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Timestamp: 2020-04-01 20:04:11+00:00

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ESTUDIO JURIDICO CONTABLE E.E. CIGORRAGA: mayo 2013
MAS POTESTADES PARA LA AFIP DECRETO REGLAMENTA IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Bs. As., 27/05/2013
Fecha de Publicación: B.O. 30/05/2013
Que lo mencionado precedentemente ha sido visto positivamente por la OCDE,
destacando que la REPUBLICA ARGENTINA es el primer país de Sudamérica en ser
parte de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y
remarcando el compromiso en materia de Transparencia Fiscal Internacional.
Que en la 5° reunión del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información
en Materia Fiscal, celebrada en Ciudad del Cabo —REPUBLICA DE SUDAFRICA—
los días 26 y 27 de octubre de 2012, nuestro país obtuvo un importante resultado
positivo toda vez que se adoptó de manera favorable el Reporte de revisión de pares de
la REPUBLICA ARGENTINA, en su formato de revisión combinada, lo cual implica
que nuestro país cumple ampliamente con los estándares internacionales en materia de
Que estas importantes medidas posicionan a la REPUBLICA ARGENTINA como líder
en materia de transparencia fiscal.
Que, consecuentemente, resulta oportuno acompañar estas políticas internacionales e
implementar, en un claro cambio de paradigma, un nuevo esquema centrando la
atención en las Jurisdicciones cooperadoras a los fines de la transparencia fiscal.
Que, en este orden de ideas, teniendo en cuenta que la ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS es la autoridad competente para implementar la
Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal impulsada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) antes citada,
corresponde establecer una lista dinámica de jurisdicciones (países, dominios,
territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales), cuya administración
estará a cargo de la citada Administración, en la cual se incluirá a aquellas que suscriban
convenios con la REPUBLICA ARGENTINA, siempre que se haga efectivo el
intercambio de información y se excluirá a las que no satisfagan tales requisitos.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 99,
incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.
Artículo 1° — Sustitúyese el séptimo artículo sin número incorporado por el Decreto
Nº 1037 del 9 de noviembre de 2000 a continuación del artículo 21 de la
Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto Nº 1344 del 19 de noviembre de
1998 y sus modificaciones, por el siguiente:
“ARTICULO...- A todos los efectos previstos en la ley y en este reglamento, toda
referencia efectuada a ‘países de baja o nula tributación’, deberá entenderse efectuada a
países no considerados ‘cooperadores a los fines de la transparencia fiscal’.
Se consideran países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o
regímenes tributarios especiales cooperadores a los fines de la transparencia fiscal,
aquellos que suscriban con el Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA un acuerdo
de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble
imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, siempre
que se cumplimente el efectivo intercambio de información.
Dicha condición quedará sin efecto en los casos en que el acuerdo o convenio suscripto
se denuncie, deje de tener aplicación por cualquier causal de nulidad o terminación que
rigen los acuerdos internacionales, o cuando se verifique la falta de intercambio efectivo
La consideración como país cooperador a los fines de la transparencia fiscal podrá ser
reconocida también, en la medida en que el gobierno respectivo haya iniciado con el
Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA las negociaciones necesarias a los fines de
suscribir un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio
para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de
información amplio.
Los acuerdos y convenios aludidos en el presente artículo deberán cumplir en lo posible
con los estándares internacionales de transparencia adoptados por el Foro Global sobre
Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, de forma tal que por
aplicación de las normas internas de los respectivos países, dominios, jurisdicciones,
territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales con los cuales ellos se
suscriban, no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante pedidos
concretos de información que les realice la REPUBLICA ARGENTINA.
La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica
en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS,
establecerá los supuestos que se considerarán para determinar si existe o no intercambio
efectivo de información y las condiciones necesarias para el inicio de las negociaciones
tendientes a la suscripción de los acuerdos y convenios aludidos.”.
Art. 2° — Facúltase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
a) Efectuar el análisis y la evaluación del cumplimiento, en materia de efectivo
intercambio de información fiscal, de los acuerdos de intercambio de información en
materia tributaria y de los convenios para evitar la doble imposición internacional con
cláusula de intercambio de información amplio, suscriptos por la REPUBLICA
b) elaborar el listado de los países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados
asociados y regímenes tributarios especiales considerados cooperadores a los fines de la
transparencia fiscal, publicarlo en su sitio “web” (http://www.afip.gob.ar) y mantener
actualizada dicha publicación, en función de lo dispuesto en el presente decreto.
Art. 3° — Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial y serán de aplicación a partir del día que la
Administración Federal de Ingresos Públicos publique el listado a que se refiere el
inciso b) del Artículo 2°.
FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan M. Abal Medina. — Hernán G. Lorenzino.
RECURSO DIRECTO UIF
Resolución 185/2013 (FUENTE INFOJUS)
Que lo indicado exige a esta Unidad la adopción de las medidas correctivas necesarias para el mejor funcionamiento del sistema de prevención de los delitos de Lavado de
Activos y de Financiación del Terrorismo, establecido mediante la sanción de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias y complementarias.
RESPONSABILIDAD DEL MARTILLERO POR FRUSTRAR COMPRA VENTA DE INMUEBLE
"RIVA, SILVANA LORENA C/ LALOSA, JORGE MARIO Y OTROS S/ SUMARIO (EXPTE.:1351)"
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos a los .17.días del mes de abril de 2013, se reúnen en el Salón de Acuerdos de la Sala II en lo Civil y Comercial de la Excma. Cámara de Apelaciones, los Señores Vocales Dres. HORACIO EDGARDO MANSILLA, SILVIA ELENA TABORDA y HÉCTOR RUBÉN GALIMBERTI, para conocer del recurso de apelación concedido en autos "RIVA, SILVANA LORENA C/ LALOSA, JORGE MARIO Y OTROS S/ SUMARIO (EXPTE.:1351)" respecto de la sentencia de fs.150/157.De conformidad con el sorteo de ley oportunamente realizado, -art. 260 del C.P.C. y C.- la votación deberá efectuarse en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. SILVIA ELENA TABORDA, HÉCTOR RUBÉN GALIMBERTI y HORACIO EDGARDO MANSILLA.
A la cuestión propuesta, la Señora Vocal Dra. Silvia Elena Taborda, dijo:
Que la magistrada actuante, resolvió la litis planteada entre las partes con la sentencia dictada a fs. 150/157 vlto. rechazando la demanda por indemnización de daños y perjuicios incoada por Silvana Lorena Riva contra Jorge Mario Lalosa y/o Lalosa Propiedades y/o Inmobiliaria Lalosa y/o quien resulte jurídicamente su titular, e imponiendo las costas a la actora perdidosa.
Para así dicidir, luego de describir la actividad del corredor inmobiliario y el marco jurídico que rige la misma - leyes nacionales Nº 25.028, 23.282 y ley provincial Nº 9739 -, sostuvo que en el caso el demandado Jorge Mario Lalosa actuó como personal de la Inmobiliaria Lalosa, derivando a la actora a un estudio jurídico en el
que se encontraba en trámite el sucesorio del titular del inmueble objeto de la compraventa celebrada para que allí le brinden toda la información respecto del estado de dominio del bien ofrecido en venta. Destaca que en la cláusula sexta el vendedor - Sr. José María Miño - se obliga a entregar la documentación completa de la sucesión en trámite de su padre Proscopio Miño a fin de realizar la escritura.
Alude luego a los presupuestos que deben concurrir para que funcione la responsabilidad civil - ya que la del corredor es una especie de ésta- mencionado como tales a : 1) existencia del daño, 2) antijuricidad o ilicitud, 3) relación de causalidad y 4) factor de atribución, concluyendo luego de analizar las constancias de autos que no se da en el caso el requisito del nexo causal adecuado que determine la responsabilidad de los demandados. Considera que estos últimos desplegaron una conducta adecuada a la actividad desarrollada y conforme a normas que la rigen citando el art. 34 inc. a 1º parte de la ley 20.266/73 t.o. ley 25.028 y destaca que si no se encuentra asentada la operación concluida (art. 35), es porque está probado que la actora celebró por sí el contrato con el vendedor, sin participación de los demandados - en alusión al agregado a fs.104/105- y, esas circunstancias son las que le permiten concluir que no hubo nexo causal entre el daño que aquí reclama la actora y la actuación cumplida por la accionada.
Contra dicho decisorio se alza la reclamante mediante recurso interpuesto a fs. 159 y concedido a fs. 160 sustanciándose los agravios con la parte contraria que no fueron replicados, quedando los autos en estado de resolver.-
Que, en cuanto a la relación de los hechos de la causa efectuada por la a-quo, no habiendo sido cuestionada y/o impugnada por las partes, por razones de brevedad doy aquí por reproducidas tales constancias.
Los agravios esgrimidos por la recurrente, son los que a continuación en síntesis se exponen: a) se queja por la aplicación parcializada que hace la a-quo de la ley 25.028 ya que solamente menciona los arts. 34 y 35, pero no así el art. 36 especialmente en sus incs. c, d, e, g, j y l que precisamente establecen las obligaciones de los corredores, que tampoco menciona siquiera la ley provincial nº 9739 que regula la Matrícula y actividad de los Corredores Públicos Inmobiliarios que también establece obligaciones en cabeza del colegiado (art.9); b) critica que se le haya dado entidad a personas llamadas colaboradores, al decir que son el "brazo largo" de la persona principal, cuando la ley provincial precisamente quiere desterrar ese tipo de participación (art.10 in d); c) que entienda la juzgadora que el inmueble era de una persona fallecida cuando ni siquiera era de esa persona, sino que resultó ser de un tercero de apellido Todone, situación a la que se llegó por no requerir la inmobiliaria los informes de dominio que debía pedir antes de ofrecer en venta el bien; d) se queja de la incorrecta interpretación de la secuencia de los hechos al analizar la prueba, como el instrumento agregado a fs. 104/105 del que sostiene se hizo para salvar el dinero de la actora pero afirma que ello no es la culminación de un correcto actuar de la inmobiliaria, agregando que ha omitido valorar otras pruebas como las testimoniales y confesionales lo que la llevó a una errada conclusión, e) se queja de la mención que hace el fallo de la responsabilidad de las personas jurídicas y la objetiva del art. 1113 de CC cuando la legislación sólo permite la matriculación de personas físicas, agregando que mal interpretó también la existencia de los elementos para que concurra la responsabilidad civil, asegura que el daño existe y aún hoy se sigue generando ya que no se pudo concretar la escritura del inmueble por haber omitido pedir el informe previo para conocer la titularidad del mismo, que se le cobró comisión
y hasta se le ofreció devolverla ante la frustración del negocio no dando recibo legal, que tampoco estuvo presente en el acto de firma del boleto ni se colocó sello alguno de intervención, siendo elocuente todo ello del daño y nexo causal ante el incumplimiento de tales obligaciones, solicitando por tales razones la revocación del fallo.
Adelantando el sentido de mi voto digo que, las constancias de la causa y el derecho aplicable a la controversia presagian una solución distinta a la alcanzada en la anterior instancia.
Está admitido expresamente por el codemandado Jorge Mario Lalosa - al prestar declaración testimonial a fs. 68 y vlto.- que actuó como colaborador de su hijo Ignacio, quien es el titular de la inmobiliaria también demandada y que, como tal concretó el negocio entre la actora y el vendedor Miño en nombre de "Lalosa Propiedades", afirmando luego que no pertenece a la firma, que está jubilado. Dijo también en el mismo acto que el inmueble se ofrecía a través de un cartel de venta (cfr.fs. 3/6) consultando la interesada por el mismo y de allí en más, ante un planteo de compra, mando a la actora a un estudio jurídico - Dra. Castro - para que averigue las condiciones del bien, que fue esta profesional quien la asesoró toda vez que intervenía como abogada en el juicio sucesorio del padre del vendedor, decidiéndose días después la firma del boleto a la que también reconoce concurrió (insiste como colaborador) sin dejar constancia de su intervención en el instrumento. En similar sentido Ignacio Raúl Lalosa a fs. 69 dice que luego del planteo de compra formulado por la actora, acercó a las partes al mencionado estudio jurídico para que, una vez confirmada la situación del inmueble por parte de éste se concrete la firma del boleto citándose para ello al Sr. José María Miño, afirmando que mandó a su padre al acto de la firma como colaborador, por no poder asisitir en forma personal. Agrega en su testimonio que,
para este caso como paso previo consultó al Escribano Melgarejo quien pidió informes al Registro de la Propiedad y a la Escribana Belén Brarda. Preguntado si quiere agregar algo más, por último dice que al surgir inconvenientes con la escrituración propone la devolución del importe recibido por la inmobiliaria a las partes, aceptando tal ofrecimiento sólo la vendedora, no así la compradora la que aclara se halla - no obstante la frustración del negocio- en posesión del inmueble .
Por su parte los escribanos mencionados fueron traídos como testigos. Es así que a fs. 76/77 en su declaración Brarda manifiesta que, quien le pidió la confección de la escritura fue el demandado Jorge Lalosa haciéndole saber que el boleto ya estaba confeccionado por otra profesional, Dra.Castro Gil, que había iniciado el sucesorio y que en ese expediente ya estaban cumplidos los pasos necesarios para la escrituración, circunstancia ésta corroborada mas tarde por dicha letrada al ser consultada. Agrega que como ella no redactó el boleto, fue al Registro a ver la matrícula antes de pedir el certificado y, allí advierte que la escritura tenía nota marginal de una venta posterior, al ver la venta constata que el Sr. Proscopio Miño no era el titular registral del inmueble objeto del boleto sino que figuraba como tal un Señor de apellido Todone, mostrándose sorprendidos tanto Lalosa como Castro Gil al ponerlos en conocimiento de la situación. El escribano Melgarejo a fs. 80 declara que a pedido de Lalosa solicitó un informe de dominio, que en realidad era para bloqueo registral por si pasaba algo (ver fs. 29 y vlto.), porque él no iba a intervenir en esa venta.
La abogada Castro Gil al prestar declaración testimonial a fs. 89/90 dice haber visto el título de propiedad del inmueble porque tramitó el sucesorio de Proscopio Miño donde está inventariado, que no había nota marginal alguna y que luego de confeccionado el boleto, al
hacerse las averiguaciones para iniciar los trámites de certificado de plano por el agrimensor, surgió que figuraba como titular registral otra persona, aclarando que a todo esto el negocio ya se había realizado. Manifiesta también que al acto de la firma del boleto, que fue en su estudio jurídico, asistió el Sr. Jorge Lalosa.
Resulta evidente de estos testimonios que la parte demandada, antes de celebrar en fecha 07-09-2007 el boleto de compraventa obrante a fs. 2 y vlto., incumplió en forma palmaria las obligaciones que a los corredores públicos inmobiliarios impone la ley nacional nº 20.266 modificada por ley 25.028 en sus arts. 33, 34 inc.c), 36 inc. b), c), e), g), j) y la ley provincial nº 9739 en arts. 4 inc. f), 8 inc.b), 9 inc.c) , i) y 10 inc. d), toda vez que no surge acreditado por medio alguno que la parte accionada haya cumplido con el deber impuesto de "comprobar la existencia de los instrumentos que acrediten el título invocado por el comitente, recabando cuando se trate de bienes inmuebles, la certificación del Registro de la Propiedad sobre la inscripción de dominio, de los gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos .." (art. 36 inc. c) ley 20.266) deber éste íntimamente relacionado al previsto en el inc. e) de la norma que consiste en "proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades....". Pongo de resalto que, este último deber tiene por objeto que las partes interesadas en celebrar una operación antes de llevarla a cabo tengan un exacto y preciso conocimiento de los riesgos que la misma pueda tener. De ahí que el intermediario debe brindar a quien se interese como comprador la información más completa posible acerca de las condiciones de dominio del inmueble a fin de que el negocio pueda realizarse con la seguridad que el tráfico mercantil requiere (cfr. CNCom., Sala A, en autos "Nigro, Carlos H. c/ Tambone, Amalia M. C. y otros" del 26-02-2010, La ley on line
Ar/Jur/6372/2010; íd. C.Civ.Com. y Lab., Vendo Tuerto, 2006/09/14 en "Meritano, P.P. y otra c/ Lanthier, R.H. y otros" en LLLitoral 2007 pág. 473).-
En el caso, tenemos que al momento de firmarse el boleto de compraventa entre las partes, en el estudio jurídico de la Dra. Castro Gil, con la presencia del Sr. Jorge Lalosa (aunque sin su intervención en el instrumento), como quedó probado con la prueba reseñada, deviene manifiesto el incumplimiento de tales deberes antes de concretarse la operación de venta. La circunstancia de haber derivado al comprador al estudio de la profesional indicada para la redacción del boleto y posterior escrituración - argumentando que ésta conocía el tema por haber tramitado el juicio sucesorio de Proscopio Miño (padre del vendedor) donde estaba inventariado el bien en cuestión - de ninguna manera releva a la inmobiliaria y corredor interviniente de los pasos que debió observar para prevenir que ocurran situaciones como las que motivan esta litis, ya que de haberlo hecho hubiera estado advertido el comprador interesado de la dificultad presentada, pudiendo así desistir de llevar a cabo el negocio. Ahora bien, como dije antes, esos informes previos no existieron y esta omisión hace que la decisión de la actora de comprar se concrete en septiembre del año 2007 sin conocer en esa oportunidad el riesgo que asumía. Es recién, al pretender elevar a escritura pública el instrumento privado que la Escribana Brarda actuando diligentemente - al ir a verificar los datos del boleto en el Registro correspondiente - hace saber a las partes que el titular no es Proscopio Miño, sino un señor de apellido Todone (cfr. acta de fs. 76/77, respuesta a la primera pregunta). Dados así los hechos, resulta más que claro que la demandada se condujo en forma negligente, lo que es inadmisible en corredores inmobiliarios que supone un grado de especialidad acorde con la tarea a desempeñar
que los obliga a obrar con prudencia y conocimiento de su actividad profesional (ley 20.266 y arts. 512, 902, 909 y 1074 del C.C.). El obrar culpable e imprudente de la accionada configurado - como vimos- al no dar acabado cumplimiento con la normativa aplicable de modo obligatorio a su actividad, toda vez que con el simple cuidado de corroborar previamente con un informe de dominio la existencia de la documentación necesaria y en regla para enajenar el inmueble de marras se hubieran evitados los inconvenientes aquí suscitados. Esta omisión es la que lleva a imputarles responsabilidad ante el reclamo formulado, quedando de este modo probada la conexión causal jurídicamente relevante entre el hecho de los demandados (actuar omisivo) y el daño sufrido por quien pide la reparación, sin que empece a ello la actuación que le cupo a la abogada Castro Gil como lo esbozan los accionados en su defensa para tratar de eximirse de responsabilidad (cfr. fs. 31 vlto. y testimoniales de ambos), toda vez que la actuación profesional de aquélla - y en su caso responsabilidad - resulta independiente y autónoma de la probada negligencia con la que actuó aquí el corredor inmobiliario. Reitero, este último debió cumplir con una obligación profesional a su cargo, que les es propia y que no llevó a cabo, por lo que en modo alguno se ve enervada su responsabilidad por la derivación que se hiciera de la clienta al estudio jurídico para la redacción del instumento privado. Nótese que tan admitido está el actuar contra legem de la accionada y, que ello sería capaz de generarle algún tipo de responsabilidad que reconoce haber propuesto la devolución de la comisión cobrada por la operación en cuestión aceptando el dinero sólo el vendedor Miño, no así la compradora que no aceptó la propuesta (cfr. fs. 68 y 69).
Que determinada entonces la responsabilidad que le cupo a la demandada en el conflicto entre partes, corresponde dilucidar lo atinente al resarcimiento solicitado.
Advierto que la actora enumeró en su demanda una serie de perjuicios que vinculó causalmente al proceder de aquélla tales como: daño material, lucro cesante, daño moral y gastos no documentados lo que en su conjunto asciende a la suma de $41.900.
Adelanto desde ya, que alguno de ellos devienen improcedentes por los siguientes motivos. Así respecto del daño material, que dice consistió en haber pagado la suma de $29.500 al celebrar el boleto de compraventa y $ 1.100 de comisión que hoy no lo posee en su patrimonio, resulta inadmisible la pretensión toda vez que está probado con la agregación del convenio celebrado en febrero de 2008 entre comprador y vendedor a fs. 104/105, que rescinden del boleto de compraventa primigenio y lo convierten en una cesión de derechos posesorios y hereditarios (ver cláusula tercera) quedando el dinero entregado - $ 29.500- a favor del Sr. Miño. Es decir, la reclamante en definitiva quedó con el inmueble - si bien como cesionaria - conforme surge de la cláusula sexta, detentando la posesión del mismo según consta en el informe de fs. 107/108 remitido por la oficina catastral de la Municipalidad de la ciudad de Chajarí que adjunta plano de mensura aprobado en el que figura la actora Silvana Lorena Riva como poseedora. Con lo cual, el daño material que se dice irrogado no es tal, el que de admitirse sin dudas configuraría un enriquecimiento ilícito de aquélla.
El lucro cesante tampoco debe prosperar por las razones supra mencionadas y por alegarse además en forma dogmática sin que haya prueba alguna que lo corrobore.
Distinto es el caso del daño moral el que, atento las condiciones en que se desarrollaron los hechos de la causa y vicisitudes atravesadas por la actora antes descriptos (art. 522 del CC) son pasibles de generar una lesión íntima a sus sentimientos que deben ser indemnizados, aunque no en la medida pretendida en la
demanda por considerarlo excesivo. Tal como se ha explicitado supra la conducta de la demandada fue a todas luces negligente al incumplir en forma manifiesta con los deberes legales impuestos, situación que llevó a que la actora debiera reencauzar el negocio con el vendedor quedando a la espera de un proceso de usucapión sobre el bien, lo cual sin dudas debió generar en aquélla un importante estado de desazón e incertidumbre por lo menos hasta la celebración del convenio aludido que puso fin al conflicto entre compradora y vendedor (ver cláusula sexta y séptima fs. 104/105) que merece resarcimiento adecuado.
Ahora bien, sabido es que el resarcimiento del agravio moral, derivado de la responsabilidad contractual queda librada al arbitrio del juez, quien libremente apreciará su procedencia concediéndose con cierta estrictez y atendiendo a las pautas del art. 522 CC. En tal orden, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (entre ellos monto involucrado en la operación negocial), evaluando la existencia del sufrimiento padecido estimo pertinente y razonable otorgar por este concepto la suma de $ 6.000 con más los intereses devengados desde que se produjo el daño (fecha del boleto de compraventa) hasta su efectivo pago calculados según tasa activa que cobra el BNA en sus operaciones ordinarias de descuento de documentos.
En cuanto a los gastos no documentados no corresponde su indemnización como un item del daño material, sino que deberán liquidarse en la oportunidad prevista en el art. 19 de la ley 7046.-
Dado el resultado del pleito, las costas de ambas instancias se imponen a la parte vencida por aplicación del principio general del art. 65 del CPCC.-
Así voto .-
A igual cuestión propuesta, el Sr. Vocal Dr. Héctor Rubén Galimberti, dijo:
A idéntica cuestión, el Sr. Vocal Dr. Horacio Edgardo Mansilla, dijo:
Que se adhiere al voto de los Sres. Vocales, Dres.:Silvia Elena Taborda y Héctor Rubén Galimberti.
Concordia, 17 de abril de 2013.
Y V I S T O S :
1- REVOCAR la sentencia de la instancia anterior y, por lo tanto, HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación deducido por SILVANA LORENA RIVA, admitiéndose el reclamado daño moral, por lo que se condena concurrentemente a los demandados JORGE MARIO LALOSA, y/o LALOSA PROPIEDADES y/o INMOBILIARIA LALOSA a pagar a aquélla por tal concepto la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) a la fecha del daño, con más los intereses devengados especificados en el considerando que antecede.
2- IMPONER las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art.65CPCC).-
3- DIFERIR la regulación de honorarios para su oportunidad.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, en estado, BAJEN.-
FIRMADO: TABORDA. GALIMBERTI. MANSILLA
JUZGADO DE ORIGEN:JC0000CH Nº DE EXPTE: 8613
SALA CIVIL y COMERCIAL II. EXPTE. Nº 1351
Liliana E. MORNACCO
OTRO FALLO EN CONTRA DE ROMAUMA SRL WET CLUB EMPLEADOS EN NEGRO RESPONSABILIDAD
. TS07D45246
SENTENCIA DEFINITIVA Nº 45246
CAUSA Nº 38.396/2010 - SALA VII - JUZGADO Nº 18
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2013, para dictar sentencia en estos autos: “MERLO ROXANA GABRIELA C/ ROMAUMA SRL Y OTRO S/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:
La sentencia de primera instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda, viene apelada por ambas partes a tenor de las presentaciones de fs. 233/237 y fs. 242/243.
Con relación a los honorarios regulados, apelan el letrado de la parte actora y la perito contadora.
La co demandada Lanfranchi afirma que le causa agravio la sentencia recaída en autos en tanto ha hecho lugar al reclamo fundado en el art. 15 LNE, y por la fecha de ingreso y remuneración que consideró acreditadas. Sostiene que la accionante no habría cumplido con los requisitos exigidos por el art. 11 Ley 24.013, y que las declaraciones de los testigos son insuficientes para tener por probadas la fecha de ingreso y la remuneración.
En estos puntos adelanto que en mi opinión el recurso no puede prosperar en tanto dista de constituir una crítica concreta y razonada de la sentencia.
En ese sentido, advierto que el Señor Juez “a quo” hizo lugar al reclamo del art. 15 Ley 24.013 precisamente porque dicha norma no prevé el requisito de notificación previa a la AFIP, aspecto que no fue tenido en cuenta por la recurrente.
Por otra parte, tal como se desprende del decisorio en crisis, la co demandada Romauma SRL quedó incursa en la situación del art. 71 L.O., y la ahora recurrente reconoció la prestación de servicios de la actora solamente en el caso de eventos especiales.
Sin embargo la actora no estaba registrada como dependiente, a lo que se agrega que las declaraciones testimoniales valoradas por el Señor Juez “a quo” permiten concluir que la accionante se desempeñaba con continuidad en el establecimiento de la demandada.
Siendo ello así, y ante la ausencia de registro, corresponde aplicar al caso el art. 55 LCT tal como se hizo en la sentencia de grado, sin que en la presentación analizada se hayan aportado elementos objetivos de prueba que pongan en cuestión la fecha de ingreso y la remuneración denunciada en la demanda.
Por ello, propongo confirmar en estos puntos lo decidido en primera instancia.
Luego la recurrente se agravia porque fue condenada en forma solidaria, pero en este punto el recurso ha quedado claramente desierto ya que la condena se fundó en el carácter de socia gerente que la misma ha detentado en la persona jurídica empleadora, y ante la clandestinización del contrato de trabajo. En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto por los arts. 157, 274 y 59 Ley 19.550, considero que se ha constatado en autos la violación de normas vigentes que han causado perjuicio a la actora y al sistema de seguridad social, y por ello propongo también en este punto confirmar la sentencia apelada.
La parte actora se agravia porque se rechazó su reclamo de multas fundado en el art. 80 LCT, art. 2º Ley 25.232 y art. 8 Ley 24.013.
En mi opinión le asiste razón a la recurrente en lo que hace a la multa del art. 80 LCT, en tanto del intercambio que se tuvo por acreditado en autos se desprende que en las intimaciones cursadas en febrero y marzo de 2010 la actora incluyó expresamente el reclamo de entrega de las certificaciones de servicios, intimación que fue encuadrada en el plazo de ley.
En consecuencia, en mi opinión, ello es suficiente para tener por cumplido el requisito de intimación fehaciente, y en tanto la demandada no ha probado en modo alguno haber confeccionado o puesto a disposición las mismas en tiempo oportuno, propongo hacer lugar al reclamo derivando a condena la suma de $ 6.000 por tal concepto.
Por el contrario, no advierto que se haya intimado el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 245, 232 y 233 LCT una vez producido el despido, al tiempo que respecto de la multa del art. 8 Ley 24.013, no se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos
por el art. 11 de ese cuerpo normativo, por lo que en este caso propongo confirmar lo actuado en primera instancia.
Luego la parte actora se agravia porque se rechazó su reclamo de reparación de la incapacidad padecida como resultado de las tareas prestadas para la demandada. Alega que contrariamente a lo afirmado en la sentencia, el reclamo del escrito de inicio se basó en las consecuencias derivadas de la sobrecarga del uso de la voz durante la prestación de servicios para la demandada.
En mi opinión en este punto el recurso resulta atendible.
En efecto, la actora denunció en la demanda que como parte de su desempeño en el local de la demandada, debía elevar el tono de voz y que ello le generó esbozos nodulares, por los que fue atendida y sometida a tratamiento.
También sostuvo que a pesar de dicho tratamiento continuaba padeciendo patologías derivadas de la sobrecarga en el uso de la voz, citando la normativa reglamentaria.
La pericia médica practicada en autos ha concluido que la actora presenta una incapacidad del 15% como consecuencia de la disfonía funcional calificada como enfermedad profesional.
Por lo tanto, si bien no se han detectado nódulos en cuerdas vocales, lo cuál debe ser celebrado positivamente, no es posible soslayar que en el año 2008 la actora tuvo que ser tratada por esbozos nodulares, y que el alejamiento de la fuente sonora como el uso de la voz en forma normal mejora notablemente la patología.
Efectivamente la pericia se llevó a cabo en junio de 2011, mientras que la actora dejó de prestar servicios para la demandada a principios del año 2010, lo que explica que la situación de salud haya mejorado, pero también permite concluir que la disfonía funcional detectada y por ende el porcentaje de incapacidad informado, son consecuencia de la prestación de servicios a favor de la demandada.
A todo evento, creo necesario destacar que en este punto, no solamente Romauma SRL está incursa en la situación prevista por el art. 71 L.O., sino que la co demandada Lanfranchi no ha controvertido fundadamente el reclamo en cuestión (conf. 24/26).
Por todo ello, propongo revocar en este punto la sentencia apelada y hacer lugar al reclamo de reparación del daño pretendido por la parte actora.
En tanto la relación laboral estaba totalmente clandestinizada y la actora no contaba con servicios alguno propio de la Ley de Riesgos del Trabajo, corresponde responsabilizar directamente a su empleadora por el daño inferido. Pero también ha de prosperar el reclamo incoado contra la co demandada Thelma Dora Lanfranchi, en tanto en su carácter de socia gerente de la persona jurídica demandada debía velar por el debido cumplimiento de la legislación vigente, que en este caso alcanza al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene para la protección de la integridad psicofísica de la actora, y a los servicios de una ART, de todo lo cuál se vio privada la accionante.
Por ello, atendiendo a lo dispuesto por los arts. 157, 274, 59 y concs. Ley 19.550, propogno extender también este aspecto de la condena en forma personal y solidaria respecto de la co demandada Lanfranchi.
Teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad antes referido, la remuneración que se tuvo por acreditada en autos, la edad de la actora, las consecuencias que el daño padecido puede tener sobre su desempeño laboral y su vida personal y de relación, y el tiempo ya transcurrido, considero razonable derivar a condena la suma de $ 85.000 (pesos ochenta y cinco mil) en concepto de reparación integral, calculada a valores del presente pronunciamiento.
Sobre dicha suma se aplicarán intereses desde que esta sentencia quede firme y hasta el efectivo pago conforme tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. Acta CNAT Nº 2357).
El nuevo resultado de este reclamo que propongo me inclina a dejar sin efecto lo resuelto en este punto sobre costas y honorarios, por lo que resulta de tratamiento abstracto el recurso de la demandada al respecto (conf. art. 279 CPCCN).
Propongo que las costas sean soportadas en su totalidad por la demandada vencida, regulando los honorarios de la representación y
patrocinio letrado de la parte actora, los de igual concepto de la demandada y los de la perito médico en el 16%, 11% y 7%, respectivamente del monto total de condena (conf. art. 38 L.O.).
El resto de las regulaciones de honorarios que se cuestionan resultan en mi opinión adecuadas a las tareas cumplidas y resultados alcanzados, por lo que propongo se confirmen (conf. art. 38 L.O.).
Las costas de alzada propongo que sean soportadas por la demandada vencida en lo sustancial, fijando los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo que les fue regulado por lo actuado en primera instancia (conf. art. 68 CPCCN y art. 14 Ley 21.839).
Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada haciendo lugar a la demanda por enfermedad profesional y condenando a Romauma S.R.L. y Thelma Dora Lanfranchi a abonar a la actora dentro del quinto dia de notificadas en la ocasión del art. 132 L.O. y mediante depósito judicial en autos, la suma de $ 85.000 (Pesos Ochenta y cinco mil) a valores del presente pronunciamiento, sobre la que se adicionarán intereses desde que el mismo quede firme y hasta su efectivo pago aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. Acta CNAT Nº 2357). 2) Imponer las costas de la acción por enfermedad profesional a cargo de la parte demandada, y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de igual concepto de la demandada, y los de la perito médico en el 16%, 11% y 7%, respectivamente, del monto total de condena. 3) Modificar parcialmente la sentencia por despido elevando en consecuencia el monto nominal de condena a la suma de $ 28.966,63 (Pesos Veintiocho mil novecientos sesenta y seis con 63/100), sobre la cuál se adicionarán los intereses establecidos en primera instancia. 4) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de recurso. 5) Imponer las costas de alzada a la parte demandada y fijar los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo regulado para primera instancia.
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.
EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO: No vota (art. 125 Ley 18.345).
En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar parcialmente la sentencia apelada haciendo lugar a la demanda por enfermedad profesional y condenando a Romauma S.R.L. y Thelma Dora Lanfranchi a abonar a la actora dentro del quinto dia de notificadas en la ocasión del art. 132 L.O. y mediante depósito judicial en autos, la suma de $ 85.000 (Pesos Ochenta y cinco mil) a valores del presente pronunciamiento, sobre la que se adicionarán intereses desde que el mismo quede firme y hasta su efectivo pago aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. Acta CNAT Nº 2357). 2) Imponer las costas de la acción por enfermedad profesional a cargo de la parte demandada, y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de igual concepto de la demandada, y los de la perito médico en el 16% (dieciseis por ciento), 11% (once por ciento) y 7% (siete por ciento), respectivamente, del monto total de condena. 3) Modificar parcialmente la sentencia por despido elevando en consecuencia el monto nominal de condena a la suma de $ 28.966,63 (veintiocho mil novecientos sesenta y seis pesos con sesenta y tres centavos), sobre la cuál se adicionarán los intereses establecidos en primera instancia. 4) Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de recurso. 5) Imponer las costas de alzada a la parte demandada y fijar los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% (veinticinco por ciento) de lo regulado para primera instancia.
ley 26855 MODIFICACION CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Fecha de Publicación: B.O. 27/05/2013
Artículo 3°.- Duración. Los miembros del Consejo de la Magistratura durarán cuatro (4) años en sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo de un período. Los miembros del
18. Remover a los miembros representantes de los jueces, abogados de la matrícula federal y del ámbito académico y científico de sus cargos, por el voto de las tres cuartas partes del
1. Los postulantes serán seleccionados mediante concurso público de oposición y antecedentes. Cuando se produzca una vacante, la comisión convocará a concurso dando a publicidad las fechas de los exámenes y la integración del jurado que evaluará y calificará las pruebas de oposición de los aspirantes, poniendo en conocimiento de los interesados que dicho concurso estará destinado a cubrir todas las vacancias que se produzcan durante la sustanciación del concurso y hasta la decisión del plenario, siempre y cuando se trate de la misma competencia territorial, de materia y grado. Alternativamente, cuando el plenario se lo encomiende, deberá convocar a concurso previo a la producción de la o las vacantes, de conformidad con lo establecido por el artículo 7°, inciso 6, de la presente ley y la reglamentación que en consecuencia se dicte. La comisión podrá tramitar un concurso múltiple cuando exista más de una vacante para la misma función, sede y especialidad, en
cuyo caso las ternas quedarán confeccionadas con una cantidad total de tres (3) candidatos distintos por cada cargo vacante concursado.
C) Recursos. Las sanciones disciplinarias que aplique el Consejo de la Magistratura serán apelables en sede judicial por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso se interpondrá y fundará por escrito ante el Consejo, dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación de la resolución, debiéndose ofrecer la prueba y acompañar la documental de que intentare valerse el recurrente. El Consejo, tomando en cuenta los argumentos del
recurrente, fundará la elevación dentro del plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de presentación, y lo elevará, dentro de los cinco (5) días siguientes, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien deberá resolver en el plazo de ciento veinte (120) días.
Artículo 30.- Vigencia de normas. Las disposiciones reglamentarias vinculadas con el Poder Judicial, continuarán en vigencia mientras no sean modificadas por el Consejo de la Magistratura dentro del ámbito de su competencia. Las facultades concernientes a la superintendencia general sobre los distintos órganos judiciales continuarán siendo ejercidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las cámaras nacionales de apelaciones,
según lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias vigentes; con excepción del Consejo de la Magistratura de la Nación que ejercerá su propia superintendencia.
Artículo 33.- Elecciones. El acto eleccionario de los integrantes del Consejo de la Magistratura previsto en el artículo 3° bis de la presente, se celebrará de manera conjunta y simultánea con las elecciones nacionales para cargos legislativos, en la primera oportunidad de aplicación de esta ley. Los integrantes del Consejo de la Magistratura que resulten electos mediante este procedimiento durarán excepcionalmente dos (2) años en sus cargos y
se incorporarán al cuerpo sin perjuicio de la permanencia de quienes ejerzan mandato vigente, en cuyo caso la cantidad total de miembros podrá excepcionalmente exceder el número de 19 consejeros.
OTRO FALLO EN CONTRA DE ROMAUMA SRL WET CLUB EMPLE...

References: artículo 99

Artículo 1
 artículo 21
 artículo 1
 Artículo 2

Resolución 

Artículo 3
 artículo 7

Artículo 30

Artículo 33
 artículo 3