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﻿ SENTENCIA T-9030 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2001
SENTENCIA T-9030 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:LA ACCIÓN DE TUTELA FUE CONCEBIDA EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991, COMO MECANISMO PREFERENCIAL PARA BRINDAR PROTECCIÓN DIRECTA, INMEDIATA, Y EFECTIVA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS, CUANDO ESTOS RESULTEN VULNERADOS O AMENZADOS POR LA ACCIÓN U OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES EN EFERCICIO DE SUS FUNCIONES, O TAMBIEN DE PARTE DE LOS PARTICULARES EN LOS CASOS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADOS. EN REPETIDAS OPORTUNIDADES, LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SE HA PRONUNCIADO EN EL SENTIDO DE QUE TAL ACCIÓN NO ES UN MEDIO ALTERNATIVO NI SUSTITUVO DE LAS INSTANCIAS PROCESALES ORDINARIAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL CIUDADANO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Sentencia T-9030 de septiembre 20 de 2001
Rad.: 20019030 01/284.I.01, sep. 20/2001
M.P. Dr. Fernando Coral Villota
Ref.: Acción de tutela interpuesta por Cecilia Tovar Oviedo como agente oficioso de Alirio Vargas Páramo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Neiva.
Aprobado según Acta de Sala Nº 87 del 20 de septiembre de 2001
Se ocupa la Sala de decidir lo que en derecho corresponda acerca de la impugnación del fallo de tutela de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, el 22 de agosto del presente año, mediante el cual concedió el amparo deprecado por Cecilia Tovar Oviedo, (actuando como agente oficioso del señor Alirio Vargas Páramo), en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.
La señora Cecilia Tovar Oviedo, compañera permanente de Alirio Vargas Páramo y actuando como su agente oficioso, instauró acción de tutela el 8 de agosto hogaño, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Circuito de Neiva, con base en los siguientes,
1. Mediante providencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva el 22 de marzo de 2000, el señor Alirio Vargas Páramo fue sentenciado a la pena de dos (2) años de prisión, con el beneficio de la condena de ejecución condicional y a pagar la suma de $ 37.555.200 y 800 gramos oro por el concepto de perjuicios materiales y morales respectivamente, como autor responsable del delito de homicidio culposo en la persona de Simón García Castañeda.
2. El apoderado de la parte civil interpuso recurso de apelación contra el anterior fallo, por hallarse en desacuerdo exclusivamente con la adecuación típica de la conducta endilgada, solicitando al tribunal superior la modificación de la sentencia para que en su lugar se condenara al procesado por el delito de homicidio preterintencional.
3. Mediante fallo del 14 de marzo de 2001, la sala de decisión del Tribunal Superior de Neiva resolvió modificar el fallo de primera instancia en el sentido de imponer al señor Vargas Páramo la pena de ocho (8) años y un mes de prisión, como autor responsable del delito de homicidio preterintencional y consecuentemente revocó el sustituto penal de la condena de ejecución condicional y dispuso la respectiva orden de captura.
4. De acuerdo con la accionante, con la admisión y trámite que se le dio al recurso interpuesto por la parte civil, el tribunal incurrió en una vía de hecho ocasionando vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad individual y a la igualdad.
Consideró igualmente que tal vulneración radica en el hecho de que al apoderado de la parte civil no le asistía interés jurídico para recurrir en apelación toda vez que el monto de la indemnización de perjuicios materiales y morales no fue impugnado y en cambio se agravó la situación del señor Vargas tanto que su libertad se vio afectada, al revocársele el subrogado de la condena de ejecución condicional.
5. Con base en los hechos precedentes, se interpuso la presente acción de tutela, solicitando, "se tutelen los derechos fundamentales del debido proceso, libertad individual e igualdad conculcados a Alirio Vargas Páramo, con el trámite y fallo de la segunda instancia proferido por la Sala Penal de decisión del Tribunal Superior de Neiva y se ordene dejar sin efecto el proveído de fecha 14 de marzo de 2001".
El 9 de agosto de 2001, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y ordenó darle el trámite de ley. Por consiguiente, dispuso notificar de su inicio al accionante, al Juez Cuarto Penal del Circuito de Neiva, a los magistrados de la sala penal del tribunal superior de la misma ciudad y a los abogados que intervinieron dentro del mismo proceso penal.
Así mismo se solicitó copia de la resolución de acusación, de la sentencia de primera instancia y del fallo emitido por el Tribunal Superior de Neiva.
El 22 de agosto de 2001, la Sala Disciplinaria a quo concedió el amparo deprecado al hallar vulnerados los derechos a la libertad personal y al debido proceso por configurarse una vía de hecho, en consecuencia, dispuso dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, dentro del proceso contra Alirio Vargas.
Sostuvo la Sala a quo que la parte civil dentro del mencionado proceso carecía de interés para recurrir, "evento en el que el recurso, en los términos en que fue presentado por el único apelante, se tornaba improcedente según el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con las facultades de la parte civil previstas en el artículo 43 de la misma codificación, lo cual imponía denegar la alzada por parte del juez de primer grado".
En escrito oportunamente presentado, los magistrados integrantes de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva presentaron impugnación del anterior fallo aduciendo en primer término que el amparo no debió haber sido concedido ya que el interesado se abstuvo de utilizar el procedimiento judicial expresamente contemplado para solucionar la situación presuntamente configurativa de vía de hecho.
De otra parte, sostuvieron que en el presente caso, la señora Cecilia Tovar Oviedo no acreditó debidamente su calidad de agente oficioso y tal circunstancia no fue analizada por el consejo seccional. A este respecto, plantearon que hubo desconocimiento al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil y por ello no era posible acceder a la acción de tutela.
1. La acción de tutela fue concebida en la Constitución de 1991, como un mecanismo preferencial para brindar protección directa, inmediata y efectiva a los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones, o también de parte de los particulares en los casos específicamente señalados. En repetidas oportunidades, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que tal acción no es un medio alternativo ni sustitutivo de las instancias procesales ordinarias.
2. Es necesario analizar primeramente la procedencia de la acción de tutela en el presente caso, pues además de razones de técnica jurídica que así lo imponen, el escrito de impugnación específicamente hace referencia a este aspecto, y sólo después de este examen correspondería realizar la valoración de fondo acerca de la existencia de vulneración o puesta en peligro de los derechos fundamentales del accionante.
a) Procedibilidad de la acción de tutela mediante la agencia oficiosa. Uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela se relaciona con la titularidad para su ejercicio, la cual radica en la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, y será ella quien podrá solicitar el amparo de manera directa o a través de representante.
Se ha admitido también que en el evento que el titular del derecho violado o amenazado, "no pueda por condiciones personales promover su propia defensa, la ley autoriza la agencia de derechos ajenos de manera oficiosa, previa manifestación de dicha circunstancia, ante el juez que conoce de la acción'''' (1) . (Subrayado fuera de texto). Así lo establece el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991:
(1) Corte Constitucional. Sentencia T-082 del 24 de febrero de 1997.
"Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud (...)" (Subrayado fuera de texto).
Así mismo en Sentencia T-044 de 1996, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo, sostuvo la Corte:
"La agencia oficiosa, desde luego, no puede encontrar fundamento sino en la imposibilidad de defensa de la persona a cuyo nombre se actúa. El propósito de la misma consiste en evitar que, por la sola falta de legitimación para actuar, en cuanto no se pueda acreditar un interés directo, se sigan perpetrando los actos violatorios de los derechos fundamentales, prosiga la omisión que los afecta, o se perfeccione la situación amenazante que pasa sobre ellos.
En tal sentido, la agencia oficiosa (...) se concibe como un instituto de derecho procesal que busca el acceso a la administración de justicia para quien se halla imposibilitado de hacerlo personalmente por cualquier motivo.
Se trata de lograr la atención judicial del caso de quien actualmente no puede hacerse oír. Es en su interés que se consagra la posibilidad de que el Estado obre a partir de la solicitud del agente oficioso".
El precedente análisis jurisprudencial ha arribado al establecimiento de dos presupuestos esenciales para la utilización de la agencia oficiosa:
• Una situación cierta de imposibilidad del titular de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de defender el propio interés y
• La condición a cargo del agente oficioso de dar a conocer esa situación al juez ante el cual promueve la acción, en el momento de presentación de la solicitud.
Considera la Sala que en el caso sub lite el titular de los derechos no se halla en condiciones de promover su propia defensa y así lo demuestra el escrito de tutela presentado por la señora Tovar Oviedo, quien pone de presente la gravedad de la situación de su compañero, pues a raíz de la sentencia condenatoria impuesta por el Tribunal Superior de Neiva, (y la consecuente orden de captura en su contra) se vio en la necesidad de abandonar su hogar y sus hijos con el fin de trasladarse a un lugar en el que no fuera conocido y "en la clandestinidad poder trabajar y así ayudar con el mínimo sustento de la familia que conformamos".
De esta forma, nos encontramos ante una situación en la cual el titular de los derechos se halla en estado de indefensión frente al mismo Estado, en razón de que éste ostenta la posibilidad de hacer efectiva una medida coercitiva en su contra (aprehensión mediante captura ordenada por la Sala accionada). Considera la Sala que en este orden de ideas, la compañera del señor Alirio Vargas Páramo se encuentra legitimada para instaurar la acción de tutela obrando como agente oficiosa y así lo dio a conocer mediante su escrito.
b) Eficacia del mecanismo alternativo de defensa judicial.
Considera la Sala accionada que el amparo debe ser “negado” dado que el interesado se abstuvo de utilizar el procedimiento judicial expresamente contemplado para solucionar la situación presuntamente configurativa de vía de hecho.
Al respecto estima esta colegiatura que no le asiste razón a los impugnantes, pues del contenido del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 el cual señala la primera causal de improcedencia de la acción de tutela, se extrae que la existencia del otro medio de defensa debe apreciarse en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
En el presente caso se hace necesario tener en cuenta que la situación jurídica del señor Alirio Vargas Páramo varió ostensiblemente (y en desmedro suyo) con la decisión adoptada por la Sala accionada, pues la pena impuesta en primera instancia era de dos años de prisión y el subrogado penal de la condena de ejecución condicional.
El fallo impugnado cambió totalmente esta situación pues al imponer una condena de ocho años por considerar necesaria y válida la variación de la adecuación típica (de homicidio culposo a homicidio preterintencional) obviamente le fue revocado el subrogado penal al accionante y en su contra se halla vigente orden de captura.
Plantean los magistrados impugnantes que se debió haber acudido en casación, en aras de la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
En el caso presente, se produjo una condena de ocho años de prisión y a este respecto es válido plantear que tal medio de defensa carece de suficiente eficacia, por cuanto es discutible que pudiera tramitarse en el presente caso.
Cuando se habla de la idoneidad del medio o mecanismo de defensa, a ella le es inescindible la eficacia del mismo, que confrontada con el daño sufrido por el accionante, no puede el juez de tutela menospreciar la circunstancia a todas luces desventajosa en que lo ubicó la propia administración de justicia, pues no sólo le agravó la pena a petición de parte no legitimada para este efecto, sino que de manera arbitraria y en contravía del derecho de defensa le hizo más gravosa la situación a sus espaldas, pues si bien se permitía para ese entonces variar la calificación jurídica por encontrarse en el mismo título y capítulo, no era posible agravar situaciones jurídicas sin el previo enteramiento al procesado.
Este hecho objetivamente visto hace que quede sin fundamento alguno la impugnación presentada por los accionados al poner de presente, la improcedencia de la acción por disponer el condenado del recurso extraordinario de casación, por cuanto si bien es un medio legalmente establecido, la regla de la experiencia enseña que no es el más idóneo ni expedito para remediar un perjuicio irremediable como el que el propio Estado le ha causado a uno de sus asociados.
Dar prevalencia a la exposición de los integrantes de la sala penal del Tribunal Superior de Neiva, no es otra cosa que contrariar el mandato constitucional imperativo en el sentido de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal. Perjuicios como el demandado en autos, exigen del juez de tutela intervenir, con todas sus facultades, en el ámbito de la jurisdicción ordinaria para evitar aflicciones arbitrariamente producidas.
Debe quedar en claro que no se está insinuando el desplazamiento permanente de aquella jurisdicción (ordinaria) por la constitucional, por cuanto ello se opondría a la misma naturaleza excepcional y subsidiaria dentro de la cual fue concebida la acción de tutela, pero sucede que estando en presencia de situaciones aberrantes en derecho, es el mismo derecho el legitimado y obligado a subsanar yerros como el presentado en el sub lite.
De acuerdo con lo anterior, considera la Sala que esta acción de tutela es procedente.
3. El escrito de tutela plantea la existencia de una vía de hecho en la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva.
La Corte Constitucional se ha pronunciado con respecto a la validez de la tutela contra decisiones y sentencias judiciales cuando el funcionario a cargo incurra en una vía de hecho.
En Sentencia T-008 del 22 de enero de 1998, el máximo Tribunal Constitucional estableció los requisitos para determinar la ocurrencia de vías de hecho en las providencias judiciales, a saber:
“1. La decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto sustantivo); 2. Resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que sustenta la decisión (defecto fáctico); 3. El funcionario judicial que profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo (defecto orgánico); y 4. El juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental)".
En el presente caso, el escrito de tutela se halla motivado en el hecho de que la decisión adoptada por parte de la sala penal del tribunal superior de Neiva ocasionó vulneración al derecho a la libertad individual, al debido proceso y a la igualdad, al admitir y darle trámite al recurso de apelación interpuesto por el representante de la parte civil dentro del proceso adelantado contra Alirio Vargas Páramo.
El principal argumento expuesto por la peticionaria para alegar la existencia de una vía de hecho, se sustenta en la afirmación según la cual, la Sala accionada al realizar la variación en la adecuación típica, agravó la condena impuesta, de tal forma que el señor Vargas Páramo se vio privado del subrogado de la condena de ejecución condicional de pena, aun cuando no le asistía interés jurídico a la parte civil para interponer el recurso de apelación.
El abogado representante de la parte civil, doctor Germán Giraldo Franco impugnó el fallo de primera instancia, en el cual había resultado condenado el señor Vargas Páramo a indemnizar la suma de $ 37.555.200 por perjuicios materiales y 800 gramos oro por perjuicios morales causados con ocasión del hecho punible. Dentro de la audiencia de sustentación de la alzada, el abogado únicamente impetró el cambio de la adecuación típica, de homicidio culposo por homicidio preterintencional y nada manifestó acerca de la indemnización de perjuicios (fls. 69-73).
Si bien es cierto, la parte civil debidamente representada y constituida al interior de un proceso penal, es considerada sujeto procesal, no lo es menos que tanto legal como jurisprudencialmente se han establecido los parámetros que determinan el alcance de su interés jurídico.
Así, tanto el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal (vigente para la época de los hechos) como el artículo 48 ibídem, señalan que con la acción civil se busca el resarcimiento de los daños yperjuicios individuales y colectivos causados por el delito y por lo mismo se halla facultada para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia del hecho investigado, la identidad de los autores o partícipes, su responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados.
En el caso bajo examen, la sentencia de primera instancia ya había declarado la responsabilidad penal de Alirio Vargas Páramo e igualmente le había condenado a cancelar el pago de los perjuicios materiales y morales que ocasionó como autor del delito de homicidio culposo, luego las pretensiones de la parte civil le fueron despachadas favorablemente, así su interés jurídico había sido protegido.
De esta forma, claramente la ley delimita el ámbito de acción y el interés que le asiste a la parte civil.
A su vez, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido explícita sobre el punto:
"Si en el fallo se ha declarado la responsabilidad del procesado, la parte civil no está legitimada para buscar con la apelación el incremento de la pena impuesta, porque la dosificación que de ésta haga el juzgador no incide para nada en el reconocimiento de los perjuicios ni en su monto (...). En síntesis, pues, la parte civil tiene interés jurídico para controvertir la adecuación típica de la conducta criminosa cuando esta adecuación tenga incidencia en la tasación de los perjuicios" (2) (Subrayado fuera de texto).
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de febrero de 1993. M.P. Guillermo Duque Ruiz.
Más recientemente ha expuesto:
"La Sala, en atención a la finalidad que por su naturaleza y regulación positiva atribuye el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal al ejercicio de la acción civil, (...) ha sido del criterio, reiterado constantemente, que carece de interés para pretender, por vía de los recursos y con base en los mismos hechos, incrementar el número de hechos punibles atribuidos al procesado, modificar la medida de aseguramiento impuesta para afectarlo en su libertad, o agravar la pena impuesta sin incidencia alguna en el establecimiento del monto de la indemnización por los daños y perjuicios con la conducta delictiva"(3) (subrayado fuera de texto).
(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 20 de abril de 1999. M.P. Fernando Arboleda Ripoll.
Y en fallo de casación del 25 de mayo de 2000, con ponencia del magistrado Mario Mantilla Nougues, sostuvo:
"La Corte ha señalado de siempre que la pretensión de la parte civil no puede limitarse a procurar una mayor drasticidad en la pena, cuando ello no tiene implicación alguna en la determinación de los perjuicios, pues en ese evento carece de interés para disentir de la decisión. Pero si su propósito comporta beneficios en cuanto a la reparación de daños y perjuicios, su aspiración deviene legítima".
El representante de la parte civil no afirmó hallarse en desacuerdo respecto a la indemnización de perjuicios y dado que el cambio de la adecuación típica para nada incidía en el monto de la indemnización, es claro que carecía de interés jurídico para impugnar el fallo de primera instancia.
De otra parte, la Sala accionada incurrió en una vía de hecho al admitir y dar trámite a un recurso de apelación presentado por quien no gozaba de interés jurídico, pues tal solicitud de este sujeto procesal era totalmente improcedente, se insiste, en lo que toca a la graduación punitiva.
En efecto, haber aceptado los argumentos de la impugnación comportó una gravísima afectación a los derechos fundamentales del señor Alirio Vargas, pues se aumentó la condena impuesta en primera instancia y se libró orden de captura en su contra, mediante una providencia viciada de vía de hecho, consistente en el defecto procedimental al omitir los parámetros establecidos en los artículos 43 y 48 del anterior Código de Procedimiento Penal, en lo que respecta a las facultades y el interés de la parte civil como sujeto procesal.
4. Es a todas luces claro que el fallo emitido por el Consejo Seccional de Judicatura del Huila, que concedió el amparo a los derechos a la libertad personal y debido proceso, y dejó sin efecto la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva del 14 de marzo hogaño, debe ser confirmado en su integridad, pues del plenario se deduce sin duda alguna la existencia de un daño inminente como lo es la restricción a la libertad personal consagrada por el artículo 28 de la Constitución Política y aunado a ello, el desconocimiento tanto del debido proceso como del derecho de defensa que el Estado debía proteger de manera incondicional a través de los jueces que ha investido de jurisdicción. Lo que se desprende de autos, no es más que una actuación arrogante del Estado y el ejercicio del poder arbitrario en detrimento de los intereses y derechos de uno de sus subordinados, desconociendo de paso que el debido proceso en el Estado social de derecho fue instituido como límite a la función punitiva que ostenta el aparato estatal y corresponde al juez de tutela a través de esta acción pública, reparar el daño irrogado y volver las cosas al estado en que se hallaban antes, cumpliendo con el fin esencial para el cual fue creada y así dar protección a los derechos relacionados en acápites anteriores.
En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República,
CONFIRMAR el fallo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, proferido el 22 de agosto de 2001, mediante el cual concedió la protección de los derechos a la libertad personal y debido proceso del señor Alirio Vargas Páramo vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, de conformidad con las consideraciones precedentes.
Súrtanse las notificaciones de rigor contenidas en el Decreto 2591 de 1991.
Envíese a la Corte Constitucional para la eventual revisión.
Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Jorge Alonso Flechas Díaz, Vicepresidente—Eduardo Campo Soto—Fernando Coral Villota—Rubén Darío Henao Orozco (no asistió con excusa)—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.
Mi apartamiento del contenido de la parte motiva de la providencia, en punto de señalar que se extraña de la decisión el tratamiento en punto de la habilitación del juez de tutela para entrar a estudiar la inobjetable vía de hecho que se evidencia por parte del Tribunal Superior al dar trámite a la apelación de la parte civil, sujeto procesal que en tal virtud no estaba legitimado para enervar la sentencia condenatoria por aspecto diverso a las expectativas económicas que le habían sido plenamente satisfechas; con todo, insisto, debió la corporación fundamentar las razones que lo habilitaban para estudiar la vía de hecho, cuando el agraviado con la decisión no hizo uso de los recursos legalmente procedentes, en el evento, la casación, sin que la manifestación referida a su eficacia e idoneidad se avenga a derecho.
Considero sí, que la argumentación en tal sentido, debió orientarse en dirección de señalar que una providencia en las condiciones señaladas, esto es, no haber sido apelada por el Ministerio Público, el fiscal, o la parte civil, por aspecto diverso la pretensión económica, jamás podía ser modificada por el superior, y en tal virtud, no se le podía hacer exigible al apoderado del sindicado agraviado con la transgresión al derecho fundamental de la no reformatio in pejus, atención y vigilancia frente a lo que las reglas procesales previamente han definido como inconcuso, de suerte que un suceso como el ocurrido, expresivo de la arbitrariedad extrema, conjura cualquiera incuria atribuible al defensor por no haber hecho uso de los recursos ordinarios, pues no podía siquiera imaginar tamaño desacierto judicial, en tal orden, la exigencia del agotamiento de los recursos ordinarios como pretensión formal para impedir la habilitación del juez constitucional ante la superlatividad del hecho debe declinar.

References: resolución 
 artículo 205
 artículo 43
 artículo 10
 artículo 47
 artículo 10
 artículo 6
 artículo 43
 artículo 48
 artículo 43
 artículo 28