Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/S20150423397099.HTML
Timestamp: 2019-04-25 22:44:03+00:00

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CAMARA DE SENADORES - Distribuido N° 423/2015
–Damos comienzo a la sesión del día de hoy para recibir a la delegación del Ministerio de Industria, Energía y Minería encabezada por la Ministra, la señora Cosse.
Vamos a analizar desde el artículo 323 hasta el 340, que son los correspondientes a este Inciso.
SEÑORA MINISTRA.- Voy a realizar una breve exposición sobre las áreas cubiertas en el presupuesto, en lo que tiene que ver con la estrategia desarrollada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería en este período. Nuestro Ministerio ha definido una serie de lineamientos estratégicos que pasan por consolidar una plataforma de fortalecimiento industrial, ampliar y fortalecer la matriz productiva nacional, incorporar conocimiento y valor tecnológico a todas las cadenas productivas, promover que se continúe con el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones, alentar la diversificación de la matriz energética del país, así como el desarrollo y promoción de las pymes, de las micro, pequeñas y medianas empresas, con mucho énfasis en el trabajo territorial. También nos proponemos trabajar fuertemente en la articulación entre la academia, la industria y los sectores público y privado.
Estos lineamientos estratégicos derivan en áreas programáticas o programas que tienen que ver con el desarrollo productivo, la energía, la infraestructura, el transporte y las comunicaciones, los servicios públicos generales, su regulación y control. En lo atinente al desarrollo productivo nos proponemos trabajar en el fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios, estimular las cadenas de valor intensivas en innovación, aquellas que son motores de crecimiento, generan empleo y desarrollo de la producción local.
Nosotros llevamos adelante diversos proyectos asociados al desarrollo productivo –que se alinean con las estratégicas de la plataforma de fortalecimiento industrial– y en apoyo a los consejos sectoriales que, básicamente, son equipos de trabajo compuestos por actores del sector industrial, privados y públicos, la academia y organizaciones del Estado que trabajan alrededor de los requerimientos y desafíos de cada sector de la producción. Así, por ejemplo, hay un consejo sectorial que trabaja en el área audiovisual, otro en el área química y farmacéutica, otro en el de la biotecnología y así sucesivamente. En lo que tiene que ver con este tema de apoyo a los consejos sectoriales, nos planteamos el desarrollo de un fondo industrial que estimule la incorporación de valor agregado en la producción, la generación de empleos de calidad y el desarrollo de industrias de soporte que adensen el tejido industrial. Como es sabido, la forma de producir en el mundo cambió hace varios años y con esto me refiero a varios aspectos, a los que tienen que ver con el abandono de los esquemas de producción vertical de toda una cadena de valor en un único lugar, a las capacitaciones requeridas y a las estrategias de los procedimientos industriales en los que se ha incorporado enorme cantidad de tecnologías referidas a la biotecnología, a la electrónica, al software y a información en general.
Este fondo industrial, además de promover la incorporación de valor agregado, apuesta de una forma continua a la introducción de la innovación y al desarrollo de emprendimientos intensivos en conocimiento. Al momento se han financiado 173 proyectos, entre 2011 y 2015, para actualización tecnológica y capacidades productivas y la meta que nos proponemos para este período es financiar 250 proyectos.
También son importantes en el ámbito del desarrollo productivo los programas de apoyo a cooperativas. Para esto nos planteamos convenios con instituciones de segundo y tercer grado, como Inacoop o Cudecoop. En el quinquenio, en el marco de estos convenios, nos proponemos apoyar a alrededor de unas 225 empresas, poniendo énfasis en la incorporación tecnológica, en la gestión, en el conocimiento y en la formación de redes. Creo que la industria en el mundo se ha desarrollado y la tecnología en nuestro país tiene una infraestructura tal que permite el desarrollo de nuevas formas de producción en ámbitos hasta ahora inexplorados. Por ese motivo es que apoyamos la generación de cooperativas en ámbitos que no eran tradicionales en el rubro, como por ejemplo cooperativas para la producción de software. A su vez, damos apoyo a empresas audiovisuales con proyectos de animación y contenido de ficción y no ficción para televisión, con contenido audiovisual digital interactivo y multiplataforma. Vamos a seleccionar, a través de concursos y competencias, tres proyectos. También se brinda apoyo a empresas con proyectos de videojuegos que impliquen aportes de contenido original, de los que también seleccionaremos tres por año.
Otro de los proyectos que planteamos en el ámbito del desarrollo productivo, es el conocido como PIEP, Proyecto de Internacionalización de la Especialización Productiva. Aquí hemos reformulado las bases de participación haciéndolas más flexibles, más amplias, hemos previsto conceptos de descentralización –como un factor que puntúa positivamente– y la posibilidad de introducir a un socio del Mercosur. En el ámbito de este proyecto, un proveedor de tecnología o incluso un cliente puede ser considerado como un socio.
Este proyecto empezó recientemente en el período pasado, en el año 2014. Solo la adecuación de las bases y una buena difusión hizo que se presentaran una cantidad de proyectos y realmente nos sorprendió. Este año se presentaron 19, muchos de los cuales son del interior del país. Quiere decir que el factor de puntuar favorablemente la descentralización da resultado. Al año 2017 esperamos apoyar 50 proyectos.
La impronta del PIEP es muy fuerte en lo que refiere a la incorporación de innovación y tecnología en áreas muy intensivas en conocimiento, como electrónica, software y biotecnología.
También participamos del Centro de Extensionismo Industrial, una nueva estrategia de atención a la potencialidad de introducción de innovación en las empresas. Se lleva a cabo en conjunto con la Cámara de Industrias del Uruguay y con la Universidad de la República, donde se busca potenciar las capacidades productivas de las pequeñas y medianas industrias, mejorando sus capacidades empresariales de absorción tecnológica y conocimiento, la productividad y la competitividad. Este proyecto se llama de extensionismo industrial porque de alguna forma va a las empresas. Equipos de trabajo visitan las empresas, golpean la puerta y ofrecen la posibilidad de analizar una eventual potencialidad de incorporación de innovación. Por eso se usa el término extensionismo.
A la fecha hay 70 servicios aplicados a empresas –divididas en las áreas de alimentos, metal y plástico– y aproximadamente unas 250 consultas de orientación tecnocompetitiva. Nos proponemos seguir con este ritmo de trabajo.
Por otra parte, se ha instalado el Centro Modular de Excelencia en Automatización Industrial y Mecatrónica, Caime, con fondos del Ministerio en las instalaciones del predio del LATU. Se trata de un centro de mecatrónica con tecnología de última generación, orientado a la adecuación de las industrias a lo que se llama «industrias del futuro» o «4.0». Allí hay instalaciones para la capacitación en neumática y en electrónica e, inclusive, hay un símil de una planta de producción totalmente automatizada. Es la primera plataforma de alta tecnología de toda la región y lo estamos transformando en un centro de capacitación en automatización industrial para empleados y trabajadores de industrias locales y regionales, así como para estudiantes de educación superior en procesos de automatización y mecatrónica de última tecnología.
Pondremos mucho énfasis en la generación de capacidades transversales –neumática, mecánica y electrónica– con el objetivo de aumentar la productividad mediante la mejora de la calidad, la reducción en el tiempo de producción y el costo, proporcionando asistencia técnica y servicios de consultoría.
En lo que refiere a más proyectos asociados con el desarrollo productivo en apoyo a pequeñas y medianas empresas, contamos con el programa de compras públicas y nos proponemos apoyar a 4.000 empresas en el quinquenio mediante este plan y el de asistencia a empresas. Existe la legislación y las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan cotizar y participar de forma preferencial en el área de las compras públicas, pero hemos detectado que tienen un importante desconocimiento sobre las herramientas disponibles. Por eso es importante el apoyo de forma proactiva en este sentido.
También estamos apoyando a las pymes en cuanto a la formalización de empresas, en programas de emprendedurismo de variado corte con un fuerte énfasis en lo territorial, con programas itinerantes que van departamento por departamento o región por región, fortaleciendo las centralidades locales en una importante coordinación con las intendencias del país. El objetivo de este programa es apoyar en el quinquenio a 6.500 empresas y/o emprendedores en temas de gestión y planes de negocios.
A través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas, el Ministerio apoya a alrededor de 225 artesanos por año a través de llamados abiertos para la participación en ferias artesanales nacionales e internacionales; también colabora con fondos a casas de artesanía, se realizan talleres de diseño y programas de fortalecimiento institucional.
Con respecto a la infraestructura pública digital y asociado con el área de minería, nos proponemos crear una carta geológica minera integral. Se ha realizado un importante trabajo de relevamiento aerofísico y en este momento se está trabajando en el procesamiento de los datos obtenidos, que consideramos abiertos y que pondremos a disposición de la ciudadanía. Nos proponemos profundizar ese trabajo con un proyecto de carta geológica minera integral que atacará la zona basáltica del norte del Uruguay, la zona de Valentines y el Distrito Gemológico Los Catalanes, de ágatas y amatistas en Artigas. Pensamos que profundizando y haciendo pública la información geológica, vamos a dar un muy buen sustento para los proyectos actuales de explotación minera y para la generación de otros nuevos.
Quiero destacar el trabajo del laboratorio de tecnogestión y el proyecto que hemos incorporado en el presupuesto para adecuar ese laboratorio al cumplimiento con las exigencias de residuos de radiactividad en alimentos y agua, y para los trabajos de metrología de radiaciones ionizantes.
En el área de marcas y patentes nos proponemos desarrollar herramientas para el acceso a una base de bases de datos de marcas y patentes que la población pueda utilizar, evitando distorsiones de mercado y apoyando a la investigación. El proyecto de generación de herramientas digitales para la parte de marcas y patentes busca la conformación de una herramienta de acceso a la información compuesta por una base de datos, un buscador y una página web que ponga al alcance de todos los ciudadanos la información de marcas y patentes de conformidad con las normas que regulan la materia. De esa forma, pensamos que se puede subsanar una importante carencia en el país, ya que es un tema que toma relevancia en la medida en que los países de la región y, en general, del mundo, ya cuentan con herramientas de este tipo y donde, además, Uruguay necesita difundir largamente todo lo que tiene que ver con marcas y patentes como una importante forma de protección de la propiedad intelectual y de estímulo a la generación de investigación y desarrollo de nuestros científicos, técnicos e inventores en general. Creemos que la falta de ese tipo de información –que es lo que nos proponemos subsanar– inhibe la investigación; incluso puede dar lugar a prácticas que riñen con la normativa de defensa de la competencia y de los derechos del consumidor.
En el ámbito de la energía se ha avanzado muchísimo en el país. Nos proponemos continuar en ese camino de avance y promoción de la diversificación de la matriz energética, por lo que existen diversos proyectos al respecto. Uno de ellos tiene que ver con la energía y la equidad. Junto con los Ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Economía y Finanzas, con el Programa de Mejoramiento de Barrios, con OSE, UTE y Ancap, desarrollamos un proyecto que contempla el acceso a los hogares de menores recursos a los servicios de energía y agua en condiciones de seguridad y sustentabilidad. Se han desarrollado pilotos en 643 hogares en Montevideo e interior y con este equipo de trabajo nos proponemos llegar a 4.000 hogares al final del período.
El Ministerio coparticipa –nos planteamos continuar con esta participación– con UTE, Ancap y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el Fondo Sectorial de Energía para el desarrollo de proyectos académicos y empresariales de investigación, desarrollo e innovación. Hasta 2014 se apoyaron más de 170 proyectos por un total de USD 10:000.000.
En lo que tiene que ver con la importancia de la electrificación rural y el acceso a la energía en ese medio, nos planteamos complementar acciones de UTE en lugares remotos mediante proyectos piloto que permitan el desarrollo de soluciones en lugares aislados. En 2014 se alcanzaron más de 800 hogares que correspondieron a 1.256 kilómetros de línea. En este período se estima alcanzar 3.000 hogares adicionales.
En lo que a las fuentes renovables refiere, el objetivo planteado era llegar al 50 % de energía producida a partir de fuentes eólica, hidráulica y solar pero, al momento, estamos alcanzando el 90 % de energía eléctrica producida con fuentes renovables. En conjunto con la promoción de la generación de fuentes renovables, nos planteamos impulsar el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que ya está publicado. Este plan tiene una gran cantidad de medidas como, por ejemplo, los certificados de eficiencia energética, los premios y los proyectos para las empresas y los asesoramientos, a efectos de que apliquen estrategias de eficiencia energética. Se trata de estrategias en la optimización del uso de energía. Conviene aclarar que la eficiencia energética es mucho más que el ahorro de la energía; tiene que ver con el concepto de optimización y con temas que se van a estudiar con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, vinculados a los planes de certificación de eficiencia energética en edificios. Pensamos que eso debería derivar en estrategias que estimulen la aparición, el uso o la fabricación de materiales y estrategias de construcción eficientes en la energía. O sea que en el plan hay una gran cantidad de medidas planteadas que las estamos disparando en este año.
La meta planteada en este plan de eficiencia energética es lograr un monto de energía evitada. Así se expresan las metas en los planes de eficiencia energética y lo que se evitaría consumir en el período 2015-2024 sería el equivalente a 1.690 kilotoneladas. Para tener una idea, este monto equivale al 45 % de la energía consumida en 2012. El plan es público.
En cuanto a la infraestructura de transporte y comunicaciones, tenemos una serie de proyectos asociados con estos temas. El Centro de Desarrollo de Contenidos, Aplicaciones y Laboratorio de TV Digital es una infraestructura que recién se terminó de instalar en el predio del LATU que, realmente, tiene una dotación tecnológica muy importante en lo que es el desarrollo de contenidos digitales y audiovisuales. Concretamente, se propone promover el desarrollo y la investigación aplicada a la generación de contenidos y aplicaciones innovadoras, abierto a la industria y a los organismos públicos para que realmente sea un centro de desarrollo de contenidos. También estamos trabajando en la planificación de actividades de capacitación de estudiantes, emprendedores y pymes.
En lo que se refiere al marco normativo de telecomunicaciones nos planteamos objetivos de acceso e inclusión digital; la implementación de diversos instrumentos para promoverla y, sobre todo, la difusión y apropiación de las nuevas tecnologías a toda la población. Asimismo, apuntamos al apoyo económico a relevamientos estadísticos sobre el uso de las TIC.
Con respecto a los servicios públicos generales y como ejemplo de proyectos asociados, en lo que refiere a la autoridad reguladora nacional en radioprotección, el Ministerio se propone y trabaja en la regulación y control de actividades que involucran radiaciones ionizantes, que permiten garantizar la seguridad radiológica y la protección física. Además, se realizan alrededor de 250 inspecciones por año. Se cubre el 70 % de usuarios, de trabajadores ocupacionalmente expuestos a estos efectos, con expectativas de superar ese porcentaje en el quinquenio.
Sobre lo que mencioné hace un rato del relevamiento aerogeofísico, la construcción de información digital que será abierta a toda la población, al momento cubrió cerca del 40 % del territorio nacional. Y el relevamiento magnetométrico permitirá visualizar anomalías y, con eso, presencia de minerales ferromagnéticos, diamagnéticos o paramagnéticos. El producto gráfico espectrométrico nos va a permitir visualizar la intensidad de la radiación gama para interpretar la geología del área, cosa que por supuesto hacen los que saben del tema. Y también daremos elementos adicionales para completar un modelo digital del terreno y la corrección de los datos recibidos desde la fuente aérea.
En términos generales esto sería un compendio de los objetivos, lineamientos y una serie de proyectos sobre los que estamos trabajando para este quinquenio.
SEÑOR DELGADO.- Agradecemos la presencia de la señora Ministra y de su equipo. El Ministerio de Industria, Energía y Minería vuelve a ratificar que es una de las unidades más pequeñas del presupuesto del Estado uruguayo. El total del presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Minería es el 0,3 % del Presupuesto Nacional. Además, es el 0,4 % del total de las erogaciones del Poder Ejecutivo. Es un presupuesto que tenía 20 artículos y que en la Cámara de Representantes el Ministerio retiró dos de ellos –que no se votaron–, por lo que quedaron 18. Más allá de que vamos a ver el articulado –luego vamos a profundizar lo que decimos en esta introducción y el análisis general que hizo la Ministra–, esperábamos una cartera mucho más activa, mucho más pensada en la situación futura, y no tan restrictiva en cuanto al nivel de creatividad, de incidencia, de proyectos y de iniciativas. Cuando concurrió el Ministro de Economía y Finanzas se habló mucho del sector industrial. El Ministerio de Economía y Finanzas presentó una serie de gráficas, con un presupuesto que comienza deficitario en USD 2.000:000.000, y mostraba –separando como obviamente se debe hacer, la refinería, la planta de celulosa y la zona franca de Colonia– una sensible desaceleración de todos los sectores. Coincidíamos con el Ministro de Economía y Finanzas en cuanto a que teníamos una situación regional complicada. Por ejemplo, Argentina tendrá algunas definiciones después del balotaje que terminarán por complicar aún más las relaciones con Uruguay en función de sus propias decisiones económicas y Brasil atraviesa una crisis económica y política. Asimismo, los mercados hacia los que exportamos tienen situaciones parecidas, hay una perspectiva de aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y China no está creciendo a sus tasas habituales sino que está desacelerándose, por lo menos a nivel de la velocidad de crecimiento. Y todo esto además se enmarcaba dentro de una expectativa de inversión pesimista del sector industrial uruguayo. Cuando vino el Ministro Astori vimos que la encuesta de expectativas de la Cámara de Industrias del Uruguay hablaba de un gran porcentaje de industriales uruguayos decididos a invertir menos el año que viene con respecto al actual. Es más, el informe trimestral de la Cámara de Industrias respecto al período comprendido entre los meses de julio a setiembre de 2015 confirma lo que estamos diciendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la inversión en maquinaria y equipamiento, que son indicadores muy importantes. Pero, además, en el caso de las exportaciones, vienen desacelerándose en volumen y en cantidad de solicitudes, pero no voy a entrar en el detalle de esto. Tuvimos una controversia con el Ministro Astori por los proyectos presentados en la Comap, porque una cosa son los proyectos aprobados y, otra, los presentados, que han disminuido con respecto al año pasado.
En fin; en el informe al que hice referencia, sobre la inversión en maquinaria y equipamiento –lo más vinculante a la generación de empleo y a la actividad industrial–, se señala que el índice de inversión en maquinaria y equipos en la industria registró una fuerte contracción en relación con igual período de 2014, y la cifra es escalofriante: – 30.6 %, es decir, 30.6 % menos en este último trimestre con respecto al anterior. Se dice que obviamente, esto se da en un contexto de continuo deterioro de la producción del núcleo industrial y se espera en este sector la mayor contracción de los últimos años, de –3 %. Después se habla de caídas a nivel sectorial y se agrupan por sectores. Luego se hace referencia a las variaciones que se dan en algunos sectores, que realmente impactan como, por ejemplo, lo que sucede con los automotores, derivados del caucho, productos de hierro y acero, plásticos, fungicidas, manufactura de origen agropecuario, lácteos. Estamos hablando de sectores que generan empleo y en todos hay retracción.
En este contexto del sector industrial y de las perspectivas que repercuten en el futuro, vemos al Ministerio de Industria, Energía y Minería ausente. Más allá de las declaraciones que se han hecho y de la voluntad de la señora Ministra y de su equipo, no vemos en esta instancia presupuestal políticas activas. En el período pasado, en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes trabajamos mucho con el Ministro y al Director de industria anterior, el economista Torres, y se entendió que era necesario generar políticas activas para paliar algunas situaciones que empezaban a verse. Sin embargo, los datos que tenemos indican que en algunos casos esto se discontinuó. No vemos ninguna inversión del Ministerio vinculada a este tema, excepto cuatro nuevos proyectos: el primero, de $ 2:500.000 relativo a la tecnogestión; otro sobre patentes y marcas; el tercero, relativo al parque tecnológico audiovisual y, el último, de cartografía geológica y minera. Son los cuatro proyectos más importantes que hoy tiene el Ministerio, cuyo presupuesto consta de 18 artículos e involucra USD 14.000:000.000.
La Ministra habla de la diversificación de la matriz energética y de algunos aspectos vinculados a las políticas –ciertamente, en esta materia ha habido una política estable y se ha tenido la madurez de suscribir un acuerdo multipartidario de energía–; sin embargo, no hay ni una mención, más allá de los aspectos habituales en los que veníamos trabajando –energía eólica, biomasa, fotovoltaica, solar térmica, ciclo combinado–, al tema de la regasificadora. Es más, ayer estuvo el Ministro de Transporte y Obras Públicas y hablamos del proyecto del Presidente de la república vinculado al megaproyecto. Él hacía referencia a inversiones en el quinquenio de más de USD 12.000:000.000, dentro de los cuales hay asignados –si mal no recuerdo– USD 360:000.000 a la planta regasificadora. Sin embargo, no aparece por acá ni por allá ni por ningún lado, y hoy la Ministra no hizo referencia al tema.
En el tema telecomunicaciones, que la Ministra aludió muy por arriba –creo que apenas lo mencionó– no hay una definición sobre si habrá o no apagón analógico. Hubo un esfuerzo por digitalizar todo lo que es la televisión y la verdad que es un proyecto que está absolutamente retrasado, con un apagón analógico que se viene postergando y con una indefinición al respecto. Muchos operadores decidieron hacer una inversión en ese sentido, pero el Gobierno no acompañó por lo menos los anuncios que se habían hecho en el período pasado.
Después, en algunos casos el presupuesto termina siendo un fideicomiso –sobre el que seguramente le vamos a preguntar para que nos explique– que vincula a temas locativos del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Y la verdad es que después, con mucho asombro, hay tres artículos vinculados a una ley vigente y con poco resultado, que es el fondo de asistencia al sector de la vestimenta. Salió de este Parlamento por unanimidad, luego de trabajar con el Ministerio de Industria, Energía y Minería anterior. En realidad había previsto, entre otras cosas, una trazabilidad contemplada por la ley –lo vamos a discutir cuando venga el proyecto–, que ya tendría que tener cuatro años y, sin embargo, no hay un solo peso destinado a ese rubro como está previsto. Obviamente, eso tenía el objetivo de reducir el trabajo precario –cosa que no ocurrió– y hacer crecer el sector formal, cosa que tampoco ocurrió.
Es más, en este proyecto de ley, a este sector que está absolutamente vulnerable se le ocasiona un perjuicio porque las liquidaciones de subsidios, en lugar de trimestrales, pasa a hacerlas semestrales con lo cual termina habiendo un perjuicio para las empresas.
En definitiva, creo que el Poder Ejecutivo, la Ministra de Industria, Energía y Minería y el equipo se pierden la oportunidad, en este presupuesto, de tratar de buscar algunos mecanismos de política activa, sobre todo de desarrollo del sector industrial que hoy está bastante comprometido. Mencioné la encuesta de expectativas del sector sobre los niveles de inversión en los años que vienen. Podemos hablar de los indicadores por donde los miren pero, además, de analistas externos. Todos coinciden en que quizás sea uno de los sectores más vulnerables en función de la desaceleración económica.
Realmente, yo esperaba del Ministerio de Industria una decidida apuesta no solo a la creatividad, a la innovación, sino además a algunas políticas activas generadas en el sector industrial, sobre todo en aquellos que tienen más impacto en el empleo y más vulnerabilidad. La verdad es que no vimos ninguna. Es más –en algunos casos lo hemos mencionado– lo que vimos son retrocesos.
No hay una mención al tema energético, por lo menos en términos nuevos.
En realidad, vinculados al métier del Ministerio estrictamente, este proyecto de presupuesto no solo deja sabor a poco, sino a casi nada. Es más, me gustaría que en este caso –más allá de que después se hable artículo por artículo– la Ministra hiciera referencia a algunos de los temas que hemos mencionado. Por ejemplo, los 360:000.000 previstos en el plan de la regasificadora, en base a todas las novedades y en función de sus comparecencias anteriores al Parlamento y la actualidad, ¿siguen vigentes?, ¿están redistribuidos o desafectados?, ¿directamente no se van a utilizar?, ¿se ha replanificado el tema o se ha abortado la decisión de establecer un nuevo proceso vinculado a la regasificadora, con lo cual obviamente tendría sentido realmente que no aparezca ninguna mención a la inversión prevista originalmente por parte del Estado?
Con respecto a las telecomunicaciones, tampoco hay mención alguna y solo aparece la creación del cargo de Director de Telecomunicaciones y Comunicación Audiovisual. La verdad es que este Ministerio hace honor a la poca presencia en el impacto del presupuesto general, porque no solo recibe muy pocos fondos sino que, además, plantea muy pocas iniciativas.
SEÑOR PARDIÑAS.- Es un gusto recibir a la señora Ministra Cosse y a su delegación.
Simplemente quiero dejar algunas constancias porque, en realidad, las preocupaciones que acaba de plantear el señor Senador Delgado tienen un fuerte sustento y eso es lo que le faltó decir. ¿Por qué hoy nos preocupa el sector industrial del país? Porque desde hace largo tiempo se están llevando a cabo políticas proactivas que permitieron que este sector se reactivara. Se han abierto empresas que no existían y algunos sectores industriales se desarrollaron, cosa que no sucedía, como el sector automotriz, como acaba de señalar el señor Senador. Esa es la realidad del país productivo que hemos impulsado.
Lógicamente, estamos en un mundo que hoy enfrenta situaciones complejas y, por tanto, no se pueden comparar los datos actuales con los del período anterior. Pero, además, ¿qué generó las buenas cifras del año anterior? Las políticas llevadas adelante por el Ministerio de Industria, Energía y Minería del Gobierno frenteamplista. Me parece bien que nos preocupemos y que esta preocupación le conste al Ministerio porque la transformación de la matriz productiva sigue siendo una necesidad real. ¿Quién puede dudar de que el Uruguay de hoy tiene una matriz energética distinta, generada a partir de políticas que se empezaron a discutir en el año 2007? Esto se reafirmó en el período de gobierno pasado cuando hubo un acuerdo multipartidario para orientar el desarrollo de ese plan estratégico. Esa es la realidad que está viviendo el Uruguay, lógicamente, con algunos declives que son consecuencia de la situación por la que atraviesan la región y el mundo.
¿Acaso no se ha recorrido el interior del país y no se ha visto la cantidad de proyectos que se están desarrollando? Esto está ocurriendo en las sociedades de fomento y en las cooperativas, y está siendo impulsado y comprendido dentro de las políticas estratégicas del Ministerio de Industria, Energía y Minería para el fortalecimiento institucional de actores productivos. Esta es la realidad que se ha venido transformando en el país.
Quiero dejar esta constancia porque si bien es cierto que este Ministerio no tiene grandes asignaciones en el volumen del presupuesto, en realidad no las necesita, porque no queremos una cartera que instale una industria. Si hay algo que haría que la oposición pusiera el grito en el cielo sería que la señora Ministra hubiera presentado una iniciativa de generar una industria pública, estatal y llevada adelante por el Estado, en cualquier rama, en la vestimenta, en la pesca o en donde sea. ¡Vaya! ¡No nos engañemos! Si en este presupuesto hubiéramos puesto sesenta millones de dólares para que el Ministerio se hiciera cargo de una industria como Fripur, ¡pondrían el grito en el cielo! ¡Sería al revés!
SEÑOR AMORÍN.- Pusieron mucho más que eso.
SEÑOR PARDIÑAS.- Sí, lo puso el Estado y lo venimos poniendo desde antes del Gobierno del Frente Amplio, cuando se puso mucho más.
SEÑORA PRESIDENTA.- No dialoguen, por favor. Aquí hay trabajadoras taquígrafas a las que les cuesta seguir el hilo de la exposición cuando hay dialogados permanentes.
La presidencia ampara el señor Senador Pardiñas, que estaba haciendo uso de la palabra. Si el señor Senador Amorín desea intervenir, podrá hacerlo, pero en su momento.
SEÑOR PARDIÑAS.- Creo que el presupuesto que recoge este Ministerio, en el contexto del Presupuesto nacional, está acotado a las iniciativas y al rol que tiene, que ha crecido bastante en cuanto a competencias, responsabilidad y proactividad.
SEÑOR AMORÍN.- Es un gusto para nosotros recibir a los integrantes de la delegación que nos visita. Vinimos a escucharlos –siempre se aprende de los equipos y de los técnicos que concurren a este ámbito–, a conocer cuáles son sus planes –con algunos estamos de acuerdo y con otros no–, pero nuestra principal función es escucharlos y preguntarles las dudas que tengamos, que las vamos a ir viendo cuando tratemos el articulado.
La Cámara de Representantes ha introducido algunas modificaciones que nos parecieron positivas; en ese aspecto el Ministerio estaba abierto a las sugerencias, y eso también nos parece bueno. En realidad, no vine a escuchar al señor Senador Pardiñas, pero lo escuché…
–Francamente, hay algunas cosas que no se pueden decir más. No me parece bien decir que hay un cambio fundamental en la matriz energética en base a una ley que el Frente Amplio no solo no votó sino que, además, propició un referéndum en contra de ella. ¡Hay que tener un rostro de piedra para decir que estas cosas se hacen en base a leyes de las cuales el Frente Amplio no solo estuvo en contra sino que hizo un referéndum para que no funcionaran! Me parece que esto tiene que quedar bien claro.
Considero que no es necesario hablar de estas cosas, pero tampoco podemos quedarnos callados. Con total franqueza, no quiero hacerle perder tiempo a la delegación del Ministerio, a la que respeto mucho y sé que está trabajando y poniendo mucho esfuerzo en momentos bastante difíciles, pero ni todo lo bueno que pasó con la industria en los últimos años es mérito del Ministerio anterior, ni todas las complicaciones que van a tener ahora serán culpa de las actuales autoridades; el mundo va cambiando y hay dificultades, es más, toda la situación regional va cambiando.
Por supuesto que nos gustaría que este Ministerio nos dijera que planificaron una cantidad de proyectos y que la industria no va a caer sino que, por el contrario, va a avanzar. Sé que no es sencillo. Entonces, reitero: ni todo lo bueno que tenemos es debido al Gobierno anterior, ni todo lo malo –porque, lamentablemente, la producción industrial va a seguir cayendo– es culpa de la señora Ministra y de su equipo.
Así que desde acá intentaremos comprenderlos y, si podemos, haremos alguna sugerencia para que el país mejore. No vamos a estar hablando del demérito de aquel ni del mérito de aquel otro; me parece que hoy por hoy, teniendo en cuenta la situación difícil que vive el país, debemos pensar en el futuro.
Por último, quiero pedir disculpas a los funcionarios taquígrafos, pero quiero que quede claro que cuando el señor Senador Pardiñas dijo que no iban a poner sesenta millones de dólares para Fripur, dije –y ahora lo reitero–: «pusieron mucho más», y estuve a punto de agregar –pero no lo hice–: «por amistades políticas».
SEÑOR DELGADO.- Quiero aclarar algunas de las expresiones vertidas por el señor Senador Pardiñas, que explicó este tema casi a la manera de Cerro Largo, pero con mucho humor.
A lo largo de este tiempo hemos sido muy coherentes en una actitud, que es no tener ambages en reconocer lo que puede estar bien. Nos pareció bien que el entonces Presidente electo Mujica quisiera proponer un acuerdo multipartidario en materia de energía; trabajamos en eso y llegamos a un 95 % de acuerdo. Lo hemos recalcado en todos lados; es más, en general, excepto en algunos aspectos, se fue por esa línea. El acuerdo determinaba los qué, no el cómo, pero estuvimos contestes. Podemos estar en contra de cómo se instrumentaron algunas cosas o en contra del cronograma de ejecución, pero lo negociamos y lo compartimos.
Lamentablemente en este presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Minería viene muy poco, casi nada. En el acuerdo estaba establecido el tema de la regasificación. El Gobierno empezó haciendo un proceso con acuerdos y después terminó solo, y el proceso acabó colapsando; hay juicios cruzados, rescisiones de contrato, cobro de garantía, cobro cruzado por inversiones realizadas, temas laborales, e incluso hoy se anuncia otro tipo de juicios y demandas. Además, hay dinero que está asignado al proyecto de la regasificadora –lo dijo el propio señor Presidente de la República–, pero la señora Ministra no hizo referencia a nada de eso. Queremos saber a dónde va a ser imputado ese dinero o si realmente –tal como fue anunciado por algunos medios de prensa en las últimas horas– el proyecto se está desestimando en función de una cantidad de variables.
Voy a decir algo más. Para poder criticar hay que tener la autoridad de poder reconocer otras cosas. Uno tiene más autoridad para criticar cuando es capaz de reconocer que hay cosas que están bien, que no todo está mal. Empecé diciendo que muchas veces coincidimos con los anteriores Ministro y Director de Industrias en una cantidad de proyectos; compartíamos algunas cosas y a veces dialogábamos sobre otras, pero había voluntad y un diálogo mucho más frecuente que el que tenemos con el actual Ministerio respecto a políticas activas referentes al sector industrial. Y hubo una cantidad de iniciativas en ese sentido que este Ministerio discontinuó y de las cuales en este presupuesto no hay nada. Francamente, este no es un presupuesto pobre en lo monetario o en lo económico, sino en iniciativas. Lamentablemente el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Minería es pobre en iniciativas vinculadas a todas las áreas de su competencia.
SEÑOR DE LEÓN.- Ante todo quiero saludar a la señora Ministra y al equipo que la acompaña.
Más allá de que en estos días hemos estado escuchando que algunos señores Senadores destacan su preferencia por algunos ministros más que por otros, aquí estamos hablando de un proyecto político que va por el tercer período de gobierno; entonces, deberíamos analizar en perspectiva cuáles son las políticas que se han venido desarrollando por parte de los Ministerios y, en este caso particular, del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Si los grandes cambios que se han hecho en el país se resolvieran con leyes, tendrían que haberse resuelto mucho antes. Estas cosas se resuelven a través de políticas. Si hubiera sido a través de leyes, tal vez el desastre de la matriz energética que teníamos en el país antes del 2005 podríamos haberlo resuelto de otra manera.
Con respecto a políticas activas, creo que en todos estos años el Ministerio de Industria, Energía y Minería se ha destacado en momentos claves y de coyunturas difíciles, no solo por su visión en relación con políticas estratégicas, sino también por su capacidad de encarar y desarrollar políticas activas analizando caso por caso –y situación por situación– los distintos sectores del país.
Me llamó la atención el hecho de que estemos hablando de mecatrónica y felicito al Ministerio por eso. Me parece esencial que un país que está apostando a la industria y que está analizando las coyunturas –que no debemos dejar de analizar– también esté pensando, con una mirada a largo plazo, en aspectos vinculados a la mecatrónica, a las empresas automatizadas, además de capacitar y formar técnicos en esa área.
Con respecto al tema de la regasificadora, ni el Poder Ejecutivo, ni el Consejo de Ministros, ni el propio Presidente de la República, ni la señora Ministra han señalado que ese proyecto haya caducado o se haya detenido, es decir no han manifestado que se haya tomado una decisión al respecto. Como recién señaló el señor Senador Delgado, se trata de un proyecto que tiene complejidades, pues hay juicios cruzados y situaciones difíciles, pero se va a retomar. En ese sentido, pues, pido a la señora Ministra que sea muy cauta a la hora de informar sobre el tema debido a la propia situación. Reitero, sabemos que hay juicios cruzados y situaciones complicadas con las empresas que han estado trabajando hasta hace pocos meses. En definitiva, el proyecto –tan importante para el país– se está rediseñando, por lo que pido por favor a la señora Ministra que sea muy cauta mientras no tenga el diseño total de cómo se va a reencauzar el mismo. Lo digo porque en las últimas semanas hemos tenido antecedentes no muy buenos en cuanto a cómo se ha manejado en el Parlamento la información en relación a los juicios con privados. Me parece muy bien que se siga avanzando y que cuando el proyecto de la regasificadora esté nuevamente diseñado se traiga a este Parlamento información amplia y precisa de cómo se seguirá adelante con él.
SEÑOR AMORÍN.- Señora Presidenta: las leyes no arreglan todos los temas, pero sin las leyes hay cosas que no pueden hacerse. Sin la ley de marco energético, este cambio importante en la matriz energética no habría podido hacerse.
A su vez, los cambios se hacen cuando llega el momento, porque hay circunstancias que permiten hacer cosas y otras que no. Y creo que lo que ha hecho el Ministerio y la política energética en general, por lo menos parcialmente, está bien, así que no vine a criticar.
Ahora bien; me parece que el menos indicado para hablar de desastres es el señor Senador De León, y lo digo con total franqueza. Si quien habla fuera él, no hubiera dicho esa palabra. Obviamente, estoy recordando el caso de Ancap.
Creo que acá todos tenemos que cuidarnos y también debemos cuidar a la señora Ministra, porque queremos que le vaya bien.
De todos modos quiero decir, señora Presidenta –y que tome nota el señor Senador De León–, que con relación al tema de la regasificadora la Ministra ha sido tan cauta que no habló. Y estimo que ella tiene la capacidad suficiente como para que no sea necesario que los Senadores le estemos dando consejos sobre lo que puede decir. Ella conoce el tema mejor que nadie y sabrá lo que es bueno decir o no en la Comisión, y nosotros sabremos entenderlo.
SEÑOR DELGADO.- Por mi parte, solo quiero dejar constancia de que no comparto ninguna de las apreciaciones que hizo el señor Senador De León. Quiero seguir analizando el proyecto de ley de Presupuesto con el Ministerio de Industria, pero también quiero decir al señor Senador De León que las cosas sobre las que habla están siendo dirimidas en una Comisión Investigadora sobre Ancap y que más allá de que hubo algunos errores administrativos que todos condenamos –y que se están investigando–, lo importante es el fondo del tema. Más allá de que puedan darse algunos acontecimientos administrativos infelices, lo que me escandaliza son los hechos que generaron esos negocios.
SEÑORA MINISTRA.- Antes que nada, agradezco la oportunidad que se me da a través de este intercambio, porque creo que la comunicación es un fenómeno muy complejo y rico. Entonces, el diálogo, el hecho de escuchar las dudas y conceptos aquí vertidos, nos permiten –espero– una mejor comprensión de la realidad, de los desafíos que tenemos por delante y de los rumbos que estamos tomando y que debemos tomar.
La realidad es muy rica y los recursos no son solo dinero. El Ministerio desarrolla y desarrollará un intenso trabajo. Como decía al principio, la industria del mundo cambió en varios aspectos y, como cualquier sector de la actividad, no está aislada ni galvanizada del resto de la realidad. Ahora casi no se produce más toda una cadena de valor en un solo lugar. Como es sabido, se producen distintas partes de un producto o distintas fases de la producción en distintos lugares y en distintos territorios, según la competitividad. La producción se globalizó, lo que significa la aparición de enormes multinacionales que antes no existían; cambió sustantivamente el panorama internacional de producción, así como también en los últimos cinco años la investigación científica y de desarrollo en el mundo experimentó grandes cambios, dados los temas que se investigan, los lugares donde se investiga y cómo eso ha afectado el desarrollo de la industria, incluso en los centros más importantes a nivel mundial. Entonces, la industria cambió por los esquemas de producción y por el uso de las tecnologías y de la ciencia que también se desarrolló.
Nosotros hemos venido a esta Comisión a dar una explicación –que traté de que fuera breve y lo más general posible– sobre los lineamientos y los proyectos en términos generales. Ahora bien, para abonar a la comprensión, voy a profundizar más en uno de ellos. Me referiré a la plataforma de fortalecimiento industrial, que es una de las cuestiones más activas que está desarrollando este Ministerio. Implica la composición de un equipo de trabajo con la Cámara de Industrias del Uruguay, con el PIT-CNT, con las pequeñas y medianas empresas, con la Universidad de la República y con integrantes de todas las áreas del Ministerio. Es un equipo abierto que viene trabajando de forma muy sistemática en el análisis de todos los cambios que hay que realizar en la normativa, o cambios que no hay que hacer en la normativa pero hay que activar su funcionamiento en cuestiones muy concretas y de muy bajo nivel en el sentido de detalle, pues estoy hablando del microgerenciamiento de este equipo. Justamente, este equipo se basa en algo instaurado en el período anterior, que son los consejos sectoriales, es decir que se alimenta de la información con la que se trabaja en los consejos sectoriales y le da y demanda información y guías a los consejos sectoriales. La traducción del trabajo de este equipo, que es de formación muy reciente, tiene que ver con medidas concretas para la protección de la industria, para lograr iguales condiciones de desarrollo de la industria con los importadores, para que haya iguales condiciones de competitividad en el país para ambos que aseguren un marco normativo pero que a veces no se pueden llevar adelante. Ahí es muy importante el papel de articulación del Ministerio. Cuando yo hablaba de un fuerte papel de articulación del Ministerio entre la academia, la industria y el sector privado y público –quizás sea un poco demasiado concreta o burda con el ejemplo que voy a poner–, no me refería a participar en paneles de discusión –que son muy importantes–, sino de llevar adelante acciones que sirvan de articulación. Por eso es tan importante el centro de extensionismo industrial, porque se apoya en la realidad, golpea a la puerta de las empresas y encuentra oportunidades de innovación y de introducción de tecnología; lo que ocurre es que muchas veces por estar ocupados en ese negocio –en el que por supuesto se tienen que ocupar– no las tienen en cuenta o no las pueden tener en cuenta. Es una acción muy concreta y de avanzada.
El Ministerio trabaja, en los consejos sectoriales y en los distintos equipos de trabajo, con todos los actores de la institucionalidad de la ciencia y la tecnología en el Uruguay que fue construida en los últimos años. Me refiero a la articulación entre el LATU, el Parque Tecnológico Industrial de Pando, el Instituto Pasteur y la ANII. En todos los lugares tenemos un delegado, que hace mucho más que participar en los directorios.
Conformamos equipos porque queremos promover en nuestro país, con la universidad y con todas estas instituciones, un esquema de innovación abierta, que es la última tendencia –no la tomamos porque sea la última ni porque esté de moda, sino porque es la que ha empujado el desarrollo de los sistemas de innovación– e implica que lo que marca el rumbo de los recursos de innovación e investigación son los problemas de la realidad. Se ponen los problemas de la realidad sobre la mesa y en estos esquemas de innovación abierta, articulando entre todas estas instituciones, las que estén mejor preparadas son la que toman los distintos temas de investigación e innovación.
Esa articulación es muy difícil porque en general estas instituciones –todas las que nombre son de excelencia, como LATU, Instituto Pasteur, Parque Tecnológico de Pando, la Universidad de la República, las universidades privadas–, hacen bien su trabajo y por eso están centradas en él. Como siempre en los equipos se gana porque se logran muchas más cosas trabajando en conjunto que trabajando en solitario.
Los ingenieros estamos acostumbrados a lidiar con la realidad y para nosotros –aquí hablo desde mi profesión– es parte de ese trabajo con la realidad, los mensajes y la comunicación que damos. Entonces, creo que no sería bueno transmitir pánico ni desánimo porque todas las indicaciones de la realidad nos demuestran lo contrario. Uruguay ha alcanzado una infraestructura digital de primer nivel –el ranking del mundo y de América Latina la colocan en los primero lugares–, una infraestructura de energía en las mismas condiciones, una infraestructura humana de muy buen nivel y ha logrado multiplicar por cuatro su Producto Bruto Interno y avanzar grandemente en los índices de distribución de la riqueza, distribuyendo mejor sus riquezas. Para nosotros esa plataforma es la que nos permite, en un marco complicado mundial –el mundo fue, es y será complicado– tomar los mejores elementos de la realidad para avanzar en lo mismo, en distribuir mejor la riqueza, generar más riqueza, así como más y mejor industria. Para ello tenemos que desarrollar programas que protejan la industria actual pero emparejando para arriba, es decir, introduciendo capacitación, productividad, competitividad, o sea, desarrollo.
Con respecto a algunas otras inquietudes, quiero agregar que coyunturas habrá, hay y seguirá habiendo. Lo importante es cómo reaccionar a esas coyunturas, y para eso lo fundamental es tener miembros estratégicos, así como programas y proyectos que al amparo de esos lineamientos estratégicos, desarrollen acciones concretas.
En mi exposición inicial hice un paneo de algunas acciones concretas pero hay muchas más que estamos desarrollando, que no corresponden en una ley de presupuesto, pero sí hacen al trabajo de todos los días de este quinquenio del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Con respecto a algunas otras inquietudes que se han planteado, el Decreto 153 –como es de conocimiento de los señores Senadores– fue anulado por una decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, nos planteamos otro decreto, en el que hemos trabajado con mucha intensidad y cuidado, que recupera y reestablece algunas condiciones muy importantes que estaban incluidas en el Decreto 153 y que tienen que ver, por ejemplo, con el ordenamiento del espectro y con un tema nuevo que estamos incorporando que es el encendido digital. Estamos poniendo un plazo de encendido digital que no estaba considerado en el Decreto 153.
Hemos tenido el cuidado de seguir meticulosamente todos los procedimientos administrativos, dando vista a más de quinientos actores para cumplir los procedimientos y salvaguardar esas decisiones. Vimos que ese nuevo decreto no sustituye al 153, sino que iba a ordenar las cosas buenas alcanzadas y no tenía por qué cubrir todos los puntos que consideraba el Decreto 153 porque no había que hacerlo todo de una vez. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si bien no nos olvidamos del apagón analógico, creímos que lo principal era sacar rápidamente, y con mucha meticulosidad en los procedimientos, un decreto que tomara las cuestiones más importantes.
Reitero que no nos olvidamos del apagón analógico, sino que plantearemos una solución al tema, para lo cual consultaremos a todos los actores involucrados, cosa que me parece un aspecto relevante a destacar. No vamos a definir aisladamente la fecha de apagón analógico, sino que lo vamos a trabajar con todos los actores involucrados. Queríamos terminar el meticuloso proceso administrativo de redactar ese decreto –imagínense lo que significan quinientas vistas– para continuar luego con el tema del apagón analógico.
Con respecto a la regasificadora, creo que cuando vine al Parlamento –si mal no recuerdo, hace un mes– informé claramente sobre el estatus legal. Realmente, no tengo nada que agregar al informe que realicé. En este momento, el Ministerio y el Gobierno están estudiando y evaluando con seriedad todas las alternativas. Por ahora, no tenemos nada para comunicar porque estamos –reitero– trabajando en esa evaluación, trabajo que debe ser sin pausa pero con seriedad.
SEÑOR DELGADO.- Disculpe, señora Ministra, quiero hacer una pregunta sobre ese tema.
Seguramente, la señora Ministra hace referencia a la instancia en que compareció al Parlamento en régimen de comisión general a efectos de brindar explicaciones sobre el proceso y sobre algún anuncio de cosas que se fueron dando después, como el tema de la garantía y la rescisión del contrato. Obviamente, desde el momento en que la señora Ministra estuvo aquí, pasaron muchas cosas y todos los días la prensa publica algo nuevo.
Aparte de ese proceso, que entiendo que es muy complejo y hay algunas instancias que se están negociando, también aparecen informes de prensa respecto a que se está evaluando la posibilidad de abortar el proyecto y no llegar a hacer una regasificadora. Es todo un gradiente: desde retomar el proyecto, hacerlo más chico hasta no hacerlo en función de las mil variables, pero ahora no le voy a preguntar sobre eso. La señora Ministra fue muy cauta, habitualmente lo es y hoy mucho más, así que no le voy a preguntar al respecto.
Sí quiero preguntar sobre una partida que estaba prevista en un plan que anunció el señor Presidente de la república de USD 360:000.000, vinculada a la regasificadora. Obviamente que esto no forma parte del presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero esta cartera tiene que ver con la regasificadora porque, en realidad, es monitoreada por ella. Aclaro que no encontré en todo el proyecto de ley de Presupuesto –soy veterinario; entonces, capaz que adolezco de esa capacidad– cuál es el origen de esos fondos ni cuál es la previsión presupuestal vinculada al tema de la regasificadora. Está prevista en la parte de energía en general pero nos gustaría saber si la señora Ministra tiene claro por dónde harán esas inversiones y con qué previsión presupuestal se hará.
SEÑORA MINISTRA.- Quiero hacer algunas puntualizaciones porque el señor Senador empezó su pregunta realizando afirmaciones.
El Estado no rescindió el contrato con GLS; es importante decir que lo que hizo fue un acuerdo de cierre.
Desde que informé a los señores Legisladores, en realidad, no pasó nada nuevo. Nosotros seguimos trabajando mucho y evaluando distintas opciones. Puede ser que haya habido muchos informes de prensa pero no nos hacemos cargo de ello; es un tema de la prensa.
También puede ser que existan temas entre privados pero, en lo que se refiere al Estado, no ha habido ninguna otra novedad.
Por otro lado, quiero decir que en la presentación pública que hizo el señor Presidente de la república anunció, en términos generales, la inversión que se iba a desarrollar en este quinquenio, entre las que destacó las inversiones públicas, privadas y público-privadas; o sea, todas las combinaciones posibles. En ese marco no distinguió si la inversión sería pública, privada o público-privada; dependerá de cada proyecto de dónde provendrán los fondos.
Ahora bien, como estamos analizando alternativas sobre la regasificadora, no tengo nada más que informar.
SEÑOR CAMY.- Ante todo, saludamos la presencia de la señora Ministra, demás autoridades, jerarcas y asesores del Ministerio.
Quiero formular tres preguntas concretas.
En primer lugar, ante el recorte de inversiones en las empresas públicas, en particular en Antel, nos gustaría saber cómo se piensa encarar el tema de las localidades del interior de la república que no tienen servicio de banda ancha móvil ni fija.
En segundo término, sabemos que por el recorte de inversiones quedaron obras sin realizarse y quedarían 2.000 trabajadores, aproximadamente, sin trabajo. Supongo que esta situación también traerá aparejado algún problema con el Sunca. Queremos saber cómo se piensa enfrentar esta problemática.
Por último, sabemos que hay dos empresas multinacionales, Movistar y Claro, a las que se le otorgaron licencia para servicio de celulares y datos móviles pero, violando dichas licencias, prestan servicios celulares y de datos fijos. Nos gustaría conocer la opinión de la señora Ministra sobre cómo se piensa proceder en este sentido y qué medidas de contralor se tomarían al respecto.
Aprovechando esta instancia, me gustaría que nos informara acerca de la primera pregunta que he realizado, es decir, sobre el recorte establecido en inversiones en Antel y sus derivaciones; también, acerca de la situación de disparidad respecto a los ciudadanos del interior profundo, que no tienen acceso a los servicios de banda ancha móvil ni de banda fija. Esto lo quiero plantear con mucha claridad y, por supuesto, partiendo de la base que exonero a este Gobierno de responsabilidad en ello. Si se quiere, este es un tema que me preocupa a futuro, como generación.
Con el aporte de todos los gobiernos –la señora Ministra señalaba las cifras de estos últimos gobiernos– se logró una cobertura de casi el cien por ciento de la electrificación en el Uruguay, cuando muy pocos países en el mundo lo tienen. Y quienes somos del interior podemos dar fe que fue una de las cosas que naturalmente le cambió la vida, sin exagerar, a aquellos ciudadanos que viven en el medio rural o en pueblos de menos de 500 o 600 habitantes, que hay por cientos en el país. Entonces, con ese servicio lograron tener prácticamente la misma calidad de vida de quienes vivimos en las ciudades. Me preocupa que seguramente en el futuro –en donde sin retorno avanza la tecnología y vemos cómo nuestros hijos y las nuevas generaciones, comienzan a alfabetizarse a través de lo digital– en el Uruguay comencemos a tener ciudadanos de primera y de segunda. Aquellos que vamos a poder tener acceso a la banda ancha, a las inversiones que la señora Ministra tuvo mucho que ver y que felizmente han venido al país para que accedamos a esos servicios en función de donde vivimos geográficamente, mientras que otros no. Es natural, pero la pregunta sería si hay alguna alternativa posible para los ciudadanos que hoy viven en pueblo La Cruz, Capilla de Sauce, pueblo Independencia en Florida, Cañada del Pueblo, Piedra Colorada, Merinos, Orgoroso, Cerros de Vera en Salto, Malabrigo, Estación González en San José, Pueblo de Barro, Montevideo Chico o Clara en Tacuarembó. Hay cientos de pueblos de 500 o 600 habitantes que, por ejemplo, hoy tienen la luz, pero ni siquiera pueden pagarla al precio que corresponde porque no existe la posibilidad de que estén las sucursales de las empresas que en todas las ciudades pululan, que nos permiten pagar las cuentas cada vez más cerca de nuestras casas. Tienen que abonar un boleto de ómnibus, recorrer varios kilómetros, para pagar la factura. Reitero, no es un tema de este Gobierno, ni del anterior ni seguramente del próximo, sino que es un asunto de todo el país, del avance de la tecnología. Por tanto, quiero conocer la opinión de la ingeniera al respecto; la sigo con atención en estos temas ya que los tiene más claros que yo. La pregunta es bien puntual. ¿Existe en ese mundo que se desarrolla en el Uruguay, felizmente, en vanguardia en muchos aspectos tecnológicos, la posibilidad de resguardar que no se nos queden a la vera del camino aquellos miles de habitantes que viven rezagados porque la tecnología no puede llegar a esos pueblos? Hay movimientos de vecinos en cientos de pueblos pidiendo poder pagar al mismo precio el consumo de las tarifas. Hoy no lo pueden hacer por la sencilla razón de que es imposible. Incluso, ni las propias juntas locales o las dependencias de las intendencias podrían generar en esos pueblitos, mecanismos de pagar a tiempo real porque no lo permite el desarrollo de la tecnología por esta falta de inversiones. Quizás esto no corresponde únicamente a una decisión de recortar gastos. ¿Hay alguna otra alternativa? O, quizás, estas decisiones que se tomaron implican que definitivamente –por lo menos no sé por qué tiempo– esa parte del Uruguay sigue quedando fuera de ese servicio.
SEÑORA MINISTRA.- Pensé que veníamos a hablar de temas del Ministerio pero con mucho gusto le respondo.
Creo que la preocupación que plantea es muy sensible a la realidad de todos nuestros compatriotas. Lo que sucede es que Uruguay ya tiene un avance muy importante. Diría que tiene una cobertura territorial, sin dudas, mayor del 95 % y una calidad que realmente se ubica, según todos los índices, en primer nivel.
Si dejamos de lado los índices y no analizamos los promedios sino mucho más territorialmente lo que sucede, siempre hay lugares para avanzar, cubrir, mejorar la cobertura o los servicios; ese es un trabajo que va a continuar. La adecuación de las inversiones de Antel no significa que, como empresa pujante que es, no va a destinar las inversiones que tiene asignada, que son importantes, en continuar con su estrategia de negocios que implica la cobertura total del país. Eso no quiere decir que esos fondos no se van a destinar, como lo viene haciendo la empresa, más allá de las oportunidades de negocio, a centrarse en donde están los uruguayos y no solamente donde están los negocios. Creo que Uruguay va a seguir avanzando bien y va a tener una cobertura digital de primer nivel. De hecho todos los centros educativos están conectados. Entre los miles que son habrá una decena con algún problema y digo esto porque el 100 % no se alcanza nunca.
Respecto a los tema de regulación, la competencia es de la Ursec.
SEÑORA PRESIDENTA.- Sugiero comenzar con el análisis del articulado.
SEÑORA MINISTRA.- Si la señora Presidenta lo autoriza, cedería el uso de la palabra al señor Subsecretario.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Quisimos restringirnos en los artículos a lo estrictamente presupuestal, por eso no son demasiados.
Respecto a las inversiones se plantean esencialmente cuatro grandes que describió la señora Ministra en su exposición. La mejora en el laboratorio de tecnogestión que funciona en la órbita de la Dirección General de Secretaría, luego hay un proyecto relativo a metodología de radiaciones ionizantes, otro sobre la base de acceso a la información pública de marcas y patentes que nos parece muy importante para formar lo que llamamos infraestructura digital pública. Así como está lo referido a comunicaciones también tenemos que poner a disposición los datos y el conocimiento necesario para que toda la población –avanzando en eso de llegar rápidamente– pueda acceder rápidamente a la información y no quede en unos pocos.
En ese mismo sentido, también se propone una Cartografía geológica y minera del Uruguay a escala 1.100.000 que permita también –como dijo la señora Ministra– dejar disponible a todos los interesados, sin exclusiones, información de base para ir pensando en posibilidades futuras para la explotación. Estoy hablando del artículo 317.
Finalmente, está el parque tecnológico audiovisual que describió la señora Ministra.
SEÑORA PRESIDENTA.- Disculpe que lo interrumpa, señor Subsecretario, pero quiero aclararle que estamos trabajando con el texto aprobado por la Cámara de Representantes que tiene una numeración diferente. Le vamos a alcanzar un comparativo.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Lo tengo acá; discúlpeme.
SEÑORA PRESIDENTA.- Le agradecería que fuera artículo por artículo –es la metodología de trabajo que utilizamos– para poder ubicarnos en el texto y en el tema que está desarrollando.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Todo lo que dije anteriormente estaba referido al artículo 323 del texto aprobado por la Cámara de Representantes, que modifica el Plan de Inversiones del Inciso 08, Ministerio de Industria, Energía y Minería.
Finalmente, se incrementa la línea base de inversiones para el Parque Tecnológico Audiovisual. La idea es dotarlo de contenidos –como mencionó la señora Ministra– y del equipamiento necesario para cumplir con su finalidad.
SEÑOR DELGADO.- Obviamente, mi intervención tiene que ver con el plan de inversiones, del que ya hablamos. En realidad, en términos económicos no es muy importante en un presupuesto de esta magnitud. Se habla de un parque tecnológico audiovisual y nos gustaría que se profundizara en qué consiste.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- La señora Ministra lo presentó en la exposición.
En el predio del LATU hay un laboratorio para el desarrollo de contenidos y para aplicaciones. Cuenta con toda una infraestructura digital en general y la idea es dejarlo disponible para que otras instituciones, universidades –de hecho ya se está trabajando en algunos temas con la universidad– y empresas de todo el ecosistema ligado a la infraestructura digital puedan trabajar y esencialmente innovar en ese marco. Lo que se pide es dinero para sostenerlo.
SEÑOR DELGADO.- En este proyecto de inversión estamos hablando de casi $ 30:000.000 del 2016 al 2019. ¿Consiste en equipamiento, en temas edilicios?
SEÑOR SUBSECRETARIO.- Es totalmente para equipamiento porque son computadoras, consolas, entre otras cosas. Eso exige un mantenimiento e ir incorporándole cosas porque evoluciona muy rápido. Entonces, estamos previendo el dinero para eso, es decir, para mantener el equipamiento al día.
SEÑOR SUBSECRETARIO.- El artículo 324 indica los servicios que se asignan a la Dirección General de Secretaría en lo que tiene que ver con el Laboratorio de Tecnogestión. Es un poco incluir ciertos análisis espectrométricos dentro de sus atribuciones.
SEÑOR DELGADO.- En este caso, se agregan 19 funciones nuevas a la Dirección General de Secretaría. ¿Esto es así? ¿Esto está vinculado al proyecto 804 o es algo aparte?
SEÑORA CARDONA.- En realidad, no se le agregan actividades a la Dirección General de Secretaría sino que el laboratorio de tecnogestión depende de la Unidad Ejecutora 01 pero son actividades que va a realizar el laboratorio. Son servicios del laboratorio pero no de la Dirección General, solo hay un tema de jerarquía porque dependen de nosotros.
SEÑOR DELGADO.- En el último párrafo de este artículo se habla de precio; obviamente, hay una discusión sobre si es precio o tasa y yo creo que es más tasa que precio. En ese caso, quisiera saber si ya tienen definida una paramétrica para ajustar lo que a mi juicio es una tasa pero que en el proyecto de ley aparece como precio, en función de las nuevas competencias que va a tener la Dirección General de Secretaría para esos servicios. Si esto es una tasa habría que incluirlo en la ley.
SEÑORA ERRAMUSPE.- En realidad, este artículo pretende unificar lo que se plasmaba en tres artículos distintos sobre las tasas del laboratorio de tecnogestión; se crea una nueva que es la que aparece en el punto 19. Lo demás unifica en un solo artículo toda la normativa que estaba en varias leyes, porque originalmente eran de la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, luego pasó a la Dirección Nacional de Energía y, por último, a la Dirección General de Secretaría. Entonces, se recoge todo en un solo artículo, se crea la tasa nueva y en este momento se está trabajando en los costos para fijar los precios de las tasas. En la actualidad están todas en 8 UR y, en un futuro, se lo quiere llevar a la realidad, por lo que van a bajar.
SEÑOR DELGADO.- Aclaro que es un tema instrumental y que no estoy discutiendo el fondo del asunto. Creo que si va a ser una tasa, como lo dicen y obviamente lo definirán después, debería estar a texto expreso en la ley, por más que solo se incorpore el numeral 19 como tasa nueva. Vamos a verlo con los asesores pero creo que es así.
SEÑORA CARDONA.- El artículo 325 autoriza al Ministerio a enajenar un padrón que era de su propiedad y a la creación de un fideicomiso para adquirir un nuevo inmueble para hacer la sede de la Cartera y unificar todas las unidades ejecutoras que en este momento están trabajando en forma separada. Como dijimos en la Cámara de Representantes, hoy las unidades ejecutoras están en diferentes lugares y por un tema de eficiencia y de trabajo en equipo, estamos tratando de unificarlas en un mismo sitio.
SEÑOR DELGADO.- Este es un artículo sobre el cual se discutió en ocasión de la comparecencia en la Cámara de Representantes de la señora Ministra y de su equipo asesor.
Según tengo entendido, hoy el Ministerio tiene su sede central en las oficinas de Ancap; la señora Ministra –y no sé si alguien más– está alquilando un apartamento en la Ciudad Vieja, y hay otras reparticiones del Ministerio en otros lugares. Creo que se habló de la atomización; me imagino que esto es para intentar concentrar la operativa del Ministerio en una sola sede. La verdad es que nos queda la duda –y pedimos una explicación– de por qué se está haciendo esto mediante un fideicomiso y no como lo hace cualquier ente del Estado, que vende o enajena sus inmuebles, ya sea por remate o licitación, y hace las compras correspondientes. No nos parece lo más común hacerlo a través de un fideicomiso, que es una figura privada y, por tanto, no tiene los controles y los requisitos establecidos en el Tocaf.
Francamente, esto nos genera muchas dudas y por eso queremos que la señora Ministra nos lo explique.
SEÑORA MINISTRA.- Si la señora Presidenta está de acuerdo pediría que se diera la palabra a la Directora General.
SEÑORA CARDONA.- Ante todo, nos gustaría hacer una puntualización a fin de que quede clara la situación. La señora Ministra no alquila ningún apartamento; no puede alquilar inmuebles en forma personal. El alquiler al que nos referimos en la comparecencia en la Cámara de Representantes es por un contrato que ya existía con el Ministerio, que estaba alquilando un piso en Ciudad Vieja, donde funcionaban la Dirección de Industria y la Dirección de Telecomunicaciones. Lo que hicimos fue encontrar un nuevo edificio, por lo cual se cambió el alquiler. Por el mismo monto de dinero, o casi la misma suma, conseguimos un edificio con 690 metros cuadrados más, donde hoy están funcionando, además de la Dirección de Industria y la Dirección de Telecomunicaciones, la oficina de reuniones de la señora Ministra, la del Subsecretario y la Dirección de Energía. Quiere decir que pudimos reunir la oficina de la Ministra, la Subsecretaría y tres direcciones de las unidades ejecutoras del Ministerio, todas trabajando en un mismo edificio por casi el mismo monto de dinero de un arriendo que ya existía. Esa es la primera puntualización que quería hacer.
En cuanto al tema del fideicomiso, esta figura está creada por ley y es utilizada por muchos organismos públicos. La razón de haber recurrido a ella fue la imperiosa necesidad de que estos cambios edilicios se hicieran en forma rápida porque el proyecto que había demoró muchos años y con el dinero que contábamos y el tiempo de que disponíamos, teníamos que hacerlo rápido, pero eso no significa que no esté sujeto a la normativa nacional, tanto en lo que respecta a la ley del fideicomiso como al Tocaf.
SEÑOR DELGADO.- Obviamente, más allá de la discusión sobre el instrumento del fideicomiso, este se utiliza para la enajenación de los bienes del Ministerio y para la adquisición y remodelación de otros, imagino que con la finalidad de tratar de concentrar la operativa del Ministerio en una sola sede. ¿Es así?
SEÑORA CARDONA.- Exactamente, así es, señor Senador.
El artículo 326 regula la situación de dos funcionarios que hace muchos años trabajan en el Ministerio en un escalafón que no está de acuerdo con sus funciones. Entonces, en esta norma, se reconoce el escalafón en el cual están desde hace más de quince años.
En el artículo 327 se ajusta el nombre del cargo de director de la unidad ejecutora al de la dirección de la unidad ejecutora, porque no se había hecho. Simplemente es un ajuste; no es un cargo nuevo ni mucho menos.
SEÑORA MINISTRA.- Para referirse a los artículos 328 al 333 solicito se le ceda la palabra a la Directora de la Dirección de la Propiedad Industrial.
SEÑORA DELOR.- En los artículos 328 y 329 se establecen modificaciones a la ley de marcas, que es una norma de larga data. Lo que quisimos hacer fue dar un soporte técnico actualizado a los temas que sobre marcas se están debatiendo a nivel nacional e internacional. El artículo 328 refiere a determinados servicios que presta la dirección. Por otro lado, el artículo 329 tiene que ver con indicaciones geográficas, tema de debate a nivel internacional en cuanto a las denominaciones de origen de determinados productos –por ejemplo, de carácter agrícola–, sobre los que tenemos que empezar a trabajar. En algún momento estos temas se dejaron de lado, pero este Ministerio se está ocupando de ellos.
Los artículos 330, 331 y 332 otorgan exoneraciones parciales o totales en la tasa de los servicios que brinda la DNPI a instituciones y organismos públicos mediante celebración de acuerdos, a pymes, a instituciones públicas, a universidades, a inventores independientes y a centros de investigación, con la finalidad de estimular el empleo de herramientas de protección para activos, como marcas y patentes. Es decir que estas normas, al generar exoneraciones, estimulan a los nuevos inventores nacionales para que a través del instrumento de las marcas y las patentes protejan sus ideas.
SEÑORA MINISTRA.- Para referirse a los artículos 333 y 334 solicito se le ceda la palabra al Director Nacional de Industrias, ingeniero José Luis Heijo.
SEÑOR HEIJO.- El artículo 333 modifica el artículo 3º de la Ley Nº 18.846, conocida como la ley de la vestimenta. El artículo 4º trataba del alcance subjetivo del beneficio creado por la ley y en este caso la modificación está orientada a perfeccionar la definición de dicho alcance, dado que el beneficio otorgado a los trabajadores no estaba bien definido en el artículo vigente.
Otro de los aspectos del artículo 4º que se propone es establecer un mecanismo para fijar los tiempos bajo los cuales se puede reclamar el beneficio –que demostró ser un tema muy sensible para la aplicación efectiva del beneficio– porque como se trata de una cantidad fija que se reparte entre todos los beneficiarios, es necesario para la administración –para lograr que ese reparto sea equitativo– que todos los aspirantes se presenten dentro de determinados plazos. Eso no estaba reflejado en la ley y por eso lo recogimos aquí.
SEÑOR DELGADO.- En realidad, estos cuatro artículos que van del 333 al 336 están relacionados con una ley que se votó en el Parlamento y que apoya al sector de la vestimenta con un subsidio. Si no conocen la historia debo decirles que salió desde el Parlamento, de común acuerdo con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, con los trabajadores y con los empresarios –en este caso, el sindicato de la aguja– y con la cámara industrial de la vestimenta del Uruguay. Otorgaba un subsidio que creo que era de USD 27:000.000.000, que se repartía en tres partes: una para las empresas en función de ciertas plantillas, con determinados requisitos –por ejemplo, que estuvieran registradas–, otra iba a los trabajadores y también iba a proyectos específicos con contrapartida a las empresas. Esto iba a tener una evaluación permanente y, además, en forma paralela se instrumentaban algunas acciones por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Fundamentalmente, el objetivo de la ley era tratar de detener la caída del sector –aunque la situación sigue siendo muy negativa– y de estimular el trabajo formal ya que había y sigue habiendo mucho informalismo. La verdad es que los objetivos no se lograron y no estoy diciendo que en este caso sea atribuible a la ley o al Ministerio; además, en general se profundizó la crisis del sector de la vestimenta en el Uruguay.
En realidad lo que a nosotros nos preocupa –más allá de que no tenemos inconvenientes con los artículos 333 y 334 –que tienen vinculación con alguna exposición de nomenclatura común del Mercosur y cómo llega a los trabajadores– pero sí con el artículo 335 porque la ley cambia. De acuerdo con la Ley Nº 18.846, de 2011, los pagos eran trimestrales y ahora pasarían a ser semestrales. Hace pocos días estuvimos hablando con la cámara de la vestimenta y con los sindicatos. Es más, ellos habían pedido una reunión con la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado y como el señor De León la preside lo recordará. Ese es un sector muy vulnerable y la verdad es que todos nos han hecho notar que aumentar la frecuencia de los pagos previstos en la ley, en vez de beneficiar complica más su aplicación. De ser posible yo creo que sería prudente que la ley se mantuviera como está. Me parece que aunque no le cambia la vida al sector, por lo menos es una señal y no se la hacemos más difícil, al pasar de pagos trimestrales a semestrales.
Otro de los pilares previstos en la ley tenía que ver con el contrabando, muchas veces asociado también al trabajo informal, pero fundamentalmente con la entrada de mercadería de otros países que sí aplican la trazabilidad, que funciona en muchos casos como protección no arancelaria. La ley de 2012 había previsto que el Ministerio de Industria, Energía y Minería empezara un proceso de trazabilidad de las prendas de vestir. Sin embargo, en estos cuatro artículos vinculados a esta ley ni en los dieciocho correspondientes al Ministerio, vemos una partida presupuestal, un peso, para la aplicación de la trazabilidad que mucho ayudaría al sector de la vestimenta. Esto que estamos reclamando no es caprichoso. Se discutió, hay acuerdo entre los empresarios y los trabajadores e, incluso, en su momento lo hubo con el Ministerio. Seguramente sea muy poca plata, pero creo que al sector se le daría una buena señal en el sentido de que hay preocupación por la situación que vive.
SEÑOR HEIJO.- En base a la preocupación que plantea el señor Senador con respecto al cambio de los plazos para la aplicación del subsidio, debo señalar que esto está acordado con todos los interesados, es decir, con los beneficiarios del subsidio. En la práctica se demostró –y los beneficiarios lo sufrieron en la práctica– que la liquidación del beneficio en forma trimestral generaba una gran complejidad burocrática, por la forma en que está instrumentado. Como el subsidio se reparte no solo entre empresas sino también entre trabajadores, hay que verificar una buena cantidad de información sobre su desempeño laboral y su aplicación laboral a los sectores beneficiados. Todo ello genera un gran volumen de trabajo que ocasiona demoras y retrasos en la implementación de todo lo necesario para poder establecer una correcta liquidación del subsidio y un adecuado reparto del fondo que se le asigna. Es más, se generaban problemas no solo desde el punto de vista del proceso administrativo, sino también del lado de los beneficiarios, que tenían dificultades para presentar todo lo necesario para acceder al derecho que eventualmente les correspondía en base a la ley, sobre todo en el caso de los trabajadores. Por esas razones, ahora estamos proponiendo que, en vez de liquidarse en forma trimestral, el subsidio se liquide de forma semestral, según el artículo 335. A su vez, en el último inciso del artículo 334 se expresa que se establecerá un plazo límite para hacer la presentación, a partir del cual la administración puede comenzar a trabajar para hacer el reparto. Si la presentación no está completa, el reparto no se puede concretar.
SEÑOR DELGADO.- Quiero dejar una constancia. Yo tengo una información distinta a la que está aportando el Director Nacional de Industrias. Tengo en mi poder algunos correos electrónicos del día de ayer y de hoy de mañana de actores del sector, incluso institucionales, que plantean justamente lo contrario a lo que dice el señor Heijo. Es más, la cámara de la vestimenta y el sindicato plantearon la problemática de la aplicación de esta ley y la situación del sector a nivel de la comisión respectiva, refiriéndose también a estos temas de la frecuencia de la liberación de las partidas; justamente, reclaman que se mantenga el pago trimestral. Esta es la información que dispongo y no quiero quedar como mentiroso. Seguramente no coincide con la que tiene el Director Nacional de Industrias. Después veremos cuál es la cierta, pero quería dejar la constancia correspondiente para que figure en la versión taquigráfica.
SEÑORA MINISTRA.- Voy a solicitar al Director Nacional de Industrias que aclare nuevamente el acuerdo alcanzado.
SEÑOR HEIJO.- En materia del sector textil, tenemos dos ámbitos. Uno de ellos es el del consejo sectorial, que es tripartito por lo que está abierto a la participación de todos los actores. A su vez, contamos con el ámbito de la comisión asesora de la ley de la vestimenta, en el que también participan todos los actores pero con determinadas restricciones en cuanto a la representatividad. Ese es el canal que tenemos para comunicarnos con el sector de los interesados o beneficiarios y de ahí surge la información que hemos ofrecido a la comisión. Si el Senador tiene otra información, le agradecería que nos la hiciera llegar para que la consideremos pero, en principio, esos son los datos.
El artículo 336 establece las responsabilidades de los distintos órganos de contralor, que son compartidas entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Aquí simplemente se establece con mayor precisión y claridad cómo se reparten las distintas responsabilidades de contralor y de supervisión de la aplicación de las disposiciones que la ley establece y de las obligaciones de los beneficiarios.
Paso ahora a considerar desde el artículo 337 en adelante.
Básicamente, lo que se establece es un sistema sancionatorio, que en la ley anterior era débil, por lo que aquí se genera una conceptualización más clara de las infracciones que se toman en cuenta y de las sanciones que se aplicarán. Además, se establece la obligación de la inscripción en el Registro de Empresas de la Vestimenta, lo que apunta, precisamente, a que se mejore la trazabilidad de los productos de la vestimenta, problema que inquietaba a la comisión.
Entonces, el artículo 337 y siguientes, hasta el final, refieren a la obligación de la inscripción. En la ley anterior la obligación solo era necesaria para recibir el subsidio, y a partir de la aprobación de esta norma –en caso de que así suceda–, comprenderá a todas las empresas de la vestimenta. Además, se establece un sistema de infracciones y un sistema de sanciones para el caso que se cometieran dichas infracciones.
SEÑOR DELGADO.- Perdón, señora Presidenta, ¿a qué artículos se está refiriendo el señor Director?
SEÑORA PRESIDENTA.- Está refiriéndose a los artículos que van desde el artículo 337 hasta el final, de manera general. Creo entender que con esta explicación estaríamos terminando con la consideración del Inciso.
SEÑOR DELGADO.- Señora Presidenta: el señor Director hizo referencia a varios artículos relacionados con infracciones y sanciones. Es más, hay un registro de empresas infractoras.
Quiero hacer una consulta específica en relación con el artículo 340, que establece: «Artículo 340.- Las sanciones por incumplimiento de las condiciones de trabajo aplicadas por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se entenderán como inobservancia de las obligaciones en el orden de la responsabilidad social, dispuestas por el artículo 4º de la Ley Nº 18.846,» –esta es la ley de la vestimenta– «de 25 de noviembre de 2011.
Cuando dicho incumplimiento afecte la seguridad, la salud y la higiene o puedan incidir en accidentes o en el desarrollo de enfermedades profesionales, podrá implicar la pérdida del beneficio dispuesto en la ley citada».
Si bien se puede coincidir con la esencia de este artículo, la realidad es que al estar tan condicionalmente redactado, su aplicación será muy discrecional.
Hay una división del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que se encarga de controlar el cumplimiento de la norma en cuanto a la seguridad, salud e higiene, por lo tanto se tendría que hacer referencia a las normas que podrían estar siendo vulneradas. Cuando dice que «o puedan incidir en accidentes», no refiere a que hayan accidentes sino que puedan llegar a incidir en accidentes, que es algo muy diferente. ¿Cómo se puede prever lo que puede incidir en accidentes, lo que puede provocar o evitar un accidente, haciéndolo por el contrario? Y cuando dice: «o en el desarrollo de enfermedades profesionales», esas enfermedades tendrían que estar diagnosticadas por el Banco de Seguros del Estado. A su vez, se dice: «podrá implicar la pérdida del beneficio», es decir que no establece la pérdida del beneficio sino que dice podrá. Entonces, ¿quién lo determinará, en qué caso y bajo qué circunstancias?
El incumplimiento de las normas de seguridad, salud e higiene del sector de la vestimenta seguramente tenga que ver con el Decreto Nº 406 referido a la seguridad y salud de la industria. Posteriormente a la vigencia de esa disposición, hay una normativa establecida en función de la categorización de las infracciones –leves, graves o muy graves; no recuerdo si hay alguna otra–, cuyas sanciones están establecidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es una especie de código de sanciones e infracciones que me parece muy correcto porque brinda garantía a todas las partes. Sin embargo, en la redacción de este artículo no está muy claro –por lo que quizá sería conveniente redactarlo mejor– cómo asociar las dos normativas, es decir cómo asociar la pérdida del beneficio vinculado al incumplimiento de las normas de trabajo relativas a la seguridad, salud, higiene o enfermedades profesionales, con el tipo de circunstancias y de infracciones –leves, graves o muy graves–que pueden llevar a la misma consecuencia. Creo que el artículo no está redactado de manera totalmente feliz, además de estarlo en términos muy discrecionales. Creo que aquí se cae en lo que se trató de evitar con la redacción del código por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pues se termina con la pérdida de un beneficio por una discrecionalidad absoluta en una redacción que está hecha en forma condicional.
SEÑOR PARDIÑAS.- Creo que la preocupación planteada por el Senador Delgado es atinada.
El artículo parte de un hecho administrativo consolidado que son las sanciones por incumplimiento. Dice: «podrá implicar la pérdida»; no está prevista la suspensión que podría ser la que está más vinculada a las faltas leves. Se debería asociar que la pérdida del beneficio puede estar vinculada a faltas graves, y tendríamos que tener un correlato con las faltas leves; que las multas por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no tengan la misma afectación.
Creo que es un aspecto en el que podemos trabajar con el Ministerio para mejorar la redacción.
SEÑORA MINISTRA.- Antes de que haga uso de la palabra el Director Nacional de Industrias, quiero señalar que al comienzo del artículo se menciona a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque la normativa con la que esta se maneja, obviamente, no se modifica en modo alguno. Ningún cambio se introduce en ese sentido. El artículo refiere a que si de esa división nos llegara un informe en el que la propia inspección nos dijera que las causas son por tal o cual cosa, entonces, habría determinadas consecuencias. No es que estemos modificando el artículo.
SEÑOR HEIJO.- Tal como explicó la señora Ministra y bien señaló el señor Senador Pardiñas, vamos a tener un acto administrativo concreto que es el que va a dictar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es decir que va a imponer una sanción por incumplimiento de toda la normativa. Como todo acto administrativo, va a tener una motivación clara donde se expresará cuáles son los fundamentos de la sanción. Cuando esa motivación explique claramente que implica una violación de las disposiciones que afectan lo que dice el inciso segundo del artículo, entonces, se podrá actuar en el ámbito sancionatorio de la ley de la vestimenta.
Ciertamente, puede ser rescatable la inquietud de que se incluya una graduación en cuanto a la aplicación de las sanciones, pero nótese que el inciso segundo expresa: «podrá implicar la pérdida». Creo que se deja librado a la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo la determinación de cuáles serán los mecanismos en los que se aplicará la pérdida del beneficio, si esta pérdida será transitoria o definitiva y, en el primer caso, por cuánto tiempo estará efectiva la suspensión.
SEÑOR DELGADO.- A efectos de redondear, quiero decir que coincido con la observación del señor Senador Pardiñas.
Creo que se debería tratar de conciliar la normativa. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trató de dar garantías y evitar discrecionalidades. Entonces, si vamos a utilizar sanciones o actos administrativos del Ministerio que tienen gradualidad y garantías, no podemos darle discrecionalidad a quien va a sancionar, además, en función de la sanción del propio Ministerio.
Me parece que debería modificarse, por lo menos, la redacción del último párrafo para que no se den situaciones que, quizá, no están previstas acá o que sí pueden llegar a estarlo en función de una reglamentación, pero en todo caso es un aspecto que siempre va a quedar sujeto a la interpretación discrecional del jerarca.
En la norma se habla de pérdida-beneficio y el señor Senador Pardiñas decía que puede tratarse de una suspensión. A mi juicio, la suspensión se podría asimilar a una pérdida temporal. En fin; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social habla de suspensión, en algunos casos, de suspensión del registro.
Por lo tanto, reitero: creo que habría que compatibilizar las dos normativas.
SEÑORA MINISTRA.- Estamos abiertos a sugerencias. No vemos el problema pero de cualquier manera si se quiere proponer una redacción alternativa, con mucho gusto la analizaremos.
Quisiera agregar un par de puntualizaciones con respecto a algunos cambios que solicitamos a la Cámara de Representantes y que, al parecer, se traspapelaron y no se hicieron. Para ello, solicito que se le dé el uso de la palabra a la Directora General.
SEÑORA CARDONA.- En ocasión de la comparecencia ante la Cámara de Representantes presentamos un artículo aditivo que tenía que ver con un cambio en el área programática. En este proyecto de ley de presupuesto se crea una nueva área programática: la de energía. Por lo tanto, tuvimos que cambiar y hacer la transferencia de esos fondos. De acuerdo con la norma propuesta, la Dirección Nacional de Energía pasaría al Programa 540. Es muy importante que el Senado recoja esta propuesta –cosa que no ocurrió en la Cámara de Representantes– porque si no la citada dirección quedaría sin presupuesto.
Dentro de esa línea de cambios de áreas programáticas, la Unidad de Radioprotección dejaría el Programa 320, de Fortalecimiento de la Base Productiva, y pasaría al Programa 482, de Servicios Públicos Generales.
Esta es la propuesta que estamos haciendo; simplemente, se trata de introducir un cambio de unidades a programas del presupuesto.
SEÑORA PRESIDENTA.- ¿En el mismo artículo están consideradas las dos situaciones?
SEÑORA CARDONA.- Sí, señora Presidenta.
SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces, están proponiendo un artículo aditivo al Inciso.
SEÑORA CARDONA.- Así es.
SEÑOR AMORÍN.- Quisiera hacer una consulta. Este artículo fue presentado en la Cámara de Representantes y no fue aprobado. ¿Conocen los motivos?
SEÑORA CARDONA.- Fue presentado en la Cámara de Representantes, tal como lo hacemos en este momento. Además, dejamos el texto de la propuesta. No sabemos el motivo por el cual no fue incluido, ya que solamente era un cambio de programa y no merecía discusión. Por eso nuevamente queremos hacer hincapié en esa propuesta, dada su importancia para el presupuesto de la unidad.
SEÑORA MINISTRA.- Queremos plantear un tema relativo al Correo. Por tal motivo, le cedo la palabra a la presidenta del Correo.
SEÑORA MOREIRA.- Hubo un error de redacción en el texto del artículo 727 aprobado por la Cámara de Representantes –694 en el proyecto original del Poder Ejecutivo–, donde se proponía una modificación al literal K) de la Ley Nº 19.009, en donde se definía la encomienda postal nacional. Lamentablemente el texto aprobado por la Cámara de Representantes eliminó la definición de encomienda postal nacional. Por lo tanto, la Ley Nº 19.009 quedaría sin esa definición que, realmente, es importante para el mercado.
SEÑORA MINISTRA.- A ese respecto podemos acercar también la propuesta de redacción del literal K) para que se clarifique lo que expresó la Presidenta del correo.
SEÑORA PRESIDENTA.- ¿La redacción que se va a acercar a la mesa es el literal K) que fue suprimido o es una modificación? Dicho de otro modo, ¿la redacción del literal K) es la que venía en el proyecto del Poder Ejecutivo y que después resultó eliminada?
SEÑORA MINISTRA.- Es esa misma redacción.
SEÑORA PRESIDENTA.- Entonces tenemos claro cuál es y obraremos en consecuencia. La comisión analizará la pertinencia de incluir nuevamente el literal y, en caso de hacerla efectiva, veremos su ubicación y la letra que lleva en el artículo.
SEÑOR AMORÍN.- Da la impresión de que puede haber pasado alguna de estas dos cosas: por algún motivo específico no se quiso definir la encomienda postal nacional o, al trasladarse el texto –lo que constituye un trabajo larguísimo y engorroso– se pasó por alto el literal. Si ocurrió esto último, es fácil subsanarlo. Ahora bien; si hubo algún tipo de discusión y por algún motivo no se quiso votar el literal K), nos gustaría que nos lo hicieran conocer.
SEÑOR PARDIÑAS.- Por mi parte, simplemente quiero hacer una consulta.
Cotejando el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo con la ley postal en ese literal K), una de las diferencias en el nuevo texto es que hace referencia específica al límite en cuanto a la encomienda. Por otro lado, en la ley postal se habla del «operador debidamente registrado ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones», y ahora se elimina ese requisito. No sé si es porque los operadores postales nacionales ya están todos registrados y no se considera que un operador postal nacional no esté en el registro. Esa duda me genera la diferencia de los textos.
SEÑOR MELÉNDEZ.- En el día de ayer nos percatamos de esta situación y nos comunicamos con el Poder Ejecutivo para saber si había sido discutido pero, al no tener una respuesta positiva, quedamos en ponernos en contacto con la Cámara de Representantes para saber qué fue lo que sucedió. Entendemos que puede haber sido un error de transcripción, pero dado el planteo que realizó el señor Senador Pardiñas, tenemos que analizar el tema.
Creemos que es conveniente que el Ministerio de Industria, Energía y Minería –del cual depende el Correo– presente el artículo, para que podamos considerarlo en la Comisión.
SEÑORA MINISTRA.- El agregado que se hizo a este artículo fue sugerido en la comisión de la Cámara de Representantes cuando el Ministerio concurrió junto al Correo en una instancia similar a esta. No sabemos por qué no se introdujo. Suponemos que puede haberse tratado de un error administrativo.
Es cuanto tengo para decir sobre la pregunta del señor Senador Amorín.
Para responder a lo que señalaba el señor Senador Pardiñas en cuanto al detalle del artículo, cedería la palabra a la Presidenta del Correo.
SEÑORA MOREIRA.- El literal K) del artículo 5º de la Ley Nº 19.009 –que, dicho sea de paso, fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General– expresa lo siguiente: «Encomienda postal nacional. Es todo envío que se efectúa a través de un operador postal debidamente registrado ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), cuyo contenido y condiciones cumplan con la reglamentación correspondiente prevista en la normativa vigente». De hecho, si se fijan en este artículo en particular, no define el objeto, es decir, la encomienda postal nacional, sino que define el actor. Por lo tanto, si existiera la posibilidad –que, de hecho, existe– de que no sea un operador postal debidamente registrado ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, no estaría contenido en la definición de la encomienda postal y, en consecuencia, todo el mercado postal podría, directamente, distribuir encomiendas sin estar registrado. Por eso hacíamos hincapié en la redacción en la que la encomienda postal nacional sea el objeto y no el sujeto de derecho. Además, al literal K) de la Ley Nº 19.009 le sigue la definición de carga –que es residual, de todas las definiciones, pero en este momento no lo vamos a considerar, podrán conseguirla o de lo contrario la enviaríamos–, estableciéndose: «Todo otro envío que no sea encomienda postal será considerado, a todos sus efectos, como carga, tanto en el ámbito nacional como internacional». Por lo tanto, en el día de hoy, de acuerdo con la praxis y la realidad del mercado, como es un residual, perfectamente las empresas de carga se pueden presentar en licitaciones y no tienen necesidad de estar registradas en la Ursec. A su vez, no está definido ninguno de los actores del mercado, ya sea el Correo uruguayo como servicio de prestador universal, los operadores privados ni las personas jurídicas habilitadas. Eso es grave no solo para el Correo uruguayo, sino para todo el mercado postal.
SEÑORA PRESIDENTA.- Voy a hacer una pregunta a los efectos de ubicarnos bien en este tema, porque estamos averiguando si fue una omisión.
Leyendo el literal K) del artículo 5º de la Ley Nº 19.009, vemos que el texto difiere del que supuestamente ustedes enviaron en el mensaje del Poder Ejecutivo y que ingresó por la Cámara de Representantes.
Si bien ya hice la pregunta, quiero volver a hacerla. ¿Ustedes quieren mantener el texto nuevo? ¿Es el texto que no menciona a la Ursec? Quiero aclararlo a los efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica, dado que hemos leído varios textos y tenemos que trabajar sobre ese tema.
SEÑORA MINISTRA.- La respuesta es sí, señora Presidenta.
SEÑORA AYALA.- Hemos mantenido contacto con colegas diputados y me informaron que, por equivocación, se eliminó ese literal, de modo que sugieren que en el Senado podamos incorporarlo nuevamente.
SEÑORA PRESIDENTA.- Bien. Tomamos nota de la información –que consideraremos, desde el punto de vista administrativo– y también de lo solicitado por la señora Ministra.
Si no hay más comentarios, agradecemos la presencia de la señora Ministra y del equipo que la acompaña.
Se levanta la sesión de la mañana y nos reencontramos a las hora 15.
(Son las 12:07).

References: artículo 323
 artículo 317
 artículo 323
 artículo 324
 artículo 325
 artículo 326
 artículo 327
 artículo 328
 artículo 329
 artículo 333
 artículo 3
 artículo 4
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 artículo 335
 artículo 335
 artículo 334
 artículo 336
 artículo 337
 artículo 337
 artículo 337
 artículo 340
 artículo 4
 artículo 727
 artículo 5
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