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Timestamp: 2016-12-05 02:36:50+00:00

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Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre. TITULO III. Procedimiento de recaudación en vía ejecutiva (Vigente hasta el 03 de Febrero de 2002).
TITULO III Procedimiento de recaudación en vía ejecutiva
Sección 1 Carácter del procedimiento, su anulación y competencia y pago durante el mismo
Carácter del procedimiento de apremio y anulación de trámites del mismo 1. El procedimiento de apremio para la exacción forzosa de las deudas por cuotas y demás recursos de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, objeto de gestión recaudatoria, se inicia automáticamente y tiene carácter exclusivamente administrativo, en los términos establecidos en los artículos 107 y 108 del Reglamento General. El Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, en todo caso, y los Directores Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro del territorio al que se extienden sus funciones, podrán solicitar del órgano competente el planteamiento de conflicto jurisdiccional a los Juzgados y Tribunales de cualquier grado y orden jurisdiccional que admitan demanda o pretensión en relación con dicho procedimiento de apremio o promuevan de oficio actuación al respecto, sin haberse agotado antes la vía administrativa, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, y demás disposiciones complementarias. Asimismo, el Director general o el Director provincial de la Tesorería General instará, en su caso, que se promueva conflicto de atribuciones conforme a lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1948.
2. Los órganos centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social y las Direcciones Provinciales de la misma ejercerán la debida vigilancia para que los procedimientos administrativos de vía ejecutiva se ajusten a las normas establecidas en el Reglamento General, en la presente Orden y demás disposiciones aplicables. En el ejercicio de esta función, los Organos Centrales y las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social propondrán o adoptarán las medidas oportunas para el restablecimiento de la legalidad en el procedimiento y demás efectos que correspondan, especialmente en orden a la exigencia de responsabilidades, con facultad incluso para revisar de oficio y, en su caso, dejar sin efecto las actuaciones en que se aprecie la existencia de vicio o defecto que las invalide, dentro de los límites establecidos en el artículo 130 de esta Orden.
A partir de: 26 junio 2004 O.M. 26 mayo 1999, derogada, excepto los artículos 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 y 84 y las disposiciones adicionales segunda, séptima y octava y su disposición final primera, por la disposición derogatoria única del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social («B.O.E.» 25 junio), que se mantendrán en vigor hasta que se dicten las correspondientes normas de desarrollo del reglamento.
Competencia territorial y pago de la deuda durante el procedimiento administrativo de apremio 1. El procedimiento administrativo para la exacción forzosa de las deudas con la Seguridad Social se seguirá por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en cuyo ámbito territorial se hubiere expedido el título ejecutivo a que se refiere el artículo 107 del Reglamento General. No obstante, cuando dicho título ejecutivo se hubiera expedido por los Organos Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social, el procedimiento ejecutivo se seguirá por la Dirección Provincial de la misma en la que tenga su domicilio el apremiado, determinándose éste a tales efectos conforme a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento General. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será obstáculo para la aplicación, en su caso, de lo establecido en el apartado 3 del artículo 51 de esta Orden ni para que la práctica de los embargos y demás trámites y diligencias del procedimiento de apremio puedan llevarse a cabo por una Unidad de Recaudación Ejecutiva no perteneciente a la Dirección Provincial de la Tesorería General a que se refiere el apartado precedente en los supuestos previstos en el artículo 114 de esta Orden. Asimismo, en los supuestos de empresas que tengan centros de trabajo con códigos de cuentas de cotización correspondientes a diferentes Direcciones Provinciales de la Tesorería General, así como en los casos de concurrencia de circunstancias especiales o en función de las necesidades o por conveniencia de la gestión recaudatoria, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento General, el Director general de la Tesorería podrá designar una Unidad de Recaudación Ejecutiva, de entre las existentes en el ámbito estatal, regional o provincial para que siga el procedimiento administrativo de apremio, con jurisdicción sobre todo o parte del territorio del Estado. Dicha Unidad centralizará la tramitación de los expedientes de apremio pudiendo interesar directamente, de las demás Unidades de Recaudación Ejecutiva afectadas, las actuaciones que procedan en orden a asegurar el cobro en base a criterios de economía, celeridad y eficacia.
2. Iniciada la vía ejecutiva, los sujetos responsables habrán de hacer efectivas sus deudas, con el recargo de apremio y, en su caso, las costas que procedan, precisamente en la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social a la que corresponda su tramitación, por los medios de pago previstos en los apartados b), c) y d) del número 1 del artículo 21 del Reglamento General. A partir de: 26 junio 2004 O.M. 26 mayo 1999, derogada, excepto los artículos 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 y 84 y las disposiciones adicionales segunda, séptima y octava y su disposición final primera, por la disposición derogatoria única del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social («B.O.E.» 25 junio), que se mantendrán en vigor hasta que se dicten las correspondientes normas de desarrollo del reglamento.
Sección 2 Medidas cautelares y providencia de apremio
Medidas cautelares: Embargo preventivo 1. Para asegurar el cobro de las deudas con la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, incluso antes de iniciarse el procedimiento administrativo de apremio, podrá adoptar las medidas cautelares de carácter provisional previstas y en las condiciones que se señalan en el apartado 1 del artículo 33 de la Ley General de la Seguridad Social.
2. Si por la Tesorería General de la Seguridad Social se acordare el embargo preventivo, la Tesorería fijará, a efectos del mismo, la cantidad de la deuda que reclame y lo llevará a efecto sin oír al deudor, sin perjuicio del derecho del mismo a formular contra dicho acuerdo el pertinente recurso ordinario cuya interposición no suspenderá el procedimiento salvo que se garantice con aval suficiente o se consigne el importe de dicha deuda y sin perjuicio de que la persona contra la que se haya decretado el embargo pagare la deuda en el acto. Si el embargo preventivo se hubiese hecho sobre bienes existentes en poder de un tercero, se le ordenará que los conserve a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social y bajo responsabilidad del mismo, notificándoselo a la persona contra la que se haya decretado el embargo preventivo en los términos establecidos en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En todo lo que no se halle establecido en el artículo 33.1 de la Ley General de la Seguridad Social y en este artículo, los embargos preventivos se efectuarán con sujeción a las formalidades previstas en el Reglamento General y en esta Orden para los embargos ejecutivos en función de los bienes que constituyan su objeto.
3. La conversión del embargo preventivo en ejecutivo o de las demás medidas cautelares provisionales en definitivas, se producirá dentro del procedimiento administrativo de apremio desde que, una vez dictada la providencia de embargo, se practique la correspondiente diligencia respecto de los bienes objeto de aquellas medidas cautelares. Desaparecidas las circunstancias que justificaron la adopción de las medidas cautelares, acordada su sustitución por otra garantía suficiente o transcurrido el plazo de seis meses desde su adopción sin que dichas medidas se hayan convertido en definitivas dentro del procedimiento administrativo de apremio seguido por la Tesorería General de la Seguridad Social, aquéllas se levantarán de oficio por el mismo órgano que las hubiera adoptado.
Providencia de apremio: Oposición a la misma y anulación del título ejecutivo 1. La providencia de apremio a que se refiere el artículo 110 del Reglamento General será expedida por las unidades de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a la distribución de competencias establecida para las mismas, una vez que la reclamación de deuda, el acta de liquidación o, en su caso, las resoluciones administrativas que las mismas determinen adquieran el carácter de título ejecutivo, notificándose al deudor conforme a lo establecido en los artículos 109.1 y 110.4 de dicho Reglamento.
3. La Dirección Provincial de la Tesorería General deberá proceder de oficio, sin alegación del deudor, a dejar sin efecto el título ejecutivo y la correspondiente providencia de apremio por las deficiencias y errores a que se refieren los artículos 108.2 y 130 de esta Orden, por comprobarse el pago de la deuda apremiada, por haberse producido la prescripción en cualquier momento del procedimiento recaudatorio, por apreciarse compensación o condonación operadas con anterioridad a la expedición del título ejecutivo o por acuerdo de la autoridad o Tribunal competente, sin perjuicio de que se emita, si procediere, nueva reclamación administrativa de deuda en la forma establecida. A partir de: 26 junio 2004 O.M. 26 mayo 1999, derogada, excepto los artículos 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 y 84 y las disposiciones adicionales segunda, séptima y octava y su disposición final primera, por la disposición derogatoria única del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social («B.O.E.» 25 junio), que se mantendrán en vigor hasta que se dicten las correspondientes normas de desarrollo del reglamento.
CAPITULO II Embargo y enajenación de los bienes
Sección 1 Expediente de apremio, ejecución de garantías y embargo de bienes
Expediente de apremio 1. El expediente de apremio comprenderá cuantas deudas tenga el interesado en una misma Unidad de Recaudación Ejecutiva al iniciarse el expediente y a él se podrán ir acumulando, en su caso, los sucesivos vencimientos no satisfechos en período voluntario preceptivamente apremiados.
Ejecución de garantías 1. Transcurrido el plazo de los quince días siguientes al de la notificación de la providencia de apremio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 110 del Reglamento General, sin que el apremiado haya efectuado el ingreso de la deuda con la Seguridad Social para cuyo cumplimiento estuvieren constituidas garantías y sin que se hubiere formulado oposición a dicha providencia y no se hubiere dejado sin efecto el título ejecutivo en los términos establecidos en el artículo 111 de esta Orden, se ordenará al Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social que proceda, en primer lugar, a ejecutarlas en los términos establecidos en el artículo 115 de dicho Reglamento General. Si se hubiere formulado oposición a la providencia de apremio por los motivos establecidos debidamente justificados y fuere desestimada, en defecto de pago, se ordenará la ejecución de las garantías que pudieran estar constituidas.
Providencia de embargo. Concurrencia con otros embargos. Diligencias y embargos en el ámbito geográfico de otra Unidad de Recaudación Ejecutiva 1. De forma inmediata a la recepción de las providencias de apremio, el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social dictará providencia de embargo de los bienes y derechos del deudor en cuantía suficiente para asegurar el cobro de la deuda principal, intereses en su caso, recargo de apremio y hasta el 3 por 100 para costas del procedimiento, como cantidad a cuenta de las mismas.
2. En caso de concurrencia de otros embargos judiciales o administrativos sobre unos mismos bienes o derechos, la preferencia de los embargos se determinará por la prioridad en la traba. En el supuesto del apartado 2 del artículo 122 del Reglamento General, las cantidades abonadas a los acreedores preferentes tendrán el carácter de costas del procedimiento pero solamente serán anticipables previa autorización del Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
3. Cualquier diligencia o actuación necesaria en la tramitación de un expediente que no requiera necesariamente la presencia física del Recaudador o funcionario de la unidad de recaudación actuante podrá ser realizada dentro del ámbito territorial al que extiende su competencia e incluso en el ámbito territorial de otra Unidad de Recaudación Ejecutiva de la misma o de distinta Dirección Provincial. En los demás casos, incluso con anterioridad a la remisión del expediente si procediere, aquel expedirá comunicación al Recaudador Ejecutivo de la localidad en la que haya de efectuarse la actuación de que se trate, debiendo figurar en la comunicación la fecha de la providencia de apremio o, en su caso, la de embargo, dictada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitante. Cumplimentadas las actuaciones solicitadas, éstas se remitirán o notificarán directamente a la Unidad de Recaudación Ejecutiva que las solicitara o se le comunicarán las causas que hayan impedido su cumplimentación.
Práctica de los embargos según su objeto y depósito de los bienes embargados 1. Además de observar las prescripciones generales previstas en los artículos 114 a 122 del Reglamento General, el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social se sujetará en la realización de los embargos a las normas especiales establecidas en los artículos 123 a 135 de dicho Reglamento para la práctica de los mismos en función de los bienes del deudor sobre los que aquéllos recaigan. A estos efectos serán además de aplicación, en su caso, las normas contenidas en los apartados siguientes:
1.1. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el artículo 183 del Reglamento General, si el deudor demostrare que se ha producido el embargo de alguno de los bienes inembargables o que el mismo supera los límites a que se refiere el artículo 119 de dicho Reglamento, el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social o el Subdirector de la misma competente ordenará de inmediato al Recaudador el levantamiento de la traba del bien si aún no se hubiere iniciado el procedimiento para su enajenación forzosa en cualquiera de las formas establecidas o la devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia del embargo de dinero, siempre que no hubiere finalizado el procedimiento de apremio. En particular, se actuará conforme a lo indicado en el apartado precedente cuando el deudor demuestre que el embargo se ha efectuado sobre salarios, jornales, sueldos, retribuciones o prestaciones económicas de la Seguridad Social que superen los límites establecidos en el artículo 27.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en los artículos 1449 y 1451 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sección 2 Enajenación de los bienes embargados
Valoración de los bienes embargados 1. La valoración de bienes objeto de embargo a que se refiere el artículo 139 del Reglamento General se efectuará, a petición del Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social, por persona física o jurídica, perita o experta designada colaboradora a estos efectos mediante concurso de ámbito estatal o provincial. En su defecto, el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá designar personas de profesión, arte u oficio relacionados con los bienes que hayan de tasarse, pertenecientes a los servicios técnicos de la Tesorería o a servicios externos especializados y, de no encontrar alguno para realizar el servicio, podrá designar peritos prácticos. Para que el personal al servicio de las Administraciones Públicas sea designado perito o experto a estos efectos será requisito necesario el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de dicha actividad de peritaje, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y demás disposiciones que los complementen o sustituyan.
Autorización de la enajenación y celebración de ésta 1. Una vez completado el expediente de apremio con las diligencias habidas, valoración y titulación, el Recaudador Ejecutivo lo pondrá en conocimiento de la Dirección Provincial de la Tesorería General para que, caso de estar conforme con las actuaciones practicadas, autorice la forma de enajenación de entre las previstas en el artículo 143 del Reglamento General, respecto de aquellos bienes embargados que, a su juicio, cubran con prudente holgura la deuda perseguida. A estos efectos, se evitará, en la medida de lo posible, la venta de otros bienes cuyo valor sea notoriamente superior al importe de dicha deuda, sin perjuicio de que, si ésta no se cubriese con la venta de aquéllos, se autorice posteriormente la enajenación de todos los que sean precisos y con sujeción a las reglas establecidas en los artículos 144 a 153 del Reglamento General. En caso de no estar conforme con las actuaciones practicadas, se devolverá el expediente para la subsanación de los defectos observados.
2. La enajenación de los bienes embargados, en la forma determinada por el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social al conceder la autorización para su realización, se celebrará en el lugar que el mismo señale o, en su defecto, en la sede de la Dirección Provincial de dicha Tesorería, conforme al procedimiento y demás condiciones establecidas para cada una de las formas de enajenación en los artículos 144 y siguientes del Reglamento General. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución material de subastas públicas por empresas y profesionales especializados, a que se refiere el artículo 151 de dicho Reglamento, se celebrará en los locales que tales empresas y profesionales determinen.
3. A efectos de lo previsto en el artículo 147.1.a) del Reglamento General, cuando el valor de los bienes objeto de la subasta pública fuere superior a 100.000.000 de pesetas, el anuncio de la misma se publicará en el boletín oficial de la provincia o en el de la Comunidad Autónoma respectiva conforme determine el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se unirán al expediente respectivo los ejemplares de los anuncios de celebración de la subasta pública, con el sello de la oficina donde estuvieron expuestos hasta el día señalado para la misma, así como una fotocopia de la página o páginas, en su caso, del boletín o boletines oficiales donde se insertaron los anuncios de la subasta o, en su caso, del concurso.
Subastas: Consignaciones y depósitos, posturas, cesión del remate e impago del precio del mismo A efectos de la realización de consignaciones o constitución de depósitos para ser licitadores en las subastas públicas, además de las previsiones establecidas en el artículo 148 del Reglamento General, se aplicarán las disposiciones siguientes:
1. Los resguardos de las consignaciones y, en su caso, los depósitos constituidos para ser licitador desde el mismo día de la publicación de cualquier anuncio de la subasta hasta la iniciación del acto de constitución de la Mesa, se presentarán o se formalizarán ante el Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social que tuviese a su cargo el expediente. 1.1. Se entenderá realizada la consignación para ser licitador desde el momento de la entrega del resguardo justificativo de la misma al Recaudador Ejecutivo o a la Mesa y se entenderá constituido el depósito a tales efectos cuando el depositante entregue al Recaudador o a la Mesa el metálico o el cheque extendido a nombre de la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social y certificado, visado o conformado por el librado, con obligación de retener el importe necesario para su pago hasta veinte días, como mínimo, posteriores a la fecha anunciada para la celebración de la subasta. 1.2. Por el funcionario correspondiente se tomará razón de la entrega del documento justificativo de la consignación efectuada o del acto de formalización del depósito tanto en el expediente, mediante diligencia realizada al efecto, como en el libro o registro de consignaciones y depósitos para ser licitadores, haciendo constar en uno y otro el número de orden correspondiente al documento justificativo de la consignación o del depósito, nombre, apellidos, domicilio y documento nacional de identidad o número de identificación fiscal del consignante o del depositante así como hora y minuto exacto, con fracciones en su caso, de la entrega del documento justificativo de la consignación efectuada o del depósito constituido. 1.3. Los funcionarios y demás personas que, en el ejercicio de sus funciones, tengan conocimiento de los datos que sobre la realización de consignación o sobre la constitución de depósitos obren en el expediente y en el libro o registro de consignaciones y depósitos para ser licitadores estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de los mismos. Dichos datos sólo podrán utilizarse para la realización de las subastas por los componentes de las Mesas y, después de ellas, para los demás efectos recaudatorios que procedan. En caso de infracción del deber de sigilo, se exigirá la responsabilidad correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento General. 1.4. Se entregará al consignante o depositante resguardo justificativo de la entrega del documento justificativo de la consignación efectuada o del depósito constituido. En dicho resguardo se hará constar la hora y minuto exacto y fracción, en su caso, de su realización y se custodiará el documento justificativo de la consignación o el cheque o el importe en metálico de dicho depósito en la caja existente al efecto en la Unidad de Recaudación Ejecutiva o en la Administración en que la misma esté integrada.
4. Respecto de la retención de las cantidades consignadas o depositadas por el licitador adjudicatario, aplicación del importe de la consignación o del depósito y devolución de los resguardos y entrega, en su caso, del instrumento para la movilización de los importes de los mismos a los licitadores no adjudicatarios, se estará a lo dispuesto en los números 6 y 8 del artículo 148 del Reglamento General. Si al término de la subasta alguno de los licitadores no adjudicatarios de bienes no recogiese el resguardo justificativo de la consignación realizada o el importe del depósito constituido para poder pujar, se entregará el documento justificativo de la consignación, el cheque o el importe del depósito en la Caja o en la cuenta de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, a disposición del titular de la misma en la forma habitual, como de propiedad del depositante, dentro del plazo máximo de seis días a contar desde el siguiente hábil al de la adjudicación definitiva. Previamente al ingreso en la cuenta de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social del importe de la consignación o del depósito constituido por el adjudicatario que se declare incautado, se efectuará liquidación de los gastos imputables a dicha consignación o depósito, que serán únicamente los ocasionados por los anuncios de la subasta, realizándose entonces el ingreso del exceso en la cuenta de la Dirección Provincial de la Tesorería General y uniendo al expediente la carta de pago. Si la cantidad consignada o depositada fuese insuficiente para el pago de tales gastos, se remitirá la liquidación a la Dirección Provincial, a fin de que pueda procederse a la exigencia de la mayor responsabilidad en que haya incurrido el adjudicatario que faltó a la obligación contraída.
Actuaciones posteriores al pago: Entrega de bienes 1. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 150 del Reglamento General, una vez pagado el precio de remate, el Secretario de la Mesa de la subasta, en el plazo máximo de los quince días siguientes al del pago del precio, ordenará la entrega de los bienes al adjudicatario y remitirá al ejecutado, al adjudicatario y a la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o de la Administración pública correspondiente, certificación en la que, además de los datos identificativos del adjudicatario, se relacionen los bienes adjudicados y su precio de remate, a efectos de la liquidación y pago del Impuesto sobre el Valor Añadido por el ejecutado como sujeto pasivo del mismo o del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el adjudicatario, según proceda, y para el pertinente control por la indicada Delegación.
Venta por gestión directa 1. En los casos en que, por declararse desierto el concurso o la subasta, por proponerse por el Subdirector provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social competente o por propia iniciativa, se acuerde por el Director provincial la procedencia de la venta por gestión directa de los bienes embargados al estarse ante alguno de los supuestos del artículo 152 del Reglamento General, se anunciará así en el Ayuntamiento en que los bienes se encuentren ubicados o depositados y, si así se estima conveniente, mediante anuncios en algún medio de comunicación, indicando en ellos la fecha límite para la admisión de ofertas, el tipo mínimo para la enajenación y, si se considera conveniente, la exigencia de consignación o depósito de garantía del 25 por 100 de dicho tipo, constituido ante el Secretario de la Mesa de Subasta o, en su caso, de la Junta de Ventas por Gestión Directa de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social con anterioridad al agotamiento del plazo de admisión de ofertas, o la inexistencia de tipo o de consignación o depósito así como el lugar, día y hora para la apertura de los sobres que contengan las ofertas.
2. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior figurará la indicación de que en él se contiene la oferta que se formula para la adquisición directa del bien de que se trate y el resguardo justificativo de la cantidad consignada o depositada cuando deba constituirse, y estarán dirigidas a la Mesa de Subasta o, en su defecto, a la Junta de Ventas por Gestión Directa constituida al efecto. La Junta de Ventas por Gestión Directa de cada Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social estará formada por el Subdirector provincial de Recaudación Ejecutiva o de la unidad que tenga atribuidas estas funciones y que presidirá la misma, el Interventor Territorial y el Secretario de dicha Dirección Provincial, que lo será también de la Junta. Todos sus miembros podrán ser sustituidos en los términos que para los de las Mesas de Subasta prevé el artículo 149.2 del Reglamento General.
3. Obtenida alguna o algunas ofertas como consecuencia de los procedimientos de publicidad determinados en el apartado 1 de este artículo o, en otro caso, valiéndose de los medios que se consideren más ágiles y efectivos, la Mesa de Subasta o la Junta de Ventas por Gestión Directa procederá, en acto público y en el lugar, día y hora anunciados, a la apertura de los sobres que contengan aquéllas y acordará la pertinente propuesta de enajenación, que será elevada por su Presidente al Director provincial respectivo. Este acordará la venta, en principio, a favor de la oferta económicamente más ventajosa, salvo que concurran circunstancias de seguridad y eficacia en el cobro que, consideradas conjuntamente con el precio de otra oferta, hagan aconsejable la aceptación de esta última. 3.1. Aceptada una oferta, si el ofertante no completare el pago del precio, mediante cheque, transferencia bancaria u otro medio autorizado por la Tesorería General, dentro de los dos días siguientes al de la notificación que se le efectúe, perderá la cantidad consignada o depositada si se hubiere constituido y la Mesa de Subasta o la Junta de Ventas por Gestión Directa procederá conforme a los criterios establecidos en los números 7 y 8 del artículo 148 del Reglamento General. 3.2. Los ofertantes que deseen realizar su oferta en calidad de ceder a terceros, deberán manifestarlo así en el momento de efectuar la oferta y precisar los nombres y domicilios de los mismos hasta el momento de efectuar el pago del precio. 3.3. En todos los casos, el Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá acordar la adjudicación preferente de los bienes objeto de la venta por gestión directa a la Tesorería General por el precio de la oferta económica más ventajosa o, en defecto de ésta, por el valor señalado en el artículo 162.2 del Reglamento General. Cuando el precio de la adjudicación supere los 20.000.000 de pesetas, para hacer uso del derecho de adquisición preferente se requerirá autorización expresa del Director general de la Tesorería.
Entrega de bienes embargados al deudor Cuando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del Reglamento General y, en su caso, en el artículo 119.2 de esta Orden, deban entregarse al deudor bienes no enajenados ni adjudicados, una vez finalizados los procedimientos correspondientes se acordará dicha entrega y se expedirá el oportuno mandamiento de entrega a favor del mismo, en duplicado ejemplar, a fin de facilitar uno de los ejemplares al depositario y conservar el otro en poder de la Dirección Provincial de la Tesorería General.
CAPITULO III Costas del procedimiento
Costas del procedimiento 1. Para la liquidación de costas en el procedimiento de apremio se estará a las reglas contenidas en los artículos 156 a 161 del Reglamento General, para cuya aplicación se tendrán en cuenta, además, las siguientes disposiciones:
CAPITULO IV Adjudicación de bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social
Procedimiento 1. La adjudicación de bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social procederá en los casos y en las condiciones establecidos en los artículos 162 a 166 del Reglamento General, aplicándose además, las previsiones establecidas en el apartado siguiente.
2. Acordada la adjudicación de inmuebles a la Tesorería General, el Director provincial de la misma expedirá, en triplicado ejemplar, la certificación correspondiente con los extremos especificados en el apartado 2 del artículo 165 del Reglamento General. Dicha certificación se entenderá título bastante para producir la inscripción de la transmisión o la inmatriculación, en su caso, a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, a cuyos efectos se remitirá al Registro de la Propiedad correspondiente el original y la primera copia de la certificación para que, practicados los asientos que procedan, se devuelva a la Dirección Provincial de la Tesorería General el original de la misma por el Registrador de la Propiedad, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del citado Reglamento General.
Actuaciones ulteriores 1. El Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social expedirá certificación en la que hará constar, con referencia al expediente de apremio, el importe de la deuda o, en su caso, la parte de la misma que queda liberada en virtud de la adjudicación de bienes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta certificación se entregará al deudor y servirá a éste como documento liberatorio de su débito por la totalidad o por la parte del mismo que queda cancelada.
2.1. La certificación original devuelta por el Registro será remitida por la Dirección Provincial de la Tesorería General, en unión de copia de la misma, a la Subdirección General de Gestión de Patrimonio, Inversiones y Obras de dicha Tesorería, a los efectos previstos en el apartado c) del artículo 166 del Reglamento General. Dicha Subdirección General comunicará a la correspondiente Dirección Provincial el número o números que en el inventario de bienes de la Tesorería General han correspondido a las fincas adjudicadas. 2.2. La Dirección Provincial de la Tesorería General se incautará materialmente de los bienes inscritos ya como propiedad de la misma, realizando seguidamente los demás trámites procedentes según la regulación aplicable a tales bienes, y extenderá la correspondiente acta de incautación, expresando en ella su número o números en el inventario de bienes de la Tesorería General. A partir de: 26 junio 2004 O.M. 26 mayo 1999, derogada, excepto los artículos 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 y 84 y las disposiciones adicionales segunda, séptima y octava y su disposición final primera, por la disposición derogatoria única del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social («B.O.E.» 25 junio), que se mantendrán en vigor hasta que se dicten las correspondientes normas de desarrollo del reglamento.
CAPITULO V Créditos incobrables y tercerías
Sección 1 Créditos incobrables
Justificación de la inexistencia de bienes 1. La justificación de la inexistencia de bienes a que se refiere el artículo 170 del Reglamento General se efectuará mediante informe de la Alcaldía correspondiente al último domicilio conocido del deudor, acreditativo de no conocérsele aquéllos, así como mediante los demás informes que con carácter general determine, en su caso, el Director general de la Tesorería General de la Seguridad Social. 1.1. Cuando en el Municipio existan Tenencias de Alcaldía, Concejalías u otras unidades administrativas o territoriales con funciones delegadas para un determinado territorio, los informes se solicitarán de los respectivos Tenientes de Alcalde, Concejales-Delegados, del Secretario de la Junta Municipal de Distrito o del Jefe de la unidad correspondiente. 1.2. El Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social podrá requerir a estos efectos informe expreso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los extremos que el mismo determine.
Declaraciones de crédito incobrable. Efectos 1. Corresponde al Director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Subdirector provincial de la misma o Director de la Administración declarar incobrables los créditos de la Seguridad Social en los supuestos a que se refiere el artículo anterior, lo que se realizará mediante resolución formal dictada al efecto.
Revisión de las declaraciones de crédito incobrable Si, por cualquier causa, se comprobasen adquisiciones de bienes o de nuevas titularidades jurídicas por los responsables del pago cuyos débitos fueron declarados incobrables, para la rehabilitación de los créditos incobrados a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 171.6 del Reglamento General se procederá a la reapertura del procedimiento ejecutivo, que se efectuará en base al título ejecutivo anterior y en la fase que proceda conforme al procedimiento establecido para la recaudación ejecutiva de las deudas con la Seguridad Social. A partir de: 26 junio 2004 O.M. 26 mayo 1999, derogada, excepto los artículos 57.2, 59, 68, 69, 73, 78 y 84 y las disposiciones adicionales segunda, séptima y octava y su disposición final primera, por la disposición derogatoria única del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social («B.O.E.» 25 junio), que se mantendrán en vigor hasta que se dicten las correspondientes normas de desarrollo del reglamento.
Sección 2 Tercerías
Trámite y resolución de las tercerías El trámite y resolución de las reclamaciones por tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio se ajustará a lo dispuesto en los artículos 173 y siguientes del Reglamento General, teniéndose en cuenta además las siguientes prevenciones:

References: Real Decreto 
 artículo 130
 artículo 107
 artículo 14
 artículo 51
 artículo 114
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 111
 artículo 115
 artículo 122
 artículo 183
 artículo 119
 artículo 27
 artículo 139
 Real Decreto 
 artículo 143
 artículo 151
 artículo 147
 artículo 148
 artículo 193
 artículo 148
 artículo 150
 artículo 152
 artículo 149
 artículo 148
 artículo 162
 artículo 155
 artículo 119
 artículo 165
 artículo 158
 artículo 166
 artículo 170
 resolución 
 artículo 171
 resolución 
 resolución