Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-717-06.htm
Timestamp: 2017-10-19 03:32:07+00:00

Document:
C-717-06
A juicio de la Corte, la citada norma no desconoce el derecho fundamental a la defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual se invoca de nuevo como vulnerado en esta oportunidad, pues se trata simplemente de una disposición que se limita a establecer los efectos que surgen de la inasistencia del tercero civilmente responsable a la audiencia de pruebas y alegatos, prevista para la definición de la responsabilidad patrimonial de los perjuicios ocasionados a la víctima. En criterio de esta Corporación, la falta de comparecencia injustificada del citado sujeto equivale a una “renuncia válida” a ejercer su derecho de defensa, lo que, contrario a lo expuesto por el aquí accionante, no contradice lo dispuesto en el artículo 29 del Texto Superior.
Los ciudadanos Mauricio Pava Lugo y Fernando Jaramillo Vargas, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandaron la inconstitucionalidad de los artículos 104 y 107 (parciales) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente.”
Así las cosas, consideran que el citado tercero se vincula al proceso penal “en condiciones precarias de defensa ya que al comparecer una vez emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado, sólo le es dable discutir si lo ata o no el vínculo con el condenado”, pues las controversias acerca de la comisión misma del ilícito como la determinación de su autoría -aspectos que deben ser objeto de discusión para definir si existe o no la responsabilidad civil que se imputa- escapan al desarrollo del trámite incidental.
Para los actores, la citada responsabilidad civil que se deriva de los actos delictivos que otro realiza, se funda en la concurrencia de los siguientes elementos esenciales, a saber: “el hecho, la responsabilidad en el mismo por un tercero y el vínculo”, por lo que consideran que aquél que está llamado a responder por la conducta de otro debe tener la posibilidad de defenderse no solamente frente al monto de los perjuicios y al vínculo que lo une con el sindicado, sino también frente a la existencia misma del ilícito y su comisión por quien lo haría civilmente responsable.
“Es claro, entonces, que el tercero así llamado al proceso penal, no tiene oportunidad procesal para contradecir los hechos, las pruebas y las pretensiones que, llevados al campo civil, acreditan la existencia del daño, la culpa y la relación de causalidad. Sólo puede defenderse respecto del vínculo que lo ata al condenado y del monto de los perjuicios, aspectos éstos que, si bien son determinantes en orden a establecer su responsabilidad, como, ya se vio, son insuficientes para erigirla, desde luego que siendo ésta el resultado de la confluencia de todos los elementos señalados, faltado uno o varios de ellos, dicha responsabilidad desaparece.
Al tercero, pues, le resulta fundamental discutir si el hecho existió, si lo cometió el sindicado y si el mismo configura un delito. Frente a cada uno de tales extremos se halla legitimado en causa para discutirlos y controvertirlos, y desconocerle su derecho a tales discusiones y controversias significa, ni más ni menos, coartarle su derecho de defensa y, consecuencialmente, violarle su derecho al debido proceso”.
Señalan igualmente que la falta de vinculación del tercero civilmente responsable a todas y cada una de las actuaciones propias del proceso penal, conduce a que éste “[quedará] sometido a la defensa que otro haga por él, o que se le ‘arrastre’ por una decisión unilateral del penalmente responsable -por ejemplo un (sic) allanamiento a los cargos o por un preacuerdo- sin ninguna posibilidad de objetar lo anterior”. Lo que -en su opinión- no puede considerarse como una efectiva e idónea defensa de los intereses del tercero civilmente responsable, ya que los argumentos que en su favor pudiera plantear el sindicado en el proceso criminal, no resultan compatibles con aquellos que se pueden exponer en el trámite incidental de reparación, en razón a que -en uno y otro caso- los fundamentos de la responsabilidad son completamente distintos.
3.2.2. Por otra parte, se sostiene por los demandantes que una lectura armónica de las disposiciones acusadas, permite concluir que a pesar de la inasistencia del tercero civilmente responsable al incidente de reparación, éste quedará en todo caso sometido a los resultados de dicho procedimiento. En su criterio, si bien es cierto que en el sistema penal acusatorio existe un rigurosa estructura de partes, por lo que -en principio- no cabe la intervención del tercero civilmente responsable, ello no es óbice para reconocer que la Ley 906 de 2004 prevé un sistema procesal con “identidad propia”, en el que “el tercero civilmente responsable tiene cabida, pero siempre y cuando [se garantice su] derecho a ser oído con todas las garantías judiciales y en condiciones de igualdad”.
Dado que la reforma que se introdujo al ordenamiento procesal penal tan sólo produjo la modificación de determinados artículos de la Carta Fundamental, en opinión de los accionantes, es claro que el sistema que en dicha materia existe en Colombia se debe seguir interpretando de acuerdo a los principios fundantes que consagra la Constitución Política vigente. En apoyo de lo anterior, realizan extensas citas de algunas sentencias de la Corte Constitucional[3] y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal[4], para luego concluir que: “Con la reforma, que dio cabida a la Ley 906 de 2004, cambiaron los Art. 116, 250 y 251 de la Carta Política, todo lo demás está vigente, y por ello, los precedentes de nuestra Corte Constitucional en toda la abundante jurisprudencia que se ha producido desde 1991, tiene plena aplicabilidad para efectos del entendimiento del nuevo modelo procesal de enjuiciamiento. No puede soterradamente reformarse la Constitución en su fundamentalidad so pretexto de haber introducido un esquema procesal en materia penal diferente al que teníamos. // En estas condiciones el tercero civilmente responsable habría de tener cabida en nuestro sistema acusatorio (por tener identidad propia nuestro esquema procesal) siempre y cuando lo fuera en condiciones de real y efectiva igualdad y reconociéndole su posibilidad de ser oído con todas las garantías; lo cual no sucede en la Ley 906 de 2004 no sólo porque se le da un tratamiento desigual respecto a quienes lo pueden citar, víctima, defensa, condenado, ya que a estos últimos como es obvio se les permite intervenir y participar en los momentos procesales que anteceden al fallo lo que no ocurre con el tercero civilmente responsable; sino que en consecuencia se le impide ser oído respecto a dos de los tres presupuestos por los que responde como es la posibilidad de discutir si el hecho (...) existió y si la persona por la que habría de responder patrimonialmente es responsable del mismo”.
En consecuencia, los demandantes consideran que la expresión “ser citado o” contenida en el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, debe ser declarada inexequible, a fin de dar la posibilidad de que sea el tercero quien de manera discrecional decida si participa o no en el incidente de reparación integral, como mecanismo alternativo de solución de la controversia patrimonial, o si, por el contrario, acude ante la jurisdicción civil para que sea allí donde se determine su responsabilidad.
Sin embargo, los accionantes solicitan a esta Corporación que, de considerar que en el presente asunto resulta necesario establecer un equilibrio entre los derechos que le asisten a las víctimas para obtener la reparación de los perjuicios sufridos y la necesidad de garantizar que el tercero civilmente responsable pueda ejercer su derecho a la defensa, “module el sentido de su decisión” y declare la constitucionalidad condicionada de la norma, en el entendido que el tercero únicamente podrá ser citado al incidente de reparación integral cuando haya tenido la oportunidad de intervenir en el proceso penal de que se trate, incluso desde el momento en que se lleva a cabo la audiencia de formulación de imputación, en las mismas condiciones en que lo ha hecho la víctima del comportamiento delictivo, garantizando -en todo caso- la facultad de oponerse a una eventual aceptación de responsabilidad penal por parte del imputado, “ya sea producto de un allanamiento de la imputación o de un preacuerdo”.
3.2.3. Finalmente, para los demandantes el artículo 104 de la Ley 906 de 2004 también resulta inconstitucional por omisión legislativa, en cuanto, según su interpretación, establece que quien no comparece al incidente de reparación integral quedará vinculado a la decisión que ponga fin al mismo, lo que comporta una vulneración del derecho que tienen todos los ciudadanos a que el Estado les proporcione una defensa técnica en aras de proteger sus intereses. Para el efecto, los actores realizan una extensa cita de la sentencia C-1075 de 2002, a fin de concluir que: “En el procedimiento establecido para el incidente de reparación integral se pretermitió el derecho de defensa del [sindicado y del] tercero civilmente que no comparece habiendo sido citado en debida forma. Nuestra Carta Política, y aun en los contornos de la jurisdicción civil, prevé la defensa, la representación técnica, del ausente. // Por lo anteriormente expuesto debe declararse la inconstitucionalidad del aparte destacado en la norma por omisión legislativa”.
- El interviniente empieza por señalar que los cargos que se plantean en la demanda en relación con el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, se fundan en los mismos argumentos esgrimidos en el proceso D-6027, que se sigue en esta Corporación y frente a los cuales la entidad que representa ya tuvo oportunidad de pronunciarse. En este orden de ideas, ratifica lo expresado en dicha ocasión y afirma que los demandantes parten de una interpretación “errónea y poco objetiva” de la norma demandada, ya que -en su criterio- dicho precepto normativo lejos de limitar o restringir la intervención del tercero civilmente responsable, lo que hace es definir quien tiene dicha condición jurídica, en qué momento del proceso penal puede participar y qué condiciones deben acreditarse para asegurar su intervención, de lo que se concluye que la norma no tiene el alcance que los actores pretenden otorgarle.
Para el interviniente, el hecho que el tercero civilmente responsable no pueda participar durante todo el juicio penal no comporta una violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, ya que la determinación de la responsabilidad penal no conlleva ineludiblemente a que se declare la responsabilidad patrimonial en cabeza de dicho sujeto procesal. En efecto, luego de hacer referencia a las diferentes hipótesis bajo las cuales una persona natural o jurídica puede ser llamada a responder por el hecho de otro, sostiene que la afirmación de los actores “parte del supuesto erróneo de pretender que la norma demandada se limita a ser una copia de la regulación anterior, basada en el sistema inquisitivo-mixto consagrado en la Ley 600 de 2000”, sistema sustancialmente distinto al que fue introducido mediante el Acto Legislativo No. 03 de 2002, en el que la participación de los terceros se presenta de forma diferente.
El ciudadano Jorge Armando Otálora Gómez, en calidad de Fiscal General de la Nación (E), presentó escrito de intervención por medio del cual solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de la expresión “podrá”, contenida en el artículo 107 de la Ley 906 de 2004 y la exequibilidad del artículo 104 de la misma Ley.
- En este sentido, señala que si el contenido del derecho a la defensa, como núcleo esencial del derecho al debido proceso, implica la posibilidad de controvertir pruebas, presentar y solicitar todas aquellas que consideren pertinentes, ejercer recursos legales, contar con asistencia técnica e impugnar la sentencia condenatoria, no puede entenderse que el artículo 107 de la Ley 906 de 2004 haya limitado la actuación del tercero civilmente responsable únicamente al incidente de reparación integral, pues ello comportaría una flagrante vulneración del citado derecho, al permitir una defensa “tardía” y no durante todo el proceso.
Sin embargo, en aplicación de lo previsto en el artículo 25 del estatuto de procedimiento penal, el cual establece que en aquellas materias que no se encuentren expresamente reguladas en ese Código serán aplicables las normas de otros ordenamientos procesales en lo que sea compatible con ellas, es claro que la regulación del tercero civilmente responsable debe remitirse a los artículos 52 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, legislación en la cual el tercero es “parte”, consideración que resulta acorde con los mandatos establecidos en la Carta Política, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que establecen el derecho de todas las personas a la igualdad y a ser oídas por los tribunales competentes con el lleno de las garantías procesales.
En este orden de ideas, para el interviniente la norma demandada sería exequible siempre que se reconozca que la citación al incidente de reparación integral no impide que el tercero civilmente responsable actúe en calidad de parte desde la audiencia de formulación de la acusación. Por esta razón, el Fiscal General de la Nación solicita a la Corte que “declare la constitucionalidad de las normas acusadas, condicionadas a que el tercero civilmente responsable se le permita coadyuvar a la defensa en la solicitud y aporte de pruebas, desde la audiencia de formulación de acusación hasta la terminación del proceso (…)”, por lo que dicho sujeto procesal debe ser citado a todas las audiencias que se practiquen desde el momento en que se formula la acusación, como requisito sine qua non para que con posterioridad pueda vincularse al fallo que decida sobre su responsabilidad patrimonial; de omitirse este requisito, todo lo que se haya actuado y que involucre a este sujeto deberá ser declarado nulo por violación de su derecho a la defensa.
Para el Fiscal, y con fundamento en los anteriores argumentos, la expresión “ser citado o”, contenida en el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, es exequible en tanto que de su lectura se pueda entender que el tercero civilmente responsable debe vincularse al incidente de reparación integral; sin embargo, para el Señor Fiscal la expresión “podrá”, que se encuentra en el mismo artículo, debe ser declarada inexequible, pues faculta al juez para decidir si cita o no al tercero civilmente responsable al incidente de reparación integral, lo que comporta una clara violación del derecho a la defensa de este sujeto, ya que esa citación en ningún caso puede ser facultativa sino que debe ser obligatoria en aras de proteger sus garantías fundamentales.
Para abordar este asunto, el Fiscal empieza por señalar que en un Estado Social de Derecho la proporcionalidad de las medidas que limitan derechos fundamentales se determina con base en el análisis de tres (3) aspectos: “(i) [su adecuación] para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo; (ii) si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y (ii) si el objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que ésta comporta para los titulares del derecho y la sociedad”.
Finalmente, afirma que los artículos 104 y 107 de la Ley 906 de 2004, permiten “que quien no ha tenido oportunidad de participar en el proceso sea condenado civilmente al no hacerse presente en el incidente de reparación, lo cual resulta contrario al derecho al debido proceso. En estas circunstancias, aun si el Estado proporcionara una asistencia técnica al tercero civilmente responsable durante el incidente, sus derechos no estarían garantizados, pues no tuvo oportunidad de participar en ningún momento procesal anterior al fallo condenatorio”.
En su criterio, el hecho que el tercero llamado a responder civilmente por los actos delictivos cometidos por otro, sea citado con posterioridad a la determinación de la responsabilidad penal, “coarta en extremo su derecho a la defensa, pues la posibilidad de controversia resulta inane para ese momento”. Sin embargo, para el interviniente no es prudente la declaratoria de inexequibilidad de las normas demandadas, pues ello conduciría a crear un vacío legal en la regulación de la intervención del civilmente responsable, por lo que, en su criterio, la Corte Constitucional debe hacer uso de su facultad moduladora, de tal manera que se adecue la participación de los terceros a los principios y lineamentos del nuevo sistema penal.
No obstante, contrario a lo que sostienen los demandantes, el interviniente considera que no puede condicionarse la norma hasta el punto que la citación del tercero al incidente de reparación sólo pueda realizarse cuando se le permitió participar dentro del proceso penal en iguales circunstancias que las víctimas, ya que una exigencia en tal sentido impediría que dicho proceso se desarrollara en forma ágil y expedita. Por tal razón, la exequibilidad condicionada de las normas acusadas debe declararse en el sentido que la presencia del tercero en el incidente de reparación integral debe ser enteramente voluntaria “sin que su no comparecencia lo deje vinculado a las resultas del incidente (…)”, tal como sucede en el caso del asegurador, conforme a lo previsto en el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal.
En primer lugar, afirma que a partir de la reforma introducida al sistema procesal penal colombiano, a través de la adopción del Acto Legislativo No. 03 de 2002, es claro que el panorama de las partes y de los intervinientes cambió en razón de la tendencia acusatoria del nuevo sistema, por lo que las consideraciones que se habían hecho en torno a las facultades procesales del tercero civilmente responsable deben ser “reexaminadas” de acuerdo a las nuevas disposiciones y principios que rigen la materia, máxime si se tiene en cuenta que en el nuevo sistema se eliminó la posibilidad de ejercer la acción civil en el proceso penal y se creó un nuevo escenario procesal, el incidente de reparación integral, cuyo fin es la formulación de la pretensión indemnizatoria.
Para la Vista Fiscal el hecho que la acción penal sea de carácter público y tenga como objetivo sancionar a quienes han llevado a cabo conductas constitutivas de ilícitos penales, evidencia que el proceso penal no es el escenario adecuado para plantear debates respecto de intereses patrimoniales particulares. Sin embargo, toda vez que las víctimas tienen derecho a obtener la reparación integral por los perjuicios sufridos, el legislador estableció la posibilidad de adelantar un incidente de reparación integral, por lo que si bien es cierto que el tercero civilmente responsable al no tener la calidad de sujeto procesal no tiene la posibilidad de participar en la etapa de investigación o de juicio, no queda totalmente marginado de la actuación penal por cuanto, según afirma, “el debate sobre su obligación de indemnizar los perjuicios derivados de la infracción penal se traslada a una etapa posterior, cuando ya se ha establecido la existencia de un delito y la responsabilidad penal del acusado, y es en este escenario donde habrán de examinarse todos aquellos aspectos que aduzca el tercero civilmente responsable en procura de relevarse de la pretensión pecuniaria formulada”, en los términos del artículo 107 de la Ley 906 de 2004.
A su juicio, dado que el incidente de reparación tiene lugar antes de que se haya “finiquitado el proceso” ya que para ese momento no se ha dictado aún la sentencia condenatoria, es claro que el condenado no necesita que se le nombre un apoderado judicial para efectos de ese trámite específico, toda vez que su representación sigue a cargo del profesional en derecho que ha ejercido su defensa durante el proceso penal, salvo en aquellos casos en que éste renuncie o sea relevado de su designación, eventos en los cuales le será designado un defensor de oficio que culmine las actuaciones procesales a que haya lugar.
· ¿Se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa previstos en el artículo 29 de la Constitución Política, cuando el legislador en el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, establece que la vinculación del tercero civilmente responsable al proceso penal, se efectúa tan sólo hasta el momento en que se da trámite al incidente de reparación integral, lo que priva a este sujeto de la posibilidad de participar en las instancias procesales que se desarrollan con antelación a la sentencia condenatoria, que sirven de fundamento para la determinación de su responsabilidad civil?
· ¿Se desconoce o no el derecho a la defensa previsto en el artículo 29 del Texto Superior, cuando el tercero civilmente responsable habiendo sido citado en legal forma, queda vinculado a los resultados del incidente de reparación integral, por el simple hecho de no comparecer a la audiencia de pruebas y alegaciones, sin que el Estado le proporcione una defensa técnica para velar por sus intereses, en los términos consagrados en el artículo 104 de la Ley 906 de 2004?
Cabe precisar que el cargo formulado contra las expresiones acusadas, y que fue objeto de estudio en la citada sentencia C-425 de 2006, coincide plenamente con el que se plantea en la presente causa. En dicha oportunidad, la pretensión de declarar inexequible la disposición demandada, prevista en el inciso 2° del artículo 107 de la Ley 906 de 2004, también tuvo como fundamento el desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa previstos en el artículo 29 del Texto Superior, tal y como se deduce de lo consignado en el acápite de antecedentes del fallo en mención. Allí textualmente se señaló: “El ciudadano (...) argumenta que el artículo 107 de la Ley 906 de 2004 vulnera el artículo 29 Constitucional, por cuanto al tercero civilmente responsable no se le permite ejercer su derecho defensa con antelación al incidente de reparación integral de perjuicios. En otros términos, que su limitada intervención en el proceso penal resulta ser posterior a la sentencia condenatoria, cuando ya es imposible coadyuvar la defensa del imputado”.
En pocas palabras, para el interviniente la norma acusada es contraria a la Constitución por cuanto el tercero civilmente responsable sólo puede comparecer al proceso penal una vez se encuentre establecida la responsabilidad penal del autor del delito, es decir, una vez concluido que incurrió en la conducta descrita en el estatuto penal, y sólo resta por establecer el vínculo jurídico en razón del cual, y de conformidad con la preceptiva civil, debe responder a la víctima”[7].
“En este estado de cosas, la norma acusada prevé que el tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación integral a solicitud de la víctima, del condenado o de su defensor, citación que deberá realizarse en el curso de la audiencia que abra el trámite del incidente. (...) [Así] la Corte encuentra que (i) el tercero civilmente responsable en el sistema acusatorio no es una parte o interviniente, en los términos del Título IV del Libro I del C.P.P. sino que su actuación se limitará a participar, en igualdad de condiciones que la víctima, en el incidente de reparación integral al cual (ii) deberá ser citado, de conformidad con la ley, o acudirá al mismo en caso de buscarse una reparación de carácter económico; (iii) podrá llamar en garantía a un asegurador; y (iv) gozará de todas las garantías procesales, en especial aportar y controvertir pruebas, para desvirtuar la presunción legal según la cual los daños que ocasionaron las personas a su cuidado le son imputables por no haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquéllos; rebatirá la existencia del daño causado, el monto el mismo, la calidad de víctima, e incluso, podrá llegar a una conciliación con la misma. (...)
De igual manera, en la referida sentencia, la Corte consideró en relación con la participación del tercero civilmente responsable en el proceso penal lo siguiente: ‘En otras palabras, el legislador, en virtud del artículo 29 Superior, debió haber garantizado el ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable en el curso del proceso penal, en lo que atañe únicamente a decisiones judiciales que afecten de manera directa, no potencial o hipotética, sus intereses patrimoniales, como lo es el decreto y práctica de una medida cautelar; por el contrario, como salvaguarda del principio de igualdad de armas, no estaba ante el deber de permitir, antes del incidente de reparación integral, la participación del tercero civilmente responsable en el proceso. De tal suerte que el ejercicio del derecho de defensa de los mencionados terceros, inicia con el decreto y práctica de la medida cautelar, extendiéndose por el tiempo que ésta se encuentre vigente, sin perjuicio de su plena intervención durante el referido incidente procesal’.
De allí que esta Corporación resolvió ‘Declarar exequible el artículo 100 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado, en el entendido de que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra.’, condicionamiento que igualmente se hará extensivo en el presente fallo al artículo 107 del C.P.P.
5. Por otra parte, en el proceso D-5881 que finalizó con la sentencia C-423 de 2006[9], esta Corporación adelantó el respectivo control de constitucionalidad en contra de los apartes normativos impugnados del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, conforme a los cuales: “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente”.
“[Se] vulnera o no el derecho de defensa (art. 29) del tercero civilmente responsable y de las compañías aseguradoras que, a pesar de no haber sido citados a lo largo de la investigación, no comparecen a la audiencia dentro del incidente de reparación integral y por lo tanto quedan vinculados y deben adoptar la decisión que allí se tome” [10].
“La expresión demandada simplemente establece, en relación con el tercero civilmente responsable, un efecto jurídico lógico a su incumplimiento injustificado de asistir a la audiencia de pruebas y alegaciones que tiene lugar en el curso del incidente de reparación integral de perjuicios, consecuencia consistente en que, una vez recibida la prueba ofrecida por los presentes, “con base en ella, se resolverá”. Adviértase entonces que no se presenta vulneración alguna del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, como quiera que el mismo debe ser debidamente citado para que compareciera a la mencionada audiencia, y por ende, su inasistencia injustificada equivale a una renuncia válida a ejercer su derecho de defensa, se insiste, en relación con aspectos meramente económicos. De allí que, aceptar los argumentos del demandante conduciría a que, en la práctica, la no presencia consciente del tercero civilmente responsable le impediría al juez de conocimiento pronunciarse de fondo en relación con la reparación de las víctimas.
En este orden de ideas, la Corte declarará exequible la expresión “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente.”, del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado”[11].
El citado artículo 104, en ningún momento, regula la forma cómo se adelanta la citación del tercero civilmente responsable, ni tampoco prevé si como consecuencia de la misma, es necesario que el citado sujeto asista a la audiencia de pruebas y alegaciones acompañado de abogado. Esas precisas determinaciones legales, en el campo del derecho procesal penal, se encuentran previstas, por una parte, en los artículos 171 y 173 de la Ley 906 de 2004, que regulan el instituto procesal de las “citaciones”[15], y por la otra, en el artículo 25 del mismo estatuto legal, el cual establece como forma de integrar los eventuales vacíos que se presenten al momento de aplicar la ley penal, la posibilidad de acudir a las disposiciones que no se opongan a su naturaleza, consagradas en el Código de Procedimiento Civil[16]. Es precisamente en el mencionado régimen procesal, en donde se reglamenta la asistencia profesional y técnica que consagra a favor de aquellas personas que a pesar de ser debidamente citadas, omiten la obligación de acudir en los términos legales ante las autoridades judiciales que las requieren.
Así las cosas, es innegable que la norma en cuestión, en nada se relaciona con el alcance de la defensa técnica del tercero civilmente responsable, pues su rigor normativo se restringe a establecer el efecto jurídico de la inasistencia a la citada audiencia de alegación y pruebas, de quien a pesar de haber sido debidamente citado, hace caso omiso a esa citación. En este escenario, como bien lo señaló esta Corporación en la sentencia C-423 de 2006[17], “no se presenta vulneración alguna del derecho de defensa del tercero civilmente responsable, como quiera que el mismo debe ser debidamente citado para que compareciera a la mencionada audiencia, y por ende, su inasistencia injustificada equivale a una renuncia válida a ejercer su derecho de defensa, se insiste, en relación con aspectos meramente económicos”, mas aun, cuando, la principal finalidad de la norma demandada es asegurar que la no presencia consciente y deliberada del tercero civilmente responsable, le impida al juez pronunciarse de fondo en relación con el derecho constitucional a la reparación de las víctimas[18].
Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-425 de 2006, que declaró EXEQUIBLE las expresiones “ser citado o” previstas en el artículo 107 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que el tercero civilmente responsable se encuentra facultado para ejercer plenamente su derecho de defensa en relación con el decreto y práctica de medidas cautelares en su contra.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE las expresiones “Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente” prevista en el artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 104 y 107 (parciales) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
[1] El citado artículo establece: “Artículo 14. // 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.”
[2] Dispone la norma en cita: “Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
[6] Se transcribe a continuación la disposición demandada, resaltando y subrayando el precepto normativo acusado: “Artículo 107. Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado. // El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente.”
[12] En la parte resolutiva del fallo en cuestión, se determinó: “Segundo.- Declarar exequible la expresión: ‘Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente’, del parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado”. (Subrayado por fuera del texto original). En la parte correspondiente al resumen de los argumentos de la demanda, se señaló: “El ciudadano demandante considera que (...) el parágrafo del artículo 104 de la Ley 906 de 2004 viola el derecho de defensa del tercero civilmente responsable por cuanto éste puede ser condenado al pago de una indemnización por la simple inasistencia al incidente de reparación integral, cuando lo cierto es que durante la etapa de investigación ni siquiera se le permitió intervenir como sujeto procesal”.
[13] Sobre el citado principio, en sentencia C-170 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), se manifestó: “[Esta] Corporación ha reconocido que en atención a esos pilares fundamentales de participación y de acceso público, en el ejercicio de la acción de control de constitucionalidad, no pueden interpretarse las demandas de inexequibilidad, en una forma tan rigurosa o sujeta a tal ritualismo, que les impida a los ciudadanos el ejercicio efectivo de su derecho de acceder a la administración de justicia y, en concreto, a la jurisdicción constitucional, como emanación del derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.P. art. 40-6). // En esta medida, surge como pilar de aplicación el denominado principio pro actione, según el cual, siempre que del análisis de una demanda sea posible identificar el texto acusado, el cargo formulado o, al menos, exista una duda razonable sobre el alcance hermenéutico de la disposición acusada o de la norma constitucional que sirve como parámetro de confrontación; es viable que esta Corporación subsane los distintos defectos de las demandas (...) y, por ende, adelante el control de constitucionalidad, con el fin de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, y de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia y de participación democrática. Pero, en especial, con el propósito esencial de mantener ‘la integridad y supremacía de la Constitución’, en los términos previstos en los artículos 241 y subsiguientes del Texto Superior”.
[15] Disponen las normas en cita: “Artículo 171. Citaciones. Procedencia. Cuando se convoque a la celebración de una audiencia o deba adelantarse un trámite especial, deberá citarse oportunamente a las partes, testigos, peritos y demás personas que deban intervenir en la actuación. // la citación para que los intervinientes comparezcan a la audiencia preliminar deberá ser ordenado por el juez de control de garantías”. “Artículo 173. Contenido. La citación debe indicar la clase de diligencia para la cual se le requiere y si debe asistir acompañado de abogado. De ser factible se determinará la clase de delito, fecha de la comisión, víctima del mismo y número de radicación de la actuación a la cual corresponde”.
[16] Al respecto, la disposición en referencia, señala: “Artículo 25. integración. En materias que no estén expresamente reguladas en este Código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamiento procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal”.
[19] Determina la norma en cita: “Artículo 169. (...) En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación (...)”.
[20] Al respecto, disponen las normas de la referencia: “Artículo 447. (...) Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de quince (15) días calendario contados a partir de la terminación del juicio oral, en la cual incorporará la decisión que puso fin al incidente de reparación integral” (Subrayado por fuera del texto original). “Artículo 179. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso se interpondrá y concederá en la misma audiencia en la que la parte recurrente solicitará los apartes pertinentes de los registros, en los términos del artículo 9º de este código, correspondientes a las audiencias que en su criterio guarden relación con la impugnación. De igual manera procederán los no apelantes.// Recibido el fallo, la secretaría de la Sala Penal del tribunal superior correspondiente deberá acreditar la entrega de los registros a que se refiere el inciso anterior. Satisfecho este requisito, el magistrado ponente convocará a audiencia de debate oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes. // Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e intervinientes no recurrentes que se hallaren presentes, la sala de decisión convocará para audiencia de lectura de fallo dentro los diez (10) días siguientes”.

References: artículo 29
 artículo 29
 artículo 107
 artículo 104
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 104
 artículo 107
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 108
 artículo 107
 artículo 29
 artículo 107
 artículo 29
 artículo 104
 artículo 107
 artículo 29
 artículo 107
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 100
 artículo 107
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 25
 artículo 107
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 9