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Timestamp: 2020-07-06 13:06:44+00:00

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Teoria Del Derecho de Procedimientos Penales Aca 2008
Quid Juris 4
EL JUICIO DE AMPARO Y LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Luciano Silva Ramírez*
I.Prólogo La presente monografía tiene como finalidad resaltar la impor- tancia del Juicio de Amparo como medio de control de la Constitu- ción y la legalidad protegiendo garantías individuales; al que tienen acceso las personas físicas, morales de derecho privado, social, in- cluso, excepcionalmente las de derecho público cuando la ley o acto de autoridad afecte estrictamente sus intereses patrimoniales. Haciendo hincapié que nuestro juicio constitucional a diferen- cia de otros medios de defensa, es una auténtica acción popular para impugnar leyes y cualquier acto de autoridad; en tanto que otros sistemas de preservación de la norma fundamental, requieren de su incitación por los propios órganos de poder afectados, por la ley u ordenamiento de carácter general cuya declaratoria de incons- titucionalidad les interesa. Por otra parte, resaltar el hecho que en Europa hasta después de acontecidas las dos grandes guerras mundiales, es honda preocu- pación la defensa de los derechos fundamentales del hombre; creán- dose para su preservación auténticos Tribunales Constitucionales, orientándose cada vez más a una jurisdicción constitucional cerca- na al control judicial; llamando la atención que en América Latina,
* El autor es doctor en derecho y profesor de carrera de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
recientemente en México, la tendencia ha sido adoptar el sistema europeo de cuestionar leyes, mediante la acción o recurso de inconstitucionalidad, resultando un experimento que no ha dado buenos resultados a esos países. Aquí en México, en la reforma constitucional de 31 de diciem- bre de 1994, se adopta la acción de inconstitucionalidad; publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 la ley reglamentaria respectiva, en donde estimo, por una par- te, que tal parece que se pretende despojar a los particulares de la acción popular de impugnar leyes contrarias a la Constitución me- diante un procedimiento ágil, sencillo, que se opone en hechos con- cretos, como lo es el Juicio de Amparo. Por otro lado, la reforma constitucional y ley reglamentaria respectiva, no se ajusta a la idio- sincrasia y práctica judicial, el pueblo de México; además, se dejan lagunas, entre éstas, las siguientes: a) no precisa si procede contra reformas a la Constitución; b) contra reglamentos; c) si se anula la Ley, Tratado Internacional, reglamento tildado de inconstitucional dejándolos sin efectos en forma total o parcial; d) si se le comunica- rá al Congreso la declaratoria de inconstitucionalidad para que dic- te un nuevo ordenamiento que derogue al impugnado; e) si a partir de la publicidad de la declaratoria de inconstitucionalidad opera su cesación de vigencia; e) si opera con efectos ex nunc o ex tunc; situaciones que se abordan en este trabajo.
II. Aspectos generales El tema de los Derechos Fundamentales del Hombre ha alcan- zado gran relevancia en los últimos años, ya que si bien es verdad que se estableció la Declaración de Derechos de 1789 a raíz de la Revolución Francesa, este catálogo había quedado en el olvido in- cluso en la propia Francia que estableció una parte distributiva y orgánica en su Constitución de 1791, producto de aquella revolu- ción; cabe mencionar que en el siglo XX principalmente en Europa, se da la preocupación de defender los derechos del hombre, necesi- dad derivada de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque acababa de sufrir los atentados y vejaciones de esa contienda. Así, países como Alemania e Italia afirman esa necesidad en sus consti-
tuciones, contemplando los derechos fundamentales y como garan- tizarlos, e incluso se cambia el sentido de proteger esos Derechos
contra la propia ley. “La vieja idea que domina todo el liberal siglo XIX, de la protección de la libertad por la Ley tiende a ser substitui- da por la idea experimental de la necesidad de protección de las libertades contra la Ley. Esta forma de defensa de los derechos fun- damentales frente a las normas se ha encomendado a Tribunales Constitucionales en el continente europeo” 1 ; o bien como ha dicho Mauro Cappelletti respecto de la declaración de derechos funda- mentales, “son naturalmente, un importante elemento de la mayo- ría de las constituciones del siglo XX en especial de aquellas que surgieron como reacción contra los abusos y perversiones de los regímenes dictatoriales que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Así, la aplicación jurisdiccional de las nuevas declaraciones de dere- chos constituye hoy en día la parte más considerable, en veloz desa- rrollo, de la jurisdicción constitucional en países como la República Federal de Alemania, Austria, Italia, y en menor medida, aunque
cada vez en forma más clara Japón
impacto del “Bill of Rights” sobre la jurisdicción constitucional de los Estados Unidos, si bien existía ya anteriormente, ha alcanzado una mayor importancia tan sólo en los últimos treinta años”. 2 Es de hacer notar que aquí en México los derechos fundamen- tales del hombre siempre fueron motivo de preocupación por el Poder Constituyente, tanto en la Constitución de 1857, como de la Norma Fundamental actual de 1917; en efecto, podemos decir que a partir de la Constitución Liberal de 1857, en su parte dogmática da un catálogo de los derechos fundamentales del hombre; y en el análisis de dicha Norma Suprema, el Maestro Mario de la Cueva, citado por Marquet Guerrero, advertía que los derechos de seguri- dad contenidos en su parte dogmática, consisten en las normas que se proponen la seguridad y firmeza de los derechos del hombre. De ellos podríamos decir que son los protectores de la igualdad y de la libertad; y comprendían: La irretroactividad de la ley; la garantía de que los actos de autoridad sólo se realicen por la competente; la
– agregando – es notorio que el
1 FAVOREU L., y otros. Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales. Ed. Centros de Estudios Constitucionales, Madrid. 1984. pp. 666 y 667. 2 FAVOREU L, y otros. op. cit., pp. 614 y 615.
inviolabilidad del domicilio; la obligación de los tribunales de admi- nistrar justicia pronta; la prohibición de juzgar y sentenciar a nadie por leyes que no sean anteriores al acto; la obligación de juzgar con leyes exactamente aplicables, en materia penal en especial; prohibi- ción de imponer penas de prisión por deudas de carácter puramen- te civil; la obligación de proveer auto motivado de prisión en un máximo de tres días; la prohibición de malos tratos, de gabelas y contribuciones, la prohibición de penas de mutilación, azotes, con- fiscación 3 , y la Norma Fundamental de 1917 recoge dicho catálo- go, perfeccionándolo en algunos casos, dándole además un sentido de carácter social, consagrándose una serie de derechos inherentes a la persona humana destacando los de libertad, igualdad, seguridad jurídica, e incluso el derecho a la propiedad en un sentido eminen- temente social; al respecto, el maestro Ignacio Burgoa clasifica en dos puntos de vista los derechos del hombre, contemplados en la Norma Fundamental citada, a saber: uno que atiende a la índole formal de la obligación estatal que surge de la relación jurídica que implica la garantía individual; y otro que considera el contenido mismo de los derechos públicos individuales. La obligación estatal que surge de la relación jurídica en que se traduce la garantía indivi- dual puede consistir, desde el punto de vista formal, en un hacer o en una abstención, o sea, que la garantía individual puede ser nega- tiva o positiva. Atendiendo al contenido mismo del derecho subjeti- vo público, las garantías individuales pueden ser: de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica 4 .
III. El juicio de amparo como instrumento de hacer efectivos los derechos fundamentales del hombre Es de aclarar que a menudo se confunden los derechos públicos fundamentales del hombre, con el término de garantías individua- les, tan es así que nuestra Constitución actual a sus primeros 29 artículos los denomina Garantías Individuales; no, cuestión diferente son los derechos fundamentales del hombre, y la forma de garanti-
3 MARQUET GUERRERO, Porfirio, La estructura constitucional del Estado Mexicano; Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M. 1975, pp. 120 y 121 4 BURGOA Ignacio, Las Garantías Individuales. Ed. Porrúa, 2001. pp. 125 y 126.
zar y hacer efectivos esos derechos contra los actos arbitrarios del poder público, porque de nada serviría contar con un catálogo de derechos públicos subjetivos a favor del gobernado sino se contara con el medio o instrumento para hacerlos efectivos, vendría a ser letra muerta en las constituciones. Aquí en México se mantiene la constitucionalidad y la legalidad precisamente protegiendo derechos fundamentales, mediante el Juicio de Amparo, encomendando esa defensa de la Carta Magna exclusivamente al Poder Judicial Federal en los términos y efectos del artículo 103 Constitucional que indi- ca:
I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal,
III.- Por leyes o actos de las autoridades de los estados, o del Distrito
Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. 5
En estas dos últimas fracciones, siempre y cuando la intromi- sión competencial a que aluden se traduzca en una violación de garantías individuales. Es dable mencionar que es a partir de la Constitución de 1857 cuando se otorga al Poder Judicial Federal, la facultad de salvaguar- dar la Constitución vía juicio de amparo, protegiendo las garantías individuales, según lo expresaba el artículo 101 (igual al actual 103); sin embargo, ya en la Constitución de 1840 en Yucatán, a nivel local Don Manuel Crescencio García Rejón dio las bases de la institución del amparo, el cual controlaba lo siguiente:
1. Leyes o actos del Poder Legislativo.
2. Legalidad de los actos del Poder Ejecutivo.
3. Legalidad de los actos del Poder Judicial.
4. Lo anterior se controlaba a través de la protección de las ga-
rantías individuales mediante el juicio de amparo, ejercitándose ante
el Poder Judicial de esa entidad federativa 6 .
5 Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1994. 6 SILVA RAMÍREZ, Luciano, Análisis Jurídico Político de la Supremacía Constitucional y el Sistema de Control Judicial en México”. Tesis Doctoral, p.p. 74-75.
Igualmente, es de mencionar que Don Mariano Otero en el Acta de Reformas de 1847, le da al Poder Judicial Federal la alta investidu- ra de salvaguardar los derechos del hombre, puesto que el Art. 25 de dicha acta se recogen las aportaciones de este jurista toda vez que este precepto establecía:
Art. 25.- Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habi- tante de la República, en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden en esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados limitándose dichos tribunales a impartir su protec- ción en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer ningu- na declaración general respecto de la ley o acto que lo motivare. 7
Asimismo, la Constitución de 1917 recoge la institución del amparo, dando su fundamento constitucional, procedencia y regu- lación en sus arts. 103 y 107 para proteger los derechos públicos subjetivos del gobernado y consecuentemente mantener el orden constitucional; de lo anterior, nosotros podemos decir que el Am- paro es un juicio autónomo cuyo objeto es resolver las controver- sias a que alude al artículo 103 constitucional, siempre y cuando se traduzcan en violaciones a las garantías individuales, cuya substan- ciación se efectuará de acuerdo a las formas y procedimientos que establece la Constitución (Art. 107), la Ley de Amparo, la Ley Or- gánica del Poder Judicial Federal y la Jurisprudencia. 8
IV. Comentarios sobre el juicio de amparo en México El juicio de Garantías en nuestro país se ha convertido en una verdadera acción popular, toda vez que cualquier gobernado que se ve afectado en su esfera de derechos por los actos arbitrarios e ilega- les del poder público, tiene a su alcance la acción tutelar del ampa- ro, que permite que se respeten y se hagan efectivos los derechos fundamentales de la persona humana, por parte del aparato estatal; igualmente, lograr que la Constitución tenga primacía jurídica y el resto de ordenamientos secundarios deben ajustarse a ella; como ya
7 BURGOA Ignacio, “El Juicio de Amparo”, Ed. Porrúa, 2002. p. 109. 8 SILVA RAMÍREZ, Luciano. ob. cit. p. 77.
se dijo, se mantiene el orden constitucional incluso la legalidad y consecuentemente, que se logre un verdadero Estado de Derecho en el país; lo anterior se debe en gran parte a los principios que rigen a nuestro Amparo, que han permitido que sea un instrumen-
to de defensa accesible para los gobernados, principios estos que se han elevado a rango constitucional, plasmándose en el art. 107 de la Carta Fundamental, entre los que destacan:
1.- Principio que rige la Acción de Amparo; que comprende los siguientes:
a) Instancia de parte agraviada:
Su fundamento lo encontramos en la fracción I del Art. 107 Constitucional, 9 en relación al art. 4º de la Ley de Amparo 10 ; es un
elemento esencial ya que es el gobernado el titular de la acción de Amparo, ya sea el particular (personas físicas; incluyendo menores de edad), personas morales y por excepción, las personas morales oficiales en defensa de sus intereses estrictamente patrimoniales.
b) Existencia de agravio personal y directo:
Consiste en la afectación o perjuicio que sufre el gobernado en su esfera de derechos por la ley o acto de autoridad reclamados, dicho perjuicio debe ser directo al quejoso para que pueda ejercitar
c) Principio de Definitividad
Encuentra su fundamento en las fracciones III y IV del Art. 107 Constitucional, en relación a las fracciones XIII, XIV y XV del Art. 73 de la Ley de Amparo; y estriba en la obligación para el agraviado de agotar todos los recursos o medios de defensa existentes en la Ley que rige el acto reclamado, tendientes a modificar o revocar los actos que se impugnen, antes de intentar el amparo. 11 2.- Prosecución Judicial, que rige el Procedimiento de Amparo:
Lo establece el art. 107 Constitucional al ordenar que todas las controversias de que habla el Art. 103 Constitucional se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determina la ley 12 , así como el artículo 2º de la Ley de Amparo.
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10 Nueva Legislación de Amparo Reformada, Ed. Porrúa, México.
11 Ley de Amparo; Ed. Porrúa, S.A. México.
12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3.- Principios que rigen las sentencias de amparo:
a) Relatividad de las sentencias o fórmula de Otero:
Este principio versa sobre los efectos particulares de las senten- cias de Amparo y su fundamento constitucional se encuentra en el
artículo 107 de la Carta Federal, fracción II, así como en el art. 76 de la Ley de la materia 13 , solo vinculan a las partes contendientes en el juicio respectivo.
b) Estricto Derecho:
Consiste en la obligación del Tribunal de Amparo de estudiar única y exclusivamente los aspectos de inconstitucionalidad plan- teados en los conceptos de violación en la demanda, sin hacer con- sideraciones no hechas valer en la misma, cuyo fundamento se en- cuentra en el párrafo segundo de dicha fracción II del Art. 107 Cons- titucional interpretados a contrario sensu.
c) La suplencia de la queja:
Es opuesto al principio anterior, ya que el Tribunal de Amparo aquí tiene la obligación de suplir la deficiencia de la queja, abordan- do cualquier aspecto de inconstitucionalidad que descubre en la demanda de Amparo, y su fundamento lo encontramos en la frac- ción II, párrafo segundo del 107 Constitucional 14 ; así como en el Art. 76 Bis de la Ley de Amparo 15 . En México, como ha quedado anotado, el Juicio de Amparo es un medio popular de proteger los derechos públicos subjetivos de los gobernados, a diferencia de otros sistemas jurídicos constitucio- nales; y el órgano abocado al conocimiento y defensa de esos dere- chos fundamentales, y por ende de la constitucionalidad y la legali- dad, es el Poder Judicial Federal, quién actuará de acuerdo a las for- mas y competencias que le marca tanto la Constitución, la Ley de Amparo, y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal; integrándose por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede funcionar en Pleno o en Salas, para conocer principalmente de los amparos en revisión que versen sobre tratados internacionales, leyes y regla- mentos inconstitucionales; así como de los Amparos Directos en
13 Ley de Amparo. Ed. Porrúa, México.
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
15 Diario Oficial de la Federación de 20 de mayo de 1986.
aquellos casos en que las Salas de la Corte de oficio, a petición de un Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de la Re- pública ejerciten su facultad de atracción en aquellos asuntos que su interés y trascendencia así lo ameriten; o sea, se reserva la Supre- ma Corte la interpretación definitiva de la Constitución, corres- pondiéndole a los Colegiados de Circuito los problemas de legali- dad 16 ; y a los Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito el conocer de los Amparos Indirectos. En cambio en otros sistemas jurídicos esa protección a los derechos fundamentales se da a través del control concreto de normas mediante remisión de los Tribuna- les (principal procedimiento en Italia); mediante el control abstrac- to y a priori promovido por los parlamentarios (principal procedi- miento en Francia); y el recurso directo abierto a los ciudadanos del tipo del recurso constitucional alemán 17 , éste último semejante a nuestra Institución, puesto que su operancia lo han convertido en un instrumento o acción popular.
V. La acción de inconstitucionalidad y su influencia en Latinoamérica Sin duda, para los países latinoamericanos, recientemente Méxi- co, los Tribunales Constitucionales y la acción de inconstitucio- nalidad han resultado una novedad, tratando de constituirlos a sus sistemas jurídicos, pero con poco éxito; han tomado como antece- dente al modelo Autriaco–Europeo, acogiéndolos a las necesidades
sociojurídicas y políticas, incluso culturales de estos países en vías de desarrollo en forma similar a las del viejo continente, aquí está el quid del fracaso de ese tipo de tribunales. Pero cabe preguntar qué son y qué papel juegan esos tribunales en un Estado de Derecho,
El nacimiento y expansión de los sistemas
de justicia constitucional constituye, tras la Segunda Guerra Mun-
como dice Cappeleti “
dial, uno de los fenómenos de mayor relevancia en la evolución de un número cada vez mayor de países europeos. En virtud de estos sistemas, se han creado determinados Tribunales Constitucionales, cuya visión es encontrar la conformidad con la Constitución de las
16 Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1994.
17 FAVOREU L., y otros. Ob. Cit. p. 51.
leyes y en ocasiones, la de los actos y decisiones sin valor de ley emanados también de órganos públicos”. 18 Lo anterior, implica que se trata de un órgano especializado con alta jerarquía cuya finalidad es controlar los actos de todos los pode- res públicos; es un tribunal supremo y se sitúa por encima del con- junto de las restantes jurisdicciones, imponiendo a todos su autori- dad. Se trata de un control concentrado, es decir, confiado de mane- ra exclusiva a una única jurisdicción constitucional, a diferencia del control difuso del sistema americano, que resulta asegurado por el conjunto de los tribunales ordinarios. En Alemania, Austria y Espa- ña, el Tribunal Constitucional puede conocer igualmente sobre la constitucionalidad de los actos administrativos, actos jurisdicciona- les e incluso de particulares 19 . Por lo que respecta en Latinoamérica, verbigracia Guatemala, en los artículos 262, 265, del Capítulo Cinco Título Siete de la Cons- titución de 1965, se adoptó una Corte Constitucional cuyas carac- terísticas relevantes. Según J. Mario García Laguardia, son las si- guientes: “No es un Tribunal permanente sino que se integra cuan- do se hace valer una acción; en sus artículos 262 Constitucional y el 105 de la Ley reglamentaria, establecen que dicha corte se integra por doce miembros, cuatro de los cuales son designados por la Cor- te Suprema de Justicia y además de su Presidente, los demás por sorteo global que practicará la misma Corte Suprema, entre los Magistrados de la Corte de apelación y del Tribunal de lo Conten- cioso Administrativo, siendo su presidente el mismo de la Corte Suprema”. 20 El objeto y efectos de dicho Tribunal se contemplaba en el artí- culo 263 Constitucional, y el objeto de la acción intentada ante el Tribunal referido es obtener la declaratoria de la inconstitucionalidad de las leyes o disposiciones gubernamentales de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad. El trá- mite es muy breve y no puede exceder de dos meses conforme al artículo 263 constitucional; una vez intentado, el Tribunal se pro-
18 FAVOREU L., y otros. ob. cit. p. 599.
19 SILVA RAMÍREZ, Luciano, ob. cit. pp. 120–122. 20 GARCÍA LAGUARDIA, J. Mario. La Defensa de la Constitución, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
nuncia sobre la suspensión provisional, medida precautoria que procede si la inconstitucionalidad fuese notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables y que deberá ser dictada con el voto favorable de la mayoría del total de los miembros de la corte, como lo previene el artículo 264 Constitucional, suspensión que se dicta- rá con efectos generales y que se publicará en el Diario Oficial al día siguiente de haber sido decretada. Después de dar audiencia por quince días el Ministerio Público, se señala día y hora para la vista que puede ser publicada si así se solicita y se dicta la sentencia. Di- cha sentencia se pronunciará de acuerdo con lo dispuesto para los juicios de amparo toda vez que la legislación guatemalteca también
contempla o más bien, acoge esta Institución de origen mexicano; disposiciones que se aplicarán en lo conducente con apoyo en el artículo 109 en su último párrafo, y si es estimatoria, para lo cual se necesita el voto favorable de ocho de los doce miembros de la Corte, puede declarar la inconstitucionalidad total de la ley o disposición gubernativa de carácter general, caso en el cual esta queda sin vi- gor; o bien, la inconstitucionalidad parcial, la cual queda sin vigor, en la parte declarada así. Cabe hacer hincapié que la Corte Constitucional Guate- malteca de acuerdo a la Constitución de 1965 aludida conocía del Recurso de Inconstitucionalidad, planteado:
1. Por el Consejo de Estado, órgano presidido por el Presidente
2. El Colegio de Abogados por decisión de su Asamblea General.
3. El Ministerio Público, por disposición del Presidente tomada
en Consejo de Ministerios.
4. Por cualquier persona o entidad a quién afecte directamente
la inconstitucionalidad de la ley o disposición gubernativa con el auxilio de diez abogados. 21 Cabe advertir que en dicho país en 1985 se dictó la nueva Cons- titución, entrando en vigor al año siguiente, señalando al respecto Héctor Fix Zamudio: “La Constitución Guatemalteca actual resta- bleció la Corte de Constitucionalidad, pero ya como un Tribunal
21 SILVA RAMÍREZ, Luciano. Análisis Político Jurídico de la Supremacía Constitucional y el Sistema de Control Judicial en México. pp. 123–124. Tesis Doctoral, citando a García Laguardia sobre la Corte Constitucional de Guatemala
especializado permanente conforme a los artículos 268 a 272 de dicha Norma Fundamental” 22 , así como en su reglamentación por
los artículos 134 a 149 de la nueva Ley de Amparo, exhibición per- sonal, y de constitucionalidad de 1986, 23 las facultades de la actual corte constitucional son más amplias que la anterior, ya que ade- más del recurso de inconstitucionalidad, conoce en única instancia de los procesos de amparo y en apelación de las impugnaciones de inconstitucionalidad en casos concretos; también posee atribucio- nes consultivas sobre cuestiones de inconstitucionalidad a simili- tud de cualquiera de los organismos de estado con relación con el veto presidencial, cuando aleguen inconstitucionalidad de las dis- posiciones legislativas. Por lo que respecta a la petición de inconstitucionalidad, pue- den hacerla:
a) La Junta Directiva del Colegio de Abogados por conducto de
b) El ministerio público por conducto del Procurador General
c) El Procurador General de Derechos Humanos en contra de
leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia;
d) Y cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegia-
dos activos. Si la corte declara fundada, la declaratoria de inconstitucio- nalidad, tendrá efectos generales, quedando sin vigencia los ordena- mientos de que se trate (ley, reglamentos o disposiciones de carác- ter general), si aquella fuese total; si fuere parcial, quedarán sin vi- gencia en la parte que se declare inconstitucional. En ambos caso dejarán de surtir sus efectos desde el día siguiente al de su publica- ción en el diario oficial. Como se observa, ya hay avances de esta Corte Constitucional, en cuanto a permanencia, ya no es un Tribunal especial que aquí en México prohíbe tanto la doctrina, como la Constitución General de
22 FIX-ZAMUDIO H. Justicia Constitucional, Ombudsman y Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, pp. 98–99.
23 Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de Guatemala.
la República en su artículo 13; pero quizá lo más importante es que se va haciendo más accesible a los particulares el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la Constitución Peruana de 1980 que contemplaba el Tribunal de Garantías Consti- tucional con competencia, entre otras cuestiones, para conocer en última instancia de las acciones de habeas corpus, de amparo, y en forma directa de la acción de inconstitucionalidad, cuya decisión en este último caso asume efectos generales según se desprende de los artículos 296 a 304 de esa Norma Suprema. La acción de inconstitucionalidad examinaba: la supremacía de la Constitución respecto a decretos legislativos; de las normas re- gionales de carácter general y de los ordenamientos municipales ya
sea en su totalidad o en parte, de sus disposiciones cuando infrinjan la Constitución, cuando no han sido aprobadas, promulgadas o publicadas en la forma prescrita por la Ley Suprema de acuerdo a los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. La acción de inconstitucionalidad se hacía valer:
a) Por el Presidente de la República.
b) 20 Senadores
c) 60 Diputados
d) Corte Suprema de Justicia
e) Fiscal de la Nación.
f)50,000 ciudadanos con firmas comprobadas por el jurado na- cional de elecciones. La demanda debía presentarse durante el plazo de seis años, contados a partir de la publicación del ordenamiento combatido. Cuando decretaba la inconstitucionalidad de leyes o decretos legislativos, se le comunicaba al Congreso, a fin de que se aprobara un nuevo ordenamiento que derogara al tildado de inconstitucio- nal, pero si esto no acontecía en un plazo de 45 días, el Tribunal Constitucional ordenaba la publicación de la sentencia en el Diario Oficial dejando sin efecto la normas respectiva, sí son normas re-
gionales o municipales, el fallo se publica de inmediato 24 .
24 FIX ZAMUDIO, H., op. cit. pp. 102–104.
Es dable señalar que la actual Constitución de aquel país sus- tancialmente en los artículos 200 a 204 contempla al Tribunal Cons- titucional en donde además de la competencia antes aludida tam- bién conoce del habeas data, de las acciones de cumplimiento y ob- viamente de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa; en cuanto a la legitimación de dicha acción conforme al artículo 203, están legitimados para ejercitarla:
Artículo 203. - Están facultados para interponer acción de incons- titucionalidad:
5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacio-
nal de Elecciones. Si la norma es una ordenanza municipal, está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo
ámbito territorial, siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado;
6. Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación
Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia.
7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad 25 .
La demanda en la actualidad debe presentarse dentro del plazo de 6 años contados a partir de su publicación, con la excepción de los tratados, los cuales se impugnarán en el plazo de 6 meses, de conformidad con el numeral 100 del Código Procesal Constitucio- nal de 31 de mayo de 2004 26 . En cuanto a Colombia, llama la atención que en su sistema jurí- dico constitucional se admite que cualquier ciudadano, incluso ex- tranjeros residentes en el país, pueden promover la acción de in- constitucionalidad, aún en contra de las reformas a la Constitución por defectos de forma; situación que aquí en México no se da ni con el Juicio de Amparo, ni en el reciente recurso de acción de inconstitu- cionalidad.
25 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de Perú. 10 de enero de 1995. 26 “Artículo 100.- Plazo prescriptorio. La demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de seis años contado a partir de su publicación, salvo el caso de los tratados en que el plazo es de seis meses. Vencido los plazos indicados, prescribe la pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 y por el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.”
VI. La acción de inconstitucionalidad en México
En México el 31 de Diciembre de 1994, se publicaron reformas a diversos preceptos de la Constitución teniendo como propósito principal reestructurar al Poder Judicial Federal, para que la Supre- ma Corte actúe como auténtico Tribunal Constitucional; introdu- ciendo dichas reformas como novedad la Acción de Inconstitucio- nalidad, correspondiendo al Pleno de ese alto tribunal conocer de tal acción en su competencia originaria, judicial; porque en nuestro sistema jurídico constitucional el Poder Judicial Federal tiene una doble función, por una parte, la función judicial que le es propia conforme a los artículos 104, 105 y 106 Constitucionales, y por otra, la alta misión de salvaguardar la Constitución y la legalidad mediante el juicio de amparo protegiendo garantías individuales conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; la acción de inconstitucionalidad la contemplaba el artículo 105, ori- ginariamente, respecto de la acción de inconstitucionalidad, en su parte conducente señalaba:
Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la Ley Reglamentaria, de los asuntos siguien- tes:
I.- II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plan- tear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con excepción de las que se refieran a la materia electo- ral.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro
de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de
leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes
del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expe-
didas por el Congreso de la Unión o de Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de
carácter federal, estatal, del Distrito Federal, así como de Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes
de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y
e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes
de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. “Como se observa, el precepto constitucional aludido expresa- mente establecía la improcedencia de la acción de inconstituciona- lidad en materia político electoral; o sea, en nuestro régimen jurídi- co no existía control constitucional en materia electoral; en efecto por mandato constitucional, legal y jurisprudencial se ha estableci- do que el Juicio de Amparo es improcedente en materia política, en los artículos 60 constitucional, así como el 73 fracciones VII y VIII de la Ley de Amparo; igualmente, precisa la jurisprudencia No. 128 pag. 192, en la parte común al Pleno y Salas, del Apéndice de 1917 – 1985: “La violación de los Derechos Políticos no dan lugar al Juicio de Amparo, porque no se trata de garantías individuales”. Luego entonces, se planteó en esa época por el suscrito la si- guiente interrogante: ¿si existe una ley en materia electoral que pugne con la Constitución, cuál será el instrumento, el medio de defensa para impugnarla?, si de lo anotado se acredita que contra Leyes y disposiciones de carácter general en materia electoral no cabe el Juicio de Amparo, ni la acción de inconstitucionalidad; esto resultaba inadmisible en un Estado de Derecho, porque no se puede dejar fuera de control la materia político electoral, que resulta en países como el nuestro la base para poder lograr una auténtica de- mocracia que nos permita alcanzar mejores estadíos de vida. Es dable señalar que las críticas anotadas, tuvieron eco, en vir- tud que por posterior reforma constitucional, se suprimió la prohi- bición que expresamente se contemplaba en la fracción II, del artí-
culo 105 constitucional de la improcedencia de la acción de incons- titucionalidad contra leyes en materia electoral; además, se adicio- nó el inciso F), en la fracción II, en que legitima a los partidos polí- ticos por conducto de sus dirigencias (nacionales o estatales) para impugnar leyes electorales que se estimen inconstitucionales me- diante dicha acción, como se corrobora con la lectura de dicho inci- so:
Artículo 105.- f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electora- les federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órganos legislativo del Estado que les otorgó el regis- tro 27 .
Igualmente, resulta por demás interesante replantear la posibi- lidad del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad en contra de reformas a la Constitución, situación que hemos señalado opera en otros países, como la acción de inconstitucionalidad popular de Colombia; si bien es verdad que el actual artículo 105 Constitucio- nal no prohíbe la procedencia de aquella en contra de la reformas a la Constitución estimamos que la interpretación y alcances que se den sobre dicha acción, no llegarán a las reformas a la Norma Su- prema, se seguirán los mismos derroteros de nuestro Juicio de Am- paro al respecto; es decir, que el Juicio de Garantías es improceden- te contra las reformas a la Constitución, situación ésta que la prác- tica judicial, así como la Jurisprudencia han corroborado, tal como
se demuestra en las tesis “DEMANDAS DE AMPARO CONTRA LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA” vi-
sible en el informe de la Suprema Corte de 1983, Tercera Parte, eje- cutoria en la que los argumentos torales que sirvieron de sustento, entre otros, porque el artículo 103 no contempla a la Norma Supre- ma sólo habla de Leyes, pero además el Constituyente permanente encargado de reformar la Constitución conforme al 135 no tienen límites, y ésta por encima del Poder Judicial, que es un Poder consti- tuido y no puede contrariar los actos de dicho constituyente.
27 Diario Oficial de la Federación de 26 de agosto de 1996.
Asimismo, se puede corroborar el anterior criterio con la tesis que a continuación se transcribe:
“AMPARO CONTRA LEYES. NO COMPRENDE LA IMPUG- NACIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE INTEGRAN LA CONS- TITUCIÓN FEDERAL (ALCANCES DEL SUPUESTO PREVIS- TO EN LOS ARTÍCULOS 103, FRACCIÓN I, DE LA CONS- TITUCIÓN FEDERAL Y 1o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO). El juicio de amparo contra leyes no comprende la impug- nación de los preceptos que integran la Constitución Federal, pues dicho juicio no es un mecanismo establecido por el Constituyente para cuestionar una norma constitucional, sino sólo las disposiciones lega- les secundarias que de ella emanan, así como los demás actos realizados por los propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, aserto que se corrobora con el contenido de los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 11 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque si bien es cierto que los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, establecen la procedencia del juicio de amparo contra leyes, al disponer que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen garantías individuales, también lo es que debe distinguirse entre las leyes que son resultado de la actuación de las autoridades constituidas dentro del margen de sus facultades constitucionales y aquellas de rango constitucional que pro- vienen del Poder Constituyente o reformador de la Constitución como órgano complejo, integrado por el Congreso de la Unión y las Legisla- turas de los Estados, las primeras con base en los procedimientos y facultades contenidas en los artículos 71 a 73 de la Carta Magna y las segundas, conforme al procedimiento y las facultades conferidas al Órgano Revisor de la Ley Fundamental, por el artículo 135 de esta última. Esto es, en los citados artículos 103 y 1o., únicamente se consa- gra la procedencia del juicio de garantías en contra de leyes secunda- rias, entendidas como aquellas que resultan de la actuación del Con- greso de la Unión, de las Legislaturas Locales y de los demás órganos constituidos encargados del ejercicio ordinario de la función legislati- va y en contra de actos realizados por los propios Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 28
No omitimos mencionar que en los últimos tiempos, la Supre- ma Corte se encamina hacia la procedencia del Amparo contra el
28 Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, agosto de 2000. Novena Época. P. CXV/2000. p. 101.
procedimiento de reforma a la Constitución, por violación al prin- cipio de legalidad. Según se desprende del Amparo en Revisión 1334/ 98, hecho valer por Manuel Camacho Solís, así como en el Proyecto de Nueva Ley de Amparo de la Suprema Corte de Justicia, sus- tancialmente en su artículo 106 fracción I. En nuestra opinión, estimamos sería saludable ya sea mediante la Acción de Inconstitucionalidad, o bien mediante el Juicio de Amparo, institución querida, arraigada en nuestro pueblo, de gran tradición jurídica, auténtica acción popular por sus principios rec- tores, reestructurando obviamente la Constitución, la Ley de Am- paro, incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para tal efec- to, pudieran impugnarse las reformas a la Constitución, porque la amarga experiencia de los últimos años ha demostrado que las re- formas al Código Supremo han sido desafortunadas, nos han aleja- do de un estado de derecho que deseamos, nos ha postrado en una grave crisis de estructura, con la consecuente carencia no tan sólo de satisfactores materiales, por la lacerarte recesión económica que padece el pueblo mexicano, sino algo quizás más grave, falta de va- lores morales, una descomposición en todas las capas de la sociedad, que amenaza con estallidos sociales de irremediables consecuencias. También resulta de suma importancia aludir a la debatida con- troversia en cuanto a que los particulares puedan ser oídos en res- peto de la garantía de audiencia, que contempla el artículo 14 cons- titucional tratándose de normas de carácter general, en virtud de que la práctica judicial y la jurisprudencia han denegado en este caso dicha garantía, como se desprende de la ejecutoria denomina-
da “AUDIENCIA GARANTÍA DE, FRENTE A LEYES AUTOAPLI-
CATIVAS”, en la que en esencia se argumenta que el Amparo es improcedente porque las leyes y reglamentos son actos de sobera- nía, en los que no pueden participar los particulares conforme a los artículos 71, 72, 73 y 89 fracción I de la Constitución Federal; o sea, antes de la expedición de la Ley, el Legislador y el Ejecutivo no están obligados a oír en defensa al quejoso; en este último caso, el artículo 105 en comento, así como el artículo 60 de la Ley Reglamentaria, veda tal posibilidad, a diferencia de otros países, como en algunos de Europa, en Francia, que permiten cuestionar leyes antes de pu-
blicarlas, un control a priori de normas, ya que dicho precepto ex- presa:
Artículo 105 II. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la ”
Por otra parte, cabe advertir los peligros de conflictos, pugnas e intromisiones competenciales entre los órganos de Poder, incluso subordinación hacia el órgano de control constitucional; toda vez que la legitimación para hacer valer la acción de inconstitucionalidad queda en manos de los miembros del Congreso General en tratán- dose de leyes federales y del Distrito Federal expedidas por el propio Congreso; así como tratados internacionales celebrados por el Esta- do Mexicano, en el primer caso corresponde al treinta y tres por ciento de la Cámara de Diputados, en el segundo, treinta y tres por ciento de la de Senadores, el mismo porcentaje de los miembros de las legislaturas de los estados, tratándose de leyes expedidas por la propia legislatura, y el mismo número de miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, actualmente Asamblea Le- gislativa, respecto de leyes de la misma; el titular del Ministerio Público Federal en leyes federales, locales, del Distrito Federal y tra- tados internacionales; llamando poderosamente la atención que los incisos a) al e) de dicha fracción II, omitan al Ejecutivo y su acto típico, los reglamentos, a pesar de tener efectos materialmente le- gislativos; y por otra parte que los tribunales judiciales no tengan dicha legitimación, como acontece en el Tribunal Constitucional Alemán, al conocer de la cuestión de inconstitucionalidad, en don- de todo Tribunal de cualquier instancia, está legitimado para plan- tear el tema ante aquel 29 . Asimismo, es de resaltar la dificultad para lograr la declaratoria de inconstitucionalidad, en virtud de que se requiere ni más ni me- nos, que de ocho votos de sus once miembros, un número suma- mente elevado para obtener dicha declaratoria, como lo señala la parte final de la fracción II del artículo 105 de la Constitución, así
29 FAVOREU, op. cit. p. 164
como el artículo 72 de su Ley Reglamentaria, que desestimará la acción intentada si no se da la mayoría indicada 30 . De igual manera, es dable señalar que ni el artículo 105 Consti- tucional, ni su ley reglamentaria precisan quienes o quién tendrá la legitimación pasiva, o sea defender la Constitucionalidad del orde- namiento tildado de inconstitucional; ya que los artículos 61 y 63 de la Ley Reglamentaria solo mencionan los requisitos de la deman- da, y dentro de estos señala los órganos que emiten el ordenamien- to respectivo, así como la representación del Presidente de la Repú- blica, respectivamente; en cambio, en la acción de inconstitucio- nalidad de Guatemala en donde el Ministerio Público será parte pa- siva, por disposición expresa de la ley; a mayor abundamiento, que
el artículo 102 Constitucional no dilucida esta cuestión, ya que sólo
señala que el Procurador General intervendrá personalmente en las controversias y acciones del 105, pero no precisa con que carácter. Otro problema surge, en cuanto a los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad, porque ni el 105 Constitucional, ni la ley
reglamentaria precisan estos; los artículos 71, 72, en relación al 44 y
45 del ordenamiento legal invocado en segundo término, no acla-
ran si se anula y deja sin efectos en forma total, o parcial la ley, tratado internacional en cuestión, sin vigencia, si dejarán de surtir efectos desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; en caso de leyes federales y tratados internaciona-
les, tampoco precisa que situación prevalecerá en la declaratoria de inconstitucionalidad. Cuando se decrete la inconstitucionalidad de leyes o decretos del Congreso General, estimamos que se le debe
comunicar a éste, (para que la Corte no derogue leyes, ni arrogue facultades legislativas), a fin de que apruebe un nuevo ordenamien- to que derogue el tildado de inconstitucional; situaciones todas es- tas que se hace hincapié no precisan los numerales constitucionales
y legales referidos, ya que el 71 retoma figuras que contempla el
juicio de amparo, al hablar de la suplencia de los conceptos de inva-
lidez (suplencia de la queja artículo 107 fracción II constitucional y
76 Bis de la Ley de Amparo) y corrección de los preceptos invoca-
dos (suplencia del error artículo 79 de la Ley de Amparo); el artícu-
30 Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo de 1995.
lo 72 de la ley reglamentaria sólo se concreta a señalar que será declarada la invalidez de la norma impugnada si fuere aprobada cuan- do menos por ocho votos; en relación a los preceptos 44 y 45, vaga- mente alude el primero, que se insertará en el Diario Oficial la de- claratoria de invalidez y en el órgano oficial en que se hubiera publi- cado; y el segundo, deja al arbitrio, a la discrecionalidad de la Supre- ma Corte cuando surten efectos las sentencias, concediéndoles efec- tos ex tunc en materia penal; o sea, refiriéndose a una cuestión meramente judiciable diferente a la jurisdicción constitucional que refiere la fracción II del artículo 105 Constitucional. Por último, el precepto constitucional en comento, en su parte final remite indebidamente a la fracción XVI del artículo 107 cons- titucional que se refiere al incumplimiento de las ejecutorias de amparo, ya que dicho párrafo final es del tenor siguiente:
Artículo 105.- I.- II.- En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.
El artículo 107 en su fracción XVI, en sus primeros párrafos señala:
Artículo 107.- I.- XV.- XVI.- Si concedido el Amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratarse de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcu- sable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separa- da de su cargo y consignada al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo pru- dente para que ejecute la sentencia. Si la Autoridad no ejecuta la sen- tencia en el término concedido, la Suprema Corte de Justicia procederá en los términos primeramente señalados. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justi- cia, una vez que hubiera determinado el incumplimiento o repetición
del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento substitu- to de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios econó- micos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento substituto de la sentencia de Amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permi- ta 31 .
A nuestro juicio resulta desafortunada la remisión que hace el artículo 105 párrafo final respecto al incumplimiento de las senten- cias de la acción de inconstitucionalidad; porque en primer térmi- no, el orden constitucional no está sujeto a excusas, debe cumplirse en forma lisa y llana; en segundo, en materia político constitucio- nal, en controversias entre entes públicos soberanos, no cabe el in- terés meramente patrimonial, por ende no es dable pago substituto alguno, ni puede dejarse al arbitrio, a petición de los poderes públi- cos pedir dicho pago como si se tratara de controversias entre par- ticulares, subordinándose el interés público, el orden constitucio- nal a los intereses meramente patrimoniales; además, jurídicamen- te no es aceptable la situación que contempla el párrafo final que se cuestiona, ya que el Juicio de Amparo versa sobre hechos concre- tos, en donde se ventilan controversias entre los particulares y el poder público, al afectarse los derechos constitucionales de aque- llos, y la acción que se estudia, sobre normas, cuestiones abstractas, generales. Por otra parte resulta interesante señalar que jurídica- mente no tenía vigencia la fracción XVI del artículo 107 de la Cons- titución Federal, no tenía aplicación por disposición del constitu- yente permanente, la fracción aludida entraría en vigencia hasta que entraran en vigor las reformas a la Ley de Amparo, al estable- cerlo así el artículo noveno transitorio de la Reforma Constitucio- nal publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciem- bre de 1994, enmiendas a la Ley de Amparo que se dieron y entra- ron en vigor, hasta el 17 de mayo de 2001, siete años después; 32 por lo que la remisión que establece el último párrafo del artículo 105 en estudio fue falta de prestancia jurídica.
31 Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1994. 32 Diario Oficial de la Federación de 17 de mayo de 2001.
Por todo lo anterior, es innegable que el Juicio de Amparo hoy por hoy, es un medio popular de mantener el orden constitucional, incluso la legalidad protegiendo garantías individuales, a diferencia de otros sistemas jurídico-constitucionales que cuentan con insti- tuciones a la que no tienen acceso los particulares, que revisten una gran complejidad jurídica, política, económica y administrativa; de ahí, que siempre he sostenido que reestructurando tanto al Poder Judicial Federal, como nuestra institución de Amparo, reformando para tal efecto la Constitución, la ley de la materia, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal de manera acorde con las cir- cunstancias socio-económicas, políticas, hasta culturales, y sobre todo tomando en cuenta nuestra idiosincrasia, para lograr un Juicio de Amparo más social, lograremos vivir en un auténtico Estado de Derecho; medio de defensa que pudiéramos encontrarle ventajas sobre otros sistemas jurídicos constitucionales, incluso sobre la ac- ción de inconstitucionalidad adoptada aquí en México, ventajas que se deben en gran parte a los principios constitucionales que rigen al Juicio de Garantías, que han permitido que sea un instrumento de defensa accesibles para los gobernados, ventajas que nos abstene- mos de emitir al respecto, porque rebasaría los límites de este traba- jo.
1. Burgoa Ignacio, “Las Garantías Individuales”; Ed. Porrúa, 2001.
2. Burgoa Ignacio. “El Juicio de Amparo”; Ed. Porrúa, 2002.
3. Favoreau L. y otros. “Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos
Fundamentales”. Ed. Centros de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984.
4. Fix Zamudio Héctor. “Justicia Constitucional, Ombudsman y Derechos
Humanos”. Comisión Nacional de Derechos Humanos, México.
5. García Laguardia J. Mario. “La Defensa de la Constitución”. Instituto de
Investigaciones Jurídicas. UNAM. 1983.
6. Marquet G. Porfirio. “La Estructura Constitucional del Estado Mexica-
no”. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. 1975.
7. Silva Ramírez Luciano. “Análisis Jurídico Político de la Supremacía Cons-
titucional y el Sistema de Control Judicial en México”. Tesis Doctoral, Facultad de Derecho, UNAM, 1987.
2. Ley de Amparo, Ed. Porrúa, México, 2006.
3. Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Constitución del Perú.
5. Código Procesal Constitucional Peruano de 2004.
6. Constitución de Guatemala
7. Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de Guate-
1. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1983.
2. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1984.
3. Apéndice de Jurisprudencia, parte Común, Pleno y Salas.
1. Diario Oficial de la Federación de 20 de mayo de 1986.
2. Diario Oficial de la Federación de 10 de agosto de 1987.
3. Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1994.
4. Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo de 1995.
5. Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996.
6. Diario Oficial de la Federación de 17 de mayo de 2001.
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 artículo 264
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Artículo 203
 artículo 51
 artículo 138
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Artículo 105

Artículo 105
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 artículo 79
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 artículo 107

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