Source: https://supremo.vlex.es/vid/677345225
Timestamp: 2017-10-22 21:07:42+00:00

Document:
Sentencia de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Abril de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 677345225
Número de Recurso: 10612/2016
NARCOTRÁFICO. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRUEBAS. Ilicitud de las intervenciones telefónicas y de las pruebas testificales, documentales y periciales al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y el derecho a un proceso con todas las garantías. Falta de resoluciones judiciales legitimadoras de las fuentes de prueba con que se ha abierto el proceso y de la documentación en que se sustentan. Se estima el recurso de casación.
Resumen - Abordaje de un velero en alta mar con unos 1.000 kilos de cocaína. El barco era ocupado por un capitán y dos tripulantes. Los tres fueron condenados. Se absolvió a otros dos acusados que habían intervenido con actos realizados en tierra. Uno de ellos era el presunto organizador de toda la operación, contra el que sólo concurrían como prueba de cargo relevante las intervenciones telefónicas.
- Se estima el recurso de casación de los tres recurrentes debido a la inexistencia de las resoluciones judiciales referentes a las intervenciones telefónicas y de la documentación en que pudieron fundamentarse. Toda esa documentación se hallaba en la causa matriz de la que se derivó la que ahora se juzga. A pesar de que todo el grueso de las argumentaciones de las defensas, ya en las calificaciones provisionales, se centró en la nulidad de las intervenciones telefónicas por carecer de toda legitimación, no fueron solicitadas por la acusación pública los testimonios de esas resoluciones relativas a los dos principales acusados, ni tampoco las diligencias que las justificaban ni el resultado de las escuchas.
- El argumento utilizado por la acusación pública en la vista oral del juicio para orillar toda la espinosa cuestión relativa a la ilicitud de las intervenciones telefónicas, consistente en prescindir de la validez de las escuchas como prueba directa y validarlas en cambio como medio de investigación, olvida que las investigaciones policiales y judiciales no pueden practicarse violentando los derechos fundamentales ni a espaldas de la imperativa observancia de las garantías constitucionales. Pues el ciudadano tiene derecho, aunque esté presuntamente implicado en graves hechos delictivos, a que el cercenamiento de sus derechos fundamentales se practique con la cumplimentación de todas las garantías que le otorga el ordenamiento constitucional y legal.
- El pretender que el vacío de la acreditación de esas garantías en el curso de la investigación policial y judicial pueda solventarse con una mera renuncia a su operatividad como prueba directa de cargo, encubre soterradamente la privación de la tutela más elemental de los derechos fundamentales del ciudadano investigado. Pues esa renuncia por la acusación a una prueba directa no puede operar como moneda de cambio compensatoria de la falta de tutela judicial efectiva de los derechos básicos y de la transparencia en la acreditación de su cercenamiento en la fase de instrucción. Sin que quepa admitir, a pesar de la insistencia del Ministerio Fiscal, que esas fuentes probatorias generadas en el más oscuro vacío procesal con respecto a esta causa, reverdezcan y afloren de nuevo en la vista oral del juicio reconvertidas en pruebas testificales policiales de toda índole, reapareciendo en la escena procesal ya desprendidas de cualquier fleco telefónico originario que pudiera enturbiarlas.
- Así pues, y ante la falta de las resoluciones judiciales legitimadoras de las fuentes de prueba con que se ha abierto este proceso y de la documentación en que se sustentan, sólo cabe declarar la ilicitud de las intervenciones telefónicas y de las pruebas testificales, documentales, periciales y de otra índole que directa o indirectamente se derivaron de las mismas, al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones ( art. 18.3 CE en relación con el art. 11.1 LOPJ ) y también el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ).
El Juzgado Central de Instrucción número 2 instruyó sumario 6/2015, por delitos contra la salud pública y falsificación de documentos públicos contra Severiano Victorio , Felix Balbino , Melchor Silvio y otros, y lo remitió a la Audiencia Nacional Sala de lo Penal cuya Sección Tercera dictó en el Rollo de Sala 8/2015 sentencia en fecha 1 de septiembre de 2016 con los siguientes hechos probados: "Probados, y así expresamente se declaran, los siguientes hechos: 1).- A las 09.45 horas ( horario peninsular español) del día 12 de Mayo de 2015, en mitad del Atlántico Norte, aguas internacionales, en las coordenadas 32° 42'04"N 37°21'1 9'W, funcionarios del Cuerpo nacional de Policía adscritos al Grupo de Operaciones Especiales del Grupo 24 de la Brigada Provincial Judicial de Madrid, a bordo de Patrullero de la Armada española P-72 "Centinela" y auxiliados por su tripulación, procedieron a la interceptación y abordaje del barco velero de marca Hanse 540e, con 16,03 metros de eslora, de nombre AMSTERDAMER, con pabellón del Estado de DELAWARE (Estados Unidos) con matrícula número NUM020 , y propiedad del ciudadano Serbio Severiano Victorio , quien a su vez era el capitán del mismo, al tener noticias de que en él podía estarse efectuando el transporte de un cargamento de cocaína desde costas de Sudamérica (Trinidad - Islas Barbados) haciá Europa. Dicho abordaje fue autorizado mediante Auto de fecha 11 de mayo de 2015 del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en Diligencias Previas número 44/2015 incoadas por Auto de 7 de Mayo de 2015 , y obtenido autorización limitada para la detención, abordaje e inspección del navío por el Departamento de Estado de los Estados Unidos mediante comunicación de fecha 11 de mayo de 2015, sin cesión de jurisdicción, en la que se solicitaba caso de hallazgo a positivos se mantuviese el barco en aguas internacionales hasta tanto se resolviese por Estados Unidos el destino del mismo. En el transcurso de la inspección, se halló, en la escotilla de popa del velero 678 paquetes con un kilo aproximado cada uno, de cocaína, por lo que se procedió a la detención del capitán del velero y su tripulación, compuesta por dos ciudadanos croatas: Felix Balbino y Melchor Silvio , y, cumpliendo el mandato contenido en la resolución judicial que autorizaba el abordaje, en la que, además de autorizar éste se acordaba: "ORDENAR que una vez ejecutado todo lo anterior conduzcan a puerto español el barco abordado y, en su caso, la sustancia estupefaciente intervenida", se procedió al remolque del navío hacia aguas españolas, llegando al arsenal militar del Puerto de las Palmas de Gran Canaria el día 20 de mayo de 2015, procediéndose en dicho lugar a verificar por la comisión judicial diligencia de entrada y registro en el navío, al haber sido ésta autorizada por Auto de fecha 18 de mayo de 2015 del Juzgado Central de Instrucción número 2, en el curso de la cual, bajo el suelo del camarote del capitán, se encontraron otros 405 paquetes idénticos a los ya hallados, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, de cocaína. En total se incautaron 1.077 paquetes, que convenientemente pesados y analizados arrojaron un peso neto de 1.079'99 kilogramos (mil setenta y nueve kilogramos con 99 gramos) con una riqueza media del 67'92% cuyo valor en el mercado (venta por kilos) habría alcanzado la cantidad de 36.871,938.59 &#8364; (treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos) En fecha 13 de mayo de 2015, con sello de entrada de 14 de mayo de 2015, por el Ministerio Fiscal se interpuso querella contra Severiano Victorio , Melchor Silvio y Felix Balbino por delito de tráfico de drogas. La embajada de los Estados Unidos de América, en comunicación n° 363 de fecha 26 de mayo de 2015 informó de la disposición de los Estados Unidos a tramitar prontamente una solicitud de renuncia de su jurisdicción principal sobre el velero AMSTERDAMER, su carga y las personas a bordo. El Juzgado Central de Instrucción número 2 , en expediente Gubernativo de Cesión de Jurisdicción Internacional n° 2/2016 remitió el 12 de febrero de 2016 solicitud a las autoridades competente de los Estados Unidos de América, de cesión de la jurisdicción a favor de esta Audiencia Nacional, a lo que se accedió por el Gobierno de los Estados Unidos en nota verbal 144 de 19 de febrero de 2016 en la que la Embajada "se complace en confirmar que los Estados Unidos ha decidido renunciar a su derecho de jurisdicción primaria sobre el velero AMSTERDAMER, su carga y su tripulación con el entendimiento que este caso será instruido por las autoridades españolas". Severiano Victorio , Melchor Silvio y Felix Balbino en el momento de embarcar en el velero AMSTERDAMER con su carga de más de una tonelada de cocaína desde las costas de Sudamérica a Europa, eran conocedores de la carga que transportaban y de la ilicitud de tal trasporte. No consta acreditada la participación en dicho transporte de los encausados Melchor Silvio y Prudencio Secundino . 2).- En fecha 16 de Junio de 2015, en el seno de las diligencias Previas Diligencias Previas número 52/2014 del Juzgado de Instrucción Central n° 2, origen del presente procedimiento, se efectuó diligencia de Entrada y registro en el domicilio sito en el PASEO000 n° NUM000 , planta NUM001 apartamento n° NUM002 , vivienda de los encartados en aquél procedimiento Constancio Primitivo y Isidoro Benedicto , encontrándose en el interior del mismo: carta de identidad de la República de Bulgaria número NUM003 a nombre de Olegario Cirilo , licencia de conducción de vehículos de la República de Bulgaria con número NUM003 a nombre de Olegario Cirilo y el Pasaporte de la República de Bulgaria número NUM004 a nombre de Olegario Cirilo , todos ellos con la fotografía de Justino Rodrigo , documentos todos ellos falsos por manipulación al tratarse de documentos base auténticos en origen, pero a los que se les han manipulado los datos biográficos, que previamente habían sido facilitados para su falsificación por Justino Rodrigo ".
La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "FALLO En atención a lo expuesto, y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española, hemos decidido: Que debemos absolver y absolvemos a Justino Rodrigo y a Prudencio Secundino del delito contra la salud pública por el que venían siendo acusados en este procedimiento, con toda clase de pronunciamientos favorables. Que debemos condenar y condenamos a Severiano Victorio y a Felix Balbino como autores de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cuantía de notoria importancia y perpetrado mediante medios, modos y formas de extrema gravedad, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de 10 años de prisión, una multa de 36.871,938.59 &#8364; (treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos), y otra multa de 36.871,938.59 &#8364; (treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos) con sus accesorias de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y comiso de la droga, dinero y efectos incautados, a los que se dará destino legal, con expresa imposición del pago de una sexta parte de las costas procesales causadas en el procedimiento a cada uno de ellos. Que debemos condenar y condenamos a Melchor Silvio como autor de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, en cuantía de notoria importancia y perpetrado mediante medios, modos y formas de extrema gravedad, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de 9 años de prisión, una multa de 36.871,938.59 &#8364; (treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos), y otra multa de 36.871,938.59 &#8364; ( treinta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho euros con cincuenta y nueve céntimos) con sus accesorias de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y comiso de la droga, dinero y efectos incautados, a los que se dará destino legal, con expresa imposición del pago de una sexta parte de las costas procesales causadas en el procedimiento. Que debemos condenar y condenamos a Justino Rodrigo como autor del delito de falsificación de documentos públicos cometida por particular sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año, 1 mes y 15 días de prisión y multa de 6 meses con cuota diaria de 50 euros, con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y comiso de la documentación intervenida, a la que se dará destino legal, así como al pago de una sexta parte de las costas causadas Se declaran de oficio dos sextas partes de las costas causadas en este procedimiento. Para el cumplimiento de las penas principales que se imponen en esta resolución, les será de abono todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, si no lo tuvieran absorbido en otra. Notifíquese a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso de Casación por infracción de Ley o quebrantamiento de forma en el plazo de cinco días".
Los hechos objeto de condena consistieron, resumidamente expuestos, en que a las 09.45 horas (horario peninsular español) del día 12 de Mayo de 2015, en mitad del Atlántico Norte, aguas internacionales, en las coordenadas 32°42'04"N 37°21'1 9'W, funcionarios del Cuerpo nacional de Policía adscritos al Grupo de Operaciones Especiales del Grupo 24 de la Brigada Provincial Judicial de Madrid, a bordo de Patrullero de la Armada española P-72 "Centinela" y auxiliados por su tripulación, procedieron a la interceptación y abordaje del barco velero de marca Hanse 540e, con 16,03 metros de eslora, de nombre AMSTERDAMER, con pabellón del Estado de Delaware (Estados Unidos), con matrícula número QQ....IH , y propiedad del ciudadano Serbio Severiano Victorio , quien a su vez era el capitán del mismo, al tener noticias de que en él podía estarse efectuando el transporte de un cargamento de cocaína desde costas de Sudamérica (Trinidad- Islas Barbados) hacia Europa.
Una vez remolcado el velero hacia aguas españolas hasta el arsenal militar del puerto de las Palmas de Gran Canaria el día 20 de mayo de 2015, se procedió a verificar por la comisión judicial diligencia de entrada y registro en el navío debidamente autorizada por resolución judicial, en el curso de la cual, bajo el suelo del camarote del capitán, se encontraron otros 405 paquetes idénticos a los ya hallados, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, de cocaína. En total se incautaron 1.077 paquetes, que convenientemente pesados y analizados arrojaron un peso neto de 1.079'99 kilogramos con una riqueza media del 67'92% cuyo valor en el mercado (venta por kilos) habría alcanzado la cantidad de 36.871,938.59 €.
El Juzgado Central de Instrucción número 2, en expediente gubernativo de cesión de jurisdicción internacional n° 2/2016, remitió el 12 de febrero de 2016 solicitud a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América de la cesión de la jurisdicción a favor de la Audiencia Nacional, a lo que se accedió por el Gobierno de EE UU en nota verbal 144 de 19 de febrero de 2016, en la que la Embajada "se complace en confirmar que los Estados Unidos ha decidido renunciar a su derecho de jurisdicción primaria sobre el velero Amsterdamer, su carga y su tripulación con el entendimiento que este caso será instruido por las autoridades españolas".
Según la parte recurrente, se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE produciéndoles indefensión a los recurrentes, al considerar la Audiencia que no existe conexión de antijuridicidad entre la ilicitud de las escuchas telefónicas, tanto como prueba de cargo como en su condición de método de investigación, y el resto de las pruebas practicadas en el acto de juicio oral.
Para fundamentar su argumentación con datos concretos, se refiere la defensa de los acusados en primer lugar al contenido del auto de deducción de testimonio para incoar el nuevo procedimiento de diligencias previas, dictado el 6 de mayo de 2.015, resolución que en su antecedente segundo establece expresamente que " en el desarrollo de la investigación realizada en el marco del presente procedimiento y fruto de las observaciones telefónicas acordadas en el mismo, se desprende la existencia de otra organización criminal distinta prima facie de la investigada en las presentes diligencias previas, la cual tiene prevista una operación de tráfico de drogas a través del velero Amsterdamer... "
Este extremo consta totalmente acreditado -afirma la parte- al haber declarado el agente NUM005 , jefe de grupo e instructor de las diligencias policiales, que desde hacía meses tenían intervenidos los teléfonos de los acusados Justino Rodrigo y Prudencio Secundino . Igualmente declaró que escucharon conversaciones telefónicas en las que hablaban sobre un velero; y en cuanto a las conversaciones telefónicas entre Justino Rodrigo y Severiano Victorio , el citado agente declaró que hubo "conversaciones esclarecedoras y clarividentes" sobre que estaban adquiriendo un velero en el puerto de Valencia.
Prosigue relatando la defensa que el día 22 de julio de 2.014 el acusado Severiano Victorio llegó a la estación de tren de Valencia, sin que en ese momento la Policía supiera a qué había venido. Fue posteriormente, por una conversación telefónica, cuando conocieron los funcionarios que Severiano Victorio había venido a reunirse con Justino Rodrigo para tratar sobre la compra de un velero. De hecho, la Policía conoce por las conversaciones telefónicas la hora concreta en que se va a producir la reunión para adquirir esa embarcación (folio 30 de las actuaciones, conversación del día 1 de agosto de 2.014, en la que se concreta dicha cita "mañana a las 12 Club Náutico Valencia"), y es entonces cuando se monta una vigilancia con agentes de la UDYCO de Valencia.
A este respecto, se reseña en el recurso el folio 92 de las actuaciones, donde se dice que "En el mes de julio de 2014 se registran diversas conversaciones entre Elias Julio , Bienvenido Hipolito y Justino Rodrigo alias " Palillo " y " Zapatones " que apuntaban claramente que la organización criminal de los Balcanes está gestionando la compra de un velero en el puerto de Valencia".
Y más adelante refiere que "El día 22 de junio ' Zapatones ' se reúne en Valencia con otro miembro de la organización criminal, identificado como Severiano Victorio , (....). Por las conversaciones intervenidas se conoce que ambos contactan en el puerto de Valencia con Luciano German , (... ) Barcos de ocasión/Charter/ Alquiler sito en Club Náutico de Valencia - Cmno. Canal, 91. Local nº 8 Valencia".
En el siguiente párrafo se transcribe que "De las conversaciones telefónicas se desprende que Justino Rodrigo alias ' Palillo ' y ' Zapatones ' quiere adquirir un velero por el importe de 260.000 euros".
También resalta la parte el contenido del folio 93 de la causa, en el que se transcribe que "El pasado 1 de agosto de 2014 ' Zapatones ' concierta una reunión (...) para la venta del barco en el Club Náutico de Valencia (...) reunión que es observada por funcionarios de la UDYCO (...) desplazados para ese fin al puerto de Valencia". Y que "Al día siguiente de esa reunión de 2 de agosto de 2.014, hay una nueva conversación entre Zapatones y Severiano Victorio sobre la adquisición del velero".
Alega también la parte impugnante que en el folio 97 de las actuaciones se transcribe por la policía que de "las conversaciones de la línea intervenida NUM007 , de Severiano Victorio , se desprende que van a navegar con el barco desde Valencia a un país del mar Adriático, todo indica que Croacia". Y en el folio 100 se especifica que "Fruto del dispositivo del día 26 de diciembre se interceptan diversos 'sms' de la línea serbia intervenida con número NUM007 que, como ha quedado acreditado en la investigación, es utilizada por Severiano Victorio , posicionando en el puerto de Alicante".
Según se plasma en el folio 102 de las actuaciones, "El día 9 de enero el terminal de Severiano Victorio posiciona (el barco) en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, tal como se acredita por los 'sms' que recibe".
En la página 35 de las actuaciones consta un resumen policial en el que se hace constar expresamente que "...en las conversaciones ' Zapatones ' está preparando la adquisición de un barco por el que van a pagar 260.000 euros. Para ello cuenta con un consorte delincuencial de los Balcanes que pudiera hacer las labores de patrón de la embarcación, usuario de los teléfonos NUM007 y llamante NUM008 , quien es nacido el NUM009 /66, se llama Severiano Victorio y su pareja es usuaria del teléfono ...".
Señala también la defensa que, al folio 45, consta textualmente en cuanto al relato de hechos, ratificado por el instructor de las diligencias en el acto de juicio oral, lo siguiente: "...por las conversaciones de la línea intervenida NUM007 de Severiano Victorio , se desprende que van a navegar con el barco desde Valencia a un país del Mar Adriático, todo indica que Croacia, ya que las personas con las que habla Severiano Victorio respecto al viaje utilizan líneas telefónicas de ese país. Los desconocidos croatas usuarios de las líneas telefónicas de Croacia (...) le indican a Severiano Victorio que ha de esperar a que arreglen los asuntos con aduanas y que llegue la nueva matrícula y la bandera de EEUU para la embarcación (...)".
Aducen también los impugnantes que en el oficio policial de 8 de mayo de 2015, al folio 105 de las actuaciones, se expresa que "En vista de todo lo manifestado anteriormente, sumado a las siguientes conversaciones de chat que mantiene...se desprende que la organización criminal de los Balcanes está preparando la introducción de droga en Europa .... Y para tal cometido... ha adquirido el velero Amsterdamer".
En el oficio de 5 de mayo de 2.015, al folio 30 de las actuaciones, se recoge la conversación del día 1 de agosto de 2.014, en la que se concreta la cita para tratar sobre la adquisición del velero "mañana a las 12 Club Náutico Valencia".
Pues bien, la Sala de instancia, tras advertir que el Ministerio Fiscal no propuso las escuchas telefónicas como pruebas en su escrito de calificación, afirmó de forma rotunda que eran "total y absolutamente nulas". En primer lugar, porque el Tribunal carece del auto o de los autos que las acordaron en otro procedimiento, en concreto en las diligencias previas 52/2014 del Juzgado de Instrucción Central n° 2 de la Audiencia Nacional, por lo que no puede realizarse valoración alguna de la suficiencia de la argumentación jurídica, de la necesidad de la injerencia, etc. Y advierte a continuación que, aunque haciendo un esfuerzo integrador y validador de las diligencias practicadas pudiese darse por válido el auto (o autos) en los que se acordaron, aplicando para ello la doctrina favorable a la validez de la actuaciones, lo cierto es que tales intervenciones no están incorporadas a este procedimiento. Y no sólo porque no están propuestas como prueba por el Ministerio Fiscal, sino porque tampoco consta traducción alguna de ellas en ninguna lengua oficial (la mayoría, están en serbio-croata), ni transcripción fehaciente de su contenido, ni cotejo de éste, limitándose lo transcrito en el procedimiento a lo incluido policialmente en los atestados policiales enviados al Juzgado, en los que obran unas transcripciones no oficiales, y en muchas ocasiones meros resúmenes, sin que conste quién sea la persona que efectúa la traducción.
Sin embargo, más adelante precisa la Sala de instancia que, pese a la nulidad de tales intervenciones telefónicas, estima que ello no determina la nulidad de la totalidad de las actuaciones, al no apreciarse que exista conexión de antijuridicidad entre las escuchas telefónicas y la interceptación y abordaje del velero en aguas internacionales ( artículo 243 de la LOPJ ). Como razón de esa falta de conexión esgrime la Audiencia que el conocimiento de la compra del velero se constató por las vigilancias policiales, según las comprobaciones efectuadas en el establecimiento comercial "Jeanneaux", en el puerto de Valencia, y el seguimiento que los funcionarios del CNP realizaron de Severiano Victorio hasta el aeropuerto cuando éste regresaba a su país después de haber adquirido en Valencia el velero Amsterdamer.
Así lo confirman -señala la Audiencia- los informes policiales obrantes en autos, ratificados en el plenario por el instructor del atestado funcionario del CNP con carne profesional n° NUM005 . En concreto, ya desde el inicial oficio policial de fecha 8 de mayo de 2015 (dos días después de haberse incoado el 6 de mayo el procedimiento) se notifica al Juez Instructor que "por vigilancias policiales" se comprobó que a las 11 horas del día 29 de Agosto de 2014 Severiano Victorio , procedente de Roma, arribó al aeropuerto de Valencia, trasladándose al puerto de esa ciudad, donde fue visto en las instalaciones del Club Náutico al entrar en el local n° 8 (Carta Náutica), tienda rotulada como "Jeanneaux", donde permanece 35 minutos y compra el velero Amsterdamer por 121.000 euros, volviéndose ese mismo día a Roma .
Y prosigue diciendo la sentencia que la vigilancia policial sobre Severiano Victorio el 29 de agosto de 2014 está documentada en los folios 379-382 del tomo 2 de la causa, con fotografías, siendo ratificado testificalmente en el plenario el contenido de la misma (incluso el incidente en el aeropuerto, donde se procedió a su identificación, como si se tratase de una maniobra de rutina, en que Severiano Victorio les manifestó "que venía de comprar un barco", comprobando los agentes policiales que, en efecto, llevaba consigo metidos en la mochila los papeles que acreditaban la compra del velero Amsterdamer). Y también se verificó por la declaración del funcionario del CNP número NUM006 de la UDYCO de Valencia, quien además manifestó en el plenario con toda rotundidad que Severiano Victorio , el día que ellos le interceptaron e identificaron en el aeropuerto de Valencia, volvía de comprar el barco.
A continuación arguye la sentencia que el posterior recorrido del navío fue conocido policialmente por las notificaciones derivadas, en exclusiva, de la cooperación policial internacional, y no por las intervenciones telefónicas. Así constaría en el atestado n° NUM010 de 29 de agosto, al folio 389 (donde se relata que por investigaciones en la Dirección de la Marina Mercante de Valencia se enteran de que el anterior titular del barco lo ha dado de baja definitivamente en fecha 16 de septiembre de 2014 por exportación de la embarcación "a la bandera Croata"), tras lo cual por cooperación policial con la policía serbia los funcionarios policiales españoles obtienen información acerca de la presumible relación del comprador del velero con una organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes y explotación de la prostitución organizada (folio 389 de autos), por lo que continúan con las investigaciones y solicitan "mediante oficio 26518/24 la colaboración policial a las autoridades croatas para la localización del velero encartado en los presentes", uniendo al procedimiento la contestación que dichas autoridades croatas remitieron, en inglés, con traducción al español, con las fotos obtenidas en Croacia del velero (folios 390 in fine , 391, 392 y 393 del Tomo II). La cooperación policial internacional determinó el conocimiento policial de que el barco había cambiado su bandera a bandera estadounidense, constando como su propietario el ciudadano serbio Severiano Victorio . En esos momentos se encontraba el velero en el puerto Tankerkomerc, en Zadar (República de Croacia), donde había dado aviso de permanencia hasta el 25 de Octubre de 2014.
Tras ello -prosigue diciendo la sentencia recurrida- los funcionarios españoles del CNP se pusieron en contacto con las autoridades norteamericanas, quienes les confirmaron que el velero está registrado en el Estado de Delaware (EEUU) con matrícula QQ....IH , a nombre de Severiano Victorio , desde el día 9 de octubre, licencia que caducaba el 31 de diciembre de 2014 (folio 393 del Tomo II, con copia de la comunicación recibida por la policía española de la policía estadounidense). Consta al folio 394 que por las gestiones realizadas por colaboración policial internacional se tuvo conocimiento de que el velero zarpó el 9 de diciembre de 2014 hasta un puerto marítimo de Montenegro próximo a la ciudad de Skaljari, donde atracó el 12 de diciembre de 2014, y el 22 de diciembre de 2014 arribó al puerto de Trapani, en Sicilia. Es asimismo la cooperación policial internacional, y no las escuchas telefónicas, lo que alerta a la policía española de que el barco había zarpado desde Montenegro, con destino al Caribe con el objetivo de llevar a cabo cierta operación de narcotráfico y que dichos individuos deberían regresar a alguna localidad desconocida de Europa a mediados de febrero de 2015 (véase el fax remitido por la policía croata a la policía española el mismo día 22 de diciembre de 2014 en que el Amsterdamer arribaba a puertos italianos, aportado al atestado, unido en inglés al folio 395 y su traducción al español al folio 396 del tomo II) .
Considera también la sentencia recurrida como diligencias de investigación también desligadas del resultado de las intervenciones telefónicas los enlaces policiales de la zona del Caribe mediante los que se comprobó que el Amsterdamer arribó al puerto de St. Georges de la Isla de Granada el día 12 de abril de 2015 (folio 423 ), y que "el día 18 de abril de 2015 los tres tripulantes comunican a las autoridades del puerto de la isla de Granada que se dirigen a la Isla Barbados" así como que llegaron a dicha isla el día 20 de abril de 2015, y que "el día 25 de abril de 2015 Severiano Victorio comunica a las autoridades portuarias de Barbados que zarpan rumbo a las Azores" (folio 423, atestado n° NUM011 )
También se ha dicho por esta Sala que la llamada doctrina del "fruit of the poisonous tree" (fruto del árbol envenenado) admite una corrección a través de otra teoría, la del "inevitable discovery" (descubrimiento inevitable). Es decir, cuando la experiencia indica que las circunstancias hubieran llevado necesariamente al mismo resultado, no es posible vincular causalmente la segunda prueba a la anterior, pues en tales casos faltará la llamada, en la terminología del Tribunal Constitucional, "conexión de antijuricidad", que, en realidad presupone, en todos los casos, una conexión causal. Por lo tanto, allí donde la prueba se hubiera obtenido de todos modos, sin necesidad de recurrir a otra anterior, faltará la conexión de antijuricidad, es decir, la relación causal de la primera con la segunda. Con otras palabras: todo resultado que se hubiera producido aunque una de sus condiciones no se hubiera dado, no es el resultado de esa condición ( SSTS 69/2013, de 31-1 ; 912/2013, de 4-12 ; y 963/2013, de 18-12 ).
En la sentencia de esta Sala 320/2011, de 22 de abril (acogiendo los criterios de la STC 197/2009, de 28 de septiembre , y de las que en ella se citan), se establece que la conexión de antijuridicidad, también denominada prohibición de valoración, supone el establecimiento o determinación de un enlace jurídico entre una prueba y otra, de tal manera que, declarada la nulidad de la primera, se produce en la segunda una conexión que impide que pueda ser tenida en consideración por el Tribunal sentenciador a los efectos de enervar la presunción de inocencia del acusado. Tal prohibición de valoración se encuentra anclada constitucionalmente en la garantía constitucional de inocencia, como regla del juicio, de tal manera que impide todo mecanismo probatorio en contra de quien se produzca, y su concreción legal se dispone en el art. 11.1 de la LOPJ , de tal modo que "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales".
Finalmente, las sentencias de esta Sala 811/2012, de 30 de octubre , y 511/2015, de 21 de julio, después de plasmar y asumir las líneas principales de la sentencia 320/2011 , que acabamos de sintetizar, entran a distinguir dos corrientes en la jurisprudencia de este Tribunal. Una más tradicional, anterior a la sentencia 81/1998 del TC , y otra corriente posterior en la que se aplican las nuevas pautas del TC. En la concepción primigenia de esta Sala se acentúa o intensifica el efecto reflejo o indirecto de la infracción de la norma constitucional, buscando así otorgar el máximo de protección a los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y, al mismo tiempo, ejercer un efecto disuasorio de conductas anticonstitucionales en los agentes encargados de la investigación criminal ("Deterrence effect"). La prohibición alcanza tanto a la prueba en cuya obtención se ha vulnerado un derecho fundamental como a aquellas otras que, habiéndose obtenido lícitamente, se basan, apoyan o deriven de la anterior ("directa o indirectamente"), pues sólo de este modo se asegura que la prueba ilícita inicial no surta efecto alguno en el proceso. Se considera que prohibir el uso directo de estos medios probatorios y tolerar su aprovechamiento indirecto constituiría una proclamación vacía de contenido efectivo, e incluso una incitación a la utilización de procedimientos inconstitucionales que, indirectamente, surtirían efecto. De forma que el efecto expansivo prevenido en el art. 11.1 de la L.O.P.J . únicamente faculta para valorar pruebas independientes, es decir, que no tengan conexión causal con la ilícitamente practicada, debiéndose poner especial atención en no confundir "prueba diferente" (pero derivada), con "prueba independiente" (sin conexión causal).
Tal como ya se anticipó en su momento, en ella la Audiencia estimó que las intervenciones telefónicas eran "total y absolutamente nulas" debido a que se carecía del auto o de los autos referentes a la decisión de acordar unas escuchas telefónicas que se extendían a lo largo de un año. Y añadió que el contenido de esas escuchas tampoco podía operar en el procedimiento como prueba de cargo porque no habían sido incorporadas a la presente causa y, además, se carecía de la traducción literal de las conversaciones en lengua serbio-croata en la que se expresaban los principales implicados. A lo que ha de sumarse que el Ministerio Fiscal no las propuso como prueba de ninguna índole en su escrito de calificación. Sin embargo, consideró la Audiencia que sí tenían eficacia las pruebas derivadas de las escuchas dado que no concurría un nexo de antijuricidad entre éstas y las vigilancias policiales efectuadas en la causa con respecto a algunos de los acusados dentro del territorio nacional, ni tampoco entre las intervenciones telefónicas y las diligencias tramitadas mediante cooperación internacional por algunas policías extranjeras.
Pues bien, en el propio auto de 6 de mayo de 2015 en que se acuerda deducir testimonio para tramitar la nueva causa, se especifica en el antecedente segundo que la existencia de la nueva organización criminal "es fruto de las intervenciones telefónicas" practicadas en las diligencias previas 52/2014. Y en virtud de los datos que figuran en los folios 10 a 81 de la presente causa, se incoan por auto de 7 de mayo de 2015 las diligencias previas 44/2015, que forman parte de lo que después se transformó en sumario 6/2015, con respecto al que se dictó la sentencia ahora impugnada.
De los 47 minutos que dura la declaración del cualificado testigo, en los 10 primeros el funcionario policial afirma que todo lo referente a la compra del velero se inicia por la escucha de unas conversaciones telefónicas del acusado Isidoro Benedicto con Prudencio Secundino , de las que se desprendía que estaban intentando adquirir un velero en Valencia, tratándose de conversaciones "esclarecedoras y evidentes". El testigo afirmó que desde hacía meses que tenían establecidas intervenciones telefónicas en las que se investigaban planes para traer cocaína desde Sudamérica a Europa, en las que estaba implicado Isidoro Benedicto , que había realizado varios viajes a Sudamérica con anterioridad a la compra del velero.
El testigo manifestó en varias ocasiones que primero se practicaron las conversaciones telefónicas y después, a partir de ellas, se realizaron las vigilancias de las estancias en Valencia del acusado Severiano Victorio y sus contactos previos con Isidoro Benedicto . Las idas y venidas de Severiano Victorio a Valencia y los contactos para la compra del velero se averiguan a través de las conversaciones telefónicas, que son las que posibilitan conocer fechas y horarios de llegada a Valencia del referido acusado, que realiza los contactos con el vendedor del barco en la tienda "Jeanneaux". Son las conversaciones telefónicas entre Justino Rodrigo y Severiano Victorio las que permiten concretar los movimientos de los compradores y programar las vigilancias policiales, centrándose las escuchas en la segunda quincena del mes de julio de 2015 y en el mes de agosto (ver folios 92 y ss.).
Sin embargo, tal afirmación se contradice en gran medida con la documentación que figura en la causa, toda vez que en la información policial obrante al folio 97 se transcribe literalmente que "por las conversaciones de la línea intervenida NUM007 , de Severiano Victorio , se desprende que van a navegar con el barco desde Valencia a un país del mar Adriático, todo indica que Croacia, ya que las personas con que habla Severiano Victorio respecto al viaje utilizan líneas telefónicas de ese país". Y más adelante se dice en el mismo oficio policial que "por los posicionamientos del terminal intervenido Severiano Victorio y Alberto Dionisio parten el día 11 de septiembre de Valencia llegando el día 11 de septiembre hasta Mallorca, donde permanecen unas horas, perdiendo los posicionamientos del terminal en la tarde del día 12, por lo que todo apunta que están navegando rumbo al mar Adriático".
Si bien, al carecerse de la documentación de las intervenciones telefónicas de la causa matriz y, tal como se subraya en la sentencia recurrida, de las resoluciones judiciales que se dictaron al respecto, no se pueden conocer los datos concretos de las escuchas, todo deja sin embargo entrever que los teléfonos de los dos principales implicados en los hechos - Justino Rodrigo y Severiano Victorio - estuvieron intervenidos hasta las mismas fechas de la interceptación y abordaje del velero que transportaba la droga, e incluso en días posteriores a ello. Así lo acredita el auto de prórroga dictado el 13 de mayo de 2015 (folios 144 y ss. de la causa). En él se prolonga la intervención de tres teléfonos que venía utilizando el acusado Isidoro Benedicto y también del teléfono de Severiano Victorio , todos ellos hasta el 14 de junio de 2015.
Por lo demás, ese nexo causal no sólo se produjo en los primeros meses de la investigación, sino que se mantuvo en fases posteriores hasta la misma fecha del abordaje del barco, toda vez que, tal como se ha venido exponiendo, los teléfonos de los dos principales implicados - Justino Rodrigo y Severiano Victorio - se mantuvieron intervenidos hasta fechas posteriores a la del abordaje del barco y del hallazgo de la sustancia estupefaciente.
Procede recordar aquí -prosiguen diciendo las dos sentencias de esta Sala reseñadas por el Ministerio Fiscal- lo establecido literalmente por el Tribunal Constitucional en el caso específico analizado en la STC 81/98 : "Desde el punto de vista de la índole y características de la vulneración de que aquí se trata, ha de considerarse, en primer término, cuál de las garantías de la injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas (presupuestos materiales, intervención y control judicial, proporcionalidad, expresión de todas y cada una de las exigencias constitucionales) ha sido efectivamente menoscabada y en qué forma.
Y más adelante, se argumenta en ambas sentencias al dirimir los casos concretos enjuiciados y resolver sobre las insuficiencias de las resoluciones judiciales que acordaron las medidas de restricción del derecho fundamental, que "tampoco la entidad objetiva de la vulneración cometida hace pensar que la exclusión del conocimiento obtenido mediante la intervención de las comunicaciones resulte necesaria para la efectividad del derecho, pues no estamos ante una injerencia llevada a cabo sin intervención judicial, ni nos hallamos ante una intervención acordada por resolución inmotivada (como ocurría en los casos enjuiciados en las SSTC 85/1994 y 181/1995 ) que, al no contener motivación de ninguna especie, ni ofrecen precisiones que permitan efectuar, siquiera sea a posteriori, el necesario juicio de proporcionalidad, ni expresan en modo alguno la indispensable valoración del Juez respecto de la injerencia en el derecho fundamental".
Pues bien, en el caso que ahora se juzga lo cierto es que carecemos de las resoluciones judiciales que pudieran haber decretado las intervenciones telefónicas, según se afirma de forma rotunda en la sentencia recurrida. En vista de lo cual, califica las intervenciones telefónicas de "total y absolutamente nulas", ya que ni siquiera es factible valorar la argumentación jurídica de las resoluciones que pudieron haberlas acordado ni tampoco la necesidad de la injerencia.
El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2009 establece lo siguiente: " En los procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal, la simple alegación de que el acto jurisdiccional limitativo del derecho al secreto de las comunicaciones es nulo, porque no hay constancia legítima de las resoluciones antecedentes, no debe implicar sin más la nulidad".
"Pero si, conocido el origen de un medio de prueba propuesto en un procedimiento, no se promueve dicho debate, no podrá suscitarse en ulteriores instancias la cuestión de la falta de constancia en ese procedimiento de las circunstancias concurrentes en otro relativas al modo de obtención de las fuentes de aquella prueba ".

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 243
in fine
 resolución