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Timestamp: 2019-05-22 10:00:23+00:00

Document:
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 33.887, 19-12-2017 | Iberley
ART.65.c), 66.1 67.3, 80.5, 101, 220, 232 y siguientes NF2/2005.
IVMDH (Hidrocarburos 2010-2012). DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. PRESCRIPCIÓN. Plazo de 4 años contados desde el fin del plazo de presentación de declaración o de pago, dies a quo inmutable conforme a la jurisprudencia (STS). Para los casos de prescripción o firmeza son necesarias otras vías, como la responsabilidad patrimonial de la Administración: no es competencia del TEAF. Disconformidad con el cálculo realizado: carga de la prueba a quien pretenda hacer valer su derecho. DESESTIMAR.
2016/0077.
RESOLUCIÓN Nº 33887
En Donostia/San Sebastián a 19 de diciembre de 2017.
La Sala de Tributos Concertados del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa, integrada por las personas señaladas en el encabezamiento, ha aprobado la siguiente RESOLUCIÓN en la reclamación número 2016/0077, interpuesta contra el siguiente acto administrativo:
Acuerdo adoptado el 30 de diciembre de 2015 por el Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos y Tributos Medioambientales, que estima en parte la solicitud de devolución de ingresos indebidos en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
**********(NIF**********).
D.**********(NIF**********).
PRIMERO.- Con fecha 11 de febrero de 2016 se interpuso la presente reclamación mediante un escrito en el que la parte reclamante muestra su disconformidad con el acto impugnado, por entender que vulnera el contenido de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto C-82/12), por lo que solicita la puesta de manifiesto del expediente para formular las alegaciones que estime oportunas.
Asimismo, solicitaba la acumulación de la presente reclamación, presentada por ********** aunque en su condición de sucesora por fusión por absorción de la sociedad **********, que fue quien instó la devolución que aquí se analiza, con la reclamación presentada por ********** en su propio nombre.
SEGUNDO.- Una vez obró en poder de este Tribunal el expediente administrativo, le fue puesto de manifiesto a la parte reclamante, quien con fecha 29 de abril de 2016 presentó un escrito en el que solicita la devolución del importe íntegro solicitado, 9.390,49 euros, más los intereses de demora.
Argumenta para ello, en primer lugar, la aplicación de la prescripción en la resolución impugnada. Al respecto, señala que no estamos ante una situación en la que la empresa haya ingresado indebidamente o por error una autoliquidación, sino que todas las cuotas pagadas fueron debidamente repercutidas conforme a la norma. La sentencia C-82/12 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró el tributo no conforme con la legislación comunitaria, y así el Tribunal abrió la puerta a la solicitud masiva de las cuotas tributarias pagadas por parte de los contribuyentes.
El Estado solicitó al Tribunal que declarase la limitación temporal a la recuperación de las cuotas tributarias pagadas y que el Tribunal desestimó la pretensión por varias cuestiones esenciales, en concreto subraya que el párrafo 50 de la citada sentencia es, perfectamente claro en su conclusión al afirmar que "De estas consideraciones resulta que no procede limitar en el tiempo los efectos de la presente sentencia". La limitación temporal de los efectos de la sentencia sólo se puede realizar de dos maneras, bien porque la sentencia establece una limitación temporal, bien se permite que opere la prescripción ordinaria establecida por la normativa interna. La sentencia señala que no puede haber limitación temporal y no fija fecha límite, por lo que, a su juicio, tampoco puede operar la prescripción establecida en la Ley General Tributaria.
Por todo lo anterior, entiende que la resolución administrativa no se ajusta a Derecho, al negar la devolución parcial amparándose en la prescripción tributaria, en contra de lo establecido en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En segundo lugar, se refiere al cálculo de la devolución admitida, indicando que en el expediente administrativo, ni en la resolución impugnada, no figura el procedimiento de cálculo por el cual la Administración tributaria concluye que el importe que debe ser devuelto es de 3.888,47 euros y no otro. Supone que las cuotas a devolver son las correspondientes al período entre el tercer trimestre del 2011 y 31 de diciembre de 2012, pero añade que lo cierto es que no es posible para él verificar dicho extremo, porque los cálculos no obran en el expediente, y de los datos que tiene la empresa los importes indicados en la resolución no coinciden con los que corresponderían.
Concluye que, como consecuencia de ello, la resolución adolece de una falta de motivación que imposibilita al contribuyente verificar los cálculos administrativos, y por tanto, genera una notable indefensión, al no poder contrastar si la resolución administrativa es o no arbitraria.
SEGUNDO.- Del expediente administrativo resulta que la parte reclamante solicitó en fecha 3 de enero de 2014 la devolución de las cuotas, a su juicio indebidamente soportadas, por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos del periodo comprendido entre el tercer trimestre del 2009 y el último del 2012. Efectuado requerimiento de documentación en fecha 13 de febrero de 2015 para tramitar la solicitud de devolución, mediante Acuerdo del Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos y Tributos Medioambientales de fecha 5 de octubre de 2015 fue decretada la caducidad del procedimiento por causas imputables a la parte interesada. No consta que contra el referido acto se interpusiera recurso o reclamación alguno.
Con fecha 23 de octubre de 2015 presentó un nuevo escrito dirigido al Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el que solicita la devolución de los importes ingresados por el impuesto por el periodo comprendido entre el tercer trimestre del 2009 y el último del 2012. Esta solicitud resultó estimada en parte mediante el Acuerdo adoptado el 30 de diciembre de 2015 por el Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos y Tributos Medioambientales, que accede a la devolución de 3.888,47 euros más intereses de demora por 682,83 euros, lo que hace un total de 4.571,30 euros. Tiene en cuenta el plazo de prescripción de cuatro años establecido en la normativa, y que en este caso la solicitud de devolución se presentó el 23 de octubre de 2015, por lo que considerando el plazo de presentación de las declaraciones, los períodos anteriores al tercer trimestre del año 2011 se encuentran prescritos. Dicho acto administrativo es el que se impugna en la presente instancia.
TERCERO.- A la vista de lo expuesto, la cuestión que se plantea es la prescripción del derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos realizados entre el ejercicio 2010 y el tercer trimestre del 2012. La Administración tributaria considera que se encuentran prescritas las cuotas abonadas por la entidad aquí reclamante por dicho impuesto, mientras que la parte reclamante niega que se haya producido tal prescripción.
En relación con la prescripción, establece el apartado c) del artículo 65 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, que prescribe a los cuatro años "el derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías". A su vez, en cuanto al cómputo del plazo, dispone el apartado 1 del artículo 66 de dicha Norma Foral en lo que aquí interesaÂ que "el plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:
En cuanto a la interrupción de los plazos de prescripción, indica el apartado 3 del artículo 67 de la propia Norma Foral 2/2005 que "3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere la letra c) del Artículo 65 de esta Norma Foral se interrumpe:
a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación;
b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase;
c) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria."
Como ya se ha indicado, en el caso que nos ocupa la pretensión de la parte reclamante se refiere a las cuotas soportadas por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que considera que fueron indebidamente soportadas a lo largo del periodo comprendido entre el 2010 y el 2012. Considerando que la solicitud de devolución de las referidas cuotas se presentó en fecha 23 de octubre de 2015, se habría sobrepasado el plazo de prescripción de cuatro años para solicitar la devolución de las cuotas correspondientes a los períodos anteriores al tercer trimestre del año 2011, ya que el plazo de presentación de la declaración correspondiente al segundo trimestre del año 2011 terminó el 26 de julio de 2011.
No obstante, la parte reclamante pretende que no se aplique la prescripción, porque la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014 no limita los efectos en el tiempo de la misma, por tratarse de un impuesto contrario al derecho de la Unión Europea, por lo que considera que la aplicación de la prescripción no puede ser compatible con la citada sentencia.
A este respecto, el reconocimiento del derecho a la devolución de las pretendidas cuotas en el ámbito tributario viene delimitado por el plazo de prescripción al que se refieren los preceptos antes transcritos, que en el caso de ingresos efectuados a través de declaraciones tributarias será desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación cuando se realizó el pago en plazo, o desde la fecha del ingreso si fue posterior. El precepto no contempla excepciones a esta regla en ningún supuesto, y establece un momento de inicio del cómputo del plazo que no deja lugar a dudas ni deja margen a la interpretación. Ello no supone que se contraríe la referida indicación de la sentencia del Tribunal de Justicia, sino que el procedimiento de devolución de ingresos indebidos en materia tributaria no es adecuado para tal finalidad en casos en los que se supere el referido plazo de cuatro años. Así lo ha señalado el Tribunal Supremo en sentencias como la de fecha 16 de noviembre de 2016 (recurso de casación para unificación de doctrina 1590/2015). En tales casos, para los ejercicios prescritos o en relación con actos firmes, señala la procedencia de otras vías, como es el caso de la responsabilidad patrimonial de la Administración, procedimiento que es ajeno a la competencia de este Tribunal conforme a lo dispuesto en los artículos 232 y siguientes de la repetida Norma Foral General Tributaria.
Por lo expuesto, la pretensión de que se declare por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos la procedencia de la devolución de las cuotas soportadas entre los años 2010 y 2012 no puede prosperar, debiendo limitarse su alcance a los periodos no prescritos, y que se corresponden con las cuotas soportadas desde el tercer trimestre del 2011 y hasta el final del 2012.
CUARTO.- Resuelta la controversia correspondiente a la prescripción, hay que analizar la eventual concurrencia de indefensión, alegada por el reclamante, con base en que en el expediente administrativo ni en la resolución impugnada, se encuentra el procedimiento de cálculo por el cual la Administración tributaria concluye que el importe que debe ser devuelto es de 3.888,47 euros y no otro.
A este respecto debe indicarse que no puede confundirse un sucinto razonamiento con una total ausencia de motivación, puesto que el acto impugnado señala su motivación, al citar expresamente que en este caso la solicitud de devolución se presentó el 23 de octubre de 2015, y que el plazo de presentación de la declaración correspondiente al segundo trimestre de 2011 terminaba el 26 de julio de 2011, por lo que el plazo para presentar la solicitud de devolución de esta declaración y la de las declaraciones anteriores está prescrito. Se añade la suma de la cuota total a devolver así como los distintos tipos de interés de demora a aplicar por cada uno de los años. Una cosa es que no se comparta tal motivo, o que le parezca insuficiente, pero no puede decirse que el ahora reclamante desconozca la causa por la que no se le devuelve todo lo solicitado. Prueba de ello es que el reclamante ha planteado, tanto ante el Servicio de Gestión como ante este Tribunal, las cuestiones y pruebas que ha considerado pertinentes en relación con la cuestión de fondo, por lo que no se aprecia la concurrencia de causa para anular por tal motivo el procedimiento seguido.
La parte reclamante dice suponer que las cuotas cuya devolución ha sido aprobada son las satisfechas en suministros consumidos entre el tercer trimestre del año 2011 y el 31 de diciembre del 2012, y que los importes no coinciden con los que corresponderían con la resolución. Considerando la documentación obrante en el expediente, debe destacarse que la parte reclamante no se ha limitado a remitir al Servicio de Gestión la documentación correspondiente al Territorio Histórico de Gipuzkoa, sino que ha incluido documentación correspondiente a otros territorios y comunidades autónomas desde el año 2009. De entre ellas, el Servicio de Gestión ha señalado las facturas correspondientes a Gipuzkoa, y ha confeccionado un listado de las facturas de una de las empresas suministradoras que considera susceptibles de devolución, y aunque es cierto que no las ha individualizado en el acto impugnado, no por ello puede decirse que se haya generado indefensión. Por ello, ha de señalarse que frente a esa actuación la parte reclamante no ha indicado ninguna factura que corresponda a territorio guipuzcoano y no haya sido incluida cumpliendo el requisito temporal señalado por el Servicio de Gestión y confirmado en el fundamento precedente. Cabe añadir que en estos casos la carga de la prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 220, que se remite al artículo 101 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, corresponde a quien pretenda hacer valer su derecho.
ESTE TRIBUNAL, reunido en Sala de Reclamaciones de Tributos Concertados, en su sesión del día de la fecha y con los asistentes que se relacionan en el encabezamiento, acuerda DESESTIMAR la reclamación número 2016/0077 interpuesta por D. ********** en nombre y representación de **********, con NIF **********, confirmando el Acuerdo adoptado el 30 de diciembre de 2015 por el Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Indirectos y Tributos Medioambientales, relativo al Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 373/2017, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 162/2017, 30-06-2017
Orden: Administrativo Fecha: 30/06/2017 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Segura Grau, José María Num. Sentencia: 373/2017 Num. Recurso: 162/2017
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 494/2017, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 251/2017, 25-09-2017
Orden: Administrativo Fecha: 25/09/2017 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Segura Grau, José María Num. Sentencia: 494/2017 Num. Recurso: 251/2017

References: RESOLUCIÓN 
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