Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as201620463.html
Timestamp: 2019-03-20 03:14:41+00:00

Document:
as201620463
Auto Supremo: 463/2016
Sucre: 11 de mayo 2016
Expediente: LP-118-15-S
Partes: Leandro Chacalluca Condori c/ Dayzi Alejandra Condori Visaluque
Proceso: Nulidad parcial de Escritura Pública, cancelación de asiento en
Derechos Reales y pago de daños y perjuicios,
VISTOS: Los recurso de casación de fs. 209 a 217 y vta., interpuesto por Leandro Chacalluca Mamani en representación de su hijo Leandro Chacalluca Condori, contra el Auto de Vista de fecha 31 de marzo 2015, cursante de fs. 205 a 206 y vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de nulidad parcial de Escritura Pública, cancelación de asiento en Derechos Reales y pago de daños y perjuicios, seguido por Leandro Chacalluca Condori contra Dayzi Alejandra Condori Visaluque, la concesión de fs. 225, los antecedentes procesales; y,
Que el Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial de el Alto, del Departamento de La Paz, dicta Sentencia de fecha 05 de agosto de 2014, por el que, declara: “IMPROBADA la demanda de nulidad de la escritura Publica Nº 318/2007 de 6 de junio de 2007 expedida por la Notaria de FE Publica de Primera Clase Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro; la cancelación del asiento B-2 de la matricula real Nº 2.01.4.01.0035224; y el pago de daños y perjuicios y PROBADA EN PARTE la acción reivindicatoria formulada por LEANDRO CHACALLUCA MAMANI en representación del menor LEANDRO CHACALLUCA CONDORI a fs. 20 al 22 no de la totalidad del inmueble sino de un ambiente en la segunda planta.
En consecuencia se dispone que en el tercer día de ejecutoriada la presente sentencia DAYZY ALEJANDRA CONDORI VISALUQUE restituya el ambiente destinado para el propietario LEANDRO CHACALLUCA CONDORI en la segunda planta del inmueble materia de Litis con lote Nº 21 manzano14 (calle salvador Camacho) de la urbanización Villa Mariscal Sucre Hichucirca Chico de la ciudad de El Alto.”
Resolución que previa apelación del menor demandante a través de su apoderado por medio de su memorial de fs. 187 a 189 es concedida ante el Tribunal de apelación.
Por Auto de Vista de fecha 31 de marzo de 2015 de fs. 205 a 206 y vta., el Tribunal Ad quem, CONFIRMA a) la Sentencia Nº 390/2014 de 5 de agosto de 2014 de fs. 180-183 y vta., y b) el auto de complementación de fs. 184 y vta., de conformidad a lo previsto por el art. 237-I-1) del código de Procedimiento Civil, bajo el fundamento de que – en la Litis dayzy Alejandra Condori Visaluque cumpliendo con los requisitos formales a través de la Escritura Publica Nº 318/2007, transfirió a título de anticipo de legitima el bien inmueble objeto de la Litis en favor de su hijo Leandro chacalluca Condori, reservándose en favor el derecho de usufructo hasta que el menor alcance la mayoría de edad, a través de la cláusula sexta de dicha escritura, documento en el que ha concurrido el consentimiento de ambos progenitores, cumpliendo de esta manera con los presupuestos de fondo y forma para su validez y eficacia, por lo que no existe violación alguna a los normado en los arts. 519 y 454 del Código Civil.
De igual manera refiere que no se puede alegar que el A quo no tomo en consideración el art. 266 del Código de Familia, que dispone que no se pueden gravar los bienes de los hijos menores a no ser que exista autorización judicial, en concordancia con lo dispuesto en el art. 268 del mismo código, toda vez que en el caso de examen, en primer lugar la constitución de usufructo se la realizo en el mismo documento de anticipo de legitima; en segundo lugar debe tener presente la parte apelante la naturaleza del documento suscrito que no se traduce en una compra y venta sino es una anticipo de legitima, y tercero la madre con el derecho que le asiste además de darle en anticipo de legitima al menor del bien inmueble objeto de la Litis, en su favor constituyo usufructo y para ello no requiere autorización judicial.
Contra la referida Resolución, Leandro Chacalluca Mamani en representación de Leandro Chacalluca Condori interpone recurso de casación de fs. 209 a 217 y vta., el cual previa sustanciación y concesión se pasa a analizar.
Expresa que no existe fundamento legal alguno del porqué de la consideración que el anticipo de legitima no implica la transmisión del derecho de propiedad.
Expresa que no se señala cual es la normativa concreta y precisa que dispone que los usufructos constituidos en un mismo documento donde es parte un menor de edad no deba exigirse autorización judicial, y aquella falta de fundamentación vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación previsto en el at. 115.II de la C.P.E.
Refiere errónea interpretación de la ley, pues según el art. 1254 del C.C., el anticipo de legítima es la donación hecha al heredero forzoso por el causante sujeta a colación a momento de abrirse la sucesión como señala el art. 1255 del C.C., y en consecuencia operaria la transmisión del derecho de propiedad que establece al art. 655 del Código Civil, por lo que, correspondería aplicar la norma prevista en el art. 268 del C.F.
Asimismo hace referencia errónea aplicación de normas del bloque de constitucionalidad y que se habría vulnerado el derecho del menor, es decir, el principio de favorabilidad.
CONTESTACION AL RECURSO DE CASACION:
Refiere que carece de fundamentación su recurso, y que en el presente caso no se amerita ni solicitar una autorización judicial por ante Juez familiar, por consiguiente hubiera sido interpuesto de forma equivocada y errónea, y que no se encuentra una fundamentación de agravios.
III.- DOCTRINA APLICABLE:
III.1.- De la motivación de las resoluciones.
Al efecto podemos citar el A.S. 446/2015 de 18 de junio, que sobre el tema refiere: “Del agravio referido se advierte como fundamento la falta o carencia de motivación del Auto de Vista, sobre este tópico relacionado a la motivación es menester previamente citar la S.C. 0669/2012 de fecha 2 de agosto, que ha referido:”…. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (S.C. 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).” Del entendimiento constitucional dado se advierte que para el cumplimiento del debido proceso en su subelemento motivación de una Resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su resolución, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución, empero, cuando los litigantes, no están de acuerdo con dicha motivación, otro resulta el tema y agravio a invocar, muy diferente al de la falta motivación, ya que, no nos encontramos dentro del marco de la falta de motivación, sino por el contrario el de una errónea aplicación, interpretación o violación de la ley o en su caso errónea valoración de la prueba, mismo que debe ser impugnado vía recurso de casación en el fondo.”
III.2.- Del anticipo de legítima:
Este Tribunal sobre el particular en el Auto Supremo Nº 531/2015-L de fecha 10 de Julio 2015 ha referido : “De lo anterior, es necesario ponderar y citar el art. 1254 del Código Civil que señala: “Toda donación hecha a heredero forzoso que concurra a la sucesión del donante importa anticipo de su porción hereditaria, salvo el caso de dispensa a que se refiere el art. 1255”, sin embargo conforme a la previsión contenida en el art. 1059 del Código Civil; en cuyo marco el anticipo de legítima no es una donación propiamente dicha porque no constituye un acto de liberalidad alguno que se ajuste a la previsión del art. 655 del Código Civil, que en esencia dice “La donación es el contrato por el cual una persona, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación” sino como su nombre lo indica, es un acto de entrega anticipada de la porción que en la sucesión le corresponde a un heredero forzoso, legítima que en nuestra economía jurídica cualquiera sea el origen de los hijos, es de las cuatro quintas partes del patrimonio, constituyendo únicamente la quinta parte restante la porción disponible que el de cujus puede destinar a liberalidades, sea mediante donaciones o mediante legados, en favor de sus hijos, parientes o extraños. La Legítima, entonces, es parte de la herencia a que tienen derecho los herederos forzosos respecto del patrimonio de su causante, la misma que no puede ser dispuesta libremente ni ser objeto de liberalidades, es decir, objeto de donación, debido a que en caso de afectación al fallecimiento del de cujus, los herederos tienen el legítimo derecho de solicitar la colación de los bienes que pudiesen haber afectado la legítima que es indisponible.
En es ese entendimiento el Tribunal Supremo de Justicia en el A.S. 364/2013 de 19 de julio, a razonado que: “…conforme a la previsión contenida en el art. 1059 del Código Civil; en cuyo marco el anticipo de legítima no es una donación propiamente dicha porque no constituye un acto de liberalidad”… Como también señala en el A.S. 326/2010 de fecha 23 de septiembre, que: “…las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren, es decir…el contenido del acuerdo de voluntades al que llegaron…”. Situación o aspecto que debe tomarse en cuenta en este análisis a fin de dar respuesta efectiva a la problemática suscitada dentro la presente causa.
Finalmente se dirá que, el Juez A quo como el Ad quem han interpretado de manera errónea los arts. 491 num. 1) y 667 como el art. 1287 del Sustantivo Civil, al vincularlo el anticipo de legitima con la donación, pues se ha hecho énfasis que nuestro ordenamiento sustantivo civil no reconoce o determina la formación del contrato de anticipo de legitima como un documento público para su formación por el contrario se dijo que la formación del anticipo de legitima es cuando las partes lo determinan o acuerdan voluntariamente, no obstante de ello el anticipo de legitima y la donación si bien existe cierto vínculo entre estos dos términos, empero estos tienen esencias distintas para la aplicación de los derechos sobre un anticipo de legitima y una donación, pues las normas que se instituyen como aplicadas como los art. 491 num. 1), 667 y 1287 del Sustantivo Civil, son aplicables en su formación específicamente para la donación y no para un anticipo de legítima.
En ese contexto se debe comprender que el anticipo de legítima es la entrega que hace quien otorga el anticipo de un derecho expectantico que le corresponde, a favor de cualquiera de sus herederos forzosos, usualmente, es la herencia que los padres en vida otorgan a sus hijos, que comúnmente se denomina como “adelanto de herencia”, al margen de ello la esencia propia de esta institución jurídica, es proveerle al heredero de una seguridad patrimonial en vida de quien otorga el anticipo de legitima, no necesariamente tiene que revestir formalidad al momento de su formación.
En ese entendimiento cita el Dr. Zarate del Pino, que: "…el anticipo de legítima viene a ser el adelanto que una persona puede hacer a alguno de sus herederos forzosos, de una parte igual o menor de los bienes que les correspondería recibir por concepto de cuota hereditaria a la muerte de quien hace el anticipo"…
En cambio la donación propiamente dicha es un contrato solemne por el cual el donante da un bien sin recibir contraprestación alguna por parte del donatario, de esta manera la donación se caracteriza por dos elementos, el enriquecimiento del donatario y la intención liberal del donante, a ello debe agregarse la solemnidad que reviste el contrato de donación que necesariamente debe celebrarse mediante “documento público” requisito de forma a ser observado imperativamente bajo sanción de nulidad conforme lo determinan los arts. 491 num. 1) y 667 del Código Civil.
Así de esta manera también refiere Pothier que: “… la donación entre vivos es una convención por la cual una persona, por liberalidad, se desiste irrevocablemente de cualquier cosa en beneficio de otra persona que la acepta. Enfatiza que la aceptación por parte del donatario entraña su consentimiento”….Como también para Guzmán Ferrer señala que: “...la donación constituye una obligación por la cual una persona se obliga a transferir gratuitamente a otra la propiedad de un bien mueble, inmueble o derecho. Su carácter esencial es la gratuidad”…
De lo anterior se establece que al elaborar el contrato de anticipo de legitima con reserva de usufructo por minuta y concluido con reconocimiento de firmas y rubricas, siendo el mismo confundido con una donación siendo declarado nulo por los de instancia, no correspondía con tal determinación, toda vez que la donación y el anticipo de legitima son dos institutos distintos para su procedencia.”
III.3.- Del Per saltum:
Sobre este tema corresponde citar el A.S. Nº 939/2015, que sobre el particular refiere: “hora, los recurrentes nos traen a casación aspectos que no fueron objeto de apelación, acusa la falta de desposesión que no se demostró ni aplico correctamente el art. 1453 del Código Civil, ya que, los demandantes nunca estuvieron en posesión, que los documentos demostrarían que el terreno nunca fue baldío y siempre perteneció a los demandados, que el Juez de Primera instancia al referir que no se realizó una acción de usucapión realizó una errada interpretación y falta de motivación sobre las excepciones perentorias del demandante principal y del reconvencional.
De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1).- que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observados en el recurso de apelación, y 2).- Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.”
Al margen de lo manifestado, se evidencia que los recursos de apelación atacan cuestiones netamente formales; es decir vicios de procedimiento, empero en su recurso de casación acusan infracciones de fondo lo que claramente demuestra la inobservancia del principio del per saltum.”
De los agravios expresados en el recurso de casación en la forma, los mismos están orientados a realizar cuestionantes sobre lo resuelto en el Auto de Vista, pero, no precisa cual el error procedimental para establecer la vulneración de orden formal.
Empero, mas allá de lo expresado se advierte que su reclamo está orientado a observar una especie de falta de motivación expresada en el auto de vista, y conforme que se ha expuesto en el punto III.1, la motivación de la resoluciones no implica una explicación ampulosa, sino que la misma sea clara y entendible, extremo que acontece en el caso en cuestión debido a que de forma clara el ad quem concluyó señalando: “Asimismo, tampoco la parte apelante puede alegar que el A-quo no tomó en consideración el art. 266 del Código de Familia que dispone que no se pueden gravar los bienes de los hijos menores a no ser que exista autorización judicial, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 268 del mismo código, toda vez que en el caso de examen, en primer lugar, la constitución de usufructo se la realizo en el mismo documento de anticipo de legitima; en segundo lugar, debe tener presente la parte apelante la naturaleza del documento suscrito que no se traduce en una compra y venta sino es un “anticipo de legitima”; y tercero, la madre con el derecho que le asiste, además de darle en anticipo de legitima al menor el bien inmueble objeto de la Litis, en su favor constituyo usufructo y para ello no requiere autorización judicial, porque no existe una transacción perfeccionada, es decir que el menor sea propietario”, del contexto de lo referido claramente se advierte que el Tribunal Ad quem ha dado una respuesta clara y entendible, llegando a esa conclusión en base a un análisis de todo lo obrado en el proceso, y al ser claros los motivos por los cuales arriba a la conclusión, no resulta evidente la falta de motivación, con la aclaración que al establecer que no existe falta de motivación de la Resolución no implica una aceptación con el fondo de lo resuelto, sino la apreciación de un aspecto de forma que hace la Resolución como es la falta de motivación y no su análisis sustancial, extremo que resulta totalmente diferente que es analizado vía errónea aplicación, violación o interpretación de la norma.
Resultando infundado su reclamo en la forma.
Acusa errónea interpretación de la ley, pues según el art. 1254 del C.C., el anticipo de legítima es la donación hecha al heredero forzoso por el causante, sujeta a colación a momento de abrirse la sucesión como señala el art. 1255 del C.C., y en consecuencia operaria la transmisión del derecho de propiedad que establece el art. 655 del Código Civil, por lo que, correspondería aplicar la norma prevista en el art. 268 del C.F.
En principio corresponde aclarar al recurrente, conforme se ha descrito en el punto III.2 el anticipo de legitima no es una donación propiamente dicha, en vista de que no es un acto de liberalidad enteramente, sino es el anticipo de la porción hereditaria del derecho espectaticio que le correspondería al heredero, en cambio la donación no tiene esa característica de existencia de vinculo o parentesco alguno o de anticipo del derecho hereditario, sino que es un contrato netamente gratuito que no posee otras prerrogativas, al margen de que uno por ministerio de la Ley es vía documento público y el otro no necesita de esa formalidad.
Por lo que, bajo esa aclaración no corresponde la aplicación del art. 655 del C.C., al caso en cuestión como pretende el recurrente, al margen dentro de los alcances establecidos en el art. 266 del C.F., no se establece la presente figura, asimismo, asumiendo la lógica del recurrente dentro del hipotético que se tratase o se encontrara la presente causa dentro de lo establecido en el art. 655 del Código Civil (extremo que no ocurre conforme se ha expuesto), resultaría aplicable lo establecido en el art. 676 del mismo cuerpo legal, en vista de que al ser una carga imposible de realizar, todo el acto jurídico resultaría nulo y no simplemente la cláusula que se solicita, aspecto que si resultaría atentatorio contra los derechos del menor.
Y en cuanto a la vulneración de los derechos dentro del bloque de constitucionalidad, de la aplicación del principio de favorabilidad y otros tópicos inherentes a estos aspectos, los mismos no han sido motivo de apelación, por lo que, no han merecido pronunciamiento alguno por parte del Tribunal de Segunda instancia, y conforme se ha expuesto en el acápite III.3, estos puntos al no ser reclamados en segunda instancia por per saltum, este Tribunal se ve impedido de su análisis, porque dentro de nuestro sistema vertical recursivo es inaceptable el per saltum o el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de Alzada.
Por todos los fundamentos expuestos corresponde dictar Resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 209 a 217 y vta., interpuesto por Leandro Chacalluca Mamani en representación de su hijo Leandro Chacalluca Condori, contra el Auto de Vista de fecha 31 de marzo 2015, cursante de fs. 205 a 206 y vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos.

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 artículo 42