Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2534
Timestamp: 2020-02-29 06:53:10+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 17/1994
SENTENCIA 17/1994, de 20 de enero
ECLI:ES:TC:1994:17
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo- Ferrer, Presidente, don Luis López Guerra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Eugenio Díaz Eimil, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado
1. El 23 de enero de 1990 tuvo entrada en este Tribunal una cuestión de inconstitucionalidad, elevada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Valencia, en relación con el art.9, apartado c), del Decreto-Ley 18/1964, de 3 de octubre, y el art. 41.3 del Real Decreto 731/1987, de 15 de mayo, por posible vulneración del art. 14 de la Constitución.
El Abogado del Estado, en representación y defensa del Consorcio de Compensación de Seguros, se opuso a la ejecución, interesando la suspensión del procedimiento, al amparo de lo previsto en el art.9 del Estatuto Orgánico de la Dirección General de lo Contencioso del Estado, para elevar la consulta correspondiente, lo que fue acordado por la titular del Juzgado. Evacuada la consulta, el Abogado del Estado presentó escrito en el que se señalaba que el ejecutante no había requerido de pago al Consorcio previamente a la presentación de la demanda, lo que convertía a ésta en inadmisible por el Juzgado. El Abogado del Estado alegó que el art. 41.3 del Real Decreto 731/19, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Consorcio de Compensación de Seguros, así como el art. 9 c) del Decreto-ley 18/1964, exigen que el ejecutante requiera previamente de pago al Consorcio de Compensación de Seguros, lo que había sido inobservado en este caso y obligaba a la inadmisión de la demanda. Solicitaba, por ende, la nulidad del Auto antes citado.
Hace alusión el Auto a la suspensión del procedimiento durante tres meses, injustificada por la escasa o nula complejidad del asunto, provocada por la consulta elevada a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. Concluye, en suma, en que los arts. 9.1 c) del Decreto-Ley 18/1964, de 3 de octubre, y 41.3 del Real Decreto 731/1987 pueden ser contrarios al principio de igualdad consagrado en la Constitución.
5. Con la misma fecha, el Abogado del Estado formula alegaciones en los términos que a continuación se resumen. La cuestión no puede extenderse al art. 41.3 del Reglamento del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por Real Decreto 731/1987, de 25 de mayo, al carecer de fuerza y valor de ley, con arreglo a lo previsto en el art. 163 C.E. y arts. 27.2, 35.1 y concordantes LOTC; del mismo modo, entiende que la cuestión de inconstitucionalidad se plantea exclusivamente respecto del párrafo segundo del citado art.9.1 c) del Decreto-ley 18/1964. Igualmente expone que conviene dejar a un lado el régimen de la consulta previa a la Dirección General de lo Contencioso por parte del Abogado del Estado en cuanto absolutamente ajeno al objeto de la presente cuestión. La cuestión se reduciría, así, a la singularidad de trato que el precepto cuestionado incorpora para el Consorcio de Compensación de Seguros frente a la aseguradoras privadas.
En este sentido comienza señalando cómo la llamada "demanda ejecutiva" a que se refiere el precepto cuestionado puede basarse tanto en el "Auto ejecutivo" o de cuantía máxima regulado en el art. 10 del texto refundido de 21 de marzo de 1968 (que culmina unas "diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecución") como en el dictámen de peritos ratificado mediante juramento ("diligencias preparatorias en vía civil"), Mientras este último título ya existía en la Ley 122/19, el "Auto ejecutivo" fue introducido por la Ley 3/19, refundida con la primera. El precepto impugnado se dictó, pues, después de la Ley de 1962, pero antes de la de 1967, de tal modo que, inicialmente, vino a integrarse en las diligencias preparatorias en vía civil, aunque después de abril de 1967 la práctica extendió la aplicación de este precepto al "Auto ejecutivo" (diligencias preparatorias en vía penal). No fue, por tanto, el legislador de 1964 quien introdujo al "Auto ejecutivo" en el ámbito del precepto cuestionado, sino que se trató, por el contrario, de una opción interpretativa razonable y ya consolidada en la práctica administrativa y judicial. Por lo que hace a las "diligencias preparatorias en vía civil", el precepto no introduce ninguna sensible diferenciación con el régimen aplicable a las demás entidades aseguradoras, donde el perjudicado tiene la carga de reclamar al asegurador para propiciar un acuerdo o, en otro caso, intentar resolver la discrepancia mediante dictamen de peritos; el asegurador queda obligado a satisfacer la indemnización fijada dentro de los diez días, de tal modo que, si no lo hace, el dictamen pericial sirve de titulo ejecutivo. Por el contrario, cuanto el título ejecutivo es el "Auto ejecutivo" la aplicación del precepto cuestionado determina, es cierto, una diferencia de régimen respecto de las demás entidades aseguradoras.
En estos últimos términos entiende el Abogado del Estado que queda centrado el problema, a cuyo respecto resulta obligado considerar conjuntamente los arts. 14 y 24 C.E. "y aun a entender que solo este último problema es el relevante"; en definitiva lo que aquí se plantearía es si el precepto levanta un obstáculo injustificable o crea una dificultad desproporcionada para que el perjudicado pueda formular una demanda ejecutiva admisible.
1. Si bien la presente cuestión de inconstitucionalidad se formula tanto respecto del art. 9.1 c) del Decreto-ley 18/1964, de 3 de octubre, regulador del entonces "Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación", como respecto del art. 41.3 del Real Decreto 731/1987, de 15 de mayo, relativo al Reglamento del Consorcio de Compensación de Seguros (en adelante, C.C.S.) en que aquél vino a quedar integrado, es inevitable excluir del ámbito de la cuestión a este último precepto, por cuanto, como señala el Abogado del Estado, carece del rango legal exigido por el art. 163 C.E. y art. 35.1 y 2 LOTC.
2. Dispone el art. 9.1 c) del Decreto-ley 18/1964, de 3 de octubre, en su primer párrafo, que "Para entablar el procedimiento regulado en el título cuarto de la citada Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor no será necesaria la reclamación en vía administrativa previa a la judicial", añadiendo en el segundo y último de sus párrafos que "No obstante, para que sea admisible la demanda ejecutiva a que se refiere el artículo 52 de la misma Ley cuando hubiere de interponerse contra el Fondo, deberá acreditarse documentalmente que éste fue previamente requerido de pago y que desde dicho requerimiento transcurrió el plazo de diez días prevenido en el apartado anterior sin haber sido atendido".
3. Entiende el Magistrado Juez proponente de la cuestión que este precepto puede producir la vulneración del principio de igualdad por cuanto las demandas dirigidas contra las compañías aseguradoras no precisan del requerimiento previo de pago con diez días de antelación a la presentación de la demanda, el cual, por el contrario, sí viene a exigirse cuando la demanda se dirige frente al hoy Consorcio de Compensación de Seguros.
Añade igualmente que, en el caso de las demandas dirigidas frente a dichas compañías aseguradoras, a diferencia, se entiende, de lo que ocurre en el caso de las demandas dirigidas frente al CCS, no "se producen las situaciones contrarias a la deseada rapidez de los procesos". Con independencia de lo cual, sin embargo, el Auto concluye excluyendo el control de constitucionalidad del indicado precepto legal respecto del art. 24 C.E. "por cuanto no consta en ningún caso que la actora haya sufrido indefensión en el proceso elegido por ella voluntariamente".
Por lo que hace al segundo, por más que el fundamento jurídico segundo del Auto excluya de modo formalmente tajante la afectación del art. 24 C.E., con una reducción del problema, prima facie , al art. 14 C.E., es lo cierto que la alegación de entorpecimiento del acceso a la justicia, expresa en las alegaciones de la parte y del Ministerio Fiscal en el proceso a quo se halla implícita en las consideraciones del Magistrado Juez relativas a la producción de situaciones contrarias a la deseable rapidez de los procesos, por lo que la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no puede quedar excluida de la respuesta a dar por este Tribunal Constitucional a la cuestión planteada.
5. El precepto cuestionado no vulnera en modo alguno el principio de igualdad consagrado en el art. 14 C.E. Cierto es que, como se señala en el Auto de planteamiento, el art. 9.1 c) del Decreto-ley 18/1964 establece en su párrafo segundo una diferencia de trato a favor del Fondo Nacional de Garantía (hoy C.C.S.) al exigir que, con anterioridad a la interposición, frente al mismo, de una demanda ejecutiva de las previstas en el art. 52 de la Ley sobre Uso y Circulación de vehículos de Motor se acredite documentalmente que aquél fue previamente requerido de pago y que, desde dicho requerimiento hayan transcurrido diez días. Ahora bien, esta diferencia de trato respecto de las compañías aseguradoras no constituye una discriminación vedada por el art. 14 C.E. Para que ésta se produzca no es suficiente la alegación de cualquier diferencia de trato establecida por la ley. El principio de igualdad, como hemos dicho repetidamente, significa, por el contrario, "que a los supuestos de hecho iguales deben serle aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean iguales también y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados" (STC 49/1982, fundamento jurídico 2º, por todas).
En el caso que nos ocupa, los supuestos de hecho contrastados no pueden de ninguna manera considerarse iguales. El hoy C.C.S. es una entidad de Derecho público, a diferencia de las compañías aseguradoras, circunstancia ésta que ya por sí condiciona la invocación del principio de igualdad. Como dijimos en la STC 84/19, el art. 14 C.E. no "daría criterio, en todo caso, para controlar la diversificación de posición y régimen jurídico entre entes públicos y sujetos privados" (fundamento jurídico 3º).
6. El precepto cuestionado tampoco vulnera el art. 24.1 CE en la medida en que el Auto de planteamiento entiende que el art. 9.1 c) del Decreto-ley 18/1984 produce "situaciones contrarias a la deseable rapidez de los procesos". Debe partirse, en este sentido, de la doctrina de este Tribunal Constitucional en supuestos análogos al presente. Así, en la STC 21/1986 señalábamos cómo la Constitución encomienda a la Administración Pública un conjunto de tareas y funciones que requieren una especial regulación, de tal modo que la reclamación administrativa previa que entonces se enjuiciaba no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que se mantenía incólume, si bien condicionado en su ejercicio al cumplimiento de un requisito previo, cuyo cumplimiento no resulta imposible o extremadamente dificultoso; las SSTC 60/1989, 65/1993, 120/1993 y 122/1993 han insistido en esta posición, atendiendo también, como señala el Abogado del Estado, a la posibilidad de subsanar el cumplimiento del requisito de la vía administrativa previa.
Por todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,
Que no ha lugar a declarar la inconstitucionalidad del art. 9.1 c) del Decreto-ley 18/1964, de 3 de octubre.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 186-1990
En relación con el art. 9, apartado c), del Decreto-ley 18/1964, de 3 de octubre, y del art. 41.3 del Real Decreto 731/1987, de 15 de mayo
El precepto cuestionado [art. 9.1 c) del Decreto-ley 18/1964] no vulnera en modo alguno el principio de igualdad consagrado en el art. 14 C.E., pues, si bien dicho precepto establece una diferencia de trato a favor del Fondo Nacional de Garantía (hoy, Consorcio de Compensación de Seguros) al exigir que, con anterioridad a la interposición, frente al mismo, de una demanda ejecutiva de las previstas en el art. 52 de la Ley sobre Uso y Circulación de Vehículos de Motor se acredite documentalmente que aquél fue previamente requerido de pago y que, desde dicho requerimiento hayan transcurrido diez días, tal diferencia de trato respecto de las compañías aseguradoras no constituye una discriminación vedada por el art. 14 C.E. Para que ésta se produzca no es suficiente la alegación de cualquier diferencia de trato establecida por la ley. El principio de igualdad, como hemos dicho repetidamente, significa, por el contrario, «que a los supuestos de hecho iguales deben serle aplicadas unas consecuencias jurídicas que sean iguales también y que para introducir diferencias entre los supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados» (STC 49/1982, por todas) [F.J. 5].
En cuanto ente público, el C.C.S. se nutre, en todo o en parte, de recursos públicos, en tanto las entidades aseguradoras sólo disponen de recursos privados; en cuanto tal, el C.C.S. ha de tener presente los intereses generales, exigencia que no concurre en las aseguradoras privadas; mientras las aseguradoras privadas hacen frente, exclusivamente, a las responsabilidades derivadas de la actividad contractual, el C.C.S. sólo interviene con carácter sustitutorio y, precisamente, cuando las circunstancias impiden el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las aseguradoras privadas, o cuando tales obligaciones no existen. Todas estas circunstancias, unidas a que la finalidad de la norma persigue una finalidad autocompositiva, hacen que la diferencia de trato contemplada sea, con independencia de otras consideraciones previas, objetiva, razonable y proporcionada [F.J. 5].
Real Decreto 731/1987, de 15 de mayo. Reglamento del consorcio de compensación de seguros
Artículo 52, ff. 2, 5
Artículo 9.1 c), ff. 1, 2, 4 a 6

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 52
 Real Decreto 

Real Decreto 

Artículo 52

Artículo 9