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Timestamp: 2020-01-17 16:27:31+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 40, de 06/04/2016
cve: DSCD-11-CO-40
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 40
- Sobre el embargo de armas a los países implicados y otras medidas sobre la resolución del conflicto en Yemen. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000264) ... (Página2)
- Relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000318) ... (Página7)
- Sobre acciones para reducir y evitar ataques contra la población civil, contra los hospitales, los centros de salud, las ambulancias y el personal sanitario, en zonas de conflicto. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 161/000316) ... (Página11)
- Relativa a la elaboración de una nueva Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional y al aumento de la inversión en cooperación internacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000319) ... (Página15)
- Sobre la crisis humanitaria motivada por la deficiente situación de los refugiados en la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000322) ... (Página19)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre esta segunda sesión, la primera ordinaria de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Muchas gracias por llegar a tiempo a esta Comisión, justo después de una sesión plenaria larga. Les quiero proponer una pequeña alteración en el orden del día, si a ustedes les parece bien, para pasar inmediatamente al debate de las proposiciones no de ley. La propuesta es que el segundo punto del orden del día pase a ser el tercero y, por tanto, el tercero pase a ser el segundo. Es decir, que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán Democràcia i Llibertat pase a ser la tercera, y la primera de las dos proposiciones del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea pase a ser la segunda. Lo digo simplemente para la organización de los debates entre los portavoces. ¿Aceptan esta alteración en el orden del día? (Asentimiento). Parece que sí puede aceptarse por asentimiento.
- SOBRE EL EMBARGO DE ARMAS A LOS PAÍSES IMPLICADOS Y OTRAS MEDIDAS SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO EN YEMEN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000264).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día, proposición no de ley sobre el embargo de armas a los países implicados y otras medidas sobre la resolución del conflicto en Yemen. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer lugar, para la defensa de su iniciativa interviene el portavoz, la portavoz en este caso, del grupo parlamentario proponente por un tiempo de cinco minutos. Señora Surra, tiene la palabra.
La señora SURRA SPADEA: Hoy votamos si para ustedes tiene más peso el negocio armamentístico y los puestos de trabajo de quienes fabrican bombas o barco militares, o las vidas de miles de personas que sufren las consecuencias del armamento y equipamientos militares. La Ley de Comercio de Armas es el colador que denunciamos, cuando se aprueban operaciones sin someter la venta de armas al cumplimiento de los derechos humanos. De hecho, en nuestra proposición no de ley solicitamos que se cumpla estrictamente la Ley de Comercio de Armas y que, en consecuencia, se paralice la exportación de armas a Arabía Saudí o a los países implicados en el conflicto en Yemen. La situación humanitaria en Yemen es extremadamente grave. Según datos publicados por las Naciones Unidas, de un total de 26 millones de personas, más de 21 millones necesitan ayuda humanitaria, incluidos 1,8 millones de niños y niñas en riesgo de malnutrición. El número de heridos se aproxima a 30.000 personas y la cifra de muertos superaba las 6.000 personas, incluidos casi 3.000 civiles, entre ellos al menos 700 niños y niñas. La mayoría de las muertes de civiles han sido causadas por ataques aéreos de la coalición encabezada por Arabia Saudí, atacando lugares protegidos como los hospitales, escuelas y viviendas. Amnistía Internacional ha documentado 30 ataques aéreos que fueron ilegítimos, algunos de los cuales constituyen crímenes de guerra. Entre ellos se encuentran ataques dirigidos deliberadamente contra bienes de carácter civil, y casos en los que no se respetó el principio de proporcionalidad y no se adoptaron precauciones para evitar causar daños a la población civil. Numerosos ataques de la coalición han destruido o dañado bienes de carácter civil, en lo que parecen haber sido ataques indiscriminados que constituyen violaciones del derecho internacional humanitario.
El 25 de febrero de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación humanitaria en Yemen que, entre otras cuestiones, pedía a la Alta Representante de la Unión Europea que pusiera en marcha una iniciativa destinada a imponer un embargo de la Unión Europea a la venta de armas a Arabia Saudí. Según un informe de febrero de 2016 de la Coalición Armas Bajo Control, Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Montenegro, Países Bajos, Suecia, Suiza y Turquía han informado de licencias de exportación y ventas de armas a Arabia Saudí por valor de más de 25.000 millones de dólares estadounidenses en 2015, entre ellas drones, bombas, torpedos, cohetes y misiles. Este tipo de armas son las que Arabia Saudí y sus aliados están utilizando para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, y posibles crímenes de guerra en el curso de ataques aéreos y terrestres efectuados en Yemen.
Según datos oficiales, entre 2011 y el primer semestre de 2015, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 1.100 millones de euros. En el primer semestre de 2015, cuando la coalición
encabezada por Arabia Saudí ya había iniciado sus operaciones militares en Yemen, el Gobierno español autorizó la venta a Arabia Saudí de material de defensa por valor de más de 27 millones de euros, incluida munición por valor de 6,9 millones de euros, bombas torpedos y misiles por importe de 17,3 millones de euros, 645.00 euros en sistemas de dirección de tiro y aviones valorados en 2,2 millones de euros. Además, en el primer semestre de 2015, España exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 447 millones, incluidos dos aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y asistencia técnica, munición, una estación de control remoto para armas y pistolas de uso deportivo para una empresa particular. En enero de 2016, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón manifestaron su oposición a la inminente firma de un contrato entre Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, debido al riesgo claro de que estos barcos de guerra se utilicen para cometer ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados en Yemen, o para facilitar el mantenimiento del bloqueo naval al que somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, que es una violación grave del derecho internacional humanitario. Si el Gobierno español autorizase esta exportación, violaría los artículos 6, 7 y 11 del Tratado sobre el Comercio de Armas y el artículo 8 de la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y el artículo 7 de su reglamento de aplicación. Ustedes deciden si valen más estos contratos que las vidas de sus víctimas.
A continuación, intervendrán por un tiempo máximo de tres minutos los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cancela.
La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, con independencia de que explique el porqué de la enmienda de sustitución que este grupo ha presentado a la proposición no de ley que nos ocupa, me gustaría hacer una consideración previa. Consideración previa que no es otra que manifestar que compartimos parte de la exposición de motivos que precede a la parte dispositiva de la propuesta. Compartimos que la situación humanitaria en Yemen es gravísima, donde el 83% de la población necesita ayuda humanitaria para sobrevivir, porque además del conflicto bélico el bloqueo aéreo impide la llegada de suministros de subsistencia. Por no hablar de la escandalosa cifra de heridos y heridas, de las personas que han perdido la vida y del número ingente de civiles, de los cuales una cifra muy importante son niños y niñas. Compartimos que los ataques aéreos se han dirigido indiscriminadamente sobre la población civil, sobre bienes de carácter civil, viviendas e instalaciones médicas. Evidentemente, no solo ataques aéreos, sino también terrestres, que suponen violaciones del derecho internacional humanitario. Ambos bandos, tanto los comités de resistencia popular como la gran coalición han violado los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En segundo lugar compartimos también, no podría ser de otra manera, la resolución del Parlamento Europeo 2016/2515, de 25 de febrero del año en curso, sobre la situación humanitaria en Yemen. Compartimos la preocupación por la existencia de venta de armas por parte de ciertos países que podríamos llamar del primer mundo a Arabia Saudí y sus aliados, entre los cuales se encuentra España. ¿En qué no coincidimos? No coincidimos en establecer una correlación entre la situación humanitaria derivada del conflicto bélico existente en Yemen y la posible existencia de contrataciones con Arabia Saudí por parte de Navantia para la construcción de cinco corbetas. ¿Por qué? No es un tema que atañe a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esas contrataciones no están formalizadas, ni muchísimo menos, y teniendo en cuenta las promesas que ha hecho reiteradamente el Gobierno del Partido Popular a nivel estatal en Ferrol y Cádiz, incumplidas también reiteradamente, me atrevo a decir que no existirán. Además, la espiral belicista en que está inmersa Arabia Saudí les impediría asumir el coste de tales construcciones, como ya ha ocurrido con otros encargos, por ejemplo, del Líbano.
Hemos debatido en otras comisiones parlamentarias de esta Cámara, de Industria, Hacienda y Administraciones Públicas o Defensa, reivindicando la necesidad de carga de trabajo para Navantia tanto en la comarca de Ferrol como en Cádiz. Y no vamos a cambiar de posición en esta Comisión de Cooperación. No es coherente enmendarse a sí mismo según qué comisión nos ocupa respecto a un mismo planteamiento. Y el planteamiento no es otro que la apuesta por el carácter público de Navantia y su consideración como sector estratégico, con un excepcional potencial para el desarrollo socioeconómico e industrial del país y puntualmente de la comarca de Ferrol y de la Bahía de Cádiz. Reivindicamos una vez más un plan industrial e inversiones para conseguir carga de trabajo sostenible y estable, reforzando la enorme capacidad tecnológica de sus plantillas, más inversión en I+D+I y el rejuvenecimiento de las
mismas, así como nuevas potencialidades -en eso coincidimos con la propuesta- como la actividad eólica offshore. Todo ello acorde con lo reivindicado permanentemente por la representación de los trabajadores y trabajadoras. Por estas razones hemos presentado la enmienda que nos ocupa. Tenemos el convencimiento de que encontraremos un punto de encuentro para el acuerdo.
En nombre del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Ballester por tiempo de tres minutos para defender su enmienda.
La señora BALLESTER MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Doy las gracias también al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por traer al Legislativo el drama de Yemen y vías posibles para intervenir y buscar una solución pacifica al conflicto. Hace solo unas horas estábamos en el Pleno del Congreso debatiendo sobre el drama de los refugiados que huyen del horror en Siria, y sobre el vergonzoso acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía. Ahora estamos aquí para instar al Gobierno en funciones a corregir una actuación no menos vergonzosa, como es la contribución pasiva al conflicto armado de Yemen. Un conflicto armado en el que, según Amnistía Internacional, ya se han producido crímenes de guerra. Un conflicto armado que además de haber acabado con la vida de más de 6.000 personas y haber herido a más 30.000, es gasolina para alimentar los fanatismos. En los últimos meses nos hemos estremecido muchas veces con los atentados del terrorismo que ha sufrido Europa, pero de la misma forma nos deberíamos estremecer cuando se producen atentados en Karachi o en Pakistán. Con estremecernos no es suficiente, necesitamos saber y necesitamos actuar, es nuestra función y nuestro deber como políticos. Necesitamos saber si la transferencia de armas a Arabia Saudí, concedida el 25 de marzo por el Gobierno actualmente en funciones, ha contribuido a la violación de los derechos humanos. Necesitamos que se revoque esa autorización hasta que sepamos las consecuencias de los negocios opacos de nuestro Gobierno con regímenes que infringen de manera sistemática la legislación internacional. El Gobierno debe cumplir la legislación vigente. Necesitamos que se cumpla la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en febrero de este año y se embarguen las armas, productos y tecnología transferidos a las partes en conflicto en Yemen. En este sentido va una de nuestras enmiendas. Es injustificable que nuestro país contribuya por acción o por omisión, con las responsabilidades que le otorga la ley, con contratos que pueden alimentar violaciones de derechos humanos, no todo vale. Tampoco nos quedamos de brazos cruzados ante la posibilidad de que en ese marco haya un contrato de Arabia Saudí con Navantia para construir cinco corbetas para su Armada. No se trata de no vender armas, señorías; se trata de cumplir la ley que establece que cuando hay riesgo de violaciones, esas operaciones deben pararse. Para eso es básico conocer las condiciones del contrato y así se lo hemos solicitado al Gobierno.
También es básico, como hemos dicho ya en las Comisiones de Industria y de Hacienda, hablar con la plantilla de Navantia y con los ayuntamientos de Cádiz y El Ferrol, para proponer un plan industrial de alternativas para mantener los lugares de trabajo. Se trata de fortalecer la capacidad de los astilleros, optar por otros pedidos, y no depender solo y únicamente de contratos con países que vulneran una y otra vez los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se lo debemos a los yemeníes, pero se lo debemos también a los habitantes de Cádiz, la provincia con más paro de Europa. Está bien estremecerse, pero además este Parlamento debe saber de qué forma se contribuye al conflicto del Yemen. Vivimos en un mundo cada vez más conectado. No hacer oídos sordos a los tambores de guerra que retumban en Yemen no solo es necesario para garantizar el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, también necesitamos actuar para prevenir dramas futuros. Esta legislatura debe ser la del cambio, también en cooperación y política internacional.
El señor PRESIDENTE: Mucha gracias, señora Ballester. Debe tener un reloj interior porque ha cumplido cronométricamente los tres minutos.
Seguidamente harán uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas, por un tiempo máximo de tres minutos y por orden de menor a mayor. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). ¿Grupo Parlamentario Catalán Democràcia i Llibertat? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Salvador.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Ciudadanos está concienciado plenamente con la comunidad internacional, con la legalidad internacional y con el respeto a las vidas humanas, no puede ser de otra manera. Por eso precisamente en el momento en que existió información de determinadas organizaciones como Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón, sobre lo que podía estar aconteciendo en este momento en Yemen y la utilización de esas armas vendidas por el Gobierno de España a Arabia Saudí, presentamos ante la Comisión de Exteriores unas preguntas parlamentaria, precisamente para que sea el Gobierno de España, aunque esté en funciones, el que, primero, vea la sensibilidad del resto de la Cámara y en concreto de este grupo y, al mismo tiempo, dé su respuesta para garantizar que eso que se está denunciando no suceda con armamento español. La primera pregunta que presentamos era qué medidas de control y de evaluación ha tomado el Gobierno para asegurar que el material vendido a Arabia Saudita desde que comenzó el conflicto de Yemen, no se está utilizando para cometer crímenes de guerra o violaciones graves del derecho internacional humanitario, de acuerdo con lo establecido en nuestra legislación y en los tratados internacionales vinculantes para España. En segundo lugar preguntamos qué evaluación ha hecho el Gobierno del riesgo que supone que las cinco fragatas ofertadas por Navantia a Arabia Saudita pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario, de acuerdo con lo establecido en nuestra legislación y en los tratados internacionales vinculantes para España. De la respuesta que nos dé el Gobierno partirá la postura de Ciudadanos en relación a lo que se está planteando.
En este momento Esquerra Republicana ha hecho en la exposición de motivos de esta proposición un análisis con un juicio de valor, que nosotros no nos atrevemos a decir que no sea cierto. Sí es verdad que no nos parece justo ni moralmente aceptable que Esquerra Republicana intente jugar preguntándonos qué preferimos si vidas humanas o puestos de trabajo para personas que también viven sus dramas, tanto en Cádiz como en la comarca del Ferrol. Entendemos que esas palabras no nos deben afectar a la hora de fijar posición porque son palabras oportunistas y buscadas para dejar mal al que no defienda esos argumentos. Nosotros estamos sensibilizados con esta problemática, y por eso hemos formulado estas preguntas parlamentarias. También hemos analizado las enmiendas que han presentado el resto de los grupos parlamentarios. Directamente no estamos de acuerdo con la pretensión del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea de revocar las autorizaciones de transferencias de armas concedidas. No estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo con la producción de armamento. Si se tiene que prohibir que se prohíba, pero si no se está prohibiendo y se puede realizar, entonces lo que no podemos hacer es otorgar permisos para después revocarlos, con lo que eso puede suponer para las empresas si no hay una justificación muy clara y palpable, que es lo que esperamos saber con la respuesta del Gobierno.
Por otra parte, estamos de acuerdo con la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Si esta enmienda fuera el texto definitivo, nosotros votaríamos afirmativamente porque presenta dos puntos con los que estamos absolutamente de acuerdo. Si el texto de la proposición no es el resultado de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que hemos conocido momentos antes de la celebración de esta Comisión, entonces nuestra posición final terminará siendo la abstención hasta que obtengamos la correspondiente información del Gobierno. No se trata de cambiar vidas por puestos de trabajos, queremos vidas y queremos puestos de trabajo. En este momento, cuando hemos dado un paso importante esperando la respuesta del Gobierno, no podemos actuar a la ligera, adelantarnos y condicionar las vidas de las personas de la Bahía de Cádiz y de la comarca de Ferrol, que ya se encuentran en situación de desempleo estructural. No queremos sumar más dramas familiares a los que ya se están viviendo por más de 4 millones de personas en nuestro país, simplemente porque alguien haya querido anticipar los tiempos o quiera jugar lacrimógenamente con los sentimientos de las personas.
Estamos en contra de las armas mal utilizadas, respetamos los derechos humanos, respetamos a la comunidad internacional. Entendemos que la comunidad internacional a través del Tribunal de La Haya puede establecer el mecanismo para controlar los crímenes de guerra. A través de organizaciones como la OSCE y otras similares ya se realizan misiones de control, precisamente para supervisar el respeto a los derechos humanos. Por tanto, vamos a poner cada cosa en su sitio. Queremos puestos de trabajo, queremos vidas humanas y queremos que no se conculque la legalidad internacional. Por eso estamos esperando la respuesta del Gobierno. Si se acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y sus dos puntos son los que se votan, estamos de acuerdo. Si no se acepta, nos abstendremos.
Para terminar el turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tarno.
Me referiré a dos cuestiones previas. La primera, no entiendo cómo la Mesa ha podido calificar esta proposición no de ley en esta Comisión a la que no le compete, no tiene ninguna competencia. Las preguntas que formula el señor Salvador son para un ministerio que no tiene nada que ver con cooperación internacional. En fin, no me sorprende en quien ha presentado la PNL, pero sí en la Mesa al haberla calificarlo. En segundo lugar, mal estaremos haciendo las cosas si los nuevos tiempos significan presentar muchas propuestas y debatirlas en poco tiempo. Si ustedes creen que debatir un asunto de este tipo con tres minutos es suficiente, si ustedes creen que así van a mejorar la democracia parlamentaria, pues bienvenido sea. Debates cortos donde no podemos profundizar, pero eso sí, luego mucho Twitter, mucho Facebook y mucho contarlo en la calle, pero el debate profundo y sosegado aquí parece que no, presentar muchas PNL y muy poco debate. Creo que ustedes están haciendo un flaco favor al parlamentarismo español. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, yo prefiero los debates tranquilos, sosegados y con tiempo.
La PNL parte de que el Gobierno español está incumpliendo la ley. Y como vamos a negar la mayor, no podemos votar a favor. Las exportaciones militares en España están absolutamente regladas por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad. Se analizan una por una las exportaciones de armamento en España. Se tienen en cuenta los ocho criterios de la Posición Común 2008/944 de la PESC, de 8 de diciembre, en la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnologías y de equipos militares, así como los criterios del Documento OSCE sobre Amas Pequeñas y Armas Ligeras. España lo está cumpliendo escrupulosamente. Ningún país que forma la coalición internacional que está interviniendo en Yemen, excepto Egipto, está sometido a embargo alguno de armas por parte de Naciones Unidas o de la Unión Europea. El Gobierno sigue controlando permanentemente cada una de esas solicitudes de exportación de armas. Por tanto, se cumple escrupulosamente la ley. Ya se lo digo yo a ustedes, no hace falta plantearlo al Gobierno. Además, como ustedes conocen, se nos manda información semestral y ahora tiene que llegar una información anual. Y luego va a venir aquí a comparecer el secretario de Estado de Comercio, porque así lo establece una ley, para explicar la exportación de armas en España. Todo eso viene reglado.
Por eso uno no sabe muy bien qué se pretende. Sobre todo me sorprende mucho que en una PNL de la Comisión de Cooperación Internacional no se incluyan en la parte dispositiva temas como ayudas para la población yemení que está sufriendo las agresiones de los dos bandos, el incumplimiento de los derechos humanos, etcétera. Eso es lo que deberíamos plantear en esta Comisión de Cooperación, mejorar el papel de España en la ayuda a las personas desplazadas y desprotegidas en el Yemen, pero no, la primera propuesta que hacen es revocar las autorizaciones de transferencias de armas, entre ellas para la fabricación de cinco corbetas. Además, es chistoso porque ¿alguno de ustedes sabe lo que se tarda en fabricar una corbeta? ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un astillero en Cádiz o en El Ferrol y ha visto cómo se construye cualquier tipo de barco? (Varias señoras y señores diputados: Sí). Pues si lo saben ustedes, es imposible que las corbetas, para cuya construcción ni siquiera están firmados los contratos, puedan estar en Arabia Saudí antes del plazo de cinco o seis años. Si todo esto es demagogia, todo esto es hacer seguidismo. Seamos serios y responsables, detrás de la industria de defensa en este país hay muchos miles de empleos. En algunas comunidades autónomas como en Andalucía, los programas militares aéreos como el A-400 o la industria naval en Navantia son esenciales para el empleo. Igual que en otras comunidades como el País Vasco. Por tanto, exportaciones de armas, sí, de conformidad con la ley, siendo enormemente escrupulosos, siguiendo todos los procedimientos, con la mayor garantía parlamentaria. Insisto, hay una ley que obliga al secretario de Estado a comparecer anualmente para explicar las exportaciones de armas en España. Ustedes o los miembros de la Comisión de Defensa de sus partidos y de la Comisión de Economía tienen esa información. Por eso no podemos votar de una proposición no de ley que no se sustenta en el rigor. Nos gustaría que entrase en el papel que tiene que jugar España en la cooperación, en la ayuda a las personas víctimas del enfrentamiento civil en Yemen, que sería mucho más ventajoso que lo que se ha presentado aquí hoy.
Me gustaría trasladarle que justo antes de empezar la Comisión, invité a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a acercarse a esta Mesa para acordar los tiempos de intervención, después de un Pleno de siete horas y de una Comisión. He dicho que sería por acuerdo y que si algún grupo planteaba otro tiempo, podríamos hablar de tiempos mayores, pero habido un acuerdo entre todos los portavoces, incluido el portavoz de su grupo para fijar un turno de cinco minutos para presentación de la iniciativa y de tres minutos para la defensa de las enmiendas y la fijación de posición. El tiempo se ha administrado con gran flexibilidad, hasta el punto de que usted ha hablado seis minutos, que es un minuto más de lo normal en un turno de portavoces ordinario. Usted es un viejo parlamentario cargado de experiencia y buen hacer, pero quiero exhibir la predisposición de esta Mesa a ser flexible pero a la vez a honorar aquello que hemos acordado con los portavoces de los distintos grupos.
Ahora es el momento de solicitar al autor de la iniciativa, a la portavoz de Esquerra Republicana, si acepta o no las dos enmiendas presentadas, si está en la capacidad de informarnos de un posible acuerdo o se mantiene el texto inicial.
La señora SURRA SPADEA: Perdón, si me pudiera conceder un momento para terminar de analizar las dos enmiendas, se lo agradecería, porque una la tengo clara y la otra todavía no mucho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surra. La cuestión es que un poco antes de las votaciones la enmienda transaccional esté en posesión de esta Mesa para poder distribuirla entre todos grupos parlamentarios, para que sepan perfectamente lo que se vota en caso de transaccional, que es lo que intuyo y deduzco de sus palabras.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL JURÍDICAMENTE VINCULANTE SOBRE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y OTRAS EMPRESAS CON RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000318).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número dos del orden del día, antiguo punto número tres, para la discusión de la proposición no de ley relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. El autor es el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Sobre esta proposición no de ley se han presentado cuatro enmiendas, del Grupo Parlamentario Catalán Democràcia i Llibertat, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, y por tiempo de cinco minutos, para defender la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Vera.
Señorías, parece que a veces tenemos que encontrarnos con una tragedia frente a frente para que los partidos políticos reaccionemos, para que la gente empiece a tomar partido en ciertos asuntos. Eso lo vimos hace poco con la imagen de ese niño en la orilla de una playa cualquiera, que provocó que la sociedad ejerciera tal presión que hoy, por ejemplo, hemos tenido un debate en el Pleno de tantas horas, en el que hablábamos de las políticas de migraciones. Algo parecido sucedió el pasado 3 de marzo, con el asesinato de una defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres, de Honduras, que ha sido reconocida internacionalmente, incluso premiada. Días después también era asesinado su compañero de organización, Nelson García. Ambos tienen en común oponerse abiertamente y de frente a la construcción de una represa en su territorio y liderar unos movimientos populares, que al final consiguieron que la empresa que iba a construir esa represa decidiera marcharse. Debe ser que a alguien no le gustó y al final acabaron asesinados. Esto es un ejemplo más. Parece que poner los ojos y las manos sobre empresas transnacionales no es un asunto baladí. De hecho, creemos que es un asunto para personas conscientemente valientes y capaces de asumir que no solamente se están jugando la defensa de sus propios territorios o de los derechos humanos de su gente, sino que lo que ponen en riesgo es su propia vida, y no solo en Honduras por desgracia.
Son muchas las organizaciones internacionales que llevan años denunciando el poder creciente que estas empresas tienen tanto en el ámbito económico como político. Por poner algunos casos concretos sobre la mesa, si hablamos del poder económico, sabemos que empresas transnacionales como pueden ser Walmart, Shell o ExxonMobil, tienen unos ingresos anuales que superan el producto interior bruto de países
como Austria. Pero no nos tenemos que ir tan lejos, también en España empresas como Repsol o Telefónica tienen unos ingresos superiores al producto interior bruto de países como la propia Honduras o como Bolivia. Es evidente lo que los países de origen y los países que acogen a estas empresas transnacionales se juegan en términos económicos. Pero es que, además, el creciente poder político de estas empresas es un asunto de mayor importancia. Debemos tener en cuenta que aproximadamente de los 15.000 lobbistas registrados en Bruselas de cara a la Unión Europea, un 70% tienen relación con estas empresas transnacionales. Es obvio que nos tenemos que plantear qué consecuencias tiene esto para el desarrollo, que es para lo que estamos aquí. Este poder creciente ha ido articulando desde algunos sectores algo que se llama el derecho corporativo global y que tiene capacidad de incidencia en asuntos políticos, pero siempre curiosamente posicionándose del lado de estas empresas transnacionales, es decir, de los intereses privados frente a los intereses públicos. Con el poder lo peligroso es como siempre el riesgo de abusar de él. Walmart, por ejemplo, que hablábamos antes de ellos es conocida por los bajos salarios de sus trabajadores. Shell ha sido llevada a los tribunales en Estados Unidos, por ejemplo, por estar vinculado con casos de gravísimas violaciones de derechos humanos en sus plantas petroleras en Nigeria. Estos casos y el de Honduras o el de Shell en Nigeria son solo un granito de arena en una montaña enorme, en un desierto. Asuntos como este me tocó vivirlos personalmente de una forma muy cercana en Colombia, donde tuve contactos y trabajos con muchos defensores de derechos humanos y por humanizar un poco y saber la gravedad del asunto del que estamos hablando, no de números ni de países tan lejanos que casi no nos importan, por ejemplo, hablo de Virgelina Chará una defensora de los derechos humanos del pueblo afrocolombiano que fue desplazada de su territorio tres veces y que a día de hoy, pocas décadas después, sigue sin poder volver a su tierra y sigue siendo amenazada. Al final cometió el mismo delito, entre comillas, que cometió Berta que fue oponerse a la creación de una represa en su territorio. Rogerio, otro líder indígena del Cauca no puede volver veinte años más tarde, porque se opuso hace veinte años a la instalación de unas empresas madereras. Marlene del Putumayo, asesinaron prácticamente a toda su familia. Hoy en día, después de haber sido desplazada también en gran número de ocasiones, promueve el cultivo de pequeña escala y protege unas semillas que hay empresas transnacionales que no quieren que se comercialice con ellas. Amenazada y todas las semanas buscándose un sitio para dormir. Así podría seguir sin parar y sin parar y voy a agotar los cinco minutos. Son casos importantes que materializan lo que está pasando.
Sin embargo, a pesar de este número de ejemplos, la comunidad internacional ha eludido hasta ahora su obligación de crear normas jurídicas específicas de cumplimiento obligatorio para las empresas transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos aportando claramente un argumento de impunidad. El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea invita a que nos quitemos la venda de los ojos y a que dejemos de mirar a otro lado. No somos conscientes de que muchas de esas grandes transnacionales tienen su sede en los Estados de la Unión Europea y también tienen sede en el Estado español, con lo cual es hora de que tomemos un poco de parte y de responsabilidad en este sentido.
Sabemos perfectamente que hay una legislación, pero una legislación nacional deficiente o aplicada de una forma deficiente, que es lo que tenemos ahora, no puede mitigar eficazmente las repercusiones negativas que trae la actividad de las transnacionales en economías que sabemos que son especialmente vulnerables. Comercializar está muy bien, pero tenemos que hacerlo con un poquito de conciencia.
Termino ya, señor presidente. Muchas de las comunidades de todo el mundo que han sufrido toda esta violación sistemática de los derechos humanos han ido denunciando una y otra vez y al final se han encontrado en un absoluto silencio. Un silencio que se rompió con los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. En el 2011, que se empezó a llevar a cabo en el 2014, y que se basa en tres principios muy fundamentales: proteger, respetar y remediar. El problema es que aunque se hayan activado mecanismos que se articulen entorno a esos tres principios, no son vinculantes. Con esto termino prácticamente. Ahí está el quid de la cuestión. Nos encontramos ante una legislación deficiente que no es vinculante. Es decir, contempla la necesidad de respetar los derechos humanos, pero sin ningún tipo de mecanismo legal para que eso efectivamente sea así y todas estas muertes, persecuciones, amenazas, de las que estábamos hablando, dejen de producirse, porque realmente como ciudadana española y de la Unión Europea da mucha vergüenza que ni siquiera seamos capaces de ponerlo sobre la mesa y empezar a discutirlo o trabajarlo. Hemos discutido entre los diferentes grupos parlamentarios esta proposición. Hemos aceptado -ahora se la acercaré a la Mesa- transaccionar las enmiendas que nos ha presentado tanto el compañero socialista como la compañera de Democràcia i Llibertad y que suman un par de medidas que recoge Amnistía Internacional y que es muy acertado que
hayan incluido. Finalmente, como políticos españoles tenemos la responsabilidad de velar por los derechos humanos y, sobre todo, por la actividad que hacen nuestras empresas en el extranjero. Muchas gracias.
Continuamos con esa flexibilidad empática en la concepción mediterránea de cinco minutos. Hacer play para empezar y continuar el tono de esta Comisión. Gracias por la presentación de esta proposición no de ley que a la vez también en su intervención ha servido para anunciarnos que el grupo proponente acepta unas enmiendas que en todo caso vamos a permitir que los grupos parlamentarios defiendan por un tiempo máximo de tres minutos.
En primer lugar, en nombre del Grupo Catalán (Democràcia i Llibertad), tiene la palabra la señora Ciuró.
Para recuperar un poco de tiempo les voy a anunciar que voy a dar nuestra enmienda por defendida. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró. Usted aboga por la racionalización de los horarios intensamente en esta Cámara desde hace cuatro años y practica con el ejemplo.
En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente. El Grupo de Ciudadanos ha presentado una enmienda de supresión y el texto que proponemos son los dos puntos que presenta en la PNL el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea. El primer punto es reafirmar el compromiso con la declaración universal de los derechos humanos, con los principios rectores y con los objetivos sostenibles de las Naciones Unidas y a desarrollar una hoja de ruta vinculante para la implementación de los principios rectores. El segundo es exhortar a todas las empresas, con base jurídica en España, a que cumplan una responsabilidad de respetar los derechos humanos de conformidad con lo dispuesto en los principios rectores.
En junio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Por tanto, han sido refrendados por los Estados miembros de las Naciones Unidas. Poco tiempo después se actualizó toda una serie de instrumentos internacionales que adoptaron estos principios rectores. Estos principios abarcan medidas preventivas y de reparación. Los principios rectores se centran en las empresas y en los Estados. Hay una serie de organismos y grupos que ya se sirven de los mismos para elaborar sus políticas, procesos institucionales y de derechos humanos. Tiene un carácter normativo ya que han convergido y convergen en unas normas e iniciativas mundiales sobre las empresas y los derechos humanos o relacionados con esta cuestión. En el marco de los principios rectores se aclara el deber de los Estados de proteger frente a los abusos cometidos por las empresas contra los derechos humanos. Al establecer un marco mundial, los principios rectores constituyen una norma de aplicación mundial. En primer lugar, por los Estados, tienen el deber de proteger a todas las personas que se encuentran en su jurisdicción frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por las empresas. Las empresas tienen el deber de respetar los derechos humanos. Esta responsabilidad existe tanto si los Estados cumplen sus obligaciones como si no y, en caso de abuso, las víctimas deben poder acceder a remediar sus efectos. Sobre los Estados recae la obligación primordial de promulgar y hacer cumplir las leyes y políticas que tengan por efecto hacer que las empresas respeten los derechos humanos. Esas obligaciones permanecen incluso cuando dicha legislación no existe o se cumple deficientemente. Por consiguiente, la responsabilidad de las empresas existe independientemente del deber de los Estados de proteger a los derechos humanos. Los principios rectores no tienen un carácter de cumplimiento voluntario es una expectativa que recae sobre los Estados y en la mayoría de los casos se trata de una obligación jurídica contraída mediante la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos con carácter vinculante. Las empresas que no respetan los derechos humanos, según lo dispuesto en los principios rectores, se exponen a consecuencias jurídicas, financieras, así como al desprestigio. Por lo expuesto entendemos que existe un marco normativo con organismos competentes que establecen una vigilancia sobre las empresas para que respeten los derechos humanos y los objetivos de las Naciones Unidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez, por el Grupo Ciudadanos.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Roca.
El señor ROCA MAS: Muchas gracias, presidente.
Quiero empezar agradeciendo a las diputadas Ballester y Terrón el diálogo y el esfuerzo que hemos hecho por encontrar posiciones comunes, que las tenemos, sobre todo en el fondo. Declaramos nuestro inequívoco compromiso con métodos responsables de producción, que sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, con los derechos humanos, con la seguridad de los trabajadores y con todas las buenas prácticas empresariales contempladas en las directivas de la OCDE. Es evidente que podemos trabajar juntos en impulsar iniciativas que favorezcan todo lo que sea las buenas prácticas empresariales y comerciales. Desgraciadamente no hemos coincidido en la forma. Creemos que lo que hay que hacer es culminar los trabajos que ha hecho el Gobierno de España para trasladar a nivel nacional los principios rectores de Naciones Unidas, los de proteger, respetar y remediar. Trasladándolos al Plan nacional tal y como pide Naciones Unidas y como pide la Comisión Europea. Se ha trabajado mucho en este terreno, tanto a nivel internacional, Naciones Unidas y sus organismos adyacentes, como desde la Unión Europea, en Naciones Unidas el Comité de Derechos Humanos aprobó los principios rectores y solicita a Naciones Unidas de todos los Estados que aprueben un plan nacional de empresas y derechos humanos. La Unión Europea, como no podía ser de otra manera, traslada esos pactos al propio funcionamiento de los Estados miembros y en España nos hemos dedicado a eso. Hemos separado la estrategia española de responsabilidad social para crear el plan específico nacional sobre empresas y derechos humanos. Se ha trabajado mucho. Se han mantenido más de cien reuniones con actores sociales, con empresas y con sindicatos. Hay 13 empresas españolas que operan en el exterior que han venido a comparecer a este Congreso. Hemos recibido asesoramiento, no solo del Grupo de trabajo intergubernamental, también de la Embajada Británica, gracias al Plan británico de buenas prácticas comerciales. También hemos compartido nuestra experiencia, por ejemplo, en el Foro anual de derechos humanos en Ginebra con un especial énfasis, por parte del Gobierno de España, y así lo contempla el borrador del plan español, que son medidas especiales para hacer respetar los derechos de los niños. En definitiva, y para acabar, un plan de responsabilidad social de las empresas, el Plan 2014-2020.
Todo este trabajo que hemos hecho -y pido un poco de generosidad al presidente- tanto en Unión Europea, en Naciones Unidas como en España con la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante rompería la vía consensual que se acordó en Naciones Unidas, que se adoptó por consenso de todos los organismos. Además esta vía que no sería complementaria, sino que sería alternativa, nos plantea un problema y es que un tratado internacional a programación requeriría unas negociaciones larguísimas, la ratificación de los Estados miembros, con lo cual nos iríamos a una tramitación que se prolongaría demasiado en el tiempo lo que haría inútil esta iniciativa. La vía consensual, que es una vía que no es imperativa hacia las empresas -recordemos que los tratados internacionales someten a los Estados no a las empresas-, es una vía menos imperante, pero es mucho más efectiva, porque al final conseguimos que todos los Estados incorporen poco a poco en sus planes nacionales el respeto a los derechos humanos por parte de las prácticas empresariales.
En definitiva, estamos de acuerdo en el fondo. Así se lo hemos trasladado al Grupo de Podemos, pero creemos que la forma habría que darle una oportunidad a los principios rectores de Naciones Unidas para ver cómo funcionan y qué plasmación tienen en el marco internacional. Votaremos en contra más por la forma, porque esta vía alternativa supondría un retraso demasiado insoportable a esta tramitación y confiamos en los trabajos realizados tanto en Naciones Unidas como en la Comisión Europea como por el Gobierno de España. Muchas gracias, presidente, por la generosidad. (Aplausos.-La señora Quintanilla Barba: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Roca.
Finalmente, en el turno de defensa de enmiendas, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Sahuquillo.
Señorías, la pasada legislatura planteamos dos iniciativas referentes a esta cuestión. Una se debatió en Pleno, presentada por el Grupo Socialista, el 21 de mayo de 2013, que por cierto se aprobó una transaccional por la inmensa mayoría, solo hubo tres abstenciones por el Grupo Amaiur. Posteriormente otra PNL, esta en Comisión, que presentó el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña que incomprensiblemente, un año después, el 6 de mayo de 2014, el grupo mayoritario entonces era el Partido Popular la rechazó. Entendíamos que era oportuno -y seguimos entendiéndolo- que los Gobiernos
tomen medidas para que sus empresas, bien sean las propias o subcontratadas, cumplan con los derechos humanos.
¿Señorías, queremos que nuestras empresas sean socialmente responsables en todo el mundo? Porque a algunos se les llena la boca con esto de la marca España y eso no es tener a los empresarios españoles más ricos del mundo, sino a las empresas españolas socialmente más responsables. Nos basábamos en ese momento -y lo traemos hoy a colación- en un instrumento jurídico potente elaborado por John Ruggie, que establece una herramienta fantástica para que en un suelo universal de derechos laborables dignos, de condiciones de trabajo, sea respetado siempre incluso en aquellos países que no tienen ninguna legislación protectora. Se trata de establecer un suelo mínimo de protección que los convenios internacionales de derechos humanos o de la Organización Internacional del Trabajo configuren y constituyan unas leyes mínimas en todo el mundo. Se trata de que las empresas de todo el mundo puedan ser responsabilizadas ante los tribunales de su propio país por la vulneración de ese suelo mínimo de derechos humanos en su comportamiento cuando operen en otros países del mundo. Por consiguiente, vemos oportuna la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Podemos. A ello hemos presentado una enmienda de modificación y hemos consensuado con ellos una transaccional que aprobaremos sin lugar a duda. Porque planteábamos en nuestra enmienda y estamos convencidos de ello que hay que rescatar el Plan de empresas y derechos humanos que está parado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación desde junio de 2013. Porque nos reafirmamos nuevamente en el compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los principios rectores de las Naciones Unidas y los objetivos del desarrollo del milenio, porque creemos que hay que realizar las acciones oportunas que propicien e incentiven la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas transnacionales a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo. Planteamos también adoptar las modificaciones normativas que procedan al objeto de establecer como requisito previo para las empresas españolas que reciban apoyo oficial del Estado el que elaboren un plan específico referido al deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y diligencia de vida en materia de derechos humanos incluyendo el establecimiento de los oportunos canales de información con las personas o comunidades que resulten afectadas por las operaciones que realicen estas empresas tanto en España como en otros países. Planteamos también elaborar un informe jurídico sobre las posibilidades de aplicar a los tribunales españoles la intervención de los principios de protección, respeto y remedio de los derechos humanos a las empresas españolas incluyendo sus actividades fuera del territorio nacional. Con el fin que no es otro que cumplir la obligación, en su caso, de reparación del Estado, así como la eliminación de los obstáculos de acceso a la justicia para las personas afectadas por aquellas operaciones empresariales realizadas en contra de los derechos humanos.
Por tanto, señorías, somos favorables a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Así como apoyar y colaborar de forma efectiva con el grupo de trabajo, del Consejo de derechos humanos de la ONU, que elaboró su resolución 17/4 de 2011 y promover, en el seno de la Unión Europea, el apoyo incondicional al citado grupo de trabajo para la elaboración de dicho instrumento internacional. Muchas gracias.
Para finalizar voy a pedir si los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas, por un tiempo máximo de tres minutos, desean hacer uso de la palabra. (Pausa). Procedimentalmente debería pedir a la señora Vera, como autora de la proposición no de ley, si acepta las enmiendas. Con gran diligencia nos ha anunciado una transaccional y está en posesión de la Mesa y fotocopiada.
- SOBRE ACCIONES PARA REDUCIR Y EVITAR ATAQUES CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL, CONTRA LOS HOSPITALES, LOS CENTROS DE SALUD, LAS AMBULANCIAS Y EL PERSONAL SANITARIO, EN ZONAS DE CONFLICTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT). (Número de expediente 161/000316).
El señor PRESIDENTE: Podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Punto número 2 que es la proposición no de ley sobre acciones para reducir y evitar ataques contra la población civil, contra los hospitales, los centros de salud, las ambulancias y el personal sanitario en zonas de conflicto. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). Se ha presentado una enmienda
por parte del Grupo de Ciudadanos. Para la defensa de la proposición no de ley por un tiempo máximo de cinco minutos tiene la palabra la señora Ciuró.
Voy a proceder a defender esta proposición no de ley en nombre de mi compañero portavoz en esta Comisión, don Carles Campuzano. La hemos presentado porque estos ataques a centros de salud, a hospitales, a personal sanitario, lamentablemente el 2015 fue un año catastrófico y el 2016 va por el mismo camino. Son hechos alarmantes y nos ha movido esta intención de acabar con estos ataques mediante esta proposición no de ley. Desgraciadamente son unos ataques que no constituyen nada nuevo, pero sí que es especialmente lacerante cuando quien realiza los mismos son ejércitos gubernamentales auspiciados en el seno de las Naciones Unidas. Esto fue así en 2015 y está siendo así en 2016 por parte de fuerzas aéreas de Estados Unidos, de Arabia Saudí y por las fuerzas especiales israelíes. Por tanto, sufrir y hacer sufrir a la población mediante unos ataques derivados de ejércitos gubernamentales es algo que debemos denunciar y no debemos tolerar. La propia ONU ha denunciado que en el caso del Yemen aviones de combate y artillería han impactado en repetidas ocasiones sobre infraestructuras civiles tales como carreteras, puentes, escuelas, mercados, hospitales y puestos de salud. Todo ello es inaceptable, como digo, y no debemos escatimar ninguna ocasión para denunciarlo. Institucionalmente debemos denunciar estos hechos cada vez que se producen porque se trata de ataques que constituyen flagrante violación del derecho internacional. Son unos ataques que pueden considerarse crímenes de guerra. Al atacar centros, instalaciones médicas, lugares ocupados por enfermos y heridos lo que hacemos es conculcar y violar la protección especial que requieren estos establecimientos y a su personal, que son civiles, que son profesionales voluntarios de las ONG, que ayudan humanitariamente en caso de conflicto bélico. Estos ataques lo que hacen es dificultar enormemente poder hacer llegar la ayuda humanitaria a la población civil que más lo necesita y dificulta, sobre todo también, la preparación del cese de las hostilidades que es, sin duda alguna, lo que hay que tender a buscar para conseguir la paz. Proteger las víctimas de guerra para evitar los sufrimientos y mitigar sus efectos es un derecho de las víctimas y sobre todo es una obligación de los Estados. Es una buena nación de derechos que no admite concesiones, porque en todas las circunstancias -y más en guerra- debe primar la pervivencia de los valores de la humanidad y el bien supremo que es la vida.
Por tanto, respetar el derecho humanitario es el primer paso para un mundo más humano y un embrión indispensable para la resolución en paz de todos los conflictos que es a lo que hay que tender. Por eso agradecemos la aportación de las enmiendas que en breve pondremos en conocimiento de la Mesa la posibilidad de su transacción. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Se ha presentado enmienda por parte del Grupo de Ciudadanos y para su defensa tiene la palabra el señor Yáñez.
Es evidente que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos respalda tanto la condena a los ataques con víctimas civiles, es decir, cuando estos se producen en espacios tales como hospitales, como la necesidad de articular mecanismos que así los impidan. Enumera la parte explicativa de la proposición no de ley que discutimos diferentes episodios sucedidos en los últimos meses que merecen desde luego el más absoluto de los rechazos. Diferentes ataques contra hospitales, clínicas móviles, ambulancias, que desde octubre de 2015 han costado vidas humanas de pacientes, de médicos y de personal sanitario en diferentes zonas de conflicto. Se trata no solo ya de victimas civiles, sino de ataques con brutal violencia hacia aquellos que en medio de un conflicto bélico están dando lo mejor de sí mismos para ayudar a los demás, es decir, hacia el personal médico y sanitario. Podríamos resumir que se trata de más sin razón en medio de la sin razón. Valoramos positivamente la iniciativa y felicitamos por ello a sus proponentes en la medida en que, en primer lugar, muestra su apoyo a las normas de derecho internacional humanitario y a la vez puede suponer un llamamiento, en este caso al Gobierno de España, para que desarrolle cuantas medidas e influencia esté a su alcance con el fin de evitar que puedan repetirse este tipo de episodios. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una enmienda a esta proposición con el fin de completar la labor de los proponentes reconociendo el papel de la Organización de Naciones Unidas que entendemos que es garante de la protección de todo el personal médico y sanitario que desarrollan su encomiable labor en zonas de conflicto bélico. La iniciativa que se presenta hace oportuno remarcar la labor de la ONU
y en especial la potencialidad de la labor de la ONU en este ámbito y queremos que conste el apoyo de este Parlamento, del Congreso de los Diputados, a esta institución. En esa línea de lo que consideramos que es una aportación y una mejora al texto que no solo no desdibuja el espíritu de la propuesta, sino que en todo caso trata de reforzarlo. Solicitamos a los proponentes que se pueda atender la enmienda de este grupo parlamentario para la votación final que en cualquier caso no dudaremos en apoyar. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yáñez, que también tiene un reloj interior para cronometrar el tiempo.
Vamos a pasar al resto de los grupos parlamentarios. El Grupo Socialista y el Grupo Popular quieren intervenir. La señora Quintanilla es una fuente de inspiración permanente en mi vida desde hace doce años. Por el Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Yllanes, tiene la palabra.
El señor YLLANES SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Seré muy breve. Intentaré no abusar de la benevolencia de la Presidencia y le garantizo que será usted espejo y guía de mis próximas actuaciones en este sentido. Gracias.
Vamos a manifestarnos a favor de la proposición no de ley presentada por el Grupo de Democràcia i Llibertad desde el punto de vista de que en Podemos estamos seria y enormemente preocupados ante el incremento de los ataques contra aquellos centros médicos, contra los hospitales que realizan una labor imprescindible en contextos de conflicto y en la impunidad creciente que se percibe respecto de la masacre de civiles. Simplemente en Siria, que es un país del que se ha hablado enormemente esta mañana de la destrucción de los hospitales, deja centenares de miles de personas sin asistencia médica, que necesitan desesperadamente al tratarse de una zona de conflicto. Esto no implica que los habitantes no quieran ir al hospital, sino que significa que por los ataques que ha habido a las instalaciones, que han sido puestos de relieve por organizaciones como Médicos sin fronteras, la población renuncia a recibir esa asistencia médica. Es indudable e indiscutible que desde el Grupo Parlamentario de Podemos no solo pedimos al Gobierno de España que condene de manera oficial estos crímenes de guerra y a que ejerza toda la presión que sea necesaria por las vías diplomáticas a su alcance sin descartar incluso llegar a lugares como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de que todas las partes combatientes en estos conflictos respeten el derecho internacional humanitario y la neutralidad médica. Pedimos igualmente que se hagan todos los esfuerzos necesarios para aliviar el castigo colectivo y el sufrimiento de la población civil facilitando el acceso y el trabajo humanitario incluyendo a todas aquellas zonas sitiadas de Siria y Yemen que, pese al gran trabajo que han realizado las organizaciones humanitarias, han sufrido enormes cuotas de falta de protección internacional humanitaria en estos años de conflicto al no respetarse los principios de respeto a la población civil.
Igualmente destacamos y en este sentido reforzamos la importancia de la lucha contra la impunidad de este tipo de ataques que en el caso de demostrarse deliberados constituirían crímenes de guerra al amparo del derecho internacional humanitario y pedimos que se refuerce el papel de instituciones como la Corte Penal Internacional, que pudiera juzgar para depurar responsabilidades y sobre todo garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y la garantía de no repetición. Deseamos que recuperemos la justicia universal para los tribunales españoles.
Termino, señor presidente. Gracias, por el tiempo que me ha concedido. Estamos ante un periodo preocupante donde el derecho internacional humanitario y los derechos humanos están siendo constantemente violados e ignorados con total impunidad y es necesario dar respuesta a todas estas acciones más habituales. De ninguna manera nos podemos acostumbrar a normalizar esto que debería hacernos reaccionar de forma contundente en la defensa de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Yllanes.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà.
Anuncio telegráficamente nuestro voto afirmativo. Entendemos que el objetivo de la PNL presentada está enfocado de manera exclusiva a los elementos de atención sanitaria en zonas de conflicto, a pesar de lo cual -lo digo solo por puntualizar-, como en el encabezamiento de la PNL se dice: para reducir y evitar ataques contra la población civil, hay que recordar que además del derecho internacional humanitario se recogen, en la misma línea que las infraestructuras sanitarias, otros equipamientos civiles como
escuelas, edificios gubernamentales, institucionales o viviendas, y que a pesar de que es evidente que en pleno conflicto juegan roles muy distintos, y menos capitales, que las infraestructuras sanitarias en el apoyo a la comunidad civil, deben igualmente ser protegidas para mantener, siempre en la medida de lo posible, sus usos y para garantizar su inmediata puesta en marcha al final del conflicto para normalizar la vida en esas zonas.
Si no hemos planteado enmiendas ha sido precisamente para no minimizar el impacto de los informes generados, por ejemplo, por la ONG Médicos sin Fronteras, ni desdibujar sus reclamaciones, justas y dignas, que merecen ser escuchadas en el Congreso para que este reaccione, y que se recogen en la parte explicativa de la PNL. En todo caso, estamos convencidos de que en futuras proposiciones en esta misma Comisión, seguramente por unanimidad, podremos abarcar también el resto de infraestructuras civiles.
Agradecemos al Grupo Parlamentario Catalán la iniciativa que nos presentan y reiteramos que votaremos favorablemente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.
La señora HOYO JULIÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, y por desgracia, cada vez son más habituales los ataques a civiles en guerras y conflictos armados. En los últimos meses hemos visto en las noticias cómo se incrementaba el número de ataques a escuelas, mercados, centros de voluntariado, tanto religiosos como no religiosos, hospitales y centros de salud, solo por poner algunos ejemplos. Realmente todos son condenables, pero me centraré en lo que es objeto de esta proposición no de ley, que son los centros sanitarios. Como se ha dicho ya, la mayoría no se producen por una equivocación, sino que son ataques deliberados, son ataques directos e intencionados. Es muy grave que centros médicos que lo único que hacen, como bien se ha dicho aquí, es cumplir su labor humanitaria, se conviertan en objetivo dentro de una estrategia militar. Son ataques que dejan muchos muertos y heridos, personal sanitario y población civil, de los que aproximadamente un tercio son mujeres y niños. Además de los daños directos, tanto físicos como materiales, esta clase de ataques producen muchas y lamentables consecuencias, tanto a medio como a largo plazo, ya que normalmente se producen en países con sistemas sanitarios muy frágiles en los que no existen demasiadas instalaciones médicas fundamentales, y las que existen suelen estar bastante saturadas. Por tanto, deja a grandes poblaciones sin centros médicos operativos de referencia y sin atención médica. Es cierto que esto está pasando en Yemen, donde desde el inicio del conflicto, según Cruz Roja, se han producido más de cien ataques a establecimientos sanitarios, pero también está pasando en Siria, donde se calcula que el 60% de los centros sanitarios y de instalaciones de salud han sufrido daños. Pero no son los únicos, está pasando también en muchos otros países en guerra. Como se ha dicho, el derecho humanitario en este ámbito es claro, ya que establece los centros sanitarios como objetivo de especial protección, por lo que, como se ha dicho aquí y también ha recordado la ONU, esto constituye crímenes de guerra.
Mi grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley, y lo va a hacer porque es necesario que esta clase de ataques cesen. Toda operación militar debe garantizar la protección de los civiles, los hospitales no pueden ser objetivos y blancos de guerra. Para el Gobierno de España también es preocupante el incremento de este tipo de ataques, y por ello es una prioridad y lo promueve Naciones Unidas. Precisamente estas semanas, España y otros cuatro miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, Japón, Nueva Zelanda, Uruguay y Egipto, están trabajando en dicho Consejo para que se pronuncie favorablemente en una resolución sobre la cuestión de la asistencia médica en conflictos armados. La iniciativa española apunta a exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario, a mejorar la protección del personal sanitario y las instalaciones, así como el acceso a servicios médicos y el suministro de material, a condenar los ataques, a promover la investigación y rendición de cuentas cuando se produce un incidente y a reflejar la importancia de la cuestión en los informes que la secretaría presenta al Consejo de Seguridad.
Para terminar, señor presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quisiera mostrar nuestro absoluto reconocimiento a todas las ONG que prestan servicios en las zonas en conflicto, especialmente a Médicos sin Fronteras y a Cruz Roja, concretamente a su personal, que no solo están trabajando sin descanso, sino que también están arriesgando su vida.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hoyo.
Con su intervención termina el turno de fijación de posiciones, por lo que es el momento de preguntar a la autora de la iniciativa, la señora Ciuró si acepta la enmienda o si se ha llegado a un acuerdo transaccional.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Se ha hecho llegar a la Mesa la enmienda transaccional.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA LEY DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y AL AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000319).
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, creo que les puedo anunciar que, si mantenemos un buen ritmo de debate, las votaciones no se producirán antes de las seis y media o siete menos cuarto de la tarde.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la elaboración de una nueva ley de solidaridad y cooperación internacional y al aumento de la inversión en cooperación internacional, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la iniciativa, por un tiempo máximo de cinco minutos, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra la señora Belarra
Señoras y señores diputados, intentaré ceñirme al tiempo lo máximo posible. El año 2015, como creo que todos sabrán, será recordado como un año histórico a nivel mundial para la cooperación al desarrollo. En 2015 se aprobó por fin la Agenda 2030, que supone el mayor compromiso alcanzado hasta el momento por la comunidad internacional para acabar con la pobreza extrema y para garantizar un desarrollo internacional sostenible que no deje a nadie atrás. Llama la atención que el mismo año en el que se aprueba la agenda que fija los objetivos de desarrollo sostenible -objetivos que por primera vez se aplican a todos los países y no solo a los del sur, lo que supone un esfuerzo sin precedentes para construir una sociedad global más justa y sostenible- hayamos cerrado la que ha sido la legislatura más negra en lo que se refiere a cooperación internacional. Hemos asistido -creo que se puede hablar sin contemplaciones- a un auténtico desmantelamiento sin precedentes de la política de cooperación española. La ayuda oficial al desarrollo se ha recortado un 70% desde el año 2009. Los recortes en nuestro país matan; es así, ya lo sabíamos. Lo sabíamos, por ejemplo, en sanidad, puesto que hemos visto cómo personas enfermas de hepatitis C no recibían el tratamiento adecuado, lo que ha provocado entre diez y doce muertes diarias, según la plataforma de defensa de los derechos de las personas que sufren hepatitis C.
Los recortes son especialmente mortíferos en aquellos programas que tienen que ver con la cooperación. Voy a poner únicamente un ejemplo, aunque habría cientos de ellos. Unicef ha visto cómo su presupuesto se reducía un 90% en estos años. Uno de los programas que este año ya no va a tener financiación es un campo de refugiados en Iraq en el que viven miles de niños y niñas. Este mismo verano, en cuanto dejen de tener financiación para pagar la electricidad y obtener el agua, se esperan muertes inmediatas, además de la proliferación de enfermedades infecciosas. Sus recortes, señorías del Partido Popular, tengo que decirlo claramente, matan.
El porcentaje de renta nacional bruta destinado a ayuda oficial al desarrollo ha caído del 0,43% en 2010 a apenas un 0,17% en 2015; una cifra que cada vez nos aleja más de ese 0,7% que ya a algunas nos parece casi inalcanzable y muy por debajo también de la media europea que está fijada en el 0,42%. No sé si esta es la marca España que se quiere promocionar, pero desde luego no es la marca España en la que nosotros creemos. Seguimos con una ayuda oficial al desarrollo que nos mantiene en los niveles de los años noventa y a la cola de los donantes europeos. Parece que lo que destinamos a la ayuda oficial al desarrollo lo hacemos más bien como si fuera una obligación y no por voluntad política y compromiso.
Además de este brutal recorte presupuestario, en el que creo que todos estaremos de acuerdo, porque siempre aluden a los datos y datos hay cientos, el Partido Popular ha demostrado su falta de compromiso con toda la política de cooperación rebajando lo que era la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional a la categoría de Secretaría General. Por si eso fuera poco, ha derogado la Ley de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
En estos años, el Gobierno del Partido Popular ha planteado también un debate que para nosotros es completamente falso. El recorte en cooperación internacional se ha justificado en numerosas ocasiones como el mal menor que permitía mantener el Estado de bienestar en nuestro país. Han tratado de enfrentar a los de abajo de aquí y de allí para justificar sus medidas económicas austericidas, y no se lo vamos a consentir por más tiempo. El escenario devastado que ha quedado en materia de cooperación internacional sienta unas bases que son extremadamente débiles para la implantación de esta Agenda 2030. Pensamos que para acometer este compromiso, que es histórico, como decía al comienzo de mi intervención, debemos plantear un nuevo escenario legislativo de manera inmediata que posibilite sentar las bases de una nueva política pública de cooperación que de verdad nos permita enfrentar este reto. Por ello, en Podemos-En Comú Podem-En Marea defendemos la necesidad de trabajar desde ya en la elaboración de una nueva ley de solidaridad y cooperación internacional que nos sirva como marco para este nuevo reto. Desde nuestro punto de vista, dicha ley debería incorporar mecanismos estables de participación, dando un nuevo sentido al Consejo de Cooperación. Este debería permitir, además, la participación efectiva en la planificación, seguimiento y evaluación de toda la política pública. Para que esta ley sea capaz de hacer frente a los desafíos del desarrollo sostenible debería tener como sus pilares fundamentales la coherencia de políticas para el desarrollo, pero entendida no solo como una mera mejora técnica, sino como un enfoque estructural, con la creación de estructuras institucionales, capaz de modificar el conjunto de acciones de Gobierno para que toda ella se construya desde una perspectiva de desarrollo. Además, esta ley debería incorporar un nuevo sistema de financiación que se adapte a la necesidad de un mayor protagonismo de la sociedad civil organizada que, como sabemos, tiene un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con la política de cooperación.
Por lo que respecta a la financiación -voy terminando, porque veo que se ha encendido la luz roja-, apostamos por que en esta legislatura se aumente al 0,4% de la renta nacional bruta la inversión en cooperación internacional. Esta es una decisión que, a diferencia de lo que pudiera parecer, es eminentemente política, e instamos al Gobierno a que la tome con premura, porque no hay más tiempo. Además, le instamos a que la ayuda oficial al desarrollo se otorgue al margen de los intereses comerciales, geoestratégicos y de cualquier otro tipo que no se ajusten a la defensa de los derechos humanos; a que el 15% de esta ayuda se dedique a proyectos específicos de género y a que el 10% se destine ayuda humanitaria.
Concluyo ya, señorías. La resolución que aprobó los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, a la que España, junto con el resto de la comunidad internacional, se ha comprometido, se titulaba Transformar nuestro mundo. Y transformar nuestro mundo es un reto tremendamente ambicioso que solo se puede conseguir con la voluntad política necesaria. Es hora de demostrar si vamos a estar a la altura o no.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Belarra.
Han presentado enmiendas dos grupos parlamentarios y las van a defender por estricto orden de entrada en el Registro.
En primer lugar, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Chiquillo, que es de Valencia.
Voy a argumentar los motivos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y expondré, al mismo tiempo, cuáles son los pilares de cooperación en los que cree el Partido Popular y que ha impulsado en los últimos cuatro años de acción de Gobierno, lógicamente por alguna más que directa alusión respecto al buen nombre del partido político al que represento, sobre el que se han emitido juicios de valor con mucha ligereza.
Para el Partido Popular la cooperación ocupa un papel clave en la política exterior y hemos impulsado, con un amplio consenso, nuevas fórmulas de gestión en la cooperación española, dadas las circunstancias económicas que vivía nuestro país y que aún no se han superado como le hubiera gustado al Gobierno. Entendemos que en política de cooperación es necesario restablecer un gran pacto de Estado con la definición de metas y compromisos concretos, cuantificables en términos de indicadores de resultados, para permitir un mejor seguimiento, una posible y correcta evaluación, la verificación de su cumplimiento y la rendición de cuentas, algo muy distinto a lo que hasta el año 2000 ocurrió en algunas cuestiones de política de cooperación. Hemos puesto un nuevo marco de transparencia, y creo que eso es importante.
Un firme compromiso del Gobierno del Partido Popular es el de alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta destinado a la ayuda oficial al desarrollo cuando las circunstancias económicas así lo permitan, pero no porque sea un capricho del Gobierno de España, sino porque también en el seno de la Unión Europea, dentro de la política europea común, que algunos parece que desconocen, se acordó en esa misma línea en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión.
¿Qué entiende el Partido Popular por política de cooperación? La política de cooperación al desarrollo es un compromiso ético y político de lucha contra la pobreza y la desigualdad estructural, de defensa y de respeto a los derechos humanos, enmarcada en una agenda que en esta materia se va estableciendo en el seno de la Unión Europea; repito, dentro de la política común de la Unión. ¿Qué hemos impulsado? Una planificación eficaz concentrada en países y sectores para que haya una mayor ventaja competitiva; concentrar y priorizar el número de organismos multilaterales en los que España realiza las aportaciones; establecer un sistema de evaluación transparente que permita conocer fortalezas y debilidades, y aumentar esa transparencia y la rendición de cuentas, dando participación a los grupos parlamentarios en las comisiones de cooperación, a los agentes implicados en el sector, Consejo de Cooperación, en la definición de la política española de cooperación. En las Cortes Generales, en este caso en el Senado -no olvidemos el sistema bicameral que establece nuestra Constitución- se aprobó crear una ponencia específica de cooperación con el amplio consenso de todos los grupos parlamentarios -aunque hoy veo que van a tomar decisiones diferentes a la hora de votar-. El Senado recomendaba textualmente -abro comillas-: Abrirse un debate para la reforma de la Ley de Cooperación del año 1998 y adecuarla a los cambios que se han producido. Abrir un amplio debate significa abrir un estudio riguroso, en profundidad, para saber qué cuestiones ha aplicado bien la ley, en qué otras es manifiestamente mejorable y qué objetivos se han conseguido.
Entendemos que en estos cuatro últimos años la política de cooperación al desarrollo ha tenido una concepción realista, diseñada sobre las recomendaciones internacionales, en especial las establecidas por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en el examen de pares de 2011, tras un amplio proceso de participación de todos los sectores de la cooperación española, Consejo de Cooperación, Comisión Interterritorial, Comisión Interministerial, en amplios debates en Comisión y en Pleno en el Congreso y en el Senado. Se aprobó el IV Plan director, en el que se habla, desde una política realista, de rediseñar la política de cooperación, orientándola hacia resultados y de una mayor rendición de cuentas. Un Plan director distinto e innovador en el que lo principal de la cooperación es contribuir al desarrollo humano, a la erradicación de la pobreza y al pleno ejercicio de los derechos, en especial el respeto a los derechos humanos.
Elementos destacados de este Plan director, sobre el que hubo un amplio debate, repito, entre los interlocutores sociales interesados en la materia de cooperación, universidades, sindicatos, ONG, comunidades autónomas, etcétera, son: transparencia, reducción del número de países, concentrando geográfica y multilateralmente nuestras dotaciones de cooperación, seguimiento y evaluación y eficacia en la ayuda. Este Plan director 2013-2016 tiene unas claras orientaciones, tal como nos pidieron las ONG y todos los órganos en los que había participación ciudadana: consolidar procesos democráticos; reducir desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis; oportunidades económicas; cohesión social; promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género; mejorar la provisión de bienes públicos globales y regionales; responder a las crisis humanitarias con calidad; y construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo.
El Senado nos recomendó abrir este debate, y es el motivo por el que hemos presentado esta enmienda que pretende, a través de los procedimientos reglamentarios, esto es, la creación de una subcomisión, que se realice un debate sosegado, en el que participe la sociedad civil, las ONG, los interlocutores sociales, aquellos que hacen cooperación y hacen posible la cooperación española. No se trata de una imposición ni al Gobierno en funciones ni al Gobierno que venga, sino, como ha dicho mi compañero en la tramitación de la primera PNL, de mantener un debate sosegado, porque esta Ley de 1998 ha dado frutos muy importantes durante dieciocho años y se merece un debate en profundidad, entre todos los que hacemos posible la cooperación española en el mundo, que permita mejorar la ley vigente. Pero si procede realizar una modificación integral o una nueva ley, que sean los expertos, el derecho comparado, las aportaciones de los expertos de diversos países de la Unión Europea y la política europea común quienes nos aconsejen para dar ese paso que, repito, no es una frivolidad, porque estamos hablando de cooperación, de seres humanos y de derechos humanos en todo el mundo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
En nombre del Grupo Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra la señora Rominguera.
Señorías, la cooperación ha pasado de ser el rubro solidario de la identidad de España a una política residual y testimonial, limitada en sus recursos y capacidades. Nos encontramos con falta de coherencia y complementariedad de las políticas, los programas y los proyectos de cooperación y con la ausencia de sinergias necesarias con otros actores, especialmente con la Unión Europea. Hay un desmantelamiento, por tanto, de la política en materia de cooperación, del que es buena muestra el hecho de que entre los años 2008 y 2013 el presupuesto de la cooperación española cayese un 70%, hasta situarse en su nivel más bajo desde 1990, habiéndose llegado a alcanzar mínimos históricos en ayuda oficial al desarrollo, ya que hemos llegado hasta el 0,14% de la renta nacional básica. El problema, señorías, es que esta deriva en la que se ha sumido la cooperación española durante estos cuatro años afecta, en primer lugar, a decenas de miles de seres humanos, pero sus implicaciones van mucho más allá e influyen en la credibilidad de España en instituciones en las que se juegan partidas de largo recorrido. Fíjense, señorías, incluso en cooperación descentralizada, el propio Gobierno, ahora en funciones, auguraba que en 2016 esta sufriría un retroceso. Afortunadamente, la mayoría de los nuevos Gobiernos conformados en comunidades autónomas y ayuntamientos irán en la dirección opuesta, pues felizmente la mayoría tiene un color distinto del de este Gobierno en funciones, y pondrán en valor ese tipo de cooperación, la descentralizada, en la que la sociedad civil es primordial.
En legislaturas precedentes los Gobiernos socialistas pusieron en valor este tipo de cooperación, haciendo, además, un esfuerzo para desarrollar una política pública de cooperación coherente y alineada con la Agencia Internacional de Desarrollo. Definimos los objetivos y pusimos metas claras y cuantificadas; dotamos presupuestariamente esta política y pusimos en marcha herramientas de seguimiento y rendición de cuentas. No obstante, no todos los logros pudieron conseguirse. Pero ahora, y lo digo sin ligereza alguna, señor Chiquillo, en solo una legislatura el Partido Popular ha sido capaz de desmantelar la política que tanto esfuerzo nos costó construir. Por ello es necesario revertir la actual situación de deriva de nuestro sistema de cooperación, devolver la cooperación internacional al corazón de la acción exterior de España, reconstruir la política pública de cooperación para volver a estar a la cabeza del compromiso global por el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Es fundamental promover una ley de cooperación y desarrollo sostenible, y en eso estamos de acuerdo con la propuesta que formula el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. De hecho, señorías, en nuestro programa electoral de 2015 contemplamos la promoción de esta ley, por lo que difícilmente podríamos votar en contra. Ahora bien, pensamos que es necesario que esa ley incorpore cuestiones específicas destinadas a garantizar el empoderamiento de las mujeres y su salud sexual y reproductiva, cuestión esta tan necesaria, como también lo es garantizar específicamente la sostenibilidad ambiental o la coherencia de políticas para el desarrollo y la participación de los actores, como ONG, comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado.
Si bien es cierto que el Consejo de Cooperación ha perdido la eficacia que tuvo años atrás, y por ello debe ser reformado, estimamos prioritario recuperar la Comisión Delegada de Cooperación Internacional, y así lo reflejamos en nuestra enmienda. Hay que volver a dar a España una posición relevante e influyente en la cooperación internacional y por ello, asimismo, debemos volver a ser los precursores de una política común en la ayuda oficial al desarrollo en la Unión Europea. Esta ayuda oficial al desarrollo requiere, por supuesto, un aumento de la inversión española en política de cooperación. Ahora bien, entendemos más factible adquirir el compromiso de que en el medio plazo podamos alcanzar la media europea, cifrada en el 0,42%, fijándonos el objetivo de llegar a destinar el 0,7% a más largo plazo.
Todas estas propuestas las recogemos en forma de enmienda de modificación a la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y esperamos que sean admitidas.
Muchas gracias. Yo no tengo un reloj en ninguna parte.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rominguera. Lo ha hecho en tiempo y forma. Hay que tener flexibilidad, pero debemos aproximarnos a los estándares del Parlamento Europeo, donde se comunican cosas muy importantes en tres minutos. Eso lo estamos haciendo posible esta tarde.
Pasamos al turno de portavoces de grupos que no han presentado enmiendas a esta proposición no de Ley.
Señorías, está claro que en materia de cooperación internacional suele existir un discurso y luego la realidad es bien diferente. Es verdad que el discurso normalmente está cargado de buenas intenciones, pero nosotros tenemos que intentar hacerlo práctico y realizable, además de tratar de convertirlo en hechos tangibles, porque si no sería un discurso farisaico. Por eso creemos que lo que decimos y lo que pregonamos al final tenemos que intentar convertirlo en algo efectivo. Por todo ello, debemos partir de la base de que no estamos bien en materia de cooperación. Es verdad que con la excusa de la crisis, o de lo que queramos, hemos pasado unos años en los que ha habido un recorte brutal de la cooperación internacional española, pero ha sido la misma crisis que ha afectado a otros muchos países y que no ha impedido que la media de la Unión Europea esté en el 0,42% mientras que en España está en el 0,17%, cuando la pretensión, como decía el señor Chiquillo, era llegar a ese 0,7% mágico que ojalá algún día podamos alcanzar. Repito que entendemos que debemos partir de ahí. No estamos bien, hay un discurso, y tenemos que demostrar si estamos dispuestos a intentar recorrer el camino para conseguir hacerlo efectivo.
Nosotros presentamos una PNL, que no entró en el plazo acordado -está registrada, pero esperamos que entre en alguna otra convocatoria de la Comisión-, que en cierta medida iba en la línea de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Aunque a veces hemos mostrado nuestras divergencias con Podemos en materias concretas como economía o, sobre todo, con relación a la unidad de España y otras cuestiones, cuando entendemos que las cosas están bien no tenemos ningún problema en apoyarlas. Compartimos plenamente la iniciativa que han presentado; compartimos plenamente que tenemos que hacer una nueva política pública en materia de cooperación y estamos de acuerdo con esa ley de solidaridad y de cooperación internacional. Hemos analizado cada uno de los puntos que se habían incluido y, sorpresiva y agradablemente, estamos de acuerdo con todos ellos; no ha habido ni un punto en el que podamos decir que discrepamos. Quiero que esto sirva de ejemplo de presente y de futuro, porque, al final, nuestra responsabilidad es trabajar sobre propuestas que tenemos que hacer buenas sobre la base del entendimiento y del acuerdo. Por eso, en materia de cooperación internacional no creemos que de partida deba existir un discurso de buenos y de malos, porque todos sabemos cómo estábamos y lo que se ha podido hacer mal. Si realmente queremos construir esa nueva política y queremos hacerlo desde un nuevo gran acuerdo -no me atrevo a decir pacto de Estado- tendremos que intentar desterrar lo de meternos el dedo en el ojo, lo de buscar aquello que el otro hizo mal, cómo rebajó -aunque es verdad- el nivel de la cooperación internacional, y nos tendremos que poner a sumar energías y tratar de consensuar entre todos esa nueva política basada en la nueva ley -con la que nosotros estamos de acuerdo- de solidaridad y cooperación internacional, pero, como ha dicho también el señor Chiquillo, trabajada -como se hace con una ley importante- despacio, bien, con argumentos, sin ningún tipo de presunción sobre cuál puede ser el papel de tal o de cual, sino intentando, por fin, tener un instrumento válido que esté apoyado por la gran mayoría del Parlamento. Eso no excluye que en el transcurso de las reuniones de esta Comisión podamos hacer sugerencias al Gobierno sobre cuestiones que sean de urgencia, que tengan que ver con acontecimientos que se estén produciendo hoy y que no puedan esperar a la reforma de una ley que, repito, tiene que ser buena, consensuada y mayoritaria.
Pensamos que tenemos que intentar sumar y multiplicar. Creemos en una cooperación transparente, eficaz, objetiva, medible, participativa, que nos haga más dignos y, sobre todo, más humanos.
Una vez concluido el turno de portavoces, es el momento de pedir al grupo proponente, a la señora Belarra, que diga si acepta las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios o mantiene el texto inicial.
La señora BELARRA URTEAGA: Hemos presentado una transaccional con el Grupo Socialista, y la enmienda del Grupo Popular no la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Será trasladada a todos los grupos antes de la votación.
- SOBRE LA CRISIS HUMANITARIA MOTIVADA POR LA DEFICIENTE SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS EN LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000322).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 5.º y último punto del orden del día: proposición no de ley sobre la crisis humanitaria motivada por la deficiente situación de los refugiados en la Unión Europea. El autor de esta proposición no de ley es el Grupo Socialista y se ha presentado una enmienda por parte del Grupo
Popular. En primer lugar, para la defensa de la enmienda, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Girela.
El señor GIRELA DE LA FUENTE: Muchas gracias, señor presidente.
A finales del pasado año la Comisión Europea acordó un plan para acoger a 160.000 refugiados en dos años, pero cinco meses después solo se había reubicado a 600 personas. Nuestro país en el marco de este acuerdo se comprometió a acoger alrededor de 18.000 refugiados y a fecha de hoy, como esta mañana incluso se ha señalado varias veces en el Pleno, se ha acogido solo a 18 refugiados, procedentes de Eritrea y de Siria.
Sin embargo, la sociedad española, como casi siempre, ha ido muy por delante. Cientos de asociaciones, instituciones públicas y ciudadanos de forma particular se han ofrecido para colaborar en la acogida de estas personas. Decenas de locales, comedores, viviendas, instalaciones de usos múltiples llevan meses estando disponibles para servir de cobijo a quienes no tienen nada en este momento, pero las personas destinatarias de esta solidaridad no están. ¿Dónde y cómo están los refugiados? Lo sabemos porque nos lo muestran casi a diario los medios de comunicación: descalzos, bajo las inclemencias meteorológicas y en muchos casos desnutridos, padeciendo situaciones como las que acontecen en Grecia y que vemos a diario, como el estado en que se encuentran en este momento los 20.000 sirios del campo de refugiados de Idomeni, o los hacinados en el nuevo centro de detención de Moria, donde entre los arrestados -y digo bien, arrestados- se encuentran familias con niños que carecen de suficiente comida, acondicionamiento, escuela o asesoramiento legal. En suma, son situaciones que ya han sido descritas como peor que la de los deportados de la Segunda Guerra Mundial. El paso entre Turquía y Grecia se ha convertido en un camino de miseria para miles de estas personas. Llegar a un acuerdo con este país para controlar el flujo de personas precisa tener mucho cuidado y cumplir siempre los derechos humanos.
En este sentido, mi grupo decidió hace una semana impulsar una declaración aquí en el Congreso, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, para que nuestro país garantice la protección de los refugiados que huyen de la guerra y solicitando además que no se produzcan deportaciones masivas. Ese mandato parlamentario no se trata de un mero propósito humanitario sin más, sino que se trata de cumplir con las leyes internacionales.
El acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea recoge una serie de contraprestaciones económicas y políticas a favor del Estado turco. Esto es básicamente una externalización. Se trata de quitarse un problema incómodo y liberarse de una presión política, como si de otra clase de servicio se tratara. El Grupo Parlamentario Socialista no reconoce esta política europea. Creemos inadmisible hacer un acuerdo de intereses utilizando los derechos de las personas refugiadas inmigrantes como moneda de cambio.
Desde mi grupo mostramos nuestra adhesión a las peticiones de organizaciones no gubernamentales, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y organizaciones especializadas en la denuncia y rechazo a las ilegales devoluciones masivas, así como a la exigencia de abordar con urgencia la crisis de las personas refugiadas, defendiendo los derechos humanos, creando pasillos humanitarios, acogiéndoles con respeto y posibilitando un asilo solidario. Centrándonos en lo que nos trae hoy aquí, creemos en la cooperación necesaria, generar campañas de sensibilización, la coordinación entre las distintas administraciones públicas, los distintos grupos con representación en este Parlamento, el cumplimiento de los acuerdos y los compromisos de los Estados miembros de la Unión Europea, que deben implicarse más en acciones comunes de desarrollo en países de origen muy especialmente.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Girela.
A continuación interviene por un tiempo máximo de tres minutos la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, autora de la única enmienda presentada a esta proposición no de ley. Tiene la palabra la señora De Santa Ana.
Me gustaría empezar mi intervención diciendo que hemos presentado una enmienda de modificación que ayer estuvimos negociando con el Grupo Socialista. Nuestra sorpresa ha sido que hoy al llegar a la Comisión nos ha dicho el Grupo Socialista que no acepta ese texto negociado. Además, ese texto está inspirado en la Declaración institucional conjunta que tuvo lugar en la Comisión mixta de la Unión Europea, donde participaron todas las fuerzas políticas y también el Partido Socialista. Es más, ni tan siquiera el Grupo Socialista ha estado dispuesto, en último lugar, a hacer un texto conjunto que es lo que hemos
intentado hasta última hora. Yo lamento que el portavoz del Grupo Socialista no sepa diferenciar una enmienda de adición de una enmienda de modificación. Nosotros hemos presentado una enmienda de modificación, pero el señor portavoz del Grupo Socialista pretendía que fuese tratada como una enmienda de adición. Quiero anunciar en estos momentos que vamos a presentar nuestro propio texto como una proposición no de ley, para así poder debatirla y poder votar -insisto- ese texto que ayer negociamos con el Grupo Socialista. Lamento que el Grupo Socialista no me vaya a permitir votar -insisto- ese texto negociado. Compartimos muchos de los planteamientos y los negociamos para tener un texto conjunto. Por tanto, creo que lo que se ha producido aquí es de una gran deslealtad parlamentaria.
Brevemente paso a comentar algunos planteamientos de nuestra filosofía y del texto que pensaba que estaba acordado. Como no puede ser de otra manera, hemos leído la PNL presentada por el Grupo Socialista y creo que es importante hacer saber que está registrada el pasado 16 de marzo. Quiero citar la fecha porque esa proposición no de ley había quedado en algunas cosas desfasada, puesto que posteriormente se celebró el Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo con esas conclusiones que hoy nos ha explicado el presidente Rajoy esta mañana ante la Cámara. Un Consejo al que, como todos ustedes saben, el Gobierno asistió con el respaldo del Parlamento. El Ejecutivo se esforzó en buscar el consenso en el ámbito de la comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea en la Comisión mixta competente en dicha materia y fue allí donde se acordó por unanimidad una Declaración institucional conjunta, lo que ha permitido aportar importantes conclusiones por parte de España a las conclusiones de dicho Consejo. Por tanto, en la Declaración de la Unión Europea-Turquía suscrita en Bruselas el pasado 18 de marzo tras el Consejo Europeo -y creo que esto es muy importante- hay aportaciones españolas, lo que pone de manifiesto el firme compromiso del Gobierno de España con este asunto que tanto nos preocupa a todos y sobre todo con el que todos estamos plenamente comprometidos.
Es cierto que en política de inmigración y de asilo queda mucho por hacer y es un trabajo que tiene que dar respuesta a todos los retos que tenemos en estos momentos por delante y, además, estamos obligados a ofrecer respuestas que sean válidas. La solución a la crisis migratoria y de refugiados tiene que venir de la mano de la solidaridad, de la generosidad, de la responsabilidad, y cómo no, siempre cumpliendo con la más estricta legalidad comunitaria e internacional. Solidaridad con las personas que necesitan protección internacional, con los Estados miembros que tienen en estos momentos mayor presión migratoria, con los países limítrofes en la zona de conflicto y con los refugiados en algo que creo que es fundamental y también les debemos, con una lucha implacable contra las mafias organizadas que están traficando con esas personas, a través de la cooperación, cómo no, con los países de origen y de tránsito. Como les digo, se están produciendo avances como son esos 3.000 millones de euros adicionales hasta un total de 6.000 millones de euros para los refugiados, no para Turquía sino para los refugiados que están ubicados en Turquía, con una inversión destinada a proyectos concretos de los que se tienen que beneficiar esos refugiados; proyectos en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las infraestructuras, de la alimentación y de otros costes de sustento de los refugiados.
Los migrantes que retornan en estos días a Turquía desde Grecia son aquellos que no necesitan de protección internacional y son aquellos irregulares interceptados en aguas turcas. Lo que se busca es intensificar también las medidas contra las mafias. Hay que frustrar el modo de actividad de los traficantes y ofrecer a los desplazados una alternativa a arriesgar sus vidas. Lo ha explicado perfectamente el presidente Rajoy. Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas -insisto, que no necesite de protección internacional- se reasienta a otro sirio procedente de Turquía en la Unión Europea, teniendo en cuenta siempre los criterios de vulnerabilidad de Naciones Unidas y esto ha sido una aportación española. Se establece un mecanismo con la asistencia de la Comisión, de los organismos de la Unión Europea, así como de Acnur, para garantizar la correcta aplicación de este principio y se está dando prioridad a los migrantes que no hayan entrado o intentado entrar previamente de manera irregular en la Unión Europea.
Muy brevemente paso a comentar algo de lo que creo que todos podemos estar orgullosos, porque es un éxito de todas las fuerzas políticas que permitieron al Gobierno de España hacer esas aportaciones a las conclusiones del Consejo Europeo. Gracias a España se cuida escrupulosamente el respeto riguroso de la legalidad europea internacional y se hace una mención expresa de cualquier tipo de exclusión colectiva. Hay también una garantía expresa de la tramitación individualizada de los expedientes de solicitud de asilo; es más, cualquier solicitud de asilo ha de ser tramitada de manera individualizada por las autoridades griegas, de conformidad con la Directiva de procedimiento de asilo y una especial atención a las personas vulnerables, de manera que se incorpora una previsión específica para que el reasentamiento de nacionales sirios desde Turquía en la Unión Europea se haga teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad de la ONU.
Creo que todos estaremos de acuerdo en que hay que forjar un consenso europeo sobre migración. Además, esta crisis nos concierne a todos y eso es lo que se ha hecho en las conclusiones del Consejo. Por ello, también en el ámbito de esta Comisión, deberíamos de haber llegado al mismo consenso. Esa era la voluntad del Partido Popular y esa era la filosofía que queríamos seguir manteniendo. Insisto, lamento profundamente que el señor portavoz del Grupo Socialista no sepa diferenciar una enmienda de adición de una enmienda de modificación que es lo que nosotros hemos presentado.
Queremos evitar que haya personas que pongan en peligro sus vidas desde el territorio turco a las islas griegas -termino, señor presidente, porque sé que usted me va a avisar ya- y, al mismo tiempo, hay que garantizar su derecho de asilo. Somos solidarios con Grecia y con los países que más refugiados reciben y queremos ayudar también a Turquía a acoger y a tratar a los refugiados con la dignidad debida. Hay que hacer realidad el derecho de asilo de una manera ordenada y organizada, mediante la reubicación y el reasentamiento de los refugiados. Yo creo que en esto tenemos que seguir trabajando juntos. Quiero poner en valor en esta Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo esa Declaración institucional conjunta que se alcanzó en el marco de la Comisión mixta de la Unión Europea, porque creemos que hay que abordar esta cuestión desde la máxima responsabilidad.
Por tanto, termino. Simplemente he de decir que presentaremos ese texto que está consensuado con el Partido Socialista como una proposición no de ley.
Muchas gracias, por su benevolencia, señor presidente. (Pausa).
Pasamos al turno de los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda, de menor a mayor, según mi información. ¿Grupo Mixto? (Pausa). ¿Grupo Vasco? (Pausa). ¿Grupo Catalán? (Pausa). ¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa).
Así pues, tiene la palabra el señor Yáñez González, en nombre del Grupo Ciudadanos.
La crisis de los refugiados es, sin lugar a duda, uno de los grandes dramas del siglo XXI y una de las más evidentes muestras del fracaso en lo que se refiere a la gestión de una crisis humanitaria. Cuando una persona deja todo lo que tiene y se arriesga a un viaje lleno de peligros, como estamos viendo, en busca de un futuro cuando menos incierto, no hay duda de que huye de algo mucho peor que esa temible incertidumbre que se les abre. Se equivocan, por tanto, quienes piensan que podrán detener los flujos migratorios con algún tipo de argucia burocrática. El miedo a la guerra, el miedo al terrorismo y a las bombas siempre tendrá más peso que cualquier otra medida que queramos interponer. Los refugiados seguirán viniendo y es evidente que no podemos abandonarles a su suerte. Debía de ser una obligación de todos los países, de los países desarrollados, promover las iniciativas necesarias para que los refugiados reciban un trato digno y humano.
A todos nos impresionan y nos emocionan por igual las imágenes que estos días se repiten en los campos de refugiados y que nos muestran a familias enteras malviviendo en tiendas de campaña precarias, a niños descalzos en el barro y a personas luchando por una ración de comida. Los países desarrollados deberíamos de disponer de los recursos suficientes para no añadirle drama al drama y proporcionar a estas personas unas condiciones y unas infraestructuras mínimas de residencia. Yo creo que estamos de acuerdo todos los grupos aquí presentes en que una nación como España no puede ni debe permanecer insensible o impasible frente al drama de los refugiados. En consecuencia es necesario, como se sugiere en la presente proposición no de ley, trabajar con todas las administraciones públicas para lograr una mejor coordinación de los mecanismos de ayuda. Todos, desde la Unión Europea a los ayuntamientos, pasando por las comunidades autónomas y por el Gobierno de la nación, tienen que asumir su cuota de responsabilidad en este asunto y desde sus competencias ponerse a disposición de los gestores de la ayuda humanitaria para tratar de desarrollar todos estos protocolos con la mayor eficacia posible.
Dicho esto, sí que nos gustaría llamar la atención sobre el hecho de que este drama no es solo la situación que viven los desplazados sino la de miles de personas que por el desarrollo de los acontecimientos ya se han visto abocados a un éxodo masivo. La tragedia está en los niños atendidos, es evidente, pero detrás hay otras cuestiones que tenemos que abordar como es la existencia de mafias que trasladan a los migrantes, o las redes de explotación de personas y de tráfico de menores. Con esto queremos decir que la crisis migratoria no se soluciona únicamente organizando mejor la entrega de alimentos, proporcionando mejores tiendas de campaña o ropa de abrigos para los niños, aunque son necesidades urgentes y evidentes, sino que va a ser necesario ir mucho más allá y actuar en el origen y atacar la raíz del problema, si queremos construir una solución. Sobre todo, tendremos que ir pensando en que hay que empezar a
trabajar para crear unas mínimas condiciones de vida para que esas personas que han tenido que abandonar sus hogares puedan algún día retornar a sus países y recuperar sus vidas en aquellos puntos en los que se vieron obligados a dejarlas de forma traumática.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos comparte con sus señorías estas reflexiones y a la vez comparte el texto de la proposición no de ley y, por tanto, votaremos afirmativamente.
En nombre del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Fernández Bello.
El señor FERNÁNDEZ BELLO: Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias, también, por su talante y por su generosidad.
Diputadas y diputados, desde el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea observamos que esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la crisis humanitaria motivada por la deficiente situación de los refugiados en la Unión Europea se manifiesta conforme a nosotros. Esto es así porque esta proposición no de ley constituye un paradigma en fondo y forma plagado de conceptos humanitarios, de conceptos de índole humanitaria, unidos íntimamente a propuestas objetivas y prácticas necesarias al respecto. Hay todo un compendio de familias léxicas, hay una constatación de campos semánticos, hay un conjunto de ideas directas y profundas que compartimos. Fíjense ustedes: acción humanitaria, plena colaboración, coordinación de esfuerzos, ayudas humanitarias, mayor implicación, atender a las personas, incentivar una política europea común de codesarrollo, exigir a Europa la creación de corredores humanitarios, incrementar la partida presupuestaria de acción humanitaria -por cierto, este sintagma nominal aparece tres veces-, establecer una estrategia global para -fundamental- atender a los más de 60 millones de refugiados actuales. Nosotros, Podemos-En Comú Podem-En Marea, sumaríamos también: asilo diplomático, política común de asilo, mejorar el sistema de examen de las solicitudes de asilo, concesión de visados humanitarios, mejorar condiciones de acogida, entre otras instancias. Sin embargo, coincidimos y apoyamos plenamente esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Déjenme terminar con una reflexión del filósofo francés Alain Badiou que dice: Los occidentales ricos y satisfechos hoy construyen muros y son adversarios de la humanidad genérica. El occidental autosatisfecho estima que le corresponde a él definir qué es humano, y construye murallas para mantener a distancia a Eso que para él no es totalmente humano. Frente a esa calamidad, yo afirmo y prescribo -añade Alain Badiou- un imperativo: hay un solo mundo, habitado por la humanidad genérica. Esto es un principio totalmente opuesto al funcionamiento de nuestras metrópolis occidentales ricas y satisfechas. Esto es así por desgracia. ¿No estaremos a un paso en ciertos aspectos del Cuarto Reich? Todo esto hay que impedirlo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Bello.
Terminado el turno de fijación de posición, es el momento de pedir al autor de la enmienda, concretamente al portavoz del Grupo Socialista, señor Girela, si acepta la enmienda presentada por parte del Grupo Popular.
El señor GIRELA DE LA FUENTE: Con la humildad de saber diferenciar muchas cosas mi grupo no la acepta, señor presidente. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Pues se votará en sus propios términos.
La votación fue anunciada a las seis y media, pero quedan seis minutos. Soy conocedor de que en esta legislatura algunos grupos piden algunos minutos para la lectura de las transaccionales. ¿Hay algún grupo que necesite algunos minutos para la lectura de las transaccionales? (Denegaciones). No es el caso.
Como es la primera sesión de esta Comisión en la cual vamos a proceder a hacer votaciones, también sería oportuno confirmar el número de representantes de cada grupo para asegurarnos de que es el cómputo adecuado.
Así sabremos que están presentes los representantes de cada grupo, de acuerdo con el reflejo de la proporcionalidad en el Pleno de la Cámara. Así pues, pido al Grupo Popular que me digan si están presentes los quince diputados, que son los que van a votar. (Pausa). Si quieren, pueden levantar la mano para su autoorganización. (Risas). Organícense como quieran, liberalmente. (Pausa). Mientras tanto, voy a preguntar al Grupo Socialista si están presentes sus once representantes. (Un señor
diputado: Falta uno). Ustedes tienen derecho a pedir que paremos la votación hasta las seis y media. ¿Están los ocho representantes del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea? (Asentimiento). ¿Están los cinco representantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos? (Asentimiento). El Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene un representante que está aquí presente; el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) tiene un representante, un servidor de ustedes; el Grupo Parlamentario Vasco está el representante, así lo constatamos, y el Grupo Mixto, está su representante y así lo constatamos. En su conjunto hay 43 miembros que son los que integran esta Comisión en esta legislatura. Les pido que si hay sustituciones, lo trasladen a la Mesa. (Pausa). Muchas gracias.
Le pregunto al Grupo Socialista si está en condiciones de votar o prefiere esperar a las seis y media, que es su derecho, porque he fijado la votación a las seis y media. (Una señora diputada: Están ya todos). Así pues, votamos antes de las seis y media, a la vista de que ya están presentes los 43 miembros de la Comisión. Soy conocedor de que los distintos portavoces y los distintos miembros de la Comisión tienen las enmiendas transaccionales trasladadas.
Pasamos a votar las proposiciones no de ley por el orden inicial fijado en el orden del día. A pesar de que ha habido una alteración en el debate entre los puntos 2.º y 3.º, votaremos por el orden inicial de la convocatoria del orden del día.
En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre el embargo de armas a los países implicados y otras medidas sobre la resolución del conflicto en Yemen del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Se vota en los términos de una transaccional entre el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Pasamos a la votación del 2.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre acciones para reducir y evitar ataques contra la población civil, contra los hospitales, los centros de salud, las ambulancias y el personal sanitario en zonas de conflicto del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), en los términos de la transaccional con las enmiendas del Grupo Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias, sea dicho de paso.
Votamos el punto 3.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se va a votar en los términos de la transaccional entre el Grupo Socialista, el Grupo Podemos y el Grupo Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 15.
Pasamos al 4.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la elaboración de una nueva Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional y al aumento de la inversión en cooperación internacional. El autor es el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y se vota en los términos de la transaccional entre el Grupo Socialista y el Grupo Podemos.
Finalmente, pasamos a votar el último punto del orden del día: proposición no de ley sobre la crisis humanitaria motivada por la deficiente situación de los refugiados en la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 15.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, no sin antes recordar a los portavoces que seguidamente se va a celebrar una reunión de Mesa y portavoces.
Muchas gracias, por su flexibilidad y buen tono en esta primera sesión de la Comisión.

References: resolución 
 RESOLUCIÓN 
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 artículo 8
 artículo 7
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