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Timestamp: 2018-08-14 19:06:35+00:00

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﻿ Sentencia 36565 de abril 20 de 2010
SENTENCIA 36565 DE 20 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:LA SUPRESIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO CON LA CONSECUENTE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO NO PUEDE ENTENDERSE COMO UNA VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, PUES ES LA MISMA CARTA POLÍTICA LA QUE FACULTA AL EJECUTIVO PARA PROCEDER EN TAL SENTIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RAMA EJECUTIVA, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, CONSTITUCIÓN NACIONAL, LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, DERECHO LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 36565 de abril 20 de 2010
Ref. Expediente 36565
Son protuberantes los dislates técnicos del recurso, como cuando se señala a un mismo medio de convicción, contraviniendo elementales reglas de lógica, —resoluciones 809, 854, 805, 806, 821, 823, 808, 820 y 822 de ... Inravisión— de haber sido valorado erróneamente y, a la vez, incluirlo en la enumeración de las pruebas no estimadas por el ad quem; así como en la disertación desarrollar, en forma separada, idéntica argumentación para ambos casos, lo que bastaría para desestimar el examen propuesto.
El cargo no puede prosperar aun se dispensaren las anotadas deficiencias, puesto que el recurrente no destruye, ni siquiera controvierte, el sustento principal de la sentencia colegiada, esto es, no encontrar acreditado un mayor valor de horas extras al reconocido en las aludidas resoluciones.
Por lo demás hay que señalar que igualmente queda incólume la conclusión del tribunal respecto a la documental dirigida a probar el tiempo suplementario al establecer que son simples planillas o documentos en blanco, conforme al artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por reenvío a la materia laboral en virtud del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, no constituyen ninguno medio de prueba sino han sido reconocidos expresa y tácitamente por quien se imputa las efectuó.
De igual manera no ofrece razonamiento alguno respecto al análisis del colegiado cuando indica que las referidas planillas fueron suscritas por el señor (sic), quien también esta (sic) solicitando el pago de las mismas, en referencia al demandante Angarita Leyva; para derivar de todo lo anterior la falta de veracidad y eficacia del indicado medio probatorio.
Segundo cargo: Acusa la sentencia de violar directamente el artículo 77 parágrafo de la Constitución Política y los artículos 6º, 14, 59, 66, 71 y 72 de la convención colectiva de trabajo suscrita entre ... Inravisión y ... ACOTV.
En propósito demostrativo parte de señalar que en virtud al artículo 77 parágrafo de la Constitución los derechos laborales de los trabajadores de Inravisión fueron elevados a rango constitucional y en consecuencia todas las normas que se opongan a dicho amparo pierden su validez y vigencia ; en ese sentido, agrega, los decretos 3550 del 28 de octubre de 2004 y 4404 del 30 de diciembre de 2004 que suprimieron de la planta de personal 368 cargos de los trabajadores, entre ellos los de los recurrentes, carecen de validez y por consiguiente se debe indemnizar a estos trabajadores por los perjuicios causados por los efectos surtidos en virtud de la aplicación de dichos decretos.
De igual manera, subraya, el ad quem infringió directamente la convención colectiva en sus artículos 6º, 14, 59, 66, 71 y 72 por los cuales se consagró la obligación por parte del empleador de respetar la prelación en la aplicación de las normas más favorables a los trabajadores , así como la continuidad de los derechos adquiridos convencionalmente, dentro de los cuales se encuentra la forma de liquidar horas extras, vacaciones y además tener presente como factor salarial los bonos convencionales de los artículos 71 y 72.
La antagonista del recurso advierte que a los demandantes les fueron reconocidas, liquidadas y ordenadas las prestaciones sociales a que tenían derecho, incluida la indemnización por retiro de conformidad con lo establecido en el Decreto 3550 de 2004; por dicha circunstancia no hay lugar al pago de suma adicional alguna...
Aparte de resaltar las insuperables dificultades técnicas del recurso, como la de acusar la violación de normas de la convención colectiva de trabajo por la sentencia impugnada como si estas fueran de orden nacional, denunciar en la vía directa su desconocimiento y plantear un hecho nuevo al reclamar indemnización diferente a la pretendida en la demanda; debe señalarse que esta Sala respecto a la trasgresión del artículo 77 parágrafo de la Constitución se ha pronunciado como lo hiciera en Sentencia 33850 del 24 de febrero de 2008:
“El tribunal advirtió que el parágrafo del artículo 77 constitucional, referente a la estabilidad y a los derechos de los trabajadores de Inravisión, no creaba prerrogativa especial para dichos trabajadores y que los decretos 3550 del 28 de octubre de 2004 (por medio del cual se ordenó la supresión, disolución y liquidación de la mencionada entidad) y 4004 del 30 de diciembre del mismo año, (a través del cual se suprimen unos cargos de la planta de personal de Inravisión), fueron expedidos por el Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y con fundamento en su facultades constitucionales y legales.
También señaló el ad quem que en los antecedentes del primero de los decretos aludidos, se indicó que en los estudios sobre reestructuración de las empresas industriales y comerciales del Estado del sector televisión en Colombia y el documento Conpes del 24 de octubre de 2004 se recomendó la supresión de Inravisión y en igual dirección se pronunció la Contraloría General de la Nación a través de una de sus delegadas, por lo que la supresión, disolución y liquidación de la entidad en mención con la consecuente liquidación de los contratos de trabajo no puede entenderse como una violación de la Constitución, pues es la misma Carta Política la que faculta al Ejecutivo para proceder en tal sentido.
La censura considera que la violación manifiesta en la que incurrió el tribunal consistió en deducir consecuencias jurídicas al parágrafo constitucional contrarias a las previstas en la misma Constitución de 1991 y que aplicó indebidamente el precepto superior, haciéndole producir efectos jurídicos no previstos por el Constituyente.
En esas condiciones, aquellas premisas establecidas en la sentencia acusada se muestran incontrovertidas, en tanto no es suficiente oponer el criterio de la preferencia del precepto 77 de la Constitución Política, para dejar de lado las consideraciones referentes a las facultades del gobierno frente a entidades estatales como la demandada, y la inviabilidad de dar prelación al interés particular, sobre el general.
En todo caso la misma Carta Política consagra en el artículo 189-15 como atribución del Presidente de la República, la de “suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley”. En igual sentido la Ley 489 de 1998 lo faculta para suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de las entidades u organismos del orden nacional cuando la evaluación de la gestión administrativa aconseje la supresión o la transferencia de funciones a otra entidad.
Ahora, como Inravisión es una empresa industrial y comercial del Estado, que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política, forma parte de la rama ejecutiva del poder público, sometida al derecho público, y si como lo dijo el tribunal —y no se discute en casación—, al efectuarse diferentes evaluaciones, se concluyó que, por no ser viable financieramente, debía suprimirse, no era indispensable acudir al instrumento de reformar la Constitución Política para su supresión, disolución y liquidación, como lo expone el recurrente, sino a las normas constitucionales y legales antes reseñadas, garantizando, como es lógico, los derechos de los trabajadores, pero dejando claro, que no es procedente el reintegro, en virtud a la supresión del cargo de los accionantes, definición que consulta la jurisprudencia de esta Sala, en punto a la inviabilidad de esa medida, dado el medio de la desaparición del cargo, siendo esta una circunstancia que tampoco se controvirtió por la parte recurrente.
En este orden es preciso anotar que en relación con los fundamentos o con la justificación de los procesos de reestructuración de la administración pública, el ad quem trajo a colación las sentencias C-209 de 1997 y C-201 de 2002 de la Corte Constitucional, y así no se evidencia la infracción legal denunciada”.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida por el 30 de enero de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en el proceso promovido por Adriana Lucía Rodríguez Suárez, Alcira Inés Cuchivaguen Coronado, Alexander Alfonso Lara Espinosa, Aura María Rodríguez Moreno, Carlos Arturo Castelblanco Lara, Diana Marcela Betancourt Díaz, Jaime Raúl Angarita Leyva, José Fernando Agudelo Contreras y Juan Pablo Mariño Grisales contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión en liquidación.

References: artículo 269
 artículo 145
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 189
 artículo 115