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Timestamp: 2018-02-20 21:19:11+00:00

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En el caso Durand y Ugarte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte" o "la Corte Interamericana") integrada por los siguientes jueces: (*)
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y Renzo Pomi, Secretario adjunto, de acuerdo con el artículo 36.6 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "el Reglamento"), dicta la siguiente sentencia sobre las excepciones preliminares interpuestas por el Estado del Perú (en adelante "el Estado" o "el Perú").
1. Este caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") el 8 de agosto de 1996. Se originó en la denuncia número 10.009, recibida en la Secretaría de la Comisión el 27 de abril de 1987.
b) según la demanda, los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera fueron detenidos el 14 y el 15 de febrero de 1986, respectivamente, por efectivos de la Dirección contra el Terrorismo (en adelante "DIRCOTE") por haber cometido, supuestamente, el delito de terrorismo. Luego de la investigación policial fueron puestos a disposición del Trigésimo Noveno Juzgado de Instrucción de Lima, que inició el correspondiente proceso penal. Por orden judicial se les trasladó posteriormente al Centro de Rehabilitación Social -CRAS- San Juan Bautista de la Isla Penal El Frontón (en adelante "El Frontón"), donde quedaron internados. Cuando fueron detenidos, la señora Virginia Ugarte Rivera, madre de Nolberto y hermana de Gabriel Pablo, interpuso ante el Cuadragésimo Sexto Juzgado de Instrucción de Lima dos recursos de hábeas corpus en favor de su hijo y de su hermano, respectivamente, pero el trámite quedó interrumpido cuando se produjeron motines en distintos centros penitenciarios peruanos. Dichos recursos se plantearon los días 25 y 26 de febrero de 1986. El 17 de julio de 1987 el Sexto Tribunal Correccional de Lima, que estaba conociendo de los procesos instruidos por el delito de terrorismo contra los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera, declaró la "inocencia" de dichas personas, ordenó ponerlas en libertad y archivar el proceso.
c) el 18 de junio de 1986 se produjo en el penal El Frontón, así como en otros centros penitenciarios del país, un amotinamiento de los detenidos por el delito de terrorismo, y el 19 de junio de 1986 se inició una operación encomendada a la Marina peruana para el debelamiento del mismo, en el cual numerosos reclusos fueron heridos o muertos. En dicho establecimiento penitenciario estaban detenidos los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. Ese día el Presidente de la República dictó el Decreto Supremo No. 006-86-JUS, publicado en El Peruano el 20 de junio de 1986, que declaró los penales "zona militar restringida" y los colocó formalmente bajo la jurisdicción del Comando de las Fuerzas Armadas;
d) la señora Virginia Ugarte Rivera se enteró de que había varios sobrevivientes de los sucesos mencionados en el inciso anterior, detenidos por la Marina, en razón de lo cual interpuso una acción de hábeas corpus el 26 de junio de 1986 contra el Director de Establecimientos Penales y el Director de El Frontón, a favor de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. Ese mismo día se dictó el auto apertorio correspondiente. El 27 de junio de 1986, el Primer Juzgado de Instrucción del Callao declaró improcedente la acción de hábeas corpus interpuesta. El 15 de julio siguiente el Primer Tribunal Correccional del Callao confirmó la resolución de 27 de junio, y el 13 de agosto de 1986 la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró no haber nulidad de la resolución dictada el 15 de julio. El Tribunal de Garantías Constitucionales conoció de un recurso de casación interpuesto por la señora Virginia Ugarte Rivera contra la resolución dictada por la Primera Sala Penal y el 28 de octubre de 1986 declaró que "permanecía inalterable dicha resolución y subsistía el derecho del demandante de replantear la acción"; y
10. Al presentar la demanda ante la Corte, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y 26 y siguientes del Reglamento entonces vigente. La Comisión planteó este caso para que la Corte decidiera si hubo violación de los siguientes artículos de la Convención: 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4 (Derecho a la Vida), 7.6 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 27.2 (Suspensión de Garantías). La propia Comisión solicitó que la Corte ordenara al Estado peruano llevar a cabo las investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los culpables de las violaciones cometidas; informar sobre el paradero de los restos mortales de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera, y entregar éstos a los familiares de los fallecidos. Finalmente la Comisión pidió que la Corte ordenase al Estado que
12. El 23 de agosto de 1996 la Secretaría de la Corte (en adelante "la Secretaría"), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante "el Presidente"), notificó ésta al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla, oponer excepciones preliminares y designar su representación en el proceso. Asimismo, invitó al Estado a designar Juez ad hoc.
18. Mediante dos escritos de 6 de enero y 30 de mayo de 1997, respectivamente, el Estado solicitó a la Corte que resolviera las excepciones preliminares planteadas antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto. El 2 de junio de 1997 la Secretaría informó al Estado que dicha solicitud sería puesta en conocimiento de la Corte en su siguiente período de sesiones. El 25 de septiembre siguiente la Corte comunicó al Estado que "la decisión sobre el fondo del asunto […], en ningún caso, puede emitirse antes de resolver las excepciones preliminares interpuestas por el Estado".
30. La primera excepción interpuesta por el Estado se refiere a la "falta de agotamiento de la vía jurisdiccional interna o nacional".
c) refiriéndose a la acción de hábeas corpus, el Estado indicó que "si no estuvo prohibido su ejercicio mal puede concluir [la Comisión] que, [… la aplicación de los] decretos [No. 012-86 IN y No. 006-86 JUS de 2 y 6 de junio de 1986, respectivamente], implicó su suspensión y, lo que es más, su ineficacia"; y
d) la Ley de Hábeas Corpus y Amparo (Ley No. 23506) establece en el artículo 8 que la "resolución final constituye cosa juzgada únicamente si es favorable al recurrente". La sentencia que originó la presentación de esta demanda se dictó de acuerdo con las normas vigentes, como se establece en el artículo 6.2 de la citada Ley, que expresa: "...[n]o proceden las Acciones de Garantía contra una resolución emanada de un procedimiento regular". Hubo un mal planteamiento de los intereses de los familiares de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera, que no permitió una calificación sobre el fondo del asunto.
33. La Corte se ha pronunciado en otras oportunidades sobre el objeto de esta excepción y ha señalado que el no agotamiento de recursos es una cuestión de pura admisibilidad y que el Estado que la alega está obligado a indicar los recursos internos que deben agotarse, así como a probar que los mismos son efectivos.
34. Asimismo, la Corte ha sostenido, reiteradamente, al referirse a la desaparición forzada de personas, que la exhibición personal o hábeas corpus "sería normalmente el recurso adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad". Este Tribunal también ha señalado que el recurso de hábeas corpus debe ser eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido.
35. La Corte considera que estos criterios son aplicables a la desaparición de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera, y manifiesta, además, que los procedimientos mencionados por el Estado (declaración de ausencia y/o muerte presunta) están destinados a satisfacer otros propósitos, relacionados con el régimen sucesorio, y no al esclarecimiento de una desaparición violatoria de los derechos humanos, y por lo tanto no son idóneos para alcanzar el resultado que ahora se pretende.
b) el 26 de junio de 1986, luego del motín que ocurrió el 18 de los mismos mes y año, la señora Virginia Ugarte Rivera interpuso otra acción de hábeas corpus ante el Primer Juzgado de Instrucción del Callao en favor de los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera. El 27 de junio de 1986 ese Juzgado declaró improcedente dicha acción. El 15 de julio de 1986 el Primer Tribunal Correccional del Callao confirmó esta resolución. El 13 de agosto de 1986 la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró no haber nulidad de la resolución de 15 de julio de 1986. El 28 de octubre de 1986 el Tribunal de Garantías Constitucionales decidió que permanecía "inalterable la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y subsistía el derecho del demandante a replantear la acción" (supra, párr. 2.d).
40. La segunda excepción presentada por el Estado se refiere a la "cosa decidida por la Comisión".
42. A su vez, la Comisión argumentó que, aun cuando algunos hechos señalados en el presente caso son los mismos que fueron examinados en el caso Neira Alegría y otros, se trata de distintas personas en cada uno. Señaló, además, que en el caso que nos ocupa no se presenta la hipótesis del artículo 40.2 de su Reglamento, el cual establece que "cuando dos peticiones versen sobre los mismos hechos y personas, serán reunidas y tramitadas en un mismo expediente". Por otra parte, adujo que si el Estado tenía interés en la acumulación de los casos Durand y Ugarte y Neira Alegría y otros, pudo solicitarlo durante el procedimiento ante la Comisión. Al no hacerlo, el Estado quedó procesalmente impedido para cuestionar la no acumulación.
43. La Corte señala que en este caso no se presenta la situación que prevé el citado artículo 40.2 del Reglamento de la Comisión. Este artículo alude a una doble identidad: a) de hechos, y b) de personas. Se entiende que el concepto de "hechos" corresponde a la conducta o el suceso que implicaron violación de un derecho humano. A su vez, el concepto de "personas" tiene que ver con los sujetos activos y pasivos de la violación, y principalmente con estos últimos, es decir, las víctimas. Los casos Neira Alegría y otros, por una parte, y Durand y Ugarte, por la otra, se relacionan con los mismos hechos: los sucesos acaecidos en El Frontón; pero difieren, evidentemente, en cuanto a las personas que figuran como supuestas víctimas.
45. La tercera excepción interpuesta por el Estado se refiere a la "cosa juzgada".
47. Por su parte, la Comisión señaló que esta excepción carece de fundamento y es absolutamente inaplicable, porque la sentencia dictada por la Corte en el caso Neira Alegría y otros no constituye cosa juzgada respecto de los peticionarios del caso Durand y Ugarte. Agregó que cuando se invoca la violación del principio non bis in idem, deben cumplirse varios supuestos, uno de los cuales es la identidad de sujetos, lo que no ocurre en este caso. La sentencia dictada en el caso Neira Alegría y otros no tiene efecto "ultra partes".
50. La quinta excepción interpuesta por el Estado se refiere a la "incompetencia" de la Corte Interamericana.
a) indicó que se "han desnaturalizado los fines, competencia y la jurisdicción de la Corte [...] a la que se pretende recurrir para resolver asuntos de índole indemnizatorio, sin un proceso [en el que] específicamente se pronuncie sobre la responsabilidad de cumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos sobre hechos distintos a los ya conocidos y resueltos";
b) agregó que "existe un pre-juzgamiento de los mismos hechos que motivan el presente caso por parte de la Corte Interamericana; por consiguiente esta Instancia Supra-Nacional, en este asunto, carece de objetividad y discrecionalidad por tener que ceñirse a su calificación precedente"; y
52. Con respecto a esta excepción, la Comisión señaló que la presentación de un caso no puede desnaturalizar los fines, la competencia y la jurisdicción de la Corte. Se remitió a lo expresado sobre este punto en la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos. Sostuvo, además, que no es verdad que exista un prejuzgamiento de la Corte en relación con los mismos hechos que motivaron la demanda, porque si bien la Corte ha "establecido un precedente en un caso similar pero distinto del caso 10.009", el que nos ocupa "configura una situación completamente diferente" de la planteada por el Estado. La consideración de un caso con base en hechos similares a los de otro ya decidido no puede alterar la objetividad o discrecionalidad de la Corte.
55. La cuarta excepción opuesta por el Estado se refiere a la "caducidad del petitorio".
b) la denuncia fue presentada extemporáneamente. Al respecto, el Estado hace referencia a dos fechas: la primera, los días 18 ó 19 de junio de 1986, cuando ocurrieron los hechos en El Frontón, y la otra, el 7 de junio de 1990, en que la Comisión requirió por última vez al Estado información sobre el agotamiento de los recursos internos. Al respecto, "si se toma los días 18 ó 19 de junio de 1986, como fecha de inicio del plazo, teniendo en cuenta que la denuncia no señala la situación excepcional de imposibilidad o impedimento para hacer uso de recursos internos, la petición resulta extemporánea por cuanto la Comisión Interamericana recibió la denuncia recién el 27 de abril de 1987". En la audiencia pública el Estado reiteró que la denuncia fue formulada cuando ya había transcurrido el plazo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Comisión.
Asimismo, indicó que "si se toma el 7 de junio de 1990 como fecha de inicio del plazo, ya que la Comisión Interamericana no tenía definida hasta esa oportunidad el cumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos de Jurisdicción interna, la denuncia -con mayor razón- resulta extemporánea".
d) el Estado está impedido para plantear la presente excepción, no sólo por haber transcurrido en exceso el "plazo razonable" para oponerla, sino también porque quebrantó el principio de buena fe al cambiar frente a la Corte la posición que mantuvo durante el procedimiento ante la Comisión. Cuando el Estado presentó informaciones a ésta, señaló la existencia de procedimientos pendientes y no se refirió a los hechos denunciados ni a la supuesta inadmisibilidad de la denuncia, por lo que ahora no puede aducir la inobservancia del plazo fijado en el artículo 46.1.b) de la Convención.
61. La sexta excepción presentada por el Estado se refiere al "defecto legal, falta de legitimidad para obrar y falta de personería (nulidad de actuados que se llevó adelante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las [...] omisiones e irregularidades incurridas)".
c) el Informe No. 15/96, aprobado por la Comisión, es nulo e insubsistente de acuerdo con el artículo 19.2 del Reglamento de la propia Comisión. Los miembros de ésta no pueden participar en la "discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto" cuando "previamente hubiesen participado a cualquier título en alguna decisión sobre los mismos hechos en que se funda el asunto o han actuado como consejeros o representantes de algunas de las partes interesadas en la decisión"; y
d) de acuerdo con el artículo 39 del Reglamento de la Comisión, ésta no puede considerar una petición cuando la materia de la misma "sea sustancialmente la reproducción de una petición pendiente o ya examinada y resuelta por la Comisión u otro Organismo Internacional Gubernamental [en] que sea parte el Estado aludido". En este caso la Comisión "ha dejado de ser una instancia deliberante, una instancia de investigación, una instancia de discusión y una instancia de decisión", ya que carece de facultades para ello de acuerdo con la disposición mencionada. Agregó que la Comisión interrumpió la tramitación del presente caso en 1990, con el objeto de esperar la decisión final de la Corte en el caso Neira Alegría y otros, sin tomar en cuenta los principios de celeridad y economía procesal.
b) la excepción de duplicidad de procedimientos es improcedente. El presente caso no se encuentra pendiente de otro arreglo ante una "organización internacional gubernamental" de la que sea parte el Estado, ni constituye la reproducción de una denuncia pendiente o ya resuelta por la Comisión o por otro organismo internacional del que sea parte el Estado peruano.
67. La séptima excepción interpuesta por el Estado se refiere a la "falta de personería de la Comisión".

References: artículo 36
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 38
 artículo 46
 artículo 19
 artículo 39