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Timestamp: 2019-09-16 16:55:18+00:00

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﻿ SENTENCIA SL10425-2017/48350 DE JULIO 19 DE 2017
SENTENCIA SL10425-2017 DE 19 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:CONTRATO REALIDAD. SE DETERMINA QUE EXISTIÓ UNA VERDADERA RELACIÓN LABORAL, PUES LOS CONTRATOS DE CORRETAJE SUSCRITOS ENTRE LAS PARTES SE DESNATURALIZARON EN SU EJECUCIÓN, ASÍ SE PUDO ESTABLECER QUE SE TRATÓ EFECTIVAMENTE DE DOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE COEXISTIERON, QUE GENERAN EL PAGO DE PRESTACIONES DE MANERA INDEPENDIENTE Y OCURRIÓ SUSTITUCIÓN PATRONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, CONTRATO DE CORRETAJE, EFICACIA DEL CONTRATO DE TRABAJO, PARTES DEL CONTRATO DE CORRETAJE, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, BUENA FE DEL EMPLEADOR
Sentencia SL10425-2017 de julio 19 de 2017
SALA DE CASACIÓN LABORAL,
SL10425-2017
Radicación: 48350
Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo.
Tal como lo adujo el recurrente, el tribunal en la sentencia estableció la existencia de un sólo vínculo, del que responden conjuntamente las demandadas, como consecuencia de la sustitución patronal que operó entre ellas, a partir del 10 de octubre de 1997, con la constitución de la Sociedad Coomeva Medicina Prepagada S.A.; a tal conclusión arribó, al analizar la respuesta de Coomeva Medicina Prepagada S.A., al requerimiento efectuado por el Juez de conocimiento, en el que se certificó la vigencia de la relación comercial con la sociedad, desde el 15 de septiembre de 1993 hasta 31 de diciembre de 2004, y el acta 837 de la Cooperativa Coomeva, que mencionó el tema de la sustitución.
La Sala considera de un lado, respecto a la réplica, que el cargo sí es estimable y, por otra parte, que se cometieron por el tribunal los yerros que le endilga la censura, por las razones se exponen a continuación:
No ataca el recurrente en este escenario la conclusión a la que arribó el tribunal respecto a la sustitución patronal que, respecto al demandante, operó entre la Cooperativa Médica del Valle y de los Profesionales de Colombia Coomeva y la sociedad Coomeva Medicina Prepagada S.A., lo que se pretende es quebrar la decisión del colegiado, por no evidenciar de la prueba calificada que acusa como no apreciada, la coexistencia de contratos, luego de operar la referida sustitución, esto es, de las respuestas emitidas por Coomeva a los oficios 200 y 643, de los contratos de corretaje suscritos por el demandante con la cooperativa con posterioridad a octubre de 1997 y de la comunicación del 16 de diciembre de 2003, mediante la cual, Coomeva prescindió de los servicios del actor.
Aunque el tribunal en sus consideraciones, refiere los contratos de corretaje pactados entre las partes, para concluir que fueron sofismas de distracción al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, de lo que se sigue en principio, que no omitió apreciar los contratos de corretaje, se observa que no consignó en tales consideraciones, la valoración particular respecto a los que aduce la parte recurrente, esto es, los celebrados por el actor con la cooperativa con posterioridad a octubre de 1997, cuando deduce, operó la sustitución patronal (fls. 122 a 150); verificado el cuaderno principal del expediente, se aprecian los referidos contratos denominados de corretaje, celebrados entre el actor y la cooperativa demandada, entre los años 1999 y 2003, para la intermediación en contratos de asociación cooperativa, que dan cuenta de que, con posterioridad a la sustitución patronal establecida, el actor prestó sus servicios a la cooperativa.
No se hizo ningún tipo de mención en la decisión del ad quem, a las respuestas a los oficios librados por el juez de conocimiento, mediante sendas comunicaciones obrantes en folios 564 a 572 y 646 a 649, que contienen la relación de pagos efectuados por la cooperativa al actor, desde el año 1996 hasta el año 2003; de lo anterior se concluye, que ésta demandada remuneró los servicios del demandante hasta diciembre de 2003, y que, como lo aduce la censura, los únicos pagos que tuvo en cuenta el tribunal en su decisión, para la liquidación de las condenas, fueron los efectuados por Coomeva Medicina Prepagada S.A. (fls. 21 y 653), los que a partir de abril de 1997, no se corresponden con los que certificó la cooperativa.
Tampoco fue objeto de pronunciamiento en la decisión atacada, la comunicación del 16 de diciembre de 2003, dirigida al demandante por el gerente Regional Bogotá de la Cooperativa (fl. 20), en la que le avisa al actor la terminación del contrato a partir del 31 de diciembre de 2003; solamente se estableció por el ad quem, que el contrato estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2004 (fl. 807), y que terminó mediando comunicación del 4 de noviembre de 2004 (fl. 810), que fue dirigida al actor por el gerente regional de Coomeva Medicina Prepagada (fl. 17).
La Sala estima que son evidentes los errores que se endilgan al tribunal, como consecuencia de la falta de apreciación de las pruebas documentales calificadas, anteriormente relacionadas, que de haber sido apreciadas en particular, y en armonía con las demás, le hubiesen permitido concluir al colegiado que el demandante prestó sus servicios desde octubre de 1997 de manera separada a las demandadas, que cada una de ellas, remuneró independientemente el servicio del actor y dio por terminada la relación contractual en distintas fechas, estableciéndose con ello la coexistencia de contratos reclamada por la censura, que daría lugar a las condenas pretendidas de manera separada, sin que sea óbice para ello la declaratoria de sustitución patronal, como lo aduce la parte opositora, pues nada impide, y es jurídicamente viable, que opere la referida sustitución, y se continúen prestando servicios de manera separada al antiguo empleador, como en este caso ocurrió.
Se establece entonces por la Sala, la coexistencia de dos contratos de trabajo, en la modalidad de contrato realidad, entre el demandante y cada una de las demandadas, que tienen efectos jurídicos y generan el pago de prestaciones de manera independiente, con Coomeva Medicina Prepagada S.A., desde el 15 de septiembre de 1993, en virtud de la sustitución patronal que operó a partir del 10 de octubre de 1997, y hasta el 31 de diciembre de 2004; y con la Cooperativa Médica del Valle y de los Profesionales de Colombia Coomeva, a partir del 11 de octubre de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2003, sin contar con ésta el tiempo anterior, que se incorporó, en virtud de la sustitución patronal declarada, al tiempo de servicios a la demandada Coomeva Medicina Prepagada.
Por lo expuesto, el cargo está llamado a prosperar.
Acusó la sentencia por violación, por vía indirecta, por aplicación indebida, del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, como consecuencia de los errores de hecho que enlista:
1. Dar por demostrado sin estarlo que la pretensión de reconocimiento de la pensión sanción se formuló de manera abstracta.
2. No dar por demostrado estándolo que se demostraron los supuestos fácticos exigidos para el reconocimiento de la pensión sanción.
Señaló que tales errores fueron consecuencia de la apreciación equivocada de la demanda y de la falta de apreciación de la confesión contenida en las respuestas a ella.
En desarrollo del cargo indicó, respecto a los argumentos del tribunal para absolver de la pretensión, que la misma se formuló de manera idónea, y se demostraron los supuestos fácticos para su reconocimiento, esto es, la labor al servicio de las demandas por lapso superior a 10 años, el despido sin justa causa, hechos que reconoció el tribunal al concluir que el vínculo laboral tuvo vigencia entre el 15 de septiembre de 1993 y el 31 de diciembre de 2004 y al condenar al pago de la respectiva indemnización, y finalmente, la omisión de afiliación al sistema pensional, que dijo fue confesada por las demandadas, al dar respuesta al hecho 20 de la demanda, señalando que no tenían tal obligación, por lo que solicitó «la pensión sanción de jubilación desde cuando el demandante cumpla los 60 años de edad por haber sido despedido sin causa legal», y afirmó que el tribunal se equivocó ostensiblemente, al sostener que no se habían demostrado los supuestos para el reconocimiento de la pretensión.
Atacó el cargo por errores de técnica, señaló que fue indebidamente formulado, por vía de los hechos, cuando la decisión tuvo como fundamento la aplicación del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil y el 25 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que debió denunciar la violación medio de las normas sustanciales.
En cuanto al fondo de la acusación, expresó que la censura no derruyó la totalidad de los argumentos del tribunal, en lo relacionado con la edad para tener derecho a la pensión sanción. Refirió decisiones de la Sala en lo relativo a la sustitución patronal, y afirmó que las sociedades demandadas son independientes entre sí, con objeto social diferente, lo que desvirtúa el requisito de continuidad de la empresa para la declaratoria de sustitución patronal, de lo que se desprende que no se cumplieron los presupuestos fácticos para la pensión sanción.
XI. Cargos segundo y tercero
Acusó la sentencia por violación, por vía directa, del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, en el segundo cargo por aplicación indebida y en el tercero por apreciación errónea, con idénticos argumentos para la demostración del cargo, precisó que el tribunal incurrió en un error de orden jurídico, al «[…] asumir que la edad del demandante constituía un presupuesto necesario para el reconocimiento de la pensión sanción».
[…] la jurisprudencia laboral ha sostenido que la edad es presupuesto de exigibilidad de la pensión sanción mas no presupuesto para su causación, ya que se trata de un derecho que se adquiere por el hecho del despido sin justa causa con más de 10 años aunado a la omisión patronal de afiliación del trabajador al sistema de seguridad social en pensiones, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993”
Finalmente indicó, en el cargo segundo, que «[…] el tribunal aplicó indebidamente la norma al erigir a la edad en requisito de causación de la pensión cuando es simple requisito de exigibilidad», y en el tercero, por igual motivo, atribuye al tribunal la interpretación errónea de la norma; concluye que, demostrado el despido sin justa causa, el servicio por más de 10 años y la no afiliación al sistema pensional, debió disponerse el reconocimiento de la pensión sanción, a partir de los 60 años, sin que fuera necesario probar ese hecho.
Adujo el opositor, que la pensión sanción no se estructura, porque no operó en realidad una sustitución patronal.
Tal como lo adujo el recurrente, el tribunal en la sentencia de segundo grado, consideró que la edad es un supuesto necesario para el reconocimiento del derecho a la pensión sanción contenida en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, con lo que se demuestra el yerro de orden jurídico en el que incurrió el colegiado, pues ha sido criterio reiterado de esta corporación, que la edad en el caso de la pensión sanción es un requisito de exigibilidad, no de causación del derecho, entre otras, en Sentencia CSJ SL4041-2017, en la que precisó:
En cuanto al tema del cumplimiento de la edad, antes o después de la vigencia de la Ley 100 de 1993, este ha sido tratado por la Sala en el sentido de indicar que no es un requisito para adquirir el derecho pensional pero si lo es para la exigibilidad. Así se expresó la Corte en repetidas decisiones como la SL11490 de 2016, radicado 62817, en la que dijo:
Así mismo, esta Corte ha manifestado de manera reiterada, entre ellas en sentencia CSJ SL, 1707-2015, que la pensión sanción consagrada en la Ley 171 de 1961 se causa a partir de la fecha del despido, con el tiempo de servicios correspondiente, siendo el cumplimiento de la edad una condición para su exigibilidad.
Además, en lo que toca con la consideración del tribunal, respecto a que la pretensión se presentó de manera abstracta, y el reproche que en este aspecto se hace por la parte opositora al primer cargo, que aquí se estudia de manera conjunta con los dos siguientes, sea lo primero indicar, que no adolece de los defectos técnicos que se señalan y la vía escogida por el recurrente es la adecuada.
Se establece por la Sala, que incurrió el tribunal en el yerro que se le endilga, por la apreciación equivocada de la demanda, pues verificado el respectivo escrito, la pretensión se formuló de manera concreta: «La pensión sanción de jubilación desde cuando el demandante cumpla los 60 años de edad, por haber sido despedido sin justa causa legal»; y como sustento de la pretensión, en los hechos quinto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, se afirmó la existencia de un tiempo de servicio superior a 10 años, la terminación del contrato sin justa causa y la omisión en la afiliación al sistema general de pensiones, supuestos necesarios y suficientes para su causación en los términos antes expuestos.
Se encuentran los anteriores requisitos acreditados, la omisión en la afiliación al sistema de pensional con las respuestas a la demanda, en las que se indicó que: «ninguna obligación de afiliar al actor a la seguridad social existía por parte de la accionada […]» sin que sean objeto de discusión en este recurso los demás requisitos descritos, esto es, la prestación del servicio desde el 15 de septiembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2004 con Coomeva Medicina Prepagada S.A., último empleador que sustituyó a la Cooperativa Médica del Valle y de los Profesionales de Colombia Coomeva, y el despido de aquella sin justa causa, que dio lugar a la indemnización que ordenó el tribunal.
Por las razones expuestas los cargos que se estudian están llamados prosperar.
XIV. Cargos cuarto y quinto
Acusó la sentencia, por la vía directa, por aplicación indebida en el cargo cuarto, por interpretación errónea en el quinto, de los artículos: «488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo en relación con el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990».
En desarrollo de los cargos, el casacionista adujo que «El tribunal estimó que la prescripción extintiva cobijaba los derechos causados a favor del demandante con anterioridad al 26 de agosto de 2002, y aplicó tal criterio para cuantificar las cesantías del actor entendiendo que sólo había lugar a reconocer las causadas a partir de tal fecha».
Indicó en el primero de los citados cargos, que el yerro de orden jurídico de la sentencia consiste en la aplicación de la prescripción parcial a las cesantías, cuando es una prestación que se hace exigible al finalizar la relación laboral, cuando el trabajador puede reclamar el pago efectivo del empleador, que la prescripción se estructura a partir de la fecha de exigibilidad del derecho, la que no puede confundirse con su causación; y finalmente, señaló que tales premisas se aplican también, en el caso de los trabajadores amparados por régimen anual de liquidación de cesantías, pues pese a la consignación anual, que debe hacer el empleador en un fondo, el trabajador solo puede reclamar el auxilio de cesantía a la finalización del contrato; refirió criterio acogido en Sentencia CSJ SL 34393, 24 de agosto de 2010, del que concluyó que el tribunal aplicó indebidamente las normas de prescripción, pues no había lugar a afectar las cesantías por este medio extintivo.
En el cargo quinto, precisó que el yerro radicó en haber interpretado, que había lugar a afectar las cesantías de manera parcial, por el fenómeno prescriptivo, adujo el mismo antecedente judicial, para concluir que el tribunal interpretó erróneamente las normas que regulan la prescripción y las cesantías.
El opositor señaló, que el razonamiento del tribunal fue acertado, que el recurrente se encontraba amparado por la Ley 50 de 1990, sistema de liquidación definitiva anual y consignación en los fondos de cesantías, en el que el saldo causado se debe consignar antes del 15 de febrero del año siguiente, por lo que la exigibilidad surge a partir de la referida fecha, y en consecuencia, a partir de ese momento empieza a correr el término de prescripción.
Le asiste razón al recurrente, pues contrario a lo señalado por el opositor, se equivocó el colegiado, al contabilizar el término de prescripción para el caso del auxilio de cesantía, desde la fecha dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para su liquidación, debiendo hacerlo desde la fecha en que terminó el contrato de trabajo, tal como lo ha reiterado esta corporación; al respecto, en Sentencia SL6552-2016 señaló:
[…] esta corporación tiene enseñado que el auxilio de cesantías se hace exigible a la terminación del contrato de trabajo, independientemente del régimen que las regule, dado que es, a partir de ese momento, cuando el trabajador puede disponer libremente de dicho concepto; por ello, el término prescriptivo para las cesantías comienza a contabilizarse desde la finalización de la relación laboral y no antes.
Al respecto esta Sala reiteró en Sentencia CSJ SL, 10 de junio de 2015, radicación 43894, lo expuesto en la providencia CSJ SL, 30 de enero de 2012, radicación 37389, cuando expuso:
El tema objeto de debate fue clarificado por esta Sala de la Corte al concluir que la prescripción del auxilio de cesantía empieza a contarse desde la terminación del contrato de trabajo y no antes, toda vez que es a partir de ese momento cuando el trabajador puede disponer libremente de su importe, y en consecuencia, es cuando efectivamente se hace exigible.
De conformidad con el criterio expuesto, se acreditó por el recurrente, el yerro del tribunal en la decisión.
Habrá de casarse parcialmente la sentencia de segunda instancia conforme al alcance de la impugnación, en todos los puntos objeto del recurso.
XVII. Sentencia de instancia
Para resolver la apelación propuesta por la parte demandante, son suficientes las consideraciones expuestas al resolver el recurso de casación.
En consonancia con ello, la Sala, constituida en tribunal de instancia, observa que existe en el expediente suficiente material probatorio para determinar, como lo hizo el tribunal, que existió una verdadera relación laboral entre el demandante y las demandadas, que los contratos de corretaje suscritos entre las partes se desnaturalizaron en su ejecución, lo que dio paso al contrato realidad, sin embargo, tal como ya se explicó, de los citados contratos de corretaje suscritos por el demandante con la cooperativa con posterioridad a octubre de 1997 (fls.122 a 150), de las certificaciones de pagos efectuados por la Cooperativa Médica del Valle y de los Profesionales de Colombia Coomeva al actor (fls. 572, 647 a 649), y de la comunicación de terminación del contrato, del 16 de diciembre de 2003, dirigida al demandante por esta demandada (fl. 20), valorados conjuntamente con los contratos suscritos entre el actor y Coomeva Medicina Prepagada (fls. 117 a 121), así como la certificación de pagos emitida por esta (fl. 651), y la comunicación de terminación del contrato de fecha 5 de noviembre de 2004 (fl. 17), se pudo establecer que se trató efectivamente de dos contratos de trabajo que coexistieron, que generan el pago de prestaciones de manera independiente, con Coomeva Medicina Prepagada S.A., desde el 15 de septiembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2004, en virtud de la sustitución patronal que operó desde el 10 de octubre de 1997; y otro, con la Cooperativa Médica del Valle y de los Profesionales de Colombia Coomeva, a partir del 11 de octubre de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2003, pues el tiempo anterior acreditado, como ya se indicó, se incorporó, en virtud de la sustitución patronal, al tiempo de servicios con Coomeva Medicina Prepagada.
Consecuente con lo anterior, habrá de condenarse a las demandadas, en forma separada, por los tiempos de servicio respecto a cada una de ellas, al pago de las acreencias laborales pretendidas, en adición a las condenas proferidas en segunda instancia, que no fueron objeto de casación, así:
1. Coomeva Medicina Prepagada: Las condenas que por el tiempo de servicio con esta demandada fueron proferidas por el tribunal, en sentencia inicial y adición, cuya cuantía no fue objeto del recurso extraordinario, se mantienen incólumes, por concepto de prima de servicios, vacaciones, intereses a las cesantías y sanción por no pago oportuno, indemnización por despido injusto e indexación de las condenas, precisando únicamente que corren solo por cuenta de esta demandada. Además, las siguientes:
Auxilio de cesantías: Hay lugar a proferir condena, en contra de esta demandada, por todo el tiempo de vigencia de la relación laboral, desde el 15 de septiembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2004, atendiendo a que no se encuentran afectadas por prescripción las cesantías, por cuanto se hicieron exigibles a la finalización del vínculo, según se determinó al resolver los cargos cuarto y quinto de la demanda de casación; se liquidarán con el promedio salarial de cada año acreditado en el proceso (fls. 21 y 653), según lo dispuesto en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para los años 1993 a 1995, en los que no se acreditaron los pagos efectuados al actor, se tendrá como salario el equivalente a un mínimo legal vigente para cada anualidad, según lo establecido en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, toda vez que no se acreditó uno superior. Ascienden las cesantías a cargo de esta demandada y en favor del demandante a la suma de $ 49.060.020.
Año Cesantía
1993 $ 24.000
1994 $ 98.700
1995 $ 118.934
1996 $ 1.724.003
1997 $ 10.452.836
1998 $ 5.261.991
1999 $ 18.739.743
2000 $ 662.712
2001 $ 2.220.545
2002 $ 3.059.664
2003 $ 2.842.209
2004 $ 3.854.683
Total $ 49.060.020
Pensión sanción: Establece el inciso 1º del artículo 133 de la Ley 100 de 1993 que:
Se encuentran acreditados en el proceso los requisitos establecidos para la procedencia de la pretensión, teniendo en cuenta que se estableció con la codemandada Coomeva Medicina Prepagada S.A., último empleador que sustituyó a la Cooperativa Médica del Valle y de los profesionales de Colombia Coomeva, un tiempo de servicios de 11 años, 3 meses y 16 días; se estableció la omisión en la afiliación al sistema pensional y el despido sin justa causa, que dio lugar a la indemnización, sin que la edad constituya un requisito de causación del derecho sino de exigibilidad en los términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable, y la jurisprudencia de esta Corporación, hay lugar entonces a ordenar su reconocimiento y pago, a cargo de la codemandada Coomeva Medicina Prepagada S.A., a partir del momento en que el demandante acredite el cumplimiento de los 60 años de edad, en la cuantía establecida en el inciso 3º de la citada norma.
2. Cooperativa Médica del Valle y de los Profesionales de Colombia Coomeva: Por la vigencia del vínculo laboral, desde el 11 de octubre de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2003, teniendo en cuenta como salario, el promedio de los valores que certificó la cooperativa fueron pagados al actor mes a mes (fls. 542, 647 a 649), en vigencia de la vinculación, atendiendo a lo resuelto respecto a excepción de prescripción, las que se hicieron exigibles a partir del 26 de agosto de 2002:
Prima de servicios: Con el promedio de lo devengado en cada semestre, según lo dispuesto en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, $ 548.967 por el segundo semestre de 2002 y $ 1.990.878 por el año 2003, para un total de $ 2.539.845 adeudado por este concepto.
Vacaciones: Compensadas con el promedio salarial del último año ($ 1.990.878), según lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, las causadas entre el 11 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2003, 1.160 días laborados, para un total de 48.33 días de vacaciones, que ascienden a la suma de $ 3.207.526.
Auxilio de cesantía e intereses a la cesantía doblados: Según lo antedicho, no se encuentran afectadas por prescripción, se liquidarán desde el 11 de octubre de 1997 y hasta el 31 de diciembre de 2003, con el promedio salarial de cada año de liquidación, según lo dispuesto en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y ascienden a la suma de la suma de $ 9.272.380. Los intereses a la cesantía desde la causada en el año 2002, los anteriores se encuentran prescritos, doblados según lo establecido en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, ascienden a la suma de $ 968.984.
Año Cesantía Int. doblados
1997 $ 521.145
1998 $ 741.923
1999 $ 1.886.930
2000 $ 659.407
2001 $ 1.425.541
2002 $ 2.046.556 $ 491.173
2003 $ 1.990.878 $ 477.811
Total $ 9.272.380 $ 968.984
Indemnización por despido: Prevista en el literal a) del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, pues devengaba el demandante suma inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de terminación del contrato, con el promedio de lo devengado en el último año de servicio, por un total de 2.240 días, asciende a la suma de $ 19.318.890.
La Sala reitera que, en lo demás, que no fue objeto del recurso de casación, la sentencia se mantiene incólume.
En vista de la prosperidad de los cargos, no se imponen costas en el recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., el dieciséis (16) de diciembre de dos mil nueve (2009), adicionada el dieciocho (18) de junio de dos mil diez (2010), en el proceso promovido por PEDRO FERNANDO LEÓN SICARD contra COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. y la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA, en cuanto a que, absolvió a las demandadas de la pensión sanción, declaró parcialmente prescritas las cesantías en favor del actor, y se abstuvo de reconocer la coexistencia de contratos de trabajo con las demandadas.
1. Condenar a COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. a reconocer y pagar al señor PEDRO FERNANDO LEÓN SICARD, las siguientes sumas de dinero y conceptos, debidamente indexadas:
— Primas de servicios $ 9.756.556.
— Vacaciones $ 4.523.898,80.
— Intereses a las cesantías $ 1.170.786,65.
— Indemnización por despido $ 30.309.229,59.
— Sanción por no pago de intereses a las cesantías $ 1.170.786.
— Auxilio de cesantías $ 49.060.020.
2. Condenar a COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. a reconocer y pagar al señor PEDRO FERNANDO LEÓN SICARD, la pensión sanción de que trata el inciso 1º artículo 133 de la Ley 100 de 1993, a partir del momento en que acredite el cumplimiento de los 60 años de edad, en la cuantía establecida en el inciso 3º de la citada norma.
3. Condenar a la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE LOS PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA a reconocer y pagar al señor PEDRO FERNANDO LEÓN SICARD, las siguientes sumas de dinero y conceptos, debidamente indexadas:
— Primas de servicios $ 2.539.845.
— Vacaciones $ 3.207.526.
— Auxilio de cesantías $ 9.272.380.
— Intereses a las cesantías doblados $ 968.984.
— Indemnización por despido $ 19.318.890.

References: artículo 133
 artículo 307
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 249
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 249
 artículo 99
 artículo 132
 artículo 18
 artículo 133
 artículo 306
 artículo 249
 artículo 99
 artículo 1
 artículo 64
 artículo 28
 artículo 133