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Timestamp: 2017-01-16 11:36:27+00:00

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Ley 4/1999, de 24 de marzo, reguladora de los Organismos Públicos (Vigente hasta el 01 de Enero de 2002).
Vigencia desde 27 de Marzo de 1999. Esta revisión vigente desde 27 de Marzo de 1999 hasta 01 de Enero de 2002
CAPITULO III. Las Entidades Públicas Empresariales
CAPITULO IV. Creación, modificación y extinción de los Organismos Públicos
CAPITULO V. Recursos económicos y bienes adscritos
Ley [CANTABRIA] 4/1999, 24 marzo, derogada por la disposición derogatoria única de la Ley de Cantabria 6/2002, 10 diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.C.» 18 diciembre) el 18 de enero de 2003.
Preámbulo El artículo 36 del Estatuto de Autonomía para Cantabria dispone que: «corresponde a la Comunidad Autónoma la creación y estructura de su propia Administración Pública, dentro de los principios generales y normas básicas del Estado».
Cumpliendo con dicha previsión estatutaria, la Comunidad se ha dotado de la vigente Ley de 28 de abril de 1997, y antes el 26 de abril de 1984, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria.
El apartado 2 del artículo 1 de esta Ley contempla la existencia de los organismos públicos, en calidad de organismos instrumentales diferenciados de la propia Administración de la Comunidad Autónoma, que deberán ser regulados por una Ley especifica.
De otro lado, el propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 37, preñé también, de manera más directa, la existencia de «organismos y entidades que se establezcan» para ejercer funciones administrativas.
Y el apartado 3 del artículo 57, dispone categóricamente que «la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá constituir empresas públicas como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia». En este sentido el apartado 1 del artículo 4 de la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas, contempla las entidades autónomas de la Comunidad y las Empresas Públicas Regionales.
Se dispone, por tanto, de titulo competencial y de exigencia estatutaria y legal, para instar una Ley que regule la que ha sido llamada «Administración Institucional», completando así, con la futura Ley de Comarcas, el marco legislativo básico para ordenar el conjunto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Desde estas premisas básicas, se ha redactado esta Ley de los Organismos Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Y para ello se ha adoptado como modelo la propia Ley del Estado de 14 de abril de 1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en concreto su Titulo III, y no para hacer una transposición de la misma, sino por el elemental sentido de poner el máximo de armonía y coherencia al conjunto del ordenamiento jurídico, buscando, como es obvio, el máximo de claridad y seguridad jurídica en la regulación de las instituciones del autogobierno.
Con esta necesaria referencia, la sistemática de esta Ley se ordena en cinco capítulos: El I dedicado a las Disposiciones Generales, el II a los Organismos Autónomos, el III a las Entidades Públicas Empresariales, el IV a la Creación Modificación y Extinción de los Organismos Públicos y el V a los Recursos Económicos y Bienes adscritos.
Completa la Ley una disposición transitoria y una final.
Creación y actividades propias de los organismos públicos La Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con la legislación básica del Estado, podrá crear organismos públicos que tengan por objeto la realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la Comunidad Autónoma, cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional, con el régimen y requisitos establecidos en la presente Ley.
Los organismos públicos se crearán por Ley del Parlamento de Cantabria.
Dependencia y adscripción Los organismos públicos de la Comunidad Autónoma dependen de ésta y se adscriben directamente, o por medio de otro Organismo Público, a la Consejería competente por razón de la materia, a través del órgano que en la Ley de creación se determine.
Personalidad jurídica y potestades 1. Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos de esta Ley.
Aplicación de los principios generales de la Administración Pública 1. Los organismos públicos se ajustarán al principio de instrumentalidad respecto de los fines y objetivos que tengan específicamente asignados.
a) Los organismos autónomos se atendrán a los criterios dispuestos para la Administración de la Comunidad Autónoma en el Título IV de la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración.
b) Las Entidades Públicas Empresariales se regirán igualmente por los criterios establecidos para la Administración Pública en la referida Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sin perjuicio de las peculiaridades contempladas en el Capitulo III de la presente Ley en consideración a la naturaleza de sus actividades.
Funciones 1. Los organismos autónomos se rigen por el Derecho Administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una Consejería, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
Nombramiento de los titulares de los órganos El nombramiento de los titulares de los órganos de los organismos autónomos se regirá por las normas aplicables para el nombramiento de los Secretarios Generales y Directores Generales contenidas en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración.
Personal 1. El personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. El titular del máximo órgano de dirección del Organismo Autónomo tendrá atribuidas, en materia de gestión de recursos humanos, las facultades que le asigna la legislación especifica.
3. El Organismo Autónomo estará obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos establecidas por la Consejería de la Presidencia y a comunicarle cuantos acuerdos o resoluciones adopte en materia de personal, en asuntos de relevancia.
Patrimonio 1. Los organismos autónomos, además de su patrimonio propio, podrán tener adscritos, para su administración, bienes del patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Respecto de su patrimonio propio, podrán adquirir, a titulo oneroso o gratuito, poseer, arrendar bienes y derechos de cualquier clase, incorporándose el patrimonio de la Comunidad Autónoma los bienes que resulten innecesarios para el cumplimiento de sus fines.
Las adquisiciones y enajenaciones de bienes inmuebles se realizarán conforme a las normas establecidas en la Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio.
La desafectación y cambio de destino de los bienes se realizará igualmente por la Consejería de Economía y Hacienda en la forma prevista en la Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio.
3. Los bienes y derechos que la Comunidad Autónoma adscriba a los organismos autónomos conservarán su calificación jurídica originaria y únicamente podrán ser utilizados para el cumplimiento de sus fines. Los organismos autónomos ejercerán cuantos derechos y prerrogativas relativos al dominio público se encuentren legalmente establecidos, a efectos de la conservación, correcta administración y defensa de dichos bienes. La adscripción de los mismos será acordada por la Consejería de Economía y Hacienda, de conformidad con la Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio, y demás leyes aplicables.
El inventario y sus modificaciones, una vez aprobadas, serán remitidas anualmente a la Consejería de Economía y Hacienda.
Contratación 1. Los contratos que celebren los organismos autónomos se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, por las demás normas básicas del Estado vigentes en cada momento, por las reglas sobre contratación contenidas en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración, y en sus normas de desarrollo.
2. La Ley de creación de organismos autónomos determinará los órganos de contratación de sus respectivos entes, pudiendo fijar los titulares de las Consejerías a que se hallen adscritos, la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos.
Régimen presupuestario El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero será el establecido por la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas.
Control de eficacia Los organismos autónomos están sometidos a un control de eficacia, que será ejercido por la Consejería a la que estén adscritos, sin perjuicio del control establecido al respecto por la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.
Actos y resoluciones A los actos y resoluciones de los órganos de los organismos autónomos les serán aplicables las reglas correspondientes contenidas en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración.
Impugnaciones y recursos Contra los actos y resoluciones dictados por los órganos de los organismos autónomos procederá recurso de alzada ante el Consejero del Departamento al que esté adscrito el Organismo.
Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales, serán resueltas por el órgano máximo del organismo autónomo.
CAPITULO IIILas Entidades Públicas Empresariales
Funciones y régimen general 1. Las entidades públicas empresariales son organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.
Ejercicio de potestades administrativas 1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que, en los estatutos, se les asigne expresamente esta facultad.
2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma, salvo las excepciones que, a determinados efectos, se fijen en cada caso en sus estatutos.
Personal 1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho Laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo.
a) El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado con arreglo a las normas y criterios establecidos para el nombramiento de los secretarios generales y directores generales contenidos en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración.
5. La Ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma y, en su caso, de otras Administraciones Públicas, podrán cubrir destinos en la referida entidad y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán las que tengan legalmente atribuidas los organismos autónomos.
Patrimonio 1. Las entidades públicas empresariales, además de patrimonio propio, pueden tener bienes adscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma.
2. El régimen de gestión de sus bienes patrimoniales propios es el establecido en el artículo 9 de esta Ley para los organismos autónomos.
3. Los bienes y derechos que la Administración de la Comunidad Autónoma adscriba a las entidades públicas empresariales conservarán su calificación jurídica originaria y únicamente podrán ser utilizados para el cumplimiento de sus fines. Las entidades públicas empresariales ejercerán cuantos derechos y prerrogativas relativas al dominio público se encuentran legalmente establecidas, a efectos de la conservación, correcta administración y defensa de dichos bienes. La adscripción y reincorporación de los mismos al Patrimonio de la Comunidad Autónoma será acordada por la Consejería de Economía y Hacienda, de conformidad con la Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio y demás Leyes que resulten aplicables.
El inventario y sus modificaciones, una vez aprobadas, serán remitidos anualmente a la Consejería de Economía y Hacienda.
Contratación 1. Los contratos que celebren las entidades públicas empresariales, se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, por las demás normas básicas del Estado vigentes en cada momento, por las reglas sobre contratación contenidas en la Ley de Cantabria 2/1997, de 28 de abril, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración, y en sus normas de desarrollo.
2. La Ley de creación de las entidades públicas empresariales determinará los órganos de contratación de sus respectivos entes, pudiendo fijar el titular de la Consejería de Economía y Hacienda la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos.
Régimen presupuestario El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de las entidades públicas empresariales será el establecido en la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas.
Control 1. Las entidades públicas empresariales están sometidas a un control de eficacia que será ejercido por la Consejería de Economía y Hacienda, directamente o a través, en su caso por el Organismo Público al que estén adscritas, sin perjuicio del control establecido al respecto por la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas. Dicho control tendrá por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.
2. El control del cumplimiento de los compromisos que, en su caso, hubiere asumido la entidad pública en un convenio o contrato programa, corresponderá además a la Comisión de seguimiento regulada en el propio convenio o contrato-programa, y a la Consejería de Economía y Hacienda.
Impugnaciones y recursos 1. Contra los actos de las entidades públicas empresariales dictados en el ejercicio de potestades administrativas procederá recurso de alzada ante el titular de la Consejería a la que estén adscritas.
CAPITULO IVCreación, modificación y extinción de los Organismos Públicos
Creación 1. La creación de los organismos autónomos y de las Entidades Públicas Empresariales se efectuará por Ley del Parlamento.
2. El proyecto de Ley de creación del organismo público que se presente al Parlamento deberá ir acompañado del proyecto de estatutos y del plan inicial de actuación del organismo a los que se refiere el artículo siguiente.
Estatutos 1. Los estatutos de los organismos públicos regularán los siguientes extremos:
a) La determinación de los máximos órganos de dirección del Organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con indicación de aquellos actos y resoluciones contra los que proceda el recurso administrativo ordinario.
c) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercitar, y la distribución de las competencias entre los órganos de dirección, así como el rango administrativo de los mismos en el caso de los organismos autónomos y la determinación de los órganos que, excepcionalmente, se asimilen a los de un determinado rango administrativo, en el supuesto de las Entidades Públicas Empresariales.En el caso de las Entidades Públicas Empresariales los estatutos también determinarán los órganos a los que se confieran el ejercicio de potestades administrativas.
d) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que haya de financiar el Organismo.
f) El régimen presupuestario, económico-financiero, de intervención, control financiero y contabilidad, que será, en todo caso, el establecido o que se establezca en la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas.
Plan inicial de actuación El Plan inicial de actuación del Organismo Público, que será aprobado por el Gobierno a propuesta del titular de la Consejería a la que haya de adscribirse, deberá contar con el informe previo favorable de las Consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda, y su contenido incluirá, en todo caso, los siguientes extremos:
Modificación y refundición 1. La modificación o refundición de los organismos públicos deberá realizarse por Ley del Parlamento de Cantabria.
3. En todos los casos de refundición de organismos, el proyecto de Ley deberá acompañar el proyecto de Estatutos y el Plan inicial de actuación en la forma prevista en los artículos anteriores de este Capitulo.
Extinción y liquidación 1. La extinción de los organismos públicos se producirá:
2. La norma correspondiente, que decrete la extinción, establecerá las medidas aplicables al personal del Organismo afectado en el marco de la legislación reguladora de dicho personal. Asimismo, determinará la integración en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de los bienes y derechos que, en su caso, resulten sobrantes de la liquidación del Organismo, para su afectación a servicios de la Administración de la Comunidad o adscripción a los organismos públicos que procedan conforme a lo previsto en las disposiciones reguladoras del Patrimonio de la Comunidad ingresándose en la Hacienda Pública de la misma el remanente liquido resultante, si lo hubiere.
CAPITULO VRecursos económicos y bienes adscritos
c) Las consignaciones especificas que tuvieren asignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
e) Los ingresos ordinarios y extraordinarios que estén autorizados a percibir, según las disposiciones por la que se rijan.
DISPOSICION ADICIONAL UNICAA partir de: 1 enero 2002 Disposición Adicional 1.º renumerada por la Disposición Final 1.ª de la Ley [CANTABRIA] 10/2001, 28 diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud («B.O.C.» 31 diciembre), su contenido literal se corresponde con el de la anterior Disposición Adicional Única.
Sociedades mercantiles públicas Las sociedades mercantiles públicas se regirán íntegramente por ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en las que sea aplicable la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que implique ejercicio de autoridad pública.
A partir de: 1 enero 2002 Disposición Adicional 2.ª introducida por la Disposición Final 1.ª de la Ley [CANTABRIA] 10/2001, 28 diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud («B.O.C.» 31 diciembre).
Adaptación de los organismos autónomos y las demás Entidades de Derecho Público a las previsiones de esta Ley 1. Los organismos autónomos y las demás Entidades de Derecho Público existentes en la actualidad, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a la entrada en vigor de esta Ley, hasta tanto se proceda a su adecuación.
2. Dicha adecuación se llevará a efecto por Decreto del Gobierno a propuesta conjunta de las Consejerías de Presidencia y de Economía y Hacienda, en los siguientes casos:
En todos los demás supuestos la adecuación de los actuales organismos se producirá mediante Ley.
4. El personal de los organismos autónomos existentes a la entrada en vigor de esta Ley, que se transformen en entidades públicas empresariales, continuará rigiéndose por la normativa vigente en el momento de la transformación hasta tanto se dicten las correspondientes normas de adecuación.

References: artículo 36
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 57
 artículo 4
 artículo 9