Source: https://fr.scribd.com/document/7749792/Accion-de-inconstitucionalidad-en-contra-del-CAFTA
Timestamp: 2020-07-13 06:21:08+00:00

Document:
Acción de inconstitucionalidad en contra del CAFTA. | Constitución | Naciones Unidas
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra del TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPUBLICA DOMINICANA, CENTROAMERICA, ESTADOS UNIDOS, ley 8622 del 21 de noviembre de 2007. Sobre producción de armas, Costa Rica
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La Supremacia Constitucional 1
Artel Poder Constit u Yente
Magistrados Sala Constitutional Poder Judicial República de Costa Rica.
Yo, Luis Roberto Zamora Bolaños, mayor, soltero, abogado, vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número 1-1086-0159 me presento ante ustedes con el debido respeto para interponer formal ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra del TRATADO DE LIBRE COMERCIO REPUBLICA DOMINICANA, CENTROAMERICA, ESTADOS UNIDOS, ley 8622 del 21 de noviembre de 2007. La acción se refiere específicamente a las siguientes frases, contenidas en el anexo 3-3 de dicho tratado, a saber:
“28445000 - Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares
- Agua pesada (óxido de deuterio)
- Reactores nucleares
- Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes
- Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar
- Partes de reactores nucleares
- - Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora
87100000 TANQUES Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES BLINDADOS DE
GUERRA, INCLUSO CON SU ARMAMENTO; SUS PARTES
- Lanzacohetes; lanzallamas; lanzagranadas; lanzatorpedos y lanzadores similares
REVOLVERES Y PISTOLAS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 93.03 ó 93.04
- Armas de avancarga
- De revólveres o pistolas
- - Cañones de ánima lisa
- - De armas de guerra de la partida 93.01
- Cartuchos para "pistolas" de remachar o usos similares, para pistolas de matarife, y sus partes
- - Cartuchos
- Los demás cartuchos y sus partes
SABLES, ESPADAS, BAYONETAS, LANZAS Y DEMAS ARMAS BLANCAS,
SUS PARTES Y FUNDAS”
La Acción de Inconstitucionalidad se interpone por violación de los Artículos 1, 7, 9, 11, 18, 21 28
y 50 de la Constitución Política, 1.1 en relación con el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, II y VI del Tratado de No-Proliferación Nuclear, 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, los Propósitos y Principios enumerados en el Capítulo I de la Carta de las Naciones Unidas, 1 del Tratado de Tlatelolco, La Ley de Armas y Explosivos, ley 7530 del 10 de julio de 1995, así como de las Resolución de la Corte Internacional de Justicia en el caso referido a “Los Ensayos Nucleares” (Australia y Nueva Zelanda vs. Francia) así como en contra de la obligación contraída por el país mediante su intervención en el Caso relacionado con “La legalidad del uso o amenaza del uso de las armas nucleares”. Todo lo anterior en detrimento del Derecho Fundamental de todo costarricense a la Paz y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (de donde deriva la legitimación del accionante), reconocido por esta misma Sala Constitucional en sus sentencia 9992- 04 de las catorce horas con treinta y un minutos del ocho de septiembre del 2004, y 14193-2008 de las diez horas con tres minutos del veinticuatro de septiembre de 2008, y recogido en la Declaración del Derecho de los pueblos a la Paz, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 39/11 del doce de noviembre de 1984. La presente Acción se interpone con fundamento en los Artículos 10 y 18 de la Constitución Política, así como los artículos 73.d) y 75.2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Legitimación para interponer la acción.
La legitimación para interponer la acción deriva de lo establecido en el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual establece que: “No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se
trate de intereses difusos, o que atañen a la colectividad.”
En el presente caso, el documento impugnado violenta, entre otros, el principio y el derecho del pueblo costarricense a la libre determinación, el principio democrático y el derecho a la paz del pueblo de Costa Rica, derechos de segunda y tercera generación entendidos como derechos colectivos protectores de intereses difusos, finalmente se encuentra como instancia legitimante el criterio ambiental, declarado ya por esta Sala argumento legitimante. Sobre los intereses difusos, esta Sala Constitucional en la ya mencionada sentencia 9992-04 estableció:
“Finalmente, el tema en discusión en esta acción, tiene relación directa con un valor fundante de nuestra nación, cual es el derecho a la paz, considerado actualmente dentro de los derechos de tercera generación, el cual legitima a cualquier costarricense para defenderlo, sin necesidad de juicio previo. A ello se considera importante agregar que según se estableció en la sentencia 8239-01 puede ser además considerado un "interés que atañe a la colectividad en su conjunto:
cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere
medio ambiente, el patrimonio
a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores
cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público,
entre otros]
soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera
es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la
intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa."” En todo caso, se acciona en virtud de una obligación positiva establecida constitucionalmente en el
artículo 18 de la Constitución Política, al establecer que “Los costarricenses deben [
Un adecuado entendimiento de la cláusula citada hace derivar toda legitimidad para
accionar en un caso como el presente.
Normas infringidas.
Artículo 1. “Costa Rica es una República democrática, libre e independiente”.
Artículo 7. “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.”
Artículo 9. “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y los tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial ”
Artículo 11. “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramente de observar y cumplir las leyes ”
Artículo 18. “Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir a los gastos públicos.”
Artículo 21. “La vida humana es inviolable”.
Artículo 28. “
perjudiquen a tercero se encuentra fuera del alcance de la acción de la ley.”
Artículo 50. “… Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado…”
Artículo 1.1. “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra índole social”
Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica o moral.”
Artículo II. “Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado se compromete a no recibir de nadie ningún traspaso de armas nucleares u otros otros dispositivos nucleares explosivos ni el control sobre tales armas o dispositivos explosivos, sea directa o indirectamente: a no fabricar ni adquirir de otra manera
armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos; y a no recabar ni recibir ayuda alguna para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos.”
Artículo VI. “Cada Parte en el Tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general bajo estricto y eficaz control internacional.”
Artículo 1. “Obligaciones.
b. El recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, por mandato a terceros o de cualquier otro modo. 2. Las Partes Contratantes se comprometen, asimismo, a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso, la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma nuclear o de participar en ello de cualquier manera.”
Artículo 26. “Pacta Sunt Servanda. Todo tratado en vigor obliga a las parte y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”
Artículo 1. “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.”
Artículo 9. “1. todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.”
Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.
Artículo 1. “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
Artículo 1. “Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y
eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y
al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; [
Artículo 25. “Armas prohibidas. En cuanto a la fabricación, tenencia, portación, importación, uso y comercialización, son armas prohibidas las siguientes:
a) Las que, con una sola acción del gatillo, disparan sucesivamente (en ráfaga) mas de un proyectil, como ametralladoras, fusiles ametralladoras, subametralladoras y pistolas-ametralladoras. Igualmente, tienen ese carácter los fusiles y las carabinas semiautomáticas, cuyo cargador de munición tiene capacidad superior a diez tiros, excepto las armas de ignición anular.
b) Los artefactos que disparan proyectiles de carga explosiva, que explote por el impacto o por un dispositivo
de tiempo, como las armas de artillería de cualquier tipo, los morteros, las bazucas, las lanza- granadas, los cañones y sus municiones.
d) Los artefactos explosivos o incendiarios, como granadas de mano, bombas, cohetes y minas terrestres o
acuáticas de cualquier tipo, salvo los artefactos de humo de colores que se usan para enviar señales. e) Los artefactos que, al activarse, producen gases asfixiantes venenosos, paralizantes, irritantes o lacrimógenos. Se exceptúan de la prohibición los aparatos destinados a la defensa personal, con un contenido no mayor de treinta gramos de gas lacrimógeno, así como los dispositivos de seguridad a base del mismo gas, para instalar en cajas de seguridad y establecimientos que requieran protección especial, siempre y cuando, en este último caso, cuenten con la autorización del Departamento.
g) La munición perforadora, trazadora, incendiaria y explosiva de cualquier calibre y los silenciadores de
disparo en cualquier arma de fuego.”
Caso de los Ensayos Nucleares (Australia y Nueva Zelanda vs. Francia): “Uno de los principios
básicos que gobiernan la creación y la realización de obligaciones legales, cualquiera que sea su fuente, es el principio de la buena fe. La confianza es inherente a la cooperación internacional, en particular en una era en que esta cooperación en múltiples campos se torna crecientemente esencial. Tal y como la regla pacta sunt servanda en el Derecho de los Tratados se basa en la buena fe, también sucede lo mismo con el carácter vinculante de las obligaciones internacionales contraídas bajo la forma de declaraciones unilaterales. Entonces, Estados interesados pueden tomar conocimiento de las declaraciones unilaterales y confiar en ellas, y están legitimados para solicitar que la obligación creada sea respetada.”
Opinión Consultiva sobre la Legalidad del Uso o Amenaza del Uso de Armas Nucleares. (Participación del representante de Costa Rica):
“El Gobierno de Costa Rica también quisiera establecer que apoyo plenamente los argumentos orales y escritos presentados por algunos Estados en relación con la ilegalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares en cualquier circunstancia, incluyendo a Egipto, Irán, Malasia, Nueva Zelanda y Nauru”.
Derecho a la paz (Sentencia 9992-04):
“V.- Bajo este claro marco normativo, no existe pues disenso alguno ni entre las partes ni con este órgano contralor de constitucionalidad, respecto a la existencia y capacidad del concepto de la paz para erigirse como parámetro constitucional vigente y válido para confrontar y juzgar lo actuado por las autoridades públicas y, en concreto en este caso, por el Poder Ejecutivo
Fabricación de armas nucleares y/o artefactos de finalidad bélica o componentes para la fabricación de armas de guerra y/o artefactos de naturaleza y finalidad bélica (Sentencia
14193-2008):
“VII. Sobre el fondo. … En cuanto a aquellas que se refieren a la extracción de minerales, fabricación de combustible nuclear y generadores de vapor, debe recordarse que los Estados que promueven la paz se obligan a adoptar un ‘pacifismo incondicional o ético’, como lo denomina un sector de la doctrina, el cual parte de la premisa de que la paz y la guerra son obviamente antagónicos y cada cual respectivamente, un valor que debe lograrse y un disvalor que debe erradicarse. Por consiguiente, un Estado que acepte la paz como un valor constitucional fundamental no podrá conformarse con la noción limitada de que la paz es la ausencia de guerra, sino que deberá ir más allá, previniendo y rechazando (sic) continuamente toda decisión y actuación que pueda propiciar y desembocar tal circunstancia. Ciertamente entre las actividades que puede considerarse opuestas al espíritu pacifista de una nación o país, está la fabricación de armas y la producción de determinados minerales o sustancias químicas. Ellas están directamente ligadas a situaciones de violencia, aún en circunstancias de legítima defensa. Incluso existen determinado tipo de armas de fuego, químicas, biológicas, etc que se fabrican específicamente para ser utilizadas en guerras. Por consiguiente, un Estado que aspire a propiciara la paz, tanto a nivel interno como internacional deberá poner especial cuidado al autorizar la fabricación y/o importación de armas y sustancias químicas en su territorio, rechazando rotundamente aquellas que por su naturaleza han sido pensadas y creadas para favorecer el antivalor de la guerra… El artículo 68 regula la fabricación, almacenamiento, comercio, importación y exportación de armas, municiones, explosivos, artificios y pólvora. De ahí que aún cuando existe un grupo de armas y de sustancias y componentes químicos cuya importación y fabricación es permitida por el ordenamiento jurídico; debe entenderse tal autorización en sentido altamente restrictivo, en respeto del valor constitucional mencionado. De la misma forma, la
extracción de minerales es una actividad regulada, parcialmente por la Convención de Naciones Unidas sobre la Prohibición del Desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y su destrucción, la cual Costa Rica ratificó por ley 7571. No obstante, en la clasificación impugnada, no están contenidas esas sustancias. El torio y el uranio, por su parte, son minerales radioactivos y aunque el Código de Minería reserva al Estado su explotación, sea por sí mismo o a través de la concesión a particulares, su conocido empleo bélico y su carácter altamente contaminante obligan a considerar inconstitucional su pertenencia al listado que se impugna aquí.”.
El argumento lógico-jurídico base para la presente acción es un ejercicio lógico muy simple. El Tratado de Libre comercio es un acuerdo, en principio comercial, mediante el cual dos Estados se comprometen a liberar de aranceles y promover la importación y exportación libre de los productos expresamente establecidos en el Tratado.
Dentro de ese listado taxativo de productos, se incluyeron todos los aquí impugnados, de forma tal que dichos productos fueron sometidos al libre comercio. Ahora bien, muchos de esos artículos son prohibidos en nuestro país, dada su naturaleza bélica y militar, razón por la cual no podemos comprarlos. Si no podemos comprarlos, la única opción que quedaría sería producirlos, lo cual es también prohibido por nuestro esquema constitucional, especialmente luego de la reciente sentencia 14193-2008 señalada.
Ahora bien, puede que el gobierno se justifique diciendo que nada impide establecer limitaciones al comercio tales artículos, lo cual no es cierto, por cuanto la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 establece que son prohibidas las normas de derecho interno que se dirijan de manera contraria a los fines y principios del Tratado, y toda restricción comercial es, contraria al libre comercio por definición. Así que no es cierto que el Estado puede luego venir a establecer regulaciones internas contra la producción, importación y/o venta de los indicados productos, lo cual resulta en todo caso contrario a la constitución. Además, uno no incluye un artículo expresamente para luego excluirlo… con una norma de menor rango! Absurdo.
Costa Rica no podía incluir en el Tratado los productos impugnados, por violar todas las normas que a continuación se describen.
Sobre el Derecho de Libre Determinación de los Pueblos y su relación con el derecho a la paz, con el principio democrático y con los artículos 9 y 28 constitucionales.
El Derecho de Libre Determinación de los Pueblos es un Derecho Colectivo de Segunda Generación, que tuvo su auge con los procesos de descolonización propios de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Se basa en los principios de la libertad colectiva de la Nación de conciencia, pensamiento y expresión, orientados a definir soberanamente, el rumbo a seguir para la construcción de la Patria. La más pura y abierta expresión del principio democrático, establecido y resguardado en el mismísimo artículo Primero de nuestra Carta Fundamental.
Es la libertad, más allá de toda coacción o imposición ideológica, de decidir el tipo de país que se quiere construir. Este derecho sólo puede ser definido por la Nación y debe ser ejecutado por el Gobierno. Es aquella frase tan sabia del legítimo presidente de Bolivia, Evo Morales, el “mandar obedeciendo”. Y es que esta frase tan sabia, no es más que el principio que ya los padres fundadores de nuestra patria habían sentado en el artículo 9 de la constitución, cuando establecieron que el gobierno debe ser representativo. Claro, esto es un mandato al gobierno, para que mediante sus acciones representen al pueblo, de lo contrario el principio vería vaciado su contenido y perdería todo su sentido.
El respetar el principio democrático, el actuar de forma representativa y el actuar bajo los lineamientos de la “moral pública” establecida en el artículo 28 constitucional, es respetar el derecho de libre determinación del pueblo, de la Nación.
Este derecho a la libre determinación tiene sus aristas y complementos, siendo el más importante de ellos el principio de prohibición de intervención en asuntos internos de otros Estados, norma imperativa de ius cogens.
Su base se encuentra en la soberanía propia de cada estado, siendo que en el caso de nuestro país, la misma reside, según el propio cuerpo constitucional, en la Nación (Artículo 2 de la Constitución Política).
La Nación costarricense, se ha determinado, libremente como un pueblo de paz. Claramente lo dijo ya esta Sala en la citada sentencia 9992-04 cuando estableció:
“Existe una base común en las alegaciones y respuestas de todos los intervinientes en este proceso, en el sentido de reconocer la existencia de la paz como uno de los valores constitucionales que informan nuestro ordenamiento, claramente distinguible no solo mediante la comprensión sistemática de nuestro texto constitucional, sino también como "constitución viva", según denomina la doctrina aquella particular manera en que el bloque normativo constitucional es entendido y actuado en la realidad por la sociedad. Tal criterio es compartido también por la Sala pues coincide con la visión que éste órgano ha plasmado ya en diversos pronunciamientos sobre el tema. Al respecto es claro que el pueblo costarricense, cansado de una historia de muerte, enfrentamientos, de dictadores y marginación de los beneficios del desarrollo, eligió libre y sabiamente a partir de mil novecientos cuarenta y nueve, recoger el sentimiento que desde hace mucho acompañaba a los costarricenses, de adoptar la paz como valor rector de la sociedad. En esa fecha se cristaliza ese cambio histórico, se proclama un nuevo espíritu, un espíritu de paz y tolerancia. A partir de entonces simbólicamente el cuartel pasó a ser un museo o centro de enseñanza y el país adopta la razón y el derecho como mecanismo para resolver sus problemas interna y externamente. Asimismo, se apuesta por el desarrollo humano y proclamamos nuestro derecho a vivir libres y en paz. Ese día esta nación dio un giro, decidimos que cualquier costo que debamos correr para luchar por la paz, siempre será menor que los costos irreparables de la guerra. Esa filosofía es la que culmina con la "Proclama de neutralidad perpetua, activa y no armada" de nuestro país, y los numerosos instrumentos internacionales firmados en el mismo sentido -citados en forma abundante por las partes-, como extensión de ese arraigado valor constitucional, que sirve como parámetro constitucional a la hora de analizar los actos impugnados.”
Claro está que una de las acciones de mayor peso y trascendencia en la definición y establecimiento del giro que la Nación decidió dar fue la abolición misma del ejército, incorporada en el artículo 12 del texto constitucional. Este establecimiento de la paz como derecho fundamental rector de las actuaciones públicas guarda una estrechísima relación con la producción de las armas y las armas como tales. La Nación costarricense abiertamente se ha manifestado en contra de las armas. Hace 20 años, el que en aquel entonces fuera legítimamente electo presidente de la República, el señor Arias Sánchez pronunció vastos discursos sobre los efectos negativos de las armas para la paz, y en aquel entonces, cuando efectivamente representaba el espíritu nacional dijo:
El Discurso pronunciado por el Presidente de la República de Costa Rica, Dr. Oscar Arias Sánchez, el 24 de septiembre de 1986, ante la XLI Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos de América. El discurso se titula “Haremos respetar la neutralidad” y en el, el Dr. Arias dice: “Costa Rica se ha declarado neutral frente a los conflictos armados de Centroamérica. Mi gobierno hará respetar esa neutralidad, con todo el coraje que sea necesario. Así lo hemos demostrado con palabras y con hechos. Costa Rica no está de acuerdo con que fuerzas exógenas alimenten guerras y extiendan la muerte en la región ¡Mientras el mundo entero llama a la paz, en América Central se acerca la guerra! ¡Mientras el mundo entero clama por un mayor crecimiento económico, en gran parte de América Central aumenta la miseria! No permitiré que grupo armado alguno utilice nuestro territorio para agredir a Estados vecinos. No lo
permitiré porque Costa Rica es respetuosa del derecho internacional. No lo permitiré porque
la existencia de grupos armados en nuestro territorio es un peligro para la seguridad nacional, pues carecemos de ejército para defendernos. Perderíamos, si así actuásemos, toda legitimidad frente a la Comunidad Internacional, en cuyos principios confiamos la defensa de nuestra soberanía. No lo permitiré porque esa utilización del territorio costarricense puede fácilmente vincularse con el tráfico de armas y con el tráfico de
drogas. No lo permitiré porque la moral de Costa Rica es un valor sagrado. No lo permitiré porque los costarricenses creemos en las soluciones pacíficas y no estamos dispuestos a permitir que nuestro suelo sea usado por quienes pregonan las vías de la violencia. No lo permitiré porque los costarricenses no queremos la guerra ni a los hombres que creen en ella.
Nuestro compromiso es con la paz y con el desarrollo. La aspiración de más techo y más trabajo para mi pueblo, señores delegados, es incompatible con la guerra.”
(resaltado propio)
Y continúa: “Vengo de un país cuyo mandato es luchar para que el pensamiento, la palabra y la acción sean concordantes también en el mundo de las relaciones internacionales. Costa Rica sabe que la brecha entre lo que se dice y lo que se hace ha crecido en estos últimos años. El medio ambiente continúa deteriorándose. Aumentan el hambre y la miseria. AUMENTAN LAS ARMAS Y LA CAPACIDAD DESTRUCTIVA DE LAS MAQUINARIAS DE GUERRA. AUMENTA EL PROTECCIONISMO DE LOS
PODEROSOS, DE LOS MISMOS QUE CLAMAN POR EL LIBRE COMERCIO. Se habla de solidaridad internacional mientras la ayuda económica se reduce.
Los países ricos se alejan cada vez más de los países pobres. La humanidad está embriagada de tecnologías que causan muerte porque se utilizan sin capacidad para controlarlas. Cada vez que nos juntamos, hablamos de que nuestros objetivos son todo lo contrario de lo que está sucediendo en el mundo. Pero no debemos perder la fe: si no existiera la Organización de las Naciones Unidas, las brechas a que me he referido serían aún más dramáticas.” (resaltado propio). (El discurso puede encontrarse en su integridad en http://www.arias.or.cr/discurso_pazencentro.html).
El discurso pronunciado por el Presidente de la República de Costa Rica, Dr. Oscar Arias Sánchez, el 22 de septiembre de 1987, ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en Washington, D. C., Estados Unidos de América, con ocasión de su gira por ese país, del 21 al 24 de septiembre del mismo año, en busca de apoyo para el cumplimiento del Plan de Paz de Centroamérica. En este el mandatario indicó: “Nunca hay nada oculto en los intereses del pueblo; por eso, el pueblo no necesita armas para dormir sin temor su cansancio.” (El discurso puede encontrarse en http://www.arias.or.cr/discurso_quenadie.html).
La Conferencia del Presidente de la República de Costa Rica, Dr. Oscar Arias Sánchez, el 11 de diciembre de 1987, en la Sala Magna de la Universidad de Oslo, Noruega, con ocasión de haber recibido, el día anterior, el Premio Nóbel de la Paz
de 1987. En esta ocasión dijo: “En Centroamérica, cinco presidentes hemos firmado un acuerdo para buscar una paz firme y duradera. Buscamos que callen las armas y hablen los hombres. SON ARMAS CONVENCIONALES LAS QUE ESTÁN MATANDO A NUESTROS HIJOS, SON ARMAS CONVENCIONALES LAS
QUE MATAN A NUESTROS JÓVENES.” (la conferencia completa se encuentra en http://www.arias.or.cr/discurso_sololapaz.html).
El Discurso pronunciado por el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, el 7 de junio de 1988, en Nueva York, Estados Unidos de América, en el Decimoquinto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicado al desarme. Aquí manifiesta: “Vengo a sumar la palabra y
la fuerza de Costa Rica a quienes de buena fe buscan reducir las armas y aumentar el
diálogo. A quienes de buena fe trabajan por compartir los beneficios del desarrollo entre las naciones y por alejarse de los intentos de dominar a otros pueblos. Vengo a sumarme a la cruzada de los hombres y mujeres que no temen a la libertad y trabajan por ese mundo nuevo. A todos aquellos que pueden ayudarnos para terminar con las amenazas de guerra en Centro América. VENGO A PEDIR QUE CESE EL
ENVÍO DE ARMAS A NUESTRA REGIÓN, PORQUE SOLO LAS ARMAS PUEDEN HERIR EL PLAN DE PAZ Y RETARDAR EL AVANCE DE LA DEMOCRACIA. Desde la potencia nuclear más poderosa en el mundo, hasta mi
pequeña Costa Rica sin armas, estamos obligados a trabajar por el desarme
progresivo.(
)Tenemos
un problema serio con el consumo de armas.(
refiere a las drogas se ha sugerido castigar económicamente a aquellas naciones que no combaten la
producción de drogas con suficiente rigor. ¿Por qué no hacer lo mismo con los productores de armas?(
)Hoy
el mundo está dividido entre los que viven el terror de ser destruidos en una guerra nuclear, y los que mueren día a día en guerras con armas convencionales. Ese terror a
la guerra final es tan grande que nos ha tornado insensibles frente al armamentismo y la utilización de armas no atómicas. Es urgente —y es una demanda de la inteligencia, es un mandato de la piedad— que luchemos por igual para que nunca más exista una Hiroshima, nunca más un Vietnam, nunca más un
Afganistán.(
los derechos humanos los defiendan solo quienes tienen credenciales intachables para ello,
pues de otro modo estamos avanzando la causa de quienes violan esos derechos. Que no se exporte un medicamento o un pesticida que sabemos hace daño en casa. Si conocemos de las bondades del
diálogo y la tolerancia, no propiciemos odios, no vendamos armas.” (resaltado
http://www.arias.or.cr/discurso_elejercito.html )
De los extractos recopilados, se demuestra con TODA CLARIDAD que el Presidente Arias, sabio
y conocedor de los efectos devastadores de la tenencia de Armas para la Paz Social, promulgó
internacionalmente no solo la Pax Centroamericana sino también la eliminación, prohibición y restricción de venta de Armas. Todo esto actuando como representante del espíritu de la Nación costarricense. Estas declaraciones por su contenido y su auditorio, constituyen actos unilaterales de toma de posición con repercusiones internacionales, como ya se verá en relación con el caso de los Ensayos Nucleares.
Tan orgullosamente promulgó y difundió la palabra, que hasta puso los discursos en el website de su Fundación.
Y es que los nobles intentos del Dr. Arias para detener la venta de Armas no se detuvo luego de su
En años subsiguientes, y con el afán de dejar lo más claro posible su intención de detener el tráfico de armas, incluso el tráfico legal, dijo:
“No podemos dejar que el libre mercado domine el comercio internacional de armas. Debemos darnos cuenta de que este comercio se convierte con demasiada frecuencia en amigo de dictadores y enemigo del pueblo. Ha llegado el momento de que demos mas importancia
a las vidas humanas que a las armas” . Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica, Laureado con
el Nóbel de la Paz (Esta cita se encuentra en www.arias.or.cr/amnesty.pdf).
Siendo que el Presidente Arias se ha manifestado históricamente en su condición de Presidente de la República de Costa Rica y en su condición de Premio Nóbel de la Paz, de manera tan clara y profunda sobre el tema, sería toda una lástima que echara por la borda los esfuerzos realizados y la
“moral sagrada” de nuestro país.
Ha sido ya vastamente demostrado el efecto negativo que las armas y su producción tienen para la paz. Consecuentemente, las actuaciones públicas encaminadas a fomentar la producción de armas o una carrera armamentista violentan groseramente el valor paz, el valor más sagrado que ha construido la Nación costarricense. Es por ello que los fragmentos rescatados Tratado impugnado resultan contrarios al principio de libre determinación de los pueblos, en particular del pueblo costarricense, el cual históricamente ha dado un rotundo no a las armas, a su producción y a su proliferación. Por ello también, el Tratado señalado viola el principio democrático, el deber gubernamental de actuar de forma representativa y la moral pública, todos ellos, de la Nación costarricense. Por todo lo anterior, el Tratado de Libre Comercio República Dominicana – Centroamérica – Estados Unidos, debe ser declarado inconstitucional.
Violación al los Artículos 7 de la Constitución Política y 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, por violación a la Carta de las Naciones Unidas, al Tratado de Tlatelolco y al Tratado de No Proliferación Nuclear así como a la prohibición general de derecho internacional que tiene el país para involucrarse en actividades relacionadas con la producción o el fomento de la producción de armas, emanado de una obligación unilateral contraída por el país bajo el mandato del mismísimo Arias Sánchez. Todo ello en detrimento del Derecho Humano a la Paz, así como del Derecho de Libre Determinación del Pueblo Costarricense.
Sobre la Carta de las Naciones Unidas.
No existe disenso alguno con respecto al hecho de que la Carta de las Naciones Unidas es un documento vinculante para nuestro país. Así lo dijo esta Sala en la citada sentencia 9992-04:
“Asimismo en el ámbito del derecho internacional relacionado con la promoción de la paz como valor- e incorporados a nuestra Constitución-, debemos tomar en consideración las obligaciones que se derivan de instrumentos internacionales relevantes, tal y como lo señala la propia Procuraduría, entre los que pueden señalarse los siguientes:
“Carta de la Organización de las Naciones Unidas (preámbulo, artículo primero)
A practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sin en servicio del interés común, y a emplear un
mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos, HEMOS DECIDIDO AUNAR NUESTROS ESFUERZOS PARA REALIZAR ESTOS DESIGNIOS Por tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San
Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de la Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones unidas. Capítulo I PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS Artículo 1.- Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para
prevenir y eliminar amenazas de la paz; y lograr para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos
de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a
quebrantamientos de la paz;
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistas basadas en el respeto al principio de la igualdad de
derechos y al de la libre determinación de los pueblos y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;”
Queda clarísimo entonces que existe una obligación internacional, derivada de la Carta de las Naciones Unidas de dirigir las conductas gubernamentales de manera tal que se realicen los principios y propósitos de la Carta misma.
Entonces, si tal y como Oscar Arias dijo en algún entonces:
“No permitiré que grupo armado alguno utilice nuestro territorio para agredir a Estados vecinos. No lo
la existencia de grupos armados en nuestro territorio es un peligro para la seguridad nacional, pues carecemos
de ejército para defendernos. Perderíamos, si así actuásemos, toda legitimidad frente a la Comunidad Internacional, en cuyos principios confiamos la defensa de nuestra soberanía. No lo permitiré porque esa utilización del territorio costarricense puede fácilmente vincularse con el tráfico de armas y con el tráfico de
Y continúa: “Vengo de un país cuyo mandato es luchar para que el pensamiento, la palabra y la acción sean concordantes también en el mundo de las relaciones internacionales. Costa Rica sabe que la brecha entre lo que se dice y lo que se hace ha crecido en estos últimos años. El medio ambiente continúa deteriorándose. Aumentan el hambre y la miseria. AUMENTAN LAS ARMAS Y LA CAPACIDAD DESTRUCTIVA DE LAS MAQUINARIAS DE GUERRA. AUMENTA EL PROTECCIONISMO DE LOS PODEROSOS, DE LOS MISMOS QUE CLAMAN POR EL LIBRE COMERCIO. Se habla de solidaridad internacional mientras la ayuda económica se reduce.”
como posteriormente enfatizó:
“Vengo a sumar la palabra y la fuerza de Costa Rica a quienes de buena fe buscan
reducir las armas y aumentar el diálogo. A quienes de buena fe trabajan por compartir los beneficios del desarrollo entre las naciones y por alejarse de los intentos de dominar a otros pueblos. Vengo a sumarme a la cruzada de los hombres y mujeres que no temen a la libertad y trabajan por ese mundo nuevo. A todos aquellos que pueden ayudarnos para terminar con las amenazas de guerra en Centro América. VENGO
PEDIR QUE CESE EL ENVÍO DE ARMAS A NUESTRA REGIÓN, PORQUE
SOLO LAS ARMAS PUEDEN HERIR EL PLAN DE PAZ Y RETARDAR EL AVANCE DE LA DEMOCRACIA. Desde la potencia nuclear más poderosa en el
mundo, hasta mi pequeña Costa Rica sin armas, estamos obligados a trabajar por el
desarme progresivo.(
lo que se refiere a las drogas se ha sugerido castigar económicamente a aquellas naciones que no combaten la
mundo está dividido entre los que viven el terror de ser destruidos en una guerra
nuclear, y los que mueren día a día en guerras con armas convencionales. Ese terror a
diálogo y la tolerancia, no propiciemos odios, no vendamos armas.”
“Aparte de la atención que debemos prestar a las causas fundamentales de los
conflictos, también tenemos que ocuparnos de la proliferación de los instrumentos de guerra. Me refiero a las cantidades enormes de armas que continuamente se
fabrican y se venden en todo el mundo. Nadie ignora que el número de muertes causadas por el conflicto armado ha subido de manera vertiginosa a lo largo del siglo XX, en parte debido a la sofisticación y a la proliferación de la tecnología militar. En la medida en que las ganancias sean el acicate para la distribución de armas en el planeta, la paz —y la vida humana— saldrán perdiendo”.
El Presidente Arias, demostró en múltiples oportunidades que la sola existencia de las armas representan un peligro para la paz y para la humanidad. Consecuentemente dirigió toda su extinta
capacidad diplomática y mediadora a trabajar por el desarme internacional, de nuevo actuando en aquel entonces en clara representación del espíritu del pueblo costarricense. Pidió a los países que cesaran la venta de armas y que redujeran la carrera armamentista. Estableció como base de la defensa de nuestro suelo, la tan aclamada “neutralidad no armada” que brillantemente don Luis Alberto Monge proclamara en aquel histórico del 12 de noviembre de
Todo esto en conjunto con las sentencias 9992-06 y 14193-08 han creado para Costa Rica una norma de Derecho Consuetudinario de acatamiento obligatorio que el Estado se encuentra obligado a cumplir, y que denotan la inconstitucionalidad del Tratado impugnado. Se configura con esta situación, una consecuente violación al artículo 7 de la Constitución Política y al Principio de Pacta sunt Servanda. Por este motivo, la presente acción también debe declararse con lugar.
Sobre el Tratado de Tlatelolco y el Tratado de No proliferación Nuclear.
Más clara no puede ser la violación a estos Tratados, la mera trascripción de las obligaciones es suficiente. Es más, la violación es tan grosera y evidente que no resulta ni siquiera necesario hacer ningún tipo de explicación.
Artículo VI. “Cada Parte en el Tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en
fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general bajo estricto y eficaz control internacional.”
3. Las Partes Contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios:
a. El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear,
por sí mismas, directa o indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier otra forma, y
b. El recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de
posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, por mandato a terceros o de cualquier otro modo. 4. Las Partes Contratantes se comprometen, asimismo, a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso, la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma nuclear o de participar en ello de cualquier manera.”
Especialmente de llamar la atención el artículo IV del Tratado de No Proliferación Nuclear. Aquí se recalca una obligación de por sí existente de celebrar negociaciones de buena fe destinadas a erradicar los instrumentos nucleares.
Aquí no ha habido buena fe. Se está fomentando la fabricación de armas en general, incluidas las nucleares, y si no en nuestro país, afuera (indirectamente). Y es que eso de que aquí no se hacen las bombas, sólo las piezas, es una burla al pueblo, un irrespeto a nuestra historia y un menosprecio de nuestra identidad libremente determinada.
Clave en estos textos es la palabra “fomentar”, EL TRATADO TIENE COMO FIN LA COMERCIALIZACION DE “Elementos combustibles (cartuchos) agotados (irradiados) de reactores nucleares, Agua pesada (óxido de deuterio), Reactores nucleares, Máquinas y aparatos para la separación isotópica, y sus partes, Elementos combustibles (cartuchos) sin irradiar, Partes de reactores nucleares, Calderas acuotubulares con una producción de vapor superior a 45 t por hora, Calderas acuotubulares con una producción de vapor inferior o igual a 45 t por hora Explicar más la violación sería pecar de redundante. Por lo anterior, y expuesta la absurda y evidentísima violación a estos Tratados Internacionales, consecuentemente al artículo 26 de la Convención de Viena y finalmente al artículo 7 de la Constitución, todo ello en detrimento del Derecho Humano a la Paz y al Derecho de Libre Determinación del Pueblo costarricense, debe declararse con lugar la acción y debe declararse inconstitucional el Tratado impugnado.
Sobre la prohibición internacional del país de participar en la fabricación de armas, o fomentar su fabricación.
Costa Rica no puede crear un tratado que permita el comercio de los artículos impugnados, mucho
menos de armas internamente prohibidas. Costa Rica ha construido una norma de Derecho Consuetudinario que le impide participar en la producción de armas, especialmente algunas de las establecidas en el Tratado impugnado
Ha mostrado su intención de obligarse en este sentido, y ha actuado reiteradamente hacia el fortalecimiento de la obligación. El hacerlo sin obligación alguna por parte de un tercer Estado, hace que estas manifestaciones adquieran la forma de actuaciones unilaterales. Sobre ello la Corte Internacional de Justicia dijo en el Caso de los Ensayos Nucleares:
“Se ha reconocido que las declaraciones hechas como acto unilateral, acerca de las situaciones legales o de hecho, tienen el efecto de crear obligaciones legales. Las declaraciones de este tipo pueden ser y por lo general son, muy específicas. Cuando es intención de un Estado, hacer la declaración de tal forma que ésta se convierta en un límite para su actuación de acuerdo con sus términos, esa intención confiere a la declaración el carácter de instrumento legal que puede ser utilizado por un tercer Estado (en la legislación costarricense, de conformidad con el criterio de la Sala Constitucional, esta posibilidad se extiende a los ciudadanos en la defensa de sus derechos fundamentales) para obligar al Estado declarante a actuar de conformidad con lo establecido por sí mismo en esa declaración”. (las notas entre paréntesis son propias).
Y es que efectivamente, las declaraciones hechas por el Dr. Oscar Arias Sánchez, a lo largo de los años, han sido muy específicas, tan específicas que se reducen al detrimento que produce para la democracia y la paz, el tráfico de armas, incluido el tráfico legal. Cabe rescatar que sin fabricación, no hay tráfico.
La Corte continúa diciendo:
“En relación con la cuestión de forma, se debe observar que éste es un aspecto en el cual el derecho internacional no establece ningún requisito especial o estricto. Que la declaración sea hecha de manera oral o escrita no hace ninguna diferencia esencial, por cuanto las declaraciones realizadas en circunstancias particulares pueden crear compromisos en derecho internacional (que deben ser respetados también de manera doméstica), el cual no requiere que estas deban realizarse de manera escrita. En consecuencia, la cuestión de la forma no es decisiva. Tal y como la Corte dijo en su Sentencia sobre Excepciones Preliminares en el caso concerniente al Templo de Preah
Vihear:
Donde **** como es el caso común en derecho internacional, el cual pone especial énfasis en las intenciones de las partes, la ley no prescribe ninguna forma particular, las partes se encuentran libres para escoger cualquier forma que ellos deseen siempre y cuando su intención se desprenda claramente de ésta. (Reportes de la CIJ 1961, p.31)
Uno de los principios básicos que gobiernan la creación y la realización de obligaciones legales, cualquiera que sea su fuente, es el principio de la buena fe. La confianza es inherente a la cooperación internacional, en particular en una era en que esta cooperación en múltiples campos se torna crecientemente esencial. Tal y como la regla pacta sunt servanda en el Derecho de los Tratados se basa en la buena fe, también sucede lo mismo con el carácter vinculante de las obligaciones internacionales contraídas bajo la forma de declaraciones unilaterales. Entonces, Estados interesados pueden tomar conocimiento de las declaraciones unilaterales y confiar en ellas, y están legitimados para solicitar que la obligación creada sea respetada”.
Esto último señalado por la Corte Internacional de Justicia es de trascendental importancia, y dada la incorporación del Derecho Internacional a la Constitución, en este caso y en particular, por tratarse estos principios de normas de ius cogens, debe entenderse que los ciudadanos tienen en Derecho Doméstico las posibilidades de defensa de derecho y acato de obligaciones que los Estados tienen bajo el Derecho Internacional.
Retomando lo dicho por la Corte Internacional de Justicia, en el ya citado caso de los Ensayos Nucleares, la Corte estableció que:
“De las declaraciones realizadas por el Gobierno Francés, ahora frente a la Corte, las más esenciales son claramente aquellas realizadas por el Presidente de la República. No puede haber duda, en vista de sus funciones, que sus comunicados o declaraciones públicas, orales o escritas, como Jefe de Estado, son, en las relaciones internacionales, actos del Estado Francés.
Las declaraciones unilaterales de las autoridades Francesas fueron realizadas fuera de la Corte, de manera pública y erga omnes, aún y cuando la primera de ellas fue comunicada al Gobierno de Australia. Tal y como se mencionó anteriormente, para tener efectos legales, no hay necesidad alguna de que esas declaraciones sean dirigidas a ningún Estado en particular, así como tampoco se necesita la aceptación por parte de ningún otro Estado.”
Este último criterio es compartido por la Sala Constitucional, quien en sentencia 9992-04 referida al caso de la posición de Costa Rica frente a la guerra en Irak, y refiriéndose a los actos unilaterales, nuestro más Alto Tribunal dijo:
“A este elenco cabe incorporar también la llamada Proclama de neutralidad perpetua, activa y no armada, que en criterio de esta sala encuadra claramente dentro de las fuentes del Derecho Internacional Público, bajo la concreta modalidad de los denominados actos unilaterales, los cuales son aquellos actos jurídicos dictados por un sólo Estado en sus relaciones internacionales y que le
acarrean consecuencias jurídicas. Para que un acto de esa índole tenga la condición de fuente del Derecho Internacional Público, debe reunir las siguientes condiciones: a) debe tratarse de una manifestación de voluntad inequívoca en la que se exprese la intención del Estado de obligarse mediante ese acto; b) no debe requerir aceptación de otro Estado, para evitar que se convierta en un acuerdo internacional y c) su validez no debe estar subordinada a otro acto jurídico. Dentro de la amplia tipología de los actos unilaterales del Derecho Internacional Público se encuentra la promesa unilateral, en virtud de la cual un Estado queda vinculado a los términos en que ha formulado una proclamación u ofrecimiento. La observancia de este tipo de promesas, depende, también, del cumplimiento de buena fe que haga el propio Estado de sus términos, siendo que puede ser invocada, a su favor, por otros sujetos del Derecho Internacional Público ante los órganos e instancias encargados de asegurar su cumplimiento. Bajo esas consideraciones este Tribunal Constitucional entiende que la "Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada" de mil novecientos ochenta y tres es una promesa unilateral de Costa Rica en el concierto internacional que vino a desarrollar el valor constitucional de la paz y que, por consiguiente, debe ser observada de buena fe de forma permanente por el Gobierno costarricense, evitando, en todo momento, transgredir la "regla estoppel" (venire contra factum propium) del Derecho Internacional Público, excepcionándola o inobservándola para un caso concreto y determinado.”
Es precisamente este criterio, recogido por la Corte Internacional de Justicia de la Haya y compartido por este Altísimo Tribunal, que en virtud de las manifestaciones realizadas por el Dr. Oscar Arias Sánchez en su condición de Presidente de la República y Premio Nóbel de la Paz, EL ESTADO NO PUEDE APROBAR UN TRATADO QUE FOMENTE LA COMERCIALIZACION DE ARMAS Y LOS DEMAS ITEMES IMPUGNADOS.
Importante para finalizar el reconocimiento de la norma de Derecho Consuetudinario es el elemento de la intención de obligarse, elemento que se desprende con toda claridad de las manifestaciones mismas, incluso al lo interno del país se vio exteriorizada con la destrucción de varios instrumentos de muerte que el mismo Oscar Arias hiciese al pie del monumento nacional.
Sobre el elemento de la Opinio Iuris, la Corte Internacional de Justicia, en el Caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte (Alemania versus Dinamarca), señaló:
“No solamente los actos considerados suponen una práctica constante, sino que además ellos deben de ser tales o realizarse de tal manera que demuestren la convicción de que esa práctica es considerada como obligatoria por una norma jurídica vigente que así la establezca. La necesidad de tal convicción, esto es la existencia de un elemento subjetivo, está implícita en el concepto de Opinio Iuris Sive Necessitatis. Los Estados interesados, por lo tanto, deben de tener el convencimiento de que cumplen con lo que ellos consideran es una obligación jurídica.”
La intención de obligarse, con toda claridad se desprende del siguiente fragmento pronunciado por
reducir las armas y aumentar el diálogo.”
Aquí él actúa como presidente, no lo hace en carácter personal, él en nombre y representación de la nación, obliga al Estado costarricense a reducir las armas. Qué buena forma de reducir las armas es legalizar su producción o importación!! Una actuación de buena fe incluye acá disuadir e impedir la realización de conductas conexas con la fabricación de armas, especialmente las impugnadas o los ítems relacionados con su fabricación. Esta posición nacional, se vio reforzada por la exposición que realizara el representante de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Vargas Pizarro, para la audiencia realizada en el caso relacionado con “La legalidad del uso o amenaza del uso de las armas nucleares” En dicha audiencia, el país sentó su posición totalmente opuesta a la utilización de dichas armas en toda circunstancia, por ser las armas nucleares incontrolables en su expansión destrutiva, lo que causa no sólo un terrible daño ambiental (derecho constitucional garantizado en el artículo 50), sino que además causan masivas muertes indiscriminadas, lo cual es prohibido bajo el esquema constitucional costarricense. Así se expresó el representante de Costa Rica ante la Corte:
“Señor Presidente y distinguidos Jueces, nos sentimos honrados de presentar nuestros argumentos en un caso que concierne a tales altas aspiraciones como preservar la vida, la salud y el medio ambiente. Consideramos que este es un caso para toda la humanidad, y debería ser siempre considerado como tal. Honorable Presidente y distinguidos Jueces: hasta este punto, luego de dos argumentos escritos presentados ante esta Corte, el Gobierno de Costa Rica considera que hemos hecho suficiente argumento como para demostrar que existe una violación general al derecho internacional con la amenaza o uso de armas nucleares… Señor Presidente, pocos Estados, tales como Francia, la Federación Rusa, el Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania e Italia, han solicitado a la Corte que utilice su discreción para no considerar la pregunta realizada por la Asamblea General. Ellos argumentan que una decisión de la Corte podría echar a menos negociaciones de desarme. Esta propuesta es curiosa, viniendo como lo es, de Estados que han mostrado sólo un limitado compromiso al desarme nuclear. Por otra parte, aquellos Estados no nucleares que podrían ser víctimas del uso de las armas nucleares, y por lo tanto tienen el mayor interés en el progreso del desarme nuclear, son lo que están apoyando el caso… En relación con la segunda parte de nuestra argumentación verbal, la ilegalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares, primero que nada, hay abundante evidencia de una opinio juris global en el sentido que la amenaza o el uso de armas nucleares es ilegal, según registros de las resoluciones de la Asamblea General, condenaciones de armas nucleares en el Tratado de Tlatelolco, el Tratado de No-Proliferación Nuclear, y otros tratados; escritos de juristas, y material de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales evidenciando dictados de la conciencia pública y conocimiento público… Primero, dejando de lado el asunto de la existencia de una regla consuetudinaria específica aplicable a las armas nucleares, las políticas de ciertos Estados con armas nucleares no afectan de manera alguna la validez de las reglas y principios del derecho humanitario, el derecho de los derechos humanos, y el derecho ambiental, que ha sido
demostrado opera para prohibir la amenaza o uso de las armas nucleares. Segundo, la adhesión a una forma ilegal de conducta por parte de unos pocos Estados no puede negar la ley. Donde los asuntos fundamentales para la humanidad están en juego, el disenso no puede permitirse para impedir el nacimiento de una regla consuetudinaria. Un ejemplo de un Estado que no consiente no exento de la aplicación de una regla de derecho consuetudinario es Sur África, el cual persistentemente disintió de la regla prohibitiva de la discriminación racial mientras esa regla se desarrollaba… Costa Rica, así como muchos otros Estados parte del Tratado [de Tlatelolco] han consistentemente apoyado las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que han sentado que el uso de las armas nucleares es un crimen contra la humanidad, una violación a la Carta de las Naciones Unidas, y/o una violación al derecho internacional. La prohibición contra el uso de armas nucleares aplica en todas las regiones, y no sólo en aquellas en que los Estados nucleares han acordado no usar o amenazar con usar armas nucleares… La referencia específica [del Tratado de Tlatelolco] a la naturaleza indiscriminada de las armas nucleares, a la radioactividad que ellas liberan y a la amenaza a la humanidad está en directa contradicción con cualquier interpretación que Francia haya querido hacer acerca de éste Tratado queriendo confirmar el uso de armas nucleares. Peor aún, bajo el Tratado de Tlatelolco, los Estados nucleares aceptan que las armas nucleares son armas de destrucción masiva… Costa Rica aprecia y entiende las condiciones requeridas para alcanzar la paz. Esto significa paz no sólo en el sentido de ausencia de conflicto armado, sino más bien paz en el sentido de compromiso con la cooperación y los valores comunes. Según la visión de Costa Rica, el mantenimiento de una amenaza o uso de armas nucleares, una amenaza que puede ser ejecutada instantáneamente con consecuencias devastadoras para toda la humanidad, es incompatible con la consecución de la paz en su verdadero sentido en el mundo que tenemos ahora. De hecho, el mantenimiento por parte de varios Estados de la amenaza o uso de armas nucleares es fundamentalmente incompatible con una orden mundial racional tal y como fue visualizado en la Carta de las Naciones Unidas. La amenaza nuclear es inherentemente una amenaza contraria a la soberanía de otros Estados y es también inherentemente contraria a los propósitos de las Naciones Unidas, los cuales incluyen el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y la cooperación en la promoción y la consecución de los derechos humanos. Costa Rica solicita a la Corte que determine que la ilegalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares en el contexto de una concepción alternativa de seguridad, que es tanto más realista como encontrando amplia aceptación en el mundo entero. Esta concepción alternativa toma en cuenta las necesidades de seguridad de todos los Estados, porque sólo si las necesidades de seguridad de todos los Estados son cubiertas, los Estados podrán estar seguros… En consecuencia, consideramos que en esta década del derecho internacional, la Corte debería reconocer y declarar que la amenaza o uso de armas nucleares es ilegal, no sólo porque es contrario al derecho humanitario y a la prohibición general de derecho consuetudinario, sino también porque la amenaza nuclear o su uso no pueden coexistir con la consecución del orden mundial que contempla seguridad común en cumplimiento de los propósitos de las Naciones Unidas y provee derechos humanos fundamentales para todas las personas en el mundo entero. Gracias, Señor Presidente y Miembros de la Corte.”
Finalmente, en esta cadena histórica de actos encaminados a la eliminación del armamento bélico, la Sala Constitucional, en histórica sentencia 14193-08 estableció:
“VII. Sobre el fondo. … En cuanto a aquellas que se refieren a la extracción de minerales, fabricación de combustible nuclear y generadores de vapor, debe recordarse que los Estados que promueven la paz se obligan a
adoptar un ‘pacifismo incondicional o ético’, como lo denomina un sector de la doctrina, el cual parte de la premisa de que la paz y la guerra son obviamente antagónicos y cada cual respectivamente, un valor que debe lograrse y un disvalor que debe erradicarse. Por consiguiente, un Estado que acepte la paz como un valor constitucional fundamental no podrá conformarse con la noción limitada de que la paz es la ausencia de guerra, sino que deberá ir más allá, previniendo y rechazando (sic) continuamente toda decisión y actuación que pueda propiciar y desembocar tal circunstancia. Ciertamente entre las actividades que puede considerarse opuestas al espíritu pacifista de una nación o país, está la fabricación de armas y la producción de determinados minerales o sustancias químicas. Ellas están directamente ligadas a situaciones de violencia, aún en circunstancias de legítima defensa. Incluso existen determinado tipo de armas de fuego, químicas, biológicas, etc que se fabrican específicamente para ser utilizadas en guerras. Por consiguiente, un Estado que aspire a propiciara la paz, tanto a nivel interno como internacional deberá poner especial cuidado al autorizar la fabricación y/o importación de armas y sustancias químicas en su territorio, rechazando rotundamente aquellas que por su naturaleza han sido pensadas y creadas para favorecer el antivalor de la guerra… El artículo 68 regula la fabricación, almacenamiento, comercio, importación y exportación de armas, municiones, explosivos, artificios y pólvora. De ahí que aún cuando existe un grupo de armas y de sustancias y componentes químicos cuya importación y fabricación es permitida por el ordenamiento jurídico; debe entenderse tal autorización en sentido altamente restrictivo, en respeto del valor constitucional mencionado. De la misma forma, la extracción de minerales es una actividad regulada, parcialmente por la Convención de Naciones Unidas sobre la Prohibición del Desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y su destrucción, la cual Costa Rica ratificó por ley 7571. No obstante, en la clasificación impugnada, no están contenidas esas sustancias. El torio y el uranio, por su parte, son minerales radioactivos y aunque el Código de Minería reserva al Estado su explotación, sea por sí mismo o a través de la concesión a particulares, su conocido empleo bélico y su carácter altamente contaminante obligan a considerar inconstitucional su pertenencia al listado que se impugna aquí.”.
La cual reforzó también los criterios establecidos en sentencia 9992-06 y culmina en delinear perfectamente todos los requisitos y hechos necesarios para la demostración de la norma unilateral de derecho consuetudinario. Así las cosas, y existiendo plenamente demostrada y ratificada por esta Corte Constitucional, la existencia de una norma imperativa de ius cogens, el Tratado deviene en nulo, en virtud de lo establecido por la misma Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la cual dice claramente:
“53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general
("jus cogens"). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.”
Por todo lo anterior en relación con los Tratados de no proliferación de armas nucleares, el Tratado de Tlatelolco y la norma de ius cogens reconocida por nuestro país, el Tratado impugnado debe declararse inconstitucional.
Sobre el los artículos 21 de la Constitución y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referidos al Derecho a la vida y la integridad personal.
Vastamente, la Fundación Arias para la Paz, demostró la relación entre el nivel de armas y la criminalidad, así como la amenaza para la seguridad y la vida que representa la proliferación de armas en general, pero especialmente la de armas pequeñas. Siendo uno de los fines fundamentales del Estado, garantizar la seguridad y preservar la vida de sus habitantes, no puede el Estado tomar medidas que tiendan a debilitar la seguridad personal. No puede el Estado crear conscientemente situaciones de peligro para sus habitantes. Permitir la fabricación de armas, es, tal y como lo ha indicado el presidente Arias, amenazar la vida, poner en riesgo la integridad personal de toda la población. En virtud de lo anterior, y por crear una situación de vulneración contra la vida y la seguridad personal de los habitantes de la República, el Tratado en cuestión debe también ser declarado inconstitucional.
Sobre el artículo 50 constitucional.
Uno de los aspectos más revolucionarios de la sentencia 14193-08 es el acierto histórico de relacionar los conflictos bélicos con el medio ambiente, especialmente de las nuevas armas de “última tecnología” dado su extenso poder destructivo. En relación con el medio ambiente es fundamental, por su particular cuidado, analizar el asunto de los desechos nucleares producto de combustible nuclear y de materiales radioactivos. Sobre el manejo de desechos nucleares, la Agencia Internacional de Energía Atómica en un informe publicado en octubre del año anterior (2007) llegó a la conclusión que:
“La capacidad para moldear todos los efectos involucrados en la disolución de su estado como desecho, en condiciones similares a las del sitio de desecho, es la meta última de toda la investigación llevada a cabo por muchos grupo de investigadores durante muchos años. Tal y como veremos en este reporte, este tipo de investigación está lejos de concluirse”.
No se sabe qué hacer con los desechos nucleares, radioactivos y tóxicos, más que dejarlos ahí… ad perpetuam, hasta que algo suceda. La Sala Constitucional, con claridad meridiana se refirió a las implicaciones internacionales que tiene para un país el adoptar cierta clase de políticas, especialmente aquellas protectoras de los derechos humanos, de forma tal que los derechos humanos defendidos y promovidos aquí, no pueden verse amenazados y perturbados en otros Estados por actividades del nuestro. La producción de los artículos impugnados atenta contra el ambiente MUNDIAL sano y ecológicamente equilibrado, al permitir la fabricación de sustancias no sólo peligrosas sino que también resultan en una basura nuclear, tóxica, química, etc que la humanidad debe cargar para siempre.
El Tratado impugnado permite el comercio de sustancias que por su propia naturaleza son contrarias a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho humano de cuarta generación ampliamente defendido por esta Sala y respaldado por infinidad de documentos internacionales adoptados por nuestro país, razón por la cual, debe ser declarado inconstitucional.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, y habiendo ampliamente demostrado la inconstitucionalidad de las cláusulas indicadas, solicito:
Que se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad.
Que se declare inconstitucional el Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, ley 8622 del 21 de noviembre de 2007.
Que se condene al Estado al pago de ambas costas de este proceso.
Para recibir notificaciones, al fax: 2262-0935.
Luis Roberto Zamora Bolaños.
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 Resolución 
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 artículo 75
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artículo 18

Artículo 1

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 18

Artículo 21

Artículo 28

Artículo 50

Artículo 1

Artículo 5

Artículo 1

Artículo 26

Artículo 1

Artículo 9

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 25
 artículo 68
 artículo 9
 artículo 28
 artículo 12
 Artículo 1
 artículo 7
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 50
 artículo 68
 artículo 50