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Timestamp: 2018-11-18 04:50:58+00:00

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En el Palacio del Congreso de los Diputados a 20 de enero de 2015 LA DIPUTADA MARGARITA PÉREZ HERRAIZ. EL PORTAVOZpEÉGRUPO P/róu\MB ]ttriü~sociausm - PDF
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Vicente Benítez Palma
1 dei congreso A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS En nombre del tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre Asistencia Sanitaria para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. En el Palacio de los Diputados a 20 de enero de 2015 LA DIPUTADA MARGARITA PÉREZ HERRAIZ EL PORTAVOZpEÉGRUPO P/róu\MB ]ttriü~sociausm esg/121 ^ r s ^
2 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La ley general de Sanidad de 1986 desarrolla el principio rector de la política social y económica recogido en el artículo 43 de la Constitución, "Se reconoce el derecho a la protección de la salud" y transforma el sistema de asistencia sanitaria basado en aseguramiento a través de la Seguridad Social financiado por cotizaciones en un Sistema Nacional de Salud financiado por impuestos. El artículo 1.2 dice "Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional". El Real Decreto 1088/1989 incluyó en la asistencia sanitaria de la seguridad social a las personas sin recursos económicos. Y la Ley de Salud Pública de 2011 extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico. Y lo hace efectivamente para quienes agoten la prestación o subsidio por desempleo de la seguridad social a partir de enero de 2012 y para el resto de personas daba al gobierno un plazo de seis meses para determinar reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho. En lugar de dicho reglamento el gobierno aprobó el Real Decreto ley 16/2012 que fundamentalmente modifica la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud cambiando lo que esta ley definía como "titulares de los derechos" por "de la condición de asegurado". Sin modificar la Ley General de Sanidad que definía la asistencia sanitaria en España como un Sistema Nacional de Salud financiado por impuestos volvió a dar a dicha asistencia el carácter de "aseguramiento". A su vez, la legislación de la Seguridad Social mantiene desde 1963 la asistencia sanitaria como primera acción protectora de la Seguridad Social. vw y. oc.lista deiccngre: D.es
3 La Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social dice que "La acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad social" y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, entre los principios que informan la ley dice "La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el vigente sistema de financiación autonómica". El sistema sanitario tendría que ser un derecho cívico financiado por impuestos y ligado únicamente a la condición de ciudadanía o residencia. El derecho a la protección de la salud es casi universal desde 1990 pero no es efectivamente universal ni es un derecho de ciudadanía. Para acceder al derecho a la asistencia sanitaria hay qué demostrar una relación con la seguridad social, por ser titular o beneficiario o demostrar que se carece de recursos económicos. Los funcionarios de la administración central y los de educación (Galicia) siguen recibiendo atención sanitaria a través de mutualidades a pesar de que la Ley General de Sanidad en su Disposición Final Segunda mandaba armonizar y refundir la asistencia sanitaria de estos colectivos, en un plazo de 18 meses. Desde enero de 2002 las competencias del Sistema Nacional de Salud están transferidas a todas las CCAA y su financiación está integrada en la financiación general autonómica. La autoridad sanitaria competente en materia de aseguramiento que son o debieran ser los respectivos responsables sanitarios en las Comunidades Autónomas (o central administrado por las CCAA) en la práctica es el Instituto Nacional de la Seguridad Social que es quien reconoce el derecho a la asistencia a pesar participar únicamente en la financiación de la parte relacionada con la atención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. jv.vw.socialistasdelcongreso.es
4 A su vez los diferentes colectivos que tienen derecho a la asistencia sanitaria del Régimen General de la Seguridad Social tienen peculiaridades en el acceso a los servicios sanitarios y derecho a recibir diferentes tipos de prestaciones. Una de las singularidades evidentes es la distinción entre titular y beneficiario. Si es o debiera ser un derecho de ciudadanía por qué para muchas personas está vinculado a la relación familiar con otra persona? O por qué hay que tener o haber tenido una relación laboral? O por qué hay que demostrar que se carece de recursos si se financia con impuestos y todas las personas, incluso las que carecen de recursos, pagan impuestos? Otra singularidad es la pervivencia de Empresas Colaboradoras de la Seguridad Social, entre las que al menos en algún momento, se incluían la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona para sus respectivos trabajadores. Además de haber vías de acceso al derecho de atención sanitaria muy diversas, y no como debería ser únicamente un derecho cívico, también hay colectivos que quedan al margen de la asistencia sanitaria:. Los pertenecientes a profesiones colegiadas, que no ejercen como autónomos ni disponen de una Mutualidad.. Españoles residentes en un país sin convenio con la Seguridad Social española cuando se trasladan a España.. Personas con recursos superiores a los que exige el RD 1088/1989, cuyas actividades económicas no les obligan a afiliarse a la Seguridad Social, pertenecen a la economía informal o no tienen título alguno que les vincule con lass. En 2012 y con la teórica justificación de la crisis económica, de falta de eficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas y de una queja de la Unión Europea por no expedir la tarjeta sanitaria europea a personas residentes en España se elaboró un Real Decreto Ley que en lugar de corregir esas deficiencias define otra vez el sistema sanitario español como de
5 aseguramiento contradiciendo la universalidad prevista en la Constitución y en la Ley General de Sanidad. En lugar de desarrollar las normas para que se adaptaran a los principios previamente aprobados se cambió la definición de quien tiene derecho a asistencia sanitaria pasando de ser "Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000" a ser "La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado" De manera que volvimos a un sistema sanitario no universal si no de aseguramiento. La situación actual de la cobertura sanitaria del aún llamado Sistema Nacional de Salud es injusta y contraria al principio de equidad y a la solidaridad, no es igual para todos con igual título de derecho porque excluye a algunos ciudadanos y porque permite teóricos "privilegios" no justificados para ciertos colectivos en relación al conjunto de la población. Además, la situación del aseguramiento es disfuncional para el sistema sanitario público y ocasiona costes administrativos innecesarios y posibilita fraudes de todo tipo al Sistema Nacional de Salud. Por todo ello, el presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las modificaciones legislativas necesarias para que la asistencia sanitaria sea un derecho vinculado a la condición de ciudadanía y residencia de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Sanidad". www. sociaiistasdelcongreso.es

References: artículo 193
 artículo 43
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 12