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Timestamp: 2020-04-08 15:07:50+00:00

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CAF Apaza León, Pedro Roberto EN - DNM disp. (exp. rieurso directo para juzgados | Castigos | Robo
CAF Apaza León, Pedro Roberto EN - DNM disp. (exp. rieurso directo para juzgados
Podrán ser expulsados del país los extranjeros que hayan cometido delitos cuya pena supere los tres años de prisión. La Corte Suprema así lo determina en la causa "Apaza León, Pedro Roberto c/ EN – DNM disp. 2560/11 (exp. 39.845/09) s/ recurso directo para juzgados".
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CAF 46527/2011/CA1-CS1
Apaza León, Pedro Roberto el EN - DNM disp.
2560/i1 (exp. 39.845/09) si rieurso directo para
Buenos Aires, 8~ fV\I\.~rf eh 201&.
Vistos los autos: "Apaza León, Pedro Roberto c/ EN - DNM
disp. 2560/11 (exp. 39.845/09) s/ recurso directo para juzga-
1°) El 16 de abril de 2010 la Dirección de Control de
Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones declaró
irregular la permanencia en el país del señor Pedro Roberto Apa-
za León, de nacionalidad peruana, y ordenó su expulsión con
prohibición de reingresar por el término de ocho años. Ese acto
administrativo fue confirmado por el Director Nacional de Migra-
ciones mediante disposición 2560/2011.
La,s autoridades administrativas fundaron su decisión
en los antecedentes judiciales del señor Apaza León obrantes en
el expediente -condena a la pena de un año y seis meses depri-
sión en suspenso por tentativa de robo en poblado y en banda- y
en lo dispuesto por los artículos 3°, inciso j , y 29, inciso c,
de la ley 25.871 (texto anterior a la reforma por el decreto de
necesidad y urgencia 70/2017).
El actor, representado por el señor Defensor Público
Oficial en virtud de lo previsto en el artículo 86 de la ley ci-
tada, cuestionó la. orden de expulsión mediante recurso judicial
2 0) El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal n° 3 hizo lugar al recurso y
declaró la nulidad de la disposición 2560/2011, sentencia que
fue revocada por la Sala 11 de la cámara de dicho fuero.
Para así decidir, la cámara sostuvo que el uso de la
partícula "o" en la redacción del inciso c del artículo 29 de la
ley 25.871, que establecía como impedimento para permanecer en
el país haber sido condenado o tener antecedentes por ciertos
delitos -entre los cuales estaban aquellos que merezcan para la
legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años
o más-, operaba como disyunción. Por lo tanto, debía entenderse
que la norma consagraba dos causales diferentes de impedimento
para la permanencia en el país: a) que el migrante tuviera algu-
na condena penal, cualquiera fuera el delito o el monto de la
pena; y b) que el migrante tuviera antecedentes por la comisión
de ciertos delitos, entre ellos los que merecieran penas priva-
tivas de la libertad de tres años o más. En consecuencia, afirmó
que la Dirección Nacional de Migraciones se había limitado a
considerar que en el caso del señor Apaza León concurría el pri-
mero de los supuestos objetivos previstos en la norma como causa
impediente para permanecer en el país, esto es, había sido con-
denado penalmente con anterioridad.
3°) El Defensor Público Oficial interpuso recurso ex-
traordinario contra la sentencia de cámara, que fue concedido.
En síntesis, el recurrente cuestiona la interpreta-
ción realizada por la cámara de acuerdo con la cual el inciso c
del artículo 29 de la ley 25.871, en virtud del uso de la dis-
yunción "o" contiene dos causales diferentes de impedimento para
el ingreso y permanencia en el país. El Defensor Público Oficial
2560111 (exp. 39.845/09) si recurso direetq para
entiende, en cambio, que la referencia que el inciso mencionado
realiza al monto de la pena no califica solamente los anteceden-
tes del migrante que justifican la- expulsión sino también las
condenas que hubierd recibido. Aduce también que la inteligencia
otorgada. por la cámara al inciso c del artículo 29 de la ley
25.871 tornaba redundantes otras causales previstas en otros in-
cisos del artículo también referidas a condenas o antecedentes
por ciertos delitos. Y finalmente argumenta que la interpreta-
ción seguida por la cámara es contraria al principio de pro
homine y a lo resuelto por esta Corte en la causa CSJ 206/2011
(47-G)/CS1 "Granados Poma, Héctor c/ en -DNM- resol. 104.574/09
(expte. 2.293.077/07) s/ amparo ley 16.986", del 28 de agosto de
4°) El recurso extraordinario ha sido bien concedido
pues. se encuentra en tela de juicio la interpretación de una
norma federal (artículo 29, inciso c, de la ley 25.871) y la de-
cisión de la cámara resulta contraria a la pretensión que el ac-
tor fundó en ella (conf. artículo 14, inciso 3°, de la ley 48) .
5 0). En el caso se discute si el señor Apaza León,
ciudadano peruano residente en el país que resultó condenado por
un tribunal argentino a una pena de prisión en suspenso de un
año y seis meses por el delito de robo en poblado y en banda en
grado de tentativa, se -encuentra alcanzado por el artículo 29,
inciso c, de la l~y 25.871 y, por lo"tanto, puede ser expulsado
Al momento de. 16s h~chos que dan lugar d este pleito
dicha norma preveía: "Serán causas impedientes del ingreso y
permanencia de extranjeros al Terri torio Nacional...c) Haber sido
condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el
exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de perso-
nas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en
actividades ilíci tas o deli to que merezca para la legislación
argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más".
6°) A juicio de esta Corte, el uso de la disyuntiva
"o" en el texto del articulo 29, inciso c, de la ley 25.871 no
evidencia que el legislador buscara que dicha disyunción operase
como excluyente entre "antecedente" y "condena".
En efecto, la inteligencia de la norma sustentada por
el a qua, según la cual la causal que impide la permanencia en
el pais se verifica con la existencia de condena por cualquier
clase de delitos -o ante la presencia de antecedentes relaciona-
dos con los delitos que menciona la norma o con aquellos que me-
rezcan penas de tres años o más-, dejaria sin sentido a las pre-
visiones de los incisos f, g Y h del mismo articulo 29. Todas
ellas contemplan, como causales impedientes, la condena impuesta
al interesado por los delitos que alli se especifican l que son
distintos de los aludidos en el inciso c. Si la regla estableci-
da en el inciso c fuese que todo migrante puede ser expulsado
por haber sido condenado por cualquier delito -sin importar la
cuantia de la pena-, las previsiones de los otros incisos men-
cionados serian redundantes, ya que los casos regulados por es-
tos incisos encuadrarian en esta regla general.
Por consiguiente, la interpretación plausible del in-
ciso c del articulo 29 de la ley 25.871 es que tanto la "conde-
Apaza León, Pedro Roberto e/ EN - DNM disp.
2560/11 (exp. 39.845/09) s/ recurso directo para
na" como los "antecedentes", para poder justificar la prohibi-
ción de entrada o la expulsión de un migrante, deben relacionar-
se con alguna de las cinco categorías de delitos que se mencio-
nan en el inciso -tráfico de armas, de personas, de estupefa-
cientes, lavado de dinero o inversiones en actividades ilíci-
tas-, o bien con cualquier otro delito que para la legislación
argentina merezca pena privativa de libertad de tres años o más.
De acuerdo con este inciso quien en el país o en el exterior
haya sufrido condena penal -o tuviera antecedentes- por alguno
de los delitos mencionados, o por delitos cuya pena mínima en la
legislación argentina esté prevista en tres o más años de pri-
sión, encuadraría en la causal impediente reglada en la norma.
7°) La interpretación que aquí se adopta armoniza la
regla plasmada en el citado inciso c con las restantes causales
que .obstan al ingreso y permanencia de extranjeros en el país
previstos en el mismo artículo de la ley 25.871. Y result~ con-
sistente con la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la
cual el juez debe conciliar el'~lcance de las normas aplicables,
dejándolas con valor y efecto, evitando darles un sentido que
ponga en pugna las disposiciones destruyendo las unas por las
r. otras' (canf. Fallos: 310:195 y 1715; 312:1614; 321:793, entre
8 o) En tales - condiciones, teniendo en cuenta que el
.señorApaza León fue condenado a la pena de un año y seis meses
de prisión en suspenso por tentativa de robo en poblado y en
banda, no se configura la causal de impedimento para'permanecer
en .el país establecida en el artículo 29, incisoc, de la ley
25.871, texto anterior a la reforma por decreto de necesidad y
urgencia 70/2017.
Por ello y lo dictaminado en sentido concorde por el señor
Procurador Fiscal, se declara procedente el recurso extraordina-
rio y se revoca la sentencia apelada, con costas. Notifíquese y,
oportu~~
é~~~---
V RIC~RDDLUISLDRtNmTI
CARLOS FERNANDO ROSENKRAHIl
Apaza León,. Pedro Roberto e/ EN - DNM disp.
2560/11 (exp. 39.845/09) s/ r~eurso directo para
-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI
1°) Que el infrascripto comparte los fundamentos ex-
puestos en el voto de mayoría.
2°) Que sin pe~juicio de ello, no puede dejar de se-
rialarse que se presentan, en el caso, dos alternativas interpre-
tativas, a priori, igualmente válidas y razonables. Por un lado,
la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Conten-
cioso Administrativo Federal, recurre a un método de interpreta-
ción literal del artículo 29, inciso c de la ley 25.871, y a la
utilización del vocablo disyuntivo "OH en el texto de la norma,
con sustento en un precedente de este tribunal (conf. conside-
rando 9° de la sentencia apelada, a fs. 292 in fine/292 vta.).
Por el otro, 'el.voto. de la mayoría -al cual adhiero-, adopta un
enfoque sistémico de la ley, que explica con mayor coherencia el
empleo de la frase "(h) aber sido condenado o estar cumpliendo
condena, en la Argentina o en el exterior , no solo en el inciso
citado, sino también en los incisos f, g Y h de esa disposición .
.. .Ciertamente, la adopción' de una u otra postura her-
menéutica encuentra suficiente sustento en idénticos fundamen-
_ tos: ambas surgen de la letra de. la ley; tanto una como otra
puede justificarse en loa imposibilidad de presumir la inconse-
cuencia o imprevisión del legislador, según se haga hincapié en
el vocablo "OH del inciso c del artículo 29, o en la frase ya
citada (incisos f, g Y h); las dos peripectivas puedeh encontrar
sustento en los antecedentes parlamentarios de la norma; 'y, a
primera vista, ninguna colisiona con la Constitución Nacional.
Frente a esa situación, la obligación de dar respues-
ta jurisdiccional razonablemente fundada a las partes no puede
llevar al juez a sustituir con su criterio u opinión la voluntad
de los poderes representativos. Mas, para evitar ese avance, re-
sulta imprescindible que tales poderes extremen los recaudos ne-
cesarios a fin de adoptar disposiciones claras, precisas y pre-
visibles conforme manda el artículo 19 de la Constitución Nacio-
nal. En efecto, dicha norma expresa una decisión de establecer
delimitaciones precisas entre lo que se puede hacer, lo que se
está obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar
la convivencia. La precisión y actuación real de las reglas pre-
establecidas genera un clima de seguridad en el cual los parti-
culares conocen de antemano a qué reglas se sujetará la actua-
ción de los gobernantes, de manera que la conducta de estos sea
previsible y, en caso contrario, que haya quien, con potestad
suficiente, pueda corregir el error y responsabilizar eficazmen-
te al transgresor (Fallos: 326:417)
Por ello, y lo dictaminado en sentido concorde por el señor
CAF 46527/2011/CAI-CSl
Apaza León, Pedro Roberto e/ EN - DNM disp".
2560/il (exp. 39.845/09) s/ recurso directq para
Recurso extraordinario interpuesto por Pedro Roberto Apaza León, actor en au-
tos, representado por el Dr. Hernán de Llano, Defensor Público Oficial subro-
gante de la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Ejecu-
ciones Fiscales Tributarias.
Traslado contestado por la Dirección Nacional de Migraciones, parte demandada,
representada por el Dr. Alejandro María Ruilópez.
Tribuna-l de origen: Cámara Nacional de Ap~laciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal, Sala II.
én_ lo Contencioso Administrativo Federal nO 3~
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References: artículo 86
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 14
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
in fine
 artículo 29
 artículo 19