Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/10-la-improcedencia-de-procesos-constitucionales/
Timestamp: 2019-05-23 19:00:19+00:00

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j. La improcedencia de procesos constitucionales | Pensamientos de Derecho Constitucional
El análisis de la dimensión de la improcedencia de los procesos constitucionales pasa por fijar los conceptos previos base que informan las ideas de en qué medida debemos apreciar la noción del Derecho Procesal Constitucional así como el rango de autonomía procesal que identifica a los procesos de tutela, en tanto se trata de conceptos estrechamente vinculados a la idea de estimación de la acción y por extensión, lo no estimable deviene improcedente o infundado.
Peter Häberle[2] alude a la expresión del Derecho Procesal Constitucional como una concretización de la Ley Fundamental, es decir, a esa “capacidad de concretización” de los jueces constitucionales para plasmar los postulados que alberga la Carta Magna. A partir de esta premisa se genera la idea de los procesos constitucionales en su dimensión de vehículos de efectivización de los derechos fundamentales y es en ese ámbito procedimental donde se plasma la tutela urgente que exigen los procesos de la libertad. En este ámbito se concretizan los derechos fundamentales cuando los jueces constitucionales estiman una pretensión y reconocen la protección de los derechos públicos subjetivos como expresión base de todo Estado Constitucional.
De otro lado, para entender la dimensión de los procesos constitucionales, resulta necesario referirnos al concepto de autonomía que los mismos informan. A este respecto señala César Landa[3]:
“La naturaleza de la autonomía encuentra su raíz en dos principios del Estado Constitucional; uno propio del Derecho privado, en virtud del cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, fundado en la autonomía de la voluntad privada. Otro propio del Derecho público, basado en la autonomía de los poderes públicos y los organismos constitucionales, que encuentra su fundamento en el principio de división y control de poderes.”
En la línea de las ideas anteriores, es válido interrogarnos qué sucede cuando no se logra plasmar la tutela de urgencia que reclaman los derechos fundamentales. En dicho caso, debemos asumir que la pretensión no ha sido objeto de probanza suficiente y de ahí la desestimación de la pretensión. Sin embargo, es menester tratar más in extenso la figura de la improcedencia de los procesos constitucionales en la medida que la misma representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.
1. La lógica de los procesos constitucionales
El concepto de improcedencia de los procesos constitucionales exige una digresión sobre cómo se conducen en rigor estos procesos y si ellos presentan las pautas que informan los procesos en sede ordinaria. En ese sentido, la improcedencia en sede constitucional bien puede obedecer a ciertos rangos de autonomía procesal que habremos de diferenciar. Una pretensión constitucional puede ser por ejemplo atendible a través del principio de elasticidad en sede constitucional[4], y no serlo en sede ordinaria si afecta los principios de legalidad y congruencia procesal.
Es importante advertir, entonces, que la lógica de los procesos constitucionales obedece a un contexto especial, desde el ámbito procesal, respecto a aquellos procesos que se definen en vía ordinaria. En los procesos constitucionales, la premisa válida será determinar la pretensión procesal no solo en función a los alcances del petitorio, sino en tanto a los fines de la tutela urgente que reclaman las controversias constitucionales o del principio de fuerza normativa de la Constitución, respecto de aquellos procesos de control normativo cuya función de salvaguarda, identifica como elemento relevante, la primacía de la Norma de Normas sobre los demás estamentos normativos que conforman el ordenamiento jurídico.
En consecuencia, resulta necesario advertir que la valoración procedimental de estos procesos, desde el ángulo de las normas adjetivas procedimentales del Derecho Constitucional, puede presentar esquemas distintos, pues la doctrina constitucional abandona, en cierto rango de procesos, el concepto de sistema normativo cerrado, de la realidad descriptiva de las normas, de las rigurosas categorías del legitimado activo, legitimado pasivo, hecho infractor y hasta de la pretensión procesal en su expresión formal, para dar lugar a categorías que no son en absoluto totalmente opuestas, pero que transforman, en aplicación del requerimiento de tutela urgente y de la figura del redimensionamiento de los procesos constitucionales, las tradicionales categorías del derecho en su faceta ordinaria.
Y ello da lugar, es necesario admitirlo, a diferencias de marcado rigor con las categorías procesales que comúnmente admitimos desde la doctrina del Derecho Procesal Civil.[5]
En forma complementaria a lo expresado, señala César Landa[6] respecto a la necesaria diferencia entre las premisas que informan la justicia procesal civil y la jurisdicción constitucional lo siguiente:
“(…) el principio constitucional de prevención de los efectos de las sentencias no puede estar subordinado al principio procesal de congruencia en virtud del cual el juez constitucional sólo debe pronunciarse sobre el petitorio demandado, por cuanto, el TC con mayor razón al ser la última instancia, no puede ni debe perder de vista las consecuencias de su sentencia, ya sean económicas, políticas o sociales.”
Estos lineamientos deben ser complementados con otra cita del acotado autor[7]:
“(…) podemos concluir que el Derecho procesal constitucional lejos de ser entendido en un sentido meramente positivista y privatista, debe dar paso a un Derecho procesal garantista, propio de un pensamiento institucional”.
Las premisas señaladas son puntuales en 2 efectos: de un lado, la lógica sui géneris de los procesos constitucionales podrá configurar un escenario especial de tutela de derechos fundamentales, cuando la congruencia procesal civil pudiera eventualmente advertir una noción de improcedencia y he aquí un efecto extraordinario del principio de elasticidad constitucional, lo cual podemos denominar el efecto tutelar positivo de un proceso constitucional. De otro lado, la misma noción de tutela, dada su condición especial, podrá revestir, como sucede en nuestro ordenamiento jurídico, un conjunto de causales que denotan los ámbitos de improcedencia de los procesos constitucionales, lo cual constituye el efecto tutelar negativo de las pretensiones constitucionales.
Reviste pues importancia aludir a la lógica distinta a que aluden las pretensiones constitucionales en tanto si bien el principio de elasticidad permite determinadas expresiones de autonomía, por igual el juez constitucional debe expresar una cautela necesaria al decidir la litis, esto es, de no concurrir elementos justificantes de una decisión de forma suficiente, deberá optar por la improcedencia de la acción.
2. Nociones sobre la improcedencia en los procesos constitucionales
La improcedencia de procesos constitucionales constituye un tema con aristas aún por definir en la medida que constituye un filtro de examen para la definición de controversias en sede constitucional. La declaración de improcedencia es de suyo relevante en cuanto expresa la decisión inhibitoria del juzgador en tanto no se satisface condiciones procedimentales o sustantivas de la acción para su esclarecimiento en sede constitucional.
A diferencia del pronunciamiento de fondo, el cual incide en la valoración de los elementos materiales y de contexto del proceso, la improcedencia reviste una ausencia de decisión sobre la controversia in toto. En consecuencia, reviste suma importancia evitar escenarios procesales que configuren improcedencia a efectos de evitar un uso no racional de la jurisdicción constitucional.
Nuestro ordenamiento jurídico contempla a nivel de normas infraconstitucionales, la improcedencia de los procesos constitucionales en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional y a nivel jurisprudencial, el caso Víctor Camarena ha fijado reglas específicas respecto a la improcedencia del habeas corpus. Sobre ambos temas, abordaremos algunas líneas directrices a fin de expresar los avances de la jurisprudencia constitucional así como nuestras propuestas de mejora.
Ceñirnos a un escenario de improcedencia de procesos exige una primera visión de aquello que involucra una decisión justa, precisamente porque se trata de orillas opuestas. Una decisión justa, adecuada y ponderada constituye una respuesta satisfactoria a una pretensión en tanto que la improcedencia supone elementos formales incumplidos.
Sobre el ámbito de la decisión justa, el maestro Taruffo[8] señala:
“Para que una decisión sea justa en los objetivos de los procesos judiciales(…) se requieren 3 condiciones: la primera es que el procedimiento debe ser correcto, equilibrado, lo cual se puede cuando el juez es independiente, cuando el juez es imparcial y cuando se respeta el derecho a ser oído en el proceso(…) la segunda condición necesaria es que en el proceso los hechos del caso tienen que ser determinados de manera veraz, correcta y completa(…) La tercera condición para la decisión judicial justa es que en el proceso judicial tiene que haber una identificación correcta y adecuada de la norma legal relevante y, de la misma manera, una interpretación y aplicación igualmente correcta de esa norma.”
Por tanto, una decisión improcedente es una respuesta en negativo a una decisión que no logra alcanzar a ser justa, parafraseando a Taruffo.
De otro lado, reviste importancia en este examen que la jurisprudencia constitucional haya desarrollado el concepto de validez de un acto desde la perspectiva de sus aspectos formal y material[9] en el sentido de cumplimiento de condiciones formales y sustantivas. La precisión efectuada tiene incidencia si asimilamos la validez de los actos en su dimensión general, con las pretensiones, cuya connotación es igualmente la de un acto pero desde una perspectiva procesal. En consecuencia, una decisión no resulta improcedente si cumple los requerimientos de un acto válido.
Por otro lado, la pretensión procesal que cumpla condiciones de fondo y acredite la vulneración del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, será declarada fundada y la vulneración efectuada será pasible de la tutela que dispensa la justicia constitucional.
A juicio nuestro, se configura improcedencia formal, de carácter liminar, en cuanto no concurren los elementos de análisis mínimos, para la dilucidación de la vulneración de un derecho fundamental, supuesto que configura un rechazo liminar de la demanda, es decir, se produce decisión inhibitoria de plano para el conocimiento del proceso.
Por el contrario, concurre improcedencia material, en decisión de conclusión de la instancia, cuando el decisor jurisdiccional ha optado por conducir el proceso y emite una decisión que pone fin a la instancia mas corrobora, luego de ejercitado el derecho de defensa de las partes y actuadas las pruebas que hubieran concernido, que se configura un rechazo de la pretensión por cuanto efectivamente existe ausencia de cumplimiento de requisitos de fondo para una estimación de la pretensión.
Esta última aseveración podría conducirnos a la interrogante siguiente: si existe una decisión inhibitoria material, luego de conducido el proceso en sus fases previas, ¿por qué no se adoptó la decisión inhibitoria al conocerse la demanda? ¿No es acaso contrario a los principios de economía y celeridad procesal emitir una decisión de improcedencia en la decisión que pone fin a la instancia cuando ésta pudo haberse adoptado en auto de rechazo liminar? La explicación podemos encontrarla en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional[10], referido al principio pro actione, en tanto si en forma aparente se ha producido la afectación de un derecho fundamental, corresponde la continuación del proceso, esto es, la duda sobre la procedencia de la acción debe ser asumida por el juez constitucional bajo la pauta de que debe continuarse con el proceso.
Asumimos, en consecuencia, que solo después de desarrollado el íter del proceso constitucional, estará el decisor en condiciones de determinar la procedencia de la pretensión. Si ejercitado el derecho de contestación a la demanda, existe certeza de que no se configuran los elementos de fondo de la acción, el juez deberá declarar improcedente la demanda.
3. La improcedencia en los procesos de amparo y de cumplimiento
La improcedencia de los procesos constitucionales es desarrollada por el artículo 5 del Código Procesal Constitucional[11], con especial referencia a las disposiciones generales en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Mas un detalle particular debe ser observado cuando de estos 4 tipos de procesos, solo el proceso de cumplimiento[12] presenta un desarrollo adicional y particular respecto a los demás tipos de procesos. Desde esta precisión corresponde inferir que los 4 tipos de procesos en términos generales son regulados, en materia de improcedencia, por el artículo 5 antes acotado y en particular, es el proceso de cumplimiento, el tipo de proceso al cual le ha correspondido una regulación especial.
Jurisprudencialmente el ámbito de la improcedencia de los procesos de amparo ha sido delimitado, entre otros casos, en el caso Abad Paredes[13], del cual es pertinente extraer el concepto de “carencia de fundamentalidad o relevancia constitucional”[14], como elemento habilitante para declarar la improcedencia de un proceso constitucional. Contrario sensu, aquella pretensión que satisfaga la exigencia de fundamentalidad o relevancia constitucional, merecerá una respuesta estimatoria de la jurisdicción constitucional.
4. La improcedencia en los procesos de habeas corpus
No obstante que como hemos referido supra, el artículo 5 del Código Procesal Constitucional presenta y desarrolla las causales de improcedencia de los procesos constitucionales, la particular fisonomía del proceso de habeas corpus- cuyo objeto de protección es la libertad personal así como los derechos conexos a ella- ha generado que el supremo intérprete de la Constitución hubiera considerado necesario un desarrollo particular de las causales de improcedencia del habeas corpus, a fin de delimitar la no estimación de pretensiones a las causales a las cuales en rigor no les corresponde tutela en sede constitucional respecto al derecho fundamental a la libertad personal. Sin embargo, advirtamos un detalle: la construcción de estas causales se produce por vía jurisprudencial, a falta de una delimitación a nivel de norma- regla, es decir, el legislador en su momento no estimó la definición a nivel de norma con rango de ley de las causales de improcedencia del habeas corpus. No obstante esta falta de previsión, el camino de la construcción jurisprudencial es una tarea en permanente proceso de construcción y así lo reseña la jurisprudencia constitucional.
La STC 06218-2007-PHC/TC fija las causales de improcedencia liminar del proceso de habeas corpus[15], en el objetivo de consolidar una línea de escenarios contrarios a la necesaria tutela que exige la libertad personal como derecho público subjetivo.
El conjunto de causales que esta decisión jurisprudencial desarrolla, valga precisarlo, alude a 2 razones principales: en un primer plano, responde a la necesidad de establecer cuándo debe ser declarado improcedente un proceso de habeas corpus, y en una segunda dimensión, determina las causales de orden liminar que determinan su improcedencia. Sin embargo, nada obstaría para que en caso de la aplicación del principio pro homine para admitir a trámite una demanda sobre libertad personal y actuadas las pruebas pertinentes, el juzgador ratifique una decisión de improcedencia material, es decir, vía la sentencia que pone fin a la instancia.
5. La improcedencia en los procesos de inconstitucionalidad
Dentro de este análisis de improcedencia, resulta pertinente una mención puntual a las causales de improcedencia de los procesos de inconstitucionalidad[16]. A diferencia de los procesos de tutela urgente o de defensa de la libertad, no existe una causal genérica que regule reglas comunes de improcedencia de los procesos de inconstitucionalidad y de acción popular que son regulados en conjunto[17] en el Código Procesal Constitucional.
La regla que fija la norma adjetiva constitucional opta por fijar solo el ámbito de improcedencia del proceso de inconstitucionalidad, en tanto en su calidad de proceso de control normativo, resulta necesaria la delimitación del control de constitucionalidad por parte del supremo intérprete, función del control concentrado que desarrolla únicamente el Tribunal Constitucional.
6. La improcedencia en el Derecho Comparado
El Derecho Comparado admite uniformemente la noción de improcedencia de procesos constitucionales, en el sentido de fijar en vía de desestimación los supuestos que dan lugar a que no sea estimable la acción, como en el caso de Colombia, uno de los países de esta región del continente con mayor tradición en control de constitucionalidad de las leyes, fundamentalmente por la vigencia de los fallos de su Corte Constitucional[18]. En el caso de España, el requerimiento de formalidades es fijado a modo de condiciones del amparo constitucional, esto es, que se cumplan determinados supuestos de fondo de la acción. Veamos referencialmente ambos ordenamientos jurídicos, dada su cercanía en temas de institucionalidad constitucional con el Perú.
6.1. En Colombia
En el caso de Colombia, las condiciones que generan la improcedencia de la acción han sido delimitadas por la normatividad procesal contenida en el Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política del 07 de julio de 1991[19].
Mención aparte merece el aspecto de la exequibilidad o inexequibilidad de las leyes en Colombia, prerrogativa que se vincula en forma directa al artículo 241 de la Carta Magna colombiana, referida a los procesos de inconstitucionalidad. La inexequibilidad en buena cuenta alude a que algo no se puede hacer o realizar así como la exequibilidad transmite la idea de que algo se puede llevar a efecto, y su pretensión de uso es general respecto de los procesos de control normativo. Lo inexequible devendría por naturaleza inconstitucional.
Existe jurisprudencia sobre inexequibilidad precisamente con relación a las acciones en su momento de inconstitucionalidad contra el artículo 86 de la Ley Fundamental colombiana[20]. Sin embargo, es en particular importante anotar que la inexequibilidad para este caso aparece expresamente señalada en la Ley de Leyes de Colombia[21] solo respecto de los tratados internacionales, de lo cual es posible inferir que en rigor el término “inexequibilidad” es un giro semántico de la práctica constitucional colombiana.
El artículo 44[22] de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre de 1979, que delimita las funciones del Tribunal Constitucional de España[23], estima el necesario cumplimiento de requisitos de fondo para que sea estimado un amparo constitucional contra una resolución judicial.
La técnica constitucional española alude a que se configuren los supuestos de procedencia del amparo constitucional sobre la idea matriz de cumplir con los requerimientos de un proceso a ser estimado. En consecuencia, de no proceder la configuración de estos requerimientos, asumimos que la acción es objeto de un pronunciamiento contrario por parte del juez.
El proceso de inconstitucionalidad en España igualmente contempla incumplimientos de forma[24] mas no impide que la desestimación de dicha forma sea una cuestión definitiva. Aquí identificamos con rigor una de las características centrales de la improcedencia pues ella tiene, a nivel liminar o de fin de la instancia, una particular fisonomía que no ha sido objeto de satisfacción. En consecuencia, el constituyente español admite que el argumento de forma declarado improcedente en un proceso, pueda ser objeto de sustentación en otro proceso de inconstitucionalidad.
Ahora bien, una particularidad del ordenamiento español es la previsión de la autocuestión de inconstitucionalidad, contemplada por el artículo 63 de la Carta Magna española[25], que constituye una forma de improcedencia respecto a la acción primigenia que conoce el juez español. En estricto, si un juez aprecia que en un proceso constitucional existen elementos suficientes para que se declare la inconstitucionalidad de la norma sometida a examen, tiene lugar la reconversión procesal de la acción en tanto que la misma ya no será dilucidable en la vía del proceso constitucional primigenio. Este procedimiento no es posible en el ordenamiento jurídico peruano, en el cual solo existe la reconversión de procesos de la libertad dentro de la categoría de dichos procesos[26], mas no que una acción de tutele urgente se reconvierta en uno de control normativo.
7. Propuestas de estandarización en los procesos constitucionales en relación a la improcedencia
Una interrogante que se desprende de modo natural respecto a todo este examen sumario de la improcedencia de procesos constitucionales en su conjunto es: ¿puede mejorar la tarea de los jueces constitucionales respecto a cuándo corresponde declarar la improcedencia de una pretensión constitucional? Una primera respuesta aproximativa ha sido expresada en sentido positivo a raíz de las causales de improcedencia del habeas corpus que han sido construidas por vía jurisprudencial por el Tribunal Constitucional en el caso Víctor Esteban Camarena, ya analizado supra.
Un segundo aspecto, a juicio nuestro, está referido a que es necesario incidir en una construcción progresiva de las causales de improcedencia de los procesos constitucionales igualmente por vía jurisprudencial, premunidos los jueces constitucionales de las herramientas que la doctrina constitucional ha ido delimitando en su jurisprudencia.
Nos referiremos a 3 conceptos sustantivos: los contenidos esencial, no esencial y adicional de un derecho fundamental, la extensión del concepto de un derecho fundamental y el rol de la argumentación constitucional.
Dichos conceptos pueden ser denominados en tanto se trata de pautas a ser tenidas en cuenta cuando procedemos al análisis de controversias constitucionales, las cuales asumen dimensiones particulares cuando existe de por medio una exigencia de tutela de un derecho fundamental.
7.1. La distinción del contenido esencial, no esencial y adicional de un derecho fundamental
En una vertiente de primer examen, hemos de referirnos en especial respecto al contenido esencial, no esencial y adicional de los derechos fundamentales, previstos en el caso Anicama Hernández.[27]
El concepto que recoge el Tribunal Constitucional en el caso Anicama, a propósito de una reflexión de Peces Barba, resulta muy útil en tanto el examen de los derechos fundamentales, en tanto la improcedencia de una pretensión constitucional está asociada, en nuestra propuesta, al contenido adicional de un derecho fundamental.
Nos explicamos: los conceptos de contenido esencial, no esencial y adicional de un derecho fundamental, si bien hoy no son concluyentes en la doctrina constitucional en tanto hoy prevalece el concepto de contenido constitucionalmente protegido, sí resultan metodológicamente referenciales para la delimitación de las decisiones del juez constitucional. En ese orden de ideas, una pretensión que demuestra la vulneración del contenido esencial, llamémosle también el núcleo duro de un derecho fundamental, merecerá una decisión estimatoria.
Siguiendo ese razonamiento, la decisión que declare infundada la demanda, advertirá que pudo entrarse a discutir el fondo de la pretensión pero que no se encontró elementos probatorios suficientes para estimar la pretensión. En estricto, la decisión tiene incidencia sobre el fondo del tema planteado mas la probanza es notoriamente insuficiente para estimar la pretensión y en ese orden de ideas, estamos ante un contenido no esencial que asociamos en forma directa a una demanda infundada.
Finalmente y este aspecto es de interés para nuestro tema, en decisión inhibitoria, es decir, que no incide sobre el fondo del asunto, el juez estima improcedente la pretensión inconstitucional[28], sea en decisión liminar o al emitir sentencia que pone fin a la instancia. En este caso, el juez ha apreciado un contenido extramuros y por tanto, no hay pronunciamiento de fondo sobre la vulneración demandada.
Consideramos que nuestro esquema, por tanto, coadyuva a definir de mejor forma los escenarios de fondo y forma de los procesos constitucionales. Si los jueces constitucionales logran delimitar cuándo se producen afectaciones en los ámbitos referidos, no solo su rol de decisores se legitima, sino que con la construcción progresiva de criterios estimatorios y de improcedencia, hacen más predecible la jurisprudencia constitucional.
En forma complementaria a lo señalado, creemos que es necesario recoger la comprensión procedimental de la referencia al “contenido constitucionalmente protegido” de un derecho fundamental. De suyo esta precisión es importante pues no solo es aquella que maneja nuestro Código Procesal Constitucional[29] sino que representa una técnica legislativa más orientada a definir un solo ámbito de afectación. Sin perjuicio de ello, metodológicamente la posición de Medina Guerrero reviste utilidad, en cuanto representa la concepción del constituyente alemán, plasmada primigeniamente en la Ley Fundamental de Bonn[30], la cual estructura los conceptos de “contenido esencial” y “Estado democrático y social”.
7.2. La utilidad de la delimitación del concepto de un derecho fundamental.
El Tribunal Constitucional se ha pronunciado a este respecto igualmente en el caso Anicama Hernández[31] para definir los contenidos de juricidad y moralidad de un derecho fundamental.
Resulta de interés que los jueces constitucionales adviertan la importancia de la condición de mandatos jurídicos de los derechos fundamentales. Sin embargo, se diferencian de los normas- regla en que precisamente abordan un contenido de moralidad, podemos también llamarlo axiológico, que convalida el carácter de mandato de optimización que el derecho fundamental reviste.
En efecto, la percepción axiológica del derecho fundamental servirá para que el juez constitucional agote la configuración del principio pro homine hasta donde su sano juicio de tutela urgente y principio de razonabilidad lo aconseje, siguiendo siempre las reglas del discurso racional. Entonces, en forma similar a cuando se opta, en el plano de control normativo, por salvar la constitucionalidad de una ley antes de expulsarla del ordenamiento jurídico pues no hay forma de compatibilizarla con la Constitución, de igual forma el garante constitucional, esto es el juez, en caso de controversia, apreciará hasta donde resulta atendible la petición que se somete a su conocimiento.
Inicialmente el juez constitucional adoptará una lectura de tutela de la controversia y si la duda acude en el examen de prosecución del conflicto, optará por la continuación del proceso. Veamos que aquí el concepto de tutela garantista nos señala un derrotero de examen a favor de la pretensión. Sin embargo, no se trata de un criterio definitivo sino en juicio de progresión y solo el examen integral de la pretensión será concluyente respecto a si se otorga tutela o no.
Pues bien, por el contenido de juricidad del derecho fundamental, el juez constitucional se verá influido por el mandato de racionalidad que nace de la norma jurídica, esto es, el derecho fundamental es una construcción que adopta el sentido de una norma-regla en su formulación inicial. El derecho fundamental, veámoslo así, aspira a asumir el sentido mandativo de las normas- regla. Sin embargo, el juez constitucional advierte que no concurre la estructura silogística de la norma sino una sola idea de optimización y que debe velarse por la realización de una prestación en la mejor forma posible.
Es en esta etapa en la cual se configura la importancia de la valoración axiológica de un derecho fundamental. Se produce así la relación de conexión sustantiva entre el derecho y la moral en la dilucidación de la controversia y he aquí que bajo la fundamentación de razonabilidad que exigen los derechos fundamentales, el juez constitucional termina por construir jurídica y moralmente, en casos de tutela estimatoria, la pertinencia de la optimización de un principio o derecho fundamental.
En consecuencia, la improcedencia en buena cuenta constituye la lectura negativa de la tutela de una pretensión constitucional. El juez optará por declarar improcedente una demanda si no concurren criterios mínimos de valoración axiológica para atender una pretensión y si de plano, esa petición de tutela adolece de elementos de forma necesarios.
Ahora bien, una pregunta de rigor debe ser formulada: ¿esa construcción moral a la cual aludimos es solo la percepción axiológica del juez? ¿Constituye el ámbito moral de un derecho fundamental una prevalencia de la subjetividad? Responder esta interrogante puede llevarnos a muchos otros temas de suyo amplios como la ponderación y la proporcionalidad, mas fijemos ideas matrices: la subjetividad difiere sustancialmente de la discrecionalidad. Aquella es mero parecer, solo voluntad y en el más complicado de los casos, manifiesta arbitrariedad. Por el contrario, la discrecionalidad en el ámbito constitucional exige el respeto de las reglas mínimas de la razonabilidad, implica la observancia de un discurso que pretende respetar las reglas de la razón y que en su esencia más expresiva, significa la gráfica ordenada de un criterio moral o axiológico. En ese orden de ideas, los jueces que basan el sustento de sus decisiones en las reglas de moralidad, solo se atienen a seguir esa línea de reconciliación entre el derecho y la moral, que el positivismo jurídico destruyó en la construcción de su teoría de sistema normativo cerrado.
7.3. La importancia del rol de la argumentación constitucional
Finalmente, la argumentación constitucional es propiamente un estándar de construcción jurisprudencial que los jueces constitucionales deben habilitar progresivamente en sus decisiones para la exclusión de peticiones respecto a ámbitos de tutela. Esta atingencia no representa una diferencia sustantiva con los estándares antes aludidos y sin embargo, referirnos a argumentar desde la Constitución, por medio de la Constitución y para la Constitución, exige manejar otros estándares de razonamiento, en esencia tuitivos. Por oposición, no solo basta un razonamiento en vía de principio pro homine, o favor processum, sino se exige la posición de análisis racional del juzgador, ponderar adecuadamente la pretensión y si ésta no se ajusta a un escenario estimatorio, construir una decisión de suyo denegatoria, uno de cuyos ámbitos precisamente es la improcedencia de peticiones constitucionales.
Sobre lo ya expresado, corresponde distinguir la argumentación constitucional de aquella que maneja las normas- regla o que es en propiedad, aquella que aplicamos en sede ordinaria. En relación a la argumentación constitucional, señala Atienza[32]:
La ponderación es, en consecuencia, igualmente una herramienta de utilidad para sobre la previsión de la prevalencia de un derecho fundamental sobre otro, en condiciones de jerarquía móvil, se determine la improcedencia de una pretensión frente a otra. En este entorno, la construcción de la argumentación constitucional asume una faz negativa.
Hemos procedido a delinear los conceptos de orden material que configuran la improcedencia de los procesos constitucionales. De otro lado, hemos apreciado solo referencialmente cómo son manejadas, de un lado, las circunstancias de campo específicas en ciertos procesos de la libertad como son el amparo, el cumplimiento y el habeas corpus; y de otro lado, en cuanto concierne a la improcedencia de los procesos de control normativo, en particular en cuanto se refiere al proceso de inconstitucionalidad.
Igualmente representa una línea de improcedencia material de relevancia destacar que las decisiones inhibitorias que ponen fin a la instancia, constituyen supuestos especiales de denegatoria. En adición a ello, representan estándares de utilidad para el esclarecimiento de cuestiones de improcedencia, destacar, en la definición de controversias constitucionales, el alcance del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. En esencia, la vulneración sustantiva de un derecho personalísimo habilita la tutela constitucional; a su vez, una infracción de menor entidad, eventualmente podrá significar la improcedencia de una pretensión constitucional.
Igualmente es otro estándar, siempre de utilidad, asumir la posición de Peces Barba respecto a los contenidos de juricidad y moralidad de los derechos fundamentales, en la medida que la concurrencia de ambos supuestos, permitirá distinguir cuándo se configura un escenario de tutela. La ausencia de unos de esos contenidos, en vía de construcción jurisprudencial, definirá supuestos de improcedencia.
Adicionalmente, debemos tener en cuenta cuán importante representa el aporte de la jurisprudencia constitucional para el esclarecimiento de los ámbitos de la improcedencia. Son propiamente las decisiones de los jueces, en la célebre definición de Evan Hughes[33], las formas de definición de aquello que significa la improcedencia, más aún cuando se trata de peticiones relativas a derechos fundamentales y es el juez constitucional quien debe graduar su decisión, bajo reglas de racionalidad y razonabilidad, para desestimar un pedido que no se adecúa a estándares constitucionales. Por tanto, aquí la argumentación constitucional, aquella que construye el juez decisión a decisión, irá significando una delimitación de relevancia para las denegatorias de rigor en sede de derechos fundamentales.
Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 35. Noviembre 2010. Págs. 275-288.
[2] HÄBERLE, Peter. El Derecho procesal constitucional como Derecho constitucional concretizado frente a la judicatura del Tribunal Constitucional. En su obra Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar. Lima. Palestra Editores, 2004. p. 27
[3] Landa Arroyo, César. Justicia Constitucional y political questions. En: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, N.° 4, CEPC, Madrid, 2000. pp. 273 y ss.
[4] Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo III.
(…) Asimismo, el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales.
[5] Cfr. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. ¿Rompiendo la congruencia procesal? Apuntes acerca del principio de elasticidad en sede constitucional GACETA CONSTITUCIONAL No. 28. Abril 2010. p. 121-142.
[6] LANDA ARROYO, César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional: la experiencia del Perú. En IPSO JURE 10. Lambayeque, 2010. p. 96
[7] LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado democrático. Lima: Palestra Editores, 3. ª edición corregida y aumentada, 2007. p. 551 y ss.
[8] TARUFFO, Michelle. La prueba, la verdad y la decisión judicial. En Nuevas tendencias del Derecho Procesal Constitucional y legal. Universidad de Medellín. Colombia.
[9] STC 001-2010-CC/TC. Caso Poder Ejecutivo sobre importación de vehículos usados.
9. En el ámbito de un Estado Constitucional, para que un acto sea válido, debe cumplir, esencialmente, con tres condiciones formales y con una condición sustantiva. Las condiciones formales son: a) haber sido emitido por el órgano competente (condición de competencia formal); b) haberse circunscrito al ámbito material predeterminado por el sistema jurídico (condición de competencial material); y, c) haberse observado el procedimiento preestablecido para su dictado (condición de procedimiento). La condición sustantiva es que el contenido del acto (lo que ordena, prohíbe o permite), resulte conforme con los derechos, valores y principios sustantivos reconocidos en la Constitución. De ello resulta que un acto puede ser válido desde un punto de vista formal e inválido desde un punto de vista sustantivo, o a la inversa.
[10] Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo III.
[11] Código Procesal Constitucional. Artículo 5. Causales de improcedencia.
3. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional
8. Se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, bajo responsabilidad. Resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, no surten efecto legal alguno. La materia electoral comprende los temas previstos en las leyes electorales y aquellos que conoce el Jurado Nacional de Elecciones en instancia definitiva.
[12] Código Procesal Constitucional. Artículo 70.- Causales de Improcedencia
[13] STC 03227-2007-PA/TC caso Abad Paredes:
3. Que sobre el particular cabe precisar que este Colegiado en reiterada jurisprudencia ha sostenido que el artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional constituye un presupuesto procesal de observancia obligatoria cuando se trata de identificar la materia que puede ser de conocimiento en procesos constitucionales como el amparo. En efecto procesos como el amparo, por la propia naturaleza del objeto a proteger, sólo tutelan pretensiones que están relacionadas con el ámbito constitucional de un derecho fundamental susceptible de protección en un proceso constitucional. De este modo, no pueden ser conocidas en un proceso como el amparo: i) pretensiones relacionadas con otro tipo de derechos (de origen legal, administrativo, etc.), lo que requiere ciertamente de una precisión: el hecho de que un derecho se encuentre regulado en una ley, reglamento o acto de particulares no implica per se que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional y que consecuentemente no sea susceptible de protección en la jurisdicción constitucional, pues existe un considerable número de casos en los que la ley, el reglamento o el acto entre particulares tan sólo desarrollan el contenido de un derecho fundamental de manera que este contenido, por tener relevancia constitucional, sí es susceptible de protección en la jurisdicción constitucional. Lo que no es protegible en un proceso constitucional es aquel contenido de una ley, reglamento o acto de particulares que carezca de fundamentalidad o relevancia constitucional. Así por ejemplo, es un derecho sin relevancia constitucional el derecho de posesión regulado en el artículo 896° del Código Civil o los beneficios de combustible o chofer para militares regulados en el Decreto Ley N.° 19846; y ii) pretensiones que, aunque relacionadas con el contenido constitucional de un derecho fundamental, no son susceptibles de protección en un proceso constitucional sino en un proceso ordinario. Así por ejemplo, no se protegen en el amparo contra resoluciones judiciales aquellas pretensiones mediante las cuales se persigue una nueva valoración de la prueba o la determinación de la validez de un contrato, entre otras.
[14] Sala Constitucional de Lambayeque. Exp. 4064-2009
§ Carencia de fundamentalidad y relevancia constitucional
1. El criterio de improcedencia que asume el Tribunal Constitucional en general se subsume dentro de la línea jurisprudencial de denegatoria cuando no se hubiere ejercitado el derecho a contradecir una resolución que resulta relevante para el proceso que se cuestiona.
2. Propiamente tendremos entonces causas constitucionales solo cuando la pretensión goce de los caracteres de validez y eficacia para prosperar respecto a la afectación sustancial de un derecho fundamental, vulnerado en su núcleo duro o contenido constitucionalmente protegido y no así si se trata de afectaciones leves o medianas, cuyo dilucidación habrá de corresponder al escenario de normas infraconstitucionales.
[15] STC 06218-2007-PHC/TC Caso Víctor Esteban Camarena F.J. 12
12. (…) corresponde determinar en qué supuestos si resulta válido rechazar liminarmente una demanda de hábeas corpus. Así, los jueces constitucionales podrán rechazar liminarmente una demanda de hábeas corpus cuando:
1. Se cuestione una resolución judicial que no sea firme (artículo 4).
2. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado (artículo 5.1).
3. A la presentación de la demanda haya cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o ésta se haya convertido en irreparable (artículo 5.5).
4. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia (artículo 5.6).
5. Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado (artículo 5.7). En este supuesto la improcedencia de la demanda se justifica en la medida que las resoluciones cuestionadas no inciden directamente en el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad individual ni en los contenidos de los derechos conexos a ella.
6. Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno (artículo 5.9).
[16] Procesos de inconstitucionalidad. Artículo 104.- Improcedencia liminar de la demanda
[17] Cfr. Código Procesal Constitucional, artículos 75 a 83.
[18] Los Magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, 9 en total, son elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de 8 años.
[19] Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
[20] Sentencia C-018 de 1993.
Declarar EXEQUIBLE los artículos…6º (numerales 1º…), del Decreto 2591 de 1991, en los apartes en que fueron atacados, por los motivos expresados en su oportunidad. Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
Sentencia C-531 de 1993.
[21] Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…)
11. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.(…)
[22] Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España. Artículo 44
[23] Constitución española de 1978. Artículo 159.
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.(…)
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. (…)
[24] Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España. Artículo 29.
(…) 2. La desestimación, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no será obstáculo para que la misma Ley, disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de su aplicación en otro proceso.
[25] Artículo 163.
[26] Cfr. STC 07873-2006-PC/TC. Un proceso de cumplimiento es convertido en un proceso de amparo.
[27] Vid. STC 1417-2005-PA/TC Caso Anicama Hernández.
El contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales
[28] Cfr. FIGUEROA GUTARRA, Edwin Los grados de vulneración de los derechos fundamentales. Gaceta Constitucional. No. 25. Enero 2010. Págs. 313-324.
[29] Código Procesal Constitucional. Artículo 5 inciso 1
[30] Ley Fundamental de Bonn. 1949.
Artículo 19 [Restricción de los derechos fundamentales]
Artículo 20 [Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia]
( Los énfasis son nuestros)
[31] STC 01417-2005-PA/TC, Caso Anicama Hernández.
2. El concepto de derechos fundamentales comprende:
[32] ATIENZA, Manuel. Ideas para una Filosofía del Derecho. Fondo Editorial Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Lima, 2008. p. 252.
[33] “Nos regimos por una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. PUSEY, Merlo En Charles Evans Hughes, Volume One. The Macmillan Company, New York, 1952. p. 204-205.
Me gustó el abordaje que se realiza el artículo sobre la improcedencia en el proceso constitucional; resulta de mucha utilidad la claridad en la diferenciación entre la improcedencia de forma y la improcedencia en el fondo.
por Carlos Mendoza Garcia 27 diciembre, 2015 at 20:39

References: artículo 5
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 artículo 86
 artículo 241
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 artículo 44
 resolución 
 artículo 63
 Artículo 5
 Artículo 70
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 artículo 896
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 Artículo 104
 Artículo 6
 Artículo 241
 Artículo 44
 Artículo 159
 Artículo 29
 Artículo 163
 Artículo 5

Artículo 19

Artículo 20