Source: http://albergueweb1.uva.es/javiermatia/cataluna-materiales/
Timestamp: 2018-05-27 15:15:24+00:00

Document:
Cataluña (materiales) | Javier Matia
NOTA: Se presenta un resumen de los principales hechos acontecidos en Cataluña en los últimos años. Se ha optado por incluir, siempre que ha sido posible, el texto en castellano, porque una de estas páginas es contribuir a la difusión internacional de lo ocurrido en nuestro país. Frente a la retórica nacionalista, se opta aquí por presentar los documentos originales para que los lectores, españoles y foráneos, puedan formarse su propia composición de lugar. Es oportuno hacer notar que la mayor parte de enlaces son de páginas externas y que es probable que se pueda enriquecer este modesto acervo documental con otros materiales añadidos. Por estas razones, os quedaré muy agradecido si me hacéis llegar documentos adicionales o me informáis de algún hipervínculo que haya dejado de estar operativo. Valladolid, 15 de abril de 2018, javierfacultad@gmail.com.
Los nacionalistas catalanes y algunas formaciones políticas sitúan el origen del movimiento secesionista en la STC 31/2010 (corrección de errores 1 y 2), que desactivo una buena parte de la carga constituyente de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (texto original). Resulta difícil compartir esta opinión. Como se recordará porque lo sorprendente es que, por primera vez en nuestra historia constitucional, una reforma estatutaria no contara con el respaldo de las dos grandes formaciones políticas nacionales, que el Presidente del Gobierno se comprometiera a aceptar lo que viniera de Cataluña y que la posterior actuación del Congreso de los Diputados no fuera para negociar políticamente su contenido sino para pulir las disposiciones que eran manifiestamente incompatibles con la Constitución.
En todo caso en un Estado de Derecho no se puede cuestionar que los sujetos legitimados constitucionalmente para ello cuestionen la regularidad de las leyes. Noventa y nueve Diputados elegidos en las filas del Partido Popular impugnaron el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2010 y dio lugar a la citada STC 31/2010 (corrección de errores 1 y 2). Las posteriores Sentencias 137 y 138/2010 resolvieron los recursos interpuestos por el Defensor del Pueblo (STC 137/2010) y por el Consejo de Gobierno de la Rioja (STC 138/2010). Tras la depuración sufrida por estas resoluciones se puede consultar el texto consolidado del Estatuto.
Previamente, el Parlamento catalán adopta una Resolución que cuenta con el respaldo de las formaciones (CiU, ICV-EUiA, ERC, SI, DC) y el apoyo del socialista Ernest Maragall (y la abstención del PSC), y con los votos en contra de los Procuradores elegidos en las filas del PP y de Ciudadanos. En esta Resolución (Resolución 742/IX del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno de la Generalidad, punto primero, 27/09/2012), y al abrigo de la multitudinaria manifestación celebrada en la diada el anterior 11 de septiembre, “expresa la necesidad de que Cataluña haga su propio camino y de que el pueblo catalán pueda decidir libre y democráticamente su futuro colectivo, para garantizar el progreso social, el desarrollo económico, el fortalecimiento democrático y el fomento de la cultura y la lengua propias”.
Sin embargo, CiU partido pierde apoyo popular en las elecciones celebradas el 25 de noviembre de 2012 (wikipedia). Pese a todo, Artur Mas mantiene la presidencia, gracias al apoyo de Esquerra Republicana (21/12/2012) tras llegar al Acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Cataluña (catalán, resumen en castellano) el 19 de diciembre de 2012. Este documento certifica el compromiso de “hacer una consulta al pueblo de Cataluña para que pueda decidir democrática y libremente su futuro colectivo” (en particular, “sobre la posibilidad de que Cataluña pueda devenir un Estado en el marco europeo”).
Este documento es también muy relevante porque fija una hoja de ruta que luego se cumplirá de forma escrupulosa, al margen de los problemas jurídicos que se vayan generando. Se acuerda, así, (1) “formular una ‘Declaración de Soberanía del Pueblo de Cataluña’ en el primer pleno ordinario de la X Legislatura”, (2) “Aprobar la Ley de consultas”, (3) “abrir un proceso de negociación y diálogo con el Estado español para ejercer el derecho a decidir que incluye la opción de convocar un referéndum”, (4) “crear el Consejo Catalán para la Transición Nacional”, y (5) convocar la consulta.
Aunque el Pacto Nacional por el derecho a decidir (información en catalán), que celebra su primera reunión el 26 de junio de 2013 se presenta como una iniciativa social, lo cierto es que la misma se celebró en el Parlamento y su página web se sustenta por la Generalidad. También se constata este dato en el Manifiesto en el que se indica que “El gobierno de Cataluña, diversas instituciones públicas y privadas y los partidos políticos signatarios así como asociaciones y entidades catalanas de ámbito municipal, cultural, educativo, comunicativo, social, civil, deportivo, generacional, sindical, empresarial” manifiestan, entre otras cosas, que “Cataluña es Nación y toda Nación tiene derecho a decidir su futuro político” (texto íntegro en catalán). Afirmación que contradice directamente lo indicado por el Tribunal Constitucional en la citada STC 31/2010. A través de una misiva dirigida por Artur Mas al Presidente del Gobierno para negociar la celebración una consulta (23/07/2013). El Presidente del Gobierno responde a través de otra carta (14/09/2013), en la que se ofrece a negociar en el marco de la Ley.
En la Resolución 323/X del Parlamento de Cataluña, de 27 de septiembre de 2013, sobre la orientación política general del Gobierno de la Generalidad, “El Parlamento de Cataluña insta al presidente de la Generalidad a anunciar, habiendo dialogado previamente con todas las fuerzas políticas que amparan el derecho a decidir, y buscando el máximo consenso posible, la vía o vías para la celebración de la consulta, la fecha de la consulta y la pregunta, bajo el amparo de la legalidad, para poder hacer efectivo a lo largo del año 2014 el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su futuro político”.
El jueves 12 de diciembre de 2013, Artur Mas anuncia que la consulta se realizará el 9 de noviembre del 2014 (9n, en adelante) y que en la misma se realizarán dos preguntas consecutivas: ““¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no”. A continuación, y en caso afirmativo, habrá una segunda cuestión: “¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no”” (Ver noticia en prensa y, en ella, el video de presentación de la consulta).
A la vista de esta sorprendente actuación, el Gobierno de la Nación recurre también, al amparo del Título V LOTC, “las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre (y en los días sucesivos en los términos de la convocatoria), mediante un denominado “proceso de participación ciudadana”, contenida en la página web http://www.participa2014.cat/es/index.html y los actos y actuaciones de preparación, realizadas o procedentes, para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta”. El Tribunal Constitucional admite el recurso a trámite y acuerda la suspensión el 4 de noviembre. Confirma esta decisión en el ATC 292/2014, de 2 de diciembre desestimando el recurso interpuesto por la Generalidad de Cataluña y decreta la in constitucionalidad de las actuaciones realizadas en la posterior STC 138/2015, de 11 de junio. La estrategia de la Generalidad es impugnar todo, y hacerlo casi siempre de forma extemporánea. Así, por ejemplo, se impugna la decisión del Gobierno de impugnar el proceso participativo una vez que el Tribunal Constitucional ha acordado su suspensión, lo que explica que el ATS de 6 de noviembre se desestime la medida cautelar solicitada de suspender el acuerdo del Gobierno y se acuerde posteriormente la inadmisión del recurso (ATC de 27/11/2014). Previamente dos particulares y la Asociación Proyecto Catalán habían realizado una impugnación de actuaciones del Gobierno que les impedía votar y que fue, lógicamente, inadmitido mediante ATS de 17/10/2014.
Artur Mas ha sido condenado como autor responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público y Joana Ortega I Alemany e Irene Rigau i Oliver, como cooperadoras necesarias del mismo (STJC de 13 de marzo de 2017). Han sido inhabilitados durante 24, 18 y 12 meses, respectivamente (aunque esta resolución no es firme). Es interesante recordar la línea de defensa del Ex Presidente, y para ello retomamos algunas afirmaciones citadas por la prensa: “No había ánimo de cometer ningún delito ni de desobedecer a nadie”; “Ha explicado que el Ejecutivo organizó una primera consulta, que fue suspendida por el Constitucional, y que tras ese veto decidió “cambiar el formato” e idear una “jornada de participación”, lo que fue el 9-N: 2,3 millones de personas votaron ese día. Mas ha asumido que fue “el máximo responsable de la idea” y de “dar las instrucciones” a su Gobierno para organizarla. Pero con un matiz. El 9-N, ha dicho, no fue “directamente organizado” por la administración, que se limitó a prestar su “apoyo” a los 42.000 voluntarios, verdaderos ejecutores de la jornada”. Estas manifestaciones explican bien un carácter reiterado de los golpistas, cuál es sus relevantes recursos literarios.
En 2014 se comienzan a plasmar los proyectos de secesión en el papel. Esto ocurre destacadamente con el Libro Blanco sobre la transición nacional de Cataluña (2014): Síntesis / Informes (Más información aquí). Otra buena muestra de este fervor puede verse en el también Libro Blanco sobre Barcelona, capitual de un nuevo Estado (elaborado en el seno del Ayuntamiento de Barcelona).
El Parlamento de Cataluña pretende crear estructuras del Estado. Quiere hacerlo de forma inmediata a través de la reforma del artículo 135 RPC para facilitar la tramitación de Leyes en procedimientos de lectura única. Aunque este precepto es cuestionado por el Presidente del Gobierno de la Nación, y el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso (ver el ATC 117/2017, de 16 de agosto que desestima el recurso de súplica de la Generalidad contra la admisión), declara finalmente que el precepto reglamentario es constitucional siempre que se entienda que “su silencio en torno al trámite de enmiendas en el procedimiento de lectura única no significa que excluya y prescinda de dicho trámite en esta modalidad de procedimiento legislativo, tratándose, en los términos y condiciones que han quedado expuestos, de una fase preceptiva y necesaria del procedimiento legislativo” (STC 139/2017, de 29 de noviembre).
Tras dictar la Resolución del Parlamento de Cataluña 807/XI, por la que se designan los miembros de la sindicatura electoral de Cataluña al amparo de la disposición final tercera de la Ley del referéndum de autodeterminación, el Abogado del Estado solicita al Tribunal Constitucional la adopción de medidas cautelares. Los nombrados cómo síndicos son Marc Marsal i Ferret, Jordi Matas i Dalmases, Marta Alsina i Conesa, Tània Verge i Mestre i Josep Pagès Massó en calidad de suplentas y Josep Costa i Rosselló i Eva Labarta i Ferrer porque, pese a ser advertidos de la suspensión de la norma, estaban actuando de facto (designando a a los miembros de las sindicaturas de demarcación o aprobando diversos documentos), tratando de evitar que se le comunicasen (personalmente) los públicos pronunciamientos del Tribunal. En el ATC 126/2017, de 20 de septiembre, el Tribunal Constitucional impone por vez primera, multas coercitivas de 12.000 euros por día a todos los miembros nombrados en las sindicaturas hasta que hayan “renunciado a sus cargos en las sindicaturas respectivas, previa revocación de todas las resoluciones y acuerdos adoptados y tras haber comunicado a los mismos destinatarios de las resoluciones y acuerdos, que estos han quedado sin efecto”. Previamente, se había inadmitido una recusación dirigida contra todos los Magistrados del alto Tribunal (ATC 125/2017, de 20 de septiembre), que se reproducirá nuevamente y será nuevamente inadmitida por ATC 132/2017, de 3 de octubre). Notificada la resolución coercitiva, todos los síndicos presentaron su inmediata renuncia, como era de esperar, por lo que se levanta la medida cautelar impuesta en el posterior ATC 151/2017, de 14 de noviembre (que no precisa aclaración alguna, ATC 168/2017, de 12 de diciembre). Ya veremos que el plan será, después, contar con expertos internacionales. La Resolución parlamentaria fue declarada inconstitucional y nula por STC 120/2017, de 31 de octubre.
Conviene recordar que el mismo 27 de octubre se someten a la consideración del Parlamento Propuestas de Resolución presentadas pol Junts pel Sí-Unitat Popular-Candidatura d’Unitat Popular (27/10/2017) (en catalán), que pretenden ahondar en la quiebra con la legalidad constitucional. Se aprueban dos resoluciones sobre Declaración de los representantes de Cataluña y Proceso Constituyente. Además de declarar su nulidad, el ATC 144/2017, de 8 de noviembre, acuerda recordar a los miembros de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de su deber de impedir o paralizar cualquier medida que cuestione aquélla y da traslado al Ministerio Fiscal de lo acaecido.
La primera pretensión es que sea investido el propio Puigdemont, pero hacerlo sin que se asista, a tal efecto, al Parlamento. Esta iniciativa del Presidente del Parlamento de Cataluña, que vulnera no solamente el Reglamento de la Cámara sino el sentido común es rápidamente abortada por la oportuna impugnación del Abogado del Estado. Antes de la admisión del recurso, el Tribunal Constitucional adopta las siguientes medidas cautelares: “(a) No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario; (b) No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión” (ATC 5/2018, de 27 de enero. En el posterior ATC 6/2018, de 30 de enero, desestima la solicitud de declaración de nulidad del ATC 5/2018, de 27 de enero, formulada por don Carles Puigdemont i Casamajó y otras 32 personas, en la impugnación de disposiciones autonómicas 492-2018 planteada por el Gobierno de la Nación).
Oriol Junqueras y Raúl Romeva han interpuesto recurso de reforma (desestimado el 9 de mayo de 2018) y de apelación el 14 de mayo de 2018 (texto íntegro aquí).
Previamente, el Gobierno de la Nación había llamado a la prudencia de los nuevos responsables del Gobierno Catalán, recordando que la aplicación del artículo 155 CE ha sentado un precedente que conviene no olvidar y anunciando el inmediato fin de la medida en el momenot en que se constituya el nuevo gobierno regional. El Presidente electo remite una carta (texto completo aquí) al Presidente Rajoy el día 18 de mayo, un día después de haber tomado posesión, en la que, de forma contradictoria, le solicita una reunión invocando al diálogo al tiempo que le anuncia que defenderá el proyecto político “que avaló la mayoría de los ciudadanos de Catalunya el pasado 21 de diciembre, fiel a la expresión democrática del 1 de octubre y a su resultado”, que se acepta siempre que se realice en el marco del ordenamiento jurídico. No debe sorprendernos este dato. Lo primero que hace Torras tras ser elegido es viajar a Bruselas y reunirse con su líder Puigdemont.
En todo caso, como ya se ha indicado, Torra toma posesión de su cargo el día 17 de mayo, pese a que un día antes un centenar de juistas habían pedido al Presidente Rajoy que lo impidiera. Lo hace en una ceremonia rara, de dos minutos de duración, sin presencia ni de miembros del Gobierno de la Nación (a los que se trata de imponer una presencia de bajo perfil) ni de invitados, en la que no se utiliza la Medalla (porque entiende que pertenece a Puigdemont) y en la que se compromete a ejercer “con fidelidad a la voluntad del pueblo de Catalunya representado por el Parlament”, sin aludir a la Constitución, al Estatut y al rey. Lo cierto es que tal juramento resulta sorprendente, aunque es de justicia recordar que lo mismo ocurrió en el caso de Puigdemont y no fue en ese momento cuestionado, aunque ahora lo haga Ciudadanos. Por el momento, el Tribunal Superiior de Justicia de Cataluña se ha negado a suspender el acto de la toma de posesión (Auto de 24 de mayo de 2018).
El Gobierno opta por no publicar el decreto de nombramiento de los Consejeros de la Generalidad y alcanza un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos para mantener el 155. Se compromete el Gobierno a examinar la viabilidad de dicha publicación mediante carta de 19 de mayo de 2018. El PDeCAT solicita su comparecencia en el Senado por su decisión de matener el 155 dos días más tarde. La Presidencia del Govern remite un nuevo escrito el 22 de mayo solicitando la inmediata publicación del Decreto, a fin de que los Consejeros puedan tomar posesión un día despúes (pese a que ya se ha resuelto judicialmente sobre su solicitud de libertad), o se indiquen los motivos jurídicos que lo impiden. El Dictamen 93/2018 de la Comisión Jurídica Assora de la Generalidad confirma la obligación del Gobierno español de publicar el Decreto en el Diario Oficial de la Generalidad.
31/07/2017 0 Comment javiermatia read

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 135
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 artículo 155