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Timestamp: 2018-12-15 21:14:49+00:00

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﻿ Sentencia 2007-00707 de mayo 2 de 2013
SENTENCIA 2007-00707 DE 02 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:CADUCIDAD PARA QUE ADMINISTRACIÓN DEMANDE SU PROPIO ACTO. EL TÉRMINO DE CADUCIDAD PARA QUE UNA PERSONA DE DERECHO PÚBLICO DEMANDE SU PROPIO ACTO ADMINISTRATIVO ES DE 2 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EXPEDICIÓN DEL MISMO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ACTO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN PROCESAL
Sentencia 2007-00707 de mayo 2 de 2013
Rad. 250002325000200700707 03
Número interno: 0026 – 2011
Previo a resolver el problema jurídico la Sala estudiará las excepciones propuestas por la parte demandada, en el siguiente orden:
Afirma el demandado que las pretensiones de la demanda están dirigidas contra la Caja Nacional de Previsión Social, motivo por el cual debió haber integrado el litisconsorcio necesario por pasiva.
En el mismo sentido expone que la demanda no incluyó a todos los litisconsortes necesarios por activa en consideración a que su pensión es pagada además del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República por la Caja Nacional de Previsión Social, la Caja de Previsión Social del Cauca, el Instituto de Seguros Sociales de Santander, el Instituto de Fomento Algodonero, el Instituto de la Reforma Agraria y la Tesorería Nacional.
En ese orden, se trata de entidades que ha debido demandar, pues pretende el reintegro de los valores que considera pagó en exceso y que han debido ser asumidos por ellos.
Sobre el particular, es claro que la pretensión a la cual está dirigida la excepción propuesta fue denegada, es decir, que no le fue desfavorable al demandado pues no accedió al reintegro de las sumas recibidas en exceso, ni a eximir al demandante del pago de la prestación, motivo por el cual la Sala se releva de hacer un nuevo pronunciamiento al respecto, habida cuenta que la apelación se entiende interpuesta sobre lo desfavorable para la parte que lo interpone y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso (CPC art. 357).
La anterior consideración se predica igualmente de las excepciones de inexistencia de soporte legal para pedir el reintegro de las mesadas pensionales con sus correspondientes reajustes e intereses y la de buena fe del demandado.
Considera el demandado que la presente acción se encuentra caducada, en aplicación de la regla contenida en el numeral 7º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, norma a la cual se le debe dar prevalencia sobre la establecida por el numeral 2º del mismo artículo, teniendo en cuenta que si bien ambos numerales tienen aplicación es preciso tener en cuenta que la del numeral 7º es posterior al 2º.
En el asunto bajo examen no ha operado la caducidad, por tratarse de actos administrativos que reconocen prestaciones periódicas, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. No se puede dar aplicación a la norma posterior según la cual el término de caducidad para que la administración demande su propio acto es de 2 años (CCA num. 7º art. 136), pues es claro que existe una norma especial respecto de la caducidad de los actos que reconocen prestaciones sociales (art. 136 num. 7º).
La excepción que denomina presunción de legalidad, se decidirá junto con el fondo del asunto.
Establecido lo anterior la Sala se ocupará de estudiar el fondo del asunto.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial de la Resolución 1645 de 30 de diciembre de 1994, por la cual el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República reconoció un reajuste especial a Ciro Néstor Jaramillo Prieto, en porcentaje equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que devengaba para la fecha un congresista.
Asimismo, declaró la nulidad de las resoluciones 00283 de 7 de marzo de 1996 por la cual la entidad le reconoció al demandado reajuste especial por los años 1992 y 1993, y 1621 de 30 de diciembre de 1996 que le reconoció intereses de mora sobre dicho reajuste.
En consecuencia, el problema jurídico se contrae a establecer, si al señor Ciro Néstor Jaramillo Prieto ex congresista pensionado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, tiene derecho al reajuste de la mesada pensional en un porcentaje del 75% de lo devengado por un congresista en ejercicio, o en porcentaje del 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los actuales congresistas, con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994.
En desarrollo de lo anterior, el Gobierno Nacional en el artículo del 17 del Decreto 1359 de 1993, contempló un reajuste especial para senadores y representantes que se hubieren pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, de la siguiente forma:
El reajuste especial de la mesada pensional, por una sola vez, previsto en la referida disposición para senadores y representantes a la Cámara que se hubieren pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, se originó en razones de equidad y justicia respecto de aquellos pensionados cuya mesada se había desactualizado en comparación con la pensión de jubilación de los actuales congresistas. Así lo ha entendido esta corporación en reiterados fallos, donde ha sostenido:
“Lo que pretendieron el legislador y gobierno fue aminorar la desproporción existente entre la mesada pensional de los ex congresistas y la de los congresistas en ejercicio que alcanzaron el mismo derecho, para lo cual, dadas las variaciones existentes, se fijó un porcentaje del 50%, que si bien puede tenerse como una base mínima, también puede interpretarse en el sentido de que lo que se quiso fue elevar las pensiones inferiores hasta ese tope considerando, según la Sentencia SU- 975-03 de 23 de octubre de 2003, parcialmente transcrita, “... que la desproporción se superaba si se reconocía en ese momento un reajuste especial de la pensión de un grupo de forma que esta (sic) no fuera inferior al 50% de la pensión del otro grupo”. En otras palabras el legislador consideró que la desproporción se superaba si se elevaban las pensiones de los ya jubilados hasta alcanzar el 50% de la pensión de los congresistas a jubilar”(2).
Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 de la Ley 4ª de 1992 y 17 del Decreto 1359 de 1993, modificado por el 7º del Decreto 1293 de 1994, los ex congresistas que se pensionaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, tenían derecho al reajuste especial, por una sola vez, equivalente al 50% del promedio de las pensiones devengadas por los Congresistas en el año 1994, a partir del 1º de enero de dicha anualidad.
— Ciro Néstor Jaramillo Prieto fue congresista suplente entre 1966 y 1968.
— Por Resolución 06142 de 3 de diciembre de 1968 la Caja Nacional de Previsión Social le reconoció una pensión de jubilación a Ciro Néstor Jaramillo Prieto.
— Por Resolución 1311 de 16 de diciembre de 1993 el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República ordenó la afiliación del demandado, así como el descuento de la cuota de afiliación.
— Mediante Resolución 1312 de 16 de diciembre de 1993 Fonprecon le reconoció un reajuste especial en su mesada pensional, que en ningún caso podría ser inferior al 50% de aquella a la que tenía derecho un congresista de la época.
— La Resolución 1645 de 30 de diciembre de 1994 revocó la anterior, y ordenó reconocer un reajuste especial en porcentaje equivalente al 75% del ingreso mensual promedio que devengaba un congresista para la época.
— A través de la Resolución 0283 de 7 de marzo de 1996, el Fondo reconoció el reajuste especial a partir del 1º de enero de 1992.
— Por Resolución 1621 de 30 de diciembre de 1996 le fueron reconocidos intereses de mora sobre el reajuste establecido en el Decreto 1359 de 1993.
En ese orden de ideas, como la pensión de jubilación le fue reconocida al ex congresista señor Ciro Néstor Jaramillo Prieto con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, el demandado solo tenía derecho a que la pensión fuera reajustada hasta alcanzar el 50% de la pensión que devengaba un Congresista para el año 1994, mas no en el porcentaje señalado en la Resolución 1645 de 30 de diciembre de 1994, que excede tal monto y fue aplicado con anterioridad a dicha fecha por la Resolución 00283 de 7 de marzo de 1996.
Por las razones que anteceden y en relación con el reajuste especial se confirmará la decisión de primera instancia, que declaró la nulidad parcial de la Resolución 1645 de 30 de diciembre de 1994 y de las Resoluciones 00283 de 7 de marzo de 1996 y 1621 de 30 de diciembre de 1996, proferidas por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República y se negaron las demás súplicas de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia proferida el de 1º de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso promovido por el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República contra Ciro Néstor Jaramillo Prieto, por la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y ordenó la reliquidación del reajuste especial concedido al demandado en un 50% de lo que hubiesen pagado mensualmente a un congresista por concepto de su mesada pensional en el año 1994, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(2) Consejo de Estado – Sección Segunda. Expediente No. 25000232500020000591301 (N.I.3968-03). Sentencia de 11 de octubre de 2007. Magistrado Ponente: Jesús Maria Lemos Bustamante. Actor: Guillermo Dávila Muñoz contra – Caja Nacional de Previsión Social.

References: artículo 136
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 Resolución 
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