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Timestamp: 2017-04-27 09:09:51+00:00

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Instituto Derecho Internacional Privado - CAM: agosto 2013
Alberdi, un abogado que generó las Bases de nuestra Constitución Alberdi, sabía muy bien que el valor
de la libertad era el motor de la grandeza de un país. De una libertad que al constituirse en uno de los factores más fuertes de la dignidad humana, presupone que sólo en su mayor parte los valores individuales comprenden el progreso de un país.Sostuvo Alberdi en las Bases que,
“El hombre no elige discrecionalmente su constitución gruesa o delgada,
nerviosa o sanguínea; así tampoco el pueblo se da por su voluntad una constitución monárquica o republicana, federal o unitaria. Él recibe estas disposiciones al nacer: las recibe del suelo que le toca por morada, del número y de la condición de los pobladores con que empieza, de las instituciones anteriores y de los hechos que constituyen su historia: en todo lo cual no tiene más acción su voluntad que la dirección dada al desarrollo de esas cosas en el sentido más ventajoso a
su destino providencial”.Las vigorosas ideas de Alberdi sirvieron de modelo a muchos gobiernos nacionales. El derecho constitucional va incorporando nuevas garantías y reivindicaciones humanas. No hay que olvidar que en un principio, según algunos teóricos iusnaturalistas, el derecho estaba vinculado a las necesidades vitales del hombre. A medida que la humanidad prosigue su incesante, y queremos creer que también progresista marcha, algunos derechos tradicionales se afirman, otros se subordinan a intereses generales y, por añadidura, nacen nuevos derechos, nuevas facultades, nuevas exigencias, nuevas aspiraciones.En
ese sentido, expresó Alberdi en las Bases que “así como antes colocábamos la independencia, la libertad…hoy debemos poner la inmigración libre, la libertad de comercio, los caminos de hierro, la industria sin trabas, no en lugar de aquellos grandes principios, sino como medios esenciales de conseguir que dejen ellos de ser palabras y se
vuelvan realidades...”Así se advirtió que la labor de Alberdi constituye una obra de acción, aunque pensada con reposo que perdura a lo largo del tiempo, siendo producto de la historia de nuestra nación.
Fallo Obtención de pruebas en el extranjero Organismo: C.Apelaciones Trelew-Sala B Secretaría/Competencia: Civil Nro. de Sentencia: 205 Protocolo de Sentencia: Interlocutoria
Año: 2003 ---- Trelew, 24 de diciembre de 2.003.- VISTO:-----------------------------------------------------------------
---- Los recursos de apelación interpuestos y fundados a fs. 165/166 y 169/171, contra la regulación de honorarios de fs. 158, concedidos que fueran los mismos a fs. 172, corrido traslado a la contraria a fs. 174, contestado el traslado conferido a fs. 177/178.--- Y CONSIDERANDO:---
---- Recibido el exhorto librado por el Juzgado de Primera Instancia N° 52 de Madrid, conforme fuera requerido en la rogatoria se hizo saber al Síndico de la concursada, Cdor. R. C., que debía expedirse sobre los puntos detallados a fs. 05/06 (ver fs. 50), obrando a fs. 140/144 copia del informe evacuado por el Cdor. C., con el patrocinio letrado del Dr. B. M. E.----
---- El marco normativo en el cual se le dio trámite al presente exhorto
es del de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero, aprobada por la ley nacional N° 23.480.-----
---- A fs. 156/157 el Cdor. R. A. C. inicia incidente de regulación de honorarios. Sostuvo en dicha ocasión que la tarea desplegada debía ser remunerada por las partes del proceso principal y que a los efectos de gestionar el pago resultaba indispensable contar con la regulación de honorarios.----------
---- A fs. 158 la Sentenciante de Grado, valorando la labor desarrollada
apreciada por su importancia, extensión y calidad, y de conformidad con
lo dispuesto por los arts. 6 y 61 de la ley 2.200, regula los honorarios profesionales del Cdor. C. en la suma de $ 100.000.-----------
---- La regulación de honorarios resuelta fue apelada a fs. 165/166 por el letrado apoderado de C. C. A. de P. S. Sostiene el apelante que la actuación que le cupo al Síndico no ha sido ajena a su calidad de tal, no habiendo actuado en calidad de perito, siendo comprensiva su labor por la actuación como funcionario, como delegado del juez del concurso preventivo. En subsidio apela los honorarios por considerarlos altos.------------
---- Apela asimismo a fs. 169/171 el Dr. J. G., letrado apoderado del Sr. J. A. C.. Solicita se modifique la providencia apelada y se rechace la regulación de honorarios por los Tribunales Argentinos. Invoca lo normado por el art. 14 de la Convención Internacional aprobada por la ley 23.480, norma que, afirma, exige que los gastos que genere la producción de la prueba en el extranjero sean notificados al Estado requirente y consentidos por éste; pasos legales que puntualiza omitió seguir la Juez de Primera Instancia y que no pueden dejar de observarse.
Destaca que el procedimiento llevado a cabo por el exhorto internacional origen de autos, es una rogatoria entre Estados y no un juicio de partes ante los estrados de la ciudad de Puerto Madryn. Señala
finalmente que la designación del Cdor. C fue para preparar un informe y
no una pericia y se debió exclusivamente a la función ejercida como Síndico de la concursada, invoca la errónea aplicación de la ley 2.200, la que no contiene normas de regulación de las comunicaciones entre jueces.-------------------------
---- Los agravios vertidos fueron contestados a fs. 177/178 por el Cdor.
R. A. C., con el patrocinio letrado del Dr. B. M. E. Solicita el presentante la ratificación de los honorarios regulados.-----------
---- El art. 14 de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero (ley 23.480), norma ésta especial que rige la materia y
no la ley arancelaria local N° 2.200, establece: "La ejecución del exhorto no podrá dar lugar al reembolso de impuestos o de gastos de cualquier clase. Pero, el Estado requerido tendrá derecho a exigir al Estado requirente el reembolso de los honorarios pagados a los peritos e
intérpretes y de los gastos ocasionados por la aplicación del procedimiento especial solicitado por el Estado requirente, en virtud del artículo 9, párrafo 2do. La autoridad requerida, cuya legislación asigne a las partes la tarea de reunir las pruebas necesarias y que no esté en condiciones de ejecutar por sí misma el exhorto podrá encargar esta función a una persona habilitada al efecto, una vez obtenido el consentimiento de la autoridad requirente. Al serle solicitado, la autoridad requerida deberá indicar el importe aproximado de los gastos que podría originar esta intervención. El consentimiento implicará para la autoridad requirente, la obligación de reembolsar esos gastos.------------------------------------------ De no mediar este consentimiento la autoridad requirente no deberá responder por los mismos".--------------
---- La norma individualizada, que en su parte pertinente se encuentra destacada en cursiva y que corresponde en el texto legal al tercer párrafo, establece un procedimiento especial a cumplir, de necesaria observancia, con intervención de la autoridad requirente a fin de retribuir la tarea efectuada para la obtención de la prueba no ejecutada
directamente por las partes o por la autoridad requerida.--------
---- Incumplido el procedimiento establecido por el art. 14 de la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero (ley 23.480), corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada, ya que han de seguirse los pasos previstos por la norma citada, con la intervención de las autoridades que la misma establece, a
fin de resolver sobre la pertinencia y el monto de la regulación de honorarios requerida.----------
---- En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut RESUELVE:------------------------
---- Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada a fs. 158.----------
---- Sin costas de Alzada dado que en materia de honorarios los memoriales y sus contestaciones en principio no devengan costas.--------
---- Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------
RAUL ADRIAN VERGARA HIPOLITO GIMENEZ SERGIO RUBEN LUCERO REGISTRADA BAJO EL Nº 205 DE 2003 - SIC.- CONSTE.- c.
CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA Instituto de Derecho Internacional Privado Copyright Año 2013 /// Todos los derechos Reservados
Fallo Divorcio decretado en país extranjero Texto completo del fallo B51820 En la ciudad de la Plata, a 2 de junio de 1992, habiéndose establecido,
de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pisano, Rodríguez Villar, Vivanco, Mercader, Laborde, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia
definitiva en la causa B. 51.820, “F. de V., A.R. contra Caja de Previsión Social Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Coady: S., O.I. Demanda contencioso administrativa”.
I. A.R.F. de V. promueve demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se le conceda el beneficio pensionario previsto en la ley 6983, que fue denegado por las resoluciones dictadas el 12VI87 y el 18XII87 por el Concejo Directivo del Colegio de Escribanos.
Pide asimismo, se le reconozca el derecho a percibir los haberes devengados desde la muerte del causante con actualización monetaria, intereses y costas.
II. La Caja demandada solicita el rechazo de la acción con costas. A fs. 12 es citada O.I.S. en los términos del art. 48 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, sobre cuya presentación se resuelve a fs. 57, por res. del 6XII88.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, la documental acumulada
a la causa y los alegatos de la parte actora y demandada, y encontrándose la causa en estado de ser resuelta, corresponde plantear y
votar la siguiente
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pisano dijo:
I.1. R.V. y A.R.F. contrajeron matrimonio en Buenos Aires el 3VII1940 (fs. 4/5., exp. adm. F3510/80).
El 10IV50 fue decretado el divorcio por mutuo consentimiento de ambos cónyuges, por un Juez de Yautepec, Morelos, Méjico (fs. 18 y 19, exp. adm. cit.). Los dos se domiciliaban en Argentina a la sazón, circunstancia esta no discutida en el juicio y corroborada por la documentación obrante (lib. cívica a fs. 1 y cert. de matrimonio a fs. 4, exp. adm. cit.; copia certificada de acta de matrimonio de fs. 30 de autos).
El 23VIII52 R.V. contrajo nuevo matrimonio en Tlaquiltenango, Morelos, Méjico, con O.I.S., siendo ambos contrayentes vecinos de Buenos Aires (fs. 15, exp. adm. V3088 y 29/31 de la causa).
El 13IX54 se dicta sentencia por Juez argentino en autos “F. de V., A.R. c/ V.R. s/ Alimentos y litis expensas”, condenando al accionado a pasar alimentos y abonar cuota en concepto de litis expensas en los términos del art. 68 de la ley 2393 (fs. 102/103, exp. adm. S673/81).
El 25X80, estando ya jubilado como escribano muere R.V. (fs. 3, exp. adm. F3510/80), solicitando tanto A.R.F. como O.I.S., pensión a la Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos.
El Comité Ejecutivo de ésta desestimó ambos pedidos: el de la primera por la causal revista en el art. 52 inc. b) de la ley 6983, y el de la segunda por no investir la calidad de cónyuge para la ley argentina conforme los arts. 9 inc. 5 y 89 de la ley 2393 (fs. 13, exp. adm. V179/80).
Interpuestos los recursos pertinentes, fueron desestimados por el organismo previsional, dando lugar por la primera de las afectadas a la promoción de la acción contencioso administrativa que tramitara bajo el nº B. 48.700.
El 10VIII84, este Tribunal dicta sentencia anulando los actos impugnados por la señora A.R. F. de V. y dispone remitir las actuaciones
administrativas a la Caja de Previsión Social del Colegio de Escribanos
para que posibilite la ampliación de la prueba y dicte nueva resolución
sobre la pretensión actora.
Radicado el expediente administrativo, la Comisión de Jubilaciones y Pensiones resuelve dar vista a la solicitante a efectos de posibilitar la ampliación de la prueba dentro del plazo establecido en el art. 29 de
la ley 6983 (fs. 63, exp.adm. S 673/81), la que fue ofrecida y producida por la peticionante a fs. 67 y 86/87; 88/89; 91/94 y 102/103 del exp. adm. S673.
En fechas 12VI87 y 18XII87 se expide el Comité Ejecutivo denegando la nueva presentación de la actora y rechazando el Consejo Directivo, respectivamente, el recurso de revocatoria interpuesto fundándose en lo dictaminado por la Asesoría Previsional a fs. 32/34; 62 y 106/107 de las
Los actos preparatorios de las resoluciones de la Caja Previsional consideraron que “...en base al reconocimiento de la señora A. R.F. de haber autorizado el pedido de tramitación del divorcio vía Méjico... fue
aplicada la causal de exclusión del art. 52 inc. b) de la ley de la materia”.
Se entendió también, que no debía identificarse la culpa exigida por la
ley 6983 a la prevista en la ley 2393, pues se dejaría sin contenido el
texto legal, cuando del propio texto final del art. 52 inc. b) se excluye del beneficio a quien se encuentra separado de hecho, circunstancia ésta que considera acreditada con el juicio de divorcio y con la posterior unión del señor V. con la señora S.
También se sostuvo que el artículo citado no autoriza a hacer una excepción del cónyuge por el hecho de percibir alimentos, en razón de que la negativa del beneficio estriba en el quebrantamiento del vínculo conyugal (v. dictamen fs. 32/34, exp. adm. F 3510/80).
En el dictamen de fs. 106/107, la Asesoría Previsional entendió que la prueba producida no alteraba el criterio sostenido por la Caja en los actos que dieron lugar a la causa B. 48.700, remitiendo y reiterando los
fundamentos desarrollados en el dictamen de fs. 32/34.
En cuanto a la inexistencia de voluntad de unirse impuesta por el art. 52 inc. b) de la ley consideró que no se habían agregado elementos que permitieran arribar a una conclusión distinta a la adoptada por el organismo previsional, y que el hecho de haber autorizado el divorcio y el posterior vínculo del causante con la señora de S. son demostrativos de la carencia de voluntad de unirse.
2. Al contestar la demanda, la Caja argumenta similares fundamentos a los expuestos por la dependencia asesora y recalca que no le asiste el beneficio a la peticionante por el estado de separación de hecho, independiente de si ha habido o no culpabilidad, la que entiende que debe ser solamente tenida en cuenta en los casos en que medie divorcio.
Arguye también, que ha quedado probado que no ha existido voluntad de unirse entre los cónyuges, es decir que se ha incumplido esta condición impuesta por la ley en razón de la existencia de un posterior matrimonio
del causante, cuya prueba hubo de corresponderle a la actora.
Por último reitera la independencia del derecho alimentario con el beneficio pretendido por la actora, poniendo de resalto las características del sistema previsional nacional y el que en el caso, se
encuentra comprometido.
3. Por su parte la actora luego de resaltar los hechos que dieron lugar
a la presente demanda, expresa que por decisión judicial su marido fue obligado a proveerle mensualmente de cuota alimentaria, la que cumplió hasta el momento de su fallecimiento. Por lo que entiende que la contingencia que sobrevino con su muerte debe ser legalmente cubierta con el beneficio de pensión previsto en la ley 6983.
Pasa luego a sostener que la falta de culpa que se le exige probar resulta una “prueba diabólica”, cuando en materia previsional se debe obrar con amplitud de criterios a los efectos de no sacrificar derechos destinados a amparar riesgos de subsistencia.
Entiende que el beneficio pretendido le debe ser otorgado frente a la prueba del matrimonio, correspondiendo a quien niega tal reconocimiento probar la existencia de hechos impeditivos que le impedirían su acceso.
Afirma que no se ha probado la existencia de culpa, y sí indicios de inocencia que se infieren de la conducta del causante quien contrajo nueva unión matrimonial, hecho éste que manifiesta desconocer hasta la fecha del fallecimiento del causante y que considera avalado por las declaraciones testimoniales y el contrato de locación que se agrega en las actuaciones administrativas como prueba.
Finalmente señala que tampoco su cónyuge procuró liberarse de la obligación alimentaria tratando de acreditar la existencia de culpa de parte de la actora en la separación.
II. Al haberse este Tribunal expedido en la causa B. 48.700, “F., A. c/
Caja de Prev. Social del Col. de Escribanos de la Prov. de Bs. As. Coady: S., O.I.”, sent. 10VIII84, sobre el tema traído nuevamente a conocimiento de esta Corte, considero que la cuestión debe ceñirse al punto que motivó la decisión en aquella oportunidad ordenando devolver las actuaciones a sede administrativa para que produzca nuevo acto el organismo previsional en base a la presentación y valoración de las pruebas acerca de los hechos relevantes que permitieran decidir conforme
Sostuvo el Tribunal que para la valoración de la separación de hecho como fenómeno conyugal, debe prevalecer el factor culpa al momento de producirse la desunión, aún prescindiendo de la posterior existencia de voluntad de unirse (“Acuerdos y Sentencias”, 1964III932, esp. p. 935, voto del doctor Portas que recibió la adhesión de la mayoría; 1970II420,
esp. p. 422; causa B. 47.507, “De la Serna de Maurice Echagüe”, 6V80, DJBA, t. 119, p. 425).
Se tuvo en cuenta la solución emergente del derecho civil, donde la jurisprudencia y la doctrina, consagradas luego por la reforma introducida por la llamada ley 17.711, han coincidido en que la pérdida de los derechos se vincula con la culpabilidad, conservándolos el cónyuge que al momento de la separación fue inocente, aún si después no procuró la reconciliación o se resistió a ella por motivos razonables, cuando la conducta del otro esposo en el caso, el marido, había constituido una familia extramatrimonial que mantuvo hasta su muerte le haya impedido volver con dignidad al régimen de convivencia (Borda, “Tratado de Sucesiones”, 4ta. ed., t. II, nº 966; Poviña, “Sucesión de los cónyuges y parientes colaterales”, nº 186; Kemelmajer de Carlucci, “Separación de hecho entre cónyuges”, p. 194; Belluscio, “Vocación Sucesoria”,nº 18; Méndez Costa, nota en J.A. 221974, p. 699 y sigtes.; Maffía, nota en J.A. 1977IV500; LLambías, nota en J.A. doct. 1969, p. 144).
III.1. Refiere Zannoni, al tratar el texto del artículo 3575 dado por la ley 17.711, que en el caso del precepto se sanciona al cónyuge culpable de la separación y lo que ocurre es que si la culpa sólo es atribuible a uno de los cónyuges, el inocente conserva los derechos debiendo alegarse como hecho constitutivo, la culpa, y que tal prueba reside en la circunstancia de no haber provocado la separación, de no serle imputable, y esta inimputabilidad no resulta de mantener la voluntad de unirse sino en haber afrontado culpablemente los deberes conyugales, mediante la ruptura de la cohabitación (“Derecho CivilDerecho de las Sucesiones”, t. II, pág. 127, nº 888).
2. La diversa naturaleza y finalidad que puede corresponder para el caso del derecho sucesorio del cónyuge separado de hecho, atiende al carácter alimentario reconocido a los derechos previsionales (causa B. 48.553, “Sarlangue”; B. 48.562, “Lobato de Mulle”, sents. del 15IX81, siguiendo la doct. fijada por la Corte Suprema de Just. de la Nación in re “Grassi”, 7V81; “La Ley”, 29VI81, fallo nº 79.819; Borrazás”, sent. del 7VII81 y causa B. 48.466, cit.; B. “Rouggieri”, sent. 2IX86) particularmente verificable en las pensiones, instituidas en beneficio de los miembros del grupo familiar económicamente dependientes de un afiliado fallecido, con la finalidad de salvar el desequilibrio que para
la economía de éstos derivaría de la extinción de la fuente de ingresos
provenientes de aquél (Goñi Moreno, “Derecho de la Previsión Social”, t.I, p. 114 y 556/7; Cordini, “Derecho de la Seguridad Social”, nº 151 y
153, “c”).
Este Tribunal ha señalado, que la aplicación analógica de las soluciones fijadas por la ley civil, son admisibles en materia previsional conforme a las sabias pautas consagradas por los arts. 159 de la Const. prov. y 16 del Cód. Civil (causa B. 47.507, “De la Serna”, sent. del 6V80, “D.J.B.A.”, t. 119, p. 425; B. 48.466, cit. entre otras). Ello conduciría, a asimilar la suerte de la pensión a la de los alimentos, antes que a la vocación sucesoria, institución que guarda con
aquélla una afinidad más lejana no excluyente, por poseer la pensión un
carácter sustitutivo respecto del deber de pasar alimentos que gravitaban sobre el titular de la jubilación (Díaz de Guijarro, “Tratado
de Derecho de Familia”, t. I, pág. 151). Así lo han reconocidos las leyes previsionales bonaerenses que se ocuparon expresamente de la subsistencia del derecho pensionario del cónyuge separado pero asistido alimentariamente (ley 8270, art. 50 inc. “a”; ley 9538, art. 47 inc. “b”; ley 10.626, modif. del dec. ley 9650/80, art. 31 inc. 1º).
3. También corresponde resaltar que en materia previsional debe extremarse la cautela antes de adoptar interpretaciones restrictivas de las que resulte la denegación de beneficios frente a contingencias sociales que en principio han recibido protección legal (doct. causas B.
47.494”, “Chavero”, sent. del 21III78, “D.J.B.A.”, t. 114, p. 286; B. 48.009, “Brandi”, sent. del 6XI79, “D.J.B.A.”, t.119, p.12; B. 47.948, “Ratto de Pozzo”, sent. del 11III80, “D.J.B.A.”, t. 118, p. 221; B. 47.970, “Defilippi”, sent. del 18III80, “D.J.B.A.”, t. 118, p. 259; B. 47.763, “Cipriano”, sent. del 24II81, “D.J.B.A.”, t. 120, pág. 81; B. 48.351, “Triposcoufis”, sent. del 7IV81).
La ley reconoce derecho pensionario a la cónyuge del causante divorciada o separada de hecho, en tanto no haya sido declarada culpable
del divorcio o de la separación (conforme interpretación que surge sin dificultad de la norma, art. 52 inc. b), ley 6983), más allá de la imposición de la existencia de voluntad de unirse a la fecha del deceso,
por las razones y fundamentos apuntados en esta oportunidad y al dictarse sentencia en la causa B. 48.700 (ver considerando de la sent. apartado I punto 5º). Beneficio que, como carácter ínsito en este tipo de derechos, es irrenunciable anticipadamente (art. 872, Cód. Civil; Goñi Moreno, ob. cit., t. II, p. 491/2 y 558; Cordoni, ob. cit. nº 109 “d” y 151; causa B. 48.466, cit.).
4. Constituye una interpretación restrictiva y rigurosa en demasía la alegada por la demandada al presumir que por el hecho de haber consentido la actora el pedido de divorcio en el << extranjero>> , ya se encontraba comprendida en la causal de exclusión prevista en el art. 52 inc. b) de la ley.
La circunstancia de que la actora se hubiera divorciado en Méjico no permite arribar a la conclusión de la existencia de culpabilidad predicada por la norma. Ya se ha expuesto (ver causa B. 48.700, cit.), que en el presente caso, el divorcio decretado en Méjico respecto de un matrimonio celebrado en Argentina, teniendo domicilio los cónyuges en el
país al tiempo de tramitarse el proceso, careció de validez por falta de competencia internacional del juez << extranjero>> (art.
161 y 164, Cód. Civil; Llambías, “Código Civil Anotado”, t. I, p. 833; Belluscio, “Código Civil Comentado”, t. I, p. 793/4; Boggiano, “Derecho Internacional Privado” y jurisp. citada ed. Depalma, t. I, p. 460 ap. A y
B; C.S.J.N. in re, “Ema C.Billoch de Espinosa y ot.”, sent. 21IX76, consids. 8 y 9).
5. Por otra parte, resulta errónea la interpretación que se fundamenta en considerar que el sólo hecho de hallarse los cónyuges separados de hecho, hace ingresar a la peticionante en esta causal, tema este sobre el cual se había expedido este Tribunal y que no obstante insistiera la demandada en esta instancia.
La imputabilidad dispuesta por la norma no resulta de hacer prevalecer la voluntad de unirse de los cónyuges, sino del hecho de que haya faltado culpablemente a los deberes conyugales, mediante la ruptura de la cohabitación, estando a cargo de quien o quienes pretendan excluir al
beneficiario del derecho, la prueba de los hechos en que fundan su pretensión.
Ello por cuanto, quien pretende la exclusión debe probar la separación de hecho sin voluntad de unirse (por ejemplo, que fue el sobreviviente quien la llevó a cabo alejándose del hogar conyugal) y que el supérstite
es el culpable de la separación. Ello en razón de que el derecho del cónyuge a la pensión constituye la regla, y toda excepción debe interpretarse restrictivamente, correspondiendo a quien intenta su aplicación, también su prueba (conf. en lo pertinente: Méndez Costa, “La
exclusión hereditaria conyugal”, ed. RubinzalCulzoni, 1982, p. 142 y sigtes.).
En el caso, sobre este aspecto definitorio, la Caja de Previsión Social
la descalifica (conf. dictámenes fs. 32/34; 106/107 y escrito de contestación a fs. 88) y por consiguiente omite toda valoración al respecto.
En cambio, ha quedado acreditado la falta de declaración judicial sobre
la culpa de la superstite, como que no fue ella la causante del abandono del hogar conyugal (ver contrato de locación a fs. 86/87 y 89 act. adm., declaraciones testimoniales de rs. 91/94 act. adm., en especial a la de fs. 89 en que se exterioriza por el ponente que en el domicilio de la calle S... se hospedaban la esposa, hijo y suegra, y cuya renta era abonada por el causante, fs. 84, 86/87, act. adm.) y principalmente se demostró que existía a favor de la actora una sentencia de alimentos cuyo cumplimiento estaba a cargo del cónyuge difunto y perduró durante toda su vida (p. 4 causa, 102/103, act. adm.).
Hecho éste último no controvertido por la Caja y que por ende debe tenerse por acreditado, como el hecho también de que fue el causante, quien contrajo un posterior matrimonio (p. 30 de la causa).
En razón de lo expuesto y a la luz de los principios expuestos precedentemente considero que la inocencia se ha derivado en el caso de la prueba de la conducta del causante (Kamelmajer de Carlucci, “Separación de hecho entre cónyuges” ed. Astrea, Bs. As.,1978, p. 202),juzgando en consecuencia que no puede tenerse por acreditada la culpa exigida por el art.52 inc.b) de la ley, y por lo tanto su situación permite encuadrarse dentro de las previsiones de los artículos
26 inc.c),46 y 48 inc.a) de la ley 6983.
IV. Por las razones precedentes, juzgo que corresponde hacer lugar a la
demanda, anular las resoluciones de fechas 12VI87 y 18XII87 del Concejo
Directivo del Colegio de Escribanos, y en consecuencia, concederle el beneficio de pensión a la actora por fallecimiento de cónyuge desde la muerte del causante, 25X80 conf. certif. de defunción de fs. 3, exp. adm. (arts. 26 inc. c); 46 y 48 inc. a, ley 6983). Los haberes retroactivos se actualizarán por aplicación del índice de precios al consumidor, nivel general, emanados por el INDEC, desde que cada una se devengó y hasta el 31III91 (art. 8, ley 23.928), con más un interés por igual período a la tasa del 6% anual. Desde ese momento, los intereses se liquidarán a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo (arts. 8, ley 23.928; 622, C.C.; causas Ac. 43.448, “Cuadern” y Ac. 43.858, “Zgonc”, ambas sent. 21V91).
La suma resultante deberá abonarse dentro de los treinta días de aprobada la liquidación que con tales pautas se practique (art. 163 incs. 6 y 7, C.P.C.C.; 25, C.P.C.A.). Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.).
Los señores jueces doctores Rodríguez Villar, Vivanco, Mercader y Laborde, por los fundamentos del señor Juez doctor Pisano, votaron por la afirmativa.
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se hace lugar
a la demanda interpuesta, anulándose las resoluciones impugnadas y concediéndose el beneficio de pensión a partir del 25X80.
Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A.).
Difiérese la regulación de honorarios hasta la aprobación de la liquidación a practicarse (art. 51, dec. ley 8904).
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Especialista en Régimen Jurídico de Menores de Edad y la Protección Internacional
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Internacional Pivado en Universidades varias (UBA, UAI, UM, UP, UNA). Autor de
artículos y libros varios.). El temario será: I. Prácticas y contextos que
obstaculizan y desalientan la cooperación internacional. II. Las Comunicaciones
Judiciales Directas: un mecanismo de cooperación internacional para la
protección de los menores. III. Mediación. La misma será el día Miércoles, 18
de Septiembre a las 14.30 hs.en el Colegio de Abogados de Moron (Bartolomé Mitre 964 - Morón • 4629-0404 • info@camoron.org.ar). Los Esperamos.-
Colegas: Los esperamos hoy a las 17.00 Hs. en el Colegio de Abogados del Departaento Judicial de Moron (Bartolomé Mitre 964 - Morón • 4629-0404 • info@camoron.org.ar)
para celebrar la segunda sesión ordinaria abierta del mes de Agosto del
Instituto de Derecho Internacional Privado. Esperamos contar con su grata presencia.- Instituto de Derecho Internacional Privado Copyright Año 2013 /// Todos los derechos Reservados
Fallo reconocimiento de sentencia. CCiv. y Com., Pergamino, 07/12/12, G., H. A.
de sentencias. Juicio de divorcio tramitado en España. Acuerdo de división de bienes. Adjudicación de un inmueble en Argentina a uno de los cónyuges. Código Civil: 10. Rechazo del reconocimiento.
Publicado en APBA 2013-5-681 y en RDF 2013-III-83.
2º instancia.- Pergamino, diciembre 7 de 2012.-
1ª.— ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2ª.— ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
1ª cuestión.— El Dr. Scaraffia dijo:
magistrado de la anterior instancia denegó el trámite de exequatur promovido por H. A. G. con el patrocinio letrado del Dr. O. M., provocando el disgusto que diera origen al recurso de apelación deducido
a fs. 20, concedido libremente a fs. 21, fundado por conducto de la pieza obrante a fs. 28/32, hallándose evacuada a fs. 36 la vista conferida a la Fiscalía.
el juzgador que el testimonio glosado no cumple el recaudo formal exigido por el art. 515, inc. 1º, CPCC. Destacó al respecto que el fallo
dictado refiere por un lado a una cuestión de neto corte personal como es la disolución del vínculo matrimonial , al decretar el divorcio vincular de los cónyuges, pero también incluye cuestiones de índole patrimonial como es la disolución de sociedad conyugal de los esposos en
la cual se encuentran comprendidos diversos bienes inmuebles ubicados en territorio argentino cuya adjudicación fue ordenada por el magistrado
barcelonés en los términos del acuerdo celebrado por las partes que en el cuerpo de la sentencia se transcribe. Y consideró que respecto de este último punto dicho juez carece de competencia internacional en la materia, en virtud de lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9, 11, 12 y puntualmente por el art. 10, CCiv., que establece la regla lex rei sitae.
quejoso se duele sosteniendo que el magistrado ha desinterpretado dicha
norma, citando doctrina sobre el punto. Como pauta interpretativa acude
al art. 95 del Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado elaborado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, afirmando que
"el único valladar que se impone al reconocimiento de un acto jurídico o
sentencia extranjera es que el mismo tenga equivalencias en nuestro país… que no esté en pugna con nuestro orden público interno…" , así como el reconocimiento de las sentencias de divorcio en el extranjero que —sostiene— a partir de la reforma "debemos ejecutar". Finalmente refiere al análisis del art. 10, CCiv., efectuado por la Dra. Berta Kaller de Orchansky. Y por los fundamentos que brinda impetra la revocación de lo decidido.
Adelanto desde ya que los fundamentos vertidos por el a quo no se ven conmovidos por la queja traída, maguer el esfuerzo del apelante, conforme expondré a continuación.
del marco de un mundo globalizado las relaciones jurídicas que vinculan
a las personas han trascendido las fronteras, coexistiendo distintas legislaciones que pertenecen a las soberanías de cada país indicando la necesidad de examinar cual es la eficacia extraterritorial que revisten,
la que puede ser abordada desde un cuádruple enfoque, a saber: a) la eficacia normativa, b) la eficacia probatoria como medio de prueba documental de la resolución judicial contenida en ella, c) la fuerza de cosa juzgada y d) la eficacia ejecutoria (conf. Morello, Códigos comentados, t. VI-A).
de este último supuesto es donde concurre la necesidad de acudir al exequatur, definido como "un juicio de control jurisdiccional mediante el cual se efectúa una declaración de certeza de la ejecutoriedad de una
resolución judicial o arbitral extranjera" —Carnelutti Sistema de derecho procesal civil, citado por Morello en Códigos comentados—.
proceso de conocimiento no es sobre la relación sustancial debatida en aquel proceso cuya sentencia se pretende hacer reconocer, sino que recae
sobre la decisión como tal, a través de un examen de índole procesal tendiente a verificar su idoneidad para producir efectos ejecutorios en el territorio.
señala Morello que si bien el enfoque del juez queda limitado al mero examen externo, hay tres aspectos que son materia de la declaración que emite el órgano jurisdiccional, a saber a) la jurisdicción internacional, b) la legalidad del proceso y c) el orden público internacional.
la especie, la sentencia de divorcio dictada por el juez español incluye cuestiones de índole patrimonial tal como lo es la disolución de
la sociedad conyugal y adjudicación a uno de los esposos de diversos bienes inmuebles que están situados en el territorio argentino y cuya adjudicación fue ordenada por el magistrado barcelonés en los términos del acuerdo celebrado por las partes (fs. 7/11).
La lex rei sitae
prevista en el art. 10, CCiv., es la norma en la que se ha apontocado el operador de primera instancia en consonancia con el art. 515, inc. 1º, CPCC, para desestimar la eficacia ejecutoria de la sentencia dictada
que la misma abarca distintos aspectos de la regulación de los bienes raíces ubicados en nuestro país, comprendiendo la calificación, derechos
de las partes, capacidad para adquirirlos, modos de transferirlos y la forma de los actos.
respecto del derecho de las partes somete la reglamentación de los derechos reales a la ley de situación de la cosa, excluyendo la autonomía de la voluntad (arts. 2502 y 2503, CCiv.) y en el punto de capacidad para adquirirlos, el art. 10 es una excepción al principio que
hace regir la capacidad por la ley del domicilio, fijando como regla que la capacidad para adquirir inmuebles sitos en el país se regula exclusivamente por el art. 10, CCiv., tesis llamada de la interpretación
literal que Belluscio indica que no es sólo literal sino que responde a
un estudio de fuentes (conf. Tratado, t. I).
También respecto de las solemnidades del acto la norma en examen sujeta las mismas cuando versen sobre inmuebles a la lex situs, derogando el principio general del locus regim actum, dispuesto en el art. 12, 950 y 1180, CCiv.
En síntesis en materia de inmuebles impera la regla lex rei sitae, aceptada por el codificador con rigorismo, y esto es lo que ha de resolver la cuestión.
confrontar la decisión del juez barcelonés de adjudicar bienes inmuebles sitos en la Argentina a uno de los esposos, con el ordenamiento positivo argentino, y ante la inexistencia de tratado internacional sobre el punto con ese país, se vulnera sin duda alguna la
regla contenida en el art. 10, CCiv., desde que la adjudicación ordenada en esas condiciones implica una forma de adquisición o transferencia del dominio sobre inmuebles que ha de ser regida exclusivamente por las leyes de este país, como tal debe ser sometida al
control de legalidad de nuestro ordenamiento positivo, de acuerdo con la cual habrán de analizarse la calificación, el derecho, la capacidad y
el modo y sólo, después de ese análisis, solo después podrá disponer quien tenga jurisdicción nacional, el exclusivo dominio a nombre de uno de los esposos, de tal modo que frente a este supuesto y faltando esos recaudos previstos textualmente en el art. 10, CCiv., la sentencia dictada por el juez español abarcativa de bienes raíces situados en nuestro país, carece de fuerza ejecutoria, y, por ende, la desestimación
del exequátur ha sido correcta.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El Dr. Levato por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es: Rechazar el recurso de apelación deducido confirmando lo resuelto por el juez de familia.
El Dr. Levato, por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
Rechazar el recurso de apelación deducido confirmando lo resuelto por el juez de familia.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.- G. Scaraffia. H. A. Levato.
Fallo Tribunal Colegiado de Familia Nro. 7, Rosario, 05/10/12, C., L. S.
Adopción internacional. Adopción simple otorgada en Haití. Reconocimiento de sentencia. Conversión en adopción plena.
Rosario, octubre 5 de 2012.-
Dr. A. M, en representación de la señora L. M. C., peticiona el reconocimiento de la sentencia de adopción de su hija adoptiva R. P. C.,
la que fuera dictada por el Tribunal de la República de Haití. Asimismo
postula su conversión en adopción plena, de conformidad con la ley argentina. Finalmente, peticiona que mientras dure este proceso se dicte
medida cautelar prohibiendo innovar sobre el estado de hija adoptiva, y
solicita habilitación de feria. Afirma que el hecho de haber ingresado la Sra. C. al país junto a la niña R. P. C., luego de haber obtenido la sentencia del adopción en el tribunal haitiano, la Dirección de Migraciones no admitió el ingreso de la niña ni como turista, ni como hija de la Sra. C., atento a que la sentencia extranjera no había sido aún reconocida por la autoridad nacional. Por ello, es que se le otorga un permiso provisorio de desembarque.
el pedido de la medida cautelar, el juez en turno interviniente previo a
la habilitación de la feria y a expedirse sobre la cuestión, ordenó un informe ambiental por la Trabajadora Social (fs. 34). Atento el resultado de dicho informe el magistrado habilitó la feria y previa vista al Defensor General, resolvió por sentencia 241 de fecha 31/1/2012
otorgar a la Sra. L. M. C. la guarda en custodia de la niña R. P. C. por un plazo de treinta días a partir del dictado de esta (fs. 37 y 38).
afirma en la demanda que el Tribunal de Montrouis, República de Haití, por sentencia de fecha 27/7/2011 dispuso la guarda de R. P. a favor de L. M. C. y por sentencia de fecha 2/8/2011 dispuso por acta la adopción.
el Juzgado de Primera Instancia de Saint Marc, por sentencia del 18/10/2011, dispuso la homologación de la adopción y autorizó a la adoptada a agregar a su nombre el apellido de la adoptante “C”, ordenando la transcripción de la parte dispositiva de la sentencia en el
Registro Especial creado al efecto.
con fecha 11/11/2011, el Registro Civil de Montrouis, dispuso la inscripción de la sentencia del Tribunal de Montrouis, tal como fuera ordenado por el Superior Tribunal de Saint Marc.
el peticionante que lo único que exige la sentencia constitutiva de adopción es su reconocimiento, siendo aplicable el art. 269, CPCC.
que para la procedencia del reconocimiento de la sentencia extranjera es necesario cumplir con requisitos formales, es decir la autenticación y
legalización de los documentos extranjeros, exigidos por el derecho haitiano, con la intervención del Ministerio de Justicia y el Ministerio
de Relaciones Exteriores de dicho Estado. En cuanto a los requisitos procesales, considera que no hay invasión de la jurisdicción internacional argentina para el otorgamiento de la adopción en el extranjero (art. 269, inc. 1 del CPCC) y que al igual que ley haitiana, si la adopción se lleva a cabo en nuestro país, es competente el juez del lugar en el que se entregó la guarda o el del domicilio del adoptante. En relación a los incisos 2 y 3 del art. 269 del CPCC, se encontraría respetado el debido proceso dado que en la audiencia respectiva la madre biológica ha declarado, como así también el Ministerio de Bienestar Social. Respecto al orden público no se encuentra conculcado, existiendo compatibilidad entre los dos Estados. El inciso 4 de la norma procesal citada no deviene aplicable por tratarse de un acto de jurisdicción voluntaria. Por último, en cuanto a la ley aplicable considera que al carecer de fuente convencional con Haití deviene aplicable la fuente interna, esto es la ley 24479 (arts. 339 y 340 del C.C.). Al respecto, solicita la conversión de la adopción simple en adopción plena.
Acompaña prueba documental y plantea cuestión constitucional.
los presentes a este Juzgado, la suscripta imprime trámite a la demanda
de reconocimiento de sentencia extranjera y conversión de adopción plena y ordena la certificación de los documentos fundantes de la demanda. Cumplimentado ello, se libra oficio al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina -Dirección General de Asuntos Consulares- a los fines de la autenticación de la documental, es decir la correspondiente intervención
consular y ministerial.
a que el trámite de legalización se demora en el tiempo, es necesario -a petición de parte y con la debida intervención del Defensor General- renovar la guarda provisoria originariamente dispuesta por el juez en turno. Así es que se dictan los autos 89 del 2/3/2012, 313 de fecha 10/4/2012, 566 de fechas 11/5/2012 y 773 del 6/6/2012, 1140 del 13/7/2012, 1314 del 14/8/2012, 1576 del 5/9/2012, obrantes a fs. 134, 144, 147 , 152, 182, 186 y 198 de autos. Agregadas en autos, obran las constancias del desembarco provisorio de la menor procedente de la Dirección Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior de la República Argentina (fs. 43 a 122), la que fuera recepcionada por el Ministerio Pupilar (fs. 123), quien remite al Defensor en turno. Éste se impone de la vista corrida y dictamina encontrarse a la espera del arribo de las copias legalizadas de la documentación de autos (fs. 124).
se agregan los documentos autenticados por el Consulado Argentino en Haití y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto (fs. 154 a 162), cuyas traducciones obran a fs. 170 a 172, 165 a 168 y 174 a 176.
la pertinente vista al Sr. Defensor General, este requiere las partidas
de nacimiento de la Sra. C. y la de la menor, esta última debidamente traducida, la que fueran cumplimentadas conforme obra a fs. 82 y 187 a 190.
la pretensión de convertir la adopción en plena, conforme lo prescribe el art. 340 del C.C., es fijada audiencia a fin de que la Sra. C. preste
consentimiento y poder tomar conocimiento personal de la menor y de la adoptante (fs. 199).
encuentran agregados a autos documental que acredita las condiciones personales, edades y aptitudes de la adoptante. A fin de acreditar los ingresos de la Sra. C. obran en autos contratos de locación y recibo de sueldo (fs. 201 a 208). Acreditan el buen estado de la niña y los cuidados que esta recibe, el carnet de vacunación, el certificado médico
y el informe emitido por el médico forense (209, 211 y 212 ), como así también el informe socio ambiental efectuado por la Trabajadora Social (fs. 193).
nuevamente vista al Defensor General dictamina favorablemente respecto al procedimiento y las pretensiones esgrimidas en la demanda, como así también respecto a la adición del prenombre a la niña (fs. 212).
En consecuencia quedan, los presentes en estado de resolver; y
temas objeto de decisión se refieren, en primer lugar respecto a la habilidad de la sentencia de adopción dictada en Haití y su inscripción en el Registro Civil y Capacidad de las personas; en segundo término la pretensión de convertir la adopción en plena; y, por último, la adición del prenombre de pila de origen haitiano.
relación a los efectos de la sentencia extranjera, el derecho procesal internacional distingue entre reconocimiento y ejecución de sentencias. El reconocimiento de la sentencia consiste en la admisión de la sentencia como fundamento para constituir situaciones posteriores válidas; mientras que la ejecución de sentencia es la actuación tendiente al cumplimiento de ésta en cuanto exige una prestación (Ciuro Caldani, Miguel Ángel, “Los efectos de las sentencia extranjeras según el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”, Ed. Juris, t. 36 ps. 243 y ss.).
a la clásica distinción entre sentencias, se clasifican en sentencias meramente declarativas, constitutivas y de condena. Sólo estas últimas son susceptibles de ejecución. Sin embargo, puede ocurrir, como en el caso de autos, que una sentencia que no requiere ejecución, sí exige el reconocimiento de los Tribunales de este estado. (Goldschmidt, Werner, “Derecho Internacional Privado”, 8ª ed., Ed. Depalma, Buenos Aires, ps. 429 y ss.).
ello y tratándose la adopción de una acción de estado de familia, los efectos de la sentencia son constitutivos, por lo que resulta necesario para el reconocimiento de ésta, el cumplimiento de los requisitos formales, procesales y materiales. Este procedimiento especial denominado exequatur se encuentra previsto en la norma del art . 269 del CPCC. la cual dispone:
sentencias dictadas en país extranjero, cuando no medien tratados referentes a su cumplimiento en la República, se harán efectivas si reúnen las condiciones siguientes:
1) que no invadan la jurisdicción de los tribunales del país;
2) que no hayan sido dictadas en rebeldía si el demandado tenía su domicilio en la República;
3) que sean lícitas según las leyes de la República y que no afecten el orden público;
4) que la ejecutoria reúna los requisitos necesarios para ser considerados como tal en la nación en que haya sido dictada;
5) que se presente en las condiciones de autenticidad exigidas por las leyes nacionales”.
relación al inciso 1º del art. 269 CPCC, considero que en el caso de autos el juez extranjero no ha invadido jurisdicción argentina, por cuanto no hay jurisdicción argentina para el otorgamiento de la adopción
en el extranjero. El juez extranjero ha basado la resolución del caso conforme las reglas de la adopción simple, única forma que contempla la legislación haitiana.
al inc. 2 de la citada norma, no ha sido dictada en rebeldía por cuanto
la madre biológica ha comparecido en la audiencia respectiva y ha prestado su consentimiento, con el debido contralor administrativo del IBESR “Instittut du Bien Etre Social et de Recherche”.
inciso 3 de la norma citada, en cuanto a que la sentencia extranjera sea lícita y no contraríe el orden público, se entiende que este requisito no implica una identidad absoluta con el derecho argentino, sino que coincide con los principios que nuestra ley prevé. Ambos estados contienen como principio rector en materia de adopción preservar: “el mejor interés del niño”.
cuanto al inc. 4 la ejecutoriedad del decisorio, ya ha sido expuesto que no se trata de una sentencia de condena sino constitutiva de derechos, en consecuencia no exigible.
En relación al inc. 5 del art. 269 del CPCC, de las constancias de autos se presentan los siguientes instrumentos extranjeros:
a) la partida de nacimiento de la menor R. P. C., nacida en Cité Solei, Haití en fecha 16/3/2011 (fs. 187 a 189 y 154 y 155).
la sentencia dictada por el juez a cargo del Juzgado de Paz de Montrouis, República de Haití, de fecha 27/7/2011 quien dispuso la guarda de R. P. C. a favor de L. M. C. (fs. 7, 8 y 9).
c) el acta de adopción de fecha 2/8/2011 de la menor R. P. C. a favor de la Sra. L. M. C. (173/175).
el acta de homologación de la adopción de fecha 18/10/11 en la que se autoriza a la adoptada a agregar a su nombre el apellido de la adoptante
“C” (fs. 14 a 19 y 158 a 160)
la inscripción de la sentencia de adopción en fecha 11/11/12 por el Oficial del Registro Civil de Montruis (fs. 21 a 23 y 156 y 157).
esta documentación ha sido debidamente intervenida por el oficial público del Estado de Haití, han sido autenticados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y han sido debidamente traducidos al español por traductor público matriculado.
conclusión, advirtiendo que el pronunciamiento sobre el otorgamiento de
la adopción se ajusta a las reglas del orden público y el procedimiento
seguido en el extranjero ha respetado las garantías del debido proceso,
además de haberse reunidos los requisitos de legalización, autenticación y traducción de los instrumentos extranjeros, debe hacerse
lugar al reconocimiento de los efectos de la sentencia extranjera de adopción de la niña, en relación a su filiación por adopción más allá de
las fronteras donde fue otorgada.
el análisis de la pretensión de convertir en plena la adopción conferida en Haití, debemos recordar que nuestra doctrina sostiene que sólo puede ser plena, la adopción internacional.
claridad y certeza la Dra. Stella Maris Biocca señala que la subsistencia del vínculo con la familia de sangre, característica propia
de la adopción simple, no puede darse en el ámbito internacional, dado que esto conlleva el traslado del menor de su lugar de residencia al lugar de la residencia de los adoptantes. (Biocca, Stella Maris, “Adopción internacional” en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia n. 6, Abeledo Perrot, 1991, ps. 7 y ss.). Es por ello que la Convención de La Haya de 1993 sobre Protección de Menores y Cooperación en Materia de Adopción y la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Adopción (Cidip III), regulan la adopción plena.
ley 24779 sólo comprende en su tipo legal a las adopciones conferidas en el extranjero o adopciones extranjeras. Así resulta que en el Título IV, Capítulo V “Efectos de la adopción conferida en el extranjero”, el art. 339 C.C dispone: “La situación jurídica, los derechos y deberes del
adoptante y adoptado entre sí se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido conferida en
el extranjero”. Por su parte art. 340 C.C reza: “La adopción concedida en el extranjero de conformidad a la ley del domicilio del adoptado, podrá transformarse en el régimen de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos establecidos en este Código, debiendo acreditar dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante y adoptado. Si éste último
fuese menor de edad deberá intervenir el Ministerio Público de Menores”.
En cumplimiento con lo normado por el art. 340, se citó a la adoptante, quien compareció conjuntamente con la niña, esta última representada promiscuamente por el Sr. Defensor General Dr. A. P., lo que da cuenta el acta obrante a fs. 199. Del informe ambiental obrante a fs. 193 y 194, como así también de la referida audiencia surge que la Sra. C. pretende adoptar en forma plena a su hija y que la niña se encuentra absolutamente integrada a la familia de su progenitora. Por su parte la Trabajadora Social informa que la Sra. C. demuestra amplio conocimiento e
información sobre el tema de adopciones internacionales, como así también de la cruda realidad que atraviesa Haití, todo lo cual demuestra
un entendimiento amplio de la adopción que incide en la crianza de la niña, a partir de la valoración del origen biológico y étnico de la menor. Prueba de ello es el contacto frecuente que sostiene con familias
que han adoptado niños haitianos, como así también personas de dicha nacionalidad que habitan y estudian en esta ciudad, con el objeto de mantener vigente su cultura y respetar su origen. En este sentido, la Sra. C. manifiesta en dos oportunidades, a la Trabajadora Social y a la suscripta, su deseo de adicionar el prenombre haitiano A. a la niña.
relación al cuidado de la niña, es la Sra. C. quien se ocupa personalmente ya que, advirtiendo la relevancia de este periodo, obtuvo licencia en su lugar de trabajo.
los controles de vacunación y el informe expedido por la pediatra que trata a la niña, sumado al informe elaborado por el Médico Forense y lo percibido por la suscripta, evidencian sin lugar a dudas el excelente cuidado recibido por la niña quien, además, se expresa de manera vivaz y
alegre (fs. 211 y 212). La Licenciada L. D. concluye su informe socioambiental afirmando que “la niña se encuentra en un hogar cálido y contenedor, donde recibirá el afecto y respeto, para un sano desarrollo físico y emocional”.
Sra. C. ha probado acabadamente sus condiciones personales, aptitudes para la crianza de la niña, como así también su situación económica, a través de su recibo de sueldo y rentas. Recordemos que la Sra. C. es docente, y por ello recibe un sueldo conforme lo acredita a fs. 208 y percibe rentas, tal como surge de los contratos de locación de fs. 201 a
Por lo hasta aquí valorado, poniendo especial atención en el interés de la niña, orientando y condicionando la decisión final, sumado a que nuestra
ley admite la transformación de la adopción simple otorgada en el extranjero en adopción plena, dando de este modo una respuesta congruente con la necesidad que originó el cambio de domicilio de adoptante y adoptado, es que resuelvo admitir la conversión de adopción simple a plena.
dicho hasta aquí inexorablemente nos lleva a analizar el derecho personalísimo a la identidad personal, entendido este como un proceso, el que no puede ni debe limitarse al dato biológico, sino que comprende un conjunto de aspectos que acompañan a la persona en su vida privada y social.
La jerarquía constitucional del derecho a la identidad fue admitida por la Corte nacional, con base en el art. 33 de la Carta Magna (Fallos 318:2158) y luego por la reforma constitucional con la incorporación de los diferentes tratados internacionales suscriptos por nuestro país (Fallos 321:2767), específicamente, se encuentra consagrado en el art. 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
múltiples las perspectivas desde las cuales puede abordarse el tema de la identidad. De acuerdo con el Dr. Fernández Sessarego, es necesario advertir dos dimensiones: la dimensión estática y la dimensión dinámica.
La primera contempla que el individuo se distingue de los demás seres humanos por una serie de signos externos, como la filiación, el nombre, datos respectivos a su nacimiento, todo lo cual conforma el perfil estático referido a la identificación y que están destinados a no modificarse sustancialmente en el tiempo. La segunda, está constituido por el conjunto de atributos y características, cambiantes en el tiempo.
Entre ellas se encuentran las intelectuales, morales, culturales, religiosas, profesionales, políticas, las cuales permiten diferenciar al
sujeto en sociedad (Fernández Sessarego, Carlos, “Derecho a la identidad personal”, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1992, ps. 113 y ss.).
su parte el Dr. Zannoni, señala que desde una perspectiva jurídica la identidad es un término que admite tres dimensiones: la primera, la identidad personal en referencia a la realidad biológica que corresponde
al derecho de toda persona a conocer su origen biológico, su pertenencia a determinada familia y el derecho a ser emplazado en el estado de familia que le corresponde de acuerdo a su realidad biológica.
Dentro de esta dimensión se distinguen dos aspectos: a) la identidad genética, la cual abarca el patrimonio genético heredado de sus progenitores biológicos convirtiendo a la persona en un ser único e irrepetible, y b) la identidad filiatoria que resulta del emplazamiento de una persona en un determinado estado de familia, en relación a quienes aparecen jurídicamente como sus padres. La segunda, la identidad
personal en referencia a los caracteres físicos de la persona comprende
los rasgos externos de la persona que la individualizan e identifican, como los atributos de la personalidad incluidos el nombre, la propia imagen, entre otros. Y por último, la tercera, la identidad personal en referencia a la realidad existencial de la persona, como sus creencias, pensamientos, ideologías, costumbres (Krasnow, Adriana -dir.-, “Matrimonio civil entre personas de igual sexo. Un análisis desde el derecho de familia y sucesorio”, ps. 230 y 231).
análisis del derecho personalísimo de la identidad en todas sus fases nos permite visualizar la importancia que en el instituto de la filiación, sea esta biológica o por adopción, deben primar los principios constitucionales de la verdad y la transparencia en las relaciones de familia. Estos dos principios requieren estructuras jurídicas acordes a las relaciones de familia, las mismas han de ser claras y fieles a la realidad de su origen y respetuosas de su desarrollo.
poner de resalto un reciente caso en que se alegaba la violación del derecho de protección a la familia de un padre y su hija biológica en un
proceso de adopción tramitado en la provincia de Entre Ríos; la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que “toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o niña, debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia”; que dicho interés superior “…se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades ”, y que su determinación “…en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de
la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño…” (caso “Forneron e hija c. Argentina”, sentencia del 27/4/2012). En dicha causa, la Corte Interamericana también insistió en el reconocimiento del derecho a la identidad, al que
conceptualizó como “…el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad…”, destacando la
especial importancia que entraña durante la niñez.
lo antedicho, deviene como necesario para entender el deseo de la Sra. C. de adicionar el prenombre de pila A. Tanta en el desarrollo de la audiencia como del informe ambiental, la Sra. C. ha manifestado su firme
deseo de añadir al nombre de pila de la menor, el nombre A. Relata que,
conjuntamente con su madre biológica desde el nacimiento, decidieron que ese sería el nombre de la niña; sin embargo en el hogar en que permaneció hasta el momento de la guarda la llamaron R., tal como fue inscripta. La Sra. C. prometió a la madre biológica modificar esta inscripción.
tal como lo percibe la suscripta, la niña se reconoce con el nombre A.,
y todas las personas allegadas a ella, así la llaman. De todo lo cual se desprende la solicitud de la Sra. C. quien requiere la inscripción del nombre de su hija: A. R. P. C.
vista al Sr. Defensor General, el mismo dictamina favorablemente respecto a la adición del nombre, y siendo un nombre extranjero aceptado, sumado a la conservación del apellido P., no hace más que confirmar su origen identitario y adelanta el conocimiento a la niña sobre su origen, que precisamente la ley de adopción encomienda a la adoptante revelarle.
el marco de un proceso filiatorio, la adición del nombre solicitado no hace más que reflejar cómo la niña se reconoce y es reconocida por otros
como A. Esta sola circunstancia resulta significativa para autorizar su
adición; amen de los justos motivos al traslucir el prenombre su origen
y etnia.
derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos es de aquellos esenciales que integran la esfera de libertad humana conforme los principios rectores en la materia contenida en la Constitución Nacional en sus arts. 19 y 33” (Corte Sup., “B. G. D. y otra v. Registro Civil y Capacidad de las Personas”, voto en disidencia de los Dres. Fayt y Boggiano, LL 1997-D-859).
consecuencia, se autoriza a adicionar el prenombre A., anteponiéndolo a
R., resultando el nombre de la menor: A. R. P. C. La decisión se funda en el respeto, no sólo al derecho de la realidad identitaria de la menor, sino también al respecto de la decisión de los adultos que hace a
la libre elección del nombre del hijo, con fundamento en el art. 19 de la Constitución Nacional y arts. 2 y 13 de la ley 18248.
esta instancia resulta relevante repasar los estándares jurídicos elaborados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia, a los cuales el juez de familia debe ceñirse a la hora de valorar el instituto de la adopción, entre ellos:
en el ámbito de los derechos del niño, se reconoce a la adopción como un instrumento necesario para su protección, que encuentra justificación
y fundamento en los valores justicia, solidaridad y paz social;
acorde con la misión específica que les compete en el ámbito del derecho de familia, los jueces no pueden dirimir los problemas humanos mediante la aplicación de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las características del caso. Por ende, para apreciar si corresponde la adopción de un niño, no es posible prescindir
del estudio de los antecedentes de la causa;
los tribunales han de implementar el principio del mejor interés del niño analizando sistemáticamente cómo los derechos y las conveniencias de éste se ven o se verán afectados por las decisiones que habrán de asumir (Comité de los Derechos del Niño, Observación General n. 5, “Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño (arts. 4 y 42 y parág. 6 del art. 44)”, 2003, HRI/GEN/1/Rev. 7, parág. 12, p. 365). Aquella regla no atiende exclusivamente a los beneficios en el plano económico, social o moral, sino que impone ponderar las implicancias que la sentencia pueda tener sobre la personalidad en desarrollo;
el art. 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño en esta materia
el interés superior del niño se ve resignificado en esta materia al establecer que “Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial”;
en palabras del Comité, ese interés será “la” consideración primordial en la adopción y no sólo “una” consideración primordial (Observación General n. 7, “Realización de los derechos del niño en la primera infancia”, 2005, CRC/C/GC/7/Rev. 1, párr. 36.b);
el niño tiene derecho a una protección especial que debe prevalecer como factor esencial de toda relación judicial. Ante un conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de la persona menor de edad —como extremo de ponderación ineludible para los jueces— debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia del caso;
la identidad filiatoria también puede gestarse a través de vínculos consolidados en los primeros años de vida, configurándose allí un dato con contenido axiológico relevante a la hora de evaluar el interés superior del interesado.
todo lo expuesto, y con fundamentos en los arts. 241, 321 inc. h), 328,
339, 340 del Código Civil, arts. 19, 33 de la CN, art. 3, 7, 8 y 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 18 Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 2, 3 ,13 y 15 de la ley 18248, ley 26413 y
dictamen favorable del defensor general;
Admitir la demanda y en consecuencia 1) Reconocer los efectos de la sentencia extranjera de adopción de la niña R. P. C., nacida en Haití en
la ciudad Cité Solei, el día … hija biológica de R. P , dictada en la República de Haití el 18/10/2011. 2) Disponer la adición del prenombre A., siendo el nombre y apellido de la niña A. R. P. C. 3) Convertir la adopción conferida en el extranjero a plena, con efecto retroactivo al momento del otorgamiento de la guarda. 4) Librar la correspondiente comunicación a la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas para su toma de razón y ordenar la inscripción de la adopción plena de la niña A. R. P. C., nacida en Haití en la ciudad Cité Solei, el día …, sexo femenino hija de L. M. C., DN n. …. 5) Hacer saber a la Sra. L. M. C que deberá poner en conocimiento de su hija la realidad biológica conforme lo establecido por el art. 328 C.C., debiendo comparecer a estos estrados fin de prestar tal compromiso. 6) Librar la correspondiente comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones Ministerio del Interior a fin de notificar la presente sentencia. 8) Regular los honorarios del Dr. A. A. M. en la suma de $ … equivalentes a
ocho (8) unidades ius. Dichos honorarios devengarán un interés moratorio equivalente a la tasa activa promedio mensual del Nuevo Banco de Santa Fe SA para operaciones de descuento de documentos. Notifíquese a
Caja Forense. Insértese y hágase saber.

References: artículo 9
 resolución

 artículo 3575
 resolución 

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