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Timestamp: 2018-09-23 22:39:26+00:00

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SENTENCIA SL551-2015 DE 28 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:ORDEN DE CAPTURA NO SUSPENDE RELACIÓN LABORAL. LA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE NI LA MERA DETENCIÓN PREVENTIVA JURÍDICA SON CAUSALES DE SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. A SU JUICIO, LO QUE REALMENTE SUSPENDE EL CONTRATO ES LA DETENCIÓN PREVENTIVA FÍSICA QUE LE IMPIDE MATERIALMENTE AL TRABAJADOR CUMPLIR UNA DE SUS OBLIGACIONES, ES DECIR, PRESTAR EL SERVICIO DE MANERA PERSONAL. EN EFECTO, LA SIMPLE ORDEN DE CAPTURA NO CONSTITUYE FUERZA MAYOR QUE LE IMPOSIBILITE AL EMPLEADO REALIZAR SUS FUNCIONES, PUES MIENTRAS LA DETENCIÓN NO SE HAGA EFECTIVA, LA PERSONA GOZA DE LIBERTAD Y, POR ENDE, PUEDE CUMPLIR LAS LABORES QUE LE CORRESPONDEN. POR EL CONTRARIO, LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN SON TAXATIVAS Y SUS EFECTOS SON LA NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y NO PAGAR EL SALARIO, DEPENDIENDO DE LA PARTE DE LA RELACIÓN LABORAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, DETENCIÓN PREVENTIVA, DETENCIÓN PREVENTIVA DEL TRABAJADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, INTERRUPCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:526 DE OCTUBRE DE 2015, PÁG.1967
Sentencia SL551-2015/44367 de enero 28 de 2015
Rad.: 44367 Acta 1
Tal y como lo destaca la oposición, el cargo contiene una serie de falencias e imprecisiones técnicas que le restan prosperidad.
Así, por ejemplo, en el alcance de la impugnación se le pide a la Corte a un mismo tiempo la casación y la revocatoria de la decisión del tribunal, lo que, como se ha adoctrinado en repetidas oportunidades, constituye un imposible lógico e impide determinar con precisión el querer del recurrente en casación. Asimismo, en el cargo no se aclara si la violación de la ley sustancial que se le achaca al tribunal devino de cuestiones estrictamente jurídicas o si, por el contrario, se originó en raciocinios de carácter netamente fáctico. A dicha omisión cabe agregar que se recurre indiscriminadamente a conceptos de violación autónomos como la “…falta de aplicación…”, que puede ser asimilable a la infracción directa, y la aplicación indebida, respecto de preceptos del Código Sustantivo del Trabajo, que no le son aplicables al actor debido a su calidad de trabajador oficial. En el cargo también se entremezclan cuestiones jurídicas, como las que tienen que ver con el alcance del artículo 147 de la Ley 270 de 1996, con debates fácticos, como los que se relacionan con la prueba de la relación laboral y la existencia de una fuerza mayor que justificaba el abandono del cargo por el trabajador demandante, de manera que la acusación se asemeja a un simple alegato de instancia.
De otro lado, el recurrente menciona la existencia de “…errores de hecho evidentes…”, lo que conllevaría a entender que el ataque se enfila por la vía indirecta, pero no especifica cuáles habrían sido esos yerros fácticos cometidos por el tribunal en su análisis, o cuáles las pruebas calificadas cuya falta de valoración o apreciación inadecuada habrían dado lugar a ello, pues se hace una referencia genérica e imprecisa a pruebas documentales y testimoniales, que no se identifican.
Ahora bien, con todo, a partir de los fundamentos que integran el cargo la Corte puede concluir que, en esencia, el censor recrimina al tribunal por no haber tenido en cuenta una presunta fuerza mayor que justificaría la inasistencia del trabajador a su puesto de trabajo y que resquebrajaría el proceso disciplinario adelantado en su contra; así como por no haberle dado viabilidad a la pretensión de reintegro, a pesar de estar claramente demostrada la existencia de la relación laboral; y por no haber prohijado la obligación de pago de salarios al trabajador mientras estuvo privado de su libertad.
En torno al primero de los mencionados tópicos, el censor se ampara en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, pero no se ocupa de atacar, si quiera de manera somera, la conclusión del tribunal con apego a la cual dicha disposición no resulta aplicable a los trabajadores oficiales, que se rigen por disposiciones especiales.
Tampoco se controvierte suficientemente la conclusión del juzgador de segundo grado de que, en todo caso, en el presente asunto no se había demostrado la fuerza mayor alegada en la demanda. En este punto, cabe decir que el tribunal sí tuvo en cuenta la orden de captura proferida en contra del actor, pero advirtió correctamente que este se había ausentado de su puesto de trabajo de manera consciente y con el propósito de evadir esa decisión judicial, emitida por una autoridad competente, de manera que no podía predicarse válidamente la existencia de una fuerza mayor. Esto es, en la sentencia gravada se puso de relieve válidamente que en la decisión disciplinaria se había juzgado un ejercicio consciente del trabajador de ausentarse de su puesto de trabajo, para evitar su captura, y no una inasistencia insuperable, derivada de una limitación a la libertad.
Y dicha reflexión no resiste cuestionamiento alguno, pues para la Sala el hecho de evadir conscientemente algún requerimiento judicial, para evitar que se cumpla una orden de captura, como lo reconoció el actor a lo largo del juicio, no contiene esos componentes de inevitabilidad o imprevisibilidad que son característicos de la fuerza mayor. Además de ello, de cualquier manera, en procesos similares al analizado, esta Sala de la Corte ha adoctrinado que “…la orden de captura emitida por la autoridad competente, así como la mera detención preventiva jurídica, no son causales de suspensión de la relación laboral, como parece entenderlo el recurrente, pues lo que efectivamente la suspende es la detención preventiva física que conlleva a la imposibilidad material de cumplir con una de las obligaciones del trabajador, cual es, la de prestar personalmente su servicio. Por manera que, una orden de captura, por sí sola, no es dable considerarla como una causal de fuerza mayor que le impida al trabajador ejecutar la actividad a la que se comprometió con el dador del laborío, toda vez que mientras no se haga efectiva la detención, la persona goza de libertad, situación que le permite, se itera, cumplir con el contrato de trabajo” (CSJ SL, 9 nov. 2011, rad. 40249).
En el cargo tampoco se ataca la conclusión del tribunal de que el artículo 147 de la Ley 270 de 1996 es aplicable únicamente a los servidores judiciales, ni se revierte la previsión de que, de cualquier manera, el proceso disciplinario no terminó de manera favorable al actor, por preclusión, absolución o exoneración, ya que le fue impuesta una sanción disciplinaria. Vale la pena advertir también que el proceso disciplinario es independiente del proceso penal y que en las dos actuaciones se juzgaron conductas diferentes, de manera que el resultado del proceso penal en nada afectaba al disciplinario.
Por lo demás, en el cargo tampoco se desdice de la aplicación que hizo el tribunal del artículo 46 del Decreto 2127 de 1945, ni de los artículos 1º y 2º del Decreto 1647 de 1947, para justificar la no obligación de pagar salarios durante el tiempo en el que el trabajador estuvo privado de su libertad. En todo caso, esta Sala de la Corte ha precisado “…que las causales de suspensión de la relación laboral son taxativas y, además, que sus efectos estriban, para el trabajador en la no prestación del servicio, en tanto que para el empleador en la no cancelación del salario” (CSJ SL, 9 nov. 2011, rad. 40249).
Por último, el tribunal nunca desconoció la existencia de la relación laboral, como lo sugiere la censura, sino que negó la pretensión de reintegro en la medida en que en este caso no se había demostrado la existencia de un despido sin justa causa, cuestión que tampoco logra desvirtuar la censura.
Se acusa la sentencia por la causal enunciada en el numeral 1º del artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral por la falta de aplicación de los artículos 51 y 60 del Código de Procedimiento Laboral, respecto de la apreciación de la prueba, los medios de prueba que son los establecidos en la ley y por aplicación analógica como lo preceptúa el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral la falta de aplicación a los artículos 11, 252, 254, 268, 279 de la Ley 446 de 1998 en relación con la prueba documental y los artículos 95, 187 y 250 del Código de Procedimiento Civil pertinente a la prueba por indicio. Falta de aplicación de los artículos 61 y 62 del Código Sustantivo del Trabajo (modificados por el art. 1º de la L. 50 de 1990), falta de aplicación del artículo 51 numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por el art. 4º de la L. 50 de 1990); falta de aplicación del inciso 3º del artículo 16 del Decreto 1615 de 2003, Decreto 190 de 2003 y 1815 de junio 30 de 2005 y Decreto 4781 del 30 de diciembre de 2005; por la violación de los artículos 13, 25, 29 y 53 de la Constitución Nacional. Falta de aplicación del artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral, modificado por el artículo 1º de la Ley 362 de 1997.
En la justificación del cargo, el recurrente reitera que el tribunal dejó de aplicar injustificadamente los artículos 37 y 39 del Código Sustantivo del Trabajo y negó la pretensión de reintegro, junto con el pago de los salarios y demás auxilios dejados de percibir, con el cuestionable argumento de que no se había acreditado la relación de trabajo, lo que contradice abiertamente la certificación de folio 444.
Sostiene también que el tribunal ignoró la providencia del 22 de agosto de 1999, por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación le impuso una medida de aseguramiento al demandante, pues tal prueba daba cuenta de la existencia de una fuerza mayor que le impedía presentarse a su sitio de trabajo, de manera que operaba la suspensión del contrato de trabajo, en la forma establecida en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo.
Alude también a que existieron equivocaciones en el análisis de la prueba documental y testimonial del proceso y que, concretamente, se desconoció la declaración del señor Luis Eduardo Trigos Rueda, que acreditaba la existencia de una fuerza mayor que le impedía al actor el cumplimiento de sus labores.
Asimismo, que se ignoró el fallo disciplinario emitido por la vicepresidencia de gestión humana de Telecom, que contenía múltiples inconsistencias procedimentales y sustanciales violatorias del debido proceso, pues, entre otras, el edicto de notificación no fue fijado en un lugar que realmente le permitiera al actor enterarse de la respectiva decisión, como por ejemplo la gerencia de departamento en la que laboraba; el abogado designado para su defensa Luis Alfredo Lozano Algar no realizó una defensa técnica de sus derechos; el señor Cornelio Dávila Otavo radicó un memorial en el que informaba la fuerza mayor que imposibilitaba la presentación del trabajador a su puesto de trabajo, que nunca fue contestado ni allegado al proceso disciplinario; el fallo disciplinario contenía falsa motivación, desvío de poder y omitió el hecho trascendental de la fuerza mayor, “…porque no estaba dispuesto a permitir que injustamente lo privaran de la libertad…”, situación que era conocida por todos los funcionarios de la entidad demandada y por los instructores del proceso disciplinario; no se remitieron oficios con destino al proceso penal, no se tomó la versión de los jefes del investigado, ni se le informó la existencia del proceso al apoderado del actor en el proceso penal, para que pudiera actuar y defenderse suficientemente, de manera que fue víctima de una persecución; y, en general, se produjeron vías de hecho que afectaron los derechos fundamentales del investigado al debido proceso, trabajo, igualdad, honra, honor, intimidad, entre otros.
Alega que “…el escaso análisis probatorio amañado y malintencionado…” generó un desconocimiento de la verdadera causal de inasistencia del trabajador a su puesto de trabajo, con lo que se vulneraron los artículos 23 y 54 de la Ley 200 de 1995. Adicionalmente, que en el interior del proceso disciplinario no se especificó cuál de las sanciones se le habría de imponer al actor; se desconoció la competencia funcional, pues si se trataba de una falta gravísima, la investigación debió ser adelantada por el jefe de dependencia o seccional regional en primera instancia, de manera que quien debió fallar fue el presidente de la empresa y no el vicepresidente de gestión humana; el investigador Gabriel Fernando Gutiérrez Valderrama tenía una inferior categoría que la del investigado; y el despido fue injusto, pues el trabajador se vio afectado por una fuerza mayor o caso fortuito que le impidió asistir a su sitio de trabajo.
Arguye que la imposibilidad, por la supresión y liquidación de la entidad, tampoco constituía un argumento válido para negar el reintegro pedido en la demanda, pues esta corporación ha justificado en repetidas ocasiones esa decisión, para efectos de que se paguen los salarios y prestaciones sociales dejador de percibir por el trabajador mientras estuviera cesante. Precisa, igualmente, que se ignoró el artículo 16 del Decreto 1615 de 2003, que protege a las personas con las condiciones especiales reguladas en el Decreto 190 de 2003, además de que la decisión de declarar probada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa es errónea.
Aduce que el cargo contiene insuperables falencias técnicas, pues se hace alusión a la violación de las pruebas del proceso, sin especificar cuáles; se hace referencia a pruebas testimoniales que nunca tuvo en cuenta el tribunal; y no se demuestra la existencia de algún yerro trascedente en la decisión del tribunal.
La acusación presenta las mismas falencias técnicas del primer cargo, en tanto no precisa la vía por la cual se formula el ataque, denuncia la violación de normas inaplicables al actor, como las del Código Sustantivo del Trabajo, y entremezcla cuestiones jurídicas y fácticas en una disertación más propia de un alegato de instancia. Con todo, a partir de la referencia a “…la apreciación de la prueba…”, entiende la Corte que el cargo se encamina por la vía indirecta, no obstante lo cual, no se precisan los errores de hecho cometidos por el tribunal, ni las pruebas que habrían dado lugar a ello, además de que se acude al análisis de pruebas no calificadas en la casación del trabajo, como los testimonios.
Sumado a lo anterior, las reflexiones relacionadas con la existencia de una fuerza mayor que desvirtuaría el abandono injustificado del cargo; la necesaria suspensión del contrato de trabajo y la obligación de pago del salario al trabajador; así como la prueba de la relación laboral y la procedencia de la pretensión de reintegro son cuestiones respecto de las cuales se dio una repuesta suficiente en la resolución del primer cargo.
Por otra parte, en torno a las falencias procedimentales del trámite disciplinario que se ponen de presente en el cargo, muchas de ellas tienen que ver con el alcance de normas del Código Disciplinario Único, que debieron ser planteadas por la vía directa y, en todo caso, para la Corte el tribunal no obvió alguna situación relevante que diera al traste con las presunciones de legalidad y acierto de su sentencia.
En efecto, en los documentos que obran a folios 247, 309 y 668 se puede advertir que la entidad demandada comunicó al demandante el inicio de la investigación disciplinaria y que ante su no comparecencia para recibir la notificación personal de las decisiones, se procedió a la notificación por edicto, en la forma contemplada en los artículos 87 y 88 de la Ley 200 de 1995. Consta allí también que al actor le fue designado un defensor de oficio y que se atendieron oportunamente sus peticiones, además de que se le imputó clara y concretamente una falta gravísima de “abandono injustificado del cargo” que, una vez comprobada, le correspondió la sanción de terminación del contrato de trabajo. También se puede advertir que el funcionario que adelantó la investigación, así como el que profirió la sanción tenía el respectivo nivel jerárquico exigido legalmente.
Por lo demás, el memorial en el que se comunicó la presunta fuerza mayor (fls. 255 y 256) corresponde a otro investigado diferente, y lo cierto es que al actor contó con la oportunidad para defenderse de las imputaciones que se le realizaron dentro de la actuación disciplinaria. En todo caso, el censor no identifica algún elemento de juicio calificado en casación que soporte sus denuncias de violación al derecho a la defensa y al debido proceso del disciplinado, de manera que sus imputaciones carecen de soporte.
Resta decir que el tribunal nada dijo en torno a la condición del actor como beneficiario del retén social y, en tales condiciones, el interesado debió pedir la adición de la sentencia recurrida y no acudir al recurso extraordinario de casación. Asimismo, la controversia en torno al agotamiento de la vía gubernativa respecto de algunas pretensiones quedó zanjada definitivamente en la primera instancia y no puede ser revivida en casación.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($3.150.000.oo).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2009 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Jairo José Guevara Penagos contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones —Telecom en liquidación—.
Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($3.150.000.oo).

References: artículo 147
 artículo 51
 artículo 147
 artículo 46
 artículo 87
 artículo 145
 artículo 51
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 51
 artículo 16
 resolución