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Timestamp: 2020-07-04 20:58:05+00:00

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Nueva ordenación de las granjas porcinas: medio ambiente, sanidad y bienestar animal
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas.
Por otra parte la nueva norma introduce medidas para la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero por parte de las granjas de ganado porcino, en particular, el registro de manera individualizada por cada granja de las emisiones y las técnicas que utiliza para su reducción (“Mejores técnicas disponibles”). Los nuevos requisitos en materia de impacto ambiental permitirán reducir las emisiones de gases contaminantes (en particular amoniaco) y de efecto invernadero en cerca del 21% a partir de 2023, respecto del escenario tendencial sin esta normativa.
Asimismo, se alinea con “El Pacto Verde europeo” –The European Green Deal-, acordado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, que establece una nueva estrategia de crecimiento para transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de sus recursos y competitiva, y que alcanzará la neutralidad climática en 2050.
El Pacto Verde Europeo establece cómo hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro en 2050, impulsando la economía, mejorando la salud y la calidad de vida de los ciudadanos
La Comisión Europea ha presentado ante el Pleno del Parlamento Europeo (11/12/2019) el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para hacer que la economía de la UE sea sostenible transformando los retos en materia de clima y medio ambiente en oportunidades en todas las áreas de actuación y haciendo que la transición sea justa e integradora para todos.
La presidenta Ursula von der Leyen, ha declarado : «El Pacto Verde Europeo es nuestra
nueva estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporta más de lo que consume. Muestra cómo
transformar nuestro modo de vivir y trabajar, de producir y consumir, para que vivamos de forma más
sana y nuestras empresas sean innovadoras. Todos podemos participar en la transición y todos
podemos aprovechar las oportunidades que brinda. Si somos los primeros en dar este paso y si lo
hacemos con premura, contribuiremos a que nuestra economía sea líder mundial. Vamos a poner todo
nuestro empeño en lograrlo, por el bien del planeta y de la vida que sustenta, por el patrimonio natural
de Europa, por la biodiversidad, por nuestros bosques y por nuestros mares. Si demostramos al resto
del mundo cómo ser sostenible y competitivo, podemos convencer a otros países para que se nos
unan».
El vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans, ha añadido lo siguiente: «Estamos en situación de
emergencia climática y medioambiental. El Pacto Verde Europeo representa una oportunidad para
mejorar la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos mediante la transformación de nuestro modelo
económico. Nuestro plan define los medios para reducir las emisiones, restablecer la salud de nuestro
medio ambiente, proteger a nuestra fauna silvestre, crear nuevas oportunidades económicas y mejorar
la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La contribución de todos y cada uno de nosotros es
importante; todos los países y sectores se verán afectados por esta transformación. Por otra parte,
nuestra responsabilidad consiste en garantizar que esta transición sea solo eso, una transición, y que
nadie se quede atrás en la ejecución del Pacto Verde Europeo».
El Pacto Verde Europeo incorpora una hoja de ruta con una serie de actuaciones para impulsar el
uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y detener el cambio
climático, revertir la pérdida de biodiversidad y reducir la contaminación. Describe las inversiones
necesarias y los instrumentos de financiación disponibles, y explica cómo garantizar una transición
justa e integradora.
El Pacto Verde Europeo abarca todos los sectores de la economía, especialmente los del transporte,
la energía, la agricultura, los edificios y las industrias, como las de la siderurgia, el cemento, las TIC,
los textiles y los productos químicos.
Para transformar en legislación la ambición política de ser el primer continente climáticamente neutro
en 2050, la Comisión presentará en un plazo de 100 días la primera «Ley del Clima Europea». Para
materializar nuestra ambición en materia de clima y medio ambiente, la Comisión también presentará
la Estrategia sobre Biodiversidad para 2030, la nueva Estrategia Industrial, el Plan de Acción de la
Economía Circular, la Estrategia «de la granja a la mesa» de alimentación sostenible y propuestas para
una Europa sin contaminación. Comenzarán de inmediato los trabajos para endurecer los objetivos de
emisiones de Europa para 2030 y se fijará una senda realista hacia el objetivo de 2050.
La consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo exigirá una inversión significativa. Se
calcula que cumplir los objetivos actuales en materia de clima y energía para 2030 requerirá 260 000
millones EUR de inversión anual adicional, lo que representa aproximadamente el 1,5 % del PIB de
2018. Para ello habrá que movilizar a los sectores público y privado. La Comisión presentará a
principios de 2020 el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible con el fin de contribuir a alcanzar
las necesidades de inversión. Al menos el 25 % del presupuesto de la UE a largo plazo deberá
dedicarse a la acción por el clima, y el Banco Europeo de Inversiones, que es el banco climático
europeo, ofrecerá apoyo adicional. Para que el sector privado contribuya a financiar la transición
ecológica, la Comisión presentará la Estrategia de Financiación Ecológica en 2020.
La lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente es un reto común, pero no
todas las regiones y los Estados miembros parten de la misma situación. El Mecanismo para una
Transición Justa apoyará a las regiones que dependen en gran medida de actividades con un uso
muy intensivo de carbono. Ayudará a los ciudadanos más vulnerables en la transición, facilitando el
acceso a programas de reciclaje profesional y oportunidades de empleo en nuevos sectores
En marzo de 2020, la Comisión pondrá en marcha el «Pacto por el Clima» para dar voz y cometido a
los ciudadanos en el diseño de nuevas acciones, la difusión de información, el comienzo de iniciativas
de base y la presentación de soluciones que otros puedan repetir.
Los retos mundiales del cambio climático y la degradación del medio ambiente reclaman una
respuesta mundial. La UE seguirá promoviendo sus objetivos y estándares medioambientales en las
conferencias de las Naciones Unidas sobre biodiversidad y clima y reforzará su diplomacia verde. El G7,
el G20, las conferencias internacionales y las relaciones bilaterales servirán para convencer a los
demás para que redoblen sus esfuerzos. La UE también utilizará la política comercial para garantizar la
sostenibilidad y establecerá asociaciones con los vecinos de los Balcanes y de África para ayudarlos en
sus propias transiciones.
La Comisión solicita al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo que refrenden la ambiciosa visión de
la Comisión para la economía y el medio ambiente futuros de Europa y que ayuden a hacerla realidad.
La Comisión propondrá las medidas anunciadas en la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo.
El cambio climático y la degradación del medio ambiente representan una amenaza existencial para
Europa y el mundo. Para superar este reto, Europa necesita una nueva estrategia de crecimiento que
transforme la Unión en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la
que no existan emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, en la que el crecimiento
económico no dependa del uso de recursos y en la que no se desatienda a ningún ciudadano o región.
La Unión Europea ya cuenta con un historial sólido de reducción de sus emisiones de gases de efecto
invernadero manteniendo el crecimiento económico. Entre 1990 y 2018, las emisiones bajaron un
23 %, mientras que el PIB de la Unión creció un 61 % en el mismo período. Sin embargo, aún queda
mucho por hacer. Dada su vasta experiencia, la UE está a la vanguardia en la creación de una
economía verde e integradora.
La Comunicación sobre el Pacto Verde fija la línea de actuación en los próximos meses y años. La labor
que desarrollará la Comisión se guiará por las exigencias públicas de actuación y por los datos
científicos de carácter incuestionable, contrastados de manera exhaustiva por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Panorama de
los Recursos Globales (Global Resources Outlook) y los informes de estado y perspectivas de 2019 de
la Agencia Europea de Medio Ambiente. Nuestras propuestas se basarán en datos contrastados e irán
avaladas por consultas de amplio calado.
Una mayoría abrumadora de los europeos considera que la protección del medio ambiente es
importante (95 %). Casi 8 de cada 10 europeos (77 %) afirma que la protección del medio ambiente
puede impulsar el crecimiento económico. Los resultados de la encuesta del Eurobarómetro relativa a
las actitudes de los ciudadanos de la UE respecto al medio ambiente confirman el amplio respaldo
público a la legislación medioambiental a nivel de la UE y a la financiación de la UE para actividades
Política industrial: recomendaciones para apoyar el liderazgo de Europa en seis ámbitos empresariales estratégicos
La Comisión ha publicado una serie de recomendaciones formuladas por un grupo de expertos —el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo— para impulsar la competitividad y el liderazgo mundial de Europa en seis sectores industriales estratégicos y orientados al futuro: vehículos conectados, no contaminantes y autónomos; tecnologías y sistemas del hidrógeno; salud inteligente; internet de las cosas aplicado a la industria; industria hipocarbónica; y ciberseguridad.
La comisaria Elżbieta Bieńkowska, responsable de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, ha declarado: «Nuestro mercado único, uno de los mayores del mundo, es un trampolín excepcional para que nuestra industria compita a escala global. A fin de aprovecharlo al máximo, necesitamos invertir colectivamente a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Hemos comenzado con buen pie en ámbitos como las baterías, el reciclaje de plásticos y la informática de alto rendimiento. Y podemos hacer más. En este sentido, me congratulo de las recomendaciones presentadas hoy por el grupo de expertos acerca de seis cadenas de valor estratégicas adicionales en las que debería centrarse la política industrial de la UE».
Los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) son proyectos de investigación innovadores que a menudo entrañan riesgos significativos y que requieren esfuerzos conjuntos y bien coordinados e inversiones transnacionales por parte de las autoridades públicas y la industria de varios Estados miembros. La Unión puede invertir conjuntamente en los puntos fuertes y los activos industriales de Europa, y generar así empleo y crecimiento en todos los sectores y todas las regiones, lo que fortalecerá el papel de la UE en la escena mundial.
Además de recomendaciones específicas para cada una de las cadenas de valor, el informe también detalla acciones de habilitación horizontales:
Puesta en común de recursos públicos y privados a escala de la UE, nacional y regional: la UE debe coordinar estas inversiones conjuntas, dirigiéndolas al primer despliegue industrial y a la comercialización de nuevas tecnologías.
Profundización e integración del mercado único mediante reglamentaciones y nuevas normas.
Catalogación y desarrollo de las capacidades necesarias a lo largo de las cadenas de valor.
Mayor dinamización de los sistemas de innovación en Europa, con un acento especial en las fortalezas regionales y las asociaciones público-privadas.
Establecimiento de un proceso de gobernanza a fin de realizar un seguimiento de los cambios tecnológicos e industriales, detectar cadenas de valor estratégico emergentes y evaluar los progresos de las actividades en estas cadenas de valor.
El informe se enmarca en los esfuerzos de la Comisión Juncker por reforzar la base industrial europea. Contribuirá asimismo al trabajo de la nueva Comisión sobre una nueva estrategia a largo plazo para el futuro industrial de Europa.
La industria europea es sólida y ha mantenido el liderazgo mundial en muchos sectores, como el de la automoción, el químico, el farmacéutico, el de maquinaria y el aeroespacial. Nuestra industria ha creado 1,7 millones de puestos de trabajo desde 2013 y es responsable de más de dos tercios de nuestras exportaciones.
Sin embargo, debe adaptarse para continuar en vanguardia en un mundo en plena transformación. La Comisión desarrolla políticas que ofrecen a la industria europea un ecosistema en el que prosperar y que la capacitan para crear empleo de calidad en un mercado único fuerte y equitativo, para impulsar la competitividad europea, para fomentar la inversión y la innovación —por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías limpias— y para apoyar a las regiones y los trabajadores afectados por las transformaciones que registra el sector.
Como se anunció en 2017 en la Estrategia renovada de política industrial de la UE, la Comisión creó en marzo de 2018 el Foro Estratégico sobre Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE). La labor del Foro Estratégico se basa en la nueva visión de una transformación más sostenible, integradora y competitiva de la industria europea para 2030, presentada por el grupo de expertos de la Mesa Redonda Industrial de alto nivel en junio de 2019, y la complementa. Las recomendaciones del Foro Estratégico contribuirán a la reflexión sobre la nueva política industrial de la Comisión, solicitada por las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de marzo de 2019.
La Comisión respalda decididamente que los Estados miembros y sus empresas aúnen sus esfuerzos para posibilitar inversiones transnacionales a gran escala que generen efectos positivos en toda Europa.
La UE ha puesto en marcha normas flexibles en materia de ayudas estatales en favor de los PIICE. En diciembre de 2018, la Comisión aprobó, con arreglo al marco sobre las ayudas estatales a los PIICE, una inversión pública por valor de 1 750 millones EUR, lo que permitirá movilizar otros 6 000 millones EUR de inversión privada para la investigación y la innovación en el ámbito de la microelectrónica. Cuatro países europeos (Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido) y en torno a treinta empresas e instituciones de investigación unirán sus fuerzas para facilitar la investigación y la innovación en esta tecnología clave. Este fue el primer proyecto de investigación e innovación aprobado con arreglo a las normas especiales y simplificadas que se aplican a las ayudas estatales para proyectos de interés estratégico europeo. Se están realizando también importantes esfuerzos e inversiones conjuntos en informática de alto rendimiento y baterías.
El Supremo decreta como “nula de pleno derecho” la autorización de una vivienda en Red Natura 2000
Mediante sentencia, con fecha 9 de octubre de 2019, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por una empresa mercantil y la Comunidad de Madrid.
Estos recursos se interpusieron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 20 de marzo de 2018 que declaró nula la resolución de 3 de diciembre de 2015 por la que la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente eximió del procedimiento de evaluación de impacto ambiental la construcción de una mansión en zona de conservación prioritaria del espacio protegido Red Natura Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio, en el municipio de Valdemorillo.
Lo que la sentencia confirma ahora es que el proyecto debía haberse sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, al encontrarse en un espacio protegido Red Natura 2000. Ese procedimiento tenía que haber sido anterior a la autorización de las obras.
"La conclusión no puede ser otra que la nulidad de pleno derecho de las resoluciones administraciones recurridas, en cuanto son la conclusión de un procedimiento derogado (inexistente por tanto) en la fecha de presentación del proyecto completo. Luego estamos ante actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en este caso el de evaluación e impacto ambiental simplificado", recoge el fallo judicial, al que ha tenido acceso Europa Press.
Ecologistas en Acción ha valorado "positivamente" en un comunicado el fallo que da la razón al particular denunciante, un octogenario "que fue ninguneado por las administraciones y que, tanto él como su hijo, han sido objeto de denuncias falsas y de actos hostiles por parte de personas vinculadas a la empresa promotora".
La organización ecologista ha solicitado al Ayuntamiento de Valdemorillo que anule la licencia que concedió y que no autorice ningún reinicio de las obras, actualmente paralizadas.
La mercantil adquirió en octubre de 2013 una finca de 68 hectáreas, denominada Fuentevieja, situada al noroeste del municipio de Valdemorillo, en zona de conservación prioritaria del espacio protegido denominado Zona de Especial Conservación de las Cuencas de los ríos Alberche y Cofio y Zona de Especial Conservación para las Aves Encinares de los ríos Alberche y Cofio.
SUELO NO URBANIZABLE Y PROTEGIDO POR INTERÉS FORESTAL
Además, según han denunciado los ecologistas, en la finca crían o se alimentan numerosas especies de aves incluidas en Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Comunidad de Madrid, tales como águila imperial ibérica, cigüeña negra, el milano real, águila calzada, búho real, cernícalo primilla, águila culebrera, alcotán y lechuza campestre.
Este terreno está clasificado, por el planeamiento urbanístico de Valdemorillo, como suelo no urbanizable especialmente protegido por su interés forestal. Sólo permite actividades forestales y construcciones ligadas a ese uso.
Sin embargo, en mayo de 2015, el Ayuntamiento de Valdemorillo concedió licencia de obra para demoler las construcciones agropecuarias existentes y sustituirlas por una mansión residencial con trece dormitorios, varios salones y cuartos de baño. En total, 2.480 metros cuadrados de superficie construida, distribuida en dos complejos.
Una vez autorizadas las obras mediante licencia municipal, la Consejería de Medio Ambiente eximió el proyecto del procedimiento de evaluación ambiental, "en contra de lo que establece la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y a pesar del previsible impacto que la nueva construcción tendría sobre el espacio protegido".
El propietario de una finca colindante y su hijo denunciaron los hechos, sin que ninguna de las administraciones implicadas, Ayuntamiento y Consejería de Medio Ambiente, atendieran sus solicitudes, señalan.
Por ello, recurrieron ante el TSJM, que les dio la razón, aunque la sentencia fue recurrida por la empresa mercantil y la Comunidad de Madrid, ante el Tribunal Supremo. Es este Tribunal el que ahora confirma la sentencia anterior y desestima los recursos de casación.
Sin embargo, según critican los ecologistas, la interposición del recurso ante el TSJM no sirvió para paralizar las obras de la mansión, que se iniciaron en septiembre de 2017. No obstante, al final sí consiguieron que se paralizasen en enero de este año.
"Esta sentencia viene a confirmar que las obras se iniciaron contraviniendo la normativa y que no podrán reiniciarse. Actualmente, si el proyecto se sometiera al procedimiento de evaluación ambiental, sería imposible que se informara favorablemente", concluye la organización ecologistas en su comunicado.
Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que traspueso a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, estableció un nuevo régimen administrativo de prevención y reparación de daños medioambientales basado en el principio de precaución y en el principio de «quien contamina paga». La Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece diversas obligaciones a los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlos. De este modo, los operadores ante una amenaza de daño medioambiental deben adoptar las medidas necesarias para prevenirlos o, cuando el daño se haya producido, para limitarlo y evitar que se produzcan nuevos daños, así como devolver los recursos naturales dañados a su estado básico, entendido como aquel en el que se encontraban antes de que ocurriera el daño.
Por otro lado, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece en su artículo 24 que los operadores de las actividades incluidas en su anexo III, sin perjuicio de las exenciones previstas en el artículo 28, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar. Ese mismo artículo indica que la cantidad que, como mínimo, deberá quedar garantizada, será determinada por el operador según la intensidad y extensión del daño que su actividad pueda causar, y que partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad o de las tablas de baremos que se realizarán de acuerdo con la metodología que reglamentariamente se establezca
La disposición final primera del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, indica que los análisis de riesgos medioambientales necesarios para el cálculo de la cuantía de la garantía financiera no deberá llevarse a cabo con carácter obligatorio hasta la fecha a partir de la cual sea exigible la constitución de la garantía financiera. La disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece que la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para cada una de las actividades del anexo III, se determinará por Orden de la Ministra para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previa consulta a las comunidades autónomas y a los sectores afectados. Asimismo, establece que esas órdenes ministeriales se aprobarán a partir del 30 de abril de 2010. En este contexto, el 29 de junio de 2011 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se establece el orden de prioridad y calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales será exigible la garantía financiera obligatoria, prevista en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. La Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, estableció un calendario gradual para la elaboración de las órdenes ministeriales a las que se refiere la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y estableció una priorización de las actividades económicas del anexo III de la ley. De esta manera, se establecieron los plazos para los distintos niveles de prioridad, para la aprobación de las órdenes ministeriales que establecerían la efectiva aplicación de la garantía financiera de responsabilidad medioambiental. De este modo, la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, establece que las órdenes ministeriales que determinarían la fecha de exigibilidad de la garantía financiera obligatoria para los sectores de actividad clasificados con el nivel de prioridad 1, se publicaría entre los dos y tres años siguientes a la entrada en vigor de esa orden, las relativas a los sectores clasificados con el nivel de prioridad 2 entre los tres y cinco años siguientes, y las relativas a los sectores de actividad clasificados con el nivel de prioridad 3 entre los cinco y ocho años siguientes.
La presente orden ministerial tiene por objeto fijar la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria prevista en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, para las actividades del anexo III de la misma, clasificadas con nivel de prioridad 3 conforme al anexo de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, de acuerdo a lo establecido en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y al calendario establecido en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. El texto se estructura en dos artículos que regulan la fecha a partir de la cual se exigirá la garantía financiera y dos disposiciones finales sobre los títulos competenciales y la entrada en vigor.
Según su artículo 2: "Las actividades clasificadas con nivel de prioridad 3 en la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar, en el plazo de dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden, a excepción de las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos que deberán disponer de la garantía financiera en el plazo de tres años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente orden."
Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3, mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio
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References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 28
 artículo 24
 artículo 2