Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/515429-d-192-2013-de-22-oct-ca-extremadura-modificacion-del-d-93-2002-de-8-jul.html
Timestamp: 2017-10-21 18:35:46+00:00

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La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura establece en su artículo 102 que la formación profesional en el sistema educativo, tiene como finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática y favorecer la formación a lo largo de la vida.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y la Formación Profesional, establece en su artículo 1.2 que: «La oferta de Formación Profesional sostenida con fondos públicos favorecerá la formación a lo largo de toda la vida, acomodándose a las distintas expectativas y situaciones personales y profesionales».
El artículo 5 del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, determina que todas las disposiciones contempladas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, a excepción de la disposición adicional séptima, serán de aplicación en el curso 2014-2015. Es por ello que el acceso y admisión del alumnado en los centros que impartan formación profesional se regirá por lo previsto en el Capítulo V del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, cuyo artículo 19 contempla las vías para la obtención de los títulos de formación profesional indicando que una de ellas es la superación de las pruebas organizadas para su obtención directa. Por su parte, los artículos 35 y 36, del Capítulo VI, dedicado a las enseñanzas de formación profesional para personas adultas, regulan aspectos fundamentales de estas pruebas como su organización periódica, evaluación y requisitos que debe reunir quien desee presentarse a las mismas.
La Ley 18/2001, de 14 de diciembre, regula las Tasas y los Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En su virtud, por el Decreto 93/2002, de 8 de julio, se establecen los precios públicos por prestación de servicios de residencias de Institutos de Educación Secundaria y los correspondientes a las enseñanzas de música e idiomas en Conservatorios de Música y Escuelas Oficiales de Idioma. Dicho Decreto fue modificado mediante Decreto 128/2010, de 11 de junio, cuya disposición adicional única establece los precios públicos por la realización de las pruebas libres de obtención directa de titulaciones del sistema educativo, fijando los derechos de examen por convocatoria.
Posteriormente mediante Decreto 123/2013, de 16 de julio, se modifica el apartado 2 de la disposición adicional única del Decreto 93/2002, de 8 de julio, estableciendo un precio público por cada módulo profesional en lugar de uno global por convocatoria.
Aplicando un criterio de racionalidad, una vez calculado el coste efectivo estimado de referencia, es preciso establecer un precio público por inscripción en las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior de las enseñanzas de formación profesional inicial del sistema educativo.
De conformidad con lo anterior, a iniciativa de la Consejera de Educación y Cultura, y a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 22 de octubre de 2013
Se modifica el Decreto 93/2002, de 8 de julio, por el que se establecen los precios públicos por prestación de servicios de residencias de Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y los correspondientes a la enseñanza de música e idiomas en Conservatorios de Música escuelas Oficiales de Idiomas en los siguientes términos:
Uno: La disposición adicional única pasa a ser la disposición adicional primera.
Dos: Se introduce una disposición adicional segunda con el siguiente tenor literal:
«Disposición adicional segunda Precios públicos para pruebas de acceso a ciclos formativos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo
1. Se establecen los precios públicos correspondientes a los derechos de examen en la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos, convocadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura.
2. La cuantía del precio público se fija en 12,82 euros por inscripción. Dicha cuantía será actualizada mediante la aplicación al precio vigente del coeficiente multiplicador que se determine en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. El precio público por derechos de examen se abonará a través del modelo-50 y su ingreso se efectuará a través de cualquiera de las entidades financieras colaboradoras con la Junta de Extremadura, de conformidad con lo establecido en el Decreto 105/2002, de 23 de julio, de recaudación de ingresos producidos por tasas, precios públicos y otros ingresos.
4. El solicitante satisfará el importe total de las tarifas al formalizar la inscripción mediante el ingreso correspondiente a través del modelo-50. Una vez realizado el ingreso del precio público correspondiente, el interesado deberá presentar en la secretaría del centro educativo correspondiente, el ejemplar 1 (para la Administración) del modelo-50, debidamente diligenciado o sellado por la entidad financiera.
5. Estarán exentos del pago precio público por derechos de examen:
a) Los aspirantes que tengan la condición legal de demandantes de empleo, a excepción de la modalidad de mejora de empleo.
b) Los aspirantes que acrediten la condición de tercer o ulterior hijos dependientes de sus padres, cuando el domicilio familiar radique en Extremadura con dos años de antelación a la solicitud del beneficio fiscal y que la unidad familiar tenga unas rentas menores cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional, de acuerdo con el Decreto 82/1999, de 21 de julio, sobre beneficios fiscales en Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
c) Quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, que deberán presentar fotocopia compulsada del reconocimiento con carácter definitivo de la discapacidad de que se trate junto con la solicitud.
e) Las víctimas de violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas. Para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor del víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas que constituye el objeto de la citada Ley Orgánica. Excepcionalmente, será título acreditativo de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de la violencia de género hasta tanto no se dicte la orden de protección o resolución judicial equivalente».

References: artículo 102
 artículo 1
 artículo 5
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 19
 resolución 
 resolución