Source: https://www.fundacionatlas.org/index.php?m=art&s=5354
Timestamp: 2020-07-08 14:07:25+00:00

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Análisis jurídico: Caso Vicentín S.A.I.C.
En este particular caso de actualidad que nos ocupa, corresponde determinar la constitucionalidad y legalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 522/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en fecha 09/06/2020, y el Proyecto de Ley de utilidad pública de la empresa VICENTIN S.A.I.C.
El artículo 17 de la Constitución dispone que la propiedad es inviolable, y que sólo se podrá privar de ella a un habitante mediante una sentencia fundada en ley. Este precepto marca el principio de legalidad que rige en materia de derechos reales como así también lo hace el artículo 1884 del Código Civil y Comercial de la Nación.
La ley que respalda la privación de la propiedad por parte del Estado Nacional es la Nº 21.499 del 17 de enero de 1977. Sin embargo, a esta norma no le corresponde el título de ley, ya que no fue sancionada por el Congreso Nacional en los términos del artículo 77 de la Constitución Nacional. Esto es así porque la misma fue dictada por Jorge Rafael Videla, Presidente de la Nación, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. Si bien algunos entienden que por uso y costumbre esta normativa está vigente y vale como ley, discrepo. De tal modo, no existe en Argentina una Ley de expropiación, propiamente dicha, en los términos que manda la Constitución Nacional.
Ahora bien, ya se hizo público el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para declarar la utilidad pública de la empresa VICENTIN S.A.I.C. Lo cierto es que el Decreto-Ley Nº 21.499 (de Videla), entre sus artículo 4º y 9º, explica el “objeto expropiable”. Se nomina como tal a bienes determinados, o genéricamente a aquellos necesarios para la ejecución de un plan o proyecto. Sin embargo, estos planes o proyectos deben ser específicos y estrictamente relacionados con los bienes a expropiar.
Un bien es todo aquello susceptible de valor en los términos del artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, sociedad y empresa no son sinónimos. Sociedad es una persona jurídica (art. 148 inc. a del Código Civil y Comercial de la Nación); mientras que empresa es una organización económica como actividad organizada (Richard y Muiño, 2007, p. 22). De esta manera, una empresa comprende el conjunto de capital, administración y trabajo. Esto implica que las sociedades no son bienes, o sea no configuran el objeto expropiable, ergo el párrafo 21 del D.N.U. 522/2020 está errado al disponer que el “proyecto de Ley propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad VICENTIN S.A.I.C.” Afortunadamente, y para salvar el error garrafal del documento firmado por el Presidente de la Nación y su gabinete, en el proyecto de ley se habla de la empresa VICENTIN S.A.I.C. Es importante marcar esta diferencia. Empero, una empresa tampoco es objeto expropiable, a mi entender, ya que la administración y el trabajo (que componen a la empresa), si bien son susceptibles de valor, no son apropiables como los bienes. Estas actividades son inalienables, inseparables de las personas mismas, ya sean estas humanas o jurídicas.
Por otro lado, el D.N.U. 522/2020 dispone la “ocupación temporánea anormal” por 60 días de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. Ello implica el desplazamiento del directorio elegido por Asamblea General en base al Estatuto Social de la entidad, para instituir en su lugar a agentes estatales. Esta figura jurídica es regulada por los artículos 57º, 59º y 60º del Decreto-Ley Nº 21.499. Sin embargo, una sociedad, como vimos, no es “un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos” y el directorio tampoco. Asimismo, el artículo 99 inciso 3º de la Constitución Nacional habilita a dictar D.N.U. “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de leyes”. Lo curioso es que en tal Decreto se dispone enviar un proyecto de ley al Congreso ¿Cómo se puede enviar un proyecto de ley si supuestamente es imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes? Por lo expuesto, entonces, el citado D.N.U. es de nulidad absoluta e insanable.
Los argumentos empleados por el gobierno, para llevar a cabo este deliberado ataque a la propiedad, son: a) que la firma se presentó en concurso preventivo con más de 2.000 acreedores denunciados y técnicamente en cesación de pagos; b) que la sociedad cedió un tercio de su participación en RENOVA S.A. al grupo GLENCORE; c) que se desencadenó la pandemia producida por el virus SARS-CoV2; d) que entre los acreedores se encuentran bancos estatales; e) que se tramita juicio penal por presuntos hechos delictivos de la empresa; f) que el mercado de granos es concentrado; g) que corren riesgo más de 2 mil puestos de trabajo; h) que la producción agropecuaria es estratégica en nuestro país. Todos estos tienen un trámite judicial específico para su solución. Cuando una sociedad se encuentra concursada, la Ley Nº 24.522 prevé los pasos a seguir, instituyendo al juez como la autoridad máxima del mismo por encima del cualquier otra (incluido el Presidente). Un banco estatal al contraer créditos lo hace en carácter privado, es decir que es un acreedor más. Frente a la posible comisión de delitos existe el juicio penal, su respectivo juez natural y la garantía de inocencia del artículo 18 de la Constitución. Por último, que la actividad sea fructífera no habilita al Estado a apropiarse de ella.
Aprovecho la ocasión, en este 20 de junio, para recordar a dos personas muy importantes. Manuel Belgrano, quien con su célebre frase “mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella”, nos demuestra la importancia de servir a la comunidad sin descanso. El otro: Armando Bautista Olocco, quien para mi fue un prócer muy querido por la sociedad, a un año del aniversario de su muerte me inspira a seguir luchando ferozmente contra los atropellos estatales y las injusticias reinantes en nuestra tan bella y querida República Argentina.

References: artículo 17
 artículo 1884
 artículo 77
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 99
 artículo 18