Source: https://pensionessinilusiones.blogspot.com/2018/
Timestamp: 2019-11-18 09:49:35+00:00

Document:
Pensiones sin ilusiones: 2018
"¿Fondos privados de pensiones, son una solución?", video de José Carlos Escalante.
Del contertulio José Carlos Escalante, @Mambi_06 en Twitter, una presentación en video.
"Los fondos privados de pensiones se plantean como la panecea para las dificultades pensionales de los Estados modernos, y Colombia es uno de esos Estados que los ha implementado. Pero, ¿Realmente ofrecen buenas condiciones a los administrados?"
Felicitaciones a José Carlos, voz nueva en este debate.
Documento de la Santa Sede sobre ética de mercados financieros
Hoy en la víspera de la Navidad de 2018, copio apartes de un importantísimo documento de la Santa Sede sobre mercados financieros, de especial relevancia para evaluar el mercado de capitales y pensional colombiano. Recomiendo su lectura completa. Fuente: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/05/17/cons.html . Quise enfatizar algunos apartes: los subrayados son míos.
Al respecto, es verdad que corresponde primordialmente a los operadores competentes y responsables desarrollar nuevas formas de economía y finanza, cuyas prácticas y normas se orienten al progreso del bien común y sean respetuosas de la dignidad humana, en la línea segura trazada por la enseñanza social de la Iglesia. Con este documento, sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya competencia también se extiende a cuestiones de naturaleza moral, en colaboración con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, quiere ofrecer algunas consideraciones de fondo y puntualizaciones para apoyar el progreso y defender aquella dignidad.[13] En particular, es necesario emprender una reflexión ética sobre ciertos aspectos de la intermediación financiera, cuyo funcionamiento, habiéndose desvinculado de fundamentos antropológicos y morales apropiados, no sólo ha producido abusos e injusticias evidentes, sino que se ha demostrado también capaz de crear crisis sistémicas en todo el mundo. Es un discernimiento que se ofrece a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Precisamente en esa inversión de orden entre medios y fines, en virtud del cual el trabajo, de bien, se convierte en “instrumento” y el dinero, de medio, se convierte en “fin”, encuentra terreno fértil esa “cultura del descarte”, temeraria y amoral, que ha marginado a grandes masas de población, privándoles de trabajo decente y convirtiéndoles en sujetos “sin horizontes, sin salida”:
«Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino desechos, “sobrantes”».[31]
Entre los comportamientos moralmente criticables en la gestión del ahorro por parte de los asesores financieros cabe señalar:
los excesivos movimientos del portafolio de títulos, con el propósito principal de incrementar los ingresos generados por las comisiones del intermediario;
la desaparición de la imparcialidad debida en la oferta de instrumentos de ahorro, con la complicidad de algunos bancos, allí donde los productos de otros sujetos se ajustarían mejores a las necesidades del cliente;
la falta de diligencia adecuada o incluso negligencia dolosa por parte de los consultores, respecto a la protección de los intereses de portafolio de sus clientes;
la concesión de préstamos por parte de un intermediario bancario, subordinada a la simultánea subscripción de otros productos financieros quizás no favorables al cliente.
Estos [tasas LIBOR y de intercambio de divisas] son parámetros importantes, que tienen un impacto significativo en todo el sistema económico-financiero, ya que afectan a las grandes transferencias diarias de efectivo entre las partes que suscriben contratos basados precisamente en la cuantificación de dichas tasas. La manipulación de esta constituye por lo tanto un caso de grave violación ética, con consecuencias de amplio alcance.
El hecho de que esto haya podido suceder impunemente durante muchos años demuestra lo frágil y expuesto al fraude que es un sistema financiero que no esté suficientemente controlado por normas y se halle desprovisto de sanciones proporcionadas a las violaciones en las que incurren sus actores. En este contexto, la creación de verdaderos “carteles” de connivencia entre los sujetos responsables de la correcta fijación del nivel de esas tasas constituye un caso de asociación para delinquir particularmente perjudicial para el bien común, que inflige una peligrosa herida a la salud del sistema económico y que hay que sancionar con penas adecuadas que disuadan de su reiteración. [¡A propósito de la cartelización de tasas de comisiones de administración que he denunciado!].
[11] Francesco, Exhort. ap. Evangelii gaudium ( 24 novembre 2013), n. 53: AAS 105 (2013), 1042.
[48] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Caritas in veritate, n. 66: AAS 101 (2009), 699.
Etiquetas: Buenas prácticas, Casos preocupantes, Ciudadanos, Desigualdad, Lealtad fiduciaria, Para leer
Hacia una economía de y para los trabajadores cotizantes
Artículo anterior discutió por qué los cotizantes deberían conformar juntas directivas de los fondos pensionales mismos, para independizarlos de la ineficiencia y malgasto causado por la mala administración de las administradoras de fondos (AFP).
El que los cotizantes organizados deban retomar control de sus inversiones implica dar otro paso: el que también los cotizantes hagan valer sus derechos de propiedad, asumiendo verdadera dirección y supervisión de las empresas donde se ha invertido la plata pensional, sentándose en las juntas directivas de esas empresas.
De los 240 billones de pesos que hay en fondos pensionales obligatorios, alrededor de 33 billones (15%) están invertidos en acciones de compañías colombianas. Aquí van algunos ejemplos: BanColombia, Grupo Energía Bogotá y Grupo Argos.
BanColombia: De las acciones ordinarias de BanColombia, casi 20% son de los fondos de pensiones. (Sólo las acciones ordinarias dan puesto en las juntas directivas; creo que los fondos de pensiones deberían desembarazarse de las tales acciones preferenciales).
Grupo Energía Bogotá: de este grupo, antigua Empresa de Energía, los fondos obligatorios tienen 18,84% (9,21%+6,49%+2,36%+0,78%) de las acciones.
Grupo Argos: fondos pensionales tienen casi 11% de las acciones ordinarias (5.14+3.73+1.47+0.56).
Sin embargo, ¡fondos pensionales tienen 63,5% de las acciones preferenciales! (22.48+21.41+6.15+2.36+1.90+1.84+1.66+1.40+1.32+1.28+1.02+0.65) Esto es sorprendente y preocupante: si los cotizantes han invertido tanto en ser dueños de una compañía, cómo es que renuncian a sentarse en la junta directiva?
Si los cotizantes, por medio de los fondos pensionales, son dueños de alrededor del 20% de muchas de las empresas que cotizan en bolsa, es apenas lógico que deben tener sus intereses representados en esas empresas.
Hasta ahora el poder de ese 20% de acciones ha sido usurpado por las administradoras de fondos pensionales ("AFP"). A estas alturas, ¿usted cree que el representante en junta directiva que salió elegido con los votos de Protección va a hacer cosa distinta de procurar los intereses del Grupo Empresarial Antioqueño, dueño de Protección?
Las tajadas accionarias de los fondos pensionales se usan como herramienta de poder corporativo. Véase de nuevo la distribución de dueños de acciones ordinarias de BanColombia:
El Grupo Sura mismo, con 46,1%, no tiene la mitad más uno de las acciones, pero al sumarle las acciones de los fondos pensionales bajo control de la AFP Protección (un poco menos de 5%), tiene la mayoría efectiva.
Es hora de que los sindicatos y asociaciones profesionales animen a los cotizantes a que reclamen el poder corporativo que se han dejado usurpar por parte de las administradoras pensionales. Es muy ignorante y hasta estúpido si renuncian al poder enorme que dan 240 billones de pesos en inversiones totales, y específicamente 33 billones de pesos en acciones de empresas colombianas -- el 20%, y creciendo, de las empresas colombianas que cotizan en bolsa. Por ello no puedo apoyar el que se llame a los cotizantes, sobre todo aquellos más despiertos políticamente, a sacar su plata de los fondos de pensiones. Y a propósito de los escándalos corporativos recientes, ¿ustedes no creen que un buen gobierno corporativo, con representantes independientes, protegería contra esos casos de corrupción empresarial?
Sucedió la revolución y no nos dimos cuenta: los cotizantes ya no son proletariado, sino dueños de enormes masas de capital.
¿Vamos a dejar que la contrarrevolución ocurra, y que mediante el desangre de las comisiones y la usurpación en las juntas directivas, la propiedad y control de ese nuevo y enorme capital quede plenamente en manos del parasitismo financiero?
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Víctimas de las administradoras de fondos privados piden justicia: carta
Carta enviada por la campaña Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno, y las Víctimas de las AFP, radicada por la profesora María del Rosario Vázquez Piñeros. La Defensoría del Pueblo remitió copia a la Procuraduría, Fiscalía, Comisión 7a del congreso, Superintendencia de Industria y Comercio y Asofondos.
Bogotá D.C., 18 de agosto del 2018
A pesar de que los medios de comunicación no han denunciado con la amplitud y claridad requeridas, la forma irregular como las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones vincularon a muchos de sus cotizantes, aumenta la inconformidad por la situación en que quedaron las víctimas de este engaño.
Las quejas hacen referencia a varios tipos de afiliaciones irregulares: presión por parte del empleador para que el trabajador se trasladara del régimen público a una AFP; ofrecimiento de dinero o dádivas o comisiones a quienes promovían estas afiliaciones; afiliación del trabajador, sin su consentimiento; oferta a jóvenes estudiantes universitarios de tarjetas promocionales y de seguros estudiantiles gratuitos, sin advertir que la suscripción significaba la afiliación a una AFP y sin tener vínculo laboral; información incompleta, parcial y falsa sobre las condiciones del régimen privado, sin las proyecciones matemáticas del monto de la pensión en ambos regímenes [1]; y hasta falsificación de firmas.
Como es de su conocimiento, la legislación vigente contribuye a que las víctimas queden atrapadas en una AFP, después del engaño. Esto, en razón de que el modificado literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, exige que el afiliado deba permanecer, en muchas ocasiones contra su voluntad, por cinco años, antes de poder solicitar el cambio de régimen; y que no puedan devolverse a Colpensiones, sino diez años antes de cumplir la edad pensional. Es decir, mucho antes de que la persona pueda enterarse de que fue engañada, puesto que, como es lógico, no inicia los trámites para pensionarse con tanta antelación.
Lo cierto es que las personas que fueron objeto del engaño sobre el monto de su pensión, en su mayoría están recibiendo o recibirán una pensión que no les permite o permitirá solventarse en su vejez, tal como se evidencia en los testimonios públicos de las víctimas [2] y en el nutrido número de demandas de los afectados ante los estrados judiciales. Ya muchos colombianos se encuentran viviendo esta tragedia en sus múltiples facetas: la noticia de dicho engaño, la negativa de las AFP a reconocer sus reclamos; los consecuentes procesos judiciales, con los altos costos que implican; y la tortura de estos procesos, que toman años y resultan realmente dispendiosos, engorrosos y traumatizantes. En ellos nos encontramos con revocatorias en segunda instancia, que desconocen el deber constitucional de garantizar la protección de los derechos de las víctimas estafadas [3]; quienes además, por tratarse de adultos mayores, se catalogan como población vulnerable. Por lo tanto, consideramos un ejercicio abusivo del poder dominante el de algunos miembros de la rama judicial respecto a esta problemática.
En ese orden, cuando después del largo trascurso de estas demandas, finalmente se obtiene un fallo desfavorable, esto les representa, a la mayoría de las víctimas, el menoscabo de sus bienes, esto es, del capital que con tanto esfuerzo construyeron a lo largo de su vida laboral, para cubrir sus gastos de supervivencia, en la vejez; o el verse abocadas a trabajar hasta el fin de sus días, cual cadena perpetua laboral, si es preciso y, sobre todo, si es posible, pues como es natural, la salud en la vejez se deteriora; y las oportunidades laborales empiezan a cerrarse en esta etapa de la vida. Y, como es apenas obvio, este drama conlleva a un estado de permanente intranquilidad y al consecuente deterioro de su salud.
En este sentido, ponemos en su conocimiento, que los argumentos de algunos jueces y magistrados para fallar en contra de las víctimas, atentan contra su dignidad y constituyen una evidente revictimización. Las responsabilizan por haberse dejado engañar, cuando, desde luego, ellas actuaron de buena fe y confiaron en la información de los expertos de las AFP –avalados por las respectivas oficinas de Desarrollo Humano de sus empleadores, que indebidamente presionaron a los trabajadores para recibir tales asesorías y en algunos casos, para que se afiliaran a un fondo privado–; así como en los pronunciamientos que simultáneamente fueron difundidos a través de los medios de comunicación, con declaraciones de reconocidos especialistas financieros, entre ellos, el propio expresidente de ASOFONDOS, Jorge Humberto Botero [4].
Si el afectado es profesional y cuenta con altas titulaciones, este tipo de jueces y magistrados suponen que dicha formación debía haberlas hecho más suspicaces para adivinar la lógica de los pícaros. En este orden de ideas, la responsabilidad del victimario es atribuida a la víctima, sin considerar que hubo abogados que fueron objeto de este engaño; por lo tanto, con mayor razón lo fueron muchas personas legas.
Lo paradójico es que esa misma formación académica no la tienen en cuenta, al afirmar que cuando la víctima se trasladó al régimen privado, no tenía todavía una proyección pensional afianzada; como si, precisamente, dado su permanente esfuerzo académico, no fuera parte del trayecto natural y lógico de su vida laboral ascender profesionalmente para garantizar el aumento de sus ingresos y de su pensión. En este orden de ideas, se usa contra la víctima un argumento accidental: el tipo de régimen (si era o no de Transición), en el momento del traslado, como si eso negara el hecho de haber sido estafada en el monto de un derecho constitucional de carácter irrenunciable como es el de la Seguridad Social, en este caso, la pensión de vejez.
Asimismo, culpan a la víctima por no haberse dado cuenta del engaño, antes de poder devolverse al régimen de prima media –es decir, diez años antes de cumplir la edad para la pensión– como si los ciudadanos hubieran tenido la oportunidad de estar adecuadamente informados sobre estas condiciones legales, que debieron ser aclaradas en las asesorías; y como si hubieran tenido la oportunidad de haber sido advertidas por los medios de masivos de comunicación (noticieros y prensa), con la difusión que corresponde a un hecho de semejante relevancia, como es el engaño del que fueron objeto. Ninguna de estas dos condiciones se cumplió. Ante la desinformación, el afectado suele darse cuenta cuando ya es demasiado tarde para poder devolverse al régimen público. En consecuencia, la persona engañada queda atrapada en una AFP y luego atada forzosamente por una legislación absurda, por cuanto claramente favorece al sector financiero, en evidente perjuicio de los afectados; y en contravía de los derechos contemplados en la Constitución.
Esta desinformación se relaciona con el hecho de que los dueños de los medios de comunicación, en ocasiones son los mismos propietarios de las AFP, o en todo caso, dependen en gran medida del poderoso sector financiero. También hay quienes se abstienen por miedo a ser amenazados con demandas por calumnia, como ya sucedió.
Por las anteriores razones, estas irregularidades y abusos terminan siendo eficazmente encubiertos ante la opinión pública, que, en buena parte, sigue sin enterarse de esta problemática, o no ha podido escuchar explicaciones autorizadas e imparciales sobre el particular. Como podrá Ud. darse cuenta, creemos que pocas veces en Colombia se ha actuado en contra de los derechos humanos de los adultos mayores, con tanta eficacia, encubrimiento y total cinismo. Y de un manera que perjudica a tantas personas de bien de forma tan impune, en la medida en que la gente honesta y trabajadora –con formación técnica o profesional, con posgrados (maestrías y doctorados)– que ha contribuido al sostenimiento de este país, a lo largo de décadas de vida laboral, termina, no ya siendo premiada, reconocida y apoyada, sino burlada y estafada, por unos grupos financieros que actúan bajo la mirada condescendiente del Estado, que permite y en algunos casos propicia todos estos atropellos.
Consideramos que, de este problema social, son directas y principales responsables las AFP –detrás de las cuales se encuentra el poderoso sector financiero del país– representadas por ASOFONDOS; así como las autoridades del Estado, que, por negligencia, omisión o por sus abiertas actuaciones, se han convertido en nuestros victimarios, en clara y abierta contradicción con los derechos reconocidos en la Constitución Política y de una jurisprudencia que efectivamente los reconoce y desarrolla en sus sentencias. En nuestra opinión, se trata de la peor actuación del sector financiero en Colombia, no sólo por sus dimensiones, por el gran monto económico que está de por medio y por el encubrimiento del que ha sido objeto, sino porque afecta no unos ahorros, ni siquiera el capital invertido en una vivienda –lo que ya de por sí sería sumamente grave– sino algo mucho más importante: el cubrimiento de riesgo de vejez, con el correspondiente monto de pensión.
Por lo tanto, nos dirigimos a Ud., con el fin de que la Defensoría, en ejercicio de sus funciones –orientadas a garantizar, promover, divulgar, defender, amparar y proteger los derechos humanos del Estado Social y Democrático de Derecho, en el que deben primar el respeto y la defensa de la dignidad humana– en consonancia con la Procuraduría, actúen para resolver e investigar ciertos interrogantes que, como víctimas y ciudadanos solidarios con ellas, nos hemos planteado:
¿Por qué ni el Ministerio de Protección Social, ni la Superintendencia Financiera, se han pronunciado al respecto?
Por lo tanto, ¿por qué no vigilan que se cumpla la legislación que protege al ciudadano de las faltas cometidas por las AFP? Nos referimos al Art. 20 de la Constitución relativo a las garantías del ciudadano que tiene el legítimo derecho de recibir “información clara y veraz”. Y al Art. 78, que ordena que la ley regule “el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización”. Mejor dicho, ¿por qué no actúan para hacer cumplir la abundante normativa que existe sobre la protección al consumidor financiero en el Sistema General de Pensiones y su derecho a recibir una información cierta, transparente y oportuna? [5].
¿Por qué la Fiscalía no investiga a los responsables de este engaño que tiene tan graves consecuencias y afecta los derechos del adulto mayor? Y nos referimos con “responsables” a los directos culpables, quienes premiaron o condescendieron de una u otra forma con este engaño y que se han negado a asumir la responsabilidad de sus organizaciones. Desde luego, no pueden decir que no están enterados.
¿Por qué la Fiscalía investiga con tanto interés a los integrantes de una red ilegal integrada por empleados de las AFP, Colpensiones y falsos abogados, vinculados con procedimientos ilegales precisamente para devolver del régimen privado al público –sin pasar por las instancias judiciales correspondientes– a reconocidas personalidades del Estado, interesadas en recuperar el derecho a la prima media [6] ; y no investiga también a los causantes del engaño, es decir, a las AFP, que tienen sumida en la desesperación a quienes buscan devolverse al régimen público, por distintos medios?
Y, por cierto, ¿por qué mientras estas reconocidas personalidades intentaron devolverse al régimen de prima media, estos mismos funcionarios, no atendieron el clamor de los colombianos que también fueron engañados? ¿no eran ellos, como víctimas del engaño de las AFP, pero además como funcionarios públicos, y, en especial, por sus cargos, los primeros llamados a defender los derechos de las demás víctimas?
Por otra parte, ¿por qué hubo empresas e instituciones del Estado que en contra de lo prescrito en la Ley 100, ejercieron presiones indebidas sobre los empleados para que se trasladaran del régimen público a las AFP? Dice dicha Ley:
“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley” [7].
Entonces ¿por qué no se han investigado y sancionado a los infractores? ¿y por qué varios de directivos, cuando empezaron a conocerse los primeros testimonios de los trabajadores, concernientes al engaño en el monto de su pensión, no mostraron el mismo interés en avisarles a los demás empleados para que, a partir de dichos testimonios, pudieran revisar si les convenía seguir en el régimen privado o devolverse a tiempo a Colpensiones? En otras palabras, ¿por qué dichas organizaciones, por acción u omisión, actuaron en beneficio de las AFP y en perjuicio de los derechos de sus trabajadores? Por lo tanto, ¿qué nivel de responsabilidad tienen en la tragedia de los empleados que fueron víctimas de este engaño?
Asimismo, ¿por qué en un país donde precisamente el sector empresarial y financiero defiende con ahínco la libertad económica, la actual legislación obliga a los cotizantes a permanecer, primero tres años, y actualmente cinco, en un Fondo de Pensiones? ¿y por qué impide que las personas puedan devolverse al régimen que más les conviene para garantizar una pensión digna, exigiendo una exagerada antelación de mínimo diez años para hacerlo? Es decir, ¿por qué se coarta abusivamente el derecho de libre elección del cotizante? Y en este orden de ideas, ¿por qué de manera clara y abierta, la legislación se acomoda a los intereses del sector financiero, en claro perjuicio de los derechos de los pensionados?
¿Y por qué las AFP practican, amparadas por decretos hechos a su medida, todo lo contrario a lo establecido en la Constitución (Art. 48)?: No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella . Con lo cual, un dinero cuya naturaleza no es mercantil, se destina a otros propósitos, generando riqueza a los banqueros, mientras se arriesgan los ahorros orientados a garantizar los derechos sociales de una población vulnerable: los adultos mayores[8]. Es decir que, además de que se ha visto pauperizado el monto de la pensión de estos adultos mayores, tras este engaño, encima de todo, su dinero es arriesgado en operaciones financieras, y considerablemente disminuido, cuando estas no son exitosas.
Y ¿no es publicidad engañosa ofrecer –en afirmaciones en medio masivo de comunicación y en las asesorías con los expertos de las AFP– el pago de pensiones más altas que las del régimen público, cuando esto resultó falso? [9] Esto, sin que además, se haya advertido a tiempo a los cotizantes del grave perjuicio de dicha información errónea respecto al monto que recibirían con el régimen privado. Porque si las AFP alegan que dieron una información veraz y que no son responsables de cambios posteriores en las condiciones del mercado financiero, que quede claro que sí son absolutamente responsables de no advertir a las víctimas sobre la posibilidad de estas eventualidades. Como también son responsables de no avisarles a tiempo sobre el grave detrimento en el monto de sus pensiones. De tal forma que, claramente, ofrecieron una cosa y están dando otra. Recordemos que el estatuto del consumidor, en ley 1480 de 2011, define la publicidad engañosa como: …aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión.
Asimismo, también nos gustaría que el Estado investigara si ha habido sistematicidad en los fallos en contra de las víctimas, por parte de algunos jueces y magistrados, restando con ello, imparcialidad a sus decisiones.
Y en este sentido, ¿por qué sin importar los argumentos de un fallo previo favorable, y sin tener en cuenta que la víctima haya ganado en primera instancia, hay Magistrados de las Salas Laborales que fallan en contra de las víctimas, con argumentos como los arriba señalados, a sabiendas de que lo que está de por medio es el monto del derecho a la pensión, es decir, del sostenimiento en la vejez?
¿Y por qué a través de esta “jurisprudencia” se desconoce la evidente responsabilidad de los victimarios, mientras se falla en contra de los derechos de las víctimas, que obviamente no son culpables de haber sido mal informadas y estafadas? Y en este mismo orden de ideas, ¿no propone el Artículo 83 el principio de presunción de buena fe? Y aquí es importante subrarayar que, quienes actuamos de buena fé fuimos nosotros cuando fuimos engañados.
¿Por qué los Despachos Judiciales de primera y segunda instancia no siguen los lineamientos trazados por la máxima Corporación de la Justicia ordinaria; esto es, la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, que ha reconocido los derechos de las víctimas del engaño de las AFP y el deber de estas últimas de proporcionar información clara y veraz a los cotizantes? Recordemos que en Sentencia del 18 de octubre de 2017, Rad. SL17595, el Magistrado Ponente CASTILLO CADENA, puntualizó:
“Pues bien, analizado el material persuasivo, no encuentra la Corte que COLFONDOS haya cumplido con el deber de ofrecer una información completa sobre las ventajas, desventajas y consecuencias del traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad. / Así, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (ii) el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad; (iii) una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica”.
En este mismo sentido, se pronunció la magistrada Elsy del Pilar CUELLO CALDERÓN, en Sentencia SL12136 del 3 de septiembre del 2014:
“En ese orden se clarifica con esta decisión que cuando lo que se discuta sea el traslado de regímenes, que conlleve a la pérdida de la transición al juzgador no solo le corresponde determinar si aquella se respeta por contar con los 15 años de servicio a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1° de abril de 1994, sino que será menester determinar, previamente, por tratarse de un presupuesto de eficacia, si en todo caso aquel estuvo ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de Seguridad Social, y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, la cual estará sujeta a la comprobación de que existió una decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales”.
Y de la misma Magistrada es la Sentencia del 9 de septiembre del 2008, Rad. No. 31314:
“… la Administradora demandada, admitió una afiliación de una persona en las reseñadas condiciones, sin enterar al interesado de las reales circunstancias pensionales del régimen de ahorro individual y con consecuencias frente a la dejación del de prima media con prestación definida que traía en la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN, amén de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993”.
Asimismo, en Sentencia radicada con el No. 31989 del 9 de septiembre del 2008, el Magistrado ponente LÓPEZ VILLEGAS reconoce los derechos de las víctimas del engaño de las AFP, así como el deber de estas últimas de proporcionar información clara y veraz a los cotizantes. En palabras del Magistrado ponente LÓPEZ VILLEGAS:
“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”.
Así, sucesivamente, encontramos otras sentencias afines. Por ejemplo, sobre la obligación de proporcionar información clara y cierta a los cotizantes, la Corte Constitucional, en Sentencia T 040 de 2013 consagró:
“Así pues, información veraz significa, en los términos del artículo 20 constitucional, información comprobada según los cánones de la actividad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras malas intenciones. / La veracidad no sólo se desconoce cuándo se presentan hechos falsos o inexactos o no se distingue entre una opinión y los elementos fácticos objetivos en una noticia emitida, sino también resulta desconocido este principio, cuando la información que se emite, a pesar de que concuerda con la realidad, se presenta al lector con un lenguaje y una exposición que lo induce a la confusión o al error”.
Sobre información suficiente está el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia No. 46692 de 2014; y sobre información oportuna la Sentencia No. 46292 de 2014 [10]:
“A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito”.
Por lo tanto, ¿no desconocen las Sentencias emitidas en contra de las víctimas lo establecido en el artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC); y en el artículo XVI de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre?:
“Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”.
¿Y no desconocen dichos fallos los derechos contemplados en la legislación colombiana y reconocidos en las Sentencias pronunciadas en las más altas instancias judiciales de nuestro país?
En este orden de ideas, es importante recordar que la Constitución Política de Colombia, en su Art. 48, garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social y ordena que funcione como
“…un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.”
Así como en el Art. 13, proclama la defensa de los derechos de la población vulnerable –léase, en este caso, el adulto mayor–. Entonces, ¿por qué el Estado no garantiza el respeto de nuestros derechos?
¿Y por qué no se hace cumplir el Art. 53 de la Constitución? En la medida en que dicho Artículo constituye un factor esencial de los derechos que las AFP nos vulneran, tras estos engaños; es decir, que los pensionados puedan gozar de una remuneración que garantice un mínimo vital, bajo el principio de la proporcionalidad, es decir, en correspondencia a la cantidad y calidad del trabajo que realizaron. Recientemente la Corte Constitucional en Sentencia T-199 de 2016, se refirió al concepto del Mínimo Vital, en los siguientes términos:
“(I) Se trata de acceso básico de condiciones dignas de existencia para el desarrollo del individuo, (II) Que dependen de su situación particular (III) Es un concepto indeterminado cuya concreción depende de las circunstancias particulares de cada caso, por lo que require un análisis caso por caso y cualitativo.[11]”
Entonces, ¿por qué se falla dejando a los ciudadanos con pensiones que no corresponden a dicho principio de proporcionalidad y que se sabe dejarán a las personas engañadas y estafadas por una AFP en una precaria situación, puesto que como es sabido, el monto que les brindará no corresponde al esfuerzo de su formación académica y desempeño profesional?
Y en este orden de ideas, el proceder de quienes favorecen la omisión de cumplir con los postulados constitucionales ¿no van contra el derecho al debido proceso, contemplado en el Art. 29 de la Constitución Nacional?
Por lo tanto, la posición general del Estado, por acción u omisión ¿no condesciende gravemente con las obligaciones éticas y legales de las AFP? Mejor dicho, ¿no van en contravía de la Ley 333, según la cual el Estado evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional cuando estas atentan contra el principio rector del bien común?
Con lo cual, el silencio, la anuencia y la omisión de las diferentes entidades e instancias del Estado ¿no resultan al servicio de los intereses del sector financiero –de las AFP– mientras lesionan los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos, a pesar de estar claramente reconocidos por una legislación que en teoría los protege? Lo anterior, sin iniciar de forma oficiosa ningún control, pese a las denuncias públicas como las que citamos en el presente escrito.
Como víctimas de las AFP, ante el abandono en el que hasta ahora nos ha dejado el Estado; y como ciudadanos solidarios con las personas que viven esta tragedia, solicitamos el apoyo de la Defensoría del Pueblo, en conjunto con la Procuraduría, en la defensa de los derechos fundamentales y sociales. Para que, con su intervención, las víctimas encuentren VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Y esto, sin necesidad de seguir acudiendo a los costosos, sempiternos, desgastantes, arbitrarios y angustiosos procesos judiciales a los que se están viendo sometidas.
Apoyados en la confianza que ofrece la garantía del orden constitucional, como poder soberano acudimos a la Defensoría para que las autoridades del Estado den respuesta y solución a la presente denuncia. Por lo tanto, solicitamos no continuar eludiendo esta problemática; y en su lugar, investigar y sancionar a los responsables; reconocer las dimensiones sociales y jurídicas que presenta; reparar a las víctimas y obrar en justicia. Requerimos del apoyo de ustedes, con el fin de que cesen los abusos por parte de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y para evitar que esta situación continúe en total impunidad. Lo anterior, con el propósito de que no quede ningún colombiano que haya sido víctima de este trágico engaño, sin ver restituidos plenamente sus derechos.
Los firmantes de la respetuosa petición y denuncia somos víctimas de las Administradoras de Fondos Privados, así como ciudadanos que se solidarizan con la defensa de los derechos de los afectados.
Víctimas de las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones
Campaña Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno conlaspensionesno@gmail.com
Firmo la carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, con copia a la Procuraduría, redactada el 18 de agosto del 2018, para denunciar la situación de las víctimas de las AFP, por cuanto estas últimas, de forma irregular y con información insuficiente o falsa, engañaron a ciudadanos para obtener su traslado del régimen público al privado. Esto, con el fin de que las autoridades competentes investiguen a los responsables de esta problemática; y restablezcan los derechos de los afectados.
[1] Sin la fórmula dispuesta en la Ley 797 de 2003.
[2] Ver, por ejemplo, Libardo Sarmiento Anzola, “Pensiones:¡la gran estafa!”, Corporación Nuevo Arcoiris, 20 de febrero del 2013: https://www.alainet.org/es/active/61743, José Roberto Acosta, “Pensionarse en un Fondo Privado de Pensiones es prácticamente imposible”, en La OCDE vs el derecho a la pensión: https://www.youtube.com/watch?v=QlXxihRo2Xw
María Alicia Cabrera, “Los fondos privados de pensiones: un sofisma”, en La OCDE vs el derecho a la pensión: https://www.youtube.com/watch?v=V_I79Er6_D8
María del Rosario Vázquez Piñeros, “Falsos Positivos”, El Magazín de El Espectador, 30 de junio del 2016; “La estafa de los Fondos Privados de Pensión”, El Espectador, 28 de febrero del 2017; Carta abierta de María del Rosario Vázquez a la solicitud de retractación por parte del presidente de Asofondos, Santiago Montenegro en Las2Orillas. De la misma autora: ponencia en el Foro: “Las Víctimas de los Fondos Privados de Pensiones en Colombia: el país de El Coronel no tiene quien le escriba”, Foro Abierto. Vamos por los Derechos de los Pensionados en Colombia, 4 de mayo del 2017; Ponencia ante la Comisión Séptima de la Cámara, “Las Víctimas de las Administradoras de Fondos Privados de Pensión: a la espera de Verdad, Justicia y Reparación”, 9 de mayo del 2018.
Los siguientes testimonios escritos:
https://www.las2orillas.co/fondos-privados-pension-traves-del-engano-afiliaron-las-personas/
https://www.las2orillas.co/mas-la-estafa-los-fondos-privados-pension/ https://www.las2orillas.co/otra-afectada-los-fondos-privados-pension/ https://www.facebook.com/notes/v%C3%ADctimas-de-los-fondos-privados-en-colombia/nos-hallegado-el-testimonio-de-una-victima-de-los-fondos-privados-la-cual-quere/2030354270519377/.
Facebook Víctimas de los Fondos Privados en Colombia: https://www.facebook.com/V%C3%ADctimas-de-los-Fondos-Privados-en-Colombia1888055514749254/
Testimonios en la W Radio y en videos de la Campaña Con las Pensiones No y Salario mínimo digno:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9TPbMSIuxRVsO5UwRfRfSEQA03MGxIOa
William Gil, La verdad sobre el fraude de los fondos de pensión, 18 de julio del 2018: https://www.youtube.com/watch?v=cg_wX14nU10&t=96s
Anhy González, “Multimillonario negocio: administran fondos privados y cotizan en Colpensiones: https://www.las2orillas.co/multimillonario-negocio-administran-fondos-privados-y-cotizan-encolpensiones/
Otros testimonios enviados a Las2Orillas
https://www.las2orillas.co/mas-la-estafa-los-fondos-privados-pension/ https://www.las2orillas.co/otraafectada-los-fondos-privados-pension/ https://www.facebook.com/notes/v%C3%ADctimas-de-losfondos-privados-en-colombia/nos-ha-llegado-el-testimonio-de-una-victima-de-los-fondos-privados-lacual-quere/2
Anhy González, “Nota ciudadana: Al nuevo presidente le pido que no comercialice los derechos fundamentales”, en: https://www.las2orillas.co/al-nuevo-presidente-le-pido-que-no-comercialice-los-derechosfundamentales/
[3] Denunciamos esta estafa por la irregularidad en las afiliaciones y por la información incompleta y falsa en cuanto al monto de pensiones que ofreció públicamente ASOFONDOS, así como las distintas AFP en las asesorías que le dieron a la ciudadanía. Hay que tener en cuenta, además, que dichas proyecciones engañosas en cuanto al monto de la pensión no fueron desmentidas para advertir a las víctimas. Por eso, ellas no pudieron retornar a tiempo al régimen público. Dice Bolívar Acuña:
“Este delito es común en nuestra sociedad y generalmente se ocupan de él los llamados delincuentes de cuello blanco, que valiéndose precisamente de su posición y de sus influencias políticas, mediante engaño obtienen provecho ilícito cercenando el patrimonio económico de víctimas inocentes que resultan afectadas precisamente por la conducta de estos delincuentes que como se dijo pululan en nuestra sociedad”.
Cfr. Miguel Bolívar Acuña, “El delito de estafa”, El Heraldo, 2014: https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/el-delito-de-estafa-139070. La cursiva es nuestra.
[4] “Fondos de pensiones acusan al ISS de competencia desleal”, El Tiempo, 16 de abril de 1994. Dijo el entonces presidente de ASOFONDOS, señor Jorge Humberto Botero, que: “En su concepto, con ese tipo de rentabilidad los fondos podrán pagar pensiones superiores al 85 por ciento del salario, que es el máximo que se puede obtener en el ISS”: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-104362.
[5] Sergio Josué Torres Escudero, “Deber de información y asesoría pensional a los afiliados en el sistema general de pensiones Colombia año 2016”, en Revista CES Derecho Volumen 7 No.2 JulioDiciembre / 2016.
[6] Cfr. “Ministra de Trabajo entre las víctimas de estafadores de pensiones, dice Fiscalía”, El Espectador, 22 de marzo del 2018.
[7] Ley 100, Libro I, Sistema General de Pensiones, Disposiciones Generales, Capítulo I, Objeto y características del Sistema General de Pensiones, Art. 13, b.
[8] José Roberto Acosta, “¿Negocios del grupo Aval con las pensiones?”, El Espectador, 17 de agosto del 2018.
[9] Francisco Barnier González, “Pensiones: promesa incumplida”, en Portafolio, 17 de agosto del 2018: http://www.portafolio.co/opinion/francisco-barnier-gonzalez/pensiones-promesa-incumplida520163
[10] Sergio Josué Torres Escudero, “Deber de información y asesoría pensional a los afiliados en el sistema general de pensiones Colombia año 2016”, en Revista CES Derecho Volumen 7 No.2 JulioDiciembre / 2016.
[11] Sergio Josué Torres Escudero, “Deber de información y asesoría pensional a los afiliados en el sistema general de pensiones Colombia año 2016”, en Revista CES Derecho Volumen 7 No.2 JulioDiciembre / 2016.
Etiquetas: AFP, Campañas, Casos preocupantes, Fiduciary, Lealtad fiduciaria, Santiago Montenegro
Hacia fondos pensionales de y para los trabajadores
Comisión de trabajadores ecuatorianos discute sobre seguridad social. Fotografía: Hugo Ortiz / Asamblea Nacional
A los grupos sindicales, asociaciones profesionales, grupos cívicos y partidos políticos de Colombia, este diagnóstico y propuesta:
No confundan a los fondos de pensiones con las administradoras de los fondos de pensiones. Los FONDOS son patrimonio colectivo y propiedad de sus cotizantes, las sociedades ADMINISTRADORAS son empresas aparte, al servicio de sus propios dueños, que son Sarmiento Angulo y el GEA etc.
No que hay que combatir a los FONDOS sino a las sociedades ADMINISTRADORAS, por su abuso e ineficiencia.
Hay que tomarse en serio el que los FONDOS son patrimonio y propiedad de sus cotizantes: la inversión de los fondos debe procurar la prosperidad sostenible de los cotizantes, por sobre cualquier otra meta (sea por ejemplo la prosperidad de los intermediarios financieros: si prosperan los intermediarios, magnífico, pero si no, no importa).
Alrededor del mundo, las organizaciones serias (empresa privada, fundaciones sin ánimo de lucro, agencias del gobierno) tienen consejos o juntas (de administración o directivas, llámenlas como quieran). Esa junta gobierna a la organización, estableciendo objetivos y estrategias, eligiendo, supervisando y despidiendo a sus directores ejecutivos si es preciso. En las empresas comerciales esa junta directiva debe trabajar para que la organización procure los objetivos de sus accionistas.
En Colombia hemos tolerado la aberración de que los FONDOS de pensiones, como organizaciones, no tengan juntas directivas que hagan cumplir los intereses de los cotizantes, dueños legítimos de la organización. En cambio, hemos dejado que los FONDOS sean dirigidos por entes externas, las sociedades ADMINISTRADORAS, que por supuesto tienen como prioridad las ganancias de Sarmiento Angulo, el GEA, Grupo Colpatria etc (verdaderos dueños de las administradoras).
Las sociedades administradoras sí tienen juntas directivas, muy funcionales a los objetivos de sus dueños. Como contentillo y apariencia, la ley dice que en esas juntas directivas deben tener asiento dos representantes de los cotizantes. Pero no seamos ingenuos:
los representantes de los cotizantes no tienen voto en esas juntas,
son puras fichas al servicio de la AFP, elegidos en asambleas amañadas.
Si no hay cuerpo orgánico que defienda los intereses de los cotizantes, ¿nos debe sorprender que el sistema pensional le funcione muy bien a los dueños de las administradoras y mal a los cotizantes, y que las reformas pensionales traerán sacrificio a los cotizantes y prosperidad a Sarmiento Angulo y su combo? No es teoría de la conspiración, sino simple lógica organizacional: en la mesa de las decisiones, deciden los intereses representados. Y como a los cotizantes nadie los representa, les irá muy mal.
Ya este diagnóstico apunta a una solución: en la reforma pensional hay que hacer que los fondos tengan sus propias juntas, independientes de las administradoras.
Los fondos no deben estar atados a una administradora: la junta debe poder elegir qué administradora va a encargarse de las tareas, y si lo decide, puede decidir conformar una administradora propia, que no sea propiedad de otros y por tanto no tenga conflictos de interés.
Las juntas deben estar integradas por buenos representantes de los intereses de los cotizantes. Recomiendo entusiásticamente unos materiales educativos de la federación holandesa de fondos pensionales, https://www.pensioenfederatie.nl/website/engelse-website/publications-in-english/publications-in-english
Quizás más importante, esta propuesta abre las puertas a otras posibilidades. Ya el problema no es de consumidores que quieren un mejor producto, sino de dueños de capital que quieren dirigir su inversión -- capital de un tamaño tan grande que los hace dueños reales de gran parte de las economías nacionales. En un segundo artículo del blog vamos a hablar de esto.
a la/s diciembre 12, 2018 No hay comentarios.:
Etiquetas: Campañas, Fiduciary, Gobierno corporativo, Juntas Directivas, Reforma pensional
La traición de Fajardo a la lucha contra el abuso pensional.
Sergio Fajardo traicionó a aquellos que hemos estado preocupados por el abuso pensional.
No lo digo por haber él declarado en esa entrevista, a principios de Diciembre, que había que elevar la edad de pensión.
Entendámonos: personalmente no descarto que haya que discutir elevar la edad de jubilación, pero no es honesto que a los cotizantes se les obligue al sacrificio mientras que a las AFP no se les obligue a nada. Cuando hayamos definido qué sacrificios han de hacer las AFP, entonces ahí sí, si es necesario, hemos de discutir elevar la edad de pensión.
El asunto era más técnico: ¿cómo era posible que un PhD en matemáticas, que hizo tesis doctoral en probabilidad, no entendiera que la expectativa de vida al nacer no era relevante, como sí lo era la expectativa habiendo ya alcanzado edad de jubilación? (http://pensionessinilusiones.blogspot.com/2017/12/esperanza-de-vida-al-nacer-vs-esperanza.html ).
Que las AFP usen ese argumento sesgado y engañoso no me sorprende. SIn embargo, Fajardo volvió a insistir en esa falsedad técnica en ese famoso video que hizo para desembarrarla. Nótese cómo en el 1:43 define la esperanza de vida y la describe como siendo hoy de 74,5 años: esa es esperanza de vida al nacer, no esperanza de vida a los 60.
¿Se confundió el profesor o nos quiso confundir?
En este mismo video al profesor se le notaba nervioso, particularmente cuando hizo mención de algo importante: el que era necesario evaluar el desempeño de la administración de fondos, a la luz de lo que millones de personas en las calles de Chile estaban denunciando.
En el mismo sentido se manifestó en unos encuentros que tuvo con grupos sindicales:
[Fajardo] señaló que el modelo de los fondos privados de pensiones que funciona en Colombia está inspirado en el que se instituyó en Chile, país donde este modelo está en revisión después de 30 años, por los problemas que se han revelado. “Nosotros tenemos que revisar también nuestro modelo, el tema de los recursos, qué porcentajes quedan en manos de los privados y de la nación, etc.”, dijo el candidato presidencial por la Coalición Colombia. (http://ail.ens.org.co/informe-especial/la-ens-fajardo-candidatos-coalicion-colombia-hablaron-la-reforma-pensional-propuesta-pilares/)
Creo haber leído lo mismo en unas versiones tempranas de la plataforma de la coalición. A estas alturas, Sergio Fajardo sabía que había abuso.
Y sin embargo, en cuestión de meses, ya dejó de pedir que se evaluara el modelo, en versiones como esta de https://polodemocratico.net/pdf/PROGRAMA_CoCo.pdf
Nuestra propuesta pensional tendrá como objetivo incrementar el número de pensionados y la cobertura del sistema, velando por su sostenibilidad y progresividad. Trabajaremos por un sistema basado en la solidaridad intergeneracional para los primeros niveles de ingreso y en la posibilidad de afiliación a fondos privados para los demás niveles. También propondremos una mayor carga impositiva que corrija la regresividad en las pensiones más elevadas y altamente subsidiadas. Apoyamos un menor porcentaje de cotización en salud para las pensiones de bajos ingresos.
Pero aún le faltaba suavizarse más: al final quedó una versión tan anodina (de http://sergiofajardo.co/2018/04/pensiones/) , donde se perdió incluso la última frase, la de rebajar porcentaje de cotización en salud.
Una gran injusticia de Colombia es que sólo dos de cada diez adultos mayores tiene pensión. Debemos avanzar en 3 frentes:
No vamos a incrementar la edad de jubilación.
Ya este programa parece escrito por Asofondos, igual al de Iván Duque.
¿Qué pudo haber pasado? Ojalá que alguien nos cuente. Una hipótesis es que cierta gente del sindicato antioqueño que ha sido cercana a Fajardo, como David Bojanini, presionaron, específicamente volviéndose bisagra articuladora entre la campaña y el resto del Sindicato Antioqueño.
El CEO del Grupo Sura, David Bojanini ha tratado de mantener la calma y sostener el nombre de Fajardo, pero quizá se esté enfrentando al debate político mas álgido que le toque enfrentar por cuenta de la división existente. (https://360radio.com.co/fajardo-habria-perdido-una-faccion-del-gea/)
Qué casualidad que David Bojanini, el representante del grupo económico que sería más afectado por planteamientos políticos de fondo, resulte ser el único amigo del GEA que le quede al candidato.
Y así, entonces, se traicionó a personas que en la coalición habían dado la pelea contra el abuso de las administradoras de pensiones (como Jorge Robledo y Jose Roberto Acosta), y al traicionarlos a ellos se nos traicionó a todos.
No lloremos por Sergio Fajardo, no se lo merece.
[ En un sitio de la SuperFinanciera se encuentra una colección de presentaciones interesantes sobre asuntos pensionales. https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/ComunicadosyPublicaciones/Discursos/discursospensiones.htm
En ella está un documento que merece ser leído, aunque tenga 15 años de haber sido escrito, pues algunos de los problemas descritos siguen existiendo (y, espero, sigan siendo discutidas por la OECD).
Me pregunto quién lo escribió, y si esa persona participa actualmente en el debate de la reforma pensional.
Intercalaré algunos de mis comentarios. ]
Quiero en primer lugar agradecer la amable invitación que le ha formulado a la Superintendencia Bancaria de Colombia la OECD para participar en esta tercera conferencia de Fondos privados de Pensiones.
Es para mi un gran honor estar ante este auditorio y compartir este panel, moderado por el Superintendente de Pensiones de Argentina, Mr. Edward Whitehouse, consultor de la OECD del Reino Unido, Mr Imre Szilagyi, de Hungría, de la división de mercados financieros de la OECD y el señor Antonio Casio dos Santos, Presidente de Mapfre de Brasil.
Para efectos de referirme específicamente al tema que me ha sido asignado, me parece importante poner a disposición del auditorio una copia en español y en inglés del texto de la conferencia que se preparó por parte de la Superintendencia Bancaria de Colombia para la Asamblea anual de la OECD que se llevó a cabo en Paris a finales del año pasado, en donde se describe el sistema general de pensiones de mi país.
A continuación y a fin de poder extraer algunas conclusiones que sirvan de ilustración y de base de discusión para este foro, voy a dividir mi exposición en dos partes. La primera, relacionada con la eficiencia administrativa de los Fondos circunscrita a la estructura de costos de administración (comisiones) para sus afiliados. La segunda relacionada con una descripción de la competencia entre los distintos actores del sistema que administran fondos de pensiones obligatorias.
Uno y otro tema son en este momento objeto de análisis en nuestro país dentro del ejercicio de mejoramiento continuo de la industria en beneficio de los afiliados y de la solidez y competitividad del Sistema.
I. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DERIVADA DE LOS COSTOS DE ADMINISTRACION PARA LOS AFILIADOS A LOS FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS.
Si examinamos con cuidado el anterior cuadro, sobre la estructura de comisiones y seguros promedio de los Fondos de Pensiones obligatorias de países como Chile, Argentina, México, Salvador, Perú, Uruguay y Colombia, para solo citar algunos, podemos observar lo siguiente:
No hay estándares internacionales. Las comisiones pueden ser variables, fijas o mixtas. En Argentina, Bolivia, Colombia, y Perú existen comisiones variables. En Chile se observan comisiones fijas y variables.
No hay uniformidad en las bases y los conceptos por los cuales se cobra la comisión. Si bien en la mayoría de los países, la base de la comisión de administrtación es el salario mensual de los trabajadores, en Bolivia y México existe la posibilidad de cobrar comisiones sobre el saldo de las cuentas individuales. En Colombia y Chile también se cobra comisión por la administración de pensiones bajo la modalidad de retiro programado, por la administración de aportes voluntarios y por traslados.
En algunos países hay límites máximos y en otros no. En Colombia y El Salvador, existen comisiones máximas determinadas por la normativa, con base en el salario. Aunque no se incluyeron en el citado cuadro, tenemos entendido que en Costa Rica existen límites máximos como un porcentaje sobre la rentabilidad bruta y otro sobre el salario, en República Dominicana es un porcentaje sobre el salario y el excedente de rentabilidad anual. En Nicaragua, el tope también está constituido sobre el ingreso base de cotización (IBC).
LAS COMISIONES DE ADMINISTRACION PARA LAS AFP DE COLOMBIA 1
En nuestro país tal y como lo define el artículo 39 del decreto 656 de 1994, constituyen ingresos de las sociedades que administren fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho . A renglón seguido señala de manera taxativa los conceptos por los cuales pueden cobrar comisiones. Los montos máximos y las condiciones de las comisiones las fija la Superintendencia Bancaria. El Gobierno debe reglamentar las comisiones de administración de las cotizaciones voluntarias.
Comisión de administración sobre los aportes obligatorios.
La Base de cálculo y el porcentaje es el que determine libremente la administradora.2
La comisión y los seguros previsionales no pueden exceder el 3% del ingreso base de cotización. Este porcentaje antes de la expedición de la ley 797 de 2003 era de 3.5%. ( Ver la nota a pié de página número 2).
Si el porcentaje de comisión de administración y seguros es menor del 3%, la diferencia se abona en la cuenta individual. 3
Posibilidad de establecer comisiones diferenciales por descuento, consultando criterios de permanencia y regularidad de los afiliados. 4
Análisis de la estructura de comisiones y costos de seguros en las AFP de Colombia:
En el anterior cuadro podemos ver la distribución de la cotización total a los FPO de nuestro país, que hoy es del 14.5.% del IBC. Sobre el particular es importante destacar lo siguiente:
Si bien la comisión de administración por aportes obligatorios es diferente para todas las AFP, la suma de comisión y seguros siempre dá el máximo permitido en la ley 797 de 2003, esto es el 3%. Además, en todas las AFPs el porcentaje sobre el IBC abonado en la cuenta individual es el mismo (10%).
La posibilidad de abonar un mayor valor en las cuentas individuales derivado de una reducción en costos de administración y primas de seguros, solamente fue utilizada al comienzo por una sola de las AFP. Curiosamente no ha pasado lo mismo en el sistema de prima media que administra el ISS en donde sí ha habido un aporte a las reservas de vejez por una menor utilización de la comisión de administración autorizada, tal y como se ve en la siguiente gráfico.
Ninguna AFP ha utilizado en estos 10 años la opción de comisiones diferenciales.
Esta inelasticidad es una de las consecuencias de las estructuras de capital de las AFP y la consecuente falta de competencia que analizaremos en la segunda parte de esta exposición.
Comisión por concepto de la administración de recursos de afiliados cesantes.
Definición de Cesante. De conformidad con lo previsto en la normatividad vigente, se entiende que un afiliado dependiente se encuentra cesante durante el lapso comprendido entre la fecha de novedad de terminación del vínculo laboral, legal o reglamentario y el reporte del nuevo vínculo... 5 Adicionalmente en los términos del literal c del artículo 39 del Decreto 656 de 1994
Se presumirá que los afiliados que posean la calidad de trabajadores independientes se encuentran cesantes cuando presenten una mora igual o superior a tres meses en el pago de sus cotizaciones”
Valor de la Comisión. La comisión es hasta el máximo del 4.5% de los rendimientos abonados durante el mes en la cuenta individual. No puede exceder del 50% del porcentaje de comisión cobrado a los cotizantes activos, aplicado sobre el último ingreso base de cotización reportado. El promedio a marzo de 2004 es de 0,785% del IBC. No se podrá cobrar comisión a los afiliados cuyos empleadores se encuentren en mora. Se presumen en mora los empleadores que no han continuado haciendo los aportes respectivos y no han reportado a la administradora la novedad del retiro.
Comisión de administración de aportes voluntarios: de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Decreto 1161 de 1994
Las sociedades que administren fondos de pensiones en desarrollo de lo previsto en la ley 100 de 1993, podrán fijar libremente la comisión que cobrarán por la administraciones de las cotizaciones voluntarias que los afiliados efectúen según lo que establezca el reglamento del respectivo fondo.
En promedio, el porcentaje establecido en los reglamentos corresponde al 3.3 % anual del saldo de la cuenta individual.
Comisión por la administración de pensiones bajo la modalidad de retiro programado. El monto de la comisión es hasta el 1% de los rendimientos abonados durante el mes en la cuenta individual. No puede exceder el 1.5% de la mesada pensional.
Comisión por traslados: Hasta el 1% del último ingreso base de cotización. No puede exceder el 1% de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes (US 534.7).
Es conveniente tener límites máximos de comisiones que consulten la realidad del país. Lo anterior se fundamenta en:
Es un producto obligatorio y la principal fuente de utilidades de las administradoras. Como se puede apreciar en el siguiente grafico el 54.4% de los ingresos por comisiones de las AFP corresponde a las comisiones de los aportes obligatorios, equivalente a US 113.9 millones, como quiera que el total de ingresos por comisiones durante el 2003 fue de US 209.4 millones.
El perfil de nuestros afiliados al régimen individual. El 84,7% de los afiliados (el total de afiliados a marzo 31 de 2004 es de 5.252.214) ganan menos de 2 salarios mínimos legales al mes (US 267.3) y el 94.3 % (5.025.029 afiliados) tienen ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales ( US 534.7), como se observa en el siguiente gráfico,
Igualmente debe anotarse que un gran porcentaje de los afiliados al régimen de ahorro individual es gente joven. En nuestro país el 20,9% de los afiliados está entre 25 y 29 años y el 21.2% entre 30 y 34. Podemos concluir que prácticamente el 60% de los afiliados está entre 25 y 39 años, es decir a más de 20 o 30 años de pensión, según el género, como se observa en el siguiente gráfico.
Por último, no debe perderse de vista que el alto número de trabajadores cesantes frente a la población económicamente activa de nuestro país, tal como se refleja en el siguiente gráfico, las tasas de desempleo y el comportamiento de la población afiliada activa y no activa, hace que deba reflexionarse en la generación de incentivos a la permanencia a través de la estructura de comisiones y a través de la divulgación de una especial información. Ver gráfica.
Dado que no hay respuesta fácil a la disminución voluntaria de comisiones en beneficio del afiliado, es conveniente actualizar permanentemente los límites máximos de comisión, de forma tal que consulte la eficiencia administrativa de las sociedades. Fue precisamente esto lo que se hizo el año pasado en donde luego de un estudio se consideró conveniente bajar el límite máximo de comisión y seguros del 3.5% al 3%. Esta decisión no implicó esfuerzos significativos por parte las administradoras, tal y como puede apreciarse en la evolución de los resultados de las sociedades en el siguiente gráfico. Con la norma mencionada, las utilidades que eran de 57,1 millones de dólares en el 2002 pasaron a 53.3 millones de dólares en el 2003.
De conformidad con lo anterior, parece conveniente evaluar la posibilidad de establecer como base de cálculo de las comisiones los rendimientos de las cuentas individuales, siempre y cuando se tenga en cuenta:
Las perspectivas de largo plazo.
Las comisiones ya cobradas sobre el IBC.
Igualmente parece conveniente inducir a la práctica de comisiones diferenciales con base en:
Monto de la cuenta individual
Sobre el particular debe recordarse que en nuestra legislación existe esta posibilidad pero las AFP no la utilizan.
II. LA COMPETENCIA ENTRE LAS ADMINISTRADORAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.
CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA DEL SECTOR A NIVEL INTERNACIONAL
1. Número limitado de Administradoras y todas pertenecientes a conglomerados y grupos.
Esta es una tendencia generalizada. Independientemente de que en un comienzo surja un número considerable de AFPs, el hecho es que luego de algunos años y del reacomodamiento en busca de mayores eficiencias, en la generalidad de los países de la región las AFP que terminan operando el sistema son muy pocas.
En Chile actualmente hay 6, en Mexico 12, en Argentina 12.
En nuestro país, tal y como se ve en el siguiente cuadro, había 16 Sociedades administradoras de Cesantías existentes a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. Estas AFC habían sido creadas bajo la vigencia de la ley 50 de 1990 con vocación legal y económica para convertirse en administradoras de fondos de pensiones. De estas 16 AFC, 9 de ellas, obtuvieron autorización para administrar fondos de pensiones obligatorias. A la fecha luego de algunas fusiones y liquidaciones están operando 6 administradoras de fondos de pensiones: Colfondos, Porvenir, Protección, BBVA Horizonte, Santander y Skandia.
Igualmente, debe tenerse de presente la pertenencia de estas entidades a grupos o conglomerados, particularmente la presencia en dicho grupo de una AFP y una compañía de seguros. Si bien es cierto que debe haber una licitación para la contratación de las pólizas previsionales, lo que si es fácilmente observable es que en la mayoría de los casos en que las AFP tienen dentro de su grupo una Compañía de seguros, terminan contratando con ésta las pólizas correspondientes. En Colombia hay 4 AFPs que tienen dentro de su grupo una compañía de seguros, 3 de las cuales contratan los seguros con su grupo 6 . Las otras 2 AFPs no tienen aseguradora dentro de su grupo, tal como se observa en el siguiente cuadro.
A esto hay que sumar las implicaciones que estas estructuras de grupos o conglomerados, en donde participan AFP y compañías de seguros, estas últimas tienen en la venta de las rentas vitalicias y generalmente con ellas contratan los afiliados que no desean la modalidad de retiro programado.
Evidentemente, estas situaciones afectan la competencia y generan situaciones de conflicto de interés y acuerdos en desmedro del afiliado que podría ver incrementada su cuenta individual por menores costos de comisión y/o seguros. No sorprende entonces que ninguna AFP haya consignado excedentes a los afiliados por menores costos, o que no se hayan explorado opciones de comisiones variables y premios por permanencia en los fondos, tal como lo permiten las normas legales. Lo anterior sí ocurre en cambio para nuestra sorpresa con el régimen público que sin desconocer los altos subsidios del sistema, si ha generado incrementos adicionales al 10% del IBC a las reservas, tal y como lo mencionamos en el aparte anterior.
Hay pues en esta materia mucho que avanzar tanto a nivel de regulación como de supervisión.
2. Tendencia a la concentración de inversión extranjera en el continente.
Básicamente tres grupos extranjeros están presentes de manera importante en el negocio de administrar fondos de pensiones en el continente: BBVA, Santander (BSCH) y el CITIBANK. Estos mismos están en nuestro país, en donde el 42% de la participación accionaria de las AFP es extranjera, tal y como lo vemos en el siguiente cuadro.
3. Sensibilidad a la rentabilidad.
En la mayoría de los países se ha manifestado generalizadamente por la industria y las autoridades las consecuencias del efecto manada y la falta de diferenciación en las decisiones de riesgo y de inversiones de los gestores de los fondos. En algunos países, este hecho se achaca a la imposición de una rentabilidad mínima, basada en el promedio del sistema, con la cual deben cumplir los fondos.
En Colombia, en virtud de la fórmula de rentabilidad mínima, que tiene un componente exógeno, dado por un portafolio sintético o de referencia con un peso del 50% dentro de dicha fórmula, se equilibran los efectos de la parte endógena, esto es del promedio de la rentabilidad de los mismos fondos, que pesa otro 50%. A lo largo de estos 10 años hemos podido observar que se ha mantenido el distanciamiento entre la composición del portafolio de referencia y las inversiones que los fondos han realizado. La observación empírica nos ha mostrado, que gracias a ello, los fondos que han tenido rentabilidades parecidas a lo largo del tiempo, han mantenido prácticamente el mismo nivel de afiliados, mientras que un fondo ha venido ganando afiliados a medida que su rentabilidad ha sido superior a la de las demás administradoras. En la última verificación de rentabilidad mínima dicho fondo contaba con una rentabilidad nominal del 20.59%, es decir, 2.73 puntos porcentuales superiores al fondo que le sigue. Este hecho le ha representado un incremento de sus afiliados durante los últimos dos años del 16.9%, mientras que las demás AFPs durante el mismo período reflejaron un crecimiento promedio del 8.3%
En los siguientes gráficos se pueden observar la evolución de las rentabilidades acumuladas y de la participación en afiliados.
4. Crecimiento de afiliados por traslados entre fondos de pensiones.
En este punto hay un factor muy importante y es la estructura misma del sistema general de pensiones y si persiste o no el sistema de reparto de manera abierta, es decir coexistiendo con el de ahorro individual, como es el caso de México o Colombia, o si por el contrario el sistema de ahorro individual es la única opción una vez se expidan las normas correspondientes, como es el caso de Chile o República dominicana.
Este factor que afecta la competencia evidentemente tiene sus efectos. En Colombia, tal y como lo vemos en el siguiente gráfico, a lo largo de los años hemos podido observar que solo el 11,1% de los afiliados provienen de traslado entre los mismos fondos. Un 54,2% lo constituyen aquellas personas que por primera vez ingresan al sistema, es la nueva fuerza laboral que escoge el régimen de ahorro individual (los otros eligen el sistema de reparto o de prima media).
Adicionalmente hay que tener en cuenta que un 33,4% proviene del sistema de reparto que se traslada de régimen.
5. Sensibilidad a las comisiones de administración.
En este punto creemos que existe una respuesta lenta y casi imperceptible a este tema. En la medida en que la información al afiliado tenga mayores elementos de revelación de una manera más comprensible para ellos, podrá realizarse una mejor evaluación al respecto,. No puede decirse que a menor comisión mayores afiliados, o que una rebaja en las comisiones genera de manera rápida y considerable un volumen de traslados importante.
Hay que resaltar en esto los esfuerzos importantes que viene haciendo Mexico y Chile en darle a los afiliados en sus cartolas, extractos, o a través de Internet la información sobre esta materia que mejore e ilustre la toma de decisiones.
En nuestro país venimos en un esfuerzo grande y continuo por generar una mejor información y una mayor revelación a los afiliados sobre los costos reales y la eficiencia de las administradoras.
Son varias las disposiciones al respecto:
Mantener publicada en una “cartelera o tablero situado en los lugares de atención al público en caracteres destacados, de manera tal que atraiga su atención y resulte fácilmente legible, la última tabla elaborada por esta Superintendencia de rentabilidades mínima, bruta, neta y promedio ponderada, en la cual se señale el período objeto de cálculo, los porcentajes de seguros previsionales y comisión de administración correspondientes a los fondos de pensiones administrados…”
Enviar trimestralmente los extractos a los afiliados con una información sobre rentabilidad, aportes, comisiones, etc bajo un formato único para todas las administradoras, de tal suerte que la información sea comparable.
Control sobre la publicidad por parte del supervisor.
MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA COMPETENCIA.
Un régimen estricto sobre conflictos de interés.
Una supervisión integral sobre el sistema y sus participantes. Si hay varias superintendencias implicadas perfeccionar acuerdos de colaboración.
Una regulación adecuada sobre la revelación de información para que sea
En formatos estandarizados
Enfocada hacia la difusión de la gestión riesgo – retorno
Coherente con los perfiles de los afiliados. En nuestro país hay falta de interés en el ahorro a largo plazo dada la estructura de trabajadores jóvenes y al alto número de cesantes.
De tal suerte que se rompa esa tendencia a que es inelástica la relación entre la información y la afiliación.
Adecuado control en los costos de administración que permitan establecer una base eficiente y competitiva.
Crear incentivos a las empresas cotizantes para que sean actores activos en el sistema pensional, de tal suerte que a través de dichas empresas, de sus fondos de empleados o de cualquier otro mecanismo, den a conocer, informen e ilustren a los trabajadores sobre esta información. Hoy en nuestro país estamos viendo una pereza de los patronos para dar a conocer esta información, por cuanto de ella pueden generarse cambios de administradora y por ende deben ellos tramitar formularios y pagos a distintos fondos, siendo para las empresas más fácil que todos sus empleados se concentren en uno o dos fondos.
Generar por parte de las administradoras mayores y mejores mecanismos de control a los promotores de venta que estimulen la competencia leal. A su vez contar con una regulación clara sobre la responsabilidad directa en que incurren las empresas por las actuaciones reprochables de los promotores. 7. En este punto es importante destacar la necesidad de prohibir estipendios o incentivos adicionales a la comisión que se otorgue a los promotores, bien directa o indirectamente que implique para los promotores una remuneración adicional en función del volumen de afiliados que consigan. Igualmente la prohibición para los promotores de compartir con los afiliados la comisión que perciban 8 y para celebrar acuerdos entre las administradoras que impidan en la práctica el libre traslado de los afiliados.
1. Dentro del concepto de comisión que vamos a utilizar no incluímos el valor de los seguros. Entendemos que en las distintas legislaciones el término de costo o comisión de administración incluye el valor que se paga por las primas de seguros, pero en estricto sentido, la comisión es una cosa y el costo o prima del seguro es otra. ↩
2. El artículo 1 de la Resolución 2549 de 1994 establece:
Las entidades que administren fondos de pensiones podrán determinar libremente el porcentaje y la base sobre la cual se cobre la comisión de administración respecto de cotizaciones obligatorias, al igual que la periodicidad de su cobro dentro del año calendario, con sujeción al límite de tasa previsto en el artículo 20 de la ley 100 de 1993...
Por su parte el artículo 20 de la ley 100 de 1993 fue modificado por el artículo 7 de la ley 797 de enero de 2003 que establece:
La tasa de cotización continuará en el 13.5% (14.5% a partir de enero de 2004) del ingreso base de cotización. ….. En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% (1.5% a partir de enero de 2004) del ingreso base de cotización se destinará al fondo de garantía de pensión mínima del régimen de ahorro individual con solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, incluida la prima de reaseguros del Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes...
3. El artículo 7 de la ley 797 en uno de sus apartes establece:
La reducción en los costos de administración y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes deberá abonarse como un mayor favor en las cuentas de ahorro pensional de los trabajadores afiliados al régimen de ahorro individual o de las reservas en el ISS según el caso...
4. El artículo 2 de la Resolución 2549 de 1994 de la Superintendencia Bancaria establece lo siguiente:
Dentro de los límites impuestos por la ley 100 de 1993, las entidades que administren fondos de pensiones podrán establecer comisiones diferenciales por descuento. El descuento en la fijación de la comisión deberá consultar criterios de permanencia y regularidad de los afiliados en su relación con el fondo correspondiente y el valor del fondo individual. El descuento deberá presentarse como un porcentaje único que resulte de las anteriores consideraciones. Las entidades que opten por fijar comisiones diferenciales no podrán utilizarlas como mecanismos para discriminar a determinados afiliados en el ejercicio de los derechos que la ley les confiere. Para tales efectos, las comisiones deberán establecerse con base en los mismos criterios y en forma transparente, lo que significa que debe aplicarse idéntica comisión al afiliado o afiliados que se encuentren bajo los mismos supuestos previamente establecidos por la entidad. Así mismo, las comisiones diferenciales no podrán establecerse por grupos de afiliados, sino que su fijación deberá ceñirse a la aplicación de los criterios antes señalados en relación con las condiciones individuales de cada afiliado frente al fondo.
5. Circular básica jurídica 07/96 ↩
6. Circular externa 88/98 de la Superbancaria:
El decreto 384 de 1993, por medio del cual se reglamentó el artículo 22 del Decreto 2179 de 1992, incorporado como artículo 100, numeral 2 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero, dispone que las instituciones financieras que actúen como tomadoras de seguros, por cuenta de sus deudores, deberán adoptar procedimientos de contratación que garanticen la libre concurrencia de oferentes; igualmente de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley 100 de 1994, las sociedades administradoras de fondos de pensiones deben adoptar, para la contratación de seguros de invalidez y sobrevivencia, procedimientos autorizados por la Superintendencia bancaria que aseguren la libre concurrencia de los oferentes ... c) tratándose de sociedades administradoras de fondos de pensiones, deberá precisarse, cuando menos,
Los mecanismos de plena difusión mediante los cuales se invitará a presentar propuestas a las entidades aseguradoras de vida que cuenten con autorización para la explotación del ramo de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia,
La información que, con carácter igualitario, se ha de suministrar a las entidades aseguradoras de vida que atiendan la invitación a presentar propuestas, la cual ha de corresponder a los criterios previstos legalmente en el mencionado decreto, en particular si se prevé o no la existencia de intermediarios de seguros y el nivel previsto de comisión por su labor de promoción.
los criterios de naturaleza objetiva con base en los cuales se procederá a la selección de la respectiva entidad aseguradora de vida que asumirá los riesgos de invalidez.
Lo anterior en concordancia con el Decreto 718de 1994 que reglamentó el citado 108 de la Ley 100 de 1993. ↩
7. Art 10 Decreto 720/94:
Cualquier infracción, error u omisión – en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del Régimen General de Pensiones en el desarrollo de su actividad, compromete la responsabilidad de la sociedad administradora, respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación, sin prejuicio de la responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del Régimen General de Pensiones...
Art 3 ib:
Las actuaciones de los vendedores en el ejercicio de su actividad obligan a la sociedad administradora del Sistema General de Pensiones respecto de la cual se hubiere promovido la correspondiente vinculación
8. Estas prohibiciones están consagradas en nuestra legislación en los artículo 18 y 19 del Decreto 720/94.. ↩
"¿Fondos privados de pensiones, son una solución?"...
Documento de la Santa Sede sobre ética de mercados...
Hacia una economía de y para los trabajadores coti...
Víctimas de las administradoras de fondos privados...
Hacia fondos pensionales de y para los trabajadore...

References: artículo 13
 artículo 271
 Artículo 83
 artículo 20
 artículo 9
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 14
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 100
 artículo 108
 artículo 18