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Timestamp: 2018-07-20 20:25:43+00:00

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LOS SANTOS DE MAIMONA EN LA HISTORIA.: LOS SANTOS DE MAIMONA EN EL SIGLO XX: LA CRISIS DE LOS AÑOS TREINTA (SEGUNDA REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL)
Julián Chaves Palacios (1)
Resumen: La crisis de los años treinta supuso un antes y un después en el devenir histórico de España. En plena etapa crítica de su economía, con los demoledores efectos de la crisis de 1929 asolando a su población, se inició la Segunda República. Un periodo de libertades, de esperanza, plagado de convulsiones que dieron al traste, tras vivir experiencias políticas contrapuestas, en 1936, con el fallido golpe de estado de julio que desencadenó una guerra civil de tres años de duración. No hubo ambages por parte de las fuerzas políticas republicanas en su defensa del nuevo régimen como tampoco de sus iniciativas, no pudiendo decir lo mismo de los sectores sociales más acomodados y conservadores. Diferentes puntos de vista que en poblaciones como Los Santos de Maimona se apreciaban con meridiana claridad. Con unos jornaleros deseosos de trabajo y un mejor reparto de la tierra, y propietarios agrícolas contrarios a esas reivindicaciones y recelosos a colaborar en ese sentido con los responsables del ayuntamiento republicano. Los Santos, que estuvo durante tres semanas bajo el control de un Comité afín a la República, con el paso de las tropas de África en su avance hacia Madrid por la carretera Ruta de la Plata, conoció en su territorio los efectos de la contienda armada en toda su dimensión.
Palabras clave: Guerra Civil, Segunda República, organización administrativa.
Fundación Maimona, págs. 217-244.
1. TIEMPO DE ESPERANZA: LA SEGUNDA REPÚBLICA
La Segunda República originó entre la mayoría de la ciudadanía española grandes expectativas de cambio tras la caída de la monarquía de Alfonso XIII. Los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril confirmaron ese deseo y precipitaron la salida de España del rey al entender éste que ya no contaba de la confianza de los españoles. Y su abandono del país determinó la llegada de la República, que fue recibida con entusiasmo por la mayoría de la población. Extremadura estuvo a la altura de las circunstancias y al igual que en el resto de España, a medida que se fueron conociendo los resultados de las elecciones municipales se procedió a la proclamación del nuevo régimen político.
ELECCIONES MUNICIPALES DEL 12 DE ABRIL DE 1931: RESULTADOS EN EXTREMADURA
Número de Concejales republicanos
Número de Concejales socialistas
Número de Concejales monárquicos
Número de Concejales de otros partidos
Fuente: Actas Electorales de las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres
En ese contexto cabe ubicar lo sucedido en Los Santos de Maimona, municipio en el que se procedió, en sesión solemne celebrada el 16 de abril, a la constitución del nuevo ayuntamiento republicano, siendo elegido alcalde Saturnino Gordillo. Nueva corporación que con gran entusiasmo y no menor dosis de diligencia trató de afrontar los problemas inveterados que presentaba la localidad, entre los que destacaban las debilitadas arcas municipales, la crónica crisis obrera y la educación, entre otros.
Respecto al primero de los asuntos, una vez tomada nota de la situación económica, en mayo se hizo constar que los nuevos responsables del ayuntamiento no aceptaban ni se hacían responsables de la deuda existente a favor del Banco de Crédito Local de España, sin perjuicio de lo que el Gobierno republicano resolviera sobre si es o no obligatorio su pago. No deseaban, por tanto, hacerse cargo de un déficit generado por los anteriores gestores, cuyo abono limitaba el funcionamiento de la misma institución. Evidentemente de un asunto tan enojoso se debía dar cuenta en el Pleno y fue lo que hizo el teniente alcalde Antero Mancera Excelso.
Respecto a la crisis obrera, es decir, la falta de trabajo entre la mayor parte de la población más necesitada, un problema, por cierto, generalizado en la mayoría de los municipios extremeños, desde los primeros momentos la nueva corporación va a dedicarle muchas horas de trabajo para tratar de solventarlo. Excepcional era el acuerdo plenario en que no se recogía alguna decisión al respecto, con un deseo explícito de que los patronos dieran trabajo al mayor número de obreros. Finalidad que honraba al ayuntamiento pero que contaba con el rechazo, en unas ocasiones, y la imposibilidad material, en otras, de unos propietarios agrícolas cada vez más identificados con las opciones conservadoras cuando no contrarios al régimen republicano.
Ese era el contexto existente en estos años, por lo demás bastante común a la mayoría de las poblaciones extremeñas, que se afrontaba, cuando las arcas municipales lo permitían, con el recurso a obras públicas tan recurrentes como el arreglo de calles y caminos, entre otros destinos. Y cuando este elemento regulador no era posible la tensión social en el municipio era insostenible y salpicaba a los mismos miembros de la corporación. Lo sucedido al recién nombrado alcalde republicano en Los Santos durante la sesión plenaria celebrada el 8 de junio de 1931 es bastante ilustrativo en ese sentido, según puede apreciarse en el texto que exponemos a continuación perteneciente a una intervención suya en ese Pleno:
Saben los socialistas y, por tanto, los obreros agrícolas que por ideología y por ética política yo estoy incondicionalmente dispuesto a servir y defender los justos intereses de los obreros, pero sin quebrantar lo que exige el fin social de la tierra y los derechos de la clase patronal, porque ellos son también muy legítimos. Al ser elegido alcalde se me ofrecieron por la clase obrera todas las existencias y cooperaciones pero en el día de hoy, contraviniendo los ruegos de esta Alcaldía, varios obreros han realizado coacciones sobre sus compañeros y, sin motivo zonable, han obligado a todos a quedar parados, con perjuicio injusto para los patronos, para la gricultura en general y para las propias familias de los obreros. Y como esta actitud significa retirada de la confianza en mi persona, me veo obligado a presentar renuncia formal y expresa de mi cargo.
Esa propuesta no fue aceptada por el resto de compañeros, entre ellos Fernando Pachón, concejal y presidente de la Casa del Pueblo, que tras lamentar la conducta de ciertos obreros, manifestó que desde su sociedad se efectuarían las correspondientes investigaciones para imponer sanciones a los culpables. Asímismo expresó su apoyo al alcalde, que finalmente, ante las palabras de ánimo recibidas de los compañeros, reconsideró su decisión y decidió continuar. Fue la primera crisis que tuvo que afrontar el ayuntamiento republicano y como se puede apreciar estuvo provocada por la falta de trabajo y sus repercusiones en unos obreros que no dudaron en presionar a sus compañero y originar un paro laboral.
Sin embargo, esa decisión del alcalde fue coyuntural pues en septiembre presentó de forma irrevocable la renuncia formal a su cargo con el siguiente argumento:
Lejos de disminuir las causas que me obligaron a tomar aquella decisión en el pasado mes de junio, éstas se han acentuado de forma completamente incompatible con mi manera de pensar, faltándome, además, por razones que no puedo comprender la asistencia de cierto sector del elemento obrero de la localidad.
Junto a él presentó la dimisión el teniente alcalde, Antero Mancera por razones de salud y la imposibilidad de imponer el principio de autoridad en la parte que le corresponde porque a ello se opone el actual estado social.
Se puede deducir de estas dimisiones que el problema laboral tan importante que afectaba a la clase trabajadora de los Los Santos resultó determinante para el abandono de sus cargos de los principales mandatarios del ayuntamiento republicano, que fueron sustituidos por dos militantes socialistas: Fernando Pachón Gordillo y Lorenzo Montaño, alcalde y teniente de alcalde, respectivamente. Nombramientos que igualmente fueron breves, pues en abril de 1932 ambos presentaron la dimisión. Se dio la circunstancia que en el Pleno anterior a esa decisión, un grupo nutrido de concejales habían expresado su más enérgica protesta porque los trabajos realizados por los obreros municipales no habían producido la cantidad de jornales deseado. Incluso el republicano Saturnino Gordillo, que fue alcalde hasta septiembre de 1931, señaló que durante su actuación se realizaron las obras con esa deficiencia precisamente por la presión que sobre el elemento obrero ejercía el que hoy desempeña la alcaldía.
Eso sucedía en la Sesión del 28 de marzo de 1932 y en la siguiente, ya en abril (día 4) ambos presentaron la dimisión irrevocable, motivada por esa presión de los miembros de la corporación y la intransigencia de los obreros. Les sustituyeron el ya citado Antero Mancera, en calidad de alcalde; y Antonio José Hernández, como teniente alcalde, que habían sido 1º y 2º teniente alcalde durante el mandato del republicano Saturnino Gordillo. Y aún hubo otros movimientos de ediles en corporaciones posteriores, en buena parte motivados por la explosiva situación de los obreros.
Y es que la precariedad laboral, en línea con lo sucedido en períodos anteriores, era una dura realidad que los responsable políticos debían asumir. Máxime en un régimen democrático como el republicano, en que las masas obreras, apoyadas por las organizaciones sindicales y formaciones políticas de izquierda, no dudaron en movilizarse y reivindicar un puesto de trabajo que les proporcionara un jornal para poder mantener a su familia. En ese sentido las referencias en los plenos del ayuntamiento al complicado panorama laboral son permanentes, como se desprende del siguiente texto, perteneciente a la Sesión de 14 de septiembre de 1932:
Tras informar de los trabajos que se vienen realizando por cuenta del ayuntamiento a causa de la actual crisis obrera, se informa que no es posible continuar de esa forma por el aumento excesivamente progresivo que de día en día se observa en esos trabajos y por la precaria situación económica del ayuntamiento. Se acuerda eliminar a todos aquellos individuos que a juicio de la Corporación no deban figurar en la lista de trabajadores y que no se les abone jornal a aquellos que al día de hoy se han presentado en los trabajos no estando en la lista y sin autorización previa […]
Los deseos de trabajar provocaba entre los desempleados situaciones como la descrita en el párrafo anterior, con parados que no respetaban el turno establecido y se prestaban a trabajar sin corresponderles. La angustiosa situación daba lugar a esas iniciativas que tanto alteraban el normal funcionamiento de la vida municipal, con tensiones entre los miembros de la corporación que originaban dimisiones como las anterormente señaladas.
Y en ese sentido el otoño e invierno eran especialmente graves en cuanto a desempleo, con una crisis de trabajo que afectaba sobre todo a los obreros agrícolas y de la construcción, siendo el recurso a las obras públicas la medida más recurrente para paliar en lo posible el paro. Acuerdos como el que se expone a continuación, en el que se precisa el número de obreros a emplear y su salario, es bastante explícito en ese sentido:
Se acometerán las siguientes obras públicas: acopio de piedra en las fincas del municipio denominadas Sierra y Castillo; reparación del empedrado de las calles San Miguel, Cánovas del Castillo, Ramón y Cajal, Capitán Galán, Isaac Peral y San Bartolomé, y de las plazas de la República y Teniente Castillo; construir y empedrar cunetas en la calle Salvador. No se emplearán diariamente más de 150 obreros en el acopio de piedra y 50 en la apertura de cunetas y reparaciones del pavimento, ni pueden ser los albañiles superior en número a los 15. Los jornales devengados serán de 4,5 pesetas los albañiles, 3,5 los acopiadores de piedra y 3 pesetas los peones. Todos los obreros empleados estarán incluidos en el padrón confeccionado para la bolsa de trabajo, observando turno riguroso para que todos disfruten de ese beneficio. Lo que se invierta no puede rebasar las disponibilidades presupuestadas (2).
Del mismo modo se depositaron esperanzas en que el decreto de Reforma Agraria aprobado en septiembre de 1932 por el Gobierno de la República pudiera paliar el grave problema del desempleo. En ese sentido, en los Santos de Maimona se hizo constar, ese mismo año, mediante información proporcionada por personas ancianas del lugar, que según tradición oral siempre se han venido considerando como bienes rústicos del Estado los siguientes:
- Finca conocida por La Ensanche, en Las Cañadillas, de unas 40 fanegas, que viene poseyendo actualmente Juan Murillo.
- Finca El Hornillo, de extensión ignorada, que posee en la actualidad la viuda y herederos de Juan Durán.
- Terreno que fue un descansadero de ganados con abrevadero en el sitio de Pozo de Medina, que ha venido utilizando el vecindario hasta 1930 en que Joaquín Obando lo cubrió y condujo sus aguas, en cañería, a una finca que tiene inmediata.
- Otra tierra conocida por La Cuña o la Era, entre los caminos de Usagre y Bienvenida, destinada también a descansadero de ganados, usurpada asimismo por Joaquín Obando.
Esta información, junto a otra afín (3), se hizo seguir al Instituto de Reforma Agraria y a la Dirección General de Propiedades del Estado, con la salvedad de la finca El Hornillo, ya que según los datos disponibles por el ayuntamiento procedentes del Inventario General de Bienes Nacionales, esa finca perteneció al municipio y la vendió en subasta pública en las desamortizaciones del siglo XIX (4). En suma, se trataba de poner a punto la información sobre bienes municipales y privados existentes en el término municipal, con vistas a la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en la que se depositaron grandes esperanzas de un reparto de tierras más equitativo y justo, que benefeciara a los agricultores más desfavorecidos.
Junto a las gestiones relacionadas con el empleo, el ayuntamiento republicano tomó otras iniciativas políticas como la modificación de los nombres de las calles de la localidad de acuerdo con los siguientes cambios:
- Plaza del Rey o Plaza de la Constitución, pasa a denominarse Plaza de la República.
- Calle Alfonso XIII, se llamará en lo sucesivo calle Capitán Galán.
- Calle Reina Victoria: Capitán García Hernández.
- Calle Ramos: calle Pablo Iglesias.
- Calle Pizarro: calle Obispo Luna.
- Calle Encomienda: calle Vázquez Lemus.
- Calle María Cristina: calle 14 de Abril.
Nuevas denominaciones, como puede apreciarse, enraizadas con la República y sus representantes. Destacamos en ese sentido la calle dedicada a Narciso Vázque Lemus, médico, nacido en Los Santos, que falleció el 11 de junio de 1931, sepelio al que asistieron representantes de la corporación. Además se acordó erigir una lápida conmemorativa en la fachada de la casa en que nació, siendo nombrado hijo predilecto de la localidad con la siguiente argumentación:
Su ascendencia modesta y su sacrificio para sacar el título en medicina, profesión que ha ejercido y ejerce sólo como sacerdocio con mira exclusiva a aliviar a la humanidad doliente despreciando cuanto de lucrativo pueda existir. Y en lo político por sus convicciones republicanas, no traicionando nunca sus ideales pese a las injustas y reiteradas persecuciones de que ha sido objeto en su reivindicación de una República federal que inspirará el inolvidable Pi y Margall, habiendo sido elegido diputado a Cortes en 1931 y presidiendo la Mesa de Edad en la Sesión de aperturade las Cortes Constituyente el 14 de abril de 1931.
Nombramiento aceptado por los miembros de la corporación, que daban de esa forma debido reconocimiento a uno de los personajes más ilustres de la villa, de profundo sentir republicano, que supo granjearse desde el ejercicio de su profesión la amistad y admiración de sus paisanos.
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A DIPUTADOS A CORTES EN EXTREMADURA
Resultados en la provincia de Cáceres
Agrario Servicio República
Republicano Constitucional
Igualmente, cumpliendo con lo preceptuado en la Cosntitución de 1931, se acordó derribar el muro del cementerio municipal que separaba el recinto destinado hasta entonces a cementerio civil del que era considerado como cementerio católico (5). Decisión que afectaba directamente a la Iglesia, una institución que desde inicios del nuevo régimen vio alterado su funcionamiento en diversos aspectos, aunque tal vez el más significativo afectó al culto religioso, con iniciativas por parte de los Gobiernos de la República del primer bienio como establecer que ni el ayuntamiento ni autoridad o persona alguna en su representación asistan a ningún acto religioso. Medida polémica que en un municipio como Los Santos originó posiciones encontradas entre su vecindario.
2. LAS REFORMAS SE PARALIZAN EN EL SEGUNDO BIENIO REPUBLICANO
Situación que va a revertir en el denominado bienio conservador, 1934-1935, con un gobierno de derechas al frente de los destinos de España tras ganar las elecciones a Cortes en noviembre de 1933. Cambio que afectó a los representantes municipales, con el nombramiento como alcalde del republicano-radical: Antero Mancera. Nuevos mandatarios que impulsaron otro rumbo a la República, con la rectificación de buena parte de las medidas aprobadas en el bienio anterior. Así cabe entender, por ejemplo, la decisión de colocar en el cementerio las cruces y signos religiosos que antes existían; nombrar como miembro de la Comisión Permanente de Instrucción Pública del municipio al cura párroco; o la orden cursada al guardia municipal de que impidiera la venta de libros, folletos o periódicos de contenido pornográfico o que ataque a la moral y buenas costumbres (6).
Del mismo modo en este bienio el ayuntamiento también ensalzó a personajes afines a los nuevos tiempos políticos conservadores. Si en el anterior el agasajado era el doctor Vázquez Lemus, en este período era objeto de reconocimiento Diego Hidalgo Durán, nacido en Los Santos de Maimona en 1886, notario de profesión, que desempeñó la cartera del Ministerio de la Guerra entre el 23 de enero y 16 de noviembre de 1934, es decir, durante los gobiernos de Alejandro Lerroux y Ricardo Samper (7). Un día después de su nombramiento como Ministro, la corporación celebró Sesión Extraordinaria en la que hizo un encendido panegírico del personaje, en el que destacó:
Lo excelso de sus cualidades naturales como hijo, hermano y ciudadano; su acrisolada honradez; su persistencia en los ideales republicanos que hicieron honor a los que le legara su abuelo materno; su progresión ascendiente en las aulas universitarias, en el notariado y en la dirección jurídica de importantes empresas con fines sociales; sus estudios político-sociales revelados en su libro Un notario español en Rusia, traducido a varios idiomas; y como colofón su nombramiento como ministro, cargo por el que, dadas las dificultades sociales y políticas, era indispensable una personalidad de relieve tan acusado como Diego Hidalgo Durán.
Y tras esos elogios se acordó declararlo hijo predilecto de la villa, con el encargo a un artista extremeño de la confección de un artístico pergamino que acreditara tal declaración, siendo pagado su importe por suscripción popular. Asimismo se colocaría una placa en la que figuraría este nombramiento en la fachada de la casa familiar de los Hidalgo en la calle Teniente Carrasco y se pondría un retrato suyo en el salón de actos del ayuntamiento. Finalmente, a propuesta de la minoría socialista en la corporación, se efectuó entre los pobres de la localidad un reparto de pan para festejar este nombramiento.
Meses después, concretamente el 25 de junio de ese mismo año, Diego Hidalgo, en calidad de ministro de la Guerra, visitó Los Santos de Maimona, y aunque sólo permaneció en el municipio unas horas, su presencia dejó un grato recuerdo entre la población. Se aprovechó su breve estancia para la imposición de las insignias de Caballero de la República a Rafael Muñoz Izquierdo, y se descubrió la lápida que en honor del insigne repúblico Narciso Vázquez Lemus había sido colocada en la fachada la casa en que nació. Se daba la circunstancia que los gastos inherentes a esa lápida fueron costeados por el ministerio de la Guerra, que a su vez vez había donado 500 pesetas que fueron ingresadas en la Caja Rural para invertirlas en cartillas de ahorros para alumnos de las escuelas y otras 500 pesetas que habían sido concedidas en el pasado mes de febrero con las que se pagó la comida que este mismo día 25 se dio a los pobres de Los Santos de Maimona. Es decir, desde su nombramiento había tenido muy presente su pueblo con ayudas en metálico que vinieron muy bien a las deficitarias arcas municipales.
Pero lo más importante fue la recepción organizada en el ayuntamiento en honor de tan ilustre visitante, en la que estuvo presente toda la corporación y empleados municipales, autoridades judiciales, clero parroquial, representaciones de la Caja Rural, Comunidad de Labradores, Asociaciones de Agricultores y Arrendatarios, partidos políticos, representantes de la industria, comercio y demás colectivos de la localidad. En total unos 500 comensales que degustaron un banquete popular en el patio de la Virgen de la Estrella sitio de tan gratos recuerdos espirituales para todos los habitantes de la localidad (8).
Además se erigió un arco triunfal en la localidad, costeado por la Caja Rural, para celebrar la presencia de tan insigne paisano; y se puso un alumbrado extraordinario en la carretera y calles de la población, gracias a la cesión gratuita de los servicios y suministro de Catalino López García. La Asociación Libre de Artesanos y Obreros construyó un arco en honor del ilustre huésped en la Plaza de la Libertad. Además asistieron a los actos el Diputado a Cortes, Hilario Ayuso, y varios vecinos de Badajoz en representación de Unión Republicana, a la que perteneció Vázquez Lemus. También fuerzas de la Benemérita y Guardia de Asalto, autoridades militares que vinieron acompañadas de una banda de música castrense. En suma, todo un festejo que no gozó con la participación de todas las fuerzas políticas, pues no acudieron al acto miembros del PSOE ni de la UGT. Un desencuentro que mostraba la escisión existente entre las organizaciones políticas y sindicales del municipio.
Desencuentro que adquirió mayor relevancia cuando a raíz de los hechos revolucionarios de octubre de 1934, el Gobernador Civil de la Provincia de Badajoz, siguiendo instrucciones del Ministerio de la Guerra cursadas el día 9 de ese mismo mes, ordenó suspender en sus cargos a los concejales que componían la minoría socialista del ayuntamiento, es decir: Antonio María Gordillo, Antonio José Hernández, Antonio Hernández y Fernando Pachón, siendo nombrados en su sustitución varios concejales interinos, todos del partido Radical. Y de esa misma formación eran los principales representantes de la nueva corporación formada el 18 de octubre, con el alcalde Saturnino Gordillo Pachón, y Lorenzo Romero Pérez y Manuel Muñoz Sánchez, como tenientes de alcalde. Por su parte el concejal del partido Radical: Antero Mancera, tuvo palabras de afecto para los concejales cesados:
Pues aparte de su ideología socialista, no se debe olvidar que juntos estuvieron en momentos de lucha y unidos han actuado en la administración municipal con una asistencia y colaboración que debe agradecerse.
Por tanto, tras los sucesos inherentes a la denominada Revolución de Octubre, de la que conviene tener muy presente que el ministro Diego Hidalgo confió su control al general Francisco Franco, en el que tenía gran confianza, que no dudó en utilizar severos métodos represivos para controlar la insurrección en Asturias. Métodos que acabaron con la vida de un elevado número de huelguistas y significaron la dimisión, en noviembre, no sólo del ministro sino también del presidente del ejecutivo: Ricardo Samper (9). Fueron las consecuencias de la desproporcionada respuesta dada a este movimiento huelguístico que originó centenares de muertos en tierras asturianas. Precisamente Diego Hidalgo, refiriéndose en 1937 a estos hechos cuando se encontraba exiliado en París, donde permaneció hasta el final de la contienda para después regresar a España, indicó al periodista norteamericano E. Knoblaugh, de la agencia Associated Press, lo siguiente:
Sé cómo debe sentirse un criminal acosado -me dijo, sonriendo desmayadamente-. Pero no soy un criminal. Sólo cumplí mi deber como ministro de Guerra cuando ordené que el ejército atacase a los extremistas de izquierdas. ¿Desde cuándo el cumplimiento del deber es un crimen? Si tuviera que enfrentarme de nuevo con la misma situación, no dudaría en comportarme igual que entonces, aún sabiendo lo que me esperaba.
Independientemente de esas afirmaciones, lo cierto es que lo sucedido tuvo graves consecuencias para la carrera política de este insigne vecino de Los Santos. Precisamente el ayuntamiento deseó reconocer la labor de las fuerzas de seguridad en estos sucesos y contribuyó con 250 pesetas a la suscripción abierta para recompensar a las fuerzas del ejército, guardia civil, asalto, carabineros y demás miembros del orden público:
Que han actuado para sofocar y castigar la rebelión durante el corriente mes en la región de Asturias y enviar un telegrama de felicitación al ministro de Guerra por el éxito de sus actuaciones y de fuerzas a sus órdenes (10).
Ese telegrama fue correspondido por el ministro que agradeció la solidaridad del ayuntamiento de su pueblo con su persona y las tropas que intervenieron en estos hechos. Ajenos a esa complacencia recíproca estaban los militantes del socialismo local, que comprobaban con enojo cómo sus representates habían sido desposeídos de sus cargos en el ayuntamiento y, por tanto, alejados del poder local. Se sentían desplazados y víctimas de una situación que se prolongó hasta las elecciones a Cortes de febrero de 1936.
Los resultados de estos comicios en Extremadura mostraban un reparto de escaños en el que destacaba la victoria del Frente Popular. Los socialistas ocupaban el primer lugar, con un total de nueve diputados de los que seis correspondían a la provincia de Badajoz y el resto a la de Cáceres, seguidos de los republicanos con ocho. La novedad era el Partido Comunista que consiguió un diputado –Pedro Martínez Cartón– por Badajoz. Del resto de partidos, el Frente de Derechas obtuvo dos diputados en Cáceres: uno de la CEDA y otro Republicano Independiente, mientras que ninguno por Badajoz. Sin embargo, en esa provincia los centristas y radicales consiguieron dos y un diputado, respectivamente, mientras que en Cáceres ninguno.
RESULTADO DE LAS ELECCIONES DEL 16 DE FEBREROS DE 1936
(Número de escaños)
EXTREMADURA URA
Centro/Derecha
El triunfo electoral de los partidos republicanos y de izquierdas originó la formación de un ejecutivo presidido por el republicano Manuel Azaña, que en Consejo de Ministros celebrado el 20 de febrero acordó, entre otras medidas, la inmediata reposición de las corporaciones municipales destituidas tras los sucesos de octubre de 1934. Entre los días 20 y 22 de febrero se materializó ese proceso en la mayoría de los ayuntamientos de Extremadura. En Los Santos de Maimona se celebró Sesión Extraordinaria en la jornada del 21, tras ser entregado en el ayuntamiento, por el comandante de puesto de la Guardia Civil, un telegrama del Gobernador Civil de la Provincia de Badajoz ordenando se procediera a reponer a los concejales de elección popular que fueron suspendidos de sus cargos y cesar a los interinos que les sustituyeron.
Pero lejos de quedarse ese asunto en un mero cambio de concejales, el alcalde hasta entonces, Sr. Romero Pérez, puso su cargo a disposición de la corporación municipal con el fin de facilitar la constitución de un ayuntamiento de armonía y convivencia normal, proposición que fue aceptada. A continuación se procedió a elegir nuevo alcalde, cargo que obtuvo el socialista Antonio José Hernández Castilla, siendo nombrados 1º y 2º tenientes alcalde: Antonio María Gordillo y Antonio Hernández, respectivamente.
Se iniciaba de esa forma el gobierno de un ayuntamiento afín al Frente Popular, que va a tratar de impulsar las reformas iniciadas en el primer bienio republicano. Así cabe entender el impulso dado a la política agraria, que a primeros del mes de marzo se vio beneficiada por la aprobación de un decreto destinado a los yunteros de Cáceres y Badajoz, desposeídos de sus parcelas en 1934 tras vencer los contratos de arrendamiento, a los que se les concedía el derecho de recuperar el «uso y disfrute» de las tierras que anteriormente habían utilizado. Por su parte, avanzada la segunda quincena de marzo el gobierno aprobó un decreto por el que se autorizaba al IRA a ocupar inmediatamente cualquier finca cuando lo considerase socialmente necesario.
Se daba de esa forma un importante impulso a la reforma. Sin embargo, pese a la buena disposición gubernamental, en Extremadura los acontecimientos se precipitaron sobre todo en la provincia de Badajoz (11), donde en un solo día, 25 de marzo, movilizados por la ugetista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, más de 60.000 campesinos ocuparon 3.000 fincas que señalaron y roturaron. La noticia impresionó al Gobierno que ordenó al ejército su desalojo. En relación con esa orden, en el ayuntamiento de Santos de Maimona se recibió, a finales de ese mes, un telegrama del Gobernador Civil Provincial en el que dictaba:
Prevenciones y señalaba responsabilidades para evitar la ocupación y amojonamiento de fincas sin que los interesados tuvieran autorización de los técnicos de la Reforma Agraria(12)..
Órdenes que, tan pronto se marcharon las fuerzas del orden y militares, los campesinos no respetaron y volvieron a ocupar las tierras. En lo sucesivo, las autoridades no tomaron más medidas coercitivas por entender que las ocupaciones se ajustaban a las disposiciones que se habían aprobado en esta materia y, por tanto, sólo originaría conflictos y éstos sobraban en la agitada primavera de 1936.
Lo mismo podemos indicar sobre el impulso que se dio a la enseñanza. En ese sentido la corporación muncipal encargó, a primeros de marzo, a la Comisión de Fomento e Instrucción Pública un informe para la solución del problema de construcción de grupos escolares. Carencia que en la localidad era bastante significativa y que dada la elevada población escolar se debía resolver sin demora. Es por ello por lo que, avanzado el mes de marzo, la corporación acordó lo siguiente:
Construir directamente el ayuntamiento dos grupos escolares de ocho secciones cada uno, pero a base de solicitar y obtener del Estado una subvención que, por tratarse de escuelas graduadas, lo será de docemil pesetas por cada sección o grado. A tal efecto se consultará a la Caja Extremeña de Previsión Social las condiciones en que esta entidad realizará el préstamo para construir dichos grupos y habitación para los maestros.
A una Comisión formada por los concejales Antero Macera, Cesáreo Barros y Julio Salas se le encargó el estudio de la construcción de los grupos escolares tanto en sus aspectos ténicos y pedagógicos como financieros para que sin dilación pueda la Corporación adoptar acuerdos tendentes a una rápida resolución. A partir de entonces, en la mayoría de las sesiones celebradas antes de estallar el alzamiento se hará referencia al estado en que se encontraban las gestiones destinadas a este fin, con un deseo explícito de acometer las obras a la mayor brevedad posible. Deseo que se frustró con la irrupción de la sublevación de julio de 1936.
3. SUBLEVACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SANTOS DE MAIMONA
La insurrección iniciada el 17 de julio de 1936 en el norte de África tuvo una evolución desigual en ambas provincias extremeñas, de forma similar al comportamiento registrado en todo el país, que se dividió en dos partes: una bajo mando de la República y otra de los sublevados. Así, Cáceres y su provincia fue controlada con prontitud por los insurgentes, mientras que Badajoz vivió una experiencia diferente al permanecer fiel al gobierno republicano. Para la suerte de la provincia pacense resultó determinante la actitud del general Luis Castelló, que tan pronto conoció las primeras noticias sobre la insurrección se mostró contrario a ella y ferviente defensor del orden constituido. Su fidelidad a la República fue secundada por la mayor parte de los responsables de las fuerzas provinciales.
En la capital y pueblos se organizaron los denominados Comités Populares que se hicieron cargo de la seguridad y el orden en los municipios. Los Santos no fue menos y hasta su toma por el ejército insurgente estuvo controlando la localidad. De hecho, la sala capitular del ayuntamiento se convirtió en improvisado depósito del material que los republicanos fueron incautando a vecinos de derechas. Armas, explosivos, municiones, artículos alimenticios y otros efectos fueron recogidos de sus domicilios y depositados en esas dependencias municipales. Además se detuvo a numerosas personas de derechas que estuvieron encarceladas hasta la ocupación del pueblo por regulares y legionarios del ejército de África.
Una ocupación que tuvo lugar el 5 de agosto de 1936. Hasta entonces, las tropas insurgentes habían fracasado en su intento de tomar la capital de España desde posiciones del Norte, con el general Emilio Mola al frente de ese ejército. Se impuso un cambio de rumbo y este vino desde el Sur.
Sin perder de vista el objetivo esencial que era Madrid, se optó tomar como punto de partida Andalucía, teniendo como principales protagonistas a las fuerzas de regulares y legionarios procedentes del norte de África, que estaban dirigidas por el general Francisco Franco, que gracias a la colaboración de la aviación de Alemania e Italia pudieron ser trasladadas desde ese continente hasta Sevilla. La cuestión a clarificar era el itinerario a seguir en la marcha hacia la capital de España, con dos opciones: Córdoba o Badajoz. Finalmente se decidió, pese a conocer el dominio republicano en todo el territorio pacense y tener mayor distancia, avanzar por esta provincia a través de la carretera “Ruta de la Plata”.
Con ese objetivo, el 2 de agosto partió de Sevilla la primera Columna al mando del teniente coronel Asensio. Un día después salió otra, en este caso a las órdenes del comandante Castejón, que cubriría el ala derecha del avance. Ambas se dirigieron a la provincia de Badajoz por la referida carretera “Ruta de la Plata”. Estas tropas ocuparon Monesterio el 4 de agosto y en la jornada siguiente: Llerena, Fuente de Cantos y Calzadilla de los Barros. El avance de los hombres al mando de Asensio continuó en esta larga jornada, siendo su siguiente objetivo, siempre continuando la dirección que marcaba la carretera general: Los Santos de Maimona. Sobre la situación de este pueblo habían llegado confidencias al mando de la Columna que apuntaban una mayor presencia miliciana y su disposición a oponer resistencia al avance.
Avance del Ejercito Franquista por la provincia de Badajoz hasta el 14 de Agosto de 1936
Esas informaciones eran correctas. Concretamente, desde que a Badajoz llegaron noticias sobre las conquistas franquistas en el sur de la provincia, las autoridades provinciales trataron de reaccionar a esa incursión. Para entonces, las fuerzas que guarnecían la capital pacense habían crecido considerablemente en número de efectivos debido a la abundancia de voluntarios, estimándose que en conjunto tenía a su disposición unos 8.000 hombres, la mayoría de ellos inexpertos en el arte de la guerra. Pronto se formó una Columna formada por dos Compañías de 250 hombres entre las dos, una de Carabineros con 100 miembros, un cañón, dos ametralladoras y una sección de Asalto con dos ametralladoras, junto a medio millar de milicianos con el claro intento de salir al paso de las tropas de África a la altura de Los Santos de Maimona.
La Columna partió de Badajoz el día 5 al mando del jefe de la guarnición, coronel Puigdengola, y al parecer, al llegar a las estribaciones de la localidad y contemplar el descalabro republicano en la defensa del municipio, lejos de intervenir se retiró hacia Santa Marta y desde allí regresó a Badajoz. Y es que las tropas al mando de Asensio establecieron contacto con las republicanas sobre la una de la tarde, prolongándose el combate varias horas, con fases de especial enfrentamiento como la llegada de soldados regulares y legionarios a la sierra de San Cristóbal, convertida en sitio clave de la defensa republicana. Al atardecer, la aviación insurgente bombardeó Los Santos y se estrechó el cerco contra los defensores que solicitaron refuerzos en los siguientes términos:
Llevamos cinco horas combatiendo con lucha muy ruda contra un enemigo que cuenta con camiones blindados, artillería y mucha ametralladora y aviación (seis aparatos), que han bombardeado constantemente. A pesar de ello, nuestras fuerzas han hecho retroceder al enemigo, pero en este momento reacciona y ataca con enorme energía. Se piden urgentemente algunos aparatos para esta misma tarde, con objeto de que esta Columna, compuesta por más de 2.000 hombres perfectamente pertrechados, rompan esta línea y continúe en su objetivo hacia Cáceres y Madrid.
Esas peticiones no fueron correspondidas y ello resultó determinante para su derrota, según se dio cuenta en el correspondiente parte de guerra enviado al Cuartel General de Sevilla por los mandos sublevados:
La Columna republicana, formada por unos 30 camiones, estaba a la entrada de los Santos, sobre la carretera de esta localidad y Badajoz. Ha sido bombardeada y ametrallada, y han salido todos los camiones chaqueteando a todo meter, y el avión los ha perdido de vista a unos 10 kilómetros. Han dejado únicamente un autobús de viajeros y tres camiones vacíos que se conoce están aguardando a las gentes de las lomas (13).
Este combate constituyó, sin duda, el primer hecho de armas de cierta relevancia contra el avance de las tropas de Franco hacia Madrid. Su desarrollo y posterior desenlace puso en evidencia graves carencias en las tropas republicanas, especialmente en el cuerpo de milicianos. Éstos, si bien combatieron valientemente en las primeras horas de lucha, sin embargo, a medida que se alargaba el enfrentamiento acusaron en exceso su falta de preparación y disciplina para enfrentarse a unas fuerzas bien instruidas y pertrechadas, siendo incapaces de soportar la presión del combate, hasta el punto de emprender la huida, como se indica en el texto anterior, de forma precipitada y a la desbandada, con las graves consecuencias que ello tuvo en cuanto a bajas humanas y pérdidas de material bélico.
RELACIÓN DE MUERTOS Y HERIDOS A CONSECUENCIA DE LOS BOMBARDEOS DE LOS DÍAS 5 Y 6 DE AGOSTO DE 1936 EN LOS SANTOS DE MAIMONA
Vivía en la calle Maestro Rasero, 23. Muerto en el bombardeo del día 5 en la salida de la calle Sevilla
RAFAEL MOLINA BECERRA
Vivía en María Gordillo, 24. Muerto el día 5 en la calle Mártires, esquina que da salida a Vistahermosa
FORASTERO (se desconoce su identidad)
Muerto el día 5 en la entrada de la carretera de Sevilla
JOSÉ CLEMENTE LUNA
Vivía en la calle Salvador, 3 y fue herido en Vistahermosa. Murió en el Hospital de Badajoz a causa heridas sufridas en el bombardeo
Vivía en la calle Zafra, 13 y resultó herido en la calle Santísimo el día 5 a causa del bombardeo
ASENSIO CORREA LANCHASO (Forastero)
Vivía en la calle Margallo, 32 y resultó herido en la calle Santísimo el día 5
Vivía en extramuros en el horno de Anastasio Llerena, siendo herido el día 5 en Vistahermosa. Murió en el Hospital de Badajoz
ANTONIO NUÑEZ GORDILLO
Vivía en Santísimo, 32 y resultó herido en la calle el día 5
Resultó herido en Vistahermosa el día 5
NARCISA VERA DE LA CRUZ
Vivía en Salvador, 51 y resultó muerta en la misma calle el día 6
SERAPIO VERGARA RASTROLLO
Vivía en Salvador, 51 y resultó herido en la misma calle el día 6
Fuente: AASM, Informes, 5-V-1937
Las cifras de muertos en uno y otro bando demuestran esa diferencia entre unas tropas y otras. Así, mientras en las republicanas superaron el centenar, con numerosos heridos y no menos prisioneros; en el otro contendiente sólo dos defunciones. No había tiempo ni mandos para superar esas deficiencias y ello tuvo graves consecuencias para los intereses de la República en Badajoz. Además, a causa de los bombardeos del 5 y 6 de agosto, se registraron muertes de personas y también otras que resultaron heridas, según puede apreciarse en el cuadro que se acompaña al respecto.
Pese a la derrota, en la jornada siguiente las fuerzas gubernamentales quisieron dar muestras de su malestar con el envío de aviones a Los Santos de Maimona, que descaragaron sus bombas sobre el pueblo y causaron tres muertos. Eran reacciones a destiempo, pues cuando verdaderamente debió actuar con contundencia fue el día anterior y no cuando estaba todo perdido. De cualquier forma, iniciativas de este tipo demostraban la desorganización y falta de previsión en que estaban sumidas las tropas republicanas de Badajoz durante este caluroso verano de 1936.
Tras la ocupación de Los Santos de Maimona por las tropas a las órdenes del teniente coronel Carlos Asensio Cabanillas, éste declaró el Estado de Guerra en la localidad mediante el siguiente Bando:
- Prohibición terminante del derecho a la huelga, siendo juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas los directivos de los sindicatos cuyas organizaciones vayan a ella, o no se reintegren al trabajo los que se encuentren en tal situación.
- Todas las armas cortas y largas serán entregadas inmediatamente a la autoridad militar o en la alcaldía; pasado el plazo de 4 días, serán juzgados en juicio sumarísimo y pasados por las armas todos aquellos a quienes en su poder o en su domicilio se encuentren armas.
- Igualmente serán juzgados los incendiarios, los que ejecuten atentados contra las vías de comunicación, vidas, propiedades, etc.
- Desde la 9 de la noche en adelante, queda prohibida la circulación de carruajes que no sean de servicio y de toda persona que no esté autorizada por las autoridades militares y civiles.
- El comercio, mercados y demás establecimientos de abastos serán abiertos sin excusa durante las horas de la jornada legal, sin abuso de precios y sin ocultar productos, todo ello bajo las mismas sanciones indicadas anteriormente.
- En materia de trabajo regiran las disposiciones vigentes antes del 16 de febrero ultimo (14).
Medidas excepcionales, en consonancia con el estado de guerra en que se encontraba el país, que debieron originar un fuerte impacto entre la población. Las amenazas de ejecuciones ante el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Bando eran lo suficientemente serias para que todos los vecinos que habían optado por permanecer en la localidad se atuvieran a cumplirlas. Y, evidentemente, aquellos con antecedentes republicanos se mostraban especialmente temerosos pues eran conscientes que después de estas instrucciones tan severas vendrían, como ya había pasado en otros pueblos próximos, las detenciones y con ellas los fusilamientos. Sospechas que desgraciadamente, como veremos más adelante, no tardaron en cumplirse.
Junto a la publicación de este Bando, a las diez de la noche se procedió a constituir una Comisión Gestora que ejerció todas las funciones inherentes al ayuntamiento. Fueron nombrados los siguientes miembros:
- Juan Blanco Gordillo, presidente.
- Juan Murillo, vicepresidente.
- Cayetano Gordillo, Lorenzo Romero, Luis Tovar, Fabián Zapata, Nemesio Carrasco, Joaquín Obando y Alfonso Bardón, vocales (15).
Asimismo, el teniente coronel Asensio ordenó el cese de todos los componentes del ayuntamiento hasta entonces, ya que todos han desaparecido y abandonado las funciones respectivas. Por tanto, la ocupación militar llevó implícito el cambio de legalidad, con la imposición de los criterios defendidos por los insurgentes y el repudio de la República. El nombramiento al frente de la nueva corporación municipal de personas afines a la sublevación fue su consecuencia más inmediata. Unos gestores que sin demora se prestaron a gobernar, de forma que los cinco vocales fueron nombrados delegados de orden público y de defensa de la población, abastecimientos, alojamientos, sanidad, mercado y matadero, con facultades discrecionales para resolver sus respectivas cuestiones, aunque de acuerdo con las autoridades militares. Amplios poderes, pues, en consonancia con el nuevo orden que los insurgentes trataban de dar a las corporaciones municipales.
Igualmente, en el Acta de Constitución del nuevo ayuntamiento se hizo constar lo siguiente:
Las dependencias y oficinas del ayuntamiento fueron ocupadas por los jefes del ejército nacionalista y autoridades por ellos nombradas. En esos momentos, por propia iniciativa, entusiasta decisión y conformidad de jefes y autoridades, se reintegró a su cargo de secretario de esta corporación el titular, Juan Blanco Guisado, que no actuaba desde hacía varios meses. Se encontraron abiertas las puertas de las dependencias y muchos de los archivos, estantes y demás muebles destinados a la custodia de documentos y efectos de Secretaría, Intervención y Negociados en completo desorden, sin poder precisar si faltaban o no algunos. En las mesas y muebles pertenecientes al interventor, en la sala capitular y en el despacho del alcalde había varias cajas de cartuchería y municiones que los elementos rojos dejaron abandonadas, y en el patio central y en el paso que conduce a la plaza mercado existían cenizas y restos que demostraban la evidencia de haberse quemado papeles y documentos; que nadie del elemento oficial fue hallado en la casa consistorial, y según los datos facilitados por las autoridades, agentes y personal se dice que en su mayoría han desaparecido de la localidad y secundado tal vez, al menos gran número de ellos, la huida de los elementos rojos que lucharon hoy contra el Ejército Salvador de España. (Seguidamente se relacionan 14 miembros del ayuntamiento y 24 empleados municipales) […] (16).
A pesar de ese desorden existente en las dependencias municipales, lo cierto es que efectuado el correspondiente arqueo en la caja de fondos del ayuntamiento se informó que en ella existía un total de 25.743,14 pesetas (17). Los fondos, pues, estaban allí y no había existido desfalco por parte de las autoridades republicanas, a expensas de posteriores comprobaciones. Y en cuanto a los catorce trabajadores del ayuntamiento que se indican en el texto anterior, fueron cesados en sus funciones, con carácter definitivo, los interinos y temporeros, y con reservas a los que tenían el empleo en propiedad. Fue el caso de los expedientes que se abrieron contra el interventor de fondos, Acadio F. Mellado Fuentes, la matrona titular, Anselma Manuela Hernández, el oficial primero, José Castañón Osuna, y el alabañil Antonio Gordillo Macías, que fueron destituidos de sus empleos (18), tras abrirse la siguiente información:
Si todos o alguno de ellos han intervenido en los hechos de armas o en cualquier otro acto para evitar o resistir el movimiento iniciado por el ejército español; si el motivo de su desaparición ha sido el triunfo de ese ejército con la ocupación del municipio después de la lucha que sostuvo durante más de siete horas con las milicias rojas a las que derrotó en todos sus frentes. Cual sea el paradero de esos funcionarios y quien o quienes de ellos se presenten, la tramitación del expediente ha de estar ultimado dentro del plazo de 5 días, para su resolución por el ayuntamiento.
Si bien sobre los citados funcionarios se inició el correspondiente expediente, sobre otros, a los que la corporación republicana tenía suspendidos de empleo y sueldo, como el oficial mayor, Alberto Velasco, el inspector-jefe de la guardia municipal, un barrendero, un alguacil y el cabo, junto a cinco guardias municipales, se les repuso en sus respectivos cargos. Era la doble vara de medir contra los empleados públicos, colectivo que durante la República fue objeto de ceses en función del color político de los responsables municipales, y que tras la insurrección no fue menos. Aunque en este caso, por su alcance y dimensión las depuraciones y expedientes de responsabilidad civil contra los funcionarios no tuvo parangón respecto a etapas pretéritas.
La Gestora temía, dada la proximidad de pueblos que permanecían en poder de la República, una ofensiva sobre la localidad, y sin demora ordenó la formación de una Guardia Cívica en Los Santos, con carácter de milicia armada, con el fin de mantener el orden y seguridad dentro del término municipal. El alistamiento sería voluntario, aunque preferentemente sus componentes tendrían una edad y aptitud acorde con sus fines. Sus miembros no tendrían retribución y estaría al frente el vecino Francisco Rosado Jiménez, capitán del ejército retirado. Del mismo modo, y en consonacia con la idea de preservar el orden, la Gestora aprobó el mismo 6 de agosto la creación de diez plazas más de guardias municipales, junto a las tres vacantes existentes en la plantilla. En total 13 nuevos puestos, correspondiendo al presidente, Juan Blanco Gordillo, proponer las personas que podían desempeñar esas plazas.
Y en cuanto a la defensa del muncipio, al parecer siguiendo instrucciones del teniente coronel Juan Yagüe, nombrado por el general Francisco Franco jefe de la denominada Columna Madrid tras la toma de Mérida por ésta en la jornada del 11 de agosto, se construyeron en la localidad un total de 19 parapetos. Y también por instrucciones de este oficial africanista, en el sitio denominado “La Hermosa”, término de Puebla de Sancho Pérez, se empezó a construir, con personal y por cuenta de los vecinos de Los Santos, un campo de aterrizaje para la aviación.
Y a la par que se reforzaban las fuerzas de seguridad con el nombramiento de esos nuevos guardias, la Gestora, por su parte, aprobó en la Sesión del 8 de agosto las siguientes medidas excepcionales:
- Quedan absolutamente prohibidos los grupos de más de dos personas en la vía pública.
- Queda terminantemente prohibido circular por la vía pública con distintivos blancos o cualquier otro color que no estén autorizados por la alcaldía.
- Se concede un nuevo plazo improrrogable para entregar las armas hasta las 10 de la mañana del próximo día 9. A quienes se le encuentren armas o explosivos sin autorización, será juzgado como previene el Bando que declara el estado de guerra.
- Está absolutamente prohibido alojar a cualquier persona forastera y a las que sean del pueblo que no pertenezcan al cabeza de familia, si no se está previamente autorizado por la alcaldía.
- Hortelanos y carniceros y todos los que vendan artículos en la plaza de abastos tiene la inexcusable obligación de cumplir esa obligación desde mañana mismo. Su incuplimiento será castigado con gravísimas penas.
- Panaderos y todos los que fabrican y expiden artículos de primera necesidad tienen la obligación de seguir haciéndolo y respetar los precios vigentes antes de producirse los actuales sucesos. Toda persona tiene el derecho de denunciar el más mínimo abuso o infracción de lo aquí dispuesto.
- Se advierte a obreros y patronos que se establece la libre contratación y que han de respetarse los jornales fijados por los organismos oficiales. La jornada de trabajo será de 8 horas y el trabajador producirá la cantidad de trabajo que esté en armonía con el jornal que disfruta.
Como se puede apreciar, trataban, dentro de la excepcionalidad del momento, de controlar el orden y también de normalizar la vida cotidiana, con un deseo expreso de que el mercado abriera sus puertas y que los vecinos retomaran la actividad diaria. Ese era su deseo, aunque el miedo en el cuerpo de muchas familias ante la represión que se empezaba a practicar contra los desafectos al nuevo orden, impuesto por la fuerza de las armas, impedía esa normalización que en el caso de Los Santos, como el de la mayoría de los pueblos pacenses, tardaría bastante tiempo en llegar pese a las medidas coercitivas aprobadas por los nuevos dirigentes locales.
FUSILADOS EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ POR EL BANDO DE FRANCO
(DEFUNCIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO CIVIL)
CASTUERA*
Fuente: J. MARTÍN BASTOS, La represión en Badajoz en la Guerra Civil según los Registros Civiles,
Cáceres, UEX, DEA, inédito, 2007
Entrada de las tropas franquistas en Los Santos.
4. REPRESIÓN FRANQUISTA
Cabe destacar, en primer lugar, que si bien el Comité republicano que controló Los Santos de Maimona desde la sublevación hasta su ocupación por las tropas de África, realizó detenciones de vecinos sospechosos de ser afines a los insurgentes e identificarse con organizaciones derechistas, lo cierto es que, a diferencia de lo sucedido en otros municipios, no se van a registrar ejecuciones de esos presos. No cabe decir lo mismo sobre lo sucedido en la localidad tras su ocupación por las tropas franquistas el 5 de agosto de 1936. Los fusilamientos de “desafectos” no se demoraron y, según puede apreciarse en el cuadro que se acompaña sobre vecinos fallecidos inscritos en el Registro Civil, a partir de esa jornada las víctimas a causa de la represión practicada por los sublevados se incrementó notablemente.
VECINOS FALLECIDOS A CAUSADE LA GUERRA CIVIL, SEGÚN EL REGISTRO CIVIL
DE LOS SANTOS DE MAIMONA:
Edad, profesión y estado
Robla Castilla, Rafael
22, soltero
Choque con la fuerza pública
Castañón Osuna, José
47, casado
Acción violenta en guerra civil española 1936-1939
Candelario Montaño, José
54, hortelano, casado con Josefa Suárez Noriega, 2 hijos
Los Santos de Maimona (extramuros)
Gordillo Cumplido, Manuel
32, carpintero, casado con Guadalupe Lavado García, 3 hijos
48, albañil, casado con Teodora Gordillo Moreno, 5 hijos
Chavero Litón, Vicente
Martínez Vergara, Ramona
54, sus labores, casada con Antonio Hernández Luna, 3 hijos
Causas motivadas por la guerra
Mateos Corzo, José
42, industrial, casado
No consta (se sabe que fue fusilado por los franquistas)
Montaño Moreno, Eugenio Santiago
42, bracero, casado con Casimira Durán, 2 hijos
Disparo de armas de fuego en choque con la fuerza pública
Pedro González, Blas
32, casado
Moreno Calvo, Cipriano
56, ferroviario, casado con Virginia Rivallo Muñoz
Disparo de arma de fuego en choque con la fuerza pública
Gordillo Cumplido, Juan Antonio
32, industrial, casado con Carmen Alonso Cumplido, 3 hijos
Choque con fuerza pública
Pérez Casillas, Antonio
23, bracero, casado con Carmen Moreno Roblas, 1 hijo
47, barquillero, , casado con María Jiménez Pallares, 3 hijos
Pérez Castilla, Guillermo
37, bracero, casado con Carmen Pérez González, 3 hijos
Disparo de arma de fuego de fuerza pública
Sánchez Serrano, Claudio
30, casado
Cumplido Hernández, Benito
32, bracero, casado con Ascensión Guillén, 1 hijo
Choque con las fuerzas nacionales
Macías López, Diego
44, casado
Macías Díaz, Demetrio
Guzmán Zahíno, Daniel
36, casado
Montaño Moreno, José Marcelo
53, bracero, casado con Brígida Verde Lavado, 3 hijos
55, casado
Macías Ventura, Pedro
46, oficial del Ayuntamiento, casado con Joaquina Aguilar Díaz, 3 hijos
Causas relacionadas con la guerra
Andrés Rodríguez, Fernando
43, bracero, casado con Indalecia Cano Rodríguez, 3 hijos
Disparo por arma de fuego en choque con la fuerza pública
Cordón García, Diego
Morgado del Toro, Julio
38, comerciante, casado con Manuela Garrido Martínez. 2 años
Hernández Flores, Anselma Manuela
42, profesora en partos, viuda de Francisco Sánchez Sánchez
Candelario Pachón, Juan Antonio
32, bracero, casado con Luisa Martínez Robla, 1 hijo
Choque con las fuerzas franquistas
Camacho Sastre, Narciso Rafael
Ayudante chófer, soltero
Núñez Toribio, Eduardo
26, repartidor de Telégrafos, casado con María Vázquez Lemus, 1 hijo
Pardo Izquierdo, Saturnino
Bracero, casado con Manuela González Galeas
Clemente Montaño, Francisco
27, bracero, soltero
Camacho González, Blas
45, bracero, casado con Manuela Pérez Pachón, 4 hijos
Tejón Magro, Román
35, casado con Dolores González Montaño, 3 hijos
Mancera Roblas, Antonio
29, casado
García Vázquez, Francisco
50, bracero, casado con Aurelia Garrido Lavado, 3 hijos
Hernández Castilla, Antonio José
33, bracero, casado con Julia Rando Patilla, 1 hijo
Morales Ruiz, Santos
42, casado con María Toro Muñoz, 3 hijos
Román Clemente, Bernardino
28, bracero, soltero
Lavado Cordón, Manuel
50, bracero, casado con Luisa Chavero Candelario, 3 hijos
Guillén Reyes, Balbino
70, bracero, viudo de Anselma Pérez Roblas, 1 hijo
44, bracero, casado con Manuela Pinto Alba, 3 hijos
Pintado Montaño, Francisco
25, casado
Garrido Parras, Hipólito
26, casado
Cumplido Vázquez, Manuel
37, bracero, viudo de Nicasia del Valle Macías, 1 hijo
Vázquez Serrano, Santos
32, bracero, casado con Juana Garay, 1 hijo
Garrido Parra, José
33, bracero, casado con Estrella Soto Gordillo
39, bracero, casado con Dolores Martínez Vergara, 2 hijos
Ejecuciones con una doble vía en cuanto a su materialización: los funestos “paseos” y el cumplimiento de sentencias tras condenas a pena de muerte en consejos de guerra. Desgraciadamente ambas modalidades afectaron a Los Santos de Maimona y acabaron con la vida de diversos paisanos en el transcurso de la contienda y en la posguerra (19). Y de forma paralela cabe situar el resto de prácticas represivas, es decir, condenas de prisión y prisioneros, depuraciones de funcionarios, incautaciones de bienes y sanciones pecuniarias, entre otras acciones. Conjunto de medidas que alteraron la vida profesional y económica de los represaliados y, por ende, de sus familias. Y es que el implacable ejercicio represivo empleado por los insurgentes en el control de la población no se circunscribió, exclusivamente, a sus efectos físicos, sino que se extendió a contenidos materiales de indudable relevancia. Combinación que resultó clave para el sometimiento de una población como la de Los Santos, que sufrió, como la mayor parte de los municipios extremeños, las funestas consecuencias de estas prácticas represivas franquistas.
Así, entre la documentación existente a ese respecto debemos destacar un informe elaborado por la Jefatura de la Guardia Municipal, fechado el 18 de enero de 1937, en el que figuran relacionados un total de 90 vecinos que: según rumor público, se les supone muertos en choque contra las fuerzas públicas durante el actual movimiento sostenido por el ejército nacionalista contra elementos rojos.
En esa relación destacamos, entre otros aspectos, que de los noventa inscritos diez eran mujeres y el resto hombres, la mayoría de éstos en una media de edad entre los veinte y cuarenta años, es decir, trabajadores en pleno rendimiento. En cuanto a sus profesiones, un porcentaje significativo estaba vinculado a las faenas agrícolas y ganaderas, aunque no faltaban de otras actividades como el herrero Francisco Pintado Montaño, el panadero Antonio Roblas Casilla, el pescadero Manuel Salamanca Pedraza o la matrona Manuela Hernández Flores, entre otros. En suma, casi un centenar de vecinos, muchos de ellos casados y con familia, que según se desprende de este informe: se les supone muertos en choque contra las fuerzas públicas durante el actual movimiento sostenido por el ejército nacionalista contra los elementos rojos. Una cantidad lo suficientemente importante para apreciar, en toda su magnitud, el alcance de las ejecuciones en este municipio.
Y como señalábamos con anterioridad, junto a los “paseos” destacamos las defunciones por condenas a pena capital en consejos de guerra. En ese sentido cabe indicar que tras la publicación a finales de julio de 1936 por la Junta de Defensa con sede en Burgos, del bando que declaraba el estado de guerra en toda la zona sublevada, se produjo la militarización de todas las manifestaciones de la vida social y la imposición del Código de Justicia Militar como normativa penal de obligado cumplimiento en zona sublevada. Y en consonancia con esa normativa castrense, los consejos de guerra acapararon un especial protagonismo especialmente en su traducción más traumática: las penas de muerte.
Uno de los afectados fue el vecino Francisco Lavado Rodríguez, de 32 años, bracero y militante socialista, que sería juzgado en consejo de guerra celebrado en Mérida el 14 de septiembre de 1939, por un Tribunal formado por los siguientes miembros:
Presidente: Luis Ortiz Santiesteban (comandante de Infantería).
Vocales: Tobías Holgado Cuadrado (capitán de Infantería); José Romero Garrido (capitán de Infantería); Feliciano González Pérez (teniente de la Guardia Civil).
Ponente: Fernando Wilhelmi de Castro (Oficial 1º Honorario Jurídico Militar).
A continuación se expone la sentencia, que bajo la acusación de haber cometido un delito de adhesión a la rebelión, vertía las siguientes acusaciones contra el procesado:
Al iniciarse el Movimiento Nacional las organizaciones marxistas de Los Santos de Maimona, secundando la actitud revolucionaria de otros pueblos de España, se alzaron en armas frente al Ejército Nacional, en cuya ocasión el procesado Francisco Lavado Rodríguez, sin antecedentes penales, de filiación socialista y mala conducta, actuó como miliciano voluntario, con cuyo carácter prestó servicios de guardias y vigilancia en distintos puntos del pueblo, practicó cacheos y detenciones de convecinos considerados desafectos al frente popular y participó en los actos de violencia que contra las propiedades de los mismos cometieron las turbas del pueblo […] El procesado se alistó como voluntario en el cuerpo de guardias de asalto en la zona roja, donde permaneció hasta el final victorioso de la Guerra.
Como puede apreciarse son argumentos de parte, efectuadas por un tribunal parcial, que para nada tenía en cuenta las explicaciones de un encausado que se veía desprovisto de los más elementales principios jurídicos de defensa. El resto de la sentencia era más genérico y común a la mayoría de los consejos de guerra, e incidía en el articulado del Código de Justicia Militar para justificar el delito cometido por el condenado y las acusaciones en su contra, según exponemos a continuación.
Considerando: Que los hechos relatados y declarados probados son constitutivos del delito de Rebelión Militar, definido en el artículo 237 del Código de Justicia Militar en relación con los Bandos de Guerra de 28 de Julio de 1936 dado en Burgos por la Defensa Nacional de España y el del Excmo. Sr. General-Jefe del Ejército del Sur publicado en el B.O. de esta Provincia el 9 de Abril de 1937 y sancionado en el número segundo del artículo 238 de dicho Código, del que es responsable criminalmente el procesado Francisco Lavado Rodríguez, en concepto de autor por actos propios y directos, puesto que su conducta unida a sus antecedentes políticos-sociales demuestran de forma harto evidente una completa identificación así como una cabal adhesión a las directrices y procedimientos de violencia del movimiento revolucionario de carácter comunista iniciado en una gran parte del territorio Nacional el 18 de Julio de 1936. Considerando: Que conforme a lo regulado en los artículos 172, 173 y 209 del mentado Código de Justicia Militar, teniendo en cuenta la peligrosidad social que representa el procesado Francisco Lavado Rodríguez, la perversidad moral del mismo demostrada por su participación en actos de extrema violencia contra las personas, la trascendencia de dichos actos y los daños irrogados a consecuencia de los mismos, se estima adecuado imponerle la pena de mayor gravedad de las dos señaladas alternativamente al expresado delito. Considerando: Que a tenor de lo preceptuado en el artículo 219 del Código de Justicia Militar debe declararse la responsabilidad civil del procesado en esta causa. Vistos: los artículos, sus concordantes, los Bandos de Guerra en vigor, los decretos de 1 de Noviembre de 1936 y de 26 de Enero de 1937 de la Junta Técnica del Estado Español, la Ley de 9 de Febrero de 1939 llamada de Responsabilidades Políticas y demás disposiciones sustantivas y adjetivas aplicables al caso de autos. Fallamos: Que debemos condenar y condenamos a Francisco Lavado Rodríguez, a la pena de MUERTE, como autor del delito de Adhesión a la Rebelión Militar, sancionado en el nº. 2 del artículo 238 del Código de Justicia Militar con la concurrencia de circunstancias de agravación, y además le declaramos civilmente responsable en la forma y cuantía que ulteriormente se determine con arreglo a derecho, remitiéndose testimonio de esta resolución al Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Así por nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Fallo, por tanto, de pena de muerte que se cumplió cuando no habían transcurrido dos meses desde la celebración del consejo de guerra, concretamente fue fusilado en Badajoz el 8 de noviembre de 1940. Y como era habitual en este tipo de muertes, en su inscripción en el Libro de Defunciones del Registro Civil de la capital pacense, en lugar de figurar como causa de muerte haber sido pasado por las armas, se indicó: hemorragia aguda. Un eufemismo que enmascaraba los verdaderos motivos de tan fatal desenlace.
En otros casos, si bien la condena incial fue a pena capital, sin embargo con posterioridad le fue conmutada por la inmediata inferior: 30 años. Fue el caso de José Sáchez Naranjo que contaba 25 años y había sido miembro destacado de Juventudes Socialistas en Los Santos de Maimona. Mediante la causa 302/1938 fue acusado de cometer un delito de rebelión militar, siendo juzgado en consejo de guerra celebrado en Mérida el 27 de agosto de 1937. La condena a última pena se fundamentó, según el tribunal militar, en los siguientes argumentos:
De mediana conducta, sin antecedentes penales y de filiación marxista. Ejercía gran ascendiente entre el elemento obrero entre el que hacía constante y activa propaganda de su ideario político. Fue nombrado Presidente de la Juventud Socialista con anterioridad al 18 de julio de 1936 en cuya fecha ejercía (el cargo) de Vicepresidente de tal Agrupación. En razón a ello entró a formar parte del comité rojo revolucionario adoptando, en unión de los demás miembros de tal organismo, los acuerdos relativos a las detenciones de personas de orden y su encarcelamiento en el Deposito Municipal y en Iglesias habilitadas a tal fin como prisiones. A esas personas no se les hizo objeto de malos tratos, no habiéndose cometido asesinatos en el pueblo ya que si bien por los municipales y otros individuos fueron apaleadas algunas personas, tales hechos tuvieron lugar con anterioridad al movimiento nacional. El procesado así mismo tomó parte en el combate sostenido por las milicias rojas con las fuerzas nacionales en Los Santos y al ser liberado este pueblo huyó, ingresando en calidad de voluntario en las filas rebeldes con las que estuvo en distintos sectores del frente de Extremadura hasta el 25 de julio de 1937 que fue hecho prisionero.
Otro sentenciado fue el escribiente Joaquín Álvarez Leal, que contaba la misma edad que el anterior y también era miembro destacado de Juventudes Socialistas. Del mismo modo pasó consejo de guerra en Mérida, aunque ya finalizada la guerra, concretamente fue juzgado el 17 de abril de 1941 bajo la acusación de haber cometido un delito de rebelión militar. Se le acusaba de lo siguiente:
Entusiasta del Frente Popular, hacía propaganda de estos ideales escribiendo artículos en el periódico “La Vanguardia de Badajoz”. Durante el dominio rojo en el pueblo de su residencia aún cuando no llegó a ostentar cargo directivo, tenía la condición de dirigente de masas por su historia política y tomando parte, en unión de otros elementos y formando grupo con ellos, en registros y detenciones hasta le día 5 de agosto de 1936 en que después de haber alentado la resistencia a las fuerzas Nacionales, a las que en el combate se le hicieron lamentables bajas, marchó hacia Badajoz y pasando por Madrid regresó a Castuera donde se enroló en las milicias marxistas y en el Batallón “Adolfo Bravo”, pasando a ser elemento de confianza del Capitán Mulero […].
Igualmente la condena inicial fue de pena de muerte, pero después fue conmutada por la inmediata inferior, es decir, reclusión perpetua (30 años de prisión), siendo trasladado para su cumplimiento, como tantos y tantos extremeños, al Penal de Puerto de Santa María.
Consideramos que estos ejemplos son suficientemente ilustrativos para conocer el alcance que la práctica de los consejos de guerra tuvieron en este municipio, resultando bastante prolijo exponer en un trabajo de estas características, debido a su elevado número, los restantes vecinos procesados y juzgados por unos tribunales militares franquistas que no dudaron en condenarles a penas de prisión que oscilaron, según los casos, entre los seis meses y 30 años de cárcel.
Y junto a las ejecuciones y encarcelamientos, existieron otras prácticas represivas con las que alcanzaban un exhaustivo control contra todo lo relacionado con la etapa republicana. Entre el cúmulo de leyes y disposiciones con ese fin, destacamos la promulgación por la Junta de Defensa en Burgos del decreto número 108, fechado el 18 de septiembre de 1936, que ya en su preámbulo es suficientemente explícito sobre su finalidad al afirmar que:
La formación del funesto Frente Popular, de cuyos males si responsables son las agrupaciones políticas no lo son menos aquellas personas físicas que, con su actuación anterior o coetánea, han sido autores materiales de los daños sufridos por el Estado y particulares, con motivo de su absurda resistencia contra el Movimiento. Procede adoptar contra unos y otros, medidas encaminadas a garantizar la responsabilidad que en su día pueda alcanzarles […] (20).
Su contenido se completó con un nuevo decreto, en este caso de fecha 10 de enero de 1937, por el que se creaban Comisiones de Incautación en cada provincia controlada por los sublevados, que se encargarían de llevar a efecto las ocupaciones de bienes de organizaciones afines al Frente Popular o declaraciones de responsabilidad civil contra las personas consideradas contrarias a los intereses de los sublevados. En relación con ese proceso cabe resaltar que en febrero de 1937, desde el puesto de la Guardia Civil de Los Santos de Maimona y siguiendo instrucciones de las autoridades militares, se solicitaron informes a la alcaldía con el fin de tramitar los expedientes de incautación de bienes sobre los siguientes vecinos:
- Antero Mancera Pérez
- Saturnino Gordillo Pachón
- Manuel Muñoz Sánchez
- Antonio María Gordillo Gordillo
- Catalino López García
- José Hernández Cumplido
- Antonio José Hernández Castilla
- Julio Morgado de Toro
- Manuel Hernández Castilla
- Manuel Tardío Pérez
- Fernando Carrasco Maestre
- José Mateo Corzo
- José Santiago Becerra
- Lorenzo Vergara Hernández
- Anselma Manuela Hernández Flores
Como puede apreciarse la mayoría de los relacionados habían formado parte de las corporaciones municipales de la localidad durante la etapa republicana, y de ellos algunos habían sido fusilados en el verano de 1936, y otros se encontraban en la otra zona o estaban detenidos. Situación que poco importó ni a los que solicitaron estos informes, ni quienes desde el municipio respondieron a los mismos, que no dudaron en calificarlos de afines a la República y, en consecuencia, susceptibles de proceder contra sus bienes.
Y de acuerdo con ese mandato, una vez enviados los preceptivos informes sobre cada uno de los relacionados, en junio de ese mismo año se daba cuenta desde el ayuntamiento que se ignoraban, por diversas circunstancias, cuáles habían sido los bienes confiscados a cada uno de ellos, añadiendo lo siguiente:
Con el fin de evitar la pérdida de la cosecha de uno de los olivares propiedad de José Hernández Cumplido, se procedió a recolectar el fruto de aceituna, que lo fue de 1.432 kilos, cuyos beneficios se entregaron al comedor de Asistencia Social […]. Además, otro de los encartados, el vecino Manuel Muñoz Sánchez, tiene la casa en el nº 13 de la Plaza de Prim, en la que, por necesidades imperiosas de la enseñanza, el ayuntamiento ha instalado una de las escuelas de niñas y la habitación de las respectivas maestras. Y en lo que fue edificio “Casa del Pueblo”, también objeto de confiscación, se han realizado obras de adaptación para instalar los Comedores de Auxilio Social.
Por tanto, antes de la confiscación de esos bienes ya se había efectuado el disfrute de los mismos por las nuevas autoridades. Y, evidentemente, es preciso tener en cuenta que ese proceso afectaba sobre todo a la familia del afectado, que en no pocos casos se vio desprovista de sus bienes y abocada a vivir de la ayuda de sus familiares y amigos, cuando no de la caridad pública, para poder sacar adelante a sus hijos. Proceso de incautaciones que se prolongó más allá del conflicto armado, pues el Decreto 108 y normas complementarias al mismo fue sustituido, poco después de finalizar la campaña de Cataluña, por la Ley de Responsabilidades Políticas publicada el 9 de febrero de 1939, que añadía una serie de disposiciones más ajustadas, a estas alturas del conflicto, a la nueva realidad en zona franquista, cuando todo apuntaba a que serían los vencedores.
En ese contexto social marcado por la represión contra los “desafectos” es fácil comprender que los sublevados impusieran, sin ningún atisbo de oposición, lo que dieron en denominar “Nuevo Orden”, que tuvo en la sumisión de la población su característica más destacada. Valores tan significativos como la imposición de nuevas costumbres, el retorno a una moralidad tradicional o el nuevo impulso dado a la religión católica, se difundieron entre los vecinos de Los Santos de Maimona, que procuraron cumplirlos con diligencia ante el temor a sufrir represalias en caso contrario. Y es que, como sucedió en toda Extremadura, la guerra civil alteró la vida de los pueblos en todas sus vertientes, con unas consecuencias que han estado presentes, sin apenas cambios, durante décadas.
(1) Deseo mostrar públicamente mi agradecimiento por su ayuda en la realización de esta ponencia, a los vecinos de Los Santos de Maimona: Penélope Rubiano Montaño, responsable del Archivo Municipal; y al excelso cronista de esa villa: Aniceto Samino León.
(2) Archivo del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona (en adelante AASM), Actas, 4-XI-1933.
(3) Otra de las fincas reclamadas fue una porción de terreno de la finca “Las Pilitas”, propiedad de Cesáreo Rodríguez Carvajal, pues “según rumor público” pertenecía a los bienes rústicos municipales. AASM, Actas ,12-IV-1933.
(4) En concreto se indica que fue vendida en 1866 (ficha nº 7.734). AASM, Actas, 19-IV-1933.
(5) AASM, Actas, 31-XII-1931.
(6) AASM, Actas, 11-I-1935.
(7) Vid., J. ÁLVAREZ JUNCO; M. ESPADAS BURGOS; E. LÓPEZ; y C. MUÑOZ TINOCO, Diego Hidalgo: Memoria de un tiempo difícil, Alianza Editorial, Madrid, 1986; C. MUÑOZ TINOCO, Diego Hidalgo: un notario republicano, Diputación Provincial, Badajoz, 1986.
(8) AASM, Actas, 30-VI-1934.
(9) Diego Hidalgo, ¿Porqué fui lanzado del Ministerio de la Guerra? Diez meses de actuación ministerial, Espasa-Calpe, Madrid, 1934.
(10) AASM, Actas, 31-X-1934.
(11) Vid., F. ESPINOSA MAESTRE, Primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la Guerra Civil, Crítica, Barcelona, 2007.
(12) AASM, Actas, 27-III-1936.
(13)Archivo Militar de Ávila, Documentación Nacional, Ejército del Sur, Legajo 344.
(14) AASM, Actas, 6-VIII-1936.
(15)Todos los miembros de la Gestora tomaron posesión de sus cargos a excepción del presidente, Juan Blanco, y el vocal: Fabián Zapata, que cuando fueron designados se encontraban detenidos en la cárcel de Zafra, no incorporándose a sus puestos hasta el 7 de agosto.
(16) AASM, Actas, 5 y 10-VIII-1936.
(17) AASM, Actas, 8-VIII-1936.
(18) AASM, Actas, 15-VIII-1936.
(19) Cabe destacar que en el año 1995, por iniciativa de familiares de fusilados por el bando franquista de la localidad, el ayuntamiento de Los Santos procedió a la exhumación de la fosa común en la que estaban depositados los restos que fueron trasladados al cementerio municipal en el que se les dio digna sepultura.
(20) Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 18-IX-1936.
Publicado por L.S.M.H en 12:16

References: resolución 
 artículo 237
 artículo 238
 artículo 219
 artículo 238
 resolución