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El oscuro proceder garzonita (II): ¿por qué eran ilegales las escuchas? | Liberalismo implacable
Posteado por: Javier | febrero 11, 2012
El oscuro proceder garzonita (II): ¿por qué eran ilegales las escuchas?
Vamos a ver un poco los hechos que han llevado a Garzón a ser condenado por las escuchas de las conversaciones de varios imputados de la “trama Gürtel” con sus abogados.
Entiendo que haya gente decente y de buena fe (dejemos aparte a los cuatro gatos de extrema izquierda que fueron a manifestarse a Sol el jueves por la noche, “avergonzados” se llaman ahora, al parecer… avergonzados de lo que hieden y de desconocer el jabón y la ducha, no de otra cosa…) indignada porque antes incluso de que se haya celebrado el juicio de este caso, y con serios indicios de una posible culpabilidad de los acusados, haya sido condenado el juez instructor. Es normal hasta cierto punto, pues siempre, y más en los tiempos de dificultades económicas para tanta gente en que estamos, causa un gran malestar y bochorno que alguien haya estado llenándose los bolsillos gracias a la política y de forma ilícita, pero deben mantener la calma:
La condena a Baltasar Garzón no afecta a la marcha de las diversas causas contra la trama Gürtel que se siguen en la Audiencia Nacional y en los tribunales superiores de Valencia y Castilla-León. Las grabaciones en prisión que han condenado a Garzón ya fueron declaradas ilegales con anterioridad, así como su contenido y efectos separados de los procesos, que continúan sustentados en el resto de las distintas pruebas de cargo consideradas válidas contra los imputados. Esto NO equivale a una “absolución” de los imputados. Queda mucha tela que cortar, judicialmente hablando, en torno al “caso Gürtel”.
Haciendo una cronología de hechos, Garzón, magistrado-juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el 6 de agosto de 2008 incoa las diligencias previas n° 275/2008 (las que todos conocemos popularmente como “caso Gürtel”), tras la denuncia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, por la posible existencia de delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Los que ahora han sido querellantes contra Garzón, Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, entre otros muchos implicados en esta trama, resultaron imputados en esas diligencias. Garzón acordó para estos tres la medida de prisión provisional, el 12 de febrero de 2009, siendo internados en el Centro Penitenciario Madrid V de Soto del Real.
Por tanto, cualquier comunicación entre estos tres individuos y sus abogados a la hora de preparar la defensa era que éstos les visitasen en la cárcel. Visitas que los abogados realizaban en el ejercicio de su profesión, por supuesto.
Es aquí donde surge la motivación prevaricadora de Garzón. Era obvio que, por la relación de confianza de los abogados con sus clientes (seguros de que aquellos mantendrían el secreto profesional), éstos les iban a soltar cosas comprometedoras y datos reservados cuando se reunieran en los locutorios de la prisión, al objeto de preparar mejor la defensa.
Evidentemente, el juez estaba seguro de que, conociendo la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados, iba a dominar completamente la evolución de la causa. A tal fin, dispuso la colocación de artificios técnicos de escucha en los locutorios de abogados, dando instrucciones precisas a los funcionarios de la Policía Judicial para que cada vez que el interno comunicara con algún abogado, cualquiera que fuese, o les girara visita, se dispusiera la activación del mecanismo de escucha y ulterior grabación de las conversaciones, mediante un auto que dictó el 19 de febrero de 2009, en el que acordaba la intervención de las conversaciones orales y escritas de Correa, Crespo y Sánchez, desde ese día hasta el 20 de marzo del mismo año.
En el segundo Fundamento de Derecho del auto reconoce Garzón que el “artículo 51 (de la Ley Orgánica General Penitenciaria) en su segundo párrafo recoge claramente el supuesto fáctico que aquí se denuncia, estableciendo que las comunicaciones de los internos con el abogado defensor no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”, disponiendo después “Ordenar la observación de las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos, y con carácter especial, las que mantengan con el letrado D. José Antonio López Rubal, previniendo el derecho de defensa“.
Realmente, la Ley General Penitenciaria distingue entre comunicaciones generales y particulares de los presos con sus abogados. Las particulares son aquellas en las que entra en juego y puede ponerse en riesgo el derecho de defensa y estas son en las que siempre deben concurrir dos requisitos: casos de terrorismo y autorización judicial. Todo lo que sean conversaciones de otro tipo son comunicaciones generales, y pueden intervenirse con autorización de la dirección del centro penitenciario y cuando existan indicios o fundadas sospechas de que el abogado sea complice del imputado preso. Pero, claro, estos indicios o sospechas deben estar bien fundados y la persona del abogado bien determinada. Pero, claro, ya vemos que lo que hizo Garzón fue ordenar la interceptación de las comunicaciones con todos los letrados, y, más aún, con cualquier hijo de vecino que tuviera la condición de abogado y que se entrevistara con esta gente, aún cuando no estuviera personado en la causa. Ello por supuesto, sin importar que existiera o no el indicio más mínimo de que fuera complice o no de estos tipos. En seguida veremos el caso concreto de Antonio López Rubial, al que señala específicamente Garzón en su auto.
¿Cómo pretendía Garzón prevenir el derecho de defensa con el tipo de intervención de las comunicaciones que había ordenado? De ninguna forma. Garzón sabía perfectamente que la resolución que había dictado se cargaba el derecho fundamental a la defensa, por algo introdujo en el auto la coletilla esa de la prevención de que se garantizase ese derecho, cosa que sabía imposible en los términos en los que había dispuesto la medida.
Dice también Garzón que “Igualmente y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como “enlace” de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella”.
En un principio, Francisco Correa y Pablo Crespo estaban defendidos por el abogado José Antonio López Rubial, quien también acabó metido “en el ajo” e imputado en esta misma causa de Gürtel. La medida de las escuchas acordada expiraba el 20 de marzo de 2009. Previamente, el 2 de marzo de 2009, Francisco Correa cambió de abogado, designando a José Antonio Choclán Montalvo, mientras que Pablo Crespo nombró a Gonzalo y Pablo Rodríguez Mourullo, letrados todos ellos que no habían tenido ninguna relación anterior con los imputados y sobre lo que no había ni el más mínimo indicio de que tuvieran relación con la “organización” de la que habla Garzón en el auto del 19 de febrero de ese mismo año.
El 6 de marzo, los nuevos abogados visitan a sus defendidos en prisión. A pesar de ser personas sin ninguna vinculación con lo actuado hasta la fecha, sin embargo, hete aquí que Garzón, en base al auto antiguo y a sus fundamentos, interceptó sus conversaciones con Correa y Crespo. Lo mismo hizo con Juan Vergara Pérez, el abogado de Antoine Sánchez, y sobre quien, al igual que sobre los letrados de los otros dos, no había sospecha ninguna de que tuviera contacto con la “organización”.
Estaba TOTALMENTE CLARO que de lo que iban a hablar los nuevos abogados en su primera toma de contacto con sus nuevos defendidos era de las estrategias de defensa a seguir, por algo Garzón acordó la prórroga de la intervención de las comunicaciones por más tiempo. Eso sí, ya recibió un toque de atención del Fiscal, el 20 de marzo, puesto que en su informe no se oponía a la prórroga de la intervención “si bien con expresa exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados que representan cada uno de los imputados y, en todo caso, con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa”, advirtiendo que “Una parte importante de las transcripciones se refieren en exclusiva a estrategias de defensa y, por tanto, deben ser excluidas del procedimiento”. El Ministerio Fiscal se oponía parcialmente a la prórroga, sin embargo, Garzón despachó este punto del informe por providencia del 23 de marzo con: “se tienen por efectuadas las manifestaciones contenidas en el mismo”.
Entre el primer auto y el segundo, por el que prorrogaba la medida, Garzón siguió escuchando y grabando las conversaciones relativas al ejercicio de la defensa, confirmando esta medida mediante el auto de 20 de marzo, en el que acordaba la prórroga de la intervención de las comunicaciones, sin discriminación alguna y tanto de los abogados personados como de cualquiera que visitara a los imputados, suprimiendo la frase “y, con carácter especial, las que mantengan con el letrado José Antonio López Rubial (el que, como he dicho antes, acabó también imputado)”, que sí constaba en el anterior auto de 19 de febrero de 2009. Es decir, Garzón se pasaba por el forro la norma y ya no solo intervenía las comunicaciones con el abogado imputado en la trama y sin afectar al derecho a la defensa (aunque fuera cosa imposible), sino que ordenaba las escuchas a todos y sobre todo, sin discriminar ningún contenido.
Las conversaciones, que fueron grabadas, mantenidas por el imputado Pablo Crespo con sus abogados Gonzalo y Pablo Rodríguez Mourullo, las habidas entre Francisco Correa y su letrado, José Antonio Choclán, y las que mantuvieron el interno Antoine Sánchez y su abogado Ignacio Vergara, versaron sobre aspectos relacionados con la estrategia de defensa, abordándose cuestiones relativas al contenido de la imputación formulada y de cómo habría de enfocarse la defensa frente a los hechos que eran atribuidos por Garzón, como juez instructor. La policía, la fiscalía y el magistrado instructor, que tenía dispuesta la toma de declaraciones a los imputados al poco tiempo, tuvieron acceso de este modo a información relevante con anterioridad a que los imputados prestaran nueva declaración en el proceso, accedieron indebidamente a las estrategias de defensa establecidas entre los internos y sus abogados, y una vez conocido el contenido íntegro de la relación confidencial, solo entonces, se decidió el expurgo por parte de Garzón, una vez que ya se había producido la lesión del derecho fundamental de forma irremediable.
El Fiscal, al serle notificado el nuevo auto de Garzón, emitió informe el 23 de marzo de 2009, en el que advierte de lo siguiente: “El Fiscal, notificado el auto de 20 marzo de 2009 en el que se acuerda la prórroga de la intervención de las comunicaciones de los imputados en situación de prisión provisional, Dice: En fecha 20 de marzo de 2009 se emitió informe en el que se interesaba el desglose de determinadas conversaciones con el fin de salvaguardar el derecho de defensa de los imputados. El Fiscal reitera lo solicitado e interesa, con la misma finalidad, que, en lo sucesivo, se excluyan de la causa todas aquellas comunicaciones que se refieran exclusivamente al ejercicio del derecho de defensa de aquellos“.
¿Cómo intentó tapar Garzón su actuación?
Con mucha cuquería, el día que le llega el informe del Fiscal, el 27 de marzo, dicta otro auto en el que dispone: “excluir de esta pieza las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez y sus letrados y que se refieran en exclusiva a estrategias de defensa”.
Pero claro, ¡AMIGO!, cuando Garzón dicta este auto ordenando eliminar esas transcripciones ya se había cargado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones entre interno y abogado, con grave daño al derecho de defensa, pues, todas las conversaciones mantenidas con sus letrados resulta que versaron, como es lógico y no creo que Garzón se chupase el dedo a este respecto: SOBRE ESTRATEGIAS DE DEFENSA.
Es evidente que la intervención de las comunicaciones y la información que se extrajo de ellas permitió abrir nuevas vías de investigación a la Policía y conocer previamente qué estrategia coordinada iban a seguir los imputados y sus letrados en las siguientes declaraciones que efectuasen ante el juez. El común de la gente puede pensar que, en resumidas cuentas, de todas formas, el fin era justo puesto que estos fulanos de Gürtel, al fin y a la postre, lo que estaban buscando era ocultar la verdad para eludir la acción de la Justicia.
Pero, bien, es que procesalmente no se aplica el “quien roba a un ladrón, cien años tiene de perdón”. Aquí hay que tener dos cosas claras:
¿Qué entendemos por justicia? Puede haber una justicia material, un concepto moral y personal sobre lo que está bien y lo que está mal, y una justicia formal, llegar a un pronunciamiento respetando una serie de reglas formales que vinculan a todos. Si se respetan las normas de ésta última, todos los pronunciamientos serán formalmente justos, nos parezcan materialmente justos o no. Garzón me parece un personaje muy dudoso, pero, aún suponiendo que buscara la justicia material, y no llamar la atención, NO ES ESTE el fin de un juez, sino la justicia formal, el cumplimiento de los requisitos legales, le parezca materialmente justo el fin al que llegue o no se lo parezca. El juez NO es un juez moral, es un encargado de velar celosamente por el cumplimiento de lo que marca la ley y de aplicarlo.
El derecho constitucional a la defensa y a la asistencia letrada comporta que el interesado pueda encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien merezca su confianza y considere más adecuado para instrumentar su propia defensa (STS de 11 julio de 1997). El artículo 24.2 Constitución establece, como garantía constitucional de toda persona a la que se le impute la comisión de un hecho delictivo, la posibilidad de valerse de asistencia letrada. Este derecho encuentra su desarrollo concreto en los artículos 118 y 520 de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecen, como regla general, la libre designación de Abogado por parte de los imputados, detenidos, procesados o presos. Dentro de este derecho a la defensa es FUNDAMENTAL E IMPRESCINDIBLE el derecho a que abogado y cliente MANTENGAN SUS CONVERSACIONES EN ESTRICTA INTIMIDAD y por supuesto SIN NINGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN DE SUS COMUNICACIONES, con la salvedad de que el propio abogado participe también en la actividad delictiva.
Es de perogrullo que el abogado (aunque a veces al cliente incluso el abogado debe sacarle la verdad con un sacacorchos) necesita saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad para articular su estrategia de defensa. De ahí la importancia del secreto profesional que ampara a los abogados (y que también les obliga a ellos) y de la confidencialidad, aunque el cliente sea el delincuente más despreciable, puesto que existe un principio procesal penal, inspirado en lo dispuesto en la Constitución, llamado “de igualdad de armas” (artículo 24.1 y 2 de la CE): en un proceso penal hay un fiscal y puede haber una acusación particular, con la defensa frente a ellos, y ambos deben tener las mismas oportunidades. Si la fiscalía o la acusación particular conocen de antemano la estrategia que va a seguir la defensa, la igualdad en el juego se rompe.
Garzón dictó su primer auto sabiendo que, al estar los imputados en prisión, sus abogados iban a ir a visitarlos, por eso dice que: “Igualmente y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como “enlace” de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella”.
Como hemos visto antes, hay unas comunicaciones generales de los imputados en prisión, que se pueden intervenir con la autorización del Director del centro penitenciario en que estén internos, y otras particulares, con los letrados, que solo pueden ser autorizados por el juez y en casos de terrorismos (y es obvio que Correa y sus compis son chorizos, pero no terroristas). La prohibición de la intervención de estas conversaciones particulares con los abogados, fuera de los casos de terrorismo, se refiere a lo relativo al derecho de defensa. Si el abogado es un posible chorizo más, que esté liado con la trama, lo que hablen aparte de esto entra dentro de las comunicaciones generales.
Pero Garzón lo que hizo fue no determinar a quiénes se iba a escuchar concretamente y escuchar a abogados sin relación con la trama, en base a un auto dictado para un abogado anterior que sí lo estaba, y con pleno conocimiento de que los nuevos abogados iban a tratar con sus nuevos clientes aspectos relacionados con la defensa, al ser las primeras entrevistas que iban a tener en prisión.
Por otra parte, para intervenir legalmente las conversaciones con los abogados, deben existir indicios, previos a la medida de interceptación, de que el abogado participa en la actividad delictiva. No obstante, Garzón dice en el primer auto que los abogados “pueden” y “pudiesen”, es decir, que no había ningún indicio razonable para ello, además no se indicaba qué abogados estarían implicados, como ha dicho el Tribunal Supremo en la sentencia: “Por lo tanto, en el auto del acusado no se contenía ninguna mención concreta de la identidad de los letrados sospechosos, lo que habría permitido excluir a los demás, ni tampoco precisión alguna acerca de los indicios que existieran contra los que no hubieran sido hasta entonces imputados”. Luego, cuando prorroga las escuchas en el segundo auto, sigue incluyendo indiscriminadamente las de todos los letrados.
Antes hemos visto que el Fiscal le advirtió de esta circunstancia el 20 de marzo de 2009, lo que reiteró el día 27 del mismo mes. Garzón dictó dos autos autorizando escuchas a abogados indeterminados y fue advertido de ello en dos ocasiones por la Fiscalía. ¿No sabía Garzón que estaba vulnerando la ley? Un poquito de por favor…
El Tribunal hace referencia a la triquiñuela de Garzón de introducir la coletilla “previniendo el derecho de defensa” para cubrirse las espaldas, una coletilla que, en los términos en que estaban redactados los autos, no tenía ninguna virtualidad, no era más que papel mojado: “La inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa, dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaría a este derecho. El propio tenor literal de los autos lo acredita, al referirse a todos los letrados personados y a otros que mantengan entrevistas con los internos, lo cual, gramaticalmente, al no establecerse excepción alguna, afecta a todos los personados, estén imputados o no, y por lo tanto, existan, o no existan, contra ellos indicios de actividad criminal, y a todos los letrados que se personen en el futuro, con independencia de su identidad, y nuevamente con independencia de que existan o no indicios de actividad criminal contra ellos.
Además, no pudo tener duda alguna sobre ello. Los funcionarios de policía le reclamaron aclaraciones acerca del significado de la frase previniendo el derecho de defensa, con el resultado ya expuesto en el relato fáctico. El Ministerio Fiscal le reclamó la exclusión de las comunicaciones mantenidas con los letrados defensores. Tuvo conocimiento de la personación de nuevos letrados, tras el dictado del primero de los autos. Y los informes de los agentes policiales sobre las conversaciones mantenidas en el curso de las comunicaciones, incluían algunas con los letrados de la defensa de las que no resultaba indicio alguno de actuación delictiva por parte de estos últimos”.
Errores los cometemos todos a diario, pero es muy difícil imaginar que Garzón se equivocase.
Así y todo, la pena no ha sido excesivamente dura, teniendo en cuenta la horquilla que hay y el concurso con el delito del 536, dentro de lo que dispone el artículo 446 del Código Penal: “El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado: […] 3. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas”. Prácticamente, ha sido llevada casi al mínimo.
Hasta aquí llega esta explicación, un poco larga, pero necesaria para ver que lo que Garzón se saltó no fue ninguna “sutileza legal” o algo en lo que pueda haber una cierta discrecionalidad o posibilidad de flexibilidad interpretativa o analogía, sino, a sabiendas y quebrantando garantías constitucionales, normas legales y principios básicos de Derecho penal que afectan directamente a derechos fundamentales. Es algo muchísimo más grave de lo que pueda parecer a simple vista.
Es normal que mucha gente piense que los grandes mangantes de este país están muy bien defendidos por magníficos abogados muy bien pagados capaces de enredar y dar mil y una vueltas a la ley, buscando y rebuscando todas las rendijas legales posibles por las que puedan escaparse sus clientes. La realidad: hasta un joven y modesto abogado mínimamente competente habría visto esto y lo hubiera tenido a huevo con Garzón, pues lo que se ha saltado es elemental, es de cuarto de carrera, curso en el que empieza a estudiarse Derecho procesal.
Incluso supongamos que Garzón lo que pretendía era alcanzar denodadamente la justicia, en un sentido moral, mediante la condena de unos culpables: no ganamos nada defendiéndole. Lo que se han vulnerado han sido garantías y derechos fundamentales de los de la Gürtel, sí, y tuyos y míos… de todos.
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Muy buen articulo Javier, muy bien explicado.
By: Ruben on febrero 13, 2012
Comparto la opinión de Rubén también – queda claro.
El 17 de octubre de 1995, El País publicaba el siguiente editorial: “De ser así, Garzón estaría interfiriendo de forma oblicua en una parcela de los GAL que no le corresponde a él investigar, sino al instructor del Supremo. Ningún fin, ni siquiera el de conocer toda la verdad sobre los GAL, justifica pasar por encima de los procedimientos.”
http://elpais.com/diario/1995/10/17/opinion/813884406_850215.html
By: Alfredo on febrero 14, 2012
Muchas gracias a ambos, y, no solo esto de El País, también es muy interesante lo que el mismísimo Garzón decía en 1998 sobre prescripción e irretroactividad de las leyes, lo que veremos en la tercera entrega.

References: resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 446
 resolución 
 resolución