Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-7445-2003-19-04-2006-53971
Timestamp: 2018-10-18 14:39:06+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/7445/2003, 19-04-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/7445/2003 de 19 de Abril de 2006
Núm. Resolución: 00/7445/2003
Los contratos de seguro suscritos entre los clientes de la entidad de renting y la aseguradora vienen derivados de la relación contractual original de renting de los vehículos, pero no se concreta si la prestación por parte de la aseguradora se realizará mediante la indemnización por la pérdida patrimonial incurrida o se sustituirá la indemnización por la reparación del bien siniestrado. Solamente se especifica que las facturas emitidas por el servicio de reparaciones deben incluir como destinatario la entidad arrendadora. A la vista de las circunstancias cabe concluir que en ningún caso la reclamante, como arrendadora de los vehículos, es la destinataria de los servicios de reparación realizados sobre sus vehículos. Por tanto, no le corresponde a la entidad de renting deducir el IVA soportado en las operaciones de reparación de los vehículos.
En la Villa de Madrid, a 19 de abril de 2006, en la reclamación económico-administrativa que pende ante este Tribunal Central, en Sala, interpuesta por el contribuyente X, S.A., con NIF ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo de liquidación dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ...de la AEAT de 3 de diciembre de 2003 relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a 2002, por el que se minora el importe a devolver al contribuyente en 198.650,12 euros, situándolo en 1.778.235,28 euros.
PRIMERO.- Con fecha 29 de abril de 2003 se iniciaron por parte de la inspección actuaciones de comprobación e investigación de carácter parcial frente a la reclamante en relación con el IVA de 2002 y al objeto de verificar la concordancia entre las declaraciones presentadas y los libros registro de IVA, así como muestreo de documentos justificativos de cuotas de IVA soportado.
De los datos que obran en el expediente, a efectos de resolver la presente reclamación, deben destacarse los siguientes aspectos:
1. X ejerce la actividad principal sujeta y no exenta de IVA (LIVA arts 4 y ss) clasificada en el epígrafe de IAE 854 de alquiler mediante contraprestación de vehículos automóviles a largo plazo, el objeto del contrato comprende alquiler a largo plazo, mantenimiento, administración y gestión de flota y otros servicios accesorios necesarios para la utilización de los mismos (contrato de renting).
2. En un elevado número de vehículos de los que dispone para su actividad, el contrato de seguro lo suscribe el cliente o arrendatario del contrato de renting, en calidad de tomador del mismo con la Compañía de Seguros Y (N.I.F. ...) y la correduría Z, S.A. (N.I.F. ...).
Respecto a éstos vehículos, X financia la prima pagándole a la compañía de seguros en nombre y por cuenta de su cliente la prima que recupera a través de la cuota periódica (cuota de renting) exigida a su cliente. Respecto a la parte de cuota de renting correspondiente a la recuperación de la prima del seguro anticipado, no repercute el IVA dado que lo considera como suplido, pero se deduce el IVA soportado en las facturas de reparaciones por siniestros, habiendo ascendido el importe de las deducciones por dicho motivo en 2002 a 198.650,12 €.
3. El motivo por el que se aseguran los vehículos con la citada aseguradora radica en que la reclamante tiene suscrito acuerdo de colaboración de gestión de seguros con Y, fechado el 29 de octubre de 1998, cuyas estipulaciones en referencia a la cuestión objeto de controversia son las siguientes:
1) OBJETO DEL ACUERDO: Este programa de seguros tiene como objeto prioritario el crear un marco suficiente para el aseguramiento y gestión de la flota de vehículos propiedad o administrados por X como sociedad arrendadora o gestora de vehículos a largo plazo (...)
4) DEFINICIONES:
Tomador del seguro: El Arrendatario o empresa arrendataria (...)
Propietario y beneficiario: X, S.A. (...)
Conductor Asegurado: El arrendatario o persona autorizada por él o por la sociedad arrendadora (...)
5) PRODUCTOS Y COBERTURAS: (...) La contratación se efectuará básicamente con las coberturas de "Riesgo Básico", "Daños Propios sin franquicia" y Robo" (...).
Riesgo básico: Responsabilidad Civil Obligatoria, Responsabilidad Civil Voluntaria ilimitada, Defensa Jurídica, Reclamación de daños, Cristales, Accidentes de conductor y ocupantes y asistencia en viaje.
9) GESTIÓN DE SINIESTROS:
Declaraciones de Accidente:, Serán recibidas por X, y serán trasladadas inmediatamente a Y. Siempre que exista otro vehículo implicado en el accidente se intentará que su declaración sea efectuada mediante el impreso Declaración Amistosa de Accidente.
Talleres reparadores: Designación expresa por parte de X.
Plazos de peritación (máximos):
En capitales de provincia, 24 horas si se solicita antes de las 12 horas.
Resto: 72 horas.
En el supuesto de que la peritación no se realice en los tiempos establecidos, X estará facultado para autorizar la reparación (siempre que el siniestro no vaya a ser declarado total), previas fotografías que sacará el taller, guardando además las piezas que deban ser cambiadas, adquiriendo Y el compromiso de abonar dicha reparación al taller que la realizó.
Exención de peritación Los siniestros de Daños Propios cuyo importe no exceda de 50.000 Ptas. no serán peritados.
Pago reparaciones vehículo asegurado: Los pagos serán efectuados en el plazo máximo de 15 días desde la recepción de la documentación mínima necesaria, siempre con la factura de reparación a nombre de X, distinguiendo:
a) Facturas abonadas directamente por X se abonarán a X sin incluir IVA. En este supuesto, X enviará a primeros de cada mes relación de facturas pagadas así como fotocopias de las mismas.
b) Facturas a abonar directamente por Y al taller reparador: serán abonadas por Y incluyendo el IVA. La cantidad correspondiente al IVA será abonada por X a Y, entregando ésta a X las facturas originales y la relación de las mismas.
4. El importe total de la Base Imponible de las facturas, por reparaciones por siniestros objeto de discrepancia asciende a 1.241.563,25€, cuya cuota de IVA es de 198.650,12€. Dichos importes incluyen según manifestó el obligado tributario en el procedimiento inspector, un importe de 298.647,03 € de Base Imponible correspondiente a reparaciones por siniestros de vehículos propiedad de X, cuyo tomador es el cliente del contrato de renting y en el cual la responsabilidad corresponde a un tercero.
Los costes generados por los seguros y los siniestros de vehículos asegurados son la póliza de seguros cuyo coste corresponde al tomador, y los gastos procedentes de la prestación del servicio de la compañía de seguros a su cliente, que incide exclusivamente en la cuenta de explotación de la compañía aseguradora, por lo que ninguno de estos costes inciden en X.
SEGUNDO.- La Inspección no admitió la deducción de dicho IVA soportado, en base a cuatro razones:
En primer lugar, porque el tomador del seguro era el cliente de X y el servicio de seguro se presta al tomador del mismo, ya que la póliza se suscribe por X en nombre y por cuenta de su cliente, sin perjuicio de que las reparaciones incidan sobre el vehículo del cual es propietario X.
En segundo lugar, porque X actúa respecto a dicho seguro en nombre y por cuenta de su cliente, financiando la póliza a su cliente y recuperándola a través de la cuota de renting, sin que repercuta IVA por calificarse como suplido. Por lo que todas las consecuencias jurídicas y económicas para X están encuadradas dentro de estas operaciones realizadas en nombre y por cuenta de su cliente, sin que quepa el amparo de lo establecido en el art. 78 apartado 3 de la LIVA deducción alguna por este Impuesto.
En tercer lugar, porque no consta en la cuenta de explotación de X cargo alguno del coste de la prima de seguros dado que el propio obligado tributario lo califica de suplido. Además, las reparaciones no suponen coste alguno para la reclamante y sí un IVA que considera soportado y deducido en su declaración.
Por último, porque las condiciones de facturación, de repercusión del IVA y la designación de beneficiario se establece en virtud de acuerdos entre particulares, lo que amparo del art. 36 de la LGT no altera la relación jurídica tributaria.
A juicio de la Inspección mediante las cláusulas establecidas en los contratos, lo que se consigue es alterar en apariencia y en beneficio de la sociedad aseguradora, y/o del tomador del seguro y/o de X y en perjuicio exclusivamente de la Hacienda Pública el normal funcionamiento del régimen de deducciones establecido en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, debido a que con ello eluden la limitación del derecho a deducir el IVA soportado que tendría que asumir como coste la Compañía de Seguros, dado que su actividad está de exenta sin derecho a deducción, según el artículo 20.UNO.16° de la LIVA, o bien del tomador si es consumidor final, o en el supuesto de no serlo incidan sobre los vehículos automóviles previstos en el art. 95 Dos 2°, y Tres 2° en los cuales se limita el derecho a deducción del 50% del mismo.
Además, con este planteamiento se consigue romper la filosofía y funcionamiento normal del IVA dado que el derecho a deducción lo ha ejercitado quien no aporta valor añadido, y que X no asume como coste ni la póliza de seguro (que la asume el cliente) ni la reparación que incide como input en la Compañía aseguradora.
El IVA soportado por estas reparaciones no es asumido como coste por ningún consumidor final, dado que X se deduce el IVA de reparaciones aseguradas, pero no repercute IVA por la prima del seguro al ser un suplido.
En consecuencia, el 30 de octubre de 2003 el actuario incoó el acta de disconformidad número 70771295 en la que proponía la regularización de la situación tributaria no admitiendo la deducción del IVA soportado en reparaciones cuya contingencia estaba cubierta por la compañía aseguradora y el tomador era el cliente de la empresa de renting. Por ello, se proponía minorar el importe de la cuota a compensar o devolver resultante del ejercicio 2002 en 198.650,12 euros.
El 3 de diciembre de 2003 se dictó acto administrativo de liquidación confirmando la regularización propuesta en el acta anterior.
TERCERO.- Disconforme con el acto administrativo dictado, el 16 de diciembre de 2003 la entidad interpuso la presente reclamación económico administrativa.
Evacuado el preceptivo trámite de puesta de manifiesto, la entidad presentó escrito de alegaciones en la que venía a exponer que las cuotas soportadas por X por la reparación de los vehículos resultaban perfectamente deducibles de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94 y siguientes de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre) y el artículo 18 la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, tal y como los mismos han sido interpretados por, el Tribunal Económico Administrativo Central para un caso idéntico al presente en su resolución de 22 de enero de 2003. Y ello sobre la base de cuatro argumentos que, en síntesis, serían los siguientes:
1) En contra de lo que afirmó la Inspección, el destinatario del servicio de reparación no tiene necesariamente que ser ni la Compañía de seguros ni el tomador del mismo y de hecho es la Compañía de renting.
El artículo 18 de la Ley del Contrato de Seguro que señala: "El asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias par establecer la existencia del siniestro y en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. (..) Cuando la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado lo consienta, el asegurador podrá sustituir el pago de la indemnización por la reparación o la reposición del objeto siniestrado".
Conforme a dicho artículo, y salvo la existencia de un pacto en sentido contrario, la persona llamada a reparar el objeto siniestrado es el beneficiario (en el presente caso, la compañía de renting), estando la compañía aseguradora obligada a satisfacer una indemnización por el coste de dicha reparación. En este caso, no existe tal pacto por el cual aquella pueda sustituir el abono de una indemnización por la reparación del vehículo. Por tanto, es la Compañía de renting la destinataria de los servicios de reparación, al ser la encargada de ordenar la reparación de los vehículos de su propiedad siniestrados, pudiendo obtener por ello una indemnización procedente de la compañía de seguros.
En este sentido, es X la que contacta con los talleres y negocia con ellos en la reparación de los vehículos de su propiedad, designándolos posteriormente como talleres concertados y autorizados para efectuar las reparaciones de sus vehículos. Una vez que el vehículo es depositado en el taller, es X quién está facultado para, tras la peritación, autorizar a la reparación de los vehículos de su propiedad. Es, por tanto, X, como propietario del vehículo, quien encarga el servicio de reparación al taller y el que se relaciona directamente con éste, asumiendo tanto los derechos como las obligaciones (pago) derivados de la citada prestación de servicios.
Además, desde un punto de vista económico, la propietaria de los vehículos es la máxima interesada en dicho servicio y, así procede a autorizarlo con carácter previo a la aceptación por parte de la Compañía aseguradora e, incluso independientemente de cual fuese la decisión adoptada por esta última respecto de la procedencia o no del abono de la indemnización derivada del siniestro. Ello queda refrendado por el hecho de que, aún en el supuesto de que por alguna circunstancia (disconformidad en la peritación o en las circunstancias del accidente, etc.), la aseguradora no entendiese procedente el abonar la indemnización, X seguiría teniendo en todo caso la obligación de pago frente al taller, al ser quien encargó a su nombre la reparación.
En este mismo sentido la Dirección General de Tributos (DGT) en su contestación a Consulta de fecha 23 de diciembre de 1986 interpretó que "cuando no resulte con claridad de los contratos suscritos, se considerará que las operaciones gravadas se realizarán para quienes, con arreglo a derecho, están obligados frente al sujeto pasivo (en este caso, los talleres) a efectuar el pago de la contraprestación de la misma".
A mayor abundamiento, la propia Inspección incurrió en una flagrante contradicción al considerar como no deducibles las cuotas soportadas por los servicios de reparación, con independencia de que los mismos no han sido indemnizados por la Compañía de seguros con la que el arrendatario tiene suscrita la póliza de seguros sino que lo han sido por otra compañía de seguros (ajena a la relación arrendaticia) sobre la base de que el responsable del siniestro o accidente es un tercer conductor. En consecuencia se han considerado como no deducibles aquellas cuotas de IVA correspondientes a reparaciones cuyo coste ha sido indemnizado por una Compañía distinta de la que tiene el seguro del vehículo cuando la responsabilidad del siniestro corresponde a un tercero. En estos casos, a juicio de la Compareciente, resulta imposible afirmar la existencia de un acuerdo de voluntades tendente a crear una apariencia que difiera de la realidad porque no sólo no existe tal acuerdo, sino que el mismo resulta imposible, ya que imposible es determinar a priori quién va a tener un siniestro, de quién va a ser la responsabilidad y mucho menos qué Compañía de seguros tiene cada conductor ajeno a X.
2) En contra de lo que afirma la Inspección, mediante los acuerdos entre las partes no se desvirtúa la realidad creando una apariencia tendente a permitir una incorrecta deducción del IVA.
En este punto la reclamante invoca que la DGT, a diferencia del criterio manifestado por la Inspección, en distintos pronunciamientos (consulta número 1077/2001, de 1 de junio de 2001, consulta número 1121/2000, de 11 de mayo de 2000, consulta de fecha 24 de julio de 1995, etc.) analiza quien debe ser considerado como destinatario en los servicios de reparación de un bien cubierto por un seguro, establece que el destinatario de las reparaciones será "la persona que resulte de los pactos entre las partes".
En el presente caso la persona designada jurídicamente como destinatario por las condiciones pactadas en el Acuerdo suscrito entre X y la compañía aseguradora es la reclamante.
Por otro lado, invoca la Resolución dictada por este Tribunal de fecha 22 de enero de 2003 en la que se establece que si el pago a los talleres lo realiza la Compañía de renting no cabe apreciar artificio alguno considerando el IVA soportado en tal caso como deducible. Por el contrario únicamente si el pago a los talleres los realizase la Compañía de seguros, "quizá" cabría entrar a analizar si mediante los acuerdos entre las partes se desvirtúa la realidad creando una apariencia tendente a permitir una incorrecta deducción del IVA.
En este caso, el pago de las reparaciones a los talleres lo realiza en todos los casos la Compañía de renting. Por tanto, la reclamante es la "verdadera" destinataria del servicio tanto en su vertiente económica (al ser propietario del vehículo y el máximo interesado en su reparación) como en la jurídica (es el designado como tal en virtud de los acuerdos suscritos entre las partes y es finalmente el que asume la obligación de pago de las facturas frente a los talleres) no pudiendo éstos emprender acciones contra la entidad aseguradora ni contra el tomador (arrendatario) en caso de impago de sus facturas.
3) La deducibilidad de las cuotas de IVA soportado por los servicios de reparaciones no se ve afectada por el hecho de que la prima de seguro constituya un suplido para la Compañía de renting.
Entiende la reclamante que el hecho de que las primas de seguros sean suplidos para X no es óbice para que dicha entidad sea destinataria de los servicios de reparación, ni por lo tanto para que el IVA soportado por este concepto sea deducible, ni es cierto que los gastos por siniestros o seguros únicamente incidan en el tomador del seguro o en la Compañía de seguros pero nunca en X.
El artículo 78.3 de la LIVA, sólo hace referencia a la deducción del impuesto correspondiente a la operación que tiene la naturaleza de suplido (en este caso la primas de seguro), pero en ninguna medida limita la deducibilidad de las cuotas correspondientes a los servicios de reparación. La deducibilidad de las cuotas por servicios de reparaciones no depende de la consideración dada a las primas de seguro sino del hecho de que X sea el destinatario real de los servicios de reparación.
Por lo que se refiere al hecho de que los "costes generados por seguros o siniestros de vehículos asegurados" no determinan nunca un coste para X únicamente se puede estar de acuerdo en lo que se refiere al suplido pero respecto a los gastos procedentes de los siniestros, la inspección sólo ha tomado los datos relativos a los importes satisfechos en concepto de reparaciones por siniestros de las correspondientes cuentas de gasto de los balances de sumas y saldos de la Compañía refiriéndose a que fruto de la indemnización recibida de la Compañía de seguros, el impacto en el resultado de X de las reparaciones por siniestros era nulo, pero también dicha afirmación es incorrecta, porque en aquellos casos en los que X autoriza la reparación y luego la Compañía rehúsa la cobertura del seguro para la misma, el coste de la reparación puede tener que ser asumido por X. Todo ello sin mencionar los costes generados por la infraestructura de medios materiales y humanos que dispone la Compañía para acometer la gestión de los referidos siniestros.
Pero aunque ello no fuese así, considera esta parte que el condicionar la deducibilidad de las cuotas de IVA a que las mismas correspondan a operaciones que determinen un coste neto efectivo para el destinatario resulta a todas luces contrario a los artículos 94 y siguientes de la Ley del IVA y nos llevaría a concluir que el IVA devengado en la adquisición de cualquier bien o servicio cubierto por un seguro sería por definición no deducible ya que lo que precisamente persigue todo instrumento de seguros es precisamente eso, el que de producirse el siniestro no exista un coste para el beneficiario, y ello con independencia de que concurran en él la condición de tomador y beneficiario del seguro.
4) El derecho a deducir nace precisamente de que es X quién asume la obligación de reparar, y por ende el coste de la misma, aportando valor a la cadena productiva y repercutiendo IVA sobre el alquiler, IVA que es trasladado a sus clientes según el normal funcionamiento del Impuesto.
Al respecto la reclamante expone que el precio del alquiler de un vehículo, no es ajeno al hecho de que el vehículo se pueda utilizar o no. Es decir, una compañía de renting no sigue generando el mismo valor con independencia de que el vehículo a los 15 días de su puesta en circulación sufriese un siniestro que lo hicieran inservible para su uso. Otro ejemplo de que los servicios de reparaciones condicionan el valor añadido, sería el valor añadido por parte de X cuando terminada la operación de renting el vehículo es objeto de venta.
En cuanto a la afirmación de la Inspección de que la filosofía del IVA se rompe si el coste de la prima no lo asume la Compañía de renting y tampoco asume el coste de la reparación. En relación con esto último señalar que la Inspección incurre en un error ya que quién sufre el daño en el supuesto del siniestro de un vehículo es precisamente la Compañía de renting y es precisamente por ello por lo que resulta acorde con la propia filosofia del IVA, tal y como lo ha manifestado el Tribunal Económico Administrativo Central, que sea la beneficiaria del contrato del seguro, en tanto en cuanto que destinataria de los servicios de reparación, la que proceda a la deducción del IVA.
Finalmente afirma la Inspección de Hacienda que el IVA de las reparaciones no es asumido como coste por ningún consumidor final. No entendemos tal afirmación que resulta contraria a la que realiza el Tribunal Económico-Administrativo Central en la Resolución de 22 de enero de 2003 que acepta que en los supuestos en los que la Compañía de renting se deduce el IVA correspondiente a las reparaciones y percibe una indemnización equivalente al coste neto de IVA de la reparación el Impuesto sigue manteniendo su carácter neutral en el ámbito empresarial sin que parezca necesario, al menos para esta Compareciente y para el TEAC, encontrar un consumidor final en esta fase.
Admitir el referido criterio, sería tanto como admitir que siempre que haya una entrega de bienes o prestación de servicios cuyo coste esté cubierto por una compañía de seguros, el IVA de dichas operaciones sería, por definición, no deducible (al ser forzosamente la Compañía de Seguros la destinataria de tales servicios), lo que sí que resulta contrario a la filosofia del IVA y a la Doctrina de la Dirección General de Tributos en este sentido (contestaciones a Consulta de fecha 23 de enero de 1997, 5 de febrero de 2001, 31 de enero de 2003, entre otras).
La cuestión sobre la que debemos entrar a resolver radica en determinar la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas con motivo de los servicios de reparación de vehículos siniestrados habiendo sido expedidas a nombre de la reclamante y teniendo en cuenta el destinatario real de los servicios de reparación.
SEGUNDO.- Como bien invoca la reclamante en sus alegaciones, sobre esta materia ya se pronunció este Tribunal Central en su resolución de 22 de enero de 2003 (R.G. 3135/2001) en un supuesto muy similar al que aquí se debe resolver, si bien debemos discrepar con la interpretación vertida por la reclamante en cuanto al sentido propio de lo expuesto en la resolución.
En la resolución de 2003, este Tribunal venía a concluir que las cuotas soportadas en las facturas expedidas por los talleres a nombre de la entidad arrendadora de los vehículos no son deducibles. El asegurador efectuaba el pago a los talleres por cuenta del asegurado y por el importe íntegro de las facturas, por lo que, aun identificando el daño real para el arrendador del vehículo con el importe de las facturas netas del IVA y siendo ésta la cantidad que en concepto de indemnización recibía, no se estaba resarciendo en su totalidad el coste real de las reparaciones.
Una vez hecha esa precisión, debemos pasar a examinar las características propias del presente expediente, con objeto de analizar si las conclusiones a las que se llegaron en la mencionada resolución pueden ser objeto de aplicación en esta caso.
TERCERO.- Debemos, en primer lugar, estudiar las características propias de los contratos de seguro suscritos entre los clientes de la entidad de renting y la aseguradora. Dichos contratos vienen derivados de la relación contractual original de renting de los vehículos. Sin embargo, debemos poner de manifiesto las limitaciones que nos afectan en cuanto a que en el expediente no existe ningún ejemplar de los mencionados contratos suscritos. Si bien, por otra parte esta limitación es lógica, dado que la reclamante no es ninguna de las partes contratantes de los citados contratos.
Únicamente, existe constancia de que la reclamante suscribió un acuerdo de colaboración de gestión de seguros con Y, fechado el 29 de octubre de 1998, en el que se creaba un marco contractual por el que, si no todos, gran parte de sus vehículos quedarían asegurados por parte de la aseguradora en los términos concretos establecidos en el acuerdo. Al respecto, conforme a los términos propios del acuerdo, debemos destacar dos cuestiones fundamentales:
En primer lugar, que los contratos de seguro que se suscriban a raíz del mismo, tendrían los siguientes intervinientes: el tomador del seguro sería el propio cliente de la reclamante, esto es, el arrendatario del vehículo; el asegurado sería el propio cliente o la persona que autorizara como conductor; y la aseguradora sería la entidad Y. La entidad arrendadora, esto es, la reclamante únicamente actuaba en el seguro en nombre y por cuenta de su cliente, por lo que no se puede considerar parte en el contrato de seguros suscrito. No obstante, el acuerdo de colaboración establecía como beneficiario del seguro a la entidad reclamante, por ser la propietaria del vehículo, si bien, en los seguros de daños, la legislación reguladora no prevé dicha figura, siendo aceptado por la doctrina que los seguros de daños no tienen beneficiarios porque el principio indemnizatorio del seguro exige que la indemnización vaya al afectado por el siniestro que es el asegurado. Por tanto, debemos concluir que la entidad de Renting no constituye parte del contrato de seguro suscrito, con independencia de que el vehículo que se arrienda mediante el renting sea de su propiedad.
Al respecto, de los datos del acuerdo de colaboración suscrito y, a diferencia del supuesto del que derivaba la resolución de 22 de enero de 2003 en la que se identificaba como asegurado a la entidad arrendadora, en el presente expediente el asegurado es el arrendatario o el conductor del vehículo, quedando fuera del contrato de seguros la entidad reclamante, esto es, la arrendadora. Por tanto, estamos ante una diferencia fundamental que va a limitar las conclusiones que se adopten en esta resolución.
En segundo lugar, debemos destacar que en el mencionado acuerdo de colaboración suscrito no se especifican las condiciones en las que la entidad arrendadora procederá a cumplir con las prestaciones que resulte obligada. Y ello, por otra parte es lógico, puesto que no se trata de un contrato de seguros propiamente dicho, sino de un acuerdo al que se podrían ceñir los futuros contratos a suscribir por la aseguradora y los arrendatarios de los vehículos de la reclamante.
En el acuerdo, se habla de la forma de proceder en caso de siniestros, en concreto en cuanto a la declaración del accidente, el taller reparador, la peritación del daño, el pago de las reparaciones y, por último, la indemnización por la pérdida total del vehículo. Pero no se concreta si la prestación por parte de la aseguradora se realizará mediante la indemnización por la pérdida patrimonial incurrida o se sustituirá la indemnización por la reparación del bien siniestrado. Solamente se especifica que las facturas emitidas por el servicio de reparaciones deben incluir como destinatario la entidad arrendadora.
Una vez más, debemos resaltar que la indeterminación en cuanto al tipo de prestación es razonable porque no estamos ante un contrato de seguros sino de ante un acuerdo previo al mismo y las prestaciones deberán concretarse en el momento en el que se celebre el contrato de seguros.
Además, la propia Ley 50/1980 reguladora del contrato de seguros dispone en su artículo 18 la posibilidad de sustituir la indemnización a satisfacer con motivo del daño producido por la reparación del bien, siendo requisito indispensable el acuerdo entre asegurador y asegurado. Y la entidad arrendadora del vehículo no es ninguna de las dos partes.
Pero es que, además tampoco ha acreditado cómo se pactaron las prestaciones entre las partes en el contrato suscrito; únicamente se ha limitado a afirmar que percibe una indemnización de la aseguradora con motivo de los daños sobre los vehículos que son de su propiedad.
CUARTO.- Una vez sentado lo anterior, la siguiente cuestión sobre la que debemos profundizar hace referencia al destinatario de los servicios prestados por el taller para la reparación de los vehículos siniestrados.
Como ya ha quedado sentado en los antecedentes de hecho, la reclamante se considera la destinataria de dichos servicios por el hecho de ser ella la propietaria de los vehículos cuyos daños se reparan. Apoya su postura en el hecho de que es ella la que trata con el taller reparador y, en ocasiones paga el importe de las reparaciones, aunque posteriormente es resarcida por la aseguradora. Además, las facturas se emiten a su nombre por quien presta el servicio de reparación de los vehículos.
Sobre este cuestión debemos discrepar con las tesis invocadas por la entidad. Y ello por la razón fundamental de que dichas reparaciones o indemnizaciones, pese a recaer sobre bienes de su propiedad, en ningún caso tienen como destinatario real a la reclamante.
Esta conclusión se fundamenta jurídicamente en la propia operativa del contrato de renting, que se regula por el régimen del contrato de arrendamiento de bienes muebles conforme lo dispuesto en el código civil. Concretamente, el artículo 1555 del Código Civil compele al arrendatario a hacer uso de la cosa arrendada como un diligente padre de familia.
Y sobre esa afirmación, debe recaer la responsabilidad del arrendatario por los daños acaecidos en el vehículo arrendado. Resulta innegable que, en el caso de que el seguro contratado por parte del arrendatario no cubriera los daños propios ocasionados al vehículo siniestrado la responsabilidad de los daños sufridos corresponde al arrendatario y no al arrendador. Si no fuera así, no tendría lógica que los arrendatarios contrataran con la aseguradora la cobertura de los daños propios ocasionados al vehículo, puesto que la responsabilidad correría a cargo de la arrendadora.
Una vez sentado lo anterior, debemos concluir que en ningún caso la reclamante, como arrendadora de los vehículos es la destinataria de los servicios de reparación realizados sobre sus vehículos.
QUINTO.- Y, en cuanto a la identificación del destinatario real de dichas prestaciones, como bien invoca la reclamante, la Dirección General de Tributos se ha pronunciado de forma reiterada que será aquel que se deduzca de lo acordado entre las partes. Esto es, la compañía aseguradora o el tomador del seguro. Así, por ejemplo se reconoce en la contestación dada a la consulta 708/2004, de 23 de marzo de 2004.
Esta afirmación es, por otra parte coherente con todo lo dicho hasta ahora porque el servicio de reparación del vehículo se realiza con objeto de eximir de su responsabilidad al arrendatario del vehículo ante el propio arrendador o, en su caso, para cumplir con sus obligaciones contractuales por parte de la aseguradora ante el tomador del seguro, siendo en este último caso una consecuencia de la responsabilidad inicial que el arrendatario asumió con el arrendador.
Por tanto, pese a que la prestación suponga la reposición de la pérdida patrimonial que produzca un siniestro sobre un vehículo propiedad de la arrendadora, la indemnización por la pérdida patrimonial o el servicio de reparación del daño no tienen como destinatario al arrendador propietario del vehículo puesto que dicho servicio se origina como consecuencia de una relación contractual ajena al mismo, la relación derivada del contrato de seguros y no de la del renting.
El único acuerdo contractual del que forma parte el arrendador es el de renting con su cliente y de dicho acuerdo se deriva la obligación de uso con diligencia y la devolución del vehículo en las condiciones de uso propias y originarias establecidas en el contrato de renting. Por tanto, las actuaciones que el arrendatario realice para cumplir con su obligación no incumben al arrendador.
Por tanto, en virtud de todo lo anterior, debemos concluir que no le corresponde a la reclamante deducir el IVA soportado en las operaciones de reparación de los vehículos, debiendo desestimar la presente reclamación.
El Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, en la reclamación económico-administrativa interpuesta por el contribuyente X, S.A., con NIF ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo de liquidación dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de ... de la AEAT de 3 de diciembre de 2003 relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a 2002, por el que se minora el importe a devolver al contribuyente en 198.650,12 euros, situándolo en 1.778.235,28 euros. ACUERDA: Desestimarla, confirmando el acto administrativo impugnado.
Sentencia Civil Nº 796/2005, TS, Sala de lo Civil, Sec. 1, Rec 1492/1999, 24-10-2005
Orden: Civil Fecha: 24/10/2005 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Ruiz De La Cuesta Cascajares, Rafael Num. Sentencia: 796/2005 Num. Recurso: 1492/1999

References: Resolución 
 artículo 20
 artículo 18
 resolución 
 artículo 18
 Resolución 
 artículo 78
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 1555