Source: http://gestores-publicos.blogspot.com/2017/11/
Timestamp: 2020-07-04 20:57:31+00:00

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Gestores Públicos: noviembre 2017
"Sin instrumentos adecuados los equipos de gobierno de las universidades difícilmente podrán competir en condiciones con las universidades del resto del mundo"
Por Martí Parellada* Agenda Pública.- El Informe CYD 2016 sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social, de reciente publicación y que elabora la Fundación CYD, detalla los aspectos más relevantes de la actuación de las universidades españolas. Uno de ellos es la creciente competencia internacional a la que están sometidas y que se refleja en la captación de alumnos extranjeros, en las acciones encaminadas a incorporar profesores internacionales a sus claustros y, de manera muy relevante, a una competencia por la captación de fondos para la investigación procedentes de organismos internacionales, singularmente la Unión Europea.
Este incremento de la competencia entre las instituciones universitarias, que es relativamente reciente, se ha desarrollado en paralelo a un protagonismo creciente de los rankings internacionales que facilitan visualizar la posición de las universidades en el contexto internacional. Los resultados obtenidos en rankings como el ARWU, el THE , el QS y el U-MUltirank nos indican que las universidades españolas están lejos de ocupar posiciones relevantes en cualquiera de ellos que son, por otro lado, los que tienen un mayor reconocimiento. Es verdad que es conveniente ser cuidadoso cuando se analizan los resultados obtenidos en dichos rankings porque las metodologías no son coincidentes y, en consecuencia, no es lo mismo que una universidad ocupe una posición en uno u otro ranking. Por ejemplo, el ARWU, más conocido por ranking de Shanghái, identifica la posición de las universidades con indicadores que son prácticamente en su totalidad de carácter absoluto y, además, algunos de ellos, que representan el 30% del valor final, están vinculados al número de ex alumnos o al de profesores que han sido o son premios Nobel. Es fácil deducir en este caso que la estabilidad de las posiciones ocupadas por las universidades en este ranking es muy notable. El THE y el QS, en cambio, utilizan variables que son relativas al tamaño de la universidad lo que debería permitir una mayor presencia de aquellas instituciones que aun siendo más pequeñas, mantienen un nivel de eficiencia elevado.
Sin embargo, una característica común de estos dos rankings es que la posición de las universidades depende de una manera muy relevante de encuestas de opinión que en el caso del THE suponen el 33% del valor final y en el del QS el 50%. De manera que las instituciones más reconocidas internacionalmente lo seguirán siendo por la importancia de las encuestas de opinión en su posición final. El U-Multirank, en cambio, se diferencia de los tres anteriores porque no construye indicadores sintéticos y presenta sus resultados en más de 30 indicadores diferentes. Además todos sus indicadores son relativos al tamaño de la universidad y no incluye encuestas de opinión salvo a los estudiantes que tiene, en cualquier caso, un carácter complementario. A pesar de las diferencias metodológicas mencionadas, en todos ellos la posición de las universidades españolas es manifiestamente mejorable. En el U-Multirank, el más completo en lo que hace referencia a la presencia de las universidades españolas, 69 sobre un total de 1497 instituciones de todo el mundo, la posición de las universidades españolas es claramente mejorable en los indicadores de investigación, en buena parte de los de transferencia y en la totalidad de los indicadores que reflejan la orientación internacional de las universidades con la excepción de la movilidad de los estudiantes. Solo destaca en los tres indicadores que reflejan la contribución de la universidad a su entorno territorial.
Nota: ARWU (Academic Ranking of World Universities) o ranking de Shangai, THE (Times Higher Education World University Ranking) y QS (QS World University Ranking). 27 universidades españolas. Fuente: ARWU, THE y QS
Mencionar también que los costes administrativos que suponen que los cerca de 8.300 programas de grado y máster de las universidades españolas deban pasar todos ellos un proceso de verificación y acreditación par parte de las agencias de calidad cuando la tendencia en otros países europeo es la de acreditar preferentemente la institución antes que los programas ofrecidos. Se impone, por tanto, la necesidad de mejorar la supervisión de las universidades y hacerlo en la dirección de evaluar los resultados antes que los procesos que conducen a ellos, fortaleciendo así, la autonomía de la universidad.
Todas las universidades españolas y, en particular, las que tiene una mayor proyección internacional necesitan unos recursos públicos más elevados y, también, de cambios en el marco legal que las regula. Sin instrumentos adecuados los equipos de gobierno de las universidades difícilmente podrán competir en condiciones con las universidades del resto del mundo. Abrir este debate se hace ya imprescindible y es a los políticos, a las universidades, a los agentes sociales y a la sociedad en general a los que corresponde impulsarlo.
*Martí Parellada es Catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. A partir del año 2003 es director del Informe anual sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación CyD) y desde 2013 responsable del Ranking CYD y del U-Multirank en España.
Etiquetas: competencias, Fundación CYD, Informe CYD 2016, Martí Parellada, rankings, universidades españolas
Antonio Arias: Las riesgos de las tecnologías de la información y los nuevos funcionarios
Otro post de interés. Blog Agenda Pública. ¿Se puede tener superávit e incumplir la normativa de estabilidad?
Por Antonio Arias. Blog Fiscalización.es.- No es ninguna novedad el importante papel que juegan los sistemas de información en la auditoría. Aun más lo será en el futuro. Poco a poco, las plantillas de las instituciones de control externo se van adaptando a esta nueva realidad. Como nos muestra, la reciente convocatoria (¡aun en plazo!) de puestos de técnico de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información para la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. Un campo donde los equipos de trabajo de fiscalización deben contar con expertos de alto nivel, para afrontar con garantías el análisis de los riesgos.
Etiquetas: Antonio Arias, Blog Fiscalización.es, tecnologías de la información y los nuevos funcionarios
Carles Ramió: El caos de las retribuciones de los empleados públicos
"En el sistema público existen paraísos retributivos (AAPP o ámbitos administrativos con retribuciones significativamente superiores a la media del sistema) totalmente injustificados a nivel profesional e institucional"
-Ver Informe salarial elaborado por CSIF sobre los empleados públicos
INFORME DIFERENCIAS SALARIALES AGE.pd
Por Carles Ramió. Blog EsPublico.- La actual estructura salarial de los empleados públicos no sigue parámetros racionales y es el resultado de una falta de política, de una gestión reactiva permeable a presiones políticas, corporativas y sindicales. Veamos algunos ejemplos de la arbitrariedad actual en la retribución económica de los empleados públicos:
-Diferencias retributivas entre niveles de administración: se producen incompresibles diferencias retributivas por niveles de administración. En la AGE las tablas retributivas son más bajas que en una buena parte de las Comunidades Autónomas y que en la Administración local. Las administraciones territoriales son muy diversas y una parte de ellas (en su mayoría en el sur y centro peninsular) tienen unas retribuciones parecidas a las de la AGE. Pero las administraciones del norte y del mediterráneo poseen unas retribuciones que pueden llegar a ser entre el 20 y el 40 por ciento superiores a las de la AGE. Pongamos el ejemplo de los cuerpos policiales: si tomamos como base el sueldo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, hay numerosos ayuntamientos que retribuyen a sus policías locales un 35 por ciento más por desarrollar unas funciones bastante menos complejas. Y en el caso de la Ertzaina y de los Mossos d’Esquadra, con funciones idénticas a las de los cuerpos de seguridad del Estado, sus retribuciones están por encima en un 70 por ciento. Es decir, las diferencias retributivas por niveles de administración pueden llegar a ser muy significativas.
-Diferencias retributivas entre funcionarios y laborales: las diferencias en este ítem no parecen ser relevantes, menos aún porque en vía de negociación colectiva se equiparan habitualmente, sobre todo en el sector público. Más aún con los acuerdos de condiciones comunes. Pero, en todo caso sí que existen algunas diferencias de carácter formal que pueden afectar a las retribuciones, como por ejemplo: a) los funcionarios poseen retribuciones básicas y complementarias (por ejemplo, complemento de destino y específico). Los laborales no tienen, en principio, esa estructura. b) Pagas extras, dos al año, pero en los funcionarios son íntegras (básicas y compenetrarías) y, en cambio, los laborales no poseen esa garantía. c) Servicios extraordinarios y horas extras, los laborales tienen límites por el estatuto de los trabajadores. d) Las indemnizaciones por razón del servicio no existen en derecho laboral, se llaman percepciones extra salariales.
-Injusticias retributivas entre el personal altamente cualificado con respecto al personal de carácter auxiliar o de oficios: los empleados que ocupan puestos de trabajo de carácter administrativo o auxiliar (C1 y C2) y de oficios y conserjería (antiguo E) tienen, en general, unas retribuciones entre un 20 y un 30 por ciento superiores a las de sus homólogos en el sector privado. Hay algunos casos que las diferencias entre sector público y sector privado son mucho más acusadas como pueden ser, por ejemplo, los conductores de compañías públicas de transporte que pueden llegar a tener sistemas retributivos que son casi el doble del de sus equivalentes en el sector privado. En cambio, el personal que ocupa las escalas superiores (A1 y A2) tienen unas retribuciones que suelen ser equivalentes o más bajas que la de sus parejos en el sector privado. Pero en algunos casos, cuantitativamente muy importantes, las retribuciones de los técnicos superiores de las administraciones públicas están por encima del mercado privado. Este es el caso del personal docente (en todos sus niveles) y del personal sanitario con retribuciones superiores en un 20 por ciento a los del sector privado. Pero en otros ámbitos técnicos y, en especial, en los cuerpos de gestión las retribuciones públicas suelen ser más bajas que sus paralelas en el sector privado entre un 20 y un 30 por ciento.
-A salarios más bajos mayor presión sobre la estructura administrativa: como una parte importante de los técnicos superiores obtienen retribuciones relativamente bajas y como no existe implantada en España una auténtica carrera administrativa de carácter horizontal se produce en el sistema una enorme presión por crear más estructura (puestos de jefatura con niveles altos) de la objetivamente necesaria. Es decir, la precariedad de las tablas retributivas en algunos puestos de técnico superior se compensan con la creación de jefaturas artificiales que generan inflación orgánica y complican de manera injustificada los organigramas.
-Los paraísos retributivos: en el sistema público existen paraísos retributivos (administraciones públicas o ámbitos administrativos con retribuciones significativamente superiores a la media del sistema) totalmente injustificados a nivel profesional e institucional. Algunos ejemplos: el personal que presta sus servicios en las Cortes Generales y en los parlamentos autonómicos (aquí están incluidos el personal del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y sus homólogos autonómicos, además de Oficinas Antifraude como es el caso de Cataluña y el de Valencia), el personal de los organismos reguladores (Banco de España, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Consejo de Seguridad Nuclear, etc.), diversos puestos de las embajadas no ocupados por diplomáticos (consejeros de seguridad, de cultura, etc.). De manera menos acusada pero con privilegios retributivos en muchos casos: el personal de las Diputaciones Provinciales. Estos ámbitos públicos privilegiados se mal justifican por su relevancia simbólica (parlamentos) o simplemente carecen de justificación y son regalías que se asignan políticamente (como arquetipo los consejeros en las embajadas). Por ejemplo, un premio muy preciado por un comisario de la policía es lograr a ser consejero de seguridad en una embajada. Pasa de ser responsable de unas funciones muy delicadas y relevantes a hacerse cargo de unas tareas simbólicas de carácter muy menor. Pero la diferencia retributiva entre un puesto importante y otro intrascendente puede implicar multiplicar por tres o cuatro su salario si pasa a ocupar el puesto casi irrelevante. Son prebendas y privilegios que se conceden objetivamente por los buenos servicios prestados pero, desgraciadamente, también se utilizan como favores inconfesables de carácter político.
-La pésima referencia de las retribuciones de los puestos de carácter político: en España se ha impuestos un discurso social que ha edificado la impostura que los políticos que ocupan cargos en las administraciones públicas deben tener retribuciones bajas o muy bajas. Hay una carrera demagógica entre partidos políticos para ver quien propone y consigue retribuir menos a sus cargos políticos. Esta dinámica estrictamente política incide negativamente en las tablas retributivas de los empleados públicos profesionales.
Noticia relacionada: Expansión. Un funcionario del Estado cobra hasta 21.600 euros menos queuno de Cataluña o País Vasco
Etiquetas: @CarlesRamio, estructura salarial de los empleados públicos. retribuciones funcionarios
Víctor Almonacid: Las 10 excusas más tontas para no transformar digitalmente la Administración
Por Víctor Almonacid.- Blog Nosoloaytos.- Excusas o pretextos hay muchos, pero tras una meticulosa selección hemos identificado los 10 más desgarradores. Bienvenidos al maravilloso mundo de la resistencia al cambio. Ver video https://youtu.be/Q-W3OZOWbBI
2.- Peligra la legalidad y la seguridad jurídica. Cuanto menos resulta paradójico que cumpliendo la legalidad (Ley de procedimiento, Ley de transparencia, Ley de régimen jurídico, ENS, ENI…) peligre la legalidad.
3.- Peligra la LOPD. ¿Ah sí? ¿Qué artículo?
5.- La administración electrónica es cara. Mentira. No es cara y sí tiene un coste que, por definición, se amortiza rápidamente. La organización debe destinar recursos propios y, sobre todo si es pequeña, subvenciones, para cumplir sus obligaciones legales y sociales en la efectividad de los derechos electrónicos de los ciudadanos. Una vez implantados, los servicios electrónicos propician de forma natural una reducción de cargas administrativas para el usuario, y una reducción de costes para la propia Administración que se traducen en un menor gasto y en ocasiones incluso en mayores ingresos. Retorno de la inversión (RCA -> ROI). Pronto la administración electrónica “estará pagada”, y si alguien no se lo cree que pregunte en Picanya, Alzira o Catarroja…
9.- Ya no nos podemos equivocar. Es mucho más difícil rectificar. El procedimiento electrónico no permite sacar un decreto con fecha anterior a la de su emisión/firma, o completar un expediente cerrado con un documento que nos faltaba. Empezando por lo segundo no, no lo permite. En cuanto a lo de no equivocarse, dicen que errar es humano, pero si esto sirve para fijarse un poco más cuando hacemos el famoso “copiar y pegar”, bienvenido sea. Y sí, siempre se puede rectificar.
Etiquetas: acceso a la administración electrónica, administración 2.0, Blog Víctor Almonacid, resistencias digitales, Transformación Digital
"No es admisible que una Ley -LRSAL- que erosionaba gravemente la autonomía municipal se resuelva según cánones interpretativos construidos a través de sentencias recaídas en diferentes recursos de inconstitucionalidad planteados principalmente en defensa de competencias autonómicas"
Por Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- La pretendida reordenación de las mal denominadas como “competencias impropias”, luego redefinidas por el legislador (tras el tirón de orejas del Consejo de Estado) como “competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación” y, finalmente, vueltas a rebautizar por el Tribunal Constitucional (siguiendo algunas opiniones doctrinales: Francisco Velasco) como “competencias propias genéricas” (STC 41/2016), que se diferencian de las “competencias propias específicas” en el dato que estas son las reconocidas por el legislador sectorial como propias y aquellas son las que asume voluntariamente la entidad local siempre que no pongan en riesgo la sostenibilidad financiera de la Hacienda “municipal” en su conjunto y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público por otra Administración Pública, ha terminado por ser un fiasco rotundo que ha sido salvado por el Tribunal Constitucional poniendo énfasis en los trámites formales y olvidándose meridianamente de la debilidad manifiesta de la autonomía municipal que tales procedimientos comportan.
Sentencia sobre la autonomía local
Por otra parte, no cabe identificar los conceptos de «complementariedad» y «duplicidad». Ciertamente, la Ley 27/2013 no acota ni define los supuestos de «duplicidad» competencial; se limita a identificarlos con la «ejecución simultánea del mismo servicio público» por parte de dos Administraciones públicas. Pese a la indefinición normativa, un sencillo análisis semántico permite apreciar lo siguiente: una actividad «complementaria» en el sentido del antiguo artículo 28 LBRL no es, necesariamente, una actividad «duplicada» a efectos del nuevo artículo 7.4 LBRL, esto es, una tarea incursa por definición en la prohibición de «ejecución simultánea del mismo servicio público» por parte de varias Administraciones públicas.
Etiquetas: #Reforma local, autonomía local, competencias complementarias, competencias duplicadas, competencias impropias, competencias propias genéricas, de 21 de septiembre, LRSAL, STC 107/2017
Otro post de interés: Antonio Arias en blog Fiscalización.es: Orgullosos de los jueces, de la policía y de … ¡Hacienda!
Andrés Morey. en Tu Blog de la Administración Pública.- - Las tres últimas entradas han hecho que vuelva a pensar en temas que constituyen materia habitual de reflexión y que se conectan entre sí en los esquemas que forman mi idea de la función pública y del campo burocrático. Decía al hablar de los cuerpos de funcionarios que por su unidad e impenetrabilidad, en principio, constituían una barrera a la politización, lo que se puede considerar un aspecto favorable en cuanto a que ello implique la profesionalidad y la neutralidad de los funcionarios del cuerpo correspondiente.
Como factor negativo, en cambio, había que considerar el que los intereses corporativos pusieran distorsionar a los generales. Este aspecto negativo también he señalado que, vistas las consecuencias de la politización actual, ha resultado mucho menor que las de dicha politización que ha afectado gravemente al principio de legalidad.
Cúpula organizativa
Etiquetas: directivos públicos, funcionarios
El Anteproyecto de Ley de Empleo Público Vasco es una revisión completa de la normativa de función pública vigente desde hace 25 años y permitirá modernizar el régimen y funcionamiento de las 110.000 personas que actualmente trabajan en los ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco y UPV-EHU
Nota del gobierno Vasco.- El Gobierno Vasco presentó el pasado lunes a las centrales sindicales el primer borrador del Anteproyecto de Ley de Empleo Público Vasco que se encuentra, en estos momentos, en fase inicial de tramitación. El texto, propone una actualización del sistema de empleo público, regulado hace 25 años en la Ley de Función Pública, vigente desde el año 1989. Su ámbito de aplicación se extiende a las 110.000 personas que, trabajan en los tres niveles institucionales:
El texto, presentado a las centrales sindicales entronca, directamente, con el ambicioso proceso de racionalización y modernización de la Administración Pública Vasca. Tal y como ha señalado el Viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, tiene el objetivo de “introducir aquellos elementos básicos de innovación que hagan del empleo público una institución con alto grado de profesionalización, imparcial y responsable por la gestión de sus resultados”. El Gobierno Vasco considera necesario aprobar un nuevo marco normativo para “crear una administración pública más eficiente, eficaz y próxima a la ciudadanía, que demanda un trato acorde a los nuevos y exigentes criterios de Gobernanza Pública”.
• la selección y formación del personal empleado público
• la adquisición y pérdida de la condición de funcionario
• la provisión de puestos de trabajo y movilidad
• el sistema retributivo y derechos y deberes
• el código de conducta e incompatibilidades
• el régimen disciplinario
• la normalización lingüística del personal empleado público vasco y de las situaciones administrativas del personal funcionario
Con todas las propuestas, el Gobierno elaborará el borrador final y convocará al “Consejo Vasco de la Función Pública”, el órgano consultivo que coordina todas las medidas en materia de función pública de todas las administraciones vascas. En él están representadas el Gobierno, las tres diputaciones forales, EUDEL, y las centrales sindicales mayoritarias en las administraciones públicas vascas.
Otro post de interés. Blog Hay Derecho: Las “recolocaciones” de Cifuentes: unas prácticas poco regeneradoras.
Etiquetas: Andrés Zearreta, Cristina Cifuentes, Ley de Empleo Público Vasco
Otro post de interés. Julio González en Blog Global Politics and Law
Por Santiago González-Vara Ibáñez en Blog EsPúblico.- En el contexto de la crisis económica pueden producirse necesidades de ampliar el plazo de la ejecución de los contratos, así de obras. Además de informar del régimen jurídico de la nueva Ley de contratos del Sector Público, de noviembre de 2017 (LCSP), planteamos el problema de si se pueden otorgar las ampliaciones cuando se solicitan tardíamente por el contratista.
En principio, la regulación en la LCSP se contempla en el artículo 195, junto a la resolución por demora: «si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor».
Con anterioridad a esta LCSP 2017, se venía hablando de “prórroga” al contratista en el marco de la ejecución de los contratos. Ahora se habla de ampliación del plazo de ejecución de los contratos, seguramente para distinguir el supuesto de aquel otro caso relativo a la “prórroga” que se regula en el marco de la duración de los contratos en el artículo 29 de la LCSP 2017.
Las condiciones para la operatividad de esta prórroga reglada se concretan en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estableciendo entre otras cosas que «la petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido» (…). En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato».
Efectivamente, de la legislación contractual se deduce que, para que la Administración tenga la obligación de conceder ampliación del plazo de ejecución, han de reunirse dos requisitos cumulativamente: a) Que la causa de la demora no sea imputable al contratista. b) Que el contratista formule la solicitud dentro del plazo de quince días desde que se produzca la causa originaria del retraso, señalando el tiempo probable de duración y ofreciendo cumplir sus compromisos con la prórroga que se solicita. Este artículo continúa la línea del artículo 140 del RCE 3410/1975 anterior, con dos únicas salvedades: por una parte se ha reducido ese plazo para solicitar la prórroga por el contratista de un mes a quince días; y, por otra parte, se ha introducido como supuesto con un tratamiento excepcional el de la concesión de la prórroga cuando la solicitud haya tenido lugar dentro del último mes de ejecución del contrato.
1.- Por tanto, primera incidencia: en el caso de que se cumplan ambos requisitos, la Administración viene obligada a conceder la prórroga solicitada, por ser ésta reglada. En este contexto de la ampliación de plazo reglada, resulta ilustrativa la STSJ de Cataluña de 19 de junio de 1990, que a su vez se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y donde se declara que «ha de estimarse incumplido el plazo antes referido, que constituye, como vimos, uno de los requisitos precisos para la viabilidad de la solicitud de prórroga» (nos remitimos a su lectura).
2.- Segunda incidencia: entendemos que si la ampliación de plazo se solicita tardíamente, la Administración “puede” denegar dicha ampliación (será en un contexto en que interese la resolución). Lo pone en evidencia el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 727/2013 de 21 de noviembre de 2013, que justifica la denegación de la prórroga solicitada por el contratista porque se solicitó fuera de plazo, en tal contexto de fundamentar una resolución contractual.
3.- Por tanto, tercera incidencia: si la ampliación de plazo se solicita tardíamente, la Administración “podrá” no denegar dicha ampliación. Y ello porque esta potestad que estamos comentando ha de entenderse en el contexto de las demás potestades relacionadas con la situación de demora de los plazos por el contratista (imposición de penalidades o resolución) de modo que la Administración podrá, en el caso concreto, optar por la conservación del contrato y por tanto por su no resolución, accediendo a la prórroga solicitada tardíamente por el contratista. Desde luego, esta interpretación supone, primero, relativizar el carácter esencial del plazo del citado artículo 100 (en este contexto, artículo 73 de la LPAC 39/2015; SAN de 20 de septiembre de 2006, FJ 3º), pero parece lo más conveniente para el interés público, a fin de que la Administración pueda valorar la posibilidad de prorrogarlo en todo caso en atención a las circunstancias del caso concreto. Esta interpretación, segundo, es acorde al hecho de que se admitan incluso prórrogas tácitas en el contexto de las ejecuciones contractuales (F. CASTRO ABELLA, director, Contratación del sector público local, 2ª ed. Madrid 2010 p.1019; STS de 20 de junio de 1994 RJ 1994\4993). O a los fallos por los que se afirma que, pese a presentarse fuera de plazo la prórroga, esta ha de otorgarse al no ser un plazo esencial (STS de 15 de abril de 2014 recurso 5552/2011, si bien en materia no contractual).
Más allá del incumplimiento del tema formal del plazo considérese que el artículo 195 de la nueva LCSP habla de que, se concederá la ampliación del plazo «si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista», planteándose el debate en general de si se puede también otorgar tal ampliación del plazo cuando sea esta la mejor solución para los intereses públicos aun cuando en puridad pudiera imputarse al contratista el retraso. Cierto que las cuestiones de interpretación como esta, siempre se pueden resolver con pluma municipal hábil, razonando que el contratista no es culpable de la situación, pero así todo se plantea la cuestión cuando sea el caso.
4.- Y finalmente, una cosa diferente es que un tercero ajeno a la relación contractual pretenda atribuirse el derecho a exigir a la Administración que no prorrogue el contrato por el hecho de haberse solicitado tardíamente la prórroga por el contratista. Piénsese que este articulado se aplica también a las obras de urbanización donde puede haber propietarios contrarios a la ejecución de tales obras. La regla general será la falta de legitimación en tales casos. En general todas estas potestades tienen generalmente difícil fiscalización, considerando que no será fácil que alguien ajeno a la relación contractual quiera imponer consecuencias negativas para el contratista, que la propia Administración no quiere disponer.
*Santiago González-Vara Ibáñez es Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Alicante (2002). Realiza habitualmente labores de asesoramiento a Ayuntamientos, así como contencioso-administrativo. Ver todos sus artículos en Blog EsPúblico
Etiquetas: ampliación de plazos, contratos, LCSP, prórrogas, Santiago González-Vara Ibáñez

References: artículo 28
 artículo 7
 artículo 195
 resolución 
 artículo 29
 artículo 100
 Real Decreto 
 artículo 95
 resolución 
 artículo 140
 resolución 
 artículo 100
 artículo 73
 artículo 195