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Timestamp: 2019-05-24 01:25:24+00:00

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﻿ Sentencia C-544 de mayo 24 de 2005
SENTENCIA C-544 DE 24 DE MAYO DE 2005
CONTENIDO:INHABILIDADDES PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS. NATURALEZA Y CLASIFICACIÓN. SE DECLARA EXEQUIBLE EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 734 DE 2002.
Sentencia C-544 de mayo 24 de 2005
Sentencia C-544 de 2005
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 734 de 2002.
Actor: Jaime Mejía Ossman y otro.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados doctores Jaime Araújo Rentería —quien la preside—, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido esta sentencia con base en los siguientes,
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Jaime Mejía Ossman y Silvio San Martín Quiñones Ramos demandaron la inexequibilidad de los artículos 38, numeral 2º, numeral 4º y parágrafo primero y 28, 47, 48, 57 y 174 (parciales) de la Ley 734 de 2002.
Mediante auto del 20 de octubre de 2004, el despacho del magistrado sustanciador resolvió inadmitir la demanda dirigida en contra de los artículos 38, numeral 4º y parágrafo primero y 28, 47, 48, 57 y 174 (parciales) de la Ley 734 de 2002, demanda que fue posteriormente rechazada por auto del 2 de noviembre de 2004.
Como consecuencia del impedimento presentado por los señores Procurador y Viceprocurador General de la Nación, la doctora Sonia Patricia Téllez, procuradora auxiliar para asuntos constitucionales, fue delegada para emitir concepto de fondo en el proceso de la referencia, delegación por la cual solicitó a la Corte declarar exequible la norma acusada.
Agrega que el acceso a la administración pública está sometido a ciertos límites, que el legislador puede establecer gracias a la autorización que recibe de la Constitución Política, y que, respecto de la norma sometida a estudio, dichos límites no exceden la potestad de configuración del legislador. Ello, en primer lugar, porque aunque la norma tiene un contenido similar al del parágrafo del artículo 48, que fue declarado inexequible por la Corte, su contexto jurídico es distinto al de la norma retirada del ordenamiento jurídico. Ciertamente —dice— el parágrafo el artículo 48 sancionaba disciplinariamente a quien hubiera incurrido en faltas disciplinarias previas, lo que constituía una sanción a la persona y no a la conducta, circunstancia que difiere de la norma bajo estudio, en la que la reincidencia opera como criterio para restringir el acceso a un cargo público, no como una nueva falta sancionable. En este sentido, reitera que en este caso la norma no regula la imposición de una sanción sino la existencia de una causal de inhabilidad, con lo cual se prohíbe que “ingresen o continúen en el servicio público personas sin las cualidades y condiciones, con tachas en su comportamiento desde el punto de vista disciplinario, no acordes con la idoneidad, probidad y moralidad, fines esenciales de la función pública que aseguran la primacía del interés general”.
En el caso sometido a estudio, los demandantes advierten que la norma acusada quebranta el principio del debido proceso (C.P., art. 29) porque sanciona nuevamente a los servidores públicos que han acumulado un número determinado de sanciones disciplinarias, con lo cual se deja de penalizar la conducta concreta del individuo para sancionar su personalidad.
3. Naturaleza jurídica de disposición demandada.
Una primera aproximación al problema parece descalificar, sin embargo, la premisa de los demandantes pues, de la simple lectura del título del artículo 38 —en el que se encuentra inserta— y del texto de su contenido completo, se evidencia que la norma no consagra una sanción disciplinaria, sino una inhabilidad. En efecto, el encabezamiento del artículo 38 de la Ley 734 indica que la norma está dedicada a regular otras inhabilidades para desempeñar cargos públicos, al tiempo que la segunda parte del numeral 2º advierte que la inhabilidad derivada de haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco años por faltas graves o leves dolosas o por ambas tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
4. Naturaleza y clasificación de las inhabilidades.
En principio, es indispensable recordar que las inhabilidades son prohibiciones de acceso a la función pública. Una inhabilidad es una circunstancia fáctica cuya verificación le impide al individuo en el que concurre acceder a un cargo público. Su finalidad no es otra que la de preservar la pulcritud de la administración pública, garantizar que los servidores públicos sean ciudadanos de comportamiento ejemplar y evitar que sus intereses personales se involucren en el manejo de los asuntos comunitarios, comprometiendo la imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de la administración. Como lo ha dicho la Corte, “…con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad” (1) .
Desde este punto de vista y atendiendo a dicha teleología, la jurisprudencia constitucional distingue dos tipos de inhabilidades: en primer lugar, están las inhabilidades que se configuran como consecuencia de concurrir en el individuo aspirante a un cargo público, circunstancias de naturaleza personal. Es el caso de la existencia de parentescos —verificado por ejemplo en el artículo 126 de la Constitución Política— que impiden el ejercicio de cargos públicos simultáneos o la nominación de una persona a un cargo del Estado, por parte de un servidor público con quien la une un lazo de consanguinidad o afinidad.
La Corte ha distinguido dos tipos de inhabilidades atendiendo al bien jurídico protegido o a la finalidad de la limitación: una primera clase agrupa los casos en que se establecen limitaciones para acceder a cargos públicos con fundamento en conductas jurídicamente reprochables llevadas a cabo por el inhabilitado; al paso que en la segunda clase la limitación para acceder a un cargo no se vincula con ninguna conducta previa de quienes resultan inhabilitados, sino que aquí simplemente se consagran requisitos que persiguen lograr la efectividad de los principios y valores constitucionales. Dentro de la primera categoría se encuentran, por ejemplo, las inhabilidades por la comisión anterior de delitos y dentro de la segunda las inhabilidades por vínculos familiares. Sent. C-1062/2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
De lo anterior se desprende entonces que existen dos clases de inhabilidades y que una de ellas, por sus connotaciones y origen, ha sido considerada por la Corte como de contenido sancionatorio (2) .
Este énfasis pretende resaltar que como las inhabilidades de origen sancionatorio no pierden su condición de inhabilidades, la razón de ser de su existencia sigue siendo —de manera fundamental— la protección del interés público, no tanto la represión de la falta. En otras palabras, el hecho de que la inhabilidad se apoye sobre la sanción no desdibuja la finalidad de la misma, cual es la de introducir una norma preventiva, de contenido prohibitivo, que impida que los cargos de manejo de la cosa pública queden en manos de individuos cuya credibilidad moral o profesional se encuentra en entredicho.
Es esta la razón por la cual la Corte Constitucional ha señalado, ya en varios pronunciamientos, que los antecedentes disciplinarios —al igual que los penales— de los aspirantes a ocupar cargos públicos, pueden ser tenidos en cuenta por el legislador para estructurar las inhabilidades que considere pertinentes.
En primer lugar, la Corte admite que esto es posible porque es la propia Constitución la que consagra la figura. En efecto, el artículo 122 de la Carta Fundamental indica que “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado. Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño” (3) , lo cual quiere indicar que los antecedentes penales, en este caso concreto, no son irrelevantes al momento de determinar quién puede o no puede acceder a un cargo público.
Así, en la Sentencia C-111 de 1998, la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de la inhabilidad del numeral 1º del artículo 43 de la Ley 2000 de 1995, que establecía la prohibición de ejercer cargos públicos para quienes hubieran sido condenados por la comisión de delitos castigados con penas privativas de la libertad (4) . En el análisis correspondiente la Corte admitió que una pena privativa de la libertad puede dar lugar a la inhabilidad de ocupar cargos públicos en cualquier tiempo, porque la norma inhabilitante busca, ante todo y antes que la prolongación de la sanción, la protección del interés colectivo.
“Ahora bien, ya la Corte ha definido que la preexistencia de condenas por delitos, concebida como causa de inelegibilidad para el desempeño de cargos públicos sin límite de tiempo, no desconoce el principio plasmado en el artículo 28 de la Constitución —que prohíbe la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad—, puesto que el objeto de normas como la demandada, más allá de castigar la conducta de la persona, radica en asegurar, para hacer que prevalezca el interés colectivo, la excelencia e idoneidad del servicio, mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de prestarlo. Bajo el mismo criterio, se aviene a la Constitución la exigencia de no haber sido sancionado disciplinariamente, ni suspendido o excluido del ejercicio profesional.
Los preceptos de esa índole deben apreciarse desde la perspectiva del requisito que exige el cargo, en guarda de la inobjetabilidad del servidor público (especialmente en cuanto se trate de funciones de gran responsabilidad) y como estímulo al mérito, para que la sociedad sepa que quienes conducen los asuntos colectivos, o cumplen una actividad de manejo de intereses generales, no han quebrantado el orden jurídico, lo que permite suponer, al menos en principio, que no lo harán en el futuro” (Sent. C-111/98, M.P. José Gregorio Hernández Galindo) (resaltado fuera del original).
Con similar criterio, la Sentencia C-209 de 2000 (5) declaró exequible el numeral 1º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 que creaba la inhabilidad de ser concejal para quien hubiera sido condenado a pena privativa de la libertad por una sentencia judicial (6) . En relación con la constitucionalidad de la medida, la Corte trajo a colación el énfasis que ha sido resaltado en éste análisis, y es que, antes que juzgarse como una sanción, la inhabilidad debe mirarse desde la perspectiva de la protección de la Administración Pública y de la guarda de la confianza que la comunidad debe tener en los funcionarios que manejan sus instituciones. Es por ello por lo que la Corte aseguró lo siguiente:
“En realidad, las normas que prohíben el ejercicio de cargos públicos a quienes han sido condenados a pena privativa de la libertad sin límite de tiempo —lo ha dicho la Corte—, antes que juzgarse a partir de la sanción impuesta al ciudadano, deben evaluarse desde la perspectiva de la exigencia que se impone al ejercicio del cargo, pues de este modo no sólo se logra conservar incólume la idoneidad del servidor público en lo que toca con el desarrollo y ejecución de sus funciones, sino también permite transmitirle a la comunidad un cierto grado de confianza en lo relativo al manejo de los asuntos de interés general, pues hace suponer que éstos se encuentran a cargo de personas aptas cuyo comportamiento no ha sido objeto de reproche jurídico alguno” (Sent. C-209/2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) (resaltado fuera del original).
En este sentido, es dable reiterar lo dicho por la Corte al analizar un aparte del artículo 53 del Decreto 0663 de 1993, por el cual se actualizó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que establecía una prohibición para participar en la constitución de entidades financieras a quienes hubieren sido sancionados por violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito. En esta oportunidad, la Corte adujo, como uno de los argumentos para justificar la constitucionalidad de las inhabilidades, que “el objeto de las normas que las consagran no es castigar la conducta de la persona que resulta inhabilitada, sino asegurar la prevalencia del interés colectivo y la excelencia e idoneidad del servicio público, ‘mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de prestarlo”” (7) Sentencia C-1062 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra .
ART. 4º... PAR. 2º—Quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como notario consagradas en el artículo 198 del Decreto-Ley 960 de 1970 no podrá concursar para el cargo de notario. (Se resalta el segmento demandado).
La posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos es una manifestación del derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político como derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P., arts. 40 y 85).
Como no existen derechos absolutos, la posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos está sometida a límites que procuran la realización del interés general y de los principios de la función administrativa (8) .
En ese marco, un régimen de inhabilidades no es más que la exigencia de especiales cualidades y condiciones en el aspirante a un cargo o función públicos con la finalidad de asegurar la primacía del interés general, para el que aquellos fueron establecidos, sobre el interés particular del aspirante (9) .
Al establecer ese régimen, el legislador se encuentra habilitado para limitar el ejercicio de derechos fundamentales como los de igualdad, acceso al desempeño de cargo o función públicos, al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión u oficio (10) .
El legislador tiene una amplia discrecionalidad para regular tanto las causales de inhabilidad como su duración en el tiempo pero debe hacerlo de manera proporcional y razonable para no desconocer los valores, principios y derechos consagrados en el Texto Fundamental. Por lo tanto, sólo aquellas inhabilidades irrazonables y desproporcionadas a los fines constitucionales pretendidos serán inexequibles (11) .
La inhabilidad no es una pena sino una garantía de que el comportamiento anterior no afectará el desempeño de la función o cargo, de protección del interés general y de la idoneidad, probidad y moralidad del aspirante (12) .
Las inhabilidades intemporales tienen legitimidad constitucional pues muchas de ellas aparecen en el Texto Fundamental y el legislador bien puede, en ejercicio de su capacidad de configuración normativa, establecer otras teniendo en cuenta los propósitos buscados y manteniendo una relación de equilibrio entre ellos y la medida dispuesta para conseguirlos (13) (Sent. C-373/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño) (resaltado fuera del original)
Esta misma posición ha definido el destino de demandas contra normativas similares pues, de manera genérica, la Corte ha dicho que “[a]l establecerse los requisitos negativos, es decir, las causales de inhabilidad, cuya ocurrencia implica la inelegibilidad de la persona en quien concurren, se exige que ella no se encuentre en determinada situación previa en el momento de efectuarse la elección. Tal ocurre, por ejemplo, con la condena por delitos comunes, la interdicción judicial, las sanciones disciplinarias, el ejercicio de jurisdicción o autoridad o el desempeño de cargos públicos…” (14) .
Así, por ejemplo, en la Sentencia C-617 de 1997, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 174, literal d) de la Ley 136 de 1994, que establecía una inhabilidad para ser elegido personero. El literal acusado disponía que no podía ser elegido personero quien hubiera sido sancionado disciplinariamente por faltas a la ética profesional en cualquier tiempo. Aunque la decisión jurisdiccional enfatizó nuevamente que una inhabilidad intemporal no iba en contra de los designios constitucionales, la admisión de que pueden imponerse inhabilidades como consecuencia de sanciones disciplinarias quedó implícitamente aceptada. Las razones de la Corte para declarar exequible la norma acusada fueron las siguientes:
— El literal d) del mismo artículo 174, objeto de estudio, impide la elección como personero de quien haya sido sancionado disciplinariamente por faltas a la ética profesional en cualquier tiempo, lo que parece a los demandantes discriminatorio, inequitativo, desproporcionado e injusto, y al Procurador General de la Nación una sanción irredimible que, en su criterio, vulnera también el artículo 40, numeral 7º, de la Constitución por impedir el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.
La Corte Constitucional debe reiterar que cuando el legislador prohíbe la elección de una persona para un cargo por el hecho de haber sido ella sancionada penal o disciplinariamente, sin establecer un término máximo hacia el pasado, alusivo al momento en el cual se impuso la sanción, no establece una pena irredimible, sino que se limita a prever un requisito adecuado a la índole y exigencias propias de la función pública que se aspira a desempeñar. No se trata de aplicar a quien ya fue sancionado una sanción, castigo o pena adicional, sino de subrayar que la confianza pública en quien haya de cumplir determinado destino o de ejercer cierta dignidad exhiba unos antecedentes proporcionados a la responsabilidad que asumiría si fuera elegido, en guarda del interés colectivo (C-617/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo) (resaltado fuera del original).
ART. 133.—“No podrán ser designados como notarios a cualquier título: (...).
La finalidad de establecer inhabilidades radica entonces en garantizar los principios de moralidad, idoneidad, probidad, transparencia e imparcialidad en el ejercicio de la función pública, entendida ésta como “el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este modo, asegurar la realización de sus fines” (15) . Dado que dicha función se dirige a la atención y satisfacción de intereses generales, resulta razonable que se exija a las personas que aspiran a ejercerla, poseer cualidades suficientes que garanticen su desarrollo con arreglo a los principios mencionados, tal como se consagra en el artículo 209 de la Constitución.
Significa lo anterior que el Estado, al sancionar a sus colaboradores, ejercita la potestad disciplinaria con el fin de dar cumplimiento a los fines consagrados en el artículo 2º de la Carta Política. Así lo entendió la Corte al señalar que, a través del derecho disciplinario, se “busca garantizar la buena marcha y buen nombre de la administración pública, así como asegurar a los gobernados que la función pública sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los derechos y libertades de los asociados (C.P. arts. 2º y 209)” (16) .
En segundo lugar, la norma parcialmente acusada no establece ninguna pena sino determinadas inhabilidades o impedimentos para acceder al cargo de notario originadas en una sanción disciplinaria, por lo que no le asiste razón al actor cuando afirma que dichas inhabilidades vulneran el artículo 28 superior, pues este precepto solamente se refiere a las “penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. En efecto, las disposiciones impugnadas se limitan a consagrar requisitos que debe cumplir quien aspire a desempeñar el cargo de notario, los cuales permiten depurar el ejercicio de la función fedante y garantizar la buena marcha de la misma. Como ya se dijo, no sólo es legítimo sino necesario que, dada la naturaleza de su cargo, los notarios estén sujetos a un exigente régimen de inhabilidades con el que se garantice el ejercicio de su función bajo los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad (Sent. C-1212/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería) (resaltado fuera del original)
La norma acusada parcialmente no pretende castigar nuevamente al funcionario que incurrió en una falta disciplinaria, sino garantizar la confianza depositada por el Estado y la comunidad en quien ha de desempeñar el cargo de notario. No se trata entonces, como afirma el actor, de una restricción ilegítima a los derechos fundamentales de quienes aspiran a dicho cargo, ni mucho menos de la consagración de penas imprescriptibles (Sent. C-1212/2001, M.P. Jaime Araújo Rentería).
6. Exequibilidad de la norma demandada.
Adviértase además que los constituyentes de 1991 acogieron el criterio según el cual la persona debe ser sancionada exclusivamente por los actos u omisiones que le sean imputables y no por lo que son como individuos. De tal suerte que resulta constitucionalmente válido desestimular los comportamientos lesivos para el correcto desempeño de la administración pública pero no recurriendo al expediente de erigir en sanción disciplinaria la simple reiteración de un determinado comportamiento” (Sent. C-1076/2002, M.P. Clara Inés Vargas).
ÚNICO. Exclusivamente por el cargo analizado en esta providencia, declarar EXEQUIBLE el numeral 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002.
(1) Sentencia C-564 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(2) Sobre el mismo particular, la Sentencia C-780 de 2001 señaló: “9. En uno de los grupos están las inhabilidades relacionadas directamente con la potestad sancionadora del Estado, la cual se desenvuelve en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional, correccional y de punición por indignidad política. Según lo ha señalado esta corporación, a través de la potestad sancionadora el Estado cumple diferentes finalidades de interés general. “Así, por medio del derecho penal, que no es más que una de las especies del derecho sancionador, el Estado protege bienes jurídicos fundamentales para la convivencia ciudadana y la garantía de los derechos de la persona. Pero igualmente el Estado ejerce una potestad disciplinaria sobre sus propios servidores con el fin de asegurar la moralidad y eficiencia de la función pública. También puede el Estado imponer sanciones en ejercicio del poder de policía o de la intervención y control de las profesiones, con el fin de prevenir riesgos sociales”.
“10. El segundo grupo contiene las inhabilidades relacionadas con la protección de principios, derechos y valores constitucionales, sin establecer vínculos con la comisión de faltas ni con la imposición de sanciones. Su finalidad es la protección de preceptos como la lealtad empresarial, la moralidad, la imparcialidad, la eficacia, la transparencia, el interés general o el sigilo profesional, entre otros fundamentos. Es este sentido, las prohibiciones e inhabilidades corresponden a modalidades diferentes de protección del interés general y no se identifican ni asimilan a las sanciones que se imponen por la comisión de delitos o de faltas administrativas. (Sent. C-780/2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(3) Modificado por el Acto Legislativo 01 de 2004.
(4) La norma decía así: ART. 43.—Otras inhabilidades. Constituyen además, inhabilidades para desempeñar cargos públicos, las siguientes: 1. Haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública...”.
(6) La norma decía así: ART. 43.—INHABILIDADES: No podrá ser concejal: “1. Quien haya sido condenado, a la fecha de la inscripción por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, salvo que estos últimos hayan afectado el patrimonio del Estado”.
(7) Sentencia C-1062 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(8) Corte Constitucional. Sentencias C-509-94 y C-558-94.
(9) Corte Constitucional. Sentencia C-631-96. En el mismo sentido, Sentencia C-564-97.
(10) Corte Constitucional. Sentencia C-925-01.
(11) Corte Constitucional. Sentencias C-194-95, C-329-95, C-373-95, C-151-97 y C-618-97. En este último pronunciamiento se dijo sobre el particular: “Sin embargo, en la medida en que la propia Constitución atribuye a la ley la posibilidad de regular esta materia, se entiende que el Congreso “tiene la mayor discrecionalidad para prever dichas causales, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política”, puesto que corresponde a ese órgano político “evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas”. Así las cosas, a pesar de que una inhabilidad limita un derecho fundamental, como es el derecho ciudadano a ser elegido a un determinado cargo, en estos casos no procede efectuar un control estricto de constitucionalidad, por cuanto la propia Carta ha atribuido al Congreso la función de establecer esas causales, con el fin de proteger la moralidad e imparcialidad de la administración. Por ello, en principio sólo pueden ser declaradas inexequibles aquellas inhabilidades para ser alcalde que en forma desproporcionada, innecesaria o irrazonable limiten el derecho de las personas a ser elegidas para ese cargo, por cuanto se estaría violando el derecho de todos los ciudadanos a una igual participación política (C.P., arts. 13 y 40) y la libertad de configuración del Legislador, que como se dijo, en esta materia goza de un amplio margen de discrecionalidad”.
(12) Corte Constitucional. Sentencias C-111-98 y C-209-00. En el primero de estos pronunciamientos la Corte expuso: ““...la Corte ha definido que la preexistencia de condenas por delitos, concebida como causa de inelegibilidad para el desempeño de cargos públicos sin límite de tiempo, no desconoce el principio plasmado en el artículo 28 de la Constitución —que prohíbe la imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad—, puesto que el objeto de normas como la demandada, más allá de castigar la conducta de la persona, radica en asegurar, para hacer que prevalezca el interés colectivo, la excelencia e idoneidad del servicio, mediante la certidumbre acerca de los antecedentes intachables de quien haya de prestarlo. Bajo el mismo criterio, se aviene a la Constitución la exigencia de no haber sido sancionado disciplinariamente, ni suspendido o excluido del ejercicio profesional. Los preceptos de esa índole deben apreciarse desde la perspectiva del requisito que exige el cargo, en guarda de la inobjetabilidad del servidor público (especialmente en cuanto se trate de funciones de gran responsabilidad) y como estímulo al mérito, para que la sociedad sepa que quienes conducen los asuntos colectivos, o cumplen una actividad de manejo de intereses generales, no han quebrantado el orden jurídico, lo que permite suponer, al menos en principio, que no lo harán en el futuro”.
(13) Esta corporación ha declarado la constitucionalidad de inhabilidades intemporales en las sentencias C-037-96; C-111-98, C-209-00 y C-952-01. En este último fallo la Corte señaló, en relación con la naturaleza jurídica de las inhabilidades, que están concebidas no como penas sino como “una garantía a la sociedad de que el comportamiento anterior al ejercicio del cargo fue adecuado y no perturbará el desempeño del mismo, así como que el interés general se verá protegido y podrá haber tranquilidad ciudadana acerca de la idoneidad, moralidad y probidad de quien ejercerá en propiedad el referido cargo”. De esta posición de la Corte se apartaron los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynnet, para quienes las inhabilidades constituyen una sanción, son cobijadas por la proscripción de penas imprescriptibles dispuesta en el artículo 28 de la Carta y, por lo mismo, no pueden ser intemporales, salvo que con esa calidad hayan sido prevista por el constituyente.
(14) Sentencia C-194 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero.
(15) Sentencias C-631 de 1996 y C-564 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(16) Sentencia C-280 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: ARTÍCULO 38
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