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Timestamp: 2019-09-19 18:54:00+00:00

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Acción de inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009. Promoventes: Partido de la revolución Democrática y diputados integrantes del congreso del estado de tabasco. Vo. Bo. Ministro ponente: josé de jesús gudiño pelayo
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2009 y su acumulada 3/2009.
PROMOVENTEs: Partido de la revolución Democrática y diputados integrantes del congreso del ESTADO DE TABASCO.
SECRETARIoS: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES, MARIO CÉSAR FLORES MUÑOZ y jesús antonio sepÚlveda castro.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de marzo de dos mil nueve.
PRIMERO.- Por oficios presentados el once de enero de dos mil nueve, en el domicilio del funcionario autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de labores de este Alto Tribunal (según se desprende de la razón que consta al reverso de las fojas ciento setenta y dos y cuatrocientos once del cuaderno principal), Jesús Ortega Martínez, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática; y los diputados José Alberto Pinzón Herrera, José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Ovidio Chablé Martínez de Escobar, Adán Augusto López Hernández, Oscar Cantón Zetina, Alipio Ovando Magaña, Raúl Gustavo Gutiérrez Cortés, Casilda Ruiz Agustín, Crisanto Salazar Ruiz, Rafael Acosta León, Ezequiel Ventura Baños Baños, Armando Narciso Correa Peña, Domingo García Vargas y Julio César Vidal Pérez, integrantes del Congreso del Estado de Tabasco, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez del Decreto 099, mediante el cual se publicó la Ley Electoral del Estado de Tabasco y se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, de veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis y sus subsecuentes reformas y adiciones; publicado en el Periódico Oficial del Estado el doce de diciembre de dos mil ocho, especialmente sus artículos 21, párrafo primero, 22, párrafo segundo, 29 párrafo último in fine, 33 párrafo primero in fine, 34, 69, 70, párrafos segundo y tercero, 72, 73, 75, 76, 78, 82, 84, 106, 109, párrafo último, incisos a) y b), 113, párrafo penúltimo, 130, párrafo primero, 134 párrafo segundo, 149 in fine, 173, 205, 219, párrafo penúltimo, 223, párrafo final, 310, 313, 318, 325, párrafo octavo, 326, párrafo segundo, 336, párrafo tercero, fracciones I y III y 346, párrafo segundo, fracciones II y III, emitido y promulgado por el Congreso y por el Gobernador del Estado de Tabasco, respectivamente.
SEGUNDO.- Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los promoventes estiman violados son: con relación al Partido de la Revolución Democrática los artículos 1º, 14, 16, 41, 116, fracción IV, y 133; y, con relación al Congreso del Estrado de Tabasco, los artículos 1, 2, 3, 9, 14, 16, 35, 39, 40, 41, 52, 54, 116, 124, 128, 133 y 135. Así como los artículos transitorios Sexto, párrafo primero, y Séptimo del Decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134, y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete.
TERCERO.- Ambos promoventes aducen idénticos conceptos de invalidez, en los que argumentan en síntesis lo siguiente:
1.- Que los artículos 29 último párrafo y 33 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco vulneran las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 1º, 14, 16, 41, fracción V, párrafo final y 116, fracción IV, incisos a), b) y d), y 133 de la Constitución Federal, en razón de que se presenta la condicionante de formular la solicitud que deberá hacer la autoridad administrativa de Tabasco al Instituto Federal Electoral para que éste organice las elecciones locales mediante convenio que celebren ambos institutos administrativos electorales.
Sostienen que con la intención de democratizar la organización y las instituciones electorales nacionales y así llegar a un estado social y democrático de derecho como lo pretenden otras naciones del mundo, el Poder Reformador de la Constitución Federal de fines de dos mil siete decidió sentar las bases para que el Instituto Federal Electoral, como un organismo ciudadano de mayor credibilidad por su imparcialidad en toda la República, pudiera organizar las elecciones locales de cualquier entidad federativa a través de un convenio que se puede celebrar con las autoridades administrativas competentes en materia electoral del ámbito local de cualquier Estado del país; lo anterior resulta obsoleto si las normas secundarias que regulan tales instituciones jurídicas fijan condicionantes rígidas sin la posibilidad de permitir que el Instituto Federal Electoral organice las elecciones en alguna entidad federativa.
Que si un órgano estatal secundario establece barreras condicionantes para su desarrollo de nada sirve que el Poder Reformador de la Federación haya otorgado potestad al Instituto Federal Electoral para organizar los procesos electorales locales.
Que a través del desarrollo histórico y la evolución legislativa del sistema político electoral la tendencia que se ha dado es separar a los órganos electorales de los órganos unipersonales, por lo que es evidente que el desarrollo del sistema tiende a involucrar de forma más amplia a las fuerzas políticas y a los representantes populares.
Que la facultad otorgada al Instituto Federal Electoral para organizar procesos electorales locales no debe estar obstaculizada por condicionantes de temporalidad como lo es la de prescribir una fecha fija, sin plazo o periodo alguno para tomar la decisión de solicitar al Instituto organizar las elecciones locales.
Que el artículo impugnado al establecer que con doce meses de anticipación al inicio del proceso electoral se debe hacer la solicitud al Instituto Federal Electoral en específico dispone que el día quince de marzo del año anterior a la elección será cuando se pueda formular dicha solicitud pues los doce meses de anticipación al inicio del proceso electoral corresponden exactamente a un año anterior a la fecha que la Ley Electoral del Estado de Tabasco, establece como fecha de inicio del proceso electoral ordinario como lo señala el artículo 200 de la citada Ley.
Así, el Consejo General del Estado de Tabasco no debe condicionarse a poder celebrar convenios con el Instituto Federal Electoral para organizar elecciones en el Estado de Tabasco y menos aún, permitir al Consejo del Estado realizar modificaciones en los plazos en que debe realizarse el proceso electoral en Tabasco.
2.- Los accionantes manifiestan que los artículos 70, párrafos segundo y tercero; 113, párrafo penúltimo de la Ley Electoral del Estado de Tabasco atentan contra las disposiciones constitucionales consagradas en los artículos 41, base III, apartado B, 116, norma IV, inciso i), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el legislador de Tabasco pretende desconocer la autoridad que el constituyente permanente de la federación le confirió al Instituto Federal Electoral para administrar de manera exclusiva los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, para que los partidos políticos y las coaliciones que formen, puedan acceder al tiempo que les corresponde en las estaciones y canales con cobertura estatal, dentro y fuera de los procesos electorales locales. Lo que pretende este legislador es dotar al instituto local electoral de una función reservada al Instituto Federal Electoral.
Que la ley suprema dispone que la única autoridad para administrar el tiempo que les corresponde a los partidos políticos para ejercer su derecho a difundir sus mensajes y programas sea el Instituto Federal Electoral por lo que, su potestad se ubica en una relación jerárquica de supra a subordinación respecto de las autoridades administrativas electorales locales. Así, el IFE no puede celebrar convenio alguno con sus homólogos locales ya que éstos carecen de autoridad para administrar los tiempos de radio y televisión además de que no tienen atribuciones para emitir lineamientos relativos al acceso en las estaciones y canales respectivos.
A diferencia de la organización de las elecciones que en sus respectivos ámbitos de competencia tienen la función pública de realizar tanto el Instituto Federal Electoral como los institutos electorales locales, en los que a solicitud de éstos aquél puede celebrar convenio para asumir la organización de un proceso electoral local para no afectar la esfera de competencia estatal tratándose de la administración y asignación de los tiempos en estaciones de radio y televisión, el Instituto Federal Electoral es autoridad única para hacerlo por lo cual no se encuentra obligado a celebrar convenio alguno con los institutos electorales locales para la asignación de tiempos.
Que en la esfera competencial el Instituto Federal Electoral resuelve como autoridad las solicitudes hechas por las autoridades administrativas locales y no tiene que “estar de acuerdo” con éstas; así, en materia de comunicación social, radio y televisión, el Instituto Federal Electoral no se encuentra en un plano horizontal de coordinación sino que es autoridad única para hacerlo por lo que no está obligada a celebrar convenio con los institutos electorales locales para la asignación de los tiempos.
Que de la exposición de motivos del Dictamen de las comisiones unidas que dieron pauta a la reforma constitucional de noviembre de dos mil siete, en lo que se refiere a la materia de radio y televisión se gestó un nuevo modelo de comunicación social entre los partidos y lo que la sociedad reclama para que ni el dinero ni el poder de los medios de comunicación sean factores determinantes de las campañas electorales y sus resultados.
3.- Señalan que el artículo 106 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, contraviene las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 9º, 35, fracción III, 41, bases I y II, 116, norma IV, incisos e) y g), y 133 de la Constitución Federal, toda vez que la norma impugnada es contraria a los lineamientos fijados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que en ésta se garantiza el derecho de los ciudadanos a asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Que la Carta Magna reconoce como prerrogativa de los ciudadanos la de asociarse de manera individual y libre para, en forma pacífica, tomar parte en los asuntos políticos del país. Establece que la Ley determinará las formas específicas para la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral los que, teniendo el carácter de nacionales pueden participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.
Se consagra de igual manera el derecho político de las entidades de interés público con fines de promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible que los ciudadanos accedan al ejercicio del poder público, la garantía legal de contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.
Además, se exige que las leyes de los estados garanticen a los partidos políticos el derecho exclusivo de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular y, que reciban en forma equitativa el financiamiento público para sus actividades tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
Que de manera específica, para la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, la ley establece la figura de las coaliciones para fines estrictamente electorales; con base en la ley, los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones el cual termina automáticamente una vez concluida la etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones. La figura de la coalición se encuentra regulada en la totalidad de las leyes o códigos electorales locales de la Nación y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Que en la Ley Electoral del Estado de Tabasco así como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se encuentra regulado el tema de las coaliciones. Así, la ley establece como una forma específica para la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral la formación de coaliciones entre dos o más partidos políticos, los cuales, independientemente del tipo de elección, convenio o términos que adopten los partidos coaligados, cada uno aparecerá en la boleta electoral con su propio emblema.
Además, cada partido coaligado deberá registrar por su cuenta listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional; el artículo 111 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco estipula que cada partido coaligado conservará su propia representación en los consejos electorales locales y en las mesas directivas de casilla.
Que en el considerando Décimo Cuarto del Decreto 099 por medio del cual se expidió la Ley Electoral del Estado de Tabasco, en el párrafo tercero menciona que la figura de las coaliciones totales o parciales se contempla en la ley, con base en las facultades de la Legislatura pues no está regulada como obligatoria en el artículo 116 constitucional aduciendo que entre los partidos políticos es práctica generalizada en las elecciones federales y locales su formación; por ello, establece los requisitos que deben satisfacerse entre los que destacan que cada partido coaligado aparezca en la boleta con su propio emblema y que los votos que se sumen a favor del candidato de la coalición cuenten por separado a favor de cada partido político, por lo que deben registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados y regidores de representación proporcional.
Así, si la ley, cumpliendo con la normativa constitucional, establece una forma específica para que los partidos políticos participen en los procesos electorales a través de las coaliciones en las que los partidos políticos conservan su registro, su personalidad, su representación, sus atribuciones y su identidad propia, es lógico considerar que deben conservar el derecho de percibir equitativamente las prerrogativas y el financiamiento público para la obtención del voto.
Que el precepto electoral combatido al disponer que, en el caso de las coaliciones éstas se considerarán como un solo partido político y que, por ello no deben acumular las prerrogativas a que se refieren los artículos anteriores al precepto 106 se vulneran diversos preceptos constitucionales.
Las prerrogativas que se restringen con la norma general que se combate son del Financiamiento de los Partidos Políticos, del Financiamiento Público, de Financiamiento Privado, Régimen Fiscal y de las Franquicias Postales y Telegráficas. El Título Cuarto se refiere al Régimen Financiero y a la vez se ven afectadas las prerrogativas del Título Tercero en donde se regulan las referentes a los partidos políticos cuya disposición general se encuentra en el artículo 68 de la citada ley.
Que de lo anterior, se tiene que de igual forma se afecta la prerrogativa del Acceso a la Radio y Televisión. Por lo que la participación de los partidos que se coaliguen es inequitativa ya que, no podrán obtener el financiamiento público y demás prerrogativas constitucional y legalmente consideradas para los partidos políticos que por sí mismos postulen candidatos prohibiéndoles el derecho a recibir financiamiento en términos de la ley fundamental, contendiendo en un proceso electoral con franca desventaja en relación con los demás partidos políticos.
Que ni la Constitución, ni tampoco la ley disponen que al integrarse una Coalición los partidos políticos coaligados entran en suspensión de sus derechos y de su registro por el periodo que subsista la coalición.
4.- En este concepto de invalidez, manifiestan los promoventes que el artículo 130, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, viola las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos Transitorios Sexto, párrafo primero y Séptimo del Decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134, y se deroga un párrafo del artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil siete. De igual manera se vulneran los artículos 3º, 14, 16, 40, 41, Base V, párrafo tercero, 116, fracción IV, incisos b) y c), 133 y 135 constitucionales, ya que contraviene los citados artículos Sexto y Séptimo Transitorios, por medio de los cuales se impuso a las Legislaturas de los Estados el deber de adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto por dicho Decreto.
Que con motivo del proceso de reformas y adiciones a la ley fundamental de noviembre de dos mil siete al modificarse el anterior párrafo tercero de la base III del artículo 41 Constitucional, suprimió en forma absoluta la designación de consejeros electorales suplentes. Sólo se pueden elegir consejeros propietarios y, a falta de estos el consenso de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión cameral pueden elegir a quien sustituya al faltante. También se derogó la facultad que tenía la Comisión Permanente de elegir al Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, quedando reservada dicha potestad de manera exclusiva al voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados.
Que el motivo del constituyente permanente para suprimir la figura de los consejeros electorales suplentes y derogar las facultades a la Comisión Permanente fue muy preciso, mantener la homogeneidad básica de las normas jurídicas aplicables en el sistema electoral mexicano considerado como un conjunto armónico en sus ámbitos de aplicación y validez.
Así, si las leyes de los estados deben suprimir la figura de los consejeros electorales suplentes y derogar la facultad extraordinaria de que gozaban las comisiones permanentes de cada Congreso para elegir consejeros electorales y consejero presidente reservando de manera exclusiva esa potestad al pleno cameral de los diputados, sean federales o locales, entonces el razonamiento de las comisiones dictaminadoras se basa en la evidencia de que los legisladores pueden ser citados y concurrirán a sesiones extraordinarias con un tiempo mínimo previo resultando innecesaria la potestad que tenía la Comisión Permanente durante los recesos de la Cámara de Diputados.
Lo que se busca es el mayor consenso en la designación de las autoridades electorales las cuales deben gozar de autonomía e independencia en el desempeño de sus funciones y toma de decisiones. Sólo los consensos permiten a una verdadera democracia avanzar y gobernar con estabilidad política, financiera, social y cultural; es por ello que el espíritu del constituyente en la tercera generación de reformas electorales del México contemporáneo es lograr que las mayorías calificadas dentro de un amplio espectro de representación popular elijan a los árbitros electorales que darán certeza, objetividad, imparcialidad, independencia, legalidad y constitucionalidad a la función electoral.
Que el legislador ordinario de Tabasco al hacer adecuaciones a la legislación aplicable en materia electoral vulnera los artículos Sexto y Séptimo transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, debido a que se negó a mantener la homogeneidad básica para las normas jurídicas aplicables en el sistema electoral mexicano para considerarla como un conjunto armónico en sus ámbitos de validez de las reformas a los artículos 41 y 99 de la Constitución a efecto de que estas nuevas disposiciones tengan correspondencia en las constituciones y leyes electorales de los estados, como se señala en la exposición de motivos en su punto Sexto del artículo 116 constitucional.
Que la norma impugnada se opone al Decreto por el que se reforman los artículos 6º, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se suprimió la figura de los consejeros electorales suplentes y se derogó la facultad de la Comisión Permanente para elegir consejeros electorales reservando la exclusividad de esa facultad al Pleno de la Cámara de Diputados por la posibilidad fáctica de que sean citados y concurran en breve tiempo a una sesión extraordinaria si el caso se presenta durante el periodo de receso.
Que de igual forma se vulneran los artículos 14, 16, 40 y 41 constitucionales puesto que se atenta contra los principios de la ley fundamental y se contravienen estipulaciones del pacto federal.
5.- Señalan los accionantes que el artículo 173 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, contraviene la disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 14, 16, 39, 40, 41, bases I, párrafo primero, y V, párrafos primero y segundo, 116, norma IV, incisos b) y c), 124, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que el artículo impugnado carece de sustento jurídico constitucional por no cumplir con los lineamientos establecidos en el artículo 14 constitucional ya que de manera administrativa, sin otorgar previamente la garantía de audiencia, los partidos políticos pueden ser privados del derecho a formar parte de los consejos electorales que integran el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el cual es un derecho político de los partidos para vigilar y participar en los órganos encargados de organizar los procesos electorales, verificando que en el ejercicio de la función electoral se cumpla con los principios democráticos de independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y certeza; además de que gocen de autonomía en su funcionamiento a que se refieren los incisos b) y c) de la norma IV perteneciente al artículo 116 constitucional en relación con los párrafos primero y segundo de la base V del artículo 41 de la Constitución.
Que al omitirse dentro de la ley que se impugna las formalidades del procedimiento privativo respectivo, a través de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, el precepto legal combatido resulta violatorio de las garantías de audiencia, de exacta aplicación de la ley, de legalidad, del debido proceso y de seguridad jurídica. Cuando se deja de formar parte de algún consejo electoral local por todo lo que resta del proceso electoral de manera definitiva, irreparable e irreversible, el partido político queda en total estado de indefensión sin la posibilidad de poder integrar el órgano de que se trate.
Que lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal, es de singular importancia dado que en ellos se establecen los límites dentro de los cuales los Estados de la República pueden ejercer su soberanía interna y las legislaturas pueden ejercer la soberanía popular de la que están investidas de acuerdo con los principios rectores que consagra la Constitución Federal.
Que el artículo 124 constitucional establece por exclusión las facultades que corresponden a los Estados lo cual no se traduce en el hecho de que, dentro de sus textos normativos puedan modificar los principios o bases del modelo federal, o bien, su forma de gobierno, o el modelo de legislar o expedir decretos ya que nunca deben contravenir los principios rectores que establece la Constitución Federal.
6.- Manifiestan los promoventes que el artículo 223, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, transgrede las normas constitucionales contenidas en los artículo 9º, 14, 16, 35, fracciones II y III, 39, 40, 41, base I, 116, norma IV, inciso e), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toda vez que, existe una incongruencia entre el párrafo último y el primero de la norma que se impugna, ya que éste se refiere a los partidos y las coaliciones, en tanto que el precepto combatido, sin la más elemental técnica legislativa le reduce las causales de sustitución de candidatos, sin que exista justificación jurídica alguna.
Que el menoscabo que resienten las coaliciones de partidos políticos en la esfera de sus derechos políticos electorales atenta contra los derechos ciudadanos constitucionalmente garantizados. La norma general impugnada no está conforme a los lineamientos fijados en la Constitución General de la República ya que en ésta se garantiza a los ciudadanos el derecho de asociarse con la opción de hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Que la Ley Electoral del Estado de Tabasco regula a las coaliciones conforme a las bases contenidas en sus artículos 107 y 109 además de que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales también reconoce a las coaliciones cuyas bases se encuentran contenidas en los artículos 93 y 95. Tal Código no hace distinción alguna entre partidos y coaliciones y mucho menos incurre en una falta de técnica legislativa pues el dispositivo que aquí se combate atenta contra su propia naturaleza ya que, habiendo establecido las formalidades, procedimientos y causales para la sustitución de candidatos, termina señalando que no todas las causales le son aplicables.
Que si bien la Constitución no hace mención de manera expresa de las coaliciones, sí faculta a la ley para que establezca las formas específicas en que los partidos políticos intervengan en los procesos electorales, entre esas formas se encuentra la coalición, que debiera favorecerlos, pues así como los ciudadanos se asocian para tomar parte o partido en los asuntos de la cosa pública y tener la posibilidad de acceder al ejercicio del poder público, con mayor razón los partidos pueden asociarse para facilitar a los ciudadanos que militan en sus filas su participación en los asuntos políticos de la nación y acceso a los cargos de elección popular, pues es precisamente el objetivo final de los partidos políticos el de promover la participación del pueblo en la vida democrática, además de contribuir a la integración de la representación nacional.
Entonces, si la ley suprema no establece restricciones a los ciudadanos para participar de los asuntos políticos del país, sino que, por el contrario sienta las bases para que la ley establezca las formas específicas de la participación de los partidos en los procesos electorales, es inconcuso que la ley no puede establecer limitantes a los derechos políticos constitucionales de los partidos políticos y de los ciudadanos que los conforman.
Que la Ley establece como una forma específica para la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, la formación de coaliciones entre dos o más de ellos, quienes independientemente del tipo de elección, convenio y términos que adopten los partidos coaligados, cada uno aparecerá en la boleta electoral con su propio emblema, contándose los votos para el partido político.
En lo que se refiere al Considerando Décimo Cuarto del Decreto 099 por el cual se expidió la ley electoral que impugnamos, párrafo tercero, se menciona que la figura de las coaliciones totales o parciales se contempla en la ley, con base en las facultades de la legislatura, pues no está regulada como obligatoria en el artículo 116 constitucional, aduciendo que entre los partidos políticos es práctica generalizada en las elecciones federales y locales su formación; por ello establece los requisitos que deben satisfacerse entre los que destacan que cada partido coaligado aparezca en la boleta con su propio emblema y que los votos que se sumen a favor del candidato de la coalición, se cuente por separado a favor de cada partido político, por lo que deben registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados y regidores de representación proporcional.
Que el precepto electoral combatido, al disponer que en el caso de las coaliciones, éstas sólo pueden sustituir a sus candidatos por menos causas que los partidos políticos, se vulneran las libertades de asociación y de elecciones auténticas, razones por las cuales es procedente declarar inválido el párrafo final del artículo 223 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
7.- Ambos promoventes señalan que el artículo 109, párrafo último, incisos a) y b), de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, contradice las normas constitucionales contenidas en los artículos 9°, 14, 16, 35, fracciones II y III, 39, 40, 41, base I, 116, norma IV, inciso e), y 133 de la Constitución Federal; toda vez que, es notoria la violación de las porciones normativas contenidas en los incisos a) y b) del precepto legal combatido, que establece bases mínimas excesivas que rompen con la naturaleza propia de las coaliciones parciales, puesto que exigen que, por lo menos se postulen planillas o fórmulas de candidatos por el principio de mayoría relativa en las dos terceras partes del total de municipios o de distritos electorales del Estado, lo que prácticamente hace nugatorio el derecho de los partidos políticos que deseen formalizar una coalición parcial en uno o algunos municipios o distritos electorales.
Que el agravio que resienten los partidos políticos en la esfera de sus derechos políticos electorales, atenta contra los derechos ciudadanos constitucionalmente garantizados, ya que la norma impugnada no está conforme a los lineamientos fijados en la Constitución Federal, pues establece que la ley determinará las formas específicas para la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, quienes teniendo el carácter de nacionales pueden participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal, como entidades de interés público, ya que sus fines son promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible que los ciudadanos accedan al ejercicio del poder público.
Agregan que, como una forma específica para la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, la ley ha establecido la figura de las coaliciones para fines estrictamente electorales; que con base en la ley, los partidos políticos tienen derecho a formar coaliciones, las que terminan automáticamente una vez concluida la etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones; que la figura de la Coalición se encuentra regulada en la totalidad de las leyes o códigos electorales locales y en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; que es una figura estrictamente electoral, para postular candidatos comunes en las elecciones, con la finalidad de obtener el voto de la ciudadanía electora.
Que tanto la Ley Electoral del Estado de Tabasco, en sus artículos 107 y 109; como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 93 y 95, reconocen a las coaliciones, pero a diferencia del artículo 109 de la Ley que se impugna, el correlativo contenido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no establece mínimos sino máximos, pues pueden ir desde una fórmula de candidatos a senadores o diputados por el principio de mayoría relativa, hasta las dos terceras partes por tipo de elección, ya que la codificación federal, responde a la naturaleza de las coaliciones parciales, pues pasando de las dos terceras partes de las fórmulas o planillas de candidatos prácticamente se traduce en coaliciones totales.
Que el absurdo al que llega la legislación electoral que se combate, es considerar como coalición parcial un distrito o un municipio, menos al de la totalidad de los distritos electorales o de los municipios que componen la entidad.
Asimismo los promoventes señalan que, la disposición que se impugna es discriminatoria y antidemocrática, ya que si bien la Constitución Federal no hace mención expresa de las coaliciones, sí faculta para que en la ley se establezcan las formas específicas en que los partidos políticos puedan intervenir en los procesos electorales; entre esas formas se encuentra la Coalición, en sus dos tipos, total y parcial, que debieran favorecerlos.
Que las coaliciones parciales se generan en pocos distritos o municipios, especialmente en aquéllos donde la participación ciudadana es más inclinada a la simpatía de los candidatos que a los propios partidos políticos; cuya finalidad es permitir que los intereses estrictamente populares se vuelquen a favor de un candidato que por su carisma, presencia, bondad o aceptación, reciba los sufragios de quienes militan en los diversos partidos políticos. Además de que, la ley establece como una forma específica para la intervención de los partidos políticos en el proceso electoral, la formación de coaliciones entre dos o más de ellos, quienes independientemente del tipo de elección, convenio y términos que adopten los partidos coaligados, cada uno aparecerá en la boleta electoral con su propio emblema, contándose los votos para el partido político favorecido con el sufragio; incluso, cada partido coaligado debe registrar por su cuenta listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, así como de regidores por el mismo principio.
Concluyen en este concepto que, el Considerando Décimo Cuarto del Decreto 099 por el cual se expidió la ley electoral impugnada, en su párrafo tercero, menciona que la figura de las coaliciones totales o parciales se contempla en la ley, con base en las facultades de la Legislatura, pues no está regulada como obligatoria en el artículo 116 constitucional, aduciendo que entre los partidos políticos es práctica generalizada en las elecciones federales y locales su formación; por ello -dicen- establece los requisitos que deben satisfacerse, entre los que destacan que cada partido coaligado aparezca en la boleta con su propio emblema y que los votos que se sumen a favor del candidato de la coalición, cuente por separado a favor de cada partido político, por lo que deben registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados y regidores de representación proporcional.
Por lo que, al exigir el precepto electoral que se combate en sus porciones normativas, que en el caso de las coaliciones parciales, éstas sólo pueden constituirse en por lo menos las dos terceras partes de los distritos o municipios para elegir diputados y ayuntamientos, hasta casi la totalidad de los mismos, se vulneran los derechos de asociación y de elecciones libres y auténticas, razones por las cuales señalan los peticionarios, es procedente se declare la invalidez de las porciones normativas de los incisos a) y b), del párrafo final del artículo 109 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco.
8.- Que los artículos 325, párrafo octavo, 326, párrafo segundo, 336, párrafo tercero, fracciones I y III, y 346, párrafo segundo, fracciones II y III, de la Ley Electoral de Estado de Tabasco son violatorios de los artículos 14, párrafo segundo; 16, 39, 40, 41, 116, 124, 128 y 133 de la Constitución Federal, ya que vulneran los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, de debido proceso y de audiencia tutelados por los artículos 14 y 16 constitucionales al omitir establecer las formalidades esenciales del procedimiento.
Que existe violación a la supremacía constitucional debido a que, se dejó de observar el contenido del artículo 14, segundo párrafo al establecer normas generales privativas de derechos e incluso de propiedades o posesiones como en el caso de las sanciones pecuniarias dejando de lado el establecimiento de normas procesales que estatuyan las formalidades esenciales del procedimiento particularmente las de la garantía de audiencia.
Que el artículo 325 impugnado dispone que una notificación se realice en un domicilio en el que “no se encuentra nadie” fijándola en la puerta de entrada del lugar y procediendo a realizarla por estrados, sin oportunidad de dejar citatorio para que se espere al funcionario notificador en un plazo determinado; de lo anterior se desprende que, hay una omisión en señalar un procedimiento para tal efecto con lo cual se deja sin defensa al agraviado pues no tiene oportunidad de conocer el acto lo cual vulnera su garantía de seguridad jurídica.
Que en lo que se refiere al artículo 326 también impugnado, este violenta la garantía de audiencia de quienes presenten denuncias al establecerse el desechamiento “de plano y sin prevención alguna” cuando no reúnan los requisitos que se exigen para la presentación de las mismas o cuando en su escrito no aporte pruebas, sin dar oportunidad a que se subsanen las deficiencias; lo anterior también es violatorio de los principios de certeza y legalidad contenidos en el artículo 116 constitucional. De igual manera, el artículo 346 en el que se autoriza al Órgano Técnico Fiscalizador a desechar de plano una queja que no cumpla con los requisitos exigidos al respecto o no se acompañen los elementos probatorios o indiciarios sin dar oportunidad al interesado de subsanar deficiencias es violatorio de tales principios constitucionales, el de certeza y legalidad.
Que además, la exigencia de pruebas desde la primera promoción en un procedimiento seguido en forma de juicio, rompe con los principios procesales que rigen en la materia, pues para ofrecer probanzas debe quedar fijada la litis entre la acción y la excepción para saber qué hechos son los controvertidos y cuáles son objeto de la prueba.
9.- Que los artículos 33, párrafo primero y 219, penúltimo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Tabasco son violatorios de los artículos 41, base V, párrafo primero, 116, fracción IV, inciso b), y 133 de la Constitución Federal.
Que el legislador ordinario está obligado a que al expedir las normas electorales, éstas garanticen la certeza de la función electoral a cargo de las autoridades locales sin dar pauta a que se genere incertidumbre e inseguridad entre los votantes y los votados pues ello traería consigo desconfianza en la autenticidad de las elecciones; además, el legislador tiene la responsabilidad de emitir normas que propicien confianza y seguridad jurídica entre el electorado y quienes participan en las contiendas electorales a través de los partidos políticos; no obstante lo anterior el legislador de Tabasco de manera indebida otorgó al Consejo Estatal Electoral la discrecionalidad de modificar los plazos a las diferentes etapas del proceso electoral, dejando a su libre arbitrio considerar si hay la imposibilidad para realizar dentro de los plazos los actos señalados en la ley que se combate o en la convocatoria para celebrar elecciones locales, ordinarias o extraordinarias.
Que las disposiciones impugnadas transgreden el principio de certeza que debió observar el legislador en la expedición de tales preceptos ya que, los plazos de registro de candidaturas y los de las diferentes etapas del proceso electoral (preparación de la elección, jornadas electorales, resultados y declaración de validez de las elecciones pueden ser modificados por el máximo órgano de dirección electoral. La delegación de facultades que realizó el legislador ordinario vulnera los principios de certeza, legalidad y objetividad que deben regir en materia electoral.
10.- Los solicitantes señalan que el artículo 149, párrafo cuarto, in fine, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, es violatorio de los artículos 41, base V, párrafo primero, 116, fracción IV, inciso b), y 133 de la Constitución Federal, al constreñir el principio de certeza y de legalidad, que deben regir en la función electoral, toda vez que, dispone que al incurrir un Consejero Distrital en dos inasistencias consecutivas "sin causa justificada o de producirse una ausencia justificada, el suplente será llamado".
Pero que, de dicha porción normativa impugnada surgen las siguientes incertidumbres: 1.- ¿Qué se considera como causa justificada?, 2.- ¿Quién está legitimado para calificar la causa justificada?, 3.- ¿Qué mecanismo y procedimiento se aplicarán para saber quién de los cuatro consejeros suplentes generales es el suplente que será llamado?, 4.- ¿Quién debe llamar al suplente?, 5.- ¿Qué pasará con el consejero faltista?, 6.- ¿Quién destituye al consejero faltista? y, 7.- ¿Cuándo se produce una ausencia definitiva?.
Por lo que consideran que el legislador cometió la mahomía legislativa de crear figuras y conceptos, sin definirlos y sin organizar adecuadamente los órganos que integran al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, ya que al omitir la definición y el alcance de lo que debe entenderse por el concepto de causa justificada, y generar incertidumbre e inseguridad en el proceso electoral, transgrede el principio de certeza. Citan en apoyo la jurisprudencia de rubro: “CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. AL NO ESTABLECER EL LEGISLADOR LOCAL LO QUE DEBE ENTENDERSE POR "CAUSAS GRAVES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN X, DE LA LEY ELECTORAL DE LA ENTIDAD, POR LAS CUALES AQUÉL PODRÁ REMOVER A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DISTRITALES Y COMITÉS MUNICIPALES ELECTORALES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE CERTEZA CONSAGRADO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”.
11.- Ambos solicitantes señalan que los artículos 68, fracciones I y IV, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, fracciones I, II y III, 82, 83, 84, 105, 113, 143, fracción VIII, 205, 310, fracción VIII, 313, fracción II y 318, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, violan los artículos 1, 14, 16, 28, cuarto párrafo, 41, primer párrafo y fracción III, 73, fracción XVII, 116, fracción IV, incisos b) e i), 124 y 133 de la Constitución Federal; ya que las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Tabasco impugnadas, que se refieren al acceso a la radio y televisión de la autoridad electoral del Estado y de los partidos políticos y en una de sus partes a las franquicias postales, no guardan conformidad con los preceptos constitucionales citados, de manera especial con los artículos 41, fracción III y 116, fracción IV, inciso i).
Asimismo manifiestan que el Congreso y el Gobernador del Estado de Tabasco, como autoridades responsables de la promulgación y publicación de la Ley Electoral que impugnan, en las normas generales que se reclaman, dejaron de observar el régimen de competencias previsto en la Constitución Federal al pretender regular materias exclusivas del ámbito federal, invadiendo de manera particular la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión así como del Instituto Federal Electoral.
Que se pretende invadir la esfera de atribuciones del ámbito federal, al establecer convenios con la autoridad electoral federal, para la aplicación de las normas constitucionales y federales e inclusive se faculta a la autoridad electoral del Estado de Tabasco para reglamentar mediante lineamientos la materia de radio y televisión, elementos que contravienen el pacto federal y van más allá de las normas constitucionales y legales que regulan la materia en el ámbito federal.
Que es competencia absoluta del Instituto Federal Electoral administrar lo correspondiente a la radio y televisión, para las elecciones locales y federales, en términos de los artículos 41, fracción III y 116, fracción IV, inciso i) de la Constitución Federal y su ley reglamentaria, por lo que, ni a la Legislatura del Estado de Tabasco ni al Gobernador del citado estado, les compete emitir normas en materia de radio y televisión, ni postales y telegráficas reservadas a la federación, por lo que consideran los peticionarios que tal situación infringe el artículo 133 constitucional.
Concluyen ambos solicitantes que los artículos 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 82, 84, 113 y 205 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, son violatorios de los artículos 41, base III, apartado B, 116, fracción IV, inciso i), 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que invaden la esfera de competencia que la Constitución Federal, en el artículo 41, Base III, Apartado B, confiere de manera única y exclusiva al Instituto Federal Electoral.
12.- En el décimo segundo concepto de invalidez, los promoventes señalan:
a) Que el artículo 22 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, vulnera los artículos 41, párrafo primero, 52, 54, 116, fracción II, párrafo tercero, y 133 de la Constitución Federal, toda vez que, la formula de distribución de rondas se aleja totalmente del mecanismo establecido en el artículo 54 Constitucional, que no impone porcentajes superiores al dos por ciento para la asignación de diputados de representación plurinominal, ya que si bien el artículo que se combate, en la primera ronda permite a los partidos políticos que alcancen el dos por ciento de la votación estatal emitida, para la segunda ronda, la eleva considerablemente hasta más del diez por ciento, para la siguiente ronda, la continúa incrementando hasta más del dieciocho por ciento, para la siguiente la aumenta a más del veintiséis por ciento y en la siguiente ronda la alza hasta el treinta por ciento.
Mencionan que, las diferencias porcentuales entre cada ronda provocan un incremento desproporcionado que atenta gravemente contra las minorías políticas, ya que pretende limitar la participación de éstas y evitar la pluralidad democrática.
Que la regla de asignación del artículo 22 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, desnaturaliza la figura de la representación proporcional, al tornar desproporcionado el sistema de asignación, por lo cual los diputados que resulten beneficiados con ese tipo de rondas en las ulteriores asignaciones, no responden a la esencia de la representación proporcional, quedando destruida la proporcionalidad electoral.
Que dicha forma de asignación viola el espíritu que prevalece en el primer párrafo de la fracción II, del artículo 116 Constitucional, donde se postula que el número de representantes de las legislaturas debe ser proporcional al de los habitantes.
Que los artículos 52 y 54 constitucionales, plantean un mecanismo de distribución y asignación de diputados por el principio de representación proporcional, únicamente sobre la base del dos por ciento de la votación nacional emitida que alcancen los partidos políticos, sin elevar los porcentajes en cada asignación.
Citan en apoyo las tesis jurisprudenciales de rubros: “MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 881 DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY, EMITIDO POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL 16 DE OCTUBRE DE 2004, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. “MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL” y “MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS”.
b) Asimismo señalan que los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 304, segundo párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, no guardan conformidad con las bases constitucionales establecidas en el artículo 54 de la Constitución Federal, ni con el principio y fines del principio de representación proporcional.
Que los preceptos impugnados vulneran los artículos 1, 14, 16, 35, 41, fracción V, 54, 116, fracción II, y IV incisos a), b), d), e) y f) y 133 de la Constitución Federal, ya que no guardan conformidad con el principio de representación proporcional y las bases del mismo, establecidas en el artículo 54 de la Constitución Federal; ya que, básicamente establecen que las diputaciones de representación proporcional se distribuirán mediante rondas de asignación entre los partidos políticos o coaliciones con derecho a ello, atendiendo al orden decreciente del porcentaje de votación emitida por cada uno de ellos, de la votación estatal válida emitida, y que dicho criterio es contrario a la base séptima prevista en la jurisprudencia de rubro: “MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL”. Siendo que las reglas para la asignación por rondas no son conforme a los resultados de la votación, sino que se hace depender de una serie de parámetros y asignación de forma decreciente y no proporcional, como lo es la naturaleza de este principio de elección y asignación de curules.
Agregan que, la asignación por rondas y de manera decreciente no respeta los resultados de la elección y afecta la proporcionalidad que debe haber entre curules por asignar y universo de votación, lo que trae como consecuencia una alteración a la representación política, permitiendo crear sobre representación en la primera ronda de asignación en prejuicio de las opciones políticas con fuerza significativa, haciendo depender la representación de las fuerzas políticas de una condición incierta.
Que el sistema de asignación por rondas y de manera decreciente, además de ser contrario a la base general séptima señalada, también es contraria al principio de legalidad electoral, especialmente a su principio de congruencia, toda vez que, al no considerar los resultados del universo de votación sobre el cual debe realizarse la asignación de curules, resulta incongruente con el artículo 18 de la Ley que se impugna, ya que en dicho precepto se establece la base de votación sobre la que deberá realizarse la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, bajo el concepto de “Votación estatal emitida” la cual no es considerada como base para determinar el número de curules que le corresponde a cada partido político conforme a su participación en dicho universo de votación.
c) Que por lo que hace al principio de representación proporcional, establecido para la elección y asignación de regidores en los ayuntamientos, solicita la invalidez de los artículos 28, fracción II, incisos a) y b) y 34, primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, por ser contrarios a las bases generales de dicho principio previstas en el artículo 54 de la Constitución Federal y de los criterios de interpretación de dicha disposición constitucional emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que en los artículos 27 y 28, fracción I, de la Constitución del Estado de Tabasco, se establece que en la elección de los Ayuntamientos del citado Estado, se elegirán regidores conforme al principio de representación proporcional, sin embargo, al determinar la regla de asignación no se respeta dicho principio y se sustituye por una asignación de primera y segunda minoría que resulta ajena al principio de representación proporcional y a las bases generales del mismo, siendo que la asignación se realiza sin considerar los resultados de la votación al no guardar proporcionalidad alguna con el número de regidores por asignar, desvirtuando la naturaleza del principio de representación proporcional, resultando contrario a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
13.- Ambos promoventes señalan que impugnan los artículos 19, 137, fracción XIII y 199, segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, ya que al establecer por una parte, distritos electorales basados en un ámbito territorial, y por otra parte, ante la falta de certeza del número de diputados a elegir de cada una de las dos circunscripciones plurinominales, así como responder a un criterio territorial sin respetar el criterio poblacional a partir del diseño de los distritos electorales, provoca una desproporción poblacional vulnerando el principio de igualdad del sufragio.
Que de la lectura de los citados preceptos se desprende que los artículos 137 fracción XIII y 199, segundo párrafo, violan el principio de certeza y el criterio poblacional al permitir al órgano electoral de manera discrecional definir los diputados a elegir en dos circunscripciones.
Asimismo señalan como preceptos constitucionales violados, los artículos 1, 14, 16, 35 y 41 fracción V, y 116 fracciones II, IV inciso a), b), d) e) f) y 133 de la Constitución Federal, ya que en dichos artículos se aprecia que la división electoral en distritos electorales para la elección de diputados por el principio de mayoría y en circunscripciones plurinominales para la elección de diputados por el principio de representación proporcional, del Congreso del Estado de Tabasco responde a un criterio territorial en contravención al artículo 116, fracción II de la Constitución Federal; y que también de dichos artículos se desprende que la distribución de los veintiún distritos electorales para la elección de igual número de diputados de mayoría, se encuentra basada en un criterio poblacional, contraviniendo el contenido de la fracción II del citado artículo 116 constitucional.
Que de igual forma se establece una clara violación a las bases de los artículos 1, 35, 41, primer párrafo y 116, fracción IV, inciso a) de la Constitución Federal, relativos al principio de igualdad del voto, que señalan se ve vulnerado con la omisión y la disposición contenida en el artículo 19 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, al establecer el criterio territorial y equiparar la división de los distritos electorales a la división administrativa municipal, por lo que dicho marco geográfico es inconstitucional, por vulnerar los principios de certeza, legalidad y proporcionalidad poblacional.
Agregan al respecto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el criterio de densidad poblacional es el fundamental que deberá tomarse en cuenta para el establecimiento de la demarcación geográfico-electoral, y que este criterio sin lugar a dudas está en función de garantizar, en la medida de lo posible, que el voto de cada uno de los ciudadanos tenga el mismo valor.
Que en ese sentido el Estado de Tabasco tenía, al diecisiete de octubre de dos mil cinco, un total de un millón, novecientos ochenta y nueve mil, novecientos sesenta y nueve residentes habituales, que representan el 1.9% de los ciento tres, punto tres millones que conforman la población nacional, y que entre el XII Censo General de Población y Vivienda de dos mil y el onceavo conteo de población y vivienda dos mil cinco, la población de la entidad se incrementó en noventa y ocho mil, ciento cuarenta personas, lo que significa una tasa media anual de crecimiento del 0.9%, cuando en el quinquenio anterior fue de 1.8%, lo que acredita que se hace indispensable adaptar el marco-geográfico electoral del citado estado.
Por otra parte señalan que según datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, existe, sólo por cuanto a electores, una enorme desproporción entre éstos; que en el municipio-distrito de Jalpa existen veintitrés mil, ochocientos setenta y un ciudadanos en el listado nominal, mientras que en municipio-distrito de Comalcalco existen ciento tres mil, setecientos nueve ciudadanos en el listado nominal, lo que hace evidente la desproporción existente entre un municipio-distrito y otro, y la desigualdad del voto existente.
Que existe una diferencia en el listado nominal, entre ambas circunscripciones lo que impide, que las asignaciones que se hagan entre ellas sean equilibradas, pues la diferencia entre la primera y la segunda, tomando solamente en cuenta el listado nominal, es de cuarenta y un mil, doscientos treinta y ocho ciudadanos, lo que hace evidente la desproporción entre ellas y la limitación en la asignación total de votos para diputados, pues no sólo debe tenerse en cuenta la diferencia entre éstas sino la desproporción poblacional contenida en sus distritos.
Que ya esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que violenta la constitución, el establecimiento del criterio "un municipio-un distrito" que en los hechos establece el artículo 19, además de inconformidad con el criterio poblacional que establecen los artículos 137 y 199 de la Ley Electoral impugnada; que asimismo determinó que el criterio poblacional es fundamental para el sistema de representación.
También señalan que, en los artículos cuya invalidez reclaman existe una desproporción evidente respecto a la integración del marco-geográfico electoral establecido en la nueva Ley Electoral del Estado de Tabasco. Citan en apoyo las jurisprudencias de rubro: “DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN LOS ESTADOS. PARA EFECTOS DE SU DEMARCACIÓN DEBE ATENDERSE AL CRITERIO POBLACIONAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL” y “DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES. EL ARTÍCULO 31, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 116, FRACCIÓN 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ATENDER A UN CRITERIO GEOGRÁFICO PARA LA DEMARCACIÓN DE AQUÉLLOS”.
Señalan que, al estar acreditada la desproporción distrital y establecer la regla implícita de un distrito un municipio, en la nueva ley impugnada, así como el hecho de que existe una desproporción en la integración poblacional de los distritos (municipio-centro), esta Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá declarar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, al inobservar las bases contenidas en la fracción II, IV del artículo 116 de la Constitución Federal.
Asimismo manifiestan los promoventes que la Legislación del Estado de Tabasco, establece: El criterio de que un distrito debe ser equivalente a un municipio (violentando el ámbito poblacional); deja de señalar bases claras y ciertas para establecer cómo tendrá que realizarse la distribución distrital; y no establece un momento o una circunstancia específica en la que deba actualizarse el marco geográfico electoral, sometiendo a dicho estado a una nueva elección bajo distritos cuya densidad poblacional es totalmente incongruente entre sí, lo que genera desigualdad del voto.
Concluyen ambos peticionarios que el artículo 13, última parte de la Constitución del Estado de Tabasco, al establecer: “se elegirá un diputado propietario y un suplente por cada uno de los Distritos Electorales Uninominales, que corresponde a la demarcación territorial que en términos de la ley reglamentaria se determine, según el principio de votación mayoritaria relativo. Ningún municipio tendrá menos de un distrito”. No es posible impugnar dicha fracción normativa, en virtud de que no fue sujeta de reforma, pero que sin embargo, las normas que se combaten sí se encuentran en ese supuesto por lo que el contenido inconstitucional y actos nuevos, son claramente inconstitucionales. Así que, la norma contenida en la Constitución del Estado tendría que interpretarse conforme a la Constitución Federal y la interpretación que ha realizado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Citan en apoyo la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO”.
14.- Que el artículo 36 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, viola el artículo 41 de la Constitución Federal, al pretender desconocer la personalidad jurídica de los partidos políticos nacionales; asimismo viola los principios de certeza y congruencia, en relación con el artículo 50 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco; y finalmente que es contradictorio con el artículo 75, fracción V de la citada ley. Citan en apoyo la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO SE PRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO”.
15.- En este concepto los peticionarios reclaman la invalidez de los artículos 21 y 24 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, ya que no guardan conformidad con las bases constitucionales establecidas en el artículo 54 Constitucional, al establecer la posibilidad de que un partido político pueda contar hasta con veintidós diputados del total de curules del Congreso Estatal, no obstante que el número de diputados de mayoría es igual a veintiuno, con lo cual se encuentran excedidos dicha base y el límite constitucional.
Asimismo que, resulta contraria e incongruente la disposición normativa contenida en el artículo 21 de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, ya que en relación al límite de representación del 8%, establece de manera incongruente, violando los artículos 14 y 16 constitucionales, un límite adicional del diez por ciento, a los triunfos de mayoría, los cuales desde luego no pueden ser deducidos al partido que los haya obtenido por el simple hecho de que representen más del diez por ciento, del total del Congreso respecto a su votación, por lo cual debe suprimirse dicha porción normativa a efecto de que sea conforme a la Constitución Federal y congruente con el sistema electoral que regula.
Asimismo argumentan que se violan los artículos 1, 14, 16, 35, 41, fracción V, 54, 116, fracción II, IV inciso a), b), d) e), y f) y 133 de la Constitución Federal, ya que conforme a las bases constitucionales establecidas en el artículo 54 de la Constitución Federal, sistematizadas en el criterio jurisprudencial de rubro, “MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL”, las normas impugnadas resultan contrarias a la base quinta, en virtud de que la Constitución del Estado de Tabasco y los artículos 19 y 21 de la Ley Electoral del citado Estado, disponen la división del estado en veintiún distritos electorales uninominales, ya que el límite máximo de diputados por los principios de mayoría y representación proporcional que un partido político puede obtener del total del Congreso del Estado es de veintiún curules, por lo que las disposiciones impugnadas no son conformes con el artículo 54 Constitucional ni con los criterios de interpretación que ha fijado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tanto el Congreso como el Gobernador, ambos del Estado de Tabasco están obligados a observar.
Que al establecer en veintidós el número de diputados, un partido político puede contar con el total del Congreso, resultando contrario al principio de representación proporcional que busca atenuar la desproporción que puede provocar el principio de mayoría relativa, provocando que un sólo partido político pueda obtener hasta el 62.8% del total de Congreso, que es el porcentaje que representan veintidós diputados.
16.- Los promoventes señalan que el artículo 34, de la Ley Electoral del Estado de Tabasco, viola el derecho que tienen los partidos políticos como entidades de interés público y como únicos órganos facultados para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, al determinar tajantemente que si un partido político, por cualquier circunstancia registra como candidato a distintos cargos de elección en un mismo proceso a una persona se considerará válido el primer registro realizado; circunstancia que atenta contra los principios de audiencia y legalidad consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Citan en apoyo la jurisprudencia de rubro: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL”. “EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”.
Asimismo, en este concepto de invalidez, los peticionarios consideran violados los artículos 1, 14, 16, 41, fracción IV, inciso b), y 133 de la Constitución Federal.

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 artículo 134
 artículo 97
 artículo 200
 artículo 106
 artículo 111
 artículo 116
 artículo 68
 artículo 130
 artículo 134
 artículo 97
 artículo 41
 artículo 116
 artículo 134
 artículo 97
 artículo 173
 artículo 14
 artículo 116
 artículo 41
 artículo 124
 artículo 223
 artículo 9
 artículo 116
 artículo 223
 artículo 109
 artículo 109
 artículo 116
 artículo 109
 artículo 14
 artículo 325
 artículo 326
 artículo 116
 artículo 346
 artículo 149
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 ARTÍCULO 64
 ARTÍCULO 116
 artículo 133
 artículo 41
 artículo 22
 artículo 54
 artículo 22
 artículo 116
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 18
 artículo 54
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 19
 artículo 19
 ARTÍCULO 116
 ARTÍCULO 31
 artículo 116
 artículo 13
 artículo 36
 artículo 41
 artículo 50
 artículo 75
 artículo 54
 artículo 21
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 34