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Timestamp: 2018-07-19 19:23:25+00:00

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Sentencia C-993 de 2004 Corte Constitucional
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-729 de 2000
En primer lugar, y con relación a los artículos 152 –a y 153 , la demandante expone las siguientes razones desde el punto de vista formal:
Asevera la demandante, que en el presente caso, la norma acusada regula " la información relativa al cumplimiento o mora de las obligaciones tributarias " , la cual podría "ser reportada a las centrales de riesgo". Agrega, que en la norma demandada, se introducen plazos para la remisión del dato. En consecuencia, se indica, la norma contiene claramente una regulación del derecho de Habeas Data. Regulación esta que afecta las condiciones del ejercicio del derecho mencionado y podría incidir en su núcleo esencial.
La ciudadana Edna Patricia Díaz Marin , actuando en su calidad de funcionaria de la oficina de Normativa y Doctrina de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales , intervino para defender la Constitucionalidad del artículo 31 de la ley 863 de 2003.
En punto del derecho al debido proceso, la interviniente expresa, que el reporte por parte de la DIAN a las centrales de riesgo no es una facultad discrecional sino que por el contrario es una facultad reglada por el legislador. Es decir, que se utilice dentro de la norma legal , el verbo rector " podrá " no desvirtúa el alcance del ejercicio de la facultad otorgada por el precepto legal a la DIAN . Obedece entonces, a la posibilidad de utilizar centrales de riesgo para que en ellas se pueda incluir información relativa a las obligaciones tributarias y aduaneras de los particulares.
De la regulación de los derechos fundamentales a través de leyes estatutarias y leyes ordinarias. Al respecto, considera el Ministerio Público, que la competencia establecida en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución, prohibe conceder facultades extraordinarias al ejecutivo para regular las materias que conciernen a derechos fundamentales y los recursos para su protección , agrega que el artículo 152 a , incluye estas materias dentro del objeto de las leyes estatutarias.
El principio de finalidad del dato. Afirma el Ministerio público , que los fines que se persiguen con este principio buscan que la recolección del dato personal debe ser determinado, explícito y legítimo . Se señala, no se encuentra que la norma acusada , busque recolectar información que tenga como fin servir de criterio de las actuaciones del sistema financiero y menos aún proteger al sistema financiero
De inicio , se debe recordar las razones por las cuales el constituyente de 1991 optó por establecer el derecho fundamental al habeas data. Pues bien, el constituyente de la época1 pensó en la posibilidad de que los ciudadanos fueran informados acerca de los datos registrados sobre si mismos y la facultad de corregirlos , esto con el fin de proteger la intimidad de las personas debido al asedio de la administración pública, las entidades financieras, educativas, profesionales, etc; en materia de información.
I. La reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales ( el habeas data ). El Principio.
"Con dichas leyes, el constituyente pretendió ‘dar cabida al establecimiento de conjuntos normativos armónicos e integrales, caracterizados por una mayor estabilidad que la de las leyes ordinarias, por un nivel superior respecto de éstas, por una más exigente tramitación y por la certeza inicial y plena acerca de su constitucionalidad... La propia Carta ha diferenciado esta clase de leyes no solamente por los especiales asuntos de los cuales se ocupan y por su jerarquía, sino por el trámite agravado que su aprobación, modificación o derogación demandan: mayoría absoluta de los miembros del Congreso, expedición dentro de una misma legislatura y revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto, antes de su sanción por el Presidente de la República (artículos 153 y 241 - 8 de la Constitución Política).’2
De tal trascendencia pueden ser las leyes estatutarias que en determinados eventos hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad3.
No obstante lo anterior, esta Corte4 ha establecido que la regulación de las materias específicas por intermedio del trámite calificado, no permite entender que toda norma deba excepcionalmente atravesar por el procedimiento de ley estatutaria; solo aquellas que pretendan regular los aspectos principales e importantes de un derecho fundamental. Una radical tesis al respecto dejaría vacía la competencia del legislador ordinario.
Esta situación es más clara frente al tema de los derechos fundamentales. En efecto, son pocas las normas que no establecen un nexo regulativo con algún derecho fundamental, de forma tal que con una interpretación amplia del objeto de las leyes estatutarias, debería concluirse que todas las normas, en virtud de su conexión aunque sea lejana con un derecho fundamental, deben seguir ese trámite. Un razonamiento de este tipo impide que el mismo sistema tenga un carácter dinámico frente a las nuevas realidades, pues por el mayor número de exigencias impuestas para su trámite y promulgación, el cambio normativo requerido para acoplar el derecho a las transformaciones de la sociedad sería más tardío y se rompería la regla general de mayoría simple para la creación legislativa. "5
II. Cuando se viola la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales .
Si bien es cierto, la jurisprudencia ha preestablecido que no siempre que una norma trate un derecho fundamental implica que lo esté regulando; también ha expresado "que la atribución de los alcances de un derecho determinado , la fijación de unas condiciones o la imposición de restricciones para su ejercicio , implican una labor de regulación " 6
Regular, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa "ajustar, reglar o poner en orden una cosa"; "ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines"; "determinar las reglas o normas a que debe ajustarse una persona o cosa".’7 ( Negrilla fuera del texto )
"Con base en los anteriores supuestos, para poder determinar si la norma acusada debió haberse tramitado por medio de una ley estatutaria, no basta con determinar si el objeto de esa disposición tiene alguna relación con un derecho fundamental. Será necesario además, constatar si el contenido normativo expresado por la ley desde el punto de vista material, regula elementos que se encuentran próximos y alrededor del contenido esencial de un derecho fundamental, y en caso de realizar restricciones, limites o condicionamientos sobre éstos, deberá verificarse si éstas tienen un carácter proporcional y constitucionalmente razonable." 8
Lo precedente, por cuanto la reserva de ley es una garantía de intangibilidad de los derechos fundamentales. Este resguardo , específicamente en punto de habeas data , es exigido por la propia Constitución cuando expresa que " En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. " ( artículo 15 C.P )
III. El artículo 31 de la ley 863 de 2003 y su posible afectación al núcleo esencial del habeas data. El caso concreto.
a. La recolección, trato y circulación de datos por parte de la administración, con base en una ley ordinaria.
La norma demandada permite la posibilidad que la administración pública – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – recolecte y trate información sobre el cumplimiento o mora de las obligaciones de impuestos , información sobre los anticipos ,retenciones , tributos y gravámenes aduaneros e información sobre sanciones e intereses.
" Información a las centrales de riesgo. La información relativa al cumplimiento o mora de las obligaciones de impuestos, anticipos, retenciones, tributos y gravámenes aduaneros, sanciones e intereses, podrá ser reportada a las centrales de riesgo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales" ( negrilla fuera de texto )
" Corresponde a la ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la autodeterminación informativa, ocuparse específicamente de determinar la forma y procedimientos conforme a los cuales la administración puede proceder a la recolección, tratamiento y circulación de datos personales, de modo que se respete la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución .
La competencia administrativa que se instituye se refiere a la recolección de datos personales que conforman un banco de datos destinados a la circulación. No obstante, la facultad no es objeto de regulación - general o especial -, en ninguna ley estatutaria. La fuente del poder que se concede a la administración se deriva de una simple ley ordinaria. La recolección y circulación de datos personales, sin duda alguna afecta la libertad de las personas; de ahí que su regulación, así sea genérica, debe estar consagrada en una ley estatutaria. Dentro del marco de una ley estatutaria existente, la creación y regulación de bancos de datos de origen público, en principio no podría ser materia de censura constitucional, como quiera que aquélla sirve al propósito de resguardar la libertad informática que puede verse afectada con ocasión de la recolección, tratamiento y circulación de datos. Si se hiciera caso omiso de la anterior cautela, todas las operaciones constitucionalmente relevantes atinentes al tratamiento informático de los datos personales - recolección, tratamiento, circulación, conocimiento, actualización y rectificación -, serían reguladas por medio de las leyes ordinarias que ordenaren la creación pública de bancos de datos, y acabaría por perder todo sentido la previsión constitucional que establece que las mismas sean objeto de la respectiva ley estatutaria, por lo menos en sus contornos esenciales, justamente a fin de preservar la libertad." 9
En consecuencia, comparte esta Corporación el concepto del Ministerio Público, según el cual la competencia establecida en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución , prohíbe conceder facultades extraodinarias al ejecutivo para regular materias que conciernen a derechos fundamentales. En este orden de ideas, la Constitución de 1991, en su artículo 152 literal a, determinó un proceso especial de elaboración de la ley – ley estatutaria – en aquellas leyes que pretendieran regular situaciones principales e importantes en lo concerniente con derechos fundamentales , como es la recolección, tramitación y circulación de datos, base esencial del habeas data.
Así las cosas, " los datos personales que se recogen, el tipo de tratamiento que reciben y las formas y límites de su circulación , son aspectos de una misma decisión que no deja de tener repercusiones sobre la autodeterminación informativa "10. Por consiguiente, no cabe dudas que dichas acciones son principales e importantes con relación al derecho fundamental. Razón por la cual, la Constitución señaló que sólo a través de una ley estatutaria se daba una protección importante en la garantía de este derecho.
b. Excepción al núcleo esencial del derecho fundamental de habeas data.
"Tratándose de contribuyentes morosos, se reportará su cuantía a partir del sexto (6) mes de mora "( negrilla fuera de texto )
Así las cosas, el inciso referido del artículo demandado, está estableciendo una excepción al plazo para reportar datos – cuantía - a centrales de riesgo. La excepción consistiría en la determinación de un plazo diferente de reporte para los contribuyentes morosos de la DIAN, en relación con los demás deudores morosos, con respecto a la cuantía.
c. Relevancia y proporcionalidad de la transmisión de dato.
d. Caducidad inmediata como afectación al núcleo esencial del derecho fundamental de habeas data
"Una vez cancelada la obligación por todo concepto, esta entidad deberá ordenar la eliminación inmediata y definitiva del registro en la respectiva central de riesgo." ( negrilla fuera del texto )
11. La Corte no comparte la tesis de la Vista Fiscal acerca de que la sentencia C–384 de 2000 no abordó el análisis del parágrafo del artículo 114 de la ley 510 de 1999, y por ende no estudió si la consagración de una caducidad del dato financiero requiere ley estatutaria. Una lectura de esa sentencia muestra que la Corte expuso argumentos que tenían como base para la declaración de inexequibilidad del artículo 114 de la ley 510 de 1999, el contenido normativo del parágrafo incluido en esa disposición. El que dicho parágrafo también fuera declarado inconstitucional no obedeció únicamente a una integración de su contenido normativo con el conjunto del artículo, sino que adicionalmente y tal y como fue señalado arriba, su inexequibilidad devino porque éste también regulaba directamente la estructura conceptual básica del derecho fundamental al habeas data. Al respecto, la Corte afirmó:
12. Pero eso no es todo. La doctrina sobre la necesidad de una ley estatutaria para fijar la caducidad del dato financiero no fue una innovación de la sentencia C-384 de 2000 pues ya había sido formulado con anterioridad por esta Corte. En efecto, las sentencias SU-082 de 1995 y SU-089 de 1995, ambas MP Jorge Arango Mejía, establecieron un término razonable de caducidad del dato financiero, con el fin de proteger el derecho al olvido, frente a eventuales abusos del poder informático. Sin embargo, esas sentencias precisaron con claridad que en principio correspondía al Congreso, por medio de una ley estatutaria, fijar ese término de caducidad, y que la Corte abordaba directamente el tema únicamente debido a la inactividad legislativa. Dijeron al respecto esas sentencias, en la consideración novena:
"Se advierte expresamente que todo lo que se ha dicho sobre el término de caducidad refleja los criterios generales que la Corte estima razonables a la luz de la Constitución. Pero naturalmente, el legislador, al dictar la ley estatutaria correspondiente, podrá, según su buen criterio, apartarse, determinando lo que él mismo estime razonable, siempre y cuando se ajuste a la Constitución. Y podría, por ejemplo, llegar a establecer una caducidad especial en los casos en que la obligación se extingue por prescripción."
La anterior doctrina sobre la reserva de ley estatutaria en materia de caducidad del dato financiero fue reafirmada por esta Corporación con posterioridad, en la sentencia C-729 de 2000, MP, Vladimiro Naranjo Mesa. En esta nueva sentencia, la Corte estudió si el artículo 110 de la ley 510 de 1999 debía haberse tramitado por medio de una ley estatutaria, o si por el contrario ese contenido normativo podía haber sido promulgado a través de una ley ordinaria. La norma acusada en esa ocasión, disponía entre otras cosas que quienes tuvieran una deuda que no superara los 100 salarios mínimos legales vigentes y pagaran durante los seis meses siguientes, tendrían el derecho a la recalificación inmediata de su deuda. De igual forma, la disposición consagraba que aquellos reincidentes en la mora, perderían el derecho a tal recalificación. Y por último, el articulo 110 de la ley 510 de 1999 establecía que quienes tuvieran una deuda en mora superior a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o quienes tuvieran una deuda en mora inferior a los 100 salarios pero que no cancelaron antes de los seis meses siguientes, no tendrían tampoco derecho a la recalificación.
15. Como reiteradamente ha señalado esta Corporación11, el derecho al habeas data consiste en la posibilidad que tiene cada persona de conocer, actualizar y rectificar las informaciones contenidas sobre sí en las bases de datos. El artículo 15 superior lo consagra como un derecho fundamental, que a su vez tiene una estrecha interrelación con los derechos a la autodeterminación, a la intimidad, a la libertad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad. Es pues claro que el hábeas data es un derecho fundamental, y que entonces, de acuerdo a lo que ha venido exponiéndose en esta sentencia, una norma que afecte sus elementos conceptuales básicos debe tener la jerarquía de ley estatutaria. Por consiguiente, el problema que surge es si el establecimiento de la caducidad del dato financiero regula los elementos conceptuales y estructurales mínimos de ese derecho fundamental.
17. De otro lado, el propio artículo 15, al regular el habeas data y el derecho a la intimidad, ampara también, dentro de determinados límites, el derecho de las personas a estructurar bases de datos, pues no sólo prevé precisamente que el hábeas data es un mecanismo para rectificar el contenido de dichas bases, sino que además esa disposición establece literalmente que "en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución". Esto significa que existe un derecho a recolectar, sistematizar y circular datos, que además se encuentra profundamente ligado a la libertad de toda persona de informar y recibir información veraz e imparcial (CP art. 20). El derecho a sistematizar y circular datos es entonces fundamental, no sólo por su consagración expresa en el artículo 15 superior sino además por su relación inescindible con la libertad de información, que es uno de los derechos más importantes en una democracia, tal y como esta Corte lo ha destacado en numerosas oportunidades, al señalar que es una libertad preferente en nuestro orden constitucional12. Ahora bien, la consagración de un término de caducidad, a partir del cual las entidades financieras no pueden circular determinados datos sobre los eventuales deudores, implica obviamente una restricción al derecho a la circulación de datos, reconocido por la Carta. Y esta restricción, al estar asociada al derecho fundamental a recolectar, tratar y circular datos, requiere una ley estatutaria."13
Existe un principio general establecido en nuestra Constitución Política, según el cual aquellas leyes que traten sobre situaciones principales e importantes de los derechos fundamentales o sus mecanismos de protección deben ser tramitadas a través del procedimiento de una ley estatutaria. Es decir, se presenta una reserva de ley estatutaria. No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el análisis de dicho principio no debe ser radical por cuanto dejaría vacía la competencia del legislador ordinario ; quien en muchas ocasiones expide leyes que de una u otra manera vinculan tangencialmente derechos fundamentales, tratando situaciones no principales y menos importantes de este tipo de derechos. Así las cosas, no necesariamente todas las leyes que vinculen derechos fundamentales- situación muy normal – deben tramitarse por intermedio de una ley estatutaria, existe la posibilidad que se realice a través de leyes ordinarias pero con base en los argumentos acá esbozados
1.Declarar INEXEQUIBLE el artículo 31 de la ley 863 de 2003 , por las razones expuestas en esta providencia.
1 Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia. Presidencia de República. Febrero de 1991. pag 125
2 Sentencia C-425 de 1994
3 Sentencia C- 578 de 1995
4 Sentencia C- 384 de 2000 y C- 687 de 2002
5 Sentencia C- 687 de 2002
6 Sentencia C- 729 de 2000
7 Sentencia C-384 de 2000
8 Sentencia C- 687 de 2002
9 Sentencia C- 567 de 1997
10 C- 384 de 2000. En igual sentido, Sentencia C- 567 de 1997
11 Véase, entre otras, las sentencias C – 384 de 2000 y C – 729 de 2000
12 Ver, entre otras, las sentencias C-010 de 2000, fundamento 3, y T-066 de 1998.
13 Sentencia C-687 de 2002 . .

References: artículo 31
 artículo 150
 artículo 152
 artículo 15
 artículo 31
 artículo 150
 artículo 152
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 110
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 31