Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97275
Timestamp: 2019-12-07 07:47:57+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPR-21/97275
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud actualice las normas oficiales y reglamentos en materia de cuidados de salud y protección de derechos humanos para erradicar cualquier tipo de violencia obstétrica en contra de las mujeres.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que las etapas del embarazo, parto y puerperio, constituyen un proceso fisiológico y multidimensional de las mujeres en el que se debe proteger su vida y salud. Esto significa respetar y garantizar sus derechos humanos, recibir un trato digno, así como atención médica integral por parte del personal que ofrezca el servicio de salud, mismo que debe estar capacitado y contar con nociones y conocimiento sobre respeto a los derechos humanos, la equidad y la violencia de género. [*]
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Asociación Civil dedicada a trabajar con temas prioritarios de salud desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, indica que, en México, se mantiene como regla general la carencia de infraestructura y de personal médico especializado para poder ofrecer una atención obstétrica integral a las mujeres. Al respecto, define a la violencia obstétrica como:
…una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos. [*]
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de un promedio de 8.7 millones de mujeres de entre 15 y 49 años, que transcurrían por un parto entre 2011 y 2016, más del 33% refiere haber padecido algún tipo de violencia obstétrica. [*]
Los resultados de la ENDIREH, permiten apreciar información puntual sobre "violencia y maltrato", pero también, de la "atención no autorizada" durante el proceso del parto. Es importante mencionar que es la primera ocasión en que se incorporan cuestionamientos para conocer y evaluar la experiencia de las mujeres en este ámbito primordial.
Dicha información revela que al 4.2% de las mujeres atendidas les fue colocado algún método anticonceptivo, o fueron operadas o esterilizadas para ya no tener hijos, sin haberles preguntado o avisado; y al 4.8%, le negaron la anestesia o la aplicación del bloqueo para disminuir el dolor sin haberles dado ninguna explicación.
De la misma manera, el 7% de las encuestadas refirieron haber recibido palabras ofensivas o humillantes; al 9.2% las presionaron para que aceptaran que les pusieran un dispositivo o las operaran para ya no tener hijos; el 9.9% de las mujeres fueron ignoradas cuando preguntaban sobre su parto o su bebé; el 10.3 %, reportó que se tardaron mucho en atenderlas porque estaban gritando o quejándose mucho; y el 11.2% refirieron haber recibido gritos y regaños; sin dejar de mencionar que el 9.2% mencionó haber sido obligada a permanecer en una posición incómoda o molesta. [*]
Los resultados indican que prevalecen las agresiones como los incidentes más frecuentes; gritos o regaños en contra de ellas, asimismo, refieren mayores porcentajes en el retraso de la atención por quejas derivadas del dolor; además de ser ignoradas y sometidas a presión para recurrir a métodos anticonceptivos o de esterilización.
Esto significa que existen diferentes manifestaciones de la violencia obstétrica, que se traducen en regaños, burlas e ironías, en insultos, amenazas y humillaciones, pero también en manipulación de la información a la que deberían tener acceso las mujeres, y que en ocasiones se presenta con la negación de un tratamiento médico preciso y oportuno, como claras acciones de discriminación o violaciones a sus derechos, donde la omisión, el aplazamiento del servicio, e incluso la indiferencia resultan ser constantes en la prestación de los servicios de la salud obstétrica.
De igual manera, se pueden observar otro tipo de abusos, por ejemplo, el de ocultar información y no consultar a las pacientes sobre el proceso y decisiones que se deben tomar durante el parto; el del manejo y las alternativas para disminuir su dolor; el de coaccionarlas para obligarlas a practicarse cirugías como la cesárea, la ligadura de trompas o la colocación de dispositivos intrauterinos, o el de cualquier otro procedimiento de esterilización temporal o permanente.
La Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, indica que el 45.2% de los nacimientos por cesárea reportados para 2012, estuvo muy por encima del valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que se ha incrementado de manera progresiva: en el 2000 se reportó un 29.9%; y el 34.5% fue registrado en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006. [*]
Esto significa que, en nuestro país, el nacimiento por cesárea se da prácticamente en uno de cada dos casos, al llegar incluso al 70% de estos en el sector privado.
El artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que: “Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.”. Esto significa que, dentro del universo aludido en los párrafos anteriores, se podrían encontrar un número indeterminado de adolescentes, incluso de niñas, razón en sí misma suficiente para considerar adecuaciones y modificaciones urgentes a las normas oficiales y los reglamentos de las instituciones de salud pública y privada, que garanticen la protección de los derechos humanos a este sector de menores que es doblemente vulnerable.
En la ENDIREH 2016, un total de 3.7 millones de mujeres reportó que el nacimiento de su último hijo fue por cesárea; y de estas, el 10.3% refiere no haber sido informadas sobre las razones de la cirugía, mientras que el 9.7% dice que no le pidieron autorización para realizarla. [*]
De acuerdo con el Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico, la cesárea, es la “(Cirugía) Operación para extraer el feto del interior de la madre mediante la sección o corte de la pared abdominal y del útero.” [*]
En este mismo orden de ideas, la Secretaría de Salud define la cesárea como “...la intervención quirúrgica que tiene como objetivo extraer el producto de la concepción y sus anexos ovulares a través de una laparotomía e incisión de la pared uterina.” [*]
La OMS apunta que “…los profesionales de la salud de todo el mundo han considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%.”, y añade que la cesárea puede ser necesaria cuando el parto ponga en riesgo a la madre o al bebé. Sin embargo, también puede causar complicaciones importantes, discapacidad o muerte, sobre todo en aquellos entornos donde se carecen de instalaciones para realizar intervenciones quirúrgicas urgentes en condiciones seguras y tratar las eventuales complicaciones. Asimismo, refiere que la práctica de esta cirugía se da cada vez con más frecuencia, tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. [*]
Dentro del documento Principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del cuidado perinatal: guía esencial para el cuidado antenatal, perinatal y postparto, se indica que el embarazo y el parto no deben ser medicalizados; debe basarse en el uso de tecnología apropiada y en evidencias científicas; debe ser regionalizado, y basarse en un sistema eficiente y multidisciplinario, donde participen profesionales de la salud: parteras, obstetras, neonatólogos, enfermeras, educadores del parto y la maternidad, y otros expertos. [*]
Además, debe ser integral, considerando las necesidades intelectuales, emocionales, sociales y culturales de las mujeres, sus niños y familias y no solamente referentes al cuidado biológico; debe centrarse en las familias, lo que significa obedecer también a las necesidades de la mujer, de su hijo y de su pareja.
También debe ser apropiado, teniendo en cuenta las pautas culturales, y lo más importante, referido en sus puntos nueve y diez, debe “Tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres.”, y “Respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres.” [*]
Información publicada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que, en las Américas, la tasa promedio de los partos por cesárea ascendía en el 2015 a una tasa promedio del 38,9%, de acuerdo con datos disponibles de 25 países. No obstante, la cifra podría ser mayor puesto que no se cuenta con información completa del sector privado. [*]
En este sentido, la directora del Centro Latinoamericano de Perinatología de dicho organismo declaró que, "Resulta preocupante que casi cuatro de cada diez partos sean por cesárea en la región", y enfatizó que, "Los médicos, las parteras, las enfermeras obstétricas, los responsables de la formulación de políticas sanitarias, las madres y padres, y la sociedad entera, debemos trabajar juntos para reducir ese número y recurrir a la cesárea solo cuando es necesaria por razones médicas". [*]
Ahora bien, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el término violencia obstétrica implica visibilizar e identificar las causas que reproducen la violencia contra la mujer, ocurrida en la etapa del embarazo, parto y puerperio, y la define como:
Una modalidad de la violencia institucional y de género, cometida por prestadores de servicios de la salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio que le genere una afectación física, psicológica o moral, que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién nacido, derivado de la prestación de servicios médicos, abuso de medicalización y patologización de procedimientos naturales, entre otros. [*]
Entre el 2015 y el 2017, la CNDH emitió 28 recomendaciones donde se han señalado diversos actos de violencia obstétrica y abusos de los derechos humanos por parte de prestadores de servicios de salud en contra de mujeres embarazadas. [*]
Este organismo considera que existe falta de información estandarizada, exhaustiva y consensuada, así como de criterios de identificación y definiciones acerca del maltrato a mujeres durante el proceso del parto, lo que dificulta la implementación de políticas para afrontar el problema y para las eventuales investigaciones.
En cuanto a temas de derechos humanos de las mujeres, resulta muy importante señalar que ya se contemplan dentro de diversos instrumentos internacionales, por ejemplo, en el Protocolo de San Salvador se reconoce el derecho a la salud, que consiste en el “disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. [*]
Con referencia al derecho a la protección de la salud reproductiva, el artículo 16.1, inciso e), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece que los Estados parte deberán garantizar condiciones de igualdad para que las mujeres puedan “decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. [*]
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación general No 24, “observa que es obligación de los Estados Partes garantizar el derecho de la mujer a servicios de maternidad gratuitos y sin riesgos y a servicios obstétricos de emergencia, y que deben asignar a esos servicios el máximo de recursos disponibles.” [*]
Por su parte, el Protocolo de San Salvador señala en el inciso a) de su artículo 15.3, la obligación a “conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto”, mientras que el artículo VII, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre contiene el derecho de protección a la maternidad y a la infancia. [*]
En el caso de México, el párrafo cuarto del artículo 4o de nuestra Constitución, establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…”
En 2007 fue publicada en nuestro país la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, en la que se contemplan, dentro de su artículo 6, los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, a saber:
Como se puede observar, no se incluye de manera explícita el término “violencia obstétrica”, no obstante, que contemplen las del tipo psicológico, físico, y, en su fracción VI: “Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.”
Pero, conforme con el Diagnóstico sobre victimización a causa de violencia obstétrica en México, publicado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV), son dieciocho las entidades federativas que ya cuentan con la definición del término “violencia obstétrica” dentro de sus correspondientes Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. [*]
El mismo estudio refiere que en una revisión realizada hasta octubre de 2016, Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, son estados que no contemplan el término de “violencia obstétrica” dentro de sus legislaciones. [*]
Con referencia a los Códigos Penales, el estudio señala que sólo los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero y Veracruz, contemplan a la “violencia obstétrica” como delito, además de especificar los supuestos y las sanciones correspondientes; las demás entidades, señalan solamente, la “Responsabilidad Profesional y/o Médica”, y el estado de Colima, no establece ninguno de los tipos señalados:
En el caso de la legislación referente a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Ley General contempla en la fracción XIII, de su artículo 50: “Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes y cualquier forma de violencia obstétrica”. Sin embargo, no se incluye en este ordenamiento, de manera explícita, la definición del término “violencia obstétrica”.
Adicionalmente, sólo los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, incluyen dentro de sus leyes de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la mención a la expresión de “violencia obstétrica”. Pero, al igual que la Ley General, ninguna contiene la descripción puntual del término:
Por su parte, la Ley General de Salud, establece en su artículo 61 Bis, que “Toda mujer embarazada, tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y con estricto respeto de sus derechos humanos.” Asimismo, su artículo 64 Bis 1, señala que
Dicha Ley tampoco hace referencia o alusión, en ninguno de sus apartados, al tipo de “violencia obstétrica, o a que las mujeres, de cualquier edad, deban estar exentas y libres de cualquier tipo de violencia al momento de acudir o recibir cualquier servicio de salud de este tipo.
La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, publicada el 7 de abril del 2016, establece que:
La violencia sexual y la violencia a la mujer pueden ocasionar embarazos no deseados, problemas ginecológicos, abortos provocados e infecciones de transmisión sexual, entre ellas, la infección por sífilis y/o VIH. La violencia o maltrato hacia la mujer durante el embarazo aumenta la probabilidad de sufrir abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, para lo cual es necesario realizar acciones de prevención primaria de la violencia familiar y de género, así como canalizar a servicios especializados a las mujeres que la viven, sobre todo si se encuentran en etapa gestacional. [*]
En su título de Atención del parto, plantea que “Ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia, discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto.” [*]
Sin embargo, en ninguno de sus apartados, la NOM refiere el término específico de “violencia obstétrica”, tomando en cuenta todas sus modalidades o derivaciones. Tampoco se refiere a la garantía y derecho de las mujeres a permanecer informadas y a estar completamente libres de toda forma de violencia y discriminación, durante las diferentes etapas del embarazo, el parto y el puerperio, sin importar la edad de estas.
Esto significa que la Secretaría de Salud, tendría que actualizar de manera urgente esta norma, primeramente, desde una perspectiva de género, a la vez que deberá incluir aquellos criterios integrales referentes a los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes en materia de violencia obstétrica.
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), indica en el apartado de las Responsabilidades de los prestadores de atención obstétrica, en sus Recomendaciones Generales para mejorar la calidad de la atención obstétrica, que estos deberán “Proporcionar a la paciente un trato respetuoso y digno de acuerdo a la ética médica, que engloba la identificación del personal que la atiende.”. [*]
Como instrumento para facilitar el cumplimiento y obligaciones constitucionales y convencionales de las autoridades judiciales del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha incluido a la “violencia obstétrica”, como otro tipo de conductas que pueden ser constitutivas de actos de tortura o malos tratos, dentro de las instituciones públicas de salud. [*]
El 31 de julio de 2017, la CNDH emitió la Recomendación general (No. 31/2017) sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, en las que se incluyen 28 recomendaciones publicadas entre 2015 y 2017, en dos de las cuales se acreditó la afectación a los derechos a una vida libre de violencia, y a la protección de la salud, respectivamente, mientras que, en 22 de estas, “se tuvo por acreditada la vulneración al derecho a la vida de la madre o del producto de la gestación.” [*]
Al respecto, la CNDH, hizo de manera general seis recomendaciones. A continuación, se enlista de manera sintética el objeto de cada una de ellas:
1. Que se diseñe y ponga en práctica una política pública integral de prevención de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en ocasión del embarazo, parto y puerperio.
2. Que se asuman acuerdos sobre requerimientos y presupuestos necesarios, para ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria, priorizando zonas de marginación social, y que cuenten con médicos que atiendan en la forma adecuada a quienes solicitan el servicio.
3. Que se implemente el “Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro” de la Secretaría de Salud, para garantizar la disminución de la morbi-mortalidad materno-infantil, la atención médica calificada, digna, respetuosa y con perspectiva de género.
4. Que se implemente en las instituciones de salud, una campaña de promoción de los derechos humanos y la salud reproductiva de las mujeres, durante la atención del embarazo, el parto y el puerperio.
5. Que se implementen eficazmente políticas públicas ya previstas en el orden jurídico nacional, relacionadas con la partería tradicional en México y se adopten medidas para fortalecer el proceso de vinculación de las parteras y parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud, con todas las medidas que esto implica.
6. Que se adopte medidas para asegurar prácticas y actividades para el desarrollo académico de médicos y especialistas en la materia.
Sin duda, cuando se habla de atención materna se deben considerar otro tipo de riesgos, por eso resulta primordial asegurar la salud de la madre y del niño como acto fundamental en un marco de respeto a todos sus derechos.
De tal manera, debería ser obligatorio que el personal médico encargado de proporcionar estos servicios, en cualquiera de sus etapas, y las pacientes mujeres, sin importar su edad, cuenten con la información y conocimientos puntuales acerca del tema, y entonces puedan actuar en consecuencia.
Es claro que la violencia obstétrica transgrede los derechos humanos por tratarse de alguna variante de violencia institucional o de género, por perjudicar los derechos sexuales y reproductivos, los de igualdad, de autonomía, de salud y de integridad, pero también, por afectar los del acceso a la información, en todo momento, y a la discriminación en cualquiera de sus variantes.
Como se puede deducir, en algunos casos incluso, es posible llegar a perjudicar el propio derecho a la vida, tanto de la madre como la de sus propios hijos.
A pesar de contemplarse ya la protección dentro de las leyes generales mencionadas, incluso de las normas, prevalece una gran ignorancia acerca del conocimiento de los temas de atención dentro del círculo inmediato del personal encargado de estos servicios de salud, incluidos médicos, personal directivo y administrativo, parteras y servicio de enfermería, así como de las propias pacientes mujeres, de todas las edades, que son quienes mayormente sufren las consecuencias al enfrentarse a todo tipo de abusos y violaciones a sus derechos.
Por lo tanto, además de modificar y adecuar la legislación y normativa general, se requiere focalizar, reestructurar y redefinir nuevos programas y campañas informativas que sean eficaces, que apliquen en los tres órdenes de gobierno, y que concuerden con las diversas recomendaciones emitidas al respecto por los organismos, asociaciones e instituciones, nacionales e internacionales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a la consideración de la asamblea, el siguiente
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud para que actualice las normas oficiales y reglamentos en materia de cuidados de salud y protección de derechos humanos para erradicar cualquier tipo de violencia obstétrica en contra de las mujeres.
[*] CNDH. Recomendación General No. 31/2017 Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Saludo. Recomendación General. Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2017. Documento. <http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/30105/RecGral_031.pdf>.
[*] GIRE. «Violencia obstétrica. Un enfoque de derechos humanos.» noviembre de 2015. Grupo de Información en Reproducción Elegida. <https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2016/07/informeviolenciaobstetrica2015.pdf>.
[*] INEGI. «Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016.» 18 de agosto de 2017. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Documento. 25 de 03 de 2019. <http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf>.
[*] Secretaría de Salud «Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.» octubre de 2012. Instituto Nacional de Salud Pública. Documento. 25 de marzo de 2019. <https://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Sint_Ejec-24oct.pdf>.
[*] Universidad de Salamanca. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. 2011. <https://dicciomed.usal.es/palabra/cesarea>.
[*] Secretaría de Salud. «Cesárea segura.» 26 de agosto de 2015. Secretaría de Salud. <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7101.pdf>.
[*] OMS. «Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea.» abril de 2015. Organización Mundial de la Salud. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf?sequence=1>.
[*] Chalmers, B, V Mangiaterra y R Porter. «Principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del cuidado perinatal: guía esencial para el cuidado antenatal, perinatal y postparto.» Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá (2002): 136. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91221311>.
[*] OPS. «La cesárea solo debería realizarse cuando es medicamente necesaria.» 10 de abril de 2015. Organización Panamericana de la Salud. <https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10646:2015-la-cesarea-solo-deberia-realizarse-cuando-es-medicamente-necesaria&Itemid=1926&lang=es>.
[*] Ibídem, Pág. 22
[*] CIDH. Protocolo de San Salvador. San Salvador: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1988. <https://www.cidh.oas.org/basicos/basicos4.htm>.
[*] AGNU. «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.» 3 de septiembre de 1981. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos AGNU. <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>.
[*] CEDAW. «Recomendación General Nº 24 La mujer y la salud.» 2 de febrero de 1999. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ed. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf>.
[*] CEAV. «Diagnóstico sobre victimización a causa de violencia obstétrica en México.» 8 de marzo de 2017. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194701/Diagno_stico_VO_port.pdf.
[*] Ibídem, Pág. 53
[*] Secretaría de Salud «NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.» Diario Oficial de la Federación 7 de abril de 2016: 1-88. <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5432289&fecha=07/04/2016>.
[*] CONAMED. «Recomendaciones Generales para mejorar la calidad de la atención obstétrica.» octubre de 2012. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. <http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/recom_obstetricia_web.pdf>.
[*] SCJN. Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos. Distrito Federal: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014. <https://www.pjenl.gob.mx/EquidadDeGenero/download/Protocolo_tortura_electronico.pdf>.

References: artículo 5
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 50
 artículo 61
 artículo 64