Source: http://enfoquedirecto.com.ar/dialogoSemanal.php?id=706
Timestamp: 2018-11-19 09:02:01+00:00

Document:
"Esto configura una caso de gravedad institucional"
Pedro Carreño, uno de abogados del Colectivo Ciudadan@s habló con Enfoque Directo sobre la resolución negativa del TSJ sobre la inconstitucionalidad del decreto 840.
La semana pasada una resolución del TSJ firmada por su presidente, Luis A. Brizuela y con la adhesión de los vocales Mario Emilio Pagotto y Claudio Anna rechazó, sin ningún tipo de fundamentos, la posibilidad de analizar y resolver si el Código de Faltas de la dictadura y el decreto 840 que lo modifica y sin son aplicables o no por estar derogados por la Legislatura.
Un grupo de ciudadanos y ciudadanas presentaron en marzo una demanda que acumula una acción declarativa de certeza, sobre la aplicabilidad del Código de faltas y el decreto-ley 840 que lo modifica, a la respectiva acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), basados en un caso concreto de su aplicación a una ciudadana arrestada y multada.
¿Cuáles fueron los argumentos del TSJ para rechazar la Acción de Inconstitucionalidad sobre el decreto 840?
No hubo argumento. Nosotros hemos demandado la inconstitucionalidad tanto del decreto 840 que no es integral, no es completo ni autosuficiente porque en sí mismo es la modificación de otro cuerpo legal que es el Código Contravencional de 1983 (Código de Faltas de la Dictadura). Y uno de los grandes déficit que tenemos en materia contravencional es que no tenemos un cuerpo integrado que regule la materia.
No es el 840 una regulación integral, lógica que asegura las garantías constitucionales. Es la modificación del artículo 44 del Código de Faltas, aquella vieja norma. Es una norma con todo el poder para la Policía y el Poder Ejecutivo. No tienen mejor idea los legisladores que tomar ese artículo, lo modifican, fue decreto ley y hoy es ley de la Provincia.
Entendemos que, en sí mismo, es inconstitucional por la falta de racionalidad y por el contexto normativo en el que se inserta que es el Código de Faltas por los procedimientos. La policía constata la infracción, toma las medidas, le cobra la multa, instruye el sumario, recolecta la prueba, juzga, condena y entiende en la apelación. A todo esto el ciudadano está detenido sin la intervención del Poder Judicial y sin asistencia letrada. Tampoco se le garantiza la asistencia letrada. Contra la determinación del comisario, se apela al jefe de la Policía y ante la determinación del Jefe de Policía, se apela ante el ministro de Gobierno e intervención pública.
El infractor esta enjuiciado por la policía. Y, hasta el momento, no hubo una Habeas Corpus o una sentencia sobre este tema.
Hemos planteado la inconstitucionalidad. La parte del Código Faltas que se refiere a normas de tránsito está derogadas por lo que nunca pudo el Ejecutivo dispuesto la modificación del artículo 44 para transformarlo en el decreto 840 ya que, ese artículo con las otras normas, han sido derogados
¿Modificó entonces algo que no tenía validez?
Y peor todavía, lo puso en vigencia. Y tiene triple sanción: la multa, la prisión y si no hay dinero la destrucción del vehículo.
Volviendo a esto, habíamos acumulado la Acción de Inconstitucionalidad y una Acción Declarativa de Certeza (cuando hay dudas de un ciudadano sobre la vigencia de una norma). Nuestra duda es que es inválido y se inscribe en un marco normativo derogado. Las dos juntas son compatibles y acumulables. En decreto del TSJ dice: "Téngase por presentado la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar". Faltaba la Declaración de Certeza. Presentamos un escrito con la omisión de la Acción Declarativa de Certeza. Responde el Tribunal: “no ha lugar por improcedente”. Hay una carencia de fundamentos y eso habla de un resolución inválida. Las resoluciones judiciales deben ser fundadas.
Presentamos un Recurso de Reposición porque se trata del acceso a la justicia. El juez no tiene la discrecionalidad de decir esto por aquí no va pasar. Sale la sentencia la semana pasada y nos expresaron no había fundamentos suficientes y que los fundamentos son extemporáneos. Es inconcebible. Tenemos que seguir luchando para saber si el decreto 840 y todo el contexto normativo que el Código de la dictadura es aplicable; y además si es inconstitucional.
¿Una cosa es hacer un fallo con fundamentos y esto es otra cosa?
Los jueces están obligados a dar curso a una demanda porque los ciudadanos tienen el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, es el derecho del debido proceso. Hoy estamos discutiendo otras cosas para un estado democrático y una democracia igualitaria. Esto es lo que se está negando. Todos estamos autorizados a pensar por qué.
¿Y qué precedente deja este fallo?
Que este tema no se analiza y pero no puede tener una declaración de invalidez y de aplicación mientras no me digan en qué me equivoqué. Quisiéramos creer que hay un interés en que el 840 no se discuta y no todo aquello que el Tribunal no quiere.
En el año 1996 el diputado Ricardo Quintela presento un proyecto que era declarar aplicable en La Rioja la Ley Nacional de Tránsito. Es la Ley 8186 y dice que queda derogada otra norma anterior que se le opone. Si es una regulación integral y están derogadas las viejas normas sobre la circulación vial, como el Código de Faltas, como puede el Ejecutivo en el 2015 tomar el artículo 44 y ponerlo en vigencia como 840. Es imposible.
Existieron otros cuerpos normativos como el Código de Convivencia sancinado en el 2001. En el gobierno de (Ángel) Maza se presentó el proyecto por el cual se sancionó un nuevo Código de Convivencia. La ley es sancionada y publicada y decía que a los 10 días entraba en vigencia. Cuando faltaban tres días, sale un decreto de necesidad y urgencia, por el cual, modifica la ley, en cuanto a su vigencia, y dice qué como todavía no están creados los juzgados se suspende.
Todos asumieron que está suspendida y la Legislatura lo convalidad y ni siquiera lo trata, paso como correspondencia. Es inconstitucional de pie a cabeza. Hace dos años se sanciona otro que quedó suspendido.
Creemos razonablemente que esto debía ser resuelto y aclarado y no hemos tenido respuesta del Poder Judicial y esto configura una caso de gravedad institucional cuando en una causa judicial lo que se va resolver excede el individuo y afecta al interés de los ciudadanos.
Queda recurrir a la Corte Suprema. Es un Recurso Ordinario Federal que se interpone ante el mismo tribunal y analiza si están dadas las condiciones en relación a las formas y los contenidos para que la causa se eleve a la Corte. Y si el TSJ no lo admite, contra esa denegatoria puede ir con un Recurso de Queja.
¿Por qué cree este accionar?
No es jurídica. Mi conclusión es que los jueces no están cumpliendo con la misión de ser los que dice el derecho y aplicar la Constitución. Estamos todos amenazados con la aplicación de una norma inconstitucional.
No estamos propiciando liberar el tránsito a cualquier condición y forma. Hay la necesidad de debatir y convocar a debates, analizar, llamar a entendidos y a la comunidad para ver que es lo útil para la seguridad ciudadana y sancionar una norma racional, lógica. Estamos muy lejos de propiciar de que se libere el tránsito y se cometan delitos impunemente.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 44
 resolución 
 artículo 44