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Deber de solidaridad y especial proteccion que merecen personas que padecen enfermedades catastroficas o ruinosas
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ACCION DE TUTELA Y TRASLADO DE DOCENTES-Procedencia
TRASLADO DE DOCENTE-Caso en que la señora madre de la demandante padece cáncer de seno
La enfermedad que padece la señora no es una enfermedad de poca trascendencia, y que requiere difíciles cuidados y tratamientos (como quimioterapias) que ameritan la compañía de su núcleo familiar, compañía que se encuentra justificada en virtud del deber de solidaridad expuesto por la Constitución, deber que en el presente caso recae de sobre la accionante como única compañía de su mamá. Por estas razones, se considera que la compañía y el respaldo que la accionante puede y debe dispensar a su señora madre son fundamentales para hacer más llevadera la grave enfermedad de la misma y de este modo brindar también una mejor calidad de vida a la accionante, por lo cual se hace necesario el traslado de la docente al Área Metropolitana de Bucaramanga, en donde la accionante podrá prestar la debida atención a la enfermedad de su mamá. Por otra parte, es claro que en el traslado de docentes por medio de la acción de tutela surge una tensión entre los derechos del trabajador, y los intereses de la administración para organizar su planta de personal y de este modo garantizar la adecuada prestación del servicio educativo.
TRASLADO DE DOCENTES ENTRE DISTINTAS ENTIDADES TERRITORIALES-Debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 715/01
En virtud de que en el presente caso se precisa un traslado entre distintas entidades territoriales – Departamento de Santander y Municipio de Bucaramanga-, en este caso se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 715 de 200, que establece que “cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales”, por lo cual se ordenará a las accionadas la realización del correspondiente convenio interadministrativo con el objeto de garantizar el traslado de la docente al Área Metropolitana de Bucaramanga, en los términos del párrafo precedente.
Referencia: expediente T-2529491
Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil diez (2010)
1.1. La accionante manifestó que desde el año 2005 se encuentra laborando como docente al servicio de la Secretaría de Educación Departamental en el corregimiento de San Rafael, Municipio de Rionegro- Santander.
1.2. Expuso como su señora madre, Mary Luz Baeza Benavides, quien se encuentra radicada en la ciudad de Bucaramanga, fue diagnosticada con cáncer de seno, por lo cual debe someterse a exámenes y quimioterapias en las cuales requiere ayuda y compañía.
1.4. Por lo anterior, mediante dos derechos de petición de fechas 22 de julio de 2009 y 11 de agosto de 2009, la señora Mary Luz Baeza Benavides solicitó a la Secretaria de Educación Departamental de Santander el traslado de la docente Sandra Patricia Baeza Benavides a alguno de los municipios que componen el Área Metropolitana de Bucaramanga, argumentando que la actual ubicación laboral de la docente dificulta enormemente la posibilidad de brindarle el cuidado y la protección que requiere su estado de salud.
-Ha ocurrido históricamente que los docentes aceptan sus nombramientos para áreas rurales y municipios apartados y al poco tiempo solicitan su traslado a cabeceras de provincia o al Área Metropolitana de Bucaramanga, alegando razones de diversa índole familiar o personal.
- De los municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga, el Departamento únicamente tiene competencia sobre el Municipio de Piedecuesta, pero en dicho municipio no existen cargos vacantes en los niveles de preescolar y básica primaria, que es donde se desempeña la accionante.
- La posibilidad de atender el traslado laboral de un docente por parte del Departamento hacia los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga no depende del Departamento sino de la aceptación por parte del respectivo municipio, toda vez que en desarrollo de la 715 de 2001 estos municipios fueron certificados y manejan de manera autónoma el servicio educativo.
- Por último, la posibilidad de traslado para las áreas urbanas de los restantes 83 municipios del Departamento resulta muy limitada pues en la mayoría de los casos no existen vacantes, y por el contrario sobran docentes.
2.2. En virtud de su vinculación, la Secretaria de Educación de Bucaramanga también se hizo parte en el proceso para contestar la tutela y solicitar que se denieguen las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:
- De conformidad con lo establecido en la ley 715 de 2001, Bucaramanga como municipio certificado tiene la competencia de administrar el servicio educativo, sujetándose a la planta de cargos que le corresponde, razón por la cual la Secretaría de Educación Municipal en principio no tiene competencia frente a los asuntos relacionados con la tutelante pues la misma no hace parte de su planta de cargos.
- La misma ley 715 de 2002 establece en su articulo 22 que cuando se requiera el traslado de un docente, el mismo se realizará discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, siendo en este caso el Departamento de Santander a quien corresponde la realización de los traslados respectivos.
- Si bien es cierto la norma mencionada plantea la posibilidad de realizar traslados entre departamentos, distritos, o municipios certificados, de igual forma se indica que los mismos solo procederán estrictamente de acuerdo con las necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las plantas del personal de las entidades territoriales.
- Así, es posible el traslado entre entidades territoriales o municipios certificados previa realización de convenio administrativo, siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias para efectuarlo, es decir, que exista una plaza vacante para ubicar a la docente.
- En la actualidad, la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga no puede realizar el traslado de la accionante porque ello significaría una afectación de la composición de su planta de personal por cuanto el municipio se encuentra realizando un proceso de ajuste de la planta global de docentes. En este proceso varios rectores han colocado a disposición de la Secretaría algunos docentes que deben ser reubicados en vacancias definitivas, por lo cual se hace necesario reubicar al personal docente en propiedad que se encuentra sin carga académica, docentes que pertenecen a la planta del municipio de Bucaramanga.
- Reitera la accionada que no existen vacantes para ubicar a la docente Sandra Patricia Baeza Benavides, pues es deber del municipio de Bucaramanga garantizar la administración y ubicación de la planta a su cargo, mas aun cuando existen docentes de su planta que se encuentran sin carga académica y hay un concurso de méritos que busca incorporar a la planta a ciertos docentes que superaron las pruebas.
- Por lo anterior, solicita la accionada declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva en lo que respecta al municipio de Bucaramanga- Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga-, por falta de competencia en el asunto de la acción y en consecuencia desestimar las pretensiones de la tutela.
- En primer lugar, el juez de tutela delimitó como problema jurídico del caso sub lite el determinar si por vía de tutela es procedente acceder a la solicitud de traslado de una docente cuando se esgrimen razones de índole familiar.
- Para resolver dicho problema, el a quo indicó que la acción de tutela resulta improcedente para ordenar o controvertir decisiones sobre traslados proferidas por la administración, salvo situaciones excepcionales en las que se vulneren derechos del trabajador o de su núcleo familiar.
- Dichas situaciones excepcionales se encuentran consignadas en la sentencia T- 922 de 2008, en la cual se indica que “en cuanto a las condiciones de salud del profesor o de su familia, la Corte Constitucional también ha indicado que no toda enfermedad o alteración física o mental autoriza a suspender el traslado, pues para que proceda el cambio de sede o jornada laboral es indispensable que se encuentre probado, en cada caso, que: “(i) en la localidad de destino no sea posible brindarle el cuidado médico requerido o no existan las condiciones ni la capacidad médica para ello, (ii) la afectación a la salud sea de una entidad importante; (iii) el traslado o su negativa, guarde una relación tal con la afectación de la salud del familiar, que para alcanzar la mejoría física y emocional de éste o para evitar su deterioro, sea necesaria la presencia constante del empleado; y (iv) exista una relación de dependencia entre el familiar y el trabajador”1. De todas maneras, debe estar demostrado el nexo de causalidad entre la afectación del derecho a la salud del docente o de su miembro de familia y la necesidad de la reubicación o cambio de lugar de trabajo.”
- Atendiendo las anteriores reglas fijadas por la Corte Constitucional, y observando el expediente, el juez de tutela consideró que la accionante “no demostró que con su traslado efectivamente se reestablecería la salud de su madre, ni que efectivamente la salud de esta fuese tan precaria que requiriese su presencia permanente a efectos de obtener su restablecimiento”, lo cual no permitió inferir que la accionante se encuentre en circunstancias de carácter excepcional que ameriten la protección de sus derechos fundamentales por vía de tutela, denegándose de este modo el amparo solicitado.
- Derechos de petición elevados por la señora Mary Luz Baeza Benavides a la Secretaría Departamental de Educación solicitando el traslado de la docente Sandra Patricia Baeza Benavides, con fecha de radicación 22 de julio de 2009 y 11 de agosto de 2009 (fls. 5-6).
- Resultados de exámenes histopatológicos, Hemograma II, examen de orina, y mamografía bilateral de la señora Mary Luz Baeza Benavides (fls. 7-19).
- Oficio DFEC 03760-09 de 13 de agosto de 2009 emitido por el Coordinador de Planeamiento Educativo y dirigido a la señora Mary Luz Baeza Benavides (fl.28-29).
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar la sentencia del 20 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado Cuarto del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, mediante la cual se negó el amparo solicitado por la señora Sandra Patricia Baeza Benavides.
El ejercicio del ius variandi en el servicio publico de educación.
3. En primer lugar, es menester recordar que la Corte Constitucional en diversos pronunciamientos ha especificado los alcances y límites del principio ius variandi entendido este como la facultad de la que goza el empleador para modificar las condiciones laborales de sus empleados en cuanto a circunstancias de tiempo, modo, lugar y carga de trabajo, entre otras. Así mismo, la Corte ha sido enfática en reiterar que esta facultad del empleador de ningún modo es absoluta, sino que se encuentra limitada por los derechos fundamentales del trabajador y de su familia, de tal suerte que en el evento de que el ejercicio del ius variandi afecte de alguna manera estos derechos, la acción de tutela surgirá como el mecanismo adecuado para la defensa de los derechos fundamentales del trabajador y de su núcleo familiar2.
4.Tratándose del servicio público de educación el Estado se encuentra en la obligación constitucional de garantizar su prestación eficiente a la todos los habitantes del territorio nacional y de suplir las necesidades insatisfechas que en este campo existan (artículos 365 y 366 Constitución Nacional), por esta razón el ejercicio del ius variandi en el servicio público de educación se encuentra limitado por el deber del Estado de garantizar la debida prestación del servicio en la totalidad del territorio nacional.
Tal como lo dispuso la norma en mención, posteriormente el Gobierno Nacional procedió a reglamentar el citado artículo 22 de la ley 715 de 2001, mediante la expedición del Decreto Nº 3222 de 2003. El artículo 2 del mencionado Decreto estableció:
5. Se observa como las normas en mención exponen la posibilidad que tiene la administración de hacer uso del ius variandi para modificar las condiciones del docente en cuanto al lugar de prestación del servicio, de manera discrecional, y como resultado del ejercicio de la potestad de organización administrativa, en aras de garantizar la efectiva y adecuada prestación del servicio público de educación y de cubrir las necesidades básicas insatisfechas en materia de educación3.
Se resalta, además, como la normatividad expuesta le otorga la posibilidad al docente para que motu proprio solicite a la administración su traslado hacia otro lugar de prestación del servicio, atendiendo ciertos requisitos establecidos, los cuales no deben ser observados cuando la solicitud sea realizada por motivos de salud.
condiciones objetivas que responden a necesidades reales en el servicio de educación, y por
condiciones subjetivas que atienden a las necesidades personales del docente y/o su familia, cuando estas comprometan derechos fundamentales del trabajador o de su familia.
Por esta razón, al decidir sobre un traslado, el empleador deberá motivar su acto ponderando los elementos en tensión: por una parte la necesidad de garantizar la adecuada prestación del servicio educativo, y de otro lado, las necesidades y derechos del trabajador y de su familia4.
6. Abundante ha sido la jurisprudencia de la Corte en la cual se ha considerado como perfectamente viable ordenar por medio de la acción de tutela el traslado de docentes cuando la ubicación laboral del trabajador vulnera de algún modo los derechos fundamentales del docente o de su familia, en especial los derechos a la vida digna, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la salud en conexidad con la vida y a la integridad personal5.
7. En la construcción de esta línea jurisprudencial sobre las condiciones de salud del docente o de su familia la Corte ha establecido que “no toda enfermedad o alteración física o mental autoriza a suspender el traslado, pues para que proceda el cambio de sede o jornada laboral es indispensable que se encuentre probado, en cada caso, que: “(i) en la localidad de destino no sea posible brindarle el cuidado médico requerido o no existan las condiciones ni la capacidad médica para ello, (ii) la afectación a la salud sea de una entidad importante; (iii) el traslado o su negativa, guarde una relación tal con la afectación de la salud del familiar, que para alcanzar la mejoría física y emocional de éste o para evitar su deterioro, sea necesaria la presencia constante del empleado; y (iv) exista una relación de dependencia entre el familiar y el trabajador”6. De todas maneras, debe estar demostrado el nexo de causalidad entre la afectación del derecho a la salud del docente o de su miembro de familia y la necesidad de la reubicación o cambio de lugar de trabajo”7.
Ahora bien, en un caso en lo que se pretende no es la suspensión de un traslado, sino por el contrario su otorgamiento, la Corte manifestó en la sentencia T- 815 de 2003 que “cuando los docentes, sus hijos, o algún otro miembro de la familia padecen quebrantos de salud, ya sea a nivel físico o mental, que evidencien la necesidad de un cambio de sede o de jornada como en este caso, no sólo para la (sic) lograr la recuperación del docente, sino también para alcanzar la mejoría física y emocional que demanden quienes depende del docente, es deber de la administración, y llegado el caso del juez constitucional, dar un trato diferencial positivo, garantizando con ello los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, y a la salud en conexidad con la vida. Esta jurisprudencia ha ido acompasada de ciertos condicionamientos operativos y presupuestales de la administración pública, como la ausencia de vacantes o la carencia de recursos. En estos casos, a menos que se demuestre fehacientemente la impostergabilidad del traslado o la reubicación, la medida consistirá en una orden de atención prioritaria a la persona, una vez exista la vacante o se apropien recursos para el efecto.” (Se subraya)
Como se observa en todos estos pronunciamientos, entratandose de traslados de docentes la postura de la Corte ha buscado ponderar y armonizar los derechos a la salud, la vida, y el trabajo en condiciones dignas con los principios que rigen la prestación del servicio público de salud como lo son el deber de garantizar un servicio eficiente, cubrir las necesidades básicas insatisfechas en el sector, y garantizar el acceso a la educación de los niños. Esto, sin perjuicio de asegurar según las circunstancias de cada caso concreto la materialización de tratos diferenciales positivos hacia algunos habitantes o sectores de población que por sus condiciones de debilidad manifiesta frente al resto de la sociedad requiere una especial protección por parte del Estado8.
En efecto, en personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas la Corte ha sido enfática en insistir en la protección constitucional reforzada que este grupo de personas merece, apoyada en mandatos constitucionales como: asegurar a sus integrantes la vida (Preámbulo), Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad (artículos 1), fines esenciales del Estado como garantizar la efectividad de los principios y derechos (artículo 2), primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5), derecho a la vida (Articulo 11), integridad física (artículo 12), derecho a la igualdad y protección especial a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (artículo 13), dignidad de la familia (artículo 42), protección de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos a quienes se prestará atención especializada (artículo 47), seguridad social (artículo 48), atención en salud (artículo 49), deber de la persona de obrar conforme al principio de solidaridad social (artículo 95), finalidad social del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Solución de las necesidades insatisfechas de salud y prioridad del gasto público social (artículo 366), entre otras disposiciones9.
En la sentencia T- 699/08 la Corte expuso que una enfermedad de las características del cáncer, “por la complejidad en el manejo de la misma, se encuentra enmarcada como una enfermedad catastrófica o ruinosa, tal y como puede apreciarse en la Resolución 5261 de 1994, conocida como “mapipos” que contempla en los artículos 17 y 117 de la misma, los eventos en que una enfermedad o tratamiento se considera ruinoso, así:
“ARTICULO 17. TRATAMIENTO PARA ENFERMEDADES RUINOSAS O CATASTROFICAS. Para efectos del presente manual se definen como aquellos tratamientos utilizados en el manejo de enfermedades ruinosas o catastróficas que se caracterizan por un bajo costo- efectividad en la modificación del pronóstico y representan un alto costo.
“ARTICULO 117. PATOLOGIAS DE TIPO CATASTROFICO. Son patologías catastróficas aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo efectividad en su tratamiento. Se consideran dentro de este nivel, los siguientes procedimientos:
- MANEJO DE PACIENTES EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS”10.
Respecto a los pacientes que padecen cáncer la Corte ha señalado que el juez de tutela debe observar las recomendaciones formuladas en el seno de la Organización Mundial de la Salud en relación con los programas de control en los cuales “se ha establecido que, frente a personas que padezcan leucemia o padecimientos cancerológicos similares, las autoridades nacionales de salud deben “proporcionar una atención apropiada con el fin de aumentar la supervivencia, reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida” (se subraya)11.
La Constitución establece en su artículo 95 numeral 2, el deber de solidaridad social “según el cual es deber de todas las personas responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, y cuya primera manifestación, sin lugar a dudas, ha de darse entre los miembros de la familia, en caso de necesidad de uno de sus integrantes.”12
En el caso de las personas que padecen alguna enfermedad el principio de solidaridad impone a la familia de los pacientes el deber inmediato de acudir en su auxilio, proporcionando al enfermo toda la ayuda de la que se disponga en términos económicos, logísticos y de apoyo. “Se encuentra acorde con el principio de supervivencia y autoconservación, el que sea el enfermo el primer interesado en procurarse los cuidados pertinentes para recuperar la salud. No obstante, si éste se halla en imposibilidad de hacerlo, le corresponde a la familia proporcionarle la atención necesaria y, a falta de ésta, es deber de la sociedad y el Estado concurrir a su protección y ayuda”13.
a. Que la accionante se encuentra vinculada como docente en propiedad de básica primaria en el establecimiento educativo Colegio Juan Pablo II, corregimiento de San Rafael, del Municipio de Rionegro- Santander (fl. 27).
b. Que la señora Mary Luz Baeza Benavides, madre de la accionante, le fue diagnosticado cáncer mamario derecho (fls. 7-19).
c. Que la señora Mary Luz Baeza Benavides, madre de la accionante, solicitó a la Secretaría de Educación Departamental, el traslado de su hija al Área Metropolitana de Bucaramanga, apelando a su estado de salud y a que su hija es la única persona que está pendiente de ella (fls 5-6).
La accionante expone en su escrito de tutela como a raíz de la enfermedad contraída por su señora madre, se hace necesario su traslado al Área Metropolitana de Bucaramanga, toda vez que ella es la única persona que se encuentra al cuidado de su mamá y su actual ubicación laboral le dificulta en gran medida la posibilidad de acompañarla a los exámenes y quimioterapias que su enfermedad demandan.
11.1 La accionante expuso en su escrito de tutela: “Mi señora madre necesita cuidados especiales, ayuda para llevarla a exámenes, y quimioterapias para que recobre su salud. (…) Señor Juez, mi señora madre se encuentra delicada de salud, soy la única persona que está para ayudarla y colaborarle pues no tengo más familia en el departamento. Mi señora madre necesita ayuda inmediatamente y así poder brindarle una vida digna.”
En el mismo sentido, se encuentra la solicitud realizada por propia señora Mary Luz Baeza Benavides a la Secretaría de Educación Departamental, en la que indica: “solicito un lugar donde ella se pueda trasladar todos los días como podría ser Rionegro Alto o Lebrija y así ella pueda acompañarme ya que me encuentro con una enfermedad terminal y es la única persona que está pendiente de mi estado de salud.”
Por su parte, el juez de instancia denegó el amparo solicitado bajo el argumento de que la accionante “no demostró que con su traslado efectivamente se restablecería la salud de su madre, ni que efectivamente la salud de esta fuese tan precaria que requiriese su presencia permanente a efectos de obtener su restablecimiento.”
Se encuentra que el argumento bajo el cual el juez negó la acción de tutela desconoce lo establecido por esta Corte en la sentencia T- 815 de 2003, antes mencionada, según la cual en el caso de que un miembro del núcleo familiar de un docente padezca de un quebranto de salud que demande el traslado del docente “no sólo para la lograr la recuperación del docente, sino también para alcanzar la mejoría física y emocional que demanden quienes dependen del docente ,es deber de la administración, y llegado el caso del juez constitucional, dar un trato diferencial positivo, garantizando con ello los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, y a la salud en conexidad con la vida.” (Se subraya)
11.2. Por otra parte, en reiterada jurisprudencia la Corte ha establecido que el derecho a la vida no solamente se circunscribe a la posibilidad de gozar de una mera existencia física, sino que implica además una serie de circunstancias que garanticen el desarrollo de dicha existencia en condiciones acordes con el precepto de dignidad humana, de tal suerte que la protección constitucional al derecho a la vida se extiende a la garantía de la vida en condiciones dignas14.
En el caso concreto, se observa como la situación de angustia permanente que asegura sufrir la accionante por su alejada ubicación laboral la cual no le permite estar al cuidado de su señora madre, lesiona el derecho a la vida en condiciones dignas de la señora Sandra Patricia Baeza Benavides, toda vez que resulta acorde con la naturaleza humana sentir preocupación y zozobra al no poder brindar la compañía y los cuidados necesarios a una madre enferma, máxime cuando la accionante es el único apoyo de su señora madre, y cuando dicho estado de angustia puede ser atenuado con un traslado laboral.
Se observa como esta situación lesiona el derecho a la vida en condiciones dignas de la accionante, pues estar lejos de su señora madre genera un estado de desasosiego en la accionante al no poder brindar la compañía, el apoyo y los cuidados que su señora madre requiere por la enfermedad que padece.
En este sentido, en busca de aliviar esta tensión y proteger los derechos fundamentales del trabajador, la Corte ha establecido en anteriores fallos que salvo en ocasiones en las que “se demuestre fehacientemente la impostergabilidad del traslado o la reubicación, la medida consistirá en una orden de atención prioritaria a la persona, una vez exista la vacante o se apropien recursos para el efecto”15.
Revisando el acervo probatorio, se evidenció en la respuesta de las accionadas una especial situación administrativa que hace extremadamente dificultoso el traslado de docentes al Área Metropolitana de Bucaramanga, sin embargo, tomando en consideración la especial enfermedad que padece la señora Mary Luz Baeza Benavides se ordenará a las accionadas realizar los tramites administrativos correspondientes para garantizar el traslado con carácter preferencial de la accionante a uno de los municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga, en cuanto exista la primera vacante en el nivel docente correspondiente a la señora Sandra Patricia Baeza Benavides.
11.4. Por último, es menester aclarar que en virtud de que en el presente caso se precisa un traslado entre distintas entidades territoriales – Departamento de Santander y Municipio de Bucaramanga-, en este caso se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 715 de 200, que establece que “cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se requerirá, además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio interadministrativo entre las entidades territoriales”, por lo cual se ordenará a las accionadas la realización del correspondiente convenio interadministrativo con el objeto de garantizar el traslado de la docente Sandra Patricia Baeza Benavides al Área Metropolitana de Bucaramanga, en los términos del párrafo precedente.
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado Cuarto del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, mediante la cual se negó la acción de tutela promovida por Sandra Patricia Baeza Benavides, y en su lugar, CONCEDER la protección de su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de Educación Departamental de Santander y a la Secretaría de Educación de Bucaramanga suscribir un convenio interadministrativo mediante el cual se garantice el traslado de la docente Sandra Patricia Baeza Benavides a una institución de educación con sede en el Área Metropolitana de Bucaramanga, traslado que deberá ser realizado con carácter preferencial en cuanto exista la primera vacante en el nivel docente correspondiente a la señora Sandra Patricia Baeza Benavides. Con la finalidad indicada, las entidades deberán aplicar alternativamente la figura de los traslados recíprocos o permuta de cargos, si fuere posible, en las mismas condiciones.

References: artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 95
 artículo 22