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Timestamp: 2018-09-19 23:46:40+00:00

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Protección normativa e institucional de niños y niñas frente a la violencia by Save the Children - Issuu
PROTECCIÓN NORMATIVA E INSTITUCIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS FRENTE A LA VIOLENCIA Aplicación de la herramienta de indicadores sobre el marco normativo e institucional para la protección integral y frente a la violencia desde una perspectiva de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en Perú 1
Informe Síntesis Aplicación de la herramienta de indicadores sobre el marco normativo e institucional para la protección integral y frente a la violencia desde una perspectiva de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en Perú.
PROTECCIÓN NORMATIVA E INSTITUCIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS FRENTE A LA VIOLENCIA Aplicación de la herramienta de indicadores sobre el marco normativo e institucional para la protección integral y frente a la violencia desde una perspectiva de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en Perú.
Elaborado por: Nelly Claux Alfaro Cristian Sipión Villafana En Coordinación con Save the Children Perú: Claudio Bonatto Victoria Rico Diseño y diagramación: Gonzalo Nieto Degregori Julio 2016 Lima, Perú
Save the Children International Calle La Santa María N° 120, San Isidro, Lima – Perú Teléfono: 51 1 422 9292 info.peru@savethechildren.org.pe www.savethechildren.org
Esta publicación cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo – AECID, en el marco del Convenio 10-CO1-061 “Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fortalecimiento de los sistemas de protección nacional de la niñez, con componentes de prevención atención y rehabilitación para casos de abuso, violencia y negligencia, en Ecuador y Perú”. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Save the Children y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo – AECID.
Introducción	4 1.1	Antecedentes	5 1.2	La Herramienta	6 metodología	7 2.1.	Entrevistas.	8 2.2.	Información secundaria	8 Informe de Indicadores	9 3.1.	Dominio 1. El Marco Normativo Internacional	10
Indicador 1.1: Ratificación tratados de derechos humanos relevantes para los derechos de la niñez	10 Indicador 1.2: Mecanismos de incorporación de los tratados de derechos humanos en el derecho doméstico	11 3.2.	Dominio 2 – Marco Normativo Nacional	11 Indicador 2.1: Marco legal de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia	11 Indicador 2.2: Institucionalidad para la protección de los derechos de la niñez.	12 3.3.	Dominio 3 - Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez	13 Indicador 3.1: Rectoría	13 Indicador 3.2: Descentralización (formal prevista en marco normativo).	14 Indicador 3.3: Descentralización (instalación del sistema de protección a nivel local)	16 Indicador 3.4: Participación de la sociedad civil	19 Indicador 3.5: Participación de niños	22 Indicador 3.6: Presupuesto (Funcionamiento del sistema)	24 Indicador 3.7: Presupuesto (instalación del sistema)	27 Indicador 3.8: Institución Nacional independiente de Derechos Humanos en la Promoción y Protección de los Derechos del Niño	27 Indicador 3.9: Sistema de información estadística	28
3.4.	Dominio 4 – Sistema de Protección contra la violencia (Art 19 CDN)	32
Indicador 4.1: Indicador 4.2: Indicador 4.3: Indicador 4.4: Indicador 4.5: Indicador 4.6: Indicador 4.7: Indicador 4.8: Indicador 4.9: Indicador 4.10: Indicador 4.11: Indicador 4.12: Indicador 4.13: Indicador 4.14: Indicador 4.15: Indicador 4.16:
Sub-Sistema para la protección a la niñez en casos de abuso, negligencia y explotación	32 Prohibición normativa del castigo corporal en todos los ámbitos	34 Prohibición normativa de todo tipo de violencia contra los niños y las niñas.	36 Política pública de prevención de la violencia	38
Descentralización	Mecanismo de denuncia	Circuito institucional de adopción de medidas de protección integral y de excepción	Control y revisión administrativa y judicial de las medidas de carácter excepcional	Interés superior	Participación de niños	Marco regulatorio y supervisión entidades de prevención, protección y atención de la sociedad civil	Recursos humanos adecuados	Gestión de casos	Presupuesto	Protección comunitaria basada en la comunidad	Sistema de información estadística (Sub-Sistema protección contra la violencia)
4.	Conclusiones	5.	Referencias Bibliográficas
39 41 43 44 45 45 47 48 50 51 51 55
1.1	Antecedentes En el ámbito de América Latina y El Caribe, las organizaciones globales promotoras y defensoras de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes (NNA), Plan Internacional, Save the Children International y Unicef, han desarrollado una propuesta de herramienta de indicadores para medir el cumplimiento de los Estados de la instalación de un sistema de protección integral de derechos de la niñez y de protección frente a la violencia. Esta herramienta está siendo aplicada y validada en tres países, El Salvador, Panamá y Perú. Este informe es sobre la aplicación en el Perú. La herramienta está enfocada en medir el marco normativo e institucional para la protección integral de los derechos de los NNA así como de la protección frente a la violencia. Está inspirada en el Artículo 4° de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) 1 y en la Observación General N° 5 sobre las Medidas Generales de aplicación de la CDN que identifica las disposiciones que los Estados deben adoptar para el disfrute de los derechos: “promulgación de disposiciones legislativas; el establecimiento de órganos de coordinación y supervisión, tanto gubernamentales como independientes; la reunión de datos de gran alcance; la concienciación; la formación; la formulación y aplicación de las políticas; y, los servicios y programas apropiados”. 2 La intención de las tres instituciones es contribuir, desde América Latina, con la elaboración de una caracterización o tipología de los sistemas de protección, proceso ya iniciado a nivel
global. Tras el análisis de los marcos jurídicos e institucionales que tratan de los asuntos de niñez y adolescencia en los países de América Latina y El Caribe, Morlachetti (2015) 3 identifica tres modelos de sistemas de protección a la niñez existentes en la región latinoamericana y caribeña, cuyas características definen las tipologías de mayor o menor acercamiento al paradigma de la CDN. Considera factible que la CDN sea el instrumento de referencia para construir la tipología, ya que todos los países la han firmado y ratificado, sin embargo, su real vigencia depende de cuán “internalizada” esté (Morlachetti 2015). Los tres modelos de sistemas identificados son, el tutelar, el mixto y el que responde al enfoque de derechos. De alguna manera indica un proceso de tránsito desde una situación previa a la Convención a su plena aplicación. El modelo tutelar carece de una norma y de un marco institucional adecuados para aplicar la CDN. El mixto, a pesar de haber producido cambios jurídicos e institucionales, aún mantiene prácticas tutelares y no se conciben a los niños y niñas como sujetos de derecho. En el modelo basado en el enfoque de derechos, la CDN ha sido el eje de cambios significativos normativos e institucionales, incluye una institución rectora y articuladora, mecanismos de participación de la sociedad civil, estructuras descentralizadas, presupuestos adecuados y prácticas de monitoreo y rendición de cuentas. (Morlachetti 2015). La herramienta de indicadores basados en derechos para medir y evaluar los niveles de progreso en la implementación de sistemas nacionales de protección integral a los niños y las niñas y de protección contra la violencia permitirá obtener un perfil de la
Artículo 4 de la CDN indica que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”
Observación general Nº 5, CRC/GC/2003/5, párr. 9, pág. 04
Morlachetti, Alejandro.- Hacia una medición de los sistemas de protección de la niñez y la adolescencia en América Latina y el Caribe (2015)
situación de la región con respecto a la niñez. Este es un informe de su aplicación y validación.
1.2	La Herramienta La herramienta consta de 29 indicadores organizados en 4 dominios. Los dos primeros tratan sobre el marco normativo e institucional que miden el compromiso de los países con el marco jurídico internacional de derechos humanos y su aplicación interna. A su vez, estos dominios son un marco referencial de los dos siguientes. El tercero está enfocado en medir cuán presente está en la norma las indicaciones para una organización estatal que garantice la realización integral de los derechos, la aplicación de la CDN. Es decir, si se dictamina la existencia de una institución rectora y articuladora; de estructuras descentralizadas; de mecanismos de participación de la sociedad civil; de presupuestos adecuados; y, de prácticas de monitoreo y rendición de cuentas. El cuarto dominio está enfocado en el sistema de protección a los niños y las niñas ante la violencia. En alguna medida se repiten los indicadores pero enfocados en esta temática. Para cada indicador se han definido estándares y pautas que son clave para establecer el nivel logrado en relación con los modelos de sistema de protección descritos en la tipología. Los indicadores están referidos principalmente a los aspectos normativos y de la estructura estatal. Sin embargo, también incluyen aspectos que indicarían
el fortalecimiento de las instituciones en recursos humanos y financieros para estos propósitos, tales como la formación de funcionarios y operadores públicos y la asignación de presupuestos. Para cada indicador se han establecido estándares que permiten visualizar su grado de acercamiento a lo que se espera de un modelo de gobernanza con enfoque de derechos. En este sentido lo que interesa observar es el proceso de tránsito hacia el tercer modelo de la tipología. Los indicadores en esta herramienta no están diseñados para medir los resultados en la vida de los niños y de las niñas. Algunos, principalmente en los dos primeros dominios, son cuantitativos ya que están referidos a las ratificaciones del marco jurídico internacional en derechos humanos y la normatividad nacional que se desprende de estas ratificaciones. Sin embargo, la mayoría son indicadores cualitativos y los estándares están relacionados con los contenidos de la CDN y otros tratados internacionales. Finalmente, el esquema de medición consiste en establecer la situación de cada indicador en 4 niveles de cumplimiento de los estándares como fórmula de medición. En muchos casos se definen los niveles por la existencia de algún mecanismo que signifique una situación cualitativamente superior de acercamiento al paradigma de la CDN. Sin embargo en términos generales la propuesta es que en el Nivel 1 no se cumple con los estándares; en el Nivel 2 se cumple con algunos; en el Nivel 3, se cumple con gran parte, pero no con todos; y, en Nivel 4 se cumple con todos o se está en una situación deseada.
2.	Metodología 8
La metodología utilizada para la elaboración de este estudio consistió en la lectura de la normativa, de documentos legales, estudios e informes de diversas fuentes que están listadas en la sección “Referencias Bibliográficas”.
Ministerio Público de Huánuco
La Asociación Paz y Esperanza
Asimismo se entrevistó a diversas personas de instituciones clave involucradas en la defensa de los derechos de los niños y las niñas y también a autoridades y funcionarios públicos de instituciones públicas y privadas en la región Huánuco como referencia del proceso de descentralización del sistema de protección integral.
El Centro de Emergencia Mujer de Huánuco
2.1	Entrevistas. En el ámbito nacional se entrevistaron a dos funcionarios de la Adjuntía de niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, a dos de UNICEF y a un miembro de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. En el Departamento de Huánuco se entrevistó a funcionarios de las siguientes instituciones: q	Niñas y niños de las Organización “Yo tengo algo que Decir” y a Ex alcaldesa de Municipio Escolar. q
q Grupo de Infancia de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza q
Gerente y Sub-Gerente de Desarrollo Social de Huánuco
q	Programa Yachay en Huánuco
2.2	Información secundaria u
De fuentes secundarias q	Resoluciones Legislativas de suscripción a los tratados internacionales q	La normativa nacional relacionada con los derechos humanos, en particular los de protección a la niñez y las de protección frente a la violencia. q	Referencias bibliográficas (políticas, planes regionales y locales, estrategias y programas locales para la infancia y otros). q	Informes nacionales oficiales y alternativos sobre derechos humanos. q	Legislación en los ámbitos regionales y locales q	Plan Nacional de Acción por la Infancia 2012 – 2021 q Informes Defensoriales y Documentos de trabajo de la Defensoría del Pueblo. q	Ley 30364 del 22 de noviembre de 2015 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. q	Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al Estado peruano.
3.	Informes de indicadores 10
3.1	Dominio 1. El Marco Normativo Internacional Indicador 1.1:	Ratificación tratados de derechos humanos relevantes para los derechos de la niñez El Perú ha ratificado todos los tratados, protocolos y convenciones internacionales de derechos humanos, incluidos los referidos a los niños y las niñas que están considerados en los estándares del indicador. Según la fórmula de cálculo, se concluye que el Perú se encuentra en el Nivel 4. Sin embargo, existe la preocupación por la no ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico que no está en la lista de la herramienta. q	Ratifica la Convención de Derechos del Niño q	Ratifica el Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados q	Ratifica el Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía
Procedimiento de Comunicaciones q	Ratifica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. q	Ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos q	Ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos q	Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de q	Discriminación Racial q	Ratifica la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer q	Ratifica la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes q	Ratifica la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares q	Ratifica el Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
q	Ratifica el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un
q	Ratifica el Convenio OIT 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo
P	Nivel 1.- Se ha ratificado la CDN, más de uno de uno de los protocolos, la CEDAW y menos del 50% de los tratados. P	Nivel 2.- Se ha ratificado la CDN, la CEDAW, entre 50% y 70% de los tratados y los dos primeros protocolos de la CDN. P	Nivel 3.- Se han ratificado más del 70% de los tratados incluyendo la CDN, CEDAW y los tres protocolos. P	Nivel 4.- Se han ratificado todos los tratados.
q	Ratifica el Convenio OIT 182 Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil q	Ratifica el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional
q	Ratifica el Convenio de La Haya del 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de adopción internacional q	Ratifica el Convenio La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de Menores
Indicador 1.2:	Mecanismos de incorporación de los tratados de derechos humanos en el derecho doméstico La inclusión de los tratados, protocolos y convenciones internacionales en el derecho nacional está determinada en la Constitución en el Capítulo II del Título II y se detalla la modalidad entre los artículos 55 y 57.Además, en el artículo 44 se pone de manifiesto que “constituye obligación del Estado peruano garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos” y en la Cuarta Disposición Final y Transitoria dispone que las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- Los tratados de derechos humanos no son obligatorios a nivel interno ni pueden ser invocados en los tribunales de justicia No cumple con ninguno de los tres estándares). P	Nivel 2.- Algunos artículos la CDN han sido declarados y/o utilizados por los tribunales de justicia o la legislación como obligatorios y vigentes en el país (Cumple solo con el estándar N° 3). P	Nivel 3.- Existe legislación inferior a la Constitución que determina que la CDN es obligatoria, (Cumple la N° 2 y N° 3). P	Nivel 4.- La constitución y/o jurisprudencia del máximo tribunal de justicia (Corte Suprema, Corte Constitucional, etc.) determina que los tratados de derechos humanos son obligatorios a partir de la ratificación de la CDN tratado y pueden ser invocados en los tribunales de justicia (Cumple la N° 1).
Universal de los Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. En consecuencia se concluye que en relación con este indicador, el Perú se encuentra en el nivel 4, el óptimo.
3.2 Dominio 2: Marco Normativo Nacional Indicador 2.1: Marco legal de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia En el Perú, el marco legal específico es el Código del niño y del adolescente. El Código incorpora algunos aspectos de la CDN, pero mantiene conceptos y artículos que responden al paradigma de la situación irregular. También define el Sistema Nacional de Atención Integral a NNA (SNAINNA) y a las entidades que lo conforman, pero no tiene correspondencia con la realidad. Desde hace aproximadamente 7 años está en revisión. La mayor preocupación sobre el Código es que se aleja de la CDN en los aspectos referidos al sistema de protección, la
participación de los niños y las niñas, adopciones y justicia juvenil. Aunque el marco legal integral especializado existe, concluimos que en el Perú el indicador llega hasta el nivel 2 debido a que el Código aún mantiene artículos que no son consistentes con la CDN y porque, aunque incluye la designación de responsabilidades, incluida la rectoría, lo contenido no está vigente. Por otro lado se observa que el marco jurídico nacional es más amplio que el Código de los niños y los adolescentes y que éste ha variado en la medida que existen estas nuevas leyes, como la que prohíbe el castigo físico y humillante. Sin embargo,
Fórmula de cálculo Nivel 1.- No existe un marco legal específico de carácter integral P Nivel 2.- Existe un marco legal pero solo se dan los supuestos de los puntos 2 y 3 P Nivel 3.- Existe un marco legal y se dan de todos los supuestos (puntos 2, 3 y 4) P Nivel 4.- Existe un marco legal en el que se dan todos los supuestos (puntos 2, 3 y 4) que incluye una ley específica para la protección de los derechos de la niñez. P
los aspectos referidos al SNAINNA aún no han sido actualizados.
Indicador 2.2: Institucionalidad para la protección de los derechos de la niñez. El sistema nacional de atención integral a la niñez y la adolescencia (SNAINNA) fue creado mediante La Ley N° 26518 (Código del niño y del adolescente) y reglamentado mediante Decreto Supremo N° 018-096-PRES. Además del Código, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
Fórmula de cálculo P	Nivel 1 No existe una institucionalidad especializada para la protección de la niñez (no contienen ninguna de los criterios anteriores) P	Nivel 2.- Existe una institucionalidad amparada por una normativa administrativa (1 y 4) P	Nivel 3 Existe una institucionalidad que está amparado de rango inferior a la ley (1 y 3) P	Nivel 4.- Existe una institucionalidad y está suficientemente amparada por la legislación (creada por la propia ley de protección integral y/o código con competencias y funciones) (1,2 y3)
la Ley Orgánica de Municipalidades incluyen las instituciones que en los ámbitos locales se encargarían de la protección de los derechos de la niñez.
3.3	Dominio 3: Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez
Sin embargo, el SNAINNA no se puede visualizar claramente y en términos reales, se podría decir que no existe. Aunque el sistema esté en la norma, lo que existen son sectores y programas sociales interviniendo en las regiones y en el ámbito nacional de manera dispersa y fragmentada dirigida por diversos Ministerios.
En el Perú se cumplen cuatro de los seis estándares definidos para este indicador sobre la rectoría. Según la fórmula de cálculo se concluye que se encuentra en el nivel 2. Esta conclusión se basa en la medición formal del indicador que no contempla muchos aspectos cualitativos. Por ejemplo, la existencia de un mecanismo de coordinación multisectorial no debe medirse únicamente por su presencia en el marco jurídico sino por aquello que demuestre su situación de “permanente” en actividad.
La rectoría institucional ha ido reduciendo su estatus y por lo tanto su capacidad efectiva de brindar un “tratamiento sistémico y concertado entre las diversas entidades involucradas y los niveles de gobierno que respondan a las distintas realidades, necesidades y demandas que enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes del país” (Defensoría del Pueblo, 2011)4. Los cambios de estatus de la entidad rectora ha debilitado la institucionalidad para la protección integral de derechos en todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local), así como la articulación y coordinación intersectorial. En los ámbitos regionales y locales, las leyes orgánicas de gobiernos regionales y municipales consideran los Consejos Regionales y Municipales de Derechos del NNA (COREDENA y los COMUDENA) así como las Defensorías Municipales de NNA (DEMUNA) que no están instalados en todos los lugares.
Indicador 3.1: Rectoría
La Rectoría, y como parte de ella la coordinación intersectorial e interinstitucional, ha sido tema de preocupación del Comité de Derechos del Niño en las cuatro observaciones emitidas al Estado peruano en 1993, 2000, 2006 y 2016.5 Como indica la Defensoría del Pueblo, es indispensable reforzar el rol del ente rector del Sistema Nacional de Atención a la Infancia y la Adolescencia al igual que el de los sectores que lo conforman. (DP, 2011)6. Debido a su debilidad, las políticas que abordan las problemáticas de la niñez son sectoriales y brindan un tratamiento que opera de manera desvinculada de los otros sectores y entidades involucradas. (DP, 2011) . La estructura que tiene el MIMP no ayuda porque tener dos Vice-Ministerios, uno de mujer y otro de
Por tal motivo, aunque la institucionalidad especializada esté creada por Ley con funciones y competencias, no se puede concluir que el Perú se encuentre en el nivel óptimo. Se considera que ha llegado al segundo nivel que encarga la rectoría a la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Defensoría del Pueblo.- Documento N° 15.-Serie Documentos Defensoriales.(2011)
P	Nivel 1.- No se cumplen con ninguno de los 6 estándares enunciados P	Nivel 2.- Se cumple con el punto 1 y al menos dos estándares del 2 al 6 P	Nivel 3.- Se cumple con el punto1 y al menos cuatro estándares del 2 al 6 P	Nivel 4.- Se cumple con todos los estándares
todas las demás poblaciones vulnerables coloca a los niños y niñas sin una especificidad. Sin embargo, en los términos de los estándares para este indicador, en el Perú existe una rectoría reconocida formalmente como tal en el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable (MIMP).A su vez, el MIMP ha creado una Dirección General de niños, niñas y adolescentes, como Secretaría Técnica en materia de infancia. Su creación está sustentada en la Constitución Política del Perú, la misma CDN, el Código de los niños y los adolescentes (Ley N° 27337) y la Ley de Creación del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente (Ley N° 26518). Aunque dentro de sus funciones están las de la interlocución con otros sectores de gobierno, éstas requieren de la presencia del Vice-Ministro de personas vulnerables y en muchos casos de la instancia Ministerial. En este sentido, los temas de infancia “compiten” con otras temáticas, debilitando la especialización. La organización interna del MIMP es también una barrera para fortalecer la prioridad de la infancia. Las funciones se cruzan entre las distintas áreas de la organización volviendo difusa la responsabilidad. La Dirección General cuenta con recursos humanos y financieros muy limitados para el ejercicio de sus funciones. En conclusión no se cumplen los estándares de nivel de jerarquía y recursos adecuados.
Indicador 3.2: Descentralización (formal prevista en marco normativo). La herramienta considera 8 estándares para medir el grado en que se ha legislado la descentralización
Defensoría del Pueblo.- Documento N° 15 (2011).-Serie Documentos Defensoriales, pág. 36. Ídem, pág. 236 y 237
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No se cumplen ninguno de los criterios establecidos del punto 1 al 8 P	Nivel 2.- Se cumplen al menos tres de los criterios incluyendo al menos algunos de los supuestos de los puntos 1 al 3 P	Nivel 3.- Se cumplen al menos cinco de los criterios incluyendo al menos dos de los supuestos descriptos en los puntos 1 al 3 P	Nivel 4.- Se cumplen dos de los criterios del punto 1 al 3 y todos los supuestos descriptos en los puntos del 4 al 8
del sistema de protección. En el Perú, la norma incluye seis de estos estándares. Los dos que no muestran progreso son, la instancia de concertación que involucre a distintos niveles de gobierno (local, regional y nacional) para acordar la gestión y estructura para el SNAINNA y la existencia de un fondo que financie la instalación del sistema en los distintos niveles de gobierno. Es por ello que se concluye que el Perú se encuentra en el nivel 3 en este indicador. La descentralización como proceso organizativo del Estado está contenida en la Constitución (Capítulo 14, artículos 188 al 199).Tanto en ella como en la Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783), se considera el principio de gradualidad.7 A pesar de haberse consolidado como hecho irreversible, la descentralización es todavía inconclusa. El Código del Niño y del Adolescente (Artículo 31 del Código) dice: “Los gobiernos regionales y gobiernos locales establecerán en sus respectivas jurisdicciones entidades técnicas semejantes al Ente
Rector del Sistema Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia, las que tendrán a su cargo la normatividad, los registros, la supervisión y la evaluación de las acciones que desarrollan las instancias ejecutivas”. La forma prevista en la Directiva Ministerial que le dio origen, es la de órganos consultivos y de apoyo a la Gestión Municipal, instancias descentralizadas del Ente Rector a nivel local8. Estos son los COMUDENA que deberían actuar de manera concertada y que se relacionan directamente con las Defensorías del niño y del adolescente. Sin embargo, para los COMUDENA no se han identificado acciones de coordinación en los diferentes niveles de gobierno. Esto debilita el proceso de descentralización en materia de infancia en el país.Al respecto la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros ha elaborado un documento de trabajo orientador para fortalecer la articulación y coordinación interestatal como nuevo enfoque que permita fortalecer la gestión descentralizada.9 En las leyes orgánicas, tanto de gobiernos regionales como de las municipalidades se observan claramente las funciones relacionadas con la infancia y la adolescencia. En estas leyes se incluyen mecanismos estructurales, competencias y funciones específicas para la atención integral a la niñez y la adolescencia. Las Defensorías Municipales de Derechos del Niño y del Adolescente (DEMUNA) en distritos y provincias forman parte del organigrama municipal en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972)10. Las Municipalidades Provinciales tienen la función de regular a las DEMUNA (inciso 1.3 del Artículo 84 de la Ley 27972) y las distritales de organizar e implementarlas (inciso 2.4 del Artículo 84 de la Ley 27972).
Ley de Bases para la Descentralización N° 27783.-Artículo 4.- Principios Generales, inciso g) Es gradual: El proceso de descentralización se realiza por etapas en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada y clara asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales, evitando la duplicidad.(pag.3) 8.	Directiva Nº 011-2000-PROMUDEH/GPNA1 (R.M. Nº 141-2000-PROMUDEH) 9.	Resolución Ministerial N° 006-2016-PCM del 18 de enero de 2016. 10	Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.- En el capítulo II sobre Competencias y funciones específicas, Artículo 84 sobre Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos.(pag. 37)
En el PNAIA, se indica que los gobiernos regionales deben elaborar sus propios Planes regionales de Acción por la Infancia y los gobiernos locales deben instalar DEMUNA. Un aspecto adicional de importancia es que se asigna al MIMP la función de coordinación para el cumplimiento de las funciones de la entidad técnica regional y local. Adicionalmente el MIMP ha aprobado un Plan Anual de Transferencias y Desarrollo de la Gestión Descentralizada 2016 mediante el cual promoverá la instalación de la institucionalidad rectora del SNAINNA en las regiones. No se evidencia la existencia de presupuesto para la instalación del sistema en los ámbitos regionales y locales. Solamente para la construcción de DEMUNAs en las provincias y distritos, el Ministerio de Economía y Finanzas ha aprobado un monto de los fondos de Incentivos Municipales.
Asimismo, a inicios del 2016, la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante Resolución Ministerial, ha aprobado un Documento de Trabajo para el Desarrollo de las Capacidades Institucionales para un nuevo enfoque para el fortalecimiento institucional para la Gestión Descentralizada.
Indicador 3.3: Descentralización (instalación del sistema de protección a nivel local) Este indicador está relacionado con el anterior y pretende medir si en los ámbitos regionales y locales se han instalado políticas públicas hacia la infancia, si se ha instalado un sistema de protección integral a la niñez y si se está destinando presupuestos adecuados para el sistema. Al respecto, el Perú aspira a que en el año 2021, todos los Gobiernos Regionales hayan aprobado su Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia;
Fórmula de cálculo Nivel 1.- Se ha instalado menos de un 30 % de la institucionalidad local prevista P Nivel 2.- Se ha instalado entre un 30 y 60% de la institucionalidad local prevista P Nivel 3.- Se ha instalado entre un 60% y 90% de la institucionalidad local prevista P Nivel 4.- Se ha instalado más del 90 % de la institucionalidad local previstas P
que hayan incrementado su presupuesto público para la infancia; y que todas las provincias y distritos cuenten con una Defensoría Municipal (DEMUNA) dentro de la estructura orgánica de la municipalidad.
•	Porcentaje del presupuesto público asignado a la infancia y adolescencia por los Gobiernos Regionales. •	Porcentaje de Gobiernos Regionales con un Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia aprobado •	Porcentaje de provincias y distritos que cuentan con una DEMUNA dentro de la estructura orgánica de la institución.
El progreso hacia estos resultados es medido con los indicadores siguientes: Tomando en consideración los indicadores del Plan Nacional de Acción por la Infancia, se concluye que el Perú se encuentra en el primer nivel en cuanto al incremento del presupuesto y en el tercer nivel en cuanto a la planificación y en cuanto a la instalación de DEMUNA. Sin embargo, no podríamos considerar que el Perú se encuentre en el Nivel 1 de descentralización de competencias, particularmente en relación con los programas sociales que dependen del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (MIDIS) y las competencias de protección para casos de restitución de derechos y abandono. El MIMP informa avances en los tres indicadores: El Presupuesto “En el 2014, el presupuesto público dirigido a la implementación del PNAIA tuvo un incrementó de 11% respecto al 2013, equivalente al 3.8% del PBI; 15.4% del presupuesto público total; 33.9% del gasto social; y, 76.9% del gasto público en niñez y adolescencia”.11 El crecimiento del presupuesto público destinado a los NNA es de 7% y se ha ejecutado 90%. En los tres años que viene ejecutándose el PNAIA, se han incorporado 22 programas presupuestales por resultados dirigidos a la niñez y adolescencia. La información sobre el presupuesto y el gasto en la niñez no está referida a los gobiernos regionales y locales, por lo que poco se puede decir en cuanto al gasto descentralizado. El MIMP considera como limitación, la deficiente articulación entre sectores y los distintos niveles de gobierno (regional y local) y la desvinculación de los planes a un presupuesto que permita medir cuánto gasta un gobierno regional o un sector en una región.12 Planes Regionales de Acción por la Infancia y la Adolescencia Al año 2014, el Perú tenía aprobados 15 Planes Regionales de Acción por la Infancia actualizados y tres en proceso de aprobación (Lima, Tacna y Madre de Dios). De estos planes, tres se aprobaron en el año 2013 (Loreto, Pasco y Huancavelica) y dos en el año 2014 (La Libertad y Ucayali). Muchas de las otras regiones tienen sus planes aún vigentes. Casi todas las regiones tienen planes de desarrollo concertado, de igualdad de oportunidades y de
11.	MIMP.- III Informe anual de avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021. Año 2014 (Ley N° 27666) (pág. 138) 12.	Ídem pág. 139
acción por la infancia. También tienen proyectos educativos regionales y locales.Algunos tienen planes de lucha contra la trata de personas, o de lucha contra la violencia hacia la mujer. Sin embargo, lo que se planifica en un lugar no necesariamente coincide con la planificación nacional en tiempo y en enfoque. Lo interesante del actual PNAIA 20122021, es que el MIMP ha asumido el liderazgo en la coordinación de la actualización de los planes regionales para que éstos estén alineados con la planificación nacional. El hecho de que el PNAIA sea una Ley y que se esté dando un nuevo impulso a la descentralización, contribuye a ello. Instalación de DEMUNA En el mismo año 2014, el 74% de municipalidades provinciales del país contaban con una DEMUNA. Hoy, esta cifra es mayor. El incremento de la cobertura del servicio de DEMUNA ha sido posible por la implementación del plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal con las metas: “Atención de calidad en las DEMUNA” para 556 distritos con más de 500 viviendas urbanas y “Creación de la DEMUNA” y “Registro y funcionamiento de la DEMUNA” para 1037 distritos con menos de 500 viviendas urbanas.13 A pesar de que en la norma se contemple la descentralización del SNAINNA, y que se haya avanzado en la planificación e instalación de las DEMUNA, no significa que se esté normando la descentralización de la protección integral. La norma resulta muy general y por lo tanto no es directiva para que los Gobiernos Regionales y locales. El principio de la gradualidad en la descentralización está fortaleciendo la concentración de competencias. Según los funcionarios de la Adjuntía de niñez y adolescencia de la DP, la desconcentración de funciones se ha logrado solamente en 5 regiones
13.	Ídem, pág. 142
de estas debilidades identificadas, 20 Provincias huanuqueñas tienen COMUDENA instalados. Existen 69 DEMUNA funcionando, de las cuales 58 están acreditadas. La instalación del sistema de manera descentralizada compromete a más instituciones que no están en el marco de las operaciones de una DEMUNA. Por ejemplo el SISFO (Sistema de focalización) es la base para la implementación de los programas sociales y para obtener el Seguro Integral de Salud (SIS). El SISFO está a cargo de las municipalidades. La desarticulación o la no prioridad en mantener la base de datos impactan en el desempeño de otras instituciones y limita las posibilidades de niños y niñas a acceder a los servicios, como por ejemplo al seguro de salud.
y no llega a los distritos. Consideran que hay funciones que deberían ser compartidas con las municipalidades, como por ejemplo la atención a los NNA sin cuidado parental que no son atendidos porque esta competencia se mantiene en la capital de Lima. Para la Adjuntía la norma no dice que el sistema debe descentralizarse, sino que los gobiernos regionales deben crear un organismo parecido al ente rector. El problema que se tiene para la creación de sistemas descentralizados es que los sectores no se consideran parte del sistema. La RENIEC, el sistema de salud y el sistema de educación no se consideran parte de un sistema mayor de atención a la infancia. El mismo Ministerio Público que debe garantizar el derecho, se activa cuando hay una vulneración de derechos, pero no actúa como ente rector.
En entrevista realizada para este estudio,Yllanesa14 narra sobre la inestabilidad de los mecanismos que se construyen en las regiones, debido a que la sostenibilidad no depende de la institución sino de las personas que estén al frente. Por ejemplo, la construcción de una Ruta de Atención a víctimas de violencia sexual aprobada por el Gobierno Regional ha dejado de funcionar como el año anterior por el cambio de personal. De igual manera, la instalación de los Consejos de Derechos del Niño y del Adolescente (COMUDENA o COREDENA) depende de la importancia que las autoridades den a este espacio de concertación por los derechos de los NNA. Es así que el COREDENA de Huánuco tiene muchas debilidades para funcionar (solo cuenta con una persona) y el COMUDENA de Tomayquichua está funcionando como sistema de protección integral local.A pesar
14.	Lysbeth Wally Yllanesa Nauca es representante del Grupo Impulsor de Infancia y Adolescencia y funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Huánuco.
Para la Adjuntía de la DP, la protección integral a la niñez no está descentralizada, ni siquiera en la norma. Los sistemas locales de protección no se están creando. La atención a niños y niñas en condición de abandono se mantiene como función exclusiva y centralizada en el MIMP. Lo que sucede en cualquier pueblo pequeño del país debe resolverse en la capital limeña. Obviamente esto significa que los casos no se atienden de manera oportuna.
Indicador 3.4: Participación de la sociedad civil De los siete estándares que la herramienta considera para medir el indicador de participación ciudadana, el Perú cumple con tres ubicándose en el nivel 2.A pesar de que la concertación, principalmente en la lucha contra la pobreza, está bastante extendida por el territorio nacional y que la norma incluya mecanismos en las instancias de gobierno y en algunos casos mecanismos sectoriales, como en educación, se considera que hay 4 estándares que no se cumplen: los mecanismos de monitoreo
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No se cumplen ninguna de las pautas del 1 al 6 P	Nivel 2.- Se cumplen al menos dos de las pautas del 1 al 6 P	Nivel 3.- Se cumplen al menos cuatro de las pautas del 1 al 6 P	Nivel 4.- Se cumplen todas las pautas
previstos por el Estado no incluyen a la sociedad civil; la participación ciudadana no es siempre mediante la elección entre pares (excepto en los casos de los presupuestos participativos); y el porcentaje de participación en los CCR y CCL no llega a 50%. La Constitución Política del Perú de 1993 establece en su Artículo 31° que Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades; y demanda de rendición de cuentas. Adicionalmente, la participación de la sociedad civil, está legislada específicamente en la Ley 26300, en la Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783) y en la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972). Hay otros mecanismos de participación en los que la sociedad civil interviene en los asuntos de interés público. Desde el año 2000, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza es la más conocida, aunque también se formaron instancias para tratar sobre las políticas laborales, la salud y la lucha contra la corrupción entre otras. El Foro del Acuerdo Nacional es la entidad de más alto nivel en la que la sociedad civil, junto con el Gobierno y los partidos políticos representados en el Congreso de la República, hace seguimiento y promueve el cumplimiento de las políticas del Acuerdo Nacional.15 Los mecanismos de participación de la ciudadanía previstos en las leyes orgánicas de los gobiernos
15.	El Foro del Acuerdo Nacional influyó en el establecimiento de once prioridades para la infancia y en la elaboración de programas presupuestales por resultados para ellas.
regionales y municipales, son los Consejos de Coordinación Regional y Local (CCR y CCL). Con este mecanismos es que se producen planes de desarrollo concertados y presupuestos participativos; se hace vigilancia ciudadana y cogestión de programas sociales; y, se realizan obras públicas entre otros asuntos. No ejerce funciones ni actos de gobierno. El número de representantes de sociedad civil en los CCL es equivalente al 40% del número total de autoridades ediles que lo integran. En los ámbitos regionales y locales la participación de la sociedad civil es mayor. El éxito de la gestión y de los programas depende mucho de esta participación. Específicamente en relación con la realización de los derechos de los niños y las niñas, la sociedad civil tiene una participación bastante activa tanto en el ámbito nacional como en las regiones y los distritos. Los grupos de trabajo temático, “Vota por la Niñez”, “Crecer sin Violencia”, el “Grupo de Educación” en el contexto de la MCLCP son una muestra de ello. En las regiones, lo son el Grupo Impulsor de la Inversión por la Infancia y la Adolescencia en Huánuco (GIIA), o la Red por la Primera Infancia en Huancavelica, y muchísimas otras instancias en cada región. La Dirección General sobre Niñez y Adolescencia del MIMP ha organizado grupos de trabajo entre el Estado y la sociedad civil para tratar los resultados del PNAIA. Otra modalidad de participación de la sociedad civil es a través del voluntariado. La Ley General del Voluntariado (Ley N° 28238 y su modificatoria, la Ley 29094) norma esta modalidad de participación social en actividades de liderazgo y responsabilidad estatal. La responsabilidad de la gestión del voluntariado está puesta en el MIMP. La Adjuntía de niñez y adolescencia de la DP, considera que la sociedad civil, que opera a través de organizaciones no gubernamentales (ONG), es un motor fundamental para la política pública sobre la infancia. A pesar de que el Estado es el garante, considera que sin las ONG se haría muy poco por la niñez. Además opina que el enfoque que tienen los
organismos del Estado sobre la participación civil en los temas de infancia es asistencial y benéfico, muchas veces íntimamente relacionado con la iglesia. Por ejemplo el Estado encarga la atención de albergues y centros de atención residencial a la iglesia. La sociedad civil peruana, incluyendo las ONG que trabajan con niños y niñas, participan de las instancias internacionales en materia de niñez y adolescencia. Por ejemplo, ha participado en las reuniones y asambleas del Instituto Interamericano del Niño (IIN) y es parte de la Red Latinoamericana y Caribeña por la infancia (REDLAMYC). Aunque es orgánicamente débil, periódicamente elabora informes paralelos sobre la implementación de la CDN y eleva al ámbito internacional los problemas más álgidos que tiene la niñez peruana y que el Estado no resuelve. En el Perú, las ONG son las que difunden los derechos de los niños y las niñas, como también todos los derechos humanos. Justamente por esta labor de difusión y promoción de los derechos humanos es que muchas de sus organizaciones y personas individuales son estigmatizadas y criminalizadas. En el Perú, a pesar de tener un marco jurídico de avanzada en relación con los derechos humanos, éstos son vistos como beneficios de criminales. El Comité de los Derechos de los Niños ha presentado al Estado peruano, su preocupación por esta situación, lo mismo han hecho varios países en la Evaluación Periódica Universal de los derechos humanos en el ámbito internacional. Literalmente dice el Comité:“Aunque es notoria la cooperación del Estado con la sociedad civil en varias áreas relacionadas con los derechos de los niños y niñas, el Comité expresa su profunda preocupación por los reportes sobre ataques físicos y arrestos a periodistas y defensores de los derechos humanos, especialmente aquéllos que defienden los derechos de las comunidades, incluyendo a niños, que son afectados por los proyectos mineros e hidroeléctricos.” La Comisión Nacional por los Derechos del Niño en el Perú – La CONADENNA La CONADENNA es un espacio de concertación entre el Estado y la Sociedad Civil. Se organizó en el año 1994 con el objetivo de realizar actividades conjuntas conmemorando la aprobación de la
Convención. A partir del año 2009, organiza su acción en dos ejes centrales, fortalecerse como entidad de incidencia política a favor de la infancia y fortalecer los Consejos Consultivos de niños y niñas como parte de las instancias de gobierno. El sector educación también tiene un espacio para la participación de la sociedad civil. La figura es la del Consejo Educativo Institucional (CONEI) descrito en el Artículo 69 de la Ley General de Educación como “Órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana. Es presidido por el Director e integrado por los subdirectores, representantes de los docentes, de los estudiantes, de los ex alumnos y de los padres de familia, pudiendo exceptuarse la participación de estos últimos cuando las características de la institución lo justifiquen. Pueden integrarlo, también, otras instituciones de la comunidad por invitación a sus miembros. En el caso de las instituciones públicas que funcionen como centros
educativos unidocentes y multigrados, el Consejo Educativo Institucional se conforma sobre la base de los miembros de la comunidad educativa que componen la Red Educativa”. La participación ciudadana en el sector educación también se ha reglamentado en los Consejo Participativos Regionales y Locales (COPARE y COPALE) como órganos de concertación que participan en la planificación, seguimiento y vigilancia de los Proyectos Educativos Regionales y Locales respectivamente.16 Tomando en consideración los avances en cuanto a la participación ciudadana, pero también las debilidades e inconsistencias, se considera que el Perú se encuentra en el nivel 2. A pesar de que la concertación, principalmente en la lucha contra la pobreza, está bastante extendida por el territorio nacional y que la norma incluya mecanismos en las instancias de gobierno y en algunos casos mecanismos sectoriales, como en educación, se considera que hay 4 estándares que no se
16.	Ley General de Educación (Ley N° 28044) y Reglamento de la gestión del Sistema Educativo (DS 009-2005-ED)
cumplen: los mecanismos de monitoreo previstos por el Estado no incluyen a la sociedad civil; la participación ciudadana no es siempre mediante la elección entre pares (excepto en los casos de los presupuestos participativos); y el porcentaje de participación en los CCR y CCL no llega a 50%. Con respecto a la herramienta, se sugiere que se incluyan indicadores que midan la organización de la sociedad civil independientemente de las entidades de gobierno. Estas entidades (organizaciones sociales de base, ONG o gremios) dan una visión más completa de la situación de implementación de la CDN, sus problemas para ello. También puede ofrecer una visión de la situación cultural en relación con los derechos de los niños y el ejercicio de la democracia.
Indicador 3.5: Participación de niños El marco normativo sobre la participación de los niños y las niñas es muy prolijo, principalmente en el ámbito de la escuela, aunque no únicamente y los mecanismos de consulta existen y funcionan. Es decir que los dos primeros estándares se cumplen a cabalidad. Sin embargo, los niños y las niñas no participan en instancias de toma de decisiones. Un ejemplo de ello, ha sido la dinámica de debate sobre el Código del Niño y del Adolescente en que se les excluyó de la toma de decisión en la elaboración final de la propuesta. La Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No se cumplen los estándares previstos del punto 1 al 5 P	Nivel 2.- Se cumple el estándar del punto 1 P	Nivel 3.- Se cumplen 3 de los estándares del 1 al 5 P	Nivel 4.- Se cumplen todos los estándares del 1 al 5
17.	Código del Niño y del Adolescente.- Artículo 9 18.	Código del Niño y del Adolescente.- Artículo 85.C
participación de los niños y niñas en el monitoreo de las políticas públicas que les afecta e interesa se realiza en el contexto de la elaboración del informe alternativo que hace la sociedad civil y depende de los recursos que ésta tenga. No existe un mecanismo fomentado y organizado desde el Estado. Por este motivo, se concluye que en el Perú se está en el nivel 2 de cumplimiento de este indicador. El Código de los Niños y Adolescentes, señala en su artículo 9 que “el niño y el adolescente que estuvieran en condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que elijan, incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez”.17 En su artículo 85, esta norma señala de modo mucho más claro aún (a pesar de que separa al «niño» del «adolescente») que el juez especializado tiene que escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente. 18 En el Plan Nacional de Acción por la Infancia 2012 - 2021, la participación de los niños y niñas está contemplada en el Resultado 18. La meta al 2021 es que los niños y las niñas participen en todo el proceso de la política pública en el 100% de los Gobiernos Regionales y el 75% de los Gobiernos locales. La participación de los niños y las niñas se realiza de diversas formas, desde la consulta hasta la participación organizada con agenda propia. Mediante Resolución Ministerial N° 355-2009-MIMDES, se constituyó el Consejo Consultivo de NNA (CCONNA) como instancia consultiva de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes y mediante Resolución Ministerial N° 617-2010-MIMDES del 13 de setiembre de 2013, se reglamenta su funcionamiento. La creación de
CCONNA en los gobiernos regionales y locales acompaña el proceso de descentralización, sin embargo, esta práctica no es muy común. Por ejemplo, es todavía un punto en la agenda de las organizaciones de niños y niñas en Huánuco.19 En los últimos años, en todo el país se han creado 44 CCONNA, de los cuales 31 están ubicados en Municipalidades distritales, 12 en Municipalidades Provinciales y uno en el Gobierno Regional de Piura.20 Participación en los Presupuestos Participativos Desde el segundo lustro del milenio, se fortalece la práctica de la participación de niños y niñas en los presupuestos participativos. Casi en todas las regiones se ha promovido este ejercicio que ha significado para los niños y niñas, un gran aprendizaje sobre la gestión pública. La Ley Marco de Presupuesto Participativo establece las disposiciones que
aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el Proceso de Programación Participativa del Presupuesto de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.A esta ley, se suma el Instructivo N° 002-2008-EF/76.01 y la Resolución Directorial N° 021-2008-EF/76.01 que indica todo el procedimiento desde la inscripción de los Agentes Participativos hasta los formatos de los proyectos y los contenidos de las prioridades consideradas en los programas presupuestales por resultados. Municipios Escolares Los Municipios escolares (ME) están regidos por la Ley General de Educación (Ley 28044) en los literales c) y d) del Artículo 53. Se establece que al estudiante le corresponde organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización estudiantil a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la Institución Educativa y en la comunidad, así como opinar sobre la calidad del servicio educativo.21
19.	Acta de Compromiso para priorizar la participación ciudadana y la protección de los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia en el presupuesto público de Huánuco (31 de octubre al 2 de noviembre de 2015). 20.	UNICEF.- Implementación de las recomendaciones del estudio mundial de violencia contra los niños y niñas. 21.	Ley General de Educación N° 28044.- Artículo 53. (2003)
El 26 de setiembre de 2011, el Ministerio de Educación emitió la Resolución Vice Ministerial 0067-2011-ED, mediante la cual aprobó las normas y orientaciones para la organización e implementación de los Municipios Escolares. Esta organización está bastante extendida en todo el territorio nacional y en algunas regiones, como Ayacucho, existe la organización de segundo nivel que convoca a todos los Municipios Escolares de la región. La participación de la Comunidad Educativa en las escuelas está regida bajo la figura del Consejo Educativo Institucional (CONEI) en el Artículo 69 de la Ley General de Educación N° 28044. El CONEI es un organismo de participación, concertación y vigilancia ciudadana para una gestión escolar transparente, ética y democrática en el que están representados todos los actores de la escuela, los directivos, docentes, personal administrativo, estudiantes, padres y madres de familia y miembros representantes de la comunidad.22 Los Municipios escolares son, por lo general, quienes llevan la voz de los estudiantes ante el CONEI, los COPALE y los COPARE. Fiscales Escolares El Programa Fiscales Escolares del Ministerio Público se inició en 2008 con el objetivo de formar estudiantes en la cultura de la prevención del delito, minimizando los riesgos y evitando que estos se desarrollen. Las temáticas que trata con: prevención del consumo de drogas y alcohol; maltrato infantil; abuso sexual; violencia familiar; trata de personas; pornografía infantil; prevención del pandillaje; acoso escolar (bullying); derechos humanos; deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes; prevención de toda forma de violencia; entre otros temas de interés social, reforzándose con actividades artísticas, culturales y deportivas.23 El Programa es liderado por el Ministerio Público pero requiere una coordinación estrecha con los Directores de las Instituciones Educativas (ya que operan en los colegios) y los docentes. En algunos casos el Programa de Fiscales Escolares
se han integrado al de Municipios Escolares en el sentido que las temáticas de prevención son tratadas en tutoría con los ME.
Indicador 3.6: Presupuesto (Funcionamiento del sistema) La inversión en la infancia en el Perú, ha mostrado avances en el sentido que presenta el Comité de Derechos del Niño en el párrafo 29 de la Observación General 19, de suficiencia, eficiencia, eficacia y equidad de la inversión. En la medida que se haga una programación para la infancia y que ésta ingrese en el mecanismo de los Programas Presupuestales por Resultados, se garantizan los fondos para producir cambios en la vida de los niños y niñas. Es por ello que el mecanismo de establecer un porcentaje fijo del PBI, incluido como estándar en la herramienta, no se ajusta a la realidad del país.24 Los principios de progresividad y no regresividad tienen sentido si se aplican a las metas o resultados y no a montos o porcentajes presupuestales en abstracto. Por otro lado, el principio de la “intangibilidad” sí tiene sentido en un esquema de programas presupuestales, pues no se considera factible hacer un gasto que no corresponda a las líneas presupuestales que son los resultados de los
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No existe mención sobre el presupuesto en el marco normativo o la mención es meramente una remisión a las partidas que se asignen del presupuesto ordinarios P	Nivel 2.- Se da al menos uno de los estándares previstos en los puntos 1 al 4 P	Nivel 3.- Se dan al menos dos de los estándares previstos en los puntos 1 al 4 P	Nivel 4.- Se dan al menos tres de los estándares previstos en los puntos 1 al 4
programas. Sin embargo, la intangibilidad a la que se menciona en el estándar es ante crisis, catástrofes y emergencias que no ha sido explicitado en los programas presupuestales de Perú. Finalmente, el último estándar sobre la constitución de un fondo que tenga autonomía y que se encuentre por fuera de las cuentas presupuestarias generales del país es una condición que no se cumple. Siguiendo la lógica de la herramienta, el Perú no cumple con ninguno de los estándares de este indicador ya que aunque exista una ley específica para el financiamiento del PNAIA y que el mecanismo de programas presupuestales por definición convierten intangibles los montos para ser utilizados en los resultados por la infancia, no es explícito que estos fondos serán intangibles ante situaciones de crisis. El presupuesto público en el Perú se organiza de manera sectorial, se gasta de manera sectorial y se reporta a través de los sectores. No existe un presupuesto de desarrollo integral de la niñez. La suficiencia, la eficacia, eficiencia y la equidad en el gasto como indica la Observación General N° 19, será difícil de observar con el enfoque sectorial, segmentado de funcionamiento estatal. Asimismo, los Programas Presupuestales por Resultados, que han permitido destinar fondos a once prioridades acordadas, mantienen un enfoque de atención a la situación irregular, a la reducción de brechas y no han puesto énfasis a los aspectos preventivos que se destinan al universo de los niños y niñas. En el Perú no se ha contemplado un porcentaje del Producto Bruto Interno para el sistema de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, sí se ha creado un mecanismo para garantizar una inversión constante en infancia al relacionar líneas presupuestales con resultados esperados para la niñez. Programas presupuestales por resultados
22.	Ley General de Educación (Ley N° 28044) y Reglamento de la gestión del Sistema Educativo (DS 009-2005-ED) 23.	Portal del Ministerio Público- Fiscalía de la Nación.- http://www.mpfn.gob.pe/fiscalesescolares 24.	La experiencia del incumplimiento de la Política de Estado del Acuerdo Nacional que establece un mínimo del 6% del PBI para la Educación es un ejemplo de la ineficacia de establecer una medida como ésta.
El Presupuesto por Resultados se rige por la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, específicamente en el Capítulo IV “Presupues-
to por Resultados (PpR)” en el Título III, “Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria”. Esta manera de organizar el presupuesto relaciona las líneas de gasto a resultados que están acordados en los Programas Presupuestales que es “la unidad de programación de las acciones de las entidades públicas” (Artículo 3 de la Directiva de PP).25 Al año 2015 en el Perú hubo 85 Programas Presupuestales con diseños de intervención definidos bajo objetivos prioritarios de política nacional y en algunos casos con implementación sub-nacional. Esto ha significado que, el 58% del presupuesto programable ya tiene un enfoque hacia resultados. En el año 2016, hay 145 Programas Presupuestales. Programas de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Los programas presupuestales por resultados se implementan en los ámbitos nacional y regional. El mecanismo para que las Municipalidades provinciales y distritales reciban recursos para el cumplimiento de metas en un período determinado son los Programas de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. Los objetivos identificados para la infancia en los programas de incentivos son: reducir la desnutrición crónica infantil en el país y mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Este programa ha permitido incrementar significativamente las DEMUNA en todo el país. Una metodología para construir una taxonomía del gasto público en los niños, las niñas y los adolescentes (GPNNA)
El interés común del Estado y la sociedad civil para mejorar la asignación y ejecución presupuestal en temas sociales, especialmente en la infancia, fue la base para que en el 2014 se elabore una metodología que permite la contabilización y seguimiento del GPNNA.26 El Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Unicef y los dos ministerios de inclusión social y de mujer y población vulnerable participaron en ello. La taxonomía ha sido validada y presentada ante la Comisión Multisectorial Permanente de Seguimiento al PNAIA 2021 y ha sido adoptada como metodología oficial de seguimiento al presupuesto dirigido a la niñez y a la implementación del PNAIA. En este momento ya se tienen dos informes nacionales sobre el gasto en la infancia utilizando esta metodología (2014 y 2015). La estimación del gasto público en las niñas, niños y adolescentes refleja el financiamiento de las políticas, los programas y proyectos dirigidos a ellos y es producto de la suma de una serie de rubros de gasto directo e indirecto en esta población. El PNAIA elevado a Ley Nacional El avance mayor en el cumplimiento del artículo 4to de la CDN, sucedió el 26 de octubre de 2015, cuando se declara de interés nacional y preferente atención la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento del PNAIA 2012-2021, mediante la Ley 30362 Ley que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP. Cabe resaltar que en el párrafo 9 de las Observaciones y Recomendaciones al Perú, presentado en marzo del 2016, el Comité de Derechos del Niño ha
25.	Ministerio de Economía y Finanzas.- https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2122&Itemid=101162&lang=es 26.	Unicef.- Gasto Público en los niños, niñas y adolescentes: metodología y seguimiento.- Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, Ministerio de Desarrollo e inclusión social; Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza; y, Unicef. Pág. 25
expresado su preocupación por los recursos escasos que son destinados a la implementación del PNAIA a pesar de los avances realizados.27 Asimismo, en el párrafo 13 expresa su preocupación por el desbalance en la distribución de recursos entre sectores, dejando a la protección a la infancia y a la participación sin presupuesto o con uno muy limitado. Menciona específicamente que la poca o nula información sobre los recursos presupuestales destinados a los niños y niñas que viven en situaciones de alta vulnerabilidad y marginalidad, incluyendo los de pueblos indígenas.
Indicador 3.7: Presupuesto (instalación del sistema) Se considera que el Perú está en el nivel 1 de la fórmula de cálculo del cumplimiento de este indicador, ya que no existe un Programa Presupuestal orientado a la instalación del sistema y no se menciona en el marco normativo. Como se ha mencionado en el Dominio 2 sobre la institucionalidad para la protección de los derechos de los niños y las niñas, el sistema de protección integral no existe en el país de manera visible. No se ha encontrado un porcentaje específico del presupuesto para la instalación de las instituciones que conforman el Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No existe mención sobre el presupuesto en el marco normativo o la mención es meramente una remisión a las partidas que se asignen del presupuesto ordinarios P	Nivel 2.- Se da al menos uno de los estándares previstos en los puntos 1 al 3 P	Nivel 3.- Se dan al menos dos de los estándares previstos en los puntos 1 al 3 P	Nivel 4.- Se dan todos los estándares
sistema de protección. En enero 2016 se emitió la Resolución Ministerial N° 006-2016-PCM mediante la cual se aprueba una estrategia para el desarrollo de las capacidades institucionales en funcionarios públicos: “Capacidades Institucionales: un nuevo enfoque hacia el fortalecimiento institucional para la gestión descentralizada”. Esta estrategia busca instalar instancias de ar ticulación intergubernamental de los tres niveles de gobierno para la implementación de los planes nacionales como el PNAIA. Sin embargo, no tiene la visión de la construcción de un sistema de protección integral de los derechos de los niños y niñas.Toma en consideración las instancias de coordinación existentes en las leyes de gobierno regional y municipal, pero no menciona ninguna explícita para la atención integral de NNA. Las DEMUNAS han sido instaladas mediante un presupuesto específico de Incentivos Municipales. Sin embargo, al ser parte de la estructura de gobierno municipal, los fondos para su funcionamiento deben ser incluidos en la nómina municipal. Esto no ocurre en todos los casos. El Comité de los Derechos del Niño, también ha expresado su preocupación por los recursos financieros y humanos tan reducidos que son destinados para la coordinación del sistema de protección.28
Indicador 3.8: Institución Nacional independiente de Derechos Humanos en la Promoción y Protección de los Derechos del Niño Se considera que el Perú se encentra en el nivel 3 de cumplimiento de este indicador debido a que en los últimos años los recursos financieros y humanos asignados a la Defensoría del Pueblo se han redu-
27.	Observaciones y Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al Perú- 2 de marzo 2016. Sección III Principales Áreas de Preocupación, Párrafo 9, pág. 3. 28.	Observaciones y Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al Perú- 2 de marzo 2016. Sección III Principales Áreas de Preocupación, Párrafo 11, pág. 3
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No existe una institucionalidad especializada para la protección de la niñez (no se cumple con punto 1) P	Nivel 2.- Existe una Institución nacional de derechos humanos que entre sus diversas competencias incluye el tema de los derechos de la niñez (Pero no existe un área institucional específicamente dedicada al tema niñez) y es independiente y autónoma P	Nivel 3.- : Existe una Institución nacional de derechos humanos específica para la protección de los derechos de la niñez (incluyendo las que se crean dentro de una Institución ya existente como son los casos de una adjuntía del Defensor del pueblo) y se cumplen con la mayoría de los criterios descriptos en los puntos 2 al 7 P	Nivel 4.- Existe una Institución nacional de derechos humanos específica para la protección de los derechos de la niñez y tiene todas las facultades descriptas en los puntos 2 al 7
cido. El estándar que hace referencia a los recursos suficientes no se cumple. La institución nacional independiente de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño es la Defensoría del Pueblo, en específico la Adjuntía de Niñez y Adolescencia. La Defensoría del Pueblo se introduce en el Perú con la Constitución del año 1993, se instala en el año 1996 y se rige por la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (Ley N° 26520). La Adjuntía se crea recién en el año 2006, tras la recomendación del Comité de los Derechos del Niño y está conformada por un grupo mínimo de 4 personas en el ámbito nacional que coordina con las oficinas Defensoriales instaladas en todas las regiones del país. Es decir, no existe una estructura especializada en niñez y adolescencia en las oficinas regionales. En el ámbito nacional y en algunas regiones, como Huánuco, la Defensoría del Pueblo ha incluido los Consejos Consultivos de niños y niñas en su dinámica institucional. La reducción del presupuesto para la Defensoría del Pueblo está impactando en las capacidades
para hacer seguimiento a todas las situaciones de vulneraciones de derechos, particularmente en las zonas rurales andinas y amazónicas. El recorte del financiamiento no es el único problema que la Adjuntía debe enfrentar. También tienen dificultad con el cumplimiento del principio de colaboración que todos los organismos estatales deben tener con la Defensoría del Pueblo. Muchas instancias del Estado no entregan información solicitada por la Defensoría del Pueblo. Los motivos son varios, entre ellos, por el desconocimiento de las leyes relacionadas con las funciones de la Defensoría; por temor a ser vigilados, evaluados; porque se considera que la temática de vulneración de derechos del niños y la niña es sensible y que no debe darse información sobre la infancia; por conflicto de intereses; y, también muchas veces por manipulación de los abusadores.
Indicador 3.9: Sistema de información estadística El Perú está en el nivel 2 de implementación de los estándares del indicador sobre el sistema de información estadística. Esto debido a que efectivamente sí existe un Sistema Nacional de Estadística, pero no es exclusivo para la temática de la infancia y la adolescencia. Se espera que esta situación cambiará pronto por el rol que el MIMP tendrá en la implementación del PNAIA hoy elevado a Ley y recibirá un trato como Programa Presupuestal. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática –INEI, es el organismo central y rector del Sistema Estadístico Nacional, responsable
de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales del país. Depende del Presidente del Consejo de Ministros.29 El Sistema Estadístico Nacional (SEN) tiene como objetivo asegurar que las actividades estadísticas que efectúan las entidades del Estado en los tres niveles de gobierno se desarrollen en forma integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normatividad técnica común, contando para ello con autonomía técnica y de gestión. Está conformado por: i)	El Instituto Nacional de Estadística e Informática; ii)	El Consejo Consultivo Nacional de Estadística; iii)	El Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística; iv)	Las Oficinas Sectoriales de Estadística y demás Oficinas de Estadística de los Ministerios, de los Organismos Centrales, Organismos Públicos Descentralizados y Empresas del Estado; v)	Los órganos de Estadística de los Gobiernos Regionales; vi)	Los órganos de Estadística de las Municipalidades; y vii)	Los órganos de Estadística de los Poderes Públicos y de los Organismos Autónomos.30 En la estrategia integral de los Programas Presupuestales,31el INEI ha sido identificado como una entidad clave para generar indicadores para el monitoreo de los avances y la evaluación de impacto de los programas estratégicos del país.32 El enfoque es el de generar la producción estadística “desde la demanda”, es decir desde las necesidades de los sectores para planificar, monitorear, evaluar y
rendir cuentas de sus programas presupuestales. Es un desafío para el SEN la producción de investigaciones estadísticas, como los censos y encuestas especializadas, a la vez que investigaciones que respondan a las exigencias de carácter específico vinculadas a los programas presupuestales por resultados. Los instrumentos del Sistema Estadístico Nacional son los siguientes: q	El Plan Estadístico Nacional - Inventario de la Producción Estadística, es el instrumento directriz de las actividades estadísticas, que serán realizadas por los órganos del SEN, en sus diferentes niveles. q	Los Planes Sectoriales, Regionales y Locales de Estadística formulados por las Oficinas de Estadística de los sectores e instituciones del nivel nacional, regional y local. El INEI es también el órgano encargado de la elaboración y puesta en práctica del Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 2013-2017 que está organizado por objetivos estratégicos. Este plan fue elaborado con la concurrencia de los diversos sectores que conforman el SEN. Para su elaboración se encontraron los siguientes vacíos en la información 33 que este plan pretende enfrentar: q	Las diversas fuentes complementarias de información están poco integradas, la información
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No existe un ningún mecanismo de recolección de datos para la niñez P	Nivel 2.- Se cumple el estándar 1 P	Nivel 3.- : Se cumplen al menos los estándares 2 y3 P	Nivel 4.- Se cumplen los estándares del 2 al 4
29.	https://www.inei.gob.pe 30.	https://www.inei.gob.pe/sistema-estadistico-nacional/ 31.	Como se mencionó en el indicador sobre el Presupuesto Público, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene como objetivo que cerca del 100% del presupuesto (excluyendo gasto previsional, financiero y administrativo) sea formulado en programas con una lógica de resultados. Plan Estratégico Nacional d Desarrollo Estadístico 2013.2017. 32.	Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 2013-2017.- Pág. 17 33.	Ídem. Capítulo III Sobre el Sistema Estadístico Nacional
Rezagos en la producción y publicación de información.- Son cuatro los ministerios que tienen rezagos de años. Casi todos reportan rezagos en término de meses. Solo cinco ministerios tienen rezagos de días.
En el SEN no existe una entidad de elaboración de información estadística exclusivamente sobre la infancia. En el Plan 2013 al 2017 se ha previsto la producción de información y la instalación de mecanismos de registro y difusión de la información sobre los indicadores de los Programas Presupuestales de Infancia.
es poco accesible y oportuna. Esto impide la consolidación del SEN. q La demanda de información estadística no es explícita.. No hay una coordinación efectiva entre los usuarios clave de información y los productores de estadísticas. q
La calidad de la producción estadística no es analizada sistemáticamente. Falta análisis del costo-efectividad y criterios de priorización en la producción.
q Muchas veces los datos son poco confiables, la información no es comparable a nivel nacional e internacional y muchas veces la cobertura es limitada. q El SEN es un sistema muy fragmentado, lo que limita los recursos y las capacidades técnicas, se genera el uso ineficiente de recursos y la duplicidad de información.
Oficinas Sectoriales de Estadística Los órganos del SEN enfrentan una variedad de problemas que limitan su eficacia y eficiencia en la producción estadística. q	Nivel Jerárquico de las Oficinas Sectoriales de Estadística.- El SEN opera funcionalmente a nivel sectorial a través de la Oficina Sectorial de Estadística de cada ministerio. La producción estadística no tiene independencia presupuestal al no ser responsable de meta alguna. q Recursos Humanos.- La distribución de los recursos humanos a nivel de las dependencias que cumplen las funciones sectoriales vinculadas a la producción estadística continúa siendo desigual y reducida en casi el 90% de los ministerios. q	Controles de Calidad que aplican las OSE en las Operaciones Estadísticas.-
El Plan Nacional de Acción por la Infancia también tiene previsto la implementación de un sistema de monitoreo al 2021 (SIMONE), con base en la transformación del PNAIA en un Programa Presupuestal, en el que para cada resultado se elaboren indicadores que requieran, además de presupuesto para las actividades y metas claras, información estadística de medición de los progresos. Esto todavía no se ha dado, pero con la elevación a rango de ley del PNAIA, se espera que la organización concluya a fines del año 2016. El INEI sí contempla la participación de la sociedad civil para la elaboración de las investigaciones estadísticas. Muchas veces en la coordinación con el sector privado o las ONG es que se producen los estudios. Por ejemplo en el estudio sobre las Brechas de Género en el Perú, realizado por el INEI el año 2015, la participación del MIMP, con la ONG Manuela Ramos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas fue fundamental desde la expresión de la necesidad, el diseño, planificación, y validación. La participación fundamental se
garantiza mediante el Consejo Consultivo Nacional de Estadística que forma parte del SEN, según consta en su Reglamento aprobado en el Decreto Supremo 106-2001-PCM. 34 Específicamente en el Artículo 5° sobre el CCONEI dice, “está integrado por: a) El Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, quien lo preside. b) El Sub Jefe de Estadística y/o el Sub Jefe de Informática, según el caso. c) El Director Técnico de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica del INEI en calidad de Secretaria Técnica. d) Un representante de cada una de las organizaciones empresariales, laborales, profesionales y universitarias, con autoridad y conocimiento del ámbito de competencia de cada Sistema Nacional” En la entrevista realizada a los funcionarios de la Adjuntía de niñez de la Defensoría del Pueblo para esta consultoría, mencionaron que el principal problema que ellos tienen para hacer seguimiento de la situación de las infancias es que no hay data confiable sobre niños y niñas. Ellos sienten la debilidad estatal para sistematizar y tener data disponible. Por ejemplo, no existe una relación de los niños y niñas que estén sin cuidado parental. Sobre este tema, no se ha hecho un censo. Hasta el momento, no han logrado un convenio con el INEI para que los requerimientos de la Adjuntía sean atendidos. De igual manera, no se tienen cifras actualizadas sobre los niños y las niñas que trabajan. Con la información disponible, periódicamente Unicef con el INEI organizan información específica sobre la infancia. Sin embargo, por lo general es sobre algún tema en particular.
34.	Reglamento del Consejo Consultivo Nacional de Estadística e Informática – CCONEI (setiembre, 2001). Aprobado mediante el DS 106-2001-PCM
Dominio 4: Sistema de Protección contra la violencia (Art 19 CDN) Indicador 4.1: Sub-Sistema para la protección a la niñez en casos de abuso, negligencia y explotación El Perú está en el nivel 2 de implementación de un Sub-Sistema para la protección a la niñez en casos de abuso, negligencia y explotación, debido a que se verifican la existencia de la institucionalidad y de una norma legal. La normativa nacional no contempla la creación de un sub-sistema específico para la protección a la niñez en casos de abuso, negligencia y explotación. La sociedad civil ha fomentado el debate sobre su creación en los espacios locales de concertación y ha promovido iniciativas de articulación para la prevención de la violencia y la atención a niños y niñas afectados. El Ministerio Público ha aprobado una Ruta de Atención para casos de trata, abuso y explotación sexual. En algunas regiones existen espacios de articulación que coordinan estrategias, en su mayoría de prevención. Éstos han sido articulados por diferentes actores, como la Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza (MCLCP), las redes contra la violencia, los Gobiernos Regionales y Municipales y la sociedad civil. A pesar de ello no se puede concluir que exista un sistema articulado para tratar el tema de la violencia contra los niños de manera holística.
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No existe una institucionalidad especializada para la protección de la niñez en casos de abuso, negligencia y explotación P	Nivel 2.- Se verifican los estándares descriptos en los puntos 1 al 3 P	Nivel 3.- Se verifican al menos cuatro de los estándares descriptos en los puntos 1 al 6. P	Nivel 4.- Se verifican el cumplimiento de todos estándares de los puntos 1 al 6.
El 6 de noviembre del 2015 se promulgó la Ley 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.35 En el título IV de la ley se crea el “Sistema nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Esta es la primera ley que incluye un subsistema nacional para la prevención y atención a situaciones de violencia. Sin embargo, no es específica para la infancia. Los mecanismos de composición y articulación del sistema serán detallados en el Reglamento de Ley aún en elaboración. Son los siguientes: a.	El Protocolo Base de Actuación Conjunta. b.	El Registro Único de Víctimas y Agresores. c.	El Observatorio Nacional de la Violencia
“Como red justamente el Grupo Iniciativa e Infancia con la Mesa de Lucha Contra la Pobreza ha sido organizado y viene trabajando y como Ministerio de Salud de igual forma, tenemos una red de notificación de abuso sexual, de maltrato a la infancia, inclusive en la evaluación diaria de los niños se usa un test de tamizaje de violencia y maltrato infantil. Esa mesa justamente la mesa de Iniciativa para la infancia y la adolescencia, porque ahí no está solamente las instituciones, en este caso, como Paz y Esperanza, está el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional, el Ministerio de Educación, el MIDIS, la DEMUNA, la Policía, el Poder Judicial y todos los que tenemos que ver con la atención de la infancia, en este caso, la Defensoría del Pueblo, inclusive Caritas.” (Representante del Centro de Salud Aparicio Pomar).
35.	Ley nº 30364 -Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. d.	El Centro de Altos Estudios contra la Violencia hacia las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familia. El MIMP es el Ente Rector de esta ley y su Dirección General contra la Violencia de Género es la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel que debe dirigir este Sistema Nacional. Esta ley es considerada como un avance significativo para enfrentar el problema de la violencia contra la mujer. Sin embargo, tiene algunos vacíos que la debilitan como marco de construcción de un sistema de protección ante la violencia hacia los niños y niñas. Por ejemplo, es difusa en la definición de los tipos de violencia que afectan a los niños y niñas. En concreto, no distingue el maltrato del castigo físico y humillante que es la forma de violencia más generalizada contra ellos, no incluye formas delictivas como el abandono o la explotación económica. Tampoco incluye el “bullying” o acoso entre pares y la situación de los adolescentes en conflicto con la ley. Los conceptos “prevención” y “riesgo” utilizados en la ley no se refieren a evitar que los sucesos de violencia sucedan. El enfoque en el uso de estos dos conceptos es evitar que continúe la situación de violencia o que avance hacia el feminicidio. Por lo tanto no se consideran acciones preventivas y análisis de riesgos sociales y estructurales. La ley no propone políticas universales de prevención, está dirigida a las víctimas de violencia no a potenciales víctimas. En ese sentido, se aleja del paradigma de la CDN. La ley incluye responsabilidades y funciones a las instituciones de la protección judicial y la protección social. Sin embargo, no incluye a la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes (DGNNA) en ninguna función específica o de articulación y coordinación, a pesar de ser una Dirección General del MIMP igual que la Dirección de violencia de género.
En el cumplimiento de sus funciones, la DGNNA continuará trabajando para la protección a la niñez ante la violencia en duplicidad y cruce de funciones. Como lo anotaron los funcionarios de UNICEF en la entrevista hecha sobre este indicador, la estructura del MIMP que coloca la lucha contra la violencia de género exclusivamente en otro Viceministerio no ayuda a la formación de un sistema coherente de protección y atención integral a la niñez y menos de protección ante la violencia. No se observan los enlaces funcionales de articulación, hay cruces, duplicidades y vacíos. Como se mencionó en el Dominio 3, la DGNNA está conformada por tres Direcciones: la Dirección de Políticas, la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías y la Dirección de Investigación Tutelar (DIT). Esta última brinda la atención inmediata a los niños y niñas en presunto estado de abandono o de vulneración de derechos, incluidos los casos de violencia. Dispone y supervisa la aplicación de las medidas de protección provisionales que correspondan. La Dirección de sistemas locales y defensorías, acompaña, asesora y monitorea las defensorías de los derechos del niño y el adolescente. Una de sus funciones, aún muy debilitada es la generación de sistemas locales de protección de los derechos del niño como espacios liderados por las DEMUNA, lo que le da función de articular las medidas de atención a casos de violencia en las localidades. Por último, la Dirección de políticas sobre niñas, niños y adolescentes que tiene a su cargo la formulación, monitoreo y evaluación del Plan nacional de acción por la infancia y adolescencia - PNAIA, otorga la secretaría técnica para la protección de la niñez frente a la violencia. En conclusión el MIMP, como ente rector, trabaja con dos Secretarías Técnicas, una en cada Viceministerio, para los asuntos de la violencia. En el Perú existe la normatividad que podría favorecer la instalación de un subsistema de protección de los derechos del niño frente a la violencia, pero aún no están establecidos los mecanismos y reglamentos necesarios para su funcionamiento. El sub-sistema de
“Propiamente un sistema regional no lo he visto que se active, de alguna manera cada institución sí maneja guías, protocolos y cada institución hace su propia organización. De alguna manera se articula directamente en el caso de los CEM con las comisarías, el Ministerio público, el Poder Judicial y los Centros de Salud. Directamente para los casos de atención, estamos hablando de algo punitivo, pero el tema preventivo sí tratamos de articular con distritos, con centros de salud de distritos y también con instituciones que están laborando en los distritos.” (Representante del Centro de Emergencia Mujer-Huánuco).
justicia también ha avanzado en el diseño de protocolos de articulación para los casos de delito de la trata, el abuso sexual y la explotación sexual, pero no incluye los aspectos preventivos. Los avances y las iniciativas de construcción e implementación de rutas de atención integral aún están en proceso y la creación de la ley 30364 ha favorecido a poner en agenda los sistemas pero ha detenido los avances en la implementación de rutas de atención de la violencia.
Indicador 4.2: Prohibición normativa del castigo corporal en todos los ámbitos En el Perú se cumplen 5 de los 6 estándares de este indicador (la sanción no está contemplada en la ley), lo que lo coloca en el nivel 4 de implementación en torno a la Prohibición normativa del castigo corporal en todos los ámbitos. A finales del año 2015, se promulga la Ley 30403, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Esta prohibición abarca todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados. La ley 30403 incorpora en el Código del niño y el adolescente, el derecho al buen trato y deroga el literal d) del artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes y el numeral 3 del artículo 423 del Código Civil, que contienen los enunciados de castigo moderado. Esta ley no explicita ninguna sanción efectiva al castigo físico. Sin embargo la Ley 30364 para
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No se cumplen los estándares previstos del 1 al 3 P	Nivel 2.- Se verifican los estándares descriptos en los puntos 1 al 3 P	Nivel 3.- Se verifican los estándares del 1 al 4 P	Nivel 4.- Se verifican al menos 5 de los estándares descriptos en los puntos 1 al 6.
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en su artículo 122 contempla sanciones para los agresores que produzcan lesiones leves. Durante el presente año, esta medida se ha ido aplicando en casos de violencia contra los niños que han sido difundidos por los medios de comunicación como si fuesen castigos físicos o humillantes. Sin embargo, estos casos típicos de “maltrato” y no de “castigo”. La definición es importante pues ayuda a precisar cuándo es que uno está enfrentando una situación de delito y cuándo no. Estas dos leyes han sido aprobadas casi al mismo tiempo, y podríamos suponer que hacen la distinción conceptual, pero ninguna de las dos es clara y precisa en esto. Ninguna de las dos leyes tiene reglamento de funcionamiento y aplicación, que aclaren la diferencia. Anterior a estas leyes, han existido algunas iniciativas incluidas en programas de prevención para evitar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en la familia y/o en la escuela. Éstas forman parte del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA). El resultado N° 20 proyecta lo siguiente: “Se reduce el número de niñas, niños y adolescentes que son víctimas
de violencia familiar y escolar”. Asimismo, en junio 2012, mediante Decreto Supremo 010-2012-ED, se aprueba el Reglamento de la Ley 29719 – Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar “Paz Escolar” (20132016). La estrategia busca reducir las tasas de violencia escolar en el país, mejorar los logros de aprendizaje y mejorar la satisfacción con la vida escolar en los niños y las niñas. Sin embargo, aún quedan muchas deficiencias en torno a las sanciones administrativas para docentes que ejerzan el castigo físico y humillante en el ejercicio de su labor. Un aspecto importante a señalar son las deficiencias del sistema para la formación en pautas de crianza y disciplina positiva, tanto a padres y madres de familia como a operadores que tiene como labor el cuidado y la educación de niñas, niños y adolescentes. La aprobación de las nuevas leyes 30403 y 30364 vuelven necesaria la instalación de mecanismos para que los servicios de formación lleguen a las familias y a los operadores como una obligación para el ejercicio de su labor. Este aspecto formativo o reeducativo debería estar resaltado en la medida de un indicador de prohibición del castigo físico y humillante. Aquí encontramos que la ley es muy importante para instalar el mensaje en la población, sin embargo, lograr los cambios implica construir programas basados en la ley: Prohíbo el castigo físico y humillante y genero servicios para que la población se reeduque.
Culturalmente, el CFH está ampliamente aceptado por la población y se deberá trabajar mucho para su erradicación especialmente a nivel de las propias familias. Este aspecto impacta en las pocas denuncias que se hacen en los servicios de protección (Policía, DEMUNNA, Ministerio Público, etc.). En la sociedad, existen grupos muy conservadores que piensan que la erradicación del castigo en los NNA sería una pérdida de autoridad de la figura patriarcal, del tradicional modelo familiar. En lo cotidiano, el CFH es una práctica presente en los espacios familiares. La ley de prohibición es solo un primer paso de las distintas acciones que el sub sistema de protección frente a la violencia puede realizar. “Con la nueva norma por ejemplo de la prohibición del castigo físico y humillante (…) proponemos una ordenanza regional. Esto lo conversaremos con la Responsable de la Comisión de Educación del Consejo Regional para hacer una propuesta y elevarla para tener un documento. En realidad, este documento puede decir muchas cosas, el problema es la práctica cotidiana.” (Subgerente de Desarrollo Social de Huánuco)
El indicador no considera en su medición los aspectos culturales y sociales presentes en la población, así como los mecanismos de reeducación como una estrategia sólida para disminuir el castigo físico y humillante.
“Porque una cosa es el castigo físico y otra cosa es el maltrato. El maltrato (…) es un delito penal, ya está establecido y depende de la gravedad de las lesiones que produce, el castigo físico es un fenómeno social vinculado con la pedagogía de la violencia y con la esfera íntima de la relación de las personas, de yo con mi niño hago lo que quiero. Y además también dejo que ese profesor haga lo que quiera porque para eso es mi hijo, y entonces por eso justifico que le peguen en la escuela y en la familia, y no se resuelve con la ley, y la ley es una condición necesaria porque da un mensaje pedagógico a la sociedad de cero tolerancia, pero no va a resolver el problema del uso del castigo físico (…) deberían de existir programas para trabajar con las familias, debe sancionarse, está muy desde la respuesta, no tienen esta otra mirada.” (Representante de UNICEF)
Indicador 4.3: Prohibición normativa de todo tipo de violencia contra los niños y las niñas. El Perú está en el nivel 3 de implementación en torno a la prohibición normativa de todo tipo de violencia contra los niños y las niñas. La norma ha llegado a prohibir de manera explícita el castigo físico y humillante, pero no existe norma que haga lo mismo con otras formas de violencia hacia los niños y niñas. En el Código Penal la violencia sexual está tipificada como delito en el Capítulo IX en los Artículos 170 al 178. Entre ellos, el Artículo 173 trata específicamente sobre el delito de “Violación de menores de 14 años” y se establecen las penas más altas para los agresores, incluida la cadena perpetua en caso de muerte o lesión grave. En el Artículo 175 se define el delito de “Seducción” como violencia contra niños y niñas entre 14 y 18 años de edad, y se establecen penas menores. En el Artículo 176 se incluye el delito de “Atentado al pudor del menor” que considera a niños y niñas menores de 14 años como víctimas. La explotación sexual no está tipificada como tal en el Código Penal. En el Capítulo X se habla de Proxenetismo y se incluyen los delitos de favorecimiento a la prostitución, el rufianismo, proxenetismo y la trata de personas, cuyas penas son mayores si se da el agravante de que la víctima sea menor de 14 años en algunos casos y 18 en otros. En el Código Penal se tipifica como forma agravada muchos otros delitos cuando las víctimas son NNA. En el Artículo 121 se considera “forma agravada” cuando la
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No se cumplen los estándares previstos del 1 al 2 P	Nivel 2.- Se verifican al menos los estándares descriptos en los puntos 1 y 2 P	Nivel 3.- Se verifican los estándares del 1 al 4 P	Nivel 4.- Se verifican todos os estándares
víctima de daño grave en el cuerpo o en la salud es menor de 18 años. Cabe resaltar que el daño grave incluye cuando se “pone en peligro la vida; se mutila un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hace impropio para su función, causa a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfigura de manera grave y permanente; daño corporal, a la salud física o mental que requiere treinta o más días de asistencia o descanso; cuanto la víctima muere” (Código Penal, 1991). En el código del niño y el adolescente, no hay prohibición explícita a la violencia contra los NNA. Sin embargo, en el Artículo 4 se considera el derecho a la integridad personal y se detalla que (los niños y niñas) “no podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante”. En el Artículo 18, se establece la responsabilidad de protección que recae sobre los Directores de los Centros Educativos, especificándose en el inciso a), la responsabilidad de “comunicar a la autoridad competente, los casos de maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos”. (Código del Niño y el Adolescente, 2000). Las medidas de protección que se incluyen son principalmente para NNA que ya son víctimas de violencia (Artículos 38, 39, 40 y 41). El Código del Niño y el Adolescente está en reforma desde el año 2006. La sociedad civil incluyendo a las organizaciones de niños y niñas; la Adjuntía de la Defensoría del Pueblo; funcionarios de la DGNNA del MIMP; así como del Poder Judicial, han participado en la elaboración de un borrador de nuevo código que aún está sin aprobar. En el 2011 la Comisión de Justicia del Congreso de la República, aprobó por mayoría un dictamen que sería debatido en el pleno del Congreso cuyo texto tuvo muchas observaciones y críticas por significar un retroceso en los derechos de los niños y adolescentes. El texto propuesto “prohíbe todo tipo de violencia física y psicológica, tortura u otras formas de trato degradante”. Sin embargo, no hace referencia expresa a la prohibición de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, a pesar que otros artículos del mismo texto (22°,
50° y 187°) sí se refieren puntualmente a este tipo de violencia.
menor de 18 años, lo que en la primera década del siglo XXI representó 45,736 víctimas mujeres menores de edad. (Mujica, 2011: 78). De aquellas, el 10% tenían entre 0 y 9 años; alrededor del 25% entre 10 y 13 años; y más del 60 % entre 14 y 17 años (2011: 80-82). La problemática de la violencia sexual contra niñas y niños está muy arraigada en el Perú.
En el Perú, el 78% de los casos de violencia sexual a nivel nacional son contra personas menores de 18 años, en su mayoría niñas. En 4 de cada 5 denuncias de violación sexual contra mujeres, la víctima es
Casos de violencia sexual atendidos en los CEM-2015 A nivel nacional
F 4453
Violencia Sexual 18-59 años
0-17 años M 471
F 1303
60+ años F 65
Casos de violación sexual atendidos en los CEM-2015 A nivel nacional Mes
Violación Sexual 0-5 años
Esta omisión no permite visibilizar la violencia sexual como una de las formas más graves de violencia que enfrentan los niños, niñas y adolescentes debido a su especial situación de vulnerabilidad. Este tipo de violencia no solo vulnera el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de la niñez y adolescencia, sino que afecta también su dignidad como seres humanos. Es también causa importante del embarazo adolescente.
Indicador 4.4: Política pública de prevención de la violencia El Perú se está en el nivel 2 de implementación de una Política pública de prevención de la violencia. Tiene incluye acogimiento y brinda asesoramiento legal, psicosocial y servicios de rehabilitación. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es considerado como la política de prevención. Una de sus líneas de acción es la Prevención frente a la Violencia familiar y sexual y promoción de relaciones democráticas entre varones y mujeres. Sin embargo, el uso del concepto “prevención” no es utilizado para definir medidas que eviten la violencia, sino que eviten la continuación de la violencia. Por eso este programa está dirigido a las mujeres víctimas de violencia, orientadas a la atención a casos. Particularmente incluye el fortalecimiento de refugios. No se considera que éste sea un programa preventivo
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- Se cumple al menos el punto 1. P	Nivel 2.- Se verifican al menos los estándares descriptos en los puntos 1 y 2 P	Nivel 3.- Las intervenciones y programas se enfocan mayoritariamente en los puntos 1 y 2 y progresivamente en el punto 3 P	Nivel 4.- Las intervenciones y disponibilidad de programas son de cobertura amplia y flexible abarcando todos los supuestos (prevención y protección) y existen mecanismos de monitoreo y evaluación
dirigido al universo de las mujeres y las niñas y niños. No se propone garantizar el derecho de todos a vivir libre de violencia. Por otro lado, las instituciones que dan servicios para prevenir y atender la violencia tienen mandatos para ejercer estas funciones pero no están claramente diseñadas en procedimientos, no es clara la operatividad. Por eso, los mandatos no llegan a cumplirse en su totalidad. Los operadores no cuentan con protocolos establecidos que guíen sus acciones. Otras estrategias de prevención que existen, están desarticuladas. Los Centros de Emergencia Mujer - CEM como parte del PNCVFS, tienen el encargo de la prevención de la violencia familiar contra la mujer y la violencia sexual incluyendo a la mujer adulta, a las adolescentes y a los niños y
niñas como su población beneficiaria. No tienen una estrategia específica para tratar la violencia contra los NNA. El PNCVFS cuenta con acciones de evaluación y monitoreo de sus actividades, pero se privilegian las metas cuantitativas y no se realizan evaluaciones sobre la calidad de los servicios. Este enfoque es bastante preocupante porque no permite observar cuán real es la aplicación de medidas de protección y tampoco permite que se rinda cuentas sobre resultados o cumplimiento de objetivos. El Ministerio de Educación también tiene una estrategia de prevención de la violencia, “Paz Escolar”, que ha derivado en la instalación de un sistema de denuncia a través de la Internet (Sisevé). Su foco está en tratar la violencia entre pares (bullying). Esta es una estrategia aislada, no articulada a otras instituciones.
Indicador 4.5: Descentralización El Perú está en el nivel 2 de implementación de la descentralización del sub sistema de protección frente a la violencia, ya que lo que existe es el establecimiento de las competencias de los diferentes niveles de gobierno en la protección a la niñez ante la violencia. Sin embargo, en términos prácticos, esta función no es reconocida por los funcionarios y autoridades de las regiones y
“Propiamente del CEM, la mesa de atención y prevención de la violencia familiar y sexual (…) Nosotros sí tenemos la situación de que lo estratégico es trabajar en redes y de forma articulada y para eso necesitamos un espacio fortalecido, como son las mesas, la redes… y que de alguna manera ellos son los que impulsan, aparte de ser propositivas, también de acción y cambios, y en realidad eso (…). Las facilitadoras en acción por ejemplo, tienen tres acciones directamente que pueden hacer que son, la detección de casos, a través de unas fichas de tamizaje algo similar, y hacen acciones de prevención iniciadas por ellas mismas, y también acompañan a los procesos emblemáticos (...) Ellas preparan sus materiales para poder hacer las réplicas, y cuando hacen acciones de apoyo de igual forma, por ejemplo, un rotafolio que ellas lo manejan y lo explican.” (Representante del Centro de Emergencia Mujer-Huánuco)
P	Nivel 1: No se cumplen ninguno de los criterios establecidos del punto 1 al 8 P	Nivel 2: Se cumplen al menos tres de los criterios descritos en los puntos 1 al 8 P	Nivel 3: Se cumplen al menos cinco de los supuestos descriptos en los puntos 1 al 8 P	Nivel 4: Se cumplen todos los supuestos descriptos en los puntos del 1 al 8
municipalidades. La trasferencia de funciones en esta temática no ha prosperado. La Gestión Descentralizada es una iniciativa del Estado para favorecer un mejor acceso y prestación de los servicios transferidos a regiones, provincias y distritos. En el caso de los Servicios de Protección Social, el MIMP fue asignado responsable del proceso de transferencia. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es el encargado de los programas de protección a la primera infancia. Asimismo, los gobiernos regionales y locales tienen funciones específicas para llevar a cabo el proceso. Los servicios de protección social que transfiere el MIMP son, los Centros de Emergencia Mujer (CEM); los Centros de Desarrollo Integral de las Familia (CEDIF); y, los Educadores de Calle (YACHAY). Los gobiernos regionales no han cumplido con los requisitos para la transferencia, como identificar en sus Planes de Desarrollo Concertado los componentes vinculados a la protección ante la violencia; que la temática esté incluida en los planes operativos institucionales; y principalmente, que en la estructura orgánica exista una unidad responsable para gestionar los servicios a ser transferidos.36 Las regiones avanzaron en la producción de los planes de igualdad de oportunidades, de acción por la infancia y otros, pero no se ha llegado hasta la elaboración de políticas de protección social dentro de los planes de desarrollo concertados (PDC). Hasta el año 2011 se habían formado los Comités Locales de Transferencia, esperando modernizar la gestión aplicando el enfoque de organización por objetivos según lo establecido en las leyes orgánicas de gobiernos regionales y municipalidades. Hasta el momento, no se han modificado los instrumentos de gestión para incluir la protección ante la violencia en los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Las funciones de protección ante la violencia no se detectan en el Reglamento orgánico de funciones (ROF); en el Manual de organización y funciones (MOF); en el
36.	Directiva N° 004-2007-PCM/SD, del 10 de agosto del 2007.
“La forma de trabajo de la mesa de concertación para abordar diferentes temas se constituyen o se conforman temáticas especificas temática, en este caso el Grupo de Iniciativa por Infancia y Adolescencia (…) las actividades por supuesto no gozan de ningún presupuesto en sí (…), es por el voluntariado de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y estado que existe en la mesa de concertación, (...) el desprendimiento profesional técnico característico de cada institución que aporta desde sus instituciones a conformarse la mesa de concertación a fin de poner en la mesa agendas, que se pueden abordar, para el desarrollo local, para propuesta políticas públicas de desarrollo local en materia de infancia, en materia de gastos públicos presupuesto para educación, etc.” (Representante de la MCLCP)
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) ni en el organigrama. “Los PDC o PRDC son invisibles al enfoque de género e infancia en su mayoría, por tanto, los PIOs, PRIOS y Planes de Acción por la Infancia y la Adolescencia tienen la misión de incorporar el enfoque de niñez y género a nivel del proceso de planificación, sobre todo a fin de que se pueda priorizar proyectos y obras a favor de las mujeres, niñas, niños, y adolescentes”. (IPRODES, 2011). Las Gerencias de Desarrollo Social son las llamadas a asumir esta función, sin embargo solamente incluyen Educación y Salud dentro de su responsabilidad en la medida que ambos sectores están desconcentrados. En su análisis sobre las herramientas regionales y locales de gestión para la protección a la infancia ante la violencia, IPRODES (2011) concluye que “se ha detectado un profundo desconocimiento en los gerentes municipales respecto de lo que implican los servicios de protección y su relación con la propia gestión (municipal) y el proceso de descentralización (…) y que, la unidad clave para el presupuesto público, la Unidad de
Presupuesto, la cual es responsable de los procesos de programación y evaluación presupuestal, no incluyen el enfoque de infancia y adolescencia en su trabajo ni en sus capacitaciones”. (IPRODES, 2011). En protección a la infancia ante la violencia, el Perú está muy atrasado a pesar de que tiene muchas oportunidades de incluir la temática en los programas antipobreza, como JUNTOS y otros. Muchos de estos programas incluyen acciones de Acompañamiento Familiar orientados a fortalecer el cumplimiento de las corresponsabilidades en las que se pueden agregar medidas preventivas, por ejemplo, formación en crianza libre de violencia. Construcción de Rutas de Atención a casos de violencia de manera descentralizada Aunque las Rutas de Atención sean una parte práctica del sistema de protección ante la violencia, es importante resaltar la forma cómo es que se han ido construyendo desde las localidades. En las diferentes regiones y localidades del Perú, la sociedad civil organizada en redes ha promovido mecanismos de articulación interinstitucional para la protección a NNA frente a la violencia.
Muchas veces, este tipo de iniciativas se han desarrollado sin tener presupuestos iniciales en los POA de los Gobiernos Locales y/o Regionales. Sin embargo, se puede observar que en los últimos años algunos han presupuestado las reuniones de articulación de estos espacios. Estas experiencias son informales y tienen vigencia mientras la MCLCP o las instituciones de la sociedad civil las impulse. Entre otros, el caso de Huánuco es emblemático en el que el Gobierno Regional la aprueba ordenanza que crea la “Ruta de Atención de casos de violencia”. No se crean los sub sistemas, pero sí el mecanismo de articulación. Otra iniciativa de incidencia desarrollada por el proyecto Infancia sin Violencia, dirigido por Save the Children, logra
involucrar al Ministerio Público, que asume la rectoría de la atención a delitos de violencia contra los NNA y por lo tanto de las rutas de atención frente a la violencia a nivel nacional. La ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, crea el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, donde el MIMP, es el ente rector y se menciona que el Ministerio de Economía debe proveer de recursos para su funcionamiento. Sin embargo, la presente Ley aún no cuenta con reglamento para su aplicación.
Indicador 4.6: Mecanismo de denuncia El Perú está en el nivel 2 de implementación de un mecanismo de denuncia publicitado y al alcance de los NNA, incluyendo línea telefónica gratuita. No se cumple necesariamente con el tercer estándar que indica que el sistema de denuncia es el primer paso de un proceso de investigación administrativa o penal.
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No existen mecanismos de denuncia. P	Nivel 2.- Existen algún mecanismo de denuncia y se cumplen los puntos 1, 2 y 3 P	Nivel 3.- Se cumplen la mayoría de los estándares del 1 al 7 pero existen limitaciones para el acceso a los mecanismos de denuncia por parte de los niños P	Nivel 4.- Se cumplen todos, del 1 al 7
“La ruta de atención frente a la violencia la estamos asumiendo nosotros, porque todas las provincias tenemos fiscalías de familia, esperemos que eso se mantenga. Esta es una política regional, aquí del distrito y el sustento normativo está el derecho del niño. Así tenemos los instrumentos legales y lo hemos implementado en nuestro plan de trabajo. Como esta es una fiscalía superior y tenemos la facultad de presidencia en manejar este tema con mayor razón estamos en este trabajo.” (Representante del Ministerio Público)
No coincide exactamente con la fórmula de cálculo para evaluar el indicador, sin embargo es una aproximación al segundo nivel.
funcionario/a que denuncia. Esta es una solicitud y excusa que manifiestan tanto docentes como otros funcionarios para no realizar las denuncias.
La denuncia de la violencia contra la niñez aún es muy escasa en nuestro país debido a que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes es una práctica naturalizada y legitimada culturalmente. En los últimos años las denuncias han ido creciendo, sobre todo de la violencia sexual.37
Otra de las debilidades más evidentes del sistema es la poca disposición de los operadores de los servicios para recibir denuncias de niñas, niños y adolescentes. Aunque algunos digan lo contrario, no se cuenta con data de denuncias sobre hechos de violencia realizadas directamente por ellos. En las entrevistas realizadas a organizaciones de niños y niñas, uno de los puntos que resaltan es la no disposición de los funcionarios para recibir sus denuncias. Esta debilidad es mayor cuando se trata de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley o que se encuentran en regímenes institucionales.
El MIMP ha creado y difundido varios mecanismos de denuncia. El más conocido de todos es la Línea 100, que solo en su modalidad de “Línea 100 en acción”, recibe directamente la denuncia. Sin embargo esta modalidad solo está funcionando en las principales ciudades de algunas regiones del país. No pueden acceder todas y todos los ciudadanos. La línea 100, además, cuenta con una asesoría para la denuncia, mediante la cual se orienta a la persona y se le brinda información sobre las funciones de los servicios de protección. El Ministerio de Educación ha dispuesto un programa en línea “Sisevé” para que los estudiantes puedan hacer denuncias de casos de violencia. Este mecanismo forma parte de la estrategia “Paz Escolar” que trata sobre la violencia contra los estudiantes y tiene como enfoque principal atender los casos de acoso escolar. En la ley 30364, se indica que todo funcionario público debe informar sobre situaciones de violencia detectadas en los servicios que brinda. Incluye las Instituciones educativas, establecimientos de salud y otros. Sin embargo, no se cumple debido a que no se cuenta con elementos de protección al
“La Defensoría del Pueblo hizo un reporte y lamentablemente las comisarías no están recibiendo denuncias de niños ni adolescentes si es que no van con un adulto, hicieron un reporte en todo el Perú y vieron esos resultados. Sobre la línea 100, no he tenido quejas, por ejemplo cada vez que hay un caso de primera línea, llamamos a la Línea 100 y ha funcionado, solo una vez no funcionó (…)Cuando trabajamos con la Ruta solamente lo ven por el lado de justicia, no lo ven por el lado integral como debería funcionar y es un problema netamente de la Fiscalía, por ejemplo los docentes no van a la DEMUNA, van a la fiscalía a hacer la denuncia, el fiscal teniendo la denuncia de violación sexual debería de inmediato avisar a la UDAVIT para que haga el soporte emocional de la víctima en temas psicológicos y vea otra atención y no hacen eso, por lo general avisan a la UDAVIT después de que la menor ha pasado la entrevista única y no es así, a veces estas entrevistas demoran.” (Representante de la Defensoría del Pueblo).
“El mecanismo de denuncia no se está dando, sobre todo en las comisarías donde se dice que debe ser con un mayor, a nivel de educación es parcial, la información es mínima, pero para la realidad no refleja esos registros, tanto nivel preventivo y también a respuesta de una situación. Este año ya comenzamos a trabajar con los sectores que tengan que ver con función a la niñez, articularlo mejor y nosotros también, es nuestro trabajo por eso nos pagan.” (Representante del Ministerio Público)
37.	Mujica, Jaris (2010).Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009 Un informe sobre el estado de la situación. Lima. PROMSEX.
Indicador 4.7: Circuito institucional de	adopción de medidas de protección integral y de excepción
estas responsabilidades ni se establecen los enlaces. En conclusión se verifica que en la realidad, lo que existen son sectores aplicando funciones, pero no un sistema articulado.
El Perú se ubica en el tercer nivel según la fórmula de cálculo de este indicador. Aunque existentes, las instituciones encargadas de la atención integral no operan de manera articulada en circuito.
Sí se observa el circuito de funciones relacionadas para la situación excepcional. Éste está descrito por la Defensoría del Pueblo en sus Informes Defensoriales N° 150 y 153 que trata sobre los niños y niñas en situación de abandono, que en la propuesta de nuevo código se denomina “estado de desprotección familiar”. La Dirección de Investigación Tutelar (DIT) es la encargada de definir las medidas y tiene un protocolo de coordinación con otras instituciones, como los juzgados de familia, el INABIF para las medidas excepcionales y con los centros de salud y educación para las medidas integrales de rehabilitación. El procedimiento de investigación tutelar en el Perú se encuentra muy regulado por el Código de Niños y Adolescentes y por el protocolo de la DIT.
La obligación estatal para la protección integral a los NNA está consagrada en el más alto nivel legislativo, en la Constitución peruana y en el Código de los niños y adolescentes. Sin embargo el aspecto articulador que implica una acción conjunta, coordinada para la protección integral, no está contemplada. Hay un vacío normativo que no establece con claridad cómo es que la responsabilidad estatal protectora se pone en práctica. Bajo el concepto de la CDN, la protección integral significa la realización de los derechos del niño, la niña y el adolescente bajo sus principios. En la temática específica de la violencia contra los niños y niñas, significaría organizar el funcionamiento estatal principalmente para prevenir la violencia y para atender casos y garantizar la recuperación de las víctimas y la restitución de sus derechos. En el PNAIA, en los resultados relacionados con la violencia, se establecen algunas funciones y las entidades que tienen responsabilidad. Sin embargo, no se detallan Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No se cumplen los estándares previstos en los puntos 1 y 2 P	Nivel 2.- Se cumplen con los puntos 1 y 2 pero no se cumple con los puntos 3 y 4 P	Nivel 3.- Se cumple al menos con los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 P	Nivel 4.- Se cumplen todos los supuestos del 1 al 10
La competencia de la autoridad para adoptar medidas de protección en el Perú es mixta: las autoridades competentes para asumir estas medidas son administrativas y judiciales. La intervención judicial se produce en la determinación de la situación de desprotección familiar y cuando se aplican medidas como el acogimiento familiar o institucional, es decir que impliquen separar al menor de edad de su entorno familiar. La intervención administrativa se producirá cuando se aplican medidas de cuidado y apoyo en el seno familiar o medidas destinadas a garantizar el derecho a la educación y/o a la salud entre otras.38 Las medidas de protección de carácter provisional son dispuestas por la DIT con el fin de garantizar el derecho del niño o adolescente tutelado a desarrollarse integralmente en el seno de su familia biológica y en defecto de ello, en un ambiente familiar adecuado, debiendo
38.	Ibíd. Página 55.
tenerse presente para su aplicación, la prioridad del fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios así como el tratamiento de los casos como problemas humanos”. 39 La DIT es la encargada de mantener los expedientes individuales de los NNA que requieren de atención integral o excepcional. En el Resultado Esperado N° 22 del PNAIA se presenta la preocupación por el número de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de institucionalización en diferentes Centros de Atención Residencial (CAR), que debiendo funcionar como instituciones transitorias suelen devenir en permanentes para muchos de ellos. Se constata que los motivos de institucionalización son variados, incluyendo la pobreza. En ese sentido el PNAIA propone estrategias para proporcionar a estos niños condiciones de vida familiar: Meta: Un tercio de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, se reintegran a su seno familiar o se integran a un grupo familiar de manera definitiva.
Indicador 4.8:	Control y revisión administrativa y judicial de las medidas de carácter excepcional El Perú se encuentra en el Nivel 3 de cumplimiento de los estándares de este indicador, en la medida que se cumplen de ellos. Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No se cumplen los estándares previstos del punto 1 al 5 P	Nivel 2.- Se cumplen al menos dos de los estándares previstos del punto al 1 al 4 P	Nivel 3.- Se cumplen tres de los estándares del 1 al 5 P	Nivel 4.- Se cumplen todos los estándares del 1 al 5
El derecho de los NNA y sus representantes a presentar pedidos de revisión administrativa o judicial de toda medida que tome el sistema de protección contra la violencia está previsto en el Código del Niño y del Adolescente. El artículo 34 del Decreto Supremo N° 011-2005-MIMDES, establece que la Resolución que se pronuncie sobre el estado de desprotección de un NNA tutelado puede ser impugnada por el Ministerio Público, los padres biológicos, familiares y/o terceros responsables, el Centro Tutelar y el Defensor de Oficio, dentro del plazo de tres días de notificada. En el Informe Defensorial N° 153, la Defensoría del Pueblo informa que en ningún caso estudiado por ellos, se ha dado la situación de resoluciones judiciales que hayan sido objeto de recurso impugnatorio. Sin embargo, esto no quiere decir que se haya estado de acuerdo con los contenidos de las resoluciones, sino más bien que se trata de la falta de asesoría legal adecuada que reciben los padres, familiares y terceros responsables. Por desconocer la materia, estas personas se ven impedidas de cuestionar el criterio adoptado por el órgano jurisdiccional. (Defensoría del Pueblo, 2011). El mismo DS N° 011-2005-MIMDES, en su Primera disposición complementaria establece que la impugnación en la vía administrativa y/o contencioso - administrativa de las resoluciones expedidas en el Procedimiento de Investigación Tutelar se regirá por lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. Sobre la notificación de la Resolución de primer grado. El DS 011-2005-MIMP en su artículo 33 señala que cualquiera sea la decisión sobre la consideración de la situación de desprotección, ésta debe ser comunicada a los sujetos que intervinieron en el procedimiento: el representante del Ministerio Público, las madres y los padres biológicos, los familiares, los terceros responsables y los abogados defensores de los NNA. }
39.	INABIF.- Protocolos de intervención. Instructivo legal, social, psicológico y de salud de la Unidad Gerencial de investigación Tutelar (Junio 2011). Inciso 4.1.1. Con medida de protección de Atención Integral. Pág. 9.
En el Protocolo de actuación de la Dirección de Investigación Tutelar del MIMP se indica que debe proponerse a los responsables del niño, niña y adolescente la adopción de medidas de solución para las que se requiere de su consentimiento (programas de orientación familiar, tratamiento médico o psicológico, etc.). Una vez concluida la etapa administrativa para definir la situación de desprotección en la que se encuentra un niño, una niña o adolescente, la DIT deberá emitir un informe final que deberá remitirse al Juez competente para que adopte la decisión final, previo al dictamen fiscal. El Juez evaluará si se ha cumplido con lo previsto en el procedimiento, incluido el consentimiento de los NNA, sus padres y familiares sobre las medidas de protección propuestas. Es recién después del dictamen del Fiscal que el Juez se pronuncia sobre el estado de desprotección del NNA tutelado. A pesar que el sub-sistema judicial ha previsto un mecanismo (ALEGRA) para brindar asesoría y defensa legales a las personas que lo requieran, en la práctica no garantiza apoyo y asesoramiento legal a los niños y familias para facilitar el acceso a la justicia para la revisión de las medidas. Esto ha sido identificado por la Defensoría del Pueblo y presentado en su Informe N° 153.
Indicador 4.9: Interés superior En el Perú se cumple con tres de los estándares incluidos en la herramienta, por lo que ubica en el nivel 3 de realización del indicador. El marco normativo que reconoce la importancia del ISN es el Código de los niños y adolescentes, específicamente en el artículo IX del Título Preliminar. Sin embargo, es la Ley Nº 30466 la que establece los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del Interés Superior del Niño. Esta ley, de reciente promulgación, considera el ISN como derecho, principio y como norma de procedimiento.Tiene como base de su argumentación, la Observación General N° 14 del Comité de
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No se cumplen los estándares previstos del punto 1 al 4 P	Nivel 2.- Se cumple el estándar del punto 1 P	Nivel 3.- Se cumplen 3 de los estándares del 1 al 4 P	Nivel 4.- Se cumplen todos los estándares del 1 al 4
los Derechos de los Niños. Los organismos públicos en todo nivel están obligados a fundamentar sus decisiones o resoluciones, administrativas o judiciales, con las que se afectan directa o indirectamente a los niños y a los adolescentes El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el ejercicio de su función rectora del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, realiza el seguimiento a las acciones, planes y programas destinados a modificar y adecuar los procedimientos administrativos para la aplicación efectiva del interés superior del niño, por todos los organismos que conforman la administración pública. Su reglamentación ha sido encargada al Poder Ejecutivo.
Indicador 4.10: Participación de niños El Perú está en el nivel 2 de implementación de mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes. La normativa nacional sobre la participación de niñas, niños y adolescentes ha ido fortaleciéndose en torno al derecho. El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia es una muestra de ello. En
Fórmula de cálculo P	Nivel 1.- No se cumplen los estándares revistos del 1 al 5 P	Nivel 2. - Se cumple el estándar 1. P	Nivel 3.- Se cumplen 3 de los estándares del 1 al 5 P	Nivel 4.- Se cumplen todos, del 1 al 7
“Se aprobó en el Concejo Regional la ordenanza de la creación de los Consejos Consultivos del Niño, Niña y Adolescente, el año pasado impulsamos un acta sobre ellos. Pidieron desde el parlamento escolar, ver cuáles eran las acciones que desarrollaban para la protección de los niños y la participación y en su reunión plantearon que la prioridad era niños, niñas y adolescentes (…).En la conversación el compromiso fue que el Gobierno Regional empezara a ver e implementar esto, espacios de consulta a niños, niñas y adolescentes para las decisiones políticas, presupuestales, Gobierno Regional sobre todo, porque local no existe, el Gobierno Regional ha buscado que se establezca, la sociedad civil sí tiene organizaciones de niños, niñas y adolescentes a las que se está fortaleciendo pero todavía no como Gobierno Regional o como Gobierno Local, ellos no lo están implementando o desarrollando, es decir, desde lo inicial, que es empezar a identificar a las organizaciones, representantes y elegirlos democráticamente.” (Representante de Paz y Esperanza)
la propuesta inicial de reforma del Código del Niño y el Adolescente, también se proponía fortalecer este aspecto de la participación de los NNA. Sin embargo, en el año 2011, la comisión de Justicia del Congreso de la Republica revisó esta propuesta e incorporó la supervisión y/o autorización de los padres para el acceso a la información, la libertad de expresión, de opinión, de reunión y de asociación de niñas, niño y adolescente. Este agregado de control y vigilancia de los padres constituye un obstáculo para la consolidación de la participación infantil, que es fundamental para el bienestar y desarrollo integral de los NNA en tanto pone de manifiesto sus capacidades en diversos espacios. Debido a que no se debatió en el pleno, la propuesta quedó archivada. En el Perú todavía no hay consenso para aprobar un Código que sea consistente con la CDN en varios aspectos, uno e ello el de la participación de los NNA. Todavía no se considera que la participación sea un mecanismo excelente de formación ciudadana y de fortalecimiento de
los valores democráticos. La negativa demuestra el desconocimiento de algunas autoridades sobre la calidad de sujetos de derechos, autónomos e individuales de los niños y las niñas. Paradójicamente, en los últimos años se han establecido mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes. Aunque normados, el nivel de implementación de estos mecanismos es bastante reducido y depende de las voluntades políticas de las autoridades. La participación de los niños, niñas y adolescentes en el sub sistema de protección frente a la violencia ha sido impulsada por la sociedad civil en los últimos 20 años. Se ha promovido que las organizaciones de niñas, niños y adolescentes sean actores importantes tanto en la prevención de la violencia, como en la detección y derivación de casos y en la vigilancia y exigencia de derechos y servicios. Por ejemplo, en la Región
“Todas las acciones de protección de niños, niñas y adolescentes, damos charlas, damos nuestra opinión y punto de vista acerca de lo que sucede en nuestra población y también en otros lugares (…).Tuvimos varios encuentros con las autoridades para dar a conocer nuestras opiniones y con esos encuentros logramos que el gobierno regional tome conciencia y forme un consejo, se está ampliando (...). Me parece que hasta el año pasado, no le prestaban atención (en referencia al Estado) pero a medida que Paz y Esperanza estaba promoviendo los encuentros y reuniones con autoridades, poco a poco se han ido ingresando.” (Representante de Organización de Niños, Niñas y Adolescentes: Yo también tengo algo que decir)
Huánuco, en el IV Encuentro de Organizaciones de Niños, Niñas y Adolescentes de Huánuco “¡Yo también tengo algo que decir: Prioricen nuestra participación y protección frente a la violencia!”, los adolescentes hombres y mujeres, líderes del Parlamento Escolar, de Municipios Escolares y Fiscalías Escolares de Huánuco y Tingo María, se reunieron con más de 20 autoridades y funcionarios del gobierno regional y otras entidades públicas para solicitar y exigir que mejoren sus intervenciones para protegerlos de toda forma de violencia, principalmente de la violencia sexual, y que promuevan su participación ciudadana. Similares acciones se vienen desarrollando en Ica y Lima. Muchas de estas acciones son impulsadas por la sociedad civil y las organizaciones de niñas, niños y adolescentes. Este aspecto no se encuentra en los estándares propuestos y consideramos que es muy importante para evaluar una real participación. El Ministerio Público ha organizado las Fiscalías Escolares como mecanismo de participación de los alumnos en la identificación y derivación de casos.
“Solo hay un programa de fiscales escolares, ese es el único. Consiste en ver si en otro colegio puede haber maltrato familia, bullying que afecta a distintas instituciones, lo investigamos y seguimos al caso. Tenemos un profesor encargado, que cuando vemos un problema como una pelea entre compañeros le damos a conocer el caso. Luego el profesor hace como un acta para que los alumnos se comprometan a no volver a hacer esto. Para mi estaba funcionando el año pasado porque estaba la psicóloga que los orientaba, pero ahora no hay psicóloga y no llegan a nada los casos, solo hubo orientación de los maestros.” (Representante de Organización de Niños, Niñas y Adolescentes)
Indicador 4.11: Marco regulatorio y supervisión entidades de prevención, protección y atención de la sociedad civil El Perú se encuentra en el tercer nivel según la fórmula de cálculo de los estándares de este indicador. Se cumplen cuatro de los cinco estándares sobre el marco regulatorio y de supervisión de entidades de la sociedad civil que da atención a la infancia. La sociedad civil adquiere diversas formas organizativas para brindar los servicios de protección a la niñez, la mayoría de las veces asume la forma de organización privada no lucrativa y dentro de este rubro como organismo no gubernamental de desarrollo (ONG). Estas instituciones están reguladas fundamentalmente por el Código Civil. En el Perú, las ONG deben registrarse en los Registros Públicos y ante la entidad pública denominada Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional (APCI). “De acuerdo con el tipo legal correspondiente, existe una mayor o menor supervisión por parte del Estado. No obstante, de manera general, existe un control a posteriori, el cual puede solicitar al Poder Judicial la disolución forzosa de una organización no lucrativa cuyos fines o actividades sean contrarios al orden público o las buenas costumbres; siguiéndose para tal efecto el proceso correspondiente”.40 La APCI ha venido realizando visitas a los proyectos y programas de las ONG, a fin de verificar el cum-
Fórmula de cálculo P	Nivel 1: No se cumplen las pautas previstas del punto 1 al 5 P	Nivel 2: Se cumplen al menos dos de las pautas del 1 al 5 P	Nivel 3: Se cumplen al menos cuatro de las pautas del 1 al 5 P	Nivel 4: Se cumplen todos las pautas del 1 al 5
40.	Javier de Belaunde L. de R. y Beatriz Parodi Luna.- Marco legal del Sector Privado sin fines de lucro en Perú.
plimiento de los objetivos trazados y la aplicación de fondos provenientes de la cooperación técnica internacional. Asimismo, diferentes sectores están responsabilizados de emitir opinión favorable sobre las acciones que realizan las ONG en las temáticas relacionadas con su sector. En el caso de las actividades educativas, es el Ministerio de Educación quien se encarga de regular y supervisar la calidad y contenidos del servicio. El MIMP es la entidad encargada de regular y supervisar el funcionamiento de los Centros de Atención Residencial de gestión pública y privada. Desde el 2007, rige la Ley 29174 que da las pautas para regular el funcionamiento de los CAR y garantizar que brinden un servicio de calidad orientado a atender las necesidades de desarrollo afectivo, social y físico de los niños, niñas y adolescentes acogidos. En el ejercicio de esta función, el MIMP, por intermedio de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, debe contar con un registro de los organismos públicos, privados y comunales dedicados a la niñez y la adolescencia, así como vigilar el funcionamiento de los organismos públicos, privados y comunales que ejecuten programas y acciones dirigidos al niño y al adolescente. De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 003-2005MIMDES, este ministerio debe sistematizar y organizar su información, de tal manera que pueda realizar una adecuada supervisión y evaluación del cumplimiento de los fines de estos organismos. El MIMP tiene la función de acreditar y supervisar a los Centros de Atención Residencial (CAR) conforme a lo establecido en el Código de los Niños y Adolescentes, y en las normas que lo reglamentan. Asimismo, el MIMP promueve el fortalecimiento de los CAR, brindándoles apoyo técnico y capacitación en los casos que lo requieran. La supervisión está guiada por el Manual de Acreditación y Supervisión de Programas para NNA sin Cuidado Parental
aprobado por Resolución Ministerial N° 082012. En los estándares establecidos en este Manual, se considera que los NNA albergados deben ser escuchados y deben tener mecanismos para presentar sus quejas y opiniones. A pesar de ello, en Huánuco el representante del Ministerio Público opinó de la manera siguiente:
“No hay un mecanismo de denuncia para los niños o adolescente que se encuentra en algún albergue, no existe, lo que hacemos es visitas, recogemos información. Eso también es débil a pesar que no hay muchos albergues, aunque las visitas no son sustanciales (…). Para autorizar un centro de esta naturaleza pasa por control del mismo Estado, no las promueve pero las que se van formando y hasta lo que tengo en conocimiento es todo muy tedioso. Desde su inicio es una traba, debe dar facilidades. Pero si hacemos una visita en un albergue y podemos recibir las quejas de los niños que viven ahí, incluso en algún momento presentamos deficiencias cuando identificábamos, o un niño nos presentaba una queja identificábamos y de hecho había una consecuencia por eso.” (Representante de Ministerio Público)
No hay evidencia que indique que efectivamente los NNA tienen un mecanismo confidencial y accesible para que puedan formular quejas y denuncias contra el trato recibido en alguna entidad sin que esto pueda comprometer sus derechos y seguridad.
Indicador 4.12: Recursos humanos adecuados El Perú está en el nivel 1 de implementación de una política de gestión de recursos humanos. Se considera que la calificación propuesta no favorece a la situación del país, debido a que en las instituciones que brindan servicios de protección se cumple a medias algunos estándares presentados.
Fórmula de cálculo P	Nivel 1: No se cumplen con las pautas 1 al 7 P	Nivel 2: Se cumplen con las pautas 1 y 2 pero no se han constituido los equipos siguiendo esas pautas ni tampoco se respetan los casos a tomar por cada equipo y trabajador social P	Nivel 3: Se cumple con las pautas 1 al 5 P	Nivel 4: Se cumple con todas las pautas del 1 al 7
Por ejemplo, los Centros de Emergencia Mujer han colocado personal especializado en diversas disciplinas para brindar un servicio más integral, pero esto no se cumple en todas las localidades. En el año 2013, se promulgó la Ley 30057 de Servicio Civil con la intención de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos. Esta ley está dirigida a todo el personal que tiene una función pública. Mediante ella se ha creado un área de gestión de recursos humanos en el nivel más alto del gobierno (Presidencia del Consejo de Ministros) que está significando un impulso al desarrollo de la formación de los funcionarios públicos bajo criterios y estándares establecidos y un mejoramiento del desempeño. Es así que en los últimos años se han desarrollado iniciativas de formación al personal que trabaja en el sistema de protección.A pesar de ello, se reconoce que el factor de los recursos humanos es uno de los más débiles del sistema. La especialización en infancia no es una condición o requisito que se exija en gran parte de los puestos del sistema de protección y la educación en derechos humanos es casi nula. Generalmente los procesos de capacitación con una orientación en derechos humanos en general y en derechos del niño en particular, han sido implementados por la sociedad civil. Se han desarrollado cursos de especialización, marcos curriculares, términos de referencia con criterios mínimos, cursos de post grado, diplomados y maestrías. Estas iniciativas desarrolladas en proyectos de cooperación
no son sostenibles. Algunas instituciones públicas cuentan con áreas de formación y tienen estrategias de capacitación al personal, sin embargo, no cubren al total de trabajadores debido al bajo presupuesto que se asigna para esas áreas. Muchas veces resulta más práctico convocar a la sociedad civil para la formación de sus operadores.
“Sí, nos capacitan, inclusive ha habido una serie de diplomados de varios meses de capacitación, por parte del Ministerio, sí hace la capacitaciones en convenio con las universidad, a través de ellos… por ejemplo en mi centro, han recibido tres personas su diplomado sobre violencia, me parece con San Marcos, ellos han hecho en Lima, y también en diferentes partes de las instituciones de acá de salud de Huánuco. En este caso es través del Ministerio de Salud, entonces son ellos los que realizan este tipo de diplomados y también anteriormente, por ejemplo, estaba acá Prisma, y con ellos hemos hecho este tipo de diplomado, acá con Paz y Esperanza también, con la Red de Mujeres, también se ha trabajado bastante, allí se ha hecho varios diplomados, en convenio con la universidad para la prevención, inclusive no solamente han participado personal de salud, no, sino también autoridades, líderes, responsable de DEMUNA todos ellos.” (Representante del Centro de Salud Aparicio Pomar)
Actualmente se está contratando a equipos multidisciplinarios para los servicios de protección. Por ejemplo, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han sido equipados con personal de distintas disciplinas. Lo mismo está ocurriendo con la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público (UDAVIT) y los equipos multidisciplinarios del Poder Judicial. A diferencia de los CEM, estos dos últimos no se encuentran en todo el país. Los mecanismos de control del personal (Términos de referencia para procesos de selección, códigos de conducta, proceso de evaluación, recojo de percepciones de usuarios/as, etc.), así como, las
“El equipo de atención es una psicóloga o psicólogo, trabajadora social y abogado o abogada. En caso de Huánuco nosotros tenemos dos abogadas, dos trabajadoras sociales (…), dos psicólogos (una psicóloga y un psicólogo) (…) y una admisionista que está cargo de todo el sistema virtual, de fichas, casos, mandar información; la unidad del área de admisión también ayuda cuando hay investigaciones relacionadas (…). El personal el que trabaja no tiene que tener denuncias por violencia, cuando nos piden las hojas de vida, generalmente dos veces al año, y los contratos nos hacen al mes o cada tres meses, hay que presentar una hoja de vida cada seis meses por ejemplo. Lo que no tenemos un libro de actas, incidencias, cuando se hacen las actividades los coordinadores lo que hacen es escanear esas acciones que hicimos, bueno, ahora tenemos un control digital incluso para el personal, anteriormente eran planillas de asistencia, ahora es el dactilar, y ellos tienen un software (…). Pero en la cuestión de acciones, tenemos el área de promoción, el área de asesoría legal, el de psicología, para estar asesorándonos.” (Representante del Centro de Emergencia Mujer-Huánuco)
pautas y procedimientos de la atención para evitar el síndrome de agotamiento profesional son casi inexistentes. En varios servicios como la Policía Nacional o en las DEMUNA, se puede tener a personas que han sido denunciadas por violencia brindando atención. Muchas veces las instituciones no cuentan con mecanismos sólidos de sanción para los servidores que cometen delitos de violencia y los “malos operadores” terminan siendo reciclados (el caso de PNP corruptos o Docentes agresores). Esta deficiencia de la función pública está siendo revertida por la Ley de Servicio Civil (SERVIR).
Indicador 4.13: Gestión de casos El Perú está en el nivel 2 de implementación de una política de gestión de casos.
Fórmula de cálculo P	Nivel 1: No se cumple con ninguna pauta (no existe un mecanismo formal de gestión de casos)	P	Nivel 2: Se cumplen al menos con 4 de las pautas P	Nivel 3: Se cumple con al menos 9 pautas P	Nivel 4: Se cumple con todas las pautas
Los procedimientos de protección durante los juicios por delito de violencia sexual y otros delitos de violencia contra los niños y las niñas están descritos en la “Ruta de Atención” aprobada por el Ministerio Público. Sin embargo, es en la propuesta desarrollada por el MIMP en la que se encuentran con mayor detalle los procedimientos, protocolos y calidad de los servicios para las fases de intervención administrativa para la recuperación de casos. Por los estudios realizados por Save the Children y otros41, se conoce que las personas recurren mayormente a la Policía o a las DEMUNAS a denunciar los casos de violencia. Estas dos instituciones son, en la mayoría de casos, la puerta de ingreso para el sub sistema judicial cuando se trata de delito o de atención administrativa cuando es otro tipo de violencia. Hay otras instituciones que también ejercen esta función, como los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Muchas veces es en las escuelas donde se detectan los casos. Estas instituciones solo reciben las denuncias, ellas deben derivar los casos inmediatamente. Sin embargo, muchas veces son un filtro, una barrera de acceso a la justicia. Lili Espinoza de la Organización “Tamar” de Huánuco informó a la CIDH que “a veces, las niñas cuentan en confianza a otros niños lo que
41.	IPRODES: Estudio sobre las barreras que limitan el acceso de niños y niñas indígenas a servicios de protección en relación con todo tipo de violencia (2012). Defensoría del Pueblo: Informe Defensorial sobre DEMUNAS e Informe de trabajo sobe las Comisarías.
les ha pasado, y estos niños o niñas amigos quieren presentar la denuncia, pero por ser menores de edad no los dejan hacerla. Exigen que vayan con una persona adulta (…) Cuando uno va hacer una denuncia ante la Policía Nacional, éstos les solicitan a los familiares que averigüen los datos del agresor, como su domicilio. Nosotros no somos investigadores, pero lo hacemos”. (Espinoza, 2014). En concordancia con el nuevo Código Procesal Penal, el Ministerio Público es el ente rector para la atención a casos delito de violencia como es la violencia sexual. Es a esta institución a quien las otras instituciones deben referir los casos de delito y utilizan los mecanismos establecidos por la Fiscalía. Aunque cualquiera puede ir directo a la Fiscalía y así acorta el proceso de gestión de los casos, la mayoría recurre a la PNP, a las DEMUNA o al CEM. En el protocolo propuesto por el MIMP, el plazo para la derivación de casos a la Fiscalía es de 24 horas.Además de manera inmediata debe activarse el Equipo Interinstitucional de Denuncia y Protección , EIDP, conformado por el Ministerio Público y la Policía Nacional y que tiene un rol de liderazgo tanto en esta fase inicial tras la derivación del caso y en la de Asistencia, Denuncia y Proceso Judicial. Además del registro del caso, la
Fiscalía debe activar las acciones protectoras con la Unidad de Víctimas y Testigos que es también parte del Ministerio Público. (MIMP, 2012). En el Perú, no existe un registro único de víctimas. Existen los datos que organiza cada institución. Para efectos del Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA se utilizan los datos de la Policía Nacional. Todas las instituciones tienen un protocolo de registro de información para cada caso. El MMP ha propuesto que sea el Ministerio Público (Fiscalía) que otorgue el registro único. La PNP, DEMUNAS y CEM registran datos generales y en la Fiscalía se desarrolla la entrevista que permite la evaluación inicial y define el proceso de investigación. La Entrevista Única como mecanismo que evita la re victimización y como instrumento judicial está vigente en el país, incluso para situaciones en las que no existen las Cámaras Gessel. La Guía de entrevista única ha aprobada por el Ministerio Público y cada operador debe seguirla para garantizar la no re victimización, el respeto a la dignidad de la persona, la imparcialidad, la confidencialidad, entre otros. En el Poder Judicial, mediante el Acuerdo Plenario Jurisdiccional
N° 1-2011/CJ-116 “Apreciación de la prueba en los delitos contra la Libertad Sexual”, la entrevista única tiene valoración de prueba judicial. Se utilizó el Interés Superior del Niño para sustentar su necesidad. La protección a las víctimas también está prevista en los protocolos institucionales de la Dirección de Investigación Tutelar (DIT) del MIMP para Lima y Callao y del Juez de Familia especializado en materia tutelar en el resto del país. Estas instancias dictan las medidas tutelares en las que involucran a los Centros de Salud del Ministerio de Salud, a los CEM del MIMP y, de darse el caso, a los Centros de Atención Residencias mediante el Instituto de Bienestar Familiar (INABIF).
La recuperación de la víctima es una fase bastante débil. El MIMP propone la formación de un Núcleo Articulador de Recuperación conformado por el MINSA y el propio MIMP. No hay evidencia de que está articulación se haya formado o esté en operaciones. (MIMP, 2012) A pesar de ello, aún persisten prácticas re victimizantes en la atención a casos de violencia contra niños y niñas. Otras veces, la corrupción impide que se haga justicia y se sancione a agresores. En conclusión, aún existen muchas debilidades para implementar acciones desde los enfoques de género e interculturalidad y el principio del interés superior del niño.
“Pero en la cuestión de acciones, tenemos el área de promoción, el área de asesoría legal, el de psicología, para estar asesorándonos y hay dos líneas de servicios: la línea 100, que directamente tiene un profesional que hace el seguimiento, y la línea 100 en acción que son casos emblemáticos y que pueden ser difundidos por la prensa (…). Actúa el CEM pero si es emblemático, porque son dos tipos de líneas, uno es la línea 100 cuando es la población la que avisa, nosotros año a año pasamos las 300 llamadas sobre violencia, de otros temas, consejería. La línea 100 en acción que son casos emblemáticos; por ejemplo, la niña de 14 años que ha sido victimada o un niño que ha sido secuestrado por el padre, el profesional viene o viaja con el profesional de acá, o hacen acciones incluso para movilidad, hay incluso un compromiso del Gobierno Regional a través de la gerencia cuando son casos emblemáticos para el traslado a otras provincia.” (Representante del Centro de Emergencia Mujer-Huánuco)
“El sector salud está encargado de la recuperación emocional, porque le interés la salud mental en el Perú, para la recuperación emocional viéndolo de manera integral no es solamente un atención psicológica, sino es un trabajo social también, con la familia, haciendo un seguimiento, buscando que no se siga vulnerando el derecho de la persona que ha sido violentad. El sector salud está haciendo el seguimiento de estos caso (…) de esa parte se encarga el área de psicología, los psicólogos que tenemos allí, ellos van, visitan, hacen el seguimiento.Y también en los centros y puestos de salud funciona el programa del adolescente y el niño, entonces a través de ellos se llega a cada uno de ellos. Una vez ya reinsertado a su familia, a la sociedad, el agresor está ya con el castigo correspondiente y todo lo demás (…), pero en la mayoría de los casos es resuelto, sí una vez que ya ha sido resuelto el problema, arreglado, conciliado y todo lo demás, ya se cierra el caso con todas las recomendaciones de caso.” (Representante del Centro de Salud Aparicio Pomar).
Indicador 4.14: Presupuesto Se considera que en el Perú no se cumple con ninguno de los estándares por lo que está en el Nivel 1 según la fórmula de cálculo. El marco normativo no establece un porcentaje específico para el funcionamiento del subsistema de protección contra la violencia . En la Ley contra la violencia hacia la mujer y otros miembros del grupo familiar, se asigna la función al MIMP de “coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para la dotación de recursos a los sectores comprometidos en la aplicación de la presente Ley, previa planificación presupuestaria intersectorial. El Ministerio de Economía y Finanzas Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley”. Esta indicación es bastante general que no prevé monto alguno. Durante el 2015, el Perú ha tenido un gasto presupuestal de 8,378 millones de nuevos soles destinados a desarrollar políticas y programas para la población adolescente. El 80% se ha concentrado principalmente en la educación, el 6% en Salud y el 5% en protección social (UNICEF 2015). Sin embargo, en el Programa Presupuestal por Resultados 080, contra la Violencia Familiar, se ha establecido montos para el gasto para cada resultado de este programa. Cabe resaltar que la referencia a la violencia contra los niños y niñas en este programa
Fórmula de cálculo P	Nivel 1: No existe mención sobre el presupuesto en el marco normativo o la mención es meramente una remisión a las partidas que se asignen del presupuesto ordinarios P	Nivel 2: Se da al menos uno de los estándares previstos en los puntos 1 al 4 P	Nivel 3: Se dan al menos dos de los estándares previstos en los puntos 1 al 4 P	Nivel 4: Se dan al menos tres de los estándares previstos en los puntos 1 al 4
es mínima, lo que significa que no se está invirtiendo en especialización en la niñez para atender los casos de violencia. Se espera que esta situación cambie sustancialmente cuando se aplique la ley que eleva a rango de ley el PNAIA y que reglamente la ley contra el castigo físico y humillante.
Indicador 4.15: Protección comunitaria basada en la comunidad En el Perú se cumplen con dos estándares de este indicador, en el sentido que existen vías informales de consulta con los mecanismos comunitarios que funcionan en forma no periódica; existen protocolos, convenios y acuerdos formales que incorporan a los mecanismos comunitarios en la prevención y protección contra la violencia. Por ello es que se considera que está en el nivel 2 de la fórmula de cálculo.
Fórmula de cálculo P	Nivel 1: No se cumplen ninguna de las pautas del 1 al 4 P	Nivel 2: Se cumple al menos dos de las pautas del 1 al 4 P	Nivel 3: Se cumplen al menos tres de las pautas del 1 al 4 P	Nivel 4: Se cumplen todos las pautas
Mediante la Ley 29824, el Poder Judicial trabaja con “Justicia de Paz”, que es un órgano integrante del Poder Judicial cuyos operadores solucionan conflictos y controversias preferentemente mediante la conciliación y también a través de decisiones de carácter jurisdiccional conforme a los criterios propios de justicia de la comunidad y en el marco de la Constitución Política del Perú. (Poder Judicial, 2011) El Juez de Paz accede al cargo a través de los mecanismos de participación popular por elección popular y de selección del Poder Judicial. Debe recibir apoyo del Ministerio Público, de la Policía Nacional, y los gobiernos regionales y locales, así como de las comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas. Este mecanismo está muy extendido en el
país como mecanismo de expansión de la cobertura del Poder Judicial. Sin embargo, sus funciones están relacionadas con la conciliación y por lo tanto no debería de tratar los temas de violencia contra los niños y niñas. Más aún una de sus funciones es informar sobre casos de delito y en caso de no cumplir con esta función se le aplica una sanción. Los estatutos comunales que norman el funcionamiento de las comunidad, en algunos casos, hacen referencia a las sanciones en temas de violencia si afectan a niños, a niñas y a adultos. Estos normas son incorporadas como protocolos formales en el desempeño de los jueces de paz. El marco legal reconoce la ley o derecho consuetudinario como parte de un mecansimos que poseen las comunidades para sancionar casos que contituyen falta o delito en su jurisdiccion, esto es conocido como “Sancion Comunal” o justicia popular. No es comun su aplicacion. La participacion de la poblacion en el diseño de politicas y en la evaluacion es muy limitada, por lo tanto su partiicpacion en la implementación esta ligada a la denuncia de casos y no a las aciones de prevención y promocion de buenas prácticas.
coordinan con las DEMUNAS, las PNP y los Jueces de Paz. Sin embargo, no los reemplaza. Para Plan Internacional, las experiencias más exitosas de liderazgo comunitario para la protección es la del Promotor Defensor que promueven los derechos, dan asesoría, ayuda y pueden ser referentes para información, pero no asumen las funciones de las autoridades o funcionarios responsables. Los Promotores Defensores se relacionan con los gobiernos locales en la planificación del desarrollo local concertado y presupuesto participativo donde expresan sus intereses. Las Defensorías Comunitarias, sin embargo, en algunos casos, han asumido responsabilidades y funciones que no les compete ante la inexistencia del servidor público. En algunos casos han asumido el seguimiento a los acuerdos llegados en conciliación sobre problemas de alimentos que es responsabilidad de las DEMUNAS, han atendido casos. Esta situación ha creado conflictos en la comunidad y en lugar de fortalecer a los actores locales, los ha debilitado. En los casos en que las Defensorías Comunitarias han dado orientación, trabajado para la prevención, la promoción de derechos o dado asesoría a las familias, su rol es valorado.
De manera informal, los mecanismos comunitarios más comunes son las Defensorías Comunitarias y los Promotores Defensores. Estos mecanismos
Las Facilitadoras en Acción es una organización social de base que opera en Huánuco en lucha cntra la violencia. Ellas se relacionan con los CEM:
“Las facilitadoras en acción pueden detectar, avisar más no ir a intervenir o a sacar a la víctima o enfrentarse con el agresor, ellas no pueden hacer eso, sino avisar en tal lugar, en tal jirón hay un hecho posible de violencia, y lo que hace la asistenta social es hacer la visita. Generalmente detectan casos, lo que hacen es el acompañamiento a nivel de campañas, ellas apoyan en las campañas. Directamente cuando son vecinas, ha habido casos, de que sí, por ejemplo, dicen, las ayudan un poco a poder seguir el caso, pero no se recomienda que ellas directamente hagan el seguimiento del caso, porque si no sería una re victimización, con el personal cuidando eso, y además ella, lo mejor es que ellas detecte, la deriven y nosotros hacemos lo propio.” (Representante del Centro de Emergencia Mujer-Huánuco)
El sistema formal de protección no incluye acciones de formación y acompañamiento permanente a los promotores defensores comunitarios. Si es que existen, en algunos distritos, estas personas, que en su mayoría son mujeres, son las que han venido participando en diversos espacios de capacitación.
instancias funcionan como vías de consulta con las comunidades.
En general, el Estado no se proyecta al ámbito de la comunidad. En este sentido no hay un reconocimiento comunitario, los gobiernos locales no suelen ejercitar la consulta previa como protocolo de articulación y coordinación con la estructura comunitaria. Sin embargo, los mecanismos de participación en la planificación concertada y en la elaboración del presupuesto participativo da la oportunidad para que las comunidades pueden participar si están organizados y si desarrollan sus capacidades para ello.
El Perú está en el nivel 1 según la fórmula de cálculo de los estándares de este indicador.
En algunos espacios distritales y provinciales como las Mesa de Proteccion y los COMUDENNA, participan los miembros de las comunidades, en su mayoria liderados por las DEMUNA. Estas
Indicador 4.16: Sistema de información estadística (Sub-Sistema protección contra la violencia)
Existen dos problemas relacionados con la información que el país tiene sobre la violencia contra los niños y las niñas. Fórmula de cálculo P	Nivel 1: No existe un ningún mecanismo de recolección de datos para la niñez P	Nivel 2: Se cumple el estándar 1 P	Nivel 3: Se cumplen al menos los estándares 2 y 3 P	Nivel 4: Se cumplen los estándares del 2 al 4
Por un lado la información estadística es bastante débil. No se tiene información sobre los diversos tipos de violencia que se ejercen contra los niños. Sin embargo, en los últimos años el Instituto Nacional de Estadística e Información está incluyendo preguntas sobre el castigo físico y psicológico y sobre violencia hacia la mujer, en la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). Esto es un avance que nos permite tener información sobre la magnitud de la violencia y las características del castigo físico y humillante, pero no es información enfocada únicamente en los niños y niñas. Más aún la encuesta no se realiza a los propios NNA. Por otro lado, no existe un registro único de casos de crimen de violencia contra los niños y niñas, sea ésta en la forma de maltrato o de violencia sexual. Como se mencionó en el acápite de gestión de casos, cada institución tiene sus propios registros. Muchas denuncias de violencia no se encaminan al sub-sistema judicial y por lo tanto no ingresan a los datos del Ministerio Público o de la Policía Nacional. El ente rector nacional en materia de estadística e información es el INEI que realiza los censos y las encuestas nacionales.Además, trabaja con las áreas
de información de cada sector para responder a las necesidades sectoriales. Es decir que no existe una rectoría especializada en niños y niñas que garantice la recolección de datos y su análisis para monitorear la situación de los niños en el contexto de abuso, negligencia y explotación y el funcionamiento y eficiencia del sub-sistema de protección contra la violencia. Sin embargo, toda esta información puede ser solicitada al INEI. La dificultad y debilidad está en la relación interinstitucional entre las dos rectorías, de niñez y adolescencia y de información y estadística. La sociedad civil no es consultada para la planificación de la recolección de datos, es decir no existe un mecanismo efectivo de consulta. Sin embargo, sí hay experiencias exitosas de relación entre el INEI y organismos de la sociedad civil para organizar información de interés y de proveer recursos para ello. Este es el caso de las Brechas de Género 2001-2013. Las organizaciones de NNA no son consultadas para la recolección y análisis de datos y tampoco se cuenta con data que provenga los NNA. La ENDES que tiene un dato de castigo físico y humillante y violencia sexual, consulta a mujeres a partir de los 15 años
“Tenemos un sistema de datos pero no completo, estamos trabajando en eso para pedir al área de informática. Esa información la proporcionamos cuando nos solicitan, ahí nos falta mejorar, en el tema de violencia nos faltan las edades. Vamos a tener una reunión próxima con las áreas para proponer y pedir a los fiscales que datos más poner, de tal forma tener la cuando uno lo solicite la información de edad, género, y discapacidad.” (Representante de Ministerio Público)
“Nosotros lo que tenemos… en realidad, lo que se proponía hacer eran observatorios, pero los observatorios aun a nivel regional, en realidad Lima pide los encargados de poder dirigir desde las regiones, en este caso las autoridades. Del Ministerio de la Mujer, pero netamente así como diagnóstico, o líneas de base aún no se ha trabajado, ellos los que tienen son investigaciones, y lo que nosotros tenemos también son de personas que concurren a nuestros servicios, el año pasado ha llegado a 1500 (referente a los casos atendidos) de los 11 CEM (…). El observatorio lo maneja el ministerio público de criminalística, ellos tienen un observatorio de criminalística, lo que se quería hacer era un observatorio de género, o también de violencia hacia la mujer… eso está como propuesta desde el Gobierno Regional, o sea el MIMP propone al Gobierno Regional poder tener un observatorio en relación al tema de género o de violencia hacia la mujer.” (Representante del Centro de Emergencia Mujer-Huánuco)
4.	Conclusiones 59
1.	A pesar de la gran importancia de tener un marco jurídico adecuado, se considera que es insuficiente evaluar o medir los avances de un sistema solo desde el aspecto normativo. Es un punto de partida fundamental porque provee un instrumento de vigilancia e incidencia, pero no siempre es evidencia del cumplimiento de los derechos. En algunos países, como el Perú, la ley no siempre es garantía de cumplimiento. Además la ley no es precisa en establecer los estándares de calidad. 2.	La exigibilidad de la calidad de los servicios como fundamento de la realización de los derechos requiere de indicadores de calidad, de procesos. 3.	El Perú ha suscrito casi todas las convenciones, convenios y protocolos que forman parte del cuerpo jurídico internacional de derechos humanos y los ha integrado desde el más alto nivel al marco jurídico nacional (la Constitución Política del Estado y el Código del Niño y Adolescente). 4.	Sin embargo, el marco jurídico nacional muestra muchas inconsistencias. Por ejemplo, en el Código del NNA, hay artículos que responden a la CDN, otros que contradicen algunos de sus artículos y hay derechos no contemplados. Por ejemplo el de la protección frente a la violencia es tratado de manera muy deficiente. Hay vacíos en la protección. En el Código y otras leyes sobre la infancia, se mantiene el enfoque asistencial pre Convención, de la situación irregular. Adicionalmente, las leyes que hacen referencia a los derechos, lo hacen de manera general y no brindan claridad metodológica para que los funcionarios públicos y operadores de servicios las pongan en práctica. En conclusión estas leyes no siempre se aplican. El Perú se encuentra en una situación general y cotidiana de ilegalidad práctica. 5.	Lo mismo sucede con la institucionalidad. El Sistema Nacional de Atención Integral a
los NNA, está descrito en el Código del niño y adolescente, incluyendo a quienes lo conforman y sus funciones. Sin embargo, el sistema no existe y no ha existido nunca. Lo que existe son varios sectores actuando de manera aislada a pesar de las instancias multisectoriales de coordinación. La rectoría es débil y desorganizada; la descentralización del sistema aún no concluye aunque se haya avanzado en la elaboración de planes de desarrollo concertado, de igualdad de oportunidades y de infancia. No hay una institucionalidad. El sistema de la infancia no está colocado a un nivel jerárquico institucional que le permita tener la relevancia política y el peso político para que se coloque en la agenda a un nivel adecuado. 6.	La organización del presupuesto público tiene cambios interesantes en el país. Se organiza con base en programas por resultados, pero de manera sectorial. El presupuesto tampoco permite ver lo esencial en el enfoque de la CDN: la integralidad de los derechos. La metodología para construir una taxonomía del gasto público en la niñez es un avance significativo para observar en detalle a dónde se destinan los recursos y por lo tanto poner en evidencia las prioridades. Justamente en el uso de esta metodología se observa que el Estado peruano destina el menor porcentaje de sus recursos para mejorar la protección a los NNA de la violencia y para atender las necesidades de las y los adolescentes.
y las niñas: la Ley que prohíbe el castigo físico y humillante y la Ley para la prevención, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y otros miembros del grupo familiar. 9.	Sin embargo, la prevención no está priorizada. Las leyes, programas y planes no contemplan la prevención como estrategia fundamental para garantizar el derecho a vivir libre de violencia que tienen todos los niños y las niñas. El marco jurídico relacionado con la violencia hacia los niños tiene el enfoque de la atención a víctimas y la referencia a la prevención es a la prevención secundaria. La protección ante la violencia es concebida como un derecho de las víctimas y no como un derecho universal. 10.	Para los servicios de protección, no hay claridad sobre el tipo de profesional que el sistema busca. La especialización en niñez no es contemplada. Esto tiene implicancias directas sobre la calidad de los servicios.
11.	Adicionalmente en el Perú se observa la tendencia en el aspecto jurídico y administrativo al acogimiento de niños o niñas que están en situación de desprotección familiar. Este aspecto de la política de protección está muy reglamentada en protocolos y asignación de responsabilidades. Sin embargo, otros aspectos de la protección, como la prevención o la calidad de los servicios judiciales están bastante debilitadas. 12.	El enfoque para la protección ante la violencia es el de la situación irregular. Es decir, el sistema se ocupa de los niños y de las niñas que son víctimas de violencia, de explotación y de abuso. Se observa la diferencia en la concepción de la salud y la educación como servicios para todos, y la de los servicios de protección dirigidos siempre a las víctimas y no a tener servicios que eviten la violencia, que aseguren a todos los niños y niñas que están protegidos de la violencia. En un sentido, lo que está detrás es una idea de fracaso en la lucha contra la violencia. Solo se puede mitigar los daños más no evitarlos.
7.	El sistema de información y gestión de datos sobre infancia es muy deficiente. No se tiene información sobre muchos aspectos relacionados con la infancia, principalmente en lo relacionado con la violencia. En el Sistema Estadístico Nacional no existe una entidad de elaboración de información estadística exclusivamente sobre la infancia. 8.	En los últimos años, se han producido varias leyes que prohíben la violencia contra los niños
Acta de Compromiso para priorizar la participación ciudadana y la protección de los niños, niñas y adolescentes de toda forma de violencia en el presupuesto público de Huánuco (31 de octubre al 2 de noviembre de 2015).
Foro del Acuerdo Nacional.- Compromiso para la mejora inmediata de la calidad del gasto con una visión de largo plazo (2005)
https://www.inei.gob.pe/sistema-estadisticonacional/
Acuerdo Plenario N° 1-2011/CJ-116 Asamblea General de las Naciones Unidas.Programa Mundial para la educación en derechos humanos.- Primera Etapa (20052007), Segunda Etapa (2010-2014) y Tercera Etapas (2015-2019).
Instructivo N° 002-2008-EF/76.01 y la Resolución Directorial N° 021-2008-EF/76.01 Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres Ley General de Salud
Boggio Carillo, María Rosa.- “Seguimiento Concertado a Políticas Públicas de atención a la Infancia” (MCLCP, 2011).
Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud (Ley 29344)
Claux, Nelly y Cristóbal, Pilar.- Mecanismos de Participación para Niños y Niñas: Reflexiones y Experiencias. CLADE, 2013.
Ley General de Educación N° 28044 la Ley 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales.
Código del Niño y del Adolescente (2000)
La Ley que prohíbe el castigo físico y humillante (Ley N° 30403) y la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (Ley N° 30364)
Comité de Derechos del Niños.- Observaciones Generales N° 5 y N° 19 Comité de los Derechos del Niño.- Observaciones Finales sobre los informes periódicos de los períodos cuarto y quinto del Perú (2016)
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Orgánica de Gobiernos Locales
5.	Referencias bibliográficas 62
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Ley de Creación del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente (Ley N° 26518).
Ley de Bases de la Descentralización (Ley N° 27783),
Defensoría del Pueblo.- Informe Defensorial N° 153.- NNA en situación de abandono: aportes para un nuevo modelo de atención.
La Ley General del Voluntariado (Ley N° 28238 y su modificatoria, la Ley 29094)
Directiva Nº 011-2000-PROMUDEH/GPNA1 (R.M. Nº 141-2000-PROMUDEH
Ley General de Educación (Ley N° 28044) y Reglamento de la gestión del Sistema Educativo (DS 009-2005-ED 63
Ley 28330.- Que modifica diversos artículos de Código de los Niños y Adolescentes (artículo 29 funciones del ente rector; artículo 243 aplicación de medidas de protección; 244 obligación de informar; 245 investigación tutelar; 246 Informar sobre investigación tutelar; 247 Diligencias; 249 declaración judicial del estado de abandono; 251 denuncia). Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 29332.- Ley de Incentivos Municipales Ley 30362 Ley que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° ° 001-2012-MIMP.- el PNAIA MCLCP, Carta Social: Compromiso por el Desarrollo y la Superación de la Pobreza (junio 2001). MIMP.- III Informe anual de avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021. Año 2014 (Ley N° 27666) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.Compendio de los derechos humanos: tratados internacionales de los que el Perú es parte (2012) Morlachetti, Alejandro.- Hacia una medición de los sistemas de protección de la niñez y la adolescencia en América Latina y El Caribe (2015) Plan Bicentenario Perú 2021
Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 2013-2017.Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA) Por tal del Ministerio Público- Fiscalía de la Nación.- http://www.mpfn.gob.pe/ fiscalesescolares http://rednna-peru.blogspot.pe/ Resolución Ministerial N° 006-2016-PCM del 18 de enero de 2016 Resolución Ministerial N° 355-2009-MIMDES, se constituyó el Consejo Consultivo de NNA (CCONNA) Resolución Ministerial N° 617-2010-MIMDES del 13 de setiembre de 2013. Resolución Vice Ministerial 0067-2011-ED Reglamento del Consejo Consultivo Nacional de Estadística e Informática – CCONEI (setiembre, 2001). Aprobado mediante el DS 106-2001-PCM UNICEF.- Implementación de las recomendaciones del estudio mundial de violencia contra los niños y niñas World Vision Perú.- El Estado y la protección de la niñez y la adolescencia. Diagnóstico del Sistema de Protección en el Perú. (2013)
Aplicación de la herramienta de indicadores sobre el marco normativo e institucional para la protección integral frente a la violencia desde...

References: Artículo 4

Artículo 4
 artículo 44
 Artículo 84
 Artículo 84
	Resolución 
 Artículo 84
 Resolución 
 Artículo 31
 Artículo 69
 Artículo 9
 Artículo 85
 artículo 9
 artículo 85
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 53
 Artículo 53
 Resolución 
 Artículo 69
 artículo 4
 Resolución 
 Artículo 5
 artículo 74
 artículo 423
 artículo 122
 Artículo 173
 Artículo 175
 Artículo 176
 Artículo 121
 Artículo 4
 Artículo 18
 artículo 34
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 33
in fine
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 243
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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