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Timestamp: 2019-11-22 14:46:11+00:00

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Resumen para el Segundo Parcial | Derecho Administrativo (Pulles - Rotaeche - 2017) | Derecho | UBA
Resumen para el Segundo Parcial | Derecho Administrativo (Cátedra: Pulles - Rotaeche - 2017) | Derecho | UBA
1) Dominio Publico. Concepto. Elementos. Requisitos de validez y desafectación.
Esta formado por una parte de bienes que conforman parte del patrimonio del estado, destinado al uso de todos los habitantes, reguladas por el derecho publico.
¿Por que son considerados de dominio Publico?
Por que la normas que los regulan a esos bienes son de derecho publico.
Hay dos doctrinas
- El titular es el pueblo la critica es que el pueblo no es sujeto de derechos.
- El titular es el estado, pero esta limitado por la norma.
Natural : es un recurso geográfico x ejemplo un rio.
Artificial : es un recurso creado por el hombre, por ejemplo un puente.
- Muebles : Por ejemplo un libro de la facultad.
- Inmuebles: Por ejemplo un hospital.
Teleleologico:
Hace referencia a la finalidad Si se obtiene un beneficio de Forma:
Directa: se obtiene sin ningún intermediario
Indicrecta: se obtiene con algún tipo de intermediario.
El legislador manifiesta que un bien va a ser de dominio Publico.
Inagenables/ Inembargables
Proteccion que ejerce la admnisitracion puede ser por via administrativa o por via judicial.
Naturales: parte del territorio geográfico
Artificial se crea ese bien publico por la intervención del hombre.
Por la Jurisdiccion ( que tipo de ley se aplica):
Nacional: se aplica la ley federal.
Provincial: Se aplica ley provincial.
Local: se Aplica ordenanzas municipales.
Es el acto por el cual el estado destina cierto bien al uso común de todos los individuos y esto lo transfoirma en un bien publico.
La afectación puede ser únicamente por ley como es el caso de los bienes de origen natural . Y en el caso de los bienes de origen artificial son por ley o por acto administrativo.
El estado tiene que contar con un titulo
Ascentimiento
Actual , es decir efectivamente destinado al uso publico.
Proceso por el cual un bien deja de ser de bien publico del estado. Para pasar al bien privado del estado.
La extinción del domino publico se produce por la desafectación formal (lo que cambia la condición jurídica del bien transformándose en enajenable, prescriptible, embargable, y regido porderecho civil) o también puede darse por los hechos (la poda de las ramas que componen el arbolado de vía pública desafecta a estas del bien).
Uso común: cualquier sujeto por el hecho de ser administrado puede hacer uso del bien. Tiene como principales características que es
Gratuito , salvo expeciones
Uso Especial: la administración le otorga a un particular el derecho de utilizar un bien de dominio publico y con el uso de ese bien realiza su actividad económica. Tiene como principal caracterista que es:
2)Fomento.Concepto.
Es una actividad de la administración que tiende a proteger o procurar que cierta actividad se desarrolle. Persigue un fin social/Publico.
Menciones de honor que se le otorgan a las personas en forma de reconocimiento.
Implica que la administración entrega una ayuda monetaria para que se lleve a cabo la actividad.
Puede ser de forma:
Directa: cuando la administración entrega dinero.
Indirecta: la administración otorga una exención .
La cual puede ser en forma de subsidio, la cual genera un derecho subjetivo.
O Puede ser también como forma de subencion la cual no Genera un derecho Subjetivo.
Hace referencia a que los sujetos por el desarrollo de esa actividad se le aplica un régimen jurídico particular. Por lo general son beneficios en cuanto al fisco.
3) Servicio Público: Noción, creación y funcionamiento del servicio público.
Servicio publico es la prestación que efectúa la administración en forma directa o indirecta para satisfacer una necesidad de interés general. A partir de esto podemos decir que los elementos del servicio publico son :
Prestación de la administración;
En forma directa o indirecta;
Satisfacción de una necesidad de interés general;
Titularidad intransferible del Estado.
La creación, organización, modificación y supresión de los servicios públicos están íntimamente relacionados la voluntad del Estado que establece que una necesidad de interés general debe ser satisfecha por medio del servicio publico. Los actos por los cuales se crean, organizan, modifican o suprimen un servicio publico son son leyes en sentido material.
Creación de un Servicio Publico: En general el órgano que crea el servicio publico es el legislativo,
Organización de los Servicios Públicos La organización de los servicios públicos consiste en la determinación de las reglas generales y particulares a las que tendrá que ajustarse. Las mismas, harán referencia a la determinación de los recursos que dispondrá, a la naturaleza, atribuciones y deberes de su personal, determinación del régimen de sujeción.
Modificación del Servicio Publico
Si dicha modificación afecta a un servicio publico creado por ley, la misma deberá hacerse por la mismas vía. En cambio si la organización del mismo fue hecha por la administración, a esta le corresponderá la modificación.-
El órgano competente para otorgar, intervenir en cuanto a la prorroga y las modificaciones, es el órgano creador, o sea, el órgano legislativo. Si en el caso de creado un servicio publico, el Estado decide otorgarlo en concesión es este mimos órgano quien debe llevar a cabo dicha tarea. Estructura y Forma del acto de concesión
La estructura del acto de concesión contiene los siguientes elementos:
Pliego de condiciones: establecido por la administración, fijando las reglas del funcionamiento del servicio y los derechos y las obligaciones de las partes.
La convención o acto de concesión: establece el acuerdo de las partes, presentando una naturaleza mixta, en parte acto – condición (reglamentación) y en parte contrato.
Medidas de ejecución: se fijan las modalidades de aplicación de la concesión.
En cuanto a la forma, la misma es obligatoriamente de forma escrita, para la realización del acto.
4) Servicio Público: características y extinción.
Este elemento esencial en los servicios públicos hace referencia a la que prestación del servicio por ninguna causa debe ser interrumpida. Esta característica hace a la eficiencia de la prestación.
La continuidad se asegura de diversas formas como ser:
No paralización por ningún medio de las actividades, o sea exclusión de la huelga y de los paros patronales;
Ningún tipo de trastorno económico es fuente valida para impedir la prestación;
Los bienes afectados a la prestación del servicio no pueden ser objeto de ejecución forzosa, o sea son inembargables;
En caso de quiebra del concesionario la prestación no se interrumpe, debe continuar a cargo del sindico.
Sin embargo la Continuidad no siempre es de carácter absoluto, en algunas ocasiones es relativa, dependiendo de la índole de la necesidad a que se refiere el servicio.
El servicio publico debe ser prestado de conformidad a las reglas, normas o condiciones preestablecidas, manteniendo un ritmo. Esto no quita la posibilidad, a la administración, de que en un momento modifique su organización
Uniformidad o Igualdad
La uniformidad o igualdad significa que todos los habitantes tiene derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de condiciones. La expresada igualdad de trato que debe dárseles a los habitantes en la utilización de un servicio publico es un corolario del principio fundamental de igualdad ante ley. Sin embargo esto no impide que se establezcan diversas categorías de usuarios manteniéndose en estricta igualdad a todos los que están en la misma situación.
Esta ataña a que todos los habitantes tiene derecho a usar los servicios públicos, de acuerdo a las normas que rigen a estos
Esta Obligatoriedad recae única y exclusivamente sobre el prestador del servicio, no debe confundirse con la obligación de los usuarios en su utilización.
Por retribución de un servicio se entiende lo que el administrado debe pagar. Dicha retribución se refiere al precio, tarifa o tasa del servicio. Los mismos han de ser prestado en forma gratuita, onerosa o lucrativa.
La gratuidad significa que el servicio será prestado sin que los usuarios abonen suma alguna por tal prestación.
Oneroso, cuando el usuario debe abonar una suma en pago por la prestación que le es suministrada, o sea en este caso el servicio ya no gratuitito, pero de todas formas no se llega a lucrar. Con este tipo se busca cubrir alguna parte del costo del servicio a prestar.
Que genera lucro, este caso se da cuando el importe que abona el usuario cubre el costo de la prestación mas un porcentaje en concepto de beneficio a favor de quien presta el servicio.
Le corresponde al legislador decidir la supresión, excepto en aquellos servicios públicos que se encuentran consagrados en la Constitución Nacional, que no pueden suprimirse, salvo ante una reforma de la misma. O bien la ley, de su creación, puede disponer que el órgano administrativo puede definir su funcionamiento, lo que faculta implícitamente a suprimirlo.-
5) Entes reguladores: Caracteres de los actos que emite. La revisibilidad judicial de sus actos.
Los entes reguladores de Argentina son los organismos estatales responsables del control de la buena prestación de los servicios públicos concesionados a empresas privadas, tanto en calidad como en oportunidad, cobertura y precio.
Los entes reguladores asesoran a los gobiernos nacional y federales en los temas de su incumbencia y frecuentemente administran fondos especiales para la promoción de obras y subsidios de tarifas a algunos sectores de la población o de la actividad productiva.
Las principales funciones de los entes reguladores con respecto a las empresas prestadores de los servicios (concesionarias) son:
Controlar el cumplimiento de la legislación nacional o provincial vigente.
Aprobar (si la legislación así lo establece) y controlar las tarifas a aplicar.
Reglamentar sus actividades en todo lo atinente a calidad de los servicios prestados, causales de interrupción y reanudación y multas por su incumplimiento, medición y facturación de su prestación a los usuarios, normas de seguridad, normas de procedimientos técnicos, normas de uso del espacio público.
Las principales funciones de los entes reguladores con respecto a los usuarios de los servicios son:
Informar, proteger y defender adecuadamente sus derechos según lo establecido en la legislación vigente y los contratos de concesión según el principio de tutela efectiva.
Contestar y resolver reclamos, supervisando la respuesta dada por la concesionaria al reclamo del usuario.
Velar por la protección de la propiedad, medio ambiente, y la seguridad publica.
En cuanto a la actividad que llevan a cabo los entes reguladores, ésta tiene lugar con motivo del ejercicio de diferentes funciones:
De control y sancionatorias: Las normas de creación de los entes, los marcos regulatorios de los servicios públicos que controlan y los contratos que en forma particular regulan cada actividad, les asignan a los entes diversas funciones de control para prevenir, según los casos, conductas monopolicas, anticompetitivas o discriminatorias, verificar la aplicación de las tarifas y el nivel de calidad del servicio, lo cual da lugar a la aplicación de premios y sanciones.
Reglamentarias: dictan reglamentos en cuestiones de seguridad, técnicas, mediciones de servicios, tarifarias, etc.
Jurisdiccionales: el ejercicio de estas funciones puede ser obligatorio en el caso del ENRE y del ENARGA o bien facultativo en el caso del ENRE para los usuarios, el ETTOS y el Órgano de Control de la red de accesos a la ciudad de Buenos Aires.
El ejercicio de funciones jurisdiccionales por los entes reguladores requiere en muchos casos pronunciamientos y decisiones sobre cuestiones técnicas
Revisibilidad Judicial
En el análisis del tema de los limites a la revisión judicial de las decisiones técnicas adoptadas por los entes reguladores y demás órganos administrativos, deberá respetarse la competencia que en cada caso les ha sido asignada legalmente. Deberá considerarse, también, si se trata de facultades discrecionales o regladas. En la medida que las cuestiones técnicas sean resueltas en ejercicio de la competencia asignada y cuenten con los antecedentes que razonablemente las avalen, sólo procederá la revisión en caso de existir importantes y fundados elementos técnicos que contradigan la decisión cuestionada.
Las cuestiones técnicas están vinculadas a uno de los aspectos más relevantes de los servicios públicos como son las tarifas. Respecto de éstas, rige un principio fundamental en la materia, conforme al cual deben ser justas y razonables. Ello exige la adopción de determinados criterios técnicos que forman parte del ejercicio de facultades discrecionales. En este caso, se trata de la discrecionalidad técnica, en la que hay margen de opinión, y cuya revisión debe limitarse a la vigencia de los principios de legalidad, razonabilidad y del derecho de defensa.
6) Empleo público
Quedan exceptuados del régimen de Contrato de Empleo Publico:
El personal diplomático en actividad .
El personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo.
b) Condiciones de conducta e idoneidad para el cargo, que se acreditará mediante los regímenes de selección que se establezcan, asegurando el principio de igualdad en el acceso a la función pública.
c) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena.
e) El sancionado con exoneración o cesantía en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
g) El que se encuentre en infracción a las leyes electorales y del servicio militar.
i) Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, aun cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la condonación de la pena.
Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto, podrán ser declaradas nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de sus funciones.
El personal podrá revistar en el régimen de estabilidad, en el régimen de contrataciones, o como personal de gabinete de las autoridades superiores.
El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la Ley de Presupuesto.
7) Empleado Público: Deberes y prohibiciones. Situación de revista: personal de planta permanente y de gabinete.
d) Respetar y hacer cumplir, dentro de la competencia de su función, el sistema jurídico.
e) Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente, que tenga por objeto la realización de actos de servicio compatibles con la función del agente.
f) Observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le fueron asignadas y guardar discreción o la reserva absoluta,
h) Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto, omisión o procedimiento que causare o pudiere causar perjuicio al Estado, configurar delito, o resultar una aplicación ineficiente de los recursos públicos.
j) Someterse a examen psicofísico.
Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicio remunerados o no, personas de existencia visible o jurídica que gestionen o exploten concesiones o privilegios de administración o que fueran proveedores o contratistas de las mismas.
Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la administración.
Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función.
Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación .
Es incompatible el desempeño de un cargo remunerado en la Administración Pública con el ejercicio de otro de igual carácter en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de los supuestos que se determinen por vía reglamentaria, o que se establezca en el Convenio Colectivo de Trabajo.
El personal con estabilidad revistará conforme las previsiones de los escalafones que el Departamento Ejecutivo disponga , no pudiendo la jornada laboral normal ser inferior a seis horas diarias, ni superior a nueve horas diarias. No obstante, cuando lo índole de las actividades lo requiera el Departamento Ejecutivo podrá instituir otros regímenes horarios y de francos compensatorios.
8) Empleo Público: derechos del empleado público. Categorías: contratados y ad honorem.
m) Participación, por intermedio de las organizaciones sindicales, en los procedimientos de calificaciones y disciplinarios .
El personal comprendido en régimen de estabilidad tendrá derecho a conservar el empleo, el nivel y grado de la carrera alcanzado.
c) La ratificación de la designación mediante acto expreso emanado de la autoridad competente con facultades para efectuar designaciones, vencimiento del plazo establecido en el inciso .
Transcurridos treinta (30) días de vencido el plazo sin que la administración dicte el acto administrativo pertinente, designación se considerará efectuada, adquiriendo el agente el derecho a la estabilidad.
El personal tiene derecho igualdad de oportunidades en el desarrollo de carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen. Las promociones a cargos vacantes sólo procederán mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes
El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios cuando reúna requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, autorizándolos a que continúen en la prestación de sus servicios por el período de un año partir de la intimación respectiva. Igual previsión regirá para el personal solicitare voluntariamente su jubilación o retiro. El personal que goza de jubilación o retiro no tiene derecho a la estabilidad.
Es un contrato de derecho público. Concurren todos los requisitos del instituto: capacidad del particular y competencia del funcionario para obligarse; libertad de consentimiento; existencia de obligaciones.
No es óbice la desigualdad entre las partes, ni la igualdad ni el debate sobre el contenido de las obligaciones son requeridos, pudiendo fijarse de antemano las obligaciones o deberes y aplicarse a todos los funcionarios.
Existen derechos y obligaciones recíprocas.
El acto de aceptación del particular no es irrelevante, sino que constituye un elemento positivo de constitución del contrato, representando el consentimiento respecto del acto de voluntad de la Administración.
Con la evolución del proceso de laboralización del empleo público y la incorporación de la negociación colectiva, primero a través de suscripción de convenios internacionales y luego a través de las sucesivas leyes reglamentarias de la materia, los laboralistas comienzan a asimilar ambos tipos de relaciones jurídicas.
Existen empleados del Estado que se rigen por la LCT (Puertos, Astillero Río Santiago, entre otros).
El Poder Ejecutivo podrá autorizar la concurrencia “ad-honorem” de Profesionales o Técnicos, con título habilitante, que pretendan mejorar su preparación, a los distintos organismos de su Dependencia con las modalidades que a tal efecto se determinen.
Únicamente se autorizará la concurrencia “ad-honorem” para desempeñar funciones acordes a su profesión o habilitación técnica y que implique un beneficio al servicio.
El personal que se designe “ad-honorem” no podrá exceder del CINCO (5) por ciento de la dotación del personal permanente del respectivo plantel básico al cual se incorpore.
Previo a la designación del personal “ad-honorem” se suscribirá un acta en la que se determinarán sus obligaciones y responsabilidades, las que deberán guardar relación con las modalidades propias de la tarea a cumplir y del lugar donde se desempeñará.
El no cumplimiento de sus obligaciones será causa de su cese. El Poder Ejecutivo lo dispondrá, en su caso, previa información sumaria a los efectos de acreditar dicho incumplimiento. Las designaciones del personal “ad-honorem” caducarán el 31 de Diciembre de cada año.
El agente designado “ad-honorem” podrá renunciar en cualquier momento, debiendo permaneceren su cargo hasta un máximo de QUINCE (15) días corridos si antes no le fuera aceptada la misma o fuera autorizado a retirarse por el titular de la repartición
9) Desarrolle el derecho a la estabilidad y a la carrera de los empleados públicos
Se trata de una garantía por la cuál los funcionario públicos tienen el derecho de permanecer en sus cargos, no pudiendo ser separados de los mismos mientras dure su buena conducta.
Esta garantía tiene la importante función de preservar al empleado público de las maniobras amorales de los distintos gobernantes, los cuales no dudarían en renovar toda la planta de personal con cada nuevo gobierno.
Marienhoff distingue la estabilidad de la llamada inamovilidad ya que la primera se refiera a la permanencia en el cargo o empleo; mientras la segunda, se refiere principalmente al lugar donde la función o empleo serán ejercidos.
En éste último caso destacamos que nada obsta al traslado de un agente público mientras no afecte su derecho de carrera, es decir, mientras no sea degradado en su puesto.
RÉGIMEN DE ESTABILIDAD EN EL MARCO DE LA LEY 25.164
a) Acredite condiciones de idoneidad a través de las evaluaciones periódicas de desempeño, capacitación y del cumplimiento de las metas objetivos establecidos para la gestión durante transcurso de un período de prueba de doce (12) meses de prestación de servicios efectivos.
10) Porque la ley de empleo publico es una ley marco? Explicar categoria de revista .Explique la cláusula protectoria.
Es una ley marco por que establece los principios generales de una manera y deja al ejecutivo la discreción para establecer las condiciones de aplicación utilizando su poder reglamentario.
El agente revistara en situación de actividad cuando preste servicios efectivos, se encuentre en uso de licencia por enfermedad aun sin goce de haberes o en uso de otro tipo de licencia con goce total o parcial de haberes.
El uso de licencia sin goce de haberes, salvo lo indicado precedentemente y él termino de duración de una suspensión superior de quince (15) días, coloca al agente en situación de inactividad.
Art 14 bis de la CN El principio protectorio, que comprende al trabajo "en sus diversas formas"; así como diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que enuncian el "derecho a trabajar", el cual debe ser considerado "inalienable de todo ser humano", engloba todo tipo de trabajos, impone al Estado claras obligaciones de respetarlo y protegerlo, y comprende inequívocamente, entre otros aspectos, el "derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo"
11) Recurso de reconsideración y jerárquico.
EL RECURSO JERARQUICO.
12) Principios del procedimiento. Recurso de alzada.
La impulsión e instrucción de oficio
El postulado de impulsión e instrucción de oficio dice que la administración debe impulsarlo y avanzar hasta la resolución, aun cuando la parte interesada no lo hiciese.
Las actuaciones administrativas son impulsadas por el órgano competente, sin perjuicio de que el interesado también puede instar el procedimiento.
La LPA dice que si transcurrieron 60 días desde que el trámite se paralice por culpa del administrado, el órgano competente le notificara que si transcurriesen otros 30 días de inactividad, se declarara de oficio la caducidad de los procedimientos, archivándose el expediente. De todos modos no cabe aplicar la caducidad en los siguientes casos
a) cuando se trate de trámites relativos a la seguridad social
b) los trámites que, según el Estado, deben continuar por sus particulares circunstancias c)los tramites en que este comprometido un interés colectivo que sobrevino luego de iniciado el procedimiento.
La celeridad, economía, sencillez y eficacia
El principio de celeridad supone rapidez e inmediatez en el desarrollo y resolución de las actuaciones y, en tal sentido, las normas establecen 2 herramientas: las incorporación de plazos breves respecto de las actuaciones del Estado y la regulación del instituto del silencio de modo que el vencimiento de los plazos deba interpretarse como rechazo de las pretensiones .
Principio de economía significa lograr los objetivos con el menor costo posible
La sencillez Supone que el procedimiento debe tener tales caracteres que cualquier sujeto pueda seguir y comprender los pasos del procedimiento y las decisiones estatales consecuentes
La eficacia consiste en el logro de los objetivos propuestos.
Principio de informalismo a favor del particular
El principio establece que el trámite es válido, aun cuando el interesado no cumpliese con las exigencias, pero que se trate de formas no esenciales. El principio solo comprende la actividad del particular. Estas exigencias formales no esenciales deben cumplirse posteriormente.
Los recaudos no formales son: la calificación errónea de los recursos administrativos, presentaciones realizadas ante el órgano incompetente por error excusable y los defectos formales insustanciales.
El debido proceso adjetivo
La CN garantiza el derecho de defensa de las personas, este derecho en el marco del procedimiento administrativo, es conocido como el debido proceso adjetivo y este comprende:
El derecho a ser oído, el titular de un derecho o interés debe exponer sus pretensiones y explicar sus razones. Además la expresión debe ser amplia y oportuna o sea sin restricciones y de carácter previo a las decisiones estatales
El derecho a ofrecer y producir prueba y a controlar la prueba producida, el particular puede ofrecer todos aquellos medio probatorios de que intente valerse y la Administracion en su condición de instructor debe resolver sobre la procedencia o no de tales medios.
El derecho a una decisión fundad, exige que el Estado resuelva los principales planteos del interesado, previo análisis de sus argumentos y a su vez explicite cuál es su decisión y porque decide de ese modo.
El derecho a una decisión en un tiempo razonable
El derecho a recurrir las decisiones estatales, supone el acceso ante un órgano imparcial e independiente de las partes (juez), en términos sencillos y plazos razonables
13) Recursos Administrativos. Concepto. Ante quien se interponen. Actos recurribles. Partes del procedimiento administrativo. Suspensión del plazo establecido para recurrir.
El recurso administrativo es aquel acto administrativo ejercido preferentemente a petición de parte (el administrado) para obtener la modificación, revocación o invalidación de una resolución administrativa, generalmente cuando ésta causa un agravio al administrado.
Se interponenen frente a quien emitio el acto Administrativo o el inmediato superior según sea el caso. Si se tratare de actos dictados en cumplimiento de otros de alcance general, será competente el organismo que dictó la norma general sin perjuicio de la presentación del recurso ante la autoridad de aplicación.
Actos recurribles: actos administrativos de alcance individual, así como también los de alcance general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos con el alcance que da la ley.
Partes del procedimiento administrativo: Parte interesada y la administración.
Suspensión de los plazos para recurrir: Si a los efectos de articular un recurso administrativo la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir durante el tiempo que se le conceda al efecto, en base a:
Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días;
Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración de oficio o a pedido del interesado, disponer su ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria deberá ser notificada por lo menos con dos (2) días de antelación al vencimiento del plazo cuya prórroga se hubiere solicitado;
En igual forma a lo estipulado en el párrafo anterior se suspenderán los plazos
Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado;
Si se tratare de actos de contenido general contra los que se hubiere formulado reclamo resuelto negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria;
Si se tratare de actos de alcance general impugnables a través de actos individuales de aplicación, desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa;
Si se tratare de vías de hecho o de hechos administrativos, desde que ellos fueren conocidos por el afectado.-
14) Procedimiento administrativo: Explique el recurso que ataca un acto administrativo de alcance particular que agote la vía administrativa . ¿Que dijo la CSJN respecto de la interposición de un recurso de un recurso fuera de termino?
Es el Recurso jerárquico que agota las vías administrativas y consecuentemente habilita el sendero judicial, por ende es obligatorio. Antes de ser resuelto el recurso es necesario requerir el dictamen del servicio jurídico permanente.
Quien puede interponerlo: los titulares de derechos subjetivo, interese legítimos y los titulares de derechos colectivos por razones de ilegitimidad o inoportunidad
Contra que tipos de acto procede: contra los actos administrativos definitivos o asimilables a definitivos, no contra actos de mero trámite o interlocutorios
Quien lo resuelve: el principal jerárquico, o sea el ministro o secretario de presidencia son los que resuelven el recurso dictado por cualquier órgano inferior. Si el acto hubiese sido dictado por el ministro o secretario de presidencia, entonces el recurso es resuelto por el presidente.
Plazo para interponerlo, si está bien notificado: 15 días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente a la notificación. Debe interponerse ante el órgano que dicto el acto, y el órgano inferior debe elevar el recurso interpuesto ante el ministro o secretario de presidencia en el término de 5 días ha. Si el órgano inferior no eleva el recurso ante el superior en el término de 5 días ha. El particular puede plantear LA QUEJA correspondiente ante el órgano superior.
Plazo para resolverlo: 30 días hábiles administrativo, pero depende, si no se abre a prueba (puro derecho): a partir de la recepción de las actuaciones del órgano que va a resolver la cuestión (ministro o secretario o el presidente), Si se abrió a prueba: a partir de la presentación del alegato o del vencimiento del plazo para presentar el alegato. El silencio me habilita la vía judicial, no es necesario interponer pronto despacho
Se requerirá la intervención del tesoro de la nación cuando:
A) si el recurso se hubiere interpuesto contra resolución del ministro o secretario de la presidencia de la nación
B) cuando corresponda estableces jurisprudencia administrativa uniforme
C) cuando la índole del interés económico comprometido requiera su atención
D) o cuando el PEN lo estime conveniente para resolver el recurso
15) Explique la vía reclamativa como presupuesto del agotamiento de la via administrativa ¿Que criterio sentó la csjn respecto del silencio de la administración?
El fundamento de este privilegio estatal es que se le de la posibilidad al ejecutivo de revisar sus propios actos y rever así sus decisiones, además también permite el control por parte de los órganos superiores de la actividad de los inferiores. Cabe aclarar que la corte no considera el agotamiento de la vía administrativa como inconstitucional.
El Criterio que sentó la csjn respecto del silencio de la administración fue:
16) Contra que actos procede el silencio del art.10 de la LPA. Y cuales son sus efectos.
El silencio administrativo puede definirse como una ficción que la ley establece en beneficio del interesado y en virtud del cual se considera estimada (silencio positivo) o desestimada (silencio negativo) la solicitud de aquél cuando la administración incumple el deber que tiene de resolver y se dan los demás requisitos exigidos por la ley. El silencio debe entenderse, siempre, como un complemento de la obligación de resolver. En el art. 10 de la ley 19.549,8 después de establecerse que por regla el silencio de la administración debe interpretarse como negativa, se dispone que sólo mediando disposición expresa puede otorgársele sentido positivo.
Procede frente a:
Acto definitivo:es aquel que resuelve la cuestión de fondo
Acto asimilable a definitivo:es aquel que si bien no es definitivo impide continuar con el trámite administrativo
Acto interlocutorio o de mero trámite:es aquel que dicta el órgano en el marco del procedimiento con el propósito de impulsarlo, pero sin expedirse sobre el planteo de fondo bajo debate.
Configurado el silencio de la administración el particular puede iniciar el reclamo judicial.
En Caso de que la ley establezca el silencio como positivo , se presume que la adminisitracion ha respondido afirmativamente a la petición realizada , con todas sus consecuencias jurídicas.
17) Cuando se agota la via administrativa para un acto de alcance particular y cual es el plazo para demandar.
Se Agota la via administrativa para un acto de alcance Particular:
Cuando revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas.
Cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la tramitación del reclamo interpuesto.
Cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad
Cuando la Administración realice una via de hecho
La acción contra el Estado o sus entes autárquicos deberá deducirse dentro del plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales, computados de la siguiente manera:Si se tratare de actos de alcance particular, desde su notificación al interesado.
18) Reclamo administrativo previo. Supuestos exceptuados de su necesidad.
El Estado nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo cuando:
Un acto de alcance particular:
cuando se diere el caso de silencio o de ambigüedad.
Un acto de alcance general
Cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se configure el silencio
Cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias administrativas
El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los noventa (90) días de formulado.
Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá aquél iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajos los efectos previstos en el artículo 25, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción.
El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados.
Los jueces no podrán dar curso sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos artículos y los plazos previstos .
Supuestos exceptuados de su necesidad
El reclamo administrativo previo no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando:
Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;
Se reclamare daños y perjuicios contra el Estado por responsabilidad extracontractual.
19)Diferencia entre proceso y procedimiento administrativo.
Es la institución jurídica donde se busca satisfacer las prestaciones del órgano estatal instruido, es la instancia ante el tribunal, cuando existan diferencias de actos jurídicos.
Es el conjunto de formas de actos regulados por el derecho en donde participa la administración publica y los particulares, en caso de no cumplir con las finalidades y se violenten las garantías individuales se puede tramitar juicio de amparo.
20)Desarrolle los modos de extinción de los actos administrativos.
Imposibilidad del plazo.
Declaración judicial de inexistencia o nulidad.
Cuando hay ilegitimidad sobreviniente, el acto deja de ser valido, por que se vuelve contrario al derecho.
Imposibilidad de hecho sobreviviente.Es la imposibilidad física o jurídica de cumplir con el objeto del acto.
Por muerte o desaparición de una persona la que el acto otorgo un derecho o impuso un deber, siempre que la ley determine que esto no son transferibles a sus herederos.
Por falta de sustrato material que posibilite el cumplimiento del acto.
Por falta de sustrato jurídico o un cambio de la situación jurídica de las cosas o personas a las cuales se dirigía el acto.
La doctrina admite la posibilidad de que un acto administrativo este sujeto a condición resolutoria.
21) Contrato administrativo. Elementos.
Sujetos (competenciay capacidad)
Los sujetos de los contratos públicos son la Administración Pública en cualquiera de sus grados o clases las personas físicas o Jurídicas privadas y las personas jurídicas públicas, estatales o no estatales.
a) Capacidad jurídica del contratista. Podrán ser contratistas las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar
b) Competencia de la Administración contratante:
La competencia del órgano estatal para contratar se extiende a las siguientes facultades:
Voluntad. Consentimiento.
Puede que el consentimiento o lazo jurídico vinculativo resulte de la libre discusión entre la Administración y el contratista, pero las modalidades propias del derecho administrativo y la finalidad de la actividad de la Administración Pública, hacen que la conjunción de voluntades generalmente se opere adhiriéndose el administrado contratista a cláusulas prefijadas por el Estado para los respectivos casos. En tales supuestos, la fusión de voluntades se opera sin discusión, por adhesión del administrado (contratante adherente), quien se limita a "aceptar" las cláusulas contractuales preparadas y redactadas por el Estado (predisponente).
La falta de discusión de las cláusulas del contrato no impide que éste exista, aunque en él prevalezcan cláusulas reglamentarias (por ejemplo, pliego de condiciones).
a) Voluntad contractual.
El consentimiento de la Administración debe ser expreso; no es factible, en principio, el consentimiento tácito, que es admisible en los contratos privados.
b) Aprobación o autorización administrativa o legislativa del contrato.Control.
En ciertas circunstancias la manifestación de la voluntad contractual de la Administración requiere una ley autorizante que concurra a la formación jurídica de la voluntad. A través de dicha ley el Congreso presta su asentimiento o da su consentimiento para que la Administración celebre el contrato, ya sea autorizándolo a priori o aprobándolo a posteriori.
El objeto del contrato es la obligación que por él se constituye. Obligación que tiene por contenido una prestación de dar, hacer o no hacer, querida por las partes. El objeto del contrato, en otros términos, es la consecuencia que se persigue al celebrarlo como factor determinante de la voluntad de las partes.
El contenido del contrato debe ajustarse estrictamente a las normas del derecho objetivo, debiendo el objeto ser cierto, posible, determinable o determinado y lícito.
El contrato que contenga un objeto ilícito es nulo
La causa, el motivo o la razón determinante de los contratos de la Administración, es satisfacer un fin público, un servicio público, una necesidad colectiva.
Es independiente del móvil que induce a contratar al contratista y del móvil que pueda determinar el contrato en la mente o en la intención del funcionario, que expresa o ejecuta la voluntad de la Administración Pública.
Mientras que estas dos últimas son esencialmente subjetivas, corresponden al yo, al fuero interno de los sujetos físicos que participan en su formación, la causa del contrato administrativo es siempre objetiva, está ontológicamente comprendida en el objeto y en la voluntad.
La causa o motivación y la finalidad son siempre la satisfacción de un fin público, del interés público, cualquiera que sea la especificidad de éste. La Administración debe cuidar de establecer expresamente los motivos determinantes de su obrar. Cuando la ley exige, como en nuestro caso, esa motivación, su omisión provoca la nulidad del acto o contrato que realice o ejecute.
Generalmente se requiere la forma escrita, aunque en nuestro derecho no existe reglamentación sobre el particular.
La notificación o comunicaciónfehaciente de la aceptación, adjudicación, por parte de la Administración;
19) Contratos administrativos: explique las distintas formas de selección del contratista del decreto 1023/01
Los procedimientos de selección serán:
LICITACION O CONCURSO PUBLICOS. La licitación o el concurso serán públicos cuando el llamado a participar esté dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación supere el mínimo que a tal efecto determine la reglamentación, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exijan los pliegos.
El procedimiento de licitación pública se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores económicos.
El procedimiento de concurso público se realizará de acuerdo con el monto que fije la reglamentación y cuando el criterio de selección del cocontratante recaiga primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnico-científica, artística u otras, según corresponda.
SUBASTA PUBLICA. Este procedimiento podrá ser aplicado en los siguientes casos:
Compra de bienes muebles, inmuebles, semovientes, incluyendo dentro de los primeros los objetos de arte o de interés histórico, tanto en el país como en el exterior. Este procedimiento será aplicado preferentemente al de contratación directa previsto .
Venta de bienes de propiedad del Estado Nacional.
LICITACION O CONCURSO ABREVIADOS. La licitación o el concurso serán abreviados cuando el llamado a participar esté dirigido exclusivamente a proveedores que se hallaren inscriptos en la base de datos y será aplicable cuando el monto estimado de la contratación no supere al que aquélla fije al efecto. También serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.
CONTRATACION DIRECTA. La selección por contratación directa se utilizará en los siguientes casos:
La realización o adquisición de obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarlas a cabo. Se deberá fundar la necesidad de requerir específicamente los servicios de la persona física o jurídica respectiva. Estas contrataciones deberán establecer la responsabilidad propia y exclusiva del cocontratante, quien actuará inexcusablemente sin relación de dependencia con el Estado Nacional.
La contratación de bienes o servicios cuya venta fuere exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona física o jurídica, siempre y cuando no hubieren sustitutos convenientes.
Cuando la contratación se fundamente en esta disposición deberá quedar documentada en las actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante el informe técnico correspondiente que así lo acredite. Para el caso de bienes, el fabricante exclusivo deberá presentar la documentación que compruebe el privilegio de la venta del bien que elabora.
Cuando una licitación haya resultado desierta o fracasada y se efectuare un nuevo llamado, deberán modificarse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. Si esta licitación también resultare desierta o fracasare, podrá realizarse la contratación directa, utilizando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares del segundo llamado.
Cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada jurisdicción o entidad.
Cuando el poder ejecutivo nacional haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable.
Cuando se trate de reparaciones de maquinarias, vehículos, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar la reparación necesaria y resultare más oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. No podrá utilizarse la contratación directa para las reparaciones comunes de mantenimiento de tales elementos.
Las contrataciones entre reparticiones públicas o en las que tenga participación mayoritaria el estado nacional. En estos casos quedará prohibida la subcontratación del objeto.
20) Contratos administrativos : desarrolle los principales aspectos del decreto 1023/01
El Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, tendrá por objeto que las obras, bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de bienes al mejor postor, coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración y al logro de los resultados requeridos por la sociedad.
Los que se celebren con estados extranjeros, con entidades de derecho público internacional, con instituciones multilaterales de crédito, los que se financien, total o parcialmente, con recursos provenientes de esos organismos
La contratación pública se desarrollará en todas sus etapas en un contexto de transparencia que se basará en la publicidad y difusión de las actuaciones emergentes de la aplicación de este régimen, la utilización de las tecnologías informáticas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información relativa a la gestión del Estado en materia de contrataciones y en la participación real y efectiva de la comunidad, lo cual posibilitará el control social sobre las contrataciones públicas.
ANTICORRUPCION.
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva .
FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES.
Deberán realizarse mediante el dictado del acto administrativo respectivo
La aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.
La suspensión, resolución, rescisión, rescate o declaración de caducidad del contrato
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.
a) La prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, decretar su caducidad, rescisión o resolución, y determinar los efectos de éstas.
La facultad de modificación deberá ser utilizada en forma razonable; cuando la modificación exceda en un VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos del monto total del contrato, y la misma no sea aceptada por el cocontratante, el contrato deberá ser declarado extinguido sin culpa de las partes. Las ampliaciones no podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES.
a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.
b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el contratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión.
Los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones serán responsables por los daños que por su dolo, culpa o negligencia causaren al Estado Nacional con motivo de las mismas.
CRITERIO DE SELECCION.
La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.
Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio.
21) Cuales son los principios que rigen en la Regimen contractual.
Principio de publicidad o transparencia
Indica la necesidad de difusión pública de información concerniente a la contratación pública. Esto es, que el proceso de selección del contratista debe realizarse de manera publica y ajustada a derecho.
Las actuaciones serán públicas.
En los pliegos de condiciones se indicaran requisitos, plazos, reglas, condiciones de costo, -todas ellas de posible cumplimiento-.
Las autoridades no actuaran con desviación o abuso de poder o refiriendo el nombre de algún servidor público.
Implica que las condiciones del trámite contractual sean las estrictamente necesarias para la escogencia objetiva de la propuesta más favorable.
El principio de economía tiene consecuencias sobre el tiempo, el dinero y los medios invertidos en procesos de contratación pública bajo la regla de que los trámites se adelantaran con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.
Los sujetos que actúan en la actividad contractual se deben ceñir a la ley, cumpliendo con los deberes y obligaciones de cada uno.
La eficacia consiste en alcanzar los logros propuestos en los entes estatales con el fin de garantizar la efectividad de derechos colectivos e individuales.
En virtud de la eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad y que, por lo tanto, las autoridades deben remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitando decisiones inhibitorias.
Se basa en el cumplimiento de las determinaciones de la administración. Para ello, la administración requiere de una función administrativa eficiente que responda a las exigencias del Estado social de derecho.
Está ligado al concepto de eficacia, ya que esta consiste en la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos.
Hace referencia a la agilidad en la gestión administrativa Mediante el Código Contencioso Administrativo se señala que el retardo injustificado en la prestación de los servicios públicos es causal de sanción disciplinaria.
Obligan a que las autoridades traten igualmente a todas las personas sin ningún tipo de discriminación y se de un trato administrativo uniforme.
Implica tener en cuenta que la seguridad jurídica, la lealtad, la credibilidad y la certidumbre son reglas básicas de convivencia y que como tales, se convierten en presupuestos de las actuaciones de todas las personas.
Implica una sujeción a la ley
Debe existir una conformidad en los actos de contratación con el ordenamiento jurídico general, y con el que le da la fundamentación especial.
Es la misma ley la que le atribuye potestades a la administración.
Existe una presunción legal según la cual los actos administrativos son conforme a derecho y cumplieron con todos los requisitos necesarios para su expedición y vigencia plena.
Complementa el principio de economía y principalmente tiene que ver con todos los aspectos que se requieren previo al inicio de selección de contratistas.
Guarda relación directa e inmediata con los principios del interés general y la legalidad, procurando recoger para el régimen jurídico los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser de ninguna manera producto de la improvisación.
Contenido de los estudios previos
La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer.
El objeto a contratar, especificaciones y tipo de contrato a celebrar
La modalidad de selección de contratista
El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para celular el presupuesto y los rubros que los componen.
Justificación de factores de selección
Soporte de riesgos previsibles
Análisis de garantías
Principio de Ecuación Contractual
Procura mantener las condiciones económicas previstas al momento de celebrarse el contrato.
Los contratos de tracto sucesivo se pueden revisar ante el advenimiento de circunstancias imprevistas o imprevisibles, posteriores a su celebración qe impliquen una mayor onerosidad para una de las partes
El equilibrio económico puede afectarse por hechos sobrevinientes, imputables al contratista y por hechos y actos de la administración
El mantenimiento del equilibrio del contrato apunta a la revisión de las condiciones económicas del mismo y su restablecimiento de varias formas: 1. Hasta un determinado límite de pérdida; 2. Una indemnización o compensación; 3. La revisión del lucro cesante del contratista.
Los contratistas tienen derecho a recibir oportunamente su contraprestación o remuneración
La interpretación del contrato o de cualquiera de sus clausulas debe hacerse atendiendo a la existencia de obligaciones conmutativas.
En todas las actuaciones deberá mantenerse la reciprocidad, igualdad y equivalencia y será necesario revisar las condiciones del contrato cuando este se vea afectado por alguna de las partes.
La aplicación del régimen de cláusulas excepcionales implica en caso de ser procedente, las compensaciones e indemnizaciones a favor del contratista.
En el caso de variaciones de precios estos deben revisarse ante la ocurrencia de circunstancias imprevistas, con el fin de restablecerlas a las condiciones del contrato inicial.
Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación.
En desarrollo del Principio de Selección Objetiva, la entidad debe:
Adoptar pliegos de condiciones generales
Fijar plazos razonables
Evaluar todas las propuestas
Aplicar estrictamente los criterios de selección establecidos en los términos de referencia.
Evaluar las propuestas bajo los mismos parámetros de ponderación establecidos en los documentos del
22) Poder de policía criterio amplió y restringido. Jurisprudencia
Criterio denominado “Restringido”.
Entiende que la limitación sobre los derechos individuales solo debe hacerse en protección de los fines de seguridad, moralidad y salubridad publicas.
Un caso paradigmático en el cual fue aplicado este criterio es el caso “Plaza de Toros del año 1869 en el cual la Corte falló: “Visto y considerando que es un hecho y también un principio de derecho constitucional que la policía de las Provincias está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado el de proveer lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos; y que por consiguiente pueden lícitamente dictar leyes y reglamentos con estos fines, no habiéndose garantido por el art. 14 CN a los habitantes de la Republica el derecho absoluto de ejercer su industria o profesión, sino con sujeción a las leyes que reglamentan su ejercicio”. “ Que siendo esto así, la Justicia Nacional sería incompetente para obligar a una Provincia que ha prohibido las corridas de toros, a soportar la construcción de una plaza para dar al pueblo ese espectáculo, aún cuando pudiera ella calificarse de establecimiento industrial, como se pretende y el ejercicio de esa industria, no ofendiera el decoro, la cultura y la moralidad de las costumbres públicas”. Este criterio fue utilizado hasta el año 1922, en el que la Jurisprudencia admite en el caso Ercolano c/ Lanteri de Renschaw Julieta, la ampliación de las potestades limitadoras.
Criterio denominado “Amplio”.
Sostiene que aparte de lo anterior (seguridad, moralidad y salubridad pública), debe ampliarse la actividad limitativa a la defensa y promoción de los intereses económicos de la colectividad y al bienestar general de la misma. Así, la Corte en 1922, en el citado caso Ercolano, admite la constitucionalidad del art. 1 de la ley 11.157, que prohibía cobrar durante dos años desde la promulgación de la ley, por la locación de casas, piezas y departamentos destinados a habitación, comercio o industria un precio mayor al que se pagaba el 1 de Enero de 1920. Esta ley fue impugnada por inconstitucional, basándose en que dicha restricción importaba una privación de la propiedad sin sentencia y sin la correspondiente indemnización, violando el art. 17 de la Constitución Nacional. Pero la Corte decidió que dicho art. 1 de la ley 11.157 “no viola lo dispuesto en los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional”.
De esta manera el sistema amplio no se limita a restringir solo los derechos individuales de seguridad, moralidad y salubridad publicas sino que agrega otras finalidades, tales como menciona Gordillo:
Þ La tranquilidad pública.
Þ La confianza pública.
Þ La economía pública.
Þ La estética pública.
Þ El decoro público.
Þ La seguridad social.
Þ En general, lo que se protege es el orden público, el bien común.
23) Conceptos de poder policía y policía administrativo
“La policía administrativa se traduce fundamentalmente en el dictado de actos concretos, el poder normativo de la Administración requiere siempre de una ley careciendo esta de la potestad de dictar normas generales sin una cobertura legal expresa, determinada y circunscripta en razón de la materia”
”Cuando hablamos de “poder de policía”, nos referimos a la actividad de limitación, extinción, etc. de derechos privados, que se manifiesta a través del poder de legislación mediante leyes y reglamentos que limitan el ejercicio y el contenido de los derechos individuales para hacerlos compatibles con los derechos de otros o con fines de interés público que persigue la comunidad.”.
El poder de policía deviene de una ley formal. La actividad policial, proviene de un acto administrativo, de carácter general o particular, de un acto político o de un acto de gobierno.
24) Expropiación: Indemnización rubros que comprende y rubros excluidos.
La indemnización se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor
La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.
Rubros Excluidos :
No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas. No se pagará lucro cesante.
No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaró afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.
25) Expropiación. Concepto, clases y requisitos.
Concepto: consiste en la apropiación de un bien por el Estado, por razones de utilidad pública, mediante el pago de una justa indemnización.
Entidades autárquicas o empresas del estado.
Particulares y personas jurídicas cuando estuvieran autorizados por la ley o por acto administrativo fundado en ley.
Particulares. Pero el estado nacional puede expropiar también los bines del dominio provincial o municipal.
Utilidad pública (elemento final);
Bien expropiable (elemento objetivo);
Expropiante y expropiado (elemento subjetivo);
Indemnización (elemento material);
Procedimiento y plazo (elemento formal).
Bienes que pueden expropiarse
Se extiende a todos los bienes, cualquiera sea su naturaleza, sean cosas o derechos. Sólo deben ser convenientes para la utilidad pública.
Condiciones de la expropiación:
UTILIDAD PÚBLICA: es todo lo que es conveniente al progreso general del país y lo que procure la satisfacción del bien común.
CALIFICACIÓN POR LEY: la calificación de utilidad pública debe ser hecha por ley del Congreso de las legislaturas locales.
INDEMNIZACIÓN PREVIA: esta debe ser:
Justa: quedan comprendidos los rubros del valor del bien y de las consecuencias directas
Rubros no comprendidos: valor afectivo. Valor panorámico. Valor histórico. El lucro cesante. Ganancias eventuales.
Por Avenimiento: cuando existe acuerdo entre expropiante y expropiado.
Por Vía Judicial: se produce cuando no hay acuerdo. El expropiante promueve la acción judicial de expropiación, cuyo único fin es la fijación del monto indemnizatorio.
La expropiación inversa (o irregular). En la expropiación inversa ocurre que es el titular del bien quien intima al expropiante a que concrete la expropiación. Para que esto ocurra, deben cumplirse las siguientes condiciones:
debe estar vigente la ley de "afectación" del congreso, que declara al bien afectado a utilidad pública.
Que el expropiante todavía no haya iniciado la acción expropiatoria.
Ocupación o perturbación por parte del expropiante en la propiedad del titular.
26) Desarrolle responsabilidad del estado. Evolución histórica
Habrá responsabilidad del Estado cuando los hechos y actos emitidos por sus órganos en ejercicio de sus funcionen ocasionen un daño o perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria.
Para que se opere esa responsabilidad es necesario que se reúnan tres elementos:
Que le sea imputable al Estado
Que ese daño se haya producido por un acto o hecho licito o ilícito
En torno de la responsabilidad del Estado, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación se advierten tres periodos:
en este primer periodo no se admitía la responsabilidad extracontractual del Estado en el plano del Derecho Publico, ya que, basándose en la doctrina de la doble personalidad del Estado, la Corte Suprema sostuvo que este, como poder publico, era irresponsable porque obraba en virtud de su “soberanía”. Además como persona jurídica sostuvo que el Estado solo era responsable contractualmente, pero no extracontractualmente, y finalmente aceptaba la responsabilidad del Estado cuando esta surgía de una ley.
En apoyo de esta opinión, la Corte Suprema de Justicia esgrimía argumentos tomados del derecho civil:
El fondo civilista de la jurisprudencia radicaba en una interpretación estricta y gramatical que impedía ejercer acciones criminales o civiles por indemnización de daño contra las personas jurídicas. De modo , pues, que bastaba que el hecho del agente pudiera configurarse como acto ilícito, para que esta calificación descartara la responsabilidad del Estado.
La corte fundamentaba su opinión también en razones de derecho publico. Partiendo de la distinción clásica entre actos de autoridad o imperio o actos de gestión, considero en algunos casos que una de las razones que pueden inducir a declarar la irresponsabilidad del Estado, es el hecho de que haya actuado como poder publico en ejercicio de soberanía, no estando, por tanto, sometidos en tales casos a las reglas que rigen la responsabilidad en el derecho común.
La Corte Suprema invoco frecuentemente un tercer argumento para sostener la irresponsabilidad del Estado. Según la cual para demandar a la nación era menester la venia legislativa previa, salvo en aquellos casos en que hubiera actuado como persona jurídica
Responsabilidad Subjetiva :
en el segundo periodo, la Corte Suprema, cambiando de criterio, admitió la responsabilidad extracontractual del Estado en el (en el ámbito del derecho publico) en los supuestos de culpa a el imputable.
Hacia 1933 el tribunal modifico su jurisprudencia, condenando a la Nación por el daño derivado de un incendio provocado por la negligencia en que habían incurrido agentes de la Nación, al reparar una línea telegráfica Nacional. En este fallo, la Corte, que invoco las disposiciones de los artículos 1109 y 1113.
En 1937 se admite una demanda contra la Nación basada en el hecho de que un camión del Ministerio de Marina había atropellado a un particular causándole diversos perjuicios, se considero que, no tratándose de un delito, no era aplicable el articulo 43.
La evolución jurisprudencial queda finalmente consumada con el fallo que la corte pronuncio en el caso seguido por el “Ferrocarril Oeste de Buenos Aires c. De la provincia de Buenos Aires”, por daños y perjuicios emergentes de un informe errado del Registro de la Propiedad.
Manteniendo la misma jurisprudencia, la corte ha condenado al Estado a la indemnización de daños y perjuicios en casos de accidentes ocasionados por al imprudencia del empleado que en función oficial dirigía un vehículo. O bien cuando un agente policial, en el ejercicio de su autoridad y en el desempeño de sus funciones, excede los medios racionales y legítimos para realizar la captura de una persona, y le da muerte. Se hace, asimismo, responsable el Estado de los perjuicios resultantes de iejes o decretos que violan la Constitución y lesionan intereses y derechos legítimos de los particulares.
En el tercer periodo( que es el actual) la Corte Suprema, para responsabilizar extracontractualmente al Estado en el ámbito del derecho publico, prescinden de que los daños deriven de un comportamiento ilícito, culposo o doloso, al admitir esa responsabilidad en el supuesto de daños derivados tanto de una conducta ilícita como licita.
Con ello se abre el camino a una concepción objetiva de la antijuridicidad, poniendo de relieve los elementos daño e injusticia por encima del concepto clásico de culpa.
La antijuridicidad del daño s contemplada en sentido objetivo desde el punto de la posición del sujeto dañado, y existirá siempre que el titular del patrimonio dañado no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
La Corte Suprema admite ahora la responsabilidad extracontractual del Estado, tanto en el derecho privado como en el derecho publico, pero siempre tomando en cuenta la relación causal a fin de determinarla.
Criterios de responsabilidad del Estado y jurisprudencia de la Corte en materia de indemnización
Clases o Tipos de Responsabilidad del Estado
Pueden suscitarse diferentes situaciones que originen responsabilidad en el Estado. Así, puede surgir esta obligación de reparar a partir de funciones legislativas, judiciales o administrativas, actividades licitas o ilícitas desarrolladas por el Estado: ya sea en el ámbito contractual o extracontractual, etc.
Los criterios de distinción son:
Por los sujetos de la responsabilidad: la responsabilidad puede ser del Estado o de los agentes o funcionarios de que aquel se sirve. La responsabilidad es del Estado cuando el sujeto responsable es este. Hablamos de responsabilidad del funcionario publico para aludir a las diversas consecuencias jurídicas que pueden serles atribuidas a los agentes por su accionar como órganos del Estado, tanto en ejercicio o con ocasión de sus funciones.
Por los bienes jurídicos que se tutelan : La responsabilidad civil o patrimonial es la única en que puede incurrir el Estado como persona jurídica. Los otros tipos de responsabilidad(la política, la penal y la disciplina) son propias de sus funcionarios.
Por la causa de la responsabilidad : Desde esta perspectiva, se puede establecer una distinción entre la responsabilidad estatal por actividad ilícita y responsabilidad por actividad licita del Estado.
La ilícita es la que asume el Estado de indemnizar los daños que guardan una relación de causalidad adecuada con su actividad antijurídica, es decir, contraria al derecho objetivo.
Al contrario, responsabilidad estatal por responsabilidad licita cuando del ejercicio regular de una función del estado, puede derivar un daño para quien no se halla en la obligación jurídica de soportarlo. De esta forma, todo sacrificio de los derechos particulares realizado por la Administración Publica en el curso de una actividad legitima debe ser compensada mediante una justa reparación, en virtud del principio de intangibilidad del patrimonio.
Por el ámbito de la responsabilidad: (precontractual, contractual, extracontractual) Se habla de una responsabilidad contractual del Estado. La primera nace ante el incumplimiento de una obligación preexistente y voluntariamente asumida, pudiendo distinguirse a su vez la llamada responsabilidad precontractual, que se desarrolla en el ámbito de la preparación de los contractos. Al contrario, la responsabilidad extracontractual del Estado surge por la transgresión del deber legal de no provocar daño a otro
Por la índole de la actividad estatal: (Legislativa, judicial y administrativa) La responsabilidad puede ser legislativa, judicial o administrativa
Perjuicio Especial : Se admite la responsabilidad del Estado cuando una ley perjudica excepcionalmente a unos pocos, y beneficia a la colectividad, generando entonces en el Estado la obligación de indemnizar a aquellos, a fin de restablecer el equilibrio de las cargas publicas.
Enriquecimiento sin causa : si bien una ley no genera responsabilidad del Estado por el hecho de causar un daño, existe de todos modos responsabilidad del Estado si a consecuencia de ello se produce un enriquecimiento sin causa de la administración. Dos condiciones son exigidas para que el daño de lugar a reparación:
1) que el daño sufrido por el administrado corresponda a un enriquecimiento administrativo,
2) que el enriquecimiento del patrimonio administrativo sea sin causa.
La distinción entre responsabilidad directa y responsabilidad indirecta : En el derecho publico, y dada la relación orgánica, se aplica la responsabilidad directa del Estado por el hecho de sus agentes e indirecta por el hecho de sus entes.
Responsabilidad del Estado por omisión: La clave para determinar la falta de servicio y consecuentemente, la procedencia de la responsabilidad estatal por un acto omisivo se encuentra en la configuración o de una omisión antijurídica, la cual se perfila solo cuando sea razonable esperar que el Estado actué en determinado sentido para evitar los daños en la persona o en los bienes de los particulares. Ahora bien, la configuración de dicha omisión antijurídica requiere que el Estado o sus entidades incumplan una obligación legal expresa o implícita. El limite de la responsabilidad esta dado por que se configure por la ocurrencia de los supuestos jurídicos de caso fortuito o fuerza mayor.
Presupuestos de la responsabilidad del Estado son:
Actividad Estatal: debe tratarse de un acto o hecho que sea atribuible al Estado:
Relación de causalidad adecuada: se tratad e determinar si las consecuencias dañosas de esa actividad estatal se siguen necesariamente de ella o si, al contrario, obedecen a otras causas.
Existencia de un daño: perjuicio indemnizable: La indemnización solo comprende el daño patrimonial emergente, sin alcanzar el lucro cesante ni los valores efectivos. Se exige que ese daño que guarda cierta relación de causalidad con la actividad del Estado tenga las siguientes características:
Puede ser actual o futuro, pero tiene que ser cierto, y no meramente eventual, hipotético o conjetural.
Puede ser patrimonial o moral, pero deberá ser siempre susceptible de apreciación pecuniaria económicamente valuable.
La mayor parte de la doctrina entiende que el daño debe ser especial o particular, es decir que afecte a una persona o a un grupo de sujetos determinados o determinables.
27) Principio general del agotamiento de las vías administrativas, el reclamo previo y las excepciones.
La ley establece como principio general el agotamiento de las vías administrativas, es decir, cuando cualquier particular intente cuestionar las decisiones estatales debe hacerlo primero ante la Administración, y solo luego ante el juez. El camino de impugnación ante La administración que es el autor de la conducta objeto de cuestionamiento, es conocido como el instituto del agotamiento de las vías administrativas y es un privilegio del estado de carácter exorbitante. El interesado no puede concurrir ante el juez, si antes no interpuso los recurso o reclamos del caso.
El Estado nacional o sus entidades no pueden ser demandadas judicialmente sin previo reclamo administrativo.
El principio es el agotamiento de las vías administrativas por medio del reclamo administrativo previo.
En otros casos en necesario agotar por medio de otras vías, los actos de alcance particular por recursos administrativo y los actos de alcance general por reclamo.
El reclamo por responsabilidad extracontractual y cuando se trate de repetir lo pagado al estado en virtud de una ejecución o repetir un gravamen pagado indebidamente.
28) RECURSO DE QUEJA Y revisión
RECURSO DE REVISION. Solo comprenden los casos de ilegitimidad.
El acto firme, aquel que no fue impugnado en termino por el interesado, no es susceptible de revisión, salvo revocación por el propio pe, siempre que el acto no fuese estable y por decisión judicial en el marco de un proceso concreto.
La denuncia de ilegitimidad, esto es el recurso extemporáneo interpuesto por el interesado. Por el otro lado el recurso de revisión contra los actos firmes. El recuso procede :
Cuando existan contradicciones en la parte dispositiva o se haya pedido su aclaración. Plazo de 10 días desde la notificación del acto.
Cuando después de dictado el acto, se recobraren o descubrieren documento decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar, por fuerza mayor o por Terceros, de modo que el interesado obró con diligencia pero no pudo presentar oportunamente el documento.
Plazo 30 días a partir de que el particular conoció o recobró los documentos. O desde que ceso la fuerza mayor.
Cuando el acto hubiera sido dictado basándose en documento cuya falsedad se desconocía, o se hubiera conocido después del acto.
Plazo: 30 días desde que se comprobó la falsedad.
Cuando el acto hubiese sido dictado mediando cohecho, prevaricato, fraude, o cualquier otra maquinación fraudulenta.
Plazo 30 días a partir de la constatación de los hechos fraudulentos.
29) RECURSOS EXTEMPORANEOS. LA DENUNCIA DE ILEGITIMIDAD.
Según la Ley de Procedimiento Adminisitrativo si el interesado no interpone los recursos en los plazos previstos luego ya no tiene derecho a hacerlo, si el acto está firme, ya no puede ser revisado ni en sede administrativa, ni en sede judicial.
En la denuncia por ilegitimidad el ejecutivo debe dictar el acto sobre la procedencia del trámite, y luego en caso afirmativo dictar otro acto que resuelve el fondo de la cuestión. En cada caso concreto el ejecutivo decide si se presenta alguna causa que habilita el rechazo preliminar y si no es así resuelve el fondo.
En el marco de los recursos administrativo el interesado puede ir al juez, mientras que el caso de denuncia por ilegitimidad, su único camino es el ejecutivo, sin la posibilidad de revisión judicial ulterior.
El principio es que una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se pierde el derecho a articularlos y la excepción es que luego el interesado puede plantear la denuncia de ilegitimidad, pero con dos salvedades:
La administración solo debe darle trámite si no vulnera el principio de seguridad jurídica, y El particular ya perdió el derecho de recurrir judicialmente.
El rechazo en sede administrativa de una denuncia de ilegitimidad no puede ser objeto de impugnación judicial. El órgano ante el cual se debe interponer, el órgano competente para resolverlo, y el tramite, son los mismos que en el caso de recurso temporaneo respectivo.
Las medidas Cautelares tienen la finalidad de asegurar el Contenido de la setencia.
Verosimilitud en el derecho : quiere decir que el juez para dar lugar a la medida cautelar le basta con que la argumentación/ prueba del solicitante genere la apariencia de existencia del derecho.
Daño Irreparable : es cuando el trascurso del tiempo cambie de forma tal que cuando la sentencia tenga que cumplirse haya un incumplimiento el cual provoque el daño irreparable.
Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados o solicitadas por éstos.
Medidas cautelares dictadas por Juez incompetente.
-Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia.
El juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental.En este caso, ordenada la medida, el juez .
Idoneidad del objeto de la pretensión cautelar.
Previa, simultáneamente o con posterioridad a la interposición de la demanda se podrá solicitar la adopción de las medidas cautelares para asegurar el objeto del proceso.
Caducidad de las medidas cautelares.
Afectación de los recursos y bienes del Estado.
Exención de la contracautela.
Suspensión de los efectos de un acto estatal.
Tutela urgente del interés público comprometido por la interrupción de los servicios públicos.
En los casos que el interés publico este comprometido la administración puede solicitar el levantamiento de la medida cautelar.
Aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Son declarativas por un tiempo por que el estado debe Tenerlo Prespuestado.
El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados- y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable- sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado.
Presentado el petitorio, si la justicia lo estimare procedente en atención a las circunstancias, requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes.
LA INACTIVIDAD FORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN
Es la ausencia de pronunciamiento dentro de un procedimiento administrativo. A la inactividad formal se contrapone la inactividad material, una inacción en el ejercicio de sus competencias generales, que se combate por otras vías administrativas y judiciales vinculadas al derecho sustancial en disputa.
Tradicionalmente las leyes de procedimientos administrativos disponen que el silencio equivale a una respuesta negativa de la administración.
Así el artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos es el que regula el silencio adm.
Quien debe oprimir el gatillo para que esta garantía comience a operar es siempre el particular.
La previsión excepcional que contiene el artículo 10, que sostiene que sólo mediante disposición expresa puede acordarse sentido positivo a la falta de pronunciamiento de la administración, en nuestra práctica administrativa tampoco funciona con la pretendida agilidad imaginada por los bien intencionados legisladores
En este mismo sentido, en el marco de los recursos administrativos, la legislación nacional considera que el sólo transcurso del plazo fijado por las normas procedimentales para su resolución permite tenerlo por denegado y continuar ora el camino recursivo por las instancias superiores dentro de la administración, ora la vía judicial al considerar agotada la vía administrativa.
EL DERECHO A PETICIONAR ANTES LAS AUTORIDADES
El amparo por mora encuentra su sustento básico en el derecho a peticionar a las autoridades:
El artículo 14 de la Constitución Nacional en forma expresa declara el derecho de los ciudadanos a peticionar ante las autoridades. La contracara necesaria de ese derecho es la obligación que tienen las autoridades de dar respuesta a tales pedidos. Y las leyes que reglamentan el ejercicio de tal derecho de petición han regulado en forma puntillosa la manera en que se puede forzar a obtener la respuesta por parte de los poderes públicos.
La Declaración Americana de los Derechos del Hombre dispone: Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.
La LNPA
La LNPA, artículo 1º garantiza el “… f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad: … Derecho a una decisión fundada. …
Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que invoquen un derecho subjetivo o un interés legítimo.
Cabe observar que el amparo por mora es una de las pocas acciones judiciales que en forma directa y expresa faculta al portador de un interés legítimo a ser parte.
La “autoridad administrativa” como sujeto pasivo
El legitimado pasivamente en el amparo por mora es la “autoridad administrativa” en general.
El art. 10 LNPA sostiene que esta herramienta procede cuando :
La autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado.
Debe haber una conducta omisiva o morosa de la autoridad pública, que no contesta en termino à Plazo que excediere de lo razonable.
El Estado nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad autárquica, salvo cuando se trate de un acto de alcance Particular:
cuando se diere el caso de silencio o de Ambiguedad.
cuando la Administración realice una Vía de Hecho.
El acto de alcance general será impugnable por vía judicial:
cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o se diere el silencio de la Administración.
cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias administrativas.
Vencido ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros cuarenta y cinco (45) días, podrá aquél iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios ,sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción.
El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo 120 y 60 días respectivamente.
Los jueces no podrán dar curso a las demandas sin comprobar de oficio en forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos (agotamiento de instancia administrativa o configuración del silencio) y los plazos.
El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando:

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
e contrario
 resolución 
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 artículo 14
 artículo 1
 resolución