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Timestamp: 2020-07-15 05:39:41+00:00

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Sentencia de Unificación nº 961/99 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 43563275
Sentencia citada en: 2771 sentencias, 7 artículos doctrinales, 2 noticias
La S.P. de la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido, tanto en la provisión de cargos para la carrera administrativa, como en la carrera judicial, que cuando el ente nominador no se atiene al estricto orden descendente en las listas de elegibles, está violando los derechos fundamentales de quienes se encuentran en los primeros lugares de las listas. Con la decisión del ente nominador de no elegir a quien ocupa el primer puesto en la lista de elegibles se están vulnerando sus derechos a la igualdad, trabajo, debido proceso y al acceso a cargos públicos. Por lo tanto, los entes nominadores deben atenerse a lo expresado por la Corte en lo referente al orden de nombramiento de empleados y funcionarios de la Rama Judicial, sin que sea relevante la distinción entre unos y otros para efectos del procedimiento de selección.
Peticionarios: G.L.S. y J.F.V.
Consejo Superior de la Judicatura, S. Disciplinaria
S. de Bogotá, D.C., diciembre primero (1º) de mil novecientos noventa y nueve (1999)
La S.P. de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados A.M.C. -Presidente-, A.B.C., A.B.S., E.C.M., C.G.D., J.G.H.G., F.M.D., V.N.M. y A.T.G., ha pronunciado la siguiente:
En los procesos de tutela radicados bajo los números T-229.103 y T-237.605, adelantados en su orden por los ciudadanos G.L.S. y J.F.V., en contra de la Corte Suprema de Justicia S.P., representada por su presidente, F.E.H..
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, mediante Auto del 5 de agosto de 1999 la S. Novena de Revisión de la Corte Constitucional decidió revisar el expediente T-229.103. Mediante auto del 12 de agosto, la misma S. decidió revisar el expediente T-237.605 y acumularlo con el T-229.103. Por reparto le correspondió la sustanciación al despacho del suscrito magistrado. Presentado el proyecto ante la S. Novena de Revisión, el magistrado A.B.C. solicitó que se llevara ante la S.P..
Los accionantes solicitan ser nombrados en propiedad en los cargos de magistrados de las S.s Civiles de Familia de S. de Bogotá e Ibagué respectivamente, respetando en estricto orden los resultados del concurso llevado a cabo por el Consejo Superior de la Judicatura y la conformación de las listas de elegibles para las vacantes mencionadas. Consideran que la decisión de la accionada de nombrar a otras personas que se encontraban por debajo de ellos en las listas de elegibles vulneran sus derechos constitucionales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a acceder al desempeño de cargos públicos.
Hechos T-229.103 y T-237.605
Los accionantes obtuvieron los puntajes más altos en el concurso de méritos convocado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo No. 52, del 22 de mayo de 1994, destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para los cargos de magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, S.s de Familia.
Los resultados del concurso fueron publicados mediante la Resolución 00507 del Consejo Superior de la Judicatura, del 10 de mayo de 1996 y se los incluyó en la lista de elegibles mediante acuerdos 097 (para S. de Bogotá) y 094 (para I., del 15 de mayo de 1996.
La accionante G.L.S. solicitó ser tenida en cuenta para la vacante de la S. de Familia del Tribunal Superior del Distrito de S. de Bogotá y ocupaba el primer lugar en la lista de elegibles.
El accionante J.F.V. solicitó al Consejo Superior de la Judicatura ser tenido en cuenta para las vacantes en las S.s de Familia o Mixtas (Civil/Familia) de Manizales, Ibagué -donde ocupaba el primer lugar en la lista de elegibles-, Armenia, S. de Bogotá, Tunja, Popayán, Cali, Buga, Neiva y B..
La Corte Suprema de Justicia en S.P. No. 16 del 11 de junio de 1996, nombró a G.I.E. de Orjuela, quien se encontraba en el cuarto renglón de la lista de elegibles, para la vacante de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito de Ibagué, S. de Familia.
Posteriormente, la misma accionada, en S.P. No. 17, de junio 20 de 1996, eligió a C.A.B.A., quien se encontraba en el puesto trece (13) de la lista de elegibles, para la vacante de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito de S. de Bogotá, S. de Familia.
En esa misma sesión eligió también a M.A.M.V., quien se encontraba en el octavo puesto, para una segunda vacante de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito de Ibagué, S. de Familia, cargo que venía desempeñando en interinidad desde el 6 de septiembre hasta el 31 de octubre de 1985 (S. Civil) y en provisionalidad del 26 de septiembre de 1990 al 11 de agosto de 1996.
G.L.S. (T-229.103), interpuso acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia el 24 de marzo de 1999 ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.
De igual modo lo hizo, J.F.V. (T-237.605) el 19 de mayo de 1999, ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Pretensiones T-229.103 y T-237.605
Los accionantes G.L.S. (T-229.103) y J.F.V. (T-237.605) solicitan que se tutelen los derechos invocados por ellos, y en consecuencia, que se ordene a la accionada nombrarlos en propiedad como magistrados de las S.s de Familia de los Tribunales Superiores del Distrito de S. de Bogotá e Ibagué respectivamente.
Argumentos de la contraparte T-229.103 y T-237.605
A lo anterior agregan que las elecciones se realizaron teniendo en cuenta los intereses de la Administración de justicia. En el caso de A.M., por ejemplo, para asegurar la continuidad del servicio, se consideró que venía ejerciendo el cargo en provisionalidad desde 1990.
Primera instancia en el proceso T-229.103
Impugnación T-229.103
Agrega que la tutela no tiene término para interponerse, y que en la Sentencia SU-086 de 1999, la Corte Constitucional concedió la tutela como mecanismo permanente a L.A.T.R., quien concursó para el cargo de juez Penal Municipal en el año de 1994 sin manifestarse respecto de la oportunidad para interponer la tutela. Por ello, aduce que de acuerdo con el principio de igualdad, se debe conceder la tutela de sus derechos.
Segunda instancia en el proceso T-229.103
Por otro lado, la Sentencia C-037 no es aplicable al caso, pues "no se trata de la elección de un empleado, sino de un funcionario judicial" y mientras para los primeros es aplicable la regla según la cual el nombramiento corresponde al primero en la lista, aplicarla a los segundos implicaría "desconocer el poder nominador de la Corte Suprema de Justicia".
Primera instancia en el proceso T-237.605
El Consejo Seccional de la Judicatura, S. Disciplinaria, en Sentencia del 1º de junio de este año, decidió tutelar los derechos invocados por el accionante, con base en los argumentos que a continuación se resumen:
Por otro lado, la tutela no puede denegarse por haberse interpuesto dos años después de ocurrido el acto que pretende atacar, pues "la afectación de los derechos fundamentales de la accionante está estrechamente relacionada con la vigencia de la lista de elegibles que según el apoderado de la Magistrada ECHANDIA DE ORJUELA aún permanece." Además, en la Sentencia SU-086 de 1999 se tutelaron los derechos de personas que concursaron en 1994 y en los cuales los nombramientos ocurrieron en 1997, sin que la Corte se hubiera pronunciado sobre la existencia de término alguno para interponer la ación.
Impugnación T-237.605
El tercero afectado con la decisión, G.I.E. de Orjuela, mediante apoderado, impugnó asimismo la decisión, con base en los siguientes argumentos:
Aduce que, si bien la Sentencia SU-086 de 1999 consagra el principio general del nombramiento del primero en la lista de elegibles, establece también una excepción, en los casos en los que el ente nominador determina expresa y objetivamente las razones para no elegir al primero. Para la impugnante, en el presente caso se aplica esta excepción, pues el accionado determinó expresamente que la eligieron porque tiene unos "antecedentes de buen trabajo, excelente desempeño en la Rama Jurisdiccional" y porque se encontraba domiciliada en Ibagué, donde estaba la vacante. En tal sentido, agrega que los derechos del accionante no han sido vulnerados, pues al estar dispuesto a ocupar las vacantes en otras ciudades del país, tenía apenas una expectativa de ser nombrado en Ibagué.
Dice finalmente que existe en esta caso un hecho consumado, pues el registro nacional de elegibles perdió vigencia el 31 de mayo y que el juez de tutela no puede ordenar un nombramiento sobre la base de "un registro que ya no existe". De hacerlo se estarían vulnerando sus derechos.
Segunda instancia en el proceso T-237.605
La S.P. de la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido, tanto en la provisión de cargos para la carrera administrativa, como en la carrera judicial, que cuando el ente nominador no se atiene al estricto orden descendente en las listas de elegibles, está violando los derechos fundamentales de quienes se encuentran en los primeros lugares de las listas. Al respecto la Corte ha dicho:
"Por ello, la S.P. debe insistir en la presente oportunidad, que es de unificación y corrección de jurisprudencia, en que, para no vulnerar la Constitución Política ni atropellar los derechos fundamentales de los aspirantes que concursan para desempeñar cargos dentro de la Rama Judicial, producida una vacante, el nominador está obligado a nombrar al concursante que obtuvo el primer puesto en la lista de elegibles (resaltado fuera de texto), reservando a los siguientes para posteriores nombramientos, también en orden descendente, mientras no se reciba nueva lista del Consejo de la Judicatura". (Sentencia SU-133 del 2 de abril de 1998. M.P.: Dr. J.G.H.G..
"La Constitución de 1991 exaltó el mérito como criterio predominante, que no puede ser evadido ni desconocido por los nominadores, cuando se trata de seleccionar o ascender a quienes hayan de ocupar los cargos al servicio del Estado. Entendido como factor determinante de la designación y de la promoción de los servidores públicos, con las excepciones que la Constitución contempla (art. 125 C.P.), tal criterio no podría tomarse como exclusivamente reservado para la provisión de empleos en la Rama Administrativa del Poder Público, sino que, por el contrario, es, para todos los órganos y entidades del Estado, regla general obligatoria cuya inobservancia implica vulneración de las normas constitucionales y violación de derechos fundamentales." (Sentencia SU-086 de 1999, M.P.J.G.H.G.)
"La Corte considera entonces que en el caso sub exámine fueron vulnerados los derechos a la igualdad, al trabajo y al debido proceso del peticionario,(resaltado fuera de texto) C.G.U.U., al no respetársele el primer lugar obtenido en el concurso de méritos para proveer cargos de jueces civiles municipales de Santander.
"Debe la Corte manifestar que, cuando el nominador designa para desempeñar un cargo de carrera, objeto de concurso, a una persona que ocupó un puesto inferior dentro de la lista de elegibles, desplazando a quien la antecede por haber obtenido mejor puntaje, lesiona varios derechos fundamentales del afectado.(resaltado fuera de texto)
"El derecho consagrado en el artículo 13 de la Constitución es desconocido de manera abierta, muy específicamente en cuanto atañe a la igualdad de oportunidades, toda vez que se otorga trato preferente y probadamente injustificado a quien se elige, y trato peyorativo a quien es rechazado no obstante el mérito demostrado.(resaltado fuera de texto)
"Como lo ha sostenido la doctrina constitucional, las personas que se encuentran en una misma situación deben ser tratadas de idéntica manera, al paso que las hipótesis diversas han de ser objeto de medidas y decisiones diferentes, acordes con los motivos que objetivamente correspondan a la diferencia. Con mayor razón, si en el caso específico una de ellas se encuentra en condiciones que la hacen merecedora, justificadamente y según la Constitución, de un trato adecuado a esa diferencia, resulta quebrantado su derecho a la igualdad si en la práctica no solamente se le niega tal trato sino que, pasando por encima del criterio jurídico que ordena preferirlo, se otorga el puesto que le correspondería a quien ha demostrado un nivel inferior en lo relativo a las calidades, aptitud y preparación que se comparan.
"Es evidente que la igualdad de oportunidades exige que en materia de carrera, el ente nominador respete las condiciones en las cuales se llamó a concurso.
"El derecho al debido proceso -que, según el artículo 29 de la Constitución, obliga en todas las actuaciones administrativas- es vulnerado en estos casos por cuanto el nominador, al cambiar las reglas de juego aplicables, establecidas por la Constitución y por la ley, sorprende al concursante que se sujetó a ellas, al cual se le infiere perjuicio según la voluntad del nominador y por fuera de la normatividad (resaltado fuera de texto).
`Obviamente, el derecho al trabajo y el de desempeñar cargos y funciones públicas aparece lesionado en el caso de la persona no elegida que ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, con notorio desconocimiento del artículo 25 de la Carta Política, que reconoce a toda persona el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, y del 40, numeral 7, ibídem, a cuyo tenor tal posibilidad hace parte del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político' (Cfr. Sentencia T-03 del 11 de mayo de 1992, M.P.J.G.H.)"(resaltado fuera de texto).
Asimismo, en la ya citada Sentencia de unificación SU-086 de este año, la S.P. de la Corte se expresó lo siguiente:
"El mérito, pues, resulta esencial a la carrera y no puede ser sustituido sino en los casos que contempla expresamente la Constitución (art. 125) por la libre voluntad del nominador.
"Ese elemento, que supone la eliminación de los criterios subjetivos como determinantes de los procesos de selección de personal, fue desarrollado por el legislador, para el caso de la Administración de Justicia, por la Ley Estatutaria 270 de 1996, cuya exequibilidad fue declarada mediante Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P.: Dr. V.N.M..
"Al respecto, conviene insistir en que por vía de tutela, aun en sede de revisión, no podría ningún juez, ni siquiera esta Corte, desconocer lo ya resuelto por la S.P. mediante fallo dictado en ejercicio de las funciones de control de constitucionalidad, menos todavía cuando se trata de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.).
"La Corte condicionó entonces la exequibilidad que declaraba (numeral 3 de la parte resolutiva de la Sentencia C-037 de 1996) y, en consecuencia, lo dicho por ella sobre el punto en cuestión resulta obligatorio, ya que solamente bajo el sentido expuesto se encontró conformidad entre el precepto examinado y la Constitución. Otra interpretación de aquél se reputa inconstitucional y, por ende, resulta inexequible, a partir de la aludida Sentencia" (SU-086/99 M.P.J.G.H.G..
"La Corte, al examinar el contenido de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, no distinguió entre los conceptos de lista de elegibles y lista de candidatos. Y no lo hizo por cuanto entendió, y ahora lo ratifica de modo contundente, que las dos expresiones corresponden al mismo concepto -número plural de personas entre las que debe escogerse para el nombramiento o elección- ya que ni la Constitución ni la Ley Estatutaria introducen distinción entre tales vocablos para darles efectos diversos según el tipo de función pública que haya de desempeñarse. La única norma que podría dar lugar al equívoco, la del artículo 162 de dicha Ley, no les otorga contenido ni efectos jurídicos ni administrativos diferentes. A ninguno de esos conceptos excluye del concurso ni de la carrera y, por tanto, interpretando tal disposición en armonía con las de los artículos 165, 166 y 167 Ibídem, se tiene que, tanto en lo que respecta a empleados como en lo que toca con funcionarios de la Rama Judicial, "el nombramiento que se realice deberá recaer sobre el candidato que encabece la lista de elegibles, esto es, el que haya obtenido la mayor puntuación."
"Si se repara que en el inciso primero de dicho artículo la acción de tutela aparece consagrada como un procedimiento para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; que en la función pública de administrar justicia debe prevalecer el derecho sustancial y se observará la debida diligencia (Constitución Nacional, Artículo 228); y que entre los fines esenciales del Estado está el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (Ibidem art. 2o.) está fuera de toda duda que la acción de tutela, por la expresa voluntad del Constituyente de 1991, es el recurso efectivo que consagran los tratados y convenios internacionales para proteger eficazmente los derechos fundamentales. Por tanto, así se ha venido a colmar en el ordenamiento nacional un vacío que justamente venía preocupando a personas y entidades comprometidas en la protección de tales derechos.
"En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial" a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela." (T-414/92 MP. C.A.)
"La Corte Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, ha sostenido que si el accionante tiene a su alcance otro medio judicial para la defensa de sus derechos no cabe la acción de tutela, a menos que se encuentre ante la inminente presencia de un perjuicio irremediable.
"Ha sido clara esta Corporación al señalar, fundada en la prevalencia del derecho sustancial y en la necesidad, impuesta por la Carta, de dar efectividad a los derechos fundamentales, que en cada caso concreto el juez de tutela debe establecer la eficacia del medio judicial que formalmente se muestra como alternativo, para establecer si en realidad, consideradas las circunstancias del solicitante, se está ante un instrumento que sirva a la finalidad específica de garantizar materialmente y con prontitud el pleno disfrute de los derechos conculcados o sujetos a amenaza. El medio alternativo de defensa judicial debe ser evaluado y calificado por el juez de tutela respecto de la situación concreta que se pone en su conocimiento.
En concreto, con respecto a la acción electoral y a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la S.P. de la Corte, en Sentencia de unificación de jurisprudencia, ha determinado que carecen de la eficacia necesaria para proveer un remedio pronto e integral, cuando no se atienda rigurosamente el orden de las listas de elegibles para proveer cargos en la rama judicial. En tal sentido, la misma sostuvo:
"Para los propósitos de hacer efectivos los enunciados derechos fundamentales de manera oportuna y cierta, y para asegurar la correcta aplicación del artículo 125 de la Constitución, no es la acción electoral -que puede intentarse ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo- el medio judicial idóneo con efectividad suficiente para desplazar a la acción de tutela. Se trata, desde luego, de una acción pública que puede ser intentada por cualquier ciudadano, pero que no tiende a reparar de manera directa y con la oportunidad necesaria los derechos fundamentales de quienes han participado en el concurso.
"Tampoco es idónea la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo objeto difiere claramente del que arriba se expone.
`También en reiterada jurisprudencia y acogiendo el mandato contenido en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991, esta Corporación ha determinado que las acciones contencioso administrativas no consiguen en igual grado que la tutela, el amparo jurisdiccional de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de servidores públicos, cuando ello se hace por concurso de méritos, pues muchas veces el agotamiento de dichas acciones implica la prolongación en el tiempo de su vulneración y no consiguen la protección del derecho a la igualdad concretamente, ya que, en la práctica, ellas tan solo consiguen una compensación económica del daño causado Corte Constitucional, S.P., Sentencias SU-133 y SU-136 de 1998, (M.P.J.G.H.G.., la reelaboración de la lista de elegibles (cuando inconstitucionalmente se ha excluido a un aspirante o se le ha incluido en un puesto inferior al que merece) y, muchas veces, la orden tardía de nombrar a quien verdaderamente tiene el derecho de ocupar el cargo, pero sin que realmente pueda restablecerse el derecho a permanecer en él durante todo el tiempo que dura el proceso contencioso administrativo Corte Constitucional, S. Segunda de Revisión, Sentencia T-333 de 1998, (M.P.A.B.C.). y con lo cual se ve seriamente comprometido el derecho, también fundamental, a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político, en la modalidad de "acceder al desempeño de funciones y cargos públicos' Constitución Política, artículo 40-7°.. (T-388/98 M.P.F.M.. Resaltado fuera de texto)"
Oportunidad para interponer la acción de tutela
Alcances del Artículo 86 de la Constitución en cuanto al término para interponer la tutela
"Así las cosas, a los padres de familia, accionantes en el caso sub judice, se les ha protegido el derecho a la educación de sus hijos, a través de la actuación surtida por el secretario de Educación del Departamento del Tolima, que asignó los docentes faltantes, tanto en el plantel educativo objeto de tutela como en otros centros educativos. Por ello, los hijos de los accionantes están recibiendo las clases respectivas, quedando así superada la pretensión de los actores de la presente tutela. En consecuencia, cualquier mandato que profiera el juez constitucional, en el caso sub lite, para la defensa del derecho fundamental conculcado, quedaría sin ningún efecto; es decir, la acción de tutela perdería, ciertamente, su razón de ser Cfr. Corte Constitucional. S. Novena de Revisión. Sentencia T-167 del 2 de abril de 1996 (M.P.: V.N.M.., pues se trata de un hecho que ya está superado.
"Sobre el particular, esta Corte ha sostenido:
`...la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío". (Corte Constitucional. Sentencia T-519 del 16 de septiembre de 1992. M.P.: magistrado doctor J.G.H.G..
"Como lo ha dejado sentado esta Corporación en su amplia jurisprudencia, el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, pues, ciertamente, el sentido de este amparo judicial es que el juez constitucional, una vez analizado el caso particular, pueda proferir un fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados al afectado, siempre y cuando exista motivo para ello. Pero si la situación fáctica que generó la amenaza o vulneración ya ha sido superada, la decisión que pueda proferir el juez de tutela no tendría ninguna resonancia frente a la posible acción u omisión de la autoridad pública, pues, como se mencionó, a los afectados ya se les satisfizo lo pretendido en el escrito de tutela, mediante la actuación positiva de las autoridades públicas al garantizar eficazmente el derecho fundamental, en el caso presente el de la educación, considerado por la doctrina constitucional como un derecho de aplicación inmediata" (Sentencia 463 de 1997, M.P.V.N..
En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente (resaltado fuera de texto) a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión (resaltado fuera de texto) ...
"... `la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.'" Cfr. Corte Constitucional. S. Tercera de Revisión. Sentencia Nº T-1. Abril 3 de mil novecientos noventa y dos (1992) (C-543/92, M.P.J.G.H.G.)
`Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal' Cfr. Corte Constitucional. S. Tercera de Revisión. Fallo No. T-520. 16 de Septiembre de 1992." (C-543/92, M.P.J.G.H.G..
En el presente caso los accionantes obtuvieron los puntajes más altos dentro del concurso de méritos convocado por el Consejo Superior de la Judicatura y fueron incluidos en los primeros puestos de las listas para magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito de S. de Bogotá -G.L.S. (T-229.103)- e I. -JoséF.V. (T-237.605)-. Sin embargo, contrariando la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, el organismo accionado, la S.P. de la Corte Suprema de Justicia, nombró a personas que se encontraban por debajo de ellos en las listas de elegibles.
"Lo que procura el orden jurídico, mediante la exigencia de que se aplique el sistema de carrera y no la preferencia caprichosa del nominador en la selección, promoción y salida del personal que trabaja para el Estado, es por una parte la realización del principio constitucional de estabilidad en el empleo (art. 53 C.P.), por otra la escogencia de los mejores (resaltado fuera de texto), en busca de la excelencia como meta esencial del servicio público, y, desde luego, el señalamiento del mérito como criterio fundamental que oriente a los directivos estatales acerca de la selección de quienes habrán de laborar en dicho servicio en sus distintas escalas.
"En cuanto al acceso al servicio público, la Constitución Política dispone que los funcionarios cuya sistema de nombramiento no haya sido determinado por ella misma o por la ley, serán nombrados por concurso público.
"El concurso es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo (resaltado fuera de texto), apartándose en esa función de consideraciones subjetivas, de preferencias o animadversiones y de toda influencia política, económica o de otra índole.
"La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje (resaltado fuera de texto). A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado" (Sentencia SU-133 de 1998, M.P.J.G.H..
"Desde luego, no se trata de forzar la designación de quien, por sus conductas anteriores, no merece acceder al empleo materia del proceso cumplido, pues ello implicaría también desconocer el mérito, que se repite constituye factor decisivo de la carrera. Por eso, la Corte Constitucional afirma que las corporaciones nominadoras gozan de un margen razonable en la selección, una vez elaborada -con base en los resultados del concurso- la lista de elegibles o candidatos. Tal margen lo tienen, no para nombrar o elegir de manera caprichosa o arbitraria, desconociendo el concurso o ignorando el orden de las calificaciones obtenidas, sino para excluir motivadamente y con apoyo en argumentos específicos y expresos, a quien no ofrezca garantías de idoneidad para ejercer la función a la que aspira" (Resaltado fuera de texto, Sentencia SU-086 de 1999 M.P.J.G.H.).
La razonabilidad en la interposición de la acción de tutela y los derechos fundamentales de terceros afectados por la decisión
Sin embargo, esta Corporación debe resaltar que los dos actores instauraron la acción de tutela más de dos años después de que la entidad demandada omitiera nombrarlos en los cargos. En el caso de G.L.S. se interpuso 2 años 9 meses y 4 días después de ocurrida la elección y en el de J.F.L., 2 años y 11 meses después.
Si bien el artículo 86 de la Constitución consagra que la acción de tutela se puede interponer "en cualquier tiempo", una interpretación sistemática de la misma, aplicada a esta caso en concreto, no puede llevar a la conclusión de que el derecho al acceso a la administración de justicia prime indefectiblemente sobre el derecho al trabajo, sin consideración a la manera como se ejerzan las acciones judiciales, pues el derecho a una tutela efectiva de los derechos fundamentales lleva en su misma formulación gramatical el límite a las posibilidades de su ejercicio. En el presente caso, el artículo 86 no puede ser interpretado de tal forma que se someta a las personas que fueron designados como Magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito, quienes llevan casi tres años nombrados en propiedad y en desempeño de sus respectivos cargos, a una inestabilidad laboral indefinida -supeditada a un eventual e indeterminado ejercicio de la acción-, pues en todo caso, la inconstitucionalidad y la vulneración de derechos fundamentales derivados de sus nombramientos no provienen de hechos que les sean imputables.
"Si, por el contrario, el titular de la acción ordinaria no hace uso de ella dentro del tiempo que la ley le otorga, no podrá esperar que el Estado despliegue su actividad jurisdiccional para ofrecerle la protección que necesita, pero su situación, entonces, no es imputable al Estado o a sus agentes, sino que obedece a su propia incuria, a su negligencia, al hecho de haberse abstenido de utilizar los medios de los cuales gozaba para su defensa. En tales situaciones, menos aún puede ser invocada la tutela, por cuanto no es ésta una institución establecida para revivir los términos de caducidad ni para subsanar los efectos del descuido en que haya podido incurrir el accionante" (T-07 de 1992, MP. J.G.H.G.).
Por otra parte, para esta Corte no es aceptable lo alegado por la accionante G.L.S. (T-229.103) cuando afirma que en la Sentencia SU-086 de 1999 se le concedió la tutela a L.A.T.R. a pesar de que éste había participado en el concurso de 1994, y que por lo tanto, en aras de proteger su derecho a la igualdad, se debe conceder el amparo a ella también (folio No. 198). Si bien el señor T.R., en la Sentencia mencionada participó en dicho concurso, se lo incluyó en varias listas de elegibles, sin que la entidad nominadora lo eligiera en ninguna de las vacantes que se habían proveído durante ese lapso de tiempo, y a las cuales él aspiraba. La última de estas listas fue elaborada mediante Acuerdo No. 31 del 24 de abril de 1998. Al mes siguiente, en mayo, interpuso la acción de tutela. Cabe recordar en este punto, que el acto vulneratorio consiste en la omisión del ente nominador de elegir al primero de la lista de elegibles, por lo tanto, como se puede observar, en el caso de T.R. la violación de los derechos fundamentales se prolongó en el tiempo hasta un mes antes de la interposición de la acción de tutela, pues el accionante fue ignorado múltiples veces por la entidad nominadora. Entre tanto, en el caso de G.L.S. (T-229.103) el lapso entre el único acto vulneratorio -el nombramiento de C.A.B.A.- y la interposición de la acción es de 2 años 9 meses y 4 días, y en el caso de J.F.V. (T-237.605), el tiempo que pasó entre el último acto de vulneración de sus derechos por parte de la accionada -el nombramiento de M.A.M.V.- y la interposición de la tutela es de 2 años y 11 meses.
CONFIRMAR Las decisiones proferidas por el Consejo de Estado y por el Consejo Superior de la Judicatura -S. Disciplinaria- aunque por los motivos expuestos en la presente sentencia.

References: Resolución 
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 25
 artículo 162
 Artículo 228
 artículo 86
 artículo 125
 artículo 6
 artículo 40
 Artículo 86
 artículo 86
 artículo 86