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Timestamp: 2019-07-20 14:28:48+00:00

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﻿ SENTENCIA 2012-00202/0820-2012 DE FEBRERO 22 DE 2018
SENTENCIA 2012-00202 DE 22 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:LA CADUCIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS QUE SUPONEN REMOCIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DEL SERVICIO. SE HA SEÑALADO QUE EL ACCESO A ADMINISTRACIÓN LA JUSTICIA NO ES UN DERECHO ABSOLUTO Y, POR ELLO, SU EJERCICIO PUEDE ENCONTRARSE LIMITADO, LEGÍTIMAMENTE, AL CUMPLIMIENTO DE CIERTOS REQUISITOS, ENTRE OTROS, LA EXIGENCIA DE QUE LAS ACCIONES SE INCOEN EN FORMA OPORTUNA, SEGÚN LOS TÉRMINOS LEGALMENTE CONSAGRADOS. ES DECIR, EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SE HA CONTEMPLADO LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA CADUCIDAD, QUE SE REFIERE AL TÉRMINO DE ORDEN PÚBLICO QUE TIENE EL INTERESADO PARA INTERPONER LAS ACCIONES QUE TENGA A SU ALCANCE CON EL FIN DE BUSCAR LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS, ES DECIR, SE TRATA DE UN FENÓMENO QUE SE PREDICA DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN. SU OBJETIVO ES LA FINALIDAD ES RACIONALIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN, LO QUE IMPONE AL INTERESADO LA OBLIGACIÓN DE EMPLEARLA OPORTUNAMENTE, SO PENA DE QUE LAS SITUACIONES ADQUIERAN FIRMEZA Y QUE SE EXTINGA LA JURISDICCIÓN DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA ESTUDIARLAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PROCESAL, ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO LABORAL, OBLIGACIÓN LEGAL
Sentencia 2012-00202/0820-2012 de febrero 22 de 2018
Rad.: 110010325000201200202 00 (0820-2012)
Actor: Hugo Alexander Alzate.
Si bien es cierto, la Policía Nacional contestó de forma extemporánea el escrito del libelo introductor, se observa que en los alegatos de conclusión considera que en el presente caso se configura la caducidad(3), como quiera que a su juicio, la misma debe contarse a partir de la providencia sancionatoria de segunda instancia y no, desde su acto de ejecución.
Ahora, si bien es cierto, la oportunidad procesal para proponer excepciones no es la etapa de alegatos, la subsección considera procedente realizar el estudio de esta figura procesal, con el fin de brindar las garantías procesales pertinentes.
Ahora, con la sentencia de unificación proferida el 9 de agosto de 2016 por la Sala Plena del Consejo de Estado(4), se dio inicio a una nueva línea interpretativa en torno al control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria.
1. ¿Operó el fenómeno de la caducidad respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Hugo Alexander Alzate en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional?
2. ¿La entidad vulneró el debido proceso del señor Hugo Alexander Alzate por: i) omitir notificar a la Procuraduría General de la Nación de la citación a audiencia dentro del proceso verbal, conforme lo dispone el artículo 176 de la Ley 734 de 2002, ii) al variar la ilicitud de la falta del agente Luis Alberto Botachede a título de dolo por culpa grave, iii) al negar la ampliación del testimonio del señor Juan Alejandro Barrios Mosquera?
3. ¿Se demostró más allá de toda duda razonable la responsabilidad del patrullero Hugo Alexander Alzate en los hechos que fueron objeto de la investigación disciplinaria?
4. ¿La conducta desplegada por el patrullero Hugo Alexander Alzate el día 10 de mayo de 2010, corresponde con la tipificada en el artículo 34 numeral 14 de la Ley 1015 de 2006?
¿Operó el fenómeno de la caducidad respecto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Hugo Alexander Alzate en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional?
Su finalidad es racionalizar el ejercicio del derecho de acción, lo que impone al interesado la obligación de emplearla oportunamente, so pena de que las situaciones adquieran firmeza y que se extinga la jurisdicción del juez de lo contencioso administrativo para estudiarlas(5). Lo anterior, a efectos de evitar la incertidumbre que provocaría la facultad irrestricta de ventilar las controversias que se presentan en sociedad ante la jurisdicción en cualquier momento, lo que de bulto sería atentatorio del principio de seguridad jurídica.
El Código Contencioso Administrativo dispuso diversos términos de caducidad que se aplican de acuerdo a la naturaleza de la acción ejercida. En el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el numeral 2 del artículo 136 ibídem dispone que
[…] caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe […].
[…] Es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el control de los actos de la administración. Distinto ocurre cuando no se presenta el escenario antes descrito, esto es, cuando o bien no existe un acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro del servicio, o cuando dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos temporales de la relación laboral, situaciones que impiden aplicar el criterio expuesto en esta providencia y frente a las cuales debe contarse el término de caducidad a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario […](6) (subraya la Sala).
En ese orden de ideas, en tales casos, será el día siguiente a aquel en que se expida el acto de ejecución de la sanción disciplinaria cuando comiencen a correr los cuatro meses a efectos de que opere la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No resulta viable extender el conteo de dicho término al día en que se produzca la notificación del acto de ejecución. En primero lugar porque tal interpretación contraría tanto el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo que alude expresamente al “[…] día siguiente al de […] la ejecución del acto”, como la regla de unificación que fijó la citada providencia.
ii) Excepciones a la regla general de caducidad(7)
La norma en cita limita el ejercicio de este derecho solo al cumplimiento de ciertos requisitos, tales como: la existencia de una decisión previa, escrita y expresa del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se concluya respecto de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos y se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios, así como el concepto previo favorable de un comité constituido por distintas autoridades(8).
Sobre la excepción al término de caducidad analizado, la Corte Constitucional se pronunció mediante Sentencia C-195 de 1998 al estudiar la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes términos:
[…] Estas excepciones al principio general de la caducidad tienen fundamento supra legal y se justifican en la medida que reconocen la necesidad de darle un tratamiento especial a aquellos casos donde se produce la violación de derechos humanos, que son objeto de reprobación internacional, frente a la gravedad de los mismos y la trascendencia que ellos tienen.
En estos casos, a diferencia de aquellos que quedarían comprendidos dentro del precepto demandado (art. 136 del CCA.), no opera el fenómeno de la caducidad, por tratarse de situaciones distintas que ameritan un tratamiento diferenciado, que no implica la violación del principio constitucional de la igualdad. […]” (negrillas fuera de texto).
Al respecto la sección tercera precisó(9):
[…] Esta corporación ha señalado que en los casos en que la ocurrencia del daño y el conocimiento del mismo no coincidan o que se trate de delitos continuados, esto es que su consumación se prolongue en el tiempo, el término de caducidad deberá contarse a partir del momento en que se tenga conocimiento del acaecimiento del daño o se tenga plena certeza de la consolidación del perjuicio, así:
“(…) pueden darse eventos en los cuales la manifestación o conocimiento del daño no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando —en consecuencia— ajeno a un principio de justicia que, por esa circunstancia, que no depende ciertamente del afectado por el hecho dañoso, quien no podría obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en aplicación del principio pro danmatum y en consideración a que el fundamento de la acción de reparación es el daño, se ha aceptado que en tales casos el término para contar la caducidad de la acción indemnizatoria empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste el daño.
Como se observa, las reflexiones que han llevado a esta corporación a reconocer la posibilidad de acudir a la solución que se deja vista, nacen de la aplicación de los principios de equidad y de justicia, bajo una visión de la lógica de lo razonable y habida consideración de la circunstancia de desconocimiento por parte del afectado de la existencia del daño, desconocimiento, se reitera, no nacido del desinterés o descuido de éste, sino de las particularidades específicas en que surgió […]”(10) (negrilla fuera de texto).
El análisis anterior, sirve como antecedente para indicar que existen casos en los cuales computar el término de caducidad de manera estricta, puede implicar denegación de justicia.
Tal situación podría darse, verbigracia, cuando una persona por diversas circunstancias pierde su capacidad legal entendida esta como la aptitud de ejercer por sí misma sus derechos sin requerir de la autorización de otra persona(11).
En tales situaciones, podría, de manera excepcional y especialísima, obviarse el término de caducidad señalado en el artículo 136 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, siempre y cuando se demuestre que la no interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de caducidad, no se derivó de negligencia o desinterés del afectado, y adicionalmente se acredite lo siguiente:
(iii) Que dentro del término de caducidad no se le hubiere asignado curador o tutor para que actuara en su nombre, caso en el cual, el término se cuenta conforme a lo dispuesto por el artículo 136 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo.
En el sub lite, el acto de ejecución de la sanción disciplinaria impuesta al señor Hugo Alexander está dado por la Resolución 3424 del 20 de septiembre de 2011 expedida por el director general de la Policía Nacional.
De acuerdo con ello, la caducidad de cuatro meses de la acción comenzaría a contar desde 21 de septiembre de 2011, día siguiente a la expedición del acto, hasta el 21 de enero de 2012, fecha límite para presentar la demanda.
Sin embargo, la subsección advierte que el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación el día 20 de enero de 2012 y esta se realizó el 26 de marzo de 2012, tal como se evidencia en la certificación emitida por la entidad(12).De esta manera se suspendió el cómputo del término conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 por dos (2) días que faltaban para cumplirse(13).
Quiere decir lo anterior que el plazo para que el señor Hugo Alexander Alzate incoara la acción vencía el 28 de marzo de 2012. Así las cosas al presentarse la demanda el día 29 de marzo de la misma anualidad(14) la misma fue radicada por fuera del término de que trata el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por lo que se configuró la caducidad de la acción, motivo por el cual se procederá a declarar de oficio la configuración de este fenómeno jurídico.
En conclusión, para la fecha en que se presentó la actual demanda ya había caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que era titular el señor Hugo Alexander Alzate en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
Conforme a lo expuesto, se procederá a declarar oficiosamente la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Hugo Alexander Alzate en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.
Se reconocerá personería a la abogada Diana Andrea Chacón Gómez identificada con cédula de ciudadanía 24.738.503 y portadora de la tarjeta profesional 177.105 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en los términos y para los efectos del poder conferido a folio 315 del cuaderno principal del expediente.
1. DECLÁRASE probada de oficio la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Hugo Alexander Alzate en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.
3. RECONÓZCASE personería a la abogada Diana Andrea Chacón Gómez identificada con cédula de ciudadanía 24.738.503 y portadora de la tarjeta profesional 177.105 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, conforme al poder a ella conferido (fl. 315).
3 Folios 321 a 326 del cuaderno principal.
4 Sentencia del 9 de agosto de 2016; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Rad. 110010325000201100316 00 (1210-11).
5 Ver sentencia del siete (7) de octubre de dos mil diez (2010); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Rad. 25000-23-25-000-2004-05678-02(2137-09). Actor: José Darío Salazar Cruz. Demandado: Procuraduría General de la Nación y Congreso de la Republica.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Auto del 25 de abril de 2016, Rad. 11001-03-25-000-2012-00386-00 (1493-2012).
7 Véase la sentencia del 21 de abril de 2016; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 0225-2010.
8 Artículo 2º numerales 1 y 2 de la Ley 288 de 1995.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; nueve (09) de diciembre de dos mil trece (2013), Rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01(48152). Actor: Edna Murielle Rubio Villate. Demandado: Ministerio de Defensa — Policía Nacional, Ref. Apelación auto — Acción de reparación directa.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de agosto de 2001, Rad. 13.772.
11 Inciso final artículo 1502 del Código Civil.
12 Folio 238 ibídem.
13 Desde el 20 hasta el 22 de enero de 2012.
14 Folio 268 reverso ibídem.

References: artículo 176
 artículo 34
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 136
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 136
 Artículo 2
 artículo 1502