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Timestamp: 2017-05-27 20:09:38+00:00

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FRANCISCA UODRA GRlMALT (*)
La expresión inglesa letter of intent, la cual se traduce literalmente como «carta de intenciones», presenta una pro...View MoreLetter o/ intent, carta de intenciones, precontrato
La expresión inglesa letter of intent, la cual se traduce literalmente como «carta de intenciones», presenta una problemática particular. Así, se habla de «cartas de intenciones» como «contratos destinados a normar la fase negociadora y a establecer los recíprocos derechos y deberes de las partes dentro de ella»; también se dice que la «carta de intenciones» es aquel instrumento escrito precontractual, que refleja aCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentLetter o/ intent, carta de intenciones, precontratoFRANCISCA UODRA GRlMALT (*)
La expresión inglesa letter of intent, la cual se traduce literalmente como «carta de intenciones», presenta una problemática particular. Así, se habla de «cartas de intenciones» como «contratos destinados a normar la fase negociadora y a establecer los recíprocos derechos y deberes de las partes dentro de ella»; también se dice que la «carta de intenciones» es aquel instrumento escrito precontractual, que refleja acuerdos preliminares o un entendimiento de una o más partes para un contrato futuro. En consecuencia, bajo la expresión «carta de intenciones» parecen cobijarse diversas figuras (contrato, instrumento precontractual, etc.), por lo que se hace necesario abordar la posible confusión de conceptos fruto de la introducción, en nuestro ordenamiento jurídico, de figuras e interpretaciones extranjeras.
l. Introducción La expresión inglesa letter of intent, la cual se traduce literalmente como «carta de intenciones», presenta una problemática particular, la cual pretendemos abordar someramente en este estudio. Se habla de «cartas de intenciones» como «contratos destinados a normar la fase negociadora y a establecer los recíprocos derechos y deberes de las partes dentro de ella» (1). También se dice que la «carta de intenciones» es aquel instrumento escrito precontractual que refleja acuerdos preliminares o un entendimiento de una o más partes para un contrato futuro (2). Vemos, por tanto, que bajo la expresión «carta de intenciones» parecen cobijarse diversas figuras [contrato, instrumento precontractual, (oo.)], por lo cual nos ha parecido necesario abordar la posible confusión de conceptos fruto de la introducción, en nuestro ordenamiento jurídico, de figuras e interpretaciones extranjeras.
contractuales (3), dentro de los cuales se engloban: los documentos que plasman una invitación a negociar (los cuales nosotros denominaremos cartas de intenciones propiamente dichas), los documentos que reflejan los tratos preliminares llevados a cabo por las partes, es decir, unos documentos bilaterales que contienen el estado de las negociaciones (que llamaremos pactos de intenciones) y, finalmente, acuerdos preliminares vinculantes, es decir, precontratos. Si mantenemos dicha distinción, lo cual intentaremos en las hojas que siguen, evitaremos introducir distorsiones innecesarias en nuestro Derecho contractual producidas por la adopción de figuras extranjeras de difícil encaje en él. Empezamos, por tanto, distinguiendo las dos posibles figuras que pueden englobarse bajo el término letter of intento Éste puede referirse a acuerdos precontractuales (precontractual agreement), los cuales crean obligaciones y responsabilidades contractuales, obligando a negociar un futuro contrato (4); o, por otra parte, a meras cartas o pactos de intenciones (agreement to agree o subject to contract) los cuales indican que el asunto está en fase de negociación, por tanto, es incompleto e inejecutable (5). Se dice que, en éstos, el contrato futuro es más que una mera formalidad; mientras que en los acuerdos precontractuales, el otorgamiento de un contrato posterior es una mera formalidad (6).
Il. Letter o/ intent
l. Concepto En el ámbito del Common I..aw, el término letter of intent hace referencia a toda clase de documentos pre-
(*) Francisca
Llodra Grimalt es Doctora en Derecho. Ayudante de Derecho Civil. Universitat de Les llIes Balears .
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Derecho de los Negocios Iltbril2003
La problemática de las letters of intent surge a causa de que la distinción de cuándo se trata de un precontrato o de un pacto de intenciones no siempre es clara, ya que, como observaremos, fruto de las propuestas internacionales y europeas tendentes a regular el derecho contractual y de la influencia del Comnwn Law en el mundo de las transacciones comerciales, cada vez se difumina más la frontera existente entre una invitación a negociar y una oferta contractual, o entre elementos esenciales y secundarios de contrato; como igualmente ocurre en el ámbito del Common Law, donde «se ha pasado gradualmente de la exigencia de una total conformidad entre la oferta y la demanda, al reconocimiento como contrato del acuerdo sobre los elementos esenciales» (7).
ha de indicar (10). Cuando lo haga, empezará la fase de tratos preliminares, es decir, «los actos que los interesados y sus auxiliares llevan a cabo con el fin de elaborar, discutir y concertar el contrato» (11) que, de culminar con éxito, supondrá la formulación de una oferta contractual vinculante o de un contrato. Por tanto, la carta de intenciones plasma una propuesta de negociación, siendo, por ello, unilateral. Se trata de una invitación a entrar en contacto, dotada de seriedad y con la voluntad de que las negociaciones avancen (12). b) Pacto o acuerdo de intenciones Las letters of intent pueden ser también pactos o acuerdos de intenciones, los cuales son la plasmación por escrito, a efectos probatorios, de las conversaciones que se mantienen durante la negociación contractual. Cuando el contrato constituye operaciones de una cierta envergadura y las partes contratantes necesitan de un período de tiempo para deliberar en orden a llegar a un acuerdo, los tratos preliminares no se limitan a ser meras conversaciones o negociaciones, sino que se plasman en manifestaciones escritas, siendo los pactos de intenciones los documentos precontractuales escritos más frecuentes en las negociaciones de las empresas. Por tanto, estos pactos plasman los tratos previos porque todavía no se quiere concluir el contrato, al no haber acuerdo en todos los aspectos; pero sí se quiere dejar constancia, a efectos probatorios, para el caso de que se produzca una ruptura de negociaciones, del estado de las conversaciones (13). A diferencia de la carta de intenciones, un pacto de intenciones es bilateral y suele estar firmado por ambas partes. No obstante, la firma plasmada en un pacto de intenciones sólo muestra la existencia de un acuerdo de las partes en negociar y en las bases que se han sentado hasta el momento (14). De todo ello, se deriva que los pactos de intenciones reflejan una mayor vinculación que las cartas puesto que, hay un mayor desarrollo de las negociaciones, no obstante, no tienen contenido negocial. Así, señala la STS de 11 de abril de 2000 que, un acuerdo o pacto de intenciones es algo más que unas meras conversaciones pero, «no llega a la categoría jurídica de precontrato ni, desde luego, de contrato». Igualmente, la STS de 3 de junio de 1998 apunta que un documento escrito denominado «compromiso de intenciones» no refleja una voluntad negocial que perfeccione el contrato y señala que, «el acuerdo de intenciones al que han llegado las partes sería demostrativo de un acuerdo entre ellas sobre determinados extremos, que les impediría retractarse, pero han de seguir negociando los restantes hasta la configuración» del contrato proyectado, «sin que su libertad contractual para alcanzar acuerdos posteriores se vea mermada porque se seguiría dentro de la zona de los tratos preliminares, que no obligan a la celebración del contrato por su propia naturaleza». Los pactos de intenciones son constitutivos de un agreement to negociate (acuerdo para negociar) del
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Siendo así, la trascendencia de calificar una letter of intent de una u otra forma adquiere toda su relevancia cuando las partes no llegan a concluir el contrato definitivo, planteándose, entonces, si estamos ante un incumplimiento y, por tanto, en la esfera contractual, o en el campo de la reparación de los perjuicios efectivamente causados, es decir, en el ámbito precontractual (de responsabilidad extracontractual). Dicho de otra forma, se plantea si el «incumplimiento» de una letter of intent debe analizarse en términos contractuales o no (8). 2. Naturalezajurídica A) Letter of intent como documento precontractual a) Carta de intenciones Las letters of intent pueden ser «cartas de intenciones» (agreements to agree), es decir, invitaciones a negociar (9), documentos unilaterales dirigidos a que otros formulen ofertas o a iniciar negociaciones.
a carta de intenciones plasma una propuesta de negociación, siendo, por ello, unilateral. Sin embargo, el pacto de intenciones es bilateral y suele estarfirmado por ambas partes
En este aspecto, se señala que la letter of intent es una propuesta que no puede ser calificada como abierta a la aceptación, es decir, como oferta; sino que, si el receptor quiere continuar negociando, así lo
Derecho de los Negocios I Abril 2003
Letter of inteni, carta de intenciones, precontrato _•.. . _----_-------_
Common Law, en el cual, en nuestra opini6n y remitiéndonos a lo que se señalará más adelante, todavía se está en la fase de tratos previos. e) Documentos precontractuales Planteamiento general y oferta contractual
los contrapuestos intereses que es el acuerdo determinante del consentimiento, cuya suficiencia para la perfección del negocio viene proclamada por el arto 1254 del Código Civil (CC) (...)>>. En atención al elemento interno que informa la voluntad de los futuros contratantes, se observa que, «en los tratos preliminares las partes buscan discutir y elaborar un contenido negocial que quedará plasmado en una oferta que, tras su aceptación, devendrá en contrato, mientras en la formaci6n de una oferta como tal, existe ya la intenci6n de quedar obligado, una vez aceptada, en los términos contenidos en ella» (16). Por tanto, los tratos preliminares tienden a la formación de una oferta y a través de ésta a la formaci6n del contrato, terminándose los tratos cuando se ha conseguido plasmar los términos de una verdadera oferta jurídica (17). Dicho esto, podemos concluir que, para hablar de oferta contractual, han de concurrir dos requisitos. En primer lugar, una oferta debe contener todos los elementos esenciales del contrato de forma que, cuando en los acuerdos que se adopten durante los tratos se hayan incluido todos los elementos de la oferta, cesarán los tratos preliminares (18). En segundo lugar, una oferta contractual supone la intenci6n seria de obligarse por la simple aceptación de la misma, siempre que ésta, como hemos señalado, contenga los elementos esenciales del contrato; no siendo, en consecuencia, necesario, para fijar su contenido, un nuevo acuerdo de las partes después de producida la aceptaci6n. Vistos los dos elementos de una oferta contractual estamos ya en condiciones de observar, en apartados posteriores, como se ha aligerado la interpretación de los mismos, produciéndose una creciente difuminación de la línea divisoria entre una invitaci6n a hacer ofertas y una verdadera oferta contractual. No obstante, antes de adentramos en estas cuestiones, debemos referimos al significado del término «propuesta de celebrar un contrato». Éste ha sido introducido por el arto 14 del Convenio de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías [CV en adelante (19)], cuya dicción parece introducir distorsiones (las que hemos mencionado) en el concepto de oferta contractual. El arto 14 del CV se refiere a la «propuesta de celebrar un contrato» como una figura diferente a la oferta contractual, ya que si fuera 10 mismo utilizaría directamente el término «oferta». Del arto 14 del CV, puede extraerse que una propuesta de celebrar un contrato es algo de menor vinculación que una oferta, puesto que señala que dicha propuesta constituirá una oferta, s610 si la misma se dirige a personas determinadas, es suficientemente precisa e indica la intención de obligarse. De esto, cabe plantear que si una propuesta se dirige a persona determinada y contiene la intención de obligarse, por qué no se la llama oferta. La cuestión está en el requisito de la determi-
Con 10 dicho anteriormente ha quedado claro, a efectos te6ricos, las diferencias entre las figuras mencionadas. No obstante, si en la práctica se confunden los documentos que plasman negociaciones con la oferta contractual vinculante, la cual s610 requiere de la aceptación para crear un contrato, es evidente que la cuestión no es tan fácil de resolver. En relaci6n con las letters of intent precontractuales, los problemas se plantean porque cada vez queda más ensombrecida la distinción entre invitación a negociar y oferta contractual, entre carta de intenciones y oferta.
relación con letters of intent Enprecontractuales,las losvez queda problemas se plantean porque cada más ensombrecida la distinción entre invitación a negociar y oferta contractual, entre carta de intenciones y oferta
- Propuesta de celebrar un contrato, invitaci6n a negociar y oferta contractual Abordamos esta cuestión, tomando como punto de partida el hecho de que la principal y definitiva diferencia que existe entre las conversaciones que se mantienen en la fase previa de un contrato y la oferta contractual es, como señala la STS de 10 de octubre de 1980 (15), que la fase de tratos previos «es distinta de la oferta en cuanto declaración de voluntad de naturaleza recepticia, como tal dirigida al otro sujeto y emitida con un definitivo prop6sito de obligarse si la aceptación se produce, surgiendo en consecuencia el consentimiento por la coincidencia de esas declaraciones de los contratantes en que la oferta y la aceptación consisten, de donde se sigue que encaminados los tratos preliminares a la formación de la primera, desaparecerán una vez cumplida su misión en el momento que en el iter contractual se llegó a formular una proposición final, con todas las notas de una verdadera oferta; (...) realizada la oferta de contrato o propuesta conteniendo los requisitos indispensables al fin proyectado y por consiguiente con todos los elementos necesarios para el futuro contrato (...) el contrato se genera en su perfecci6n con el asentimiento de la otra parte, manifestando su aceptación a los términos en que aquella declaración ha sido hecha por el oferente y alcanzándose, en suma, el in idem placitum o punto de conjunción de
Francisca Llodra Grimalt
nación de los elementos esenciales. Una oferta propiamente dicha tiene totalmente determinados los elementos del contrato al cual se dirige; mientras que, al parecer, una propuesta de celebrar un contrato tiene los elementos esenciales del futuro contrato solamente suficientemente precisados y, sin embargo, puede ser considerada como oferta. De ahí que digamos que los límites que permitían distinguir una invitación a negociar y una oferta contractual van cediendo. Continuando con lo dicho, la dicción del arto 14 del CV introduce una nueva visión de la formación del contrato que, tarde o temprano, se acogerá en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, en la actualidad, la doctrina ha salvado brillantemente la idea a la que conduce la interpretación que hemos hecho. La doctrina ha considerado que la «propuesta de contrato» es un género dentro del cual se encuentra la oferta. Las propuestas de contrato son declaraciones de voluntad de llegar a establecer en lo sucesivo un contrato, que queda diseñado inicialmente en alguno de sus elementos (20). Por tanto, la propuesta de contrato puede ser, por una parte, una oferta si tiene dete~nados los el~mentos esenciales del contrato al que tiende, es decir, si indica las mercaderías, la calidad y el precio (o prevé un sistema para determinarlo) y se hace con una seria intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación (21). Por otra parte, la «propuesta de contrato» constituye únicamente una invitación a hacer ofertas si la misma no es «suficientemente precisa», porque se dirige a persona indeterminada (y el proponente no indica lo contrario) o porque no indica las mercaderías, la calidad o el precio (22). Así, quedan salvados nuestros principios de formación del contrato de las distorsiones que regulaciones internacionales van introduciendo. No obstante, dicha salvación necesitará algo más que interpretaciones doctrinales para conseguir evitar la introducción definitiva de interpretaciones jurídicas extranjeras propiciadas por el comercio internacional. Decimos esto, porque no sólo el CV introduce esta flexibilidad en la determinación de una propuesta para considerarla oferta, sino que también ésta parece ser la línea seguida por las propuestas internacionales tendentes a unificar el Derecho contractual, las cuales, inevitablemente, se introducirán, en un futuro no muy lejano, en nuestro sistema civil. En esta línea, al art. 2.1 de los Principios UNlDROIT (23) exige para hablar de oferta, únicamente: intención de obligarse y definición suficiente de sus elementos. En la misma línea se pronuncian los Principies o/ European Contraet Law [PECL en adelante (24)] en el arto 2:201 al exigir, para que una propuesta sea una oferta, que los términos del contrato estén suficientemente definidos. • El precio como elemento esencial de la oferta contractual El elemento esencial del contrato que, al parecer, no requiere estar totalmente precisado para que una
propuesta de contrato sea considerada «precio».
oferta es el
l elemento esencial del ~·ontrato que, al parecer: no requiere estar totalmente precisado para que una propuesta de contrato sea considerada oferta es el «precio»
En relación con el Derecho Civil español podemos señalar que la jurisprudencia se decanta por considerar (STS de 31 de diciembre de 1998) que no puede entenderse que exista una oferta vinculante si falta la determinación precisa del precio; así que, si el precio no está determinado «nos encontramos ante unos tratos o conversaciones preliminares, sin fuerza vinculante alguna ni eficacia para entender perfeccionado el contrato de compraventa». Sin embargo, la claridad de esta resolución jurisprudencial, entre otras (25), hay que confrontarla con la línea seguida en materia de derecho contractual en el ámbito internacional. En primer lugar, hay que hacer referencia a los arts. 14 Y 55 del CV. El arto 14 indica que para hablar de oferta debe concurrir la intención de obligarse y la precisión en la propuesta, señalando que el precio.es un elemento esencial, de forma que no se perfecciona el contrato si falta determinar el precio. Mientras que, por otro lado, según el arto 5526, un ~ontrato puede ser válido aunque no se haya detenrunado el precio. Esta posible desconexión entre ambos preceptos puede llevar a la idea de que no es necesaria la determinación del elemento precio para hablar de oferta contractual; no obstante, tal interpretación ha sido de nuevo salvada por la doctrina, entendiendo que el arto 14 del CV entra en juego, cuando las partes «han acordado el precio de la transacción expresa o tácitamente o han fijado algún medio para determinarlo». Mientras que, el arto 55 se aplicará cuando no entre el juego el arto 14. Por tanto, «sólo en el caso que de la interpretación de los términos de la oferta, de lo expresado o de la conducta de los contratantes no se pueda derivar la existencia de un precio determinado o determinable o de un precio razonable, habrá que admitir que la celebración del contrato ha fracasado» (27). Sin embargo, del juego de los arts. 14.2 Y 55 del CV se extrae que puede haber una oferta sin señalamiento del precio ya que, «a falta de determinación expresa o tácita del precio en la oferta, existe siempre una referencia realizada implícitamente que se hace a los criterios establecidos en el propio arto 55» (28). A pesar de lo dicho, en el CV, el precio sí es un elemento esencial para hablar de oferta y, por supuesto, de contrato, si atendemos al arto 19 del CV (29) que señala que, la discrepancia en el precio es uno de los elementos que hace que se altere sustancialmente una oferta, por tanto, se trata de un elemento esencial (30).
En segundo lugar, hay que mencionar los Principios UNIDROIT, cuyo arto 5731 permite, también, entender que el precio es cierto apelando a una referencia implícita del mismo o a un precio razonable. Igualmente, el arto 6:104 de los PECL (32) prevé que un contrato pueda formarse sin que se haya fijado un precio, ni se haya establecido un medio de determinarlo, entendiendo que se puede fijar un precio razonable. Al hablar de «razonabilidad» los PECL (33) señalan que ha de entenderse por tal, aquello que las personas actuando de buena fe, en la misma situación que las partes, y atendiendo a la naturaleza del contrato, a las circunstancias de caso y a los usos de tráfico, consideren que es razonable. • La intención de obligarse Para hablar de oferta contractual, debe concurrir también una seria intención de obligarse o, dicho de otra forma, un verdadero consentimiento contractual, claro e inequívoco, como señala la STS de 11 de abril de 1992, «manifestado por actos concluyentes, expresos o tácitos, pero que aflore al exterior después de una deliberada decisión, existiendo el contrato solamente cuando confluyen o se aúnan dos voluntades sobre la cosa y la causa que han de constituirlo» (34). El requisito subjetivo de la oferta, la intención de obligarse, valorado según criterios objetivos, va adquiriendo mayor protagonismo a medida que pierde importancia la necesidad de determinación de los elementos de la oferta contractual. Este hecho también se ha producido en el Common Law, haciéndose énfasis en el lenguaje utilizado en las letters of intent para poder determinar si contienen o no intención contractual (35). Se dice, por una parte, que una letter of intent no será considerada como contractualmente vinculante si las partes expresamente señalan que no tiene fuerza de obligar y los actos posteriores, como el pago del precio, no cambian la intención inicial de la carta (36). No obstante, por otra parte, también se dice que un acuerdo completo puede ser considerado contrato aunque no haya una intención positiva de quedar obligados, si, a través de tests objetivos, se determina que, en circunstancias normales, cualquier persona consideraría que ha quedado obligada (37). En resumen, parece que las partes pueden, por un lado, decidir si un pacto de intenciones es un contrato, aunque no cumpla los demás requisitos legales y, por otro lado, las partes no pueden evitar, a pesar del principio de autonomía de la voluntad, que un pacto de intenciones completo, aunque no conste una intención de obligarse, sea obligatorio si eso es lo razonable. Esta interpretación no puede, en nuestra opinión, tener acogida en nuestro ordenamiento ya que, para que un acuerdo sea vinculante ha de cumplir todos los requisitos necesarios para ello (38) y, aunque sea completo, las partes pueden negarle de común acuerdo eficacia contractual. Otra cosa sería que dicho pacto fuera un precontrato, cumpliendo los requisitos de éste, los cuales veremos más adelante.
En este orden de cosas, debemos referimos al ámbito internacional. En el CV, lo determinante para distinguir si una propuesta de celebrar un contrato es o no una oferta, es la intención del proponente, es decir, la existencia de una auténtica voluntad negocial que además ha de estar indicada en la propia oferta. Esto supone que, «en la declaración de la oferta se encuentre ésta o que, dados los términos en que la oferta se produzca, deba entenderse objetivamente que en ella se encuentra implícita esta voluntad» (39). Por tanto, la existencia de una clara intención de obligarse permite considerar ofertas a aquellas propuestas que no son totalmente precisas, sino que sólo tienen suficiente precisión, lo cual significa que cuentan con un contenido mínimo, la causa del contrato y el precio (40). En la misma línea, el arto 2.1 de los Principios UNIDROIT dice que para que pueda hablarse de «verdadera oferta» ha de haber una seria intención de obligarse de modo definitivo y el arto 4.1 señala que, si la intención de las partes no queda clara, el contrato se interpretará según el significado que, razonablemente, personas en el mismo lugar y circunstancias le hubieran dado (41). Finalmente, el arto 2:101 de los PECL entiende que la intención de las partes de obligarse tiene mayor relevancia que la determinación del precio; por tanto, «si consta, a pesar de la indeterminación del precio, que las partes querían obligarse contraetualmente, no hay ninguna razón evidente para negar el reconocimiento al contrato» y se entiende pactado un precio razonable (42). Igualmente, en los arts. 2:101 y 2:10343, se exige para concluir un contrato, en primer lugar, la intención de obligarse, la cual puede determinarse, según el arto 2: 102, en función de cómo la declaración o la conducta de una parte pueda ser razonablemente entendida por la otra parte; y, en segundo lugar, el alcance de un «acuerdo suficiente» (sufficient agreement), dándose éste si los términos del contrato han sido suficientemente definidos o lo pueden ser con base en los PECL (arts. 1:105,6:102 y 6:104-6:108).
intención determinante Ladeserlalaobligatoriedad de un contrato debe de ambas partes pero no, únicamente, la de una de ellas
En resumen, parece ser que la creencia de una de las partes en que un acuerdo es obligatorio puede ser suficiente para considerarlo como un contrato, si sus elementos esenciales están suficientemente determinados, aunque sepamos que un contrato es, en esencia, la confluencia de dos voluntades (o intenciones). Por tanto, la intención determinante de la obligatoriedad de un contrato debe ser la de ambas partes pero no, únicamente, la de una de ellas. En este
punto, señala la STS de 8 de marzo de 1995 que, en la interpretación del contrato, se ha de tener en cuenta la voluntad bilateral de ambas partes «quedando excluida como regla general la mera voluntad "interna" de cualquiera de ellas o de las dos, que puede servir, no obstante, para concretar aquella común, de modo que la voluntad interna de un contratante no tendrá efectos si, por su declaración o manifestación, el otro, según los usos y buena fe, entendió cosa distinta a aquélla». Por otro lado, entendemos, según la STS de 11 de julio de 1994, que se da un consentimiento tácito, «cuando el sujeto, aun sin exteriorizar de modo directo su querer mediante palabra escrita u oral, adopta una determinada conducta basada en los usos sociales y del tráfico, ha de ser valorada como expresión de la voluntad interna; en definitiva se trata de los hechos excluyentes y como tales inequívocos que sin ser medio directo del interno sentir lo da a conocer sin asomo de duda, de suerte que el consentimiento puede ser tácito cuando del comportamiento de las partes resulta implícita su aquiescencia» .. Lo que ocurre es que, en materia de letters of intent, se han establecido tests objetivos para fijar cuando se produce la intención de obligarse, sin tener en cuenta que, el hecho de que un acuerdo sea incompleto es una clara muestra de que no se ha producido una auténtica voluntad de obligarse, en los términos hasta el momento negociados. Es decir, si un futuro acuerdo está todavía indeterminado, nos preguntamos: ¿A qué se tiene intención de obligarse? B) Letter ofintent como precontrato En el Common Law, se habla de precontractual agreement cuando un acuerdo precontractual fija los términos bajo los cuales se negociará un contrato futuro, de forma que éste deberá contener los términos ya previstos en el precontrato (44). Estos acuerdos precontractuales son, en principio, ejecutables (enforceability), es decir, susceptibles de cumplimiento, puesto que han de contener todos los elementos esenciales del contrato, pudiendo ser los no esenciales suplidos por los tribunales si consta la intención de las partes de crear un contrato (45). De lo dicho, observamos que los acuerdos precontractuales coinciden básicamente con nuestra figura del precontrato, la cual seguidamente analizaremos. No obstante, los acuerdos precontractuales se dividen en dos categorías diferentes y, en nuestra opinión, en una de ellas nos hallamos todavía en el campo de los tratos preliminares. Por una parte, en los acuerdos preliminares obligatorios se habla de agreement with open terms o acuerdo en términos abiertos (46) cuando él mismo establece la mayor parte de las condiciones del contrato y el acuerdo de las partes de sujetarse a éstas, quedando únicamente pendientes de negociar, para llegar al contrato definitivo, algunas cuestiones secundarias, llamadas «abiertas». En estos acuerdos, las partes son, por una parte, responsables de la
imposibilidad de llegar a un acuerdo final si la misma se debe a un incumplimiento del deber de negociar y, por otra parte, están obligadas, en caso de no llegar a un acuerdo final a pesar de seguir negociando, a las condiciones primeras, es decir, al precontrato, y las otras cuestiones serán completadas por el juez. Dicho de otra forma, las partes quedan obligadas a los términos precontractuales incluso si no hay acuerdo en los términos abiertos. Por otra parte, existen los acuerdos preliminares para negociar (agreementsto negotiate) (47) en los cuales no hay condiciones básicas, es decir, precontrato, y las partes deciden continuar la negociación para llegar al acuerdo final. Las partes son responsables del incumplimiento de la obligación de negociar, pero si no llegan a un acuerdo no están obligadas por términos algunos. Es decir, en estos acuerdos hay una obligación de negociar de buena fe que hace que las partes respondan ante un incumplimiento de la misma. Hasta aquí, y extrapolando esta figura a nuestro derecho, observamos que todavía se halla el acuerdo en fase de negociaciones y que si no se llega a un acuerdo final se responde únicamente por los perjuicios causados. Sin embargo, en el Common Law, la consecuencia del incumplinúento de los acuerdos para negociar no siempre es la misma. En algunas ocasiones, los tribunales consideran ejecutables dichos acuerdos (48) y en otras no, en atención a que el deber de negociar de buena fe es demasiado abstracto y sólo cabe la reclamación por el daño efectivamente producido (49). Observamos que, en este aspecto, puede introducirse confusión en nuestro derecho contractual y prueba de ello es la introducción de la figura del precontrato imperfecto. a) Los acuerdos en términos abiertos o precontrato Esta modalidad de acuerdo precontractual coincide con nuestro precontrato (50), propiamente dicho, y tiene, igualmente, sus mismas consecuencias. Partimos en este apartado de la diferencia clara que hay entre tratos preliminares y precontrato, ya que no deben confundirse «aunque la finalidad, tanto en uno como en otro, sea idéntica: preparación de un contrato futuro. Cooperan al cumplimiento de ella de manera diferente; mientras el precontrato obliga a la conclusión del contrato futuro, los tratos no crean entre las partes un vínculo jurídico que les obligue a contratar más tarde, sino que, durante ellos, las partes conservan su libre decisión para avanzar en el camino emprendido o desistir volviéndose atrás» (51). Es importante, por tanto, hacer hincapié en el hecho de que los tratos preliminares «no son vinculantes, en el sentido de que el resultado de ellos no es aún el contrato, sino un esquema meramente hipotético que llegará a ser contrato en cuanto sobre ellos, esto es, sobre cada una de sus cláusulas, recaiga el consentimiento de las partes» (52).
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Letter ~ -.--_. of intent, carta __ _ _
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En relación con el precontrato, hay que señalar que «es un contrato en sí aunque tenga por fin la conclusión de otro contrato» (53). No obstante, el precontrato tiene como nota peculiar «la indeterminación específica de los requisitos esenciales del convenio que los interesados quieren celebrar en definitiva, siendo preciso para conseguir esta finalidad el otorgamiento de un futuro contrato por el cual se completen los requisitos que en el primero quedaron indeterminados» (54). De ahí, que se planteen diversas doctrinas en relación con la determinación de las consecuencias que se aparejan al no otorgamiento del contrato definitivo.
ello no impedirá la existencia de dicho contrato. Además, el propio artículo se refiere en todo momento a estos acuerdos como contratos. Asimismo, añade el artículo que, aunque las partes después no lleguen a un acuerdo sobre las cuestiones abiertas, no se pondrá en duda la existencia del contrato. Por tanto, un acuerdo en términos abiertos vincula como un precontrato y con la consecuencia de que, si posteriormente no se completa, se podrá ejecutar forzosamente, puesto que se trata ya de un contrato. b) Los acuerdos para negociar Hemos dicho, que los acuerdos para negociar son una modalidad de acuerdo precontractual que, en ocasiones, puede ser ejecutable, es decir, puede tratarse de algo más que de un documento que, simplemente, plasma las negociaciones. El motivo de que en el Common Law se prevea que en ocasiones estos acuerdos sean ejecutables, a pesar de no contener los mismos, como si tienen los acuerdos con términos abiertos, un acuerdo en los elementos esenciales, es que los acuerdos para negociar contienen la obligación de negociar de buena fe y, en atención a la importancia de ésta, se considera, en ocasiones, que si no se negocia se podrá ejecutar el acuerdo. Lo que hemos apuntado puede ser de difícil entendimiento desde el prisma de nuestro derecho contractual pues, en él, existe el deber de negociar de buena fe, cualquiera que sea el acuerdo de que se trate, pero, como veremos más adelante, ante la transgresión de este deber prenegocial de buena fe, se reacciona en el campo de la responsabilidad precontractual, pero no del incumplimiento contractual. No obstante, hay que tener en cuenta que la exigencia de negociar de buena fe puede excluirse en el sistema del Common Law (61), con lo cual, cuando se prevé específicamente que las negociaciones se ajustarán a la buena fe o a una cláusula de «mejores esfuerzos» (best efforts) (62), los tribunales consideran que puede tratarse de algo más que unos simples tratos, es decir, que una simple carta de intenciones, y se plantean darles una trascendencia también superior, es decir, su posible ejecución. Dicho esto, hay que concluir, no obstante, que los acuerdos para negociar, en el derecho contractual español, sólo pueden tener cabida en la fase de tratos previos y no como precontratos. Remitimos el desarrollo de esta temática a apartados posteriores. C) Trascendencia de las letters o/ intent: su incumplimiento Según se trate de letters o/ intent como cartas de intenciones o de letters o/ intent como precontrato, y como ya hemos concluido, su trascendencia será diferente. La trascendencia de las cartas y los pactos de intenciones se cifra en que, ante su incumplimiento, se genera responsabilidad precontractual, pues en
l precontrato es un contrato con indeterminación de los requisitos esenciales del convenio definitivo, por lo que es preciso el otorgamiento de un futuro contrato. Existen diversas doctrinas en relación con las consecuencias que apareja el no otorgamiento del contrato definitivo
En un principio, se consideró que la obligación futura de contratar que surge del precontrato (55) era una obligación inejecutable, cuyo incumplimiento producía únicamente «el nacimiento de un deber de indemnizar los daños y perjuicios que con ello se ocasionan a la otra parte» (56). Por tanto, aunque se dijera que se trataba de un contrato, no se le daba, para el caso de su incumplimiento, la sanción adecuada. Frente a esta postura, otra teoría ha considerado que, si el obligado no cumple, el juez puede tener por prestado el consentimiento y sustituirle en el otorgamiento de los documentos necesarios (57). En la actualidad, la jurisprudencia se decanta por esta última postura y considera que el juez puede suplir la voluntad de las partes y otorgar el contrato definitivo (58). En conclusión a este apartado, hay que señalar que la principal diferencia entre el precontrato y las diversas figuras que pueden aparecer en la fase de tratos previos es que un precontrato es ya un contrato porque hay dos voluntades acordes, pero el acuerdo existente entre las partes tiene una pura funci6n preliminar o preparatoria del contrato que en definitiva entre ellas se establecerá o podrá establecerse (59). En el mismo orden de cosas, en el campo de las propuestas internacionales, hay que señalar que el arto 2.1360 de los Principios UNIDROIT se refiere a un «contrato con términos dejados abiertos de forma deliberada», que coincide con la idea que late bajo la figura del precontrato. Señala dicho precepto que, si al concluir un contrato, las partes dejan abiertas algunas cuestiones para determinarlas posteriormente,
ambos casos nos movemos en la fase preliminar, por tanto, de aquí en adelante, usaremos dichas expresiones de forma sinónima para referimos a ambas figuras. En materia de precontrato, como hemos establecido anteriormente, cabe hablar de incumplimiento propiamente dicho al no otorgar una de las partes el contrato posterior y, por tanto, según doctrina mayoritaria, cabe pedir ejecución forzosa.
trate de letters of Según se of intentintenciones intent como carta de o de letters como precontrato, su trascendencia será diferente
a) Incumplimiento Introducción y responsabilidad precontractual
En el sistema del Common Law es difícil fundamentar la. responsabilidad precontractual de las letters of intent porque ni el Restatement of the Law, ni el Uniform Commercial Code (Código de Comercio Uniforme, CCU en adelante), mencionan los deberes inherentes a la buena fe en la fase preliminar. No obstante, en atención a los §§ 1-201 Y 2-103 del CCU que se refieren a la buena fe, se va estableciendo una línea de que las cartas de intenciones no obligatorias desde un prisma contractual (agreement to agree) llevan implícito un deber de proceder de buena fe, de forma que, los contratantes pueden ser responsables por los daños basados en la confianza que han podido infundir a la otra parte (63). Es fácil entender que, si es difícil, en el Common Law, fundamentar la responsabilidad precontractual al no existir el deber general de buena fe, los tribunales hayan acudido al campo contractual para sancionar la transgresión de las cartas o los pactos de intenciones. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico-civil parte de otras bases, por tanto, el acudir a remedios extranjeros cuando el punto de partida no es el mismo puede introducir distorsiones en nuestro ordenamiento. En nuestro derecho, las consecuencias que se pueden derivar de un incumplimiento de una carta de intenciones se sitúan en el campo de la responsabilidad precontractual. La fase de tratos no produce vinculación jurídica alguna, de carácter contractual puro, pero tiene trascendencia en el sentido de que las partes tienen la obligación de comportarse según la buena fe (64). Señala la STS de 20 de abril de 1993 que los acuerdos adoptados en orden a la celebración de un futuro contrato «no pueden tener otra consideración que la de actos preparatorios del contrato, de los cuales no surge acción para la otra parte por la que pueda exigir su cumplimiento». Dicho esto, podemos añadir que es conceptualmente inadecuado hablar de incumplimiento de pactos de intenciones, ya que nos hallamos todavía en la
fase de preparación de un contrato, el cual no ha llegado a celebrarse porque las partes han roto sus negociaciones. Por tanto, no es viable hablar de incumplir en términos similares al incumplimiento contractual, puesto que para incumplir debe haberse fijado una prestación debida y en la fase preliminar todavía no hay contrato. Así que, la única trascendencia, que no es poca, que los pactos de intenciones pueden tener es no conseguir el fin al que se destinan, es decir, la celebración del contrato. La frustración de este fin puede deberse al hecho de que las partes de mutuo acuerdo decidan no continuar negociando, opción esta que no plantea problemas; o al hecho de que sólo una de las partes decida no seguir negociando. Es en este caso, en el cual se plantea qué vinculación supone la existencia de un pacto de intenciones. Podemos concluir, en resumen, que no se genera responsabilidad por el incumplimiento de la carta de intenciones, sino sólo responsabilidad precontractual (por ruptura injustificada de tratos previos); ya que, el incumplimiento se predica únicamente en relación con los contratos. Articulación de la responsabilidad precontractual
La teoría de la responsabilidad precontractual proviene de la teoría de la culpa in contrahendo de IHERING. Se habla de la responsabilidad precontractual al aplicar la doctrina de la culpa a la situación que se crea entre los diversos interesados que actúan para elaborar un contrato (65). En la actualidad, por la culpa in contrahendo se hace responsable a quien en la fase precontractual ha realizado un comportamiento lesivo y contrario a los imperativos de la buena fe entendida en sentido objetivo (66) y se trata de una responsabilidad precontractual «porque, no formándose contrato, la raíz de la responsabilidad no puede buscarse en el contrato, sino en la transgresión de un deber extraño y anterior al contrato» (67). La doctrina y jurisprudencia españolas han acudido para situar la responsabilidad precontractual al arto 1902 ya la responsabilidad extracontractual (68). Se considera que el fundamento de la responsabilidad preliminar es la responsabilidad extracontractual del arto 1902 del CC porque permite limitar la exigibilidad de indemnización sólo a los casos en que resulte realmente justificada (69). Además, se aportan otros argumentos. En primer lugar, se dice que la injustificaci6n de la retirada de las negociaciones cuando podía esperarse la conclusión de un acuerdo supone una actuación abusiva que puede encuadrarse dentro del ámbito del arto 1902 del Cc. En segundo lugar, se señala que la posibilidad de retirarse de los tratos no es un derecho subjetivo, sino que es simplemente reflejo de la libertad contractual (70). En tercer lugar. puede decirse que es muy relevante a la hora de fundamen-
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tar el encasillamiento de la responsabilidad precontractual en la extracontractual, el hecho de que se cuenta «con una noción general del ilícito civil, sin tipicidad del daño, suficientemente amplia como para albergar las diferentes violaciones del deber alterum non laedere» (71). No obstante lo dicho, se sigue planteando, en relación con la responsabilidad precontractual, su posible incardinación en la responsabilidad contractual. Alguna doctrina (72), partiendo de la existencia de una relación jurídica sui generis, llamada relación contractual de carácter preparatorio o relación derivada de un contacto social, es decir, del hecho de que «ponerse en contacto dos personas a fin de negociar la conclusión de un contrato, establece entre ellas una cierta conexión y crea un estado de recíproca confianza que no debe ser defraudada, pues una y otra se deben un mínimo de lealtad en los tratos»; y de que responsabilidad precontractual no se basa en la violación del deber genérico alterum non laedere, dice que «el deber de comportarse según la buena fe en el período formativo del contrato implica un verdadero deber inter partes y no un deber absoluto frente a todos, lo cual explica que los daños derivados de su incumplimiento generen responsabilidad contractual» (73). Igualmente, se dice que la responsabilidad precontractual exige reglas propias porque «su base inmediata en la buena fe, de contenido idéntico a la contractual, la alejan de la responsabilidad por hecho ilícito, manifestación genérica del alterum non laedere. De otro lado, la obligación de indemnizar in contrahendo tiene su base en el quebrantamiento de la confianza, en el dolo, engaño o deslealtad de las partes en los actos preparatorios del negocio, no en una relación jurídica contractual» (74). Al respecto de considerar la responsabilidad precontractual como reconducible a las reglas de la contractual se ha dicho, reiterando lo ya expuesto, que tal responsabilidad no podría ser nunca contractual, porque no hay ninguna vinculación de tal carácter y nos encontramos ante un caso de culpa aquiliana derivada de un ilícito civil (75). En el mismo orden de cosas, ASÚA (76) señala que, «la previa existencia de una relación en virtud de la cual hay un programa de actuación que las partes deben seguir» es el dato decisivo para que intervenga el arto 1101; por tanto, «se admite que el arto 1101 no sólo se refiere al incumplimiento o mal cumplimiento de lo que se debe en virtud de un contrato sino también de aquellas prestaciones que tengan su origen en cualquier otra causa que ponga en relación directa a acreedor o deudor». No obstante, el inconveniente al argumento que permite incluir los casos de responsabilidad precontractual en el arto 1101 del CC pasa por señalar, que todo el contenido de la relación obligatoria está por determinar y a reserva de su fijación tras un juicio de buena fe. Por esto, la exis-
tencia únicamente de una relación obligatoria cuyo contenido es comportarse de acuerdo a un parámetro general y objetivo, pero indeterminado, «nos acerca al campo que sanciona la causación de daño a cualquier sujeto de la colectividad, es decir el extracontractual» (77). Los daños producidos en la celebración del contrato «no pueden ser exigidos sobre la base de los arts. 1101 y ss., que implican una obligación en cuyo cumplimiento se causen, ya que mientras no haya aceptación, el contrato y las obligaciones que de él se derivan, no han surgido» (78). A los argumentos contrarios a la incardinación de la responsabilidad precontractual en el ámbito contractual, podemos añadir uno más, basado en la esencia misma de la responsabilidad contractual. La idea central de la responsabilidad contractual es la tutela del crédito y esto implica la afirmación de la responsabilidad como consecuencia inmediata del incumplimiento (79). Por tanto, para poder hablar de responsabilidad contractual debe darse primero un incumplimiento y éste no se produce por la ruptura de las negociaciones porque todavía no hay obligación contractual, entendida como la relación jurídica que hay entre los titulares de dos posiciones jurídicas subjetivas, el crédito y la deuda, que gira alrededor de una conducta humana jurídicamente debida (80). El incumplimiento es una noción jurídica, referida a la eficacia extintiva de la conducta calificada de cumplimiento de la obligación, por tanto, hay incumplimiento cuando, dada la infracción, no se produce la extinción prevista de la obligación (81). No puede hablarse de incumplimiento porque, de igual forma, en el supuesto contrario, tampoco podría hablarse de cumplimiento de la relación precontractual, siendo dicho cumplimiento la conducta de seguir negociando, pero no la consecución de un contrato. En la fase preparatoria existe una obligación precontractual, la de comportarse de buena fe, no obstante la misma no tiene carácter patrimonial y es abstracta. En resumen, la obligación precontractual se basa en la obligación de reparar el perjuicio causado a consecuencia de haberse roto las conversaciones preliminares (82). Podemos concluir, que la responsabilidad precontractual no puede articularse como contractual y que, en el Derecho español, la misma se basa en el principio general de buena fe ya que, al relacionarse, las partes asumen el deber de comportarse de buena fe. Asimismo, no sería necesario la concurrencia de culpa para derivar responsabilidad por ruptura injustificada de negociaciones (83). • Breve referencia al deber de buena fe precontractual La exigencia de responsabilidad precontractual se articula sobre la existencia, en nuestro derecho, del principio general de buena fe, el cual exige una actuación, tanto en la fase de preparación de un contrato, como en la fase de conclusión y ejecución del mismo, ajustada al deber de comportamiento honra-
do y justo, es decir, al deber de comportarse con lealtad.
Lprecontractual
a exigencia de responsabilidad se articula sobre la existencia del principio general de buena fe, que exige una actuación, tanto en la fase de preparación como en la de conclusión y ejecución, ajustada al deber de comportamiento honrado y justo
negociación leal» (89). En los PECL las manifestaciones concretas del principio de buena fe se encuentran en el deber de colaboración de ambas partes en la ejecución del contrato [arts. 1:201 y 1:202 (90)] y en el recurso a la buena fe y al trato leal como hilo conductor de la aplicación, la interpretación y el perfeccionamiento de dichos Principios [arto 1: 106 (91)]. Igualmente, se han pronunciado los Principios UNIDROIT en el arto 71 (92). Además, ambas propuestas de regulación han recogido expresamente el deber precontractual de negociar de buena fe, al sancionar la mala fe en las negociaciones, en los arts. 2.14 UNIDROIT y 2:301 de los PECL, con una redacción muy parecida (93). • La responsabilidad de negociaciones por ruptura injustificada
En el principio general de buena fe, ésta «engendra una norma jurídica completa, que, además, se eleva a la categoría o al rango de un principio general del derecho: todas las personas, todos los miembros de una comunidad jurídica deben comportarse de buena fe en sus recíprocas relaciones» (84). Se trata de la buena fe en este sentido objetivo de los arts. 7.1 Y 1258 del cc. En el arto 1258, la invocación de la buena fe, como hecho generador de consecuencias, aparece enunciado como un deber de comportamiento, equivalente a lo que se denomina comúnmente buena fe objetiva, que constituye un criterio de valoración del obrar (85). Por otra parte, el arto 7.1, como señala el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de ley el Texto Articulado del Título Preliminar del Código Civil, proclama el principio del ejercicio de los derechos conforme a la buena fe (86). La buena fe in contrahendo «significa uncomportamiento leal en las relaciones sociales, causa justificativa de la confianza y, al mismo tiempo, exigencia imprescindible en la conducta preparatoria del negocio. Las partes tienen la obligación de comportarse según la buena fe en el sentido de que a ellas incumbe la carga de una lealtad recíproca de conducta socialmente valorable y exigible» (87). El deber de buenafe precontractual o concretado en la fase de negociación «exige de los contratantes una cierta cooperación ya desde antes del intercambio de consentimiento»; de tal forma que, «si uno de los contratantes se encuentra en la imposibilidad de informarse, la buena fe obliga al otro a instruirle de los hechos que conoce» (88). En conclusión, en nuestro derecho, está establecido el deber de buena fe en la fase preliminar. Asimismo, dicha idea encuentra también acogida en las propuestas internacionales de regulación del derecho contractual. En los PECL queda plasmada la cláusula general de buena fe que establece que, «en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, cada parte contractual debe comportarse de acuerdo con los mandatos de la buena fe y la
Cuando «durante los tratos preliminares una de las partes hace surgir en la otra la razonable confianza de que el contrato que se negocia será concluido y, posteriormente, interrumpe dichas negociaciones sin que exista un justo motivo, está obligada a resarcir los daños que la otra parte sufra como consecuencia de dicha ruptura» (94). La misma responsabilidad se genera por la revocación de la oferta si se ocasiona un daño al destinatario, porque lesiona intereses de quien quería aceptarla o defrauda legítimas expectativas apoyadas en el principio de confianza (95).
n la responsabilidad extracontractual por ruptura de negociaciones deben concurrir tres elementos: la situación de confianza, la injustificacián de la ruptura y la producción de daño, debiendo relacionarse necesariamente dicho daño con la confianza
De lo dicho, se extrae que en la responsabilidad precontractual por ruptura de negociaciones deben concurrir tres elementos. En primer lugar, la situación de confianza que se crea cuando «las conversaciones han experimentado un cierto grado de desarrollo y se encuentran ya avanzadas» (96). Dicho de otra forma, incurren en esta responsabilidad quienes hayan alentado el comienzo o la continuación de gastos, «creando en las personas que los realizan un estado de ánimo de confianza en la trascendencia de las negociaciones y la fundada esperanza de que por su transcurso obtendrá unos resultados con los que compensar los desembolsos o actividades que realice, o que si el éxito no las corona se deberá a la imposibilidad de llegar a unos acuerdos dada la incompatibilidad de las posturas respectivas de las partes negociadoras» (97). Nos estamos refiriendo a la confianza «suscitada por unos hechos concluyentes de
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Letter of intent, carta de intenciones, precontrato . _.__ -.._--_ __ ...................................................•• -
una de las partes en las negociaciones, pues es provocada por actos o actitudes que se consideran vinculantes para la persona que los lleva a cabo» (98). En segundo lugar, la ruptura debe tener un carácter injustificado, el cual se valorará poniendo en relación la causa de la ruptura con los deberes de buena fe y de lealtad y con aquello que razonablemente pueda esperarse de personas colocadas en una situación semejante (99). Por tanto, se atenderá, en cada caso concreto, a la actuación de las partes durante todo el desarrollo de las negociaciones y se valorará la obligación de una conducta leal y de una información recíproca suficiente, la obligación de actuar con la intención de llegar a un acuerdo y la obligación de comportarse de modo que no lesione los intereses ajenos sin.la justificación de la legítima defensa de los propios (100). Finalmente y en tercer lugar, debe producirse un daño y una relación entre el daño y la confianza. b) Incumplimiento y responsabilidad llamado precontrato imperfecto contractual: el
con la misma intensidad que en el precontrato "perfecto", sólo que se añade una obligación accesoria e instrumental consistente en dotarle previamente del igualmente querido grado de determinación». Las partes han llegado a un punto de acuerdo suficiente para obligarse pero no para iniciar la ejecución (104). Esta figura, la del precontrato imperfecto, haría referencia a lo que se ha llamado «la contractualización del régimen jurídico de la fase de negociaciones», de ahí, que se haya hablado, como hemos señalado al iniciar este trabajo, de los acuerdos de intenciones como «contratos destinados a normar la fase negociadora y a establecer los recíprocos derechos y deberes de las partes dentro de ella», en los cuales el fundamento de la responsabilidad precontractual que generen será, según alguna doctrina, de carácter contractual (105). No obstante, la responsabilidad no sería puramente contractual porque las diferencias entre precontrato perfecto e imperfecto se hallan en que, en el segundo, no es posible la ejecución in natura, sino s610 la indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, ésta, a diferencia de la fase de tratos preliminares, cubrirá no sólo el interés negativo (el daño sufrido por haber seguido negociando e incurriendo en gastos), sino también «una indemnización por el valor del beneficio que se esperaba obtener del contrato definitivo» (el llamado interés positivo) (106). Asimismo, algunos autores dan un paso más, y consideran que también cabría ejecución in natura porque, «más allá del contenido principal del contrato, nada hay de infungible en la voluntad de los contratantes; al contrario, es terreno en el que el juez está obligado a suplir constructivamente los déficits que presente el documento contractual [...]. Cuestión diferente es que deba ser función del juez proceder a la redacción del contrato per se, es decir, no por que sea tarea precisa para dirimir, por ejemplo, un pleito sobre incumplimiento» (107). Esta teoría del precontrato imperfecto se asemeja (o es una traducción) a una corriente jurisprudencial del ámbito del Common Law basada en dos principios. En primer lugar, en la consideración de que el hecho de que las partes en un acuerdo precontractual contemplen la necesidad de un acuerdo formal para ser obligatorio, no convierte a dicho acuerdo en meras negociaciones, si está claro que el contrato final está totalmente basado en los términos del primero. Igualmente, «aunque las partes intenten que un acuerdo preliminar tenga el valor de un contrato, deberá estar perfeccionado en todos sus elementos esenciales» (108). En segundo lugar, en la idea de que las partes pueden declarar que las negociaciones no les vinculan hasta que lleguen al acuerdo final, de forma que éste es una condición para que el primero pueda ejecutarse, no hay contrato a menos que se otorgue el definitivo (109). Estos dos principios se reconducen a la idea de que si las partes quieren que el acuerdo se condicio-
Concluiremos este trabajo haciendo referencia a la posibilidad, ya apuntada, de que los acuerdos diamantes de los tratos previos (agreements to negociate) tengan mayor trascendencia que la de engendrar responsabilidad precontractual. En esta línea, alguna doctrina se ha referido a una figura precontractual que tendría una eficacia intermedia entre el precontrato y la carta o pacto de intenciones. Se trataría, en nuestra opinión, de la adaptación a nuestro derecho, de aquellos casos de agreements to negociate en los cuales los tribunales del Common Law han considerado que puede haber ejecutoriedad de lo acordado o, por lo menos, dan lugar a una indemnización por daños y perjuicios propia del incumplimiento contractual, que comprenda el interés negativo y el positivo (101). Dicha doctrina se refiere a esta figura como precontrato imperfecto y sería «aquel que, teniendo suficientemente determinado su "objeto principal", remite a un momento posterior (la firma del contrato definitivo) la fijación de ciertos extremos, el perfilado de la redacción del contrato» (102). Más concretamente, se dice que el llamado precontrato imperfecto se diferencia del pacto de intenciones, «en que los precontratantes se sienten firmemente vinculados, al no concebir la posterior fijación del tenor del contrato definitivo como la oportunidad para continuar unas negociaciones que han quedado abiertas sino como la manera de dotar al contrato definitivo de una certeza tal que reduzca, para la fase de su cumplimiento, la inseguridad que se derivaría de su somera redacción» (103). Por otro lado, el llamado precontrato imperfecto se diferencia del precontrato perfecto por el hecho de que «las partes han excluido la posibilidad de quedar definitivamente obligados con el grado de indeterminación que todavía tiene el objeto del contrato». En el precontrato imperfecto, «el contrato definitivo es querido
ne a un acuerdo posterior, se respeta su intención incluso si el documento precontractual es completo. No obstante, cuando es así, es decir, cuando todos los elementos esenciales del contrato están en el acuerdo preliminar, el hecho de que las partes 10 condicionen a un contrato posterior no impide la naturaleza obligatoria del acuerdo preliminar (110). En resumen, cuando un acuerdo precontractual es completo, a pesar de la voluntad contraria y expresa de las partes, se considera que tiene vinculación contractual, es decir, se considera que se trata de un precontrato. Por tanto, cuando el acuerdo precontractual no es completo (precontrato imperfecto), puede condicionarse su otorgamiento y se respeta la intención de las partes; de forma que, el acuerdo no será obligatorio si no se cumple la condición. Igualmente, la idea del precontrato imperfecto nos acerca a la teoría que, sobre la naturaleza jurídica del precontrato, consideró que éste puede ser una figura más amplia, en el sentido de serIo todo «contrato preparatorio, consensual, bilateral y atípico o general, en virtud del cual las partes sientan las líneas básicas de un contrato específico y contraen la obligación de desenvolverIas o desarrollarlas en 10 futuro, a fin de que aquel último quede en definitiva completo y concluso» (111). Así, «en el precontrato existe todo el contrato principal o definitivo, pero sólo en germen, en síntesis, en sus directrices o elementos básicos. El llamado contrato futuro es el mismo precontrato, pero desenvuelto, completado, desarrollado» (112). Las partes no se obligan a un facere sino a cooperar, completar o desenvolver las bases sentadas en el precontrato mismo y cuando alguna de las partes se niega a actuar, «el Juez sustituye la actividad ajena únicamente en el sentido de obtener por la actividad propia el resultado jurídico y económico que, por 10 regular, se hubiera obtenido mediante la actividad del mismo obligado. La voluntad contractual ya se emitió y existe condensada en el precontrato, de modo que sólo falta desarrollar aquella actividad necesaria para dejar las cosas completas y en disposición de poder lograr las partes el resultado práctico o empírico querido al precontratar» (113). Por tanto, unos mismos hechos pueden ser interpretados de varias formas según se deduzca cuál era la voluntad de las partes (posición realista). Éstas pueden querer que el juez supla la voluntad del contratante contrario al otorgamiento, o que el contrato de promesa se entienda puesto en vigor como contrato definitivo en un determinado momento, o que la voluntad individual sea infungible y la negativa a declararla se solvente con una indemnización de daños y perjuicios. Cabe, por tanto, distinguir entre la promesa de contrato futuro con voluntad actual infungible y la de contrato preparatorio con voluntad fungible. Así, el problema se reconduce a una cuestión de interpretación de la concreta composición de intereses establecida por las partes en el precontrato (114). Esta teoría presenta dos dificultades (115) que son aplicables también a la figura del precontrato
imperfecto. Por una parte, en esta figura las partes se obligan a negociar y todavía no existe una obligación contractualmente asumida, como en el precontrato. Por otra parte, se plantea qué hay que entender por colaboración y bases del contrato ya que, si éstas son suficientes sólo faltará ponerlas en vigor y ejecutarlas, pero no desarrollarlas. Mientras que, si éstas son incompletas, no bastará para desenvolverIas una simple colaboración, sino nuevos acuerdos.
l precontrato imperfecto es una figura que por sus características propias bien puede considerarse autónomo e independiente de otras como los pactos de intenciones y el precontrato
De todo lo expuesto puede deducirse que el precontrato imperfecto es una figura caracterizada por dos aspectos, los cuales, al parecer, permiten su autonomía y separación de los pactos de intenciones y el precontrato en sí. En primer lugar, se dice que ya no estamos en la fase de tratos previos, sino en una fase de mayor vinculación porque la intención de las partes es quedar obligados con dicho acuerdo, por imperfecto que sea (116). Es decir, y remitiéndonos a un apartado anterior, la intención de las partes, deducida de ciertas circunstancias, es 10 principal para considerar perfeccionado como contrato un acuerdo para negociar. Y, en segundo lugar, es fundamental para no considerar que estamos ante un precontrato el hecho de que las partes han condicionado el acuerdo, de forma que, no desean que sea obligatorio todavía, sino hasta que se determine todo el contenido, es decir, éste únicamente está suficientemente determinado. En resumen, el acuerdo es incompleto pero, del hecho de que las partes negocien de buena fe, llegando a puntos de acuerdo, que es lo propio que se hace en la fase de tratos previos, se extrae una intención de obligarse con base en dichos términos, por definición «no definitivos»; cuando la interpretación debería ser la contraria. Es decir, si las partes, en unas negociaciones detalladas, no llegan al acuerdo definitivo, debe entenderse que éste no es posible en los términos hasta el momento fijados, es decir, que no hay intención de obligarse en dichas condiciones puesto que, de no ser así, habrían perfeccionado ya el contrato. Por tanto, en aras al mayor respeto posible al principio de autorregulación de los propios intereses, pilar de nuestro derecho contractual, debemos aceptar la posibilidad de que las partes se retiren de las negociaciones por avanzadas que estén y situar los perjuicios que se hayan causado en el plano de la responsabilidad meramente precontractual. En conclusión, puede extraerse que, en realidad, para que el precontrato imperfecto sea obligatorio
Letter __of__ intent, carta de inten~.~.?l!.~~~P~~.~.?~~~~t_? _ -.---_ _---_._._-----_
debe cumplir los requisitos que se exigen a un precontrato. Es decir, es claramente un precontrato, cuando los trámites posteriores son meras formalidades que puede suplir el juez y cabe, por tanto, la ejecución forzosa, o es solamente un pacto de intenciones cuando faltan más puntos por perfilar y éste es, en nuestra opinión, una figura de la fase preliminar.
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9 de julio de 1940 (Ar. 691) 19 de junio de 1950 (Ar. 1028) 21 de diciembre de 1955 (Ar. 232) 2 de febrero de 1960 (Ar. 456) 9 de diciembre de 1963 (Ar. 5219) 29 de enero de 1965 (Ar. 262) 26 de marzo de 1965 (Ar. 1481)
STS de 16 de octubre de 1965 (Ar. 4468) STS de 27 de enero de 1977 (Ar. 121) STS de 24 de mayo de 1977 (Ar. 2138) STS de 3 de octubre de 1977 (Ar. 3638) STS de 16 de noviembre de 1979 (Ar. 3850) STS de 5 de enero de 1980 (Ar. 19) STS de 10 de octubre de 1980 (Ar. 3623) STS de 8 de julio de 1981 (Ar. 3053) STS de 5 de julio de 1985 (Ar. 3642) STS de 17 de enero de 1986 (Ar. 105) STS de 7 de junio de 1986 (Ar. 3296) STS de 28 de noviembre de 1986 (Ar. 6785) STS de 11 de marzo de 1988 (Ar. 1958) STS de 16 de mayo de 1988 (Ar. 4308) STS de 13 de diciembre de 1989 (Ar. 8824) STS de 23 de marzo de 1990 (Ar. 1722) STS de 4 de febrero de 1991 (Ar. 704) STS de 4 de julio de 1991 (El Derecho 7251) STS de 3 de marzo de 1992 (Ar. 2156) STS de 11 de abril de 1992 (Ar. 3093) STS de 20 de noviembre de 1992 (Ar. 9421) STS de 26 de marzo de 1993 (Ar. 2395) STS de 12 de abril de 1993 (Ar. 2996) STS de 20 de abril de 1993 (Ar. 3104) STS de 25 de junio de 1993 (Ar. 5384) STS de 26 de febrero de 1994 (Ar. 1198) STS de 8 de junio de 1994 (Ar. 4905) STS de15 de junio de 1994 (Ar. 4923) STS de 11 de julio de 1994 (Ar. 6388) STS de 19 de julio de 1994 (Ar. 6698) STS de 8 de marzo de 1995 (Ar. 2154) STS de 13 de noviembre de 1995 (Ar. 8601) STS de 23 de diciembre de 1995 (Ar. 9396) STS de 8 de febrero de 1996 (Ar. 864) STS de 15 de febrero de 1996 (Ar. 1406) STS de 10 de junio de 1996 (Ar. 4754) STS de 29 de julio de 1996 (Ar. 6408) STS de 12 de febrero de 1997 (El Derecho 3732) STS de 3 de junio de 1998 (Ar. 3715) STS de 24 de julio de 1998 (Ar. 6393) STS de 26 de noviembre de 1998 (El Derecho 38345) STS de 16 de diciembre de 1998 (Ar. 1234) STS de 31 de diciembre de 1998 (Ar. 9772) STS de 14 de junio de 1999 (Ar. 4105) SSTS de 16 de diciembre de 1999 (Ar. 8979) STS de 28 de enero de 2000 (El Derecho 512) STS de 11 de abril de 2000 (La Ley, núm. 6351) STS de 30 de marzo de 2001 (La Ley, núm. 771) STS de 20 de abril de 2001 (La Ley, núm. 838)
NOTAS (1) DÍEZ-PICAZO: Fundamentos ...• pág. 280. En adelante. las referencias bibliográficas a pie de página se harán indican-
do el primer apellido del autor, el título abreviado y la página citada. Al final del artículo. en el apartado m. se encuentra una bibliografía con la referencia completa a las obras citadas.
Letter of inteni, carta de intenciones,_---_ precontrato . __ _ .._ ..__ _ __ .._ _ -.--_
LAKE Y DRAEITA: Letters ... , págs. 5-6. FURMSTON: Contract formation ... , pág. 144. LAKE Y DRAEITA: op. cit., pág. 59. En esta línea, señala TREITEL que estos términos se utilizan para negar la eficacia contractual a un acuerdo y para indicar que las partes no quedarán vinculadas hasta que se produzca el contrato formal. Vuf. The Law ... , pág. 151. También ver MCGUINESS: The effects ... , pág. 6; y LAKE y DRAEITA: op. cit., págs. 60-61 y págs. 94-95. LAKE Y DRAEITA: op. cit., págs. 68-69 y FURMSTON: op. cit., pág. 197. VIGURI: Las tratos preliminares ... , pág. 57. BALL: Work carried out ... , pág. 572. LAKE Y DRAEITA: op. cit., pág. 88. MCGUINESS: op. cit., pág. 3. DÍEZ-PICAZO: op. cit., págs. 267 y 270. La jurisprudencia del TS se ha referido a dicha figura señalando que con ella las futuras partes contractuales, normalmente las grandes empresas, toman contacto. Vid. SSTS de 4 de julio de 1991 (El Derecho 7251), de 19 de julio de 1994 (Ar. 6698) y de 3 de junio de 1998 (Ar. 3715). LAKE Y DRAEITA: op. cit., pág. 16. Asimismo, señala ALONSO (La responsabilidad ... , pág. 867) que no hay inconveniente en que los tratos se consignen por escrito, pero este documento «sólo vale como prueba de que existieron, y puede servir de orientación para la interpretación del contrato. En ningún caso revelan un contenido negocial». En esta cuestión, la STS de 23 de marzo de 1990 (Ar. 1722) seilala que no puede considerarse consentimiento «la consignación de una firma después de un texto sin explicación de sus términos, conceptos y extensión de una obligación convenida que ordinariamente se requiere para poder apreciar debidamente su alcance el que la contrae». También vid. STS de 19 de junio de 1950. RAJ núm. 3623. También SSTS de 7 de junio de 1986 (Ar. 3296), de 28 de noviembre de 1986 (Ar. 6785), de 11 de marzo de 1988 (Ar. 1958), de 13 de diciembre de 1989 (Ar. 8824), de 20 de noviembre de 1992 (Ar. 9421), de 12 de abril de 1993 (Ar. 2996), de 20 de abril de 1993 (Ar. 3104), de 26 de febrero de 1994 (Ar. 1198), de 15 de junio de 1994 (Ar. 4923), de 15 de febrero de 1996 (Ar. 1406), de 10 de junio de 1996 (Ar. 4754), de 16 de diciembre de 1998 [(Ar. 1234) comentada por ALBIEZ en CCJC núm. 50/99, págs. 693-713], de 31 de diciembre de 1998 (Ar. 9772) y de 28 de enero de 2000 [(El Derecho 512) comentada por FERNÁNDEZ MASIÁ, en CCJC, núm. 53/00, págs. 673-689]. LOBATO: Consideraciones sobre ... , págs. 572-573. MORENO: La oferta ... , pág. 120 Y págs. 122-123. En realidad, los tratos previos no finalizan con la formulación de una oferta, sino con la formación del contrato que es a lo que tienden. Por tanto, con la manifestación de la oferta termina la fase de tratos preliminares siempre que dicha oferta sea aceptada tal cual, ya que, si es contraofertada continúan las negociaciones (MORENO: op. cit." pág. 120). En contra, LOBATO considera que desde la formación progresiva del contrato la oferta forma parte de los tratos preliminares, constituyendo un trato preliminar, específico y con efectos típicos y peculiares si se quiere, pero integrante de la fase de tratos previos. Vid. LOBATO: op. cit., pág. 576. MORENO: op. cit., pág. 146. Reza el arto 14 del CV: «l. La propuesta de celebrar un contrato, dirigida a una o varias personas determinadas, constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y expresa o, tácitamente, señala la cantidad y el
precio o prevé un medio para detenninarlos. 2. Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario». DE CUEVILLAS: El concepto de oferta ... , pág. 1435 Y DiEz-PICAZa: La compraventa ... , pág. 165. GUARDIOLA: La compraventa ... , págs. 44-45; y DÍEZPICAZa: op. cit., pág. 165. DiEz-PICAZa: op. cit., pág. 169. Son los Principios de los Contratos Comerciales Internacionales del lntemational Institute for The Unification of Private Law de Roma de 1994. Estos Principios son normas internacionales, no limitadas a la Unión Europea como los Principies of European Contract Law, relativas a todo el Derecho contractual. Reza el arto 2.1: A proposalfor concluding a contract constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance. Son los Principios de Derecho Contractual europeo elaborados por la «Comisión sobre Derecho contractual europeo» presidida por Ole LANDO. Señala el arto 2:201: (1) A proposal amounts lo an offer if: (a) it is intended to result in a contract ifthe other party accepts it, and (b} it contains sufficientty definite terms to form a contract. También: SSTS de 28 de noviembre de 1986 (Ar. 6785) y de 26 de marzo de 1993 (Ar. 2395). Señala el arto 55 del CV: «Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni expresa ni tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del contrato por tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes, en el tráfico mercantil de que se trate». DE CUEVILLAS: op. cit., pág. 1440. DÍEZ-PICAZO: op. cit., págs. 167-168. Reza este precepto: «1. La respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga adiciones, limitaciones u otras modificaciones, se considerará como rechazo de la oferta y constituirá una contraoferta. 2. No obstante, la respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga elementos adicionales o diferentes que no alteren sustancialmente los de la oferta constituirá aceptación a menos que el oferente (. ..). 3. Se considerará que los elementos adicionales o diferentes relativos, en particular al precio (...) alteran sustancialmente los elementos de la oferta», DURANY: Sobre la necesidad ... , págs. 1088 y 1091. Seilala dicho precepto: (I) If a contract does not fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such performances under comparable circunstances in the trade concemed, or if no such price is available, to a reasonable price. Seilala el artículo: Where the contract does not fix the price or the method of determining it, the parties are to be treated as having agreed on a reasonable price. Seilala el arto 1:302: Under these Principies reasonableness is to be judged by what persons acting in good faith and in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In particular. in assessing what es reasonable the nature und purpose of the contract, the circumsances of the case and the usages and practices of the trades or professions involved should be taken into accont. También la STS de 11 de marzo de 1988 (Ar. 1958).
Francisca Llodrá Grimali
TREITEL: The Law ... , pág. 155. MCGUINESS: The effects ... , pág. 7. TREITEL: op. cit., pág. 160. En este campo la STS de 3 de octubre de 1977. (Ar. 3638) se refiere a un acuerdo llamado convenio el cual, no obstante, no se considera contrato porque en él, las partes sólo establecieron las líneas fundamentales del negocio jurídico. Igualmente se manifiesta la STS de 24 de mayo de 1977 {Ar. 2138) que considera que una carta no pasa de ser una mera oferta de contrato realizada de forma unilateral y que no puede tener la eficacia de contrato. DÍEZ-PICAZO: op. cit., pág. 165. DÍEZ-PICAZO: op. cit., pág. 166. Señala el arto 2.1: A proposal for concluiding a contract constitutes an offer if it is sujficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptanceo El arto 4.1 indica: (2) lf such an intention cannot be established, the contract shall be interpreted according to the meaning which reasonable people of the same kind as the parties would give to it in the same circumstances. ZIMMERMANN: Estudios ... pág. 150. Señala el arto 2:101: (1) A contract is concluded if: (a) the parties intend to be legally bound; and (b) the reach a sufficien: agreement without any further requirement. El arto 2: 103 señala: (1) There is a sufficient agreement if the terms: (a) have been sufflciently defined by the parties so that the contract can be enforced (...). LAKE y DRAETTA, Letters ... , pág. 59. LAKE y DRAETTA, op. cit., pág. 62. FARNSWORTH: Precontractualliability ... , pág. 250. FARNSWORTH: op. cit., pág. 251. VIGURI: Los tratos preliminares ... pág. 63 y LAKE Y DRAETTA: op. cit., pág. 127. FARNSWORTH: op. cit., págs. 263 y 267. El precontrato ha sido denominado por la doctrina como contrato preliminar, preparatorio, pactum de contrahendo, pactum preparatorium o promesa de contrato. La jurisprudencia ha hecho referencia a la diversa terminología relacionada con la figura del precontrato: SSTS de 21 de diciembre de 1955 (Ar. 232), de 4 de julio de 1991 (El Derecho 7251) y de 24 de julio de 1998 [(Ar. 6393) comentada por MENÉNDEZ MATO: en CCJC, núm. 49/99, págs. 117138]. MORO: El precontrato .... , pág. 246.
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MORENO: La oferta ... , pág. 124. En el mismo sentido señala ALONSO (La responsabilidad ... págs. 870-871) que el precontrato o promesa de contrato es vinculante y se trata de una figura contractual de índole preparatoria. ALGUER: Ensayos varios ... , pág. 113. También vid. STS de 25 de junio de 1993 (Ar. 5384). SSTS de 21 de diciembre de 1955 (Ar. 232), de 4 de julio de 1991 (El Derecho 7251) y de 25 de junio de 1993 (Ar. 5384). Se dice que «el cumplimiento de la obligación contraída en el precontrato tiene por resultado preciso -junto con la operación indispensable por parte del acreedorla conclusión de otro contrato, el llamado contrato principal». En el precontrato, surge «una obligación de emitir una declaración de voluntad, de realizar un acto externo». Vid. ALGUER: Para la critica ... , págs. 370-371 y 422. En esta línea, la STS de 9 de julio de 1940 (RAl núm. 691) señala que el precontrato tiene como función esencial «ligar a las partes para la conclusión de un futuro contrato; pero que precisamente por ese carácter, ni tiene otro objeto que el de vislumbrar la voluntad a la celebración de una convención ulterior, sin posibilidad de identificación con el del contrato defmitivo, que ha de celebrarse después; ni en él se engendra otra obligación que la de prestar a su tiempo del consentimiento, ni su incumplimiento puede producir otro efecto que el de un resarcimiento de perjuicios, precisamente por ser el consentimiento que ha de prestarse objeto único de la obligación y acto personaIísirno; ni puede autorizar a que la voluntad del obligado se sustituya por obra de la autoridad del Juez, dando así irregularmente vida a un contrato que sin el común, expreso y máximo asenso de las partes no puede nacer». También fijan como única consecuencia del incumplimiento del precontrato la indemnización de daños y perjuicios: SSTS de 2 de febrero de 1960 (Ar. 456), de 26 de marzo de 1965 (Ar. 1481), de 16 de octubre de 1965 (Ar. 4468), de 4 de julio de 1991 (El Derecho 7251) y de 8 de febrero de 1996 (Ar. 864). Vid. GARCÍA CANTERO: Comentario ... , pág. 70. Siguen esta línea la siguiente jurisprudencia: SSTS de 13 de diciembre de 1989 (Ar. 8824), de 3 de marzo de 1992 (Ar. 2156), de 23 de diciembre de 1995 (Ar. 9396) de 29 de julio de 1996 (Ar. 6408) y de 26 de noviembre de 1998 (El Derecho 38345). DÍEZ-PICAZO: Fundamentos ... , pág. 304.
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Dispone el arto 2.13: (1) lfthe parties intended to conclude a contract, the fact that they have intentionally left a term to be agreed upon in further negotiations or to be determined by a third person does not prevent a contract from coming into existence. (2) The existence of the contract is not affected by the fact that subsequently (a) the parties reach no agreement on the term, or (b) the third person does not determine the term, provided that there is an alternative means of rendering the term definite that is reasonable in all of the cirumstances, including any intention of the parties. ZIMMERMANN: Estudios ... , pág. 155. En Inglaterra «no existe un principio general cuyo contenido sea que las partes de un contrato deban ajustar su conducta a las mandatos de la buena fe». También vid. FARNSWORTH: Precontractualliability ... , pág. 269. Estas cláusulas se traducen como «lo que uno haría en su propia defensa, a menos que las mismos se refieran a conocimientos profesionales no poseídos por una de las partes, en cuyo caso, el baremo sería el de la conducta de una persona prudente que se encontrara en la misma situación». Vid. VIGURI: Los tratos preliminares ... , pág. 68; FARNSWORTH: op. cit., pág. 272 Y LAKE Y DRAETTA: op. cit., pág. 130. VIGURI: op. cit., págs. 94 y 97. LOBATO: Consideraciones sobre ... , pág. 544. Igualmente se ha pronunciado alguna jurisprudencia: SSTS de 10 de octubre de 1980 (Ar. 3623) y de 20 de abril de 1993 (Ar. 3104). MORENO: La oferta ... , pág. 231. ASÚA: La culpa ... págs. 205-206. MESSINEO: Manual... págs. 465-466. ALONSO: La responsabilidad ... , pág. 902. Vid. SSTS de 16 de mayo de 1988 [(Ar. 4308) comentada por ASÚA GONZÁLEZ en CCJC, 1988, págs. 513-527; y por GARCÍA RUBIO en La Ley ... , 1989-4, págs. 1112-1119], de 26 de noviembre de 1998 (El Derecho 38345) y de 16 de diciembre de 1999 (Ar. 8979). MORENO: op. cit., págs. 134-136. DÍEZ-PICAZO: Fundamentos ... , pág. 275. CABANILLAS: El ámbito ... , pág. 756. Vid. DÍEZ-PICAZO: op. cit., pág. 276; Y CABANILLAS: op. cit .. págs. 753 y ss. CABANILLAS: op. cit., pág. 754. ALONSO: op. cit., pág. 904. CABANILLAS: op. cit., pág. 752. ASÚA: La culpa ... , págs. 257-258. ASÚA: op. cit., pág. 258. MORENO: op. cit., pág. 235. JORDANO: La responsabilidad ... , pág. 35. BADOSA: Dret d'obligacions, pág. 9. BADOSA: op. cit., pág. 370. Vid. HILSENRAD: Las obligaciones ... , pág. 58. En contra vid.: HILSENRAD: op. cit., pág. 82. WIEACKER: El principio ...• págs. 11-12. ROCA: Comentario al artículo 1258 del CC ... , pág. 453. También vid. SSTS de 9 de diciembre de 1963 (Ar. 5219), de 29 de enero de 1965 (Ar. 262), de 27 de enero de 1977 (Ar. 121), de 16 de noviembre de 1979 (Ar. 3850), de 5 de enero de 1980 (Ar. 19), de 5 de julio de 1985 (Ar. 3642), de 4 de febrero de 1991 (Ar. 704) y de 13 de noviembre de 1995 (Ar. 8601). El TS ha interpretado en la STS de 8 de julio de 1981 (Ar. 3053), el arto 7.1 señalando que, en éste, la buena fe supone una exigencia «de una conducta ética significada por los valores de la honradez, lealtad. justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre pueda provocar en el ámbito de la
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confianza ajena (... »>. También vid. SSTS de 17 de enero de 1986 (Ar. 105) y de 8 de junio de 1994 (Ar. 4905). ALONSO: La responsabilidad ...• pág. 889. LLOBET: El deber de información ... , pág. 39. ZIMMERMANN: Estudios, pág. 154. Rezan dichos preceptos: 1:201 Each party must act in accordance with good faith ami fair dealing ». 1:202: «Each party owes to the other a duty to co-operate in order to give full effect to the contraet. Reza el precepto: These Principies should be interpreted and developed in accordance with their purposes. In particular, regard should be had to the need to promote good faith and fair dealing, certainty in contractual relationships ami uniformity of application. Señala el arto 7.1: (1) Each party must act in accordance with good faith ami fair dealing in international trade. (2) The parties may not exclude or limit this duty. Señala el arto 2.14 (2) ... a party who has negotiated or broken offnegotiations in badfaith is liable for the losses caused to the other party. (3) lt is bad faith; in particular, for a party to enter into or continue negotiations intending not to make an agreement with the other party». Señala el artículo 2:301: «(2) ... a party which has negotiated or broken off negotiations contrary to good faith ami fair dealing is liable for the losses caused to the other party. (3) It is contrary 10 good faith and fair dealing, in particular, for a party to enter into or continue negotiations with no real intention of reaching an agreement with the other party. CABANILLAS: El ámbito ... , pág. 762. Igualmente en la jurisprudencia SSTS de 26 de febrero de 1994 (Ar. 1198), de 12 de febrero de 1997 (El Derecho 3732), de 14 de junio de 1999 [(Ar. 4105) comentada por CAVANILLAS MÚGICA en CCJC, núm. 51/99, págs. 1231-1241] y de 16 de diciembre de 1999 (Ar. 8979). ALONSO: La responsabilidad , pág. 913. DÍEZ-PICAZO: Fundamentos , pág. 279. MORENO: La oferta ... , págs. 136-142. CABANILLAS: op. cit., pág. 762. DÍEZ-PICAZO: op. cit., pág. 279. DÍEZ-PICAZO: op. cit. Se señala que, entre la posibilidad de restitución que ofrece la ruptura de negociaciones y el incumplimiento contractual, debe haber un escalón en el cual, según las circunstancias, pueda ser un acuerdo obligatorio si de las palabras y los actos de las partes se puede extraer el contenido básico de la relación. Vid. BALL: Work Carried Out ... , págs. 587-588. CAVANILLAS: Comentario ...• pág. 1157. CAVANILLAS: op. cit., pág. 1158. CAVANILLAS: op. cit. DÍEZ-PICAZO: op. cit., pág. 280. CAVANILLAS: op. cit., págs. 1160-1161; y VIGURI: Los tratos preliminares ... , págs. 127-128 Y 134-135. CAVANILLAS: op. cit .• págs. 1161-1162. VIGURI: op. cit .• págs. 41 y 51; y LAKE y DRAETTA: Letters ... , pág. 62. LAKE y DRAETTA: op. cit., pág. 102. LAKE Y DRAETTA: op. cit., pág. 73. ROCA SASTRE: Estudios ... , pág. 324. ROCA SASTRE: op. cit., págs. 331-332. ROCA SASTRE: op. cit., pág. 333. RIVERO: Derecho de obligaciones ... , pág. 405. DÍEZ-PICAZO: Fundamentos ... , pág. 310. Así, en el Common Law prima la intención de las partes de forma que si las partes tienen la intención de que sea un contrato, el hecho de que deba haber un acuerdo posterior no le negará eficacia contractual. Vid. LAKE Y DRAETTA: Letters.i., pág. 72.
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References: resolución 
sui generis
e contrario
 artículo 1451
 artículo 1258
 artículo 1258
 artículo 2