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Timestamp: 2019-12-06 08:09:10+00:00

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Modificación al estatuto del jugador de la FIFA y cambio de paradigma en la relación entre clubes y agentes intermediarios – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 30 julio 2015
Autor: Sosa, Fernando – Ver más Artículos del autor
Cita: MJ-DOC-7325-AR | MJD7325
I. Los jugadores de fútbol convertidos en verdaderos activos financieros. II. La aspiración de consolidar los derechos económicos y derechos federativos en su tratamiento frente a terceros. III. Modificaciones al Reglamento sobre el Estatuto y Transferencias de Jugadores (RETJ) de la FIFA. IV. La norma irrumpe en contextos ajenos a la realidad del fútbol sudamericano. V. El concepto de «terceros» a los ojos de la nueva disposición de la FIFA. VI. La vigencia del período de «transición»: sus límites. VII. ¿De la desregulación a la exclusión de los terceros en la negociación de derechos? VIII. Conclusiones preliminares.
Por Fernando Sosa (*)
I. LOS JUGADORES DE FÚTBOL CONVERTIDOS EN VERDADEROS ACTIVOS FINANCIEROS
Las transferencias internacionales de jugadores de fútbol representaron en el año 2013 más de 3700 millones de dólares.
En lo que importa a nuestro continente, la Argentina lidera en número de operaciones: 1657 transferencias registradas hacia las seis confederaciones asociadas a FIFA. La UEFA nuclea unos 950 futbolistas, siendo España, Italia, Chile y Estados Unidos los destinos más recurrentes.
Del total de jugadores, el 67% migraron a las ligas más importantes del mundo: España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia.
Le sigue Brasil en materia de traspasos internacionales (los fichajes entre clubes de un mismo país no se tienen en cuenta), con 746 jugadores hacia clubes de este país y 656 que abandonaron el país del norte por 275 millones de dólares.
En cuanto a gastos, Inglaterra encabeza la clasificación, con 913 millones de dólares de inversión, es decir, el 25% del total de las operaciones concertadas.
Según las cifras oficiales, las comisiones pagadas a los agentes aumentaron un 30%, cuando solo el 14% de las operaciones fueron negociadas por intermediarios (por el 17% en 2012).
Debe destacarse, según el informe anual de Euromericas Sport Marketing, que se ha registrado un aumento del 22% en las exportaciones de «jugadores jóvenes» (son aquellos que ni siquiera han debutado en primera división del club en el que se encuentran afiliados) de la mano de un mayor valor de venta que en el año 2013. El mismo informe señala que la transferencia de jugadores «se erige como uno de los sectores más pujantes del ingreso de divisas extranjeras al país a través de los pagos y las comisiones».
Hasta la fecha, el Reglamento sobre los Agentes de Jugadores FIFA establece en su artículo 1.1 que «se permite a los jugadores y clubes recurrir a los servicios de un agente de jugadores en las negociaciones con otros jugadores o clubes.El agente del jugador deberá tener una licencia expedida por la asociación nacional, según las disposiciones del art. 2.1» (1).
En consonancia con la norma, la propia FIFA y las distintas federaciones han reglamentado la inscripción o registración de los «agentes» o intermediarios, así como los requisitos para aplicar a tal calidad y que sean oficialmente reconocidos.
En los últimos 20 años, los jugadores de fútbol se han convertido en verdaderos «activos financieros», apetecibles para los patrocinios publicitarios, los derechos televisivos, explotación de sus derechos de imagen. Para los propios clubes (sean formadores o cesionarios en virtud de una transferencia) los jugadores de fútbol, uno de los principales incentivos para su financiamiento.
La consecuencia inmediata ha sido el establecimiento de un escenario con agentes altamente sofisticados, el posterior ingreso de verdaderas empresas, fideicomisos y fondos de inversión que administran las transferencias internacionales en los principales mercados.
En una etapa posterior, la incidencia de estas operaciones y de los agentes en la gestión económica mediante la transferencia de jugadores a clubes empobrecidos (que ahora se ven potenciados) ha generado, a criterio de la FIFA, un desequilibrio antinatural e inestabilidad en los clubes para la competencia.
También ha sido caldo de cultivo para la especulación financiera por parte de los intermediarios, el cobro de comisiones sustanciosas y hasta el planteamiento de reclamos ante la propia FIFA cuando no logran cobrar por sus servicios prestados en estas operaciones, llevándose el debate a ámbitos arbitrales y jurisdiccionales con la consecuente exposición del órgano rector, a quien se reclamaba la regulación de estas cuestiones por parte de algunos clubes.
En particular, las operaciones denotan por ejemplo cómo los fondos de inversión obtienen la cesión de los derechos económicos de los jugadores en negociaciones trabadas con los clubes y comienzan luego a gestionarlos igual que cualquier otro activo financiero.Así de sencillo, para el mundo dinámico de las finanzas y la «comoditización». Estos fondos recurrirán a expertos para que, en forma selectiva, especulen con el componente aleatorio y de incertidumbre que tiene este activo en particular.
Hasta el momento, un mercado excepcionalmente desregulado con los riesgos que ello trae aparejado, abandonado al «laissez faire» de sus operadores y sin injerencia de los Estados en virtud de la prohibición de la FIFA en tal sentido (2), queda graficado en una muy leve intervención de este último sobre la temática.
Sin embargo, la intervención de terceros en la cesión de derechos económicos recién fue abordada como un problema del cual ocuparse por parte de la FIFA en el año 2009. Este termina por enmendarse normativamente sobre fines de 2014.
II. LA ASPIRACIÓN DE CONSOLIDAR LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y DERECHOS FEDERATIVOS EN SU TRATAMIENTO FRENTE A TERCEROS
Se ha consolidado desde larga data la disquisición y el reconocimiento de dos derechos que se vinculan con la actividad de los deportistas vinculados a una entidad deportiva: los derechos federativos y los derechos económicos.
Desde la irrupción del primer agente en el mercado de transferencias ha existido una convivencia entre los clubes e intermediarios en relación con la titularidad de las «fichas» de los jugadores de fútbol: un jugador puede competir y defender los colores de determinado club ligado a este por los denominados derechos federativos, mientras la expectativa en torno a su futura transferencia (derechos económicos), permanece en porcentajes elevados en manos de privados, desde simples personas físicas -fundamentalmente en América del Sur- hasta fondos de inversión por ejemplo en Europa.
Sobre el primero de los derechos, nada se ha modificado, y no pretendemos ingresar, por no ser objeto de este trabajo.No obstante, debemos recordar que el segundo, esto es, los derechos económicos, son considerados desde el punto de vista jurídico como una «cesión de crédito», «eventual» y «futura» en ocasión de una transferencia de un jugador en forma definitiva o no de un club a otro.
En otra acepción, se los considera como el desmembramiento patrimonial que se desgaja de los derechos federativos que vinculan al jugador con un club. El concepto alude directa y exclusivamente a los derechos que nacen o se hacen exigibles a partir de la transferencia en forma onerosa de un club a otro y que le da al futbolista la posibilidad de participar y desarrollar su actividad para el club cesionario.
Cuando se creó en la Argentina el registro de titulares de derechos económicos, AFA los definió: «beneficios económicos por la transferencia de contratos» (3). Conviene repasar algunos vaivenes que ha tenido el tratamiento de los derechos económicos, ya que creemos ayuda a interpretar desde una visión contextual e histórica qué ha cambiado a partir de diciembre de 2014. El caso argentino es un buen ejemplo para ello.
Como bien recuerda Daniel Crespo, «en un primer momento se consideró la ilegalidad de estas relaciones en virtud de la prohibición contenida en el Reglamento de AFA y en el Convenio Colectivo de Trabajo 430/75 (…) en tanto determinaban la nulidad de esas cesiones a personas que no revistieran el carácter de clubes deportivos» (4). Autonomía de la voluntad y regulación institucional se alinearon detrás de un mismo concepto.
En el año 2005, la AFA superó esta exclusión reglamentaria y convencional, sosteniendo en los fundamentos de su resolución que tales normas no impiden la «cesión de derechos sobre el resultado económico del producido por la transferencia entre clubes de contratos con jugadores de fútbol profesional» (5). Con ello se generaba una primera excepción y declaración en cuanto al alcance del concepto de derechos económicos.
Posteriormente, la sanción del Convenio Colectivo 557/2009 en su art.8.6 declaró la prohibición, bajo pena de nulidad insubsanable, de la cesión de contratos de futbolistas o de derechos comprendidos en ellos (debe leerse entre ellos evidentemente los económicos) «a favor de personas físicas o jurídicas (…) que no intervengan directamente en la disputa de torneos de fútbol organizado por AFA, o de las ligas afiliadas a la misma» (6).
Sin embargo, los hechos posteriores reconocieron situaciones que autorizaron el negocio de transferencias con intervención de terceros lejos de declararlo nulo, regulando precisamente el derecho a percibir del futbolista del 15% de transferencias o cesiones parciales que acuerda precisamente el art. 9 del mismo convenio, lo que permite concluir que hasta la fecha la mencionada nulidad no encontraba un sustento, sino por el contrario un reconocimiento de este derecho.
En efecto, el negocio entonces se ha desarrollado en un mercado de operadores que, mediante diversos mecanismos, se han vuelto titulares o cotitulares de estos derechos, siendo fuente de ingresos desde temprana edad de los jugadores por el pago anticipado del precio de la cesión, convirtiéndose en verdaderos «socios ocultos» y fuente a su vez de apalancamiento financiero de los propios clubes titulares de los derechos federativos.
Salvo eventos extraordinarios, la actividad de los agentes de jugadores ha tomado una connotación empresarial poco difundida fuera del ámbito del derecho del deporte o sus operadores. Los datos anteriores que inicialmente trajimos a colación son elocuentes y revelan el interés por la regulación de algunos aspectos.
Debemos, por último, destacar que en el mundo del deporte, la regulación de la actividad de los agentes no solamente alcanza a la FIFA, sino que, como recuerda Ariel Reck, previamente se extendió en otras asociaciones o federaciones que nuclean otros deportes. La International Rugby Board (IRB) (7), la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAASF) (8), la International Basketball Federation (FIBA) (9) y hasta el deporte universitario de los Estados Unido s (10) han establecido el marco de actuación, licencias autorizaciones, y registraciones para estos operadores comerciales en la transferencia de jugadores (11).
III.MODIFICACIONES AL REGLAMENTO SOBRE EL ESTATUTO Y TRANSFERENCIAS DE JUGADORES (RETJ) DE LA FIFA
En diciembre de 2014, el Comité Ejecutivo de la FIFA modificó sustancialmente el régimen del Estatuto del Jugador a partir de la nueva redacción dada al artículo 18.
La Circular FIFA N.° 1464 (Zúrich, 22 de diciembre de 2014) indica la «decisión de principio general sobre el modo de regular la prohibición de la propiedad de los derechos económicos de los jugadores por parte de terceros» (TPO, Third Parties Ownership, por sus siglas en inglés), que se incluirán en el REJT.
En la misma Circular, se indican las normas modificadas y la interpretación que la propia FIFA realiza en relación con algunos conceptos.
El artículo 18 bis, bajo el acápite de «Influencia de terceros en los clubes», ha quedado redactado de la siguiente manera: «Ningún club concertará un contrato que permita a los clubes contrarios y viceversa o a terceros, asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o actuación de los equipos del club».
Con esto, se modifica el sistema jurídico y económico de la actividad de los «agentes FIFA» o terceros que históricamente han participado de la representación y negociación de los derechos económicos de los jugadores de fútbol.
Hasta la fecha, la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Internacional de Fútbol Asociado nada había reglamentado sobre estos derechos y su relación con terceros. Sin embargo, por la vía de los hechos y jurídicamente, el derecho deportivo ha despejado desde larga data la disquisición de los derechos federativos y derechos económicos.
De la mano de los agentes individuales, el esquema se ha sofisticado con la intervención de una actividad en forma empresaria, sociedades, corporaciones, «sponsors» y todo el elenco de sujetos que quisieran invertir en el «fichaje» del jugador y seguir la suerte de su periplo deportivo.A la fecha, se estima que el control de este mercado relevante de transferencias se encuentra atomizado en no más de una decena de corporaciones internacionales.
En tal sentido, el órgano rector del deporte más popular ha establecido desde el hemisferio norte, las coordenadas para todas las latitudes donde se practique el fútbol profesional, indicando qué debe modificarse en las respectivas federaciones y a partir de cuándo, así como el elenco de sanciones para quienes se aparten de la conducta esperada.
Seguidamente, veremos cómo esto impacta en forma inmediata en el sistema de transferencia de jugadores, lo que permite imaginar un nuevo cambio de paradigma y una nueva búsqueda de soluciones para un «mercado exportador» de jugadores como el sudamericano.
Las nuevas disposiciones vigentes han determinado la prohibición de la regla vigente por la cual los terceros eran titulares o propietarios de los derechos económicos de los futbolistas.
La referencia a los derechos o beneficios económicos generados en la transferencia de jugadores se encuentra bastante despejada en el ámbito del derecho deportivo: «son aquellos que pueda percibir un club por la transferencia o cesión del contrato que lo une a un futbolista a otra entidad deportiva, nacional o extranjera» (12).
La disposición reguló las transferencias no definitivas, esto es, las hipótesis de préstamo de jugadores prohibiendo la participación de terceros como beneficiarios de las denominadas cláusulas «gatillo».
Estas previsiones contractuales habituales en el mercado deportivo habilitaban el préstamo de un jugador de un club a otro, pero dejando asentado que ante una determinada oferta de un tercero o del propio tomador del jugador «a préstamo», el club titular de los derechos federativos o quien lo recibía en préstamo, se obligaba a aceptar la finalización del contrato y el otorgamiento del derecho de igualar eventuales ofertas de adquisición, entre otros.
Por su parte, el art.18 ter, bajo el título «Propiedad de los Derechos Económicos de Jugadores por parte de terceros», señala expresamente que «1) Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de club a otro, o que se otorguen derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes».
La claridad de la norma consagra una prohibición expresa en el sentido de que ningún tercero a los clubes pueda ser titular de los derechos económicos como venía ocurriendo hasta la fecha, sean estos personas físicas, sociedades anónimas, corporaciones o fondos de inversión, entre otros, y así participar directamente de los beneficios de la transferencia definitiva de un club a otro.
La primera consecuencia de la entrada en vigor es la consolidación o reubicación de los derechos económicos de los jugadores en el patrimonio de los clubes. Ningún agente ni club anterior podrá conservar porcentajes por ventas futuras de jugadores.
La segunda consecuencia necesaria e inmediata ha sido modificar las reglas de juego para los intermediarios, que lejos de extinguirse, siguen vigentes en el mercado, pero con una nueva regulación.
IV.LA NORMA IRRUMPE EN CONTEXTOS AJENOS A LA REALIDAD DEL FÚTBOL SUDAMERICANO
Como señalamos, la nueva imposición de FIFA con carácter general es la respuesta a un debate que, en Europa, se viene planteando a propósito de la injerencia de agentes comerciales, fondos de inversión no identificados, los constantes desequilibrios económicos a partir de la entrada y salida de capitales en clubes cotizados, la falta de transparencia en la gestión de los clubes y un apego a la política de Fair Play Financiero que ha determinado la aplicación de gravosas sanciones económicas a los clubes y federaciones, entre otros.
A esto, debe adicionarse el reclamo que venía realizando la propia EUFA y el FIFPro (Sindicato Mundial de Jugadores), que llegaron a reclamar a la propia Comisión Europea la «abolición» de «una especie de esclavitud moderna» con este esquema de titularidad de derechos.
Sea cual fuera el origen o causa de la enmienda, en sustancia sobrevuela la necesidad de transparentar la gestión de los derechos deportivos de los jugadores sin la utilización de ingenierías jurídicas que irían en desmedro del propio jugador y de los clubes deportivos.
No menos cierto es que el fútbol europeo en particular, cuna de esta regulación, ya ha resuelto algunos asuntos previos que facilitan una inmediata aplicación de esta norma.Así por ejemplo ha ocurrido con las referidas al Fair Play Financiero (FPF) que vio la luz en el año 2001, que ha sugerido una gran injerencia de UEFA en los clubes y la obligación de rendir cuentas de su gestión financiera y la relación con terceros en materia económica.
De su mano, se ha verificado un celoso y efectivo ejercicio de «policía» de FIFA a través de advertencias y severas sanciones para clubes relevantes que se han apartado de las sugerencias normativas (París-Saint Germain y Manchester City son los casos económicamente relevantes más recientes). Entrada en vigencia esta norma en plenitud luego del período de gracia o transición, sería esperable una aplicación sin excepciones.
La reacción no se ha hecho esperar desde que en el marco de la crisis financiera y económica de muchos clubes del Viejo Continente, solamente han encontrado sustento en la financiación básicamente de los fondos de inversión.
Por consiguiente, la norma, aunque resistida, es un paso más en el camino de regular fuertemente las relaciones entre los clubes y los terceros.
En el ámbito de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), como regla, no existe a la fecha una regulación en la materia diferente a la prevista en el art. 18; por lo cual, los clubes permanecen como islas al margen del control de las federaciones y la injerencia de terceros en su gestión deportiva y económica. Otro tanto ocurre para la norma que entró en vigencia en relación con la transferencia de jugadores.
Desde esta perspectiva, ello no excluye la adaptación y aplicación de esta norma en forma inmediata, reglamentándose por cada federación su alcance, sin que exista contemplación o privilegios, en tanto constituye un mercado menos sofisticado y mayoritariamente desregulado.
V. EL CONCEPTO DE «TERCEROS» A LOS OJOS DE LA NUEVA DISPOSICIÓN DE LA FIFA
La propia FIFA no dejó librada al azar la interpretación de la noción de «terceros» al incluir la norma comentada.En el capítulo dedicado a las Definiciones, el punto 14 del REJT estableció que se considera tercero a la «parte ajena a los dos clubes entre los cuales se traspasa un jugador, o a cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuviera inscrito previamente».
En ninguna disposición de la modificación se establece que el propio jugador pueda ser considerado «tercero» a la luz del nuevo art. 18, lo cual ha validado una tendencia doctrinaria en esta línea de razonamiento, admitiendo tal posibilidad al no existir una prohibición o mención expresa a esta posibilidad.
Por su parte, quienes defienden una interpretación hermenéutica y contextual histórica, señalan que la transferencia de derechos consolidados en el patrimonio de un club sin la intervención de terceros que consagra el nuevo art. 18, debe realizarse entre el club cedente y el club destinatario.
En el reciente «65 Congreso de la FIFA», celebrado en mayo de 2015, se esperaba echar luz al respecto, lo cual no ocurrió y se espera que en futuras reuniones del organismo pueda obtenerse una interpretación auténtica del organismo legislativo al respecto eliminando cualquier duda o pluralidad de interpretaciones.
Algún adelanto se ha formulado por representantes de la FIFA que participaron en el tercer Congreso de la Asocia ción Internacional de Abogados de Fútbol (AIAF), quienes sostuvieron la inexistencia de dudas al respecto: los jugadores son terceros. Tanto Mark Goddard, Director General de TMS, como Roy Veermer, Consejero Legal de la FIFA, fueron categóricos al confirmar que, de acuerdo con el art. 18 ter del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, los jugadores son terceros y no pueden ser titulares de derechos económicos (13).
Para decirlo de otro modo, el jugador está incluido tanto en la prohibición de ser cedente como en la de cesionarios de los derechos económicos, encontrándose en las dos posiciones de la situación jurídica prohibida por el art. 18 ter.La norma es clara en el sentido de no desvirtuar las nociones que hasta ahora venimos recordando. Los derechos económicos constituyen la porción patrimonial derivada de la ligazón entre el club y el jugador en ocasión de una transferencia. Pues bien, mal entonces puede cederse este derecho económico antes y mientras siga vigente ese vínculo, tampoco puede desmembrarse para los efectos puntuales de un negocio que anticipa temporalmente el nacimiento de este, que hasta que no exista transferencia en términos estrictos, se encuentra en estado latente o condicional. El art. 18 viene a ceñir aun más el concepto de derecho económico y la oportunidad en que se verifica el desmembramiento, previendo que nunca debiera permitirse que se traslade a un tercero ni aun en su momento de mayor flexibilidad conceptual.
Al existir una norma prohibitiva como la que viene comentándose, siendo principio general de derecho que esta sea de interpretación estricta o restrictiva por su naturaleza, está claro en nuestra opinión que el órgano legislativo le inhibe al titular de los derechos (club cedente) expresar su voluntad de cederlo a un tercero que no sea otro club al tenor de la definición de «terceros» que formula la misma disposición. También a nuestro juicio resulta claro, y plasmado el espíritu del legislador, no querer que ni aun en forma indirecta se violente el nuevo escenario de transferencias de derechos económicos que la FIFA vino a instalar.
Una interpretación en sentido contrario parecería burlar la inteligencia de la norma y su creador, que a todas luces quiere evitar la continuidad de un estatus que ya no le resulta adecuado, y más, no dejar lugar para poner en el centro de los conflictos los derechos que precisamente pretende proteger.
Conviene precisar que en el elenco de terceros, la prohibición de la FIFA no eliminó los consagrados «derechos de formación» o «mecanismo de solidaridad» que se aplicarán según el caso.Debe destacarse que a los efectos fiscalizadores, el TMS (o Transfer Matching System) se consagra en un importante mecanismo de control del cumplimiento formal de la prohibición establecida, en tanto constituye la herramienta natural y obligatoria de registración de los contratos y control de transferencias. Para ello el TMS resulta funcional al control de cumplimiento de la norma y las eventuales sanciones que se deprenden de su incumplimiento, tanto para clubes como para los jugadores.
VI. UN RAZONABLE PERÍODO DE GRACIA O «TRANSICIÓN»
Reconociendo una realidad económica, con un criterio razonable, se ha establecido un período de transición que contempla varias situaciones y derechos adquiridos que, naturalmente, merecían su contemplación legal.
Para ello, se estableció un período de transición, pero bajo reglas temporalmente acotadas y claras.
a) Los contratos firmados antes de la entrada en vigencia de la enmienda tendrán validez hasta la finalización del vínculo.
b) Por su parte, los acuerdos firmados con posterioridad a la entrada en vigencia con plazo hasta el 30 de abril de 2015 se mantendrán eficaces hasta el 31 de diciembre del mismo año.
c) Aquellas relaciones contractuales que fueron suscriptas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2015 no podrán exceder un año de duración.
d) Los contratos firmados luego del 1 de mayo de 2015 necesariamente podrán registrarse si fueron celebrados entre jugadores y clubes o entre clubes, pero ya con la participación de terceros. El TMS es la herramienta que permitirá a la FIFA controlar el buen cumplimiento de los cambios.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por ejemplo, ya ha tomado nota emitiendo el Boletín 5004, y la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió la Resolución General 3740 (aunque no bien sea a los efectos meramente fiscales), pronunciándose en consonancia con las modificaciones reglamentarias de la FIFA.
VII.¿DE LA DESREGULACIÓN A LA EXCLUSIÓN DE LOS TERCEROS EN LA NEGOCIACIÓN DE DERECHOS?
Hasta fines de 2014, se encontraba consolidado un sistema regulado por la FIFA para los agentes o intermediarios en las negociaciones y transferencias de jugadores.
Ahora, con la nueva normativa vigente, conviene precisar en qué casos se consideran terceros. La interpretación auténtica del propio órgano legislativo es clara, cuando se afirma que «toda parte ajena a los dos clubes entre los que se traspasa a un jugador» (agentes, empresas, fondos de inversión, padres de los jugadores o cualquiera que tuviera reconocida alguna participación en los derechos económicos que consagra el Estatuto del Jugador de FIFA y por efecto inmediato el Estatuto de cada federación asociada).
Evidentemente FIFA pretende migrar a un esquema de regulación mundial, permitiendo a cada federación la adecuación de estas normas, pero siempre bajo la premisa de que la intervención directa en un contrato registrado ya no tendrá su reconocimiento legal, sea dentro o fuera de los tribunales de FIFA.
De ahora en más, la fuerte regulación se encamina a una segunda etapa de reconocer la existencia y actividad de los intermediarios, tasando sus beneficios económicos al igual que cualquier locación o arrendamiento de servicios, pero en forma tarifada para este sector económico, dejando abierta la posibilidad para que cada jurisdicción regule este aspecto o quede sumergido en el sistema general para la actividad de intermediación o agencia.
Seguramente, la aspiración de la FIFA viene dada por la necesidad de dar respuesta a un reclamo de reposicionar, por lo menos desde el punto de vista formal el mantenimiento de la gestión dentro de las autoridades propias del club en materia de contratación de futbolistas.Puede resultar una utopía o una oportunidad y, a unos meses de la entrada en vigencia, no pueden visualizarse aún las consecuencias que tendrá a mediano plazo.
Desde el punto de vista de los «terceros», cuya injerencia se pretende regular y limitar, parece ilusorio pensar en su extinción por el simple acto legislativo del órgano rector del fútbol.
La Liga Española y Portuguesa ya anunciaron la impugnación de la decisión de la FIFA ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, argumentando, entre otros, la injerencia en la inversión privada, vulnerando la libertad de movimiento de capitales y hasta el desconocimiento de Tratados de Inversiones y Libre Comercio vigentes.
No obstante, el fútbol profesional necesitaba darse una norma que simplemente recogiera un dato de la realidad, un silencio a gritos que permitiera quizás reorientar cómo estos agentes continúan participando y apalancando el negocio. La desregulación total, como regla, nos ha dejado devastadoras experiencias en algunos casos, y la creación de privilegios que favorecen la competencia desleal.
No menos cierto es que un marco excesivamente rígido llevará a los capitales a otros sectores de actividad menos regulados o simplemente desregulados.
Desde el punto de vista jurídico, la enmienda es clara en cuanto a su espíritu y las sanciones que pretende aplicar a sus infractores identificándolos con igual transparencia: clubes y jugadores. Ahora los intermediarios serán meros comisionistas o locadores de servicios profesionales por las gestiones en las transferencias o los contratos, y allí deberán transparentar sus participaciones económicas.La FIFA recomienda que no sea más de 3% del pase, pero deja la decisión librada a que cada asociación lo reglamente.
Por lo tanto, este período de transición se da espacio para repensar la ingeniería jurídica y financiera a diversos mecanismos de incorporación real de los agentes en las instituciones deportivas; muchas de ellas sociedades civiles sin fines de lucro; otras sociedades comerciales, el desmembramiento de la actividad puramente deportiva, y aquella que contiene un componente altamente sofisticado y económico.
En Europa, más que contratistas individuales, lo frecuente es que haya fondos de inversión, verdaderos gigantes que en muchos casos compran acciones de los clubes devenidos en sociedades anónimas deportivas. Esa es, justamente, una de las salidas que se vislumbra en nuestro mercado exportador: que los inversores «compren» clubes al modo europeo y, entonces así, mantengan su injerencia sin violar la norma aprobada por la FIFA.
La fuerza de las cosas o, en puridad, la lógica del mercado y el sistema financiero, dieron un rol relevante a la profesionalización de estos agentes en el crecimiento y sostenimiento económico de los clubes a nivel mundial. Ahora bien, ello quiere decir que un sano equilibrio y contrapeso en su regulación permite estabilizar a mediano plazo a aquellos clubes esclavizados por el poder económico.
(1) Reglamento aprobado por el Comité Ejecutivo de la FIFA en sesión del 10/12/2000.
(2) Art. 13 del Estatuto de la FIFA.
(3) Régimen de anotación y archivo de cesiones de derechos económicos por transferencias de contratos. Resolución de AFA, Comité Ejecutivo, 22-11-2005.
(4) CRESPO, Daniel, en MOSSET ITURRASPE, Jorge: Tratado de Derecho Deportivo, t. II. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2011, p.16.
(5) Convenio Colectivo de Trabajo N.° 430/1975 , suscripto entre Futbolistas Agremiados Argentinos y la AFA el 16/9 /1975.
(6) Convenio Colectivo de Trabajo N.° 557/2009 suscripto entre Futbolistas Agremiados Argentinos y la AFA el 10/3/2009.
(7) Reglamento de la IRB, Regla 5.1.7.
(8) Reglamento de la IAAF, Regla 7 y apéndice c.
(9) Reglamento de la FIBA, art. 140.
(10) Uniform Athlete Agent Act.
(11) RECK, Ariel N., en El Agente de Futbolistas Organizado Profesionalmente en MOSSET ITURRASPE, Jorge: Tratado de Derecho Deportivo, t. II. Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2011, pp. 245-247.
(12) BARBIERI, Pablo C.: Futbolistas Profesionales en la Argentina. Buenos Aires, Ad Hoc, 2014, p. 124.
(13) 3.er Congreso AIAF, Estambul, Turquía, 21 y 22 de mayo de 2015.
(*) Abogado. Responsable del Área de Derecho Deportivo de Hughes & Hughes. Presidente de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Profesor Aspirante en Derecho Comercial (UDELAR y Universidad de la Empresa – Montevideo, Uruguay).
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Faba Expres - Argentina -	 30 julio 2015 de 11:57 AM

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 artículo 18
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