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Timestamp: 2020-08-06 21:40:43+00:00

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Puntos importantes sobre prevaricación
El delito de prevaricación es la acción por medio de la cual un juez o servidor público emite un dictamen no acorde con la legalidad.
Se trata de un delito contemplado dentro del derecho penal.
El acto de prevaricar es dictar de forma consciente una resolución hacia una determinada situación sabiendo que esa decisión es equivocada.
El cohecho y la prevaricación no son los mismos conceptos jurídicos.
El cohecho es una acción por medio de la cual se somete a un soborno a una autoridad pública para generar una respuesta en torno a un caso.
Mientras que la prevaricación no tiene divisiones pues quien comete el delito es solo el autor (dícese del juez o autoridad), en el cohecho hay tipos.
En general, la prevaricación puede darse de forma judicial o administrativa.
¿Qué dice el artículo 144 del Código Penal?
¿Quién es el sujeto activo del delito de prevaricación?
¿Qué requisitos se dan para que se cumpla la prevaricación?
¿Qué diferencias hay con el cohecho?
¿Cuáles pueden ser las penas por prevaricación?
¿Ejemplos de prevaricación administrativa?
Aceptación de cargos públicos
Es algo que sucede principalmente a quienes ejercen cargos a nivel público.
Como apoyo al sistema de penas para quienes practiquen este tipo de actividades, muchos países lo incluyen como delito dentro de su código penal.
Es el caso de España y de muchos otros de habla hispana como México o Argentina.
Estos actos se producen cuando un juez se pone de acuerdo con una de las partes en un juicio para beneficiarlo, por ejemplo.
Y lo más probable es que esta parte beneficiada sea la culpable del hecho y tenga las de perder.
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.Artículo 144 del Código Penal
El delito de prevaricación es un delito especial, por lo que no todo el mundo puede ser sujeto activo (culpable) de dicho delito.
Es necesario que la persona que prevarica tenga un cargo público. En concreto, el artículo el artículo 24 del Código Penal dice lo siguiente:
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.Artículo 24 del Código Penal
Es necesario que haya un acto administrativo.
Es decir, una resolución administrativa que tenga una voluntad, ya sea de forma expresa o tácita.
Además de esto, es necesario que dicha resolución administrativa debe ser dictada a sabiendas de que es incorrecta, injusta y no mira por el bien general. Por ello, se debe tener conciencia de que la decisión que se está tomando es incorrecta y posiblemente, injusta.
Para diferenciar estos dos términos, habrá que recordar a qué se refiere el cohecho.
Esta respuesta suele ser favorecer a quien está cometiendo el acto de cohecho.
Existe el cohecho pasivo que es el delito cometido por quien acepta el soborno, regalo o dádiva. Y el cohecho activo que se le establece a la persona que lo ofrece.
Ambos delitos pueden presentar o no en un mismo caso.
Si miramos la Constitución Española, la Administración debe servir con objetividad los intereses para y por la sociedad. Actuar acorde con unos principios concretos y recogidos expresamente. Lo que significa que la prevaricación es actuar en contra de estos principios y no servir al interés general (sino al interés propio, utilizando un cargo de autoridad pública).Artículo 544
Se está sometiendo a Pedro a un juicio por un delito de hurto y su hermano Luis ofrece un pago al juez para que lo deje en libertad.
El juez acepta dicho soborno y emite su sentencia librando a Pedro de toda pena, aún sabiendo que es culpable.
En este caso, se trata de un delito de cohecho y también de prevaricación.
Ahora bien, en caso de que el juez acepte el soborno pero después no ejecute la sentencia equivocada, existiría solo el cohecho y no la prevaricación.
Y si Luis lo propone pero el juez no lo acepta, solo se estaría en presencia de cohecho activo por el intento de soborno.
Con estos datos se hace mucho más fácil darse cuenta de las diferencias que existen entre ambos conceptos.
Las penas por prevaricación serán variables según la complejidad del hecho cometido, pero casi siempre parten de la inhabilitación.
Esta inhabilitación consiste en la separación absoluta de sus funciones y el impedimento para volver a estar en un puesto semejante.
En determinados momentos esta inhabilitación se puede levantar y permitir que la persona vuelva a prestar servicios.Sin embargo, resultará muy difícil que se vuelva a establecer como autoridad en la toma de decisiones.
También es posible que se castigue con inhabilitación para sufragios pasivos en un período que puede ir de nueve y quince años. En torno a las multas, también existe posibilidad de que ocurra y se podrá establecer de tres a ocho meses.
Cuando la prevaricación toca el plano penal, como en el ejemplo visto más arriba, las penas son superiores.
Existe la posibilidad de tener que pagar con prisión de uno hasta cuatro años, como máximo cuando se tratare de un delito grave o menos grave.
En general, la prevaricación puede darse de forma judicial o administrativa. Para comprender lo que se refiere a la parte administrativa veremos una serie de ejemplos.
Este es uno de los casos más comunes.
Se produce cuando se le otorga un cargo público a una persona que no cumple con los requisitos apropiados para estar allí.
Quiere decir que se ejecuta una acción que resulta ilegal y que va contra la normativa de la administración pública. Dicho delito aplica tanto a quien otorgue el cargo como a los que hayan realizado las propuestas y dé posesión.
Siguiendo la misma línea del caso anterior, no solo incurre en delito quien realice el nombramiento sino también quien lo acepte.
Es lógico que los funcionarios públicos conozcan que existen ciertos requisitos para ganar ascensos o disfrutar de nombramientos. Pero si no se cumplen con las condiciones, lo más fácil resulta aprovechar las vías alternativas para conseguir lo deseado.
Una persona decide anotarse en el concurso público de Correos pero su desempeño en los exámenes no fue satisfactorio.
Sin embargo, quien está encargado de publicar los resultados lo incluye por una razón cualquiera.
Si esta acción fue de forma premeditada, se incurre en el delito de prevaricación. Y si la persona acepta el cargo, también.
Otra forma existe cuando se busca un nuevo fiscal y se somete a concurso el cargo.
Bien puede ser que quien esté al mando designe a la persona con que se la lleve mejor y esta no es una vía o una razón aprobada por la Ley. Por ende, es un delito de prevaricación.

References: resolución 
 artículo 144
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución