Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2007-05587.htm
Timestamp: 2017-12-15 08:31:13+00:00

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B.O.E. Nº 65 de 16/03/2007
Una gran parte del tejido empresarial espaÃ±ol estÃ¡ integrado por sociedades de carÃ¡cter familiar en sentido amplio, es decir, aquellas en las que la propiedad o el poder de decisiÃ³n pertenecen, total o parcialmente, a un grupo de personas que son parientes consanguÃ­neos o afines entre sÃ­. Esta realidad econÃ³mica, jurÃ­dica y social obliga a tomar en consideraciÃ³n sus peculiaridades y la lÃ­cita autorregulaciÃ³n de sus propios intereses especialmente en relaciÃ³n a la sucesiÃ³n de la empresa familiar, removiendo obstÃ¡culos y dotando de instrumentos al operador jurÃ­dico. La cultura del protocolo familiar, shareholders agreement, se encuentra sancionada en las prÃ¡cticas econÃ³micas y de buen gobierno de las sociedades familiares de los paÃ­ses de nuestro entorno, especialmente anglosajones, en cuanto es considerada una garantÃ­a adicional para terceros, inversores y acreedores, ademÃ¡s de para los propios socios, al dotar de previsibilidad el relevo generacional en la sociedad. Consciente de ello, la disposiciÃ³n final segunda, apartado 3 de la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada nueva empresa dispone que Â«reglamentariamente se establecerÃ¡n las condiciones, forma y requisitos para la publicidad de los protocolos familiares, asÃ­ como, en su caso, el acceso al registro mercantil de las escrituras pÃºblicas que contengan clÃ¡usulas susceptibles de inscripciÃ³nÂ». Para el desarrollo de esta norma se ha considerado necesario articular una pluralidad de vÃ­as que permitan el acceso a la publicidad registral con diversa eficacia segÃºn la elegida y siempre de carÃ¡cter voluntario para las sociedades. No es un real decreto el cauce oportuno para la alteraciÃ³n de los tipos societarios o para establecer especialidades de los mismos y por ello no se regulan aspectos estructurales u organizativos de la sociedad familiar ni se establecen los eventuales caracteres de la misma. En lo que interesa, a los efectos de este real decreto, serÃ¡ familiar una sociedad de personas o capital en la que existe un protocolo que pretende su publicidad. Puede entenderse como tal aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sÃ­ o con terceros con los que guardan vÃ­nculos familiares respecto de una sociedad no cotizada en la que tengan un interÃ©s comÃºn en orden a lograr un modelo de comunicaciÃ³n y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad. Los aspectos subjetivo, objetivo y formal del protocolo no son objeto de regulaciÃ³n, como tampoco lo es su contenido que serÃ¡ configurado por la autonomÃ­a negocial, como pacto parasocial, en hipÃ³tesis mÃ¡s frecuente sin mÃ¡s lÃ­mites que los establecidos, con carÃ¡cter general, en el ordenamiento civil y especÃ­fico, en el societario. AdemÃ¡s de su carÃ¡cter estrictamente voluntario, se opta por articular la publicidad de un Ãºnico protocolo por sociedad. Se considera que Ã©sta es la fÃ³rmula que mejor garantiza la seguridad jurÃ­dica que debe presidir la publicidad que ofrece el Registro mercantil, en aras a la certeza de los operadores y ciudadanos sobre el marco regulatorio de la entidad. El acceso al Registro mercantil del protocolo se produce a instancia del Ã³rgano de administraciÃ³n de las sociedades y bajo su responsabilidad, quedando para la esfera intrasocietaria la relaciÃ³n de Ã©ste con la propiedad y en general, con los firmantes del protocolo y sin perjuicio del recurso de Ã©stos a la autoridad judicial en el supuesto de que no se halle autorizada su publicidad y se discuta el interÃ©s de la publicaciÃ³n. Si el protocolo incluyere datos relativos a la intimidad de los otorgantes del mismo y se pretendiere una publicidad de los mismos (por ejemplo, pactos sobre el rÃ©gimen personal de la familia, prohibiciones u obligaciones personales -vg. casarse en rÃ©gimen de separaciÃ³n de bienes o que el consorte pueda o no ser socio, o bien que los hijos deban estudiar en tal o cual universidad-), supuesto en el cual, el acceso a la publicidad de la concreta clÃ¡usula debe claramente contar con el consentimiento expreso y cualificado al que se refiere la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal, con el alcance y efectos que dicha ley atribuye a dicho consentimiento. Como ocurre en la actualidad en otros supuestos (modificaciones de capital, apoderamientos o nombramientos orgÃ¡nicos) la mera manifestaciÃ³n del administrador de la identificaciÃ³n de terceros no estarÃ­a incluida en el supuesto anterior. El real decreto no es de aplicaciÃ³n a las sociedades anÃ³nimas cotizadas. Estas encontrarÃ­an su marco normativo en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, y el texto refundido de la Ley de sociedades anÃ³nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anÃ³nimas cotizadas. Para las demÃ¡s sociedades, de personas o capital, se prevÃ©n tres formas de acceso al registro mercantil alternativas o acumulativas, a fin de dotar de la mayor flexibilidad la publicidad en atenciÃ³n a los intereses de cada sociedad afectada. De menos a mÃ¡s, en razÃ³n de su eficacia, se prevÃ©, en primer lugar, la mera constancia de la existencia de un protocolo, con referencia a sus datos identificativos y no a su contenido, en el asiento de inscripciÃ³n. En segundo tÃ©rmino, el depÃ³sito del protocolo o parte de Ã©l, con ocasiÃ³n de la presentaciÃ³n de las cuentas anuales, que exigirÃ¡ su constancia en documento pÃºblico y que en ningÃºn caso podrÃ¡ afectar a la organizaciÃ³n de la sociedad segÃºn conste inscrita en el registro mercantil. El documento depositado deberÃ¡ ser relevante sÃ³lo a efectos del buen gobierno de la sociedad familiar. Finalmente, mediante inscripciÃ³n podrÃ¡ constar en el Registro mercantil la escritura pÃºblica de elevaciÃ³n a pÃºblico de acuerdos sociales que contenga, en ejecuciÃ³n del protocolo y con menciÃ³n expresa del mismo, clÃ¡usulas inscribibles. Es decir, se modifica la denominaciÃ³n de la escritura pÃºblica que incorpora los acuerdos sociales susceptibles de inscripciÃ³n -ahora, si asÃ­ se prefiere, serÃ¡ calificada como de elevaciÃ³n a pÃºblico de acuerdos sociales en ejecuciÃ³n de protocolo- a fin de visualizar el protocolo al que pudiere responder el acuerdo social y permitir con ello una mÃ¡s adecuada interpretaciÃ³n de los acuerdos adoptados. El acceso al registro de los acuerdos que contiene el documento pÃºblico siempre serÃ¡ obligatorio, pero no asÃ­ la manifestaciÃ³n de que se adoptan en ejecuciÃ³n de un protocolo familiar. No se modifica con ello el tÃ­tulo inscribible de determinados acuerdos sociales ni por supuesto el rÃ©gimen de adopciÃ³n de los acuerdos sociales especialmente en orden al rÃ©gimen de mayorÃ­as legales o estatutarias de adopciÃ³n de los mismos. Este Ãºltimo caso serÃ¡ el Ãºnico que suponga un efecto de publicidad material y no mera publicidad noticia. Junto a la publicidad de los protocolos, se prevÃ© una actualizaciÃ³n reglamentaria de las normas relativas a clÃ¡usulas o reglas organizativas en relaciÃ³n a Ã³rganos sociales, clÃ¡usulas restrictivas de la transmisiÃ³n de participaciones sociales y en general se dota de instrumentos que faciliten la autonomÃ­a negocial en este Ã¡mbito. Estas normas actualizadas no sÃ³lo serÃ¡n Ãºtiles herramientas para las sociedades de carÃ¡cter familiar sino tambiÃ©n para otras sociedades cerradas. Es el caso de la regulaciÃ³n de los comitÃ©s consultivos, que en nada inciden en el binomio monista-dual, que se introdujo, limitadamente, en EspaÃ±a por Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anÃ³nima europea domiciliada en EspaÃ±a. Entre las normas que se incluyen en este apartado destaca el nuevo artÃ­culo 188.5 del Reglamento de registro mercantil. El real decreto persigue con este nuevo precepto regular, en los meros lÃ­mites adjetivos, y en sintonÃ­a con los restantes apartados del artÃ­culo 188 -en los que se establecen normas de cierre o atÃ­picas en relaciÃ³n al contenido estatutario de la sociedad-, reglas de representaciÃ³n o habilitaciÃ³n que la prÃ¡ctica societaria ha demostrado que constituyen autÃ©nticas lagunas en la articulaciÃ³n de la sociedad conyugal y en la sucesiÃ³n de la titularidad de la empresa familiar, objetivo esencial de la publicidad del protocolo. Realmente, la inclusiÃ³n de estas normas constituye exclusivamente una llamada de atenciÃ³n sobre la lÃ­cita posibilidad en el actual estado de nuestro ordenamiento jurÃ­dico, de dar soluciÃ³n a dos supuestos de hecho. El primero, el de la sociedad conyugal -no necesariamente de gananciales-, disuelta y no liquidada, ya sea o no por fallecimiento del titular y en la que el socio puede, en su caso, ser supÃ©rstite. En este supuesto se pretende prever, en estatutos, las relaciones del socio con la sociedad al no poder considerarse automÃ¡tica la designaciÃ³n de representante por no constituir una comunidad en sentido estricto. El segundo, la lÃ­cita posibilidad de designar un representante sucesorio por el causante titular de las participaciones, para facilitar el ejercicio de socio constante de la comunidad hereditaria. Ambas normas tienen fundamento legal en los artÃ­culos 32, 35 y 36 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y titulo competencial constitucional al amparo del artÃ­culo 149.6 que establece la competencia estatal en la regulaciÃ³n del Derecho mercantil, sin perjuicio del recurso a la legislaciÃ³n civil aplicable cuando se incida en el contenido de una instituciÃ³n de esta naturaleza. En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 9 de febrero de 2007,
El presente real decreto tiene por objeto la regulaciÃ³n de la publicidad de los protocolos familiares de las sociedades mercantiles no admitidas a cotizaciÃ³n y especialmente el acceso al registro mercantil de los mismos.
ArtÃ­culo 2. DefiniciÃ³n de protocolo familiar y su publicidad.
1. A los efectos de este real decreto se entiende por protocolo familiar aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sÃ­ o con terceros con los que guardan vÃ­nculos familiares que afectan una sociedad no cotizada, en la que tengan un interÃ©s comÃºn en orden a lograr un modelo de comunicaciÃ³n y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad.
2. La sociedad sÃ³lo podrÃ¡ publicar un Ãºnico protocolo, suscrito por sus socios, si bien el mismo puede ser objeto de diversas formas de publicidad. En el supuesto de que el protocolo familiar afecte a varias sociedades, cada una de ellas podrÃ¡ publicarlo en la parte que le concierna. Publicada la existencia de un protocolo no podrÃ¡ reflejarse en el Registro Mercantil la constancia de otro diferente si no se expresare en la solicitud que el que pretende su acceso al registro, es una modificaciÃ³n o sustituciÃ³n del publicado. 3. La publicidad del protocolo tiene siempre carÃ¡cter voluntario para la sociedad.
ArtÃ­culo 3. Requisitos de la publicidad de los protocolos familiares.
1. El Ã³rgano de administraciÃ³n serÃ¡ el responsable de la publicaciÃ³n o no del mismo en atenciÃ³n al interÃ©s social.
2. La publicaciÃ³n del protocolo, en la web de la sociedad o en el Registro Mercantil, se ajustarÃ¡ en todo caso, a la normativa que sobre protecciÃ³n de datos personales establece la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de protecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal y legislaciÃ³n complementaria. A tal efecto, el Ã³rgano de administraciÃ³n deberÃ¡ contar con el consentimiento expreso de los afectados cuyos datos sean incluidos en el protocolo. 3. Publicada en cualquier forma prevista en este artÃ­culo la existencia de un protocolo familiar Ã©ste deberÃ¡ ser actualizado. A falta de esta actualizaciÃ³n se presume la vigencia del protocolo familiar.
ArtÃ­culo 4. Publicidad de los protocolos familiares en el sitio web de la sociedad.
El Ã³rgano de administraciÃ³n de las sociedades mercantiles de personas o de capital no cotizadas, podrÃ¡ acordar la publicaciÃ³n del protocolo familiar en el sitio web de la sociedad cuyo dominio o direcciÃ³n de internet conste en el Registro mercantil, conforme a lo previsto en el artÃ­cuÂ­lo 9 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico.
ArtÃ­culo 5. Constancia registral de los protocolos.
1. El Ã³rgano de administraciÃ³n tambiÃ©n podrÃ¡ solicitar del Registrador mercantil, mediante instancia con firma legitimada notarialmente, la constancia en la hoja abierta a la sociedad de la existencia del protocolo familiar con reseÃ±a identificativa del mismo en el cual se harÃ¡ constar si el protocolo es accesible en el sitio corporativo o web de la sociedad que conste en la hoja registral.
2. Si el protocolo familiar se hubiere formalizado en documento pÃºblico notarial se indicarÃ¡ en la inscripciÃ³n el Notario autorizante, lugar, fecha y numero del protocolo notarial del mismo. En ningÃºn caso podrÃ¡ ser exigida por el Registrador la presentaciÃ³n del mismo ni serÃ¡ objeto de calificaciÃ³n su contenido, sin perjuicio de que el Registrador deberÃ¡ comprobar que es accesible en el sitio a que se refiere el apartado anterior y que no existe otro protocolo anterior, salvo que sea modificaciÃ³n o sustituciÃ³n de Ã©ste y asÃ­ lo haga constar el Ã³rgano de administraciÃ³n.
ArtÃ­culo 6. Protocolo familiar en la presentaciÃ³n de las cuentas anuales.
El Ã³rgano de administraciÃ³n, con ocasiÃ³n de la presentaciÃ³n de las cuentas anuales podrÃ¡ incluir entre la documentaciÃ³n correspondiente, copia o testimonio total o parcial del documento pÃºblico en que conste el protocolo de la sociedad en cuanto documento que puede afectar al buen gobierno de la sociedad familiar, el cual serÃ¡ objeto de depÃ³sito junto con las cuentas anuales y de calificaciÃ³n por el Registrador.
ArtÃ­culo 7. InscripciÃ³n registral de clÃ¡usulas de escrituras pÃºblicas en ejecuciÃ³n del protocolo familiar.
Cuando los acuerdos sociales inscribibles se hayan adoptado en ejecuciÃ³n de un protocolo familiar publicado, en la inscripciÃ³n se deberÃ¡ hacer menciÃ³n expresa de esta circunstancia, previa su calificaciÃ³n por el Registrador, y asÃ­ lo harÃ¡ constar tambiÃ©n la denominaciÃ³n de la escritura pÃºblica.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en al artÃ­culo 149.1.6.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislaciÃ³n mercantil.
DisposiciÃ³n final segunda. ModificaciÃ³n del Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de Julio.
Uno. El apartado 2 del artÃ­culo 114 queda redactado del siguiente modo:
Â«2. AdemÃ¡s, se harÃ¡n constar en la inscripciÃ³n los pactos y condiciones inscribibles que los socios juzguen convenientes establecer en la escritura o en los estatutos, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad anÃ³nima. En particular, podrÃ¡n constar en las inscripciones: a) Las clÃ¡usulas penales en garantÃ­a de obligaciones pactadas e inscritas, especialmente si estÃ¡n contenidas en protocolo familiar publicado en la forma establecida en los artÃ­culos 6 y 7 del Real Decreto por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares. b) El establecimiento por pacto unÃ¡nime entre los socios de los criterios y sistemas para la determinaciÃ³n previa del valor razonable de las acciones previstos para el caso de transmisiones inter vivos o mortis causa. c) El pacto por el que los socios se comprometen a someter a arbitraje las controversias de naturaleza societaria de los socios entre sÃ­ y de Ã©stos con la sociedad o sus Ã³rganos. d) El pacto que establezca la obligaciÃ³n de venta conjunta por los socios de las partes sociales de las sociedades que se encuentren vinculadas entre sÃ­ por poseer unidad de decisiÃ³n y estar obligadas a consolidaciÃ³n contable. e) La existencia de comitÃ©s consultivos en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 124 de este Reglamento.Â»
Dos. El pÃ¡rrafo d) del artÃ­culo 124.2 queda redactado del siguiente modo:
Â«d) En el caso de consejo de administraciÃ³n, el poder de representaciÃ³n corresponde al propio consejo, que actuarÃ¡ colegiadamente. No obstante los estatutos podrÃ¡n atribuir, ademÃ¡s, el poder de representaciÃ³n a uno o varios miembros del consejo a tÃ­tulo individual o conjunto. Cuando el consejo, mediante acuerdo de delegaciÃ³n, nombre uno o varios consejeros delegados, se indicarÃ¡ el rÃ©gimen de actuaciÃ³n. AdemÃ¡s, los estatutos podrÃ¡n crear un comitÃ© consultivo. DeberÃ¡ determinarse en los estatutos sociales si la competencia para el nombramiento y revocaciÃ³n del comitÃ© consultivo es del consejo de administraciÃ³n o de la junta general; su composiciÃ³n y requisitos para ser titular; su funcionamiento, retribuciÃ³n y nÃºmero de miembros; la forma de adoptar acuerdos; las concretas competencias consultivas o informativas del mismo asÃ­ como su especÃ­fica denominaciÃ³n en la que se podrÃ¡ aÃ±adir, entre otros adjetivos, el tÃ©rmino ''familiar''. TambiÃ©n podrÃ¡ hacerse constar en los estatutos sociales cualquier otro Ã³rgano cuya funciÃ³n sea meramente honorÃ­fica e incluir en ellos el correspondiente sistema de retribuciÃ³n de los titulares de dicho cargo.Â»
Tres. El apartado 2 del artÃ­culo 175 queda redactado como sigue:
Â«2. AdemÃ¡s, se harÃ¡n constar en la inscripciÃ³n los pactos y condiciones inscribibles que los socios hayan juzgado conveniente establecer en la escritura o en los estatutos, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad de responsabilidad limitada. En particular, podrÃ¡n constar en las inscripciones las siguientes clÃ¡usulas estatutarias: a) Las clÃ¡usulas penales en garantÃ­a de obligaciones pactadas e inscritas, especialmente si estÃ¡n contenidas en protocolo familiar publicado en la forma establecida en los artÃ­culos 6 y 7 del Real Decreto por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares. b) El establecimiento por pacto unÃ¡nime de los socios de los criterios y sistemas para la determinaciÃ³n del valor razonable de las participaciones sociales previstas para el caso de transmisiones inter vivos o mortis causa o bien para la concurrencia de obligaciÃ³n de transmitir de conformidad con el artÃ­culo 188.3 de este Reglamento. c) El pacto por el que los socios se comprometen a someter a arbitraje las controversias de naturaleza societaria de los socios entre sÃ­ y de Ã©stos con la sociedad o sus Ã³rganos. d) El pacto que establezca la obligaciÃ³n de venta conjunta por los socios de las partes sociales de las sociedades que se encuentren vinculadas entre sÃ­ por poseer unidad de decisiÃ³n y estar obligadas a consolidaciÃ³n contable. e) La existencia de comitÃ©s consultivos en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 185.3 de este Reglamento.Â»
Cuatro. El pÃ¡rrafo d) del artÃ­culo 185.3 queda redactado del siguiente modo:
Â«En el caso de consejo de administraciÃ³n, el poder de representaciÃ³n corresponderÃ¡ al propio consejo que actuarÃ¡ colegiadamente. AdemÃ¡s, los estatutos podrÃ¡n crear un comitÃ© consultivo. DeberÃ¡ determinarse en los estatutos sociales si la competencia para el nombramiento y revocaciÃ³n del comitÃ© consultivo es del consejo de administraciÃ³n o de la junta general; su composiciÃ³n y requisitos para ser titular; su funcionamiento, retribuciÃ³n y nÃºmero de miembros; la forma de adoptar acuerdos; las concretas competencias consultivas o informativas del mismo, asÃ­ como su especÃ­fica denominaciÃ³n en la que se podrÃ¡ aÃ±adir, entre otros adjetivos, el tÃ©rmino ''familiar''. TambiÃ©n podrÃ¡ hacerse constar en los estatutos sociales cualquier otro Ã³rgano cuya funciÃ³n sea meramente honorÃ­fica e incluir en ellos el correspondiente sistema de retribuciÃ³n de los titulares de dicho cargo. AdemÃ¡s, los estatutos sociales podrÃ¡n atribuir el poder de representaciÃ³n a uno o varios miembros del consejo a tÃ­tulo individual o conjunto. Cuando el consejo, mediante el acuerdo de delegaciÃ³n, nombra una comisiÃ³n ejecutiva o uno o varios consejeros delegados, se indicarÃ¡ el rÃ©gimen de la actuaciÃ³n.Â»
Cinco. El apartado 5 del artÃ­culo 186 queda redactado como sigue:
Â«5. La representaciÃ³n es siempre revocable. Salvo que otra cosa se establezca en los estatutos, de conformidad con el artÃ­culo 49 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la asistencia personal a la Junta del representado tendrÃ¡ valor de revocaciÃ³n de la total representaciÃ³n conferida.Â»
Seis. El apartado 1 del artÃ­culo 187 queda redactado como sigue:
Â«1. En el caso de que se establezcan prestaciones accesorias, los estatutos detallarÃ¡n su rÃ©gimen, con expresiÃ³n de su contenido concreto y determinado, que podrÃ¡ ser econÃ³mico o en general cualquier obligaciÃ³n de dar, hacer y no hacer, asÃ­ como el carÃ¡cter gratuito o retribuido de las mismas o, en su caso, las garantÃ­as previstas en su cumplimiento. En el supuesto de que sean retribuidas, los estatutos habrÃ¡n de determinar la compensaciÃ³n a recibir por los socios que las realicen, sin que pueda exceder en ningÃºn caso del valor que corresponda a la prestaciÃ³n.Â»
Siete. Se aÃ±ade un nuevo apartado 5 al artÃ­culo 188, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«5. Cuando asÃ­ se establezca en los estatutos sociales, de acuerdo con la legislaciÃ³n civil aplicable, corresponderÃ¡ al socio titular o, en su caso, a sus causahabientes, el ejercicio de los derechos sociales. De la misma forma, los estatutos podrÃ¡n establecer, de conformidad con la legislaciÃ³n civil aplicable, la designaciÃ³n de un representante para el ejercicio de los derechos sociales constante la comunidad hereditaria si asÃ­ fue establecido en el tÃ­tulo sucesorio.Â»
El Ministro de Justicia podrÃ¡ dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicaciÃ³n de lo establecido en este real decreto.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor a los veinte dÃ­as de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
El Ministro de Justicia, JUAN FERNANDO LÃPEZ AGUILAR

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