Source: http://www.libertadidioma.com/20171206.htm
Timestamp: 2018-11-21 20:53:59+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Miércoles 6 Diciembre 2017
EDITORIAL Libertad Digital 6 Diciembre 2017
Hermann Tertsch ABC 6 Diciembre 2017
Liberal Enfurruñada okdiario 6 Diciembre 2017
Pablo Molina Libertad Digital 6 Diciembre 2017
El régimen económico especial del País Vasco y de Navarra es el sueño húmedo de los dirigentes de las demás comunidades autónomas de España. No solo porque la mera concepción del sistema foral constituya un privilegio (y un anacronismo, si lo que se pretende es vertebrar un país moderno en torno a una Hacienda común), sino porque su aplicación fraudulenta, con el acuerdo del Gobierno, lo convierte en un auténtico chollo que permite a las beneficiadas gastar mucho más que las autonomías sujetas al régimen común.
Los dirigentes de las quince comunidades restantes quieren mejorar también su financiación, y para justificar su voracidad depredadora aseguran que todo lo hacen en defensa de esos mismos ciudadanos a los que se pretende masacrar. Porque lo cierto es que a los que pagamos impuestos poco nos importa que ese dinero lo gaste después un ministro del Gobierno o un consejero autonómico. Una vez sale de nuestro bolsillo, el daño ya está hecho, y además de manera irreparable.
Ahora bien, la clase política autonómica tiene que justificar su mera existencia y, a esos efectos, denunciar agravios de las demás comunidades es siempre una buena estrategia. Ningún presidente autonómico dirá jamás que su comunidad está correctamente financiada. Ni uno solo. Todos afirman ser objeto de injusticias ancestrales, porque el derroche perpetrado desde su creación ha convertido a las CCAA en unas entidades técnicamente quebradas que gastan mucho más de lo que jamás podrán llegar a ingresar.
Disimulan afirmando que todo lo hacen por sus ciudadanos, "para que no sean menos que un vasco o un catalán". Lo seríamos si nuestros dirigentes autonómicos cuidaran nuestro dinero y redujeran el chiringuito hasta límites manejables en las condiciones actuales, pero eso es algo que nunca va a pasar.
Al socaire de la crisis catalana y su posible solución con nuevas concesiones financieras, los demás archimandritas periféricos quieren aprovechar la circunstancia para ver qué hay de lo suyo. Todos quieren su cupo. Yo también. Quiero quedarme con todo lo que gano al año y llegar a un acuerdo con Montoro para pagar solo la parte proporcional de los servicios que me presta el Estado. ¿Cuándo comenzamos la negociación bilateral?
Carmelo Jordá Libertad Digital 6 Diciembre 2017
A mí, qué quieren que les diga, la resolución que ha hecho pública el juez Llanera este martes me ha parecido un poco extraña, una de esas cosas que te deja la sensación de que algo se ha hecho mal en algún momento, les confieso que no sé muy bien cuál.
Pepe Gª Saavedra gaceta.es 6 Diciembre 2017
Ramón Pérez-Maura ABC 6 Diciembre 2017
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS El Mundo 6 Diciembre 2017
Emilio Campmany Libertad Digital 6 Diciembre 2017
Cuando no hay ni una idea, solo queda... Franco
Luis Ventoso ABC 6 Diciembre 2017
Pedro Sánchez, el eventual líder de la oposición, nació en febrero de 1972. Así que cuando el dictador Franco se murió, Pedrín era un tierno infante de tres años. A pesar de su temprana conciencia política y de su gran cabeza, resulta dudoso que el pequeño Sánchez fuese muy consciente de la represión franquista. Supongo que Pedrito andaría más bien en otros afanes: jugar con todo lo que pillase a mano, garabatear sus primeras letras o embadurnarse la cara zampando chuches. Siendo mayor que Sánchez, lo único que recuerdo con nitidez de Franco es que cuando falleció el autobús que nos llevaba al cole dio media vuelta y un profe con rictus solemne nos anunció que tendríamos una semana de vacaciones (¡qué jolgorio se armó en aquel bus!).
Cuando el joven Sánchez llega a la universidad para estudiar Económicas, Franco lleva dieciocho años en su tumba y España, ocho bajo el Gobierno de un presidente socialista (que por cierto, gobernó catorce años y jamás se le ocurrió desenterrar al autócrata, porque tenía cosas mejores que hacer). No parece que la sombra del dictador fuese ya muy alargada por entonces. La Transición, admirada en todo el planeta, supuso un hermoso pacto de perdón mutuo, una apuesta fraternal por cerrar heridas, pasar página y progresar. De hecho, hace treinta años la izquierda hablaba de Franco menos que ahora, cuando el general ferrolano está experimentando un insólito revival, casi del ámbito de Iker Jiménez, por cortesía de pensadores como Sánchez e Iglesias Turrión. En 2013, cuando Pedro se convirtió en diputado, el autócrata que combate llevaba muerto ¡41 años! Su lugar son los libros de historia, porque el debate político ha sido finiquitado por la pura biología: salvo muy contadas excepciones, los dirigentes franquistas y los luchadores antifranquistas más conspicuos hoy habitan en el más allá. ¿Tienen sentido las tardías revanchas contra los muertos? ¿Vamos a abrir una causa contra Fernando VII por su felonía antiliberal? ¿Revisaremos con una Ley de Memoria la dictablanda del general Berenguer? ¿Cambiaremos el callejero para denunciar así la incompetencia manifiesta de los mandatarios de la II República a la hora de mantener los pilares de un Estado de Derecho?
España se ha fumado casi toda la hucha de las pensiones y es dudoso que el sistema sea sostenible tal y como está. ¿Qué solución propone Sánchez? Ninguna. Los sueldos de los españoles están bajando mientras el país crece al 3%. ¿Qué solución propone Sánchez? Ninguna. El envejecimiento de la población hará inviable la sanidad pública si no se reforma. ¿Qué solución propone Sánchez? Ninguna. La amenaza separatista catalana sigue abierta. ¿Solución Sánchez? Ninguna: reformar la Constitución para debilitar el Estado y que los sediciosos lo tengan más fácil en su próximo golpe. España afronta un inquietante horizonte demográfico. ¿Qué propone Sánchez? Nada. Y es que Pedro está en lo importante: desenterrar a Franco y abrir causas generales sobre los muertos.
Ahora Madrid: coleccionistas de escándalos
OKDIARIO 6 Diciembre 2017
Ahora Madrid o el arte de trocear contratos y concesiones. Tal es el hábito que, aunque se afanen en que no se note, la acumulación de pequeños casos al final conforman grandes escándalos. Una arbitrariedad que, desgraciadamente para los madrileños, ha situado la capital como ejemplo de lo que no hay que hacer en la gestión municipal. El último caso lo encontramos en los casi 500.000 euros que el Ayuntamiento comandado por Manuela Carmena ha destinado a varias entidades fundadas por los miembros de Podemos. El marco del Proyecto MARES es la excusa para que Ecooo, Dinamia y Tangente naden en la abundancia de las concesiones municipales. Unas ayudas de cuestionable nivel ético si tenemos en cuenta que entre sus fundadores y responsables están un íntimo amigo de Juan Carlos Monedero y el actual jefe de gabinete del alcalde de Cádiz, José María González Kichi.
La tan cacareada nueva política se ha convertido en vieja en un tiempo récord. Como decíamos al principio, este tipo de comportamientos de marcada tendencia ilegal no es casual ni esporádico en el Consistorio de Carmena. El Ayuntamiento de Madrid ya concedió un millón de euros a la empresa offshore Wizcraft para la celebración de los premios de Bollywood en la capital. En la lista de innumerables escándalos y negligencias, también tiene un sitio destacado la exclusiva que les ofreció OKDIARIO en la que la sociedad limitada de Grupos de Estudios y Alternativas 21 (GEA 21) salió beneficiada con un contrato de 17.000 euros en un “Proyecto Arquitectónico de la Biblioteca Municipal de San Fermín”. El matiz era que una de las personas integrantes de esa sociedad era íntima de Manuela Carmena.
Lo que en su momento Celia Mayer vendió como el paradigma de la participación ciudadana, era en realidad un dedazo en toda regla. ¿Y qué decir de la famosa ‘Radio Carmena’? Una emisora a mayor gloria de la propaganda podemita a la que el Ayuntamiento adjudicó 300.000 euros un día después de que el Ministerio de Hacienda se viera obligado a intervenir sus cuentas. Irresponsabilidad supina e indisimulable por la que la empresa jurídica que fundó otro de los capos de Podemos, el diputado Rafa Mayoral, también se llevó varios contratos por valor de medio millón de euros. Por desgracia, Ahora Madrid es una formación convertida en agencia de colocación privada… pero con cargo, eso sí, al dinero de todos los madrileños. Hay un dato demoledor: desde que están en el poder han contratado a dedo a más de 700 podemitas.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Diciembre 2017
larazon 6 Diciembre 2017
Las pretensiones del secesionismo no tienen solución en ningún régimen democrático moderno, por lo que, previo a cualquier reforma, el nacionalismo catalán debería haber reconducido su deriva antisistema. La situación se agrava cuando los dirigentes de la Generalitat son todavía incapaces de reconocer que el fracaso de su proyecto político se debe, entre otras cuestiones, a la vigencia de la Constitución, que ha frenado sus pretensiones.
En el documento «Ideas para una reforma de la Constitución», elaborado por un grupo de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, coordinado por Santiago Muñoz Machado, se sostiene con mucha claridad que cualquier reforma no debe hacerse «pensando sólo en Cataluña». La cuestión es que Cataluña debe volver al orden constitucional, o al que se actualice en un futuro, y no al revés: adaptando la ley de leyes a sus objetivos. En ese sentido, tan o más urgente que la reforma constitucional es que las instituciones de autogobierno catalanas vuelvan a recuperar su función y la utilidad del Estatuto frente a la periclitada Ley de Transitoriedad o esbozo de Constitución catalana.
Los partidos constitucionalistas deben acordar cuál es el alcance de una reforma y qué aspectos concretos deben revisarse. Todos parecen estar de acuerdo en que el punto central es la administración territorial que debería hacerse desde un principio integrador en el que la igualdad prime sobre las diferencias y cohesione el sistema. El dictamen del Consejo de Estado de febrero de 2006 descartaba incluir en la denominación de las comunidades la diferenciación entre regiones y nacionalidades y apuntaba que hacerlo «sólo tendría sentido si se pretendiera con ello atribuirle consecuencias jurídicas». En este sentido, en un sondeo de NC Report que publicamos hoy, el 66,9% se inclina por que la Carta Magna no debe reconocer la singularidad de Cataluña y País Vasco y un 64,2% apuesta por mantener el actual Estado de las Autonomías, frente al federal, aunque es más urgente una remodelación del reparto de competencias con el Estado. Quedarían abiertos otros aspectos irrenunciables, como la supresión de la preferencia del varón al Trono, introducir la construcción europea –en qué grado estamos implicados– y la reforma del Senado. Sin embargo, lo importante es alcanzar un consenso desde la vigencia de la Constitución del 78.
EDITORIAL El Mundo 6 Diciembre 2017
Si no fuera por Pablo Llarena, Carles Puigdemont habría vuelto a España con un mero delito de malversación a la espalda. Comparado con los más que probables delitos de rebelión y sedición que acarrearía, sería como que un ciudadano fuera a juicio por robar un chicle cuando en realidad ha atracado un banco. Por fortuna, el magistrado del Tribunal Supremo ha estado hábil a la hora de retirar la orden internacional contra el expresident huido para evitar así que Bruselas, mediante su exasperante garantismo, lo pudiera entregar sólo como posible malversador. Obviamente, las órdenes de arresto contra él y contra los exconsellers a la fuga continúan en vigor en suelo español. De hecho, la Fiscalía solicitará detenerlos en cuanto pongan un pie en nuestro país.
No obstante, la iniciativa de Llarena ha sido fundamental para que el esperpento no alcance cotas mayúsculas. La justicia belga se ha comportado como un cómplice de facto con el golpista catalán. Un comportamiento que no hace ningún bien al espíritu de colaboración entre socios con el que nació la Unión Europea. El comportamiento de los magistrados del país que alberga el corazón de la UE ha propiciado que Carles Puigdemont pueda seguir con su diatriba contra España, incluso contra Europa, copiando así la postura de dos ultras como Marine Le Pen y Nigel Farage. Eso a pesar de tener en contra a figuras comunitarias tan relevantes como Antonio Tajani o Jean-Claude Juncker.
Bélgica ha hecho de la euroorden, medida de excepcional importancia y simbolismo, mero papel mojado. España creó esta medida hace más de una década. Suponía una solución rápida y eficaz para casos tan graves como éste. Además, era un voto de confianza entre los sistemas jurídicos de todos los países miembros. El desprecio de Bélgica sienta un peligroso precedente. La UE, aunque indiscutiblemente europea, no parece tan “unión” como debería. Una merma de confianza que veremos cómo afecta en el futuro a otros casos de extrema gravedad como éste o relacionados con el narcotráfico o el terrorismo. La irresponsabilidad belga ha sido la mejor aliada de Puigdemont. En España no tendrá tanta suerte. Aquí hay magistrados tan serios y rigurosos como Pablo Llarena esperando a que llegue.
José García Domínguez Libertad Digital 6 Diciembre 2017
Pese a ser hombre dotado de una inteligencia natural muy superior a la del resto de sus competidores, o quizá por eso mismo, Miquel Iceta acaba de recuperar para la daltónica izquierda catalanista aquel estandarte medieval que enarboló el pujolismo ya en su fase última de descomposición agónica, el que vindica un fuero fiscal más o menos parejo al vasco. A los micronacionalistas y a sus satélites intelectuales, llámense Iceta o Domènech, siempre les posee la afición a esos estériles ejercicios de mezquindad colectiva que han dado en llamar balanzas fiscales. Así, y exactamente igual que a Puigdemont, a Junqueras y al resto de los separatistas explícitos, a Iceta le inquieta sobremanera cada euro local que migra hacia el resto de España en concepto de transferencias tributarias. Porque los micronacionalistas y sus afluentes morales, es sabido, solo han oído hablar de una única balanza, la fiscal. De la otra, la comercial, ni saben ni quieren saber. De ahí que, víctimas intelectuales de su miserable egoísmo particularista, no semejen capaces de comprender que la riqueza relativa de Cataluña dentro de España ha dependido siempre, antes y ahora, de la existencia del déficit fiscal. Porque Cataluña, al igual que Madrid, se puede permitir ser un territorio rico (todavía) no pese a su innegable déficit fiscal, sino precisamente gracias a él.
Dicho de otro modo, si no soportasen sus flujos negativos de recursos tributarios hacia otras regiones, tanto la riqueza diferencial de Madrid como la de Cataluña resultarían insostenibles a medio plazo. Y ello por un razón no muy difícil de entender. Y tampoco de explicar. Ocurre que Cataluña compra cada año productos en el extranjero por un valor superior al de sus exportaciones al resto del mundo. En concreto, los ciudadanos de Cataluña incurrimos en un déficit de alrededor del 6% en nuestra balanza comercial con el resto del mundo. No hace falta ser economista para intuir que eso no se puede hacer durante mucho tiempo. Y sin embargo, los ciudadanos de Cataluña lo hacemos desde hace décadas. Y sin ningún problema. ¿Por qué lo podemos hacer? Pues nos podemos permitir ese desajuste crónico porque la diferencia nos la aporta el resto de España al comprar nuestros productos. Sí, querido Miquel, es España la que hace posible que tú y yo disfrutemos de productos americanos, franceses o alemanes que la economía catalana no podría costear por sí misma, so pena de terminar incurriendo en una suspensión internacional de pagos.
Es tan simple como que el superávit comercial con el resto de España compensa cada año el déficit paralelo que mantenemos con el extranjero. Vendemos más a Andalucía y a Galicia de lo que Andalucía y Galicia nos venden a nosotros. Y con esa diferencia pagamos nuestras compras a Alemania o Inglaterra. Así de fácil. Pero, Miquel, ¿imaginas qué ocurriría si no existiese el déficit fiscal que tanto os obsesiona desde siempre a los del PSC y a los separatistas? Pues pasaría que Andalucía y Galicia perderían de golpe parte de ese poder de compra agregado que les permite adquirir nuestra productos. En consecuencia, nuestro superávit comercial con ellos se iría al garete. Y sin ese superávit, caro Miquel, ¿quién iba a financiar nuestras compras en el exterior? ¿No te das cuenta, tú que eres bastante más listo que toda esa tropa de los separatas, de que los ciudadanos de Cataluña nos estamos ayudando a nosotros mismos cada vez que transferimos un euro de nuestros impuestos a Andalucía o Extremadura? Miquel, es una pena que dejaras la carrera sin haber pasado de primero de Económicas. Sin acritud te lo digo.
Ignacio Camacho ABC 6 Diciembre 2017
En pleno arranque de la campaña electoral, a Oriol Junqueras le llegaron pésimas noticias en el interior de la cárcel. La primera, que el espejito mágico del CIS dice que Inés Arrimadas es la más guapa del baile. La segunda, que el juez Llarena no se acaba de tragar su arrepentimiento sobrevenido y exige más convicción en los detalles. Ya son seis los magistrados -la de la Audiencia Nacional, cuatro de la Sala Penal del Supremo y el actual instructor del sumario- partidarios de mantenerlo bajo llave. Por ahora le queda el consuelo de ser el candidato mejor valorado, condición que al cabo resta más que añade. Como saben Rosa Díez o Duran Lleida, ese aparente premio de las encuestas significa a menudo que los electores de otros partidos te ven con buenos ojos pero no están dispuestos a votarte. Al líder de ERC se le estrechan al mismo tiempo el horizonte penal y el político; su partido sigue teniendo posibilidades de gobernar pero el encierro difumina su perfil de presidenciable. Cualquier socio de investidura le obligará a abdicar si no sale en libertad antes: aunque la prisión pueda excitar el victimismo nacionalista, el ejercicio del poder es un asunto pragmático que está vetado a los mártires.
El auto de Llarena está muy bien motivado. Los dirigentes del procés creían que el Supremo iba a ser un chollo bizcochable y que la «doctrina Forcadell» bastaría para liberarlos con la breve rutina de unas promesas formales. Notable error: el togado ha hilado fino en la delimitación de responsabilidades. Ha soltado a los cooperadores de la insurrección y mantiene en presidio a los presuntos autores intelectuales y materiales. Junqueras como cerebro de operaciones, Forn como jefe político de los Mozos y los «Jordis» como agitadores de la revuelta en calle. No se cree la palinodia genérica del acatamiento de la ley y estima que la reiteración delictiva es un riesgo razonable. Al reclamar garantías precisas de que «el cambio de voluntad es verdadero y real», el juez demuestra que no se chupa el dedo y no está en modo alguno dispuesto a conformarse con una contrición de trámite.
La vía cínica, la de la apostasía de conveniencia, ha resultado, pues, un error de cálculo. Acostumbrados a engañar al Gobierno, los independentistas han topado con la Justicia como pilar del Estado. Las elecciones se van a enredar en la manifiesta excepcionalidad de unos candidatos huidos o encarcelados pero esta rareza es el fruto de una secuencia de acontecimientos ciertamente dramáticos. Los procesos penales están sometidos a un curso propio que no admite componendas ni apaños; ante la supremacía de la ley todo el mundo ha de ser responsable de sus actos. Y tampoco sería la primera vez que un preso preventivo sale en furgón policial a recoger su acta de diputado. El desvarío nacionalista es tan intenso y largo que hace tiempo debería habernos curado de espantos.
Josele Sánchez. Director de La Tribuna de Cartagena 6 Diciembre 2017
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 6 Diciembre 2017
La Constitución española de 1978 -el próximo año se conmemora su 40 aniversario- posee varias características que son insólitas en nuestro constitucionalismo y que la convierten en uno de los grandes éxitos que España como Nación ha conocido en su historia. Para empezar hay que señalar -aspecto que no se valora suficientemente -que es la única Constitución española que se ha aprobado mediante la reforma de la anterior, es decir, según el procedimiento de reforma que incluían las Leyes Fundamentales del franquismo, aunque no fuesen una verdadera Constitución. Pero así fue, porque la actualmente vigente deriva de la Ley para la Reforma Política y ésta procede de las Leyes Fundamentales. La famosa frase de "la ley a la ley" es la única vez que se ha producido en nuestra historia constitucional, que cuenta con ocho Constituciones que no conocieron la reforma establecida. En segundo lugar, la vigente Constitución es la única que se ha aprobado mediante consenso de todas las fuerzas políticas importantes a diferencia de las anteriores, salvo si acaso la de 1837 que se redactó con el acuerdo de los dos partidos más importantes, pero dejando al margen a otras fuerzas políticas. Y para no agotar la materia creo que se debe resaltar también que es la única Constitución bajo cuyo mandato se ha garantizado el mayor número de derechos fundamentales, no quedándose únicamente en una mera enumeración estéril. La prueba de la solidez de la Constitución actual se demuestra porque ha sobrevivido al terrorismo de la ETA y similares, al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, a la crisis económica mundial y española de 2.008 y años posteriores, y sobrevivirá, sin duda, al golpe de Estado de los nacionalistas catalanes que culminó el 27 de octubre pasado.
Ahora bien, lo que deseo resaltar en este artículo, como consecuencia de ese acontecimiento, es que nuestra Constitución, en mi saber, contiene un proceso dialéctico y contradictorio que la hace única en el mundo. Lo que quiero demostrar es que ninguna otra Constitución llega a la incongruencia de la nuestra en lo que se refiere a un tema tan fundamental como es el modelo de Estado que tenemos. Efectivamente, esta incongruencia, muy similar a un oxímoron, consiste en que dentro del Título VIII de la Constitución, que es el peor de todos los que la integran, se contienen dos argumentaciones opuestas, aunque, curiosamente complementarias entre sí. En efecto, por una parte, los artículos 148 a 153 posibilitan la creación de un Estado de las autonomías que no establece de forma clara las competencias del Estado y las propias de las distintas comunidades autónomas, las cuales se basan en el principio llamado dispositivo. Principio que significa que el número de CCAA y las competencias que cada una incluya en su respectivo Estatuto, depende en gran parte del propio voluntarismo que exprese cada una de ellas, hasta poder llegar a sobrepasar, como ocurrió primero con el País Vasco y después con Cataluña, los límites competenciales que teóricamente permite la propia Norma Fundamental. Además si a esa característica unimos otra igualmente absurda como es la que permitió el Decreto-Ley electoral de 1977, y después la LOREG, no dificultando la entrada en el Congreso de los Diputados a los partidos nacionalistas, el efecto resultante ha sido, como enseguida se comprobaría, que el Título VIII se convirtió en un cáncer para nuestra democracia. Ciertamente, hubo un intento de evitar este error, exigiendo, como ocurre en Alemania federal, un 5 % de votos a nivel nacional para que un partido pueda entrar en el Bundestag, pero las presiones de los partidos nacionalistas consiguieron que se exigiese únicamente un 3% en cada circunscripción, lo que resulta totalmente inoperante. La consecuencia de tal decisión fue que los partidos nacionalistas entraron en el Congreso y siempre están dispuestos a apoyar a los Gobiernos centrales de cualquier ideología, siempre que necesiten sus votos, pero naturalmente a cambio de seguir aumentando sus competencias o de alcanzar sustanciales privilegios. En efecto, no hay límites para frenar las competencias que pueden asumir las CCAA, adoptando así un «sistema acordeón» para incrementarlas periódicamente, incluso a través del absurdo 150.2 CE. Circunstancia que ha contribuido sin duda a que los partidos nacionalistas desempeñen un papel abusivo en una Cámara Baja en la que no debería haber más que partidos nacionales. Pero el hecho es que no existiendo límites en las competencias de las CCAA, los partidos nacionalistas, fundamentalmente los del País Vasco y Cataluña, han podido ir subiendo escalones hasta llegar a su fin último que no es otro que el quicio de la independencia.
Era lógico, por tanto, que los nacionalistas catalanes cuando formaron el Gobierno tripartito con el PSC de Pascual Maragall estuviesen dispuestos a imitar el Plan Ibarretxe, utilizando el Derecho para salirse del Derecho y así lograron aprobar un nuevo Estatuto que por su contenido era claramente inconstitucional. Sin embargo, les permitía abrir la puerta sigilosamente a la ansiada independencia, mientras tanto el Gobierno de Madrid estaba pendiente de la conjunción planetaria de forma suicida. Con todo, tanto el Defensor del Pueblo, como el PP, al que se marginó en la elaboración del nuevo Estatuto, presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, extenuado, tardó cuatro años en dictar su timorata sentencia, consiguiendo que los nacionalistas catalanes se rompieran las vestiduras, porque "un Tribunal -afirmaban- no puede tirar abajo lo que había aprobado el pueblo catalán en referéndum", demostrando así su ignorancia del Derecho Constitucional, porque el electorado catalán no es el poder constituyente que todo lo puede, sino que el Estatuto catalán, como todas las normas de España, está sujeto al control de un Tribunal que se creó para defender la Constitución. Pero esta sentencia sirvió de coartada a los nacionalistas catalanes para seguir avanzando en el "golpe de Estado permanente" que inició Pujol y que Artur Mas quiso culminar, a diferencia de Ibarretxe, con un referéndum que declarase la independencia de Cataluña de forma unilateral. El Gobierno de Mariano Rajoy no supo impedir el referéndum fraudulento del 9-N y no quiso aplicar entonces el artículo 155, como recomendamos algunos, que representa la segunda argumentación dialéctica que contiene, como dije, el Título VIII de la CE.
Como es ya suficientemente sabido, el artículo 155 establece en nuestra Constitución la cláusula de la coerción federal que suele ser habitual en los países descentralizados y que consiste en tomar las medidas adecuadas para hacer cumplir a una Comunidad Autónoma las obligaciones que le marca la Constitución o las leyes. Esto es así en países como Italia, Alemania, Argentina o o Austria según sus actuales Constituciones. A cuentas hechas, estos preceptos tienen su origen seguramente en la Constitución de Weimar, que establecía una República Federal para Alemania y cuyo artículo 48 exponía que "cuándo un Estado miembro no cumpla los deberes que le imponen la Constitución y las leyes federales, el Presidente de la República puede obligarle apelando a la fuerza armada". La severidad de tal precepto, que provocó grandes controversias jurídicas, fue atenuada en la redacción del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, en el que se dice: "Si un Estado no cumpliere las obligaciones que la Ley Fundamental u otra ley federal le impongan, el Gobierno federal, con la aprobación del Bundestag, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al Estado al cumplimiento de dichas obligaciones por vía coercitiva federal". Y, como es sabido, este es el artículo que copiaron nuestros constituyentes para redactar el artículo 155, pero con la salvedad de que no lo copiaron literalmente, sino que añadieron una frase que convierte a nuestro precepto en el caso de que se aplique en una especie de botón rojo que desencadenaría la guerra nuclear. El enunciado literal de esta añadidura es: "o cuándo una comunidad autónoma actuare de forma que atente gravemente al interés general de España". Dicho de otra manera, con la introducción de este párrafo, el artículo 155, a diferencia de Alemania, no sólo tiene un contenido coercitivo de naturaleza esencialmente administrativa, sino que pasa a detentar un significado esencialmente político. En otras palabras, el artículo 155 contiene dos supuestos diferentes: uno de carácter administrativo o regular y otro de carácter político o excepcional.
Por el contrario, todo cambió con el nacionalismo catalán que tras una escalada de violaciones de la Constitución a lo largo de muchos años que empieza con Pujol, aceleró su estrategia secesionista a partir de las elecciones de 2015 que dieron lugar a un Gobierno nacionalista, con mayoría en escaños, pero no en votos, y cuyo fin era claramente conseguir la independencia al precio que fuese mediante leyes inconstitucionales y totalitarias para acabar en un referéndum de pacotilla que permitiese subrepticiamente la Declaración Unilateral de Independencia, que se acabó haciendo de forma chapucera. Así las cosas, después de muchos titubeos, vacilaciones y rendiciones, el Gobierno de Rajoy decidió por fin utilizar el artículo 155 en su más pura versión política para detener no solo la independencia de Cataluña, sino la destrucción de España. Como era de esperar, los enemigos del Derecho, han recurrido esta vez al Derecho para demostrar su pataleta, entre ellos está un político (el líder de Pudimos) que representó en su día una esperanza para la izquierda, pero que no da ya más de sí. Y, en consecuencia, han presentado un recurso contra la aplicación del artículo 155 por considerar que este precepto no habilita al Gobierno Central para disolver el Parlament, convocar elecciones y sustituir al ejecutivo autonómico. Lo cual es erróneo, pues el Gobierno, con el aplauso de casi toda España, ha justificado su intervención ante la evidencia de que los nacionalistas catalanes estaban actuando de una forma "que atentaba gravemente al interés general de España". En definitiva, si la falta de una regulación racional de varios artículos del Título VIII de la Constitución nos llevaba a la destrucción de España, otro artículo del mismo Título nos ha dado la posibilidad, por ahora, de impedirlo, aunque no se hayan utilizado todas sus potencialidades.

References: resolución 
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 48
 artículo 37
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155