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Timestamp: 2019-09-20 05:48:18+00:00

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Grupo Democracia Revolucionaria: febrero 2011
Acerca de los servicios de comedor y fotocopiado de la FFyL y las propuestas de subsidio.
La Universidad pública, y más concretamente la UNAM, está en una situación complicada: por una lado, a partir de la década de 1980, ha sido más notoria la arremetida de las élites empresariales en su esfuerzo por aniquilar este tipo de educación, y aunque el PRI ya no gobierne, el otro partido de la burguesía en México, el PAN, ya ha redoblado esfuerzos en este ámbito. Sin embargo, en los últimos años la Universidad Nacional ha tenido que exigir más recursos a cada momento pues los gobiernos neoliberales buscan sustituirla con la educación privada.
Por otro lado, hoy en día, han puesto en práctica una nueva estrategia: la educación puede seguir siendo pública, gratuita e incluso laica, pero debe estar subordinada a los intereses de las políticas neoliberales.
Es decir en los rectores Juan Ramón de la Fuente y, actualmente, José Narro Robles, externamente a la institución, han manifestado su repudio a las políticas neoliberales, poniendo más énfasis en lo referente a la educación, siempre exigiendo más recursos para la universidad pública. Empero, internamente, han impulsado reformas neoliberales en distintos rubros: modificación de planes y programas de estudio, en los niveles medio y superior, acordes con el modelo de competencias , destinado a que los estudiantes sean “competentes” para el mercado laboral; permanencia del sistema de subsalario a los profesores, acrecentando el proceso de súper-explotación, por medio de los programas de estímulo como el PRIDE, entre otros, pues el tema es largo y complejo, todo sin mencionar las problemáticas de la democracia en los órganos de gobierno de nuestra institución
Este es un somero resumen de la situación general de la UNAM, y para entrar en materia de éste ensayo, el aumento de los costos de comedor y fotocopiado, creemos que es parte de una estrategia: la modificación de la composición social de las escuelas a través del encarecimiento de los servicios, con el fin de excluir a la población más pauperizada y que únicamente las personas con mayores recursos puedan formarse como trabajadores calificados y que el resto sean mano de obra barata para el capital.
Ante esta problemática, las autoridades de la facultad centran la solución del problema en un cambio de concesionario, pues de esta manera creen que mejorará el servicio en cuanto a calidad, precios y trato. Sin embargo, el problema no se resuelve de esta manera. La actual crisis económica es hoy la principal causa de deserción de alumnos en el país; nuestra facultad no vive en un mundo paralelo, donde las políticas neoliberales no nos afecten.
En México, según datos oficiales 51% de la población vive en la pobreza y casi la quinta parte en pobreza extrema. Así mismo, en 2008 el ingreso familiar de los estudiantes de la UNAM apenas alcanzó para cubrir algunas de las necesidades de los estudiantes. Ya que el 16.62% de las familias de los universitarios perciben menos de 2 salarios mínimos al día ($114) mientras que el 39.06% recibe entre 2 y 4, ganando entre $3,156 y $6,312 pesos en promedio; 157.80 diarios.
Comparado con la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) que para el primero de septiembre de 2009, tenía un precio de $148.5; esto indica que apenas podían adquirir los requerimientos básicos de alimentación de cada familia.
Queda evidenciado que la mayoría de los estudiantes de la UNAM y sus familias sobreviven con lo mínimo para alimentarse. Su ingreso no es suficiente para cubrir los gastos de su educación como libros, materiales didácticos, etc. Esto sin considerar gastos en transporte, salud, vestido, además de los que no se contemplan en la CAR. Aquí nos preguntamos ¿Dónde quedo el espíritu de esta Universidad, el cual dice en el discurso, que es para todos los mexicanos, con ánimo popular y a favor de los mexicanos?
En otras palabras, el 39% de las familias de los estudiantes de la UNAM, que ingresaron en el año escolar 2008, tienen 5.9% para satisfacer cualquier otro requerimiento diferente a su alimentación diaria. Es decir, que solamente tienen para cualquier otra actividad $9.30 del total de su ingreso diario. Esto demuestra, que no es un problema de concesionarios los servicios de fotocopiado y comedores sino que es una necesidad inmediata subsidiar para evitar la deserción y el bajo rendimiento escolar. Es una problemática estructural no solo de la UNAM, desgraciadamente es un problema que aqueja nuestro país .Por eso, creemos que ésta es una de las prioridades de nuestra Universidad.
Otra cuestión nodal es el problema es acerca de cómo concretar la propuesta de subsidio. Son varias las universidades e instituciones educativas que cuentan con servicios como el que proponemos, en el DF tenemos a la UAM, el COLMEX y la UPN.
Creemos que la mejor solución, que concibe la situación desde un panorama general es la de subsidio y sindicalización de los trabajadores, dado que el comedor y los servicios de fotocopiado son de la universidad, y por ende de todos los universitarios, así como de la sociedad mexicana, es decir, que la solución propuesta no puede romper con ello.
Hay otro tipo de soluciones como las cooperativas de estudiantes o de trabajadores. Si tuviéramos que optar por alguna, lo haríamos por una cooperativa integrada por los actuales trabajadores de esto servicios, pues los años de explotación los facultan éticamente para asumir el control de su centro de trabajo, además, están perfectamente capacitados para la cumplir la tarea. Si hablamos de cooperativas, esta sería la única opción clasista.
Soluciones intermedias en las que una asamblea estudiantil pretenda controlar el comedor, integrando a algunos trabajadores, nos parece un gesto más cercano a la caridad pequeño-burguesa, que a un planteamiento revolucionario y socialista. No olvidemos, como decía José Revueltas en su texto Dialéctica de la conciencia, que una de las funciones del movimiento estudiantil es la detonación de la lucha de clases en todos los ámbitos donde sea posible, entendiendo que debemos hacer todo lo posible para que los vayan trabajadores cabeza con una política independiente, sea que estén sindicalizados o no.
Las cooperativas estudiantiles tienen un problema adicional ¿Quién se encargaría de ella? ¿La asamblea estudiantil? Actualmente, en la asamblea de la facultad, participan cerca de 100 personas, lo cual no representa siquiera al 1% del total de la población. Es cierto que las consignas enarboladas por la asamblea estudiantil, de cierta forma, sintetizan el descontento de la comunidad, pero la asamblea no puede sustituir la participación de ésta.
La asamblea, si quisiera encargarse de los servicios de fotocopiado y comedor, primero tendría que constituirse en Asamblea General, donde estuvieran representados trabajadores (sindicalizados, no sindicalizados, incluyendo a los trabajadores de la cafetería y fotocopias), académicos y estudiantes. A partir de aquí, ya sería real la posibilidad de incluir a amplios sectores de la comunidad de la facultad en lucha tan trascendente.
Pero si tenemos la capacidad de construir un polo fuerza de tal magnitud, entonces, lo lógico, desde una perspectiva de clase, es utilizar la fuerza construida para generalizar el movimiento por el fin de las concesiones, la sindicalización del personal que hoy labora allí y el subsidio a todos los servicios de la UNAM.
Si la asamblea, en la situación actual, se lanzara a la toma de la cafetería o de los servicios de fotocopiado, estos se quedarían en manos de un grupúsculo, de una minoría, haciendo que sólo ellos se beneficiarían completamente de estos servicios, pues aunque pudiesen reducir los costos considerablemente, las ganancias serían para ellos, aunque decidieran reintegrarle a la comunidad de diversas maneras parte de las ganancias; es decir, se beneficiarían unos cuantos de un bien común.
Repetimos: creemos, dadas las condiciones actuales, que la mejor solución es que la Universidad administre los servicios de cafetería y fotocopiado, sindicalice al personal que actualmente labora allí y brinde un subsidio, para que los servicios sean lo más barato posible.
22:29 | Filed Under Cafetería, Comedor, FFyL, Subsidio | 0 Comments
Tomado de la revista Contralínea
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/08/08/catedraticos-de-la-unam-futuro-incierto/
David Lozano es académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde hace 14 años. Sus estudios de maestría y doctorado, además de las investigaciones que realiza en el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de esta facultad, no le han bastado para mejorar su condición laboral. Es profesor de asignatura, interino, y recibe apenas 1 mil 126 pesos quincenales por 18 horas de docencia.
Su situación no es única, se lamenta. Se trata del proyecto de Modernización Educativa –“inspirado en la tesis del neoliberalismo económico”– que desde la década de 1980 afecta las condiciones laborales de los trabajadores universitarios, principalmente de los profesores de asignatura: el 56 por ciento de la planta docente de la UNAM.
La reforma al Estatuto del Personal Académico de la Universidad (EPA-UNAM), próxima a aprobarse en el Consejo Universitario –máximo órgano de decisión de esta institución–, legitimaría dicho proyecto, advierten profesores universitarios.
“Una reforma al corazón de la vida del sector académico”, pero diseñada al margen de éste. Un proyecto que, contrario a su objetivo, no favorece la función sustantiva de esta Universidad, pues privilegia el “saber hacer” en vez del “saber pensar” y del “saber ser”, concluyen en foros de análisis los profesores organizados desde 1999 en la Asamblea Universitaria Académica (AUA).
El proceso de modificación al Estatuto que regula el quehacer académico en la UNAM inició hace seis años cuando el Consejo Universitario convocó a los profesores a conformar el Claustro Académico, órgano colegiado encargado de elaborar la propuesta de reforma que, como informa Raymundo Cea, integrante de dicha instancia, “está prácticamente lista”.
Las modificaciones a la Carrera Académica –la esencia de la reforma al EPA-UNAM– favorecen la competitividad entre académicos al incrementar los requisitos para su ingreso, permanencia, promoción y definitividad (ser contratados por tiempo indeterminado) en la institución, pero sin brindar a todos las oportunidades de superación laboral y académica, aseguran los integrantes de la AUA.
El enfoque de las competencias llegó a la Universidad en 1985 con la profundización de la reducción y la diferenciación salarial, y luego en 1990 con los programas de estímulos a la productividad y a la formación académica, documenta el reporte de investigación Poder adquisitivo del salario del personal académico de la UNAM, elaborado en enero de 2004 por el CAM.
“Meten al maestro en una dinámica fuera de lo académico” que afecta severamente las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje.
Con ello, los docentes, en vez de ocuparse por mejorar el nivel académico de sus alumnos, se muestran más preocupados por incrementar su “productividad” compitiendo entre sí, explica Fernando Quintana, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria 2.
Además, al ser las autoridades quienes definen y aplican los criterios de evaluación de la productividad, el proyecto de reforma atenta contra la libertad de cátedra e investigación. Por ejemplo, para que un profesor se promueva a una categoría o nivel superior, tendrá que adherirse a los proyectos y a los temas que la autoridad considere prioritarios.
Este modelo favorece la segmentación del trabajo y la desorganización de los trabajadores académicos al promover el individualismo como la vía para conseguir mejoras laborales, asegura el profesor de bachillerato.
“No hagan olas”, se pronuncia Raymundo Cea, ­titular de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). Más que una modificación radical, la reforma busca clarificar las figuras académicas, pues la realidad de la Universidad ha superado al Estatuto actual, que es de 1974.
Para la autoridad universitaria, el EPA-UNAM no promueve las competencias entre los profesores. El también integrante del Claustro Académico –por designación de la Rectoría– dice: “Yo vengo de una facultad como (la de) Química y en el departamento al que pertenezco hay gente con doctorado, gente con licenciatura y nunca ha habido el menor problema al respecto”.
La Propuesta conceptual de la reforma del estatuto del personal académico de la UNAM no contempla ningún programa que obligue a la Universidad a garantizar la superación académica de sus profesores, asegura María Esther Navarro, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
En la práctica, acceder a una categoría o nivel superior es, para el grueso de los catedráticos, apenas una ilusión. La institución no brinda las condiciones necesarias para que todos sus académicos lo consigan.
Por ejemplo, “para aspirar a obtener una plaza tienes que esperar a que varios maestros se mueran, y eso a ver…” En beneficio de los bolsillos de la “burocracia administrativa”, muchas plazas quedan congeladas luego de que los maestros de tiempo completo fallecen o se jubilan, explica David Lozano.
Asimismo, Navarro asevera que a pesar de que el contrato colectivo contempla la “exención de pago” y las “comisiones con goce de sueldo” para los docentes que cursan posgrados y doctorados, los apoyos son insuficientes.
“O comes o te actualizas; ése es el problema”, espeta Lozano al referirse a los bajos salarios que actualmente recibe la mayoría de los profesores.
Es una batalla que el maestro libra solo y en la que además no hay garantías. “Muchos que tenemos posgrados decimos: ¡Para qué, si al final no se nos reconoce! El sentimiento es: no les importamos”, expresa, indignado, el también doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana.
“No se trata de que el personal académico no se quiera superar, al contrario”, precisa María Esther Navarro. Durante el Congreso Universitario de 1990 –antecedente inmediato de discusión del EPA-UNAM– se aprobó impulsar la profesionalización de la enseñanza a través de un programa de superación académica, que a la fecha es letra muerta, denuncia la socióloga.
Navarro, al igual que otros académicos, exige a la autoridad universitaria una explicación sobre los derechos laborales contemplados en el artículo 6 del Estatuto vigente, pues los viáticos, las vacaciones, la jubilación, las exenciones de pago, el aguinaldo, el pago de marcha y el permiso por parto desaparecen de la propuesta de reforma actual.
Al respecto, el titular de la DGAPA aclara que “estos asuntos” son materia del contrato colectivo y no del Estatuto. “El EPA se centra en la carrera académica, en las comisiones dictaminadoras; no tiene nada que ver con procedimientos que fuercen la jubilación”.
La socióloga difiere. Se pregunta cómo es posible separar lo laboral de lo académico: “La academia es nuestra materia de trabajo”, responde.
—Nuestros derechos y conquistas laborales no pueden quedar en el aire; si supuestamente esto está separado (lo académico de lo laboral), que lo aclaren, que mencionen que esos derechos van a pasar al contrato colectivo.
La incertidumbre se extiende también a la situación laboral y académica de los trabajadores de difusión, de deportes y de extensión; de los ayudantes de profesor con 40 horas; de los académicos en áreas administrativas y de los que tienen nombramientos “excepcionales”, pues el artículo transitorio que los consideraba desaparece, asegura Navarro.
La UNAM necesita de una transformación profunda, coinciden los académicos de la AUA. Sin embargo, exigen que el proceso de reforma sea incluyente, pues sólo el 36.7 por ciento de los académicos eligió a sus representantes ante el Claustro Académico –instalado formalmente en noviembre de 2004 para elaborar el proyecto de reforma al EPA-UNAM.
Además, al ser controlado por la autoridad, el mecanismo electrónico de votación utilizado para dicha elección no garantiza una representación efectiva ni una certeza sobre el adecuado manejo de los votos, agrega María Esther Navarro.
Para el funcionario Raymundo Cea, el número de personas que participó en la elección es “buenísimo”.
Luego de reconocer que él tampoco votó, explica que era previsible que un grupo numeroso de profesores se mantuviera al margen de estas votaciones. Se trata de los profesores contratados por horas cuyo sentimiento de participación en la UNAM, considera, es diferente: “¡Cómo ellos van a participar si su chamba principal es el despacho Juárez y Abogados!”
“Nos pronunciamos en contra del nuevo EPA sin que esto signifique que aceptamos el actual”, manifiestan, por su parte, los profesores de la AUA.
—La modificación a nuestras condiciones de trabajo exige una participación horizontal de todos los académicos de la UNAM y una amplia consulta a la comunidad académica.
Se solicitó entrevista con otros integrantes del Claustro Académico a través de Enrique Balp Díaz, director de Comunicación Social de la UNAM. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Radiografía del proyecto de reforma al EPA-UNAM
Exige más trabajo y más requisitos, pero los salarios no aumentan
Favorece la competitividad entre académicos
Afecta severamente el proceso de enseñanza-aprendizaje
No brinda a todos los profesores las posibilidades de superación laboral y académica
Favorece la segmentación del trabajo y la desorganización de los trabajadores académicos
No fomenta el trabajo colectivo. Desaparece el trabajo colegiado en asociaciones de profesores y su reconocimiento en órganos evaluadores (EPA, artículo 84)
Mutila derechos laborales: viáticos, vacaciones, jubilación, exenciones de pago, aguinaldo, pago de marcha y permiso por parto (EPA, artículo 6)
No reconoce el año sabático a los técnicos académicos ni a los profesores de asignatura. Para todos los demás académicos, supedita este derecho al criterio de la autoridad (EPA, artículo 58)
Acaba con las equivalencias entre estudios y grados (EPA, artículo 39)
Pierden importancia la experiencia y la antigüedad docente (EPA, artículo 69)
Reduce el número de horas de docencia para los profesores de asignatura (EPA, artículo 6, fracción VII)
Deja en indefensión académica y laboral a los trabajadores de difusión, deportes y extensión; a los ayudantes de profesor con 40 horas; a los académicos en áreas administrativas y a los que tienen nombramientos “excepcionales” (EPA, artículo 51)
Desaparecen las figuras de ayudante de investigador y de ayudante de profesor –3 mil 369 personas desempeñan este cargo– como integrantes del personal académico (EPA, artículo 4)
Desaparece la figura de profesor de carrera de medio tiempo –262 personas desempeñan esta función (EPA, artículo 4)
Desparece la figura de profesor interino a pesar de que ésta representa el 60 por ciento de los académicos de la UNAM (EPA, artículo 5)
No incluye los estímulos a la productividad en el salario nominal de los profesores de carrera
Somete a la academia a un mayor control de las autoridades en detrimento de libertad de cátedra y de investigación. Autoridades definen y aplican los criterios de evaluación de la productividad del trabajo académico
Legitima el “carácter mafioso, corporativo, burocrático y arrogante” de los grupos que controlan las Comisiones Dictaminadoras (órganos encargados instrumentar los concursos de oposición)
Sanciona a las autoridades y funcionarios que incumplan con el EPA, a excepción del rector
No incluye la demanda de mayor financiamiento público, siendo que la superación académica requiere de un mayor presupuesto
No cuenta con el consenso de la comunidad académica
Fuente: Profesores de la AUA
Una reforma neoliberal
La política educativa nacional responde a las obligaciones y compromisos que el Estado mexicano ha adquirido con organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La reforma al Estatuto del Personal Académico de la Universidad –que en la educación básica se conoce como carrera magisterial– no es la excepción. Una “ofensiva neoliberal” que se adelanta a la reforma de la Ley Federal de Trabajo en puerta, así la definen los profesores de la Asamblea Universitaria Académica.
Se trata de una geopolítica que, mediante modelos como la economía del conocimiento –con su enfoque basado en competencias– y la definición y selección de competencias, busca el dominio del mundo por la vía del poder suave: la cultural, explica Luis Darío Salas, profesor en la Escuela Nacional Preparatoria 6.
“Es un discurso que ya ha demostrado que es falso puesto que no está contribuyendo a solucionar los problemas económicos, sociales y políticos del mundo”, asegura David Lozano.
El STUNAM, sin postura
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), en su Congreso General Ordinario de 2006, resolvió no participar en el Claustro Académico –encargado de elaborar el proyecto de reforma al Estatuto del Personal Académico (EPA)– por considerar “viciado” el proceso de elección de este órgano colegiado, informa Bruno Luna, secretario de Organización Académica.
Los afiliados elegidos como integrantes del Claustro mantendrían su presencia, en representación de su figura académica, siempre y cuando lo concertado por dicha instancia no contraviniera los derechos de los académicos, fue otro de sus acuerdos. A la fecha, sin embargo, el STUNAM no tiene una postura al respecto de esta reforma. Desde hace cuatro años, el punto ha quedado fuera de sus discusiones, explica Luna.
El también partícipe de Claustro Académico, en representación de la extinta Comisión Especial del Congreso Universitario, tiene otra posición: el proceso de elección de los miembros de esta instancia y, más aún, la dinámica al interior del Claustro garantizan la inclusión y la representación de todas las posturas, asegura.
—Ahí hay personas muy brillantes; hay incluso gente del Sindicato con una gran trayectoria de lucha. Además, todas las decisiones ha sido tomadas por aproximaciones sucesivas (consenso), lo que ha hecho que el proceso de reforma previsto para dos o tres años se haya extendido a cinco años y medio.
Simpatizante del “enfoque de competencias” –que se empeña en diferenciar del “sistema competitivo”–, Luna justifica la reforma al EPA. Tajante, rechaza que desaparezcan los derechos y conquistas laborales de los académicos: “Todos los aspectos de orden laboral que la reforma no contempla no se modifican”.
En el caso del año sabático para los técnicos académicos –discusión que llevó al Claustro casi un año– el acuerdo fue nombrarlo “estancia académica”. Sólo podrán acceder a este derecho quienes realicen funciones docentes, pues muchos de los técnicos se desenvuelven en las áreas administrativas, explica.
El proyecto de reforma, al establecer que las contrataciones extraordinarias no excedan dos años, beneficiará a muchos profesores, quienes en vez de “estar a merced de lo que la administración decida” tendrán mayores oportunidades de obtener su definitividad al cumplir tres años de docencia, asegura Luna.
Plantear que el número de horas de ejercicio docente para los profesores de asignatura debe reducirse a un máximo de 20 es también benéfico en aras de “no demeritar el nivel académico”. ¿De dónde saldrán los recursos para que estas horas sean bien pagadas?, es ahora el dilema, reconoce el sindicalista.
Aunque a decir de Bruno Luna, el Claustro Académico debió hacer “más trabajo de discusión” entre la comunidad, la propuesta de reforma al EPA está casi lista. Los documentos aprobados están publicados en la página electrónica de esta instancia (www.claustroacademico.unam.mx), espacio “en el que la comunidad académica puede expresar sus inquietudes”.
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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/02/09/ilegal-la-actual-administracion-de-la-ujed/
La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) vive una de las peores crisis de su historia: la legalidad de su actual administración está en duda luego de que, en septiembre y octubre de 2010, el Congreso del estado reformara, en dos ocasiones, la Ley Orgánica de esta institución.
Integrantes de la comunidad universitaria, pero también organizaciones como la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) cuestionan la legalidad de Tomás Castro Hidalgo, quien, de acuerdo con la segunda reforma del Legislativo, fue electo rector de la UJED. El 28 de octubre, la ANUIES determinó “no citar al titular de la Universidad a las sesiones de los órganos colegiados y otras, hasta que se aclare su situación jurídica”.
A escasos días de que el Consejo Universitario designara a la persona que a partir de 2010 ocuparía la Rectoría universitaria, el Congreso de Durango aprobó una serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la UJED que violentaron su autogobierno, facultad que el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, otorga a las universidades autónomas.
En contra del principio de no retroactividad de las leyes, que el artículo 14 constitucional contempla, dichas reformas echaron abajo también un proceso electoral en curso: el de elección de rector para el periodo 2010-2016 de la Universidad Juárez, en el que la reelección de Rubén Calderón Luján, titular de esta Universidad desde 2003, sería inminente.
Fue “una venganza política”, apuntan diversos sectores universitarios. Durante los pasados comicios electorales en Durango, el entonces rector de la UJED manifestó su apoyo a José Rosas Aispuro, excandidato a gobernador por la coalición Durango nos Une, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia; no así a Jorge Herrera Caldera, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual gobernador del estado.
Luis Enrique Benítez Ojeda, diputado priista que el pasado 28 de septiembre presentó la primera iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UJED, reconoce que, efectivamente, su principal objetivo fue “prohibir” la reelección de Calderón Luján; aunque no por “venganza política”.
Calderón había “incumplido” su compromiso de modificar la Ley Orgánica de la UJED, obligación contraída hace un par de décadas por distintas administraciones universitarias. Además, se diseñó un “proceso electoral a modo”: como rector, definió las reglas del juego; después se separó de su cargo para contender bajo sus propias reglas, argumenta el diputado.
Sin embargo, el Legislativo “se excedió”, asevera el también profesor de la Facultad de Derecho de la UJED. A través de los artículos quinto y sexto transitorios de la reforma que el 29 de septiembre aprobó, se autofacultó para elegir a un rector interino. “El 30 de septiembre, el Congreso de Durango eligió como rectora a Patricia Herrera Gutiérrez. Yo no estuve de acuerdo por ser una decisión que corresponde al Consejo Universitario”.
El 7 de octubre de 2010, el Congreso del Estado aprobó una nueva iniciativa, esta vez propuesta por el gobernador de Durango, que, a decir de Benítez, “restituyó” la autonomía universitaria, pues devolvió al Consejo Universitario la facultad de elegir a su rector. La iniciativa de Herrera Caldera no devolvió la autonomía a la UJED, difiere Ernesto Aguilar García, doctor en derecho e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
Basado en la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que “los actos viciados no pueden ser subsanados porque esto implicaría que el acto posterior pueda, igualmente, subsanarse”, el abogado sostiene que todos los hechos que siguieron a la reforma del 29 de septiembre, incluido el nombramiento de Castro Hidalgo como rector de esta Universidad, “son ilegítimos”.
La legitimidad de Castro Hidalgo
De acuerdo con el artículo sexto transitorio de la segunda reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, Patricia Herrera Gutiérrez –la rectora designada por el Congreso de Durango, quien duró en su cargo siete días– convocó a sesión urgente del Congreso Universitario en la que Luis Tomás Castro Hidalgo fue electo rector de la UJED por un periodo de cinco años.
Norma Huizar, una de las voceras del Frente Universitario en Defensa de la Autonomía de la UJED, conformado a raíz del conflicto, narra las irregularidades que acompañaron la elección del actual rector.
Además de la premura de su nombramiento (el exdirector de la Facultad de Derecho rindió protesta como rector de la UJED el mismo día en que se presentó, aprobó y publicó la iniciativa del gobernador), a la sesión del Consejo Universitario que lo eligió asistieron menos del 50 por ciento más uno del total de los miembros del Consejo; contrario a lo que establece la legislación universitaria.
Asimismo, policías estatales cercaron las instalaciones en las que se desarrolló la plenaria del Consejo Universitario. Impedían el libre acceso a la sesión, pues a ésta sólo fueron convocadas las personas afines a la autoridad, asegura la también locutora de Radio UJED.
El 7 de octubre, día en que Tomás Castro Hidalgo fue nombrado rector, Teresa recibió una llamada telefónica luego de que a través de la señal de la radio universitaria anunciara una marcha en defensa de la autonomía de la UJED. “Calladita te ves más bonita. ¿Quieres mucho a tu hija (…) que estudia en el colegio (…) y que está vestida (…)? Cállate porque nos la vamos a chingar”, la amenazó una voz anónima.
La autonomía universitaria, en manos de los tribunales
El pasado 23 de diciembre, en las instalaciones del Segundo Juzgado de Distrito de Durango, se llevó a cabo la audiencia constitucional del juicio de garantías 98/2010, promovido por Rubén Calderón Luján, cuyo objetivo es que se declaren inconstitucionales las reformas a la Ley Orgánica de la UJED y que todo lo derivado de éstas quede sin efecto legal.
Hasta el cierre de esta edición, los universitarios aún esperaban el fallo de la audiencia. También, del amparo que el 29 de septiembre, en representación del Consejo Universitario, interpuso Salvador Rodríguez Lugo, entonces rector interino de la UJED, así como de otros 570 amparos promovidos por estudiantes y profesores universitarios ante los juzgados de Distrito Judicial Federal, con sede en Durango.
En su XLI Sesión Ordinaria de la Asamblea General, la ANUIES exhortó al Legislativo estatal “a dar marcha atrás a las reformas a la Ley Orgánica que afectaron el proceso de nombramiento de rector que estaba en curso, a fin de restituir el proceso de sucesión rectoral en las condiciones previas a las modificaciones señaladas”.
Cuestionado sobre el conflicto en la UJED, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), declara a Contralínea que se trata de “un asunto que tiene que ventilarse, necesariamente, en las instancias judiciales, y nosotros tenemos que ser respetuosos de ese procedimiento”.
El diputado Benítez Ojeda, quien asegura que el Congreso de Durango acatará el fallo de la justicia federal, resta importancia a la posición de la ANUIES, conformada por 159 instituciones de educación superior. “La UJED puede o no pertenecer a la ANUIES y eso no le quita la calidad”, dice el diputado priista.
En todo caso, agrega Benítez Ojeda, la SEP –“que es la que nos debe preocupar”– ha “reconocido tácitamente” a la actual administración universitaria: a través del gobernador, ha apoyado a la UJED con recursos extraordinarios.
“No nos corresponde dar apoyos o quitar apoyos; nos corresponde mantener una relación respetuosa con las instituciones”, se defiende Tuirán Gutiérrez.
“Simulación de democracia”
Modificar la composición del Consejo Universitario para otorgar mayor representación a los estudiantes e incluir, por primera vez, a los trabajadores administrativos en este órgano de gobierno son algunas de las reformas a la Ley Orgánica de la UJED, aprobadas el 7 de octubre de 2010 por el Congreso de Durango.
“Una simulación de democracia”, asegura Ernesto Aguilar García. A pesar de su aparente democracia, la facultad de designar a los alumnos que integrarán el Consejo Universitario es “exclusiva y discrecional” del presidente de las sociedades de alumnos, explica el también profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED.
El artículo 13 de este decreto señala que la representación de los estudiantes en el Consejo Universitario estará conformada de la siguiente manera: un alumno representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD); un alumno representante de la Sociedad de Alumnos de cada unidad académica; un alumno representante de cada 100 estudiantes de cada unidad académica, que será designado por el presidente de cada Sociedad de Alumnos.
Norma Huizar manifiesta su preocupación por esta nueva composición del Consejo. “No es que esté en contra de que los estudiantes tengan una mayor representación”, aclara. El problema es que, en Durango, “el gobierno lo controla todo”, incluidas las sociedades de alumnos y la FEUD de la Universidad Juárez.
El decreto aprobado por el Legislativo, explica Benítez Ojeda, es sólo el principio de una reforma más amplia en la UJED. Redefinir las atribuciones y facultades de las autoridades universitarias; dar mayor fortaleza a las unidades académicas; descentralizar la administración universitaria; legislar claramente los procedimientos internos para la elección de autoridades; sancionar a las autoridades que incumplan sus funciones; adherirse a estándares académicos en materia de certificación, y revisar la carrera académica de los profesores son, a decir del diputado, los ejes que incluirá la nueva reforma universitaria.
“FEUD, grupo de choque del PRI”
El 12 de enero de 2011, integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UJED tomaron el edificio central de la universidad en repudio a la golpiza que, un día antes, propinaron Jesús Cabrales Silva, dirigente de la FEUD, y su chofer, conocido como Chabelo, a Rolando Salazar Palacios, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Nocturna de la Universidad.
Representantes de la organización sindical entregaron un oficio a Vicente Reyes Espino, actual secretario General de la Universidad, exigiendo la destitución de Cabrales Silva, pues “no es la primera vez que el líder de la FEUD agrede a estudiantes”, argumentaron.
Pero no ha sido la única acción que esta federación ha emprendido durante el conflicto universitario.
La madrugada del 28 de septiembre, un día antes de que en Congreso estatal aprobara la primera reforma a la Ley Orgánica de la UJED, miembros de la Federación de Estudiantes se apoderaron de la Rectoría universitaria para exigir mayor porcentaje estudiantil en el proceso de elección de rector. Horas más tarde, integrantes de la misma organización agredieron a profesores universitarios que arribaron a la sede del Legislativo para leer una carta en la que 27 directivos de la UJED manifestaron su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica.
La FEUD es un grupo de choque controlado por el PRI del estado, aseveran universitarios. Sus últimos cuatro presidentes, “que han sido muy funcionales para acallar a la masa estudiantil”, han ocupado después importantes puestos públicos, dice Aguilar García.
Por ejemplo, durante su paso por la UJED, Esteban Villegas Villarreal, actual presidente estatal del PRI, fue dirigente de la Federación; asimismo, Manuel Herrera Ruiz, quien actualmente encabeza la Confederación Nacional de Organizaciones Populares estatal.
Al diputado federal Bonifacio Herrera, quien fue estudiante y catedrático de la UJED, no le sorprende el actuar de los integrantes de la Federación; menos, sus nexos con el PRI. Para la sociedad duranguense, no es nuevo que el PRI otorgue recursos, “que muchas veces no se supervisan”, a organizaciones juveniles que el Partido utiliza a su conveniencia, manifiesta el integrante del grupo parlamentario del PAN.
—¿La FEUD recibe apoyo económico del PRI? –se le pregunta al diputado Benítez Ojeda.
—Desconozco porque yo no estoy al frente del PRI ni tengo esa información. Pero hasta donde yo sé, por mi carrera dentro del PRI, tengo entendido que no. Sí reciben algunos subsidios por parte de los gobiernos estatal o municipal; no sé cuánto. Pero no creo que el PRI los esté apoyando o que tengan un subsidio directo del Partido.
La UJED, en aparente normalidad
Hoy día, la vida de la Universidad Juárez ha vuelto a la normalidad: las labores administrativas, las clases, los exámenes, las inscripciones. Además se formó una comisión que ya está elaborando una nueva legislación universitaria –acorde con el decreto emitido por el Congreso de Durango en octubre de 2010–, manifiesta, satisfecho, Benítez Ojeda.
No obstante, existe un “pequeño grupo” de universitarios que “se siente desplazado”, el de Calderón Luján. “Los mismos que todavía publican desplegados en defensa de la autonomía y que, de vez en cuando, hacen alguna manifestación”.
No es cierto, objeta Norma Huizar, quien confiesa haber sido una de las más relegadas durante la administración de Calderón Luján. La reivindicación del Frente Universitario en Defensa de la Autonomía de la UJED –responsable de convocar a las movilizaciones universitarias– es la defensa de la institución, asegura.
Contrario al escenario de normalidad descrito por Benítez Ojeda, la vocera del Frente habla de la represión sufrida por quienes han manifestado públicamente su rechazo a la actual administración universitaria bajo el argumento de que la autonomía continúa vulnerada: levantones, amenazas telefónicas, despidos injustificados, golpes.
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Comunicado de Carmen Aristegui frente a su despido de MVS
Muy buenos días amigos ciudadanos, colegas y periodistas.
El pasado viernes 4 de febrero, en mi libre derecho de expresión formulé un comentario editorial que aludía a un incontrovertible hecho noticioso. A raíz de lo ocurrido en la cámara de Diputados el día anterior, cuando un grupo de legisladores exhibió una manta con la foto de Felipe Calderón con los ojos enrojecidos en la que leía: “Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?, naturalmente se produjo una gran rispidez que orilló a suspender la sesión en el recinto legislativo… Había ahí ya una historia que contar a nuestras audiencias… Mi compañero Omar Aguilar presentó con gran profesionalismo ese hecho noticioso con pulcritud, con claridad y con suficiencia… jamás oculto ni la manta, ni el contenido de la manta, ni a los autores de la manta… Ni truqueo nada para que televidentes y radioescuchas no se enteraran de lo que decía la manta… No trampeo a nadie y presentó al público, como el público merecía, todas las expresiones que en diferentes sentidos se emitieron al respecto… Nuestro auditorio quedó perfectamente informado del acontecimiento y con intolerancia que por si mismas hablan de algún tipo de problemática… Que, por supuesto, también debe ser analizada.
El ejercicio del poder hace que las figuras públicas sean sujetas a escrutinios e interrogantes a los que no estarían sujetas otras personas por razón, precisamente, de sus responsabilidades y del impacto de sus decisiones… En una democracia esto forma parte del juego… ¿No tuvo Bill Clinton que hablar del semen depositado en el vestido azul de una muchacha ante una audiencia de millones de personas?... ¿¿No acaso el estado de salud de Dilma Roussef fue motivo de debate público antes de llegar ser Presidenta que ahora es…??? ¿¿¿Acaso no son las francachelas y excesos de Silvio Berlusconi materia del debate nacional…??? ¿Porqué en México se castiga con el despido a una periodista quien se atreve a preguntar???... ¿Por qué en México los empresarios de los medios pueden ser sometidos a presiones indebidas para que silencien a sus comunicadores???... ¿Por qué la sociedad mexicana se tiene que conformar con una sola visión de las cosas???... ¿Por qué fatalmente tenemos que vivir con la existencia de un duopolio televisivo que no sólo envilece las pantallas con programas denigrantes y nocivos como los de reciente estreno, sino que es ya en si mismo un poder que ha dañado la vida democrática nacional???
¿Por qué México está entrampado en una espiral de degradación e infamia sin que hagamos nada al respecto???... ¿por qué-como dicen los firmantes de una de las cartas de protesta publicadas en estos días… seguimos dejándolos conducir de esta manera al país???
¿Qué clase de democracia es esta que por un comentario editorial… que irritó al gobernante se le corta la cabeza a quien opinó?... ¿por qué desde el poder político pueden llevar las cosas al extremo, escándalo , el conflicto, deliberadamente, hasta lograr hacerle las cosas imposibles tanto al empresario, como a la periodista ocasionando la ruptura???... La pregunta es, ¿cómo es que pudieron elevar desde los Pinos, el grado de exigencia pidiendo casi la humillación, por un hecho absolutamente sobredimensionado? ¿Cómo es que a un empresario a quien tenemos como decente lo llevaron a comportarse de esta manera… ¿cómo ´pudieron lograr que se sintiera obligado a tal punto como para exigirme la lectura de una carta –obviamente no escrita por mí, en términos que me eran ajenos y que por supuesto no empataban con lo que dictaba mi conciencia… para satisfacer la ira presidencial?... Una exigencia de la lectura indigna de esa carta que quien me la formuló sabía de antemano que yo la rechazaría… Se llegó a ese extremo.
¿Y bueno, me dirán, ahora que hacemos con lo sucedido? ¿Aceptamos lo sucedido que no le viene bien a nadie u optamos por la ética de la responsabilidad y buscamos un camino?... sin claudicar pero, sin exigir que el otro se arrodille…
22:23 | Filed Under | 0 Comments

References: artículo 6
 artículo 84
 artículo 6
 artículo 58
 artículo 39
 artículo 69
 artículo 6
 artículo 51
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 13