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De La Calle, Jorge Javier s/Concurso Preventivo - Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal de Necochea (Buenos Aires) - 27/02/2003 | Quiebras-Concursos.com.ar
De La Calle, Jorge Javier s/Concurso Preventivo - Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal de Necochea (Buenos Aires) - 27/02/2003
usuario — Dom, 07/26/2009 - 19:19
CONCURSO PREVENTIVO. Apertura en caso de duda. Conveniencia. Interpretación armónica de la Ley 24522 de concursos y quiebras
"De La Calle, Jorge Javier s/Concurso Preventivo" - Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal de Necochea (Buenos Aires) - 27/02/2003
"Reconocida por el deudor la realización de actos de comercio e igualmente la falta de inscripción (Arts. 25 y 33 del Código de Comercio) en el Registro Público, cabe preguntarse si las exigencias del Art. 11 en sus incs. 4° y 6° conllevarían en el supuesto de autos, un incumplimiento de entidad suficiente como para denegar la apertura."
"Ambas normas pretenden allegar al sentenciante -director del proceso, ley 24522 Art. 274- y a los acreedores las mayores certezas en cuanto a la situación patrimonial del deudor. Esa pareciera ser también la finalidad de los Arts. 43 y 44 del Código de Comercio."
"Por otra parte es mayoritaria la posición que entiende como regla la apertura del concurso preventivo, en caso de duda (ver voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci in re "Salvador Barea e Hijos Sociedad de Hecho s/concurso preventivo" SC Mendoza, sala I, julio 4-1989 en E.D.-134-811; en especial apartado 3°)."
En la ciudad de Necochea, a los 27 días del mes de febrero de dos mil tres, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Garantías en lo Penal, en Acuerdo Ordinario, a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "DE LA CALLE, Jorge Javier s/Concurso Preventivo", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Hugo Alejandro Locio, Humberto Armando Garate y Jorge Horacio Costa.//-
1ª ¿Es justa la resolución de fs. 40/41vta.?2ª¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOCIO DIJO:
I)) Contra la resolución de grado, que resuelve rechazar su presentación en concurso preventivo, se alza el recurrente exponiendo sus agravios a fs. 44/51vta.-El juez a quo procedió así, luego de intimarlo a que diese cumplimiento a los recaudos que prevé la ley 24522:11. Ello por entender que la documentación anejada no satisfacía las exigencias de la norma citada en su inciso 4°.-Frente a la intimación, el pretenso concursado acompañó constancias de inscripción ante los organismos fiscales nacional y provincial y denunció que obraban en su poder los denominados libros "IVA ventas" e "IVA compras", manifestando también cuáles eran -respectivamente- su última hoja utilizada, y asimismo que aquellos no () se encontraban rubricados por no encontrarse obligado a ello.-Así las cosas, el sentenciante de grado produjo la citada resolución de fs. 40/41vta.. Entre sus fundamentos expuso que con los elementos acompañados no se daba cumplimiento con las exigencias legales (art. 11 incs. 4° y 6° LCQ).-Entiende el a quo que en autos no se advierte "(...)elemento alguno que permita visualizar aún precariamente un estado contable que posibilite la conveniencia o no de un supuesto ofrecimiento concordatario (...)" (fs. 40). Cita en su auxilio jurisprudencia bonaerense que sustenta su decisión y concluye en el rechazo del pedido de apertura de concurso preventivo.-Los agravios del concursado se dirigen a la interpretación del sentenciante, respecto de los arts. 11 incs. 4° y 6° de la LCQ y 44 y 53 del Cód. de Com.-Refiere que desde la derogada ley 22.917 el comerciante no matriculado es sujeto concursable, resultando excesivo que le reclame el juez de grado, como requisito formal, la presentación de libros de comercio cuando es presupuesto de su tenencia la previa inscripción en el Registro Público.-Alega que la nota destacable no debe ser la detentación de tales libros, sino la existencia de una contabilidad organizada que permita reconstruir el patrimonio y el movimiento de sus negocios. Añadiendo que ese presupuesto se cumple con la puesta a disposición del juzgado de los libros de IVA citados.-Destaca el recurrente que el fundamento de la exigencia es la posibilidad de conocer el cuadro de situación que rodea a la explotación y que ello se consuma con los elementos hasta aquí colectados.-En tal sentido critica las citas jurisprudenciales en tanto entiende que las mismas no sustentan el decisorio en crisis, sino por el contrario la posición del quejoso.-Agrega que el art. 13 LCQ no es la oportunidad procesal para evaluar el mérito de la contabilidad del deudor que pretende concursarse.-Critica el apelante la descalificación que de los citados libros de IVA, realizaría el juez de grado. Para ello cita en auxilio de su agravio la normativa fiscal que establece la obligatoriedad de tales documentos. Considera finalmente que se encuentra suficientemente abastecido el pedido de concursamiento preventivo, solicitando se revoque la resolución criticada.-
II) Adelanto mi voto a favor de la revocación de la resolución en crisis. Expondré mis argumentos en tal sentido.-Si bien la cuestión aparece, primariamente, como aquellas en las que la jurisprudencia nacional oscila en su decisión, estimo que ello es así sólo en apariencia y que la base de la problemática se encuentra en la correcta delimitación del caso, puesto que serán sus características las que nos acercarán a una u otra postura.-En otros términos no puede expedirse, tal como sostendré, una regla general y las particularidades del caso judicial determinarán la suerte de la decisión.-Con esa premisa -estrecho apego al caso- estimo que la negativa a la apertura del proceso concursal aparece, si no excesivamente ritualista, al menos prematura.-Observo así que de la escasa información obrante en autos -propia de la etapa procesal en que nos encontramos- emerge claramente que el presente concurso no se muestra como de una excesiva complejidad. Nos encontramos frente a un comerciante de facto, titular de un comercio que posee una única sucursal, con un giro comercial al que podría calificarse de sencillo, sin diversificaciones en su emprendimiento empresarial.-Los acreedores difícilmente superen la docena, su activo -en el que omite denunciar su salario como dependiente- bien puede ser constatado por la sindicatura, y su pasivo aparece prima facie, de sencilla comprobación en sede judicial. Claramente cabe pues ubicarlo dentro de un pequeño concurso (v. art. 289 LCQ) situación que permite una mayor amplitud de facultades a favor de la sindicatura.-Si frente a ese panorama ubicamos las fortísimas facultades que posee el magistrado concursal (arts. 17 2ª parte y 274 LCQ en especial su apartado 2°) sumadas a las propias de la sindicatura, permiten concluir que la razonable preocupación del a quo por reconstruir el patrimonio del cesante, cuenta -reitero: para el caso- con suficiente sustento normativo como para conceder la solución preventiva ejerciendo un férreo seguimiento del cesante (ver O. J. Maffía "Derecho Concursal" T. I pág. 41/48 Ed. Zavalía 1985;; quien observa en el magistrado concursal importantes poderes inquisitivos).-Ahora bien, reconocida por el deudor la realización de actos de comercio e igualmente la falta de inscripción (arts. 25 y 33 del C. Com.) en el Registro Público, cabe preguntarse si las exigencias del art. 11 en sus incs. 4° y 6° conllevarían en el supuesto de autos, un incumplimiento de entidad suficiente como para denegar la apertura.-Ambas normas pretenden allegar al sentenciante -director del proceso, ley 24522:274- y a los acreedores las mayores certezas en cuanto a la situación patrimonial del deudor. Esa pareciera ser también la finalidad de los arts. 43 y 44 del C. Com. ("Todo comerciante está obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercantil organizada sobre una base contable uniforme y de la que resulte un cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable. Las constancias contables deben complementarse con la documentación respectiva" y "el comerciante deberá llevar, los libros registrados y la documentación contable que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que le exijan la importancia y la naturaleza de sus actividades de modo que de la contabilidad y documentación resulten con claridad los actos de su gestión y su situación patrimonial").-Insisto que en el sub examen bien puede darse satisfacción a dicha pretensión legislativa combinando los elementos arrimados a estos autos por el concursado con los poderes del magistrado concursal y las facultades del órgano del proceso. A ello se le sumarán indudablemente las constancias que surjan de las insinuaciones en el pasivo y presentaciones que efectúen los distintos acreedores.-La suma de tales elementos configurará un cuadro lo suficientemente explícito como para permitir otorgar la conformidad de los acreedores con un acabado conocimiento de la posibilidad de recuperación del cesante.-En cuanto a la -mencionada por el magistrado de grado- "conveniencia" de la solución preventiva (que parece remitir al viejo art. 61:2° de la derogada 19.551) tal análisis aparece como prematuro al dilucidar la apertura de un proceso concursal.-Si cabe al juez efectuar ese examen -no parece surgir tal posibilidad de los arts. 11; 13 y concs. de la LCQ, ni siquiera del nuevo art. 52 que pareciera priorizar el interés de los acreedores (v. G. E. Ribichini "El nuevo art. 52 de la LCQ" diario La Ley del 11/12/02 apartado III)- no es el presente el momento procesal oportuno para medir la "conveniencia" de una solución preventiva.-Por otra parte es mayoritaria la posición que entiende como regla la apertura del concurso preventivo, en caso de duda (ver voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci in re "Salvador Barea e Hijos Sociedad de Hecho s/concurso preventivo" SC Mendoza, sala I, julio 4-1989 en E.D.-134-811; en especial apartado 3°).-En autos si la insuficiencia de la documentación comercial pudiese llevar al rechazo de la pretensión, existen otras pautas -algunas ya mencionadas- que me convencen de lo contrario.-Previa a la sanción de la ley 22917, reformadora de la derogada ley concursal 19551, la inscripción en la matrícula de comerciante permitía "gozar" de la "ventaja" de acceder al "derecho para solicitar concordato" (conf. art. 26: 2° del C. Com.).-Sin embargo el legislador concursal desde aquella reforma (veinte años atrás), ha venido ampliando los presupuestos subjetivos de concursamiento (art. 2 de la ley 24522) hasta incluir a la mutuales como la más novedosa persona "concursable" (conforme reforma a la ley 20321 en su art. 37 mediante la ley 25.374).-Tal ampliación -que abarca a los deudores civiles- deja sin sustento la encubierta sanción que preceptuaba el art. 26: 2° del citado código. Ya no es un derecho exclusivo de los comerciantes "matriculados" el concursarse preventivamente y ofrecer un concordato a sus acreedores. Esa exclusividad se encuentra derogada y con ella la obligación inherente de cumplir con los recaudos propios del comerciante matriculado, para acceder al "beneficio".-Quien ejerce actos de comercio y no lleva libros no se expone -como si de una regla matemática se tratase- a la inmediata imposibilidad de acceder al concurso preventivo. Debe estarse a las circunstancias del caso para poder constatar si en él se satisfacen las finalidades de los arts. 11: 2° y 4° y -subsidiariamente- los arts. 43 y 44 del C. Com.-En primer lugar porque vedar el concursamiento configuraría una sanción no tipificada y que agrediría, por ende, el principio constitucional de legalidad (arts. 4 y 75:2° C. N.).-En segundo término las sanciones que se desprenden de aquella omisión se encuentran regladas taxativamente por el Cód. de Comercio (arts. 55; 56 y 63 y sgtes.) y no se oponen a la conclusión que propicio.-Concluiré destacando que -congruentemente- a mayor complejidad comercial revelada por la presentación en concurso preventivo del comerciante no matriculado, mayor rigor deberá exhibirse respecto de la satisfacción de la finalidad de las normas implicadas. Ejemplificando -y como se registrara judicialmente en el fallo citado de la SC de Mendoza- una sociedad de hecho con numerosos empleados no podría ser igualada al presentante de autos, en especial frente a la inexistencia de libros o de una contabilidad ordenada.-En conclusión es indudable -puesto que es norma positiva- que el comerciante no matriculado puede peticionar su concurso preventivo (arts. 2 y 5 de la LCQ). Igualmente le son exigibles los recaudos del art. 11 (en especial sus incisos 2°, 3°, 5°, 7° y 8°;; ver Rouillión, A. N. "El concurso preventivo del comerciante no matriculado" JA-1987-I-107) pero tal exigencia debe ajustarse a la realidad del peticionante para no caer en rigorismos formales que -frente a la confesión de la impotencia patrimonial- terminen condenándolo a la quiebra, frustrando así los derechos de todos los interesados. Ello con el límite lógico de una intolerable negligencia al cumplir tales recaudos, la que no podría ser prohijada por tribunal alguno.-Por las consideraciones expuestas, a la cuestión planteada voto por la NEGATIVA.-
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Garate votó en igual sentido por análogos fundamentos.-A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Costa votó en igual sentido por análogos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOCIO DIJO:Corresponde revocar la resolución de fs. 40/41vta. y en consecuencia ordenar que por la instancia de origen se proceda de conformidad con los arts. 14 y concs. de la LCQ. No corresponde la distribución de costas en virtud de no existir contradicción (art. 68 1ª parte CPC, a contrario).-
ASI LO VOTO.-A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Garate votó en igual sentido por los mismos fundamentos.-A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Costa votó en igual sentido por los mismos fundamentos.-Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Necochea, de febrero de 2.003.-
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se revoca la resolución de fs. 40/41vta. y en consecuencia se ordena que por la instancia de origen se proceda de conformidad con los arts. 14 y concs. de la LCQ. No corresponde la distribución de costas en virtud de no existir contradicción (art. 68 1ª parte CPC, a contrario). Devuélvase.//-
FDO.: Hugo Alejandro Locio - Humberto Armando Garate - Jorge Horacio Costa
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