos reabrir la evaluación del material probatorio allegado en la litis, tampoco es dable discutir, nuevamente, los argumentos de una u otra parte. Bajo esa dirección, esta impugnación no constituye una oportunidad adicional para reformular los planteamientos realizados, pues ello implicaría habilitar una tercera instancia que la ley no le tiene reservada a esta censura.
4. De manera que, mediante el recurso de revisión, con miras a socavar los cimientos del fallo opugnado, sólo pueden estudiarse aquellas circunstancias que coincidentes con las causales previstas por la normatividad vigente, resultan invocadas por el reclamante. De ahí deriva, sin equívoco alguno, que la relación procesal conformada en las respectivas instancias y las vicisitudes allí evaluadas, quedan cerradas o concluidas en este trámite.
5. Sea lo primero advertir que este ataque extraordinario contra la sentencia del ad quem lo ejercen quienes intervinieron como demandados en el juicio hipotecario, sin que haya operado la caducidad, puesto que se inició (1º oct. 2012) a menos de veintidós meses de su ejecutoria (9 dic. 2010), el libelo fue admitido mediante auto de fecha siete (7) de junio de dos mil trece (2013) y la notificación del mismo se surtió el seis (6) de agosto siguiente.
6. Analizado lo anteriormente reseñado, la Sala advierte que la parte recurrente, como quedó expuesto, invocó como motivo de revisión y a ello redujo su queja, a las hipótesis fácticas contempladas en los numerales 6º y 8º del artículo 380 del C. de P.C., referente a: “Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente” y “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”, respectivamente.
6.1. Respecto a la causal sexta, los actores, constituyendo lo basilar de la argumentación expresada, concretaron en los siguientes términos su reproche:
“Queda plena y claramente demostrado que se superaron los límites máximos permitidos para el cobro de los intereses, al cobrar 40.22% E.A., cuando lo permitido es 31.45% E.A. … a. No se aplican las sentencias de la Honorable Corte Constitucional relacionadas con los créditos de vivienda. B. No se aplican las normas de la Ley 546 de 1999 y Ley 45 de 1990…”.
Según criterio de la Corte, señalado en SR de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, página 45, citadas en la de 19 de diciembre de 2011, Rad. 2008-01281-00, esas maniobras fraudulentas comportan:
(…) una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia”.
En complemento de ello, la Sala Recientemente tuvo la oportunidad de reseñar:
“(…) el requisito para que determinada situación pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisión…, es que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio. (CSJ SR 208 de 18 de dic. de 2006, Exp. 2003-00159-01)” (SC 8448-2016).
Y, por el contrario, ha precisado:
“no son fraudulentos aquellos actos que han sido puestos a consideración del aparato judicial sin doblez o fingimiento alguno, y que los intervinientes han tenido la oportunidad de conocer y controvertir. En efecto: … no alcanzan a tener el carácter de maniobras engañosas las actuaciones propias del devenir del proceso promovidas por las partes en su transcurso y sin ninguna ocultación que, por lo mismo, fueron sometidas a consideración de los jueces y estuvieron sujetas a controversia, independientemente de cómo hayan sido finalmente tratadas o resueltas; ni las que resultan de procedimientos supuestamente irregulares, los cuales justamente por haber estado sometidos al escrutinio judicial excluyen la maquinación de las partes. (Sent. 242 de 13 de dic. de 2001, Exp. 0160)”. (íbidem).
En ese orden de ideas, es evidente que para la consumación de la causal que nos ocupa, de un lado, debe mediar un accionar irregular y consciente de quienes intervinieron en la litis, consistente en el ocultamiento de información necesaria para el normal desarrollo y solución del asunto y, de otro, debe corresponder a situaciones ajenas al juicio, esto es, que no hubiesen sido objeto de debate o que pudiéndolo hacer se dejaron pasar, pues, de ser así se estaría reabriendo la discusión como si se tratara de un reexamen de los puntos desatados, lo que difiere sin duda alguna de los fines propios de esta impugnación extraordinaria, porque en definitiva no se puede permitir “que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se dedique a examinar de nuevo el litigio”.
En efecto, se verifica que en la queja los recurrentes cuestionan la decisión del Tribunal por no aplicar las leyes 45 de 1990 y 546 de 1999 y, tampoco emplear los “intereses” ordenados por la autoridad monetaria y la Corte Constitucional, además de “capitalizar intereses”; censuras que no apuntan al comportamiento ilegal de los intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario, ni mucho menos denotan fraude o engaño; amen que, pudiendo ser un tema de discusión al interior del sub júdice por parte de los deudores, estos omitieron hacer cuestionamiento alguno, razón de más para reiterar que en esta ocasión no se pueda realizar pronunciamiento al respecto, comoquiera que de proceder así se actuaria como juez de instancia y, por ende, se atentaría contra la naturaleza propia de este recurso.
En definitiva, las razones expuestas por los accionantes como constitutivas de la causal sexta, no ilustran actos de colusión o maniobra fraudulenta de las partes en el sub examine, por el contrario lo que muestran es su inconformidad con la decisión tomada por el superior, al ser contraria a sus aspiraciones, en la medida en que la excepción de mérito denominada “prescripción del derecho incorporado en los pagarés base de la ejecución” y, que en principio había sido declarada probada, en segunda instancia fue denegada; circunstancia que en modo alguno comporta las acciones descritas, pues estas, “existen en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin” (SR 243 de 7 dic. 2000, Rad. 007643).
Por lo tanto, admitir la ocurrencia de la causal alegada con los argumentos que soportan la queja objeto de revisión, sin que medie un comportamiento que riña con los deberes de lealtad y probidad que se exigen a los extremos de la litis, sería tanto como permitir la reapertura del conflicto bajo una nueva propuesta argumentativa, situación que está proscrita en esta etapa procesal, pues la petición de invalidación de una sentencia que ha ganado firmeza sólo es posible cuando la situación fáctica alegada se pueda subsumir en los casos en que el legislador, en virtud de esa colisión entre seguridad jurídica y justicia, abre el camino para rescindir la decisión anterior y, en este preciso caso ello no ocurrió.
6.2. Ahora bien, en lo que se refiere a la causal octava “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”, los recurrentes expusieron como argumentos de su reproche lo siguiente:
(…) el no haber reestructurado el crédito objeto de demanda y ordenarse seguir adelante con la ejecución, surge una nulidad en la sentencia proferida, en la medida en que el proceso no podía ser iniciado hasta tanto no se verificara ese requisito establecido en la Ley 546 de 1999” y, agregaron que “existe otra causal de nulidad en la sentencia proferida, que da paso a la revisión, basada en la declaratoria de nulidad por parte del Consejo de Estado, del Decreto 234 de 2000 emanado de la Presidencia de la República … la sentencia se basa en un Decreto inexistente en el mundo jurídico” (fls. 5 - 7).
Sobre el particular, la Corte ha reiterado:
“no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en éste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso’. (CXLVIII, 1985)”. (CSJ SC 10 de sep. de 2013, Rad. 2011-01713-00).
El inciso final del artículo 142 del CPC, norma aplicable a este asunto dispone que “(…) la nulidad originada en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma consagradas en el inciso 3º”; a su vez el numeral 8º del canon 380 ibídem, señala como causal de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”.
En ese orden, cumple reseñar que de acuerdo a lo dispuesto por el legislador, son dos los aspectos a tener en cuenta para la procedencia de dicha causal; en primer lugar, que haya incurrido el funcionario en un vicio de nulidad procesal al momento mismo de pronunciarse la sentencia y, adicionalmente, que no existan recursos que permitan discutirlo dentro del proceso.
6.2.1. En el sub examine el segundo de los presupuestos se satisface, en vista de la naturaleza hipotecaria del pleito, por lo que la decisión del Tribunal era inimpugnable, empero, en lo que respecta al primero, no pasa lo mismo, de acuerdo a lo que a continuación se explica:
Los opugnadores dirigieron su reproche en dos direcciones, la primera, a cuestionar la orden de seguir adelante la ejecución sin haberse realizado la reestructuración del crédito objeto de cobro, tal como lo consagra la Ley 546 de 1999 y algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional y, la segunda por haber el Tribunal sustentado la decisión en un decreto inexistente jurídicamente (324 de 2000) comoquiera que fue declarada su nulidad por el Consejo de Estado.
a) En efecto, el primer vicio alegado no emerge del fallo impugnado sino desde el inicio mismo y se mantuvo durante el trámite del juicio ejecutivo, amén que los mismos interesados afirmaron en las razones de su descontento que “el proceso no podía ser iniciado hasta tanto no se verificara ese requisito establecido en la Ley 549 de 1999”, sin embargo, el reproche en ese sentido no fue expuesto y menos aún fue objeto de debate al interior del trámite; pues denótese cómo los deudores desde su intervención y durante toda la actuación enfilaron su defensa a propender por la declaratoria de la excepción de mérito que denominaron “prescripción del derecho incorporado en los pagarés base de la ejecución” y, en esa trayectoria no solo se surtió el caso que nos ocupa sino que los funcionarios de ambas instancias dirigieron sus providencias a resolver sobre el fenómeno de la prescripción alegada.
La reestructuración de los créditos hipotecarios de vivienda concedidos inicialmente en UPAC, que estuvieren vigentes para el 31 de diciembre de 1999, fue una figura dispuesta por el legislador en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, como un trámite adicional a la culminación de las acciones de cobro que estuvieran en curso, por ello, es tal su trascendencia, que omitirlo afecta la exigibilidad de ese tipo de obligaciones, constituyéndose entonces, en un argumento a esgrimir por los ejecutados dentro de las oportunidades que la ley les confiere para su discusión dentro del proceso; ello por cuanto pueden pedir la terminación del juicio en cualquier momento, acreditando la existencia de los presupuestos requeridos para su viabilidad que deberá ser analizada en este momento procesal.
La omisión de dicha actuación no implica la nulidad alegada por los recurrentes sino que tal presunto descuido alegado conllevaría como consecuencia si el funcionario judicial encuentra acreditados los presupuestos procesales requeridos para ello, la declaratoria de terminación del proceso.
Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-787 de 2012 reiteró que:
“(…) las reglas aplicables, de acuerdo con el marco constitucional, son las siguientes: (i) En el ámbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese año, una vez realizada la reliquidación del crédito y aplicados los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de reestructuración; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuración debe hacerse directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los parámetros legales, jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuración, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligación, se exceptúa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuará, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligación”.
Debe recordarse que el proceso ejecutivo hipotecario cuya sentencia motivó el recurso que hoy se decide se encuentra en etapa de ejecución y nada impide que los opugnadores intenten un pronunciamiento relacionado con la falta de reestructuración, motivo central de la presente acción, si se tiene en cuenta que ella es imperativa y que, además, se está en la oportunidad para hacerlo, toda vez, que aún no se ha llegado a la etapa de diligencia de remate del bien inmueble, ni mucho menos se ha procedido a la adjudicación y/o inscripción del mismo.
Sobre el particular, esta Corporación ha precisado que:
Al respecto, y para dar respuesta al anterior interrogante, conviene recordar, que “la ejecución no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que después del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realización y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garantía para satisfacer el crédito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, “e[s] viable resolver de fondo la petición” (CSJ STC-8059-2015), siendo entonces deber de los jueces, incluido el de ejecución, revisar si junto con el título base de recaudo, la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuración de la obligación, pues, como lo ha dicho esta Corte, esos documentos “conforman un título ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permite continuar con la ejecución” (CSJ STC2747-2015), sin que importe si la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución haya sido proferida con anterioridad a la expedición de la Sentencia SU-813/07, pues “lo cierto es que la exigencia de “reestructuración” estaba vigente desde 1999 con la expedición del artículo 42 de la Ley 546 el 23 de diciembre de ese año. De ahí que la precitada decisión lo que hizo fue darle una lectura esclarecedora con apoyo en los principios rectores de la Carta Política” (Resaltado fuera de texto) (CSJ STC 16 dic. 2015, Rad. 02294-00, reiterada el 4 feb. 2016, Rad. 2015-00242-01).
En el caso que nos ocupa, si bien es cierto, ya se profirió sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, también lo es, que la ocasión para alegar los ejecutados la falta de restructuración y, por tanto la terminación del proceso, no ha vencido.
b) El segundo reproche, tampoco tiene su génesis en la sentencia revisada, pues de la misma se verificó que el Tribunal, de una parte, no sustentó su providencia en el decreto aludido por los recurrentes como “inexistente en el mundo jurídico”, máxime cuando en el contenido de la decisión no se lee, se extrae o se utiliza la citada norma y, de otra, cuando revocó la de primer grado, en su lugar, ordenó seguir adelante la ejecución de un mandamiento de pago que no fue cuestionado en su momento procesal por los extremos de la litis y con el cual se adelantó todo el juicio hipotecario; no obstante, fue modificado en el sentido de ajustar las sumas por concepto de capital en beneficio de los deudores, toda vez que este se disminuyó, es decir, mientras en un inicio se había decretado como pago las cantidades de 33.112.6380 y 309.339.1667 UVR, el superior advirtió que debía ser por 8.889.8985 y 184.806.0527 UVR, respectivamente, además corrigió el cobro de intereses sobre intereses en el que incurrió el a-quo cuando profirió la orden de pago.
7. Así las cosas, se observa que las afirmaciones expuestas en el recurso extraordinario no comprenden los elementos exigidos para la configuración de las causales 6ª y 8ª de revisión, por el contrario, demuestran la inconformidad frente a una decisión adversa y que no resultó favorable a su defensa, por un lado; y por otro, los deudores aún cuentan con la oportunidad de alegar lo relacionado con la reestructuración ante el juez de instancia, siempre y cuando se cumpla con lo exigido para ello.
8. Concretando lo discurrido, la Corte advierte que no se configuran los requisitos establecidos en el ordenamiento procesal para invalidar la sentencia materia objeto de debate, y por tanto corresponde declarar infundado el recurso extraordinario interpuesto.
“PAR.—Fijar las agencias en derecho en tres millones de pesos ($ 3.000.000).
4. Hacer efectiva la caución constituida por los accionantes el 27 de noviembre de 2012, mediante póliza Nº 780173 de Liberty Seguros S.A.
“PAR.—Librar, en su momento, comunicación con tal fin.

References: artículo 380
 artículo 491
 artículo 17
 artículo 380
 resolución 
 artículo 380
 artículo 380
 artículo 142
 artículo 42
 artículo 42