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Timestamp: 2017-11-20 05:45:21+00:00

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DEFENSORES - Profesionales de la Justicia! - TRIBUNAL ORAL DE ANTOFAGASTA. ABSUELVE DEL CARGO DE AMENAZA NO CONDICIONAL:
Inicio Jurisprudencia Jurisprudencia V.I.F TRIBUNAL ORAL DE ANTOFAGASTA. ABSUELVE DEL CARGO DE AMENAZA NO CONDICIONAL:
Estima que respecto de este delito es particularmente relevante la declaración de la víctima en el juicio oral, ya que sólo a través de su testimonio se puede determinar la seriedad de la amenaza, pues si esta fue proferida en un momento de exaltación no se comete delito alguno.
(La prueba ya mencionada, ha resultado del todo insuficiente para tener por acreditado el delito de amenazas no condicionales, por cuanto la seriedad y verosimilitud de las mismas no puede ser establecida sólo con los dichos de los tres testigos de oídas señalados, siendo fundamental para ello haber contado con la declaración de la supuesta afectada, lo que no ocurrió, impidiendo así, razonablemente al tribunal arribar a una decisión condenatoria.
En efecto, en este delito, más que en otros, la declaración que la víctima preste en el juicio, resulta del todo esencial, ya que sólo a través de sus dichos se podría haber determinado la seriedad de la amenaza, es decir, la decisión de quien la realiza de llevarla a cabo, pues si la misma fue proferida en un momento de exaltación no configura delito.
En cuanto a la verosimilitud de la amenaza, es necesario que ella sea creíble para la víctima. Al no contar con la declaración de doña L.A., tampoco podemos dar por establecida esta circunstancia, sobre todo, si la testigo M. S., manifestó en estrados, que cuando vio a L. en su domicilio, dentro del cuarto –como ella lo denominó- ésta decía que H. le iba a pegar. La referida testigo no mencionó haber escuchado decir a doña L. que el acusado quería matarla.
Por otra parte, los funcionarios de Carabineros Figueroa y Villanueva, fueron contestes en señalar en estrados que cuando ellos llegaron al lugar donde se encontraba doña L. A. con don H. A., ambos estaban conversando, sin que ninguno de los referidos testigos, señalara que lo hacían a gritos o en términos violentos. Por lo demás, del sólo hecho de haber el acusado, agredido a doña L. A., dos días antes, no puede presumirse que el día en cuestión -23 de marzo de 2006- haya proferido una amenaza de muerte en su contra, en términos serios y verosímiles” (considerando 12°). “Que debe tenerse presente, que la mínima prueba rendida por el órgano acusador a este respecto, si bien pudiera originar algún tipo de indicios, ello no basta para arribar a una decisión condenatoria, pues no logró superar el estándar de la duda razonable, impidiendo formar convicción en tal sentido en estas sentenciadoras. Al efecto se tuvo presente lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal que establece que: “Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzga adquiere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley”.
En otros términos, la condena debe pasar por el quiebre de la presunción de inocencia que ampara al imputado y ello sólo se puede lograr una vez que el tribunal adquiere la certeza positiva de la existencia del ilícito y de la responsabilidad de aquél a quien se
le atribuye. De este modo, el estado de duda o, incluso, el de probabilidad positiva respecto del hecho imputado, impiden la imposición de una sanción penal.
Al respecto, es preciso recordar que nuestro ordenamiento jurídico penal actual tiene sus bases en el principio de inocencia (artículo 4° del Código Procesal Penal)” (considerando 12°)).
Antofagasta, cuatro de septiembre del año dos mil seis.
PRIMERO: Que con fecha treinta de agosto del presente año, ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, constituido por la juez Presidente doña Jimena Pérez Pinto e integrado además por las jueces Myriam Urbina Perán y María Isabel Rojas Medar, se llevó a efecto la audiencia del juicio oral de la causa rol interno del tribunal N°105 -2006, seguida en contra de H.W.A.A., chileno, de 39 años de edad, cédula nacional de identidad N°11.118.568-9, soldador, domiciliado en calle Orella N°39, María Elena.
Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el Fiscal Adjunto David Cortés Alfaro, asistido por doña Andrea Faret Casas-Cordero, ambos domiciliados, para estos efectos, en Condell N° 2235, Antofagasta.
La defensa del imputado estuvo a cargo del Defensor Penal Público don Roberto Vega Taucare, domiciliado en calle 21 de Mayo N°1301, 2°piso, Tocopilla.
SEGUNDO: Que el Ministerio Público fundó su acusación en que el día 23 de marzo de 2006, a las 22:15 horas aproximadamente, el acusado fue sorprendido por su ex pareja doña L.A.T., intentando ingresar por el techo al inmueble ubicado en Ricaventura 442 de esta comuna, infringiendo con ello la prohibición decretada por el Tribunal de Garantía de esta comuna en la causa RUC 0600200631-4, RIT 326/06, que le impedía acercarse a la víctima a una distancia inferior a 100 metros y que también le impuso la obligación de abandonar el hogar común antes indicado.
Posteriormente, al salir la víctima a solicitar la presencia policial fue interceptada por el imputado quien en presencia de la hija común de ambos N.A.A., y a una distancia aproximada de dos metros procedió a amenazarla con agredirla y matarla, señalando que no tenía miedo de pasar 15 años en la cárcel.
A juicio del Ministerio Público, los hechos descritos precedentemente son constitutivos de dos delitos, uno de desacato y otro de amenazas no condicionales, previsto y sancionado en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y artículo 296 N°3 del Código Penal, respectivamente, ilícitos que se encuentran consumados, atribuyéndole al acusado H.W.A.A., participación en calidad de autor, según lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.
Según la Fiscalía, al acusado no le favorece atenuante de responsabilidad penal alguna. Tampoco le perjudican agravantes.
Solicitó se imponga al acusado H.W.A.A., las siguientes penas: 541 días de presidio menor en su grado medio, por el delito de desacato previsto y sancionado en el artículo 240 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil; la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, por el delito de amenazas previsto y sancionado en el artículo 296 N°3 del Código Penal; las accesorias del artículo 30 del Código penal, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que dure la condena; y, asimismo, solicita se condene al pago de las costas de la presente causa.
TERCERO: Que la defensa del acusado, en su alegato de apertura, sostuvo que efectivamente existe un problema de violencia intrafamiliar y una situación de adicción a las drogas por parte de doña Liliana y es por eso, que su representado se vio en la obligación moral de tratar de ver como se encontraban sus hijos.
Señaló además, que el arresto por el incumplimiento se hizo efectivo, por lo que no puede castigarse dos veces a su representado por el mismo hecho, pues se estaría vulnerado el principio non bis in idem. Señaló que en consecuencia, no podrá arribarse a una sentencia condenatoria.
En cuanto al delito de Desacato:
CUARTO: Que para establecer los elementos de este tipo penal, se incorporó al juicio, tanto por el Ministerio Público como por la defensa, la siguiente prueba:
Declaración de Gustavo Figueroa Moyano, Cabo 1° de Carabineros, quien señaló que el día 23 de marzo de 2006, alrededor de las 22:15 horas, en circunstancias que se encontraba de turno de 2° patrullaje, se recibió un comunicado por radio, que en El Caliche con Santos Ossa había una persona agredida. Cuando llegaron al lugar, encontraron al acusado con doña L.A.T. conversando. La comunicación radial decía que una persona estaba siendo amenazada de muerte por su conviviente (el imputado). Agregó, que el Juzgado de Garantía de María Elena, había dado una orden de que don H.W.A.A. no podía acercarse a 100 metros de doña L.. Cuando A. A. los vio se fue del lugar, en tanto la señora se acercó con los ojos llorosos y muy alterada, procediendo a la detención de A. porque tenían conocimiento de la resolución del Juzgado de Garantía.
Señaló también el testigo, que tomó declaración a doña L., quien dijo que estando en su domicilio, sintió unos ruidos, al salir a ver, se percató que A. A. estaba en el techo, por lo que salió inmediatamente a llamar por teléfono a Carabineros, y cuando regresaba fue interceptada por don H., quien la amenazó con cortarle el cuello si la encontraba con el “lacho”.
El fiscal procedió a exhibir fotografías, en una de las cual se aprecia un almacén de nombre El Cóndor, al lado de afuera, se ve un teléfono, indicando el testigo, que desde allí hizo el llamado doña Liliana, el que queda a unos 100 metros del domicilio de ésta; en otra fotografía se observó, una casa que tiene una especie de antejardín, donde según el declarante, se refugió la víctima para protegerse.
Ante consultas del abogado defensor, el testigo Figueroa manifestó que llegó al lugar porque le comunicaron sobre una agresión, pero esto no se verificó, pero doña Liliana dijo que fue amenazada de muerte; también indicó, que cuando llegó al lugar y ver a Araya Alfaro, se acordó que éste tenía orden del Juzgado de Garantía de no acercarse a su conviviente a menos de 100 metros y por eso fue detenido. Asimismo respondió, que no hizo ninguna medición para saber que eran 100 metros.
Nibaldo Villanueva Bascuñán, Carabinero, manifestó que el día 23 de marzo del presente año, se encontraba de turno de 2° patrullaje, cuando recibieron un llamado radial de la Unidad, comunicándoles que doña L.A.T. decía que don H.W.A.A. se encontraba en el techo de su domicilio. Cuando llegaron al lugar, vieron que ambos estaban conversando, a una distancia de un metro y medio aproximadamente, pero al ver la presencia policial, A. se retiró y pretendía dirigirse hacia el centro; L., quien estaba acompañada de una menor, se encontraba asustada y con los ojos llorosos, se acercó y les dijo que Hugo la había amenazado de muerte cuando ella fue a hablar por teléfono a Carabineros, manifestándole que le iba a cortar el cogote si la veía con su “lacho”. Agregó el testigo, que el Juzgado de Garantía de María Elena había dictado una cautelar prohibiendo a don Hugo que se acercara a menos de 100 metros de doña L., por una agresión ocurrida dos días antes, por lo que procedieron a detenerlo por incumplimiento de dicha medida. También dijo, que a media cuadra del lugar de la detención, hay un almacén llamado El Cóndor que tiene afuera un teléfono público, desde el cual, Liliana les dijo que había hecho el llamado y, desde allí hasta el domicilio de ésta hay como una cuadra más o menos.
Cuando le preguntaron a A. que estaba haciendo, de inmediato se subió al carro policial, sin oponer ninguna resistencia.
En el Cuerpo de Guardia procedieron a tomar declaración a Liliana, quien le indicó que en circunstancias que se encontraba en su domicilio, sintió unos ruidos, percatándose que H. estaba en el techo, por lo que tomó a su hija y salió para llamar a Carabineros, luego cuando regresaba a su casa, el acusado la interceptó, ella se asustó e ingresó al antejardín de un inmueble, donde H. comenzó a amenazarla.
El señor fiscal procedió a exhibir fotografías al testigo, reconociendo éste, que corresponde al almacén El Cóndor, en cuyo exterior está el teléfono público y hacia arriba por el costado derecho se encuentra el domicilio de la señora Liliana, y la casa donde dijo ésta que se había refugiado.
El testigo reconoció al acusado como H.W.A.A.
Finalmente señaló que la denuncia de L. era creíble porque dos días antes había sido agredida por H. A.
Contrainterrogado por la defensa, el declarante manifestó que en el comunicado radial les dijeron que Araya Alfaro estaba en el techo del domicilio de doña L., para aseverar tal cosa, sólo está lo declarado por ésta. Agregó, que cuando llegaron al lugar, la afectada se acercó a ellos y les dijo que Hugo la estaba amenazando de muerte. Acto seguido procedieron a detenerlo. Ante insistentes preguntas del defensor, en el sentido de por qué lo habían detenido por las amenazas, el testigo finalmente señaló
que en realidad lo detuvieron por las dos cosas, porque aunque no hubieran existido amenazas, igualmente debían detenerlo por el incumplimiento de la cautelar.
Por su parte doña M.S.O., manifestó que ese día, estaba en el interior de su domicilio viendo televisión, como alrededor de las 22:15 horas, cuando escuchó que una persona estaba llorando al lado de la puerta de su casa, en una especie de antejardín o cuarto que hay allí, por lo que salió a ver y se encontró con una mujer que estaba acompañada de una niñita. La señora decía que el hombre, que estaba un poco más afuera, a quien conoce como H., le iba a pegar, pero éste manifestaba que no era efectivo. La mujer se veía asustadita y lloraba, la niñita también. Agregó la testigo, que ella les pidió que se retiraran del lugar.
El señor fiscal, procedió a exhibirle una fotografía, señalando la testigo que corresponde al frontis de su domicilio, indicando el lugar donde se encontraba la mujer y donde estaba Hugo; el negocio El Cóndor está ubicado hacia abajo, por el mismo lado de su casa.
También expresó la testigo, que media hora después, volvió la señora a pedirle disculpas, diciéndole que estaba más tranquila porque al joven H. lo habían llevado detenido.
Respondiendo al abogado defensor, la declarante manifestó que no escuchó golpes ni gritos, sólo unos sollozos de la mujer y decía que el hombre le quería pegar. Agregó, que a la joven la conoce sólo de vista, pero se saludaban; un tiempo antes, ella y don H. concurrieron a su hogar a solicitarle a su hija que les cuidara la guagüita.
Finalmente, compareció a estrados Aldo Cornejo Quiroz, funcionario de la Policía de Investigaciones de Tocopilla, indicando que el día 24 de marzo concurrió a María Elena a tomar declaración al imputado H.W.A.A., por delegación del fiscal, quien le dijo que había agredido a su pareja L.A.T. y que el día anterior había ido al Juzgado de Garantía, donde, en virtud de la ley de violencia intrafamiliar, le notificaron la prohibición de entrar al domicilio de la señora L. en Ricaventura, donde vivía la pareja, y que no podía acercarse a menos de 100 metros de doña Liliana. También el imputado en su declaración, manifestó que el 23 de marzo del presente año, en horas de la noche, no obstante que sabía que no podía acercarse a la casa de su ex pareja, pero como quería ver a sus hijos, concurrió al domicilio, pero como había una reja que le impedía el acceso al interior, se subió a un latón, mirando hacia el interior por una especie de calamina, de esa situación se percató una hija menor de nombre N., quien le habría dicho a la mamá que él estaba afuera del domicilio, por tal motivo se retiró del lugar, luego de caminar unos metros, se percató que L salió de la casa con la niña, y se dirigieron a la vuelta donde hay un teléfono, pensando que iba a llamar a otro sujeto, se acercó a ella y la amenazó con matarla si andaba con otro “lacho”, momentos después llegaron al lugar funcionarios de Carabineros, quienes procedieron a detenerlo por el delito de desacato.
Agregó el testigo, que también tomó declaración a doña L.A.T., quien le manifestó que había sido agredida por don Hugo Araya, porque tuvieron una discusión y éste la echó de la casa, por lo que llevó a sus dos hijos menores a casa de su hermana y ella estuvo vagando por María Elena toda la noche, en horas de la madrugada fue a casa
de un amigo para que la albergara por un tiempo, hasta allí llegó H.W.A.A. y procedió a agredirla. Al día siguiente concurrieron al Juzgado de Garantía, donde decretaron una medida cautelar por 60 días, consistente en que éste no podía ingresar al inmueble ni acercarse a ella. Posteriormente, el día 23 de marzo del año en curso, en horas de la noche, se encontraba en su domicilio de Ricaventura, en compañía de sus hijos, cuando se percató que en el techo de la casa estaba Hugo Araya, por lo que decidió salir a llamar por teléfono a Carabineros, en compañía de su hija N.; una vez efectuado el llamado y cuando regresaba a su casa, se percató que don Hugo se dirigía hacia donde estaba ella con su niña, por tal motivo entró a una especie de antejardín del domicilio de una vecina, diciéndole ella que por favor no la golpeara, momento en que H.W.A.A. le señala que “si la pillaba con un lacho dentro de la casa, le iba a cortar el cogote”, aunque se fuera 15 años preso, en eso salió la dueña de ese domicilio y se dio cuenta lo que estaba pasando, posteriormente llegaron los carabineros, quienes procedieron a detener al sujeto por el delito de desacato.
El testigo también señaló, que le correspondió interrogar a la señora M., dueña de la casa donde se refugió Liliana. Quien declaró al funcionario Cornejo en los mismos términos que lo hizo en el juicio.
Agregó el testigo que fue él quien tomó las fotografías ya incorporadas. El fiscal procedió a exhibírselas, indicando que corresponden a la casa de la señora Margarita, al almacén El Cóndor, señalando el lugar donde se encontraba el teléfono público.
El Ministerio Público incorporó, mediante lectura resumida, los siguientes documentos: a) copia autorizada de la resolución de fecha 22 de marzo de 2006 del Juzgado de Letras y Garantía de María Elena, en la cual se prohibió a don H.W.A.A., la presencia en el hogar familiar que habita conjuntamente con doña L.R.A.T., ubicado en calle Ricaventura N°442 de dicha localidad y que se acercara a la misma persona hasta una distancia de 100 metros, todo ello en el marco de la ley de Violencia Intrafamiliar, indicándose además, que en el caso de incumplimiento se impondrá al denunciado arresto hasta por 15 días, sin perjuicio de poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para la instrucción del procedimiento por el delito de desacato; b) oficio N°000399 de fecha 22 de marzo de 2006 del mencionado Juzgado a Carabineros, para que se sirva disponer el control del cumplimiento de las medidas cautelares referidas; c) copia autorizada de la notificación personal de esta medida a don H.W.A.A., de fecha 22 de marzo de 2006; d) copia autorizada de la resolución de fecha 24 de marzo del mismo año, por la cual se hizo efectivo el apremio de arresto en contra de Hugo Araya, dándose orden de ingreso a la Unidad Penal de Tocopilla por el término de 10 días, por incumplimiento de la medida cautelar decretada; e) copia del oficio N°73 de 27 de marzo de 2006, de la Tenencia de Carabineros de María Elena al Ministerio Público, comunicándole la detención de don H.W.A.A. y su ingreso por 10 días al Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, como apremio; f) fotocopia de la causa RUC 0600200631-4, Rit 056 del Juzgado de Letras y Garantía de María Elena, en la cual, por sentencia de fecha 13 de junio de 2006, se condenó a H.W.A.A. a la pena de 61 y un días de presidio menor en su grado mínimo, sin beneficios, como autor del delito de lesiones menos graves en la persona de L.A.T..
QUINTO: Que la prueba reseñada precedentemente, apreciada libremente por estas sentenciadoras, ha permitido tener por acreditado, más allá de toda duda razonable,
que el día 23 de marzo de 2006, a las 22:15 horas aproximadamente, doña L.A.T. se percató que el acusado se encontraba en el techo de su domicilio ubicado en calle Ricaventura 442 de la Comuna de María Elena, a quien se le había prohibido acercársele a una distancia de 100 metros, orden decretada por el Jugado de Letras, Garantía y Familia de dicha comuna en la causa RUC 0600200631-4 RIT 327/06, sobre violencia intrafamiliar. Debido a lo cual, salió de su casa, junto a la hija de ambos, para llamar por teléfono a Carabineros, hecho lo anterior se encontró en la calle con el imputado, como sintiera temor, ingresó, para refugiarse, a la parte anterior del domicilio de M.S.O., haciendo lo mismo Hugo Araya. Dicha señora, al escucharlos conversar, salió a ver lo que ocurría, observando que doña L. tenía los ojos llorosos, solicitándoles que se retiraran de su domicilio. Posteriormente, concurrieron al lugar funcionarios de Carabineros, los que procedieron a detener al acusado por incumplimiento de la orden judicial ya mencionada y respecto de la cual ya estaban en conocimiento.
SEXTO: Que el hecho anteriormente descrito, es constitutivo del delito de desacato, previsto y sancionado en el artículo 240 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el acusado quebrantó la orden emanada del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de María Elena, que le prohibía acercarse a doña L.A.T. hasta una distancia de 100 metros, resolución que le fue notificada personalmente con fecha 22 de marzo de 2006.
SEPTIMO: La participación del acusado en este ilícito, ha resultado establecida, con la misma prueba de cargo, especialmente, con los dichos de los testigos M. S., Gustavo Figueroa y Nibaldo Villanueva, quienes dieron cuenta que, en horas de la noche del 23 de marzo del año en curso, vieron a H.W.A.A. junto a L.A.T., la que se encontraba muy asustada y llorosa.
OCTAVO: Consecuencialmente, ha quedado acreditada, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado H.W.A.A. en el delito de desacato, en calidad de autor, en los términos del articulo 15 N°1 del Código Penal, por haber intervenido en el mismo de una manera inmediata y directa.
En nada altera lo concluido por el tribunal, el documento incorporado, como prueba nueva por la defensa, consistente en una copia de la sentencia del Juzgado de Letras y Familia de María Elena, de fecha 14 de junio de 2006, en causa Rit 100/2006 sobre medida de protección, que entregó el cuidado personal de dos de los hijos del acusado y doña L.A.T. a sus tíos y los otros dos a sus abuelos maternos, por encontrarse en riesgo moral y material por parte de su madre.
NOVENO: Que de este modo, se ha descartado lo expuesto por la defensa, en su alegato de clausura, en el sentido que debe absolverse a su representado por el delito de desacato. Señaló en primer lugar, que en cuanto a las circunstancias fácticas de este delito, sólo se contaría con los dichos de la supuesta afectada, introducidos en el juicio a través del relato de un funcionario policial, que indica que el acusado se habría subido al techo de la vivienda de doña L., sin embargo, al respecto no existen fotografías que pudieran ilustrar la factibilidad de dicha aseveración, pues se desconoce la calidad del mismo como para soportar el peso de una persona, tampoco declararon en el juicio la menor, ni la supuesta afectada. Agregó además, que tanto la
declaración al acusado como a doña L., las realizó un funcionario policial por delegación del fiscal de María Elena, no obstante que éste se encontraba presente en la localidad, por lo que la legitimidad de las declaraciones tomadas por el funcionario policial, no se condice con la realidad, por cuanto el fiscal se encontraba en María Elena.
Respecto de esta alegación, es necesario señalar, que sin perjuicio de que el acusado se haya o no subido al techo de la casa de doña L.A.T., lo cierto es, que tres personas -los funcionarios de Carabineros Figueroa y Villanueva y la testigo M. S. lo vieron en horas de la noche del 23 de marzo del presente año, junto a ésta, es más, doña M. indicó en las fotografías, el lugar donde estaba conversando don H. con L., y que corresponde a una especie de antejardín del frontis de su casa habitación, pudiendo apreciarse que la distancia que debió existir entre ellos, en ese sitio, no es de más de dos metros. Por lo tanto, esto es más que suficiente, para tener por acreditado el incumplimiento, por parte del acusado, de la medida cautelar decretada por el Juzgado de Letras de María Elena, que le prohibía tal acercamiento. Además, no hay motivos serios ni fundados para señalar que los tres testigos referidos hayan faltado a la verdad en el juicio, en lo que concierne a este punto.
El otro argumento esgrimido por la defensa, para sustentar su solicitud de absolución, dice relación con que en la especie existiría un error de prohibición, fundando tal aseveración en que el acusado pensaba que la sanción por el incumplimiento de la medida cautelar eran los 10 días de arresto que se le impusieron, ignorando que además, cometía el delito de desacato. Planteamiento que también ha resultado desechado por este tribunal, por cuanto la base de dicho error, radica en la falta de conciencia, por parte del hechor, de la antijuricidad de su conducta, sea por desconocimiento de la norma prohibitiva, sea porque piensa erróneamente que existe una causa de justificación.
En el caso que nos convoca, no cabe duda alguna que el acusado tenía pleno conocimiento de la antijuricidad de su actuar, tal es así, que cuando llegaron los carabineros al lugar y le manifestaron que lo iban a detener por la orden que existía de no acercarse a la señora Liliana, no opuso resistencia alguna y se subió inmediatamente al carro policial. Resultando irrelevante para el Derecho Penal, la comprensión que éste tuviere sobre las consecuencias de su acción ilícita, es decir la punibilidad de la misma, en otras palabras, es indiferente que tuviera o no conciencia de la sanción que eventualmente pudiera aplicársele.
Igualmente, se desestima la alegación de la defensa, referida a la vulneración del principio non bis in idem, puesto que es la propia Ley de Violencia Intrafamiliar la que establece como medida de apremio el arresto, sin perjuicio, que el mismo hecho pueda constituir el delito de desacato contemplado en el artículo 240 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil.
En cuanto al delito de amenaza no condicional:
DÉCIMO: Que los elementos de este tipo penal están constituidos por amenazar seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o
propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho.
Para acreditar dichos elementos, el Ministerio Público incorporó a la audiencia, la prueba testimonial ya señalada en el considerando 4°:
En efecto, los funcionarios de Carabineros Gustavo Figueroa Moyano y Nibaldo Villanueva, manifestaron al respecto, que el 23 de marzo del año en curso, alrededor de las 22:15 horas, luego de recibir un comunicado radial, concurrieron hasta calle Caliche con Santos Ossa, donde encontraron conversando a doña L.A.T. con don H.W.A.A., la mujer les dijo que éste la había amenazado de muerte, lo que también se les había señalado en el comunicado radial. Figueroa manifestó concretamente que cuando, posteriormente, tomó declaración a L.A.T., ésta le dijo que Araya la había amenazado con cortarle el cuello si la encontraba con su lacho. Por su parte el funcionario Villanueva, manifestó que en el momento doña Liliana les señaló que H.W.A.A.le había dicho que le cortaría el cogote si la encontraba con su lacho.
En similares términos declaró don Aldo Cornejo Quiroz, funcionario de la Policía de Investigaciones de Tocopilla, quien tomó declaración a Liliana Argandeña, por delegación del fiscal correspondiente.
UNDECIMO: La prueba ya mencionada, ha resultado del todo insuficiente para tener por acreditado el delito de amenazas no condicionales, por cuanto la seriedad y verosimilitud de las mismas no puede ser establecida sólo con los dichos de los tres testigos de oídas señalados, siendo fundamental para ello haber contado con la declaración de la supuesta afectada, lo que no ocurrió, impidiendo así, razonablemente al tribunal arribar a una decisión condenatoria.
En cuanto a la verosimilitud de la amenaza, es necesario que ella sea creíble para la víctima. Al no contar con la declaración de doña L.A.T., tampoco podemos dar por establecida esta circunstancia, sobre todo, si la testigo M.S., manifestó en estrados, que cuando vio a L. en su domicilio, dentro del cuarto –como ella lo denominó- ésta decía que H. le iba a pegar. La referida testigo no mencionó haber escuchado decir a doña L. que el acusado quería matarla.
Por otra parte, los funcionarios de Carabineros Figueroa y Villanueva, fueron contestes en señalar en estrados que cuando ellos llegaron al lugar donde se encontraba doña L.A.T. con don Hugo Araya, ambos estaban conversando, sin que ninguno de los referidos testigos, señalara que lo hacían a gritos o en términos violentos. Por lo demás, del sólo hecho de haber el acusado, agredido a doña L. A., dos días antes, no puede presumirse que el día en cuestión -23 de marzo de 2006- haya proferido una amenaza de muerte en su contra, en términos serios y verosímiles.
DUODECIMO: Que debe tenerse presente, que la mínima prueba rendida por el órgano acusador a este respecto, si bien pudiera originar algún tipo de indicios, ello no basta para arribar a una decisión condenatoria, pues no logró superar el estándar de la duda razonable, impidiendo formar convicción en tal sentido en estas sentenciadoras. Al efecto se tuvo presente lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal Penal que establece que: “Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzga adquiere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley”.
En otros términos, la condena debe pasar por el quiebre de la presunción de inocencia que ampara al imputado y ello sólo se puede lograr una vez que el tribunal adquiere la certeza positiva de la existencia del ilícito y de la responsabilidad de aquél a quien se le atribuye. De este modo, el estado de duda o, incluso, el de probabilidad positiva respecto del hecho imputado, impiden la imposición de una sanción penal.
Al respecto, es preciso recordar que nuestro ordenamiento jurídico penal actual tiene sus bases en el principio de inocencia (artículo 4° del Código Procesal Penal).
DECIMO TERCERO: Que en consecuencia, no habiéndose acreditado, con la prueba rendida en el juicio, el delito de amenaza no condicional por el cual fuera acusado don H.W.A.A., no procede sino dictar sentencia absolutoria en su favor, acogiéndose así lo solicitado por la defensa a este respecto.
DECIMO CUARTO: Que de esta manera, H.W.A.A., ha resultado responsable sólo del delito de desacato, el que según lo dispone el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, tiene asignada pena de reclusión menor en su grado medio a reclusión menor en su grado máximo.
DECIMO QUINTO: Que según consta del extracto de filiación y antecedentes, incorporado por la fiscalía, mediante su lectura resumida, el acusado registra una condena anterior por el delito de tráfico de estupefacientes; pero además, surge de los antecedentes del juicio, que ése agredió a su conviviente Liliana Argandeña, causándole lesiones menos graves, lo que precisamente originó la medida cautelar, que el acusado incumplió; todo lo cual, permite concluir que H.W.A.A. no ha tenido una irreprochable conducta anterior, como lo alegara la defensa en la oportunidad señalada en el artículo 343 del Código Procesal Penal.
DECIMO SEXTO: Que al no existir circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, el tribunal al aplicar la pena, podrá recorrerla en toda su extensión. Imponiéndose, en la especie, la de reclusión menor en su grado medio, en su tramo más bajo, por considerarla más condigna al hecho y sus circunstancias.
DECIMO SEPTIMO: Que no reuniéndose en la especie, los requisitos establecidos en la ley 18.216, no procede otorgar al acusado ninguno de los beneficios alternativos contemplados en ella.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 N° 1, 15 N° 1, 18, 24, 30, 50, 68 y 69 del Código Penal, artículo 240 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil y, artículos 47, 259, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 344 y 346 del Código Procesal Penal, se declara:
I.- Que se absuelve a H.W.A.A., ya individualizado, de la acusación formulada en su contra como autor del delito de amenazas no condicionales.
II.- Se le condena a la pena de quinientos cuarenta y un días de reclusión menor en su grado medio, como autor del delito de desacato, cometido el día 23 de marzo del año en curso en la localidad de María Elena.
Se le condena además, a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa.
III.- Que no reuniendo los requisitos establecidos en la ley 18.216, no se concede al sentenciado ninguno de los beneficios contemplados en ella, por lo que deberá cumplir efectivamente la pena corporal impuesta, la que se contará desde que esta sentencia quede ejecutoriada, sirviéndole de abono los días que haya estado detenido o sujeto a prisión preventiva por esta causa, según mejores antecedentes que obren en poder del Juez de Garantía respectivo.
Devuélvanse a los intervinientes los documentos incorporados al juicio.
Ofíciese, en su oportunidad, a los organismos que corresponda para comunicar lo resuelto y remítanse los antecedentes necesarios al Juez de Garantía de la causa, para la ejecución de la pena.
Redactada por la Juez Myriam Urbina Perán.
RUC: N° 0600205190-5
RIT: N° 105-2006.
PRONUNCIADA POR LAS JUECES DEL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE ANTOFAGASTA, JIMENA PEREZ PINTO, MYRIAM URBINA PERÁN Y MARIA ISABEL ROJAS MEDAR.
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References: artículo 340
 artículo 240
 artículo 296
 artículo 15
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 artículo 296
 artículo 30
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 artículo 343
 artículo 68
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