Source: http://buenosairescontaminada.blogspot.com/2009/
Timestamp: 2018-01-23 17:20:15+00:00

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BUENOS AIRES CONTAMINADA: 2009
Publicado por Norberto Costa en 14:24 No hay comentarios:
El Estado realiza las obras de infraestructura que favorecen a los habitantes de los countries
El Estado se ha retirado de la planificación urbana y de la organización territorial sobre el suelo, pero interviene en inversiones de infraestructura. Esas obras valorizan barrios cerrados y countries, con escasa imposición tributaria. Se acentúa así la desigualdad social.
En la Región Metropolitana de Buenos Aires existe un total de 541 urbanizaciones cerradas.
En paralelo al retiro del control estatal sobre otras actividades económicas, la desregulación en materia de producción de suelo urbanizado en los últimos treinta años generó una creciente desigualdad que acentúa la fragmentación social. Para la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) se destaca una serie de procesos que ilustran el fenómeno. Por un lado, el impresionante avance de los barrios cerrados, con escasa imposición tributaria y bajísima densidad poblacional, valorizándose al compás del esfuerzo colectivo que se canaliza a través de las obras públicas en infraestructura vial. Esta expansión se produce sobre áreas que tradicionalmente ocuparon sectores populares, que ahora quedan marginados territorialmente sobre las tierras más degradadas. A su vez, en la ciudad de Buenos Aires, la fuerte suba de precios de viviendas y alquileres, que define, junto a otros procesos, un esquema de ciudad para pocos. En todos los casos sobrevuela un Estado en retirada, con escasa participación en la organización territorial sobre el suelo, priorizando la propiedad individual por sobre las necesidades sociales y no al revés.
El crecimiento de los barrios cerrados comenzó a principios de los noventa, financiados por capitales extranjeros que aprovecharon la subvaloración del suelo y el paulatino desarrollo de autopistas, que redujeron sustancialmente la distancia al centro de la Capital. Durante la posconvertibilidad, estos emprendimientos se multiplicaron. Actualmente, en la RMBA existen un total de 541 urbanizaciones cerradas (barrios cerrados, clubes de chacras y megaemprendimientos), abarcando un área estimada en casi 40 mil hectáreas; el doble de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Pero mientras la densidad poblacional en la Capital es de 60 hogares por hectárea, en los barrios cerrados es de 3. “Significa una importante apropiación diferencial del suelo”, destaca el investigador Raúl Fernández Wagner, de la Universidad de General Sarmiento.
En el documento de su autoría, “La ciudad injusta. La política pública y las transformaciones residenciales en el AMBA”, Fernández Wagner marca que “este proceso de generación y expansión del espacio residencial en la periferia de la RMBA tiene la particularidad de que ahora las elites compiten por el mismo espacio que ocupaban tradicionalmente los sectores populares”. Esto empuja a la marginación social ya en términos territoriales, puesto que se multiplicaron las ocupaciones de los sectores más empobrecidos sobre tierras inundables, basurales o vías férreas, con alto impacto sobre la calidad de vida de esa población.
Pero además de este proceso de exclusión territorial y desigualdad en la apropiación de suelo urbano, en el caso de los barrios cerrados, la valorización con la cual estos emprendimientos usufructúan se deriva del esfuerzo colectivo, a través de la construcción de obras viales de parte del Estado. “La distribución territorial de estos emprendimientos muestra que los principales impulsos de crecimiento en algunas áreas de la RMBA se relacionan con las autopistas”, indica Fernández Wagner. Ejemplos de ello son el Acceso Norte, Oeste y la Autopista Buenos Aires-La Plata.
En paralelo, en la ciudad de Buenos Aires el crecimiento económico desde 2002, el turismo y la especulación inmobiliaria, generaron una suba en el precio de los bienes raíces, con el consiguiente incremento de alquileres. Por su parte, el Estado no pena la retención especulativa (a través de algún tipo de imposición sobre la vivienda desocupada) y tampoco se recuperan las transferencias de valor que la obra pública realiza sobre las propiedades privadas, como puede ser la ampliación de la red de subtes. De esta forma, se reproduce una clásica ecuación: se socializa el costo (porque la presión tributaria de la obra pública recae sobre el conjunto) y se privatiza el beneficio (en manos del propietario).
Una consecuencia de los procesos mencionados es la creciente exclusión del mercado formal de viviendas para una parte mayoritaria de la sociedad. Según datos de Infohábitat, la población en villas y asentamientos representaban el 6,9 por ciento del total del AMBA en 2001, mientras que en 2006 llegaba al 10,1 por ciento. Pero además, desde 1980 (el comienzo del desguace de los criterios de racionalidad territorial), la población en villas y asentamientos creció mucho más que las otras formas de acceso al suelo urbano. “La vía de la informalidad está siendo el principal modo de acceso a la vivienda y la ciudad”, concluye el informe.
La política pública que acompañó al desarrollo urbano descripto se basa en dos premisas de corte liberal. Por un lado, la igualación del derecho de propiedad con el de de-sarrollar construcciones urbanas, cuando éstas se realizan sobre un espacio escaso y por ello impacta en las oportunidades de acceso al suelo y la vivienda. Por el otro, se asume que la valorización del inmueble a través de las obras públicas forma parte de este derecho inalienable de propiedad. En cambio, las experiencias más progresistas en materia de desarrollo urbano en Latinoamérica, como Brasil y Colombia, utilizan el enfoque de “función social de la propiedad”.
Antonio Azuela en “Perspectivas urbanas. Temas críticos en políticas de suelo en América latina” resalta que “la función social de la propiedad considera los derechos de propiedad como una materia limitada por el gobierno y las leyes para satisfacer las necesidades sociales”. En el plano local se destacan algunas experiencias positivas, como los municipios de Moreno, San Fernando y Morón, más algunos proyectos de ley que deambulan en el Congreso. Azuela resalta que “uno de los mayores problemas de la gestión urbana es la falta de soporte del sistema jurídico vigente”. Explica que se carece de las “provisiones básicas del sistema, especialmente las de naturaleza constitucional”. Sin embargo, algunos jueces nacionales han fallado en el sentido progresista que plantea Azuela basándose en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional. En su artículo 21, del “Derecho a la propiedad privada”, manifiesta que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”. Es uno de los caminos sobre los cuales se puede avanzar hacia una mayor equidad social.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/economia/2-137706-2009-12-28.html
Publicado por Norberto Costa en 9:37 No hay comentarios:
UNLP - OJO COMPAÑEROS: El Claustro de Profesores de Geología y Geoquímica - FCNyM aconseja QUE SE ACEPTE LOS FONDOS DE YMAD
Lamentable documento. Parece escrito directamente por la gerencia de minera Alumbrera. Así aconsejan los geólogos de la UNLP:
La distribución de las utilidades de YMAD
(Claustro de Profesores de Geología y Geoquímica - FCNyM)
La empresa estatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) fue
creada por Ley Nacional 14.771 sancionada en octubre de 1958. Su directorio está
conformado por un presidente designado por el poder ejecutivo nacional, 2 vocales
designados por la provincia de Catamarca y otros 2 vocales designados por la
En esa ley se autorizó a la provincia de Catamarca a conceder a YMAD los
aproximadamente 344 km2 de su territorio correspondiente al yacimiento del mismo
nombre y también establece que, en la actualidad, las utilidades de YMAD se
distribuirán de la siguiente forma: un 60 % a la provincia de Catamarca, un 20 % a la
Universidad Nacional de Tucumán y un 20 % a un fondo nacional que será distribuido
entre las restantes universidades del Estado.
En 1994 YMAD conforma una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para
explotar uno de los depósitos minerales que se encuentra en su propiedad, el
yacimiento de cobre y oro “Bajo de la Alumbrera”.
Esta UTE está conformada por dos partes:
a) Un grupo inversor constituido por la empresa Minera Alumbrera, compuesta por las
empresas Xstrata con el 50 % y que en términos de la actividad minera es el operador
del yacimiento, Goldcorp con el 37,5 % y Yamana GoId con el 12,5 %
b) El titular de la propiedad y de los derechos de exploración y explotación que es la
empresa estatal Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) a quien por esa
calidad le corresponde el 20 % de las utilidades
La gerencia de esta UTE está integrada por 5 miembros designados por Minera
Alumbrera f3 miembros designados por YMAD.
Además de la participación en la UTE mencionada, YMAD por si sola explota el
yacimiento de oro Farallón Negro, situadó —en la misma propiedad minera- a unos 6
km del Bajo de la Alumbrera, que comenzó con su actividad extractiva, aunque
intermitente, en 1978.
El Bajo de la Alumbrera es un típico ejemplo de los depósitos minerales que se
denominan Pórfidos Cupríferos, a partir de los cuales se produce aproximadamente el
50 % del cobre del mundo, siendo Chile el principal productor. Los pórfidos cupríferos
se caracterizan porque los minerales de cobre están diseminados en baja proporción
en un gran volumen de roca de origen magmático.
A diferencia del Bajo de la Alumbrera, en la zona de Farallón Negro los minerales de
oro y plata se presentan en vetas de cuarzo y carbonatos.
Breves consideraciones sobre el significado de “yacimiento mineral”
Los yacimientos minerales son acumulaciones naturales de una sustancia, que
se producen debido a los fenómenos geológicos que actuaron en porciones definidas de la corteza terrestre. Desde los albores de la humanidad, el hombre aprovechó esas
sustancias para su desarrollo y agudizó su ingenio para obtenerlas.
Las características de los yacimientos minerales, entre las que pueden mencionarse:
la conjunción de factores que llevaron a su formación, la profundidad a la que se
formaron, sus formas y dimensiones, los minerales que los constituyen, las relaciones
más o menos complejas entre los minerales útiles e inútiles que los integran y las
proporciones en que ellos intervienen, se deben estrictamente a causas geológicas.
Los estudios sobre la formación de rocas y minerales que el hombre aprovecha, comenzaron a hacerse sistemáticos hace unos 500 años y evolucionaron tanto por el incremento en el conocimiento científico como por las necesidades de la actividad humana. Así se postularon ideas y se generaron líneas de pensamiento y debates científicos para explicar la formación de distintos tipos de yacimientos minerales en concordancia con la evolución de la corteza terrestre. En este marco, el estudio de los yacimientos minerales constituye una disciplina dentro de las Ciencias Geológicas. El hombre amplió sus conocimientos sobre ellos y se elaboraron las ideas sobre que condiciones y procesos geológicos fueron necesarios para su formación y en que regiones estos fenómenos geológicos se manifestaban, constituyendo las
bases de lo que hoy se llama “exploración minera”.
Tanto la búsqueda como la exploración de yacimientos minerales, son actividades previas a la eventual explotación de una mina, y de alto riesgo para las inversiones que se deben realizar. Normalmente quien va a iniciar dichas actividades conoce que la experiencia a nivel mundial indica que en áreas óon poco conocimiento hay un 0,03 a 0,5 % de probabilidad que la exploración tenga éxito, mientras que en zonas con estado avanzado de conocimiento geológico y metalogénico, esa probabilidad se incrementa (1 a 5%). Ese éxito significa que la exploración determinó un cuerpo mineral con buenas posibilidades de transformarse en una operación minera. El fracaso significa que el dinero invertido en la búsqueda y exploración se ha perdido. Los trabajos que se realizan en esas etapas previas suelen durar varios años y dependen del tipo de yacimiento. Cualquier empresa minera que pase a la etapa de explotación, querrá también recuperar ese dinero invertido.
Como consecuencia del avance de los conocimientos sobre las características de los depósitos minerales y del incremento de la demanda de las sustancias que ellos albergan, el hombre desarrolló tecnologías para su obtención. En este sentido pasaron desde la utilización de algunas pocas herramientas manuales y el desmesurado esfuerzo físico humano, al arranque de las rocas con explosivos junto al desarrollo de sistemas de transporte y trituración del mineral y de métodos cada vez más eficaces para separar los minerales que se quieren aprovechar de aquellos que no tienen utilidad. Además del aspecto tecnológico en si mismo, estas metodologías evolucionaron para obtener la mayor cantidad de esas sustancias dejando atrás las técnicas que sólo permitían explotar las porciones más ricas de un yacimiento causando la inutilización del recurso ya que las porciones menos ricas o pobres que quedaban, no podrían ser aprovechadas en el futuro.
Información sobre las operaciones mineras en el área de YMAD
Como la casi totalidad de los depósitos del mundo denominados Pórfidos Cupríferos, el Bajo de la Alumbrera se explota por minería de superficie, también conocida como “a cielo abierto” o “rajo abierto”; esto se debe a las características geológicas propias de este tipo de yacimientos y a la posición en que se encuentra respecto a la superficie topográfica actual. El pórfido cuprífero del Bajo de la Alumbrera tiene un contenido de cobre promedio (que se denomina “ley”) de —0,5 % (5 kg de cobre por cada tonelada de roca) acompañado por —0,7 gramos de Au por tonelada de roca, que están contenidas en aproximadamente 750 millones de toneladas de roca. Para alcanzar su producción deben extraerse unas 45 millones de
toneladas/año y además para asegurar la estabilidad de las paredes del rajo debe remover otras 55 millones de toneladas/año de material estéril. Esto se produce en un rajo abierto de alrededor de 2,5 km2 que alcanzará una profundidad —respecto al nivel original del terreno- del orden de 500 metros.
Las rocas extraídas y que contienen los minerales de cobre, oro y molibdeno se transportan unos 3 km hasta la planta de tratamiento. En esta planta se obtienen diversos productos:
a) separación del oro de mayor tamaño por métodos gravimétricos que luego se funde
para obtener el “doré” de oro y plata (con impurezas),
b) un concentrado de cobre y oro por el método de flotación, y
c) un concentrado de molibdeno (a partir de 2009) también por el método de flotación.
Los relaves, es decir el material que ha pasado por la planta de concentración y que no contiene minerales útiles, se descargan en el “dique de colas” situado en las inmediaciones de dicha planta.
El material estéril que debe removerse, se acumula en pilas denominadas “escombreras” cerca del lugar de donde se extrae.
Para estas operaciones se utilizan unos 20 millones de m3/año de agua “nueva” procedente del acuífero del Campo del Arenal (25 km al norte de la planta) y otro 60 millones de m3 que se reciclan de su propio dique de colas.
Los concentrados se transportan por un conducto a la provincia de Tucumán donde se filtran y luego por ferrocarril al puerto fluvial situado en la provincia de Santa Fe, para su embarque y traslado a los países compradores. Para estas operaciones, en el año 2008, la UTE contó con un plantel de 1216 empleados directos y 800 contratados.
En la zona de Farallón Negro la empresa estatal YMAD explota vetas mediante métodos de minería subterránea. El material extraído se transporta a una planta de tratamiento situada en el lugar, y en este caso se trata el mineral por distintos métodos de cianuración y fundición para obtener el “doré” rico en oro y plata. Esta aleación (“doré”) se envía a una planta de refinación que la misma empresa posee en la ciudad de Catamarca, en la que obtiene lingotes de oro y “granalla” de plata que son los productos finales que comercializa.
Las inversiones de Minera Alumbrera en infraestructura, desde el inicio de las operaciones en 1997, ascienden a unos 5000 millones de pesos.
A modo de ejemplo se consigna la información más significativa suministrada por la UTE Minera Alumbrera-YMAD para el año 2008.
- Exportaciones por un valor de $3900 millones
- Compras de insumos, bienes y servicios nacionales: $ 1046 millones
- Impuestos y tasas (ganancias, bienes personales, etc.): $ 603 millones
- Derechos de exportación (retenciones): $ 435 millones
- Regalías provinciales: $ 111 millones
- Pago de sueldos (sin aportes): $ 112,5 millones
- Aportes y seguridad social: $ 53 millones
- Pagos de canon, tasas y otros impuestos: $ 13 millones (incluye $ 10 millones por
uso del agua)
- La distribución de utilidades a YMAD por parte de la UTE fue de $ 553 millones
- Los ingresos fiscales desde 1999 a 2008, declarados por Minera Alumbrera, rondan
los $4.500 millones.
Estos datos, hechos públicos por Minera Alumbrera, pueden ser fácilmente comprobados por las autoridades de aplicación o los organismos estatales de control pertinentes.
No se poseen datos económicos de la operación minera del yacimiento Farallón Negro, explotado únicamente por YMAD.
La discusión sobre los fondos de YMAD a las universidades públicas
En diversas presentaciones relacionadas con la distribución de los fondos de YMAD a las universidades, se ha presentado y afirmado sin lugar a ningún tipo de discusión, el título de “megaminería a cielo abierto contaminante”.
Esta es una creencia notablemente sesgada por las siguientes razones:
a) La minería tiene lo que se llama industrialmente un “factor de escala” que
relaciona toda la infraestructura y maquinarias con la producción deseada.
Por ejemplo, hace 80 años nadie pensaba en abrir una mina para producir 600.000 toneladas al año de mineral concentrado de cobre porque no tendría a quien vendérselas y no sabría que hacer con ellas. Esto es porque en esa época no se requerían esas cantidades de cobre; por lo tanto se planificaba una mina e instalaciones más pequeñas y acordes con la producción que se podría vender.
Siguiendo con el ejemplo pero 50 ó 60 años después, un yacimiento que pueda producir 600.000 toneladas de mineral concentrado de cobre podría vender su producción y con ello pagar todos los costos de su obtención, por lo tanto la mina e instalaciones para lograr esa producción serán distintas a las anteriores (mucho mayores).
Por esta razón, la escala en que se desarrollará la explotación de un yacimiento mineral no es una forma “caprichosa” de operar, si no una concepción industrial que estará condicionada por las características del yacimiento, las tecnologías de minado y concentración y la producción que puede ser comercializada.
b) La decisión de explotación minera de superficie (o “a cielo abierto”) se basa esencialmente en razones geológicas, técnicas, económicas, ambientales y de seguridad e higiene laboral. Hay yacimientos que sólo es posible explotarlos por minería de superficie, otros que sólo se pueden explotar por vía subterránea y algunos combinando ambos métodos. Para decidir sobre el método de explotación son necesarios estudios exhaustivos que contemplen esos aspectos que por su extensión no es posible desarrollar en este documento. Tal es así que desde el nivel de minería artesanal, uni- o multipersonal, hasta el de grandes empresas con experiencia en la actividad, se analizan y evalúan todos aquellos factores antes de tomar la decisión.
Por un gran desconocimiento de la actividad minera, tanto en comentarios que aparecen en medios de comunicación como también en presentaciones que argumentan el rechazo a los fondos de YMAD, se manifiesta sin ningún fundamento que la minería a cielo abierto es una especie de conjuro de los poderes dominantes para una determinada región, país o sociedad local y por ello mencionan el hecho que no se utilizan métodos convencionales.
Esos métodos convencionales no existen en la realidad si no en argumentos basados en el desconocimiento sobre la actividad minera, o en conocimientos sólo basados en una simple averiguación superficial de ella. Explotaciones de minerales a cielo abierto se conocen desde el tiempo de la antigua Roma. Los yacimientos de cobre chilenos, incluyendo el más grande del mundo, Chuquicamata, se vienen explotando a cielo abierto desde hace decenas de año. Los grandes yacimientos de hierro de Brasil y Venezuela también son aprovechados a cielo abierto desde mediados del siglo pasado. El rajo a cielo abierto más grande del mundo es el de la mina de cobre Bingham en el estado de Utah (Estados Unidos) que se inició en 1910 y
continúa activa. Además todas las rocas de aplicación y muchos minerales industriales
que se utilizan, por ejemplo en la construcción, se extraen por minado a cielo abierto.
Los ejemplos pueden continuar, pero con estos pocos puede señalarse que la minería a cielo abierto no es un “invento actual” si no que es y fue parte de la minería convencional que se aplica y aplicó bajo determinadas circunstancias técnicas para diversos tipos de yacimientos.
Quienes sostienen al minado subterráneo como el método conveniente para aprovechar los minerales, es porque además de los aspectos técnicos no tienen en cuenta que este tipo de operaciones es el que presenta los mayores riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. De acuerdo a información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el mundo, aproximadamente el 1 % de los trabajadores corresponden a la actividad minera; sin embargo a pesar de los avances en la legislación y en los métodos de control y prevención de seguridad, el 8 % de los casos de lesiones graves o fatales se registra en esta actividad y fundamentalmente en los trabajos de minería subterránea.
c) Toda actividad humana produce impactos sobre el ambiente (de carácter positivo yio negativo) y es potencialmente contaminante. Dentro de los impactos negativos pueden generarse procesos de contaminación, los cuales en algunos casos, logran alcanzar gran magnitud. Tales efectos nocivos pueden ser de carácter irreversible o mitigables a corto o largo plazo.
Por lo tanto toda actividad humana debe apuntar a obtener la mayor cantidad de
impactos positivos sobre el ambiente sin producir ningún tipo de contaminación. Es
importante establecer claramente la diferencia entre la potencialidad de contaminación
y la contaminación real que produce la actividad. En cualquier emprendimiento —no
sólo minero- los riesgos de contaminación deben identificarse, y ponderarse, para
luego proceder a su minimización o eliminación.
Una de las herramientas prevista en la legislación ambiental es la exigencia de la concreción de Estudios de Impacto Ambiental, los cuales permitan identificar las acciones inherentes a un determinado proyecto que pueden incidir nocivamente en forma potencial o real sobre los factores ambientales. De tal forma una vez reconocidos tales impactos negativos, en los estudios se deben incluir las medidas de adecuación y/o prevención necesarias, a fin de eliminar o atenuar dichos efectos perjudiciales. Asimismo durante el funcionamiento de un emprendimiento dado, se deberá implementar un apropiado sistema de gestión ambiental que asegure la protección del medio físico y socioeconómico cultural. Dicha gestión ha de comprender los monitoreos ambientales que correspondan, así como (a realización de auditorias que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos fijados por la
legislación ambiental vigente. De tal forma mediante dicho seguimiento por parte de
las autoridades competentes se podrá verificar si los procedimientos previstos para suprimir o atenuar los impactos negativos han funcionado satisfactoriamente o si se produjeron desviaciones de los resultados esperados, estableciéndose las causas, a fin de introducir las correcciones necesarias que eviten o mitiguen los efectos no esperados.
Las explotaciones mineras a cielo abierto originan un impacto ambiental mucho mayor que las subterráneas. Entre los pasivos ambientales se puede mencionar la producción de residuos, la alteración de la capa superficial natural, la modificación del paisaje, de los acuíferos y aguas superficiales y en consecuencia se pone en riesgo la persistencia de la flora y la fauna. Además, el arrastre de material particulado puede perjudicar actividades productivas en las zonas de influencia de la explotación minera.
Una gran parte de los problemas derivados de la actividad minera persisten durante
largos periodos de tiempo. Por tal motivo resulta esencial la adecuada aplicación de
las medidas correctoras. En tal sentido se pueden considerar tres aspectos fundamentales en la gestión ambiental de una explotación minera: - Prevención del impacto, antes o durante las labores de explotación - Restaüración del terreno, devolviéndole en la medida de lo posible su aspecto original - Remediación, tratando de solucionar los problemas que la restauración no ha sido capaz de lograr.
Sin embargo en algunos casos, las explotaciones a cielo abierto alteran de forma tal el sitio natural, que no es posible recuperar por completo el entorno, aún con la reintroducción de las especies originales. Por tal motivo, actualmente se habla más bien de medidas compensatorias para rehabilitar la zona afectada, ofreciendo las condiciones que permitan albergar un nuevo hábitat. No obstante vale remarcar que ninguna de estas tareas resultará efectiva en un mediano a largo plazo, si no se verifica un estricto seguimiento del proceso.
Debe comprenderse que las explotaciones mineras sostenibles y el cuidado del ambiente son ambos necesarios y deben complementarse. Existe una legislación que fija las reglas de juego para ambos y es un deber ineludible de las autoridades competentes hacer cumplir dicha normativa. A tal fin se deberá dotar a los organismos pertinentes de personal capacitado y dotado de los medios técnicos necesarios para cumplir con sus tareas de fiscalización. En tal sentido la participación de las Universidades Nacionales, a través de sus áreas de competencia, pueden brindar un aporte de trascendencia en pos de alcanzar tal objetivo. Dentro de este contexto es fundamental la intervención de la sociedad, a través de la implementación de mecanismos de participación tales como las Audiencias Publicas, con carácter vinculante para otorgar la licencia social.
Los impactos ambientales generados por la actividad minera no deben ser ocultados ni negados, sino por el contrario reconocidos y controlados.
El cumplimiento por parte de las compañías mineras de la realización de estudios ambientales, podría verse transparentado mediante el acceso público de la información contenida en los mismos. Los intercambios de opinión (a través de por ejemplo Audiencias Públicas) que apunten a mejorar la gestión ambiental empresaria y a evacuar las dudas y temores por parte de los ciudadanos, podría ser una herramienta eficaz para transformar una dicotomía en una convivencia enmarcada en el respeto y el beneficio mutuo.
El aporte a la UNLP (y a otras universidades estatales) que se discute, debe ser claramente identificado: no proviene de Minera Alumbrera sino de la empresa estatal YMAD.
De acuerdo al Código de Minería el estado es el dueño del subsuelo y lo concede para su aprovechamiento minero a los particulares que cumplan con los requisitos de ese Código. En lo que nos ocupa, conforme a la ley 14.771 el estado formó la empresa minera (YMAD) a la que se le posibilitó la titularidad y tener todos los derechos de exploración y explotación en un área de —344 km2. Cuando esta empresa obtiene beneficios, los debe distribuir de la forma que esa ley contempla y que se ha señalado más arriba. Debe resaltarse que en este caso el Estado, por ser el dueño del subsuelo, recibe a través de la empresa pública YMAD el pago del 20 % de las utilidades que genera el aprovechamiento de sus recursos minerales.
Una vez distribuidas las ganancias de la UTE Minera Alumbrera-YMAD ese dinero corresponde únicamente a YMAD, ya que fuera de esa UTE, ésta es una empresa independiente. YMAD hará su balance (que incluirá costos operativos, inversiones, pago de deudas, etc.) el que debe ser aprobado por su directorio y organismos de control pertinentes y a partir del cual resultarán los beneficios que debe distribuir de acuerdo a la ley de su creación.
Debe consignarse que las operaciones de la UTE Minera Alumbrera-YMAD en el Bajo de la Alumbrera son actividades legales reguladas por leyes nacionales y provinciales.
La creencia que sostiene que la explotación del pórfido cuprífero del Bajo de la Alumbrera es de una escala tal que se aprovecha del recurso mineral subrepticiamente, resulta de ignorar el desarrollo técnico y productivo de la actividad.
Del mismo modo, la proclamación que la minería ‘a cielo abierto” es un método que tiene como único fin contaminar el ambiente, entraña el desconocimiento sobre cuales son los condicionamientos técnicos en los que se basa la decisión del método de explotación apropiado.
Si bien pueden discutirse cuales deben ser los beneficios que deja al país el hecho que el estado otorgue un recurso mineral para ser explotado por una empresa, no pueden soslayarse los ingresos por regalías e impuestos y además, en este caso particular, el 20 % de las utilidades que el aprovechamiento del Bajo de la Alumbrera le deja a su dueño: el estado a través de su empresa YMAD.
El argumento que señala que la aceptación de fondos provenientes de Minera Alumbrera condicionará la calidad académica, el desarrollo independiente de la investigación científica y, aún, la veracidad de los informes técnicos que produzcan las universidades, es insostenible. Además de la honestidad y vocación de las personas que las desarrollan, no es posible comprender ningún mecanismo que indique que la empresa Minera Alumbrera pueda decidir distribuir o no sus utilidades de acuerdo a que y como se enseña e investiga en la Universidad; simplemente debe distribuirlo porque es su obligación como parte de la UTE que forma con YMAD. Tampoco resulta comprensible como haría YMAD para controlar la enseñanza e investigación en las universidades y de esta forma decidir si realiza o no la distribución que le corresponde por la ley de su creación.
Los adjetivos sobre los fondos provenientes de YMAD que se utilizan en diversas solicitudes que promueven su rechazo, deberían llevar también a la posición absurda de rechazar una proporción del presupuesto universitario correspondiente a los impuestos que paga Minera Alumbrera y de todos los impuestos y regalías que esta paga al estado, además de sospechar de los sueldos y cargas sociales que paga a sus trabajadores y de los pagos que realiza a sus proveedores, que según queda implícito en esas presentaciones, actuarían en connivencia.
Por lo expuesto en este documento se considera que el dinero recibido por las Universidades Nacionales, no proviene de un ilícito ya que desde el momento de la creación del ente estatal YMAD se contempló la distribución de las utilidades logradas a través de la actividad minera. Tampoco proviene de una actividad que tenga por objetivo extraer minerales de forma inapropiada y provocar deliberadamente daños ambientales y sociales.
En caso de que se esté produciendo algún daño ambiental, es la empresa YMAD como representante del estado y los demás organismos estatales competentes quienes deben velar por la preservación del ambiente y reparación en caso de haber sido afectado. Las universidades públicas no deberían quedar ajenas a estos controles ni a la elaboración de propuestas para mitigar o eliminar cualquier daño ambiental, por un lado porque forman y capacitan a los profesionales que intervienen en esta problemática y, por otro, porque poseen planteles de profesores e investigadores con experiencia y herramientas para abordar su estudio concreto con las metodologías apropiadas.
Debe comprenderse que las explotaciones mineras sostenibles y el cuidado del ambiente son ambos necesarios para el desarrollo social y deben complementarse. Existe una legislación que fija los términos de la explotación y de la necesidad de conservar el patrimonio en recursos naturales y es un deber ineludible de las autoridades competentes hacer cumplir dicha normativa y reevaluar en forma permanente la vigencia de los sistemas de fiscalización. A tal fin es importante remarcar que el compromiso y seguimiento del estado a este tipo de emprendimientos es decisivo en cuanto a la minimización en la
producción de pasivos ambientales.
Conforme a lo manifestado en este documento, se considera que la recepción de fondos dispuesta desde el estado y provenientes de esta actividad minera o cualquier otra actividad industrial no es vinculante a la propia
actividad. Por lo tanto, se aconseja aceptar dichos fondos provenientes de la empresa estatal YMAD estipulados por la ley 14.771, como una partida especial del presupuesto universitario.
http://www.scribd.com/doc/24086551/Doc-Claustro-Profesores-Geologia-y-Geoquimica-YMAD-5?autodown=pdf
En la sesión del 3 de diciembre, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Luján, por unanimidad, rechazó los fondos que por medio de la Ley 14.771 (art. 14 inciso C), dictada en el año 1958, obliga a distribuir entre las universidades nacionales un porcentaje de las “utilidades líquidas y realizadas” por la empresa Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD, integrante de Alumbrera Limited en el yacimiento Bajo La Alumbrera, en Catamarca).
Como era de esperar, una vez más, el actual rector de la UNLu, el Ing. Agrónomo Osvaldo Arizio (ya saliente), fue el vocero de los intereses trasnacionales argumentando a favor de la imposibilidad del rechazo y repitiendo razones hipócritas ya expresadas en medio locales, como que "toda actividad económica es contaminante" o que "directa o indirectamente las regalías de esta actividad llegan al presupuesto universitario".
El proyecto aprobado en el Consejo Superior y elaborado por los estudiantes, además de rechazar el dinero contaminado, resuelve que la universidad debe repudiar públicamente los daños sociales, ambientales, económicos y políticos que ocasionan los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y el modo extractivo a cielo abierto, debiendo propiciar diversas actividades para difundir las razones que motivan esta decisión, generando ámbitos de discusión dentro y fuera de la UNLu, entre otras.
La del martes puede ser una sesión de Consejo Superior con importantes definiciones... o tal vez no. Es porque en el último encuentro del año de ese órgano de cogobierno de la UNLP está previsto el tratamiento de algunos temas conflictivos como la aceptación o rechazo de fondos del emprendimiento minero La Alumbrera, la aprobación de la distribución del presupuesto para 2010 y, también, una presentación de estudiantes de Medicina en contra del nuevo sistema de ingreso a Medicina.
Esta contradicción inicial en el análisis no es antojadiza, tiene su razón de ser y es porque los debates en la casa de altos estudios muchas veces tienen la característica de estirarse indefinidamente. Un claro ejemplo es el curso de admisión de la facultad emplazada en 60 y 120. Después de 17 años de reclamos estudiantiles para que se modifique el régimen de ingreso eliminatorio, el nuevo sistema que fue aprobado el miércoles último por profesores y graduados tampoco es aceptado por los representantes de ese claustro. ¿El argumento? “Sigue siendo restrictivo”, afirman.
Por eso los mismos estudiantes volverán a llevar la discusión al Consejo Superior y los integrantes de ese cuerpo deliberativo deberán analizar si el nuevo proyecto aprobado en la Facultad, y sobre el cual la Presidencia de la UNLP ya dio el “ok”, cumple o no con el Estatuto universitario que establece un ingreso libre e irrestricto.
Según pudo saber Hoy, el Consejo Superior avalaría el nuevo curso siempre y cuando los aspirantes sean alumnos “regulares” y pertenezcan a la “facultad de Medicina”. Viéndolo de este modo, el proyecto se amoldaría. Pero el tema es que sólo los que obtengan las mejores notas podrán estudiar Medicina, mientras que el resto deberá “conformarse” con otras licenciaturas o tecnicaturas. Este es uno de puntos que el claustro estudiantil cuestiona.
Lo cierto es que si no resuelve este año podría volverse atrás y continuar el régimen actual.
El proyecto de distribución del presupuesto también puede generar controversias ya que, si bien la propuesta de la Presidencia para repartir el dinero cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Economía del Consejo Superior, los representantes estudiantiles se opondrían.
Por último, la discusión por el rechazo de los fondos que reparte a las universidades el emprendimiento minero La Alumbrera, que fue planteado en la primera sesión del año, se perfila para continuar en 2010. Fuentes del Rectorado consultadas por este medio indicaron que la UNLP “rechazaría” los fondos, pero sería hasta tanto una comisión de especialistas de la Universidad elabore un completo informe sobre los pro y los contra de la actividad minera
y analice los aspectos jurídicos-legales para saber si una resolución universitaria puede suspender la aceptación de esos montos que están reglamentados por ley.
http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-59357-titulo-%C2%BFMomento_de_definiciones
La Universidad Nacional de Luján (UNLU) se convirtió en la segunda casa de estudios nacional que se niega a recibir fondos provenientes de la minera La Alumbrera, cuestionada por su alto impacto ambiental. En su última sesión, el Consejo Superior de la UNLU decidió no incorporar al presupuesto los recursos asignados por ley. La única universidad que había tomado esa decisión era, hasta ahora, la de Río Cuarto (UNRC).
El debate fue generado por profesores, investigadores y estudiantes sobre la contradicción para el sistema universitario de recibir fondos que producen daño al medio ambiente y a los pueblos que circundan la actividad, en la provincia de Catamarca, a través de la explotación minera “a cielo abierto”. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel se sumó al reclamo y envió una carta al Consejo Interuniversitario Nacional solicitando el rechazo del financiamiento, aunque no obtuvo resultados.
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/universidad/10-136642-2009-12-09.html
DECISIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR
En la sesión realizada el jueves, el cuerpo colegiado de la casa de altos estudios aprobó una resolución mediante la cual la universidad le dice no al dinero proveniente de la contaminante explotación minera que tiene lugar en la provincia de Catamarca.
Después de reiterados reclamos de los estudiantes, la UNLu determinó no aceptar los fondos de la minera.
Después del repudio público manifestado por diferentes organizaciones y centros estudiantiles, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) determinó rechazar los fondos provenientes de la minera La Alumbrera.
Así lo decidió el jueves el Consejo Superior, a través de una resolución donde se decidió no aceptar el dinero que, por segundo año consecutivo, iba a llegar desde esa explotación productiva acusada de generar un fuerte impacto negativo en la provincia de Catamarca.
La determinación del Consejo se concretó luego de que el rector saliente de la UNLu, Osvaldo Arizio, asegurara que la institución estaba obligada por ley a aceptar los fondos.
http://www.elcivismo.com.ar/nota.php?nota=3734
Publicado por Norberto Costa en 18:56 No hay comentarios:
Muchas facultades de universidades nacionales, ya han rechazado los fondos. La universidad de Río Cuarto hizo lo mismo que nosotros. Perez Esquivel, el Premio Nóvel pidió al CIN que rechazara esos fondos. Geólogos y organizaciones ambientalistas, piden lo mismo.
UNLP: El H. Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, RECHAZA FONDOS ALUMBRERA
Vista la situación planteada en torno a la mina de oro del Bajo de La Alumbrera, cuyos derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad que integran el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno nacional;
Y vistos los Acuerdos Plenarios del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), de los años 2008 y 2009, por los cuales se decidió distribuir los recursos recibidos de YMAD en virtud de la aplicación de la Ley Nacional n° 14.771, Artículo 18, Inciso "c", que prevé la distribución de utilidades de YMAD "entre las universidades del Estado";
Y considerando la presentación realizada por el claustro estudiantil a este H. Consejo, y las deliberaciones mantenidas en las que se exteriorizaron diferentes fundamentos y valoraciones de la cuestión planteada,
El H. Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en sesión del 7-10-09,
Por mayoría de sus miembros:
Primero: Que rechaza los fondos provenientes de la aplicación de la Ley Nacional n° 14.771, Artículo 18, Inciso "c", que prevé la distribución de utilidades de YMAD "entre las universidades del Estado", y hacer saber esta posición al H. Consejo Superior de la UNLP;
Segundo: Este Consejo manifiesta que el rechazo de los fondos mencionados en nada obsta el histórico reclamo de los distintos claustros de nuestra Universidad por un presupuesto público acorde con nuestras necesidades, funciones y proyectos.
Por unanimidad de sus miembros:
Tercero: Que promoverá diferentes acciones orientadas al máximo esclarecimiento de los impactos socioambientales, territoriales y económicos de la explotación minera en nuestro país. Estas acciones comprenderán las siguientes iniciativas:
· Una serie de Foros de Debate a desarrollarse en el ámbito de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la que puedan discutirse, en base a sólidos fundamentos científico-técnicos, las diferentes visiones en torno a la problemática minera en la Argentina, en general, y en torno a la explotación del Bajo de La Alumbrera, en particular;
· La elevación a la Presidencia de la UNLP de la propuesta de conformar una Comisión Interdisciplinaria e Interclaustro, dependiente del Consejo Superior, para que en un breve lapso, elabore un documento narrativo que resuma el “estado de la cuestión” en torno a la problemática suscitada por la explotación minera de La Alumbrera y otras explotaciones de índole semejante en nuestro país. Dicho informe no solamente será distribuido en el ámbito universitario, sino que también sea difundido a diferentes sectores de la sociedad, preocupados por esta temática y que esperan una intervención pública, responsable y esclarecedoras por parte de nuestra universidad;
· La petición al H. Consejo Superior, y por su intermedio, a las autoridades nacionales que correspondan, para que se proceda a conformar una Comisión Científica Interdisciplinaria del más alto nivel, integrada por especialistas provenientes de universidades nacionales que hayan efectivamente rechazado los fondos provenientes de la explotación minera del Bajo de la Alumbrera. Esta Comisión se abocará a la tarea de producir un estudio sobre los impactos socioambientales, territoriales y económicos producidos por dicha explotación.
La Plata, a los 28 días del mes de octubre de 2009
Publicado por Norberto Costa en 12:00 No hay comentarios:
DIPUTADOS SOLICITA INFORMES AL EJECUTIVO PROVINCIAL
SOBRE TOXICIDAD Y DEGRADABILIDAD
DE BOLSAS OXODEGRADABLES
BIOS Argentina realizó durante el 2009 una investigación acerca de los posibles efectos de toxicidad de las bolsas oxodegradables, que el OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires) habilitó con el supuesto fin de beneficiar al ambiente.
BIOS determinó que era discutible, en base a informes técnicos del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).
La ley 13.868 prohibe en su artículo 1º el uso de polietileno para las bolsas de supermercados. Pero, luego aprueba las oxodegradables, que están hechas precisamente de polietileno.
Además, es confuso en la ley el uso del término “degradable” y “biodegradable”. Y nada dice sobre la potencial toxicidad del aditivo de fórmula secreta que sólo dos importadores ingresan al país para su fabricación.
Por todo ello, el Diputado José Luis Comparato de la provincia de Buenos Aires se comunicó con nosotros, y presentó el Pedido de Informes que abajo se reproduce completo.
Esperamos que el OPDS reconozca que el material sugerido es inconveniente y que no evita la incorporación de polietileno al ambiente.
Reproducimos, además, la denuncia original que BIOS envió oportuna y reiteradamente al OPDS sin respuesta alguna.
silvanabujan@yahoo.com.ar www.bios.org.ar
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia para que, a través de los organismos que corresponda y a la mayor brevedad posible, se sirva responder sobre los siguientes puntos:
Cantidad y detalle de personas físicas y jurídicas que solicitaron su inclusión en el Registro de Fabricantes, Distribuidores e Importadores de Bolsas. Si alguno de los aspirantes fue rechazado por la Autoridad de Aplicación, cuáles fueron las causales.
Atento el punto anterior, cuáles han sido los resultados obtenidos de los ensayos requeridos por el Decreto 1521/09, artículo 9°, inciso d, señalando si fuera posible, cuales fueron las sustancias de desecho resultantes en cada caso. Además, informar qué laboratorio habilitado por la Autoridad de Aplicación realizó los ensayos y con qué estándar de referencia (ASTM, EN, IRAM).
Cuáles son las tecnologías, materiales y sustancias utilizadas en la fabricación de bolsas contenedoras y en la impresión de inscripciones en las mismas, que han sido autorizadas por la Autoridad de Aplicación, en los términos del artículo 5° de la Ley 13868.
Si la Autoridad de Aplicación ha autorizado la utilización de polímeros oxodegradables para la fabricación de bolsas contenedoras. En caso afirmativo, qué estudios de degradabilidad y/o biodegradabilidad fueron realizados; organismos técnicos intervinientes; norma utilizada (ASTM, EN o IRAM); y qué sustancias resultarían a partir de la degradación de las mismas.
Si la Autoridad de Aplicación cuenta con los recursos, de cualquier índole, necesarios para realizar los controles necesarios en los 134 distritos de la Provincia.
Cuáles son los organismos técnicos nacionales y/o provinciales con los que la Autoridad de Aplicación coordinará la realización de los informes técnicos previstos en el artículo 4° del Decreto 1521/09.
Toda otra información que considere de interés o utilidad para un mejor análisis de la puesta en marcha de la citada Ley 13868 y sus reglamentaciones.
La ley 13868 dispuso la prohibición del uso de bolsas de polietileno y de todo otro material plástico convencional, para su distribución en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general, en todo el territorio de la Provincia.
La misma norma estableció la necesidad de reemplazar dichos materiales por contenedores degradables y/o biodegradables, en forma progresiva, fijando además los plazos a cumplirse.
Asimismo, determinó la creación de un Registro de Fabricantes, Distribuidores e Importadores de Bolsas, además de establecer que la autoridad de aplicación determine las tecnologías de aplicación autorizadas en la fabricación de bolsas, de acuerdo a su compatibilidad con la Ley.
A través del Decreto 1521/09, el Poder Ejecutivo reglamentó la citada Ley.
Mediante la reglamentación, se dispuso que las tecnologías y/o metodologías de producción debían acreditar ante la autoridad de aplicación el cumplimiento de las normativas nacionales y/o extranjeras sobre degradación y/o biodegradación, ya sea ASTM, EN o IRAM. Asimismo, basándose en el principio de progresividad, la autoridad de aplicación puede disponer modificar las tecnologías y/o metodologías de producción autorizadas.
Por otra parte, la misma reglamentación dispuso que la autoridad de aplicación podría realizar informes técnicos evaluando la continuidad tecnologías y/o metodologías de producción, disponiendo la discontinuidad, incorporación y/o sustitución de acuerdo a la disponibilidad existente en jurisdicción nacional y/o local.
Además, se reglamentó que los establecimientos que se inscribieran en el Registro, deberán informar bajo declaración jurada las materias primas e insumos utilizados en la fabricación de las bolsas, adjuntando resultados de ensayos de degradación y/o biodegradación realizados por laboratorios acreditados y/o habilitados, a partir de lo cual se otorgará un Certificado con validez de un (1) año.
En octubre de 2009 se cumplió el plazo previsto para el reemplazo de las bolsas en los establecimientos identificados como hipermercados, supermercados y minimercados,
Con fecha 19 de octubre de 2009, el OPDS, en su sitio web oficial, incluyó una gacetilla, dando cuenta sobre la puesta en marcha de las tareas vinculadas con la entrada en vigencia de ley.
Sin embargo, no existe en el “website” mencionado acceso al Registro, ni se hace mención a las tecnologías y/o metodologías de producción de bolsas que ha aprobado.
Ante una alerta de entidades ambientalistas, recogidas por un medio de prensa de la capital provincial, según la cual las bolsas que se habrían autorizado no cumplirían con lo dispuesto por la Ley 13868, y atento a la falta de información existente en la página de la autoridad de aplicación (el OPDS), es que solicito la aprobación del presente proyecto.

References: artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 18
 Artículo 18
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 4