Source: http://studylib.es/doc/196389/amparo-vs.-tenencia-2012
Timestamp: 2018-02-21 03:12:34+00:00

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CIUDADANO JUEZ DE DISTRITO MATEIRA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO FEDERAL
__________________, por mi propio derecho, y teniendo como domicilio el inmueble ubicado
en , y señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, aún las de carácter
______________________________________________, autorizando en términos amplios de
lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Amparo a los CC. LICENCIADOS ROBERTO
O´FARRILL GONZALEZ y ________________________________ estando ante esa H. Autoridad
Judicial con el debido respeto, comparezco y expongo el siguiente capitulado:
Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 4, 21, 22, 36, 114, y 116 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 52
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, con el carácter que ostento vengo a
interponer en tiempo y formalmente JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, en contra de las
autoridades y actos que señalaré en el capítulo respectivo, acudiendo a la presente acción en
virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 114 de la Ley de
Amparo vigente, que establece que el Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito es
procedente, contra leyes federales o locales que por su sola entrada en vigor o con MOTIVO
DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, causan perjuicio al quejoso como en el caso que nos ocupa,
lo es la ley señalada como acto reclamado en esta demanda
II. El precepto y la Disposición que se controvierten de inconstitucionales dispusieron:
de fecha 28 de Diciembre de 1974).
Actualizada al 17 diciembre 2010
ARTICULO 118.- Están obligadas al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, las personas físicas y las
morales tenedoras o usuarios de los vehículos a que se refiere el presente capítulo, dentro de la circunscripción
Para los efectos de este impuesto se considera que la tenencia o uso de vehículos se efectúa dentro de la
circunscripción territorial del Estado, cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:
(Este amparo fue obtenido de la pagina web http://www.buenastareas.com/ensayos/Formato-De-AmparoContra-Tenencia. Corregido, actualizado y aumentado por el Lic. Roberto O´Farrill González, para cualquier
aclaración o comentario escribir al correo [email protected] o visite la pagina web:
www.ciudadanosunidos.org; y corresponde a la reforma de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León en vigor
en el año 2011).
Se inscriba el vehículo en el registro vehicular del Estado.
El domicilio o domicilio fiscal del tenedor o usuario del vehículo se localice dentro del territorio
Para los efectos de este Capítulo, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo.
Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante las oficias
autorizadas, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y
enterarse previamente al momento en el cual se solicite el registro del vehículo en el padrón vehicular o realice
cualquier trámite tendiente a obtener la autorización o permiso de cualquier índole para circulación en traslado.
El impuesto se pagará en las oficinas o instituciones autorizadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
El pago antes mencionado se realizará de manera simultánea con los derechos por los servicios de control vehicular
establecidos en esta Ley y demás contribuciones que resulten aplicables dentro del trámite realizado.
Las personas físicas o morales cuya actividad sea la enajenación de vehículos nuevos o importados al público, que
asignen dichos Vehículos a su servicio o al de sus funcionarios o empleados, deberán pagar el impuesto por el
ejercicio en que hagan la asignación, en los términos previstos en el cuarto párrafo de este Articulo.
En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de aplicación del impuesto a que
se refiere este Capítulo, se pagará el impuesto correspondiente al año de calendario en que se enajene o importe,
según corresponda. El impuesto para dichos vehículos se determina en el siguiente año de calendario bajo el
criterio de vehículo nuevo.
Para los efectos de este Capítulo, también se consideran automóviles, a los omnibuses, camiones y tractoras no
agrícolas tipo quinta rueda.
En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el Impuesto se pagará como si este
fuese nuevo.
Cuando la enajenacl6n o Importaci6n de vehículos nuevos se efectúo después del primer mes del año de calendario,
el impuesto causado por dicho año se pagara en la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente, de
La Federación, el Estado, los Organismos autónomos, los organismos descentralizados y desconcentrados,
fideicomisos públicos de la administración pública del Estado, los Municipios o cualquier olla persona, deberán
pagar el impuesto que establece este Capítulo, con las excepciones que en el mismo se señalan, aún cuando de
conformidad con otras Leyes o Decretos no estén obligados a pagar impuestos estatales o estén exentos de ellos.
ARTÍCULO 119.- Para efectos de este Capítulo, se entiende por:
El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o
comerciante en el ramo de vehículos.
El importado definitivamente al país, que corresponda al año modelo posterior al de aplicación
de este impuesto, al año modelo en que se efectúe la importación, o a los nueve años modelos
inmediatos anteriores al año de la importación definitiva.
Valor total del vehículo, el precio de enajenación del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado,
Importador, empresas comerciales con registro ante la Secretaria, de Economía como empresa para
importar autos usados o comerciantes en el ramo de vehículos, según sea el case, al consumidor,
incluyendo el equipo que provenga de fábrica o el que el enajenante le adicione a solicitud del
consumidor, incluyendo las contribuciones que se deban pagar con motivo de la Importación, a excepción
En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán los intereses
derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo.
Marca, las denominaciones y distintivos que los fabricantes de automóviles y camiones dan a sus
vehículos para diferenciarlos de los demás.
Año Modelo, el año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido, por el periodo entre el 1º de
octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año que transcurra.
Modelo todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, tres, cuatro o cinco puertas que se
deriven de una misma línea. Por carrocería básica se entenderá, el conjunto de piezas metálicas o de
plástico, que configuran externamente a un vehículo y de la que derivan los diversos modelos.
Automóviles con motor de gasolina o gas de más de 4 cilindros.
Comerciantes en el ramo de vehículos, a las personas físicas o morales cuya actividad sea la importación y
venta de vehículos nuevos o usados.
ARTÍCULO 122.- Tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda
Impuesto se calculara como a continuación se indica:
En el caso de automóviles nuevos destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto seré la
cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la siguiente:
importe sel\alado
en el límite inferior
526.657.78
1,013.523.84
15.799.73
a ',.362,288.13
58.157.06
a 1,711,052.62
1.013,523.64
1,362.288.13
1,711.092.82
Tratándose de automóviles blindados, excepto camiones, la tarifa a que se refiere esta fracción se aplicará sobre el
valor total del vehículo, sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. En ningún caso el Impuesto que se
tanga que pagar por dichos vehículos, seré mayor que tendrán que pagarse por la versión de mayor precio de
enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Cuando no exista vehículo sin blindar que
corresponda al mismo modelo, año o versión del automóvil blindado, el impuesto para este último, seré la cantidad
que resulte de aplicar el valor total del vehículo, la tarifa establecida en esta fracción, multiplicando el resultado por
el factor de 0.80.
Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o efectos cuyo peso bruto
vehicular sea menor a 15 toneladas y para automóviles nuevos que cuenten con placas de servicio público
de transporte de pasajeros y los denominados “taxis”, el impuesto seré la cantidad que resulte de aplicar
el 0.245% al valor total del automóvil.
Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará multiplicando la
cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil por el factor fiscal que resulte de
dividir el peso bruto máximo vehicular expresado en toneladas, entre 30. En el caso de que el peso sea
mayor de 35 toneladas se tomará como peso bruto máximo vehicular esta cantidad.
Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo totalmente equipado
incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con el equipo y carga útil transportable.
Tratándose de automóviles de más de diez años modelos anteriores al de aplicación de este Capítulo, el
impuesto se pagaría a la tasa del 0%.
Para los erectos de este Artículo, se entiende por vehículos destinados a transporte de más de 15 pasajeros o para
el transporte de efectos, los camiones, vehículos Pick Up sin Importar el peso bruto vehicular, tractores no agrícolas
tipo Quinta rueda, así como minibuses, microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto
ARTÍCULO 128.- Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos eléctricos nuevos, que además
cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, el impuesto se pagaré a la tasa de
ARTICULO 129.- Para los efectos de lo dispuesto en los Artículos 122, 125, 126 y 127, de este capítulo, los montos de
las cantidades que en los mismos se señalan se actualizarán en el mes de diciembre de cada año aplicando el factor
correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de octubre
inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el
Artículo 18 Bis del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.
ARTÍCULO 132.- Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que se refieren los artículos 122,
fracción II y 126 de la presente Ley, así como de aeronaves, excepto automóviles destinados al transporte de hasta
quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el Importe del impuesto causado en el ejercicio
fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo
El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 129 del
Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de servicio público de transporte denominados
“taxis”, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se calculará, para el ejercicio fiscal siguiente a aquél en el que
se dé esta circunstancia, conforme al siguiente procedimiento:
El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del
vehículo, de conformidad con la tabla establecida en este Artículo: y
La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se actualizaré de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 129 del presente Capitulo el resultado obtenido se multiplicará por 0.245%.
Para los efectos de este Artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos
a partir del año modelo al que corresponda el vehículo.
ARTÍCULO 133.-, Tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo
anteriores al de aplicación de este Capítulo, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el
que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:
El valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de
La cantidad obtenida conforme al inciso anterior. se actualizará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 129
del presente Capitulo y al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia el Articulo 122 de este Capítulo.
Para efectos de \a depreciación y actualización a que se refiere este artículo los años de antigüedad se calcularán
con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo.
ARTÍCULO 138.- Para efectos de este Impuesto son autoridades competentes la Secretaria de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el Instituto de Control Vehicular. Las Tesorerías municipales serán competentes en los términos
de los convenios que al efecto se realicen.
ARTÍCULO 276.- Por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado o sus
dependencias, se causarán los siguientes derechos:
XII.- Por servicios de control vehicular, que se prestan:
a) Por ingreso o refrendo anual en el padrón de vehículos de motor y remolques………………………………22 cuotas.
XV.- Por expedición, reposición o canje de placas de vehículos de motor y remolques………………………5 cuotas. ”
El carácter de la heteroaplicativo de la ley que se reclama queda perfectamente identificado
de conformidad con el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo al disponer que: el juicio de
amparo es improcedente:…fracción VI contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola
vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesita un acto posterior de aplicación
para que se origine tal perjuicio.
A su vez, he presentado y realizado el pago de la tenencia 2011, el día ___ de __________ del
año en curso, en lo que respecta al impuesto que se reclama. Es el caso que de conformidad
con los fundamentos legales antes transcritos en relación al DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA
O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, pago un impuesto desnaturalizado por no ser
proporcional, ni equitativo y por depender de una variante ajena a la capacidad contributiva
del sujeto pasivo, que además se encuentra imposibilitado de conocer la manera precisa en
que debe de contribuir para el gasto público, colocando al contribuyente en un evidente daño
Vale decir que las pruebas demostrativas del pago efectuado, tienen eficacia demostrativa
plena a la luz de los numerales 197 y 203 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º.
III. OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Que con fecha ____ de ______ del año en curso he efectuado el pago del IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 2011, vigente en el año 2011, tal como se demuestra con: la
exhibición del recibo de pago realizado, dicho pago fue realizado en efectivo, por lo que a
partir de dicha fecha ES QUE SE CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, en mi agravio, y me encuentro
imposibilitado para conocer de manera precisa la forma en que debo de contribuir para el
gasto público y que debo pagar un impuesto desnaturalizado por ser no proporcional ni
equitativo y por depender de una variante ajena a mi capacidad contributiva, considerando
que dicha lesión es injustificada por inconstitucional, encontrándome dentro del término de
quince días siguientes al en que se realizó el pago aludido es que acudo a solicitar el Amparo y
Protección de la Justicia de la Unión.
Es importante comentar que aun cuando el pago DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS vigente en el año 2011, ya se haya efectuado, no debe considerarse como acto
consentido de acuerdo con el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, ya que para
materia fiscal, dicho entero se entiende únicamente como el cumplimiento de una obligación o
bien como garantía exigida por la Ley, ante el temor de las consecuencias respectivas con la
hacienda pública, por lo que el contribuyente al realizar la impugnación respectiva, quedará en
claro que no se está de acuerdo con dicha contribución y que, por tanto, el pago realizado fue
“bajo protesta”, y a su vez como garantía, aun cuando el Código Fiscal de la Federación actual
no contempla la figura, de pagos bajo protesta, ya que este criterio se encuentra plenamente
Lo anterior se aprecia en los siguientes criterios que señalan: Instancia: Cuarta Sala
Época: Séptima Época Fuente: Semanario Judicial de la Federación Parte: 151-156 Quinta Parte
Tesis: Página: 33 cuyo rubro es: “PAGO BAJO PROTESTA. INSTITUCION DE LA FRACCION XI, DEL
ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. SE PERMITE AUN CUANDO LAS LEYES IMPUGNADAS NO
LO CONTENGAN.”
IV. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DE QUIEN PROMUEVE EN SU NOMBRE
V. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO
Bajo protesta de decir verdad manifiesto desconocer su existencia.
VI. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES
A).- En relación con la emisión de la Ley reclamada de Anticonstitucional:
A1.- El H. Congreso del Estado de Nuevo León;
A2.- El C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León;
A3).- El C. Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León;
B).- En cuanto a lo que en el caso se traduce como la orden en el primer Acto Concreto de la
aplicación de dicha Ley:
B1.- EL C. Secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León;
B2.- EL C. Director del Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León;
TODOS ELLOS CON DOMICILIO BIEN CONOCIDO.
VII. ACTOS RECLAMADOS
a) EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
La discusión, aprobación y expedición del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES del DECRETO NÚM. 146.- SE REFORMA LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2010
(vigente en el año 2011), y EMITIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
ESPECÍFICAMENTE el Titulo Segundo de los Impuestos con un Capítulo Quinto “DEL IMPUESTO
SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS” EN CUANTO a los ARTÍCULOS 118 al 138; 276 frac.
XIII incisos a) y b), XV de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León y con el
artículo Unico transitorio vigente en el 1º. de enero del año 2011; la reclamación se realiza
SOLAMENTE POR CUANTO HACE AL CONTENIDO Y EFECTOS HETEROAPLICATIVOS DESCRITOS
EN EL CAPÍTULO ESPECIAL DE LA PRESENTE DEMANDA DENOMINADO “CARÁCTER
HETEROAPLICATIVO DE LA LEY QUE SE RECLAMA”.
b) DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
La aprobación, firma, promulgación y orden de publicación del DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES del DECRETO NÚM. 146.- SE
REFORMA LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EL DÍA 17 DE
DICIEMBRE DE 2010 (vigente en el año 2011), y EMITIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN, ESPECÍFICAMENTE el Titulo Segundo de los Impuestos con un Capítulo Quinto
“DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS” EN CUANTO a los ARTÍCULOS 118 al
138; 276 frac. XIII incisos a) y b), XV de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León
y con el artículo Unico transitorio vigente en el 1º. de enero del año 2011; la reclamación se
realiza SOLAMENTE POR CUANTO HACE AL CONTENIDO Y EFECTOS HETEROAPLICATIVOS
DESCRITOS EN EL CAPÍTULO ESPECIAL DE LA PRESENTE DEMANDA DENOMINADO “CARÁCTER
c) DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
El refrendo o firma en términos del artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES del DECRETO NÚM. 146.- SE REFORMA LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN, PUBLICADO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2010 (vigente en el año 2011), y
EMITIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ESPECÍFICAMENTE el Titulo
Segundo de los Impuestos con un Capítulo Quinto “DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO
DE VEHÍCULOS” EN CUANTO a los ARTÍCULOS 118 al 138; 276 frac. XIII incisos a) y b), XV
de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León y con el artículo Unico transitorio
vigente en el 1º. de enero del año 2011; la reclamación se realiza SOLAMENTE POR CUANTO
HACE AL CONTENIDO Y EFECTOS HETEROAPLICATIVOS DESCRITOS EN EL CAPÍTULO ESPECIAL
DE LA PRESENTE DEMANDA DENOMINADO “CARÁCTER HETEROAPLICATIVO DE LA LEY QUE SE
Esto es, los eventuales actos de ejecución de los dispositivos legales mencionados, que en su
respectivo ámbito de su competencia y en ejercicio de sus facultades pretendan llevar a cabo
UNICO.- Del C. Secretario de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León; del C.
Director del Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León, de los cuales SE
Todos los actos, coordinaciones, administraciones, acuerdos o convenios, embargo, ejecución,
y resoluciones derivadas de la aplicación del DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES del DECRETO NÚM. 146.- SE REFORMA LA
LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2010
HETEROAPLICATIVO DE LA LEY QUE SE RECLAMA”. Así como en su momento la devolución de
lo pagado indebidamente
VIII. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIOLADAS
Los Preceptos Constitucionales que contienen las garantías individuales que se han violado en
mi perjuicio se establecen en los artículos 1, 14, 16, 28 y 31 fracción IV de la Constitución
IX. DISPOSICIONES INDEBIDAMENTE APLICADAS
Se controvierten por sus efectos heteroaplicativos el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
X. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan
y que constituyen antecedentes de los actos reclamados y sirven de fundamento de los
ANTECEDENTES, HECHOS Y ABSTENCIONES
PRIMERO. Soy una persona física, propietaria del vehículo
Marca de Vehiculo: ___________
No de serie: _________________
Clave Vehicular: __________________
Por ser propietario de dicho vehículo, soy un contribuyente obligado al pago del impuesto
sobre tenencia y uso de vehículos conforme a las disposiciones aplicables al caso.
SEGUNDO. He realizado el pago en efectivo del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos
conforme a las disposiciones aplicables al caso, el día ____ de _______ del año 2012, ante las
oficinas de la Tesorería General del Estado de ___________, específicamente en la oficina
ubicada en la ciudad de ______________________, por lo cual se me entrega como
comprobante del pago realizado el recibo No
, FECHA de PAGO de la TENENCIA: ___ de
______ del 2012, IMPORTE del pago de la TENENCIA $ _______________.
(____________________ pesos 00/100 M.N.)
Pago realizado bajo protesta, y en su caso también como garantía, por lo cual, dicha fecha del
___ de ________ del 2012 se convierte en el primer acto de aplicación en perjuicio del
TERCERO. Resulta que me encuentro EN UN ESTADO DE INSEGURIDAD JURÍDICA, FUERA DE
TODA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD dado que debo pagar un impuesto desnaturalizado
por depender de una variante ajena a mi capacidad contributiva, y por no conocer de manera
precisa la forma en que debo de contribuir para el gasto público.
XI. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Violación al principio de proporcionalidad establecido en
el artículo 31 fracción IV Constitucional.
EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, viola en
perjuicio de los contribuyentes obligados a este gravamen, el principio de proporcionalidad
previsto en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, anteriormente citado, en razón
de que la proporcionalidad implica la aptitud económica de los obligados a tributar, es decir, la
capacidad contributiva de los particulares o sujetos pasivos de las contribuciones, la cual se
exterioriza por circunstancias o situaciones de tipo objetivo que determinan las valoraciones
legislativas mediante las cuales se general las obligaciones impositivas.
En este sentido, la exteriorización referida, debe ser siempre inmediata, es decir, las
circunstancias o situaciones objetivas deben revelar de manera directa el nivel de riqueza de
los contribuyentes, como lo es el patrimonio, ingresos, renta o ganancias; ante tales
condiciones, la exteriorización jamás podrá ser mediata, es decir, basada en circunstancias o
situaciones objetivas que solamente hagan presumir el nivel de riqueza, condición que atenta
contra el principio de legalidad previsto en el artículo 31 fracción IV, de nuestra Constitución,
el cual implica la certeza o certidumbre de las contribuciones mediante la delimitación que la
ley haga sobre los elementos de las contribuciones que realiza, dando cumplimiento al
postulado de “transparencia tributaria”.
Sin embargo, siendo el IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año
2011, un elemento determinado por el propio Estado, sin que para ello intervengan
situaciones de tipo objetivo imputables al contribuyente, es claro que el IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, no revela la capacidad contributiva de
los sujetos obligados al pago de este tributo, y al no existir una relación directa entre las
condiciones de los contribuyentes con la base utilizada para este impuesto, se viola el principio
de proporcionalidad que contempla nuestra Carta Magna.
Sirve de apoyo al presente argumento la reciente jurisprudencia emitida por nuestro máximo
tribunal al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de este impuesto, que a la letra señala:
TESIS JURSIPRUDENCIAL NÚM. 10/2003
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución
Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos, este radica, medularmente,
en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva
capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades
rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los
gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de
manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente
superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe
existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida esta
como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto
pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los
supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación
o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa
riqueza. La capacidad contributiva se vincula con las personas que tiene que soportar la carga
del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada
contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de
esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí
que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto
creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe
pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor
De lo antes transcrito, se puede apreciar en los artículos 122, 132 y 133 de la citada Ley, que
las tarifas y tablas resultan desproporcionales a la Capacidad Contributiva o Económica del
contribuyente. Lo anterior queda demostrado al determinar un trato preferencial y específico
a los propietarios o conductores de los vehículos denominados “Taxis”, en el cual se establece
una tasa fija de 0.245% del valor total del automóvil, esto en relación con el resto de los
contribuyentes que se encuentran en una situación igual en cuanto al vehículo, verbigracia
cuando un ciudadano que se dedique a otra actividad, profesión u oficio muy probablemente
encajará en el supuesto más bajo de pago, en el cual se aplica una tarifa del 3.0% del
excedente del límite inferior que la tabla antes transcrita determina y como dicho límite
inferior para automóviles que no excedan en precio de $ 526,657.78 (quinientos veintiséis mil
seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) es de 0.01 (CERO) pesos 01/100 M.N., eso
indica que aquellos contribuyentes que no sean taxistas y que aun teniendo ingresos
económicos inferiores, pagaran una tarifa equivalente al 3% del valor de su vehículo
restándole solamente un centavo a la base gravable, en cambio aquellos taxistas que tengan
una mayor capacidad económica que ciertos ciudadanos, o bien aquellos dueños de “bases de
taxis” los cuales son propietarios de varios vehículos y representan verdaderos emporios por
contar con ingresos por demás elevados, tan solo pagarán un 0.245% del valor de cada uno de
sus rentables vehículos.
Esto resulta claramente desproporcionado ya que el razonamiento tomado para otorgarle
dicha prerrogativa a los propietarios o conductores de taxis no se encuentra para nada
relacionado con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, lo cual viola en mi perjuicio el
artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por no
verme beneficiado por dicha prerrogativa. Toda vez que se me está dando un trato
desproporcionado al imponerme como tarifa del tributo el porcentaje de equivalente al 3%
del valor de mi vehículo sin tomar en cuenta mi capacidad contributiva.
Por lo antes mencionado, la condición del impuesto en estudio resulta evidentemente
inconstitucional procediendo el otorgamiento del amparo y protección de la justicia federal a
favor de los contribuyentes afectados por este gravamen. Por lo tanto el IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, no resulta tal, ya que no debo pagar
un impuesto que es determinado e impuesto por situaciones ajenas a él y a su dinámica
De lo cual, resulta evidente que mi obligación ante la autoridad hacendaria es por adeudo
incierto, por lo que resulta procedente otorgarme la protección y amparo de la justicia federal.
Este IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, no está en
función de la capacidad contributiva del quejoso sino que atiende a elementos ajenos. La
inconstitucionalidad de dicho gravamen se confirma con la reciente jurisprudencia de nuestro
máximo tribunal, que cito por analogía y que establece:
TESIS JURISPRUDENCIAL NÚM. 11/2003
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO. EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LO ESTABLECE, EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO
DE ENERO DE DOS MIL DOS, TRANSGREDE LA GARANTIA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del
primero de enero de dos mil dos, al establecer un sistema a través del cual las personas físicas
y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en
territorio nacional, quedan obligadas a enterar una cantidad equivalente a la que resulte de
aplicar la tasa del 3% sobre el total de erogaciones que realicen por ese concepto; o bien, les
impide disminuir las cantidades que por concepto del crédito al salario entreguen en efectivo a
sus trabajadores, del impuesto sobre la renta a su cargo del retenido a terceros, hasta ese
mismo porcentaje de no haber ejercido la opción que prevén el séptimo y octavo párrafos de
dicho numeral, introduce elementos ajenos a la capacidad contributiva del sujeto pasivo del
impuesto, como es el monto del crédito al salario que le corresponde a sus trabajadores, ya
que dicho monto no depende del causante, sino de los sueldos que en forma individual
perciban cada uno de sus empleados, así como de las tarifas que prevé la Ley del Impuesto
sobre la Renta para su determinación, desconociendo con ello su potencialidad real para
contribuir al gasto público.
No obstante que la jurisprudencia antes citada determina la inconstitucionalidad del impuesto
sustitutivo del crédito al salario en vigor en el año 2002, en el que dicho impuesto se basaba en
un gasto, lo cual lo hacía complicado y fuera de toda legalidad, equidad y proporcionalidad;
para el IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, es
procedente declarar la inconstitucionalidad de dicho impuesto debido a que este gravamen se
funda en un gasto, lo cual lo hace complicado y fuera de toda legalidad, equidad y
Por lo cual resulta evidente la inconstitucionalidad del IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE
VEHÍCULOS vigente en el año 2011.
SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Violación al principio de proporcionalidad y legalidad
establecido en el artículo 14, 16, 31, fracción IV de la Constitución. De igual forma, el
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011. resulta violatorio
del principio constitucional de legalidad que establece el artículo 31, fracción IV, de nuestra
Carta Magna multireferido, el cual significa que los tributos o contribuciones deben
establecerse por medio de leyes tanto desde el punto de vista material como formal, las
cuales en el ámbito fiscal deben contener por lo menos los elementos básicos y estructurales
de las contribuciones como:
a) Configuración del presupuesto o hecho imponible que hace nacerla obligación tributaria;
b) La atribución del crédito tributario a un sujeto activo determinado;
c) La determinación como sujeto pasivo de aquel a quien se atribuye el acaecimiento del
d) Los elementos necesarios y específicos para la fijación del quantum, lo que se configura
como la base imponible, y
e) Las exenciones de los efectos neutralizadores del hecho imponible, lo que en resumen
refleja que el principio de legalidad, además de hacer evidente la necesidad de la creación de
una contribución por medio de la ley, es de capital importancia que dicha ley contenga en
forma precisa los elementos básicos de las contribuciones, y que son en el sujeto, objeto, base
o tarifa.
Por cuanto respecta al objeto de las contribuciones establecidas en ley, éste queda
precisamente a través del hecho imponible, cuyos elementos indispensables son:
a) La descripción objetiva de un hecho o situación;
b) Los datos necesarios para individualizar a la persona que debe realizar el hecho.
c) El momento en que debe configurarse la realización del hecho, y
d) El lugar donde debe verificarse el hecho
Así por ejemplo, en el caso del impuesto sobre la renta, el hecho es la obtención de ganancias
o ingresos, en el impuesto al activo es el ser poseedor de un bien y en el impuesto al valor
agregado es vender cosas muebles, prestar servicios o importar cosas muebles, de lo cual se
obtiene que sólo los actos o conductas positivas que demuestren la realidad económica de los
sujetos pasivos pueden ser erigidos como objeto de las contribuciones; sin embargo en el
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, no se obtiene
ninguno de estos elementos, es decir, no existe ninguna conducta positiva que me sea
imputable y que compruebe la realización de ese hecho imponible toda vez que no existe tal,
es decir, no se establece la hipótesis normativa a producirse sobre la cual deba causarse este
tributo al no existir relación entre la base de este impuesto, con la tenencia del vehículo.
El IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, resulta
evidentemente contrario a lo que el objeto de una contribución debe contener, ya que
estamos ante la presencia de un acto negativo que no demuestra la realidad económica sujeta
a gravamen, es decir, al existir un hecho negativo por parte del quejoso, el legislador ha
pretendido cubrir esa omisión y crear un tributo que rompe con el principio de legalidad, toda
vez que entre el objeto y sujeto pasivo de una contribución debe existir íntima relación, en
razón de que si no se precisa cuál es el acto o hecho relacionado por el demandante, cuya
realización dé origen a la obligación fiscal, el objeto no es cierto y, por ende, se encuentra
fuera de los límites de legalidad, situación que se acredita al ser la tenencia del vehículo un
elemento que demuestra sólo una condición (gasto o erogación) más no así una consecuencia
(realización de un hecho susceptible de gravamen), todo ello desde luego en perjuicio del
Se violenta a la vez el mismo Principio de Proporcionalidad Tributaria, contenido en el artículo
31 fracción IV de la Constitución Federal, al establecerse en el artículo 133 de la Ley de
Hacienda del Estado de Nuevo León, una tabla de depreciación o determinación del valor fiscal
de los vehículos usados, la cual es fría, presuntiva y caprichosa ya que no utiliza un factor
justificado para determinar el nivel de depreciación anual de los vehículos y en la exposición
de motivos de la ley no se justifican dichas cifras. La tabla que aparece en el citado numeral es
La responsable omitió plasmar razonamientos pertinentes para justificar dichas cifras de
depreciación, lo cual hace que el monto del tributo no esté basado en datos veraces y por
ende no se encuentre intrínsecamente relacionado a la capacidad económica ni contributiva
del gobernado. Así pues al no darle un mecanismo de defensa al particular para demostrar que
su automóvil no tiene el valor frío que dan las tarifas de actualización y depreciación, lo hace
inconstitucional, ya que no le dan al particular la oportunidad de demostrar que su vehículo
ostenta un precio menor y por lo tanto su base gravable debe ser inferior.
Es el caso de la diferencia entre el año 0 y el año 1 donde la depreciación es del 0.15 y entre el
año 1 y 2 este se incremente 0.125 y en otros intervalos encontramos que las diferencias entre
los años de antigüedad se ubican entre 0.1 o inclusive 0.075, es decir carece de
fundamentación y motivación o de algún sustento lógico o razonable la distinción que se hace
en esta tabla por lo que resulta a todas luces inconstitucional.
Resulta arbitraria la distinción que hace el legislador en el factor de depreciación a los años de
antigüedad por lo que al ser inconstitucional el mecanismo para determinar la base del
impuesto por ende sus efectos vuelve inconstitucional su cobro, como se apreciara la
exposición de motivos de dicha norma carece de referencia alguna a este tema.
Por lo tanto la base de este impuesto no es precisa, ya que al tener carácter optativo, al incluir
en la base elementos ajenos al tenedor del vehículo, y ya que depende de la tenencia de un
vehículo, del tipo de vehículo, de la antigüedad de ese vehículo, del valor del vehículo, del uso
que se le dé a ese vehículo, de la nacionalidad, de la persona que lo tenga o utilice, de la
dependencia de gobierno que lo tenga, si se tiene o no se tiene, entre otras cosas, lo cual
imposibilita que el contribuyente conozca de manera precisa la forma en que debe de
contribuir al gasto público, ocasionando que su participación en éste, en una igualdad de
circunstancias, sea distinta dependiendo de la opción elegida.
Recordemos que los impuestos personales tienen cabida en la vida fiscal de nuestro país, por
cuanto son generados por la propia actividad del contribuyente, es decir, no pueden existir
elementos externos que determinen la obligación tributaria de un contribuyente, más que los
propios que demuestren capacidad contributiva, por tanto, este impuesto es ilegal y carente
Sirve de sustento a lo antes expuesto, el siguiente criterio de nuestro máximo tribunal, el cual
IMPUESTO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL. Examinado atentamente el principio de legalidad
establecido en el artículo 31 constitucional, a la luz del sistema general que informan nuestras
disposiciones constitucionales en materia administrativa y de su explicación racional e
histórica se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria esté establecida en una ley,
no significa tan sólo que el acto creador del impuesto deba emanar del Poder que, conforme a
la Constitución, está encargada de la función legislativa, sino fundamentalmente en los
caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenida y alcance de la obligación tributaria,
siendo consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede al arbitrio de las
autoridades exactoras. Lo contrario, es decir la arbitrariedad en el impuesto, la imprevisibilidad
en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, son
anticonstitucionales, sea cual fuere el pretexto con que se pretenda justificar un impuesto.
Amparo administrativo en revisión 1833/49.- Crescencia Pérez de Barba.- 17 de febrero de
1950.- Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Octavio Mendoza González.
Razón por la que procede juzgar de inconstitucional a este impuesto, al resultar violatorio de
las garantías más elementales que en materia fiscal existen.
El IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, evidentemente
es inconstitucional ya que no es factible de explicarse sobre la teoría clásica tributaria, así
como tampoco encuentra cabida en los ordenamientos y principios constitucionales que en
materia tributaria establece nuestra Carta Magna. Así como que dicho impuesto está basado
en la presunción de tener un vehículo, y en las tarifas, y en valores dados al vehículo, mismos
que son establecidos de manera unilateral por el Estado, en ningún momento se demuestra
con esto capacidad contributiva del quejoso, y por tanto, no cubre el principio de
proporcionalidad consignado en la Constitución, principalmente porque se trata de un
impuesto basado en un elemento o elementos que determina el Estado, por lo cual este
impuesto, está fuera de todo contexto legal, y por ende inconstitucional y violatorio de las
garantías más elementales que en materia fiscal imperan: proporcionalidad, equidad y
TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN.También resulta violatorio de mis garantías
constitucionales al violarse el principio de certeza tributaria el contenido del artículo 129 de la
Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, al no establecer con certeza la forma de
determinar la base gravable del Tributo, toda vez que conforme a lo establecido por el artículo
31, fracción IV de la Constitución General de la República prevé la garantía de legalidad
tributaria, que consiste en que las disposiciones legales que impongan cargas tributarias a los
contribuyentes, deben establecer de manera expresa los elementos que las integran para no
dar margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras en su determinación, por lo que al
establecer el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, que el
procedimiento para calcular la base gravable del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,
que las cantidades a cubrirse por ese tributo, deberán actualizarse en el mes de diciembre de
cada año, utilizando el factor de actualización a que se refiere el artículo 18 bis del Código
Fiscal del Estado, el que a su vez, establece que dicho factor se obtendrá: “de dividir el Índice
Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período entre el citado
índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período”, lo que genera
incertidumbre sobre la forma en que será actualizada la cantidad con base en la cual le será
determinado el tributo, pues aunque el artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación
prevea el procedimiento para obtener el mencionado índice nacional, los numerales
analizados no realizan una remisión expresa a dicho dispositivo, a pesar de que como se
expone, los elementos de las contribuciones deben estar claramente establecidos en las
normas que los prevén. Por lo que el referido artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de
Nuevo León, carece de la certeza para la forma de determinar la base gravable del impuesto
en estudio, dejando en manos de las autoridades administrativas su determinación, por lo que
resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria. Sirve de sustento a lo anterior las
Jurisprudencias siguientes:
CLAVE: TC046007.10AD1 (J/17).
RUBRO: “IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE
HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL NO ESTABLECER CON CERTEZA LA FORMA DE
DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
TEXTO: “El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
prevé la garantía de legalidad tributaria, que consiste en que las disposiciones legales que
impongan cargas tributarias a los contribuyentes, deben establecer de manera expresa los
elementos que las integran para no dar margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras
en su determinación. Por su parte, el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo
León, indica el procedimiento para calcular la base gravable del Impuesto sobre Tenencia o
Uso de Vehículos, pues establece que las cantidades a cubrirse por ese tributo, deberán
actualizarse en el mes de diciembre de cada año, utilizando el factor de actualización a que se
refiere el artículo 18 bis del Código Fiscal del Estado, el que a su vez, establece que dicho factor
se obtendrá: “de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más
reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de
dicho período”, lo que genera incertidumbre sobre la forma en que será actualizada la cantidad
con base en la cual le será determinado el tributo, pues aunque el artículo 20 bis del Código
Fiscal de la Federación prevea el procedimiento para obtener el mencionado índice nacional,
los numerales analizados no realizan una remisión expresa a dicho dispositivo, a pesar de que
como se expone, los elementos de las contribuciones deben estar claramente establecidos en
las normas que los prevén. En esa medida, si el artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado
de Nuevo León, no define con certeza la forma de determinar la base gravable del impuesto en
estudio, dejando en manos de las autoridades administrativas su determinación, es claro que
resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria.”
PRECEDENTES: Amparo en Revisión 558/2011. María de Lourdes Inés Álvarez
Martínez y otros. 25 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo
Alvarado Puente. Secretaria: Blanca Patricia Pérez Pérez.
Amparo en Revisión 545/2011. Patricia Santos Muttio y otro. 19 de enero de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretaria: Ana María Chibli Macías.
Amparo en Revisión 547/2011. Ian Cristian Armstrong Zambrano y otra. 19 de enero de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Héctor Rafael Hernández
Amparo en Revisión 576/2011. Fernando Ángel González Olivieri. 19 de enero de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretaria: Juana María Espinosa
Amparo en Revisión 599/2011. Servicios Especializados de Monterrey, Sociedad Anónima de
Capital Variable. 02 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Eduardo López Pérez.
Secretaria: Priscila Ponce Castillo.
En sesión plenaria de dos de febrero de dos mil doce, fueron aprobados la clave, rubro, texto y
precedentes, de la presente tesis de jurisprudencia, por unanimidad de votos de los
magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto
Circuito, Sergio Javier Coss Ramos, Eduardo López Pérez y Sergio Eduardo Alvarado Puente; el
primero de los mencionados como presidente, quienes firman para sus efectos legales,
juntamente con el secretario de acuerdos. Doy fe.
CLAVE: TC046008.10AD1 (J/18).
HACIENDA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE
LEGALIDAD TRIBUTARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, AL NO DEFINIR UNO DE LOS ELEMENTOS NI EL PROCEDIMIENTO QUE SIRVE PARA
EL CÁLCULO DEL TRIBUTO.”
TEXTO: “Para la actualización de las cantidades que serán cubiertas por los particulares en el
pago del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos, el artículo 129 de la Ley de Hacienda
del Estado de Nuevo León, dispone que es necesaria la aplicación del factor de actualización
previsto en el diverso numeral 18 bis del Código Fiscal del Estado, por su parte este numeral
establece que el aludido factor se obtiene: “de dividir el Índice Nacional de Precios al
Consumidor del mes anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente
al mes anterior al más antiguo de dicho período”. De lo anterior se advierte que el último
dispositivo señalado, introduce al cálculo del impuesto, un concepto que no se encuentra
definido, como es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo cual genera que el
procedimiento para el cálculo del tributo resulte ambiguo y que por ello exista una falta de
expresión en los aludidos dispositivos legales, de uno de los elementos del tributo, como es la
base gravable de la contribución. En esa medida, si el artículo 129 de la Ley de Hacienda del
Estado de Nuevo León, no define con exactitud la base gravable del Impuesto Sobre Tenencia y
Uso de Vehículos, así como el procedimiento para su cálculo, resulta violatorio de la garantía
de legalidad tributaria, consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.”
CLAVE: TC046009.10AD1 (J/19).
HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD
TRIBUTARIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL HACER UNA REMISIÓN TÁCITA DE LA BASE DEL
IMPUESTO A UNA LEY FEDERAL QUE NO PREVÉ EL CÁLCULO DEL TRIBUTO.”
TEXTO: “El artículo 129 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, dispone que para la
actualización de las cantidades que serán enteradas por concepto del Impuesto Sobre
Tenencia y Uso de Vehículos debe aplicarse el factor previsto en el diverso numeral 18 bis del
Código Fiscal del Estado, el que señala que para el cálculo del mencionado factor es necesario
conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor; sin embargo, dicho precepto es omiso en
señalar la forma en que se obtiene el mencionado índice; sin que sea válido que exista una
remisión tácita al artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación, que prevé el procedimiento
para obtener el aludido índice nacional, pues en términos de dicha regla, corresponde su
cálculo al Banco de México; sin embargo, la Ley del Sistema Nacional de Información y
Estadística y Geografía, en su artículo 59, fracción III, en relación con el primero transitorio,
dispone que a partir del quince de julio de dos mil once, será el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, quien tendrá la facultad exclusiva de elaborar el Índice Nacional de
Precios al Consumidor. Por tanto, no queda establecido en los artículos 129 de la Ley de
Hacienda del Estado de Nuevo León y 18 bis del Código Fiscal del Estado, cómo y quién habrá
de determinar ese elemento sustancial para determinar la base del tributo, aparte de que no
es válido considerar la remisión tácita a una ley federal, en tanto que los elementos de las
contribuciones deben estar claramente establecidos en las normas que las prevén, de manera
que un impuesto local no puede válidamente sostenerse en una norma de carácter federal,
pues con ello se vulneran las garantías de seguridad jurídica y legalidad tributaria, consagradas
en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
También me causa perjuicio y violentan el principio de proporcionalidad tributario, que no se
atiende a la riqueza real del contribuyente, sino que a través de un factor de actualización
pretenden darle valor fiscal al vehículo. Se basa en una determinación fría, presuntiva del valor
económico del automóvil en función de la actualización de factores y depreciación.
Así pues al no darle un mecanismo de defensa al particular para demostrar que su automóvil
no tiene el valor frío que dan las tarifas de actualización y depreciación, lo hace
inconstitucional, ya que no le dan al particular la oportunidad de demostrar que su carro vale
Sirve a mi dicho también, la siguiente jurisprudencia:
CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. (Esta tesis jurisprudencial ya fue invocada por
lo que pido se tenga por insertada en sus términos, por obice de repetición).
Por lo cual se debe declarar la inconstitucionalidad de lo aquí reclamado.
CUARTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Se viola en mi perjuicio el artículo 28 y 31, fracción IV de
nuestra Constitución, debido a que en el primero de los artículos mencionados se prohíbe la
exención de impuestos, sin embargo esta situación no se cumple en el IMPUESTO SOBRE
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011 que ataco, debido a que dentro de su
artículo 123 se exenta del impuesto comentado por la tenencia de ciertos vehículos, el uso que
se le dé a esos vehículos, o al servicio de quien se encuentre, así como de acuerdo a quien
utilice esos vehículos. Por lo tanto se exenta arbitrariamente del pago del impuesto
comentado a ciertos vehículos, y personas que los tengan, además de darse un trato desigual a
los iguales, de no haber equidad, debido a que la fuente de este impuesto es la tenencia o uso
del vehículo, por lo cual toda persona que tenga o use vehículo debe ser un sujeto obligado al
pago del tributo, no se protege la garantía o principio de equidad para algunas personas que
tienen y usan vehículos, esto es se exenta a unas personas que tienen y usan vehículos de este
impuesto y a otros se les obliga al pago, cuando el hecho generador es el mismo. Esto es a
unas personas que tienen y usan vehículos se les cobra este impuesto y a unas personas que
tienen y usan vehículos e les exenta o no se les cobra el impuesto, por lo cual se violan mis
garantías individuales. Por tanto, No existe un trato igual a los iguales, violándose la garantía
de equidad. Así como no se cumple con la prohibición de exenciones por títulos, tal como
acontece en la especie.
El artículo 123, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos viola el principio de
equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la
República, al exentar del pago del impuesto relativo a determinados vehículos, en virtud de
que siendo un impuesto que grava la tenencia o el uso de vehículos, las diferencias que
pueden motivar un tratamiento desigual deben radicar en las características del automotor, o
bien, en el uso que se le dé; por tanto, que el citado artículo 123 no cumple con los elementos
objetivos que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que permiten
delimitar el principio constitucional de referencia, pues la mencionada exención produce una
distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista una
justificación objetiva y razonable, esto es, a iguales supuestos de hecho (tenencia de vehículos
similares o de usos análogos), no corresponden idénticas consecuencias jurídicas, pues a unos
se les exenta y a otros no.
Esto es se da un trato preferencial y distinto a los vehículos eléctricos y los importados
temporalmente, y a los automóviles al servicio diplomático y consulares, y de sus agentes
diplomáticos y consulares, y los que tengan para su venta los fabricantes, plantas
ensambladoras, sus distribuidores y los comerciantes, lo cual es causa de inconstitucionalidad,
por exentarlos del impuesto, y provocando la falta de equidad y la violación al artículo 28 de la
Por lo cual, la propia ley del Impuesto sobre Tenencia y uso de vehículos viola el principio de
equidad, dado que por la tenencia de vehículos en términos distinto se exenta a unos y se
obliga al pago a otros.
El artículo comentado sostiene irregularidades en sede del principio de equidad, esto en virtud
de que en él existen beneficios de no pago para algunos y de pago para todos los demás que
no cobijan la exención.
A mayor abundamiento porque también protege al tenor del último párrafo a los simples
tenedores o usuarios, por lo que se puede prestar a simulaciones como lo sería el fingir un
arrendamiento, comodato, prenda etc.
Sirve a mi dicho la siguiente, por análoga o similar a la del Estado:
Tomo: XII, Diciembre de 2000 Tesis: 2a./J. 103/2000 Página: 416 Materia: Constitucional,
Administrativa Jurisprudencia.
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE. LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN EL
ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD
TRIBUTARIA. El artículo 8o., fracción III, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la
Constitución General de la República, al exentar del pago del impuesto relativo a los vehículos
"que sean propiedad de inmigrantes o inmigrados, rentistas", en virtud de que siendo un
impuesto que grava la tenencia o el uso de vehículos, las diferencias que pueden motivar un
tratamiento desigual deben radicar en las características del automotor, o bien, en el uso que
se le dé; por tanto, como los inmigrantes e inmigrados, son calidades con las que los
extranjeros se internan en nuestro país, es claro advertir que el citado artículo 8o. no cumple
con los elementos objetivos que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado
que permiten delimitar el principio constitucional de referencia, pues la mencionada exención
produce una distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que
exista una justificación objetiva y razonable, ya que la calidad migratoria no influye en la
tenencia o uso de vehículos, lo cual constituye el objeto del gravamen, esto es, a iguales
supuestos de hecho (tenencia de vehículos similares o de usos análogos), no corresponden
idénticas consecuencias jurídicas, pues a los inmigrantes e inmigrados rentistas, se les exenta y
a los nacionales no.
lo que pido se tenga por insertada en sus términos, por óbice de repetición).
Por lo cual se debe declarar la inconstitucionalidad de lo aquí planteado.
QUINTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.-Violación al principio de proporcionalidad y equidad
establecido en el artículo 31, fracción IV, 14 y 16 de la Constitución, por parte de la Ley del
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, específicamente
PARTIENDO DEL PRINCIPIO DE QUE NO SE PUEDE COBRAR NINGÚN IMPUESTO QUE NO TENGA
UN DESTINO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y DADO QUE EL IMPUESTO DE LA TENENCIA
EN SU GENESIS SE ORIGINÓ E IMPLANTÓ COMO UNA MEDIDA PARA RECAUDAR FONDOS PARA
EL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DEL 68 Y ESO YA SUCEDIÓ, EL
IMPUESTO ES IMPROCEDENTE Y AFECTA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES SEÑALDAS TODA VEZ
QUE EN EL ESTADO EN LA LEY DE HACIENDA O EN LA LEY DE EGRESOS NO SE ESTABLECE UN
DESINTO.
La Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León reformada mediante decreto número 146 y
publicada en el Periódico de fecha 17 de diciembre del 2010, dentro de todo su proceso
legislativo no se justifica ni se acredita de manera alguna el destino al que deberá de aplicarse
los recursos que obtenga el estado con motivo de la creación del nuevo tributo estatal
denominado impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, toda vez que lo anterior es un
elemento esencial que debe observar la autoridad al momento de la creación del impuesto
correspondiente, sujetándose únicamente a mencionar que el objeto es fortalecer las finanzas
estatales al tratase de un impuesto al que está sujeto el ciudadano por el hecho de transición
de un impuesto federal al local; Así mismo hace referencia que dicha transferencia del
impuesto federal al local es con el fin de brindar una apoyo a la ciudadanía con subsidios para
vehículos para los años modelo 2002 2006, lo anterior se puede apreciar dentro de la
exposición de motivos correspondiente a la reforma a la Ley de Hacienda del Estado que se
combate mediante el presente juicio de garantías.
Finalmente al no establecerse una relación directa entre el pretendido ingreso por motivo del
impuesto sobre tenencia y su finalidad en el gasto público es que este resulta inconstitucional
por no cumplir con el artículo 31 fracción IV de la Carta Magna.
SEXTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.-Violación al principio de proporcionalidad y equidad
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS vigente en el año 2011, específicamente en
su artículo 276, el cual establece: “ARTÍCULO 276.- Por los servicios prestados por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado o sus dependencias, se causarán los siguientes
derechos: XII.- Por servicios de control vehicular, que se prestan: a) Por ingreso o refrendo
anual en el padrón de vehículos de motor y remolques 22 cuotas. XV.- Por expedición,
reposición o canje de placas de vehículos de motor y remolques 5 cuotas.” , Lo anterior si
consideramos que en la Ley de Hacienda en vigor en el año 2010 tenía el costo siguiente: “XIII.Por servicios de control vehicular, que se prestan al inscribir y refrendar anualmente el
registro de un vehículo tratándose de: a) Vehículos de motor, excepto motocicletas 18
cuotas b) Remolques 7 cuotas c) Motocicletas con motor mayor de 75 centímetros cúbicos..
1.5 cuotas” y la fracción XV establecía: “XV.- Por expedición, reposición o canje de placas
tratándose de: a) Vehículos de motor, excepto motocicletas 5 cuotas b) Remolques 2.5
cuotas c) Motocicletas con motor mayor de 75 centímetros cúbicos 1 cuota.” En ampos
impuestos o derechos se incrementa en gran mediad también para remolque y
motocicletas. Toda vez que el impuesto que regula no atiende a la capacidad económica de
los tenedores o usuarios de los vehículos y es inequitativo si consideramos principalmente que
el aumento del salario que representa un 4.1% establecido por la Comisión Nacional de
Salarios Mínimos, amen que al no impactar proporcionalmente al servicio prestado que lo es
por el ingreso o refrendo anual y por la expedición, reposición o canje de placas de vehículos,
que ahora con la entrada en vigor se incremento, incluso con anterioridad a la entrada del el
impuesto reclamado vigente para el ejercicio fiscal 2011, en relación a los vehículos
catalogados como usados por ser de modelo posterior a nueve años les impacta, porque no
resulta proporcional el cobro con el servicio prestado toda vez que referendo tal y como lo
establece la Real Academia de la Lengua Española significa: “refrendo. (Del lat. referendum). 1.
m. Acción y efecto de refrendar. 2. m. Testimonio que acredita haber sido refrendado algo. 3.
m. Firma puesta en los decretos al pie de la del jefe del Estado por los ministros, que así
completan la validez de aquellos.” y refrendar es: “refrendar tr. Autorizar un despacho u otro
documento por medio de la firma de persona hábil para ello. 2. tr. Revisar un pasaporte y
anotar su presentación. 3. tr. Corroborar algo afirmándolo. 4. tr. coloq. Volver a ejecutar o
repetir la acción que se había hecho; p. ej., volver a comer o beber de lo mismo. 5. tr. ant.
Marcar las medidas, pesos y pesas.”¸ por lo que no corresponde la acción de refrendar el cobro
de 22 cuotas que a valor actual de 57.46 pesos diarios por 22 cuotas, resulta
aproximadamente a la suma de $1,264.00 (Un mil doscientos sustenta y cuatro pesos 00/100
M.N.) por tan solo corroborar el registro del vehículo ante el Instituto de Control Vehicular, por
otra parte también resulta desproporcional y por ende inequitativo el que se cobren 5 cuotas
por la expedición, reposición o canje de placas de vehículos de motor y remolques, lo que
asiendo números más, números menos a $287.00 (Dos cientos ochenta y siete pesos 00/100
M.N.), y es inequitativo, al no impactar proporcionalmente con el servicio prestado por los
servidores público encargados de realizar dicha expedición, reposición o canje de placas.
Así las cosas, al no encontrarse ese tributo en proporción al valor del vehículo, por considerar
el valor real y capacidad del mismo, trae como consecuencia una carga mayor al usuario o
tenedor de un vehículo usado que al de uno nuevo, incluso del mismo precio.
Así pues, se viola el principio de equidad, no se da un trato igual a los iguales ni desigual a los
desiguales, debido a que se otorga un trato preferencial a la importación de vehículos nuevos,
lo cual después de realizar los cálculos de ley, les resulta mucho muy alto el servicio prestado,
lo que violenta los principio de equidad y proporcionalidad tributarios, dando un trato desigual
a los sujetos del impuesto que se encuentren en una situación de igualdad.
Lo anterior se puede sustentar nuevamente por analogía con las siguientes:
DERECHOS. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, TRANSGREDE EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
considerado que los derechos por la prestación de servicios por parte del Estado son
constitucionales, siempre y cuando exista una relación razonable entre el costo del servicio y la
cantidad que por éste se cobra al gobernado. En ese sentido, tratándose de copias certificadas,
si el servicio prestado por el Estado consiste en la expedición de las solicitadas por los
particulares y el cotejo relativo con su original, por virtud del cual el funcionario público
certifica que aquéllas corresponden con su original que consta en los archivos respectivos, es
evidente que dicho servicio no resulta razonablemente congruente con el costo que para el
Estado tiene su realización, esto es por la expedición de copias y certificación de cada una de
éstas; lo anterior, en razón de que en el mercado comercial el valor de una fotocopia fluctúa
entre $0.50 y $2.00 aproximadamente, conforme a las condiciones de oferta y demanda en
cada contexto; de ahí que la correspondencia entre el servicio y la cuota no puede entenderse
como en derecho privado y, por tanto, no debe perseguirse lucro alguno con su expedición. En
consecuencia, el artículo 5o., fracción I, de la Ley Federal de Derechos, que prevé la cuota de
$13.69 (sin ajuste) y $14.00 (con ajuste) por la expedición de copias certificadas de
documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio, transgrede el principio de proporcionalidad
tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al no existir equivalencia razonable entre el costo del servicio y la cantidad
que cubrirá el contribuyente.
Amparo en revisión 115/2010. Servicios y Maniobras del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V. 14 de
abril de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: David Rodríguez
PLACAS Y TARJETAS DE CIRCULACION, CANJE DE. EL COBRO DE DERECHOS POR ESE CONCEPTO
NO ES INCONSTITUCIONAL.
Si bien es cierto que el artículo 475, fracción I, Apartado "A", inciso b), de la Ley de Hacienda
del Departamento del Distrito Federal reformado por decreto publicado el treinta de
diciembre de mil novecientos ochenta, establece una cuota de dos mil pesos "por canje de
placas y tarjetas de circulación bianual", y que antes de la reforma citada, la cuota era de
doscientos pesos, ello no implica que la nueva tarifa sea desproporcionada e inequitativa, aun
cuando aumentó en forma considerable, puesto que ese sólo hecho no prueba que el aumento
sea exorbitante al costo aproximado del servicio prestado, ya que el poder público pudo haber
fijado el precio de los derechos aun por abajo del costo real del servicio, atendiendo a las
diferencias económicas que existen entre los distintos sectores de la población y, en todo caso,
si la quejosa no aporta elementos de prueba para acreditar que el gravamen es excesivo, no
habiendo prueba que permita sostener lo contrario, debe partirse de la base de que el
gravamen refleja el costo aproximado que para el Estado tiene la prestación del servicio como
lo es, aparte de las placas metálicas, tarjeta de circulación y calcomanía, el pago de oficinas,
equipo, personal y otros gastos, y al aparecer que el incremento de las cuotas es fijo e igual
para todos los que lo reciben, es de concluirse que el tributo no vulnera lo dispuesto en el
artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.
En este tenor, tomando en consideración que es a las autoridades administrativas a quienes
corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de entes estatales
encargados de la recaudación, deberá requerirse, tan pronto como se dicte sentencia que me
favorezca, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León para que a
través de la unidad administrativa que corresponda devuelva a la quejosa las cantidades que
enteró por concepto de la aplicación del impuesto impugnado.
PRIMERA. LA DOCUMENTA PÚBLICA: Consistente en copia certificada de la factura del vehículo
señalado en el numeral primero de los antecedentes, hechos y abstenciones de la presente
SEGUNDA. LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia certificada del recibo de pago del
impuesto sobre tenencia de vehículos por el año 2011, realizado por y de acuerdo a lo por
señalado en el numeral primero y segundo respectivamente, de los antecedentes, hechos y
abstenciones de la presente demanda.
TERCERA. LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copias de identificación oficial.
CUARTO. LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copias de COMPROBANTE DE DOMICILIO
QUINTO. LA DOCUMENTA PÚBLICA: Consistente en copia de la tarjeta de circulación.
SEXTO. LA DOCUMENTA PÚBLICA: Consistente en el pago realizado de los impuestos que
constituyen el acto reclamado, que se pide su devolución.
Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted Juez de Distrito, atentamente pido o solicito:
PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma legal, solicitando el amparo y
protección de la justicia federal, contra el acto de las autoridades que quedaron señaladas
como responsables en el capítulo respectivo.
SEGUNDO. Reconocer la personalidad que ostento
TERCERO. Admitir la presente demanda de garantías, solicitando a las autoridades señaladas
como responsables, rindan sus informes de los actos reclamados.
CUARTO. Que la cantidad pagada por concepto del impuesto sobre tenencia y uso de
vehículos, satisfaga la garantía del interés fiscal.
QUINTO. Tener por ofrecidas, exhibidas, admitidas y por desahogadas las pruebas que se
relacionan y adjuntaron en el presente escrito.
SEXTO. Previos los trámites procesales, conceder a mi mandante el Amparo y Protección de la
Justicia de la Unión en contra de los actos reclamados de las autoridades ya señaladas como
SEPTIMO. Ordenar a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León,
me devuelva el importe de la cantidad pagada por concepto del Impuesto SOBRE TENENCIA O
USO DE VEHÍCULOS, con su respectiva actualización y recargos.
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References: artículo 27
 artículo 52
 artículo 114

ARTÍCULO 119

ARTÍCULO 122

ARTÍCULO 128

Artículo 18

ARTÍCULO 132
 Artículo 129

Artículo 129

ARTÍCULO 133
 Artículo 129

ARTÍCULO 138

ARTÍCULO 276
 artículo 73
 artículo 2
 artículo 73

ARTÍCULO 73
 artículo 92
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 31

artículo 31
 artículo 14
 artículo 31
e contrario
 artículo
31
 artículo 133
 artículo 31
 artículo 129
 artículo
31
 artículo 129
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 129
 ARTÍCULO 129
 artículo 31
 artículo 129
 artículo 18
 artículo 20
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 ARTÍCULO 31
 artículo 129
 artículo 129
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 ARTÍCULO 31
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 artículo 31
 artículo 28

artículo 123
 artículo 123
 artículo 31
 artículo 123
 artículo 28

ARTÍCULO 8
 artículo 8
 artículo 31
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 artículo 31
 artículo 31
 artículo 276
 ARTÍCULO 5
 artículo 5
 artículo 31
 artículo 475

artículo 31