Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-337482962
Timestamp: 2020-08-07 01:31:55+00:00

Document:
Sentencia de Unificación nº 691/11 de Corte Constitucional, 21 de Septiembre de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 337482962
Debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia. Se acumulan expedientes por unidad de materia. Tutela contra providencia judicial. En los tres casos analizados se presentó una situación similar en la cual los accionantes estaban desempeñando cargos de carrera administrativa en la modalidad de provisionalidad y, luego de ser desvinculados de las entidades donde laboraban acudieron ante los jueces administrativos, para solicitar que las resoluciones de insubsistencia fueran motivadas y consecuentemente les declararan el restablecimiento de sus derechos. En todos los casos los jueces de instancia negaron las pretensiones invocadas. La corte reiteró sus líneas jurisprudenciales presentes en la sentencia su-917/10, referentes a la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales proferidas en la jurisdicción contenciosa administrativa en sede de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en las cuales no se ha considerado que la administración deba motivar el acto de desvinculación de un funcionario nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera. Se resalta la posición de la corporación en cuanto a determinar que los servidores nombrados bajo esta modalidad gozan de una estabilidad que la jurisprudencia constitucional ha denominado intermedia, en cuanto no gozan de la estabilidad laboral que ostenta un funcionario de carrera, pero tampoco puede ser desvinculado como si su nombramiento se tratara de uno de libre nombramiento y remoción. Se decide revocar las sentencias de tutela que en cada caso negaron el amparo solicitado y en su lugar se concede el amparo de los derechos fundamentales invocados por los demandantes, se declara la nulidad de las resoluciones que desvincularon a los peticionarios y a título de restablecimiento del derecho se ordena sus reintegros.
SU691-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia SU.691/11
Referencia: expedientes T- 2.729.320; T- 2.727.673 y T- 2.719.943 (Acumulados).
Acción de tutela instaurada por J.R.S.H. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; L.A.B.T. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá; y D.N.G.C. contra el Tribunal Administrativo del H. y el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva.
En el trámite de revisión de las decisiones de amparo adoptadas en los siguientes asuntos: J.R.S.H. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B (expediente T- 2.729.3209); L.A.B.T. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá (expediente T- 2.727.673); y D.N.G.C. contra el Tribunal Administrativo del H. y el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva (expediente T- 2.719.943).
Las controversias presentes en los expedientes acumulados tienen como denominador común que los peticionarios venían desempeñando, en provisionalidad, cargos de carrera en el SENA y en la F.ía General de la Nación. Todos ellos fueron desvinculados, de sus respectivas Entidades, mediante actos administrativos carentes de motivación. Acudieron igualmente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la pretensión de que los mencionados actos fueran anulados, y consecuentemente, se obtuviera el respectivo restablecimiento del derecho. En todos los casos, los jueces negaron las pretensiones, motivo por el cual decidieron instaurar acción de tutela contra tales decisiones judiciales.
Expediente T- 2.729.320.
El señor A.J.R.S.H., quien es profesional graduado en Administración de Empresas, con estudios de especialización, fue vinculado al Servicio Nacional de Aprendiza SENA, en el cargo de Jefe Grado 01 de la Regional Bogotá, mediante acto administrativo del 17 de mayo de 2000.
Asegura que se le solicitó por parte del nuevo D. Regional del SENA de Bogotá-Cundinamarca que debía presentar renuncia de mi cargo, lo cual hizo a través del jefe encargado de la división de recursos humanos del SENA Nacional, D.H.G.G..
Afirma que manifesté a dicho funcionario que no tenía por qué renunciar y así me mantuve hasta la declaratoria de insubsistencia.
Sostiene igualmente que con la llegada del nuevo D. se produjo un despido masivo de trabajadores de libre nombramiento y remoción y de algunos que se encontraban en provisionalidad en cargos de carrera administrativa.
El peticionario alega que con su remoción del cargo no se mejoró la prestación del servicio, que jamás tuvo un llamado de atención ni se le adelantó proceso disciplinario alguno en su contra.
Afirma que En virtud de la falta de motivación del acto administrativo de desvinculación, además de la desviación de poder que se probó, demandé la Resolución mencionada ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Expediente T- 2.727.673.
El señor L.A.B.T. fue nombrado mediante resolución del 11 de abril de 1988, en el cargo de agente investigador grado 11 de la Dirección de Instrucción Criminal. en donde laboré desde el 16 de junio de 1988 hasta el 30 de junio de 1992, al desaparecer la entidad.
Por mandato legal fue incorporado a la planta de la F.ía General de la Nación, mediante un nombramiento en provisionalidad. Mediante resolución del 15 de julio de 1994 fue ascendido al cargo de investigador judicial II.
Posteriormente, mediante Resolución núm. 0084 del 30 de mayo de 1995, el peticionario fue trasladado de la Dirección Seccional del CTI de Valledupar a aquella de Bogotá, en donde además de las funciones de investigador, fui (sic) de las funciones de Jefe de Sección de información y Análisis.
Mediante resolución del 9 de enero de 1998 el peticionario fue trasladado de la Dirección Regional del CTI a la División de Investigaciones de la Dirección Nacional del mismo, en donde cumplí funciones de investigador judicial, Coordinador del Grupo de Ley 30/86 (antinarcóticos), hasta el día 14 de agosto de 2001, pese a mi buen desempeño y experiencia, de manera verbal inicialmente y luego mediante oficio NO.DNCTI 1996, fue relegado a la función de investigador del Grupo de Verificación del CTI.
Agrega que advertida la persecución laboral por el desmejoramiento de la función, resolví presentar renuncia a mi cargo el día 21 de agosto de 2001, indicando al señor F. General de la Nación el motivo de la misma, recibiendo como única respuesta la resolución No. 0318 del 29 de agosto de 2001 (notificada el 03 de septiembre), en donde se me comunicó que en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las que le confiere el artículo 251 de la Constitución Política, resolvió declarar insubsistente del nombramiento efectuado al suscrito del cargo de INVESTIGADOR JUDICIAL II de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación.
Expediente T- 2.719.943.
Asegura el peticionario que se vinculó a la F.ía General de la Nación, como Auxiliar Administrativo I de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Neiva, nombramiento que se efectuó mediante Resolución No. 0-0705 del 13 de agosto 1993.
Mediante resolución de julio de 1994 fue nombrado como Auxiliar Administrativo III de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Neiva. Luego con resolución No. 0-2489 del 17 de noviembre de 1994 se me designó como Investigador Judicial I de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Neiva. Mediante Resolución No. 0-1194 del 1 de agosto de 1999 me vinculé como Profesional Universitario I de la misma Dirección Seccional. La Resolución No. 0-1537 del 4 de agosto de 2000, me nombra como Investigador Judicial II de la Dirección Seccional del CTI de Neiva.
El F. General de la Nación, mediante resolución núm. 0-0323 del 18 de febrero de 2003, declaró insubsistente del cargo de Investigador Judicial II al peticionario, acto que no fue motivado.
Alega que todo fue una persecución en su contra, emprendida por el F. Coordinador de la Subunidad de Apoyo de Neiva, y que fue desvinculado de la Entidad A pesar de grandiosas calidades observadas desde el principio de mi labor.
Finalmente, el peticionario acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, habiendo obtenido fallos desfavorables a sus pretensiones en ambas instancias judiciales.
Intervenciones de las autoridades públicas accionadas.
El Consejero de Estado V.H.A.A., mediante escrito del 27 de abril de 2010, se opuso a la procedencia del amparo solicitado argumentando que (i) la acción de tutela procede sólo de manera excepcional contra providencias judiciales; (ii) no es viable acoger la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en materia de necesidad de motivar los actos administrativos mediante los cuales se desvinculan funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera; y (iii) de conformidad con el artículo 230 Superior, los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley.
Por su parte, H.G.R., Coordinador del Grupo de Recursos y Peticiones de la Dirección Jurídica de la Dirección Seccional del Sena, luego de traer a colación la sentencia C- 543 de 1992, insiste en la improcedencia del amparo en el caso concreto por cuanto que la decisión adoptada por un juez o tribunal disguste o moleste a una de las partes se configura una vía de hecho. Esta, para hacer posible el amparo, debe ser de tal entidad y proporción que signifique protuberante y grave trasgresión de la normatividad que ha debido regir el proceso, ejercicio abusivo de la función judicial y designio personal y caprichoso del juez.
La F.ía General de la Nación, mediante escrito radicado el 1 de febrero de 2010, se opuso a las pretensiones de la demanda, en esencia, recordando la línea jurisprudencial que ha mantenido el Consejo de Estado en materia de ausencia de necesidad de motivación de los actos administrativos mediante los cuales se declaran insubsistentes los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.
Los Magistrados del Tribunal Administrativo del H., mediante escrito del 18 de enero de 2010, se opusieron a las pretensiones de la demanda, indicando que En nuestro sentir, la decisión adoptada lejos de ser subjetiva y caprichosa fue proferida en derecho, con fundamento en el análisis del acervo probatorio y la normatividad y jurisprudencia aplicables sobre la materia, procediéndose a confirmar la providencia impugnada, lo que no se compadece con la aseveración del actor, al manifestar que se ha incurrido en una vía de hecho.
La F.ía General de la Nación, mediante escrito radicado el 18 de enero de 2010, se opuso a las pretensiones de la demanda, en esencia, recordando la línea jurisprudencial que ha mantenido el Consejo de Estado en materia de ausencia de necesidad de motivación de los actos administrativos mediante los cuales se declaran insubsistentes los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de mayo de 2010, decidió rechazar por improcedente el amparo demandado, por cuanto según la posición reiterada de esta Corporación, adoptada mediante auto del 13 de junio de 2006, la Sala Plena determinó que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, en razón de que la acción no fue así establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y, además, porque el artículo 40 del Decreto 2591, reglamentario de la acción de tutela, que la permitía, fue declarado inexequible por la sentencia C- 543 de 1992.
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de febrero de 2010, decidió negar el amparo solicitado por cuanto esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha sostenido que la acción de tutela resulta improcedente contra sentencias, salvo que se haya lesionado el derecho de acceso a la administración de justicia, pues la sola existencia de un proceso terminado mediante providencia firme, evidencia que el afectado tuvo a su disposición un medio judicial de defensa de su derecho y que pudo ejercerlo, bien como demandante o como impugnador, hasta agotarlo, siendo inviable que una decisión judicial en firme sea objeto de un nuevo debate.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de febrero de 2010, decidió rechazar por improcedente el amparo solicitado, ya que Bajo la consideración de que la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la independencia y autonomía judicial son pilares esenciales del Estado de Derecho, la Sección Cuarta ha reiterado, enfáticamente, la improcedencia de la tutela contra decisiones judiciales.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de providencia del 20 de mayo de 2010, decidió confirmar el fallo impugnado por cuanto Fundada en estos razonamientos, sólo en situaciones especialísimamente excepcionales en las cuales se evidencie de manera superlativa que la providencia judicial padece de un vicio procesal ostensiblemente grave y desproporcionado, que lesiona en grado sumo el derecho fundamental de acceso a la justicia, individualmente considerado o en conexidad con el derecho de defensa y de contradicción, núcleo esencial del derecho al debido proceso, la Sala ha admitido que la acción de tutela constituye el remedio para garantizar estos especiales y concretos derechos amenazados o trasgredidos, procediendo en tales casos a ampararlos.
Pruebas relevantes obrantes en cada expediente.
- Fotocopia de la sentencia de 2 de agosto de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 2003-01349, en el caso de A.J.R.S.H. contra el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
- Resolución del 29 de agosto de 2001, proferida por el F. General de la Nación.
- Fotocopia de la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2009, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en la acción de nulidad adelantada por el señor L.A.B.T. contra la F.ía General de la Nación.
- Fotocopia de la sentencia expedida el 7 de julio de 2008 por el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, la acción de nulidad adelantada por el señor L.A.B.T. contra la F.ía General de la Nación.
- Fotocopia de la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2009 por el Tribunal Administrativo del H., en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor D.N.G.C. contra la F.ía General de la Nación.
- Fotocopia de la sentencia expedida el 25 de junio de 2008, por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho elevada por el señor D.N.G.C. contra la F.ía General de la Nación.
Presentación de los respectivos casos y de sus problemas jurídicos.
Así pues, en el primer caso se trata del señor S.H., quien venía laborando en el Servicio Nacional de Aprendiza SENA, en el cargo de Jefe Grado 01 de la Regional Bogotá, puesto del cual fue desvinculado mediante acto administrativo carente de motivación. Ante tal situación, decidió acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, alegando desviación de poder.
El segundo caso versa sobre un funcionario de la F.ía General de la Nación, quien venía desempeñándose como Investigador Judicial II, hasta el día 29 de agosto de 2001, fecha en la cual fue declarado insubsistente, mediante acto administrativo no motivado. Acudió entonces ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, alegando una persecución laboral en su contra.
Finalmente, el expediente T- 2.719.943 trata sobre el caso de un Investigador Judicial II de la F.ía General de la Nación, quien mediante resolución núm. 0-0323 del 18 de febrero de 2003, fue declaró insubsistente, mediante acto administrativo no motivado.
Así, en el caso del señor A.J.S.H. contra el SENA (exp. T.2.729.320), el D. Regional (e) del SENA, mediante oficio del 29 de noviembre de 2010, afirmó lo siguiente:
La vacante del cargo Jefe grado 01 de la División de Organización y Sistemas que ocupaba en calidad de nombramiento en provisionalidad el señor A.J.S.H. identificado con C.C. 9.514.811, fue ocupado mediante resolución 1334 y acta de posesión 206 del 01 de noviembre de 2002 en calidad de encargo por el señor J.A.M.P. identificado con C.C. 79.563.976, ex funcionario de carrera administrativa, hasta el 25 de abril de 2004, fecha en la cual el cargo de Jefe 01 fue suprimido de la Planta de la Regional Distrito Capital
Por otra parte, en relación con los funcionarios retirados del CTI, la Dra. S.M.G.C., Jefe de Oficina de personal, mediante oficio del 3 de noviembre de 2010, respondió lo siguiente:
El cargo de Investigador Judicial II que desempeñaba el señor L.A.B.T., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.252.513, fue ocupado por la señora J.R.G., identificada con cédula de ciudadanía No. 51.700.874, en provisionalidad en virtud del traslado a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quien en la actualidad se encuentra retirada de la entidad.
El cargo del Investigador Judicial II que desempeñaba el señor D.N.G.C., identificado con la cédula de ciudadanía no. 7.685.030 fue ocupado por el señor J.W.L.A., identificado con la cédula de ciudadanía no. 12.190.578, quien fue nombrado en provisionalidad en la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Neiva.
Por lo anterior, me permito manifestarle que el Régimen de Carrera Administrativa para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se encuentra reglamentado, pero a la fecha no ha sido implementado, motivo por el cual la F.ía General de la Nación y la Comisión Nacional de Administración de la Carrera CNAC, viene adelantando los trámites pertinentes para dar inicio al concurso de méritos en esta área.
Las líneas jurisprudenciales sentadas en la sentencia SU- 917 de 2010.
Ahora bien, dado que existen incontables fallos de control abstracto de constitucionalidad y de amparo referidos a los mencionados temas, y que por ende, carecería de sentido entrar a trascribir numerosos extractos jurisprudenciales en la materia, la Sala de Revisión estima conveniente retomar lo dicho en sentencia SU- 917 de 2010, en relación con dos temas que guardan una estrecha relación con la solución de los casos concretos: (i) el régimen especial de carrera de la F.ía General de la Nación y el deber de motivar los actos de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad; y (ii) las soluciones que debe aplicar el juez de tutela cuando se instaure una acción de tutela contra providencias judiciales que no acataron la jurisprudencia constitucional en la materia.
b.- El régimen especial de carrera de la F.ía General de la Nación y el deber de motivación de los actos de insubsistencia de nombramientos en provisionalidad.
De acuerdo con el artículo 253 de la Constitución, al Legislador corresponde, entre otros asuntos, determinar lo relativo a la estructura y funcionamiento de la F.ía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio. El artículo 5º transitorio constitucional dio facultades al Presidente de la República para expedir las normas que organicen la F.ía General de la Nación, como en efecto se hizo con el Decreto 2699 de 1991, por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la F.ía General de la Nación.
El Decreto Ley 2699 de 1991 consagró el régimen de carrera para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados de la F.ía General de la Nación (art. 65 y siguientes), donde el artículo 73 autorizó la vinculación excepcional mediante provisionalidad[1] y el artículo 100-5 el retiro por insubsistencia discrecional, en los cargos de libre nombramiento y remoción.
La Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, señaló que la F.ía General de la Nación tendría su propio régimen de carrera, sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman (art. 159), norma ésta declarada exequible por la Corte Constitucional[2].
El Decreto Ley 261 de 2000 modificó la estructura de la F.ía General de la Nación y lo relativo al régimen de carrera de la institución (Título VI), en cuyo artículo 117 consagró la vinculación en provisionalidad[3].
Finalmente, la Ley 938 de 2004, por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la F.ía General de la Nación, reguló la administración de personal y el régimen especial de carrera. El artículo 70 autorizó el nombramiento excepcional en provisionalidad[4], mientras que el artículo 73 estipuló el retiro de la carrera mediante acto motivado y en los demás casos en ejercicio de la facultad discrecional[5].
Los artículos 70 y 73 de la Ley 938 de 2004 fueron objeto de control constitucional en la Sentencia C-279 de 2007. La Corte declaró la exequibilidad condicionada de dichas normas, en el entendido de que en el caso de los funcionarios designados en provisionalidad en cargos de carrera, el acto de desvinculación deberá ser motivado por razones del servicio específicas, en los términos del apartado 4 de esta sentencia. En ese fundamento jurídico la Sala reafirmó su extensa jurisprudencia sobre el deber de motivación de los actos de retiro de servidores vinculados en provisionalidad en cargos de carrera de la F.ía General de la Nación y sobre esa base condicionó la validez de las normas objeto de control. Dijo entonces[6]:
En múltiples oportunidades (entre otras, las sentencias T-1206 de 2004, T-031 de 2005, T-161 de 2005, T-222 de 2005, T-267 de 2005, T-392 de 2005, T-648 de 2005, T-660 de 2005, T-804 de 2005, T-1159 de 2005, T-1162 de 2005, T-1310 de 2005, T-1316 de 2005, T-1323 de 2005, T-081 de 2006, T-156 de 2006, T-653 de 2006), la Corte ha conocido de solicitudes de tutela en las que los actores han manifestado que se desempeñaban en provisionalidad en un cargo de carrera en la F.ía General de la Nación y que habían sido desvinculados de la entidad mediante un acto administrativo sin motivación, sustentado en la discrecionalidad del nominador. En todas las ocasiones la Corte ha amparado el derecho al debido proceso y a la igualdad de los solicitantes, cuando ha verificado la existencia del nombramiento en provisionalidad y de la declaración de insubsistencia sin motivación alguna.
- El derecho al debido proceso es aplicable a todas las decisiones administrativas, a pesar de las reglas específicas que rigen dichas actuaciones. En la Sentencia T-653 de 2006 se definió este derecho como: (i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) procurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus actuaciones, y (iii) salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados (T-522/02).
- En consonancia con lo anterior, a partir de la sentencia SU-250 de 1998 la Corte estableció que cuando un servidor público ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad el acto de desvinculación debía ser motivado, pues solo razones de interés general pueden conducir a la desvinculación (SU-258/98, T-951/04). La Corte también ha distinguido entre la desvinculación de los servidores de libre nombramiento y remoción y la de los servidores de carrera, y resaltó que respecto de los primeros no existe el deber de motivación, en razón de la naturaleza del cargo, mientras que para los segundos sí es necesaria dicha motivación (T-951/04). Así, desde la sentencia T-800 de 1998 se estableció que ().
Es preciso destacar que la jurisprudencia de la Corte también ha sido enfática al advertir que si bien los actos administrativos que declaran la insubsistencia de un funcionario público nombrado en provisionalidad requieren de su respectiva motivación para garantizar el derecho al debido proceso, esto no significa que los funcionarios nombrados en provisionalidad ostentan los derechos que se derivan de la carrera, y en particular el derecho a la estabilidad laboral que nace de haber accedido por concurso de méritos a la carrera y al cargo correspondiente.
La línea jurisprudencial trazada en relación con el deber de motivación de los actos de retiro de servidores de la F.ía General de la Nación vinculados en provisionalidad ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores y recientes de esta Corporación[7].
c.- Mecanismos de protección constitucional
Cuando la circunstancia descrita se presenta en una decisión judicial  desconocimiento del alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias-, el juez de tutela debe adoptar las medidas necesarias para la protección efectiva de los derechos conculcados, por supuesto siempre y cuando se haya verificado el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Para ello se observan varias alternativas a las cuales podría acudir dependiendo de las circunstancias que plantee el caso[8]:
Así ha procedido la Corte en algunas ocasiones frente a las decisiones judiciales relacionadas con actos de retiro sin motivación de servidores vinculados en provisionalidad. Por ejemplo, en la Sentencia T-170 de 2006 la Corte revocó el fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado y en su lugar declaró ejecutoriado el de la Subsección B de la Sección Segunda; este fallo, proferido antes de la unificación contraria a la jurisprudencia constitucional, había anulado el acto de retiro sin motivación de un empleado de F.ía General de la Nación vinculado en provisionalidad. En últimas, la Corte dejó en firme el reintegro así como el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir.
La Corte así lo ha dispuesto también en algunos casos similares a los ahora revisados. Por ejemplo, en la Sentencia T-1112 de 2008 dejó sin efecto la sentencia dictada por un tribunal administrativo dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado contra la F.ía General de la Nación ante la insubsistencia de nombramiento en provisionalidad sin la motivación del acto. En su lugar, ordenó proferir un nuevo fallo en el que se tuvieran en cuenta las reglas fijadas por la Corte Constitucional.
Esta decisión también fue adoptada en las Sentencias T-254 de 2006, T-410 de 2007, T-887 de 2007, T-1092 de 2007, T-437 de 2008, T-341 de 2008, T-580 de 2008, T-1112 de 2008, T-109 de 2009 y T-186 de 2009, en asuntos con supuestos fácticos semejantes. De ellas se destaca la reciente Sentencia T-736 de 2009, donde la Corte dejó sin efecto el fallo de un Tribunal Administrativo que denegó la nulidad de un acto de insubsistencia de un empleado de la F.ía General de la Nación nombrado en provisionalidad, quien fue desvinculado sin la motivación del acto. Siguiendo la línea trazada en la amplia jurisprudencia, sostuvo de manera categórica lo siguiente:
La Corte ha subrayado la necesidad de expresar las razones con fundamento en las cuales se declara insubsistente a un funcionario o a una funcionaria nombrada en provisionalidad para desempeñar un cargo de carrera porque resulta indispensable para garantizar el derecho constitucional fundamental a la garantía del debido proceso. Ha dicho, en este orden de ideas, que una de las consecuencias del Estado social de derecho se manifiesta, justamente, en la obligación de motivar los actos administrativos pues sólo así los jueces, en el instante en que deben realizar su control, pueden verificar si dichos actos se ajustan o no a los preceptos establecidos en el ordenamiento jurídico. De lo contrario, se presenta la desviación de poder prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y, en tal sentido, se configura una causal autónoma de nulidad del acto administrativo que no contenga la motivación. (Resaltado fuera de texto).
Fue así como la Sala Primera de Revisión de la Corte ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferir una nueva sentencia conforme a los lineamientos jurisprudenciales antes mencionados, advirtiendo expresamente que el nuevo fallo deberá tener en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia y los precedentes de la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, que han determinado que la ausencia de motivación de la declaración de insubsistencia de un nombramiento en un cargo de carrera, en provisionalidad, constituye una vulneración al debido proceso.
Postura jurisprudencial del Consejo de Estado acerca de la desvinculación inmotivada de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera. Fallos recientes.
En sentencia del 12 de febrero de 2004, el Consejo de Estado consideró que los empleados designados de manera provisional podían ser retirados discrecionalmente, según lo previsto en los decretos reglamentarios 1950 de 1973, art. 107 y 1572 de 1998, art. 7º. En efecto, el Decreto 1950 de 1973, en su artículo 107 establecía: En cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados.
Esta disposición fue declarada ajustada a derecho por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 12 de febrero de 2004. En aquel entonces, el actor solicitó la nulidad de la expresión o provisional por considerar que excedía la potestad reglamentaria desconocer lo reglado en el artículo 26 del decreto ley 2400 de 1968 y disponer la discrecionalidad para el retiro del servicio de los empleados provisionales, cuando ella está reservada únicamente para los empleos de libre nombramiento y remoción.
 La norma no se refiere al cargo sino a la situación del empleado que no pertenezca a una carrera.
 El nombramiento provisional se produce cuando se trata de proveer transitoriamente empleos de carrera con personal no seleccionado de acuerdo con la reglamentación de la respectiva carrera, sin que otorgue fuero alguno de estabilidad, pues el empleado no ha accedido a la carrera por los medios legales.
 Los derechos de carrera administrativa se derivan del sometimiento a la superación satisfactoria de las etapas del concurso.
Respecto del alcance de las expresiones empleo y empleado, precisó la sentencia:
Para el actor, el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968 sólo puede interpretarse en el sentido de que la potestad discrecional está referida a los empleos de libre nombramiento y remoción, es decir a los nombramientos ordinarios, ya que la expresión empleo que utiliza la norma así lo indica, dejando a un lado la situación del empleado, vocablo éste que sí utiliza el inciso segundo, argumento que resulta errado en sentir de la Sala.
N. que el sujeto rector de la frase es la situación del empleado frente a la pertenencia a una carrera, no respecto a un cargo del servicio civil que no pertenezca a la carrera como pretende el demandante.
Entender, pues la prescripción del artículo 26 del Decreto 2400 de 1968 como pretende el demandante, llevaría al absurdo de predicar que el empleado nombrado provisionalmente para desempeñar un cargo de carrera administrativa y mientras se realiza el concurso, ostenta la misma condición del que se vincula a la administración previa superación rigurosa de un conjunto de etapas que ponen a prueba su idoneidad personal e intelectual para desempeñar la función.
Es claro que el empleado nombrado en provisionalidad ostenta una posición diferente al vinculado y escalafonado en la carrera judicial, como también a la del designado por la vía del libre nombramiento y remoción. En efecto, el primero no puede asimilarse en sus derechos al de carrera (estabilidad), por cuanto no ha accedido al cargo mediante el respectivo concurso de méritos; tampoco puede equipararse al de libre nombramiento, por cuanto el cargo que ejerce provisionalmente es de carrera.
Además, el nombrado en provisionalidad en un empleo de carrera judicial, lo es en forma discrecional por el nominador por cuanto no requiere de procedimiento, ni motivación dicho acto; de igual manera, su desvinculación puede seguir igual procedimiento. Así, tienen similitud el nombramiento y la insubsistencia del empleado de libre nombramiento y remoción con el nombrado provisionalmente.
No es posible considerar que el acto de su remoción del empleo adolezca de INDEBIDA MOTIVACIÓN, ni que esté incurso en la causal de VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO porque, como ya se dijo, la normatividad que consagra unas circunstancias de retiro, procedimiento y recursos es para el personal de carrera.
Conforme al artículo 10 del Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 Antes de cumplirse el término de duración () del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlo por terminado. Esta disposición modifica en forma sustancial el régimen anterior, estableciendo una condición más favorable para los empleados provisionales, respecto de quienes el retiro discrecional cede para dar vía al retiro del servicio motivado en causas que lo justifiquen.
La motivación del acto de retiro del servicio de empleados nombrados en provisionalidad, aún respecto de aquellos cuyo nombramiento se haya producido en vigencia de la Ley 443 de 1998, y su desvinculación ocurra luego de entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con el parágrafo 2º del artículo 41 de la citada Ley 909 de 2004 (que prevé las causales de retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa), la competencia para el retiro de los empleos de carrera (que pueden haber sido provistos a través de nombramientos en provisionalidad), es reglada, esto es, dicho retiro es procedente sólo y de conformidad con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley, y el acto administrativo que así lo disponga debe ser MOTIVADO , de tal manera que, la discrecionalidad del nominador sólo se predica respecto del retiro en empleos de libre nombramiento y remoción, la cual se efectuará mediante acto no motivado (inciso segundo parágrafo 2º, art. 41 Ley 909 de 2004).
5.1. Expediente T- 2.729.320.
Sostiene que, con la llegada del nuevo D. se produjo un despido masivo de trabajadores de libre nombramiento y remoción y de algunos que se encontraban en provisionalidad en cargos de carrera administrativa. Afirma igualmente que En virtud de la falta de motivación del acto administrativo de desvinculación, además de la desviación de poder que se probó, demandé la Resolución mencionada ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En sede de tutela, el Consejero de Estado V.H.A.A., se opuso a la procedencia del amparo solicitado argumentando que (i) la acción de tutela procede sólo de manera excepcional contra providencias judiciales; (ii) no es viable acoger la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional en materia de necesidad de motivar los actos administrativos mediante los cuales se desvinculan funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera; y (iii) de conformidad con el artículo 230 Superior, los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley.
En efecto, el ciudadano S.H. decidió demandar el acto de desvinculación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, alegando lo siguiente:
El nombramiento del demandante no debió ser declarado insubsistente, toda vez que la entidad demandada no elaboró una resolución motivada que diera cuenta del mismo.
El nombramiento del demandante podía haber sido declarado insubsistente si existiera el fundamento de mejoramiento del servicio, lo que no ocurrió, toda vez que para proveer el cargo se nombró a un subalterno que no cumplía con los requisitos establecidos en el manual de funciones y requisitos.[11]
La Sala estima que la causal de nulidad que esgrime la parte demandante proveniente de la falta de motivación del acto acusado, no tiene fundamento jurídico por cuanto, como se indicó, el demandante desempeñaba un cargo de carrera en provisionalidad, calidad que, por sí misma, no otorga ningún fuero de estabilidad (negrillas agregadas).
Al respecto, conviene agregar que el Tribunal de Cundinamarca expresamente fundó su fallo en el texto de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 13 de marzo de 2003, providencia en la cual se sostiene que en cuanto al punto del nombramiento en provisionalidad, unifica su criterio acogiendo la tesis que al empleado nombrado en provisionalidad no le asiste fuero alguno de estabilidad, pudiéndose, en consecuencia, proceder a su retiro sin que sea menester motivación alguna.
Motivación del acto.
La Sección Segunda de esta Corporación, sin embargo, se ha apartado del referido precedente, argumentando que, en todo caso, la tesis sostenida por el Consejo de Estado cuenta con un soporte de naturaleza ius fundamental. En providencia de 25 de febrero de 2007 C.P.D.J.M.L.B., radicado interno No. 3090-2005, esta Subsección manifestó (negrillas agregadas).
La posición adoptada por esta Corporación encuentra asidero en disposiciones tales como la contenida en el artículo 7º del decreto 1572 de 1998, Por la cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto  Ley 1567 de 1998
En el mismo sentido se pronunció nuevamente esta subsección en sentencia de 31 de agosto de 2006, Expediente No. 6299-2005, C.P.D.J.M.L.B..
De acuerdo con la anterior tesis reiterada de la Sección, el acto de insubsistencia de un nombramiento que ha tenido origen discrecional no requiere motivación alguna.
5.2. Expediente T- 2.727.673.
El caso concreto versa sobre un ciudadano, quien se venía desempeñando en el cargo de investigador judicial II de la Dirección Nacional del CTI, habiendo sido desvinculado de la F.ía mediante resolución inmotivada del 14 de agosto de 2001.
En sede de amparo, la F.ía General de la Nación, mediante escrito radicado el 1 de febrero de 2010, se opuso a las pretensiones de la demanda, en esencia, recordando la línea jurisprudencial que ha mantenido el Consejo de Estado en materia de ausencia de necesidad de motivación de los actos administrativos mediante los cuales se declaran insubsistentes los funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.
Falta de motivación del acto administrativo de insubsistencia. El acto de insubsistencia carece de motivación directa o indirecta, y el acto discrecional laboral debe ser motivado indirectamente, en nuestro caso, conforme al artículo 26 del DL 2400 de 1968 mediante constancia de la hoja de vida, donde se indiquen las circunstancias de hecho y las causas que ocasionan la insubsistencia. Cita al efecto el artículo 35 y 36 del Código Contencioso Administrativo y los artículos 25, 29, 53, 113 y 237 num. 1 y 237 de la Constitución Política.[12]
Por resultar aplicables al caso concreto y particular, esta (sic) Despacho acoge ahora los argumentos expuestos en dichas providencias, y simplemente dirá, con base en ellos, que dada la condición del nombramiento del demandante no existe violación de normas sobre provisionalidad, ni ausencia de causa legal alguna para proceder a su desvinculación, pues es claro que, para estos asuntos, resulta procedente la facultad de libre nombramiento y remoción sin necesidad de motivación alguna, aún tratándose de un cargo de carrera.
En relación a los nombramientos en cargos de libre nombramiento y remoción, la Sala reitera el criterio jurisprudencial del H. Consejo de Estado, según el cual, dada la forma en que se realiza el ingreso, así mismo puede el nominador en cualquier tiempo declararlo insubsistente, a través de un acto administrativo que no requiere de motivación alguna, el cual goza de presunción de legalidad. No obstante, la justificación del retiro debe propender por la búsqueda de mejorar el servicio de entidad pública, fin primordial de la función pública.
5.3. Expediente T- 2.719.943.
El caso concreto versa sobre una persona que se venía desempeñando como investigador judicial II de la F.ía General de la Nación. Mediante resolución inmotivada del 18 de febrero de 2003 fue declarado insubsistente en su cargo.
En sede de tutela, los Magistrados del Tribunal Administrativo del H., mediante escrito del 18 de enero de 2010, se opusieron a las pretensiones de la demanda, indicando que En nuestro sentir, la decisión adoptada lejos de ser subjetiva y caprichosa fue proferida en derecho, con fundamento en el análisis del acervo probatorio y la normatividad y jurisprudencia aplicables sobre la materia, procediéndose a confirmar la providencia impugnada, lo que no se compadece con la aseveración del actor, al manifestar que se ha incurrido en una vía de hecho.
En cuanto a los requisitos generales, la Corte encuentra que (i) el asunto presenta relevancia constitucional, por cuanto la ausencia de motivación de los actos de disvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, configura una vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; (ii) el accionante agotó todos los medios disponibles de defensa; (iii) la acción de tutela fue interpuesta en un plazo razonable, si tomamos en cuenta que la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del H., en sede de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, data del 8 de septiembre de 2009, habiendo sido interpuesto el respectivo amparo el 11 de diciembre del mismo año; (iv) no se trata de una simple irregularidad procesal; (v) el afectado identificó los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales violados; y (vi) no se trata de una sentencia de tutela.
Si bien se encuentra facultado el nominador para remover a sus subalternos, en virtud de su poderío (sic) discrecional, deben dichas decisiones ajustarse al orden jurídico que se halla preestablecido. Para el caso en comento, la discrecionalidad en cita, rebasó los fines para los cuales fue instituida, vulneró los principios de igualdad, estabilidad laboral y de legalidad, pues con la declaratoria de insubsistencia, se persiguieron fines personales y de venganza.
La discrecionalidad no se puede identificar con la facultad absoluta de obrar, por ello, el acto de insubsistencia debe ser motivado, para que no resulte violatorio del principio de igualdad, de la estabilidad laboral y demás supuestos que puedan ir en detrimento de los intereses de los trabajadores[13].
El Juzgado de 2º Administrativo de Neiva, mediante sentencia del 25 de junio, decidió negar las pretensiones de la demanda, por cuanto no se logró demostrarla desviación de poder, y porque además el acto administrativo atacado, por ser producto del ejercicio de la facultad discrecional, no contiene motivación, se descarta la posibilidad de que se encuentre por otro lado, afectado por falsa motivación.[14]
En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Contencioso Administrativo del H., mediante sentencia del 8 de septiembre de 2009, fallo en el cual afirmó lo siguiente:
Como ya se dijo, los actos que declaran la insubsistencia de un empleado nombrado en provisionalidad, por ser consecuencia de la aplicación de la facultad discrecional, no requieren ser motivados, de allí que, por sustracción de materia, no habría lugar a analizar el cargo denominado falsa motivación. De las pruebas tampoco es posible tener certeza, que el objetivo de la declaratoria de insubsistencia, hubiesen sido los que en la demanda se deprecan, precisamente que el retiro haya sido por el conflicto que existía entre el empleado y el superior jerárquico[15].
Así las cosas, la Corte advierte que el Juzgado 2 Administrativo de Neiva, al igual que el Tribunal Administrativo del H., inaplicaron el precedente sentado por esta Corporación en materia de motivación del acto administrativo de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, lo cual constituye, como se ha explicado, un defecto que hace procedente la excepcional acción de tutela contra providencias judiciales.
Cumplimiento del fallo.
Al respecto, es preciso señalar que, en el citado auto, la Corte indicó que las órdenes emanadas por el juez constitucional deben ser cumplidas de forma inmediata, y por ende, el cumplimiento de sentencias de tutela no puede supeditarse a la exigencia de ritualismos o protocolos ajenos a su carácter informal y a la filosofía de protección inmediata de los derechos fundamentales que inspiran esta acción constitucional.
Lo anterior conduciría a aceptar que una persona recibiera dos montos salariales y prestaciones durante un mismo período. En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 16 de mayo de 2002, cuando afirmó que la percepción de los pagos ordenados conjuntamente con otros que tiene origen en el desempeño de un empleo público, dentro del mismo lapso, es claramente contraría la Constitución.
Mediante escrito de fecha siete (07) de julio de 2011, según constancia emitida por la Secretaría General de esta Corporación el ocho (08) de julio de 2011, el doctor L.Y.V.F., apoderado del señor A.J.R.S.H., informó que éste falleció el día 19 de mayo de 2011 y en consecuencia solicitó que en virtud de ello antes que se decidiera definitivamente el litigio en sede de revisión con relación a la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de la desvinculación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, y en consecuencia se aplique al caso la figura de la sucesión procesal en cabeza de la señora A.M. DE GUADALUPE SACO DE SARMIENTO, en su calidad de cónyuge de sobreviviente.
Al respecto, la Sala advierte que el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989, Artículo 1. Num. 22. establece que Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador. ().
Si bien la Acción de Tutela es de carácter unipersonal, esta corporación mediante sentencia T-550 de 1995 ha dicho que tratándose de derechos litigiosos bajo ciertos presupuestos es posible suceder al causante, verbi gratia, el cesionario de un crédito que ocupa el puesto del cedente, quien lo cobra en proceso ejecutivo y el de los herederos que representan al de cujus en sus derechos y obligaciones transmisibles.
Examinada la petición presentada por el solicitante se observa que aportó el Registro Civil de Defunción número 07102344 de la Notaría 26 del Circuito de Bogotá D.C., el cual registra que el señor A.J.R.H.S. efectivamente falleció el 19 de mayo de 2011 y el Registro Civil de matrimonio, debidamente registrado en fecha 03 de junio de 2011 en la Notaría Primera del Circuito de Bogotá D.C., que acredita que la señora A.M. DE GUADALUPE SACO DE SARMIENTO, en fecha 4 de julio de 1975, contrajo matrimonio católico en la República del Perú, Departamento de Lima con el de cujus.
Así entonces, atendiendo que la señora A.M. DE GUADALUPE SACO DE SARMIENTO figura en calidad de heredera como cónyuge sobreviviente del fallecido A.J.R.H.S., quien en vida se constituyó en parte demandante dentro del proceso de la referencia y a las normas esbozadas dentro del plenario, esta corporación procederá a conceder la sucesión procesal a favor de la primera.
Segundo. REVOCAR en el expediente T- 2.729.320 (asunto J.R.S.H. contra el SENA), la sentencia de amparo proferida por el 6 de mayo de 2010 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 6 de mayo de 2010, mediante la cual se negó la acción de tutela. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Por lo tanto, DEJAR SIN EFECTOS, las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en primera instancia fallado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 2 de agosto de 2007, así como el fallo del 4 de febrero de 2010 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante el cual se confirmó el fallo de primera instancia. En su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución núm. 01329 de fecha 1 de noviembre de 2002, expedida por el D. General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, mediante la cual se ordenó desvincular al señor A.J.R.S., del cargo de Jefe Grado 01 de la Regional Bogotá. En consecuencia, ORDENAR, a favor del accionante, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta la fecha de supresión del cargo, sin solución de continuidad, con las actualizaciones pertinentes, y en atención a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
De igual manera, se RECONOCE la sucesión procesal a favor de la señora A.M. de Guadalupe Saco de Sarmiento como cónyuge supérstite del señor A.J.R.H.S..
Tercero. REVOCAR en el expediente T- 2.272.673 (asunto L.A.B.T. contra la F.ía General de la Nación), las sentencias de amparo proferidas el 18 de febrero de 2010 por la Sección Primera del Consejo de Estado y el 12 de mayo de 2010 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante las cuales se negó el amparo solicitado. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Por lo tanto, DEJAR SIN EFECTOS, las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en primera instancia fallado el 7 de julio de 2008 por el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá y el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 12 noviembre de 2009, mediante el cual se confirmó el fallo de primera instancia. En su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución núm. 01318 del 29 de agosto de 2001, expedida por el F. General de la Nación, mediante la cual se ordenó desvincular al señor L.A.B.T., del cargo de Investigador Judicial II de la Dirección Nacional del CTI. A título de restablecimiento del derecho ordenar REINTEGRAR al señor L.A.B.T. al cargo que se encontraba desempeñando al momento del retiro sin considerar que ha existido solución de continuidad, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrado, lo que deberá hacerse con las actualizaciones pertinentes y en atención a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
Cuarto. REVOCAR en el expediente T-2.719.943 ( asunto D.N.G.C. contra la F.ía General de la Nación), las sentencias de amparo proferidas el 4 de febrero de 2010 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el 20 de mayo de 2010 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante las cuales se negó el amparo solicitado. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia.
Por lo tanto, DEJAR SIN EFECTOS, las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en primera instancia fallado el 25 de junio de 2008 por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y el Tribunal Contencioso Administrativo del H., el 8 de septiembre de 2009, mediante el cual se confirmó el fallo de primera instancia. En su lugar, DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución núm. 0-0323 del 18 de febrero de 2003, expedida por el F. General de la Nación, mediante la cual se ordenó desvincular al señor D.N.G.C., del cargo de Investigador Judicial II de la Dirección Seccional del CTI de Neiva. A título de restablecimiento del derecho ordenar REINTEGRAR al señor D.N.G.C. al cargo que se encontraba desempeñando al momento del retiro sin considerar que ha existido solución de continuidad, así como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta cuando sea efectivamente reintegrado, lo que deberá hacerse con las actualizaciones pertinentes y en atención a lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
Quinto. ADVERTIR a las entidades accionadas que deben dar inmediato cumplimiento a lo ordenado en la presente sentencia, sin hacer las exigencias del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
Sexto. ORDENAR a las respectivas entidades accionadas que descuenten las sumas que hubieren devengado los peticionarios, provenientes del Tesoro Público entre el momento de la desvinculación hasta su reintegro efectivo o hasta la fecha de supresión del cargo, según el caso.
[1] Artículo 73. Al iniciar el Período de prueba, la F.ía General deberá adelantar programas de inducción que garanticen al nuevo funcionario el adecuado conocimiento de la Institución y de la Rama del Poder Público a la cual ingresa y los derechos, deberes y garantías que adquiere. // Por excepción, de acuerdo con el reglamento, los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de proveer transitoriamente cargos vacantes temporal o definitivamente, con personal no seleccionado mediante concurso.
[3] Artículo 117. La provisión de un empleo de carrera se efectuará mediante proceso de selección no obstante, en caso de vacancia definitiva de éste y hasta tanto se efectúe la provisión definitiva mediante proceso de selección, podrá efectuarse nombramiento provisional, el cual no podrá exceder el término de ciento ochenta (180) días, en cada caso a partir del momento de la convocatoria. // Igualmente procede la provisionalidad en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo o la misma sea superior a un (1) mes.
[4] Artículo 70. Nombramientos. La provisión de un cargo de carrera se efectuará mediante nombramiento en propiedad, una vez superado el período de prueba. Cuando ello no fuere posible, se procederá al nombramiento mediante la figura de encargo, atendiendo al lleno de los requisitos y al perfil del cargo respectivo. Excepcionalmente, cuando no fuere posible proveer dicho cargo en la forma anteriormente descrita, se procederá al nombramiento en provisionalidad, el cual en ningún caso generará derechos de carrera.
[5] Artículo 76. Retiro. Es una situación de carácter administrativo, que pone fin a la inscripción en el régimen de carrera y desvincula al servidor de la entidad en los eventos previstos como causales para tal efecto. // Los demás servidores serán objeto de la facultad discrecional del nominador. // El retiro de la carrera tendrá lugar mediante acto motivado, contra el cual procederán los recursos de la vía gubernativa.
Sentencia nº 250002326000199501098 01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 28 de Enero de 2009

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 251
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 230
 artículo 86
 artículo 40
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 253
 artículo 5
 artículo 73
 artículo 100
 artículo 117
 artículo 70
 artículo 73
 artículo 84
 artículo 107
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 10
 resolución 
 artículo 41
 Resolución 
 artículo 230
 resolución 
 artículo 7
 resolución 
 artículo 26
 artículo 35
 resolución 
 artículo 60
 Artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 115