Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2011/07/registro-oficial-no-485---miercoles-6-de-julio-de-2011
Timestamp: 2020-07-15 10:44:23+00:00

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Registro Oficial No. 485 - Miércoles 6 de Julio de 2011
\n	798 Transfórmase la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en la ?Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR?, adscrita a la Secretaría Nacional de la Administración Pública.
\n	799 Modifícase el Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional.
\n	800 Ratifícase en todos sus artículos el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú con la participación del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú para la ejecución del ?Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú - II Fase?.
\n	801 Derógase el Decreto Ejecutivo Nº 1772, publicado en el Registro Oficial Nº 512 de 13 de junio de 1983.
\n	802 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional ?Al Mérito? en el Grado de Gran Cruz, al señor Luis Gallegos Chiriboga, Embajador de la República y funcionario del Servicio Exterior Ecuatoriano.
\n	00000462 Delégase y autorízase funciones a la Subecretaría General de Salud de esta Cartera de Estado.
\n	00000492 Confórmase el Comité de Emergencia que se encargará de llevar adelante todos los procesos precontractuales bajo el estado de excepción sanitaria.
\n	053 Modifícase el Acuerdo Ministerial Nº 007 de 8 de febrero del 2011.
\n	149 Ratifícase la aprobación del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas y otórgase la licencia ambien-tal para la ejecución0 de dicho proyecto.
\n	165 Habilítase el ejercicio de la Regencia Forestal al ingeniero Carlos Geovanni Pazos Álava.
\n	166 Habilítase el ejercicio de la Regencia Forestal al ingeniero Hugo Flores Caicedo
\n	Oficialízanse con el carácter de voluntaria y obligatoria la revisión de varias Normas Técnicas Ecuatorianas:
\n	11 154 NTE INEN 2 534 (Disposición de productos. Pilas y Baterías en desuso. Requisitos).
\n	11 155 NTE INEN 2 572 (Cables pre-ensamblados soportados por un neutro portante, con aislamiento extraído resistente a la intemperie hasta 600 voltios. Requisitos e inspección).
\n	11 156 NTE INEN 2 573 (Conductores de aluminio trenzados unidireccionalmente de combinación 19 alambres para su posterior aislamiento. Requisitos).
\n	11 157 NTE INEN 2 574 (Válvulas de compuerta con sello metálico para suministro de agua. Requisitos e inspección).
\n	SPTMF 275/11 Fíjanse las tarifas que EP PETRO-ECUADOR, reconocerá a la Empresa de Economía Mixta C.E.M. AUSTROGAS, que presta los servicios de comercialización de gas licuado de petróleo, en cuanto se relacionen con el transporte marítimo o fluvial, cabotaje, estibaje y manipuleo, en la ruta Guayaquil-Isla Puná- Guayaquil.
\n	01020-2011 Modifícase la Resolución 4083 de fecha fecha 30 de diciembre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 374 del 31 de enero del 2011 y deléganse funciones y atribuciones al(la) Director(a) de Reclamos y Trámites Operativos de la Dirección Distrital de Guayaquil.
\n	PSD-DPRRDFI11-00001 Confiérense facultades a varias funcionarias del Departamento de Gestión Tributaria de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Dirección Regional Norte del SRI.
\n	REO-JURRDRI11-00152 Delégase al Jefe de Área de RUC del Departamento de Servicios Tributarios de la Dirección Regional El Oro del Servicio de Rentas Internas, la emisión y suscripción de varios documentos.
\n	SBS-INJ-2011-431 Ingeniero civil José Eduardo Infante Robles.
\n	SBS-INJ-2011-435 Arquitecto Santiago Daniel Moreira Villavicencio.
\n	SBS-INJ-2011-454 Arquitecto Fabián Ramiro López Llerena.
\n	SBS-INJ-2011-467 Contador público autorizado Ulises Wilberto Vargas Cruz.
\n	SBS-INJ-2011-469 Arquitecto Mario Fernando Mera Ortiz.
\n	SBS-INJ-2011-481 Ingeniero civil Víctor Humberto Herrera Lainez.
\n	SBS-INJ-2011-494 Ingeniero agrónomo Iván Homero Larrea Serrano.
\n	00012-11-IN Acción pública de inconstitucionalidad de ?los artículos 42, 43, 48, 51, 53 primer inciso, 68, 73, 89, disposición transitoria décimo primera tercer inciso y disposición transitoria vigésimo sexta de la Ley Orgánica de Educación Superior?, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298 de 12 de octubre de 2010, por considerar que vulneran los principios de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica reconocidos en los artículos 355 y 346 de la Constitución de
\n	la República. Legitimado activo: Ing. Eléctrico Alejandro Ribadeneira Espi-nosa, en nombre y representación de las personas agrupadas con la denominada Corporación Ecuatoriana de Universi-dades Particulares-CEUPA.
\n	Dispónese que los jueces de la Sala de lo Penal de las cortes provinciales de justicia, que, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes, confirmaron un auto de llamamiento a juicio o revocaron el sobreseimiento y dictaron auto de llamamiento a juicio, no pueden conocer el mismo proceso que viene por recurso de apelación de la sentencia expedida por un Tribunal Penal que declara la responsabilidad del acusado o lo exime de la misma; en razón de que se hallan incursos en el causal prevista en el numeral 2 del artículo 264 del Código de Procedimiento Penal.
\n	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba: De creación del Registro de la Propiedad y Mercantil.
\n	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón: Sobre Discapacidades.
\n	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo: Para adoptar la denominación de: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja.
\n	Nº 798
\n	Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
\n	Que los números 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen entre las atribuciones y deberes del Presidente de la República el definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, dirigir la Administración Pública en forma desconcentrada y expedir decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control, así como, crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;
\n	Que a través de Decreto Ejecutivo Nº 1479, publicado en el Registro Oficial Nº 495 de 24 de diciembre del 2008, se creó la UNIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR, como una entidad de derecho público, con personería jurídica, de ámbito nacional, patrimonio y presupuesto propio e independencia técnica, administrativa y financiera, adscrita a la Presidencia de la República, con domicilio en la ciudad de Quito, y de gestión desconcentrada a nivel nacional;
\n	Que el Decreto Ejecutivo Nº 1479 fue reformado por el Decreto Ejecutivo Nº 1505, publicado en el Registro Oficial Nº 503 de 9 de enero del 2009, y por el Decreto Ejecutivo Nº 506, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 303 de 19 de octubre del 2010;
\n	Que el artículo 10-2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que corresponde a la Función Ejecutiva ejercer la atribución de planificación, que consiste en la facultad de establecer y articular políticas, estrategias, objetivos y acciones en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, para lograr un resultado esperado; y la de rectoría, que es la facultad de emitir políticas públicas nacionales o de Estado que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo, así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés nacional;
\n	Que los artículos 13 y 14 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establecen que la Secretaría Nacional de la Administración Pública es una dependencia de la Presidencia de la República destinada a facilitar la adopción de decisiones del Presidente de la República y a coordinar, por instrucciones directas del Jefe de Estado, las actividades de la Función Ejecutiva; y que compete al Secretario Nacional de la Administración Pública asesorar y asistir al Presidente de la República en la adopción y ejecución de las políticas generales del Estado, para lo cual coordinará y realizará las gestiones que se requieran con los ministros de Estado y funcionarios del sector público;
\n	Que siendo la función principal de la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, y abarcando su ámbito de acción las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, resulta insuficiente la estructura orgánica y funcional actual de la institución y su categorización como unidad adscrita a la Presidencia de la República;
\n	Que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 726 de 8 de abril del 2011 dispone que los organismos públicos adscritos a la Presidencia de la República dependerán de la Secretaria Nacional de la Administración Pública;
\n	Que la letra g) del artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que las secretarías son organismos públicos que, por delegación y bajo la supervisión del ente al cual están adscritos, tienen la facultad de asesorar, dictar y gestionar política transversal a un sector;
\n	Que la letra m) del artículo 15 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva determina como atribución del Secretario Nacional de la Administración Pública coordinar el manejo de los bienes inmuebles de las diversas instituciones del Estado y la Administración Pública Central e Institucional; y,
\n	En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 147, numerales 5 y 6 de la Constitución de la República, y el artículo 11, letras f) y g) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
\n	Artículo 1.- Transformar la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en la ?Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR? como una entidad estratégica de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y presupuesto propio e independencia técnica, administrativa y financiera, adscrita a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, con domicilio en la ciudad de Quito y de gestión desconcentrada a nivel nacional.
\n	Artículo 2.- La máxima autoridad de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será el Secretario, funcionario de libre nombramiento y remoción, quien será designado por el Secretario Nacional de la Administración Pública.
\n	El Secretario de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, tendrá la facultad de emitir reglamentos, políticas, lineamientos, procedimientos generales, acuerdos, resoluciones y la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR para el desarrollo de sus actividades y funciones.
\n	Artículo 3.- El ámbito de acción de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será respecto de los bienes inmuebles urbanos de las siguientes entidades:
\n	Las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional.
\n	Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva y las empresas en las que el Estado posea participación accionaría mayoritaria.
\n	Artículo 4.- Funciones.- La Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejercerá la rectoría del SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, con las siguientes atribuciones:
\n	Identificar mediante inventario los registros de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.
\n	Desarrollar y administrar el Catastro Único de Bienes Inmuebles del Estado, con cada uno de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.
\n	Establecer la situación técnica y jurídica de los bienes inmuebles de propiedad, en uso o en posesión de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto, aquellos sobre los que se ha establecido o consolidado el derecho de dominio, aquellos que se encuentran invadidos, abandonados, arrendados, entregados en comodato, en posesión de otras personas, aquellos cuya situación jurídica no se encuentre regularizada, aquellos respecto de los que se tenga la expectativa legítima de adquirir su uso o dominio, o que bajo cualquier otro título se encuentren en tenencia de las referidas instituciones. Esta función se extiende, inclusive, a los inmuebles aportados a fideicomisos en los que las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto, sean constituyentes, beneficiarias o que bajo cualquier título mantengan derechos fiduciarios o cuotas de participación fiduciaria.
\n	Emitir políticas, directrices y determinar mediante informe técnico sobre el uso correcto y eficiente de los inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto y en caso de identificarse la utilización deficiente de los mismos, comunicará y requerirá de la máxima autoridad de la entidad la ejecución de los actos correctivos.
\n	Coordinar con las direcciones de Avalúos y Catastros de las municipalidades, y con la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, la elaboración de avalúos previo a la compra, venta, permuta, comodato, subasta o remate, donación o arriendo de inmuebles de o para las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.
\n	Asesorar a las instituciones del sector público en lo relacionado a bienes inmuebles.
\n	Requerir y ejecutar con sus propios recursos construcciones, reconstrucciones, adecuaciones o avalúos de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.
\n	Gestionar los requerimientos y adquirir inmuebles para satisfacer necesidades públicas de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.
\n	Ejecutar con sus propios recursos la demolición de los edificios de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto cuando lo considere necesario y siempre que exista la orden de demolición de la máxima autoridad de la institución propietaria.
\n	Administrar o emitir políticas de administración inmobiliaria para los inmuebles en los que se ubiquen dos o más de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.
\n	Emitir las políticas, lineamientos y procedimientos generales para la asignación, compra, venta, comodato, permuta, donación y arrendamiento de inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto, y emitir el dictamen técnico previo al acto correspondiente.
\n	Emitir las políticas de imagen institucional y de estandarización de ergonomía sobre los inmuebles de propiedad o utilizadas por las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.
\n	Emitir dictamen técnico previo respecto de las adecuaciones y construcciones mayores, reconstrucciones, demoliciones o rehabilitación de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.
\n	Artículo 5.- Las máximas autoridades de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto, en el plazo improrrogable de SESENTA DIAS, entregarán a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR la información completa de todos los bienes inmuebles que, a cualquier título, mantengan registrados como activos inmobiliarios en sus balances, al igual que la información de aquellos bienes inmuebles que se encuentren en patrimonios autónomos de fideicomisos cuyo constituyente o beneficiario sea una institución pública.
\n	Artículo 6.- La Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, subrogará en todos los derechos y obligaciones a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.
\n	Los servidores públicos que actualmente prestan sus servicios bajo contrato o nombramiento en la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR pasarán a prestar sus servicios en la Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, previa evaluación positiva.
\n	Artículo 7.- La defensa de los derechos reales de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto corresponde a cada una de ellas, sin perjuicio de las atribuciones del Procurador General del Estado.
\n	PRIMERA DISPOSICIÓN GENERAL.- La Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR podrá intervenir en la forma expresada en este decreto respecto de los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado y de los que integran el patrimonio cultural, natural y las áreas protegidas, a petición expresa de las máximas autoridades que ejerzan la titularidad de dominio.
\n	SEGUNDA DISPOSICIÓN GENERAL.- Toda referencia a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. INMOBILIAR en normas de igual o menor jerarquía, se entenderá hecha a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.
\n	DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 1479 de 12 de diciembre del 2008, publicado en el Registro Oficial Nº 495 de 24 de diciembre del 2008, y sus reformas.
\n	DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo, encárguese al Secretario Nacional de la Administración Pública. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
\n	Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 22 de junio del 2011.
\n	Nº 799
\n	Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 147 número 5, faculta al Presidente de la República a expedir los decretos necesarios para la regulación y control de la Administración Pública;
\n	Que la Constitución de la República en su artículo 227 dispone que los servicios públicos se regirán por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;
\n	Que la Ley de Migración fue publicada en el Registro Oficial Nº 382 de diciembre 30 de 1971, y reformada posteriormente mediante ley reformatoria publicada en el Registro Oficial Nº 6 de agosto 18 de 1998;
\n	Que el Reglamento de la Ley de Migración fue publicado el 30 de diciembre de 1971, y luego reformado mediante los decretos ejecutivos Nos. 1658 y 1642 del 20 de abril de 1994 y del 28 de julio de 1998 respectivamente;
\n	Que la Ley de Migración y su reglamento fueron expedidos en consideración con la política migratoria vigente en aquella época, por lo que es necesario se actualicen las normas de procedimiento de control migratorio acorde a las disposiciones constitucionales vigentes, coherentes a la realidad actual y afines a los objetivos de la política migratoria gubernamental;
\n	Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y el Ministerio del Interior, el 28 de febrero del 2011, suscribieron el Acuerdo de Cooperación para el Intercambio de Información por Medios Tecnológicos en la Dirección Nacional de Migración; y,
\n	En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147 número 5 de la Constitución de la República, el artículo 11 literal f) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
\n	Artículo 1.- Suprímase el literal a) del artículo 32 del Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional.
\n	Artículo 2.- Sustitúyase el Capítulo II.A del Reglamento a la Ley de Migración que dirá:
\n	?Artículo 19.A.- Los extranjeros inmigrantes y no inmigrantes deberán acudir ante las autoridades competentes para su respectivo empadronamiento o censo.
\n	El empadronamiento o censo de extranjeros inmigrantes y no inmigrantes tendrá una validez indefinida. Será necesaria la renovación del censo de extranjeros inmigrantes y no inmigrantes, únicamente en el caso de que cambien su calidad migratoria.
\n	En caso de que el extranjero haya obtenido la visa de inmigrante o no inmigrante en el exterior, la misma deberá ser inscrita una vez ingresado al territorio ecuatoriano, y se lo realizará personalmente ante la autoridad competente.
\n	La entidad competente llevará un registro y control de los extranjeros inmigrantes y no inmigrantes, en base a los datos proporcionados por la autoridad competente que emitió el censo.?.
\n	Disposición Final.- De la ejecución del presente decreto que entrará en vigencia en forma inmediata sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los señores ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y del Interior.
\n	Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito a 22 de junio del 2011.
\n	Nº 800
\n	Que el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú con la participación del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú para la ejecución del ?Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú - II Fase?, fue suscrito en Loja el 26 de octubre del 2010;
\n	Que el específico del convenio es el mejoramiento de la capacidad de los servicios de salud y de las competencias del personal sanitario, así como de las infraestructuras y equipamiento de las unidades de salud que conforman las micro redes del ámbito de intervención, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y condiciones de vida de las comunidades fronterizas y a fortalecer la integración y organización de la red de servicios de salud binacional Ecuador - Perú;
\n	Que el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria efectuada el 26 de mayo del 2011 resolvió aprobar el informe del Juez sustanciador que establece que el referido convenio no requiere de aprobación de la Asamblea Nacional;
\n	Que de conformidad con el segundo inciso del artículo 418 de la Constitución de la República, el Presidente de la República notificó con oficio Nº T.5638-SNJ-11-786 de fecha 1 de junio del 2011, a la Asamblea Nacional el contenido del convenio; y,
\n	Artículo Primero.- Ratifícase en todos sus artículos del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú con la participación del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú para la ejecución del ?Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú - II Fase?, suscrito el 26 de octubre del 2010.
\n	Nº 801
\n	Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 1772, publicado en el Registro Oficial Nº 512 de 13 de junio de 1983, se expidió el ?Reglamento de Contabilidad Aplicables a los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos?;
\n	Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nº 244 del 27 de julio del 2010, se publicó la ?Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno? en cuyo artículo 7 sustituye el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, normando, de esta manera, nuevas disposiciones en el ámbito de contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos; por lo que el reglamento indicado en el párrafo inmediato anterior carecería de valor jurídico;
\n	Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el número 1 del artículo 21 del Reglamento a las Reformas a la Ley de Hidrocarburos, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, mediante Resolución Nº 001-DIR-ARCH-2010-11-23, aprobó, por unanimidad, el 22 de noviembre del 2010, expedir el Reglamento de Contabilidad y de Control y Fiscalización de los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos; y,
\n	En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 11 literal f) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
\n	Art. 1.- Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 1772, publicado en el Registro Oficial Nº 512 de 13 de junio de 1983, con el cual se expidió el Reglamento de Contabilidad aplicables a los contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos.
\n	Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese al Ministro de Recursos Naturales No Renovables.
\n	Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de junio del 2011.
\n	Nº 802
\n	Que en el ejercicio diplomático de seis años frente a la Embajada de Ecuador ante los Estados Unidos de América, el Embajador Luis Gallegos Chiriboga ha realizado una fructífera gestión dando muestras de su capacidad profesional, así como total dedicación en la promoción de los intereses del país;
\n	Que es deber del Estado distinguir a aquellos ciudadanos que con sus esfuerzos han servido lealmente a la Patria, en particular en el ejercicio de la representación diplomática del Ecuador; y,
\n	En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6° del Decreto Nº 1306 de 12 de noviembre de 1985, publicado en el Registro Oficial Nº 317 de 19 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional ?Al Mérito? creada por ley de 8 de octubre de 1921,
\n	Art. 1º.- Confiérase la condecoración de la Orden Nacional ?Al Mérito? en el Grado de GRAN CRUZ, al señor Luis Gallegos Chiriboga, Embajador de la República y funcionario del Servicio Exterior Ecuatoriano.
\n	Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 22 de junio del 2011.
\n	Nº 00000462
\n	Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ordena: ?Art. 61.- Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal de COMPRAS PÚBLICAS.
\n	Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante. Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna.?;
\n	Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: ?Art. 4.- Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en el Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación.
\n	Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable.
\n	En el ámbito de las responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia. De ser el caso, generar alertas o recomendaciones de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de que sean puestas en conocimiento de los organismos de control pertinentes.?;
\n	Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: ?Art. 109 en su párrafo tercero: Los ministros de Estado y los representantes legales de las entidades del sector público podrán delegar la celebración de los contratos a funcionarios o servidores de la entidad o dependencia a su cargo de entidades u organismos a ella adscritos; o, de otras entidades del sector público si los contratos deben celebrarse en un lugar en el que la entidad contratante no tenga oficinas permanentes?;
\n	Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000380 del 3 de mayo del 2011 el Dr. David Chiriboga Allnutt, en su calidad de Ministro de Salud Pública delegó y autorizó a la Subsecretaria General de Salud, para que realice todos los procedimientos precontractuales de preparación, selección y contratación referentes a Comunicación Social del Ministerio de Salud;
\n	Que, con el ánimo de lograr agilizar los procesos de contratación pública inherentes al ámbito de comunicación social, se hace necesario delegar a la Subsecretaria General de Salud la realización de estos trámites; y,
\n	En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo 61 y 109 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento respectivamente,
\n	Art. 1.- Delegar y autorizar a la Subsecretaría General de Salud de esta Cartera de Estado para que a través de su autoridad, a más de las funciones inherentes a su cargo, a nombre y representación del Ministro de Salud Pública, realice todos los procedimientos precontractuales y contractuales de preparación, selección y contratación referentes a comunicación social, así como la ejecución de los mismos, amparados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. Expresamente se delega, al titular de la Subsecretaría General, la suscripción de contratos referentes a comunicación social del Ministerio de Salud Pública.
\n	Art. 2.- La o el delegada/o deberá actuar en los términos de la Constitución de la República del Ecuador, del presente acuerdo ministerial y las disposiciones legales y reglamentarias que rigen sobre la materia, caso contrario responderá administrativa, civil y penalmente por los actos u omisiones verificados en el ejercicio de la designación, ante los organismos de control.
\n	Art. 3.- Mediante el presente acuerdo ministerial se deroga el Acuerdo Ministerial No. 000380 del 3 de mayo del 2011.
\n	Art. 4.- El presente acuerdo ministerial se publicará a través del Portal de Compras Públicas y entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
\n	No. 00000492
\n	Que, el artículo 32 de la Constitución de la República establece que ?la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el

References: Resolución 
 artículo 264
 artículo 227
 artículo 147
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 147
 artículo 11
	Artículo 1
	Artículo 2
	Artículo 3
	Artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
	Artículo 5
 artículo 3
	Artículo 6
	Artículo 7
 artículo 3
 artículo 147
 artículo 227
 artículo 147
 artículo 11
	Artículo 1
 artículo 32
	Artículo 2
 artículo 418
 artículo 7
 artículo 16
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 147
 artículo 11
 resolución 
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 61
 artículo 32