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Timestamp: 2020-07-05 07:55:09+00:00

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STC 78/1988, 27 de Abril de 1988 - Jurisprudencia - VLEX 15033926
STC 78/1988, 27 de Abril de 1988
Fecha de Resolución: 27 de Abril de 1988
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 202/1985
1. El recurso de amparo no constituye una nueva instancia judicial, sino que se trata de un proceso autónomo, sustantivo y distinto, con un ámbito específico y propio para la protección reforzada de los derechos fundamentales, que tiene un auténtico plazo de caducidad para la correspondiente acción ejercitable ante este Tribunal (AATC 171/1984 y 189/1984, entre otros). El término establecido en el art. 44.2 de la LOTC no es, pues, de naturaleza procesal, ni, en consecuencia, le son aplicables las normas del proceso penal previstas para la interposición de determinados recursos ni otros posibles principios que pudieran extraerse en el mismo sentido de los efectos del litisconsorcio procesal o de los supuestos de pluralidad de partes constituidas en el seno de un procedimiento judicial; por el contrario, según ha reiterado la jurisprudencia de este Tribunal, el plazo en cuestión no es susceptible de ampliación, suspensión o reapertura (AATC 816/1986, 28/1987 y 272/1987, entre otros), ni siquiera aprovechando la ocasión de ulteriores notificaciones de la misma resolución que se pretenda impugnar en amparo. 2. El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva comprende el acceso a los recursos ordinarios y extraordinarios legalmente establecidos para impugnar las resoluciones judiciales; no puede olvidarse, además, que el recurso de casación penal tiene una singular relevancia e importancia en nuestro ordenamiento como medio que permite al justiciable someter el fallo en que resultó condenado al «Tribunal superior» a que se refiere el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme al cual, según establece el art. 10.2 de la Constitución, han de interpretarse las normas relativas a los derechos fundamentales reconocidos en ella. Todo ello supone que, aun cuando el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface no sólo con la obtención de una resolución de fondo, sino también cuando la decisión de inadmisión se adopta en aplicación razonada de las causas legalmente previstas, hayan de entenderse éstas en la forma que mejor facilite la plena sustanciación y decisión del recurso en cuestión. 3. Los fundamentos aducibles en casación están taxativamente determinados y prefijados por la Ley, no siendo posible, con carácter general, introducir en los escritos de interposición motivos distintos de los previstos por el ordenamiento procesal positivo. Es cierto que, para paliar los inconvenientes de los angostos límites del recurso de casación y ante la insuficiencia de la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su jurisprudencia más reciente ha admitido, excepcionalmente, la nulidad de actuaciones, tanto «ex officio» como a instancia de parte, cuando se trata de vicios procesales, no encuadrables estrictamente en los arts. 850 y 851 de dicha Ley, que supongan una infracción de normas procesales imperativas, especialmente si ello se traduce en una merma de las garantías reconocidas en el art. 24 de la Constitución. Sin embargo, tratándose de un proceso penal militar, no puede oponerse objeción constitucional alguna al hecho de que se entienda que no es preciso utilizar idéntica fórmula ampliatoria, ya que el Código de Justicia Militar permite al Consejo Supremo de Justicia Militar enjuiciar como explícita causa de nulidad (art. 832.2) los supuestos de omisión de alguna diligencia sustancial con vulneración de las normas procesales y menoscabo de las garantías de las partes. 4. Si bien las partes pueden solicitar del órgano judicial que plantee la cuestión al Tribunal Constitucional, es a este órgano a quien corresponde adoptar la decisión sin que resulte vinculado por la petición de los recurrentes. 5. De acuerdo con la STC 56/1982, ha de entenderse que el art. 849.2 de la L.E.Cr. (en la redacción anterior a la Ley 6/1985, de 27 de marzo) no exige que el documento que muestra la equivocación del juzgador al apreciar las pruebas sea irrebatible, pues de otro modo no haría la salvedad de su posible desvirtuación; ni impide incluir entre los errores en la apreciación de las pruebas el que parte de la inexistencia misma de éstas, pues la adopción de una decisión judicial sin apoyo en prueba alguna admisible en derecho constituye, sin duda, el mayor error de hecho que en la apreciación de las pruebas cabe imaginar.
Sentencia citada en: 115 sentencias, 5 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
En el recurso núm. 202/1985, interpuesto por don Jesús J. U. M., don Emilio S. M., don Jordi P. P., don Luis M. L. E., don Bingen G. M., doña Miren A. E. G. y doña Karmele B. S., representados por la Procuradora de los Tribunales doña Esther R. P., bajo la dirección del Letrado don Fernando S. V., contra Auto de 12 de febrero de 1985 de la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar, dictado en el recurso de casación núm 16/1984, formalizado contra Sentencia dimanante del Juzgado Togado Militar de Instrucción núm. 1 de la IV Región. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente la Magistrada doña Gloria B. C., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Registro General el 14 de marzo de 1985, la Procuradora de los Tribunales doña Esther R. P., actuando en nombre y representación de don Jesús J. U. M., don Emilio S. M., don Jordi P. P., don Luis M. L. E., don Bingen G. M., doña Miren A. E. G. y doña Karmele B. S., interpone recurso de amparo contra Auto de 12 de febrero de 1985 de la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar, dictado en el recurso de casación núm. 16/1984, por el que fueron desestimados determinados motivos de casación formulados en relación con la correspondiente Sentencia dictada en la Causa Ordinaria núm. 4-IV-81 del Juzgado Togado Militar de Instrucción núm. 1 de la IV Región Militar.
E) Mediante el Auto que hoy se recurre en amparo, la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar inadmitió los motivos siguientes: Los recogidos en los anteriores núms. 1.° y 2.° (que corresponden al primer motivo, por quebrantamiento de forma, planteado por los Letrados de los señores U., S. y L.); en el núm. 5.° (que corresponden al tercer motivo, por quebrantamiento de forma, de los defensores de los señores U. y S., y segundo motivo del defensor del señor P.); en el núm. 16.° (que corresponden al undécimo, por infracción de ley, del defensor del señor U., quinto del defensor del señor P., noveno del defensor del señor L., quinto del defensor de la señora E. y noveno del defensor de la señora B.); y en los núms. 3.° y 6.° (que corresponden al primero, por quebrantamiento de forma, del defensor del señor G., cuarto del defensor de la señora E. y tercero del defensor del señor P.).
A) Al inadmitir el recurso extraordinario de nulidad de actuaciones formulado, al amparo de los arts. 850 y 851 de la L.E.Cr., por haberse impedido a don Luis M. L. E. la designación de un segundo Abogado para su defensa, contraviniendo el art. 157 de la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de diciembre, lo que supuso un tratamiento discriminatorio, contrario al art. 14 de la Constitución, y la celebración de un juicio, y subsiguiente Sentencia, sin las mínimas garantías procesales tuteladas por el art. 24 de la Constitución.
B) Al inadmitir el recurso extraordinario de nulidad de actuaciones formulado, al amparo de los arts. 850 y 851 de la L.E.Cr., por haberse celebrado el Consejo de Guerra a pesar de haber renunciado previamente los recurrentes señores U. y S. a sus defensores de oficio, quienes a su vez renunciaron a dichas defensas, sin que ninguno de los escritos fuera proveído ni resuelto por la Autoridad militar, lo cual supuso también la celebración de un juicio, y subsiguiente Sentencia, sin las garantías mínimas que establece el art. 24 de la Constitución.
D) Al no admitir el motivo propuesto por el recurrente señor P., al amparo del art. 851.6 de la L.E.Cr., por haber concurrido a dictar Sentencia los mismos miembros que constituyeron el primer Consejo de Guerra declarado nulo por el Consejo Supremo de Justicia Militar, todos ellos recusados en tiempo y forma por la defensa del citado recurrente, siendo rechazada la recusación. Estima la representación de los recurrentes que, aun cuando esta causa de recusación no podría prosperar ante la jurisdicción ordinaria, debe ser atendida en el presente caso teniendo en cuenta la peculiaridad de la formación y de la composición de un Consejo de Guerra, figura jurídica, con rasgos paralelos a la del Jurado, que debe dotarse con unas garantías especiales en orden a la independencia de criterio de que deben gozar quienes van a dictar Sentencia, por lo que, a su juicio, esta causa de incompatibilidad ha de entenderse recogida en el núm. 12 del art. 159 del Código de Justicia Militar.
En consecuencia, la representación de los recurrentes suplica a este Tribunal que dicte Sentencia en la que: a) Declare la nulidad del Auto de la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar dictado el 12 de febrero de 1985 en el recurso de casación núm. 16/1984, de Registro de Relatoría relativo a la Causa Ordinaria 4-IV-81, del Juzgado Togado de Instrucción de la IV Región Militar, y de todas las actuaciones que siguieron a la notificación; b) Reconozca el derecho de los recurrentes a obtener la tutela judicial efectiva del Consejo Supremo de Justicia Militar y a ser objeto de un proceso público con todas las garantías en el que en modo alguno pueda producirse indefensión, sin que, de otra parte, puedan ser discriminados por ninguna circunstancia ideológica o social; y, en consecuencia, c) Restablezca a los recurrentes en la integridad de los derechos invocados, determinando la extensión de sus efectos, que se concretará en el mandato expreso a la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar para que estime los siguientes motivos de los recursos de casación en su día formalizados: por el Letrado defensor del procesado don Jesús J. U. M., núms. uno, tres y once; por el Letrado defensor del procesado don Emilio S. M., núms. uno y tres; por el Letrado defensor del procesado don Jordi P. P., núms. dos, tres y cinco; por el Letrado defensor del procesado don Luis M. L. E., núms. uno y nueve; por el Letrado defensor del procesado don Bingen G. M., núm. uno; por el Letrado defensor de la procesada doña Miren A. E. G., núms. cuatro y cinco; y por el Letrado defensor de la procesada doña Karmele B. S., núm. nueve, dictando nueva resolución por la que quede concluso para vista y fallo el recurso de casación preparado en su día contra la Sentencia ad causam del Consejo de Guerra celebrado en Lérida el 11 de mayo de 1984, y señalando para la celebración de vista pública el día y hora que estime oportunos la mencionada Sala, notificando aquel proveído a los defensores de los hoy recurrentes.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, en sus alegaciones del 24 del mismo mes, sostiene la procedencia de la desestimación del presente recurso de amparo. A tal efecto, después de resumir los antecedentes y motivos de la pretensión formulada y entender que comporta una fundamentación plural no generalizable a todos los demandantes, analiza separadamente dichos motivos. Por lo que se refiere al apartado A) de los fundamentos jurídicos del escrito de demanda, entiende que no debiera ser tomado en consideración, ya que se refiere únicamente al señor L., cuya demanda, como la del señor S., es extemporánea si se tiene en cuenta la fecha de la notificación del Auto cuestionado a sus respectivos Letrados, si bien entiende que no dejaría de favorecer a todos los afectados una eventual estimación del amparo basada en la presunción de inocencia o en una irregular composición del Consejo de Guerra. En cuanto al contenido del apartado B), limitado exclusivamente al señor U. por haber quedado decaído en su derecho a recurrir el señor S. en virtud de la razón antes expuesta, manifiesta el Ministerio Fiscal que no supone incumplimiento del art. 157 del Código de Justicia Militar, y que tampoco puede afirmarse que dicho precepto no responda en debida medida a los valores o preceptos de la Constitución; que simplemente lo que se reprocha es el haber quedado incontestada la petición de parte sobre renuncia del Abogado designado de oficio, lo cual -dice- constituye un tema meramente procesal sin trascendencia para la vía de amparo, aparte de que no puede olvidarse que el derecho a ser defendido por Letrado de propia elección tiene los límites que impone el buen sentido para hacer posible la misma sustanciación procesal. Respecto al apartado C), entiende que está más relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva que con el de la presunción de inocencia, ya que se refiere al rechazo de un motivo de casación que impidió entrar a conocer sobre la existencia de pruebas; pero, en todo caso, considera que no puede apreciarse tal lesión, ya que la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar, después de una minuciosa exposición de su significado, se refiere a los muchos elementos de prueba que pudieron ser tenidos en cuenta para pronunciar el fallo condenatorio. Por lo que concierne al motivo enunciado en el apartado D), manifiesta que, si bien pudo formularse en un recurso de casación, no cabe en un amparo; que no se cita el precepto constitucional presuntamente infringido, y que, aun refiriéndose al derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley -que es donde han de situarse los problemas de recusación-, es lógico que el Auto impugnado aluda tan sólo a uno de los aspectos aducidos en el recurso de casación interpuesto por el señor P. P., el relativo a la misma jurisdicción militar, y no el referente a la recusación formulada, ya que éste no se encuentra entre los motivos inadmitidos por el Auto.
7. Por providencia de 1 de julio de 1987, la Sección otorga un plazo de diez días a la representación de los recurrentes señores L. E. y S. M. para que formule alegaciones sobre la posible existencia del motivo de inadmisión puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal, consistente en la extemporaneidad de sus demandas. Dicho trámite de audiencia es evacuado por la mencionada representación en escrito presentado el 17 del mismo mes, en el que hace suya la tesis del Ministerio Fiscal de que una eventual concesión del amparo favorecería a todos los interesados, y pone de relieve que el recurso ha sido formulado por un colectivo de personas condenadas todas ellas en una misma causa penal y en una sola Sentencia, contra la cual se entabló recurso de casación también resuelto en una única vista, siendo el designio y suerte de los recurrentes único en todo el proceso. Igualmente mantiene la aplicación analógica de las previsiones contenidas en los arts. 211 y 212 de la L.E.Cr., en los que se establece que el término para recurrir en reforma, apelación y casación se computa a partir de la última notificación, o, de forma alternativa, lo dispuesto en el art. 861 de la L.E.Cr., párrafo último, en relación con la adhesión de los no recurrentes al recurso, tanto en el momento de la preparación del mismo como en el momento de la instrucción; y, en consecuencia, solicita de este Tribunal que declare la inexistencia del aludido motivo de inadmisión, consistente en la extemporaneidad de la demanda de los señores S. y L., o, en su defecto, que tenga a éstos por adheridos al recurso de los otros recurrentes.
1. Con carácter previo al análisis de la pretensión de amparo, incluso antes de precisar el alcance de la cuestión suscitada por el presente recurso, debe examinarse la trascendencia de la alegación efectuada por el Ministerio Fiscal en relación con la fecha en que el Auto impugnado fue notificado a los recurrentes don Luis M. L. E. y don Emilio S. M.. A tal efecto ha de partirse del dato, constatable en las actuaciones remitidas, de que, efectivamente, la resolución fue comunicada con todos los requisitos legales, los días 15 y 18 de febrero de 1985, respectivamente, a los Abogados que ostentaban la representación de ambos recurrentes en el procedimiento judicial castrense, de modo que el tiempo transcurrido desde dichas fechas a la de la presentación de la demanda de amparo, 14 de marzo siguiente, excede del plazo de veinte días establecido en el art. 44.2 de la LOTC, dado que el dies a quo para el cómputo es aquel en que se efectuó la notificación a los representantes procesales. Es cierto que, para paliar la extemporaneidad denunciada por el Ministerio Fiscal, en las alegaciones de los recurrentes se invoca una aplicación analógica de las normas del proceso penal previstas en relación con los plazos para la interposición o preparación de los recursos de reforma, apelación y casación, que atienden a la última notificación realizada (arts. 211 y 212 L.E.Cr.), o de las relativas a la adhesión a la apelación, pero tal criterio no tiene en cuenta la auténtica naturaleza del recurso de amparo y del plazo para la válida formulación de su demanda. Es de destacar, una vez más, que este recurso no constituye una nueva instancia judicial, sino que se trata de un proceso autónomo, sustantivo y distinto, con un ámbito específico y propio para la protección reforzada de los derechos fundamentales, que tiene un auténtico plazo de caducidad para la correspondiente acción ejercitable ante este Tribunal (AATC 171/1984 y 189/1984, entre otros). El término establecido en el citado art. 44.2 de la LOTC no es, pues, de naturaleza procesal, ni, en consecuencia, le son aplicables los indicados preceptos, ni otros posibles principios que pudieran extraerse en el mismo sentido de los efectos del litisconsorcio procesal o de los supuestos de pluralidad de partes constituidas en el seno de un procedimiento judicial; por el contrario, según ha reiterado la jurisprudencia de este Tribunal, el plazo en cuestión no es susceptible de ampliación, suspensión o reapertura (AATC 816/1986, 28/1987 y 272/1987, entre otros), ni siquiera aprovechando la ocasión de ulteriores notificaciones de la misma resolución que se pretenda impugnar en amparo. Por consiguiente, de conformidad con el art. 50.1 a) de la LOTC, debe apreciarse la causa de inadmisión puesta de manifiesto por el Ministerio Fiscal, que en esta fase procesal tiene eficacia desestimatoria para la demanda de los actores que incurrieron en ella, sin perjuicio de la resolución que proceda respecto de la de los otros recurrentes, y sin que corresponda a este Tribunal pronunciarse sobre la extensión a aquéllos de los efectos de una eventual Sentencia estimatoria dictada para éstos, como se propugna por la representación de los recurrentes en amparo en concordancia con el Ministerio Fiscal.
2. La demanda atribuye a la resolución impugnada en amparo la vulneración de distintos derechos fundamentales, que relaciona, en los sucesivos apartados de su fundamentación jurídica, con los diversos motivos excluidos de la casación. Así, aparte de la invocación del derecho a la igualdad (art. 14 C.E.), limitada al señor L. E., por la discriminación que dice haber sufrido en relación con otros procesados en la interpretación de las posibilidades de designación de Abogado establecidas en el art. 157 del Código de Justicia Militar -invocación que forma parte de una de las demandas estimadas extemporáneas-, en ella se cita: la lesión del derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), originada al haber rechazado el órgano judicial, como motivo de casación, la nulidad de actuaciones solicitada por no haberse resuelto en instancia sobre la renuncia a los defensores efectuada por los recurrentes; y la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y, en implícita referencia, del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24.2 C.E.), al no haberse admitido los motivos de casación basados en la inexistencia de actividad probatoria y en la composición del Consejo de Guerra que dictó la Sentencia condenatoria. Sin embargo, es evidente que tal planteamiento no es adecuado, ya que, por su naturaleza y sentido, el Auto que constituye el objeto de la pretensión de amparo no tiene virtualidad para incidir lesivamente en todos los derechos enunciados, y porque, en todo caso, el restablecimento de los recurrentes en la integridad de éstos, inherente a una eventual estimación del recurso de acuerdo con el art. 55.1 c) de la LOTC no podría lograrse con un fallo congruente con la concreta petición formulada en el suplico de la demanda.
4. Los considerandos segundo y quinto del Auto impugnado tratan, respectivamente, del primer motivo por quebrantamiento de forma planteado, al amparo de los arts. 850 y 851 de la L.E.Cr., por el Letrado del procesado don Jesús J. U. M., quien solicita la nulidad de actuaciones por aplicación del art. 6, apartado tercero, del Código Civil e interpretación de la doctrina del tribunal Supremo contenida en Sentencia de 17 de mayo de 1972, al haberse celebrado la vista ante el Consejo de Guerra a pesar de haber renunciado previamente su representado al defensor de oficio; y de los motivos números tres del recurrente don Jordi P. P.; uno, de don Bingen G. M., y cuatro, de doña Miren A. E. G., también por quebrantamiento de forma, al amparo de los arts. 850 y 851 de la L.E.Cr. y en solicitud de nulidad de los actos procesales a partir de la convocatoria del Consejo de Guerra, al adolecer la composición de éste de inconstitucionalidad por vulnerar los arts. 24.2 y 117.5 de la Constitución, y no pronunciarse la Sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por los procesados. En dichos considerandos se rechazan todos los mencionados motivos, bien porque no se formuló oportunamente la reclamación o protesta exigida, bien porque el motivo en cuestión no se incluye entre los que, con carácter de numerus clausus, señala para la casación la Ley procesal, o por ambas razones conjuntamente.
5. El tercer motivo alegado por el defensor de don Jesús J. U. M. y el segundo aducido por el de don Jordi P. P. fueron formalizados por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851, apartado tercero, de la L. E.Cr. («cuando no se resuelva en la Sentencia sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y de la defensa»), basándose en que la Sentencia del Consejo de Guerra debió incluir un pronunciamiento especial sobre las cuestiones relativas a la carencia de asistencia letrada desde el inicio de las actuaciones -contraria a lo dispuesto en el art. 17, párrafo tercero, de la Constitución y en el 520 de la L.E.Cr.- y al hecho de que las declaraciones prestadas por los recurrentes fueran consecuencia de las coacciones y torturas a que habían sido sometidos.
6. Por último, el Auto recurrido se basa también en las causas de inadmisión contenidas en los párrafos 1.° y 6.° del art. 884 de la L.E.Cr. para rechazar, en su considerando cuarto, los siguientes motivos de casación: números once de los aducidos por don Jesús U. M., quinto de los de don Jordi P. P., quinto de los de doña Miren A. E. G. y noveno de los de doña Karmele B. S., ya que, acogiendo el criterio del Fiscal Togado, el Consejo Supremo de Justicia Militar entiende que no está incluida en el núm. 2.° del art. 849 de la L. E.Cr. la inexistencia de actividad probatoria capaz de desvirtuar, como presunción iuris tantum, el principio de presunción de inocencia consagrado en el art. 24.2 C.E., al no designarse ningún particular de los Autos que tenga valor procesal de documento auténtico. En tal argumentación se hace una interpretación de las causas legales de inadmisión previstas que ignora la necesaria adaptación que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ha exigido en el entendimiento de las normas reguladoras del recurso para permitir en su seno un pronunciamiento del Tribunal de Casación sobre la observancia obligada, por imperativo constitucional, del derecho a la presunción de inocencia en el proceso penal. Conforme a dicha exigencia es necesario apurar al máximo las virtualidades del recurso de casación en garantía del referido derecho fundamental, no pudiendo las formalidades que caracterizan al mencionado recurso constituir barreras infranqueables. Así, antes de que la LOPJ consagrara explícitamente en su art. 5.4, como fundamento suficiente de la casación, «la infracción de precepto constitucional», la vulneración del derecho a la presunción de inocencia había encontrado el cauce procesal adecuado en el ensanchamiento del motivo previsto en el párrafo 2.° del art. 849 de la L.E.Cr. (en la redacción anterior a la Ley 6/1985, de 27 de marzo). En efecto, de acuerdo con la STC 56/1982, de 26 de julio, ha de entenderse que dicho precepto no exige que el documento que muestra la equivocación del juzgador al apreciar las pruebas sea irrebatible, pues de otro modo no haría la salvedad de su posible desvirtuación; ni impide incluir entre los errores en la apreciación de las pruebas el que parte de la inexistencia misma de éstas, pues la adopción de una decisión judicial sin apoyo en prueba alguna admisible en Derecho constituye sin duda -y así lo reconocen también diversas Sentencias del Tribunal Supremo anteriores a la fecha del Auto impugnado- el mayor error de hecho que en la apreciación de las pruebas cabe imaginar.
1.° Desestimar íntegramente las demandas de amparo interpuestas por los recurrentes don Luis M. L. E. y don Emilio S. M..
2.° Desestimar, igualmente, la demanda de don Bingen G. M..
3.° Estimar parcialmente el recurso de amparo formulado por don Jesús J. U. M., don Jordi P. P., doña Miren A. E. y doña Karmele B. S., y a tal efecto:
a) Declarar la nulidad parcial del Auto de la Sala de Justicia Militar de 12 de febrero de 1985, dictado en el recurso de casación núm. 16/84, interpuesto contra Sentencia dictada en la causa ordinaria núm. 4-IV-81 del Juzgado Togado Militar de Instrucción núm. 1 de la IV Región Militar, únicamente en cuanto, por las razones que expone, acuerda rechazar los motivos siguientes: undécimo del defensor de don Jesús J. U. M., quinto del defensor de don Jordi P. P., quinto del defensor de doña Miren A. E. G. y noveno del defensor de doña Karmele B. S..
STSJ Canarias , 27 de Noviembre de 2001
SAP Salamanca 51/2007, 7 de Febrero de 2007
STSJ Cataluña 246/2007, 9 de Marzo de 2007

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