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Timestamp: 2019-07-16 01:56:44+00:00

Document:
Sentencia Constitucional Plurinacional 0051/2007-R
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0051/2007-R
Sucre, 7 de febrero de 2007
Expediente: 2006-13671-28-RAC
En revisión la Resolución de 3 de abril de 2006, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por la Jueza del Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Juan Rivas Rocha contra Pacífico Otalora Encinas, Alcalde Municipal de Vinto, alegando la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa y a la seguridad jurídica, consagrados en los arts. 7 incs. a), d) y j) de la Constitución Política del Estado (CPE), 5, 6 de la Ley de la Persona con Discapacidad (LPD), 9 incs. c) y f) de su Decreto Reglamentario, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 5 del Decreto Supremo (DS) 27477 de 6 de mayo de 2004.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDÍCA
El recurrente en el escrito presentado el 23 de marzo de 2006, cursante de fs. 22 a 24vta., manifiesta era funcionario de la Alcaldía de Vinto por el lapso de 10 años, desempeñando en principio las funciones de encargado de almacenes y hace un año atrás como encargado de aguas, no habiendo durante ese tiempo recibido llamada de atención alguna, aspecto que le permitió ser elegido mediante elecciones democráticas dirigente del sindicato de trabajadores del Gobierno Municipal de Vinto, siendo posesionado el 14 de enero de 2004, en la cartera de Secretario General.
Alega que, en su calidad de dirigente sindical reclamó por los derechos de sus representados, sin embargo el Alcalde desconociendo esa calidad y el hecho de ser persona discapacitada, apoyándose en el art. 44 inc. 6) de la Ley de Municipalidades (LM) le hizo llegar el memorando 0012/2006, de 31 de enero, agradeciéndole sus servicios.
Sostiene que, el memorando de despido es ilegal, toda vez que no se halla sometido a la Ley de Municipalidades, por cuanto fue contratado en 23 de febrero de 1996, siendo la relación con la institución obrero patronal, encontrándose bajo el régimen de la Ley General del Trabajo.
Afirma que es discapacitado, por haber sufrido fractura de cadera del fémur derecho y artrosis de articulación que le impide el movimiento de su pierna derecha, razón por la cual previo examen médico se afilió al Comité Departamental de la Persona Discapacitada el 14 de junio de 2005, encontrándose protegido por las disposiciones referentes a las personas con discapacidad, institución que envió solicitudes para la reincorporación a su fuente laboral, empero hasta la fecha no recibió respuesta alguna.
Indica que, por su parte la Dirección Departamental de Ministerio de Trabajo el 22 de febrero de 2006 envió una conminatoria para que se le restituya a su fuente laboral, habiendo la autoridad recurrida hecho caso omiso.
Señala como infringidos sus derechos al trabajo, a una remuneración justa y a la seguridad jurídica, consagrados en los arts. 7 incs. a), d) y j) de la CPE, 5, 6 de la LPD, 9 incs. c) y f) de su Decreto Reglamentario, art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 5 del DS 27477.
El recurrente, interpone recurso de amparo constitucional contra Pacífico Otalora Encinas, Alcalde Municipal de Vinto, solicitando sea declarado procedente, ordenando se deje sin efecto el memorando 0012/2006, de 31 de enero y consiguiente restitución a su fuente laboral, más el pago de los sueldos devengados.
I.2. Audiencia y Resolución del Jueza de amparo constitucional
En la audiencia pública efectuada el 3 de abril de 2006, según consta en el acta cursante a fs. 30 vta. se produjeron los siguientes actuados:
El abogado del recurrente ratificó los términos del recurso planteado.
El recurrido no se presentó a la audiencia ni remitió informe alguno, no obstante su legal notificación practicada el 30 de marzo de 2006, conforme consta de la diligencia de notificación cursante a fs. 29 de obrados.
Concluida la audiencia la Jueza de amparo constitucional pronunció la Resolución de 3 de abril de 2006, cursante de fs. 31 a 34 que declaró “procedente” el recurso, disponiendo que el recurrente sea restituido a su fuente laboral y se le cancele sus haberes desde el día de su destitución, con los siguientes fundamentos: a) las personas con discapacidad se encuentran protegidas por la Ley 1678 de la Persona con Discapacidad, DS 24807 y 27477, por lo que el memorando de 31 de enero de 2006, resulta atentatorio a los derechos y garantías del recurrente, señalando el art. 5 de la referida ley que las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, otras disposiciones legales y de los beneficios que establece esta; b) por su parte el DS 24807 establece en su art. 9 incs. c) y f) el de velar por los derechos laborales de las personas con discapacidad en sus fuentes laborales, con las mismas oportunidades de ascenso y remuneración que el resto de sus compañeros; c) asimismo el DS 27477 determina el de promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral, estableciendo el art. 3 inc. c) que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de su fuente de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno, concordante con el art. 5 inc. 1) que señala que las personas que presten servicios en los sectores público y privado gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, mereciendo atención y consideración no sólo de las autoridades sino de todo ciudadano al estar reglados y protegidos sus derechos y garantías.
De la revisión de antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones:
II.1. A fs. 1 consta un contrato de trabajo suscrito el 23 de febrero de 1996 entre el Alcalde Municipal de Vinto y el ahora recurrente para que desempeñe las funciones de encargado de almacenes. Por su parte a fs. 2 cursa un memorando de designación para el referido cargo, elaborado el 7 de mayo del indicado año.
II.2. De fs. 3 a 4 cursa una carta de solicitud de reconocimiento de Directorio del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vinto y formulario de posesión en el que se acredita la condición de miembro del sindicato de trabajadores de Vinto al recurrente, en el cargo de Secretario General.
II.3. A fs. 6 cursa un certificado firmado por el Director Ejecutivo del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), señalando que el recurrente se encuentra registrado en dicha institución como persona con discapacidad con diagnostico de locomotor físico.
II.4. Por su parte, a fs. 11 cursa una certificación emitida por el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), a través del cual la Trabajadora Social del proyecto de apoyo integral de la persona con discapacidad acredita que en dichas oficinas, cursa el trámite de filiación para otorgar el “carnet” de discapacidad del ahora recurrente, habiendo al efecto cumplido con la presentación de la documentación consistente en el certificado médico con el diagnóstico de discapacidad.
II.5. Por memorando cite 0012/2006, de 31 de enero, la autoridad recurrida agradeció los servicios del ahora recurrente en el cargo de técnico de agua potable, por razones de mejor servicio y reestructuración administrativa, apoyándose para el efecto en el art. 44 inc. 6) de la LM (fs. 8).
El recurrente alega la vulneración de sus derechos al trabajo, a una remuneración justa y a la seguridad jurídica, consagrados en los arts. 7 incis. a), d) y j) de la CPE, 5, 6 de la LPD, 9 incs. c) y f) de su Decreto Reglamentario, 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 5 del DS 27477, por cuanto la autoridad recurrida desconociendo su calidad de dirigente sindical y el hecho de ser persona discapacitada, por haber sufrido fractura de cadera y artrosis de articulación que le impide el movimiento de su pierna derecha, encontrándose afiliado al Comité Departamental de la Persona Discapacitada, agradeció sus servicios arguyendo razones de mejor servicio y reestructuración administrativa. Por consiguiente, corresponde analizar si los hechos denunciados se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 19 de la CPE.
III.1. Con carácter previo al análisis de la problemática planteada, es necesario referirse a lo señalado en la SC 1422/2004-R, de 31 de agosto, que recondujo el entendimiento jurisprudencial adoptado en la SC 338/2004-R, de 10 de marzo, que declaró el recurso improcedente aplicando el principio de subsidiariedad. Así la referida Sentencia puntualizó: “… si bien la Ley de la Persona con Discapacidad regula los derechos y garantías de las personas con discapacidad, el mismo cuerpo de leyes ha creado el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad, como entidad descentralizada del Ministerio de Desarrollo Humano, ahora del Ministerio de Salud y Deportes, que está facultado para: “abogar por los derechos de la persona con discapacidad”, al igual que el DS 24807 de 4 de agosto de 1997 (Reglamento de la LPD) señala al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad como el ente ejecutor de la Ley de la Persona con Discapacidad, pudiendo en primer término elevar cartas o memoriales a la instancia respectiva pidiendo que se cumpla la Ley y en casos extremos, plantear los recursos ante los tribunales competentes. Asimismo el art. 5 del referido Decreto, instituye los Comités Departamentales de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), los que como se dijo, realizan las reclamaciones ante autoridades e instituciones que de alguna manera, especialmente en el campo laboral incurren en actos ilegales restrictivos de derechos de las personas discapacitadas.
III.2. En ese contexto y habida cuenta que mediante la SC 1422/2004-R, este Tribunal ya moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas; corresponde señalar que en el caso que se examina, el 23 de febrero de 1996, se suscribió un contrato de trabajo entre la Alcaldía Municipal de Vinto y el ahora recurrente para que desempeñe las funciones de encargado de almacenes, existiendo además un memorando de designación para el referido puesto de 7 de mayo del mismo año, cargo que el recurrente desempeñó hasta la emisión del memorando 0012/2006, de 31 de enero, a través del cual la autoridad recurrida agradeció sus servicios, sin considerar que se trata de una persona con discapacidad, conforme se acredita por el certificado firmado por el Director Ejecutivo del CODEPEDIS, que señala que se encuentra registrado en dicha institución como persona con discapacidad con diagnostico de locomotor físico; por lo que, ante esta situación goza de estabilidad laboral establecida por la Ley de la Persona con Discapacidad, normativa que, en el Capítulo Tercero, bajo el título “De los Derechos”, en el art. 5 señala que las personas con discapacidad gozan de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado, otras disposiciones legales y de los beneficios que establece la presente Ley; estableciendo por su parte el DS 27477 de 6 de mayo de 2004 en el art. 1 el objeto de su promulgación al señalar: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto promover, reglamentar y proteger la incorporación, ascenso y estabilidad de personas con discapacidad en el mercado laboral (…)”; a su vez el art. 3 inc. c) del mismo Decreto Supremo, bajo el rótulo “principio de estabilidad laboral” señala que: “las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno”; y finalmente, el art. 5.I de la mencionada norma legal concordante con los preceptos referidos indica que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por ley.
En ese marco, de las normas precedentemente señaladas se infiere que, el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en si mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente con discapacidad de ese trabajador o funcionario, garantiza su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada al derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales. En ese contexto y con relación a los trabajadores o funcionarios discapacitados sin previo proceso, este Tribunal en la SC 1422/2004-R, señaló que éste -el Tribunal Constitucional- "abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado".
En ese mismo sentido la SC 1011/2005-R, de 29 de agosto ha determinado, con referencia a la recurrente discapacitada, que ésta “no puede ser retirada de su fuente de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establece el art. 5.I del DS 27477 de 6 de mayo” que señala “…que las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público y privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley”.
Consiguientemente se establece que, el recurrente no podía ser retirado de su fuente de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establecen los instrumentos normativos establecidos al efecto, vulnerándose con su accionar el derecho al trabajo y a recibir una remuneración justa, entendidos como: “(…) la potestad, capacidad o facultad de toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual”, e incorporada en el art. 23 del la Declaración Universal de los derechos humanos cuando señala que: “1.- toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…)”; (…) que le asegure a ella, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana (…)”. (SC 1841/2003-R, de 12 de diciembre). En armonía con estas declaraciones, el Tribunal Constitucional ha desarrollado este derecho en la SC 102/2003, de 4 de noviembre, en sentido de que el derecho al trabajo: “supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo, sin ninguna distinción. Asimismo se vulneró la seguridad jurídica desarrollada por este Tribunal como la: “(…) condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio” (SC 887/2005-R, de 29 de julio).
III.3. Finalmente, resulta necesario señalar que la Jueza del recurso ha utilizado inadecuadamente la terminología que rige para la resolución de los recursos de amparo constitucional, al haber declarado procedente el recurso ingresando al análisis de fondo, cuando lo que correspondía era conceder el mismo en atención a la SC 505/2005-R, de 10 de mayo, que ha establecido que: “(…) la terminología empleada por el art. 102 de la LTC, dispone en el parágrafo I que: 'La resolución concederá o denegará el amparo'. A su vez el parágrafo II, en armonía con lo señalado expresa que “La resolución que conceda el amparo….', para finalmente, el parágrafo III, señalar que: 'La resolución denegatoria del amparo demandado impondrá y fijará costas y multas al recurrente'. En consecuencia en adelante, tanto los jueces o tribunales de amparo como este Tribunal Constitucional emplearan esta terminología al resolver el fondo de la problemática planteada en el amparo constitucional”, y no así cuando se den los presupuestos de subsidiariedad, casos en los que la terminología correcta es la improcedencia, fundamento último que fue la base de la decisión del Tribunal de amparo”.
En consecuencia, el recurso planteado se encuentra dentro de los alcances y previsiones del art. 19 de la CPE, de manera que la Jueza de amparo al haber declarado “procedente” el recurso de amparo constitucional interpuesto, aunque utilizando inadecuadamente este término, ha dado correcta aplicación al citado precepto constitucional.……………………………………………………………….
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve APROBAR la Resolución de 3 de abril de 2006, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por la Jueza del Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo resolviendo en consecuencia CONCEDER el amparo solicitado.

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