Source: https://es.scribd.com/document/357076958/CNCCC-Greco-Querellante-Autonomo-Desestimacion-pdf
Timestamp: 2019-04-19 18:22:16+00:00

Document:
19.443.2
CCC 37567/2014/2/RH1
Reg. n° 752/2015
En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de
2015, se reúne la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal integrada por los jueces
Horacio L. Días, Luis M. García y Gustavo A. Bruzzone, asistidos por el
secretario Santiago Alberto López, a los efectos de resolver el recurso de
casación interpuesto en esta causa n° 37567/2014/2/RH1, caratulada
“Greco, Rosa y otros s/ falso testimonio”, de la que RESULTA:
I. Que el 20 de octubre de 2014 el Juzgado Nacional de
Instrucción n°28, Secretaria n°142, resolvió: 1) desestimar la presente
causa que lleva el n° 37.567/14, por no constituir delito el hecho
denunciado y 2) no hacer lugar a la pretensión de M. I. A. de constituirse
en parte querellante (fs.63/64).-
II. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, el 13 de febrero de 2015 confirmó
los puntos 1) y 2) de dicha resolución (ver fs. 95/96).
III. Contra lo decidido, el pretenso querellante ha interpuesto
recurso de casación (fs. 105/111), el que fue rechazado por la Sala I de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal (fs. 114/115)
IV. Con fecha 26 de marzo de 2015 se presentó recurso de queja
ante esta Cámara, el cual fue concedido a fs. 27/28 del presente legajo.
El recurrente canalizó sus agravios en ambos incisos del art. 456
Los argumentos por los cuales la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó la
resolución de fs. 63/64 del expediente principal, son los siguientes:
1) Las declaraciones testimoniales no se realizaron ante autoridad
2) En ellas, no se recibió juramento de decir verdad a los
declarantes, ni se les informó de las consecuencias de declarar
3) En esas declaraciones no sería exigible a los testigos declarar
bajo juramento de decir verdad, pues podrían importar una
4) Al no existir impulso del representante del Ministerio Público
Fiscal no es posible, proseguir con la causa.
Sobre estos puntos, la recurrente, en síntesis, refirió:
1) Que la doctrina y jurisprudencia mayoritarias admiten que el
delito de falso testimonio puede ser cometido tanto ante autoridad
jurisdiccional como también, como es el caso, en expedientes
2) Que en las piezas donde se documentara las declaraciones
aludidas, obra la cita de los artículos de la reglamentación que la rige, y
que se refieren al deber de decir la verdad.
3) Que nadie que, por iniciativa propia, formule una denuncia
puede ampararse en el derecho a no autoincriminarse, para no ser veraz
en todo lo que afirme y le sea preguntado.
4) Que lo resuelto es contrario al criterio de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el precedente “Santillán”.
V. En el término de oficina (art. 465, cuarto párrafo y 466
C.P.P.N.), el defensor presentó notas, en las que sustancialmente
reprodujo y mejoro, los agravios del recurso de casación (fs. 41/42).
VI. El pasado 29 de octubre se realizó la audiencia reglada por el
art. 465 del Código Procesal Penal de la Nación.
Realizada la deliberación el Tribunal arribó a un acuerdo sobre el
pronunciamiento a dictar, según lo que se expresa en los votos que a
I. Agravio relativo a la ausencia de Poder de jurisdicción
de la Cámara de Apelaciones, frente al desinterés del
Que el Art. 180 del mismo cuerpo legal. en la hipótesis de resultar victorioso el recurso del pretenso querellante1. el de articular recursos. no obstante. frente a un supuesto concreto de desestimación de una denuncia por inexistencia de delito. a requerimiento del Fiscal. En consonancia con ello. podría seguirse bajo el paraguas de un supuesto conflicto de poderes que no es actual. 435 del citado Código señala que la parte querellante podrá recurrir de las resoluciones judiciales sólo en los casos expresamente previstos en este Código. y una voluntad recursiva materializada en autos por el pretenso querellante. es claro que el tribunal de alzada no puede tener cancelada su jurisdicción con basamento en el desinterés del Ministerio Público Fiscal en el impulso de la acción. lo legitima para el ejercicio de todos los derechos a los que ese cuerpo normativo faculta. bien podría ratificar. lo que ameritaría otra incidencia. puede ser desestimada por inexistencia de delito. el art. 82 del CPPN. Mucho menos este procedimiento restrictivo de derechos. ya que no cabe aventurar el futuro posicionamiento del Ministerio Público. que no es ésta. legitimado como parte en las actuaciones. Si esto es así. contra las resoluciones jurisdiccionales que le hubiesen sido adversas a sus pretensiones. siempre dentro de los márgenes legalmente previstos. y como tal a recurrir con los alcances que en este Código se establezcan. en contra de lo que dice la ley. puesto que esto implicaría cercenar a un sujeto procesal. y faculta específicamente a apelarla quien pretendía ser tenido por parte querellante. de un derecho que la ley específicamente le reconoce. su postura desestimatoria. regula los presupuestos bajo los cuales una denuncia penal. entonces no habría tal conflicto.SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 Cuando la ley ritual reconoce a un particular la calidad de parte en un proceso. reconoce al particular ofendido por un delito de acción pública el derecho a constituirse en parte querellante. Contrariamente. esto es apelar la desestimación por inexistencia de delito de su denuncia. Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . entre ellos. . 1 Bien podría el Fiscal de Instrucción resultar persuadido por los argumentos novedosos del Tribunal de apelaciones. en tiempo y forma. Que el Art.
Al menos en este aspecto. la referencia la brinda el decreto 467/99. referido en el citado Art. a diferencia de lo que ocurre en el derecho comparado. lleva razón el recurrente. Dejando ello de lado. lo cierto es que nuestro derecho vigente bajo la noción de “Administración Pública”. II. 275 del Código Penal. Por todo lo expuesto. pues el término “autoridad competente”. En efecto. b) Sí es cierto. refiere de las declaraciones hechas “ante autoridad competente”. donde el delito de falso testimonio se inserta dentro de los delitos contra “La Administración de Justicia”. en cuanto a que debe recibirse promesa o juramento de decir verdad a los . Esto es. ante una autoridad “no judicial”. Agravio relativo a la atipicidad de las conductas denunciadas a) Yerra el a quo al afirmar que las conductas analizadas resultan atípicas por tratarse de testimonios recibidos en sede administrativa. provincial o local. y más precisamente los artículos 82 y 83 de ese cuerpo. “Reglamento de Investigaciones Administrativas”. En este caso en particular. del año 1967. que constituye un presupuesto del delito. que las declaraciones testimoniales de la cuales se trate. entiendo que no estuvo. por ejemplo España. el Art. en nuestro caso “La Administración Pública”. o calla total o parcialmente la verdad. y de propuestas de lege ferenda. y no jurisdiccional. ni está. lesiona el Bien Jurídico. de cualquiera de los tres poderes del Estado. abarca y tutela el correcto y legal desenvolvimiento de las funciones de los tres poderes del Estado. sea nacional. que hubiesen sido recibidas de conformidad con la normativa que las rige. tal el Proyecto de Sebastián Soler. y no únicamente “ante Juez o Fiscal”. 275 del CP. legalmente instituida. Esto tiene estricta relación con el Bien Jurídico tutelado. o más cerca en Brasil. remite a cualquier autoridad. en particular capítulos VI y VII. cancelada la jurisdicción en este caso. razón por la cual también quien afirma una falsedad. sean válidas.
Sin embargo. 82. de la lectura de las piezas testimoniales analizadas. al carácter sacramental que tiene. no se aprecia que en momento alguno se hubiese impuesto a los convocados. y por este último fundamento. Esto ha sido obviado en las piezas testificales que la querella pretende que formen parte de la presente imputación. además. tal omisión cercena la posibilidad de habilitar la imputación subjetiva capaz de sostener un juicio de reproche en este caso.SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 declarantes. en solitario. justamente. . Ello así. con costas. y de la sanción penal que declarar falsamente trae consigo. A su vez esto fundamenta el reproche de culpabilidad de este delito. es decir. para que el deponente comprenda la importancia y las implicancias de declarar en calidad de testigo. del contenido del Art. Dec. sin el acompañamiento del Ministerio Público fiscal en el inicio de las actuaciones. la solución de atipicidad merece ser homologada en esta instancia. no resultan válidas para posibilitar cargo penal alguno por falso testimonio. En razón de ello. presentada también como agravio. 467/99). ya que. se refirió a la autonomía de la querella para poder impulsar la acción penal. ni tampoco que se les hubiese efectivamente recibido promesa o juramento de ley. se advierte que si bien se ha dejado constancia de una remisión al articulado en cuestión. 275 del Código Penal. razón por la cual al no haberse respetado las formalidades para recibirlas. la primera cuestión que se debatió en el marco de la deliberación. Tal es mi voto. y era una imposición que la propia normativa exigía (Art. El juez Gustavo Bruzzone dijo: 1) aunque éste no fuera un tema que se planteara en la resolución que admitió el recurso de queja que habilitó la realización de la audiencia del pasado 29 de octubre. Esto es consustancial a la validez del acto. Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . en cuanto anoticiar debidamente a los declarantes de las consecuencias penales a las que puedan dar lugar las declaraciones falsas. y a su vez advertirles de las consecuencias a las que puedan dar lugar declaraciones falsas o reticentes.
393. 346 y 348. 393). como en el momento de alegar en el marco del juicio (art. de la misma manera que también se encuentra legalmente previsto que ese impulso acusatorio debe darlo el MP fiscal. debido a que el querellante tenía carácter adhesivo a la acusación estatal y no potestad autónoma de impulsar la acción. La cuestión controvertida se plantea cuando en una causa penal se ha reconocido la intervención de un querellante –o candidato a serlo. es un requisito legalmente indispensable en el momento inicial del procedimiento como lo establece el art. El impulso de la acción por el fiscal. y salvo control negativo de legalidad. acusación hay. en cierta medida. Queda claro que. por imperio del principio ne procedat iudex ex officio.porque. así debía pronunciarse. también. en el momento del cierre de la instrucción (art. como es el caso. 2 Fallos: 321:2021 . 180. constituida como querellante. Allí se abrió el camino de la autonomía de la querella para impulsar la acción penal. básicamente se sostuvo que la víctima. independientemente de que el fiscal no hubiera acusado en el debate. El recorrido que ha tenido la problemática que nos plantea este caso se remonta prácticamente a la entrada en vigencia del Código Levene y. los jueces no pueden reemplazar al fiscal en esa función. en su combinación con lo dispuesto en el art. CPPN. se encuentra superada para el momento de los alegatos por lo resuelto por la CSJN en el conocido precedente “Santillán” en 19982. ello. que enfatiza el costado acusatorio de la ley procesal mixta (parte inquisitiva. 5° del mismo cuerpo legal. donde se consideró que el tribunal se encontraba habilitado a dictar una condena con la sola acusación del querellante. sólo que no es el fiscal quien la formula. en el sentido del impulso de la acción si bien la ejerce un particular. se le debía otorgar un pronunciamiento útil relativo a sus derechos y. ante la ausencia de impulso fiscal. CPPN). si el tribunal consideraba que tenía razón en su pedido de condena. sin perjuicio de la posición que hubiera adoptado la fiscalía en su alegato en la “discusión final” (art. parte acusatoria). requiriendo la instrucción del sumario. CPPN).
Sala II. fue en “Bernstein”3 donde la Corte sostuvo que. del 7/6/2012. como la cuestión se asimilaba a lo resuelto en los casos “Santillán” y “Quiroga”. que la doctrina del fallo fuera extendida. pues en tanto la sentencia recurrida es apta para generar la apertura de un proceso penal por delito de acción pública sin intervención del fiscal y con inobservancia del principio de legalidad” (sin resaltado en el original). al momento del cierre de la instrucción (arts. rechazó una queja dirigida a cuestionar esta facultad o posibilidad del querellante. causa n° 13139 del 16/12/2014. reg. por lo menos. el querellante podía ingresar a la etapa de juicio en solitario. hasta el presente. negándole expresamente esta posibilidad. 5 CSJ 33/2012 (48-D). al decir que “la presentación suscita cuestión federal suficiente y resulta formalmente admisible. n° 12074. 2008. CPCCN. la Corte no se ha expedido expresamente respecto del caso que tenemos a estudio o.se encuentra implícita en la brevedad de los fundamentos brindados en esa oportunidad. del 1°/7/2008.XLIII del 29/4/08 y 28/10/08. un exhaustivo repaso de lo acontecido en la jurisprudencia nacional con posterioridad al fallo ”Santillán” se puede encontrar en el libro: Las facultades del querellante en el proceso penal. BsAs. años después. 6 CFCP. por aplicación de lo dispuesto en el art. Desde “Santillán” a “Storchi”. Si bien el fallo no cuenta con mayor desarrollo. . confirmaría que la posición mayoritaria de la Corte se inclinaría por considerar legalmente posible que la querella avance en solitario desde el comienzo del procedimiento.SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 La capacidad de rendimiento de ese precedente determinó. 4 Con independencia de otras muchas fuentes. causa n° 8184. conforme se derivaría implícitamente de la jurisprudencia de la Corte. no lo ha hecho con la claridad correspondiente.505. donde la enorme discusión que se planteó al respecto en doctrina y jurisprudencia –que no corresponde reproducir en este lugar4. Recurso de hecho. compilado por Sabrina Namer. 280. se puede citar el relativamente reciente fallo “Dieguez Herrera”5 donde. La disidencia de la jueza Highton de Nolasco. Ad-Hoc. La combinación del énfasis acusatorio con que debía interpretarse la ley procesal vigente y la autonomía de la víctima para impulsar el procedimiento penal se encuentran en la génesis de ese fallo. Por este motivo podemos decir que. No obstante. es muy claro en ese sentido al sostener el recurso extraordinario de la fiscalía ante la CFCP. con argumentos similares a los utilizados por el colega Luis García al votar en la causa “Rodríguez Guitián”6. El dictamen del Procurador Fiscal González Warcalde. la autonomía de la 3 Causa B. No obstante. Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . también.346 y 348).
vienen ampliando y consolidando sus facultades de intervención en el proceso penal por lo que. 21/8/2009. por ello. donde se lo incluyó pero con carácter adhesivo. págs. especialmente a partir del fallo “Santillán” de la Corte. para luego reconocerle la jurisprudencia cada vez mayor autonomía. .. 8 CCC. Es decir. habré de concluir resolviendo que la querella tiene la posibilidad de impulsar el procedimiento desde el comienzo. Y si bien no considero que esta cuestión tenga anclaje constitucional7. que podría cerrar el análisis del asunto. el actual Código Procesal Penal de la Nación (Ley n° 27063) en su art. sin perjuicio de la posición que pueda haber adoptado la fiscalía al hacerse cargo de impulsar. le reconoce la facultad de “provocar la persecución penal”.querella también se extiende al momento inicial del procedimiento penal. si bien en otro momento sostuve que el carácter adhesivo se mantenía para el momento del requerimiento de instrucción (art. causa n° 36269. en el libro editado con motivo del XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal. La víctima ha ido teniendo un reconocimiento cada vez mayor por parte de la sociedad en lo que se refiere a prestarle atención a su opinión en la solución del conflicto penal. que no contaba con la figura del querellante. 85. el procedimiento en el momento previsto por el artículo 180 del CPPN. 180)8. en lo que a este agravio se refiere. llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA en 2009. ¿es de origen constitucional. pasando por su discusión en el Congreso de la Nación. considero que esa solución al problema jurídico implicado debe ser revista y. cuando se comenzó a discutir el Proyecto Levene. sin perjuicio de la posición asumida 7 “El derecho de la víctima a intervenir como querellante en el proceso penal. aunque no es mi intención recorrer esa historia. Sala I. convencional o simplemente procesal?”. “Abdelnabe”. o no. rta. respecto de los delitos de acción pública. expresamente. el legislador común y los jueces (mayoritariamente). alcanza al momento del inicio de las actuaciones. con independencia de la postura asumida por la fiscalía. no puedo dejar de destacar el derrotero que este tema ha tenido desde comienzos de los años 90’ del siglo XX. Todo esto constituye un desarrollo notable de una institución que. La figura del querellante se remonta a los tiempos en que éramos colonia española y. 971 y sgtes. entre otras.
lo que los colaría en una “disyuntiva en . fueron prestadas “en el marco del Reglamento de Investigaciones Administrativas (decreto 467/99). había sido contaminada con el virus VIH por la transfusión de sangre dispuesta el 14 de mayo de 2013 en el I. a mi criterio. no puede ser materia de agravio. eventualmente. Ello. a reconocer “alguna intervención negligente por parte de ellos”.. de la UBA-. Es decir. Pero el argumento central para convalidar la decisión desestimatoria. P. que se tachan de falsas. por lo que corresponde analizar sus argumentos jurídicos como fueron considerados por la Sala de Admisibilidad.SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 por el MP fiscal. fs. por lo menos en la resolución en estudio. L. 27/28). Esto debido a que los fundamentos del fallo en estudio indican que pese a que las declaraciones testimoniales. no se daña el impulso de su acción penal por el hecho de no encontrarse acompañado del fiscal. razón por la cual podrían verse expuestos. sin perjuicio de la discusión posterior referida a cuál es el órgano que debe llevarla a cabo en el marco de la actual ley procesal. por inexistencia del delito denunciado de falso testimonio. 56/61vta. lo cierto es que no consta que hubieran sido realizadas bajo juramento de decir verdad e informados de las consecuencias en caso de declarar falsamente”. está dada por el hecho de que los que declararon como testigos en el marco del sumario administrativo podrían tener algún tipo de responsabilidad en lo que allí se investiga –la forma en que la paciente E. Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . lo que nos reconduce a una cuestión de hechos como lo planteara el colega Magariños al proponer el rechazo de la queja (cfr. la afirmación de que como las declaraciones testimoniales fueron prestadas en el marco de un sumario administrativo no son idóneas para poder ser subsumidas en el tipo del falso testimonio. en el sentido de establecer si se incurrió en una errónea interpretación de la ley sustantiva a efectos de considerar la posible comisión del delito de falso testimonio que se denuncia y pretende perseguir. 2) Agravio relativo a la atipicidad de las conductas reprochadas Sin perjuicio de lo sostenido por el fiscal en su dictamen de fs.
Denegado el recurso de casación en el que el pretenso querellante se agravió de este argumento. 87/88 de los autos principales). porque la ley no concede al pretenso querellante poderes autónomos para la promoción del proceso. con costas.N. la Cámara no podía sino confirmar la decisión del a quo. 95 vta. 56/61 vta.P. El juez Luis M.la que se vería involucrada la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación”. 101/103 del principal).En la decisión recurrida se ha declarado que “no es posible la prosecución de la causa sin el impulso del Ministerio Público Fiscal quien postuló la desestimación de la denuncia de fs. coincidiendo con el requerimiento del fiscal (fs. confirmando esa decisión.P. reg. En esas condiciones. En ese sentido. Así voto. 180 C..074). 56/61 de los autos principales) desestimó la denuncia en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación (fs. Al emitir mi voto en el caso “Rodríguez Guitián. 27/28 del respectivo recurso de queja. el pretenso querellante no goza de otra vía recursiva para someter a revisión lo que viene decidido.). rta.” (ex Cámara Nacional de Casación Penal. tal como lo propone el colega preopinante. La legitimación del pretenso querellante para recurrir del auto de la jueza de instrucción que. señalé que si hay algo que a mi modo de ver parece evidente es que el legislador no ha querido conceder al . n° 12. 01/07/2008. y lo consintió en esta instancia al no haberse manifestado en forma contraria. Una vez que se ha asegurado la posibilidad de intervención del Ministerio Público en el trámite de la apelación (fs. causa n° 8184. pese a haber estado formalmente notificado de la audiencia” (fs. si ningún representante de ese Ministerio ha puesto en crisis el pedido desestimatorio de su inferior. García dijo: 1. José A. 63/64). se agota con la apelación interpuesta y decidida por la Cámara. Sala II. la resolución que se cuestiona fue bien dispuesta y el recurso de casación interpuesto debe ser rechazado. (fs. la Sala de Turno de esta Cámara lo ha concedido habilitando un pronunciamiento sobre la interpretación del art.
8 DUDH. CN).).N. 75. Esto surge con claridad de la lectura conjunta de los arts. Hasta ahora la jurisprudencia de los órganos de interpretación y aplicación de los instrumentos de derechos humanos señalados en el art.3 PIDCP). para perseguir por sí y obtener la condena de los delitos de los que se dicen víctimas. En la interpretación estricta de esas disposiciones. nada indica que el recurso de “protección” sea equivalente a un derecho de acusación privada de quien se pretende víctima de un delito. 25 CADH. 195. 75. de los instrumentos internacionales de derechos humanos (art. no encuentro ningún posible conflicto con la Constitución. Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . no se ha visto modificada por la incorporación al orden interno. y sus citas). ni a obtener la condena penal de terceros (Fallos: 143: 5. Esta discreción concedida por la Constitución. 252:195 y sus citas. 188 C. sino una mera concesión de la ley susceptible de suprimirse en todo tiempo (Fallos: 143:5. la admisión del querellante particular en los procesos que motivan los delitos de acción pública es cuestión librada a las leyes procesales respectivas. ni la Corte IDH.P. inc. inc. 22. y su exclusión no compromete principio constitucional alguno (Fallos: 252:195. por la constitución o por la ley (arts. derivado de alguno de esos instrumentos.SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 pretenso querellante un poder autónomo de habilitar la apertura del proceso penal por delitos de acción pública. 186. han declarado que de los arts. por lo demás claras y sin ambigüedades. no han inferido la existencia de un derecho autónomo de las víctimas.P. 2. y 299:177) y. Jamás hasta ahora ni la Comisión IDH. Si bien en ellos se establece el derecho a acceder a un recurso judicial efectivo que ampare contra todo acto de agentes del Estado o de particulares que violen sus derechos reconocidos por esos instrumentos.N. C. con jerarquía constitucional. En efecto. 22. 8 y 25 CADH pueda inferirse un derecho de toda persona a formular por sí acusación para obtener la condena por un . 180. en todo caso. desde antiguo la Corte Suprema se ha pronunciado en el sentido de que el querellante no tiene un derecho constitucional para intervenir en la causa criminal como tal. puesto que la facultad reconocida por la ley a los particulares de hacerse parte querellante en los delitos de acción pública no es un derecho de propiedad en el sentido de la ley civil.
n° 167. Panamá”. § 176. Argentina”.delito. n° 154. Argentina”.habían pretendido que la Corte IDH impusiera al Estado argentino el deber de “garantizar que la familia Bulacio sea incorporada a la causa penal como querellante” (Corte IDH. § 194. §§ 33 y 34). Al respecto sirve de ejemplo la sentencia del caso “Bulacio”. Serie C. § 228. sólo en los sistemas que lo autorizan. Serie C. cualquier interpretación que se emprenda respecto del art. Alicia Consuelo”. 31. “Kawas Fernández vs. confr. § 121. “Heliodoro Portugal vs. y sus citas). 18/09/2003. n° 196.147. “Herrera. Perú”. informe 28/92. 04/04/2009. § 157. n° 187. y la Corte no declaró la existencia de un derecho de “querella”. Serie C. 26/09/2006. sino de participación en los procedimientos de acuerdo a la ley interna y a la Convención (ibídem. “Bayarri vs. “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz v. Allí los requirentes –familiares de la víctima. Serie C. en el mismo sentido casos “Almonacid Arellano y otros vs. Serie C. Chile”. § 247. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe respetar las reglas de interpretación del art. deviene un derecho fundamental del ciudadano (Comisión IDH. Más aún. toda la doctrina que puede extraerse de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de la víctimas de violaciones de derechos humanos se sintetiza en la idea de que debe asegurárseles a éstas un derecho de acceso a todas las instancias de los procesos penales. § 106. caso 10. 30/10/2008. n° 187. Honduras”. letra a). 29/11/2006. y ha declarado que el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito. A mayor abundamiento. n° 162. 12/08/2008. La Comisión IDH. que había sostenido muchas de las pretensiones de los requirentes. pero de ningún modo la Corte ha llegado a declarar que las víctimas tuviesen un derecho de acusación derivado directamente de la Convención. “La Cantuta vs. 10/07/2007. En este sentido la Comisión IDH ha tenido oportunidad de pronunciarse con relación a las facultades del querellante antes de la entrada en vigencia del actual CPPN. que establece . Serie C. Perú”. “Bulacio vs. n° 100.1 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Serie C. §§ 107 y ss.). § 191. no sostuvo ésta (confr.
República Dominicana”. integrada por Estados con sistemas jurídicos heterogéneos. § 251. 27/02/2012. en el derecho interno. Para lo cual “la ley interna debe organizar el proceso respectivo . “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. Serie C. de 20/06/2005. “Ramírez Fermín vs.SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 como regla la interpretación objetiva. Corte IDH. sent. la mayoría de los cuales no reconocían en sus derechos domésticos la institución del querellante particular por delitos de acción pública. caso “González Medina y familiares vs. en síntesis. formular alegaciones y. Esto se refuerza con lo declarado por la Corte IDH en el sentido de que “La Convención no acoge un sistema procesal penal en particular. Serie C. n° 126. en otros tratados internacionales aplicables. aportar pruebas. Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . y sus citas) pero ello no incluye un derecho de acusación penal autónomo. 240. siempre que respeten las garantías establecidas en la propia Convención. el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación” (ibídem). Más recientemente la Corte ha aclarado que los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de las víctimas o de sus familiares de participar en todas las etapas de los respectivos procesos. n°. Deja a los Estados en libertad para determinar el que consideren preferible. de manera que puedan hacer planteamientos. Guatemala”. recibir informaciones. hacer valer sus derechos (confr. en las normas consuetudinarias y en las disposiciones imperativas de derecho internacional” (Corte IDH. sino que “dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia. No hay ninguna evidencia que demuestre que los Estados soberanos que concurrieron a la celebración del tratado hubiesen querido entender dentro del término “recurso judicial efectivo” el deber de los Estados de proveer en su derecho interno un poder de acción criminal. y que por excepción permite se “dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”. o de primacía del texto. § 66). máxime si se tiene en cuenta que la Convención es un instrumento celebrado en el marco de la Organización de Estados Americanos.
También ha establecido que “el acceso al expediente es requisito sine qua non de la intervención procesal de la víctima en la causa en la que se constituye como parte coadyuvante o querellante. Alberto. como órgano autorizado de interpretación del PIDCP. Comunicación nro. a que los Estados Partes les reconozcan. “A propósito del caso Villagran Morales. Países Bajos”. el derecho de participación no ha sido entendido como derecho de acusación. de raíz internacional. 25 CADH. en BOVINO.C.). v. y ha dejado a la discreción de la legislación interna el reconocimiento de facultades coadyuvantes o de querella. de 30 de marzo de 1989. en cuanto víctimas. Alberto. 14 que los individuos pudieran reclamar un derecho. La investigación penal en el ámbito nacional”. § 253). v. Países Bajos”. ibídem. un derecho de acción o acusación penal (HRC. Toda la doctrina que se ha elaborado paulatina y evolutivamente que ha culminado en la definición del deber del Estado de investigar. perseguir y castigar las (¿graves?) violaciones a los derechos humanos.A. Corte IDH. S. En otros términos. Buenos Aires. . 1 y 2 CADH. ha inferido del art.M. tiene su anclaje en la responsabilidad del Estado por no haber cumplido sus deberes de garantía derivados de los arts. según la legislación interna” (confr. 240 y ss. Tampoco el Comité de Derechos Humanos. hasta ahora esos órganos internacionales jamás han declarado que pueda inferirse de la Convención un derecho de toda persona a promover por sí la acusación y obtener una condena por delitos de los que son víctimas. § 11. Del Puerto. y más tarde en el derecho a la protección judicial del art. Comunicación nro.6. y no como mera gestión de intereses particulares. caso “M. caso “H.213/1986. Justicia Penal y Derechos Humanos. y sostener que el Estado tiene el deber de procurar a los particulares una acción para promover por sí la persecución y la condena de una persona por cualquier delito del que se consideran víctimas (vide BOVINO. En síntesis. Existe una distancia muy grande entre sostener que el Estado tiene ese deber como fruto de una obligación propia. de 22 de julio de 1992).de conformidad con la Convención Americana” (ibídem). 2005. 396/1990. ps.
V. se sostiene en términos coincidentes que el Convenio no garantiza al individuo un derecho a promover. de 30 de marzo de 1989.A. c. en el sentido de que si bien “ha mantenido reiteradamente que el Pacto no prevé que los particulares tengan derecho a reclamar que el Estado enjuicie penalmente a otra persona..] el Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos. y otros c.. de 26 de marzo de 1990.8. D. de 19 de agosto de 1997. David / ZWAAK. de 19 de julio de 1994. Nro.5. Nros. GOMIEN. M.C. HARRIS. Serie A.. Londres-Dublin-Edinburgo 1995.] no obstante. 343 a 345/1988. una acción penal (TEDH. § 11. Council of Europe Publishing. 166 y 197. ‘H..N..A. c. § 29).5)..SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 El Comité ha sido claro en distinguir los dos niveles a los que me he referido antes. Law and practice of the European Convention on Human Rights and the European Social Charter. Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . En efecto. y Comunicación n° 612/1995. / WARBRICK. 275/1988 ‘S. Com. Leo. § 8.3 y 12. juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones” (HRC. [. Law of the European Convention on Human Rights. Estrasburgo 1996. con cita de las Comunicaciones Nro. caso “Villafañe Chaparro. § 5. también en la jurisprudencia y doctrina sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Nro. “Helmers c/ Suecia”. de los instrumentos internacionales citados. . los Países Bajos’.1 CEDH no comprende el derecho de los particulares a promover una acusación criminal. ‘R. vol.M. 6.6.1 es análogo al texto de los arts. Donna / HARRIS. de 26 de marzo de 1990./ O’BOYLE. y de encausar penalmente. por su propia cuenta. 202-A. en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida.4. 213/1986. cuyo artículo 6. en tanto este artículo sólo se refiere a los derechos de personas contra los que se dirige una imputación penal (confr. Es ilustrativo señalar que esta concepción parece ser pacífica en el derecho internacional de los derechos humanos. Argentina’. caso “Hugo Rodríguez vs. C.4. 12. 1 y 8.E. 157). Uruguay”. [. pp. 14. José Vicente y Amado”. § 5. §§ 6. inc. p. Argentina’. 1. inc. 322/1988. La doctrina sobre ese instrumento explica que ello es así pues el derecho de acceso a la jurisdicción art.J.
que comprenden Estados signatarios en cuyas culturas y sistemas jurídicos no existe la institución del querellante u otras análogas. y 14. Esteban” (causa CSJN. y que una interpretación contraria llevaría a declarar que un gran número de los Estados estarían en situación de infracción a esos instrumentos. De allí que la decisión acerca de si debe o no reconocerse a las personas tal derecho.1 PIDCP. ninguna doctrina podría extraerse de lo decidido. de 16/12/2014). la decisiones de la Corte Suprema en los casos de Fallos: 321:2021 (“Santillán). Reitero que no debe perderse de vista que la interpretación del derecho a la jurisdicción en los instrumentos internacionales de derechos humanos debe tener en cuenta el marco multilateral en el que esos instrumentos rigen. y con la sola invocación de esta norma. como derecho inherente a toda persona. Ahora bien. ni de los artículos 8. Fallos: 327:5863 (“Quiroga”) y Fallos: 327:5959 (“Mattio”). En suma. con cita del art. 33. ha sido librada al razonable marco de discreción del legislador doméstico tanto por la Constitución como por los instrumentos internacionales citados. podrá rechazar el recurso extraordinario. la Corte Suprema –por mayoría- declinó pronunciarse sobre una cuestión análoga a la que aquí se presenta. Puesto que éste declara que la Corte Suprema “según su sana discreción. 280 CPCCN. o en la insustancialidad de la . Más aún. no puede derivarse ni del artículo 18 de la Constitución Nacional. pues no es posible establecer si el rechazo se fundó en falta de agravio federal suficiente. en las pretensiones que se presentan en las conclusiones finales de la audiencia de juicio. o en su caso. D. res. en el caso “Diéguez Herrera. por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.1 CADH. han creado pretorianamente soluciones ad hoc para distintos supuestos de intervención de la querella en la crítica de instrucción cuando ésta se estima agotada y de los requerimientos acusatorios. L° XLVIII. el de acusar a otros por los delitos de los que puedan aparecer como víctimas. y en su caso de manera adhesiva o autónoma. pero no han abordado la cuestión de las vías por las cuales puede habilitarse una investigación penal.
con prescindencia de su carácter de órganos de aplicación del derecho vigente.. sin embargo. en cuanto reconoce al pretenso querellante el derecho de apelación contra las decisiones de desestimación de la denuncia. ninguna Cámara de Apelación. obligarlos a intervenir en el proceso cuando opinan que no debe haber proceso. sólo podría interponer recurso de apelación para obtener la revisión por una Cámara de lo decidido por el juez. como ha señalado la Corte “el ingente papel que en la elaboración del derecho incumbe a los jueces [.] facultades legislativas de que carecen” (Fallos: 234:82). descartada la existencia de analogía con el presente caso. por tratarse aquí de un proceso aún no iniciado por habilitación de un representante del Ministerio Público.P. En otro orden. 180 C. Sentado lo anterior. porque se trata de un voto en disidencia. que se ajusta sustancialmente a los argumentos que vengo exponiendo desde mi voto en el caso “Rodríguez Guitián”. no puede asignarse la calificación de doctrina de la Corte al voto de la jueza Highton de Nolasco. nada autoriza a que los jueces llenen el eventual vacío legal que produce esa jurisprudencia constitucional creando un estatuto legal de la querella con más poderes que los que el legislador ha querido reconocerle. el querellante. ni atribuirse [. 120 del Constitución Nacional. De suerte que lo único que puede afirmarse es que no hay una doctrina de la Corte sobre el punto que esta Cámara ha sido llamada a decidir.. o en su carencia de trascendencia”. . ni menos aún.SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 cuestión. Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . debe superar un test de conformidad con el art. pues. o quien pretende serlo. Si el juez dispone la desestimación de la acción de conformidad con lo dictaminado por la fiscalía.P.N.] no llega hasta la facultad de instituir la ley misma” ya que “éstos no pueden proceder. que la interpretación del último párrafo del art. observo. A la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Quiroga” (Fallos: 327:5863). a sabiendas.. Frente a aquellas decisiones tópicas. ni siquiera por vía de recurso. podría imponer a los representantes del Ministerio Público la promoción de una acción que estiman no corresponde promover..
en cuanto establece que si la apelación no es rechazada a tenor del art. Además. y no hayan recurrido. en el que la intervención del Fiscal de Cámara será obligada. De lo contrario. al contrario. sino a todas las partes. si entendiese que la desestimación es infundada. para que esa apelación pueda constituir alguna vía efectiva de control de la decisión de la fiscalía de promover la desestimación.984-. aquél elemento indispensable que es el impulso del titular de la acción penal estaría cumplido. si coincidiera con la petición de desestimación la Cámara podrá confirmar la desestimación en caso de estar de acuerdo. Si éste opinara en contra de lo dictaminado por el agente fiscal. se decretará una audiencia al que podrán concurrir todas las partes. si éste. constituye una vía apta para habilitar el control interno jerárquico en el ámbito del Ministerio Público y para posibilitar una revisión por ese Ministerio de los méritos de la pretensión del querellante. Concluyo que el a quo no ha incurrido en error de interpretación del art. Lo que impone asegurar no sólo al recurrente. anoticiado de la audiencia. 180 CPPN al declarar que “no es posible la prosecución de la . debe cumplirse el trámite de los artículos 454 y 455 C. compareciese.P. Esta intervención encuentra asegurada una vía en el art. Ahora bien. y el proceso en condiciones de continuar. deberá declarar entonces que no se puede proceder por falta de instancia de la fiscalía. porque de todas formas. porque en definitiva el requerimiento de instrucción es un presupuesto procesal para el ejercicio de la jurisdicción. la posibilidad de participación de un representante del ministerio público en el trámite de la apelación. y en ella serán oídos el recurrente y quienes comparezcan.N. aunque el fiscal de cámara requiriera la instrucción.P. subsistiría la jurisdicción que conserva el tribunal de apelación de confirmar la desestimación. la posibilidad de intervenir y ser oídos en el trámite de la apelación. 454 del Código Procesal Penal de la Nación. Ello incluye dar posibilidad al Fiscal de Cámara para que se exprese sobre la cuestión traída en recurso. Este modo de proceder salvaguarda la debida división entre las funciones requirentes y jurisdiccionales. -según ley 23. 444 de ese código.
Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . 18 C. pese a haber estado formalmente notificado de la audiencia”. en particular en lo que concierne a la determinación del sentido del término “autoridad competente”. Esto sella a mi juicio la suerte del recurso de casación que debería ser rechazado.N. además plantearía múltiples problemas sistémicos frente a un diseño procesal que ha sido concebido para ser impulsado con la intervención necesaria del Ministerio Público. a una declaración alegadamente falsa”. Al intervenir en la decisión de la Sala de Turno que por mayoría declaró mal denegado el recurso de casación. o al menos el reproche. y lo consintió en esta instancia al no haberse manifestado en forma contraria. . sino. así como la cuestión de las formalidades del juramento e información previa son inherentes a la declaración testifical. me pronuncie sobre la segunda. no sólo carece de base legal. La inexistencia de argumentos comunes entre el juez de primer voto y el juez que ha votado en segundo término requiere que. y por ende afecta el art.SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 causa sin el impulso del Ministerio Público Fiscal quien postuló la desestimación de la denuncia de fs. 56/61 vta. cualquier decisión distinta implicaría sustituirse a la discreción ejercida por el Congreso de la Nación en la elaboración de ese sistema. 2. vencido en la primera cuestión. había compartido la opinión en punto a que “caen bajo el motivo de errónea interpretación de la ley sustantiva las alegaciones sobre los elementos normativos del supuesto de hecho de la figura de de falso testimonio. en el marco de sus competencias constitucionales. la incidencia de la posibilidad de autoincriminación para negar relevancia típica. y en su caso.No obstante a la conclusión a la que he arribado precedentemente. entiendo no puedo excusarme de pronunciarme sobre los argumentos sustantivos sobre cuya base la cámara de apelaciones confirmó la desestimación de la denuncia sobre la base de que la conducta denunciada “no es merecedora de reproche penal”.. La apertura del proceso por el sólo impulso del pretenso querellante..
que conduce a determinaciones fácticas. En esas condiciones. 14/15. . copias de fs. G. En este limitado marco concuerdo con el juez Días. entiendo necesario distinguir entre la cuestión concerniente a si las formalidades de la declaración. expuestas en el punto II. Según el art. letra a. a quienes se les informó se les recibiría declaración testimonial según el Decreto 467/99 (confr. Sobre este segundo grupo de cuestiones no ha sido abierto el recurso de casación. de su voto. y la cuestión consistente en determinar si las declaraciones que se reputan falsas han sido prestadas bajo juramento o promesa. y si se ha informado suficientemente al declarante sobre la naturaleza y consecuencias de su declaración. R. que traduce una cuestión normativa. no encuentro defecto en que el a quo hubiese considerado dirimente que “no consta que [esas declaraciones] hubieran sido realizadas bajo juramento de decir verdad […]”. Mientras que la información sobre las consecuencias de la falsedad no hace a la validez.. en particular en punto al requerimiento de juramento o promesa de decir verdad y a la información previa sobre el acto y sus consecuencias son inherentes a la declaración testifical..181/2013 que en copia certificada se ha recibido en esta Cámara). “Los testigos prestarán juramento o promesa de decir verdad antes de declarar y serán informados de las consecuencias a que puedan dar lugar las declaraciones falsas o reticentes”. El juramento o promesa de decir verdad es una formalidad sustancial de la declaración testifical necesaria para su validez. 82 de ese decreto. sino en todo caso a la prueba de la comprensión que el declarante tiene de la antijuridicidad y punibilidad de una declaración testifical falsa. en una actuación administrativa. 7 y 13 del Expte – UBA 14. respectivamente. comparto en un todo las consideraciones del juez Días. En cuanto al primer punto. Sentada esa aclaración parto de considerar que no está en disputa que las declaraciones que la pretensa querellante reputa falsas han sido prestadas por V. y C. En cuanto al segundo punto. R. S. S.
la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de queja interpuesto por la pretensa querella a fs. sirviendo la presente de atenta nota de envío.N y lex 100) y remítase al tribunal procedencia. 180 CPPN. con costas (arts. Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL . 456. lo que en principio no corresponde sea decidido en el marco del art. 95/96 de los autos principales. En virtud del acuerdo que antecede. Regístrese. 17/25 de la presente incidencia. comuníquese (acordada 15/13 C. en todo caso. a la existencia de los presupuestos subjetivos para la aplicación de una pena. y en su caso. 465. Ello sin perjuicio de señalar que esta cuestión remite a apreciaciones de hecho sobre puntos sobre los que el recurso de casación no ha sido concedido. la cuestión acerca de si se informó a los declarantes de modo puntual o concreto cuáles son las consecuencias a las que podrían dar lugar las declaraciones falsas o reticentes. se torna insustancial examinar si en el caso estaba en juego el derecho de los declarantes a no ser obligados a declarar contra sí mismos. y confirmar la decisión de fs. sino. 530 y 531 CPPN). De este modo. DIAS LUIS GARCÍA GUSTAVO BRUZZONE Ante mí: SANTIAGO ALBERTO LÓPEZ SECRETARIO DE CÁMARA . 180 CPPN. notifíquese. y dejando a salvo mi opinión expresada en el punto 1. si tal cuestión podría ser decidida liminarmente en el marco del art. Sentado ello. no es dirimente. 470 a contrario sensu. HORACIO L. 469. porque no hace ya al supuesto de hecho objetivo del delito de falso testimonio. adhiero a la solución que viene propuesta.J.S. 468. si ese derecho incluía un permiso para declarar falsamente o sólo para abstenerse. o de la suficiencia o insuficiencia de la información provista.SALA 1 CCC 37567/2014/2/RH1 En todo caso.
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ESTRUCTURANDO TRABAJO
bizonte1975
Libro Cpo Publico
25000-23-24-000-2002-01018-01 (1)

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resolución 
de lege ferenda
 resolución 
 artículo 180
 resolución 
 artículo 180
 resolución 
 artículo 6
 artículo 18