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Timestamp: 2018-05-28 01:20:57+00:00

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Resolución de TEAC, 00/2144/2005, 24-07-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2144/2005 de 24 de Julio de 2006
Fecha: 24 de Julio de 2006
Núm. Resolución: 00/2144/2005
Procede la providencia de apremio, pues no cabe oponer como motivo de oposición que la liquidación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones no fue notificada en periodo voluntario a la persona que expresamente dejó designada al efecto, ya que la notificación de la liquidación al presentador del documento es válida. El documento en que se pretende justificar que se comunicó a la Administración que las notificaciones se hiciesen a otra persona distinta a la presentadora es una fotocopia, que no tiene sello de entrada en la Consejería o su Delegación provincial, ni en cualquier otro organismo ante el que se pudiese haber presentado, ni tampoco contiene referencia alguna del asiento registral que indique su presentación. Sólo aparece un sello en su parte inferior que no permite identificar exactamente el órgano que lo podría utilizar en su actuación administrativa y sobre el citado sello la palabra "recibí", junto con una fecha y una firma ilegibles, escritas a mano, sin identificación alguna de la persona del firmante, ni del órgano administrativo al que estuviese adscrita, por lo que no puede tener validez al amparo del artículo 38 de la Ley 30/1992.
En la Villa de Madrid, a 24 de julio de 2006 en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico Administrativo Central interpuesto en nombre y representación de la CONSEJERÍA DE ... por la Directora General de ... de esa misma Consejería, con domicilio en ..., contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (T.E.A.R.) de ... de 25 de febrero de 2005, por la que se estima la reclamación económico-administrativa interpuesta la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio por importe de 327.158,25 €.
PRIMERO: D.ª A interpuso reclamación económico-administrativa ... ante el citado T.E.A.R. mediante escrito de 5 de julio de 2002, impugnando la resolución de 25 de abril de 2002, que la interesada indica haber recibido el día 25 de junio siguiente, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la providencia de apremio con clave de liquidación ..., en concepto de Impuesto sobre Sucesiones, por el importe total indicado de 327.158,25 €, alegando que la liquidación no fue eficazmente notificada en periodo voluntario, al no haberse notificado a la persona que expresamente dejó designada al efecto, y que se ha producido la prescripción porque no se ha llevado a cabo actuación alguna de la que haya tenido conocimiento formal desde el 14 de noviembre de 1997 (presentación de escrito en el que señala representante y domicilio del mismo), hasta que le fue notificada el 16 de noviembre de 2001 la providencia de apremio que se impugna.
SEGUNDO: El Tribunal Regional estimó la reclamación interpuesta por resolución de 25 de febrero de 2005, anulando la providencia de apremio impugnada y declarando prescrito el derecho de la Administración para practicar la liquidación, para lo cual argumenta "que no consta que la liquidación ahora apremiada se notificase en periodo voluntario y que ese Tribunal Regional ya tuvo ocasión de manifestarse respecto de la misma cuestión con ocasión del examen de los antecedentes que figuran incorporados al expediente que se remitió para la sustanciación de la reclamación nº ... interpuesta por D. B, hijo de la reclamante, que finalizó con resolución estimatoria de 30 de septiembre de 2003, que se encuentra recurrida en alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central por la Administración autonómica. Según se exponía en la indicada resolución, la notificación de las liquidaciones practicadas por el impuesto sucesorio devengado al fallecimiento de D. C fueron entregadas en 21 de junio de 2000 a la presentadora del documento nº ... de que trae su causa dicha liquidación. La interesada manifiesta y acredita que en 21 de marzo de 2000 había comunicado a la Administración que siendo la presentadora del documento una empleada de notaría, ya jubilada, otorgaba su representación a todos los efectos y en relación al expediente hereditario, con efectos desde el 14 de noviembre de 1997 en que se había presentado ya escrito designando a D. D como representante, al indicado señor, cuyo domicilio (el mismo señalado en esta instancia) se dejaba señalado como el lugar en que debían practicarse en lo sucesivo cualesquiera notificaciones relativas al expediente sucesorio. Constando que dicha comunicación se entregó a la Administración en fecha anterior a aquella en que se notificó la liquidación mediante su entrega a la presentadora del documento, debe concluirse que no cabe dar por eficazmente notificada la liquidación, que de acuerdo con lo manifestado por la interesada, debió practicarse conforme a lo previsto en los art. 43.1 y 105.4 de la Ley 230/1963 General Tributaria, a la persona y en el domicilio señalado por el reclamante en su escrito de 21 de marzo de 2000. No habiendo sido eficazmente notificada la liquidación, procede anular la providencia de apremio aquí impugnada".
TERCERO: En relación con la prescripción alegada por la interesada, el Tribunal Regional indica que "Y efectivamente, nada hay en el expediente que acredite la realización de actuaciones frente a la interesada (aparte del acuerdo de ... y de la liquidación de la que trae causa el apremio, carentes de eficacia interruptiva de la prescripción a la vista de lo antes expuesto) entre las señaladas fechas (se refiere el Tribunal Regional al 14 de noviembre de 1997 -presentación de escrito en el que señala representante y domicilio del mismo-, y el 16 de noviembre de 2001 en que se notificó la providencia de apremio que se impugna), sin que tampoco pueda tener este Tribunal por interruptiva de la prescripción, de acuerdo con lo que establece el artículo 66.1 de la Ley 230/1963, General Tributaria, la comunicación de 21 de marzo de 2000 reiterativa de la anterior de 14 de noviembre de 1997, lo que obliga a concluir que efectivamente, cuando se notificó a la interesada la existencia de la liquidación (lo que tuvo lugar al notificársele la providencia de apremio) había prescrito ya, por transcurso del plazo de cuatro años señalado en el art. 64 de la Ley General Tributaria, el derecho de la Administración para practicarla, quedando así extinguida la obligación tributaria de la reclamante".
CUARTO: Disconforme con la resolución del Tribunal Regional, notificada el día 9 de marzo de 2005, la Directora General de ... de ... interpone el presente recurso de alzada mediante escrito del día 21 siguiente, en el que solicita que se anule. Para ello argumenta, resumidamente, que la notificación el 21 de junio de 2000 de la liquidación al presentador del documento es válida, porque la presentación del documento de cambio de representante por la interesada y sus hijos no puede reputarse válida al tratarse de una fotocopia con un sello sin fecha de entrada. En cuanto a la prescripción, al entender válida la notificación de 21 de julio de 2000, no se ha producido.
QUINTO: Del recurso de alzada interpuesto se dio traslado a la interesada, que con fecha 25 de mayo de 2005 presenta escrito de alegaciones en el que se remite a los argumentos de la resolución del Tribunal Regional y presenta entre otras que ya constan en el expediente, las siguientes fotocopias, como prueba de que otorgó su representación a D. D desde 20 de octubre de 1997: 1) escrito del propio D. D en el que dice actuar en nombre de la interesada, con sello de recepción en la Consejería de ... de ..., dirigido al jefe del Servicio de Gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de ... en ..., solicitando el aplazamiento del pago de la deuda tributaria durante un año. 2) escrito del citado, con el mismo contenido que el anterior y dirigido al mismo órgano, de fecha 14 de noviembre de 1997.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del recurso de alzada, en la que la cuestión planteada consiste en determinar si la liquidación originaria fue válidamente notificada en periodo voluntario de pago.
SEGUNDO: Este Tribunal Central acumuló los recursos de alzada 7148-03 y 7149-03 interpuestos por la Dirección General de Tributos de ... contra la resoluciones ... y ... del Tribunal Regional, y los estimó por resolución de 16 de marzo de 2005, quedando anuladas las resoluciones del citado Tribunal Regional. Así pues, no cabe sino reproducir los fundamentos de derecho que se utilizaron en la resolución de 16 de marzo de 2005, por ser los adecuados al caso presente, por lo que su argumentación se recoge en los fundamentos siguientes.
TERCERO: El artículo 138.1 de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, establece que "Contra la procedencia de la vía de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: a) Pago o extinción de la deuda; b) Prescripción; c) Aplazamiento; d) Falta de notificación de la liquidación o anulación o suspensión de la misma". Por su parte el artículo 99.1 del Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 1990 dispone que cabrá impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes motivos: a) Prescripción; b) Anulación, suspensión, o falta de notificación reglamentaria de la liquidación; c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario; y d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución. Se entiende por defecto formal omisión o error en los datos que impidan la identificación del deudor o de la deuda apremiada, la falta o error sustancial de la liquidación del recargo de apremio y la falta de indicación de haber finalizado el periodo voluntario.
CUARTO: En cuanto a la defectuosa notificación el día 21 de junio de 2000 de la liquidación al presentador del documento, por haber comunicado a la Administración el 21 de marzo anterior que las notificaciones se hiciesen a otra persona distinta de la presentadora del documento, a la que se otorgaba la representación en el citado expediente hereditario, cabe señalar que dicha comunicación que obra en fotocopia, no tiene sello de entrada en la Consejería de ... o de su Delegación provincial en ..., ni de cualquier otro organismo ante el que se pudiese haber presentado, ni tampoco contiene referencia alguna del asiento registral que indique su presentación; sólo aparece un sello en su parte inferior que no permite identificar exactamente el órgano que lo podría utilizar en su actuación administrativa y sobre el citado sello la palabra "recibí", junto con una fecha y una firma ilegibles, escritas a mano, sin identificación alguna de la persona del firmante, ni del órgano administrativo al que estuviese adscrita. Dicha comunicación no puede tener por tanto validez al amparo del artículo 38 de la Ley 30/1992, pues dicho escrito no contiene los requisitos de dicho precepto que establece como lugar de presentación de solicitudes los diferentes registros de los órganos administrativos, las Oficinas de Correos o las representaciones diplomáticas, no consta que se haya hecho como la norma indica, ni tampoco de la fotocopia aportada se puede inferir que se haya producido una comparecencia ante funcionario público, regulada en el artículo 40 de la citada Ley. Por lo que se refiere a los requisitos establecidos en cuanto a los sellos oficiales en la actuación administrativa en ..., la Orden de ... de 1995, publicada en el B.O. ... de ... de 1995, nº ..., por la que se normalizan las características que han de reunir los distintos sellos oficiales empleados en la actuación administrativa de la Junta de Andalucía, el Anexo II en relación con los Sellos del Registro de Documentos, define las características del diseño de los sellos que han de utilizarse en su ámbito, en sus dos modalidades, de recepción y de salida, en todo aquello referente a formato, contenido, identificación del órgano, el número de registro y fecha, localidad y hora, etc. No reuniendo el citado documento los requisitos de la Ley 30/92 ni los de la citada Orden, no puede otorgársele validez. Por el contrario la notificación efectuada al presentador del documento el día 21 de junio de 2000 reúne los requisitos establecidos en los artículos 63.2 de la ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y 65.1 del Reglamento del mismo Impuesto, que vienen a establecer que el presentador del documento tendrá el carácter de mandatario de los obligados al pago del impuesto y, por consiguiente, todas las notificaciones que se les hagan, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos que si se hubieran entendido con los mismos interesados, por lo que la notificación de la liquidación se practicó válidamente a la presentadora de la solicitud de liquidación del impuesto, notificación que fue recibida y aceptada por aquélla sin manifestación en contrario que pudiera contradecir o desvirtuar su condición de mandataria del sujeto pasivo; además, el artículo 1.732 del Código Civil regula los modos de extinguirse el mandato, entre los que se encuentra la revocación, que para que surta todos los efectos precisa de que llegue a conocimiento del mandatario.
QUINTO: A todo lo anterior es necesario añadir en la presente resolución que la interesada dice que el documento de 21 de marzo de 2000 es mera reiteración del de 14 de noviembre de 1997, refiriéndose en las alegaciones también al de 20 de octubre de 1997, en los que designa como su representante a D. D. Sin embargo, tales escritos, firmados por el propio D. D, no son de otorgamiento de representación sino de solicitud de aplazamiento.
SEXTO: En cuanto a la prescripción del derecho de la Administración para liquidar la deuda tributaria, el artículo 25 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al regular la prescripción dispone que "La prescripción se aplicará de acuerdo con lo previsto en los artículos 64 y siguientes de la Ley General Tributaria". El artículo 64 citado, según redacción hecha por la Ley 1/98, establece un plazo de prescripción de cuatro años para que la Administración determine la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Como viene señalando este Tribunal Central, en vía de apremio no se puede alegar la prescripción del derecho a liquidar a no ser que no se hubiera notificado la liquidación, extremo que como ha quedado establecido en la presente no concurre en el caso, en el que además, desde las actuaciones inspectoras que constan efectuadas en 1997 y hasta el 21 de marzo de 2000 (en que se notificó la liquidación) no había transcurrido el plazo de cuatro años. Tampoco ha prescrito el derecho al cobro de la deuda liquidada, pues no ha transcurrido el plazo exigido a tal efecto, contado desde el 21 de junio de 2000 hasta la fecha de la notificación de la providencia de apremio.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución del presente recurso de alzada ACUERDA: estimarlo, anulando la resolución impugnada del Tribunal Económico Administrativo Regional de ...
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