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Timestamp: 2019-10-15 16:43:50+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 41, de 22/03/2017
cve: DSCD-12-PL-41
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 41
Sesión plenaria núm. 39
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro del Interior sobre sus políticas para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores. (Número de expediente 172/000031) ... (Página26)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento. (Número de expediente 172/000034) ... (Página33)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el presidente del Gobierno el anuncio del desarme de ETA? (Número de expediente 180/000193) ... (Página5)
Del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué funciones cumple a su juicio el veto presupuestario? (Número de expediente 180/000191) ... (Página6)
Del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Tiene pensado el Gobierno incluir en los presupuestos de 2017 financiación para cumplir los objetivos del corredor mediterráneo? (Número de expediente 180/000192) ... (Página7)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Considera razonable el Gobierno que el ministro de Justicia utilice las sentencias judiciales para cuestionar los derechos fundamentales? (Número de expediente 180/000185) ... (Página9)
Del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, en sustitución del diputado don Antonio Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Cómo piensa el Gobierno cumplir con el punto número dos del Acuerdo de Investidura firmado con Ciudadanos a fin de reducir el gasto público en 1.000 millones de euros? (Número de expediente 180/000181) ... (Página10)
Del diputado don Joseba Andoni Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Considera el Gobierno que la Administración General del Estado en Euskadi garantiza el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los vascoparlantes? (Número de expediente 180/000178) ... (Página11)
Del diputado don Pablo Bellido Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para reducir el crecimiento de la siniestralidad en nuestras carreteras? (Número de expediente 180/000186) ... (Página13)
De la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cumplirá antes su Gobierno la indicación de la Comisión Europea (CE) de alargar los tiempos de detención en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que la cuota de acogida a personas refugiadas a la que se comprometió hace ya más de año y medio? (Número de expediente 180/000190) ... (Página14)
Del diputado don Joan Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al Gobierno: ¿Piensa continuar aplicando la disposición adicional 38 de la LOMCE, que prevé una ayuda de 6.000 euros a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en una escuela privada? (Número de expediente 180/000177) ... (Página16)
De la diputada doña Silvia Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cómo valora el Gobierno la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala el diseño de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales? (Número de expediente 180/000183) ... (Página17)
Del diputado don Ricardo Cortés Lastra, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cómo valora el Gobierno el aumento de la emigración española? (Número de expediente 180/000187) ... (Página18)
Del diputado don Miguel Ángel Bustamente Martín, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Considera el Gobierno necesario tomar alguna medida para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras ante la acción de los conocidos como "fondos buitres" en el tejido empresarial español? (Número de expediente 180/000176) ... (Página19)
Del diputado don Javier Calvente Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la actuación supervisora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), para el control de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria? (Número de expediente 180/000182) ... (Página21)
De la diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía, Industria y Competitividad: ¿Tiene intención el Gobierno de promover la incorporación de España en el sistema europeo de patente unitaria? (Número de expediente 180/000188) ... (Página22)
Del diputado don Josep Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Economía, Industria y Competitividad: ¿Qué piensa hacer el Gobierno ante las malas prácticas de la banca española? (Número de expediente 180/000179) ... (Página23)
De la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, en sustitución del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Considera el Gobierno que su política ha significado un avance en la igualdad efectiva de mujeres y hombres? (Número de expediente 180/000184) ... (Página25)
Interpelaciones urgentes ... (Página26)
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro del Interior sobre sus políticas para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores ... (Página26)
Formula la interpelación urgente la señora Rivera Andrés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Zoido Álvarez).
Replica la señora Rivera Andrés y duplica el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento ... (Página33)
Formula la interpelación urgente el señor Arrojo Agudo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina).
Replica el señor Arrojo Agudo y duplica la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Se levanta la sesión a las once y cincuenta minutos de la mañana.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EL ANUNCIO DEL DESARME DE ETA? (Número de expediente 180/000193).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno, conforme al orden remitido.
Pregunta dirigida al presidente por el diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, le pido su valoración sobre el anuncio de ETA de su desarme, pero ya le adelanto la nuestra. Consideramos que ETA ha querido recuperar protagonismo a través de este anuncio de entrega de las armas, exigiéndoles al Estado español y al Estado francés que no obstaculicen ese proceso. No se trata de un comunicado sobre la disolución de la banda terrorista, sino más bien de un acto de propaganda de aquellos que no han asumido su derrota, de aquellos que no han tenido el gesto, que no han tenido el coraje de arrepentirse de las muertes que han causado ni tan siquiera la humanidad de pedir perdón a las víctimas. Basta con escuchar a un portavoz que en estos días ha dicho que se trata de un acto de soberanía popular y de desobediencia. Ante esa actitud y ese anuncio, el Grupo Socialista quiere decir que ETA no podrá reivindicarse, que el problema no son las armas; el problema más que las armas fueron las manos que las empuñaron y las mentes que decidieron utilizarlas contra otros seres humanos que no pensaban como ellos con intención de subyugarles.
Es al Gobierno y al Congreso de los Diputados a quienes corresponde conducir esta situación desde el criterio y el compromiso de la unidad y de la lealtad. El 20 de junio de 2011, después de que ETA anunciase el cese de su actividad armada, el presidente Rodríguez Zapatero dejó unas palabras para la historia. Dijo: La nuestra será una democracia sin terrorismo, pero nunca una democracia sin memoria. La memoria de las víctimas y de sus familias, de los 829 asesinados, de los extorsionados y de los heridos, siempre estará con nosotros y acompañará nuestra historia. Es la memoria que tenemos que trasladar a las generaciones futuras para que sepan que el conjunto de la sociedad española primero resistió el terror para definitivamente vencerlo. Ha sido la victoria de la libertad, del Estado de derecho, de la democracia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la cooperación internacional y, en definitiva, de todos nosotros. Por eso, señor presidente, ante tanto terror y tanto sufrimiento tan inútil, qué triunfo tan importante el de nuestra democracia, el de todos nosotros.
Gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernando, coincido con sus afirmaciones y suscribo el cien por cien de sus palabras.
La postura del Gobierno respecto a la organización terrorista ETA -que es por lo que me pregunta- no ha variado; es la misma desde el 21 de diciembre del año 2011, cuando asumí la responsabilidad de la Presidencia del Gobierno, y lo era antes de llegar a ella. Es la misma que la del Gobierno francés, que, como recordaba en un comunicado su Ministerio del Interior la semana pasada, el último sábado, tampoco ha variado. Se resume en los siguientes puntos: ETA es una organización terrorista y no se negocia con terroristas; ETA no conseguirá ningún beneficio político, de la misma forma que no ha conseguido ningún beneficio político por dejar de matar; si ETA quiere desarmarse, que lo haga, nos parece bien; que lo haga ya y sin más dilaciones. Hasta ahora el único desarme de ETA es el que han llevado a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles y franceses. La mejor forma de hacerlo es que ETA diga dónde están las armas, sin alterar su emplazamiento ni su contenido y sin ningún tipo de negociación. A partir de ahí, lo que la inmensa mayoría de los españoles deseamos y esperamos es su disolución como organización terrorista, la plena deslegitimación de los terroristas y de sus ideas y cerrar definitivamente una etapa que solo ha traído muerte y mucho sufrimiento.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
- DEL DIPUTADO DON PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ FUNCIONES CUMPLE A SU JUICIO EL VETO PRESUPUESTARIO? (Número de expediente 180/000191).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida también al señor presidente del Gobierno, del diputado don Pablo Manuel Iglesias Turrión.
Con su permiso, yo sí quiero hacer una pregunta al presidente del Gobierno aprovechando la sesión de control. ¿Qué función cumple a su juicio el veto presupuestario?
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Iglesias.
Lo que usted llama veto presupuestario no es más que el ejercicio de una facultad constitucional atribuida al Gobierno por el artículo 134.6 de la Constitución, que dice: "Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Es una facultad que también le reconoce al Gobierno el Reglamento de esta Cámara, es una facultad que existe en el derecho comparado -basta con ver los textos constitucionales de los países de nuestro entorno, particularmente Francia, Alemania u otros- y es una facultad que han ejercido los Gobiernos desde hace cuarenta años en España con absoluta normalidad. Dicha facultad tiene las siguientes funciones: preservar la competencia del Gobierno de iniciativa legislativa en materia presupuestaria; dotar al presupuesto de estabilidad y garantizar la ejecución de los presupuestos en vigor y, en definitiva, preservar un cierto rigor en las cuentas públicas. Es algo absolutamente normal en todas las democracias, incluida la nuestra, señor Iglesias. (Aplausos).
Señor Iglesias.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señor presidente.
Ya le pregunté por esta cuestión en el mes de noviembre y usted me respondió algo parecido, que se podría sintetizar en ese cruel refrán castellano: Lentejas, comida de viejas, si quieres las comes y, si no, las dejas. Le decía yo entonces que un uso excesivo de la facultad de veto presupuestario podía convertir la separación de poderes en algo que quedara de alguna manera recluido en los manuales de ciencia política y de derecho. Y usted hoy me ha dado, efectivamente, una respuesta de manual. Lo que pasa es que hoy llega la primavera a El Corte Inglés y llega también un informe de los letrados del Congreso que dice algo parecido a lo que nosotros decíamos ya en el mes de noviembre. Dice textualmente que la capacidad de veto debería configurarse en términos excepcionales y restrictivos, porque se impide que las Cámaras ejerzan la potestad legislativa. Su Gobierno ha vetado hasta veintitrés iniciativas, y en dos casos -la que afectaba a la reforma del Estatuto de los Trabajadores y la que afectaba a la Ley de Educación- se ha producido incluso un conflicto entre el Gobierno y la Mesa del Congreso que ha obligado a su Gobierno a recurrir al Tribunal Constitucional, a ver si en él tiene más suerte.
Yo, preparando esta pregunta, llegaba a la conclusión de que usted me iba a responder básicamente que el informe de los letrados le traía a usted sin cuidado, pero como usted maneja la prosa de Lope con destreza, he estado yo reflexionando sobre la expresión que utilizaría. Tiene usted varias opciones: Me importa un comino el informe de los letrados; me importa un pimiento; me importa un huevo; me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas: Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la refanfinfla. (Rumores y protestas). Incluso he encontrado una -si los señores de la bancada del Partido Popular, que acaban de insultar a un compañero mío, me permiten terminar- que creo que se adapta perfectamente a su estilo: Me la bufa. (Protestas). A usted el informe de los letrados se la bufa. ¿Y sabe por qué se la bufa? Porque lo importante ya lo tiene usted atado. Los presupuestos los tiene usted atados con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con
Coalición Canaria y con un diputado que le va a prestar el Partido Socialista de Nueva Canarias. Por eso se la bufa a usted el informe de los letrados, señor... (Rumores.-Aplausos).
Bueno, celebro saber que ya he conseguido el apoyo a los presupuestos y espero que todos los citados por usted tomen buena nota y le hagan caso. (Aplausos). A partir de ahí, yo pocas cosas más voy a tener que hacer. Así que si alguien quería una primicia informativa en el día de hoy ya la tiene, se la ha dado el señor Iglesias.
Yo soy más modesto que usted. Lo único que puedo decirle es que estoy a favor de la separación de poderes, claro que lo estoy, por eso respeto las funciones de este Parlamento y por eso pido que el Parlamento respete también las funciones del Gobierno, sobre todo que respete aquellas facultades que tiene el Gobierno y que están recogidas en nuestro texto constitucional, porque, si no, la separación de poderes quedaría en agua de borrajas o en todas esas cosas a las que usted ha hecho referencia en su intervención. Una de las facultades más importantes que tiene el Gobierno, como dice la Constitución, es ejercer la iniciativa presupuestaria y velar por el cumplimiento de los presupuestos, y la disconformidad del Gobierno no versa sobre ningún contenido político, sino solamente sobre las consecuencias presupuestarias, que es lo que dice la Constitución. De hecho, hay muchas veces que aquí se valoran iniciativas que el Gobierno no quiere, y el Gobierno se tiene que aguantar, se debaten y, en muchas ocasiones, las pierde. Esa es la demostración inequívoca de que yo tengo razón sin hacer las cosas que hace usted en esta Cámara. Cuando se trata de temas presupuestarios, el Gobierno tiene unas facultades constitucionales y, cuando no, no las tiene. En ambos casos, democracia. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ALBERT RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE PENSADO EL GOBIERNO INCLUIR EN LOS PRESUPUESTOS DE 2017 FINANCIACIÓN PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO? (Número de expediente 180/000192).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor presidente del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señor Rajoy, el modelo de infraestructuras español, sin duda, ha avanzado en algunas cuestiones, pero ha fracasado también en cuanto a costes, inversión y productividad. En España, señor Rajoy, han construido ustedes, el Partido Popular, radiales en Madrid sin coches, que tenemos que pagar todos los españoles, 5.000 millones; también el Partido Socialista -hoy lo vemos en la portada de un diario-, 1.500 millones vamos a tener que pagar de fiesta de la concesión, en este caso, de la autopista AP-7. Hemos construido aeropuertos sin aviones en Castellón, en Ciudad Real, en Murcia; 1.000 millones, 280 millones, 100 millones, lo que usted quiera, señor Rajoy. En España se han hecho las cosas mal y nosotros no estamos dispuestos a que la fiesta siga siendo tan grande y que la factura la paguen los españoles. Señor Rajoy, nosotros no estamos de acuerdo, como usted sabe, en el rescate que hicieron a las cajas de ahorros por 60.000 millones de euros, que, según el Tribunal de Cuentas, han desaparecido y que en esta Cámara vamos a investigar. Señor Rajoy, la fiesta ha sido muy grande y la han pagado todos los españoles. Yo estoy indignado, como muchos otros, con el presidente del Eurogrupo, el socialista holandés, porque dice que en España nos hemos gastado el dinero en alcohol y mujeres. Eso no es cierto; nos lo hemos gastado en corrupción, en aeropuertos sin aviones, en radiales sin coches y en trenes sin pasajeros. (Aplausos.-Rumores).
El señor RIVERA DÍAZ: Señor Rajoy, en el punto 21 del acuerdo de investidura, Ciudadanos le pide al Partido Popular un cambio de rumbo en ese sentido. Le pedimos que apueste no solo por la concepción
radial, que es necesaria, sino también por la circular. Necesitamos un corredor mediterráneo para unir nuestros puertos con nuestros trenes y con nuestras mercancías.
Señor Rajoy, ¿se compromete usted en el presupuesto de 2017 a seguir invirtiendo y a acabar de una vez por todas el corredor mediterráneo, esa obra necesaria, productiva y urgente que lleva tantos años sin hacerse en España? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Rivera.
Algo bueno se ha hecho en España, señor Rivera, aunque en ese momento no estuviera usted en esta Cámara, particularmente, en materia de infraestructuras. Puede usted salir de España -lo hace muy a menudo- y puede usted preguntar fuera. Este es un país que tiene de las mejores infraestructuras de Europa, tanto de ferrocarril, con la alta velocidad, como de carreteras, autovías, autopistas y aeropuertos. Y eso es así por muchas razones; quizá la más importante es que 75 millones de personas nos visitan todos los años. Por algo será; algo bueno hay en España, por más que hayan podido cometerse errores como en cualquier obra humana.
A partir de ahí, el corredor mediterráneo, que es por lo que usted me pregunta, es una prioridad política, económica y social para el Gobierno de España. En el año 2012 pusimos en marcha una planificación realista y en el año 2013 conseguimos algo muy importante, que la Unión Europea declarase esta actuación como corredor prioritario de la red básica transeuropea. Tanto nos importa que, desde el año 2012, hemos hecho inversiones importantes en una época que, como sabe, presupuestariamente era difícil. En los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 hemos invertido más de 1.000 millones de euros en el corredor mediterráneo, que tiene una inversión total de 17.000 millones de euros, y es nuestra intención en el presupuesto de este año 2017 hacer una dotación al menos en la línea en la que lo hemos hecho en los últimos años. Esta es una prioridad básica para el Gobierno porque es otra gran necesidad en materia de infraestructuras.
El señor RIVERA DÍAZ: Bien, pues me alegro del cambio de prioridades, porque en el corredor no se han cumplido los plazos que se habían acordado. Al paso que vamos no sé si acabará antes que la Sagrada Familia -espero que sí-, cuando resulta que el corredor mediterráneo tendría que estar ya acabado, según los planes del propio Gobierno. Faltan 4.000 millones de euros, que es muchísimo menos que el dinero que hemos dedicado a esos aeropuertos vacíos, a esas radiales que estamos pagando o a esas autopistas infrautilizadas.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Como usted sabe, señor Rivera, hemos vivido la etapa más difícil, desde el punto de vista presupuestario, en España. Aun así, hemos hecho inversiones por encima de los 6.000 millones de euros. Hay grandes logros que se han alcanzado, como la frontera francesa-Barcelona, el acceso al puerto de Barcelona, La Encina-Monforte del Cid y el ramal de mercancías en Alicante, y este año vamos a continuar con los avances. El último domingo finalizaron las obras del tercer carril Valencia-Castellón y se va a reducir la duración del trayecto entre Madrid y Castellón, porque el lunes se inician las circulaciones en pruebas de este mismo tramo. Insisto, esta es una prioridad para el Gobierno y lo verá usted plasmado en los Presupuestos Generales del Estado. Además lo tenemos pactado con usted en los famosos 150 puntos.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA RAZONABLE EL GOBIERNO QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA UTILICE LAS SENTENCIAS JUDICIALES PARA CUESTIONAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES? (Número de expediente 180/000185).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia, de la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidenta.
Señor ministro, sus últimas declaraciones reinterpretando una sentencia del Tribunal Supremo, en el sentido de limitar un derecho fundamental como el de la huelga, son inaceptables y además son falsas. ¿Considera razonable utilizar las sentencias judiciales para cuestionar derechos fundamentales?
Señoría, me temo que no coincido en absoluto con su apreciación. Ahí está la sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala cuarta, de 16 de noviembre -o sea, de hace ya casi cuatro meses- y ahí están mis declaraciones, en las que simplemente puse de manifiesto el interés de una sentencia que equilibra derechos. Por lo tanto, en relación con su pregunta, me parece que por supuesto que no, no es razonable cuestionar derechos fundamentales interpretando las sentencias, y yo, de hecho, no lo hago nunca.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Mire, señor ministro, de sus declaraciones se entendía que las empresas cuyos trabajadores estén en huelga pueden subarrendar esos trabajos no realizados. Y lo entendió también así el Tribunal Supremo, que tuvo que sacar una nota aclaratoria para explicar el alcance de la sentencia, diciendo de forma clara que el derecho de huelga ni se restringe ni se flexibiliza ni se limita, y que lo que se permite es que los clientes de esa empresa con trabajadores en huelga puedan contratar con otras empresas si los servicios no se realizan, siempre que su relación sea meramente clientelar.
Estas declaraciones, señor ministro, van contra el sentido más elemental de la separación de poderes y además son graves porque se unen a otras declaraciones suyas; declaraciones que hacen que sobre usted pesen acusaciones de presión a los fiscales después de atreverse a valorar las actuaciones de dos fiscales del Tribunal Supremo; declaraciones después de cesar a treinta y cinco fiscales de una sola vez, con puestos importantes en la lucha contra la corrupción. Señor ministro, declaraciones como la que dice que en este país se persigue más a un fiscal que a los corruptos son duras, pero si se hacen por un fiscal cesado en la lucha anticorrupción deberían hacer reflexionar a un ministro.
Señor Catalá, pare si puede, porque usted ya no tiene el crédito con el que le recibió el mundo judicial a su llegada, aliviado por la marcha de Gallardón. Tiene el crédito a cero. Por eso le recomiendo que no coja el teléfono durante una temporada, no vaya a ser que le llame el presidente de Murcia o cualquier otro compañero suyo desesperado en una situación judicial. De fiestas nada, señor ministro, menos si son de cumpleaños. Vigile quién le llama y quién le invita. Su imagen de funcionario prudente al frente de un ministerio era mejor que la que da ahora, la de un político exaltado, controlando la justicia de un Gobierno acosado en los tribunales. Cambie si puede. (Aplausos).
Señoría, voy a responder a lo que usted me quería preguntar o al menos lo que yo entendía. Le insisto en las consideraciones. La Sala cuarta del Tribunal Supremo dicta una sentencia en la que considera que el derecho de huelga no es un derecho ilimitado y también que el derecho de los ciudadanos a obtener una prestación de servicios se puede articular y se puede equilibrar. Yo califiqué como interesante esa consideración, y no lo he hecho solo yo, lo han hecho la doctrina e incluso los sindicatos; hay alguna nota
de algún sindicato que analiza la cuestión. Nadie ha puesto en cuestión el derecho fundamental de huelga -yo mismo no lo haría en ningún caso, por supuesto-, pero sí me parece que se pueden hacer esas valoraciones de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En todo caso, si lo que a usted le preocupa es la protección de los derechos de los trabajadores, muy bienvenida sea. También podrían haber estado ustedes tan presentes en esa protección cuando reformamos el Código Penal -su artículo 315- para garantizar que la comisión hipotética de algún delito de coacciones, con ocasión del ejercicio del derecho de huelga, no debería ser penada con pena privativa de libertad sino con multa, y esa reforma la hizo solamente el Grupo Parlamentario Popular.
En todo caso, señoría, como usted muy bien sabe, el primer derecho en el ámbito laboral es el derecho al trabajo, y ustedes se han caracterizado por ser especialistas en la destrucción de puestos de trabajo; ustedes se han caracterizado por no garantizar el futuro de las pensiones mediante la quiebra del Estado del bienestar. Por tanto, está muy bien preocuparse por los derechos de los trabajadores y por el derecho a la huelga -y este Gobierno lo hace con intensidad-, pero también por la creación de puestos de trabajo y por el fortalecimiento de la Seguridad Social, y en ese contexto es donde seguramente los derechos de los trabajadores y del conjunto de los ciudadanos pueden ser equilibrados, como hace nuestro Tribunal Supremo y como hace el Tribunal Constitucional.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos).
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROLDÁN MONÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO CUMPLIR CON EL PUNTO NÚMERO DOS DEL ACUERDO DE INVESTIDURA FIRMADO CON CIUDADANOS A FIN DE REDUCIR EL GASTO PÚBLICO EN 1.000 MILLONES DE EUROS? (Número de expediente 180/000181).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias.
Señor ministro, como usted sabrá, en el punto 2 de nuestro acuerdo de investidura se recoge la revisión integral e independiente del gasto público para la identificación de gastos superfluos, la eliminación de duplicidades y el aumento de la eficiencia. ¿Qué medidas piensa tomar o está tomando su Gobierno en ese sentido? Y, sobre todo, respecto al ahorro de 1.000 millones al año mínimo, ¿tiene algo que adelantarnos?
Señor portavoz, señorías, el Gobierno tiene una acreditada trayectoria de reducción y control del gasto público, lo que entre otras cosas nos va a permitir cumplir el año 2016 con el objetivo de déficit público del 4,6 %; y puedo decir a la Cámara que vamos a cumplir con holgura ese 4,6 %. Además, la política de reducción del gasto ha sido compatible con la prioridad en el gasto social. El gasto público en el año 2011 representaba el 45,8 % del producto interior bruto; lo hemos bajado al 42,5 %, y eso ha sido compatible con los 300.000 millones de euros que hoy están dedicando nuestras administraciones públicas al gasto social, lo que representa el 63,45 % del total del gasto frente al 60,47 % que representaba en el año 2011.
En el acuerdo de investidura, como su señoría ha relatado, efectivamente figuran este propósito y este proyecto, y también lo hemos incorporado a la actualización del Plan presupuestario remitido a la Comisión Europea el pasado mes de diciembre. A ese respecto, otorgamos un papel relevante a la Airef en términos de detectar desde su responsabilidad e independencia dónde existen duplicidades e ineficiencias, así como gastos no justificados o innecesarios que evidentemente debemos eliminar o corregir.
Tratamos, entonces, de detectar, valorar y corregir esas ineficiencias, como ya hemos venido haciendo estos últimos años dentro del plan llamado CORA, y, en ese sentido, con mucho gusto pasaremos a su grupo parlamentario y al conjunto de sus señorías todos los planes relativos a la identificación de gastos ineficientes que tienen que ver con el desarrollo de la Administración digital, con evitar duplicidades,
especialmente entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, todo ello, en definitiva, compatible con el refuerzo del gasto social.
Señor Girauta.
El señor GIRAUTA VIDAL: Señor ministro, usted me dice que están en ello; nosotros, a la vista de las cifras que manejamos, no podemos ser tan optimistas. Plantéese, por favor, señor ministro, que la reducción del déficit y del endeudamiento ya no se va a poder hacer por la vía del aumento de los impuestos. La vaca de la clase media ya está ordeñada, no da más leche; el limón está exprimido. Sí, señor ministro, habrá que reducir gastos de verdad. No los que tienen que ver con la dependencia, ni con las pensiones, ni con los servicios básico, ni con el paro, sino el gasto político, el gasto de las redes clientelares. Y permítame que se lo diga a usted, porque usted es la cara del Estado, del leviatán, y no hablo solo de la Administración General del Estado, hablo del Estado entero, de la cantidad de duplicidades que se producen por la superposición de niveles administrativos que nos convierten en ciudadanos al servicio del Estado y no en ciudadanos que tienen un Estado a su servicio. Trabajamos más de medio año para usted, señor ministro... Para usted no, señor Montoro, para aquello a lo que usted pone cara. Sí, señor ministro.
A riesgo de parecer un niño de San Ildefonso, en los segundos que me quedan le voy a leer algunos premios gordos que les ha tocado a algunos amigos: Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: 1.281 millones, 900 de sobrecostes y se cae a trozos; Ciudad de la Cultura de Santiago, 400 millones, 280 de sobrecostes y no se ha terminado; Expo de Zaragoza, 2.250 millones, con pérdidas de 500 millones y no se utiliza; la Caja Mágica de Madrid, 300 millones, 175 de sobrecostes y casi no se utiliza. Podría seguir, hay muchos premiados con el Gordo. (Aplausos).
Lo que podría hacer es actualizar su discurso, señor Girauta. Yo con mucho gusto le prestaré todos esos datos que ya le he leído. Solo le voy a recordar que con un 42 % de gasto sobre el PIB España es el país que tiene el gasto público más bajo de todo el entorno europeo, así que, señor Girauta, antes de que llegara usted a esta Cámara estábamos trabajando... (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EUSKADI GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS VASCOPARLANTES? (Número de expediente 180/000178).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Joseba Andoni Agirretxea, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Adelante.
Señor ministro, ¿considera el Gobierno que la Administración General del Estado en Euskadi garantiza el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los vascoparlantes?
El Gobierno, señor diputado, es un firme defensor de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos y trata de promover y proteger la cooficialidad de todas las comunidades autónomas que tienen la suerte -subrayo suerte- de poder utilizar dos lenguas, como ocurre en el País Vasco.
Para este Gobierno es un orgullo cualquier iniciativa que permita avanzar en la normalización lingüística y en ese terreno creo francamente que la Administración General del Estado también ha hecho un esfuerzo que se plasmó en la coincidencia, de la que estamos también satisfechos, en la última reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Este acuerdo ha solventado los problemas que habían surgido en la aplicación de dos artículos sobre los que había discrepancia de interpretación en materia lingüística.
Nuestra voluntad, nuestra intención es la completa normalización y evitar que se produzca cualquier tipo de queja o de reclamación por el no uso del euskera en el ámbito de la Administración General del Estado en el País Vasco.
Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor ministro.
Los derechos lingüísticos son aquellos derechos humanos tocantes al derecho individual y colectivo a elegir el idioma en que comunicarse. La Administración General del Estado en Euskadi no respeta esos derechos porque los ciudadanos vascoparlantes, por mucho que la legislación nos lo permita, no podemos comunicarnos en euskera en casi ninguna dependencia de su Gobierno, y se lo digo por experiencia personal. No solo la Ley del Euskera del Parlamento vasco, sino la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en su artículo 15, dice que, además de que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración será el castellano; no obstante, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.
Le muestro esta legislación para que no se escude en la típica respuesta de que son dependencias de la Administración General del Estado y no autonómicas. En primer lugar, una administración debe responder a la población que atiende y, además de cumplir la ley, sea autonómica o estatal, atender los derechos lingüísticos de sus ciudadanos, y para eso hay que implicarse. ¿Cuántos planes de euskaldunización ha establecido su administración en Euskadi? ¿Qué pasos ha dado para que el personal aprenda euskera? ¿Por qué yo no puedo renovar el carné de identidad dirigiéndome en euskera a la policía? Yo ya sé la respuesta, pero me gustaría su compromiso, un compromiso por su parte de atender a la ciudadanía vasca que le demanda el uso del euskera en la Administración General del Estado en Euskadi.
Esto es una muestra de quejas de ciudadanos de que no se respetan sus derechos lingüísticos. Son respuestas de no uso, no presencia, no respuesta en euskera en diferentes ámbitos, tales como Policía Nacional, Renfe, ADIF, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Correos, Radiotelevisión Española, Delegación de Tráfico, etcétera. Hágase cargo del problema, señor ministro, asúmalo como responsabilidad del Gobierno y responda como es debido, y de paso exija al nuevo delegado del Gobierno en Euskadi que vele por los derechos lingüísticos del euskera, ya que el anterior, en sus obsesiones con nuestro idioma, solo velaba por restringir su presencia y perseguir a quien en su pleno derecho lo usaba en la Administración. Este es un Estado plurinacional y plurilingüístico. Por tanto...
Señor diputado, el Gobierno ha tomado diferentes iniciativas para reconocer y fomentar el uso de las lenguas cooficiales en todos los ámbitos, y particularmente en el ámbito de la Administración pública. Sin duda esas iniciativas han contribuido a reducir la conflictividad. De hecho, actualmente no nos consta que haya contenciosos en sede judicial con el Gobierno vasco con relación al uso del euskera por la Administración General del Estado. Es más, en los últimos cuatro años solo se han recibido cinco quejas tramitadas por el Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos del Gobierno vasco de ciudadanos que alegan que no han sido atendidos en euskera en algún servicio de la Administración General del Estado. Nuestro objetivo es que no exista ninguna queja, eso ya se lo he dicho. A ese respecto hemos
promovido diferentes actuaciones, como ha sido la contratación, cuando ha sido necesario, de traductores o la realización de cursos de formación permanente para que los empleados públicos aprendan o mejoren su nivel de euskera, de manera que se garantice que la Administración siempre ofrezca una respuesta adecuada al ciudadano, tanto por escrito como oralmente.
- DEL DIPUTADO DON PABLO BELLIDO ACEVEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA REDUCIR EL CRECIMIENTO DE LA SINIESTRALIDAD EN NUESTRAS CARRETERAS? (Número de expediente 180/000186).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Pablo Bellido Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro del Interior, la pasada legislatura supuso un claro retroceso en materia de seguridad vial. El año 2016 fue el primero desde 2003 en el que aumentó el número de accidentes y de fallecidos en las carreteras españolas, con 1.160 personas. Para sus familiares, mi respeto. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para revertir este balance dramático? (Aplausos).
Señoría, la mejora en la seguridad de todas y cada una de las carreteras de España es una auténtica obsesión de este Gobierno. Se ha venido trabajando a lo largo de los últimos años y también de las últimas legislaturas para mejorar la seguridad en nuestras carreteras. Es verdad que por determinadas circunstancias se ha producido un repunte en el último año, pero desde el primer momento no hemos permanecido quietos y hemos estado tomando medidas, de las que se ha dado cuenta en la Comisión de Seguridad Vial, en mi comparecencia en la Comisión de Interior e incluso aquí también en una interpelación que se me efectuó. Estamos sin duda empeñados en conseguir un pacto de Estado entre todos y variar la estrategia que hasta hoy estaba vigente para ser capaces entre todos juntos de mejorar la seguridad en nuestras carreteras, porque detrás de cada víctima -ha citado usted una cifra-, detrás de cada cifra, hay muchísimo dolor y mucha tragedia. (Aplausos).
Señor Bellido.
El señor BELLIDO ACEVEDO: Señor Zoido, sus medidas de momento nos resultan adecuadas pero insuficientes. Este tema es una verdadera prioridad también para el Grupo Parlamentario Socialista. Por eso vamos a apoyar todas las acciones que contribuyan a reducir el número de accidentes en las carreteras españolas, pero creemos que hay que ser más ambicioso. Señor ministro, usted ha heredado una gestión calamitosa en materia de seguridad vial. En la pasada legislatura, su predecesor fue un verdadero desastre, y lo fue porque se dejó guiar por la desidia y por la inercia. Con su partido en el Gobierno, con el Partido Popular, se rompió una magnífica inercia de ocho años muy positivos de los ministros Alonso, Pérez Rubalcaba y Camacho y del director general Pere Navarro. Ahora el Gobierno se ha especializado en buscar excusas en lugar de aportar soluciones. Decir que la fuente del aumento de muertes en carretera es el incremento de desplazamientos o el envejecimiento del parque automovilístico, como si fuesen solamente esas razones y estas fueran solamente responsabilidad de alguien ajeno al Gobierno, es no comprender el problema.
Le hemos escuchado en Comisión, y compartimos su deseo y su voluntad de alcanzar un pacto de Estado. El Grupo Parlamentario Socialista va a anteponer el deseo de unidad a cualquier otro, pero antes de dirigirse a la oposición o a la sociedad española le pedimos que consiga un pacto con sus colegas de Consejo de Ministros. Por ejemplo, consiga que el ministro de Fomento invierta más en mantenimiento de carreteras. Consiga que el ministro de Economía invierta más en recuperar las inversiones, como por
ejemplo el Plan PIVE. Consiga que el ministro de Hacienda pueda recuperar las plantillas de la Guardia Civil de Tráfico, que tan magnífica labor realizan. Consiga que el ministro de Educación recupere la asignatura de educación para la ciudadanía, porque con esa asignatura se imparte también educación vial en nuestros colegios. Consiga que el presidente del Gobierno reciba a las asociaciones y colectivos de víctimas que tan solo piden... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Es verdad que se ha producido un ligero repunte, un aumento del 1,4 %. A mí me parece que ese repunte es lo suficientemente importante como para que todos nos volquemos; ahora bien, de ahí a lo que usted acaba de pintar ahora mismo aquí, un futuro tan trágico, tan negro, como si fuéramos los peores,... he de decirle que no es así. En el poco tiempo que llevo de ministro del Interior estoy ya cansado de escuchar críticas hacia el equipo anterior y he de decirle que son muchos y buenos los resultados que han aportado, como también lo fueron los de Gobiernos socialistas anteriores. (Aplausos). Le voy a destacar una cosa, señoría, hay algo que me parece importante. El número de víctimas en España es de 36 por cada millón de habitantes, mucho más bajo que el que existe en la Unión Europea. Por tanto, aunque no es suficiente, vamos a seguir trabajando en esa línea.
No se preocupe por la coordinación de los distintos departamentos porque estamos empeñados en unas políticas transversales para mejorar la seguridad en la carretera. Habrá inversión en las carreteras, habrá incremento también en las plantillas de la Guardia Civil, habrá sensibilización en educación y formación, pero, sobre todo, habrá mucha atención a las víctimas. De ello sé mucho y lo he vivido en mis propias carnes, se lo puedo asegurar. Después vamos a tener una interpelación donde vamos a poner encima de la mesa muchas de las medidas que se están adoptando, algunas de ellas a corto plazo con un importe de 1.700.000 euros que desde primeros de año se están poniendo en marcha, quince medidas que se diseñaron y de las que puntualmente se les dio cuenta a todos los que forman parte de la Comisión... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUMPLIRÁ ANTES SU GOBIERNO LA INDICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA (CE) DE ALARGAR LOS TIEMPOS DE DETENCIÓN EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) QUE LA CUOTA DE ACOGIDA A PERSONAS REFUGIADAS A LA QUE SE COMPROMETIÓ HACE YA MÁS DE AÑO Y MEDIO? (Número de expediente 180/000190).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante.
La señora BELARRA ARTEAGA: Gracias.
Me gustaría saber, señor ministro, qué piensa cumplir su Gobierno antes, si la cuota de acogida de refugiados a la que se comprometieron hace casi año y medio o esas indicaciones que nos está dando la Comisión Europea de ampliar los tiempos de detención en los centros de internamiento de extranjeros.
Señora Belarra, el Gobierno de España es un Gobierno serio y, por tanto, va a cumplir aquellos compromisos que ha adquirido. He de asegurarle que el Gobierno de España no se ha comprometido a ampliar el tiempo que deben estar como máximo los extranjeros en los centros de internamiento y, por tanto, no tenemos previsto incrementarlo.
En cuanto al número de reasentamientos y de reubicaciones a los que nos comprometimos, estamos haciendo todos los esfuerzos para conseguir los objetivos que nos marcamos y a los que se comprometió el Gobierno de España.
Señora Belarra.
Le hago esta pregunta porque les he oído ya en demasiadas ocasiones vanagloriarse de que somos el sexto país de la Unión Europea y el cuarto de la zona euro en reubicaciones. Yo no sé si usted cuando suspendía los exámenes en el colegio, para que sus padres no le castigaran, se escudaba en que el resto de compañeros de la clase también habían suspendido. (Rumores). Yo no creo que sea para ponerse una medalla el hecho de que hayamos reubicado a 878 personas de las 16.000 a las que nos comprometimos. Es evidente que Europa ha suspendido en derechos humanos y España está suspendiendo también en garantía del derecho de asilo. Yo le pregunto qué va a hacer usted para cumplir efectivamente, antes de septiembre, con todas esas personas reubicadas, a lo que nos comprometimos -como le decía- hace año y medio.
Como veo que el discurso de los derechos humanos no encaja muy bien con ustedes (Protestas) y he visto que salía en la portada del ABC este domingo, no sé si ha escuchado las declaraciones del papa Francisco al respecto de los refugiados. Dice que perfectamente Jesús, María y José podrían ser los refugiados del siglo XXI, esos a los que ustedes les están cerrando la puerta en las narices. Me gustaría saber si usted también va a detener a los refugiados del siglo XXI, como Jesús, María y José, hasta dieciocho meses o si va a expulsarlos violentamente, como ocurrió con un ciudadano nigeriano, Malik, que después de 59 días internado en un centro de internamiento de extranjeros, con una hernia todavía sangrante y después de haber pasado varios días en el hospital fue deportado a su país donde no va a tener el tratamiento adecuado. Esto es lo que está pasando en nuestro país en los centros de internamiento de extranjeros. Me gustaría saber si va a seguir aumentando -como le gusta decir al señor Rajoy, que ya se ha ido-, si va a seguir añadiendo sufrimiento al sufrimiento y bloqueando esos 20.000 expedientes de asilo, esas 20.000 personas con expedientes que están bloqueados en la Oficina de Asilo y Refugio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señoría, le voy a aclarar una cosa en cuanto a las notas y mi posible justificación ante mi madre, porque padre no tenía. Como no podía perder la beca, no me podía escudar en nada, sino que tenía que salir para adelante y si podía ser el primero procuraba serlo. (Aplausos).
Señoría, le voy a decir una cosa, el día 2 de marzo la Comisión Europea recomendó que se ampliara el tiempo de estancia de los extranjeros en los centros de internamiento, pero ya España de por sí estaba entre los que menos plazo de tiempo fijábamos. Se recomendó entre seis meses y dieciocho meses y nosotros nos hemos quedado en sesenta días, señoría. Por eso nosotros no pensamos cambiarlo porque seguimos confiando en que hay derechos humanos y que se justifican perfectamente con una entrada de sesenta días; por ahí no se preocupe.
En cuanto al reasentamiento, no hay ningún problema. En el Programa nacional de reasentamiento para 2016 eran 854 refugiados y está a punto de cumplirse y el Programa nacional de reasentamiento para 2017 cuenta con 725 plazas, que estamos convencidos de que en septiembre llegaremos a ellas. Un problema distinto son las reubicaciones. Es verdad que ocupamos el sexto lugar, pero porque ningún país de la Unión Europea, dadas las dificultades de tramitación administrativa, ha sido capaz de cumplir con esos objetivos. Ningún país ha conseguido más del 10 % de la cantidad que tenía fijada. Eso es lo que ha sucedido lo diga usted o lo diga cualquier persona a la que usted quiera hacerle caso. Los problemas administrativos lo impiden. Por tanto, le quiero asegurar que, desde el punto de vista de protección internacional, que usted está poniendo en tela de juicio aludiendo a que tenemos un partido -el que sustenta al Gobierno- que no respeta los derechos humanos, de eso ni hablar; hay 16.000 solicitudes... (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JOAN OLÒRIZ SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿PIENSA CONTINUAR APLICANDO LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 38 DE LA LOMCE, QUE PREVÉ UNA AYUDA DE 6.000 EUROS A LAS FAMILIAS QUE QUIERAN ESCOLARIZAR A SUS HIJOS EN UNA ESCUELA PRIVADA? (Número de expediente 180/000177).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, pregunta del diputado don Joan Olòriz Serra del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor OLÒRIZ SERRA: Señor ministro, ¿piensa mantener los 6.000 euros que quitan de la aportación económica a la Generalitat para pagar los centros privados de aquellos padres que han pedido escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña? ¿Tienen conocimiento de que apenas cuarenta familias lo han pedido este curso?
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señora presidenta, señorías, buenos días.
Señor Olòriz, leí con todo detenimiento su pregunta. Decía usted que si pensaba continuar aplicando la disposición adicional trigésima octava de la Lomce que prevé una ayuda de 6.000 euros a las familias que quieran escolarizar a sus hijos en una escuela privada y, la verdad, es que no la entendí. ¿Sabe usted lo que hice? Pues cogí la disposición adicional trigésima octava, incluso los reales decretos que la desarrollan y tampoco he visto nada de 6.000 euros ni nada de escuelas privadas. ¿Por qué no me lo cuenta, usted que es maestro?
La señora PRESIDENTA: Señor Olòriz.
El señor OLÒRIZ SERRA: Respuesta previsible pero decepcionante. No sé qué me cuenta, lo que me cuenta y usted tácet.
No parece darse cuenta de que los padres de solo el 0,07 % de 1.570.011 alumnos matriculados este curso han decidido acogerse a la adicional trigésima octava. Es una medida inútil, porque no se corresponde con la realidad de la escuela catalana y, además, vulnera el Estatuto de Autonomía, la Ley de Educación de Cataluña y repetidas sentencias del Tribunal Constitucional. Dejen tranquilo un modelo lingüístico de éxito, donde todos y todas tienen el derecho y la obligación de conocer las dos lenguas y el derecho a usar la que quieran, un modelo con más de treinta años de recorrido, que tiene un amplio consenso académico, social y político. Ha de saber que todos los escolares finalizan la enseñanza obligatoria conociendo perfectamente las dos lenguas cooficiales, con un dominio creciente del inglés y una actitud positiva con todas las lenguas de nuestro entorno, favoreciendo la cohesión social y la igualdad de oportunidades, una ciudadanía enraizada en su país y abierta al mundo.
No continúe con la mala fe de su antecesor, el señor Wert, que se ríe de todos nosotros cómodamente desde París y cínicamente desde el cuadro que ustedes han colgado en su ministerio por el módico precio de 20.000 euros. ¿Quieren un pacto por la educación? Pues empiecen haciendo lo contrario que su antecesor, el de la peor ley educativa de las últimas décadas, sí la que ni ustedes...
La señora PRESIDENTA: Señoría, se ha acabado su tiempo. Muchas gracias.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias.
Luego me lo cuenta usted, señor Olòriz, porque me sigue usted sin contestar. Me hace usted una pregunta que no es cierta. Me habla usted de que no se qué disposición adicional, la trigésima octava de la Lomce, que prevé una ayuda de 6.000 euros. ¿Dónde, señor Olòriz? Se lo he dicho antes, he aludido a su condición de maestro y explíqueme dónde porque no lo encontrará usted. Usted se inventa las cosas, señor Olòriz. (Rumores). Y luego en su respuesta me habla de otra cosa. Muy bien, es una opinión suya
y yo la respeto, pero su pregunta no es cierta. ¿Y sabe usted por qué? Señor Olòriz, porque a ustedes les pasa aquello que Churchill decía de las personas que están obsesionadas y es que no pueden cambiar de opinión y tampoco quieren cambiar de tema, y ustedes van a piñón fijo.
Estamos en estos momentos hablando del pacto nacional por la educación, creo que es un buen momento para hablar de todas estas cosas y yo le pediría, señor Olòriz, que fuéramos a ese pacto con mente abierta, con ganas de llegar a acuerdos y con voluntad de escuchar al otro. Cuando leo algún tuit suyo en el que dice: votaremos no al modelo del pacto de la educación porque previamente había que derogar la Lomce y comenzamos el 14 la subcomisión en falso, me parece que no es una buena actitud, señor Olòriz. Cambie de actitud, que es usted docente y tiene usted que hacer pedagogía y contar la verdad. Cuente la verdad de vez en cuando y vaya al pacto de educación, señor Olòriz, con la mente abierta, que es lo bueno. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA SILVIA VALMAÑA OCHAÍTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE AVALA EL DISEÑO DE LA ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES? (Número de expediente 180/000183).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor ministro de la diputada doña Silvia Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado 23 de septiembre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó un recurso interpuesto por el sindicato Comisiones Obreras para declarar la nulidad del Real Decreto 43/2015, que modificaba a su vez dos reales decretos, uno de 2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias y otro de enero de 2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
Este recurso consideraba como única cuestión que el real decreto infringía los principios de igualdad y no discriminación al permitir que las universidades pudieran articular las enseñanzas universitarias en grados de entre 180 y 240 créditos y másteres de 60 a 120 créditos para el acceso a los programas de doctorado.
La sentencia, que es objeto de la presente pregunta, desestima el fundamento del recurso y con ello quita la razón no solamente a los recurrentes, sino también a los agoreros y a los profesionales de la demagogia que quisieron también confrontar en esta materia haciendo de la posible elección del 3+2 o del 4+1 un nuevo campo de batalla. Pues bien, en vista del contenido de la citada sentencia, señor ministro, le pregunto cómo valora el Gobierno la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala el diseño de la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señora presidenta, señorías, ya saben ustedes que el Gobierno respeta y acata las sentencias, pero en este caso le puedo decir que la respeta y acata con una sonrisa. ¿Por qué? Porque fue la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras quien interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, que modificaba otros reales decretos anteriores donde se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias y oficiales y se regulaban las enseñanzas oficiales de doctorado. Se aducía por los recurrentes que se discriminaba a los alumnos en función de su rendimiento o de sus recursos económicos y también que se discriminaba a los estudiantes no españoles.
Eso no es lo que quería el Gobierno. El Gobierno lo que quería era la homogeneización de los estudios universitarios en España y también quería la internacionalización de los estudiantes que hubieran cursado sus titulaciones en el marco del Espacio Europeo de Educación. La sentencia da la razón al Gobierno, confirma que no existe discriminación ni vulneración alguna en este real decreto del principio de igualdad entre estudiantes bien sea por motivos académicos o económicos. Por tanto, no hemos querido reducir la duración de los estudios, lo que se pretende es dejar libertad al alumno en el diseño de su propio currículum profesional y académico. Es el alumno, en suma, el que puede decidir sobre la duración de sus estudios
dentro de la oferta académica. Y también señala el alto tribunal -y esto para el Gobierno es muy importante- que, además de no ser discriminatoria, no tiene ninguna incidencia en el sistema de becas, argumentado por los recurrentes, ya que no regula dicha materia. Y esto es importante para nosotros porque, como usted sabe, para el Gobierno el sistema de becas es una parte integrante de la dimensión social de la educación. Nadie en España debe dejar de estudiar por razones económicas, tenemos eso a gala, nos importa, lo queremos ver reflejado nuevamente con un incremento de becas en los próximos Presupuestos Generales del Estado, y que el Tribunal Supremo nos dé la razón nos llena de satisfacción.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO CORTÉS LASTRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL AUMENTO DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000187).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Pregunta del diputado don Ricardo Cortés Lastra, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señor Cortés.
El señor CORTÉS LASTRA: Gracias, presidenta.
Señora ministra: ¿Cómo valora el Gobierno el aumento de la emigración española?
Señoría, el Gobierno trabaja por las oportunidades de todos y trabaja para crear oportunidades en España, entre otras cosas, para que venga a España todo el talento que tuvo que huir durante la crisis, y para eso estamos trabajando desde el minuto uno. Por eso hoy España es un país que crece y que crea empleo... (Rumores).
Adelante, ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Es el segundo país, junto a Alemania, que más empleo crea en toda la zona euro, y eso es compatible con que el número de nuevas inscripciones de emigrantes en nuestro país haya caído un 6 %, la primera caída, señoría, en siete años.
Señor Cortés.
El señor CORTÉS LASTRA: Señora ministra, la verdad es que en el tiempo que llevo en este Parlamento, apenas seis meses, me viene sorprendiendo su actitud en las sesiones de control. Y le digo lo siguiente: se pone medallas constantemente, cuando la situación de los españoles en materia de buscar un empleo digno en este país es prácticamente imposible en estos momentos. Señora ministra, yo no quiero llevarle la contraria y, con su permiso, voy a ponerle también unas cuantas medallas que creo que usted se merece y no se ha puesto a lo largo de estas sesiones de control.
La primera medalla que quiero otorgarle es la siguiente: es usted la ministra que destruyó el diálogo social en este país. Era muy difícil, pero lamentablemente usted lo ha conseguido. La segunda medalla, que también bien merecida la tiene, es haber conseguido ser la ministra de los salarios indignos, de los salarios de la vergüenza, de los salarios más bajos de las clases trabajadoras y de las clases medias, proporcionalmente, en los últimos veinte años en este país. Y una tercera medalla, que estoy seguro de que estará usted muy orgullosa de tener, es la de la desigualdad. Usted, con sus políticas laborales y parte de su Gobierno con las políticas económicas y sociales, han conseguido que España sea el segundo país con mayor desigualdad de la Unión Europea. Pero, bueno, medalla de la desigualdad, medalla a los salarios indignos, medalla a destruir el diálogo social, pero especialmente quiero mostrarle mi interés por
una medalla: la medalla al abandono. La medalla al abandono a cientos de miles de españoles, de hombres y de mujeres que han tenido que emigrar de este país porque aquí no se les ha dado una oportunidad, teniendo que buscarla fuera de su tierra.
Usted, y el Gobierno que le acompaña, ha dejado que una parte de una generación fundamental para desarrollar este país haya tenido que huir y no participe en su recuperación histórica. Mire usted, la mejor marca España la tienen ustedes abandonada, no saben dónde están, no saben cuánto talento acumulan y encima les castigan con el olvido. Señora ministra, a ustedes los españoles en el exterior ni les preocupan ni les ocupan y le voy a decir más. Hay una frase que resume muy bien su ideario político y que sus líderes dicen mucho últimamente: Cada palo que aguante su vela. Mire usted, se equivocan; se equivocan más que nunca. Rectifiquen y den una respuesta concreta a la salida diaria de cientos de españoles de nuestro país buscando un futuro fuera porque ustedes no son capaces de dárselo.
Señor diputado, le pido un poquito de humildad, sobre todo si acaba de llegar usted a esta Cámara, porque si alguna medalla tiene el Grupo Socialista es la medalla del paro y los récords históricos de paro en España, desgraciadamente. (Aplausos). Porque coincidirá conmigo, señoría, en que no es lo mismo destruir empleo -3,5 millones de empleos destruidos con Gobiernos socialistas- a que hoy la sociedad española, con un Gobierno del Partido Popular, haya sido capaz de crear 1.600.000 empleos desde la recuperación y recuperar uno de cada dos empleos destruidos por la crisis. Por tanto, en el balance hay un perdedor claro y es el Partido Socialista, señoría.
Al Gobierno le preocupa el talento, todo el talento, pero también como españoles tenemos que poner en valor lo que la sociedad española a lo largo del tiempo ha hecho y no es solo emplear el máximo talento sino también cuidarlo. ¿Sabe usted que España es el país de la OCDE donde menos personas han emigrado? El 2 % de los nacidos en España han emigrado al exterior durante la crisis. Sí, señoría, mire los datos, la mitad que en Alemania o Italia, tres veces menos que en el Reino Unido y siete veces menos que en Portugal. Trabajamos para que el talento huido por la crisis venga a España. ¿Sabe por qué? Porque estamos creando oportunidades, señoría, tantas que incluso ya hay 190.000 personas que vivían en nuestro país, emigraron en la crisis y que han vuelto porque ya en España se crean oportunidades todos los días gracias a las empresas, a los trabajadores y a las familias. Y a lo mejor algo tienen que ver también las políticas de Mariano Rajoy.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL BUSTAMENTE MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO NECESARIO TOMAR ALGUNA MEDIDA PARA PROTEGER A LOS TRABAJADORES Y A LAS TRABAJADORAS ANTE LA ACCIÓN DE LOS CONOCIDOS COMO "FONDOS BUITRES" EN EL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000176).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Miguel Ángel Bustamante Martín, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: ¿Considera el Gobierno necesario tomar algún tipo de medida frente a la acción de los fondos buitre en defensa de los trabajadores y trabajadoras?
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor diputado.
Mire, todas las situaciones de menoscabo de los derechos de los trabajadores preocupan y ocupan a este Gobierno. Lo hacemos todos los días y lo hacemos trabajando desde el ministerio con los interlocutores sociales cuando se producen situaciones que preocupan a los trabajadores y lo hacemos también en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es la garantía última de los derechos de los trabajadores en España.
Señor Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: Le pongo un ejemplo, señora ministra, Springwater, fondo de capital riesgo que ha llevado a la quiebra empresas viables a través de operaciones financieras, que finalmente siempre acaban con la extinción de los contratos de trabajo, llevando el coste al Servicio Público de Empleo y al Fondo de garantía salarial. Creo que es poco patriota que el Gobierno permanezca de brazos cruzados mientras que un fondo buitre suizo, cuyo presidente es un empresario alemán que actúa a través de una sociedad domiciliada en Luxemburgo, destroza nuestra industria y nuestros puestos de trabajo. La forma de actuar de este fondo de gestión ha dado lugar a la quiebra de empresas viables y a la generación de conflictos laborales.
Creo que el Gobierno no defiende los intereses de la clase trabajadora ni del pueblo, defiende los intereses del poder económico. El objetivo de los fondos buitre es obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Empresas como Unipapel, Miró, Intex, Carbonell han sufrido las consecuencias de estos ataques. Creo que son industrias que podrían dar puestos de trabajo a los 2.400.000 españoles que se encuentran en el extranjero, muchos de ellos jóvenes con formación y con preparación que se tuvieron que ir porque no tenían oportunidades y tuvieron que coger las maletas para buscar trabajo en el extranjero.
La clave de este tipo de actuaciones es la reforma laboral. Vuestra reforma laboral ha roto la negociación colectiva y ha sido el instrumento que ha permitido al fondo buitre desmantelar empresas sin importar los puestos de trabajo ni el futuro de la industria. Por eso, señora ministra, me siento orgulloso de haber participado en los piquetes informativos de las tres huelgas generales frente a la reforma laboral del Partido Socialista y del Partido Popular, porque vuestra reforma laboral fue un ataque a los derechos de los trabajadores, que busca destruir el empleo de calidad mediante el abaratamiento de despidos y la precarización de las condiciones de trabajo. Por eso, donde antes trabajaba una persona con un sueldo digno, hoy trabajan tres personas con sueldos de miseria. Nosotros seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y lo haremos en las instituciones y en la calle. (Aplausos).
Señor diputado, el Gobierno persigue a aquellos que defraudan el Sistema de la Seguridad Social y menoscaban los derechos de los trabajadores, y lo hace con el gran instrumento que tiene, que es el cumplimiento de la ley a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Creemos tanto en eso porque pensamos que el fraude es nocivo para toda la sociedad; primero para el trabajador, que ve mermados sus derechos, señoría, y también para las empresas, que compiten en una situación de desigualdad entre las que cumplen frente a aquellas que no lo hacen y defraudan al sistema. Como sociedad nos vemos todos defraudados porque hay una merma de las cotizaciones a la Seguridad Social, que es el corazón de nuestro modelo de bienestar. Por eso desde el primer día, en el año 2012, pusimos en marcha un Plan de lucha contra el fraude en el empleo irregular y la Seguridad Social, de tal manera que a lo largo de todos estos años hemos ido teniendo unos grandes resultados. Ese Plan de lucha contra el fraude ha sido coordinado con las comunidades autónomas con convenios especiales y en el marco del diálogo social.
Señoría, yo le invito a que desde esta Cámara haga propuestas en ese sentido, porque la lucha contra el fraude es tarea de todos como españoles. Aquí están los resultados, señoría: en ese periodo de 2012 a enero de 2017 se han realizado más de 1.011.000 inspecciones sobre el empleo irregular, que han permitido que afloren 424.000 empleos irregulares. Se han detectado 6.005 empresas ficticias, esas empresas que no tienen actividad económica conocida, solo defraudar a la Seguridad Social. Se han convertido 260.000 contratos indebidamente celebrados como temporales en indefinidos, ganando los trabajadores. Por último, el ahorro total del sistema de ese gran Plan de lucha contra el fraude de todos ha supuesto unos ahorros de 18.050 millones de euros para la Seguridad Social. Así también se lucha contra el fraude todos los días, señoría.
- DEL DIPUTADO DON JAVIER CALVENTE GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA ACTUACIÓN SUPERVISORA DE LA AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS (AICA), PARA EL CONTROL DE LA LEY 12/2013, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA? (Número de expediente 180/000182).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora a la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que formula el diputado don Javier Calvente Gallego.
El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra, buenos días, señorías. Mediante la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, se creó la Agencia de Información y Control Alimentarios, conocida como AICA. En la indicada norma legal anterior, en su apartado quinto, se establecen los fines de la mencionada agencia, aprobándose el estatuto de la misma por Real Decreto 227/2014, de 4 de abril. Dicha Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, es un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del que su señoría es titular. Opera como sistema público de garantía del cumplimiento de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en lo que respecta a las relaciones comerciales; esto es operaciones de compraventa de alimentos y materias primas entre agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentos y bebidas y distribuidores del sector agroalimentario.
Señora ministra, gracias al presidente Rajoy, al comisario Arias Cañete y a su señoría se consiguió un nuevo hito histórico para el sector agroalimentario español y, por tanto, para la economía nacional. Por primera vez en España se ha procedido a regular las relaciones comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria, con el respaldo, lo que también es importante, de las organizaciones agrarias, las industrias alimentarias y una parte importante de las empresas de distribución.
Señora ministra, los Gobiernos del Partido Popular, el presidente Rajoy y su señoría siempre han mostrado su sensibilidad y preocupación por la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles y, por tanto, tras más de tres años de la entrada en vigor de la misma, es necesario hacer un análisis del desarrollo de las actuaciones de la tan referida agencia. Por eso le pregunto qué valoración hace el Gobierno de la actuación supervisora de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, para el control de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la calidad alimentaria.
Muchas gracias, señor ministra. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.
Cuando en el año 2012 el Partido Popular llegó al Gobierno era un clamor la necesidad de establecer unas normas que dieran certidumbre a las relaciones comerciales entre agricultores y ganaderos, fabricantes y distribuidores de alimentos y bebidas. La promulgación por este Parlamento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria abrió una nueva era en las relaciones comerciales. La ley ha establecido un sistema de control, seguimiento y vigilancia que permite identificar y sancionar las malas prácticas comerciales, las prácticas comerciales abusivas. Además, el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, también contemplado en la ley, complementa el paquete de medidas impulsadas por este Gobierno para equilibrar la cadena alimentaria en España. Para que la ley tuviera eficacia era imprescindible dotarla con un régimen sancionador y con un supervisor con capacidad de realizar inspecciones de oficio, de investigar denuncias y de iniciar e instruir expedientes sancionadores.
La Ley 12/2013 ha marcado un antes y un después en la cadena alimentaria. Gracias a ella, hoy la AICA puede investigar las prácticas comerciales abusivas. Por su labor de supervisión de la Ley de la cadena, AICA se ha convertido en un referente de control. A lo largo de los tres años de funcionamiento, sus inspecciones se han ajustado a un amplio plan de control que ha investigado, por denuncia y de oficio, a todos los agentes de la cadena alimentaria de diversos sectores. Este plan ha sido especialmente útil
en algunas situaciones especialmente difíciles que ha atravesado el sector, como la crisis láctea, el veto ruso o la situación de precios de las hortalizas de este invierno. En todas ellas se ha comprobado de manera palpable la eficacia de la AICA.
La previsión de este Gobierno de dotar a la Ley de la cadena de un instrumento como la agencia, ha facilitado la resolución de muchas situaciones que se habrían encarado de una manera diferente, sin ninguna duda mucho más perjudicial para los intereses del sector alimentario español. Incluso en el ámbito de la venta a pérdidas, cuya competencia recae en las comunidades autónomas, AICA ha hecho un papel eficiente trasladando más de trescientas comunicaciones de supuestas ventas a pérdidas a las consejerías de comercio competentes. Señoría, los datos de actuación de AICA hablan por sí mismos. Desde su creación ha llevado a cabo 1.748 inspecciones de oficio supervisando la Ley de la cadena. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA BLANQUER ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA EN EL SISTEMA EUROPEO DE PATENTE UNITARIA? (Número de expediente 180/000188).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad. Pregunta de la diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, antes del Consejo Europeo del día 9, la Comisión de Industria aprobó una PNL del Grupo Socialista instando a su Gobierno a impulsar la adhesión de España al Sistema Europeo de Patente Unitaria, un sistema con un único registro, con un solo pago de tasas, con protección simultánea e idéntica en todos los países y con un tribunal único para resolver litigios. Podría suponer un ahorro de 20.000 euros para quien pretende patentar en veintiséis países simultáneamente pero el miércoles pasado a Mariano Rajoy se le llenó la boca de europeísmo y, a pesar de ello, no contestó a nuestro portavoz cuando le preguntó sobre esta cuestión. Así que insistimos. ¿Piensa el Gobierno promover la incorporación de España en este sistema o, por el contrario, va a hacer oídos sordos a este Parlamento y va a provocar que quedemos aislados de la Unión por la innovación? (Aplausos).
Señoría, como usted conoce, en el año 2010 la Comisión Europea realizó una propuesta de una patente comunitaria única que utilizaba el sistema lingüístico de la Oficina Europea de Patentes, según el cual las solicitudes se pueden presentar en cualquier idioma junto con una traducción en inglés, francés o alemán. Sin embargo, esta propuesta no pudo salir adelante, ya que hacía falta unanimidad de todos los Estados, y ni España ni Italia estaban de acuerdo por el tema de la lengua. En estas circunstancias, en marzo de 2011, el Consejo autorizó a veinticinco Estados miembros a establecer una cooperación reforzada de cara a la patente unitaria. Además, en 2012 se firmó un acuerdo internacional sobre el tribunal unificado, que usted comentaba anteriormente.
La entrada en vigor de todo el esquema está actualmente pendiente de ratificación del acuerdo internacional por parte de Reino Unido y Alemania. Aunque España siempre ha apoyado la creación de un título comunitario de patentes, no podemos unirnos a este sistema, tanto por las discrepancias con el mencionado régimen lingüístico como por las dudas que plantea respecto a la seguridad jurídica. De hecho, esta fue también la postura que defendió el anterior Gobierno socialista y la que comparten las organizaciones empresariales, preocupadas especialmente por las pymes españolas. (Aplausos).
Señora Blanquer.
Señor ministro, ha pasado mucho tiempo desde entonces y, desde luego, mantener esta posición no está a la altura de un país como España y es impropia de alguien que sueña con liderar el proyecto europeo. Si existe algún ejemplo claro de cooperación reforzada es este. Fíjense, de los todavía veintiocho integrantes de la Unión Europea, veintiséis han decidido acogerse. Solo España y Croacia están fuera. ¿Es así como quieren ser la locomotora de Europa? Porque si es así, no llegamos ni a vagón de cola. Lamento que no esté bien informado, porque la semana pasada Alemania ratificaba su adhesión, con lo que hace muy probable que el sistema se inicie en diciembre de este año y, por tanto, no hay tiempo que perder.
No consientan, por favor, que las empresas innovadoras españolas pierdan competitividad por quedar fuera del sistema. Apuesten de verdad por la innovación y por el talento de nuestro país, que lo hay y muy bueno, por cierto. Recuperen las negociaciones diplomáticas que abandonaron hace muchísimo tiempo. Desde fuera es imposible influir ni en su diseño ni en la defensa del español. Además, ante el brexit el territorio español podría ser un gran candidato como sede de una de las secciones del tribunal unificado, y su Gobierno no puede estar desaparecido. Así que reaccionen, no nos condenan a quedar fuera del sueño europeo de la innovación y de la prosperidad. Si quieren profundizar en el proyecto europeo, ahora tienen una gran oportunidad de demostrarlo. Envíen señales a Europa, que nos están esperando, y no pierdan esta oportunidad. (Aplausos).
Señoría, comparto con usted que hace falta un marco europeo de propiedad industrial que simplifique y reduzca los costes de obtener una patente, pero impedir la utilización del español -y estoy convencido de que usted está de acuerdo conmigo- como lengua oficial, supondría que nuestras empresas tendrían que traducir en una de las lenguas oficiales las solicitudes de patentes que realicen y, además, respetar patentes no traducidas al español. Adicionalmente, el sistema generaría una gran inseguridad jurídica, ya que las acciones para atacar la validez de una patente de otro Estado miembro solo podrán plantearse en la lengua de solicitud, y en caso de que una empresa española resulte demandada tendrá que asumir la lengua que elija el demandante en el proceso judicial. Señorías, excluir al castellano supone asimismo una discriminación de nuestras empresas, especialmente de las más pequeñas, respecto a las de otros países que sí pueden usar su idioma y pueden conllevar una merma de la capacidad de innovación.
Por último, señorías, quiero recordarles que, en cualquier caso, las empresas españolas podrán hacer uso de este sistema cuando esté en vigor; lo mismo que las compañías de otros países.
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JOSEP VENDRELL GARDEÑES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO ANTE LAS MALAS PRÁCTICAS DE LA BANCA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000179).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Joseph Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Ministro, tenemos una de las bancas con la peor reputación de la Unión Europea, prueba de ello son los doscientos cincuenta directivos imputados. La banca se ha financiado fraudulentamente con malas prácticas que han provocado el empobrecimiento, la ruina de mucha gente y un enorme sufrimiento. Malas prácticas, fraudes masivos como participaciones precedentes, deuda subordinada, comisiones abusivas, hipotecas multidivisa, cláusulas suelo, cláusulas de vencimiento anticipado, pagos por la formalización de las hipotecas que no tendrían que asumir los clientes, hipotecas impagables o el índice de referencia de préstamos hipotecarios.
Ministro, le pregunto por esta última mala práctica: ¿Qué solución les propone a ese 1.300.000 personas afectadas por la estafa del IRPH?
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, presidenta.
Señorías, este Gobierno ha sido el primero que ha tomado medidas para mejorar la transparencia en la comercialización de productos financieros y proteger a los usuarios bancarios. En el año 2012 aprobamos dos decretos-leyes que incrementaron las provisiones de los bancos por importe de más de 86.000 millones de euros, lo cual fue contra sus resultados. Además, fuimos el primer Gobierno que limitó la retribución de los directivos de los bancos. Igualmente, limitamos la posibilidad de comercializar productos complejos entre minoristas para evitar que se repitan casos como el de las preferentes. Y, a su vez, el FROB ha remitido más de cincuenta operaciones dudosas a la fiscalía. Al mismo tiempo establecimos un sistema de arbitraje que permitió a más de 334.000 pequeños ahorradores recuperar de manera rápida y ágil el dinero que habían invertido porque se les habían vendido incorrectamente los productos de las preferentes.
Nuestras sucesivas reformas del mercado hipotecario han incrementado la protección de los consumidores con medidas como limitar los intereses de demora, mejorar la subasta, reforzar la independencia de los tasadores. Y desde el inicio de la pasada legislatura el Gobierno ha tomado también medidas para proteger a los deudores vulnerables, de las cuales se han beneficiado prácticamente 80.000 familias. En este sentido, más de 45.600 familias se han acogido al código de buenas prácticas, que ha permitido prácticamente 39.000 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago. También se han suspendido más de 24.000 lanzamientos, una medida cuya vigencia acabamos de ampliar y que se mantendrá hasta el año 2020. Finalmente se creó el Fondo social de vivienda, que ha adjudicado a un precio muy reducido, más de 9.000 viviendas en alquiler. En lo que va de esta legislatura también hemos puesto en marcha un mecanismo extrajudicial para facilitar que a los que se les aplicaron cláusulas suelo de forma opaca puedan rápidamente recuperar su dinero.
Señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.
Veo, ministro, que no tiene respuesta para 1.300.000 personas afectadas por la estafa del IRPH. Pero además usted me ha hablado de las medidas que han tomado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores nos dice que la banca ya vuelve a las andadas, colocando nuevos productos de riesgo a personas sin conocimientos financieros y vulnerables. El IRPH, como otras estafas que le he mencionado, es una cláusula abusiva, comercializada sin informar de los riesgos, prometiendo tipos bajos cuando siempre han sido altos por encima del Euríbor, y además colocadas con falta de transparencia y manipulación en la fórmula de cálculo, como ha confirmado el propio Banco de España.
La unificación que hicieron ustedes en 2013 lo único que ha hecho es un cambio de un IRPH por otro y por cláusulas abusivas, como las que aplica, por ejemplo, La Caixa, con tipos del 4 %. Una mala práctica fue sustituida por otra, ministro, un abuso fue sustituido por otro. ¿Qué es lo que no nosotros le pedimos? Soluciones para las personas afectadas. Es necesario establecer la nulidad del IRPH por ser abusivo y opaco, así como por el carácter manipulable de su fórmula de cálculo. Es necesario garantizar la devolución a las familias de lo cobrado fraudulentamente. Es necesario investigar si realmente ha habido manipulación de este índice, pero sobre todo, ministro, es necesario enviar un mensaje claro: las malas prácticas de la banca no pueden quedar impunes.
Preocúpese por estas 1.300.000 personas afectadas, que no tengan que pasar por el calvario de diferentes procesos judiciales, que además la banca siempre pierde. Encuentre soluciones justas para esta gente (Aplausos).
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, presidenta.
Señorías, ya he anunciado que estamos trabajando en una nueva ley de crédito inmobiliario para incrementar la transparencia de los contratos y para evitar que vuelvan a darse situaciones de cláusulas opacas. Estas normas reforzarán los requisitos de información mediante una ficha previa en la cual se recogerán todas las cláusulas sensibles. E incluso habrá una simulación desde el punto de vista de la evolución de los tipos de interés. La firma en el notario deberá comprobar que el consumidor conoce perfectamente el contenido del contrato. A su vez, acabamos de abrir el periodo de consulta para el anteproyecto de ley para trasponer la directiva MiFID II, que regulará el asesoramiento en la comercialización de productos financieros y aumentará la transparencia en el mercado de acciones, bonos y derivados.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELVIRA RAMÓN UTRABO, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SU POLÍTICA HA SIGNIFICADO UN AVANCE EN LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES? (Número de expediente 180/000184).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta de la diputada doña Elvira Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría.
La señora RAMÓN UTRABO: El 22 de marzo de 2007 se promulgó la Ley Orgánica de igualdad real entre mujeres y hombres. Cuando se cumplen diez años de esta ley, ¿considera el Gobierno que su política ha significado un avance en la igualdad real entre mujeres y hombres? (Aplausos).
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta.
Señora Ramón, se ha avanzado. Los datos revelan un avance efectivo en la igualdad entre mujeres y hombres. Nos queda mucho por hacer, pero estoy convencidísima de que trabajando juntos, con toda la sociedad, seguiremos avanzando.
Señora Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: La Ley de Igualdad se lleva a cabo porque no bastaba con la mera declaración formal o legal en la propia Constitución. Hacía falta un desarrollo normativo y sobre todo la aplicación de las políticas públicas que contemplaba esta Ley de Igualdad, pero queríamos alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres para acabar con las discriminaciones por razón de sexo, como son la brecha salarial, la discriminación en las pensiones, los problemas de conciliación, la violencia de género o la menor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. Pero los dos años de Gobierno del Partido Popular han sido nefastos, han supuesto un retroceso en esta dirección. Con ustedes se ha agrandado la brecha de género, han sido un Gobierno con un clarísimo impacto negativo de género. Su reforma laboral -qué decir de la reforma laboral- nos ha expulsado a las mujeres del mercado laboral. Por primera vez en cuarenta años la tasa de actividad empezó a descender en el año 2012 y no ha parado. Son más de 100.000 las mujeres que han quedado fuera del mercado laboral desde el año 2012, y cuando le pregunté a su compañera, la señora Báñez, por esta cuestión, me dijo que no fuese antigua en mis planteamientos.
Ustedes han acabado con los planes de igualdad de las empresas, porque han acabado con el principal instrumento, que es el convenio colectivo. Han reducido las ayudas públicas previstas en la ley y los presupuestos para políticas de igualdad. Han limitado el derecho de las mujeres jóvenes a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Saben por qué? Porque ustedes no asumen que las mujeres partimos de una situación de desventaja en el acceso a los puestos de responsabilidad o al mercado laboral. Ustedes no
creen ni han creído nunca en la igualad, por eso se abstuvieron en la votación de esta ley y recurrieron al Tribunal Constitucional la paridad en las listas electorales. Señora ministra, ¿no le parece que son ya muchos años de oposición real a esta Ley de Igualdad? Yo diría que demasiados. (Aplausos).
Señora Ramón, el compromiso con la igualdad real no es un patrimonio de la izquierda; es un compromiso de la sociedad y lo defendemos todos. El empleo es la principal herramienta contra la desigualdad, porque nos garantiza nuestra autonomía y el pleno desarrollo. ¿Hemos avanzado? Yo no hago lemas; manejo datos. Cuando ustedes gobernaban, de cada 10 paradas en Europa, 7 eran españolas; hoy 1 de cada 2 mujeres con trabajo en la eurozona están en España.
Aún nos queda mucho por hacer; vamos corrigiendo mediante políticas reales y efectivas las desigualdades entre mujeres y hombres. Hemos reducido la brecha en educación: casi el 55 % de los matriculados en la universidad durante el curso pasado son mujeres. Hemos corregido la brecha en el emprendimiento: 2 de cada 3 de los nuevos emprendedores son mujeres. Estamos reduciendo la brecha salarial: desde 2012 la hemos reducido a 4 puntos. Estamos trabajando para eliminar la brecha en el acceso a los puestos de alta dirección: desde 2010 se ha producido un aumento de la presencia de las mujeres en los consejos de administración, pasando de un 12 % a un 19 %. Además, estamos promoviendo procedimientos de selección y promoción que eliminen las discriminaciones para garantizar que las mujeres estemos en todos los niveles de las empresas. También hemos corregido la brecha de género en las pensiones: ya son casi 180.000 las mujeres que han visto subir su pensión gracias al complemento de maternidad. Vamos a seguir potenciando la conciliación: se ha ampliado el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos pasando de los ocho a los doce años, y se ha mejorado el permiso de paternidad pasando de dos a cuatro semanas ininterrumpidas. Además, estamos ya redactando el plan estratégico de igualdad de oportunidades 2017-2020, y sobre todo, señorías, seguiremos trabajando por el pacto de Estado contra la violencia de género, porque la violencia machista es la forma más cruel de desigualdad contra la mujer.
Las mujeres queremos ocupar el lugar que nos corresponde. Somos el 51 % de la sociedad y no vamos a desaprovechar ni a desperdiciar el 51 % del talento femenino. Trabajemos juntos por la igualdad real y efectiva de las mujeres y los hombres en este país.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, AL MINISTRO DE INTERIOR SOBRE SUS POLÍTICAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTRES. (Número de expediente 172/000031).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al ministro del Interior sobre sus políticas para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivera Andrés.
La señora RIVERA ANDRÉS: Muchas gracias.
Paco salió con su moto de su casa en Bujalance, en Córdoba, y tomó la carretera hacia Montoro. Una vez allí cogió la N-420. Siempre le había gustado ese recorrido a través de la sierra de Cardeña en dirección a Puertollano. Era un sábado de junio y hacía calor. Cerca de Azuel paró a estirar las piernas y tomó un zumo en un bar de carretera, luego continuó sintiendo el aire cálido y la velocidad, cambiando marchas, sintiendo el motor. Entró en la provincia de Ciudad Real y cuando se acercaba a Fuencaliente el asfalto le traicionó con dos baches criminales. El primero le zarandeó, con el segundo perdió el control de la moto y salió volando; se estrelló contra dos señales de tráfico. Una le atravesó el costado derecho y le perforó el pulmón, la otra le seccionó la médula a la altura de la séptima vértebra dorsal. Tumbado sobre unos matorrales el joven motorista supo desde el primer momento qué es lo que le había sucedido. Del
ombligo para abajo no notaba nada; en cambio, sentía un dolor insoportable que le recorría el pecho. No le costó darse cuenta de que tenía el brazo derecho partido y el hombro desencajado. Durante veinte minutos, hasta que llegó la Guardia Civil, Paco se planteó seriamente si quería seguir viviendo. Tras el silencio y la estela de la muerte, llegaron muchos días, muchos meses y muchos años de lucha en una vida distinta; entonces corría el año 2007. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.
Ruego silencio, por favor.
La señora RIVERA ANDRÉS: Precisamente eso es lo que sintió Paco, silencio. Lo que le ocurrió a Paco permaneció en ese silencio, permanece hoy en día en el silencio, el silencio de las víctimas de tráfico.
Señor ministro, en 2015 fallecieron 385 motoristas, 45 más que en el año 2014, y 3.268 necesitaron hospitalización. Uno de cada tres hospitalizados por accidentes de tráfico son motoristas. Pero las víctimas no son números. No son números porque no es fácil, porque todo cambia, porque víctimas somos todos. Son víctimas los que se van y son víctimas los que se quedan, porque cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, podemos ser víctimas de un accidente de tráfico.
Aquel día de hace ya diez años los dos agentes que llegaron al lugar en que estaba el accidente se conmovieron con la entereza de aquel joven que les preguntó nada más llegar si conservaba las dos piernas. Mientras llamaban al helicóptero, que tardó otros veinte minutos en llegar, los propios agentes le confesaron a Paco que habían atendido a otros 4 accidentados en ese mismo punto esa semana. El lunes, el miércoles y el viernes 3 motoristas habían perdido la vida en ese mismo punto, en esos dos baches sin que nadie hubiese tomado ninguna medida al respecto. Cosas de este país. Lo arreglaron a raíz de mi accidente, explicaba Paco Salinas en su habitación del Hospital de Parapléjicos de Toledo, que fue su hogar durante siete meses. Sobre la cama, pegadas en la pared, dispersas fotos de viajes, estampitas del Cristo del Gran Poder de la Semana Santa de Bujalance, y la camiseta de una carrera popular que le dedicó un amigo que decía: Los campeones sufren por vencer. Pues mire, señor ministro, estas son las cosas que debemos cambiar en este país. ¿Alguno de ustedes, de los que estamos hoy aquí, privaría a sus hijos de una información que tal vez pudiera salvarles la vida? Estoy segura de que no. En la Dirección General de Tráfico, señor ministro, tenemos los datos y un algoritmo de cálculo, denominado Invive, que identifica de manera inequívoca y objetiva cuáles son los tramos más peligrosos de nuestras carreteras en función de la velocidad, y creo que deberíamos sentirnos orgullosos porque, por cierto, es una patente española pionera en Europa. Pues actuemos de igual manera con los accidentes de moto, porque sabemos dónde han tenido lugar y cuáles son las causas que los produjeron. Por tanto, no tiene ningún sentido que se prive a cinco millones de motoristas en España de una información que puede salvarles la vida. Si una zona es especialmente peligrosa para motos, debemos señalizarla por todos los métodos posibles: por Internet, a través de los mapas de navegación y, por supuesto, señalizando la propia vía, señor ministro. No valen excusas.
He escuchado muchas veces que tenemos 166.000 kilómetros de vía, pero solamente 26.000 son de Fomento. Eso no sirve y le voy a decir por qué: porque la Dirección General de Tráfico tiene la capacidad y debe asumir también la responsabilidad de informar a los motoristas de cuáles son los tramos que les pueden costar la vida, y esa información sí la tenemos a nivel del Estado y de la Dirección General de Tráfico.
A Manuel Castilla, bombero de profesión, un guardarraíl le mutiló la pierna izquierda en un accidente de moto en el año 2000. Con la vida rehecha y con el coraje de quien recuerda, de quien se niega a olvidar, no puede evitar bajar la mirada cuando cuenta que dos años después perdió a un amigo en la misma curva donde él se cayó con la moto. La historia se repite en los mismos lugares, a veces por casualidad o por mala suerte, pero la mayoría de las veces no es por casualidad ni por mala suerte, señor ministro. Esta información debe divulgarse, debe llegar cuanto antes para que el siguiente motorista que pase por la curva de Manuel no se juegue la vida. Ahora se acerca la Semana Santa, el buen tiempo, aumentan los desplazamientos en moto, y en esta época incluso los propios hospitales se preparan para recibir a las víctimas de esta multitudinaria tragedia que son los accidentes de tráfico. Lo hemos asumido como una parte más de las operaciones salida y retorno, incluso como parte de las vacaciones, y parece normal cuando no tiene por qué serlo, cuando no lo es, porque las víctimas no son números. Los guardarraíles siguen siendo una trampa mortal para motoristas. Cada año se producen mutilaciones por
guardarraíles en España y estamos hablando de historias y lesiones que tienen nombre y apellido: de Manuel Castilla, de Juan Cabrerizo, de Paco Salinas, José Fernando González o el ciclista paralímpico Juanjo Méndez, por ejemplo. Y así ¿hasta cuándo?
Según el último estudio específico realizado para motos por la DGT -por cierto, señor ministro, es del año 2008, ahí es nada; desde entonces no se ha vuelto a hacer absolutamente ningún estudio en Tráfico específico para motos-, más de la mitad de los fallecidos se producen por salidas de vía, y la mitad de esos fallecidos ocurren por un impacto contra un guardarraíl. Se lucha contra ello desde numerosas asociaciones de motoristas que hoy nos acompañan en el Congreso, que están hoy en la tribuna. Aprovecho para saludaros y daros las gracias por acompañarnos hoy aquí. Nos acompañan Juan Manuel Reyes y Miguel Ángel Serna, de Mutua Motera. -Encantada de que estéis acompañándonos-. Nos acompañan José María Riaño y Pedro Díaz del Río, de Anesdor. Nos acompaña la Asociación Motorista Ángeles Verdes, con Begonia González Rentero, José Antonio Rego y Domingo Tena. Nos acompaña también la Unión Internacional de Defensa del Motociclista, con Juan Carlos Toribio. -Muchas gracias por estar aquí también-. (Aplausos). Nos acompaña José María Barona, del Real Moto Club de España, y nos acompaña Andrés Pérez, de la Real Federación Motociclista Española. Yo creo, señor ministro, que la representación que tenemos hoy aquí le dice claramente el interés que hay por resolver este asunto. Creo que tenemos que trabajar todos juntos para que el problema de los guardarraíles empiece a ser algo del pasado.
Yo lo entiendo, señor ministro. Yo entiendo que usted dirá que 166.000 kilómetros de vía suponen un desembolso tremendo para el presupuesto y que es imposible cambiarlo todo, pero cambiemos aquellas zonas que son más peligrosas. Tenemos la información y usted tiene a los expertos con este programa Invive que puede salvar muchas vidas. Hagámoslo, porque debemos actuar cuanto antes en esa curva de Manuel para que nadie vuelva a dejarse la vida en ella, y eso sí es presupuestariamente viable, señor ministro, claro que lo es. Y no solamente eso, sino que tenemos que empezar ya, para que no cueste más tiempo ni cueste más vidas. Con estos datos de los tramos más peligrosos debemos de empezar a actuar de inmediato, no podemos esperar un día más. Aunque mi interpelación va dirigida a usted, señor Zoido, también quería dirigirme -aunque no hay nadie más del Gobierno- a varios ministros más porque la seguridad vial es algo integral, es algo que tenemos que hacer entre todos. Me dirijo también al señor De la Serna, por su responsabilidad en carreteras; al señor Català, que tiene pendiente modificar el Código Penal porque hoy en día si una persona se da a la fuga tras un accidente en el que ha habido fallecidos no se considera que haya omitido el deber de socorro. Eso no tiene hoy en día en nuestro Código Penal ningún sentido, y eso es necesario que lo cambiemos, señor ministro. Es muy importante que lo cambiemos. (Aplausos).
Esto va por Ana González -sí, va por ella-, que perdió a su marido atropellado en un accidente de bicicleta. Va por ella y por mi compromiso con ella, por la memoria de su marido y, sobre todo, porque no, porque las víctimas no son números. Por supuesto, claro que sí, quiero dirigirme al señor Montoro -que tampoco está aquí- y a sus presupuestos. Quería preguntarle -pregúnteselo usted cuando debatan presupuestos, señor Zoido- cuál es el valor de una vida o cuál es el de una muerte que puede evitarse. En 2016 los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.160 personas. A veces nos parece solo una cifra lejana y silenciosa; 1.160 personas es como si en Madrid toda la población de El Berrueco y de Lozoya desapareciera. O como si una tercera parte de la población de Alcolea del Río, en Sevilla -que usted conocerá muy bien- de pronto ya no estuviera más, así de sencillo. Son 1.160 personas, cada una con su propio nombre y con su propia historia, que podría ser la nuestra, la de cualquier de nosotros.
Señor ministro, creo que es necesario que actuemos y que lo hagamos ya. Me remito a las palabras de Paco; Paco decía que quería volver a trabajar en la universidad, que su sueño era volver a ir en moto. Cuando le ocurrió su accidente decía que su hermano, que también es motero, estaba muy tocado y que iba a dejar de montar en moto. Él le dijo: No, sigue montando en moto porque cuando vuelva a montar en moto quiero que seas la primera persona con la que yo vaya. Señor ministro, que nunca se rompan más sueños a causa de un mal bache ni por falta de señalización ni por un guardarraíl que corta la vida.
La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Gracias.
Presidenta, señorías, en primer lugar quiero saludar a todos los representantes de las distintas asociaciones de usuarios de motocicletas y también a las asociaciones de víctimas. He de decirles que sé
como se sienten, en primer lugar, porque soy usuario de la moto y porque me considero víctima de accidente de tráfico. Yo quiero agradecer la intervención, sin duda alguna muy emotiva, que nos ha hecho la portavoz en este caso del Grupo Ciudadanos. Yo, sin duda alguna, no puedo dejar de acordarme de Paco y de tantas personas a las que ha citado porque han tenido un accidente. A cada una de ellas le ha arrastrado determinadas circunstancias que le ha lastrado y cambiado la vida, tanto a ellos como a sus familiares. Algún día si quiere yo le cuento la mía y verá como también el sufrimiento hace que las palabras que se escuchen aquí me causen sorpresa, porque creo, no porque un hijo perdiera la vida con diecisiete años en un accidente de coche, que todos los que nos sentamos aquí tenemos un compromiso con mejorar la seguridad vial. Yo estoy convencido de que todos lo tenemos. Le puedo asegurar que es una de mis prioridades y también lo es del Gobierno, y creo que debe de ser una tarea de todos y en ello tenemos que emplearnos. Por eso, desde el primer momento, siendo consciente de la situación que atravesamos, he comprometido alcanzar un pacto de Estado por la seguridad vial.
He tendido la mano a todos, a todos los grupos parlamentarios, a todos los actores implicados en materia de seguridad vial, a las administraciones públicas y a la sociedad civil. ¿Con qué objetivos? Con un doble objetivo: reducir el número de accidentes de tráfico y garantizar una movilidad segura y sostenible a través de una adecuada gestión del tráfico. Voy a poner encima de la mesa algunos datos, aunque es verdad -insisto, usted lo ha repetido muchas veces y yo lo digo siempre- que un solo caso supone una tragedia, pero tenemos que administrar los datos y ser objetivos con los que cada uno manejamos. Ya tuve la oportunidad en la Comisión de mostrar el balance de la siniestralidad vial en el que se observaba un ligero aumento, del 1,4 %, en el número de accidentes, la cifra ya grave de incremento del 2,6 % de los fallecidos -hay 29 más que en el año 2015-, y el incremento del 4,3 % en los hospitalizados respecto a 2015. De esa forma, se rompió la tendencia de los últimos trece años de descenso en el número de víctimas. Estos datos de por sí constituyen un motivo fundamental para trabajar con intensidad y, aunque una estrategia nacional estuviera vigente hasta el año 2020, nos hemos puesto manos a la obra desde la Dirección General de Tráfico, que estoy convencido que usted conoce. Igualmente, es bueno saber que en España por fortuna todavía estamos muy por debajo de la tasa de mortalidad de la Unión Europea, por tanto, algo estaremos haciendo bien, aunque tenemos que seguir redoblando los esfuerzos. Al contestar a una pregunta reconocí que en la Unión Europea han sido 52 los fallecidos por millón de habitantes y 36 en España. Insisto en que esto no nos puede servir de consuelo, ni mucho menos, sino únicamente como acicate para redoblar los esfuerzos que tenemos que aplicar para regresar a la tendencia del descenso de víctimas y accidentes de los últimos años. No voy a utilizar como argumento ni el incremento del número de vehículos del parque móvil ni tampoco el de los cambios e incremento de los desplazamientos. Sí creo que es importante que se sepa que, teniendo en cuenta el tipo de vía, las carreteras convencionales siguen siendo con mucha diferencia donde hay más víctimas mortales en accidentes, el 75 %. Si bien, experimentan un descenso de un 3 % con respecto al 2015, sin embargo, en autopistas y autovías el número de fallecidos se ha incrementado en un 3 %; al contrario que en las convencionales. Como ya informé, las salidas de la vía son la principal causa de muerte en accidente, el 47 % en vías de gran capacidad y el 41 % en carreteras convencionales. En autovía y autopista la colisión trasera y múltiple fue la causa del 20 % de las víctimas mortales y el 17 % por atropello a peatones, mientras que en las vías convencionales un 25 % fue por colisiones frontales.
Centrándonos en la materia que nos ha planteado su señoría en esta interpelación, he de decirle que en el año 2016 descendió el número de personas fallecidas en accidentes de motocicletas y ciclomotor, ya que en 2016 fallecieron 214 usuarios -en 2015 hubo 10 menos- y 21 en ciclomotor, -en el año anterior hubo 6 menos-. Insisto en que esto debe servirnos de acicate y no de justificación. Por el contrario y para que ustedes se sitúen bien en el panorama general, los fallecidos en turismo, 604, aumentaron un 6 % respecto al año anterior, 34 más, y también lo hicieron las víctimas mortales en autobús, 18 en 2016 y 2 en 2015. También se aumentó en 5 el número de peatones fallecidos.
Señorías, creo que es importante que sepan que de los 214 muertos en motocicleta 4 no utilizaban el casco en el momento del accidente, y de los 21 fallecidos en ciclomotor solo uno no lo llevaba. Entre los ciclistas, de los 33 fallecidos 6 no utilizaban casco, pese a ser obligatorio en vías interurbanas. No es mi intención excederme en los datos, pero creo que es interesante hacer un repaso general de estas cifras.
Me van a permitir que les asegure que sé que detrás de cada accidente hay tragedias con nombres, apellidos y familias que ven cómo sus vidas cambian para siempre. Lo he dicho al comienzo de esta intervención. Unos me lo han dicho: Yo jamás pensé que a mí me podía pasar y me ha ocurrido, y a otros amigos y compañeros que de una u otra forma se han visto marcados por la tragedia de accidentes en
carretera. Por eso, desde la Dirección General de Tráfico se ha puesto en marcha un plan de medidas urgentes dirigidas a mejorar la seguridad vial para el conjunto de los usuarios de la vía, sin perjuicio de que siga vigente la Estrategia Nacional 2010-2020. Y por eso se han puesto en marcha determinadas medidas para que se mejore, sobre todo para los usuarios de las motocicletas y ciclomotores, la seguridad vial.
En primer lugar, la instalación de guías sonoras longitudinales. El objetivo fundamental es prevenir salidas de la vía y colisiones frontales, previniendo que los motoristas y motociclistas puedan invadir involuntariamente el carril del sentido contrario o sufran una salida de la vía. Se están instalando. En segundo lugar, racionalización en la zona de adelantamiento. La racionalización y redistribución de los tramos de adelantamiento genera una protección fundamental a los motociclistas, debido a su vulnerabilidad en caso de colisión contra un vehículo que tenga una mayor masa. En tercero, el establecimiento de cruces inteligentes porque los cruces a nivel son objetivamente un elemento de riesgo de la vía. La posibilidad de avisar con antelación a los vehículos que circulan por la vía preferente, de la presencia de un vehículo que se encuentra en disposición de acceder al cruce, reduce significativamente la peligrosidad de los cruces, y además cabe destacar que se emplearán sensores específicos para la detección de los vehículos en la vía principal y en los accesos, incluida la motocicleta. En cuarto lugar, avisadores de velocidad. Este refuerzo preventivo mostrando al motociclista a la velocidad a la que circula permite a este adaptar su velocidad con antelación suficiente y circular por el tramo en cuestión en condiciones de seguridad. En quinto, una nueva metodología para determinación y estudio de los puntos negros a los que usted se ha referido para evitar que puedan seguir unos puntos donde la accidentalidad siga presidiendo los números que hacen que tenga esa consideración de punto negro. Usted menciona en el propio texto, y así lo ha dicho en la interpelación, la metodología EuroNCAP RAT, la cual se contempla como una de las que empleará la Dirección General de Tráfico para la evaluación objetiva de las vías que permitan, con la colaboración de los distintos titulares de la vía, asegurar un nivel de seguridad óptimo en la red de las carreteras. Se analizarán, además, de una manera independiente los accidentes de motocicletas para identificar las zonas de riesgo y realizar propuestas de medidas por las distintas administraciones con competencia en la materia y mejorar así la seguridad de los motociclistas.
En sexto lugar, una nueva instrucción de vigilancia en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y un plan operativo anual donde se van a dedicar apartados específicos destinados a mejorar la seguridad de los motociclistas, a través de la vigilancia y control intensivo de los tramos y franjas horarias donde hay una mayor presencia de motociclistas, y de esa forma velar por el cumplimiento de las normas y el respeto del resto de los vehículos. Nuevos criterios también, en séptimo lugar, para la implantación y gestión de los cinemómetros, los radares, para asegurar una buena gestión de los mismos y que sean útiles y eviten las situaciones de riesgo; tramos con avisadores de velocidad que muestran la matrícula. Los tramos donde se instalarán los avisadores de matrícula van a permitir aumentar notablemente la seguridad de los motociclistas que estén circulando por ellos. Instalación de puntos de control de velocidad en tramos de especial peligrosidad y, en este sentido, debido a su carácter preventivo a través de la señalización previa, queremos reducir la accidentalidad y peligrosidad de los tramos donde se estén ubicando. Refuerzo de las señalizaciones en los tramos Invive, de los que también ha hablado, para prevenir en los tramos de carreteras convencionales con mayor Invive, índice que evalúa la presencia del binomio exceso de velocidad y de accidentalidad. Esos excesos de velocidad derivarán en una mayor seguridad de los motociclistas si previamente han sido ya previstos al facilitar el flujo más uniforme del tráfico, evitando adelantamientos innecesarios y otras situaciones de riesgo. Guía de buenas prácticas en travesías y tramos urbanos. En ese sentido, la guía de buenas prácticas recogerá actuaciones encaminadas a mejorar el encaje seguro de las motocicletas y ciclomotores en el entramado urbano. Medidas de comunicación con ejemplos de distracciones y testimonios reales de víctimas de tráfico.
El ejemplo que le puedo poner es el del otro día cuando presenté con Tricicle la campaña para concienciar sobre el uso del móvil, donde se veía perfectamente cómo un motociclista iba hablando por el móvil y luego mandaba un mensaje al mismo tiempo que pilotaba la moto. Demostró una gran pericia, pero el riesgo fue elevadísimo.
Por último, el plan estatal de educación vial. En la elaboración de este plan estatal de educación vial los usuarios de las motocicletas deben tener un papel destacado como destinatarios de algunas medidas y como participantes activos, a través del consejo superior de Tráfico y de las principales asociaciones de motociclismo.
No cabe la menor duda de que hay que tomar medidas para la prevención y, sobre todo, el aseguramiento de cómo tienen que ser las vallas -lo que se conoce como quitamiedos- para que no incrementen el riesgo y las consecuencias de una caída y la posterior salida de la vía -en la segunda intervención podré dedicarme a profundizar, estas eran materias propias de mi departamento y ahora le podré decir aquello que también se está haciendo-. Pero creo que es un paso importante -termino ya, señora presidenta- que España esté impulsando, como Estado miembro de la Unión Europea, la progresiva introducción de mejoras en los vehículos. Desde el año 2016 todos los nuevos modelos de motocicletas con cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos incorporan ABS. Yo creo que es una buena medida y, sobre todo, me parece que reducir los tiempos de asistencia en accidente tiene que ser un buen camino para proteger, garantizar y tener una mejor respuesta. Para ello, el sistema eCall para motos consistirá principalmente en un dispositivo integrado en el vehículo capaz de recoger los datos sobre el accidente y enviarlos al 112, y ya se está estudiando la posibilidad de disponer de cascos compatibles con eCall que recogerían datos adicionales y establecerían automáticamente una llamada de voz en manos libres.
En definitiva, estamos trabajando para conseguir comportamientos más seguros de los motoristas; pero además queremos incrementar la seguridad de la carretera para ello y mejorar el conocimiento sobre la accidentalidad de los motoristas y de su propia modalidad. Es una de mis prioridades, señoría, se lo garantizo, no lo dude, y le garantizo que vamos a seguir trabajando intensamente tanto en el diagnóstico de las causas del problema como en el diseño de las soluciones. Creo que todos tenemos que estar juntos, empezó usted, y yo también, hablando de vida y eso es lo fundamental, por eso yo espero contar con las aportaciones de todos los que nos sentamos en esta Cámara, por el bien de todos pero, sobre todo, por el bien de a quienes ellos están representando.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos)
Tiene la palabra la señora Rivera.
La señora RIVERA ANDRÉS: Gracias, señora presidenta.
Quería agradecer personalmente al ministro, al señor Zoido, su sensibilidad con los accidentes de tráfico. Eso es lo más importante que necesitamos para empezar a trabajar, esa sensibilidad y ese compromiso con la seguridad vial. En ese sentido, quiero que el señor ministro sepa que me tiene de su lado, que conozco profundamente la DGT -he trabajado diez años en ella, como usted bien sabe-, y que para mí uno de los objetivos de estar aquí, en esta Cámara, es precisamente ese, que llegue algún día en el que los accidentes de tráfico nos los tomemos en serio. Porque, como decía antes y como decía el ministro, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y lo siento profundamente porque sé que usted tiene esa sensibilidad porque lo ha vivido. Ese es el primer paso y tenemos mucho ganado en ese sentido con usted. Comentaba el señor ministro el compromiso que ha planteado de ese pacto de Estado por la seguridad vial. Yo le diría que está muy bien, que me sumo, que por supuesto en Ciudadanos nos sumamos; pero necesitamos hechos y necesitamos presupuesto, señor ministro. Si no invertimos en seguridad vial, si no invertimos para acabar con esos guardarraíles que hoy por hoy están mutilando a motoristas en España, no conseguiremos nada. Necesitamos presupuesto e insisto en ello. La seguridad vial no se gana solamente con palabras o con pactos de Estado. Necesitamos presupuesto, necesitamos herramientas y medidas concretas que además la DGT tiene.
Usted comentaba que los accidentes de moto habían descendido en 2016. Mire, señor ministro, sabe como yo que esos datos no están consolidados. El único dato fiable que tenemos hoy en día de accidentes de moto son los datos de 2015. Como usted sabe, esos datos no se consolidan a veces hasta septiembre de este año, que es lo que ha ocurrido en 2016. Muchos más motoristas a lo largo de 2016, cuando se consoliden los datos, habrán perdido la vida, y lo que sí sabemos es que de 2014 a 2015 hay 45 motoristas menos en nuestras carreteras. Así que sinceramente creo que debemos tomarnos los datos muy en serio, y sobre todo las sensaciones de las víctimas.
Usted ha comentado una serie de medidas urgentes y me parece bien: el eCall para motos, el Invive, que se puede utilizar también para las motos, no es una cuestión solo para la velocidad. Insiste en la instrucción de vigilancia de la Guardia Civil, que hace un trabajo excelente; yo he trabajado -como le digo- con ellos durante diez años, pero la vigilancia no lo es todo. Tenemos que optar también por la prevención y por tomar medidas que presupuestariamente sí son viables, como sustituir esos guardarraíles de nuestras carreteras en aquellos tramos que se puede, que es viable saber dónde -y se puede saber ya- están esos tramos más peligrosos donde se pierden las vidas para sustituir los guardarraíles en esas
zonas. Eso sí es presupuestariamente viable. Todas las medidas que se tomen son importantes pero, señor ministro, insisto, tómenlas ya, hagamos el trabajo ya. No perdamos el tiempo en papel o en medidas que al final no traen resultados. Necesitamos salvar las vidas de muchos motoristas que hoy en día se la siguen jugando en una curva, se la siguen jugando en un bache y sobre todo se la siguen jugando en esos guardarraíles. Usted daba la cifra igual que yo, estamos hablando de que prácticamente la mitad de los fallecidos en accidente de moto ocurren por salidas de vía, y de ellos la mitad ocurren porque acaban cortando su vida en un guardarraíl. Eso no lo podemos permitir, señor ministro, tenemos que actuar y podemos actuar ya.
Hay una teoría que dice que aquellas personas que hemos perdido a alguien cercano al que amábamos, que se ha muerto antes de tiempo, debemos vivir el doble y debemos vivir por nosotros y por ellos. Señor ministro, creo que aparte de vivir el doble creo que debemos esforzarnos el doble. Le propongo cuatro medidas concretas que podemos empezar a poner en marcha ya, no mañana, sino hoy. Uno, identificar las zonas peligrosas de toda la red de carreteras utilizando los datos de accidentes y el algoritmo de cálculo similar al Invive de la Dirección General de Tráfico específico para motos. Dos, informar a los motoristas y a las asociaciones -que hoy nos acompañan- para que distribuyan en tiempo real esa información de cuáles son esas zonas por Internet, por sistemas de navegación y por supuesto en la propia vía, por ejemplo, cambiando el color de las líneas de la vía de blanco a verde para que el motorista sienta que está en una zona diferente. Tres, sustituir de manera inmediata los guardarraíles en aquellos tramos más peligrosos, que se pueden identificar. Quizá no sea mucho y debería pelear en el presupuesto para que se haga. Cuatro, informar a comunidades autónomas, a diputaciones y ayuntamientos para que ellos también señalicen y cambien los guardarraíles en sus zonas de competencia.
Le insisto, las víctimas no son números, son historias y recuerdos de los que se van, y son muescas y heridas en la vida de los que se quedan, señor ministro. Actuemos. (Aplausos).
Para concluir el debate, tiene la palabra el señor ministro del Interior.
Señora Rivera, muchas gracias por el tono que ha empleado y por hacer unas propuestas que puedan servir para mejorar todo lo relativo a la siniestralidad desde el punto de vista de los motociclistas. Cuando me ha hablado de seguir profundizando en el Invive le puedo asegurar que, por los datos que obran en mi poder -que quizá usted también tenga, por el lugar donde usted ha prestado tantos servicio-, son 1.200 más los puntos que se han destacado como de alta siniestralidad. Señora Rivera, he de agradecerle el tono que ha empleado y las propuestas que ha venido haciendo. Creo que de los cuatro puntos que ha explicado varios ya se vienen desarrollando y ejecutando, como la identificación de los puntos donde hay mayor siniestralidad. Sé que se viene haciendo de una manera continua, según los informes que obran en mi poder. Usted que ha servido mucho tiempo a la sociedad desde la Dirección General de Tráfico sabe que allí hay magníficos funcionarios que perfectamente están detectándolos, y una vez que lo hacen se pasa la información, se va declarando y se van incorporando como puntos de alta siniestralidad. Y conviene que eso se comunique y que se les haga saber a ellos, para que al final con las redes sociales seamos capaces de llegar lo más rápido posible y en un tiempo real, que es algo de lo que hoy en día podemos disfrutar. Esto me parece bien. Son muchas las comunicaciones que por esa vía se dan desde la Dirección General de Tráfico.
Voy a darle ahora algunos datos sobre el hecho de sustituir los guardarraíles. En cuanto a comunicar a comunidades autónomas y a municipios dónde están los puntos sabe que es algo que se hace con muchísima frecuencia para que en todos los sitios se puedan ir tomando las medidas por la Administración competente, que es la que debe actuar. Como anteriormente usted destacaba no cabe la menor duda de que, existiendo un cuerpo de técnicos tan especializado como los de la Dirección General de Tráfico o la propia agrupación de la Guardia Civil de tráfico, ellos serán los que hagan las recomendaciones oportunas para que comunidades autónomas y entidades locales tomen las medidas precisas para que se puedan, por lo menos, sustituir aquellos elementos que vienen a introducir una mayor peligrosidad en el supuesto de que haya ocurrido un accidente. Por tanto, dado que me ponía en cierta medida en juego las relaciones de los distintos ministerios -como el Ministerio de Fomento para hacer las inversiones o el Ministerio de Hacienda para que dé el dinero-, yo le puedo asegurar que hay sintonía entre todo el Gobierno; estoy hablando de una absoluta coincidencia en mejorar todo lo que a la siniestralidad se refiere, en mejorar los medios personales, tanto en Guardia Civil como de tráfico, en mejorar los puntos
negros, y no solo en la señalética, sino también en una mejora ostensible e intensa de todos los medios de protección.
El Ministerio de Fomento ha sido siempre muy sensible a los accidentes de los motociclistas, por eso se han ido mejorando desde hace mucho tiempo, desde el año 1995, momento en que se empiezan a instalar y a reponer barreras, sustituyendo unas por otras. Dice que últimamente no se ha hecho nada, pero he de decirle que los criterios de aplicación de elementos de contención de vehículos vienen a armonizar y unificar todos los criterios anteriores, y esto es del año 2014. En estos momentos se han instalado en la red de carreteras del Estado más de 1.900 kilómetros de barreras para protección de motociclistas; en particular desde el año 2012 se han instalado en la red de carreteras del Estado más de 250 kilómetros de este tipo de barreras, se han ido sustituyendo también por comunidades autónomas e incluso por determinados municipios. Le puedo asegurar que hay un firme compromiso del Ministerio de Fomento para seguir instalando estos sistemas en las obras nuevas o en la reposición de las barreras existentes y que no cumplen todos los requisitos hoy vigentes. Se va a incluir en la programación de actuaciones la instalación de barreras de protección de motociclistas en todos los tramos que se necesitan, y hoy por hoy hay en marcha un Plan de barreras de motociclistas, que supondrá la instalación de unos 270 kilómetros adicionales. El presupuesto de licitación ha sido de algo más de 23 millones de euros. Se ha licitado en el último trimestre de 2015, y después de haberse adjudicado se está ejecutando a lo largo del año 2017.
Termino. Además de la instalación de las barreras de protección de motociclistas el Ministerio de Fomento realiza actuaciones que consisten en la eliminación de obstáculos, nivelación y relleno de bermas, despejes de márgenes, relleno de cunetas, despejes en las salidas y entradas en los ramales de enlace, eliminación de terminales tipo cola de pez y adaptación de pasos de mediana, que también repercuten en la mejora de las condiciones de la seguridad de todos los motociclistas. Termino reiterándole, señoría, mi agradecimiento por el tono, la sensibilidad y las medidas propuestas, y espero que todos juntos seamos capaces de seguir trabajando por mejorar la seguridad en las carreteras en general y de los motoristas en particular.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LAS REFORMAS Y MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO PROMOVER EL GOBIERNO PARA COMBATIR Y ACABAR CON LA CRECIENTE CORRUPCIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE AGUAS, EN MUCHOS CASOS VINCULADA A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. (Número de expediente 172/000034).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Arrojo Agudo.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy deberíamos haber empezado este Pleno, en el Día Mundial del Agua declarado por Naciones Unidas, como se merece, con una declaración institucional que recordara y celebrara que ya en 2010 Naciones Unidas aprobó en pleno la Declaración del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento sin ningún voto en contra. Deberíamos también de haber celebrado, junto con la república plurinacional de Bolivia, que fue quien hizo esa propuesta, el liderazgo de España, que junto a Alemania presentó análoga propuesta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra. Sin embargo no sé por qué el Partido Popular no lo ha aprobado, no ha visto conveniente hablar de derechos humanos.
Siento perplejidad y preocupación. Me hubiera gustado mirar a los ojos al señor presidente para decirle que siento preocupación, y preguntarle por qué preocupa entrar a este debate sobre la base de lo que nos exige Naciones Unidas, que es el reconocimiento práctico y eficaz del derecho humano al agua y al saneamiento. En todo caso reconozco que el debate que abrimos en torno a si gestionar a través de la gestión privada o pública servicios tan básicos como los de agua y saneamiento está fuertemente ideologizado. Ahora bien yo, en el poco tiempo que tengo, voy a proponerles argumentos democráticos,
que podrían ser de consenso, e intentaré que la moción que salga de aquí sea en forma de propuestas prácticas para combatir y acabar con las tramas de corrupción galopante que surgen y se multiplican en materia de aguas en este país, y ahí sí que espero tener mayorías que dejen clara la posición de la Cámara.
Podemos decir con un cierto orgullo colectivo, y por encima de izquierdas y derechas, que el reto de garantizar el agua potable a todos y todas, ricos y pobres, ha sido un reto público. Me siento orgulloso de vivir en un país en donde abro la llave, como dicen en América Latina, o el grifo en cualquier ciudad de mi país y tengo agua potable. Sin embargo desde los años setenta emerge el movimiento que se acaba conociendo como neoliberalismo en donde la visión es otra; la visión es que se debe priorizar el mercado, que todo se compra y se vende. Soy profesor de análisis económico, y en la primera clase que doy a mis alumnos siempre les explico una cosa básica, y es que la economía es muy importante, pero hay que recuperar el sentido aristotélico del término economía. Y les digo: en esta vida las cosas más importantes, como por ejemplo el derecho humano al agua, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se venden. Es fundamental. Sin embargo el modelo neoliberal ha avanzado, y en estos momentos hay tres grandes modelos de privatización del agua en el mundo. El primero fue el modelo chileno, luego vino el modelo británico y luego el modelo francés. El modelo chileno se impone en tiempos de Pinochet y sigue vigente, porque el dictador se cuidó muy mucho de vincular la Ley de Privatización del Agua a la Constitución, de manera que ni siquiera la señora Bachelet actualmente, con su enorme mayoría conseguida en las urnas, puede cambiar esa ley. Si fuéramos chilenos y chilenas y necesitáramos agua hasta hace poco tendríamos que venir a comprarla a Madrid, y hoy tendríamos que ir a comprarla a Roma, porque Endesa es la propietaria efectiva de la mayor parte de los ríos chilenos. Afortunadamente ese modelo no se ha extendido por ningún otro país. Con el modelo británico lo que hizo la señora Thatcher fue privatizar de un plumazo las redes de agua y saneamiento. Tampoco se ha extendido a ningún otro país. El tercer modelo es el francés. Este sí está en España y se extiende por el mundo con el apoyo, vergonzoso, desde mi punto de vista, del Banco Mundial.
Lo que se propone es privatizar la gestión, incluso con fórmulas muy sutiles, pero no menos perversas. Se le dice al alcalde: no se preocupe, señor alcalde, no quiero privatizar el agua ni las redes; hagamos gestión, pero incluso hagamos una empresa mixta, PPP, public private partnerships, partenariado público-privado, y usted en mayoría; gestión pública; ¡sí hombre, 51 % público, 49 % privado! ¿Les suena Canal de Isabel II? Claro, hay que leerse luego el contrato, y aparece enseguida una cláusula que dice, en nombre del know how, del savoire faire: como este es un tema muy complejo para usted, señor alcalde o alcaldesa, de mutuo acuerdo la gestión es adjudicada, es una función que corresponde al socio minoritario. De manera que no se controla el negocio tanto a través de la mayoría accionarial, como del control de la información y de la gestión. Sutil, perverso y eficaz. Y luego viene otra cláusula que dice: y respecto a compras, contrataciones y subcontrataciones también las hará el socio privado. Desaparecen por veinte, treinta o cuarenta años los concursos públicos, el libre mercado, queridos amigos y amigas. ¡Desaparecen! Y se genera lo que técnicamente se denomina el blindaje del mercado de inputs secundarios, en donde se mueve más de 50 % del valor añadido del sector. Ese es el gran negocio. La propia empresa compra y contrata a sus empresas, a las empresas asociadas, a cualquier precio, sin competencia de mercado. Y eso, ¿quién lo paga? ¡No lo paga la empresa! Hay otra cláusula que dice que los costes -y sobrecostes por supuesto- los pagan los ciudadanos en la tarifa.
Esta perversión, este modelo que rompe absolutamente los principios del interés general, e incluso los principios del libre mercado, tiene una clave para meterlo en los ayuntamientos. La clave se llama canon concesional. En definitiva lo que hace el señor empresario es llegar al alcalde y decirle: ¿usted tiene problemas de financiación, señor alcalde? ¡Cómo no, con el proceso de anorexización de las finanzas públicas a nivel municipal que ha impulsado Europa presionando, y que la ley Montoro ha llevado a una situación extrema, casi de crueldad, nada razonable por cierto! Lo que se le dice en esa situación al alcalde es: no se preocupe, yo tengo aquí un canon concesional para usted si me deja la concesión para veinte, treinta o cuarenta años. Es como un adelanto, como un crédito. Ese crédito que se le impide al alcalde pedirlo al BBVA, se le permite si privatiza. ¿Y eso quién lo paga? Los ciudadanos en la tarifa, de manera que con dinero de la tarifa del agua acaba yendo dinero a la caja oscura del ayuntamiento y el alcalde hace lo que quiere. Esta oscuridad del canon concesional es lo que ha llevado a Francia, a los inventores de este proceso, de este modelo -recientemente en la ley de transparencia y combate a la corrupción- a prohibir el canon concesional, a desactivar ese incentivo perverso a la privatización y, como digo, a la corrupción.
Pokemon es nuestra punta del iceberg. Pero Pokemon no es un solo caso; son ya decenas de casos de corrupción llevados por Aguas de Barcelona; la principal multinacional del agua, Suez, con marca española, Aguas de Barcelona, que fíjense hasta qué punto la jueza Pilar de Lara considera Aquagest, que es una empresa de Aguas de Barcelona, una asociación ilícita, no una empresa. ¡Esta es nuestra marca España en América Latina! ¡Una asociación ilícita! ¡Una trama de corrupción que se extiende por todas las comunidades, más de diez comunidades! La jueza ha decidido extenderse, y no quedarse en Asturias y Galicia, por lo que ya empiezan a salir los casos en Murcia, seguro que en Aragón también, en Valencia, etcétera. No se trata de una manzana podrida, queridos amigos y amigas, es una trama de delincuencia basada en Aquagest, basada en Aguas de Barcelona, y que capta cargos políticos a niveles municipales, conseguidores en los partidos políticos.
El segundo frente que incentiva y alienta la corrupción en nuestro país lo conforman las sociedades estatales de agua, señora ministra. Sociedades estatales como Acuamed y Acuaes, que fueron introducidas como una gran idea por el señor Cañete cuando usted ya formaba parte de su equipo. Recuerdo una intervención del señor Cañete que venía a decir que esta era una nueva forma de introducirnos, de abrirnos hacia la evolución, a nuevas y creativas formas de gestión del agua a través de la privatización. Se trataba de que el capital privado entrara a cofinanciar grandes obras hidráulicas. No entró ni un euro, ni las cajas de ahorro que estaban al ordeno y mando de la autoridad política de turno invirtieron ni un euro. Fue un fracaso en ese sentido. Pero, ¿qué consiguieron? Oscurecer la gestión de la inversión pública en materia de obra hidráulica, oscurecer toda esa gestión, que ha desembocado en dos cosas. La primera, la corrupción obviamente. Y la segunda, esconder masivamente deuda pública irrecuperable que los usuarios de esas grandes obras hidráulicas no van a pagar, esconderla detrás de esas empresas.
Señora ministra, de nuevo esto no es una manzana podrida. Su responsabilidad, como mínimo política, es evidente. Está implicada la que fue su cúpula en el ministerio, desde la secretaría general a las direcciones generales en la investigación que ha hecho el juez Velasco y en la investigación de la policía. Por otro lado, cuando ya usted era ministra, aprobó la compensación indebida a FCC, que le estaban diciendo explícitamente los servicios jurídicos que era ilegal. Fue usted responsable de esto. Su responsabilidad política clamorosamente se extiende hasta la actualidad, cuando siguen persiguiendo a las ingenieras que tuvieron el valor de denunciar las prácticas irregulares, a doña Azahara Peralta y a doña Gracia Ballesteros. Usted sigue impugnando e intentando llevar nuevos recursos ante ya dos sentencias de nulidad, en lugar de reconocerlas como las heroínas de la denuncia de la corrupción.
En su respuesta le pido por favor que no alegue que no sabía nada, porque de eso ya tenemos sobredosis: con una exministra que no sabe nada del Jaguar que había en su garaje, con una expresidenta de la Comunidad de Madrid a la que no le consta nada de la evidente podredumbre que le rodeaba durante años, con una infanta que confía en su marido y no entiende de cuentas corrientes. ¡Ya está bien! (Aplausos). Asuman sus responsabilidades políticas, ministra. Pero en todo caso, mientras eso llega, me podría decir, por favor, ¿qué medidas y qué estrategias va a poner en marcha para combatir y acabar con la pléyade de casos, con la trama de corrupción que surge por doquier, vinculados a la privatización y a las sociedades estatales de agua? Y por otro lado, ¿qué va a hacer frente al reto del saneamiento que Europa nos plantea y que desborda sobre todo a los ayuntamientos pequeños, lo que induce finalmente a perversos y oscuros procesos de privatización?
Espero su respuesta. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie.-La mayoría de ellos lleva puesta una camiseta de color azul en la que figura escrito el siguiente texto: Agua pública 100 %).
A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Hoy celebramos el Día Mundial del Agua, declarado por Naciones Unidas en reconocimiento a que el agua es uno de los bienes más preciados que tenemos, es la vida misma. Para nuestro país además es un bien escaso por sus características climáticas peculiares, con una distribución irregular en las precipitaciones, con regiones claramente deficitarias en recursos hídricos. Por ese motivo y para nosotros especialmente es imprescindible fijar una política de agua rigurosa, bien planificada, que responda a nuestras necesidades de consumo con la máxima calidad y sostenibilidad medioambiental, con todas las
garantías y que responda a las directrices europeas. Y este Gobierno está especialmente orgulloso de los logros que se han alcanzado desde el año 2012 en cuanto que entonces España carecía de una política de agua, recurso que estaba muy abandonado. Estamos también comprometidos a nivel internacional con el derecho al agua y al saneamiento, con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde también trabajamos desde el ministerio y sumamos nuestra colaboración a la política de cooperación que lleva a cabo el Gobierno en materia de agua, que a nadie le quepa ninguna duda al respecto. Pero, señoría, permítame antes de nada manifestar mi sorpresa por su petición de interpelación: por lo escueta -dos líneas-, por la ausencia de fundamentación -ninguna-, y sobre todo por centrarse aparentemente en un ámbito, el de la gestión de los servicios de suministro de agua de boca y saneamiento, en el que el Gobierno de España no tiene competencia. En efecto, tal y como dispone el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento son competencia de los ayuntamientos. Y en concreto -cito la ley-: El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en las siguientes materias, entre ellas, el abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. En definitiva, como señala la propia ley, la prestación de ambos servicios recae en las corporaciones locales, bien directamente bien a través de las diputaciones o con el auxilio de las comunidades autónomas. Por tanto en este ámbito de competencias, reconocido como local por la legislación vigente, la Administración General del Estado solo actúa invirtiendo en aquellas obras que se declaran de interés general. En otras palabras el Estado solo ejecuta actuaciones de abastecimiento y depuración si previamente y por ley se han declarado dichas obras de interés general.
Dicho esto, señoría, como decía antes, hoy es el Día Mundial del Agua, que este año se centra en la depuración. En esta materia como le he dicho no somos competentes, pero sí estamos comprometidos y prestamos un importante apoyo a las corporaciones locales y comunidades autónomas. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno lo que se encontró en política de agua en general, y en el ámbito del saneamiento y depuración en particular, fue una situación de abandono. España tenía un déficit en materia de tratamiento de aguas residuales; de hecho teníamos ya abiertos tres expedientes sancionadores por incumplimiento de la directiva europea que afectaban a más de 700 aglomeraciones urbanas. Por razones medioambientales, para preservar el buen estado de los ecosistemas hídricos, por razones legales, para cumplir con los objetivos ambientales establecidos en la normativa nacional y europea, algo que para nosotros sí es de la máxima importancia, y me refiero también a cumplir con la Unión Europea para tratar de evitar la imposición de sanciones en la Unión Europea, porque a nosotros sí nos preocupa trasladar este coste a los ciudadanos, el Gobierno tuvo que empezar por llevar a cabo un análisis pormenorizado de la situación de depuración en nuestro país y buscar financiación complementaria. Se puso en marcha una auditoría en todas las comunidades autónomas, aglomeración a aglomeración, que permitiera conocer la situación y establecer una priorización de inversiones en el horizonte 2016-2021.
Las actuaciones correspondientes quedaron incluidas en los programas de medidas de los planes hidrológicos de cuenca de las distintas demarcaciones, planes a los que también -dicho sea de paso- hubo que dedicar un enorme esfuerzo para recuperar un atraso de años, de casi una legislatura entera. Para impulsar la solución a esta problemática el Gobierno aprobó en 2014 el Plan de mediadas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, el Plan Crece, que integró actuaciones en materia de saneamiento y depuración declaradas de interés general. Este plan garantiza una inversión de casi 1.100 millones de euros hasta el año 2020, con la finalidad de cumplir los objetivos de la Directiva 91/2017CE, de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, y cumplir con la mejora de la calidad de las aguas, que es tanto como trabajar por una mejor calidad de vida de los ciudadanos.
En el año 2015 gracias a dicho plan ya se impulsaron 55 actuaciones de saneamiento y depuración que estaban en marcha, pero cuya ejecución era menor que la deseada y que contaban con fondos europeos del periodo 2007-2013. Hay que destacar que 31 de estas actuaciones tenían abierto expediente de infracción o estaban en fase de investigación. También en 2015 el ministerio puso en marcha 73 nuevos contratos de saneamiento y depuración que suponen una inversión estimada de más de 250 millones de euros. De estos se han licitado 50 entre 2015 y 2016 por importe de unos 136 millones, y se han formalizado 40 contratos por importe de 78. A lo lago de 2017 está previsto iniciar otras 20 actuaciones, con un importe de licitación previsto de 110 millones de euros. En resumen, señoría, una labor muy importante para mejorar la calidad de las aguas y cumplir los objetivos ambientales en nuestras masas de aguas, labor a la que este Gobierno ha dado siempre máxima prioridad, y que tendrá un impulso mayor
en los próximos años, según vayamos poniendo en marcha nuevas iniciativas aún en fase de proyecto. Hay que destacar además que en esta tarea estamos colaborando con las comunidades autónomas para coordinar esfuerzos dentro de una planificación integral que dé respuesta definitivamente a las necesidades de depuración de aguas de nuestros municipios. Así, para la puesta en marcha de todos estos proyectos de interés general, de toda esta importante inversión, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente recurre a todos los instrumentos a su alcance, actuando bien a través de la Dirección General del Agua, de las confederaciones hidrográficas o de las sociedades estatales del agua. En concreto, el recurso a estas sociedades tiene la finalidad de fomentar la participación de los usuarios en el desarrollo y explotación de estas infraestructuras como establece la Directiva-marco del Agua. Quiero recordar también, señoría, que el agua es -lo es ya- un bien público, y no porque figure como tal en un programa político; lo decidimos los españoles hace mucho tiempo. Figura en el artículo 1.3 de la Ley de Aguas, que establece que el conjunto de las aguas que integran el ciclo hidrológico constituyen un recurso unitario subordinado al interés general y que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico, de manera que lo que le corresponde al Gobierno es garantizar que la gestión de este recurso se lleve a cabo con todas las garantías para los ciudadanos, siguiendo criterios de eficacia y eficiencia, porque esa es nuestra obligación con los ciudadanos, la mayor prueba de respeto hacia ellos: ofrecer la prestación adecuada de los servicios garantizando el uso eficiente del dinero de los contribuyentes. Esta es la exigencia de servicio público con la que cumplimos desde el ministerio al impulsar los proyectos a los que me he referido a través del instrumento que en cada caso mejor sirva al interés general.
Con el fin de garantizar una mayor eficacia, rigor y transparencia en la utilización de los fondos públicos y control del gasto, ya hemos reforzado las garantías en todos los ámbitos del ministerio, también en el de las sociedades estatales, en concreto, con la puesta en marcha de las instrucciones de contratación en agosto de 2012 para todos los organismos dependientes del ministerio; instrucciones que fijan criterios enormemente estrictos en esta materia. En particular, en cumplimiento de estas instrucciones, los criterios automáticos de valoración de ofertas, como el precio, deben suponer al menos el 80 % de la puntuación, limitándose la puntuación por criterios técnicos a un máximo del 20 % para mejorar la objetividad. Le recuerdo, señoría, que la vigente Ley de contratos del sector público no pone limitación a los criterios subjetivos y solo señala que cuando superen el 50 % en contratos administrativos estos deberán valorarse por un grupo ajeno de expertos. Solo esta medida ya supuso una drástica reducción de la discrecionalidad con la que se podía operar con anterioridad al año 2012.
En el ámbito de las sociedades, estas instrucciones endurecen y armonizan los procedimientos de contratación, imponiendo diversas exigencias no establecidas en la legislación, entre las que cabe citar las siguientes: Todos los pliegos y modelos de contrato deben tener idéntica estructura y contenido que deberá ser informado por la Abogacía del Estado y por el ministerio, de este modo se reduce el margen de apreciación de la empresa al contratar; es obligatorio concretar en los pliegos las exigencias de solvencia y los medios materiales y humanos que los licitadores deben comprometerse a adscribir en la ejecución del contrato, evitando así la discrecionalidad; es obligatorio utilizar el procedimiento abierto y solo excepcionalmente el procedimiento negociado, cuyo uso debe motivarse y autorizarse expresamente por el consejo de administración; en caso de utilizarse el procedimiento negociado, se deberá invitar a un mínimo de cinco empresas frente a las tres exigidas por ley, con lo cual mejora la concurrencia; la puntuación máxima de los criterios que dependen de un juicio de valor subjetivo no podrá superar el 20 % de la puntuación máxima total, por tanto, el criterio de adjudicación habrá de ser con carácter general el precio, con una puntuación mínima del 80 % de la puntuación máxima total. Se trata, en definitiva, de incrementar la objetividad. Las puntuaciones obtenidas por aplicación de los criterios subjetivos serán objeto de lectura siempre en acto público antes de la apertura de los sobres que contienen la oferta económica; de esta forma se garantiza la transparencia del proceso. La aprobación de modificados o prestaciones complementarias no previstas tendrá carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizada por el presidente del consejo de administración. Se limitan así los sobrecostes no justificados y se establecen normas comunes para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las ofertas para evitar decisiones arbitrarias. Las mesas de contratación deberán incorporar necesariamente un abogado del Estado, lo cual refuerza las garantías de legalidad. Señoría, la ley no impone las obligaciones que recogen las instrucciones de contratación del ministerio. Se trata de una exigencia superior de rigor y transparencia que desde el año 2012 se ha establecido con carácter general en todos los departamentos del ministerio. Este Gobierno ya ha actuado.
Creo que con lo dicho hasta ahora queda claro el compromiso con el cumplimiento de nuestros objetivos nacionales en materia de saneamiento y depuración en aguas residuales, más allá, insisto, de la competencia
de prestación del servicio, que, recuerdo, es municipal. También creo que le habrá quedado claro a su señoría que con las medidas adoptadas garantizamos un nivel de control, transparencia, objetividad, legalidad y concurrencia muy superior a los que eran habituales antes de 2012. En definitiva, una actuación política y de gestión que creo que es sólida, bien orientada y que deja en evidencia que no hay nada que respecte al ministerio que respalde las infundadas afirmaciones que se recogen en la formulación de su interpelación, por no entrar al caso de muchas otras falsedades que su señoría ha citado desde esta tribuna.
Tiene la palabra el señor Arrojo Agudo.
El señor ARROJO AGUDO: Ministra, debo empezar agradeciéndole que no haya argumentado que no sabía nada. Algo es algo. Pero mantiene su irresponsabilidad política flagrante. Respecto a las falsedades que he podido decir -me ha llamado mentiroso-, hablaremos.
En primer lugar, no ofrece soluciones. Esto es culpa de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas... Yo le voy a proponer soluciones. En su última intervención me tendrá que decir si está de acuerdo o no, pero son competencias suyas. Empezaré con una referencia informativa a la que no me ha dado tiempo antes. Ha dicho usted: yo tengo competencias en las grandes inversiones de obras hidráulicas. Le pongo solo un ejemplo, aunque tengo muchísimos porque llevo media vida trabajando en estos temas de economía del agua: Acuaes en Navarra, los riegos de Navarta. Se hizo Itoiz, se hizo el canal de Navarra y no se va a recuperar ni el 20 % de la inversión pública -lo conozco bien porque lo he estudiado a fondo-, pero al final Acuaes privatiza el último sector, la gestión del regadío, y ahí nos encontramos con una generosa concesión a Acciona, a La Caixa, a Agbar -Aguas de Barcelona; eso que decía de una asociación ilícita, corrupta- y a OHL. Y para garantizar el negocio en el regadío de estas empresas se garantiza un peaje en la sombra de 683 euros por hectárea y año durante treinta años; casi cuatro veces más de lo que pagan los regantes. ¿Eso es gestión pública de interés general?
Dice que en agua y saneamiento el Gobierno está ayudando. En efecto, también eso es competencia suya. Yo ya se lo dije; hay una responsabilidad del Estado en que tienen que sanearse las aguas. El Gobierno de España, que no es el Partido Popular ni el PSOE, mandó a Aragón 140 millones para obras de interés general. En efecto, como usted dice, obras de interés general, los pequeños ayuntamientos del Pirineo. Son 140 millones que llegan a Aragón y el responsable del Gobierno de Aragón, es verdad, dice: ya tengo esto arreglado con la privatización; déjeme gastármelo en cualquier otra cosa. Y el ministerio acepta, colabora con esa privatización. Luego las depuradoras no se hacen y hoy su ministerio, en lugar de ver qué hace con esas obras de interés general que no han sido realizadas, multa a los ayuntamientos. Es decir, esas obras que tenían que haber hecho ustedes con el dinero público de interés general desde Madrid no se hacen, se privatiza y ahora usted multa a los ayuntamientos. (Aplausos).
Le hago rápidamente propuestas concretas para abordar el problema de la trama de corrupción, en donde hay políticos de distintos partidos y donde están las grandes empresas. Primero, una auditoría externa, no un informe interno ni un informe a la medida del Colegio de Ingenieros, sobre Acuamed y Acuaes, que es la hermana gemela, con el mismo ADN que Acuamed y con la misma dirección desde la cúpula del ministerio que ha inducido la corrupción en Acuamed. Segundo, desmantelamiento de esas sociedades estatales de agua. Hasta el Tribunal de Cuentas se lo decía, les sugería replantearse su existencia. Tercero, suprimir el canon concesional, como ha hecho Francia, por razones de protección de la transparencia y de la lucha contra la corrupción. Y, por último, empoderar a los ayuntamientos. Yo quiero saludar desde aquí que Ada Colau, los ayuntamientos del cambio, toda Europa está hoy en Barcelona hablando justamente de la gestión pública de aguas que en España han puesto en marcha los ayuntamientos del cambio. (Aplausos). Ese aplauso va por ellos.
Quiero acabar diciendo lo que dije al principio. Las cosas importantes de la vida como son el derecho al agua y al saneamiento, como dice la copla para el cariño verdadero, ni se compran ni se venden. Y pido que el último aplauso -si es que alguien quiere aplaudir- no sea para mí, sino para Red Agua Pública, que lleva peleando la iniciativa ciudadana, que lleva peleando en las calles y que aquí recibe nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie.-Varios señores diputados del mismo grupo han extendido sobre las barandillas de los escaños camisetas de color azul en las que se lee: Agua pública 100 %).
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de dar la palabra a la señora ministra les recuerdo que el Diccionario de la Lengua Española dice que tendedero es un lugar o un dispositivo de cuerdas o alambres donde se tiende ropa. Este hemiciclo no es un tendedero, es la representación de todos los españoles. Estoy segura que fotos ya debe de haber suficientes, por tanto, retiren, por favor, las camisetas, porque hay que tener respeto a la institución y a este hemiciclo. (Aplausos).
Para concluir el debate tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Señoría, como he dicho en mi primera intervención, el Gobierno de España no es competente en la gestión de los servicios de suministro de agua de boca y saneamiento. También quiero recordarle que el agua es un bien público porque así viene establecido en la Ley de Aguas. Llegan ustedes tarde a reclamar lo que ya es de todos los españoles; la prestación del servicio es en todo caso pública. Señoría, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que se pongan en conocimiento inmediato del ministerio fiscal los hechos que puedan ser constitutivos de delitos públicos. Lo que usted debe hacer es lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que es poner en conocimiento del ministerio fiscal los hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Lo hemos hecho hasta en cuatro ocasiones. La ley nos obliga a todos -también a usted- y si tiene alguna duda sobre la legalidad de cualquier actuación lo que debe hacer es dirigirse a la fiscalía en lugar de intentar sembrar dudas generalizadas acusando a todos y a nadie.
Desde casi el principio de la X Legislatura el ministerio publicó unas instrucciones en materia de contratación dirigidas a las sociedades del agua que vienen a equiparar prácticamente al régimen de contratación de las sociedades estatales, es decir, un sistema análogo al recogido en la Ley de Contratos, algo que va mucho más allá en garantías y en control de lo exigido por la ley. Cuando esta ministra tuvo conocimiento de las irregularidades presuntamente delictivas de la empresa pública a la que ha aludido, de manera inmediata se dieron instrucciones para que se empezara a actuar, tanto para aclarar lo sucedido con el máximo respeto a las actuaciones judiciales como para prevenir que hechos así se pudieran repetir en el futuro. Se cesó fulminantemente al director general, se dio solicitud al juez instructor para que la Abogacía del Estado se pudiera personar y se puso en marcha una investigación interna de toda la contratación, incluidos los modificados y complementarios que se han realizado en el ministerio en cualquiera de sus organismos o sociedades con grandes grupos empresariales. Esto entre muchas actuaciones. También realizamos una auditoría para conocer el estado de toda la publicación.
Usted ha dicho muchas cosas que no son ciertas. Primero, el ministro Arias Cañete no creó las empresas públicas, esas empresas ya estaban creadas. Segundo, la práctica totalidad de los contratos objeto de investigación judicial, además de los que fueron objeto de denuncia, fueron adjudicados en épocas de gobiernos anteriores a los del Partido Popular, quince de diecisiete obras. En cualquier caso, no está de más señalar que entre los investigados se incluye al director general de la empresa investigada durante los mandatos de las exministras Espinosa y Aguilar. Me gustaría recordar que, pese a sus afirmaciones, en estos momentos no hay un solo alto cargo del ministerio investigado en esta causa. No ha sido esa su afirmación. También los funcionarios públicos y la gente del ministerio tiene respeto a su dignidad.
Con respecto a las depuradoras del Pirineo aragonés, la ejecución se acordó en el año 2008 y en el convenio se establecía que el Gobierno de Aragón debía ejecutar las obras de interés general del Estado, mientras que las obras de la comunidad autónoma son financiadas por el Estado con 142 millones de euros. Las obras de las depuradoras del Pirineo aragonés, de cuya ejecución se responsabiliza Aragón, no han concluido y hemos contactado con el Gobierno de Aragón para que plantee una solución a corto plazo. El ministerio sí ha realizado un importante esfuerzo durante los años tan duros que nos ha tocado vivir manteniendo las aportaciones económicas, ejercicio a ejercicio, hasta completar en 2016 la totalidad de los algo más de 142 millones de euros comprometidos, permitiendo que se ejecuten las obras de la comunidad autónoma. Por supuesto que los organismos de cuenca tienen la responsabilidad de velar por la calidad de las aguas de nuestros ríos y son conscientes y conocedores de la situación de las depuradoras del Pirineo aragonés, algo que tienen en cuenta pero que, en ningún caso, debe distraerles de garantizar la calidad del agua de nuestros ríos.
Señoría, permítame recordarle que cuando llegamos al Gobierno la política del agua, en particular todo lo relacionado con el saneamiento y depuración, se encontraba en una situación de completo abandono. La mejora de la calidad del agua ha sido una prioridad para este Gobierno, como he demostrado a lo largo de mi intervención, y lo va a seguir siendo, porque continuaremos trabajando por la calidad de vida de los ciudadanos. Insisto, no se arroguen lo que ya es de todos, el agua es un bien público, ustedes no están inventando nada, está así establecido en la Ley de Aguas, y también lo es la prestación de servicios, aunque, por otra parte, soy muy consciente de que no seré yo quien pretenda enseñarle a usted a confundir con el lenguaje a los ciudadanos. Espero que la prioridad de velar por una mejor gestión, más transparente, más rigurosa, más consensuada en materia de agua sea compartida por usted y su partido político, dejando de lado ideologías políticas y el enfrentamiento y buscando, por encima de todo, lo mejor para España y para los españoles. Esta será siempre la posición del Gobierno.
Eran las once y cincuenta minutos de la mañana.

References: artículo 134
 artículo 315
 artículo 15
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 25
 artículo 1