Source: http://asihablociceron.blogspot.com/2017/03/
Timestamp: 2017-07-24 22:52:50+00:00

Document:
Así habló Cicerón: marzo 2017
Supimos el otro día que en Alicante una
jueza había ordenado reponer las placas con nombres franquistas que el
Ayuntamiento estaba retirando. “¡Fascismo, franquismo, dictadura!”, empezaron
inmediatamente a vociferar algunos. A mí, la verdad, todo el asunto me pareció
raro. No creo que un juez tenga ninguna potestad para decirle a un Ayuntamiento
cómo tienen que llamarse sus calles. Es una decisión discrecional del poder político,
siempre que se cumplan los requisitos de forma. Que es exactamente lo que parece
que no ha pasado aquí.
En todo Ayuntamiento hay dos grandes
órganos colegiados. Por un lado está el Pleno, compuesto por todos los
concejales elegidos por la ciudadanía. Y por otro lado está la Junta de Gobierno,
formada (grosso modo) por el alcalde, los tenientes de alcalde y aquellos concejales que
tienen responsabilidad en áreas concretas. En el caso de Alicante, el Pleno
tiene representación de PSOE, PP y C’s, así como de Guanyar Alacant (la marca
municipalista de Podemos en Alicante) y de Compromís. En el gobierno, sin
embargo, solo están PSOE, Guanyar y Compromís.
Es aquí donde está el quid del asunto: parece ser que la
retirada de calles franquistas la decidió la Junta unilateralmente, sin pasar
por el Pleno. Esto ha provocado que el PP, preocupado por supuesto por la
legalidad (y en absoluto motivado por su ideología de derechas) recurriera la
decisión. Sinceramente, creo que tiene posibilidades de ganar el pleito. El problema
es una simple cuestión competencial: ¿quién pone nombre a las calles, el Pleno
o la Junta? Y aunque no he encontrado ninguna mención expresa que atribuya la
competencia al uno o a la otra, es una cuestión lo bastante importante como
para corresponder al Pleno. Así es en muchos otros municipios, al menos (1). Ahora bien, si el pleito aún no ha
terminado, ¿cómo es que la jueza ya ha ordenado reponer las placas franquistas?
Se trata de una medida cautelar. Las medidas cautelares son decisiones
provisionales que toman los jueces durante los procedimientos para asegurarse la
efectividad de la sentencia futura. Por ejemplo, en otros órdenes jurisdiccionales una medida cautelar podría ser embargarle la cuenta al demandado para
asegurarse de que, si la sentencia le condena a pagar una cierta cantidad, se
pueda garantizar que ese abono efectivamente se produce. Es decir, que no
estamos ni mucho menos ante una decisión definitiva: cuando salga la sentencia
firme, hablamos.
Eso no quita para que yo considere que a
la jueza se le ha ido un poco la mano con la medida cautelar. Las medidas
cautelares deberían tomarse solo en casos muy concretos, donde sea imprescindible
evitar que la Administración ejecute el acto impugnado. No lo digo yo, lo dice la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que en su artículo 130
establece que “la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la
ejecución del acto (…) pudiera[n] hacer perder su finalidad legítima al recurso”.
Pongo un ejemplo: supongamos una
actuación urbanística en la que el Ayuntamiento ha decidido que hay que demoler
un inmueble. Los propietarios recurren la decisión. Ahí tiene
mucho sentido dictar una medida cautelar que paralice esa demolición. Si no se
hace así y el Ayuntamiento acaba echando abajo la casa, dará luego igual que el
juez les dé la razón a los dueños: el edificio ya es un solar. Es decir,
estamos en un caso donde ejecutar el acto (demoler la casa) puede hacer que el
recurso que interponen los particulares pierda su finalidad, y por eso es
lógico dictar una medida cautelar.
Lo que ha pasado en Alicante no es
comparable. Es cierto que, si la sentencia acaba siendo favorable al PP, será
un trastorno para los vecinos, que habrán visto que primero vivían en la calle
del Facha MacFáchez, luego durante un par de años en una calle con nombre
normal y luego de nuevo en la del Facha MacFáchez. Ése es precisamente el
argumento que ha usado la jueza. Y sí, es cierto que los vecinos tendrán que
cambiar otra vez su dirección en una buena cantidad de servicios, que habrá que
reponer todas las placas, que el Ayuntamiento tendrá que avisar a todas las instituciones
y que será una jodienda para todo el mundo… pero podrá hacerse.
Sin duda, no parece que seguir adelante
con el cambio de nombres haga que el recurso pierda su finalidad, puesto que
podrá revertirse en cualquier momento. ¿Que dicha reversión, si se produce,
será molesta? Pues sí, pero la ley no habla de molestias: habla de que la
ejecución del acto impida la posterior ejecución de una sentencia estimatoria
del recurso. Y en este caso no lo impide. De hecho, la medida cautelar está
recurrida al TSJ y no me extrañaría nada que la levantara. Saliendo ya del análisis de la medida
cautelar, el hecho de que los tribunales le dieran la razón al PP tampoco sería
una tragedia. Repito: lo que aquí se debate es sobre todo una cuestión
competencial (2). Si al final resulta que tiene razón el PP, el alcalde no
tiene más que hacer aprobar el asunto en el Pleno. Es cierto que no tiene
mayoría absoluta, pero no creo que le cueste sacar el asunto adelante (3). En definitiva:
que a la larga se va a acabar cumpliendo en Alicante la Ley de Memoria
Histórica. No hay que preocuparse.
De este asunto saco tres lecciones,
aunque en realidad son bien sabidas. La primera es que a la gente le encanta
ponerse a vociferar solo con un titular: como hemos visto, esto no es ni mucho
menos una especie de triunfo del franquismo a través de la judicatura, puesto
que entre otras cosas de momento no se ha dictado nada definitivo. La segunda
es que el PP es un partido de extrema derecha que no puede ocultar sus
simpatías por el régimen de Franco: los actos tienen significado, y nadie se
cree lo de que están muy ofendidos porque esto no haya pasado por el Pleno. Han
perdido una ocasión perfecta para envainársela.
Y la tercera es que los así llamados “Ayuntamientos
del cambio” pueden llegar a ser torpes como ellos solos. ¿Qué les costaba pasar
el asunto por el Pleno y ahorrarle a los alicantinos este absurdo? porque
venga, ahora supongamos que el TSJ levanta la medida cautelar: otra vez a poner
los nombres democráticos. Pero al final los jueces le dan la razón al PP: a
cambiarlos. Pero luego lo pasan por el Pleno: a reponerlos. No, hombre, no. Las
cosas no se hacen así. Menuda manera de alargar años lo que se podría haber
resuelto en meses.
En fin. Lo cierto es que tiene narices
que haya habido que esperar tanto tiempo para sacar de nuestras calles los
nombres de los asesinos de la dictadura. Porque, en contra de lo que dicen los
que pretenden blanquear el fascismo, los nombres de las calles no son recuerdos
neutros de hechos históricos, sino homenajes a personas que lo merecen. Y no:
en una democracia, los rebeldes fascistas que tomaron el poder por la fuerza y
lo ejercieron durante cuarenta años no merecen calles dedicadas.
(1) El tema aquí es que muchas veces
estas competencias tan micro vienen detalladas en normas municipales, que no
son nada fáciles de encontrar ni de concordar. El hecho de que yo haya sido
incapaz de encontrar una regla competencial clara no significa que no exista. Pero,
insisto, lo más probable es que corresponda al Pleno, que al fin y al cabo es
el órgano más importante del Ayuntamiento.
(2) Parece que el PP también ha alegado
cosas como “la calle Calvo Sotelo no debería cambiarse en aplicación de la Ley
de Memoria Histórica”, lo que tiene poco recorrido: memoria histórica o no, el
Ayuntamiento puede retirarle a Calvo Sotelo su calle si es lo que desea.
(3) Después de las elecciones, la
izquierda (PSOE-Guanyar-Compromís) tenía en el Ayuntamiento 15 concejales,
mientras que la derecha (PP-C’s) contaba con 14. La marcha al grupo mixto de
una concejal de Guanyar y de otro de C’s ha dejado los siguientes números:
izquierdas 14, derechas 13, independientes 2. La coalición de gobierno ya no
tiene mayoría absoluta, por tanto. Sin embargo, no creo que la exconcejal de
Guanyar vote en contra de quitar nombres franquistas del callejero, y es por
eso que digo que no creo que al alcalde le cueste sacar el asunto adelante.
Empiezo con esta entrada una serie de
post, que se prevé larga, sobre las distintas profesiones jurídicas. Porque
muchas veces leemos sobre jueces prevaricadores, abogados ahí colgados,
fiscales que no fiscalizan, secretarios judiciales que se quejan de la falta de
medios y procuradores que procuran que no nos demos cuenta de que no valen para
nada… y nos preguntamos: ¿pero toda esta gente quién es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su
trabajo real? El objetivo de esta serie de entradas es ir contestando a esas
preguntas. Hoy vamos a hablar del juez.
El ser humano no es perfecto. Hace daño a
otros, comete traiciones, ejecuta pequeñas o grandes mezquindades, discute
incluso cuando sabe que no lleva razón… en definitiva, crea conflicto. El
derecho es necesario porque existe el conflicto. El juez no es, ni más ni
menos, que un tercero imparcial al que acudimos cuando tenemos un conflicto y
le pedimos que lo resuelva aplicando el derecho existente. Por ello, es la figura más importante en
todo pleito. Las demás profesiones que vamos a analizar en esta serie de
entradas están, de alguna manera, subordinadas a él: o bien representan a las
distintas partes que van pidiendo justicia o bien son empleados del Juzgado o
Tribunal. El juez es el vértice, la persona hacia la que se dirigen todas las
peticiones de las partes, el que resuelve el litigio de forma definitiva.
Ya de forma más técnica, se suele decir
que el juez es el encargado de la jurisdicción, a la que la Constitución define
como la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Además de eso,
tradicionalmente ha tenido asignadas una amplia cantidad de funciones no
jurisdiccionales: administrar el Juzgado, casar a la gente, llevar el Registro
Civil, resolver procedimientos donde no hay conflicto, etc. Hoy en día se está
tratando de purificar su figura, dejándole solo las competencias puramente
jurisdiccionales: así, la administración del Juzgado y la resolución de ciertos
procedimientos quedan en manos del secretario judicial, se habilita a los
notarios para casar y resolver otros procedimientos sin conflicto, etc. En el
ámbito penal se habla también de quitarle la función de investigador (1) para
concedérsela a la Fiscalía: es una reforma que se lleva proponiendo años, pero
que no acaba de salir adelante.
La posición del juez es, quizás, de las
más fuertes de todo el sistema de empleo público. Se busca salvaguardar su
imparcialidad por encima de todo, y por ello se dice de ellos que son
independientes (no están atados a nada de lo que diga un órgano superior),
inamovibles (solo pueden ser separados de su cargo por causas previstas en la
ley), responsables (pueden ser sancionados si cometen ilegalidades) y sometidos
exclusivamente a la ley (no a la opinión pública ni a las decisiones de otros
tribunales). De estas cuatro notas que definen la figura del juez, la más
importante es la de la independencia (2): al contrario que el resto de
servidores públicos, que se ordenan jerárquicamente, un juez es prácticamente
el rey de su Juzgado.
“¿Cómo que no hay jerarquía en el sistema
judicial?”, podéis pensar. “Pero si hay establecidos cauces de recurso, y el
pleito que empezó en el Juzgado de Follamatojos de Abajo puede perfectamente
acabar en el Supremo”. Sí, eso es cierto: los órganos superiores pueden
corregir las decisiones de los inferiores. Pero no pueden darse órdenes: si al
juez de Follamatojos de Abajo le llega un fax del Tribunal Supremo pidiéndole
que resuelva el asunto X en cierto sentido concreto, tiene el perfecto derecho
de pasárselo por el arco del triunfo. El juez resuelve como quiere, interpreta
la ley como mejor le parece y nadie (ni las partes, ni el Tribunal Supremo ni
el papa de Roma) le puede decir lo contrario. Si alguna de las partes no está
conforme, recurre y le dan la razón, bien está, pero ex ante nadie le puede dar órdenes a un juez.
Vemos además que, según subimos en el
escalafón, hay más jueces encargados de resolver cada asunto. Efectivamente: en
los niveles más bajos de la jerarquía judicial están los Juzgados, que son
órganos unipersonales: en cada Juzgado hay un juez. Y más arriba, ya a nivel
provincial, autonómico y nacional, están los órganos colegiados: las Audiencias
y los Tribunales. La idea es que los asuntos más importantes sean examinados
por varias personas, todas ellas independientes y que debatirán, con lo cual se
debería alcanzar una solución mejor que si resuelve un solo juez.
Los órganos colegiados están divididos en
Salas por razón de la materia (civil, penal, contencioso-administrativa y
social), y estas Salas están a su vez divididas en Secciones de tres o más
jueces, que son las que juzgan a la gente. Para cada asunto se designa un
ponente, que es el que redacta la sentencia, y luego se debate y se vota dentro
de la Sección. Aquí tenemos, por cierto, la diferencia entre un juez y un
magistrado: los jueces son los que sirven en un Juzgado y los magistrados los
que lo hacen en una Audiencia o Tribunal.
Ya que salen estos términos: no hay
diferencia conceptual entre Audiencia y Tribunal: son simplemente dos nombres
distintos que en la historia española han tenido los órganos judiciales
colegiados. Actualmente hay Tribunales en el ámbito autonómico (el Superior de
Justicia) y nacional (el Supremo). Las Audiencias, por su parte, tienen ámbito
provincial, aunque también existe la Audiencia Nacional, que se encarga de
determinadas cuestiones en todo el territorio español.
Para terminar, un apunte estético: en
España, los jueces no llevan peluca. Que yo sepa, no han usado nunca este
adorno, que es muy anglosajón. Lo que sí se lleva, al menos en las vistas
públicas, son togas: ropones negros que se supone que aportan dignidad al
asunto. En la toga hay una placa, diferente según si su rango es el de juez, el
de magistrado o el de magistrado del Tribunal Supremo, y puede haber también medalla.
Finalmente, los magistrados (no los jueces) llevan las famosas puñetas:
vuelillos o encajes blancos, hechos de filigrana, en la bocamanga de la toga. Por si alguien lo dudaba: sí, este dresscode está regulado (artículo 34).
Tiene cierto sentido, porque las insignias nos dicen delante de quién estamos,
y el tratamiento cambia. Lo deja bien claro la LOPJ: a los jueces uno se
dirige como “señoría”, a los magistrados como “señoría ilustrísima” y a los
magistrados del Tribunal Supremo como “excelencia”. Que puede parecer una
tontería, pero te toca delante un presidente de Sección como Alfonso Guevara y te para la vista por no llamarle por su título correcto.
Espero haber contribuido a acercar la
figura del juez a quienes me leen. He intentado abarcar las notas más
importantes de lo que es un miembro de la carrera judicial, pero si alguien sigue
teniendo dudas, los comentarios están abiertos.
(1) Los famosos “jueces de Instrucción”,
que son los que siempre salen en la prensa (el juez Castro, el juez Bermúdez,
el juez Ruz, la jueza Alaya, el exjuez Garzón), en realidad no juzgan a nadie,
sino que investigan los hechos que les llegan. Cuando terminan su trabajo, la
Fiscalía y el resto de denunciantes acusan a los imputados que consideran
oportuno y es otro órgano distinto el que juzga. (2) Es decir, hay muchos otros
funcionarios que son inamovibles, y todos son responsables de lo que hagan con
su cargo y están sometidos a la ley. Pero, salvo los jueces, casi ninguno es independiente porque la mayoría tiene un jefe.
Dentro del mundo asociativo, el estatus
de utilidad pública es la perita en dulce a la que todo el mundo aspira. Este estatus concede grandes ventajas fiscales: exención de la mayoría de
rentas en el Impuesto de Sociedades, tributación al 10% de las rentas que
quedan (1), exención completa del IBI y otros impuestos municipales, etc.
Además, las asociaciones de utilidad pública (AUP) pueden solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita si
no tienen suficientes recursos para litigar (2)
Por eso me fastidió tanto en su momento que
le concedieran esa condición a Hazte Oír, y por eso me ha hecho sonreír la
noticia de que el Ministerio del Interior está revisándolo. Tengo
ciertas esperanzas. Normalmente, con el PP a los mandos, no me atrevería a
apostar que saliera bien un asunto donde la Administración tiene tanta
discrecionalidad. El propio ministro ha echado balones fuera y ha dicho que es
un tema de funcionarios y que él no se mete, algo que podríamos interpretar
como que la revocación no va a salir adelante.
Sin embargo, hay presagios positivos.
Recordemos que Hazte Oír tiene fuertes vínculos con la organización
ultracatólica y ultraderechista El Yunque. Incluso está acreditado
judicialmente que algunos directivos de la primera pertenecen a la segunda. Y
eso es importante, porque buena parte de la jerarquía episcopal española (esa
misma jerarquía que tanta mano tiene en el PP) rechaza a El Yunque. Es decir,
ésta es una guerra entre familias mafiosas y parece que, por puro azar, los
intereses de la más poderosa se alinean con la democracia. No es la solución
perfecta, pero para un apaño puede ir valiendo.
Aparte de eso, creo que de la actividad
continuada de HazteOír se desprenden motivos suficientes para revocarle el
estatus de AUP. Para empezar, una asociación de este tipo tiene
que tener unos fines que estén en la amplia lista del artículo 32.1.a de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación: cívicos, educativos, científicos,
de promoción de los derechos humanos, de defensa de los consumidores, etc. No
he tenido acceso al expediente por el que se declaró AUP a HazteOír, pero me jugaría un brazo a que se hizo bajo el paraguas de
los objetivos cívicos, de protección de la familia y de protección de la
Sin embargo, el artículo 32.1.a LODA dice algo
más. Dice que esos fines deberán ser de interés general. Éste es el concepto
tan abierto que la Administración tiene que concretar a la hora de conceder,
denegar o revocar la condición de asociación de utilidad pública. Y aquí ya
podemos empezar a debatir: los fines cívicos, de protección a la familia, etc. que busca HazteOír ¿son de interés
general? Yo diría que no, porque no buscan más que la propia promoción de su
ideología mediante campañas mediáticas y de presión. No quieren proteger a “la
familia” o a “la infancia”, sino desproteger a cualquier modelo de familia o
infancia que no sea el suyo. Más aún: el artículo 4.5 LODA prohíbe que
los poderes públicos faciliten cualquier tipo de ayuda a las asociaciones que
“en su funcionamiento discriminen por razón de (…) cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”. El autobús transfóbico que han estado
paseando estos días por las calles de Madrid, donde básicamente decían que las
personas transgénero son, o bien inexistentes, o bien enfermas, es un caso de
libro de discriminación. Eso permitiría a la Administración revocarle cualquier
clase de colaboración: aunque el texto del artículo parece pensar en ayudas económicas
(subvenciones), no podemos dudar de que la condición de AUP es una importante ventaja. De hecho, el propio ministro dice, en la
noticia citada al principio de este texto, que con carácter general se revoca
el estatus de utilidad pública a aquellas asociaciones que discriminan. Así pues, creo que hay razones
suficientes para justificar una revocación. Pero yo iría más allá: HazteOír no
se ha convertido ahora de repente en un grupo de odio. No. Lo lleva siendo
desde su fundación. Incluso aunque obviemos su condición de tapadera de El
Yunque, su actividad social siempre ha ido destinada a promover la homofobia y
la transfobia, a cercenar los derechos reproductivos y a coartar la libertad de
expresión. Eso quiere decir que nunca hubo motivos para beneficiarles con el
estatus de utilidad pública. El Estado se equivocó –por decirlo suavemente–
cuando se lo concedió.
Un Ministerio valiente iría más allá. No
se limitaría a revocar el estatus del que goza HazteOír,
sino que intentaría anular el acto administrativo de 2013 donde se lo concede.
Para ello tiene que seguir un proceso relativamente largo: debe declarar lesivo
el acto y luego impugnarlo ante los tribunales, en una especie de
“autodemanda”. Al margen de los efectos materiales que pudiera tener esta
actuación, obrar así enviaría un mensaje político importantísimo: la
Administración asume su error y apoya a las víctimas de esta asociación.
En fin, esto último no es más que
derecho-ficción. No va a pasar. Pero lo que sí es muy posible que suceda es,
como hemos visto, la revocación. Y si al final se produce daré palmas. Porque la
emisión constante de un discurso de odio podrá ser más o menos lícita en
democracia, pero sin duda no hay razón alguna para considerarla de utilidad
(1) Por comparar, el tipo normal en este
impuesto es el 25%, las cooperativas tributan al 20% y las entidades de nueva
creación al 15%.
(2) Normalmente las personas jurídicas no
pueden solicitar este derecho.
El tema de las herencias (y de las
desheredaciones) es complicado. Es un ámbito jurídico donde se tiende de forma
especial a opinar sin fundamento, y no es de extrañar. Al fin y al cabo, las
sucesiones se producen en un momento donde afloran todas las pasiones humanas,
desde el dolor a la alegría pasando por la envidia y la avaricia más rastreras.
No se trata de sentimientos compatibles con un análisis jurídico serio. Así que
voy a hablar un poco de este tema.
Para empezar, un matiz: en España existen
las llamadas “comunidades forales”, que son territorios que tienen su propio derecho
de sucesiones. Se trata de Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País
Vasco (1). Si el fallecido tenía vecindad civil en uno de estos territorios, se
aplican las normas del mismo (2). Yo no conozco los derechos forales, así que
me voy a limitar a hablar de lo que dice el Código Civil, que es la norma que se
usa en el resto del territorio español.
Cuando alguien muere en un territorio de derecho
común hay dos posibilidades: que lo haya hecho con testamento o que lo haya
hecho sin testamento. Para saber en qué caso estamos, lo más sencillo es ir al
Registro de Actos de Últimas Voluntades, donde puedes averiguar si un fallecido
tenía otorgado testamento ante notario. Es posible tener un testamento no
notarial (el llamado “ológrafo”, que es el que el testador escribe de su puño y
letra), que naturalmente no aparecerá en el Registro, pero es un caso mucho más
raro. Muy bien: resulta que el muerto no otorgó
testamento. ¿Quién hereda? En primer lugar, se llama a los descendientes: la
herencia se divide en tantas partes como hijos haya, y a cada uno le toca una
porción igual. Si los hijos ya han muerto, sus porciones se dividen entre
nietos, bisnietos, etc. Si no hay descendientes, se llama a los ascendientes,
que normalmente serán el padre y la madre (o el que siga vivo de ambos), aunque
es posible que hereden los abuelos, bisabuelos, etc. Si tampoco hay ascendientes,
se llama al cónyuge (3). Y si no hay cónyuge, a los parientes por orden de
cercanía: primero hermanos, luego sobrinos, luego tíos y luego primos hermanos.
Si tampoco hay nadie por esas vías, hereda el Estado. El párrafo anterior puede parecer difícil
cuando lo lees por primera vez, pero en realidad es bastante claro: hay un
orden de preferencia y solo hay que seguirlo. El tema se complica cuando el
fallecido decidió otorgar testamento. Porque entonces entran en juego las
legítimas. Los legitimarios son una serie de personas que tienen derecho a
obtener cierta parte de la herencia. No les puedes excluir salvo por causa
justificada, lo que se llama desheredación. Al hacer testamento tienes que
¿Y quiénes son los legitimarios? Pues en
el caso normal serán los hijos. Aquí es donde entra en juego la famosa división
de la herencia en tres tercios. Efectivamente, cuando hay descendientes la
herencia se divide en tres partes iguales:
Una parte debe ir a los hijos por igual: es lo
que se llama legítima estricta.
Una parte debe ir a los hijos, pero el testador
decide cómo se distribuye entre ellos: es lo que se llama mejora.
con la tercera parte restante el testador puede hacer lo que quiera: es lo que
se llama tercio de libre disposición.
Si no hay descendientes, eso no quiere
decir que no haya legitimarios: pasan a serlo los ascendentes. En ese caso la
legítima es de la mitad de los bienes, salvo que haya además un cónyuge viudo,
en cuyo caso la legítima de los padres es solo de un tercio.
La legítima del cónyuge viudo convive con
la que puedan tener descendientes o ascendientes. Tiene la peculiaridad de que
no consiste en la propiedad de los bienes, sino en su usufructo vitalicio. Es decir,
los bienes los hereda quien sea, pero el cónyuge viudo tiene el derecho de
usarlos hasta que se muera. ¿Y de cuánto es este usufructo? Pues depende: si
concurre a la herencia con los hijos, de un tercio (concretamente del de
mejora); si concurre con los padres, de la mitad; si no hay hijos ni padres, de
tiene derecho al usufructo del tercio de mejora.
La legítima de
los padres se convierte en 1/3.
tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia.
testar plena.
tiene derecho al usufructo de 2/3 de la herencia.
¿Y el tema de la desheredación? Pues como
he dicho, sólo puedes desheredar a alguien (es decir, privarle de su legítima) si concurre justa causa. La ley
desincentiva la desheredación: tiene que hacerse en testamento, expresando la
causa, y son los herederos los que tienen que demostrar que es verdadera. Las causas están recogidas en el Código
Civil y son una lista bastante estricta. Las podéis encontrar en los artículos 853 y siguientes, si queréis una lista completa. Así, para desheredar a un hijo
es necesario que éste te haya negado los alimentos o te haya maltratado, para
desheredar a un padre éste tiene que haber perdido tu patria potestad o atentado contra la vida del otro progenitor, y así sucesivamente. Y además
hay causas generales como ser condenado por un delito contra el testador,
denunciarle en falso o forzarle a hacer testamento.
Como se ve, son causas muy concretas y
graves, que consisten siempre en una ofensa hecha contra el testador. Como guinda
final, por cierto, hay que tener en cuenta que si el testador se reconcilia con
su agresor, ya no puede usar dicha agresión como causa de desheredación. Es decir,
que la ley pone todas las trabas posibles a que puedas desheredar a tus
¿Por qué actúa así el Código Civil? La respuesta
es simple: porque quiere defender un modelo de familia. Todo lo que hemos visto
en esta entrada son reglas orientadas a defender una cierta forma de concebir
las relaciones familiares. No estoy descubriendo América con esta afirmación:
se asume con naturalidad que el Código Civil tiene que tomar ciertas decisiones
a la hora de regular las herencias, y que esas decisiones fomentarán un modelo
de familia y desincentivarán los demás. No es posible un derecho neutro.
Yo no sé qué opinar sobre la cuestión de
los legitimarios y de que sea tan difícil desheredar. Al principio me parecía
mal porque, como sabrá quien lea este blog de manera habitual, yo soy bastante
anti-familia. ¿Por qué yo, como testador, tengo que dejarle parte de mis bienes
a alguien a quien no aprecio sólo por el hecho de compartir material genético? Pero
recientemente lo estoy empezando a mirar desde otro punto de vista: reducir la
libertad de testar es, de hecho, quitarle a los progenitores un importante
poder de chantaje sobre su prole. Si yo sé que, salvo que agreda a mi padre, me
va a tocar al menos un mínimo de la herencia, puedo vivir con tranquilidad sin
necesidad de plegarme a exigencias absurdas ni de bailar al son de su música
Por supuesto, hablar en profundidad del
sistema sucesorio español llenaría medio centenar de tesis doctorales, y
estudiar sus relaciones con nuestro modelo familiar ocuparía otras tantas. Yo no
tengo tanto espacio ni sé tanto, así que sirva lo anterior para introducir el
tema. Espero que haya sido de utilidad.
(1) Algunas localidades de Extremadura
son consideradas también territorios forales, pero su derecho no afecta al tema
sucesorio. En cuanto a Valencia, hay una discusión bastante compleja sobre si
tiene derecho a dictar normas civiles forales, pero el hecho es que no las ha dictado
en materia de sucesiones.
(2) La vecindad civil es un criterio de
conexión con un territorio algo más profundo que el mero empadronamiento. En principio
tienes la vecindad civil de tus padres, y cambiarla luego es relativamente
complejo: puedes optar por la vecindad civil de tu cónyuge o por la del lugar
donde llevas dos años residiendo.
(3) Una de las cosas que han hecho la
mayoría de derechos forales es igualar el cónyuge a la “relación de análoga
afectividad”, es decir, a la pareja de hecho. El Código Civil no lo ha hecho. Hay
que estar casado (y no separado) para disfrutar de los derechos sucesorios.
(4) Como me dijo @LaGuiri, resumiendo
magníficamente el argumento, el sistema español reconoce la posición del pater familias a cambio de quitarle su
El tema de las armas es confuso. A estas
alturas ya todos tenemos claro que en España no se aplica la segunda enmienda
de la Constitución de EE.UU., pero sigue habiendo muchos bulos al respecto de
este tema. ¿Qué puedo llevar para defenderme? ¿Son legales los sprays de pimienta? ¿Qué ocurre si la
Policía me pilla con una navaja? ¿Puedo andar paseando por la calle esa katana
tan chula que me compré en Toledo pero que parece de Japón?
Vamos a verlo. La cuestión está regulada
extensamente en el reglamento de armas, una norma farragosa y mal hecha.
Además, y como es lógico, está llenita de términos técnicos. Lo que voy a hacer
es mencionar algunas de las armas más comunes o sobre las que hay más dudas, y
ver en qué régimen se encuentran:
Sprays de
autodefensa. Ésta es fácil: hay unas cuantas marcas aprobadas por el Ministerio
de Sanidad, y ésas son de venta libre en armerías a cualquier persona mayor de
edad (artículo 5.1.b RA). El resto de armas basadas en la expedición de
gases o sustancias están prohibidas salvo para funcionarios habilitados.
Navajas automáticas. Ésta también es fácil:
prohibidas en todos los casos (artículo 4.1.f RA). La ley no define aquí
los conceptos, así que tendremos que acudir al lenguaje natural: entendemos que
“navaja” es toda arma blanca cuya hoja se guarda dentro del mango y que es
“automática” cuando el cuchillo sale sólo con darle a un botón.
Navajas no automáticas. Está prohibida la
tenencia y uso de aquellas cuya hoja exceda de 11 centímetros (artículo 5.3RA): debemos interpretar, por tanto, que están permitidas las que tienen
una hoja con una longitud menor. ¿Y qué pasa con aquellas navajas que no llegan
a ser automáticas pero tienen alguna clase de sistema de apoyo a la apertura,
como las llamadas “de mariposa”? A mi entender, deben considerarse navajas no
automáticas, y por tanto estarán permitidas o no según sea la longitud de la
Puñales. Al contrario que con las navajas, el
Reglamento de Armas sí define lo que es un puñal: un arma blanca puntiaguda, de
dos filos y con una hoja menor de 11 centímetros. Al igual que las navajas
automáticas, los puñales están prohibidos (artículo 4.1.f RA).
Otras armas de filo. Curiosamente, el Reglamento
no habla de las armas de doble filo con longitud superior a 11 centímetros
(dagas, estiletes, espadas) ni de las armas de un solo filo que no sean navajas (katanas). Esto las
arroja a un limbo extraño: por un lado están permitidas “las armas blancas (…)
no prohibidas” (artículo 3.5ª.1 RA), y nada prohíbe expresamente estas
armas. Por otra, el artículo 4.1.h RA tiene una prohibición residual que
afecta a “cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos”. Yo creo
que hay que entender que estos instrumentos están prohibidos, pero no es
Los meto en esta lista porque son armas que me molan y porque curiosamente el
Reglamento se refiere a ellos como “xiriquetes”, extraña palabra que
probablemente sea una transcripción fonética. Están prohibidos (artículo 4.1.h
Puños americanos. El nombre técnico es “llaves
de pugilato”, y están prohibidos (artículo 4.1.h RA). Cuidado, que aquí entran
también los famosos llaveros con forma de cabeza de gato.
Kubotanes. Los kubotanes son cilindros de
plástico que se pueden usar para estabilizar la mano en un puñetazo o para
golpear puntos de presión concretos. Además, es común convertirlos en llaveros,
de forma que puedan usarse como mangual. El reglamento de armas no los menciona
expresamente (1), pero yo creo que sus diversos usos pueden asemejarlo a una
llave de pugilato o a un rompecabezas, y si no siempre está la prohibición
residual del artículo 4.1.h RA.
Hemos llegado a la conclusión, entonces,
de que sólo están permitidas las navajas no automáticas con hoja menor de 11
centímetros y los sprays de
autodefensa. Ahora bien: eso no significa que puedas andar por ahí exhibiendo
tu cuchillito o chuleando con tu spray
en todo momento. La Policía tiene una discrecionalidad amplísima a la hora de
requisar cosas, incluso armas legales. Se trata de una facultad que le concede
la Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de salvaguardar el orden público.
Concretamente, la autoridad puede ocupar
“cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas
que se porten con licencia (…) con objeto de prevenir la comisión de cualquier
delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas y de los
bienes” (artículo 18.2 LSC). Luego, claro está, es muy posible que
consigas que te lo devuelvan a base de reclamar, pero ya se vuelve todo muy
El Reglamento de Armas tampoco concreta
demasiado los criterios. En principio prohíbe “portar, exhibir y usar
fuera del domicilio” toda una serie de armas, entre las cuales se encuentran las
armas blancas. Pero luego deja “al prudente criterio de las autoridades”
apreciar si el portador tiene necesidad de llevarlas consigo. Y finalmente
establece una presunción: deberá entenderse ilícito llevar armas a
establecimientos públicos. Ojo: en principio este artículo sólo se aplica a
navajas, no a sprays.
El problema fundamental de este asunto, y
por el cual es difícil establecer una norma general, es que cualquier cosa
puede ser un arma dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo: no es lo
mismo llevar una navaja en tu mochila de ir al monte que en el bolsillo de los
pantalones cuando sales de fiesta. Un bate de béisbol no es un arma, pero
preséntate con uno en una manifestación y verás qué risas. Un mosquetón de
escalada tampoco lo es, pero durante un tiempo estuvo de moda llevar uno para
usarlo como puño americano. Y así sucesivamente. También hay problemas con los términos
empleados en la regulación: como hemos visto, el Reglamento de Armas prohíbe la
portación de navajas igual que la exhibición y el uso. ¿Qué es “portación”? Si
llevo una navaja en el fondo de mi maleta, donde no puedo usarla con facilidad,
¿se entiende que la estoy “portando”? ¿O se requiere otra clase de portación,
que permita un uso más inmediato? La cosa es que el Reglamento equipara la
portación, la exhibición y el uso, por lo que en principio tienen que tratarse
de conductas de gravedad similar.
Todo esto obliga a darle a los policías
cierto margen de discrecionalidad. El problema es que discrecionalidad puede
significar que se le presten atención a cualquier cosa salvo a la peligrosidad
efectiva. Hablo de pintas, hablo de color de piel, hablo de labia. Y esto no
solo se proyecta sobre las armas legales, sino también sobre las ilegales,
especialmente las que son más comunes o cuya ilegalidad no está tan clara.
Y finalmente: ¿qué pasa si te pillan con
un arma prohibida? En principio, la tenencia de armas prohibidas es un delito
castigado con penas de entre 1 y 3 años de prisión, aunque se puede rebajar si
se demuestra que no existía propósito de usarla con fines ilícitos (2). En la
práctica es relativamente raro que se denuncie (hablamos de navajas automáticas
y cosas para dar puñetazos, no de lanzagranadas), pero la posibilidad está
ahí y yo aviso de ella. En el mundo real, lo más probable es que la autoridad
se quede el arma y punto.
Releo lo escrito y me parece volátil y
falto de unidad. Me temo que se trata de una materia muy complicada de abordar,
con mucha casuística y que no tiene demasiado interés para el jurista. Aun así,
sirva lo anterior para dar una pincelada de rigor a este tema, que muchas veces
se trata de forma gruesa.
(1) De hecho, investigando para esta
entrada, llegué hasta un foro donde alguien había colgado una pregunta que le
había hecho a la Guardia Civil sobre el tema. La respuesta decía que, dado que
el kubotán no está ni entre las armas reglamentadas ni entre las prohibidas, no
está dentro del ámbito del Reglamento de Armas.
(2) Y recordemos que la autodefensa es un

References: artículo 130
 resolución 
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4