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Timestamp: 2020-08-11 14:00:48+00:00

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TUTELA ANTICIPATORIA | Ley procesal | Mandato
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Primera Catedra de Procesal 1 (2010) UTA
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Hacia un “Juicio Justo” en La Pampa
“Para que el debate judicial tenga sentido, las respuestas de la justicia no pueden llegar tarde ni mal. La cuña de la eficacia, que representa la anticipación de la tutela, es una de las contribuciones de nuestro tiempo a que ella se haga realidad, o esté más cerca de concretarse. Lo que no es poco.” Augusto Mario Morello
AUTOR: DIEGO JOSÉ MAYORDOMO
PROFESOR ENCARGADO: ANA ANDREA AUDISIO
Tutela Anticipatoria: Hacia un “Juicio Justo” en La Pampa
Gracias a la Dra. Ana Andrea Audisio por toda su colaboración…
Gracias a mi familia por estar siempre conmigo…
Introducción……………………………………………………………………………………….…pág. 5
Capítulo I: Problemas que engendra el proceso ordinario y nuevas directrices del Derecho
Procesal………………………………………………………………………………………….…
Capítulo II: Tutela Anticipatoria. Concepto. Explicaciones……………………………………
Capítulo III: Fuentes………………………………………………………………………
Capítulo IV: Fundamento Constitucional…………………………………………
……………pág.
Capitulo V: Diferenciación con las Medidas Cautelares…………………………………
Capítulo VI: Diferenciación con las Medidas Autosatisfactivas……………………………
Capítulo VII: Requisitos de procedencia de la Tutela Anticipatoria……………………
Capítulo VIII: Efectos y contenido de la medida anticipatoria………………………….…….pág. 26
Capítulo IX: Régimen de cumplimiento, recursos, modificaciones y otros
Pampa………………………………………………………………………
Capítulo XI: Recepción Legal en otros Países y Provincias………………………….…
Capítulo XII: Recepción Jurisprudencial.…………………….…………………….…………
Capítulo XIII: Jurisprudencia Pampeana…………………………………………….………
Capítulo XIV: Opiniones de Profesionales del Ámbito Judicial Pampeano y de la
Facultad de Derecho de la UNLPAM…………………………………………………….……
Capítulo XV: Conclusiones…………………………………………………………….………
En la opinión de Séneca “Hay cosas que para saberlas no basta haberlas
aprendido”, afortunada frase, señala Mabel De Los Santos 1 , que alude a la importancia
de la experiencia para llegar al verdadero conocimiento de las cosas. Este trabajo tiene
como objetivo lograr una delimitación lo más precisa posible, ante la disparidad de
ANTICIPATORIA”, poniendo en tela de juicio la opinión de diferentes doctrinarios,
diferenciándola de otros institutos que en la práctica y en el estudio, acarrean confusión.
Con el aporte de jurisprudencia (internacional, nacional y provincial), doctrina y derecho
comparado trataré de demostrar la importancia judicial, social y constitucional de
incorporación de este instituto en todos los Códigos de Rito ante el contexto actual del
mundo en que vivimos, destacando nuestra Provincia como pionera en el país con su
incorporación en el moderno Código Procesal Civil y Comercial, el cual la regula
conforme indican los últimos avances en la materia. Asimismo, anhelo demostrar a lo
largo del trabajo, que los cambios de paradigmas que vive el Derecho Procesal Civil,
implican una innovación para abogados, legisladores, doctrinarios y sobre todo para el
juez, siendo necesario, según Amalia Fernandez Balbis 2 , contar con un perfil de juez a
la altura de los cambios de la palpitante realidad que experimentamos.
1 De Los Santos, Mabel A. “La medida cautelar innovativa y el anticipo de la sentencia: su ubicación entre los llamados procesos urgentes”. JA 1996-I-633. (Pág. 633) 2 Fernández Balbis, Amalia “Medidas autosatisfactivas: El juez ante la novedad procesal”. DJ/Doctrina 2004-2. (Pág. 1)
Actualmente uno de los problemas que más convoca a los juristas es el
de los “Procesos Urgentes”. Con esta denominación se ha buscado identificar a
aquellos procedimientos en los cuales el factor “TIEMPO” posee una importancia
fundamental; quedando incluidos, entre otros institutos, la tutela anticipada, las
propias medidas cautelares y las medidas autosatisfactivas.
“La pasividad y la parálisis del
proceso tiene su precio en términos
de sufrimiento humano.”
Cueto Rua 3 .
CAPITULO I: PROBLEMAS QUE ENGENDRA EL PROCESO ORDINARIO Y NUEVAS
DIRECTRICES DEL DERECHO PROCESAL
Siguiendo las palabras de Lino Enrique Palacio “Dado que la satisfacción
materialmente irrealizable”; no siempre es posible acceder a las necesidades
imperiosas e impostergables del justiciable sin transitar previamente el duro y
largo trayecto del proceso judicial.
Podríamos preguntarnos a qué se debe y la respuesta casi no se hace
esperar. Es así que
podemos ignorar que las leyes y los códigos se
de su tiempo;
circunstancias y las necesidades de la sociedad cambian pero las normas
permanecen. Cuanto más
ahondando, llegando al momento en que las leyes pierden su efectividad y
resultan insuficientes dado que no cubren las necesidades prácticas que se
3 Remisión del artículo de Amalia Fernández Balvis “Medidas Autosatisfactivas: El juez ante la novedad procesal”. DJ/Doctrina 2004-2 (Pág. 2).
requieren en un marco de celeridad y efectividad en pos de la protección de los
En este contexto nace la necesidad de legislar sobre las tutelas de
urgencia para asegurar la tutela efectiva en la oportunidad adecuada. Ello
condujo a la búsqueda de nuevas y diversificadas técnicas adaptadas a las
características y exigencias particulares de ciertas situaciones para las cuales el
proceso de cognición común resulta estructural y funcionalmente inadecuado.
Aparecen así tanto en el ámbito nacional como en el derecho comparado, las
tutelas de urgencia, o como se las denomina “procesos urgentes”.
Así las cosas, en el mundo se computa un desarrollo tecnológico sin
precedentes a la par de movimientos sociales, políticos y económicos que hacen
que la “urgencia” en las respuestas así como la “efectividad” de las mismas
pasen a ocupar el centro de la escena. Es por ello que en muchos países
avanzados del mundo la preocupación de los procesalistas gira hacia el estudio
de las técnicas de anticipación de la tutela.
Julio Rodolfo Comadira 4 , comenta “el Estado tiene la obligación de
administrar justicia y no puede desentenderse de las consecuencias dañosas
que la lentitud de un proceso pueda provocar. Recuerda – evocando a Lino
4 Comadira, Julio Rodolfo. “Las medidas cautelares en el proceso administrativo”. Pub. La Ley, 1994-c, Sec. Doctrina (Pág. 699 y ss.)
Palacio- que la ley debe prever que durante el tiempo que corre entre la
interposición de la demanda y la emisión del fallo final, pueden acaecer hechos u
observarse conductas que generan la imposibilidad de cumplimiento de la
sentencia o la vuelvan inoperante.”.
“El retardo es el principal demonio que debe
enfrentar el sistema procesal moderno.”
George Bermann 5
CAPITULO II: TUTELA ANTICIPATORIA. CONCEPTO. EXPLICACIONES.
Es dable de resaltar, antes de dar su concepto, una rareza en la ciencia
jurídica, la cual es que el vocabulario jurídico recupere un giro algo olvidado en el
lenguaje procesal moderno, como es el caso del término “Tutela”. Ahora bien, el
diccionario jurídico de Juan Alberto Garrone, define a la Tutela Anticipatoria
como una de las tutelas de urgencia que con base en una cognición sumaria y
llenando los requisitos de procedencia, satisface anticipadamente al requirente
su pretensión, total o parcialmente, otorgándole una atribución o utilidad que
5 Fernandez, Balvis Amalia “Medidas Autosatisfactivas: El juez ante la novedad procesal”. DJ/Doctrina 2004-2 (Pág. 1).
pudiera probablemente obtener en la sentencia futura con autoridad de cosa
juzgada en sentido material.
Anticipación significa coincidencia total o parcial con lo pretendido en la
demanda, vale decir: identidad objetiva.
Parafraseando a Carnelutti 6 , se puede decir que “una debida protección
de los derechos e intereses de las personas depende en muchas oportunidades
de que el juez pueda detener, retroceder, o acelerar el curso del tiempo de un
Precisamente, de acuerdo a ese control de los efectos del tiempo, el juez
necesitará en algunos casos impedir el cambio posible de una situación (detener
el tiempo), eliminar el cambio ya ocurrido de una situación (retroceder el
tiempo), o bien anticipar el cambio probable o solamente posible de una
situación (acelerar el tiempo).
Sin embargo, no le basta al juez con poder controlar los efectos del
tiempo en relación al proceso, sino que este control tiene que operar además
incumplimiento de las obligaciones de dar, hacer o no hacer por parte del
6 Carnelutti, Francesco, “Derecho y Proceso”. Ed. EJEA, Buenos Aires 1971, (Pág.412 y ss)
evidentemente, no son los previstos por la Constitución Nacional y las leyes de
procedimiento para cobijar el sobreentendido “derecho de defensa en juicio”
(olvidándose que este derecho también ampara “al actor”).
Recapacitando que se afecta, no sólo un interés privado (el del actor)
sino, fundamentalmente un “interés público” (el de administración de justicia) que
se ve lesionado por la utilización del proceso para fines que no son aquellos
respecto de los cuáles debe servir, surge como respuesta inevitable la “tutela
Con respecto a las objeciones constitucionales al instituto (violación del
debido proceso, del derecho de defensa, etc.), tales observaciones son salvadas
por la opinión de Morello 7 quien dice que “Si el juez adquiere en los estadios
preliminares del juicio un conocimiento cierto y suficiente acerca de los hechos
conducentes y se encuentra en aptitud de anticipar la tutela provisional en ese
tramo anterior ¿qué le impide hacerlo? El tiempo de la justicia en esos supuestos
se anticipa y no debe esperar a la sentencia definitiva. Postergar la solución
sería malograr la tutela debida, que es continua y debe proveerse según las
7 Morello, Augusto Mario. “Anticipación de la Tutela” Ed. Platense, La Plata, 1996. (Pág. 9)
demandado viene “chicaneando” y levanta – sin razón un arsenal de escollos y
barreras para impedir la protección a lo que el actor tiene derecho, según lo que
ya esta demostrado en los autos ¿qué justificación legitimaría diferir lo que está
claro y expedito? ninguna.”.
Estas medidas tienen sus fuentes en el Código Procesal Civil Modelo
para Iberoamérica de 1988 (art 380), como también en el Código del Proceso
Uruguayo de 1989 (art 317), que sigue sus líneas. Asimismo, y con no menos
importancia, en el nuevo art. 273 del Código Procesal Civil Brasileño, introducido
por la reforma de 1994. No obstante, cada uno tiene sus diferentes matices que
acuerdan a sus textos un perfil definido que pretende ser superador en ciertos
aspectos de la regulación.
“…con el objeto de constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior… 8 ”
CAPITULO IV: FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
Las medidas anticipatorias y las tutelas autosatisfactivas encuentran su
fundamento, según Sebastián Moreno 9 , en los siguientes derechos y principios
jurisdiccional en procura de un pronunciamiento útil y eficaz que resuelva
oportunamente la pretensión articulada en la causa. Encuadrado dentro del
derecho de peticionar (art.14)
-Acceso a la justicia: cabe entenderlo como la
capacidad de toda
persona física o jurídica de tener la posibilidad real, concreta y sin excepciones,
de solicitar y obtener que el Estado, por medio del poder judicial le garantice
efectivamente en los hechos el ejercicio de sus derechos.
Pronta”:
preambular de “afianzar justicia”, la Corte ha inferido el mandato de lograr una
justicia rápida dentro de lo razonable.
8 Preámbulo. Constitución Nacional.
9 Moreno, Sebastián “La medida autosatisfactiva: Estado de situación en la doctrina argentina” DJ/Doctrina 2005-2 (Pág. 389)
*Subprincipio de “Humanización de la justicia judicial”: en el
sentido de propender a la inmediación y tender a la aceleración de los procesos,
evitando dilaciones desleales; confianza en la buena justicia y tutela de paz y de
*Subprincipio de eficacia: a fin de obtener la finalidad principal
del proceso, esto es: la justicia, debe privilegiarse el valor eficacia.
-Desde el punto de vista del destinatario de la medida queda
comprendido: el derecho de defensa, que comprende el derecho de ser oído y
el derecho de cuestionar (bilateralidad y posibilidad de revisión judicial).
-Principio de razonabilidad: desde el preámbulo (“Dios, fuente de toda
razón y justicia”), impregna todo nuestro sistema jurídico. Cualquier pretensión y
cualquier decisión en el proceso deben pasar por el tamiz de la razonabilidad
directamente conectado con el valor “Justicia”.
CAPITULO V: DIFERENCIACIÓN CON LAS MEDIDAS CAUTELARES.
La tutela anticipada se caracteriza por ser accesoria de un proceso
principal aunque con la particularidad de que -a través de ella – no se persigue
(como objeto principal) garantizar la eficacia de la sentencia sino la satisfacción
inmediata total o parcial de la pretensión contenida en la demanda, cuando de la
insatisfacción pueda derivar un perjuicio no susceptible de repararse.
Como vemos, a diferencia de las Medidas Cautelares típicas cuyo objeto
no puede coincidir con lo que se resuelva en la sentencia definitiva, en la tutela
anticipatoria se “anticipa” el resultado final, en forma provisoria, pudiendo la
sentencia definitiva confirmar o modificar lo resuelto anticipadamente.
La tutela anticipatoria posee
cautelares típicas: 1) ambas son importantes instrumentos para la efectividad del
proceso; 2) no producen efecto de cosa juzgada en sentido material , ya que son
ejecutabilidad inmediata.
sumaria;
Respecto de otros caracteres propios de las cautelares: la mutabilidad o
flexibilidad, su dictado “inaudita parte” y el grado de conocimiento judicial para
decretarlas, es menester efectuar algunas distinciones.
La tutela susceptible de anticipación es aquella constitutiva del pedido
formulado en inicio, que puede ser anticipada en todo o en parte, y aquí hay una
absoluta identidad entre la tutela pasible de anticipación y el pedido formulado
no puede el juez pronunciarse ni
ultra ni extra petita.
anteriormente expuesto y la aplicación del principio de congruencia que vincula
imprescindible para la anticipación de la tutela), hacen que no proceda su
reemplazo por una tutela diferente a la pedida, lo cual implica que no rige a su
respecto la condición de medidas mutables o flexibles.
Cabe también señalar que esta medida no se decreta inaudita parte,
ejemplo de ello es el artículo 231 del Código Procesal Civil de La Pampa, la cual
se dicta con posterioridad a una “Audiencia Urgente”.
Por último, debe destacarse que para decretarse se requiere que haya
probabilidad de ineficacia de la sentencia final. Es decir que, a diferencia de las
cautelares típicas, no requiere sólo un grado de apariencia ni tampoco el grado
de certeza como sucede en la sentencia definitiva, sino que es menester un
estado de conocimiento intermedio que se ha dado en llamar, por la doctrina
nacional, “certeza provisional”.
CAPITULO VI: DIFERENCIACIÓN CON LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS
En cuanto a la Medida Autosatisfactiva en particular, como especie de
proceso urgente diferenciado de la tutela anticipatoria, se ha sostenido que es un
“ requerimiento
urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables
que generalmente se agota con su despacho (
son “soluciones urgentes, autónomas, despachables inaudita et altera pars y
atendibles.” 10 .
Sintetizando, mientras que en la tutela anticipatoria hay una pretensión
principal que se promueve a través de un juicio del que va anexa la medida
anticipatoria (del resultado final del pleito) y del cual depende (pues la sentencia
definitiva, recaída después de tramitado todo el proceso, puede confirmar o no el
anticipatoria),
pretensión principal se hace valer de manera autónoma sin que vaya en forma
accesoria a un juicio principal del cual dependa (se agota en sí misma).
Por ejemplo, con motivo del “Corralito Financiero”, en algunos casos se
promovieron medidas anticipatorias: así se interponía una acción de amparo y se
pedía la entrega anticipada del dinero acorralado, continuando la tramitación del
juicio hasta el dictado de la sentencia final. En otros supuestos directamente se
pedía la entrega del dinero acorralado sin promover ningún otro proceso y,
entregado el dinero, se agotaba la medida sin tener que esperarse nada más
(aun cuando quedara al demandado la posibilidad de recurrir).
10 Boretto, Mauricio. “La tutela autosatisfactiva operando en la práctica” Ed. El Derecho. Año de edición 2005. (Pág. 18)
Con respecto a las medidas autosatisfactivas es importante remarcar el
aporte crítico de Adolfo Alvarado Velloso 11 . Dice el citado jurista “Cuando se
glosa el tema de la solución en vía cautelar de cualquier problema y sin
legítimamente llevado, advierto que los jóvenes abogados -impresionados por la
excesiva morosidad de los pleitos en general- se entusiasman con el rápido final
que se brinda a un problema dado y se enamoran de la autosatisfactividad. Pero
también se advierte que todos miran el problema desde la óptica del actor que se
beneficia con la inmediatez del resultado y jamás desde la del demandado que
no ha sido escuchado previamente y que debe sufrir de inmediato los efectos
contrarios a su interés que le provoca la resolución judicial. Como siempre
ocurre, todas las instituciones autoritarias seducen hasta que se sufren en carne
propia. Estos abogados jóvenes cuando adviertan que no es lo mismo contestar
una demanda que impugnar una decisión judicial, pues en este caso se achica
enormemente el campo de la discusión, descarto -continúa el autor glosado- que
no mantendrá los fogosos ímpetus de sostén de la rapidez que añoraba antes de
sufrir los efectos del rayo que le cayó sobre la cabeza. Por si ya no se advirtió
11 Mauricio Boretto. “La tutela autosatisfactiva operando en la práctica”. Ed. El Derecho. Año de edición 2005.(Pág. 23) donde remite al libro de Adolfo Alvarado Velloso “Introducción al estudio del derecho procesal”, Tomo I Ed. Rubinzal y Culzoni Santa Fe 1997.
con claridad, es posible –y aconsejable – cautelar los resultados de una eventual
sentencia a dictar en un litigio. Pero es manifiestamente ilegítimo resolver el
litigio mismo con puras cautelas. Y ello porque todo lo cautelar se resuelve sin
interesado, cosa que es
absoluta, racional, lógica y
constitucionalmente inadmisible. Los jueces no pueden aspirar a equipararse a
los comisarios de policía – por buenos y justicieros que estos podrían ser- en
aras de lograr una eficiencia que no encuentran respetando la Constitución. No
es eso lo que precisamente juraron cuando fueron investidos de sus cargos.”.
Transcripta la crítica de Alvarado Velloso a las medidas autosatisfactivas
sólo me queda una pregunta por hacer: ¿esto es tan así como dice Alvarado
Es importante destacar que en países pioneros de los procesos urgentes
autosatisfactivas, en el artículo 305, a partir de la Reforma 1828.
CAPITULO VII: REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA TUTELA ANTICIPATORIA.
Es importante señalar que los autores que se han ocupado de esta figura,
exigen más o menos requisitos según sea el marco normativo en el que se
Así, por ejemplo, Peyrano 12 que sigue las aguas del artículo 273 del
Código de Brasil, indica que los recaudos para que se viabilice la medida son “1)
prestación de contracautela; 2) que los efectos de la resolución sean fácilmente
reversibles, lo que viene a explicar el hecho de que no se acepte que su dictado
atendibilidad del planteo del requirente. No basta con una simple verosimilitud
siendo, en cambio, menester una fuerte probabilidad de que la posición del
requirente sea la jurídicamente correcta; 4) la concurrencia de una suerte de plus
por sobre el “peligro de demora” corriente en las medidas cautelares. En efecto:
aquí se exige, además, la existencia de una situación conexa que aqueja al
requirente (riesgo de sufrir un perjuicio irreparable o de difícil reparación o la
circunstancia de que resulte ser víctima de un abuso de derecho de defensa por
la contraria).”.
12 Peyrano, Jorge W. “Procedimiento Civil y Comercial 1. Conflictos Procesales”, Ed. Juris, Rosario 2002. T. 1 (Pág. 280)
Por su parte, contemplando como funciona el fenómeno en Argentina
la falta de texto legal
los códigos de rito (es decir,
“esbozado” bajo la forma de una medida cautelar innovativa o bien bajo la coraza
de una medida cautelar atípica en los términos del artículo 232 del Código
Procesal Civil de la Nación) Kielmanovich 13 señala que “la anticipación de la
tutela, aún cuando se verifique coincidencia material entre el objeto de la
pretensión cautelar con el objeto de la pretensión de fondo, en la medida que ella
no se agote definitivamente en sí misma , no la priva a aquella de su calidad de
cautelar, con la virtualidad del efecto devolutivo del recurso de apelación propio
de ellas; de la exclusión de toda idea de prejuzgamiento en su proveimiento; y de
la alternativa cierta de que un juez incompetente pueda disponerla en casos de
anticipatorias,
cautelares, por más que esa finalidad haya de coincidir, en su esencia, con el
objeto de la pretensión o petición de fondo.”.
13 Kielmanovich, Jorge L. “Algunas breves reflexiones en torno a la ley 25.587. Medidas cautelares”. La Ley, 2002-C, (Pág 1124)
En igual sentido, Carlos E. Camps 14 señala que la “tutela anticipada” no
incorpora nada diferente a las conocidas medidas cautelares, aspecto con el cual
coinciden Jorge Rojas 15 , Leandro I. Giannini 16 , Cordeiro y Gonzalez Zamar 17 .
Coincidentemente, Capuano Tomey 18 expresa que “La tutela anticipada,
es una verdadera medida cautelar, tal como lo resolvió la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en autos `Camacho Acosta M. c. Grafi Graf S.R.L. y otros`,
del 7/8/97 donde se condenó al demandado a anticipar el pago de la eventual
condena por existir “fuerte verosimilitud del derecho” y “grave peligro en la
demora”. Esta tutela participa de todos los caracteres de la medida cautelar (es
accesoria, y sigue la suerte del principal es provisoria, y en definitiva el fin último
es asegurar la efectividad de una futura
sentencia de merito). Tiene por objeto
realizar una determinada actividad o evitar la continuación de ésta para impedir
la producción de una daño de imposible reparación ulterior a quien la solicita en
una determinada etapa del proceso y no la obtiene oportunamente.”.
14 Camps, Carlos E. “La proyectada recepcion legislativa de la tutela anticipada” JA entrega del 29/9/99 (Pág 10 y 11)
15 Rojas, Jorge “¿Jurisdicción anticipada o medida cautelar?” DJ 1999-3 (Pág. 873 y ss.)
16 Giannini, Leandro J. “El test constitucional de algunas `modernas´ instituciones del proceso”.
17 Cordeiro, Clara Maria y Gonzalez Zamar , Leonardo “La anticipación de la tutela. El otro punto de vista” Semanario Jurídico, 81-1999-B (Pág. 198)
18 Capuano Tomey, Carola “La medida autosatisfactiva y la eficacia del proceso” LLC,2002-43.
Arazi 19 , si bien concibe a la tutela anticipada como un fenómeno distinto al de las
medidas cautelares, siguiendo el fallo “Camacho Acosta” y al Anteproyecto que
elaboró juntamente con Morello, Eisner y Kaminker, ha sostenido que “se exigen
los siguientes requisitos para su procedencia: a) la existencia de una fuerte
verosimilitud (convicción suficiente dice el anteproyecto) acerca del derecho
invocado; b) grave peligro en la demora ( un grado de urgencia tal que si la
medida no se adoptase en ese momento se causaría un daño irreparable al
peticionario); c)
efectivizar contracautela, salvo que la parte se encuentre
eximida de hacerlo para obtener medidas cautelares. Como se advierte, estos
requisitos acercan la tutela anticipada a las medidas cautelares pero no la
identifica con ellas, al menos en la concepción tradicional, por la finalidad que
persiguen: la tutela anticipada no tiene por objeto asegurar el cumplimiento en
forma total o parcial, creando un titulo ejecutorio, cuando se trate de una
condena, aun cuando
ella también pueda tener
declarativo, constitutivo o determinativo”.
contenido meramente
Por su parte Abraham Luís Vargas 20 insiste en que la tutela anticipatoria
implica una técnica diferente a la que provee la tutela cautelar y por ello
19 Arazi, Roland “Tutela Anticipada” en Revista de Derecho Procesal Nª 1, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1999. (Pág. 391/392).
20 Vargas, Abraham Luís “Tutela Anticipada” Ed. La Ley 2005 Buenos Aires. (Pág. 174)
considera que los requisitos necesarios para que proceda son : 1)Urgencia,
2)Fuerte probabilidad o certeza suficiente o convicción suficiente, 3) Periculum in
damni o perjuicio irreparable o daño irreparable, 4) Traba de la litis ( o que no se
haya contestado la demanda), 5) Requerimiento de parte , 6) Contracautela, 7)
Reversibilidad de la tutela concedida, 8) Adelantamiento total o parcial.
Después de observar las diferentes posturas que hay con respecto a la
naturaleza jurídica de la Tutela Anticipatoria, y teniendo en cuenta que eso
repercute en los requisitos de procedencia, puedo sostener que los autores
coinciden en un estándar mínimo de requisitos. Párrafo seguido pasaré a
a) “Que exista convicción suficiente
invocado”, lo que implica que la petición se sustente en
cautelares; es necesario que exista una fuerte probabilidad
condenatoria), de que el derecho invocado existe y debe ser
b) “Que se advierta en el caso tal grado de urgencia que si la
medida no se adoptase en ese momento, se causaría
daño irreparable al peticionante” es decir, que exista temor
fundado de daño irreparable. No se requiere que la actitud
procesal del demandado evidencie abuso del derecho de
defensa o manifiesto propósito dilatorio (como se requiere en
el Código Brasilero, y como se requería en el Proyecto de
Reforma del Código Procesal de La Pampa, preparado por el
Dr. Mario E. Kaminker, pero que no se incorporó al art. 231).
En el derecho Brasileño este último requisito juega de modo
alternativo con el temor fundado de daño irreparable o de
c) “Que se efectivice contracautela suficiente, salvo que se
encontrare el peticionante exento de darla”. La contracautela
supone que preste caución bastante para responder, quien
obtiene abusivamente la medida, por los perjuicios resultantes
en caso de ser revocada.
d) “Que la anticipación no produzca efectos irreparables en
circunstancia previsible de que, de la anticipación, se derivase
irremisiblemente un perjuicio insusceptible de ser reparado.
Si, por ejemplo, el objeto de la pretensión fuera una cosa
mueble consumible cuyo uso importe destrucción o notable
deterioro, resultaría imposible reponer la cosa anticipada a su
estado anterior. Según la opinión mayoritaria de la doctrina,
tratándose de derechos puramente patrimoniales se prestare
perjuicios que pudieren resultar.
En último lugar, como reflexión de este capítulo, me parece importante y
necesario centrar la discusión en los beneficios y ventajas, que para la
efectividad del proceso, trae el actual cambio de paradigmas en el
innovador instituto de la tutela anticipatoria, y no tratar de ubicar a éste en
viejos moldes, en el cual ya no encuadran las nuevas formas procesales.
Por lo que me parece razonable expresar que la naturaleza jurídica del
instituto es, nada más ni nada menos, que una “Tutela Anticipatoria” y
sus requisitos de procedencia son propios más allá de las similitudes con
otras figuras procesales.
CAPITULO VIII: EFECTOS Y CONTENIDO DE LA MEDIDA ANTICIPATORIA.
En este capítulo (y en el siguiente) parafraseando a Roberto Berizonce 21 ,
autor que más se aproxima en su narración a la forma en que se plasmó la tutela
anticipada en nuestra provincia, descenderé su relato a lo establecido en nuestra
provincia. Así dice que el poder tan importante que se coloca en manos del juez,
actuado de modo prudente,
con buen sentido y equilibrio. La
discrecionalidad juega en el marco de la ley, para interpretar razonablemente si
anticipatoria,
que se trata de evaluar situaciones
configurativas de conceptos amplios, jurídicamente
“convicción
suficiente”,
indeterminados, standars
“daño
irreparable”. Está librada a esa discrecionalidad, asimismo, la selección de la
medida más adecuada para asegurar la tutela que se anticipa; podrá el juez
dictar una medida distinta de la que se propone o limitarla, para evitar perjuicios
a quien debe soportarla. Pero la discrecionalidad, que implica apreciación
21 Berizonce, Roberto O. “La tutela anticipatoria en la Argentina (Estado actual de la doctrina y antecedentes legislativos)” JA 1998-II (Pág. 905)
subjetiva y cierta dosis de flexibilidad, no justifica la arbitrariedad; el “podrá” del
texto del art. 231 no permite tal interpretación. La decisión naturalmente será
fundada, debiendo indicarse las razones en que se sustenta la “convicción
suficiente” del juez.
El contenido de la decisión está necesariamente encorsetado por los
alcances de la pretensión; es de toda lógica que no cabe anticipar más que lo
pretendido para ser juzgado en la sentencia definitiva. En todo caso, se podrá
anticipar “…total o parcialmente los efectos de la tutela pretendida en la
demanda o reconvención…” según dice el art.231. La anticipación parcial es, sin
duda, la regla.
agota su
contenido, ya que no se trata de medidas autosatisfactivas, “El juicio seguirá
hasta su finalización” (último párrafo del art. 231). Lo decidido tampoco implica
exclusivamente a la circunstancias de la causa en el tiempo en que se dicta.
periférica, superficial, que no se apoya en un juicio de certeza sino de fuerte
probabilidad. Por eso sus efectos son provisionales, quedan supeditados al
resultado final de la litis; y la medida mantiene su eficacia sólo en tanto perdure
la situación fáctica en que se sustentara. De ahí que, como dice el art. 231, la
tutela podrá quedar sin efecto o modificarse si “al tiempo de la sentencia o dentro
de la secuela del proceso, (si) cambiaren las condiciones”.
La medida habitualmente contiene una condena provisoria que origina su
ejecución. No obstante, puede prever una decisión meramente declarativa,
constitutiva o determinativa, por ejemplo: cuando se decreta la suspensión de la
eficacia de un acto, que no supone un específico procedimiento de ejecución
para efectivizarla.
CAPITULO IX: CUMPLIMIENTO, RECURSOS Y MODIFICACIONES DE LA MEDIDA
anticipatoria, resultan de aplicación supletoria y en tanto fueran compatibles, los
preceptos que regulan tales etapas de las medidas cautelares. Lo mismo ocurre
respecto de los recursos que se brindan para atacar la decisión. En todos los
casos, tiene especial incidencia el carácter contradictorio del trámite previo al
dictado de la medida: “Solicitada la tutela el juez designará audiencia con
carácter urgente, a la que serán citadas las partes interesadas. Concluida la
misma y sin otra sustanciación, resolverá” (cuarto párrafo del art.231).
graduación, exenciones y eventual mejora (artículos 191 a 193).
La modificación de la medida sólo puede disponerse a petición de parte
interesada, sea para su ampliación o sustitución, en la forma prevista para las
medidas cautelares en el artículo 196, en tanto resulten compatibles.
Con coincidencia de toda la doctrina, la propia naturaleza de las medidas
en análisis, como el singular procedimiento a que están sujetas y la oportunidad
en que se decretan, excluyen la operatividad de su decadencia por caducidad,
como si rige y está previsto para las medidas cautelares típicas en el artículo
Finalmente, con respecto a la responsabilidad por el abuso, si bien los
presupuestos que lo condicionan llevan a considerar que difícilmente pueda
despacharse una medida anticipatoria a instancia de un requerimiento abusivo,
no debe excluirse toda responsabilidad de quien la solicita si, efectivamente,
hubiere abusado o excedido en el derecho otorgado por el art. 231.
“…y es que la influencia del factor tiempo se manifiesta
como el más poderoso y decisivo disparador
de las justicias e injusticias de los Sistemas Jurídicos actuales…”
Carolina Eguren 22 .
CAPITULO X: RECEPCIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PAMPA.
En la Provincia de La Pampa, con la reforma de la Ley 1828 del 3/12/1998,
innovadora combinación de los principios procesales. Sin dejar de lado principios
fundamentales, como el Dispositivo y el Contradictorio (o de bilateralidad), se ha
hecho un juego armónico de estos, dándole mas predominio al principio de
economía procesal (incluidos el de saneamiento, celeridad y concentración), al
principio de oralidad y al de inmediación.
Evocando palabras de José Pablo Descalzi 23 “en el Código Procesal de
La Pampa se puede observar: 1) una restricción del principio escriturario y una
consecuente ampliación de la oralidad con la incorporación de la audiencia
preliminar en el proceso ordinario; y otro tanto con la tutela anticipatoria que se
resuelve en una audiencia urgente, 2) se amplía el principio de economía
22 Eguren, María Carolina, “La jurisdicción Oportuna” en Sentencia Anticipada, Ed. Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2000. (Pág. 299)
23 Descalzi, José Pablo “Los principios formativos del proceso civil” Ponencia para las IX Jornadas nacionales de derecho procesal constitucional. Facultad de Cs. Jcas. Universidad del Salvador. Bs. As. 2006.
procesal al sumarizarse el proceso ordinario, 3) se difiere la bilateralidad,
determinados reclamos puntuales; y por la extensión de esa estructura a los
procesos de ejecución, 4) se conjugan los principios dispositivo e inquisitivo, al
permitir que el tribunal decrete de manera concurrente con las partes las pruebas
que estime pertinentes, y aún necesarias previo a resolver; etc.”.
Específicamente en el Libro primero, Capítulo tercero, Sección novena en
ANTICIPATORIA. PROCEDIMIENTO.-El juez podrá anticipar, luego de trabada
la litis, a requerimiento de parte, total o parcialmente, los efectos de la tutela
pretendida en la demanda o reconvención si:
existe verosimilitud del derecho en un grado mayor que las
medidas cautelares ordinarias
se advierte en el caso una urgencia impostergable tal que si la
medida anticipatoria no se adoptase en ese momento, la suerte
de los derechos se frustraría.
Se efectivice contracautela suficiente
La decisión no configura prejuzgamiento.
Solicitada la tutela el juez designará audiencia con carácter urgente, a la
que serán citadas
sustanciación, resolverá.
interesadas. Concluida la misma y sin otra
El juicio seguirá hasta su finalización. Al tiempo de la sentencia o dentro
de la secuela del proceso, si cambiaren las condiciones, la tutela anticipatoria,
podrá modificarse o quedar sin efecto.”.
CAPITULO XI: RECEPCIÓN LEGAL EN OTROS PAISES Y PROVINCIAS.
Mas allá de que en el Derecho Romano existían dispositivos (interdictos)
que funcionaban como verdaderas tutelas anticipadas y que, desde antiguo, en
el Derecho Francés también se fueron perfeccionando procesos que están en
esa misma sintonía (referé), lo cierto es que recién en la segunda mitad del siglo
XX el instituto bajo análisis comienza a encontrar claras manifestaciones legales
o, directamente, por
generales configurativas del instituto).
intermedio de otras
1-En Italia son paradigmáticos en este sentido el texto y los alcances del
art. 700 del Codice di Procedura Civile que consagra el provvedimenti d`urgenza.
2-En Francia el Nouveau Code de Procedure Civile mantiene en su
articulado a las ordonnances de referé, regulándolas en los artículos 484 y
3-En Portugal, luego de la reforma operada el 1/1/1997, el art. 381.1. del
Código del Proceso Civil sanciona claramente el instituto que nos convoca.
4-En el Derecho Norteamericano y dentro de las distintas “injuctions” se
puede citar a las “interlocutory injuctions”, que son ordenes emitidas en cualquier
tiempo durante un litigio pendiente por un corto plazo, con el objeto de prevenir
un daño irreparable para el peticionante durante el tiempo que la corte estará en
posición de decidir sobre los meritos de la pretensión procesal; al tiempo que,
“en concordancia con su objeto son limitadas
en la duración para algún
especifico tramo de tiempo; o como mucho para la conclusión sobre los méritos
de un caso”.
5-En Brasil, el art. 273 del Código do Procceso Civil (Según la reforma
por ley 8952/94) contempla el instituto nominándolo como “Anticipación de la
Tutela”. En éste, la anticipación de los efectos de la sentencia se adopta luego
de oír a la otra parte, para poder luego de sopesar sus razones, concluir si está
el abuso del derecho de defensa o el manifiesto propósito retardatorio del
6-También el moderno Código Procesal Civil de Perú (1999) en dos
7-En Uruguay, siguiendo el art. 280 del Código Tipo Procesal Civil para
Iberoamérica, el art. 317 del Código General del Proceso adopta la institución
bajo el nombre de “medidas provisionales y anticipadas”.
B) DERECHO NACIONAL
La mayoría de las provincias no cuentan con normas generales que
modificación a los Códigos de Rito conocidos en el ámbito nacional coincide con
la redacción del art. 231 de nuestro Código.
Son meritorios de destacar proyectos como los de Mendoza (2001) y
Chubut (2003).
Sin embargo, yendo bastante más lejos en el tiempo, ya en el Código
Sarsfield había consagrado varios
procedimiento en la acción de alimentos, será sumario, y no se acumulará a otra
acción que deba tener un procedimiento ordinario, y desde el principio de la
causa o en el curso de ella, el juez, según el merito que arrojaren los hechos,
podrá decretar la prestación de alimentos provisorios para el actor, y también las
expensas del pleito, si se justificare absoluta falta de medios para seguirlo”.
Otra muestra más de tutela anticipada es la previsión del art. 148 del
Código Civil cuando establece que “cuando la demencia aparezca notoria e
indudable, el juez mandara inmediatamente recaudar los bienes del demente
denunciado, y entregarlos, bajo inventario, a un curador provisorio, para que los
En el mismo Código Civil, en sucesivas reformas llevadas a cabo el siglo
pasado, consagró
que contienen claros
Anticipada: art. 1071 bis, 2499, 2618, 211, 231 y 233.
Los códigos procesales, por su parte, también contemplan casos de
Tutela Anticipada. Así por ejemplo, en el Código Procesal de la Nación, los arts.
83 (que concede el beneficio de litigar sin gastos de manera provisional), 629 (en
materia de declaración de incapacidad de las personas), 99 segunda parte
(tercerías de dominio y mejor derecho en las que, luego de prestar la fianza
correspondiente, el tercerista puede obtener el levantamiento del embargo), 100
(cobro del embargante a las resultas de la tercería), 616 (entrega del bien, bajo
fianza, en el interdicto de recobrar), etc.
En particular, la doctrina es unánime acerca del carácter de tutela
anticipada que reviste el instituto denominado “Desalojo Anticipado” que prevé el
art. 680 bis del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación. Este artí culo
prescribe que “en los casos que la acción de desalojo se dirija contra un intruso,
en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el
juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado
fuera verosímil y previa caución por los eventuales daños y perjuicios que
puedan irrogar”. De igual forma esta redactado en el art. 666 del Código
Procesal de La Pampa.
“Todos los habitantes de la nación
gozan de los siguientes derechos…peticionar
CAPITULO XI I : RECEPCIÓN JURISPRUDENCIAL.
importante destacar que este Tribunal en el caso del periódico “La Nación” de
24 Artículo 14 Constitución Nacional Argentina.
Costa Rica 25 , declaró “Que en el derecho internacional de los derechos humanos
las medidas provisionales tienen fundamentalmente un carácter no s ólo cautelar
en el sentido que preserva una relación jurídica, sino también tutelar por cuanto
protegen derechos humanos; siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos
de extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las
personas, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía
jurisdiccional de carácter preventivo”.
En Argentina mientras se produce la consagración legislativa de la tutela
anticipatoria en los distintos códigos de procedimientos locales, para hacer
operativa la técnica mencionada, tanto los tribunales superiores como los
inferiores han echado mano de los viejos y aun rendidores moldes de las
medidas cautelares (normalmente la Innovativa) y en otros casos la genérica
prevista en el orden nacional en el art. 232 del C.P.C.C.N. y en nuestro orden
provincial en el art. 224 del C.P.C.C. de La Pampa.
Es decir que, no es que se confundan los institutos, desde que, como fue
explicado más arriba las medidas cautelares y la tutela anticipatoria ostentan
notables diferencias en cuanto a su naturaleza jurídica; lo que sucede es que, a
25 Resolucion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de agosto de 2002. Medidas Provisionales respecto de la Republica de Costa Rica. Caso del periódico La Nación. Se puede ver en www.iidh.ed.cr .
falta de aquella regulación que aún no llega, los jueces utilizan las herramientas
“provisorias” ya conocidas y a su alcance.
En el Derecho de Daños el leading case ha sido “Camacho Acosta,
Maximiliano c. Grafi Graf
SRL” 26 , según resolución emitida por la Corte
Suprema de Justicia el 7/8/1997 que adquiere los ribetes de jurisprudencia con
“eficacia vinculante” para el resto de los tribunales de la República.
Recordando la plataforma fáctica del caso, viene a cuento indicar que
Maximiliano Camacho Acosta, en un proceso de indemnización de daños y
perjuicios que entabló contra la empleadora reclamó incidentalmente que se
dictara una medida cautelar innovativa que impusiera a Grafi Graf S.R.L. el pago
de una prótesis en reemplazo del antebrazo izquierdo que había perdido
amputado por una máquina de propiedad de aquélla.
El Juez de Primera Instancia desestimó el despacho de la cautelar,
que fue confirmada
cumplimiento al recaudo de la “verosimilitud del derecho” ya que de adentrarse
el tribunal en el examen de la cuestión debatida implicaría, sin lugar a dudas,
emitir opinión sobre el “thema decidendum”.
26 Camacho Acosta, Maximiliano c. Grafi Graf SRL. El fallo fue publicado –entre otros lugares- en JA entrega del 18/3/1998, Nº 6081, (Pág. 43/45).
Ante ello el actor deduce recurso extraordinario de inconstitucionalidad
contra dicho pronunciamiento porque –según su óptica- el Tribunal de Alzada fue
arbitrario al desechar sin justificación válida las pruebas aportadas en orden a
demostrar la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora por la
falta de colocación de la dicha prótesis.
Superando el criterio de que las resoluciones adoptadas sobre las
medidas cautelares no son revisables por recurso extraordinario (estimando la
resolución en crisis como “equiparable”
a sentencia definitiva en tanto su
mantenimiento podría configurar un “agravio de insuficiente, tardía o dificultosa
reparación ulterior” o bien “cuando la alteración de la situación de hecho o de
derecho pudiera influir en la sentencia o convertiría a su ejecución en ineficaz o
imposible” la Corte Suprema ingresa al tratamiento de la cuestión y su dictamen
a)“que en tal sentido, el recurrente ha puesto de manifiesto que la tardanza en la
definitiva le
provocará un perjuicio irreversible en la posibilidad de recuperación física y
psíquica de su parte, como también que la permanencia en la situación actual -
hasta el momento en que concluya el proceso- le causa un menoscabo evidente
que le impide desarrollar cualquier relación laboral, todo lo cual reclama una
decisión jurisdiccional eficaz para modificar el estado de hecho en que se
encuentra”. (Apartado 2º)
b) “Que esta Corte ha considerado a la medida cautelar innovativa como una
decisión excepcional porque altera el estado o de derecho existente al tiempo de
su dictado, y que por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del
fallo final de la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación
de los recaudos que hacen a su admisión”. (Apartado 3º)
c) “Que probados que fueron ante los jueces de primera y segunda instancia los
presupuestos de la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora
(respecto del primero el juez de trámite ya había concedido el embargo sobre
bienes muebles e inmuebles y en orden al segundo, el recurrente llevó a cabo
actividad idónea en tal sentido –ejemplo: demostrando la existencia de intentos
realizados por los demandados para disminuir su patrimonio por la falta de
seguro de accidentes de trabajo respecto del personal que desarrollaba sus
tareas en Grafi Graf S.R.L.) la alzada no podía desentenderse del tratamiento
concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento,
pues en ciertas ocasiones existen fundamentos de hecho y de derecho que
imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición
formulada, estudio que era particularmente necesario en el sub lite en razón de
que el recurrente pretendía reparar, mediante esta vía, un agravio causado a la
psíquica tutelada por
1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.” (Apartado 9º)
d) “Que ello resulta así pues es de la esencia de esos institutos procesales de
orden excepcional enfocar sus proyecciones –en tanto dure el litigio – sobre el
fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a
cabo, por que dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a evitar
la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del
magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la
oportunidad del dictado de la sentencia definitiva.” (Apartado 10)
e) “Que el mencionado anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el
examen de ese tipo de medidas cautelares, no importa una decisión definitiva
sobre la pretensión concreta del demandante y lleva ínsita una evaluación del
peligro de la permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución
que concilie –según el grado de verosimilitud – los probados intereses de aquel y
el derecho constitucional de defensa del demandado”. (Apartado 12)
Es importante remarcar que en un “proceso de daños” donde se postulaba
una pretensión resarcitoria, se “anticipó” parcialmente el eventual resultado de la
sentencia definitiva que se dictaría luego del transcurso del proceso (y que
quizás desestime la demanda).
Este detalle es muy trascendente pues, según los nombrados autores
autores, incluso en la actualidad es casi monolítica la jurisprudencia de la
mayoría de los Tribunales de la República en cuanto se proscribe “dar mediante
una medida cautelar lo mismo que se pretende obtener
en las sentencia
definitiva” o, en otras palabras “que son improcedentes las medidas cautelares
que se confunden con el objeto final de la pretensión deducida en el proceso o
importen su satisfacción sustancial”.
Como se ve, sobre la base de la operatividad de un derecho fundamental
del actor (art. 5, inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) el
Alto Tribunal supera los ápices frustratorios de la tutela judicial efectiva y
oportuna y, accede a conceder lo que llaman un “anticipo de jurisdicción” bajo el
nombre de medida cautelar innovativa.
La mayoría de la doctrina jurídica argentina (Morello, Arazi, kaminker y
Peyrano 27 ) estimó al pronunciamiento de marras como un caso emblemático de
“Tutela Anticipada”.
27 Peyrano, Jorge W. “Aspectos concretos del proceso urgente y de la tutela anticipatoria. Las recientes innovaciones brasileñas y la recepción por la Corte Suprema”, en AAVV; “Sentencia Anticipada”, Ed. Rubinzol Culzoni, Santa Fe 2000 (Pág. 39/40)
En el Derecho Público, otra importantísima sentencia de la Corte Suprema
Justicia Nacional fue “Salta, Provincia de c. Estado Nacional s/ Ejecutivo” 28 el
1/9/2003, la cual ratificó la línea que había esbozado en “Camacho Acosta” y,
anticipatoria”,
técnicas e, incluso, de “oficio”. En el caso el Alto tribunal, si bien denegó la
(embargo
Nacional para cubrir una deuda por manutención de presos federales alojados
en establecimientos carcelarios provinciales) estimó que la actora una vez
agotados los fondos que tenia a tales fines, no podría seguir alimentando a los
reclusos de lo que podrían derivarse graves consecuencias y la conculcación de
En base a ello indico que “tal estado de cosas exige expedirse sobre la
procedencia de lo que, a criterio de la Corte, importa una solicitud de que se
exija el cumplimiento futuro de la obligación que se reclama, con carácter
preventivo, a fin de aventar las inevitables consecuencias que tal estado de
cosas puede generar y que resultarían de imposible o tardía reparación en el
momento de dictar sentencia” (considerando 5).
28 Salta, Provincia de c.Estado Nacional s/Ejecutivo. El fallo se puede ver -entre otros lugares- Jurisprudencia Santafecina Nº 56, Ed. Panamericana, Santa Fe “Nuevo pronunciamiento de la Corte Federal sobre la tutela anticipada (nota al fallo)” de Peyrano, Jorge W.
Desde allí, concedió un “anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo
final de la causa” y, en consecuencia ordenó “al Estado Nacional que por
intermedio de la Subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de La
Nación remita a la Provincia de Salta los fondos oportunamente convenidos,
correspondientes a los meses posteriores a este pronunciamiento, hasta tanto se
dicte una sentencia en este expediente.
Para Peyrano 29 , lo novedoso de la Corte Suprema de Justicia es que, no
sólo ratifica el rumbo iniciado en “Camacho Acosta” sino que, ahora, lo hace a
título “oficioso” y afirma sin pretextos que lo que otorga es un “anticipo de
jurisdicción”, esto es, una “tutela anticipada” o “tutela coincidente”.
Señala el autor citado que “los síntomas son muchos y coincidentes: la
Corte Federal ha optado nuevamente, por otorgar una plausible jurisdicción
anticipada. Ya no se trata de un precedente aislado o circunstancial. Se trata de
muchos pronunciamientos de grado que se han atrevido a recorrer nuevos y no
demasiado conocidos caminos en aras de brindar un servicio de justicia más
ingenioso y eficiente”.
Precisamente siguiendo la doctrina sentada en Camacho Acosta por el
Alto Tribunal Nacional (en su carácter de interprete final de la Constitución
29 Obra citada en la anterior nota.
procesos de daños. Es el caso del Juzgado Civil, Comercial y Minería de General
Laplacette de Rezamal que el
17/12/1998, en el marco de un juicio de daños y perjuicios (“Erdozain, Carlos R.
v. Orellana, Marcelo E y otro” 30 ) derivado de un accidente de tránsito hizo lugar
a la tutela anticipada solicitada y ordenó a los demandados que abonaren en
forma mensual al actor la suma de $8000 mensuales, “hasta tanto se resuelva
en definitiva, bajo apercibimiento de ejecución”.
El actor solicitó y probó a través de distintas pericias médicas que, como
consecuencia del ilícito dañoso, había quedado cuadripléjico, sin equilibrio del
tronco, sin control
hipertensión secular
automática, etc., a mérito de lo cuál necesitaba en forma urgente de ciertos
cuidados terapéuticos y medicación adecuada - un terapista físico con una
dedicación de no menos de ocho horas diarias, más el uso de drogas especiales,
pañales descartables, la asistencia permanente de una enfermera especializada
y supervisión de un equipo médico multidisciplinario con más la asistencia
psicológica permanente – que no podían esperar el trámite del proceso pues de
30 JA, 1999-III (Pág. 221), con comentario de Guersi, Carlos A., “Medida Anticipativa: la prevención del agravamiento del daño de la persona” en JA, 1999-III (Pág. 222/224)
hacerlo, no sólo perdería efectividad el tratamiento sino que se agravaría su
estado que de por sí ya era precario y con eventual riesgo de vida.
La jueza hizo lugar a una tutela anticipada –proveer los fondos económicos
para obtener asistencia médica y
fisioterapéutica que evite un
reagravamiento
peticionante-.
verosimilitud, la
solicitado y, dato importante, no exigió contracautela pues el actor litigaba con
“beneficio de litigar sin gastos”.
Otro fallo famoso es “Elías, Julio y otros c. G.C.B.A.” 31 en el cual la sala F
de la Cámara Nacional Civil luego de señalar que “la tutela jurisdiccional
anticipada es excepcional y debe limitarse a lo estrictamente necesario para
evitar perjuicios irreparables”, que “La finalidad de la tutela anticipada estriba no
en asegurar el objeto del proceso o la eficacia de la sentencia, sino en adelantar
total o parcialmente la pretensión de la demanda, cuando de su insatisfacción
urgente derivaría un perjuicio irreparable, hizo lugar a lo solicitado y otorgó “el
anticipo de la indemnización por daños y perjuicios circunscribiéndose la misma
al lucro cesante mensual que sufren los solicitantes y evitar que caigan en un
estado de necesidad e insolvencia que les impida afrontar sus obligaciones de
31 Elías Julio y otros v. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. JA, 2000-IV (Pág. 520), con nota de Ghersi, Carlos A.
toda índole, calculándose dicho monto conforme las ganancias declaradas
probadas por los solicitantes”. La Cámara tuvo que aclarar que “La tutela
peticionada consistente en el anticipo de indemnización por daños y perjuicios,
encuadra en la regulación genérica del art. 232 del Código Procesal, por lo que
es operativa aun en ausencia de texto legal específico”.
Uno de los pronunciamientos más ilustres sobre la materia, es el emitido
por la Sala C de la Cámara Nacional Civil – integrada por los Dres. José Luis
Galmarini – Jorge Horacio Alterini –Fernando Posse Saguier – que en resolución
del 26/10/2001 “Poveda, Cesar c. Transportes Metropolitanos Belgrano S.A.
s/ medidas cautelares” 32 , revoca la decisión del órgano jurisdiccional inferior y
hace lugar parcialmente a la medida solicitada en carácter de tutela anticipatoria.
Por así decidir, tuvo por “acreditado que el derecho invocado por la
reclamante es verosímil” conclusión a la que arriba luego de analizar las
constancias emanadas de la causa penal en trámite, y particularmente el informe
del médico legista interviniente el que expone que “la menor presenta como
secuela del accidente sufrido la amputación de ambos miembros inferiores, el
derecho a nivel infrapatelar y el izquierdo supracondileo alto
32 Poveda, Cesar c. Transporte Metropolitanos Belgrano S.A. s/ medidas Cautelares.
que todo el proceso de rehabilitación, depende de la inmediatez en que se
comience” y, finalmente resalta “el efecto negativo que sobre el psiquismo de la
Atento a ello, el Tribunal se persuade “de la urgencia que reviste la
implementación inmediata del tratamiento quirúrgico, protésico y de rehabilitación
que debe afrontar la menor afectada” y en ese entendimiento “accede al pedido
formulado por el progenitor”.
Con cita de doctrina, la Sala C indica que “atiende primordialmente a la
gravedad del daño que la negativa de la medida podría producir a la menor, sin
dejar de apreciar asimismo, que la tutela normativa ordinaria y las medidas
inadecuadas para prevenir el perjuicio, perjuicio éste de muy dificultosa o
imposible reparación en la oportunidad de dictar sentencia definitiva” y remata
diciendo que “Hay supuestos en que el peticionario debe obtener de inmediato la
satisfacción de su derecho sin haberse agotado el conocimiento de la cuestión
en litigio, porque la urgencia es más importante que la certeza 33 , como ocurre en
autos donde la verosimilitud aparece configurada, máxime tratándose de una
33 Arazi, R., “Medidas Cautelares” (Pág. 1)
analogía con “Camacho Acosta”.
La Sala C estima que “no puede ser otorgado en forma anticipada el pago
del tratamiento psicoterapéutico de la menor, en vista de que no puede dejar de
considerarse que la anticipación de la tutela –netamente restrictiva- sólo procede
cuestión”(es un caso de tutela anticipatoria parcial por que se admiten dos
rubros(equipamiento y rehabilitación ortopédica) y se deniega uno (asistencia
psicoterapéutica)).También
patrocinaban y representaban a la parte actora quien ofrecieron su fianza
personal para el supuesto de que se considerare que, para el otorgamiento de la
cautelar peticionada, se requeriría una caución.
Ello es aceptado por el Tribunal que estimó que “Atento al carácter de la
medida autorizada, es claro que necesariamente debe interpretarse con la
prestación de una contracautela previa
o personal a efectos de garantizar
los derechos de `Transportes Metropolitanos Belgrano S.A.´ para el supuesto de
que la sentencia a dictarse fuera adversa a la pretensión de la actora. En tal
sentido, de conformidad con lo dispuesto por los art. 1998, 2005 y concordantes
del Código Civil, los profesionales adquieren en el caso el carácter de fiadores
solidarios y principales pagadores de la suma comprensiva de la acordada en
concepto de Tutela Anticipatoria y de los eventuales perjuicios que el aporte
pecuniario admitido irrogue a la empresa mencionada”.
Se previno también que “Lo hasta aquí expuesto en modo alguno puede
interpretarse como un adelanto de opinión acerca de lo que será motivo de
tratamiento en la sentencia. La Sala se limito a efectuar un análisis provisional de
los elementos incorporados a la causa, al solo fin de evaluar la viabilidad de la
medida solicitada”.
Finalmente, revocó el pronunciamiento del inferior y admitió parcialmente la
Metropolitanos Belgrano Sur S.A.” debería depositar en el término de cinco días
la suma de $29.500
entendimiento de que la obligada al pago pudo razonablemente creerse con
derecho a oponerse al planteamiento”
Otro dato interesante es que pocos días antes de dicha resolución la
misma Sala ordenó que previo a sentenciar sobre el recurso deducido se
confiriera traslado a “Trasporte Metropolitanos Belgrano S.A.” de la solicitud de
tutela anticipada de la actora “el que deberá ser contestado en el plazo de tres
días”, librando incluso cédula de oficio por Secretaria con habilitación de días y
que “Al
anticipatoria susceptible de producir
efectos materiales definitivos, para su
otorgamiento –en principio- debe darse previamente intervención a la parte que
resultaría afectada de ser admitida, garantizando de esta forma el derecho de
contradicción consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional”.
El Juzgado Federal de Córdoba, a cargo
del Dr. Alejandro Freytes, en
“Roca Emilio Horeste c. Juan Carlos Braschi y otros – ordinario” 34 el
27/9/99, dictó
hizo lugar a
Anticipatoria, ordenando que la aseguradora procediera a efectuar un depósito
mensual de $500 “que pudiera percibir el actor hasta completar la suma de
$10000”.
Esta medida se adopto “vía el despacho de una cautelar en el marco de un
juicio por mala praxis médica asistencial producido en un acto quirúrgico de
ablación de riñón. En la especie se ordenó a la aseguradora que depositara una
34 Roca Emilio Horeste c. Juan Carlos Braschi y otros- Ordinario. Citado por Peyrano, Jorge W. “Escolio sobre los `leading cases´ cordobés y platense, en materia de tutela anticipada”, en “Nuevas apostillas procesales” Ed. Panamericana, Santa Fe. (Pág. 163 y ss.)
Según Peyrano, el leading case Platense, es “Román Andrés Blas y
otros s. Cautelar Innovativa (tutela anticipada)” 35 . Dicha sentencia, relata el
autor de marras, suscripta por los Dres. Gualberto Lucas Sosa y Carlos Saúl
Marroco, data de septiembre de 2001 y proviene de la Sala 1 de la Cámara
Segunda de la ciudad de La Plata. Se trataba de un menor víctima de lesiones
También aquí se pidió y obtuvo el despacho de una innovativa con corazón
de tutela anticipada, previo otorgamiento de caución personal y tras ser oído el
destinatario del reclamo correspondiente.
El reclamo, consistía en un resarcimiento parcial y anticipado conformado
particularidad que se debía descontar de la condena anticipada a pagar que
pesaba sobre el demandado, lo abonado por iguales conceptos por IOMA (que
era la obra social).
35 Román Andrés Blas y otros s Cautelar Innovativa (tutela anticipada). Peyrano, Jorge W. “Escolio sobre los `leading cases´ cordobés y platense , en materia de tutela anticipada”. Obra ya citada en la anterior nota. (Pág. 163 y ss.)
Otro fallo destacable es el que dicto el titular del Juzgado Civil y Comercial
Bonaerense Nº 4 del departamento Judicial de Junín, Dr. Leopoldo Peralta
Mariscal, en autos “Courtade Roberto Fernando c. Delavalle Bautista Andrés,
Marquez Conrado y Otros s/ Medidas Cautelares” 36 el 3/6/2003, en virtud del
cual concedió una medida cautelar innovativa y ordenó que los demandados
abonen al actor una suma cercana a los 30000 pesos para someterse a una
operación quirúrgica a raíz de los daños sufridos en un accidente en el que
circulaba como tercero transportado.
En la provincia de Santa Fe, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en
lo Civil, Comercial y Laboral de Villa Constitución, a cargo del Dr. José Luís
Sedita despachó la tutela anticipada requerida en fallo del 4/10/2000 en “ Gómez,
Daniel R. y otro c. Damián E. Maggioni y/u otros. Daños y Perjuicios” 37 .
El actor víctima de un accidente de tránsito había quedado parapléjico y
con un estado prácticamente vegetativo (ya que sólo podía mover los ojos) y,
paramédicas.
36 Courtade Roberto Fernando c. Dellavalle Bautista Andres , Marquez Conrado y Otros s/Medidas Cautelares”. Citado en la obra de Peyrano, Jorge W. y Carbone , Carlos A. Sentencia anticipada (despachos interinos de fondo ) Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000. La sentencia también esta en www.diariojudicial.com.
37 Gómez, Daniel R. y otro c. Damián E. Maggioni y/u otros s. Daños y perjuicios.Comentario en Peyrano , Jorge W. “Tendencias y proyecciones de la doctrina de la tutela anticipada” Revista de derecho procesal. Año 2002-I. Ed. Rubinzal Culzoni. (Pág. 568)
Atento a ello y luego de sustanciar debidamente el pedido y recordar que
“El despacho interino de fondo es el que tiende a obtener una providencia no
anticipada total o parcialmente el objeto mediato de la pretensión contenida en la
demanda y que según la naturaleza del interés, el carácter de peligro que lo
amenaza o las particulares circunstancias que surgen de la situación jurídica por
la inminencia o presencia efectiva de un perjuicio irreparable
reparación, atento el grado de convicción enmarcado en la certeza suficiente que
se forma el juez en forma sumaria en base a la prueba aportada y de acuerdo a
consecuencias disvaliosas de un evento que podría producir la supresión o la
restricción de los efectos obligatorios o ejecutivos de la decisión sobre el mérito”,
el magistrado actuante dispuso que la demandada le asegurara a la actora a
partir de la notificación de la sentencia “los montos necesarios para cubrir los
cuidados médicos y paramédicos, intervenciones quirúrgicas y sus accesorios,
compra de medicamentos, etc. y toda otra modalidad que no pueda prescindir de
ellos sin graves riesgos para su vida, salud física y psíquica, en forma directa o a
través de empresas de salud especializadas a tal fin; y que deberá mantenerse
durante el plazo de seis meses, salvo que cambiasen las circunstancias que
dieron lugar a la misma, bajo apercibimiento de imponerse astreintes en caso de
Por otra parte el Juez dijo que “Atento al convencimiento del suscripto
sobre el grado de certeza y al conjunto de circunstancias que hacen a la fuerte
probabilidad de que su posición sea la jurídicamente correcta, más la gravedad
del estado de salud de la menor y su contexto y teniendo en cuenta que la parte
actora tramita su declaratoria de pobreza a fin de lograr el beneficio de litigar sin
gastos –lo que en principio nos presenta una situación económica, que hace
presumir su imposibilidad de realizar los importantes gastos para atender sus
necesidades – estimo prudente relevarla de prestar contracautela”.
Finalmente, el fallo emitido el 17/6/2004 por la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen en “Dematteis, Julián c. Cabaleriro,
Raúl A. y otros” 38 , el Alto Tribunal citado no sólo confirma la sentencia del
tribunal inferior que hizo lugar al reclamo anticipatorio pedido con el fin de que el
sanatorio y el profesional codemandado abonen los gastos médicos necesarios
(no incluidos en la cobertura social del I.O.M.A. o incluidos pero ante la hipótesis
de incumplimiento de esa entidad, “hasta la suma de $500 mensuales”) para el
tratamiento de un menor que había sufrido daños (encefalopatía crónica desde el
38 Dematteis, Julián c. Cabaleiro, Raúl A. y otros. Publicado en LLBA 2004. (Pág. 925)
momento del nacimiento ) cuya reparación se reclama en el juicio principal de
mala praxis médica sino que, además ante el vacio legal en la materia, los
sentenciantes se preguntan , “¿Qué sustento jurídico puede invocarse hoy para
peticionar o emitir una resolución anticipatoria?”.
que parece claro
es según se
el caso “que
reglamentación legal ritual expresa no es argumento bastante para permitir la
frustración sustancial de derechos: deben los justiciables proponer y los jueces
encontrar instrumentaciones formales ajustadas a la medida del interés a tutelar,
cuidando de salvar el derecho de defensa en juicio de todos los interesados. Es
impensable que la ausencia de reglamentación procesal pueda conducir a la
violación del derecho humano a obtener una respuesta jurisdiccional sustancial
urgente, cuando la urgencia es la medida de lo razonable por la inutilidad de una
respuesta ulterior, ya tardía por la consumación irreparable del perjuicio.”
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable…” 39
CAPITULO XIII: JURISPRUDENCIA PAMPEANA.
A través del análisis de la siguiente jurisprudencia mostraré cómo se
empleaba, antes de la Reforma 1828, el Instituto de la Tutela Anticipatoria y
cómo se ha aplicado a partir del 2001 en la Provincia de La Pampa (como
medida cautelar innominada y como sentencia anticipatoria respectivamente). En
la causa “Díaz Anita Eleuteria c/ Ente Provincial del Río Colorado y Otros s/
Alimentos” 40 del 20/3/1996, cuyo objeto es reclamar alimentos provisorios para
tres menores cuyos padres fallecieron con motivo de un accidente de tránsito,
después de solucionar una contienda negativa que se dio en el caso, la
demandada (Ente Provincial del Rio Colorado) apela la resolución fs. 70/74 que
decreta como medida cautelar genérica una cuota alimentaria mensual provisoria
para atender las necesidades de subsistencia de los menores Matías Sebastián,
Yanina Araceli y Carlos Miguel Ruggeri, cuyos padres fallecieron en un accidente
automovilístico por el cual se tramita una acción por daños y perjuicios, y se cita
en garantía a La Ibero Platense.
39 Artículo 8 Pacto de San José de Costa Rica.
40 Díaz Anita Eleuterio c/ Ente Provincial Del Río Colorado y Otro s/ Alimentos. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería. Expte. Nº 7.613/96 r.C.A. 20/3/1996
La demandada observa que la naturaleza jurídica de los alimentos que sólo
son debidos por parientes y las medidas cautelares que resultan en este caso,
según los agraviados, resultan incompatibles, ya que solamente proc ederían si
fuera verosímil el derecho a ser alimentado.
Sin embargo, el art. 234 del Cód. Proc. establece que fuera de los casos
previstos en los arts. 195 a 233 “quien tuviere fundado motivo para temer que
durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho este pudiere
sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes
que, según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar provisionalmente
el cumplimiento de la sentencia”. Es decir que se admiten medidas cautelares
innominadas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

References: artículo 231
 resolución 
 artículo 305
 artículo 273
 resolución 
 artículo 232
 artículo 196
 Artículo 14
 resolución 

resolución 
 resolución

 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 8