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Timestamp: 2018-10-23 10:18:56+00:00

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﻿ SENTENCIA C-166 DE MARZO 15 DE 2017
SENTENCIA C-166 DE 15 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:DEFENSA TÉCNICA COMO PARTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SE ACLARA QUE LA PALABRA “PODRÁ” DENOTA UNA HABILITACIÓN QUE SE RELACIONA CON EL OTORGAMIENTO DE FUNCIONES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS PARA QUE ACTÚE CUANDO EL TITULAR DE LA ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS LE SOLICITE QUE LO REPRESENTE EN EL TRÁMITE JUDICIAL ANTE LOS JUECES Y MAGISTRADOS DE LA JUSTICIA ESPECIAL. POR LO TANTO, TAL INTERPRETACIÓN RESULTA ADMISIBLE CONSTITUCIONALMENTE, EN LA MEDIDA QUE: (I) PERMITE AL ESTADO CUMPLIR CON EL DEBER DE OTORGAR ASISTENCIA JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS PARA LOGRAR LA REPARACIÓN INTEGRAL, ESPECÍFICAMENTE EN EL COMPONENTE DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, EN LA MEDIDA QUE LA UNIDAD FUE DOTADA DE LA POTESTAD-DEBER DE ACTUAR EN EL TRÁMITE JUDICIAL CUANDO LA VÍCTIMA LO SOLICITE(II) PERMITE GARANTIZAR A LAS VÍCTIMAS EL ACCESO A LOS RECURSOS RÁPIDOS, IDÓNEOS Y EFICACES PARA OBTENER LA RESTITUCIÓN MATERIAL Y JURÍDICA DE LOS PREDIOS DESPOJADOS O ABANDONADOS(III) A LA VEZ QUE LES PERMITE EL ACCESO EN CONDICIONES DE IGUALDAD ANTE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, PRIVILEGIANDO LA DEFENSA TÉCNICA RESPECTO DE UNA POBLACIÓN VULNERABLE QUE, POR REGLA GENERAL, CARECE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REPRESENTARSE DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE SU ABOGADO DE CONFIANZA. SE RESUELVE ENTONCES DECLARAR EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “PODRÁ” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL ENTENDIDO QUE REFIERE A UNA HABILITACIÓN PARA QUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS ACTÚE CUANDO EL TITULAR DE LA ACCIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS LE SOLICITE QUE LO REPRESENTE EN EL TRÁMITE JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, POBLACIÓN DESPLAZADA, PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, RESTITUCIÓN DE TIERRAS, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
Sentencia C-166 de marzo 15 de 2017
Ref.: Expediente D-11545
PARÁGRAFO. Los titulares de la acción pueden tramitar en forma colectiva las solicitudes de restitución o formalización de predios registrados en la Unidad, en las cuales se dé uniformidad con respecto a la vecindad de los bienes despojados o abandonados, el tiempo y la causa del desplazamiento”.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula en esta ocasión, por dirigirse contra un aparte de la Ley 1448 de 2011.
3. Para atender cada uno de los anteriores planteamientos y, en forma adicional, evaluar la carga argumentativa calificada que se exige a los cargos que invocan la vulneración del derecho a la igualdad, es necesario comenzar recordando que la jurisprudencia constitucional, ha fijado un precedente reiterado y estable acerca de las condiciones argumentativas mínimas que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad(1). Si bien ello no implica la adopción de una técnica específica, lo cierto es que son indispensables unos requerimientos argumentativos para que pueda evidenciarse una acusación jurídico constitucional objetiva y verificable. Así, la jurisprudencia de esta Corte ha construido reglas definidas sobre las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad.(2)
3.3. El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”.(3)
3.4. Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”.(4) En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias; la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
3.5. Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.(5)
4.1.1. Interpretación literal: De acuerdo con la Real Academia Española la palabra “podrá” significa “tener expedita la facultad o potencia de hacer algo” o “tener facilidad de hacer algo”(6), a su vez que entiende por facultad el “derecho de hacer alguna cosa”(7), es decir, el ejercicio de hacer algo por voluntad o derecho del que es facultado. Lo anterior, analizado en el contexto literal del artículo 82 de la Ley 1448 de 2011, permite advertir que en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas se encuentra radicada una facultad voluntaria de solicitar la titulación y la entrega del predio incluido en el registro de tierras despojadas, ante los jueces y magistrados de restitución de tierras. Ello la faculta para iniciar el respectivo proceso y para representar en el trámite judicial al titular de la acción de restitución de tierras.
La acción de restitución de tierras puede ser ejercida por sus titulares de dos formas posibles haciendo un entendimiento sistemático de los artículos 81 –inciso final– y 83, una vez cumplan el requisito de procedibilidad relacionado con el agotamiento de la etapa administrativa. Esas formas le otorgan al despojado una facultad de seleccionar entre: (i) dirigirse directamente al juez o magistrado de restitución de tierras presentando la demanda escrita u oral, por sí mismo o a través de apoderado particular; y, (ii) solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas que ejerza la acción en su nombre y a su favor. Es pues esta segunda vía en la que se concentra el artículo 82 de la Ley 1448 de 2011, que incluye la expresión acusada.
Justamente la Ley 1448 de 2011 creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas como una “entidad especializada de carácter temporal, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente” (art. 103), que tiene como “objetivo fundamental servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados” (art. 104). Una de sus funciones, según el numeral 5º del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, es “tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución de predios de los despojados o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley”.
4.1.3. Interpretación histórica: Haciendo un seguimiento a los antecedentes legislativos del proyecto que ley(8) que culminó con la expedición de la Ley 1448 de 2011, la Sala advierte que en la versión original del proyecto de ley 107 de 2010 que fue radicado en la Cámara de Representantes, el articulado no hacía referencia a la acción de restitución de tierras, ni a la posibilidad de que la unidad adelantara el trámite judicial respectivo. Solo a partir de la integración de esa iniciativa con el proyecto de ley 85 de 2010 Cámara(9), presentándose en la acumulación varias modificaciones, fue que el legislador incluyó el proceso de restitución de tierras radicando la titularidad de la acción en cabeza del despojado y otorgando la facultad (“podrá”) a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para representarlo en el trámite judicial.
Por ejemplo, para el tercer debate ante la Comisión Primera del Senado de la República(10), el informe de ponencia indicó que el texto propuesto en materia de restitución de tierras “tiene como propósito hacer realidad en forma expedita y segura el derecho de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente por actos generalizados de violencia armada ilegal desde 1991 hasta la vigencia de la presente ley, mediante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras quien impulsará el proceso, aporte los elementos probatorios que permitan al Magistrado de las Salas de Restitución de Tierras de los Tribunales Superiores de Distrito, dictar la sentencia con suficientes elementos de juicio, de tal forma que en corto término se produzca un fallo definitivo, que restituya la tierra al despojado y determine las sumas que deba pagarse a los terceros que hayan demostrado sus derechos legítimos en el proceso”. Como se advierte, en esa oportunidad no se explicó de forma cierta si la facultad concedida a la Unidad para representar al despojado en los trámites judiciales, le permitía a ésta seleccionar con mera discrecional los casos que presentaría para impulsar ante los jueces y magistrados de restitución de tierras, o si se trataba de una habilitación que la obligaba a actuar. De hecho, la parte citada es la única referencia que se hace al proceso judicial y a la intervención de la Unidad en el mismo, sin que el legislador haya definido la connotación que encierra la palabra “podrá”. Se concluye entonces que a partir del análisis histórico no se puede establecer con certeza cuál fue la interpretación fidedigna que consagró el legislador por medio de la locución demandada.
(i) una facultad discrecional que le permite a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas escoger por voluntad en qué casos representa al titular de la acción para incoar el proceso judicial ante la justicia especial de restitución de tierras; y,
Precisamente, la primera interpretación en comento es la que expone la actora como vulneradora de derechos fundamentales y es la que comparten algunos intervinientes como posible. Incluso, para apoyar dicha interpretación, la demandante puso de presente el contenido de la Circular Interna Nº DJR-001 del 2015 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en la cual se imparten directrices a los funcionarios de la entidad respecto de los propietarios retornados, señalando que a pesar de mediar solicitud del despojado se pueden negar a representarlos ante los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras porque se trata de una facultad y no de un imperativo al incluir la palabra “podrá”, excluyendo la de “deberá”. Así las cosas, la Sala advierte que la demanda cumple con el requisito de certeza porque se basa en una interpretación posible de la locución acusada.
4.2.1. Para evaluar la aptitud sustantiva de este cargo, la Corte comienza señalando que, de forma consistente, la jurisprudencia constitucional ha decantado que el principio de igualdad, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho(11). Esta formulación general no refleja, sin embargo, la complejidad que supone su eficacia en un orden jurídico orientado por los principios del Estado Social de Derecho, ni deja en claro qué elementos son relevantes para el derecho al momento de verificar las condiciones de hecho, considerando que todas las personas y situaciones presentan semejanzas y diferencias.
Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado Social de Derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales(12).
Así, la Corte exige que las demandas por presunta violación a la igualdad señalen, por lo menos, los grupos que serán objeto de comparación; las circunstancias de hecho comunes a esos grupos que justifican iniciar el examen de igualdad; la existencia de un trato diverso a partir de un parámetro de comparación constitucionalmente relevante; y la inexistencia de razones válidas desde el punto de vista constitucional que justifiquen ese tratamiento distinto(13).
4.3. Establecido lo anterior, la Sala Plena evaluará los reparos de impertinencia e insuficiencia que señalan el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y la Universidad Libre de Colombia - Seccional Bogotá, en contra de la demanda bajo estudio [ut supra 2.2. a 2.4.].
4.3.2. Ahora bien, revisada la demanda en su integridad, la Sala advierte que la actora no vincula directamente la Circular Interna Nº DJD 1 de 2016 ni el Decreto 440 del mismo año, como parámetros de control para adelantar el presente juicio de constitucionalidad, al igual que tampoco pide a la Corte emitir pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de ese acto administrativo o del mencionado decreto presidencial; por ende, no se trata de un problema de incompetencia que la Corte deba analizar porque la construcción de los cargos y la censura no los ubica como objeto de la revisión ni como lineamiento normativo de vulneración. Tanto la Circular Interna como el Decreto 440 de 2016 son traídos a colación como sustento de la interpretación que la actora realiza de la norma acusada.
4.3.3. Descartado lo anterior, como el Ministerio de Justicia y del Derecho considera que la demanda es insuficiente porque la actora no construyó la proposición jurídica completa, la Sala comienza por reconocer que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la integración de la unidad normativa por parte de la Corte es un mecanismo excepcional, que opera “… cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado”(14). A partir de esta regla, la Corte ha diferenciado dos planos en que resulta aplicable la integración normativa: (i) la consolidación de la proposición jurídica completa y (ii) la técnica de la unidad normativa.(15)
Sobre el particular, conviene recordar que según la decantada y pacífica jurisprudencia constitucional(16), la Corte podrá aplicar el fenómeno de la unidad normativa en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad en tres hipótesis y de manera excepcional: (i) en aquellas circunstancias en las cuales el precepto acusado se encuentra reproducido en otras disposiciones que no fueron objeto de demanda; (ii) cuando la disposición cuestionada está inserta en un sistema normativo que, a primera vista, genera serias dudas de constitucionalidad; o (iii) cuando el precepto demandado no tiene un contenido claro o unívoco, de manera que, para entenderlo y aplicarlo, resulte absolutamente imprescindible integrar su contenido con el de otra disposición que no fue acusada.
Para el caso planteado, se tiene que el artículo 83 de la Ley 1448 de 2011(17) consagra la posibilidad de que la solicitud de restitución o formalización de tierras sea presentada directamente por parte de la víctima, o a través de apoderado judicial particular, ante los jueces o magistrados de esta justicia especial, una vez haya culminado la etapa administrativa previa. Significa lo anterior que el despojado como titular del derecho a la restitución de tierras puede acceder directamente ante la justicia, o como se desprende del artículo 82 que incorpora la expresión acusada, también puede hacerlo solicitando a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que lo represente en el trámite judicial y obre a su favor. No obstante, el debate que se presenta en esta oportunidad no gira en torno a quién ejerce la titularidad de la acción de restitución de tierras o qué mecanismos tiene para hacerlo, sino con la facultad que definió el legislador para que la Unidad eleve la solicitud de restitución o formalización de tierras cuando la víctima titular de la acción le ha pedido asistencia jurídica. Entonces, el artículo 83 en comento no tiene una relación intrínseca e imprescindible con la expresión acusada “podrá” que amerite realizar una integración normativa, más aún cuando los mismos intervinientes en nombre de la Universidad Libre de Colombia consideran que los apartes que piden integrar se ajustan a la Constitución y en especial al derecho a la asistencia jurídica en los proceso de restitución de tierras, es decir, no quedarían afectos de una eventual declaratoria de inexequibilidad.
En ese sentido, dentro de los instrumentos internacionales más relevantes que reconocen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos –art. 8º–, la Declaración Americana de Derechos del Hombre –art. 23–, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder –arts. 8º y 11–, el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra –art. 17–, el Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad o “principios Joinet” –arts. 2º, 3º, 4º y 37–, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, adoptada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), que extendió las normas de los refugiados a las situaciones de violencia generalizada y a los desplazados internos –parte III, párrafo 5–, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, y la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados(18) de Naciones Unidas y su Protocolo Adicional(19).
En este marco puntual, se ha reconocido que las víctimas de delitos en general y de graves violaciones a los derechos humanos en particular, tienen el derecho a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido(20), a la vez que debe ser justa, suficiente y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño mismo.
En relación con el derecho a la reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la obligación de reparar e indemnizar a las víctimas de violaciones de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención(21)”.
10. Ahora bien, en el segundo ámbito enunciado, que corresponde a los derechos de las víctimas en la Constitución Política y en los desarrollos jurisprudenciales adoptados por esta corporación, la Sala considera necesario resaltar que, a partir de una interpretación armónica de los artículos 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y 250 de la Carta, así como de los estándares internacionales sobre los derechos de las víctimas, se ha consolidado una línea jurisprudencial pacífica y uniforme, en la cual ha sostenido que los derechos de las víctimas de delitos no se agota con la reparación económica de los perjuicios ocasionados, sino que se integra de otros componentes adicionales(22). Así, se ha entendido que existe un derecho fundamental a la reparación del daño causado. Justamente en lo relacionado con el derecho a la reparación integral, las reglas jurisprudenciales fueron unificadas de la siguiente forma:
(ix) en su dimensión colectiva la reparación se obtiene también a través de medidas de satisfacción y carácter simbólico o de medidas que se proyecten a la comunidad (…)”.(23) (Resaltado fuera del texto original).
11. Precisamente, la jurisprudencia constitucional ha catalogado el derecho a la restitución como un componente de la reparación integral a las víctimas(24).
11.2. También ha invocado instrumentos internacionales(25) que permiten comprender las obligaciones del Estado frente a los procesos de restitución, definiendo que “las víctimas de abandono y despojo de bienes tienen el derecho fundamental a que el Estado conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición”(26).
Por ejemplo, en el caso de los principios sobre la restitución de viviendas y patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos, éstos establecen previsiones normativas amplias y detalladas para proteger la restitución de tierras. Puntualmente señala que (i) es una obligación del Estado definir herramientas para la restitución de las viviendas, la tierra y el patrimonio para todos los refugiados y desplazados que hayan sido privados de ellos de forma arbitraria o ilegalmente; (ii) los Estados deben establecer procedimientos, instituciones y mecanismos eficaces que permitan evaluar y dar curso a las reclamaciones relativas a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, garantizando en todo caso la accesibilidad a los procedimientos diseñados para tal fin(27).
11.4. En el contexto del derecho interno, la Corte ha identificado los artículos 2º, 29, 93, 229, 250 numerales 6º y 7º de la Constitución Política, de los cuales puede desprenderse que el derecho a la reparación integral incluye el componente de restitución de tierras. Para la corporación, esa restitución constituye un mecanismo que satisface en mayor medida el derecho a la reparación integral y su conexión con los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad. En palabras de la Sentencia C-330 de 2016, “como la reparación integral hace parte de la triada esencial de derechos de las víctimas, y el derecho a la restitución de tierras a víctimas de abandono forzado, despojo o usurpación de bienes es el mecanismo preferente y más asertivo para lograr su eficacia, la restitución posee también el estatus de derecho fundamental”.
15. Dentro de las garantías que conforman el núcleo esencial del debido proceso se encuentran el derecho al juez natural, el derecho a un proceso público, el derecho a la independencia e imparcialidad del juez, el derecho a presentar pruebas y controvertirlas, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y el derecho a la defensa entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable(28). Justamente, respecto de éste último el inciso 4º del artículo 29 superior consagra que “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”. Vale la pena precisar que si bien tal redacción se enfoca al proceso penal, lo cierto es que el derecho a la defensa se extiende a todo tipo de procesos administrativos y judiciales.
De hecho, también tiene reconocimiento en distintos tratados que hacen parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que ha suscrito Colombia, obligándose a garantizar el derecho a la defensa. En ese sentido, el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(29) establece como una de las garantías judiciales, el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado en los casos en que la persona no pueda auto defenderse o no pueda nombrar un abogado de confianza. Del mismo modo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(30) fija como una de las garantías mínimas debidas que tiene toda persona, el poder ejercer la defensa directamente o por medio de un defensor que puede ser de confianza o designado por el Estado.
17. En plena relación con el derecho a la defensa, se encuentra el derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229 superior), también conocido como derecho a la tutela judicial efectiva(31).
Como expresión medular del carácter democrático y participativo del Estado, la tutela judicial efectiva es un pilar fundamental de la estructura del Estado social de derecho porque adquiere una relación directa con la justicia como valor(32), y de paso apunta al cumplimiento de sus fines esenciales, dentro de los cuales se destacan los de garantizar la efectividad de los derechos, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana, y asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas.
En palabras de este tribunal, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva “se traduce en la posibilidad, reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”(33). Justamente, el derecho a la tutela judicial efectiva halla plena relación con el derecho a la defensa técnica como garantía de acceso en igualdad de condiciones a los procedimientos judiciales.
18. Ahora bien, esta corporación también ha explicado que la tutela judicial efectiva hace parte del núcleo esencial del debido proceso y desde esta perspectiva se proyecta como derecho fundamental de aplicación inmediata que “se garantiza a través de las distintas acciones y recursos que el ordenamiento jurídico ha previsto para la protección de los derechos”(34), con la advertencia de que “el diseño de las condiciones de acceso y fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde al legislador”(35).
30. Visto lo anterior, la Corte dando estricta aplicación al principio de conservación del derecho(36), procederá a declarar la exequibilidad de la expresión acusada, bajo el entendido que refiere a una habilitación para que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas actúe cuando el titular de la acción de restitución de tierras le solicite que lo represente en el trámite judicial.
1 En específico aquella establecida en la Sentencia C-1052 de 2001, que ha sido reiterada pacíficamente por la Corte.
2 La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la Sentencia C-1052 de 2001.
3 Sentencia C-1052 de 2001, fundamento jurídico 3.4.2.
6 Diccionario de la Real Academia Española. Consultado el 7 de febrero de 2017 del sitio web http://dle.rae.es/?id=TU1KCfY
7 Diccionario de la Real Academia Española. Consultado el 7 de febrero de 2017 del sitio web http://dle.rae.es/?id=TU1KCf.
8 Proyecto de Ley 107 de 2010 Cámara (acumulado con el proyecto de ley 85 de 2010 Cámara) y 213 de 2010 Senado.
9 Denominado en su momento “por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”. De acuerdo con la Gaceta del Congreso 617 de 2010 que contiene la exposición de motivos del Proyecto de Ley 85 de 2010 Cámara, se proponía un procedimiento judicial de restitución de tierras en el cual el titular de la acción era el Estado en favor del despojado; por consiguiente, en todos los casos era la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Desplazadas a quien le correspondía impulsar el proceso judicial y aportar las pruebas tendientes a obtener la restitución de tierras.
10 Gaceta del Congreso 63 del 1º de marzo de 2011.
11 Así lo han determinado las sentencias T-422 de 1992 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-371 de 2000 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), C-093 de 2001 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), C-673 de 2001 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV Jaime Araújo Rentería), entre muchas otras.
12 Al respecto se puede consultar la Sentencia C-178 de 2014 (M. P. María Victoria Calle Correa).
13 En la Sentencia C-913 de 2004 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte estableció que los cargos referentes a la vulneración del derecho a la igualdad, “deben señalar con claridad los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas”.
14 Sentencia C-320 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
15 Sentencias C-804 de 2006 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-228 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-889 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-104 de 2016 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), C-329 de 2016 (M. P. María Victoria Calle Correa) y C-568 de 2016 (M. P. Alejandro Linares Cantillo).
16 Sentencias C-228 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-889 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-104 de 2016 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre otras.
17 Artículo 83: “Solicitud de restitución o formalización por parte de la víctima. Cumplido el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 76, el despojado podrá dirigirse directamente al juez o magistrado, según lo dispuesto en el artículo 79, mediante la presentación de demanda escrita u oral, por sí misma o a través de apoderado”.
18 Aprobada en Colombia mediante la Ley 35 de 1961.
19 Aprobado en Colombia mediante la Ley 65 de 1979.
20 Así lo establece la Resolución No. 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, Capítulo VII No. 11 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Sobre el punto, el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone dentro de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación debida y la justa indemnización a la parte lesionada.
21 De conformidad con el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
22 Al respecto se pueden consultar las sentencias C-178, C-228, C-578, C-580, C-695 y C-916 todas del 2002; C-004 y C-228 de 2003; C-014 de 2004, C-928, C-979 y C-1154 de 2005; C-047, C-370, C-454, y C-575 de 2006; C-209 de 2007 y C-1199 de 2008; C-715 de 2012, C-694 de 2015 y C-330 de 2016.
23 Sentencia C-715 de 2012, reiterada en las sentencias C-099 de 2013 y C-795 de 2014.
24 Sentencia C-795 de 2014. Allí incluso se resaltó su naturaleza principal y preferente.
25 Ha identificado los siguientes instrumentos internacionales: (i) la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 1º, 2º, 8º y 10; (ii) la Declaración Americana de Derechos del Hombre, art. XVII; (iii) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2º, 3º, 9º, 10, 14 y 15; (iv) la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 1º, 2º, 8º, 21, 24, 25 y 63; y, (v) el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, art. 17, entre otros.
26 Sentencia C-330 de 2016.
27 Al respecto, se pueden consultar los principios 2, 12 y 13 sobre la restitución de viviendas y patrimonio con motivo del regreso de los refugiados y desplazados internos, también conocidos como Principios Pinheiro.
28 Sentencia C-341 de 2014.
29 Incorporado al sistema jurídico colombiano mediante la Ley 16 de 1972.
30 Incorporado al ordenamiento jurídico nacional por medio de la Ley 74 de 1968.
31 Sentencia C-086 de 2016.
32 Sentencia C-426 de 2002. Ver también las sentencias C-059 de 1993, C-416 de 1994, C-037 de 1996, C-1341 de 2000, C-1177 de 2005 y C-279 de 2013.
33 Sentencia C-426 de 2002.
34 Sentencia C-207 de 2003.
35 Sentencias C-086 de 2016 y C-583 de 2016. Sobre el punto se precisa que en virtud de la cláusula general de competencia (art. 150-2), el Congreso de la República tiene un amplio margen de configuración legislativa para fijar los procedimientos judiciales y administrativos, siempre y cuando observe los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
36 Sobre su definición y desarrollo en la jurisprudencia constitucional se pueden consultar las sentencias C-078 de 2007, C-444 de 2009 y C-284 de 2010.

References: ARTÍCULO 82
 artículo 241
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 105
 artículo 13
 artículo 83
 artículo 82
 artículo 83
 artículo 63
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 19
 Artículo 83
 artículo 76
 artículo 79
 Resolución 
 artículo 63
 artículo 63