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Timestamp: 2019-05-25 21:25:40+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-03-20Regresar
( 2015-03-20) Consultar
¿ Los ajustes integrales por inflación existentes en los saldos de las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio se deben eliminar, ajustar o reversar trasladándolos al diferido, crédito por corrección monetaria diferida y revaloración del patrimonio se deben eliminar o rubro "utilidades acumuladas" del patrimonio ?
¿ Los ajustes integrales por inflación de las cuentas cargos por corrección monetaria saldar e incorporarlos al rubro "utilidades acumuladas" del patrimonio ?
¿ En la contabilidad del edificio se contabilizo el ascensor como un activo fijo. Pero de acuerdo a lo normado el ascensor es un bien común ?
Supersociedades.
Si un miembro de junta directiva que viene actuando de tiempo atrás, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil, es ratificado en tal designación y ha aceptado continuar como miembro de dicho órgano de administración, debe ser convocado a las sesiones de la nueva junta directiva, de lo contrario, así se encuentre aún registrado su nombre en el Registro Mercantil, no ha de considerársele ya miembro directivo de la compañía”
Por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002.
Artículo 1. Modificase el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002, el cual quedará así:
"Artículo 14. Devolución de pagos dobles de cobertura.
Las personas que se encuentren excepcionadas por ley para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no podrán estar afiliados simultáneamente a un Régimen Especial o de Excepción y al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotisantes o beneficiarios, o utilizar paralelamente los servicios de salud en ambos regímenes. "
Por el cual se modifica el decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la prestación de servicios financieros a través de corresponsales y se dictan otras disposiciones.
Teniendo en cuenta que la prestación de los servicios financieros a través de corresponsales ha contribuido en gran medida al acceso y desarrollo del mercado financiero nacional pues permite ampliar la cobertura a todas las zonas del país, se hace necesario, incluir a las entidades aseguradoras dentro del listado de entidades que pueden prestar servicios a través de los corresponsales y de esta manera permitir mayor acceso del público en general a nuevos servicios financieros.
Cooperativas no tienen competencia para ordenar retención de honorarios.
A los contratos de prestación de servicios en los que se pactan honorarios no se les aplica la normativa laboral, pues no reúnen los tres elementos previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, los contratistas no pueden ser considerados como trabajadores dependientes para aplicar las retenciones pretendidas por cooperativas, advirtió la Superintendencia de la Economía Solidaria.
En este caso, para que operen las retenciones de hasta el 50 % de los honorarios del deudor, la orden debe provenir de autoridad judicial, ya que la cooperativa no tiene competencia, ni puede, por sí sola, decretarlas u ordenarlas, sino que debe mediar un proceso ejecutivo para el cobro de la obligación incumplida, en el que se decrete el embargo de ingresos.
Así las cosas, solamente los dineros autorizados por el deudor asalariado pueden ser desembolsados directamente a favor de la cooperativa correspondiente, mediante el documento de libranza, de acuerdo con la Ley 1527 del 2012.
Las empresas públicas o privadas están obligadas a deducir y retener de cualquier suma que deban pagar a sus trabajadores o pensionados los valores que estos adeuden a la cooperativa, siempre que la obligación conste en libranza, título valor o cualquier otro documento suscrito por el deudor. La superintendencia aclaró que las deducciones a favor de las cooperativas solo operan en relación con deudas de sus propios asociados, con ocasión de actos cooperativos. (Superintendencia de la Economía Solidaria, Concepto 20151100000931, ene. 6/15)
Declaraciones electrónicas constituyen títulos ejecutivos que pueden cobrarse coactivamente.
Las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes o responsables en medio físico o a través de los servicios informáticos electrónicos que, para el efecto, disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tienen la misma validez como documento.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado aclaró que las declaraciones electrónicas también constituyen títulos ejecutivos que pueden ser cobrados coactivamente por la administración, siempre y cuando contengan obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.
Por su carácter inmaterial, explicó, no se les puede restar valor probatorio, ni carácter ejecutivo, pues la información no difiere de la que puede contener un documento físico, ya que, al igual que este último, su contenido representa de forma inteligible y comprensible hechos jurídicamente relevantes.
La corporación reiteró que es la inmaterialidad e intangibilidad de estos documentos lo que hace imposible que puedan aportarse al proceso en original, de manera que sus impresiones se reputan auténticas, son prueba de la representación material de las declaraciones y, en consecuencia, resultan idóneas y conducentes para inferir la existencia de los títulos ejecutivos.
Según el pronunciamiento, cuando se profiere un mandamiento de pago con base en las copias impresas de las declaraciones presentadas por medio electrónico, no prospera la excepción de falta de título ejecutivo.
Los cambios que tendría el IVA en la próxima reforma tributaria.
Proponen que este impuesto sea instrumento para impulsar la competitividad, la equidad y el recaudo. En unos tres meses podría estar listo el primer informe de la Comisión de expertos que empieza la tarea de hacer las recomendaciones para la reforma tributaria que tramitará el país.
Un nuevo encuentro de los nueve integrantes de la Comisión de sabios en materia de impuestos tuvo lugar este lunes en Bogotá, lo que da la señal de que el Gobierno quiere meterle toda la ficha a la construcción de la próxima reforma tributaria y que la quiere para pasarla al Congreso este mismo año.
Todo parece indicar que, aunque la Comisión de notables proponga una reforma estructural, el Gobierno la llevaría por partes al Congreso, y empezaría por los ajustes al régimen de tributación que aplica a las entidades sin ánimo de lucro.
No obstante, hay temas que, aunque han sido abordados en anteriores oportunidades y no han prosperado, por carecer de popularidad, esta vez no tendrían escapatoria. Es el caso del IVA, cuyo revolcón es uno de los cuatro puntos que le han encomendado a la Comisión de expertos. Pero las transformaciones irían más allá del incremento en uno, dos o más puntos en la tasa general de tributación, que hoy es de 16 por ciento.
Las propuestas de Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y miembro de la Comisión tributaria que escogió el Gobierno, apuntan a que este impuesto no solo permita obtener más recaudo, sino que sirva de instrumento para darle la pelea a la desigualdad en los ingresos de los colombianos y, de paso, ayude a reducir los porcentajes de evasión.
Piden que insumos para licor nacional no tengan IVA.
Voceros de Domecq dicen que este genera un sobrecosto que los pone en desventaja con los importados. El IVA sobre las tapas, etiquetas, envases y otros productos y servicios necesarios en sus procesos les ocasionan un sobrecosto de 4.114 pesos en promedio por cada botella a las licoreras nacionales, lo que las pone en desventaja para competir con el trago importado.
Así lo asegura el gerente financiero de PDC Vinos y Licores (Domecq), Raphael Picciotto, según el cual esto representa entre 10 y 16 por ciento del precio final al consumidor.
Debido a eso, PDC, que es una de las principales licoreras privadas en el país, está pidiendo que en el Plan Nacional de Desarrollo que discute el Congreso se incluya un artículo eximiéndolos de esta tributación, máxime cuando se prevé que los licores también serían afectados dentro de una posible reforma tributaria.
“Se debe llamar la atención en distintos aspectos que discriminan la industria privada de productores de vinos y licores nacionales, y que va contra los compromisos de igualdad y transparencia que ha adquirido Colombia con organismos internacionales y distintos países, con los que se han firmado Tratados de Libre Comercio”, dijo Picciotto.
El ahorro, asegura, es indispensable para que las marcas colombianas hagan campañas de posicionamiento para competir con las foráneas –que no tienen el gravamen– sin afectar los ingresos de las regiones.
Si bien la Ley 788 del 2002 dice que el IVA a las materias primas en este ramo es descontable del 35% que las licoreras les transfieren a los Departamentos, en la práctica se asume como costo de producción.
Trabajadores temporales no pueden desarrollar actividades propias de entidades públicas.
Cuando un trabajador de una empresa de servicios temporales (EST) ejerce las mismas funciones asignadas a los servidores de planta de una entidad estatal, se configura el contrato realidad, como consecuencia de la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, advirtió el Consejo de Estado.
De acuerdo con la Sección Segunda, el cumplimiento permanente de funciones propias de la entidad que implican subordinación no puede delegarse a las EST, pues no son labores ocasionales, accidentales o transitorias.
Las necesidades de personal temporal de las entidades públicas sujetas a la Ley 909 del 2004, que regula la carrera administrativa, el empleo y la gerencia pública, se deben satisfacer mediante la creación de empleos de carácter temporal, en las condiciones y con los requisitos previstos en dicha ley, advirtió la corporación.
En estos eventos, agregó, no procede el empleo de otras herramientas jurídicas, como la contratación de servicios personales con terceros, en la que casi siempre se presentan condiciones de subordinación en el cumplimiento de las funciones contratadas, que desdibujan el vínculo y esconden una verdadera relación de trabajo.
Vinculación temporal
La Ley 50 de 1990 define a las EST como aquellas que contratan la prestación de servicios con terceros beneficiarios, para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la EST, la cual tiene el carácter de empleador.
Trabajadores que devengan salario mínimo tienen derecho a pago de incapacidades completas.
Si bien en casos de incapacidad por enfermedad común el empleador debe reconocer el equivalente a las dos terceras partes del salario, es decir el 66 %, no sucede lo mismo con los trabajadores que devengan el salario mínimo mensual, a quienes no se les puede vulnerar el derecho al mínimo vital y se les debe reconocer el total del salario, precisó el Ministerio de Salud.
La entidad tuvo en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 del 2007, que declaró exequibles varias expresiones del artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo sobre el auxilio monetario por enfermedad no profesional, en el entendido que no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente.
Según el alto tribunal, las situaciones en las que el valor del auxilio monetario es inferior al salario mínimo desconocen la garantía constitucional que tiene todo trabajador a percibir el salario mínimo vital, consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, sobre todo en condiciones de afectación que no le permiten laborar temporalmente.
La entidad recordó que el Decreto 2943 del 2013, que modificó el parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999, establece que a partir del 17 de diciembre del 2013, estarán a cargo de los empleadores las prestaciones económicas correspondientes a los dos primeros días de incapacidad, pues del tercer día en adelante les corresponde a las entidades promotoras de salud. (Ministerio de Salud, Concepto 201511600004711, ene. 6/15)
Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, y miembro de la comisión de expertos que estudiará nuevos cambios tributarios, dice que insistirá en esa propuesta. Sugiere sanciones administrativas y no cárcel a los evasores.
En la última reforma tributaria el IVA no se tocó, aunque si la permanencia del impuesto del 4 x 1000, un gravamen que la banca odia, pero que al Gobierno le gusta por su fácil recaudo.
Sin embargo, en la próxima reforma tributaria estructural, cuyo estudio está a cargo de una comisión de expertos —entre quienes figura Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, y uno de los más brillantes economistas de Colombia— el ajuste del IVA tendrá que abordarse.
El asunto no es nada fácil, dado que la evasión del ese impuesto ronda hoy el 30 %. Villar dice que insistirá en su propuesta de elevarlo del 16 % al 18 %.
¿No es inoportuno que el Gobierno estudie una reforma tributaria estructural en momentos en que la coyuntura económica no es la mejor?
La razón principal, y por la que es urgente pensar en un ajuste tributario es precisamente por las dificultades que se vienen presentando por el desplome de los precios del petróleo. Colombia tiene una dependencia bastante grande de los ingresos petroleros, tanto desde el punto de vista de sus cuentas externas, como de las cuentas fiscales.
Dian definen fechas para pago de Impuestos de la tributaria.
La Dian definió los plazos para el pago de los impuestos de la Reforma Tributaria, aprobada en 2014. Tenga en cuenta estas fechas.
El Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Aduanas Nacionales (Dian) definió los plazos para la declaración y pago de los impuestos y su complementario de normalización tributaria, fijados por la ley 1739 de 2014, conocida mejor como la Reforma Tributaria.
De acuerdo con este calendario tributario, dado a conocer este viernes por la Dian, en el caso del Impuesto a la Riqueza, el plazo máximo para la presentación de la declaración y pago de la primera cuota será entre el 12 y 26 de mayo, mientras el pago de la segunda cuota deberá cumplirse entre el 8 y el 21 de septiembre.
Por su parte, la declaración anual de activos en el exterior deberá presentarse entre el 8 y el 22 de octubre de 2015.
Así mismo se determinaron los plazos para el pago de la sobretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad (Cree) que se cumplirá en dos cuotas iguales en los meses de abril y junio.
Este mismo decreto amplió de 10 a 20 días los plazos máximos para la declaración y pago de la primera cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas que se cumplirán entre el 14 de abril y el 12 de mayo, y el pago de la segunda cuota, entre el 10 y el 24 de junio, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y uso de los Servicios Informáticos Electrónicos -SIE- de la DIAN.
Por otra parte las sociedades fiduciarias, y demás administradoras de fondos de inversión colectiva deberán expedir las certificaciones del valor patrimonial de los derechos y el porcentaje en el total del patrimonio o del fondo de inversión, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la solicitud. Para ver el calendario tributario completo, a la página de la Dian.

References: artículo 14

Artículo 1
 artículo 14
 artículo 279
 artículo 23
 artículo 227
 artículo 53
 artículo 40