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Timestamp: 2019-07-17 19:12:42+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Raúl Sotomayor Valenzuela con MUNICIPALIDAD DE VITACURA
943 datos personales
Raúl Sotomayor Valenzuela con MUNICIPALIDAD DE VITACURA Rol: A47-09
Consejo para la Transparencia, 15/07/2009
Se solicita amparo frente a la I. Municipalidad de Vitacura por haberse negado acceso y copia del informe en derecho solicitado en sumario administrativo instruido por denuncias sobre irregularidades respecto a los permisos que otorgó la Dirección de Obras de la Municipalidad. El Alcalde basa su negativa en que dicho informe se encuentra supeditado a la publicidad del sumario administrativo que le dio origen, lo que se producirá una vez que el mismo se encuentre debidamente ejecutoriado y registrado por la Contraloría General de la República. El Consejo acoge el amparo ya que estima que no cabe aplicar la causal de secreto o reserva invocada por la Municipalidad ya que la causal no exige que la medida se encuentre firme y ejecutoriada, sino simplemente que ésta no haya sido adoptada por el órgano requerido, debiendo, en tal sentido, ser ésta interpretada restrictivamente, dado su carácter excepcional.
Municipalidades > Permisos y derechos municipales > Permisos de construcción
Roberto Guerrero Valenzuela (Ausente)
DECISIÓN AMPARO Nº A47-09
Entidad pública: I. Municipalidad de Vitacura
Requirente: Unidad Vecinal N° 13, de Santa María de Manquehue
Ingreso Consejo: 02.06.2009
En sesión ordinaria N° 68 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de julio de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol A47-09.
El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el Código Procesal Penal; la Ley N° 18.883, que aprueba el estatuto administrativo para los funcionarios municipales, y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) Solicitudes de acceso a información: El 8 de mayo de 2009, don Raúl Sotomayor Valenzuela, en su calidad de Presidente de la Unidad Vecinal N° 13, de Santa María de Manquehue, y en su representación, formuló sendas solicitudes de acceso a información pública al Alcalde de la I. Municipalidad de Vitacura, requiriendo lo siguiente.
a. Acceso y copia de la “denuncia al Ministerio Público, relacionada con las irregularidades cometidas con ocasión de los ‘Permisos Express’ otorgados por la Dirección de Obras de Vitacura a favor de la Inmobiliaria Manquehue”, con todos sus antecedentes.
b. Acceso y copia del “informe en derecho elaborado por el abogado Juan Domingo Acosta, contratado por la Municipalidad de Vitacura, a raíz de las recomendaciones del Fiscal Instructor del sumario administrativo que se instruyó por las denuncias sobre irregularidades que hemos formulado los vecinos, con respecto a los ‘permisos Express’ que otorgó la Dirección de Obras de Vitacura a la Inmobiliaria Manquehue”. El solicitante agregó que el citado, para que dicha instancia pudiere evaluar si efectivamente hubo “hechos que pueden ser constitutivos de delitos, los que incluso podrían alcanzar a un miembro del Concejo Municipal”.
2) Respuestas a solicitudes de acceso a la información: El Alcalde de la I. Municipalidad de Vitacura, mediante el Ord. Alc. N° 4/204, de 18 de mayo de 2009, respondió dentro de plazo a la primera solicitud de información, señalándole al peticionario lo siguiente:
a. Que le remite copia del Ordinario Municipal N° 32, de 22 de abril del 2009, por el cual se puso en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes referidos al sumario administrativo incoado con ocasión de los permisos otorgados por la Dirección de Obras del Municipio, a finales del año 2007.
b. Que el documento cuya copia adjunta le había sido remitido, mediante Ordinario Municipal N° 34, de 27 de abril de 2009, al vicepresidente de la Unidad Vecinal N° 13 de Santa María de Manquehue.
Por su parte, el citado Alcalde, a través del Ord. Alc. N° 4/205, de 18 de mayo de 2009, respondió dentro de plazo la segunda solicitud de acceso a la información, indicando, a su vez, lo siguiente:
a. Que el informe en derecho en cuestión hace un análisis de la existencia de eventuales delitos, desde la óptica del ejercicio de la obligación de denuncia establecida en el artículo 175 del Código Procesal Penal, a la cual se encuentra afecto todo funcionario de la Administración Pública.
b. En cuanto al conocimiento de tal documento, éste fue solicitado dentro del análisis de un proceso sumarial y se refiere al mismo en lo principal de su contenido, por lo que su publicación se encuentra supeditada a la publicidad del sumario administrativo que le dio origen, lo que se producirá una vez que el mismo se encuentre debidamente ejecutoriado y registrado por la Contraloría General de la República. Ello en “resguardo de la honra y respeto de la vida pública de los funcionarios cuya responsabilidad se ha visto involucrada en los hechos investigados y, además, por cuanto existe norma expresa en la Ley N° 18.883 que resguarda el secreto de la investigación”.
c. Que debido a que la presentación se ha efectuado al amparo de la ley 20.285, el rechazo de la entrega de información lo fundamenta en el artículo 21 N° 1 letra b), por tratarse lo solicitado de un informe que da cuenta de antecedentes que han servido a la adopción de una resolución o medida disciplinaria y, además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto la publicidad del documento puede afectar el derecho de personas, en este caso, funcionarios municipales específicamente en lo que su honra se refiere.
3) Amparo: Doña Camila Fierro Carmona, en representación de la Unidad Vecinal N° 13, de Santa María de Manquehue, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24° de la Ley N° 20.285, formuló, dentro de plazo, dos reclamos, ambos de fecha 2 de junio de 2009, fundamentándolos, en síntesis, respecto de la primera solicitud, que se habría entregado información parcial y, en cuanto a la segunda solicitud, en que se le habría denegado la información. Ambos reclamos fueron rolados ante el Consejo bajo el N° A47-09.
En su amparo, la reclamante sostiene lo siguiente:
a. Que el señor Alcalde, en su respuesta a la primera solicitud, omite remitir copia de los antecedentes que se acompañan al mencionado Oficio Ordinario Municipal N° 32, esto es, los antecedentes que le son un complemento esencial y directo, citado en el oficio aludido, a saber:
i. Copia del oficio Ordinario N° 31, de 3 de abril de 2009, mediante el cual ese municipio solicita al abogado especialista en derecho penal, señor Juan Domingo Acosta Sánchez, la elaboración de un informe en derecho, relativo a las actuaciones irregulares cometidas en la Dirección de Obras Municipales de Vitacura.
ii. El informe en derecho evacuado por el abogado especialista en derecho penal, señor Juan Domingo Acosta Sánchez, en donde recomienda denunciar los hechos al Ministerio Público para que se investiguen los eventuales delitos que pudieren haberse cometido.
iii. Expediente sumarial, efectuado por el señor Sergio Villalobos Ríos, Juez de Policía Local de Vitacura, quien actuó de Fiscal Instructor del sumario en contra de los funcionarios involucrados en permisos irregulares, en la Dirección de Obras Municipales de Vitacura.
b. Que, así, el señor Alcalde de Vitacura ha obstruido el principio de transparencia y publicidad de los actos administrativos, que establecen la Constitución Política; la Ley N° 19.880, y la Ley N° 20.285.
c. Que, por su parte, respecto a la segunda solicitud, al denegarse la entrega de copia del informe en derecho evacuado por el abogado especialista en derecho penal, señor Juan Domingo Acosta Sánchez, iniciado con el oficio Ordinario N° 31, de fecha 3 de abril de 2009, el señor Alcalde de Vitacura también ha obstruido los mismo principios señalados en el literal anterior.
d. Que las causales de secreto del artículo 21 de la Ley de Transparencia son excepcionales y restringidas, concluyendo que la regla general consiste en que la información sobre los actos y procedimientos administrativos son públicos.
e. Que, respecto de la primera solicitud, y a mayor abundamiento, la sola circunstancia de que el Municipio haya remitido los antecedentes al Ministerio Público denota el carácter público y amplio de esa comunicación, en contraste con los oficios reservados y secretos.
f. Por lo anterior, solicita a este Concejo ordenar se entreguen copia de los documentos que le son un complemento esencial y directo, citados en el oficio Ord. N° 32, de 22 de abril de 2009, y que los individualiza.
g. Que, en relación con la respuesta a la segunda solicitud, el Alcalde de Vitacura haría una interpretación errónea de las causales invocadas del artículo 21 de la Ley, extendiéndolo a situaciones no previstas en ella.
h. Que la primera de las causales invocadas para denegar la información solicitada dice relación con antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, en circunstancias que “lo requerido se ajusta a la situación contraria: respecto de una decisión ya adoptada, cual es, la de remitir al Ministerio Público, una serie de antecedentes para que dicha instancia inicie una investigación penal”.
i. Que “no se trataría de antecedentes que se estuvieren deliberando al interior del Municipio, para tomar una eventual decisión de remitirlo o no al Ministerio Público, sino que, por el contrario, se trata de antecedentes que responden a un acto administrativo que supone ya tomada una resolución, mediante el cual, se remitió una denuncia al Ministerio Público, adoptada con ocasión del oficio ordinario N° 32, de fecha 22 de abril de 2009”.
j. Que, respecto de la causal invocada del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, “la información requerida al señor Alcalde, no guarda relación con los antecedentes personales de los funcionarios involucrados, como lo serían antecedentes clínicos o previsionales, sino que, por el contrario, se refieren a un informe en derecho, contratado con fondos municipales, que evalúan la conducta funcionaria respecto de una serie de denuncias por graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones administrativas en el otorgamiento de permisos”.
k. Que, a mayor abundamiento, “se trata de conductas irregulares que han sido directamente denunciadas por esta Junta de Vecinos, y por tanto, han sido el producto de un procedimiento iniciado a petición de parte, y como tal, no se le ha respetado los derechos que establece el artículo 17, de la Ley 19.880, en armonía con el artículo 21, de la citada ley 19.880”.
l. Que “el antecedente requerido se trata de un documento que deriva después de realizado un sumario, justamente por esas mismas irregularidades, en donde el Fiscal Instructor recomendó al señor Alcalde, dada la gravedad de los ilícitos, que se contratara un informe en derecho de un abogado penalista”.
m. Que en el oficio denegatorio del Alcalde se da a entender que el sumario estaría sustanciándose, lo cual no sería efectivo.
n. Que, en cuanto al secreto que invoca el Alcalde referente al artículo 135, de la Ley 18.883, “sólo dispone del secreto del sumario, hasta la etapa de la formulación de cargos a los funcionarios involucrados en las irregularidades, etapa procesal que se encuentra holgadamente cumplida”.
o. Es más, desde la entrada en vigencia de la modificación del artículo 8° de la Constitución Política, son públicos los actos administrativos, salvo que, una ley de quórum calificado los determine excepcionalmente en calidad de secretos o reservados, circunstancia que no ha sucedido con las materias relativas a los sumarios administrativos. A mayor abundamiento, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, sólo puede negarse la información requerida sobre actos administrativos, si se dan específicamente las causales previstas en el artículo 21, de dicha Ley, las que tampoco dicen relación con los sumarios administrativos.
p. Por tanto, solicita tener por interpuesta la acción de amparo del derecho de acceso a la información, en contra del señor Alcalde de Vitacura, por denegación ilegal y arbitraria de información pública que le ha sido requerida, pidiendo, asimismo, que esta acción de amparo del derecho de acceso a la información se acoja a tramitación y, en definitiva, se ordene al señor Alcalde de Vitacura entregar la documentación requerida, sin perjuicio de las demás medidas que este Consejo estime conveniente.
4) Traslado: Que el Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 56, de 5 de junio de 2009, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 139, de 16 de junio de 2009, a la I. Municipalidad de Vitacura, quien respondió dentro del plazo conferido, mediante Ordinario Alcaldicio N° 1/265, de 7 de julio de 2009, planteando los siguientes descargos y observaciones:
a. Que las solicitudes de 8 de mayo de 2009 se venían reiterando con anterioridad por la reclamante.
b. Que para obtener copias del expediente, los reclamantes se han intentado amparar en el artículo 21 de la Ley N° 19.880, considerando que tienen calidad de interesados en el procedimiento, por el sólo hecho de haber efectuado una denuncia al municipio el 9 de enero de 2009, que derivó en la apertura del proceso sumarial. Sin embargo, si bien el procedimiento administrativo fue iniciado por una denuncia de la reclamante, ello no los transforma en parte del mismo, ni menos aún, transforma el procedimiento sumarial en un procedimiento regulado por la ley 19.880.
c. Que el sumario no produce efectos respecto de terceros ajenos a la relación laboral entre el municipio y sus funcionarios. Además, la Ley N° 19.880 no es aplicable a los sumarios administrativos que se encuentran regulados por una ley especial, la ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y establece expresamente el secreto o reserva, y que por tratarse de procedimientos especiales, prevalece sobre la Ley N° 19.880.
d. Que mediante ordinario municipal N° 34, de 27 de abril de 2009, se le habría comunicado a los reclamantes que los antecedentes solicitados se encuentran protegidos por el secreto del proceso sumarial, cuyo objeto es asegurar el éxito de la investigación, el resguardo del debido proceso y la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios. También se le habría informado a los reclamantes, que el secreto sumarial se extiende hasta que el sumario quede firme y totalmente tramitado, lo que se producirá una vez que el mismo se encuentre debidamente registrado por la Contraloría General de la República.
e. En este punto, invoca el inciso segundo del artículo 135 de la ley 18.883, que sólo dispone la publicidad del proceso para el inculpado y su abogado defensor, una vez que se la han formulado cargos, manteniéndose la reserva o secreto respecto de todas las demás personas que quisieran tomar conocimiento de él. Al respecto, cita el Dictamen N° 59.798/2008, de la Contraloría General de la República, cuya copia adjunta.
f. Hace presente que las sanciones que puedan imponerse en un sumario administrativo no quedan firmes sino hasta la revisión final que realiza la Contraloría General de la República, la que culmina con el registro del decreto que aplica las medidas disciplinarias respectivas. Una vez terminado el proceso al interior del municipio, nace para los funcionarios sancionados la posibilidad de reclamar acerca de la legalidad del sumario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley N° 18.883, y en caso que dicha reclamación se interponga, el registro del decreto que aplica las medidas disciplinarias queda supeditado a la resolución final que adopte el Órgano Contralor. En este caso, los funcionarios sancionados en el sumario incoado al interior del municipio efectivamente presentaron sus respectivos reclamos ante la Contraloría General de la República.
g. Indica que ha tomado conocimiento que la reclamante ha solicitado copia de estos antecedentes directamente a la Fiscalía Local de Las Condes, lo que se le ha negado, por cuanto, se ha decretado la reserva de la investigación criminal por el plazo de 40 días.
h. Que, ante la primera solicitud de información, ésta fue respondida mediante Ordinario Alcaldicio N° 4/204, de 18 de mayo de 2009, en la cual se adjunta nuevamente la copia del Ordinario Municipal N° 32, de 22 de abril de 2009, por el cual se pusieron en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes del sumario al que se ha hecho referencia. Es decir, se cumplió con hacer entrega de aquel documento que sí revestía carácter público.
i. Que la negativa a hacer entrega de los antecedentes del sumario no ha sido ilegal ni mucho menos arbitraria, pues ésta se ha justificado en las disposiciones legales que regulan los procedimientos sumariales y que establecen el secreto de éstos, que se extiende hasta que se encuentre debidamente registrado por la Contraloría General de la República, salvo respecto del inculpado en el proceso y su abogado, para quienes deja de ser secreto desde que se formulen cargos conforme lo dispone expresamente el artículo 135 de la Ley N° 18.883.
j. En lo referente a la segunda presentación de la misma fecha, por la cual se solicita una copia del citado informe en derecho, tal petición, a pesar de que se encontraba tácitamente incluida en la otra solicitud y aunque ya se había respondido con anterioridad, se estimó procedente denegarla en virtud de las disposiciones de la Ley de Transparencia, todo de lo cual da cuenta el Ordinario Alcaldicio N° 4/205 de fecha 18 de mayo de 2009.
k. Que el informe en derecho fue solicitado por la Municipalidad para el análisis del proceso sumarial. En esa misión, a fin de determinar la existencia de eventuales delitos, desde la óptica de la obligación de denuncia a la cual se encuentra afecto todo funcionario de la Administración Pública, el abogado informante analiza piezas relevantes del proceso. En dicho documento se deja constancia escrita de parte importante de las declaraciones del sumario y nombres de las personas involucradas, quedando entonces su divulgación supeditada a la publicidad del sumario administrativo.
l. La reserva del informe en derecho se fundamentó en base a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por cuanto dicho informe da cuenta de antecedentes que habrían servido a la adopción de una resolución o medida disciplinaria por parte de la I. Municipalidad de Vitacura.
m. Que, en cuanto a que lo requerido en dicho informe correspondería a un antecedente respecto de una decisión ya adoptada, estima que tal planteamiento es errado, por cuanto el informe en derecho, no sólo fue determinante para la adopción de una decisión, cual habría sido la de remitir los antecedentes al Ministerio Público, sino que además, el informe desglosa, analiza y se refiere en su integridad al contenido del sumario administrativo, el cual justamente se trata de un antecedente o deliberación previa para la adopción de una resolución o medida, cual fue la aplicación de medidas disciplinarias en contra de tres funcionarios de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Vitacura. En este mismo sentido, dar a conocer el informe en derecho, significa lisa y llanamente, dar a conocer una parte importante del sumario.
n. Por otra parte, la reserva o secreto del informe en derecho se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto la publicidad del documento puede afectar el derecho de las personas, en el caso, funcionarios municipales, específicamente en lo que a su honra se refiere.
o. A este respecto, la reclamante se confunde y cree que estas causales de reserva sólo se pueden referir a antecedentes personales, como lo serían los antecedentes clínicos o previsionales. Si bien está de acuerdo en que aquellos resultan claramente reservados, no es menos cierto que aquellos que se refieren a la honra de personas que desempeñan una función pública también deben ser salvaguardados. Lo anterior, resultaría plenamente coincidente con la norma especialísima que regula los sumarios (artículo 135 Ley 18.883) y el criterio de la Contraloría General de la República (Dictamen N° 59798/2008 el cual ya ha sido citado).
p. Todos los antecedentes que se encuentran incluidos en el sumario administrativo y que son recogidos por el informe en derecho, deben ser tratados con el máximo de cuidado y rigurosidad, no resultando aconsejable su simple distribución. Que, el análisis jurídico que pueda hacerse en un informe en derecho, que analiza la posible comisión de ilícitos en el marco de un procedimiento administrativo, da pie a un procedimiento penal, que en definitiva, incluso, podría descartar todas las hipótesis planteadas en el informe, o bien, aceptadas todas. Pero en tanto ello no ocurra, a lo menos formalizando a los involucrados, se estimó pertinente que la información solicitada sea tratada con el máximo de respeto y resguardo hacia las personas que podrían verse involucradas. En este mismo sentido, ha sido el propio Ministerio Público el que ha determinado la reserva de la investigación por un plazo determinado de días.
q. Por último, solicita en virtud de los argumentos expuestos, se deseche el amparo interpuesto por la agrupación vecinal reclamante.
1) Que, para los efectos de resolver el presente amparo, cabe determinar primeramente cuál es la información, a que se refieren las dos solicitudes planteadas por la reclamante y cuya entrega ha sido denegada por la I. Municipalidad de Vitacura, para luego precisar, respecto de la misma, si concurren y si se han acreditado, en la especie, las causales de secreto y reserva invocadas por la reclamada.
2) Que, en efecto, la información requerida por la reclamante y que obra en poder del Municipio reclamado, habiéndola ésta denegado, está constituida por los siguientes antecedentes:
a. Expediente sumarial incoado por la I. Municipalidad de Vitacura, con ocasión de las supuestas irregularidades cometidas por funcionarios de la Dirección de Obras de dicho municipio en la entrega de permisos municipales a la Inmobiliaria Manquehue, y que concluyó con la imposición, por parte del Alcalde, de medidas disciplinarias a tres funcionarios.
b. Informe en derecho encargado por la misma Municipalidad al abogado don Juan Domingo Acosta Sánchez, en relación con el citado sumario administrativo. y que sirvió de fundamento para la imposición de las citadas medidas, y,
c. Copia del Oficio Ordinario N° 31, de 3 de abril de 2009, mediante el cual ese municipio solicitó al abogado especialista en derecho penal, señor Juan Domingo Acosta Sánchez, la elaboración de un informe en derecho.
3) Que, en lo relativo al sumario administrativo incoado por el órgano reclamado, puede concluirse, analizando el tenor de sus propios descargos, que dicho procedimiento se encuentra ya afinado a su respecto, habiéndose impuesto, como consecuencia del mismo, medidas disciplinarias a tres funcionarios de dicha corporación. En otras palabras, ya ha sido dictado el decreto en dicho sumario -el acto administrativo terminal- por parte del Alcalde de la I. Municipalidad de Vitacura, máxima autoridad de dicha corporación edilicia, el que consistió, precisamente, en la aplicación de las medidas disciplinarias a los funcionarios indicados.
4) Que, no obsta a la conclusión a que se ha arribado en el considerando anterior la circunstancia que existan reclamos pendientes ante la Contraloría General de la República –lo que fue efectivamente constatado por este Consejo–, y que fueran deducidos en su oportunidad por los funcionarios afectados en virtud del derecho que les asiste de acuerdo al artículo 156 de la Ley N° 18.883, toda vez que, por una parte, el decreto que impuso tales medidas ha debido ser enviado por la reclamada a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro, sin perjuicio del control de legalidad de ésta respecto de los eventuales vicios que afectaren los derechos conferidos a los funcionarios en dicho Estatuto Municipal –no pudiendo considerarse éste como un recurso procesal que impida, mientras no sea resuelto, que la resolución se encuentra firme–, y, por otra, porque únicamente resulta procedente el recurso de reposición ante el mismo Alcalde, razón por la cual debe necesariamente entenderse que el procedimiento sumarial se encuentra ya terminado, a través de la dictación del respectivo decreto que ordenó la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de su posterior remisión de tales antecedentes al Ministerio Público.
5) Que, en consecuencia, habiéndose adoptado una decisión por parte del Alcalde en dicho sumario administrativo, a través de la dictación del decreto que impuso las respectivas sanciones, tal medida y sus fundamentos, entre ellos dicho expediente sumarial y el citado informe en derecho, han adquirido el carácter de información pública, al tenor de lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, debiendo analizarse, a continuación, si resultan procedentes las causales de secreto o reserva alegadas por la reclamada.
6) Que, en la especie, procede establecer que la adopción de la decisión por parte del Municipio reclamado, referida a la aplicación de medidas disciplinarias a determinados funcionarios en el contexto del sumario administrativo cuya entrega se ha pedido, consta de las afirmaciones de la reclamante como las del propio reclamado, siendo un hecho no controvertido por éstas
7) Que, a continuación, debe señalarse que la causal de secreto o reserva invocada por la Municipalidad en cuanto a denegar la información referida al expediente sumarial consultado, debido a que afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, por tratarse de antecedentes previos a la adopción de una resolución, causal prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, debe desestimarse, no sólo porque tal decisión, como se ha indicado, ya ha sido acordada a través de un acto administrativo emanado de la autoridad comunal, según queda en evidencia, sino porque dicha causal no exige, para la reserva o secreto de dicha información previa, que la medida, política o resolución no se encuentre aún firme y ejecutoriada, sino simplemente que ésta no haya sido adoptada por el órgano requerido, debiendo, en tal sentido, ser ésta interpretada restrictivamente, dado su carácter excepcional.
8) Que, asimismo, los elementos que componen la causal del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, no sólo requieren comprobar que se encuentre en actual tramitación un procedimiento destinado a la adopción de una medida, política o resolución, sin que ésta se haya adoptado, sino que, además, que la divulgación de la información requerida afecte el debido cumplimiento de las funciones de la Municipalidad de Vitacura, situación que no fue debidamente acreditada en este caso.
9) Que, en este sentido, cabe recordar, tal como ya lo ha manifestado este Consejo en decisiones anteriores, como las recaídas en los amparos A1-09, A7-09 y A39-09, que cuando se invoca una circunstancia que extinga la obligación de entregar la información corresponde que ésta sea probada por quien la alega. Que, en la especie, el Municipio reclamado no demostró la manera en que podía verse afectado el debido cumplimiento de sus funciones, en razón de la supuesta existencia de una medida o resolución aún pendiente de ser acordada, lo que ha quedado desvirtuado, razón por la cual se acogerá el reclamo en esta parte.
10) Que, en lo relativo al informe en derecho elaborado por el abogado don Juan Domingo Acosta Sánchez, que fue encargado por la I. Municipalidad de Vitacura debido a que, a su juicio, no habría tenido la experticia necesaria en materia penal para determinar si se debían o no enviar los antecedentes al Ministerio Público, tampoco puede admitirse a su respecto la invocación de la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por los mismos argumentos señalados en el considerando anterior, teniendo presente que dicho informe es parte integrante, también, parte del expediente sumarial. A mayor abundamiento, debe señalarse que dicho informe en derecho fue encargado por la Municipalidad reclamada, con cargo al presupuesto público, por lo que de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, constituye información pública.
11) Que, a mayor abundamiento, y de acuerdo al artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento, tanto el expediente sumarial y como el informe en derecho antedichos, en cuanto parte del mismo, constituyen, precisamente, antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de las medidas disciplinarias en comento, toda vez que “informan la adopción de una resolución, medida o política”, y se refieren a “consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios”.
12) Que, por su parte, en relación con la causal invocada por la I. Municipalidad de Vitacura, respecto a que la entrega de la información requerida podría afectar la honra de los funcionarios sancionados, de conformidad con el artículo 21 N° 2, debe también desecharse como motivo suficiente para denegar la información que la reclamante ha solicitado, ya que si bien existen funcionarios determinados cuya responsabilidad administrativa fue comprometida en dicho procedimiento sumarial, éste ya ha concluido mediante la adopción de una decisión por la Municipalidad de Vitacura, que se tradujo en la imposición a éstos de medidas disciplinarias. Dichos antecedentes, que sirvieron de base para tal decisión, pasan ahora a tener el carácter de públicos, independientemente de encontrarse pendiente el reclamo interpuesto ante la Contraloría General de la República. Que, además, la supuesta afectación de la honra de los funcionarios sancionados no puede ser fundamento suficiente para reconocer que la publicidad de tal expediente sumarial ni del informe en derecho toda vez que las personas involucradas, en cuanto funcionarios públicos, poseen una esfera de vida privada más delimitada en virtud precisamente de la función que ejercen, prevaleciendo en tal caso el interés público en conocer si existieron irregularidades en un órgano de la Administración del Estado, si dicho órgano tomó las medidas pertinentes para investigar y sancionar, en su caso, a los responsables y reparar los daños que dichas irregularidades pudieren haber causado. Confirma lo anterior, el hecho que la Ley N° 19.733, conocida también como la Ley de Prensa, en su artículo 30, establezca como uno de los requisitos para la procedencia de la exceptio veritatis en el delito de injuria cometido a través de cualquier medio de comunicación, que la imputación se refiriere a hechos propios del ejercicio de funciones públicas.
13) Que, en cuanto a la aseveración de que las irregularidades cometidas por los funcionarios de la Municipalidad de Vitacura, los que fueron sancionados por ésta mediante la imposición de medidas administrativas, y cuyos antecedentes fueron enviados al Ministerio Público, no puede admitirse la alegación referida al artículo 182 del Código Procesal Penal, en cuanto a que las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serían secretas para los terceros ajenos al procedimiento, toda vez que dicha norma limita tal secreto a las “actuaciones del Ministerio Público y de la policía”, realizadas dentro del marco de una investigación penal. Que, como queda de manifiesto, en el presente caso no se aplica esta causal especial de secreto, pues la Municipalidad envió antecedentes al Ministerio Público para que éste conociera de las irregularidades cometidas por los funcionarios sancionados, con el fin de que dicho órgano determinare si ameritaba una investigación de carácter penal, lo que escapa del ámbito del presente reclamo. Que, así, la información que obra en poder de la Municipalidad, independientemente que haya sido o no enviada al Ministerio Público, es pública, y sólo si este último organismo determinare que la divulgación de la información requerida, en relación con la investigación que se encuentra realizando, pudiera entorpecer la investigación penal, sólo dicho órgano puede invocarlo y acreditarlo, no así la Municipalidad requerida.
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
1) Acoger en todas sus partes el reclamo interpuesto por doña Camila Fierro Carmona, en representación de la Unidad Vecinal N° 13, de Santa María de Manquehue, respecto de la información solicitada, en especial el expediente sumarial incoado por la I. Municipalidad de Vitacura; el informe en derecho encargado por la misma Municipalidad al abogado don Juan Domingo Acosta Sánchez, y, copia del Oficio Ordinario N° 31, de 3 de abril de 2009.
2) Requerir a la I. Municipalidad de Vitacura, que entregue la información señalada en el número anterior dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la presente decisión.
3) Requerir a la I. Municipalidad de Vitacura que la entrega de la información se realice con copia a este Consejo, con el fin de verificar su cumplimiento, sea a la dirección Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, según el tenor de la solicitud del requirente.
4) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Camila Fierro Carmona, representante de la Unidad Vecinal N° 13, de Santa María de Manquehue, y al Alcalde de la I. Municipalidad de Vitacura.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Raúl Urrutia Ávila. No concurre a la adopción de la presente decisión el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela, por encontrarse fuera del país. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia

References: artículo 8
 artículo 175
 artículo 21
 resolución 
 artículo 21
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 135
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 135
 artículo 156
 resolución 
 artículo 135
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 156
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 artículo 21
 resolución 
 artículo 21
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 21
 artículo 30
 artículo 182