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Timestamp: 2020-04-02 21:21:35+00:00

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Sentencia de Tutela nº 618/00 de Corte Constitucional, 29 de Mayo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43612977
Sentencia citada en: 83 sentencias, 11 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas
Procedencia: Juzgado 26 Civil del Circuito de S. de Bogotá
Dentro del proceso de revisión de las sentencias proferidas por el Juzgado 26 Civil del Circuito de S. de Bogotá el 2 de noviembre de 1999 y por la Sala Civil del Tribunal Superior de S. de Bogotá el 10 de diciembre de 1999 en la tutela instaurada por NN y AA, mediante poder otorgado a un profesional del derecho.
NN y AA son homosexuales, forman pareja desde hace 5 años, conviven bajo el mismo techo y afirman que lo hacen como cualquier otra pareja, que se aman y construyen familia y una comunidad de vida singular y permanente.
Ambos han sido diagnosticados como personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
NN como su pareja AA toman los medicamentos denominados antiretrovirales. Se afirma que no se puede dejar de consumir los medicamentos.
AA se encuentra afiliado a I.S.S. hace aproximadamente 12 años y NN también había estado afiliado al I.S.S. en varias oportunidades con interrupciones.
Debido al deterioro de salud de AA (estar en fase de SIDA avanzada), fue pensionado por invalidez desde hace 2 años por cuenta delI.S.S.
NN trabajó en varias empresas hasta febrero de 1999. Debido a la situación del país, el último empleador (cuya actividad principal es la construcción) no renovó el contrato de trabajo a NN
NN estaba siendo atendido por el programa de VIH/SIDA delI.S.S. mientras fue trabajador dependiente.
Luego de terminar el contrato de trabajo, conforme lo dispone la ley 100, NN tenía una cobertura de unas semanas mas.
Terminada la cobertura, AA presentó al I.S.S. un derecho de petición (abril 5 de 1999) solicitando que en su calidad pensionado se incluyera a su compañero NN como beneficiario por ser pareja (como cualquier pareja homosexual que vive en unión libre) y así poder continuar tomando los medicamentos y garantizar su seguridad social en salud.
A la documentación allegaron los documentos exigidos por el I.S.S.
El I.S.S. contestó mediante oficio 99001957 así:
"... le informó que de acuerdo al Artículo 34 del Decreto 806 del 30 de abril de 1998, comdidamente le informó que se realizó la afiliación del señor NN identificado con Cédula de Ciudadanía Nº ........ en calidad de BENEFICIARIO.
Con base en esa respuesta el beneficiario, señor NN, pudo continuar con su tratamiento antiretroviral y las consultas médicas que requería.
Con la respuesta, también anexaron el carnet provisional en el cual aparece como cotizante AA y como beneficiario NN.
A finales de julio del año en curso la pareja fue al I.S.S. a renovar los carnets. Allí les entregaron una carta fechada meses atrás (27 de abril de 1999, enviada a una dirección incorrecta) en la cual les hacen saber: "... de acuerdo al Concepto emitido por la DIRECCION JURIDICA NACIONAL Nº 00163 de noviembre 20 de 1998, queda anulada la afiliación del señor NN..." (Se trata de un concepto general).
El accionante beneficiario a quien le revocaron el beneficio afirma que NO PUEDE SUSPENDER SU TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL y además requiere por su condición de salud controles periódicos y atención integral conforme ordena el decreto 1543 de 1997 reglamentario de Vih/Sida.
Derecho de petición de AA (pensionado del ISS) pidiendo que se tenga como beneficiario a su pareja NN. Esta petición tiene fecha 30 de marzo de 1999 y se le anexó la siguiente documentación: acta de declaración extraproceso (declaran que son pareja desde hace cinco años), comprobante de pago, fotocopia del carnet de pensionado, fotocopia de las dos cédulas de ciudadanía y el formato que el ISS da para ingreso del beneficiario.
Comunicación del Jefe de Departamento Nacional de Afiliación y Registro del ISS, de 15 de abril de 1999 diciéndole a AA "que se realizó la afiliación de NN, identificado con la C.C...., en calidad de beneficiario".
Fotocopia del carnet provisional para NN como beneficiario de AA. Se indica que la fecha de afiliación es 14 de abril de 1999.
Formato de afiliación al ISS
Certificación del 8 de julio de 1999, expedida por el médico tratante del ISS en donde se indica que NN tiene infección VIH asintomático y que se encuentra en controles con tratamiento AZT-DDC-SQV y que el último control se efectuó el 21 de junio de 1999.
Comunicación a AA diciéndole que por concepto de la Dirección jurídica nacional Nº 00163 de 20 de noviembre de 1998 queda anulada la afiliación de NN.
Concepto de 20 de noviembre de 1998 de la Directora Jurídica Nacional del ISS diciendo que no puede ser beneficiario el compañero o compañera del mismo sexo porque los artículos 42 y 43 de la C.P. se refieren a la familia integrada por hombre y mujer, el Código Civil y la ley 54 de 1990 (uniones maritales de hecho) también se refieren a esa familia y los artículos 47 y 163 de la ley 100 de 1993 en la referencia a los beneficiarios se entiende que es hombre-mujer. Concluye diciendo que "la unión marital de hecho entre dos personas del mismo sexo, no puede ser ubicada dentro de situaciones generadoras de derechos".
Constancia del ISS, del 28 de octubre de 1999, según la cual AA está vinculado al ISS y relación de cotizaciones.
Constancia del ISS del 28 de octubre de 1999, en el sentido de que NN "figura con vinculación registrada el dia 26 de octubre de 1995...bajo el empleador: Constructor A.L.".
Cotizaciones de NN al ISS en 1995, 1996,1997 y 1998 y enero y febrero de 1999 (empleadores: Inversiones 170 Ltda., Jalca Condado de Iberia, C.A.L..).
Comunicación de 28 de octubre de 1999 del Jefe de afiliación y registro nacional del ISS al Juez de tutela en donde textualmente se expresa: "El señor NN, con c.c......, figura vinculado con fecha 14 de abril de 1999, a los sistemas de salud, no registra pagos, ni beneficiarios según consulta efectuada a las diferentes bases de datos de aportantes.....A su vez con el oficio VA-DAYR No. 2225 del 27 de abril, se le comunicó al señor AA la anulación de la afiliación de su beneficiario NN... de acuerdo a lo contemplado en el concepto emitido por la Dirección jurídica nacional.... Del 23 de noviembre de 1998."
Comunicación de la Coordinadora del programa ETS-VIH/SIDA, de 5 de noviembre de 1999, dirigida a la Juez de primera instancia en la tutela, diciendo que se va a atender a AA (la orden de tutela fue para NN). Pero el Gerente de la Clínica S.P.C. informa el 11 de noviembre de 1999 que se le han entregado los antiretrovirales a NN. Y se adjuntaron algunas tarjetas de control del paciente.
Concepto del Director General de la Liga colombiana de lucha contra el Sida sobre la necesidad de no romper la continuidad en el suministro de los medicamentos antiretrovirales.
Concepto sobre la importancia de reconocer las familias homosexuales.
Concepto del ICBF donde indica que hay 19 tipos de familia usuarias de tal Institución.
Trabajo de la Universidad Nacional de Colombia denominado "Y los declaro marido y marido".
El apoderado de los peticionarios pide, en solicitud presentada el 15 de octubre de 1999, que en el término de 48 horas se reanude la afiliación de NN como beneficiario de AA al sistema de seguridad social en salud y que se prevenga al Director del ISS para que en ningún caso vuelva a incurrir en las violaciones que dieron lugar a la tutela. Considera que con la actitud del ISS se ocasionó un perjuicio irremediable y que se han violado los siguientes derechos fundamentales: el debido proceso, en cuanto hubo una revocatoria directa sin consentimiento expreso del titular, el derecho a constituir familia, la construcción de familia entre personas homosexuales, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, el derecho a la seguridad social, el no sometimiento a tratos degradantes, la libertad de conciencia, la honra, la vida, la diversidad cultural, la dignidad humana. Y plantea la inaplicación de normas de carácter inferior a la Constitución que afecten a ésta.
El Juzgado 26 Civil del Circuito de S. de Bogotá, que conoció en primera instancia, profirió sentencia el 2 de noviembre de 1999 tutelando, como mecanismo transitorio, el derecho a la vida y por lo tanto le ordenó al ISS que prestara la atención médica a NN. No amparó por los demás derechos invocados.
La Sala Civil del Tribunal Superior de S. de Bogotá, el 10 de diciembre de 1999 confirmó el fallo impugnado. Sin embargo, en la parte motiva dijo que al ISS le asistía derecho legítimo para no admitir al accionante NN como beneficiario de AA, pero que confirmaba la decisión del a-quo porque "la parte accionada no la impugnó".
El artículo 48 de la Constitución Política establece que "Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social". O sea que nadie puede ser excluido de tal derecho, salvo que una sentencia judicial, constitucional y razonablemente lo determine.
La misma norma señala como principios de la seguridad social: la eficiencia, la universalidad y la solidaridad. Además, "la seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la igualdad material y en la cláusula del Estado Social de Derecho" SU-562/99, M.P.A.M.C.. Mas contundente no puede ser la Constitución.
Por otro aspecto, la seguridad social es un servicio público, por lo tanto sobre él se proyecta el artículo 365 de la C. P.: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del estado. Es deber del estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional".
En la T-730/99 (M.P.A.M.C.) se dijo:
....otro de los principios constitucionales es el de la universalidad, o sea que el objetivo del sistema es que todos los habitantes del país disfruten de seguridad social. Por eso mismo, se estableció legalmente el carácter de obligatorio.
M. dice que "La continuidad contribuye a la eficiencia de la prestación, pues sólo así ésta será oportuna" M.M., Tratado de derecho administrativo, Tomo II, pág. 64.. Y, a renglón seguido repite: ".. resulta claro que el que presta o realiza el servicio no debe efectuar acto alguno, que pueda comprometer no solo la eficacia de aquél, sino su continuidad" Ib. p. 66. Y, luego resume su argumentación al respecto de la siguiente forma: "... la continuidad integra el sistema jurídico o `status' del servicio público, todo aquello que atente contra dicho sistema jurídico, o contra dicho `status' ha de tenerse por `ajurídico' o contrario a derecho, sin que para esto se requiera una norma que expresamente lo establezca, pues ello es de `principio' en esta materia". Ib. p. 67 J.R.J.R., Derecho Administrativo, p. 80 y ss reseña como uno de los principios generales del derecho en la jurisprudencia administrativa el de la continuidad de los servicios públicos y agrega que el Consejo Constitucional francés ha hecho suya la teoría de los principios generales (sentencia de 26 de junio de 1969).
En el caso colombiano, la aplicación ineludible de los principios está basada en el artículo 2° de la C. P. que señala como uno de los fines del estado "garantizar la efectividad de los principios". Luego, el principio de la continuidad en el servicio público de salud de los trabajadores dependientes no puede ser afectado ni siquiera cuando se incurre en mora superior a los seis meses, en el pago de los aportes, porque la disposición que permite suspenderle el servicio a quienes estén en esta circunstancia es una regla de organización dentro de la seguridad social establecida en la ley 100 de 1993 que no se puede extender a la "garantía de la seguridad social" establecida como principio mínimo fundamental en el artículo 53 de la C. P."
Prácticas no autorizadas. Las Entidades Promotoras de salud de conformidad con lo que para el efecto señale el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, deberán abstenerse de introducir prácticas que afecten la libre escogencia del afiliado, tales como las que a continuación se enumeran: (1) Ofrecer incentivos para lograr la renuncia del afiliado, tales como tratamientos anticipados o especiales al usuario sobre enfermedades sujetas a períodos mínimos de cotización así como bonificaciones, pagos de cualquier naturaleza o condiciones especiales para parientes en cualquier grado de afinidad o consaguinidad; (2) Utilizar mecanismos de afiliación que discriminen a cualquier persona por causa de su estado previo, actual o potencial de salud y utilización de servicios; (3) Terminar en forma unilateral la relación contractual con sus afiliados, o negar la afiliación a quien desee afiliarse, siempre que garantice el pago de la cotización o subsidio correspondiente, salvo cuando exista prueba de que el usuario ha utilizado o intentado utilizar los beneficios que le ofrece el Sistema General de Seguridad Social en Salud en forma abusiva o de mala fe. Para estos efectos, se consideran conductas abusivas o de mala fe del usuario entre otras, las siguientes: a) solicitar u obtener para si o para un tercero, por cualquier medio, servicio o medicamentos que no sean necesarios; b) solicitar u obtener la prestación de servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud a personas que legalmente no tengan derecho a ellos; c) suministrar a las entidades promotoras o prestadoras de servicios, en forma deliberada, información falsa o engañosa; d) utilizar mecanismos engañosos o fraudulentos para obtener beneficios del Sistema o tarifas más bajas de las que le corresponderían y eludir o intentar eludir por cualquier medio la aplicación de pagos compartidos, cuotas moderadas y deducibles; y (4) Cualesquiera otros medios, sistemas o prácticas que tengan por objeto o como efectos afectar la libre escogencia del usuario.
Reiteración de jurisprudencia sobre buena fe y respeto al acto propio
En la sentencia T-827/99 (M.P.A.M.C.) expresamente se dijo que si el ISS vincula a una persona al sistema de seguridad social (en tal tutela se trataba de seguridad social en pensiones, pero hay la misma razón para predicarlo de la salud) dicho acto produce efectos jurídicos y no puede ser extinguido unilateralmente. Expresamente se consideró:
`El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro y no tiene mas remedio que protegerla, porque PODER CONFIAR , como hemos visto, es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres y, por tanto, de la paz jurídica. Quien defrauda la confianza que ha producido o aquella a la que ha dado ocasión a otro, especialmente a la otra parte en un negocio jurídico, contraviene una exigencia que el Derecho - con independencia de cualquier mandamiento moral - tiene que ponerse así mismo porque la desaparición de la confianza, pensada como un modo general de comportamiento, tiene que impedir y privar de seguridad el tráfico interindividual. Aquí entra en juego la idea de una seguridad garantizada por el Derecho, que en el Derecho positivo se concreta de diferente manera...' (Derecho justo. Editorial Civitas, pág. 91).
En España, por ejemplo, el artículo 144.1. de la Ley procesal laboral establece como principio que las Entidades gestoras de la seguridad social no podrán por si mismas revisar los actos administrativos de derechos en perjuicio de los beneficiarios, sino que deben solicitar la revisión ante el Juzgado de lo Social, mediante demanda que se dirigirá contra el beneficiario reconocido. "Se trata de un verdadero proceso de lesividad que se construye como remedio judicial para revocar actos firmes de la Entidad gestora" Instituciones de derecho procesal laboral, A.B. y otros, p. 354
En la sentencia SU-062/99 (M.P.V.N.M.) se expresó:
La Carta Política de 1991 estableció en su artículo 48 que la seguridad social es un derecho irrenunciable catalogado como económico y social, cuya eficacia, por lo tanto, no es directa, sino que su reconocimiento requiere ser regulado por el legislador a quien compete establecer las circunstancias en que debe ser reconocido. Por ello, en principio, no es exigible del Estado por la vía de la acción de tutela, ya que no se reviste de la connotación de derecho fundamental. Sin embargo, la reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha definido que los derechos derivados de la seguridad social adquieren su connotación de fundamentales cuando las circunstancias fácticas hacen que su reconocimiento sea imprescindible para la vigencia de otros derechos estos si, de carácter fundamental. Cfr. sentencia SU-111 de 1997, Magistrado Ponente E.C.M.. Adicionalmente, esta misma jurisprudencia ha definido también que el alcance de la seguridad social como derecho fundamental, surge igualmente cuando quien pretende hacerlo valer es una persona que requiere de una especial protección por parte del Estado, como es el caso de los niños, las personas de la tercera edad y las mujeres cabeza de familia, entre otras.
T. se ha protegido el derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida. Es un derecho a algo que tienen las personas y por lo mismo se torna irrenunciable Ver T-114/97, M.P.A.B.C... Pero, también se protege el derecho a la seguridad social en salud en conexión con el derecho al trabajo, últimamente en la SU-562/99 se indicó:
"La doctrina ha considerado que en principio, el derecho a la salud no es un derecho fundamental Salvo en el caso de los niños que según el art. 44 C.N. es derecho fundamental.. La jurisprudencia colombiana, sigue esta orientación, de ahí que la protección tutelar a la salud opera en conexión con el derecho a la vida, luego si hay peligro de que ésta sea afectada entonces cabe la acción de tutela. Con este punto de apoyo garantista la jurisprudencia de la Corte Constitucional protege muchos casos en relación a la prestación del servicio de salud. (P.ej. SU-480/97, T-489/98, T-669/97, T-287/95, T-385/98, T-018/99, entre otras). Se menciona lo anterior porque el cotizante (trabajador activo o trabajador pasivo) está protegido en cuanto a la salud no solo en conexión con el derecho a la vida sino con el derecho al trabajo como ya se anotó, luego esa protección reforzada (vida y trabajo) también se proyecta al beneficiario.
La anterior situación ubica el tema dentro del criterio del ISS de que los beneficiarios de un cotizante son los familiares de éste y el término "familia" se interpreta según la Constitución Política que en su artículo 42 señala como requisito para la familia que la pareja esté integrada por un hombre y una mujer.
Esta interpretación de "familia" es obvia frente a la Constitución y así lo ha reconocido la jurisprudencia en varias oportunidades.
La C-098/96 (M.P.E.C.M.) dice:
"2.2 El texto de la ley responde al fin que explícitamente se trazó el Congreso al expedirla: reconocer jurídicamente la existencia de la "familia natural", hecho social innegable en Colombia ("son más los hijos nacidos de las relaciones extramatrimoniales de sus padres que del matrimonio civil o religioso") y fuente de los hijos "naturales" o "extramatrimoniales" - equiparados en la legislación civil -, con el objeto de establecer los derechos y deberes de orden patrimonial de los "concubinos", y así llenar el vacío legal existente en una materia que interesa al bienestar de la familia y que no puede quedar al margen de la protección del Estado (Exposición de motivos. Anales del Congreso N° 79 de agosto 15 de 1988).
La C-507/99 (M.P.V.N.M.) indica:
"3.2 Pues bien, esta familia natural, constituida por la voluntad responsable de un hombre y una mujer de convivir juntos, sin mediar lazos contractuales formales, se encuentra expresamente reconocida por la Constitución Política y, al efecto, es objeto de protección integral por parte del Estado y la sociedad. Así lo dispone expresamente el artículo 42 Superior al señalar:
"El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.
"La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables." (Subrayas fuera de texto)
"No es necesario discutir por qué la familia es el núcleo, principio o elemento fundamental de la sociedad. Se reconoce a ella éste lugar de privilegio dentro de la escala social porque todos deberíamos nacer, vivir y morir dentro de una familia.
"Interpretando una necesidad nacional debe reflejarse en la Constitución la realidad en que vive hoy más de la cuarta parte de nuestra población. Se deben complementar las normas legales vigentes sobre `uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes'.
"Debido a cambios de mentalidad, a problemas en la primera unión y al acomodamiento económico y social de las gentes, se ve cómo desde 1900 tiene un incremento sostenido la unión libre. En la generación de la primera década de ese siglo, se encuentra un 10% de las familias en esta situación; en la generación del 40 encontramos un 26%; en la del 50 pasa al 30% y en la de 1960 a 1964 asciende a un 45.5%, según indica la obra "La Nupcialidad en Colombia, evolución y tendencia" de las investigadoras L.Z. y N.R.". (Ponencia para P.D. en la Plenaria, Gaceta Constitucional No. 85. Pág. 5.)
3.3 En concordancia con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha respaldado la unión marital de hecho señalando que ésta "corresponde a una de las formas legítimas de constituir la familia, la que no se crea sólo en virtud del matrimonio. La unión libre de hombre y mujer, `aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales' debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da origen a la institución familiar". (Sentencia C-098/96, M.P.E.C.M..
3.4 Así las cosas, si la propia Carta Política legitima la familia natural, propugnando la inviolabilidad de su honra, su dignidad e intimidad, y sienta las bases para lograr la absoluta igualdad en sus derechos y deberes (C.P. art. 42),"
La Cobertura Familiar. El Plan de Salud Obligatorio de Salud tendrá cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del Sistema el (o la) cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, que haga parte del núcleo familiar y que dependan económicamnte de éste; los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste.
"La legislación nacional podrá autorizar o prescribir la asistencia médica a los miembros de la familia del asegurado que vivan en su casa y estén a su cargo y determinará las condiciones en que esta asistencia pueda concederse". En el mismo contexto de ir mas allá de la familia como padre, madre e hijos, está la legislación española que en el artículo 100 de la Ley General de Seguridad Social dice que tienen derecho a ella los trabajadores por cuenta ajena, los pensionados, los beneficiarios: cónyuges, descendientes, hermanos menores de 26 años o éstos sin limitación de edad, cuando son inválidos absolutos. Así mismo pueden serlo los ascendientes y sus cónyuges y los acogidos de hecho si previamente se acuerda con el INSS.
Art. 40.- otros miembros dependientes. Cuando un afiliado cotizante tenga otras personas diferentes a las establecidas anteriormente, que dependan económicamente de él y que sean menores de 12 años o que tengan un parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, podrán incluirlos en el grupo familiar, siempre y cuando pague un aporte adicional equivalente al valor de la unidad de pago por capitación correspondiente según la edad y el género de la persona adicional inscrita en el grupo familiar, establecidas por el consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, En todo caso el afiliado cotizante deberá garantizar como mínimo un año de afiliación del miembro dependiente y en consecuencia la cancelación de la UPC correspondiente.
PAR.- La afiliación o desafiliación de estos miembros deberá ser registrada por el afiliado cotizante mediante el diligenciamiento del formulario de novedades.
Dignidad, libre desarrollo de la personalidad y derecho a la intimidad, la honra y el buen nombre
Según K., "...el hombre, y en general todo ser racional, existe como un fin en sí mismo, no sólo como medio para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad; debe en todas sus acciones, no sólo las dirigidas a sí mismo, sino las dirigidas a los demás seres racionales, ser considerado al mismo tiempo como fin." Y partiendo del supuesto de que el hombre es un fin en sí mismo, enuncia este imperativo categórico: "Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo, y nunca solamente como un medio." ("Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres", y otros escritos, Ed. P.S.A., México 1990, pág. 44).
En relación con la teoría de K. sobre la persona, afirma R.S.:
"En este sentido dice que los seres racionales se llaman personas en tanto que constituyen un fin en sí mismo, es decir, algo que no debe ser empleado como mero medio, algo que, por consiguiente, encierra albedrío. La persona es un ser enteramente diverso de las cosas, diverso por su rango y dignidad. Personalidad es "libertad e independencia del mecanismo de toda la naturaleza". Conviene, pues, subrayar que en K. el concepto de persona surge a la luz de una idea ética. Esto es, la persona se define no atendiendo sólo a la especial dimensión de su ser (v.gr., la racionalidad, la indivisibilidad, la identidad, etc.), sino descubriendo en ella la proyección de otro mundo distinto al de la realidad, subrayando que persona es aquel ente que tiene un fin propio qué cumplir por propia determinación, aquel que tiene su fin en sí mismo, y que cabalmente por eso posee DIGNIDAD, a diferencia de todos los demás, de las cosas, que tienen su fin fuera de sí, que sirven como mero medio a fines ajenos y que, por tanto, tienen PRECIO. Y ello es así, porque la persona es el sujeto de la ley moral autónoma, que es lo único que no tiene un valor solamente relativo, o sea un precio, sino que tiene un valor en sí misma y constituye así un autofín..." ("Filosofía del Derecho" y "Estudios de Filosofía del Derecho", G.D.V. y L.R.S., UTEHA, México 1946, Tomo I, pág. 353).
El hombre, en síntesis, tiene dignidad porque es un fin en sí mismo y no puede ser considerado un medio en relación con fines ajenos a él."T-542/93, Ponente: Dr. J.A..
La naturaleza de principio que ostenta la dignidad humana, impide que su desconocimiento pueda ser alegado de manera principal y única como causa de la acción de tutela. Sin embargo, ella se resiente cada vez que una acción u omisión de una autoridad pública viola o pone en peligro un derecho fundamental. Además del quebrantamiento de un derecho fundamental, el accionante de la tutela puede invocar - como ocurre en el presente caso - el agravio infligido a su dignidad humana, y así el Juez podrá apreciar en su fallo tanto la conculcación del derecho como la profanación a la dignidad.T-401/92, Ponente: Dr. E.C..
"La dignidad humana exige pues que al hombre, en el proceso vital, se le respeten también su salud y su integridad física y moral, como bienes necesarios para que el acto de vivir sea digno. De ahí que el derecho a la integridad física y moral consiste en el reconocimiento, respeto y promoción que se le debe a todo individuo de la especie humana de su plenitud y totalidad corpórea y espiritual, con el fin de que su existencia sea conforme a la dignidad personal." Sentencia T-123/94, Ponente: Dr. V.N..
"El derecho al libre desarrollo de la personalidad afirma la autonomía de cada ser humano como individuo único e irrepetible, cuyas tendencias y naturales inclinaciones merecen respeto en tanto no impliquen daño a otros o a la colectividad" ( T-037/95)."
"Con en el reconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, conocido también como derecho a la autonomía e identidad personal, se busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional. Sentencia T-542/92, M.P. doctor A.M.C.A., puede afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad e independencia del individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante de no causar un perjuicio social.
Por su parte, los derechos a la intimidad y al buen nombre también contribuyen con el proceso de desarrollo individual del ser, en cuanto están estrechamente ligados al principio de la dignidad humana e involucrados en el proceso de reconocimiento de la libertad, la autonomía y la conservación personales. Estos derechos buscan proteger el entorno más entrañable de la persona y de su familia, habilitándola para exigir respeto público y privado a sus actuaciones, decisiones, necesidades y comportamientos, que son de su resorte exclusivo e íntimo. Cfr., entre otras, la Sentencia T- 261/95, M.P.J.G.H.G..
En realidad, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y al buen nombre, forman parte esencial del ser humano, pues permiten su reconocimiento e individualización social, por lo que cualquier limitación de los mismos debe obedecer a verdaderos intereses constitucionales que, en ningún caso, podrán llegar a afectar su núcleo esencial, entendiendo por tal "aquellas decisiones que una persona toma durante su existencia y que son consustanciales a la determinación autónoma de un modelo de vida y de una visión de su dignidad como persona." Sentencia C-481/98, M.P., doctor A.M.C..
"El derecho a la autonomía personal, al igual que los demás derechos consagrados en la Carta, no es absoluto. Esta idea la contiene el artículo 16 al consagrar :'...sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico'. Estas dos limitaciones no pueden desconocer el núcleo esencial que es el mínimo vital de este derecho, siguiendo a H., se denomina `contenido esencial' al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas'". (Sentencia T-542/92 M.P.A.M.C..
" Carecería de sentido que la autodeterminación sexual quedara por fuera de los linderos de los derechos al reconocimiento de la personalidad y a su libre desarrollo, si la identidad y la conducta sexuales, ocupan en el desarrollo del ser y en el despliegue de su libertad y autonomía, un lugar tan destacado y decisivo. Admitir que el Estado pueda interferir y dirigir el proceso humano libre de adquisición e interiorización de una determinada identidad sexual, conduciría a aceptar como válido el extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política estatal contingente. El ser no puede sacrificarse por una razón de Estado, en un campo que no incumbe a éste y que no causa daño a terceros. La protección de las autoridades a todas las personas y residentes en Colombia (C.P. , art. 2) tiene forzosamente que concretarse, en esta materia, en el respeto a la libre opción sexual.
"5.2 Sobre la base de tales propósitos, tal como lo ha reconocido esta Corporación en abundante jurisprudencia, debe reiterarse que una de las características de la Carta Política de 1991 consiste en haber reservado un amplio margen a la defensa y protección del fuero interno de las personas. A través del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16) y de los derechos a la intimidad y al buen nombre (C.P: art. 15), "[e]l Constituyente quiso elevar a la condición de derecho fundamental la libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales y, en consecuencia, enfatizó el principio liberal de la no-injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social." Sentencia T-097/94, M.P. doctor E.C.M..
Respecto a los derechos a la intimidad, honra, diversidad cultural, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, no se ve por ningún lado que los Seguros Sociales los hubieran violado. Por el contrario, le concedieron a NN inicialmente el derecho de beneficiario a sabiendas y precisamente teniendo como elemento de juicio que AA y NN son homosexuales. Si posteriormente modificaron su criterio fue con fundamento en una interpretación jurídica sobre la proyección de la caracterización "familia", no por otra razón. Luego, por estos aspectos no puede prosperar la tutela.
Sentencia de Constitucionalidad nº 1505/00 de Corte Constitucional, 8 de Noviembre de 2000

References: Artículo 34
 artículo 48
 artículo 365
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 144
 artículo 48
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 100
 artículo 16