Source: http://www.lexureditorial.com/boe/0302/03708.htm
Timestamp: 2013-05-20 00:11:17+00:00

Document:
Entrada nacionales Estados Miembros
Cap�tulo II - Entrada, estancia y residencia
Cap�tulo III - Procedimiento de solicitud, tramitaci�n, expedici�n y renovaci�n de tarjetas de residencia
Cap�tulo IV - Medidas aplicables por razones de orden p�blico, seguridad p�blica y salud p�blica
Con motivo de la adhesi�n de Espa�a a las Comunidades Europeas, se dict� el Real Decreto 1099/1986, de 26 de mayo, sobre entrada, permanencia y trabajo en Espa�a de ciudadanos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, en el que se regulaban las formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y permanencia en Espa�a por parte de los ciudadanos de sus Estados miembros para la realizaci�n de actividades asalariadas o no asalariadas o para prestar o recibir servicios al amparo de lo establecido en el Tratado de la Comunidad Econ�mica Europea. Posteriormente, la adopci�n por el Consejo del Reglamento CEE n�mero 2194/1991, de 25 de junio de 1991, relativo al per�odo transitorio aplicable a la libre circulaci�n de los trabajadores entre Espa�a y Portugal y los otros Estados miembros, las Directivas 90/364/CEE, relativa al derecho de residencia; 90/365/CEE, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer una actividad profesional, y 93/96/CEE, relativa al derecho de residencia de los estudiantes, motivaron que se dictase el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en Espa�a de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas. La entrada en vigor, el 1 de enero de 1994, del Acuerdo ratificado por Espa�a el 26 de noviembre de 1993, sobre el Espacio Econ�mico Europeo, as� como la necesaria adecuaci�n del citado Real Decreto a la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto 267/83, Diatta contra Land Berlin), obligaron a modificar el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, por el Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, y por el Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre. Asimismo, debe tenerse en cuenta el Acuerdo, de 21 de junio de 1999, entre la Comunidad Europea y la Confederaci�n Suiza, sobre libre circulaci�n de personas, que ha entrado en vigor el 1 de junio de 2002, y por el que a los ciudadanos suizos y a los miembros de sus familias les debe ser de aplicaci�n el mismo tratamiento que a los ciudadanos de los Estados miembros de la Uni�n Europea y a sus familiares. La firma el 28 de julio de 2000, en Marsella, por los Ministros del Interior de Francia, Alemania, Italia y Espa�a, de una Declaraci�n en la que se compromet�an a suprimir la obligaci�n de poseer una tarjeta de residencia en determinados supuestos, obliga a introducir las correspondientes adaptaciones en el r�gimen contemplado en los Reales Decretos mencionados. Conforme a lo anterior, es necesario introducir la no exigencia de tarjeta de residencia para los nacionales de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo que sean activos, beneficiarios del derecho a residir con car�cter permanente, estudiantes o familiares de estas personas que sean a su vez nacionales de los mencionados Estados. Por otra parte, se considera necesario elaborar un nuevo texto normativo que derogue el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en Espa�a de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas, as� como el Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, que lo modificaba, y el Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 1 de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, reformada por Ley Org�nica 8/2000, de 22 de diciembre, que regula la entrada, permanencia, trabajo y establecimiento de los extranjeros en Espa�a, as� como las infracciones en materia de extranjer�a y su r�gimen sancionador, �sta es de aplicaci�n subsidiaria para las personas incluidas en el �mbito de aplicaci�n de este Real Decreto. Finalmente, se se�ala que este nuevo texto normativo es coherente con los art�culos 17 y 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea relativos a la ciudadan�a de la Uni�n, as� como a los derechos y principios inherentes a la misma. Este Real Decreto ha sido informado por el Foro para la Integraci�n Social de los Inmigrantes y por la Comisi�n Interministerial de Extranjer�a. En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobaci�n previa del Ministro de Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 14 de febrero de 2003, dispongo:
1. El presente Real Decreto regula las formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y permanencia en Espa�a por parte de nacionales de los Estados miembros de la Uni�n Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo.
El presente Real Decreto se aplica tambi�n, cualquiera que sea su nacionalidad, y en los t�rminos previstos por �ste, a los familiares de los espa�oles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, que a continuaci�n se relacionan, y siempre que mantengan un v�nculo de convivencia estable y permanente con �stos:
a) A su c�nyuge, siempre que no est�n separados de derecho.
Cap�tulo II Entrada, estancia y residencia
1. Las personas a las que se refiere el presente Real Decreto tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio espa�ol, previo el cumplimiento de las formalidades previstas por �ste y sin perjuicio de los l�mites establecidos en el cap�tulo IV.
1. La entrada en territorio espa�ol se efectuar� con el pasaporte o, en su caso, el documento de identidad en vigor y en el que conste la nacionalidad del titular.
1. En los supuestos en los que la permanencia en Espa�a, cualquiera que sea su finalidad, sea de una duraci�n inferior a tres meses, ser� suficiente la posesi�n de pasaporte o documento de identidad en vigor, en virtud del cual se haya efectuado la entrada en territorio espa�ol.
Supuestos de residencia sin tarjeta
1. Podr�n residir en Espa�a sin necesidad de tarjeta de residencia expedida por las autoridades espa�olas para tal fin las siguientes personas que sean titulares de un documento de identidad o un pasaporte nacional v�lido y en vigor:
Derecho a residir con car�cter permanente
1. Son titulares del derecho a residir con car�cter permanente los nacionales de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo que hayan desarrollado una actividad econ�mica por cuenta propia o ajena en territorio espa�ol y concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias:
Supuestos de residencia con tarjeta
1. La residencia temporal en Espa�a con una duraci�n superior a tres meses e inferior a un a�o se documentar� en aquellos casos no contemplados en el art�culo 6 del presente Real Decreto con una tarjeta de residencia, de vigencia limitada a la duraci�n de aqu�lla.
Vigencia y renovaci�n de las tarjetas de residencia
1. La vigencia y la renovaci�n de las tarjetas de residencia estar� condicionada al hecho de que su titular contin�e encontr�ndose en alguno de los supuestos que dan derecho a su obtenci�n, debiendo, en su caso, los interesados comunicar el cambio de circunstancias a las autoridades competentes.
Cap�tulo III Procedimiento de solicitud, tramitaci�n, expedici�n y renovaci�n de tarjetas de residencia
Tramitaci�n y resoluci�n de las solicitudes
1. Las solicitudes de las tarjetas de residencia previstas en el presente Real Decreto, cuando sean obligatorias, deber�n presentarse en el plazo de un mes a partir de la fecha de entrada en Espa�a, entreg�ndose al interesado resguardo de su solicitud que, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Uni�n Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, ser� suficiente para acreditar su situaci�n.
1. Los solicitantes de tarjeta de residencia deber�n acompa�ar a su solicitud, en todo caso, tres fotograf�as y el documento de identidad o pasaporte, en funci�n de su nacionalidad, a cuyo amparo es titular del derecho de residencia.
C) El visado de residencia en el pasaporte, o solicitud de exenci�n de �ste, que deber� presentarse conjuntamente con la solicitud de tarjeta de residencia.
El requisito del visado podr� eximirse por las autoridades competentes al resolver la solicitud de tarjeta de residencia, siempre que no exista mala fe en el solicitante y concurra alguno de los siguientes supuestos:
1� Extranjeros que no puedan aportar el visado por ser originarios o proceder de una zona en la que exista un conflicto o disturbio de car�cter b�lico, pol�tico, �tnico o de otra naturaleza, cuya magnitud impida la obtenci�n del correspondiente visado, o en la que haya acontecido un desastre natural cuyos efectos perduren en el momento de la solicitud del mencionado visado.
2� Extranjeros que no pueden conseguir el visado por implicar un peligro para su seguridad o la de su familia su traslado al pa�s del que son originarios o proceden, o por carecer de v�nculos personales con dicho pa�s.
3� Extranjeros menores de edad o incapacitados:
4� Extranjeros que sean c�nyuges de espa�ol o de residente legal que sea nacional de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, siempre que no se encuentren separados de derecho y se acredite la convivencia en Espa�a al menos durante un a�o.
5� Espa�oles de origen que hubieran perdido la nacionalidad espa�ola.
6� Extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad o impedimento que requiera asistencia sanitaria y les imposibilite el retorno a su pa�s para obtener el visado.
7� Extranjeros a los que se haya concedido la c�dula de inscripci�n a la que se refiere el art�culo 56 del Reglamento de ejecuci�n de la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, reformada por la Ley Org�nica 8/2000, de 22 de diciembre, aprobado mediante Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.
8� Extranjeros que hayan entrado en Espa�a con un visado de residencia v�lidamente expedido por las autoridades consulares espa�olas y no hayan podido obtener la correspondiente tarjeta de residencia por causas ajenas a su voluntad.
9� Extranjeros ascendientes de ciudadano espa�ol o de residente legal que sea nacional de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, que viva a expensas de �ste y re�na los requisitos necesarios para beneficiarse de la reagrupaci�n familiar.
1. Las autoridades competentes para tramitar y resolver las solicitudes de tarjetas de residencia podr�n, excepcionalmente, recabar informaci�n sobre posibles antecedentes judiciales del interesado a las autoridades del Estado de origen o a las de otros Estados.
Efectos de la solicitud y plazo de resoluci�n
1. La solicitud y tramitaci�n de la tarjeta de residencia no supondr� obst�culo alguno a la permanencia provisional de los interesados en Espa�a, ni al desarrollo de sus actividades.
Renovaci�n de las tarjetas de residencia
Las renovaciones de tarjetas de residencia se tramitar�n conforme a lo dispuesto en los art�culos 10, 11 y 12. Para la renovaci�n no ser� necesario presentar visado ni certificado m�dico.
Expedici�n de la tarjeta y del certificado de residencia
La expedici�n de la correspondiente tarjeta o del certificado de residencia se realizar� de conformidad con los modelos que determine el Ministerio del Interior y previo abono de la tasa correspondiente, de conformidad con la legislaci�n vigente de tasas y precios p�blicos, cuya cuant�a ser� la equivalente a la que se exige a los espa�oles para la obtenci�n y renovaci�n del documento nacional de identidad.
Cap�tulo IV Medidas aplicables por razones de orden p�blico, seguridad p�blica y salud p�blica
Medidas por razones de orden p�blico, seguridad y salud p�blica
1. Cuando as� lo impongan razones de orden p�blico, de seguridad p�blica o de salud p�blica, se podr� adoptar alguna de las medidas siguientes:
Informe de la Abogac�a del Estado
1. La resoluci�n de denegaci�n de renovaci�n de tarjeta o la orden de expulsi�n de un titular de tarjeta de residencia comunitaria requerir�, con anterioridad a que se dicte, el informe previo de la Abogac�a del Estado en la provincia, salvo en aquellos casos en que la urgencia est� debidamente justificada.
1. Las resoluciones de concesi�n, renovaci�n de tarjetas, as� como las �rdenes de expulsi�n, ser�n dictadas por los Subdelegados del Gobierno o Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut�nomas uniprovinciales.
2. Las resoluciones de expulsi�n o de denegaci�n de tarjetas fijar�n el plazo en el que el interesado debe abandonar el pa�s. Dicho plazo no ser� inferior a 15 d�as, si el interesado no es titular de tarjeta, o a un mes, en caso contrario. Las citadas resoluciones deber�n ser motivadas, con informaci�n acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deben formalizarlo.
R�gimen especial de aplicaci�n
En virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederaci�n Suiza sobre libre circulaci�n de personas, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, a los ciudadanos suizos y los miembros de sus familias les es de aplicaci�n lo previsto en el presente Real Decreto.
Los procedimientos regulados en el presente Real Decreto se encuentran incluidos en el �mbito de aplicaci�n de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto se tramitar�n y resolver�n conforme a lo previsto en �l, salvo que el interesado solicite la aplicaci�n de la normativa vigente en el momento de la solicitud.
Quedan derogados el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en Espa�a de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas, as� como el Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, que lo modificaba, y el Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre, por el que se modificaba parcialmente el r�gimen de entrada y permanencia en Espa�a de nacionales de Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, as� como todas aquellas normas de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en el presente Real Decreto.
El Ministro del Interior, a propuesta del Delegado del Gobierno para la Extranjer�a y la Inmigraci�n, podr�, en el �mbito de sus competencias, adoptar las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicaci�n del presente Real Decreto.
1. La entrada, permanencia y trabajo en Espa�a de los familiares de los nacionales de los Estados miembros de la Uni�n Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo, a los que se refiere el art�culo 2 del presente Real Decreto, se regir�n por la Ley Org�nica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa�a y su integraci�n social, reformada por la Ley Org�nica 8/2000, de 22 de diciembre, en aquellos casos en que no quede acreditada la concurrencia de los requisitos previstos en el presente Real Decreto.
El presente Real Decreto entrar� en vigor a los siete d�as de su publicaci�n en el Bolet�n Oficial del Estado.
Bolet�n Oficial del Estado de 21 de febrero de 2003

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