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Timestamp: 2017-11-18 17:52:26+00:00

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Ejecuciones Hipotecarias | Reflexiones del Derecho al revés
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28 marzo, 2017 Raquel Monforte	1 comentario
Dicen que el sistema hipotecario, tal y como lo conocemos esta herido muerte y agonizando. Dicen que los Abogados y algunos jueces díscolos somos esa mala gente que ha destruido las buenas prácticas de la banca, si algo es cierto es que el pasado no tiene nada que ver con las resoluciones actuales.
Cuando el Juez Ruiz de Lara escuchó que se nombraba en la prensa su Sentencia de 7 de diciembre de 2016, debió pensar eso de “súbeme la radio, que esta es mi canción”. La prensa la presentó como la Sentencia de la Dación en Pago, lo cual realmente queda muy lejos de la realidad del texto y ahí tuco que pedir el alcohol que cura el dolor. Para ser sinceros, la Sentencia de Ruiz De Lara, ataca en dos puntos la escritura hipotecaria:
1.- La responsabilidad del deudor personal, solidaria e ilimitada.
2.- La renuncia por parte de los fiadores solidarios a los beneficios de orden y exclusión.
Si algo hemos aprendido es la palabra “abusivo” pero en este caso, en una magistral explicación observamos que el Magistrado se aleja del articulado de la abusividad y con una precisión quirúrgica nos adentra en el DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA que el Tribunal Supremo expuso en su Sentencia de 9 de mayo de 2013 (“la de las cláusulas suelo”), las consecuencias son las mismas pero si vamos hablar, mejor hacerlo con propiedad.
¿PORQUE CONTROL DE TRANSPARENCIA Y NO ABUSIVIDAD?
En primer lugar, se decanta por esta vía al ser condiciones generales de la contratación, por tanto, siendo cláusulas redactadas e insertas en una pluralidad de contratos. Como ya sabemos, el consumidor se ve obligado a adherirse, sin capacidad de negociar individualmente, para entendernos esto son lentejas o las tomas o las dejas; tirando de la literalidad del artículo 1 LCGT, el magistrado las considera como cláusulas generales de la contratación no negociadas. Cabe destacar que en estos procedimientos la prueba es diabólica y debe ser la Entidad Bancaria quien prueba la negociación, pero en este caso la Entidad Bancaria se encontraba en Rebeldía, debieron pensar que no tenían causa.
Dicho esto, debemos plantearnos los siguiente ¿Superan dichas cláusulas el doble control de transparencia? Nos remite la Sentencia al artículo 5 y 7 referente a los FILTROS DE INCORPORACIÓN, entendiendo que deben ser:
cláusulas legibles,
que no sean ambiguas,
que sean claras
con precisión en los términos literales.
Por tanto, en cuanto a esto… Minipunto para las cláusulas, si se considera que superan el filtro de incorporación.
Pero hablamos del segundo filtro, el de COMPRENSIBILIDAD. El Tribunal Supremo nos indicó que este hace referencia a si la entidad financiera informó adecuadamente al consumidor de como funcionaba la cláusula, si se le hizo entrega de un folleto informativo, y sobretodo si se le explico la transcendencia económica, a nadie nos gusta que nos toquen el bolsillo.
Este doble control de transparencia por parte del Supremo, establece la LICITUD de la cláusula, primero a través de ese primer filtro de incorporación y posteriormente a través del filtro de la comprensibilidad pues el consumidor debe entender la carga económica derivada del contrato. Para que nos entendamos, recuerdan ese momento en la notaria en que Ustedes como un flan porque por fin conseguían su vivienda y sus padres les acompañaban con ilusión ajenos a que a veces las cosas pueden salir mal y el representante del Banco sonreía y les animaba con que había obtenido un buen acuerdo de condiciones inmejorables para lo que había por ahí y entró el Notario, de forma rápida les leyó un galimatías y Ustedes sólo recuerdan haber dicho que sí, que su dirección era correcta… Pues eso no es suficiente.
Otra duda que nos podría acechar es si este doble control es sólo una teoría creada para las cláusulas suelo o también se puede extrapolar a otras cláusulas del contrato, pese a que parece lógico poder aplicarlo a todas las condiciones generales de la contratación lo cierto es que esto son criterios. El Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona entiende su aplicabilidad a todas las cláusulas, basándose en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indica que respecto de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato excluyendo el control de abusividad siempre y cuando se encuentren redactadas de forma clara y comprensible, así las cosas concluye Ruiz De Lara que es aplicable a cualquier cláusula, ya lo hizo en el IRPH.
Debemos tener en cuenta el plano contractual en el que nos movemos, primero porque no existe una negociación con el consumidor y la entidad financiera, lo cual claramente expone la desigualdad entre las partes intervinieres. Por otro lado, la falta de información al consumidor es la clave. Pero sobre todo, cabe resaltar de esta Sentencia, que la Entidad Bancaria se encontraba en rebeldía, por tanto, ni compareció ni practicó prueba alguna.
¿DACIÓN EN PAGO JUDICIAL?
Pese al titular de dación en pago, no lo es, únicamente se anulan unas cláusulas concretas pero el contrato de préstamo continúa vivo y desplegando efectos en cuanto al resto. Por tanto, hablamos de la nulidad de unas cláusulas muy concretas pero no de una dación en pago pues pueden revisarse el resto de cláusulas pendientes.
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INCIDENTE DE TERCER OCUPANTE TRAS LA CRISIS MATRIMONIAL
1 marzo, 2016 Raquel Monforte	Deja un comentario
A lo largo del tiempo he escuchado hablar del incidente de tercer ocupante como el modo de no perder la vivienda en una ejecución hipotecaria o como una novedad, incluso confundir el tercer ocupante con un tercer poseedor. Lo cierto es que no es novedoso, el Tribunal Constitucional en sus Sentencias de 2 de Octubre y de 27 de Octubre 1997 ya hablaba que en supuesto de ejecución hipotecaria los derechos del ocupante de la finca han de ser ponderados, y el tribunal es quien esta obligado a examinar la singular situación posesoria.
En este post trataremos el incidente de tercer ocupante y la relación posesoria tras la crisis matrimonial, y es que esta situación se esta dando más de lo que creemos. Cuando tras la crisis familiar, y posterior ruptura matrimonial donde existen menores, se tiende a adjudicar la vivienda al cónyuge con el cual conviven los menores. Dicha decisión se toma en el marco de un proceso judicial, buscando preservar el interés de los más vulnerables, los menores. Pues bien, cuando la hipoteca pertenece al cónyuge no custodio el cual deja de pagar, entrando la vivienda en fase de ejecución, podemos encontrarnos frente al incidente de tercer ocupante, se compone como una pieza paralela en el proceso, donde el tercer ocupante debe intentar oponer un derecho suficiente para permanecer en la vivienda frente a la Entidad Bancaria, esto haría que su situación posesoria subsistiera. Por otro lado, puede que el Juzgador considere que la situación posesoria se base en un título ejecutivo insuficiente, por tanto, justificando tal situación de hecho, daría lugar a maquinaciones que evitarían al propietario tomar efectiva posesión de lo que en Derecho es suyo, y por tanto debería procederse al inmediato lanzamiento.
TÚ DERECHO, MI DERECHO, NUESTROS DERECHOS
Teniendo en cuenta que el Adquirente (El banco) solicitará en base al artículo 675 LEC tomar posesión de inmueble, cuando se conozca la existencia de un tercer ocupante y en concordancia con el artículo 661. 1 LEC “ El ejecutante podrá pedir que, antes de anunciarse la subasta, el Tribunal declare que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que éste se haya enajenado en la ejecución. La petición se tramitará con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 675 y el Tribunal accederá a ella y hará, por medio de auto no recurrible, la declaración solicitada, cuando el ocupante u ocupantes puedan considerarse de mero hecho o sin título suficiente. En otro caso, declarará, también sin ulterior recurso, que el ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el inmueble, dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro adquirente para desalojar a aquéllos”
Cuando dicho proceso se genera tras una crisis matrimonial, existiendo un convenio regulador donde se cede el uso y disfrute de la vivienda a los hijos menores el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 29 de abril, 14 de julio y 31 de diciembre de 1994, así como en la de 16 de diciembre y la de 4 de abril de 1997, ha considerado que el Derecho de uso de la vivienda común concedido a un de los cónyuges en el proceso de separación, por razón del interés familiar más necesitado de protección NO TIENE EN SI MISMO LA NATURALEZA DE UN DERECHO REAL DE USUFRUCTO. Por tanto, entiende el Tribunal que dicho Derecho, se configura como un DERECHO DE OCUPACIÓN OPONIBLE A TERCEROS, “de tal forma que cualquiera que se la ulterior vicisitud que padezca la vivienda, su uso habrá quedado debidamente garantizado, pues incurriríamos en vaciar de imperatividad ejecutoria a lo fijado judicialmente”. Así las cosas, el tercer ocupante a quien se le adjudicó el uso de la vivienda por imperativo judicial, debe ser considerado poseedor legítimo, puesto que en caso de no considerarlo así se estaría primando los actos fraudulentos del cónyuge propietario a cuya voluntad quedaría burlar o hacer caso omiso del mandato judicial atributivo del uso, con la complicidad de un tercero, en perjuicio del interés familiar más necesitada de tutela.
Por tanto, tomando como referencia el artículo 675.2 LEC en concordancia con el artículo 661.2 LEC, así que el Juez puede acordar el derecho del tercer ocupante a permanecer en el inmueble al ostentar junto y suficiente título oponible a un tercero. Eso sí, teniendo en cuenta que el artículo 675.4 LEC dejan a salvo las acciones y derechos que pudieran corresponder al adquirente para ejercitarlas en el juicio que corresponda.
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References: artículo 1
 artículo 5
 artículo 675
 artículo 661
 artículo 675
 artículo 675
 artículo 661
 artículo 675