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Timestamp: 2019-12-14 05:37:47+00:00

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Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales | Habeas Corpus | Derecho Constitucional
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Caracas, martes 27 de septiembre de 1988 Número 34.060 El Congreso de la República de Venezuela Decreta: la siguiente, Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales
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Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada
en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el
Artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los Derechos y
Garantías Constitucionales, aun de aquellos derechos fundamentales de la
persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el
propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o
la situación que más se asemeje a ella.
La garantía de libertad personal que regula el hábeas corpus constitucional, se
regirá por esta Ley.
La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión
provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal.
También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos,
personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas, que hayan violado, violen
o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta
Se entenderá como amenaza valida para la procedencia de la acción de amparo
También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza de
violación deriven de una norma que colida con la Constitución. En este caso, la
providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá apreciar la
inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte Suprema de
Justicia acerca de la respectiva decisión.
La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción
popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos,
protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma respecto de
la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de
Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República,
actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal
Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá, en forma breve,
La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones
materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen
violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio
procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.
Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos
particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá
anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas,
sumaria, efectiva y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera
procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto
recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure
Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos
la violación de un derecho constitucional, el ejercicio del recurso procederá en
cualquier tiempo, aun después de transcurridos los lapsos de caducidad
previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía
1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía
2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no
3) Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales constituya
una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de
la situación jurídica infringida.
Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no
puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación;
4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o
la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente,
público o las buenas costumbres.
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren
transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o
en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al
El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías judiciales ordinarias
la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía
constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos
establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de
ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado;
7) En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme
al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no
tenga relación con la especificación del derecho de suspensión de los
8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un
Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese
fundamentado la acción propuesta.
Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de
Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o
de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la
jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones
inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de
Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta
La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante aplicación
de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la sala de competencia afín
con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación,
de la acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del
Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y
demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del
Procurador de la República o del Contralor General de la República.
Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza
de violación del derecho o de la garantía constitucionales se produzcan en lugar
donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de
amparo ante cualquier Juez de la localidad quien decidirá conforme a lo
establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
adopción de la decisión, el juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera
Instancia competente.
Cuando un mismo acto, hecho u omisión en perjuicio de algún derecho o
garantía constitucionales afectare el interés de varias personas, conocerá de
todas estas acciones el Juez que hubiese prevenido, ordenándose, sin dilación
procesal alguna y sin incidencias, la acumulación de autos.
Cuando un Juez que conozca de la acción de amparo, advirtiere una causal de
inhibición prevista en la Ley, se abstendrá de conocer e inmediatamente
levantará un acta y remitirá las actuaciones, en el estado en que se encuentren,
al tribunal competente.
Si se tratare de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de
la Sala convocará de inmediato al Suplente respectivo, para integrar el tribunal
Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo entre
Tribunales de Primera Instancia serán decididos por el Superior respectivo. Los
trámites serán breves y sin incidencias procesales.
La acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el Juez
competente por cualquier persona natural o jurídica, por representación o
directamente, quedando a salvo las atribuciones del Ministerio Público y de los
Procuradores de Menores, Agrarios y del Trabajo, si fuere el caso.
Todo el tiempo será hábil y el Tribunal dará preferencia al trámite de amparo
sobre cualquier otro asunto.
La acción de amparo, tanto en lo principal como en lo incidental y en todo lo que
de ella derive, hasta la ejecución de la providencia respectiva, es de inminente
Las atribuciones inherentes al Ministerio Público no menoscaban los derechos y
acciones de los particulares. La no intervención del Ministerio Público en la
acción de amparo no es causal de reposición ni de acción de nulidad.
Los Jueces que conozcan de la acción de amparo no podrán demorar el trámites
o diferirlo so pretexto de consulta al Ministerio Público. Se entenderá a derecho
en el proceso de amparo el representante del Ministerio Público a quien el Juez
competente le hubiere participado, por oficio o por telegrama, la apertura del
La acción de amparo es gratuita por excelencia. Para su tramitación no se
empleará papel sellado ni estampillas y en caso de urgencia, podrá interponerse
por vía telegráfica. De ser así, deberá ser ratificada personalmente o mediante
apoderado dentro de los tres (3) días siguientes. También procede su ejercicio
en forma verbal y, en tal caso, el Juez deberá recogerla en un acta.
El Juez que conozca de la acción de amparo podrá ordenar, siempre que no
signifique perjuicio irreparable para el actor, la evacuación de las pruebas que
juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos
u oscuros.
Se entenderá que hay perjuicio irreparable cuando exista otro medio de
comprobación más acorde con la brevedad del procedimiento o cuando la
prueba sea de difícil o improbable evacuación.
1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la
persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente
identificación del poder conferido;
3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e
indicación de la circunstancia de localización;
4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o
amenazados de violación;
5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que
motiven la solicitud de amparo;
6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación
jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.
En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos
Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente
especificados, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u
omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la
correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada
El Juez que haya suscitado una cuestión de competencia manifiestamente
infundada será sancionado por el Superior con multa no menor de cinco mil
bolívares (Bs. 5.000,00) ni mayor de diez mil bolívares (Bs. 10.000,00).
En la acción de amparo los Jueces deberán mantener la absoluta igualdad entre
las partes y cuando el agraviante sea una autoridad pública quedarán excluidos
del procedimiento los privilegios procesales.
El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo tendrá potestad para
restablecer la situación jurídica infringida, prescindiendo de consideraciones de
mera forma y sin ningún tipo de averiguación sumaria que la preceda.
En este caso, el mandamiento de amparo deberá ser motivado y estar
fundamentado en un medio de prueba que constituya presunción grave de la
violación o de la amenaza de violación.
Si el Juez no optare por restablecer inmediatamente la situación jurídica
infringida, conforme al artículo anterior, ordenará a la autoridad, entidad,
organización social o a los particulares imputados de violar o amenazar el
derecho o la garantía constitucionales, que en el termino de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la respectiva notificación, informe sobre la pretendida
violación o amenaza que hubiere motivado la solicitud de amparo.
La falta de informe correspondiente se entenderá como aceptación de los
hechos incriminados.
El informe a que se refiere el artículo anterior contendrá una relación sucinta y
breve de las pruebas en las cuales el presunto agraviante pretenda fundamentar
su defensa, sin perjuicio de la potestad evaluativa que el artículo 17 de la
presente Ley confiere al Juez competente.
Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas
de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier
estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate
de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas
El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será
sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso con multa
de Dos mil bolívares (Bs. 2.000,00) a Cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00).
El Juez que conozca del amparo, fijará dentro de las noventa y seis (96) horas
siguientes a la presentación del Informe por el presunto agraviante o de la
extinción del termino correspondiente, la oportunidad para que las partes o sus
representantes legales expresen, en forma oral y pública, los argumentos
Efectuado dicho acto, el Juez dispondrá de un termino improrrogable de
veinticuatro (24) horas para decidir la solicitud de amparo constitucional.
El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo remitirá copia certificada de su
decisión a la autoridad competente, a fin de que resuelva sobre la procedencia o
no de medida disciplinaria contra el funcionario público culpable de la violación o
de la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles o penales que le resulten atribuibles.
A tal efecto, el Tribunal remitirá también los recaudos pertinentes al Ministerio
Cuando fuese negado el amparo, el Tribunal se pronunciará sobre la temeridad
de la acción interpuesta y podrá imponer sanción hasta de diez (10) días de
arresto al quejoso cuando aquella fuese manifiesta.
El Juez que acuerde el restablecimiento de la situación jurídica infringida
ordenará, en el dispositivo de la sentencia, que el mandamiento sea acatado por
todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la
Cuando la acción de amparo se ejerciere con fundamento en violación de un
derecho constitucional, por acto o conducta omisiva, o por falta de cumplimiento
de la autoridad respectiva, la sentencia ordenará la ejecución inmediata e
incondicional del acto incumplido.
Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez,
será castigado con prisión de seis (6) a quince (15) meses.
La sentencia que acuerde el amparo constitucional deberá cumplir las siguientes
A) Mención concreta de la autoridad, del ente privado o de la persona contra
cuya resolución o acto u omisión se conceda el amparo;
B) Determinación precisa de la orden a cumplirse, con las especificaciones
necesarias para su ejecución;
Cuando se trate de quejas contra particulares, se impondrán las costas al
vencido, quedando a salvo las acciones a que pudiere haber lugar. No habrá
imposición de costas cuando los efectos del acto u omisión hubiesen cesado
antes de abrirse la averiguación. El Juez podrá exonerar de costas a quien
intentare el amparo constitucional por fundado temor de violación o de amenaza,
o cuando la solicitud no haya sido temeraria.
El Consejo de la Judicatura registrará como falta grave al cumplimiento de sus
obligaciones la inobservancia, por parte de los jueces, de los lapsos establecidos
en esta Ley para conocer y decidir sobre las solicitudes de amparo.
Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se
oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo,
las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el
fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá
inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro
de un lapso no mayor de treinta (30) días.
La sentencia firme de amparo producirá efectos jurídicos respecto al derecho o
garantía objetos del proceso, sin perjuicio de las acciones o recursos que
legalmente correspondan a las partes.
La desestimación del amparo no afecta la responsabilidad civil o penal en que
hubiese podido incurrir el autor del agravio, ni prejuzga sobre ninguna otra
Procede la acción de amparo para proteger la libertad y seguridad personales de
acuerdo con las disposiciones del presente titulo.
A esta acción le serán aplicables las disposiciones de esta Ley pertinentes al
amparo en general.
Toda persona que fuere objeto de privación o restricción de su libertad, o se
viere amenazada en su seguridad personal, con violación de las garantías
constitucionales, tiene derecho a que un Juez competente con jurisdicción en el
lugar donde se hubiese ejecutado el acto causante de la solicitud o donde se
encontrare la persona agraviada, expida un mandamiento de Hábeas Corpus.
Los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal son competentes para conocer y
decidir sobre el amparo de la libertad y seguridad personales. Los respectivos
Tribunales Superiores conocerán en consulta de las sentencias dictadas por
La solicitud podrá ser hecha por el agraviado o por cualquier persona que
gestione en favor de aquel, por escrito, verbalmente o por vía telegráfica, sin
necesidad de asistencia de abogado, y el Juez, al recibirla abrirá una
averiguación sumaria, ordenando inmediatamente al funcionario bajo cuya
custodia se encuentre la persona agraviada que informe dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas, sobre los motivos de la privación o restricción de la
Las solicitudes referidas a la seguridad personal se tramitarán en cuanto les
resulten aplicables, conforme a las previsiones de este artículo.
El Juez decidirá en un termino no mayor de noventa y seis (96) horas después
de recibida la solicitud, la inmediata libertad del agraviado o el cese de las
restricciones que se le hubiesen impuesto, si encontrare que para la privación o
restricción de la libertad no se hubieren cumplido las formalidades legales.
El Juez, caso de considerarlo necesario, sujetará esta decisión a caución
personal o a prohibición de salida del país de la persona agraviada por un
termino no mayor de treinta (30) días.
El mandamiento de hábeas corpus o, en su defecto, la decisión que lo niegue, se
consultará con el Superior, al que deberán enviarse los recaudos en el mismo
día o en el siguiente.
Las detenciones que conforme a la Ley, ordenen y practiquen las autoridades
policiales u otras autoridades administrativas, no excederán de ocho (8) días.
Las que pasen de cuarenta y ocho (48) horas deberán imponerse mediante
resolución motivada. Quedan a salvo las disposiciones legales aplicables al
Cuando se hubiere cometido un hecho punible, las autoridades de policía que,
de acuerdo con la Ley, sean auxiliares de la administración de justicia, podrán
adoptar, como medidas provisionales de necesidad y de urgencia, la detención
del presunto culpable o su presentación periódica durante la averiguación
sumaria, a la autoridad respectiva. En cualquiera de los dos supuestos
anteriores, la orden deberá ser motivada y constar por escrito.
En el caso del artículo anterior, el detenido deberá ser puesto a la orden del Juez
competente, dentro del termino de ocho (8) días.
La autoridad que tuviere bajo su guarda o custodia a cualquier persona detenida,
estará en el deber de permitirle, conforme a las normas reglamentarias
correspondientes, comunicación con su abogado y con sus parientes más
Serán supletorias de las disposiciones anteriores las normas procesales en
Quedan derogadas las disposiciones legales vigentes que colidan con la
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los
diecisiete días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho. Año
178º de la Independencia y 129º de la Federación.
El Vicepresidente, (
Encargado)
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintisiete días del mes de septiembre
de mil novecientos ochenta y ocho. Año 178º de la Independencia y 129º. de la
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References: Artículo 49
 resolución 
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 resolución 
 artículo 241
 artículo 17
 resolución 

resolución